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Bruselas, 30.4.2009

COM(2009) 211 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN que acompaña

a la Recomendación de la Comisión que complementa las Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa y a la Recomendación de la Comisión sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros

{C(2009) 3159}{C(2009) 3177}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

que acompaña a la Recomendación de la Comisión que complementa las Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa y a la Recomendación de la Comisión sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros

I. Introducción

La crisis financiera ha puesto de manifiesto las graves deficiencias de la forma en que se regulan y supervisan los mercados financieros. La Comisión encabeza hoy una profunda reforma que, atendiendo a las enseñanzas de la crisis, pretende ofrecer para el futuro unos mercados financieros fiables y responsables. En el contexto actual, las políticas de remuneración se han convertido en centro de atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los medios académicos y de los responsables políticos.

Hay un amplio consenso sobre el hecho de que los incentivos creados por los sistemas de remuneración que buscan la rentabilidad a corto plazo sin prestar la debida atención a los riesgos correspondientes han llevado a las entidades financieras a comprometerse en prácticas demasiado arriesgadas. Hay también preocupación en amplios sectores por los notables incrementos que han registrado recientemente los sueldos de los ejecutivos y por el peso cada vez mayor que tienen los componentes variables en la composición de la remuneración de los consejeros de todos los sectores de la economía.

Las dos Recomendaciones a las que acompaña la presente Comunicación constituyen la primera fase de la estrategia que se propone seguir la Comisión para tratar este importante tema. Como se anunciaba en su Comunicación titulada «Gestionar la recuperación europea»[1], el objetivo es mejorar la gestión de riesgos de las entidades financieras y ajustar en todas las empresas los incentivos remunerativos a la consecución de unos resultados sostenibles.

En esta primera fase, la Comisión está recomendando una serie de principios y de buenas prácticas, y los Estados miembros deben garantizar que las empresas los adopten en el diseño y aplicación de unas políticas de remuneración que recompensen el logro de resultados sostenibles a largo plazo. El éxito de la reforma en este tema depende de que se llegue a un cambio de cultura real en las empresas. Con la presentación de sus Recomendaciones ahora, la Comisión pretende animar a aquéllas para que, al revisar los contratos de su personal de 2010, comiencen a aplicar ya los principios que rigen la sostenibilidad de la política de remuneración.

Tras esas Recomendaciones, la Comisión presentará propuestas normativas para que los sistemas de remuneración queden sujetos a la supervisión prudencial. En junio, concretamente, se presentará una propuesta de revisión de la Directiva sobre los requisitos de capital con el fin de garantizar que el capital reglamentario cubra adecuadamente los riesgos inherentes a las carteras de negociación de los bancos, a las posiciones de titulización y a las políticas de remuneración. La Comisión está dando prioridad a las medidas normativas en el sector de los bancos y de las empresas de inversión porque es en él donde resulta más evidente el negativo impacto de los incentivos inadecuados. En una fase posterior, la Comisión examinará otras medidas para los servicios financieros no bancarios.

II. Recomendación de la Comisión que complementa las Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa

Las Recomendaciones de la Comisión sobre la remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa (2004/913/CE) y sobre el papel de los consejeros no ejecutivos/supervisores y del comité del consejo de vigilancia (2005/162/EC) no cubren todos los importantes problemas que han venido planteándose en los últimos meses ni requieren, en concreto, que la remuneración de los consejeros ejecutivos se adapte a los intereses a largo plazo de las empresas.

Tras varios casos recientes de gran relevancia y a la vista de la necesidad cada vez más evidente de mejorar la estructura remunerativa de los ejecutivos, la nueva Recomendación de la Comisión sobre esa estructura y sobre el diseño y funcionamiento de la política de remuneración de los consejeros de las empresas con cotización en bolsa establece una serie de principios nuevos que vienen a complementar las dos Recomendaciones arriba citadas. Esto se corresponde con las conclusiones del Consejo ECOFIN de 2 de diciembre de 2008, que invitaban a la Comisión a actualizar su recomendación para promover un control más efectivo por parte de los accionistas y para impulsar un mayor vínculo entre las remuneraciones y los resultados (incluidos los pagos por cese de actividades, los llamados «paracaídas de oro»).

El ámbito de aplicación de la nueva Recomendación es el mismo que el de las Recomendaciones ya existentes, a saber, la remuneración de los consejeros de todas las empresas que cotizan en bolsa.

Para ser adecuadas, las políticas de remuneración, además de garantizar que lo que se recompensen sean los resultados, han de estimular a los consejeros para que aseguren la sostenibilidad a medio y largo plazo de su empresa. La Recomendación de 2004 se basaba ya en la idea de recompensar los resultados –gracias a la transparencia de la política de remuneración–, pero la nueva Recomendación ofrece más orientación para alcanzar ese objetivo. Presenta así una serie de buenas prácticas para el diseño de políticas de remuneración adecuadas y se centra en determinados aspectos de la estructura y de la gobernanza de la remuneración de los consejeros, incluida la supervisión a cargo de los accionistas.

Por lo que se refiere a la estructura de la política de remuneración, la nueva Recomendación introduce en las empresas el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la remuneración de los consejeros debe compararse con la de los otros consejeros ejecutivos del consejo de administración y con la de los cuadros superiores de la empresa. Las indemnizaciones por despido («paracaídas de oro») han de sujetarse a límites cuantificados y no deben pagarse en caso de que la actuación del consejero haya fracasado. Además, para reforzar el vínculo entre pagos y resultados, la nueva Recomendación requiere un equilibrio entre los componentes fijos y variables de las remuneraciones y sujeta el pago de los variables al cumplimiento de unos criterios de rendimiento predeterminados y medibles.

Asimismo, para impulsar la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, la nueva Recomendación prevé lo siguiente: el equilibrio entre los criterios de rendimiento a largo y corto plazo; el aplazamiento de los componentes variables de la remuneración de los consejeros; el establecimiento de un período mínimo para poder ejercer las opciones sobre acciones y adquirir la plena propiedad de las acciones; y la retención de una parte de las acciones hasta el final del empleo. Las empresas, además, deben poder reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración que se hayan pagado atendiendo a datos cuya inexactitud quede demostrada después de forma manifiesta.

En cuanto a la gobernanza de la política de remuneración de los consejeros, la nueva Recomendación establece una serie de principios con los que se pretende mejorar la supervisión de esa política por parte de los accionistas. Es fundamental en este sentido que los accionistas y, en especial, los inversores institucionales ejerzan sus derechos de voto cuando se trate de la remuneración de los consejeros. Por otra parte, para mitigar los posibles conflictos de intereses, es importante que los consejeros no ejecutivos no puedan recibir opciones sobre acciones como parte de su remuneración.

Los comités de remuneraciones deben desempeñar un papel clave en el logro de unas políticas de remuneración que sean responsables. Para mejorar el funcionamiento de esos comités y reforzar su responsabilidad, los nuevos principios disponen que uno al menos de sus miembros tenga suficientes conocimientos y experiencia en el campo de las remuneraciones. Dichos principios establecen también la obligación de que los miembros de los comités asistan a las asambleas generales en las que se discuta la declaración relativa a las remuneraciones a fin de poder ofrecer explicaciones a los accionistas. Por último, para evitar situaciones de conflicto de intereses, se prevé que los consultores en remuneración que asesoren al comité de remuneraciones no puedan al mismo tiempo prestar consejo a otros órganos de la misma empresa. La nueva Recomendación clarifica el funcionamiento y la composición de los comités de remuneraciones para mejorar su eficiencia, pero respeta el papel y las funciones que ya les asignaba la Recomendación de 2005. También se mantienen sin cambios el equilibrio de poderes y las relaciones con los consejos de administración (o, en su caso, con los de vigilancia). Conviene señalar aquí que todo órgano que se establezca exclusivamente con miembros no ejecutivos de una empresa con cotización en bolsa y que decida la remuneración de los miembros ejecutivos puede considerarse equivalente a un comité de remuneraciones.

Debe observarse, en fin, que la Recomendación no afecta de modo alguno a la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

III. Recomendación de la Comisión sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros

La Comisión presenta también una nueva Recomendación sobre la remuneración en los servicios financieros a fin de combatir en todas las entidades que operan en este ámbito los incentivos perversos y la asunción de riesgos excesivos. Con esta Recomendación, la UE es pionera en la aplicación de los compromisos contraídos en la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009. En ella se acordó «respaldar y aplicar los nuevos y estrictos principios del FSF (Fondo de Estabilidad Financiera) sobre remuneración y compensación y apoyar los planes de compensación sostenibles y la responsabilidad social corporativa de todas las empresas». Esta segunda Recomendación es coherente con los principios del FSF y complementaria a ellos.

La Recomendación cubre todos los sectores de los servicios financieros, independientemente del tamaño de la entidad financiera y del hecho de que ésta cotice o no en bolsa. Esto evita cualquier laguna, así como un posible falseamiento de la competencia entre diferentes sectores y entidades financieras. Los principios de la Recomendación se aplican a todas las categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión en el perfil de riesgos de su entidad.

Dichos principios regulan la estructura de la remuneración, el proceso de diseño y el funcionamiento de la política de remuneración, la difusión de información sobre esa política a los interesados y el proceso de revisión supervisora. El equilibrio entre estructura, gobernanza, difusión de información y supervisión que persigue la nueva Recomendación ha de favorecer la solidez de las políticas de remuneración de las entidades financieras, garantizando que tales políticas sean coherentes con la efectividad en la gestión de los riesgos y la viabilidad a largo plazo.

Las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros deben, en efecto, además de favorecer una gestión sólida y efectiva de los riesgos, ser coherentes con ella. A tal fin, las entidades financieras han de establecer un equilibrio adecuado entre los componentes fijo y variable de las remuneraciones.

El componente fijo debe ser suficientemente elevado para que el personal no tenga que depender exclusivamente de la obtención de primas. El componente variable, por su parte, ha de vincularse a unos resultados, y una importante parte de él debe aplazarse para tener en cuenta el horizonte temporal de los riesgos asociados a esos resultados. Los pagos variables tienen que sujetarse a unos criterios de medición de rendimientos que privilegien los resultados a largo plazo de las entidades financieras y que ajusten los resultados esperados al riesgo, al coste del capital y al nivel de liquidez. Además, las entidades financieras deben poder reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando se hayan pagado atendiendo a datos cuya inexactitud quede demostrada después de forma manifiesta.

La nueva Recomendación introduce también algunos principios importantes sobre la gobernanza en la toma de decisiones relativas a las políticas de remuneración de las entidades financieras. Dichas políticas, además de ser claras e internamente transparentes, deben estar debidamente documentadas y establecer las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses. Esto significa que es el consejo de administración (de vigilancia) el que ha de supervisar la política de remuneración de la entidad financiera en su conjunto, pero que en este proceso deben tener también una participación adecuada el servicio que se encargue de las funciones de control, el departamento de recursos humanos u otros expertos y los accionistas. Los miembros del consejo de administración y los demás miembros del personal que intervengan en el diseño y funcionamiento de las políticas de remuneración deben ser independientes. Por otra parte, para garantizar la consecución de sus objetivos, las políticas de remuneración deben actualizarse periódicamente de forma que reflejen los cambios registrados en la entidad financiera, y es preciso que los miembros del personal conozcan de antemano los criterios que vayan a utilizarse para determinar su remuneración y que tengan acceso al procedimiento por el que se les evalúe.

La difusión de información sobre las políticas de remuneración de las entidades financieras es condición indispensable para que pueda hablarse de una supervisión efectiva. Dicha información debe ponerse a disposición de los interesados de forma clara y fácilmente comprensible.

En la Recomendación se encuentran, asimismo, algunos principios nuevos sobre la revisión supervisora de las políticas de remuneración de las entidades financieras. Los supervisores han de garantizar –con el uso de los instrumentos de supervisión a su alcance– que esas entidades apliquen en la máxima medida de lo posible los principios que rigen una sólida política de remuneración y que esa política sea coherente con una gestión efectiva de los riesgos.

Por otra parte, en aplicación del principio de proporcionalidad, es necesario que, al evaluar la conformidad de una entidad financiera con los principios que rigen la solidez de las políticas de remuneración, los supervisores tengan en cuenta la naturaleza y tamaño de esa entidad y la complejidad de sus actividades.

Algunos de esos principios pueden resultar más pertinentes para ciertas categorías de entidades financieras que para otras. Por ello, para evitar costes injustificados y garantizar la necesaria proporcionalidad, se prevé que los Estados miembros, al aplicar dichos principios, puedan completarlos y adaptarlos en función de la situación concreta de cada entidad financiera.

IV. Fases siguientes

Las presentes Recomendaciones constituyen la primera fase de una serie de propuestas con las que se pretende adaptar los incentivos remunerativos a la consecución en las empresas de unos resultados sostenibles a largo plazo. En una segunda fase, la Comisión presentará propuestas normativas para facultar a los supervisores nacionales a obligar a las entidades financieras a adoptar políticas de remuneración que sean coherentes con una gestión efectiva de los riesgos.

El próximo mes de junio, la Comisión abordará las políticas de remuneración de los bancos y de las empresas de inversión (que es donde, según los datos disponibles hasta hoy, se han registrado con más claridad las deficiencias del mercado) mediante un paquete de modificaciones de la Directiva sobre los requisitos de capital. Gracias a esas modificaciones, las políticas de remuneración y su conexión con la gestión de riesgos quedarán claramente sujetas a supervisión prudencial dentro del proceso de revisión supervisora enmarcado en aquella Directiva. Las entidades de crédito y las empresas de inversión estarán obligadas legalmente a adoptar políticas de remuneración que sean coherentes con una gestión de riesgos efectiva, y los supervisores estarán facultados para tomar medidas que corrijan cualquier deficiencia de esas instituciones y sociedades en esta materia.

Los principios establecidos en la nueva Recomendación de la Comisión sobre las políticas de remuneración en el sector financiero serán de capital importancia para el cumplimiento de esa obligación. Tales principios, además de orientar mejor sobre la forma de cumplir dicha obligación, aportarán a los reguladores un marco para evaluar las estructuras de remuneración de las sociedades con motivo de la revisión supervisora del «segundo pilar».

Las próximas modificaciones de la Directiva sobre los requisitos de capital no sustituirán a la Recomendación, sino que la complementarán. Las recomendaciones en general ofrecen un valor añadido evidente porque indican claramente a los mercados las prácticas que la Comisión considera más adecuadas (en espera de la adopción de los requisitos normativos) y porque las normas necesitan centrarse en principios y no son idóneas para establecer mejores prácticas con el nivel de detalle que sí es posible en las recomendaciones.

Es posible que en otros sectores financieros (como el de los seguros) tengan que estudiarse también iniciativas normativas similares. Hasta que llegue ese momento, la Recomendación sobre las políticas de remuneración en los servicios financieros ofrecerá la orientación necesaria sobre los principios que deban aplicarse en esos sectores y servirá de punto de partida para el diálogo en ellos entre las entidades financieras y sus supervisores.

Los informes de evaluación que se consagraron en 2007 a las Recomendaciones anteriores pusieron de manifiesto algunos aspectos positivos, pero también algunos negativos. La Comisión tiene el propósito de ampliar los mecanismos de seguimiento para lograr mayor efectividad en la aplicación de las dos Recomendaciones. Una vez transcurrido un año, la Comisión procederá a un examen a la vista de la experiencia adquirida y de los resultados que arrojen las tareas de seguimiento y presentará un informe de evaluación sobre la aplicación en los Estados miembros de ambas Recomendaciones.

Debe señalarse, por último, que las Recomendaciones no afectan a las medidas nacionales en materia de remuneración que contengan los planes de rescate adoptados por los Estados miembros para su sector financiero. La Comisión ha apoyado esas medidas nacionales en el contexto de las decisiones por ella adoptadas en el campo de las ayudas estatales. Pero debe tenerse en cuenta que esas medidas son excepcionales y que su misión es compensar los efectos distorsionadores de la intervención pública. Tales medidas no pueden sustituir a las directrices generales que han de ser aplicadas por todas las entidades financieras tanto en condiciones de mercado normales como en condiciones de excepción.

[1] COM(2009) 114 final, de 4 de marzo de 2009.