Dictamen del Comité de las Regiones sobre "El impacto de la política regional en los paquetes de incentivos a la inversión: un enfoque diferente en el uso de los Fondos Estructurales"

(2000/C 57/09)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 10 de marzo de 1999 de elaborar, conforme al cuarto párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este tema y de encargar la preparación del dictamen a la Comisión de Política Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);

vista la contribución de la Comisión de Empleo, Política Económica, Mercado Único, Industria y PYME (Comisión 6) (ponentes: Sra. Oldfather (UK, PSE) y Sr. Schranz (A, PPE));

visto el proyecto de dictamen aprobado el 6 de octubre de 1999 por la Comisión 1 (CDR 127/99 rev. 2) (ponentes: Sra. Klasnic (A, PPE) y Sr. Färm (S, PSE)),

ha aprobado en su 31o Pleno de los días 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. Son muchas las actividades económicas cada vez más mundializadas. Los avances tecnológicos y la rápida internacionalización de los mercados empresariales son factores que contribuyen a esta tendencia. La capacidad de las empresas comunitarias para competir en este mercado es fundamental para el crecimiento y la prosperidad futuros de la UE.

1.2. La creación de la unión económica y monetaria ha dado como resultado la desaparición de algunos de los medios tradicionales para atraer la inversión. La existencia de un tipo de cambio fijo acaba con las fluctuaciones monetarias. Los Estados miembros ya no pueden recurrir a la devaluación para aumentar su competitividad.

1.3. La UEM también ha transformado las condiciones del mercado crediticio y la evaluación de otros factores económicos. La competencia se hace cada vez más dura y es más fácil para las empresas comparar las condiciones de las entidades de crédito. La moneda común también pone de relieve las diferencias entre salarios, impuestos y costes.

1.4. Un mercado común uniforme con una moneda única facilita a las empresas la división de sus actividades. Los componentes intensivos en mano de obra que no requieren trabajadores con una cualificación especial se asignan a áreas con costes laborales bajos. La investigación y el desarrollo, junto con las actividades que requieren trabajadores altamente cualificados, se sitúan en áreas en expansión con las mejores universidades. Se trata de una tendencia natural por la que se sopesan las ventajas comparativas; sin embargo, llevada a extremos, causa problemas importantes.

1.5. En las regiones más favorecidas está desapareciendo un gran número de empleos poco cualificados. El resultado puede ser un mercado laboral polarizado, en el que coexistan un mercado fuerte para trabajadores altamente cualificados con una tasa de desempleo alta en grupos vulnerables. En las regiones menos prósperas existe el riesgo de que se perpetúe una estructura dominada por empleos manufactureros. Esta posibilidad pone de relieve la necesidad de centrar las medidas de apoyo en las regiones menos favorecidas en el desarrollo de las infraestructuras, la educación y la formación y otros servicios sociales.

1.6. La inminente ampliación de la UE ya está influyendo en las decisiones de las empresas a la hora de invertir. Los países afectados representan un gran mercado futuro, con potencial de crecimiento y una demanda creciente. El acceso de estos países tendrá un impacto enorme en el mercado laboral, especialmente en los Estados limítrofes con ellos. Durante un periodo transitorio, los bajos costes laborales y el hecho de que los niveles medioambientales y sociales no se vayan a alcanzar inmediatamente constituirán igualmente importantes factores con vistas a la inversión.

2. Función de la política regional europea en la promoción del establecimiento de empresas

2.1. Uno de los objetivos principales de la UE aparece reflejado en el segundo párrafo del artículo 158 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: "La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales."

2.2. Además, la función del Fondo Europeo de Desarrollo Regional está definida en el artículo 160 del Tratado. El FEDER está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive.

2.3. La política regional de la UE tiene por objeto favorecer el desarrollo de las regiones en dificultades, a fin de potenciar la creación de empleos nuevos y duraderos. Los Fondos Estructurales han contribuido notablemente durante años al desarrollo de regiones en dificultades. Existen numerosos y buenos ejemplos que muestran cómo la ayuda europea ha contribuido a un desarrollo positivo en regiones menos favorecidas, así como en zonas industriales en crisis. Los Fondos Estructurales constituyen un importante instrumento comunitario de creación de nuevos empleos y de reforzamiento de la competitividad de la Unión.

2.4. Sin embargo, el Comité de las Regiones está preocupado por las distorsiones en los objetivos fundamentales de los Fondos Estructurales. La política regional de la UE debe velar para que no se produzca un simple desplazamiento, por medio de subvenciones directas, de los empleos existentes de una región europea a otra. Por ello, si se llegan a reducir los subsidios disponibles para la industria en Europa, debería apoyarse una política que tenga debidamente en cuenta las disparidades regionales mencionadas en el artículo 158 del Tratado CE. El programa de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006, aprobado con la Agenda 2000 en el Consejo Europeo de Berlín, desempeñará en este sentido un papel muy importante.

2.5. La evolución demográfica actual conduce al envejecimiento de la población activa de Europa y, simultáneamente, se está produciendo una evolución técnica muy rápida. Es necesario emprender acciones de gran envergadura para que la capacitación de los trabajadores corresponda a la evolución general y permita hacer frente a una enconada competencia internacional. Cuando la oferta de trabajadores jóvenes y recientemente formados disminuye, las empresas deben encontrar nuevos medios de responder a sus necesidades de contratación(1).

2.6. Los programas nacionales que se elaboran actualmente en los Estados miembros para aplicar en la práctica los nuevos programas comunitarios de los Fondos Estructurales deberían tener por función principal el apoyo a las acciones educativas destinadas a reforzar las competencias de la población activa en el conjunto de la Unión. Además, la función principal de los Fondos Estructurales debería ser la de seguir apoyando el desarrollo de infraestructuras, formación e I+D, así como la inversión productiva y, en general, ayudar a fomentar condiciones estables y favorables e impulsar el desarrollo en las regiones desfavorecidas. El objetivo debe consistir en encontrar soluciones a largo plazo para crear un entorno local más favorable al crecimiento con el fin de crear empleos duraderos. Los Estados miembros podrán aspirar entonces al objetivo fijado en el capítulo de empleo del Tratado de Amsterdam, a saber, alcanzar un elevado nivel de empleo.

3. Los paquetes de incentivos como medio para atraer inversiones en las regiones europeas

3.1. Los Tratados europeos y la creación del mercado único otorgan a las empresas el derecho a trasladar sus actividades a otros emplazamientos en la Unión Europea. Puede producirse una gran inquietud cuando se ofrecen ayudas públicas para incentivar a las empresas a cambiar de localización, que puede incrementarse cuando las decisiones de relocalización parecen haber estado motivadas por incentivos que no fomentan el empleo sostenible.

3.2. La política regional de la Unión Europea ha sido muy positiva para el desarrollo de las regiones europeas y para mejorar el equilibrio y la cohesión de la Unión. Sin embargo, existe un debate público cada vez más intenso sobre los paquetes de incentivos para empresas, a causa de la falta de respeto de las reglas comunitarias en algunos casos excepcionales. Los principales aspectos cuestionados son los siguientes:

- subsidios u oferta gratuita de terreno, locales y otras instalaciones para empresas que trasladen su producción de una parte de la UE a otra;

- combinación de este tipo de ayuda con la proliferación de ayudas locales, regionales y nacionales que están completamente al margen de las normas de ayuda estructural de la UE y aparentemente en clara contradicción con la política comunitaria de competencia y con las normas sobre ayudas públicas;

- además de estas dos formas de ayuda, en algunos Estados miembros los empresarios pueden recortar las condiciones de trabajo (dumping social). Este hecho supone un grave riesgo para la cohesión social en la Unión Europea, una de cuyas señas de identidad es la alta protección social de los trabajadores. Por ello, es imprescindible evitar la competencia a la baja en las condiciones sociales, a través de una armonización de las mismas, en el marco del Protocolo de aplicación de la Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores, recogido en el Tratado de la Unión Europea;

- en algunos casos, incentivos fiscales especiales (dumping fiscal); Por ejemplo, es un hecho cierto que los impuestos sobre el patrimonio y de sociedades varían de un Estado miembro a otro, e incluso existen sustanciales diferencias entre regiones dentro de algunos Estados miembros, lo cual tiende a estimular un vasto movimiento de relocalización regional sobre la base exclusivamente de consideraciones fiscales. El riesgo es que el nivel impositivo se reduzca hasta el punto de que dé lugar a dificultades a la hora de financiar la educación y la seguridad social.

3.3. Es necesario adoptar medidas para garantizar que los paquetes de incentivos no distorsionen la competencia y otorguen ayudas desleales. Las ayudas públicas deben utilizarse para fomentar la competencia que genera eficacia económica, desarrollo sostenible y puestos de trabajo viables. Los paquetes de ayudas son importantes en algunas regiones para compensar las desventajas estructurales para el desarrollo económico de la región y contribuir a la cohesión económica y social en la UE.

