ES Diario Oficial de la Unión Europea C 230/66

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas

[COM(2014) 368 final]

(2015/C 230/10)

Ponente: Denis MEYNENT

El 1 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas

COM(2014) 368 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de noviembre de 2014.

En su 503o pleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2014 (sesión del 10 de diciembre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 136 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El CESE toma nota de los progresos realizados con vistas a la ejecución del programa REFIT establecido por la Comisión. Se congratula de que la Comisión intente mejorar el proceso y sus herramientas correspondientes. En cuanto al principio, se remite a sus dictámenes anteriores (1).

1.2. El CESE apoya la reducción de las cargas que recaen sobre las pequeñas, medianas y microempresas («prueba de las pymes») y sobre los ciudadanos siempre que exista otra manera más sencilla de alcanzar el objetivo y la finalidad para los que se promulgaron las normativas. No obstante, recuerda una buena gobernanza pública requiere disponer de los datos y la información pertinentes y esenciales a efectos de la aplicación, el control y la evaluación de las políticas.

1.3. El CESE recuerda que el principio «pensar primero a pequeña escala» no tiene ni puede tener por objeto eximir a las microempresas y las pymes de la aplicación de la legislación. Se trata, en realidad, de tener en cuenta, al formular la legislación, que se aplicará también a estructuras pequeñas, sin que ello afecte a la consecución del objetivo perseguido por la legislación.

1.3.1. El CESE insiste en que la aplicación de este principio no puede entrar en conflicto con el interés general, que supone, en particular, proteger a los ciudadanos, trabajadores y consumidores contra los riesgos a que están expuestos.

1.4. El CESE manifiesta su gran preocupación por la constatación de las carencias de las evaluaciones del impacto social o medioambiental y el seguimiento otorgado a las consultas. Pide a la Comisión que sea más transparente y justifique los motivos por los cuales tal disposición o propuesta de disposición está sujeta, o no, a una evaluación de impacto o a un análisis ex post.

1.5. El CESE solicita a la Comisión que vele por la evaluación integrada y equilibrada de las dimensiones económica, social y medioambiental. Considera, en efecto, que los objetivos perseguidos por la Comisión solo podrán alcanzarse si se tienen en cuenta todas estas dimensiones, así como las preocupaciones de todas las partes interesadas.

1.6. Según el CESE, una normativa inteligente no dispensa de respetar la reglamentación sobre la protección de los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores, las normas sobre la igualdad de género o el medio ambiente, y no puede tener como consecuencia impedir las mejoras.

1.7. El CESE considera que una legislación inteligente debe respetar la dimensión social del mercado interior tal y como la contempla el Tratado, especialmente en cuanto a la transposición de los acuerdos negociados en el marco del diálogo social europeo.

1.8. El CESE solicita a la Comisión que tenga más en cuenta los puntos de vista manifestados en las consultas y justifique de qué manera los consideró o no. En términos más generales, propone a la Comisión estructurar mejor las consultas, en particular sobre una base institucional y representativa, aprovechando los recursos de los órganos consultivos representativos o sus homólogos ya existentes, tanto en la esfera europea como en los Estados miembros y las regiones.

1.9. El CESE se dispone a acoger el llamamiento general de colaboración dirigido por la Comisión a los interlocutores sociales y a la sociedad civil. Está dispuesto a participar más activamente en el programa, sin perjuicio de otras formas de diálogo social europeo.

1.10. El CESE está de acuerdo en apoyar la realización de los análisis ex post propuestos por la Comisión siempre que se mantenga cierta distancia a la hora de efectuarlos. De lo contrario, REFIT sería una fuente de inestabilidad e inseguridad jurídica permanente para los ciudadanos y las empresas.

1.11. El CESE considera que la Comisión ha adquirido en su seno la experiencia necesaria para poder mejorar el proceso. El CESE solo apoyará la propuesta de la Comisión de crear un nuevo grupo de alto nivel encargado de acompañar futuros trabajos si aporta un verdadero valor añadido.

2. Síntesis del documento de la Comisión — Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación: Situación actual y perspectivas

2.1. En consonancia con sus comunicaciones REFIT anteriores (2) y con sus comunicaciones sobre «Legislar mejor» (3) y la «Normativa inteligente», la Comisión Europea recuerda que las normativas de la Unión Europea desempeñan un papel esencial en favor del crecimiento y el empleo.

2.2. Señala que ello suscita numerosas expectativas tanto en el sector empresarial (normas equitativas y fomento de la competitividad) como por parte de los ciudadanos (protección de sus intereses, en particular en materia sanitaria y de seguridad, calidad del medio ambiente y derecho al respeto de la vida privada).

2.3. El reto consiste en que la legislación siga siendo sencilla, sin ir más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos estratégicos y evitando el solapamiento de las normativas.

3. Observaciones generales

3.1. El CESE apoya los objetivos generales del programa REFIT desarrollado por la Comisión y se remite, en particular, a sus dictámenes (4) sobre el programa «Legislar mejor» y la «Normativa inteligente», incluida la respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

3.2. El CESE está de acuerdo con la reducción de los costes y cargas que recaen sobre las pequeñas, medianas y microempresas, así como sobre los ciudadanos. En efecto, la Comisión debería prestar atención a la calidad en lugar a la cantidad y dar prioridad a la reducción de las cargas administrativas, que las empresas consideran como costes o frenos para su competitividad así como para la innovación y la creación de empleo. No cabe duda de que esta operación debe efectuarse a la luz del objetivo y de la finalidad que justificaron la imposición de las obligaciones correspondientes.

3.3. Aunque hay que evitar en todo caso solicitar varias veces los mismos datos, la buena gobernanza pública requiere disponer de los datos y la información pertinentes y esenciales a efectos de la aplicación, el control y la evaluación de las políticas.

3.4. El CESE comparte la posición de la Comisión según la cual la necesidad de seguridad y previsibilidad jurídicas debería desalentar el recurso a soluciones a corto plazo. En efecto, considera que cualquier revisión de la legislación debe planificarse detenidamente y considerarse a largo plazo con el fin de garantizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la transparencia.

3.5. El CESE recuerda que una normativa inteligente no exime de aplicar la legislación sobre la protección de los ciudadanos, consumidores y trabajadores («no debería socavar los derechos de los trabajadores ni reducir su nivel básico de protección, especialmente en materia de salud y seguridad en el trabajo» (5)), así como sobre la normativa sobre la igualdad de género o el medio ambiente. Esta normativa inteligente debe permitir las revisiones y mejoras.

3.6. A este respecto, el CESE se congratula de que la Comisión insista en que el programa REFIT no puede poner en entredicho los objetivos estratégicos establecidos ni menoscabar la salud o la seguridad de los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores o el medio ambiente. El CESE subraya, sin embargo, que no se trata solo de evitar perjudicar la salud de los ciudadanos, sino de velar por actuar en nombre del interés general y de la adecuada protección de los ciudadanos contra todos los riesgos que corren, estén o no relacionados con su salud. El Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014 y el Parlamento Europeo, en su sesión de 4 de febrero de 2014, expresaron preocupaciones similares (6).

3.7. El CESE considera que una legislación inteligente debe respetar la dimensión social del mercado interior tal y como la contempla el Tratado, especialmente en cuanto a la transposición de los acuerdos negociados entre interlocutores sociales en el marco del diálogo social europeo.

3.8. Según el CESE, para que REFIT sea un objetivo compartido a escala de la UE, los Estados miembros, los interlocutores sociales y demás partes interesadas, tal como desea la Comisión, es fundamental suscitar la confianza y erradicar cualquier equívoco en cuanto a los objetivos del programa. Efectivamente, algunas de las medidas anunciadas o adoptadas (7) han suscitado la desconfianza de determinados ciudadanos y partes interesadas.

3.9. El CESE considera que los objetivos propuestos por la Comisión solo se alcanzarán si se tienen en cuenta las preocupaciones de todas las partes interesadas.

4. Ejecución del programa

4.1. El CESE toma nota de los progresos realizados con vistas a la ejecución del programa REFIT. Se congratula, en particular, de que la Comisión trate de mejorar sus herramientas emprendiendo, en particular, una consulta sobre la realización de las evaluaciones de impacto y el proceso mismo de consulta. En efecto, es esencial que estos elementos horizontales del programa no sean susceptibles de crítica ninguna.

4.2. La yuxtaposición de análisis ex post y evaluaciones de impacto no puede dar lugar a dejen de aplicarse de manera efectiva las normas adoptadas democráticamente. El CESE está de acuerdo en apoyar la realización de los análisis ex post propuestos por la Comisión siempre que se mantenga cierta distancia a la hora de efectuarlos. En efecto, un análisis ex post solo tiene sentido después de transcurridos ciertos años entre la fecha límite para la transposición de una normativa al Derecho nacional y el análisis ex post de que se trate. De lo contrario, REFIT sería una fuente de inestabilidad e inseguridad jurídica permanente para los ciudadanos y las empresas.

4.3. El CESE se congratula de que la Comisión insista varias veces en la necesidad de que participen los interlocutores sociales, la sociedad civil y las pymes. En efecto, constata que, hasta ahora, se trataba más de una declaración de principios que de una práctica estructurada destinada a debatir y a considerar las propuestas formuladas.

4.3.1. Por su parte, el CESE considera indispensables la participación y la consulta, a través de los canales apropiados, de las estructuras representativas de la sociedad civil, los sindicatos y las pymes.

4.4. Sobre las evaluaciones de impacto

4.4.1. En sus informes (8) correspondientes a 2012 y 2013, el Comité de evaluación de impacto (CEI) pone de manifiesto las carencias del proceso y los esfuerzos realizados para mejorarlo. En particular, señala lo siguiente: — muchas evaluaciones de impacto no tienen debidamente en cuenta las diversas opiniones manifestadas durante las consultas o las evocan de manera sesgada; — la necesidad de proseguir los esfuerzos, en particular, en cuanto a la toma en consideración de opciones alternativas (claridad, justificación, proporcionalidad) y a la transmisión de información suficientemente detallada sobre todas las opciones (y no solo la opción escogida); — la calidad de las evaluaciones de impacto social (positivo o negativo) causa preocupación al igual que el alcance y la profundidad de las evaluaciones de impacto medioambiental; — la necesidad de realizar análisis ex post de la legislación o de los programas existentes en la UE; — la preferencia por una evaluación integrada del impacto económico, social y medioambiental.

4.4.2. En su informe relativo a 2013, el Comité de evaluación de impacto señala la importante disminución del número de opiniones relativas a las repercusiones para las pymes y las microentidades. Ello se debe a que la Comisión los tiene más en cuenta, especialmente en cuanto a la inversión de la carga de la prueba a favor de las microentidades. El Comité de evaluación de impacto reconoce que el número de evaluaciones que abordan el impacto sobre la competitividad ha aumentado considerablemente con respecto a 2012 (+ 30 %). Se vuelve a reprochar la falta de transparencia en cuanto a las opiniones y críticas expresadas con ocasión de consultas, así como la necesidad de explicar la manera en que se han tenido en cuenta las inquietudes manifestadas.

4.4.3. El CESE se congratula de que la Comisión y el Comité de evaluación de impacto intenten mejorar la calidad del proceso. Al parecer, las evaluaciones de impacto sobre las pymes y las microentidades se tienen mucho más en cuenta que antes, como preconizó en sus dictámenes anteriores sobre el Small Business Act, el principio «pensar primero a pequeña escala» y la «prueba de las pymes». El CESE insiste en que se prosigan estos esfuerzos. Recuerda que el principio «pensar primero a pequeña escala» no tiene ni puede tener por objeto eximir a las microempresas y las pymes de la aplicación de la legislación. Se trata, en realidad, de tener en cuenta, a la hora de formular la legislación, que se aplicará también a estructuras pequeñas, sin que ello afecte a la consecución del objetivo perseguido por la normativa de que se trate. Considera que estos principios no pueden justificar que el ámbito de aplicación de una normativa quede determinado por la dimensión de la empresa ni entrar en contradicción con el interés general, que supone, en particular, proteger a los ciudadanos, trabajadores y consumidores contra los riesgos a que están expuestos.

4.4.4. Por otro lado, el CESE está muy preocupado por algunas de las lagunas constatadas anteriormente. En efecto, constata que, además de las evaluaciones de impacto en materia económica, social y medioambiental, se aborda otra serie de dimensiones (9), pese a que el Comité de evaluación de impacto estima que la calidad de las evaluaciones sobre las dimensiones social y medioambiental deja en ocasiones que desear. Por tanto, el CESE quiere cerciorarse de que la Comisión está en condiciones de realizar todas estas evaluaciones, sin menoscabo de la calidad, los equilibrios, los objetivos, los instrumentos de medición y los parámetros anunciados.

4.4.5. Por último, la razón por la cual algunos proyectos o propuestas no están sujetos a evaluaciones de impacto, especialmente en el sector Ecofin («Two Pack», «Six-pack»), no está clara y alienta la percepción, en algunas partes interesadas, de que el proceso está más orientado hacia los aspectos económicos (y de competitividad) que hacia los otros dos pilares. Como señala la Comisión, el objetivo de simplificación debe ser perseguido y compartido por todos, así como basarse en evaluaciones sólidas y fiables.

4.4.6. El CESE solicita a la Comisión que: — sea más transparente y justifique los motivos para someter o no tal disposición o propuesta de disposición a una evaluación de impacto; — vele por que se tenga en cuenta el interés general; — emprenda acciones para mejorar la consideración equilibrada de las tres dimensiones (económica, social y medioambiental) de forma integrada y para garantizar la calidad de las evaluaciones al respecto; — tenga más en cuenta los puntos de vista manifestados en las consultas y justifique de qué manera los consideró o no.

4.4.7. El CESE lamenta que en su Comunicación la Comisión Europea no mencione explícitamente su función de órgano consultivo de la sociedad civil que emite dictámenes sobre los aspectos esenciales de la legislación de la UE. Se dispone a acoger el llamamiento de colaboración más general dirigido por la Comisión a los interlocutores sociales y a la sociedad civil y, por consiguiente, está dispuesto a colaborar más activamente para mejorar el proceso mediante consultas o asistencia especializada.

4.5. Sobre el proceso de consulta

4.5.1. La Comisión hace hincapié en el papel esencial de la consulta a las partes interesadas en el proceso, aunque no siempre se tengan en cuenta sus resultados. Por otra parte, la tasa de respuestas a las consultas públicas lanzadas por la Comisión, la cuestión de la representatividad de los participantes y, por consiguiente, el carácter a veces poco representativo de las respuestas contribuyen a rebajar la calidad del proceso. El CESE se interroga si la causa de todo ello estriba en la multiplicación de las consultas y de los medios, así como el tiempo y la disponibilidad necesarios para responder con conocimiento de causa. Por otra parte, la manera en que, a veces, se plantean las preguntas podría inducir la respuesta, lo cual a su vez podría arrojar sombras de duda sobre la objetividad e imparcialidad del proceso.

4.5.2. La «consulta» constituye la base de las propuestas legislativas de alta calidad respaldadas por datos documentados. Una consulta temprana y adecuada a las empresas, en particular de las PYME y a sus representantes, permitiría adoptar decisiones basadas en el análisis de los hechos, la experiencia y los puntos de vista de los destinatarios de las normativas que participan en su aplicación. Lo mismo cabe decir de las distintas organizaciones representativas de ciudadanos (trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales, consumidores, etc.).

4.5.3. El CESE pide que se conceda prioridad absoluta a los interlocutores sociales y a las organizaciones intermediarias interesadas. Consultar a las pymes y a los consumidores de manera directa e individual ha resultado ser ineficaz, anecdótico y poco representativo. Las organizaciones interesadas deben disponer, además, de la posibilidad de participar realmente en la elaboración de los cuestionarios y consultas.

4.5.4. El CESE se plantea, por consiguiente, si no sería preferible estructurar mejor las consultas sobre una base institucional y representativa, aprovechando los recursos de los órganos consultivos representativos ya existentes y, en su caso, creando otros nuevos, si fuera necesario.

4.5.5. El CESE propone que las consultas se realicen también partiendo de los órganos de representación existentes en la esfera tanto de la UE como de los Estados miembros. Recuerda que, en su defecto, existen estructuras de consulta que pueden cumplir idéntica función.

4.5.6. El CESE recomienda que se recurra a la experiencia y al potencial de las federaciones europeas de empresarios, empresas, sindicatos y ONG, encomendándoseles también la tarea de emprender los estudios y consultas necesarios en lugar de recurrir solo a consultores privados.

4.5.7. En cualquier caso, el CESE está dispuesto a asumir sus responsabilidades en este ámbito, sin perjuicio de otras modalidades de funcionamiento del diálogo social europeo.

5. Observaciones específicas

5.1. El CESE considera que el programa REFIT debe ser ambicioso y, al mismo tiempo, sencillo, claro y transparente.

5.2. La multiplicación de las denominaciones de los calendarios y programas («Legislar mejor», normativa inteligente, «Pensar primero a pequeña escala», etc.) ha generado cierta confusión.

Debería establecerse una jerarquía para estos programas y proyectos, así como aclararse su interacción, para que los ciudadanos comprendan a quién van dirigidos.

5.3. La multiplicación de las instancias que intervienen en el proceso, así como de los procesos de consulta y de tramitación de las propuestas, perjudica la transparencia del proceso.

5.4. Siguiendo la misma lógica de eficiencia y transparencia, y teniendo en cuenta los mecanismos existentes, incluso en el Parlamento Europeo, el CESE solo apoyará la propuesta de la Comisión de crear un nuevo grupo de alto nivel encargado de acompañar futuros trabajos si se demuestra que aporta un verdadero valor añadido. En efecto, considera que la Comisión ha adquirido en su seno para la experiencia necesaria poder mejorar el proceso.

5.5. El CESE toma nota de que la Comisión considera que las evaluaciones de impacto deben realizarse en todas las fases del proceso legislativo, incluidas las enmiendas presentadas por los colegisladores. En un sistema en el que coexisten dos colegisladores y donde la búsqueda de un consenso es la regla, no parece oportuno que uno de ellos tenga la última palabra en cuanto a las evaluaciones de impacto (riesgo de desnaturalizar las normas establecidas por el Tratado en materia de toma de decisiones).

5.6. El CESE recuerda, por otra parte, que el objetivo del programa REFIT también está relacionado con la aplicación del Derecho de la UE. Las directrices de la Comisión en materia de evaluación de impacto prevén, asimismo, analizar si la aplicación efectiva del Derecho podría, en algunos casos, no corresponder al supuesto planteado.

5.7. El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para apoyar y supervisar la transposición efectiva de las directivas al ordenamiento de los Estados miembros. Hace hincapié en las constataciones recogidas en el Trigésimo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (10). En este informe se señala que los retrasos y las infracciones son especialmente frecuentes en materia de medio ambiente, transportes y fiscalidad. El CESE manifiesta su preocupación porque en 2012 las dificultades afectaron esencialmente, y en orden decreciente, al ámbito de los transportes, la salud, los consumidores, el medio ambiente, el mercado interior y los servicios.

5.8. El CESE entiende, en efecto, que la concesión indiscriminada de derogaciones, en cualquier ámbito, abre la puerta a que los Estados miembros legislen a la carta en la esfera nacional, lo cual contribuye al aumento de la complejidad legislativa y de la inseguridad e incerteza jurídicas en el mercado interno. El CESE recuerda que en sus dictámenes anteriores pidió que se recurriera de manera más sistemática, cuando proceda, al reglamento como herramienta lo cual además de aportar mayor seguridad jurídica, resolvería en parte este problema.

5.9. El CESE se remite a sus anteriores dictámenes sobre la sobrerregulación y la normativa inteligente, en los que reclamó textos legislativos de mayor calidad. Considera necesario proseguir los esfuerzos en este sentido para lograr la consecución efectiva de los objetivos políticos perseguidos por la Unión Europea.

5.10. El CESE recuerda, asimismo, que, en algunos casos, la autorregulación o la corregulación pueden constituir un instrumento de prevención eficaz o complementario útil para la actuación legislativa siempre que se enmarque adecuadamente en el contexto de un marco legislativo amplio, claro, bien definido y guiado, entre otros, por los principios de transparencia, representatividad, independencia, eficacia y responsabilidad.

Bruselas, 10 de diciembre de 2014. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Henri MALOSSE

(1) DO C 48 de 15.2.2011, p. 107, DO C 248 de 25.8.2011, p. 87 y DO C 327 de 12.11.2013, p. 33.

(2) «Adecuación de la normativa de la UE», COM(2012) 746 final, y «Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas», COM(2013) 685 final.

(3) Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea, COM(2009) 15 final; Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea», COM(2010) 543 final; Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas», COM(2013) 122 final.

(4) DO C 327 de 12.11.2013, p. 33, DO C 248 de 25.8.2011, p. 87 y DO C 48 de 15.2.2011, p. 107.

(5) DO C 327 de 12.11.2013, p. 33.

(6) Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad — 19o Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011, que destaca, además de la necesidad de disponer de una legislación sencilla, eficaz, eficiente, comprensible y accesible al menor coste, que: «la evaluación de impacto de las nuevas normativas relativas a las PYME o a las grandes empresas ni puede tener por efecto una discriminación de los trabajadores en función de las dimensiones de las empresas que los emplean, ni entrañar una regresión de los derechos fundamentales de los trabajadores, incluidos los derechos a la información y la consulta, o de sus condiciones de trabajo, bienestar en el trabajo y derechos en materia de seguridad social, y tampoco puede obstaculizar la mejora de dichos derechos ni de la protección en el lugar de trabajo frente a antiguos y nuevos riesgos profesionales».

El Consejo Europeo reunido los días 26 y 27 de junio de 2014 precisó, por su parte, que «invita a la Comisión, a las demás instituciones de la UE y a los Estados miembros a seguir aplicando el programa REFIT de un modo ambicioso, teniendo en cuenta la protección de los consumidores y los trabajadores, así como las inquietudes sanitarias y medioambientales».

(7) Referidas, en particular, a Reach, el medio ambiente, los logros en materia sanitaria y de seguridad laboral, la protección de las mujeres embarazadas y el acceso simplificado al permiso parental, la salud y la seguridad laboral en los salones de peluquería, los trastornos musculoesqueléticos, los agentes carcinógenos o mutágenos, los tacógrafos, la jornada laboral, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal, la información o consulta y la información sobre los contratos de trabajo.

(8) Informe del CEI 2012, Informe del CEI 2013.

(9) La lista del conjunto de documentos de referencia en materia de evaluación de impacto figura en la página web de la Comisión (en inglés): directrices de la Comisión sobre la evaluación del impacto (enero de 2009) Guidelines + Anexos 1 a 13; otros documentos de referencia de las DG Operational Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises (Secretaría General + DG Empresa e Industria); Operational Guidance for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System-A «Competitiveness Proofing» Toolkit for use in Impact Assessments; Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments; Assessing Social Impacts; Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment System.

(10) http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_30/com_2013_726_es.pdf