10.10. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 272/3 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
POLÍTICA SIDERÚRGICA 
COM(87) 388 final/2 
(Presentada por la Comisión al Consejo el 18 de septiembre de 1987) 
(87/C 272/04) 
PRESENTACIÓN 
Esta Comunicación responde al compromiso contraído por la Comisión, con motivo del Con­
sejo sobre industria celebrado el 1 de junio de 1987, de remitir propuestas de conjunto referi­
das a todos los aspectos relacionados con la reestructuración de la industria siderúrgica, para 
que dicha industria pueda volver a ser competitiva de forma duradera. 
La Comisión subraya el carácter global de las propuestas contenidas en esta Comunicación, 
estimando que resulta imposible separar los aspectos industriales (reestructuración y control del 
mercado mediante el régimen de cuotas) de los aspectos sociales y regionales derivados de la 
reestructuración del sector. 
Considera que es su deber obrar de manera que el saneamiento del sector se efectúe ordenada­
mente y qué, cuando concluya este período de ajuste de la capacidad de producción al mer­
cado, el sector vuelva a ser globalmente competitivo. Por esta razón, la Comisión no está 
dispuesta a prorrogar el régimen de cuotas, que, según el sentir general, debe ser actualizado, 
salvo si va acompañado de incentivos al cierre y de compromisos firmes por parte de las empre­
sas y los gobiernos afectados. 
La Comisión estima que, en un contexto de fuerte reducción del empleo, debe esforzarse al 
máximo en las medidas sociales adjuntas, y que debe mantener su participación en este terreno, 
pese a las dificultades presupuestarias, al mismo nivel que los años anteriores. En el plano 
regional, y en la perspectiva de la reforma de los fondos estructurales, segundo objetivo de 
reconversión de las zonas industriales en declive, se propone un nuevo programa comunitario 
del FEDER. 
Es evidente, no obstante, que aunque la Comunidad esté dispuesta a hacer un importante es­
fuerzo en los temas sociales y regionales, se ve coartada, para 1988 por lo menos, por la 
insuficiencia de sus recursos tanto en lo que se refiere a fondos estructurales (sobre todo fon­
dos regionales), como al presupuesto operacional de la CECA. Por ello, se ve obligada, mien­
tras no se produzca la reforma y el aumento de los recursos de estos fondos en aplicación del 
artículo 13QD del Tratado CEE, a apelar a la responsabilidad del Consejo para que éste acepte 
en 1988 una transferencia limitada del presupuesto general de la Comunidad a la CECA. 
INTRODUCCIÓN 
Pese a los esfuerzos realizados, bajo los auspicios de la 
Comisión, desde comienzos de la presente década, per­
siste una capacidad siderúrgica excesiva que, de acuerdo 
con los objetivos-generales para 1990, todos los expertos 
coinciden en evaluar en aproximadamente 30 millones de 
toneladas (20 millones de toneladas para los productos 
planos y perfiles pesados). Esta situación lleva a las empresas a tratar de salvaguar­
dar su viabilidad financiera tomando diversas medidas, 
entre las que figura la reducción del número de puestos 
de trabajo; según una previsión conservadora, en los pró­
ximos tres años se perderán 80 000 puestos de trabajo. 
Tal reducción del empleo en la siderurgia (y en las acti­
vidades que dependen de ella) tendrá consecuencias re­
gionales muy importantes, sobre todo en las regiones en 
proceso de desindustrialización. La reconversión de estas 
N° C 272/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.10. 87 
regiones constituye uno de los objetivos prioritarios ha­
cia los cuales pretende encauzar la Comisión la aplica­
ción del Fondo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
(FSE) en el contexto de la reforma de los fondos de 
objetivo estructural que exige la entrada en vigor del 
Acta Única Europea (véase COM(87)100 final). 
Así pues, la reestructuración de la siderurgia exige la 
adopción inmediata de medidas sociales y regionales 
adjuntas, mientras que la aprobación por parte del 
Consejo de las propuestas de las reformas de los fondos 
estructurales no puede ser inminente, y constituirá, 
fundamentalmente, una respuesta a medio plazo a los 
problemas planteados. 
Conviene, por tanto, analizar simultáneamente lo que los 
fondos estructurales, con la reforma contemplada, po­
drán aportar a la solución de los problemas mencionados 
y las ventajas de ciertos instrumentos específicos de la 
CECA (subvenciones a la readaptación o a la jubilación 
anticipada, por ejemplo), además de lo que pueda ha­
cerse a lo largo del período que precederá a la puesta en 
vigor de la reforma de los fondos estructurales. 
Paralelamente, la Comisión debe ayudar a la industria a 
acelerar el proceso de reestructuración en marcha, cuyo 
objetivo es la desaparición rápida de los excedentes de 
capacidad que ejercen una fuerte presión sobre el mer­
cado e impiden la recuperación del sector. Hace poco 
tiempo, EUROFER trató de poner en práctica un sis­
tema que permitiera llegar a una reducción significativa 
de dicha capacidad, y había solicitado que la Comisión y 
los Estados miembros respaldaran esta iniciativa mante­
niendo el sistema de cuotas y haciéndose cargo de los 
costes sociales y regionales de la operación. Como el in­
tento de EUROFER no ha producido resultados sufi­
cientemente satisfactorios, la Comisión está decidida a 
recuperar la iniciativa proponiendo un acercamiento 
coordinado a los problemas del sector. 
Sin embargo, hay que afirmar desde el principio que un 
sistema de cuotas, fundado en el artículo 58 del Tratado 
CECA, no es un fin en sí mismo, sino un medio de con­
trolar la evolución del mercado y equilibrar la oferta y la 
demanda temporalmente para evitar movimientos de 
competencia desleal; pero de por sí no estimula los cie­
rres y puede incluso, en ciertos casos, desempeñar el pa­
pel opuesto. 
Aunque persiste la situación de crisis para los productos 
planos y los perfiles pesados, la Comisión, consciente del 
obstáculo que el sistema de cuotas, en sí mismo, puede 
representar para la reestructuración de la industria, no 
pondrá en práctica tal sistema más que en la medida en 
que obtenga el compromiso firme de las empresas de lle­
var a cabo un número satisfactorio de cierres, con 
arreglo a un calendario que no exceda de tres años. Efectivamente, cualquier nueva iniciativa debe tener por 
objetivo proseguir la reestructuración del sector para eli­
minar los excedentes de capacidad y alcanzar un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda, indispensable 
para que las empresas se beneficien, por una parte, de los 
precios más favorables que podrían obtener en un mer­
cado en el que la oferta estuviese mejor adaptada a la 
demanda y, por otra, de los menores costes propiciados 
por la concentración de la producción en un número de 
herramientas más limitado. Es posible alcanzar este obje­
tivo de manera ordenada y equitativa abordando coordi­
nadamente el problema a nivel comunitario. Vista la si­
tuación financiera, sociorregional e incluso política de 
numerosas empresas, es poco probable que puedan lle­
varse a cabo reducciones de capacidad de la magnitud 
necesaria en los sectores de productos planos y perfiles 
pesados sin que medien incentivos específicos y un es­
fuerzo social y regional adjunto adecuado. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo celebrado 
el 1 de junio de 1987, el parecer de la Comisión es que 
los incentivos comunitarios de tipo financiero son los 
más adecuados para conseguir la meta propuesta. 
