DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN - VENEZUELA - PROGRAMA DE APOYO A LAS REGIONES AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES DE DICIEMBRE DE 1999.

1. Introducción

A raíz del siniestro del mes de diciembre de 1999, que devastó parte de las regiones costeras del norte de Venezuela, con un balance especialmente grave en vidas humanas, la comunidad internacional se movilizó inmediatamente para ayudar a las víctimas de la catástrofe. La CE y sus Estados miembros proporcionaron una importante ayuda de urgencia cuya aplicación continúa actualmente. El Consejo, por su parte, examinó la cuestión del apoyo a la rehabilitación/reconstrucción de las zonas damnificadas y solicitó a la Comisión, el 24 de enero de 2000, que se le presentase un informe sobre esta cuestión. Éste es el objetivo del presente documento.

2. Recordatorio del contexto

Durante los primeros veinte días de diciembre de 1999 cayeron intensas precipitaciones sobre el norte y el noroeste de Venezuela, región donde se concentran importantes centros urbanos, entre ellos el área metropolitana de Caracas, y una parte significativa del tejido económico del país. Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la catástrofe ha dejado un saldo de más de 25.000 muertos y 6.000 desaparecidos, y se han destruido o dañado más de 16.000 viviendas y 9 hospitales y 251 centros de asistencia. Se calcula que los costes de reconstrucción pueden oscilar entre USD 3.200 millones (CEPAL) y más de USD 5.000 millones (estimación de las autoridades venezolanas). Debido al desastre, el índice de crecimiento previsto para el año 2000 ha tenido que revisarse a la baja, pasando del + 2,2 % al 2 %.

Ante la dramática situación, las autoridades del país actuaron de dos maneras:

a) Como respuesta urgente a la crisis, fue necesario realizar de inmediato la evacuación de 200.000 personas y la creación de centros de acogida temporal para 70.000 damnificados. Al mismo tiempo, las autoridades tuvieron que llevar a cabo una rehabilitación lo más rápida posible de los servicios básicos esenciales (agua, electricidad, comunicaciones) para permitir el regreso de las personas evacuadas a sus hogares y la reanudación de las actividades productivas.

b) Además, hubo que definir de inmediato un programa de reconstrucción y reactivación económica a medio-largo plazo, cuyas líneas esenciales se expusieron en la reunión de proveedores de fondos celebrada en Madrid en febrero de 2000. La coordinación de esta tarea se confió al Ministerio de Planificación (CORDIPLAN), y en el caso específico del estado Vargas, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que actúa a través de una entidad descentralizada (CORPOVARGAS). Con el fin de garantizar los recursos financieros necesarios se decidió emplear una parte de los ingresos petrolíferos: en el caso de que la cotización del barril de petróleo superase los 9 USD, el 40 % de los ingresos fiscales adicionales se dedicarían a la reconstrucción a través del Fondo Único Social (FUS), que centraliza los programas sociales de carácter público. Teniendo en cuenta la tendencia de los mercados petrolíferos, el FUS cuenta con unos ingresos de aproximadamente USD 2.000 millones correspondientes al año 1999. Por otra parte, las autoridades venezolanas cuentan con una importante participación del sector privado, nacional e internacional, en las actividades de reconstrucción; en la actualidad se están definiendo diversas modalidades de incentivación a ese respecto.

La reacción de la comunidad internacional ante la catástrofe fue rápida y sustancial. Como es natural, favoreció la atención de las necesidades más inmediatas y, en particular, la acogida de las personas sin hogar. Es preciso mencionar de modo especial la acción de varios Estados miembros a este respecto tema (véase anexo). La Comisión, a través de ECHO, dedicó durante el período diciembre 1999-junio 2000 un total de 7,15 millones de euros que se canalizaron mediante distintas ONG. Al considerar concluida su tarea, ECHO no prevé nuevas decisiones de financiación y se retirará de la zona antes de que finalice el año 2000.

Con respecto a la reconstrucción/rehabilitación, algunos Estados miembros manifestaron estar dispuestos a ofrecer a Venezuela créditos en condiciones muy favorables por un importe aproximado de más 100 millones de USD . Por otra parte, los organismos multilaterales expresaron su disposición a emplear unos USD 1.250 millones (Banco Interamericano de Desarrollo: USD 337 millones; Banco Mundial: USD 588 millones; Corporación Andina de Fomento: USD 325 millones) destinada prioritariamente al sector del agua, las vías de comunicación y la vivienda. Una parte significativa de estos importes, sin embargo, procede de la reasignación de créditos concedidos y no desembolsados, cuyo empleo efectivo dependerá de la presentación de programas detallados de aplicación.

3. Planteamiento del problema

Seis meses después del siniestro se ha superado el período crítico y se avanza hacia una situación relativamente estabilizada en la cual las principales infraestructuras y la mayoría de los servicios se han restablecido de un modo u otro, y una parte importante de los damnificados han podido regresar a sus hogares. No obstante, continúan existiendo gran número de situaciones de gran precariedad social y económica (sobre todo en el estado Vargas) y hay que continuar llevando a cabo enormes esfuerzos.

A este respecto, determinados elementos suscitan inquietud:

- a las autoridades parece costarles -sobre todo al nivel más elevado- a desempeñar con eficacia su función de integrar esfuerzos y establecer una escala de prioridades de las necesidades. Por consiguiente, aún no existe un programa marco de reconstrucción que planifique a largo plazo el conjunto de actividades necesarias y combine eficazmente la gestión del territorio y la prevención de riesgos naturales. Esta situación constituye un obstáculo de importancia para los proveedores de fondos, que reciben solicitudes de intervención múltiples pero específicas, difíciles de evaluar fuera de un contexto global, y que pueden originar una duplicidad de esfuerzos.

- los recursos financieros, nacionales y exteriores, potencialmente disponibles para la reconstrucción son importantes y permiten satisfacer una parte sustancial de las necesidades. En la práctica, sin embargo, estos importes tardan en llegar a su destino dadas las dificultades burocráticas vinculadas con las convulsiones políticas que afectan al país. Debido a la inexistencia de soluciones rápidas, cabe temer que los importes que lleguen efectivamente a su destino sean muy inferiores a las expectativas.

- la cuestión de la división de las responsabilidades y de la toma de decisiones entre el poder central y los poderes periféricos no está dilucidada con claridad y a veces se transforma a veces en origen de fricciones. Las profundas convulsiones políticas que ha atravesado el país en la época más reciente y las numerosas consultas electorales durante los últimos meses han contribuido a complicar esta situación.

Por otra parte, en el momento actual debe efectuarse una reflexión sobre las causas profundas de la catástrofe y de unas pérdidas tan notables de vidas humanas. Es indudable que los fenómenos meteorológicos de diciembre de 1999 tuvieron un carácter completamente excepcional e imprevisible. Sin embargo, hay que reconocer la existencia de factores agravantes como por ejemplo un urbanismo incontrolado, el incumplimiento de las normas de seguridad, la ausencia de sistemas eficaces de alerta rápida y, con un carácter más general, carencias importantes en lo que respecta a la gestión del territorio. Desde una perspectiva más amplia, la catástrofe de 1999 puso de relieve de manera dramática el alto nivel de riesgos naturales existentes en Venezuela, y la insuficiencia de los sistemas actuales de prevención y tratamiento de dichos riesgos. Por lo tanto, parece lógico preocuparse -con vistas al futuro- por la instauración de una política eficaz de gestión del territorio y del medio ambiente, junto con los adecuados instrumentos de control, con objeto de evitar que puedan repetirse acontecimientos semejantes.

4. Propuesta de acción

4.1. Conveniencia de un programa de apoyo comunitario.

La Comisión estuvo muy implicada en la ayuda de urgencia a las víctimas de la catástrofe. Gracias a esta experiencia, considera que se justifica plenamente el seguir apoyando a Venezuela en el esfuerzo de reconstrucción/rehabilitación. La Comisión se asocia de este modo al esfuerzo de solidaridad ya iniciado por determinados Estados miembros que se han comprometido específicamente en este camino.

La voluntad política de la Comisión debe ir acompañada por la aplicación de un programa de intervención realista y eficaz. En efecto, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo del país y sus capacidades técnicas, administrativas y financieras. Por consiguiente, la ayuda que aporte la CE no deberá tener un carácter substitutivo sino complementario de los esfuerzos nacionales. A este respecto, un elemento de referencia es el volumen de ayuda de la Comisión a lo largo del tiempo a Venezuela, que generalmente ha representado una media anual aproximada de 10 millones de euros.

Conviene destacar asimismo la tendencia muy positiva de los precios del petróleo a lo largo de los últimos meses, ya que este producto representa evidentemente la parte esencial de los ingresos del país en concepto de exportaciones. Esta situación ha ejercido un influjo sumamente beneficioso para el equilibrio de las cuentas nacionales.

4.2. Descripción de la intervención propuesta.

Desde el punto de vista financiero, la Comisión contempla asignar al esfuerzo de reconstrucción de Venezuela un importe global de 30 millones de euros procedentes del presupuesto global de cooperación UE/América Latina (partida presupuestaria B7-3100), que se aplicará, con carácter orientativo, durante los ejercicios presupuestarios 2001 y 2002. Estos importes se imputarán a la dotación presupuestaria orientativa asignada a Venezuela para el período 2000-2006, que se eleva a 38,5 millones de euros.

Por lo que respecta al contenido de este programa, la Comisión opina que, dentro del contexto mencionado anteriormente, es necesario tener en cuenta no sólo el aspecto de la reconstrucción propiamente dicha sino también el problema de la prevención y el tratamiento de los riesgos. Este enfoque responde a dos consideraciones:

a) el hecho de que en los presupuestos nacionales y en los fondos procedentes de contribuciones externas ya se han previsto recursos financieros importantes en favor de las zonas afectadas.

b) el deseo de introducir un criterio de igualdad entre los ciudadanos ante las calamidades naturales. En efecto, las capas sociales más desamparadas son las que tradicionalmente pagan el tributo más elevado en vidas humanas cuando se producen catástrofes naturales. Al parecer, esta dimensión del problema continúa sin comprenderse de manera suficiente en el marco del proceso de reconstrucción/rehabilitación. En el documento referente a las prioridades de acción suscrito por los jefes de Estado en Río de Janeiro (junio de 1999) se hace constar un compromiso de actuación en este ámbito.

Por consiguiente, la Comisión contempla una acción con dos componentes esenciales:

a) un componente de apoyo a la reconstrucción en el estado Vargas, estimado en 10 millones de euros que, en la óptica de la "ayuda permanente de urgencia-rehabilitación-desarrollo" mencionada en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al PE del 30.4.1996, tomará el relevo de determinadas iniciativas que ya ha promovido ECHO. Hay iniciativas en proceso de definición en estrecha colaboración con los agentes humanitarios que actúan in situ y con las administraciones locales. En especial, se establecerá un contacto muy próximo con los programas de ayuda implantados por los Estados miembros con el propósito de establecer conjuntamente prioridades con respecto a determinadas iniciativas, hasta el importe total disponible. Consistirán, en esencia, en acciones correspondientes al ámbito social (sanidad, agua potable, vivienda, educación) con cargo a la línea B7-3100, con un objetivo fundamentalmente local, que en la medida de lo posible deberán enmarcarse en un plan global de reconstrucción.

b) un componente de prevención, calculado en 20 millones de euros, destinados a la definición y realización de programas de gestión de riesgos naturales en una vasta zona adyacente a la afectada por las inundaciones de 1999, en los estados Falcón, Miranda y Yaracuy. Estas iniciativas se llevarán a cabo bajo la tutela de las autoridades locales y consistirán en una detallada cartografía de los riesgos, la instauración de sistemas de alerta rápida, la definición de planes de utilización de los suelos, el apoyo a la aplicación de la legislación necesaria y la construcción de obras de control de las crecidas y demás tipos de riesgos. Estas acciones se centrarán en el refuerzo institucional de las Administraciones venezolanas y formarán parte de un notable componente de transferencia de conocimientos técnicos europeos en materia de gestión de riesgos. Se hará hincapié en la búsqueda de una corresponsabilidad lo más amplia posible en relación con las contrapartidas venezolanas desde el punto de vista técnico y financiero, y tendrá que preverse una serie de compromisos precisos por parte de los beneficiarios en lo referente a la aplicación de las recomendaciones efectuadas.

4.3. Modalidades de aplicación.

El programa de intervención contemplado es el fruto de una labor de identificación de las prioridades llevado a cabo por la Comisión en estrecha consulta con las autoridades venezolanas y las representaciones diplomáticas de los Estados miembros en Caracas. En la fase actual no ha sido posible llegar más allá de un esquema preliminar del contenido de cada proyecto. Por lo tanto, será indispensable proceder en primer lugar a formular del modo más preciso posible diferentes intervenciones que tengan en cuenta la evolución de la situación en cada sitio, y hacerlo antes de tomar las decisiones con respecto a su financiación. Se establecerán así modalidades de estrecha coordinación con los demás proveedores de fondos, para evitar cualquier duplicidad de esfuerzos.

ANEXOS

1. Evaluación de los daños por sectores.

2. Resumen de los daños en los estados más afectados.

3. Participación prevista de los proveedores de fondos internacionales en la fase de reconstrucción.

4. Participación prevista de los Estados miembros en la reconstrucción.

5. Ficha financiera.

ANEXO 1

EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CLASIFICADOS POR SECTORES

>SITIO PARA UN CUADRO>

(*) en millones de USD

Fuente: datos de la CEPAL

ANEXO 2

RESUMEN DE LOS DAÑOS EN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS

>SITIO PARA UN CUADRO>

(*) Millones de USD

ANEXO 3

PARTICIPACIÓN PREVISTA DE LOS PROVEEDORES DE FONDOS INTERNACIONALES EN LA FASE DE RECONSTRUCCIÓN

Institución // Importe previsto

BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

* Ayuda de urgencia (donación)

* Reorientación de créditos ya concedidos (sectores: agricultura, vivienda, comunicaciones, educación) (*)

* Financiación de costes urgentes de rehabilitación (*)

* Ayuda a la reconstrucción en los sectores del agua potable, el saneamiento y la renovación urbana (**) //

50.000 USD

167.000.000 USD

20.000.000 USD

150.000.000 USD

Banco Mundial

* Redireccionamiento de créditos ya concedidos (sectores: agua potable, rehabilitación urbana y medio ambiente) (*)

* Préstamo por "procedimiento rápido" (agua potable e infraestructuras, vivienda, prevención) (**)

* Ayuda a la reconstrucción y el desarrollo (**) // 65.000.000 USD

130.000.000 USD

400.000.000 USD aprox.

CAF (Corporación Andina de Fomento)

* Ayuda de urgencia (no reembolsable)

* Reorientación de créditos ya acordados (sectores: agua potable, vivienda, comunicaciones) (*)

* Ayuda urgente a la reconstrucción (**)

* Ayuda a la reconstrucción (**) //

25.000 USD

150.000.000 USD

25.000.000 USD

150.000.000

(*) Aún no se ha definido el contenido específico del programa de crédito

(**) En negociación previa con el gobierno

ANEXO 4

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA FASE DE EMERGENCIA Y EN LA RECONSTRUCCIÓN

Estado miembro // Importe total previsto

Alemania

* Ayuda de urgencia a través de la Cruz Roja alemana, ADRA y OPS (agua, alimentos, atención sanitaria)

* Misión técnica de protección contra la contaminación química en el puerto de La Guaira (ya efectuada)

* Fondos gestionados por la Embajada, destinados a la rehabilitación de viviendas en el barrio San Bernardino de Caracas

* Construcción de 120 viviendas en El Guapo ( Miranda) //

560.000 de EUR

100.000 de EUR

50.000 de EUR

1.250.000 de EUR

Bélgica

* Se ha proyectado llevar a cabo un programa de ayuda a la reconstrucción, pero aún no se ha definido. //

entre 500.000 y 1.000.000 de EUR

Dinamarca

* Ayuda de urgencia //

32.000 de EUR

España

* Ayuda de urgencia a través de la Cruz Roja española y la AECI (atención sanitaria, agua potable)

* Se ha proyectado destinar a la reconstrucción un fondo de 100 millones USD (procedentes del fondo de cooperación de 800 millones USD prometido en la visita del presidente del Gobierno Aznar en 1999). Está previsto realizar un seminario en mayo de 2000 para definir la utilización de esta ayuda.

* Asistencia técnica a través de expertos para evaluar proyectos

* Disponibilidades para diferentes proyectos de reconstrucción. //

2.663.000 de EUR

95.000.000 de EUR (préstamos)

541.000 de EUR

10.826.000 de EUR

Francia

* La ayuda podría orientarse hacia los sectores siguientes: (i) modificación y regularización de torrentes, (ii) rehabilitación y modernización del puerto de La Guaira y rehabilitación del barrio colonial de esta ciudad, y (iii) apoyo institucional en el ámbito de la ordenación del territorio.

* Se proyecta construir 100 viviendas en El Guapo ( Miranda) // 300.000 de EUR

n/d

Grecia

* Ayuda de urgencia //

47.500 de EUR

Italia

* Suministro de productos alimenticios y medicamentos

* Compra de bienes y servicios en Italia

* Se han identificado un total de 10 proyectos que podrían beneficiarse de un programa de financiación aún no concretado. Los proyectos se sitúan en Vargas (5), Distrito Federal (1), Miranda (3) y Falcón (1), y están relacionados con el agua potable y el saneamiento, la sanidad, la educación y el medio ambiente.

1.545.000 de EUR

7.800.000 de EUR (préstamo)

5.200.000 de EUR

Países Bajos

* Ayuda de emergencia a través de la Cruz Roja

* Aportación de dos expertos y realización de 7 vuelos de transporte de la ayuda //

280.000de EUR

Portugal

* Aportación de 80 t de ayuda de urgencia

760.000 de EUR (valor estimado)

Reino Unido

* Ayuda de urgencia //

152.000 de EUR

Suecia

* Ayuda de urgencia

* Descontaminación de aguas (La Guaira) y potabilización del agua en diferentes localidades //

382.000 de EUR

1.140.000 de EUR

TOTAL //

26.578.500 de EUR (donaciones)

102.800.000 de EUR (préstamos)

ANEXO 5

FICHA FINANCIERA

1. Título de la acción

Programa de apoyo en favor de las regiones de Venezuela afectadas por las inundaciones de diciembre de 1999.

2. Líneas presupuestarias correspondientes

B7-3100 - Cooperación financiera y técnica con los países en desarrollo de América Latina

3. Fundamento jurídico

Reglamento (CEE) Nº 443/92 del 25 de febrero de 1992 referente a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en desarrollo de América Latina y Asia

4. Descripción de la acción

4.1 Objetivo general

El objetivo del programa es contribuir a la rehabilitación y mejora de las infraestructuras sociales, a la reducción de la vulnerabilidad ante las catástrofes de las regiones más afectadas, y al refuerzo de las facultades de ordenación del territorio por parte de las autoridades locales.

4.2 Duración de la acción y modalidades de renovación

Las actividades abarcan el período comprendido entre 2001 y 2005.

5. Clasificación del gasto/ingreso

5.1 Gasto no obligatorio

5.2 Créditos disociados

5.3 Tipo de ingresos previstos

Ninguno

6. Tipo del gasto /ingreso

Subvención en el marco de una cofinanciación con otras fuentes de fondos del sector público y/o privado: está previsto que los proyectos que formen parte del programa sean cofinanciados por organismos públicos (Administración central, Administraciones regionales, municipios) o privados (ONG, otras organizaciones de la sociedad civil) hasta un máximo del 50 % del valor de la inversión global.

Bonificación de interés: no está previsto.

En caso de resultado económico satisfactorio de la acción ¿está prevista una devolución parcial o total de la aportación financiera comunitaria- no.

¿La acción propuesta implica una modificación del nivel de ingresos- no.

Reutilización: ninguna.

7. Incidencia financiera

7.1 Modo de cálculo del coste total de la acción (vinculación entre los costes individuales y el coste total)

Teniendo en cuenta la dimensión de los daños y el nivel de desarrollo del país, y tomando como base la evaluación realizada por los expertos enviados a Venezuela, la Comisión propone un programa de asistencia a las regiones más afectadas por la catástrofe con un importe indicativo de 30 millones de euros.

Este importe se financiará mediante compromisos que se extenderán a lo largo de dos años.

Para el ejercicio presupuestario 2001 se propondrá a la Comisión que apruebe una ayuda de 20 millones de euros utilizando la línea presupuestarias de "Cooperación financiera y técnica" (B7-3100); en 2002 se solicitará a la Comisión que apruebe una ayuda de 10 millones de euros con cargo a la línea de "Cooperación financiera y técnica" (B7-3100).

7.2 Desglose de la acción por elementos

El desglose anual indicativo es el siguiente (a precios corrientes en millones de euros).

Créditos de compromiso en millones de EUR (a precios corrientes)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.3. Gastos operativos correspondientes a estudios, reuniones de expertos, etc., incluidos en la parte B del presupuesto

No están previstos

Créditos de compromiso en millones de EUR (a precios corrientes)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.4. Vencimientos de los créditos de compromiso y de pago

En el cuadro siguiente se hacen constar los pagos correspondientes a los presupuestos 2001-2006, pero se excluyen los pagos que deberán efectuarse durante ese mismo período correspondientes a los ejercicios presupuestarios anteriores.

Créditos de compromiso en millones de EUR

>SITIO PARA UN CUADRO>

8. Disposiciones antifraude previstas

Los servicios de la Comisión en Bruselas se harán cargo de la supervisión administrativa de los contratos y los pagos.

Los servicios centrales de la Comisión, y especialmente la Delegación, controlarán cada intervención que forme parte del programa en todas las etapas del ciclo del proyecto. Los controles tendrán en cuenta las obligaciones contractuales así como los principios de análisis coste/beneficio y de correcta gestión financiera.

Además, los servicios del SCR y del Tribunal de Cuentas podrán efectuar auditorías y controles in situ de los gastos autorizados en el marco de los proyectos y de la adecuada aplicación de las acciones, complementando así el mecanismo antifraude. Se prestará una atención especial a la naturaleza de los gastos (admisibilidad de los gastos), al respeto a los presupuestos (gastos en los que se haya incurrido realmente) y a la verificación de los justificantes y de los documentos relacionados con éstos (justificación de los gastos).

9 Elementos de análisis coste-eficacia

9.1 Objetivos específicos cuantificables; población destinataria

- Objetivos específicos; vinculación con el objetivo general: para lograr el objetivo general expuesto en el párrafo 4.1, la acción financiará intervenciones que tengan los siguientes objetivos específicos:

* Acciones en el ámbito social con el propósito de garantizar una continuidad con las acciones ya emprendidas por ECHO (sanidad, agua potable, vivienda, enseñanza);

* Promover la elaboración y la ejecución de planes locales de rehabilitación y desarrollo, de acuerdo con un esquema de concertación y participación de los ciudadanos que otorgue carácter prioritario a la descentralización y mejora de los servicios en los estados Falcón, Miranda y Yaracuy;

* Elaboración de una cartografía detallada de los riesgos, instauración de sistemas de alerta rápida, definición de planes de empleo del suelo, construcción de obras de control de las crecidas en los estados de Yaracuy, Falcón y Miranda;

* Apoyo a la preparación y puesta en funcionamiento de un marco normativo de prevención de riesgos y disminución del impacto de este tipo de catástrofes naturales.

El programa propuesto es consecuencia de una labor de identificación realizada en las regiones en cuestión por una misión de expertos bajo la responsabilidad de la Comisión. Sin embargo, otras misiones de identificación -que se llevarán a cabo en estrecha concertación con ECHO- deberán analizar y estudiar en profundidad el contenido y las dimensiones de los proyectos específicos que se ejecuten en las zonas de intervención del programa.

Beneficiarios finales:

El programa beneficiará a las poblaciones de los estados venezolanos afectados por las inundaciones.

Los beneficiarios pueden ser instituciones gubernamentales, municipios o entidades de la sociedad civil como por ejemplo universidades, organizaciones privadas de desarrollo, asociaciones locales, etc....

9.2 Justificación de la acción

- Necesidad de una intervención presupuestaria comunitaria

Las inundaciones y los corrimientos de tierras provocados por las lluvias torrenciales que se abatieron en las zonas norte y noroeste de Venezuela han causado graves pérdidas de vidas humanas, la destrucción de una parte significativa de la infraestructura económica y social, y una notable reducción a corto y medio plazo de la capacidad productiva y exportadora de las regiones mencionadas.

Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la catástrofe causó un total de más de 25.000 muertos y 6.000 desaparecidos; más de 16.000 viviendas y 9 hospitales y 251 centros de asistencia han quedado destruidos o dañados. Se calcula que los costes de reconstrucción pueden variar entre USD 3.200 millones (CEPAL) y más de USD 5.000 millones (estimación de las autoridades venezolanas). Debido al desastre, el índice de crecimiento previsto para el año 2000 ha tenido que revisarse a la baja, pasando del + 2,2 % al 2 %.

Por consiguiente, en una perspectiva a más largo plazo, es preciso apoyar la rehabilitación de las infraestructuras sociales, aportar una ayuda prioritaria a los sectores más afectados de la población, contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las regiones castigadas por la catástrofe, y acentuar el proceso de transformación hacia un modelo de desarrollo sostenible, descentralizado y participativo.

- Elección de las modalidades de intervención

Las modalidades de intervención variarán en función de la situación de los diferentes sectores en cuestión. En los próximos meses se llevará a cabo una identificación precisa de las actividades que hay que financiar y de los estudios de viabilidad.

- Principales factores de incertidumbre que pueden afectar los resultados específicos de la acción: Se considera que Venezuela es una zona geográfica de alto riesgo que sufre periódicamente desastres naturales de diferentes tipos, por ejemplo inundaciones, deslizamientos de tierras, huracanes, terremotos e incendios forestales. La catástrofe de 1999 puso de manifiesto de forma dramática tanto el elevado nivel de exposición de Venezuela a los riesgos naturales, como la insuficiencia de los sistemas actuales de prevención y gestión de dichos riesgos. Por consiguiente, parece legítimo preocuparse -con una perspectiva de futuro- de instaurar una política eficaz de gestión del territorio y del medio ambiente, provista de los adecuados medios de control, para evitar que se repitan sucesos análogos. La principal dificultad de este tipo de intervención consiste en modificar las estructuras administrativas y los modelos culturales de los responsables de la ordenación del territorio para orientarlos hacia una política permanente de gestión de los riesgos.

9.3 Seguimiento y evaluación de la acción

Cada proyecto que forme parte del programa tendrá un sistema interno de seguimiento y evaluación. Además, en cada intervención el SCR organizará misiones de seguimiento y evaluación (intermedia y final) que efectuarán funcionarios comunitarios y por expertos independientes.

Para reforzar las delegaciones, la Delegación de la CE en Venezuela instaurará un sistema informático de seguimiento y de evaluación que incorpore indicadores cuantitativos y cualitativos.

10. Gastos administrativos (sección III, parte A del presupuesto general)

Esta sección deberá enviarse simultáneamente a las DG Personal y Administración y DG Presupuestos; la DG Personal y Administración la transmitirá a la DG Presupuestos junto con su dictamen.

La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios dependerá de la decisión anual de la Comisión sobre la asignación de los recursos, teniendo en cuenta especialmente las plantillas y los importes suplementarios que acuerde la autoridad presupuestaria.

10.1 Incidencia en el número de puestos de trabajo

>SITIO PARA UN CUADRO>

10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes expresan el coste total de los puestos de trabajo suplementarios a lo largo de la duración total de la acción si ésta es de duración determinada, y a lo largo de doce meses si es de duración indeterminada.

10.3. Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la acción

No aplicable

EUROS

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción si ésta es de duración determinada, o a los gastos a lo largo de doce meses es de duración indeterminada.