P6_TA(2007)0152

Daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de competencia (Libro verde)

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2007, sobre el Libro Verde: Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (2006/2207(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro Verde de la Comisión sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios) (COM(2005) 0672),

- Visto el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004 (SEC(2005) 0805),

- Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 1961 [1], en respuesta a la consulta al Parlamento solicitada por el Consejo de Ministros de la CEE sobre la propuesta de un primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE,

- Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la competencia para la tramitación de los asuntos a los que sean de aplicación los artículos 85 y 86 del Tratado CE [2],

- Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001, del Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001, del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002, así como de los Consejos Europeos de Bruselas de los días 20 y 21 de marzo de 2003, 25 y 26 de marzo de 2004, 22 y 23 de marzo de 2005 y 23 y 24 de marzo de 2006,

- Visto el informe de noviembre de 2004 titulado "Hacer frente al desafío. La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo" del Grupo de Alto Nivel sobre la Estrategia de Lisboa,

- Vistos el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado [3], el Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE [4] y el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas [5],

- Vistos los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva y en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, así como los Protocolos correspondientes,

- Visto el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos,

- Visto el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [6],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0133/2007),

A. Considerando que la política de competencia forma parte del proyecto de integración europea desde su origen y es clave en el proceso de construcción de la Unión Europea,

B. Considerando que la competencia libre y no falseada es indispensable para la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa-Gotemburgo y para la vitalidad del mercado interior, la excelencia empresarial, los intereses de los consumidores y los objetivos de la Unión Europea mientras que las conductas anticompetitivas son perjudiciales para los mismos fines,

C. Considerando que los artículos 81 y 82 del Tratado CE son disposiciones de orden público que producen efectos directos y que deben aplicarse de oficio por las autoridades competentes; que crean derechos entre los particulares que las autoridades judiciales deben tutelar de modo eficaz, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, incluida la sentencia en el Asunto 26/62, Van Gend & Loos [7], que es un precedente notorio para los asuntos que se han suscitado con posterioridad,

D. Considerando que en los Estados miembros el Derecho de competencia se aplica principalmente a través del derecho público, y que existen considerables diferencias y obstáculos a escala de los Estados miembros que pueden impedir que los potenciales demandantes intenten obtener una compensación por vía judicial,

E. Considerando que, de conformidad con el Tribunal de Justicia, ante la inexistencia de una normativa comunitaria que regule el derecho de las víctimas a reclamar daños y perjuicios ante las autoridades judiciales nacionales, corresponde a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros designar las jurisdicciones competentes y establecer normas procesales pormenorizadas para regular las acciones en defensa de los derechos reconocidos a los ciudadanos por la legislación comunitaria, siempre que estas normas no sean menos favorables que las que regulan acciones similares de carácter nacional (de conformidad con el principio de equivalencia) y no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de derechos reconocidos por la legislación comunitaria (de conformidad con el principio de eficacia),

F. Considerando que el recurso raro y excepcional a acciones privadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros, como prevé el Reglamento (CE) no 1/2003, indica que son necesarias medidas para facilitar la presentación de acciones de indemnización; que tales medidas deben mejorar el respeto del Derecho comunitario en materia de competencia, teniendo en cuenta las diferentes normas de procedimiento y de prueba en los Estados miembros; que esto no debe conducir a una situación en la que las empresas que adoptan comportamientos económicos lícitos queden expuestas a riesgos indebidos de tener que pagar indemnizaciones injustificadas o modificar sus comportamientos para evitar contenciosos onerosos;

G. Considerando que los consumidores y las empresas que han resultado perjudicados por un incumplimiento de las normas comunitarias de competencia deberían tener derecho a una compensación,

H. Considerando que la evolución de las disposiciones de justicia civil en la UE, en particular en lo relativo al acceso a la justicia, no ha seguido el ritmo de la reciente evolución en el Derecho comunitario de competencia en el mercado interior,

I. Considerando que en la sentencia, en el asunto C-453/99, Courage/Créhan [8], el Tribunal de Justicia dictaminó que, para garantizar la plena eficacia del artículo 81 del Tratado, los particulares y las empresas pueden exigir el resarcimiento del perjuicio sufrido como consecuencia de un contrato o un comportamiento que reduce o falsea la libre competencia,

J. Considerando que los mecanismos de reparación existentes en caso de incumplimiento de las normas de defensa de la competencia a escala europea no garantizan la plena eficacia del artículo 81 del Tratado, en particular en lo que respecta a los que sufren el daño,

