[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 29.10.2009

COM(2009)609 final

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se autoriza a Francia a aplicar un nivel de imposición diferenciado a determinados carburantes, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

La imposición de los productos energéticos y de la electricidad en la Comunidad se rige por la Directiva del Consejo 2003/96/CE[1] (en adelante la «Directiva de imposición de productos energéticos» o la «Directiva»).

Con arreglo al artículo 19, apartado 1, de la citada Directiva, además de las disposiciones establecidas en particular en los artículos 5, 15 y 17, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá autorizar a cualquier Estado miembro a introducir más exenciones o reducciones de los impuestos especiales por motivos vinculados a políticas específicas.

La presente propuesta tiene como objetivo permitir a Francia aplicar, dentro de determinados límites, un nivel de imposición diferenciado al gasóleo y a la gasolina sin plomo, excluyendo el gasóleo de automoción comercial. Esta diferenciación pretende reflejar la descentralización de determinadas competencias específicas, ejercidas previamente por el Gobierno central, y adaptar el régimen impositivo a la diferente situación económica de las regiones.

2) LA PETICIÓN Y SU CONTEXTO GENERAL

La Decisión 2005/767/CE[2] del Consejo autoriza a Francia a aplicar, durante un período de tres años, un nivel de imposición diferenciado al gasóleo y a la gasolina sin plomo, con el fin de introducir una reforma del Estado que incluye la descentralización de ciertas competencias específicas previamente ejercidas por el Gobierno central. De acuerdo con su artículo 2, la Decisión 2005/767/CE expira el 31 de diciembre de 2009.

Mediante carta fechada el 12 de agosto de 2009, al amparo del artículo 19 de la Directiva, las autoridades francesas informaron a la Comisión de su intención de renovar su régimen de aplicación de un nivel de imposición diferenciado al gasóleo y a la gasolina sin plomo, tras la expiración de la citada disposición. Solicitaban una prórroga de la Decisión 2005/767/CE durante un período de seis años, que finalizaría el 31 de diciembre de 2015.

Basándose en dicha Decisión, Francia utiliza actualmente un régimen que permite a las regiones administrativas francesas aplicar un nivel de imposición diferenciado a la gasolina sin plomo y al gasóleo, con excepción del gasóleo de automoción comercial. El impuesto en cuestión es la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (Impuesto interior sobre los productos petrolíferos), que constituye un impuesto especial.

El Gobierno francés introdujo la citada medida, que se aplica desde 2007, como parte de una nueva fase de descentralización de competencias previamente asumidas a nivel nacional. La reforma constitucional de marzo de 2003 establece el marco necesario para la transferencia de las competencias y responsabilidades estatales a las entidades territoriales (ayuntamientos, departamentos y regiones). Como contrapartida a las nuevas responsabilidades, se asignó a las regiones una parte de los ingresos obtenidos del impuesto interior sobre los productos petrolíferos. En este contexto la medida en cuestión, concebida para adaptar las disposiciones a la distinta situación económica de las diferentes regiones, autoriza a las regiones administrativas a aplicar una reducción de los impuestos especiales aplicables a los carburantes que se consumen en su territorio. Esta variación regional permite que las competencias ya transferidas se adapten mejor a las características, necesidades y expectativas específicas de cada región.

Funcionamiento de la medida

De acuerdo con el régimen objeto de la presente petición, los consejos regionales deciden mediante votación la cuantía de la reducción, dentro de los límites establecidos por la legislación y de conformidad con la excepción concedida.

Hasta el momento, la reducción debía cumplir las siguientes condiciones:

- no exceder de 35,4 euros por hectolitro de gasolina sin plomo, ni de 23,0 euros por hectolitro de gasóleo, durante todo el período de la excepción; la cuantía del impuesto especial antes de la reducción se estableció en 60,69 euros por hectolitro de gasolina sin plomo y en 42,84 euros por hectolitro de gasóleo, aunque estos niveles podían ser modificados más adelante;

- el nivel de imposición tras la reducción no sería en ningún caso menor al mínimo comunitario establecido en la Directiva 2003/96/CE;

- la reducción no se aplicaría al gasóleo de automoción comercial.

