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Bruselas,

COM(2008)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

relativa a la celebración de consultas con Mauritaniaen aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

relativa a la celebración de consultas con Mauritaniaen aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

1. Antecedentes

Desde los años ochenta la historia de Mauritania[1] se ha caracterizado por los numerosos intentos de golpe de Estado. El Coronel Ould Taya tomó así el poder en 1984, sucediendo al Presidente Ould Haidallahi. El Presidente Taya permaneció en el poder durante casi veinte años. El régimen de Taya se caracterizó por una serie de elecciones controvertidas y, sobre todo, por la depuración de la Administración a partir de criterios étnicos a finales de los años ochenta y a principios de los noventa, así como por otras medidas de carácter étnico que causaron la marcha de miles de ciudadanos mauritanos hacia Senegal y Malí.

En este contexto se produjo el golpe de Estado del 3 de agosto de 2005, sin derramamiento de sangre, por militares muy próximos al antiguo Presidente Ould Taya que formaron un Consejo Militar presidido por el Coronel Ely Ould Mohamed Vall. Este poder provisional llevó a cabo una transición democrática ejemplar con el apoyo de la comunidad internacional y, en particular, de la Unión Europea. Una serie de elecciones democráticas constitucionales, legislativas y presidenciales culminaron, en marzo de 2007, con la instauración del primer presidente democráticamente elegido de la historia de Mauritania.

El 6 de agosto de 2008, generales del ejército mauritano, que habían sido miembros del Consejo Militar que entre 2005 y 2007 llevó a cabo la transición democrática en Mauritania, dieron un nuevo golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Detuvieron al Presidente electo Sidi Ould Cheikh Abdallahi, y al Primer Ministro, Yahya Ould Ahmed Waghf (liberado unos días después). El mismo día, la Presidencia de la Unión Europea y la Comisión condenaron el golpe e hicieron un llamamiento en favor del respeto de la democracia y del marco institucional legal establecido desde 2007, pidiendo al mismo tiempo la liberación y el retorno a sus funciones del Presidente y del Primer Ministro. Acto seguido, uno de los generales golpistas, Mohamed Ould Abdel Aziz, se autoproclamó jefe de un « Alto Consejo de Estado del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad », una junta formada por once militares que, según dijo, « tomaría las medidas necesarias para garantizar la continuidad del Estado y supervisar, en concertación con las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad civil, la celebración de elecciones presidenciales» . La comunidad internacional condenó ampliamente el golpe de Estado, incluidos los Estados Unidos de América y la Unión Africana que, como la Unión del Magreb Árabe, envió un emisario, el Embajador Ramtane Lamamra, Comisionado para la Paz y la Seguridad, para informarse de la evolución de la situación y ayudar a promover una solución pacífica de la crisis.

Este acontecimiento es el epílogo de una crisis política que se inició hace tres meses pero que, hasta el momento del golpe, respetaba el marco constitucional. El martes 6 de mayo de 2008, el Presidente mauritano sustituyó al Primer Ministro, Zein Ould Zeidane, que ocupaba el cargo desde la transición, por un hombre más allegado, el jefe del partido en el poder, Yahya Ahmed el Waghf. Su Gobierno ha suscitado críticas inmediatas, esencialmente por haber integrado elementos de la antigua dictadura de Taya así como «islamistas moderados». Bajo la amenaza de una moción de censura presentada por diputados disidentes del partido presidencial, el Partido Nacional por la Democracia y el Desarrollo (PNDD), el 3 de julio de 2008, seis semanas después de su instauración, el Primer Ministro presentó la dimisión de su Gobierno. El Presidente mantuvo en su cargo al Primer Ministro y el 15 de julio de 2008 se nombró un nuevo Gobierno, del que se excluyó a los islamistas pero que no satisfizo a la mayoría parlamentaria ni a los militares, de quienes siempre se sospechó que apoyaban la fronda de los parlamentarios.

Pocos días antes del golpe, 25 diputados y 23 senadores anunciaron su dimisión del partido presidencial, el PNDD. Oficialmente, los dimisionarios denunciaban la supuesta deriva autoritaria del Jefe de Estado, su «mercantilismo» y su negativa a abrir una sesión parlamentaria especial para responder de los supuestos fraudes y malversaciones. La mañana del golpe de Estado, el Presidente mauritano firmó un decreto destituyendo a los altos mandos del ejército, de la gendarmería y de la guardia presidencial. El de este último cuerpo, el General Mohamed Ould Abdel Aziz, tomó la dirección de la rebelión creando un Alto Consejo de Estado del que asumió la presidencia.

Al día siguiente del golpe de Estado, el General Mohamed Ould Abdel Aziz pronunció un discurso apelando a la unidad del país y afirmando que se comprometía a « solucionar todos los problemas que se plantean al país y a hacer imperar la justicia y la igualdad« . Rodeado por los miembros del Alto Consejo de Estado, el General Mohamed Ould Abdel Aziz afirmó a continuación que « el ejército se mantendría del lado del pueblo para afianzar la democracia pues, ya que el ejército la había traído, se comprometía a velar por ella. Se comprometió a encargarse de la buena gestión de los asuntos del Estado, reorganizar la Administración, reforzar los distintos pilares del Estado y proteger el Estado de Derecho» , al tiempo que proponía organizar rápidamente nuevas elecciones presidenciales. Los militares y los responsables que les apoyan justificaron el golpe de Estado como la única solución posible en vista de los bloqueos institucionales de los últimos meses y el progresivo deterioro de la situación del país.

2. Propuesta de la Comisión

La Comisión considera completamente inaceptable cualquier solución ajena al marco constitucional vigente en el país. Estima que una solución respetuosa de este marco constitucional, aunque difícil, era posible y hubiera sido mucho más positiva que detener pura y simplemente un proceso democrático que se había instaurado con un compromiso político y financiero considerable por parte de la comunidad internacional, y muy especialmente de la UE.

El artículo 9, apartado 2, del Acuerdo de Asociación ACP-CEE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, define los elementos esenciales en los que se basa la Asociación. Los principios de la democracia y del Estado de Derecho inspiran las políticas internas e internacionales de las Partes y constituyen elementos esenciales del Acuerdo. A la vista de este artículo y de las condiciones en las que la junta militar tomó el poder en Mauritania, la Comisión constata una vulneración especialmente grave y evidente de estos elementos esenciales y considera esta situación como un caso de urgencia especial con arreglo a las disposiciones del artículo 96, apartado 2, letra b), de dicho Acuerdo. Por ello considera necesario entablar consultas con las autoridades que detentan el poder en Mauritania con el fin de examinar las soluciones posibles a esta crisis encaminadas a restablecer el orden constitucional. Estas consultas se celebrarán con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú revisado. Se tendrán en cuenta, en particular, los resultados de las mediaciones y consultas realizadas por la Unión Europea, así como por otras instituciones internacionales, especialmente la Unión Africana.

Este diálogo permitirá a la junta militar de Mauritania precisar sus intenciones y propuestas de solución de salida de la crisis y a la Unión Europea juzgar en qué medida, y sobre la base de este diálogo, podría apoyar iniciativas encaminadas a que se respeten los principios del artículo 9, apartado 2, del Acuerdo de Cotonú revisado.

Por estas razones, la Comisión propone al Consejo que se invite a consulta a la República Islámica de Mauritania con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú revisado, de conformidad con el proyecto de carta adjunto.

La Comisión propone que, durante el período de consultas, las actividades de cooperación en curso se limiten a medidas de carácter humanitario o que sean directamente beneficiosas para la población (incluidas las ayudas previstas con cargo a la dotación B del 9° FED para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones), y a la ejecución y los pagos relativos a los contratos que ya se estén ejecutando (incluidos los de obras viales y de infraestructuras) siempre que se cumplan las condiciones específicas de los convenios de financiación. Las medidas de carácter humanitario podrán incluir también la eventual asistencia a víctimas de trata de seres humanos, solicitantes de asilo, refugiados y emigrantes cuya vida o salud estén en peligro. En la medida en que la preparación de los nuevos programas del 10° FED que se ha firmado recientemente implica contactos frecuentes con las autoridades nacionales, se limitarán las actividades preparatorias de los proyectos, excepto en el caso de eventuales medidas de carácter humanitario o que beneficien directamente a la población. Para las actividades basadas en los instrumentos comunitarios de ayuda exterior, la Comisión propone un tratamiento similar a las basadas en el Acuerdo de Cotonú, respetando la reglamentación de dichos instrumentos y del Reglamento Financiero.

Por otra parte, la Comisión está comprobando actualmente si todavía se reúnen las condiciones de aplicación del Acuerdo de Asociación Pesquera y su Protocolo recientemente revisado y, a raíz de esta comprobación, se reserva la posibilidad de extraer las consecuencias que se impongan cumplimiento del Acuerdo de Asociación Pesquera con Mauritania

ANEXO

Bruselas,

Primer Ministro Interino de la RepúblicaIslámica de MauritaniaNuakchotMauritania

PROYECTO

Excmo. Sr. Primer Ministro:

En su declaración de 6 de agosto 2008 sobre el golpe de Estado perpetrado en Mauritania, la Presidencia de la Unión Europea expresó su más firme repulsa ante el golpe y, al tiempo que recordaba que las tensiones políticas deberán resolverse en el marco institucional resultante de la transición democrática, apelaba a un retorno al orden constitucional lo antes posible.

El mismo día, una declaración de la Comisión Europea condenó el golpe de Estado al tiempo que hacia un llamamiento en favor del respeto de la democracia y del marco institucional legal establecido en Mauritania desde 2007, y evocaba los riesgos que esta situación entraña para el ejercicio de la cooperación comunitaria. La declaración indicaba también que, en el momento oportuno, la situación se apreciaría en función de las disposiciones aplicables del Acuerdo de Cotonú del que Mauritania es uno de los signatarios.

En aplicación del artículo 96, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Cotonú, considerando que se trata de una vulneración grave y evidente de los elementos esenciales contemplados en el artículo 9 de dicho Acuerdo, en nombre de la Comunidad y de los Estados miembros de la UE, nos complace invitar a su país a celebrar consultas encaminadas, tal como prevé el Acuerdo, a examinar a fondo la situación y, en su caso, a remediarla.

Sugerimos que estas consultas se celebren en breve, en una fecha a convenir de común acuerdo, en el edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

Por el Consejo Por la Comisión

Copias: Presidencia del Consejo de Ministros ACP - UE Presidencia del Comité de Embajadores ACP Secretaría General del Grupo de Estados ACP

[1] Mauritania no forma parte ni de la CEDEAO (que abandonó en 2000), ni de la UEMAO, pero es miembro de la Liga Árabe y de la Unión del Magreb Árabe (UMA). El país participa en el proceso Euromediterráneo de Barcelona como miembro de pleno derecho desde noviembre de 2007. También participa en la Unión para el Mediterráneo.