K. Considerando que muchos Estados miembros están examinando la forma de mejorar la protección de los consumidores permitiendo acciones colectivas, y que la existencia de métodos de acción divergentes puede llevar a la distorsión de la competencia en el mercado interior,

L. Considerando que las propuestas de la Comisión en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva deben cumplir, de acuerdo con el Tratado, los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad,

1. Señala que las reglas comunitarias de la competencia carecerían de efecto disuasorio y su efectividad quedaría en entredicho si quienes realizan conductas prohibidas pueden disfrutar de ventajas en el mercado o gozar de inmunidad por sus infracciones a causa de obstáculos a la exigencia de responsabilidades plenas; estima que se deben facilitar acciones tanto a los representantes de los intereses generales como a las víctimas;

2. Considera que los ciudadanos o las empresas que sufren perjuicios como consecuencia del incumplimiento del Derecho de competencia deben tener la posibilidad de exigir la reparación de su perjuicio;

3. Se congratula de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya reconocido el derecho de las víctimas que hayan sufrido daños a causa de conductas anticompetitivas al ejercicio de acciones judiciales "independientes" o "de seguimiento" para obtener su resarcimiento; acoge, por lo tanto, con satisfacción el Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios así como el trabajo preparatorio asociado a éste;

4. Pide que, en la perspectiva de promover la competencia y no el litigio, se propicien soluciones rápidas y amistosas de carácter extrajudicial y se faciliten transacciones judiciales en las reclamaciones por daños derivados de conductas anticompetitivas, y señala que, en el caso de que la parte que supuestamente ha infringido las normas de competencia sostenga y pruebe que los daños han sido compensados antes de la conclusión de los procedimientos, esto podría ser considerado como una circunstancia atenuante a la hora de fijar el importe de la indemnización; estima también positivo que las autoridades garantes de la competencia en la Unión Europea puedan desempeñar funciones de arbitraje institucional, asumiendo la administración del arbitraje incluida la designación de árbitros, a instancia de las partes;

5. Considera, por consiguiente, que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros deberían prever procedimientos civiles eficaces que permitan exigir una reparación como consecuencia de infracciones del Derecho de competencia;

6. Cree que el ejercicio de acciones privadas debe ser complementario y ejercitarse de forma compatible con la actuación pública, que podrá a su vez tener un carácter más estratégico y selectivo, centrándose en las cuestiones más importantes y en los asuntos de mayor relevancia; considera, no obstante, que estas acciones no deben justificar una infradotación de las autoridades garantes de la competencia;

7. Pide que la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado se realice de forma uniforme, con independencia del carácter administrativo o judicial de la autoridad que adopte la resolución; cree que las resoluciones que adopten las autoridades judiciales deben ser coherentes y responder a principios comunes de seguridad y efectividad que eviten distorsiones e incoherencias en el ámbito de la Unión; considera que el objetivo debería ser lograr procedimientos y llegar a una situación en la que una decisión definitiva previa por parte de una autoridad de la competencia nacional o por una autoridad judicial nacional tenga carácter vinculante para todos los Estados miembros siempre y cuando las partes y las circunstancias del caso sean las mismas;

8. Subraya la vital importancia de la formación de las autoridades judiciales en Derecho de competencia para asegurar la calidad de sus resoluciones y la esencial importancia de residenciar los procedimientos en instancias especializadas o altamente cualificadas;

9. Sostiene que, para proteger la competencia y los derechos de las víctimas, todas las autoridades judiciales que apliquen las reglas del Derecho comunitario de la competencia deben poder adoptar medidas cautelares, practicar diligencias preparatorias y hacer uso de sus poderes de instrucción cuando sea necesario;

10. Recalca que, para el establecimiento de los hechos relevantes en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, las autoridades judiciales nacionales deben gozar de facultades comparables a las reconocidas a las autoridades de la competencia comunitarias; que, para garantizar la coherencia, es necesario fortalecer la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia nacionales y las autoridades judiciales nacionales así como entre las propias autoridades judiciales nacionales;

11. Subraya que las autoridades competentes que apliquen las normativas comunitarias en materia de competencia deberán tener criterios homogéneos para el establecimiento de la carga de la prueba; estima que puede ser necesario tener en cuenta la asimetría de la información a disposición de las partes; sugiere que, en los procesos judiciales, los hechos se consideren probados cuando la autoridad judicial competente esté convencida de la existencia de un incumplimiento y de un daño con vínculo causal;

12. Pide que las autoridades judiciales responsables de la aplicación del Derecho de la competencia cuenten con poderes para ordenar el acceso a información relevante para la resolución del proceso por daños, con audiencia previa a la otra parte salvo casos urgentes, a través de medidas proporcionadas bajo su supervisión; señala que, por lo que respecta al acceso a la información pertinente para la resolución del proceso, ha de respetarse la legitimidad del secreto profesional en las relaciones entre los abogados y sus clientes, los secretos comerciales de los operadores económicos y la legislación relativa a secretos oficiales; pide a la Comisión que elabore, a la mayor brevedad, una comunicación sobre el tratamiento de la información confidencial por parte de las autoridades que apliquen el Derecho comunitario de la competencia;

13. Insta a los Estados miembros a que acepten que una constatación preliminar de incumplimiento por parte de la autoridad nacional de competencia, una vez que sea definitiva y, en su caso, confirmada por un recurso de apelación, constituye automáticamente una prueba evidente de una falta en los procedimientos civiles relativos a las mismas cuestiones, siempre que el demandado haya tenido la posibilidad de defenderse en el marco del procedimiento administrativo;

14. Considera, asimismo, que es innecesario debatir y prescribir a escala comunitaria la necesidad de nombrar expertos;

15. Considera que la propuesta de Reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") debería aportar una solución satisfactoria excepto en aquellos casos en los que un comportamiento anticompetitivo afecte a la competencia en más de un Estado miembro, y que, por consiguiente, debería examinarse la posibilidad de introducir una norma especial sobre estos casos;

16. Insta a la autoridades judiciales nacionales a que cooperen en la protección de la información confidencial y la consecución de la eficacia de los programas de clemencia; considera que, en el supuesto de conflicto relacionado con el acceso y tratamiento de esta información de que disponen los miembros de la red comunitaria de la competencia (RCC), deberá resolverse teniendo en cuenta la interpretación del Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia;

17. Pone de manifiesto que la indemnización que se reconozca al demandante debería tener carácter compensatorio y no debería exceder los daños ("damnum emergens") y los perjuicios ("lucrum cessans") efectivamente sufridos, para evitar el enriquecimiento injusto, y que se podrá tener en cuenta la capacidad de la víctima para atenuarlos; propone, no obstante, que en el caso de los cárteles; considera que los primeros solicitantes que colaboren con las autoridades de la competencia en programas de clemencia no deberán ser considerados solidariamente responsables con los demás infractores, y que los intereses se calcularán desde la fecha de la infracción;

18. Considera que cualquier medida que se proponga debe respetar plenamente el orden público de los Estados miembros, en particular en lo que respecta a la indemnización por perjuicios de carácter punitivo;

19. Subraya que los Estados miembros deben tener en cuenta que la posibilidad de reivindicar una defensa de daños repercutidos ("passing-on") sería perjudicial para la constatación por la magnitud del perjuicio sufrido y el nexo causal con la conducta infractora;

20. Comparte con la jurisprudencia comunitaria el hecho de que todas las víctimas deben poder ejercer acciones legales; estima que los Estados miembros que contemplen la legitimación de perjudicados indirectos deben reconocer al demandado la posibilidad de defenderse probando la transferencia de todo o parte del daño a terceros ("passing on defence") a fin de evitar la posibilidad de un enriquecimiento injusto; toma nota, por consiguiente, de que resulta esencial contar con un mecanismo para la tramitación de las pequeñas reclamaciones múltiples;

21. Cree que, en aras de la justicia y por razones de economía, celeridad y congruencia, debe reconocerse a las víctimas el ejercicio voluntario de acciones colectivas, de forma directa o a través de una asociación cuyos estatutos tengan por objeto tal iniciativa;

22. Señala que en numerosos casos se registrará una asimetría de recursos entre el demandante y el demandado en procedimientos jurídicos por daños como consecuencia de un comportamiento anticompetitivo, y que en tales casos los demandantes no deberían verse disuadidos de presentar una justa demanda por daños por temor a asumir excesivas costas judiciales, incluidas las del demandado si la demanda no prospera; propone, por consiguiente que, las autoridades judiciales estén facultadas para tener en cuenta la diferente situación económica de las partes y, en caso necesario, controlar este punto en la fase inicial del proceso; considera que el nivel de los costes debe basarse en criterios razonables y objetivos teniendo en cuenta las características del proceso e incluir todos los costes provocados por el proceso;

