INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Primer informe de situación sobre la aplicación del Plan de acción para la liberalización de visados por parte de Georgia /* COM/2013/0808 final */





1. Antecedentes El diálogo sobre la liberalización del régimen de visados entre la Unión Europea y Georgia, destinado a examinar todas las condiciones de exención de visado aplicables a los ciudadanos de Georgia que viajan a la UE, se inició el 4 de junio de 2012 en Bruselas. El 15 de octubre de 2012, el Consejo reafirmó el compromiso de la UE sobre «el objetivo común de la exención de visados a su debido tiempo, siempre y cuando se hayan creado las condiciones de una movilidad bien administrada y segura»[1]. El 25 de febrero de 2013 en Tiflis (Georgia) la Comisión Europea presentó a las autoridades georgianas el Plan de acción para la liberalización de visados (PALV). El PALV se divide en cuatro bloques: 1) seguridad de los documentos, incluidos los datos biométricos; 2) gestión integrada de las fronteras, gestión de la migración y asilo; 3) orden público y seguridad; 4) relaciones exteriores y derechos fundamentales. Contiene dos niveles de criterios de referencia: referencias preliminares relativas al marco político general (legislación y planificación), que han de allanar el camino para cumplir criterios más específicos (aplicación efectiva y sostenible de las medidas pertinentes). El 20 de marzo de 2013, durante la reunión de altos funcionarios encargados del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados, las autoridades de Georgia presentaron las medidas que ya habían adoptado para la aplicación del PALV y explicaron los siguientes pasos. El 5 de abril, Georgia presentó su primer informe de situación, que fue actualizado posteriormente y presentado de nuevo el 8 de mayo. Tras una evaluación preliminar, el 19 de junio la Comisión envió a las autoridades georgianas observaciones por escrito sobre la estructura y el contenido del informe, destacando la necesidad de presentar todas las leyes y documentos políticos pertinentes. El 31 de julio, Georgia presentó una versión revisada exhaustivamente, que incluía los cambios editoriales solicitados y aclaraciones sobre el contenido, así como un gran número de leyes y documentos políticos. Del 9 al 11 de octubre se celebró en Tiflis una evaluación in situ con la participación de expertos de la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la Delegación de la UE en Georgia. La misión de evaluación se centró en los bloques cuya aplicación se consideró más avanzada, es decir, los bloques 1 y 2. 2. Metodología En consonancia con la metodología recogida en el PALV, la Comisión debe transmitir al Parlamento Europeo y al Consejo una comunicación sobre la aplicación de dicho Plan por parte de Georgia. El presente informe constituye la primera comunicación al respecto. Los datos incluidos se basan en el informe de situación presentado por Georgia el 31 de julio de 2013, en las actualizaciones posteriores recibidas por la Comisión y en la información notificada durante la misión de evaluación de la UE. La evaluación se ha basado en el trabajo documental llevado a cabo por los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior, incluida la Delegación de la UE en Georgia. Además, los funcionarios de la Comisión y los expertos nacionales examinaron los criterios de referencia de los bloques 1 y 2 durante la misión de evaluación de octubre de 2013. En consecuencia, los criterios de referencia de los bloques 1 y 2 se examinan detalladamente, mientras que el examen de los criterios de referencia de los bloques 3 y 4 tiene un carácter preliminar y proseguirá durante las misiones de evaluación que se organizarán cuando la aplicación de dichos criterios se encuentre más avanzada. El informe sigue la estructura del PALV; en los apartados correspondientes a los distintos bloques del PALV, se enumeran todos los criterios de referencia de la primera fase (legislativa y de planificación); se describe el estado de su aplicación y, en la medida de lo posible, se formulan recomendaciones a las autoridades de Georgia, teniendo en cuenta los avances en la aplicación y la información disponible. La sección de conclusiones presenta una evaluación general y esboza los siguientes pasos. 3. Bloque 1: Seguridad de los documentos, incluidos los datos biométricos Consolidación de un marco legal e institucional que garantice la integridad y la seguridad de los procesos relativos al estado civil y el registro civil, incluyendo la inscripción de todos los ciudadanos de Georgia en un registro electrónico de población seguro, con salvaguardias adecuadas en materia de protección de datos La Agencia de Desarrollo de los Servicios Públicos del Ministerio de Justicia es el principal órgano responsable del registro civil y de la expedición de documentos de identidad y viaje. La Agencia presta servicios a través de sus 65 oficinas regionales. Desde 2005 existe una base de datos unificada del registro civil y los documentos de viaje. La digitalización de las actas del registro civil comenzó en 2007, pero aún queda por digitalizar un número considerable de documentos. En 2008 se automatizó todo el proceso. También desde 2008 funciona un sistema de reconocimiento, que cuenta en la actualidad con aproximadamente 11 millones de fotografías en la base de datos. Desde 1994 se asigna un número de identificación personal a todas las personas que reciben un documento de identidad o pasaporte. Desde 2008, dicho número se registra en la base de datos en el momento del registro del nacimiento o, en el caso de los ciudadanos nacidos antes de 2008, en el momento de obtener un documento de identidad o un pasaporte o de registrarse en su lugar de residencia. Se pueden realizar búsquedas en la base de datos a partir del número, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento o la fotografía. La ley establece las condiciones que deben cumplirse para cambiar de apellido. Sin embargo, no existe ninguna limitación en cuanto a la modificación del nombre, lo que da lugar a un cambio de identidad y, en consecuencia, a la expedición de un nuevo pasaporte o documento de viaje. Aunque el número de identificación personal no se modifica, este hecho solo reviste importancia para las autoridades nacionales, ya que los Estados miembros de la UE no tienen acceso a los datos personales relacionados con dicho número para realizar controles en las fronteras exteriores. Los actos jurídicos relativos a la organización de los distintos procesos relacionados con el registro civil, incluida la Orden nº 98, de 27 de julio de 2011, dividen las tareas entre el personal de atención al público y el personal administrativo. Se aplica una serie de mecanismos de control de calidad, incluido un programa informático que asigna aleatoriamente los expedientes al personal administrativo, lo que reduce las posibilidades de corrupción y fraude. Con el mismo fin, todas las intervenciones se registran y pueden rastrearse en el sistema. La Ley de protección de datos personales, por la que se establecen las definiciones y principios básicos, entró en vigor en mayo de 2012. En junio de 2013 se nombró al Inspector para la Protección de Datos Personales. A iniciativa del Inspector, un grupo de expertos estudia actualmente las posibilidades de mejorar el marco jurídico vigente[2]. Por tanto, la evaluación completa de las disposiciones sobre protección de datos personales aplicables se llevará a cabo en una fase posterior. Consolidación del marco jurídico e institucional para la expedición de pasaportes biométricos legibles mecánicamente con plena observancia de las normas más estrictas de la OACI y de las prácticas recomendadas basadas en una gestión segura de la identidad (documentos de filiación e identidad y registro civil), de acuerdo con el principio de un documento por persona, también por lo que respecta a los pasaportes diplomáticos y de servicio Georgia expide actualmente dos tipos de pasaportes: uno no biométrico legible mecánicamente (desde 2006) y uno biométrico (desde 2010), que se introdujo con ayuda financiera de la UE. El primer tipo se expide principalmente en los consulados, y el segundo, en el territorio de Georgia. En la actualidad no es posible evaluar el marco jurídico relativo a la toma de huellas dactilares y las exenciones conexas, ya que las autoridades georgianas aún no han presentado el instrumento jurídico necesario[3]. Ya no se permite prorrogar la validez de los pasaportes; las disposiciones para ello se abolieron en 2005 y, según las autoridades georgianas, las nuevas disposiciones se establecen en un decreto[4]. Según las autoridades georgianas, el principio de un documento por persona se establece en una orden de la Agencia de Desarrollo de los Servicios Públicos de 2012[5]. Las condiciones en las que una persona está autorizada a tener más de un pasaporte se establecerán en una ley, cuya adopción está prevista para noviembre de 2013. Las notificaciones a la base de datos de Interpol sobre pasaportes extraviados y robados constituyen una práctica normal y habitual. Para las personas que residen en Abjasia y Osetia del Sur (Región de Tskinvali) se han expedido hasta ahora 233 tarjetas de identidad y 29 documentos de viaje con estatuto neutral[6]. Adopción de un calendario claro para la plena implantación de los pasaportes biométricos, incluso en los consulados de Georgia en el extranjero, y la eliminación total de los pasaportes no conformes con las normas