Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Iniciativa del Reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil"(1)

(2004/C 32/18)

El 27 de noviembre de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de octubre de 2003 (Ponente: Sr. Retureau).

En su 403o Pleno de los días 29 y 30 de octubre de 2003 (sesión del 29 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 63 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1. La propuesta legislativa

1.1. Esta propuesta legislativa tiene su origen en una iniciativa del Reino de los Países Bajos(2) destinada a modificar una disposición del Reglamento CE n° 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (denominado en lo sucesivo "el Reglamento"), que entró en vigor el 1 de marzo de 2002 y establece disposiciones de aplicación uniformes del Convenio de Bruselas I, que versa sobre el mismo asunto. No obstante, el Convenio sigue vigente para el Reino de Dinamarca, de la misma manera que el Convenio de Lugano (1988) sigue en vigor para determinados terceros países.

1.1.1. La propuesta de modificación pide que se autorice una excepción al Reglamento por lo que se refiere a la competencia judicial en materia de contratos de trabajo transfronterizo.

1.1.2. La propuesta se basa en la letra c) del artículo 61 y el apartado 1 del artículo 67 del TCE. Estos artículos, y el artículo 65, al que remite el artículo 61, tratan de la competencia del Consejo y del derecho de iniciativa de sus miembros (paralelo al de la Comisión, pero limitado a un período de cinco años a partir de la entrada en vigor del TCE tal como ha sido modificado en Amsterdam) en el ámbito de la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Con la entrada en vigor del Tratado de Niza, la Comisión vuelve a tener la exclusividad del derecho de iniciativa, mientras que los miembros del Consejo sólo conservarán la posibilidad de presentar propuestas a título individual.

1.2. El artículo 20 del Reglamento refleja las normas establecidas en materia de competencia jurisdiccional para las demandas relativas al contrato de trabajo presentadas por los empresarios contra sus trabajadores domiciliados en otro Estado miembro; en principio, el tribunal competente para examinar este tipo de demandas es el del domicilio del trabajador/a.

1.2.1. Se trata de una norma general de atribución de competencia para toda demanda presentada en virtud del Reglamento, aunque éste prevé algunas excepciones de carácter restrictivo.

1.3. El objetivo de la propuesta es modificar esta norma de competencia para los casos de anulación judicial del contrato de trabajo por iniciativa del empresario, cuando éste solicite al tribunal que dicte el despido y determine sus consecuencias, en particular las pecuniarias; la anulación judicial es, al parecer, un procedimiento admitido en algunos Estados miembros y, según los autores de la propuesta, en los Países Bajos puede llegar a ser obligatoria en el caso de algunos trabajadores protegidos.

1.3.1. Con la modificación propuesta se pretende dar al empresario la opción de presentar su demanda ante los tribunales del lugar donde el trabajador/a realiza habitualmente su trabajo, en vez de hacerlo, en principio, ante el tribunal competente del domicilio del trabajador/a. Según se afirma en la propuesta, esta posibilidad, aun siendo unilateral, resultaría favorable para ambas partes.

2. Observaciones generales

2.1. La propuesta ofrece esencialmente una nueva ventaja al empresario, permitiéndole elegir la jurisdicción del lugar de ejecución del contrato en vez de la del domicilio del demandado, y privaría por tanto al demandado de la posibilidad de ejercer su derecho a escoger la jurisdicción competente (domicilio del demandado, lugar de trabajo o sede de la empresa).

2.2. Se trataría de una derogación de ciertos principios de competencia que parecen consolidados en el Reglamento y cuyo objetivo es proteger a la parte más débil en aquellos contratos que se caracterizan por la desigualdad de índole económica o de competencia técnica y profesional entre las partes (empresarios/trabajadores, comerciantes/consumidores, aseguradores/asegurados...). Cabe señalar que el Comité dio su aprobación a este Reglamento en su dictamen de 1 de marzo de 2000(3).

2.3. Aunque la Seguridad Social está excluida explícitamente del ámbito de aplicación ratione materiæ del Convenio de Bruselas y el Reglamento antes citado, el Derecho del trabajo sí está incluido, a pesar de las dificultades para que se lo considere como una rama del Derecho privado.

