COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 714 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021











Capítulo sobre el Estado de Derecho en Hungría que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen Con respecto a la eficiencia y la calidad, el sistema judicial húngaro funciona bien en términos de duración de los procedimientos y tiene un alto nivel de digitalización. El aumento gradual de los salarios de los jueces y los fiscales continúa. Sin embargo, con respecto a la independencia judicial, el sistema judicial ha sido objeto de nuevos avances que aumentan las preocupaciones existentes, tal como se expresa también en el marco del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE incoado por el Parlamento Europeo. Se han puesto en práctica las nuevas normas que permiten la designación al Tribunal Supremo (Kúria) de miembros del Tribunal Constitucional fuera del procedimiento normal y permitieron la elección del nuevo presidente del Kúria, cuyo cargo se dotó de competencias adicionales. Este presidente del Kúria fue elegido a pesar de un dictamen negativo del Consejo Nacional del Poder Judicial. Aún queda por abordarse la recomendación formulada en el contexto del Semestre Europeo de reforzar la independencia judicial. Esto abarca la necesidad de reforzar formalmente las competencias del Consejo Nacional del Poder Judicial independiente para permitirle actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial. La aplicación de la estrategia de lucha contra la corrupción está en curso, pero su alcance sigue siendo limitado. Sigue habiendo deficiencias con respecto a la financiación de los partidos políticos, la actividad de los grupos de presión y las «puertas giratorias». Aún quedan por abordarse los riesgos de clientelismo, favoritismo y nepotismo en la Administración pública de alto nivel, así como los riesgos que surgen del vínculo entre las empresas y los agentes políticos. Los mecanismos de control independientes siguen siendo insuficientes para detectar la corrupción. Subsiste la preocupación con respecto a la falta de comprobaciones sistemáticas y la supervisión insuficiente de las declaraciones de bienes e intereses. Nuevas disposiciones de Derecho penal pretenden abordar el soborno en el extranjero y los pagos informales en el sector sanitario. Si bien la tasa de acusaciones de casos de corrupción es elevada y se han abierto algunos casos nuevos de corrupción de alto nivel desde 2020, los resultados de las investigaciones de acusaciones relacionadas con funcionarios de alto nivel y su círculo inmediato siguen siendo limitados. El pluralismo de los medios de comunicación sigue estando en peligro. Persisten las preocupaciones con respecto a la independencia y la eficacia de la Autoridad de los medios de comunicación, también en vista de las decisiones del Consejo de los medios de comunicación que condujeron al cierre de la emisora de radio independiente Klubrádió. Si bien no se estableció ningún programa de apoyo a los medios de comunicación para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre tales medios, cantidades importantes de publicidad del Estado han seguido permitiendo al Gobierno ejercer una influencia política indirecta sobre los medios de comunicación. El acceso a la información pública se restringió mediante medidas de emergencia introducidas durante la pandemia, lo cual dificultó el acceso oportuno a tal información para los medios de comunicación independientes. Los medios de comunicación independientes y los periodistas continúan enfrentándose a una obstrucción y a intimidación. En cuando al sistema de controles y equilibrios, la transparencia y la calidad del proceso legislativo siguen siendo motivo de preocupación. Una modificación de la Constitución limitará las competencias del Gobierno en relación con el régimen del «estado de alarma» después de julio de 2023. El Comisario de Derechos Fundamentales ha adquirido más competencias, pero su independencia ha sido cuestionada por las partes interesadas. La Comisión puso en marcha procedimientos de infracción para garantizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la ley relativa a la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil financiadas con fondos extranjeros. Posteriormente, el Parlamento derogó la ley e introdujo nuevas normas sobre los controles de legalidad de la sociedad civil. Se sigue ejerciendo presión sobre las organizaciones de la sociedad civil que critican al Gobierno, mientras que se han expresado preocupaciones con respecto a los fideicomisos privados recientemente establecidos que reciben una financiación pública considerable, gestionados por miembros del Consejo cercanos al Gobierno actual. I.Sistema judicial Hungría cuenta con un sistema judicial ordinario de cuatro niveles. Ciento trece tribunales de distrito operan en primera instancia, mientras que veinte tribunales regionales son competentes para conocer de recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los tribunales de distrito y para decidir en algunos asuntos en primera instancia. Cinco audiencias territoriales deciden sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los tribunales regionales. La función principal del Tribunal Supremo (Kúria) es garantizar la aplicación uniforme de la ley. La Ley Fundamental encarga al presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial (ONPJ), elegido por el Parlamento, la administración central de los órganos jurisdiccionales. El Consejo Nacional del Poder Judicial es un organismo independiente que, en virtud de la Ley Fundamental, supervisa al presidente de la ONPJ y participa en la administración de los órganos jurisdiccionales. Los jueces son designados por el presidente de la República siguiendo una recomendación del presidente de la ONPJ basada en una clasificación de los candidatos establecida por los consejos locales de la judicatura (formados por jueces elegidos por sus homólogos). El presidente de la ONPJ no puede dejar de respetar esta clasificación sin el consentimiento previo del Consejo Nacional del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no forma parte del sistema judicial ordinario y revisa la constitucionalidad de las leyes y las resoluciones judiciales. El Ministerio Fiscal es una institución independiente dotada de competencias para investigar y enjuiciar delitos. El Colegio de Abogados húngaro y los Colegios de Abogados regionales son organismos públicos autónomos. Independencia La independencia judicial percibida sigue siendo media entre el público en general y baja entre las empresas. La independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces se sigue percibiendo como media entre el público en general y ha caído del 48 % en 2020 al 40 % en 2021. El 32 % de las empresas percibe la independencia judicial como «bastante buena o muy buena» , lo que constituye un aumento en comparación con el 26 % en 2020. En el caso del público en general, ha habido una tendencia negativa de la percepción en los últimos cinco años (interrumpida en 2020); en lo que se refiere a las empresas, tras una caída significativa en 2019, la percepción sigue mejorando. El Consejo Nacional del Poder Judicial continúa afrontando dificultades a la hora de actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial con respecto a la gestión de los órganos jurisdiccionales. Tal como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el Consejo Nacional del Poder Judicial afronta una serie de limitaciones estructurales que le impiden llevar a cabo una supervisión efectiva con respecto a la actuación del presidente de la ONPJ. El Consejo Nacional del Poder Judicial carece de