3.4. La competencia para atraer empresas (dadas las condiciones de alto nivel de desempleo pertinaz) se hace cada vez más dura. El peligro es que el empleo sostenible quede minado por medidas a corto plazo elaboradas para tentar a las empresas.

3.5. Si la compañía, a la hora de decidir su localización, valora más una serie de ayudas que las ventajas relativas más permanentes de una región, probablemente no tarde en cambiar de idea. La oferta de nuevas ayudas más ventajosas puede estimular nuevas decisiones en materia de localización. Hay varios ejemplos de esta tendencia. Cuando las regiones entran en este tipo de juego en el que las empresas pueden poner a unas en contra de otras, deberían ser conscientes de que muy bien pueden ser ellas las perdedoras. La obligación de cumplir los criterios de Maastricht, por un lado, y la carrera por ofrecer un máximo de ayudas públicas, incluida la reducción fiscal, pueden causar graves problemas tanto a los Estados miembros como a los entes locales y regionales, con los consiguientes efectos negativos.

4. La relocalización como consecuencia del uso de los paquetes de incentivos

4.1. La reestructuración es un aspecto natural y necesario para que se desarrolle el mercado industrial e interno. Un efecto secundario inevitable es el cierre total o parcial de empresas, el establecimiento de otras nuevas y la relocalización de empresas o actividades. Un 10 % de los empleos desaparece cada año para ser sustituido por un número aproximadamente igual de otros nuevos. Ello supone una carga onerosa para la adaptabilidad de los individuos, las empresas y las regiones.

4.2. En una economía de mercado saludable, las empresas sopesan las respectivas ventajas de las diversas áreas y regiones al tomar una decisión sobre su instalación. Este proceso requiere una serie de medidas por parte de la sociedad, cuidando de observar principios comunitarios fundamentales relativos a la libre competencia y la prohibición de ayudas que puedan causar distorsiones.

4.3. A principios de los años 90, la Comisión Europea investigó la competitividad de las regiones en términos de atracción de inversores. El estudio se llevó a cabo en conexión con un trabajo sobre la puesta en práctica del mercado único. Las regiones se dividieron en tres categorías (regiones desarrolladas, regiones industriales con dificultades y regiones menos favorecidas) y se establecieron 37 factores diferentes que influyen en la competitividad regional. Se pidió a las empresas participantes en el estudio que indicasen los factores que consideraban más importantes.

4.4. A pesar de las diferencias entre las tres clases de regiones, entre las prioridades aparecían de modo recurrente los siguientes factores:

- costes de préstamo;

- impuesto sobre la renta y de sociedades;

- acceso a mano de obra cualificada;

- costes laborales indirectos;

- legislación laboral;

- grado de crecimiento económico;

- costes salariales.

4.5. En este sentido, la Comisión Europea también prestó atención a un gran número de medidas para impulsar la competitividad regional que son responsabilidad de los entes locales y regionales. Se trata de factores como el sistema educativo, las infraestructuras, la política regional, la economía regional y los servicios sociales.

4.6. Las valoraciones están influidas, en parte, por el carácter de la actividad correspondiente. Una empresa en busca de mano de obra formada y altamente cualificada llegará a una conclusión bastante diferente de otra en busca de un lugar para instalar una industria intensiva en mano de obra. Otros estudios demuestran que las empresas en sectores emergentes con mano de obra altamente cualificada ponen cada vez más énfasis en factores relacionados con la calidad de vida, como la disponibilidad de buenas escuelas, el entorno, las posibilidades de ocio, la asistencia sanitaria y otros servicios sociales, así como la baja criminalidad.

5. Función actual de la Comisión Europea

5.1. En 1997, la Comisión Europea aprobó nuevas directrices para las ayudas nacionales a las regiones. Dichas directrices incluyen (puntos 4.10 y 4.14) una disposición en la que se establece que los Estados miembros sólo concederán ayudas regionales a una empresa si la inversión y los puestos de trabajo permanecen en el área por un periodo no inferior a cinco años. La fecha límite para que los Estados miembros revisen su régimen de ayudas públicas nacionales para ponerlo en consonancia con las nuevas normas es el 1 de enero del año 2000. Asimismo, estas directrices definen el concepto de la inversión inicial, y por tanto susceptible de ser financiado con ayudas regionales.

5.2. En lo que toca al próximo programa de ayuda regional de la UE para el periodo 2000-2006, el Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales establece una norma al respecto en el apartado 4 del artículo 30, referido a la relocalización de empresas. En él se especifica que una empresa sólo podrá seguir recibiendo ayuda de los fondos si no lleva a cabo una reestructuración importante consistente en el cierre de una planta o en una deslocalización. Esta norma tendrá vigor en un periodo de cinco años a partir de la fecha en la que la autoridad nacional competente haya tomado una decisión sobre la ayuda de los Fondos Estructurales comunitarios.

5.3. Las directrices que la Comisión está elaborando para el próximo periodo de programación estipulan que los Fondos Estructurales no deben usarse meramente para relocalizar actividades existentes.

5.4. Una de las tareas más importantes de la Comisión Europea consiste en controlar que se cumpla la legislación en materia de competencia y las normas sobre ayudas estatales. En principio, las ayudas estatales que distorsionan las condiciones de competencia están excluidas. No siempre es fácil alcanzar un equilibrio entre, de un lado, la necesidad de ayuda para desarrollar áreas menos favorecidas y, de otro, condiciones de competencia justas en un mercado único. En abril de 1998 entraron en vigor unas directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión(2). Tales directrices tienen por objeto servir de base para un control más estricto de las ayudas estatales en relación con las grandes inversiones. Al mismo tiempo, debería alcanzarse un equilibrio entre tres objetivos políticos clave de la UE, a saber, evitar la distorsión de la competencia en el mercado único, reforzar la cohesión económica y social y aumentar la competitividad industrial.

5.5. La importancia global y la gran movilidad de la industria automovilística convenció a la Comisión de la conveniencia de centrarse especialmente en este sector para evitar la distorsión de la competencia entre empresas mediante ofertas de ayudas estatales de mayor alcance. Se estableció un régimen especial con las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor(3), que estipulan que antes de la aprobación deberá presentarse a la Comisión un análisis detallado de la decisión de invertir. En función de la experiencia que se obtenga con este marco, se aplicarán disposiciones similares para otros sectores, como las telecomunicaciones. Además, el marco deberá aplicarse a otros sectores industriales altamente competitivos y en fase de contracción.

5.6. La Comisión Europea publicó, a finales de marzo de 1999, su séptimo informe sobre ayudas estatales, en el que señalaba que éstas ascendían a 95000 millones de euros anuales, de los cuales 38000 millones se asignaron a la industria manufacturera. A pesar de que la Comisión observa una clara tendencia a la baja, las ayudas estatales continúan siendo excesivas y a menudo contrarias a una competencia justa en el mercado único.

5.7. Asimismo, existen fuertes diferencias entre los Estados miembros. La tendencia a la baja es evidente desde hace tiempo, pero no en todos los Estados miembros. En la mitad de ellos las ayudas estatales han aumentado o se han mantenido durante el periodo 1995-1997 en comparación con 1993-1995. Por tanto, el control de las ayudas por parte de la Comisión continuará siendo de máxima prioridad. La Comisión observa que ya existen normas, pero muchos Estados miembros no las cumplen. También es importante dar a la Comisión los recursos que necesita para mantener un nivel de control alto.

5.8. La relocalización de los empleos existentes ha sido objeto de numerosos debates entre las Direcciones Generales competentes de la Comisión en los últimos años, especialmente cuando dicha relocalización se ha combinado con ayudas públicas comunitarias o nacionales. En una serie de casos, la atención se ha centrado en la función desempeñada por las condiciones de la mano de obra. Gran parte de la legislación laboral comunitaria y de la legislación de protección del trabajador es resultado del empeño por controlar el dumping social. La norma de los cinco años para las ayudas de los Fondos Estructurales se incluye en esta línea.

5.9. El Tratado de Amsterdam impulsa la cooperación en la dimensión social y en la protección medioambiental. Los interlocutores sociales tienen mayor responsabilidad conjunta en lo que toca a garantizar que se respeten las normas comunes y que se mejoren las condiciones de trabajo de la mano de obra. Esta estrecha cooperación también da a la Comisión Europea mayor autoridad en el control del cumplimiento de las normas comunes. La Comisión debe contar con los recursos que necesita para llevar a cabo su tarea. La próxima adhesión de nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental lo hará aún más necesario.

5.10. Los debates en curso dentro de la Comisión entre las Direcciones Generales interesadas han dado como resultado, entre otros aspectos, la iniciativa de realizar un estudio sobre las decisiones de relocalización de empresas. Dicho estudio, encargado a una consultora externa y que debería estar terminado en otoño de 1999, pretende determinar cuáles son los factores que condicionan las decisiones relativas a la relocalización de empresas.

5.11. En cuanto a los impuestos y el dumping fiscal, la Comisión ha establecido un grupo de expertos encabezados por el Ordenador general de pagos del Reino Unido, Dawn Primolo. Cada vez son mayores las críticas a la inclusión de concesiones fiscales y de costes en los paquetes de incentivos con el fin de atraer inversores.

6. Un enfoque diferente de los entes locales y regionales sobre la política regional

6.1. Durante los años 90 ha habido varios ejemplos de empleos trasladados de un lugar a otro dentro de la UE, a menudo en conexión con diversas ayudas estatales (que incluían o no recursos de los Fondos Estructurales). También ha influido la existencia de peores condiciones para la mano de obra (no sólo salario, sino condiciones de empleo en general). La dificultad de encontrar trabajos alternativos en áreas castigadas por el cierre de fábricas ha provocado un aumento del desempleo y, con él, problemas sociales y económicos. Esto demuestra la necesidad de reforzar los actuales acuerdos dentro de la UE. Por tanto, debe llevarse a cabo un análisis pormenorizado, especialmente con vistas a elaborar un código de conducta común para evitar que las ayudas comunitarias desemboquen en una competencia perjudicial entre los entes locales y regionales.

6.2. En la Cumbre sobre el Empleo celebrada en Luxemburgo en noviembre de 1997 se decidió establecer un Grupo de expertos de alto nivel encabezado por el expresidente de Volvo, Sr. P. G. Gyllenhammer, y encargado de analizar los efectos económicos y sociales de los cambios estructurales en la industria. Dicho Grupo se ha centrado en ofrecer una guía sobre medidas para promover el empleo y aumentar la competitividad, fomentar un mercado laboral que se desarrolle sin problemas y facilitar los cambios en estas áreas. El informe final del Grupo se terminó en noviembre de 1998 (en el mes de abril de dicho año se presentó un informe provisional) y está dirigido a responsables políticos, empresarios e interlocutores sociales(4).

6.3. El Grupo de expertos observa que se van a producir importantes cambios estructurales que afectarán a muchos sectores industriales y regiones. El informe contiene una larga lista de recomendaciones para situar a los Estados miembros en mejores condiciones de afrontar los inevitables efectos secundarios socioeconómicos del cambio. Las recomendaciones incluyen medidas para desarrollar una educación y una formación modernas, así como sistemas de infraestructuras, planes para impulsar pequeñas y medianas empresas y promover especialmente los sectores emergentes. Una importante conclusión es que es a las propias empresas a quienes corresponde en última instancia la responsabilidad de reestructurarse. Debe completarse el mercado único. Todo obstáculo soterrado a una competencia justa y libre debe eliminarse, lo cual incluye suprimir cualquier ayuda que distorsione los términos de la competencia; toda ayuda, incluidas las ventajas fiscales, debe ser completamente clara y transparente para asegurar unas condiciones equitativas.

6.4. La cooperación entre todas las partes interesadas es uno de los aspectos capitales del informe del Grupo. El diálogo social debe impulsarse y desempeñar un papel importante a todos los niveles. Para poder llevar a cabo eficazmente el cambio estructural se necesita una amplia cooperación por parte de todos los interesados. Es preciso, partiendo de un amplio consenso, actuar en las empresas y regiones afectadas por la reestructuración con el fin de elaborar, por ejemplo, programas de formación para desarrollar la capacidad de los trabajadores para afrontar los cambios, así como medidas para promover pequeñas y medianas empresas en las regiones en cuestión. Una estrategia de desarrollo económico requiere un marco para que las regiones afectadas por el cambio estructural puedan combatir los problemas sociales.

6.5. El Comité de las Regiones considera que el trabajo realizado por el Grupo de expertos aporta una valiosa contribución al objetivo comunitario de promover la cohesión económica y social en la UE. Basándose en este trabajo, el Comité insta a que se elabore un código de conducta para la puesta en práctica del cambio estructural.

6.6. Deberían ampliarse la función y las responsabilidades de los interlocutores sociales en estos ámbitos. Ya empiezan a percibirse pasos en este sentido en varios lugares, en el sentido de que debe reforzarse el diálogo social a todos los niveles.