de la OACI La adopción del marco jurídico que regula la implantación de los pasaportes biométricos en los consulados, junto con el plan para eliminar progresivamente los pasaportes no biométricos, está prevista para noviembre de 2013. Adopción de un código de conducta y programas de formación en materia de lucha contra la corrupción, gestión segura de los documentos personales y protección de datos para los funcionarios públicos que gestionan los pasaportes, las tarjetas de identidad y otros documentos de filiación e identidad Ya se ha establecido gran parte del marco jurídico para la lucha contra la corrupción en el ámbito de la seguridad de los documentos. Las disposiciones legales aplicables entraron en vigor en 2008, actualmente están siendo modificadas y se prevé que sean adoptadas antes de que termine 2013. Aunque no existen programas específicos de formación en materia de prevención y lucha contra la corrupción, la Agencia imparte seminarios internos de formación dos veces al año. Además, existe un servicio de auditoría que se encarga de investigar las infracciones de Derecho sustantivo y procesal y la corrupción. El servicio de auditoría depende directamente del director de la Agencia. Sobre la base de las anteriores constataciones, se recomienda que, en relación con los criterios de referencia del bloque 1, las autoridades georgianas: · adopten la ley relativa a la implantación de los pasaportes biométricos en los consulados, el plan para eliminar progresivamente los pasaportes no biométricos y las disposiciones para la obtención de un segundo pasaporte; · adopten el código de conducta para los funcionarios que trabajan en la Agencia; · elaboren el plan para completar la digitalización de los registros de estado civil con un calendario orientativo; · sigan examinando la cuestión del cambio del nombre de pila; · faciliten todos los instrumentos jurídicos pertinentes relativos a la toma y almacenamiento de huellas dactilares, la prohibición de la prórroga del pasaporte y la aplicación del principio un documento por persona; · faciliten información sobre las posibles modificaciones del régimen de protección de datos personales correspondiente a los criterios de referencia del bloque 1. 4. Bloque 2: Gestión integrada de las fronteras, gestión de la migración y asilo 4.1. Gestión integrada de las fronteras Consolidación del marco jurídico e institucional para la gestión de fronteras, con arreglo a las normas internacionales y de la UE, que garantice igualmente una cooperación eficaz entre todos los organismos que intervienen en dicha gestión, en particular la Policía de Patrullaje, la Policía de Fronteras y la Guardia Costera En el curso de los últimos años, Georgia ha conseguido transformar su antiguo sistema militar de protección de fronteras en un sistema policial basado en el modelo europeo. El marco legal e institucional ya existe. Las normas legales aplicables se recogen en la Constitución, los acuerdos internacionales y bilaterales, la Ley sobre las fronteras estatales de Georgia de 1998, la Ley de Policía de 2013[7], la Ley sobre la Policía de Fronteras de 2006, la Ley sobre el espacio marítimo de 1998, la Ley de Defensa de 1997, diversos decretos presidenciales (por ejemplo, el Decreto sobre las normas que regulan el régimen y la protección de fronteras de 1999, el Decreto sobre la estrategia integrada de gestión de las fronteras de Georgia de 2008, etc.), la Orden del Ministerio del Interior sobre el Reglamento relativo a los representantes fronterizos (comisarios fronterizos) de 2012, y la Ley sobre cooperación en materia de Derecho internacional de 2013, así como diversas órdenes conjuntas, acuerdos y procedimientos operativos. La reforma del marco institucional se inició en 2004. Como consecuencia de ello, los servicios de Policía de Fronteras y Policía de Patrullaje del Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda se encargan de la gestión integrada de las fronteras de Georgia. La cooperación interinstitucional está ampliamente regulada, entre otras, por la Orden conjunta de los Ministerios del Interior y de Hacienda sobre tareas y competencias de 2010, la Orden Conjunta de los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores e Interior sobre intercambio de información de 2010, y el Memorando de entendimiento mutuo entre los Ministerios del Interior y de Hacienda sobre las normas generales de cooperación entre los servicios de Policía de Patrullaje y Policía de Fronteras del Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda en materia de defensa de las fronteras estatales de 2013. La demarcación de las fronteras estatales sigue avanzando. La frontera con Turquía ya está totalmente demarcada y se han creado comisiones de delimitación para establecer las fronteras con otros países vecinos. El 71 % de las fronteras con Armenia y el 66 % de las fronteras con Azerbaiyán ya han sido acordadas. El 86 % de la frontera con Rusia ha sido acordado a nivel de comisiones de delimitación y grupos de expertos, pero la labor se suspendió a raíz del conflicto militar de 2008. Las fronteras con Turquía, Armenia y Azerbaiyán ya están controladas, pero la frontera con Rusia solo lo está parcialmente; la frontera en los dos territorios ocupados (Osetia del Sur[8] y Abjasia[9]) no está controlada por las autoridades georgianas. Adopción de la Estrategia y el Plan de Acción Nacionales para la gestión integrada de fronteras, que incluya un calendario y objetivos específicos relativos al desarrollo futuro de la legislación, la organización, las infraestructuras, los equipos, y recursos humanos y financieros suficientes en el ámbito de la gestión de fronteras, así como de la cooperación internacional La Estrategia Integrada de Gestión de Fronteras, adoptada en 2008 y modificada en 2012 con el respaldo de la UE, se basa en el modelo de gestión integrada de fronteras. La Estrategia fija los objetivos que deben alcanzarse durante el período 2008-2013. Tras la aprobación de la Estrategia, el Grupo de Trabajo interinstitucional elaboró un plan de acción al respecto, que fue aprobado en 2009. La Estrategia es muy amplia y, junto con el plan de acción, establecen objetivos realistas, asignan responsabilidades claras y garantizan la supervisión necesaria. La Estrategia y el plan de acción se centran en el desarrollo de capacidades y la cooperación interinstitucional. Georgia participa en la cooperación internacional en el ámbito de la gestión de fronteras. Colabora con Estados miembros de la UE[10], otros países y organizaciones internacionales. La cooperación regional con Turquía está muy avanzada. Se ha presentado a Azerbaiyán un proyecto de acuerdo sobre las actividades de los comisarios fronterizos, y la cooperación con la Agencia de Fronteras de Armenia se ha intensificado recientemente[11]. También existe un marco jurídico que regula la colaboración con Rusia. Adopción de un código de conducta y de programas de formación, entre otros, en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, respeto de los derechos humanos, procedimientos de asilo y medidas contra la trata de seres humanos, dirigidos específicamente a guardias de fronteras, funcionarios de aduanas y cualquier otro funcionario que intervenga en la gestión y la vigilancia de las fronteras En mayo de 2013, el Ministerio del Interior adoptó el Código de Conducta de la Policía, que también se aplica a la Policía de Fronteras y la Policía de Patrullaje. En abril de 2013, el Director General de la Agencia Tributaria adoptó el Código de Ética y Conducta de los funcionarios de aduanas. Además, en mayo de 2013, el Ministerio del Interior adoptó otras instrucciones para los empleados de la Policía de Fronteras, la Policía de Patrullaje y los agentes que trabajan en los pasos fronterizos. Estas instrucciones se refieren a los derechos humanos y hacen hincapié en las obligaciones de los trabajadores en caso de soborno, delincuencia organizada, etc. La Academia del Ministerio del Interior se encarga de impartir cursos de formación básica para el nuevo personal, cursos de reciclaje y cursos de promoción. Imparte igualmente una formación básica para los nuevos funcionarios de aduanas y formación especializada para los antiguos (por ejemplo, sobre inspección de documentos de viaje). El contenido de la formación para los agentes de la Policía de Fronteras y la Policía de Patrullaje se basa en las recomendaciones de expertos de la UE y de Estados Unidos. El plan de estudios común de FRONTEX se incluye en el plan de estudios de la Academia. La formación básica es una combinación de estudios teóricos y cursos prácticos. Se imparte formación especializada sobre temas como gestión de los controles fronterizos, inmigración clandestina y delincuencia organizada, trata de seres humanos, corrupción y falsificación de documentos. La Academia también ofrece cursos sobre el código de conducta de la policía y la relación de la policía con el ciudadano, que abarcan las relaciones con las minorías nacionales, raciales y religiosas. Con el fin de apoyar la formación in situ, la Academia ha creado unidades de formación móviles. Desde principios de 2013, los cursos básicos de formación para los agentes de la Policía de Patrullaje y la Policía de Fronteras tienen una duración mayor[12]. Además, recientemente se han introducido varios temas nuevos (por ejemplo, infracciones y abuso de autoridad, policía y medios de comunicación, trata de seres humanos, y tráfico de drogas) y determinados cursos de formación avanzada se