Exposición de Motivos del Consejo: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014, (UE) n.o 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132

(2020/C 426/02)

I. INTRODUCCIÓN

El 28 de noviembre de 2016, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012 y (UE) 2015/2365 (en lo sucesivo, «Reglamento»). El objetivo principal de la propuesta es establecer un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (ECC), garantizando así que tanto las ECC como las autoridades nacionales de la Unión Europea (UE) dispongan de medios para actuar con determinación en caso de que una ECC se enfrente a graves dificultades o a la inviabilidad.

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura sobre el Reglamento relativo a la recuperación y la resolución de ECC el 27 de marzo de 2019.

El Grupo «Servicios Financieros» del Consejo estudió la propuesta de Reglamento en varias reuniones bajo distintas Presidencias.

El Comité de Representantes Permanentes del Consejo acordó el 4 de diciembre de 2019 un mandato para las negociaciones del Consejo con el Parlamento Europeo.

El 23 de junio de 2020, el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo alcanzaron una solución transaccional final que permitió la conclusión de las negociaciones.

El 2 de septiembre de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó el resultado de las negociaciones del diálogo tripartito. El mismo día, la presidenta de la Comisión ECON dirigió una carta a la Presidencia del Consejo en la que indicaba que, en caso de que el Consejo adoptase el texto acordado (previa verificación jurídico-lingüística) como su posición en primera lectura, recomendaría al pleno del Parlamento que aprobara en segunda lectura la posición del Consejo en primera lectura.

El 12 de octubre de 2020, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre el texto acordado con anterioridad a su verificación jurídico-lingüística.

Habida cuenta de cuanto precede y previa revisión jurídico-lingüística, el Consejo adoptó su posición en primera lectura el 17 de noviembre de 2020, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

II. OBJETIVO

Los mercados financieros revisten una importancia crucial para el funcionamiento de las economías modernas. Para mejorar el funcionamiento del mercado único de servicios financieros, es importante disponer de procedimientos que garanticen que, en caso de que una entidad financiera o una infraestructura de los mercados financieros se enfrente a dificultades financieras o se encuentre al borde de la inviabilidad, este incidente no desestabilice el mercado financiero en su totalidad ni perjudique al crecimiento en la economía en general. Las entidades de contrapartida central (ECC) son componentes esenciales de los mercados financieros mundiales, que intervienen entre los participantes para actuar como comprador con respecto a todo vendedor y como vendedor frente a todo comprador, y desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las transacciones financieras y la gestión de las exposiciones frente a diversos riesgos inherentes a dichas transacciones.

Como consecuencia de la integración de los mercados financieros de la Unión Europea, las ECC han pasado de atender fundamentalmente a las necesidades y los mercados nacionales a constituir puntos críticos en los mercados financieros de la Unión en un sentido más amplio. Dado que las ECC concentran y gestionan por cuenta de los miembros compensadores y de sus clientes una parte significativa del riesgo financiero del sistema financiero de la Unión Europea, es esencial que estén sujetas a una regulación efectiva y una supervisión rigurosa, por lo que respecta a los servicios tanto nacionales como transfronterizos.

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados extrabursátiles, las ECC y los registros de operaciones, ya exige que las ECC se atengan a estrictos requisitos organizativos, prudenciales y de conducta. Las autoridades competentes se encargan de todos los aspectos de la supervisión de las actividades de las ECC. El Reglamento (UE) n.o 648/2012 ha contribuido a reforzar la resiliencia de las ECC y de los mercados financieros en general frente a los múltiples riesgos gestionados y concentrados en las ECC.

Sin embargo, ningún sistema de normas y prácticas puede impedir que los recursos existentes resulten inadecuados para gestionar los riesgos a que están expuestas las ECC, por ejemplo en caso de uno o varios incumplimientos por parte de miembros compensadores, o en caso de que coincidan uno o varios incumplimientos de miembros compensadores y otras pérdidas financieras. Frente a una situación de graves dificultades o inviabilidad inminente, las entidades financieras, incluidas las ECC, deben, en principio, seguir estando sujetas a los procedimientos de insolvencia ordinarios. No obstante, dado que los procedimientos de insolvencia empresarial ordinarios no son adecuados para garantizar una intervención suficientemente rápida o para priorizar de modo adecuado la continuidad de las funciones esenciales de una ECC en aras de la preservación de la estabilidad financiera, es necesario crear un marco de resolución especial para las ECC.