Medidas sobre control y circulación

En lo que respecta a la recaudación y al control del impuesto especial sobre el gasóleo y el petróleo, se utilizarían las mismas disposiciones aplicadas hasta ahora. En el punto 1.3 de la propuesta original de la Comisión[3] en la que se basa la Decisión 2005/767/CE se incluye información más precisa sobre estas disposiciones.

Argumentos de las autoridades francesas con respecto a la repercusión de la medida en el mercado interior

Las autoridades francesas afirman que la medida no afectaría al buen funcionamiento del mercado interior, principalmente porque su alcance se limita a los carburantes de uso no profesional. Además, las diferencias en el precio de venta al público del carburante de uso no profesional entre las redes de distribución son superiores a la cuantía de las variaciones derivadas de la medida que se propone. Según las autoridades francesas, no se ha recibido ninguna denuncia sobre posibles efectos de distorsión de la medida durante el tiempo en que ésta ha sido aplicada.

De acuerdo con dichas autoridades, la reducción del tipo que se propone no constituye una ayuda estatal, dado que las compañías de transporte por carretera estarían sujetas al mismo tipo de impuesto especial aplicable al gasóleo de automoción comercial, independientemente de la región en que éste haya sido adquirido.

La medida propuesta, por tanto, no falsearía la competencia en el sector del transporte ni afectaría al intercambio intracomunitario.

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Directiva del Consejo 2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.

3) VALORACIÓN DE LA MEDIDA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA DIRECTIVA 2003/96/CE

Motivos vinculados a políticas específicas

En el artículo 19, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva se establece lo siguiente:

Además de las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, en particular en los artículos 5, 15 y 17, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá autorizar a cualquier Estado miembro a introducir más exenciones o reducciones por motivos vinculados a políticas específicas.

De acuerdo con la Decisión 2005/767/CE del Consejo, la medida nacional en cuestión cumple esta condición. De la Decisión se desprende que la diferenciación regional de tipos, como parte de una política más amplia de descentralización, pretende alcanzar el objetivo político específico de aumentar la eficacia administrativa. Se considera que la posibilidad de una diferenciación regional ofrece un incentivo adicional para que las regiones mejoren de manera transparente la calidad de su administración. La misma decisión exige que las reducciones estén vinculadas a las condiciones socioeconómicas de las regiones en las que se aplican.

En este sentido, la información suministrada por Francia confirma que puede establecerse claramente una relación entre la aplicación de un tipo regional por debajo del tipo máximo nacional y las condiciones socioeconómicas de las regiones afectadas por la medida. En 2007, el primer año de aplicación de la excepción, trece regiones aplicaron un tipo reducido, de las cuales todas tenían un PIB per cápita por debajo de la media nacional. En los dos años siguientes, el número de regiones que aplicaron una diferenciación a la baja disminuyó de forma significativa a tres en 2008 y a dos en 2009. Las regiones que mantuvieron los tipos reducidos se encontraban entre las más pobres en términos de PIB[4].

Por tanto, puede llegarse a la conclusión de que la posibilidad de establecer una reducción del tipo de imposición nacional parece haber ofrecido a las entidades regionales la posibilidad de utilizar el impuesto en cuestión adaptándolo a las circunstancias socioeconómicas imperantes en el territorio. Por otro lado, se observa una tendencia convergente de los tipos regionales hacia el tipo máximo admisible. Si esta tendencia llevara de nuevo a una situación en la que los tipos de la gasolina sin plomo y del gasóleo fueran los mismos en todo el territorio de Francia, esta disposición carecería de fundamento, ya que su objeto es exclusivamente la variación regional de tipos y no la transferencia presupuestaria de una parte del impuesto especial del Gobierno central a las regiones. En este caso, habría incluso que volver a valorar si la medida contribuye realmente al objetivo político específico descrito anteriormente.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

De acuerdo con el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva, cada petición será examinada teniendo en cuenta, entre otras cosas, el funcionamiento adecuado el mercado interior, la necesidad de garantizar una competencia leal y las políticas comunitarias en materia de sanidad, medio ambiente, energía y transporte.

