ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(2) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, diseñado para garantizar la disciplina presupuestaria en toda la Unión —en particular, sobre la base del Reglamento (CE) no 1466/97, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y el Reglamento (CE) no 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo—, establece el marco para la prevención y la corrección de déficit excesivos. El Pacto se ha reforzado aún más mediante el Reglamento no …/de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y el Reglamento (UE) no …/de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo. El Reglamento (CE) no …/de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro, añade un sistema de mecanismos de ejecución eficaces, preventivos y progresivos en forma de sanciones financieras aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

(2) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, destinado a asegurar la disciplina presupuestaria en toda la Unión —en particular, sobre la base del Reglamento (CE) no 1466/97, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y el Reglamento (CE) no 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo—, tiene por objeto establecer el marco para la prevención y la corrección de déficit excesivos. Los Reglamentos (CE) no 1466/97 y 1467/97 se han modificado y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha reforzado aún más mediante el Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y el Reglamento (UE) no 1177/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). El Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (4), añade un sistema de mecanismos de ejecución eficaces, preventivos y progresivos en forma de sanciones económicas aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Además, el artículo 2 bis del Reglamento (CE) no 1466/97 establece los elementos que constituyen el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas.
5 quinquies) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 8 Procedimiento de Comité 1. La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación de los Balcanes Occidentales. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011. 3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.»
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Visto el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (1), y en particular su artículo 51, apartado 1, letras b) y d), y su artículo 144, apartado 6,
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Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y, en particular, su artículo 105, apartado 14,
—

Vistos el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 14, apartado 4, y su artículo 126, apartado 5,
1. El programa nacional requerido en virtud del presente Instrumento y los requeridos en virtud del Reglamento (UE) no …/2012, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis, serán elaborados conjuntamente por los Estados miembros y propuestos a la Comisión como un único programa nacional para el Fondo, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) no …/2012 [Reglamento horizontal].

1. El programa nacional requerido , sobre la base de las conclusiones del diálogo político a que se refiere el artículo 13 del Reglamento (UE) no …./2012 [Reglamento horizontal], en virtud del presente Instrumento y los requeridos en virtud del Reglamento (UE) no …/2012, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis, serán elaborados conjuntamente por los Estados miembros y propuestos a la Comisión como un único programa nacional para el Fondo, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) no …/2012 [Reglamento horizontal].
1.

Decide incluir en el artículo 159, apartado 3, de su Reglamento la siguiente interpretación: «El artículo 159, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que un empate de votos en una votación sobre un proyecto de recomendación, con arreglo al artículo 128, apartado 4, de no intervenir en un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no significa la adopción de una recomendación de intervenir en este. En tal caso, debe considerarse que la comisión competente no se ha pronunciado.»
20061223

P6_TA(2006)0589

Modificación del Reglamento del Parlamento Europeo (comisiones, cuestores)

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la modificación de los artículos 15 y 182, apartado 1, del Reglamento del Parlamento Europeo (2006/2287(REG))

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0628/2006),

- Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0464/2006);

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2007;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

Enmienda 1

Artículo 15, párrafo 2 bis (nuevo)

Enmienda 2

Artículo 182, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

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P6_TA(2004)0093

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rainer Wieland

Decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rainer Wieland (2004/2174(IMM))

El Parlamento Europeo,

- Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rainer Wieland, transmitido por el Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania, con fecha de 17 de agosto de 2004, y comunicado en la sesión del 13 de septiembre de 2004,

- Después de haber dado a Rainer Wieland la oportunidad de ser oído, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento, y haber manifestado aquél que no se oponía a la suspensión de su inmunidad parlamentaria,

- Visto el artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Visto el artículo 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania,

- Vistos el apartado 2 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0059/2004),

1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Rainer Wieland;

2. Encarga a su Presidente que comunique inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades competentes de la República Federal de Alemania.

[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrman y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2 391.

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36.

Subraya la necesidad de centrarse en la financiación a largo plazo, apoyando proyectos que carezcan de otras posibilidades de financiación, en particular proyectos de pymes y empresas emergentes innovadoras; hace hincapié, no obstante, en que las actividades de financiación del BEI no pueden reemplazar las políticas presupuestarias sostenibles en los Estados miembros; pide al BEI que aumente sus inversiones en innovaciones rompedoras, especialmente en la transición ecológica, con el fin de apoyar a las empresas de la Unión;
44.

Subraya que las relaciones de la Unión Europea con la Unión Africana (UA) y con América Latina y el Caribe tienen un valor intrínseco por sí mismas y son de vital importancia para un multilateralismo renovado; recuerda que, en su declaración conjunta «Africa and Europe: two continents with a joint vision for 2030» (África y Europa: dos continentes con una visión conjunta para 2030), la Unión y la UA se comprometieron a trabajar juntas con el fin de promover un multilateralismo efectivo dentro del orden internacional basado en normas, con las Naciones Unidas como eje central, y a trabajar en pro de posiciones más convergentes en los foros multilaterales con el fin de reducir las desigualdades mundiales, fortalecer la solidaridad, luchar contra el cambio climático y mejorar los resultados en materia de «bienes públicos mundiales», en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la UA;
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Visto el estudio realizado para su Comisión de Desarrollo Regional, titulado «Islands of the European Union: State of play and future challenges» (Islas de la Unión Europea: situación actual y retos futuros), publicado en marzo de 2021,
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Vista la publicación del Comité ad hoc sobre inteligencia artificial (CAHAI) del Consejo de Europa, de diciembre de 2020, titulada «Towards Regulation of AI systems — Global perspectives on the development of a legal framework on Artificial Intelligence systems based on the Council of Europe’s standards on human rights, democracy and the rule of law» (Hacia la regulación de los sistemas de IA — Perspectivas globales sobre el desarrollo de un marco legal sobre los sistemas de inteligencia artificial basado en las normas del Consejo de Europa sobre derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho),
49.

Subraya que hace falta un aumento de las inversiones en defensa «verde», en particular, destinando un mayor porcentaje de la I+D militar y de las innovaciones tecnológicas de doble uso (materiales, energía, etc.) financiadas con cargo al presupuesto de la Unión a combustibles y sistemas de propulsión neutros en carbono para las aeronaves, los buques y otros vehículos militares, en especial en lo relativo a futuros sistemas armamentísticos importantes (por ejemplo, el sistema futuro de combate aéreo (FCAS) y el carro de combate principal europeo (EMBT)), así como a otros que se desarrollen dentro de los marcos previstos por la Unión; destaca que, dado su carácter dual, dichas inversiones reportan enormes efectos expansivos positivos en el sector civil, en particular para la debilitada industria de la aviación civil, que busca modelos de negocio y tecnologías menos intensivos en el consumo de energía y más rentables; opina que se podría favorecer el recurso al diseño ecológico para limitar el impacto medioambiental de los equipos militares durante todo su ciclo de vida, velando al mismo tiempo por la mejor adecuación posible entre rendimiento operativo y eficacia medioambiental; cree que hay que seguir promoviendo la electrificación de la tecnología militar y dotarla de amplia financiación mediante subvenciones europeas concedidas a través del FED, en particular en lo relativo a los sistemas armamentísticos, pero también en cuanto a la vivienda, los cuarteles y los correspondientes sistemas de calefacción o refrigeración, ya sea en los Estados miembros o en los campamentos militares cuando se despliegan; recuerda que la adaptación de los medios de defensa y sus usos al cambio climático constituye una responsabilidad que corresponde principalmente a los Estados miembros y que la Unión como tal todavía no tiene capacidades propias;
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Vistos el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente n.o 3/2015, de 1 de octubre de 2015, titulado «Marine protection areas in Europe’s seas — an overview and perspectives for the future» (Zonas marinas protegidas en los mares europeos: visión de conjunto y perspectivas de futuro) y su briefing, de 6 de octubre de 2020, titulado «Management effectiveness in the EU’s Natura 2000 network of protection areas» (Eficacia de la gestión en la Red Natura 2000 de zonas protegidas de la UE),
O.

Considerando que, tras el golpe de Estado, la Unión Africana suspendió a Sudán de todas sus actividades; que varios Estados y organizaciones multilaterales, incluido el FMI, han suspendido la ayuda exterior y han cesado las transferencias; que la Unión ha anunciado que su apoyo a Sudán se verá comprometido si no se restablece el orden constitucional; que numerosos países no pertenecientes a la Unión intervienen activamente en Sudán, en particular mediante el suministro de armas, el apoyo político y flujos financieros relacionados con las materias primas y el oro; que estos países desempeñan un papel en la estabilidad de la región y persiguen diferentes objetivos y estrategias a largo plazo; que sus intereses contrapuestos constituyen un reto para el desarrollo futuro de Sudán y de la región y están agravando las tensiones, ya pronunciadas, en el Cuerno de África, lo que no favorecerá una solución política a la situación en Etiopía;
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Vista la declaración del GRECO, de 15 de abril de 2020, titulada «Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19» (Riesgos de corrupción y referencias legales útiles en el contexto de la COVID-19),
—

Visto el proyecto de investigación de la Universidad de Lovaina, de mayo de 2016, titulado «European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue» (Comités de empresa europeos en marcha: perspectivas de gestión sobre el desarrollo de una institución transnacional para el diálogo social),
19.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la existencia de un marco normativo claro y vinculante para las empresas militares y de seguridad privadas, en particular en el contexto del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas, en particular en relación con los grandes proyectos en países no pertenecientes a la Unión, cuando estos estén financiados por inversores o instituciones financieras con sede en la Unión, y que garanticen un seguimiento transparente de dichos proyectos; espera con interés que su proyecto de marco se distribuya en abril de 2022; pide requisitos obligatorios de diligencia debida por parte de las entidades que contraten empresas privadas y de seguridad privadas;
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Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2),
F.

Considerando que el 22 de septiembre de 2021, el presidente emitió el Decreto Presidencial n.o 2021-117, que contiene disposiciones que afirman la autosupremacía y la primacía del decreto sobre la Constitución, con la consiguiente relegación de esta, y concentra todos los poderes del Estado en la persona del presidente Kais Said; que las disposiciones de la Constitución sobre derechos y libertades solo se respetarán y garantizarán cuando no contravengan las leyes adoptadas sobre la base de los decretos leyes presidenciales y las medidas excepcionales; que el Decreto Presidencial n.o 117 no permite recurrir contra ninguna decisión presidencial ante los órganos jurisdiccionales, incluido el más alto tribunal administrativo de Túnez y el Tribunal de Casación;
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Vistas la Resolución 2347 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), de 23 de octubre de 2020, titulada «New crackdown on political opposition and civil dissent in Turkey: urgent need to safeguard Council of Europe standards» (Represión actual de la oposición política y la disidencia civil en Turquía: necesidad urgente de salvaguardar las normas del Consejo de Europa), y la Resolución 2260 de la APCE, de 24 de enero de 2019, titulada «The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?» (El agravamiento de la situación de los políticos de la oposición en Turquía: ¿qué puede hacerse para proteger sus derechos fundamentales en un Estado miembro del Consejo de Europa?),
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Visto el estudio del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo, de diciembre de 2020, titulado «Impact of state aid on competition and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment» [Impacto de las ayudas estatales en la competencia y la competitividad durante la pandemia de COVID-19: una evaluación temprana],
3.

Pide que el Gobierno de Nicaragua levante el estado de sitio de facto , respete la función de la policía nacional como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarme a las fuerzas paramilitares, respete los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablezca los derechos de los ciudadanos; reitera su llamamiento al Gobierno para que permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en un entorno seguro y favorable, sin temor a represalias;
D.

Considerando que la detención ilegal de Raman Pratasevich y su trato inhumano por parte del régimen bielorruso, incluidas confesiones forzadas en entrevistas fingidas difundidas por la televisión estatal bielorrusa, son motivo de gran preocupación para la comunidad internacional y subrayan la urgencia de emprender una acción internacional coordinada, en particular dado que Bielorrusia es el único país europeo que sigue aplicando la pena capital, motivo por el que no es miembro del Consejo de Europa; que Raman Pratasevich no daba la impresión de hacer confesiones por su propia voluntad y que las confesiones forzadas están prohibidas en virtud de la Convención contra la Tortura; que se sigue impidiendo a sus abogados ponerse en contacto con él y que Aliaksandr Lukashenka ha amenazado con invitar a investigadores de la región de Donbas ocupada por Rusia para interrogarle; que las autoridades bielorrusas han incluido a Raman Pratasevich en la lista de observación de terroristas, por lo que puede ser condenado a la pena capital;
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Visto el estudio titulado «Strengthening the Fundamental Rights Agency — The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation» (Fortalecimiento de la Agencia de los Derechos Fundamentales — Revisión del Reglamento de la Agencia de los Derechos Fundamentales), publicado en mayo de 2020 por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales,
3.

Lamenta que, a pesar de la mejor calidad de las inspecciones técnicas periódicas y de las consecuencias positivas que ello tiene para la seguridad vial, el Paquete sobre la inspección técnica de vehículos contenga algunas disposiciones no obligatorias que no se han transpuesto con suficiente rigor o que simplemente no se han transpuesto en absoluto; destaca la necesidad de apartarse gradualmente de las disposiciones voluntarias y desarrollar un sistema de requisitos obligatorios para aumentar la armonización a escala de la Unión de aspectos como la sujeción de la carga, el intercambio de información y la cooperación entre los Estados miembros y recuerda la importancia especial de estas medidas para las regiones transfronterizas;
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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066), y el informe final del Grupo de expertos de alto nivel sobre el intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas, titulado «Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest» (Hacia una estrategia europea para el intercambio de datos entre empresas y administración pública en aras del interés general),
O.

Considerando que a varias ONG independientes de derechos humanos, como ECHO, Erkindik Kanaty, Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law, o International Legal Initiative, se les han impuesto recientemente fuertes multas y se les ha ordenado la suspensión de sus actividades hasta tres meses a partir del 25 de enero de 2020, en virtud de fundamentos jurídicos poco claros; que, en represalia por llevar a cabo actividades de vigilancia, las autoridades acosan e incluso procesan penalmente a defensores de los derechos humanos entre los que se encuentran Sholpan Dzhanzakova, Anna Shukeyeva, Raigul Sadyrbayeva, Aizhan Izmakova, Daniyar Khassenov, Altynai Tuksikova, Dana Zhanay, Nazym Serikpekova, Alma Nurusheva, Abaibek Sultanov, Zukhra Nariman, Ulbolsyn Turdiyeva, Aliya Zhakupova, Roza Musayeva y Barlyk Mendygaziyev; que, entre octubre y noviembre de 2020, se notificó al menos a quince organizaciones que habían infringido el artículo 460, apartado 1, del Código de infracciones administrativas, supuestamente por no haber informado de forma adecuada a las autoridades acerca de la recepción de financiación extranjera;
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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Vietnam, en particular las de 15 de noviembre de 2018, sobre Vietnam, en particular la situación de los presos políticos (1), de 14 de diciembre de 2017, sobre la libertad de expresión en Vietnam, en particular el caso de Nguyen Van Hoa (2), y de 9 de junio de 2016, sobre Vietnam (3),