han incrementado (por ejemplo, en el caso de la Policía de Fronteras, protección de los derechos humanos, lucha contra la delincuencia organizada, refugiados y solicitantes de asilo, y corrupción e infracciones en el ejercicio de un cargo público). Sobre la base de las anteriores constataciones, se recomienda que, en relación con los indicadores de referencia de la gestión integrada de fronteras, las autoridades georgianas: · establezcan una nueva Estrategia Integrada de Gestión de Fronteras plurianual y un plan de acción que la acompañe que abarquen el período posterior a 2013 a fin de aprovechar el trabajo efectuado hasta el momento. La futura Estrategia debe tener un fuerte componente de desarrollo de capacidades con el fin de seguir reforzando la gestión de fronteras, en particular en la frontera natural terrestre, en la que podrían mejorarse aún más la tecnología, las infraestructuras y las capacidades de los equipos técnicos; · sigan trabajando para cooperar con países vecinos, celebrando los acuerdos necesarios para facilitar la futura colaboración técnica en las fronteras; refuercen la formación de los agentes de la guardia de fronteras, los funcionarios de aduanas y cualquier otro funcionario que intervenga en la gestión de fronteras o en la vigilancia, mediante el desarrollo de una formación avanzada, y promuevan la formación en el puesto de trabajo, prestando especial atención al desarrollo de las capacidades de aprendizaje electrónico y a las unidades de formación móviles; examinen la posibilidad de prolongar la duración de la formación básica y de profundizar en el desarrollo de la formación avanzada. 4.2. Gestión de la migración Consolidación del marco jurídico e institucional de la política de migración, en consonancia con las normas internacionales y de la UE, incluso en el ámbito de la migración legal/laboral; medidas de apoyo a la integración de los extranjeros y la reintegración de ciudadanos georgianos (que hayan regresado voluntariamente o no) y lucha contra la migración clandestina (incluso mediante esfuerzos continuos para celebrar acuerdos de readmisión con los principales países de origen o tránsito de los inmigrantes clandestinos y la detección de inmigrantes clandestinos dentro del país) Se está estableciendo el marco jurídico para la política de migración. El Gobierno aprobó el 30 de octubre de 2013 un proyecto de ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas, que se espera sea presentado al Parlamento en breve y que incluye disposiciones relativas a la inmigración legal y clandestina y la integración de extranjeros. Una vez adoptada la ley, deberán aprobarse unos diez reglamentos para establecer un régimen jurídico exhaustivo. El marco institucional para la coordinación de la política de migración está bien desarrollado. En 2010 se creó la Comisión Estatal de Migración, formada por representantes de 12 ministerios competentes[13] y encargada de la coordinación general de la gestión de la migración. En el ámbito de la lucha contra la inmigración clandestina, se prevé una mayor racionalización. Una vez que entren en vigor la Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas y la Ley de Policía de 2013, la policía estará facultada para identificar y registrar a los extranjeros y para aplicar procedimientos de expulsión. Asimismo, dentro de la estructura del Ministerio del Interior se creará un Servicio de Migración encargado de coordinar la lucha contra la inmigración clandestina. Con el fin de contribuir a la reintegración de los migrantes georgianos que regresan al país, se ha creado un Centro de Movilidad con el apoyo de la UE en el marco de la Asociación de movilidad. Este Centro ayuda a los migrantes que regresan mediante la elaboración de un plan personal de reintegración, que incluye un plan económico y la prestación de asistencia médica en caso necesario, así como alojamiento provisional. Georgia también trabaja para crear un centro de acogida temporal para inmigrantes clandestinos que permanecen en su territorio. Ya se han aprobado los planos arquitectónicos y se prevé que la construcción del edificio comience en noviembre de 2013. El centro tendrá capacidad para un máximo de 70 personas y se tomarán medidas especiales para los inmigrantes y las familias vulnerables. Ya se ha elaborado un proyecto de estatutos del centro de acogida. Georgia ha firmado acuerdos de readmisión con la UE, Suiza, Noruega y Ucrania. Se han firmado protocolos de ejecución en el ámbito de aplicación del Acuerdo de readmisión con la UE con Bulgaria, Estonia, Hungría, Austria, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. El Protocolo con Eslovaquia está listo para su firma, y se negocian otros protocolos con la República Checa, Lituania, Polonia y Portugal. Se han iniciado negociaciones con Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Italia, España y Suecia a través de los canales diplomáticos. Un proyecto de acuerdo de readmisión está listo para la firma con Dinamarca y Moldavia. Por otra parte, Georgia ha iniciado la negociación de acuerdos de readmisión con Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, la India y Pakistán. Georgia también ha introducido el sistema electrónico de gestión de casos de readmisión, que está coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, financiado por la UE y se explota con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. Adopción de una estrategia nacional de gestión de la migración para una aplicación eficaz del marco jurídico de la política de migración y del correspondiente Plan de acción, que incluya un calendario, objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y disposiciones relativas a la dotación de recursos humanos y financieros suficientes Las autoridades georgianas han elaborado la Estrategia de Migración de Georgia para el período 2013‑2015 con ayuda de expertos de la UE en el contexto del proyecto de Iniciativa Selectiva de la Asociación de Movilidad. La Estrategia fue adoptada en marzo de 2013, y el plan de acción que la acompaña se aprobó en junio de 2013. La Estrategia se centra en ámbitos como la prevención y el control de la inmigración clandestina, la promoción de la inmigración legal y la reintegración de los ciudadanos en Georgia, así como el desarrollo de un sistema de asilo en Georgia. El plan de acción define actividades concretas, establece plazos y designa a las autoridades competentes y a los socios encargados de la ejecución. Creación de un mecanismo de seguimiento del volumen y los flujos de migración que permita la actualización periódica del perfil migratorio de Georgia, con una base de datos electrónica unificada que contenga los datos tanto de los inmigrantes clandestinos como de los legales, así como de los solicitantes de asilo y refugiados, y creación de organismos encargados de la recogida y el análisis de dichos datos. El sistema unificado de análisis de la migración se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Los ministerios y organismos competentes ya recogen información y datos sobre las personas que cruzan las fronteras, los permisos de residencia, los visados y su duración, los extranjeros residentes en el país, los extranjeros expulsados del país, las personas jurídicas constituidas por extranjeros, etc. Una vez que entre plenamente en funcionamiento, el sistema recogerá y procesará esta información. El Ministerio del Interior ha creado una base de datos electrónica de inmigrantes en situación irregular, que actualmente se encuentra en fase de pruebas y que se espera que entre en funcionamiento cuando entré en vigor la Ley sobre el estatuto de los extranjeros y apátridas, muy probablemente en 2014. Hasta la fecha, Georgia ha elaborado perfiles de migración para los períodos 2005-2010 y 2011-2013, que se adoptó en septiembre de 2013. Sobre la base de las anteriores constataciones, se recomienda que, en relación con los criterios de referencia relativos a la gestión de la migración, las autoridades georgianas: · establezcan el marco jurídico para la gestión de la migración mediante la adopción de la Ley sobre el estatuto de los extranjeros y apátridas y todas las disposiciones reglamentarias necesarias; · sigan consolidando y racionalizando la capacidad institucional mediante, entre otras cosas, la creación de un Servicio de Migración dentro del Ministerio del Interior; · refuercen la institucionalización del Centro de Movilidad, en particular mediante la asignación de recursos humanos y financieros suficientes para prestar asistencia a la reintegración; · aceleren los trabajos sobre el Centro de acogida temporal para migrantes en situación irregular, y garanticen los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar la capacidad operativa del Centro; · sigan aplicando la Estrategia de Migración y el plan de acción y comiencen a elaborar la Estrategia para el próximo período de programación; · aceleren el desarrollo de un sistema unificado de análisis de la migración de conformidad con las normas de protección de datos; · refuercen las capacidades de recopilación de datos, entre otras cosas, ultimando la base de datos electrónica sobre migración clandestina. 4.3. Asilo Consolidación, conforme a las normas internacionales y de la UE, del marco jurídico e institucional de la política de asilo, dentro del pleno respeto del principio de no devolución y que incluya la protección subsidiaria, a través de la adopción de una legislación que garantice el acceso efectivo a procedimientos equitativos para determinar la situación, derechos de protección (libertad de circulación, asistencia sanitaria, educación, otros derechos laborales y sociales), soluciones duraderas, incluida la integración de los refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional, así como una atención especial a los grupos vulnerables La Ley sobre refugiados y protección humanitaria[14] se aprobó en 2011. Tras su adopción se han promulgado tres reglamentos, uno que establece los procedimientos de concesión del estatuto de refugiado u otra forma de protección, otro que regula el alojamiento en el centro de acogida y uno más que determina las normas para el registro anual de los solicitantes de asilo en Georgia. La Ley sobre refugiados consagra de forma adecuada el principio de no devolución y también establece los motivos para conceder protección humanitaria de conformidad con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con arreglo a la Ley sobre refugiados, las personas que residen en Georgia en situación irregular deben solicitar asilo en las 24 horas siguientes a su entrada en territorio georgiano y solo circunstancias especiales ajenas a su control pueden justificar la ampliación de este plazo. Si el plazo no se respeta, la solicitud es rechazada. Este plazo no se aplica a las personas que residen legalmente en Georgia. Tras un examen preliminar de la solicitud de asilo se elabora un perfil del solicitante y se le concede el estatuto de solicitante de asilo durante un período de seis meses. Una posible decisión negativa en esta fase preliminar puede impugnarse ante los tribunales. Una vez que la persona está registrada como solicitante, se realiza una entrevista, se obtiene información sobre el país de origen y se toma una la decisión sobre su estatuto. En caso de que la decisión sea negativa, se puede interponer recurso. El Ministerio de Desplazados de los Territorios Ocupados, Alojamiento y Refugiados es responsable de los procedimientos de asilo y acogida de los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional. Seis funcionarios se ocupan de tomar las decisiones en materia de asilo. Actualmente, un funcionario a tiempo completo y un funcionario a tiempo parcial se ocupan de recopilar la información sobre el país de origen. El Ministerio tiene previsto crear una unidad de información especializada sobre el país de origen en 2014. A los solicitantes de asilo únicamente se les expide un documento que certifica su situación legal una vez que se adopta la decisión sobre la inscripción en el registro. Este documento incluye una fotografía y datos básicos. La autoridad competente tiene diez días para tomar la decisión sobre el registro del solicitante. En caso de decisión negativa se puede interponer recurso ante tres instancias judiciales consecutivas, lo que, en vista de la duración de los procedimientos judiciales, puede provocar situaciones en las que los solicitantes de asilo no reciban la documentación que confirma su situación legal hasta el final del procedimiento de recurso. La acogida de los solicitantes de asilo se lleva a cabo en un centro de acogida específico con capacidad para 60 personas[15]. Se presta especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables. Según la información recibida, se designa un tutor para cada menor no acompañado solicitante de asilo y el centro cuenta con servicios de interpretación. La red sanitaria pública presta atención médica con cargo al presupuesto del Estado. Los refugiados y las personas a los que se concede protección humanitaria tienen derecho a recibir alojamiento en un centro de acogida durante un período de tres meses tras el reconocimiento del estatuto, y acceso a educación y asistencia social y médica. Pueden viajar a otro país o regresar a su país de origen. Se les expide un permiso de residencia temporal y un documento de viaje (pasaporte con arreglo a la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas). También se imparten cursos de idiomas (tanto de georgiano como de lenguas extranjeras) y de formación. Sobre la base de las anteriores constataciones, se recomienda que, en relación con los criterios de referencia relativos al asilo, las autoridades georgianas: · mejoren el marco jurídico e institucional existente mediante la introducción de las modificaciones necesarias, incluidas las disposiciones para facilitar documentación a los solicitantes desde el principio del procedimiento de asilo; · reconsideren las disposiciones que imponen la obligación de solicitar asilo en las 24 horas siguientes a la entrada en el territorio; la presentación de la solicitud después de dicho plazo no debería ser el único motivo para denegar el registro del solicitante; · refuercen la capacidad institucional y de medios humanos del Ministerio y en particular en lo que respecta al personal encargado de recopilar la información sobre el país de origen; · aumenten la capacidad de acogida y alojamiento de los solicitantes de asilo; · aumenten las capacidades de recogida de datos; · presenten a la Comisión datos estadísticos pertinentes; · examinen más detalladamente el procedimiento de asilo con el fin de determinar si la posibilidad de recurso, incluido su efecto suspensivo hasta la última (tercera) instancia judicial, no pone en peligro la eficacia del procedimiento y la política de asilo en general. 5. Bloque 3: Orden público y seguridad 5.1. Prevención y lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción Consolidación, conforme a las normas internacionales y de la UE, del marco jurídico e institucional para la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, junto con una estrategia nacional y un plan de acción que contenga un calendario claro, objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y recursos humanos y financieros suficientes Georgia avanza en la consolidación de su marco legislativo para prevenir la delincuencia organizada y luchar contra ella. Además de la legislación ya en vigor (Ley sobre la delincuencia organizada y el chantaje, disposiciones pertinentes del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Penal y Ley sobre investigación de actividades delictivas) el 4 de octubre de 2013 se adoptó una nueva Ley de Policía que entrará en vigor el 1 de enero de 2014. En octubre de 2013 se aprobó mediante decreto una Estrategia Nacional para la Lucha contra la Delincuencia Organizada para el período 2013-2014. Esta Estrategia abarca un amplio espectro de formas de delincuencia organizada, que incluye las actividades mafiosas, el chantaje, el robo de vehículos, la circulación ilegal de armas de fuego y los delitos informáticos. El 4 de noviembre de 2013 se adoptó un plan de acción de lucha contra la delincuencia organizada. También se está elaborando un marco institucional. Mediante decreto de 13 de junio de 2013 se creó el Consejo Interinstitucional para la Lucha contra la Delincuencia Organizada, integrado por representantes de los ministerios competentes, y cuya principal tarea consiste en supervisar la aplicación de la Estrategia y el plan de acción. Consolidación, conforme a las normas internacionales y de la UE, del marco jurídico e institucional para luchar contra la trata de seres humanos, junto con el correspondiente Plan nacional de acción, que contenga un calendario claro, objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y recursos humanos y financieros suficientes Georgia ha avanzado satisfactoriamente en la aplicación del indicador de referencia relativo a la trata de seres humanos. Desde 2003, el Código Penal penaliza la trata de seres humanos. Diversas modificaciones posteriores del Código han aumentado las sanciones para este delito, introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas y penalizado el uso de servicios prestados por víctimas de la trata de seres humanos. En abril de 2012, de conformidad con la recomendación del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (GRETA) se modificaron la Ley sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2006 y la Ley sobre víctimas infantiles de la trata de seres humanos, en las que se introdujeron, entre otras cosas, una disposición sobre evaluación personal del riesgo basada en el interés superior del niño[16]. Desde 2006 existe un Fondo estatal para la protección de víctimas de la trata de seres humanos y un Consejo Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Este Consejo está presidido por el Ministerio de Justicia e integrado por representantes de ministerios y organismos gubernamentales. El 15 de marzo de 2013, el presidente de Georgia adoptó el Plan nacional de acción para la lucha contra la trata de seres humanos para el período 2013-2014, que fue elaborado por el Consejo. El Plan abarca cuestiones como la prevención de la trata de seres humanos, la cooperación con entes locales y organizaciones no gubernamentales internacionales, la mejora de las técnicas de investigación específicas de la Fiscalía y la coordinación de las actividades relacionadas con la trata de seres humanos entre los organismos competentes. Consolidación, conforme a las normas internacionales y de la UE, del marco jurídico e institucional para prevenir y luchar contra la corrupción, así como una Estrategia nacional de lucha contra la corrupción y un plan de acción que contengan plazos claros, objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y recursos humanos y financieros suficientes, incluso en lo referente a los esfuerzos de coordinación de los organismos encargados de la lucha contra la