El mercado único digital proporcionará a las empresas, y en particular a los emprendedores, nuevas oportunidades para desarrollarse en Europa. Se requieren, por tanto, medidas inmediatas para eliminar los obstáculos a la actividad transfronteriza en línea, tales como las diferencias en materia de Derecho contractual y de propiedad intelectual entre Estados miembros y reducción de las cargas relacionadas con el IVA. Que los consumidores vayan adquiriendo confianza en las transacciones transfronterizas en línea reposa en parte en la existencia de servicios de paquetería transfronterizos de alta calidad, que todavía no existen en la actualidad. La estrategia consiste también en definir un marco de comercio electrónico adecuado e impedir una discriminación injusta contra los consumidores y las empresas cuando intentan acceder a contenidos o comprar bienes y servicios en línea en la UE. La discriminación puede adoptar la forma de restricciones basadas en la nacionalidad, la residencia o la ubicación geográfica, restricciones contrarias a los principios básicos de la UE.

Europa tiene capacidad de liderazgo en la economía digital mundial pero actualmente no le está sacando el máximo partido. La fragmentación y las barreras que no existen en el mercado único físico frenan a la UE. Reducir estas barreras dentro de Europa podría aportar un importe adicional de 415 000 millones EUR al PIB europeo. La economía digital pueden ampliar mercados y promover mejores servicios a mejores precios, ofrecer mayores posibilidades de elección y crear nuevas fuentes de empleo. Un mercado único digital puede crear oportunidades para las empresas emergentes y permitir que las empresas existentes crezcan y se beneficien de la escala de un mercado de más de 500 millones de personas.

El bloqueo geográfico se refiere a las prácticas utilizadas por razones comerciales por los vendedores en línea que dan lugar a la denegación del acceso a sitios web en otros Estados miembros. A veces los consumidores pueden acceder a la página web, pero aún así no pueden comprar productos o servicios de ella. También puede ocurrir que se reenvíe al consumidor a un sitio Internet local de la misma empresa con diferentes precios u otros productos o servicios. En otros casos, cuando no se deniega la venta, se usan prácticas de localización geográfica a consecuencia de las cuales se aplican automáticamente diferentes precios sobre la base de dicha localización, por ejemplo cuando los clientes de alquiler de coches en línea en un Estado miembro pagan más por el alquiler de automóviles idénticos en un destino concreto que los clientes en línea de otro Estado miembro. El bloqueo geográfico es uno de los distintos instrumentos utilizados por las empresas para segmentar los mercados con arreglo a las fronteras nacionales (restricciones territoriales). Al limitar las oportunidades y las posibilidades de elección de los consumidores, el bloqueo geográfico constituye una de las principales causas de insatisfacción de los consumidores y de fragmentación del mercado interior.

Los elevados precios y la ineficiencia en la entrega de paquetes no deberían convertirse un obstáculo para el comercio transfronterizo en línea. Un ejercicio de autorregulación por parte del sector se presentará a la Comisión en junio de 2015. Dicho ejercicio se concentra en aspectos de calidad e interoperabilidad como el «seguimiento y localización» y una entrega más rápida de los paquetes, pero no cubre la cuestión de los precios o la supervisión normativa. La Comisión evaluará las medidas tomadas por el sector y pondrá en marcha medidas complementarias para mejorar la transparencia de los precios para las entregas europeas, incluidos los precios de pequeños envíos, y fomentar la supervisión normativa de los mercados de paquetería transfronteriza para garantizar el buen funcionamiento de las entregas transfronterizas. La Comisión evaluará la necesidad de adoptar medidas complementarias tras un período de dos años a partir de la adopción de dichas medidas teniendo debidamente en cuenta los progresos realizados.

En un mercado único, las empresas deben ser capaces de gestionar sus ventas en el marco de un conjunto de normas comunes. Algunos aspectos del Derecho de los consumidores y contractual ya han sido objeto de una armonización completa para las ventas en línea (por ejemplo, la información que debe proporcionarse a los consumidores antes de celebrar un contrato o el conjunto de normas que regulan su derecho a rescindir el acuerdo si cambian de parecer). Sin embargo, otros aspectos del contrato (como, por ejemplo, qué soluciones existen en caso de que los bienes materiales no sean conformes con el contrato de venta) solo están sujetos a las normas de la UE que proporcionan una armonización mínima, con la posibilidad de que los Estados miembros las amplíen. Cuando se trata de medidas que afectan al contenido digital defectuoso comprado en línea (por ejemplo, los libros electrónicos) no existe ninguna norma específica de la UE, solo algunas nacionales.