El objetivo de este marco de recuperación y resolución es garantizar que las ECC establezcan medidas para recuperarse de las dificultades financieras; mantener las funciones esenciales de las ECC inviables o con probabilidad de serlo mientras se liquidan las actividades restantes mediante procedimientos de insolvencia ordinarios, y preservar la estabilidad financiera evitando al mismo tiempo un efecto adverso significativo sobre el sistema financiero y su capacidad para contribuir a la economía real, y minimizando el coste de la inviabilidad de una ECC para el erario público. El marco de recuperación y resolución reforzará la preparación de las ECC y las autoridades nacionales para mitigar tensiones financieras y proporcionará a las autoridades nacionales y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) información adicional sobre los preparativos de las ECC para afrontar situaciones de tensión. También conferirá a las autoridades nacionales competencias para preparar la posible resolución de una ECC y hacer frente al deterioro de una ECC de manera coordinada, contribuyendo así al buen funcionamiento de los mercados financieros.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

a) Ámbito de aplicación del Reglamento

La posición del Consejo en primera lectura establece normas y procedimientos relativos a la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (ECC) autorizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 y normas relativas a los acuerdos con terceros países en el ámbito de la recuperación y la resolución de ECC.

b) Autoridades, colegios de autoridades de resolución y procedimientos

Cada Estado miembro designará una o varias autoridades de resolución facultadas para aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución tal como se establece en el Reglamento. Los Estados miembros designarán como autoridades de resolución a los bancos centrales nacionales, los ministerios competentes, las autoridades administrativas públicas u otras autoridades a las que se hayan encomendado potestades de administración pública. Las autoridades de resolución deben tener los conocimientos técnicos, los recursos y la capacidad operativa necesarios para aplicar las medidas de resolución y ejercer sus competencias con la celeridad y la flexibilidad necesarias para lograr los objetivos de resolución. Deben adoptarse disposiciones estructurales adecuadas para evitar conflictos de intereses entre las funciones encomendadas a la autoridad de resolución de conformidad con el Reglamento y todas las demás funciones que tenga encomendadas. En particular, debe garantizarse una independencia operativa efectiva entre las funciones de supervisión y resolución. Estos requisitos no impiden la convergencia de líneas jerárquicas al más alto nivel de una organización que engloba diferentes funciones o autoridades, ni el uso compartido del personal con los conocimientos especializados pertinentes en condiciones definidas previamente. Cada Estado miembro designará asimismo un solo ministerio responsable del ejercicio de las funciones encomendadas al ministerio competente con arreglo al Reglamento. Para garantizar que el ministerio competente del Estado miembro tenga la última palabra cuando se trate de decisiones de la autoridad de resolución que tengan un impacto presupuestario directo o implicaciones sistémicas con probabilidad de tener un impacto presupuestario directo, la autoridad de resolución estará obligada a obtener la aprobación del ministerio competente, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa.

La autoridad de resolución de la ECC instituirá, gestionará y presidirá un colegio de autoridades de resolución encargado de desempeñar los cometidos contemplados en el Reglamento, y de garantizar la cooperación y la coordinación con las autoridades que sean miembros del colegio de autoridades de resolución y, cuando proceda, la cooperación con las autoridades competentes y de resolución de terceros países. Las autoridades de los Estados miembros cuya estabilidad financiera pudiera verse afectada por la inviabilidad de la ECC, incluidas las autoridades competentes de los clientes de los miembros compensadores de la ECC, deben poder participar en el colegio de autoridades de resolución basándose en su evaluación del impacto que la resolución de la ECC podría tener en la estabilidad financiera de sus respectivos Estados miembros.

Las autoridades de los Estados miembros que participen en el colegio de autoridades de resolución sobre la base de dicha evaluación serán miembros sin derecho a voto, pero estarán facultadas para contribuir a la fijación del orden del día de las reuniones del colegio, en particular añadiendo puntos al orden del día de la reunión. A fin de garantizar el funcionamiento coherente de los colegios de autoridades de resolución en toda la Unión, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el contenido de las disposiciones y procedimientos escritos relativos al funcionamiento de los colegios de autoridades de resolución.

Para preparar las decisiones que se le encomiendan en virtud del Reglamento, la AEVM creará en su seno un Comité de Resolución compuesto por autoridades de resolución designadas, en el que participarán como observadores las autoridades mencionadas en el artículo 4, apartado 2, puntos i) y v), del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. La AEVM garantizará la separación estructural entre su Comité de Resolución y el resto de sus funciones. A efectos del Reglamento, la AEVM debe cooperar con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el marco del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión.

