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considerando que el informe del Barómetro de 2020 puso de manifiesto que el impacto múltiple de la crisis de la COVID-19 fue, y sigue siendo, muy asimétrico y presenta una fuerte dimensión territorial, y que existe una necesidad innegable de comprender de manera más detallada cómo afecta la pandemia al desarrollo local y regional; 1. destaca que la pandemia de COVID-19 y sus múltiples consecuencias han supuesto una prueba importante para el funcionamiento de nuestra democracia y la resiliencia de nuestras sociedades y, en particular, para nuestros sistemas sanitarios, algunos de los cuales se vieron colapsados; señala que el impacto ha sido desigual en la Unión: las regiones fronterizas y las zonas urbanas resultaron ser más vulnerables mientras que la situación en las áreas rurales, en general más desfavorecidas en términos de acceso a la asistencia sanitaria, fue relativamente mejor; pide una visión política y una inversión más estratégicas para que se haga realidad la Unión Europea de la Salud y reitera que los sistemas sanitarios regionales son la piedra angular de la resiliencia de la UE y deben formar parte de la futura estructura de preparación y respuesta sanitarias; pide —también en el contexto del Instrumento de Emergencia del Mercado Único anunciado por la Comisión Europea para principios de 2022— que en aquellos casos de crisis que repercutan en las regiones fronterizas se tengan en cuenta los efectos en el mercado de trabajo europeo y se haga un esfuerzo por encontrar excepciones reglamentarias sostenibles para todos los trabajadores transfronterizos a fin de evitar lagunas injustificadas en la protección; 2. subraya que la pandemia también ha puesto a prueba la resiliencia de nuestras economías. La caída del 6 % del PIB de la UE en 2020 oculta grandes disparidades regionales que pueden explicarse por la exposición respectiva de cada región a las restricciones pero también por sus características estructurales, como el porcentaje de personas empleadas en sectores de riesgo, el nivel educativo, la proporción de microempresas o la calidad de la gobernanza. Para que las ciudades y regiones puedan sacar el máximo partido de Next Generation EU y centrarse en inversiones a largo plazo que mejoren estas características estructurales, los plazos de las medidas de recuperación deben prorrogarse hasta 2024; debe ampliarse un año más el aumento del porcentaje de cofinanciación para las medidas de recuperación a corto plazo y garantizarse la coherencia entre los distintos programas de financiación y medidas reglamentarias; 3. señala que la combinación de la caída de los ingresos con el aumento de los gastos ejerce una presión sin precedentes sobre los presupuestos de los entes locales y regionales, lo que se traduce en un «efecto tijeras». En 2020, esta brecha puede estimarse en aproximadamente 180 000 millones EUR para el conjunto de los entes locales y regionales de la UE. Esto va unido a un aumento del gasto de 124 000 millones EUR derivado de las medidas adoptadas en los ámbitos de la sanidad pública y el apoyo a las empresas, entre otros, y a una caída de los ingresos de 55 000 millones EUR debida a la disminución de la actividad (y, por tanto, de los ingresos en concepto de impuestos y tasas). El importante apoyo de los gobiernos nacionales y de la UE a los presupuestos de los entes locales y regionales ha mitigado este efecto, pero este alivio de la presión es muy desigual entre los Estados miembros, y los entes locales y regionales requerirán un apoyo continuo en 2021 y posteriormente. Así pues, la estabilidad presupuestaria también se ha visto afectada, al igual que la autonomía fiscal en general, lo que puede afectar a la prestación eficiente de los servicios públicos. La revisión del marco de gobernanza económica europea —que actualmente no tiene suficientemente en cuenta la distinción entre gasto corriente y gasto de inversión a largo plazo/sostenible— debe reflejar mejor las necesidades de los entes locales y regionales. En particular, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es preciso establecer una regla de equilibrio presupuestario para las inversiones públicas sostenibles y excluir la inversión pública neta del cálculo del déficit presupuestario; 4. reafirma la necesidad de que los entes locales y regionales participen en la evaluación y aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, más concretamente, de sus principales instrumentos operativos, los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Como se temía en la primera edición del Barómetro, esta participación ha sido limitada: un número muy reducido de Estados miembros ha explicado en detalle la participación de sus entes locales y regionales en el proceso de consultas o ha descrito sistemáticamente el papel de los entes locales y regionales en cada ámbito político. Esta falta de participación es motivo de preocupación, dado que los entes locales y regionales son motores clave de la inversión pública y que los mismos objetivos de los planes nacionales de recuperación y resiliencia revisten especial importancia para los entes locales y regionales habida cuenta del reparto de competencias. Las lecciones aprendidas del pasado en el contexto del Semestre Europeo muestran que muchas recomendaciones