COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.4.2018 COM(2018) 241 final 2018/0114(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 141 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta La economía de la UE necesita empresas sanas y prósperas que puedan operar fácilmente en el mercado único. Las empresas son fundamentales para impulsar el crecimiento económico, crear empleos y atraer inversiones en la Unión Europea. Contribuyen a generar un mayor valor económico y social para la sociedad en general. Para ello, las empresas tienen que operar en un entorno jurídico y administrativo que favorezca el crecimiento y esté adaptado para hacer frente a los nuevos desafíos económicos y sociales de un mundo globalizado y digital, a la par que promueva también otros intereses públicos legítimos, como la protección de los trabajadores, acreedores y accionistas minoritarios, y ofrezca a las autoridades todas las garantías necesarias para combatir el fraude o el abuso. Con este objetivo, la Comisión presenta la presente propuesta, junto con la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades: un conjunto completo de medidas en pro de un Derecho de sociedades de la UE justo, habilitante y moderno. La libertad de establecimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo del mercado único, ya que permite a las empresas ejercer actividades económicas en otros Estados miembros de manera estable. Para fomentar la movilidad transfronteriza de las empresas en la UE, resulta esencial tener en cuenta sus necesidades y características. Existen alrededor de 24 millones de empresas en la UE, de las que aproximadamente el 80 % son sociedades de capital. De estas, en torno al 98-99 % son pymes. Sin embargo, en la práctica, el ejercicio de la libertad de establecimiento por parte de las empresas sigue siendo difícil. Uno de los motivos de tales dificultades consiste en que el Derecho de sociedades no está suficientemente adaptado a la movilidad transfronteriza en la UE: no ofrece a las empresas condiciones óptimas, a saber, un marco jurídico claro, predecible y adecuado que potencie la actividad económica, particularmente de las pymes, como se reconoce en la Estrategia para el mercado único de 2015. Las reestructuraciones y otras formas de cambio empresarial, como las transformaciones, las fusiones y las escisiones transfronterizas, forman parte del ciclo de vida de la empresa y constituyen una vía natural para su crecimiento, para su adaptación a un entorno cambiante y para la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados. Al mismo tiempo, también tienen consecuencias para las partes interesadas de las empresas, en particular para los trabajadores, los acreedores y los accionistas. Por tanto, es esencial que la protección de estas partes interesadas se adapte a la creciente transnacionalización del mundo empresarial. Sin embargo, en la actualidad, la inseguridad jurídica, la inadecuación parcial y la ausencia de normas rectoras de ciertas operaciones empresariales transfronterizas se traducen en la inexistencia de un marco inequívoco que garantice la protección efectiva de dichas partes interesadas. En esta situación, la protección que se les ofrece puede resultar, por tanto, ineficaz o insuficiente. Las operaciones empresariales transfronterizas también pueden verse facilitadas por un entorno jurídico que genere confianza en el mercado único mediante el establecimiento de garantías contra el abuso. En este sentido, es importante liberar el potencial del mercado único mediante la supresión de las barreras al comercio transfronterizo, la facilitación del acceso a los mercados, el refuerzo de la confianza y el fomento de la competencia, ofreciendo al mismo tiempo una protección efectiva y proporcionada a las partes interesadas. El objetivo de la presente propuesta es doble: establecer procedimientos específicos y exhaustivos para las transformaciones, escisiones y fusiones transfronterizas, con el fin de fomentar la movilidad transfronteriza en la UE, y ofrecer, al mismo tiempo, a las partes empresariales una protección adecuada para salvaguardar la equidad del mercado único. Esta iniciativa se inscribe en el contexto de la creación de un mercado único más profundo y equitativo, una de las prioridades de la Comisión actual. Transformaciones transfronterizas La transformación transfronteriza ofrece una solución eficaz a las empresas que deseen trasladarse a otro Estado miembro sin perder su personalidad jurídica ni tener que renegociar sus contratos mercantiles. La transformación resulta particularmente atractiva para las pequeñas empresas que no disponen de recursos financieros suficientes para procurarse un asesoramiento jurídico costoso y llevar a cabo una fusión transfronteriza. Este argumento es aplicable en particular a las transformaciones transfronterizas en el marco de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del TFUE conlleva, para las empresas establecidas en un Estado miembro, el derecho a transferir su sede a otro Estado miembro mediante su transformación transfronteriza sin perder su personalidad jurídica. En particular, en su reciente sentencia Polbud, el TJUE confirmó el derecho de las empresas a realizar transformaciones transfronterizas sobre la base de la libertad de establecimiento. El TJUE consideró que la libertad de establecimiento es aplicable cuando únicamente se traslada el domicilio social, sin traslado del domicilio real, de un Estado miembro a otro si el Estado miembro de la nueva constitución acepta el registro de la sociedad incluso sin el ejercicio de una actividad económica en su territorio: en tal caso, el artículo 49 del TFUE no requiere tal actividad económica como condición previa para su aplicabilidad. El TJUE recordó asimismo que, en ausencia de armonización, los Estados miembros son competentes para decidir el factor de conexión de una empresa con su ordenamiento nacional y, por tanto, para aplicar sus propios requisitos de constitución a las empresas entrantes. El TJUE recordó además su jurisprudencia anterior, con arreglo a la cual, el hecho de que el domicilio social o la sede principal de una sociedad se haya establecido de conformidad con el Derecho de un Estado miembro con el fin de disfrutar del beneficio de una legislación más favorable, no constituye, en sí mismo, un abuso. En su sentencia Polbud, el TJUE concluyó que una norma nacional que imponga el requisito previo de la liquidación para el traslado transfronterizo de una sociedad constituye una restricción injustificada y desproporcionada y, por tanto, ilícita. La sentencia Polbud aclaró el contexto de las transformaciones transfronterizas. No obstante, el TJUE, como órgano judicial, no puede crear ningún procedimiento para hacer posibles tales transformaciones, ni establecer las condiciones sustantivas conexas. En ausencia de una armonización de las transformaciones transfronterizas en la UE, las legislaciones nacionales pueden seguir estableciendo normas procedimentales y en materia de protección de los accionistas minoritarios, los acreedores o los trabajadores, o contra los abusos fiscales o de otro tipo en los casos de transformación transfronteriza de una empresa. Sin embargo, resulta necesario evaluar en cada caso si tales normas se atienen al Derecho de la UE y, en particular, respetan el derecho de establecimiento. El resultado es una situación poco satisfactoria en términos de seguridad jurídica, lo que repercute negativamente en las empresas, las partes interesadas y los Estados miembros. En la actualidad, las empresas que desean trasladar su domicilio social más allá de sus fronteras han de cumplir las leyes de los Estados miembros en este ámbito. Dichas leyes, allí donde existen, son a menudo incompatibles o difíciles de conjugar entre sí. Por otra parte, más de la mitad de los Estados miembros no han establecido normas específicas en materia de transformaciones transfronterizas. Las pymes resultan perjudicadas en particular, ya que a menudo carecen de recursos para tramitar los procedimientos transfronterizos mediante métodos alternativos costosos y complejos. Esto significa además que la protección de las partes interesadas, como los trabajadores, los acreedores o los accionistas minoritarios, es con frecuencia ineficaz o insuficiente debido a la ausencia de normas, o a que estas se solapan o son contradictorias. En lo que atañe a la protección de los trabajadores, en ausencia de salvaguardias armonizadas de los derechos de participación de los trabajadores, las empresas podrían servirse de una transformación transfronteriza y de la falta de las garantías pertinentes de tales derechos, al trasladarse a otro Estado miembro, para reducir el nivel de participación o suprimirla. Por otra parte, la ausencia de normas armonizadas puede dar lugar además a una mayor utilización de sociedades fantasma con fines fraudulentos, lo que permite, por ejemplo, en los casos más graves, que organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada puedan ocultar y esconder la propiedad efectiva de determinadas empresas para blanquear los ingresos de actividades delictivas. Por tanto, el legislador de la Unión debe intervenir y dictar normas relativas a las transformaciones transfronterizas, con salvaguardias adecuadas y proporcionadas para los trabajadores, los acreedores y los accionistas, con el fin de crear un mercado único dinámico y equitativo. El Parlamento Europeo ha realizado ya llamamientos en este sentido. En particular, es importante que los trabajadores o sus representantes participen en el procedimiento, con arreglo al 8.º principio del pilar europeo de los derechos sociales: en especial, se les debe informar y consultar oportunamente sobre los asuntos que les atañan en el contexto de las transformaciones transfronterizas de las empresas. La movilidad de las empresas debe ir de la mano de la protección de las prerrogativas reconocidas en la legislación social y laboral nacional. A la luz de las consideraciones anteriores, los principales objetivos de las normas armonizadas relativas a las transformaciones transfronterizas son dos: - permitir que las empresas, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, puedan efectuar su transformación transfronteriza de una manera ordenada, eficiente y eficaz; - proteger a las partes interesadas más afectadas, como los trabajadores, acreedores y accionistas, de forma adecuada y proporcionada.

La propuesta habilitará a las empresas para efectuar su transformación transfronteriza mediante el cambio de su forma jurídica en un Estado miembro a una forma jurídica similar en otro Estado miembro. De este modo se garantizará que las empresas conserven su personalidad jurídica a lo largo del proceso, sin necesidad de disolución o liquidación en el Estado miembro de origen, y constituyan una nueva entidad en el Estado miembro de destino. El objetivo consiste en ofrecer un procedimiento de transformación transfronteriza específico y estructurado en varios niveles que garantice la supervisión de la legalidad del proceso, en primer lugar, por la autoridad competente del Estado miembro de origen y, en segundo lugar, por el Estado miembro de destino, a la luz de todos los hechos y datos pertinentes. Un elemento fundamental del procedimiento es que impediría las transformaciones transfronterizas cuando se determine que constituyen un abuso, en concreto, en los casos en que consistan en un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar injustificadamente los derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios. El primer paso del procedimiento sería la preparación del proyecto de transformación transfronteriza y de dos informes específicos dirigidos a los accionistas y los trabajadores sobre las implicaciones que tendrá el proceso. Por otra parte, las empresas medianas y grandes tendrán que solicitar a la autoridad competente la designación de un perito independiente que examine la exactitud de los proyectos e informes elaborados por la empresa. El informe escrito del perito independiente proporcionará asimismo el fundamento de hecho para la evaluación que deberá llevar a cabo la autoridad competente respecto, entre otras cuestiones, al riesgo de abuso referido anteriormente. El informe pericial, que se hará público, no podrá contener ningún dato confidencial facilitado por la empresa. El proyecto y los informes se pondrán a disposición del público y las partes interesadas podrán formular observaciones. A partir de ese momento, la empresa deberá adoptar una decisión en la junta general sobre si procede o no a la transformación transfronteriza. Tal decisión, junto con la información y los documentos pertinentes, se someterá a la autoridad nacional competente del Estado miembro de origen, que decidirá si expide o no el certificado previo a la transformación. La supervisión de dicha autoridad constará de dos posibles fases. En la primera fase, que solo dura un mes, la autoridad competente examinará si la transformación transfronteriza es legal. Determinará si se cumplen todas las condiciones para la transformación transfronteriza dispuestas en la Directiva y en la legislación nacional, incluida la solvencia de la sociedad, la aprobación de la transformación en una junta general por la mayoría requerida de accionistas y la protección de los trabajadores, accionistas minoritarios y acreedores en el ámbito de aplicación de la Directiva. Durante esta fase, la autoridad también determinará si se trata de un artificio. Si al final del plazo de un mes establecido para la primera fase de investigación la autoridad no formula objeciones, emitirá un certificado previo de transformación. Si al final del plazo de un mes determina con certeza que la transformación transfronteriza es ilegal, denegará la concesión de dicho certificado. Alternativamente, si al final de dicho plazo alberga serias dudas respecto a la posible ilegalidad de la transformación, informará a la sociedad de que llevará a cabo un examen exhaustivo de la existencia del abuso anteriormente mencionado. El examen pormenorizado deberá concluirse y deberá adoptarse una decisión definitiva en el plazo de dos meses. Si tras dicho análisis, se emite el certificado previo de transformación, este se transmitirá sin demora a la autoridad competente del Estado miembro de destino. A continuación, el Estado de destino llevará a cabo un examen de la parte del procedimiento que se rija por su legislación. La autoridad competente del Estado miembro de destino velará por que la sociedad transformada se atenga a las disposiciones de su legislación nacional sobre la constitución de sociedades (por ejemplo, que la empresa cuente con un domicilio real en su territorio) y, en su caso, por que se determinen lícitamente los mecanismos de participación de los trabajadores. Una vez realizado el control de la legalidad, la sociedad se inscribirá en el registro del Estado miembro de destino y eliminará su inscripción en el registro del Estado miembro de origen. La transformación tendrá entonces eficacia jurídica. Todos los contactos entre los registros deberán efectuarse a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM). Fusiones transfronterizas Es posible que una empresa también desee ejercer su libertad de establecimiento y, posteriormente, beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mercado único mediante una fusión transfronteriza. Las empresas pueden llevar a cabo fusiones transfronterizas por diversos motivos, como las reorganizaciones de grupos, el recorte de los costes organizativos y otras consideraciones de índole empresarial, con el fin de disfrutar de mayores rendimientos de escala, consolidar su marca o lograr otras sinergias entre distintas actividades empresariales. En la introducción a la Directiva sobre fusiones transfronterizas se estableció un procedimiento armonizado a escala de la UE para las sociedades de capital, que dio lugar a un incremento sustancial de las fusiones transfronterizas en la Unión y el EEE. El número de este tipo de operaciones aumentó un 173 % entre 2008 y 2012, lo que indica que el procedimiento establecido por la Directiva fomentó sustancialmente la actividad transfronteriza. Las partes interesadas (como los despachos de abogados, los registros mercantiles y los sindicatos) entrevistadas para el estudio de 2013 sobre la aplicación de la Directiva acogieron favorablemente los nuevos procedimientos y la simplificación del procedimiento, y se refirieron a la reducción de costes y plazos lograda gracias al marco armonizado. Sin embargo, a pesar de la valoración general positiva, la evaluación del funcionamiento de la Directiva sobre fusiones transfronterizas permitió detectar ciertos problemas que impiden la plena eficacia y eficiencia de las normas vigentes. En la Estrategia para el mercado único de 2015 se mencionaban diversas incertidumbres del Derecho de sociedades como uno de los obstáculos de los que se quejan las pymes en el mercado único, y se anunció que la Comisión «examinará la necesidad de actualizar las normas existentes sobre fusiones transfronterizas y la posibilidad de completarlas con normas relativas a las escisiones transfronterizas». El Parlamento Europeo subrayó los efectos positivos de la Directiva, que ha facilitado las fusiones transfronterizas entre sociedades de capital en la Unión Europea y ha reducido los costes y los procedimientos administrativos conexos. Sin embargo, el Parlamento Europeo también señaló la necesidad de revisar la Directiva para mejorar su funcionamiento. Los principales obstáculos identificados atañen a la falta de armonización de las normas sustantivas, en particular en lo que se refiere a la protección de los acreedores y de los accionistas minoritarios, así como a la falta de una vía rápida (es decir, de procedimientos simplificados para las fusiones menos «complejas»). Además, se observó que el procedimiento de fusión transfronteriza no integra suficientemente las herramientas y los procesos digitales (p. ej., en lo que respecta a la presentación de documentos a las autoridades públicas o a la puesta en común de tales documentos entre estas). Se ha criticado además que no se informa suficientemente a los trabajadores acerca de los detalles y las implicaciones de una fusión transfronteriza. Estas ineficiencias fueron confirmadas por las distintas partes interesadas a lo largo del proceso de consulta. En lo que respecta a la protección de los acreedores y de los accionistas minoritarios, la reglamentación vigente sobre fusiones transfronterizas establece unas normas mínimas, fundamentalmente procedimentales, y deja la protección sustantiva a las legislaciones nacionales. Por tanto, persisten las diferencias entre las leyes de los diferentes Estados miembros. Por ejemplo, la Directiva únicamente establece que se protegerá a los acreedores con arreglo a las disposiciones nacionales al respecto, sin otras especificaciones. Del mismo modo, la Directiva dispone algunas normas relativas a los accionistas en general (p. ej., información a través de los proyectos de fusión, informes de peritos, votación en las juntas generales), pero deja que sean los Estados miembros los que decidan la adopción de medidas ulteriores de protección de los accionistas minoritarios. En cuanto a la participación de los trabajadores en los órganos de dirección, las normas vigentes establecen un marco general. Sin embargo, no exigen que las sociedades que se fusionan faciliten información específica y exhaustiva sobre la fusión transfronteriza a los trabajadores. En la actualidad, la situación de los trabajadores solo se considera de manera general en el informe de gestión dirigido principalmente a los accionistas. En cuanto a los procedimientos simplificados, las normas vigentes ofrecen unas posibilidades limitadas. Por ejemplo, permiten que se renuncie a un informe pericial independiente si todos los accionistas lo aceptan, y no requieren ni dicho informe ni la aprobación de la junta general en caso de fusión entre una sociedad matriz y su filial plenamente participada. Con la presente propuesta se pretende solucionar estas deficiencias. Ofrece normas armonizadas para la protección de acreedores y accionistas. Las sociedades deberán ofrecer la protección de los acreedores y accionistas prevista en el proyecto de transformación transfronteriza. Los acreedores que no se muestren satisfechos con la protección ofrecida, podrán recurrir a la autoridad administrativa o judicial pertinente para obtener las garantías adecuadas. Se presumirá que los acreedores de las sociedades que vayan a fusionarse no se verán perjudicados por una fusión transfronteriza cuando un perito independiente evalúe su situación y considere que no existe perjuicio para ellos, o cuando se les haya ofrecido un derecho de pago, ya sea contra un garante tercero, o contra la sociedad resultante de la fusión. Los Estados miembros podrán seguir aplicando sus leyes relativas a la protección del pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social cuando dichas normas difieran de la protección que ofrece la presente propuesta. A los accionistas que no hayan votado a favor de una fusión transfronteriza o no tengan derecho de voto les asistirá el derecho a abandonar la empresa (enajenar sus acciones) y recibir la indemnización adecuada. Por otra parte, los Estados miembros también deberán velar por que los accionistas de las sociedades fusionadas que no se opongan a la fusión transfronteriza, pero consideren que la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar la relación fijada en el proyecto común de fusión transfronteriza ante un órgano jurisdiccional nacional. Además, las normas propuestas garantizarán que los trabajadores sean debidamente informados de las consecuencias de la fusión transfronteriza prevista que les atañan. La propuesta prevé asimismo el uso de herramientas y procesos digitales a lo largo del procedimiento de fusión transfronteriza, así como el intercambio de la información pertinente mediante la interconexión de los registros mercantiles. Por último, en la medida de lo posible, la propuesta introduce nuevas formas de simplificación de los procedimientos. Escisiones transfronterizas Es posible que una empresa también desee ejercer su libertad de establecimiento mediante una escisión transfronteriza. De forma similar a las transformaciones y las fusiones transfronterizas, las escisiones transfronterizas ofrecen una vía para que las sociedades modifiquen o simplifiquen su estructura organizativa, se adapten a las condiciones cambiantes del mercado y aprovechen nuevas oportunidades de negocio en otro Estado miembro. Así lo confirmaron los encuestados en la consulta de 2015 sobre fusiones y escisiones transfronterizas. En cualquier caso, la situación actual relativa de tales escisiones en los Estados miembros de la UE ofrece asimismo un panorama muy fragmentado. No existe un marco jurídico armonizado para las escisiones transfronterizas de empresas, aunque estas operaciones desempeñan igualmente un papel importante en el entorno económico de los Estados miembros.

