1. En relación con los servicios no comprendidos en el ámbito del servicio universal según se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán conceder autorizaciones generales en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales. 2. En relación con los servicios comprendidos en el ámbito del servicio universal según se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos de autorización, incluidas las licencias individuales, en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y garantizar la prestación del servicio universal. La concesión de autorizaciones podrá: — supeditarse, en su caso, a obligaciones de servicio universal; — si procede, conllevar la imposición de requisitos sobre la calidad, disponibilidad y eficacia de los servicios pertinentes; — supeditarse, en su caso, a la obligación de efectuar una aportación financiera a los mecanismos de reparto a que se refiere el artículo 7. Salvo en el caso de las empresas que hayan sido designadas proveedores del servicio universal conforme a lo establecido en el artículo 4, las autorizaciones no podrán: — limitarse en número; — imponer a un proveedor obligaciones de servicio universal y, al mismo tiempo, la obligación de efectuar aportaciones financieras a un mecanismo de reparto de costes, para iguales requisitos de calidad, disponibilidad y eficacia; — duplicar condiciones que ya se apliquen a las empresas en virtud de otra legislación nacional no específica al sector; — imponer otras condiciones técnicas u operativas que no sean las necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.

1. En relación con los servicios no comprendidos en el ámbito del servicio universal según se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán conceder autorizaciones generales en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales. 2. En relación con los servicios comprendidos en el ámbito del servicio universal según se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos de autorización, incluidas las licencias individuales, en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y garantizar la prestación del servicio universal. La concesión de autorizaciones podrá: — supeditarse, en su caso, a obligaciones de servicio universal; — si procede, conllevar, entre otras cosas, la imposición de requisitos sobre la calidad, disponibilidad y eficacia de los servicios pertinentes. En la medida en que sean compatibles con el Derecho Comunitario, estos requisitos podrán vincularse a consideraciones sociales y medioambientales; — supeditarse, en su caso, a la obligación de efectuar una aportación financiera a los mecanismos de reparto a que se refiere el artículo 7; — supeditarse a la obligación de ofrecer al personal previamente contratado para prestar estos servicios los derechos de que hubieran podido disfrutar si se hubiese producido un traslado con arreglo a la Directiva 77/187/CEE. La autoridad reguladora debería facilitar la lista de los empleados y los detalles de sus derechos contractuales. Salvo en el caso de las empresas que hayan sido designadas proveedores del servicio universal conforme a lo establecido en el artículo 4, las autorizaciones no podrán: — limitarse en número; — imponer a un proveedor obligaciones de servicio universal y, al mismo tiempo, la obligación de efectuar aportaciones financieras a un mecanismo de reparto de costes, para iguales requisitos de calidad, disponibilidad y eficacia; — duplicar condiciones que ya se apliquen a las empresas en virtud de otra legislación nacional no específica al sector; — imponer otras condiciones técnicas u operativas que no sean las necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.