específicas por país no se han seguido por falta de un enfoque y una responsabilización claros. A muchas de las recomendaciones específicas por país no les dio seguimiento debido a la falta de implicación y participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo; 5. subraya que los planes nacionales de recuperación y resiliencia también constituyen una oportunidad crucial para impulsar la recuperación verde. Más de la mitad de los temas clave del Pacto Verde Europeo están plenamente integrados en los planes nacionales de recuperación y resiliencia analizados en un estudio reciente del CDR y la transición verde absorbe por término medio el 41 % del presupuesto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Dado que el 75 % de los ciudadanos de la UE viven en zonas urbanas (donde se produce la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero) y que ha aumentado rápidamente el número de entes locales y regionales que se han comprometido a actuar, los entes territoriales están a la vanguardia de la acción por el clima. En consecuencia, los entes locales y regionales deben ser socios de pleno derecho al desarrollar y ejecutar las iniciativas del Pacto Verde, en especial en áreas de las políticas como la renovación de edificios, la movilidad sostenible o la ecologización urbana, entre otros. También están especialmente bien situados para garantizar una utilización coherente de los fondos de recuperación con los Fondos EIE (incluidos el Fondo de Cohesión y el FEDER); 6. subraya que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la conservación y restauración del medio ambiente, son elementos clave para construir sociedades y economías más resilientes y sostenibles, ya que los efectos de la pandemia de COVID-19 y las repercusiones del cambio climático y la degradación medioambiental varían en grado considerable en función de las especificidades geográficas, económicas y sociales de las regiones europeas; reitera que una acción medioambiental y climática eficiente requiere la plena aplicación de la gobernanza multinivel y pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren enteramente al nivel subnacional en las políticas del Pacto Verde Europeo; destaca que el cambio climático y la biodiversidad constituyen retos de escala mundial y que 2021 es un período crucial para los avances en la acción mundial concertada por el clima y el reconocimiento formal de las contribuciones de los entes locales y regionales, con la COP26 de la CMNUCC y la COP15 del CDB de las Naciones Unidas como puntos centrales. El CDR estudiará la posibilidad de colaborar con socios como la Comisión Europea, la UNDRR y el Centro Común de Investigación para establecer una «Plataforma de Resiliencia Regional». El objetivo de dicha Plataforma es ayudar a los entes locales y regionales a reforzar su resiliencia frente a futuras crisis en ámbitos como las catástrofes naturales, el cambio climático y la salud mediante la recopilación de datos y buenas prácticas; 7. lamenta que en 2020 la tasa de desempleo aumentara en la mayoría de las regiones NUTS 2 de la UE y que la juventud se haya visto especialmente afectada por este deterioro de la situación tras varios años consecutivos de mejoras. Para garantizar que la «nueva normalidad» en el trabajo, la vida y los desplazamientos dentro de la UE no deje a nadie atrás, es necesario un debate serio sobre la cohesión económica, social y territorial, así como sobre la cohesión como valor general de la UE. La Cumbre Social de Oporto y el Compromiso Social de Oporto subsiguiente deben sentar las bases para reforzar la dimensión social de la UE, y no hay que escatimar esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos para 2030. Deben desarrollarse medidas específicas para los grupos de población en situación de riesgo. Por ejemplo, toda la juventud debe tener acceso al programa Erasmus+ y cada joven europeo debe contar con una «garantía mínima de cualificaciones y capacidades», reconocida en todos los Estados miembros; 8. destaca los lados positivos de esta «nueva normalidad», dado que la pandemia también ha acelerado la transición digital. Sin embargo, existe una importante brecha digital entre las zonas urbanas y rurales en la mayoría de los Estados miembros de la UE en términos de infraestructura, utilización de internet y uso de servicios de administración electrónica, así como una fuerte concentración de la industria tecnológica en determinadas regiones de la UE. Superar esta brecha digital mediante estrategias globales en las que participen todos los niveles de gobierno constituye una necesidad para una recuperación sostenible. La pandemia puso de manifiesto el valor de la conectividad digital y la necesidad de cohesión digital, un concepto que debería situarse en pie de igualdad con la cohesión económica, social y territorial. Para ello, es fundamental crear un conjunto de datos sólido y exhaustivo a nivel local y regional para trasponer los objetivos digitales de la Brújula Digital 2030 a los niveles subnacionales, reflejando de este modo el papel de los entes locales y regionales en la transformación digital. Estos objetivos digitales vinculantes deberían reflejarse en el informe de ejecución de la Comisión Europea sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales; 9. aboga por reforzar el papel de los entes locales y regionales en la integración de las personas refugiadas y migrantes. Habida cuenta de la necesidad de responder localmente a los desafíos mundiales de la migración y la integración, muchos entes locales y regionales desempeñan un papel activo en la acogida e integración de las personas refugiadas y migrantes al proporcionar infraestructuras y servicios urbanos vitales para atender sus necesidades, por ejemplo vivienda social y asequible, y educación y servicios sanitarios de calidad. Por consiguiente, las políticas de acogida e integración de migrantes han de formularse siguiendo un enfoque ascendente, en consulta con los entes locales y regionales, a fin de garantizar que estas políticas no estén desconectadas de la realidad de las comunidades de acogida. Además, debe facilitarse el acceso de los entes locales y regionales a los fondos de apoyo, y los municipios que participan en el programa de reubicación de la UE o desarrollan sus propios proyectos de integración deberían poder recibir financiación directa; 10. observa con preocupación que la relación entre el Reino Unido y la UE resultante del Acuerdo de Comercio y Cooperación carece de «profundidad» territorial. El CDR está dispuesto a contribuir a una agenda positiva de cooperación territorial con los entes locales y regionales del Reino Unido basada en nuevas vías que no dependan únicamente del marco institucional del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Para ello, podrían ponerse en marcha varias iniciativas concretas, como la modificación del Reglamento sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) a fin de facilitar la creación de AECT con el Reino Unido o la prestación de apoyo específico a la capacidad administrativa de las instituciones públicas para participar en proyectos de cooperación con socios británicos. El seguimiento de la participación de los entes locales y regionales en la aplicación de la Reserva de Adaptación al Brexit también será fundamental para verificar si se corrige el impacto territorial de la retirada del Reino Unido de la UE; 11. hace hincapié en que, según la primera encuesta realizada en nombre del CDR entre más de un millón de políticos elegidos a nivel subnacional, casi dos tercios de los políticos locales (64 %) consideran que las regiones, ciudades y pueblos no ejercen una influencia suficiente en la elaboración de las políticas de la UE. Por lo tanto, Europa puede salir de la crisis de la COVID-19 con una resiliencia democrática y medioambiental reforzadas si reconoce formalmente el principio de subsidiariedad activa y lo aplica para garantizar que las medidas se adopten en el nivel en que generen el máximo valor añadido para la ciudadanía, y que existan procesos de toma de decisiones coordinados y eficaces; 12. destaca que la Conferencia sobre el Futuro de Europa supone una oportunidad que debe aprovecharse para impulsar la Casa de la Democracia Europea. Como agentes clave en la aplicación y el desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa que complementan y refuerzan la democracia representativa, las ciudades y las regiones son esenciales para aumentar la confianza de la ciudadanía en la toma de decisiones democrática; insta, por tanto, a las instituciones de la UE a que aprovechen la Conferencia como una oportunidad para poner a prueba medidas innovadoras (como la plataforma digital multilingüe interactiva y los paneles ciudadanos) que podrían convertirse en elementos permanentes de los procesos de toma de decisiones de la Unión y a que estudien en mayor profundidad las necesidades de los entes locales y regionales planteándose al mismo tiempo la posible necesidad de modificaciones en los Tratados; 13. destaca que el desarrollo de las regiones depende en gran medida de la calidad de su conectividad física. En ese contexto, señala que los ferrocarriles deben promoverse como un elemento clave para resolver los problemas que plantea la exclusión social relacionada con el transporte en las regiones periféricas o menos desarrolladas; subraya la necesidad de profundizar la integración entre distintos modos de transporte respetuosos con el medio ambiente, innovadores y seguros; reconoce que los aeropuertos regionales desempeñan un papel destacado en la cohesión territorial de la UE, sobre todo en el caso de las regiones escasamente pobladas, periféricas o menos desarrolladas; subraya que, habida cuenta de los retos mundiales que solo pueden abordarse mediante la cooperación, las regiones y las ciudades de la Unión deben centrar su atención simultáneamente dentro y fuera de la UE; 14. considera que el millón de políticos de la UE elegidos a nivel regional y local tiene un gran potencial para contribuir a la Casa de la Democracia Europea y observa que, según nuestra encuesta más reciente, una mayoría abrumadora entre ellos afirma que reforzar su participación hará que la democracia en la UE funcione mejor; 15. encarga a su presidente que transmita el Barómetro Regional y Local Anual 2021 y la presente Resolución a los presidentes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, así como a los jefes de Estado de los 27 Estados miembros de la UE, y anima a los representantes locales y regionales de Europa a que difundan el informe entre la ciudadanía y los medios de comunicación locales.