Es esencial que las autoridades de resolución, las autoridades competentes y la AEVM cooperen entre sí y se faciliten oportunamente toda la información pertinente para el ejercicio de sus funciones con arreglo al Reglamento.

A la hora de tomar decisiones, las autoridades competentes, las autoridades de resolución y la AEVM tendrán en cuenta varios principios generales establecidos en el Reglamento, en particular la necesidad de evitar en la medida de lo posible el uso de ayudas financieras públicas extraordinarias, e incluso en tal caso solo como último recurso; la necesidad de equilibrar los intereses de las distintas partes interesadas de la ECC y la necesidad de garantizar la transparencia frente a las autoridades de los Estados miembros y la participación de dichas autoridades cuando la decisión o medida propuesta pueda tener repercusiones en la estabilidad financiera o los recursos presupuestarios.

c) Planificación de la recuperación y la resolución

Las ECC tendrán la obligación de elaborar y mantener planes de recuperación en los que se establezcan las medidas que hayan de adoptarse, tanto en casos de incumplimiento como de no incumplimiento o de combinación de ambos, para restablecer su solidez financiera y permitirles que continúen desempeñando funciones esenciales a raíz de un deterioro importante de su situación financiera o del riesgo de incumplimiento de sus requisitos prudenciales y de capital en virtud del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Cada plan incluirá un marco de indicadores, basado en el perfil de riesgo de la ECC, que determine las circunstancias en las que deberán adoptarse las medidas del plan de recuperación, así como mecanismos adecuados para la monitorización regular de los indicadores. El Reglamento determina tanto el contenido mínimo de los planes de recuperación de la ECC como los requisitos que deben cumplir tales planes, entre otros el que establece que no deben presuponer la concesión o recepción de ayudas financieras públicas extraordinarias. A fin de garantizar incentivos adecuados para una gestión del riesgo prudente, las ECC están obligadas a utilizar un importe adicional de sus recursos propios específicos prefinanciados para hacer frente a un incumplimiento u otra situación de dificultad no derivada de un incumplimiento. Dicho importe no será inferior al 10 % ni superior al 25 % de los requisitos de capital basados en el riesgo calculados con arreglo al artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Para cumplir este requisito, la ECC podrá utilizar el capital que mantiene para cumplir —además de sus requisitos de capital mínimo— el umbral de notificación a que se refiere el acto delegado adoptado sobre la base del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. La AEVM, en estrecha cooperación con la ABE y previa consulta al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la metodología que se usará para el cálculo y el mantenimiento del importe adicional de recursos propios específicos prefinanciados.

Las ECC tendrán la obligación de presentar sus planes de recuperación a la autoridad competente, que transmitirá la información al colegio de supervisores al que hace referencia el Reglamento (UE) n.o 648/2012, y a la autoridad de resolución sin demoras injustificadas. La autoridad de resolución examinará el plan de recuperación a fin de determinar si contiene medidas que pudieran afectar negativamente a la resolubilidad de la ECC. En caso de que se detecten medidas de esta índole, la autoridad de resolución las pondrá en conocimiento de la autoridad competente y formulará recomendaciones a la autoridad competente sobre la manera de corregirlas. La autoridad competente revisará el plan de recuperación y evaluará la medida en que cumple los requisitos establecidos por el Reglamento, para lo cual aplicará un procedimiento de coordinación con el colegio de supervisores con vistas a adoptar una decisión conjunta.

Si una mayoría simple de los miembros con derecho a voto no está de acuerdo con la propuesta de decisión conjunta de la autoridad competente, el asunto podrá remitirse a la AEVM para que se pronuncie sobre cuestiones específicas. La AEVM también podrá, a petición de cualquiera de las autoridades competentes del colegio de supervisores, ayudar a este a alcanzar una decisión conjunta.

La autoridad de resolución de la ECC, tras haber consultado a la autoridad competente y en coordinación con el colegio de autoridades de resolución, elaborará un plan de resolución para la ECC. El plan de resolución dispondrá las medidas de resolución que la autoridad de resolución está facultada para adoptar si la ECC cumple las condiciones de resolución. El plan de resolución especificará también las circunstancias y los diferentes supuestos en que se utilizarán los instrumentos de resolución y se ejercerán las competencias de resolución. Establecerá una distinción clara, en particular planteando diferentes situaciones, entre la inviabilidad provocada por casos de incumplimiento, por casos de no incumplimiento y por una combinación de ambos, y entre los distintos tipos de casos de no incumplimiento. El plan de resolución no presupondrá ni ayudas financieras públicas extraordinarias ni ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central, incluida la provisión de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés. El Reglamento establece el contenido mínimo del plan de resolución y otorga un mandato a la AEVM para que elabore proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen con más detalle el contenido del plan de resolución.