El marco jurídico actual de la UE establece normas únicamente en cuanto a las fusiones transfronterizas de las empresas, mientras que las escisiones transfronterizas se encuentran sujetas a las normativas nacionales en la materia, de existir estas. En la actualidad, únicamente menos de la mitad de los Estados miembros cuentan con normas nacionales sobre las escisiones transfronterizas de sociedades. En ausencia de un marco jurídico fiable para las operaciones referidas, las empresas tienen dificultades para acceder a los mercados de otros Estados miembros y, a menudo, han de encontrar alternativas costosas a los procedimientos directos. Los diferentes requisitos nacionales dificultan la estructuración de las operaciones transfronterizas y las convierten en procesos más complejos y costosos. Incluso cuando los Estados miembros permiten a las empresas efectuar escisiones transfronterizas, las disposiciones nacionales pertinentes suelen ser divergentes o incluso incompatibles. En algunos Estados miembros no es posible llevar a cabo una escisión transfronteriza directa. La inseguridad jurídica y la falta o la complejidad de las normas respecto a la movilidad transfronteriza de las empresas conllevan asimismo que no exista un marco inequívoco que garantice la protección efectiva de las distintas partes interesadas. Esto puede dar lugar incluso a una situación en la que algunas empresas puedan abusar de la libertad de establecimiento. Por tanto, resulta crucial crear un marco jurídico que garantice un equilibrio justo entre la necesidad de proporcionar a las empresas un entorno propicio para su actividad en la UE y, al mismo tiempo, la salvaguarda de los intereses legítimos de las partes interesadas. En la estrategia para el mercado único de 2015 se mencionaban diversas incertidumbres del Derecho de sociedades como uno de los obstáculos de los que se quejan las pymes en el mercado único, y se anunció que la Comisión «examinará la necesidad de actualizar las normas existentes sobre fusiones transfronterizas y la posibilidad de completarlas con normas relativas a las escisiones transfronterizas». Con esta parte de la propuesta se pretende introducir un nuevo marco jurídico que regule las escisiones transfronterizas. Su principal objetivo es abordar las cuestiones relacionadas con la movilidad transfronteriza, facilitando a cualquier sociedad de capital la posibilidad de emprender una escisión transfronteriza. Las disposiciones relativas a las escisiones transfronterizas se inspiran en el marco existente de la Directiva sobre fusiones transfronterizas, así como en las normas vigentes para las escisiones nacionales. Se adaptan las normas para atender a las situaciones en las que se escinde una sociedad, en lugar de los casos en los que una o varias sociedades transfieren todos sus activos y obligaciones a otra sociedad. Al mismo tiempo, los objetivos de las normas armonizadas sobre las escisiones transfronterizas siguen siendo similares a los de las transformaciones transfronterizas: - permitir que las sociedades puedan efectuar su escisión transfronteriza de una manera ordenada, eficiente y efectiva; - proteger a las partes interesadas más afectadas, como los trabajadores, acreedores y accionistas, de forma adecuada y proporcionada. Dados la similitud de los riesgos de las escisiones transfronterizas y de las transformaciones transfronterizas, también se requerirá para las escisiones el procedimiento estructurado en varios niveles propuesto para las transformaciones. Este procedimiento garantizará el control de la legalidad de las escisiones transfronterizas por parte de la autoridad competente de la sociedad escindida y de las autoridades de las sociedades beneficiarias a la luz de todos los hechos y datos pertinentes. Al igual que en las transformaciones, un elemento fundamental del procedimiento consistirá en impedir las escisiones transfronterizas cuando se determine que constituyen un abuso, en concreto, en los casos en que consistan en un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar injustificadamente los derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios. Dada la complejidad de tratar los riesgos de abuso en una situación en la que una sociedad escindida transfiere activos y pasivos a sociedades existentes en diferentes Estados miembros, se decidió regular las situaciones en las que se crean nuevas empresas mediante una escisión transfronteriza, y no regular por el momento las escisiones transfronterizas por absorción, es decir, los casos en los que una sociedad transfiere activos y pasivos a más de una sociedad existente. En un contexto nacional (cuando tales situaciones se regulan en las normas vigentes), dicho procedimiento conlleva el examen de la protección de las partes interesadas en un Estado miembro, mientras que en el contexto transfronterizo podría exigir la intervención de numerosas autoridades de diversos Estados miembros. La posibilidad de incluir también las escisiones transfronterizas por absorción en el ámbito de aplicación de la Directiva podría evaluarse una vez que se adquieran las primeras experiencias respecto a las nuevas normas sobre las escisiones transfronterizas. De forma similar a las transformaciones transfronterizas, el primer paso del procedimiento sería la preparación del proyecto de escisión transfronteriza y de dos informes específicos dirigidos a los accionistas y los trabajadores sobre las implicaciones que tendrá el proceso para ellos. Por otra parte, las empresas medianas y grandes tendrán que solicitar a la autoridad competente la designación de un perito independiente que examine la exactitud de los proyectos e informes elaborados por la sociedad. El informe escrito del perito independiente proporcionará asimismo el fundamento de hecho para la evaluación que debe llevar a cabo la autoridad competente respecto, entre otras cuestiones, del riesgo de abuso anteriormente mencionado. El informe pericial, que se hará público, no podrá contener ningún dato confidencial facilitado por la empresa. El proyecto y los informes se pondrán a disposición del público y las partes interesadas podrán formular observaciones. A partir de ese momento, la sociedad escindida deberá adoptar una decisión en la junta general sobre si procede o no a la escisión transfronteriza. Tal decisión, junto con la información y los documentos pertinentes, se someterá a la autoridad nacional competente del Estado miembro de la sociedad que se escinde, que deberá decidir si expide o no el certificado previo a la escisión. La supervisión de dicha autoridad se dividirá en dos fases: una obligatoria y otra opcional. En la primera, que solo dura un mes, la autoridad competente examinará si la escisión transfronteriza es legal. Determinará si se cumplen todas las condiciones para la escisión transfronteriza dispuestas en la Directiva y en la legislación nacional, incluidas la solvencia de la sociedad, la aprobación de la escisión en una junta general por la mayoría requerida de los accionistas y la protección de los trabajadores, accionistas minoritarios y acreedores en el ámbito de aplicación de la Directiva. Establecerá asimismo si se trata de un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar injustificadamente los derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios. Si al final del plazo de un mes la autoridad no formula objeciones, emitirá un certificado previo de escisión; si determina con certeza que la escisión transfronteriza es ilegal, adoptará una decisión por la que se deniega la concesión de tal certificado, y si alberga serias dudas respecto a la posible ilegalidad de la escisión, informará a la sociedad escindida de que llevará a cabo una investigación exhaustiva para examinar en detalle la existencia de los abusos anteriormente citados. El examen pormenorizado deberá concluirse, y deberá adoptarse una decisión definitiva, en el plazo de dos meses desde el inicio de la investigación exhaustiva. Cuando tras dicho control se emita el certificado previo de escisión, este se transmitirá sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias. A continuación, las autoridades competentes llevarán a cabo un examen de la parte del procedimiento que se rija por su respectiva legislación. Las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias velarán por que las empresas se atengan a las disposiciones de su legislación nacional sobre la constitución de sociedades, en su caso (por ejemplo, que la empresa cuente con un domicilio real en su territorio). También comprobarán si se han determinado lícitamente los regímenes de participación de los trabajadores. Una vez realizada la comprobación de legalidad, la escisión se registrará e inscribirá en todos los registros mercantiles pertinentes. Todos los contactos entre los registros deberán efectuarse a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM). Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación La presente propuesta complementará y modificará las normas vigentes sobre el Derecho de sociedades de la UE que se encuentran actualmente codificadas en la Directiva (UE) 2017/1132. Su objetivo es revisar las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas y proporcionar un marco jurídico adecuado e inequívoco para que las sociedades puedan acometer escisiones o traslados transfronterizos de su domicilio social. Desde una perspectiva procedimental, las normas propuestas son plenamente coherentes con las normas vigentes encaminadas a facilitar la actividad transfronteriza de las sociedades a través de fusiones transfronterizas; desde una perspectiva sustantiva, las normas propuestas se atienen rigurosamente al principio de libertad de establecimiento consagrado en los artículos 49 a 55 del TFUE y atienden a la necesidad de protección de los trabajadores, accionistas minoritarios y acreedores. Por otra parte, la propuesta es coherente con las disposiciones relativas a la movilidad transfronteriza del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 del Consejo. Además, las normas propuestas son conformes con el enfoque adoptado en las normas de la UE sobre los derechos de los accionistas establecidas en la Directiva 2007/36/CE y en las normas legales aplicables del Reglamento 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia. El uso de herramientas digitales y, en particular, el intercambio de información empresarial en relación con las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas entre los registros mercantiles a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM) son plenamente conformes con el objetivo de digitalizar los procedimientos del Derecho de sociedades en el marco del mercado único digital y complementan los elementos de digitalización incluidos en la propuesta encaminada a promover las herramientas y los procesos digitales a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Las normas propuestas son conformes con la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida); la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos; la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, y la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, y pretenden complementarlas. En particular, los derechos de los trabajadores de las sociedades que participan en una fusión o una escisión transfronterizas también pueden protegerse con arreglo a la Directiva 2001/23/CE. Con las normas propuestas se pretende proporcionar una protección adicional a los trabajadores, al ofrecerles una mayor transparencia y una información mejorada sobre la transformación, fusión o escisión transfronteriza prevista. La propuesta contribuirá asimismo a la movilidad transfronteriza de las empresas mediante la armonización de aspectos sustantivos y procedimentales de la protección de los acreedores y los accionistas minoritarios y, a su vez, reforzará la actividad transfronteriza mediante el fomento de la seguridad jurídica y la consiguiente reducción para las empresas de los costes debidos al asesoramiento jurídico costoso y a la necesidad de cumplir las normas no armonizadas de los Estados miembros. Coherencia con otras políticas de la Unión Esta iniciativa contribuirá al éxito de otras muchas iniciativas de la Comisión encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado único al dotarle de mayor arraigo y equidad, y a construir una Europa digital. Esta iniciativa contribuirá asimismo al Plan de Inversiones para Europa, en particular a su tercer pilar, que se centra en la mejora del entorno empresarial en Europa mediante la eliminación de las barreras normativas a la inversión, tanto a escala nacional como a escala de la UE; facilitará además la Unión de Mercados de Capitales, al hacer que el marco jurídico para las empresas sea más claro, adecuado y eficiente con el fin de incentivar las inversiones en Europa.

