COMISIÓN EUROPEA Bruselas,20.9.2017 COM(2017) 536 final 2017/0230(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 308 final}



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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La integración de los mercados financieros aporta importantes beneficios a la financiación de la economía europea y a la promoción del empleo y el crecimiento sobre una base sólida y sostenible. A fin de fomentar la integración financiera y la integridad de los mercados, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera, el mercado interior de los servicios financieros de la UE necesita normas comunes y una estrecha coordinación de la supervisión. Cuando la UE procedió a una revisión de su sistema financiero en respuesta a la crisis financiera, y en consonancia con los esfuerzos emprendidos a nivel mundial, introdujo por tanto un código normativo único para la regulación financiera en Europa y creó las Autoridades Europeas de Supervisión (en lo sucesivo, «AES»). Las AES constituyen la piedra angular institucional del paquete global de reformas y han desempeñado un papel clave a la hora de garantizar unos mercados financieros sólidos, estables y convenientemente regulados en toda la UE. Contribuyen al desarrollo y a la aplicación coherente del código normativo único, resuelven los problemas transfronterizos y, de ese modo, favorecen la convergencia tanto en materia de regulación como de supervisión. A pesar de las medidas adoptadas tras la crisis, sigue existiendo un importante margen de mejora de la convergencia en materia de regulación y de supervisión en el mercado interior. Para que sea eficaz, la integración de los mercados financieros requiere una mayor integración de los mecanismos de supervisión, mientras que una mayor centralización de estos mecanismos puede, a su vez, propiciar la integración del mercado. Por este motivo, la UE ha emprendido un proceso de refuerzo de la integración del sector financiero en general sobre una base sólida y estable. En particular, se ha puesto en marcha la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) para poner los cimientos de un mercado interior de los mercados de capitales plenamente operativo. En este contexto, el Informe de los cinco presidentes, «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», de junio de 2015, destacó la necesidad de reforzar el marco de supervisión de la UE, lo cual debe acabar propiciando la creación de un supervisor único de los mercados de capitales. Más recientemente, el Documento de reflexión de la Comisión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria sugiere que una revisión del marco de supervisión de la UE —en particular de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)— representaría un primer paso hacia la creación de este supervisor único en 2019 a más tardar. En este Documento también se invitaba a completar la Unión Financiera —que comprende la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales— para 2019, a fin de garantizar la integridad del euro y mejorar el funcionamiento de la zona del euro y de la UE en su conjunto. Los mercados financieros mundiales están estrechamente interconectados y el marco normativo de la UE se basa en gran medida en las normas internacionales acordadas a raíz de la crisis financiera, sobre todo entre los países del G-20. Mientras la UE se esfuerza por acelerar la realización de la UMC, es esencial, por consiguiente, que los mecanismos de supervisión de la UE sigan desarrollándose de un modo que permita aprovechar plenamente el potencial de unos mercados financieros integrados a escala internacional, garantizando al mismo tiempo la capacidad de controlar y gestionar de forma eficaz los riesgos transfronterizos entre la UE y el resto del mundo. Las AES desempeñan un papel fundamental a este respecto. Por último, la decisión del Reino Unido de abandonar la UE refuerza estos retos para los mecanismos de supervisión en la Europa de los Veintisiete. La futura salida del que es en la actualidad el mayor centro financiero de la UE significa que los mercados de capitales de los Veintisiete deben seguir desarrollándose y que los regímenes de supervisión deben reforzarse para que los mercados financieros puedan seguir apoyando la economía sobre una base adecuada y sólida. El objetivo de la presente propuesta es adaptar y mejorar el marco de las AES para que puedan asumir una mayor responsabilidad en materia de supervisión de los mercados financieros. Las AES deben estar adecuadamente equipadas en términos de competencias, gobernanza y financiación. En primer lugar, sus competencias actuales deberán reforzarse y mejorarse cuando se haya constatado que son parcialmente insuficientes y no están claramente definidas, por ejemplo en lo que se refiere a la aplicación coherente del Derecho de la UE, la elaboración de asesoramiento técnico o la prestación de apoyo continuo a las decisiones de equivalencia. El alcance actual del mandato de las AES también deberá reconsiderarse a la luz de los objetivos estratégicos de la UMC. Es necesario reforzar la supervisión directa común en ámbitos específicos para garantizar una mayor coherencia de las prácticas de supervisión y la ejecución de las normas de la UE que regulan los servicios financieros. En la revisión de 2017 de los Reglamentos de las AES se llegó a la conclusión de que estas Autoridades y no las autoridades nacionales competentes debían encargarse de la supervisión de determinadas entidades y actividades que revisten especial importancia para la Unión en su conjunto o que presentan una dimensión transfronteriza significativa. Análogamente, las AES deberían participar más activamente en la autorización y la supervisión de las entidades de terceros países que operen en la Unión. En segundo lugar, la presente propuesta tiene por objeto mejorar la eficacia de la gobernanza de las AES. La estructura de incentivos del proceso decisorio de estas Autoridades, en su forma actual, no favorece la toma de decisiones, en particular en el ámbito de la convergencia en materia de regulación y supervisión, o bien propicia decisiones fundamentalmente orientadas hacia los intereses nacionales más que hacia los intereses generales de la UE. Esta situación refleja, en cierta medida, la tensión inherente entre el mandato europeo de las AES y el mandato nacional de las autoridades competentes que son miembros de los órganos de las AES, y no se ajusta adecuadamente al objetivo de convergencia en materia de supervisión. Para que las AES puedan asumir un papel más importante en la profundización de la integración financiera o el fortalecimiento de la estabilidad del mercado interior será también necesario dotarlas de competencias más efectivas en materia de convergencia. En tercer lugar, las AES necesitan una base de financiación adecuada que les permita asignar recursos acordes con sus necesidades para cumplir sus objetivos. Las disposiciones presupuestarias actuales coartan y seguirán coartando sus actividades, puesto que los Estados miembros, por diferentes motivos, podrían no estar dispuestos a aumentar más sus contribuciones. La presente propuesta establece modificaciones específicas de los Reglamentos de las AES y de diversos actos sectoriales con vistas a reforzar las competencias, la gobernanza y el marco de financiación de las AES, que son los ámbitos que deben reforzarse para que estas puedan responder a los retos señalados anteriormente. El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta examina los costes y beneficios de estas modificaciones. Expone una serie de opciones de actuación destinadas a reforzar las competencias de las AES a nivel de la UE, a mejorar su gobernanza (incluido el proceso decisorio) y a garantizar que su marco de financiación sea sostenible y acorde con sus funciones actuales y futuras. La evaluación de impacto prueba sobradamente que las modificaciones que se proponen contribuirán de forma efectiva a reforzar el marco de las AES y, por ende, a estabilizar en general el sistema financiero de la UE, manteniendo al mismo tiempo en el nivel más bajo posible los costes para el presupuesto general de la UE y para las partes interesadas. Las modificaciones también contribuirán a un mayor desarrollo y profundización de la UMC, en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta es coherente con otras disposiciones existentes e iniciativas en curso de la UE destinadas a garantizar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de supervisión a nivel de la UE. Desde el inicio de la crisis financiera, la UE y sus Estados miembros han emprendido una profunda revisión de la supervisión y regulación financieras. La UE ha puesto en marcha una serie de reformas dirigidas a crear un sistema financiero más seguro, más sólido, más transparente y responsable, al servicio de la economía y de la sociedad en su conjunto. Entre ellas cabe citar la creación del Mecanismo Único de Supervisión, el Mecanismo Único de Resolución y la Junta Única de Resolución, para responsabilidades específicas y directas en materia de supervisión. La presente propuesta es coherente y complementaria con el cometido y las funciones de dichos organismos. La propuesta es también coherente con el código normativo único de legislación financiera, al cual las AES aportan una contribución significativa a través de su trabajo. La finalidad del código normativo único es establecer normas comunes en toda la UE que garanticen la estabilidad financiera y unas condiciones de competencia equitativas, así como un elevado nivel de protección de los consumidores e inversores. Por ejemplo, la propuesta es coherente con la Directiva y el Reglamento sobre requisitos de capital (bancos) y la Directiva Solvencia II (empresas de seguros) en vigor, cuyo objetivo es mejorar la estabilidad del sector financiero. Es asimismo coherente con el actual marco para los servicios de pago y las hipotecas en relación con la protección de los consumidores. Por lo que se refiere a las iniciativas en curso, la Comisión también propone hoy una iniciativa legislativa para reforzar la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), que, junto con las AES, constituye el Sistema Europeo de Supervisión Financiera introducido a raíz de la crisis. Otros ejemplos recientes son: la propuesta de la Comisión que introduce modificaciones específicas en el EMIR para reforzar la supervisión a nivel de la UE en relación con la autorización de una entidad de contrapartida central (ECC) y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países; y la propuesta de la Comisión relativa a los productos de pensiones individuales, que refuerza el papel de la AESPJ al otorgarle competencias para autorizar estos nuevos productos, a fin de concederles una etiqueta de calidad a nivel paneuropeo y permitir su distribución en toda la UE. Por último, la presente propuesta es coherente con las disposiciones actuales de la UE relativas a la aplicación y observancia de las disposiciones sobre terceros países de la legislación financiera de la UE, expuestas en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la equivalencia. Dicho documento ofrece una visión general del proceso de equivalencia con terceros países previsto en la legislación de la UE sobre los servicios financieros. Expone la experiencia adquirida y señala una serie de ámbitos que merecen mayor atención, los cuales se abordan parcialmente en la presente propuesta. Habida cuenta de los objetivos estratégicos de la UE, la buena gobernanza en el ámbito fiscal y la lucha contra el blanqueo de capitales basadas en normas mundiales son elementos importantes para el desarrollo de nuevas políticas. A fin de garantizar la coherencia de las políticas y reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, la Comisión seguirá integrando estas cuestiones en la legislación de la UE que proceda, en particular en el ámbito de los servicios financieros, y podría plantearse su integración en los procesos de equivalencia.

•Coherencia con otras políticas de la Unión La presente propuesta es coherente con los actuales esfuerzos de la Comisión en pro de un mayor desarrollo de la UMC. Un marco de supervisión más eficaz es un elemento clave para una mayor integración de los mercados de capitales, ya que contribuye a una aplicación más coherente de las normas aplicables al sector financiero. En este contexto, el Informe de los cinco presidentes, de junio de 2015, pone de manifiesto la necesidad de reforzar el marco de supervisión de la UE, lo cual debe acabar propiciando la creación de un supervisor único de los mercados de capitales. La necesidad de seguir desarrollando e integrando los mercados de capitales de la UE se subrayó en la Comunicación sobre la UMC de septiembre de 2016 y en la Comunicación sobre la revisión intermedia de la UMC. La presente propuesta es también conforme con los compromisos asumidos por la Comisión en el contexto de la UMC para responder a dos nuevos retos en los mercados actuales: la financiación sostenible y la tecnología financiera («FinTech»). En lo que atañe a la financiación sostenible, la Comisión se ha comprometido, en el marco de la iniciativa relativa a la UMC, a reforzar el liderazgo de la UE en materia de inversión y financiación sostenibles. Nuevos riesgos y oportunidades de índole medioambiental, social y relacionados con la gobernanza están transformando el sector financiero y obligan a adaptar el marco y los métodos de supervisión. Por otra parte, el sector financiero tiene un papel clave que desempeñar en la transición hacia una economía hipocarbónica y energéticamente más eficiente. Es necesaria una estrecha coordinación y convergencia de las actitudes de la supervisión en relación con la sostenibilidad a nivel de la UE. A este respecto, la propuesta está en sintonía con la Estrategia de la Unión de la Energía, los compromisos de la UE para una Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las AES deben asimismo contribuir a aprovechar el potencial y las oportunidades de la tecnología financiera, atendiendo al mismo tiempo a los posibles riesgos en este ámbito, por ejemplo, a través de unas prácticas más coherentes en la aplicación de los requisitos reglamentarios. Ello implica una mejor integración de los aspectos relacionados con la tecnología financiera en la labor de supervisión de las AES. En este contexto, la presente propuesta también es coherente con la Estrategia para el Mercado Único Digital. Las nuevas tecnologías están modificando el sector financiero, lo que también exige adaptaciones del marco y los métodos de supervisión. Los supervisores nacionales han adoptado diversas iniciativas, que, de no coordinarse debidamente, podrían perjudicar el correcto funcionamiento del mercado interior. Es necesaria una mayor coordinación y convergencia de las actitudes de la supervisión con respecto a la innovación tecnológica a nivel de la UE, por ejemplo a través de la creación en las AES de un polo de innovación de la UE. Los cambios específicos del actual modelo de gobernanza también están en sintonía con los esfuerzos de la Comisión para que los foros de toma de decisiones dentro de las agencias descentralizadas de la UE sean más operativos e independientes. En el ámbito de los servicios financieros, otras instituciones u organismos europeos, como el Banco Central Europeo o la Junta Única de Resolución, disponen de un órgano preparatorio permanente e independiente, con facultades y funciones propias, que puede decidir sobre determinadas cuestiones o participar en el proceso decisorio. El establecimiento de Consejos Ejecutivos para las AES, con miembros permanentes y con un mandato exclusivo, está en consonancia con las salvaguardias existentes para reforzar la dimensión europea del proceso decisorio de las agencias. Por último, en lo que respecta a la financiación, si bien la mayoría de las agencias descentralizadas de la UE se financian con cargo al presupuesto de la UE, existen varias agencias de la UE que reciben financiación mixta o totalmente privada. En este sentido, la financiación del presupuesto de las AES mediante contribuciones del sector se ajusta a la práctica existente en la UE. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta disposición constituye la base jurídica de todos los Reglamentos cubiertos por la presente propuesta. Se propone adaptar los Reglamentos constitutivos de las AES a nuevas situaciones, a fin de mejorar el funcionamiento de las AES en aras de la convergencia en el mercado interior y, por tanto, de un mejor funcionamiento de este. El análisis efectuado en el contexto del informe de evaluación de impacto señala los ámbitos del marco de las AES que deben modificarse para reforzar la estabilidad y la eficacia de los regímenes de supervisión de la UE y, por ende, del sistema financiero de la UE. Es necesario introducir otros cambios en la legislación sectorial con objeto de permitir a las AES aprovechar plenamente el potencial de sus competencias reforzadas. El informe de la evaluación de impacto y la evaluación que lo acompaña demuestran que la actuación de la UE está justificada y que es necesaria para subsanar los problemas detectados en el ámbito de las competencias de las AES, su marco de gobernanza y su marco de financiación. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Las AES son organismos de la Unión, por lo que los Reglamentos que les son aplicables solo pueden ser modificados por el legislador de la Unión. Por otra parte, las modificaciones pretenden conseguir un funcionamiento más coherente del mercado interior, un objetivo que no puede ser alcanzado por los Estados miembros de forma individual. En el caso de los fondos cubiertos por los Reglamentos FCRE (fondos de capital riesgo europeos), FESE (fondos de emprendimiento social europeos) y FILPE (fondos de inversión a largo plazo europeos), la designación de la AEVM como único organismo de supervisión garantiza una aplicación homogénea de los requisitos y condiciones de los tres Reglamentos en todos los Estados miembros. La supervisión única reducirá el importe y la diversidad de los costes y el tiempo dedicado a la administración, lo que permitirá a los gestores rebajar los costes de transacción y operativos. Racionalizará los procesos administrativos en que se basa la autorización/registro de los fondos FCRE, FESE y FILPE, y propiciará unas condiciones de competencia más equitativas mediante la centralización de su supervisión, con independencia del lugar en que estén establecidos. La supervisión única favorecerá en mayor medida la integración de los mercados en esos sectores y mejorará la financiación de los mercados a la economía de la UE a través de esos fondos. Por lo que respecta al Reglamento y la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros y de modo similar a los índices de referencia cruciales, los servicios de suministro de datos son una actividad a escala de la Unión por su propia naturaleza y los problemas de regulación y supervisión resultantes no pueden solucionarse mediante la actuación de los Estados miembros de forma aislada. Con respecto a la nueva función de coordinación de la AEVM, esta ya se define en el Reglamento por el que se crea esta Autoridad y en los correspondientes actos legislativos de la Unión. Por consiguiente, únicamente puede reforzarse modificando el Derecho de la Unión. En lo que respecta al Reglamento sobre los índices de referencia, los índices de referencia cruciales revisten una importancia económica capital, ya que se utilizan en los instrumentos financieros (especialmente los derivados), los contratos financieros y los fondos de inversión en toda la Unión. El requisito de constituir, para algunos de los índices cruciales, colegios de supervisores de, al menos, los Estados miembros de los administradores y de los contribuidores supervisados de los índices de referencia ya apunta al hecho de que dichos índices no pueden ser supervisados por un único supervisor nacional, por lo que deben establecerse los mecanismos necesarios a nivel de la Unión. Someter a todos los administradores de índices de referencia cruciales a la supervisión directa de la AEVM es una medida proporcionada, ya que estos índices revisten una importancia fundamental para la Unión y el gran tamaño de los colegios de supervisores actuales les puede impedir actuar con la suficiente flexibilidad en una situación de crisis. Los índices de referencia elaborados en terceros países pueden utilizarse en la Unión si están reconocidos o han sido validados por una autoridad competente de la Unión o si el régimen normativo y de supervisión del país en el que están radicados es reconocido como equivalente al régimen establecido por el Reglamento sobre los índices de referencia. Si bien la decisión de equivalencia es adoptada por la Comisión y el supervisor del tercer país tiene que establecer acuerdos de cooperación con la AEVM, son las autoridades nacionales competentes las que deciden sobre la validación y el reconocimiento. Ello obliga a intervenir a numerosas autoridades nacionales competentes para tramitar tales solicitudes y existe el riesgo de que los administradores de índices de referencia de terceros países traten de elegir una autoridad nacional competente que les parezca más tolerante en sus decisiones y en la consiguiente supervisión del administrador (búsqueda del foro más ventajoso). Puesto que el administrador está situado en un tercer país, el argumento principal en favor de la supervisión nacional, que es la proximidad a las entidades supervisadas, no es válido. Establecer la AEVM como autoridad competente para los administradores de índices de referencia de terceros países aumentaría la eficiencia y reduciría el riesgo de búsqueda del foro más ventajoso y las divergencias en la supervisión de estas entidades. Sin embargo, este objetivo no puede alcanzarse si los Estados miembros actúan por sí solos.

A fin de garantizar que la AEVM pueda supervisar directamente determinados administradores de índices de referencia, es necesario modificar el Reglamento sobre los índices de referencia con la adopción de una serie de actos delegados que precisen algunas de sus disposiciones. En relación con el Reglamento sobre el folleto, desde 2011 la AEVM ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en fomentar la convergencia normativa entre las autoridades nacionales competentes en lo que respecta al examen y la aprobación de folletos. Con este fin se han creado instrucciones de supervisión («Supervisory Briefings»), que establecen principios comunes que las autoridades nacionales competentes son invitadas a aplicar al aprobar los folletos. La AEVM también llevó a cabo en 2012 y 2015 dos evaluaciones inter pares del proceso de aprobación del folleto, al ponerse de manifiesto la existencia de prácticas divergentes entre los Estados miembros. Pese a ser muy útiles, tales actuaciones no han alcanzado plenamente su objetivo de fomentar la plena convergencia en materia de supervisión y, habida cuenta de que los emisores, en determinados casos, pueden elegir a la autoridad competente que aprobará su folleto, la persistencia de prácticas divergentes entre las autoridades nacionales competentes todavía deja margen para el arbitraje regulatorio y pérdidas de eficiencia. La Comisión ha detectado algunos tipos de folletos que, debido a la naturaleza de los valores y emisores en cuestión, implican una dimensión transfronteriza dentro de la Unión, un nivel de complejidad técnica y riesgos potenciales de arbitraje regulatorio de naturaleza tal que la supervisión centralizada por la AEVM permitiría alcanzar resultados más eficaces y eficientes que la supervisión a nivel nacional. Se trata de los folletos de mayorista para valores no participativos ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados, los folletos que se refieren a tipos específicos de valores complejos, como los bonos de titulización de activos, o que son elaborados por emisores especializados y los folletos elaborados por emisores de países terceros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129. La centralización de su aprobación, así como la de todas las actividades de supervisión y ejecución conexas, a nivel de la AEVM mejorará la calidad, la coherencia y la eficiencia de la supervisión en la Unión, creará condiciones de competencia equitativas para los emisores y permitirá acortar el plazo de aprobación. Del mismo modo, eliminará la necesidad de elegir un «Estado miembro de origen» y evitará el riesgo de búsqueda del foro más ventajoso. •Proporcionalidad La presente propuesta introduce modificaciones específicas para reforzar el marco de supervisión de la UE y mejorar de forma sostenible la estabilidad y la eficacia del sistema financiero en toda la UE y para reforzar la protección de los inversores y los consumidores. A tal efecto, presenta modificaciones selectivas y bien calibradas del marco de supervisión a nivel de la UE, con una gobernanza más eficaz y eficiente. Redefine las funciones y competencias actuales de las AES y les otorga nuevas competencias para que puedan hacer frente a nuevas situaciones, en particular en el ámbito de la tecnología, así como al aumento de las actividades transfronterizas dentro de la UE y a las perspectivas de una mayor integración entre los mercados financieros de la UE y del resto del mundo. Además, la propuesta contiene un sistema de financiación adaptado para garantizar a las AES una financiación sostenible, proporcionada y acorde con sus tareas. Por lo que se refiere a los actos sectoriales, las modificaciones propuestas se limitan básicamente a la introducción de la supervisión directa por parte de la AEVM. Se han elegido en función de las especificidades de los sectores en cuestión. Por otra parte, es necesario sincronizar las modificaciones introducidas en el MiFIR con cambios limitados en la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II). Por lo tanto, también se presenta una propuesta separada de modificación de dicha Directiva. Ninguno de los elementos propuestos va más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Además, de conformidad con el principio de proporcionalidad consagrado en el Tratado, el contenido y la forma de las medidas y acciones de las AES no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento y guardarán proporción con la naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos inherentes a las actividades financieras de las entidades o empresas afectadas por la actuación de la AES pertinente. •Elección del instrumento La presente propuesta tiene por objeto modificar los Reglamentos de las AES en vigor y varios actos de la legislación financiera sectorial. Puesto que todos los actos que se modifican mediante la presente propuesta constituyen reglamentos, las modificaciones correspondientes adoptan la forma de un Reglamento modificativo único («ómnibus»). Además, se propone modificar la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (principalmente para reflejar las modificaciones del MiFIR) e introducir cambios limitados en la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II). Para estos dos objetivos, se propone por separado una Directiva modificativa. Por último, e igualmente en un documento aparte, la Comisión adapta su reciente propuesta de Reglamento que modifica tanto el Reglamento por el que se crea la AEVM como el EMIR. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente La evaluación de impacto y la evaluación que acompañan a la presente propuesta examinan el actual marco de las AES para comprobar si les ha permitido cumplir su objetivo de fortalecer de manera sostenible la estabilidad y eficacia del sistema financiero y de reforzar la protección de los inversores y los consumidores. En lo que respecta a la eficacia y eficiencia de las AES, el análisis efectuado llega a la conclusión de que las AES han cumplido, en líneas generales, sus objetivos. No obstante, se requieren mejoras específicas para hacer frente a los futuros desafíos. En particular, el análisis llega a las siguientes conclusiones: a.Las competencias de las AES podrían mejorarse en determinados ámbitos para garantizar un mejor desempeño de sus funciones. Como consecuencia de ello, cabría esperar mejores resultados en cuanto a regulación y supervisión para todos los consumidores y participantes en los mercados de toda la UE y una gestión eficaz y eficiente del riesgo transfronterizo. b.El actual marco de gobernanza de las AES dificulta la gestión de los conflictos entre los intereses nacionales y los de la UE, con el consiguiente riesgo de que las decisiones de las AES no siempre se adopten en el interés común de la UE, de que la toma de decisiones se retrase o de que exista un sesgo de inacción, en particular por lo que respecta a las actividades no normativas (mediación vinculante, vulneración de los procedimientos del Derecho de la UE, inicio de las evaluaciones inter pares).

c.El actual marco de financiación no es adecuado para las tareas de las AES, y lo será menos aún teniendo en cuenta las funciones que tendrán que asumir en el futuro. También parece conducir a una desigualdad en las contribuciones de las autoridades nacionales competentes, difícil de justificar. En términos de coherencia, la labor de las AES sobre cuestiones de regulación es plenamente coherente con la ampliación del marco general de supervisión de la UE. Asimismo, es coherente con la consecución de un código normativo único. No obstante, las limitaciones derivadas de su estructura de gobernanza y financiación y la eficacia de sus competencias han impedido a las AES centrarse suficientemente en el fomento de una aplicación coherente de la legislación pertinente relativa a los servicios financieros adoptada por la UE. En términos de pertinencia, el análisis concluyó que el marco de las AES es pertinente. Por último, el marco de las AES ha generado claramente un valor añadido para la UE, puesto que el trabajo de estas Autoridades es indispensable para la promoción del mercado único de los servicios financieros. •Consultas con las partes interesadas En la primavera de 2017, los servicios de la Comisión llevaron a cabo una amplia consulta pública sobre el funcionamiento de las AES. La consulta suscitó cerca de 230 respuestas, procedentes de una amplia variedad de grupos participantes: un 26 % de poderes públicos o de organizaciones internacionales, un 71 % de organizaciones o empresas y un 3 % de particulares. Al margen de la consulta pública, se recibieron también diversas observaciones, documentos de opinión y contribuciones, incluidas posturas oficiales facilitadas por algunos Gobiernos. Aunque no se reflejan en las estadísticas de la consulta de la UE, se han tomado en consideración en el análisis en que se basa la presente propuesta. En general, los participantes consideran que la creación de las AES ha supuesto una gran mejora y un importante paso hacia la convergencia de la supervisión en la Unión. La mayoría es favorable a que las AES desempeñen un papel más importante en la mejora de la convergencia de la supervisión. Muchas partes interesadas reconocen que la aplicación de la UMC y la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión crean una situación nueva que exige una reflexión sobre el refuerzo de la supervisión a escala de la UE, en particular en lo que se refiere a las actividades transfronterizas y la equivalencia con terceros países. En lo que respecta a las competencias de las AES, si bien son muchas las voces que se oponen a que se aumenten de forma significativa en este momento, algunas admiten sus limitaciones y desearían ver mejoras específicas. La mayoría de los participantes sostienen que las herramientas disponibles son en general suficientes y que deberían utilizarse y aprovecharse mejor. Se observa un amplio respaldo a la ampliación o clarificación de las competencias en materia de seguimiento de la equivalencia. Las organizaciones de consumidores observan importantes deficiencias en la aplicación de las normas de protección de los consumidores, que consideran ineficientes o alejadas de los problemas más perniciosos a nivel nacional. Consideran necesario ampliar las actividades de las AES en el ámbito de la protección de los consumidores. La mayoría de los participantes sostienen que es difícil garantizar un equilibrio adecuado dentro de los grupos de partes interesadas de las AES y un equilibrio geográfico. Los representantes de los consumidores y de los usuarios se quejan de que están en minoría con respecto a los representantes de las entidades financieras, por lo que hay un desequilibrio en los dictámenes de los grupos de partes interesadas. Una serie de organizaciones consideran que las competencias de las AES para prohibir productos deberían ampliarse a aquellos con más posibilidades de perjudicar a los consumidores. Los participantes en la consulta respaldan expresamente la supervisión directa, a nivel de la UE, de las entidades de contrapartida central (ECC) y de los proveedores de servicios de suministro de datos (PSSD) que desarrollen su actividad en el conjunto de la UE, más que en mercados nacionales específicos. Muchos no responden a la pregunta sobre la supervisión directa. Algunos responden a la pregunta de si debe confiarse a la AEVM la supervisión directa de los fondos de inversión colectiva paneuropeos y se muestran favorables a ello, aunque en general no distinguen entre los diferentes tipos de fondos. Las opiniones en contra de ampliar la supervisión directa de la AEVM a nuevos ámbitos se basan principalmente en los siguientes argumentos: la supervisión de ámbito nacional se considera más adecuada para tener en cuenta las diversas estructuras de mercado de los Estados miembros. La supervisión de la AEVM podría entrar en conflicto con las competencias nacionales en materia de protección de los inversores minoristas y estabilidad financiera, así como las relativas a fiscalidad y resolución de litigios y conflictos. También se mencionaron dificultades operativas tales como el control de los requisitos locales relacionados con los acuerdos de distribución o comercialización. En su lugar, convendría explorar mejor los instrumentos existentes para garantizar la convergencia de la supervisión y desarrollar mercados de capitales integrados. Los principales argumentos citados en favor de la supervisión directa por parte de la AEVM son los siguientes: algunos reconocen ventajas potenciales en la supervisión por la AEVM de entidades o instrumentos con una dimensión paneuropea que permitirían eliminar diferencias entre las prácticas de supervisión, sin impedir que se tuvieran en cuenta, en su caso, las diferentes estructuras de mercado. Consideran que tales soluciones son apropiadas para subsanar el problema de la fragmentación derivada de la aplicación divergente de las normas pertinentes de la UE y los riesgos de arbitraje regulatorio, que caracterizan el régimen actual. En el ámbito de la gobernanza de las AES en general, las partes interesadas consideran que los órganos y los presidentes de las AES han funcionado bien. Aproximadamente la mitad de las respuestas ven valor añadido en las modificaciones de la gobernanza a que se hace referencia en el documento de la consulta pública. Aunque la mayoría de los poderes públicos no apoyan esas modificaciones, algunas de las opiniones pueden explicarse en cierta medida por el temor a perder influencia. Existen diversos grados de apoyo a la incorporación de miembros independientes con derecho de voto y funciones específicas a los órganos de las AES. Mientras que el sector público se opone a ello en general (aunque la mitad ni siquiera responde), las opiniones del sector privado están divididas y algunos señalan los conflictos de intereses inherentes a la situación actual. Por lo que se refiere al refuerzo de las competencias de los presidentes, una mayoría, principalmente poderes públicos, se opone, mientras que la mayoría de las asociaciones del sector defienden posibles mejoras. En cuanto a la financiación, muchas de las partes interesadas reconocen las limitaciones de los recursos actuales de las AES, así como las limitaciones de los presupuestos nacionales y de la UE. Un gran número de participantes coinciden en que las AES necesitarán una financiación suficiente y sostenible con el fin de alcanzar objetivos ambiciosos y aumentar sus actividades. Muchos señalan que el nivel de financiación de las AES debe depender de sus responsabilidades y basarse en los resultados de la revisión de las AES. Aproximadamente la mitad de los participantes se pronuncian sobre si las AES deberían ser financiadas parcial o íntegramente por el sector. Una clara mayoría se opone a una revisión del marco actual de financiación, que sustituya las contribuciones de las autoridades nacionales competentes por contribuciones del sector. Un sistema financiado parcialmente por el sector cuenta con más apoyo, aunque los defensores de esta idea siguen siendo minoría. •Evaluación de impacto La Comisión realizó una evaluación de impacto de las opciones de actuación pertinentes. Estas opciones se evaluaron a la luz del objetivo general clave: fortalecer de manera sostenible la estabilidad y la eficacia del sistema financiero en toda la UE y reforzar la protección de los inversores y los consumidores. En la preparación de la evaluación de impacto, la Comisión llevó a cabo un análisis de las actividades de las AES que puso de relieve algunas deficiencias importantes. Entre ellas cabe citar las siguientes: a) definición insuficiente de las competencias para garantizar una supervisión eficaz de acuerdo con las mismas normas en toda la UE; b) ausencia de competencias para abordar con eficacia los riesgos transfronterizos relacionados con la interconexión dentro de la UE y entre la UE y el resto del mundo; c) un marco de gobernanza que da lugar a un desajuste de los incentivos en los procesos decisorios; y d) un marco de financiación que no garantiza recursos suficientes en relación con las funciones encomendadas a las AES.

