Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Recordatorio del procedimiento

El 19 de noviembre de 1998, la Comisión adoptó una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 90/619/CEE del Consejo y 97/7/CE y 98/27/CE [1].

[1] DO C 385 de 11.12.1998, p. 10.

El Comité Económico y Social aprobó su dictamen en su sesión plenaria nº 363 (de 29 de abril de 1999) a propuesta de su ponente, el Sr. ATAIDE FERREIRA [2].

[2] CES 458/99

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de mayo de 1999 una resolución legislativa por la que se emitía un dictamen del Parlamento Europeo, a propuesta de su ponente, la Sra. OOMEN-RUITEN [3].

[3] A4-190/99

Se reunieron diversos Grupos de Trabajo del Consejo los días 8 y 15 de diciembre de 1998, y 18 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 17 de mayo y 22 de junio de 1999.

Se celebró un debate político en la reunión nº 2171 del Consejo que tuvo lugar el 13 de abril de 1999 en Luxemburgo [4].

[4] Doc. 7206/99.

La propuesta modificada se elaboró teniendo en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo, con la inclusión de un determinado número de modificaciones relativas al grado de armonización total de esta propuesta y a la necesidad de prever una clara articulación con los textos existentes. Asimismo, para su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones del Consejo y del Comité Económico y Social.

2. Comentarios de las modificaciones

* Vistos

No se acepta la enmienda 1, dado que el Visto relativo al artículo 153, que remite al artículo 95, se considera superfluo.

* Considerandos

Se aceptan las enmiendas 2 y 3, destinadas a mejorar la formulación de los considerandos 3 y 5.

Se acepta la enmienda 4, que tiene por objeto indicar que las normas comunes adoptadas de conformidad con esta Directiva no pueden tener como consecuencia una disminución de la protección general del consumidor en los Estados miembros, en la medida en que no prejuzgue el nivel de armonización total de la propuesta.

Se acepta la enmienda 7, destinada a suprimir la referencia al derecho de reflexión.

No se acepta la enmienda 42, habida cuenta del hecho de que no se acepta la enmienda 43, que tiene por objeto introducir una modificación del apartado 2 del artículo 1.

No se acepta la enmienda 9, habida cuenta del hecho de que no se acepta la enmienda 45, destinada a introducir una modificación de la letra a) del artículo 2.

Se acepta en parte la enmienda 10.

Se acepta la enmienda 11.

Se suprime el considerando 18, habida cuenta de la modificación del artículo 4, por lo que se acepta la enmienda 12.

No se acepta la enmienda 13, que hace únicamente referencia a la redacción.

Se acepta la enmienda 14, pero se introduce como considerando 16 bis.

* Artículo 1: Ámbito de aplicación

No se acepta la enmienda 57 (destinada a introducir en un apartado 1 bis una disposición que prohíba a los Estados miembros adoptar otras disposiciones distintas de las establecidas por la Directiva). En efecto, dado que los Estados miembros no están expresamente habilitados por la Directiva para adoptar o mantener medidas que prevean una mayor protección de los consumidores que las previstas por la Directiva (lo que se denomina cláusula mínima), se deduce que no pueden adoptar otras medidas que las contempladas en la Directiva. Esta precisión ya está prevista en el considerando 9. Por otra parte, una disposición de este tipo podría provocar dudas en cuanto al alcance de las otras directivas.

No se acepta la enmienda 43 (que tiene por objeto modificar el apartado 2 relativo a los contratos sucesivos o a las prestaciones escalonadas). En efecto, es más preciso el texto del apartado 2 del artículo 1, tal como aparece en la propuesta inicial.

No se aceptan las enmiendas 40 y 44 (destinadas a introducir un apartado 2 bis en el artículo 1 que excluya los contratos otorgados ante notario del ámbito de aplicación de los artículos 3 a 11). En efecto, esta disposición tendría como consecuencia la inclusión de este tipo de contratos en el ámbito de aplicación de la Directiva, impidiendo al mismo tiempo que los Estados miembros pudieran adoptar cualquier tipo de disposición al respecto. Por otra parte, la dificultad que plantea este tipo de contratos afecta a la aplicación del derecho de retractación. Dado que la aplicación de las demás disposiciones de la Directiva no plantea ningún problema específico, la dificultad se encuentra entonces en el marco del artículo 4.

* Artículo 2: Definiciones

- Se modifica la definición de "contrato a distancia" a fin de incluir los contratos para los que el proveedor utilice exclusivamente técnicas de comunicación a distancia hasta - y para - la celebración del contrato. Se trata en este caso de ajustar la definición a la contenida en la Directiva 97/7/CE. Esta modificación integra la segunda parte de la enmienda 45 del PE.

La primera parte de esta enmienda tiene por objeto cubrir todo contrato a distancia, tanto si se celebra en el marco de un sistema de venta o prestación de servicio a distancia organizado por el proveedor como si no. No se acepta esta primera parte en la medida en que la Comisión no desea cubrir los servicios prestados a distancia de manera ocasional por un proveedor y en que la definición contenida en la Directiva 97/7/CE se basa asimismo en la noción de sistema organizado, definición sobre la cual desea alinearse.

- Se simplifica la definición de servicio financiero en relación con la propuesta inicial; se elimina toda referencia a directivas existentes, por una parte, a fin de garantizar que esté cubierto todo servicio financiero que pueda proponerse a un consumidor y, por otra, de evitar que sigan existiendo lagunas, que era el objetivo de la definición precedente. Esta modificación responde a la preocupación expresada en la enmienda 46 del Parlamento.

Además, se suprime el Anexo de carácter indicativo, asimismo a fin de evitar problemas de interpretación. Sus referencias están ahora directamente incluidas en el cuerpo de los artículos.

- Es necesaria una nueva definición de "crédito inmobiliario" a fin de responder a la exigencia, expresada por el Parlamento, de prever disposiciones específicas por lo que respecta a este tipo de crédito.

- Se acepta la enmienda 19 del Parlamento, simplificándose la definición de "consumidor" y alineándola con las definiciones generalmente utilizadas, dado que se retira la referencia a la residencia en el territorio de la Comunidad, que creaba problemas de interpretación.

- Se modifica la definición de "soporte duradero" a fin de clarificar su alcance. Este deseo de introducir una clarificación estaba también presente en la enmienda 20 del Parlamento. Sin embargo, no se acepta esta enmienda como tal, habida cuenta de las consecuencias que tendría esta formulación por lo que respecta al comercio electrónico.

* Artículo 3: Información previa

Se acepta la enmienda 21 del Parlamento, que tiene esencialmente por objeto prever una información del consumidor previa a la celebración del contrato, pero con una formulación diferente, a fin de que, por una parte, se establezca una lista de informaciones que poseen un valor añadido en el marco de los contratos celebrados a distancia y, por otra, se articule esta lista con las disposiciones existentes en las directivas sectoriales (seguros no de vida, seguros de vida, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, folletos y servicios de inversión).

Se trata de una disposición de capital importancia, que reclaman tanto el Parlamento como el Consejo y el Comité Económico y Social.

Por tanto, se acepta esta disposición, pero con una lista de informaciones modificada y completa a fin de tener en cuenta la necesidad de lograr una armonización total.

Por otra parte, se adapta y completa el texto a fin de articularlo con las demás directivas y se prevé que, por lo que respecta a las informaciones previstas, con arreglo a esta Directiva solamente deberán comunicarse las informaciones que todavía no están previstas en las directivas sectoriales.

Se acepta el apartado 2 tal como propone el Parlamento. Esta disposición figura también en la Directiva 97/7/CE.

No se acepta el apartado 2 bis, tal como lo propone el Parlamento, en la medida en que se refiere a la celebración del contrato, lo que no está contemplado en este artículo.

Se suprimen los apartados 3 y 4 de la propuesta inicial, en la medida en que se abandona el enfoque basado en un derecho de reflexión previo a la celebración del contrato.

* Artículo 3 bis: Comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa

La enmienda 21 del Parlamento prevé que deban comunicarse por escrito o en soporte duradero antes de la celebración del contrato las condiciones contractuales, así como un resumen de éstas que incluya las informaciones previas.

Esta parte de la enmienda 21 podría tener como consecuencia que se impidieran algunas formas de celebración de contratos de ejecución inmediata (por ejemplo, contratos por teléfono).

No obstante, la Comisión acepta el objetivo general del Parlamento, que consiste en que el consumidor disponga de las informaciones y las condiciones contractuales.

Por lo tanto, el artículo 3 bis tiene por objeto que las condiciones contractuales y las informaciones contempladas en el artículo 3 deban transmitirse en papel o con otro soporte duradero inmediatamente después de la celebración del contrato, en caso de que el consumidor no dispusiera de ellas en el momento de la celebración del contrato. Estas dos hipótesis determinan, por otra parte, el inicio del plazo de retractación contemplado en el artículo 4.

La elección del medio de transmisión se determinará mediante común acuerdo de las partes.

Por último, no se acepta la enmienda del CES que tenía como objetivo prohibir los pagos por adelantado, a fin de ser coherentes con la Directiva 97/7/CE, que tampoco prevé esta prohibición.

* Artículo 4: Derecho de retractación

Las enmiendas 38, 39 rev., 22, 48, 49 y 50 tienen por objeto establecer un derecho de retractación de carácter general, de treinta días de duración, cuyo inicio deberá determinarse, así como establecer una serie de excepciones a este principio.

La Comisión acepta el principio del Parlamento, que consiste en prever un derecho de retractación generalizado.

Por tanto, se modifica el artículo 4 a fin de tener en cuenta las principales preocupaciones del Parlamento, pero con una serie de formulaciones diferentes de las del Parlamento. En efecto, se trata de tener en cuenta el hecho de que la propuesta cubra una gran variedad de servicios financieros, algunos más complejos que otros, y algunos de los cuales representan compromisos importantes y a largo plazo para el consumidor, mientras que otros son operaciones de ejecución inmediata y de poca importancia.

- La propuesta modificada establece un derecho de retractación de carácter general.

- El plazo durante el cual el consumidor puede retractarse es de 14 a 30 días, y lo pueden fijar los Estados miembros en función de las necesidades más o menos importantes de protección del consumidor en función de los servicios financieros de que se trate. Por ejemplo, esta disposición permite conceder un plazo mayor para contratos relativos a grandes sumas de dinero, o para contratos de larga duración.

- No obstante, a fin de no obstaculizar la libre circulación de los servicios financieros, cuando el proveedor respete el plazo de retractación previsto por la legislación del Estado miembro en el que esté establecido, no estará obligado a respetar un plazo de retractación diferente que pudiera estar previsto en el Estado miembro en el que reside el consumidor.

- El inicio de este plazo estará en función de las disposiciones del nuevo artículo 3 bis.

Por lo que respecta a las excepciones, se aceptan en parte las enmiendas del Parlamento y éstas tienen por objeto:

- Los servicios financieros para los cuales el ejercicio del derecho de retractación pudiera provocar un riesgo de especulación (se trata de los antiguos apartados 5 en 7 del Anexo suprimido en la actualidad).

- Los seguros no de vida por un período inferior a dos meses (en lugar de un mes);

- Los contratos cuya ejecución haya finalizado en su totalidad antes de que el consumidor ejerza el derecho de retractación, ya que, en este caso, carece de sentido.

No se considera deseable excluir todas las formas de crédito.

No obstante, a fin de responder a las preocupaciones expresadas tanto por el Parlamento como por el Consejo, se establecen las siguientes disposiciones específicas para los créditos inmobiliarios:

- Habida cuenta de la importancia que poseen estos servicios para los consumidores, es importante que estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, y que las disposiciones de ésta se apliquen plenamente a este tipo de servicios;

- Habida cuenta de la diversidad de los Derechos nacionales en materia de créditos inmobiliarios, así como de las diferentes formas que pueden adoptar estos últimos, son necesarias diversas disposiciones específicas por lo que se refiere al derecho de retractación:

. Los Estados miembros pueden prever que el consumidor ya no pueda invocar su derecho de retractación en los casos en que, con su consentimiento, se haya transferido el importe de la financiación al vendedor del bien inmueble o al representante de este último;

. Los Estados miembros pueden prever que el consumidor ya no pueda invocar su derecho de retractación una vez que se haya formalizado de manera válida y regular un acto notarial relativo al crédito inmobiliario que ha suscrito. Esta formulación tiene especialmente en cuenta las consideraciones siguientes. La garantía que para el consumidor representa la presencia de un notario solamente es efectiva si éste está presente en el momento de la celebración del contrato de crédito. Ahora bien, en algunos Estados miembros la celebración del contrato de crédito puede tener lugar antes de que se formalice el acto notarial. En este caso, el consumidor debe poder retractarse hasta el momento de la formalización del acto. Una vez formalizado el acto, puede denegársele esta posibilidad.