corrupción, como el Consejo de Coordinación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción, en particular para garantizar la independencia, la eficiencia, la capacitación y la rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción y reforzar el intercambio de información entre ellas, para garantizar un marco jurídico e institucional eficaz que incluya la legislación secundaria necesaria para un funcionamiento eficiente de los mecanismos de control interno que contribuyen a prevenir y reprimir la corrupción, incluida la corrupción de alto nivel y la corrupción en las transacciones internacionales, y para establecer normas de integridad en las instituciones y autoridades públicas y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) A lo largo del último decenio, Georgia ha emprendido un amplio proceso de reforma para luchar contra la corrupción e introducir un marco jurídico e institucional que ha traído consigo resultados tangibles en la prevención y la lucha contra la corrupción[17]. Georgia es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha ratificado los convenios del Consejo de Europa en materia de corrupción, a saber, el Convenio Civil sobre la Corrupción de 2003 y el Convenio Penal sobre la Corrupción de 2008, así como su Protocolo adicional de 2013. Georgia ha realizado avances significativos en la penalización de la corrupción. Entre los delitos de corrupción activa y pasiva contemplados en el Código Penal de Georgia se encuentran la oferta y la promesa de un soborno, el soborno a favor de un tercero y el soborno a través de un intermediario. En noviembre de 2011 se modificó el delito de tráfico de influencias para incluir a terceros. La corrupción activa y pasiva, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y el soborno comercial conllevan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De conformidad con la tercera ronda de evaluación del informe del GRECO sobre inculpaciones[18], Georgia ha aplicado satisfactoriamente tres de cada cinco recomendaciones, y dos de ellas, las relativas a la ratificación del Protocolo adicional al Convenio Penal sobre la Corrupción y la manifestación de arrepentimiento, se han aplicado parcialmente. El 27 de julio de 2013, Georgia ratificó el Protocolo adicional, de modo que se puede considerar que cuatro de las cinco recomendaciones se han aplicado plenamente. El Consejo de Coordinación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción inició sus actividades en 2008. Se compone de 34 miembros[19], y sus cometidos son coordinar la lucha contra la corrupción, participar en el seguimiento de la aplicación de las medidas al respecto y elaborar legislación en los ámbitos de la prevención y la lucha contra la corrupción. Actualmente sus principales prioridades estratégicas son la prevención de la corrupción en las fuerzas policiales y aduaneras y las relativas al sistema tributario, y la transparencia de la financiación de los partidos. En 2011, Georgia modificó la Ley Orgánica sobre uniones políticas de ciudadanos. Las nuevas normas de financiación de los partidos políticos incluyen la prohibición de donaciones de personas jurídicas, la limitación de las donaciones, el uso de transferencias bancarias para realizar las donaciones a fin de garantizar la transparencia y una mejor rendición de cuentas en la financiación de los partidos, las limitaciones a los préstamos concedidos a partidos y las limitaciones a las cuotas de los miembros. La supervisión de la financiación de los partidos y las campañas electorales es competencia de la Oficina Estatal de Auditoría. La Ley sobre conflictos de intereses y corrupción en la función pública de 2009 exige, entre otras cosas, la revelación pública de los intereses económicos de los funcionarios públicos y la protección de los denunciantes. La función pública de Georgia y el Consejo de Coordinación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción están ultimando un nuevo proyecto de Ley sobre protección de los denunciantes. El mecanismo de declaración de activos en línea para los altos funcionarios públicos contribuye igualmente a la prevención y la lucha contra la corrupción[20]. En septiembre de 2013 se introdujo en la Ley sobre conflictos de intereses y corrupción en la función pública una enmienda que amplía el mecanismo a 400 funcionarios públicos. Entre las enmiendas recientes a la Ley de la función pública se encuentra un nuevo capítulo del Código de Conducta para los funcionarios públicos basado en el modelo de Código de Conducta para funcionarios públicos del Comité de Ministros del Consejo de Europa[21]. Estas enmiendas obligan a los funcionarios públicos a informar a su supervisor o a los organismos policiales y judiciales sobre cualquier evidencia o sospecha justificada de actividad ilegal, incluida la corrupción. Las enmiendas también prevén la formación obligatoria sobre cuestiones relacionadas con la corrupción para los nuevos funcionarios públicos. En mayo de 2013, el Parlamento georgiano modificó la Ley sobre tribunales de competencia general para reforzar la independencia e integridad de la judicatura. En la 94ª sesión plenaria se adoptaron las modificaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y europeas, así como el dictamen de la Comisión de Venecia[22]. Georgia tiene previsto introducir nuevas reformas en materia de designación y promoción de jueces. El Parlamento adoptó una serie de enmiendas a la Ley sobre la Fiscalía, que entraron en vigor en junio de 2013. Así, todas las competencias fiscales atribuidas anteriormente al Ministerio de Justicia se han transferido al fiscal general de Georgia. El presidente de Georgia nombra y destituye al fiscal general a propuesta del Ministro de Justicia. El fiscal general nombra y destituye a todos los fiscales y empleados de la Fiscalía y realiza la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, incluidos los relacionados con la corrupción, cometidos por altos funcionarios, como el presidente, los parlamentarios o los miembros del Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo y el auditor general. El Sistema Estatal de Contratación Pública se reformó en 2010 mediante la creación de un Sistema Electrónico Unificado de Contratación Pública. En la actualidad, todas las licitaciones se realizan electrónicamente. El Sistema Electrónico Unificado de Contratación Pública ha elaborado una «lista negra» de empresas que tienen prohibido participar en procedimientos de contratación pública durante un período de un año, y una «lista blanca» de las que pueden participar. Consolidación del marco jurídico e institucional para prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en consonancia con las normas internacionales y de la UE establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre blanqueo de capitales (GAFI), y actualización periódica de la estrategia nacional correspondiente; creación y consolidación de una Unidad de Inteligencia Financiera con competencias y recursos adecuados En los últimos años, Georgia ha mejorado su marco legislativo para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al mejorar el cumplimiento técnico de las normas y el Derecho de la UE en esta materia. Por ejemplo, en 2012, las sociedades de arrendamiento financiero, los auditores, los contables y las entidades de crédito pasaron a ser consideradas «entidades con obligaciones»[23], y se reforzaron las medidas destinas a las entidades financieras. Si bien Georgia tiene la intención de incluir también a los abogados en un futuro próximo, la lista de las entidades con obligaciones todavía no se ajusta plenamente a los requisitos internacionales y europeos, ya que dicha legislación no se aplica a los agentes inmobiliarios, a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos y a las entidades que emiten dinero electrónico. Georgia ha adoptado una serie de actos jurídicos basados en la legislación sobre blanqueo de capitales que definen con más precisión los requisitos aplicables a las entidades con obligaciones, como las uniones de crédito, las oficinas de cambio de divisas, las empresas de envío de dinero, los casinos, las loterías, los notarios, etc. Por lo que se refiere a la necesidad de reforzar la cooperación institucional, aunque una serie de ministerios competentes firmaron un memorando de acuerdo sobre la mejora de la eficacia de la cooperación interinstitucional en el ámbito de la aplicación de la ley, que incluye el delito de blanqueo de capitales, Georgia aún no ha creado un Consejo encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que podría desempeñar un papel importante en la dirección y coordinación de todas las actividades de esa lucha. Georgia tiene previsto adoptar una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, junto con un plan de acción para su aplicación, y ha creado un grupo de trabajo interinstitucional a tal fin. La creación del Organismo Nacional del Registro Público para gestionar el sistema de registro de personas jurídicas constituye un primer paso importante para evitar que se abuse de dicha figura. Sin embargo, una evaluación de Georgia realizada en 2012 por el Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo señaló una serie de importantes deficiencias[24]. Asimismo, aunque Georgia modificó en diciembre de 2011 su marco para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 y 1373, dicha evaluación indica que no cumplió plenamente determinadas normas legales. El Servicio de Supervisión Financiera, que es la unidad de