Al mismo tiempo, esta iniciativa también es coherente con el objetivo de crear una unión económica más sólida y justa, y con su pilar europeo de derechos sociales, en particular el 8.º principio, que establece diversos principios y derechos fundamentales como base de unos mercados de trabajo y unos sistemas de protección social equitativos y eficaces.En particular, mediante la mejora de la transparencia para las partes interesadas pertinentes, incluidos los trabajadores, esta iniciativa contribuirá directamente a que se respete el principio de que los trabajadores o sus representantes tienen derecho a ser informados y consultados oportunamente sobre los asuntos que les incumben, y en particular, respecto al traslado, la reestructuración y la fusión de sociedades y los despidos colectivos. Esta iniciativa es acorde con el objetivo de crear un sistema de imposición de las sociedades justo y eficiente en la Unión Europea.El Consejo ha adoptado varias medidas para contrarrestar la evasión fiscal de las empresas a lo largo de los últimos años. La Directiva 2015/2376 del Consejo dispone el intercambio automático obligatorio de información sobre los acuerdos tributarios previos y los acuerdos previos sobre precios entre los Estados miembros. Además, la Directiva 2016/881 del Consejo dispone el intercambio automático obligatorio de información sobre los informes nacionales de las empresas multinacionales. El 20 de junio de 2016, el Consejo adoptó la Directiva (UE) 2016/1164 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior , que incluye disposiciones sobre la imposición de salida destinadas a evitar que las empresas eludan el pago de impuestos mediante la reubicación de activos. El 13 de marzo de 2018, se alcanzó un acuerdo político en el Consejo sobre la propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a la revelación obligatoria por parte de los intermediarios de mecanismos de planificación fiscal, que se adoptará en breve. En particular, el refuerzo de la accesibilidad transfronteriza a la información societaria contribuirá a garantizar una tributación justa cuando se generen beneficios. Las salvaguardas contra el abuso de los procedimientos de transformación y escisión para crear artificios destinados a obtener ventajas fiscales indebidas contribuirán a los esfuerzos de la UE en materia de lucha contra la evasión y la elusión fiscales. Mediante la inclusión de normas más claras y armonizadas encaminadas a proteger a los accionistas de las empresas y a reforzar el control de la legalidad de la transformación transfronteriza, esta iniciativa también supone un avance en cuanto a las medidas de atenuación de los riesgos que plantean las organizaciones de delincuencia organizada en la creación y en el ejercicio de actividades empresariales de personas jurídicas tales como las sociedades. La Comisión ha destacado estos riesgos en su Informe sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas, adoptado el 26 de junio de 2017. En este informe, la Comisión destaca la vulnerabilidad de las estructuras societarias, como las empresas, frente al riesgo de infiltración de organizaciones de delincuencia organizada y grupos terroristas. Esta iniciativa complementará las ambiciosas normas vigentes de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, en virtud de las cuales las estructuras societarias deben revelar quiénes son sus titulares reales a las entidades encargadas del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que constituye el fundamento jurídico de la competencia de la UE para actuar en el ámbito del Derecho de sociedades. En particular, el artículo 50, apartado 2, letra f), establece la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento, y el artículo 50, apartado 2, letra g), dispone medidas de coordinación relativas a la protección de los intereses de los socios de las sociedades y otras partes interesadas. Subsidiariedad (para competencias no exclusivas) Existe un valor añadido inequívoco en la opción de abordar los problemas a escala de la UE, y no mediante la actuación individual de los Estados miembros. Las principales dificultades para llevar a cabo transformaciones y escisiones transfronterizas se deben a la existencia de unas normas de procedimiento nacionales divergentes, contradictorias o solapadas en materia de protección de los acreedores y los accionistas minoritarios, a la falta de uso de la interconexión de los registros mercantiles o a otras incoherencias o incertidumbres jurídicas causadas por las normas de los distintos Estados miembros, como las normas contables. Las principales ineficiencias en el funcionamiento de las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas obedecen fundamentalmente a unas normas nacionales divergentes, contradictorias o que se solapan respecto a la protección de los acreedores y los accionistas minoritarios, la falta de uso de la interconexión de los registros mercantiles y otras incoherencias o fuentes de inseguridad jurídica causadas por las diferencias en la regulación de los Estados miembros, como en el caso de las normas contables. Estos retos, por su propia naturaleza, requieren una actuación a escala de la UE. La actuación individual de los Estados miembros no puede eliminar de manera satisfactoria los obstáculos a un funcionamiento más eficiente de las operaciones transfronterizas, ya que las normas y los procedimientos nacionales tendrían que ser compatibles para funcionar en situaciones transfronterizas y potenciar este tipo de operaciones. Estas barreras no pueden suprimirse únicamente mediante el recurso a la aplicación directa del artículo 49 del TFUE, que exigiría abordarlas una a una mediante procedimientos de infracción contra los Estados miembros en cuestión, y el levantamiento de numerosas barreras requiere una coordinación previa de los regímenes jurídicos nacionales, incluido el establecimiento de mecanismos de cooperación administrativa. Por tanto, parece que, sin medidas a escala de la UE, solo se dispondrá de soluciones nacionales no armonizadas, de manera que las empresas, y en particular las pymes, seguirán encontrándose con unos regímenes nacionales divergentes que complican el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento sin garantizar una protección adecuada de las partes interesadas, y los costes resultantes afectarán en particular a las empresas, pero también a las distintas partes interesadas, ya sean trabajadores, acreedores o accionistas minoritarios. Aunque los niveles esenciales de protección de los trabajadores, los accionistas minoritarios y los acreedores sigan estableciéndose a escala nacional, convendría fijar en el ámbito de la UE un marco procedimental para su aplicación en el caso de las operaciones transfronterizas, en aras de la seguridad jurídica y la efectividad de tal protección. A la luz de lo anterior, la intervención específica de la UE se atiene al principio de subsidiariedad.Proporcionalidad Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, las normas propuestas parecen apropiadas para alcanzar los objetivos de disponer de unas normas claras y adecuadas para las empresas, y también de ofrecer protección a las partes interesadas, tal como se establece en la evaluación de impacto. En esta se explican los costes y beneficios de las opciones consideradas para las empresas, las partes interesadas y los Estados miembros, teniendo en cuenta todos los elementos necesarios, incluidos los beneficios sociales y la viabilidad política. Por ejemplo, se estima que el procedimiento de transformación transfronteriza propuesto supondrá un ahorro de costes de entre 12 000 y 19 000 EUR por operación y que las empresas que operan en el mercado interior podrían ahorrar en total entre 176 y 280 millones EUR a lo largo de cinco años. Parece que las medidas propuestas no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos y que sus efectos positivos superan los posibles efectos negativos (apartado 6.3 de la evaluación de impacto). Elección del instrumento El fundamento jurídico de las operaciones relacionadas con el Derecho de sociedades es el artículo 50 del TFUE, que exige que el Parlamento Europeo y el Consejo actúen mediante directivas. La Directiva (UE) 2017/1132 regula el Derecho de sociedades a escala de la UE. Por razones de cohesión y coherencia del Derecho de sociedades de la UE, la presente propuesta modificará y se añadirá a dicha Directiva . 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Evaluaciones ex post y control de adecuación de la legislación vigente La propuesta introduce un nuevo marco jurídico para el procedimiento de transformaciones y escisiones transfronterizas de las sociedades de capital. La evaluación ex post de la Directiva sobre fusiones transfronterizas vigente se ha llevado a cabo con arreglo a los criterios de evaluación, de conformidad con los requisitos de «Legislar mejor». Las principales aportaciones a la evaluación fueron el estudio «La aplicación de la Directiva sobre fusiones transfronterizas» realizado por un contratista externo para la Comisión, otros estudios y dos consultas públicas (2015 y 2017) que recabaron las opiniones de las partes interesadas acerca del funcionamiento de las fusiones transfronterizas.

La conclusión del análisis fue una valoración general positiva de la Directiva sobre fusiones transfronterizas en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido para la UE. En general, dicha Directiva ha dado lugar a un incremento significativo de las fusiones transfronterizas, con arreglo a su objetivo de facilitar este tipo de operaciones y reforzar las oportunidades que ofrece el mercado interior. Sin embargo, a pesar de la valoración general positiva, la evaluación permitió identificar ciertos problemas que impiden la plena eficacia y eficiencia de la Directiva. Los principales obstáculos detectados atañen a la falta de armonización de las normas sustantivas, en particular en lo que se refiere a la protección de los acreedores y de los accionistas minoritarios, así como a la ausencia de procedimientos acelerados (es decir, simplificados) en la Directiva. Utilizar más la interconexión de los registros mercantiles podría potenciar las sinergias y, por tanto, reforzar la coherencia con otras legislaciones en materia de sociedades. La presente propuesta es coherente con la evaluación, y tiene por objeto solucionar las principales deficiencias detectadas de las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas. Consultas con las partes interesadas La Comisión ha colaborado activamente con las partes interesadas y ha realizado consultas exhaustivas a lo largo del proceso de evaluación de impacto. El proceso de consulta consistió en una consulta pública en línea, reuniones con las partes interesadas, incluidas conversaciones con expertos de los Estados miembros, y diversos estudios. La información recogida a través de todos estos medios se incorporó a la propuesta. En 2012, la Comisión llevó a cabo una consulta pública con el fin de evaluar los intereses principales de las distintas partes interesadas respecto al Derecho de sociedades europeo y determinar las prioridades futuras del Derecho de sociedades de la UE. Se recibieron 496 respuestas de una amplia gama de partes interesadas, como autoridades públicas, sindicatos, representantes de la sociedad civil, federaciones empresariales, profesionales liberales, inversores, universidades, grupos de reflexión, consultores y otras personas. La gran mayoría de las partes interesadas se centraron en la mejora del entorno empresarial y el fomento de la movilidad transfronteriza. Además, se hizo hincapié en el refuerzo de la protección de los acreedores, los accionistas y los trabajadores en situaciones transfronterizas, así como en la facilitación de la creación de empresas y el fomento de la competencia reglamentaria. En 2013 se lanzó una consulta pública en línea más detallada sobre los traslados transfronterizos de los domicilios sociales de empresas, encaminada a recabar información más pormenorizada sobre los costes que afrontan las sociedades que trasladan su domicilio social al extranjero, y sobre los distintos beneficios que puede deparar una acción de la UE a este respecto. En total, se recibieron 86 respuestas de autoridades públicas, sindicatos, representantes de la sociedad civil, empresas, organizaciones empresariales, particulares y universidades, lo que permitió contar con una amplia representación de la sociedad. Las respuestas procedieron de 20 Estados miembros de la UE y también de fuera de la Unión. Se constató que la mayoría de los encuestados que considerarían la posibilidad de proceder al traslado transfronterizo de su empresa acogerían en general con agrado la introducción de un procedimiento de transformación. Entre los motivos para responder afirmativamente se citaron los beneficios económicos, el ahorro de costes del mercado interior y las mayores posibilidades para las pymes de efectuar traslados transfronterizos. Por otra parte, una mayoría del 43 % de los encuestados opinó que la jurisprudencia del TJUE no proporciona claridad suficiente sobre la cuestión. En 2015 se llevó a cabo una nueva consulta pública centrada en las fusiones y las escisiones transfronterizas que recibió 151 respuestas. En lo que respecta a las escisiones, la introducción de un nuevo procedimiento fue acogida en general favorablemente por los encuestados, que en su mayoría señalaron la protección de los acreedores, de los accionistas minoritarios y de los derechos de los trabajadores como las cuestiones principales . En torno al 72 % de los encuestados señalaron que la armonización de los requisitos legales relativos a las escisiones transfronterizas ayudaría a las empresas y facilitaría las actividades transfronterizas, al reducir los costes directamente relacionados con tales escisiones. Los aspectos del procedimiento, así como la protección de las partes interesadas, se identificaron como las cuestiones fundamentales. Por otra parte, el 68 % de los encuestados citó la inseguridad jurídica, debida a la ausencia de una normativa de la UE en este ámbito, como el principal obstáculo para efectuar una escisión transfronteriza, y el 51 % calificó de factores «muy problemáticos» la duración y la complejidad de los procedimientos actuales. En lo que atañe a las fusiones transfronterizas, el 88 % de los encuestados se manifestaron a favor de la armonización de la protección de los acreedores, y un 75 % de estos se declararon partidarios de un enfoque basado en una armonización plena. La gran mayoría cree que una garantía constituye la mejor forma de protección, y que debe armonizarse la fecha que determina el inicio del plazo de protección de los acreedores. Por otra parte, en lo que se refiere a la protección de los accionistas minoritarios, una mayoría del 66 % se declaró a favor de la armonización, y un 71 % abogó por establecer un nivel máximo de armonización. El 70 % de los que se manifestaron a favor de la armonización plena consideraba que a los accionistas minoritarios se les debe otorgar un derecho de separación a cambio de una compensación en efectivo adecuada. Por otra parte, el 62 % de los encuestados acogió favorablemente la introducción de un procedimiento acelerado. La consulta pública más reciente sobre el Derecho de sociedades se realizó en 2017, del 10 de mayo al 6 de agosto, y se recibieron 207 respuestas. Con vistas a la nueva iniciativa, la Comisión pidió respuestas a diversas preguntas pormenorizadas sobre las deficiencias del marco jurídico de la UE y las áreas consideradas prioritarias para los encuestados. El resultado de la consulta puso de relieve la existencia de un amplio apoyo a las transformaciones transfronterizas por parte de los Estados miembros y las partes interesadas, ya que en torno al 85 % de los encuestados opinó que debería existir un instrumento de la UE en este ámbito. En cuanto a las opiniones de las partes interesadas, todas las autoridades públicas convinieron en que la ausencia de normas de procedimiento para las transformaciones constituye efectivamente un obstáculo al mercado interior, y en que la UE debería resolver esta cuestión. Varias autoridades señalaron que les preocupa más el problema del domicilio que los mecanismos de protección de las partes interesadas, y afirmaron que apoyarían una iniciativa en materia de transformación en la medida en que las sociedades solo pudieran trasladar su domicilio real con fines empresariales auténticos, en lugar de llevar a cabo traslados de sociedades fantasma con fines fraudulentos. Las organizaciones empresariales respaldaron la introducción de un procedimiento de transformación con porcentajes de aprobación similares a los de las autoridades públicas. En torno al 44 % consideraron que este asunto constituye una prioridad fundamental de la UE, un 22 % lo calificó de prioridad, y un 22 %, de prioridad poco relevante. Los sindicatos y los notarios apoyaron moderadamente las nuevas normas procedimentales en materia de transformaciones (el 74 % y el 79 %, respectivamente, las consideraron una prioridad de la UE poco relevante). Tanto los sindicatos como la CNEU (órgano representativo de los notarios) subrayaron con énfasis que a las sociedades se les debe autorizar el traslado de su domicilio social únicamente cuando vaya acompañado del traslado de su domicilio real, y los sindicatos incidieron por su parte en la necesidad de un instrumento horizontal relativo a los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Los representantes del ámbito académico también se declararon en gran medida partidarios de la introducción de un procedimiento de transformación. Algunos de ellos abogaron por que los Estados miembros puedan determinar sus propios requisitos para su reconocimiento con arreglo a su legislación, incluida la exigencia de trasladar el domicilio real. Se indicó además que la digitalización debe utilizarse tanto como resulte posible (p. ej., para la publicación de información y la comunicación entre los registros mercantiles). Otros plantearon que un Estado miembro solo pueda bloquear una transformación en circunstancias muy excepcionales y por motivos de interés público. En lo que atañe a las fusiones transfronterizas, de manera similar a la consulta pública de 2015, la mayoría de las partes interesadas que respondieron a la consulta de 2017 calificaron de problemáticas las mismas cuestiones: la protección de los acreedores, de los accionistas minoritarios y de los derechos de los trabajadores. La mayoría de las autoridades públicas nacionales que respondieron a la consulta de 2017 señalaron que hay problemas con las normas de fusión transfronteriza vigentes, y que tales problemas constituyen obstáculos al mercado interior, aunque en diverso grado. Las respuestas fueron dispares respecto al grado de prioridad que debe otorgarse a una actuación de la UE destinada a modificar la normativa vigente. Por lo que se refiere a las salvaguardias, todas las autoridades públicas nacionales que respondieron opinaron que deben plantearse medidas de protección de los acreedores, mientras que el 70 % apuntó que también debían considerarse medidas de protección de los accionistas minoritarios. Un 80 % consideraba importante armonizar los aspectos procedimentales y sustantivos de la protección de los acreedores, y un 50 % consideraba importante que los accionistas minoritarios puedan bloquear la fusión y oponerse al intercambio de acciones. Las organizaciones empresariales que respondieron a la consulta de 2017 también convinieron en general en la necesidad de modificar la Directiva sobre fusiones transfronterizas. Plantearon cuestiones como la simplificación normativa (procedimiento acelerado), la armonización de las normas relativas a la protección de los acreedores y los accionistas minoritarios, la simplificación de las normas de protección de los trabajadores y la eliminación del requisito de que los procedimientos de fusión se suscriban ante notario, como ocurre en ciertos Estados miembros. Del mismo modo, los sindicatos también se mostraron receptivos a la modificación de las normas sobre fusiones transfronterizas. No obstante, mostraron fundamentalmente su interés en que se refuerce la protección de los trabajadores mediante la consolidación de los derechos de información, consulta y participación. Por el contrario, los notarios señalaron en su gran mayoría que la directiva vigente funciona muy bien, por lo que no ven la necesidad de que se adopten nuevas medidas de la UE en este ámbito. En cuanto a las escisiones transfronterizas, todas las autoridades públicas que respondieron a la consulta se mostraron a favor de las nuevas normas sobre este tipo de operaciones, mientras que el 40 % consideró que una iniciativa en este ámbito constituye una prioridad fundamental de la UE. Las organizaciones empresariales se declararon ampliamente a favor de las nuevas normas: el 44 % consideró que representan una prioridad fundamental y el 26 % las valoró como prioritarias. Los notarios expresaron un apoyo moderado a una nueva iniciativa. Los sindicatos se mostraron extremadamente escépticos respecto a las escisiones debido a los riesgos para los trabajadores, pero señalaron que en caso de que los Estados miembros decidan a favor de este tipo de operaciones, habría que reforzar las normas sobre información y consulta de los trabajadores. Como comentario general, la gran mayoría de los encuestados que se declararon a favor de un nuevo procedimiento para las escisiones transfronterizas indicaron que el procedimiento debería atenerse estrictamente a lo dispuesto en la Directiva sobre fusiones transfronterizas vigente. Por otro lado, las opiniones de las partes interesadas se recabaron asimismo en numerosas reuniones. El proceso de consulta sobre el paquete legislativo en materia de Derecho de sociedades en el seno del Grupo de Expertos en Derecho Mercantil (GEDM) comenzó en 2012. Desde 2012 hasta 2014, el GEDM trabajó en el Plan de Acción sobre el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial de 2012, mientras que en 2015 y 2016 se centró en los elementos de digitalización. En 2017, se celebraron tres reuniones del GEDM en las que se debatieron en detalle cuestiones pertinentes del paquete legislativo sobre el Derecho de sociedades, a saber, la digitalización y las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. En estas reuniones, la Comisión solicitó a los expertos de los Estados miembros sus opiniones sobre cuestiones específicas. En 2017, la Comisión invitó a las reuniones del GEDM no solo a los expertos de los Estados miembros, sino también a los representantes de las partes interesadas que se pronunciaron en las consultas públicas de 2013, 2015 y 2017. Entre tales partes interesadas figuraban empresas, trabajadores y profesionales del Derecho. Las partes interesadas resaltaron la necesidad de facilitar las operaciones transfronterizas, si bien los intereses de los socios, los trabajadores y los acreedores debían protegerse mediante salvaguardas adecuadas. En general, existe un amplio apoyo a la iniciativa relativa a las transformaciones transfronterizas, siempre que se ofrezcan las garantías suficientes. En lo que atañe a las fusiones, los representantes de los Estados miembros mostraron en general su apoyo a la iniciativa, aunque indicaron que la solución concreta requiere de debates más exhaustivos. Aunque ningún grupo de partes interesadas se mostró en contra de la revisión de las normas sobre fusiones transfronterizas, las opiniones difirieron en cuanto al grado de prioridad que se le debe otorgar. En lo que atañe a las escisiones transfronterizas, los representantes de los Estados miembros declararon su apoyo general a la iniciativa, si bien parece que deben seguir debatiéndose las soluciones concretas, sobre todo las que tienen su origen en diferentes tradiciones jurídicas. Existía un consenso entre todas las partes interesadas, con la excepción de los sindicatos, respecto a que un nuevo procedimiento para las escisiones transfronterizas resultaría de gran utilidad y debería atenerse estrictamente a lo dispuesto en la Directiva sobre fusiones transfronterizas vigente.

Además de en las reuniones del GEDM, la información de las partes interesadas se recabó mediante reuniones bilaterales. En estos encuentros, los representantes de los sindicatos subrayaron la importancia de preservar los derechos de participación de los trabajadores, y de que las empresas solo se trasladen con fines reales, evitando así que se creen sociedades fantasma mediante operaciones transfronterizas. Los representantes de las organizaciones empresariales mostraron un gran apoyo a la iniciativa de facilitar la movilidad de las empresas. En la propuesta se abordan las cuestiones más importantes señaladas por las partes interesadas. Sin embargo, dado que estas tienen puntos de vista diferentes sobre la manera concreta de solucionar estas cuestiones, la propuesta pretende alcanzar un equilibrio justo entre tales opiniones. Obtención y uso de asesoramiento especializado A fin de facilitar la tarea de la Comisión, se creó en mayo de 2014 el Grupo Informal de Expertos en Derecho de Sociedades (GIEDS) sobre cuestiones del Derecho de sociedades. Los miembros del grupo de expertos eran académicos y profesionales del Derecho de sociedades, altamente cualificados y con experiencia, de varios Estados miembros. La Comisión ha utilizado asimismo los resultados de un estudio realizado en 2017 en el que se analizan cuestiones específicas del traslado transfronterizo de domicilios sociales y de las escisiones transfronterizas de sociedades. Por otra parte, la Comisión recabó la opinión de expertos en varias conferencias, incluida la «21ª Conferencia Europea de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial: Cruce digital de fronteras» celebrada en septiembre de 2017 en Tallin (Estonia) y la «Conferencia Anual sobre el Derecho de sociedades europeo y la gobernanza empresarial», que se celebró en Tréveris (Alemania) en octubre de 2017. Evaluación de impacto El informe de evaluación de impacto, que incluye la digitalización, las operaciones transfronterizas y las normas de conflicto de leyes en el ámbito del Derecho de sociedades, fue examinado por el Comité de Control Reglamentario (CCR) el 11 de octubre de 2017. El CCR emitió un dictamen negativo el 13 de octubre de 2017. Las recomendaciones formuladas se trataron en una versión revisada de la evaluación de impacto presentada al Comité el 20 de octubre de 2017. El Comité emitió un dictamen positivo con reservas el 7 de noviembre de 2017. En cuanto al ámbito de aplicación que determinará qué tipos de sociedades podrán beneficiarse de las normas y los procedimientos armonizados para las transformaciones y escisiones transfronterizas y de las normas modificadas sobre las fusiones transfronterizas, en la evaluación de impacto se explica por qué el ámbito de aplicación actual de las normas sobre fusiones transfronterizas (es decir, las sociedades de capital) constituye la solución más eficaz para todas las operaciones transfronterizas, a pesar de algunos llamamientos a favor de ampliarlo para incluir las asociaciones y las cooperativas. Esto se debe a que los datos existentes muestran un uso muy limitado de las normas sobre las fusiones transfronterizas por parte de entidades distintas de las sociedades de capital. El 66 % de las sociedades absorbentes y el 70 % de las sociedades participantes en fusiones transfronterizas eran sociedades de capital , mientras que el 32 % de las sociedades absorbentes y el 28 % de las sociedades intervinientes en fusiones transfronterizas eran sociedades anónimas. Además, la ampliación del ámbito de aplicación daría lugar a posibles dificultades prácticas relacionadas con el Derecho de sociedades y las normas contables de la UE que solo se aplican a las sociedades de capital. Por lo que se refiere a la introducción de nuevas normas procedimentales respecto a las transformaciones y escisiones transfronterizas, la evaluación de impacto examinó la opción 0 (hipótesis de referencia) de no contar con tales normas, frente a la opción 1, que introduciría procedimientos armonizados de la UE para que las sociedades puedan llevar a cabo transformaciones y escisiones transfronterizas directas. La falta de normas procedimentales convierte las transformaciones y escisiones transfronterizas en operaciones extremadamente difíciles, si no imposibles. Solo en un número limitado de Estados miembros existen procedimientos nacionales en materia de transformaciones y escisiones transfronterizas, y a menudo no son compatibles entre sí. Por tanto, las sociedades deben recurrir a procedimientos indirectos costosos, a la aplicación por analogía de la Directiva sobre fusiones transfronterizas y de la jurisprudencia del TJUE cuando esta es conocida por los profesionales del Derecho y los registros mercantiles. Al introducirse nuevas normas procedimentales para las transformaciones y escisiones transfronterizas, las empresas se beneficiarán de una mayor claridad en los procesos, y se reducirán significativamente los costes para las sociedades que deseen acometer tales operaciones. Por otra parte, se aportará claridad a los registros mercantiles nacionales para distinguir de manera inequívoca la fecha en la que una sociedad puede inscribirse en el registro mercantil en el Estado miembro de destino y ser suprimida del registro mercantil en el Estado miembro de origen, lo que evitaría que se planteen situaciones como la del asunto Polbud. En lo que atañe a la protección de los accionistas minoritarios, en la evaluación de impacto se examinó la opción 0 (hipótesis de referencia), que consiste en las normas vigentes sobre protección de los accionistas minoritarios, frente a las opciones 1 y 2. La opción 1 contempla la disposición de normas armonizadas en el mercado único. Se basaría en las normas relativas a las fusiones transfronterizas, pero además establecería normas armonizadas. La opción 2 preferida establecería las mismas normas armonizadas que la opción 1, pero los Estados miembros podrían ofrecer garantías adicionales. Esta opción proporcionaría la protección de los accionistas minoritarios más adaptada. Aunque la opción 2 podría generar algunos costes de cumplimiento para las empresas, reduciría significativamente sus gastos y cargas en comparación con la hipótesis de referencia, acrecentaría la seguridad jurídica, reduciría la necesidad de asesoramiento legal y, por tanto, generaría un ahorro de costes para las empresas en comparación con la hipótesis de referencia . La opción 2 preferida ofrece el mejor equilibrio entre reducción de costes, un nivel de protección elevado y flexibilidad para los Estados miembros. En cuanto a la protección de los acreedores, en la evaluación de impacto se examinó la opción 0 (hipótesis de referencia) de mantener inalteradas las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas y no disponer normas de la UE para la protección de los acreedores en las transformaciones y escisiones transfronterizas, frente a la opción 1 de establecer normas armonizadas para proteger a los acreedores y a la opción 2 que prevé las mismas normas armonizadas que la opción 1, pero en la que los Estados miembros podrían ofrecer garantías adicionales. La opción preferida 2 ofrecería el mejor equilibrio entre reducción de costes, un nivel de protección elevado y flexibilidad para los Estados miembros. Ambas opciones 1 y 2 reducirían significativamente los costes y cargas para las empresas en comparación con la hipótesis de referencia, ya que las normas armonizadas sobre protección de los acreedores proporcionarían una mayor seguridad jurídica y reducirían la necesidad de asesoramiento jurídico respecto a cualquier operación transfronteriza. La opción 1 generaría el mayor ahorro para las empresas, mientras que el ahorro en la opción 2 podría ser menor, ya que los Estados miembros podrían ofrecer garantías adicionales que podrían resultar costosas u onerosas para algunas empresas (por ejemplo, la necesidad de ofrecer garantías a todos los acreedores). En lo que respecta a la protección ofrecida a los acreedores, la opción 2 proporcionaría una protección más completa y específica que la opción 1, por la posibilidad otorgada a los EE.MM. de evaluar las especificidades nacionales de la protección de los acreedores y de introducir más garantías. Por lo que respecta a la información, consulta y participación de los trabajadores, en la evaluación de impacto se comparó la opción (hipótesis de referencia) de aplicar las normas vigentes sobre la participación de los trabajadores de la Directiva sobre fusiones transfronterizas con la opción 1, en la que se aplicarían las normas vigentes sobre la participación de los trabajadores en los consejos de administración en las fusiones transfronterizas a las escisiones y transformaciones transfronterizas, y con la opción 2, que consistiría en realizar modificaciones específicas de las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas y, al mismo tiempo, adoptar medidas específicas respecto a los mayores riesgos para los trabajadores en las escisiones y transformaciones transfronterizas. La opción preferida 2 consta de varios elementos que, como efecto combinado, pretenden proporcionar la protección necesaria a los trabajadores. Entre las salvaguardas figurarían, para todas las operaciones transfronterizas, un nuevo informe especial preparado por la dirección de la empresa que describa el impacto de la fusión transfronteriza en los puestos de trabajo y la situación de los trabajadores , y una norma «contra los abusos» con arreglo a la cual, en el plazo de los tres años siguientes a la operación transfronteriza, si efectuase una operación transfronteriza o nacional posterior, la empresa no podría menoscabar el sistema de participación de los trabajadores. Tal norma se basa en las normas vigentes en materia de fusiones transfronterizas, pero se adaptaría para cubrir no solo las transformaciones, fusiones o escisiones nacionales posteriores, sino también otras operaciones transfronterizas y nacionales. Esta opción, además, introduciría normas específicas respecto a las negociaciones en los casos de escisión o transformación transfronteriza. En la evaluación de impacto se analizaron los costes y beneficios de estos cambios previstos y se concluyó que los costes de cumplimiento adicionales limitados para las empresas, derivados de la posible preparación del informe, quedarían compensados por la mayor protección de los trabajadores y los beneficios sociales resultantes. Por último, también se examinó la forma de hacer frente a los riesgos de abuso, en particular la proliferación de «sociedades fantasma» con fines fraudulentos, como por ejemplo, eludir las normas laborales o los pagos a la seguridad social, así como una planificación fiscal agresiva. Durante las consultas públicas, algunas partes interesadas, en particular los sindicatos, abogaron por una solución con arreglo a la cual la sociedad que lleve a cabo la transformación transfronteriza debería trasladar su domicilio social junto con su sede principal al Estado miembro de destino. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Polbud, dictada después de la finalización de la consulta pública, concluye que la libertad de establecimiento se aplica a los casos en los que solo se traslada el domicilio social a escala transfronteriza. Por tanto, tal solución no podría contemplarse. Así, en la evaluación de impacto se examinó la opción 0 (hipótesis de referencia) de carecer de normas armonizadas, frente a la opción 1, que introduciría normas y procedimientos conforme a los cuales los Estados miembros tendrían que evaluar en cada caso si la transformación transfronteriza en cuestión constituye un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o a perjudicar injustificadamente los derechos de los trabajadores, a los accionistas minoritarios o a los acreedores. La opción preferida 1 contribuiría directamente a la lucha contra la elusión de normas y, por tanto, contra el uso abusivo o fraudulento de las sociedades fantasma. En comparación con la hipótesis de referencia, la opción 1 sería parte del procedimiento que permite a las sociedades acometer transformaciones transfronterizas y, por tanto, los costes de cumplimiento adicionales no serían específicos de la evaluación del posible artificio. Los Estados miembros, por su parte, tendrían que transponer y aplicar tales normas, por lo que incurrirían en ciertos costes administrativos y organizativos. La opción 1 se traduciría en una mayor protección de las partes interesadas. Estas podrían manifestar sus puntos de vista a lo largo del procedimiento y, en última instancia, quedarían protegidas frente a la elusión de las normas por parte de las sociedades fraudulentas. En la evaluación de impacto también se analizaron las opciones relacionadas con las normas sobre conflicto de leyes. La opción preferida en este sentido consiste en un instrumento de armonización de las normas pertinentes, en particular en lo que respecta al factor de conexión, sobre la base del lugar de constitución de la sociedad, junto con otras normas específicas sobre la legislación del domicilio real y aplicables únicamente a las empresas establecidas en la UE. No obstante, dado que los casos en que se requiere más claridad, a saber, los que tienen que ver con cuestiones específicas relacionadas con la ley aplicable a las sociedades de capital en situaciones transfronterizas, se abordarán en la legislación propuesta sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, se decidió no proponer un acto legislativo específico sobre conflicto de leyes en este momento. Adecuación y simplificación de la reglamentación Se espera que la propuesta reporte ventajas considerables en materia de simplificación a las empresas en el mercado único, al facilitar su movilidad transfronteriza. La creación de un conjunto completo de normas comunes que regulen las transformaciones y escisiones transfronterizas racionalizará y simplificará los procedimientos y reducirá los costes para las empresas en cuanto al tipo y el contenido de los documentos que deben prepararse, los distintos procedimientos y los plazos conexos y otros requisitos. Las normas propuestas sobre la participación de los trabajadores y las normas de protección de los socios y acreedores reforzarán la seguridad jurídica y la previsibilidad de estas operaciones. Cabe esperar que la nueva normativa común sobre las escisiones y transformaciones transfronterizas genere un ahorro de entre 12 000 y 37 000 EUR (escisiones) y 12 000 y 19 000 EUR (transformaciones) en función del tamaño de las empresas y de los Estados miembros participantes. Las modificaciones propuestas del marco jurídico vigente de la UE en materia de fusiones transfronterizas de sociedades contribuirán a la simplificación de la normativa de operaciones y reducirá los costes y cargas administrativas mediante un nuevo procedimiento optimizado y común. Las normas propuestas sobre protección de los socios y acreedores y en materia de publicidad reforzarán la seguridad jurídica y la previsibilidad. La reducción de costes y las simplificaciones tendrán un impacto especialmente positivo en las microempresas y las pequeñas empresas. El intercambio de información previsto en la presente propuesta se llevará a cabo a través del sistema existente de interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (SIRM). Por tanto, no se prevén desarrollos específicos en materia de tecnologías de la información.

Derechos fundamentales Las normas propuestas en esta iniciativa garantizan el pleno respeto de los derechos y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y contribuyen a la aplicación de varios de tales derechos. En particular, el principal objetivo de esta iniciativa es facilitar los derechos de establecimiento en cualquier Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de la Carta, y garantizar el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad (artículo 21, apartado 2). La iniciativa pretende reforzar la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la UE y las legislaciones y prácticas nacionales (artículo 16). El derecho a la propiedad contemplado en el artículo 17 de la Carta también se ve reforzado por la iniciativa a través de las garantías proporcionadas a los accionistas. Aunque la iniciativa dará lugar a la adopción de normas para las empresas en el marco del Derecho de sociedades, también contribuirá al derecho de los trabajadores a la información y consulta en la empresa (artículo 27 de la Carta), al proporcionar mayor transparencia a los trabajadores en el caso de las operaciones transfronterizas de sociedades. La protección de los datos personales se garantizará igualmente con arreglo al artículo 8 de la Carta. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS No se han identificado costes relevantes. La propuesta generará costes fundamentalmente para las administraciones nacionales, relacionados con la introducción de normas legislativas a escala nacional (preparación, consulta, adopción, adaptación de las normas vigentes), así como con la introducción de procedimientos de control. En lo que se refiere a las transformaciones y las escisiones transfronterizas, en los Estados miembros en los que no existen procedimientos transfronterizos, el impacto será mayor que en aquellos otros en los que sí existen tales procedimientos y solo tendrían que adaptarse. No habrá ninguna repercusión sobre el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Comisión ayudará a los Estados miembros a transponer las normas propuestas y supervisará su aplicación. En este contexto, la Comisión cooperará estrechamente con las autoridades nacionales, p. ej., los expertos nacionales en derecho de sociedades del Grupo de expertos en derecho de sociedades (GEDS). la Comisión podrá proporcionar asistencia y orientación (por ejemplo, mediante la organización de talleres de aplicación o el asesoramiento bilateral). El seguimiento consistirá en el análisis de las tendencias en las actividades de las empresas relacionadas con las operaciones transfronterizas mediante las notificaciones de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM), la recogida de información sobre los costes de las transformaciones transfronterizas en la medida de lo posible, y la determinación de la medida en que las partes interesadas y sus organizaciones se muestran satisfechas de la protección de sus derechos en las operaciones transfronterizas pertinentes. También será objeto de seguimiento el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. Con vistas a recabar de las partes interesadas la información requerida, la Comisión podría enviarles cuestionarios u organizar encuestas específicas. Se llevará a cabo una evaluación con el fin de estimar el impacto de las medidas propuestas y verificar si se han alcanzado los objetivos. Para ello, Comisión se basará en la información recabada durante el ejercicio de seguimiento y en otras aportaciones obtenidas de las partes interesadas pertinentes, en su caso. Se publicará un informe de evaluación cuando se acumule la experiencia suficiente en la aplicación de las normas propuestas. El suministro de información con fines de seguimiento y evaluación no debe imponer ninguna carga administrativa innecesaria a las partes interesadas. Documentos explicativos (en el caso de las Directivas) La propuesta consiste en una modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades. Para garantizar la correcta aplicación de esta compleja Directiva, sería necesario un documento explicativo, por ejemplo, en forma de tablas de correspondencia. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Transformaciones transfronterizas Artículo 86 bis: este artículo describe el ámbito de aplicación de la propuesta, que establece un marco jurídico de la UE para la regulación de las transformaciones transfronterizas de sociedades de capital y sociedades anónimas. Artículo 86 ter: este artículo contiene definiciones. La definición de transformación transfronteriza se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y supone el cambio de la forma jurídica de la sociedad en el Estado miembro de origen a la forma jurídica en el Estado miembro de destino.

Artículo 86 quater: esta disposición establece las condiciones conforme a las cuales podrán realizarse transformaciones transfronterizas, su verificación y la legislación aplicable. En particular, establece el requisito de que las sociedades sujetas a procedimientos de insolvencia o similares no podrán realizar transformaciones transfronterizas según lo dispuesto en la presente Directiva. Además, con arreglo al principio general de que el Derecho de la UE no puede invocarse para justificar el abuso de derechos, según establece la jurisprudencia del TJUE, no podrá autorizarse una transformación cuando se determine, previo examen del caso y teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, que constituye un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar ilícitamente los derechos legales o contractuales de trabajadores, acreedores o socios. Artículo 86 quinquies: esta disposición establece la información mínima que deberá facilitarse en el proyecto de transformación transfronteriza que se pondrá públicamente a disposición de toda persona interesada en esta operación. En dicho proyecto deberá figurar la información relativa al cambio de forma de la sociedad y a la sociedad resultante de la transformación, así como a la protección ofrecida a las partes interesadas, en particular, accionistas, acreedores y trabajadores. Este artículo subraya la importancia de los proyectos, pero también facilita todo lo posible en su elaboración, ya que ofrece a las sociedades la posibilidad de redactarlos, además de en la lengua o las lenguas oficiales de los Estados miembros en cuestión, también en la lengua utilizada más comúnmente en las transacciones mercantiles; en este sentido, el Estado miembro podrá determinar cuál es la versión lingüística que prevalecerá en caso de discrepancia. Artículo 86 sexies: este artículo establece el requisito de elaborar un informe dirigido a los accionistas que explique en detalle el objetivo de la transformación transfronteriza, los planes de la sociedad y las garantías para los accionistas. El informe analizará, en particular, el impacto de la transformación en la actividad y los intereses de la sociedad, y en los intereses de sus accionistas, y las medidas previstas para protegerlos. Este informe también se pondrá a disposición de los trabajadores. Con arreglo al principio de proporcionalidad, podrá renunciarse al informe cuando todos los socios de la sociedad así lo acuerden. Artículo 86 septies: este artículo exige que la sociedad elabore un informe en el que se traten las cuestiones esenciales para los trabajadores de la empresa que lleva a cabo una transformación transfronteriza. En este informe se explicarán las consecuencias de tal operación para los trabajadores. Se pondrá a disposición de los representantes de los trabajadores o de los propios trabajadores en caso de que no existan tales representantes. La disposición aclara además que la provisión del informe se entenderá sin perjuicio del procedimiento de información y consulta aplicable ya dispuesto en el acervo. Artículo 86 octies: este artículo se refiere al examen a cargo de un perito independiente. La exactitud de la información facilitada en el proyecto de transformación transfronteriza y en los informes del órgano de dirección o de administración será objeto de una evaluación realizada por un perito independiente designado por la autoridad competente. El informe incluirá asimismo toda la información relevante acerca de la sociedad y la transformación transfronteriza prevista que permita a la autoridad competente valorar, entre otras cosas, si la operación constituye un artificio. Este artículo establece además el procedimiento, los plazos y las competencias del perito independiente, incluida la protección de la información confidencial. De conformidad con el principio de proporcionalidad, las microempresas y las pequeñas empresas estarán exentas del requisito de elaboración de un informe por un perito independiente. Artículo 86 nonies: este artículo establece las normas de publicación de los proyectos de transformación transfronteriza y el informe pericial independiente que deberán ponerse a disposición del público de forma gratuita. Al mismo tiempo, la publicidad incluirá una notificación en la que se invitará a los socios, acreedores y trabajadores de la sociedad a formular sus observaciones. Los requisitos de publicidad garantizarán un acceso inmediato a los proyectos, a efectos de la protección de las partes interesadas pertinentes. Este artículo establece el principio de que los proyectos se pondrán a disposición del público en el registro mercantil como punto de referencia más común para las partes interesadas. Los Estados miembros podrán autorizar a una sociedad a que publique un proyecto en su sitio web, pero, en tal caso, seguirá siendo obligatorio publicar la información más importante en el registro mercantil. El artículo prevé la posibilidad de que los Estados miembros dispongan la publicación adicional en el boletín oficial nacional y que se cobren tasas por tal publicación. Con el fin de facilitar el acceso a la información divulgada, el proyecto de transformación transfronteriza publicado, la notificación y el informe pericial independiente deberán ponerse a disposición del público de forma gratuita. Las tasas cobradas por la publicidad no podrán exceder del coste administrativo del servicio. Artículo 86 decies: este artículo establece el requisito de la aprobación del proyecto de transformación transfronteriza por la junta general. Existe un requisito similar en el caso de las fusiones transfronterizas. Los Estados miembros podrán establecer los requisitos relativos a la mayoría cualificada de los votos emitidos para la aprobación de los proyectos; no obstante, tales requisitos no podrán ser superiores a los requisitos aplicables a las fusiones transfronterizas. Artículo 86 undecies: este artículo dispone garantías para los accionistas y establece un derecho de separación para aquellos accionistas que se opongan a la transformación transfronteriza. Este derecho asiste tanto a quienes no votaron a favor de la transformación transfronteriza como a quienes no están de