Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "Las PYME en las regiones insulares de la Unión Europea"

(2002/C 149/15)

El 30 de mayo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema "Las PYME en las regiones insulares de la Unión Europea".

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de abril de 2002 (ponente: Señor Vassiláras).

En su 390o Pleno de los días 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y Social ha aprobado por 87 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El CES pretende sensibilizar al Consejo y la Comisión respecto a una nueva percepción de la política derivada de las conclusiones de la cumbre de Niza (7 y 8 de diciembre de 2000, punto J (57)) y contribuir con sus propuestas a las medidas específicas indispensables que deberán tomarse y que deberán servir para ayudar, mediante políticas europeas, al desarrollo de las PYME en las regiones insulares.

1.2. El CES considera que los problemas permanentes debidos al carácter insular de esas regiones son la causa de que las PYME insulares no resulten competitivas dentro del mercado único.

1.3. El Comité toma nota del contenido del Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social(1), en el que, como el Comité había solicitado reiteradamente, se dedica un apartado a las "zonas afectadas por desventajas geográficas o naturales graves". Asimismo, acoge positivamente el reconocimiento de los criterios de insularidad (entorno marítimo, dimensión de la isla y distancia) y de acumulación de desventajas en algunas islas (archipiélago, zonas montañosas y escasamente pobladas).

1.4. El Comité tiene intención de examinar las políticas europeas vigentes relativas a las PYME y las prácticas en cuanto a las ayudas y subvenciones que se rigen por la legislación comunitaria, teniendo en cuenta:

a) el fundamento jurídico del artículo 158 del Tratado de Amsterdam,

b) la Declaración n° 30 anexa al Tratado,

c) la próxima ampliación de la Comunidad,

d) la revisión del Fondo de Cohesión y de las políticas regionales después de 2006,

e) la competencia y la globalización,

f) el carácter estacional del empleo en las PYME insulares,

g) la falta de diversificación en las actividades y la economía,

h) sus anteriores dictámenes,

i) el sistema de clasificación NUTS para el funcionamiento de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión,

j) la aplicación práctica de la Carta Europea de la Pequeña Empresa.

2. Características de las PYME insulares

2.1. La Comunidad está compuesta de regiones con diferentes grados de desarrollo; por este motivo, la política regional las clasifica en distintos niveles u objetivos (1 y 2). Sin embargo, se observan retrasos en el desarrollo de las regiones insulares menos favorecidas, a pesar de que el 95 % de los habitantes de las islas están cubiertos por los objetivos 1 y 2.

2.2. Cabe señalar, sin embargo, que las PYME insulares participan difícilmente en los programas a causa de proyectos poco practicables, de falta de recursos propios, de su posición geográfica y su situación demográfica, de lo limitado de los mercados, de la dependencia respecto a las metrópolis, de su economía inestable, del carácter estacional del empleo y de una economía no diversificada.

2.3. Las PYME insulares cuentan con escasa capacidad administrativa y de gestión, lo que las deja fuera de los procedimientos de información y de gestión de los distintos programas nacionales o europeos puestos a su disposición, programas que son a menudo considerados tecnocráticos y no aplicables a la realidad de las microempresas, que buscan métodos más simples. Aún peor, esa escasa capacidad las deja desprotegidas ante un sector financiero, bancario o no, con el que les resulta difícil comunicar y, por tanto, negociar, y con el que la colaboración es casi imposible. En general, el acceso deficiente a la información dificulta el acceso a los fondos comunitarios y a las subvenciones bancarias. El aislamiento, la poca cualificación y la mala circulación de la información suelen ser las causas principales. Los centros de mediación particularizados, del tipo de las redes de Infocentros, son una solución adecuada para resolver, en parte, estos problemas, aunque aún deben evaluarse y analizarse sus puntos débiles.

2.4. Pese a los importantes esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, a menudo también con la ayuda de la UE, las islas siguen estando retrasadas, y muchas de ellas en decadencia. Ello es debido a que tampoco el Objetivo n° 1 les favorece, incluso cuando lo comparten con la región continental europea correspondiente o con el Estado miembro, a causa de su propio carácter insular.

