ES Diario Oficial de la Unión Europea C 181/2

P7_TA(2013)0394

Corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países (2013/2074(INI))

(2016/C 181/01)

El Parlamento Europeo,

— Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), abierta a la firma en Mérida el 9 de diciembre de 2003,

— Vista la Carta de las Naciones Unidas,

— Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

— Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

— Vistos el Convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, abierto a la firma en París el 17 de diciembre de 1997, y sus posteriores modificaciones,

— Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo de 12 de diciembre de 2011 titulada «Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE — Hacia un enfoque más eficaz» (COM(2011)0886),

— Vistos el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia adoptados en la 3179a sesión del Consejo de Asuntos Exteriores de 25 de junio de 2012,

— Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2001, sobre «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» (COM(2001)0252),

— Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

— Vista la compilación de documentos del Consejo «Integración de los derechos humanos y la igualdad de sexos en la Política Europea de Seguridad y Defensa» (1) y, en particular, el documento del Consejo «Normas genéricas de comportamiento para las operaciones de la PESD (doc. 08373/3/2005),

— Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000,

— Visto el Plan de Acción Mundial «Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio», aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de octubre de 2010,

— Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de febrero de 2013, titulada «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092),

— Visto el informe del Banco Europeo de Inversiones titulado «Política para la prevención y la disuasión del fraude, la corrupción, la colusión y la coacción, el blanqueo de dinero o la financiación de actividades terroristas» («Política Anti-Fraude del BEI»), adoptado en 2008,

— Vistos la Política y los Procedimientos de aplicación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), que entraron en vigor en marzo de 2009,

— Vistos los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar (HR/PUB/11/04),

— Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización (2),

— Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una «Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE» (3),

— Vistos los Principios Rectores de la UE sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados en la 2941a sesión del Consejo de Asuntos Generales de 8 de diciembre de 2008,

— Visto el Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) durante los conflictos armados, aprobado en Montreux el 17 de septiembre de 2008,

— Vistos el Convenio penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción, abierto a la firma el 27 de enero de 1999, y el Convenio Civil del Consejo de Europa sobre la Corrupción, abierto a la firma el 4 de noviembre de 1999, así como las Resoluciones (98) 7 y (99) 5, aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 5 de mayo de 1998 y el 1 de mayo de 1999, respectivamente, por las que se crea el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO),

— Vista la Declaración de Yakarta sobre los principios para los órganos de lucha contra la corrupción, aprobada los días 26 y 27 de noviembre de 2012,

— Vistos los Principios de París para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (4),

— Vistas las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (5),

— Vista la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (6),

— Vista la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre el Pacto Mundial (7),

— Visto el Código de Conducta Internacional para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada,

— Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas, aprobado en la Conferencia final de las Naciones Unidas dedicada al Tratado sobre el Comercio de Armas, organizada en Nueva York los días 18 a 28 de marzo de 2013 (8),

— Visto el artículo 48 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0250/2013),

A. Considerando que la corrupción puede definirse como el abuso del poder encomendado para perseguir un beneficio personal particular o colectivo, directo o indirecto, y que los actos de corrupción incluyen los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, según se define en la UNCAC; que el fraude, la extorsión, el chantaje, el abuso del poder de discreción, el favoritismo, el nepotismo, el clientelismo y las contribuciones políticas ilegales están estrechamente ligados a la corrupción; que la corrupción puede estar asociada a la delincuencia organizada que actúa bajo una dirección colectiva de forma paralela a los poderes públicos, en particular cuando las autoridades públicas no logran aplicar la ley;

B. Considerando que la corrupción perpetúa y agrava situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación en cuanto a la igualdad en el disfrute de los derechos humanos, sean estos derechos civiles, políticos y económicos o sociales y culturales; que la corrupción puede tener repercusiones negativas en el medio ambiente y afecta de manera desproporcionada a los grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad, pues les deniega en particular la igualdad de acceso a la participación política, a los servicios públicos, a la justicia, a la seguridad, a la tierra, al empleo, a la educación, a la salud y a la vivienda, y que la corrupción obstaculiza en especial el progreso en materia de lucha contra las discriminaciones, hacia la igualdad de género y la autonomía de la mujer mediante la limitación de las capacidades de las mujeres para hacer valer sus derechos;

C. Considerando que la corrupción puede perjudicar el desarrollo económico de los Estados y obstaculizar en ocasiones el comercio y la inversión;

D. Considerando que la lucha contra la corrupción forma parte del principio de buena gobernanza, tal y como se plantea y define en el artículo 9, apartado 3, y el artículo 97 del Acuerdo de Cotonú;

E. Considerando que los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos suelen incluir el abuso de poder, la falta de rendición de cuentas y la institucionalización de diversas formas de discriminación; que la corrupción es invariablemente más frecuente cuando es deficiente o está ausente el respeto de los derechos humanos, y que a menudo la corrupción socava la eficacia de las instituciones y entidades que normalmente facilitan controles y equilibrios y están destinadas a garantizar el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, tales como los parlamentos, las autoridades de aplicación de la ley, el poder judicial, los sistemas jurídicos y la sociedad civil;

F. Considerando que la corrupción está por lo general profundamente arraigada en la mentalidad de las sociedades en las que permea y que todos los esfuerzos para combatirla deben concentrarse en primer lugar y principalmente en el sistema educativo, dirigiéndose a las personas a la edad más temprana posible;

G. Considerando que los Estados en ocasiones no llegan a actuar para prevenir o castigar la corrupción en los sectores público y privado, en violación de sus obligaciones internacionales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes en materia de derechos humanos;

H. Considerando que la corrupción distorsiona el tamaño y la composición del gasto público, lo que perjudica gravemente la capacidad del Estado para aprovechar al máximo los recursos disponibles con el fin de lograr la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y que la corrupción desvía grandes cantidades de fondos de inversión en la economía, lo que dificulta la recuperación de los países en dificultades económicas, incluidos los Estados miembros de la UE;

I. Considerando que la corrupción de personas en puestos de gran responsabilidad puede conducir a una grave inseguridad e inestabilidad en los Estados afectados y poner en peligro al propio Estado;

J. Considerando que, según el Banco Mundial, la corrupción representa el 5 % del PIB mundial (2,6 billones USD), de manera que cada año se paga más de 1 billón USD en sobornos; y que la corrupción asciende a un 10 % del coste total de los negocios a escala mundial y al 25 % del coste de los contratos públicos en los países en vías de desarrollo (9);

K. Considerando que el Banco Mundial estima que, cada año, de 20 000 a 40 000 millones USD, correspondientes a entre un 20 % y un 40 % de las ayudas oficiales al desarrollo, son robados de los presupuestos públicos en países en desarrollo y ocultados en el extranjero a través de corrupción de alto nivel (10);

L. Considerando que, desde 2000 hasta 2009, los países en vías de desarrollo perdieron 8,44 billones USD en flujos de capitales ilícitos, una cantidad 10 veces superior a la ayuda externa que recibieron; que, durante la última década, los países en vías de desarrollo perdieron 585 900 millones USD al año a causa de flujos de capitales ilícitos; que el dinero robado a través de la corrupción cada año es suficiente para saciar el hambre del mundo 80 veces, mientras que los sobornos y robos inflan en nada menos que un 40 % el coste total de los proyectos para suministrar agua potable segura y saneamiento en todo el mundo (11);

M. Considerando que la corrupción, al amenazar la consolidación de la democracia y la observancia de los derechos humanos, sigue siendo una de las causas y de los catalizadores fundamentales de conflictos, violaciones generalizadas del Derecho Internacional Humanitario e impunidad en los países en desarrollo, y que el statu quo de la corrupción y del enriquecimiento ilícito desde posiciones de poder estatal ha llevado a la acumulación de poder y a su perpetuación, así como a la creación de nuevas milicias y de una violencia generalizada;

N. Considerando que la corrupción en el sector judicial infringe el principio de no discriminación, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo, que son fundamentales en la ejecución de todos los demás derechos humanos, y que la corrupción distorsiona gravemente la independencia, competencia e imparcialidad del poder judicial y de la administración pública, fomentando la desconfianza en las instituciones públicas, lo que socava el imperio de la ley y da lugar a violencia;

O. Considerando que la prestación de servicios públicos permite a los Estados cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando el suministro de agua, alimentos, salud, educación, vivienda, seguridad y orden como elementos del desarrollo humano, y que la corrupción en la contratación pública se desarrolla en ausencia de la apertura, la transparencia, la información, la competencia, los incentivos, unas reglas y regulaciones claras de estricta aplicación, así como donde no hay mecanismos independientes de supervisión y sanción;

P. Considerando que la corrupción generalizada, la falta de transparencia, de acceso a la información y de participación inclusiva en la toma de decisiones impide a los ciudadanos pedir cuentas a los gobiernos y los representantes políticos para garantizar que los ingresos relacionados con los recursos y la exploración del mercado se utilicen en aras de la garantía de sus derechos humanos; que corresponde a los poderes públicos hacer todo lo necesario para luchar contra la corrupción en las empresas, tanto públicas como privadas;

Q. Considerando que los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los sindicatos y los periodistas de investigación desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción mediante el examen de los presupuestos públicos, el seguimiento de las actividades de los gobiernos y las grandes empresas — en particular multinacionales — y la financiación de los partidos políticos ofreciendo conocimientos y experiencia en creación de capacidades y exigiendo transparencia y rendición de cuentas; que los periodistas que informan sobre la corrupción y la delincuencia organizada son cada vez más objeto de ataques y acoso por parte de grupos delictivos organizados, «poderes paralelos» y autoridades públicas, especialmente en los países en desarrollo;

R. Considerando que una prensa y unos medios de comunicación libres e independientes, tanto en formato digital como tradicional, son fundamentales para garantizar la transparencia y vigilancia — ambas son necesarias para combatir la corrupción –, mediante la creación de una plataforma para la exposición de la corrupción y el suministro de acceso a la información para los ciudadanos y la sociedad;

S. Considerando que la apertura de datos y un gobierno abierto facultan a los ciudadanos al ofrecerles acceso a información relativa a los presupuestos y gastos gubernamentales;

T. Considerando que los filtradores son de vital importancia para sacar a la luz la corrupción, el fraude, la mala gestión y los abusos contra los derechos humanos, a pesar de asumir un alto riesgo personal, y que la falta de protección contra las represalias, los controles de las leyes sobre información, difamación y calumnia, y la investigación inadecuada de reivindicaciones de los filtradores pueden disuadir a las personas de hablar, pues, con frecuencia, comprometen su seguridad personal, así como la de sus familias; que la UE tiene el deber de protegerlos, en especial utilizando del mejor modo posible sus instrumentos de cooperación y, en particular, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

U. Considerando que las situaciones de emergencia y la llegada de ayuda ofrecen oportunidades para la corrupción, debido a la naturaleza de las actividades, la complejidad de las acciones y los agentes que las ejecutan, y que estas «oportunidades» incluyen el soborno, la obstrucción, la extorsión que afronta el personal de los organismos de ayuda, la mala conducta por parte del personal de los organismos de ayuda, el fraude, la falsedad en documentos contables, el desvío de la ayuda recibida y la explotación de los más necesitados y alimentan una amplia sensación de desesperanza con respecto a las instituciones públicas, cualesquiera que sean; que el desvío de ayuda humanitaria constituye una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario;

V. Considerando que el 25 % de todas las investigaciones abiertas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se refirieron a ayudas externas europeas a terceros países, y que se recuperaron 17,5 millones EUR a raíz de esas investigaciones (12);

W. Considerando que la ayuda de la UE a los países en desarrollo podría quedar desperdiciada sin un sistema que no incluya controles y balances adecuados en los países beneficiarios y el control total e independiente del sistema de integridad que acompaña al uso de los fondos;

X. Considerando que los bancos públicos europeos, ya sean instituciones de la UE (BEI) o entidades cuya mayoría de accionistas sean Estados miembros de la UE (BERD), han estado supuestamente envueltos en escándalos de corrupción en sus operaciones fuera de la Unión Europea;

Y. Considerando que los donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben fomentar una reforma efectiva de la gobernanza en los países deudores y contribuir a una lucha eficaz contra la corrupción, también evaluando críticamente y abordando los riesgos demostrados de corrupción y degradación de los derechos humanos relacionados con muchas de las medidas impuestas en el marco de los programas de ajuste estructural (PAE), tales como la privatización de empresas y recursos estatales;

Z. Considerando que la trata de seres humanos se basa principalmente en redes complejas y corruptas que abarcan todos los departamentos del gobierno, de la administración pública, de la policía y del sector privado en los países de origen, tránsito y destino de las víctimas, y que la corrupción debilita las acciones de los agentes que luchan contra la trata, debido a la corrupción de la policía y del personal judicial y en los procedimientos para la detención y el enjuiciamiento de los traficantes, y la prestación de asistencia jurídica y de protección de testigos a las víctimas de la trata;

AA. Considerando que la corrupción y la mala conducta de las fuerzas armadas, del sector de la defensa, de las autoridades policiales y de las fuerzas de mantenimiento de la paz provocan graves riesgos para la vida, la integridad física, la protección, la libertad y los derechos de los ciudadanos en los países en desarrollo, y que el sector de la defensa y los contratos de suministro a la defensa siguen estando caracterizados por unos niveles inaceptables de corrupción y están particularmente protegidos por el secreto basado en la seguridad nacional; que debe controlarse de cerca la contratación pública para el suministro de equipos de seguridad;

AB. Considerando que el uso de empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) por parte de agentes tanto públicos como privados ha crecido exponencialmente en los últimos veinte años, y que, debido a la naturaleza de sus actividades, las EMSP son especialmente vulnerables a la corrupción y han sido acusadas de graves abusos contra los derechos humanos, pues operan en su mayoría en un ámbito sin estricta regulación y sin la rendición de cuentas al público que generalmente se exige de las fuerzas armadas;

AC. Considerando que el nivel de ejecución, uso y eficiencia de la asistencia judicial recíproca y de los mecanismos de recuperación de activos previstos en los capítulos IV y V de la UNCAC sigue siendo bajo entre los Estados Partes en la UNCAC, y que dichos Estados Partes aún han de cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del capítulo IV («Cooperación internacional») y del capítulo V («Recuperación de activos») de la Convención en materia de cooperación internacional y, en concreto, aún han de cumplir suficientemente sus obligaciones de asistencia judicial recíproca con arreglo al artículo 46 de la UNCAC;

AD. Considerando que el comercio mundial escasamente regulado y opaco de armas y municiones convencionales exacerba los conflictos, la corrupción, la pobreza, los abusos de los derechos humanos y la impunidad;

AE. Considerando que la corrupción a gran escala en los países en desarrollo se produce sobre todo con la complicidad e incluso la ayuda de determinados empresarios, abogados, instituciones financieras y funcionarios públicos de los países desarrollados, incluidos los Estados miembros de la UE, y que, haciendo caso omiso de la regulación contra el blanqueo de dinero en la UE y a nivel internacional, dichas instituciones y empresas han proporcionado los cauces para el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en los países desarrollados y en los países en desarrollo, para crear estructuras opacas y ocultar activos en los «paraísos fiscales»;

AF. Considerando que un enfoque de derechos humanos para abordar las políticas de lucha contra la corrupción refuerza la conciencia general de que, además de los fondos públicos, los derechos y las oportunidades individuales de los ciudadanos se ven afectados por la corrupción; que la estrecha cooperación entre los movimientos internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción aumentará la sensibilización del público y su demanda de transparencia, responsabilidad y justicia, y que la vinculación de los actos de corrupción a las violaciones de los derechos humanos crea nuevas posibilidades de acción, especialmente cuando la corrupción puede ser impugnada mediante los mecanismos nacionales, regionales e internacionales existentes para controlar el cumplimiento de los derechos humanos;

Coherencia entre las políticas internas y externas

1. Considera que la UE sólo puede convertirse en un líder creíble e influyente en la lucha contra la corrupción si aborda adecuadamente los problemas de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero dentro de sus propias fronteras; valora positivamente, en este sentido, el informe anticorrupción de la UE que ha de elaborar la Comisión; espera que la identificación por la Comisión de las zonas vulnerables a la corrupción en los Estados miembros ayudará a reforzar los esfuerzos de lucha contra la corrupción, facilitar el intercambio de mejores prácticas, identificar las tendencias en la UE, y estimular el aprendizaje entre iguales y un mayor cumplimiento de los compromisos de la UE e internacionales; invita a la Comisión a presentar iniciativas políticas de la UE en materia de lucha contra la corrupción, tales como el Plan de Acción de la UE contra la corrupción;

2. Acoge con satisfacción, a este respecto, la renegociación de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, que tiene por objeto poner efectivamente fin al secreto bancario; considera que el fortalecimiento de la regulación de los registros mercantiles y de los registros de los fideicomisos, así como su respectiva transparencia, en todos los Estados miembros de la UE es un requisito previo para hacer frente a la corrupción, tanto en la UE como en terceros países; considera que las normas de la UE deben imponer una obligación de registro a todas las estructuras jurídicas y sus datos de participación accionaria, y que estos datos deben ser publicados en línea, etiquetados electrónicamente, y en un formato que permita su búsqueda, de manera que sean accesibles gratuitamente;

