COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 1.2.2023 COM(2023) 44 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención



1.Introducción El derecho a la asistencia jurídica gratuita está consagrado en el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Directiva (UE) 2016/1919 relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (en lo sucesivo, la «Directiva») tiene por objeto reforzar el derecho a un juicio justo en los procesos penales mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La Directiva es el sexto instrumento adoptado en virtud del artículo 82, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que constituye la base jurídica para adoptar normas mínimas sobre «los derechos de las personas durante el procedimiento penal». La Directiva se aplica en veinticinco Estados miembros. La UE ha adoptado las otras cinco directivas siguientes en este ámbito: ·la Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción; ·la Directiva relativa al derecho a la información; ·la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado y a la comunicación con terceros durante la privación de libertad; ·la Directiva por la que se refuerzan determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio y ·la Directiva relativa a las garantías procesales de los menores. Estas Directivas ayudan a mejorar la confianza mutua y a fortalecer así el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales. La Comisión Europea ya ha publicado los primeros informes sobre la aplicación de las cuatro primeras Directivas. El artículo 10, apartado 2, de la Directiva exige también a la Comisión que presente un informe sobre la aplicación de la misma al Parlamento Europeo y al Consejo. El presente informe se basa principalmente en información facilitada por los Estados miembros a la Comisión al notificar sobre las medidas nacionales de transposición de la Directiva. También se basa en información disponible públicamente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de estudios financiados por la Comisión con fondos procedentes de partes interesadas externas. El informe se centra en las medidas que los Estados miembros han adoptado hasta ahora para trasponer la Directiva. Evalúa si los Estados miembros han traspuesto la Directiva de forma plena y correcta y si el Derecho nacional alcanza los objetivos de la Directiva y cumple sus requisitos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado la Directiva 2013/48/UE en algunas ocasiones. Esta interpretación también es pertinente para evaluar el cumplimiento de la Directiva y se ha tenido en cuenta en este informe. 2.Evaluación general

De conformidad con el artículo 12 de la Directiva, los Estados miembros debían transponerla al Derecho nacional a más tardar el 25 de mayo de 2019. En esa fecha, cuatro Estados miembros (Alemania, Grecia, Croacia y Malta) no habían comunicado a la Comisión todas las medidas necesarias. Como resultado, en julio de 2019, la Comisión inició procedimientos por incumplimiento en virtud del artículo 258 del TFUE contra dichos Estados miembros por falta de comunicación de las medidas de transposición. Desde entonces, todos ellos han cumplido su obligación y se han archivado los procedimientos por incumplimiento. El enfoque de transposición de la Directiva varía entre los Estados miembros. Algunos Estados miembros han introducido medidas legislativas específicas que trasponen de forma explícita los derechos contemplados en la Directiva, junto con otras medidas de aplicación prácticas o jurídicas. Otros Estados miembros consideraron que sus medidas vigentes ya se ajustaban en líneas generales a los requisitos de la Directiva y no adoptaron ninguna medida específica de transposición. Aunque la ausencia de disposiciones de transposición específicas a veces se palia, por lo menos hasta cierto punto, a través de medidas de aplicación prácticas y jurisprudencia, no siempre es así. En varios Estados miembros (veintidós), las disposiciones nacionales son, por tanto, insuficientes para cumplir plenamente determinadas disposiciones clave de la Directiva. Es lo que ocurre, en particular, cuando el alcance de las medidas nacionales es menor que lo establecido en el artículo 2 de la Directiva (lo cual afecta a once Estados miembros). La evaluación del cumplimiento también ha puesto de manifiesto otras deficiencias en veintidós Estados miembros, en particular en relación con el requisito de conceder asistencia jurídica gratuita sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas. Este no cumplimiento de todas las disposiciones de la Directiva afecta negativamente a la eficacia de los derechos previstos por esta. La Comisión tomará todas las medidas apropiadas para poner fin a todas las deficiencias detectadas, en particular iniciando los procedimientos por incumplimiento, de conformidad con el artículo 258 del TFUE. 3.Puntos específicos de la evaluación 3.1.Ámbito de aplicación (artículo 2) El artículo 2, apartado 1, establece el ámbito de aplicación de los requisitos de la Directiva. La Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE y que a)estén privados de libertad; b)deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o c)deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas, incluidos, como mínimo, los siguientes: I)ruedas de reconocimiento, II)careos, III)reconstrucciones de los hechos. En muchos Estados miembros (catorce), las medidas nacionales que dan efecto a los derechos contemplados en la Directiva están en consonancia con esta, aunque podrían no transponer expresamente su artículo 2, apartado 1. Sin embargo, se han detectado problemas de cumplimiento en los Derechos nacionales de once Estados miembros. Los problemas de cumplimiento relacionados con la transposición del artículo 2, apartado 1, son especialmente graves, ya que a menudo también afectan al alcance de las disposiciones nacionales de aplicación de derechos específicos en virtud de la Directiva. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los sospechosos, tal como se entienden en la Directiva, no se reconocen como tales a nivel nacional, cuando la asistencia jurídica gratuita solo está disponible una vez que se han emitido cargos formales, o cuando la legislación nacional no contempla todas las formas de privación de libertad durante las cuales debe concederse la asistencia jurídica gratuita. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva establece que los derechos recogidos en esta se aplican a las personas buscadas que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE desde el momento de su detención en el Estado miembro de ejecución. Se han detectado problemas de cumplimiento en doce Estados miembros porque no han transpuesto el requisito de «desde el momento de la detención». De todos los Estados miembros, siete se acogieron a la opción de excluir las infracciones leves del ámbito de aplicación de las medidas de transposición (artículo 2, apartado 4, de la Directiva). Si bien el Derecho nacional de la mayoría de los Estados miembros (cinco) que hizo uso de esta opción cumple las limitaciones establecidas en la Directiva, parece que el Derecho nacional de dos Estados miembros no es plenamente conforme. 3.2.Definición (artículo 3)

El artículo 3 de la Directiva define la asistencia jurídica gratuita a efectos de la Directiva como la financiación por un Estado miembro de la asistencia de un letrado que permita el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia de letrado. El considerando 8 de la Directiva establece que la asistencia jurídica gratuita debe cubrir los costes de la defensa de los sospechosos o acusados y de las personas buscadas, y que, cuando concedan la asistencia jurídica gratuita, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder exigir que los sospechosos, los acusados o las personas buscadas paguen ellos mismos parte de los costes, en función de sus recursos económicos. Más allá de lo que se indica en el considerando 8, la cuestión de la recuperación de los costes de la asistencia jurídica gratuita, si bien resulta pertinente, no se aborda directamente en la Directiva. No obstante, en algunos casos, las disposiciones nacionales sobre recuperación de costes pueden influir en la evaluación de los requisitos específicos de la Directiva en lo que respecta al momento en que se adopta la decisión sobre la asistencia jurídica gratuita o en lo que respecta a la seguridad jurídica. De todos los Estados miembros, diecinueve permiten la recuperación de costes en una o varias circunstancias específicas, tales como las que se indican a continuación: ·en doce Estados miembros, en caso de condena, teniendo debidamente en cuenta la situación económica o familiar de la persona, o incluso con independencia de esta situación, o cuando el proceso penal haya concluido debido a circunstancias que no eximan a la persona, como el vencimiento del plazo de prescripción o la amnistía; ·en ocho Estados miembros, cuando se ponga de manifiesto que la persona no tenía derecho a asistencia jurídica gratuita, proporcionó declaraciones falsas, no cooperó o abusó de la asistencia jurídica gratuita, o no notificó a las autoridades que los motivos para recibirla ya no existían, o cuando los costes de la asistencia jurídica gratuita se hubieran generado por negligencia y ·en cuatro Estados miembros, cuando la situación financiera del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita ha mejorado. 3.3.Asistencia jurídica gratuita en los procesos penales (artículo 4) El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que los sospechosos y acusados tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando no dispongan de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado (evaluación de medios económicos) o cuando el interés de la justicia así lo requiera (evaluación de méritos). Esto deja cierto margen de discrecionalidad a los Estados miembros. En principio, pueden mantener la estructura de sus distintos sistemas de asistencia jurídica gratuita siempre que la aplicación de sus normas nacionales pertinentes no introduzca limitaciones o excepciones con respecto a los derechos y garantías procesales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (considerando 17, última frase, de la Directiva). El correspondiente considerando 18 de la Directiva establece lo siguiente: «Los Estados miembros deben adoptar disposiciones prácticas relativas a la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Estas disposiciones pueden establecer que la asistencia jurídica gratuita se conceda previa solicitud del sospechoso, acusado o persona buscada. Habida cuenta en particular de las necesidades de las personas vulnerables, dicha solicitud no debe, sin embargo, considerarse un requisito sustantivo, para la concesión de la asistencia jurídica gratuita». Se ha constatado que tres Estados miembros exigen la presentación de una solicitud formal de asistencia jurídica gratuita y no ofrecen ninguna opción para que la asistencia jurídica gratuita se conceda de oficio. Por lo tanto, el requisito de presentar una solicitud formal en estos Estados miembros puede tener el efecto de un requisito sustantivo para la concesión de la asistencia jurídica gratuita en el sentido del considerando 18 de la Directiva. Sin embargo, en uno de estos Estados miembros, esto se ve atenuado por el hecho de que el Derecho nacional garantiza que las autoridades penales informen al interesado de su derecho a la asistencia jurídica gratuita y por el hecho de que el colegio de abogados nacional puede adelantar los gastos y las tasas hasta que se adopte una decisión formal. Frente a cinco Estados miembros que solo aplican una evaluación de medios económicos y tres Estados miembros que solo aplican una evaluación de méritos, dieciséis Estados miembros aplican ambas evaluaciones. De todos los Estados miembros, uno no ha hecho uso de la opción de someter el derecho a la asistencia jurídica gratuita a la evaluación de medios o méritos. En consecuencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita es incondicional y el Estado miembro no ha transpuesto el artículo 4, apartados 2, 3 y 4, ya que no es aplicable en el contexto nacional. En diecinueve de los Estados miembros que aplican una evaluación de medios económicos, la legislación parece cumplir lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, que obliga a dichos Estados miembros a tener en cuenta todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del interesado, así como el coste de la asistencia de un letrado y el nivel de vida del Estado miembro, con el fin de determinar si, de conformidad con los criterios aplicables en dicho Estado miembro, los sospechosos o acusados carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado. Los Estados miembros que aplican una evaluación de medios económicos utilizan diversos criterios para determinar el derecho a la asistencia jurídica gratuita. De todos los Estados miembros, nueve se basan en cláusulas generales, por ejemplo referencias generales a la situación socioeconómica o financiera del solicitante, lo que permite una mayor flexibilidad. Por el contrario, doce han establecido disposiciones más detalladas que establecen criterios específicos o un umbral fijo. Solo en dos Estados miembros que aplican una evaluación de medios económicos las medidas nacionales no cumplen plenamente lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva. En uno de ellos, esto se debe a la presunción de que determinadas categorías de sospechosos y acusados tienen ingresos superiores al umbral para obtener asistencia jurídica gratuita. Esta presunción excluye también la posibilidad de que se les conceda la asistencia jurídica gratuita en futuros procedimientos, con independencia de la naturaleza de dicho procedimiento y de la situación procesal del interesado. En el otro, el incumplimiento del artículo 4, apartado 3, se debe a la falta de criterios específicos para evaluar la situación económica del interesado, junto con el hecho de que la evaluación de medios económicos solo se aplica al final del procedimiento, al decidir sobre la posible recuperación de los costes. El artículo 4, apartado 4, primera frase, de la Directiva obliga a los Estados miembros que apliquen una evaluación de méritos a tomar en cuenta la gravedad de la infracción penal, la complejidad de la causa y la severidad de la posible sanción, con el fin de determinar si los intereses de la justicia exigen la concesión de la asistencia jurídica gratuita. De todos los Estados miembros que aplican una evaluación de méritos, siete han establecido criterios específicos para dicha evaluación en el sentido estricto del término. La gran mayoría (dieciocho) de los Estados miembros que aplican una evaluación de méritos cuentan con sistemas de defensa obligatoria que equivalen a evaluaciones de méritos, como se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva (véase la sección 3.1 del presente informe). Los Derechos nacionales de cinco Estados miembros también contienen referencias generales al interés de la justicia, pero solo un Estado miembro que aplica una evaluación de méritos se basa únicamente en dicha referencia general. En este Estado miembro, el órgano jurisdiccional aplica el criterio del «interés de la justicia» de manera discrecional, dependiendo de las circunstancias del caso. Sin embargo, en realidad, cuando los sospechosos o acusados cumplan los requisitos de la evaluación de medios económicos, el órgano jurisdiccional, de conformidad con los informes de las partes interesadas, considerará automáticamente que la concesión de la asistencia jurídica gratuita redunda en interés de la justicia y, por lo tanto, considerará que también se cumplen los requisitos de la evaluación de méritos. El artículo 4, apartado 4, segunda frase, de la Directiva enumera las situaciones en las que deben considerarse cumplidas las exigencias de la evaluación de méritos, a saber: a)cuando se ponga a un sospechoso o acusado a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y b)durante la detención. En once Estados miembros que aplican una evaluación de méritos, se han detectado problemas de cumplimiento relacionados principalmente con la letra a). Estos problemas hacen referencia principalmente a casos en los que se toma una decisión relativa a la prisión preventiva cuando (aún) no se ha privado de libertad a esa persona. Sin embargo, también se han detectado problemas de cumplimiento en los casos en que una persona ya ha sido detenida por la policía. El artículo 4, apartado 5, de la Directiva exige a los Estados miembros que velen por que la asistencia jurídica gratuita se conceda sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio por parte de la policía, de otra autoridad con funciones coercitivas o de una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva. En este contexto, cabe señalar que catorce Estados miembros proporcionan asistencia jurídica gratuita provisional o de emergencia. No obstante, en veintidós Estados miembros se han detectado problemas de cumplimiento con respecto al artículo 4, apartado 5. En muchos de estos Estados miembros (diecisiete), la asistencia de letrado puede concederse en tiempo oportuno (aplicando la Directiva 2013/48/UE), pero no está claramente previsto el derecho a la asistencia jurídica gratuita (provisional) establecido en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva. Estos problemas de cumplimiento están relacionados con la transposición incorrecta del ámbito de aplicación de la Directiva y con el momento en el que se concede la asistencia jurídica gratuita, tanto en general como en casos específicos. Además, se han detectado problemas de cumplimiento cuando la presentación de una solicitud formal se establece como requisito sustantivo para la concesión de asistencia jurídica gratuita.

3.4.Asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de orden europea de detención (artículo 5) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva obliga a los Estados miembros de ejecución de una orden europea de detención a garantizar que las personas buscadas en virtud de esta tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento de su detención y hasta su entrega, o hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme. De todos los Estados miembros, cinco han transpuesto expresamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas buscadas en virtud de una orden europea de detención estableciendo disposiciones específicas y autónomas. En cambio, el Derecho de una gran mayoría de los Estados miembros (veinte) se basa en referencias cruzadas a disposiciones generales sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales. Se han detectado problemas de cumplimiento en relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva en quince Estados miembros, que se deben principalmente a la mala transposición del requisito «desde el momento de la detención» mencionado anteriormente en relación con el artículo 2, apartado 2, (véase la sección 3.1 del presente informe). Otros problemas de cumplimiento observados en seis Estados miembros están relacionados con normas nacionales que supeditan la concesión de la asistencia jurídica gratuita a una solicitud formal, o con la transposición incorrecta de los plazos para adoptar una decisión sobre la concesión de asistencia jurídica gratuita, lo que significa que, en efecto, aunque en principio podría existir un derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento de la detención, no se garantizaría hasta que se adoptara una decisión. De conformidad con el artículo 5, apartado 2, los Estados miembros que emitan una orden europea de detención deben garantizar que las personas buscadas en virtud de dicha orden con miras a su persecución penal y que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con el artículo 10, apartados 4 y 5 de la Directiva 2013/48/UE, sobre el derecho a la asistencia de letrado, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro emisor para los fines de dicho procedimiento de orden europea de detención en el Estado miembro de ejecución. El Derecho nacional de doce Estados miembros no cumple plenamente el artículo 5, apartado 2, de la Directiva debido principalmente a la falta de disposiciones específicas que den efecto a los requisitos de la Directiva o a la ausencia de referencias cruzadas claras que amplíen la aplicación de las disposiciones sobre procedimientos penales o asistencia jurídica gratuita a los procedimientos de la orden europea de detención. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva establece que el derecho a la asistencia jurídica gratuita mencionado en el artículo 5, apartados 1 y 2, podrá supeditarse a una evaluación de medios económicos de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, que se aplicará mutatis mutandis. Sin embargo, esta disposición no contempla la posibilidad de una evaluación de méritos de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva. Más de la mitad (quince) de los Estados miembros han optado por aplicar una evaluación de medios económicos de conformidad con el artículo 5, apartado 3. Sin embargo, los problemas de cumplimiento observados en cuatro Estados miembros se deben a lo siguiente: i) la aplicación de una evaluación de méritos además de una evaluación de medios económicos; ii) la falta de claridad en cuanto a si solo se aplica una evaluación de medios económicos, iii) o deficiencias en la transposición del artículo 4, apartado 3, de la Directiva que también afectan a la conformidad del Derecho nacional con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva (véase la sección 3.3 del presente informe). 3.5.Decisiones relativas a la concesión de la asistencia jurídica gratuita (artículo 6) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva exige que las decisiones sobre la concesión o la denegación de la asistencia jurídica gratuita y sobre la designación de letrados sean adoptadas sin demora injustificada por una autoridad competente. Los Estados miembros también deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que la autoridad competente adopte sus decisiones de forma diligente respetando los derechos de defensa. El considerando 24 de la Directiva explica que la autoridad competente debe ser una autoridad independiente que sea competente para adoptar decisiones relativas a la concesión de asistencia jurídica gratuita o un órgano jurisdiccional, incluidos los de composición unipersonal. No obstante, en situaciones de urgencia, la intervención temporal de la policía o la fiscalía también han de ser posibles en la medida en que resulte necesario para conceder la asistencia jurídica gratuita en tiempo oportuno. En la mayoría de los Estados miembros (veintitrés), las decisiones sobre la concesión de asistencia jurídica gratuita son adoptadas por un órgano jurisdiccional o un juez, o por las oficinas de asistencia jurídica gratuita. Por lo general, los abogados de oficio se designan en colaboración con los colegios nacionales de abogados. Los abogados bien se designan a partir de listas o registros electrónicos de abogados de oficio proporcionados o gestionados por colegios de abogados, bien son asignados a casos individuales por el propio colegio. En dos Estados miembros, la asistencia jurídica gratuita la organizan en su totalidad los colegios de abogados nacionales y sus miembros. Por otra parte, en cuatro Estados miembros, los colegios de abogados no participan directamente en el proceso. En seis Estados miembros, la policía y los fiscales también pueden participar en la decisión sobre la asistencia jurídica gratuita: i) en tipos o fases específicos de los procedimientos; ii) en circunstancias específicas, como la privación de libertad de un sospechoso o acusado; iii) cuando sea de aplicación una defensa obligatoria, o iv) en relación con determinados tipos de asistencia jurídica gratuita. En más de la mitad (quince) de los Estados miembros se han detectado problemas en relación con la transposición del artículo 6, apartado 1, de la Directiva. Estas cuestiones están relacionadas principalmente con el momento de la decisión de asistencia jurídica gratuita (cuestiones relacionadas con la transposición del artículo 4, apartado 5, de la Directiva, lo que repercute también en la transposición del artículo 6, apartado 1, de esta) o con el requisito de que sea una autoridad competente quien tome la decisión. En cinco Estados miembros se han detectado problemas de cumplimiento en relación con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva, que establece que los sospechosos, los acusados y las personas buscadas deben ser informados por escrito en el caso de que su solicitud de asistencia jurídica gratuita sea denegada total o parcialmente. 3.6.Calidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita y formación (artículo 7) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias, también en materia de financiación, para asegurarse de que a)existe un sistema eficaz de asistencia jurídica gratuita de calidad adecuada, y b)los servicios de asistencia jurídica gratuita son de una calidad adecuada para garantizar la equidad de los procesos, con el debido respeto a la independencia de la profesión jurídica. Este requisito de la Directiva es también una cuestión de aplicación práctica que puede no requerir siempre la transposición mediante la adopción de medidas legislativas, si existe un marco jurídico adecuado. Sin embargo, en tres Estados miembros no se han identificado normas específicas en el Derecho nacional que den efecto al artículo 7, apartado 1, de la Directiva. También se han detectado problemas en once Estados miembros que han adoptado medidas específicas con respecto al artículo 7, apartado 1, de la Directiva. Estos problemas se deben principalmente a la falta de financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita, a la reducción de los honorarios abonados a los abogados de oficio o a la inadecuación de los sistemas de selección de estos, lo que puede tener consecuencias negativas para la calidad de la asistencia jurídica gratuita. Los sistemas especiales de acreditación o selección de abogados de oficio establecidos en cuatro Estados miembros tampoco son necesariamente suficientes por sí solos para garantizar la calidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita.