7. Pide, a reserva de la aprobación de los interlocutores sociales, que en los debates sobre futuras
reformas de los Tratados se incluya el concepto de la participación de los trabajadores en el procedimientodel artículo 137, junto con la información y consulta, y que se mantenga la unanimidad sólo para lacogestión propiamente dicha;
8. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
interlocutores sociales.
6. Control de la aplicación del Derecho comunitario
A5-0250/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre el decimosØptimo informe anual de la Comisión sobre el
control de la aplicación del Derecho comunitario  1999 (COM(2000) 92  C5-0381/2000 
2000/2197(COS))
El Parlamento Europeo,
 Visto el decimosØptimo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho
comunitario (1999) (COM(2000) 92) (1),
 Vista la segunda encuesta anual sobre la aplicación y el respeto del Derecho del medio ambiente,
de enero de 1998 a diciembre de 1999,
 Vistas las peticiones no429/2000 y no555/2000,
 Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y las opiniones de la Comi-
sión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones (A5-0250/2001),
A. Considerando que los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho
comunitario tienen dos objetivos principales, a saber, determinar el estado de transposición y la apli-cación correcta de las directivas por parte de los Estados miembros, y elaborar un informe sobre el usoque hace la Comisión de su poder discrecional de iniciar un procedimiento de infracción,
B. Considerando que, para el conjunto de las directivas aplicables, el promedio de comunicación de las
medidas de transposición de todos los Estados miembros es del 94,53 %, pero que conviene sobretodo tener en cuenta la aplicación efectiva de las directivas en los ordenamientos jurídicos nacionales,
C. Considerando que la aplicación coherente del Derecho comunitario en cada Estado miembro cons-
tituye un requisito previo esencial para el funcionamiento regular del mercado œnico, y que las gran-des divergencias que siguen registrÆndose de un país a otro respecto a su aplicación hacen que elacervo comunitario sea imperfecto,
D. Considerando que uno de los motivos de la mala aplicación del Derecho comunitario es la imposibi-
lidad de comprender el Derecho comunitario derivado,
E. Considerando que la ampliación y la profundización de la Comunidad implican una nueva valoración
tanto del procedimiento de elaboración como de la función de los informes anuales de la Comisión enel control de la aplicación del Derecho comunitario,
F. Considerando que en 1999 la Comisión envió 1 075 escritos de requerimiento,G. Considerando que el nœmero de denuncias recibidas por los servicios de la Comisión ha aumentado en
un 16 %, teniendo en cuenta el nœmero cada vez mayor de peticiones que han llevado a la aplicaciónde procedimientos por incumplimiento, y considerando que, por este motivo, la aplicación del Dere-cho comunitario suscita preocupación sobre el futuro del mercado œnico,
(1) DO C 30 de 30.1.2001, p. 1.C 72 E/72 ES 21.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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H. Considerando que, a travØs del derecho de petición al Parlamento Europeo, el ciudadano de la Unión
Europea tiene la posibilidad de dialogar con los hombres y mujeres que eligió y que le representan,exponerles los casos que considera de incorrecta aplicación del Derecho comunitario y pedirles que loscorrijan;
I. Considerando que este diÆlogo debe no sólo fomentarse, sino tambiØn reforzarse, por ser una condi-
ción fundamental para que el ciudadano acepte las instituciones comunitarias y deposite su confianzaen ellas;
J. Considerando que las sentencias de los tribunales nacionales, que la Comisión analiza y que concier-
nen el derecho de los particulares a una indemnización por el perjuicio causado por la falta de respetopor parte de los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en el marco del Derecho
comunitario, todavía presentan importantes lagunas,
K. Considerando que las sentencias en œltima instancia de las jurisdicciones nacionales que recurren a la
teoría del acto claro para evitar plantear cuestiones prejudiciales suscitan gran preocupación,
L. Considerando que el nœmero de sentencias no ejecutadas del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que constatan una vulneración del Derecho comunitario por parte de los Estados miembrossigue siendo elevado,
M. Considerando que la aplicación correcta y efectiva del Derecho comunitario constituye uno de los
criterios fundamentales de valoración de la credibilidad de la Unión Europea y de refuerzo de laciudadanía europea,
N. Considerando que el Derecho comunitario ya no constituye simplemente una rama del Derecho sino
que afecta a todas sus ramas específicas y exige un conocimiento sistemÆtico por parte de las autori-dades encargadas de aplicarlo,
O. Considerando que la Unión Europea se basa en el principio del Estado de derecho, principio comœn a
los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, y que el Estado miembro debe ser el guardiÆnpor excelencia de este principio,
P. Considerando que se observan mœltiples formas de incumplimiento con características específicas y
que los motivos difieren segœn el tipo de incumplimiento,
Q. Considerando que algunos Estados miembros no transponen deliberadamente la legislación comunita-
ria de la forma prescrita,
R. Considerando que la reciente adquisición del 20 % de las acciones de Montedison por parte de Élec-
tricitØ de France (EDF), monopolio pœblico francØs en el sector de la electricidad, forma parte de unapolítica expansionista de EDF, que se aprovecha de la aplicación incompleta por parte de Francia de laDirectiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normascomunes para el mercado de la electricidad (
1);
1. Pide a la Comisión que realice una evaluación sistemÆtica de las relaciones causales entre los diferen-
tes motivos y las distintas formas de incumplimiento del Derecho comunitario y que al mismo tiempobusque los medios para reducir los incumplimientos;
2. Pide a la Comisión que incluya su valoración sobre los datos estadísticos recogidos en el informe
anual;
3. Pide a la Comisión que haga todo lo posible, en particular imponiendo plazos mÆs estrictos a los
Estados, por acelerar el trÆmite de una queja o de una petición;
4. Solicita a la Comisión que considere prioritaria la simplificación del Derecho comunitario, especial-
mente a travØs de la iniciativa SLIM, y que presente un programa completo de codificación con plazosvinculantes;
5. Pide que el Consejo y la Comisión, junto con el Parlamento Europeo, vuelvan a definir el funciona-
miento del procedimiento de examen de las peticiones y que estudien las modalidades del mismo con el finde garantizar una tramitación mÆs eficaz de las peticiones de los ciudadanos; reitera el deseo de que,21.3.2002 ES C 72 E/73 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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(1) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
mediante una colaboración mÆs estrecha de la Comisión de Peticiones con el Consejo y la Comisión,
basada en un nuevo acuerdo interinstitucional, sea posible intervenir eficazmente cada vez que un peticio-nario se queje justificadamente del incumplimiento del Derecho comunitario; recuerda al Consejo las ante-riores solicitudes del Parlamento en el sentido de estar presente en sus reuniones en casos de infraccionesgraves del Derecho comunitario;
6. Constata con pesar que, de las 53 directivas que han entrado en vigor hasta ahora en el Æmbito del
Derecho social, sólo se han transpuesto 38 en todos los Estados miembros, y pide a Østos que aceleren laaplicación de las medidas de transposición pendientes;
7. Seæala que los cuatro casos en los que la Comisión tuvo que iniciar un segundo procedimiento por
incumplimiento del Tratado contra un Estado miembro por no haber acatado la sentencia del Tribunal deJusticia se referían a disposiciones del Derecho social; alienta enØrgicamente a la Comisión a recurrir al
apartado 2 del artículo 228 del Tratado; pide a la Comisión que, en estos casos, amenace con imponer
multas con un efecto coercitivo suficiente;
8. Solicita a la Comisión, teniendo en cuenta el actual estado de aplicación del Derecho comunitario,
que emprenda una profunda reflexión sobre las consecuencias de las futuras ampliaciones para la eficaciadel actual sistema de transposición de las directivas y el control de su aplicación;
9. Pide a la Comisión que, valorando la experiencia adquirida sobre la aplicación del Derecho comuni-
tario y a la vista de los considerables problemas derivados de la ampliación y la profundización de laUnión, elabore, con carÆcter de prioridad, un programa de medidas destinadas a una aplicación eficaz delDerecho comunitario, en particular mediante la redacción de una lista de la totalidad del acervo comuni-tario, y, si fuera necesario, mediante propuestas de modificación de los Tratados;
10. Solicita a la Comisión que examine de una forma mÆs detallada las decisiones de las jurisdicciones
nacionales que deliberan en œltima instancia y que invocan la teoría del acto claro;
11. Solicita a la Comisión que analice separadamente la cuestión de las vulneraciones «conscientes» del
Derecho comunitario, a travØs de las cuales los Estados miembros simplemente ganan tiempo para evitar la
aplicación del mismo, y que presente las propuestas oportunas;
12. Reitera la petición formulada a la Comisión para que busque soluciones políticas y, particularmente,
considere la posibilidad de formular propuestas de revisión de las normas comunitarias en cuya aplicaciónse dan mÆs frecuentemente casos de infracción del Derecho comunitario por parte de mÆs de un Estadomiembro.
13. Insta a la Comisión a que compruebe, a la luz del principio de subsidiariedad consagrado en los
Tratados, si la incoación de un procedimiento de infracción es necesaria en todos los «supuestos casos» detransposición incorrecta;
14. Destaca el porcentaje desproporcionado de procedimientos por incumplimiento del Tratado en los
Æmbitos de la libre circulación (Reglamento (CEE) n
o1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (1)) y de la coordinación de la
seguridad social para los trabajadores migrantes (Reglamento (CEE) no1408/71 del Consejo, de 14 de
junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuentaajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (
2)), así como tambiØn el mayor nœmero de
problemas a que se enfrentan los trabajadores fronterizos, y, en consecuencia, pide al Consejo que adoptepor fin una normativa general en el Æmbito de la libre circulación de personas y que acelere sus trabajos deadaptación y simplificación del citado Reglamento (CEE) n
o1408/71;
15. Seæala que sigue aumentando el nœmero de infracciones en el Æmbito de la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, y en especial con respecto a la protección de las mujeres embarazadas, en cuyo Æmbitola Comisión envió durante 1999 dictÆmenes motivados a cinco países por la mala aplicación de la Direc-tiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promoverla mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz oen período de lactancia (dØcima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo de la Directiva89/391/CEE) (
3);
(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.
(2) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(3) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.C 72 E/74 ES 21.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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16. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presenten propuestas que permitan imponer
automÆticamente sanciones a aquellos Estados miembros que no transpongan la legislación comunitariade la forma prescrita;
17. Recuerda que concede especial importancia a la rigurosa transposición de la Directiva sobre comer-
cio electrónico, tal como seæaló en su posición en segunda lectura (
1); pide a la Comisión y a los Estados
miembros que se resistan a cualquier intento de hacer retroceder la Directiva sobre comercio electrónico ode atenuar sus disposiciones, principalmente en lo que respecta al principio del país de origen y a laresponsabilidad de los intermediarios en Internet;
18. Lamenta por una parte el elevado nœmero de países (cinco) que no han transpuesto la Directiva
marco 89/391/CEE, pese a que los Estados miembros deberían haber aplicado las disposiciones jurídicas,reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir dicha Directiva antes del 31 de diciembrede 1992, así como la lentitud con que se transponen las directivas para la adaptación de la legislaciónvigente en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo; pide a la Comisión que inste a los Estadosmiembros a que transpongan rÆpidamente dichas directivas y que destine mÆs personal al sector, paraasegurar el control sistemÆtico de las medidas de transposición;
19. Pide a la Comisión que examine la posible ausencia de debate del informe anual por parte de los
parlamentos nacionales y de los parlamentos regionales competentes para la transposición de directivas, ya fin de que haya un control parlamentario pide a los citados parlamentos que transmitan sus conclusionesa la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo;
20. Pide a la Presidencia del Consejo que presente un balance del grado de aplicación y transposición
del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros;
21. Solicita de nuevo a la Comisión que aæada al informe anual capítulos sobre la aplicación del apar-
tado 4 del artículo 95 del Tratado, así como sobre la aplicación de los acuerdos internacionales aprobadospor la Comunidad y del Derecho derivado de dichos acuerdos;
22. Pide de nuevo a la Comisión que, en sus próximos informes anuales sobre el control de la aplica-
ción del Derecho comunitario, dedique una sección a las peticiones trasmitidas por la Comisión de Peti-ciones a la Comisión;
23. Pide a la Comisión que anime a las autoridades nacionales a solicitar la asistencia tØcnica de la
propia Comisión para la correcta transposición del Derecho comunitario;
24. Solicita a la Comisión que tome todas las disposiciones necesarias a fin de garantizar la aplicación
integral de la Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las moda-lidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de losciudadanos de la Unión residente en un Estado miembro del que no sean nacionales (
2), así como de la
Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades deejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de losciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (
3);
25. Espera que la Comisión se ponga de acuerdo con los Estados miembros sobre la definición de
criterios precisos para la delimitación de las profesiones que se ejercen a título independiente o asalariado,sometidas al rØgimen nacional respectivo de seguridad social, para evitar así en particular las demandas depersonas que ejercen una actividad docente;
26. Pide a la Comisión que, habida cuenta de los numerosos recursos de estudiantes y aprendices,
elimine los obstÆculos a la movilidad aœn existentes en el Æmbito de la formación;
27. Solicita a la Comisión que intervenga puntualmente en caso de mala aplicación del Derecho comu-
nitario por parte de las administraciones nacionales;
28. Pide a la Comisión que examine, en particular, si las instancias judiciales inferiores de los Estados
miembros aplican correctamente el Derecho comunitario;
(1) DO C 41 de 7.2.2001, p. 38.
(2) DO L 368 de 31.12.1994, p. 38.
(3) DO L 329 de 30.12.1993, p. 34.21.3.2002 ES C 72 E/75 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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29. Pide a la Comisión que adopte todas las iniciativas que le permite la legislación comunitaria para
acabar con las vulneraciones del Derecho comunitario y de la citada Directiva 96/92/CE, con objeto deevitar asimetrías que priven de sentido a los objetivos para los cuales ha sido aprobada, a saber, la creaciónde un autØntico mercado interior en el sector de la energía elØctrica, la realización de un mercado compe-titivo de la electricidad, la liberalización de los mercados nacionales, así como la prevención de todo abusode posición dominante y todo comportamiento depredador;
30. Considera que la Comisión debería conceder mÆs prioridad a la difusión informatizada rÆpida, de
fÆcil acceso y comprensible del Derecho comunitario, en particular a travØs de Internet, entre las organi-zaciones no gubernamentales y los ciudadanos procedentes sobre todo de regiones alejadas;
31. Pide a la Comisión que intensifique los trabajos de consolidación electrónica de los principales actos
jurídicos vigentes y que haga que sus resultados sean accesibles a travØs de Internet;
32. Pide a la Comisión que elabore una lista de todos los informes sobre la aplicación del Derecho
comunitario, de alcance general o sectorial, por parte de las autoridades nacionales de los Estados miem-bros y de los países miembros del Espacio Económico Europeo;
33. Pide que las autoridades de asesoramiento jurídico de los Estados miembros garanticen que no
exista discriminación alguna en la manera en que se presta el asesoramiento jurídico entre los casos que
afectan exclusivamente al Derecho nacional y los casos en los que estÆ implicado el Derecho comunitario;
34. Constata que, en materia de libre circulación de personas, los problemas de aplicación del Derecho
comunitario se derivan mÆs bien de una mala aplicación por parte de las administraciones de los Estadosmiembros y no de una falta de transposición; pide por consiguiente a la Comisión que intervenga concarÆcter puntual ante los Estados miembros interesados;
35. Pide a la Comisión que mencione en el informe anual el curso dado a las propuestas del Parlamento
Europeo para mejorar los mØtodos de correcta adaptación del Derecho comunitario y, en caso de que noles haya dado un curso favorable, que explique los motivos;
36. Reitera su opinión de que el ciudadano, informado y consciente de los derechos que le confiere el
Derecho comunitario, desempeæa un papel fundamental en la aplicación integral y correcta del Derecho
comunitario; en consecuencia, manifiesta su satisfacción y apoyo a las iniciativas del tipo Europe Direct;
37. Se opone firmemente a las reservas de la Comisión respecto al futuro de EUROJUS (la red de
asesores especializados de las delegaciones de la Comisión en los Estados miembros), expresadas en laComunicación sobre un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de infor-mación y comunicación de la UE (COM(2001) 354), y pide a la Comisión que refuerce dicha red;
38. Exhorta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren una verdadera política de trans-
parencia de la que constituyen un buen ejemplo los comunicados de prensa de la Comisión, así como lacomunicación, por parte de la Comisión de Peticiones, a los medios informativos, de posibles retrasos,obstaculizaciones o negativas de las autoridades competentes de los Estados miembros a la hora de facilitarinformación sobre las peticiones, con objeto de obtener la aceptación y la confianza de los ciudadanos dela Unión Europea en las instituciones comunitarias;
39. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y al Tribunal
de Justicia, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.C 72 E/76 ES 21.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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