ES Diario Oficial de la Unión Europea C 318/87

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre el futuro del IVA — Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz»

COM(2010) 695 final

2011/C 318/14

Ponente: Reine-Claude MADER

El 1 de diciembre de 2010, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Libro Verde sobre el futuro del IVA – Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz»

COM(2010) 695 final.

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 24 de junio de 2011.

En su 473o Pleno de los días 13 y 14 de julio de 2011 (sesión del 14 de julio de 2011), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 161 votos a favor y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El Comité aprueba sin reservas la iniciativa de la Comisión de reflexionar sobre la posibilidad de una revisión global del sistema del IVA, un impuesto cuyo régimen, definido como «provisional» cuando nació en 1967, suscita numerosas críticas. El Libro Verde no es más que el inicio de un procedimiento que se prevé largo, difícil y complejo; su éxito constituirá la prueba de la verdadera voluntad de los Estados miembros de lograr la definición de un sistema «más simple, más robusto y eficaz».

1.2 El régimen actual ha sido sujeto de numerosas modificaciones a lo largo del tiempo: la Comisión fue presentando propuestas de mejora para incrementar la eficacia y adaptar el régimen a los principios del mercado único. Los Estados miembros aceptaron diversas medidas relativas a la organización, la cooperación entre administraciones y la automatización. Otras medidas tenían un carácter principalmente administrativo y organizativo. No obstante, el Consejo se ha resistido hasta el momento a aceptar las propuestas de reformar el sistema en su conjunto.

1.3 El Comité se muestra de acuerdo con la declaración de la Comisión de que un sistema del IVA global reduciría los costes operativos para los usuarios, las cargas administrativas para las administraciones y los intentos de fraude a la Hacienda pública. A ello debe añadirse la inclusión de las necesidades de los empresarios, que son en último término los que deben administrar la recaudación del impuesto y que, al igual que los consumidores, deben asumir la carga de esta ineficacia. Tal como ha señalado el Comité en ocasiones anteriores, es preciso prestar atención al sistema del IVA en lo que respecta a los servicios financieros (1) e, indudablemente, si se fuese a introducir un nuevo impuesto sobre el sector financiero basado en los flujos de tesorería o en elementos similares, la Comisión debería evaluar las ventajas de diseñarlo dentro del marco del IVA (2).

1.4 Un problema especialmente delicado es el tratamiento de las operaciones transfronterizas. Desde un punto de vista racional, el impuesto debería percibirse en el Estado miembro de origen con las mismas disposiciones del comercio interior; las dificultades de compensación entre Estados miembros llevaron al Consejo a elegir la solución más sencilla: percepción en el Estado miembro del destino aunque con excepciones que afectan sobre todo a los servicios. La Comisión propone ahora soluciones alternativas, pero se es consciente de la dificultad de encontrar una solución perfecta.

1.4.1 En cualquier caso, el Comité estima que es preciso evitar cambios radicales y conviene adoptar una política de pequeños avances; probablemente lo mejor sería una solución basada en la imposición general en el Estado miembro de destino, manteniendo los principios del sistema actual. Al mismo tiempo, sería necesario extender el uso del mecanismo de autoliquidación, primero de forma facultativa y, a continuación, de forma generalizada y obligatoria. Ahora bien, en aras de la simplificación administrativa, debería crearse una «ventanilla única» para las empresas.

1.5 El Libro Verde tiene por objeto recoger los comentarios y propuestas procedentes de todas las partes interesadas y útiles para formular después las propuestas de la Comisión. Para ello, el documento plantea 33 preguntas a las que responde el Comité, pero que es imposible resumir. Para más detalles, véase el punto 5 del presente documento.

2. Introducción

2.1 Desde hace muchos años, la mejora del sistema del IVA constituye una de las prioridades de la política fiscal de la Comisión. Este impuesto, adoptado en 1967 por la UE como régimen común de imposición para todos los Estados miembros, constituye una parte importante (más del 20 %) de sus ingresos. Además, una parte del IVA percibido se destina al presupuesto de la UE; por consiguiente, entre otros, existe un interés evidente de la Comisión en proteger sus intereses garantizando una aplicación del impuesto de la forma más eficaz posible.

2.2 El régimen del IVA, a pesar de su importancia para los ingresos de los Estados miembros, dista de ser satisfactorio y suscita numerosas críticas de los Estados miembros y de otras partes interesadas, especialmente las empresas y los consumidores. La Comisión intenta desde hace mucho tiempo tomar nota e introducir propuestas de mejora que incrementen la eficacia y adecuen el régimen a las normas y principios del mercado único; hay que señalar que con frecuencia sus esfuerzos han tropezado con la oposición, más o menos abierta, de los Estados miembros.

2.3 Hay que decir abiertamente y sin ambages que, en el ámbito fiscal, la voluntad de cohesión europea tiene sus límites en la preocupación, incluso la necesidad, de cada Estado miembro de proteger sus propios medios de financiación: cuando estima que determinadas normas podrían perjudicar sus intereses, o que podrían generar un incremento de los costes o de los procedimientos administrativos, manifiesta su desacuerdo de forma más o menos abierta y, a menudo, poco transparente.

2.4 Sin duda, todo ello va en detrimento de una política común europea, pero explica los fracasos de los encomiables esfuerzos de la Comisión a lo largo de los años. A pesar de ello, se han registrado éxitos considerables en el ámbito de la racionalización y la informatización de los procedimientos y la reducción de los costes para las administraciones y los contribuyentes, así como en la cooperación administrativa y judicial.

2.5 Sin ignorar los problemas y obstáculos que se presentan, la Comisión recupera ahora el objetivo –que siempre ha perseguido– de reformar el sistema en su conjunto para que sea coherente con los principios del mercado único, teniendo en cuenta las peticiones de todas las partes interesadas. Dentro del respeto de las normas, el Libro Verde plantea una serie de preguntas sobre los diferentes aspectos del régimen del IVA. Las respuestas que se faciliten servirán de base para elaborar las propuestas de un nuevo sistema «más simple, más un robusto y más eficaz». El CESE aporta mediante el presente dictamen la contribución de los medios económicos y sociales a los que representa.

3. Observaciones generales

3.1 Con razón, la Comisión señala que la crisis ha repercutido en las finanzas públicas, especialmente mediante el cambio de la importancia relativa de los impuestos directos respecto de la fiscalidad indirecta: el porcentaje del IVA respecto del total de los ingresos, que hasta ahora representaba cerca de un 22 %, registra una evolución al alza. Ello es el resultado de una política orientada de manera general a mejorar la competitividad mediante una reducción de la imposición sobre el trabajo y las empresas. El CESE señala que, aunque esto sea una señal positiva, no debe llevar a un aumento de los tipos impositivos del IVA en la Directiva marco, porque supondría, entre otros aspectos, una carga adicional insoportable para los trabajadores y los consumidores.

3.2 Las mejoras del mecanismo «requieren un sistema de IVA global» que, a juicio de la Comisión, reduciría los costes operativos para los usuarios, las cargas administrativas para las administraciones y los intentos de fraude. El Comité comparte las preocupaciones de la Comisión sobre este último punto; en varias ocasiones sus dictámenes han llamado la atención sobre el hecho de que el IVA es el impuesto más evadido en la UE y que la evasión es una importante fuente de financiación de la delincuencia organizada y del terrorismo. Los fenómenos interdependientes de evasión y delincuencia, así como de blanqueo de dinero que está vinculado, constituyen una grave amenaza para la sociedad a escala mundial. El Comité insiste en que las nuevas normas sean examinadas teniendo en cuenta siempre su «estanquidad» respecto de los ataques de los defraudadores.

3.3 El Libro Verde no deja de lado los aspectos propios de las empresas: la gestión y la administración (el Comité añade los litigios) del IVA representan una gran parte de los costes administrativos de las empresas, de tal forma que muchas pymes no quieren lanzarse al comercio internacional. El Comité llama una vez más la atención sobre la necesidad de que la gestión del IVA sea más flexible, más sencilla y menos costosa: los usuarios finales, los consumidores, son los que pagan las consecuencias.

3.4 Otro tema importante es la posibilidad de establecer un tipo único, considerado como el «ideal de un impuesto sobre el consumo»; el Comité comparte la impresión de la Comisión sobre la práctica imposibilidad de alcanzar este objetivo y la apoya con vigor en sus intentos por reducir, o eliminar, las demasiado numerosas excepciones, exenciones y aplicaciones de tipos reducidos o preferentes: facilidades que reducen en un 45 % los ingresos respecto de los que se podrían conseguir teóricamente sí se aplicara el tipo normal. Sería necesario alcanzar un equilibrio razonable entre las necesidades presupuestarias y los motivos sociales y económicos en que se basan las facilidades, sobre todo respecto de los servicios locales y los que necesitan una cantidad considerable de mano de obra.

3.5 Como destacó el CESE en su dictamen sobre la «Fiscalidad del Sector Financiero» (ECO/284 – CESE 991/2011), debe revisarse el tratamiento de dicho sector en el marco del IVA.

4. Régimen de IVA aplicable a las transacciones fronterizas dentro del mercado único

4.1 Cuando se adoptó en 1967, el régimen del IVA entre Estados miembros basado en la imposición en el país de destino se calificó como «provisional»; el régimen definitivo prevé la imposición en el país de origen. Tras 44 años, el régimen «provisional» sigue vigente. Desde un punto de vista racional, el impuesto debería percibirse en el Estado miembro de origen con las mismas disposiciones del comercio interior, excepto el pago por compensación de la parte debida al Estado miembro de destino. Los problemas existentes en el inicio, y que siguen produciéndose en parte, llevaron al Consejo a elegir la solución más sencilla: percepción en el Estado miembro del destino; este planteamiento todavía está vigente, aunque con importantes excepciones que afectan sobre todo a los servicios telemáticos transfronterizos.

4.2 La Comisión intentó dos veces obtener el acuerdo del Consejo para uniformar el régimen del IVA a partir del principio de la percepción en el país de origen, pero sus intentos fracasaron por los graves problemas de aplicación. La Comisión estudió en 2007 un sistema de imposición en el origen con un tipo del 15 %, dejando después al Estado miembro de destino la posibilidad de cobrar o de reembolsar, según los casos, el impuesto pagado de más o de menos respecto de su propio tipo impositivo. El Consejo no dio curso a esta propuesta.

4.3 El Comité reconoce que el problema es complejo y que, dados los diferentes niveles de imposición y los distintos procedimientos administrativos que todavía existen a pesar de los esfuerzos de armonización realizados por la Comisión, es difícil encontrar una solución perfecta. No obstante, no pueden pasarse por alto los avances logrados o a punto de confirmarse en materia de imposición de la prestación de servicios (3), mejora de los sistemas impositivos (4), cooperación administrativa y ventanilla única (5), buena gobernanza y lucha contra el fraude (6).

4.4 El Libro Verde avanza en la dirección correcta al intentar conseguir información útil para proponer mejoras; a la vista de las experiencias pasadas y la situación actual, el Comité es partidario de seguir una política de pequeños avances más que de soluciones radicales. Por este motivo, estima que la solución indicada en el punto 4.2 del documento de la Comisión de generalizar la imposición en el Estado miembro de destino y de mantener los principios del sistema actual (punto 4.2.1), con una adopción gradual, primero facultativa y al final obligatoria, del mecanismo de autoliquidación (punto 4.2.2) es la mejor. Al mismo tiempo, si se introducen las ventanillas únicas, habrá que velar por que las empresas puedan liquidar sus deudas fiscales transfronterizas con el menor número posible de trámites administrativos.

5. Respuestas a las preguntas planteadas

5.1 Disposiciones en materia de IVA para el comercio intra-UE (P1). El régimen actual no es perfecto; plantea varios inconvenientes debidos principalmente a las abundantes facilidades, excepciones, exenciones, etc., concedidas a los Estados miembros. Dicho esto, funciona desde hace demasiado tiempo que no parece razonable pensar que pueda cambiarse en su totalidad; una alteración radical sería desastrosa. Es mejor concentrarse en la aplicación de los principios de buena gobernanza mencionados en repetidas ocasiones por la Comisión, y que el Comité ha respaldado en sus dictámenes; dichos principios se resumen en el documento que acompaña al Libro Verde (7). Los mayores obstáculos para maximizar los beneficios no deben buscarse en los principios, sino más bien en su deficiente aplicación y en la resistencia al cambio de las administraciones de los Estados miembros.

5.2 IVA y autoridades públicas (P3). En principio, las exenciones concedidas a los organismos públicos que ejercen actividades en competencia con proveedores privados (por ejemplo, transportes y asistencia sanitaria) se justifican por la finalidad social propia del servicio público. No obstante, debe reconocerse que el proveedor privado suele tener una función de complementariedad ante las carencias o deficiencias del proveedor público. Existe sin duda un falseamiento de la competencia que se tiende a atenuar mediante nuevas formas de cooperación. En todo caso, el consumidor puede elegir entre pagar menos recurriendo al servicio público o pagar más en el privado. Excepto en los casos en los que no puede utilizarse algún tipo de servicio (por ejemplo, medios de transporte), la elección entre ambos se hace sobre todo a partir de la evaluación de la calidad.

5.2.1 A juicio del Comité, una solución equitativa y favorable para los consumidores consistiría en mantener las exenciones para los servicios públicos y ampliarlas al servicio privado cuando presta un servicio indispensable por falta de uno similar público. Son evidentes las dificultades de aplicación de este principio; pero es inadmisible que los consumidores residentes en las localidades más desfavorecidas tengan que pagar más por servicios que se les ofrecen sin posibilidad de elección. En todo caso, para evitar falsear la competencia con respecto al mercado privado, la excepción debería limitarse a las funciones públicas (8).

5.3 Exenciones del IVA (P6). Las exenciones concedidas a los Estados miembros antes del 1 de enero de 1978 carecen de motivos que justifiquen su mantenimiento y deberían dejar de aplicarse; habida cuenta de que son privilegios que los Estados miembros negociaron al constituir la UE o poco después, ahora constituyen una desviación inadmisible de los principios del mercado único. Este razonamiento es igualmente válido para los nuevos Estados miembros, que podrían dejar de aplicar las exenciones de manera progresiva, a medida que mejora el nivel de vida, pero fijando parámetros transparentes para juzgarlo.

5.3.1 Más difícil y delicado es el problema de las exenciones en favor de determinadas actividades de interés general u otras actividades. Tanto unas como otras dependen de las orientaciones políticas y de las políticas económicas de cada Estado miembro; aunque siguen siendo una desviación de los principios del mercado único, pueden ser utilizadas como instrumento de ayuda para una política nacional de crecimiento y de empleo. En todo caso, una política futura de buena gobernanza sólo debería permitir este tipo de exenciones como medidas excepcionales y temporales. Como afirmó en su Dictamen sobre el régimen del IVA para los servicios financieros y de seguros (9), el Comité preferiría un enfoque legislativo más concienzudo para acabar con las dificultades de interpretación y los problemas que aún quedan pendientes. Además, en lo que respecta a la posible introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (10), la Comisión debería evaluar las ventajas de diseñarlo dentro del marco del IVA, con el fin de garantizar una gestión más sencilla para el sector financiero y suavizar la carga del IVA no recuperable.

5.3.2 Un caso especial lo constituyen las exenciones concedidas a las pymes en determinados países, que deberían suprimirse. Es notorio que en todos los países la evasión del IVA es considerable. La existencia de una «evasión legal» en los países vecinos no hace sino acentuar el recurso transfronterizo a los servicios y a la compra de productos en esos países. Ello tiene una doble consecuencia para los países sin exención: el debilitamiento de la lucha contra la evasión ilegal y el falseamiento de la competencia en perjuicio de las pymes que cumplen las normas.

5.4 Imposición del transporte de pasajeros (P7). La respuesta puede deducirse de los comentarios a la P3 (punto 5.2 supra); debería aplicarse a todos los medios de transporte, incluido el transporte aéreo (lo que, por lo demás, ya parece ser el caso).

5.5 Problemas planteados por el derecho de deducción (P9). La destrucción del IVA es uno de los problemas fundamentales para las empresas, ya que es complicado, difícil de aplicar en diversos casos, y fuente de contenciosos, litigios y multas. Además, se basa en un principio injusto que la propia Comisión señala: el derecho de deducción (pero también el deber de pagar el IVA) aparece cuando se realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios, independientemente de que el cliente haya pagado o no los bienes o servicios. Los morosos también tiene lo que la Comisión denomina una «ventaja de tesorería», pero que podría llamarse claramente una percepción segura para Hacienda, anticipada por el vendedor o proveedor y garantizada incluso en caso de insolvencia del cliente (11).

5.5.1 Otro problema importante de la deducción del IVA por compensación se plantea cuando el sujeto pasivo tiene derecho a un reembolso: en determinados Estados miembros el reembolso se produce con retrasos considerables, que son perjudiciales para la tesorería de las empresas y que, a veces, pueden llevar a su quiebra. Los Estados miembros objetan que el sistema de compensación presenta cierto riesgo de fraude, lo que es cierto, pero son ellos los que deben instaurar controles rápidos, ya que son las empresas las que pagan las consecuencias de su ineficacia.

5.5.2 El Comité comparte las consideraciones de la Comisión que la llevan a defender el sistema de contabilidad de caja en el comercio intracomunitario como la solución posible, equitativa y neutra, sobre todo desde el punto de vista de la tesorería de las empresas. No obstante, esta solución sólo es posible en el comercio intracomunitario mediante la creación de un sistema de compensación gestionado por la autoridad única, cuya adopción ha propuesto la Comisión, pero que afronta varios obstáculos para su aplicación.

5.6 IVA aplicable a los servicios internacionales (P11). La importancia de los servicios internacionales, especialmente los que se prestan por vía electrónica, justifica la adopción de normas especiales para estos servicios; no obstante, su carácter inmaterial suele hacer complicados los controles de la aplicación del IVA por parte de los proveedores, sobre todo cuando se trata de suministros a los particulares (programas informáticos, música, etc.). Estos controles son imposibles cuando los proveedores están establecidos en terceros Estados; la OCDE y la Comisión estudian el problema, pero su solución no parece ni fácil ni inmediata.

5.6.1 Los principales problemas residen en un importante falseamiento de la competencia de los servicios prestados dentro de la UE respecto de los que proceden de fuera. No hay muchos medios eficaces para poner orden, excepto la posibilidad de acuerdos internacionales de cooperación entre las autoridades tributarias. En cualquier caso, el Comité se manifiesta en contra de la adopción de medidas similares a las adoptadas en Canadá, que consisten en recaudar el IVA a los consumidores mediante controles ejercidos verificando sus pagos en línea. A parte de la molestia para los consumidores que deben pagar el IVA con cada compra, controles como los previstos constituyen una intrusión inadmisible en la vida privada de los ciudadanos.

5.7 Legislación de la UE sobre el IVA (P13). El artículo 113 del Tratado otorga al Consejo plenas competencias en materia de armonización de las legislaciones relativas al IVA; por lo tanto, no hay ningún límite respecto del instrumento que puede elegirse, tanto una directiva como un reglamento. A la vista de la experiencia acumulada y de la tendencia de los Estados miembros a interpretar las disposiciones de acuerdo con sus propios puntos de vista, no cabe duda de que lo mejor es optar por un reglamento del Consejo. No obstante, en una visión realista las disposiciones legislativas recogidas en dicho reglamento deberían limitarse a determinados aspectos fundamentales: ámbito de aplicación, definición de los sujetos pasivos, exenciones, cooperación entre administraciones y lucha contra el fraude. Pero cuanto más detalladas sean las disposiciones mayores serán las dificultades para lograr un consenso dentro del Consejo, con lo que se vuelve a la necesidad de directivas de aplicación.

5.7.1 Modalidades de aplicación (P14). La solución de permitir a la Comisión la adopción de decisiones de aplicación sería positiva, pero ya en 1997 el Consejo no la respaldó. Falta por ver si este acuerdo puede adoptarse por mayoría: sería complicado eludir la regla de la unanimidad (prerrogativa del Consejo) mediante una delegación de competencias a la Comisión. Se acogería con satisfacción una decisión favorable, pero el Comité teme que sea poco realista.

5.7.2 Directrices sobre la nueva legislación (P15). La publicación de directrices por la Comisión sería útil para los Estados miembros que quisieran seguirlas. Podrían derivarse inconvenientes del hecho de que no sean vinculantes: los sujetos pasivos, o incluso las administraciones, podrían plantear litigios basándose en la no aplicación, o la incorrecta aplicación, de directrices sin valor jurídico. De esta forma, correspondería la justicia decidir, caso por caso, el fundamento de los recursos con arreglo a directrices cuya validez se pondría en duda.

5.7.3 Mejora del procedimiento legislativo (P16). Para mejorar el procedimiento legislativo, más que de medidas habría que hablar de un cambio de planteamiento y de método. En las fases iniciales, la Comisión adopta una actitud de transparencia y apertura: consultas previas con los Estados miembros, convocatoria de sus comités consultivos, libros verdes, contactos con las partes interesadas. Ello ocurre al principio; posteriormente, los procedimientos en el Consejo se vuelven menos transparentes y abiertos a las ofertas de diálogo procedentes del exterior.

5.7.4 En las fases finales, a nivel nacional las mejoras podrían consistir en una aceleración del proceso legislativo de adopción de las directivas y reglamentos de ejecución; en concreto, estos últimos suelen carecer de claridad y precisión, lo que dificulta el cumplimiento de las normas por parte de los operadores y, a veces, de las propias administraciones. A nivel europeo, debería acordarse un período de tiempo razonable entre el plazo para la conversión de la directiva por los Estados miembros y la entrada en vigor de las nuevas medidas.

5.8 Excepciones a los Estados miembros (P17). La mera consulta de la lista, que consta de más de un centenar de excepciones, muestra que los Estados miembros, y algunos de ellos en especial, usan de manera desproporcionada la concesión de estas facilidades y la prolongación de su validez. Con toda razón, la Comisión destaca que esta amalgama provoca confusión, gastos, falseamientos de la competencia y a menudo constituye una ayuda al fraude; por lo tanto, solicita más facultades para otorgar excepciones de manera rápida y adecuada. El Comité se muestra de acuerdo, pero, al mismo tiempo, pide que se haga una revisión global para garantizar que las excepciones existentes siguen estando justificadas.

5.8.1 Procedimiento de concesión de excepciones (P18). El procedimiento actual es lento y la petición de la Comisión de que se le concedan las competencias necesarias para acelerarlo está justificada. Al mismo tiempo, el Comité pide que los criterios para otorgar las excepciones sean más rigurosos y que la lista se actualice constantemente y pueda consultarse de manera fácil y rápida.

5.9 Estructura actual de los tipos de IVA (P19). No cabe duda de que la estructura actual de tipos constituye una desviación de los principios del mercado único; falta por saber si, y en qué medida, las diferencias de tipos no constituyen un método de ajuste de situaciones específicas de una u otra actividad. Respecto de la aplicación de tipos diferentes a productos similares, especialmente en los servicios en línea con relación a los productos y servicios que tienen un contenido similar, el Comité destaca que suele ser el consumidor el que se beneficia de los precios reducidos. Ahora bien, en cuanto a los productos, los gastos de envío se equilibran en cierta medida con los costes de ejercicio del comercio tradicional, por lo que un IVA idéntico sería perjudicial para los compradores en línea; respecto de los servicios, la cuestión queda abierta y merece un análisis en profundidad. Por último, como norma general, todos los productos similares deberían estar sujetos a los mismos tipos impositivos.

5.9.1 Tipo reducidos de IVA (P20). La eliminación de los tipos reducidos puede parecer aconsejable, pero esta hipótesis es poco realista; aunque sin duda la lista deberían reducirse o, en todo caso, ser objeto de una profunda revisión: por ejemplo, determinadas facilidades muy antiguas son sencillamente inadmisibles, habida cuenta de los cambios registrados desde que se establecieron.

5.9.2 La elaboración de una lista de tipos reducidos obligatorios y aplicados de manera uniforme es una hipótesis tentadora, pero igualmente poco realista. Los tipos reducidos se utilizan en cada Estado miembro como una potente palanca de política económica y, a veces, por motivos sociales o incluso políticos. En todo caso, los Estados miembros no aceptarán nunca renunciar a la concesión individual de tipos reducidos. Se podrá seguir un razonamiento diferente en cuanto Europa cuente con un gobierno económico que rija de manera unívoca las políticas económicas de todos los Estados miembros.

5.10 Problemas con la normativa actual (P21). Los problemas que los operadores, vendedores y compradores tienen respecto del papeleo se deben a las numerosas normas impuestas a ambos lados de las fronteras, a menudo diferentes y a veces duplicadas. Entre otras cabe citar en particular las siguientes: los estados recapitulativos, las obligaciones de llevar un registro, los requisitos sobre documentación, las obligaciones de declaración, las obligaciones de facturación (factura electrónica), las obligaciones de registro en otros Estados miembros y la distinción entre suministro y prestación. Los problemas de idioma también generan costes y riesgos de peligrosos malentendidos.

5.10.1 Superar los problemas (P22). Las soluciones han sido sugeridas por la propia Comisión en varias directivas y recomendaciones que perseguían todas ellas la simplificación administrativa, por ejemplo, la creación de una autoridad única, la creación de un número de identificación europeo de los operadores y la informatización de las administraciones. El problema es que las administraciones han aplicado estas medidas únicamente de manera limitada, a veces de forma diferente y con retrasos considerables. La armonización y la coordinación de los procedimientos se convierte, por lo tanto, en un objetivo prioritario, más importante incluso que la simplificación (12).

5.11 Exención de las pequeñas empresas (P24). Podría justificarse una revisión global del régimen de exención desde diferentes puntos de vista: falseamiento de las condiciones de competencia, verificación del mantenimiento de los motivos que, en el inicio, justificaron su establecimiento, repercusión en el presupuesto de cada Estado miembro, situación económica general, consecuencias para la competitividad, el empleo y los consumidores, así como la coherencia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Pero en esencia la cuestión tiene aspectos políticos importantes y falta por ver si el Consejo tiene la voluntad de abordar este problema.

5.12 Necesidades de los pequeños agricultores (P26). Si realmente la pregunta se refiere a los «pequeños» agricultores, entonces el problema sólo debería afectar, en la mayoría de los casos, al tráfico transfronterizo de vecindad. Habida cuenta de que su importancia es relativamente escasa, sería concebible conceder un régimen de exención general.

5.13 «Autoridad única» (P27). El Comité confirma todas las consideraciones (13) hechas sobre las propuestas relativas al establecimiento de la autoridad única (14); sería una buena solución para la reducción de costes y la simplificación administrativa, una vez que se hubiera dado una solución general y coordinada a los muchos problemas que siguen pendientes: creación de un registro único reconocido en toda la UE, supresión de la obligación de efectuar las transferencias financieras directamente entre el sujeto pasivo y el Estado miembro acreedor, armonización de varias normas nacionales, especialmente las que se refieren a los periodos de declaración.

5.14 Transacciones transfronterizas (P28). La respuesta ya figura en el enunciado de la pregunta: sin duda, las normas actuales crean dificultades a las empresas, o grupos, intraeuropeos, así como a las administraciones. Las minuciosas normas que se aplican al respecto son necesariamente complicadas para las empresas que deben cumplirlas y para las administraciones que deben controlarlas. Una solución, aunque también tiene inconvenientes, podría consistir en considerar las multinacionales como sujetos pasivos únicamente de la reglamentación del país donde se encuentra su sede principal, independientemente del país de origen o de destino, salvo compensación de los valores pagados de más o de menos por medio de una autoridad única. El inconveniente principal reside en un posible incremento del fraude. En conclusión, el problema es tan complicado que sólo un grupo de estudio compuesto por especialistas en la materia, administraciones y grupos, podría presentar propuestas razonables en último término.

5.15 Sinergias con otras legislaciones (P29). El Comité ya respondió con detalle a esta pregunta en su dictamen sobre «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal» (15). En este documento destacaba la necesidad de coordinar las directivas sobre el IVA (directivas «aduaneras») con las directivas sobre fiscalidad indirecta y las relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales de actividades delictivas. También consideraba imperativo establecer una cooperación estructurada y una colaboración organizada estructuralmente entre los diferentes organismos encargados de la lucha contra la evasión fiscal y la lucha contra la delincuencia organizada. En este ámbito no se ha registrado ningún avance en la UE y no parece que las propuestas del Comité hayan recibido la más mínima atención.

5.16 Método de recaudación del IVA (P30). Entre los cuatro modelos propuestos, el segundo, que prevé una base de datos central que recibiría todos los datos de la facturación, parece el mejor con diferencia, ya que es sencillo y eficaz para luchar contra el fraude. La facturación electrónica, no obstante, implica costes considerables para las empresas. Dicho esto, la última palabra corresponde a los profesionales de las administraciones y de las empresas. Por su parte, el Comité señala que el principal aspecto positivo es que este método parece ser el mejor para luchar contra el fraude.

5.17 Pago fraccionado opcional (P31). El Comité manifiesta su perplejidad por la elección de un pago «fraccionado», tal como se propone en el primer modelo del punto 5.4.1 del Libro Verde, dado que imponer un doble pago para cada transacción complica la contabilidad y multiplica la posibilidad de errores. Además, según algunos expertos no es seguro que este modelo ofrezca una garantía absoluta e ineludible contra el fraude denominado del «operador desaparecido» (fraude en cascada). En todo caso, la hipótesis de un sistema opcional también parece desaconsejable, dado que sería lo contrario de un principio de armonización que ya adolece de demasiadas excepciones.

5.18 Relación entre los operadores y las administraciones tributarias (P32). En su Comunicación de diciembre de 2008 (16), la Comisión ya había trazado las directrices (plan de acción) de una política destinada a mejorar, en los Estados miembros, las relaciones entre operadores y administraciones tributarias. El Comité presentó sus comentarios y propuestas y mediante un dictamen (17) en el que, a la vez que daba el visto bueno a las propuestas de la Comisión (sustancialmente las mismas que las del Libro Verde), destacaba la necesidad de tomar mejor en consideración la protección de datos relativos a los operadores, de la responsabilidad de las administraciones respecto de los contribuyentes en caso de falta o abuso de poder por parte de estas y de la inclusión de una concepción equitativa de la responsabilidad solidaria. Todo ello sin olvidar las recomendaciones formuladas en repetidas ocasiones sobre la claridad y la rapidez de la información y su accesibilidad por Internet, la ayuda de las autoridades nacionales a los operadores en sus contactos con las administraciones de otros Estados miembros, etc.

Bruselas, 14 de julio de 2011. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) Véase el Dictamen del CESE DO C 224 de 30.8.2011, p. 124 sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros DO C 248 de 25.8.2011, p. 64 y de seguros» (COM(2007) 747 final - 2007/0267 (CNS)).

(2) Véase el Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Fiscalidad del Sector Financiero» (COM(2010) 549 final).

(3) Dictamen del CESE «Lugar de prestación de servicios», DO C 117 de 30.4.2004, p. 15.

(4) Dictamen del CESE «Mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2013)», DO C 93 de 27.4.2007, p. 1; Dictamen del CESE «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal», DO C 255 de 22.9.2010, p. 61; Dictamen del CESE «IVA: lucha contra el fraude», DO C 347 de 18.12.2010, p. 73.

(5) Dictamen del CESE «Simplificar las obligaciones del IVA», DO C 267 de 27.10.2005, p. 30.

(6) Dictamen del CESE «Prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa», DO C 77 de 31.3.2009, p. 139.

(7) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2010)1455 de 1.12.2010).

(8) Servicios de interés general (SIG) – Protocolo de la Conferencia Intergubernamental no 26, 23.7.2007.

(9) Véase el Dictamen del CESE DO C 224 de 30.8.2011, p. 124 sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros» (COM(2007) 747 final - 2007/0267 (CNS)).

(10) Véase el Dictamen del CESE DO C 248 de 25.8.2011, p. 64 sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Fiscalidad del Sector Financiero» (COM(2010) 549 final).

(11) La devolución del IVA por compras o prestaciones que al final no se han pagado es objeto en numerosos Estados de procedimientos largos, complicados y costosos.

(12) El Comité se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones: Dictamen del CESE sobre el «Sistema común del IVA (refundición)», DO C 74 de 23.3.2005, p. 21; dictamen del CESE sobre el tema «IVA/Normas de facturación», DO C 306 de 16.12.2009, p. 76; y todos los dictámenes del CESE citados como referencia en el texto.

(13) Dictamen del CESE «Simplificar las obligaciones del IVA», DO C 267 de 27.10.2005, p. 45.

(14) COM(2004) 728 final.

(15) Dictamen del CESE sobre «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal», DO C 255 de 22.9.2010, p. 61.

(16) COM(2008) 807 final que acompaña al COM(2008) 805 final - 2008/0228 (CNS).

(17) Dictamen del CESE sobre «Evasión fiscal vinculada a la importación», DO C 277 de 17.11.2009, p. 112.