La Comisión hará propuestas legislativas antes de finales de 2015 para reducir las diferencias entre los regímenes de derechos de propiedad intelectual nacionales y permitir un mayor acceso en línea a las obras por parte de los usuarios de toda la UE, en particular a través de nuevas medidas de armonización. Las propuestas incluirán: i) la portabilidad de contenidos adquiridos legalmente, ii) garantizar el acceso transfronterizo a los servicios en línea adquiridos legalmente respetando el valor de los derechos en el sector audiovisual, iii) una mayor seguridad jurídica para el uso transfronterizo de contenidos con fines específicos (por ejemplo, investigación, educación, extracción de texto y de datos, etc.) mediante la armonización de las excepciones, iv) la clarificación de las normas sobre las actividades de los intermediarios en relación con contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual y, en 2016, v) la modernización de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, centrada en las infracciones a escala comercial (el enfoque «sigue la pista al dinero»), así como su aplicación transfronteriza.

Además, al tratar de acceder a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual de otro Estado miembro o comprarlos, se informa a veces a los consumidores de que no está disponible o de que no puede accederse a él desde su propio país. Esta situación se debe en parte a la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y a las dificultades asociadas a la adquisición de derechos. En otros casos, la falta de disponibilidad o de acceso puede ser resultado de restricciones contractuales entre los titulares de los derechos y los distribuidores, o de decisiones comerciales tomadas por los distribuidores. Esto puede deberse a veces al papel que desempeña la exclusividad territorial en la financiación de determinados tipos de obras (audiovisuales).

Este marco regulador ha facilitado la aparición de un mercado dinámico y es importante garantizar que se mantenga plenamente adaptado a la evolución de la tecnología y del mercado. La Comisión examinará si debe adaptarse el sistema actual de normas aplicables a la radiodifusión y a los servicios a la carta. Tendrá que analizar también si el actual ámbito de aplicación o las normas deberían ampliarse para abarcar nuevos servicios y operadores que actualmente no están considerados como servicios de comunicación audiovisual de la Directiva o proveedores que no entran dentro de su actual ámbito de aplicación geográfica. La Comisión también trabajará en torno a medidas de promoción de catálogos de obras europeas en vídeo en plataformas a la carta.

En la actualidad, el sector está experimentando cambios estructurales y todavía padece unos mercados nacionales aislados, una falta de coherencia y previsibilidad de la reglamentación de la UE, en particular en lo que respecta al espectro radioeléctrico, y la falta de inversiones suficientes, sobre todo en las zonas rurales, problemas que no pueden resolverse plenamente en el contexto de los debates en curso sobre el paquete del mercado único de las telecomunicaciones. En consecuencia, con el fin de inyectar mayor ambición en este proceso, la Comisión revisará toda la legislación vigente, y hará propuestas de modificación cuando sea necesario. Un primer paso esencial es la adopción del paquete sobre el mercado único de las telecomunicaciones que la Comisión espera proporcionará normas claras y armonizadas para la neutralidad de la red y pondrá en marcha la eliminación definitiva de los sobrecostes por itinerancia, en particular la de datos.

El principio, consagrado en la Directiva sobre comercio electrónico, de que los prestadores de servicios intermediarios de Internet no deben ser responsables de los contenidos que transmitan, almacenen o acojan, siempre que actúen de un modo estrictamente pasivo, ha asentado el desarrollo de Internet en Europa. Al mismo tiempo, cuando se identifican contenidos ilícitos, ya sea información relacionada con actividades ilegales como el terrorismo o la pornografía infantil, o información que infringe los derechos de propiedad de terceras personas (por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual), los intermediarios deben tomar medidas efectivas para eliminarlos. Hoy en día, que los proveedores de servicios de alojamiento de datos desactiven el acceso a los contenidos ilícitos y los retiren puede ser lento y complicado, mientras que contenido realmente legal puede retirarse por error. El 52,7 % de las partes interesadas señala que la acción contra los contenidos ilícitos es a menudo ineficaz y que carece de transparencia. Las diferencias en las prácticas nacionales pueden obstaculizar su ejecución (con un efecto perjudicial para la lucha contra la delincuencia en Internet) y socavar la confianza en el mundo en línea. Al ir creciendo la cantidad de contenido digital disponible en Internet, las disposiciones actuales pueden verse cada vez más cuestionadas. No siempre es fácil definir los límites de lo que pueden hacer los intermediarios con el contenido que transmiten, almacenan o acogen sin perder la posibilidad de beneficiarse de las exenciones en materia de responsabilidad establecidas en la Directiva sobre el comercio electrónico.

4.1.Construir una economía de los datos

Los datos masivos, los servicios en nube y la Internet de las cosas son fundamentales para la competitividad de la UE. Se considera a menudo que los datos son un catalizador para el crecimiento económico, la innovación y la digitalización en todos los sectores económicos, en particular para las PYME (y las empresas emergentes) y para la sociedad en su conjunto. Los datos masivos y la informática de alto rendimiento también están cambiando la forma en que se efectúa la investigación y se comparten los conocimientos, como parte de una transición hacia una «ciencia abierta» más eficiente y sensible.

·El sector de los datos masivos está creciendo a un ritmo del 40 % anual, siete veces más rápidamente que el del mercado de las tecnologías de la información.

Un mercado fragmentado no proporciona una escala suficiente para que la computación en nube, los datos masivos, la ciencia basada en los datos y la Internet de las cosas alcancen su pleno potencial en Europa. Para aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y de datos se necesita eliminar una serie de obstáculos técnicos y legislativos. Las restricciones, tales como las relacionadas con la ubicación de los datos (es decir, los requisitos de los Estados miembros para que los datos se mantengan en su territorio) fuerzan a los prestadores de servicios a construir costosas infraestructuras locales (centros de datos) en cada región o país. La aplicación fragmentada de las normas sobre derechos de propiedad intelectual y la falta de claridad sobre los derechos para usar datos obstaculizan el desarrollo de la utilización transfronteriza de datos y nuevas aplicaciones de las tecnologías (por ejemplo, extracción de texto y de datos). La falta de sistemas y servicios abiertos e interoperables y de la portabilidad de datos entre servicios representa otro obstáculo para el flujo transfronterizo de datos y el desarrollo de nuevos servicios (por ejemplo, sistemas de información para desplazamientos multimodales, ciencia basada en los datos). La seguridad jurídica respecto a la atribución de responsabilidad (distinta a los datos personales correspondientes) es importante para el despliegue de la Internet de las cosas.

Las empresas y los consumidores todavía no sienten suficiente confianza para adoptar los servicios en nube transfronterizos para almacenar o tratar datos, debido a su preocupación por la seguridad, el respeto de los derechos fundamentales y la protección de datos en general. La adopción del paquete de reforma de la protección de datos garantizará que el tratamiento de los datos personales se rija por normas actualizadas, uniformes en toda la Unión. Sin embargo, los contratos a menudo excluyen, o limitan considerablemente, la responsabilidad contractual del proveedor de servicios en nube si los datos ya no están disponibles o no se pueden utilizar, o hacen difícil rescindir el contrato. Esto significa que los datos son efectivamente no portables. En el ámbito de la protección de datos, tanto el marco legislativo actual como el futuro evitan restricciones a la libre circulación de datos personales en la Unión. No se abordan las restricciones a la libre circulación de datos por otros motivos. Los Estados miembros, por lo tanto, no pueden impedir la libre circulación de los datos personales por motivos de privacidad o de protección de dichos datos, pero pueden hacerlo por otros motivos. Deben eliminarse y evitarse las restricciones innecesarias relativas a la ubicación de los datos dentro de la UE.

La Comisión propondrá en 2016 una iniciativa europea de «libre circulación de datos»» que aborde las restricciones a la libre circulación de los datos por motivos distintos de la protección de datos personales en la UE y las restricciones injustificadas a la ubicación de los datos para su almacenamiento o tratamiento. También se tratarán las cuestiones emergentes de propiedad, interoperabilidad, utilizabilidad y acceso a los datos en situaciones como datos de empresa a empresa, de empresa a consumidor, generados por una máquina y de máquina a máquina. Se fomentará el acceso a los datos públicos para ayudar a impulsar la innovación. La Comisión pondrá en marcha una iniciativa europea de computación en nube, incluida la certificación de servicios en nube, los contratos, cambio de proveedores de servicios en nube e investigación científica abierta en nube.

4.2.Impulsar la competitividad mediante la interoperabilidad y la normalización

En la economía digital, la interoperabilidad supone garantizar una comunicación efectiva entre componentes digitales como dispositivos, redes o bases de datos. También significa una mejor conectividad a lo largo de la cadena de suministro o entre la industria y los sectores de servicios. Esto supone unas conexiones transfronterizas, entre comunidades y entre servicios y autoridades públicos más eficientes. Los servicios de administración electrónica que se están desarrollando en diferentes Estados miembros deben poder comunicarse entre sí y no desarrollarse de manera aislada. Existe en la actualidad consenso entre los Estados miembros sobre los requisitos básicos para lograr la interoperabilidad, sobre la base del «Marco Europeo de Interoperabilidad», que la Comisión presentó en 2010. Ahora habrá que actualizar y ampliar este marco.