Las ECC cooperarán en la elaboración de los planes de resolución y facilitarán a sus autoridades de resolución, directamente o a través de sus respectivas autoridades competentes, toda la información necesaria para elaborar y aplicar dichos planes. Cada ECC intercambiará información de manera oportuna con sus autoridades competentes con el fin de facilitar la evaluación de los perfiles de riesgo de la ECC y la interconexión con otras infraestructuras del mercado financiero, otras entidades financieras y con el sistema financiero en general. Las autoridades competentes transmitirán la información al colegio de supervisores cuando la consideren importante.

La autoridad de resolución transmitirá al colegio de autoridades de resolución un proyecto de plan de resolución, y el colegio de autoridades de resolución adoptará una decisión conjunta sobre el plan de resolución mediante un procedimiento de coordinación. Si una mayoría simple de los miembros con derecho a voto no está de acuerdo con la propuesta de decisión conjunta de la autoridad de resolución, el asunto podrá remitirse a la AEVM. La AEVM también podrá, a petición de una autoridad de resolución, ayudar al colegio de autoridades de resolución a alcanzar una decisión conjunta.

Cuando se adopte una decisión conjunta y una autoridad de resolución o un ministerio competente considere que el objeto del desacuerdo afecta a las competencias presupuestarias de su Estado miembro, la autoridad de resolución de la ECC deberá proceder a una nueva evaluación del plan de resolución.

La autoridad de resolución, en coordinación con el colegio de autoridades de resolución y tras haber consultado con la autoridad competente, evaluará en qué medida puede procederse a la resolución de una ECC. Se considerará que puede llevarse a cabo la resolución de una ECC si la autoridad de resolución considera factible y verosímil que se pueda proceder, bien a su liquidación con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, o bien a su resolución haciendo uso de los instrumentos resolución y ejerciendo las competencias de resolución, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las funciones esenciales de la ECC y evitando todo recurso a ayudas financieras públicas extraordinarias y, en la medida de lo posible, toda consecuencia adversa significativa para el sistema financiero y toda posibilidad de que las partes afectadas se vean injustamente desfavorecidas. La autoridad de resolución, en coordinación con el colegio de autoridades de resolución, llevará a cabo la evaluación de la resolubilidad al mismo tiempo que la elaboración y actualización del plan de resolución. El Reglamento establece procedimientos para resolver o eliminar los obstáculos a la resolubilidad, así como un procedimiento de coordinación específico con el colegio de autoridades de resolución para resolver o eliminar dichos obstáculos, con vistas a adoptar una decisión conjunta. Si una mayoría simple de los miembros con derecho a voto no está de acuerdo con la propuesta de decisión conjunta de la autoridad de resolución, el asunto podrá remitirse a la AEVM. La AEVM también podrá, a petición de la autoridad de resolución de la ECC, ayudar al colegio de autoridades de resolución a alcanzar una decisión conjunta.

d) Actuación temprana

Para preservar la estabilidad financiera, es necesario que las autoridades competentes estén facultadas para corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una ECC antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que proceder a su resolución, o bien para ordenar a la ECC que modifique sus medidas de recuperación en caso de que estas pudieran ser perjudiciales para la estabilidad financiera general. Por consiguiente, deben otorgarse a las autoridades competentes competencias de actuación temprana a fin de evitar o minimizar los efectos adversos que pudieran derivarse, para la estabilidad financiera o para los intereses de las diversas partes interesadas, de la aplicación de determinadas medidas por parte de la ECC. Las competencias de actuación temprana deben ser atribuidas a las autoridades competentes además de las ya especificadas en la legislación nacional de los Estados miembros o en el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

Entre estas competencias debe estar la facultad de restringir o prohibir cualquier remuneración del capital y de los instrumentos que tengan la consideración de capital, incluidos el pago de dividendos y las recompras por parte de la ECC, en la mayor medida posible sin desencadenar un caso de incumplimiento. Las competencias de actuación temprana también deben incluir la facultad de restringir, prohibir o congelar cualquier pago de remuneración variable según se defina en la política de remuneración de las ECC, de beneficios discrecionales de pensiones o de planes de indemnización por despido para altos ejecutivos. En el marco de las competencias de actuación temprana, y con arreglo a las disposiciones legislativas nacionales pertinentes, la autoridad competente debe poder designar a un administrador provisional, bien para sustituir al consejo de administración y la alta dirección de la ECC, bien para colaborar provisionalmente con ellos.