23. Recomienda que en los programas de ayudas públicas que justificadamente puedan adoptarse para facilitar el ejercicio de acciones privadas en reclamación de daños derivados de conductas anticompetitivas, se incluyan condiciones precisas de seguimiento del proceso y de reintegro de las mismas, en particular en casos de transacción y condena en costas del infractor;

24. Considera que, en los plazos nacionales de prescripción para emprender acciones por infracciones a las normas comunitarias de competencia, debería preverse el ejercicio de acciones dentro del año siguiente a la decisión de la Comisión o de una constatación de la autoridad nacional de competencia de que se han violado esas normas (o, en el caso de recurso, un año después de la conclusión de dicho recurso); considera que, cuando no exista tal decisión, debería ser posible emprender acciones por incumplimiento de los artículos 81 u 82 del Tratado relativos a las normas comunitarias de competencia, en cualquier momento del período durante el cual la Comisión está facultada para tomar la decisión de imponer una multa por tales infracciones; considera que debería dejar de contabilizarse el tiempo durante el período en que se celebren discusiones oficiales o una mediación oficial entre las partes;

25. Sugiere que el plazo de prescripción del derecho a exigir una reparación por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del Derecho de competencia se suspenda en el momento en que la Comisión o la autoridad nacional de competencia de uno o varios Estados miembros inicie una investigación sobre dicho incumplimiento;

26. Recuerda que entablar acciones privadas por daños no afecta a las competencias ni a las responsabilidades que corresponden a la Comisión en el ámbito del Derecho de la competencia según el Tratado;

27. Insta a la Comisión a adoptar con la mayor celeridad directrices que puedan proporcionar ayuda a las partes a la hora de cuantificar sus daños y establecer la relación de causalidad; pide también que dé prioridad a la elaboración de una comunicación relativa al ejercicio de acciones autónomas que incluiría recomendaciones para la presentación de recursos y ejemplos para los casos más frecuentes;

28. Pide a la Comisión que elabore un Libro Blanco con propuestas detalladas para facilitar el ejercicio de acciones privadas "independientes" y "de seguimiento" para la indemnización de daños causados por comportamientos contrarios a las normas comunitarias en materia de competencia, que aborde de modo global las cuestiones planteadas en la presente Resolución y examine, en su caso, la posibilidad de un marco jurídico adecuado; pide, asimismo, a la Comisión que incluya propuestas destinadas a reforzar la cooperación entre todas las autoridades responsables de la aplicación de las normas comunitarias de defensa de la competencia;

29. Considera que cualquier iniciativa de la Comisión para regular el derecho de las víctimas a exigir una indemnización ante los tribunales nacionales tiene que verse acompañada por la evaluación de impacto;

30. Insta a la Comisión a que trabaje estrechamente con las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros con objeto de atenuar todos los obstáculos transfronterizos que impidan, tanto a los ciudadanos como a las empresas de la UE, interponer demandas de indemnización en caso de incumplimiento de las normas comunitarias en prevención de prácticas restrictivas de la competencia en los Estados miembros; considera que, en caso necesario, la Comisión debe actuar judicialmente a fin de suprimir dichos obstáculos;

31. Insta a aquellos Estados miembros en los que los ciudadanos y las empresas carezcan de este derecho efectivo de reparación a que adapten su legislación procesal civil;

32. Subraya que el Parlamento debería desempeñar un papel de colegislador en el ámbito del Derecho de la competencia, y que debe ser informado periódicamente sobre el ejercicio de acciones privadas;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales.

[1] DO 61 de 15.11.1961, p. 1409.

[2] DO C 313 de 15.10.1997, p. 3.

[3] DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

[4] DO L 123 de 27.4.2004, p. 18.

[5] DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

[6] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[7] Asunto 26/62 NV, Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend en Loos, Administración de Impuestos de los Países Bajos. Rec. 1963, Ed. Esp. p. 333.

[8] Asunto C-453/99, Courage/Créhan, Rec. 2001, p. I-6297 y sentencia de 13 de julio de 2006 en los asuntos acumulados C-295/04 a 298/04, Manfredi y otros c/ Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA y otros, Rec. 2006, p. I-6619.

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