La evaluación de impacto abarcó los siguientes ámbitos: 1) competencias; 2) gobernanza; y 3) financiación de las AES, a fin de responder a las deficiencias detectadas y los nuevos retos, como la convergencia en materia de regulación y supervisión. Las deficiencias en cuanto a gobernanza y financiación son comunes a las tres AES, ya que comparten las mismas normas. Las modificaciones de sus competencias se centran principalmente en sectores específicos en el caso de la AEVM y en la vigilancia de la convergencia en materia de supervisión en el caso de todas las AES. Las opciones examinadas fueron las siguientes: En cuanto a la gobernanza: a) no adoptar medidas; no se prevén modificaciones de la actual estructura de gobernanza; b) cambios específicos en el actual modelo de gobernanza, como la diferenciación de las competencias decisorias en función de su naturaleza, la mejora del procedimiento de selección del Presidente; y c) la apertura de la Junta de Supervisores a miembros independientes y permanentes (sin derecho a voto). En cuanto a las competencias: a) no adoptar medidas; no se modifican las competencias actuales en relación con las tareas de convergencia en materia de regulación y supervisión ni las responsabilidades de supervisión directa de la AEVM; b) aclarar algunas de las competencias actuales y reforzar la vigilancia; c) aclarar algunas de las competencias actuales y otorgar a la AEVM competencias de supervisión directa adicionales en ámbitos específicos; y d) centralizar la supervisión de los servicios financieros, la banca y los seguros en las tres AES. En cuanto a la financiación: a) no adoptar medidas; b) una financiación pública adaptada para tener en cuenta el tamaño del sector financiero nacional en un Estado miembro; c) financiación mixta público-privada en la que las contribuciones de los sectores privados nacionales sustituyen a las contribuciones de las autoridades nacionales competentes; y d) un sistema de financiación íntegramente a cargo del sector privado. A continuación se compararon las opciones mencionadas aplicando diversos criterios para determinar aquellas que mejor abordan las deficiencias señaladas en la parte «Definición del problema» de la evaluación de impacto y en la evaluación. A raíz de este análisis, ·la opción preferida, en relación con la gobernanza, es la que prevé miembros independientes con derecho a voto, junto a las autoridades nacionales competentes, en el proceso decisorio, introduce un nuevo proceso de nombramiento y una nueva función para el Presidente y sustituye al Consejo de Administración por un Consejo Ejecutivo independiente integrado por miembros externos a tiempo completo. ·La opción preferida en cuanto a competencias es la que aclara algunas de ellas, como la formalización del papel de las AES en el seguimiento continuo del proceso de equivalencia, mejorando la capacidad de estas de velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión, y transfiere competencias de supervisión a las AES en ámbitos específicos relativos a terceros países o con dimensión transfronteriza. ·La opción preferida en cuanto a la financiación es la que mantiene la actual contribución anual de la UE al presupuesto de las AES, pero sustituye el resto de la financiación de las autoridades nacionales competentes por financiación del sector privado. Las opciones preferidas señaladas son las que mejor garantizan la capacidad de las AES de hacer frente a la creciente carga de trabajo y de anticipar los cambios del marco de supervisión derivados de la legislación sectorial. Además, se centran sobre todo en cambios específicos del régimen actual, y no en una revisión completa, lo cual está en consonancia con la conclusión de la evaluación de que el marco de las AES ha funcionado relativamente bien en relación con los importantes retos que tuvieron que afrontar y los medios disponibles para cumplir sus mandatos. La evaluación de impacto examinó asimismo el impacto acumulado de las opciones preferidas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. El análisis indicó que, con la aplicación de las opciones preferidas, las AES estarán mejor capacitadas para cumplir sus mandatos actuales y garantizar una mayor convergencia en materia de supervisión, además de preparar productos normativos. Más específicamente, existen tres razones por las que se espera un mejor rendimiento de las AES: en primer lugar, la estructura de incentivos en la gobernanza de las AES se mejorará equilibrando los incentivos para proteger los intereses nacionales en el proceso decisorio, de modo que, en particular, las competencias para promover la convergencia en materia de regulación y supervisión puedan utilizarse de forma más eficaz. En segundo lugar, la decisión de reducir la dependencia con respecto a la financiación pública procedente de las autoridades nacionales competentes, que se complementará con fondos del sector privado, puede garantizar que se dotará a las AES de recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones actuales y adaptarse más fácilmente a futuros cambios. Por último, modificaciones específicas de determinadas partes de las competencias de las AES les permitirán desempeñar sus funciones de forma eficiente y eficaz a la luz de la experiencia adquirida durante sus seis años de existencia, y de la evolución de los distintos mercados financieros y de la legislación de la UE. Estos cambios específicos también coinciden con la opinión de las partes interesadas sobre la conveniencia de que se refuerce el papel de las AES y de que estas aprovechen mejor sus competencias actuales. En relación con el impacto neto en términos de costes para las distintas partes interesadas y dejando aparte el otorgamiento de competencias directas a la AEVM, las opciones preferidas deberían tener un impacto limitado en el sector privado, ya que su contribución a las autoridades nacionales financiadas con fondos privados descendería, puesto que las autoridades nacionales competentes ya no estarán obligadas a contribuir al presupuesto anual de las AES. El impacto neto en el presupuesto de la UE será neutro: aunque será necesaria una prefinanciación con cargo al presupuesto de la UE en los primeros años después de la adopción de la propuesta, estos importes se reembolsarán posteriormente al presupuesto de la UE tras la entrada en vigor de los nuevos mecanismos de financiación. Además, el impacto neto en las autoridades nacionales competentes también será neutro, ya que, por un lado, estas dejarán de contribuir a la financiación de las AES y, por otro, deben reducir (de manera proporcionada) sus necesidades de ingresos para cubrir dichos gastos. No se espera ninguna incidencia, en términos de costes, en los consumidores. La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) el 14 de junio de 2017. Este Comité emitió un dictamen negativo sobre la evaluación de impacto y formuló una serie de recomendaciones de mejora. El documento se revisó en consecuencia y se volvió a presentar el 19 de julio. El 27 de julio, el CCR emitió un dictamen favorable con reservas e incluyó observaciones sobre posibles mejoras que se han tenido en cuenta en la medida de lo posible. Los principales cambios introducidos en la evaluación de impacto a fin de tomar en consideración las observaciones del CCR son los siguientes: 1. Conviene completar el análisis de los retos para los sistemas de supervisión relacionados con la evolución probable de los sectores bancario, de los seguros y de los mercados de valores en los próximos años. Deben tenerse en cuenta las distintas repercusiones de la salida del Reino Unido de la Unión en las principales actividades de las AES. La evaluación de impacto se ha revisado para explicar más claramente que la iniciativa política se adopta en interés del mercado único de la UE y su integración y responde al compromiso anunciado en el Informe de los cinco presidentes y expresado más recientemente en el Documento de reflexión sobre la profundización de la UEM de avanzar hacia una auténtica Unión Financiera, con un supervisor único de los mercados de capitales. Los retos que estos documentos establecen para la UEM en general y para los mercados financieros en particular proporcionan el marco de referencia de la evaluación de impacto. Se ha insistido en mayor medida en la salida del Reino Unido y sus consecuencias en los capítulos principales de la evaluación de impacto. 2. Conviene completar la evaluación de los costes y los déficits de financiación de las AES sugeridos por el escenario de base y las diversas opciones. Se han debatido y cuantificado en mayor medida los recursos necesarios para que las AES asuman funciones adicionales (competencias directas e indirectas) y el impacto en los recursos derivado de las modificaciones de la gobernanza y del método de financiación de la supervisión indirecta. Se han diferenciado los costes de la supervisión directa, los de la supervisión indirecta y los de otras actividades, y se ha explicado mejor quién soporta el coste de las opciones preferidas.

Se ha desarrollado más a fondo el análisis sobre los impactos netos (en términos de costes) de las opciones preferidas, para abordar mejor la cuestión del déficit de financiación y el impacto de los costes globales de la supervisión en el sector. En particular: 1.El cuadro general de los costes se ha actualizado en consonancia con la ficha financiera legislativa. Se dispone ahora de una estimación muy detallada de los costes y el impacto de los dos cambios en el marco actual de las AES y para las nuevas competencias directas. 2.La sección de comparación de las opciones de financiación se ha vuelto a redactar completamente, según lo solicitado, para reflejar la totalidad de los costes y ventajas de la opción 3 en comparación con el escenario de base y la opción 2 en particular. 3.La sección relativa al mecanismo de recaudación se ha vuelto a redactar completamente para cumplir las normas de la evaluación de impacto y se ha añadido al texto principal, puesto que es parte de la propuesta legislativa. En relación con el impacto neto en los distintos sectores, no se ha podido evaluar de manera exhaustiva en este momento, ya que depende del modelo utilizado en cada Estado miembro para financiar las autoridades nacionales competentes. Por ejemplo, si en un Estado miembro determinado los participantes en los mercados no pagan actualmente por su supervisión (como ocurre cuando las autoridades nacionales competentes son plenamente financiadas con fondos públicos), el método de asignación de la opción preferida se traducirá entonces, por definición, en un incremento de los costes para esos participantes en los mercados en beneficio de los contribuyentes y del presupuesto nacional de ese Estado miembro. Al mismo tiempo, si los participantes en los mercados ya pagan por las AES mediante contribuciones a los presupuestos de sus autoridades nacionales competentes, el impacto neto (costes/beneficios adicionales) dependerá entonces de los distintos métodos utilizados por estas para cobrar las tasas a las diferentes entidades, así como de las ponderaciones que apliquen a las entidades para la financiación de las AES. En este caso, con el fin de obtener una estimación precisa y fiable del coste/beneficio adicional en toda la UE, se necesita un análisis comparativo exhaustivo, que requeriría la participación de las autoridades nacionales competentes que apliquen sus propios métodos de asignación de tasas. En cualquier caso, se podría afirmar razonablemente que establecer unas condiciones de competencia equitativas en todo el mercado único, con un mecanismo uniforme de fijación de tasas entre entidades financieras, beneficiaría, en última instancia, a todos los participantes en los mercados. Además, cabe señalar que los importes requeridos para financiar las AES no deberían, en principio, suponer una amenaza para los modelos operativos de las distintas entidades. 3. Conviene mejorar la comparación de las opciones y, para la elección de la opción preferida, apoyarse más en los datos y análisis disponibles. Se han facilitado descripciones más detalladas y se han añadido más elementos a la descripción de las diferentes opciones y al análisis en la medida de lo posible, en particular en las partes relativas a las competencias y la financiación, aunque también en la parte relativa a la gobernanza. El debate sobre las competencias se sustenta en argumentos e informaciones adicionales en el anexo de la evaluación de impacto. La posible falta de datos en apoyo de la opción preferida en la sección relativa a las competencias puede explicarse en algunos casos por el hecho de que la orientación estratégica ha venido motivada en ocasiones por una decisión política. El debate sobre las opciones en la sección relativa a la gobernanza se ha explicado ampliamente y se ha justificado con ejemplos y pruebas empíricas, y se basa en los resultados de las evaluaciones efectuadas tanto por el Parlamento Europeo como por la Comisión. La naturaleza del problema definido en la gobernanza hace que sea muy difícil obtener datos básicos y verificables. En lo relativo a la financiación, por ejemplo, la sección relativa a la opción preferida 3 se ha mejorado para añadir elementos de evaluación suplementarios y aclarar mejor la argumentación existente. 4. La evaluación debería estar más documentada y motivada. La evaluación se ha revisado con el fin de distinguir mejor entre la evaluación y la argumentación relacionadas con la labor administrativa y las opiniones resultantes de las consultas de las partes interesadas. Se ha añadido más argumentación y, cuando ha sido posible, se han incluido más datos para mejorar la evaluación. Los medios de prueba utilizados tienen limitaciones; algunas partes de la evaluación se basan en gran medida en datos empíricos y en la experiencia de las partes interesadas con las AES. Para compensarlo, se ha procurado proporcionar muchos ejemplos de distintas fuentes de información (véase, por ejemplo, la sección relativa a la gobernanza). Otras partes, como la relativa a la financiación, utilizan más referencias y argumentos fundamentados. La evaluación es también un ejercicio retrospectivo en el que se comparan los últimos años con el escenario de base, en el que las AES no existen. Por lo tanto, la evaluación, por su propia naturaleza, se centra menos en la necesidad de competencias nuevas y adicionales de supervisión directa para la AEVM. •Adecuación regulatoria y simplificación La propuesta no está vinculada al programa REFIT o a un ejercicio de simplificación. Su objetivo es mejorar el marco de las AES y reforzar los mecanismos de supervisión vigentes. Los cambios propuestos en relación con las competencias, el marco de gobernanza y el sistema de financiación de las AES deberían mejorar la eficacia y eficiencia de la supervisión a nivel de la UE. Un marco reforzado para las AES mejorará la seguridad jurídica y económica, además de la estabilidad financiera y la limitación del riesgo. Esto va en consonancia con el Programa de Mejora de la Legislación de la Comisión. Dado que con la presente propuesta se centraliza a nivel de la UE una parte del trabajo de supervisión en la AEVM, la iniciativa elimina la duplicación de tareas entre las autoridades nacionales, lo que debería generar economías de escala a nivel de la UE y disminuir la necesidad de recursos específicos a nivel nacional. Por su parte, las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros deberían beneficiarse sobre todo de una reducción de la carga administrativa gracias a la introducción de un supervisor único en determinados ámbitos. •Derechos fundamentales La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, contribuye al objetivo de un elevado nivel de protección del medio ambiente de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible establecido en el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La financiación actual de las AES se basa en una contribución general del presupuesto general de la UE (40 %) y contribuciones de las autoridades nacionales competentes (60 %). En el caso de la AEVM, esta distribución es ligeramente diferente, ya que las entidades directamente supervisadas por ella (como las agencias de calificación crediticia y los registros de operaciones) también pagan tasas de supervisión a esta Autoridad. La presente propuesta va a cambiar la estructura de financiación de las AES. A partir de ahora, el presupuesto de las AES se basará en tres fuentes distintas de financiación: ·Las contribuciones anuales abonadas por las entidades financieras indirectamente supervisadas por las AES. ·Las tasas de supervisión abonadas por entidades directamente supervisadas por las AES. Esto resulta especialmente relevante en el caso de la AEVM, ya que la propuesta legislativa prevé transferir competencias de supervisión directa de las autoridades nacionales competentes a esta Autoridad (para algunos fondos de la UE, los proveedores de servicios de suministro de datos, algunos administradores de índices de referencia y algunos folletos). ·Una contribución de equilibrio de la UE, que no superará el 40 % de los ingresos totales de cada Autoridad. El importe de esta contribución de equilibrio se fijará previamente en el Marco Financiero Plurianual (MFP). Sin embargo, la nueva fuente de ingresos para las AES (es decir, las contribuciones anuales abonadas por las entidades financieras supervisadas indirectamente) exigirá la adopción por la Comisión de un acto delegado que prevea: i) una distribución del importe total de las contribuciones anuales entre las diferentes categorías de entidades financieras; y ii) criterios objetivos que permitan calcular la contribución anual individual que habrá de pagar cada entidad financiera. Durante el período transitorio (es decir, hasta la adopción del acto delegado por el que se determinen algunos parámetros de las contribuciones anuales), se mantendrá la actual estructura de financiación basada en las contribuciones de la UE (40 %) y de las autoridades nacionales competentes (60 %). Ello tendrá un impacto en el presupuesto de la UE, así como en el de las distintas autoridades nacionales competentes. Las modificaciones propuestas en la estructura de gobernanza, las competencias de supervisión indirecta, el sistema de financiación y las competencias de supervisión directa de las AES requerirán nuevos recursos. La ABE, la AESPJ y la AEVM necesitarán, respectivamente, 29, 35 y 156 empleados a tiempo completo adicionales cuando entren en vigor las diferentes disposiciones de la propuesta. Conviene precisar que, en el caso de la AEVM, la mayoría de estos ETP adicionales corresponden a las tareas de supervisión directa (97 de 156). Las AES soportarán asimismo costes informáticos (estimados en 10,2 millones EUR para el período 2019-2020) y costes de traducción (estimados en 1,8 millones EUR para el período 2019-2020) adicionales. Debe tenerse en cuenta que las posibles exigencias presupuestarias de las AES seguirán estando sujetas a todos los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización establecidos en los Reglamentos de las AES, en cuanto a la preparación, adopción y ejecución de sus presupuestos anuales. Por otra parte, la decisión anual relativa a la contribución de equilibrio de la UE a las AES y sus plantillas de personal (por ejemplo, la decisión sobre la dotación de personal) seguirá sujeta a la autorización del Parlamento y el Consejo, y a la aprobación de la gestión del Parlamento previa recomendación del Consejo. La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta. Cabe señalar que la información que figura en la ficha financiera legislativa se entiende sin perjuicio de la propuesta de MFP posterior a 2020 que se presentará a más tardar en mayo de 2018. Asimismo, cabe señalar en este contexto que, si bien los efectivos necesarios para la supervisión directa dependerán a la larga de la evolución del número y el tamaño de los participantes en los mercados de capitales que serán objeto de supervisión, los gastos respectivos se financiarán, en principio, mediante el cobro de tasas a estos participantes en los mercados. La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La aplicación del presente Reglamento se revisará de dos maneras: en el marco de las revisiones periódicas de las AES cada tres años y en el marco de las revisiones de los Reglamentos sectoriales, en la mayoría de los casos dos o tres años después de su fecha de aplicación. ·Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 1)Modificaciones de los Reglamentos de las AES Según el considerando 11 de los Reglamentos de las AES, estas deben actuar con vistas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular garantizando un nivel elevado, efectivo y coherente de regulación y supervisión. De conformidad con el artículo 1, apartado 2, de estos Reglamentos, las Autoridades deben actuar dentro del ámbito de aplicación de los actos ahí mencionados, es decir, en un marco proporcionado, establecido y actualizado periódicamente por el legislador de la Unión. Las modificaciones del Reglamento de la ABE, del Reglamento de la AESPJ y del Reglamento de la AEVM se incluyen en los artículos 1, 2 y 3, respectivamente, de la propuesta de Reglamento. a)Competencias Las modificaciones señaladas a continuación corresponden a las competencias generales de las AES que refuerza la presente propuesta. Las nuevas competencias directas de supervisión confiadas a la AEVM se tratan en las secciones 2 a 5.

Nuevos ámbitos de actividad y foco El artículo 1 de los Reglamentos de las AES enumera los actos que entran en el ámbito de competencias de las AES. Este artículo está formulado de una forma que implica que solo deben enumerarse los actos adoptados antes de la creación de las AES y los actos que no prevean funciones para estas. Todos los actos adoptados tras los Reglamentos de las AES, incluidas las modificaciones y los actos basados en instrumentos jurídicos pertenecientes al ámbito de competencias de las AES, así como los actos que prevean funciones para estas, quedan incluidos automáticamente en su ámbito de competencias, sin necesidad de enumerarlos en el artículo 1. Las modificaciones propuestas en relación con el artículo 1 de cada uno de los Reglamentos de las AES son las siguientes: se propone incluir la Directiva 2008/48/CE, relativa al crédito al consumo, y la Directiva 2014/92/UE, relativa a las cuentas de pago, en el ámbito de aplicación del Reglamento de la ABE; incluir la Directiva 2009/103/CE, relativa al seguro de vehículos automóviles, en el ámbito de aplicación del Reglamento de la AESPJ; e incluir la Directiva 2013/34/UE, sobre contabilidad, en el ámbito de aplicación del Reglamento de la AEVM. Las modificaciones del artículo 4 del Reglamento de la ABE completan la lista de definiciones que deben utilizarse a efectos de la aplicación de los Reglamentos. Más concretamente, se modifica la definición de «entidad financiera», a fin de garantizar que todas las entidades cubiertas por la legislación sectorial pertinente queden incluidas en el ámbito de competencias de la ABE. La nueva definición de «autoridades competentes» propuesta garantiza que todos los supervisores y autoridades pertinentes estén cubiertos, aunque no se definan como «autoridades competentes» en la legislación aplicable. Se propone modificar el artículo 8 de los Reglamentos de la AESPJ y la AEVM para incluir la función de elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión en su conjunto. Esta modificación armoniza los dos Reglamentos con el Reglamento de la ABE. Además, en lo que atañe a la ABE, se propone encomendar a esta Autoridad el cometido de elaborar y mantener al día un manual de resolución de la Unión relativo a la resolución de entidades financieras en la Unión en su conjunto. Las modificaciones de los artículos 8 y 9 de los Reglamentos de las AES especifican que estas deben contribuir a reforzar la protección de los consumidores. Las tres AES tendrán también la obligación de atender a la innovación tecnológica y a los factores ambientales, sociales y de gobernanza en el desempeño de sus funciones. En el caso de la AESPJ y la AEVM, se especifica, por otra parte, que, en el desempeño de sus funciones, deberán aplicar los principios de «Legislar mejor». Esta modificación armoniza los dos Reglamentos con el Reglamento de la ABE. Por último, se ha añadido que entre las funciones debe incluirse la realización de revisiones temáticas exhaustivas de la conducta de mercado, el establecimiento de una interpretación común de las prácticas de los mercados, la detección de posibles problemas y el análisis de su impacto, así como el desarrollo de indicadores de riesgo minorista para la rápida identificación de posibles causas de perjuicio para los consumidores. Innovación tecnológica El artículo 8, apartado 1 bis, obliga explícitamente a las AES a tener en cuenta, al desempeñar sus funciones con arreglo a los Reglamentos de las AES, la innovación tecnológica de conformidad con el presente Reglamento. La innovación tecnológica contribuye a un mejor acceso y simplifica el trabajo. Reduce los costes de explotación y las barreras de entrada, por lo que debería contar con el apoyo de las AES. Para aprovechar el potencial de la innovación tecnológica es también necesario garantizar la integridad en términos de utilización de datos, de mercados ordenados y justos, evitando el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y de ciberseguridad. Por otra parte, las modificaciones del artículo 29 de los Reglamentos de las AES refuerzan la función de coordinación de estas en relación con la entrada en el mercado de empresas y servicios innovadores, en particular mediante el intercambio de información entre los supervisores nacionales y las AES. Factores ambientales, sociales y de gobernanza Las tres AES tendrán la obligación de tener en cuenta los riesgos relacionados con los factores ambientales, sociales y de gobernanza en el desempeño de sus funciones. Ello les permitirá, asimismo, controlar el modo en que las entidades financieras detectan, notifican y tratan los riesgos que los factores ambientales, sociales y de gobernanza pueden plantear para la estabilidad financiera, consiguiendo de esta forma que las actividades de los mercados financieros sean más acordes con los objetivos de sostenibilidad. Las AES también pueden formular orientaciones sobre la forma de incorporar de manera efectiva las consideraciones de sostenibilidad en la legislación financiera pertinente de la UE, y fomentar la aplicación coherente de estas disposiciones en el momento de su adopción. Directrices y recomendaciones Si bien la competencia de elaborar directrices y recomendaciones ha resultado ser un instrumento importante y fructífero para la convergencia de la supervisión, las partes interesadas han destacado la necesidad de que esta labor siga siendo competencia de las AES y de realizar una evaluación completa de los costes y beneficios que entraña la elaboración de tales instrumentos. De las modificaciones del artículo 16 de los Reglamentos de las AES se desprende que la realización de análisis de costes y beneficios debe considerarse la norma. El objetivo de las modificaciones es también garantizar que, si una mayoría de los miembros del grupo de partes interesadas pertinente de una AES considera que esta se ha extralimitado en sus competencias a la hora de emitir directrices o recomendaciones, el grupo pueda dirigir un dictamen a la Comisión. En tal caso, la Comisión evaluará el alcance de las directrices y podrá exigir a la AES correspondiente que las retire. Además, las modificaciones de estos artículos prevén la posibilidad de que las AES dirijan directrices a las autoridades que no estén definidas como autoridades competentes con arreglo a los Reglamentos de las AES pero que estén facultadas para velar por la aplicación de la legislación en el marco del mandato de las AES con objeto de establecer prácticas de supervisión uniformes, eficientes y eficaces dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). Infracción del Derecho de la Unión La Comisión propone asimismo la modificación del artículo 17 de los Reglamentos de las AES en relación con las infracciones del Derecho de la Unión. Para que la facultad de las AES de perseguir estas infracciones sea eficaz, resulta fundamental que estas Autoridades tengan acceso a toda la información pertinente. Mediante las modificaciones se garantiza que, en el contexto de las investigaciones de una infracción del Derecho de la Unión, las AES puedan remitir una solicitud de información debidamente justificada y motivada directamente a otras autoridades competentes o a las entidades financieras / participantes en los mercados financieros pertinentes. En caso de que las AES decidan solicitar información directamente a una entidad financiera / participante en los mercados financieros pertinente, se informará a la autoridad nacional competente y esta ayudará a las AES a recabar la información solicitada. Cabe destacar además que el Consejo Ejecutivo será responsable de las infracciones de la legislación (véase infra), lo que reforzará aún más la eficacia de esta herramienta. Solución de diferencias Se proponen modificaciones del artículo 19 de los Reglamentos de las AES con respecto a la solución de diferencias entre las autoridades competentes. El objetivo es garantizar que, cuando existan tales diferencias, las AES puedan actuar e intervenir de manera decisiva. Las modificaciones aclaran que la solución de diferencias entre las autoridades competentes en situaciones transfronterizas podrá activarse también por iniciativa propia de las AES cuando, sobre la base de criterios objetivos, pueda determinarse la existencia de desacuerdo entre las autoridades competentes. En este último caso, se presumirá que existe desacuerdo si, en virtud de legislación del ámbito de competencias de las AES, debe adoptarse una decisión conjunta pero tal decisión no se adopta dentro del plazo prescrito en la legislación pertinente. En este contexto, también se introduce la obligación para las autoridades competentes de notificar a las AES los casos en que no se haya alcanzado un acuerdo. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo será responsable de la solución de diferencias (véase infra), lo que mejorará la eficacia de esta herramienta. Convergencia y coordinación de la supervisión

Las modificaciones del artículo 29 de los Reglamentos de la AESPJ y la AEVM precisan que estas dos Autoridades deben elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión a fin de desarrollar una cultura común en materia de supervisión entre las autoridades de supervisión. Esta disposición se basa en competencias de la ABE ya existentes. En el ámbito bancario, las modificaciones precisan que la ABE debe elaborar un manual similar en el ámbito de la resolución. Con arreglo al nuevo artículo 29 bis, se propone otorgar a las AES mayores competencias de coordinación general a fin de promover la convergencia de la supervisión cotidiana de todas las autoridades competentes de forma mucho más significativa y eficiente en toda la UE. Las AES estarán obligadas a fijar prioridades de supervisión a escala de la UE en forma de «Plan estratégico de supervisión», con arreglo al cual se evaluará a todas las autoridades competentes. Estas deberán elaborar programas de trabajo anuales de conformidad con el Plan estratégico. De este modo, las tres AES podrán garantizar la convergencia con respecto a la supervisión prudencial de las entidades financieras que desarrollan sus actividades principalmente en Estados miembros distintos de aquellos en los que están establecidas y son supervisadas, un aspecto particularmente importante en el caso de la AESPJ. La presente propuesta también modifica el actual artículo 30 de los Reglamentos de las AES en lo que se refiere a las evaluaciones inter pares. Para aumentar el valor añadido de estas evaluaciones y garantizar la imparcialidad, las evaluaciones ya no serán «inter pares» sino «independientes», bajo la responsabilidad del nuevo Consejo Ejecutivo. Las AES elaborarán un informe exponiendo los resultados de la evaluación y las autoridades competentes harán todo lo posible para atenerse a cualesquiera directrices y recomendaciones que las AES puedan adoptar como medidas de seguimiento de la evaluación. La presente propuesta contiene un nuevo artículo 31 bis que tiene por objeto reforzar la función de coordinación de las AES para que las autoridades competentes puedan supervisar de forma efectiva los acuerdos de externalización, delegación y transferencia del riesgo en terceros países. Las prácticas de supervisión varían de un Estado miembro a otro. Las AES controlarán dichos acuerdos tanto ex ante como de forma permanente. Función de coordinación de la AEVM en relación con las investigaciones sobre abuso de mercado Cuando los operadores lleven a cabo actividades pertenecientes al ámbito de competencias de la AEVM y que tengan un marcado elemento transfronterizo, puede que la AEVM sea la mejor situada para iniciar y coordinar las investigaciones. En el nuevo artículo 31 ter que se propone se encomienda a la AEVM una función de coordinación reforzada a la hora de recomendar a las autoridades competentes que inicien investigaciones y facilitar el intercambio de información pertinente para dichas investigaciones, cuando disponga de razones fundadas para sospechar que se está desarrollando una actividad con efectos transfronterizos significativos que supone una amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad financiera de la Unión. A tal fin, la AEVM dispondrá de una instalación de almacenamiento de datos para recabar de las autoridades competentes y difundir entre ellas toda la información pertinente. Pruebas de solvencia Las modificaciones del artículo 32 de los Reglamentos de las AES consiguen dos objetivos. En primer lugar, armonizan los Reglamentos de la AESPJ y la AEVM con el Reglamento de la ABE en relación con las pruebas de solvencia. En segundo lugar, para garantizar la transparencia de estas pruebas, la propuesta permite la publicación de los resultados de las diferentes entidades financieras o participantes en los mercados financieros. Asimismo, aclara que las obligaciones de secreto profesional de las autoridades competentes no les impedirán transmitir los resultados de las pruebas de solvencia a las AES para su publicación. La segunda modificación se aplica a las tres AES. Además, a fin de contribuir a que las decisiones relativas a las pruebas de solvencia se adopten con una perspectiva que tenga plenamente en cuenta el mercado único, se propone encomendar la adopción de tales decisiones, incluidos los métodos y enfoques relativos a la comunicación de los resultados de las pruebas, al nuevo Consejo Ejecutivo de las tres AES. Equivalencia de terceros países La equivalencia de terceros países es un instrumento importante para posibilitar la integración de los mercados internacionales, garantizando al mismo tiempo una supervisión efectiva (véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las decisiones de equivalencia en la política de los servicios financieros). Las modificaciones del artículo 33 de los Reglamentos de las AES confirman que estas asistirán a la Comisión, cuando lo solicite, en la preparación de decisiones sobre equivalencia. Una vez se hayan tomado esas decisiones, es importante garantizar que se ajusten a la evolución de la situación. Por consiguiente, las modificaciones también confían a las AES la tarea de realizar un seguimiento permanente de la evolución de la regulación y la supervisión, así como de las prácticas de ejecución de la normativa, en terceros países respecto de los cuales la Comisión haya adoptado una decisión de equivalencia, y de presentar a la Comisión un informe anual confidencial sobre sus conclusiones. Con este fin, las AES deberán también celebrar acuerdos administrativos con terceros países. Recopilación de información El acceso a toda la información pertinente es la base para que las AES lleven a cabo sus actividades de manera eficaz. La información es facilitada normalmente por las autoridades nacionales de supervisión, que son las más cercanas a las entidades y mercados financieros, pero, en última instancia, las AES podrán dirigir solicitudes de información directamente a una entidad financiera o a un participante en los mercados, por ejemplo siempre que una autoridad nacional competente no proporcione o no pueda proporcionar oportunamente tal información. Es conveniente asegurarse de que las AES puedan acceder a la información que necesiten para el desempeño de sus funciones. Por tanto, la presente propuesta crea un mecanismo que refuerza el ejercicio efectivo del derecho de las AES a recabar información (véanse los nuevos artículos 35 a 35 nonies de los Reglamentos de las AES). Las AES tendrán a su disposición los medios necesarios para garantizar que se atienda una solicitud o decisión de presentar información. Las modificaciones confieren a las AES la facultad de imponer multas y multas coercitivas de carácter administrativo, bajo el control del Tribunal de Justicia, y sin perjuicio del derecho de la entidad a ser oída, cuando una entidad financiera o un participante en los mercados financieros no proporcione información adecuada. Modelos internos en el sector de los seguros El nuevo artículo 21 bis del Reglamento de la AESPJ que se propone refuerza el papel de esta para garantizar la convergencia de la supervisión en relación con los modelos internos. La divergencia en la supervisión y la aprobación de los modelos internos puede dar lugar a incoherencias y genera condiciones de competencia no equitativas. La AESPJ podrá obtener en el momento oportuno toda la información pertinente que solicite y dirigir dictámenes a las autoridades competentes pertinentes. En caso de desacuerdo entre las autoridades competentes en lo que respecta a los modelos internos de grupo, la AESPJ también podrá ayudar a las autoridades a llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento constitutivo, ya sea por propia iniciativa, a petición de una o varias de las autoridades competentes o, en determinadas circunstancias, a petición del grupo de que se trate. Otras disposiciones Las modificaciones del artículo 37 de los Reglamentos de las AES refuerzan el papel consultivo de los Grupos de partes interesadas de las AES, cuyos dictámenes y asesoramiento son esenciales para el trabajo cotidiano de las Autoridades. Cuando los miembros del Grupo de partes interesadas no puedan acordar un dictamen o consejo común, los miembros que representen a un grupo de partes interesadas podrán presentar un dictamen o un consejo particular. Las modificaciones del artículo 39 de los Reglamentos de las AES especifican que las decisiones de estas, excepto las decisiones de investigación adoptadas por la no transmisión de información adecuada en relación con una solicitud de información, deberán hacerse públicas junto con un resumen de la decisión en el que se expongan los motivos de la misma. b)Gobernanza La presente propuesta prevé una estructura de gobernanza de las AES más eficaz mediante la introducción de un Consejo Ejecutivo independiente con miembros a tiempo completo, en sustitución del actual Consejo de Administración (artículos 45 y 47 de los Reglamentos de las AES), y la adaptación de la composición de la Junta de Supervisores (artículo 40 de los Reglamentos de las AES). Clarifica las competencias respectivas de estos dos órganos (artículos 43 y 47). Además, se refuerzan el estatus y las competencias del Presidente (artículo 48). El Consejo Ejecutivo

La función principal del Consejo Ejecutivo consistirá en preparar las decisiones que adopte la Junta de Supervisores. De esta forma se agilizará y simplificará la toma de decisiones en el seno de esta última. Esta medida también contribuirá a que el proceso decisorio esté más orientado hacia la UE. A fin de reflejar la situación específica del sector bancario, en el que una mayoría de los Estados miembros participa en la Unión Bancaria, se exige expresamente que la composición del Consejo Ejecutivo de la ABE sea equilibrada y proporcionada y que represente a la Unión en su conjunto. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por el Presidente y un determinado número de miembros a tiempo completo. El número será diferente en el caso de la AEVM, por un lado, y en el de la ABE y la AESPJ, por otro, ya que la propuesta confía a la AEVM un importante número de funciones adicionales en diferentes ámbitos en comparación con las otras dos AES. Los miembros a tiempo completo serán nombrados sobre la base de una convocatoria pública de candidaturas organizada por la Comisión. La Comisión elaborará una lista restringida de candidatos y la presentará al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la aprobación de esta lista restringida, el Consejo nombrará a los miembros a tiempo completo mediante una decisión. El procedimiento de cese es igual que el de nombramiento y es el Consejo quien toma la decisión final. Uno de los miembros permanentes asumirá las funciones del actual Director Ejecutivo, cuyo puesto específico desaparece. El Consejo Ejecutivo conservará el papel del Consejo de Administración en lo que atañe a la preparación de los programas de trabajo y el presupuesto de las AES. Se atribuirán al Consejo Ejecutivo poderes decisorios en una serie de ámbitos. Por ejemplo, ante las diferentes autoridades competentes en relación con determinados asuntos de carácter no reglamentario, como la solución de litigios, la violación del Derecho de la Unión y las evaluaciones independientes. De esta forma se garantizarán decisiones eficaces, imparciales y orientadas a la UE. El Consejo Ejecutivo también será responsable de establecer las prioridades de supervisión de las autoridades competentes en un nuevo «Plan estratégico de supervisión». Comprobará la coherencia de los programas de trabajo de las autoridades competentes con las prioridades de la UE y examinará su aplicación. El Consejo Ejecutivo se encargará además del seguimiento de los acuerdos en materia de externalización, delegación y transferencia del riesgo a terceros países, a fin de garantizar que se aborden los riesgos inherentes. Decidirá sobre las pruebas de solvencia y los enfoques de la comunicación de los resultados de esas pruebas. Por último, también será responsable de las decisiones relativas a las solicitudes de información. Cada miembro del Consejo Ejecutivo dispondrá de un voto y el Presidente tendrá voto de calidad. La versión propuesta del artículo 47 establece las funciones del Consejo Ejecutivo. Las modificaciones también sustituyen las referencias al Consejo de Administración por referencias al Consejo Ejecutivo. Además, se suprime el cargo de Director Ejecutivo. Sus responsabilidades serán asumidas por uno de los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo. La Junta de Supervisores La Junta de Supervisores sigue siendo el principal órgano de las AES responsable de su orientación general y de la toma de decisiones. Sin embargo, con las modificaciones propuestas del artículo 40 se amplía la composición de la Junta de Supervisores para incluir a los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo, que sin embargo no tendrán derecho a voto. Las modificaciones garantizan también la presencia de autoridades responsables de la protección de los consumidores cuando proceda. Cada miembro con derecho a voto de la Junta de Supervisores dispondrá de un voto. Dado que las decisiones sobre determinadas tareas de carácter no reglamentario (solución de litigios, violación del Derecho de la Unión y evaluaciones independientes) serán adoptadas por el Consejo Ejecutivo, se modifican las normas actuales relativas a la toma de decisiones. A pesar de que, con la futura salida del Reino Unido, se reducirá el número y el peso de los Estados miembros que no participan en la Unión Bancaria, y nuevos Estados miembros podrán incorporarse a esta, se propone mantener el sistema de votación de doble mayoría en el caso de las medidas y decisiones adoptadas por la Junta de Supervisores de la ABE, introducido en 2013 en el marco del paquete «Unión Bancaria» como salvaguardia para garantizar que las decisiones de la ABE reflejen la situación específica tanto de los Estados miembros que participan en la Unión Bancaria como la de los demás Estados miembros. Así pues, la Junta de Supervisores seguirá adoptando las decisiones por mayoría cualificada de sus miembros, que debe incluir como mínimo una mayoría simple de las autoridades nacionales competentes que participen en la Unión Bancaria y una mayoría simple de las autoridades nacionales competentes que no participen en ella. No obstante, con el sistema actual la toma de decisiones en la ABE es excesivamente engorrosa, ya que no se pueden tomar decisiones ni siquiera en aquellos casos en que no hay una mayoría de Estados miembros no participantes que consideren la votación suficientemente importante para estar presentes. A fin de garantizar que la ABE pueda seguir adoptando decisiones de manera eficaz, al mismo tiempo que se mantienen plenamente las salvaguardias para los Estados miembros no participantes en la medida en que estén presentes en la votación, las actuales normas de votación deben modificarse para impedir que la votación deba posponerse en caso de ausencias. De esta forma, también se incentivará claramente la asistencia de las autoridades nacionales competentes a las reuniones de la ABE, lo que otorgará una mayor legitimidad a las decisiones que ahí se adopten. La modificación aclara, por tanto, que las decisiones deben ser apoyadas por una mayoría simple de autoridades nacionales competentes de los Estados miembros no participantes presentes en la votación y de autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes presentes en la votación. División de competencias entre los dos órganos Las modificaciones de los artículos 43 y 47 de los Reglamentos de las AES aclaran el principio básico de la división de competencias entre la Junta de Supervisores y el Consejo Ejecutivo. La Junta de Supervisores es responsable de cada decisión, contemplada en el Reglamento, salvo disposición en contrario (véase supra en relación con el Consejo Ejecutivo). En las situaciones en las que la AEVM ejerza competencias relacionadas con la supervisión directa, su Junta de Supervisores solo podrá rechazar una propuesta de decisión del Consejo Ejecutivo por mayoría de dos tercios. En tal caso, la propuesta deberá ser revisada por el Consejo Ejecutivo (modificaciones del artículo 44 del Reglamento de la AEVM). La Junta de Supervisores será liberada de su autoridad disciplinaria sobre el Presidente porque no tendrá competencias para nombrarlo (véase infra). Las modificaciones del artículo 41 y un nuevo artículo 45 ter autorizan tanto a la Junta de Supervisores como al Consejo Ejecutivo a crear comités internos para funciones específicas. Se suprime la creación de paneles. El Presidente El Presidente es un representante clave de las AES. Su estatus y competencias se reforzarán, por tanto, para aumentar su autoridad legal. Las modificaciones del artículo 48 de los Reglamentos de las AES aclaran el procedimiento de nombramiento del Presidente. Será nombrado sobre la base de una convocatoria pública de candidaturas organizada por la Comisión. La Comisión elaborará una lista restringida de candidatos y la presentará al Parlamento Europeo para su aprobación. Una vez aprobada la lista restringida por el Parlamento Europeo, el Consejo nombrará a los miembros a tiempo completo mediante una decisión adoptada por mayoría cualificada. El procedimiento de cese es igual que el de nombramiento y es el Consejo quien toma la decisión final. Estas modificaciones deberían aumentar la legitimidad y la autoridad del Presidente. El Presidente también tendrá un voto de calidad en el Consejo Ejecutivo. Otras disposiciones El ámbito de actuación del Comité Mixto se ha ampliado para incluir la protección de los consumidores y los inversores a través de las modificaciones del artículo 54 de los Reglamentos de las AES. c)Disposiciones financieras

