20. 10. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 263/13 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre la coordinación de las disposicio­
nes legislativas reglamentarias y administrativas referentes al saneamiento y a la liquidación 
de las entidades de crédito (*) 
(86/C 263/06) 
El 24 de enero de 1986, el Consejo decidió, conforme al artículo 57 del Tratado, consultar al 
Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada más arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
sobre el tema en cuestión, adoptó su dictamen el 4 de junio de 1986 (sobre el informe 
presentado por el Sr. De Bruyn). 
El Comité Económico y Social, durante su 238a sesión plenaria (sesión del 2 de julio de 1986), 
adoptó por unanimidad el siguiente dictamen: 
1. Observaciones generales 
La propuesta de Directiva se centra en tres puntos 
distintos: 
— medidas de saneamiento de las entidades de crédito 
y efectos extraterritoriales en el interior de la Comu­
nidad de una decisión tomada al respecto en el 
Estado donde se encuentra la sede social, en las 
sucursales situadas en otros Estados miembros; 
— liquidación de las entidades de crédito y efectos 
extraterritoriales en el interior de la Comunidad, de 
cualquier decisión al respecto tomada en el Estado 
en donde se encuentra la sede social, en las sucursa­
les situadas en otros Estados miembros; 
— la garanda de los depósitos. 
1.1. Medidas de saneamiento 
1.1.1. Se trata, conforme al artículo 2 apartado 1, de 
la propuesta de Directiva de «las medidas destinadas a 
mantener o a restablecer la situación financiera de una 
entidad de crédito ». 
No obstante, por necesidades de aplicación de la Direc­
tiva, sólo puede tratarse de medidas que aparecen enu­
meradas en una lista que figura en el Anexo a la 
propuesta. Si consideramos el contenido de tal Anexo, 
vemos que generalmente se trata de medidas de tipo 
administrativo cuyo objeto es permitir a las autoridades 
competentes llevar a cabo controles y verificaciones, 
imponer medidas conservatorias (nombramiento de un 
comisario especial o de un administrador provisional, 
suspensión total o parcial de las actividades, prohibi­
ción de ciertas operaciones, etc.) e imponer sanciones 
(suspensión, revocación, etc.). 
Parece evidente — y la Comisión ha sido consciente de 
ello — que tales medidas no tienen como único objecto 
el mantenimiento y el restablecimiento de la situación 
financiera de una entidad de crédito sino que, de una 
manera más general, se trata de medidas administrati-
(') DO n° C 356 de 31. 12. 1985, p. 55. vas destinadas a permitir la realización de controles y 
la imposición eventual de sanciones en los casos de 
infracción de la reglamentación aplicable. 
De hecho, cuando una entidad de crédito tiene proble­
mas de liquidez o de solvencia, observamos que a 
menudo las autoridades encargadas del control intervie­
nen muy discretamente con vistas a inducir a otras 
entidades a venir en ayuda de la entidad en apuros. 
Posteriormente, siempre con la mayor discreción, se 
procederá a tomar ciertas medidas administrativas 
conservatorias, pues toda divulgación de las dificultades 
que atraviesa una entidad de crédito puede ocasionar 
una agravación de la situación, e incluso hacerla irreme­
diable. 
Por ello no nos cansaremos de insistir sobre la imperiosa 
necesidad de conservar el carácter confidencial de las 
medidas tomadas en esta primera etapa durante el 
tiempo que sea necesario. 
1.1.2. La Comisión ha sido perfectamente consciente 
del carácter híbrido de las medidas indicadas en el 
Anexo. 
El artículo 2 prevé que han de darse tres condiciones 
positivas para la aplicación de la Directiva (artículo 
2.1.) y que tal aplicación no es posible si se dan dos 
hipótesis cuando se toman las medidas: 
— en el marco de los controles normales de las entida­
des de crédito con el fin de reprimir las infracciones; 
— en el marco de una quiebra, de un acuerdo de 
acreedores de la quiebra o de cualquier otro procedi­
miento de liquidación en curso (artículo 2.2.). 