3. Considera que la UE debería seguir el ejemplo de los Estados Unidos en la promulgación de la ley Sergei Magnitsky sobre responsabilidad ante la ley, de 2012, y adoptar una legislación similar a nivel de la UE, como un marco emblemático y operativo que establezca el vínculo entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos; pide por tanto al Consejo que adopte una decisión que establezca una lista común de la UE de funcionarios implicados en la muerte de Sergei Magnitsky, del posterior encubrimiento legal y del acoso continuo y sostenido a su familia; añade que esta decisión del Consejo debe imponer sanciones específicas a dichos funcionarios, tales como una prohibición de visado en toda la UE y una orden de congelación de todo activo financiero que ellos o sus familiares directos puedan tener dentro de la Unión Europea; pide a la Comisión que elabore un plan de acción, con miras a la creación de un mecanismo para el listado y la imposición de sanciones específicas similares en contra de los funcionarios de países terceros (incluidos agentes de policía, fiscales y jueces) involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y en «manipulaciones» judiciales contra los filtradores, periodistas que informan sobre la corrupción y activistas de derechos humanos en terceros países; destaca que los criterios de inclusión en la lista deben elaborarse sobre la base de fuentes debidamente documentadas, convergentes e independientes y de pruebas convincentes, previendo mecanismos de recurso para los implicados;

Rendición de cuentas y transparencia de la ayuda externa y los presupuestos públicos

4. Apoya plenamente el compromiso de la UE de adoptar e incorporar a sus políticas de desarrollo el concepto de apropiación democrática, que es la participación plena y efectiva de las personas en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las estrategias y políticas de desarrollo de los gobiernos donantes y socios; opina que tal política fomenta la participación de los beneficiarios de los programas y, por lo tanto, contribuye a una mayor vigilancia y rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en sus programas de ayuda al desarrollo, apliquen el principio de condicionalidad al cumplimiento de las normas internacionales en materia de corrupción y que introduzcan una cláusula anticorrupción en los contratos que celebren, tal como recomienda la OCDE; pide a la Comisión que continúe promoviendo altos niveles de transparencia de la ayuda en formatos digitales legibles por máquina y que se sirva de una norma común para asegurar la comparabilidad con otros donantes y que, más en particular, se corresponda con las necesidades de los gobiernos receptores;

5. Destaca que, a fin de velar por que los instrumentos de financiación combinada mejoren la eficacia de la financiación para el desarrollo, se debe examinar la gobernanza de dichos instrumentos, con el fin de ofrecer una mayor transparencia en los criterios de selección de proyectos y una rendición de cuentas ante la sociedad en su conjunto; recuerda que establecer un número crítico de requisitos mínimos para la selección, la supervisión y la evaluación de proyectos podría facilitar la comparabilidad, así como una base coherente para la información sobre el resultado de las operaciones; observa que el progreso y el impacto del desarrollo de los proyectos debe comunicarse sistemáticamente para justificar la utilización de las ayudas por parte de los instrumentos de financiación combinada, y no solo a los donantes y a las instituciones financieras europeas implicadas, sino también al público en general;

6. Considera que la Comisión debe imponer los más altos niveles de integridad en los procesos de contratación para la ejecución de proyectos financiados por la UE, en particular fomentando un mayor acceso a las licitaciones para las organizaciones locales; subraya que un enfoque basado en los derechos humanos frente a los beneficios de la contratación derivados de la participación de una gama más amplia de actores, es decir, los afectados por el proceso de licitación (tales como asociaciones de propietarios de tierras y grupos desfavorecidos); considera que la adopción de un enfoque de derechos humanos en las licitaciones animará asimismo a las autoridades a capacitar a los grupos desfavorecidos para competir ellos mismos en los procesos de contratación y a ampliar los criterios con arreglo a los que se evalúa a las empresas en los procedimientos de contratación; recuerda que el seguimiento de los resultados de los proyectos en cooperación con la sociedad civil y la responsabilización de las autoridades locales son fundamentales para determinar si los fondos de la UE se utilizan correctamente; insta a la Comisión a no conceder proyectos a contratistas cuyos titulares de los beneficios no se conozcan, o que tengan una estructura empresarial que les permita participar con facilidad en la fijación de precios de transferencia;

7. Insta a la UE a aumentar la transparencia apoyando la creación de un sistema global para rastrear las promesas de asistencia, con el fin de conseguir que los países donantes mantengan sus promesas de ayuda y que asuman su responsabilidad para con los proyectos, instituciones o grupos a los que prestan apoyo;

8. Recuerda, por otra parte, la necesidad de prevenir técnicas de corrupción, como la inflación de los costes del proyecto, los pagos para proyectos y trabajadores ficticios, el uso inadecuado y corrupto de compensaciones económicas o industriales, el robo puro y duro de fondos públicos, la inflación de gastos de viaje y sobornos, entre otros cosas, en la ejecución de proyectos financiados por la UE; insiste, por tanto, en la necesidad de controlar el conjunto de la cadena de financiación de la UE, incluida la formulación de políticas y la regulación, la planificación y la presupuestación, la financiación, las transferencias fiscales, la gestión y el desarrollo de programas, la licitación y contratación, la construcción, la operación y el mantenimiento, y el pago por servicios;

9. Sugiere que la Comisión dé a conocer los mecanismos de información en el seno de la OLAF sobre el mal uso de los fondos de la UE entre los participantes en licitaciones públicas y los beneficiarios de la ayuda de la UE y que elabore directrices de política sobre el tratamiento de la información proporcionada por los denunciantes sobre tales abusos en terceros países, lo que permitiría un seguimiento, una retroalimentación y una protección contra las represalias adecuados, prestando especial atención a la situación de las poblaciones más vulnerables y, en particular, de las mujeres en muchos países en desarrollo, ya que están particularmente expuestas como víctimas de la corrupción, y que son particularmente propensas a su exposición, pero también a ser más vulnerables y estigmatizadas por su cooperación;

