Informe final del consejero auditor (1)

Asunto AT.37956 — Redondo para cemento armado

(2020/C 312/06)

(1) El proyecto de Decisión tiene como finalidad readoptar una Decisión previa de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009 («Decisión de 2009») (2), que fue anulada por el Tribunal de Justicia en 2017 y que era, a su vez, una readopción de otra Decisión previa, de 17 de diciembre de 2002 («Decisión de 2002») (3), anulada por el Tribunal General en 2007.

(2) El proyecto de Decisión constata la existencia de un cartel en el mercado italiano de redondo para cemento armado durante el período 1989-2000, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA). Los destinatarios son cinco empresas (denominadas conjuntamente «las partes»): 1. Alfa Acciai SpA («Alfa»). 2. Feralpi Holding SpA («Feralpi»). 3. Ferriere Nord SpA («Ferriere Nord»). 4. Partecipazioni Industriali SpA in Amministrazione Straordinaria – anteriormente Riva Fire SpA («Partecipazioni Industriali»). 5. Ferriera Valsabbia SpA y Valsabbia Investimenti SpA (conjuntamente, «Valsabbia»).

(3) Tras las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2017 («sentencias de 21 de septiembre de 2017») ( 4 ) que anularon la Decisión de 2009, la Comisión reanudó el procedimiento en el asunto AT.37956 - Redondo para cemento armado. Para comprender el proyecto de Decisión es necesario resumir brevemente el procedimiento: — La Decisión de 2002 se dirigió a ocho fabricantes italianos de redondo de acero para cemento armado, así como a la asociación de productores de acero italianos, Federacciai. Fue anulada por el Tribunal General el 25 de octubre de 2007 porque su base jurídica, a saber, el artículo 65 del Tratado CECA, ya no estaba en vigor en el momento de su adopción (5). La Decisión de 2002 devino definitiva en lo que respecta a Federacciai, que no interpuso ningún recurso de anulación ante el Tribunal General. — Mediante su Decisión de 2009, la Comisión volvió a adoptar una Decisión por la que constataba la infracción e imponía multas a las ocho empresas que habían impugnado la Decisión de 2002 (6). Todas ellas solicitaron la anulación de la Decisión de 2009 ante el Tribunal General, que confirmó la Decisión y concedió pequeñas reducciones a dos empresas (en lo sucesivo, «sentencias de 9 de diciembre de 2014») (7). Cinco de las ocho empresas interpusieron recursos de casación contra las sentencias de 9 de diciembre de 2014. La Decisión de 2009 ha devenido definitiva en lo que respecta a las tres empresas que no recurrieron las sentencias de 9 de diciembre de 2014 (8). — El Tribunal de Justicia anuló el 21 de septiembre de 2017 la Decisión de 2009 en la medida en que afectaba a las recurrentes. El Tribunal estableció que la Decisión de 2009 infringía un requisito formal sustancial que resultaba del Reglamento (CE) n.o 1/2003 y del Reglamento (CE) n.o 773/2004 (9), en la medida en que no se había celebrado una vista oral sobre el fondo del asunto, a la que se hubiera invitado a las autoridades de competencia de los Estados miembros. En efecto, dichas autoridades no habían sido invitadas a participar en la primera audiencia de 13 de junio de 2002, relativa al fondo del asunto y que tuvo lugar antes de la expiración del Tratado CECA (10). Fueron invitadas a la segunda audiencia, de 30 de septiembre de 2002, pero esta audiencia solo se refería a las consecuencias jurídicas de la expiración del Tratado CECA a efectos de la continuación del procedimiento.

(4) Mediante carta de 15 de diciembre de 2017, la Dirección General de Competencia («DG Competencia») explicó a cada una de las Partes las conclusiones que extrajo de las sentencias de 21 de septiembre de 2017 y la base sobre la que pretendía reanudar el procedimiento con el fin de llegar a una posición definitiva sobre el asunto. Dicho escrito explicaba que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (en lo sucesivo, «jurisprudencia PVC II»), tras la anulación de una Decisión de la Comisión, el procedimiento puede reanudarse en el punto exacto en que se produjo la ilegalidad (11). En el caso de autos, la anulación de la Decisión de 2002 no afectaba a los actos preparatorios de la Decisión, sino únicamente a la audiencia. En estas mismas cartas se instó a los destinatarios de la Decisión a que manifestaran su interés por participar en una nueva audiencia que abarcaría también el fondo del asunto. Todas las Partes respondieron el 1 de febrero de 2018 y manifestaron su interés por participar en la audiencia.

(5) Mediante escritos posteriores de 22 de marzo y 13 de abril de 2018, la DG Competencia aclaró que la base jurídica correcta para evaluar la infracción era el artículo 65 del Tratado CECA, mientras que, tras la expiración del Tratado CECA, el Reglamento (CE) n.o 1/2003 era la base jurídica correcta en lo que respecta al procedimiento. Además, las cartas aclararon que, en caso de adoptar una nueva decisión sobre las multas en este caso, la Comisión seguiría las Directrices de 1998, junto con las consideraciones realizadas en sus cartas de 30 de junio de 2008 (en el sentido de que no impondría multas superiores a las impuestas en 2002).

(6) A petición de Alfa y Valsabbia, la DG Competencia informó a las Partes de que, antes de la nueva audiencia, las autoridades de competencia de los Estados miembros habían recibido el pliego de cargos, el pliego de cargos adicional y sus respectivas respuestas, junto con las cartas de 15 de diciembre de 2017, las respuestas a dichas cartas y las cartas de 22 de marzo de 2018.

(7) La nueva audiencia tuvo lugar el 23 de abril de 2018, con la participación de cuatro de las cinco Partes: Alfa, Feralpi, Ferriere Nord y Valsabbia.

(8) Partecipazioni Industriali no estuvo presente en la nueva audiencia (12). Sin embargo, a petición de dicha empresa le permití presentar observaciones por escrito en lugar de defender oralmente su posición en el mismo plazo asignado para la nueva audiencia. Partecipazioni Industriali presentó estas observaciones escritas el 24 de abril de 2018. El 7 de mayo de 2018, Feralpi presentó nuevas alegaciones por escrito, además de participar en la nueva audiencia.

(9) Se invitó a las autoridades de competencia de los Estados miembros a la nueva audiencia, y seis de ellas estuvieron representadas (13).

(10) Algunas Partes han alegado que la nueva audiencia de 23 de abril de 2018 no subsanó el problema de falta de audiencia sobre el fondo del asunto en 2002, a la que se había invitado a las autoridades de competencia de los Estados miembros, ya que en las audiencias de 2002 también participaron las otras tres empresas y la asociación de empresas destinatarias del pliego de cargos, la Decisión de 2002 y la Decisión de 2009. Este argumento no me convence, ya que el destinatario de un pliego de cargos no tiene derecho a una audiencia en presencia de los demás destinatarios del pliego de cargos (14).

(11) Refiriéndose en sus observaciones escritas y orales a las conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión (15) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (16), todas las Partes han criticado la duración excesiva (alrededor de 18 años) de este procedimiento y alegaron que se había vulnerado su derecho fundamental a que su caso se tramitase en un plazo razonable, consagrado en el artículo 41, apartado 1, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales. Según las Partes, la Comisión no tenía legitimidad para reabrir el procedimiento puesto que su duración excesiva y la necesidad de readoptar dos veces la misma Decisión se debió exclusivamente a errores cometidos por la Comisión. No obstante, si la Comisión decidiera adoptar una tercera Decisión de prohibición, tendría que reducir sustancialmente las multas para reflejar la duración excesiva del procedimiento.

(12) La cuestión del respeto del derecho fundamental de las Partes a que su caso se trate en un plazo razonable, un derecho reconocido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como un principio general del Derecho de la Unión y consagrado en el artículo 41, apartado 1, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales, requiere una cuidadosa consideración en este caso.

(13) Teniendo en cuenta todas las fases de los procedimientos administrativos y judiciales, la duración total del procedimiento en este caso, que comenzó con los registros efectuados por la Comisión entre octubre y diciembre de 2000, es sin duda especialmente larga, pues ya han transcurrido más de 18 años. Dado que, en las sentencias de 21 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia no abordó una serie de motivos de casación invocados contra las sentencias del Tribunal General en la medida en que estas últimas confirmaban la Decisión de 2009, es probable que al menos algunas de las Partes ejerzan su derecho a que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia reexaminen una tercera Decisión de la Comisión. Suponiendo que esta tercera ronda de control judicial ponga fin definitivamente a los procedimientos administrativos y judiciales en este asunto, es previsible que para entonces puedan haber pasado fácilmente 22 o 23 años.

(14) El Tribunal de Justicia ha establecido que el carácter razonable de la duración del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigo para el interesado, de su complejidad así como del comportamiento de la parte demandante y de las autoridades competentes, sin que esta lista de criterios pertinentes sea exhaustiva (17).

(15) De ello se deduce que el hecho de que el plazo de prescripción para la imposición de sanciones establecido en el artículo 25 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 aún no haya expirado no responde a la cuestión (18).

(16) El carácter irrazonable de la duración del procedimiento puede resultar no solo de la duración excesiva de una o varias de sus etapas, sino que requiere una apreciación global de la duración total del procedimiento administrativo así como, en su caso, del procedimiento jurisdiccional (19).

(17) No puede afirmarse que la Comisión solo deba valorar la duración de sus propios procedimientos. El artículo 41, apartado 1, y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales son dos expresiones del mismo derecho fundamental de las partes a que su caso se resuelva en un plazo razonable (20). Desde la perspectiva de la empresa afectada, lo único relevante es cuándo una institución imparcial resuelve su asunto con carácter definitivo (21).

(18) La Comisión no puede exonerarse de toda responsabilidad en relación con la duración total del procedimiento, incluidas las fases judiciales, ya que la compatibilidad con los derechos fundamentales del sistema en el que la Comisión actúa tanto en calidad de investigadora como de primera instancia decisoria en asuntos de defensa de la competencia depende de que las Partes puedan impugnar las decisiones de la Comisión ante los tribunales de la UE (22).

(19) Es innegable que en el presente asunto existe un riesgo real de que el Tribunal de Justicia considere que la duración total del procedimiento en el presente asunto, incluidas las dos fases ante el Tribunal General tras la Decisión de 2002 y la Decisión de 2009, es excesiva. Se plantea entonces la cuestión de cuál sería la solución adecuada.

(20) Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable, como vicio de procedimiento constitutivo de una violación de un derecho fundamental, debe abrir a la parte afectada la posibilidad de interponer un recurso efectivo capaz de ofrecerle una reparación adecuada (23).

(21) El Tribunal de Justicia se ha enfrentado a menudo a la cuestión de las vías de recurso que el Tribunal General o el propio Tribunal de Justicia deben acordar si el Tribunal General o el Tribunal de Justicia consideran que los procedimientos administrativos o judiciales en materia de prácticas colusorias han sido irrazonablemente largos.

(22) El Tribunal de Justicia ha establecido reiteradamente que el Tribunal General o el Tribunal de Justicia solo pueden anular una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE y se imponen multas por tal infracción si se demuestra que la excesiva duración de los procedimientos administrativos o judiciales ha afectado negativamente a la capacidad de las empresas afectadas para defenderse en el marco de un procedimiento administrativo o judicial (24).

(23) Las argumentaciones abstractas e imprecisas de las empresas afectadas sobre la vulneración de sus derechos de defensa no son suficientes. Lo que debe demostrarse es un perjuicio concreto para la capacidad de la empresa de defenderse, por ejemplo en el sentido de que determinados empleados de la empresa que podrían ser testigos de descargo con respecto a los elementos de prueba que figuran en el expediente de la Comisión ya no estaban vivos odisponibles en el momento en que se concedió el acceso tardío de la empresa al expediente de la Comisión, mientras que sí habrían estado disponibles si el acceso al expediente no se hubiera retrasado (25).

(24) A falta de un efecto negativo concreto demostrado sobre la capacidad de defensa de la empresa, el Tribunal de Justicia siempre ha mantenido que el Tribunal General o el Tribunal de Justicia solo pueden conceder una compensación económica. Mientras que la jurisprudencia más antigua consideraba que esta compensación podía ser concedida por el Tribunal General o el Tribunal de Justicia en forma de una reducción de la multa aplicada por el Tribunal en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena en el sentido del artículo 261 del TFUE (26), la jurisprudencia más reciente considera que la solución adecuada es que la empresa afectada interponga un recurso separado de indemnización en virtud del artículo 268 del TFUE en relación con el artículo 340, párrafo segundo, del TFUE (27).

(25) En el presente caso, no he visto ninguna prueba de que la duración excesiva del procedimiento haya supuesto un menoscabo concreto de la capacidad de defensa de las Partes. La primera fase administrativa del procedimiento, que dio lugar a la Decisión de 2002, fue relativamente rápida, y las Partes tuvieron pleno acceso al expediente en ese momento. En la nueva audiencia, celebrada el 23 de abril de 2018, y en las diversas observaciones escritas presentada desde la reanudación de los trabajos a raíz de las cartas de 15 de diciembre de 2017, las Partes no han demostrado ningún efecto negativo concreto en su capacidad de defensa. Más bien al contrario, los argumentos de fondo desarrollados en la nueva audiencia y en algunos de estos escritos confirman la capacidad de las Partes para defenderse.

(26) Las Partes alegan sin embargo que, en este caso concreto, en el que a día de hoy ya puede existir una vulneración de su derecho fundamental a que su caso se resuelva en un plazo razonable, la Comisión estaría obligada a abandonar inmediatamente el procedimiento, a fin de evitar prolongar la ya excesiva duración de este y agravar así la vulneración del derecho fundamental de las Partes.

(27) Si bien no puedo estar de acuerdo con los argumentos de las Partes a este respecto en su conclusión final, creo que las Partes tienen parcialmente razón en el sentido de que la situación en la que se encuentra la Comisión en el presente asunto es distinta de la situación a la que se refiere la jurisprudencia mencionada en los apartados 21 a 24 anteriores.

(28) La jurisprudencia citada en los apartados 21 a 24 anteriores se refiere a la posibilidad de que el Tribunal General o el Tribunal de Justicia estimen que el procedimiento administrativo o judicial en materia de prácticas colusorias ha sido excesivamente largo, mientras que, en el presente asunto, la Comisión se enfrenta a la cuestión de si debe continuar el procedimiento y adoptar una nueva Decisión, la tercera, que, con el subsiguiente control jurisdiccional, al que las Partes tienen pleno derecho, prolongaría muy probablemente el ya muy largo procedimiento durante otros cuatro o cinco años (véase el apartado 13 anterior).

(29) Una diferencia esencial es que la Comisión no está obligada a reanudar el procedimiento tras la anulación, por motivos de procedimiento, de una Decisión anterior por la que se declara una infracción de las normas de defensa de la competencia y se imponen multas, ni está obligada a continuar tal anulación hasta la adopción de una nueva Decisión.

(30) Del mismo modo que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación para abrir o no una investigación con respecto a una posible infracción de las prohibiciones en materia de defensa de la competencia, y sobre si debe o no continuar sus investigaciones hasta la adopción de una primera Decisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas de defensa de la competencia y se imponen multas (28), también dispone de un amplio margen de apreciación para decidir reanudar el procedimiento tras la anulación por motivos de procedimiento de dicha primera Decisión y al respecto de proseguir o no la reanudación del procedimiento hasta la adopción de una segunda Decisión. Del mismo modo, si una vez más se anula esta segunda Decisión por razones de procedimiento, la Comisión dispone, de nuevo, de una amplia facultad de apreciación, a saber, la posibilidad de reanudar el procedimiento y proseguirlo hasta la adopción de una tercera Decisión.

(31) No obstante, disiento de la opinión de las Partes de que, en el caso de que exista un riesgo real de que el Tribunal de Justicia considere que la duración total del procedimiento ya es excesivamente larga, la Comisión perdería necesariamente toda facultad de apreciación y estaría automáticamente obligada a desistir del procedimiento. Esta opinión concede unilateralmente un peso excesivo a la necesidad de proteger los derechos de las Partes, en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales, a que su caso se aborde en un plazo razonable, ignorando por completo la importancia de la aplicación de las normas de competencia de la UE, que es un objetivo fundamental de los Tratados (29).

(32) A mi juicio, la posición correcta es que, en una situación como la presente, la Comisión tiene la obligación, en el ejercicio de su facultad discrecional de reanudar o no el procedimiento y de proseguirlo hasta la adopción de una nueva Decisión que declare la existencia de una infracción de las normas de defensa de la competencia e imponga multas, de considerar y ponderar debidamente la posible violación del derecho fundamental de las Partes a que su caso se resuelva en un plazo razonable que ya ha transcurrido, así como el impacto adicional de su Decisión sobre la protección del derecho fundamental de las Partes.

(33) Esto significa que, antes de adoptar una nueva tercera Decisión en este caso, la Comisión debe examinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias, si la contribución que la adopción de una tercera Decisión de ese tipo hace al logro del objetivo de la aplicación de las normas de competencia de la UE no se vería superada en importancia por el impacto de esta línea de acción en la protección de los derechos de las Partes en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales.

(34) Si el resultado de la ponderación es que la contribución que la adopción de una nueva tercera Decisión hace al logro del objetivo de la aplicación de las normas de competencia de la UE prevalece sobre el impacto de esta línea de acción en el respeto del derecho fundamental de las Partes en virtud de la Carta, la Comisión puede adoptar una tercera Decisión. Para subsanar la eventual violación del derecho fundamental de las Partes, la Comisión debe, en mi opinión, concederles una reducción del importe de las multas. La magnitud de la reducción debe reflejar las características específicas del caso, incluido el hecho de que ninguna de las duraciones excesivas en este caso es imputable al comportamiento de las Partes (30).

(35) En mi opinión, el proyecto de Decisión cumple estos requisitos. En efecto, la Comisión concluye, teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas del caso, que la adopción de una tercera Decisión por la que se imponen multas está justificada en su conjunto, a la vez que concede una reducción del 50 % de la multa en reconocimiento a la larga duración del procedimiento. Incluso si el Tribunal de Justicia concluyera que la duración del procedimiento en el presente asunto es excesivamente larga, esta reducción parece constituir una vía de recurso adecuada (31).

(36) En comparación con la Decisión de 2009, además de la reducción del 50 % mencionada en el apartado 35 anterior, el proyecto de Decisión tiene en cuenta las sentencias de 9 de diciembre de 2014 y, por tanto, reduce el importe de base de las multas para Partecipazioni Industriali y Ferriere Nord en un 3 % y un 6 %, respectivamente (32). Además, en vista de la situación financiera de Partecipazioni Industriali, el proyecto de Decisión también se abstiene de aplicar un multiplicador disuasorio a Partecipazioni Industriali y fija su multa en 0 EUR tras la aplicación del límite del 10 % con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003.

(37) De conformidad con el artículo 16 de la Decisión 2011/695/UE, he examinado si el proyecto de Decisión atiende únicamente a las objeciones respecto de las cuales las Partes hayan tenido ocasión de dar a conocer sus puntos de vista, y he llegado a una conclusión positiva.

(38) Considero que, de forma general, en el presente asunto se ha respetado el ejercicio efectivo de los derechos procesales de las Partes.

Bruselas, 1 de julio de 2019. Wouter WILS

(1) De conformidad con los artículos 16 y 17 de la Decisión 2011/695/UE del Presidente de la Comisión Europea, de 13 de octubre de 2011, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia (DO L 275 de 20.10.2011, p. 29) («Decisión 2011/695/UE»).

(2) Decisión de la Comisión C(2009) 7492 final, de 30 de septiembre de 2009, relativa a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA (COMP/37.956 - Redondo para cemento armado - Readopción), modificada por la Decisión de la Comisión C(2009) 9912 final, de 8 de diciembre de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA (asunto COMP/37.956 - Redondo para cemento armado - Readopción). Publicación del resumen, DO C 98 de 30.3.2011, p. 16. Informe final del Consejero Auditor, de 22 de septiembre de 2009, en el asunto COMP/37.956 - Redondo para cemento armado – Readopción (DO C 98 de 30.3.2011, p. 14).

(3) Decisión 2006/894/CE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2002, relativa a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA contra Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidación, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA y la asociación de empresas Federacciai (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane) (asunto C.37.956 – Redondo para cemento armado) (DO L 353 de 13.12.2006, p. 1). Informe final del Consejero Auditor, de 9 de diciembre de 2002, en el asunto COMP/37.956 - Redondo para hormigón armado (DO C 303 de 13.12.2006, p. 2).

(4) Sentencias en el asunto Feralpi Holding/Comisión, C-85/15 P, EU:C:2017:709; Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti/Comisión, C-86/15 P; Alfa Acciai/Comisión, C-87/15 P, EU:C:2017:717; Ferriere Nord/Comisión, C-88/15 P, EU:C:2017:716; y Riva Fire/Comisión, C-89/15 P, EU:C:2017:713.

(5) Sentencias en los asuntos SP, Leali, Acciaerie e Ferriere Leali Luigi, IRO, Lucchini, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti y Alfa Acciai/Comisión, T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 y T-98/03, EU:T:2007:317; Riva Acciaio/Comisión, T-45/03, EU:T:2007:318; Feralpi Siderurgica/Comisión, T-77/03, EU:T:2007:319; y Ferriere Nord/Comisión, T-94/03, EU:T:2007:320. El Tratado CECA se firmó en 1952 por un período de 50 años y expiró el 23 de julio de 2002.

(6) A saber: (1) Alfa Acciai SpA; (2) Feralpi Holding SpA (anteriormente Feralpi Siderurgica SpA); (3) Ferriere Nord SpA; (4) IRO Industrie Riunite Odolesi SpA; (5) Leali SpA y Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione; (6) Lucchini SpA y S.P. SpA in liquidazione (anteriormente Siderpotenza SpA); (7) Riva Fire SpA (anteriormente Riva Acciaio SpA); y (8) Ferriera Valsabbia SpA y Valsabbia Investimenti SpA.

(7) Sentencias en los asuntos Leali y Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Comisión, T-489/09, T-490/09 y T-56/10, EU:T:2014:1039; IRO/Comisión, T-69/10, EU:T:2014:1030; Feralpi/Comisión, T-70/10, EU:T:2014:1031; Riva Fire/Comisión, T-83/10, EU:T:2014:1034; Alfa Acciai/Comisión, T-85/10, EU:T:2014:1037; Ferriere Nord/Comisión, T-90/10, EU:T:2014:1035; Lucchini/Comisión, T-91/10, EU:T:2014:1033; Ferriera Valsabbia y Valsabbia Investimenti/Comisión, T-92/10, EU:T:2014:1032. El Tribunal General concedió una reducción del 3 % del importe de la multa a Riva Fire y del 6 % a Ferriere Nord.

(8) Las tres empresas que no recurrieron son IRO Industrie Riunite Odolesi SpA («IRO»), Ferriere Leali Luigi SpA («Leali») y Lucchini SpA («Lucchini», anteriormente Siderpotenza SpA). Véase también la sentencia en el asunto Lucchini/Comisión, T-185/18, EU:T:2019:298.

(9) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1) [«Reglamento (CE) n.o 1/2003»]. Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18) [«Reglamento (CE) n.o 773/2004»].

(10) Tal participación no estaba prevista en el Tratado CECA, en virtud del cual la Comisión tenía competencia exclusiva para aplicar las normas de competencia.

(11) Sentencia en el asunto Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, EU:C:2002:582, apartados 70-76.

(12) Los comisarios extraordinarios de Partecipazioni Industriali declinaron mi invitación para asistir a la nueva audiencia. En virtud del artículo 14, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) n.o 773/2004, Partecipazioni Industriali no pudo estar representada en la audiencia únicamente por sus abogados externos; véase la sentencia en el asunto Badische Anilin-&Soda-Fabrik/Comisión, 49/69, EU:C:1972:71, apartado 11.

(13) Aunque la invitación a las autoridades de competencia de los Estados miembros constituye un requisito sustancial de procedimiento, dichas autoridades no están obligadas a asistir a la audiencia oral; véase la sentencia en el asunto Servier/Comisión, T-691/14, EU:T:2018:922, apartado 163.

(14) Sentencia en Cimenteries CBR y otros/Comisión, T-25/95 etc., EU:T:2000:77, apartado 697, y dictamen del abogado general Darmon en Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C-89/85 etc., EU:C:1988:258, apartado 155.

(15) Dictamen de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, C-109/10 P, EU:C:2011:256.

(16) Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Eckle/Alemania, demanda 8130/78, apartado 76; Gorou/Grecia, demanda 12686/03, apartado 46; Kakamoukas y otros/Grecia, demanda 38311/02, apartado 32. Alfa y Valsabbia también se remitieron a Neumeister/Austria, demanda 1936/63, y a Rouille/Francia, demanda 50268/99.

(17) Véanse las conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 237, y la jurisprudencia allí citada.

(18) Conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 347.

(19) Conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartados 238 y 239.

(20) Conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 240.

(21) Conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 240.

(22) Véase la sentencia en el asunto Schindler/Comisión, C-501/11, EU:C:2013:522, apartado 34.

(23) Kudla/Polonia, demanda 30210/96, apartados 150-156; véase asimismo la sentencia en el asunto Groupe Gascogne/Comisión, C-58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 72.

(24) Sentencia en el asunto Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, EU:C:2006:592, apartados 42 y 43, así como las conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartados 250 a 262.

(25) Sentencia en el asunto Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, citada en la nota 24 anterior, apartados 56 y 49, así como las conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartados 312 a 320.

(26) Sentencia en el asunto Baustahlgewebe/Comisión, C-185/95 P, EU:C:1998:608, apartado 48.

(27) Sentencias en los asuntos Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland/Comisión, C-385/07 P, apartado 195; Groupe Gascogne/Comisión, citada en la nota 23 anterior, apartados 81-83; Bolloré/ Comisión, C-414/12 P, EU:C:2014:301, apartado 106; y CEPSA/Comisión, C-608/13 P, EU:C:2016:414, apartado 71.

(28) La existencia de esta amplia facultad de apreciación se desprende del tenor de los artículos 7 y 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003, que establecen que la Comisión «podrá» adoptar tales decisiones; de la jurisprudencia sobre los derechos de los denunciantes (véase la sentencia en el asunto Ufex y otros/Comisión, C-119/97 P, EU:C:1999:116, apartados 86 a 92); así como de la sentencia Masterfoods, C-344/98, EU:C:2000:689.

(29) Dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH) del Tribunal de Justicia, EU:C:2014:2454, apartado 172, y conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 328.

(30) Por las razones expuestas en el apartado 18 anterior, el hecho de que las Partes hayan ejercido su derecho a que la Decisión de 2002 y la Decisión de 2009 sean revisadas por los Tribunales de la UE no puede oponérseles.

(31) Compárese con las conclusiones de la abogada general Kokott en el asunto Solvay/Comisión, citadas en la nota 15 anterior, apartado 357, y la jurisprudencia allí citada.

(32) Véase el apartado 3 y la nota 7 anterior.