Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental"

(2001/C 148/03)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considerando la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental" [COM(2000) 402 final - 2000/0169 (COD)];

considerando la Decisión del Consejo Europeo de 25 de julio de 2000, conforme al primer párrafo del artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité sobre el tema;

considerando la decisión de su Mesa de 13 de junio de 2000 de atribuir la preparación del Dictamen a la Comisión de Ordenación del Territorio, Política Urbana, Energía y Medio Ambiente (Comisión 4);

considerando el proyecto de Dictamen (CDR 273/2000 rev. 1) aprobado por la Comisión 4 el 7 de diciembre de 2000 [ponente: Sra. EATON (UK, PPE)],

ha aprobado, en su 37o Pleno celebrado los días 14 y 15 de febrero de 2001 (sesión del 14 de febrero) el presente Dictamen.

Observaciones y recomendaciones del Comité de las Regiones

Comentarios generales en relación con el ámbito de la propuesta de Directiva

La propuesta de Directiva hace referencia a la forma en que los entes nacionales, regionales y locales ponen la información medioambiental a disposición del público. Sin embargo, en el momento de elaborar el dictamen del Comité de las Regiones, hay dos puntos que necesitan aclaración, a saber:

- qué mecanismo deben adoptar la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas en relación con el Convenio de Århus.

El artículo 1 señala que "el objetivo de la Directiva es (...) garantizar la disponibilidad y la difusión sistemáticas en beneficio del público de la información sobre el medio ambiente". La definición del "solicitante" cubre a "toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental". Por tanto, el término se aplica también a la propia administración. Hay que señalar que en su papel de referencia algunos organismos públicos precisarán información medioambiental de otras organizaciones, que llegado el momento se utilizará para informar a su vez al público. Por ejemplo, es importante que los entes locales y regionales puedan reunir información de otros organismos públicos para que las ayudas del gobierno nacional puedan alcanzar sus objetivos de protección del clima. [Este aspecto está en relación con lo señalado en el punto 9 sobre confidencialidad comercial.] Por tanto, se sugiere ampliar la definición añadiendo las palabras "incluyendo a las propias autoridades públicas".

1. La propuesta de Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental

La propuesta contribuye al objetivo del desarrollo sostenible mejorando los derechos de acceso público a la información medioambiental. Permitirá al público participar mejor en el proceso decisorio que afecta al medio ambiente, lo cual llevará a su vez a mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. El Comité acoge calurosamente estos principios.

2. Considerando 8 - Quién tiene derecho de acceso a la información medioambiental

El CDR insta a la Comisión a que amplíe el derecho de acceso a la información medioambiental a fin de incluir a toda persona física o jurídica, suprimiendo la aclaración "de la Comunidad".

3. Artículo 2[1] - Ampliación de la definición de "información medioambiental"

Se recomienda aclarar el término "auditivo" que aparece en la definición. Si se refiere sólo a una grabación, en ese caso la información es similar a la accesible por escrito o electrónicamente; sin embargo, si incluye la información dada personalmente por un individuo, algo que es difícil de decir con la actual redacción, el texto podría ser malinterpretado, lo cual podría causar problemas. En cuanto a los demás tipos de información, si bien están cubiertos por la Directiva de 1990, el Comité acoge positivamente la mayor clarificación.

4. Artículo 2[2] - Definición de "autoridades públicas"

La propuesta de definición va más allá tanto de la Directiva de 1990 como del Convenio de Århus y cubriría las organizaciones que no formen parte del sector público pero que estén relacionadas con servicios como el gas, la electricidad, el agua o el transporte. La definición también se aplica a organizaciones que desempeñan funciones tanto directa como indirectamente en representación de una autoridad pública. Se aplicaría a empresas u organizaciones que gestionan el archivo de información o la base de datos de una autoridad pública. El impacto medioambiental de organizaciones de este tipo es evidente; por tanto, se acoge positivamente la ampliación de la definición.

5. Artículo 3[2][a] - Plazos de respuesta

La reducción del plazo de respuesta de dos meses a uno es un primer paso positivo. No obstante, el CDR aboga por una mayor rapidez en el servicio a la ciudadanía. Asimismo, debería quedar claro que cuando la solicitud se dirija a una autoridad pública no competente, el plazo sólo empezará a contarse una vez le haya llegado a la autoridad competente. El CDR propone asimismo que todas las solicitudes se realicen por escrito.

6. Artículo 3[3] - Solicitudes realizadas con un propósito concreto

El Comité de las Regiones acoge positivamente esta propuesta. Se considera útil para la autoridad pública que se le notifiquen los detalles de todo proceso y todo plazo que afecte al uso que se vaya a dar a la información medioambiental.