2.5. Las islas europeas ocupan una superficie total de 110000 km2 (el 3,4 % del territorio de la Unión) y cuentan con casi catorce millones de habitantes (el 3,5 % de la población). Pese a las diferencias de tamaño y población, sufren numerosos problemas comunes, sobre todo desde el punto de vista económico y social, con variaciones sólo en la intensidad.

2.6. Tal como ha señalado reiteradamente el Comité en sus dictámenes, estas regiones insulares menos favorecidas -mencionadas en el artículo 158 del Tratado de Ámsterdam- tienen problemas comunes, independientemente de su tamaño.

2.6.1. Dichos problemas son:

- las redes en su conjunto (los transportes y, sobre todo, lo elevado de su coste, la energía, las telecomunicaciones, el suministro de agua);

- la migración de la población y, sobre todo, de los jóvenes, hacia centros desarrollados;

- el desarrollo y competitividad de las PYME y el desconocimiento de las necesidades reales de las microempresas;

- la sanidad, la educación, la formación profesional y el aprendizaje;

- el medio ambiente;

- la falta de diversidad en la economía;

- la insuficiente cooperación interregional con las zonas continentales y con regiones de terceros países no comunitarios;

- el carácter estacional del empleo y de la actividad económica,

- la delicada situación del patrimonio y los bienes históricos y culturales.

2.7. La existencia de infraestructuras es requisito indispensable para garantizar el desarrollo y la competitividad de las PYME insulares en la UE. Los transportes, la energía, las telecomunicaciones, el suministro de agua, todas ellas son infraestructuras de importancia vital para un desarrollo sostenible de las islas. Los habitantes de las regiones insulares luchan por mejorar las condiciones de vida en sus islas, algo que depende del desarrollo económico y el empleo. Las acciones de la política europea han de integrarse en esta óptica, independientemente de la unidad territorial o del potencial humano.

2.8. Los grandes centros de desarrollo económico y las regiones del territorio continental de Europa se benefician más fácilmente de la política regional, la gente encuentra trabajo, vive en condiciones más favorables en sus pueblos, sus barrios, sus casas. Gracias a dicha política, existen hoy autopistas y trenes de alta velocidad o se han construido o renovado aeropuertos. La ampliación de las redes de infraestructuras es claramente más fácil, comparada con las islas. Las infraestructuras de este tipo facilitan el desarrollo y aportan competitividad a las PYME continentales. Por mucho que se predique la perfecta armonía en la colaboración y coparticipación de los isleños en el desarrollo, si siguen sin cumplirse las normas legales y no se procura ampliar las redes de infraestructuras a dichas regiones, sus poblaciones estarán abocadas a la decadencia.

2.9. La proporción de PYME suele ser mayor en las regiones insulares que en el continente. Esta densidad aumenta en función de dos factores estructurales:

- geográfico: las mayores concentraciones de PYME se dan, sobre todo, en el sur de Europa y, sobre todo, en el Mediterráneo;

- sectorial: los niveles más altos y más diferenciados en relación con el resto de la UE se encuentran, lógicamente, en los sectores del turismo, los transportes, la energía y las comunicaciones.

2.10. Cuando se habla de las PYME insulares se alude, a menudo, a un entramado de microempresas de menos de diez asalariados, así como a un número elevado de empresarios individuales que no emplean a ningún trabajador. La suma de las empresas sin asalariados y de microempresas representa, a veces, más del 90 % de las empresas insulares y más del 70 % del total del empleo.

2.11. Por este motivo, las microempresas insulares desempeñan un papel tanto económico como social. A la escasa rentabilidad económica se añade, a menudo, una reducida cobertura social que tiene repercusiones en la salud, las pensiones, etc. La consideración de la dimensión social del tejido empresarial insular debe basarse en el principio del reconocimiento de los vínculos familiares y locales y de sus necesidades específicas.

3. Propuestas en favor de las PYME insulares

3.1. Un entorno económico apto gracias al sector público

3.2. Con el fin de tener en cuenta las peculiaridades de las PYME insulares, uno de los primeros principios es el de garantizar un entorno económico general favorable que permita promover una mejor igualdad de oportunidades. Dicho entorno afecta tanto a los poderes públicos como a las organizaciones profesionales y económicas y a las propias empresas. Las PYME y microempresas insulares deberían beneficiarse de medidas específicas positivas.

3.2.1. Deben garantizarse unos "servicios públicos" de base que permitan a las PYME insulares y a los consumidores finales disponer, regularmente y con una cierta calidad, de energía, agua, carburantes, transportes, investigación e innovación, etc., al mismo precio que el que permite, en el continente, la competencia entre grandes unidades. Los mecanismos de compensación pueden ir desde la compensación a nivel nacional a sistemas de compensación adaptados a cada servicio o a cada territorio. Este ámbito de intervención en favor de las PYME insulares corresponde a la cohesión económica y social y debe profundizarse a la luz de las últimas decisiones de la Comisión emanadas de los Tratados o de la cumbre de Niza. Deberán introducirse excepciones al régimen común (incluso microderogaciones en favor de micromercados), evitando siempre distorsionar la competencia y procurando, por el contrario, una competencia posible y equitativa.

3.3. Al estar aisladas geográficamente, las pequeñas empresas insulares, a pesar de la aparición de Internet, no pueden acceder a la información y servicios que les resultan indispensables para desarrollarse en un entorno empresarial en continua evolución, con lo que se ven imposibilitadas para alcanzar el grado de competitividad que constituye la condición sine qua non para sobrevivir. Lo limitado de su mercado local y las dificultades con que se enfrentan para penetrar en el Gran Mercado son todos ellos factores que contribuyen igualmente a debilitar la actividad empresarial en su terreno. Esto afecta tanto a la competencia profesional como a las dificultades de adaptación a las exigencias de calidad y seguridad y a ámbitos como la promoción, la comercialización o incluso la exportación.

3.4. En su mercado local, los productores de las regiones insulares tienen que mostrarse competitivos frente a los productores europeos que se benefician de economías de escala sin poder medirse en los mismos términos con aquéllos. A partir de un cierto umbral, que varía según la mercancía, los costes de transporte no pueden compensar la diferencia de los costes de producción. Así pues, es frecuente que los productos agroalimentarios importados de Europea reemplacen a los productos locales, incluso los más banales, en los estantes de las tiendas.

3.4.1. En el mercado de la zona circundante, las empresas de las regiones insulares no sólo tienen que intentar vender unas mercancías y servicios producidos con unos costes sociales y salariales europeos, sino también superar barreras aduaneras, arancelarias o no, que pueden imponerles terceros países. Todo ello, en el ámbito de los reglamentos OMC y ACP, en virtud de los cuales la UE ayuda a los productos de terceros países.

3.4.2. Por último, en relación con el mercado europeo, los productores de las regiones insulares son difícilmente competitivos. O bien hacen frente a la producción de sus vecinos, mucho más barata porque sus costes sociales y salariales son inferiores o porque la escala de producción es mayor, o bien tienen que competir con productores afincados en el continente europeo y, por tanto, no sujetos a sus mismas restricciones en materia de transporte y con un mercado de proximidad infinitamente mayor. Para estas PYME insulares, tiene que haber compensaciones reglamentarias que constituyan, además, una excepción respecto al régimen común europeo.

3.5. Para concluir, la introducción de mecanismos eficaces de apoyo, así como medidas especiales de ayuda a las empresas insulares, exige un esfuerzo de creatividad e implica, por añadidura, unos costes elevados que ni la economía de las islas ni las autoridades públicas regionales pueden asumir con sus propios recursos.

4. Acceso a financiación privada

4.1. La mejora del acceso de las PYME a la financiación en general y a los créditos bancarios en particular preocupa a los Bancos Centrales, las instancias europeas, las cámaras de comercio, etc. En un mercado crediticio que ya es global, las pequeñas empresas insulares, excluidas del movimiento de apertura y globalización de los mercados financieros, siguen teniendo dificultades para encontrar los recursos financieros que necesitan para aplicar con éxito su estrategia de crecimiento e inversión. Pero la satisfacción de la necesidad de recursos a largo plazo no es el único aspecto conflictivo para estas empresas.

4.2. Para salir de la lógica del análisis del coste de los riesgos desde el punto de vista de los bancos, hay que aplicar medidas de reducción del coste del riesgo bancario o de las garantías exigidas, sobre todo en el caso de los jóvenes creadores de empresas. En las islas con una cultura empresarial menor que en el continente, hay que estimular a los jóvenes fomentando el espíritu empresarial y la creatividad, para evitar que se vayan de las islas o incluso hacer que vuelvan los que se fueron.

4.3. Hay una auténtica necesidad de información. En un mundo económicamente caracterizado por una fuerte diversificación de los actores, que rebasan ampliamente las diferencias cuantitativas que permiten apreciar el número de asalariados, el balance final o el volumen de negocio, es importante disponer de herramientas destinadas específicamente a analizar la viabilidad de las PYME insulares. El recurso a una tipología basada en las modalidades de producción deberá permitir integrar la variedad típica del mundo de las PYME insulares poniendo de relieve las características del mercado en el que trabajan estas empresas, las distintas posiciones estratégicas, las modalidades organizativas, las estructuras productivas y las estructuras financieras a que dan lugar.

4.4. La puesta en marcha de un procedimiento de evaluación de la capacidad de acceso a los recursos financieros de las PYME insulares, de uso interno para bancos y empresas, pero también de uso externo para los proveedores y los organismos públicos en lo que concierne a las PYME, así como para la Comisión, es una propuesta que el Comité Económico y Social debe promover y ayudar a poner en práctica.

5. Ayudas específicas al desarrollo

5.1. EL Comité Económico y Social cree que hay que actuar en favor de las PYME insulares con una doble ambición: preservar y modernizar las estructuras de las PYME insulares; fomentar y dinamizar las PYME insulares.

5.2. Preservar y modernizar las estructuras de las PYME insulares

5.2.1. El Comité considera que las PYME deben recibir ayuda para preservar el tejido social y el empleo en las islas. Este objetivo debe ajustarse y adaptarse según los tipos de islas y los sectores de actividad económica. Deberá prestarse especial atención a las empresas "tradicionales" que fabrican productos de calidad a menudo fuera de la norma, pero destinados al mercado local (productos agroalimentarios, culturales, etc.).

5.2.2. Es importante identificar, entre todos los estudios llevados a cabo por la Comisión, las auténticas necesidades de las microempresas y las pequeñas empresas insulares. La aplicación concreta de las recomendaciones de la Carta Europea de la Pequeña Empresa y una mejor interacción con los empresarios deberían permitir definir mejor dichas necesidades(2).

5.2.3. Hay numerosos programas europeos destinados a las PYME a este fin, por lo que debe procurarse que las PYME insulares no se queden fuera de este movimiento, que cubre, sobre todo, el territorio continental.

5.2.4. El Comité insiste en la necesidad de reforzar, sobre todo, los sistemas de formación a todos los niveles: formación inicial, profesional, continua, aprendizaje, etc. En el caso de las microempresas insulares, dicho sistema debe cubrir tanto a los empresarios como a los empleados. Además de la creación de centros de formación o de refuerzo de programas, debe promoverse una estrategia activa de intercambio de personal con formación.

5.3. Fomentar y dinamizar las PYME insulares

5.3.1. El Comité cree que, al mismo tiempo, y respetando siempre las estrategias específicas de desarrollo tanto de los entes públicos como de las empresas privadas, deben ponerse en marcha programas piloto adaptados a las condiciones específicas de los mercados insulares en lo que respecta a las actividades económicas que correspondan a una economía local específica, con el fin de permitir que las PYME insulares hagan evolucionar dichos mercados y se abran a aquellas partes de mercado que se encuentren fuera de las islas.

5.3.2. El Comité insiste, sobre todo, en la necesidad de crear unas estructuras de apoyo a las microempresas y a las empresas muy pequeñas con menos de cincuenta asalariados. Dichas estructuras intermediarias deberían recibir un fuerte apoyo de modo que puedan garantizar una atención real a las necesidades operativas de las pequeñas empresas insulares a medida que surjan dichas necesidades, por ser un factor estratégico dentro de una política coherente para el tejido empresarial insular. Una de las prioridades de dichas estructuras de apoyo deberá ser la prestación, a los proyectos seleccionados, de servicios de acompañamiento y seguimiento consistentes en una asesoría en materia de calidad. La contratación de personal fijo en dichas estructuras es la única forma de garantizar:

- la asistencia al seguimiento y gestión de los programas comunitarios;

- unas funciones de mediador tecnológico o de seguridad medioambiental;

- unos servicios de acompañamiento a la preparación y seguimiento de los expedientes bancarios;

- un control de la calidad y la seguridad, etc.

5.3.3. Siempre en función de las necesidades de las microempresas y de las pequeñas empresas insulares, el Comité insiste en la necesidad de promover y reforzar todas las redes que abarquen a las microempresas y pequeñas empresas insulares con el fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas de gestión y comunicación.

5.3.4. El Comité propone que el año 2005 sea el Año europeo de las islas. Con tal motivo la Comisión podría evaluar las medidas ya adoptadas a favor de las islas y acometer una política más ambiciosa cuando se proceda a la reforma de los Fondos Estructurales y de la política regional.

6. Hacia una política integrada para todas las islas de la UE

6.1. Como complemento a un esfuerzo en favor del desarrollo de las políticas destinadas a las microempresas y pequeñas empresas, el Comité desea señalar a la atención de la Comisión y del Consejo la necesidad de poner en práctica una política integrada que conceda a las islas y a las regiones insulares ultraperiféricas medidas específicas positivas. Hay tres medidas que podrían responder a este objetivo general que debe enmarcar las políticas sectoriales:

6.2. El Comité desea una aclaración del significado del artículo 158 del Tratado, a tenor del espíritu de la Declaración n° 30 y de las conclusiones del Consejo Europeo de Niza. Dicho artículo debería reforzarse con la inclusión de referencias concretas al principio de cohesión territorial y a los distintos territorios que sufren desventajas estructurales permanentes, como las regiones insulares, las regiones con baja densidad demográfica y las regiones de montaña, también afectadas por esas mismas desventajas. La publicación del "Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social"(3) recuerda "la importancia del territorio comunitario formado por zonas de montaña, regiones costeras y marítimas e islas y archipiélagos".

6.2.1. El Comité espera que la reforma de los Fondos Estructurales de 2006 introduzca un instrumento financiero específico para los territorios no incluidos en el Objetivo 1 y que sufren desventajas geográficas o demográficas permanentes, especialmente las islas. Dicho instrumento deberá servir, entre otras cosas, para cofinanciar infraestructuras de transportes fijas o móviles y reforzar el conjunto de las redes de que dependen las islas (energía, agua, residuos, etc.)(4).

6.2.2. El valor añadido comunitario de tal dispositivo radica en una mejor evaluación de la eficacia de los procedimientos, el apoyo a los intercambios entre regiones para comprobar las mejores experiencias de ingeniería de proyectos, la evaluación comparativa, etc.

6.3. Por último, y en el marco de las disposiciones del Libro Blanco sobre la gobernanza, debería haber una evolución en el reconocimiento dado a las islas. La Comisión debería aplicar sistemáticamente un enfoque "interservicios", o incluso crear una Dirección General con el fin de adquirir una visión y una gestión integrada de las políticas que influyen y afectan a las islas.

6.4. El Comité considera que dicho enfoque integrado, reforzado por mecanismos nacionales de consulta previos en los Estados miembros sobre la legislación que afecte a las islas, permitiría garantizar una auténtica cooperación entre las regiones insulares, los Estados y la Comisión.

Bruselas, 25 de abril de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) COM(2002) 46 final.

(2) Dictamen del Comité sobre "La Carta Europea de la Pequeña Empresa", DO C 204 de 18.7.2000, p. 57.

(3) COM(2002) 46 final, p. 15.

(4) Dictamen del Comité sobre "Las redes transeuropeas y las islas".