Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- «la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas», y - «la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas»

(96/C 129/05)

El 19 de abril de 1995, de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento Interno, el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre las propuestas mencionadas arriba.

La Comisión de Ordenación del Entorno, Agricultura, Caza, Pesca, Bosques, Mar y Montaña fue la encargada de preparar los trabajos en este asunto (Ponente: Sr. Joseph).

En su 11° Pleno celebrado los días 17 y 18 de enero de 1996 (sesión del 18 de enero de 1996), el Comité de las Regiones ha aprobado el presente dictamen.

Vista la Comunicación de septiembre de 1995 sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas frescas y en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas;

Vista la Comunicación de la Comisión de julio de 1994 (COM(94) 360 final);

Vistos los dictámenes del Parlamento Europeo y del CES de enero de 1995 (A100/15/95; CES 54/95);

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la asociación euromediterránea (COM(95) 72 final);

Vistas las conclusiones del Consejo conjunto del 20 de septiembre de 1993,

el Comité de las Regiones aprueba el siguiente dictamen:

Considerando que los objetivos de la Unión Europea en vista de su ampliación son la expresión de los valores democráticos fundamentales y que la UE puede y debe dar respuesta a las peticiones de los países del este y del sur de la Unión;

Considerando que la construcción europea ha podido hacerse teniendo en cuenta la diversidad geográfica, social, cultural y económica, y dentro del respeto de la capacidad que sus Estados miembros tienen para alcanzar los objetivos que se han fijado;

Considerando que desde 1972, fecha del Reglamento sobre la organización común de los mercados en el sector de las frutas y hortalizas, la consolidación y el desarrollo de la Unión ha podido hacerse dentro del respeto y la consideración de las numerosas diferencias y la creciente diversidad;

Considerando que, desde entonces, la Comunidad ha sabido concebir y poner en práctica las políticas sectoriales y transversales que le han conferido una potencia económica de primer orden, y que también han asegurado, conjuntamente con las políticas nacionales de sus Estados miembros, un nivel de vida y un grado de evolución política excepcionales;

Considerando que, gracias a ello, la Unión, reforzada por el Tratado de Maastricht, tiene la capacidad de hacer frente a las evoluciones mundiales, no sólo por ella misma y los ciudadanos que la componen, sino también para ayudar a sus vecinos a acceder a mejores condiciones de vida;

Considerando que, por consiguiente, las fases sucesivas de este proceso siempre han requerido la búsqueda óptima de consenso sobre los objetivos y la adaptación de las soluciones adoptadas para alcanzarlos; que, en ese sentido, la reforma de la PAC y el capítulo agrícola de los acuerdos del GATT son elementos mejorables de un mecanismo más amplio, y no una finalidad en sí mismos; que es conveniente medir bien las contrapartidas que deben concederse en otros aspectos de las políticas europeas; que el Comité de las Regiones de Europa puede contribuir útilmente a hacer valer la necesidad de los equilibrios que deben establecerse, tanto en el plano interior como en las relaciones exteriores, debido a su proximidad a las realidades económicas, sociales y culturales;

Considerando que, desde esta óptica, la creación de un gran mercado único, el papel y la situación de la Unión en la Organización Mundial del Comercio recientemente constituida, los proyectos de asociación con el este y el sur son etapas importantes que no deben ser consideradas como pura y simplemente cumplidas; que estas etapas, en su fase inicial o preliminar, comportan evidentemente consecuencias que deben evaluarse y necesidades de adaptación a varios niveles; que un enfoque restrictivo de estas cuestiones hipotecaría la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión se adhieran a la política de ésta;

Considerando igualmente que los fenómenos de deterioro del medio ambiente, -de tanta gravedad como la desertización-, incluso si no son percibidos de la misma manera en todas las regiones de Europa, entrañan unos riesgos ecológicos, económicos y políticos enormes cuya importancia no está siendo suficientemente valorada; que a esos riesgos pueden añadirse los efectos todavía no evaluados de la integración europea, que se refleja en la concentración industrial debida a una integración económica reforzada; que es conveniente, por tanto, cuestionarse las posibilidades de hacer competitivas regiones con niveles de desarrollo diferentes y las repercusiones que pueden darse en cada una de estas regiones;

Considerando que la globalización de la economía afecta cada vez más a las empresas y a sus modos de producción, muy especialmente a las PYME; que el sector de las frutas y hortalizas frescas y de los productos transformados ha padecido más brutalmente que otros sectores las repercusiones de esta situación debido al abaratamiento de los costes de transporte y comunicación; que estos sectores, que emplean una gran cantidad de mano de obra tanto en la producción como en la transformación, el almacenamiento, el acondicionamiento y las actividades complementarias, registran diferencias competitivas muy grandes debidas a los costes sociales en el interior de la Unión, sobre todo en relación con terceros países; que, más allá del juego del libre comercio, se plantea para las autoridades públicas el problema de la financiación de la política social, para el empresario agrícola que quiere cesar en su actividad, la perspectiva de unas pensiones insuficientes en algunos países y el problema de la política estructural para unas producciones fuertemente marcadas por el pequeño tamaño de las explotaciones;

Considerando que las producciones implicadas están principalmente localizadas en zonas en las que las alternativas de diversificación agrícola son escasas; que esas zonas están, en su mayoría, duramente castigadas por el paro y sufren unos fenómenos crecientes de concentración urbana cuyos costes causan ya graves problemas a las comunidades; que conviene evitar que estas cargas aumenten con las resultantes del abandono de vastas extensiones de territorio; que, a este respecto, las políticas de arranque, presentadas desde el punto de vista macroeconómico como un medio seguro de racionalización y economía, tienen, a nivel regional, efectos desastrosos para las economías locales por su impacto sobre la ocupación del suelo, el tejido socioeconómico y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas de producción, recolección y transformación;

A la luz de estas observaciones deberían ser mantenidos los programas de ayuda existentes en el marco de los Reglamentos (CEE) n° 2078/92 (programas de protección del medio ambiente agrícola), n° 2079/92 (jubilación anticipada), n° 2080/92 (reforestación), así como las posibilidades de fomento garantizadas en los Fondos Estructurales para el refuerzo de la cohesión económica y social. Los Fondos Estructurales y la política de orientación correspondiente, destinados a las regiones que presentan déficits económicos y sociales específicos, deberán igualmente constituir en el futuro el instrumento principal de la Comunidad para poder asegurar un desarrollo económico regional positivo, reforzar el potencial endógeno y abordar los problemas sociales;

Considerando que las conclusiones del Libro Blanco de 1994 presentadas por el Presidente Delors hacen hincapié en el fortalecimiento de la cohesión económica y social de la Unión; que éste no podría concebirse sin la conservación de los equilibrios territoriales a escala regional;

1. El Comité de las Regiones exige que el Consejo y la Comisión cumplan su compromiso conjunto del 20 de septiembre de 1993, llevando a efecto las obligaciones acordadas:

- adoptar para los sectores de producción cuyas organizaciones de mercado no hayan sido todavía modificadas las disposiciones necesarias para asegurar las rentas agrícolas y la preferencia comunitaria,

- tener en cuenta para esos sectores las condiciones y los principios agrícolas y financieros que han sido aplicados para el conjunto del sector agrícola.

2. A este fin, el Comité de las Regiones invita a la Comisión y al Consejo a proponer y a poner en marcha los mecanismos destinados a:

- garantizar la adaptación de los medios presupuestarios asignados a la reforma en función de los efectos negativos a los que su aplicación podría dar lugar,

- restablecer condiciones de competencia que no sean falseadas por las fluctuaciones monetarias ni por las disparidades de los costes sociales,

- hacer valer frente a sus socios de la Organización Mundial del Comercio, en vista de una próxima ronda de negociaciones, los intereses de los productores de la Unión en lo que se refiere al acceso al mercado interior y a los mercados exteriores, principalmente mediante una toma de posición enérgica en las cuestiones relativas al dumping social,

- considerar con la máxima atención las consecuencias directas e indirectas de los acuerdos comerciales con terceros países, principalmente en lo que respecta a tonelajes y calendarios de importación, y, sobre todo, tener en cuenta los objetivos de los Tratados constitutivos de la Unión mediante la realización de análisis globales previos a los proyectos de acuerdos bilaterales, o a su revisión,

- revisar las modalidades de cálculo de los precios de entrada, teniendo en cuenta los costes de comercialización y los costes de producción, y aplicar con rigor esta reglamentación,

- elaborar sin tardanza el reglamento de aplicación relativo a los niveles de volúmenes y de precios que dan lugar a la aplicación de la cláusula especial de salvaguardia,

- emprender, en breve plazo, acciones concertadas decididas para estudiar, con anterioridad a todo proyecto de acuerdo de libre comercio, los efectos de una liberalización suplementaria, la localización de éstos y los correctivos a los que se pueda recurrir.

3. El Comité de las Regiones considera que la cofinanciación podría ser un instrumento eficaz, también en el ámbito del FEOGA -sección Garantía-, para garantizar una utilización eficiente y responsable de los recursos financieros, sin detrimento del principio de solidaridad financiera. La cofinanciación pública para la formación de un fondo de operaciones de las organizaciones de productores abre una vía que permite reaccionar de manera flexible ante las variaciones coyunturales y regionales de la producción, al tiempo que resulta idóneo para adoptar mejor la producción al equilibrio del mercado en aras de la seguridad de los precios.

El Comité de las Regiones estima necesario mantener la posibilidad de incluir, llegado el caso, productos de la economía regional especialmente sensibles para evitar graves perturbaciones del mercado. Estas medidas deberían ser limitadas en cuanto a su duración e importe.

El Comité de las Regiones sigue señalando el contrasentido que representa la exigencia de que los productores y los Estados miembros soporten una gran parte de los costes de intervención. Esta exigencia conduciría a una situación francamente desfavorable a los Estados miembros y las regiones que tienen un potencial económico más débil, principalmente a los del sur de Europa o a aquellas en las que las organizaciones de productores están poco implantadas; según un análisis socioeconómico que se ha llevado a cabo, los costes de intervención deberían ser asumidos totalmente por el FEOGA -sección Garantía- durante un período transitorio.

Por otra parte, la propuesta de reducir los precios de retirada, combinada con la reducción de los volúmenes por los que se puede solicitar la retirada, contradice el reconocimiento por parte de la Comisión de que es necesaria la existencia de excedentes coyunturales de escasa cuantía para la estabilidad del mercado de frutas y hortalizas. La Comisión contemplará los mecanismos necesarios para que el límite máximo del fondo de operaciones previsto en la propuesta de Reglamento no constituya un elemento de rigidez para la absorción de los excedentes coyunturales de carácter excepcional que puedan originarse eventualmente a lo largo de una campaña y contribuir de esta manera a una adecuada gestión del mercado.

El Comité de las Regiones juzga necesario conservar la posibilidad de incluir caso por caso entre los productos que se benefician de la intervención productos representativos de las zonas tradicionales de producción.

4. El Comité de las Regiones expresa su deseo de ver que la Comisión completa sus propuestas relativas al desarrollo de un instrumento eficaz que permita obtener información sobre el mercado. La introducción de los programas operativos no deberá dar lugar a interferencias con la política estructural y las medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC.

5. El Comité de las Regiones llama insistentemente la atención del Consejo y de la Comisión sobre las repercusiones de estas medidas sobre el empleo, las inversiones, la estructura de las explotaciones agrarias y empresas sólidamente imbricadas en las economías regionales. El Comité de las Regiones de Europa recuerda que, aparte de las diferencias entre las competencias de las regiones, la insignificante cuantía de los medios presupuestarios de las regiones no les permite una intervención eficaz en las situaciones de crisis, situaciones que ellas son las primeras en presentir, dada su proximidad a los ciudadanos y a los proyectos y dificultades de éstos.

La cohesión económica y social, realidad cotidiana e inmediata para las regiones, sería más difícil con una OCM que autorizara importaciones en las que se emplean prácticas de dumping y que recurriera a la autofinanciación de los productores, cuya capacidad financiera está fuertemente debilitada por las sucesivas crisis que, dada la existencia de un mercado único, pueden hacerse extensivas a todas las zonas de producción.

6. El Comité de las Regiones, favorable a que los productores asuman sus responsabilidades, toma nota con satisfacción de las propuestas en materia de organización económica, y subraya que el principio de alentar a éstos a orientar las producciones en función de las necesidades del mercado y la evolución de la demanda, necesita unos medios adaptados a su diversidad; a tal fin, conviene prever modalidades que fomenten el surgimiento de una organización de productores en el nivel de las zonas de producción homogéneas en cuanto a suelo y clima; conviene igualmente dar a los productores la posibilidad de la doble pertenencia para los productos frescos y los productos frescos destinados a la transformación. En el sector de las frutas y hortalizas, las organizaciones de productores constituyen un elemento clave para una adecuada gestión de la oferta.

Por otra parte, corresponderá a los Estados miembros determinar las dimensiones económicas mínimas (número de productores y volumen comercializable) que deben cumplir las organizaciones de productores para poder ser reconocidas como tales en la nueva organización común de mercados, así como las normas necesarias para asegurar el control democrático de las organizaciones de productores por parte de los productores asociados.

El Comité de las Regiones valora positivamente el papel de la industria transformadora de cítricos, que propicia la estabilidad del mercado de productos frescos y, simultáneamente, asegura a la industria comunitaria de zumos materias primas en mejores condiciones para competir con los grandes productores no comunitarios. Por consiguiente, desea que la Comisión se comprometa a mantener el presupuesto destinado a la transformación de cítricos.

No obstante, llama la atención sobre la cuestión de la exclusividad de la conclusión de contratos, en la industria de la transformación, entre el sector de la transformación y las organizaciones de productores. Se trata de una medida aceptable a medio plazo, pero que seguramente provocará en breve graves problemas de adaptación en los Estados miembros y regiones que arrastran un retraso en la estructuración de sus organizaciones de productores. Esto demuestra la necesidad de determinar un período de transición adecuado.

El hecho de tener en cuenta las situaciones específicas de las producciones de importancia local y regional es igualmente un progreso que responde a las expectativas de numerosas organizaciones de productores y de industrias de transformación. A tal efecto, es importante estudiar las producciones caso por caso y las repercusiones económicas de la reforma en cada región considerada.

Por otra parte, la propuesta de sustituir las cuotas fijas por cuotas variables en la industria de la transformación causará de modo arbitrario serios problemas, ya que con ello se favorece a ciertos Estados miembros en detrimento de otros. Aunque se admite la necesidad de flexibilizar el actual sistema de cuotas, esto debería hacerse dentro de los Estados miembros mediante la transferencia entre los diferentes productos a base de tomate, manteniendo como punto de referencia las cuotas globales actualmente en vigor.

Para garantizar las ventas de productos regionales, es necesario que los Estados miembros, en la fase de definición de los criterios de reconocimiento de las organizaciones de productores existentes o que puedan constituirse en el futuro, puedan tener en cuenta datos regionales específicos.

Asimismo las propuestas relativas a las organizaciones y los acuerdos interprofesionales dejan abierta la posibilidad de valorizar los esfuerzos realizados por los productores de la Unión en materia de calidad y respeto del medio ambiente. Es una lástima que en esta ocasión, la propuesta de Reglamento no precise las reglas para el conjunto de los operadores del sector, principalmente el segmento comercial y la gran distribución. En lo que se refiere a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, debería contemplarse un período de adaptación transitorio de seis años, el cual se haría extensible a todas las actuaciones previstas en la reforma.

7. El Comité de las Regiones, sin cuestionar las propuestas relativas a la normalización, expresa, sin embargo, su deseo de que continúen los esfuerzos en pro de la simplificación y la transparencia, para limitar al máximo los sobrecostes para los productores de la Unión y, por otra parte, para que los consumidores europeos puedan acceder de manera sencilla y permanente a estos elementos de información.

8. El Comité de las Regiones, si bien aprueba la utilidad de un instrumento de control adaptado y eficaz, señala que los controles deben llevarse a cabo en toda la Unión sobre la base de criterios idénticos y aplicarse tanto a las importaciones como a la producción comunitaria.

En el marco de la reforma del procedimiento de liquidación de cuentas, la nueva versión del Reglamento (CEE) n° 729/70 incluye reivindicaciones específicas respecto a los organismos pagadores y la puesta en funcionamiento de «oficinas de certificación» en los Estados miembros. Esto aumenta sensiblemente la garantía de que los medios se utilizan de conformidad con la legislación comunitaria. No parece, pues, necesario prever disposiciones suplementarias en el marco de una reglamentación jurídica comunitaria específica relativa a la organización del mercado. El Comité de las Regiones rechaza todas las intervenciones de la Comunidad que vayan más allá del procedimiento de liquidación de cuentas e interfieran en las competencias nacionales y la autonomía administrativa de las regiones.

9. El Comité de las Regiones apela a la Comisión y al Consejo para que no subestimen la fragilidad de los equilibrios que guardan relación con los empleos directos e indirectos, la ordenación del territorio, la conservación de paisajes y parajes, y las bases culturales a cuyo mantenimiento contribuyen los sectores interesados. Por esta razón, el Comité de las Regiones pide expresamente al Consejo y a la Comisión que reorienten las posibilidades de ayuda existentes en el marco del Reglamento (CEE) n° 2078/92 (relativo a los métodos de producción agrícola respetuosos con el medio ambiente y el entorno natural), cuyo objeto es también fomentar métodos de explotación respetuosos con el medio ambiente y la ordenación del entorno más allá del plazo de la campaña actual, y que renuncien a todo lo que podría representar una amenaza para los modelos establecidos hasta la fecha en los programas regionales.

La revisión prevista de este Reglamento debería ser concebida de modo que la política del medio ambiente agrícola pudiera convertirse en un pilar sólido y autónomo.

Hecho en Bruselas, el 18 de enero de 1996.

El Presidente del Comité de las Regiones

Jacques BLANC