2.3.1. Esto se debe, en primer lugar, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, competente para interpretar el Convenio, que estableció que éste se refería implícitamente a los contratos de trabajo, pues la primera versión del Convenio no los mencionaba; posteriormente, dos revisiones del Convenio han conllevado la plena inclusión de los contratos de trabajo.

2.3.2. Lógicamente, todas las excepciones al Derecho común de los contratos y a la competencia judicial relativas a los contratos de trabajo se justifican por el hecho de que el Derecho del trabajo constituye un ámbito totalmente específico.

2.3.3. En efecto, existen numerosas disposiciones de orden público que marcan fuertemente el Derecho del trabajo. En la mayoría de los Estados miembros, los objetivos de protección de los trabajadores y de sus representantes suelen implicar la intervención de las autoridades públicas en las condiciones de establecimiento, ejecución y resolución del contrato (inspección laboral, regulación de determinadas disposiciones del contrato, cláusulas obligatorias o prohibidas, protección reforzada de algunas categorías de trabajadores/as, regulación de las condiciones laborales y los contratos según las profesiones, ya sea por la vía legislativa o mediante convenios colectivos, por actividad, nacionales o regionales), así como muchas otras excepciones al principio de libertad contractual.

2.3.4. Además, en los intentos de establecer un Derecho contractual europeo no se contemplan los contratos de trabajo, pues se los considera demasiado vinculados a las tradiciones sociales y jurídicas de cada país, además de demasiado sujetos a criterios de orden público y a otros elementos de hecho o de derecho. Con la ampliación de la Unión, la situación pasará a ser aún más compleja y a estar más diversificada.

2.3.5. Por otra parte, para conseguir una armonización que favorezca la movilidad de la mano de obra en el Mercado Único y la realización del principio de igualdad, y que garantice un alto nivel de protección de los trabajadores, el Derecho comunitario del trabajo se está desarrollando de manera amplia, lo que influye sobre el contenido de los contratos laborales.

2.4. En la mayoría de los países europeos, la posibilidad de que un tribunal dicte un despido a petición del empresario constituye evidentemente un caso hipotético particular, ya sea porque no está previsto por el Derecho nacional, o porque en la práctica constituya un procedimiento excepcional. Por ello, cabe cuestionar que sea conveniente modificar una norma fundamental de procedimiento del Reglamento para tener en cuenta demandas que no parecen ser habituales.

2.4.1. En efecto, aunque en principio es posible que un contrato privado o comercial pueda ser rescindido por decisión judicial, si una de las partes considera que la otra no cumple sus compromisos contractuales, o si el desacuerdo no ha sido solucionado mediante transacción o arbitraje, esta situación dista mucho de ser frecuente cuando se trata de contratos de trabajo; éstos finalizan en el plazo fijado, en el caso de los de duración determinada (CDD) o, en general, por la voluntad de una de las partes, a condición de que se cumplan las cláusulas y los Reglamentos aplicables o, en caso de grave falta de una de ellas, por iniciativa de la otra. Si hay desacuerdo sobre la clasificación del motivo y sobre las consecuencias pecuniarias de la rescisión del contrato, ésta puede realizarse bajo el control del juez.

2.4.2. Así pues, la anulación judicial constituye una excepción a la que se recurre cuando no se cumplen las condiciones habituales de rescisión o fin del contrato y, en particular, en ausencia de un procedimiento directo de despido por iniciativa del empresario, ya sea por causa de falta o por motivos económicos. El despido de algunos trabajadores protegidos está sujeto, durante el período de protección, a normas específicas que varían según los países; la obligación de presentar una demanda para hacer que un tribunal dicte el despido de un trabajador protegido (en su calidad de representante de los trabajadores) sólo parece existir en un número limitado de países; en la propuesta sólo se evoca el caso de los Países Bajos.

2.5. Las normas del Reglamento relativas a la competencia territorial obligan al demandante a presentar la demanda ante el tribunal competente del domicilio del demandado, ya que en principio se descarta toda cláusula atributiva de competencia por lo que se refiere a los contratos de trabajo; tal cláusula sólo es admisible eventualmente una vez surgido el litigio e iniciado el procedimiento que conduce a la rescisión del contrato, siempre y cuando sea objeto de un acuerdo voluntario entre las partes. No obstante, puede admitirse en el contrato bajo algunas condiciones, sobre todo si el domicilio del trabajador se encuentra en un tercer país.

2.5.1. Por consiguiente, nada impide que el empresario que haya decidido presentar una demanda con vistas a la anulación judicial del contrato negocie con el trabajador para ponerse de acuerdo sobre la competencia jurisdiccional, en las condiciones admitidas por el Reglamento, y nada impide este tipo de acuerdo si resulta favorable a ambas partes en determinadas circunstancias, en particular en el caso de los contratos de trabajo fronterizo.

2.6. Pero la propuesta presentada al Consejo permitiría que el empresario eligiese su jurisdicción, lo que podría tener consecuencias serias para el trabajador afectado por el procedimiento judicial de despido, que debe poder ejercer su defensa frente al demandante en condiciones óptimas; la propuesta introduciría una excepción importante a los principios generales de procedimiento del Reglamento y podría afectar a los derechos de la defensa en caso de que, una vez iniciado el litigio, el trabajador no desease aceptar una cláusula atributiva de competencia al tribunal del lugar de trabajo o el de la conclusión del contrato, sino que prefiriese el tribunal de su domicilio, siempre y cuando éste se encuentre en un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Reglamento.

2.7. Únicamente cuando el demandado no esté domiciliado en un país sujeto al Reglamento, y no exista una cláusula atributiva, el tribunal del país del empresario donde se haya presentado la demanda podrá, de manera legal, ejercer su competencia, aplicando las normas del Derecho nacional.

2.8. En estas condiciones, el Comité no considera que exista una razón imperativa para generalizar una excepción en beneficio exclusivo de una de las partes, y quizás en detrimento de la otra, cuando el Reglamento establece un principio general al mismo tiempo que autoriza una excepción por acuerdo mutuo una vez surgido el litigio; así, esta excepción tiene debidamente en cuenta las situaciones donde el ejercicio de la competencia de los tribunales del lugar de trabajo pueda resultar favorable a los intereses de ambas partes.

2.9. En el marco de la movilidad de la mano de obra en el Mercado Único, el Comité considera que, si el legislador acepta la propuesta, ésta:

a) obligaría a los demás Estados miembros a reconocer y aplicar una decisión que tiene su origen en un procedimiento relativamente poco frecuente en el Derecho del trabajo, incluso en los países donde se admite;

b) podría afectar a los derechos de la defensa y a los principios generales destinados a proteger a la parte más débil en determinados contratos;

c) podría entrar en conflicto con el orden público de algunos países, por ejemplo si se tratara de trabajadores protegidos o si los motivos de despido no resultaran admisibles en su foro; en este caso, cabe la posibilidad de que en estos países la decisión ni se reconociese ni se ejecutase, en aplicación de la cláusula del Convenio que permite al Estado destinatario oponerse a la ejecución de una sentencia extranjera contraria al orden público interno;

d) constituiría una muestra de prevención hacia los tribunales competentes de los demás Estados miembros en cuanto a su capacidad para conocer y aplicar la normativa de contratos, aspecto éste que forma parte de las razones alegadas en favor de la propuesta.

3. Conclusión

El Comité considera que la propuesta del Reino de los Países Bajos debería ser desestimada, por razones de seguridad jurídica y de respeto de un principio general de procedimiento.

Bruselas, 29 de octubre de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) DO C 311 de 14.12.2002, p. 16.

(2) DO C 311 de 14.12.2002, p. 16.

(3) DO C 117 de 26.6.2000.

ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Las siguientes enmiendas fueron rechazadas en la votación, pero obtuvieron más de una cuarta parte de los votos emitidos:

Punto 3

Sustitúyase por el texto siguiente:

"La iniciativa del Reino de los Países Bajos es improcedente debido a la supresión de su fundamento jurídico en el Tratado CE. El Comité recomienda a la Comisión que examine los hechos tomando en consideración las observaciones del Comité."

Exposición de motivos

Debido a la inclusión del apartado 5 en el artículo 67 del Tratado CE por el Tratado de Niza, el derecho de iniciativa otorgado a los Estados miembros por un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se suprime con la entrada en vigor del Tratado de Niza. Así, la iniciativa de los Países Bajos carece de fundamento jurídico y, por consiguiente, es improcedente.

Las observaciones del Comité deberían transmitirse a la Comisión para que examine los hechos.

Resultado de la votación

Votos a favor: 21, votos en contra: 54, abstenciones: 2.