A fin de velar por que el sistema de financiación de las AES sea sostenible y acorde con las funciones que desempeñan y que se espera que desempeñen en el futuro, y vincule de forma proporcionada las tasas y contribuciones a las actividades de las AES, se propone revisar el actual sistema de financiación. El sistema propuesto mantiene el componente de financiación pública proporcionado actualmente por la UE y lo combina con contribuciones del sector a nivel nacional y otros participantes en los mercados, sustituyendo las actuales contribuciones de las autoridades nacionales competentes. La base jurídica para la creación de las AES (artículo 114 del TFUE) permite modificar el sistema de financiación y obtener contribuciones del sector. Se elimina la distribución fija actual entre contribuciones del presupuesto general de la UE y contribuciones de las autoridades competentes nacionales (40 % / 60 %). En virtud de las modificaciones, los ingresos de las AES procederán ahora de tres fuentes principales. En primer lugar, el artículo 62 modificado define una contribución de equilibrio de la UE. La contribución anual máxima de la UE que se propone, fijada de antemano en el marco financiero plurianual (MFP), cubrirá hasta el 40 % del presupuesto anual de las AES. Se respetarán así las limitaciones del presupuesto de la UE. Se eliminará también la distribución fija aplicada actualmente (40 % / 60 %), que puede limitar la capacidad de las AES de aumentar sus otras fuentes de ingresos. A este respecto, las AES deberán presentar a la Comisión, antes de la preparación de cada MFP ulterior, una previsión a medio plazo (que cubra al menos cinco años) de sus necesidades presupuestarias, establecida de acuerdo con los métodos que apliquen para la preparación de sus propuestas presupuestarias anuales. En segundo lugar, se ha añadido una nueva fuente de ingresos procedentes del sector privado: contribuciones anuales de las entidades financieras. Esta fuente de ingresos sustituirá a las actuales contribuciones obligatorias de las autoridades nacionales competentes al presupuesto de las AES. Las entidades financieras indirectamente supervisadas por las AES e incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos constitutivos pagarán las contribuciones anuales. Las modificaciones establecen que el importe de las contribuciones anuales de las entidades financieras debe basarse en la carga de trabajo estimada que la Autoridad prevea llevar a cabo para cada categoría de participantes en los mercados en virtud de los Reglamentos constitutivos y la legislación sectorial. Esas contribuciones anuales serán recaudadas por las autoridades nacionales designadas por los Estados miembros. Asimismo, se prevé que un acto delegado determine el modo en que el importe total de las contribuciones anuales se repartirá entre las distintas categorías de entidades financieras, sobre la base de la actividad requerida por cada categoría. Para cada categoría de entidades financieras, el acto delegado también definirá criterios adecuados y objetivos para calcular la contribución anual real que debe pagarse. Esos criterios deberán basarse en el tamaño de las entidades financieras, a fin de reflejar su importancia en el mercado. Por último, el acto delegado establecerá umbrales de minimis, por debajo de los cuales las pequeñas entidades financieras no pagarán contribuciones, o fijará contribuciones mínimas. En tercer lugar, los tres Reglamentos mantienen inalteradas las actuales disposiciones que permiten a las tres AES cobrar tasas a las entidades sujetas a supervisión directa. Esta disposición reviste actualmente especial importancia en el caso de la AEVM. En el marco de este nuevo mecanismo de financiación, las entidades no tendrán que pagar dos veces por el mismo servicio. Si bien las entidades que están bajo supervisión directa de las AES pagarán las tasas de supervisión previstas por la legislación sectorial, otras entidades financieras (supervisadas directamente por las autoridades nacionales competentes e indirectamente por las AES) abonarán una contribución financiera. Las modificaciones también prevén dos fuentes complementarias de ingresos. Introducen la posibilidad de que los Estados miembros y los observadores paguen contribuciones financieras voluntarias, a condición de que la contribución no comprometa la independencia e imparcialidad de las AES. Por ejemplo, esas contribuciones voluntarias podrán financiar las delegaciones de funciones y responsabilidades de las autoridades nacionales competentes en las AES. Introducen igualmente la posibilidad de que las AES cobren tasas por publicaciones, formación y otros servicios solicitados por las autoridades nacionales competentes. d)Disposiciones generales Las modificaciones del artículo 70 de los Reglamentos de las AES amplían la obligación de secreto profesional a las personas que no formen parte del personal de las Autoridades (es decir, las personas que presten un servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con las funciones de la Autoridad, incluidos los agentes y demás personas acreditadas por el Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores o designadas por las autoridades competentes a tal fin). Los mismos requisitos de secreto profesional se aplicarán también a los observadores que asistan a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Junta de Supervisores y que participen en las actividades de la Autoridad. Esta modificación pretende garantizar que las personas actualmente no cubiertas por la obligación de secreto profesional establecida en el artículo 70 de los Reglamentos de las AES y que participen en las reuniones del Consejo Ejecutivo o la Junta, los grupos de trabajo, los subcomités, los paneles y las redes de expertos estén sometidas a las normas relativas al secreto profesional y la confidencialidad. Los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º1094/2010 y (UE) n.º1095/2010, así como la legislación sectorial sobre los servicios financieros, imponen a las AES la obligación de celebrar acuerdos administrativos eficaces que impliquen un intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países. La necesidad de una cooperación y un intercambio de información efectivos será tanto más importante cuanto que, de conformidad con el presente Reglamento modificativo, algunas de las AES asumirán responsabilidades nuevas, más amplias, en relación con la supervisión de las entidades y actividades de terceros países. Cuando, en ese contexto, las AES traten datos personales, en particular transfiriéndolos fuera de la Unión, estarán vinculadas por los requisitos del Reglamento (UE) 2018/XXX de la Comisión (Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE). En ausencia de una decisión de adecuación o de garantías adecuadas, por ejemplo las previstas en acuerdos administrativos a tenor del artículo 49, apartado 3, del Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE, las AES podrán intercambiar datos personales con las autoridades de terceros países de conformidad con la excepción de interés público y según sus condiciones, establecida en su artículo 51, apartado 1, letra d), que se aplica concretamente a los casos de intercambio internacional de datos entre las autoridades de supervisión financiera. 2)Los artículos 4, 5 y 7 modifican, respectivamente, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 (FCRE), el Reglamento (UE) n.º 346/2013 (FESE) y el Reglamento (UE) 2015/760 (FILPE). El Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE), y el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (FESE), introdujeron estructuras de fondos especializados para facilitar a los participantes en los mercados la obtención e inversión de capital en pequeñas y medianas empresas (pymes) innovadoras y empresas sociales de toda Europa. Establecieron requisitos y condiciones uniformes para los gestores de organismos de inversión colectiva que deseen utilizar las denominaciones «FCRE» o «FESE» en relación con la comercialización de fondos de capital riesgo o fondos de emprendimiento social admisibles. El Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos, introdujo otro vehículo de financiación (FILPE), dirigido a inversiones en la economía real, como proyectos de infraestructura, con mayor énfasis en las inversiones a más largo plazo. Este Reglamento establece requisitos uniformes que los fondos a largo plazo deben cumplir a fin de ser autorizados como «FILPE». Los FILPE, FCRE y FESE son fondos de inversión colectiva armonizados. Los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) 2015/760 regulan las inversiones admisibles, las empresas en cartera admisibles, las normas en materia de concentración y los inversores admisibles. Las normas definen también las competencias de supervisión, incluidos los requisitos en materia de registro y autorización, supervisión continua y revocación de registros o autorizaciones. Los principales objetivos de los tres Reglamentos son impulsar el crecimiento y el empleo, la financiación de pymes y las inversiones sociales y a largo plazo, y fomentar una cultura de inversión de la UE. Sin embargo, pese a la armonización que han logrado, persisten las divergencias en la utilización de la discrecionalidad de que disponen las autoridades nacionales competentes y en sus prácticas administrativas, así como las diferencias en la cultura y el ejercicio de la supervisión. Esas divergencias entorpecen la necesaria igualdad de las condiciones de competencia entre los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, fondos de emprendimiento social admisibles y fondos de inversión a largo plazo en los distintos Estados miembros, aumentando, al mismo tiempo, los costes de transacción y operativos de dichos gestores. La designación de un único supervisor de la UE coadyuvará a los objetivos de los Reglamentos, ya que facilitará en mayor medida la integración, el desarrollo y la comercialización de este tipo de estructuras de fondos a través de las fronteras. La presente propuesta tiene por objeto racionalizar en mayor medida el proceso administrativo de autorización/registro de estos fondos con etiqueta UE en la Unión, así como instaurar unas condiciones de competencia más equitativas mediante la centralización de la supervisión, independientemente del lugar de establecimiento o comercialización del fondo. Una aplicación uniforme de las normas permitirá a los gestores reducir los costes de transacción y operativos y aumentar las posibilidades de elección de los inversores. Se confían a la AEVM las funciones de autorización/registro y supervisión de estos fondos de la UE y de sus gestores, lo que incrementará la eficiencia de estos procedimientos administrativos. Los gestores de tales fondos deberán solicitar la autorización/registro a una sola autoridad competente —la AEVM—, que también será responsable de garantizar una aplicac