La Comunidad tiene, por tanto, una doble misión: por 
una parte, atenuar, en la medida de lo posible, las reper­
cusiones sociales y regionales de este proceso inevitable; 
por otra, procurar que la reducción de capacidad y los 
cierres de instalaciones, necesarios para que el sector 
vuelva a ser rentable, tengan lugar en un contexto relati­
vamente ordenado. 
Por ello se propone aquí ofrecer a las empresas incenti­
vos para el cierre, y reforzar las medidas sociales y re­
gionales en cuya ausencia no cabe contemplar la pró­
rroga del régimen de cuotas para ciertas categorías de 
productos. 
ASPECTOS INDUSTRIALES 
No podrá, por tanto, prorrogarse un sistema de cuotas, 
sea el que sea, como ya lo había señalado la Comisión 
con motivo del Consejo sobre industria del 1 de junio de 
1987, si al mismo tiempo no se producen incentivos co­
munitarios al cierre. 
Aunque en el sistema de cuotas previsto sea posible, 
como en las decisiones del pasado, incluir ciertas disposi­
ciones que animen a las empresas a reducir su capacidad 
y abandonar la producción (véase el Anexo I), este mé­
todo se ha revelado ya insuficiente en el pasado. En 
efecto, el cierre de instalaciones, aparte de-suponer cos­
tes sociales para la empresa, que debe indemnizar a los 
trabajadores despedidos, repercute en el balance de las 
empresas por la desaparición de los activos correspon­
dientes al valor de estas instalaciones. 
Por ello, parece conveniente contar con incentivos finan­
cieros suplementarios para incitar a las empresas a aban­
donar la producción en caso de cierre de una instalación. 
10.10. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 272/5 
Para los productos que queden sometidos a cuota (véase 
el punto VII), caso en que los cierres deben alcanzar un 
orden de magnitud de 20 millones de toneladas, con­
viene prever incentivos suficientes, que se sumen a los 
que la empresa pueda obtener de la venta de las cuotas 
correspondientes a la instalación cerrada. La Comisión 
estima que un fondo del orden de 600 millones de ECU, 
constituido en aplicación del apartado 2 del artículo 58 
del Tratado CECA, puede satisfacer este objetivo. 
I. Incentivos al cierre 
Los incentivos financieros consistirán: 
— en una prima concedida como contrapartida al cierre 
irreversible y definitivo de instalaciones de laminado 
en caliente pertenencientes a las categorías I a) (ban­
das anchas), II (chapas fuertes) y III (perfiles-pesa­
dos). Se reservarían para este apartado el 70 % de los 
fondos reunidos. Esta prima sólo se otorgará (a la 
empresa que cierra) si dicho cierre implica el aban­
dono de la producción correspondiente a la instala­
ción cerrada por la venta de las referencias, en bene­
ficio de las empresas que las hayan comprado. Caso 
de no mostrarse interesada ninguna otra empresa, la 
misma Comisión podría comprar las cuotas puestas 
en el mercado; en esta eventualidad, las cuotas serían 
esterilizadas y todas las empresas de la competencia 
se beneficiarían de ello; 
— y en hacerse cargo de una parte de los gastos que 
deban efectuar las empresas obligadas a suprimir una 
parte importante (del orden del 10 %) de los puestos 
de trabajo en las categorías de productos aludidas; 
estas cantidades (30 % de los fondos reunidos) se 
asignarían bien a la financiación de subvenciones o 
indemnizaciones en favor de los trabajadores que 
sean transferidos a otro puesto de trabajo o cuyo 
empleo quede suprimido, bien a la financiación de 
medidas tendentes a encontrarles nuevos puestos de 
trabajo. 
El sistema de incentivos financieros se combinará con el 
propio sistema de cuotas, tal como prevé el apartado 2 
del artículo 58 del Tratado CECA. La produción de los 
productos sometidos a cuotas (categorías I a), I b), II y 
III) estará sujeta, a partir de cierto nivel de referencia 
(por ejemplo el 70 °/o de las cuotas concedidas) al pago 
de exacciones; tales exacciones, cuyo tipo podría ser di­
ferente según la categoría de productos, aumentarían 
considerablemente si la empresa sobrepasara las cuotas 
que le hubieran sido atribuidas. Las entregas para expor­
tación se beneficiarán de una exacción muy reducida. 
Con estas exacciones deberán obtenerse, durante la apli­
cación del sistema de cuotas, cantidades suficientes (alre­
dedor de 600 millones de ECU) para que, cuando dicha 
aplicación concluya, haya podido producirse un número 
suficiente de cierres. La prima de cierre, que será concedida siempre que el 
cierre suponga una reducción efectiva de la producción, 
se ha fijado teniendo en cuenta la repercusión del cierre 
sobre la fase líquida. Será función, asimismo, de la canti­
dad de cuotas que corresponda a la instalación y que la 
empresa abandone. Al objeto de acelerar el calendario de 
cierres, la prima de cierre será más elevada al comienzo 
del sistema de cuotas e irá disminuyendo progresiva­
mente. 
De conformidad con el espíritu del segundo párrafo del 
apartado 2 del artículo 58 del Tratado CECA, el 30 % 
de los fondos reunidos se destinarán a las acciones socia­
les antedichas, que no tienen por qué situarse necesaria­
mente en un contexto de reestructuración, sino que pue­
den tener también por objetivo la racionalización (véase 
el punto IX 3). 
Con independencia de los incentivos financieros, pueden 
derivarse, asimismo, incentivos al cierre del bono limi­
tado de cuotas que concedería la Comisión en el caso de 
que una empresa se viera obligada a reducir su produc­
ción a consecuencia del cierre de una instalación (véase 
el Anexo I). 
II. Complemento de las iniciativas de la industria 
Conviene señalar que las cantidades concedidas a las 
empresas en el sistema propuesto no deberían ser los úni­
cos medios financieros movilizados para fomentar los 
cierres. Así, el régimen de cuotas favorecerá, como los 
regímenes precedentes, la venta de una empresa a otra de 
las referencias correspondientes a las instalaciones cerra­
das. La Comisión considera que este sistema debería 
completarse poniendo en práctica las empresas un sis­
tema voluntario análogo al previsto por EUROFER y 
que debe constituir el incentivo principal para la reestruc­
turación. Se ha considerado indispensable añadir a esta 
iniciativa un incentivo complementario para las empresas 
que abandonen su producción y sus cuotas, se debe sola­
mente a que este sistema había suscitado numerosas de­
mandas de compra de cuotas y pocas proposiciones de 
venta, en particular, en la categoría I. 
