Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre la revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración»

(96/C 295/04)

El 2 de febrero de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre la revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de junio de 1996 (Ponente: Sr. Bagliano).

En su 337° Pleno (sesión del 10 de julio de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 96 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. Dos años y medio después del «Informe» al Consejo sobre los tres primeros años de «aplicación» del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración (doc. COM(93) 385 final, 28. 7. 1993), la Comisión presenta ahora un Libro Verde sobre la «revisión» de dicho Reglamento.

1.2. La hipótesis de esta «revisión» está prevista expresamente en el Reglamento (CEE) n° 4064/89 (), («antes de finalizar el cuarto año siguiente a la adopción») en el artículo 1.3 para los «umbrales» y en el artículo 9.10 para las «normas de reenvío». Además, en el momento de la adopción del Reglamento (que entró en vigor el 21 de septiembre de 1990), tanto la Comisión como el Consejo manifestaron la intención y la oportunidad de modificaciones posteriores (en relación con las entidades de crédito, el cálculo del volumen de negocios y la transparencia). Éstos son también los límites de la «revisión».

1.3. Basándose en el «Informe» de 1993 (), el Consejo había aceptado la propuesta de la Comisión de aplazar la revisión del Reglamento (previsto para 1994) hasta finales de 1996 como máximo. La Comisión presenta, pues, oportunamente, a comienzos de este año, este Libro Verde.

1.4. Se trata de un documento de reflexión que se hace eco de los temas y razonamientos del Informe de 1993, ampliándolos y completándolos.

A los capítulos sobre:

- la autoridad única,

- los umbrales,

- la regla de los dos tercios,

- los reenvíos,

- las empresas en participación de carácter concentrativo o cooperativo,

- los compromisos en la primera y en la segunda fase,

- las entidades de crédito y otros institutos financieros,

- la transparencia del proceso de toma de decisiones,

la Comisión añade párrafos específicos relativos a:

- las notificaciones múltiples,

- la situación en los Estados miembros,

y dedica finalmente un análisis más profundo a los importantes problemas planteados por:

- las empresas en participación (de concentración y cooperativas), y - el procedimiento de reenvío (artículos 9 y 22 del Reglamento (CEE) n° 4069/89).

1.5. Sobre algunos temas, la Comisión manifiesta, o deja ver claramente, cuáles son sus preferencias entre las distintas opciones, justificando siempre su elección.

1.6. Se trata, pues, de un Libro Verde casi en el límite de un Libro Blanco. El Comité Económico y Social considera esto una característica sumamente positiva de dicho documento, porque así podrá acelerarse el debate de todas las partes interesadas, en un marco de transparencia eficaz y efectiva, sobre temas y cuestiones descritas y documentadas de modo claro y exhaustivo.

2. Observaciones preliminares

2.1. Sobre casi todos los temas que trata y profundiza el Libro Verde, el Comité ha expresado ya sus opiniones en los dictámenes de 1994 y 1995 ().

Sin embargo, el Comité se complace en reexaminar toda la problemática teniendo en cuenta las reflexiones de la Comisión y siempre dentro de los límites de esta revisión.

2.2. El Comité considera que debe manifestar ante todo su satisfacción por el cuidado y la diligencia demostrados en esta ocasión por la Comisión para recabar previamente las opiniones de empresas, asociaciones, abogados y expertos, así como de los propios Estados miembros.

Esto había ocurrido ya en la elaboración del Informe de 1993, pero para la preparación de este Libro Verde se han repetido y ampliado dichas consultas por medio de cuestionarios puntuales y preguntas abiertas. Todos han tenido, por tanto, la posibilidad de expresar sus propias convicciones y experiencias, enriqueciendo y completando así la información de que dispone la Comisión.

2.3. Aunque el problema se limite a la «revisión» de un Reglamento ya en vigor algunos años y de temas concretos, hay que tener siempre presente que se trata de un instrumento de control de la competencia no como fin en sí mismo sino orientado a promover tanto la competencia como la cooperación entre empresas.

2.4. En primer lugar, en esta actuación necesaria de mejora de algunas normas se debe evitar escrupulosamente las medidas burocráticas y restrictivas y tender más bien hacia una simplificación moderna de las formalidades y una mayor claridad de dichas normas, en un clima competitivo cada vez más transparente y dinámico.

2.5. Si, por un lado, las actuaciones de control de las operaciones de concentración deben garantizar y promover una competencia equitativa y eficaz -con especial atención a las exigencias de las PYME-, por otro, es indispensable tener presente que, al potenciar las estructuras económicas y productivas, hay que procurar conseguir una mayor competitividad mundial del conjunto de la economía comunitaria. El control comunitario de las operaciones de concentración debe hacerse siempre desde una perspectiva global de la economía, teniendo en cuenta el contexto internacional caracterizado por una grande y creciente competitividad.

2.6. El Comité reconoce con satisfacción el esfuerzo de la Comisión para profundizar el debate y abrirlo a las aportaciones de todas las partes interesadas.

Precisamente en este sentido y para potenciar el papel de la Comisión frente al Consejo y los Estados miembros, el Comité recomienda que el debate no sea limitado sino que implique a todos los interesados, dadas las consecuencias sociales de la reestructuración de la economía.

3. La «dimensión comunitaria», el principio de «subsidiariedad» y la «autoridad única»

3.1. El problema de evaluar si una operación de concentración entre empresas tiene «dimensión comunitaria» (y dentro, por tanto, de la esfera de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89 y ss.) hay que enfocarlo según dos conceptos prejudiciales en tanto que fundamentales:

- el principio de «subsidiariedad», y - el principio de «autoridad única».

3.2. Ya en el dictamen de 1994 (punto 1.5), el Comité subrayaba la necesidad de una correcta interpretación del principio de subsidiariedad.

3.3. Las propias disposiciones del Tratado relativas a los acuerdos entre empresas (artículo 85) que, sin duda, son los instrumentos más adecuados para la auténtica interpretación, son muy útiles en este caso.

En efecto, el criterio de «que puedan afectar al comercio de los Estados miembros» (apartado 1 del artículo 85 del Tratado) es coherente y convergente, para definir la «dimensión comunitaria», con el criterio de los «efectos de una operación de concentración que se extienden fuera de las fronteras nacionales de un Estado miembro», como dice la propia Comisión. Éste es el criterio que la Comisión pone de relieve en el Libro Verde, acuñando la eficaz expresión «operaciones de concentración con consecuencias transfronterizas significativas».

3.4. El Comité está de acuerdo, en principio, en que las operaciones de concentración «con consecuencias transfronterizas significativas» deben ser consideradas de «dimensión comunitaria».

3.5. Por otra parte, de ello se deduce obviamente que «todos los proyectos de concentración que se desarrollan en un único Estado miembro de la Unión... deberían lógicamente mantenerse dentro del ámbito de competencia del Estado miembro en que tenga lugar dicha concentración» (punto 2.3.1 del dictamen del CES de 1995).

3.6. La «dimensión comunitaria», en cambio, comporta lógicamente la competencia «comunitaria» en el «control» de las operaciones de concentración.

En este sentido, el principio de la «autoridad única» garantiza normas, condiciones y criterios de evaluación «uniformes» y, por tanto, en definitiva, la seguridad jurídica.

El Comité, confirmando su dictamen de 1995 (punto 2.2), comparte la reflexión expuesta por la Comisión en el punto 28 del Libro Verde, reflexión que supone ya una opción implícita que la propia Comisión hace suya: «Es importante que el alcance y la forma en que se controlen las operaciones de concentración con consecuencias transfronterizas significativas sea uniforme en toda la Comunidad.»

4. Los «umbrales» de volumen de negocios

4.1. Para valorar las «consecuencias» -transfronterizas significativas- en el mercado de la Unión, el criterio de «umbral mundial» de volumen de negocios global del conjunto de las empresas interesadas, junto con el de «umbral comunitario» de al menos dos de las empresas interesadas, constituye un parámetro cuantitativo necesario para un grado aceptable de seguridad jurídica.

Todo ello al margen de los niveles respectivos de dichos umbrales que son ahora objeto de discusión.

4.2. Las reflexiones que la Comisión hace a este respecto en el Libro Verde (puntos 31 a 47) confirman las consideraciones críticas que el Comité expresó en su dictamen de 1994 (punto 2.6) «Un número considerable de operaciones de concentración con consecuencias transfronterizas significativas quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89», afirma ahora la Comisión, sacando sus propias conclusiones a partir de las encuestas llevadas a cabo (punto 33 del Libro Verde).

4.3. Las consideraciones basadas en análisis sectoriales que la propia Comisión expone con gran claridad son desde luego objetivas en tanto que reflejan la realidad. La conclusión de que los «umbrales actuales» sólo engloban a un pequeño porcentaje de empresas europeas (Libro Verde, punto 46) justifica implícitamente la opción favorable a la reducción del propio umbral.

El Comité sigue manteniéndose a favor de este planteamiento, si bien reconoce la validez de algunas soluciones alternativas, sin duda interesantes como se verá más adelante y que, en última instancia, son preferibles al statu quo (véanse, además, puntos 4.6 y 5 y Libro Verde, puntos 72 a 88).

4.4. El Comité ya había considerado en el dictamen de 1994 una modalidad de reducción prudente y realista, es decir, «gradual», de los umbrales.

Para hacer una propuesta concreta -alternativa a una drástica reducción (de 5 000 a 2 000)-, el Comité opina que el umbral de 5 000 millones de ecus (de volumen de negocios mundial) se podría reducir a un nivel intermedio entre 5 000 y 2 000 millones (y entre 250 y 100 millones de ecus para el volumen de negocios comunitario), previendo, por analogía con el apartado 3 del artículo 1 del actual Reglamento, una revisión a los cuatro años de la entrada en vigor de los nuevos umbrales.

4.5. Por otra parte, estos criterios de prudencia y progresión, realismo y flexibilidad están implícitos en el mismo apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, y en el considerando 10, en los que se afirma que procederá evaluar a la luz de la experiencia la adecuación del control de las operaciones de concentración para la realización de los fines primarios del Reglamento (Considerando 1).

4.6. En este sentido, la decisión que se impone adoptar sin más dilación no debería dejarse influir por consideraciones distintas de la propia experiencia (por ejemplo, consideraciones políticas). El Comité ha manifestado ya claramente su propia opinión (dictamen de 1994, punto 2.6.2) y la reitera en el presente dictamen: la modificación del Reglamento es necesaria y urgente.

4.7. Toda previsión con respecto al número suplementario de operaciones de concentración que tendrá que examinar la Comisión como consecuencia de la reducción de los «umbrales» no sólo resulta difícil (punto 69 del Libro Verde) sino que, en muchos aspectos, es también arbitraria.

En cualquier caso, el Comité considera que la Comisión es capaz de gestionar sus propios recursos internos con flexibilidad y adecuación y, por lo tanto, eficazmente y hacer frente al mayor volumen de trabajo sin que ello repercuta negativamente en la «calidad» (punto 71 del Libro Verde). En este sentido, resultará sin duda útil la colaboración con las Administraciones nacionales.

4.8. El Comité coincide con la Comisión en considerar limitada «la repercusión de la inflación y de la ampliación de la Unión Europea sobre los umbrales en vigor» (punto 68 del Libro Verde).

5. La regla de los «dos tercios»

5.1. El apartado 2 del artículo 1 excluye de la aplicación del Reglamento los casos en que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Comunidad, en un mismo Estado miembro.

Tanto en el dictamen de 1994 (punto 2.7.2) como en el de 1995 (punto 2.3.2) el Comité se ha manifestado a favor de la supresión de este criterio de exclusión del ámbito de aplicación del control comunitario.

El alto porcentaje de volumen de negocios en un Estado miembro no siempre es por sí solo suficiente para definir una operación de concentración irrelevante a nivel comunitario.

Muchos sectores, industriales o de servicios, resultarían excluidos a pesar de tener un mercado geográfico de referencia mucho más amplio que un mercado nacional.

6. Las notificaciones «múltiples»

6.1. Las reflexiones del Libro Verde aportan nuevos elementos al problema de las operaciones de concentración notificadas a más de un Estado miembro (notificaciones múltiples), así como un amplio abanico de posibles soluciones ciertamente interesantes (puntos 72 a 88 del Libro Verde).

6.2. Estas nuevas propuestas de solución del problema de las notificaciones «múltiples», para las concentraciones inferiores a los umbrales del Reglamento (CEE) n° 4064/89, podrían constituir también una alternativa interesante y concreta a la reducción de los «umbrales», en caso de que no se lograra encontrar el consenso suficiente para actuar sobre los parámetros cuantitativos de acceso a la dimensión comunitaria.

6.3. Generalmente el Comité comparte la opinión de que, en la práctica, la notificación de una operación de concentración a diversas autoridades nacionales comporta mayores costes y menor seguridad jurídica.

6.4. Otra consecuencia es la posible deformación, o incluso contradicción, de la valoración con respecto a la que se haría ante la «autoridad única» comunitaria.

6.5. Se trata, pues, de concentraciones, que en la medida en que están sujetas a notificaciones múltiples (a más de un Estado miembro) tienen ciertas «repercusiones transfronterizas significativas» y, por lo tanto, relevancia comunitaria aunque no tengan «dimensión» comunitaria en el sentido del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 (en tanto que se encuentran por debajo de los umbrales de volumen de negocio mundial y comunitario mencionados en el propio artículo 1).

Parece por lo tanto lógico que dichas operaciones de concentración sean examinadas a nivel comunitario.

6.6. Los estudios llevados a cabo por la Comisión ponen claramente de relieve las diferencias entre los distintos sistemas nacionales de control de las operaciones de concentración, tanto en los formularios como en los procedimientos, y también por lo que respecta especialmente al carácter facultativo u obligatorio de la notificación.

El Comité comparte la opinión de la Comisión (punto 74 del Libro Verde) en el sentido de que la armonización de los sistemas nacionales, no sólo deseable sino necesaria, sería un largo proceso y no resolvería el problema de las competencias paralelas, es decir, comunitaria y nacional. Ahora bien, se trata de un proceso que se impone seguir.

6.7. Y, por otra parte, en el caso de concentraciones con repercusiones transfronterizas significativas pero que están por debajo de los umbrales del Reglamento (CEE) n° 4064/89, no se puede dejar a la discreción de la empresa la elección de la autoridad competente a la que notificar la operación.

6.8. A fin de resolver el problema de las notificaciones múltiples (punto 77 del Libro Verde) una solución podría ser, en caso de que el nivel actual de los «umbrales» se mantuviese, ampliar la competencia de la Comisión a aquellas operaciones de concentración que, aunque no alcancen los umbrales del Reglamento, se encuentren de todos modos en el ámbito de aplicación de más de un sistema nacional de control.

El criterio sería, pues, la «pluralidad» de las notificaciones que podrían justificar por sí mismas la «presunción» de importancia comunitaria. Todo ello al margen del carácter facultativo u obligatorio de la notificación previsto en la legislación nacional. Obviamente, sigue siendo competencia de los Estados miembros valorar si se han alcanzado los «umbrales» nacionales.

6.9. En resumen, cuando la notificación de una operación de concentración afecta al menos a dos sistemas nacionales, es decir, a dos Estados miembros, «es probable», como afirma explícitamente la Comisión (punto 80 del Libro Verde) que dicha concentración tenga «consecuencias transfronterizas significativas». En estos casos, concluye la Comisión, la operación de concentración debería beneficiarse del principio de «autoridad única» del Reglamento comunitario.

El Comité está de acuerdo.

6.10. Sin embargo, la Comisión, a fin de tener en cuenta las observaciones de los Estados miembros, piensa confiar a ulteriores consultas la posibilidad de establecer dicha «opción» pero limitándola a los casos en que la notificación concierne a tres Estados miembros y no sólo a dos.

En opinión del Comité, en el caso en que sólo dos Estados miembros se vean afectados, es discutible y no muy probable que «los problemas que se planteen puedan ser resueltos más o menos adecuadamente mediante la coordinación bilateral» (punto 80 del Libro Verde).

A juicio del Comité, no hay razón alguna para restringir el concepto de consecuencias «transfronterizas» significativas, y por tanto el concepto de «dimensión comunitaria», limitándolo a los casos en que al menos tres Estados miembros se vean afectados.

6.11. Con respecto a la definición del carácter «significativo» de las consecuencias transfronterizas, y para incluir en la «dimensión comunitaria» las operaciones de concentración sujetas a notificaciones múltiples, donde no se considere suficiente el criterio de la «pluralidad» de las notificaciones (véase punto 6.8) se debe recurrir forzosamente a parámetros cuantitativos.

Por ejemplo, un «arco» de umbrales constituido por un umbral de volumen de negocios mundial por debajo de los 5 000 millones de ecus y un nivel mínimo aún no determinado (2 000 millones de ecus, por ejemplo) y para el volumen de negocios comunitario por un nivel inferior a los 250 millones y un nivel mínimo aún no determinado (100 millones de ecus); dentro de estos límites las operaciones de concentración sujetas a más de una notificación nacional adquirirían «dimensión comunitaria».

6.12. Por lo que respecta al procedimiento, la Comisión tiende razonablemente a dejar a los Estados miembros la aplicación de los respectivos «umbrales nacionales».

Por eso, y por otros aspectos de procedimiento, el Comité coincide con la Comisión en que ésta tendrá la «oportunidad de analizar esta cuestión durante el período de consultas que seguirá a la adopción del Libro Verde» (punto 85 del Libro Verde).

Es importante, de todos modos, prever procedimientos rápidos, formularios simples y plazos cortos para que los costes se mantengan efectivamente por debajo de los niveles previstos para una notificación a varios Estados miembros. La «autoridad única» debe ser «conveniente» también desde el punto de vista económico, además de ser más idónea jurídicamente.

7. Procedimiento de reenvío

7.1. Reenvío a la autoridad nacional 7.1.1. El Comité se ha expresado claramente tanto en el dictamen de 1994 (punto 2.10) como en el de 1995 (punto 3.3.2) en el sentido de una interpretación restrictiva cuando se trata de una derogación.

Los pocos «casos» que se han dado en este sentido confirman que la Comisión se ha atenido a este criterio.

7.1.2. Sin embargo, en el caso de una reducción de los «umbrales», el aumento probable de peticiones de reenvío a las autoridades nacionales no deberá en ningún caso traer consigo una interpretación más elástica del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 4064/89.

7.1.3. El criterio fundamental debe continuar siendo el de los «efectos en el mercado»: tanto si se trata de una parte no sustancial del mercado común como si se trata de un mercado local o regional de un solo Estado miembro, la aplicación del artículo 9 es correcta. El Comité quiere apoyar a la Comisión en su intento de no comprometer el «delicado equilibrio» establecido en estas disposiciones (punto 94 del Libro Verde). Pero el equilibrio no es nunca «delicado» cuando la aplicación de la norma es coherente con los fines de la propia norma, de acuerdo con una correcta evaluación de la multiplicidad de los mercados.

7.1.4. El principio de «autoridad única» y el intento de garantizar en toda circunstancia a las empresas la mayor seguridad jurídica posible son los criterios fundamentales que hay que seguir para gestionar coherentemente la necesaria flexibilidad de aplicación del Reglamento.

7.1.5. El Comité está de acuerdo con la Comisión en la oportunidad de una «comunicación» interpretativa al respecto, siempre de acuerdo con los fines y condiciones necesarias para un control eficaz de las operaciones de concentración y de salvaguarda de una competencia sana y equitativa, tanto a escala comunitaria como internacional.

7.2. Reenvío a la Comisión 7.2.1. El apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 prevé que los Estados miembros podrán pedir a la Comisión la aplicación del Reglamento a las operaciones de concentración que, sin «dimensión comunitaria», puedan crear o reforzar una posición dominante «cuya consecuencia sería una obstaculización significativa de la competencia efectiva en el territorio del Estado miembro en cuestión».

La Comisión propone mantener este «útil instrumento» (punto 97 del Libro Verde) sugiriendo algunas modificaciones de procedimiento.

7.2.2. El Comité reafirma el principio de que el reenvío a las autoridades nacionales «no debe ser una vía de dirección única» (dictamen del CES de 1995, punto 3.3.3) y que, por tanto, «en los casos en los que la operación de concentración tenga una repercusión real o potencial en el mercado interior, los Estados miembros deberían estar obligados a presentar los casos de concentración notificados para que la Comisión dictamine». El reenvío podría tener lugar a instancias de una empresa afectada, un Estado miembro o la Administración, y, por lo tanto, también de la Comisión. El Comité está, pues, de acuerdo con la Comisión sobre la utilidad de esta norma y la oportunidad de mejorar el procedimiento de aplicación.

8. Las empresas en participación

8.1. Definiciones Los criterios revisados, aclarados y ampliados en la «Comunicación» de 21 de diciembre de 1994 () pueden distinguir ahora con más certeza las empresas en participación de carácter «concentrativo» de aquellas de carácter «cooperativo» (dictamen del CES de 1994, punto 2.15).

8.2. Subsisten, sin embargo, problemas relativos tanto al procedimiento como al fondo de la cuestión, además de la necesidad -como admite la propia Comisión- de que «el sistema sea más sencillo, transparente y eficaz» (punto 106 del Libro Verde). En especial las empresas en participación estructurales de carácter cooperativo, incluso después de las modificaciones del Reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo 85, siguen teniendo un tratamiento procedimental (plazos largos e inseguridad jurídica) considerado discriminatorio con respecto al de las empresas en participación de carácter concentrativo (plazos cortos y seguridad jurídica). Y ello aunque se trate de empresas en participación con similares repercusiones en la estructura del mercado.

8.3. Entre las cinco soluciones que propone la Comisión (punto 107 del Libro Verde), tres son de procedimiento y dos son además de fondo.

8.3.1. A propósito de las soluciones de fondo el Comité considera que la profundización y los análisis llevados a cabo hasta ahora, aunque cuidadosos, no son suficientes aún para dar tranquilidad interpretativa. Convendrá adquirir mayor experiencia y profundizar las reflexiones antes de adoptar soluciones que modifiquen los criterios de valoración de fondo.

8.3.2. En efecto, por ejemplo, la definición de empresas en participación estructurales con plenas funciones de carácter cooperativo contiene en realidad dos conceptos relativos al problema en cuestión: el de empresas en participación «con plenas funciones» y el de «estructurales de carácter cooperativo».

En este sentido, los aspectos jurídicos y económicos están estrechamente ligados y los casos concretos difieren igualmente según los distintos sectores: comercio, industria y servicios. La dificultad de llegar a una definición válida, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, es evidente.

8.3.3. Además, si se considera, como recuerda la Comisión (punto 105 del Libro Verde) «que existe una diferencia básica entre restricciones de competencia, que han de ser evaluadas con arreglo al artículo 85, y operaciones de concentración» (incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89), se comprenden las dificultades para llegar rápidamente a un acuerdo sobre la definición que mejor garantice la seguridad jurídica.

8.3.4. El Comité considera que la solución más viable, a corto plazo, se encuentra entre las tres «hipótesis» de procedimiento, sobre las cuales la Comisión puede trabajar más provechosa y rápidamente para elaborar un proyecto aceptable por todos, en particular por las empresas que son las más directa y concretamente interesadas.

8.3.5. Entre las tres hipótesis de soluciones de procedimiento el Comité sugiere a la Comisión que examine la solución a) que prevé un reglamento «ad hoc» orientado a simplificar los procedimientos, agilizar la rapidez de las decisiones y garantizar así una mayor seguridad jurídica.

9. Compromisos en casos de operaciones de concentración (puntos 122 a 126 del Libro Verde)

9.1. El apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 prevé sólo en la «segunda fase» (es decir, cuando ya está en marcha el procedimiento que se cerrará en un plazo máximo de cuatro meses) que la decisión de autorización pueda estar subordinada a «condiciones y cargas destinadas a garantizar que las empresas interesadas cumplan los compromisos que hayan contraído con la Comisión con miras a modificar el proyecto inicial de concentración».

9.2. Sin embargo, también en la «primera fase» (es decir, cuando la decisión se produce en el plazo de un mes), la Comisión acepta compromisos en el caso de operaciones de concentración en las que el problema de la competencia esté bien definido y limitado, se pueda corregir fácilmente y el respeto de los otros compromisos adquiridos sea fácilmente controlable.

9.3. Para mayor seguridad jurídica, la Comisión considera útil modificar el Reglamento para establecer, incluso en la primera fase, el mismo procedimiento contemplado para la segunda.

El Comité está de acuerdo.

9.4. Por lo que respecta al procedimiento, teniendo en cuenta las indicaciones que el Comité ya ha manifestado clara y enérgicamente en sus dictámenes precedentes (ninguna ampliación de los plazos), entre las soluciones propuestas en el Libro Verde, la más idónea y coherente con la estructura del Reglamento (CEE) n° 4064/89, es la «de un mecanismo similar al del artículo 9, es decir, los compromisos tendrían que presentarse en un plazo de tres semanas, por lo que la 1a fase se ampliaría hasta las seis semanas.» (punto 126 del Libro Verde). Es objetivamente difícil concebir plazos más breves.

10. Operaciones «de minimis»

El análisis y las reflexiones de la Comisión (puntos 127 y 134 del Libro Verde) van en el mismo sentido que las indicaciones del Comité en sus dictámenes de 1994 (punto 2.16) y de 1995 (punto 3.4.2).

En particular, si a la notificación abreviada ya introducida, se añade, como sugiere la Comisión, la dispensa de la cumplimentación del formulario CO y un procedimiento abreviado de «decisión», se resolverían razonablemente todos los problemas.

11. Cálculo del volumen de negocios para entidades de crédito y otras entidades financieras

11.1. La Comisión (puntos 135 a 141 del Libro Verde) se declara dispuesta a realizar modificaciones que en gran parte tengan en cuenta las críticas vertidas por el Comité en sus dictámenes de 1994 (punto 2.13) y de 1995 (punto 2.4.2).

11.2. En particular, el Comité confirma la conveniencia de modificar la actual definición del volumen de negocios en función del balance (una décima parte del total del activo patrimonial), recurriendo en su lugar al concepto de «beneficios de gestión», que no sólo «reflejaría con mayor precisión la realidad económica de sus operaciones» (punto 138 del Libro Verde), sino que estaría más en línea con la definición de «volumen de negocios» de las empresas.

11.3. A este respecto falta todavía decidir entre ingresos «brutos» o «netos». La Comisión, aun estando de acuerdo en la conveniencia de utilizar para el cálculo del volumen de negocios los ingresos bancarios brutos, se reserva la posibilidad de «determinar cuál de los dos tipos de ingresos bancarios reflejaría mejor la realidad de todo el sector bancario».

El Comité comparte la preferencia de la Comisión por la utilización de los ingresos bancarios brutos como base para el cálculo del volumen de negocios: este método concuerda con el enfoque general de la Comisión para el cálculo de las cifras del volumen de negocios en los sectores de la industria de la transformación y de los servicios.

12. Conclusiones

12.1. El Comité expresa su satisfacción por el cuidado y la diligencia demostrados en este caso por la Comisión para recabar previamente las opiniones de las empresas, asociaciones, abogados y expertos, así como de los Estados miembros.

12.2. Si, por un lado, las actuaciones de control de las operaciones de concentración deben garantizar y promover una competencia equitativa y eficaz, con particular atención a las exigencias de las PYME, por otro, es indispensable tener presente que la potenciación de las estructuras económicas y productivas debe estar orientada a una mayor competitividad mundial del conjunto de la economía comunitaria. El control comunitario de las operaciones de concentración debe hacerse siempre desde una perspectiva global de la economía, teniendo en cuenta el contexto internacional caracterizado por una grande y creciente competitividad.

12.3. El Comité recomienda que el debate no sea limitado sino que implique a todos los interesados, dadas las consecuencias sociales de la reestructuración de la economía.

12.4. El Comité confirma la validez del principio de la «autoridad única», que garantiza normas, condiciones y criterios de evaluación «uniformes» y, por lo tanto, en definitiva, la seguridad jurídica, y recomienda la simplificación moderna de las formalidades, además de una mayor claridad de las normas.

12.5. El Comité se muestra partidario de la reducción de los umbrales. En tanto no se consiga el consenso necesario para la reducción a 2 000 millones de ecus (volumen de negocios mundial) y a 100 millones de ecus (volumen de negocios comunitario) se podría considerar un nivel intermedio. Pero se impone adoptar una decisión sin más dilaciones. Las nuevas propuestas de solución del problema de las notificaciones «múltiples», que la Comisión está estudiando detalladamente, podrían constituir una alternativa interesante y concreta, en el caso de que no se lograra el consenso suficiente para reducir los «umbrales».

12.6. En el caso de operaciones de concentración fuera del ámbito del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, sujetas a notificaciones a dos o más Estados miembros, el Comité considera lógico que dichas operaciones de concentración sean examinadas a nivel comunitario y propone un arco de parámetros cuantitativos del volumen de negocios en coherencia con el concepto de repercusiones transfronterizas «significativas».

12.7. La Comisión debe poder adecuar sus propios recursos a un posible volumen de trabajo mayor, contando con las Administraciones nacionales.

12.8. El Comité mantiene que está a favor de la supresión de la regla de los dos tercios dentro de la óptica del mercado único, que es ya una realidad.

12.9. El Comité reafirma la validez del procedimiento de reenvío a las autoridades nacionales (apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 4064/89), siempre y cuando no constituya una vía de dirección única.

Por lo tanto, el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, que prevé el reenvío a la Comisión, debe ser mejorado por lo que respecta al procedimiento de aplicación.

El reenvío podría tener lugar a instancias de una empresa afectada, un estado miembro o la Administración y, por consiguiente, también de la Comisión.

12.10. En relación con las empresas en participación de carácter cooperativo y las empresas en participación de carácter concentrativo, el Comité reconoce la complejidad del problema que supone encontrar una solución que no discrimine en el plano del procedimiento (duración del mismo y seguridad jurídica) estas dos formas de «joint ventures».

A tal fin, y en espera de completar los estudios jurídicos y económicos pertinentes, el Comité sugiere a la Comisión la solución que prevé un reglamento ad hoc para simplificar los procedimientos, agilizar la rapidez de las decisiones y garantizar así una mayor seguridad jurídica.

12.11. En cuanto a los compromisos que asumen las empresas para modificar el proyecto inicial de operación de concentración, el Comité está de acuerdo con la Comisión en formalizar esta eventualidad también en la primera fase, de modo análogo a lo que el Reglamento (CEE) n° 4064/89 dispone para la segunda fase.

12.12. Operaciones «de minimis»: el Comité se muestra a favor de ulteriores simplificaciones en las formalidades de notificación abreviada.

12.13. El Comité comparte la preferencia de la Comisión por la utilización de los ingresos brutos como base para el cálculo del volumen de negocios en el sector bancario.

Bruselas, el 10 de julio de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social Carlos FERRER

() Reglamento de 21. 12. 1989, DO n° L 395 de 30. 12. 1989.

() Sobre el cual el Comité ha aprobado un dictamen (DO n° C 388 de 31. 12. 1994).

() DO n° C 388 de 31. 12. 1994 y DO n° C 18 de 22. 1. 1996.

() DO n° C 385 de 31. 12. 1994.