inteligencia financiera de Georgia, fue creado con arreglo al artículo 10 de la Ley sobre blanqueo de capitales de 2003. Goza de independencia operativa y no está subordinado a ningún organismo para el desempeño de sus actividades. El Servicio sirve como centro nacional para recibir, analizar y difundir informes sobre transacciones sospechosas, informes sobre transacciones en efectivo y otra información pertinente relativa al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualmente prepara, en cooperación con las instituciones competentes, una serie de enmiendas a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para corregir las deficiencias identificadas en la evaluación del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2012. De acuerdo con la información facilitada por Georgia, en diciembre de 2011 se introdujo un nuevo programa informático que mejora los informes sobre transacciones sospechosas. Aunque su eficacia no puede evaluarse plenamente en esta fase, el aumento del número de casos difundidos por el Servicio de Supervisión Financiera a los órganos policiales y judiciales resulta alentador[25]. Adopción de una estrategia y un plan de acción nacional de lucha contra la droga, en consonancia con las normas internacionales y de la UE, que contengan un calendario claro, objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y recursos humanos y financieros suficientes En noviembre de 2011 se creó un Consejo de Coordinación Interinstitucional para luchar contra las Toxicomanías, bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, y en del que forman parte organizaciones internacionales y ONG. En junio, el Consejo elaboró la Estrategia Nacional de lucha contra las Drogas y el plan de acción que lo acompaña. Según la información proporcionada por las autoridades georgianas, al redactar ambos documentos, el Consejo se basó en la Estrategia sobre drogas de la UE de 2012 y en el asesoramiento de expertos del Grupo Pompidou del Consejo de Europa, que se encarga de la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas. En el momento de redactar este informe, el Consejo incorpora las observaciones del Grupo Pompidou en ambos documentos, y se espera que Gobierno los adopte antes de que finalice 2013. La redacción de las enmiendas a los instrumentos legislativos correspondientes también avanza[26]. Firma, ratificación y transposición a la legislación nacional de todos los convenios pertinentes de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y sus respectivos protocolos en los ámbitos enumerados más arriba y en materia de lucha contra el terrorismo, entre otros, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, así como el Convenio de La Haya relativo a la protección de los niños (Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños de 1996), el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007 y el Protocolo Adicional al Convenio penal sobre la corrupción El Parlamento georgiano ratificó el Protocolo Adicional al Convenio penal sobre la corrupción en julio de 2013, y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo del Consejo de Europa de 2005 fue ratificado en octubre de 2013. En cuanto a los instrumentos en materia de protección de menores, se han iniciado los procedimientos legales nacionales necesarios. 5.2. Cooperación judicial en materia penal Consolidación del marco jurídico e institucional en materia de asistencia mutua La Ley sobre cooperación internacional en materia penal entró en vigor en octubre de 2010[27]. Abarca la cooperación internacional, incluidos aspectos como la asistencia judicial mutua, la extradición, el traslado de personas condenadas, la transferencia de procedimientos y la ejecución de sentencias penales. Georgia es igualmente parte en una serie de convenios de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa y de acuerdos bilaterales, que constituyen la base jurídica para la cooperación con otros Estados[28]. Georgia también estudia la posibilidad de firmar el tercer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición de 1957. Firma, ratificación y transposición a la legislación nacional de determinados convenios y protocolos internacionales, a saber, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal El Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal se firmó en marzo de 2013, y el Parlamento de Georgia lo ratificó en octubre de 2013. Una nueva Ley sobre cooperación policial internacional, que introduce en la legislación georgiana las disposiciones necesarias previstas en tratados internacionales bilaterales y multilaterales, entró en vigor el 22 de octubre de 2013. 5.3. Cooperación policial y judicial Creación de un mecanismo de coordinación adecuado entre los órganos nacionales competentes y una base de datos común a la que puedan acceder los funcionarios responsables Un memorando de acuerdo sobre cooperación interinstitucional en materia policial y judicial entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General y el Servicio de Supervisión Financiera entró en vigor el 16 de mayo de 2013. Con el fin de facilitar la coordinación de las actividades policiales y judiciales, el memorando establece, entre otros elementos, la creación de puntos de contacto, un sistema de intercambio de correo electrónico seguro, la creación de equipos de investigación específicos, etc. El Ministerio del Interior está preparando un programa informático para el intercambio interinstitucional de datos electrónicos confidenciales. 5.4. Protección de datos Consolidación del marco jurídico e institucional para la protección de datos personales, en consonancia con las normas internacionales y de la UE mediante la adopción de reglamentos, instrucciones y directrices para regular los procedimientos, las funciones y las responsabilidades La Ley de protección de datos personales entró en vigor en mayo de 2012. Las disposiciones del capítulo VII sobre la responsabilidad administrativa entraron en vigor en enero de 2013, y determinadas disposiciones relativas a las competencias del Inspector para la Protección de Datos Personales en el sector privado no entrarán en vigor hasta 2016. El recién nombrado Inspector para la Protección de Datos Personales estudia la posibilidad de revisar la Ley de protección de datos personales de 2012 y, a tal fin, los expertos examinan actualmente el marco jurídico vigente. Firma, ratificación y transposición a la legislación nacional de determinados convenios internacionales, protocolos y recomendaciones, entre ellos, el Protocolo Adicional al Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 2001, en lo referente a las autoridades de control y los flujos transfronterizos de datos, y la Recomendación R (87) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa por la que se regula la utilización de datos personales en el ámbito policial Georgia firmó el Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de 2001 en mayo de 2013, que fue ratificado por el Parlamento en julio de 2013. El Ministerio del Interior ultima actualmente, tras consultar al Inspector para la Protección de Datos Personales, la instrucción sobre tratamiento y protección de datos personales por el Ministerio del Interior. Creación de una autoridad independiente encargada de la supervisión de la protección de datos con competencias y obligaciones apropiadas Con arreglo a la Ley de protección de datos personales, el Inspector es independiente y no debe estar subordinado a ningún otro funcionario u organismo público y debe guiarse por la Constitución de Georgia, los acuerdos internacionales, la Ley de protección de datos y la restante normativa aplicable. El 28 de junio de 2013, el primer ministro designó, por decreto, al Inspector para la Protección de Datos Personales. En sus primeros meses en el cargo, el Inspector estableció la estructura y el reglamento de su oficina y puso en marcha el proceso de contratación de personal. Mediante decreto 699 de 3 de julio de 2013 se estableció un fondo de reserva para la Oficina del Inspector para la Protección de Datos Personales para el ejercicio de 2013. El Gobierno facilitará las oficinas y los equipos necesarios. Sobre la base de las anteriores constataciones preliminares, se recomienda que, en relación con los criterios de referencia del bloque 3, las autoridades georgianas: · sigan trabajando en el ámbito de la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y, en particular, que consoliden aún más el marco jurídico e institucional, entre otras cosas, mediante la adopción del plan de acción de lucha contra la delincuencia organizada; · sigan avanzando en la aplicación de las normas internacionales y de la UE sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y en particular, se recomienda que al revisar el marco legislativo en vigor, las autoridades georgianas examinen la posibilidad de establecer, entre otras cosas, un ponente nacional o un mecanismo equivalente que se encargue de evaluar las tendencias en el ámbito de la trata de seres humanos, de medir los resultados de las acciones para luchar contra ella, de informar y de ampliar la formación sobre la trata de seres humanos que se imparte actualmente a los jueces y a la policía a otros agentes de primera línea, como los servicios consulares, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales; sigan avanzando en la adopción de un marco legislativo y político para prevenir y luchar contra la corrupción y, en particular, que velen porque existan garantías legislativas, institucionales y operativas para garantizar la independencia de los fiscales de toda interferencia política, que prosigan con las reformas para reforzar todavía más la integridad y la independencia de la judicatura, que velen, en relación con las declaraciones de activos y los conflictos de intereses, por que existan mecanismos de verificación eficientes e independientes, así como sistemas de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, que revisen de nuevo las normativas en materia de financiación de los partidos políticos teniendo en cuenta las recomendaciones del GRECO, la Comisión de Venecia y la OIDDH de la OSCE, que procuren que el Consejo de Lucha contra la Corrupción cuente con las capacidades analíticas y organizativas necesarias, incluyendo recursos financieros y humanos adecuados, que adopten la legislación para la protección de denunciantes y establezcan un sistema de protección para los denunciantes que trabajen en empresas privadas que presten servicios financiados con recursos públicos; consoliden los esfuerzos para establecer el marco jurídico e institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Deberían abordarse, en particular, las deficiencias señaladas en el informe del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Asimismo es preciso mejorar las capacidades operativas y la coordinación interministerial, y la creación de un Consejo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo podría contribuir a avanzar en ese ámbito. Por último, debe adoptarse la Estrategia Nacional contra el blanqueo de capitales y los planes de acción de acompañamiento. adopten la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y el plan de acción que la acompaña de conformidad con las normas europeas e internacionales, y que velen por que se disponga de los recursos humanos y financieros necesarios para su aplicación y se consoliden el marco legislativo y político; · transpongan a la legislación nacional el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo del Consejo de Europa de 2005, el Protocolo Adicional al Convenio penal sobre la corrupción y el Convenio de La Haya relativo a la protección de menores (Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños de 1996), y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007; · faciliten más información sobre el marco legislativo e institucional relativo a la cooperación judicial en materia penal, incluyendo las disposiciones del Código de Procedimiento Penal aplicables; · sigan reforzando la cooperación policial y judicial, entre otras cosas, a través de la elaboración de un programa informático para el intercambio seguro de datos; · faciliten más información sobre el marco legislativo e institucional en materia de protección de datos, incluidas las modificaciones al marco jurídico vigente que se examinan actualmente; · ultimen la redacción y adopten la instrucción sobre tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior de Georgia; · prevean los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para la Oficina del Inspector para la Protección de Datos Personales. 6. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales 6.1. Libre circulación en Georgia Consolidación del marco legal y reglamentario de los procedimientos de registro aplicables a los extranjeros que residen legalmente y a los apátridas, con vistas a evitar restricciones injustificadas El marco legislativo y normativo está siendo elaborado. El Grupo de trabajo para la reducción de los casos de apatridia ha redactado un proyecto de ley sobre la ciudadanía georgiana, que ha sido objeto de un proceso de consultas interministeriales, y se espera que sea presentado al Parlamento en los próximos meses. El proyecto de ley introduce una serie de mecanismos destinados a prevenir y reducir los casos de apatridia según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia. Georgia también estudia la posibilidad de adherirse a la Convención de 1961. 6.2. Condiciones y procedimientos para la expedición de documentos de viaje e identidad Consolidación del marco jurídico y normativo con el fin de garantizar el acceso pleno y efectivo a documentos de viaje e identidad sin discriminaciones, en particular de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los desplazados internos, las personas pertenecientes a minorías y otros grupos vulnerables La Agencia de Desarrollo de Servicios Públicos ha llevado a cabo, en cooperación con el ACNUR y el UNICEF, varios proyectos financiados por la UE para resolver el problema de las personas indocumentadas. Al parecer, desde 2008 se han identificado más de 11 000 personas indocumentadas, de las cuales aproximadamente 7 000 se han inscrito en el registro civil y recibido los documentos correspondientes. Desde 2008, los refugiados reciben documentos de viaje y, desde 2010, estos documentos de viaje incluyen datos biométricos. Se han tomado medidas prácticas para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. 6.3. Derechos de los ciudadanos, incluida la protección de las minorías Adopción de una legislación exhaustiva contra la discriminación, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas y los organismos de supervisión del Consejo de Europa, a fin de garantizar una protección eficaz contra la discriminación Actualmente, Georgia trabaja para establecer un marco legislativo exhaustivo para luchar contra la discriminación. Además de las disposiciones constitucionales en materia de lucha contra la discriminación y las disposiciones de diversas leyes de Derecho civil, penal y administrativo[29], el Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de ley contra la discriminación, que está siendo revisado por expertos internacionales y se prevé que sea presentado al Parlamento antes de que finalice 2013. El proyecto de ley tiene por objeto «eliminar todas las formas de discriminación en el territorio de Georgia o bajo su jurisdicción, y garantizar a todas las personas el mismo ejercicio de los derechos establecidos en la Ley, con independencia de su raza, color, lengua, sexo, edad, nacionalidad, origen, lugar de nacimiento, lugar de residencia, estado civil, embarazo o maternidad, situación material o social, estado de salud, discapacidad, religión o convicciones, pertenencia a grupos nacionales, étnicos o sociales, opiniones políticas o de otro tipo, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo»[30]. Prohíbe la discriminación múltiple[31], define la discriminación directa e indirecta[32] y contempla la protección de las víctimas de la discriminación contra la persecución[33]. Aunque la ley deberá aplicarse a todos los ámbitos de actividad de las instituciones públicas y personas físicas y jurídicas[34], no está claro si también se ampliará al sector privado. El proyecto de ley también introduce la figura del Inspector para la Protección de la Igualdad[35] y establece disposiciones sobre procedimientos de recurso[36], incluidas disposiciones sobre la carga de la prueba. Firma, ratificación y transposición a la legislación nacional de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa en materia de lucha contra la discriminación, teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los casos de apatridia y las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias Georgia ha ratificado una serie de tratados internacionales sobre la protección de las minorías y la eliminación de diversas formas de discriminación, entre ellos el Convenio Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Georgia también se está preparando para la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Para ello, el Gobierno creó en junio de 2013 una comisión interinstitucional de alto nivel para encargarse de la formulación de las políticas a este respecto. La Comisión colabora estrechamente con autoridades gubernamentales, la sociedad civil y grupos de comunidades minoritarias, así como con expertos del Consejo de Europa. Establecimiento de condiciones equitativas y transparentes para la adquisición de la ciudadanía georgiana Como ya se ha señalado, Georgia elabora actualmente una nueva ley sobre la ciudadanía. El proyecto pretende introducir un marco jurídico para la adquisición de la ciudadanía georgiana que tenga en cuenta las normas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Casos de Apatridia. Adopción de una amplia Estrategia Nacional de Derechos Humanos y de un plan de acción, ejecución activa de esta Estrategia y del plan de acción, cumplimiento de las recomendaciones específicas de los organismos de las Naciones Unidas, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, y las organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las políticas contra la discriminación, la protección de las minorías y la vida privada, y la garantía de la libertad religiosa El Decreto de 5 de julio de 2013 creó un Consejo Interinstitucional para la elaboración de una Estrategia para la Protección de los Derechos Humanos y su plan de acción. Este Consejo está integrado por representantes de los ministerios competentes y otros organismos gubernamentales. Una serie de representantes de ONG e instituciones internacionales[37], incluidas la Delegación de la UE en Georgia, han sido invitados a participar en los trabajos del Consejo. Sobre la base de las anteriores constataciones preliminares, se recomienda que, en relación con los criterios de referencia del bloque 4, las autoridades georgianas: · adopten una nueva ley sobre la ciudadanía georgiana de conformidad con las normas europeas e internacionales; · adapten el marco legislativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961; · formulen una estrategia para resolver el problema de las personas indocumentadas de forma más sistemática y viable; · faciliten información sobre las disposiciones jurídicas aplicables y datos estadísticos completos sobre los procedimientos de registro de extranjeros que residen legalmente y apátridas; · adopten una amplia ley de lucha contra la discriminación en consonancia con las normas europeas e internacionales, que preparen una campaña pública para explicar la ley y sensibilizar a la opinión pública en vista de lo delicado que es este tema, y que velen por que el plan de estudios del curso de formación para funcionarios públicos incluya sesiones para explicar el nuevo marco legal; · continúen con la elaboración de las políticas destinadas a adoptar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y preparen actividades de sensibilización; · adopten una amplia Estrategia Nacional de Derechos Humanos y un plan de acción de acompañamiento. 