COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 29.5.2019 COM(2019) 260 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Comunicación de 2019 sobre la política de ampliación de la UE {SWD(2019) 215 final} - {SWD(2019) 216 final} - {SWD(2019) 217 final} - {SWD(2019) 218 final} - {SWD(2019) 219 final} - {SWD(2019) 220 final}



I. INTRODUCCIÓN En noviembre de 2015, la Comisión Europea estableció una estrategia a medio plazo para la política de ampliación de la UE que abarcara el mandato de la actual Comisión. La presente Comunicación hace un balance de los progresos realizados, hasta finales de febrero de 2019, en la aplicación de la política de ampliación. Además de presentar los avances, se examinan los importantes desafíos a los que se enfrentan los países aspirantes a ser Estados miembros. Balcanes Occidentales La Estrategia de los Balcanes Occidentales, presentada por la Comisión Europea en febrero de 2018, constituyó un fuerte impulso para la región en su trayectoria europea. La estrategia confirmaba nuevamente el futuro de los Balcanes Occidentales como parte integrante de la UE y reiteraba que su posible adhesión a la Unión Europea, supeditada al cumplimiento de criterios firmes y previamente fijados, redundaría en el propio interés político, económico y de seguridad de la Unión. Por otra parte, se corroboraban los importantes avances que ha hecho la región no solo en cuanto a reformas, sino también para superar las secuelas de la guerra y los conflictos. Ahora bien, a fin de que los países interesados cumplan todas las condiciones de adhesión, y, en particular, con miras a la consolidación de sus democracias, se requieren reformas más profundas, exhaustivas y convincentes en ámbitos cruciales, entre los que destacan el Estado de Derecho —incluida la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada—, las reformas económicas y la competitividad, la cooperación regional y la reconciliación. La Comisión pedía que se intensificara ostensiblemente la asistencia política, técnica y financiera de la UE a la región, especialmente a través de las seis iniciativas emblemáticas de la Estrategia, que cuentan con el respaldo de 11 700 millones EUR de ayuda a la preadhesión para el período 2014-2020. A fin de mejorar la estructura de incentivos en este ámbito, la Comisión también señalaba que, con la voluntad política necesaria, la materialización de reformas reales y sostenidas, y soluciones definitivas a los conflictos con sus vecinos, los países que actualmente llevan la delantera en las negociaciones de adhesión podrían estar listos para la adhesión en 2025. En la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, celebrada en Sofía en mayo de 2018, los dirigentes de la UE reafirmaron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, y los socios de los Balcanes Occidentales volvieron a manifestar su adhesión a esta perspectiva europea como firme opción estratégica. Los dirigentes de la UE aprobaron la Declaración de Sofía y el Programa de Prioridades de Sofía, en los que se recogen nuevas medidas destinadas a reforzar la cooperación con la región en ámbitos clave como la seguridad, el Estado de Derecho y la migración. Los dirigentes de la UE también dieron señales claras a los distintos países de los Balcanes Occidentales el año pasado. En respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión en 2018 sobre la apertura de las negociaciones de adhesión con la República de Macedonia del Norte y con la República de Albania, el Consejo acordó en junio ofrecer una respuesta positiva ante los avances realizados y marcar la senda para la apertura de negociaciones de adhesión con ambos países en junio de 2019. En lo tocante a Kosovo *, la Comisión informó de que se ya se cumplían todos los criterios de referencia para la exención de visado en los desplazamientos al espacio Schengen, y, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo, en primera lectura, manifestó su apoyo a la propuesta de la Comisión de liberalizar el régimen de visados. El refuerzo del compromiso de la UE con la región y su mayor implicación a lo largo del último año ya están dando frutos concretos y notables. Macedonia del Norte no solo ha proseguido su ambicioso programa de reformas, sino que, además, llegó a un acuerdo histórico con Grecia gracias al cual se zanjó una disputa sobre la denominación del país que había durado ya veintisiete años. Este acuerdo y el acuerdo bilateral con Bulgaria constituyen un ejemplo para el conjunto de la región sobre cómo fortalecer las relaciones de buena vecindad y dan testimonio del poder de atracción que ejerce la perspectiva europea. De manera similar, Albania está llevando a cabo profundas reformas, en particular, una gran transformación de su sistema judicial que comprende un proceso de reevaluación sin precedentes de jueces y fiscales. Estos avances positivos que se están realizando exigen ahora una respuesta específica y rápida por parte de la Unión. La UE no solo tiene la oportunidad de afianzar ese impulso positivo a largo plazo que está viviendo la región, sino que, además, es la primera interesada en que así sea. La Unión ha de estar a la altura de sus compromisos y reconocer lo que es debido. Si no se recompensan los progresos objetivos pasando a la siguiente fase en la senda europea, se perjudicará la credibilidad de la UE en la región y fuera de ella. Una respuesta tibia a logros históricos y reformas sustanciales socavaría la estabilidad, desalentaría en gran medida reformas todavía muy necesarias y afectaría a la labor realizada en torno a cuestiones bilaterales delicadas como el diálogo entre Belgrado y Pristina. Estratégicamente, esto no haría más que afianzar las posiciones de los competidores geopolíticos de la UE a las puertas de Europa. Sin embargo, no todos los países han aprovechado las oportunidades que ofrece la Estrategia de los Balcanes Occidentales. Algunos se han estancado en sus esfuerzos, especialmente en los ámbitos críticos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Los países más avanzados en el proceso de adhesión corren el riesgo de no alcanzar los ambiciosos objetivos que han declarado si no redoblan sus esfuerzos de manera significativa, en particular, en lo tocante a las reformas fundamentales. Todos los dirigentes políticos de la región deben estar a la altura de las expectativas de reforma de sus ciudadanos y no dejar lugar a dudas con respecto a su orientación estratégica y su determinación de adherirse a la UE. La adhesión a la UE es una elección fundamental, basada en valores, que requiere una actuación más decidida por parte de todos los países. La Comisión, en paralelo a la presente Comunicación, ha adoptado el Dictamen sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina. La conclusión y la recomendación del Dictamen se recogen en el anexo de la presente Comunicación. Turquía Turquía es un socio clave para la UE y sigue siendo un país candidato. Han continuado el diálogo y la cooperación, especialmente al más alto nivel, en los ámbitos esenciales de interés común, en particular, mediante una cooperación eficaz en materia de migración y el firme apoyo de la UE a los refugiados. No obstante, Turquía ha seguido alejándose de la Unión Europea, no solo por los graves retrocesos observados en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, sino también debido al debilitamiento del sistema de contrapoderes institucionales como resultado de la entrada en vigor de la reforma de su Constitución. En junio de 2018, el Consejo señaló unánimemente que las negociaciones para la adhesión de Turquía habían llegado efectivamente a un punto muerto y no se podían examinar nuevos capítulos para su apertura o cierre. Los hechos que fundamentan esta valoración siguen siendo válidos. Acelerar la armonización con la política exterior y de seguridad común de la UE, incluido en lo referente a las medidas restrictivas, es una parte importante del proceso de ampliación y un elemento también importante para poder confirmar que los países comparten plenamente los principios, valores y objetivos que la Unión trata de promover en su vecindad y fuera de ella. Albania y Montenegro no han dejado de sumarse a las posiciones de la política exterior y de seguridad común. II. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE 2015 Esforzarse de manera más activa para llevar a cabo las reformas fundamentales es un aspecto clave a fin de cumplir los criterios de adhesión de Copenhague y Madrid. Los esfuerzos en estos ámbitos, que son indivisibles y se refuerzan mutuamente, deben proseguirse con más contundencia y con un compromiso político más claro. a) Funcionamiento de las instituciones democráticas El buen funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un reto clave en la mayoría de los países. Es preciso integrar sólidamente el papel central de los Parlamentos nacionales en la cultura política. Aún es necesario afianzar un diálogo constructivo entre los distintos partidos. Los partidos de la oposición, que también tienen una gran responsabilidad de cara a la configuración del futuro de sus países, deben tener la posibilidad de desempeñar plenamente su papel y participar en los procesos democráticos. Es fundamental consolidar la rendición de cuentas parlamentaria, la supervisión del ejecutivo y el control democrático.