personalidad jurídica y no tiene derecho a proponer legislación ni a ser consultado sobre propuestas legislativas que afecten al sistema judicial. Se han elegido nuevos miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial y sustitutos de los mismos, que cuenta con un presupuesto acordado, y el presidente de la ONPJ le ha proporcionado un miembro adicional del personal. El actual presidente de la ONPJ coopera mejor con el Consejo que su predecesor, pero esa cooperación se limita a la medida exigida por la ley, y no se han adoptado medidas legislativas para abordar los problemas estructurales. Las recomendaciones del Consejo en el contexto del Semestre Europeo para «reforzar la independencia judicial» aún no se han abordado. El presidente de la ONPJ ha ocupado repetidamente vacantes en los tribunales superiores, sin una convocatoria de presentación de candidaturas, con jueces que realizan tareas administrativas en la ONPJ. El presidente del Kúria, el Tribunal Supremo, ha recibido competencias adicionales para organizar el funcionamiento de dicho órgano jurisdiccional. A partir del 1 de enero de 2021, a raíz de un dictamen no vinculante del departamento en cuestión y del Consejo Judicial del Kúria, entraron en vigor nuevas normas que permiten al presidente del Kúria establecer paneles judiciales formados por un juez presidente y cuatro jueces para determinados grupos de asuntos. Esto aumentó aún más las competencias administrativas del presidente del Kúria, que incluyen el nombramiento de jueces presidentes, la designación de jueces y jueces presidentes a las cámaras, el nombramiento de jefes de departamento y el establecimiento de un régimen de asignación de asuntos entre las cámaras. El presidente del Kúria también tiene competencias importantes con respecto al papel del Kúria en garantizar la aplicación uniforme de la legislación por parte de los órganos jurisdiccionales. A tal efecto, el Kúria toma decisiones relativas a la uniformidad que son vinculantes para los órganos jurisdiccionales. Cuando una cámara desea apartarse de la jurisprudencia publicada del Kúria, debe suspender el procedimiento y solicitar una decisión de uniformidad. El panel de uniformidad puede estar presidido por el presidente o el vicepresidente del Kúria; sus seis miembros son elegidos por el presidente sobre una base ad hoc de entre los jueces del departamento en cuestión. Además, las partes pueden presentar una reclamación de uniformidad contra una decisión final del Kúria si se desvía de la jurisprudencia publicada del Kúria. El panel de reclamaciones de uniformidad está presidido por el presidente o el vicepresidente del Kúria; sus ocho miembros son seleccionados por el presidente sobre la base de un algoritmo. El panel de reclamaciones de uniformidad puede anular las decisiones finales emitidas por las cámaras en casos concretos. Los órganos judiciales del Kúria (por ejemplo, el Consejo Judicial o los departamentos), que tienen una función meramente consultiva, no pueden actuar como contrapeso a las amplias competencias del presidente del Kúria. Se eligió un nuevo presidente del Kúria a partir del 1 de enero de 2021 en virtud de las nuevas normas especiales sobre los nombramientos judiciales. Se recuerda que, en junio de 2020, el presidente de la República nombró, a partir del 1 de julio de 2020, a ocho miembros del Tribunal Constitucional como jueces del Kúria a petición de los mismos, seis de los cuales no tenían experiencia como jueces en un órgano jurisdiccional ordinario. Como se explica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, a raíz de una modificación adoptada en 2020, los miembros del Tribunal Constitucional que hayan obtenido la categoría de juez pueden solicitar ser nombrados para el Kúria tras la terminación de su servicio en el Tribunal Constitucional. El 5 de octubre de 2020, el presidente de la República recomendó que el Parlamento eligiese a uno de ellos para el cargo de presidente del Kúria. Tras haber oído a la persona en cuestión, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, el Consejo Nacional del Poder Judicial rechazó su candidatura de manera casi unánime. El 19 de octubre de 2020, tras haber dejado de ser miembro del Tribunal Constitucional, el candidato fue elegido por la Asamblea Nacional para el cargo de presidente del Kúria a partir del 1 de enero de 2021 para un período de nueve años. Asimismo, el 19 de octubre, el entonces presidente del Kúria lo nombró para el Kúria, donde ocupó el cargo de juez presidente en una de las cámaras hasta que asumió el cargo de presidente del Kúria. Estos acontecimientos confirman las preocupaciones ya destacadas en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, con la decisión de un nombramiento al cargo judicial más alto sin la participación de un órgano judicial y sin ajustarse a las normas europeas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados calificó la elección como un «ataque a la independencia del poder judicial y un intento de someter al poder judicial a la voluntad de la rama legislativa, vulnerando el principio de separación de poderes». En vista de las competencias administrativas del presidente del Kúria y el papel fundamental del Kúria en el sistema judicial, estos acontecimientos plantean graves preocupaciones con respecto a la independencia judicial. Prosiguió la práctica del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial de anular los procedimientos para la selección de los presidentes de los tribunales y de nombrar a presidentes interinos de los tribunales sin la aprobación del Consejo Nacional del Poder Judicial. El presidente de la ONPJ ha proseguido la práctica de cancelar, en un número de casos cada vez mayor y a menudo sin suficientes explicaciones, los procedimientos de selección de los presidentes de los tribunales y otros gestores de órganos jurisdiccionales, incluso cuando había solicitantes adecuados apoyados por sus homólogos. El Consejo Nacional del Poder Judicial ya había criticado esta práctica en el marco del mandado del anterior presidente de la ONPJ. Durante el último año, la selección de los presidentes de los tribunales se retrasó en repetidas ocasiones debido a la pandemia de COVID-19; como resultado, las plazas vacantes permanecieron vacías o fueron cubiertas por el presidente de la ONPJ de manera temporal, o se amplió el mandato de los gestores de órganos jurisdiccionales mediante legislación. Los presidentes de los tribunales ejercen competencias que son pertinentes para las perspectivas profesionales de los jueces. Dado que el primer nombramiento de los jueces se limita a tres años, la continuación de su carrera judicial depende de una evaluación de su idoneidad para el cargo judicial, para lo cual el presidente del tribunal debe evaluar su actividad judicial. Si se considera que los jueces son aptos, el presidente del tribunal solicita al presidente de la ONPJ que recomiende que el presidente de la República los nombre por tiempo ilimitado. Si se considera que no son aptos, deben abandonar el cargo al final de su nombramiento inicial. Los resultados de la evaluación pueden impugnarse ante el Tribunal de la Función Pública, el cual no puede adoptar medidas provisionales para prevenir la interrupción de la carrera judicial durante la revisión de la evaluación. Asimismo, cada tres años, el presidente del tribunal y el presidente de la ONPJ pueden reasignar a los jueces, sin su consentimiento, a otro órgano jurisdiccional por un período de hasta un año, aunque en la práctica no han recurrido a esta opción desde 2012. Se han planteado preocupaciones con respecto al impacto de esta competencia en la inamovilidad de los jueces. El aumento gradual de los salarios de los jueces y los fiscales continúa. El aumento de los salarios judiciales indicado en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 continuó según lo previsto en la legislación ómnibus de 2019 y se espera que contribuya a mejorar la independencia judicial. En la primera fase, a partir de enero de 2020, los salarios aumentaron, por término medio, un 32 % y en la segunda fase, a partir de enero de 2021, un 12 %. Un aumento adicional del 13 % está previsto para 2022. Sin embargo, subsiste la preocupación con respecto al sistema de primas y la competencia de las autoridades que gestionan a los tribunales de conceder primas a los jueces de forma discrecional, sin criterios objetivos y transparentes. Persiste la preocupación con respecto a algunos elementos de la organización del Ministerio Fiscal. Tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el Ministerio Fiscal está organizado en una estructura estrictamente jerárquica. Si bien la independencia del Ministerio Fiscal está consagrada en la legislación, algunos elementos del marco jurídico llevaron al GRECO a emitir recomendaciones para revisar las normas para la designación del fiscal general a fin de proteger a la oficina de la influencia política. Si bien se ha aplicado la mayoría de las recomendaciones del GRECO relacionadas con el Ministerio Fiscal, algunas aún no se han abordado. Este es el caso de la recomendación de eliminar la posibilidad de que el fiscal general permanezca en el cargo tras la expiración de su mandato. También es el caso de la recomendación del GRECO de que las situaciones en que un fiscal superior se hace cargo de un asunto de un fiscal subordinado se guíen por criterios estrictos y de que tales decisiones se justifiquen por escrito. El GRECO recomendó asimismo mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de los procedimientos disciplinarios contra los fiscales; el GRECO continúa preocupado por que siga siendo el fiscal superior directo quien decide sobre el fondo del asunto, en lugar de un organismo imparcial. La plena aplicación de estas recomendaciones tendría un impacto positivo en el marco de lucha contra la corrupción. Calidad En general, la digitalización del sistema judicial es alta. Hungría continúa ocupando un puesto muy alto en materia de soluciones digitales para la incoación y el seguimiento de procedimientos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos, soluciones digitales para la sustanciación y el seguimiento de procedimientos judiciales en materia penal, y el acceso en línea por parte del público en general a las sentencias publicadas. Además, Hungría tiene muy buenos resultados en relación con el fomento del uso de métodos de resolución alternativa de litigios y con los incentivos para ello. Sin embargo, existen preocupaciones con respecto al nivel de inclusividad del régimen de asistencia jurídica gratuita, y las tasas judiciales en asuntos mercantiles siguen siendo elevadas. Podría ponerse más formación en materia de comunicación a disponibilidad de los jueces. El funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se adaptó durante la pandemia de COVID-19. Ya existían soluciones digitales (por ejemplo, un sistema de vistas a distancia) cuando ocurrió el brote de la pandemia. El uso de herramientas (de videoconferencia) para llevar a cabo vistas a distancia durante la pandemia se ha generalizado y ha dotado de mayor eficiencia a algunos procedimientos judiciales. Algunos procedimientos judiciales se han simplificado. El 8 de marzo de 2021, el Gobierno introdujo cambios a las normas de procedimiento, destinados a facilitar el funcionamiento del sistema judicial durante el «estado de alarma». Eficiencia

La eficiencia en los asuntos civiles y contencioso-administrativos sigue siendo elevada. De acuerdo con el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021, Hungría obtiene muy buenos resultados con respecto al tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia y en todas las instancias judiciales; el número de asuntos contencioso-administrativos pendientes en los tribunales de primera instancia; y el número de asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos pendientes y otros asuntos. Hungría también tiene un buen desempeño en relación con el tiempo estimado necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles en primera instancia, y la tasa de resolución de los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y otros. A partir del 9 de julio de 2020, nuevas normas de procedimiento permiten el uso de procedimientos acelerados en los asuntos relacionados con demandas civiles de víctimas de un delito. Se están desarrollando recursos eficaces en casos de procedimientos excesivamente prolongados. La ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Gazsó/Hungría aún no ha finalizado y Hungría sigue bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa a este respecto. El 15 de junio de 2021, el Parlamento adoptó una nueva ley que, a partir de 2021, introduce un recurso compensatorio limitado a los procedimientos civiles excesivamente prolongados. II.Marco de lucha contra la corrupción El Servicio Nacional de Protección (NVSZ), bajo la supervisión del Ministerio del Interior, coordina las actividades de lucha contra la corrupción en Hungría y también es responsable de la prevención de la delincuencia dentro de la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad y otras agencias gubernamentales. La investigación y el enjuiciamiento de la corrupción en el sector público son competencia exclusiva de la División de Investigación de la Oficina de Investigación de la Fiscalía General Central y sus cinco oficinas regionales. El Ministerio Fiscal cuenta con el apoyo de las fuerzas de investigación de la policía y del Servicio Nacional de Protección. La Oficina Estatal de Auditoría dispone de competencias para controlar la gestión financiera de los fondos públicos y la auditoría de partidos políticos. Los expertos y los ejecutivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo alto. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Hungría obtiene una puntuación de 44/100 y ocupa el puesto n.º 19 de la Unión Europea y el n.º 69 a nivel mundial. Esta percepción ha disminuido significativamente en los últimos cinco años. Se introdujeron algunas revisiones en la legislación penal para abordar el soborno en el extranjero y los pagos informales en el sector sanitario. Tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, los delitos pertinentes relacionados con la corrupción se penalizan. En respuesta a una recomendación de la OCDE, una modificación del Código Penal entró en vigor el 1 de enero de 2021. Se modifica la definición de «funcionario público extranjero» a fin de aclarar que esta incluye a los cargos de empresas públicas extranjeras. Asimismo, introduce sentencias más estrictas para los pagos de facilitación. Las disposiciones relativas al cohecho también se modificaron para incluir la ventaja indebida de los profesionales sanitarios, limitando así la posibilidad de pagos informales («gratitud») en el sector sanitario y hacer de la promesa o la concesión de ventajas indebidas por la prestación de servicios sanitarios un delito subsidiario. Está en curso la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción para 2020-2022 y de un plan de acción específico. Tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el alcance del marco estratégico de lucha contra la corrupción se limita al fomento de la integridad en la Administración pública. La Estrategia, adoptada en junio de 2020, prevé medidas como: la introducción y el desarrollo de soluciones electrónicas para aumentar la transparencia (por ejemplo, un sistema de toma de decisiones automatizadas), el seguimiento de los riesgos para la integridad, la formación en materia de integridad para los funcionarios y la formación especializada en materia de lucha contra la corrupción para los cuerpos y fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales. Otros ámbitos pertinentes, tales como la financiación de los partidos políticos, la declaración de bienes, las actividades de los grupos de presión y las disposiciones sobre las «puertas giratorias», están cubiertos por instrumentos específicos. Sin embargo, dado que no están incluidos en la Estrategia, las deficiencias no se abordan de manera coordinada. Del mismo modo, aún quedan por abordarse los riesgos relacionados con el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo en la Administración pública de alto nivel o aquellos que surgen de la interfaz entre las empresas y los agentes políticos. Persisten algunos desafíos en relación con la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel. El marco jurídico garantiza las condiciones para unas investigaciones y unos enjuiciamientos eficientes, y la policía y el Ministerio Fiscal informan de unos niveles adecuados de recursos y especialización para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, los fiscales ponen de relieve dificultades a la hora de detectar la corrupción y obtener pruebas en tales casos. Los procedimientos penales por delitos de corrupción se incoan principalmente sobre la base de las actividades de investigación penal de las autoridades investigadoras. La mayoría de los casos investigados son detectados por el Servicio Nacional de Protección. Las notificaciones de las autoridades administrativas y las posibles irregularidades señaladas a través de herramientas preventivas (por ejemplo, declaraciones de bienes, canales de comunicación para los denunciantes de irregularidades, información de diversos registros) desempeñan un papel relativamente menor en las investigaciones penales, y los mecanismos de control independientes siguen siendo insuficientes para detectar la corrupción. Tal como se indicó el año pasado, los mecanismos de control independientes deficientes y las estrechas interconexiones entre la política y algunas empresas nacionales propician la corrupción. Según los datos del Ministerio Fiscal, la tasa de acusaciones de casos de corrupción investigados por la Fiscalía en general es muy alta (86,5 %). Desde 2020, se han abierto algunos casos nuevos de alto nivel en los que hay políticos implicados; sin embargo, los resultados de las investigaciones de acusaciones relacionadas con funcionarios de alto nivel y su círculo inmediato siguen siendo limitados, tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. La plena aplicación de las recomendaciones del GRECO en relación con el funcionamiento eficaz de la Fiscalía reforzaría aún más el marco de lucha contra la corrupción. Las autoridades siguen considerando las pruebas de integridad como una medida disuasoria eficaz contra el comportamiento corrupto, y estas han dado lugar a la apertura de diversos asuntos penales relacionados con la corrupción menor en el período del informe. A partir del 1 de enero de 2021, entró en vigor una nueva modificación de la Ley relativa a las fuerzas policiales, la cual amplía el alcance del personal que puede someterse a pruebas de integridad más allá de las fuerzas policiales. Por consiguiente, todo el personal de los organismos presupuestarios bajo la supervisión del Gobierno y los miembros del Gobierno ahora pueden someterse a pruebas de integridad. Hungría cuenta con un amplio sistema de declaración de bienes; sin embargo, subsiste la preocupación con respecto a la falta de comprobaciones sistemáticas y la supervisión insuficiente de las declaraciones de bienes e intereses. El sistema implantado exige que los parlamentarios, los funcionarios gubernamentales y los funcionarios públicos declaren sus bienes e intereses. Sin embargo, subsiste la preocupación con respecto a la falta de control sistemático. La verificación de las declaraciones de bienes solo se realiza previa notificación de sospechas y corresponde al empleador del funcionario público o al Comité Parlamentario de Inmunidad en el caso de las declaraciones de los parlamentarios y los funcionarios gubernamentales de alto rango. El Comité informó de que, en los últimos cinco años, de las dieciséis notificaciones presentadas para verificación, quince fueron desestimadas por no estar justificadas. En el caso restante, la persona afectada corrigió su declaración de bienes y pasivos y no se incoó el procedimiento. Tal como se informó el año pasado, las sospechas de un incremento injustificado de la riqueza pueden dar lugar a un procedimiento de verificación realizado por la Autoridad fiscal y aduanera nacional. Sin embargo, la Autoridad fiscal solo puede incoar tal procedimiento si las autoridades de investigación también han puesto en marcha investigaciones penales, lo cual restringe la posibilidad de realizar verificaciones independientes. A raíz de una modificación de las normas pertinentes, los parlamentarios deben declarar al presidente del Parlamento cualquier conflicto de intereses o incompatibilidad, tras lo cual están sujetos a ciertas restricciones a la espera de la resolución de la situación. Sin embargo, las declaraciones de intereses y la información sobre cualquier seguimiento no están a disposición del público. La cuestión de la supervisión efectiva, la verificación y el cumplimiento de las normas de conducta, los conflictos de intereses y las declaraciones de bienes de los parlamentarios fue objeto de varias recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), las cuales se han aplicado parcialmente. La reglamentación de la actividad de los grupos de presión continúa estando incompleta y carece de una aplicación sistemática. No hay un registro obligatorio de los grupos de presión ni una divulgación de informes de contacto. En virtud de un Decreto gubernamental de 2013, los empleados de los órganos de la Administración del Estado solo pueden reunirse con los representantes de intereses en relación con su trabajo tras informar a sus superiores, quienes pueden prohibir la reunión. Las reuniones con los representantes de intereses deben documentarse, pero no hay ninguna obligación de hacerlas públicas. El GRECO ha recomendado un conjunto claro de normas para la interacción con los grupos de presión en relación con los parlamentarios. Siguen faltando normas claras con respecto a las puertas giratorias y los períodos de incompatibilidad. Aunque tanto el Código de Trabajo como la legislación específica aplicable a los funcionarios públicos contienen cláusulas de confidencialidad. En la práctica, estas normas no se aplican, ya que el Gobierno aún debe especificar los sectores y los cargos en los que se aplica una clara restricción temporal para que los funcionarios públicos emprendan una carrera empresarial en el ámbito en el que estuvieron activos. La financiación de los partidos en Hungría sigue siendo motivo de preocupación. La Oficina Estatal de Auditoría se encarga de supervisar la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos públicos y controla la legalidad de la gestión financiera de los partidos políticos. Como también ha señalado el GRECO, si bien se han adoptado algunas medidas para garantizar que los registros financieros de los partidos políticos sean transparentes y estén actualizados, para aclarar las fuentes de ingresos de los partidos y los períodos de campaña, así como para garantizar un control más a fondo, sigue habiendo preocupaciones generales en cuanto a la transparencia de la financiación de los partidos. Existe un marco regulador para la protección de los denunciantes de irregularidades y se necesitan medidas adicionales para reforzar la protección en la práctica. La Ley de protección de los denunciantes de irregularidades garantiza el anonimato de estos y facilita la presentación de denuncias de forma electrónica. Las declaraciones de interés público son investigadas por las instituciones afectadas y su respuesta con el resultado de la investigación debe cargarse al registro electrónico. No se pueden exigir responsabilidades a los denunciantes por sus informes, salvo que se constate que han hecho una denuncia falsa de manera intencionada. El Comisario de Derechos Fundamentales actúa como canal de notificación y gestiona la plataforma electrónica, pero solo tiene competencias limitadas con respecto a los informes de los denunciantes de irregularidades. La OCDE reconoció los aspectos positivos del marco regulador, pero planteó dudas en cuanto a la eficacia de la protección de los denunciantes. La reducción del ámbito de aplicación de la normativa sobre contratación pública ha agudizado el riesgo de corrupción. Una nueva ley adoptada el 27 de abril de 2021 derogó un requisito específico de la legislación en materia de contratación pública, por lo que los fideicomisos establecidos por el Estado, así como las personas jurídicas gestionadas por ellos, quedaron fuera del ámbito de aplicación explícito de la normativa sobre contratación en relación con las contrataciones financiadas con fondos de la Unión Europea. Además, la misma ley elimina las normas destinadas a prevenir los conflictos de intereses, con lo que los titulares de cargos públicos pueden participar en el consejo de administración de dichos fideicomisos. Se completaron varias investigaciones de la OLAF con el apoyo del AFCOS húngaro (servicio de coordinación antifraude). En los últimos años, el número de acusaciones tras las recomendaciones judiciales de la OLAF fue mayor en Hungría que la media de la UE. Sin embargo, a pesar de las repetidas solicitudes, las autoridades húngaras aún no han comunicado una autoridad encargada de prestar asistencia a la OLAF durante sus controles sobre el terreno si un agente económico sujeto a un control se niega a cooperar. Además, se señala que, en el ámbito de la gestión compartida, las autoridades húngaras con frecuencia retiran proyectos de la financiación de la UE cuando la OLAF emite una recomendación financiera o, a veces, cuando las autoridades tienen conocimiento de que se ha abierto una investigación de la OLAF. Asimismo, parece que las cantidades adeudadas no se recuperan sistemáticamente del agente económico que cometió la irregularidad o el fraude. En tales casos, la subvención de la UE simplemente se sustituye por fondos nacionales, lo cual tiene un impacto negativo en el efecto disuasorio de una investigación de la OLAF e implica mayores riesgos para el presupuesto nacional. Durante el período 2016-2020, Hungría cerró treinta y dos investigaciones de la OLAF con una recomendación financiera en los dos ámbitos principales de gestión compartida. Las autoridades reconocieron que la pandemia de COVID-19 puede construir al aumento de los riesgos de corrupción, pero no consideró necesario adoptar medidas específicas. Las partes interesadas manifestaron su preocupación en el ámbito de la contratación pública, en el que las excepciones a las normas sobre contratación y las adjudicaciones directas, junto con las deficiencias en el acceso a la información, aumentan el riesgo de corrupción, y plantearon interrogantes con respecto a la compra de equipos médicos a través de empresas intermediarias. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación La Ley Fundamental de Hungría y la legislación sectorial, especialmente la Ley de medios de comunicación y la Ley de Libertad de Prensa , proporcionan un marco jurídico para la protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La Ley de Libertad de Prensa estipula que la libertad de la prensa conlleva la independencia del Estado y de cualquier organización y grupo de interés. El derecho de acceso a la información pública está reconocido por la Ley Fundamental y se expresa en la Ley de libertad de información . Mediante la Ley de medios de comunicación se establece la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones (la Autoridad de los medios de comunicación), cuyo órgano decisorio es el Consejo de los medios de comunicación . En 2019, se adoptó legislación para armonizar la legislación húngara con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual .

Persiste la preocupación con respecto a la independencia y la eficacia del Consejo de los medios de comunicación y la Autoridad de los medios de comunicación. La Ley LXIII de 2019, que transpone la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, reforzó algunas disposiciones relacionadas con los recursos y la transparencia del funcionamiento de la Autoridad . La Autoridad tiene autonomía presupuestaria y presenta informes anuales al Parlamento. Este órgano emplea a 650 personas. El órgano decisorio de la Autoridad de los medios de comunicación, el Consejo de los medios de comunicación, está formado por un presidente y cuatro miembros elegidos por el Parlamento. Si bien las normas de nombramiento, que se han mantenido inalteradas desde el informe del año pasado, favorecen el consenso político en la designación de los miembros del Consejo de los medios de comunicación , en la práctica, han conducido a que el partido gobernante nombre a todos los miembros. Algunas decisiones del Consejo de los medios de comunicación se han sumado a las inquietudes con respecto a su independencia efectiva. El Media Pluralism Monitor 2021 confirma su valoración anterior de que, si bien la Ley de medios de comunicación garantiza formalmente la independencia de la Autoridad de los medios de comunicación, los procedimientos de nombramiento no proporcionan las garantías jurídicas adecuadas para la independencia, y registra una vez más un riesgo medio para Hungría en términos de independencia y eficacia de la Autoridad de los medios de comunicación. El pluralismo de los medios de comunicación se ha deteriorado aún más en Hungría. Tras el establecimiento del conglomerado de medios de comunicación «KESMA» en noviembre de 2018, la Autoridad de los medios de comunicación hasta la fecha no ha intentado examinar su impacto en la pluralidad y la diversidad del mercado húngaro de los medios de comunicación. Según las partes interesadas, si bien una amplia gama de medios de comunicación sigue operando en Hungría, la diversidad del mercado de los medios de comunicación se ve negativamente afectada por la concentración de la propiedad en manos de unos cuantos empresarios progubernamentales y la falta resultante de independencia editorial. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa húngaras y europeas, así como la sociedad civil, han expresado su preocupación con respecto a la negativa del Consejo de los medios de comunicación a renovar la licencia de difusión de la emisora de radio independiente Klubrádió, sobre la base del presunto incumplimiento por parte de la emisora de algunas obligaciones administrativas. Esto ha conducido al cierre de la emisora. El 17 de junio de 2021, el Kúria confirmó la decisión del Consejo de los medios de comunicación. El 9 de junio de 2021, la Comisión puso en marcha un procedimiento de infracción contra Hungría en relación con este asunto. El Media Pluralism Monitor 2021 confirma la calificación de alto riesgo del año pasado con respecto a la concentración de los medios de comunicación a la luz de la creación y el funcionamiento del KESMA, y debido a la absorción económica del sitio de noticias independiente Index.hu por parte de intereses progubernamentales . La transparencia de la propiedad de los medios de comunicación aún no está plenamente garantizada. El marco jurídico actual contiene normas de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación solo en casos específicos, y actualmente no hay planes para modificarlo. Si bien algunos datos sobre la propiedad están disponibles en los registros nacionales, en el registro mercantil solo se puede acceder libremente a la información básica sobre la propiedad de las empresas. El Media Pluralism Monitor 2021 continúa clasificando la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación como de alto riesgo. La asignación de la publicidad estatal sigue permitiendo al Gobierno ejercer una influencia política indirecta sobre los medios de comunicación. Tal como se informó el año pasado, no existe ninguna legislación que regule la distribución de la publicidad estatal. El Media Pluralism Monitor 2021 destaca que el Estado es el mayor anunciante en Hungría y gasta aproximadamente un tercio de los ingresos publicitarios totales del mercado. Los datos revelan que, en 2020, el Estado húngaro aumentó su gasto en publicidad un 13,8 % durante 2019, y el 85 % de esos ingresos se destinaron a empresas de medios de comunicación progubernamentales. Esta situación permite controlar tanto los medios de comunicación progubernamentales como algunos medios de comunicación independientes, lo cual lleva al Media Pluralism Monitor 2021 a considerar que la independencia editorial muestra el mayor nivel de riesgo (92 %) en el país. Aunque no se establecieron programas de apoyo a los medios de comunicación para contrarrestar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre tales medios, la Autoridad de medios de comunicación eximió a los prestadores de servicios de comunicación lineal comerciales del pago de la tasa trimestral por la prestación de servicios de comunicación durante la primera mitad de 2021. El acceso a la información pública se restringió mediante medidas de emergencia introducidas durante la pandemia de COVID-19. Las disposiciones de la Ley de libertad de información no han cambiado; estas establecen que todo «órgano que desempeñe funciones públicas» debe facilitar el acceso a los datos de interés público bajo su control si se solicita, a reserva de las excepciones estipuladas en esa Ley . El plazo reglamentario para tramitar tales solicitudes es de quince días, que pueden prorrogarse por quince días. Sin embargo, durante la pandemia, el Gobierno emitió un decreto que permite a las autoridades públicas demorar la facilitación del acceso a los documentos públicos hasta por noventa días cuando se considere que tal suministro de información «pone en peligro el cumplimiento de los deberes de la institución pública en relación con el estado de alarma». El 13 de abril de 2021, el Tribunal Constitucional dictaminó que, si bien las nuevas disposiciones están en consonancia con la Ley Fundamental, las excepciones a los plazos normales deben limitarse a los casos en que la tramitación de la solicitud impediría al titular de la información pública realizar tareas relacionadas con contrarrestar la pandemia y deben justificarse debidamente por escrito. Las partes interesadas señalaron que, en la práctica, las autoridades a menudo abusaban de esta excepción, lo cual tenía repercusiones importantes para los periodistas independientes en particular, quienes, según se informa, no podían obtener un acceso oportuno a los datos sobre el gasto público o las vacunas. Esto agravó aún más la situación de los medios de comunicación independientes que tienen dificultades para acceder a la información de manera oportuna. Las deficiencias en el acceso a la información pública notificadas el año pasado, incluso en relación con el cobro de tasas, continúan siendo un problema también para la prevención de la corrupción. Dado que la novena enmienda a la Ley Fundamental introdujo una definición restrictiva de «fondos públicos», las partes interesadas han planteado interrogantes sobre las posibles consecuencias respecto de la restricción del acceso a la información pública relacionada con las empresas públicas y los fideicomisos de interés público. Los periodistas y los medios de comunicación continúan enfrentándose a diversas amenazas en Hungría. Según las partes interesadas, los periodistas que trabajan para medios de comunicación independientes son objeto de narrativas negativas por parte de los medios de comunicación progubernamentales y los representantes del Gobierno. Las partes interesadas señalan que las periodistas se encuentran en una situación más difícil; algunas también informan de acoso en línea por motivos de género. Los órganos jurisdiccionales siguieron ordenando medidas cautelares que prohíben la difusión de revistas. Desde octubre de 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha publicado cinco alertas adicionales en relación con Hungría. Estas se referían, respectivamente, a: la destitución del antiguo editor del portal de noticias en línea Index.hu antes de su absorción; las instrucciones emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio para las embajadas en los Estados miembros de la UE de proporcionar información relacionada con los viajes profesionales realizados por los periodistas húngaros; un requerimiento emitido por un tribunal civil que impedía a un periódico semanal la publicación de un artículo sobre una empresa y sus propietarios por motivos de protección de datos; el interrogatorio policial de dos periodistas que publicaron artículos sobre una figura pública y la denegación del Consejo de los medios de comunicación húngaros antes mencionada de renovar la licencia de radio de Klubrádió. En 2021, la plataforma publicó una alerta relacionada con lo que esta denominó una «invectiva de insultos» contra un periodista austriaco por parte de la empresa pública de radiodifusión húngara. IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Hungría es una república parlamentaria con un Parlamento unicameral (Asamblea Nacional). El Parlamento, entre otras cosas, adopta y modifica la Ley Fundamental de Hungría, legisla, elige al primer ministro y, por mayoría de dos tercios, a los funcionarios públicos de más alto rango del país. El presidente de la República es elegido por el Parlamento. Hay varias instituciones encargadas de actuar como contrapeso a las competencias del poder legislativo y ejecutivo, y de garantizar el respeto del ordenamiento constitucional, incluido el Tribunal Constitucional, la Oficina Estatal de Auditoría y el Defensor del Pueblo («Comisario de Derechos Fundamentales»). Además del Gobierno, el presidente de la República y las comisiones parlamentarias, cualquier parlamentario puede presentar un proyecto de ley. Los cambios frecuentes y repentinos de la legislación siguen socavando la previsibilidad del entorno normativo. Las partes interesadas informaron de que el ritmo de la legislación se ha acelerado aún más en comparación con años anteriores. Según las partes interesadas, las consultas, de haberlas, son puramente formales. Esto plantea interrogantes en cuanto a la seguridad jurídica y la calidad de la legislación. Los breves períodos de tiempo entre la adopción y la entrada en vigor de normas que cambian con frecuencia no siempre permiten preparar adecuadamente su aplicación. Durante el período de referencia, el Gobierno declaró un nuevo «estado de alarma» en respuesta a la pandemia de COVID-19. El 18 de junio de 2020, el Gobierno puso fin al primer «estado de alarma». De conformidad con las normas constitucionales vigentes, la duración del nuevo «estado de alarma» introducido el 4 de noviembre de 2020 no está predefinida, y el Gobierno tiene poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin. Las medidas de emergencia (Decretos gubernamentales) adoptadas en virtud de este régimen pueden anular cualquier ley y permanecer en vigor durante quince días, salvo que el Parlamento autorice su prórroga. El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento autorizó que el Gobierno prorrogara la aplicabilidad de las medidas de emergencia por noventa días. El 8 de febrero de 2021, el Gobierno puso fin al «estado de alarma» y volvió a declararlo el mismo día. De esta manera, las medidas de emergencia podían seguir en vigor sin aprobación parlamentaria durante un período de quince días. El 22 de febrero de 2021, el Parlamento autorizó que el Gobierno prorrogara la aplicabilidad de las medidas de emergencia por noventa días. El 18 de mayo de 2021, el Parlamento prorrogó la autorización hasta «el 15.º día posterior a la fecha de apertura de la sesión de otoño de 2021». Sigue existiendo preocupación con respecto a las normas actuales sobre el «estado de alarma» y las medidas de emergencia. A pesar de una recomendación específica para el país en el marco del Semestre Europeo de 2020, continuaron las interferencias con las actividades empresariales y la estabilidad del entorno normativo, y algunas medidas de emergencia plantean interrogantes en cuanto a su necesidad y proporcionalidad. El Tribunal Constitucional siguió controlando la constitucionalidad de determinadas medidas de emergencia. Una modificación de la Constitución limitará las competencias del Gobierno en relación con el régimen del «estado de alarma». El 15 de diciembre de 2020, el Parlamento aprobó la novena enmienda a la Ley Fundamental. No se llevó a cabo ninguna consulta previa de las partes interesadas. La enmienda modifica significativamente las normas relativas al régimen especial del ordenamiento jurídico (incluido el «estado de alarma») a partir del 1 de julio de 2023. Reduce los tipos de ordenamientos jurídicos especiales de seis a tres: estado de guerra, estado de emergencia y estado de alarma. La modificación no afecta a la norma actual que establece que, en virtud de un ordenamiento jurídico especial, no puede suspenderse la aplicación de la Ley Fundamental y no puede restringirse el funcionamiento del Tribunal Constitucional. En caso de estado de alarma, el Parlamento tendrá el control primordial del mantenimiento del ordenamiento jurídico especial. El Gobierno podrá declarar un «estado de alarma» por un período de treinta días y solo podrá prorrogarlo previa autorización del Parlamento. Estas nuevas normas aumentarán la supervisión por parte del Parlamento. Se ampliaron las competencias del Comisario de Derechos Fundamentales y se plantearon preguntas sobre su independencia. El 20 de noviembre de 2020, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por la fusión de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la Oficina del Comisario de Derechos Fundamentales, recordando que seguían existiendo dudas sobre el proceso de nombramiento del titular y sobre la idoneidad de los esfuerzos de la institución para abordar todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y hablar de un modo que promueva y proteja todos los derechos humanos. La institución nacional de derechos humanos fue acreditada con la categoría «A» en octubre de 2014. En octubre de 2018, el Subcomité de Acreditación de las Naciones Unidas (SCA) de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) decidió aplazar su decisión sobre la renovación de su acreditación. El SCA está examinando al Comisario de Derechos Fundamentales. A partir de enero de 2021, la nueva legislación integró a la Autoridad para la Igualdad de Trato en la Oficina del Comisario para los Derechos Fundamentales. En el ejercicio de sus funciones especificadas en la Ley sobre igualdad de trato, la Oficina del Comisario de Derechos Fundamentales actúa como autoridad administrativa. El Comisario también puede iniciar la revisión de las leyes por parte del Tribunal Constitucional. Según el Derecho de la UE, los organismos para la igualdad «podrán formar parte de los órganos encargados a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos de las personas». De conformidad con el marco jurídico pertinente, el Comisario de Derechos Fundamentales será independiente, estará subordinado únicamente a las leyes y no podrá recibir instrucciones relativas a sus actividades. A este respecto, el Gobierno sostiene que el poder ejecutivo no tiene ninguna influencia en la manera en que el Comisario lleva a cabo sus actividades. Sin embargo, las partes interesadas han expresado su preocupación respecto del funcionamiento independiente y eficaz del Comisario. Se ha expresado preocupación acerca del papel del Tribunal Constitucional en la revisión de las resoluciones judiciales definitivas. Tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, a raíz de una modificación legislativa, las autoridades administrativas pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional una resolución judicial que ya haya adquirido carácter definitivo si vulnera sus derechos y restringe sus facultades en virtud de la Ley Fundamental. En el último año, las autoridades públicas han recurrido ante el Tribunal Constitucional algunas sentencias definitivas que las afectan, dictadas por tribunales ordinarios. Esta posibilidad de revisión plantea dudas, sobre todo en relación con la seguridad jurídica. Además, aunque no forma parte del sistema judicial, el Tribunal Constitucional que conoce de los recursos de inconstitucionalidad decide sobre el fondo del asunto y ha sido calificado como «órgano jurisdiccional de cuarta instancia», y actúa del mismo modo que los tribunales de apelación ordinarios. En este contexto, se recuerda que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Parlamento con una mayoría de dos tercios, sobre la base de criterios generales de admisibilidad. Las organizaciones de la sociedad civil que critican al Gobierno siguen estando bajo presión. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el procedimiento de infracción incoado contra Hungría por la Comisión, el 18 de mayo de 2021, el Parlamento aprobó una nueva ley por la que se deroga la Ley relativa a la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil financiadas con fondos extranjeros que infringía el Derecho de la Unión. La misma ley introdujo nuevas normas que exigen a la Oficina Estatal de Auditoría llevar a cabo controles de legalidad de las cuentas de las organizaciones de la sociedad civil cuyo balance anual total supere un importe determinado. Actualmente están en curso procedimientos de infracción en relación con la legislación que penaliza la organización de la asistencia ofrecida por personas en nombre de organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales a las personas que deseen solicitar asilo. Se sigue aplicando otra ley por la que se introduce un impuesto especial de inmigración del 25 % aplicable al apoyo financiero a organizaciones que lleven a cabo «actividades que faciliten la inmigración», la cual también suscitó preocupación. El Gobierno y los medios de comunicación progubernamentales siguen utilizando una retórica hostil contra las organizaciones de la sociedad civil que adoptan una postura crítica con respecto al Gobierno. El espacio cívico en Hungría se clasifica como «obstruido». Según el Gobierno, el Fondo Nacional de Cooperación y el sistema de donaciones del 1 