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4.10

El CESE considera necesario que la Comisión aclare cuáles serían las consecuencias que tendría para este proceso el que uno o varios Estados miembros no adoptase un Marco Nacional de Cualificaciones o no lo relacionase con el Marco Europeo. De darse esta circunstancia, el Comité cree oportuno que la Comisión debe aportar un análisis en ese escenario, con las posibles soluciones al mismo, con objeto de no perder, a posteriori, la capacidad de dar respuesta a situaciones no previstas. La incentivación a los Estados miembros para la adopción de este instrumento es una necesidad que debe contemplar el documento definitivo.
2.9

En algunos países europeos, la inmigración compensa parcialmente –y seguirá sin duda haciéndolo– el déficit demográfico, siempre que vaya acompañada de programas de integración para los emigrantes (aprendizaje de idiomas, formación profesional, etc.) (4). No obstante, no podrá ser la única respuesta al desafío demográfico, pues no es una mera cuestión de la cantidad de mano de obra que Europa necesita, sino que también supone un problema humano y social. Por otra parte, no se trata de privar a los países en desarrollo de su potencial humano, sobre todo de sus ciudadanos mejor formados y más cualificados. La Unión Europea debe encontrar también en su seno los medios para resolver los problemas demográficos a los que se enfrenta.
1.11

No cabe duda de que la creación de oficinas comunes en las regiones en que los Estados miembros están relativamente poco representados constituye un avance. No obstante, conviene clarificar todos los aspectos que se plantean a nivel legislativo y respecto del Derecho internacional. El CESE recomienda que se utilicen activamente otras formas de colaboración, como el envío en comisión de servicio de agentes consulares de los Estados miembros que no están representados en un país a las representaciones diplomáticas o consulares de los que sí lo están, o que los representantes consulares de un Estado miembro desempeñen funciones consulares en nombre de otro Estado miembro de la UE o que varios Estados miembros de la UE designen a la misma persona como funcionario consular en otro Estado, de conformidad con los artículos 8 y 18 respectivamente del Convenio de Viena sobre relaciones consulares, y el programa de formación destinado al personal consular de los Estados miembros.
3.19

Ahora bien, tal y como están concebidos, los pagos directos a los agricultores, que constituyen la mayor parte del presupuesto agrícola, no se destinan a fomentar la biodiversidad, sino a preparar a los agricultores a los retos de los mercados mundiales. El CESE, no obstante, ha subrayado repetidas veces que el «modelo agrícola europeo», que también abarca, entre otros ámbitos, la preservación de la biodiversidad, no puede lograrse supeditándose a las condiciones del mercado internacional. No es posible hacer a los agricultores competitivos en el mercado mundial y, al mismo tiempo, esperar de ellos que fomenten la biodiversidad.
1.1.6

En el marco de las relaciones transatlánticas, la Comisión y el Consejo deberían mostrarse más exigentes para hacer respetar el principio de no discriminación por parte de los Estados Unidos. Así, deberían abogar por el desmantelamiento del «Committee on Foreign Investments in the US »(CFIUS), creado hace más de 30 años para analizar y, eventualmente, prohibir las participaciones extranjeras en las empresas norteamericanas tomando como base exclusivamente el criterio –¡además no definido!– de la «seguridad nacional »Además, los litigios comerciales que enfrentan a una empresa extranjera con una empresa norteamericana suelen decantarse a favor de estas últimas.
3.1.8.1

La Comisión es el núcleo de la estructura arborescente. No hay estructura comunitaria, pero la Comisión está en el centro de los agentes. Es ella la que determinará quiénes son los operadores autorizados en los casos en que aún no se hayan precisado los criterios (artículo 196 del Código aduanero comunitario modernizado — CDCM), qué otros servicios públicos aparte de las aduanas podrán acceder con fines no aduaneros (exposición de motivos sobre el artículo 7) a datos seguros y a la formación, y qué nuevos operadores del sector privado (medios jurídicos y científicos) podrían participar.
2.1.2

Dada la evolución de la economía social, que engloba un porcentaje amplio y creciente del mercado europeo, es difícil que los datos estadísticos reflejen de forma adecuada una situación que cambia y evoluciona de forma continua. Los representantes de Eurostat sostienen que han tenido dificultades para definir estos campos, dado que las actividades de la economía social no siempre se registran como actividades empresariales. No obstante, el Comité piensa que no se debería escatimar esfuerzo alguno para medir la importancia creciente de un sector como éste, crucial para la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. La ausencia de estos datos es un obstáculo para una mayor comprensión de la evolución del mundo empresarial y del mercado.
1.1

El CESE está de acuerdo con la intención de la Comisión de modernizar, simplificar y adaptar la legislación en materia de residuos. En particular, aprueba el proceso y el espíritu de la estrategia en materia de prevención y reciclado de residuos. Es preciso respaldar la intención de establecer una aplicación general y homogénea de la legislación, con el fin de evitar que se produzcan distorsiones en materia de medio ambiente, de salud pública y de competencia en el mercado de los residuos. El Comité destaca que la claridad y la precisión de las definiciones y de los anexos son extremadamente importantes para evitar los recursos y los procedimientos judiciales. No obstante, el Comité lamenta que en materia de prevención de residuos el texto carezca de ambición. Y destaca que la intención de lograr un auténtico desarrollo sostenible implica una política eficaz de prevención y de recuperación de residuos, en un contexto de rarefacción y de encarecimiento de las materias primas, pero recomienda que se creen instrumentos a nivel europeo para lograr los objetivos establecidos tanto en términos cualitativos como cuantitativos. A este respecto el texto revela una auténtica debilidad. Además, al parecer, la Comisión considera que simplificando los procedimientos para obtener permisos de explotación de las instalaciones de tratamiento se fomentará el reciclado. Este planteamiento es erróneo y tendrá consecuencias medioambientales negativas y riesgos para la salud. Por otra parte, no es conforme con los principios del «Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente» en lo relativo a los residuos. En efecto, el permiso comporta elementos técnicos relacionados con la protección del medio ambiente; es público y va acompañado de medidas obligatorias de información y no representa en modo alguno un freno para el desarrollo del tratamiento y reciclado, sino que, por el contrario, aporta las garantías necesarias bajo el control del buen respeto de las normas y de la aplicación de las mejores técnicas disponibles para las administraciones .
4.1.1.15

El CESE, estando de acuerdo con el diagnóstico sobre la crítica situación económica del sector pesquero comunitario que expone la Comisión en su Comunicación, considera que las medidas propuestas para salvar al sector de la crisis no son ni realistas ni suficientes. El CESE estima que las medidas no son realistas porque la gran mayoría de las empresas son familiares y propietarias de una sola embarcación, trabajando en caladeros con recursos limitados, con unas tripulaciones mínimas, con unas normas de gestión de las pesquerías rigurosas y con muy poco margen de maniobra para poder realizar acciones que permitan reestructurar y asegurar la viabilidad de las empresas a corto plazo. Por otro lado, al no existir un presupuesto nuevo, distinto al del IFOP/FEP, las posibilidades de poner en práctica estas nuevas medidas son muy limitadas. Por ello, el CESE considera que esta Comunicación tendrá pocos efectos prácticos para la mayoría de las empresas.
4.3.24

El CESE considera que la simplificación y la mejora de la PPC para las flotas que operan fuera de las aguas comunitarias requiere además un enfoque por pesquería y un tratamiento enteramente particular a todos los niveles: flota, autorizaciones, licencias, permisos, declaraciones, etc. En efecto, el CESE considera que los buques que enarbolan pabellón de los Estados miembros de la Unión Europea y que faenan fuera de las aguas comunitarias deben tener los derechos y las obligaciones adaptados a las capturas que efectúan y a la zona que frecuentan. El CESE pide, pues, a la Comisión, que incluya este objetivo en su plan de acción, que no debe limitarse únicamente al capítulo «acuerdos pesqueros» (o acuerdos de asociación). A este respecto, el Comité destaca la necesidad de cumplimiento de la Cláusula Social aceptada por los interlocutores sociales comunitarios.
5.5

Para que los recursos puedan utilizarse de manera más adecuada, resulta deseable evitar, en el marco de una recogida regular de datos, los solapamientos injustificados desde un punto de vista científico, pero hay que esforzarse al mismo tiempo de manera sistemática para que los resultados de las distintas encuestas puedan compararse de una manera u otra. Sólo una cooperación científica estrecha con los organismos especializados externos a la Unión Europea (OCDE, Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar — International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) y una comparación con sus encuestas estadísticas podrán garantizar ambas cosas.
1.8

Además, el CESE espera que, tras este importante primer paso, se pueda avanzar aún más para alcanzar en un futuro no demasiado lejano un sistema impositivo basado de manera predominante, aunque no exclusiva, en el uso del vehículo, y no en su adquisición o posesión. Únicamente de esta manera se podrá aplicar verdaderamente el principio de «quien contamina, paga», con el que el CESE se muestra plenamente de acuerdo.
2.6.1.1

En cuanto al gasto per cápita, si bien al final de los años noventa las diferencias en materia de inversión pública eran muy escasas (alrededor de 1 euro en Estados Unidos y Japón y la mitad en la UE), en 2005 los Estados Unidos gastaron 5 euros per cápita, Japón 6,5 euros y la UE 3,5 euros. Según las previsiones, en el año 2011 el gasto ascenderá a más de 9 euros per cápita en Estados Unidos y Japón frente a 6,5 euros en la UE (18).
3.1.4

Ello no quiere decir que el CESE no considere que las cuestiones de salud pública revisten en la actualidad una importancia fundamental que, por sí sola, justificaría la necesidad de contar con una política sólida de salud pública europea, que también podría considerarse un instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión. El CESE no puede sino lamentar que la no aprobación del texto constitucional pueda haber contribuido a que no se hayan dado pasos relevantes en esta dirección.
4.7.3

Para los usuarios de las TIC es esencial que se haga frente a la delincuencia informática, si es posible de un modo armonizado a escala internacional, y que se actúe con firmeza en el cumplimiento de la ley para demostrar que este tipo de delincuencia no es rentable. En cualquier caso, en la lucha contra la delincuencia informática será necesario evaluar las iniciativas para que no representen una carga para el sector ni atenten contra derechos fundamentales como el de la intimidad. Estas valoraciones son importantes, especialmente ante el actual debate sobre la conveniencia o no de unos requisitos más estrictos para la conservación de los datos (11).
4.3.1

La intensificación del diálogo social sectorial merece atención aparte. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta. No obstante, este instrumento no debería limitarse a examinar las situaciones de crisis, sino que debería analizar todas las situaciones que los interlocutores sociales consideren necesarias, y no sólo cuando observen «una evolución preocupante». Esto estaría más en la línea de los objetivos encaminados a anticipar y acompañar los procesos de reestructuración.
1.1

El Comité aprueba la elaboración de un nuevo Reglamento que recoge las numerosas modificaciones del Reglamento no 2358/71. Sin embargo, la propuesta de la Comisión es restrictiva, por lo que convendría modificarla. En particular, la cláusula de salvaguardia no debe limitarse a los países no miembros de la OMC, sino aplicarse a todos los terceros países.
2.12

El Comité recuerda que el «amplio debate» previsto por los Jefes de Estado y de Gobierno en su declaración de junio no se está llevando a cabo. El Comité cree que tal debate debería reanudarse lo antes posible, aunque también considera que sería contraproducente si previamente no se tranquiliza de algún modo a la opinión pública respecto de la naturaleza del proceso de integración europea y, en particular, de sus aspectos democráticos.
3.2

Una simplificación modificativa no es necesariamente rechazable, y puede incluso resultar útil si adapta las disposiciones a las realidades del mercado o de la vida de las empresas. Pero, al adoptarla, la Comisión no puede ir más allá del mandato que se le ha confiado, que es el de simplificar, no modificar, la normativa vigente. Dicho con otras palabras, cualquier modificación es aceptable si se puede demostrar que contribuye a simplificar la gobernanza empresarial, mejorando la competitividad y disminuyendo los costes de las sociedades, y, en cambio, es inaceptable si supone una disminución de los derechos de terceros, en particular de los accionistas minoritarios o de los acreedores. El CESE señala al Parlamento y al Consejo este punto, que es de importancia fundamental para no dar al ciudadano la impresión de querer valerse de un proceso de simplificación para introducir modificaciones sustanciales que nada tienen que ver con ella. Éste es el espíritu con el que el CESE pretende hacer su contribución, limitándose en sus observaciones a los aspectos que merecen atención y dando por hecho que los no mencionados cuentan con su visto bueno.
3.2.2

Lo mismo ocurrirá con LIFE-Natura, aunque el CESE reconoce, lógicamente, que es preciso que una gran parte de los recursos financieros necesarios para la aplicación de todas las directivas comunitarias que sean relevantes en materia de protección de la naturaleza debería proceder de los propios Estados miembros y de otras fuentes de financiación comunitaria, como el segundo pilar de la PAC y los Fondos Estructurales. Al CESE, no obstante, le inquieta que en las propuestas relativas a los nuevos Fondos Estructurales no se recojan las referencias necesarias para posibilitar la financiación de Natura-2000. Por otro lado, ciertas medidas que en el pasado habían sido financiadas por LIFE-Natura no recibirán fondos en el futuro, como las medidas aplicadas por personas que no sean agricultores. Para el CESE, esto es inaceptable.
4.2.4

Esta posición está tanto más justificada cuanto que, por ejemplo, en el mar Mediterráneo no existe ninguna zona económica exclusiva, ya que su cuenca no es lo suficientemente extensa para permitirlo. Sin embargo, la Unión Europea cuenta con numerosos Estados mediterráneos que, por este motivo, no disfrutarían de los mismos derechos que otros Estados miembros. El CESE recomienda, asimismo, que esta definición más precisa del territorio del Estado de tránsito se aplique a la luz de los derechos y libertades de navegación reconocidos por el Derecho Internacional y, en particular, el principio de paso inocente en las aguas territoriales, con arreglo a las disposiciones específicas del artículo 27 (3) (i) de la Convención conjunta.
4.1

La ampliación de la UE es un gran desafío económico y social al que la Unión también debe responder con la política estructural, aunque no solamente con ella. El CESE suscribe la concentración de los recursos que propone la Comisión en las regiones más débiles económicamente, algo que sobre todo debería redundar en beneficio de los nuevos Estados miembros, en los cuales se concentra la mayoría de las regiones menos desarrolladas. La propuesta de aumentar los recursos destinados a los Fondos Estructurales de 276 000 millones de euros aproximadamente a 336 100 millones de euros para el período 2007–2013 –lo que corresponde al 0,41 % del producto nacional bruto de la Unión– es, a juicio del CESE, adecuada si se considera que dichos recursos deben ser repartidos ahora entre 25 Estados miembros. El CESE, no obstante, considera que las intervenciones en materia de política estructural deberían proseguir en los antiguos Estados miembros, aunque en menor medida, al menos en los ámbitos especialmente afectados por las transformaciones industriales estructurales y que tienen las tasas de desempleo más elevadas. Simultáneamente se debe garantizar la creación de normativas transitorias adecuadas para las zonas actuales del objetivo 1 que ya no puedan optar a las ayudas por el denominado efecto estadístico. El CESE respalda la intención de la Comisión de integrar plenamente la iniciativa EQUAL en el FSE con el fin de aprovechar plenamente sus indiscutibles ventajas, entre ellas el carácter innovador de los proyectos promovidos, el apoyo al intercambio de experiencias y buenas prácticas en la UE y el fomento del principio de asociación de los diversos actores en la realización de los proyectos. Una vez integrada la iniciativa EQUAL, la Comisión Europea podría instar a los Estados miembros a que incorporaran medidas similares a las de EQUAL en sus programas operativos nacionales.
3.5.19

Una nueva autoridad auditora: la creación de la autoridad auditora parece reforzar las estructuras de control como la autoridad de gestión (artículo 59) y la de certificación (artículo 60). La propuesta de Reglamento establece la obligación de comunicar una estrategia en materia de auditoría (artículo 61, apartado 1, letra c)): así, prevé que la autoridad auditora presente a la Comisión, en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa operativo, una estrategia de auditoría en la que especifique los organismos que efectuarán dichas auditorías, la metodología de los trabajos, el método de muestreo, etc. Además, será preciso elaborar, anualmente y para cada programa operativo, un informe cuyo contenido se asemeje al de la declaración de validez final. En efecto, con arreglo al artículo 61, apartado 1, la autoridad auditora emitirá, tras la clausura del programa operativo, una declaración en la que evalúe la validez de la solicitud del pago del saldo y un informe sobre el control final. En relación con la ejecución de los programas, el CESE insiste en sus recomendaciones para la creación de dispositivos de auditoría y control centrados en los aspectos cualitativos y no sólo en los cuantitativos. Por otra parte, lamenta de nuevo el recurso a las autoridades auditoras nacionales, pues ello significa, una vez más, que la Unión no asume sus responsabilidades. El CESE espera el dictamen del Tribunal de Cuentas europeo sobre esta propuesta y desea, en todo caso, que se adhiera a todos los dispositivos de auditoría creados.
4.4

Las experiencias de gestión de riesgos de inundación que se han realizado en diversas partes del mundo, particularmente desde los años setenta, han puesto de manifiesto que las principales dificultades para la aplicación de las medidas preventivas no son técnicas y no se resuelven sólo con mapas de riesgo o de peligrosidad. En EE UU, por ejemplo, el Army Corps of Engineers tiene cartografiados más de 20 000 mapas de riesgo, pero muy pocas autoridades los tienen en cuenta y, cuando lo hacen, se deciden por un tipo de actuaciones estructurales (encauzamientos, presas y diques, etc.) que con frecuencia no han sido capaces de controlar adecuadamente las inundaciones y son responsables de muchos daños evitables que se han producido finalmente al haber generado entre las autoridades y la población una falsa sensación de seguridad.
—

la dramática expansión de contenidos no solicitados y potencialmente peligrosos o inadecuados crea nuevos peligros para el público en general (virus: invasión de los espacios de almacenamiento, uso indebido o destrucción de datos, utilización no autorizada de los medios de comunicación de la víctima; contenidos no solicitados (spam): uso abusivo de la banda pasante y de los espacios de almacenamiento, invasión de los buzones electrónicos, lo que bloquea u obstruye la utilización útil de Internet y las comunicaciones y acarrea costes importantes no sufragados por los «contaminadores» sino por el usuario final) y para algunas categorías importantes de usuarios, como los niños (spam de contenido explícitamente sexual, mensajes inadecuados y propuestas de citas formuladas por pederastas en los espacios de debate directo (chat rooms);
2.2

Para lograr estos objetivos, la Comisión propone lo siguiente: — en relación con los actores interesados: presentar propuestas de promoción de las actividades de sensibilización; intercambiar experiencias de buenas prácticas en materia de formación y sensibilización; proceder a una amplia consulta para la formulación de los mandatos de normalización; determinar las prioridades para las actividades de integración de los aspectos medioambientales en las normas europeas; elaborar indicadores del nivel de integración de los requisitos medioambientales en las normas; identificar y coordinar los aspectos medioambientales tratados por los organismos europeos de normalización y brindar un apoyo comunitario a los grupos europeos de interés que llevan a cabo tales acciones; informar periódicamente sobre las modalidades de utilización de los diversos instrumentos de integración de los requisitos medioambientales en las normas; — en relación con los Estados miembros y, en particular, con los de la reciente adhesión: prever medidas para la promoción de actividades de formación y sensibilización; garantizar la recogida y difusión de la información por parte de los respectivos organismos de normalización; asesorar y facilitar las tareas de todos los actores interesados, en particular de los representantes de la sociedad civil y de los entes públicos activos en el ámbito del medio ambiente, para que participen plenamente en el proceso de normalización; informar sobre las medidas de apoyo adoptadas al objeto de promover el intercambio de experiencias y de buenas prácticas; — a nivel comunitario: proponer medidas financieras de apoyo comunitario para proyectos de sensibilización y formación promovidos por organismos europeos de normalización; organizar un control permanente de las actividades de formación y sensibilización llevadas a cabo; incluir, si fuera necesario consultando previamente a las partes interesadas, los aspectos medioambientales en la formulación de los mandatos de normalización; ayudar a los grupos interesados a escala europea en la identificación y coordinación de los elementos medioambientales de la normalización europea; organizar reuniones para permitir el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la aprobación de indicadores del progreso normativo europeo que guarden una relación particular con la dimensión medioambiental; poner en marcha un sistema de evaluación permanente de los progresos realizados en los sectores indicados, evaluación que deberá examinarse al menos una vez al año con las partes interesadas.