10. Subraya que la UE debe hacer hincapié en la importancia de la realización del derecho a la participación y del derecho de acceso a la información y a los mecanismos de responsabilidad pública, tales como los datos abiertos, como principios fundamentales de la democracia en todas las plataformas de diálogo con terceros países, incluidas las relaciones bilaterales, y al más alto nivel; hace hincapié en que la libertad de prensa y medios de comunicación, tanto en línea como fuera de línea, es fundamental a este respecto; sugiere que la UE financie proyectos en terceros países para apoyar la aplicación de estos principios, especialmente en los países que atraviesan procesos de democratización, asegurando la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, la participación de los actores de la sociedad civil y, en particular, de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sindicales, las mujeres y los grupos de población más vulnerables, y ayudando a la elaboración de leyes para la protección efectiva de los denunciantes;

11. Señala, a este respecto, que la Unión Europea debe dar el ejemplo; insiste en que la UE y sus Estados miembros deben participar activamente en las iniciativas internacionales para lograr una mayor transparencia presupuestaria, como la Asociación por un gobierno abierto, la Iniciativa por unos presupuestos abiertos y la Iniciativa para la transparencia de la ayuda internacional, a fin de promover esa participación de los países socios como imperativo de las normas internacionales de derechos humanos;

12. Pide a la Comisión que proponga una ampliación de la definición de los defensores de los derechos humanos en las directivas de la UE sobre los defensores de los derechos humanos a fin de incluir a los activistas contra la corrupción, los periodistas de investigación y, en particular, a los filtradores;

13. Señala que la UE, en cuanto principal donante mundial, debe hacer suya y ampliar la reciente práctica de condicionar la entrega de ayuda exterior de la UE a reformas presupuestarias hacia una mayor transparencia, a un mejor acceso a los datos y unos procesos participativos y a la armonización de los principios rectores en este sentido con otros donantes; considera que la UE debería establecer unos puntos de referencia y criterios claros y públicos, en un enfoque basado en incentivos para que los gobiernos receptores abran sus procesos presupuestarios e incorporen la transparencia, la participación del público y componentes de supervisión en sus esfuerzos, a través de capacitación o asistencia técnica; insta a la UE a promover y apoyar el desarrollo de un entorno favorable para que los órganos de supervisión en los países en desarrollo (incluidos los parlamentos, los tribunales de cuentas, las OSC y los medios de comunicación) ejerzan sus funciones básicas y, por ende, luchen contra la corrupción;

14. Señala, por otra parte, que la UE debe usar el marco de «asociaciones avanzadas» con terceros países con el fin de presionar a aquellos regímenes que padecen una corrupción endémica para que adopten reformas y apliquen los principios citados; expresa su parecer de que el diálogo político, la presión y la cooperación de la UE con respecto a la necesidad de reforma sean visibles y transparentes e integren mecanismos de supervisión adecuados y ambiciosos; considera que la UE debe condenar públicamente la promulgación de leyes que restringen la libertad de los medios de comunicación y las actividades de la sociedad civil como pilares de la rendición de cuentas, y que debe elaborar estrategias para adaptar las relaciones con esos países a fin de fomentar las reformas de una manera visible; recalca la necesidad de prever en los acuerdos con terceros países cláusulas de derechos humanos claramente definidas y supervisadas que permitan suspender cualquier acuerdo de asociación en caso de violaciones graves de los derechos humanos;

15. Apoya una mayor transparencia en la toma de decisiones en materia de inversiones de fondos públicos europeos, a saber, en proyectos del BEI y el BERD que pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos; insta al BEI y al BERD a reforzar sus políticas antifraude y anticorrupción con el fin de garantizar la plena transparencia de las inversiones fuera de la Unión Europea; hace hincapié en la necesidad de que el BEI y el BERD afirmen su voluntad de evitar inversiones arriesgadas, especialmente a través de intermediarios financieros, y de que adopten un enfoque basado en los riesgos y mejores evaluaciones del impacto en los derechos humanos de los proyectos que apoyan, además de actuar con la debida diligencia en relación con los derechos humanos y la integridad de todas las operaciones de sus clientes; considera que se debe prestar particular atención a garantizar la participación pública, así como una consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas en todas las fases de la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de los proyectos financiados; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que utilicen su influencia como miembros en exclusiva del BEI y principales accionistas del BERD para promover una reforma significativa de estas instituciones a fin de permitir un mayor control democrático de sus decisiones y la rendición de cuentas;

16. Considera que las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Grupo del Banco Mundial, siempre deben llevar a cabo una evaluación de los riesgos de corrupción en las medidas propuestas a los países deudores a través de programas de ajuste estructural (PAE), además de una evaluación del impacto de estos últimos en materia de derechos humanos; considera que los PAE deben incluir reformas para mejorar la gobernanza y la transparencia; insiste en que unos sistemas adecuados, debidamente dotados e independientes de control acompañen la ejecución de los programas, realizándose auditorías e inspecciones frecuentes; añade que se ha de prestar especial atención al acaparamiento de tierras, los desalojos forzosos, las adquisiciones de Defensa, los presupuestos de Defensa separados y la financiación de actividades militares y paramilitares en países deudores; pide a los Estados miembros que utilicen su ascendencia como miembros del FMI y del Banco Mundial para propugnar una mayor transparencia y mecanismos de participación en las negociaciones sobre los PAE y otros programas de financiación y que promuevan un mayor control democrático de sus decisiones y la rendición de cuentas;

17. Pide a las instituciones financieras bilaterales y multilaterales, incluidos el Grupo del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo, las agencias de crédito a la exportación y los bancos del sector privado, que exijan a las empresas extractivas y a los gobiernos el cumplimiento de los requisitos de «publicar lo que se paga» y de las normas ITIE sobre transparencia de los pagos como condición previa para toda ayuda a proyectos;

18. Acoge con satisfacción el Plan de Acción Anticorrupción de Seúl del G20 y cree que debe mantenerse el impulso generado a fin de garantizar un esfuerzo internacional coordinado destinado a luchar contra la corrupción en zonas clave;

Corrupción y políticas de desarrollo

19. Hace hincapié en que las personas más pobres de los países en desarrollo, que dependen en gran medida de los servicios públicos, se ven desproporcionadamente afectadas por la pequeña corrupción, incluida la llamada «corrupción silenciosa», consistente en que los funcionarios públicos no prestan servicios o aportaciones que el gobierno ha pagado (por ejemplo en el caso de los profesores ausentes en las escuelas públicas o los médicos ausentes en las clínicas de atención primaria);

20. Subraya que la corrupción dificulta la inversión extranjera directa (IED) y desanima a las empresas exteriores a cooperar económicamente con los países en desarrollo;

21. Opina que la lucha contra la corrupción, incluidos los paraísos fiscales, la evasión fiscal y las fugas ilícitas de capitales, se inscribe en el contexto más amplio de los esfuerzos en favor de la buena gobernanza, que en el Programa para el Cambio 2011 (COM(2011)0637) se define como una de las prioridades clave para reforzar la eficacia de la política de desarrollo de la UE; insiste en la necesidad de que la Convención de las NN.UU. contra la Corrupción se comience a aplicar plena e inmediatamente;

22. Señala que todos los esfuerzos por combatir la corrupción deberían ir acompañados del apoyo a programas destinados a prevenir la corrupción a través de la educación y de campañas de sensibilización;

23. Recuerda los compromisos asumidos a través de la Alianza de Busan para una Cooperación Eficaz para el Desarrollo y pide a la UE y a sus Estados miembros que los cumplan para intensificar los esfuerzos conjuntos de lucha contra la corrupción y los flujos ilícitos de capitales;

24. Opina que para luchar y erradicar la corrupción es primordial asegurar la coherencia de las políticas para el desarrollo; insiste asimismo en que es necesario aumentar en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) la asistencia de la UE en los ámbitos de la gobernanza fiscal y las acciones contra el fraude fiscal;

Mejora de la jurisdicción de los Estados miembros

25. Pide a los Estados miembros que enmienden su legislación penal, donde sea preciso, para establecer la jurisdicción aplicable a las personas de cualquier nacionalidad que se encuentren en su territorio y que hayan cometido actos de corrupción o malversación de fondos públicos, independientemente del lugar donde se cometió el delito, siempre y cuando el producto de dichas actividades delictivas se encuentre en el Estado miembro en cuestión o se haya blanqueado allí, o la persona tenga una «estrecha relación» con el Estado miembro, es decir, a través de la nacionalidad, residencia o propiedad de una empresa con sede o filiales en el Estado miembro;

26. Señala, no obstante, que los Estados miembros de la UE deben actuar prudentemente a la hora de proporcionar información a terceros países relativa a individuos acusados de corrupción, malversación o evasión fiscal, a fin de no implicar injustamente a defensores de los derechos humanos, tal y como sucedió en el caso de Ales Bialiatski;

27. Considera que las leyes sobre difamación o injurias pueden impedir posibles denuncias de corrupción en terceros países; insta a todos los Estados miembros, por lo tanto, a dar ejemplo y a despenalizar las leyes sobre difamación o injurias en sus respectivos ordenamientos jurídicos, al menos para los casos de denuncia de delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero en los Estados miembros y en el extranjero;

28. Insta a los Estados miembros, según lo recomendado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a que adopten medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito el enriquecimiento ilícito intencionado — es decir, todo incremento significativo del patrimonio de un funcionario público que este no pueda razonablemente justificar en relación con sus ingresos legales;

Capacitación de las instituciones de lucha contra la corrupción

29. Aplaude la Declaración de Yakarta sobre los principios para los órganos de lucha contra la corrupción, aprobada en noviembre de 2012; insta a la UE y a los Estados miembros a ir más allá y crear un impulso a nivel internacional sobre la necesidad de abordar la falta de efectividad de las instituciones de lucha contra la corrupción creadas en muchos países en desarrollo, debido, en gran parte, a sus mecanismos institucionales, la falta de independencia funcional del poder ejecutivo, la falta de apoyo político, el origen de sus finanzas, sus normas para la selección y el nombramiento de funcionarios y sus poderes de ejecución;

30. Pide a la UE y a los Estados miembros que abanderen el desarrollo de unas normas internacionales sobre la independencia y la eficacia de las autoridades de lucha contra la corrupción, elaboradas a nivel intergubernamental con el objetivo de su aprobación definitiva por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sean equivalentes a los principios de París para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y se basen en el mismo sólido enfoque; hace hincapié en que estos principios deben ser utilizados como puntos de referencia de la responsabilidad a través de evaluaciones de los resultados por homólogos;

31. Pide a la Comisión que consolide la cooperación realizada con otros donantes y con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores para desarrollar las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en los países receptores de ayudas, con el fin de aplicar las Normas Internacionales de dichas entidades en los países en vías de desarrollo;

32. Insta a la UE y a sus Estados miembros a fomentar y mostrar su apoyo a la creación de una comisión internacional contra la corrupción, creada sobre la base de un tratado internacional o de un protocolo a la UNCAC, lo que daría lugar a un organismo internacional de investigadores penales dotados de poderes equivalentes a los de los servicios de aplicación de la ley a escala nacional y un ministerio público para investigar y enjuiciar delitos de corrupción en los territorios nacionales de los Estados signatarios, que estén asimismo autorizados a acusar a las personas ante los tribunales penales nacionales;

33. Invita a los Estados miembros de la UE a apoyar el establecimiento de un relator especial de las Naciones Unidas sobre la delincuencia financiera, la corrupción y los derechos humanos, dotado de un amplio mandato que comprenda un plan orientado en objetivos y una evaluación periódica de las medidas anticorrupción adoptadas por los Estados; pide a los Estados miembros que han firmado, pero no ratificado, el Convenio penal sobre la corrupción, fruto del trabajo del Consejo de Europa y abierto a la firma el 27 de enero de 1999, que lo ratifiquen lo antes posible;

Responsabilidad de las empresas

34. Recuerda la existencia de una guía basada en la Convención de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de cargos oficiales extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que permite a las empresas adoptar medidas eficaces de control interno, deontología y conformidad, a fin de prevenir y detectar la corrupción transnacional;