Este examen ya fue realizado con ocasión de la petición original de Francia, que dio lugar a la adopción de la Decisión 2005/767/CE del Consejo. Tal como se indica en dicha Decisión, se consideró que el funcionamiento general de la medida no obstaculizaría el intercambio intracomunitario; al mismo tiempo, se fijó una serie de condiciones para garantizar que la aplicación de la disposición no originase ningún problema con respecto al funcionamiento del mercado interior ni dificultara la consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea, especialmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente.

Para poder llevar a cabo la renovación del régimen solicitada por Francia, la Comisión tendría que valorar si, considerando los requisitos establecidos en el artículo 1, apartados 2 y 3 de la decisión original, se ha conseguido durante su aplicación guardar conformidad con los objetivos y políticas establecidos en el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva, de forma que pueda pensarse que, en principio, sucederá lo mismo en el período que comienza en enero de 2010.

En este sentido, también debe verificarse si la política comunitaria ha experimentado algún cambio relevante desde la adopción de la Decisión 2005/767/CE, o si posiblemente vaya a experimentar en el futuro algún cambio esencial para su valoración.

Mercado interior y competencia leal

En la Decisión 2005/767/CE del Consejo se consideraba bajo el riesgo de falseamiento de la competencia, debido a los límites extremadamente estrictos que se establecieron para la diferenciación de los impuestos especiales entre regiones, que se compensaría con las grandes diferencias de precio existentes entre las redes de distribución, y con la exclusión del gasóleo de automoción comercial de la aplicación de los tipos diferenciados por regiones.

En lo que respecta a los niveles de diferenciación, se estableció un límite estricto, según el cual las reducciones no superarían los 35,4 euros por mil litros de gasolina sin plomo ni los 23,0 euros por mil litros de gasóleo. Esta condición ha sido respetada por Francia. Además, la Decisión establecía que las reducciones no debían superar la diferencia entre los niveles de imposición del gasóleo y del gasóleo de automoción comercial. Esta segunda condición, que pretendía garantizar que la diferenciación no afectara al sector del transporte comercial, también se ha respetado.

La experiencia adquirida con la aplicación de la excepción no parece poner en duda la valoración hecha en 2005. La Comisión no tiene noticia de ninguna denuncia con respecto a los efectos de distorsión de la medida en los intercambios intracomunitarios. Además, la medida sólo se utilizó hasta cierto punto, dada la tendencia de las regiones a una alineación creciente de los tipos, que se aproximan al tipo nacional, lo que probablemente haya limitado aún más las posibilidades de distorsión.

Tampoco se ha tenido noticia de ningún obstáculo al funcionamiento adecuado del mercado interior en lo que respecta a la circulación de los productos en cuestión como productos sujetos a un impuesto especial.

En lo que se refiere a la cuestión de la ayuda estatal, conviene recordar en primer lugar que el gasóleo de automoción comercial ha sido excluido de la medida. No obstante, la medida podría constituir una ayuda estatal de acuerdo con el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, en la medida en que otras empresas usuarias que no se ajustan a la definición del artículo 7, apartado 3, de la Directiva de imposición de productos energéticos, se beneficiarían de los tipos reducidos de la gasolina sin plomo, o en la medida en que se viese afectada la competencia entre los productores del sector petrolífero. Dado que los tipos reducidos están por encima de los mínimos comunitarios, cualquier posible ayuda estatal se ajustaría en cualquier caso al Reglamento general de exención por categorías[5] y sería compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

Política comunitaria en materia de energía y medio ambiente

Los impuestos de los productos energéticos tienen el efecto de disminuir la demanda de estos productos y, por tanto, también el de reducir las emisiones relacionadas con su consumo. Por consiguiente, la Comisión debe valorar si la reducción de los impuestos en ciertas regiones puede originar un aumento del consumo de carburantes (y, por tanto, de las emisiones), lo cual sería contrario a los objetivos anteriormente expuestos.

La Decisión 2005/767/CE del Consejo señala que la introducción de la posibilidad de reducir los tipos va acompañada de un aumento del tipo nacional de referencia en Francia. Dicha decisión concluye que es improbable que el nuevo régimen tenga el efecto generalizado de disminuir el incentivo a la eficiencia energética, ya que la aplicación de la excepción no permite a las regiones establecer un tipo inferior al tipo en vigor a nivel nacional antes de la introducción del nuevo régimen. La Decisión 2005/767/CE también considera muy bajo el riesgo de que las variaciones regionales den lugar a diferencias en los precios de venta al público que lleven a desvíos del tráfico, dado que el nivel de diferenciación es bajo y es compensado por las diferencias de precio entre las redes de distribución. Por lo tanto, se esperaba que, en principio, la medida no fuese contraria a la política comunitaria en materia de energía y medio ambiente.

Los datos proporcionados por las autoridades francesas sobre la evolución del consumo de carburantes en las regiones que efectivamente han aplicado un tipo reducido parecen confirmar las conclusiones a las que se llegó en 2005. De hecho, una valoración de la evolución del consumo de carburantes en las tres regiones que han mantenido impuestos reducidos durante más de un año muestra que el consumo de carburantes disminuyó más que la media nacional durante el período 2006-2008, mientras que el consumo de gasóleo aumentó por encima de la tendencia general. En conjunto, no se observa una tendencia clara que permita diferenciar el comportamiento de las tres regiones del observado en el resto de Francia. Por tanto, es muy probable que hayan influido otros factores distintos de la reducción de los impuestos especiales sobre el consumo.

Por otro lado, la elasticidad de los precios de transporte de carburantes suele ser mayor a medio y largo plazo, mientras que los datos expuestos a continuación abarcan un período de tiempo muy breve. En consecuencia, no puede excluirse que una aplicación a largo plazo de las reducciones impositivas regionales pueda tener efectos más visibles. No obstante, hasta el momento nada sugiere que los efectos a corto plazo puedan ir más allá de lo que se deduce de los estrechos márgenes disponibles para la diferenciación regional.

SP 95 (m3) |

2006 | 2007 | 2008 | % 07-06 | % 08-07 |

Poitou-Charentes | 315 278 | 320 837 | 308 729 | 1,76 % | -3,77 % |

Franche-Comté | 179 450 | 171 456 | 163 904 | -4,45 % | -4,40 % |

Córcega | 97 333 | 97 082 | 93 045 | -0,26 % | -4,16 % |

Francia | 10 038 226 | 9 923 607 | 9 626 807 | -1,14 % | -2,99 % |

Gasóleo 95 (m3) |

2006 | 2007 | 2008 | % 07-06 | % 8-07 |

Poitou-Charentes | 1 432 726 | 1 514 184 | 1 509 861 | 5,69 % | -0,29 % |

Franche-Comté | 806 862 | 831 643 | 849 432 | 3,07 % | 2,14 % |

Córcega | 168 215 | 176 480 | 183 557 | 4,91 % | 4,01 % |

Francia | 37 740 477 | 39 003 877 | 38 909 562 | 3,35 % | -0,24 % |

Fuente: CPDP

Evolución en el ámbito de la política comunitaria

Uno de los sectores en los que la política comunitaria ha evolucionado considerablemente desde que se concedió la excepción inicial y en los que el régimen de regionalización que se está discutiendo puede tener cierta repercusión es la política energética y climática de la Unión Europea. En abril de 2009, se adoptó una serie de medidas con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20 %, de forma autónoma, para el año 2020. El sector del transporte se ve afectado por la Decisión sobre el esfuerzo compartido[6], que establece determinados objetivos de reducción de las emisiones durante el período 2013-2020 que, por lo demás, son obligatorios para todos los Estados miembros.

Con el tiempo, esto puede hacer necesaria una revisión del régimen comunitario de imposición de los productos energéticos para adaptarlo mejor a los objetivos de la política sobre energía y medio ambiente. En este momento no está claro cómo afectaría esta evolución ulterior a la aplicación continuada de la excepción que se está discutiendo. En este sentido, si se renovara la excepción por un período de seis años, el período más prolongado admisible de acuerdo con el artículo 19, apartado 2, tal como solicita Francia, se correría el riesgo de entrar en conflicto con la evolución de la política en el futuro.

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión puede proponer renovar la autorización a Francia para aplicar un nivel de imposición diferenciado a determinados carburantes durante un período de tres años adicionales. Esto permitirá a Francia aplicar el régimen durante seis años en total, como proponía en un principio la Comisión.

4) CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Consulta de las partes interesadas

La propuesta se basa en una petición de Francia y atañe únicamente a este Estado miembro.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico

No ha habido necesidad de asesoramiento técnico externo.

Evaluación del impacto

Esta propuesta atañe a la autorización de un solo Estado miembro, a petición del mismo.

5) ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

La finalidad de la propuesta es autorizar a Francia a establecer una excepción a las disposiciones generales de la Directiva 2003/96/CE del Consejo y a aplicar, dentro de determinados límites, un nivel de imposición diferenciado al gasóleo y a la gasolina sin plomo, excluyendo el gasóleo de automoción comercial.

Base jurídica

Artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo.

Principio de subsidiariedad

El ámbito de la fiscalidad indirecta cubierto por el artículo 93 del Tratado CE no es en sí competencia exclusiva de la Comunidad, con arreglo al artículo 5 del Tratado CE.

No obstante, el ejercicio por los Estados miembros de sus competencias concurrentes en la materia se halla estrictamente circunscrito y limitado por la legislación comunitaria existente. Con arreglo al artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, sólo el Consejo está facultado para autorizar a un Estado miembro a establecer exenciones o reducciones suplementarias, tal como prevé dicha disposición. Los Estados miembros no pueden sustituir al Consejo.

La propuesta se ajusta por lo tanto al principio de subsidiariedad.

Principio de proporcionalidad

La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad. La reducción impositiva no sobrepasa lo necesario para conseguir el objetivo que se ha marcado.

Instrumentos elegidos

Instrumento(s) propuesto(s): Decisión del Consejo.

El artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE sólo prevé este tipo de medida.

6) REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La medida no supone ninguna carga financiera ni administrativa para la Comunidad. Por consiguiente, la propuesta no tiene ninguna repercusión en el presupuesto comunitario.

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se autoriza a Francia a aplicar un nivel de imposición diferenciado a determinados carburantes, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vista la propuesta de la Comisión[7],

Vista la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad[8], y, en particular, su artículo 19,

Considerando lo siguiente:

1. La Decisión 2005/767/CE del Consejo autoriza a Francia a aplicar, durante un período de tres años, un nivel de imposición diferenciado al gasóleo y a la gasolina sin plomo. Esta autorización fue solicitada, en su momento, en el marco de una reforma del Estado y, en particular, de la descentralización de determinadas competencias específicas previamente ejercidas por el Gobierno central. La Decisión 2005/767/CE expira el 31 de diciembre de 2009.

2. Mediante carta fechada el 12 de agosto de 2009, Francia solicitó autorización para seguir aplicando tipos de imposición diferenciados en las mismas condiciones durante un período adicional de seis años tras dicha expiración.

3. La Decisión 2005/767/CE del Consejo se adoptó tomando como base que la medida solicitada por Francia cumplía los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Directiva. En particular, se consideró que esta medida no afectaría al buen funcionamiento del mercado interior. Se consideró asimismo que guarda conformidad con las políticas comunitarias pertinentes.

4. La medida nacional forma parte de una política concebida para aumentar la eficacia administrativa, mejorando la calidad y reduciendo el coste de los servicios públicos, así como una política de subsidiariedad. Ofrece a las regiones un incentivo adicional para que mejoren de manera transparente la calidad de su gestión. En este sentido, la Decisión 2005/767/CE del Consejo dispone que las reducciones estén relacionadas con las circunstancias socioeconómicas de las regiones en las que se apliquen. Hasta el momento, la posibilidad de una reducción sólo ha sido utilizada por regiones con un PIB inferior a la media. En conjunto, la medida nacional se basa en consideraciones políticas específicas.

5. Los ajustados límites establecidos para la diferenciación de los tipos sobre una base regional, así como la exclusión de la medida del gasóleo de automoción comercial, hacen que el riesgo de falseamiento de la competencia en el mercado interno sea muy bajo. Además, la aplicación de la medida muestra hasta el momento una acentuada tendencia de las regiones a imponer el tipo máximo admisible, lo cual disminuye aún más las posibilidades de falseamiento de la competencia.

6. Tampoco se ha tenido noticia de ningún obstáculo al funcionamiento adecuado del mercado interior en lo que respecta a la circulación de los productos en cuestión como productos sujetos a un impuesto especial.

7. La medida nacional fue precedida en su momento por un aumento impositivo igual al margen de las reducciones regionales. En este contexto, teniendo en cuenta las condiciones de la autorización y la experiencia adquirida, la medida no parece entrar en conflicto de momento con la política comunitaria energética y climática.

8. Del artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE se deduce que toda autorización concedida con arreglo a dicho artículo debe estar estrictamente limitada en el tiempo. Debido a la posibilidad de que en el futuro se produzca alguna modificación del régimen comunitario de imposición de productos energéticos, la presente autorización debe ser limitada a un período de tres años.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Se autoriza a Francia a aplicar tipos impositivos reducidos a la gasolina sin plomo y al gasóleo empleados como carburante. La reducción no se aplicará al gasóleo de automoción comercial en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE.

2. Podrá autorizarse a las regiones administrativas a aplicar reducciones diferenciadas, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- a) las reducciones no serán superiores a 35,4 euros por mil litros de gasolina sin plomo y a 23,0 euros por mil litros de gasóleo;

- b) las reducciones no serán superiores a la diferencia entre los niveles de imposición que se aplican al gasóleo y al gasóleo de automoción comercial;

- c) las reducciones serán función de las condiciones socioeconómicas objetivas de las regiones en las que se apliquen;

- d) la aplicación de las reducciones regionales no tendrá por efecto otorgar a una región ventajas competitivas en el comercio intracomunitario.

3. Los tipos reducidos deberán cumplir los requisitos establecidos en la Directiva 2003/96/CE y, en particular, los tipos mínimos fijados en el artículo 7.

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2010 y expirará el 31 de diciembre de 2012.

.

Artículo 3

La destinataria de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

Laszlo KOVACS Miembro de la Comisión

[1] Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003 p. 51; Directiva modificada en último lugar por las Directivas 2004/74/CE y 2004/75/CE (DO L 157 de 30. 4.2004, p. 87 y p. 100)

[2] DO L 290 de 4.11.2005, p. 25.

[3] Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un nivel de imposición diferenciado a determinados carburantes, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, COM (2004) 597 final.

[4] En 2007 aplicaron una reducción las siguientes regiones: Alsacia, Aquitania, Auvernia, Borgoña, Bretaña, Champagne-Ardennes, Córcega, Franche-Comté, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Mediodía-Pirineos, Baja Normandía, Países del Loira, Poitou-Charentes, Provenza-Alpes-Costa Azul y Ródano-Alpes; en 2008 fueron: Córcega, Franche-Comté y Poitou-Charentes; en 2009, Córcega y Poitou-Charentes.

[5] Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), DO L 214 de 9.8.2008, p. 3.

[6] Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, DO L 140 de 5.6.2009, p. 136. En el caso de Francia, el objetivo es llegar a -14 %.

[7] DO C, p.

[8] DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.