7. Evaluación general y próximos pasos En consonancia con la metodología establecida, la Comisión ha evaluado la ejecución del PALV por parte de Georgia sobre la base de la información y los documentos relevantes de carácter legislativo y político facilitados por este país. La evaluación documental de los bloques 1 y 2 se ha complementado con una misión de evaluación in situ llevada a cabo por los servicios de la Comisión con la asistencia de expertos de los Estados miembros de la UE y la Delegación de la UE en Georgia. Por otra parte, la Comisión ha llevado a cabo un seguimiento de los avances realizados por Georgia en ámbitos relacionados con el PALV a través del Comité Mixto de facilitación de visados entre la UE y Georgia, el Comité mixto de readmisión entre la UE y Georgia y el Subcomité de justicia, libertad y seguridad, y derechos humanos y democracia. El diálogo y la cooperación entre la UE y Georgia en cada uno de estos marcos se encuentra en un estado avanzado. En vista de lo anterior, la Comisión considera que Georgia ha logrado un avance muy satisfactorio en la aplicación de los criterios de referencia de la primera fase del PALV. El marco político y legislativo que requieren los indicadores de referencia en materia de seguridad de los documentos, incluidos los datos biométricos, y los relativos a la gestión integrada de fronteras se encuentra en una fase avanzada de ejecución. Georgia también ha hecho grandes avances en la aplicación de los criterios de referencia de la primera fase relativos a la gestión de las migraciones, el asilo, el orden público y la seguridad, y las relaciones exteriores y los derechos fundamentales. La Comisión seguirá prestando asistencia a Georgia en la aplicación del PALV y seguirá muy de cerca el cumplimiento de todos los criterios de referencia de los cuatro bloques del PALV a fin de informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los futuros avances de la ejecución del PALV en 2014. [1] Conclusiones del Consejo sobre Georgia, sesión nº 3191 del Consejo de Asuntos Exteriores, Luxemburgo, 15 de octubre de 2012, tercer guión. [2] Véanse los indicadores de referencia relativos a la protección de datos. [3] Decreto nº 98 de 27 de julio de 2011. [4] Ídem. [5] Las autoridades georgianas deben facilitar esta orden. [6] Según la información facilitada, el documento de viaje neutral es reconocido por los Estados Unidos de América, Japón, Israel y ocho Estados miembros de la UE, a saber, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania. [7] Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2014. [8] 75 km de las fronteras del país. [9] 258 km de las fronteras del país. [10] Por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Finlandia y Alemania. [11] El Acuerdo de Cooperación en Materia de Fronteras entre la Policía de Fronteras de Georgia y el Organismo de Aduanas de Armenia está en preparación. También están redactándose un proyecto de acuerdo sobre representantes en materia de fronteras entre el Ministerio del Interior de Georgia y el Servicio Nacional de Seguridad de Armenia y un borrador de protocolo sobre normas aplicables al intercambio de información entre el Ministerio del Interior de Georgia y el Servicio Nacional de Seguridad de Armenia. [12] La formación de la Policía de Patrullaje se ha ampliado de 12 semanas (376 horas) a 20 semanas (600 horas) y la de la Policía de Fronteras, de 6 semanas (235 horas) a 14 semanas (420 horas). [13] Ministerio de Educación y Ciencia; Oficina del Ministro de Estado para los Expatriados; Oficina del Ministerio de Estado para la Integración Europea y Euroatlántica; Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Justicia (presidencia); Ministerio de Personas Desplazadas procedentes de los Territorios Ocupados de Georgia, Refugiados y Alojamiento; Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructuras; Ministerio de Asuntos Exteriores; Oficina Nacional de Estadística; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior (copresidencia); y Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales. [14] La Ley se redactó con ayuda del proyecto realizado por el ACNUR con el apoyo de la UE. [15] Según la información facilitada por las autoridades georgianas, en circunstancias excepcionales, el centro puede alojar hasta 120 personas. [16] En abril de 2012. [17] Un informe del Banco Mundial (2012) felicita a Georgia por sus éxitos en la lucha contra la corrupción en el sector público desde 2003. Según el Barómetro Mundial de la Corrupción de 2013, únicamente el 4 % de los georgianos señaló haber pagado un soborno a alguno de los ocho servicios en los 12 últimos meses. Hasta un 70 % de los encuestados creía que el nivel de corrupción había disminuido considerablemente en los dos últimos años. Georgia ocupa el puesto 51 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2012, con una puntuación de 52 sobre 100. [18] Tercera ronda de evaluación del GRECO: Informe de cumplimiento sobre Georgia de 21 de junio de 2013, en http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2013)9_Georgia_EN.pdf. [19] Por parte del Gobierno, 15 representantes, dos parlamentarios, un representante de la judicatura y 16 observadores en representación de ONG locales e internacionales, organizaciones internacionales, donantes y asociaciones empresariales. [20] En la actualidad, más de 2 800 funcionarios están obligados a declarar sus activos. [21] Plan de acción de lucha contra la corrupción de Estambul de la OCDE. Segunda ronda de seguimiento. Informe sobre los progresos realizados por Georgia (2011). Red de lucha contra la corrupción en Europa del Este y Asia Central. El informe está disponible en: http://www.oecd.org/corruption/acn/48807498.pdf. [22] Dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Dirección de Justicia y Dignidad Humana de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa sobre los proyectos de enmienda a la Ley orgánica sobre tribunales de competencia general de Georgia adoptado por la Comisión de Venecia en su 94ª sesión plenaria. Venecia, 8 y 9 de marzo. El dictamen puede consultarse en: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-e. [23] El término «entidades con obligaciones» se refiere a las personas físicas y jurídicas que están sujetas a las obligaciones de la legislación de Georgia en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. [24] Informe de la cuarta visita de evaluación; Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Georgia, 3 de julio de 2012, disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/GEO4_MER_MONEYVAL(2012)18_en.pdf. [25] De 12 en 2012 a 27 en el primer semestre de 2013. [26] Por ejemplo, el Código de Infracciones Administrativas, el Código Penal, la Ley sobre drogas, sustancias psicotrópicas, precursores y asistencia a drogodependientes. [27] Con arreglo a la Ley, solo existe una autoridad central, el Ministerio de Justicia, que transmite las solicitudes a otras autoridades. [28] Entre ellos, el Convenio Europeo de Extradición de 1957 con sus Protocolos adicionales de 1975 y 1978, el Convenio Europeo de 1959 de asistencia judicial en materia penal con su Protocolo adicional de 1978, el Convenio Europeo sobre el valor internacional de las sentencias penales de 1970, el Convenio Europeo para la represión del terrorismo de 1977 y el Convenio sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal de 1993. [29] Incluyendo la introducción en el Código Penal en 2012 de la disposición que hace de la discriminación una circunstancia agravante. [30] Artículo 1 del proyecto de ley. [31] Artículo 2 del proyecto de ley. [32] Ídem. [33] Artículo 21 del proyecto de ley. [34] Incluidas las relaciones laborales, la seguridad social y la asistencia sanitaria, el acceso a la educación y la formación profesional, la cultura, las elecciones, las actividades civiles y políticas, la información pública y los medios de comunicación, la justicia, el sistema penitenciario, el sistema policial y judicial, las fuerzas armadas, los servicios públicos y el uso de los bienes y servicios; artículo 3 del proyecto de ley. [35] Artículo 7 y siguientes del proyecto de ley. [36] Artículos 16 a 18 del proyecto de ley. [37] Oficina de la ONU en Georgia, Oficina del Consejo de Europa en Georgia, Oficina de USAID en Georgia, Colegio de Abogados de Georgia, Asociación de Jóvenes Abogados Georgianos, Transparencia Internacional de Georgia, Fundación Sociedad Abierta de Georgia, etc.