6.7. Debería realizarse un código de conducta en forma de lista de recomendaciones que deberían aprobarse con el consenso de los interesados (gobiernos, regiones, interlocutores sociales). El objetivo debería ser fomentar una base sólida para la cohesión económica y social a través de una política regional diseñada para aumentar la competitividad y el crecimiento económico. El objetivo de tal código sería servir de instrumento para evitar la competencia desleal basada en el dumping social, fiscal y medioambiental. Su núcleo debería ser ofrecer a la política regional europea unas líneas generales de normas y programas de medidas, con inversión dinámica en educación, formación, infraestructura e inversión productiva, y garantizar que las ayudas de los Fondos Estructurales no se usan para relocalizar empleos existentes.

7. Conclusiones

El Comité de las Regiones

1. toma nota de que el derecho de las empresas a relocalizarse en la Unión Europea está reconocido en los Tratados europeos, pero señala que este movimiento no debe fomentarse mediante el uso desleal de incentivos y que debe hacerse cumplir estrictamente la política de ayudas públicas que establece las ayudas que pueden otorgarse y fomenta la competencia leal;

2. considera que la política regional de la UE es un elemento fundamental que fomenta la cohesión económica y social. Los paquetes de ayudas son importantes en algunas regiones para compensar las desventajas regionales y estructurales que obstaculizan el desarrollo económico. Es indispensable que estos paquetes fomenten el desarrollo económico sostenible y los puestos de trabajo viables;

3. declara que uno de los objetivos de la política de la Unión Europea debería consistir en reducir progresivamente las ayudas directas a la localización industrial, sin dejar de tener en cuenta los objetivos formulados en el artículo 158 del Tratado CE; es decir, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas;

4. observa atentamente los estudios sobre decisiones de localización empresarial encargados por la Comisión Europea, especialmente en lo que se refiere a establecer claramente cómo y en qué medida están incluidos los recursos de los Fondos Estructurales en los paquetes de incentivos ofrecidos para atraer empresas para que establezcan sus actividades en diversas regiones;

5. reconoce que el séptimo informe de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado señala que se están reduciendo las ayudas públicas a la industria manufacturera. Si bien el CDR acoge positivamente esta reducción, es importante que se sigan vigilando las ayudas públicas, ya que todo caso de relocalización empresarial motivada por subvenciones injustificadas puede tener graves consecuencias para las regiones y municipios que pierden los puestos de trabajo. Deberá elaborarse un programa que endurezca las normas y los acuerdos de seguimiento en vigor, pero también presentar propuestas para un código de conducta destinado a las partes interesadas en este ámbito. Dicho código de conducta deberá basarse, entre otros aspectos, en las directrices propuestas en el informe del Grupo de expertos encargado por el Consejo Europeo de investigar los efectos económicos y sociales del cambio estructural;

6. solicita del Parlamento Europeo y del Consejo que presten su apoyo a la Comisión en sus esfuerzos por una nueva reglamentación del control de las ayudas y por luchar más eficazmente contra el dumping social y medioambiental;

7. propone que se lleve a cabo un esfuerzo proactivo para centrar más el programa estructural comunitario del periodo 2000-2006 en los desafíos que afronta la UE. Las medidas de apoyo a la creación de nuevos empleos en regiones elegibles deberían concentrarse en programas de inversión, infraestructura, educación, investigación, servicios públicos y programas dirigidos a fomentar el crecimiento e impulsar la competitividad y la capacidad de afrontar nuevos desafíos, así como generar un mayor número de empleos sostenibles. A tal efecto, las medidas de apoyo a la inversión productiva generadora de empleo deberían incorporar una exigencia de evitar las ayudas directas al mero traslado, es decir, a aquellas que no tengan la consideración de inversión inicial, en los términos en que viene definido por las directrices comunitarias de ayudas de Estado con finalidad regional;

8. recomienda que se elabore un marco comunitario especial para las ayudas estatales en sectores industriales altamente competitivos y en fase de contracción, que debería tener características similares a las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER

(1) Véase el Informe demográfico 1998 de la Dirección General V y "Una sociedad para todas las edades", comunicación preparada por la DG V con ocasión de un simposio celebrado en Viena los días 12 y 13 de octubre de 1999.

(2) DO C 107 de 7.4.98, p. 7.

(3) DO C 279 de 15.9.97, p. 1.

(4) "Gestión del cambio - Informe final del Grupo de alto nivel sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio", publicado por la Dirección General V de la Comisión Europea.