Asimismo, es preciso señalar que, en la mayor parte de los casos, cuando es necesaria la intervención de un notario incluso para que sea posible la propia celebración del contrato, la formalización del acto deberá tener lugar en presencia de las partes y el contrato no será a distancia con arreglo a la definición contemplada en el artículo 2.

. Por lo que se refiere a los créditos inmobiliarios establecidos a partir de obligaciones hipotecarias (por ejemplo "Pfandbrief"), los Estados miembros pueden prever que el consumidor no tenga derecho de retractación.

El apartado 2 del artículo 4, relativo a la incitación desleal, se modifica de conformidad con los deseos del Parlamento, pero con una formulación algo diferente.

Por último, se suprime el apartado 4, habida cuenta de la inclusión de los créditos concedidos en la lista de excepciones anteriormente presentada.

* Artículo 5: Ejecución del contrato y pago del servicio prestado antes de la retractación

Se acepta en parte en el texto de la propuesta modificada la enmienda 23 del Parlamento, que tiene por objeto aportar una mayor claridad a la formulación de esta disposición.

En efecto, se modifica la estructura del artículo 5 a fin de integrar un apartado relativo a la necesidad de que el consumidor exprese su consentimiento para poder iniciar la ejecución del contrato antes de que finalice el período de retractación.

Por lo que respecta a la propuesta del Parlamento de prohibir que el precio que deba pagarse pueda constituir una penalización, se acepta con una formulación ligeramente diferente.

Por otra parte, por lo que se refiere a la información previa relativa al precio que debe pagarse, ya figura en la lista de las informaciones previas contempladas en el artículo 3 de la propuesta, y se modifica el apartado 2 en consecuencia.

Por último, la enmienda del Parlamento tenía por objeto fijar un plazo máximo para el reembolso de las sumas percibidas por el proveedor en caso de retractación. Se acepta este principio, pero se amplía el plazo a treinta días (se prevé un plazo similar en la Directiva 97/7/CE).

* Artículo 6: Información previa

Se suprime el artículo 6, dado que ya se prevé en el artículo 3 la información previa del consumidor sobre el derecho de retractación y que se ha eliminado el derecho de reflexión.

* Artículo 7: Comunicación en soporte duradero

La comunicación de las informaciones previas y las condiciones contractuales en papel o en otro soporte duradero, según decidan las partes, ya se prevé en el artículo 3 bis y el apartado 3 del artículo 4.

La necesidad de un acuerdo entre las partes responde a la preocupación expresada por el Parlamento en la enmienda 51.

Además, se aplica adecuadamente la exigencia de un "escrito" con arreglo a lo establecido en otras directivas, tanto si este escrito existe en papel o con otro soporte duradero.

Por tanto, se suprime el artículo 7.

* Artículo 8: Indisponibilidad del servicio

La enmienda 25 del Parlamento relativa a los apartados 1 a 3 del artículo 8 tiene por objeto establecer un plazo máximo para el reembolso que debe realizarse en caso de indisponibilidad del servicio.

Se acepta esta enmienda, pero se amplía el plazo a 30 días en lugar de los catorce días previstos por el Parlamento.

* Artículo 8 bis: Pago con tarjeta

La segunda parte de la enmienda 25 tiene por objeto introducir en el texto de la propuesta de Directiva el mecanismo de protección previsto en el artículo 8 de la Directiva 97/7/CE, en caso de utilización fraudulenta de un pago con tarjeta.

Se acepta esta enmienda pero, para mayor claridad, ahora figura en el artículo 8 bis.

* Artículo 8 ter: Restitución de los documentos originales

La enmienda 26 del Parlamento tiene por objeto obligar al consumidor a devolver los documentos que estén en sus manos en caso de que ejercite el derecho de retractación o de indisponibilidad del servicio, y ello a fin de prevenir un posible fraude.

Se acepta el principio de esta enmienda. No obstante, la obligación de devolver los documentos se limita a los documentos originales que posean la firma del proveedor, que son los únicos que pueden dar fe. No tendría sentido ampliar esta obligación a las copias, ya que no puede controlarse su reproducción, ni tampoco a los documentos publicitarios.

* Artículo 9: Servicios no solicitados

No se acepta la enmienda 27 del Parlamento, en la medida en que tendría como efecto suprimir la prohibición prevista en la disposición inicial, pero mantendría las consecuencias de esta prohibición.

* Artículo 10: Comunicaciones no solicitadas

Las enmiendas 52 y 28 tienen por objeto, por una parte, añadir el correo electrónico y el teléfono a la lista de los medios de comunicación que, para su utilización, precisan el consentimiento previo del consumidor y, por otra, precisar las obligaciones de los Estados miembros por lo que respecta al mecanismo que permita al consumidor registrar su negativa a recibir comunicaciones a través de los otros medios de comunicación a distancia.

Por último, se prevé, al igual que en la Directiva 97/7/CE, que al iniciar una comunicación telefónica deba indicarse la identidad del proveedor y el fin de la llamada.

Estas enmiendas se aceptan únicamente en parte.

A fin de mantener la coherencia con las disposiciones de las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE, solamente deberá exigirse el consentimiento previo para los sistemas de llamada automática y el fax.

Por lo que respecta a los otros medios de comunicación, podrán utilizarse siempre y cuando el consumidor no haya expresado su deseo de no recibir estas comunicaciones.

No obstante, con vistas a la claridad y la coherencia, se ajusta parcialmente la formulación de estos principios a la que figura en la Directiva 97/7/CE.

Se acepta la parte de la enmienda relativa a las precisiones que deben hacerse en caso de comunicaciones telefónicas.

Por último, se modifica e integra en el apartado 5 la sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones, anteriormente prevista en el artículo 11.

* Artículo 11: Carácter imperativo de las disposiciones

El Parlamento no presenta ninguna enmienda relativa a este artículo. No obstante, se modifica ligeramente, dado que se suprime el apartado 2.

Este apartado tenía por objeto indicar las sanciones que deben preverse en caso de incumplimiento de los artículos 6 y 10.

Habida cuenta de la supresión del artículo 6, se ha transferido directamente la sanción relativa al artículo 10 al cuerpo del artículo 10 (apartado 5) y, por tanto, se suprime el apartado 2 del artículo 11.

* Artículo 12: Recurso judicial o administrativo

No se acepta la enmienda 29 del Parlamento, destinada a introducir una modificación en la formulación del apartado 1 del artículo 12 (con la sustitución de "cuando proceda" por "cuando dispongan de ellos"), dado que esta enmienda no aporta nada en relación con el texto original.

No obstante, se modifica el artículo 12 a fin de que solamente contemple los recursos judiciales o administrativos (a fin de ser coherentes con la Directiva 97/7/CE), dado que, en lo sucesivo, los recursos extrajudiciales se incluyen en el artículo 12 bis.

No se acepta la enmienda 31, que tiene por objeto prever normas específicas sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios que permitan un acceso más fácil del consumidor a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que tiene su domicilio, y que introduce normas diferentes de las del Convenio de Bruselas, debido a que infringe este Convenio.

* Artículo 12 bis: Recurso extrajudicial

Se establece un nuevo artículo 12 bis que tiene por objeto las vías de recurso extrajudicial y que retoma el apartado 3 de la propuesta inicial.

* Artículo 13: Carga de la prueba

No se modifica este artículo.

* Enmienda 34 destinada a introducir un nuevo artículo 13 bis

No se acepta esta enmienda, que tiene por objeto prever que el Derecho privado de los Estados miembros continúe aplicándose, salvo en los casos en que la presente Directiva no lo prevea así, en la medida en que no está claro su alcance o parece que solamente confirma una realidad jurídica preexistente.

* Artículo 14: Directiva 90/619/CEE

El artículo 4, con las modificaciones introducidas, prevé un plazo de catorce a treinta días para el derecho de retractación.

Este plazo es idéntico al previsto por la Directiva 90/619/CEE, por lo que es inútil su modificación.

Por tanto, se suprime este artículo.

* Artículos 15, 16, 17, 18 y 19

No se modifican estos artículos.

No se acepta la enmienda 35, que tiene por objeto reducir el período de transposición, dado que el plazo fijado por el Parlamento es demasiado corto.

No se acepta la enmienda 36, que establece la obligación de que la Comisión informe a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la Directiva, y que proponga, en su caso, una modificación de ésta.

3. Balance

* Propuestas del Comité Económico y Social

Puntos esenciales del dictamen del CES // Respuesta de la Comisión

3.1 Artículo 1 § 1: sustituir "aproximar" por "armonizar"

3.2. Artículo 1 § 2: contemplar "todo nuevo contrato distinto e individual"

3.3. Letra a) del artículo 2: incluir "exclusivamente" en la definición

3.4.1 Nuevo apartado del artículo 3 sobre la prohibición de los pagos por adelantado

3.4.2. Sustituir "tasas del mercado" por "fluctuaciones del mercado" y suprimir el final de la frase.

3.5.1. y 3.5.2. Modificaciones de redacción.

3.5.3. Excluir los servicios de gestión de carteras de valores y el asesoramiento en materia de inversión.

3.6. Servicios para los que es imposible la retractación.

3.7. Posibilidad de exigir una versión en papel en lugar del soporte duradero.

3.8. Modificación de la redacción del artículo 9.

3.9. Artículo 10: solamente mantener la opción de participación

3.10. Artículo 11 § 2.

3.11. Sustituir "vínculo estrecho" por "conexión más estrecha"

3.12. Mayor competencia de los tribunales del domicilio del consumidor.

3.13. Informe de aplicación

* Cláusula mínima

* Fundamento jurídico (artículo 153) // Rechazada; no hay diferencia

Rechazada (véase comentarios del artículo 1 § 2)

Aceptada

Rechazada

Esta enmienda ya no tiene sentido puesto que se ha modificado enteramente el artículo 3 en el sentido de una información previa.

Esta enmienda ya no tiene sentido puesto que se ha modificado completamente el artículo 4.

Rechazada

Parcialmente aceptada con la exclusión de los servicios prestados en su totalidad antes del ejercicio del derecho de retractación.

Rechazada. No obstante, véanse las modificaciones introducidas por el artículo 3 bis en relación con el acuerdo de las partes sobre el soporte duradero.

Rechazada.

Rechazada (véanse comentarios del artículo 10)

Aplicada en parte (véanse las modificaciones de los artículos 10 y 11)

Rechazada

Rechazada (véanse comentarios del artículo 12)

Rechazada (véanse comentarios del artículo 17)

Rechazada (véase Considerando 9)

Rechazada (véanse comentarios primer visto)

* Propuestas del Parlamento

>SITIO PARA UN CUADRO>

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado,

(1) Considerando que, en el marco de la realización de los objetivos del mercado interior, es importante adoptar las medidas destinadas a su progresiva consolidación, y que, por otra parte, estas medidas deben contribuir a conseguir un elevado grado de protección de los consumidores, de conformidad con los artículos 95 y 153 del Tratado;

(2) Considerando que, tanto para los consumidores como para los proveedores de servicios financieros, la comercialización a distancia de servicios financieros constituirá uno de los principales resultados tangibles de la realización del mercado interior;

(3) Considerando que, en el marco del mercado interior, es beneficioso para los consumidores poder acceder sin discriminación a la gama más amplia posible de servicios financieros disponibles en la Comunidad, con el fin de poder elegir los que se adapten mejor a sus necesidades; que, a fin de garantizar la libertad de elección de los consumidores, que es un derecho esencial de éstos, es necesario un elevado nivel de protección de los consumidores para que pueda incrementarse la confianza de los consumidores en el comercio a distancia;

(4) Considerando que es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior que los consumidores puedan negociar y celebrar contratos con un proveedor establecido fuera de su país, tanto si el proveedor está asimismo establecido en el país de residencia del consumidor como si no lo está;

(5) Considerando que los servicios financieros, por su carácter inmaterial, son particularmente aptos para su contratación a distancia y que la instauración de un marco jurídico aplicable a la comercialización a distancia de servicios financieros debe incrementar la confianza del consumidor en la utilización de las nuevas técnicas para la compra a distancia de servicios financieros, como el comercio electrónico;

(6) Considerando que la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia [5], establece las principales disposiciones aplicables a los contratos a distancia relativos a bienes o servicios celebrados entre un proveedor y un consumidor; que, no obstante, los servicios financieros no están contemplados en esta Directiva;

[5] DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

(7) Considerando que, en el marco del análisis que ha realizado a fin de determinar la necesidad de medidas específicas en este ámbito, la Comisión ha pedido a todas las partes interesadas que le transmitan sus observaciones, con motivo, en especial, de la elaboración de su Libro verde denominado «Servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores» [6]; que las consultas realizadas en este contexto han indicado la necesidad de reforzar la protección de los consumidores en este ámbito; que la Comisión, por tanto, ha decidido presentar una propuesta específica relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros [7];

[6] COM(96) 209 final de 22 de mayo de 1996.

[7] Comunicación de la Comisión "Servicios financieros: reforzar la confianza del consumidor", COM(97) 309 final, 26.6.1997.

(8) Considerando que si los Estados miembros adoptaran disposiciones divergentes o diferentes para la protección de los consumidores en materia de comercialización a distancia de servicios financieros, esto tendría una incidencia negativa en el funcionamiento del mercado interior y en la competencia entre las empresas dentro de éste; que, en consecuencia, es necesario introducir normas comunes a escala comunitaria en este ámbito que no impliquen ninguna reducción en la protección general de los consumidores en los Estados miembros;

(9) Considerando que, habida cuenta del elevado nivel de protección de los consumidores que establece la presente Directiva, los Estados miembros, a fin de garantizar la libre circulación de los servicios financieros, no pueden prever otras disposiciones distintas de las establecidas en la presente Directiva para los ámbitos armonizados por ésta;

(10) Considerando que la presente Directiva cubre todos los servicios financieros que pueden prestarse a distancia; que, sin embargo, algunos servicios financieros están regidos por disposiciones específicas de la legislación comunitaria; que estas disposiciones específicas siguen aplicándose a estos servicios financieros; que, no obstante, es preciso establecer principios relativos a la comercialización a distancia de estos servicios;

(11) Considerando que, de conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la presente Directiva no pueden alcanzarse de forma suficiente por los Estados miembros, y que, por lo tanto, pueden lograrse mejor a nivel comunitario;

(12) Considerando que los contratos negociados a distancia implican la utilización de técnicas de comunicación a distancia; que estas diferentes técnicas se utilizan en el marco de un sistema de venta o de prestación de servicios a distancia sin que exista una presencia simultánea del proveedor y el consumidor; que la evolución permanente de estas técnicas exige la definición de principios válidos incluso para las que todavía se utilizan poco; que, por tanto, los contratos a distancia son los contratos en los que la oferta, la negociación y la celebración se efectúan a distancia;

(13) Considerando que un mismo contrato que comporte operaciones sucesivas puede recibir cualificaciones jurídicas diferentes en los diferentes Estados miembros; que, no obstante, es importante que la Directiva se aplique de la misma manera en todos los Estados miembros; que a tal efecto, es preciso considerar que la presente Directiva se aplica a la primera de una serie de operaciones sucesivas, o a la primera de una serie de operaciones distintas que se distribuyen durante un determinado período y que puede considerarse que forman una unidad, tanto si esta operación o esta serie de operaciones son objeto de un único contrato como de diferentes contratos sucesivos;

(14) Considerando que, al hacer referencia a un sistema de prestación de servicios organizado por el proveedor de servicios financieros, la Directiva pretende excluir de su ámbito de aplicación las prestaciones de servicios efectuadas con carácter estrictamente ocasional y fuera de una estructura comercial cuyo objetivo sea celebrar contratos a distancia;

(15) Considerando que el proveedor es la persona que presta servicios a distancia; que la presente Directiva, no obstante, debe aplicarse asimismo cuando una de las etapas de la comercialización se desarrolle con la participación de un intermediario; que, habida cuenta de la naturaleza y del grado de esta participación, deben aplicarse a este intermediario las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, con independencia de su situación jurídica;

(16) Considerando que la utilización de técnicas de comunicación a distancia no debe provocar una limitación indebida de la información proporcionada al cliente; que, a fin de garantizar la transparencia, la presente Directiva establece exigencias destinadas a conseguir un nivel adecuado de información del consumidor, tanto antes de la celebración del contrato como después de ésta; que el consumidor, antes de la celebración de un contrato, debe recibir las informaciones previas necesarias para poder apreciar convenientemente el servicio financiero que se le propone y, en consecuencia, realizar su elección con la mejor información; que el proveedor debe especificar por cuanto tiempo permanece inalterada su posible oferta;

(16 bis.) Considerando que es importante, con miras a una protección óptima del consumidor, que éste reciba suficiente información sobre las disposiciones de la presente Directiva y, en su caso, sobre los códigos de conducta existentes en este ámbito;

(17) Considerando que es preciso prever un derecho de retractación sin penalización ni obligación de justificación;

(18) (suprimido)

(19) Considerando que debe protegerse al consumidor contra los servicios no solicitados; que el consumidor debe verse eximido de toda obligación en caso de servicios no solicitados, ya que la ausencia de respuesta no equivale a un consentimiento por su parte; que, sin embargo, esta norma no afecta a la reconducción tácita de los contratos válidamente celebrados entre las partes, cuando la legislación de los Estados miembros permita esta reconducción tácita;

(20) Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias a fin de proteger efectivamente a los consumidores que no desean ser objeto de actividades comerciales en su domicilio a través de determinadas técnicas de comunicación; que la presente Directiva no afecta a las garantías específicas que ofrece al consumidor la legislación comunitaria relativa a la protección de la vida privada y los datos de carácter personal;

(21) Considerando que es importante, a fin de proteger a los consumidores, abordar la cuestión de los litigios; que es conveniente prever procedimientos apropiados y eficaces de reclamación y recurso en los Estados miembros para la resolución de posibles litigios entre proveedores y consumidores, utilizando, cuando proceda, los procedimientos existentes;

(22) Considerando que, por lo que respecta al acceso de los consumidores a la justicia y, en particular, a los tribunales en caso de litigios transfronterizos, resulta conveniente tener en cuenta la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo denominada «Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea» [8];

[8] DO C 33 de 31.1.1998, p.3.

(23) Considerando que sería conveniente que los Estados miembros alentaran a los organismos públicos o privados creados para la resolución extrajudicial de litigios a que cooperaran para resolver los litigios transfronterizos; que esta cooperación, en particular, podría tener como objetivo permitir al consumidor acudir a los órganos extrajudiciales establecidos en el Estado miembro en el que reside para presentar reclamaciones contra proveedores establecidos en otros Estados miembros;

(24) Considerando que la Comunidad y los Estados miembros han adoptado una serie de compromisos en el marco del GATS (Acuerdo OMC sobre el comercio de servicios) relativos a la posibilidad de que los consumidores adquieran en el extranjero servicios bancarios y servicios de inversión; considerando que el GATS permite a los Estados miembros adoptar medidas por motivos cautelares, incluidas las medidas para la protección de los inversores, los depositantes, los tomadores de seguros o las personas a quienes el proveedor de servicios financieros debe un servicio financiero; que estas medidas no deberían imponer restricciones que fueran más allá de lo justificable para garantizar la protección de los consumidores;

(25) (suprimido)

(26) Considerando que a raíz de la adopción de la presente Directiva conviene adaptar el ámbito de aplicación de la Directiva 97/7/CEE y de la Directiva 98/27/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998, relativas a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores [9];

[9] DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1: Ámbito de aplicación

) La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

) Para los contratos relativos a servicios financieros que comporten operaciones sucesivas o una serie de operaciones separadas escalonadas en el tiempo, las disposiciones de la presente Directiva solamente se aplicarán en la primera operación, independientemente del hecho de que, con arreglo a la legislación nacional, pueda considerarse que estas operaciones forman parte de un único contrato o de contratos individuales distintos.

Artículo 2: Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «contrato a distancia»: cualquier contrato relativo a servicios financieros celebrado entre un proveedor y un consumidor en el marco de un sistema de venta o prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor que, para este contrato, utilice exclusivamente técnicas de comunicación a distancia hasta -y para- la celebración del contrato;

b) «servicio financiero»: todo servicio bancario, de seguros, de inversión y de pago;

b bis) «crédito inmobiliario»: todo crédito, cualquiera que sea el derecho de garantía accesorio al mismo, principalmente destinado a permitir la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad sobre un terreno o sobre un edificio construido o por construir, o destinado a permitir la renovación o la mejora de un inmueble;

c) «proveedor»: cualquier persona física o jurídica que, en el marco de sus actividades comerciales o profesionales, preste por sí misma los servicios a que hacen referencia los contratos que son objeto de la presente Directiva, o sirva de intermediario en el suministro de estos servicios o para la celebración a distancia de un contrato entre las partes;

d) «consumidor»: cualquier persona física que, en los contratos que son objeto de la presente Directiva, actúe con fines que no entran en el marco de su actividad comercial o profesional;

e) «técnica de comunicación a distancia»: cualquier medio que pueda utilizarse sin que exista una presencia física y simultánea del proveedor y el consumidor, para la comercialización a distancia de un servicio entre estas partes;

f) «soporte duradero»: cualquier instrumento que permita al consumidor conservar informaciones que se le transmitan personal y específicamente y que estén contenidas, en particular, en disquetes informáticos, CD-ROM, así como el disco duro del ordenador del consumidor donde almacene el correo electrónico;

g) «operador o proveedor de una técnica de comunicación a distancia»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuya actividad comercial o profesional consista en poner a disposición de los proveedores una o varias técnicas de comunicación a distancia.

Artículo 3: Información del consumidor antes de la celebración del contrato

1. Antes de la celebración del contrato, y con la debida antelación, el consumidor deberá recibir las siguientes informaciones:

a) la identidad y la dirección del proveedor, así como la identidad y la dirección del representante del proveedor establecido en el país de residencia del consumidor, al que éste pueda dirigirse en caso necesario, cuando exista dicho representante;

b) una descripción de las principales características del servicio financiero;

c) el precio total del servicio financiero, incluidos todos los impuestos que lo graven;

d) las formas de pago y de suministro o de ejecución del contrato;

e) el período de validez de la oferta o del precio;

f) cuando el precio pueda variar entre el momento en que se transmite la información y el momento en que se celebra el contrato, una mención de esta posibilidad de variación y los elementos que permitan al consumidor verificar el precio en el momento de la celebración del contrato;

g) el coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia, en caso de que se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica;

h) la existencia, la duración, las condiciones y las formas de ejercicio del derecho de retractación, tal como se prevé en el artículo 4;

i) la inexistencia de derecho de retractación para los servicios financieros contemplados en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 4;

j) el importe contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 o, en el caso contemplado en la letra b) del apartado 1 del artículo 5, el importe que sirva de base de cálculo para el precio que deberá pagarse si el consumidor ejerce su derecho de retractación;

k) en su caso, la duración contractual mínima, en caso de contratos de prestación de servicios financieros permanentes o periódicos;

l) datos relativos a la resolución del contrato;

m) la legislación aplicable al contrato, cuando exista una cláusula contractual por la que se elija una legislación distinta de la de residencia del consumidor;

n) el tribunal competente en caso de litigio, cuando exista una cláusula de elección del fuero que atribuya la competencia a un órgano jurisdiccional diferente del de residencia del consumidor en caso de litigio, sin perjuicio de lo previsto en el Convenio de Bruselas;

o) los datos de la autoridad supervisora de que depende el proveedor, cuando esté sujeto a supervisión;

p) los procedimientos extrajudiciales de reclamación y de recurso.

No obstante, por lo que respecta a:

- los servicios contemplados en la Directiva 92/49/CEE, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 43 de esta Directiva, solamente deberán transmitirse las informaciones mencionadas en las letras c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y p);

- los servicios contemplados en la Directiva 92/96/CEE, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 31 y del anexo 2 de esta Directiva, solamente deberán transmitirse las informaciones mencionadas en las letras c), e), f), g), j) y o);

- los servicios financieros contemplados en la Directiva 85/611/CEE, y sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 27 a 35 y 44 a 47 y de los anexos A y B de esta Directiva, solamente deberán transmitirse las informaciones mencionadas en las letras g), i), m), n), o) y p);

- los servicios financieros contemplados en la Directiva 89/298/CEE, y sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 7 a 18 y 21 de esta Directiva, solamente deberán transmitirse las informaciones mencionadas en las letras g), i), m), n), o) y p);

- los servicios contemplados en la Directiva 93/22/CEE, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 11 de esta Directiva, solamente deberán transmitirse las informaciones mencionadas en las letras e), f), g), h), i), j), m), n), o) y p).

2. Las informaciones a que se refiere el apartado 1, que deberán indicar inequívocamente que tienen un fin comercial, deberán comunicarse de manera clara y comprensible a través de todo medio adaptado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, respetando, en particular, los principios de lealtad en materia de transacciones comerciales y los principios que regulan la protección de las personas carentes de capacidad de obrar según su legislación nacional, como por ejemplo los menores.

3. suprimido

4. suprimido

Artículo 3bis: Comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa

1. Una vez celebrado el contrato, el proveedor deberá comunicar al consumidor, en papel o con otro soporte duradero, todas las condiciones contractuales así como la información mencionada en el apartado 1 del artículo 3, presentada de manera clara y comprensible.

2. El proveedor quedará eximido de esta obligación cuando se hayan transmitido al consumidor, previamente a la celebración del contrato, las condiciones contractuales y la información mencionada en el apartado 1 del artículo 3, en papel o con otro soporte duradero.

3. El soporte que vaya a utilizarse se determinará de común acuerdo entre las partes.

Artículo 4: Derecho de retractación tras la celebración del contrato

1. Los Estados miembros deberán prever que el consumidor disponga de un derecho de retractación de catorce a treinta días, que podrá variar en función de los servicios financieros de que se trate, sin que deba indicar el motivo y sin penalización:

a) a partir de la celebración del contrato, cuando se hayan transmitido al consumidor las condiciones contractuales y las informaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3 antes de la celebración del contrato, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 bis;

b) si el contrato se ha celebrado a petición expresa del consumidor antes de que se le hayan comunicado las condiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3bis, a partir de la fecha de recepción de estos datos o del último de ellos, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 3.

Cuando el proveedor respete el plazo de retractación previsto en la legislación del Estado miembro en el que está establecido, no estará obligado a respetar un plazo diferente que estuviera previsto en el Estado miembro en el que reside el consumidor.

1 bis. El derecho de retractación no se aplicará a los contratos relativos a:

a) operaciones de divisas;

b) la recepción, la transmisión y/o la ejecución de instrucciones y la prestación de servicios relativos a los productos financieros siguientes:

- instrumentos del mercado monetario

- títulos negociables

- organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y otros sistemas de inversión colectiva

- contratos de futuros y opciones

- instrumentos basados en el tipo de cambio y el tipo de interés, cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el proveedor no pueda controlar;

c) seguros distintos del de vida de una duración inferior a 2 meses;

d) contratos que se hayan ejecutado en su totalidad antes de que el consumidor ejerza su derecho de retractación.

1ter. Por lo que respecta al crédito inmobiliario, los Estados miembros podrán prever que el consumidor no pueda invocar su derecho a la retractación:

- cuando, con su consentimiento, se haya transferido al vendedor o al representante de éste el importe de la financiación del bien inmueble;

- una vez que se haya otorgado el acto notarial relativo al crédito inmobiliario del que es parte.

No obstante, por lo que se refiere a los créditos financiados mediante obligaciones hipotecarias, los Estados miembros podrán prever que el consumidor no disfrute del derecho de retractación previsto en el primer apartado.

2. Sin perjuicio del derecho de retractación, cuando el proveedor haya incitado de manera desleal al consumidor a celebrar el contrato, podrá resolverse este contrato, con todas las consecuencias jurídicas que se deriven de las disposiciones de la legislación aplicable a dicho contrato, sin perjuicio del derecho del consumidor a obtener una indemnización por el daño que haya sufrido en virtud del ordenamiento jurídico nacional.

No se considera una incitación desleal, según lo establecido en esta disposición, el hecho de que el proveedor comunique al consumidor informaciones objetivas relativas al precio del servicio financiero que dependan de las fluctuaciones del mercado.

3. El consumidor ejercerá su derecho de retractación notificando ésta al proveedor mediante un documento en papel o con otro soporte duradero a disposición de éste y al cual éste tenga acceso.

4. (suprimido)

5. Los otros efectos jurídicos y las condiciones de la retractación se regularán de conformidad con la legislación aplicable al contrato.

Artículo 5: Ejecución del contrato y pago del servicio prestado antes de la retractación

-1 El proveedor solamente podrá iniciar la ejecución del contrato, antes de que haya transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 4, con el consentimiento expreso del consumidor.

1. Cuando el consumidor ejerza el derecho de retractación que le otorga el apartado 1 del artículo 4, solamente estará obligado a pagar lo más rápidamente posible:

a) bien un tanto alzado correspondiente al precio del servicio financiero efectivamente prestado por el proveedor antes del ejercicio del derecho de retractación, con independencia del momento en que se haya producido esta retractación;

b) o bien, cuando el coste del servicio financiero efectivamente prestado por el proveedor dependa del momento en que se ejerce el derecho de retractación, un importe que permita al consumidor calcular el precio que debe pagar a prorrata del período transcurrido entre el día de celebración del contrato y el día en que éste ejerció su derecho de retractación.

En los casos contemplados en las letras a) y b), el importe debido no podrá ser de tal magnitud que pueda constituir una penalización.

2. En caso de que no pueda aportar la prueba de que el consumidor ha sido informado de conformidad con lo establecido en la letra j) del apartado 1 del artículo 3, el proveedor no podrá reclamar ninguna cantidad al consumidor cuando éste ejerza su derecho de retractación.

3. El proveedor estará obligado a reembolsar lo más rápidamente posible al consumidor, y en un plazo máximo de treinta días, todas las cantidades que haya percibido de éste con motivo de la celebración del contrato a distancia, con excepción de las cantidades mencionadas en el apartado 1.

Artículo 6

Suprimido

Artículo 7

Suprimido

Artículo 8: Indisponibilidad del servicio

1. Sin perjuicio de las normas del Derecho civil de los Estados miembros relativas al incumplimiento contractual, en caso de indisponibilidad parcial o total del servicio financiero que es objeto del contrato, el proveedor deberá informar inmediatamente al consumidor de esta indisponibilidad.

2. En caso de indisponibilidad total del servicio financiero, el proveedor deberá reembolsar al consumidor inmediatamente, y en un plazo máximo de treinta días, las cantidades que éste haya pagado.

3. En caso de indisponibilidad parcial del servicio financiero, el contrato solamente podrá ejecutarse con el consentimiento expreso del consumidor y del proveedor.

En caso de que no se llegue a este acuerdo expreso, el proveedor deberá reembolsar al consumidor inmediatamente, y en un plazo máximo de treinta días, las cantidades que el consumidor haya pagado.

Cuando el servicio solamente se ejecute de manera parcial, el proveedor reembolsará inmediatamente al consumidor todas las cantidades correspondientes a la parte no realizada del servicio, y en un plazo máximo de treinta días.

Artículo 8 bis: Pago con tarjeta

Los Estados miembros velarán por que existan medidas apropiadas para que el consumidor:

- pueda pedir la anulación de un pago en caso de utilización fraudulenta de su tarjeta de pago en el marco de contratos cubiertos por la presente Directiva;

- en caso de una utilización fraudulenta del tipo descrito, se le reembolse el importe pagado, o le sea restituido.

Artículo 8 ter: Restitución de los documentos originales

En caso de que el consumidor haga uso de los derechos que se le reconocen en el apartado 1 del artículo 4, así como en los casos hipotéticos contemplados en el artículo 8, el consumidor deberá remitir inmediatamente al proveedor todo documento contractual original, con la firma del proveedor, que se le haya entregado con motivo de la celebración del contrato.

Artículo 9: Servicios no solicitados

Sin perjuicio de las normas previstas en la legislación de los Estados miembros relativas a la reconducción tácita de los contratos, cuando éste permita dicha reconducción tácita, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de:

- prohibir la prestación de servicios financieros a un consumidor sin la solicitud previa de éste, cuando esta prestación implique una exigencia de pago inmediata o diferida en el tiempo;

- dispensar al consumidor de toda obligación en caso de prestación no solicitada, ya que la ausencia de respuesta no equivale a un consentimiento.

Artículo 10: Comunicaciones no solicitadas

1. Será necesario el consentimiento previo del consumidor para que un proveedor pueda utilizar las técnicas siguientes:

- sistema automático de llamada sin intervención humana (llamadas automáticas);

- telefax.

2. Los Estados miembros velarán por que las técnicas de comunicación a distancia diferentes de las contempladas en el apartado 1, cuando permitan una comunicación individual:

a) no se autoricen si no se ha obtenido el consentimiento previo de los consumidores afectados,

b) solamente puedan utilizarse en caso de que no exista ninguna oposición manifiesta del consumidor.

3. Las medidas contempladas en los apartados 1 y 2 no deben comportar ningún gasto para los consumidores.

4. En el caso de las comunicaciones telefónicas, deberán precisarse la identidad del proveedor y el fin comercial de la llamada al iniciarse cualquier conversación con el consumidor.

5. Los Estados miembros deberán prever sanciones adecuadas, efectivas y proporcionadas en caso de incumplimiento por parte del proveedor de las disposiciones del artículo 10.

En particular, a este respecto podrán velar por que el consumidor pueda resolver el contrato en todo momento, sin gastos y sin penalización.

Artículo 11: Carácter imperativo de las disposiciones de la Directiva

1. El consumidor no podrá renunciar a los derechos que se le confieren en virtud de la presente Directiva.

2. Suprimido

3. El consumidor no podrá verse privado de la protección concedida por la presente Directiva cuando la ley por la que se rija el contrato sea la de un país tercero, en la medida en que el consumidor tenga su residencia en el territorio de uno de los Estados miembros, por una parte, y el contrato posea un vínculo estrecho con la Comunidad, por otra.

Artículo 12: Recurso judicial o administrativo

1. Los Estados miembros velarán por la instauración de procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y de recurso para la resolución de los litigios entre proveedores y consumidores.

2. Los procedimientos mencionados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a uno o varios de los siguientes organismos, tal como se establezca en la legislación nacional, acudir, según la legislación nacional, a los tribunales o a los organismos administrativos competentes para hacer que se apliquen las disposiciones nacionales previstas para la aplicación de la presente Directiva:

a) los organismos públicos o sus representantes;

b) las organizaciones de consumidores que posean un interés legítimo en la protección de los consumidores;

c) las organizaciones profesionales que posean un interés legítimo para actuar.

3. suprimido

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los operadores y proveedores de técnicas de comunicación a distancia, cuando estén en condiciones de hacerlo y a partir de una decisión judicial, de una decisión administrativa o de una autoridad de control que se les notifique, pongan fin a las prácticas declaradas no conformes con las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 12 bis: Recurso extrajudicial

Los Estados miembros alentarán a los órganos extrajudiciales creados para la resolución extrajudicial de litigios a que cooperen para resolver los litigios transfronterizos.

Artículo 13: Carga de la prueba

La carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones a que está sometido el proveedor en materia de información del consumidor, así como del consentimiento del consumidor para la celebración del contrato y, cuando proceda, para su ejecución, recae en el proveedor.

Será una cláusula abusiva según lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo [10], toda cláusula contractual por la que se establezca que la carga de la prueba del cumplimiento, por parte del proveedor, de la totalidad o de parte de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente Directiva, recae en el consumidor.

[10] DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.

Artículo 14: Directiva 90/619/CEE

Suprimido

Artículo 15: Directiva 97/7/CE

La Directiva 97/7/CE se modificará de la forma siguiente:

1. En el apartado 1 del artículo 3, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:

«- que se refieran a los servicios financieros, en los que se aplicará la Directiva . . ./. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*).

(*) DO L . . .»

2. Se suprimirá el Anexo II de la Directiva.

Artículo 16: Directiva 98/27/CE

Se añadirá al anexo de la Directiva 98/27/CE el punto 10 siguiente:

«10. Directiva . . ./. . ./CE del Parlamento Europeo y el Consejo de ..., relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (*).

(*) DO L . . .»

Artículo 17: Transposición

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente Directiva, a más tardar, el 30 de junio de 2002. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Estas disposiciones, en su publicación oficial, harán referencia a la presente Directiva o estarán acompañadas de esta referencia. Los Estados miembros fijarán las modalidades al respecto.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. En esta comunicación, deberán presentar un cuadro en el que se indiquen, en relación con cada artículo de la presente Directiva, las disposiciones nacionales que le corresponden.

Artículo 18: Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 19: Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente