relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos no relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos penales

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Son muchos quienes consideran que el amaño de partidos es una de las mayores amenazas que se ciernen actualmente sobre el deporte. El amaño de partidos socava valores del deporte como la integridad, el juego limpio y el respeto por los demás. Además, puede entrañar el peligro de alejar del deporte organizado a los aficionados y seguidores. Por otra parte, en el amaño de partidos están a menudo implicadas redes de delincuencia organizada que actúan a escala mundial. Este problema se ha convertido en una prioridad para los poderes públicos, el movimiento deportivo y los organismos que velan por el cumplimiento de la ley en todo el mundo. Al objeto de responder a esos retos, el Consejo de Europa invitó durante el verano de 2012 a las Partes del Convenio Cultural Europeo a entablar negociaciones con vistas a adoptar un Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de los resultados deportivos. Las negociaciones dieron comienzo en octubre de 2012, con la primera reunión del grupo de redacción del Consejo de Europa.

El 13 de noviembre de 2012, el Consejo adoptó la «Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos». La Recomendación de la Comisión fue transmitida al Grupo de Trabajo sobre Deporte del Consejo el 15 de noviembre de 2012. A raíz de los debates del Grupo de Trabajo, el Consejo dividió la propuesta de Decisión del Consejo en dos, tras haber añadido este una serie de bases jurídicas sustantivas, incluida una base jurídica derivada del título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el TFUE»). El 10 de junio de 2013, el Consejo adoptó una Decisión sobre asuntos relativos a las apuestas y el deporte. La otra Decisión fue adoptada por el Consejo el 23 de septiembre de 2013 y se refería a asuntos relacionados con la cooperación en asuntos penales y la cooperación policial.

El 9 de julio de 2014, los delegados de los ministros del Consejo de Europa adoptaron el Convenio sobre Manipulación de Competiciones Deportivas. El 18 de septiembre de 2014, el Convenio se abrió a la firma en la Conferencia de Ministros responsables del Deporte del Consejo de Europa. De conformidad con su artículo 32, apartado 1, el Convenio está abierto a la firma de la Unión Europea. Desde entonces, lo han firmado una serie de Partes, incluidos algunos Estados miembros.

El 2 de marzo de 2015, la Comisión presentó al Consejo sus propuestas de decisiones del Consejo sobre la firma del Convenio en nombre de la Unión: i) una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos penales [COM(2015) 86], con base en el artículo 82, apartado 1, y el artículo 83, apartado 1, del TFUE; y ii) una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos no relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos penales [COM(2015) 84], con base en los artículos 114 y 165 del TFUE. Las exposiciones de motivos de estas propuestas de la Comisión contenían un minucioso análisis de las competencias del Convenio. Las propuestas de la Comisión se debatieron por última vez los días 11 y 20 de noviembre de 2015 en el Coreper. En aquella ocasión, la Presidencia decidió no proceder con el expediente hasta que se hubiera obtenido la aprobación de todas las delegaciones.

En este contexto, la Unión no ha firmado todavía el Convenio. La Comisión considera que la firma del Convenio debe formar parte de los esfuerzos de la Unión por participar en la lucha contra el amaño de partidos, conjuntamente con otras herramientas tales como la próxima iniciativa de la Comisión sobre el amaño de partidos relacionado con las apuestas, en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 2012 sobre los juegos de azar en línea, el trabajo del Grupo de Expertos de la UE sobre Amaño de Partidos y las acciones preparatorias y proyectos dedicados al amaño de partidos.

La presente propuesta se refiere al instrumento jurídico de celebración del acuerdo.

2. ACUERDO

Con arreglo al artículo 1 del Convenio, su finalidad es «combatir la manipulación de las competiciones deportivas a fin de proteger la integridad del deporte y la ética deportiva de conformidad con el principio de autonomía del deporte». A tal efecto, el principal objetivo del Convenio es «proteger la integridad del deporte y la ética deportiva». Para ello, adopta una serie de medidas que tienen por finalidad prevenir, detectar y sancionar la manipulación de las competiciones deportivas. Con esta finalidad, el Convenio también promueve la cooperación internacional y establece un mecanismo de supervisión para garantizar que las disposiciones establecidas en el Convenio sean objeto de seguimiento.

De esa manera, el Convenio aplica un enfoque multidisciplinar para hacer frente a la manipulación de las competiciones deportivas. Por consiguiente, las medidas que habrán de adoptarse son de naturaleza diversa y afectan a distintos ámbitos del Derecho, si bien los aspectos relacionados con la prevención están presentes por doquier. Otros aspectos jurídicos afectados son el Derecho penal sustantivo, la cooperación judicial en asuntos penales, la protección de datos y también la regulación de las actividades relacionadas con las apuestas.

La mayor parte de las disposiciones relativas a la prevención se encuentran en los capítulos II y III del Convenio, y este último establece una serie de disposiciones para facilitar el intercambio de información entre todas las partes interesadas.

Las medidas relativas a los servicios de apuestas pueden afectar a las libertades del mercado interior en materia de derecho de establecimiento y a la libertad de ofrecer servicios, en la medida en que los operadores de apuestas ejercen una actividad económica. En cuanto al artículo 3, apartado 5, letra a), y al artículo 11 en particular, la definición de «apuestas deportivas ilegales» se refiere a cualesquiera actividades deportivas cuya naturaleza u operador no estén autorizados en virtud de la legislación aplicable en la jurisdicción de la Parte en que se encuentre el apostante. El término «legislación aplicable» incluye el Derecho de la UE. Ello implica que también debe tenerse en cuenta todo derecho reconocido por el Derecho de la UE y que el Derecho nacional de los Estados miembros ha de ser conforme con el Derecho de la UE, y en particular con las normas del mercado interior.

Por otro lado, los artículos 9, 10 y 11 prevén medidas que podrían conducir a cierto grado de aproximación de las legislaciones. Por ejemplo, el artículo 9 del Convenio propone una lista indicativa de medidas que podrían ser aplicadas por las respectivas autoridades reguladoras de las apuestas, «si procede», para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas en relación con las apuestas deportivas. El artículo 10, apartado 1, del Convenio establece que «cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que resulten necesarias para prevenir conflictos de intereses y el uso ilegítimo de información privilegiada por parte de personas naturales o jurídicas que ofrezcan productos de apuestas deportivas [...]» (el subrayado es nuestro). El artículo 10, apartado 3, del Convenio tiene por finalidad establecer obligaciones de información y estipula que «cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que resulten necesarias para obligar a los operadores de apuestas deportivas a informar sin dilación a la autoridad reguladora de las apuestas [...]» (el subrayado es nuestro). Por último, el artículo 11 del Convenio, sobre apuestas deportivas ilegales, ofrece mayor flexibilidad a las Partes. Reza así: «Cada Parte estudiará los medios más apropiados para perseguir a los operadores de apuestas deportivas ilegales y sopesará la posibilidad de adoptar medidas, en virtud de la legislación aplicable en cada país, tales como [...]».

Ello significa que el artículo 9 y el artículo 10, apartados 1 y 3, del Convenio sientan las bases para una posible armonización con arreglo al artículo 114 del TFUE, en la medida en que los operadores de apuestas ejercen una actividad económica. El artículo 11, cuya redacción es incluso más flexible, también supone cierto grado de aproximación de las disposiciones que puede verse contemplado también por el artículo 114 del TFUE sobre el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Además, el artículo 11 del Convenio también puede afectar a los servicios prestados desde un tercer país. Las medidas en cuestión, que afectan directamente al «acceso» a dichos servicios, estarían cubiertas por la política comercial común de la Unión, en aplicación del artículo 207 del TFUE.

El capítulo IV se refiere al Derecho penal y a la cooperación en la vigilancia de su cumplimiento (artículos 15 a 18). El artículo 15 del Convenio no impone sancionar de forma general la conducta de manipulación de las competiciones deportivas, sino solamente determinadas formas (cuando lleven consigo prácticas coercitivas, corruptas o fraudulentas). El artículo 16 se refiere al blanqueo de capitales. A escala de la Unión, la normativa pertinente es la Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, junto con la Directiva 2014/42/UE. El artículo 16, apartado 3, del Convenio entra en el ámbito de competencias de la UE y del artículo 114 del TFUE (Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo). El capítulo V, sobre competencia, procedimiento penal y medidas de vigilancia, y el capítulo VI, sobre sanciones y medidas, contienen disposiciones que acompañan a las normas de Derecho penal sustantivo contenidas en los artículos 15 a 18 del Convenio. El artículo 19 del Convenio (competencia) es una disposición accesoria con vistas al establecimiento de disposiciones de carácter penal. Los artículos 20, 21 y 25 del Convenio (medidas de investigación, de protección y de embargo y decomiso) son medidas del ámbito del procedimiento penal que pueden estar reguladas por el artículo 82, apartado 2, letras a) y b), del TFUE.

El capítulo VII se refiere a la cooperación internacional en materia judicial y en otros ámbitos. Es importante observar que el Convenio no contempla ningún régimen jurídico que pudiera sustituir a las normas existentes, y, por tanto, debe entenderse sin perjuicio de los instrumentos ya existentes en el ámbito de la asistencia mutua en materia penal y de extradición. En este contexto, existe una serie exhaustiva de instrumentos a escala europea para facilitar la cooperación judicial en asuntos penales, que se aplicaría a los diferentes modi operandi del amaño de partidos o a la consideración penal del amaño de partidos como un nuevo delito en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. Ello abarcaría lo dispuesto en el artículo 26 del Convenio.

Conclusiones