Por lo que respecta a una de las condiciones positivas 
(artículo 2.1.b.), convendría precisar que las medidas 
han de ser tomadas y aplicadas con vistas a evitar la 
apertura de un procedimiento de liquidación en vez de 
decir que tal ha de ser su objeto. 
1.1.3. De manera general, la Directiva sustituye la 
regla de la competencia territorial de las autoridades 
de control, respecto a las medidas de saneamiento, por 
una regla que extiende la competencia de la autoridad 
de control del país en el que está ubicada la sede social 
a todos los países del mercado común donde hubiera 
una sucursal de la entidad de crédito (artículo 4). 
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En la propuesta se contempla una excepción: si las 
autoridades de control de un país en el que existe una 
sucursal de una entidad de crédito estiman que han 
de tomar alguna medida de saneamiento y que las 
autoridades del país donde se halla ubicada la sede 
social, debidamente advertidas de tal intención, estiman 
que no deben intervenir, las autoridades de control del 
país en el que existe dicha sucursal conservan entonces 
su competencia territorial y pueden ejercer los poderes 
que les son conferidos por su legislación nacional (artí­
culo 6). 
Sin embargo, si las autoridades de control del país en 
el que está ubicada la sede social consideran que han 
de intervenir, su decisión ha de ser acatada en el país 
en el que se encuentra la sucursal y las autoridades de 
control de dicho país no pueden aplicar ni mantener 
medida alguna de saneamiento que sea de su competen­
cia (artículo 4 apartado 2). 
El Comité estima que tal disposición puede plantear 
algún problema cuando las autoridades de control del 
país en el que se encuentra la sucursal consideren, 
teniendo en cuenta ciertos aspectos particulares de 
dicho país, que las medidas tomadas por las autoridades 
de control del país en el que está ubicada la sede social 
son insuficientes y que además no toman suficiente­
mente en cuenta los problemas específicos del país en 
el que se encuentra la sucursal. 
En este caso, sería conveniente suprimir la regla del 
artículo 4, apartado 3, y decidir que las decisiones 
tomadas por las autoridades del país en el que está 
ubicada la sede social no pongan impedimento alguno 
a la aplicación o al mantenimiento por parte de las 
autoridades del país en el que se encuentra la sucursal 
de medidas que sean de su competencia. 
1.1.4. Puede darse la circunstancia de que las medi­
das tomadas por el país en el que se encuentra la 
sede social pudieran parecer demasiado severas a las 
autoridades del país en el que está la sucursal; o incluso 
que tales medidas pudieran parecer contrarias a la 
manera en que dichas autoridades conciben el interés 
general o el orden público. 
En este aspecto, la propuesta de Directiva es radical, 
pues obliga a los Estados miembros a adoptar, llegado 
el caso, toda disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa que consideren oportuna para eliminar 
todo tipo de obstáculo de naturaleza jurídica a la aplica­
ción de las medidas decididas por las autoridades del 
país en el que se encuentra la sede social (artículo 10). 
1.1.5. Si, como consecuencia de la ratificación y 
entrada en vigor del acta Única, se introdujeran algunas 
modificaciones al artículo 9 de la propuesta, el Comité 
espera que será debidamente consultado. 
1.2. La liquidación 
1.2.1. Si la intención de la Comisión, tal como lo ha 
hecho saber en la exposición de motivos, es no sólo 
imponer la aplicación de la legislación del país en el que 
se encuentra la sede social, sino también la competencia 
exclusiva de las autoridades o de las jurisdicciones de 
dicho país, la disposición que aparece en el apartado 1 
del artículo 11 ha de interpretarse como una interven­
ción en el orden jurídico interno de los Estados miem­
bros. Además, puede toparse con objeciones de orden 
constitucional en la medida en que implique consultas 
por parte del poder judicial a una autoridad administra­
tiva. 1.2.2. El Comité observa que el término «liquida­
ción » se refiere a: 
— la quiebra, el acuerdo de acreedores de la quiebra 
y los procedimientos análogos según se entiende en 
el proyecto de convenio relativo a tales procedi­
mientos; 
— otros procedimientos de liquidación que constitui­
rían regímenes especiales, particularmente de tipo 
administrativo; 
— la liquidación voluntaria (artículo 12). 
1.2.3. La propuesta de Directiva se basa en el princi­
pio de unidad y de universalidad de la liquidación: 
competencia exclusiva de la autoridad de un único 
Estado, el de la sede social; reconocimiento y ejecución 
de las decisiones de la autoridad de dicho Estado por 
parte de todas las sucursales situadas en el resto de los 
Estados miembros. 
La introducción de este principio, admitido por el pro­
yecto de convenio relativo a la quiebra, a los acuerdos 
entre acreedores de la quiebra y a los procedimientos 
análogos no causaría problema alguno si tal convenio 
hubiese sido adoptado y hubiera entrado en vigor. En 
caso contrario, será necesario proceder a introducir 
modificaciones a veces importantes en el sistema jurí­
dico de numerosos Estados miembros. 
1.3. La garantía de los depósitos 
1.3.1. El Comité comprende perfectamente que el 
público esté interesado en saber si los depósitos efectua­
dos, que a menudo constituyen un ahorro, están garan­
tizados, y de qué forma en caso de graves apuros por 
parte de la entidad de crédito. 
Precisamente tal preocupación es una de las razones 
por las que las entidades de crédito son controladas de 
manera rigurosa, especialmente en lo que concierne a 
su liquidez, su solvencia y su rentabilidad; rentabilidad 
que, a fin de cuentas, es la garantía más segura. 
Es muy difícil asegurar el riesgo de insolvencia, según 
las técnicas específicas del seguro que consisten en 
compensar según las leyes de la estadística una serie 
suficiente de riesgos de la misma naturaleza. Ello fue 
posible, en su momento, en los Estados Unidos debido 
al elevado número de entidades de mediana importancia 
repartidas en un amplio mercado. Actualmente, el sis­
tema ya no es eficaz debido a la aparición de entidades 
de talla muy diferente. 
Es difícilmente concebible que, en el sistema económico 
del Mercado Común, tal riesgo sea asumido por el 
Estado, es decir por la colectividad de contribuyentes. 
No obstante, a veces así ha ocurrido en el caso de 
entidades públicas de crédito, lo que plantea entonces 
el problema de la carga a sufragar eventualmente por 
la colectividad y que provoca la aparición de problemas 
en materia de competencia. 
De todos modos, nunca se puede descartar la interven­
ción del Estado, por ejemplo en caso de una situación 
muy grave que pudiera provocar efectos en cadena o 
incluso poner en peligro la estabilidad de una moneda 
nacional y el crédito internacional de un Estado. Tales 
consideraciones explican por qué los sistemas de garan­
tía existentes presentan casi siempre un marcado carác­
ter nacional y ello seguirá siendo así mientras existan 
diferentes monedas. 
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1.3.2. En algunos Estados miembros, el deseo de 
satisfacer las preocupaciones del público ha llevado a 
las entidades de crédito a crear, con o sin ayuda de las 
autoridades, ciertos sistemas de garantía. 
Estos sistemas presentan la característica esencial de 
estar basados en un principio de solidaridad, que agrupa 
todas las entidades de crédito que trabajan en una 
misma plaza financiera definida en función de la 
moneda allí en curso. 
La toma en consideración de tal principio de solidaridad 
se basa en la idea de que todos están interesados en 
que la plaza financiera, caracterizada por una moneda 
nacional, en la que realizan sus operaciones, ofrezca 
una imagen de solidez y de seguridad, y ello pese a 
otras consideraciones respecto a la importancia relativa 
de las entidades de crédito y a la competencia que 
puedan hacer algunas, no sin riesgo, en detrimento de 
las que tengan que pagar en caso de percance grave. 
1.3.3. Estos sistemas nacionales que recurren a la 
solidaridad de las entidades de crédito bajo forma de 
cotización o de promesa de intervención pueden tener 
una base totalmente privada. En algunos casos las auto­
ridades han intervenido para dar más realce al sistema 
o para ponerlo en práctica. 
1.3.4. Estos sistemas son ajenos al derecho en mate­
ria de quiebra y de liquidación. El sistema de garantía 
interviene aquí como un asegurador que se hace subro­
gar en los derechos de la persona que él indemniza en 
la quiebra. No podría invocarse aquí el principio de 
igualdad de los acreedores en la quiebra. 
1.3.5. Además, todos los sistemas presentan una 
enorme diversidad en todos los aspectos: límite de las 
indemnizaciones, moneda cubierta, naturaleza de los 
depósitos cubiertos, cálculo del importe de la participa­
ción, calidad de los beneficiarios. Tal diversidad se 
explica por las diferentes formas de concebir el pro­
blema en cada uno de los Estados miembros y por 
diferencias de sensibilidad en este aspecto por parte de 
las diferentes poblaciones. 
1.3.6. Se nos antoja muy difícil poder reglamentar la 
materia mediante una Directiva. 
No obstante, teniendo en cuenta el carácter particular 
del problema y la connotación nacional que presenta, 
así como su repercusión en la competencia, nos parece 
justificado admitir que toda sucursal de un banco cuya 
sede social se encuentre en otro Estado miembro tenga 
derecho a poder adherirse al sistema de garantía que 
existe en el Estado en que se halla la sucursal, en las 
mismas condiciones que las entidades de crédito cuya 
sede se encuentra en este último, salvo si la sucursal 
está cubierta, en el país donde está ubicada, por el 
sistema de garantía del país donde se halla la sede 
social, siempre que dicho sistema sea como mínimo 
equivalente al que está en vigor en el país en que se halla 
la sucursal y que este último autorice la no adhesión a 
su propio sistema. 
Sin embargo, mientras no exista un sistema de garantía 
en todos los Estados miembros nos parece totalmente 
inaceptable obligar a que los sistemas de garantía exis­
tentes cubran sus sucursales en un Estado miembro en 
el que no existe ningún sistema de garantía. 2. Observaciones particulares 
2.1. Artículo 2, apartado 1 
El Comité propone la siguiente redacción de este apar­
tado: 
« Según la presente Directiva, se consideran medidas de 
saneamiento las medidas tomadas por las autoridades 
que se indican en el apartado 3 y destinadas a man­
tener...» 
2.2. Artículo 2, apartado 1. b) 
Las intenciones de la Comisión (véase la exposición de 
motivos, página 5, último párrafo) quedarían mejor 
expresadas sustituyendo el texto de la propuesta por el 
siguiente: 
«b) ser puestas en práctica para evitar la apertura de 
un procedimiento de liquidación». 
2.3. Artículo 4 
Las autoridades competentes del país en el que se halla 
la sucursal pueden considerar que las medidas tomadas 
en el país en el que se encuentra la sede social son 
inadecuadas con relación a la situación local. Por ello 
ha de permitírseles mantener, en el caso en que ya 
hubieran intervenido en base al artículo 6, o poner 
en práctica cualquier medida de su competencia que 
consideren útil. Por consiguiente, debería suprimirse el 
apartado 3 del artículo 4 (véase anteriormente el apar­
tado 1.1.3). 
2.4. Artículo 7 
Esta disposición es útil y favorablemente acogida según 
la hipótesis del apartado 1 cuando las medidas afecten 
a los derechos de los acreedores y que éstos puedan 
interponer un recurso. 
En los casos distintos a tal hipótesis, se deberá obrar 
con el máximo de discreción. 
2.5. Artículo 9, apartado 2 
Evidentemente un Estado miembro sólo puede modifi­
car o completar la lista de medidas que figuran en 
anexo siempre que tales medidas pertenezcen a su pro­
pio sistema jurídico. 
2.6. Artículo 11 
Esta disposición tiene por objeto, según se indica en la 
exposición de motivos, instaurar el doble principio de 
la unidad y de la universalidad de la liquidación. 
