A4-0107/98

Resolución sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior

El Parlamento Europeo,

- Vistos el Tratado de Amsterdam, pendiente de ratificación, el futuro Título VI del Tratado UE referente a «Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal» y el futuro Título IV (antiguo Título III A) del Tratado CE referente a «Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas»,

- Vistos los informes de la Comisión incluidos «Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia» (COM(97)2000 - C4-0371/97) en cuanto al grado en que los Estados de la Europa Central y Oriental satisfacen los criterios requeridos para su adhesión a la Unión Europea,

- Vistas las conclusiones de las sesiones del Consejo Europeo de Estrasburgo (8 y 9 de diciembre de 1989), Copenhague (21 y 22 de junio de 1993), Essen (9 y 10 de diciembre de 1994), Madrid (15 y 16 de diciembre de 1995) y Luxemburgo (12 y 13 de diciembre de 1997),

- Vista su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de Amsterdam CONF 4007/97 - C4-0538/97 ((DO C 371 de 8.12.1997, pág. 99)),

- Vistas sus Resoluciones de 4 de diciembre de 1997 sobre la comunicación de la Comisión «Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia» (COM(97)2000 - C4-0371/97) ((DO C 388 de 22.12.1997, pág. 17 y pág. 31)), y de 18 de diciembre de 1997 sobre las conclusiones de los Consejos Europeos de Luxemburgo celebrados el 21 de noviembre y los días 12 y 13 de diciembre de 1997 y sobre el semestre de actividad de la Presidencia luxemburguesa ((Acta de esa fecha, parte II, punto 8)),

- Vista la opinión de su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, emitida el 8 de octubre de 1997 en el marco del informe sobre la Comunicación de la Comisión «Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia» (COM(97)2000 - C4-0371/97) ((Publicada en el informe A4-0368/97.)),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0107/98),

A. Considerando que los pueblos de la Europa Central y Oriental, tras su autoliberación pacífica como consecuencia de la caída de los regímenes comunistas, han empezado con grandes esfuerzos a construir Estados democráticos de Derecho,

B. Considerando que todos los países de Europa que disponen, de forma estable, de unas instituciones democráticas y propias de un Estado de Derecho tienen en principio derecho a formar parte, si así lo desean, de la Unión Europea,

C. Consciente de los considerables esfuerzos que resultan necesarios, tras decenios de un régimen totalitario, para desarrollar el Estado de Derecho y formar nuevas jerarquías así como nuevos funcionarios, jueces, fiscales y policías,

D. Reafirmando los cuatro criterios de Copenhague establecidos por el Consejo Europeo en 1993 que, además de contemplar la asunción del Derecho comunitario o del acervo comunitario, establecen las condiciones de adhesión para los Estados de la Europa Central y Oriental, entre las que se incluyen «una estabilidad institucional que garantice la democracia y el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías» así como la capacidad «de asumir las obligaciones resultantes de la adhesión relacionadas con el acervo comunitario»,

E. Considerando que es deber de la Unión, durante la fase de negociaciones para la ampliación, favorecer el pleno respeto por parte de los países candidatos de las normas del Estado de Derecho,

F. Considerando que en muchos de los países candidatos se han de realizar todavía considerables esfuerzos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada (en particular, en lo que se refiere al robo de vehículos, la trata de seres humanos, el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales y la protección de marcas), así como en el campo del derecho de asilo, de la lucha contra la corrupción, del establecimiento de autoridades aduaneras eficaces y la protección de la intimidad,

G. Considerando la cooperación en el ámbito del Tercer Pilar que se ha desarrollado entre la Unión Europea y los países candidatos de la Europa Central y Oriental y que, en vista de los desafíos surgidos tras la apertura de las fronteras, tiene que ampliarse considerablemente en el marco de la estrategia de preadhesión y de un diálogo estructurado,

H. Consciente de que, como consecuencia del Tratado de Amsterdam, la Unión Europea, o la Comunidad Europea, tiene que elaborar un ambicioso programa para la creación de un Derecho europeo en materia de asilo e inmigración, así como para la cooperación policial y judicial en materia penal, que modifica considerablemente el acervo comunitario en el curso del procedimiento de adhesión y situará a los países candidatos ante nuevos y grandes retos,

I. Considerando la disposición del Tratado de Amsterdam (futuro artículo 62 del Tratado CE), según la cual en un plazo de 5 años a partir de su entrada en vigor deberán adoptarse medidas relativas a la libre circulación de personas en el ámbito de los visados, el asilo, la inmigración y las otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas,

J. Considerando el futuro artículo 29 (antiguo artículo K.1) del Tratado UE, según el cual el objetivo de la Unión «será ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia», sobre todo a través de una cooperación más estrecha de las autoridades policiales y aduaneras y de las otras autoridades competentes, recurriendo a la intervención de EUROPOL, a través de una cooperación más estrecha de las autoridades judiciales y a través de una aproximación de las disposiciones en materia penal de los Estados miembros,

K. Consciente de que el período en el que se van a desarrollar estas políticas y se van a comunitarizar los ámbitos del asilo y de la inmigración coincide aproximadamente con el período en el que las negociaciones de ampliación entrarán en su fase decisiva o, a lo mejor, incluso estarán a punto de concluir,

L. Considerando que las autoridades aduaneras en las fronteras exteriores, junto a sus tareas auténticas, tienen asimismo una responsabilidad particular a la hora de impedir el paso de mercancías prohibidas (estupefacientes, armas, material nuclear, etc.),

1. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen las conversaciones de adhesión con todos los 10 países candidatos de la Europa Central y Oriental, y las negociaciones más intensas previstas con los más idóneos de ellos, así como la Conferencia europea, para prepararlos a la realización común de los objetivos establecidos en el Título VI del Tratado UE (Título IV del Tratado CE después de Amsterdam);

2. Solicita que, en las negociaciones con los países candidatos a la adhesión, la UE haga hincapié no solamente en la cooperación policial y judicial, sino asimismo en el fomento y refuerzo del Estado de Derecho y más concretamente en la adhesión a los convenios internacionales sobre derechos humanos, el derecho de asilo, los derechos del niño, la abolición definitiva de la pena de muerte, la eliminación de cualquier forma de discriminación, el respeto de las minorías y de las lenguas minoritarias y la protección de los datos personales y de la intimidad y en el respeto de los mismos;

3. Considera que, independientemente de los esfuerzos de preparación de los Estados miembros candidatos, la ampliación plantea el problema del buen funcionamiento de las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas al ámbito de la justicia y los asuntos de interior, concretamente:

- adopción en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas y referentes al cruce de las fronteras exteriores, a la supresión de los controles en las fronteras interiores y al asilo y la inmigración (artículo 61 Tratado CE/73 I);

- posible decisión de hacer aplicable a dichas materias el procedimiento del artículo 189 B del Tratado CE (artículo 67/73 O);

- decisión de hacer uso de la cooperación reforzada (artículo 40 Tratado UE/K.12);

4. Considera indispensable se revisen que las disposiciones relativas al ámbito de la justicia y los asuntos de interior con ocasión de la reforma institucional que deberá efectuarse antes de la primera ampliación;

5. Manifiesta su preocupación por el riesgo, agravado por la ampliación, de fragmentación del espacio judicial europeo autorizado por el artículo 35 del Tratado UE/K.7, en lo que atañe a la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia en los asuntos del Título VI del Tratado UE;

6. Se felicita por la decisión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los días 29 y 30 de enero de 1998 de invitar a sus homólogos de los países candidatos a celebrar «pactos de preadhesión» en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, e insta al Consejo a que reconozca un mayor valor, con motivo de los preparativos para la ampliación, a la integración y aplicación del acervo comunitario en el ámbito del Tercer Pilar;

7. Recuerda a la Comisión su obligación de hacer un especial hincapié, en los informes anuales sobre la evolución de los 10 países candidatos, en la consagración de las libertades fundamentales, de los derechos humanos (en especial mediante el avance en la aplicación del Convenio de los Derechos del niño), y de los derechos de las minorías, en la consolidación del Estado de Derecho, en la eliminación de las disposiciones discriminatorias y en la asunción completa del acervo comunitario, que se va ampliando continuamente;

8. Expresa su decisión de seguir abriendo los programas de la UE, sobre todo los que están destinados a la formación y a la preparación de los funcionarios del Estado y al intercambio de funcionarios policiales y judiciales, a los Estados de la Europa Central y Oriental así como, a más largo plazo, a los países limítrofes con los países candidatos, haciendo que éstos puedan utilizarlos, así como de incrementar en la forma correspondiente los recursos previstos para ellos;

9. Hace un llamamiento a la Comisión, al Tribunal de Justicia Europeo, a EUROPOL, a los Tribunales Constitucionales y Supremos y a los órganos policiales de los Estados miembros para que se ocupen en mayor medida, sobre la base de programas comunitarios o bilaterales, de la formación y del perfeccionamiento de los órganos judiciales y policiales de los países candidatos, y señala que todo ello reviste una gran importancia para la pronta adhesión al Convenio de Schengen, como lo desean todos los países candidatos;

10. Propone la creación de una Academia Europea de Seguridad Interior, en la actual región fronteriza entre la Unión Europea y los países candidatos, encargada de la formación de los órganos policiales y de las unidades de protección de fronteras en la Unión Europea y en los países candidatos para prepararlos a la aplicación del Derecho comunitario así como a la puesta en práctica de medidas comunes y comunitarias;

11. Pide una cooperación sistemática entre EUROPOL y las autoridades policiales competentes de los países candidatos después de la entrada en vigor del Convenio EUROPOL;

12. Pide que las medidas previstas en el Título VI del Tratado UE (después de Amsterdam) en materia de cooperación policial y judicial se amplíen de la forma más extensa y de la manera más rápida posibles a los países candidatos de la Europa Central y Oriental, sobre todo, en los siguientes ámbitos:

- cooperación operativa entre las autoridades competentes, incluidos los servicios de policía, de aduanas y de policía judicial, para la prevención de los delitos así como para su descubrimiento e investigación;

- cooperación así como iniciativas comunes en los ámbitos de la formación y del perfeccionamiento (en el marco del Programa PHARE o a través de programas comunitarios como «Robert Schuman», SHERLOCK o ODYSSEUS, etc.);

- intercambio de funcionarios de enlace y delegaciones;

- utilización de equipamientos e investigación criminal;

- evaluación conjunta de distintas técnicas de investigación en relación con el descubrimiento de formas graves de delincuencia organizada así como establecimiento de una red de investigación, documentación y estadística sobre la delincuencia transfronteriza;

- aproximación progresiva del Derecho penal y persecución común de los delitos transfronterizos en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo, la trata de personas, el abuso sexual de los niños y el tráfico ilícito de drogas y armas, materiales radiactivos y también tesoros artísticos y bienes culturales valiosos;

13. Pide al Consejo que presente anualmente al Parlamento Europeo un informe completo sobre esta cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los 10 países candidatos, por otra;

14. Expresa su decisión de reforzar en estos ámbitos su cooperación con los Parlamentos de los países candidatos a través de una consideración intensa de estos temas en las Comisiones Parlamentarias Mixtas Parlamento Europeo/Parlamentos de los países candidatos y a través de una cooperación sistemática de su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores con las comisiones parlamentarias homólogas de la Europa Central y Oriental;

15. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en práctica las medidas previstas en el Tratado de Amsterdam para el control de las fronteras interiores, el asilo y la inmigración así como las medidas para la prevención y la lucha contra la delincuencia, en un marco del diálogo permanente con los 10 países candidatos de la Europa Central y Oriental, que examinen en detalle las propuestas de estos y que informen regularmente sobre ellas al Parlamento Europeo y a las Comisiones Parlamentarias Mixtas con los Estados asociados;

16. Pide al Consejo y a la Comisión que, en el marco de las negociaciones para la adhesión, consigan que los países candidatos adapten su política de visados con respecto a terceros Estados a la de la Unión Europea antes de su adhesión;

17. Hace un llamamiento al Consejo y a la Comisión, basándose en su derecho de ratificación de las adhesiones, para que velen durante las negociaciones de ampliación por unos plazos y unas reglamentaciones transitorias suficientes para los nuevos Estados que vayan a adherirse, tanto en lo que respecta al control de las nuevas fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea como en el ámbito de la libre circulación de personas;

18. Opina, sin embargo, al mismo tiempo que debe concederse la prioridad a todas aquellas medidas -también en lo que respecta a la financiación- que establecen las condiciones previas para una plena realización de la libre circulación de personas para evitar unos plazos transitorios demasiado largos, que, en general, no beneficiarían al proceso de integración de la Europa Central y Oriental ni de la Unión Europea ampliada como comunidad de Derecho;

19. Propone, además, en el sentido de una estrategia a largo plazo que se introduzca para el control de las fronteras exteriores futuras una policía europea de fronteras que europeíce las experiencias nacionales obtenidas con los órganos de protección de las fronteras, pues a la larga el control de las fronteras exteriores de la UE no puede dejarse simplemente en manos del Estado miembro más septentrional, oriental, meridional u occidental en cada caso, sino que tiene que apoyarse tanto técnica como financieramente a escala comunitaria;

20. Insta al Consejo y a la Comisión a que, en el marco de las nuevas relaciones que han de establecerse tras la adhesión, creen la posibilidad de un apoyo económico de la UE en el marco del Programa PHARE a las inversiones necesarias que han de realizar los países candidatos para modernizar su infraestructura aduanera;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia Europeo, a EUROPOL y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como de los 10 países candidatos de la Europa Central y Oriental.