SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro {SEC(2003) 936}

1. INTRODUCCIÓN

El Consejo adoptó el 29 de mayo de 2000 la Decisión marco 2000/383/JAI. [1] para reforzar y armonizar la protección penal del euro en todo el territorio de la Unión Europea. Cara a la introducción del euro a principios de 2002, esta Decisión marco tenía por objeto completar las disposiciones del Convenio internacional de Ginebra de represión de la falsificación de moneda, de 20 de abril de 1929, facilitando su aplicación. [2] La adhesión al Convenio, de ser aún necesaria, así como la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las disposiciones de la Decisión marco debían efectuarse por los Estados miembros antes del 29 de mayo de 2001.

[1] Decisión marco 2000/383/JAI sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda, con miras a la introducción del euro (DOCE L 140/1 de 14 de junio de 2000).

[2] N° 2623, p. 372, Recopilación de los Tratados de la Sociedad de las Naciones 1931.

De conformidad con el artículo 11 de la Decisión marco, la Comisión adoptó el 13 de diciembre de 2001 un informe sobre la aplicación de la Decisión marco, [3] basado en la información que le había sido comunicada por los Estados miembros. Dicho informe, que presenta con todo detalle las distintas obligaciones previstas por la Decisión marco y la manera en que los Estados miembros las han respectivamente cumplido, se presentó a continuación al Consejo. Aunque en sus conclusiones sobre este informe había reconocido que se había alcanzado en gran medida el objetivo de la Decisión marco, el Consejo, sin embargo, invitó a la Comisión a redactar un segundo informe con el fin de incluir la información complementaria que todavía debía ser enviada por los Estados miembros.

[3] COM (2001) 771 final.

Sobre la base de la información posteriormente recibida, la Comisión preparó un documento de trabajo con informes por países, que se distribuyó en una primera versión al Grupo de Derecho penal material del Consejo, en noviembre de 2002, y posteriormente, en una segunda versión acompañada de cuadros por países actualizados, al grupo de expertos en falsificación del Comité Consultivo de Lucha contra el Fraude (COCOLAF) en abril de 2003, con el fin de obtener de los Estados miembros precisiones suplementarias sobre sus modificaciones legislativas y la interpretación de algunas disposiciones nacionales.

Los cuadros, que ya figuraban en un documento que completaba el primer informe, [4] del que, sin embargo, no formaban parte, se incluyen en el presente informe, [5] mientras que los informes por países figuran en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. [6] El presente informe elabora, en primer lugar, un inventario, artículo por artículo, de todas las modificaciones legislativas y clarificaciones que se han producido desde la aprobación del primer informe y, a continuación, resume el estado actual de la aplicación de cada artículo de la Decisión marco. [7] No abarca el nuevo artículo 9 bis de la Decisión marco, relativo al reconocimiento de condenas anteriores, insertado por la Decisión marco 2001/888/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, [8] respecto del cual no están aún disponibles los datos de los Estados miembros.

[4] DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2001 (SEC(2001) 1999).

[5] LOS CUADROS FIGURAN EN EL ANEXO 1 Y LOS INFORMES POR PAÍSES EN EL ANEXO 2 DEL PRESENTE INFORME.

[6] DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN, DE 3.9.2003, SEC(2003)936.

[7] PARA UNA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA Y DETALLADA, EN PARTICULAR, SOBRE LAS DISPOSICIONES NACIONALES QUE YA SE CONSIDERABAN CONFORMES CON LA DECISIÓN MARCO EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN, ES PRECISO REFERIRSE A LOS CUADROS QUE FIGURAN EN ANEXO, AL DOCUMENTO CON LOS INFORMES POR PAÍSES Y AL PRIMER INFORME.

[8] DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO, DE 6 DE DICIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN MARCO 2000/383/JAI SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN, POR MEDIO DE SANCIONES PENALES Y DE OTRO TIPO, CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA, CON MIRAS A LA INTRODUCCIÓN DEL EURO (DOCE L 329/3 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2001).

2. ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN MARCO

El presente inventario de las modificaciones y clarificaciones comunicadas a la Comisión desde su primer informe sigue en la medida de lo posible la estructura y los títulos de los subcapítulos previstos en el capítulo 2.2 de dicho informe.

2.1 Estado actual de la aplicación de la Decisión marco y de la ratificación del Convenio de 1929

Todos los Estados miembros han comunicado a la Comisión información, así como generalmente también las disposiciones internas relativas a la aplicación de la Decisión marco.

En el momento de la aprobación por la Comisión de su primer informe, algunos Estados miembros (Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo) ya estaban preparado una nueva legislación, especialmente concebida para aplicar la Decisión marco, que completaba o modificaba la legislación penal existente, aunque en aquel momento todavía no había entrado en vigor. Esta legislación ha entrado mientras tanto en vigor.

Desde la aprobación del primer informe, algunos Estados miembros han presentado nuevas propuestas legislativas para aplicar algunas disposiciones de la Decisión marco. Así pues, España, con el fin de incorporar, en particular, los artículos 3, 8 y 9 de la Decisión marco, ha introducido en su Código penal enmiendas, que aún no han entrado en vigor.

Según las indicaciones de Francia, está en fase de preparación una nueva propuesta de enmienda para incorporar el artículo 4 de la Decisión marco. Portugal, Luxemburgo y Austria, en cambio, han presentado propuestas legislativas para incorporar los artículos 8 y 9 de la Decisión marco, que aún no han entrado en vigor.

Puesto que Luxemburgo ha ultimado su procedimiento de ratificación del Convenio de Ginebra de 1929, todos los Estados miembros son en la actualidad Parte del mismo.

2.2 Delitos generales (artículo 3): cuadro 1

Los elementos de la noción general de falsificación de moneda definidos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión marco se habrán incorporado al Derecho penal interno de todos los Estados miembros, una vez que hayan entrado en vigor las modificaciones al Código penal español.

Como la alteración de moneda no constituía aún una infracción penal en este Estado miembro, el proyecto de enmienda tiene por objeto, en particular, modificar el artículo 386 del Código penal español para abarcar expresamente esta conducta.

La propuesta de enmienda española prevé igualmente sancionar expresamente la importación, la exportación y el transporte de moneda falsa contemplados en la letra c) del apartado 1 del artículo 3. Por lo que se refiere al Derecho penal danés, que engloba las conductas mencionadas en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 3 en las calificaciones de tentativa y complicidad de falsificación o puesta en circulación de moneda falsa, Dinamarca ha aclarado que, al contrario de lo que se señaló en el primer informe de la Comisión y de lo que puede ser el caso en otros Estados miembros, eso carece de repercusión en el grado de las sanciones aplicables.

En cuanto a las infracciones relativas a los medios destinados por su naturaleza a la falsificación de moneda y a las otras medidas de seguridad incorporadas en la moneda para su protección contra la falsificación (letra d) del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión marco), ya han entrado en vigor las enmiendas preparadas por Alemania, Francia y Luxemburgo para introducir una infracción específica en sus respectivas legislaciones.

2.3 Otros delitos (artículo 4) y moneda no emitida cuya circulación esté prevista (artículo 5): cuadro 2

Gracias a la información complementaria obtenida de Italia y Portugal fue posible aclarar que su definición de falsificación comprende implícitamente la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones o materiales legales. Tal será asimismo el caso de España, una vez que haya entrado en vigor su proyecto de enmienda, mientras que Francia prevé establecer una disposición específica por la que se castiguen los hechos contemplados en el artículo 4.

Italia contribuyó igualmente a aclarar la conformidad de su Código Penal con la letra b) del artículo 5, al señalar que el delito de falsificación se aplica a cualquier moneda que tenga curso legal, se haya emitido o no. El cumplimento de esta disposición de la Decisión marco está asimismo garantizada en la actualidad por Irlanda y Luxemburgo, cuyos proyectos legislativos han entrado en vigor después de la aprobación del primer informe de la Comisión.

2.4 Sanciones (artículo 6): cuadro 3

La confirmación por los Estados miembros de la (futura) conformidad de su legislación penal con los artículos de la Decisión marco relativos a los delitos ha permitido, a su vez, solucionar algunas dudas sobre la aplicación de las sanciones, en particular, por lo que se refiere a España e Italia.

La legislación irlandesa y luxemburguesa por la que se incorpora en el ordenamiento jurídico interno el apartado 2 del artículo 6 de la Decisión marco ha entrado en vigor después la aprobación del primer informe de la Comisión. Suecia, que prevé una pena máxima de ocho años solo en caso de delito «grave», ha especificado, por su parte, que la elección de la escala de sanciones aplicables (menores, normales o graves) se evalúa caso a caso y que corresponde a los tribunales dictar sentencia en función de las circunstancias.

Por lo que se refiere a la obligación de los Estados miembros de prever, para los delitos previstos en la letra a) de apartado 1 del artículo 3, sanciones entre las que se incluyan penas privativas de libertad que puedan dar lugar a extradición, conviene señalar que, de los Estados miembros que habían formulado reservas sobre el Convenio Europeo de Extradición de 1957, algunos han modificado su posición o aportado precisiones. [9] Una vez que se haya aplicado las disposiciones de la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea, [10] serán también aplicables a la falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro.

[9] Mientras que Dinamarca ha retirado completamente sus reservas, Suecia autoriza ahora la extradición hacia otro Estado miembro cuando la penar de prisión es de seis o más meses. En Francia, cuando un Estado ` Schengen' pide la extradición, se precisa una pena de prisión de dos años en Francia y de un año solamente en el Estado requirente. Tras la condena, solo se requiere una pena de prisión de dos meses para autorizar la extradición.

[10] Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DOCE L 190/1 de 18 de julio de 2002).

2.5 Competencia (artículo 7): cuadro 4

Al haber entrado en vigor los proyectos legislativos de Irlanda, Francia y Luxemburgo dirigidos a aplicar el apartado 2 del artículo 7 de la Decisión marco, todos los Estados miembros que han adopto el euro han incorporado a su ordenamiento jurídico nacional la obligación que se derivaba de esta disposición.

2.6 Responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones (artículos 8 y 9): cuadro 5

Después de haber entrado en vigor la nueva legislación de Irlanda, así como una modificación de la legislación alemana, diez Estados miembros tienen una legislación conforme con los artículos 8 y 9 de la Decisión marco.

España, Austria y Portugal han presentado proyectos legislativos, o están elaborándolos, con el fin de transponer los artículos 8 y 9 de la Decisión marco. Según la información obtenida por la Comisión, un proyecto legislativo de este tipo se está igualmente preparando en Luxemburgo, que, además, ha señalado que su Derecho de sociedades autoriza ya desde hace tiempo a la Fiscalía a pedir la disolución y la liquidación de cualquier sociedad que realice actividades contrarias a la legislación penal.

El Reino Unido no prevé la adopción de una legislación específica para contemplar en su Derecho nacional el concepto de responsabilidad de las personas jurídicas, aunque señaló que su Derecho se ajusta ya a las obligaciones previstas por los artículos 8 y 9 de la Decisión marco. De este modo, el concepto de negligencia de su Derecho civil permite responder al apartado 2 del artículo 8: en virtud de este concepto, un tribunal del Reino Unido estaría en condiciones de conceder una indemnización por daños y perjuicios a una víctima que probara que su daño es imputable a la negligencia de una persona jurídica. Sin embargo, aún podría ser necesario clarificar más estas cuestiones.

3. Conclusiones

3.1 Generalidades

Con mayor o menor retraso en relación con el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de la Decisión marco, todos los Estados miembros han comunicado por fin a la Comisión información sobre su aplicación de la Decisión marco. Esta información, aun cuando a veces resulta un tanto incompleta, permite proceder a una evaluación más completa que en el momento de la aprobación del primer informe de la Comisión.

Desde el punto de vista de la Comisión, de la misma se deriva que, una vez que hayan entrado en vigor todas las modificaciones todavía en curso de preparación o de adopción, (Austria, España, Francia, Luxemburgo, Portugal), todos los Estados miembros habrán incorporado la Decisión marco en su totalidad, excepto por lo que se refiere al menos a una disposición que no parece haber sido transpuesta completamente por este o aquel Estado miembro. Sobre la base de la información actualmente disponible para la Comisión, se trataría, en particular, de Finlandia y Suecia, por lo que respecta al apartado 2 del artículo 6. Podría asimismo ser preciso clarificar aún más la transposición completa de algunas disposiciones, como las relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas, en el Derecho del Reino Unido.

Por lo tanto, se propone al Consejo que invite a los Estados miembros que aún tengan que finalizar la transposición de algunas disposiciones o que puedan proporcionar explicaciones suplementarias sobre los elementos de su legislación nacional que pudieran no ser plenamente conformes con la Decisión marco, a seguir informando al Consejo y a la Comisión sobre estos aspectos, lo que facilitaría que se tuvieran en cuenta en el marco de los debates que tendrán lugar en el Consejo tras la presentación del presente informe por la Comisión.