No obstante, el apartado 2 se limita a precisar que la 
liquidación se realiza « de conformidad con las disposi­
ciones de la legislación del país en el que se encuentra 
la sede social» sin afirmar la competencia territorial 
exclusiva de las autoridades competentes del país en el 
que se halla la sede social. Ante la omisión de tal 
precisión y la ausencia de adopción del Convenio reía-
N° C 263/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 10. 86 
tivo a la quiebra, a los acuerdos entre acreedores de 
una quiebra y a los procedimientos análogos, algunos 
Estados miembros, cuyo sistema jurídico no contempla 
el principio de unidad y de universalidad de la quiebra, 
podrían admitir la competencia territorial de su propia 
jurisdicción, con respecto a una sucursal, limitándose a 
aplicar la ley del país en el que está la sede social. 
Esta interpretación podría encontrar una confirmación 
en el apartado 3 del que implícitamente se deduce que 
se puede abrir Un procedimiento de liquidación con 
respecto a una sucursal, salvo si se ha abierto tal proce­
dimiento en otro Estado miembro sin precisar si se trata 
o no del Estado en el que se encuentra la sede social. 
Por consiguiente, el Comité propone la redacción del 
apartado 3 del artículo 11 de la siguiente manera: 
«las decisiones relativas a la liquidación de una entidad 
de crédito que dimanan de las autoridades administrati­
vas o judiciales, del país donde se encuentra la sede 
social o de los órganos de la liquidación de dicho país, 
presentan...» 
2.7. Artículo 16, apartado 1 
Sería muy conveniente expresar la idea de que toda 
sucursal, en un Estado miembro, de un banco cuya sede 
social se encuentre dentro de la Comunidad, tenga 
derecho a poder adherirse al sistema de garantía exis­
tente en dicho Estado en las mismas condiciones que 
las entidades de crédito que tengan su sede en el mismo. 
Si la sucursal está cubierta, en el país donde está ubi­
cada, por el sistema de garantía del país en donde se 
Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 1986. 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité una vez más expresa su profunda 
preocupación porque la pobreza está aumentando en 
la Comunidad Europea y también entre sus nuevos halla su sede social, si dicho sistema es como mínimo 
equivalente al que está en vigor en el país en que se 
halla la sucursal y si este último autoriza la no adhesión 
a su propio sistema, la sucursal puede ser eximida de 
adherirse al sistema local. Si el sistema de garantía del 
país en donde se halla su sede social fuera menos 
favorable que el del país en donde se encuentra la 
sucursal, se podría admitir que la sucursal sólo se 
adhiriera a este último sistema mediante un comple­
mento de garantía, siempre que dicho sistema admita 
una adhesión limitada de tales características. 
2.8. Artículo 16, apartado 2 
Se ha de suprimir esta disposición de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1.3.6 de las observaciones 
generales. 
2.9. Artículo 17 
Sería muy conveniente prever, para la adopción por los 
Estados miembros de las disposiciones necesarias, un 
plazo de 3 o de 4 años con posterioridad a la aprobación 
de la Directiva, en vez de determinar una fecha a partir 
de ahora. 
2.10. Anexo 
El Comité ha tomado nota de la existencia de posibles 
carencias en la lista de medidas de saneamiento que 
aparece en anexo. Las observaciones que se realizarán al 
respecto serán transmitidas directamente a los servicios 
competentes de la Comisión. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
miembros. Existe una clara evidencia que demuestra 
que cada vez más personas están siendo marginadas 
económicamente en nuestra sociedad. 
(!) DO n° C 151 de 17. 6. 1986, p. 4. Gerd MUHR 
Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
85/8/CEE relativa a una acción comunitaria específica de lucha contra la pobreza (!) 
(86/C 263/07) 
El Consejo decidió el 16 de junio consultar, de conformidad con las disposiciones del artículo 
198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta arriba mencionada. 
El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Roycroft que preparase los trabajos 
en la materia como ponente general. 
El Comité Económico y Social, durante su 238a sesión plenaria (sesión del 2 de julio de 1986), 
adoptó el siguiente dictamen por mayoría salvo una abstención.