[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 4.11.2008

COM(2008) 670 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Informes de los Estados miembros sobre las conductas que infringieron gravemente las normas de la Política Pesquera Común en 2006

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Informes de los Estados miembros sobre las conductas que infringieron gravemente las normas de la Política Pesquera Común en 2006

1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo a la necesidad de hacer más transparente la forma en que los Estados miembros cumplen su obligación de ejecución de las disposiciones comunitarias, el Reglamento (CE) nº 1447/1999 del Consejo[1] les impuso el deber de comunicar todos los años a la Comisión el número de infracciones «graves» detectadas y el tipo de sanciones aplicadas. A tal efecto, el Reglamento estableció una lista de 19 tipos de infracciones de la normativa comunitaria que se consideran particularmente graves. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas que sean pertinentes contra las personas físicas o jurídicas que infrinjan las disposiciones de la Política Pesquera Común (PPC)[2].

Las infracciones que se recogen en esa lista afectan a las obligaciones más importantes que impone la normativa comunitaria en materia de conservación y seguimiento de poblaciones y de comercialización de productos pesqueros.

El procedimiento que debe seguirse para suministrar a la Comisión la información requerida está regulado en el Reglamento (CE) n° 2740/1999 de la Comisión[3]. Los datos han de transmitirse por medios electrónicos y deben permitir comparar el nivel de efectividad de los Estados miembros en la ejecución de las disposiciones de la normativa. El objetivo último del legislador es establecer de forma progresiva una situación de igualdad para todos los pescadores. Cuando éstos hayan comprobado que las normas se aplican de la misma forma en toda la Comunidad Europea, confiarán más en las autoridades de control y se adherirán a la normativa comunitaria en materia de conservación de recursos pesqueros.

La presente Comunicación recoge los casos en que las autoridades nacionales abrieron expediente en 2006 por infracciones graves de las disposiciones de la PPC.

Ésta es la séptima Comunicación en la materia. A ella la precedieron la de 12 de noviembre de 2001[4] para el año 2000, la de 5 de diciembre de 2002[5] para 2001, la de 15 de diciembre de 2003[6] para 2002, la de 30 de mayo de 2005[7] para 2003, y la de 25 de julio de 2007 para 2005[8].

2. INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE EL AÑO 2006

El Reglamento (CE) n° 2740/1999 de la Comisión establece disposiciones de aplicación para la comunicación de los datos referentes a las conductas que infringen gravemente las normas de la Política Pesquera Común. Tales datos deben transmitirse por vía electrónica de modo que los servicios de la Comisión puedan elaborar y adjuntar a las comunicaciones un conjunto de cuadros que muestren los aspectos más interesantes de los informes presentados por los Estados miembros.

Los datos que se recogen en la presente Comunicación son los suministrados por los Estados miembros, a los que se brindó la posibilidad de verificar las cifras antes de que la Comisión finalizara la Comunicación.

Se han tenido en cuenta las observaciones enviadas por los Estados miembros y se hace referencia explícita a ellas cuando se ha considerado oportuno.

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FACILITADA POR LOS ESTADOS MIEMBROS

Dado que no resultaba fácil interpretar los datos recibidos, que consistían exclusivamente en cifras, y algunas de ellas en cierta medida engañosas, la Comisión invitó a los Estados miembros a que presentaran la información complementaria que consideraran conveniente para facilitar el análisis de esas cifras.

A. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE CARÁCTER GENERAL

Los principales puntos pueden resumirse del siguiente modo:

- Los procedimientos (administrativos o penales) que se incoan para sancionar las infracciones de las disposiciones de la PPC son por lo general largos y varían de un Estado miembro a otro, oscilando entre uno a dos meses y uno o dos años. Para completar un procedimiento son necesarios, por término medio, de ocho a doce o dieciocho meses. Los más prolongados son los procedimientos penales (se recurre a ellos sobre todo en Finlandia y Suecia, por ejemplo), que en algunos Estados miembros pueden durar hasta diez años, incluidas las fases de recurso. Los procedimientos administrativos son más breves, pues generalmente duran de uno a dos meses.

- Es de destacar que muchos procedimientos por infracciones detectadas el año anterior siguen aún en curso.

- En general, las especies más afectadas por las infracciones graves son las especies cubiertas por planes de recuperación o medidas restrictivas nacionales y las especies con mayor valor comercial como, por ejemplo, las especies demersales, el bacalao, el lenguado, el salmón, la sardina y el boquerón.

- Los Estados miembros detectan la mayor parte de las infracciones en zonas CIEM tales como la zona del Mediterráneo oriental, el Mar del Norte, el Mar Báltico, las zonas del Skagerrak y el Kattegatt, Andalucía y Galicia, la zona CIEM 30, la Grecia septentrional y las zonas FAO 34.3.1 y 34.2.2.

- La mayor parte de las infracciones se detectó durante las inspecciones en el mar.

B. NUEVAS NORMAS LEGISLATIVAS Y MEJORES PRÁCTICAS

Con el fin de ampliar el alcance de estas Comunicaciones, la presente incluye por primera vez una referencia a las legislaciones nacionales y a las mejores prácticas. Entre los nuevos instrumentos jurídicos y buenas prácticas para la ejecución de las normas de pesca recientemente adoptados merecen mencionarse los siguientes:

- España adoptó nuevos reglamentos sobre medidas administrativas provisionales contra algunas de las infracciones graves presuntamente cometidas, con el fin de evitar y reducir al mínimo sus efectos perjudiciales. Estas medidas consistían principalmente en la detención del buque en el puerto hasta la constitución de una fianza. Ha quedado demostrado que tales medidas tiene un efecto disuasorio y reducen el número de infracciones. Se creó una página web sobre las sanciones impuestas en los casos de infracción para que sirviera de orientación acerca de los criterios legales y judiciales aplicables en futuros procedimientos.

- Francia intensificó sus actividades de control, en particular en relación con el incumplimiento de las normas sobre la talla mínima del pescado. El año 2006 fue el primero en que se aplicó el régimen de sanciones administrativas en virtud de la Ley nº 2006-11 de orientación agrícola.

- Grecia creó un centro de control de la actividad pesquera que funciona las 24 horas del día y que, en virtud de la legislación nacional, puede imponer sanciones a los buques que cometen infracciones.

- Italia comenzó a utilizar un nuevo sistema de tratamiento de datos (FINSIEL) para recopilar información electrónica de la flota pesquera italiana y así dar cumplimiento a las obligaciones que le imponen los reglamentos de la CE y la sentencia C-161/05 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

- También Eslovenia estableció un nuevo sistema de información y mejoró la comunicación con las partes interesadas, concienciándolas de la importancia de las normas de la PPC. Recientemente se ha creado un centro de control de la actividad pesquera para recoger y cotejar los datos sobre pesca, en el que se combinan los datos del SLB y el sistema InfoRib de información procedente de los cuadernos diarios de pesca, las primeras ventas y las declaraciones de desembarque.

- La legislación sueca fija el importe de las multas por infracción grave proporcionalmente a la potencia del motor del buque, con un mínimo de 10 y un máximo de 500 veces su potencia en kilovatios. También tiene prevista la retirada de las licencias de pesca y de navegación profesionales, pero en la actualidad solamente lo hace tras la entrada en vigor de una condena penal. La retirada puede ser permanente en caso de infracciones reiteradas por parte del operador. Se intensificó el control en la fase de la primera transacción, lo cual permitió detectar más casos de infracción.

4. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE INFRACCIONES GRAVES Y EL NÚMERO DE BUQUES PESQUEROS DE CADA ESTADO MIEMBRO

El cuadro que figura a continuación presenta el número de buques en activo en 2006, que ha experimentado un descenso de un 10 % con respecto a los buques inscritos en el registro de buques pesqueros de cada Estado miembro a 31 de diciembre de 2005, así como el número total de infracciones graves descubiertas y notificadas por los Estados miembros en relación (exclusivamente) con los buques de su pabellón. Dado que las infracciones no siempre son cometidas por los pescadores sino también por otros agentes económicos, no es posible extraer conclusiones firmes comparando a los Estados miembros entre sí con la sola ayuda de las cifras del cuadro. No obstante, cuando se compara con el tamaño de la flota, el número de infracciones detectadas pone de manifiesto ciertas deficiencias en las actividades de control de la mayoría de los Estados miembros e incluso, en algunos de ellos, una falta total de control.

Estado miembro | Número de buques en activo | Infracciones graves |

Bélgica | 107 | 29 |

Dinamarca | 3 136 | 323 |

Alemania | 2 017 | 101 |

Grecia | 17 878 | 351 |

Estonia | 994 | 0 |

España | 13 357 | 2 061 |

Francia | 7 698 | 1 360 |

Irlanda | 1 843 | 223 |

Italia | 14 093 | 3 868 |

Chipre | 872 | 88 |

Letonia | 897 | 94 |

Lituania | 266 | 4 |

Malta | 1 413 | 0 |

Países Bajos | 831 | 96 |

Polonia | 884 | 129 |

Portugal | 8 715 | 1 352 |

Eslovenia | 179 | 22 |

Finlandia | 3 196 | 11 |

Suecia | 1 567 | 80 |

Reino Unido | 6 761 | 170 |

TOTAL: | 86 704 | 10 362 |

5. INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS

El número total de casos notificados por los Estados miembros se elevó a 10 362 , repartidos entre todos los tipos de infracción que figuran en la lista del Reglamento (CE) nº 1447/1999 del Consejo. Esta cifra es menos de un 1 % inferior a la de 2005 y debe leerse en relación con el descenso en un 10 % del número total de buques en activo de la UE: por tanto, no se ha producido un aumento real del nivel de cumplimiento de las normas de la PPC. En términos absolutos, los Estados miembros han detectado solamente 81 infracciones menos que en 2005. A fin de facilitar la comparación y observar la evolución, conviene indicar que el número de infracciones graves detectadas en los años anteriores fue de 7 298 en 2000, 8 139 en 2001, 6 756 en 2002, 9 502 en 2003, 9 660 en 2004 y 10 443 en 2005.

Los aspectos más relevantes de los cuadros adjuntos pueden resumirse como sigue:

El 83 % de las infracciones fue detectado por Italia, España, Francia y Portugal. Estos países figuran también entre aquéllos que poseen el mayor número de buques. En 2006 la mayoría de las infracciones graves (20 %) se cometió en relación con las actividades de almacenamiento, transformación, venta y transporte de productos pesqueros que no cumplían las normas de comercialización vigentes, ocupando el segundo puesto (18 %) las actividades de pesca no autorizadas. Las infracciones por falsificación de datos o por no registrarlos se elevaron al tercer puesto (13 %) y la inobservancia de las normas sobre tallas mínimas quedaron en el cuarto puesto (10 %). Los otros diversos tipos de infracciones graves no llegaban al 10 % del número total. Estos porcentajes son similares a los de 2005, si bien ha aumentado el número de casos de almacenamiento, transformación, venta y transporte de productos pesqueros que no cumplen las normas de comercialización vigentes, de pesca sin licencia y de falsificación o no registro de datos electrónicos. El número de casos de manipulación del sistema de localización de buques (SLB) se incrementó en comparación con los años anteriores.

En 2006 hubo 7 973 procedimientos que finalizaron con la imposición de sanciones, cifra que supone el 77 % del número total de infracciones detectadas y es inferior a la del año anterior, en que en el 83 % de los casos se impusieron sanciones. Es interesante observar que, de los procedimientos incoados, el 72 % era de carácter administrativo, el 25 % de carácter penal y, el resto, mixto.

Aún existen notables e inexplicables diferencias dentro de la UE para el mismo tipo de infracción y el importe medio de las multas que se impusieron en la UE en los procedimientos que concluyeron en 2006 con una sanción fue de 1 548 euros. Sorprendentemente, esta cifra es exactamente la misma que la multa media impuesta en 2005 y oscila entre los 170 euros de algunos Estados miembros y los 6 070 euros de otros. La multa media es menos de la mitad de la multa media impuesta en 2003 (4 664 euros) e inferior también al importe medio aplicado en 2004 (2 272 euros). Cabe observar que las multas máximas variaron en los Estados miembros entre 170 euros y 120 000 euros.

Se retiraron 1 082 licencias, lamentablemente sólo en el 10 % de los casos. En comparación, se retiraron 1 226 licencias en el 13 % de los casos en 2004. Cabe señalar que esta medida se aplicó sobre todo en Grecia (71 % de los casos) y España (36 %), mientras que en Dinamarca y los Países Bajos se recurrió a ella en menos del 10 % de los casos y, en el resto de los Estados miembros, en sólo el 2 % e incluso menos.

Por último, el importe pagado por la industria pesquera como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas en 2006 (9 281 millones de euros) sigue siendo insignificante ya que sólo afectó al 0,04 % de todos los buques pesqueros en activo .

6. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Tras subrayar una vez más las dificultades que plantea interpretar los conjuntos de cifras contenidas en los cuadros sin contar con las necesarias aclaraciones de los Estados miembros, la Comisión señala que en realidad la situación no ha experimentado mejora alguna en relación con la del año anterior.

Lo que resulta especialmente preocupante es que el inadecuado nivel de las sanciones impuestas en la mayoría de los casos detectados y la escasa probabilidad de que los infractores sean descubiertos y perseguidos por las autoridades de control lleguen a convencer a los pescadores de que los beneficios económicos que pueden obtener de la infracción superan con creces los riesgos corridos. Un nivel de sanciones tan deficiente puede permitir que las multas impuestas por la infracción de las disposiciones de la PPC sean consideradas por la industria pesquera como un simple gasto de funcionamiento y que el sector no vea por tanto interés alguno en el cumplimiento de esas normas.

La sanción administrativa que consiste en suspender el derecho de pesca o de ejercicio de una actividad profesional es un instrumento muy efectivo para reforzar el cumplimiento de las disposiciones de la PPC, dado que puede aplicarse con gran rapidez y tiene efectos inmediatos. Aunque la Comisión observa que ya hay algunos Estados miembros que aplican esta sanción (antes desconocida en su ordenamiento jurídico), es lamentable que la mayoría de los Estados miembros no haga todavía uso de ella, al menos en aquellos casos en que la gravedad de la infracción cometida justifique la apertura de un procedimiento penal.

7. INFRACCIONES DETECTADAS EN EL MARCO DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE PESCA (ORP)

Varias ORP han establecido sistemas de control que prevén el registro de las infracciones. Tales sistemas existen ya, por ejemplo, en la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) y en la Organización de la Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC).

Cada una de estas organizaciones ha establecido su propia lista de infracciones «graves» contra las normas que atienden a fines de conservación. Estas infracciones no se recogen como tales en la presente Comunicación, pero la Comisión supone que los casos que se le han notificado a los efectos de este documento incluyen las infracciones de la PPC cometidas por buques que faenan en el marco de esas ORP.

Es conveniente recordar en este punto que la Comunidad Europea presenta a esas organizaciones un informe anual sobre las infracciones detectadas y notificadas a los servicios de la Comisión por las autoridades de control nacionales. No es posible, sin embargo, comparar los datos que se transmiten a las ORP y los que se recogen en los anexos de la presente Comunicación, dado que los tipos de infracción contemplados en uno y otro caso no son idénticos.

En el marco de las ORP, debe señalarse que en 2006 se detectaron dos infracciones graves cometidas por buques comunitarios en la zona de la NEAFC, frente a tres infracciones del mismo tipo cometidas por buques de otras Partes Contratantes en esa zona durante el mismo período. En lo que se refiere a la NAFO, la UE y otras Partes Contratantes notificaron y levantaron acta de 15 presuntas infracciones cometidas por buques comunitarios. El número de infracciones ha disminuido con respecto a 2005, año en que se levantó acta de 21 infracciones. También puede compararse con las 12 infracciones cometidas por otras Partes Contratantes en 2006. Es interesante observar además que en 2006 se observó en la NAFO un aumento de las inspecciones en puerto y, en particular, de los desembarques con respecto a las cantidades notificadas, la comparación de fuentes de datos de capturas y la cartografía electrónica de la profundidad del agua en relación con las especies principales.

8. PASOS FUTUROS

Es necesario revisar detalladamente el valor que reviste la publicación anual de la Comunicación sobre «infracciones graves» como instrumento para comparar el nivel de efectividad de los Estados miembros en el cumplimiento de las disposiciones de la PPC en el contexto de la próxima reforma del régimen de control de la PPC. Urge velar por que en la práctica quede garantizada la igualdad de condiciones entre los Estados miembros. Está generalmente admitida la importancia decisiva que tiene para mejorar la ejecución poder garantizar una transparencia total en las sanciones impuestas por los Estados miembros por las infracciones cometidas contra las disposiciones de la PPC. Pese a ello, la experiencia adquirida con las Comunicaciones publicadas entre 2000 y 2006 sobre las «infracciones graves» ha puesto claramente de manifiesto que eso no será posible si no se profundiza en la adaptación de la normativa comunitaria y la armonización a escala comunitaria de los procedimientos de control.

La Comisión observa diferencias significativas en las sanciones impuestas por los diversos Estados miembros por el mismo tipo de infracción grave y subraya que las sanciones globales impuestas no son lo suficientemente disuasorias por cuanto no ofrecen incentivos reales para cumplir la normativa. Como consecuencia de ello, los sistemas de inspección son incapaces de detectar y prevenir infracciones. La Comisión constata asimismo que los sistemas nacionales son muy dispares debido a la inexistencia de normas generales de inspección, por lo que no queda garantizada una presión de inspección adecuada ni se optimizan las actividades de control.

Pueden extraerse dos conclusiones principales a este respecto: en primer lugar, existen todavía serias deficiencias de control y aplicación de sanciones por infracciones graves que comprometen la eficacia de la Política Pesquera Común. En segundo lugar, hay una falta de uniformidad que no garantiza una aplicación equitativa en toda la CE.

El Tribunal de Cuentas llegó a las mismas conclusiones en su Informe Especial 07/2007, sumamente crítico, en el que hacía hincapié en que las sanciones tienen que tener un efecto disuasorio y estar armonizadas.

A la luz de lo anterior, la Comisión tiene previsto iniciar una ambiciosa reforma de la política de la UE en materia de control de las actividades pesqueras. Con esta iniciativa se pretende resolver todas las deficiencias detectadas de la forma más exhaustiva, global e integrada posible. Dentro de la reforma de las actividades de control, será preciso armonizar las sanciones administrativas a escala de la CE y definir con más claridad las infracciones graves y las medidas de ejecución. El objetivo de la reforma será garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal, merced a lo cual se evitará que los infractores se trasladen a Estados miembros que castigan menos duramente las infracciones y se alentará a los operadores a cumplir las normas. Además, se desarrollará un nuevo planteamiento armonizado de las inspecciones y el control, se aumentará la eficacia de los cotejos de sistemas de datos, se incrementará la capacidad de la Comisión de garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias de la PPC, se fomentará el uso de tecnologías modernas y, por último, se impulsará el cumplimiento de la normativa. La adopción de esta propuesta de la Comisión está prevista para el mes de octubre de 2008.

En lo que se refiere a los Estados miembros, la Comisión resalta que seguirán siendo los principales responsables de la aplicación de las normas de la PPC tras la reforma de las actividades de control y les insta de nuevo a que tomen debidamente en consideración su obligación de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la PPC por todos los medios a su alcance. En particular, les pide que incrementen la cooperación entre ellos en las actividades de detección y tramitación de las infracciones. La Comisión no puede sino afirmar que los Estados miembros no cumplen hoy todas las obligaciones que les incumben en virtud de esas disposiciones. Un solo dato bastará: los Estados miembros siguen sin estar equipados con los medios necesarios para cumplir su obligación de recogida, procesamiento y evaluación de la información relacionada con las «infracciones graves» de la PPC. Los Estados miembros no han creado aún bases de datos adecuadas para codificar los aspectos relevantes de cada caso concreto.

La Comisión desea insistir en este punto. Sin una base de datos informatizada que contenga toda la información necesaria (sobre los infractores, los buques o las empresas, las disposiciones jurídicas, las especies y las zonas de pesca, el contexto económico, los costes administrativos, las sanciones principales y subsidiarias impuestas, etc.), no será posible evaluar de la forma debida las conductas de los agentes, la efectividad de las administraciones y la eficacia de la normativa vigente. Sólo con el procesamiento de estos datos y de los contenidos en las bases de datos ya previstas en la normativa comunitaria (registro de la flota, estadísticas, datos del SLB), se podrán evaluar y comparar los niveles de efectividad de los Estados miembros y, en su caso, ajustar los procedimientos administrativos y los textos legales para garantizar que las disposiciones de la PPC se apliquen y ejecuten realmente. Otro problema que urge resolver es el de la falta de cotejos de los datos. A este respecto cabe mencionar un ejemplo de práctica correcta ya existente en varios Estados miembros, en los que ya se han instaurado sistemas de tratamiento automático de los informes de inspección que están arrojando excelentes resultados. Estos sistemas presentan la ventaja de unificar los procedimientos, centralizar los datos, ser de fácil uso, ahorrar gastos de formación, proporcionar apoyo plurilingüe para todas las fórmulas, ofrecer flexibilidad ante la modificación de la normativa y garantizar la seguridad mediante una identificación basada en formularios.

La Comisión, que ha propuesto ya con ese fin un modelo para su utilización por las administraciones nacionales, está dispuesta a ayudar a los Estados miembros - incluso financieramente a través de las líneas presupuestarias existentes - para el establecimiento de los nuevos instrumentos necesarios.Por tanto, mientras se prepara una reforma integral del marco de control, la Comisión emplaza a los Estados miembros para que cooperen y apliquen su legislación y su organización administrativa en consecuencia.

List a de los cuadros adjuntos

I Número de infracciones graves por Estados miembros en 2006

II Infracciones por países y por nacionalidades en 2006

III Número de casos sancionados y número de infracciones por tipos de infracción grave y por Estados miembros en 2006

IV Multa media y número de infracciones por tipos de infracción grave y por Estados miembros en 2006

V Número de embargos y número de infracciones por tipos de infracción grave y por Estados miembros en 2006

VI Número de licencias de pesca retiradas e infracciones graves por Estados miembros en 2006

VI A Número de licencias temporales retiradas e infracciones graves por Estados miembros en 2006

VI B Número de licencias permanentes retiradas e infracciones graves por Estados miembros en 2006

VII Importe pagado por el sector pesquero de cada Estado miembro por causa de las infracciones graves en 2006

VIII Número de infracciones graves por zonas en 2006

IX Número de infracciones graves por puertos pesqueros en 2006

X Tipo de procedimiento incoado por infracciones graves y por Estados miembros en 2006.

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[1] DO L 167 de 2.7.1999, p. 5.

[2] Art. 25 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.

[3] DO L 328 de 22.12.1999, p. 62.

[4] COM (2001) 650 de 12.11.2001.

[5] COM (2002) 687 de 5.12.2002.

[6] COM (2003) 782 de 15.12.2003.

[7] COM (2005) 207 de 30.5.2005.

[8] COM (2007) 448 de 25.7.2007.