En los Balcanes Occidentales, aún está por establecerse un diálogo constructivo en todo el espectro político, especialmente en el seno de los Parlamentos. Los contraproducentes boicoteos parlamentarios, como en el caso de Albania, Montenegro y Serbia, siguen siendo motivo de preocupación. Han ido en aumento las manifestaciones ciudadanas en las que se exigen reformas. En Serbia, por ejemplo, podrían usarse mecanismos de mediación y diálogo, como los ofrecidos por el Parlamento Europeo. Los Gobiernos han de velar por que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar plenamente su papel dentro de los marcos existentes, y la oposición debe participar de manera constructiva en el proceso democrático. El refuerzo de la función de supervisión parlamentaria exige esfuerzos sustanciales. En 2018, el Parlamento de Macedonia del Norte logró mejorar su capacidad de supervisión, restaurar el sistema de contrapoderes institucionales y disminuir notablemente —hasta el 20 %— el recurso a procedimientos parlamentarios abreviados. Sin embargo, este fenómeno sigue siendo preocupante en el conjunto de la región. La cifra correspondiente asciende al 44 % en el caso de Serbia, donde las prácticas parlamentarias de la coalición en el poder han provocado el deterioro del debate y el control legislativos. En Montenegro, la comisión temporal multipartidista sobre nuevas reformas de la legislación electoral y de otro tipo aún no ha empezado a dar resultados. Las elecciones deben ser libres y justas, y las recomendaciones de las misiones de observación han de aplicarse correctamente. Las deficiencias que se vienen arrastrando desde hace tiempo deben abordarse a lo largo de todo el ciclo electoral. En cuanto a las normas relativas a la financiación pública y privada de los partidos políticos, se requiere una reforma sustancial. En Turquía, el nuevo sistema presidencial, que entró en vigor después de las elecciones de junio de 2018, ha limitado considerablemente las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento. No hay un diálogo parlamentario constructivo ni existe un sistema de contrapoderes institucionales. Tampoco se han abordado las deficiencias del sistema de inmunidad parlamentaria heredadas del pasado. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política. b) Estado de Derecho y seguridad El Estado de Derecho es un elemento esencial de una democracia que funciona correctamente. Se fundamenta en la celebración de elecciones libres y justas, la existencia de un Parlamento que funcione debidamente y pueda desempeñar de forma plena sus funciones legislativas y de supervisión fundamentales, y la separación de poderes, todo ello unido a un sistema efectivo de contrapoderes institucionales. El Estado de Derecho es un elemento clara y firmemente anclado en el proceso de adhesión a la UE. Es un aspecto crucial de la transformación democrática y la referencia clave que utiliza la UE para valorar los progresos de los países candidatos en su trayectoria hacia la adhesión. No obstante, lograr avances creíbles en este ámbito sigue siendo un reto significativo. Estas deficiencias a menudo guardan relación con la falta de voluntad política, la resistencia institucional y un entorno cada vez más hostil para la sociedad civil, lo que, en parte, refleja la existencia de determinados elementos de captura del Estado. En consecuencia, el Estado de Derecho todavía no se aplica debidamente a todos los niveles de poder. En Turquía no se ha tomado ninguna medida para poner remedio a la regresión en el ámbito del Estado de Derecho. Un poder judicial que funcione correctamente y sea independiente, en el que las resoluciones se apliquen de manera efectiva, es de vital importancia para el Estado de Derecho. Albania ha hecho importantes progresos en el proceso de reforma de su sistema judicial, que continúa según el ritmo previsto. La creación de los nuevos órganos jurisdiccionales tiene por objeto garantizar la gobernanza independiente del poder judicial. El proceso de investigación de expedientes ha dado otros resultados visibles: en total, se han tomado más de 140 decisiones, todos los asuntos prioritarios se han resuelto en primera instancia y se ha producido la destitución o la dimisión voluntaria de 88 de los jueces investigados. Sin embargo, las reformas en el conjunto de la región de los Balcanes Occidentales siguen adoleciendo de un ritmo de cambio lento en la cultura judicial. En Serbia, aún no se han aprobado las reformas destinadas a adaptar la Constitución del país a las normas europeas para el poder judicial. En Turquía, continúan la presión política y el traslado de un gran número de jueces y fiscales en contra de su voluntad, lo que ha minado aún más la independencia del poder judicial turco. Tanto en los Balcanes Occidentales como en Turquía siguen dándose casos de corrupción generalizada. El éxito en la lucha contra la corrupción a nivel medio y alto es dispar en la región. Mientras que algunos países, como Macedonia del Norte y Albania, han hecho progresos, el balance de la mayoría sigue sin ser convincente y está aún lejos de satisfacer los requisitos para la adhesión. Hay que hacer frente a la corrupción política y de alto nivel de forma más clara y coherente. Asimismo, se necesitan resultados tangibles en la lucha contra la corrupción para crear un entorno empresarial estable y transparente y mitigar las amenazas reales a las estructuras democráticas. La contratación pública todavía es especialmente propensa a la corrupción generalizada. Es preciso reforzar los mecanismos de control a lo largo de todo el proceso de contratación y aumentar significativamente la transparencia a través de medidas sólidas y ambiciosas. La delincuencia organizada sigue siendo un problema muy grave en los Balcanes Occidentales y en Turquía: hay importantes rutas de contrabando que atraviesan su territorio, así como poderosas redes delictivas de alcance internacional que siguen operando desde y a través de estos países. Los países han abordado algunos aspectos de este fenómeno, y, a lo largo de 2018, se han producido importantes detenciones e incautaciones de drogas. La cooperación operativa, incluida con las agencias de la UE, se ha intensificado, sobre todo en el caso de Albania, lo que ha permitido obtener resultados concretos sobre el terreno. Sin embargo, de manera general, el balance en materia de condenas firmes en casos de delincuencia organizada sigue siendo a menudo deficiente. Solo algunos países pueden poner sobre la mesa un puñado, si acaso, de condenas firmes en casos de delincuencia organizada o blanqueo de capitales en los últimos años. Estos resultados tan pobres ponen de manifiesto la ineficacia de los procedimientos penales, transmiten un mensaje claro de impunidad y contribuyen al riesgo de infiltración de la delincuencia en los sistemas políticos y económicos. Por otra parte, los países deben incrementar de manera significativa la incautación y el decomiso de activos en casos tanto de delincuencia organizada como de corrupción, así como enfrentarse a los grupos delictivos con mayor contundencia. Los Balcanes Occidentales han dado grandes pasos en los últimos años para modernizar el marco jurídico e institucional en lo referente a la lucha contra el terrorismo. Además, se ha seguido mejorando y reforzando la cooperación operativa con los Estados miembros y las agencias de la UE. Todos los países de los Balcanes Occidentales participan activamente en la Iniciativa sobre la lucha contra el terrorismo en los Balcanes Occidentales (WBCTi). No obstante, la mayoría aún debe redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la cuestión de los combatientes extranjeros que regresan y prevenir el extremismo y la radicalización, especialmente en las prisiones. Es necesario mejorar las capacidades de seguimiento en línea y de respuesta. El rastreo proactivo de los flujos financieros ha de basarse en un enfoque más estratégico de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Turquía tiene que revisar su legislación antiterrorista. Si bien es una potestad legítima del país luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. Urge introducir reformas en el ámbito del Estado de Derecho con mayor firmeza y credibilidad. Esta es la condición más importante para que los Balcanes Occidentales avancen en sus respectivas sendas europeas, sin olvidar el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales de las negociaciones de adhesión en lo referente al Estado de Derecho (capítulos 23 y 24) en el caso de Montenegro y Serbia. Una vez se cumplan los criterios de referencia provisionales, la UE podrá, a través de la fijación de los criterios de referencia de cierre, establecer claramente los requisitos de Estado de Derecho que los países en fase de negociación deberán cumplir en última instancia para considerarse que, por lo que respecta a este ámbito crucial, están listos para ser miembros de la UE. Montenegro es el primer país en fase de negociación que podría llegar a esa etapa, siempre y cuando solucione las carencias que aún presenta en los ámbitos críticos de la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos. El propósito de los criterios de referencia provisionales en relación con el Estado de Derecho es ante todo garantizar que el país de que se trate dispone de la estructura institucional y legislativa necesaria y puede demostrar que ha comenzado a obtener resultados en materia de aplicación. Una vez que ese marco esté operativo, la Comisión propondrá criterios de referencia de cierre a los Estados miembros de la UE. Estos parámetros se centrarían principalmente en la obtención de resultados tangibles y en la consolidación de una trayectoria de aplicación firme, creíble y sostenible. c) Derechos fundamentales Los ordenamientos jurídicos de los Balcanes Occidentales recogen en gran medida los derechos fundamentales. Sin embargo, es preciso intensificar los esfuerzos para mejorar la aplicación. Durante el período de referencia, Turquía ha experimentado un fuerte y continuo deterioro de derechos humanos clave. La evolución del ámbito de la libertad de expresión y de la independencia de los medios de comunicación en toda la región suscita una preocupación creciente. Se ha producido un grave retroceso en Turquía, donde el ejercicio de la libertad de expresión se ha visto considerablemente obstaculizado y más de 160 periodistas siguen encarcelados, una de las cifras más elevadas del mundo. En cuanto a los Balcanes Occidentales, se han observado muy pocos esfuerzos a este respecto. En general, la intimidación verbal y física sigue existiendo, y las investigaciones y actuaciones judiciales todavía son lentas. Los intentos de influir en la independencia de los servicios públicos de radiodifusión, la falta de transparencia respecto de la financiación pública y privada de los medios de comunicación, y la distorsión del mercado publicitario están a la orden del día en todos los países de la región. El entorno empresarial de los medios de comunicación también se caracteriza por la frecuente injerencia política y la opacidad en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, aspectos que socavan la sostenibilidad de medios independientes. La UE mantiene su firme apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación independientes. En cuanto a la lucha eficaz contra los abusos de los derechos del niño, los Balcanes Occidentales y Turquía deben intensificar sus esfuerzos a este respecto. Asimismo, los Gobiernos han de tratar el problema de la discriminación de las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables. También se requieren mayores esfuerzos para garantizar la igualdad de género y prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. En los Balcanes Occidentales, se ha avanzado en lo tocante a los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. No obstante, todavía hay mucho por hacer para combatir la discriminación y, en particular, la incitación al odio y la violencia. Los gitanos aún se enfrentan a la exclusión social, la marginación y la discriminación. Sigue siendo necesario introducir mejoras en las condiciones carcelarias. En Turquía, a pesar del levantamiento del estado de excepción, la mayoría de las medidas introducidas durante ese período permanecen en vigor, incluidas aquellas que limitan derechos procesales fundamentales como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. d) Reforma de la Administración Pública

