ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.2.7.

Worker security and the COVID-19 crisis El CESE toma nota del reciente informe sobre perspectivas del empleo de la OCDE (2020) titulado ( 6 ) . El CESE reconoce que el bienestar de los trabajadores en el trabajo contribuye positivamente al rendimiento global de las empresas, las organizaciones y las instituciones en las que trabajan. Además de promover la salud y la seguridad de los trabajadores, el CESE espera que se adopten medidas al nivel adecuado, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, para mejorar el funcionamiento de los mercados laborales, de manera que contribuyan al crecimiento económico y a la competencia internacional y fomenten unas condiciones de trabajo dignas. La evolución del mercado laboral debe apoyarse, no obstaculizarse, para velar por la protección y la seguridad de los trabajadores y por la contribución de estos al rendimiento global de las empresas, las organizaciones y las instituciones en las que trabajan.
1.4

El CESE reconoce el valor añadido que aportan, y lo necesarios que resultan, unos procedimientos de asilo comunes, integrales y eficaces que respeten los convenios internacionales y las garantías jurídicas y despierten la confianza de la UE y de sus Estados miembros como resultado de unos mecanismos tangibles de solidaridad y de un reparto equitativo de las responsabilidades y los compromisos. Sin embargo, en esta propuesta de la Comisión no se aprecia por ninguna parte dicho sistema común de asilo: un sistema que sea integral, demuestre solidaridad y distribuya equitativamente la responsabilidad entre los Estados miembros. La disposición relativa a la solidaridad también debe incluirse en el RPA, inmediatamente después de que se haya llevado a cabo el control, y con ayuda informática de Eurodac. Si la «solidaridad obligatoria» no adopta la forma de «reubicación obligatoria» con arreglo a las disposiciones del RPA, o si no se crean procedimientos que permitan a las personas solicitar asilo en los Estados miembros de la UE sin necesidad de cruzar las fronteras de la Unión, en la práctica el Reglamento no será operativo. También debería haber incentivos y desincentivos para la reubicación y, en cualquier caso, debería ser posible que el proceso del RPA se lleve a cabo en otros Estados miembros y no exclusivamente en el país de primera entrada .
3.4.

Además de la corta duración del metano, su origen también es decisivo para el impacto climático, puesto que de su descomposición surge CO 2 , gas de efecto invernadero. El CO 2 resultante de la descomposición del metano biogénico (por ejemplo, procedente de la digestión de los rumiantes o del cultivo de arrozales) ha sido captado previamente de la atmósfera mediante la fotosíntesis por el crecimiento vegetal y, por tanto, forma parte básicamente de un ciclo que no modifica la concentración de CO 2 en la atmósfera.
2.4.

El CESE está de acuerdo con que la Agenda Territorial 2030 es importante y aprueba su contenido. También aprecia los esfuerzos realizados desde 2011 para actualizar y seguir desarrollando la idea de la Agenda Territorial: — comparte, en particular, el objetivo general de la Agenda Territorial en la medida en que prevé un futuro sostenible para todos los tipos de territorio y todos sus habitantes en Europa; — aprueba los objetivos y las prioridades de la Agenda Territorial 2030 y aprecia los esfuerzos realizados en favor de los territorios y sus habitantes; — respalda el énfasis puesto en la consecución de prioridades como: a) una Europa equilibrada, que no deje de lado ningún lugar o persona; b) regiones funcionales que conecten las zonas urbanas y rurales, c) una conciliación de la vida privada y profesional más allá de las fronteras nacionales, d) un entorno sano y unas condiciones de vida decentes; e) una economía circular; y f) una conectividad digital y física sostenible; — considera indispensable que la sociedad civil participe en la determinación de objetivos territoriales como una Europa verde y justa, y está de acuerdo con la participación del CESE en este proceso dado que es uno de sus principales agentes; — acoge con satisfacción que todos los miembros del CESE tengan la posibilidad de participar en los trabajos de elaboración y aplicación de la Agenda Territorial 2030 a través del sitio web www.territorialagenda.eu.
1.1.

El CESE recomienda que la Comisión: — comunique de forma simple y clara los criterios de definición del dato no personal y el ámbito de aplicación del Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales (RDNP) con el fin de eliminar las incertidumbres y aumentar la confianza; — informe a los agentes pertinentes sobre las áreas de solapamiento entre los textos europeos relativos a los datos; — vele por que, siempre favoreciendo la libre circulación, los datos personales (DP) no sean poco a poco considerados como datos no personales (DNP) y garantice que el Reglamento general de protección de datos (RGPD) mantenga la totalidad de su ámbito de aplicación, incluso a costa de fusionar a medio plazo los dos Reglamentos en el sentido de una mayor protección, y no de una mercantilización cada vez mayor del dato; — fomente el establecimiento y el desarrollo de federaciones de servicios paneuropeos de informática en la nube; — ayude a muy corto plazo a los europeos a utilizar algoritmos capaces de tratar las masas de DNP en el mercado único de datos; anime a los Estados miembros a reforzar la educación en materia de tecnologías de la información (TI) e inteligencia artificial (IA) a todos los niveles (escolar, universitario, profesional) y ello, a lo largo de toda la vida; — inste a los agentes pertinentes a que desarrollen un espíritu de responsabilidad, ética y solidaridad y no permita que la autorregulación y la resolución «amistosa»de los conflictos den lugar a interpretaciones divergentes de los textos; — no olvide recurrir al instrumento de regulación; — fomente las sanciones por incumplimiento de la autorregulación; — establezca una hoja de ruta para verificar si la seguridad jurídica de las empresas es una realidad en el marco de la libre utilización de sus datos, según lo previsto en el RDNP; — haga un balance de la situación actual de los veintisiete Estados miembros y evalúe la actuación de los puntos de contacto nacionales a partir de su duodécimo mes de funcionamiento; — asuma plenamente el papel de información, comunicación y alerta que le corresponde; — invite a los Estados miembros a comunicar a los agentes pertinentes sus criterios de «seguridad pública»; — invite a los Estados miembros a comunicar sus zonas de almacenamiento de datos no transferibles; — reexamine oportunamente la política de competencia para comprobar que se ajusta a la libre circulación de datos en sus términos actuales.
1.4.

Deberían llevarse a cabo políticas y reformas estructurales que faciliten la creación de puestos de trabajo de calidad, el fomento del emprendimiento responsable, el desarrollo de las pymes y las empresas sociales y el abandono del principio «Pensar primero a pequeña escala» (Think Small First) en favor del de «Actuar primero a pequeña escala» (Act small first).
4.4.

El CESE hace hincapié en que la Comunicación de la Comisión no está respaldada por una evaluación de impacto adecuada de las medidas que propone. En particular, no están claros los efectos sobre la propiedad y el uso de los vehículos y sobre la consiguiente evolución de los volúmenes de tráfico. Con una promoción del transporte, estos podrían incrementarse en lugar de disminuir, aumentando el tiempo que los ciudadanos emplean en desplazarse y, en consecuencia, el riesgo de accidentes. Resulta fundamental que la Comisión se haga portadora de una visión global y ambiciosa del transporte que considere la intermodalidad entre transporte público y privado un factor generador de eficiencia, calidad de vida y seguridad. El CESE subraya la importancia de presentar las evaluaciones de impacto oportunas para todas las propuestas que contengan medidas concretas. En la proyección de nuevos medios de transporte, no debe retrasarse la introducción generalizada de soluciones técnicas inteligentes (por ejemplo, en la iluminación), pues estas mejoran la eficiencia del transporte (especialmente el transporte público) y reducen la probabilidad de accidentes.
3.6.

Aunque el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria es un programa de tamaño relativamente reducido, no se ha dirigido solo a los jóvenes, aspecto que la propuesta no menciona. La evaluación externa del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria de la UE muestra que esta iniciativa ha establecido un estándar europeo para la gestión de los voluntarios y que estas lecciones o sistemas no deberían perderse ahora que se incorporan al CESE.
3.4.

El CESE comprende que la Comisión no pudiese facilitar una lista definitiva de perturbaciones asimétricas que incluyese, entre otras cosas, una crisis de liquidez. El CESE opina que la respuesta adecuada a una crisis de liquidez es el programa de operaciones monetarias de compraventa (OMC) del Banco Central Europeo, condicionado a la participación del Estado miembro en el MEDE, y no la FEEI. El CESE reconoce que una lista exhaustiva de perturbaciones asimétricas no sería apropiada y acoge con alivio las simulaciones macroeconómicas de la Comisión basadas en datos históricos relativas a la eficacia de una función de estabilización como mecanismo de prevención de crisis.
3.2.

En concreto, y en función de las disposiciones transitorias que puedan adoptarse en el acuerdo de retirada del Reino Unido, la propuesta de la Comisión apunta que se verán afectadas las normativas siguientes: — la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de tipo de vehículos de motor y sus remolques (que se sustituirá por un Reglamento aplicable a partir del 1 de septiembre de 2020); — el Reglamento (UE) n.o 168/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos de dos y tres ruedas y cuatriciclos; — el Reglamento (UE) n.o 167/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos agrícolas y forestales, y — el Reglamento (UE) n.o 2016/1628 sobre homologación de tipo de los motores para máquinas móviles no de carretera.
1.17.

La propuesta establece unas normas mínimas para la convergencia y es importante que los trabajadores que actualmente gozan de mejores derechos materiales no se vean expuestos a un deterioro de dichos derechos cuando se aplique la Directiva. Por ello, el CESE apoya explícitamente la cláusula de no regresión incluida en la propuesta. No obstante, el CESE recomienda que, además de garantizar que no disminuirá el nivel general de protección, la Directiva también debería explicitar más claramente que no se permitirá ningún deterioro de las condiciones laborales en los distintos ámbitos específicos que abarca la Directiva.
5.5.

No obstante, dado el texto actual de la propuesta de la Comisión, no es posible ofrecer una evaluación más rigurosa y detallada de este concepto, puesto que aún es poco preciso y no está claro cuáles serán las repercusiones prácticas de su aplicación.
4.3.5.

El artículo 22 regula la asistencia en las estaciones de ferrocarril. En el apartado 3 se describen unas disposiciones específicas en materia de asistencia para las estaciones no dotadas de personal. El nuevo apartado 4 propuesto, injustificadamente, no tiene en cuenta esta eventualidad. El Comité propone que en el apartado 4, al final de la frase se añada: «a excepción de las estaciones no dotadas de personal que se mencionan en el apartado 3».
5.12.

El CESE considera necesario que la UE aumente las inversiones en I+i para poder competir con los líderes de la innovación digital. Las iniciativas destinadas a reforzar la base de infraestructura son importantes, pero no suficientes. Europa, en particular, deberá implantar lo antes posible la computación en la nube (51), en línea con la estrategia Open Innovation, Open Science, Open to the World. Además, el Comité considera correcto proseguir los estudios en los campos de la computación cuántica y la inteligencia artificial (52).
2.4.

El objetivo del presente dictamen no es centrarse en la Comunicación. No obstante, no se pueden pasar por alto las siguientes cuestiones: — la Comunicación presenta una industria europea en desarrollo, con una tendencia constante al alza desde 2009. Resulta sorprendente que la Comisión se refiera a 2009, el peor año de la crisis económica. Ni el porcentaje del valor añadido ni del empleo de la industria manufacturera han recuperado los niveles de 2007 anteriores a la crisis, a pesar de, o precisamente debido a, las reformas estructurales y las políticas dirigidas a la oferta, que siguen obstaculizando la demanda en la periferia europea; — es difícil determinar con exactitud cuál es la novedad en el planteamiento de la Comisión. La Comunicación consiste en gran medida en las habituales recomendaciones de la Comisión para las políticas industriales (dirigidas a la oferta): reducir la burocracia, profundizar en el mercado único y desarrollar el capital de inversión (revitalizar el mercado de titulización para el capital de riesgo, FEIE, etc.); — además de la estrategia de mercado único, la Comisión hace hincapié en la necesidad de medidas de cualificación adicionales. No obstante, no se realiza ninguna propuesta específica, salvo la intención de la Comisión de ampliar su apoyo al desarrollo de estrategias nacionales de capacidades a otros sectores, como la siderurgia, el papel, las tecnologías ecológicas y las energías renovables; — en lo relativo a la financiación, la Comisión menciona los Fondos Estructurales y de Inversión, organismos y programas de apoyo existentes (Fondos EIE, FEIE, BEI, Horizonte 2020, etc.), ignorando por completo la cuestión fundamental de cómo podría un presupuesto de la UE reducido tras el Brexit apoyar las iniciativas de política industrial; — en los ámbitos de la energía, el transporte, la digitalización y la política comercial, la Comisión resume las medidas que ya se han adoptado; — con la aparición de una nueva economía basada en las empresas tecnológicas emergentes centradas en los servicios, sería conveniente involucrar en mayor medida a esas empresas en el ámbito industrial, no solo para atender mejor a los diferentes sectores, sino también para contribuir a su sostenibilidad [el 50 % de los empresarios tiene un fracaso empresarial en los primeros cinco años de actividad (5)].
4.12.

La CDFUE, a diferencia del pilar, tiene el mismo rango que los tratados y, por lo tanto, forma parte del Derecho primario, aunque no otorga nuevas competencias a escala de la UE ni, pese a ser jurídicamente vinculante para las instituciones de la UE, permite a los ciudadanos de la Unión prevalerse de la Carta directamente. Corresponde a un planteamiento más amplio de los derechos tanto económicos como sociales. Si, transcurrido un plazo razonable, el compromiso político que se menciona más arriba no ha conducido en todos los Estados miembros a iniciativas concretas para aplicar el pilar, debería sopesarse la adopción de medidas apropiadas, incluidas iniciativas jurídicas y no jurídicas. El CESE ya ha pedido una directiva marco sobre una renta mínima (14). Nuevos dictámenes jurídicos, por ejemplo, uno encargado por el Ministerio de Trabajo en Alemania, examinan cómo podría llevarse esto a cabo (15).
2.1.4.

RUSP 2 es una refundición de la anterior Directiva 2002/95/CE (Directiva RUSP 1). Ambas Directivas RUSP han estimulado una reducción de los materiales peligrosos en todo el mundo: varios países, entre ellos China, Corea y Estados Unidos, han elaborado legislación similar a la Directiva RUSP. Con la Directiva RUSP 2, se han introducido nuevas definiciones y se amplió el ámbito de aplicación para incluir los productos sanitarios y los instrumentos de vigilancia y control. El impacto de estas disposiciones se evaluó en la propuesta de la Comisión de 2008. No obstante, la Directiva RUSP 2 ha introducido otras modificaciones, como el ámbito de aplicación «abierto» mediante una nueva categoría 11: «Otros AEE no cubiertos por ninguna de las categorías anteriores». Estos cambios hacen que la Directiva sea aplicable a todos los AEE (excepto a los aparatos excluidos de manera explícita) y presente una interpretación más amplia de los mismos, basada en una nueva definición de la necesidad de electricidad («que necesitan»). Estas disposiciones con ámbito de aplicación «abierto» no se evaluaron de forma específica cuando se introdujeron en la Directiva RUSP 2.
3.11.

El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de ampliar su seguimiento de los resultados por países a todos los casos de litigios de doble imposición en situaciones transfronterizas, con carácter anual, para evaluar si se cumplen los objetivos de la Directiva. Existen análisis que muestran que hay casos en los que no se pueden invocar mecanismos existentes por no estar incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión o de los CDI, mientras que otros permanecen bloqueados sin que se informe a los contribuyentes de los motivos o no se resuelven en absoluto. En estos momentos, el CESE no considera que los resultados de los Estados miembros sean satisfactorios y pide a la Comisión que siga de cerca el funcionamiento de la Directiva una vez aplicada y publique sus análisis y resultados.
1.5.

Una de las consecuencias del cambio climático ha sido la apertura de nuevas vías navegables en el norte, el famoso «Paso del Norte» que Chateaubriand ya había intentado descubrir, en vano, a finales del siglo XVIII. Esta evolución brinda posibilidades concretas para los desplazamientos, la pesca e incluso la explotación minera que, a su vez, conllevan un incremento de los riesgos de «incidentes en el mar» o incidentes de perforación para los que se requieren infraestructuras de socorro que no se encuentran disponibles en la zona. Por consiguiente, el Comité recomienda que se conceda la máxima importancia a las cuestiones de seguridad, no solo en materia de transporte, sino también de perforación, y subraya que aún no se conocen las consecuencias medioambientales de la apertura de esas vías de navegación a consecuencia del deshielo.
3.2.

Al realizarse una evaluación externa (3) y, tras una consulta pública, la Comisión publicó un Informe (4), en el que se indicaban los factores que podían perjudicar la eficacia del Reglamento: a) las insuficientes competencias mínimas de las autoridades para cooperar de manera eficaz y rápida, en particular en el entorno digital; b) el insuficiente intercambio de información comercial; c) la limitación del mecanismo para hacer frente a las infracciones que afectan a varios países. Las autoridades nacionales se encuentran con que, a menudo, tienen lugar en sus mercados simultáneamente infracciones similares. Se deberían cubrir las «infracciones generalizadas» y las «relativamente cortas» pero que tengan efectos nocivos; d) la necesidad de modificar el anexo del Reglamento, para ampliar su ámbito de aplicación, sobre la base de los siguientes criterios: i) intereses colectivos de los consumidores, ii) relevancia transfronteriza, iii) dimensión policial y coherencia con la legislación sectorial y horizontal que figura en el anexo; e) que no se imponga ninguna obligación jurídica adicional a las empresas.
5.5.

El Comité expresa sus dudas sobre la afirmación de la Comisión de que la propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE. En particular, en el caso de una ampliación del mecanismo ex ante a los acuerdos de entidades privadas, cabe esperar un aumento de los costes administrativos y de la carga administrativa. El CESE no dispone de un análisis sobre la manera en que, en el marco de la nueva Decisión, se respetará el principio de subsidiariedad y se hará valer asimismo el principio de proporcionalidad.
3.3.

No obstante, lo que adquiere relevancia social y económica a partir del decenio de 2000, con el uso de internet y las redes sociales, no es una práctica recíproca de intercambio, sino más bien un «comportamiento prosocial no recíproco» o, más exactamente, «el acto y el proceso de distribuir lo que es nuestro con otros para su uso o el acto y el proceso de recibir o tomar alguna cosa de otros para nuestro uso». Por esta razón, la economía colaborativa se inspira en varias corrientes de pensamiento que van desde el libre acceso gratuito y universal al conocimiento a la economía de la funcionalidad o a la economía del don (gift economy), centrada en el trueque sin ánimo de lucro. A diferencia de la pura economía del trueque, la economía colaborativa se basa en una idea de contraprestación monetaria o no monetaria.
2.1.

El sector del transporte aéreo de la UE emplea directamente a entre 1,4 (fuente: Steer Davies Gleave: «Study on employment and working conditions in air transport and airports», Informe final 2015) y 2 millones de personas (fuente: «Aviation: Benefits Beyond Borders», informe elaborado por Oxford Economics para ATAG, abril de 2014) y, en conjunto, sustenta entre 4,8 y 5,5 millones de empleos (fuente: Steer Davies Gleave: «Study on employment and working conditions in air transport and airports», Informe final 2015). La contribución directa del transporte aéreo al PIB de la Unión asciende a 110 000 millones EUR, y su impacto global, turismo incluido, alcanza los 510 000 millones habida cuenta del efecto multiplicador (Steer Davies Gleave: «Study on employment and working conditions in air transport and airports», Informe final 2015). Esto demuestra claramente que el potencial económico de la aviación es mucho mayor que su impacto directo.
3.3.

Las EES afrontan, en mayor medida que otros modelos empresariales, la cuestión de que la lógica del mercado financiero no está concebida para apoyar su desarrollo. Los mercados financieros no recogen ni recompensan el valor añadido social de las EES ni su misión de interés general. Hoy las EES suelen ser remuneradas solamente por el coste de los servicios que prestan, pero no por el valor social que crean. La rentabilidad de la inversión para las EES supone un impacto principalmente social y un limitado rendimiento financiero. El hecho de que la misión social prevalezca sobre la maximización del beneficio puede dar lugar a la falsa impresión de que las EES presentan un riesgo más elevado y son menos fiables que otras empresas. Pero la realidad es que la investigación, los hechos y los datos demuestran lo contrario (11). De hecho, la inversión en las EES no es un coste, sino una inversión en el futuro, que contribuye al aumento de las tasas de empleo y refuerza la competitividad y la contribución económica global de un Estado miembro a largo plazo.
5.8

El artículo 13 establece la posibilidad de que las soluciones que se creen y apliquen en el programa ISA2 sean utilizadas en iniciativas fuera de la Unión con fines no comerciales. Restringir los fines no comerciales puede limitar la repercusión de ISA2: si la sociedad civil no puede basarse en los trabajos del programa ISA2 con una finalidad comercial, será menos proclive a implicarse en el programa.
1.2.3

Apoya, al igual que la Comisión, los programas de clemencia, que permiten detectar numerosas infracciones, y considera que no debería disuadirse a las empresas de cooperar, considerando, sin embargo, que estos programas no deben proteger a las empresas más allá de lo estrictamente necesario. En particular, no deberán eximirlas del pago de daños y perjuicios a las víctimas.
2.5

Señala que la economía registra un incesante incremento de operaciones en las que no media efectivo, una tendencia que se observa tanto entre las empresas como entre los consumidores y las administraciones, pero no propone ninguna medida para impulsar una mayor utilización de las operaciones no monetarias.