III. Relaciones con terceros países 
La Comisión se da cuenta de que las empresas pueden 
ver aumentada (de forma limitada) su carga financiera a 
causa de la financiación de los incentivos financieros 
propuestos y del hecho de que un fortalecimiento de los 
precios podría permitir a las empresas no soportar por sí 
solas esta carga. Por ello, se pondrá sumo cuidado 
para que las importaciones no se hagan en condiciones 
perjudiciales para el nivel de los precios internos: se pre­
tende reforzar y acelerar la actuación antidumping. Ade­
más, la Comisión procurará que, con arreglo a los acuer­
dos en vigor, no se produzca ninguna distorsión que 
perjudique a la siderurgia comunitaria. 
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IV. La opinión de la industria 
Cuando se envíe al Consejo esta Comunicación, la Co­
misión consultará con la industria antes de dejar definiti­
vamente fijadas las modalidades y los valores indicados 
en la fórmula propuesta. Uno de los puntos que deberá 
estudiarse en estrecha colaboración con la industria, en 
particular, será el nivel de incentivos que se considerará 
aceptable para obtener los cierres contemplados, nivel 
que puede ser distinto según sea la naturaleza de las ins­
talaciones cerradas (producto fabricado por la instala­
ción, tipo de utilización, cierre simultáneo de la fase lí­
quida). 
V. Condiciones y duración del sistema de cuotas 
Como ya se ha indicado, la Comisión considera que el 
sistema de cuotas no es un fin en sí mismo en condicio­
nes de crisis estructural, como es el caso actualmente; no 
es más que un medio para permitir una reestructuración 
ordenada. Por ello sólo lo pondrá en práctica en la me­
dida en que obtenga el compromiso firme de las empre­
sas para efectuar un número suficiente de cierres durante 
el período de vigencia del sistema que, en principio, será 
de tres años. Sin embargo, la Comisión se reserva el de­
recho de interrumpirlo si la reestructuración no avanzase 
debidamente. En particular: 
— revisará su posición sobre la continuidad del régimen 
de cuotas, sea antes de la entrada en vigor del nuevo 
sistema, sea inmediatamente después, si comprobase 
que las empresas no han adoptado ningún compro­
miso nuevo; 
— pondrá fin al sistema durante el año 1988 si, antes 
del 1 de agosto de 1988, las empresas no han hecho 
un esfuerzo suplementario: el número de cierres a 
que se hayan comprometido deberá alcanzar un nivel 
que la Comisión pueda considerar globalmente satis­
factorio para los productos sometidos a cuota. 
VI. Actualización del régimen de cuotas (véase el 
Anexo I) 
Se simplificará sensiblemente el sistema de cuotas en 
comparación con el que existe en la actualidad. La mo­
dernización de las referencias, indispensable tras seis o 
siete años de aplicación del sistema, debe, además, per­
mitir esta simplificación, pues se han introducido nume­
rosos factores de flexibilidad para dar cabida en el sis­
tema a la adaptación de las empresas a la evolución del 
mercado. 
La Comisión pretende fundar las referencias en las reali­
zaciones de las empresas en 1985 y 1986. 
VIL Cobertura del régimen de cuotas 
Debe quedar igualmente claro, como ha señalado ya la 
Comisión en sus comunicaciones remitidas al Consejo en 1986, que el sistema de cuotas no puede ya incluir el 
alambren ni los laminados comerciales. En lo referente a 
estas categorías de productos, como en el caso de los re­
dondos para hormigón ya eliminados del sistema, toca a 
las empresas afectadas determinar su estrategia en cuanto 
a técnicas de producción (acerías integradas, terraja 
eléctrica) y en cuanto a comercialización, en función del 
mercado; un sistema de cuotas no serviría, en este caso, 
al fin propuesto y bloquearía la evolución de las técnicas 
en estas categorías. El sistema de cuotas debe, por tanto, 
abarcar únicamente las categorías I a), I b), II y III. 
ASPECTOS REGIONALES Y SOCIALES 
VIII. Contexto social y regional 
El conjunto de problemas que, para las personas y las 
regiones, plantearán las medidas de reestructuración en 
el sector siderúrgico deberá ser objeto de medidas adjun­
tas cualquiera que sea el subsector de la siderurgia (esté 
o no sometido a cuota) en el que se produzcan las pérdi­
das de puestos de trabajo. La Comisión estima que debe 
esforzarse al máximo en este asunto. Ya se ha dicho que 
un cálculo prudente preveía la pérdida de 80 000 puestos 
de trabajo a lo largo de los próximos tres años, 50 000 
de ellos vinculados con la reestructuración propiamente 
dicha y, como tales, posibles destinatarios de las ayudas 
sociales comunitarias previstas en la letra b del apartado 
2 del artículo 56. 
El análisis, que, de las repercusiones regionales de estas 
reestructuraciones, ha realizado la Comisión, ha puesto 
claramente de manifiesto que las zonas que se verán más 
afectadas están situadas, en gran parte, en las grandes 
cuencas siderúrgicas ya en crisis desde hace muchos 
años. La pérdida de puestos de trabajo en la siderurgia, 
un tercio aproximadamente desde 1980, se ha resuelto en 
estas cuencas en un paro de naturaleza estructural con 
índices elevados y, en ciertos casos, en especial en el de 
jóvenes capaces de poner en cuestión el tejido social de 
las zonas en su conjunto, en flujos migratorios. La acen­
tuación de esta crisis, ligada a una nueva reducción de la 
capacidad de 30 000 millones de toneladas y a la pérdida 
de otros 80 000 puesto de trabajo, ocasionará un dete­
rioro de las situaciones socioeconómicas regionales, 
agravado por el hecho de que podría tratarse de cierres 
definitivos que suponen la desaparición total de un sector 
que, durante mucho tiempo, ha constituido uno de los 
elementos económicos básicos de estas regiones. La crea­
ción de empleos sustitutorios se complica, evidentemente, 
cuando se hace necesario encontrar un nuevo porvenir 
económico y nuevas vocaciones regionales. Por otra 
parte, la concentración de los efectos negativos, multipli­
cada por las repercusiones indirectas sobre las industrias 
relacionadas y subcontratistas, influiría, a medio plazo, 
en el conjunto de la vida económica de las zonas afecta­
das. La disminución de los servicios en los sectores pri­
vado y público podría desencadenar un círculo vicioso al 
hacer poco atractivas las potenciales inversiones y, en 
consecuencia, cualquier esfuerzo de reconversión. 
10.10.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 272/7 
En cualquier caso, la nueva crisis no afecta solamente a 
las grandes cuencas siderúrgicas, sino también a ciertas 
cuencas más pequeñas y aisladas, que han vivido de las 
ventajas de una localización específica que desaparecen. 
Los problemas de reconversión en estas zonas no son 
menos difíciles, dado que su estructura económica y so­
cial está caracterizada por el predominio casi total de 
una gran empresa y que su aislamiento no permite apo­
yarse en un entorno económico favorable. 
El cúmulo de problemas en el conjunto de las zonas si­
derúrgicas necesariamente ha de dejar huella en el plano 
de la macroeconomía. En efecto, en los años sesenta es­
tas zonas solían propiciar el despegue económico de las 
regiones y los países, y constituían la espina dorsal de las 
estructuras industriales. Representan alrededor del 19 % 
de los parados de la Comunidad. 
Esta situación confirma la importancia de los problemas 
regionales subrayados específicamente por la Comisión 
en la Comunicación COM(87) 100 con ocasión del obje­
tivo n° 2 señalado a la política estructural de la Comuni­
dad, a saber, la reconversión de las regiones industriales 
en declive. 
Si la urgencia de los problemas regionales de reconver­
sión siderúrgica exige una respuesta inmediata y cuya 
magnitud esté en consonancia con la envergadura de los 
problemas planteados, las actuaciones propuestas deben 
también situarse en la perspectiva de reforma de los fon­
dos estructurales y, en particular, del objetivo n° 2. Es 
evidente que, en una primera fase, y a la espera de que 
se dupliquen los recursos de los fondos, tal respuesta 
sólo puede darse con los instrumentos de los que dispone 
actualmente la Comunidad; la Comisión se ha esforzado, 
en consecuencia, en utilizar estos instrumentos de la ma­
nera más eficaz, con la idea de que, en su momento, to­
marán el relevo actuaciones más amplias, las contempla­
das en el contexto de la reforma de los fondos estructu­
rales. Entonces será posible, a partir de los programas 
regionales de reconversión y de los marcos comunitarios 
de apoyo que de ello resulten, fortalecer la eficacia de la 
intervención coordinada destinada a las regiones indus­
triales antedichas. Esta adaptación se llevará a cabo a 
través de un diálogo entre la Comisión, los Estados 
miembros y las autoridades territoriales pertinentes. 
IX. Medidas sociales adjuntas de la reestructuración 
Las medidas sociales adjuntas de la reestructuración side­
rúrgica durante el período 1988-1990 en favor de los tra­
bajadores cuyo empleo se vea afectado a partir del 1 de 
enero de 1988 tendrán un triple origen: 
1. Subvenciones tradicionales para la readaptación (letra b 
del apartado 2 del artículo 56) 
Utilizando el sistema de subvenciones tradicionales 
para la readaptación, la Comunidad continuará sopor­
tando una parte de los gastos ocasionados por las me­didas de reducción. Este sistema de subvenciones, 
otorgadas en función de acuerdos bilaterales para po­
der tener en cuenta con más acierto la diversidad de 
las medidas adjuntas nacionales, tiende progresiva­
mente a dar prioridad a las subvenciones para la rea­
daptación de los trabajadores. Pueden clasificarse en 
tres tipos principales: 
— subvenciones de garantía de ingresos, en caso de 
paro, paso a un nuevo trabajo o jubilación antici­
pada (18 primeros meses); 
— subvenciones a la formación profesional; 
— subvenciones para favorecer la movilidad. 
Su importe, en favor de los trabajadores que se vean 
afectados por las medidas de reestructuración toma­
das de 1988 a 1990, será de 168 millones de ECU. A 
ello hay que añadir 44 millones de ECU destinados a 
los trabajdores afectados por las medidas tomadas en 
1986 y 1987, o que toman parte en programas de rea­
daptación sin vinculación con la nueva oleada de 
reestructuraciones. 
(Millones de ECU) 
Año 
Importe 1988 
76 1989 
68 1990 
68 Total 
212 
2. Programa de subvenciones sociales complementarias 
(letra b del apartado 2 del artículo 56) 
En un momento en el que los despidos de los trabaja­
dores van a alcanzar de nuevo un punto culminante, 
la Comisión estima necesario fortalecer sus interven­
ciones tradicionales, como ya lo hizo durante el pe­
ríodo 1981-1984, y en 1987 con el programa provisio­
nal de medidas sociales adjuntas financiado excepcio-
nalmente por la Comisión con los recursos propios de 
la CECA. Por ello, propone un programa complemen­
tario de subvenciones sociales para el período 1988-
1990 centrado en la acentuación de dos tipos de 
medidas importantes y costosas: subvenciones para la 
jubilación anticipada y subvenciones para el nuevo 
empleo. Con ello se duplicará la parte del coste social 
que comporta la supresión de un puesto de trabajo 
(coste medio estimado por la Comunidad en unos 
30 000 ECU) que toma a su cargo la Comunidad, 
pasando de alrededor de un 10 % al 20 %. 
Como demuestra la evolución de las disposiciones na­
cionales sobre medidas sociales adjuntas, la ayuda a la 
jubilación anticipada continuará ocupando un lugar 
importante en todos los países miembros productores 
de acero, ya que se ha revelado la única medida «rea­
lista», que permite una reducción masiva y rápida de 
los efectivos. La aportación comunitaria complemen­
taria (18 meses, aparte de los que corren de su cuenta 
N°C 272/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.10.87 
con cargo a las subvenciones tradicionales) a la finan­
ciación de unas 33 000 jubilaciones anticipadas a lo 
largo del período del programa se realizará según las 
mismas condiciones aplicables bajo el anterior régi­
men de «apartado social». La edad mínima de admi­
sión seguirá siendo de 55 años; sin embargo, seguirá 
siendo inferior a dicho límite para ciertas categorías 
excepcionales de trabajadores cuyos trabajos se consi­
deren «penosos». Con esta intervención complementa­
ria, la duración total de la intervención comunitaria 
será de 36 meses y el importe medio de la participa­
ción de la CECA en favor de cada uno de los benefi­
ciarios aumentará de 3 000 a 6 000 ECU. 
Paralelamente, para demostrar su interés por una polí­
tica de fomento de las nuevas colocaciones, la Comi­
sión otorgará primas de reintegración o indemnizacio­
nes asimilables a unos 17 000 trabajadores afectados 
por la reestructuración y que no pueden beneficiarse 
de las medidas vinculadas a la edad. Participará, por 
tanto, en la puesta en práctica de nuevas iniciativas 
adoptadas por ciertos Estados miembros para pro­
piciar las nuevas, colocaciones de los trabajadores en 
otros sectores de la economía. Estas nuevas ayudas 
vendrán a sumarse a las subvenciones tradicionales a 
la reinserción y la readaptación profesional y se arti­
cularán con ellas. El importe medio complementario 
de la participación comunitaria en favor de cada be­
neficiario, en virtud de este programa, ascenderá a 
2 000 ECU. 
El coste del programa complementario para el 
conjunto del período se descompone de la siguiente 
manera: 
(Millones de ECU) 
Año 
Jubilación anticipada 
Reintegración 
Total 1988 
33 
11 
44 1989 
33 
11 
44 1990 
33 
11 
44 Total 
99 
33 
132 
Los gastos sociales efectuados de 1988 a 1990, al amparo 
de la letra b) del apartado 2 del artículo 56 del Tratado 
CECA, ascendieron, por tanto, a un total de 344 millo­
nes de ECU. 
Para 1988 la dotación del capítulo «readaptación» a 
partir de los recursos propios de la CECA, en el an­
teproyecto del presupuesto operativo de la CECA, as­
ciende a 174 millones de ECU, de los cuales 70 millo­
nes están destinados a los trabajadores del sector side­
rúrgico, mientras que, para cubrir el conjunto de sub­
venciones sociales concedidas, a este sector en virtud 
de la letra b) del apartado 2 del artículo 56, se preci­
san 120 millones de ECU (76 de los cuales correspon­
den a subvenciones tradicionales y 44 al programa complementario). Se prevé, para financiar el déficit 
existente, la transferencia de 50 millones de ECU del 
presupuesto general de las Comunidades a la CECA. 
Para 1989 y 1990 se estima que, para cubrir el con­
junto de las subvenciones sociales concedidas al am­
paro de la letra b) del apartado 2 del artículo 56, se 
precisan 224 millones de ECU, es decir, 112 cada 
año. El déficit, en este caso, dependerá, a la vez, de 
las disponibilidades de recursos propios que puedan 
liberarse en el contexto del presupuesto operacional 
de la CECA y de las posibilidades de aligerar sus car­
gas con la reforma de los fondos estructurales al am­
paro del objetivo n° 2. 
3. Subvenciones sociales del mecanismo financiero del apar­
tado 2 del artículo 58 
El objetivo de la puesta en práctica del dispositivo fi­
nanciero, previsto en el apartado 2 del artículo 58, 
para subvenciones sociales es garantizar el manteni­
miento del nivel de protección social de la mano de 
obra afectada por los cierres asociados a la reestructu­
ración o por cualquier otra medida importante de re­
ducción del número de puestos de trabajo, además de 
aliviar la carga que esta protección puede suponer a 
las empresas. 
Los créditos disponibles al amparo de este mecanismo 
(180 millones de ECU para todo el período 1988— 
1990) se podrán utilzar incluso en los casos en que no 
lleguen a cumplirse las condiciones del artículo 56, 
como, por ejemplo, cuando se trate de aliviar las car­
gas sociales que incumben exclusivamente a las em­
presas sin contrapartida financiera pública o cuando 
no se produzca una disminución del nivel de actividad 
de las empresas que reducen considerablemente su 
mano de obra. 
Podrán así cubrirse las medidas sociales no contem­
pladas en el artículo 56 del Tratado CECA, tales 
como las indemnizaciones por despido, las indemniza­
ciones para caso de paro parcial o de suspensión de 
empleo, cuando estas medidas permitan escalonar en 
el tiempo los efectos de la supresión de puestos de 
trabajo, y las jubilaciones anticipadas. Podrán cu­
brirse, asimismo, las medidas de formación interna 
necesarias en caso de traslado de trabajadores de un 
puesto a otro dentro de la misma empresa. Final­
mente, se podrán asumir los gastos que realicen las 
empresas para facilitar nuevas colocaciones a los tra­
bajadores de la siderurgia en otros sectores de la eco­
nomía, exceptuados los gastos de inversión propia­
mente dichos, en primer lugar según las actuaciones 
que toman por modelo el Saar-Stahl-Stiftung, los per­
misos de Formación Conversión o Fondos de Promo­
ción de Empleo, y también según las actividades de 
fomento de nuevas colocaciones que toman a su cargo 
las sociedades de conversión. 
10.10.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 272/9 
Cuando la intervención esté destinada a cubrir los 
gastos ocasionados por supresiones de puestos de tra­
bajo no vinculadas a una reducción de la actividad de 
la empresa, el programa de supresión de puestos de 
trabajo considerado debe afectar a un número elevado 
de ellos (por ejemplo, el 10 % de los efectivos de la 
empresa o del emplazamiento, a 1 de julio de 1987). 
X. Medidas regionales que se proponen 
En este contexto, la política regional tiene un papel muy 
concreto; no se trata de ayudar directamente a las perso­
nas que han perdido el empleo (de ello se ocupan las 
medidas sociales), sino de contribuir globalmente a la re-
vitalización y al desarrollo de las zonas afectadas. De 
ello se derivan dos consecuencias, una de ellas en cuanto 
a objectivos cuantificados, la otra en cuanto a la selec­
ción de las medidas concretas. El objetivo en cuanto a 
puestos de trabajo es global; se trata de generar puestos 
de trabajo sustitutivos para tratar de compensar el 
conjunto de puestos de trabajo perdidos en la región, in­
cluida la contracción de empleo, consecuencia de la jubi­
lación anticipada. Además, como los nuevos empleos no 
se crean espontáneamente en la mayor parte de los casos, 
resulta indispensable tomar medidas de preparación rela­
cionadas con el entorno a la vez físico e intelectual. 
1. Préstamos de reconversión de la CECA 
Uno de los medios específicos dedicados a la recon­
versión de las zonas siderúrgicas lo constituyen los 
préstamos de reconversión bonificados al amparo del 
apartado 2 del artículo 56 del Tratado CECA. La Co­
misión ha subrayado en diversas ocasiones su impor­
tancia, sobre todo considerando el vínculo directo que 
permite establecer este instrumento entre la concesión 
de bonificaciones y la creación de puestos de trabajo 
duraderos. La Comisión considera que, para el año 
1988, el importe necesario para continuar las acciones 
de reconversión requeridas asciende a 60 millones de 
ECU dentro del presupuesto de la CECA (de los cua­
les 40 millones deben financiarse con créditos nue­
vos). Los recursos que puedan derivar del programa 
comunitario propuesto en virtud del artículo 7 del 
Reglamento del FEDER permiten, además, movilizar 
créditos suplementarios para hacer frente al agrava­
miento de la crisis siderúrgica. 
2. Programa comunitario RESIDER (véase el Anexo II) 
Como política regional se propone fundamentalmente 
un programa comunitario (RESIDER) amparado en 
el artículo 7 del Reglamento del FEDER y centrado 
en el desarrollo de los recursos endógenos externos al 
sector en crisis. A la vista de su capacidad propia de 
adaptación y las posibilidades de desarrollo que con­
tienen, son las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) la que constituyen el objeto principal de las 
medidas de estímulo. Este método parece, en efecto, el más apropiado para movilizar las posibilidades de 
redistribución regional. Además de los incentivos in­
dispensables para la inversión de las PYME, el prog­
rama prevé un conjunto de medidas adjuntas tales 
como la animación económica, el desarrollo del con­
sejo en la gestión y en la organización, el estímulo a 
la creación de servicios comunes entre varias empre­
sas, el fomento de la puesta en práctica de la innova­
ción en productos y tecnologías en las PYME, un ac­
ceso más fácil al capital riesgo y los análisis sectoriales 
sobre las posibilidades de los mercados nacionales, 
comunitarios y exteriores. A tal conjunto de medidas 
se une la propuesta de reservar una cantidad determi­
nada para bonificaciones de intereses de préstamos 
globales en favor de pequeños proyectos industriales, 
préstamos concedidos al amparo del artículo 56 del 
Tratado CECA. 
Como complemento de las ayudas directas a las 
PYME, son igualmente necesarias actuaciones sobre 
ciertas infraestructuras. Se refieren, sobre todo, a la 
mejora de emplazamientos industriales degradados a 
consecuencia del declive y el cierre de empresas (de­
siertos industriales), y a la actualización de otros 
equipos vinculados a las actividades productivas. 
Se trata fundamentalmente de inversiones localizadas 
en el corazón de los centros urbanos, por lo que su 
coste es relativamente alto y se precisan aportaciones 
exteriores. 
El programa comunitario RESIDER se sitúa en la 
perspectiva de la reforma de los fondos, ya que la 
asignación presupuestaria provisional a cargo de la 
Comunidad (que representa el 55 % del coste total, es 
decir, 300 millones de ECU) sólo cubre los tres pri­
meros años de la duración del programa. En efecto, la 
duplicación de los fondos estructurales podrá hacer 
pasar la cobertura total del FEDER de 3 500 a 7 000 
millones de ECU por año; de esta manera, la cantidad 
reservada a las regiones industriales en declive se ele­
vará 1 400 millones de ECU en 1992. Por tanto, po­
drán aumentarse sustancialmente, en su caso, los me­
dios destinados al programa comunitario. Además, la 
selección de zonas se basará en criterios objetivos 
compatibles con los señalados en el objetivo n° 2. Con 
esta base, se fijarán las zonas del programa comunita­
rio con arreglo a la pérdida de puestos de trabajo y en 
función de la situación regional. Este método tiene la 
ventaja de crear un vínculo entre las operaciones de 
reestructuración y la actuación regional de reconver­
sión, con lo que se acentúa el carácter preventivo de 
la intervención comunitaria. Por último, la Comisión 
prestará a los Estados miembros la ayuda técnica ne­
cesaria para la preparación de los programas de inter­
vención que deberán encuadrarse en los contextos co­
munitarios de apoyo respectivos. También garantizará 
el establecimiento, por parte de los Estados miembros, 
de comités de coordinación que realicen el segui­
miento, evaluación y adaptación, si resulta necesario, 
de los programas de intervención. 
N° C 272/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.10. 87 
Resumen de las necesidades financieras para las medidas regionales 
Artículo 56 del Tratado CECA:W millones de ECU/año (véase COM(86) 422) 
Programa comunitario RESIDER 
1. Pérdidas de puestos de trabajo durante el período 1986-1989: 215 millones de ECU (2 500 ECU por 
puesto de trabajo perdido). 
2. Reserva para bonificación CECA: 60 millones de ECU (1988-1990). 
3. Lanzamiento de la reconversión regional en los nuevos Estados miembros: 25 millones de ECU. 
Total: 300 millones de ECU (1988-1989-1990). 
XI. Utilización y reforma de los fondos estructurales 
De lo anterior se deduce que las propuestas de tipo so­
cial y regional, no solamente son compatibles con las 
propuestas de la Comisión sobre reforma de los fondos 
estructurales (documento COM(87) 100), sino que, ade­
más, constituyen un claro ejemplo de su necesidad. Para 
las medidas regionales, la actuación propuesta se situará, 
tanto en su envergadura como desde el punto de vista de 
la selección de las zonas, dentro del objetivo n° 2 (véase 
el punto X. 2). Está previsto, en particular, un aumento 
del presupuesto del programa RESIDER, consecuencia 
del aumento de la dotación de los fondos estructurales 
resultante de su reforma, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 130 D del Tratado CEE. 
En general, a medida que la Comisión vaya presentando 
al Consejo propuestas concretas sobre la reforma de los 
fondos estructurales, precisará sus propuestas en torno a 
la utilización de estos fondos y, en su caso, las que se 
refieran al programa RESIDER. 
La aplicación de las medidas propuestas se inspirará, 
además, en los principios enunciados en la comunicación 
COM(86) 422, sobre refuerzo de las intervenciones 
estructurales en favor de las zonas siderúrgicas. 
En cuanto a las medidas sociales, la evolución de los gas­
tos de readaptación (véase el punto IX. 2) refleja la posi-
blidad de descargar de su peso el presupuesto operacio-
nal de la CECA, con la reforma de los fondos estructura­
les al amparo del objetivo n° 2. 
XII. Presupuesto de la CECA (véase el Anexo III) 
Habida cuenta del previsible estancamiento de los ingre­
sos procedentes de la exacción de tipo constante y de los 
compromisos, cada vez mayores, que la Comisión se es­
forzará por mantener en el ámbito de lo social, según los 
convenios ya firmados en favor de los trabajadores de la 
siderurgia y el carbón, el margen de maniobra que queda 
en el interior del presupuesto de la CECA es mínimo. En 
efecto, como ya se ha señalado (puntos IX. 1 y IX. 2), 
los créditos consignados en el proyecto del presupuesto de la CECA para 1988 no permiten ni cubrir los 76 mi­
llones de ECU que se prevén necesarios para las subven­
ciones tradicionales a la readaptación indicadas en el 
cuadro del punto IX (créditos: + /— 70 millones de 
ECU), ni financiar los 44 millones de ECU que hay que 
comprometer para el programa de subvenciones sociales 
complementarias. 
La Comisión no puede considerar siquiera la posibilidad 
de reducir los gastos de investigación de la CECA (acti­
vidad vital para el mantenimiento de la competitividad y 
el porvenir del acero como material), ni modificar su polí­
tica de reservas (que, desde 1986 y a raíz de un análisis 
solicitado por la autoridad presupuestaria, se fijan según 
criterios objetivos recomendados por asesores indepen­
dientes y, además, se. mantienen prácticamente a nivel). 
La única solución practicable para cubrir estas necesida­
des suplementarias es, por tanto, la transferencia del pre­
supuesto de la CEE a la CECA en 1988, y a la espera de 
que tras la reforma de los fondos estructurales tal opera­
ción resulte innecesaria a partir de 1989, de un total de 
50 millones de ECU en concepto de ayuda a la readapta­
ción del acero (incluido el programa complementario). 
Se adjunta en el Anexo TV una propuesta de decisión del 
Consejo. La cantidad que por tal concepto debe figurar 
en el presupuesto general en 1988 es de 4 millones de 
ECU (véase la ficha financiera adjunta al Anexo TV), que 
se financiará, en su momento, mediante transferencia. 
XIII. Inclusión de España y Portugal 
La siderurgia española, que se encuentra en régimen de 
transición hasta finalizar 1988, plantea un problema par­
ticular para las medidas que se pretenden aplicar a la in­
dustria. Este régimen transitorio expira al terminar 1988, 
y su prórroga exige la unanimidad del Consejo, además 
de una modificación en el Tratado de adhesión que ha 
sido ratificado por doce Parlamentos nacionales. Termi­
nado el período de transición, en principio el 1 de enero 
de 1989, España deberá integrarse en el sistema de cuo­
tas. Sin embargo, desde 1988, se beneficiará de las medi­
das sociales y regionales contempladas y, en opinión de 
la Comisión, de la mejora de precios ocasionada por la 
reestructuración que los demás países emprenderán con 
sus propios medios financieros. 
10.10.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C272/11 
Ya se ha solicitado la participación de este país en la 
nueva reestructuración desde el 1 de enero de 1988, sin 
que ello implique la reducción del período transitorio de 
3 años establecido por el artículo 52 del Acta de adhe­
sión de España y de Portugal. 
La Comisión ofrece a España la posibilidad de participar 
en 1988 voluntariamente en el sistema de reestructura­
ción, y está dispuesta a buscar con la siderurgia española 
las referencias adecuadas para su participación en el régi­
men de cuotas. 
En lo que se refiere a Portugal, los aspectos industriales 
se presentan de diferente manera: sólo una parte mínima 
de su producción se vería eventualmente afectada por los 
sistemas.de cuotas y de primas al cierre contemplados. 
Por otra parte, el período transitorio durante el cual, al 
amparo del Tratado de adhesión, está autorizada la side­
rurgia portuguesa a recibir subvenciones nacionales no 
concluye hasta finalizar 1990. 
En consecuencia, la parte de este documento referida a 
la industria no parece afectar a este Estado miembro." 
Por el contrario, es obvio que está sumamente interesado 
por los aspectos sociales y regionales de las propuestas 
contempladas, que deberán, evidentemente, tener en 
cuenta la situación particular de su industria. Está invi­
tado, por tanto, al igual que España, a asociarse a la polí­
tica seguida. 
PROPUESTAS 
Dentro de los límites indicados, la Comisión responde a 
la petición del Consejo de presentar un conjunto de me­didas coherentes y vuelve a tomar la iniciativa en el ám­
bito de la reestructuración de la siderurgia, que sigue 
siendo el objetivo definitivo. 
En consecuencia, se solicita al Consejo: 
— dar su conformidad para la instauración de un régi­
men de cuotas, incluyendo el sistema de financiación 
de primas, para las categorías la), Ib), II y III, con 
una duración de tres años, en principio, salvo lo dis­
puesto en el punto V; 
— encargar a la Comisión la búsqueda, con España y 
Portugal, de un acuerdo sobre su participación, a 
partir de 1988, en las medidas propuestas con arreglo 
a las medidas indicadas en el punto XIII; 
— aprobar el programa comunitario para las zonas side­
rúrgicas («RESIDER») al amparo del artículo 7 del 
Reglamento del FEDER; 
— decidir por unanimidad la transferencia de un total 
de 50 millones de ECU del presupuesto general a la 
CECA en 1988, en concepto de ayudas sociales. 
Anexos: 
I. Sistema de cuotas-artículo 58 del Tratado CECA. 
II. Programa RESIDER. 
III. Nota informativa sobre el presupuesto de la CECA y 
sobre las reservas de la CECA. 
rV. Propuesta de decisión del Consejo sobre una trans­
ferencia a la CECA a cargo del presupuesto general. 
N°C272/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.10.87 
ANEXO I 
Sistema de cuotas-artículo 58 del Tratado CECA 
La Comisión se propone introducir, a partir del 1 de enero de 1988, un sistema de cuotas destinado, 
simultáneamente, a facilitar la reestructuración de la industria siderúrgica y a crear las condiciones de 
mercado estable en las cuales pueda realizarse dicha reestructuración. La introducción de este sistema de 
cuotas está sometido a la condición de que, antes del 30 de noviembre, la Comisión haya recibido de la 
industria compromisos firmes para un cierre sustancial de la capacidad de laminado en caliente. Está pre­
visto que el sistema de cuotas se mantenga vigente por un máximo de tres años pero, si la Comisión, el 1 
de agosto de 1988, comprueba que los compromisos iniciales a los cuales se añadieron los compromisos 
complementarios durante el período provisional no pueden considerarse suficientes para garantizar razona­
blemente de viabilidad futura de la industria, puede decidir poner fin al sistema de cuotas con anterioridad. 
Los elementos esenciales del nuevo sistema de cuotas propuesto son los siguientes: 
El sistema se limitará a la cobertura de las categorías de productos la), Ib), II y III. La definición de 
las categorías de productos coincidirá con la del sistema existente, salvo para los rollos laminados en 
caliente entregados a otros productores de la CECA para su transformación en rollos laminados en 
frío, que quedarán excluidos del sistema. El sistema de cuotas actuales para las categorías IV y VI 
concluirá, por tanto, a finales de 1987. 
Las referencias de cuotas de las empresas se basarán en el promedio anual de las producciones efecti­
vas y entregas efectivas al mercado común para los productos afectados durante los años 1985 y 1986, 
suponiendo que las empresas afectadas hayan pagado las multas impuestas por exceso de producción, 
de entregas o de ambas cosas, al mercado común. En el caso en que aún se halle sometida a conside­
ración la posible imposición de una multa, se aplicará una multa provisional a la espera de la decisión 
definitiva. 
Se prevé que las empresas que no produzcan más que una categoría de productos sometidos a cuotas, 
o cuya producción de una categoría de productos sobrepase el 80 % de la producción del total de los 
productos sometidos a cuotas fabricados por la empresa, verán ajustadas, en su caso, las referencias 
para garantizar que la relatividad de las referencias para ese producto sea, por lo menos, igual a la 
relatividad de las referencias establecidas el 1 de enero de 1986. Análogamente, la Comisión ajustará 
las referencias de entregas en la Comunidad incorporando las cuotas complementarias aprobadas en 
1987, en virtud de la Decisión n° 1433/87/CECA (adaptaciones I:P). Se reconsiderará esta última 
disposición a la luz de la evolución de las condiciones del mercado y teniendo en cuenta, igualmente, 
las normas que pudiera dictar el Tribunal de Justicia en los asuntos que se le han sometido relaciona­
dos con este tema. 
Uno de los artículos del sistema de cuotas propuesto otorgará a la Comisión el poder de conceder 
cuotas suplementarias a las empresas a las que el sistema de cuotas ocasione dificultades excepcionales. 
Sin embargo, el total de estos suplementos no podrá exceder del 1 % de las cuotas de base concedi­
das, ya que la actualización de las referencias habrá resuelto la mayor parte de las dificultades. Seguirá 
existiendo una disposición para suplementos que cubran exportaciones excepcionales, aunque parece 
que tal disposición será menos necesaria en el futuro, debido, una vez más, a las modificaciones 
introducidas en las referencias. 
proce- En la categoría la), se dispondrá de tonelaje; suficiente para satisfacer por completo la demanda 
dente de los productores de tubos pequeños soldados. 
No se prevé ninguna otra disposición sobre tonelajes suplementarios, con la importante excepción de 
un bono de cuotas que se concederá a las empresas que cierren una instalación de laminado en ca­
liente y transfieran las referencias asociadas a otra empresa. El nivel de ese bono deberá reflejar la 
importancia del cierre y tener en cuenta las reducciones asociadas en la capacidad de producción de 
acero líquido. Se mantendrán las disposiciones que facilitan la reestructuración de las empresas en el 
sistema de cuotas actual, salvo la que autoriza a una empresa a transferir las referencias de una cate­
goría de productos a otra categoría distinta con motivo del cierre de una instalación. 
Si una empresa es declarada en quiebra, la Comisión se reservará el derecho, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias, de impedir la transferencia, total o parcial, de las referencias a un nuevo propieta­
rio. 