3.2 Observaciones particulares

Artículo 2

Todos los Estados miembros se han adherido al Convenio de Ginebra de 1929.

Artículo 3

Una vez que hayan entrado en vigor las modificaciones previstas en España, todos los Estados miembros habrán transpuesto los elementos de la noción general de falsificación de moneda definidos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión marco.

La importación, la exportación y el transporte de moneda falsa a que se refiere la letra c) del artículo 3 al punto c) se sancionan expresamente por siete Estados miembros (Austria, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España, después de la aprobación definitiva de sus modificaciones al Código Penal), mientras que los restantes Estados miembros han transpuesto este artículo en términos más generales (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, el Reino Unido, Suecia).

Por lo que se refiere a las infracciones relativas a los medios destinados por su naturaleza a la falsificación de moneda y a las medidas de seguridad incorporadas en la moneda para su protección contra la falsificación (letra d) del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión marco), están contempladas por las legislaciones de todos los Estados miembros, bien por medio de infracciones específicas, bien por medio de conceptos o nociones más amplios.

Todos los Estados miembros han puesto en vigor, en Derecho penal o common law, disposiciones generales sobre la participación en los hechos mencionados más arriba y la inducción a cometerlos, así como la tentativa de comisión de los hechos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Decisión marco.

Artículo 4

Una vez que hayan entrado en vigor las modificaciones legislativas previstas por España y Francia, todos los Estados miembros sancionarán la fabricación ilegal de moneda utilizando instalaciones o materiales legales, en el sentido del artículo 4 de la Decisión marco. Algunos Derechos nacionales prevén o preverán expresamente esta infracción, mientras que la mayoría aplican una amplia definición de la falsificación que cubre el uso ilegal de instalaciones o materiales legales para fabricar moneda.

Artículo 5

Todos los Estados miembros disponen ahora de una legislación conforme a la letra b) del artículo 5 de la Decisión marco.

Artículo 6

La aplicación del artículo 6 relativo a las sanciones penales sigue siendo bastante heterogénea.

Si obviamente es preciso reconocer que el artículo 6 concede un gran margen de apreciación a los Estados miembros, hay que constatar también que Finlandia y Suecia continúan contemplando para la fabricación y la alteración de moneda penas máximas de, como mínimo, ocho años solamente si éstas son infracciones «graves». En cambio, todos los demás Estados miembros han conseguido ajustarse plenamente al apartado 2 del artículo 6 de la Decisión marco.

Artículo 7

Todos los Estados miembros tienen en la actualidad una legislación conforme al apartado 1 del artículo 7 de la Decisión marco. Del mismo modo, todos los Estados miembros que han adoptado el euro (así como Dinamarca y Suecia) han incorporado a su ordenamiento jurídico nacional la obligación derivada del apartado 2 del artículo 7.

Artículos 8 y 9

Cuando Austria, España, Luxemburgo y Portugal hayan llevado a cabo la incorporación a su ordenamiento jurídico interno de las disposiciones de la Decisión marco relativas a la responsabilidad y las sanciones de las personas jurídicas, catorce Estados miembros tendrán una legislación conforme con los artículos 8 y 9. En el caso del Reino Unido, que no ha aprobado una legislación específica sobre la responsabilidad y las sanciones de las personas jurídicas, el alcance de sus disposiciones internas todavía debería eventualmente clarificarse mejor, en particular, por lo que se refiere a la aplicación del apartado 2 del artículo 8 y del apartado 2 del artículo 9 de la Decisión marco.

Artículo 10

Según la información proporcionada por el Reino Unido, el artículo 10 está en curso de ser incorporado a su ordenamiento jurídico interno mediante una legislación por la que se aplican las disposiciones de la Decisión marco a Gibraltar.

ANEXO AL SEGUNDO INFORME

de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro [11]

[11] DO L 140 de 14.06.2000, p. 1

CUADROS 1 - 5

Cuadro 1 Tipificación general (artículo 3)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 2 Otros delitos (art. 4) y moneda no emitida cuya circulación esté prevista (art. 5)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 3 Sanciones (art. 6)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 4 Competencia (art. 7)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 5 Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 8) y Sanciones a las personas jurídicas (art. 9)

>SITIO PARA UN CUADRO>

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