El Reglamento (CE) n.º 1013/2006 (Reglamento sobre traslados de residuos, RTR) incorpora al Derecho de la UE las disposiciones tanto del Convenio de Basilea como de la Decisión de la OCDE. En algunos aspectos, el RTR contiene medidas de control más estrictas que el Convenio de Basilea. El RTR exige a los Estados miembros que garanticen que los traslados y las operaciones de tratamiento de residuos se gestionen de manera que se proteja el medio ambiente y la salud humana de cualquier efecto adverso que pueda derivarse de tales residuos. El RTR establece mecanismos de control para la exportación e importación de residuos entre la UE y terceros países, así como para los traslados entre Estados miembros. Los tipos de controles en el marco del RTR dependen de las características de los residuos (por ejemplo, peligrosos y no peligrosos), su destino y su tratamiento como parte de operaciones de valorización (por ejemplo, el reciclado) o eliminación (como el depósito en vertederos). El RTR también establece prohibiciones de exportación para determinadas categorías de residuos y algunos destinos: el ejemplo más importante es la prohibición de exportar residuos peligrosos desde la UE hacia países no miembros de la OCDE.

En 2018, el comercio mundial de residuos alcanzó los 182 millones de toneladas, por un valor aproximado de 80 500 millones EUR. Este comercio ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, con un máximo de casi 250 millones de toneladas en 2011. La UE es un actor importante en el comercio mundial de residuos, y los volúmenes de residuos que se trasladan entre los Estados miembros son considerables. En 2020, la UE exportó a países no pertenecientes a la UE alrededor de 32,7 millones de toneladas de residuos, lo que supone un aumento del 75 % desde 2004, con un valor de 13 000 millones EUR. La chatarra de metales ferrosos y no ferrosos, los residuos de papel, los residuos plásticos, los residuos textiles y los residuos de vidrio representan la mayor parte de los residuos exportados desde la UE. La UE también importó aproximadamente 16 millones de toneladas, por un valor de 13 500 millones EUR. Además, cada año se trasladan entre los Estados miembros alrededor de 67 millones de toneladas de residuos (traslados de residuos en el interior de la UE).

La propuesta de la Comisión tiene en cuenta las opiniones expresadas y presenta un enfoque proporcionado para resolver los problemas detectados en la evaluación. Este es el caso, en particular, de las medidas relativas a la exportación de residuos, que no equivalen a una prohibición general de exportación y que solo se aplicarán tres años después de la entrada en vigor del Reglamento propuesto. Por consiguiente, todas las partes interesadas y los terceros países dispondrán de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación de las nuevas normas.

En cuanto a la exportación de residuos desde la UE, las partes interesadas reconocieron, en general, que el RTR debe modificarse para evitar situaciones en las que los residuos exportados desde la UE se gestionen incorrectamente en los países de destino. Se expresaron puntos de vista diferentes en cuanto a las posibles soluciones para abordar este problema. Algunas partes interesadas expresaron su preocupación por las medidas que podrían dar lugar a posibles perturbaciones en el comercio mundial de residuos de alta calidad y por el impacto de tales medidas en el sector de la UE actualmente implicado en la recogida, clasificación y reciclado de residuos. En particular, destacaron que podría no haber capacidad suficiente en la UE para tratar los residuos que actualmente se exportan desde la UE. Este punto de vista no fue compartido por otros operadores económicos, que indicaron que se dispondría de dicha capacidad. La sociedad civil insistió en la necesidad de que la UE estableciera medidas muy restrictivas sobre la exportación de residuos plásticos desde la UE.

En cuanto a la cuestión de los traslados de residuos en el interior de la UE, los operadores económicos expresaron su firme apoyo a la modernización de los procedimientos aplicables a los traslados de residuos y a la adopción de medidas de la UE para evitar la fragmentación de su mercado interior. En particular, solicitaron la digitalización del procedimiento de notificación, un mejor funcionamiento de los procedimientos acelerados, el establecimiento de normas comunes para decidir sobre la clasificación de los residuos y una mayor normalización del cálculo de las fianzas. Algunas voces de la sociedad civil subrayaron la necesidad de que el RTR se adapte mejor al principio de proximidad y a la jerarquía de residuos. Por otra parte, algunos operadores económicos indicaron que el RTR no debe establecer disposiciones sustanciales (establecidas en otros instrumentos legislativos), sino limitarse a los requisitos de procedimiento para el traslado de residuos.

Las pymes se beneficiarán en gran medida de las medidas destinadas a facilitar los traslados de residuos dentro de la UE. Los obstáculos y cargas relacionados con las deficiencias de los procedimientos actuales representan una carga proporcionalmente mayor para las pymes que para las grandes empresas. Las medidas relativas a la exportación de residuos afectarán a las pymes que participan en actividades comerciales relacionadas con la exportación. Incurrirán en nuevos costes para llevar a cabo auditorías en las instalaciones a las que transportan sus residuos. No obstante, estos costes siguen siendo limitados y podrían compartirse con otras pymes, en particular a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Por último, la perspectiva de que se quedarán más residuos en la UE, junto con nuevos objetivos y obligaciones en virtud de la legislación de la UE para garantizar su reciclado, también representará oportunidades para que las pymes desarrollen proyectos y tecnologías innovadores para reciclar residuos cuyo tratamiento resulte especialmente problemático, como en el caso de los residuos plásticos y textiles.

En términos de impacto económico general, esta opción preferida debe suponer un ahorro significativo para los operadores que trasladan residuos y para las autoridades que se ocupan de los procedimientos de autorización y seguimiento de estos traslados, en particular gracias al establecimiento del sistema de intercambio electrónico de datos. Se espera que ello suponga un ahorro del orden de 1,4 millones EUR al año. Otras medidas para modernizar y simplificar el RTR supondrán ahorros adicionales. Los demás impactos económicos de relevancia se derivarán de las medidas relacionadas con la exportación de residuos, que deben representar un beneficio económico global para la economía de la UE, sobre la base de los datos de 2019, que oscila entre 200 y 500 millones EUR al año, dependiendo de la cantidad de residuos que se queden en la UE. Para los operadores económicos establecidos en la UE, los efectos de estas medidas variarán considerablemente en función de su posición en la cadena de valor y de los tipos de residuos de que se trate. Es probable que algunos de los que participan en la exportación de estos residuos vean cómo los costes de exportación aumentan, o recurran a otros compradores de la UE, de los que podrían obtener precios más bajos por sus residuos. Las empresas que exportan residuos también tendrían que establecer (o adquirir) sistemas de auditoría para verificar que las instalaciones de terceros países llevan a cabo las actividades de gestión de residuos de manera sostenible, lo que generaría nuevos costes, aunque moderados. Por otra parte, los operadores económicos que reciclan o procesan residuos en la UE pueden utilizar más residuos como materia prima, que deberían poder comprar a un precio inferior al de referencia. Las medidas relativas a los traslados ilícitos deben beneficiar a los operadores legales, ya que ayudarán a luchar contra las actividades ilegales, que suponen una competencia directa para la actividad de los operadores legales. Para las empresas situadas en terceros países que transportan y procesan residuos importados de la UE, el efecto sería positivo para quienes realizan sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente, ya que la auditoría consolidaría sus actividades y su competitividad, aunque también podría hacerles incurrir en algunos costes para mejorar su infraestructura y sus normas a corto plazo. El impacto sería negativo para aquellas empresas que no puedan cumplir los criterios de gestión ambientalmente correcta de los residuos establecidos en los sistemas de auditoría, ya que perderían clientes de la UE.

·Con respecto al segundo objetivo, la opción 4 dará lugar a cambios importantes en los enfoques de la UE y en el marco regulador aplicable a la exportación de residuos desde la UE. Esto es necesario teniendo en cuenta que el actual RTR no logra el objetivo de garantizar una gestión ambientalmente racional de los residuos exportados de la UE, especialmente a los países en desarrollo. Una característica importante de la opción 4 es que exigirá tanto a los operadores económicos como a las autoridades públicas que adopten medidas concretas para verificar que los residuos exportados de la UE son tratados de manera sostenible en los países de destino. De esta forma, se velará por que se ofrezcan garantías tanto a nivel nacional (medidas 2c y 2e) como a nivel de instalación (medida 2a) sobre el tratamiento sostenible de residuos en los países de destino. Estas medidas deben generar importantes beneficios medioambientales, amén de repercusiones económicas. Para algunos operadores, en particular los que transforman residuos en materiales secundarios en la UE, esto podría dar lugar a mayores cantidades de materias primas disponibles a un precio más bajo, lo que tendría un impacto positivo en general. Para los operadores que transporten residuos desde la UE, el impacto dependerá de si se dispone de pruebas de que los residuos exportados son tratados de manera respetuosa con el medio ambiente en los países de destino. Es probable que, como consecuencia de ello, se dificulte la exportación a algunos países, lo que tendría un impacto negativo en las empresas que exportan residuos a estos países. No obstante, los costes derivados de esta situación son limitados y se ven compensados por los beneficios medioambientales globales de las medidas. Por último, también es importante señalar que la proporcionalidad se garantiza por el hecho de que las medidas de la opción 4:

En la opción 3 (cambios estructurales), las medidas 1d, 1e y 1f abordan directamente las preocupaciones de las partes interesadas en relación con los costes asociados a los retrasos de los traslados dentro de la UE y minimizarían significativamente la carga administrativa para las autoridades públicas y los operadores económicos (objetivo 1). La introducción de las medidas 2c, 2d y 2e establecería un marco de procedimiento a escala de la UE para garantizar que los residuos exportados desde la UE se gestionen de manera respetuosa con el medio ambiente. Se considera una respuesta proporcionada y sistémica al objetivo 2. Algunos cambios no serían suficientes ni suficientemente coherentes para lograr el efecto necesario a nivel de los Estados miembros. Este es el caso, en particular, de las medidas 3e y 3g propuestas para abordar mejor los traslados ilícitos de residuos (objetivo 3).

En comparación con la hipótesis de referencia, los cambios específicos proporcionan respuestas eficaces y coherentes para alcanzar determinados objetivos, en particular reducir la carga administrativa y aumentar el traslado de residuos para su tratamiento en un nivel superior de la jerarquía de residuos. Sin embargo, las medidas previstas no podrían ofrecer por sí solas los máximos beneficios, debido principalmente a la menor eficiencia y coherencia interna. En comparación con los cambios estructurales (opción 3), esta opción solo abordará parcialmente los problemas relacionados con la exportación de residuos (objetivo 2). Las medidas solo se centran en determinados ámbitos problemáticos, por ejemplo, al establecer criterios para diferenciar entre bienes usados y residuos (2b) o especificando las obligaciones de los exportadores (2a). Los mayores beneficios de esta opción se refieren a las medidas 3a a 3d y 3f, destinadas a abordar mejor los problemas que plantean los traslados ilícitos de residuos en el interior, hacia y desde la UE (objetivo 3).

La presente propuesta aprovecha al máximo el potencial de digitalización para reducir los costes administrativos. Este es el caso, en particular, de la propuesta de crear un sistema obligatorio a escala de la UE para la emisión e intercambio electrónico de datos e información relacionados con los traslados de residuos. No se espera que el desarrollo de un sistema de este tipo que combine las plataformas nacionales o las plataformas existentes, como el entorno establecido en virtud del Reglamento (UE) 2020/1056, sobre la información electrónica relativa al transporte de mercancías, con un sistema a escala de la UE, conlleve costes muy elevados para la Comisión, los Estados miembros o las empresas. No obstante, dotará a las autoridades de los Estados miembros y a la Comisión de una poderosa herramienta de seguimiento y ejecución, así como de un dispositivo eficaz para que las empresas cumplan las obligaciones previstas en la propuesta de Reglamento.

·En el caso de la DG ENV: 1 puesto adicional AD ETC (equivalente a tiempo completo) con el apoyo de 1,5 agentes contractuales ETC, así como costes operativos (por ejemplo, estudios, consultoría externa, reuniones, etc.), previstos para la aplicación general del Reglamento y los trabajos preparatorios necesarios y la redacción de legislación secundaria en consonancia con los plazos propuestos en el Reglamento sobre traslado de residuos. Esto supone un coste total de 4 137 000 EUR para el período 2024-2027, sobre la base de la última actualización del coste del personal de la Comisión según se indica en el sitio web de la DG BUDG: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx .

El artículo 42 contempla la supervisión de las exportaciones a los países de la OCDE y un procedimiento de salvaguardia en caso de que las exportaciones de residuos a dichos países conduzcan a una situación en la que dichos residuos no se gestionen de manera ambientalmente correcta. Este artículo establece que la Comisión estará facultada para tomar medidas cuando sea necesario en caso de que los residuos no se gestionen de manera ambientalmente correcta.

La sección 2 contiene disposiciones para las exportaciones de residuos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE. Los artículos 37 a 40 establecen una prohibición de exportación de residuos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE, excepto en caso de que un país no perteneciente a la OCDE notifique su disposición a importar y demuestre su capacidad para gestionar determinados residuos de manera ambientalmente correcta. Estos artículos también establecen el procedimiento para que los terceros países notifiquen su voluntad y capacidad de recibir y gestionar residuos, y la facultad de la Comisión para evaluar estas notificaciones y publicar una lista de países que pueden recibir exportaciones de determinados residuos incluidos en la lista «verde» de la Unión.

La sección 1 contiene disposiciones para las exportaciones de residuos peligrosos y otros residuos determinados a países no pertenecientes a la OCDE, y el artículo 36 establece una prohibición de exportación de residuos peligrosos y de otro tipo a países no pertenecientes a la OCDE desde la UE.

(31)A fin de evitar perturbaciones en los traslados de residuos o mercancías como consecuencia de discrepancias entre las autoridades competentes sobre la situación de dichos residuos o mercancías, es necesario establecer un procedimiento para resolver tales discrepancias. A este respecto, es importante que las autoridades competentes basen sus decisiones en las disposiciones relativas a la determinación de los subproductos y al fin de la condición de residuo de la Directiva 2008/98/CE. También es necesario establecer un procedimiento para resolver discrepancias entre las autoridades competentes sobre si los residuos deben someterse o no al procedimiento de notificación. A fin de garantizar una mejor armonización en toda la Unión de las condiciones en las que los residuos deben estar sujetos al procedimiento de notificación, la Comisión también debe estar facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan criterios para la clasificación de residuos específicos en los anexos pertinentes del presente Reglamento, que determinen si están sujetos o no al procedimiento de notificación. Además, a fin de evitar que los residuos se declaren falsamente como bienes usados y de aportar claridad jurídica, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan criterios para distinguir entre bienes usados y residuos, en relación con productos específicos para los que dicha distinción sea importante, especialmente para su exportación desde la Unión.

(33)Con el fin de reducir las cargas administrativas y en circunstancias excepcionales relacionadas con situaciones geográficas o demográficas específicas, los Estados miembros podrán celebrar acuerdos bilaterales sobre la simplificación del procedimiento de notificación para el traslado de flujos específicos de residuos respecto a los traslados transfronterizos a las instalaciones adecuadas más próximas situadas en la zona fronteriza de los dos Estados miembros afectados. También debe ser posible que un Estado miembro celebre tales acuerdos con un país que sea Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como en una situación en la que los residuos se trasladen desde el país de expedición y se traten en el mismo, pero transiten por otro Estado miembro.

(34)Con el fin de proteger el medio ambiente de los países afectados, es necesario aclarar el alcance de la prohibición de las exportaciones de la Unión, establecida de acuerdo con el Convenio de Basilea, de residuos destinados a su eliminación en un tercer país que no sea miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

(35)Los países Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrán adoptar los procedimientos de control establecidos para los traslados dentro de la Unión. En tales casos, los traslados entre la Unión y estos países deben estar sujetos a las mismas normas que los traslados dentro de la Unión.

(36)Con el fin de proteger el medio ambiente de los países afectados, es necesario aclarar el alcance de la prohibición de las exportaciones de residuos peligrosos destinados a su valorización en terceros países donde no se aplique la Decisión de la OCDE, de acuerdo con el Convenio de Basilea. En particular, es necesario aclarar la lista de residuos a los que afecta la prohibición y garantizar que también incluya los residuos enumerados en el anexo II del Convenio de Basilea, en concreto residuos domésticos y residuos generados por la incineración de residuos domésticos y residuos plásticos difíciles de reciclar.

(37)Es necesario establecer normas estrictas sobre la exportación para la valorización de residuos no peligrosos a terceros países a los que no se aplica la Decisión de la OCDE, a fin de garantizar que estos residuos no causen daños al medio ambiente y a la salud pública en estos países. En virtud de estas normas, la exportación desde la Unión solo debe permitirse a los países incluidos en una lista elaborada y actualizada por la Comisión, siempre que estos países hayan presentado a la Comisión una solicitud en la que declaren su disposición a recibir determinados residuos no peligrosos de la Unión y demuestren su capacidad para gestionarlos de manera ambientalmente correcta, sobre la base de los criterios establecidos en el presente Reglamento. Deben prohibirse las exportaciones a países distintos de los incluidos en dicha lista. A fin de garantizar el tiempo suficiente para la transición a este nuevo régimen, debe establecerse un período transitorio de tres años a partir de la fecha general de aplicación del presente Reglamento.

(38)Los países a los que se aplica la Decisión de la OCDE están sujetos a las normas y recomendaciones establecidas por la OCDE sobre el traslado y la gestión de residuos y, por lo general, tienen normas más estrictas para la gestión de residuos que los países a los que no se aplica la Decisión de la OCDE. No obstante, es importante que la exportación desde la Unión de residuos no peligrosos destinados a la valorización no ocasione daños al medio ambiente y a la salud pública en los países a los que se aplica la Decisión de la OCDE. Por consiguiente, es necesario establecer un mecanismo de seguimiento de los traslados de residuos no peligrosos a dichos países. En los casos en que la exportación de residuos no peligrosos de la Unión al país en cuestión haya aumentado considerablemente en un breve período de tiempo y no se disponga de información que acredite la capacidad del país de que se trate para valorizar estos residuos de manera ambientalmente correcta, la Comisión debe entablar un diálogo con el país en cuestión y, si la información no es suficiente para demostrar que los residuos se valorizan de manera ambientalmente correcta, debe estar facultada para suspender tales exportaciones.

(39)Se deben dar los pasos necesarios para garantizar que, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE y con el resto de la legislación de la Unión en materia de residuos, los residuos que se trasladen dentro de la Unión, así como los que se importen en la Unión, se gestionen de modo que, durante todo el traslado e incluyendo la valorización o la eliminación en el país de destino, no se ponga en peligro la salud humana y se lleve a cabo sin utilizar procesos o métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. También es necesario garantizar que los residuos exportados desde la Unión se gestionen de manera ambientalmente correcta durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación en el tercer país de destino. A tal fin, debe establecerse la obligación de que los exportadores de residuos garanticen que la instalación que recibe los residuos en el tercer país de destino sea objeto de una auditoría independiente por terceros, antes de exportar residuos a la instalación en cuestión. El objetivo de esta auditoría es verificar que la instalación en cuestión cumple los criterios específicos establecidos en el presente Reglamento, destinados a garantizar que los residuos se gestionen de manera ambientalmente correcta. Si dicha auditoría llega a la conclusión de que la instalación en cuestión no cumple los criterios establecidos en el presente Reglamento, el exportador no debe estar facultado para exportar residuos a dicha instalación. Esta obligación debe aplicarse a las instalaciones situadas en todos los terceros países, incluidos los que son miembros de la OCDE. La Decisión de la OCDE establece que los residuos exportados a otro país de la OCDE se destinarán a operaciones de valorización en una instalación de valorización que valorizará los residuos de manera ambientalmente correcta con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas nacionales a las que esté sujeta la instalación. La Decisión de la OCDE no contiene ningún elemento o criterio que especifique cómo aplicar este requisito en lo que respecta a la «gestión ambientalmente correcta» de los residuos. A falta de criterios comunes que definan las condiciones en las que los residuos deben valorizarse en las instalaciones pertinentes, es necesario abordar el riesgo de que los residuos exportados de la UE a países pertenecientes a la OCDE se gestionen incorrectamente en instalaciones específicas, por lo que las instalaciones situadas en estos países deben estar sujetas a los requisitos de auditoría previstos en el presente Reglamento.

(40)Habida cuenta del derecho de cada una de las Partes en el Convenio de Basilea, de conformidad con su artículo 4, apartado 1, a prohibir la importación de residuos peligrosos o de residuos que figuren en el anexo II de dicho Convenio, deben autorizarse las importaciones en la Unión de residuos destinados a su eliminación cuando el país exportador sea Parte en dicho Convenio. Se deben permitir las importaciones en la Unión de residuos destinados a la valorización si el país exportador está sujeto a la Decisión de la OCDE o es Parte en el Convenio de Basilea. En los demás casos las importaciones solo deben autorizarse si el país exportador está sujeto a un acuerdo o sistema bilateral o multilateral compatible con el Derecho de la Unión y de conformidad con el artículo 11 del Convenio de Basilea, excepto cuando esto no resulte posible en situaciones de crisis, de restablecimiento o mantenimiento de la paz o de guerras.

(41)El presente Reglamento debe reflejar las normas relativas a las exportaciones e importaciones de residuos hacia y desde los países y territorios de ultramar establecidas en la Decisión 2013/755/UE del Consejo.

(42)En los casos específicos de traslados que tengan lugar en el interior de la Unión con tránsito a través de terceros países, deben aplicarse disposiciones específicas relativas al procedimiento de autorización por parte de terceros países. También es necesario adoptar disposiciones específicas relativas a los procedimientos aplicables al tránsito de residuos a través de la Unión con origen y destino en terceros países.

(43)Por razones medioambientales y habida cuenta del estatuto particular de la Antártida, el presente Reglamento prohibirá explícitamente la exportación de residuos a dicho territorio.

(44)Para garantizar una aplicación y un cumplimiento armonizados del presente Reglamento, es necesario establecer obligaciones para que los Estados miembros lleven a cabo inspecciones de los traslados de residuos. También se necesita una planificación adecuada de las inspecciones de los traslados de residuos para determinar la capacidad necesaria en materia de inspecciones y prevenir eficazmente los traslados ilícitos. El Reglamento (CE) n.º 1013/2006 exigía a los Estados miembros que, a más tardar el 1 de enero de 2017, establecieran planes de inspección de los traslados de residuos. Para facilitar una aplicación más coherente de las disposiciones relativas a los planes de inspección y garantizar un enfoque armonizado de las inspecciones en toda la Unión, los Estados miembros deben notificar sus planes de inspección a la Comisión, que debe estar encargada de revisarlos y, en su caso, de formular recomendaciones de mejora.

(45)En los Estados miembros existen normas divergentes respecto a la competencia y la posibilidad que tienen las autoridades que participan en las inspecciones en los Estados miembros de exigir pruebas a fin de determinar la legalidad de los traslados. Dichas pruebas podrían referirse, entre otras cosas, a si la sustancia u objeto es un residuo, si los residuos se han clasificado correctamente y si se trasladarán a instalaciones que los gestionen de manera ambientalmente correcta de conformidad con el presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever la posibilidad de que las autoridades que participan en las inspecciones en los Estados miembros exijan tales pruebas. Las pruebas pueden exigirse en virtud de disposiciones generales o en función de cada caso concreto. Cuando dichas pruebas no se faciliten o se consideren insuficientes, el transporte de la sustancia u objeto de que se trate, o el traslado de residuos de que se trate, debe considerarse un traslado ilícito y tratarse de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

(46)Conviene que los Estados miembros adopten normas relativas a las sanciones administrativas aplicables en caso de infracción del presente Reglamento y velen por la aplicación de tales normas. Las sanciones establecidas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. La evaluación del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 puso de manifiesto que una de las deficiencias es que las normas nacionales en materia de sanciones difieren significativamente en toda la Unión. Por consiguiente, para facilitar una aplicación más coherente de las sanciones, deben establecerse criterios comunes no exhaustivos para determinar los tipos y niveles de las sanciones que deben imponerse en caso de que se infrinja el presente Reglamento. Estos criterios deben incluir, entre otras cosas, la naturaleza y la gravedad de la infracción, así como los beneficios económicos derivados de ella y los daños medioambientales causados por la misma, en la medida en que puedan determinarse. Por otra parte, además de las sanciones administrativas exigidas en virtud del presente Reglamento, los Estados miembros deben velar por que el traslado ilícito de residuos constituya un delito en casos graves, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008.

(47)La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 ha puesto de manifiesto que la participación de múltiples actores a nivel nacional plantea problemas a la coordinación y la cooperación en relación con la ejecución. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que todas las autoridades pertinentes que participan en la aplicación del presente Reglamento dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinarse a nivel nacional en relación con el desarrollo y la aplicación de políticas y actividades de control del cumplimiento para hacer frente a los traslados ilícitos de residuos, incluidos el establecimiento y la aplicación de los planes de inspección.

(48)Es preciso que los Estados miembros colaboren entre sí, de forma bilateral y multilateral, a fin de facilitar la prevención y detección de los traslados ilícitos de residuos. Para seguir mejorando la coordinación y la cooperación en toda la Unión, debe crearse un grupo de ejecución específico compuesto por representantes designados por los Estados miembros y la Comisión, así como por representantes de otras instituciones, órganos, oficinas, agencias o redes pertinentes. Este grupo de ejecución debe reunirse periódicamente. Debe ser un foro en el que, entre otras cosas, se comparta información e inteligencia sobre la evolución de los traslados ilícitos y se intercambien puntos de vista sobre las actividades de ejecución, incluidas las mejores prácticas.

(49)Para apoyar y complementar las actividades de ejecución de los Estados miembros, la Comisión debe estar facultada para llevar a cabo acciones de investigación y coordinación en relación con los traslados ilícitos que puedan tener efectos adversos graves para la salud humana o el medio ambiente. Al llevar a cabo estas actividades, la Comisión debe actuar respetando plenamente las garantías procedimentales. La Comisión podrá plantearse, como cuestión de organización interna, la posibilidad de confiar determinadas medidas de ejecución previstas en el presente Reglamento a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que posee los conocimientos especializados pertinentes a este respecto.

(50)Es preciso que los Estados miembros faciliten a la Comisión información sobre la aplicación del presente Reglamento, tanto a través de los informes que se entregan a la Secretaría del Convenio de Basilea como sobre la base de un cuestionario aparte. Cada cuatro años la Comisión debe elaborar un informe sobre la ejecución del presente Reglamento sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y otros datos, recopilados en particular mediante informes ad hoc elaborados por la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre los traslados de residuos plásticos y otros flujos de residuos específicos que son fuente de preocupación.

(51)Una cooperación internacional eficaz en materia de control de los traslados de residuos contribuye a asegurar que estos se controlen y supervisen en un nivel adecuado. Es preciso promover el intercambio de información, la responsabilidad compartida y los esfuerzos de cooperación entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los terceros países, por otra, con vistas a garantizar la gestión correcta de los residuos.

(52)A fin de facilitar el intercambio de información y la cooperación para la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben designar autoridades competentes y delegados y notificarlos a la Comisión, que debe poner esta información a disposición del público.