La Comisión estima que el mantenimiento de los flujos comerciales tradicionales de productos siderúr­
gicos entre los Estados miembros no es coherente con el objetivo comunitario de crear un mercado 
interior abierto en 1992. En consecuentia, se propone la supresión del procedimiento de vigilancia 
establecido por la Decisión n° 3717/83/CECA (documentación adjunta y certificados de producción) 
al finalizar el presente año. 
Se mantendrán las disposiciones especiales que se aplican actualmente a Grecia e Irlanda. 
10.10. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 272/13 
Categoría la) 
— bandas anchas en caliente para utilización directa y para exportación; 
— chapas medianas y fuertes de espesor igual o superior a 3 milímetros, obtenidas por corte de bandas 
anchas en caliente; 
— bandas en caliente de longitud inferior a 600 milímetros, incluidas las bandas de tubos. 
Categoría Ib) 
— chapas o rollos laminados en frío, de espesor inferior a 3 milímetros; 
— chapas o rollos laminados en frío, de espesor igual o superior a 3 milímetros; 
— chapas laminadas en caliente cortadas en ciertas longitudes de espesor inferior a 3 milímetros. 
Categoría II 
— chapas excuarto y placas anchas. 
Categoría III 
— viguetas. 
N°C 272/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.10.87 
ANEXO II 
Programa Resider 
Exposición de motivos 
1. El programa comunitario adjunto se basa en el artículo 7 del Reglamento del Fondo Europeo de Desa­
rrollo Regional (FEDER). Su finalidad es contribuir a resolver los problemas graves que afecten a la 
situación socioeconómica de las regiones, garantizando «una mejor articulación entre los objetivos co­
munitarios de desarrollo estructural o de reconversión de las regiones y los objetivos de las demás 
políticas comunitarias». La presente acción debe acompañar, paralelamente a las medidas sociales, a los 
esfuerzos de reestructuración de la industria siderúrgica, contribuyendo al desarrollo de nuevas activida­
des económicas. Responde así, directamente, a uno de los grandes objetivos de las políticas estructurales 
de la Comunidad, definidos por la Comisión, en sus comunicación al Consejo titulada «Llevar a buen 
término el Acta Única, una nueva frontera para Europa» ('), es decir, la reconversión de las regiones 
industriales en crisis. 
2. En lo que concierne al sector siderúrgico, hay que decir que, a pesar de los considerables esfuerzos de 
reestructuración realizados en estos últimos años, principalmente en el marco de la Decisión n° 2320/ 
81/CECA, relativa al código de ayudas «acero», los problemas de sobrecapacidad están lejos de haberse 
resuelto. Según las estimaciones hechas en el marco de los objetivos generales «acero» 1990 de la Comu­
nidad, la capacidad debería reducirse todavía en cerca de 30 millones de toneladas, lo que significará 
pérdidas suplementarias del orden de 80 000 empleos, entre 1987 y 1989. Esas supresiones se suman a las 
180 000 puestos de trabajo perdidos entre 1980 y 1985, y a los 26 000 solamente en 1986. 
3. La Comisión, consciente de las graves implicaciones de esa evolución, ha previsto un conjunto de medi­
das sociales y regionales destinadas a atenuarla. En particular, ha propuesto en su comunicación relativa 
al reforzamiento de las acciones estructurales en favor de las cuencas de reestructuración siderúrgica (2), 
un programa de acción que incluye el lanzamiento de un programa comunitario, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Fondo Regional en favor de las regiones afectadas por 
esta reestructuración. 
4. El programa comunitario propuesto contiene dos puntos: 
— Por una parte, una vez el Consejo haya adoptado el correspondiente reglamento, permitirá, a los 
nuevos Estados miembros, participar plenamente en el esfuerzo de reconversión regional en curso a 
nivel comunitario, en condiciones análogas a las que ya benefician a los demás Estados miembros de 
la Comunidad. 
— Por otra, reforzará los esfuerzos regionales de reconversión emprendidos por los Estados miembros, 
en la medida en que las reestructuraciones hasta final de 1989 entrañan un deterioro de la situación 
socioeconómica en las principales zonas afectadas, especialmente aquéllas definidas por la Comisión 
en su comunicación COM(86) 422. Ello permitirá intensificar la movilización de recursos comple­
mentarios y, al mismo tiempo, prolongar hasta fin de 1992 los programas especiales en curso, que se 
llevan a cabo con la ayuda financiera del Fondo Regional bajo el antiguo sistema fuera de cuota y 
que dispone de un presupuesto de 285 millones de ECU Q). 
5. Las medidas propuestas por el programa comunitario se centran en el desarrollo de potencial endógeno, 
forma que se revela como la más apropiada para renovar el tejido económico y para movilizar las 
fuerzas vivas de las regiones afectadas. Se trata, efectivamente, del conjunto de medidas preconizadas 
por la Comisión en su comunicación COM(86) 422 y que combinan la mejora de la infraestructura y 
del entorno físico y social de las zonas afectadas, el desarrollo de servicios comunes, el fomento de la 
innovación, el acceso al capital-riesgo, la elaboración de estudios sectoriales y las ayudas a la inversión. 
A esas medidas se añaden las ayudas en forma de bonificación de intereses sobre préstamos globales 
comunitarios en favor de pequeños proyectos industriales, según el artículo 56 del Tratado CECA. El 
fin de este último mecanismo, tal como se enuncia en la comunicación COM(86) 422 es permitir la 
movilización de créditos suplementarios en favor de las PYME de las cuencas siderúrgicas, más allá de 
los recursos disponibles en el marco del presupuesto de la CECA. 
(') COM(87) 100 final de 15. 2. 1987. 
(2) COM(86) 422 final de 26. 7. 1986. 
(J) Reglamento (CEE) n° 2616/80 del Consejo, modificado por el Reglamento (CEE) n° 216/84; DO n° L 271 de 15. 
10. 1980, p. 9, y DO n° L 27 de 31. 1. 1984, p. 9. 
10.10. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 272/15 
6. La cobertura financiera total que la Comisión estima necesaria prever provisionalmente para la presente 
proposición se eleva a 300 millones de ECU. Este importe provisional, concentrado en los 3 primeros 
año del programa, puede ser aumentado en función de la reforma de los fondos estructurales. 
El reparto financiero relativo a la primera parte del programa concierne solamente a España, y las zonas 
a beneficiar se definen en la propuesta de Reglamento. Con respecto a la segunda parte, el reparto por 
Estado se aplicará en función de las pérdidas de empleo que se produzcan en el sector siderúrgico hasta 
fin de 1989. La Comisión decidirá las zonas que deban beneficiarse, previa solicitud del Estado miembro 
interesado. 
El programa cubrirá, a partir de su puesta en marcha, el período de 1988 a 1992. Los plazos previstos 
son los siguientes: 
Programa Resider: Plazos previstos 
País "~"~""~— Año 
Ia parte: España 
2 a parte: cualquier 
Estado miembro 
Total 1988 
5 
55 
60 1989 
10 
110 
120 1990 
10 
110 
120 1991 
— 
— 1992 
— 
— Total 
25 
275 
300