El Reglamento también establece disposiciones específicas para indemnizar a los miembros compensadores si una ECC que se encuentre en una situación de recuperación no derivada de un incumplimiento aplica las disposiciones y medidas establecidas en su plan de recuperación para reducir el valor de cualquier ganancia pagadera por la ECC a los miembros compensadores no incumplidores y, gracias a ello, no entra en proceso de resolución. En este caso concreto, la autoridad competente de la ECC podrá exigir a esta que indemnice a los miembros compensadores por sus pérdidas mediante pagos en efectivo o, en su caso, que emita instrumentos que reconozcan un derecho sobre los beneficios futuros de la ECC. La posibilidad de indemnizar a los miembros compensadores no incumplidores no se aplica a las pérdidas que hayan sufrido contractualmente en las fases de gestión del incumplimiento o de recuperación. Para proporcionar una garantía equivalente a los clientes de dichos miembros compensadores, el Reglamento prevé que si los miembros compensadores no incumplidores han repercutido el exceso de pérdidas a sus clientes, estarán obligados a repercutirles los pagos recibidos de la ECC, en la medida en que las pérdidas objeto de indemnización se refieran a posiciones de clientes.

e) Resolución

El Reglamento pondrá a disposición de la autoridad de resolución de la ECC un conjunto armonizado de instrumentos y competencias de resolución aplicables en caso de que una ECC cumpla las condiciones de resolución. Entre esas competencias deben figurar la competencia para transmitir instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC inviable a otra entidad, por ejemplo otra ECC o una ECC puente; la competencia para amortizar instrumentos de propiedad o proceder a su cancelación, o para amortizar pasivos de una ECC inviable o proceder a su conversión; la competencia para reducir el valor del margen de variación (con un límite máximo en casos no derivados de un incumplimiento); la competencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones de terceros para con la ECC que estén pendientes (incluidos los requerimientos de efectivo a efectos de recuperación) según lo establecido en las normas de funcionamiento de la ECC, y las asignaciones de posiciones; la competencia para hacer requerimientos de efectivo a efectos de resolución con un límite máximo, tanto en casos de incumplimiento como de no incumplimiento; la competencia para rescindir total o parcialmente contratos de la ECC; la competencia para sustituir a la dirección, y la competencia para imponer una moratoria temporal del pago de deudas. La aplicación de los instrumentos de resolución debe estar sujeta a las condiciones, los objetivos y los principios generales comunes establecidos en el Reglamento. La ECC y los miembros de su consejo y su alta dirección deben estar sujetos, con arreglo a la legislación nacional, a responsabilidad civil o penal por la inviabilidad de la ECC.

Cuando adopte medidas de resolución, la autoridad de resolución de la ECC ha de tener en cuenta y aplicar las medidas previstas en los planes de resolución elaborados dentro del colegio de autoridades de resolución, a no ser que considere que los objetivos de resolución podrían conseguirse de forma más eficaz mediante medidas no previstas en los planes de resolución. La autoridad de resolución debe tener en cuenta los principios generales aplicables a la toma de decisiones, en particular la necesidad de equilibrar los intereses de las distintas partes interesadas de la ECC y de garantizar tanto la transparencia frente a las autoridades de los Estados miembros como la participación de dichas autoridades cuando su estabilidad financiera o sus recursos presupuestarios puedan verse afectados por la decisión o medida propuesta. En particular, la autoridad de resolución debe notificar al colegio de autoridades de resolución las medidas de resolución previstas, precisando también si dichas medidas se apartan o no del plan de resolución.

Los objetivos primordiales de la resolución deben ser garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la ECC, garantizar la continuidad de los vínculos con otras infraestructuras de los mercados financieros, evitar las consecuencias adversas significativas para el sistema financiero de la Unión Europea o de uno o varios de sus Estados miembros, y proteger los fondos públicos. Conviene mantener las funciones esenciales de una ECC inviable —aunque reestructuradas, en su caso, con cambios en la gestión— utilizando los instrumentos de resolución y, en la medida de lo posible, fondos privados, sin recurrir a ayudas financieras públicas extraordinarias.

Los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores de la ECC afectados no deben sufrir pérdidas superiores a las que habrían sufrido si, en lugar de adoptar la autoridad de resolución una medida de resolución en relación con la ECC, hubieran quedado sujetos a todas las obligaciones pendientes aplicables con arreglo a las normas de la ECC en materia de incumplimiento (o a otras disposiciones contractuales de las normas de funcionamiento de la ECC), y esta hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios (principio de «evitación de perjuicios superiores a los acreedores»). A fin de evaluar el cumplimiento de dicho principio, conviene establecer unas obligaciones claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la ECC y de valoración del trato que habrían recibido los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una medida de resolución. El Reglamento reconoce que las medidas de recuperación y resolución también pueden afectar indirectamente a clientes y clientes indirectos que no sean acreedores de la ECC, en la medida en que los costes de recuperación y resolución se hayan repercutido a dichos clientes y clientes indirectos con arreglo a los acuerdos contractuales aplicables. Por consiguiente, las consecuencias que pueda tener para los clientes y clientes indirectos el hecho de que una ECC esté siendo objeto de medidas de recuperación y resolución se abordarán mediante los mismos acuerdos contractuales. El Reglamento especifica que, si los acuerdos contractuales permiten a los miembros compensadores repercutir a sus clientes las consecuencias negativas de los instrumentos de resolución, dichos acuerdos contractuales incluirán también, de forma equivalente y proporcionada, el derecho de los clientes a cualquier indemnización que los miembros compensadores reciban de la ECC a raíz de un procedimiento de «evitación de perjuicios superiores a los acreedores», en la medida en que el derecho a tal indemnización se derive de posiciones de clientes. Estas disposiciones también deben aplicarse a los acuerdos contractuales celebrados por clientes y clientes indirectos que ofrezcan servicios de compensación indirectos a sus clientes.

Al iniciarse la resolución de la ECC, la autoridad de resolución debe exigir el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pendientes que figuren en las normas de funcionamiento de la ECC, incluidas las medidas de recuperación pendientes, salvo cuando el ejercicio de otra competencia o el empleo de otro instrumento de resolución resulte más adecuado para mitigar los efectos negativos en la estabilidad financiera o para garantizar las funciones esenciales de la ECC de forma oportuna. Si estos instrumentos no fueran suficientes, las autoridades de resolución estarán facultadas para amortizar la deuda y los pasivos no garantizados, de acuerdo con su prelación según la normativa nacional de insolvencia aplicable, y para emplear instrumentos de asignación de pérdidas en la medida necesaria y sin poner en peligro la estabilidad financiera general. Los instrumentos de recuperación y de resolución disponibles, en particular el instrumento de amortización, deben utilizarse en la mayor medida posible antes de que se produzca una inyección de capital del sector público o se preste cualquier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente a una ECC, o en conjunción con estas. La ayuda financiera pública extraordinaria al objeto de respaldar la resolución de entidades inviables deberá utilizarse como último recurso, estar limitada en el tiempo y respetar la normativa en materia de ayudas de Estado.

Las autoridades de resolución han de velar igualmente por que se limiten al mínimo los costes de la resolución de la ECC y por que los acreedores de una misma categoría sean tratados de forma equitativa. La autoridad de resolución debe poder tomar una medida de resolución que se aparte del principio de trato equitativo de los acreedores si lo justifica el interés público de alcanzar los objetivos de la resolución y la medida es proporcionada con respecto al riesgo afrontado. Si la autoridad de resolución toma una medida de este tipo, no debe discriminar a ninguna persona por motivos de nacionalidad.

Cuando se hayan utilizado los instrumentos de resolución para transmitir las funciones esenciales o las actividades viables de una ECC a una entidad saneada, como un comprador del sector privado o una ECC puente, la parte residual de la ECC debe liquidarse en un periodo de tiempo apropiado, teniendo en cuenta la necesidad de que la ECC inviable preste servicios o apoyo que permitan al comprador o a la ECC puente ejercer las actividades o prestar los servicios adquiridos en virtud de dicha transmisión. El instrumento de venta del negocio debe permitir a las autoridades vender la ECC o parte de sus actividades a uno o varios compradores sin el consentimiento de los accionistas. Al aplicar este instrumento, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para poner a la venta la mencionada ECC o parte de sus actividades en el marco de un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a la vez maximizar en lo posible el precio de venta. Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos de la ECC objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe revertir en la entidad restante en el procedimiento de liquidación.

El marco de resolución debe incluir requisitos procedimentales para asegurar que las medidas de resolución sean debidamente notificadas y publicadas. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reservada, esta información debe estar sujeta a un régimen de confidencialidad efectivo hasta que se haga pública la decisión de resolución.

Las medidas de resolución adoptadas por las autoridades nacionales de resolución pueden requerir valoraciones económicas y entrañar un amplio margen de apreciación. En consecuencia, es importante garantizar que, a la hora de revisar tales medidas, los órganos jurisdiccionales nacionales se basen en las valoraciones económicas realizadas por las autoridades nacionales de resolución, sin que ello impida que dichos órganos examinen si los datos empleados por la autoridad de resolución son precisos, fiables y coherentes en cuanto a los hechos, si contienen toda la información pertinente que se ha de tener en cuenta para evaluar una situación compleja y si justifican las conclusiones extraídas. Por otra parte, habida cuenta de que la suspensión de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculizar la continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la presentación de un recurso no debe conllevar la suspensión automática de los efectos de la decisión impugnada y que la decisión de la autoridad de resolución debe ser ejecutable de forma inmediata. Con el fin de evitar conflictos de jurisdicción y para garantizar la eficiencia de la resolución, no deben incoarse o proseguirse procedimientos de insolvencia ordinarios contra la ECC inviable mientras la autoridad de resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos de resolución, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento.

f) Relaciones con terceros países

Las ECC de la Unión Europea prestan servicios a miembros compensadores y a sus clientes radicados en terceros países, y las ECC de terceros países prestan servicios a miembros compensadores y a sus clientes radicados en la UE. Para llevar a cabo con eficacia la resolución de ECC que operan a nivel internacional es necesaria la cooperación entre los Estados miembros y las autoridades de terceros países. A tal fin, la AEVM debe facilitar directrices sobre el contenido a estos efectos de los acuerdos de cooperación que hayan de celebrarse con las autoridades de terceros países.

Estos acuerdos de cooperación deben garantizar una planificación, una toma de decisiones y una coordinación eficaces en relación con las ECC que operan a nivel internacional. Las autoridades nacionales de resolución deben reconocer y ejecutar los procedimientos de resolución de terceros países en las circunstancias previstas en el Reglamento. La cooperación también es necesaria por lo que se refiere a las filiales de ECC de la Unión o de terceros países, así como a sus miembros compensadores y a sus clientes.

g) Medidas y sanciones administrativas

A fin de garantizar que las sanciones administrativas se apliquen de modo coherente en todos los Estados miembros en caso de incumplimiento del Reglamento, este establece una lista de las sanciones administrativas y otras medidas administrativas fundamentales que han de estar al alcance de las autoridades de resolución y las autoridades competentes; la facultad de imponer esas sanciones administrativas y otras medidas administrativas a cualquier persona, física o jurídica, responsable de una infracción; una lista de los criterios fundamentales para determinar el nivel y el tipo de tales sanciones administrativas y otras medidas administrativas; y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas deben tener en cuenta factores como los beneficios financieros derivados de la infracción, cuando se puedan determinar, la gravedad y la duración de la infracción, las posibles circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de que las multas administrativas tengan efectos disuasorios. Cuando corresponda, deberán incluir un descuento en caso de cooperación con la autoridad de resolución o la autoridad competente.

h) Modificación del Reglamento (UE) n.o 1095/2010

El Reglamento (UE) n.o 1095/2010 se ha modificado para incluir a las autoridades de resolución de las ECC en la definición de «autoridades competentes» y permitir que un miembro de la Junta de Supervisores de la AEVM esté acompañado por un representante de la autoridad de resolución de su Estado miembro, cuando proceda.

i) Modificación del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y del Reglamento (UE) 2015/2365

El Reglamento (UE) n.o 648/2012 se ha modificado a fin de facultar a la Comisión para suspender la obligación de compensación a raíz de una solicitud de la autoridad de resolución de una ECC objeto de resolución o de su autoridad competente, por iniciativa de estas autoridades o a petición de la autoridad competente responsable de la supervisión de un miembro compensador de la ECC objeto de resolución, y tras un dictamen no vinculante de la AEVM. La decisión de suspender la obligación de compensación se adoptará únicamente si es necesario para preservar la estabilidad financiera y la confianza de los mercados. La suspensión tendrá carácter temporal pero prorrogable. Con el fin de asegurar la correcta aplicación de la reforma de los índices de referencia de tipos de interés del Consejo de Estabilidad Financiera, también ha sido necesario modificar el Reglamento (UE) n.o 648/2012 a fin de aclarar a los participantes en el mercado que las operaciones suscritas u objeto de novación antes de la fecha en que surten efecto los requisitos de compensación o de margen aplicables a las operaciones con derivados extrabursátiles que empleen un índice de referencia de tipos de interés («operaciones preexistentes») no estarán sujetas a estos requisitos cuando sean objeto de novación con el único fin de aplicar o preparar la aplicación de la reforma de los índices de referencia de tipos de interés.

El artículo 24 bis, apartado 7, letra b), del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se ha modificado para garantizar que, en la medida de lo posible, las evaluaciones a escala de la Unión Europea de la resiliencia de las ECC frente a evoluciones adversas de los mercados tengan en cuenta el efecto agregado de los mecanismos de recuperación y resolución de ECC sobre la estabilidad financiera en la Unión Europea. Del mismo modo, se ha reforzado el papel de los comités de riesgos de las ECC, establecidos en virtud del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, para seguir alentando a las ECC a gestionar sus riesgos de forma prudente y mejorar su resiliencia. También se han introducido modificaciones para garantizar que las ECC informen a sus autoridades competentes si se produce una evolución negativa importante del perfil de riesgo de cualquiera de los miembros compensadores de la ECC, y para aumentar la transparencia entre los miembros compensadores de la ECC y sus clientes en lo que respecta a las posibles pérdidas u otros costes que puedan tener que soportar como consecuencia de la aplicación de procedimientos de gestión de incumplimientos y de mecanismos de asignación de pérdidas y posiciones con arreglo a las normas de funcionamiento de la ECC.

Con el fin de reforzar los incentivos para una gestión del riesgo prudente, la autoridad competente podrá exigir a la ECC que, de producirse un caso de no incumplimiento importante, se abstenga de distribuir dividendos, recomprar acciones ordinarias o crear una obligación de pagar remuneración variable, beneficios discrecionales de pensiones o indemnizaciones por despido a la alta dirección.

Por último, las autoridades de resolución de las ECC también deben tener acceso a toda la información necesaria de los registros de operaciones. Por consiguiente, el Reglamento (UE) n.o 648/2012 y el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo también se modifican en consecuencia.

j) Modificaciones de la Directiva 2002/47/CE, la Directiva (UE) 2017/1132, la Directiva 2004/25/CE, la Directiva 2007/36/CE, la Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.o 806/2014

Para realizar eficazmente la resolución de las ECC, es necesario asegurarse de que las salvaguardas previstas en la Directiva 2002/47/CE no se apliquen a ninguna restricción de la ejecución de un acuerdo de garantía financiera, al efecto de acuerdos de garantía financiera prendaria, ni a ninguna cláusula de compensación anticipada, por netting o recíproca a tenor del Reglamento.

En la Directiva (UE) 2017/1132, la Directiva 2004/25/CE y la Directiva 2007/36/CE se establecen normas para la protección de los accionistas y los acreedores de las ECC incluidas en el ámbito de aplicación de dichas Directivas. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez de conformidad con el Reglamento, esas normas podrían suponer un obstáculo para una medida de resolución efectiva y para el uso de los instrumentos y competencias de resolución por parte de las autoridades de resolución. Por tanto, las excepciones previstas en la Directiva 2014/59/UE se hacen también extensivas a los actos que se adopten con arreglo al Reglamento.

Con el fin de evitar la duplicación de requisitos, se modifican la Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo para excluir de su ámbito de aplicación a las entidades que también están autorizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

k) Modificación del Reglamento (UE) n.o 600/2014

El artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 establecía un periodo transitorio durante el cual sus artículos 35 o 36 no se aplicarían a aquellas ECC o centros de negociación que solicitaran a su autoridad competente acogerse a las disposiciones transitorias, en lo que se refiere a los derivados negociables en un mercado regulado. El periodo transitorio durante el cual un centro de negociación o una ECC pueden quedar exentos de las mencionadas disposiciones por su autoridad nacional competente finalizó el 3 de julio de 2020. Como consecuencia de la crisis de la COVID-19, el Reglamento pospone hasta el 3 de julio de 2021 la fecha de aplicación del nuevo régimen de acceso abierto aplicable a las plataformas de negociación y a las ECC que ofrecen servicios de negociación y compensación en relación con derivados negociables en un mercado.

IV. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja la solución transaccional alcanzada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, con el apoyo de la Comisión.

El Consejo considera que su posición en primera lectura representa un resultado globalmente equilibrado y que, si el Parlamento Europeo la aprueba, el Reglamento relativo a la recuperación y la resolución de ECC garantizará que tanto estas como las autoridades nacionales de la UE dispongan de medios para actuar con determinación en caso de que una ECC se enfrente a graves dificultades o a la inviabilidad, y que contribuirá al establecimiento de la unión de los mercados de capitales.