El presente informe no es un resumen exhaustivo de las actividades llevadas a cabo por la Comisión en el ámbito de la política de competencia a lo largo de 2019 (parte I). Como tal, el informe no comprende las medidas adoptadas por la Comisión para respaldar la economía de la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19. Puede encontrarse información adicional y más detallada sobre las actividades descritas en el informe en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto (parte II) y en el sitio web de la Dirección General de Competencia .

La normativa de competencia de la UE contribuye al crecimiento y el desarrollo de unas empresas europeas fuertes, ya se trate de empresas grandes, pequeñas o medianas. No obstante, a escala mundial, las empresas europeas se enfrentan a una serie de retos por lo que respecta a la igualdad de condiciones. Para abordarlos, resultan más adecuados otros instrumentos no enmarcados en la legislación en materia de competencia. La reflexión en curso de la Comisión se centra, particularmente, en determinar en qué medida el conjunto de herramientas de la UE existente puede hacer frente a los efectos de distorsión de las subvenciones extranjeras y la propiedad pública, y qué instrumentos adicionales (o qué combinación de estos) podrían ser necesarios.

En abril de 2019, la Comisión publicó el informe titulado «Competition policy for the digital era» (Política de competencia para la era digital), elaborado por tres consejeros especializados independientes para contribuir al actual proceso de reflexión de la Comisión sobre cómo puede atender mejor la política de competencia a los consumidores europeos en un mundo digital en rápida evolución. En el informe se analizan las principales características de la economía digital —rendimientos de escala extremos de los servicios digitales, externalidades de red y función de los datos—, las cuales han dado lugar al establecimiento de los grandes operadores digitales.

En abril de 2019, la Comisión publicó el informe «Competition policy for the digital era», elaborado por tres consejeros especiales independientes, sobre los futuros retos que planteará la digitalización para la política de competencia.

Por otro lado, en junio de 2019, la Comisión sancionó a Canon , el fabricante de productos ópticos y de obtención de imágenes con sede en Japón, con una multa de 28 millones EUR por ejecutar parcialmente su adquisición de Toshiba Medical Systems Corporation antes de notificarla y ser autorizada por la Comisión (es decir, por la realización anticipada de una operación de concentración). Las normas de la UE sobre concentraciones exigen a las empresas que vayan a fusionarse que notifiquen las operaciones de concentración previstas con una dimensión europea para someterlas a un análisis de la Comisión antes de su ejecución, y que no las ejecuten hasta que no las hayan notificado y la Comisión las haya autorizado.

Gozar de una posición dominante en el mercado como tal no es ilegal según la normativa de la UE en materia de defensa de la competencia, si bien las empresas dominantes tienen la especial responsabilidad de no abusar de su posición de poder restringiendo la competencia en el mercado en que son dominantes o en otros mercados independientes.

La infraestructura digital es un factor clave de la digitalización, por lo que es esencial que la infraestructura de banda ancha apropiada pueda responder a las nuevas necesidades de velocidad, capacidades y calidad digitales muy altas. La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre el Gigabit señala las redes de muy alta capacidad como una de sus prioridades estratégicas. La financiación pública también es necesaria para garantizar que las zonas rurales y alejadas, así como otras zonas carentes de servicios adecuados, puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías para no dejar atrás a ninguna región ni ciudadano. Al mismo tiempo, no puede excluirse la inversión privada, y las distorsiones de la competencia han de reducirse al mínimo.

Por medio de una decisión de medidas cautelares, la Comisión puede ordenar a una empresa que cese y desista de una conducta mientras haya una investigación pendiente. Las medidas cautelares pueden imponerse mientras dure una investigación para evitar que el presunto comportamiento contrario a la competencia ocasione al mercado un perjuicio grave e irreparable que no podría subsanarse con la adopción de la medida final de una investigación de la Comisión. Las medidas cautelares, por lo general, se consideran medidas excepcionales debido a la carga impuesta a una empresa cuya infracción de la normativa vigente aún no se ha constatado. En la mayoría de los casos, una decisión de prohibición con una orden de cese y desistimiento o medidas correctoras es suficiente para restablecer las condiciones de competencia.

El 24 de septiembre de 2019, el Tribunal General emitió sus primeras sentencias respecto a las Decisiones de la Comisión en las que constataba que las resoluciones fiscales concedidas a Starbucks y Fiat constituían ayudas estatales. En el caso de Fiat, el Tribunal General confirmó la Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2015 y coincidió en que la Comisión había aplicado correctamente sus normas sobre ayudas estatales para evaluar si existía una ventaja ilegal y no trataba de armonizar la normativa fiscal en todo el bloque. El Tribunal General también confirmó la conclusión de la Comisión de que la decisión fiscal anticipada de Luxemburgo era selectiva y, por tanto, no estaba a disposición de todas las empresas. En el caso de Starbucks, el Tribunal General anuló la Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2015 al concluir que la Comisión no podía demostrar la existencia de una ventaja en favor de la empresa. En ambos casos, el Tribunal General respaldó el enfoque de la Comisión al aplicar las normas sobre ayudas estatales en asuntos fiscales.

Salvaguardar la igualdad de condiciones para las empresas de forma que compitan en función de sus méritos, también en lo referido a la fiscalidad, aumenta la confianza en el mercado único. Los Estados miembros no pueden conceder ventajas fiscales a grupos multinacionales si dichas ventajas no están disponibles para otras empresas (a menudo empresas locales), ya que ello falsearía gravemente la competencia. Además, privaría al erario público y a los contribuyentes de la UE de fondos muy necesarios para combatir el cambio climático, construir infraestructuras e invertir en innovación.

Asimismo, el 17 de diciembre de 2019, la Comisión incoó un procedimiento de investigación en profundidad para analizar la adquisición propuesta de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd (DSME) por parte de otro grupo de construcción naval, Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH), en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE. La Comisión alberga dudas de que la concentración pueda reducir la competencia en varios mercados mundiales de construcción de buques de carga. La construcción de buques de carga es un destacado sector de la UE. Las empresas europeas de transporte marítimo se incluyen entre los clientes más importantes de DSME y HHIH y representan el 30 % de la demanda mundial de buques de carga.

La estabilización general del sector financiero europeo desde la crisis financiera y la actual aplicación del marco normativo de la unión bancaria han seguido reduciendo el número de casos de ayudas estatales en dicho sector.

El 5 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó una Decisión por la que concluyó que la recapitalización del banco alemán Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (NordLB) era conforme al mercado. Las medidas implicaban una inversión directa de 2 800 millones EUR e inversiones para efectuar los cambios estructurales necesarios, así como una reducción del tamaño, para garantizar que NordLB siga operando de forma rentable en el mercado. La Comisión constató que el Estado recibía una remuneración acorde con lo que un operador privado habría aceptado también en circunstancias similares. Así pues, las medidas se aplicaron en condiciones de mercado y sin ayudas estatales con arreglo a las normas de la UE. El Banco Central Europeo, como supervisor responsable, concedió su aprobación al plan el 29 de noviembre de 2019. Siguiendo un planteamiento similar, el 29 de octubre de 2019, la Comisión constató que los planes de Rumanía de inyectar 200 millones EUR de capital a CEC Bank, de propiedad totalmente pública, se ejecutaba en condiciones de mercado y, por tanto, no incluía ayudas estatales en favor del banco con arreglo a las normas de la UE.

No obstante, pese a la mejora de la resiliencia del sector bancario de la UE, algunos ámbitos aún se enfrentan a problemas heredados del pasado, como el nivel de préstamos dudosos, todavía demasiado elevado en algunos Estados miembros. En 2019, la Comisión autorizó el Régimen Helénico de Protección de Activos (también conocido como «Hércules») , orientado a los préstamos dudosos en Grecia, al declararlo exento de ayudas estatales. Este régimen es un ejemplo de cómo los Estados miembros pueden ayudar a los bancos a sanear sus balances sin conceder ayudas ni falsear la competencia.

Continuar garantizando la competencia leal en los mercados de servicios financieros en beneficio de los consumidores y las empresas

La transformación digital está afectando a los servicios financieros tanto como a otros sectores europeos. Las tecnologías digitales ofrecen a las empresas nuevas posibilidades de atender mejor a los clientes y con servicios a un menor coste. Para aprovechar plenamente el potencial de la digitalización, las empresas tecnofinancieras necesitarán una oportunidad real de competir, y los marcos normativos deberán garantizar que puede lograrse la igualdad de condiciones entre todos los proveedores de servicios financieros.

En 2019, la aplicación de la normativa de competencia en todo el sector financiero continuó siendo esencial para garantizar la competencia leal y salvaguardar asimismo la estabilidad financiera. El 22 de enero de 2019, la Comisión sancionó al sistema de tarjetas Mastercard con 570 millones EUR por obstaculizar el acceso de los comerciantes a servicios transfronterizos de pago con tarjeta, lo que incumplía la normativa de defensa de la competencia de la UE.

Mastercard II: promoción de una competencia sana en el sector de los pagos Mastercard es el segundo mayor sistema de tarjetas del Espacio Económico Europeo (EEE) en cuanto a número de tarjetas personales y valor de las transacciones. Los pagos con tarjeta cumplen una función esencial en el mercado único, pues los consumidores y las empresas europeas realizan con tarjetas más de la mitad de sus pagos no efectuados en efectivo. Cuando un consumidor utiliza una tarjeta de crédito o débito en una tienda física o en línea, el banco del comerciante paga una tasa denominada «tasa de intercambio» al banco del titular de la tarjeta. El banco del comerciante traslada esta tasa al comerciante, quien la incluye, al igual que cualquier otro coste, en los precios finales para todos los consumidores. La investigación de la Comisión constató que las normas transfronterizas de Mastercard obligaban a los bancos de los comerciantes a aplicar las tasas de intercambio del país en el que se situara el comerciante. Estas normas obligaban a los comerciantes a pagar más por los servicios bancarios para recibir pagos con tarjeta que si hubieran podido comparar precios en busca de servicios más baratos. Las normas transfronterizas daban lugar, asimismo, a precios más elevados para los comerciantes y los consumidores, una competencia transfronteriza limitada y una segmentación artificial del mercado único. La Comisión concluyó que las normas transfronterizas de Mastercard hasta el 9 de diciembre de 2015 vulneraban la normativa de defensa de la competencia de la UE, puesto que restringían la posibilidad de que los comerciantes se beneficiaran de mejores condiciones ofrecidas por bancos establecidos en otros lugares del mercado único. Sobre esta base, la Comisión decidió imponer a Mastercard una sanción de 570 millones EUR.