La normalización desempeña un papel esencial en el aumento de la interoperabilidad de las nuevas tecnologías en el mercado único digital. Puede ayudar a orientar el desarrollo de nuevas tecnologías, como las comunicaciones inalámbricas 5G, la informatización de los procesos de fabricación (Industry 4.0) y construcción, servicios basados en los datos, servicios en nube, ciberseguridad, sanidad y transporte electrónicos y pagos móviles. El Plan progresivo de normalización de las TIC de la UE es un instrumento esencial en este sentido. Sin embargo, se necesita un mayor esfuerzo para garantizar que la normalización alcanzada se mantenga a la altura de la evolución de las tecnologías. En la actualidad, las partes interesadas del sector deciden desde abajo en qué ámbitos desarrollar normas y ello ocurre cada vez con más frecuencia fuera de Europa, poniendo en peligro nuestra competitividad a largo plazo. Tenemos que definir normas tecnológicas esenciales para apoyar la digitalización de nuestros sectores industrial y de servicios (por ejemplo, Internet de las cosas, ciberseguridad, datos masivos y computación en nube) y otorgar un mandato a los organismos de normalización para que lo hagan rápidamente.

En la economía digital, las patentes básicas normalizadas (que se basan en las patentes como derechos de propiedad) son un aspecto cada vez más importante en la normalización y un elemento decisivo del modelo de negocio de muchas industrias en términos de monetizar sus inversiones en investigación e innovación. La Comisión defiende la necesidad de un marco equilibrado en las negociaciones entre los titulares de los derechos y quienes aplican dichas patentes básicas normalizadas con el fin de garantizar condiciones equitativas en la concesión de licencias.

Por otra parte, la disponibilidad de normas a menudo no es suficiente para garantizar la interoperabilidad, si los proveedores no integran en sus soluciones las normas existentes. La contratación pública desempeña un papel importante en la promoción de normas y los Estados miembros han creado catálogos nacionales de normas TIC y especificaciones de interoperabilidad con el fin de orientar a los compradores públicos y acelerar la adopción de normas en los mercados nacionales. La integración de dichos catálogos en catálogos europeos evitaría la fragmentación del mercado a escala de la UE.

La Comisión pondrá en marcha un plan integrado de normalización para identificar y definir las prioridades clave de normalización centrándose en las tecnologías y los ámbitos que se consideran esenciales para el mercado único digital, incluida la interoperabilidad y las normas sectoriales esenciales en ámbitos tales como la sanidad (telemedicina, sanidad móvil), transportes (planificación de desplazamientos, flete electrónico), medio ambiente y energía. La Comisión revisará y ampliará el marco europeo de interoperabilidad.

4.3.Una sociedad electrónica integradora

La Comisión quiere apoyar un mercado único digital integrador en el que ciudadanos y empresas tengan las cualificaciones necesarias y puedan beneficiarse de servicios electrónicos multilingües e interrelacionados, de la administración, la justicia, la sanidad, la energía o el transporte electrónicos.

4.3.1. Cualificaciones y experiencia digitales

La demanda de empleados con cualificaciones digitales crece en torno a un 4 % anual. La escasez de profesionales de las TIC en la UE podría alcanzar los 825 000 puestos vacantes de aquí a 2020 si no se adoptan medidas firmes. La UE ha visto mejorar las capacidades digitales básicas de sus ciudadanos (que pasaron del 55 % al 59 % de la población), pero aún queda un largo camino por recorrer. También es necesario incrementar los niveles de las cualificaciones digitales de los trabajadores en todos los sectores de la economía y entre los demandantes de empleo para mejorar su empleabilidad. Es necesario cambiar la manera en que los sistemas de educación y formación se adaptan a la revolución digital. Estos cambios pueden apoyarse en iniciativas a nivel de la UE, como la «Gran Coalición para el empleo digital», la «Semana de la programación de la UE» y la «Apertura de la educación».

La responsabilidad de los planes de estudios recae en los Estados miembros que deben abordar urgentemente la falta de cualificaciones digitales esenciales. La Comisión prestará apoyo a sus esfuerzos y desempeñará su papel a la hora de mejorar el reconocimiento de aptitudes y cualificaciones digitales y de aumentar el nivel de profesionalidad de las TIC en Europa.

La Comisión abordará las cualificaciones y la experiencia digitales como componente clave de sus futuras iniciativas sobre cualificaciones y formación.

4.3.2. Administración electrónica

Los servicios públicos en Europa han incorporado las nuevas tecnologías con diferentes niveles de intensidad, pero se puede hacer más para modernizar la administración pública, lograr la interoperabilidad transfronteriza y facilitar la interacción con los ciudadanos.