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas son instrumentos de financiación destinados a apoyar el funcionamiento y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, según las partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil siguen estando infrafinanciadas, en particular si son críticas con el Gobierno. La novena enmienda a la Ley Fundamental (15 de diciembre de 2020) introdujo una mayoría cualificada en el Parlamento para modificar las normas relativas a los fideicomisos de interés público que ejercen funciones públicas. Una nueva ley adoptada el 27 de abril de 2021 ha creado un marco jurídico para el funcionamiento de estos fideicomisos. Los consejos de administración incluyen a actuales ministros y secretarios de Estado. Algunas partes interesadas han expresado su preocupación respecto de la donación de activos públicos a estas entidades privadas, teniendo también en cuenta la composición de los consejos de administración. Esta evolución se produce en el contexto de la inseguridad jurídica señalada anteriormente por lo que se refiere a la aplicabilidad a dichos fideicomisos de las normas sobre contratación pública y sobre el acceso a la información pública. La Comisión de Venecia reconoció que la nueva definición no libera a las entidades privadas que gestionan fondos públicos de sus obligaciones de rendición de cuentas, pero advirtió del riesgo de eliminar los fondos y las funciones públicos del control democrático, teniendo también en cuenta la nueva definición de fondos públicos. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Alapjogokért Központ (2021), Aportación de Alapjogokért Központ al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Amnistía Internacional Hungría, Instituto Eötvös Károly, Unión Húngara por las Libertades Civiles, K-Monitor, Mérték Media Monitor, Political Capital y Transparencia Internacional Hungría (2021), Aportación de Amnistía Internacional Hungría, el Instituto Eötvös Károly, la Unión Húngara por las Libertades Civiles, K-Monitor, Mérték Media Monitor, Political Capital y Transparencia Internacional Hungría al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media pluralism monitor 2021 – Report on Hungary [Informe sobre Hungría]. Unión por las Libertades Civiles en Europa (2021), Aportación de la Unión por las Libertades Civiles en Europa al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Comité para la Protección de Periodistas (2021), Aportación del Comité para la Protección de Periodistas al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Consejo de la Abogacía Europea (2021), Aportación del Consejo de la Abogacía Europea al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (2020), Declaración de la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, de 20 de noviembre de 2020 ( https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-hungary-s-parliament-to-postpone-the-vote-on-draft-bills-that-if-adopted-will-have-far-reaching-adverse-effects-on-human-rights-in- ). Asociación Europea de Jueces (2021), Aportación de la Asociación Europea de Jueces al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (2021), Declaración del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación de 15 de marzo de 2021 ( https://www.ecpmf.eu/hungaryon-national-day-new-hope-that-klubradio-may-return-to-airwaves/ ). Foro Cívico Europeo (2021), Aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Hungría. Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2021), Informe de la OLAF de 2021. Federación Europea de Periodistas (2021), Aportación de la Federación Europea de Periodistas al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Red Europea de Consejos del Poder Judicial (2020), Carta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial a la Comisión Europea de 27 de octubre de 2020 ( https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/News/Letter%20ENCJ%20RoL%20Hungary%20EC%2027%20October%202020.pdf ). Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2021), Aportación de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Gobierno de Hungría (2021), Datos aportados por Hungría al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. GRECO (2019), Third Evaluation Round – Second Addendum to the Second Compliance Report on Hungary – Transparency of Party Funding [Tercera ronda de evaluación – Segunda adenda del Segundo informe de cumplimiento sobre Hungría – Transparencia de la financiación de los partidos]. GRECO (2020), Fourth Evaluation Round – Second Interim Compliance Report on Hungary – Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors [Cuarta Ronda de Evaluación – Segundo informe intermedio de cumplimiento sobre Hungría – Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales]. Sociedad Háttér (2021), Aportación de la Sociedad Háttér al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Instituto Internacional de la Prensa (2021), Aportación del Instituto Internacional de la Prensa al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. K-Monitor y Transparencia Internacional Hungría (2021), Aportación de K-Monitor y Transparencia Internacional Hungría al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Presidente del Kúria (2021), Aportación del presidente del Kúria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. OCDE (2019), Implementing the OECD Anti Bribery Convention – Phase 4 Report: Hungary.

Ökotárs - Fundación Húngara de Asociación Ambiental (2021), Aportación de Ökotárs, Fundación Húngara de Asociación Ambiental, al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Századvég (2021), Aportación de Századvég al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados (2021), Carta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados, de 15 de abril de 2021. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26371 Comisión de Venecia (2021), Dictamen sobre las modificaciones constitucionales aprobadas por el Parlamento húngaro en diciembre de 2020 [CDL(2021)028]. Anexo II: Visitas a Hungría Los servicios de la Comisión celebraron una serie de reuniones virtuales en abril de 2021 con: ·Alapjogokért Központ ·Amnistía Internacional Hungría ·Centro de Investigación Anticorrupción de Budapest ·Foro de redactores jefe (Főszerkesztők Fóruma) ·Departamento de Medios y Comunicación de ELTE ·Instituto de Política Pública Eötvös Károly ·Colegio de Abogados Húngaro ·Unión Húngara por las Libertades Civiles (TASZ) ·Comité Helsinki de Hungría ·Asociación de Jueces Húngaros (MABIE) ·K-Monitor ·Kúria (Tribunal Supremo) ·Mathias Corvinus Collegium

·Mérték Media Monitor ·Ministerio del Interior ·Ministerio de Justicia ·Asociación Nacional de Periodistas Húngaros (MÚOSZ) ·Autoridad Nacional para la Protección de Datos y la Libertad de Información ·Consejo Nacional del Poder Judicial ·Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones ·Oficina Nacional del Poder Judicial ·Nézőpont ·Oficina del Comisario de Derechos Fundamentales ·Oficina del Tribunal Constitucional ·Országgyűlés (Asamblea Nacional) Comisión de Legislación ·Országgyűlés (Asamblea Nacional) Comisión de Inmunidad ·Ministerio Fiscal de Hungría ·Oficina de Contratación Pública ·Oficina Estatal de Auditoría (Számvevőszék) ·Századvég ·Transparencia Internacional Hungría * La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional ·Centro de Derechos Reproductivos ·CIVICUS ·Civil Liberties Union for Europe ·Civil Society Europe ·Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo ·Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe ·Comisión Internacional de Juristas ·Federación Internacional por los Derechos Humanos ·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)