Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto

En mayo de 2001, en el momento de adoptar la Directiva 2001/19/CE sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales [1], el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron que «es importante contar con versiones consolidadas de los textos jurídicos vigentes en el ámbito del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, que sean de fácil comprensión para cualquier ciudadano». Al mismo tiempo, la Comisión expuso su intención de «continuar esta labor en dos etapas: inicialmente, prevé integrar las Directivas sectoriales en un marco consolidado. A continuación, estudiará la posibilidad de efectuar la consolidación de las Directivas relativas al sistema general, con objeto de proseguir la simplificación de la legislación y de facilitar en mayor grado la libre prestación de servicios en la óptica de las Conclusiones de la Cumbre de Lisboa».

[1] Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico (en lo sucesivo denominada Directiva SLIM), publicada en el DO L 206 de 31.7.01, p. 1.

Asimismo, en febrero de 2001, la Comisión adoptó su Comunicación al Consejo sobre Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos [2]. Al referirse específicamente al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la Comisión señalaba en la Comunicación su intención de:

* «presentar en 2002 una serie de propuestas para implantar un régimen más uniforme, transparente y flexible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales sobre la base del sistema general existente, y en particular fórmulas que garanticen un reconocimiento automático de más amplio alcance»; y de

* «adoptar una acción prioritaria, inspirada en las redes de información y de comunicación existentes y en los trabajos en curso sobre la mejora de la transparencia de las cualificaciones, para garantizar que los ciudadanos puedan contar con un servicio más integrado que ofrezca información y asesoramiento orientados específicamente a sus derechos e intereses personales».

Esta Comunicación se presentó al Consejo Europeo de Estocolmo de 23 y 24 de marzo de 2001. Las Conclusiones del Consejo señalan que «la Comisión tiene la intención de presentar al Consejo Europeo de primavera de 2002 [...] propuestas específicas para un régimen de reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudio más uniforme, transparente y flexible» [3].

[3] Conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo, 23 y 24 de marzo de 2001, punto 15.

Tal como también preveía esta Comunicación, se creó un Grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad. Este Grupo elaboró un informe en diciembre de 2001, en el que se declaraba, respecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que la Unión Europea y los Estados miembros deberán considerar prioritario acelerar y facilitar el reconocimiento profesional (de las profesiones reguladas), creando condiciones que permitan un reconocimiento más automático, e introducir, antes de 2005, un régimen más uniforme, transparente y flexible para el reconocimiento de cualificaciones en el ámbito de las profesiones reguladas [4].

[4] Grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad, Informe final, 14 de diciembre de 2001, p. 20.

El Plan de acción sobre cualificaciones y movilidad de la Comisión [5] dice lo siguiente: «Deberían introducirse mejoras importantes en el actual sistema comunitario de reconocimiento en el ámbito de las profesiones reguladas, para que sea más fácil de gestionar y más claro, rápido y asequible para los usuarios. Las instituciones comunitarias y los Estados miembros deberían facilitar las posibilidades de empleo y la prestación de servicios mediante la consolidación general de los regímenes existentes de reconocimiento profesional en las profesiones reguladas, a fin de establecer un sistema más uniforme, más transparente y más flexible, con modificaciones destinadas en particular a ofrecer condiciones de reconocimiento automático más claras y actualizadas. Para ello se adoptarán propuestas en 2003 que se aplicarán en 2005.»

[5] Punto 15 del Plan de acción sobre cualificaciones y movilidad de la Comisión. Documento COM(2002)

Como continuación del mandato del Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión adoptó al final del año 2000 una Comunicación sobre Una estrategia para el mercado interior de servicios [6]. Esta Comunicación llamaba la atención sobre la importancia de los servicios en la economía, las nuevas oportunidades y las prácticas derivadas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la necesidad de facilitar las condiciones de una prestación transfronteriza de servicios a escala comunitaria.

[6] Documento COM(2000) 888.

Esta nueva Directiva sobre el reconocimiento profesional en el ámbito de las profesiones reguladas funcionará simultáneamente con otras medidas que se derivan también de las decisiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Feira de 2000, así como de la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2001 titulada «Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente». Esta Comunicación describe el objetivo de una estrategia sobre transparencia y reconocimiento de cualificaciones y competencias (acción 1: «Valorar el aprendizaje»). La estrategia respalda una serie de iniciativas de los Estados miembros y de la Comunidad en relación con las cualificaciones académicas y profesionales, y es totalmente coherente con la presente propuesta de Directiva.

En junio de 2001, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre las principales cuestiones en estudio, con vistas a la adopción de una nueva Directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales.

En julio de 2001, la Comisión publicó su Libro Blanco sobre la gobernanza europea [7]. En este documento, la Comisión señalaba su intención de fomentar un mayor uso de los distintos instrumentos de acción pública política, incluidas las Directivas marco, dejando al ejecutivo la tarea de velar por los detalles técnicos mediante la aplicación de normas «derivadas»; simplificar las normas comunitarias existentes, mediante la codificación de los textos legales; publicar directrices sobre la obtención y utilización de la opinión de los expertos; y combinar medidas legislativas o reglamentarias vinculantes y medidas adoptadas por los agentes más interesados sobre la base de su experiencia práctica (corregulación).

[7] Documento COM(2001) 428.

Por último, la Unión Europea se encuentra en un proceso de ampliación que aumentará las responsabilidades de las instituciones comunitarias respecto a la aplicación del Derecho comunitario y su administración.

2. Principales objetivos de la propuesta

2.1. Contribución a la flexibilidad de los mercados de servicios y de trabajo

Para garantizar la libre circulación se necesita un sistema claro, seguro y rápido para el reconocimiento de las cualificaciones en el ámbito de las profesiones reguladas. Ello es importante para garantizar que las vacantes de empleo son cubiertas por candidatos cualificados y que existe una oferta regular de proveedores cualificados de servicios que responden a la demanda del mercado. La libre circulación de profesionales cualificados contribuye de manera particular a la sociedad del conocimiento. Asimismo, se ha demostrado que las condiciones de la libre circulación revisten especial importancia cuando en los diferentes Estados miembros existe escasez de personal cualificado en momentos concretos para profesiones como profesores, veterinarios, médicos y personal de enfermería.

Hasta la fecha, las normas relativas al reconocimiento profesional han evolucionado de forma fragmentaria, con numerosas disposiciones y variantes paralelas. Las modificaciones detalladas de las diferentes partes de la legislación y la relación entre ellas han producido un sistema criticado por igual por migrantes y profesionales, porque se considera demasiado difícil de entender y de seguir, poco claro y a veces lento de aplicar, y, en ocasiones, obsoleto o poco adaptado a las especificidades de una profesión determinada.

Con el fin de que el sistema sea más claro y más sencillo de comprender y aplicar, la presente propuesta de Directiva única revisa en su totalidad las Directivas basadas en el reconocimiento de títulos, diplomas y certificados con el fin de mantener las principales condiciones y garantías, simplificando a la vez la estructura y mejorando el funcionamiento del sistema. Por otro lado, la propuesta prevé condiciones más sencillas para la prestación transfronteriza de servicios que las que se aplican a la libertad de establecimiento, para contribuir así a aumentar la flexibilidad de los mercados de servicios y de trabajo.

2.2. Consolidación y simplificación

La Comisión ha conseguido ya una consolidación importante de las 35 Directivas relativas a las profesiones artesanales, a través de la tercera Directiva del sistema general 1999/42/CE [8]. La posterior adopción de la Directiva 2001/19/CE ha simplificado aún más el régimen jurídico y de procedimiento del reconocimiento de cualificaciones profesionales. Siguen existiendo alrededor de doce Directivas principales que cubren las siete profesiones de médico [9], enfermero responsable de

[8] Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de la liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos, publicada en el DO L 201 de 31.7.99, p. 77.

[9] Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (en lo sucesivo denominada Directiva «médicos»), publicada en el DO L 165 de 7.7.93, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

cuidados generales [10], odontólogo [11], veterinario [12], matrona o asistente obstétrico [13], farmacéutico [14] y arquitecto [15], adoptadas concretamente a lo largo de un periodo de veinte años en las décadas de los

[10] Directiva 77/452/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, sobre el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de enfermero responsable de cuidados generales, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (en lo sucesivo denominada Directiva «reconocimiento enfermeros»), publicada en el DO L 176 de 15.7.77, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

[11] Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (en lo sucesivo denominada Directiva «reconocimiento odontólogos»), publicada en el DO L 233 de 24.8.78, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

[12] Directiva 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (en lo sucesivo denominada Directiva «reconocimiento veterinarios»), publicada en el DO L 362 de 23.12.78, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

[13] Directiva 80/154/CEE del Consejo, de 21 de enero de 1980, sobre reconocimiento recíproco de diplomas, certificados y otros títulos de matrona y que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (en lo sucesivo denominada Directiva «reconocimiento matronas»), publicada en el DO L 33 de 11.2.80, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

[14] Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas (en lo sucesivo denominada Directiva «coordinación farmacéuticos»), publicada en el DO L 253 de 24.9.85, p. 34, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

[15] Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (en lo sucesivo denominada Directiva «arquitectos»), publicada en el DO L 223 de 21.8.85, p. 15, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

setenta y de los ochenta, más las tres Directivas del sistema general [16], actualizadas por la Directiva SLIM. Una consolidación de estas Directivas aportará un conjunto de normas más sencillo y más claro para los profesionales afectados.

[16] Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, publicada en el DO L 19 de 24.1.89, p. 16, cuya última modificación la constituye la Directiva SLIM.

Las Directivas relativas a la prestación de servicios y al establecimiento de abogados [17] no se tienen en cuenta en el marco de este ejercicio, puesto que no se refieren al reconocimiento de cualificaciones profesionales, sino al reconocimiento de la autorización de ejercer. El reconocimiento de los títulos de abogado se regula actualmente en la Directiva 89/48/CEE, cubierta por el presente ejercicio.

[17] Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, publicada en el DO L 78 de 26.3.77, p. 17. Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, publicada en el DO L 77 de 14.3.98, p. 36.

En la presente propuesta no se introducen cambios sustanciales en las disposiciones coordinadas existentes en las que se basa el reconocimiento en el marco de las directivas sectoriales. En la consulta pública que se organizó en 2001 no se formularon peticiones en este sentido. La Comisión no ha propuesto modificaciones de este tipo, que resultarían inadecuadas para una propuesta marco cuyo principal objetivo es la consolidación y la simplificación administrativa de las normas aplicables a numerosas profesiones. Ello no es óbice para que siga abierto el diálogo con las partes interesadas y las autoridades nacionales, con el fin de aclarar algún punto o postura, y poder adoptar en el futuro medidas específicas en cada profesión. Esta tarea deberá tener en cuenta las acciones que se emprendan en el marco de la propuesta de programa comunitario en el ámbito de la salud pública para fomentar la calidad, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia sanitaria de la Comunidad Europea [18]. Además de la mera consolidación, una revisión de los diversos preceptos de las Directivas ha mostrado que una racionalización e incorporación de los mismos a una única Directiva contribuiría a una mayor simplificación y claridad, manteniendo a la vez las garantías existentes.

[18] Documento COM(2000) 285 final.

Por otro lado, además de la simplificación de los textos jurídicos, se propone una simplificación de los procedimientos. En el pasado, las Directivas sectoriales se apoyaban en comités consultivos que implicaban numerosos trámites administrativos, además de los comités o grupos de funcionarios nacionales. Otras Directivas se aplican con el apoyo de un único comité de funcionarios nacionales, que se reúne normalmente dos veces al año (el grupo de coordinadores del sistema general). Si bien los comités consultivos se han centrado en la formación, el Tratado y la acción comunitaria en este ámbito hacen especial hincapié en la libertad de circulación [19]. Con la ampliación de la UE y la incorporación de un gran número de nuevos Estados miembros y de nuevas lenguas, se recurrirá con mayor frecuencia a esta forma de gestión.

[19] El propio Tratado excluye la armonización en los ámbitos de la educación y la formación (artículos 149 y 150 del capítulo 3). Al mismo tiempo, el apartado 2 del artículo 47 prevé la adopción de medidas para la coordinación de las disposiciones nacionales relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas, aunque sólo será necesaria la unanimidad en el Consejo si en un Estado miembro se requiere la modificación de «los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las condiciones de acceso a las mismas de las personas físicas».

Los sistemas modernos de información y comunicación permiten procedimientos más flexibles para recopilar información e intercambiar puntos de vista. Los representantes de los círculos profesionales y educativos ya han desarrollado a nivel europeo medios para una mayor cooperación. Los requisitos de una Unión Europea ampliada y las condiciones de una buena administración exigen la aplicación de procedimientos más sencillos y flexibles para garantizar que las condiciones en las que se basa el reconocimiento automático son tenidas en cuenta tanto por la Comisión como por las autoridades nacionales. Para ello pueden celebrarse reuniones periódicas de funcionarios nacionales a nivel comunitario, organizadas por la Comisión, añadiendo a la vez la posibilidad de tener en cuenta puntos de vista y posiciones del exterior para su debate, por iniciativa de la Comisión o de cualquier Estado miembro. En algunos ámbitos ya se han aplicado medios flexibles de colaboración con buenos resultados. Por consiguiente, la consolidación, modernización y simplificación pueden lograrse no sólo en los textos jurídicos, sino también en los procedimientos en que se basan dichos textos.

La Comisión considera que, además de los medios tradicionales de consulta que funcionan en los Estados miembros, el suministro de información, recomendaciones e informes sobre el funcionamiento del sistema comunitario a nivel europeo puede garantizarse mediante acuerdos entre la Comisión y los órganos representativos de las profesiones y los centros de enseñanza que se benefician del reconocimiento automático, sobre la base de una coordinación mínima de los requisitos de formación. Estos acuerdos deberían garantizar que la Comisión y los Estados miembros reciban periódicamente información y asesoramiento, así como que tales contribuciones se incluyan en el orden del día de la siguiente reunión de funcionarios nacionales, organizada por la Comisión, sobre una profesión determinada. La Comisión podría confirmar estos acuerdos de la forma adecuada. Sobre esta base, la Comisión retirará su propuesta de derogación de las Decisiones de creación de los comités consultivos para las Directivas sectoriales [20] y presentará una nueva propuesta de Decisión del Consejo para la supresión de los comités consultivos existentes durante el proceso legislativo de la presente propuesta.

[20] Propuesta de Decisión del Consejo por la que se derogan las Decisiones 75/364/CEE, 77/454/CEE, 78/688/CEE, 78/1028/CEE, 80/156/CEE y 85/434/CEE sobre la creación de Comités consultivos para la formación de médicos, en el ámbito de los cuidados de enfermería, de dentistas, de veterinarios, de matronas y de farmacéutico. Documento COM(1999) 177 final.

2.3. Mejora de la gestión, la claridad y la flexibilidad

En el marco de las Directivas sectoriales, el reconocimiento automático se basa en la coordinación mínima de formación en las Directivas. Estos requisitos fundamentales en los que se basa el reconocimiento automático debían seguir estableciéndose mediante el procedimiento de codecisión del Parlamento y el Consejo. No obstante, la actualización técnica de algunos requisitos puede conseguirse mejor mediante el ejercicio de delegación de poderes. Ha de tenerse en cuenta el ritmo cada vez más rápido de desarrollo de la sociedad y la tecnología a la hora de aplicar procedimientos destinados a mantener la pertinencia de las disposiciones técnicas en que se basan las normas generales, establecidas en el Derecho comunitario. A este respecto, las Directivas sectoriales son innecesariamente poco flexibles. Las normas principales sobre el reconocimiento profesional deberían seguir figurando en el cuerpo de la Directiva, pero los aspectos técnicos concretos de su aplicación deberían incluirse en anexos y, en caso necesario, actualizarse mediante el ejercicio de delegación de poderes.

En lo que respecta al sistema general, su valor ha quedado demostrado durante los más de diez años de aplicación cada vez más extensa. No obstante, parece existir margen para mejorar su transparencia, claridad y garantías. Dentro de las garantías mínimas, estadísticas recientes sobre los procesos de reconocimiento han demostrado que periódicamente se concede este reconocimiento sin que se apliquen medidas compensatorias, en forma de prueba de aptitud o de período de prácticas supervisado. No obstante, la experiencia varía en toda la Unión Europea. Además, algunas profesiones cubiertas por el sistema general han realizado ya un trabajo considerable para el desarrollo de plataformas comunes que puedan contribuir al conocimiento y reconocimiento de cualificaciones [21].

[21] Véase la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita n° 3429/93 de Christian Rovsing. Registro de los ingenieros europeos. DO C 268 de 26.9.1994, p. 38.

Los trabajos en el ámbito de las cualificaciones sectoriales, que se fomenta a través del diálogo social europeo y las actividades apoyadas por la Comisión en el campo de las cualificaciones académicas y profesionales, pueden contribuir también a facilitar el reconocimiento de cualificaciones en las profesiones reguladas.

Las Directivas del sistema general no contienen preceptos específicos sobre las condiciones aplicables a la prestación transfronteriza de servicios. La aplicación de los derechos de establecimiento y de prestación transfronteriza de servicios favorecen la economía de servicios. Las condiciones aplicables a la prestación transfronteriza de servicios deberían ser menos gravosas que las que se aplican al derecho de establecimiento. Por este motivo, la propuesta prevé que el régimen para la prestación transfronteriza de servicios sea más flexible que el relativo al de establecimiento, aunque con una cláusula de salvaguardia. De esta forma, la estructura y el enfoque seguidos por las Directivas sectoriales y del sistema general podrán combinarse sin que se pierdan las principales ventajas de cada planteamiento.

2.4. Mejora de la administración y de la información y asesoramiento a los ciudadanos

La propuesta prevé también la mejora de la cooperación entre las propias administraciones nacionales y entre éstas y la Comisión para el suministro de información y asesoramiento a los particulares y la resolución de problemas. Todo ello forma parte de una iniciativa más amplia en el contexto del mercado interior. La información y el asesoramiento a los ciudadanos sobre sus derechos e intereses en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales deberán facilitarse en el punto más cercano a los mismos. Ello implica para las autoridades del Estado miembro de origen y de acogida y para los puntos de contacto la obligación de facilitar información que ayude a las personas cualificadas o que buscan el reconocimiento de sus cualificaciones, en relación con la libre circulación. Deberán desarrollarse los sistemas existentes de información y asesoramiento para que las autoridades puedan intercambiar información de forma rápida y fiable y para que las preguntas formuladas en un Estado miembro sobre las condiciones de reconocimiento y las prácticas de otro Estado miembro se respondan de forma rápida y completa.

Al mismo tiempo, la Comisión tiene la intención de fomentar el uso del Servicio de información telefónica de Europe Direct y del Servicio de Orientación al Ciudadano. El Servicio de información telefónica facilita información rápida a los ciudadanos sobre cuestiones del mercado interior por teléfono y correo electrónico, mientras que el Servicio de Orientación al Ciudadano, que está conectado al Servicio de información telefónica y al que también es posible dirigirse a través del correo electrónico, facilita información personalizada sobre problemas concretos. Los servicios de la Comisión proporcionan la información básica que se puede obtener en el Servicio de información telefónica, que, conjuntamente con el Servicio de Orientación al Ciudadano, ya cuenta con una experiencia considerable en cuestiones relacionadas con el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Estas son las vías que permiten ofrecer la respuesta más rápida y directa a este tipo de consultas de los ciudadanos.

2.5. Un enfoque reglamentario más sencillo y más abierto

La Directiva proporcionará el marco para una mejor gestión a nivel comunitario. Introducirá el máximo de flexibilidad respetando a la vez las exigencias del Tratado. Contemplará diferentes niveles de acción para adaptarse lo mejor posible a las funciones en cuestión, aplicando así el principio de subsidiariedad. Introducirá la simplificación con vistas a aumentar la claridad y accesibilidad, así como la eficacia de los procedimientos en una Unión ampliada. Proporcionará el nivel necesario de detalle requerido para mantener la seguridad jurídica y evitar la inseguridad o unos procedimientos excesivamente gravosos. Procurará favorecer la cooperación entre los sectores público y privado, y reforzar la cooperación existente entre las propias autoridades nacionales y entre éstas y la Comisión a la hora de facilitar información y asesoramiento a los ciudadanos y garantizar la resolución de sus problemas de la forma más rápida y efectiva posible. Para elaborar la propuesta, se han celebrado amplias consultas con las autoridades de los Estados miembros, las asociaciones profesionales y otras partes interesadas, lo que ha permitido conocer los puntos de vista de aquellos más directamente implicados. Por consiguiente, la propuesta respeta y amplía algunas de las líneas principales de acción señaladas en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea.

3. Fundamento jurídico

El fundamento jurídico es el mismo que el de las Directivas cuya derogación se propone. El artículo 40 del Tratado CE prevé que se adoptarán, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, «las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores [...]». En el marco del derecho de establecimiento, el artículo 47 del Tratado CE prevé que, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, se adoptarán Directivas para el «reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos», así como para «la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas». Con arreglo al artículo 55 del Tratado CE, el artículo 47 es aplicable a la prestación de servicios.

Dado que la ejecución de la presente propuesta de Directiva no implica, en los Estados miembros, una modificación de los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las condiciones de acceso a las mismas de las personas físicas, el Consejo decidirá por mayoría cualificada, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 47 del Tratado CE.

4. Subsidiariedad y proporcionalidad

El título III de la tercera parte del Tratado CE, relativo a la libre circulación de personas, servicios y capitales, otorga a la Comunidad Europea competencias para adoptar medidas adecuadas en este ámbito. Estas competencias deben ejercerse con arreglo al artículo 5 del Tratado CE, es decir, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. Por otra parte, ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos contemplados. La presente propuesta responde a estas exigencias.

4.1. Subsidiariedad

El contenido y la organización del sistema educativo y la formación profesional son competencia exclusiva de los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149 y 150 del Tratado CE. Del mismo modo, los Estados miembros son competentes para determinar, en su territorio, las cualificaciones y otras condiciones exigidas con el fin de acceder a una profesión determinada y ejercerla, así como las actividades cubiertas por dicha profesión. Estas normas nacionales pueden ser fuente de obstáculos a la libre circulación de trabajadores, a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (artículos 39, 43 y 49 del Tratado CE). Con el fin de hacer efectivas estas libertades, es necesario definir normas comunes que permitan a un nacional comunitario obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en los demás Estados miembros y ejercer en ellos una profesión regulada. Tales normas sólo pueden establecerse a escala comunitaria.

Las nuevas normas previstas en la presente propuesta se han concebido respetando el principio de subsidiariedad. En efecto, la mayor liberalización en el ámbito de la libre prestación de servicios, una cooperación estrecha entre los sectores público y privado en el marco de las plataformas profesionales, un recurso más frecuente a los procedimientos de comitología y un refuerzo del papel de las autoridades nacionales competentes en la aplicación de la Directiva constituyen aplicaciones prácticas de este principio.

4.2. Proporcionalidad

La acción comunitaria debe limitarse, tanto en la forma como en el fondo, a lo estrictamente necesario para garantizar que el objetivo perseguido por la propuesta se alcance y se aplique de forma efectiva. El instrumento jurídico de la Directiva, propuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Tratado CE, responde a esta exigencia, puesto que vincula a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe obtenerse, dejándoles al mismo tiempo la competencia en cuanto a la forma y los medios más convenientes para obtener este resultado. Por otra parte, esta propuesta consolida los instrumentos jurídicos existentes en el ámbito del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, simplificando y mejorando a la vez el sistema de reconocimiento a la luz de la experiencia adquirida.

Las nuevas normas previstas en la presente propuesta respetan el principio de proporcionalidad, ya que los medios preconizados para alcanzar una mayor liberalización en el ámbito de la libre prestación de servicios, a saber, una cooperación estrecha entre los sectores público y privado en el marco de las plataformas profesionales, un recurso más frecuente a los procedimientos de comitología y un refuerzo del papel de las autoridades nacionales competentes en la aplicación de la Directiva, no exceden de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

5. Comentarios sobre el articulado

Título I - Disposiciones generales

Artículos 1 a 4

El artículo 1 establece el principio del reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales.

De acuerdo con el Tratado CE, el artículo 2 precisa que la Directiva se aplica exclusivamente a los nacionales comunitarios, cuando la profesión que desee ejercer el solicitante esté regulada en el Estado miembro de acogida y cuando el solicitante haya adquirido sus cualificaciones profesionales en un Estado miembro distinto de aquel en el que desea ejercer la profesión.

El artículo 3 mantiene básicamente las definiciones que figuran actualmente en las Directivas del sistema general en relación con los conceptos de profesión regulada, cualificaciones profesionales y título de formación (incluido cualquier título de formación adquirido en un tercer país, siempre que haya sido reconocido por un primer Estado miembro en el que el solicitante haya ejercido la profesión durante al menos tres años).

El artículo 4 precisa los efectos del reconocimiento profesional e introduce la obligación para el Estado miembro de acogida de permitir el acceso parcial en su territorio a una profesión regulada que agrupe realmente dos actividades profesionales distintas y autónomas.

Título II - Libre prestación de servicios

Artículos 5 a 9

El artículo 5 establece que los Estados miembros no podrán restringir, por motivos relacionados con las cualificaciones profesionales, la libre prestación de servicios, en el marco del título profesional original cuando el solicitante esté legalmente establecido en otro Estado miembro. Esto será de aplicación inmediata cuando la profesión esté regulada en el Estado miembro de establecimiento. Si en el Estado miembro de establecimiento no está regulada la profesión, el prestador de servicios que se desplace deberá además haber ejercido la actividad en cuestión durante dos años en este Estado miembro.

Habida cuenta de la flexibilidad de las exigencias en cuanto a la prestación de servicios con relación al establecimiento, y con el fin de evitar que estas normas puedan alegarse en casos que realmente dependan más del establecimiento que de la prestación de servicios, parece necesario precisar el propio concepto de prestación de servicios a efectos de la presente Directiva. Se propone reforzar los criterios extraídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [22] basando una presunción en un criterio temporal fijado en dieciséis semanas.

[22] Véase, en particular, la sentencia de 30.11.1995 (conclusiones del Abogado General Léger), asunto C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4165.

El artículo 6 recoge el acervo de las Directivas sectoriales por lo que se refiere a la dispensa de la autorización o adscripción a un organismo profesional o de seguridad social.

El artículo 7 precisa la obligación de informar al punto de contacto del Estado miembro de establecimiento cuando la prestación se efectúe mediante desplazamiento del prestador de servicios.

Con arreglo al artículo 8, el Estado miembro de acogida podrá obtener la prueba de la nacionalidad del prestador de servicios y un certificado que acredite que ejerce lícitamente las actividades de que se trate en el Estado miembro en el que está establecido mediante un intercambio de información con las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento. En su caso, el Estado miembro de acogida podrá también comprobar en el punto de contacto del Estado miembro de establecimiento si el prestador ha ejercido la profesión durante al menos dos años en este último Estado miembro.

Con el fin de proteger a los consumidores, el artículo 9 obliga al prestador de servicios a proporcionar al destinatario del servicio una serie de informaciones. Esta disposición procede de la Directiva 2000/31/CE, relativa al comercio electrónico, y en consecuencia se extiende, en el caso de las profesiones reguladas, a todas las formas de la prestación de servicios.

Título III - Libertad de establecimiento

El título III precisa las condiciones a las cuales se supedita el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, así como las normas de aplicación de los mecanismos de reconocimiento en el marco de la libertad de establecimiento. Se mantienen básicamente los distintos mecanismos actualmente previstos por las Directivas del sistema general y por las Directivas sectoriales.

Capítulo I - Régimen general de reconocimiento de títulos de formación

Este capítulo recoge, en esencia, los principios definidos por las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE. Se proponen modificaciones con el fin de simplificar el régimen actual.

Artículos 10 a 14

El ámbito de aplicación del régimen general, tal como se define en el artículo 10, es más amplio que el de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE. Se extiende de manera subsidiaria a todos los casos que no se benefician de un reconocimiento automático sobre la base de la experiencia profesional o de la coordinación de las condiciones mínimas de formación.

En aras de la simplificación, los límites actualmente fijados en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE en cuanto a la aplicación del reconocimiento mutuo se formulan haciendo referencia a cinco niveles de formación que se definen teóricamente en los artículos 11 y 12. El reconocimiento sólo se concede sobre la base de la Directiva si el nivel exigido en el Estado miembro de acogida no supera el nivel inmediatamente superior al acreditado por el título de formación del solicitante.

El artículo 13 recoge básicamente el artículo 3 de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE.

El artículo 14 mantiene la posibilidad de que el Estado miembro de acogida supedite el reconocimiento de los títulos de formación a la realización por el solicitante de una medida compensatoria, ya sea una prueba de aptitud o un período de prácticas de adaptación. No obstante, se suprime la posibilidad de que un Estado miembro exija una experiencia profesional en lugar de una medida compensatoria en caso de diferencias sustanciales en la duración y no en el contenido de las formaciones. Se propone, por otra parte, suprimir las excepciones automáticas para las profesiones que implican un conocimiento del Derecho nacional, lo que es coherente con las disposiciones que regulan el reconocimiento de la autorización de ejercer para los abogados. Por último, se propone simplificar las disposiciones actuales relativas al procedimiento de excepción a la posibilidad de que el migrante elija entre la prueba de aptitud y el período de prácticas de adaptación.

El concepto de «materias sustancialmente distintas» sólo puede definirse con precisión caso por caso. Se propone, sin embargo, recoger en la Directiva el principio de proporcionalidad de la medida, lo que implica, en particular, la toma en consideración de la experiencia profesional pertinente del solicitante.

Artículo 15

El artículo 15 prevé la dispensa de las medidas compensatorias cuando las cualificaciones del solicitante respondan a los criterios fijados por decisión del Comité de reconocimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con el procedimiento de comitología (reglamentación). Estos criterios serán a su vez propuestos por una asociación profesional en el marco de una plataforma común establecida a nivel europeo y que ofrezca garantías adecuadas en cuanto al nivel de cualificaciones del solicitante.

Capítulo II - Reconocimiento de la experiencia profesional

Artículos 16 a 19

Los artículos 16 a 19 recogen básicamente y con las modificaciones que figuran a continuación el artículo 4 de la Directiva 1999/42/CE, que prevé, para las actividades artesanales, industriales y comerciales enumeradas exhaustivamente en su anexo A, el reconocimiento automático de las cualificaciones sobre la base de la experiencia profesional del solicitante. Se ha considerado adecuado simplificar el sistema agrupando las categorías existentes. Mediante una serie de modificaciones sustanciales, ha sido posible reducir el número de categorías de experiencia profesional a dos, sobre la base de una experiencia profesional de tres o cinco años como independiente o directivo empresarial.

Para la modificación de la lista de las actividades profesionales que se citan en un anexo se aplicará el procedimiento de comitología (reglamentación).

Capítulo III - Reconocimiento sobre la base de la coordinación de las condiciones mínimas de formación

Este capítulo recoge los principios existentes en cuanto a reconocimiento automático de títulos de formación, manteniendo las garantías previstas en las Directivas sectoriales vigentes. En algunos casos, para simplificar, se han uniformizado los regímenes.

Artículos 20 a 45

Estos artículos recogen los preceptos actuales relativos a la coordinación de las condiciones mínimas de formación, al reconocimiento automático de títulos de formación (y cuando proceda, a sus modalidades), al acceso a las profesiones correspondientes, al ejercicio de las actividades profesionales en cuestión, a los procedimientos de inclusión de los títulos de formación en el anexo y a los derechos adquiridos.

Procede destacar, en particular, las siguientes modificaciones:

* la modificación del procedimiento actualmente previsto para la inclusión de títulos de formación de arquitecto;

* la integración en el régimen general de reconocimiento de las especialidades médicas y de odontología comunes a un número limitado de Estados miembros, que son actualmente objeto de un reconocimiento automático, sin perjuicio de los derechos adquiridos; por lo tanto, con vistas a simplificar el sistema, en particular en la perspectiva de la ampliación, solamente se beneficiarán en lo sucesivo del reconocimiento automático las especialidades médicas comunes y obligatorias en todos los Estados miembros;

* la supresión de la vía de formación para los médicos generalistas prevista en el artículo 32 de la Directiva «médicos»;

* la supresión, en el caso de los enfermeros responsables de cuidados generales, de las referencias al carácter específicamente profesional de la formación y a la superación de un examen, que ya no son pertinentes habida cuenta de los sistemas de formación existentes en la actualidad en los Estados miembros;

* la supresión de la excepción a las condiciones mínimas de formación prevista en la letra a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva «coordinación farmacéuticos»;

* la extensión del reconocimiento automático de los títulos de formación de farmacéutico a la creación de nuevas farmacias abiertas al público;

* la supresión de lo dispuesto en la Directiva «reconocimiento farmacéuticos» en relación con Luxemburgo (experiencia profesional de dos años para la concesión del Estado para la apertura al público de una farmacia).

Se aplicará el procedimiento de comitología (reglamentación) para la modificación de los periodos mínimos de formación de las especialidades médicas, para la introducción en el anexo de nuevas especialidades médicas comunes y obligatorias para todos los Estados miembros y para la actualización, con vistas a su adaptación al progreso científico y técnico, de los conocimientos y competencias, y de la lista de materias que figura en un anexo.

Capítulo IV - Disposiciones comunes sobre establecimiento

Artículos 46 a 49

De conformidad con el artículo 46, cuando se pronuncien sobre una solicitud para ejercer una profesión regulada en virtud de las disposiciones relativas al establecimiento, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán exigir los documentos y certificados que se enumeran exhaustivamente en el anexo.

El artículo 47 refuerza las normas de procedimiento existentes, al generalizar el plazo de tres meses de que disponen las autoridades nacionales competentes para pronunciarse sobre las solicitudes de reconocimiento e introducir la obligación de que estas autoridades acusen recibo del expediente e informen al solicitante en caso de que falte algún documento.

El artículo 48 recoge esencialmente las normas actuales relativas al uso del título profesional del Estado miembro de acogida y especifica, a este respecto, las normas aplicables en caso de acceso parcial a la profesión, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [23], el artículo 49 permitirá al Estado miembro de acogida exigir al solicitante que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión. La evaluación de la compatibilidad de esta exigencia con el Derecho comunitario deberá basarse en su proporcionalidad respecto a las necesidades profesionales. Cuando la autoridad competente considere que el solicitante no posee los conocimientos lingüísticos requeridos, corresponderá al Estado miembro de acogida procurar que el solicitante pueda adquirirlos.

[23] Véase la sentencia de 4.7.2000, asunto C-424/97, Salomone Haim contra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Rec. 2000, p. I-5123.

Título IV - Modalidades de ejercicio de la profesión

Artículos 50 y 51

Estos artículos definen las modalidades de ejercicio de la profesión en relación con el uso del título de formación y la adscripción a un seguro de enfermedad, que son comunes a la prestación de servicios y al establecimiento.

Título V - Cooperación administrativa y competencias de ejecución

Artículos 52 a 54

El artículo 52 extiende al conjunto de la Directiva la obligación general de colaboración estrecha entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y el Estado miembro de acogida, con el fin de garantizar que los preceptos de la Directiva se apliquen de manera adecuada y evitar que los derechos que se derivan de la misma se desvíen de su objeto y se utilicen de forma fraudulenta. Por otro lado, los Estados miembros designarán a un coordinador responsable de promover la aplicación uniforme de la Directiva y de recopilar toda la información necesaria para su aplicación.

El artículo 53 tiene por objeto formalizar el papel de los puntos de contacto, ya que se han creado redes para el tratamiento de algunos expedientes que dependen en general del mercado interior y, más recientemente, para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El artículo 54 instituye un único Comité para la gestión de la Directiva y su actualización, que sustituye a todos los comités existentes en el sistema anterior. Se trata de un Comité «comitología», que actuará según el procedimiento de reglamentación, tal como se indica en las disposiciones pertinentes. Asimismo, se podrá someter al Comité cualquier cuestión relativa a la aplicación de la Directiva.

Título VI - Otras disposiciones

Artículos 55 a 60

El artículo 55 prevé la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión cada dos años sobre la aplicación del sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El artículo 56 establece que la Comisión, en colaboración con el Estado miembro en cuestión, examinará las dificultades importantes que pudieran plantearse en la aplicación de un precepto de la Directiva. Cuando proceda, la Comisión presentará al Comité propuestas adecuadas, dirigidas a un Estado miembro, con el fin de permitir que no se aplique dicho precepto en su territorio durante un tiempo limitado. Estas medidas se adoptarán de conformidad con el procedimiento de comitología (reglamentación).

Con arreglo al artículo 57, quedan derogadas las Directivas relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Los artículos 58 a 60 recogen las disposiciones finales relativas a la transposición, la entrada en vigor y los destinatarios de la Directiva.

2002/0061 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

(Texto pertinente a los fines del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículos 40, el apartado 1 y la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión [24],

[24] DO C de , p. .

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [25],

[25] DO C de , p. .

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) En virtud de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado, la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad. Dicha supresión supone concretamente para los nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales. Además, en el apartado 1 del artículo 47 del Tratado se establece que se adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos.

(2) A raíz del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a «Una estrategia para el mercado interior de servicios» [26], que tiene por objeto, en particular, que la libre prestación de servicios en el interior de la Comunidad resulte tan fácil como dentro de un Estado miembro. A raíz de la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos» [27], el Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001, otorgó su mandato a la Comisión para «presentar al Consejo Europeo de primavera de 2002 [...] propuestas específicas para un régimen de reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudio más uniforme, transparente y flexible [...]».

[26] Documento COM (2000) 888.

[27] Documento COM(2001) 116.

(3) La garantía que confiere la presente Directiva a las personas que han adquirido sus cualificaciones profesionales en un Estado miembro para acceder a la misma profesión y ejercerla en otro Estado miembro con los mismos derechos que los nacionales no será un obstáculo para el cumplimiento por el profesional migrante de las condiciones de ejercicio no discriminatorias que pueda imponerle este último Estado miembro, siempre que tales condiciones estén justificadas objetivamente y sean proporcionadas.

(4) Con el fin de facilitar la libre prestación de servicios, es conveniente establecer normas específicas destinadas a extender el ejercicio de las actividades profesionales con el título profesional original. Para los servicios de la sociedad de la información prestados a distancia se aplicará asimismo lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior [28].

[28] DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(5) Habida cuenta de los distintos regímenes instaurados, por una parte, para la prestación de servicios y, por otra, para el establecimiento, es conveniente especificar los criterios distintivos de los dos conceptos en caso de desplazamiento del prestador de servicios al territorio del Estado miembro de acogida, estableciendo una presunción simple según un criterio temporal.

(6) Al tiempo que se mantienen, por lo que se refiere a la libertad de establecimiento, los principios y las garantías que subyacen a los distintos sistemas de reconocimiento vigentes, es necesario mejorar sus normas con arreglo a la experiencia. Por otra parte, las Directivas correspondientes han sufrido diversas modificaciones, por lo que se impone una reorganización, así como la racionalización de sus preceptos, dando uniformidad a los principios aplicables. Por consiguiente, es preciso sustituir las Directivas 89/48/CEE [29] y 92/51/CEE [30] del Consejo, así como la Directiva 1999/42/CE [31] del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al sistema general de reconocimiento de cualificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE [32], 77/453/CEE [33], 78/686/CEE [34], 78/687/CEE [35], 78/1026/CEE [36], 78/1027/CEE [37], 80/154/CEE [38], 80/155/CEE [39], 85/384/CEE [40], 85/432/CEE [41], 85/433/CEE [42] y 93/16/CEE [43] del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico, arquitecto, farmacéutico y médico, cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/19/CE [44] del Parlamento Europeo y del Consejo, reuniéndolas en un solo texto.

[29] DO L 19 de 24.1.89, p. 16.

[30] DO L 209 de 24.7.92, p. 25.

[31] DO L 201 de 31.7.99, p. 77.

[32] DO L 176 de 15.7.77, p. 1.

[33] DO L 176 de 15.7.77, p. 8.

[34] DO L 233 de 24.8.78, p. 1.

[35] DO L 233 de 24.8.78, p. 10.

[36] DO L 362 de 23.12.78, p. 1.

[37] DO L 362 de 23.12.78, p. 7.

[38] DO L 33 de 11.2.80, p. 1.

[39] DO L 33 de 11.2.80, p. 8.

[40] DO L 223 de 21.8.85, p. 15.

[41] DO L 253 de 24.9.85, p. 34.

[42] DO L 253 de 24.9.85, p. 37.

[43] DO L 165 de 7.7.93, p. 1.

[44] DO L 206 de 31.7.01, p. 1.

(7) Por lo que respecta a las profesiones cubiertas por el régimen general de reconocimiento de títulos de formación, en lo sucesivo denominado «el régimen general», los Estados miembros conservarán la facultad de fijar el nivel mínimo de cualificación necesaria para garantizar la calidad de las prestaciones que se realicen en su territorio. No obstante, en virtud de los artículos 10, 39 y 43 del Tratado CE, no podrán obligar a un nacional de un Estado miembro a adquirir las cualificaciones que dichos Estados generalmente se limitan a determinar mediante referencia a los diplomas expedidos en el ámbito de su sistema nacional de enseñanza, cuando el interesado ya haya adquirido total o parcialmente dichas cualificaciones en otro Estado miembro. En consecuencia, es conveniente establecer que todos los Estados miembros de acogida en los que esté regulada una profesión estén obligados a tener en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro y a considerar si estas corresponden a las que dichos Estados exigen.

(8) En ausencia de la armonización de las condiciones mínimas de acceso a las profesiones reguladas por el régimen general, es necesario establecer la posibilidad de que los Estados miembros de acogida impongan una medida compensatoria. Tal medida ha de ser proporcionada y tener en cuenta, en particular, la experiencia profesional del solicitante. La experiencia demuestra que la exigencia de una prueba de aptitud o un período de prácticas, entre los que podrá elegir el migrante, ofrece garantías adecuadas respecto al nivel de cualificación del mismo, de manera que cualquier excepción a dicha elección debería justificarse en cada caso por una razón imperiosa de carácter general.

(9) Con el fin de favorecer la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios al tiempo que se garantiza un nivel adecuado de cualificación, diversas asociaciones y organizaciones profesionales han establecido a nivel europeo plataformas comunes con arreglo a las cuales se reconoce a los profesionales que satisfagan una serie de criterios sobre cualificación profesional el derecho de ostentar el título profesional expedido por dichas asociaciones u organizaciones. Es procedente tener en cuenta, en determinadas condiciones y siempre cumpliendo el Derecho comunitario, en especial el Derecho comunitario de competencia, tales iniciativas, dando prioridad en este contexto al carácter más automático del reconocimiento en el ámbito del régimen general.

(10) Con el fin de tener en cuenta todas las situaciones para las que aún no existe ninguna disposición relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el régimen general debe extenderse a los casos que no están cubiertos por un régimen específico, bien porque la profesión de que se trate no corresponde a ninguno de tales regímenes, bien porque, aunque la profesión corresponde un a régimen específico, el solicitante no reúne las condiciones para beneficiarse del mismo.

(11) Procede simplificar las normas que permiten el acceso a una serie de actividades industriales, comerciales y artesanales en los Estados miembros en los que están reguladas dichas profesiones, en la medida en que dichas actividades se hayan ejercido durante un período razonable y suficientemente próximo en el tiempo en otro Estado miembro, manteniendo al mismo tiempo para dichas actividades un régimen de reconocimiento automático basado en la experiencia profesional.

(12) La libre circulación y el reconocimiento mutuo de los títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico, farmacéutico y arquitecto deben basarse en el principio fundamental del reconocimiento automático de los títulos de formación sobre la base de la coordinación de las condiciones mínimas de formación. Por otra parte, el acceso en los Estados miembros a las profesiones de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico y farmacéutico deben supeditarse a la posesión de un título de formación determinado, que garantice que el interesado ha recibido una formación que cumple las condiciones mínimas establecidas. Este sistema ha de complementarse con una serie de derechos adquiridos de los que se benefician los profesionales cualificados con determinadas condiciones.

(13) Las actividades profesionales de los médicos generalistas siguen un régimen específico, distinto del régimen de los médicos de base y los médicos especialistas. En consecuencia, los Estados miembros no pueden reconocer una especialización médica que tenga un campo de actividad profesional similar al de los médicos generalistas.

(14) Con el fin de simplificar el sistema, en particular, de cara a la ampliación, el principio de reconocimiento automático ha de aplicarse únicamente a las especialidades médicas comunes y obligatorias en todos los Estados miembros. Por lo que respecta a las especialidades de medicina y odontología comunes a un número limitado de Estados miembros, deben integrarse en el régimen general de reconocimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos. En la práctica, la repercusión de esta modificación ha de ser limitada para el migrante, ya que estas situaciones no deberían ser objeto de medidas compensatorias. Por otra parte, la presente Directiva no impide que los Estados miembros puedan instaurar entre ellos, para determinadas especialidades médicas y dentales que les sean comunes, el reconocimiento automático según sus propias normas.

(15) En todos los Estados miembros debe reconocerse la profesión de odontólogo como profesión específica y diferenciada de la de médico, especializado o no en odontoestomatología. Los Estados miembros han de garantizan que la formación de odontólogo confiere al profesional las competencias necesarias para todas las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativos a las anomalías y enfermedades de la dentadura, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos. La actividad profesional de odontólogo ha de ser ejercida por personas que ostenten un título de formación de odontólogo recogido en la presente Directiva.

(16) No se ha considerado deseable imponer una vía de formación unificada de matrona o asistente obstétrico en todos los Estados miembros. Por el contrario, es conveniente que los Estados miembros tengan la máxima libertad para organizar la enseñanza.

(17) En aras de la simplificación, es conveniente remitirse a la noción de «farmacéutico», con objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al reconocimiento automático de los títulos de formación, sin perjuicio de las particularidades de las reglamentaciones nacionales que regulan estas actividades.

(18) Las personas que ostentan títulos de formación de farmacéutico son especialistas en el sector de los medicamentos y en principio han de tener acceso en todos los Estados miembros a un campo mínimo de actividades en ese sector. Al definir dicho campo mínimo, la presente Directiva no debe tener el efecto de limitar las actividades accesibles a los farmacéuticos en los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a los análisis clínicos, ni crear en beneficio de estos profesionales ningún monopolio, ya que la creación de monopolios continúa siendo competencia de los Estados miembros. Lo dispuesto en la presente Directiva no obsta para que los Estados miembros puedan exigir condiciones complementarias de formación para el acceso a actividades no incluidas en el campo mínimo de actividades coordinado. Por ello, el Estado miembro de acogida que imponga tales condiciones deberá poder someter a éstas a los nacionales de los Estados miembros que ostenten alguno de los títulos de formación que son objeto de reconocimiento automático con arreglo a la presente Directiva.

(19) La presente Directiva no garantiza la coordinación de todas las condiciones de acceso a las actividades del ámbito farmacéutico y su ejercicio y, en concreto, la distribución geográfica de las farmacias y el monopolio de dispensación de medicamentos continúan siendo competencia de los Estados miembros. La presente Directiva no altera las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben a las empresas la práctica de ciertas actividades farmacéuticas o imponen ciertas condiciones a dicha práctica.

(20) La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público. En consecuencia, el reconocimiento mutuo de títulos de formación debe basarse en criterios cualitativos y cuantitativos que garanticen que las personas que ostentan títulos de formación reconocidos puedan comprender y dar una expresión práctica a las necesidades de los individuos, de los grupos sociales y de colectividades por lo que respecta a la organización del espacio, la concepción, organización y realización de las construcciones, la conservación y valorización del patrimonio construido y la protección de los equilibrios naturales.

(21) Las reglamentaciones nacionales en el ámbito de la arquitectura y relativas al acceso y ejercicio de las actividades profesionales de arquitecto tienen un alcance muy variado. En la mayoría de los Estados miembros las actividades de la arquitectura las ejercen, de hecho o de derecho, personas a las que se aplica la denominación de arquitecto, bien sola o bien acompañada de otra denominación, sin que tales personas tengan sin embargo un monopolio en el ejercicio de estas actividades, salvo disposición legislativa contraria. Estas actividades, o algunas de ellas, pueden también ser ejercidas por otros profesionales, en particular por ingenieros, que hayan recibido una formación específica en el ámbito de la construcción o la edificación. En aras de la simplificación de la presente Directiva, es conveniente remitirse a la noción de «arquitecto», con objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al reconocimiento automático de los títulos de formación, sin perjuicio de las particularidades de las reglamentaciones nacionales que regulan estas actividades.

(22) Con objeto de garantizar la eficacia del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales, es conveniente definir trámites y normas de procedimiento uniformes para su aplicación, así como determinadas modalidades de ejercicio de la profesión.

(23) Dado que la colaboración entre los Estados miembros, así como entre estos y la Comisión, puede facilitar la aplicación de la presente Directiva y el cumplimiento de las obligaciones que emanan de ella, es necesario organizar el modo de llevarla a cabo.

(24) La gestión de los distintos regímenes de reconocimiento instaurados por las directivas sectoriales y el sistema general ha resultado ser pesada y compleja. Por tanto, procede simplificar la gestión y la actualización de la presente Directiva para tener en cuenta el progreso científico y tecnológico, especialmente cuando se coordinan las condiciones mínimas de formación con vistas al reconocimiento automático de los títulos de formación. Con este fin ha de instaurarse un único Comité de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

(25) Con arreglo al artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [45], es conveniente adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva según el procedimiento establecido en el artículo 5 de dicha Decisión.

[45] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(26) La elaboración por los Estados miembros de un informe periódico sobre la aplicación de la presente Directiva, que incluya datos estadísticos, permitirá determinar la repercusión del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

(27) Procede establecer un procedimiento adecuado destinado a la adopción de medidas temporales si la aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva presentara dificultades importantes en algún Estado miembro.

(28) Lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros por lo que respecta a la organización de su régimen nacional de seguridad social y la determinación de las actividades que han de ejercerse en el ámbito de dicho régimen.

(29) Habida cuenta de la rapidez de la evolución de la técnica y el progreso científico, el aprendizaje permanente reviste una especial importancia para numerosas profesiones. En este contexto, corresponde a los Estados miembros establecer el modo en que, mediante una adecuada formación permanente, los profesionales se mantendrán informados del progreso técnico y científico.

(30) Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad expuestos en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción propuesta, que son la racionalización, simplificación y mejora de las normas de reconocimiento de cualificaciones profesionales, no pueden lograrlos de manera suficiente los Estados miembros, por lo que pueden realizarse mejor a escala comunitaria. La presente Directiva se limita al mínimo necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario con este fin.

(31) La presente Directiva no prejuzga la aplicación del apartado 4 del artículo 39 y del artículo 45 del Tratado, ni de las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel de protección de la salud y de los consumidores.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Título I Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto

La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado Estado miembro de acogida), aceptará como condición suficiente para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado Estado miembro de origen) y que permitan al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro que se propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquél en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.

2. Cada Estado miembro podrá permitir en su territorio, según su normativa, el ejercicio de actividades profesionales reguladas a personas que posean títulos de formación no obtenidos en un Estado miembro. Para las profesiones correspondientes al capítulo III del título III, este primer reconocimiento deberá realizarse cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo.

Artículo 3 Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «profesión regulada», la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales;

b) «cualificaciones profesionales», las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un certificado de competencia tal como se define en la letra a) del apartado 2 del artículo 11, y/o una experiencia profesional;

c) «título de formación», los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un Estado miembro que sancionan una formación profesional adquirida de manera preponderante en la Comunidad.

2. Quedará equiparada a una profesión regulada la profesión ejercida por los miembros de una asociación u organización de las que se mencionan en el anexo I.

Cada vez que un Estado miembro otorgue el reconocimiento a una asociación u organización del tipo al que se refiere el primer párrafo, informará de ello a la Comisión, que lo comunicará del modo que proceda en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. Quedará equiparado a un título de formación cualquier título de formación expedido en un tercer país siempre que la persona que lo detenta tenga una experiencia profesional de tres años acreditada por el Estado miembro que haya reconocido dicho título con arreglo al apartado 2 del artículo 2.

Artículo 4 Efectos del reconocimiento

1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado miembro de acogida permitirá al beneficiario acceder en este Estado miembro a la misma profesión que aquella para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales.

2. A efectos de la presente Directiva, la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares.

3. Cuando la profesión para la que el solicitante está cualificado en el Estado miembro de origen constituya una actividad autónoma de una profesión que abarque un ámbito de actividad más amplio en el Estado miembro de acogida y tal diferencia no pueda cubrirse mediante una medida compensatoria tal como se define en el artículo 14, el reconocimiento de las cualificaciones del solicitante conferirá al mismo el acceso únicamente a esta actividad en el Estado miembro de acogida.

Título II Libre prestación de servicios

Artículo 5 Principio de libre prestación de servicios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6, los Estados miembros no podrán restringir, por razones de cualificación profesional, la libre prestación de servicios en otro Estado miembro:

a) si el prestador está legalmente establecido en un Estado miembro para ejercer en él la misma actividad profesional y,

b) en caso de desplazamiento del prestador, si ha ejercido dicha actividad durante dos años como mínimo en el Estado miembro en que está establecido en caso de que la profesión no esté regulada en el mismo.

2. A efectos de la presente Directiva, cuando el prestador se desplace al Estado miembro de acogida, se presumirá que constituye una «prestación de servicios» el ejercicio de una actividad profesional durante un período máximo de dieciséis semanas anuales en un Estado miembro por un profesional establecido en otro Estado miembro.

La presunción del párrafo primero no será obstáculo para que se realice una consideración individual de cada caso, en concreto según la duración de la prestación, su frecuencia, su periodicidad y su continuidad.

3. La prestación se realizará bajo el título profesional del Estado miembro en el que esté establecido legalmente el prestador, en caso de que dicho título regulado exista en ese Estado miembro para la actividad profesional correspondiente.

Dicho título se indicará en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de establecimiento, con el fin de evitar cualquier confusión con el título profesional del Estado miembro de acogida.

Artículo 6 Dispensas

Con arreglo al apartado 1 del artículo 5, el Estado miembro de acogida dispensará a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de las exigencias impuestas a los profesionales establecidos en su territorio relativas a:

a) la autorización, inscripción o adscripción a una organización o a un organismo profesionales;

b) la inscripción a un organismo de seguridad social de Derecho público para liquidar con un organismo asegurador las cuentas relacionadas con las actividades ejercidas en beneficio de asegurados sociales.

No obstante, el prestador de servicios informará previamente o, en caso de urgencia, posteriormente, al organismo mencionado en la letra b) del primer párrafo de su prestación de servicios.

Artículo 7 Información previa en caso de desplazamiento del prestador

En caso de que la prestación se realice mediante desplazamiento del prestador, éste informará de ello previamente al punto de contacto del Estado miembro de establecimiento al que se refiere el artículo 53. En caso de urgencia, el prestador informará al punto de contacto de dicho Estado miembro lo antes posible tras la prestación de servicios.

Artículo 8 Cooperación administrativa

Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento una prueba de la nacionalidad del prestador de servicios, así como la prueba de que ejerce legalmente las actividades correspondientes en dicho Estado miembro. Los autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento comunicarán esta información con arreglo al artículo 52.

Además, en los casos a los que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 5, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán solicitar al punto de contacto del Estado miembro de establecimiento, al que se refiere el artículo 53, la prueba de que el prestador ha ejercido las actividades correspondientes durante dos años como mínimo en el Estado miembro de establecimiento. Para la aportación de dicha prueba podrá utilizarse cualquier medio.

Artículo 9 Información a los destinatarios del servicio

Además de las otras exigencias de información que establece el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que el prestador facilite al destinatario del servicio la información siguiente:

a) en caso de que el prestador esté inscrito en un registro mercantil u otro registro público similar, el nombre de dicho registro y número de inscripción asignado, u otros medios equivalentes de identificación en el registro;

b) en caso de que la actividad esté sujeta a un régimen de autorización en el Estado miembro de establecimiento, los datos de la autoridad de supervisión competente;

c) el colegio profesional u organismo similar en el que esté inscrito el prestador;

d) el título profesional y el Estado miembro en el que fue otorgado;

e) una referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a ellas;

f) en caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de identificación mencionado en el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo [46].

[46] DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/85/CE (DO L 277 de 28.10.1999, p. 34).

Título III Libertad de establecimiento

Capítulo I Régimen general de reconocimiento de títulos de formación

Artículo 10 Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a todas las profesiones no cubiertas por los capítulos II y III del presente título, así como a los casos en los que el solicitante no cumpla las condiciones que se establecen en dichos capítulos.

Artículo 11 Niveles de cualificación

1. Para la aplicación del artículo 13 se establecen los cinco niveles de cualificación profesional siguientes:

a) nivel 1, «certificado de competencias»;

b) nivel 2, «certificado»;

c) nivel 3, «título que sanciona una formación corta»;

d) nivel 4, «título que sanciona una formación intermedia»;

e) nivel 5, «título que sanciona una formación superior».

2. El nivel 1 corresponde a:

a) un certificado de competencia expedido por una autoridad competente del Estado miembro de origen sobre la base de una formación muy breve, un examen específico sin formación previa o un ejercicio a tiempo completo de la profesión en un Estado miembro durante tres años consecutivos o durante un período equivalente a tiempo parcial en el transcurso de los diez últimos años

b) una formación general de nivel de enseñanza primaria o secundaria que acredite que su titular posee conocimientos generales.

3. El nivel 2 corresponde a una formación de nivel de enseñanza secundaria, bien profesional, bien general complementada con un ciclo profesional.

4. El nivel 3 corresponde a una formación de nivel de enseñanza postsecundaria, de una duración mínima de un año e inferior a tres años.

Quedarán equiparadas a las formaciones de nivel 3:

a) las formaciones de estructura particular que confieran un nivel profesional comparable y preparen a un nivel comparable de responsabilidades y funciones. Se considerarán tales, en particular, las formaciones que se mencionan en el anexo II;

b) las formaciones reguladas que se orienten específicamente al ejercicio de una profesión determinada y consistan en un ciclo de estudios, complementado, en su caso, con una formación profesional, un período de prácticas profesionales o una práctica profesional, cuya estructura y nivel se determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro correspondiente, o serán objeto de control o aprobación por la autoridad que se determine con este fin. Se considerarán tales, en particular, las formaciones reguladas que se mencionan en el anexo III.

5. El nivel 4 corresponde a una formación de nivel de enseñanza superior o universitaria de una duración mínima de tres años e inferior a cuatro años.

Quedarán equiparadas a las formaciones de nivel 4 las formaciones reguladas orientadas directamente al ejercicio de una profesión determinada y consistentes en un ciclo de estudios postsecundarios de tres años o en un ciclo de estudios postsecundarios a tiempo parcial de una duración equivalente, cursado en una universidad o centro de nivel equivalente de formación, y, en su caso, en una formación profesional, un período de prácticas profesionales o una práctica profesional exigida además del ciclo de estudios postsecundarios.

La estructura y el nivel de la formación profesional, el período de prácticas profesionales o la práctica profesional se determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación por la autoridad que se determine con este fin.

6. El nivel 5 corresponde a una formación de nivel de enseñanza superior de una duración mínima de cuatro años.

Quedarán equiparadas a las formaciones de nivel 5 las formaciones reguladas orientadas directamente al ejercicio de una profesión determinada y consistentes en un ciclo de estudios postsecundarios de cuatro años como mínimo o en un ciclo de estudios postsecundarios a tiempo parcial de una duración equivalente, realizado en una universidad o centro de nivel equivalente de formación, y, en su caso, en una formación profesional, un período de prácticas profesionales o una práctica profesional exigidos además del ciclo de estudios postsecundarios.

La estructura y el nivel de la formación profesional, el período de prácticas profesionales o la práctica profesional deberán determinarse mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación por la autoridad que se determine con este fin.

Artículo 12 Formaciones asimiladas

Quedarán equiparados a un título que sancione alguna de las formaciones descritas en el artículo 11, incluido el nivel correspondiente, todos aquellos títulos o conjuntos de títulos expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro a condición de que sancionen una formación adquirida en la Comunidad, reconocida por dicho Estado miembro como de nivel equivalente, y que confieran los mismos derechos de acceso a una profesión o su ejercicio.

Quedarán equiparadas igualmente a un título de formación en las mismas condiciones que se mencionan en el primer párrafo todas las cualificaciones profesionales que, sin satisfacer las exigencias establecidas en virtud de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro de origen para el acceso a una profesión o su ejercicio, confieran a su titular derechos adquiridos con arreglo a dichas disposiciones.

Artículo 13 Condiciones para el reconocimiento

1. En caso de que, en un Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión regulada o su ejercicio estén subordinados a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, la autoridad competente de dicho Estado miembro concederá el acceso a esa profesión y su ejercicio en las mismas condiciones que los nacionales a los solicitantes que posean el certificado de competencias o el título de formación exigidos por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o ejercerla en el mismo.

Los certificados de competencias o los títulos de formación deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) haber sido obtenidos en un Estado miembro;

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo equivalente al nivel inmediatamente inferior al exigido en el Estado miembro de acogida, tal como se describe en el artículo 11.

2. El acceso a la profesión y su ejercicio, a los que se refiere el apartado 1, también deberán concederse a los solicitantes que hayan ejercido a tiempo completo la profesión a la que se refiere dicho apartado durante dos años en el transcurso de los diez años anteriores en otro Estado miembro en el que no esté regulada dicha profesión, y posean uno o varios certificados de competencia o uno o varios títulos de formación.

Los certificados de competencias o los títulos de formación deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) haber sido expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, determinada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado;

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo equivalente al nivel inmediatamente inferior al exigido en el Estado miembro de acogida tal como se describe en el artículo 11;

c) acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.

No obstante, los dos años de experiencia profesional mencionados en el primer párrafo no podrán exigirse si el título o los títulos de formación que posee el solicitante a los que se refiere el mencionado párrafo sancionan una formación regulada con arreglo a la letra b) del apartado 4 del artículo 11, al segundo párrafo del apartado 5 del artículo 11 y al segundo párrafo del apartado 6 del artículo 11.

Artículo 14 Medidas compensatorias

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, el Estado miembro de acogida podrá exigir al solicitante que realice un período de prácticas de adaptación durante tres años como máximo o que se someta a una prueba de aptitud en uno de los casos siguientes:

a) en caso de que la formación que alega con arreglo a los apartados 1 ó 2 del artículo 13 sea inferior en un año como mínimo a la que se exige en el Estado miembro de acogida;

b) en caso de que la formación recibida corresponda a materias sustancialmente distintas de las que cubre el título de formación exigido en el Estado miembro de acogida;

c) en caso de que la profesión regulada en el Estado miembro de acogida abarque una o varias actividades profesionales reguladas que no existan en la profesión correspondiente en el Estado miembro de origen del solicitante, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 4, y tal diferencia esté caracterizada por una formación específica exigida en el Estado miembro de acogida y relativa a materias sustancialmente distintas de las cubiertas por el certificado de competencia o el título de formación que el solicitante alega.

2. Si el Estado miembro de acogida opta por la posibilidad prevista en el apartado 1, deberá permitir que el solicitante elija entre el período de prácticas de adaptación y la prueba de aptitud.

En caso de que un Estado miembro considere que, para una profesión determinada, es necesario no ofrecer la posibilidad de que el migrante elija entre el período de prácticas de adaptación y la prueba de aptitud tal como se establece en el primer párrafo, éste informará de la cuestión con antelación a los demás Estados miembros y a la Comisión, justificando de manera adecuada esta excepción.

Si la Comisión, una vez recibida toda la información necesaria, considera que la excepción a la que se refiere el párrafo segundo no resulta pertinente o no se ajusta al Derecho comunitario, ésta solicitará al Estado miembro correspondiente, en un plazo de tres meses, que no aplique la medida planteada. Si al concluir dicho plazo la Comisión no ha reaccionado, podrá aplicarse la excepción.

3. A efectos de la aplicación de las letras b) y c) del apartado 1, se entenderá por «materias sustancialmente distintas» las materias cuyo conocimiento sea fundamental para el ejercicio de la profesión y, en las cuales, la formación recibida por el migrante presente diferencias importantes de duración o contenido respecto a la formación exigida en el Estado miembro de acogida.

4. El apartado 1 se aplicará respetando el principio de proporcionalidad. En concreto, si un Estado miembro de acogida se plantea exigir al solicitante que realice un período de prácticas de adaptación o supere una prueba de aptitud, éste deberá comprobar en primer lugar si los conocimientos adquiridos por el solicitante a lo largo de su experiencia profesional en un Estado miembro o en un tercer país pueden colmar, total o parcialmente, la diferencia sustancial a la que se refiere el apartado 3.

Artículo 15 Dispensa de medidas compensatorias en virtud de plataformas comunes

1. Las asociaciones profesionales podrán comunicar a la Comisión las plataformas comunes que establezcan a nivel europeo. A efectos del presente artículo, se entenderá por plataforma común un conjunto de criterios de cualificaciones profesionales que demuestren un nivel de competencia adecuado para el ejercicio de una profesión determinada y con arreglo a los cuales dichas asociaciones acreditarán las cualificaciones adquiridas en los Estados miembros.

Cuando la Comisión considere que una plataforma de que se trate puede facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, la dará a conocer a los Estados miembros y tomará una decisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 54.

2. Si las cualificaciones del solicitante satisfacen los criterios fijados por la decisión a la que se refiere el apartado 1, el Estado miembro de acogida renunciará a la aplicación del artículo 14.

3. En caso de que un Estado miembro considere que una plataforma común ha dejado de ofrecer las garantías adecuadas respecto a las cualificaciones profesionales, éste lo comunicará a la Comisión, que, en su caso, tomará una decisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 54.

Capítulo II Reconocimiento de la experiencia profesional

Artículo 16 Exigencias relativas a la experiencia profesional

En los casos en que, en un Estado miembro, el acceso a alguna de las actividades enumeradas en el anexo IV o su ejercicio estén subordinadas a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, comerciales o profesionales, dicho Estado miembro reconocerá como prueba suficiente de tales conocimientos y aptitudes el ejercicio previo de la actividad en cuestión en otro Estado miembro. El mencionado ejercicio deberá haberse llevado a cabo con arreglo a los artículos 17 y 18.

Artículo 17 Actividades mencionadas en la lista I del anexo IV

1. En los casos de actividades que figuran en la lista I del anexo IV, el ejercicio previo de la actividad de que se trate deberá haberse realizado:

a) bien durante cinco años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa;

b) bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de tres años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida;

c) bien durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de dos años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida;

d) bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate durante cinco años como mínimo;

e) bien durante cinco años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de tres años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida;

f) bien durante seis años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de dos años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida.

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y d), esta actividad deberá haber concluido en un período no superior a diez años antes de la fecha de presentación del expediente completo del interesado ante la autoridad competente contemplada en el artículo 52.

Artículo 18 Actividades mencionadas en la lista II del anexo IV

1. En los casos de actividades que figuran en la lista II del anexo IV, el ejercicio previo de la actividad de que se trate deberá haberse realizado:

a) bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa;

b) bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida;

c) bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa si el beneficiario prueba haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate durante tres años como mínimo;

d) bien durante tres años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida.

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y c), esta actividad deberá haber concluido en un período no superior a diez años antes de la fecha de presentación del expediente completo del interesado ante la autoridad competente contemplada en el artículo 52.

Artículo 19 Modificación de las listas de actividades mencionadas en el anexo IV

Las listas de actividades contempladas en el anexo IV que son objeto de un reconocimiento de la experiencia profesional en virtud del artículo 16 podrán modificarse con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 54.

Capítulo III Reconocimiento sobre la base de la coordinación de las condiciones mínimas de formación

Sección 1 Disposiciones generales

Artículo 20 Principio de reconocimiento automático

1. Cada Estado miembro reconocerá los títulos de formación de médico, que den acceso a las actividades profesionales de médico de base y médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, farmacéutico y arquitecto, mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 y 5.7.2 del anexo V, que se ajustan a las condiciones mínimas de formación contempladas en los artículos 22, 23, 29, 32, 35, 40 y 42, otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que expide.

Tales títulos de formación deberán ser expedidos por los organismos competentes de los Estados miembros y, en su caso, ir acompañados de un certificado, ambos mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 y 5.7.2 del anexo V.

Lo dispuesto en el primer y segundo párrafo se entenderá sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se refieren los artículos 21, 25, 31, 34 y 45.

2. Cada Estado reconocerá, para el ejercicio de las actividades de médico como médico generalista en el marco de su régimen de seguridad social, los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.5 del anexo V, expedidos a los nacionales de los Estados miembros por los demás Estados miembros con arreglo a las condiciones mínimas de formación contempladas en el artículo 26.

Lo dispuesto en el primer párrafo se entenderá sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se refiere el artículo 28.

3. Cada Estado reconocerá los títulos de formación de matrona o asistente obstétrico, expedidos a los nacionales de los Estados miembros por los demás Estados miembros mencionados en el punto 5.5.4 del anexo V, que se ajusten a las condiciones mínimas de formación establecidas en el artículo 36 y respondan a una de las modalidades contempladas en el artículo 37, otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los demás títulos de formación que expide. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se refieren los artículos 21 y 39.

4. Los títulos de formación de arquitecto enumerados en el punto 5.7.2 del anexo V que son objeto de reconocimiento automático con arreglo al apartado 1 sancionarán una formación que haya comenzado como muy pronto durante el curso académico de referencia que dicho anexo contempla.

5. Cada Estado miembro subordinará el acceso a las actividades profesionales de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico y farmacéutico, y el ejercicio de las mismas, a la posesión de un título de formación mencionado, respectivamente, en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 y 5.6.4 del anexo V que ofrezca la garantía, en su caso, de que el interesado ha adquirido, durante el período total de su formación, los conocimientos y las competencias mencionados en los puntos 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1 del anexo V.

Los conocimientos y competencias mencionados en los puntos 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1 del anexo V podrán modificarse con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 54, con vistas a su adaptación al progreso científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las condiciones de acceso de las personas físicas.

6. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopte en materia de expedición de títulos de formación en el ámbito cubierto por el presente capítulo.

La Comisión lo comunicará del modo que proceda en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, indicando las denominaciones adoptadas por los Estados miembros para los títulos de formación, así como, en su caso, el organismo que expida el título de formación, el certificado que acompañe a dicho título y el título profesional correspondiente, que se contemplan, respectivamente, en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 y 5.7.2 del anexo V.

Artículo 21 Derechos adquiridos

1. Sin perjuicio de los derechos adquiridos específicos de las profesiones correspondientes, en los casos en que los títulos de formación de médico, que den acceso a las actividades profesionales de médico de base y médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico y farmacéutico que posean los nacionales de los Estados miembros no respondan a la totalidad de las exigencias de formación que se contemplan en los artículos 22, 23, 29, 32, 35, 36 y 40, cada Estado miembro reconocerá como prueba suficiente los títulos de formación expedidos por esos Estados miembros cuando sancionen una formación iniciada antes de las fechas de referencia que figuran en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 y 5.6.4 del anexo V si éstos van acompañados de una certificación que acredite que su titular se ha dedicado efectiva y lícitamente a las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de la certificación.

2. Se aplicarán las mismas disposiciones a los títulos de formación de médico, que den acceso a las actividades profesionales de médico de base y médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico y farmacéutico obtenidos en el territorio de la antigua República Democrática Alemana que no cumplan todas las exigencias mínimas de formación que se contemplan en los artículos 22, 23, 29, 32, 35, 36 y 40 en caso de que sancionen una formación iniciada antes de:

a) el 3 de octubre de 1989 para los médicos de base, enfermeros responsables de cuidados generales, odontólogos, veterinarios, matronas o asistentes obstétricos y farmacéuticos, y

b) el 3 de abril de 1992 para los médicos especialistas.

Los títulos de formación a los que se refiere el primer párrafo facultan para el ejercicio de las actividades profesionales en todo el territorio de Alemania en las mismas condiciones que los títulos de formación expedidos por las autoridades competentes alemanas y mencionados en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 y 5.6.4 del anexo V.

3. Cada Estado miembro reconocerá como prueba suficiente para los nacionales de los Estados miembros cuyos títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico y farmacéutico no respondan a las denominaciones que se establecen para dicho Estado miembro en los puntos 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 y 5.6.4 del anexo V, los títulos de formación exped