acuerdo con la escisión, pero carecen de derechos de voto. La sociedad, los accionistas restantes o los terceros, a petición de los socios en cuestión, deberán adquirir las acciones de estos a cambio de una compensación adecuada. En caso de que los accionistas consideren que la compensación en efectivo ofrecida se ha fijado de manera inadecuada, podrán impugnar su importe ante los tribunales del Estado miembro de origen. Artículo 86 duodecies: este artículo establece diversas garantías para los acreedores. Los Estados miembros podrán disponer que la sociedad que se transforma haga una declaración, como parte del proyecto de transformación transfronteriza, en la que haga constar que la transformación no afectará a su capacidad de cumplir sus obligaciones frente a terceros y que los acreedores no se verán perjudicados. A los acreedores también les asistirá el derecho a solicitar a las autoridades administrativas o judiciales competentes que les otorguen la protección adecuada. Las autoridades aplicarán la presunción iuris tantum de que no se perjudicará a los acreedores cuando un informe pericial independiente concluya que no existe ninguna probabilidad razonable de que los derechos de los acreedores sean menoscabados, o cuando la sociedad ofrece un derecho de pago contra un garante tercero o contra la sociedad transformada por el valor original del crédito en cuestión, a condición de que este pueda someterse a la misma jurisdicción que el crédito original. Este artículo aclara asimismo que las disposiciones sobre la protección de los acreedores se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales relativas a la liquidación o la garantía de los pagos adeudados a organismos públicos. Artículo 86 terdecies: este artículo regula la participación de los trabajadores en la sociedad que lleva a cabo una transformación, cuando la operación pone en riesgo la protección de los derechos de participación. En principio, la sociedad tendrá que atenerse a las normas del Estado miembro de destino, a menos que la legislación nacional de este no establezca el mismo nivel de participación de los trabajadores en los órganos de dirección o supervisión de la sociedad. Este artículo se aplicará igualmente cuando el número de trabajadores exceda de los cuatro quintos del umbral establecido en la legislación nacional del Estado miembro de origen que da lugar al derecho de participación de los trabajadores de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2001/89/CE, o cuando, con independencia del número de trabajadores, las normas de participación de estos en el Estado miembro de destino no establezcan el mismo nivel de participación. En tal caso, la sociedad tendrá que entablar negociaciones con los trabajadores para determinar su participación. Las negociaciones serán obligatorias y tendrán que dar lugar o bien a un acuerdo a medida que regule la participación de los trabajadores o bien, en caso de que no se alcance un acuerdo en el plazo de seis meses, a la aplicación de las normas estándar de participación de los trabajadores establecidas en el Anexo (en particular, la letra a) de la Parte 3) de la Directiva 2001/86/CE. De conformidad con la Directiva 2001/86/CE, las negociaciones deberán comenzar tan pronto como sea posible desde el momento en que se ponga a disposición del público el proyecto de transformación. La sociedad tendrá que preservar en lo esencial, al menos durante tres años, los derechos de participación de los trabajadores en el caso de que se lleven a cabo posteriormente operaciones como fusiones, escisiones o transformaciones. La sociedad estará obligada a comunicar el resultado de las negociaciones a sus trabajadores.

Artículos 86 quaterdecies y 86 quindecies: estos artículos regulan el control de la legalidad de las transformaciones transfronterizas por parte de la autoridad competente del Estado miembro de origen. Este Estado miembro evaluará la realización de la transformación transfronteriza con arreglo al procedimiento establecido por su legislación nacional. Las normas se basan en los principios correspondientes previstos en el Reglamento (CE) n.° 2157/2001 para la Sociedad Anónima Europea y en las normas relativas a las fusiones transfronterizas. La autoridad competente del Estado miembro de origen llevará a cabo una evaluación de la tramitación formal del procedimiento por parte de la sociedad y, además, determinará si la transformación prevista no constituye un artificio en el sentido antes mencionado. En caso de que la autoridad albergue serias dudas respecto a que la transformación transfronteriza pueda constituir un artificio, podrá efectuar una evaluación exhaustiva. El Artículo 86 sexdecies: establece las disposiciones relativas a la revisión de las decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente en lo que respecta a la expedición del certificado previo a la transformación, o a su denegación. Establece asimismo de la disponibilidad de tal decisión a través del sistema de interconexión y la transmisión del certificado previo a la transformación al Estado miembro de destino a través de medios de comunicación digitales. Artículo 86 septdecies: regula el control de la legalidad de la transformación transfronteriza por el Estado miembro de destino. La autoridad competente de dicho Estado miembro comprobará en particular los requisitos de constitución y los resultados de las negociaciones sobre la participación de los trabajadores, en su caso. Artículo 86 octodecies: establece las disposiciones relativas a la publicidad de la inscripción en el registro y la información que deberá consignarse en los registros. La información sobre la inscripción deberá intercambiarse de forma automática entre los registros, de manera que el Estado miembro de origen pueda emprender acciones de inmediato para la supresión de la sociedad de su registro mercantil. Artículo 86 novodecies: dispone que la transformación transfronteriza surtirá efecto desde el día del registro de la sociedad transformada en el Estado miembro de destino. Artículo 86 vicies: esta disposición describe las consecuencias de la transformación transfronteriza. Artículo 86 unvicies: dispone que los Estados miembros establecerán normas sobre la responsabilidad del perito independiente. Artículo 86 duovicies: la validez de la transformación transfronteriza no podrá impugnarse si se respetó el procedimiento dispuesto al efecto. Fusiones transfronterizas Se modifica el artículo 119 para incluir una definición de la fusión transfronteriza como una operación entre sociedades en la que la sociedad absorbida transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a la sociedad absorbente sin emitir acciones nuevas. Esta operación entrará dentro del ámbito de aplicación del presente artículo cuando las sociedades que se fusionen sean propiedad de la misma persona o la estructura de propiedad de todas las sociedades que se fusionen siga siendo idéntica al término de la operación.

Se amplía el artículo 120 para cubrir más situaciones en las que las sociedades quedarán excluidas del ámbito de aplicación, por ejemplo, cuando se hayan incoado procedimientos de disolución, liquidación o insolvencia, o se encuentre en curso de ejecución una suspensión de pagos. Se modifica el artículo 121 mediante la supresión de las referencias a la protección de los acreedores y de los accionistas minoritarios, ya que estas se armonizarán en virtud de los artículos 126 bis y 126 ter. Se modifica el artículo 122 para especificar que los proyectos comunes de fusiones transfronterizas también incluirán la oferta de compensación en efectivo para los socios que no votaron a favor de la fusión, así como las garantías ofrecidas a los acreedores. Además, este artículo establece el régimen lingüístico de los proyectos comunes de fusiones transfronterizas. Se añade un nuevo artículo 122 bis que introduce normas relativas a la determinación de la fecha a partir de la cual se tratarán las transacciones de las sociedades que se fusionan a efectos contables. El artículo 123 modificado establece, como norma por defecto, la publicación de los proyectos comunes en los registros mercantiles de las sociedades que se fusionan. Como alternativa, los Estados miembros tendrán la posibilidad de eximir a las sociedades de la obligación de publicación en los registros mercantiles cuando las sociedades publiquen los proyectos en sus sitios web y cumplan determinadas condiciones a este respecto. En este último caso, las sociedades deberán publicar cierta información específica en los registros mercantiles. En principio, las sociedades deberán poder presentar la información necesaria íntegramente en línea, sin necesidad de personarse físicamente ante ninguna autoridad nacional, salvo que exista una sospecha real de fraude. El acceso a dicha información deberá ser gratuito. Además, los Estados miembros podrán publicar los proyectos en el boletín oficial nacional, en cuyo caso el registro nacional transmitirá la información pertinente a dicho boletín (principio de «solo una vez»). El artículo 124 modificado especifica que el informe dirigido a los socios de la sociedad que se fusiona deberá explicar las consecuencias de la fusión transfronteriza para la actividad futura de la sociedad y el plan estratégico de la dirección, así como las implicaciones de la fusión transfronteriza para los socios. Además, el informe explicará la relación de canje de las acciones y se describirá cualquier dificultad especial de valoración, así como los recursos a disposición de ciertos socios. El informe también deberá ponerse a disposición de los trabajadores. Podrá renunciarse al informe cuando todos los socios de las sociedades que se fusionan así lo acuerden. El nuevo artículo 124 bis establece que cada una de las sociedades que se fusionan facilitará a los trabajadores un informe sobre las cuestiones importantes para estos en el contexto de la fusión transfronteriza. Los representantes de los trabajadores o los propios trabajadores cuando no los haya tendrán derecho a expresar su opinión. Estas opiniones deberán comunicarse a los accionistas y adjuntarse al informe. El nuevo artículo 126 bis dispone diversas garantías para los socios. Establece un derecho de separación para los socios que se opongan a la fusión, que asiste tanto a quienes no votaron a favor de la aprobación de la fusión transfronteriza como a quienes no están de acuerdo con la fusión, pero carecen de derechos de voto La sociedad, los socios restantes o los terceros de acuerdo con la sociedad deberán adquirir las acciones de los socios que ejerzan el derecho de separación, a cambio de una compensación en efectivo adecuada. Dado que las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas ya disponen la designación de un perito independiente (artículo 125), este revisará asimismo la idoneidad de tal compensación en efectivo. Si los socios consideran que la compensación en efe