In TRODUCCIÓN

La Directiva 2005/71/CE del Consejo relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (en lo sucesivo, «la Directiva»)[1] fue el cuarto instrumento legislativo en materia de migración legal adoptado tras el Tratado de Ámsterdam, que introdujo la competencia para legislar en este ámbito. Previa consulta al Parlamento Europeo, se adoptó por unanimidad en el Consejo el 12 de octubre de 2005. Dinamarca y el Reino Unido quedan al margen del ámbito de aplicación de la Directiva.

El objetivo general de la Directiva es reducir los obstáculos a la entrada y la residencia en la UE de los investigadores nacionales de terceros países (en lo sucesivo, «investigadores») y concederles derechos de movilidad intracomunitaria. La Directiva introdujo un mecanismo nuevo para el acervo de la UE en materia de migración existente en ese momento. Los organismos de investigación específicamente autorizados podrían firmar convenios de acogida con los investigadores por los que estos no precisarían un permiso de trabajo además del permiso de residencia.

El presente informe evalúa la aplicación de la Directiva[2]. Se basa en un estudio elaborado por la Comisión[3], así como en otras fuentes, como investigaciones ad hoc realizadas por la Red Europea de Migraciones[4] y debates con los Estados miembros. Los Estados miembros han tenido la oportunidad de revisar y actualizar la información fáctica sobre sus respectivos países.

SEGUIMIENTO Y TRANSPOSICIÓN

Los Estados miembros tenían que incorporar la Directiva a más tardar el 12 de octubre de 2007 (artículo 17), y comunicar esta información a la Comisión. Entre 2007 y 2011, la Comisión celebró reuniones con los Estados miembros para abordar cuestiones relativas a la ejecución e interpretación de la Directiva.

En 2007, la Comisión puso en marcha procedimientos de infracción al amparo del artículo 258 (antiguo 226) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contra diecisiete Estados miembros por no haber incorporado a tiempo la Directiva o por no haber informado correctamente a la Comisión de la adopción de legislación nacional de aplicación de la Directiva. Desde entonces, todos los Estados miembros han ido adoptando gradualmente medidas de transposición y se han archivado los procedimientos de infracción por falta de comunicación.

OBSERVANCIA DE LAS MEDIDAS DE TRANSPOSICIÓN

Definiciones (artículo 2)

El artículo 2 de la Directiva define los términos «investigación», «organismo de investigación» e «investigador». Si bien la mayoría de los Estados miembros han definido «investigación» y «organismo de investigación» en consonancia con la Directiva, menos de la mitad de ellos han hecho lo propio con la definición de «investigador». Para completar el Espacio Europeo de Investigación y aumentar el atractivo de Europa como destino de investigación, es importante que todos los Estados miembros interpreten y apliquen las definiciones de manera uniforme.

Ámbito de aplicación (artículo 3)

La Directiva se aplica a los nacionales de terceros países que solicitan ser admitidos en el territorio de un Estado miembro para llevar a cabo un proyecto de investigación. Doce Estados miembros han definido el ámbito de aplicación de la misma manera que la Directiva[5]. BE, EE, IE, FR, IT, AT, PT y RO no incorporan todos los elementos del ámbito de aplicación, mientras que en ES, LV, LT, NL y SI no se han identificado medidas explícitas de transposición. En la práctica, no parece que ello impida a los investigadores nacionales de terceros países acogerse a los beneficios de la Directiva.

Disposiciones más favorables (artículo 4)

Algunos Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales o multilaterales que ofrecen a ciertos nacionales de terceros países condiciones más favorables que las previstas en la Directiva. La finalidad principal de estos acuerdos es determinar la legislación aplicable en materia de seguridad social y garantizar la transferibilidad de los derechos de la seguridad social.

Organismos de investigación (artículos 5 y 6)

Autorización de los organismos de investigación (artículo 5)

El artículo 5, apartado 1, establece como requisito necesario que los organismos de investigación estén expresamente autorizados para dar empleo a los investigadores. Los Estados miembros deciden un procedimiento nacional de autorización específico[6]. La duración de la autorización ha de tener una validez mínima de cinco años y solo se puede abreviar en casos excepcionales (artículo 5, apartado 2). La mayoría de los Estados miembros cumplen estas disposiciones[7].

LV, LT y PT solamente disponen de un procedimiento general, es decir, un procedimiento que no es específico de la Directiva, para acreditar organismos educativos/de investigación. Por regla general, esta práctica conlleva unas disposiciones más favorables, pues los organismos nacionales de investigación no se han de someter a un procedimiento adicional de autorización para admitir investigadores al amparo de la Directiva. Otros Estados miembros (EL, FR y AT) consideran autorizadas todas las universidades públicas nacionales y únicamente exigen autorización a otras categorías de organismos. En SI no existen disposiciones acerca de la duración de la autorización concedida, y la autoridad competente para la autorización puede examinar en cualquier momento si el organismo de investigación sigue cumpliendo las condiciones iniciales. Este enfoque no es conforme a la Directiva.

El artículo 5, apartados 3 y 4, concede a los Estados miembros discrecionalidad para exigir a los organismos de investigación el compromiso por escrito de que, llegado el caso, asumirán los costes derivados de la estancia y el retorno irregulares de los investigadores que permanezcan irregularmente en su territorio, así como la confirmación de que los trabajos de investigación se han llevado a cabo[8]. DE, CY, LU, MT, AT, PL, RO, SI y SK han hecho uso de estas dos opciones. BE, CZ, EL, IT, LT HU y NL solo han incorporado la disposición relativa a la estancia ilegal y el retorno, mientras que IE y FI únicamente han incorporado la obligación de confirmar que los trabajos se han llevado a cabo. ES, FR, PT y SE no han incorporado ninguna de estas disposiciones. BG, EE y LV usan la formulación general de sus correspondientes leyes de inmigración, tratando a los organismos de investigación como promotores comprometidos a sufragar todos los gastos en caso de estancia ilegal.

La obligación de los Estados miembros de publicar y de actualizar periódicamente las listas de los organismos de investigación autorizados (artículo 5, apartado 5) se incorporó en diecinueve países[9]. Si bien las leyes de EE, IE, IT, LT y PT no obligan a publicar las listas, en la práctica estas se pueden consultar en el sitio web de la autoridad competente para la autorización. Algunos Estados miembros solo publican la lista en documentos oficiales que pueden ser de difícil acceso. La «actualización periódica» se interpreta de diferentes maneras, y en algunos casos solo se efectúan actualizaciones anuales.

Con arreglo al artículo 5, apartados 6 y 7, los Estados miembros pueden prever condiciones específicas para negarse a renovar la autorización a los organismos de investigación o para retirársela, así como las consecuencias en los convenios de acogida y los permisos de residencia de los investigadores[10]. Catorce Estados miembros han incorporado ambas disposiciones[11], mientras que en BE, BG, IE, HU, IT, MT, AT, SI y SE no se han regulado las consecuencias específicas de la negativa a renovar la autorización de los organismos de investigación o la retirada de dicha autorización. LT y PT no han incorporado la disposición.

Convenio de acogida entre un organismo de investigación y un investigador (artículo 6)

En el convenio de acogida, el investigador se compromete a llevar a cabo el proyecto de investigación y el organismo a acoger al investigador a tal efecto (artículo 6, apartado 1). Los Estados miembros han abordado esta disposición de diferentes maneras: la mayoría de los países solo han aplicado el convenio de acogida[12], si bien otros han exigido un contrato de trabajo en lugar del convenio de acogida o además de dicho convenio (BE, EE, IE, ES, IT, AT, PL[13]) y LT y PT únicamente exigen un contrato de trabajo.

El artículo 6, apartado 2, obliga al organismo de investigación a comprobar, antes de la firma del convenio de acogida, el objeto y la duración del proyecto del investigador y los medios financieros necesarios para llevarlo a cabo, las cualificaciones del investigador, la suficiencia de sus recursos mensuales sin hacer uso del sistema de asistencia social del Estado miembro y su seguro de enfermedad. El convenio de acogida también debe especificar la relación jurídica y las condiciones laborales del investigador. Esta disposición se incorporó correctamente en la mayor parte de los Estados miembros[14]. AT no regula la necesidad de especificar la relación jurídica y las condiciones laborales de los investigadores en el convenio de acogida, pues aplica contratos de trabajo, mientras que LT, PT y SI no regulan el examen del objeto y la duración de la investigación por el organismo investigador, la disponibilidad de recursos financieros ni las cualificaciones del investigador.

El artículo 6, apartado 3, confiere a los Estados miembros discrecionalidad para regular la necesidad de que los organismos entreguen al investigador un certificado de responsabilidad financiera de los gastos que se sufragarán mediante fondos públicos en caso de estancia ilegal y retorno. Diez Estados miembros han incorporado esta cláusula opcional[15].

El artículo 6, apartado 4, prevé la anulación del convenio de acogida en caso de que se deniegue la admisión del investigador en el país o de que se ponga fin a la relación jurídica existente entre el investigador y el organismo de investigación. Esta disposición es conforme en la mayor parte de los Estados miembros[16]. IT estipula directamente la anulación del convenio de acogida si no se concede al investigador el permiso de residencia. En EE y FR la transposición es incompleta, pues lo que se regula no es la anulación de los convenios de acogida, sino la de los permisos de residencia de los investigadores. DE y PL regulan la anulación del convenio de acogida en casos de no admisión de los investigadores en el país, pero no el fin de la relación jurídica entre los investigadores y los organismos de investigación. En LT, AT y PT no se han previsto disposiciones de transposición.

El artículo 6, apartado 5, obliga a los organismos de investigación a informar cuanto antes a las autoridades nacionales competentes de cualquier acontecimiento que impida la ejecución del convenio de acogida. Esta disposición se incorpora y es conforme en la mayoría de los Estados miembros[17]. En EE, LV y NL, la obligación general de notificación del promotor impuesta por la ley de inmigración se aplica si un nacional de un tercer país deja de cumplir los requisitos de concesión del permiso. En FR, IT[18], LT y PT la disposición no se ha incorporado.

Admisi ón, residencia y reunificación familiar (artículos 7, 8, 9 y 10)

Condiciones de admisión (artículo 7)

El artículo 7 establece las condiciones de admisión de los investigadores. La transposición es conforme en casi todos los Estados miembros. Estos o bien han creado una categoría específica de «investigador nacional de un tercer país» o bien han incluido a los investigadores en el ámbito de aplicación de la ley general de inmigración. Por lo general, los Estados miembros consideran que los investigadores son solicitantes bona fide y les ofrecen condiciones más favorables que a otras categorías de inmigrantes.

El apartado 2 permite a los Estados miembros comprobar los términos en los que se ha basado y celebrado el convenio de acogida, opción de la que solo han hecho uso BE, BG, EL, CY, LU y NL. Por lo general, parece que si hay dudas acerca de la solicitud, la mayor parte de las autoridades de inmigración comprueban la validez y los términos del convenio de acogida.

El apartado 3 obliga a los Estados miembros a admitir a los investigadores una vez que se han llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias y se han verificado positivamente todos los requisitos. La mayoría de los Estados miembros[19] han incorporado claramente esta disposición. La ausencia de las condiciones especificadas en la legislación nacional de otros Estados miembros en cuanto a la admisión de los investigadores en su territorio para llevar a cabo una actividad de investigación en el marco de un convenio de acogida podría dificultar el acceso de los investigadores, pues las autoridades podrían decidir libremente la admisión o no admisión del investigador, lo cual no parece plenamente conforme con la Directiva.

Duración del permiso de residencia (artículo 8)

El artículo 8 obliga a los Estados miembros a expedir un permiso de residencia para un período igual o superior a un año y renovarlo si se siguen cumpliendo las condiciones. Si se prevé que la duración del proyecto de investigación será inferior a un año, el permiso de residencia se expedirá por una duración igual a la del proyecto. BG, DE, CY, LT, LU, MT, PL, FI y SE incorporaron la Directiva literalmente; en CZ, EE, AT, PT y SK se concede un permiso de residencia de hasta dos años; en EL e IT, por la duración del proyecto de investigación, al igual que en BE, ES, LV, HU NL y RO (con un máximo de cinco años en ES y HU). En FR, la renovación es por un año y está limitada a un máximo de cuatro años, y en SI es por la duración del convenio de acogida, pero por un periodo igual o inferior a un año. En IE la duración no se especifica.

Miembros de la familia (artículo 9)

El artículo 9 facilita la reagrupación familiar expidiendo permisos de residencia para los miembros de las familias de los investigadores, con la misma duración que los de los propios investigadores y en condiciones más favorables que las previstas en la Directiva sobre reagrupación[20]. Los Estados miembros no pueden imponer la condición de que el investigador haya residido en el Estado miembro durante un periodo mínimo antes de reagrupar con él a los miembros de su familia, con lo que permiten que la reagrupación familiar sea inmediata y que los investigadores acepten proyectos a corto plazo y que sean móviles.

La mayor parte de los Estados miembros no especifican en la ley que la reagrupación familiar depende del requisito de un periodo mínimo de residencia del investigador. ES, CY y SI han utilizado exactamente la misma formulación que en la Directiva, mientras que otros países han incorporado esta disposición no incluyendo la obligación de un periodo de residencia mínimo en la lista de los requisitos para la reagrupación familiar.

Casi todos los Estados miembros[21] han establecido que la duración de la validez del permiso de residencia de los miembros de la familia del investigador sea la misma que la del permiso concedido al investigador. La mayor parte de los países prevén un permiso de residencia con derecho a trabajo. LU no ha regulado la duración del permiso de residencia concedido a los miembros de la familia del investigador, si bien en la práctica parece que dicha duración es la misma que la del permiso del investigador. En FI, la reagrupación familiar solo es posible cuando el permiso expedido al reagrupante (investigador) es de residencia ininterrumpida o permanente[22].

Retirada o no renovación del permiso de residencia (artículo 10)

El artículo 10 permite a los Estados miembros retirar o negarse a renovar los permisos de residencia concedidos a los investigadores y definir las condiciones particulares en las que el permiso se puede retirar o la renovación se puede denegar, que incluyen la obtención fraudulenta del permiso y razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Todos los Estados miembros han regulado estas condiciones en su legislación nacional[23].

Derechos de los investigadores (artículos 11, 12 y 13)

Enseñanza (artículo 11)

El artículo 11 autoriza a los investigadores a impartir clases con arreglo a la legislación nacional, si bien los Estados miembros pueden fijar un número máximo de horas o días lectivos. Las disposiciones nacionales de transposición son conformes en la mayoría de los Estados miembros[24].

Algunos Estados miembros (BE, EE, IE, LU FI y SE) no han establecido disposiciones claras que regulen el derecho a impartir clases; sin embargo, habida cuenta de que los investigadores admitidos en virtud de la Directiva están exentos del permiso de trabajo, se puede asumir que la enseñanza está permitida. En IT solo se permite impartir clases relacionadas con el proyecto de investigación establecido en el convenio de acogida. En LV está permitido impartir clases si así se prevé explícitamente en el convenio de acogida.

Igualdad de trato (artículo 12)

Los investigadores admitidos en virtud de la Directiva gozan de igualdad de trato con los nacionales en diferentes ámbitos: reconocimiento de diplomas y cualificaciones profesionales, condiciones de trabajo, prestaciones de la seguridad social, ventajas fiscales y acceso a bienes y servicios. EL, CY, MT, PT y RO han reproducido la formulación de la Directiva. Otros países[25] hicieron uso de las leyes generales contra la discriminación que prohíben la discriminación por motivos de sexo o de origen racial o étnico. SI aplica una combinación de disposiciones específicas sobre la igualdad de trato dirigidas especialmente a los investigadores nacionales de terceros países y la ley general contra la discriminación. No está del todo claro si la aplicación de una prohibición general de la discriminación cumple plenamente las exigencias de igualdad de trato que impone la Directiva.

En BE la transposición no ha abordado todos los aspectos de la igualdad de trato[26]. En AT las disposiciones relativas a la igualdad de trato no se han incorporado.

En la práctica, al menos en lo que se refiere a los resultados de la encuesta realizada entre los investigadores admitidos en virtud de la Directiva, no parece que sufran discriminación o desventajas.

Movilidad entre Estados miembros (artículo 13)

Los investigadores admitidos en virtud de la Directiva están autorizados a realizar parte de su investigación en otro Estado miembro. Si el investigador permanece en otro Estado miembro durante un período de hasta tres meses, la investigación podrá ser realizada sobre la base del convenio de acogida celebrado en el primer Estado miembro[27]. Si el investigador permanece en otro Estado miembro más de tres meses, este Estado miembro podrá exigir un nuevo convenio de acogida para llevar a cabo la investigación en su territorio. Cuando la legislación pertinente disponga la obligación de un visado o de un permiso de residencia para ejercer la movilidad, dicho visado o permiso de residencia se concederá oportunamente.

La movilidad de los investigadores se ha incorporado a la legislación nacional de diecisiete Estados miembros[28]. En los Estados miembros restantes, la legislación nacional no estipula explícitamente que los investigadores a los que se les haya expedido un permiso de residencia en otro Estado miembro puedan trabajar en su territorio sin un permiso de trabajo adicional. Esta circunstancia puede dar lugar a una inseguridad jurídica que dificultará la movilidad intracomunitaria y puede ser no conforme.

Proced imiento y transparencia (artículos 14 y 15)

Introducción de las solicitudes de admisión (artículo 14)

El artículo 14 obliga a los Estados miembros a determinar si la introducción de las solicitudes de permiso de residencia corresponde al investigador o al organismo de investigación interesado (apartado 1). Establece además (apartado 2) que, aunque la solicitud sea tomada en consideración y examinada cuando el nacional de un tercer país resida fuera del territorio del Estado miembro en el que desee ser admitido, los Estados miembros pueden aceptar solicitudes presentadas desde su territorio (apartado3). El apartado 4 obliga a los Estados miembros a dar al solicitante que cumpla las condiciones todas las facilidades para obtener los visados necesarios.

La mayor parte de los países exigen que quienes introduzcan la solicitud sean los propios investigadores[29], con la excepción de ES, donde la introduce el organismo de investigación. En IT, CY, LT y SI ambas opciones son posibles.

En BG, EE, ES, CY, LU, SI, FI y SE, las solicitudes iniciales de admisión se toman en consideración y se examinan cuando el solicitante aún reside fuera del territorio del Estado miembro afectado. En DE, IE, EL, FR, IT y PT se examinan cuando el investigador se encuentra en el territorio del Estado miembro. Ambas opciones son posibles en BE, CZ, LV, LT, HU[30], MT, NL, AT, PL, RO[31], SK y FI.

Mientras que en algunos Estados miembros[32] se dan facilidades para ayudar a obtener el visado necesario, en otros no se dan.

Garantías procesales (artículo 15)

Los Estados miembros han de adoptar una decisión sobre la solicitud completa lo antes posible y, cuando corresponda, establecerán procedimientos acelerados (apartado 1). La transposición es totalmente conforme en la mayoría de los países[33], algunos de los cuales han reproducido la formulación de la Directiva, mientras que otros han establecido límites temporales explícitos (por ejemplo, siete días laborables en BG, o dos semanas en NL). En DE, IE, LT, LU y PL no se prevén facilidades ni aceleraciones particulares[34].

El apartado 2 establece que el examen de la solicitud podrá suspenderse si la información facilitada no es adecuada, y obliga a las autoridades competentes a informar al solicitante de la información adicional que necesitan. CZ, DE, EL, CY, LU, HU, MT, AT, SI, SK y SE han regulado específicamente esta disposición.

Cuando se deniega una solicitud de permiso de residencia, la decisión se ha de notificar a los investigadores, a quienes también se les han de indicar las vías de recurso y el plazo de que disponen para presentarlo (apartado 3). Los procedimientos son conformes en la mayoría de los Estados miembros[35].

Cuando se deniega una solicitud o se retira un permiso de residencia, el investigador tiene derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales nacionales del Estado miembro de que se trate (apartado 4). Hasta ahora no se conoce jurisprudencia sustantiva pertinente para la aplicación de este artículo.

Conclusion ES Y MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE

El análisis jurídico muestra que los Estados miembros han incorporado la mayor parte de los elementos clave de la Directiva, a saber, la autorización de los organismos de investigación, los convenios de acogida y los procedimientos de solicitud. Sin embargo, existe una clara necesidad de mejora mediante una mayor transposición, posibles modificaciones de la Directiva y una mejora de las acciones de orientación e información.

El Enfoque global de la migración y la movilidad (GAMM) reforzado[36] aporta un contexto apropiado para consolidar la aplicación de la Directiva. Los marcos de asociación establecidos en virtud del GAMM, en particular las asociaciones de movilidad, brindarán oportunidades que atraerán a investigadores de regiones asociadas clave, como los países vecinos meridionales y orientales[37]. La necesidad de mejorar y promover la Directiva queda patente por el bajo número de investigadores admitidos en virtud de la Directiva (6 945 en 2010, muchos de los cuales procedían de la India, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y Japón[38]). Ello está en claro contraste con los retos en juego: para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de aumentar la inversión en I+D hasta el 3 % del PIB, serían precisos un millón más de investigadores[39]. El Consejo hace un llamamiento para que se atraiga a números más elevados de talentos y se les anime a quedarse en el Espacio Europeo de Investigación[40].

Asimismo, se ha de tener presente el objetivo establecido en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015[41], pues entre los investigadores sigue habiendo un gran desequilibrio de géneros.

Las mejoras pueden implantarse de diferentes maneras. Resulta de capital importancia la aplicación efectiva de la Directiva por los Estados miembros, en particular introduciendo definiciones claras e inequívocas de los derechos de los investigadores, protegiéndolos en caso de retirada de la autorización al organismo de investigación y estableciendo distinciones claras entre los permisos para investigadores y otros tipos de permisos. Definiciones básicas como la de «investigador» y la de «organismo de investigación» han de tener interpretaciones uniformes en todos los Estados miembros que han de aplicar la Directiva. El informe señala también diferentes ámbitos en los que la Directiva se ha de modificar, y que incluyen la claridad en las definiciones de la calidad y la forma jurídicas de los convenios de acogida, una manera más uniforme de actualizar y publicar la lista de organismos de investigación y quizás también el establecimiento de plazos para decidir sobre las solicitudes.

Las actuaciones informativas y de sensibilización acerca de las posibilidades que brinda la Directiva son importantes y la Comisión asume su parte en ellas, principalmente mediante el portal EURAXESS y la red de Centros de Servicios EURAXESS, así como mediante el Portal sobre Inmigración. Por otra parte, se hará uso de las asociaciones de movilidad y otros instrumentos de cooperación y marcos de asociación previstos en el GAMM para mejorar las actuaciones informativas y de sensibilización en los países socios prioritarios.

[1] DO L 289 de 3.11.2005, p. 15.

[2] Tal como se establece en el artículo 16 de la Directiva.

[3] Por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM).

[4] Disponible en http://www.emn.europa.eu, en «Ad-hoc queries».

[5] BG, CY, CZ, DE, EL, FI, HU, LU, MT, PL, SE y SK.

[6] En la mayoría de los Estados miembros, conceden la autorización los Ministerios de Educación o de Investigación, o bien algún organismo que dependa de ellos. No es frecuente que intervengan los Ministerios del Interior.

[7] BE, BG, CZ, DE, EE, IE (no se han incorporado al derecho, sino que se consideran un procedimiento administrativo), ES, FR, IT, CY, LU, HU, MT, NL, AT, PL, RO, SK, FI y SE.

[8] En el plazo de dos meses tras la fecha de expiración del convenio de acogida.

[9] BE, BG, CZ, DE, EL, ES, CY, LV, LU, MT, NL, AT, PL, RO, SI, SK, FI y SE.

[10] Durante la investigación de apoyo llevada a cabo para el presente informe no se ha detectado ningún caso de retirada de la autorización.

[11] CZ, DE, EE, EL, ES, FR, CY, LV, LU, NL, PL, RO y SK.

[12] BG, CZ, DE, EL, FR, CY, LV, LU, HU, MT, NL, RO, SI, SK, FI y SE.

[13] PL exige una combinación de convenio de acogida y contrato de trabajo, en forma de convenio de acogida firmado por el organismo de investigación y el investigador como un contrato de trabajo, contrato de mandato o contrato de obra.

[14] BE, BG, CZ, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LU, HU, MT, NL, PL, RO, SK y SE.

[15] CZ, DE, EL, CY, LT, LU, HU, MT, NL y PL.

[16] BE, BG (incorporada en la plantilla oficial del convenio), CZ, IE, EL, ES, CY, LV, LU, HU, MT, NL (se aplica la legislación laboral general), RO, SI, SK, FI y SE.

[17] BE, BG, CZ, DE, IE, EL, ES, CY, LU, MT, AT, PL, RO, SI, SK, FI y SE.

[18] No obstante, en IT los organismos de investigación están obligados en la práctica a notificar a las autoridades competentes en inmigración si no es posible ejecutar el convenio de acogida.

[19] CZ, DE, EE, IE, EL, ES, FR, CY, LT, LU, HU, MT, PL, RO, FI y SE.

[20] Con arreglo a la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, los Estados miembros pueden exigir que el reagrupante haya residido legalmente en su territorio durante un periodo de tiempo, que no podrá superar dos años, antes de reagrupar con él a los miembros de su familia.

[21] BE, BG, CZ, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK y SE.

[22] Durante las tareas de investigación para el presente informe, no había ningún investigador nacional de un tercer país que llevara a cabo actividades de investigación en FI en el marco de un convenio de acogida, por lo que no fue posible recoger información sobre el funcionamiento de los procedimientos finlandeses de reagrupación familiar.

[23] No se conoce ningún caso de retirada del permiso de residencia del investigador. En cambio, se tiene noticia de casos de denegación de la renovación. Por ejemplo, el 3 % de todas las solicitudes presentadas en BE y el 22 % de todas las solicitudes presentadas en NL.

[24] BG, CZ, DE, EL, ES, FR, LT, MT, NL, AT, PL y PT; con plazos en CY, HU, RO, SI y SK.

[25] BG, CZ, DE, EE, IE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, HU, NL, PL, SK, FI y SE.

[26] El requisito de reconocimiento de las cualificaciones no se ha incorporado.

[27] Las únicas condiciones previstas son que disponga de recursos suficientes en el otro Estado miembro y no esté considerado una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública en el segundo Estado miembro.

[28] BG (proyecto legislativo), CZ, DE, EL, ES, FR, IT, CY, LT, LU, HU, MT, PL, RO, SI, SK y FI.

[29] BE, BG, CZ, DE, EE, IE, EL, FR, LV, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI y SE.

[30] Las solicitudes solo se pueden introducir estando dentro del territorio si concurren determinadas circunstancias.

[31] Solo ciertas categorías de investigadores pueden introducir las solicitudes estando dentro del territorio.

[32] BE, BG, CZ, DE, EE, IE, ES, FR, IT, CY, LT, HU, MT, AT, SI y SE.

[33] BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, PT, RO, SI, SK y FI.

[34] Algunas autoridades nacionales sostienen que si los procedimientos generales de inmigración son eficaces y productivos no hay necesidad de introducir un procedimiento acelerado específicamente para los investigadores.

[35] BE, CZ, DE, EE, EL, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK y SE.

[36] COM (2011) 743 final.

[37] COM (2011) 248 final.

[38] Cifras agregadas de la UE facilitadas por Eurostat en el caso de los Estados miembros de los que se dispone de datos.

[39] Iniciativa emblemática de Europa 2020 — Unión por la innovación, COM(2010) 546 final.

[40] Council Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness Council meeting Bruselas, 26 de noviembre de 2010.

[41] COM(2010) 491, SEC(2010) 1079 y SEC(2010) 1080.