INFORME EXPLICATIVO sobre el Protocolo celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la interpretación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial (Texto aprobado por el Consejo el 28 de mayo de 1998) (98/C 221/05)

I. OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. En su reunión de los días 10 y 11 de diciembre de 1993, el Consejo Europeo confirió a un Grupo de trabajo denominado «Extensión del Convenio de Bruselas» el mandato de proceder a una reflexión sobre las posibilidades de ampliar el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas, en particular en materia de Derecho de familia.

Durante los trabajos sobre esta extensión y que dieron lugar al Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, se consideró necesario atribuir al Tribunal de Justicia la competencia para la interpretación de sus normas con objeto de garantizar su aplicación uniforme. Así pues, se elaboró un proyecto de Protocolo sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia.

Tras el compromiso político de diciembre de 1997, la Presidencia solicitó las opiniones del Parlamento Europeo, conforme al artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea, acerca del texto del proyecto de Convenio y sobre los elementos esenciales del proyecto de Protocolo. Las opiniones del Parlamento Europeo han sido publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 18 de mayo de 1998 (1).

El Consejo adoptó, el 28 de mayo de 1998, los dos actos por los que se celebran, por un lado, el Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, en lo sucesivo denominado «el Convenio», y, por otro lado, el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, objeto del presente informe explicativo. Estos dos instrumentos fueron firmados en la misma fecha por los representantes de todos los Estados miembros.

2. a) La parte dispositiva del Protocolo se basa ante todo en las disposiciones del artículo 177 del Tratado CE. Se inspira en muy amplia medida en el Protocolo de 3 de junio de 1971 (en lo sucesivo denominado «Protocolo de 1971»), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como en el Protocolo de 25 de mayo de 1997, que confiere competencia al Tribunal de Justicia para interpretar el Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo denominado «Protocolo de 1997»).

Concretamente, figuran en él las dos formas de presentación de solicitudes al Tribunal previstas en el Protocolo de 1971.

b) Las modalidades para la entrada en vigor del Protocolo son similares a las establecidas por los Protocolos primero y segundo de 19 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo denominados «Protocolos de 1988») sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales, e idénticas a las previstas en el Protocolo de 1997.

En efecto, el Convenio de referencia (artículo 45) establece el principio de la atribución de competencia al Tribunal de Justicia, pero es el Protocolo correspondiente el que define las condiciones de presentación de la solicitud de interpretación y los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para presentar tal solicitud.

La entrada en vigor del Protocolo no puede ser anterior a la del Convenio; la entrada en vigor del Convenio tendrá lugar tras su ratificación por los quince Estados miembros; la entrada en vigor del Protocolo tendrá lugar tras su adopción por tres de dichos Estados.

En estas condiciones, la primera fecha en que el Protocolo podrá entrar en vigor es la fecha de entrada en vigor del Convenio. De esta forma, únicamente los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que sean Parte a la vez en el Protocolo y en el Convenio estarán en condiciones de solicitar al Tribunal que resuelva o se pronuncie sobre una cuestión de interpretación.

c) Por último, las disposiciones finales son análogas a las establecidas en esta materia por el Consejo de la Unión Europea por lo que se refiere a los Convenios establecidos en el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea. Coinciden con las del Convenio, sin perjuicio de las oportunas adaptaciones.

II. OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS

Artículo 1

3. El artículo 1 recoge el principio, establecido en los Protocolos de 1971 y de 1997, de atribución de competencia al Tribunal de Justicia para interpretar las disposiciones del Convenio sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, así como del propio Protocolo.

Artículo 2

4. El artículo 2 constituye una nueva disposición en relación con los Protocolos de 1971, de 1988 y de 1997. Establece, en el apartado 1, que cada Estado miembro debe indicar cuál de los dos sistemas alternativos contemplados en el apartado 2 se aplica para determinar los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie a título prejudicial sobre una cuestión de interpretación. El apartado 2 del mismo artículo 2 enumera dichos órganos jurisdiccionales.

Se introdujo esta disposición debido a que determinadas Delegaciones deseaban que esta competencia quedara limitada a los altos órganos jurisdiccionales. En efecto, tales Delegaciones consideraron que las resoluciones relativas a las materias reguladas por el Convenio debían quedar resueltas lo antes posible a fin de no menoscabar los intereses de las personas con motivo de un procedimiento de divorcio, de una separación legal o de una declaración de nulidad de un matrimonio (muy especialmente debido al hecho de que los órganos jurisdiccionales nacionales no tienen la posibilidad, en estos casos, de adoptar medidas provisionales o cautelares), o de la responsabilidad parental respecto de los hijos comunes de la pareja. En esta perspectiva, sólo los casos planteados ante los más altos órganos jurisdiccionales nacionales parecían exigir que se solicitara una decisión al Tribunal de Justicia.

El mecanismo previsto en este artículo se inspira en el artículo K.7, tal como está formulado en el Tratado de Amsterdam, firmado en 1997.

La indicación de la elección de los órganos jurisdiccionales competentes deberá efectuarla cada Estado miembro en el momento de la notificación a la que se refiere el apartado 2 del artículo 9. El texto no lo precisa pero se desprende de los trabajos que los Estados miembros que hayan indicado que sólo los más altos órganos jurisdiccionales están facultados para solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie a título prejudicial podrían en cualquier momento ampliar esta posibilidad a los demás órganos jurisdiccionales cuando deban resolver en apelación.

5. El apartado 2 determina los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros competentes para plantear al Tribunal de Justicia, a título prejudicial, una cuestión de interpretación, en función de la declaración que el Estado miembro de que se trate haya efectuado con arreglo al apartado 1 de este artículo.

Se trata, en primer lugar, de los más altos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, cuya lista figura en el apartado 1 del artículo 3.

En segundo lugar, a tenor del apartado 2, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deciden en apelación. Por consiguiente, se trata, en primer lugar, de los Tribunales de apelación, salvo cuando conozcan de un asunto en primera instancia, así como de los demás órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un asunto en calidad de órgano jurisdiccional de apelación.

En cambio, los órganos jurisdiccionales que se pronuncian en primera instancia no están facultados para presentar solicitudes al Tribunal de Justicia.

Artículo 3

6. Este artículo determina los altos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros competentes para plantear al Tribunal de Justicia, a título prejudicial, una cuestión de interpretación.

Esta enumeración es limitativa, por lo que los demás órganos jurisdiccionales supremos que puedan existir en un Estado miembro no están facultados para plantear tales cuestiones al Tribunal de Justicia, aun cuando sus resoluciones tengan una incidencia en materia civil.

7. La lista que figura en el apartado 1 puede modificarse a solicitud del Estado miembro interesado. Se trata de una posibilidad establecida por primera vez en el Protocolo de 1997.

Tal modificación puede resultar necesaria, por ejemplo, al producirse un cambio en la organización judicial de un Estado miembro.

La solicitud debe dirigirse al Secretario General del Consejo, en su calidad de depositario del Protocolo. Éste informará a la mayor brevedad a los demás Estados miembros, incluidos los que aún no sean Parte en el Protocolo.

La decisión de modificación de la lista deberá ser tomada por el Consejo de conformidad con las normas de procedimiento aplicables.

Una vez adoptada, la modificación surtirá efecto en las condiciones que se precisen en la decisión del Consejo (como, por ejemplo, la entrada en vigor de dicha modificación). Debido a su naturaleza, la adopción de tal decisión por los Estados miembros según sus normas constitucionales respectivas no ha parecido necesaria. Por lo tanto se han previsto normas particulares, que constituyen una excepción al procedimiento previsto en el artículo 11 del Protocolo en materia de modificación.

En caso de adhesión al Protocolo de un Estado que se adhiera a la Unión Europea, dicho Estado deberá indicar, al depositar su instrumento de adhesión, el o los más altos órganos jurisdiccionales que vayan a ser competentes para solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación (apartado 3 del artículo 10).

Tal mecanismo permite un control por parte de los Estados miembros, incluso por parte de aquéllos que no son Partes en el Protocolo, de las designaciones efectuadas, conservándose así la lógica del sistema.

Artículo 4

8. Este artículo, basado en el artículo 177 del Tratado CE, recoge el artículo 3 del Protocolo de 1971 y el artículo 3 del Protocolo de 1997, y se refiere al procedimiento de cuestión prejudicial.

El apartado 1 estipula que los órganos jurisdiccionales indicados en el apartado 1 del artículo 3 están obligados a presentar una solicitud de interpretación al Tribunal de Justicia si estiman que dicha interpretación es necesaria para poder emitir su fallo.

Tal disposición, en la medida en que establece una obligación para los órganos jurisdiccionales supremos, pretende fomentar una aplicación uniforme del Convenio en los Estados miembros de la Unión Europea.

9. El apartado 2 de este artículo dispone que los órganos jurisdiccionales que se pronuncien en apelación estarán facultados para presentar al Tribunal de Justicia una solicitud de interpretación cuando consideren que se requiere una decisión sobre una cuestión suscitada en un asunto del que conozcan.

Artículo 5

10. Todo Estado miembro, aun cuando no sea Parte en el Protocolo, así como la Comisión y el Consejo, estarán facultados para presentar memorias u observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia en los asuntos relativos a cuestiones de interpretación.

Artículo 6

11. Este artículo recoge el artículo 4 del Protocolo de 1971 y el artículo 4 del Protocolo de 1997. Establece un segundo procedimiento, que permite a los fiscales jefe de los tribunales de casación o a cualquier otra autoridad designada por los Estados miembros solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación cuando consideren que una resolución que tenga fuerza de cosa juzgada pronunciada por un órgano jurisdiccional de su Estado es contraria a la interpretación dada sobre este punto por el Tribunal de Justicia o por un órgano jurisdiccional, de los mencionados en el apartado 2 del artículo 2, de otro Estado miembro Parte en el Protocolo.

Dicha disposición también tiene por objeto fomentar una interpretación uniforme del Convenio.

Corresponde a la autoridad judicial competente apreciar la conveniencia de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación en este supuesto.

Artículo 7

12. Al igual que en los Protocolos de 1971 y de 1997, este artículo establece el principio de la aplicación del Estatuto del Tribunal de Justicia y de su Reglamento de Procedimiento.

Artículo 8

13. Este artículo, que indica que el Protocolo no podrá ser objeto de reserva alguna, no da lugar a observaciones particulares.

Artículo 9

14. Este artículo fija la entrada en vigor del Protocolo según las normas establecidas al respecto por el Consejo de la Unión Europea.

Para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su competencia lo más rápidamente posible, la entrada en vigor del Protocolo se ha fijado al término de un plazo de noventa días a contar desde el depósito del instrumento de adopción por el tercero de los quince Estados miembros de la Unión Europea el 28 de mayo de 1998, fecha de la adopción por el Consejo del acto por el que se celebra el Protocolo.

Sin embargo, el Protocolo no podrá entrar en vigor antes que el Convenio. Conforme a su artículo 47, el Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de notificación, por el Estado miembro que proceda el último a este trámite, de la terminación del procedimiento de adopción previsto por sus normas constitucionales.

Así pues, una aplicación anticipada del Convenio según el apartado 4 de su artículo 47 no podrá dar lugar a la atribución de competencias de interpretación al Tribunal de Justicia en el sentido de su artículo 45. La adopción del Protocolo por la totalidad de los Estados miembros tampoco permitiría al Tribunal interpretar las disposiciones del Convenio mientras éste no haya entrado en vigor.

Artículo 10

15. Este artículo prevé que el Protocolo quede abierto a la adhesión de cualquier Estado que se adhiera a la Unión Europea. Los países terceros no podrán adherirse al Convenio ni al Protocolo.

Por lo que se refiere a las modalidades de adhesión al Protocolo, este artículo establece concretamente procedimientos simplificados de modificación de la lista de los más altos órganos jurisdiccionales que figura en el apartado 1 del artículo 3, como consecuencia de la designación de los órganos jurisdiccionales del nuevo Estado miembro.

El Consejo adoptará las modificaciones que haya que realizar en la lista de los más altos órganos jurisdiccionales entre la fecha de depósito del instrumento de adhesión al Protocolo y la fecha de entrada en vigor del Protocolo respecto del Estado miembro que se adhiere.

Artículo 11

16. Este artículo se refiere al procedimiento de modificación del Protocolo.

Sólo los Estados miembros Partes en el Protocolo así como la Comisión tienen la posibilidad de proponer modificaciones.

El Consejo recomendará la adopción por los Estados miembros, según sus normas constitucionales respectivas, de las modificaciones que él adopte.

Este procedimiento no es aplicable a la mera modificación de la lista de los más altos órganos jurisdiccionales.

Artículo 12

17. Este artículo confiere al Secretario General del Consejo la función de depositario del Protocolo.

El Secretario General informará a los Estados miembros de cualquier modificación relativa al Protocolo y garantizará su publicación en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(1) DO C 152 de 18.5.1998.