La reforma de la Administración Pública es fundamental para mejorar la gobernanza a todos los niveles. Ello comprende la calidad y la rendición de cuentas de la Administración, la profesionalización de la función pública y la despolitización, la buena gestión de las finanzas públicas y la garantía de la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos y las empresas. Los avances a este respecto en los Balcanes Occidentales han sido moderados. Turquía ha experimentado un grave retroceso en el ámbito de la función pública, que también ha afectado a la planificación de políticas y la rendición de cuentas, a raíz de una importante reestructuración de la Administración Pública y del sistema de la función pública mediante decretos presidenciales. Se han observado ciertos progresos en cuanto a la mejora de la planificación de políticas, pero se requieren nuevas medidas dirigidas a garantizar un control de calidad sólido por parte de los Gobiernos centrales. Aún es frecuente que las políticas, la legislación y las inversiones públicas se preparen sin llevar a cabo evaluaciones de impacto ni consultas interinstitucionales y públicas. Deben hacerse esfuerzos considerables para garantizar la transparencia y la eficacia de la contratación pública. A fin de reducir el despilfarro de recursos, el fraude y la corrupción, se requiere una pronta adaptación al acervo de la UE acompañada de un sistema eficaz de control interno público. En la mayoría de los países queda pendiente garantizar la profesionalización de la función pública y abordar la excesiva politización. La estructura de la Administración Pública debe garantizar la existencia de líneas eficaces de rendición de cuentas. La mayoría de los países se ha esforzado en mejorar los servicios dirigidos a ciudadanos y empresas, en particular, los servicios electrónicos, pero se requiere una mayor coordinación entre las diversas iniciativas y la reforma global de la Administración Pública. Ha de tenerse en cuenta el papel que desempeñan las autoridades regionales y locales en el proceso de adaptación al acervo de la UE y la futura aplicación de sus normas. Debe encontrarse un equilibrio adecuado entre los Gobiernos central, regional y local que contribuya de la mejor manera posible a la aplicación de las reformas y a la prestación de servicios a los ciudadanos. e) Migración La crisis de los refugiados y la migración irregular han sido retos clave tanto para la UE como para los Balcanes Occidentales y Turquía. La colaboración ha proseguido mediante una labor conjunta a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo oriental y los Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos siguen siendo motivo de preocupación. Es preciso que los países socios adopten nuevas medidas destinadas a garantizar la plena armonización con la política de visados de la UE. La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 ha seguido ofreciendo resultados concretos por lo que respecta a la reducción de los cruces irregulares y peligrosos y a las vidas salvadas en el mar Egeo. El número de llegadas irregulares es ahora un 97 % inferior a la cifra registrada en el período anterior a la aplicación de la Declaración, y el número de vidas perdidas en el mar ha disminuido sustancialmente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad turcos han intensificado sus esfuerzos durante el período de referencia. Turquía ha mantenido sus extraordinarios esfuerzos para acoger a más de 3,6 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y a aproximadamente 370 000 refugiados procedentes de otros países. Por su parte, la UE ha seguido brindando su apoyo al país para hacer frente al problema. El Mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía, con un presupuesto total de 6 000 millones EUR, continúa satisfaciendo las necesidades humanitarias y de desarrollo de los refugiados y las comunidades de acogida. El primer tramo, de 3 000 millones EUR, se ha adjudicado en su totalidad. Los resultados son claramente visibles y muy efectivos: aproximadamente 1,6 millones de refugiados están recibiendo transferencias mensuales en efectivo a través de la Red de Seguridad Social de Emergencia, se han ofrecido 5 millones de consultas de asistencia sanitaria primaria, y las familias de más de 494 000 niños que asisten a la escuela han recibido ayudas económicas. La ejecución del segundo tramo, de otros 3 000 millones EUR, está en curso. El Mecanismo sigue siendo un instrumento de coordinación emblemático que permite prestar la ayuda de la UE de forma rápida, eficiente y eficaz. En los Balcanes Occidentales, la continuación de las medidas de respuesta coordinadas por la UE en apoyo de los esfuerzos nacionales se ha traducido, durante el período de referencia, en una reducción adicional del 35 % en las llegadas irregulares a través de esta ruta, un resultado con el que se mantiene la tendencia a la baja ya registrada en 2017. No obstante, aún queda trabajo por hacer a fin de dotar a los países de más recursos para gestionar la migración, especialmente por lo que respecta a una mejor gestión de las fronteras y la reducción de la migración irregular. Bosnia y Herzegovina tuvo que hacer frente a la llegada de más de 20 000 migrantes y refugiados en 2018. La UE sigue apoyando a la región, reforzando el desarrollo de las capacidades de los países socios para gestionar los flujos migratorios y estableciendo procedimientos de asilo, mecanismos de retorno y un intercambio de información. Se han concluido las negociaciones con cinco países de la región relativas a acuerdos sobre el estatuto, que autorizan el envío de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con competencias ejecutivas a las zonas limítrofes con la frontera exterior de la UE para apoyar a las autoridades nacionales de fronteras. El acuerdo con Albania ha entrado en vigor, y ya se ha enviado a los primeros guardias de fronteras. Es necesario que los países de los Balcanes Occidentales redoblen sus esfuerzos para afrontar la cuestión de las solicitudes de asilo infundadas presentadas por ciudadanos de la región en los Estados miembros de la UE. f) Economía Las economías de los Balcanes Occidentales y Turquía todavía se enfrentan a importantes desafíos que no les permiten aprovechar plenamente su potencial económico. A pesar de una cierta aceleración del crecimiento, la creación de empleo y el aumento de la renta en los últimos años, los países aún van a la zaga en cuanto a la reforma de sus estructuras económicas y la mejora de la competitividad. Siguen enfrentándose a problemas como la elevada tasa de desempleo —especialmente en el caso de los jóvenes—, una acusada inadecuación de las cualificaciones, la persistencia de la economía informal, entornos empresariales desfavorables y un bajo nivel de innovación. En Turquía, ha continuado el grave retroceso en la economía, lo que suscita una profunda preocupación acerca de la viabilidad de su economía de mercado. Las condiciones económicas empeoraron en 2018 debido al marcado deterioro de las condiciones de financiación, que puso de manifiesto las vulnerabilidades macroeconómicas gestadas durante años. La gobernanza económica se ha deteriorado aún más al haber una mayor injerencia del Estado en la economía. Turquía debe invertir la tendencia de retroceso en las reformas del mercado. En el caso de los Balcanes Occidentales, el clima de inversión, que se ha mantenido en gran medida sin cambios, se caracteriza por la debilidad del Estado de Derecho, la falta de un control adecuado de las ayudas públicas, el arraigo de la economía sumergida, el escaso acceso a la financiación y un bajo nivel de integración y conectividad regionales. La influencia del Estado en la economía persiste, y ello dispara el riesgo de corrupción a causa de la pobre gestión de las finanzas públicas y los cambios frecuentes en el marco normativo y los impuestos. Es imperioso modernizar y mejorar la infraestructura, y las inversiones deben canalizarse a través de carteras de proyectos únicos y ser coherentes con las prioridades acordadas con la UE. Las decisiones sobre grandes inversiones han de basarse en la transparencia y en una estricta diligencia debida, como ocurre en el caso de los proyectos de conectividad financiados a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales. La integración regional es clave para mejorar el nivel de vida en los Balcanes Occidentales. La creación de un Espacio Económico Regional (EER) redunda en una mayor competencia y favorece el desarrollo de economías de escala y el incremento de la productividad. Además de abrir el comercio intrarregional, la existencia de un mercado regional aumentaría el atractivo de los Balcanes Occidentales como destino de inversión. La integración del mercado sobre la base de las reglas y normas de la UE ayudará a crear oportunidades para el desarrollo de nuevas cadenas de valor y el aumento del atractivo de la región de cara a la inversión extranjera directa, en particular, la procedente de la UE. La mejora de la conectividad en los ámbitos del transporte y de la energía acelerará la integración de la región en las redes paneuropeas, al tiempo que reforzará la competitividad de los mercados de la energía y favorecerá el desarrollo de corredores económicos en toda la región. El Tratado de la Comunidad del Transporte, que ya ha sido ratificado por todas las partes, respaldará y reforzará la aplicación de la Agenda de Conectividad. La creación de un espacio digital y de unos mercados de trabajo más integrados también abre nuevas posibilidades para los jóvenes de la región. El nuevo Acuerdo Regional sobre Itinerancia, firmado en abril de 2019, aportará importantes beneficios a los ciudadanos y a las empresas de la región. Gracias a este acuerdo, las tarifas de itinerancia se irán reduciendo progresivamente a partir de julio de 2019 (el precio al por menor de la transferencia de datos y las llamadas disminuirá en un 25 %, y el de los SMS, en un 33 %) hasta desaparecer por completo en julio de 2021. Los usuarios móviles de la región podrán disfrutar plenamente de las ventajas de sus paquetes nacionales cuando estén en itinerancia en los Balcanes Occidentales, sin coste adicional alguno. El acuerdo también allana el camino para la elaboración de un plan de actuación con miras a la reducción de los costes de itinerancia entre los Balcanes Occidentales y la UE, tal y como se establece en la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales. La UE sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial de los Balcanes Occidentales, tanto en el caso de las importaciones (73,5 %) como en el caso de las exportaciones (80,6 %). Las empresas de la UE, que proporcionan el 73 % de la inversión extranjera directa, son los mayores inversores de la región y, por tanto, el principal motor externo para el crecimiento y la creación de empleo. Es fundamental consolidar la resiliencia de la región a fin de garantizar que toda actividad económica financiada con fondos extranjeros se ciñe a los valores, las normas y los estándares de la UE, en particular, en ámbitos clave como el Estado de Derecho, la contratación pública, el medio ambiente, la energía, las infraestructuras y la competencia. La actividad empresarial e inversora de China en los Balcanes Occidentales, que ha ido en aumento, puede, en principio, brindar nuevas oportunidades a la región; sin embargo, este tipo de inversiones suelen descuidar la parte relativa a la sostenibilidad socioeconómica y financiera y pasar por alto las normas de la UE en materia de contratación pública, de modo que pueden acabar dando lugar a un alto nivel de endeudamiento y a la transferencia del control sobre activos y recursos estratégicos. En vista de ello, los países socios deben aplicar íntegramente los Acuerdos de Asociación y Estabilización con la UE, tanto en el fondo como en la forma, y dar prioridad a las reformas relativas a los capítulos de negociación pertinentes del proceso de adhesión. La UE ha de orientar estas reformas con mayor firmeza y tener presentes las cuestiones mencionadas en futuros marcos de negociación. La UE contribuye a la mejora de la gobernanza económica en los Balcanes Occidentales y Turquía mediante el proceso anual del programa de reforma económica. Este proceso, que forma parte de la preparación para la adhesión a la UE, se ha convertido en el instrumento clave para formular y aplicar reformas macroeconómicas y estructurales destinadas a incrementar la competitividad e impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Contribuye a consolidar un crecimiento sostenible a largo plazo y la convergencia, facilita la formulación de políticas y favorece los progresos en pos del cumplimiento de los criterios económicos de adhesión. A fin de mejorar la aplicación de las reformas señaladas, es preciso trabajar en el refuerzo de la implicación. El desarrollo económico y el aumento de las oportunidades de empleo son fundamentales también para poner freno a los problemas demográficos de los Balcanes Occidentales, donde las elevadas tasas de emigración van acompañadas de bajas tasas de natalidad. Sin unas economías más fuertes y una gobernanza democrática en sentido amplio, estos fenómenos persistirán, con los consiguientes riesgos de desencanto generalizado, especialmente entre los jóvenes, y fuga de cerebros. g) Cooperación regional y relaciones de buena vecindad La política de ampliación de la UE debe seguir exportando estabilidad. Por tanto, la UE no solo no puede importar conflictos bilaterales, con la inestabilidad que ello conlleva, sino que tampoco lo hará. Antes de que un país se adhiera, es preciso hallar soluciones definitivas y vinculantes que contribuyan a la estabilidad regional y aplicarlas. El acuerdo histórico celebrado entre Macedonia del Norte y Grecia, con el que se ha puesto fin a una disputa relacionada con la denominación del país que duraba ya veintisiete años, constituye un ejemplo de reconciliación dentro y fuera de la región. Sin embargo, se necesitan con urgencia más esfuerzos firmes y convincentes en todos los Balcanes Occidentales. Las relaciones entre Pristina y Belgrado han empeorado, sobre todo tras la última de una serie de provocaciones por ambas partes: la decisión de Kosovo de imponer aranceles del 100 % a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina, contraviniendo el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio. Kosovo debe revocar esta decisión urgentemente, y ambas partes deben abstenerse de adoptar nuevas medidas que puedan considerarse una provocación. Es urgente avanzar en lo referente al diálogo facilitado por la UE hacia la plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, cuyo resultado debe ser la celebración y aplicación de un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante.

Lasrelaciones de buena vecindad y la cooperación regional son elementos esenciales de los procesos de estabilización y asociación y de ampliación. Con la Cumbre de Sofía se renovó el compromiso de consolidar las relaciones de buena vecindad, la estabilidad regional y la cooperación mutua. Han proseguido los contactos periódicos entre Gobiernos, así como el diálogo técnico y la cooperación a nivel bilateral y regional. No obstante, se necesitan más esfuerzos, en particular en los ámbitos más delicados. Debe intensificarse la cooperación regional especialmente en lo relativo a los crímenes de guerra, en particular, mediante iniciativas de reconciliación, como la creación de una comisión regional de esclarecimiento de la verdad. También es necesario seguir trabajando en la cuestión de las personas desaparecidas, ámbito para el cual la adopción del plan de acción marco regional representa un importante paso adelante. Deben evitarse las declaraciones o actuaciones que repercutan negativamente en las relaciones de buena vecindad. En la UE no hay lugar para discursos incendiarios ni para el enaltecimiento de los criminales de guerra, sean del bando que sean. Ha continuado la cooperación regional, un ámbito para el cual la Agenda de Conectividad de la UE ha desempeñado un papel importante, especialmente gracias a la adopción del Plan de Acción para el Espacio Económico Regional, el desarrollo de redes de transporte y energía, la Agenda Digital y la realización de proyectos de movilidad juvenil con el apoyo de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil. El programa Erasmus+ ha seguido promoviendo el diálogo intercultural en la educación superior y entre los jóvenes. El Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental y otras iniciativas regionales también han contribuido al fomento de la estabilización y la cooperación. Se han realizado ciertos progresos en la concreción sobre el terreno de proyectos de conectividad. No obstante, se necesitan esfuerzos adicionales considerables para cumplir las obligaciones pendientes de los acuerdos y compromisos regionales y hacer que se apliquen en la práctica, sin olvidar las medidas de reforma en materia de conectividad acordadas en 2015. Las prioridades en materia de conectividad y medio ambiente en la región requerirán especialmente fuertes sinergias con los Estados miembros vecinos, en particular, a través de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico. No debe haber ningún obstáculo para la participación plena e inclusiva de todos los socios de los Balcanes Occidentales en las iniciativas y los actos de cooperación regional. En general, la cooperación regional no puede imponerse desde el exterior, sino que debe ser impulsada de manera más activa por los países de la región, que ha de asumir plenamente los esfuerzos que contribuyen a la estabilidad, la reconciliación y el aumento de las oportunidades económicas. Partiendo de la declaración firmada en la reunión ministerial de febrero de 2019 sobre la transición a la energía limpia, hay un margen considerable para que los Balcanes Occidentales pongan en marcha una «agenda ecológica» para la región que aborde las cuestiones medioambientales, desde la eliminación de residuos y la contaminación atmosférica hasta problemas más amplios como el cambio climático. Esto no solo tendría beneficios directos en la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sino que, además, aumentaría el atractivo de la región de cara a las inversiones y el turismo, y permitiría aprovechar el enorme potencial económico del crecimiento ecológico y la economía circular. Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha en el marco de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas en relación con Chipre y seguir trabajando en una solución justa, global y viable, sin olvidar los aspectos externos. Será de capital importancia que Turquía mantenga su compromiso con las negociaciones dirigidas a alcanzar una solución justa, global y viable para la cuestión chipriota en el marco de las Naciones Unidas y que siga contribuyendo en términos concretos a dichas negociaciones. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar de manera íntegra el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre. La Comisión exhorta a Turquía a evitar todo tipo de amenaza, fuente de fricciones o actuación que perjudique las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de conflictos. La Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar los recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, sin olvidar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. h) Asistencia financiera de preadhesión en el próximo marco financiero plurianual La propuesta de la Comisión relativa al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) dentro del próximo marco financiero plurianual (2021-2027) prevé un sólido enfoque guiado por objetivos políticos, con un despliegue más estratégico y dinámico de la ayuda, que da preeminencia a los requisitos fundamentales para la adhesión en la estructura del instrumento. Al orientar de manera más específica la ayuda financiera de la UE hacia las prioridades clave, el IAP III ejercerá un efecto de palanca aún mayor en apoyo de las reformas y hará que los socios se acerquen más a los valores y estándares de la Unión. Se espera que el nuevo IAP III equilibre el rendimiento inherente, incentivando a los socios que progresen y, de una manera equilibrada, garantizando que todos los socios reciban un apoyo equitativo que les ayude en sus esfuerzos de reforma. Este año se celebra el 10.º aniversario del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO). Esta fructífera plataforma de cooperación y coordinación, liderada por la Comisión, reúne a instituciones financieras internacionales y nacionales, así como a donantes bilaterales y a los beneficiarios. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel decisivo en la preparación y financiación de importantes proyectos de infraestructura en los Balcanes Occidentales vinculados a la conectividad, aunque también en relación con el medio ambiente y el sector social. La UE ha aportado 925 millones EUR de los fondos de preadhesión, que, hasta el momento, han logrado movilizar 5 400 millones EUR en créditos firmados y, según las estimaciones, más de 18 000 millones EUR en inversiones. En consonancia con la Estrategia de los Balcanes Occidentales, el MIBO se seguirá ampliando desde los puntos de vista estratégico y financiero. III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proceso de adhesión a la UE sigue basándose en criterios ya fijados, condiciones equitativas y rigurosas, y el principio de méritos propios. La adhesión a la UE exige que se lleven a cabo complejas reformas en un contexto difícil, objetivo este que solo puede lograrse a largo plazo. A partir del análisis anterior y de las evaluaciones expuestas en los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes: I 1.Una política de ampliación creíble es una inversión geoestratégica en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico en el conjunto de Europa. Es también parte fundamental de la estrategia más amplia destinada a fortalecer la Unión de aquí a 2025. La UE y aquellos de sus socios que aspiran a la adhesión tienen ante sí oportunidades comunes, pero también comparten desafíos como la migración, la delincuencia organizada y el terrorismo. Preparar a los países interesados para que satisfagan todos los requisitos de adhesión es todavía una de las prioridades políticas clave de la UE. 2.Turquía sigue siendo un socio fundamental de la Unión Europa en varios ámbitos de interés común. La Estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales de febrero de 2018 supuso un nuevo impulso para la región y el refuerzo del compromiso por parte de la UE y sus Estados miembros. Sin embargo, no todos los países interesados están aprovechando de igual manera esta oportunidad histórica. Albania y Macedonia del Norte sí lo están haciendo y están llevando a cabo las reformas necesarias, especialmente en los ámbitos definidos unánimemente en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018. Montenegro y Serbia deben actuar con mayor determinación e intensificar sus esfuerzos en los ámbitos cruciales. Bosnia y Herzegovina se enfrenta a numerosos desafíos estructurales. El Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de este país ofrece un completo plan de actuación en materia de reformas que constituye un nuevo impulso para el país en su proceso de integración en la UE. Kosovo ha de volver a centrar sus políticas en seguir progresando en su trayectoria europea. 3.A fin de que el proceso avance, los candidatos a la adhesión tienen que asumir como prioridad la necesidad de acelerar el ritmo y obtener resultados reales y duraderos en relación con las cuestiones clave reflejadas en el principio de «primero lo fundamental»: Estado de Derecho, reforma del poder judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, seguridad, derechos fundamentales, funcionamiento de las instituciones democráticas, reforma de la Administración Pública, desarrollo económico y competitividad. Asimismo, es urgente que los Balcanes Occidentales avancen en lo referente a la reconciliación, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, siguiendo el ejemplo del acuerdo histórico celebrado entre Macedonia del Norte y Grecia. 4.Como se reafirmó el año pasado, la UE apoya desde hace tiempo la perspectiva de adhesión a la Unión del conjunto de la región de los Balcanes Occidentales. Ahora bien, tal y como se afirma en la Estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales, ninguno de los países cumple en la actualidad los criterios de adhesión. Llegar a ese punto exige años de intenso trabajo y resultados. Además, la propia Unión debe ser más fuerte y más sólida antes de poder ampliarse. Con todo, sigue siendo fundamental que haya una perspectiva firme y creíble para todos los países a fin de impulsar esa transformación, fomentar la reconciliación, exportar estabilidad a la región y promover los valores, las normas y los estándares de la UE. La UE ha de respetar sus compromisos y ofrecer una respuesta clara y positiva ante los resultados objetivos ya logrados por los países en relación con las condiciones establecidas. Se trata de una inversión estratégica, no solo en el futuro de la región, sino, ante todo, en el propio interés político y económico de la UE. 5.La UE continúa siendo el principal motor externo del crecimiento y la creación de empleo en los Balcanes Occidentales. Es imprescindible, para el éxito de la región, que toda actividad económica extranjera se ajuste plenamente a los valores, las normas y los estándares de la UE, especialmente en ámbitos como el Estado de Derecho, la competencia, la contratación pública, el medio ambiente, la energía y las infraestructuras. La creciente actividad empresarial e inversora de China en los Balcanes Occidentales puede, en principio, brindar nuevas oportunidades; sin embargo, estas inversiones a menudo descuidan la parte relativa a la sostenibilidad socioeconómica y financiera. Esto pone de manifiesto cuán importante es que los países socios apliquen íntegramente, tanto en el fondo como en la forma, los Acuerdos de Estabilización y Asociación con la UE en los ámbitos antes mencionados y den prioridad a las reformas pertinentes en el marco del proceso de adhesión. II

6.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos de interés común, desde la migración y la lucha contra el terrorismo hasta la energía, el transporte y el comercio. En las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de junio de 2018 se señaló unánimemente que, a la vista de las circunstancias imperantes, las negociaciones para la adhesión de Turquía habían llegado efectivamente a un punto muerto y no se podían examinar nuevos capítulos para su apertura o cierre. Los hechos que fundamentan esta valoración siguen siendo válidos. El compromiso reiterado del Gobierno turco con el objetivo de adhesión a la UE no ha ido acompañado de las medidas y reformas correspondientes, y siguen sin abordarse los aspectos que plantean serias preocupaciones a la UE ante la continua degradación del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el poder judicial. Tras levantarse el estado de excepción en julio de 2018, Turquía introdujo muchos de los elementos más represivos de este régimen en la legislación en vigor. El nuevo sistema presidencial ha eliminado gran parte de los contrapoderes institucionales que había antes. El resultado ha sido una mayor politización de la Administración Pública y del poder judicial. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de junio de 2018 y las elecciones municipales de marzo de 2019 se caracterizaron por el alto índice de participación. A pesar de ser evidente que no se daban las condiciones necesarias para que los candidatos compitieran en pie de igualdad, los votantes tuvieron la posibilidad real de elegir. El partido en el poder disfrutó de una ventaja notable, en parte debido a la cobertura excesiva por parte de los medios de comunicación públicos y privados afiliados al Gobierno. Tras las elecciones municipales, el Consejo Electoral Supremo declaró que cuatro alcaldes y concejales que habían resultado electos en el sudeste de Turquía no eran aptos para asumir el cargo, a pesar de que sus candidaturas habían sido validadas antes de las elecciones. También anuló las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul y programó unas nuevas elecciones para el 23 de junio. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política. Estas decisiones van en contra de la esencia misma de un proceso electoral democrático: garantizar que prevalece la voluntad de los ciudadanos. Se han observado graves retrocesos en los ámbitos de la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Es preciso que Turquía mejore la protección efectiva de los derechos fundamentales y que lleve a cabo una reforma integral y creíble del poder judicial que restablezca su independencia. También la economía turca ha seguido experimentando un grave retroceso, y ello suscita una gran preocupación por la viabilidad de la economía de mercado del país. Frente a las fuertes presiones que pesan sobre la moneda nacional, las autoridades turcas adoptaron una serie de medidas políticas que han influido negativamente en el funcionamiento de los mercados. En cambio, se han tomado medidas positivas para mejorar el entorno empresarial, pero la preocupación ante la situación del Estado de Derecho no ha hecho más que disuadir a los inversores. La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 sigue dando resultados, y ambas partes mantienen el compromiso de aplicarla. La tendencia a la baja de los cruces irregulares de Turquía a la UE desde la entrada en vigor de la Declaración se ha visto respaldada por la intensificación de los esfuerzos por parte de Turquía. Turquía ha mantenido sus excepcionales esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria y un apoyo ingentes a más de 3,6 millones de refugiados procedentes de Siria y aproximadamente 370 000 refugiados procedentes de otros países. Turquía y la UE han seguido desarrollando la fructífera cooperación creada en el marco del Mecanismo para los refugiados en Turquía. Para mayo de 2019, a partir de los 6 000 millones EUR movilizados por la UE, ya se habían puesto en marcha más de ochenta proyectos. Turquía ha acogido con satisfacción los renovados esfuerzos de las Naciones Unidas para consultar a las partes interesadas acerca de la posible reanudación de las negociaciones con respecto a Chipre. Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha en el marco de las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas con el fin de hallar una solución para Chipre y proseguir los preparativos para una solución global, justa y viable, sin olvidar los aspectos externos. En este sentido, será fundamental que Turquía mantenga su compromiso con las negociaciones y siga contribuyendo a ellas. Han aumentado las tensiones en la región relacionadas con las perspectivas de la exploración de hidrocarburos frente a las costas de Chipre debido a las medidas y declaraciones con las que Turquía cuestiona el derecho de la República de Chipre a explotar los recursos de hidrocarburos en su zona económica exclusiva. En mayo de 2019, las tensiones aumentaron nuevamente después de que Turquía enviara una plataforma de perforación escoltada por buques militares a la zona económica exclusiva de la República de Chipre. La Comisión recuerda la Declaración del Consejo Europeo de marzo de 2018 en la que se condenaban enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo. Asimismo, se recordaba la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las relaciones de buena vecindad, y se pedía al país que respetara los derechos soberanos de Chipre a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el Derecho internacional y de la UE. En marzo de 2019, la UE pidió a Turquía que no llevara a cabo ninguna actuación ilegal de este tipo, ante las cuales respondería adecuadamente y en plena solidaridad con Chipre. Urge que Turquía cumpla su obligación de garantizar la aplicación íntegra y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y elimine todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido progresos en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Ha proseguido la cooperación operativa en materia de migración con Grecia. No obstante, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental han socavado la estabilidad y la seguridad de la región. Se han producido violaciones reiteradas y crecientes de las aguas territoriales y los espacios aéreos de Grecia y Chipre por parte de Turquía. Han mejorado las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE, en particular, con Alemania, Austria y los Países Bajos. 7.Montenegro abrió dos nuevos capítulos de negociación en 2018, con los que ya suma un total de treinta y dos capítulos abiertos, si bien tres de ellos están provisionalmente cerrados. La prioridad global, y el próximo hito que se debe alcanzar, es el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales en materia de Estado de Derecho fijados en el marco de los capítulos 23 y 24. Tras más de cinco años de trabajo a este respecto, Montenegro ha avanzado significativamente en la reforma de su marco jurídico e institucional en este ámbito, y ya se aprecian los primeros resultados en la mayoría de los ámbitos. Una vez se cumplan los criterios de referencia provisionales, la UE, mediante la fijación de los criterios de referencia de cierre, tendrá la oportunidad de establecer claramente los requisitos en materia de Estado de Derecho que Montenegro deberá satisfacer para que se puedan cerrar los capítulos correspondientes. Ahora bien, Montenegro no podrá pasar a esa nueva etapa del proceso de adhesión hasta que no resuelva las carencias que aún presenta en los ámbitos críticos de la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos. Serán los avances relativos a los capítulos sobre el Estado de Derecho los que sigan marcando el ritmo general de las negociaciones de adhesión. El panorama político de Montenegro todavía está polarizado, y la oposición ha continuado en gran medida su boicot parlamentario desde las pasadas elecciones de otoño de 2016. Las acusaciones de corrupción y de financiación ilegal de partidos políticos a principios de 2019 desencadenaron manifestaciones pacíficas por parte de los ciudadanos. Llevar el debate político de nuevo al Parlamento es responsabilidad de todos los partidos. Aún está pendiente que la comisión temporal multipartidista sobre nuevas reformas de la legislación electoral y de otro tipo dé resultados a través del diálogo entre los partidos. Se ha avanzado mucho en la planificación de políticas, la contratación basada en los méritos y la racionalización de la organización de la Administración del Estado, pero la despolitización de la función pública sigue constituyendo un reto particular, especialmente a nivel local. El país ha fortalecido su marco jurídico en materia de migración y asilo. La economía de Montenegro ha ido creciendo a un ritmo sólido, pero la deuda pública alcanzó un nuevo récord. El desarrollo del sector privado sigue estando limitado por las deficiencias en el entorno empresarial y en el poder judicial, así como por la gran prevalencia de la economía informal, lo que refleja la escasa capacidad de ejecución que tienen las instituciones estatales clave responsables de velar por el respeto del Estado de Derecho y la competencia en el mercado. 8.Durante el período de referencia, Serbia ha iniciado las negociaciones relativas a cuatro nuevos capítulos, con los que ya suma un total de dieciséis capítulos abiertos, si bien dos de ellos están provisionalmente cerrados. Los progresos en lo referente al Estado de Derecho y la normalización de las relaciones con Kosovo son esenciales y seguirán determinando el ritmo global de las negociaciones de adhesión. Si desea mantener el equilibrio general de sus negociaciones de adhesión a la UE, Serbia debe acelerar significativamente el ritmo de las reformas relacionadas con el Estado de Derecho, en particular, por lo que se refiere a la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación, el tratamiento nacional de los crímenes de guerra y la lucha contra la delincuencia organizada. Serbia presenta un panorama político cada vez más polarizado y con menor cabida para las opiniones políticas divergentes. Urge crear un entorno más propicio para que se dé un auténtico debate entre los diferentes partidos que permita forjar un amplio consenso proeuropeo, que es vital para que el país progrese en su trayectoria europea. Varios partidos de la oposición empezaron a boicotear el Parlamento en marzo de 2019. Las prácticas parlamentarias de la coalición en el poder han provocado el deterioro del debate y el control legislativos y han minado la supervisión del poder ejecutivo por parte del Parlamento. En diciembre de 2018, en respuesta a la agresión sufrida por el dirigente de un partido de la oposición, empezaron a organizarse manifestaciones semanales contra el Gobierno en Belgrado. Si bien no se ha registrado ningún avance general en materia de libertad de expresión, se ha preparado una nueva estrategia para los medios de comunicación de forma transparente e integradora. Ahora, es preciso que la estrategia se adopte y aplique con carácter urgente, dados los graves problemas en este ámbito. Se han hecho algunos progresos en el ámbito de la prestación de servicios a los ciudadanos, pero se requieren más esfuerzos dirigidos a la profesionalización y la despolitización de la Administración Pública. La capacidad de Serbia para atraer y retener a personal cualificado en las Administraciones que se ocupan de las cuestiones de la UE es crucial. El proceso de reforma constitucional en curso, basado en el proyecto de octubre de 2018 propuesto por el Gobierno, tiene por objeto, en particular, reforzar las salvaguardias para la independencia judicial en consonancia con las normas europeas. Las reformas económicas han seguido dando resultados, sobre todo en cuanto a la estabilización macroeconómica. La presión sobre los precios se ha mantenido moderada, y los resultados del mercado de trabajo han mejorado. Sin embargo, las grandes reformas estructurales de la Administración Pública, la Administración tributaria y las empresas de propiedad estatal han avanzado lentamente. El sector privado aún padece deficiencias en el Estado de Derecho y en el respeto de una competencia leal. Serbia ha seguido contribuyendo significativamente a la gestión de los flujos migratorios mixtos hacia la UE. En lo que respecta al diálogo con Pristina facilitado por la UE, en líneas generales, Serbia ha mantenido su compromiso, a pesar de la introducción de los aranceles por parte de Kosovo. Serbia debe esforzarse con más ahínco y contribuir, especialmente a través de sus relaciones internacionales, a la creación de un entorno propicio para la celebración de un acuerdo integral y jurídicamente vinculante con Kosovo. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Serbia y Kosovo puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE. 9.Macedonia del Norte ha dado grandes pasos hacia su objetivo estratégico de integración en la UE y la OTAN. El país ha demostrado su determinación de llevar adelante el programa de reformas de la UE y ha ido obteniendo resultados tangibles de forma continuada, en particular, respecto de las condiciones señaladas en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018 para la apertura de las negociaciones de adhesión. A lo largo del período de referencia, el Gobierno —y también gradualmente la oposición— ha dejado patente de manera sistemática su voluntad política de avanzar, y se ha observado un cambio de mentalidad positivo, a pesar de los desafíos políticos. La sostenibilidad de estas reformas estructurales es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso continuo. Los cambios legislativos pertinentes en estos ámbitos se han llevado a cabo principalmente de manera inclusiva y transparente, contando con la participación de la oposición, la sociedad civil y los socios internacionales. Ya se han logrado los primeros resultados concretos en cuanto al refuerzo de la independencia del poder judicial y la constitución de un historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción y delincuencia organizada, especialmente en casos de alto nivel. Deben continuar estos esfuerzos sin pausa y de manera transparente a fin de garantizar que el poder judicial funcione con profesionalidad e imparcialidad. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha dado pasos importantes para luchar contra la corrupción de forma proactiva, contando con la participación de funcionarios de alto nivel de todo el espectro político. Se han establecido salvaguardias en el ámbito de los servicios de inteligencia y seguridad, en cooperación con la OTAN y los socios estratégicos, a fin de prevenir que se repitan los graves problemas del pasado. Se han hecho esfuerzos para mejorar la profesionalización de la Administración Pública, y la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha tomado medidas en los casos de supuestos nombramientos politizados. En general, se ha restablecido el sistema de contrapoderes institucionales, lo que ha contribuido a consolidar la democracia y el Estado de Derecho en el país. Las elecciones presidenciales celebradas el 21 de abril y el 5 de mayo de 2019 se desarrollaron de forma tranquila, pacífica y transparente. El acuerdo histórico alcanzado con Grecia ha puesto fin a una antigua disputa y constituye un ejemplo de reconciliación para la región y el conjunto de Europa. La Comisión confía en que se siga aplicando el Tratado de Amistad con Bulgaria. Tras años de estancamiento, el crecimiento económico se ha reanudado con un 2,7 % en 2018, y el desempleo ha ido en descenso, aunque aún es elevado. El Gobierno ha adoptado reformas en materia de impuestos sobre la renta y pensiones y ha tomado nuevas medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y lograr una mayor transparencia. Sin embargo, la falta de personal cualificado, los desafíos estructurales en el entorno empresarial y el déficit de inversión en infraestructuras obstaculizan la competitividad y la integración de las empresas nacionales en las cadenas de valor mundiales. En vista de los notables progresos realizados y del cumplimiento de las condiciones fijadas unánimemente por el Consejo en junio de 2018, la Comisión recomienda que el Consejo inicie las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte. A fin de respaldar el continuo impulso de reforma, la Comisión propone aplicar al país un enfoque reforzado para los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad. 10.Albania ha seguido progresando adecuadamente y ha demostrado que mantiene su determinación de llevar adelante el programa de reformas de la UE. El país ha ido obteniendo resultados tangibles de forma continuada, especialmente respecto de las condiciones fijadas en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018 para el inicio de las negociaciones de adhesión, en medio de un clima político constantemente polarizado. Los partidos de la oposición, la mayoría de los cuales renunció a su mandato parlamentario en febrero de 2019, deben reanudar de forma constructiva las relaciones con las instituciones democráticas y comprometerse con un amplio consenso europeo. Se ha proseguido la reforma del poder judicial de forma constante, lo que ha dado lugar a un buen avance general y a que se sienten las bases para reforzar sustancialmente el sector y consolidar la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad y la rendición de cuentas. Se han logrado resultados concretos en el proceso de reevaluación de todos los jueces y fiscales (investigación de expedientes). También ha continuado la reestructuración institucional del poder judicial. Se han creado nuevos organismos para el autogobierno independiente del poder judicial que han dado lugar a la posterior formación de instituciones judiciales y de investigación especializadas para la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Se ha seguido luchando con determinación contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluida la lucha contra el cultivo y el tráfico de drogas, lo que ha contribuido a lograr una trayectoria sólida de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas. En los últimos años, Albania ha demostrado su firme compromiso de luchar contra la producción y el tráfico de cannabis. La cooperación policial internacional, especialmente con los Estados miembros de la UE, también se ha intensificado, y gracias a ello se han llevado a cabo con éxito varias operaciones policiales a gran escala y han tenido lugar detenciones y enjuiciamientos de dirigentes de redes delictivas organizadas. Lograr una trayectoria sólida de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas en la lucha contra la corrupción a todos los niveles, así como en la lucha contra la delincuencia organizada, sigue siendo un reto a largo plazo que exige de Albania nuevos esfuerzos intensos y constantes, y, en particular, su cooperación operativa con los Estados miembros de la UE. Además, ha proseguido la reforma de la Administración Pública, con los objetivos generales de incrementar la profesionalidad y la transparencia en los procedimientos de selección de la función pública, así como de reforzar la formulación de políticas mediante la consolidación de las estructuras de coordinación sectorial y el establecimiento del marco normativo para las evaluaciones de impacto. Se ha seguido adelante con la adopción de medidas destinadas a reforzar la protección efectiva de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías y de los gitanos, y las políticas contra la discriminación. El crecimiento económico ha ido en aumento, del 3,8 % en 2017 al 4,2 % en 2018, y tanto el desempleo como el déficit presupuestario han disminuido, aunque todavía son elevados. La falta de conocimientos productivos, el bajo nivel educativo y las transferencias de tecnología dificultan su competitividad e integración en las cadenas de valor internacionales. En vista de los notables progresos realizados y del cumplimiento de las condiciones fijadas unánimemente por el Consejo en junio de 2018, la Comisión recomienda que el Consejo inicie las negociaciones de adhesión con Albania. A fin de respaldar el continuo impulso de reforma, la Comisión propone aplicar al país un enfoque reforzado para los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad. Albania debe seguir trabajando en forjar una trayectoria sólida en la lucha contra la corrupción a todos los niveles y la lucha contra la delincuencia organizada. Asimismo, a fin de mantener y consolidar los progresos realizados por el país, se requiere un consenso nacional más fuerte en relación con la prioridad absoluta de la integración en la UE que permita superar la actual polarización y muestre que hay una voluntad política que prevalece sobre las diferencias entre partidos.

11.En Kosovo, la situación política general se ha revelado difícil. Los progresos realizados respecto de determinadas reformas clave relacionadas con la UE se han visto eclipsados por la decisión del Gobierno de imponer un arancel del 100 % a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina, contrariamente al ACELC y al espíritu del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Kosovo debe retirar esta medida urgentemente y centrar su atención en adelantar la aplicación del AEA, para lo que se requiere un sólido consenso entre los partidos. Además, Kosovo ha de aplicar de manera efectiva la legislación recientemente adoptada en los ámbitos del Estado de Derecho y la Administración Pública, así como llevar a término la aplicación del Programa Europeo de Reforma. Se requieren una actuación más firme para evitar injerencias políticas en la selección de altos funcionarios y una mayor coordinación de los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. El nombramiento de personas condenadas por crímenes de guerra o por corrupción o delincuencia organizada para ocupar puestos oficiales va en contra de los valores europeos. Se debe luchar con determinación contra los altos niveles de corrupción y delincuencia organizada, especialmente en el norte de Kosovo. Ha habido ciertos progresos en lo referente a la economía, que ha experimentado un crecimiento continuado y algunas mejoras en el entorno empresarial. No obstante, deben adoptarse medidas para aumentar los niveles de actividad y de empleo, garantizar que el presupuesto se ajuste a las normas presupuestarias vigentes y hacer frente a la economía informal. En julio de 2018, la Comisión confirmó que Kosovo había cumplido todos criterios aprobados por el Consejo para la liberalización del régimen de visados. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo apoyó, en primera lectura, la propuesta de la Comisión de liberalizar el régimen de visados. Ahora, la propuesta está pendiente de adopción en el Consejo y debe tratarse con carácter urgente. Kosovo ha de seguir esforzándose en respetar todos los criterios, especialmente en los ámbitos del Estado de Derecho y la migración. En general, Kosovo ha mantenido su compromiso en relación con el diálogo con Belgrado facilitado por la UE. Kosovo debe esforzarse con más ahínco y contribuir a la creación de un entorno propicio para la celebración de un acuerdo integral y jurídicamente vinculante con Serbia. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE. El Gobierno de Kosovo ha de retirar los aranceles a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina. IV. ANEXOS 1.Conclusión y recomendación del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina 2.Resúmenes de las conclusiones de los informes 3.Aplicación de la Estrategia de los Balcanes Occidentales y del Programa de Prioridades de Sofía: Refuerzo del compromiso de la UE 4.Anexo estadístico ANEXO 1: Conclusión y recomendación del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina aún no ha alcanzado un grado suficiente de cumplimiento de los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 en relación con la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías. En este sentido, el país debe hacer un esfuerzo considerable para cumplir de modo suficiente dichos criterios mediante el refuerzo de sus instituciones con el objetivo de garantizar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías. Bosnia y Herzegovina ha de adaptar su marco constitucional a las normas europeas y asegurarse de que sus instituciones funcionan debidamente y pueden asumir las obligaciones derivadas de la UE. Si bien una estructura estatal descentralizada es compatible con la pertenencia a la UE, Bosnia y Herzegovina tendrá que reformar sus instituciones a fin de poder participar de manera efectiva en la toma de decisiones en la UE y ser capaz de aplicar y hacer cumplir íntegramente el acervo. Bosnia y Herzegovina debe mejorar su marco electoral y el funcionamiento del poder judicial. Asimismo, ha de reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular, el blanqueo de capitales y el terrorismo, y garantizar el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión de fronteras, migración y asilo. El país tiene que intensificar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en particular, velando por que haya un entorno favorable para la sociedad civil y la reconciliación, así como la protección e inclusión de los grupos vulnerables. También debe tomar medidas esenciales para la reforma de la Administración Pública. En lo referente a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha alcanzado un cierto grado de estabilidad macroeconómica. No obstante, para pasar a convertirse en una economía de mercado viable, que es un criterio establecido por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, Bosnia y Herzegovina ha de esforzarse especialmente en acelerar sus procedimientos de toma de decisiones y mejorar tanto el entorno empresarial como la eficiencia y la transparencia del sector público y, en particular, de las empresas públicas. El país debe hacer frente a los obstáculos que impiden el correcto funcionamiento de los mecanismos de mercado, como un Estado de Derecho débil, la considerable carga burocrática, la corrupción, unos procedimientos administrativos largos y excesivamente complejos, y la gran fragmentación del mercado interior del país. Para ser capaz a medio plazo de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión, Bosnia y Herzegovina debe prestar especial atención a la baja calidad de la educación y su falta de adecuación con respecto a las necesidades del mercado laboral, los problemas relativos a la calidad del capital físico (por ejemplo, el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de transporte y energía) y la lenta adaptación de la estructura económica del país. Es preciso que Bosnia y Herzegovina mejore su trayectoria en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Estabilización y Asociación, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de la dimensión parlamentaria del Acuerdo y la aprobación de un plan nacional para la adopción del acervo de la UE. En general, Bosnia y Herzegovina aún tiene camino que recorrer en lo que respecta a su nivel de preparación para asumir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE, de modo que debe acelerar significativamente el proceso de armonización con el acervo de la UE y, además, aplicar y velar por que se cumpla la legislación correspondiente. Ha de prestar especial atención a los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la agricultura y el desarrollo rural, la pesca, la política de transporte, la energía, la política económica y monetaria, las estadísticas, la política social y el empleo, la política empresarial e industrial, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, la educación y la cultura, la protección de los consumidores y la salud, y el control financiero. La adhesión de Bosnia y Herzegovina tendría, en general, una escasa repercusión en las políticas de la Unión Europea y no afectaría a la capacidad de la Unión para mantener e intensificar su propio desarrollo. Al mismo tiempo, las cuestiones de funcionalidad detectadas en Bosnia y Herzegovina, especialmente las relacionadas con el proceso interno de toma de decisiones, así como la incertidumbre y los solapamientos entre los distintos niveles de gobierno del país con respecto a una serie de competencias, podrían afectar negativamente al proceso de toma de decisiones a nivel de la UE, en particular, cuando se trate de cuestiones que requieran la unanimidad de los Estados miembros de la UE. Por tanto, Bosnia y Herzegovina debe iniciar un proceso para resolver esas cuestiones de funcionalidad y así cumplir los requisitos de la UE en materia de adhesión y poder asumir las obligaciones conexas. La Comisión considera que las negociaciones con Bosnia y Herzegovina para su adhesión a la Unión Europea no deben iniciarse hasta que el país no haya alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión y, en particular, de los criterios políticos de Copenhague, que exigen la estabilidad de las instituciones que garantizan especialmente la democracia y el Estado de Derecho. Bosnia y Herzegovina tendrá que mejorar fundamentalmente su marco legislativo e institucional a fin de garantizar que cumple las siguientes prioridades clave: Democracia / Funcionalidad 1.Garantizar que las elecciones se llevan a cabo en consonancia con las normas europeas aplicando las recomendaciones pertinentes de la Comisión de Venecia y de la OSCE/OIDDH, velando por la transparencia de la financiación de los partidos políticos y celebrando elecciones municipales en Mostar.

2.Garantizar el funcionamiento a todos los niveles del mecanismo de coordinación sobre asuntos de la UE, en particular, mediante el desarrollo y la adopción de un programa nacional para la adopción del acervo de la UE. 3.Garantizar el buen funcionamiento de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación. 4.Mejorar sustancialmente el marco institucional, en particular, en el plano constitucional, a fin de: a)garantizar la seguridad jurídica en relación con el reparto de competencias en los diferentes niveles de gobierno; b)introducir una cláusula de sustitución que permita al Estado, en el momento de la adhesión, ejercer temporalmente las competencias de otros niveles de gobierno con miras a prevenir y subsanar infracciones del Derecho de la UE; c)garantizar la independencia del poder judicial, incluida su institución de autogobierno, el Alto Consejo Judicial y Fiscal; d)reformar el Tribunal Constitucional, sin olvidar la cuestión de los jueces internacionales, y velar por la ejecución de sus decisiones; e)garantizar la seguridad jurídica, en particular, mediante la creación de un órgano judicial encargado de velar por la interpretación coherente del Derecho en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina; f)garantizar la igualdad y la no discriminación de los ciudadanos, especialmente mediante el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del TEDH en el asunto Sejdić-Finci; g)velar por que todos los órganos administrativos encargados de aplicar el acervo se basen únicamente en la profesionalidad y suprimir los derechos de veto en su toma de decisiones, de conformidad con el acervo. 5.Tomar medidas concretas destinadas a promover un entorno propicio para la reconciliación y, de este modo, superar la herencia del pasado bélico. Estado de Derecho 6.Mejorar el funcionamiento del poder judicial a través de la adopción de nuevos instrumentos legislativos sobre el Alto Consejo Judicial y Fiscal y los órganos jurisdiccionales de Bosnia y Herzegovina, en sintonía con las normas europeas. 7.Reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular, el blanqueo de capitales y el terrorismo, especialmente mediante lo siguiente: a)adoptar y aplicar legislación en materia de conflicto de intereses y protección de denunciantes de irregularidades; b)velar por el funcionamiento y la coordinación eficaces de los organismos anticorrupción; c)armonizar la legislación y reforzar las capacidades en materia de contratación pública; d)garantizar una cooperación eficaz entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y con las fiscalías; e)mostrar progresos en lo referente a asentar una base de investigaciones proactivas, autos de acusación confirmados, enjuiciamientos y condenas firmes contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluido al nivel más alto;

f)despolitizar y reestructurar las empresas públicas, y garantizar la transparencia de los procesos de privatización. 8.Garantizar una coordinación efectiva, a todos los niveles, de la capacidad de gestión de fronteras y de gestión de la migración, así como velar por que funcione el sistema de asilo. Derechos fundamentales 9.Consolidar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente garantizando la aplicación de la legislación en materia de no discriminación y de igualdad de género. 10.Garantizar el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, especialmente mediante a) la abolición de la referencia a la pena de muerte en la Constitución de la Republika Srpska y b) el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura y los malos tratos. 11.Asegurar la existencia de un entorno propicio para la sociedad civil, especialmente mediante el respeto de las normas europeas sobre la libertad de asociación y la libertad de reunión. 12.Garantizar la libertad de expresión y de los medios de comunicación, así como la protección de los periodistas, especialmente a) asegurando que se dé un seguimiento judicial adecuado a los casos de amenazas y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y b) garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de radiodifusión. 13.Mejorar la protección y la inclusión de los grupos vulnerables, en particular, las personas con discapacidad, los menores, las personas LGBTI, los miembros de la comunidad gitana, los detenidos, los migrantes y los solicitantes de asilo, así como las personas desplazadas y los refugiados, en consonancia con el objetivo de cierre del anexo VII del Acuerdo de paz de Dayton. Reforma de la Administración Pública 14.Completar los pasos esenciales de la reforma de la Administración Pública para mejorar su funcionamiento global garantizando una función pública profesional y despolitizada y un enfoque coordinado a escala nacional para la formulación de políticas. La Comisión anima a Bosnia y Herzegovina, en todos los niveles de gobierno, a acordar y poner en marcha medidas de reforma socioeconómica, en sintonía con las directrices políticas del PRE. Asimismo, la Comisión anima a Bosnia y Herzegovina a seguir participando en la cooperación regional y a reforzar las relaciones bilaterales con los países vecinos, en particular, celebrando acuerdos fronterizos y esforzándose en lograr una reconciliación duradera en los Balcanes Occidentales. La Comisión recomienda al Consejo que debata el presente Dictamen y el seguimiento de las prioridades clave mencionadas tras la formación de los Gobiernos en Bosnia y Herzegovina. La Comisión supervisará los avances de Bosnia y Herzegovina en el marco institucional del Acuerdo de Estabilización y Asociación y seguirá apoyando financieramente al país a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión. La Comisión presentará un informe sobre Bosnia y Herzegovina, como parte del paquete de ampliación de 2020, en el que se analizará la realización de las prioridades clave antes expuestas de cara a los próximos pasos que deberá dar el país para avanzar en su senda hacia la adhesión a la UE. ANEXO 2: Resúmenes de las conclusiones de los informes

Turquía El estado de excepción, declarado el 15 de julio de 2016 tras el intento de golpe de Estado, finalizó el 18 de julio de 2018, cuando expiró su última prórroga, pero de inmediato le siguió la adopción por el Parlamento turco de una ley que mantenía durante tres años más muchos de los elementos de la normativa de excepción. Esta ley limita determinadas libertades fundamentales y permite, en particular, destituir a funcionarios públicos (incluidos jueces), prolongar las detenciones y restringir la libertad de circulación y la libertad de reunión; además, amplía las competencias de los gobernadores provinciales designados por el Gobierno. La UE, que condenó de forma inmediata y firme el intento de golpe de Estado, reiteró su pleno apoyo a las instituciones democráticas del país y reconoció la necesidad legítima de Turquía de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante una amenaza de tal gravedad. No obstante, el amplio alcance y la naturaleza colectiva de las medidas adoptadas desde el intento de golpe de Estado en el marco del estado de excepción, tales como destituciones, detenciones y arrestos generalizados, siguen siendo motivo de serias preocupaciones. Durante el estado de excepción, se dictaron 36 decretos que restringían algunos derechos civiles y políticos, así como los derechos de defensa, ampliaban las competencias de la policía y las de los fiscales para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos, y preveían la destitución de más de 152 000 funcionarios, incluidos profesores universitarios y de otros niveles educativos y cargos públicos. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que no es competente para revisar la legalidad de los decretos dictados en virtud de las competencias legislativas atribuidas durante el estado de excepción; el Parlamento ha revisado 32 de ellos. En mayo de 2017, las autoridades turcas crearon una Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción a la que se encomendó el examen individual de todas las denuncias. En mayo de 2019, se habían presentado 126 600 solicitudes. De estas, la Comisión de investigación ha revisado 70 406, y solo 5 250 han dado lugar a la reincorporación, mientras que 65 156 denuncias han sido desestimadas. 55 714 solicitudes están pendientes de resolución. El ritmo de tramitación de las solicitudes plantea dudas en cuanto a si cada caso se está examinando de forma individual. Dado que no se celebran audiencias, los solicitantes carecen en general de garantías procesales, y las decisiones se toman sobre la base de los expedientes escritos relacionados con la destitución original, todo lo cual pone en tela de juicio el grado en que la Comisión de investigación constituye un medio de tutela judicial efectiva. Con la conclusión del estado de excepción, Turquía ha puesto fin a las excepciones al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, el procedimiento de control completo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reabrió en abril de 2017 sigue su curso. Al margen de la Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción, la capacidad de Turquía para garantizar internamente una tutela judicial efectiva como la entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha visto nuevamente socavada. Varias sentencias judiciales favorables a demandados insignes, incluidos destacados defensores de los derechos humanos, fueron revocadas rápidamente por otro órgano jurisdiccional o incluso por el mismo, en algunos casos a raíz de los comentarios del poder ejecutivo. Muchos defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil, medios de comunicación, profesores universitarios, políticos, médicos, abogados, jueces y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) siguen detenidos, a veces sin una acusación, y se enfrentan a campañas de difamación por parte de los medios de comunicación y los políticos de alto nivel. El margen de maniobra de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales es cada vez menor, como pone especialmente de relieve la introducción de nuevos obstáculos administrativos. En el caso de las organizaciones de defensa de los derechos clausuradas durante el estado de excepción, no se les ha ofrecido ninguna vía de reparación en relación con los decomisos. Desde octubre de 2018, tras la modificación del Reglamento interno del Parlamento, las organizaciones de la sociedad civil quedan excluidas del proceso de consulta legislativa en las comisiones parlamentarias. No existen mecanismos inclusivos para consultar a la sociedad de la manera más amplia posible. Turquía aún no ha abordado las principales recomendaciones del Consejo de Europa y sus organismos. Las acusaciones de irregularidades deben esclarecerse mediante procedimientos transparentes e individualmente. La responsabilidad penal individual solo puede determinarse dentro del pleno respeto de la separación de poderes, la plena independencia del poder judicial y el derecho de toda persona a un juicio justo. El nuevo sistema presidencial ha centralizado el poder en manos del ejecutivo y ha reducido considerablemente las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento. Desde julio de 2018, el Parlamento ha adoptado 17 instrumentos legislativos, entre los que se incluyen unas controvertidas modificaciones de su Reglamento interno. Los ministros ya no comparecen ante los diputados, que solo pueden formular preguntas escritas. La creciente polarización política, especialmente en el período previo a las elecciones municipales de marzo de 2019, sigue impidiendo un diálogo parlamentario constructivo. Continúa la marginación de la oposición, en particular, del Partido Democrático Popular (HDP), y muchos de sus diputados están detenidos. Tampoco se han abordado las deficiencias del sistema de inmunidad parlamentaria heredadas del pasado. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de junio de 2018 y las elecciones municipales de marzo de 2019 se caracterizaron por el alto índice de participación. Los votantes han tenido la opción real de elegir a un candidato, a pesar de no darse las condiciones para que los candidatos compitieran en igualdad de condiciones. El partido en el poder ha gozado de una ventaja notable que se ha visto reflejada en la excesiva cobertura por parte de los medios de comunicación públicos y privados afiliados al Gobierno. Tras las elecciones municipales, el Consejo Electoral Supremo declaró que cuatro alcaldes y concejales que habían resultado electos en el sudeste de Turquía no eran aptos para asumir el cargo, a pesar de que sus candidaturas habían sido validadas antes de las elecciones. También anuló las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul y programó unas nuevas elecciones para el 23 de junio. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política. Van en contra del objetivo fundamental de un proceso electoral democrático: garantizar que prevalezca la voluntad de los ciudadanos. Los partidos de la oposición criticaron duramente la decisión de anular y volver a convocar las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul. La plena entrada en vigor del sistema presidencial ha remodelado la Administración estatal y ejecutiva. El sistema presidencial, y, en particular, la abolición del cargo de primer ministro y de otros cargos como los subsecretarios de los Ministerios, ha provocado una mayor politización de la Administración Pública. El presidente tiene ahora el poder de nombrar a los directores de la gran mayoría de las autoridades públicas reguladoras. Antes de las elecciones municipales de marzo de 2019, las continuas detenciones y destituciones de políticos locales, el nombramiento de administradores y el carácter arbitrario de estos nombramientos habían privado a los votantes de su representación política a nivel local y puesto en grave riesgo la democracia local. El Gobierno ha reformado el marco jurídico que rige las relaciones entre civiles y militares y aumentado de forma significativa las competencias del ejecutivo sobre el Ejército, con lo que se ha reforzado la supervisión civil. Como parte de la reforma constitucional, se han suprimido de manera efectiva los altos tribunales militares, pero la rendición de cuentas ante el Parlamento por parte del Ejército y los servicios de inteligencia sigue siendo insuficiente, y el personal de seguridad aún goza de una amplia protección jurídica. La comisión parlamentaria de supervisión del cumplimiento de la ley sigue siendo ineficaz. Aún no se ha mejorado el marco jurídico para la supervisión del gasto militar. La situación en el sudeste sigue siendo difícil, a pesar de la mejora de la seguridad en sentido general. El Gobierno ha proseguido las operaciones de seguridad ante los actos violentos recurrentes por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que todavía figura en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas. Si bien es una potestad legítima del Gobierno luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. Si bien ha habido cierta reconstrucción, solo unos pocos desplazados internos han recibido indemnizaciones. No ha habido ningún progreso visible en cuanto a la reanudación de un proceso político creíble para alcanzar una solución pacífica y duradera. Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de la reforma de la Administración Pública, y se han producido graves retrocesos en la gestión de la función pública y los recursos humanos que también han afectado a la evolución de las políticas y la rendición de cuentas. Los cambios en el sistema de la función pública no han hecho más que aumentar la politización de la Administración. Los nombramientos basados en el mérito y la competitividad para altos cargos de dirección siguen siendo la excepción. Las graves deficiencias procesales ponen en tela de juicio la efectividad de la Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción como vía de reparación para los funcionarios públicos destituidos. El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. El grave retroceso ha ido a más, y las recomendaciones de los informes anteriores no se han aceptado ni se han aplicado. La presión política sobre jueces y fiscales y el traslado de un gran número de ellos en contra de su voluntad continúan, todo lo cual sigue afectando de forma negativa a la independencia y a la calidad y la eficiencia generales del poder judicial. Los nombramientos a gran escala de nuevos jueces y fiscales en el marco del sistema actual generan preocupación, ya que no se han adoptado medidas para hacer frente a la falta de criterios objetivos, basados en los méritos, uniformes y preestablecidos para la selección y los ascensos. La Academia de Justicia de Turquía, cerrada durante el estado de excepción, ha sido reabierta por decreto presidencial. La destitución de jueces y fiscales y su traslado forzoso aún producen un notable efecto intimidatorio que puede acabar dando lugar a una autocensura generalizada. No se han adoptado medidas para restablecer las garantías jurídicas destinadas a asegurar la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo o a consolidar la independencia del Consejo de Jueces y Fiscales (CJF). En agosto de 2018 se anunció una estrategia de reforma judicial para el período 2019-2023, pero aún no ha sido adoptada. Turquía consultó al Consejo de Europa y a la Comisión acerca del proyecto de estrategia. El país se encuentra en una fase inicial por lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Se ha producido un retroceso, ya que los organismos de carácter preventivo desmantelados no han sido sustituidos por un organismo independiente, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la que Turquía es parte. Tanto el marco jurídico como el marco institucional siguen permitiendo una influencia indebida por parte del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de mayor repercusión. Las modificaciones legislativas previstas en anteriores estrategias de lucha contra la corrupción no se han aplicado. La legislación sobre contratación pública aún es incompatible con el acervo de la UE, y el alcance de las excepciones a las normas de la UE se ha ampliado. La ausencia de una estrategia y un plan de acción sólidos para la lucha contra la corrupción refleja la falta de voluntad política para combatir con decisión este fenómeno. No existe ningún organismo permanente y funcionalmente independiente de lucha contra la corrupción, ni ningún servicio especializado de la Fiscalía que dirija las investigaciones en este ámbito, y solo hay unos pocos órganos jurisdiccionales especializados. En general, la corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación.

Turquía tiene cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, pero los progresos son, en general, míni