El 9 de diciembre de 2015, el Reglamento sobre las tasas de intercambio introdujo límites para este tipo de tasas, las cuales hasta entonces variaban considerablemente de un país a otro dentro del EEE. Actualmente la Comisión está evaluando la aplicación de dicho Reglamento de 2015 y ha encargado un estudio a este respecto. La Comisión concluyó otras investigaciones independientes de defensa de la competencia relativas a las tasas multilaterales de intercambio (TMI) aplicadas por Mastercard, Visa Inc. y Visa International a transacciones efectuadas dentro del EEE con tarjetas personales de débito y crédito expedidas fuera del EEE (TMI interregionales). El Reglamento sobre las tasas de intercambio no establecía un límite para este tipo de TMI, las cuales suponían una carga considerable para los comerciantes europeos y aumentaban los precios de venta para todos los consumidores. En 2014, a raíz de los compromisos de Visa Europe, se concluyeron los procedimientos relativos a esta entidad . En 2019, Mastercard, Visa Inc. y Visa International, cada una por separado, ofrecieron compromisos por los que reducirían las TMI interregionales un 40 % de media, en consonancia con los límites vinculantes o por debajo de estos. El 29 de abril de 2019, la Comisión adoptó dos Decisiones por las que hizo estos compromisos jurídicamente vinculantes en virtud de la normativa de defensa de la competencia de la UE .

Por otro lado, el 16 de mayo de 2019, la Comisión, en dos Decisiones de transacción, sancionó a cinco bancos por participar en dos cárteles en el mercado de divisas al contado (FOREX) , en el caso de once divisas importantes. La primera Decisión (relativa al cártel conocido como «Forex – Three-Way Banana Split») impuso una sanción total de 811 millones EUR a Barclays, el Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup y JPMorgan. La infracción comenzó el 18 de diciembre de 2007 y concluyó el 31 de enero de 2013. La segunda Decisión (sobre el cártel denominado «Forex-Essex Express») impuso una sanción total de cerca de 258 millones EUR a Barclays, RBS y MUFG Bank (anteriormente, Bank of Tokyo-Mitsubishi). La infracción comenzó el 14 de diciembre de 2009 y concluyó el 31 de julio de 2012. Union Bank of Switzerland (UBS) era uno de los destinatarios de ambas Decisiones, pero no fue multado por revelar la existencia de los cárteles a la Comisión.

En 2019, la Comisión continuó supervisando exhaustivamente el sector crediticio y publicó un informe sobre la sindicación para la concesión de préstamos en la UE, el cual trata, entre otros aspectos, de cómo se constituyen y operan estos consorcios y de sus efectos para la competencia en los mercados crediticios. Los préstamos sindicados son instrumentos importantes para la financiación de proyectos de infraestructura e innovación de gran envergadura.

En el sector de los seguros, la Comisión inició una investigación formal de defensa de la competencia relativa a Insurance Ireland en mayo de 2019, con el fin de analizar si a las empresas que deseaban ofrecer sus servicios en el mercado irlandés de seguros de vehículos se les impidió injustamente acceder a un conjunto de datos gestionado por Insurance Ireland para sus empresas miembros. En caso de demostrarse que fue así, las prácticas objeto de la investigación estarían incumpliendo la normativa de la UE en materia de competencia, y podrían resultar en una oferta más reducida y precios menos competitivos de las pólizas de seguros de vehículos para los conductores irlandeses. La apertura de la investigación formal tuvo lugar tras unas inspecciones efectuadas en julio de 2017 en el mercado irlandés de seguros de automóviles.

8. Garantía de competencia leal en los sectores de la alimentación, el consumo y la sanidad

El mercado único ofreció la posibilidad a los comerciantes y consumidores de comparar precios por toda Europa en busca de una variedad más amplia de productos y precios más bajos. Cuando las empresas restringen la posibilidad de que los comerciantes vendan mercancías en línea o en otros países dentro del mercado único de la UE, se reduce la oferta y aumentan los precios para los consumidores. La normativa europea de competencia consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe los acuerdos entre empresas que impidan, restrinjan o falseen la competencia dentro del mercado único de la UE.

Aplicación de la normativa de defensa de la competencia a bienes de consumo transfronterizos

En 2019, la Comisión examinó detenidamente varios casos de licenciatarios a los que se les impedía vender productos sujetos a licencia en un país distinto, infringiéndose así la normativa de defensa de la competencia de la UE.

El 13 de mayo de 2019, la Comisión sancionó a Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB InBev) con 200,4 millones EUR por restringir las ventas de cerveza en Estados miembros de la UE vecinos, incumpliendo así la normativa de defensa de la competencia de la UE.