7. Artículo 3[4] - Puesta a disposición de la información en una forma o un formato precisos

No están claras las consecuencias de la inclusión de esta disposición en la propuesta; sin embargo, si se mantiene dentro de unos límites razonables no debería causar ningún problema.

8. Artículo 3[5] - Modalidades prácticas de la puesta a disposición efectiva de la información sobre el medio ambiente

El CDR solicita que los Estados miembros tengan la obligación de crear un sistema por el cual las autoridades públicas deban publicar una lista o registro de la información que posean sobre el medio ambiente.

9. Artículo 4[1] - Criterios para la transmisión o denegación de una solicitud

Este apartado cubre una carencia de la Directiva de 1990, conforme a la cual puede que se hayan denegado algunas solicitudes inadvertidamente por no haberse dirigido el solicitante a la autoridad adecuada. En la propuesta, las autoridades públicas deben transmitir la solicitud a un órgano o autoridad más apropiado si ellas mismas no cuentan con la información. Sin embargo, el Convenio de Århus sugiere una segunda opción para responder al solicitante e informarle de qué autoridad se considera que dispone de la información. El Comité de las Regiones considera conveniente mantener ambas opciones. El CDR se opone a la letra b) del punto 4.1, que permite a las autoridades públicas denegar solicitudes que estén formuladas de manera excesivamente general. En su lugar, debería exigirse a las autoridades públicas que asesoren al solicitante sobre la manera en que debería redactarse la solicitud a fin de obtener los documentos solicitados.

10. Artículo 4[1][c] - Material en curso de elaboración y comunicaciones internas

Conviene aclarar la cuestión relativa al "material en curso de elaboración". Si la información guardada es clara y no da lugar a una interpretación errónea, debería estar disponible cuando se solicite. La práctica actual es no permitir el acceso a los documentos de trabajo (actas de reuniones, entrevistas, etc.) mientras estén en fase de borrador. Sin embargo, si se guardan los documentos de trabajo por un tiempo indefinido, entonces se permite acceder a ellos. Si estos datos se usan para realizar un documento formal (después de lo cual puede que se destruyan), en ese caso el documento formal deberá ser accesible y los documentos de trabajo, no.

11. Artículo 4[2][d] - Emisiones e información comercial confidencial

El Comité de las Regiones recomienda que no se apliquen criterios de confidencialidad comercial cuando se trate de datos sobre emisiones que afecten a la protección del medio ambiente.

12. Artículo 4[2][f] - Exención relativa a los datos personales

El Comité acoge positivamente la propuesta. Se pone en relación la distribución de información medioambiental con el régimen de protección de las personas en relación con el tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos.

13. Artículo 5 - Tasas

Cuando se generen gastos, la propuesta debería permitir que la distribución de información pueda depender de su pago. Se trata de un procedimiento habitual y el Convenio lo permite explícitamente. Se entiende que el objetivo del principio consiste en responder a las solicitudes lo antes posible, pero ello podría plantear problemas con la recuperación de los costes. Si el coste del procedimiento de recuperación de la deuda es excesivo, las autoridades públicas podrían perder una fuente importante de reembolso de gastos.

14. Artículo 5[3] - Libre acceso a la información en los registros públicos

El Comité de las Regiones acoge positivamente la propuesta.

15. Artículo 6 - Acceso a la justicia

El CDR resalta la importancia de un acceso eficiente a la justicia (oportuno, transparente, asequible y global), que en su modalidad concreta debería instrumentarse conforme a la legislación nacional. Este proceso no deberá acarrear unos costes tan elevados que impidan ejercer efectivamente el derecho de apelación.

16. Artículo 7[1] - Divulgación de la información medioambiental

Tal y como aparece esbozada la propuesta, el Comité de las Regiones la rechaza y sugiere que tanto los archivos como los datos de seguimiento se excluyan expresamente de la propuesta. El coste de hacer accesible todos los archivos probablemente exceda al beneficio de la medida, al tiempo que los datos de seguimiento no interpretados pueden ser objeto de una interpretación errónea.

17. Artículo 7[2] - Publicación de informes sobre el estado del medio ambiente

Se acoge positivamente este impulso a la realización de informes sobre el estado del medio ambiente. Sin embargo, hay que reconocer que estos informes no tienen por qué ser documentos "independientes". Puede que todos los datos de importancia medioambiental aparezcan difundidos en un informe sobre el desarrollo sostenible o el bienestar.

18. Artículo 7[3] - Difusión de la información en casos de urgencia

El Comité de las Regiones observa que se trata de establecer una buena práctica actual y acoge positivamente la medida.

Bruselas, 14 de febrero de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert