Dictamen sobre la Asociación Euromediterránea

(95/C 301/13)

El 21 de diciembre de 1994, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre la« Asociación Euromediterránea ».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de julio de 1995 (Ponente : Sr. Meriano).

En su 328° Pleno (sesión del 14 de septiembre de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría y una abstención el siguiente dictamen.

SÍNTESIS

Introducción, motivaciones y aspectos principales de la propuesta

0.1. El dictamen de iniciativa del Comité, basado en los tres documentos preparatorios elaborados hasta ahora por la Comisión, acoge favorablemente el planteamiento general del proyecto, siempre que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta las observaciones que se formulan a continuación y las recojan en las correspondientes decisiones. El Comité valora en primer lugar el vínculo entre aspectos económicos y políticos, desarrollo y seguridad, y el recurso generalizado a instrumentos multilaterales, características que considera responden esencialmente a las orientaciones ya señaladas en sus anteriores tomas de posición sobre la política mediterránea de la Comunidad; el proyecto representa, en su opinión, un salto cualitativo de gran relevancia, no sólo en términos financieros sino globalmente, en la medida en que ofrece una perspectiva que, aunque esté destinada a realizarse plenamente a lo largo de una generación, puede tener efectos inmediatos.

0.2. Al tiempo que destaca que la naturaleza global del informe de asociación queda confirmada al haber previsto su articulación en diálogo político, desarrollo económico y social duradero y equilibrado y mejor comprensión entre las culturas, con un fortalecimiento de la dimensión humana de los intercambios, el Comité, sin ocultar la dificultad de tal enfoque, está totalmente de acuerdo con el principio del mismo, considerando que es el único adecuado habida cuenta de la gravedad y complejidad de los problemas de esta zona.

0.3. Además, el Comité está de acuerdo en general con la estructura institucional del proyecto y reconoce la necesidad de alcanzar un acuerdo marco global que incremente las posibilidades de la cooperación regional entre los países de la cuenca mediterránea, creando una zona de prosperidad compartida y evitando los riesgos que podría acarrear para el desarrollo equilibrado de los países mediterráneos el regreso al simple bilateralismo, en detrimento asimismo de su apertura recíproca.

La dimensión política

0.4. En este sentido, el Comité destaca que la dimensión propiamente política de la asociación presupone la salvaguardia de la identidad cultural de las sociedades interesadas, excluyendo cualquier hipótesis de exportación de modelos institucionales y de comportamiento rígidamente preconcebidos y favoreciendo en cambio un diálogo apropiado, no sólo con los gobiernos, sino también con los representantes de la sociedad civil.

Remitiéndose a la preocupación, ya manifestada en ocasiones anteriores, de garantizar en el contexto de la cooperación euromediterránea una protección eficaz de los derechos humanos, el Comité desea que la introducción prevista de procedimientos de control periódico de los compromisos contraídos al respecto pueda sentar unas bases objetivas para satisfacer en este sentido las legítimas exigencias de condicionalidad de la ayuda previstas en el marco de la asociación.

Sin excluir la posibilidad de recurrir en casos extremos a acciones políticas de cierta gravedad, como la reducción de dichas ayudas o su canalización a través de agencias no gubernamentales, el Comité insiste en su convencimiento de que el compromiso en pro de una mayor participación de la sociedad civil de los países asociados en las iniciativas tomadas en el ámbito de la cooperación representa la contribución más eficaz que la UE puede aportar a la protección de los derechos humanos y la consolidación de las instituciones y hábitos democráticos.

La liberalización comercial, la cooperación económica y sus dificultades objetivas

0.5. En el terreno económico, el Comité desea poner de relieve ante todo el carácter indisociable que confiere la propuesta, incluso en términos cronológicos, al vínculo entre la creación de una zona de libre cambio -que debe ponerse en práctica de manera gradual, selectiva, y con miras a la integración regional entre los diferentes socios- y la realización del correspondiente programa de reformas estructurales.

0.6. En lo que se refiere específicamente a la agricultura, sector en el que se observan planteamientos radicales impracticables, tanto en el sentido proteccionista como en el de la liberalización, el Comité considera que la transferencia de tecnologías y el respaldo financiero de la UE a los países mediterráneos deben orientarse en primer lugar hacia los países cuyos gobiernos sigan actualmente políticas encaminadas a fomentar un desarrollo agrario sostenible y hacia las pequeñas y medianas empresas alimentarias, con el objetivo de allanar el camino para que se alcance un nivel satisfactorio de autosuficiencia alimentaria.

0.7. Asimismo, al recordar que la exorbitante dimensión que ha alcanzado la deuda exterior en la economía de algunos países mediterráneos representa claramente un factor determinante de su inestabilidad política y social, el Comité considera injustificado que se prescinda totalmente de la valoración de este delicado aspecto del problema en la búsqueda de una hipótesis viable de asociación euromediterránea, como han hecho hasta el presente los sucesivos documentos de la Comisión.

0.8. En lo que se refiere a las perspectivas de la cooperación industrial, sector en el que se han observado preocupantes señales de crisis, el Comité da una importancia fundamental a la buena acogida de la propuesta de la Comisión según la cual los acuerdos de asociación UE-MED deberían proporcionar un marco de garantías jurídicas capaz de incentivar las inversiones de los operadores comunitarios, dando prioridad a las empresas mixtas y a la cooperación industrial, principalmente con las PYME, y ampliando el respaldo financiero a los programas de inversión en infraestructuras.

0.9. El Comité destaca, además, la función central que debe atribuirse, para lograr todos estos objetivos, a la cooperación técnico-científica, con una referencia particular a los sistemas de control propuestos para los sectores energético, medioambiental y pesquero, entre otros.

El programa global de ayuda MED

0.10. Para el Comité tiene una importancia primordial el carácter, la continuidad y la posibilidad de prever a medio plazo los medios financieros que la UE deberá poner a disposición de los socios mediterráneos a través del programa de ayuda 1995-1999, habida cuenta además de la naturaleza estructural de los problemas que deben afrontarse, cuya progresiva solución constituye un requisito indispensable para la propia realización de una zona de libre cambio euromediterránea.

0.11. En este orden de ideas, aunque todavía considera inadecuado el importe indicativo de la ayuda presupuestaria propuesta por la Comisión con relación a lo que exige la situación objetiva, el Comité observa que la suma propuesta, añadida a otra de importe similar procedente de los recursos propios del BEI y a las contribuciones bilaterales de los Estados miembros, podría fortalecer la incidencia global de la intervención comunitaria, a través incluso de combinaciones oportunas entre los canales disponibles; en cuanto a la distribución sectorial de la ayuda, considera que puede aceptar globalmente los objetivos indicados, pero a condición de que haya una articulación de las propuestas que tengan en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de cada país en relación con las diversas prioridades sectoriales.

0.12. En cualquier caso, ha despertado un vivo consenso en el Comité la sugerencia, recogida en los documentos de la Comisión, de una mayor flexibilidad en la utilización de las intervenciones financieras al objeto de facilitar, a través de una programación plurianual suficientemente flexible, un uso discrecional de los fondos disponibles en beneficio de los países que más empeño hayan puesto en llevar adelante la reforma de sus respectivas economías y el libre comercio. En este sentido, el Comité se remite expresamente a la propia propuesta de acuerdos de desarrollo de que son signatarios la Comisión Europea, los Gobiernos de los países mediterráneos y los medios económicos y sociales, que persiguen objetivos específicos dentro de un plan de desarrollo con compromisos contractuales de tipo comercial y compromisos financieros.

0.13. El Comité acoge además con satisfacción la propuesta de un programa de acción para la lucha contra la corrupción, y solicita que se faciliten recursos financieros para respaldar proyectos de esta naturaleza.

Cooperación interregional y asociaciones subregionales

0.14. En lo que se refiere a la cooperación interregional mediterránea, el Comité se remite a uno de sus dictámenes recientemente aprobado sobre este asunto, del que figuran en el anexo las propuestas más interesantes desde el punto de vista de la asociación; también se manifiesta a favor del desarrollo de asociaciones subregionales entre los países mediterráneos.

La dimensión social y humana

0.15. El Comité está totalmente de acuerdo con la tesis de la Comisión según la cual, en la medida en que la responsabilidad de los gastos sociales recaiga en general en los gobiernos interesados, el riesgo de que a los factores de depresión social ya presentes en la actual situación de los países mediterráneos (coste social de los procesos de reajuste estructural, rápido incremento demográfico, éxodo rural masivo) se les pueda añadir una agravación de las desigualdades originada por eventuales efectos negativos temporales de su dependencia económica de Europa, justifica la contribución de la Comunidad al intento de invertir tales tendencias negativas, en relación también con los daños que tendría que soportar si se agravaran; por consiguiente, el Comité se propone seguir con la máxima atención el desarrollo concreto de las iniciativas que deben tomarse sobre numerosas cuestiones de carácter social indicadas en los documentos de la Comisión y hace suyo, además, el convencimiento de que la dimensión social de la asociación es por naturaleza inseparable de la cultural, en lo que atañe en particular a la lucha contra el racismo y la xenofobia a través de un mayor conocimiento recíproco.

El Comité observa con satisfacción que se aprecia plenamente el papel fundamental que en el proceso de desarrollo desempeña la mujer y que se atribuye absoluta prioridad al fomento de su participación en las actividades políticas y sociales para garantizar el fomento de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos.

Cooperación descentralizada

0.16. El Comité insiste en que el objetivo de la cooperación descentralizada que la Comunidad persigue desde el comienzo de la Nueva Política Mediterránea (NPM), presupone la plena participación de los medios socioprofesionales, con la preocupación constante de facilitar el desarrollo de las PYME y con una especial atención al sector sumergido, dejando a los agentes locales la autonomía indispensable para llevar adelante las iniciativas aconsejadas o exigidas por cada situación particular.

Por consiguiente, el Comité acoge favorablemente el hincapié político que el Informe de síntesis de la Comisión hace en este objetivo, si bien expresa su preocupación por el hecho de que el resultado de dicha orientación pueda verse frustrado por mecanismos de gestión burocráticos y a veces contradictorios.

La participación de los medios socioeconómicos

0.17. El Comité, recordando la importancia del trabajo desarrollado durante los últimos años para abrir el camino a una presencia eficaz de los medios socioeconómicos en el ámbito de la cooperación, reivindica su propia responsabilidad específica en esta materia, especialmente en el contexto de un modelo de cooperación descentralizada, y manifiesta su decepción por la ausencia -en el documento de la Comisión que aborda este asunto- de cualquier referencia a las propuestas (MEDReg y MED-Partner) por él formuladas a su debido tiempo, a las que la Comisión no ha dado curso hasta el presente.

En cualquier caso, el Comité considera sumamente positiva la decisión tomada a iniciativa del Gobierno español de convocar en Barcelona, inmediatamente después de la Conferencia Euromediterránea, un foro no gubernamental, y celebra igualmente la reciente iniciativa del Consejo Económico y Social español de promover, al margen de dicho foro, un encuentro entre una delegación propia y delegaciones análogas de los Consejos de los países mediterráneos de la UE, del propio Comité Económico y Social y de los Consejos existentes en algunos países socios, o de otras entidades representativas de los medios socioprofesionales, por considerar que dicha iniciativa puede ser el comienzo de contactos regulares entre todos los organismos interesados, satisfaciendo así un deseo puesto de manifiesto varias veces en el pasado.

Las negociaciones en curso y los problemas de cada zona específica

0.18. En cuanto a las negociaciones en curso y los problemas que presentan las diferentes zonas de la cuenca mediterránea -caracterizadas por un sensible desequilibrio entre el nivel de desarrollo de la orilla oriental y el de la orilla meridional-, el Comité :

- toma nota con satisfacción de las decisiones tomadas el pasado 6 de marzo sobre las perspectivas de apertura de los procedimientos de adhesión de Malta y Chipre a la UE, pero considera que la adhesión de estos países debe tratarse al margen de las negociaciones con los PECO, dado su carácter totalmente diferente;

- seriamente preocupado por la evolución de la situación política turca durante el período posterior a la conclusión de los acuerdos para la realización de la unión aduanera -evolución que ha conducido a la suspensión de su ratificación por parte del Parlamento Europeo-, reitera no obstante su opinión, ya expresada en ocasiones anteriores, sobre la amplitud de las perspectivas que dicha unión abriría a ambos socios en términos económicos y, si bien aprueba la posición de firmeza adoptada en estas circunstancias, desea que las presiones, sobradamente justificadas, puedan contribuir a restablecer en un futuro próximo las condiciones políticas idóneas para la realización de los acuerdos, facilitando así la superación de las tensiones existentes en la región, al tiempo que confirma su propósito de proseguir el fomento del diálogo socioprofesional en el marco del Comité mixto UE-Turquía;

- convencido de que, en el caso de Albania, la transición del colectivismo a la economía de mercado está condenada al fracaso si no se tienen en cuenta las condiciones específicas de atraso que la caracterizan, propone formalmente que, aunque sea en el ámbito de un acuerdo europeo similar a los celebrados con los otros países PECO, se prevea la posibilidad de que dicho país pueda beneficiarse tanto de las intervenciones a cargo del presupuesto comunitario en concepto de la asociación euromediterránea como de las del BEI en el mismo contexto;

- considera que el acuerdo recientemente celebrado con Túnez y el que todavía se encuentra en fase de negociación con Marruecos pueden contribuir de manera apreciable a la estabilidad incluso política de la región magrebí; no obstante, considera que el comienzo del proceso de pacificación y democratización constituye a medio plazo la condición necesaria para el pleno restablecimiento de la asociación euromagrebí, que a su vez condiciona en esta área geográfica el pleno desarrollo de las relaciones de cooperación;

- considera que, en las circunstancias actuales, la celebración de un acuerdo de asociación con Israel debe plantearse en función directa de los intereses y del compromiso de la UE para la reanudación y posterior desarrollo del proceso de paz en el Oriente Próximo, y que en dicha área el interlocutor principal de la UE no puede ser otro que el grupo integrado por los sujetos políticos directamente interesados en dicho proceso -Israel, Autoridad Nacional Palestina, Jordania y Egipto- al que desea se puedan integrar lo antes posible el Líbano -que históricamente ha servido de puente entre Europa y los países árabes- y Siria; en cuanto al proyecto de cooperación regional descentralizada, que actualmente se encuentra en curso de elaboración, considera que la partida presupuestaria MEDA prevista para la asociación puede desempeñar en este sentido un papel de notable importancia.

La preparación de la Conferencia Euromediterránea

0.19. A la luz de las conclusiones de la Presidencia, aprobadas al término de la reunión del Consejo Europeo de Cannes (26 y 27 de junio de 1995), el Comité :

- toma nota de que en dicha reunión se ha formalizado la posición negociadora de la Unión Europea para la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, definida por el Consejo el pasado 12 de junio, y de que, en particular, se ha llegado a un acuerdo global sobre los créditos que deben destinarse, en el período 1995-1999, a la cooperación financiera con los países de Europa central y oriental y con los países mediterráneos;

- en lo que se refiere a esto último, si bien valora positivamente la asignación de fondos prevista para los años comprendidos entre 1997 y 1999, lamenta la notable reducción -en términos globales- llevada a cabo por el Consejo respecto a la propuesta de la Comisión, que agrava la ya notable insuficiencia de los mismos para los objetivos de la asociación, así como la desaparición, en el documento del Consejo, de la referencia a préstamos del BEI de igual importancia, referencia que se ha sustituido por una simple indicación al aumento de la ayuda concedida a los TPM por dicha vía;

- destaca que la posición negociadora de la UE aprobada por el Consejo Europeo asigna a la Conferencia Euromediterránea el único objetivo de elaborar un documento común sobre los tres principales aspectos de la asociación, haciendo una vaga referencia a la celebración de un acuerdo multilateral y confirmando así las preocupaciones expresadas por el Comité al respecto;

- observa que el Consejo Europeo, al insistir en que las negociaciones sobre la adhesión de Malta y Chipre a la Unión darán comienzo seis meses después de la Conferencia Intergubernamental de 1996, parece tener la intención de abordar esta cuestión junto con la adhesión de los PECO, a pesar de que la importancia y naturaleza de los problemas que se plantean en ambos casos son muy diferentes, y manifiesta su preocupación por el hecho de que dicho planteamiento puede acarrear una prolongación injustificada de las negociaciones;

- está de acuerdo, en lo que a sus competencias se refiere, con las orientaciones generales de las propuestas específicas formuladas en el documento del Consejo, celebrando de manera particular la importancia atribuida a los problemas del medio ambiente, al tiempo que se reserva su opinión hasta que se conozcan los resultados de la Conferencia de Barcelona y sus consecuencias;

- toma nota de que, en la parte final del mismo documento relativo al seguimiento de la Asociación Euromediterránea, se prevén, entre otras cosas, « contactos entre participantes de la sociedad civil », pero no puede dejar de poner de relieve la evidente inadecuación de dicha fórmula, que no sirve en absoluto para subsanar la clara ausencia, en los textos sobre esta cuestión elaborados hasta ahora por la Comisión y el Consejo, de cualquier tipo de referencia al papel que deben desempeñar los medios socioprofesionales y a su expresión institucional.

1. Textos de referencia

En la elaboración del presente dictamen de iniciativa, el Comité Económico y Social ha tenido en cuenta tres documentos sucesivos preparados hasta ahora sobre este asunto por la Comisión Europea : la Comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo el 19 de octubre de 1994 tras la invitación formulada por los Ministros de Asuntos Exteriores en julio del mismo año -COM(94) 427 (denominada en adelante « primera Comunicación »)-, la Comunicación posterior de 8 de marzo de 1995, que respondía a la petición de propuestas específicas formulada por el Consejo Europeo de Essen -COM(95) 72 (denominada en adelante « segunda Comunicación »)- y el informe de síntesis aprobado por el Consejo el pasado 10 de abril () con miras a los contactos que la troika del Consejo, junto con el Vicepresidente de la Comisión Sr. Marín, debía mantener con los interlocutores mediterráneos de la UE en preparación de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona (27 y 28 de noviembre de 1995).

Al objeto de hacer un balance de las actividades de cooperación desarrolladas hasta el presente, se ha tenido en cuenta también el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 18 de noviembre de 1994 : COM(94) 384.

2. Introducción

El Comité Económico y Social puede reivindicar con todo derecho la paternidad de la idea misma de una asociación euromediterránea. Dicha reivindicación ya se formuló en el primer dictamen adicional sobre la política mediterránea de la Comunidad Europea de 26 de abril de 1990, en el que el Comité manifestaba su satisfacción por las nuevas propuestas entonces formuladas por la Comisión, consideradas como el indicio de un progreso evidente hacia un planteamiento global de los problemas que hay que afrontar al extenderse, en el ámbito de la Nueva Política Mediterránea (NPM), la cuarta serie de los protocolos financieros a todos los TPM.

También las consideraciones claramente críticas formuladas en su momento por el Comité sobre la incapacidad demostrada de la política mediterránea de la Comunidad para frenar la agravación de la situación económica y social de los TPM () -que se observa, entre otras cosas, en la disminución del PIB per cápita, el incremento de la dependencia alimentaria y el endeudamiento-, se han visto confirmadas en el balance que de los resultados de dicha política se presenta en la primera Comunicación de la Comisión, en cuya conclusión, basándose en los datos comparados que figuran en su Anexo III, se señala que la dotación financiera de dicha política ha resultado ser claramente insuficiente para las necesidades existentes.

3. Motivaciones y características de la propuesta de asociación euromediterránea

3.1. La actualidad que ha cobrado recientemente la idea de una asociación euromediterránea en la que se inspiran los citados documentos de la Comisión se debe, no obstante, a razones políticas relacionadas con la ya realizada ampliación de la Unión Europea hacia el Norte y, en mayor medida, a los compromisos contraídos con los PECO; dicha asociación pretende alcanzar a la vez objetivos de equilibrio en la distribución geográfica de los créditos de la Comunidad, con arreglo al principio aprobado en la reunión de Edimburgo del Consejo Europeo (), y de fortalecimiento geoestratégico a través de la creación progresiva de una zona de libre cambio entre la Unión Europea y los países vecinos del área mediterránea con la consiguiente promoción de un área de estabilidad y seguridad en torno a la frontera meridional de la Unión. También en este sentido cabe señalar que la idea de una política de codesarrollo entre la Comunidad y los TPM ha constituido, incluso en el pasado, la columna vertebral de la « filosofía mediterránea » del Comité ().

