A4-0191/96

Resolución sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones en el ejercicio parlamentario 1995-1996

El Parlamento Europeo,

- Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, los artículos 8 D y 138 D del Tratado CE,

- Vistos los artículos 156 a 158 y, en particular, el apartado 5 del artículo 157 de su Reglamento,

- Vistas sus anteriores resoluciones sobre peticiones y, en particular, la aprobada el 12 de julio de 1995 sobre la base del informe anual sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones en el ejercicio parlamentario 1994-1995,

((DO C 249 de 25.9.1995, p. 71.))- Vista su Resolución de 17 de noviembre de 1993 y su Decisión sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones,

((DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.))- Visto el informe de su Comisión de Peticiones (A4-0191/96),

A. Considerando que el derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo constituye un derecho básico inherente a la ciudadanía de la Unión y reconociendo que los ciudadanos de la Unión y las personas que residen en la misma pueden desear profundizar en el desarrollo de este derecho mediante sus peticiones ante el Parlamento Europeo,

B. Considerando que para las instituciones y órganos de la Comunidad las peticiones representan un medio importante de informarse, de una manera directa, de los efectos de la normativa comunitaria sobre los ciudadanos así como de las infracciones al derecho comunitario, permitiéndole al Parlamento Europeo en particular, un fortalecimiento de sus competencias de control,

C. Considerando que las peticiones presentadas plantean, y cada más, graves infracciones al derecho comunitario y, a veces, cuestiones de orden político,

D. Considerando el hecho de que es deseable un acercamiento entre los ciudadanos y los mecanismos de decisión comunitaria y que, por consiguiente, el trabajo de la Comisión de Peticiones debe darse a conocer más allá de las instituciones comunitarias facilitando más informaciones objetivas acerca del derecho de petición,

E. Considerando que la plena entrada en funciones del Defensor del Pueblo Europeo impone la necesidad de una estrecha colaboración entre éste y el Parlamento Europeo, a fin de garantizar plenamente la posibilidad que tienen los ciudadanos de dirigirse a las instituciones y órganos comunitarios sobre las cuestiones que les preocupan;

1. Asume, como Institución comunitaria elegida directamente por los ciudadanos de la Unión y depositaria del derecho de petición, la obligación de tener plenamente en cuenta las quejas, opiniones y peticiones de éstos, defendiendo ante todas las instituciones de la Unión las posiciones de los ciudadanos que considere legítimas o justificadas;

2. Se compromete a hacer lo posible por que las reuniones de la Comisión de Peticiones no se celebren en una fecha en que las demás comisiones parlamentarias se reúnan, a fin de examinar las peticiones del modo más adecuado posible;

3. Encomienda a todas sus comisiones y delegaciones que traten con toda la diligencia requerida las peticiones que les son transmitidas para opinión, información o atribución y que, en el marco de sus competencias, tengan en cuenta las infracciones cometidas y las deficiencias constatadas en el derecho comunitario puestas de relieve por las peticiones que les son transmitidas por la Comisión de Peticiones; les pide, en este contexto, que informen a la Comisión de Peticiones de las iniciativas políticas y legislativas tomadas a raiz de alguna petición;

4. Constata que, de conformidad con el artículo 138 E del Tratado CE la Unión, el Defensor del Pueblo está «facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones juridisccionales»;

5. Constata que, de acuerdo con el artículo 138 D del Tratado CE, el Parlamento Europeo es la Institución receptora del derecho de petición y que las condiciones de admisibilidad de las peticiones, fijadas por el reglamento, son aplicadas por la Comisión de Peticiones sobre la base de criterios que ella misma se ha dado;

6. Reitera su opinión de que las peticiones constituyen un derecho fundamental inherente a la ciudadanía de la Unión, consagrado en los Tratados, y que constituyen un instrumento adecuado para conocer, de un modo directo, la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad de la política comunitaria, para detectar deficiencias en la normativa comunitaria así como para controlar incumplimientos en la aplicación y transposición del derecho comunitario;

7. Exige por lo tanto que los ciudadanos de la Unión reciban de las instituciones europeas correspondientes una información detallada y amplia sobre el derecho a presentar peticiones, reconocido de conformidad con el artículo 138 D del Tratado CE;

8. Expresa su deseo de que, en defensa de los derechos inherentes a la ciudadanía de la Unión, especialmente los instituidos en el artículo 8 D del Tratado CE, se establezca una estrecha, profunda y fructífera colaboración entre el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo, en beneficio de los ciudadanos de la Unión y de sus residentes;

9. Solicita a las demás instituciones comunitarias y, en particular, a la Comisión y al Consejo, su más estrecha colaboración para proteger e incrementar el ejercicio del derecho de petición en la Unión, evitando desalentar a los peticionarios por una prolongación desmesurada en dar la respuesta adecuada a cada caso; solicita en especial a la Comisión que, de acuerdo con el artículo 157, apartado 3, del Reglamento del Parlamento Europeo, facilite toda la información y todos los documentos y el acceso a sus servicios que no estén afectados por el secreto;

10. Pide a la Comisión que controle con todo rigor la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros así como los retrasos y las faltas de colaboración de los representantes de los Gobiernos, y que, a la hora de tomar la decisión de iniciar o de proseguir el procedimiento por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Tratado y previsto en el artículo 169 del Tratado CE, se guíe exclusivamente por los intereses de la Comunidad;

11. Pide a la Comisión Europea y a la Comisión de Peticiones que se esfuercen conjuntamente en tratar las peticiones lo más rapidamente posible, como corresponde al legítimo derecho que la ciudadanía europea confiere a los peticionarios y se compromete a poner a disposición de la Comisión de Peticiones las facilidades necesarias para examinar las peticiones del modo más rápido y adecuado posible;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, así como el informe de su comisión, a la Comisión y al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las comisiones parlamentarias competentes en materia de peticiones y a los Defensores del Pueblo u órganos similares de los Estados miembros.