35. Insta a todas las empresas de la UE a que asuman su responsabilidad social de respetar los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas; acoge con satisfacción la disponibilidad de la Comisión para elaborar directrices sobre derechos humanos para las pequeñas y medianas empresas; insta a los Estados miembros a que creen sus propios planes nacionales para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y a que insistan en la necesidad de que los países socios también cumplan las normas reconocidas internacionalmente en materia de responsabilidad social, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;

36. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos, sustentar la corrupción o actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;

37. Toma nota de que la mayoría de las iniciativas para mejorar las prácticas empresariales en terceros países, en particular en las zonas de conflicto, como la iniciativa «Pacto Mundial» de las Naciones Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, no establecen una base común ni una aplicación adecuada de las directrices, dependiendo de las iniciativas empresariales voluntarias relativas a su cumplimiento; pide a la UE que abandere los esfuerzos internacionales para establecer tales normas reguladoras, al menos en el contexto de la jurisdicción de la UE, centrándose en la responsabilización de los administradores de empresas transnacionales y en los mecanismos de recurso para las víctimas;

38. Insta a la Comisión a que proponga legislación que obligue a las empresas de la UE a asegurar que sus adquisiciones no apoyan a autores de casos de corrupción, conflictos y violaciones graves de los derechos humanos, especialmente mediante la realización de inspecciones y auditorías en sus cadenas de suministro de materias primas y la publicación de los resultados; considera que la aplicación forzosa de la debida diligencia por parte de las empresas de la UE, de acuerdo con las directrices publicadas por la OCDE, permitiría progresar a las empresas europeas y daría lugar a una mayor coherencia de las políticas de la UE en materia de derechos humanos y de desarrollo, especialmente en las zonas afectadas por conflictos;

39. Insiste de nuevo en la necesidad de que la UE y sus Estados miembros adopten medidas adecuadas para supervisar y, en su caso, sancionar, incluso penalmente, a las empresas con sede social en su territorio que estén implicadas en la corrupción en terceros países; insta a la Comisión a que elabore una lista pública con las empresas que han sido declaradas culpables de prácticas corruptas o cuyos directivos están acusados de prácticas corruptas en Estados miembros o en terceros países; considera que la inclusión en esta lista debe impedir a esas empresas participar en los procedimientos de contratación pública o a beneficiarse de fondos de la UE en los Estados miembros de la UE o en terceros países en caso de condena hasta que un tribunal dicte sentencia firme que declare su absolución; subraya que la inclusión en la «lista negra» puede ser un medio eficaz de disuasión para que las empresas no se vean envueltas en actividades de corrupción y es un buen incentivo para que mejoren y fortalezcan sus procedimientos internos en materia de integridad;

40. Acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que obligan a las empresas de la industria extractiva y a los taladores de bosques primarios a revelar los pagos a los gobiernos, desglosados por países y proyectos; pide a los Gobiernos de todos los países socios que exijan una revelación equivalente de los pagos de las empresas transnacionales registradas o inscritas en los mercados financieros bajo su jurisdicción; insta a la UE a que promueva este tipo de presentación de informes en el marco de sus relaciones con países socios; expresa su parecer de que en la próxima revisión de la legislación al respecto, la Comisión debe plantearse ampliar el ámbito de la información desglosada por países de forma que abarque empresas transnacionales de todos los sectores y el tratamiento de más información, como datos relativos a ventas, activos, empleados, beneficios e impuestos;

Operaciones de mantenimiento de la paz y la estabilidad

41. Destaca que la corrupción suele alimentar la delincuencia y contribuye a los conflictos y la fragilidad y opina que debe darse un mayor peso a la lucha contra la corrupción en las iniciativas de prevención de conflictos de la UE y en sus acciones al abordar las situaciones de fragilidad;

42. Hace hincapié en el papel crucial de las altas normas de integridad entre las fuerzas de mantenimiento de la paz dentro de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, en particular en el contexto del Mecanismo de Apoyo a la Paz para África; apoya los llamamientos a la reforma del sistema de medidas de integridad de las Naciones Unidas, en particular, la necesidad de consolidar todas las investigaciones de conducta inadecuada por parte de agentes — incluyendo investigaciones sobre el terreno — en una entidad de control interno; pide, por consiguiente, a las Naciones Unidas que adopten medidas para garantizar que las víctimas de las fuerzas de mantenimiento de la paz tengan derecho de recurso, así como para mejorar los mecanismos de presentación de denuncias y la política de protección de los denunciantes;

43. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar y actualizar las Normas Generales de Conducta y el Código de Conducta aplicable a las misiones de la UE en virtud de la Política Común de Seguridad y Defensa, con objeto de reflejar adecuadamente los esfuerzos contra la corrupción, tanto en las misiones como en las zonas de las mismas; insta a la UE y a sus Estados miembros a que adopten medidas para garantizar que las víctimas del personal europeo destinado a misiones de mantenimiento de la paz y protección del Estado de Derecho tengan derecho a un recurso efectivo; insta al Consejo a que establezca mecanismos de presentación de denuncias seguros y apropiados, así como una política eficaz de protección de los filtradores; subraya que estos mecanismos deben tener en cuenta la perspectiva de género;

44. Acoge con satisfacción iniciativas como el Documento de Montreux y el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC); acoge con satisfacción el apoyo reciente de la Unión Europea al Documento de Montreux y el elevado y creciente número de adhesiones de los Estados miembros de la UE; señala, sin embargo, que es necesaria una mejor aplicación de los principios establecidos; insta a los Estados miembros de la UE a que adapten sus disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales a las normas establecidas en el Documento de Montreux y recomienda que la UE y sus Estados miembros celebren únicamente contratos con empresas militares y de seguridad privada que respeten los principios de las iniciativas; insta a la UE y a sus Estados miembros a que apoyen la creación del mecanismo de control del ICoC, que debe ser un organismo de verificación de la conformidad con competencias para examinar las denuncias y aplicar sanciones disuasorias (incluyendo modificaciones a contratos que impongan restricciones adicionales, la emisión de advertencias oficiales, la imposición de multas y la exclusión temporal o permanente de las empresas militares o de seguridad privadas del sistema ICoC), con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos de las empresas militares y de seguridad privadas en el ámbito del ICoC y, en última instancia, hacerlas responsables de los mismos;

45. Pide que la UE y sus Estados miembros apoyen los esfuerzos para crear un marco internacional que regule las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, mediante el establecimiento de la igualdad de condiciones, de modo que los Estados de acogida tengan autoridad para regular a estas empresas y los Estados contratantes puedan ejercer sus competencias en el sentido de proteger los derechos humanos y prevenir la corrupción; subraya que este marco debe prever sanciones disuasorias aplicables a las infracciones, la rendición de cuentas de los infractores y vías de recurso efectivas para las víctimas, además de un sistema de concesión de licencias y de control, exigiendo que todas las empresas militares y de seguridad privadas se sometan a auditorías independientes y participen en una formación en el ámbito de los derechos humanos, de carácter obligatorio para todo el personal;

Asistencia y cooperación internacionales

46. Recomienda a los Estados miembros que fortalezcan la aplicación de los capítulos IV («Cooperación internacional») y V («Recuperación de activos») de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular con miras a aumentar la eficacia de la asistencia judicial mutua requerida por terceros países, sobre todo mediante la interpretación de la legislación nacional de una manera que facilite la ayuda solicitada y la disociación de la confiscación de la condena en el Estado solicitante a efectos de prestación de asistencia judicial mutua, y concediendo a sus sistemas judiciales los medios humanos y financieros necesarios para una correcta y rápida tramitación de los expedientes; pide a la UE que conceda prioridad a este tema de gran importancia en terceros países que atraviesan procesos de democratización, abordando en particular los obstáculos jurídicos y la falta de voluntad de cooperación por parte de los centros financieros de la UE, que, a menudo, mantienen un sistema indiferente e ineficaz de asistencia judicial mutua;

47. Considera que la cláusula normalizada de derechos humanos introducida en todos los acuerdos con terceros países también debe incluir un compromiso con la protección y promoción de la buena gobernanza;

48. Anima a la Comisión a proponer en la próxima revisión del Acuerdo de Cotonú el respeto de la buena gobernanza como elemento fundamental del Acuerdo y a ampliar el ámbito de la definición de corrupción para poder sancionar las infracciones de la cláusula de buena gobernanza en todas las circunstancias graves, y no solo cuando estén relacionadas con políticas económicas y sectoriales y programas en los que la Unión Europea sea un socio significativo en términos de apoyo financiero;

49. Acoge con satisfacción la decisión de los Grupos de Trabajo UE-Egipto y UE-Túnez de concluir una hoja de ruta para la restitución de los activos adquiridos de forma ilícita que actualmente siguen congelados en varios países terceros; insta a la UE y a sus Estados miembros a que observen escrupulosamente las normas internacionales vigentes en materia de recuperación de activos como el capítulo V de la UNCAC, el Plan de Acción sobre la recuperación de activos de la asociación de Deauville en el marco del G-8 con los países árabes en proceso de transición y el nuevo marco legislativo elaborado por el Consejo el 26 de noviembre de 2012; considera que las disposiciones de restitución de los activos apoyarán los esfuerzos de los países por remediar las peores consecuencias de la corrupción, e insta a la UE y a sus Estados miembros a realizar esfuerzos más significativos con objeto de facilitar la restitución de los fondos malversados que fueron robados por los anteriores regímenes a la población de los países de la Primavera Árabe; destaca la importancia de que los Estados surgidos de regímenes en que la corrupción es endémica apliquen un enfoque de derechos humanos a la recuperación de activos y la deuda soberana; apoya las iniciativas para auditar la deuda soberana externa e interna con el fin de detectar la corrupción y su impacto en los derechos humanos; pide a los Estados miembros que apoyen las iniciativas relativas a la auditoría de la deuda;

50. Insta a la Unión y a los Estados miembros a prestar ayuda jurídica y técnica a los países en desarrollo que deseen recuperar los bienes mal adquiridos (o haberes acumulados ilegítimamente por dictadores) que se encuentran en el territorio de la Unión Europea;

51. Señala que la corrupción en el comercio de armas representa una gran proporción de la corrupción presente en las transacciones mundiales; acoge con satisfacción el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013, por el que se establecen normas y criterios comunes vinculantes para evaluar las transferencias internacionales de armas; acoge con satisfacción el compromiso de los Estados miembros de firmar el Tratado sobre el Comercio de Armas lo antes posible y pide a estos que lideren asimismo los esfuerzos en las Naciones Unidas por lograr una ratificación y aplicación rápidas del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas; alienta a la UE a velar por una vigilancia mayor de las exportaciones de las empresas europeas fabricantes de armas y a luchar contra la opacidad del sector del comercio de armas, especialmente por lo que se refiere a la utilización de intermediarios y de contrapartidas económicas/industriales, con arreglo a la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares;

o

o o

52. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, de los países candidatos y de los países asociados a la UE, al Consejo de Europa, a la Unión Africana, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y a las Naciones Unidas.

(1) Consejo de la Unión Europea, 2008.

(2) DO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.

(3) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.

(4) Resolución A/RES/48/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(5) OCDE (2011), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Publicación de la OCDE.

(6) Organización Internacional del Trabajo, 2006 ISBN 92-2-119010-2 y 978-92-2-119010-3.

(7) Nueva York, Sede de las Naciones Unidas, 26 de Julio de 2000.

(8) Asamblea General de las Naciones Unidas, A/CONF.217/2013/L.3.

(9) CleanGovBiz Initiative, OCDE 2013.

(10) CleanGovBiz Initiative, OCDE 2013.

(11) «Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009», Global Financial Integrity.

(12) Informe Anual de la OLAF 2011.