3.2. En opinión del Comité, la propuesta formulada en la Comunicación de la Comisión parece aceptar en lo esencial dicho planteamiento y constituye sin duda un salto cualitativo de gran importancia, no sólo en términos financieros sino también globalmente, abriendo una perspectiva que puede tener efectos inmediatos pero de naturaleza tal que sólo al cabo de una generación podrá realizarse plenamente. Además, refleja la idea, ya enunciada en el Libro blanco de la Comisión « Crecimiento, competitividad, empleo », según la cual el fin del equilibrio bipolar habría abierto nuevos espacios a una posible integración entre sujetos caracterizados por identidades culturales y modelos de desarrollo diferentes, en torno a objetivos políticos comunes.

3.3. En definitiva, la novedad de la actual propuesta respecto de las precedentes iniciativas de política mediterránea consiste, al margen de la existencia de una motivación política inherente al propio equilibrio entre los Estados miembros de la Unión Europea, en la relación que establece entre aspectos económicos y políticos, entre desarrollo y seguridad y en el recurso generalizado a instrumentos de intervención multilaterales.

Se trata en definitiva de dar un contenido positivo a los lazos ya existentes entre los Estados miembros y los países de las orillas oriental y meridional del Mediterráneo. Ante una evolución demográfica que, según previsiones razonables, atribuirá a medio plazo a los países de la Europa mediterránea algo más de un tercio de la población total de la cuenca mediterránea frente a los dos tercios localizados en los países de las orillas oriental y meridional de la cuenca (), los citados dictámenes del Comité ya habían destacado sobradamente la improcedencia de toda política que intentase frenar la presión migratoria y la propia inmigración clandestina -de notable importancia- con simples medidas administrativas y la necesidad de crear en los propios TPM oportunidades alternativas de trabajo, examinando la posibilidad de celebrar acuerdos entre la Comunidad y dichos países con compromisos comunes para regular y controlar las corrientes migratorias. Ya en su dictamen de 1989, el Comité manifestaba su preocupación por el creciente nivel de contaminación del mar Mediterráneo y por la degradación generalizada del medio ambiente de su litoral, que requiere a todas luces la potenciación de las iniciativas multilaterales ya emprendidas al respecto. También el vínculo inherente a la gran dependencia energética de algunos países de la UE respecto de los TPM constituye un incentivo objetivo para el desarrollo y la consolidación de las relaciones de cooperación. En este sentido, las inversiones directas comunitarias en dichos países no deben justificarse sólo por las diferencias salariales existentes, sino que deben permitir una transferencia gradual de parte del proceso productivo. Según los términos utilizados en el dictamen de iniciativa sobre « Ordenación del territorio y cooperación interregional en el Mediterráneo », recientemente aprobado por el Comité (), deberá tenderse a la institución de « una complementariedad entre las dos orillas basada en intercambios económicos, comerciales, de conocimientos técnicos, de modelos de consumo y de mano de obra competitiva muy cualificada ».

Para ello, en opinión del Comité, si bien en términos económicos la creación de una zona de estabilidad política capaz de eliminar las tensiones xenófobas, que constituyen una amenaza incluso física para los operadores extranjeros, representaría el mejor incentivo para las inversiones directas europeas en los países del área, la puesta en marcha de un proceso de desarrollo sostenido constituiría para estos últimos un indudable factor de estabilidad política y social, que podría incluso contribuir, con el tiempo, a contener el crecimiento demográfico ().

3.4. La naturaleza global de la relación de asociación queda confirmada por su triple subdivisión -destacada en el reciente informe de síntesis- en el aspecto político y de la seguridad, en primer lugar, en el económico y financiero en segundo lugar -que comporta la previsión de crear una zona de libre cambio- y, por último, en el social y humano. En efecto, los objetivos de estabilidad y prosperidad deben perseguirse a través del diálogo político, un desarrollo económico y social duradero y equilibrado, la lucha contra la pobreza y una mejor comprensión entre las culturas con un fortalecimiento de la dimensión humana de los intercambios. El Comité está totalmente de acuerdo con dicho enfoque de fondo y, a sabiendas de las dificultades que encierra, considera que ése es el único planteamiento adecuado para la gravedad y complejidad de los problemas de la zona.

3.5. En lo que se refiere a la estructura institucional del proyecto de asociación, el Comité considera que, según los términos del propio informe de síntesis, la definición de un marco multilateral entre la UE y los países de las otras orillas del Mediterráneo debe considerarse como un complemento del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, tal y como se ha puesto de relieve en la primera Comunicación de la Comisión y en las subsiguientes decisiones del Consejo Europeo de Essen. De los dos documentos más recientes se desprende de manera más precisa que, de aquí al año 2010, se podría establecer una zona de libre cambio euromediterránea de conformidad con las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC); a tal fin, sería deseable una rápida conclusión de los acuerdos bilaterales actualmente en curso, junto con la negociación de acuerdos similares de libre cambio entre los propios países mediterráneos, en lo que se refiere en particular a la libre circulación de productos manufacturados, a la progresiva liberalización de los intercambios de productos agrarios mediante condiciones de acceso preferencial y recíproco, al derecho de establecimiento de sociedades, a los servicios transfronterizos y a los movimientos de capitales. Se prevé además la posibilidad de que se entablen posteriormente negociaciones de la misma naturaleza entre los países mediterráneos y los demás países asociados a la Comunidad (AELC, PECO, Chipre, Malta y Turquía), al objeto de crear en la región un sistema de normas comunes relativas a todos los aspectos fundamentales de una zona de libre cambio.

El Comité está de acuerdo con las orientaciones generales de este proyecto, y considera conveniente que se alcance un acuerdo marco global en el que se ponga de relieve el gran potencial que representaría una cooperación regional entre los países de las diferentes áreas geográficas (), evitando los riesgos que podría comportar para el desarrollo equilibrado de los países mediterráneos el regreso a unas simples relaciones bilaterales, en detrimento también de su apertura recíproca.

3.6. En opinión del Comité, no se debe olvidar que el proyecto de Asociación Euromediterránea nace además de la necesidad reconocida de valorizar áreas económicas complementarias a la comunitaria que impulsen el desarrollo, en analogía con los procesos que han tenido lugar en las zonas geográficas de influencia de los Estados Unidos y el Japón, creando una zona de prosperidad compartida, caracterizada por una fuerte integración regional y por la disponibilidad de importantes instrumentos de ayuda financiera. En una perspectiva geopolítica global, el área euromediterránea se enmarca de hecho en un ámbito que abarca, además de la actual Unión Europea, el resto de los países de la AELC y los propios PECO.

4. La dimensión política de la Asociación

4.1. El carácter participativo inherente al propio concepto de asociación adquiere un significado explícitamente político cuando al objetivo de la modernización de las estructuras económicas y de la promoción del desarrollo social se une el de la salvaguardia de la identidad cultural de las sociedades interesadas. En opinión del Comité, para que la asociación implique el establecimiento de relaciones que vayan más allá de la esfera de los intercambios comerciales, es indispensable eliminar también la sospecha de una hipoteca de carácter paternalista, como la que se produciría si se intentara exportar modelos institucionales y de comportamiento rígidamente preconcebidos.

4.2. Con arreglo a los términos utilizados en la primera Comunicación de la Comisión, es necesario fomentar un diálogo político entre la Unión y sus socios mediterráneos basado en el respeto de los derechos humanos y en los principios de democracia, buen gobierno y legalidad, que constituyen un elemento fundamental de sus relaciones. En cualquier caso, la insistente aspiración del Comité de garantizar, en el contexto de la cooperación euromediterránea, una protección eficaz de los derechos humanos adquiere una relevancia capital en la concepción de un desarrollo encaminado, en primer lugar, a eliminar las tensiones que alimentan el extremismo y la espiral de violencia. En este sentido, la segunda Comunicación de la Comisión afirma con decisión que el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos constituirán un elemento esencial de las relaciones de la Comunidad con los países interesados. También responde a las orientaciones en diversas ocasiones expresadas por el Comité la afirmación, contenida en el mismo documento, de que un diálogo apropiado, no sólo con los gobiernos, sino también con los representantes de la sociedad civil, así como la asistencia técnica y financiera para operaciones concretas, constituye el instrumento más idóneo para garantizar la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Esta línea de pensamiento queda plasmada nuevamente en el informe de síntesis de la Comisión al hacer referencia a una declaración de principios que los gobiernos de los Estados adherentes deberán suscribir, con referencia explícita a las libertades de expresión, asociación, pensamiento, conciencia y religión, así como a la prohibición de toda discriminación por razones de raza, nacionalidad, lengua, religión y sexo. Se prevén también compromisos para la celebración de elecciones con carácter regular, la independencia de los jueces, el equilibrio de los poderes y la buena gestión de los asuntos públicos, así como la resolución pacífica de los litigios, el respeto de la integridad territorial, el desarme y la no proliferación nuclear.

El Comité desea que la introducción de procedimientos de control periódico del respeto a los compromisos contraídos en esta materia pueda sentar unas bases objetivas para dar satisfacción a las legítimas exigencias de condicionalidad de la ayuda prevista en el marco de la asociación.

4.3. Sin excluir la posibilidad de recurrir en casos extremos a actos políticos que revistan una cierta gravedad, como la reducción de la ayuda financiera y de los programas de cooperación o su canalización a través de agencias no gubernamentales, el Comité considera, basándose en la experiencia adquirida hasta ahora, que el fomento de una mayor participación de la sociedad civil de los países asociados en las iniciativas tomadas en el ámbito de la Asociación Euromediterránea constituye la contribución más eficaz que la UE puede aportar a la protección de los derechos humanos y al desarrollo y consolidación de las instituciones y del hábito democrático, paralelamente a una maduración económica y social más generalizada y con la consiguiente difusión de la cultura.

5. Liberalización comercial, cooperación económica y sus dificultades objetivas

5.1. Habida cuenta de todo lo señalado anteriormente, el aspecto propiamente económico de la Asociación Euromediterránea no puede entenderse, por consiguiente, como la simple creación de una zona de libre cambio encaminada a incrementar los intercambios entre el Norte y el Sur mediante liberalizaciones recíprocas no paralelas y a propiciar el consiguiente desarrollo de los intercambios Sur-Sur.

5.2. Por lo tanto, el Comité desea destacar el carácter indisociable que la propuesta confiere a la liberalización comercial y al progreso de la cooperación económica. Incluso en términos cronológicos, dicha indisociabilidad parece presuponer un sincronismo entre la duración del período transitorio previsto para la realización de la zona de libre cambio y la puesta en práctica del correspondiente programa de reformas estructurales, económicas y de mercado. La propia hipótesis de una Asociación Euromediterránea parece, además, exigir una dinámica de desarrollo que haga aumentar los incrementos registrados hasta ahora en las exportaciones de los TPM a la Comunidad, concentrados todavía en pocos sectores, y superar las contradicciones que han surgido hasta ahora entre el compromiso, político y financiero, de la Europa comunitaria con miras a la diversificación estructural de los países asociados, y la persistencia en determinados ámbitos económicos de orientaciones marcadamente defensivas. Ante dichas contradicciones, que han repercutido hasta ahora negativamente en las negociaciones con los países mediterráneos, es evidente la imposibilidad de poner en práctica soluciones radicales, tanto en sentido proteccionista como liberalizador. No cabe la menor duda de que es preciso obrar con la máxima precaución en la apertura del mercado comunitario en los sectores más expuestos, empezando por la agricultura, y en este sentido el Comité ya ha tenido ocasión de manifestarse claramente en dictámenes precedentes (). No obstante, parece también evidente que la cooperación económica euromediterránea presupone adaptaciones graduales a las perspectivas de una mayor apertura comercial en el contexto de un control internacional de las condiciones de competencia, de conformidad con las obligaciones impuestas por la OMC, expresamente señaladas en la primera Comunicación de la Comisión. En opinión del Comité, la solución más razonable, al menos en principio, parece hallarse en una programación basada en las posibilidades de absorción que ofrece el mercado a nivel mundial. En lo que se refiere específicamente a la producción agraria de los países mediterráneos -cuyas exportaciones a la Comunidad superan el 15 % sólo en los casos de Marruecos y Túnez-, el Comité considera útil ahondar en algunas hipótesis surgidas durante los debates mantenidos hasta ahora; se ha destacado, en particular, la conveniencia de prestar una atención específica al desarrollo en dichos países de productos que, aunque las condiciones climáticas permitan su cultivo, no resulten competitivos frente a los mismos productos comunitarios, y se ha puesto también en evidencia la posibilidad de proceder a triangulaciones basadas en un informe que habría que elaborar en función de los acuerdos MED y los acuerdos PECO con la eventual participación financiera temporal de la UE, al objeto de dar salida en estos últimos países a parte de las producciones procedentes de los primeros, como tomates y cítricos. En cualquier caso, conviene recordar que, desde la reunión de Bruselas sobre las perspectivas de cooperación de los países de la UMA y la Comunidad Europea en materia de inversiones, emigración y agricultura (6-8 de abril de 1992), se ha puesto de relieve la relación existente entre la fuerte competencia que ejercen las producciones agrarias comunitarias en los mercados de los países asociados y la creciente tendencia de la juventud local a instalarse en las ciudades, que ha traído consigo la emigración hacia los países de la Comunidad.

Por consiguiente, el Comité considera que, teniendo en cuenta dichas condiciones objetivas, la transferencia de tecnología y la ayuda financiera de la UE a los países mediterráneos deben orientarse en primer lugar hacia la pequeña y mediana empresa del sector, procurando contribuir a que dichos países alcancen un nivel satisfactorio de autosuficiencia alimentaria.

5.3. Otra contradicción que es preciso tener en cuenta en este contexto es la exorbitante dimensión que ha cobrado la deuda exterior en la economía de algunos países mediterráneos (). En este sentido, el citado primer dictamen adicional (1990) solicitaba ya una acción coordinada de los Estados miembros en este ámbito y un planteamiento menos pasivo de la Comunidad, al tiempo que la declaración final del encuentro euromagrebí de Túnez invocaba la necesidad de soluciones específicas para atenuar el continuo drenaje de recursos que origina el reembolso de la deuda y sus intereses. El Comité ha citado al respecto varias veces en documentos anteriores la propuesta tunecina de transformar los créditos oficiales en gastos sociales, para el medio ambiente y capital humano. Por otra parte, el éxito relativo del ajuste estructural marroquí no puede hacer olvidar que, en lo que se refiere a Argelia, a falta del acuerdo con el FMI de abril del pasado año, el servicio de la deuda exterior, estimado para 1993 en 26 000 millones de dólares, habría absorbido todos los ingresos conseguidos con la exportación de hidrocarburos (), y que la cuantía de dichos gastos representa todavía un factor cuando menos relevante de las condiciones de inestabilidad política y económica del país. En opinión del Comité, no parece, pues, justificado prescindir totalmente de la consideración de este delicado aspecto del problema en la búsqueda de una hipótesis viable de asociación euromediterránea, como han hecho hasta ahora los sucesivos documentos de la Comisión.

5.4. A estas dificultades ya tradicionales recientemente se han añadido otras en el ámbito de la cooperación industrial. En el caso de la industria textil, la deslocalización de empresas para establecerse en los países mediterráneos, y en especial en la zona magrebí, ha ido perdiendo fuerza en beneficio de otras áreas, como la del sureste asiático, que presentan condiciones más favorables, de manera que es cada vez menor la posibilidad de nuevas empresas mixtas o de inversiones directas de otro tipo, incluso con las garantías que ofrece el acuerdo constitutivo de la OMC.

El proyecto de asociación -que atribuye acertadamente una gran importancia al estímulo de dichas inversiones, al margen de las correspondientes competencias de la Comunidad, de los Estados miembros y de los países mediterráneos- deberá, por consiguiente, realizarse en un contexto desfavorable en muchos aspectos, que es necesario afrontar con instrumentos adecuados y que impondrá en cualquier caso, y en lo que se refiere directamente al Comité, un diálogo estrictamente profesional con los homólogos extracomunitarios y una preponderancia de las cuestiones relativas al desarrollo descentralizado.

En tal contexto, el Comité concede una importancia fundamental a la aceptación de la propuesta de la Comisión, según la cual los acuerdos de asociación UE-MED deberían ofrecer un marco de garantías jurídicas capaz de estimular a los operadores comunitarios para que inviertan, favoreciendo prioritariamente la creación de empresas mixtas y la cooperación industrial, con atención especial a las PYME, y ampliando la ayuda financiera a los programas de inversión en infraestructuras. De esta cuestión podría ocuparse el previsto Instituto Financiero Mediterráneo, cuya función sería análoga a la desarrollada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en relación con los PECO.

5.5. Por último, el Comité quiere recordar la función central que se debe atribuir, al objeto de superar las dificultades señaladas en los puntos anteriores, a la cooperación técnico-científica, que no debe limitarse únicamente al objetivo del desarrollo descentralizado. En este sentido, hace una referencia particular al comité de control creado en este ámbito después del coloquio organizado el pasado mes de marzo en Sofía-Antípolis por la Presidencia francesa de la UE, como consecuencia del programa AVICENNA, que ha realizado en los últimos años más de 70 proyectos en los sectores del agua, sanidad y energías renovables. Al igual que la cooperación en el ámbito energético, también la referente a la protección medioambiental del área mediterránea ha dado lugar a la identificación de acciones prioritarias, con la puesta en práctica de un mecanismo de control, en estrecha relación con las estructuras institucionales existentes en este ámbito, y en primer lugar con las Naciones Unidas. En el mismo orden de ideas, el Comité destaca el interés específico del observatorio propuesto para el control de los recursos pesqueros, que debería adquirir un carácter multilateral.

6. El programa global de ayuda MED

6.1. El Comité atribuye una importancia fundamental a la entidad de los medios financieros que la Unión Europea deberá poner a disposición de los socios mediterráneos a través del Programa de ayuda 1995-1999. El hecho mismo de que el importe de 5 500 millones de ecus indicado en los documentos de la Comisión se haya determinado con referencia a la financiación global prevista en favor de los PECO confirma objetivamente que todo el proyecto relativo a la Asociación Euromediterránea se ha concebido en función de las decisiones tomadas anteriormente por el Consejo Europeo para ayudar económicamente a dichos países. Ahora bien, en esta nueva intervención hay que tener presente la diferente evolución histórica seguida por los países interesados, que debe llevarnos a establecer distintas estructuras y condiciones de colaboración. Por otra parte, no se debería subestimar la gran diversidad de situaciones económicas y sociales en que se encuentran los países de ambas áreas y que guarda relación, principalmente, con sus perspectivas de evolución demográfica, que son totalmente divergentes. En cualquier caso, la comparación entre los medios financieros puestos a disposición en cada caso proporcionará un parámetro objetivo para evaluar la seriedad del compromiso adquirido por la Unión y su consiguiente credibilidad ante los diferentes socios. El Comité considera que los términos de comparación que ofrece el Anexo III de la primera Comunicación de la Comisión ponen de manifiesto la necesidad de un cambio, habida cuenta sobre todo de la naturaleza estructural de los problemas que se deben afrontar, que no se observa en el caso de los PECO, y cuya progresiva solución -en lo que atañe sobre todo a la cooperación científicotécnica, a la formación profesional y a la formación continua- constituye uno de los presupuestos para la realización de una zona de libre cambio euromediterránea ().

6.2. Si bien considera que el importe de la ayuda presupuestaria propuesta a título indicativo por la Comisión es todavía insuficiente para lo que exige la situación objetiva, el Comité considera que si se aceptan las actuales propuestas, la ayuda comunitaria pasaría de una media de 415 millones de ecus anuales, prevista en los protocolos vigentes hasta 1996, a 1 100 millones de ecus anuales. La suma propuesta, añadida a otra similar destinada a los mismos países con los recursos propios del BEI y a las contribuciones bilaterales de los Estados miembros podría fortalecer la incidencia global de la intervención comunitaria a través, entre otras cosas, de combinaciones oportunas entre los diferentes canales disponibles, y representaría, en cualquier caso, un índice apreciable de la voluntad de la Unión de poner más empeño al respecto. En este sentido, el Comité espera que el procedimiento indicado en la segunda Comunicación de la Comisión para la aprobación de la propuesta relativa a las intervenciones a cargo del BEI se ponga en práctica lo más rápidamente posible y dé buenos resultados.

6.3. Desde el punto de vista sectorial, se indican cinco prioridades (medio ambiente, aprovisionamiento energético, flujos migratorios, comercio e inversiones) y se prevé para todos ellos un reparto entre la ayuda a la transición económica hacia la zona de libre cambio (2 300 millones de ecus), ayudas para un mejor equilibrio socioeconómico (2 600 millones de ecus) y ayudas para la integración regional (600 millones de ecus). El Comité está de acuerdo globalmente con dichos objetivos y el reparto señalado, aunque en los documentos actuales no figuren de manera suficientemente clara los criterios seguidos al respecto. Por consiguiente, considera necesaria una articulación de las propuestas que tenga en cuenta el diferente nivel de desarrollo de cada socio respecto de las diversas prioridades sectoriales () e insiste en la necesidad, subrayada en reiteradas ocasiones en el pasado, de que, por lo que respecta a los proyectos financiados por el BEI con el concurso del presupuesto comunitario (abono de intereses), las prioridades de intervención sean indicadas por la Comisión.

6.4. Además, el Comité valora muy positivamente la afirmación que contiene la segunda Comunicación de la Comisión, en el sentido de que los primeros beneficiarios de la cooperación financiera deberían ser los países mediterráneos que se comprometan a seguir la vía de la reforma y de la modernización de sus economías, así como la del libre cambio. Dicho planteamiento de principio está corroborado por la sugerencia, contenida en la misma Comunicación, de una mayor flexibilidad en las intervenciones financieras, al objeto de permitir precisamente una utilización discrecional de los fondos disponibles, a través de una programación plurianual suficientemente elástica. A tal fin, el documento sugiere que las reuniones anuales del Consejo de Cooperación se celebren de ahora en adelante a nivel técnico y que, a nivel político, la UE y el conjunto de los socios celebren una reunión anual sobre temas de interés común.

Estas propuestas parecen tener en cuenta las preocupaciones manifestadas en reiteradas ocasiones por el Comité sobre la garantía de una utilización prudente de los medios financieros de la cooperación, en la medida en que, a la reciente creación por el Parlamento Europeo de una nueva partida presupuestaria MEDA (B7/410), destinada a sustituir los protocolos financieros que expiran el 31 de octubre de 1996, y que será operativa a partir de 1997, asocian la necesaria salvaguardia del principio de codecisión que la referencia al modelo del programa PHARE, contenida en la primera Comunicación, parecía cuestionar. Más que a las experiencias maduradas en contextos políticos y económicos diferentes del que se examina, el Comité considera conveniente referirse en este sentido a la propia propuesta de acuerdos de desarrollo cuyas partes contratantes sean la Comisión Europea, los Gobiernos de los países mediterráneos y los medios económicos y sociales; la segunda Comunicación atribuye acertadamente una importancia decisiva a la renovación de estos últimos. En opinión del Comité, sólo una cooperación financiera de este tipo podría de hecho ofrecer suficientes garantías en lo que se refiere en particular a las actividades de consulta, a las ayudas al sector privado y en particular a las PYME, así como al desarrollo de las infraestructuras de interés social.

El acuerdo de desarrollo debe perseguir objetivos específicos en el marco de un plan de desarrollo, con compromisos contractuales de tipo comercial y compromisos financieros; en opinión del Comité, esto último es decisivo para llegar a la cooperación descentralizada que la Comisión califica como elemento fundamental de la asociación, si bien su compromiso presupuestario no se ha modificado de manera sustancial (300 millones de ecus) y podría constituir, además, una vía eficaz para la coordinación entre la acción comunitaria, la bilateral de los Estados miembros -en ocasiones muy reducida- y la de las demás instituciones internacionales.

6.5. En el mismo orden de ideas, el Comité acoge con satisfacción la propuesta -contenida en la cuarta parte del informe de síntesis aprobado el 10 de abril- en el sentido de que los socios se pondrán de acuerdo para elaborar un programa de acción contra la corrupción, habida cuenta de la importancia, actualidad y alcance internacional del fenómeno; asimismo, deberán prever más medios de identificación e investigación para poder luchar contra la corrupción de manera más eficaz. Convencido, a la luz de la experiencia, de que el éxito de la política de cooperación depende en gran medida del uso transparente de los recursos públicos, el Comité se remite a su dictamen sobre la revisión intermedia del IV Convenio de Lomé (21 de octubre de 1993) (), según el cual, con relación a los procedimientos de selección de los proyectos y adjudicación de los contratos, debería prestarse a los gobiernos de los países asociados una asistencia técnica adecuada para ayudarles a combatir la corrupción a través de controles más eficaces. Asimismo, el Comité solicita que se faciliten recursos financieros para respaldar los proyectos y programas de esta naturaleza y manifiesta su conformidad con la recomendación de la OCDE de tomar medidas más eficaces para impedir, prevenir y combatir las prácticas corruptivas en las transacciones internacionales ().

7. Cooperación interregional y asociaciones subregionales

7.1. Asimismo, merece particular atención la cooperación interregional, en referencia también al reciente dictamen emitido por el Comité al respecto, ya que se trata de un tema al que se le atribuye una importancia específica en el primer documento de la Comisión, en particular en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y a los programas de cooperación descentralizada. Conviene destacar también aquí la correlación puesta de manifiesto en dicho dictamen entre el aumento de los desequilibrios de desarrollo dentro de la Unión Europea -causa no secundaria de su pérdida global de competitividad- y la cada vez mayor dependencia de los países mediterráneos de los intercambios con el Centro-Norte de Europa, en detrimento de los intercambios con el Sur de nuestro continente, con el resultado previsible de una marginación acentuada de este último, que acarrearía una agudización de las tensiones ya presentes en el Sur y Este del Mediterráneo. La segunda Comunicación de la Comisión parece aceptar este planteamiento al reconocer la prioridad que debe atribuirse a la intensificación de los vínculos de cooperación y comunicación entre regiones limítrofes de ambas orillas del Mediterráneo en sinergia también con los instrumentos de cooperación transfronteriza e interregional descentralizada existentes en el ámbito comunitario. En este sentido, cabe destacar los efectos positivos que un desarrollo de las redes transeuropeas de transporte podría traer consigo para imprimir un nuevo impulso a las actividades turísticas, a las telecomunicaciones y a los transportes, en especial en lo que se refiere a la reactivación de los principales puertos mediterráneos de la UE y a la recuperación, por parte del sistema aeroportuario mediterráneo de la Unión, de su papel natural en el tráfico aéreo con la orilla meridional ().

7.2. Este asunto guarda estrecha relación con el desarrollo de los intercambios entre los países mediterráneos, puesto de relieve justificadamente en la primera Comunicación de la Comisión, que propone incluso medidas para fomentar la celebración de acuerdos destinados a incrementar los intercambios interregionales e intervenciones para ayudar a las asociaciones constituidas entre dichos países a nivel subregional. En esta perspectiva de incremento del carácter multilateral de las relaciones interregionales se sitúa, en particular, el plan de cooperación descentralizada entre los países más directamente comprometidos con el proceso de paz en Oriente Próximo actualmente en curso de realización por parte de la Comisión : ello da testimonio de la continuidad de la orientación que guió el comienzo de relaciones orgánicas con los países del Magreb árabe y del convencimiento de que su validez es permanente, a pesar de la crisis por la que atraviesa actualmente la Unión del Magreb Árabe (UMA). En opinión del Comité, dicho planteamiento es totalmente aceptable, pero lamenta que, en el ámbito de los protocolos financieros, la cooperación regional sólo haya recibido hasta ahora un apoyo limitado al 3 % de la ayuda total, por lo que desea que en el ámbito de la asociación euromediterránea se atribuya mayor importancia a la ayuda a la formación de asociaciones subregionales entre los países mediterráneos. En lugar de alejarse de los objetivos de la Asociación Euromediterránea, tal evolución constituye una manifestación natural de la misma al poner en marcha procesos de integración entre dichos países en cierta medida similares a los que existen en la UE y permitir que se eviten los efectos distorsionadores que la cooperación ha traído consigo algunas veces en experiencias pasadas.

8. La dimensión social y humana de la asociación

8.1. En opinión del Comité, es plenamente comprensible la preocupación -expresada quizá por vez primera de manera explícita en la segunda Comunicación de la Comisión- de que en los países mediterráneos, a la degradación de las condiciones de vida que acarrea el proceso de ajuste estructural, al rápido crecimiento demográfico y al masivo éxodo rural, se pueda añadir una agravación de las desigualdades sociales motivada precisamente por la dependencia económica respecto de Europa. En ese sentido, el documento afirma justificadamente que, mientras los gastos sociales sean, como norma general, responsabilidad de los gobiernos interesados, la contribución de la Comunidad a la eliminación de dichas tendencias negativas queda justificada por los daños que le causaría una agravación de la situación social de los países del área : esto es válido tanto para la mejora de los servicios sociales en el entorno urbano como para el desarrollo armonioso del mundo rural. En este sentido, el informe de síntesis de la Comisión enumera una amplia gama de materias -desde la educación y formación profesional hasta el desarrollo social, con particular referencia a las corrientes migratorias, la salud, los problemas de la juventud, las condiciones laborales y la seguridad en el trabajo- que atañen directamente al Comité y merecen su máxima atención. Lo mismo se puede señalar en lo que se refiere al turismo, de cuyo desarrollo -estrechamente vinculado a la protección del medio ambiente- depende en gran medida el de los países interesados en la asociación y cuya evolución justifica, actualmente, las preocupaciones existentes.

8.2. El Comité está también convencido de que la dimensión social es por naturaleza inseparable de la cultural, en lo que se refiere, por ejemplo, a los intercambios culturales y a la difusión de las lenguas extranjeras, así como a la lucha contra el racismo y la xenofobia a través del conocimiento recíproco y del diálogo cultural. Esto último implica una confrontación de civilizaciones, que se extiende incluso hasta las creencias religiosas, mientras que -en términos más generales- este tipo de cooperación conlleva la necesidad de relaciones más estrechas entre universidades, responsables sociales, civiles y políticos, órganos de información, estructuras de investigación y poderes locales, sindicatos, empresas privadas y públicas y asociaciones de diversa naturaleza (). A esta temática multiforme se añade además -en el informe de síntesis de la Comisiónel pleno reconocimiento del papel fundamental desempeñado por la mujer en el proceso de desarrollo : el Comité concede a este último punto una importancia decisiva en la medida en que atañe en primer lugar al fomento de la participación de la mujer en las actividades políticas y sociales, entendida como paso necesario para garantizar la igualdad de oportunidades.

9. La cooperación descentralizada

En opinión del Comité, el objetivo de la cooperación descentralizada () presupone una plena participación de los medios socioprofesionales, con la preocupación constante de favorecer el desarrollo de las empresas pequeñas, actividades artesanales, cooperativas agrarias y de otra naturaleza, interlocutores económicos y sociales y entes locales, a través de la creación de sociedades mixtas y de acuerdos de diverso tipo entre las empresas, llevando a cabo esfuerzos de formación y de mejora de las aptitudes. En este sentido, lo más importante es que la Asociación Euromediterránea pueda representar una ocasión para poner en práctica una política de desarrollo dotada de instrumentos menos rígidos y burocráticos, y más dispuesta a permitir que los agentes locales dispongan de la autonomía indispensable para la promoción de iniciativas apropiadas a cada situación particular. De hecho, no se puede olvidar que un porcentaje de la población de los países mediterráneos, comprendido entre el 40 % y el 60 %, vive todavía en zonas rurales, lo que plantea en primer lugar un problema de desarrollo de las PYME adecuado a las exigencias de crecimiento de los mercados locales, en lo que se refiere tanto a la actividad agroalimentaria como a la prestación de servicios, con la correspondiente transferencia de capitales del Norte al Sur de la cuenca mediterránea (). Por consiguiente, el Comité acoge favorablemente el hincapié político que el informe de síntesis de la Comisión hace en este objetivo, si bien expresa su preocupación por el hecho de que el resultado de dicha orientación pueda verse frustrado por mecanismos de gestión burocráticos y a veces contradictorios.

10. La participación de los medios socioeconómicos

10.1. Es evidente la específica responsabilidad que cabe atribuir a este respecto al Comité Económico y Social que, especialmente en el ámbito de un modelo de cooperación descentralizada, deberá atenuar el innegable carácter tecnocrático y centralizador del enfoque comunitario tradicional, sustituyéndolo en la medida de lo posible por un planteamiento en términos rigurosamente profesionales y, por consiguiente, más capaz de tener en cuenta todos los aspectos de cada problema particular. En este sentido, el Comité desea destacar la importancia del trabajo desarrollado durante los últimos años para allanar el camino a una presencia eficaz de los medios socioeconómicos en el ámbito de la cooperación. Una orientación de principio en este sentido se ha conseguido, entre otras cosas, a través de los encuentros euromagrebíes y los organismos de cooperación con los países ACP y con algunos de los propios países mediterráneos (Turquía, UMA) creados en el contexto de las actividades del Comité. Asimismo, este último ha venido solicitando, desde 1989, la constitución de una especie de grupo de contacto permanente con los Consejos Económicos y Sociales nacionales allá donde existan o, en todo caso, con las correspondientes organizaciones socioprofesionales.

Habida cuenta de todo lo anterior, el Comité lamenta profundamente que la segunda Comunicación de la Comisión no haya hecho referencia, en lo que a cooperación descentralizada se refiere, a las propuestas de cooperación interregional (MED-Reg) y de cooperación entre los interlocutores económicos y sociales de ambas orillas (MED-Partner) formuladas en la declaración final de la reunión de Túnez (8-10 de septiembre de 1993) a la que la Comisión ni siquiera ha dado curso hasta la fecha.

10.2. Por otra parte, el Comité considera muy positiva la decisión tomada por iniciativa del Gobierno español de convocar en Barcelona, inmediatamente después de la Conferencia Euromediterránea, un foro no gubernamental en el que participen, entre otros, representantes de empresarios y sindicatos, las diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas, la Asociación de Cámaras de Comercio y la de Cámaras Municipales (29 y 30 de noviembre). El Comité celebra igualmente la reciente iniciativa del Consejo Económico y Social español de organizar, al margen del foro de Barcelona, un encuentro entre una delegación propia y delegaciones similares de los Consejos de los países mediterráneos de la UE, del Comité Económico y Social y de los Consejos existentes en algunos de los países socios, además de otros representantes de los medios socioprofesionales. Dicha propuesta se basa en primer lugar en la formulada en su momento por las Naciones Unidas, y que el Comité hizo suya, de instituir un foro del Mediterráneo, y en el precedente que han sentado los encuentros antes señalados. Esta propuesta se suma, además, al contenido de la Convención que tuvo lugar en abril del pasado año sobre los problemas del Mediterráneo en el Consejo Nacional de Economía y Trabajo italiano y a la decisión tomada en dicha sede de organizar, cada dos años, encuentros sobre los problemas de la zona, que se celebrarán alternativamente en los Consejos homólogos de los diferentes países. El Comité considera que dicha iniciativa puede marcar el comienzo de contactos regulares entre todos los organismos interesados.

11. Las negociaciones en curso y los problemas de cada zona particular

A)

Malta y Chipre

11.1. En lo que se refiere a Malta y Chipre, cabe hacer referencia a la decisión tomada por los Ministros de la UE en la reunión extraordinaria del Consejo de Asociación con Turquía, celebrada el 6 de marzo de 1995, de abrir las negociaciones relativas a la adhesión de ambos países en un plazo de seis meses a partir de la clausura de la Conferencia Intergubernamental de 1996 para la reforma de las actuales instituciones europeas.

11.2. Si bien la adhesión de Malta a la UE no parece plantear ningún problema político particular, no se puede decir lo mismo de Chipre. La coincidencia en el tiempo de las decisiones relativas a la adhesión del Estado chipriota y a la unión aduanera entre la UE y Turquía no ha sido de hecho casual, sino que obedece al propósito explícito de eliminar las tensiones conflictivas que la ocupación de la parte septentrional de la isla por parte de las fuerzas turcas provocaron en la región, tensiones que todavía constituyen una amenaza latente para su seguridad, sin que hayan servido para nada los esfuerzos de pacificación realizados hasta ahora por las propias Naciones Unidas. Las posibles intervenciones futuras de la UE en el ámbito de la ayuda financiera y cooperación al desarrollo, que interesan de manera particular a la comunidad de origen turco, habida cuenta de su relativo atraso, podrían contribuir de hecho a encontrar soluciones políticas aceptables por todas las partes interesadas ().

B)

Turquía

11.3. En la citada reunión del Consejo de Asociación con Turquía se suscribieron también acuerdos que definen las condiciones para la realización de una unión aduanera entre la UE y Turquía, a partir del 1 de enero de 1996. En este sentido, han suscitado una gran preocupación los sucesivos acontecimientos que han perturbado la situación política turca, caracterizados por una agudización de los conflictos religiosos y étnicos que culminaron en los episodios de evidente persecución acaecidos en Estambul contra la minoría alauí y las acciones bélicas emprendidas por las fuerzas armadas turcas contra los separatistas kurdos en territorio iraquí. El problema del respeto de los derechos humanos, evocado por la Presidencia francesa en el momento mismo de la firma de los recientes acuerdos -en referencia también al arresto de parlamentarios acusados de delitos de opinión y a la acción judicial llevada contra el mismísimo Presidente de la Asociación Turca para los Derechos Humanos- ha originado una toma de posición renovada y enérgica por parte de la UE, que presta una particular atención a la violación de la integridad territorial de un estado limítrofe, lo que ha provocado posteriormente la suspensión de la ratificación de la unión aduanera por parte del Parlamento Europeo.

11.4. Todo lo que ha sucedido en Turquía durante las semanas siguientes a la celebración de los acuerdos con la UE resulta tanto más grave cuanto que no parece posible subestimar la entidad de lo que está en juego desde el punto de vista del interés comunitario. La relevancia política de la unión aduanera ya fue destacada de manera eficaz por el Comité en su dictamen de 22 de diciembre de 1993 (), en el que se reconocía que Turquía es el « único país contiguo a la Comunidad que, en el área mediterránea, tiene unas dimensiones demográficas y un dinamismo económico comparables a los de los países más grandes de la CE ». Dicha valoración puede parecer optimista, si se tienen en cuenta los males endémicos del país (elevadísimo y crónico nivel de inflación, endeudamiento, ineficacia administrativa estructural) y las graves dificultades sociales provocadas por los aumentos draconianos de los precios de la gasolina, de los servicios y de los productos de gran consumo, decididos el año pasado para intentar erradicarlos, y que sin duda han contribuido al resurgimiento de los grupos políticos inspirados en el integrismo islámico, en detrimento de los fundamentos laicos del Estado y de las tradiciones de tolerancia heredadas del pasado otomano. En opinión del Comité, todo esto no debería inducir a infravalorar la amplitud de las perspectivas que la unión aduanera abriría a ambas partes en términos económicos, habida cuenta de las dimensiones del mercado turco y su incidencia en el comercio exterior comunitario en su conjunto, y también la considerable contribución que la ayuda financiera de la Comunidad podría representar para la economía turca, dada su indudable importancia. Por otra parte, desde el punto de vista político, parece justificado afirmar que la superación definitiva de las tensiones existentes en la región representaría sin duda alguna un elemento determinante para la creación de un área de estabilidad y seguridad en torno a la frontera suroriental de la Unión. Al tiempo que celebra la línea de firmeza asumida por la UE en estas circunstancias, a semejanza de la actitud de la Comunidad en ocasiones históricas precedentes ante fenómenos de involución autoritaria en países a ella asociados, el Comité desea que las presiones justificadas ejercidas en ese sentido por las instituciones comunitarias puedan contribuir a restablecer en un futuro próximo el pleno ejercicio de los derechos civiles y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas que la prolongación indefinida de un estado de guerra civil podría comprometer de manera irremediable.

Por su parte, el CES se propone seguir fomentando el diálogo socioprofesional en el marco del Comité Consultivo mixto UE-Turquía, especialmente en un momento de dificultades e inestabilidad como el presente, con el objetivo prioritario de apoyar y estimular a las fuerzas sociales y profesionales que luchan en favor del desarrollo democrático de Turquía y en pro del refuerzo de su opción por Europa.

C)

El caso albanés

11.5. A pesar de que los documentos de la Comisión y las deliberaciones del Consejo Europeo sobre esta cuestión hasta la fecha excluyen a Albania del ámbito de la Asociación Euromediterránea, la circunstancia de que en el caso albanés la transición del colectivismo a la economía de mercado esté condenada al fracaso si no se tienen en cuenta las condiciones específicas de atraso económico y social que la caracterizan y que no pueden afrontarse de manera exhaustiva con los instrumentos utilizados en situaciones sólo aparentemente similares, induce al Comité a proponer formalmente que -aunque sea en el ámbito de un acuerdo europeo análogo a los celebrados con los demás PECO- se prevea la posibilidad de que dicho país sea declarado elegible para poder beneficiarse de las intervenciones sufragadas con la partida presupuestaria MEDA, además de las que lleve a cabo el BEI en el mismo contexto ().

D)

Marruecos, Túnez y Argelia

11.6. En lo que se refiere a Marruecos, el acuerdo de asociación -que debería celebrarse durante el año en curso- constituiría la confirmación de los particulares vínculos que ya existen entre ese país y la UE, que se pueden observar en la orientación que predomina en sus intercambios comerciales y en el papel que desempeña la inmigración hacia los países de esta última en su equilibrio económico, así como un paso adelante fruto de los esfuerzos llevados a cabo con miras a su ajuste estructural. Además, representaría un reconocimiento justo del papel positivo desempeñado por Marruecos en el inicio del proceso de paz en el Oriente Próximo, contribuyendo además a su consolidación interna, en una coyuntura política delicada que hace que esté más expuesto al desafío del fundamentalismo islámico.

11.7. Consideraciones similares se pueden formular con respecto a Túnez, al menos en lo que se refiere a la estabilidad económica y social, mantenida merced a un prometedor índice de crecimiento, aunque sin duda alguna las perspectivas de liberalización del sistema político parecen más remotas. La circunstancia de que el Consejo Europeo de Essen se haya pronunciado de manera resuelta por el mantenimiento de la ayuda económica a Argelia, deseando al mismo tiempo que se ponga fin a la violencia y se entable un diálogo político, induce al Comité a considerar que, ante la crisis presente de la UMA, el acuerdo recientemente celebrado con Túnez y el que se encuentra aún en fase de negociación con Marruecos pueden aportar en el momento actual una contribución considerable a la estabilidad política de la región.

11.8. En el caso de Argelia, la influencia que ejerce el enorme peso de la deuda exterior en las dificultades por las que actualmente atraviesa el país ya se puso de relieve en su momento. En cualquier caso, conviene añadir que las dificultades financieras han repercutido en términos reales en la producción industrial, que registra una drástica reducción respecto a su capacidad productiva y que va acompañada de un desempleo cada vez más extendido. Este estado de cosas no es ajeno a la ulterior agravación de la crisis político-institucional del país ni a la evolución progresiva de la misma hacia un enfrentamiento militar entre las partes opuestas, acompañado de una oleada terrorista antioccidental que en un año y medio se ha cobrado más de 90 víctimas y de una escalada de la violencia que adopta formas cada vez más mortíferas. Por ambas partes las iniciativas de distensión se han visto acompañadas, de manera claramente contradictoria, de manifestaciones siempre renovadas de intransigencia. Entre las primeras, cabe señalar la decisión gubernamental de convocar elecciones presidenciales durante el año 1995 -a las que, según noticias más recientes, deberían seguir en breve plazo elecciones políticas- y, por parte de la oposición, la que se ha dado en llamar Plataforma de Roma para una solución pacífica del conflicto, decidida tras una Convención entre los ocho principales partidos del país celebrada en esa ciudad en noviembre de 1994, por iniciativa de la Comunidad católica de San Egidio. Aunque es favorable a la celebración de elecciones, dicha Plataforma prevé que sean precedidas por una Conferencia nacional en la que debería participar el propio Gobierno y cuyo objetivo debería consistir en sentar las bases para el restablecimiento de una democracia pluripartidista y una garantía real de los derechos humanos. En opinión del Comité, las polémicas, incluso internacionales, que han acompañado este último paso no deberían hacernos olvidar que el comienzo de un diálogo político entre las diversas partes -probablemente más difícil ahora tras la reciente evolución de la situación militar- es sin lugar a dudas la condición necesaria para el pleno restablecimiento de la asociación euromagrebí, que a su vez condiciona en esta área geográfica el pleno desarrollo de las relaciones de cooperación.

E)

Israel y el proceso de paz en el Oriente Próximo

11.9. En cuanto a Israel, la perspectiva de una rápida celebración de un acuerdo de asociación guarda estrecha relación, como se afirma expresamente en las conclusiones del Consejo Europeo de Essen, con su elevado nivel de desarrollo, que justifica la concesión de un estatuto privilegiado en las relaciones con la Unión Europea, sobre la base de la reciprocidad y del interés mutuo. La concesión de dicho estatuto se considera además como un instrumento idóneo para potenciar el desarrollo económico regional del Oriente Próximo, incluidos los Territorios Palestinos. Dicho planteamiento, junto con el apoyo confirmado, tanto político como económico, al proceso de paz en el Oriente Próximo y la satisfacción por la firma del Tratado de Paz entre Israel y Jordania, induce a considerar que, en las circunstancias actuales, la celebración de un acuerdo de asociación con Israel se plantee en términos de una correlación directa entre los intereses de la UE y su compromiso para que la situación regional evolucione en el sentido de una superación progresiva y duradera de las tensiones que todavía existen, a través de la participación de todas las partes interesadas en un proyecto común de desarrollo, con arreglo a las orientaciones señaladas en el Dictamen del CES sobre « La Comunidad Europea y la cooperación económica en el Oriente Medio » (28 de enero de 1993) (). Dichas orientaciones quedaron sustancialmente recogidas en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de las relaciones y de la cooperación entre la Comunidad y el Oriente Medio (8 de septiembre de 1993) que, poniendo de relieve el creciente desequilibrio entre el PIB israelí y el de los países árabes de la orilla meridional del Mediterráneo -desequilibrio comparable al que existe entre dichos países y los de la UE-, reconocía que la salvaguardia de la paz en el Oriente Medio dependerá en gran medida del ritmo de desarrollo económico de la región, abogando por una cooperación regional que vaya acompañada de su « progresiva institucionalización ».

11.10. Se puede obtener una indicación completa en este sentido de todo lo expuesto a la Sección competente del Comité por el representante de la Comisión sobre el proyecto de cooperación regional descentralizado que debe llevarse a la práctica entre Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Jordania y Egipto, a través de un programa de acción multilateral y un comité mixto de control dotado de una secretaría común con sede en Ammán, proyecto que sin duda alguna figura entre las iniciativas que el Consejo y la Comisión se proponen someter al Consejo Europeo en su próxima sesión. Por último, debe valorarse en la misma perspectiva el reciente inicio de negociaciones con Egipto y la apertura de un proceso de discusiones con Jordania. No es necesario añadir que los avances concretos de la asociación con los países del Mashrek deben considerarse en la óptica de la superación de la actual fase crítica del proceso de paz. En este sentido, cabe compartir todavía las preocupaciones recogidas en el documento de trabajo del Grupo de estudio sobre las relaciones entre la UE y el Oriente Medio, de 20 de junio de 1994, según el cual, la situación parece bastante prometedora pero no irreversible (). Lo que sí se puede afirmar es que en esta área el interlocutor principal de la UE sólo puede ser -en el estado actual de las cosas- el grupo de sujetos políticos directamente interesados en el proyecto de paz, países ya vinculados entre sí por un sistema de acuerdos que el compromiso comunitario tenderá a consolidar.

Es de desear que a dichos sujetos se puedan añadir lo antes posible el Líbano -mencionado por primera vez en el contexto de la Asociación Euromediterránea en la segunda Comunicación de la Comisión- que, por su vocación histórica de puente entre Europa y los países árabes, podría desempeñar un papel relevante en el proceso de paz, y Siria, cuya adhesión definitiva a dicho proceso podría resultar decisiva.

En cualquier caso, conviene recordar, con la ayuda del Anexo III a la primera Comunicación de la Comisión, que la UE es ahora el principal donante en el ámbito de las intervenciones financieras a favor de las poblaciones palestinas de los territorios ocupados, habiendo contribuido con aproximadamente 100 millones de ecus en 1993 y cerca de 86 millones de ecus en 1994. En cambio, son todavía inciertas las perspectivas de una cooperación financiera con terceros países y principalmente con los Estados Unidos : sigue adelante la elaboración de un proyecto de Banco de Desarrollo del Oriente Medio por parte de un Grupo de trabajo internacional creado tras la Cumbre de Casablanca y probablemente se tome una decisión al respecto en una segunda cumbre que se celebrará en Ammán entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre del presente año. El hecho de que las ayudas a Palestina hayan revestido hasta ahora la forma de préstamos podría poner en entredicho su continuación en la actual fase de aplicación, que se presenta extremadamente difícil. El Comité considera que, para ello, la partida presupuestaria MEDA prevista en el ámbito de la Asociación Euromediterránea podría desempeñar un papel de gran relevancia.

12. La preparación de la Conferencia Euromediterránea

A la luz de las conclusiones de la Presidencia, aprobadas al término de la reunión del Consejo Europeo de Cannes (26 y 27 de junio de 1995), el Comité :

- toma nota de que en dicha reunión se ha formalizado la posición negociadora de la Unión Europea para la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, definida por el Consejo el pasado 12 de junio, y de que, en particular, se ha llegado a un acuerdo global sobre los créditos que deben destinarse, en el período 1995-1999, a la cooperación financiera con los países de Europa central y oriental y con los países mediterráneos;

- en lo que se refiere a esto último, si bien valora positivamente la asignación de fondos prevista para los años comprendidos entre 1997 y 1999, lamenta la notable reducción -en términos globales- llevada a cabo por el Consejo respecto a la propuesta de la Comisión, que agrava la ya notable insuficiencia de los mismos para los objetivos de la asociación, así como la desaparición, en el documento del Consejo, de la referencia a préstamos del BEI de igual importancia, referencia que se ha sustituido por una simple indicación al aumento de la ayuda concedida a los TPM por dicha vía;

- destaca que la posición negociadora de la UE aprobada por el Consejo Europeo asigna a la Conferencia Euromediterránea el único objetivo de elaborar un documento común sobre los tres principales aspectos de la asociación, haciendo una vaga referencia a la celebración de un acuerdo multilateral y confirmando así las preocupaciones expresadas por el Comité al respecto;

- observa que el Consejo Europeo, al insistir en que las negociaciones sobre la adhesión de Malta y Chipre a la Unión darán comienzo seis meses después de la Conferencia Intergubernamental de 1996, parece tener la intención de abordar esta cuestión junto con la adhesión de los PECO, a pesar de que la importancia y naturaleza de los problemas que se plantean en ambos casos son muy diferentes, y manifiesta su preocupación por el hecho de que dicho planteamiento puede acarrear una prolongación injustificada de las negociaciones;

- está de acuerdo, en lo que a sus competencias se refiere, con las orientaciones generales de las propuestas específicas formuladas en el documento del Consejo, celebrando de manera particular la importancia atribuida a los problemas del medio ambiente, al tiempo que se reserva su opinión hasta que se conozcan los resultados de la Conferencia de Barcelona y sus consecuencias;

- toma nota de que, en la parte final del mismo documento relativo al seguimiento de la Asociación Euromediterránea, se prevén, entre otras cosas, « contactos entre participantes de la sociedad civil », pero no puede dejar de poner de relieve la evidente inadecuación de dicha fórmula, que no sirve en absoluto para subsanar la clara ausencia, en los textos sobre esta cuestión elaborados hasta ahora por la Comisión y el Consejo, de cualquier tipo de referencia al papel que deben desempeñar los medios socioprofesionales y a su expresión institucional.

Hecho en Bruselas, el 14 de septiembre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() Publicado en « Documenti EUROPE » de 27. 4. 1995 (n° 1930/31).

() Véase, en particular, el segundo dictamen adicional sobre la política mediterránea de la Comunidad, ponente : Sr. Amato, DO n° C 40 de 17. 2. 1992.

() Según el informe de síntesis del 10 de abril de 1995, existe una complementariedad entre « cooperación ambiciosa en el Sur y apertura al Este ».

() Véase el dictamen sobre la política mediterránea de la Comunidad Europea, ponente : Sr. Amato, DO n° C 221 de 28. 8. 1989, y el dictamen adicional de 1991 (complementariedad euromediterránea en la perspectiva de la integración, acuerdo de desarrollo como instrumento de dicha política y coordinación comunitaria de las políticas mediterráneas de cooperación).

() La segunda Comunicación de la Comisión estima en 400 millones la población de los TPM en el año 2035. Otros estudios (Bruno Amoroso, Jean Monnet Chair, Tercer Informe sobre el Mediterráneo, Universidad de Roskilde, 1995, p. 36) señalan que ascenderá a casi 550 millones en el año 2025, con una distribución por edades tal que exigirá la creación de más de 60 millones de puestos de trabajo, de los cuales 25 millones antes del final del siglo.

() DO n° C 133 de 31. 5. 1995.

() Véase, a este respecto, el Anexo I, en el que figuran datos desagregados sobre la interdependencia entre la UE y los países mediterráneos.

() Véase a este respecto la línea seguida en su momento en las relaciones con los países de Mercosur y de las otras áreas latinoamericanas donde se han iniciado procesos de integración (véase el capítulo sobre la integración regional en el dictamen sobre las relaciones entre la Comunidad Europea y América Latina, Ponente : Sr. Vasco Cal, DO n° C 127 de 7. 5. 1994). En efecto, dicha línea parece particularmente idónea para superar las graves dificultades que se han manifestado recientemente como, por ejemplo, en el caso de la Unión del Magreb Árabe.

() Véase, por ejemplo, el segundo dictamen adicional, citado repetidas veces (7.2.3) : « El Comité... se siente contrariado por una línea de política mediterránea que favorece la apertura de los mercados comunitarios en lugar de un esfuerzo serio, incluso financiero, para llevar a cabo una verdadera política de codesarrollo. En el pasado, el Comité ya ha puesto de relieve que no estima oportuno proceder a una total supresión de las fronteras para la importación de los productos agrarios de los TPM... Sin un esfuerzo hacia la reorientación productiva agro-industrial a escala mediterránea, y sin una revisión correspondiente de la PAC, el seguimiento de una política puramente mecánica de concesiones progresivas a la importación de productos agrícolas de los TPM no haría sino agravar la situación de competencia que se observa actualmente con las regiones mediterráneas de la Comunidad, sin que ello corresponda plenamente a las necesidades de exportación de los TPM. »

() Véase Anexo I.

() Véase « Stato del mondo 1995 », Milán, Mondadori.

() En cualquier caso, cabe recordar que la ayuda comunitaria asciende, con los nuevos protocolos, al 0,1 % del PIB comunitario en lo que se refiere a los recursos presupuestarios y al 0,3 % de los créditos del BEI.

() De la Comunicación de la Comisión se deduce lo siguiente : todos los países con los que la Comunidad ha celebrado acuerdos de asociación o de cooperación podrían ser beneficiarios de los fondos de la partida presupuestaria MEDA, excepto Israel, Chipre y Malta, que -debido a su grado de desarrollo- podrían recibir ayudas limitadas sólo a proyectos de cooperación descentralizada o proyectos de interés regional o medioambiental. Todos los socios, incluidos los territorios ocupados palestinos, podrían, en cambio, beneficiarse de las intervenciones del BEI. Y también podrían participar en las intervenciones de cooperación descentralizada los países árabes no mediterráneos, y en particular los países del Golfo, a cambio de una contribución financiera que sufragase su participación. También se ha previsto la posibilidad de que intervengan otros prestadores de fondos, junto a la Comunidad, en un programa indicativo de financiación 1995-1999, elaborando de común acuerdo una estrategia de intervenciones a medio plazo.

() Dictamen sobre el « Convenio de Lomé IV - Revisión intermedia », ponente : Sr. Strauss, DO n° C 352 de 30. 12. 1993.

() En cualquier caso, conviene destacar que la propia unificación de la ayuda MED en una única partida presupuestaria MEDA contribuirá a crear condiciones objetivas de mayor transparencia.

() Las propuestas más interesantes, respecto al asunto que estamos tratando, del dictamen, DO n° C 133 de 31. 5. 1995, figuran en el Anexo II.

() Un ejemplo notable en este sentido lo constituyen las iniciativas adoptadas por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla al objeto de fomentar el diálogo interreligioso en el área del Mediterráneo.

() La Comunidad persigue este objetivo desde el inicio de la NPM (1990) a través del programa MED-Invest.

() Véase Bruno Amoroso, Jean Monnet, obra citada, ibídem.

() En este orden de ideas, el Consejo de Asociación CE-Chipre, en la sesión celebrada en Luxemburgo el 12 de junio de 1995 y remitiéndose a las estrategias de preadhesión adoptadas el 6 de marzo, ha invitado a la Comisión a establecer los contactos necesarios con la comunidad turco-chipriota, en consulta con el Gobierno de Chipre (documento del Consejo de la UE n° 7855/95, Anexo II).

() Dictamen sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía, ponente : Sr. Cassina, DO n° C 52 de 19. 2. 1994.

() Véase al respecto el dictamen sobre las relaciones entre la UE y Albania (DO n° C 236 de 11. 9. 1995). Por otra parte, conviene puntualizar que no se ha estimado oportuno formular una propuesta similar para los países de la ex Yugoslavia ribereños del mediterráneo, al no presentarse en dichos países condiciones socioeconómicas comparables a las que han motivado la solicitud del Comité en el caso albanés.

() Ponente : Sr. Beale, DO n° C 73 de 15. 3. 1993.

() Esta opinión parece confirmada sustancialmente por el reciente dictamen emitido sobre el tema (en ese mismo Diario Oficial), (ponente : Sr. Etty).

ANEXO I al dictamen del Comité Económico y Social

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO II al dictamen del Comité Económico y Social

El desarrollo coherente de las dos orillas del Mediterráneo es, evidentemente, la condición principal para instaurar un nuevo modelo de cooperación en el área euromediterránea. Pero existen al menos otras cuatro áreas de intervención con efectos notables en la organización del territorio mediterráneo para las que se necesitan profundas revisiones de las políticas europeas y nuevas políticas de codesarrollo.

a) Los problemas de la agricultura de secano y de las zonas áridas. La orientación de la investigación biotecnológica y agronómica hacia este tipo de problemática es decisiva para la seguridad alimentaria, para la lucha contra la desertización y para el propio desarrollo de los parques tecnológicos. El Comité llama nuevamente la atención sobre los efectos que las medidas adoptadas en el ámbito de la política agrícola común pueden provocar simultáneamente en el medio ambiente y en la economía de las zonas rurales. Por otra parte, los cambios dramáticos que se registran en las regiones agrarias mediterráneas pueden agravar aún más el éxodo de la población y la desertización de las zonas rurales.

b) El freno a la degradación medioambiental y el saneamiento territorial. El carácter de unidad del espacio mediterráneo y los costes crecientes de la explotación del territorio imponen soluciones orientadas hacia un desarrollo sostenible. Para combatir eficazmente la contaminación del Mediterráneo es importante que todos los países adopten una política de depuración de las aguas. Es preciso un mejor reparto de los esfuerzos de los centros de investigación y formación sobre esta problemática.

c) Turismo. La orilla meridional está avanzando más en competitividad que la orilla septentrional. La cooperación en este campo, que requiere estructuras eficaces (como las existentes en Austria, Alemania y otros países de la Europa del Norte), permitiría a la cuenca mediterránea incrementar su competitividad global en relación con los cambios de oferta procedentes de otras áreas. Además, debería tender hacia la eliminación de los riesgos medioambientales debidos a la sobrecarga turística en las zonas ecológicamente frágiles.

d) Formación de los recursos humanos : una cooperación estrecha y bidireccional se impone a todos los niveles. Alfabetización, escuelas técnicas, universidades, formación profesional y formación continua en el Sur; formación e integración de la mano de obra inmigrada y nuevas enseñanzas universitarias en el Norte.

La valorización de los recursos humanos es el factor fundamental para fomentar el desarrollo en el área mediterránea. La contribución de la Comunidad -basada en sus propias experiencias- deberá incluir el fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo, la formación en las nuevas tecnologías y la formación continua de los trabajadores en los sectores sometidos a reestructuración industrial, al objeto de que pueda surgir una fuerza de trabajo volcada al futuro y capaz de adaptarse a los nuevos parámetros.