Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios

(Presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1 Introducción

El mercado de los servicios portuarios está compuesto por servicios de carácter comercial prestados a cambio de una retribución a los usuarios de un puerto de mar; la cantidad correspondiente a tal retribución no está incluida en las tasas abonadas en concepto de autorización para entrar u operar en un puerto. Aunque este sector de servicios es esencial para el funcionamiento de los puertos comunitarios y para este comercio en general, hasta el momento no existe un marco comunitario que lo regule.

Sin embargo los sistemas nacionales en materia de servicios portuarios tienen que ajustarse a las libertades garantizadas por el Tratado (libre establecimiento, libre circulación de trabajadores, de bienes y de servicios) y por sus normas de competencia. Hasta la fecha, en caso de conflictos en la aplicación de estas normas, la Comisión los ha resuelto caso por caso.

Los puertos desempeñan un papel fundamental en el comercio intra y extracomunitario. En el futuro lo harán aún más a medida que se vayan transfiriendo más mercancías y pasajeros al transporte marítimo, un modo menos perjudicial para el medio ambiente y menos congestionado, y a medida que se fomente y abarate el transporte multimodal; no cabe duda, por todo ello, de que es necesario potenciar su eficacia.

La liberalización del mercado del transporte marítimo interior ha tenido lugar en los últimos diez años. Todavía existen algunas normas transitorias que restringen esta libertad en el cabotaje efectuado en las islas griegas. La situación de los servicios portuarios varía considerablemente: en muchos puertos todavía existen restricciones de acceso y problemas de igualdad y equidad de trato entre los posibles competidores, lo que tiene una incidencia en la calidad y coste de los servicios. Se observa, sin embargo, que el mercado de los servicios portuarios está siguiendo la misma evolución aperturista que el de los transportes marítimos, aunque con un considerable retraso respecto a él. Esa evolución, sin embargo, presenta grandes variaciones.

Por estas razones es necesario, en beneficio de operadores, administraciones y consumidores, promulgar unas normas claras y específicas sobre acceso al mercado de los servicios portuarios, en las que se deberán tener en cuenta sus características específicas.

2 Necesidad de establecer un marco jurídico comunitario

La evolución más reciente ha hecho necesario sustituir la aplicación caso por caso de las normas del Tratado por un enfoque más sistemático.

La competencia entre puertos del mismo Estado miembro o entre puertos de Estados miembros vecinos ha aumentado considerablemente desde que se realizó el mercado interior. Aunque, por supuesto, todos los puertos tienen que seguir unas normas promulgadas por las autoridades nacionales competentes, la diversidad y complejidad de tales normas, y el alto grado de incertidumbre en cuestiones de procedimiento, siguen siendo factores primordiales tanto para los usuarios del puerto como para los prestadores de servicios en el mismo. El precio y la calidad de los servicios portuarios se ha convertido en elementos fundamentales para la eventual elección de un puerto; por ello, un conjunto de normas básicas aplicables en todos los puertos de la Comunidad garantizaría que la competencia entre puertos y dentro de un mismo puerto se lleve a cabo en pie de igualdad.

En los últimos años se ha presenciado una tendencia continuada y progresiva hacia unos servicios portuarios prestados por el sector privado en vez de por el público con el fin de aumentar su eficacia, utilizar la experiencia de aquél e introducir o fomentar la competencia entre prestadores. Aunque la tendencia no es uniforme y varía considerablemente entre los diferentes sectores de servicios portuarios, todos los Estados miembros han optado por el principio de apertura a la competencia. Las normas de acompañamiento varían mucho. En algunos casos ni siquiera está claro cuáles son, dificultando innecesariamente el disfrute de las libertades del Tratado.

El carácter heterogéneo de los servicios portuarios y la diversidad de los puertos (en cuanto a su categoría, propiedad, tamaño, función y características geográficas) siguen siendo factores importantes. Ello hace necesario que se tengan en cuenta las especificidades de cada puerto y la relevancia de éstas para los prestadores de servicios. Tal relevancia será apreciable cuando, p. ej., en un puerto existan limitaciones de espacio y de capacidad, o cuando se planteen consideraciones específicas de seguridad marítima o de medio ambiente. Por otro lado, los puertos tienen un papel importante que desempeñar en el sistema aduanero comunitario.

El principio de subsidiariedad supone que los Estados miembros y sus administraciones competentes deben estar habilitados para tener en cuenta consideraciones que respondan a especificidades locales, regionales o nacionales. Tales consideraciones no deberán, por muy bien fundadas que estén, restringir indebidamente las libertades que el Tratado reconoce a los prestadores de servicios. Es necesario, por lo tanto, fijar a nivel comunitario las condiciones de ejercicio de las libertades y en particular es menester que, cuando se considere necesaria, la limitación del número de prestadores esté objetivamente justificada y que el procedimiento para su aprobación sea transparente, no discriminatorio, objetivo, pertinente y proporcionado.

Otro rasgo que caracteriza a un gran número de puertos es la duplicidad de papeles desempeñados por el organismo gestor del puerto, que actúa como entidad (pública, pero a veces también privada) encargada de la gestión del puerto y de su desarrollo, para lo cual a veces recibe fondos públicos, y como prestador de servicios portuarios entre otros prestadores admitidos. A menudo es difícil comprobar en qué condiciones compiten los prestadores públicos y privados.

El marco comunitario que regule los servicios portuarios no deberá aplicarse a puertos de todos los tamaños. Está claro que la aplicación de esta normativa impondrá, en la mayoría de los casos, una carga adicional a la administración lo que, tratándose de puertos pequeños, no guardaría proporción con los resultados previsibles, ya que lo exiguo del volumen de carga y de pasajeros no exige la presencia de una multitud de prestadores de servicios.

En tales circunstancias convendría crear un marco jurídico comunitario que garantizara el acceso al mercado de servicios portuarios con arreglo a lo dispuesto en el Tratado y que permitiera a los Estados miembros y sus autoridades competentes desarrollarlo con normas específicas que atiendan a las características geográficas y de otro tipo de los puertos, así como a las especificidades locales, regionales y nacionales.

3 Propuesta de la Comisión

3.1 Principios fundamentales

*Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los prestadores de servicios portuarios tengan acceso a este mercado. Este principio plasma en este sector específico lo dispuesto en el Tratado en relación con las libertades fundamentales y la competencia. La Comisión considera que en principio no debe excluirse del marco comunitario ningún servicio portuario comercial. Adjunto a la propuesta legislativa se presenta una lista de servicios portuarios.

*Los Estados miembros podrán imponer a los prestadores de servicios portuarios la obtención de una autorización previa. Este principio permite que, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los puertos, con sus inherentes limitaciones, y de lograr un nivel adecuado de cualificación profesional, los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios portuarios un sistema de autorización previa. La Comisión estima que las condiciones de concesión de las autorizaciones deben ser transparentes, no discriminatorias, objetivas, pertinentes y proporcionadas. Deben atender únicamente a las cualificaciones profesionales del prestador, a su solvencia financiera, a la suficiente cobertura de riesgos, a la seguridad marítima o a la seguridad de las instalaciones, del equipo y de las personas, y a la protección medioambiental. Cuando se consideren necesarias obligaciones de servicio público, deberán concernir a la seguridad, regularidad, continuidad, calidad y precio de los servicios.

*El número de autorizaciones sólo podrá restringirse por razones de limitación de espacio o de capacidad o, tratándose de servicios técnicos náuticos, por razones de seguridad del tráfico marítimo. Las restricciones deben justificarse y los Estados miembros tendrán que llevar a cabo un proceso de selección objetivo y no discriminatorio de los prestadores. Se llevará a cabo una armonización de los principales aspectos de los procedimientos de selección. Este principio reconcilia las normas sobre libertad de establecimiento y prestación de servicios del Tratado con el hecho de que en el caso de ciertos puertos y servicios portuarios, existen ciertas limitaciones que hacen que sea inevitable imponer ciertas restricciones.

*Los puertos donde no existan limitaciones no tendrán porqué ajustarse a normas sobre restricciones, procedimientos de selección, duración de autorizaciones o medidas transitorias. Este principio responde al hecho de que el objetivo fijado por la Directiva ya se cumple en estos puertos.

*Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para posibilitar la práctica de la autoasistencia. Este principio reconoce el hecho de que, en principio, no hay razones para que no se permita la autoasistencia en los puertos si los operadores consideran que de ese modo se aprovechan mejor sus recursos y sus servicios ganan en eficacia. El principio considera, además, que las condiciones y criterios aplicables a los que optan por la autoasistencia no deben ser más estrictos que los fijados para otros prestadores de los mismos o similares servicios.

*Cuando el organismo gestor del puerto preste o desee prestar servicios portuarios compitiendo con otros prestadores, deberá ser tratado como cualquier otro competidor. Esto supone que el organismo gestor no deberá participar en la selección de los prestadores, no podrá discriminar, en su función de gestor del puerto, entre los prestadores en los que tiene intereses y otros prestadores, y deberá, en particular, llevar una contabilidad separada de los servicios portuarios y de las demás actividades. Este principio refleja los principios generales de competencia y las normas de transparencia.

*Los Estados miembros deberán garantizar una total transparencia en todos los procedimientos relacionados con la prestación de servicios portuarios, así como la disponibilidad de procedimientos de recurso, incluida la supervisión judicial. Este es el principio del buen gobierno.

*Cuando se hace una selección de prestadores de servicios, el periodo en el que puede operar el prestador elegido estará limitado en el tiempo. Este principio reconcilia la necesidad de mantener abierta la posibilidad de que nuevos proveedores accedan al mercado de los servicios portuarios con las legítimas expectativas de los prestadores existentes. No puede darse una solución válida para todos los casos; cada situación deberá ser tratada de forma diferenciada según si, por ejemplo, el prestador ha realizado inversiones o no las ha realizado o son insignificantes; o según si las inversiones lo son en bienes de equipo inmuebles o muebles. También hay que tomar en consideración la cuantía de tales inversiones.

*Las medidas transitorias deben atender a las legítimas expectativas de los prestadores actuales pero, al mismo tiempo, deben exigir que, en un periodo razonable de tiempo, se revisen las autorizaciones vigentes no concedidas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva. Este principio garantiza el cumplimiento de los objetivos de la Directiva en un periodo razonable de tiempo, al tiempo que protege las expectativas legítimas de los prestadores existentes. Para ello se atiende, en particular, a los mismos criterios utilizados para determinar la duración de las autorizaciones, cuando su número tuviera que limitarse.

*La Directiva y su aplicación por parte de los Estados miembros no deberán poner en peligro la seguridad de los puertos. Este principio hace hincapié en las preocupaciones de la Comisión en torno a la seguridad marítima: todas las medidas destinadas a regular el acceso a los servicios portuarios deberán garantizar los más altos niveles de seguridad, especialmente de seguridad marítima, en los puertos.

*La Directiva y su aplicación por parte de los Estados miembros no deberán poner en peligro la protección medioambiental en los puertos. Este principio refleja la importancia que la Comisión otorga a la protección del medio ambiente.

La propuesta no contiene disposiciones que regulen las estructuras institucionales de los puertos y no impide que los Estados miembros decidan qué organismo debe actuar como autoridad competente.

En aplicación del artículo 295 del Tratado, la propuesta no prejuzga en modo alguno el régimen de los Estados miembros en lo relativo a la propiedad de los puertos o dentro de ellos.

La propuesta no comporta disposiciones mínimas o armonizadas respecto a la formación o a las cualificaciones del personal o respecto a los bienes de equipo. No obstante lo dispuesto en la legislación comunitaria, y en aplicación del principio de subsidiariedad, los Estados miembros podrán disponer o mantener normas al efecto siempre que, en particular, sean transparentes, objetivas y no discriminatorias.

Finalmente, la propuesta no contiene disposiciones armonizadas de seguridad y protección medioambiental, sino que remite a las normas actualmente vigentes, que tienen debidamente en cuenta las especificidades nacionales, regionales y locales.

Este planteamiento se ajusta a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 28 de marzo de 2000, en las que se pedía a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros, de conformidad con las competencias respectivas de cada cual, "que aceleren el proceso de liberalización en sectores como (...) los transportes". Ha tenido también en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social con motivo de la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre los puertos y la infraestructura marítima, y ha obtenido un respaldo considerable (aunque no unánime) entre los grupos interesados del sector.

3.2 Rasgos principales de la propuesta de Directiva

Artículo 1: expone los objetivos de la Directiva.

Artículo 2: establece el ámbito de aplicación de la Directiva. Se precisa que ésta deberá aplicarse únicamente a los servicios prestados dentro del área portuaria y no, por ejemplo, en ríos que lleven a los puertos, y se especifica, mediante remisión a un anexo, qué servicios portuarios están incluidos; del mismo modo, se establece un umbral que determina los puertos a los que se aplica la Directiva.

Artículo 3: observa que la Directiva no sustituye a ninguna de las obligaciones ya impuestas a las autoridades en virtud de lo dispuesto en las Directivas de contratación pública 92/50, 93/36, 93/37 y 93/38. Por otro lado, cuando una de estas Directivas dispongan que un determinado contrato debe ser objeto de licitación, son ellas, y no la Directiva propuesta, las que deben determinar la manera en que debe hacerse. El apartado 3 prevé la aplicación de las Directivas 89/48, 92/51 y 99/42 sobre reconocimiento mutuo en el ámbito de la educación y formación profesional, concretamente cuando los Estados miembros conceden autorizaciones basándose en las cualificaciones profesionales del prestador.

Artículo 4: define algunos términos fundamentales.

Artículo 5: ordena que los Estados miembros designen las autoridades competentes a efectos de la aplicación de la Directiva.

Artículo 6: establece la norma básica de que los Estados miembros podrán imponer a los prestadores de servicios portuarios la obtención de una autorización. Las condiciones de concesión de ésta serán transparentes, no discriminatorias, objetivas, pertinentes y proporcionadas. Deberán ser hechas públicas, al igual que su procedimiento de obtención. El artículo contiene una lista restringida de criterios optativos de los que podrá depender la concesión de la autorización, entre ellos un cierto número de obligaciones de servicio público. Enuncia también la obligación de la autoridad competente de impartir la formación necesaria cuando al prestador potencial le sean imprescindibles determinados conocimientos de carácter local, y también el derecho del prestador a elegir su propio personal.

Artículo 7: determina los procedimientos que deben seguirse cuando en un puerto sea necesario limitar el número de prestadores de servicios. Se exige que sea admitido el mayor número posible de prestadores y que, en el sector de la manipulación de cargas se dé autorización al menos a dos prestadores. Se dispone también que las decisiones sobre limitaciones no corran a cargo del organismo gestor del puerto si tal organismo es o desea ser proveedor de servicios en dicho puerto.

Artículo 8: ordena que se constituya un procedimiento de selección de los prestadores de servicios; el procedimiento deberá ser transparente, objetivo, no discriminatorio y basarse en criterios proporcionados y pertinentes. Establece algunos trámites fundamentales que el procedimiento de selección deberá seguir y permite la utilización integral de medios de comunicación modernos. Se atiende, por otro lado, al supuesto de que el organismo gestor de un puerto desee prestar un servicio compitiendo con otro prestador. En ese caso no podrá ser la autoridad la encargada del proceso de selección, sino que habrá que nombrar un órgano independiente al efecto.

Artículo 9: impone un límite de tiempo a las autorizaciones concedidas con arreglo al procedimiento de selección. La duración dependerá de las inversiones que se hayan efectuado en bienes de equipo y se tendrá en cuenta si el prestador no ha realizado inversiones o si éstas son insignificantes, y si los bienes correspondientes a las inversiones son muebles o no. Se establecen unos periodos máximos.

Artículo 10: introduce el requisito de que los prestadores de servicios deberán llevar una contabilidad específica para sus actividades en el campo de los servicios portuarios.

Artículo 11: dispone que las normas de la Directiva se aplicarán también a la práctica de la autoasistencia, y que las condiciones impuestas a ésta no serán más estrictas que las fijadas para otros prestadores de los mismos o similares servicios.

Artículo 12: atiende al supuesto de que el organismo gestor de un puerto actúe, paralelamente a su función de gestión, como prestador de servicios. Se le exige, en particular, que para las actividades correspondientes a los servicios portuarios lleve una contabilidad separada de la de las demás actividades. La realización de auditorías es obligatoria, y el informe del auditor deberá incluir información de los flujos financieros que hubieran tenido lugar entre las diferentes actividades del organismo. El artículo contempla también el supuesto de que no se encuentre prestador para un determinado servicio, y el organismo gestor considere necesario prestarlo por sí mismo; por otro lado, establece que tal organismo de un puerto no deberá discriminar entre prestadores de servicios.

Artículo 13: exige una transparencia total en el proceso de selección y ordena a los Estados miembros el establecimiento de procedimientos de recurso, incluida la supervisión judicial.

Artículo 14: recuerda que la Directiva no afecta en modo alguno los derechos y obligaciones de los Estados miembros en materia de orden público, seguridad y fiabilidad en los puertos y protección del medio ambiente.

Artículo 15: garantiza el cumplimiento de la legislación social.

Artículo 16: dispone medidas transitorias. Permite que, cuando en un puerto no se limite el acceso al mercado de los servicios portuarios, las autorizaciones existentes sigan en vigor y sin cambios, pero las nuevas autorizaciones deberán ajustarse a las normas de la Directiva. El artículo se refiere a continuación a las autorizaciones existentes concedidas tras la celebración de una licitación o procedimiento equivalente, que, por tal razón, se ajustan a lo dispuesto en la Directiva y no necesitan ajustes. Todas las demás autorizaciones deberán someterse a nuevos procedimientos de autorización dentro de unos plazos transitorios que variarán según el volumen y el tipo de inversiones efectuadas por el prestador titular de la autorización.

Artículo 17: determina las obligaciones de los Estados miembros en relación con el envío de informes acerca de la aplicación de la Directiva, así como de la Comisión, que deberá elaborar un informe sobre la base de los que faciliten los Estados miembros acompañado, si procediera, de una propuesta de revisión.

Artículo 18: enuncia la obligación de los Estados miembros de aplicar la Directiva.

Artículo 19: determina la entrada en vigor de la Directiva.

Artículo 20: precisa los destinatarios de la Directiva.

4 Justificación de la medida a escala comunitaria

4.1 ¿Cuáles son los objetivos de la medida propuesta con respecto a las obligaciones de la Comunidad-

La propuesta pretende lograr una aplicación más sistemática de las normas del Tratado (las cuatro libertades y las normas de competencia) en el sector portuario. Introduce unas normas de procedimiento que garantizan que todos los prestadores de servicios, existentes o potenciales, tengan la posibilidad de acceder al mercado de los servicios portuarios. Esto a su vez redundaría en la mejora de tales servicios y fomentaría la mejor utilización del transporte marítimo y del transporte combinado, reduciendo así la congestión de la red de transportes europea.

Sin pronunciarse, según dispone el artículo 295 del Tratado, sobre el régimen de la propiedad de las instalaciones portuarias o de los prestadores, la propuesta establece un sistema de igualdad de derechos y oportunidades entre los prestadores públicos y los privados.

4.2 ¿Pertenece la medida contemplada a la competencia exclusiva de la Comunidad o es una competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros-

Se trata de una competencia compartida (apartado 2 del artículo 80 del Tratado).

4.3 ¿Cuál es la dimensión comunitaria del problema (por ejemplo, a cuántos Estados miembros afecta y qué solución se ha aplicado hasta ahora)-

La Directiva concierne a todos los Estados miembros con litoral marítimo. Aunque en años recientes los Estados miembros han avanzado notablemente en el aspecto del acceso al mercado de los servicios portuarios, en la actualidad existen grandes divergencias en el tratamiento reservado a estos servicios y en los procedimientos adoptados para asegurar el cumplimiento de los derechos reconocidos por el Tratado.

Para garantizar el acceso al mercado de los servicios portuarios y evitar un falseamiento de la competencia, es necesario mejorar y armonizar, en la medida en que sea necesario, las normas, reglamentaciones y prácticas nacionales.

4.4 ¿Cuál es la solución más eficaz considerando los medios con que cuentan la Comunidad y los Estados miembros-

Dadas las actuales divergencias en el acceso al mercado de los servicios portuarios entre Estados miembros e incluso dentro de un mismo Estado miembro, así como los procedimientos, a menudo poco claros y satisfactorios, especialmente por lo que se refiere a los prestadores de servicios públicos y privados, es necesario introducir unas normas básicas a nivel comunitario. Estas conferirían a los Estados miembros un amplio margen de discreción en aplicación del principio de subsidiariedad, por ejemplo en función de las características geográficas de los puertos, que varían según sus necesidades desde el punto de vista de la seguridad marítima y la protección medioambiental.

La propuesta establece normas comunes para, por ejemplo, lo relativo a:

-la puesta en práctica del principio de libertad de prestación de servicios portuarios;

-el derecho de los Estados miembros a exigir una autorización previa;

-el derecho de los Estados miembros a limitar el número de prestadores de servicios;

-los procedimientos que han de seguirse en el proceso, en los que se tendrá en cuenta el aspecto de la transparencia;

-la puesta en práctica del derecho de autoasistencia;

-la duración de las autorizaciones;

-los derechos y obligaciones de los organismos gestores de los puertos en relación con la duplicidad de funciones como autoridad y como prestador de servicios;

-procedimientos de recurso.

4.5 ¿Cuál es el verdadero valor añadido de la medida propuesta por la Comunidad y cuáles son las consecuencias de no actuar-

A la vista de la situación actual, fruto de la evolución de los últimos años, es muy poco probable que se produzca en la Comunidad una situación satisfactoria en la que se garantice la libre prestación de servicios portuarios y no se falsee la competencia entre prestadores de servicios de diferentes Estados miembros. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que, aunque los Estados miembros están haciendo esfuerzos por mejorar el acceso al mercado de los servicios portuarios, carecen de un marco normativo comunitario y, como resultado de ello, la evolución es incoherente, irregular y poco satisfactoria.

4.6 ¿Cuáles son los medios para una acción comunitaria (recomendación, asistencia financiera, normativa, reconocimiento mutuo, etc.)-

Dada la complejidad de los regímenes portuarios de los Estados miembros, y la diversidad de puertos en cuanto a su tamaño, función y necesidades de seguridad marítima y protección medioambiental, se considera que una directiva es el instrumento jurídico más apropiado, ya que confía la ejecución del marco normativo común a los Estados miembros.

4.7 ¿Es necesaria una normativa armonizada o es posible adoptar una directiva que establezca objetivos generales y deje su aplicación en manos de los Estados miembros-

Véase el anterior apartado 4.6.

2001/0047 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratad 4 3 2 1o]]]] [5],

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) El objetivo del artículo 49 del Tratado es eliminar las restricciones que afectan a la libertad de prestación de servicios en la Comunidad; de acuerdo con el artículo 51 del Tratado, este objetivo debe alcanzarse dentro del marco de la política común de transportes.

(2) Merced al Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros [6] y al Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) [7], el objetivo ha sido ya alcanzado en el ámbito de los servicios de transporte marítimo considerados en sí mismos.

[6] DO L 378 de 31.12.1986, p. 1-3, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3573/90 del Consejo, DO L353 de 17.12.1990, p. 16.

[7] DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10.

(3) Los servicios portuarios son fundamentales para el correcto funcionamiento del transporte marítimo, ya que contribuyen de forma primordial a la eficacia en la utilización de sus infraestructuras.

(4) En el Libro Verde de la Comisión sobre los puertos y la infraestructura marítima de diciembre de 1997 [8] la Comisión informó de su decisión de proponer un marco legislativo con el fin de promover el acceso al mercado de los servicios portuarios en los puertos comunitarios con tráfico internacional. Convendría, por lo tanto, definir los servicios portuarios como los servicios de carácter comercial que normalmente se prestan en los puertos a cambio de una retribución.

[8] COM(97) 678 final de 10 de diciembre de 1997.

(5) Promover el acceso al mercado de los servicios portuarios a nivel comunitario significa eliminar las actuales restricciones que dificultan el acceso de los operadores, mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios del puerto, aumentar la eficacia y flexibilidad, contribuir a la reducción de los costes y, de esa manera, fomentar la navegación marítima a corta distancia y el transporte combinado.

(6) Cuando la autorización a que se refiere la presente Directiva adopte la forma de contrato regulado por las Directivas 92/50/CEE [9], 93/36/CEE [10], 93/37/CEE [11] y 93/38/CEE [12], serán aplicables estas últimas. De igual modo, se aplicarán cuando proceda las Directivas 89/48/CEE [13], 92/51/CEE [14] y 99/42/CE [15] sobre reconocimiento mutuo de títulos de educación y formación profesional.

[9] Directiva 92/50/CEE de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.92 p. 1), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/52/CE (DO L 328 de 28.11.97).

[10] Directiva 93/36/CEE de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199 de 9.8.93, p. 1), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/52/CE (DO L 328 de 28.11.97).

[11] Directiva 93/37/CEE de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199 de 9.8.93), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/52/CE (DO L 328 de 28.11.97).

[12] Directiva 93/38/CEE de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199 de 9.8.93, p. 84), cuya última modificación la constituye la Directiva 98/4/CE (DO L 101 de 1.4.98).

[13] Directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1989 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años.

[14] Directiva 92/51/CEE de 18 de junio de 1992 relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE.

[15] Directiva 99/42/CE de 7 de junio de 1999 por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.

(7) Diversas disposiciones y prácticas nacionales han hecho que surjan disparidades entre los diversos procedimientos aplicados y han provocado un cierto grado de incertidumbre jurídica respecto a los derechos de los prestadores de servicios portuarios y a los deberes de las autoridades competentes. Redundaría en interés de la Comunidad, por lo tanto, establecer un marco jurídico comunitario donde se determinaran las normas básicas de acceso al mercado de los servicios portuarios, los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios existentes y potenciales, los de los organismos gestores de los puertos, y los procedimientos aplicables a las autorizaciones y los procedimientos de selección.

(8) En relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, contemplados en el artículo 5 del Tratado, hay que señalar que los objetivos de la acción propuesta, que son el acceso de cualquier personal física o jurídica establecida en la Comunidad al mercado de los servicios portuarios, no pueden ser convenientemente atendidos por los Estados miembros debido a la gran envergadura de las acciones, pero sí por la Comunidad. La Directiva se limita a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de estos objetivos sin exceder el mínimo imprescindible para el logro de tales fines.

(9) La legislación comunitaria sobre acceso al mercado de los servicios portuarios no excluye la aplicación de otras disposiciones comunitarias. La normativa de competencia ya ha sido aplicada a los servicios portuarios y es aplicable, en particular, a las situaciones de monopolio.

(10) En beneficio de una gestión eficaz y segura de los puertos, los Estados miembros podrán imponer a los prestadores de servicios la obtención de una autorización. Los criterios de concesión de tales autorizaciones deben ser transparentes, no discriminatorios, objetivos, pertinentes y proporcionados. Deberán, además, ser objeto de difusión.

(11) Por constituir los puertos un área geográfica limitada, el acceso al mercado tendrá que ajustarse, en ciertos casos, a restricciones ligadas a la disponibilidad de capacidad y de espacio o, tratándose de servicios técnicos náuticos, a la seguridad del tráfico marítimo. En estos casos podría ser necesario limitar el número de prestadores de servicios portuarios autorizados.

(12) Los criterios utilizados a la hora de imponer estas limitaciones deben ser objetivos, transparentes, no discriminatorios, pertinentes y proporcionados. En el caso de la manipulación de la carga, y a no ser que lo justifiquen circunstancias excepcionales, el número de prestadores de servicios en cada categoría de carga no podrá ser inferior a dos prestadores totalmente independientes entre sí.

(13) Los prestadores de servicios tendrán derecho a elegir su propio personal.

(14) Cuando el número de prestadores de servicios portuarios sea limitado, los prestadores deberán ser seleccionados por la autoridad competente con arreglo a un procedimiento transparente, objetivo, abierto, equitativo y con disposiciones no discriminatorias.

(15) Con el fin de que las decisiones tomadas y los procedimientos incoados con arreglo a esta Directiva corran a cargo de organismos imparciales, y sean reconocidos como tales, es necesario determinar la situación del organismo gestor de un puerto que al mismo tiempo sea, o desee ser, prestador de un servicio portuario. Estará sujeto a cumplir las mismas condiciones y seguir los mismos procedimientos que los demás prestadores, y ser capaz al mismo tiempo de cumplir su cometido de gestión del puerto. Por ello, toda decisión de limitación del número de prestadores, así como el procedimiento de selección en sí, deberá correr a cargo de un organismo imparcial. El organismo gestor de un puerto no deberá discriminar entre prestadores de servicios ni entre usuarios del puerto.

(16) Es necesario, por lo tanto, garantizar que no haya discriminación entre el organismo gestor del puerto y los operadores independientes, ni entre los organismos gestores de diferentes puertos.

(17) En el terreno financiero es necesario imponer a los organismos gestores incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva que también actúen como prestadores de servicio, la obligación de mantener una contabilidad separada de las actividades correspondientes a su función de organismo gestor y de las desarrolladas con carácter competitivo.

(18) La Directiva 2000/52/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 impone a algunas empresas la obligación de llevar una contabilidad separada, si su volumen de negocios anual supera, en los dos años anteriores, los 40 millones de euros. A raíz de la introducción de la libertad de prestación de servicios portuarios en la Comunidad, es necesario garantizar que el principio de separación de contabilidades se aplique en todos los puertos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, así como unas normas de transparencia no menos estrictas que las previstas en la Directiva nº 2000/52 de la Comisión.

(19) La obligación de separación de la contabilidad correspondiente a los servicios portuarios debe imponerse a todas las empresas que hayan sido seleccionadas para prestar tales servicios.

(20) Debe permitirse la práctica de la autoasistencia. Los criterios aplicables a los que optan por la autoasistencia no deben ser más estrictos que los fijados para otros prestadores de los mismos o similares servicios.

(21) Las autorizaciones concedidas con arreglo a un procedimiento de selección deben estar limitadas en el tiempo. Al determinar su duración deberá tenerse en cuenta si el prestador ha tenido que realizar inversiones en bienes de equipo o no y, si fuera así, si los bienes son muebles o no. Aunque el resultado del procedimiento sea satisfactorio, deberán establecerse unos periodos máximos de autorización.

(22) La actual situación de los puertos comunitarios, caracterizada por una multiplicidad de autorizaciones, métodos de selección y periodos de validez, requiere que se determinen unos periodos de transición claros. Las normas de transición deberán distinguir entre puertos en los que el número de prestadores de servicios está limitado y puertos en los que no lo está.

(23) Cuando el número de prestadores de servicios no esté limitado no hay razón para cambiar las autorizaciones existentes, pero las futuras deberán ajustarse a lo dispuesto en la Directiva.

(24) Cuando el número de prestadores de servicios esté limitado, los periodos de transición deberán tener en cuenta si las autorizaciones fueron concedidas o no con arreglo a una licitación pública, o procedimiento equivalente; si el prestador de servicios ha realizado inversiones significativas o no; y si tales inversiones fueron en bienes muebles o inmuebles. Por razones de seguridad jurídica, deberán fijarse en cada caso unos periodos máximos, dejando a las autoridades nacionales un margen suficiente que les permita atender adecuadamente a las especificidades de cada caso.

(25) Los Estados miembros deberán determinar las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Directiva.

(26) Deberán instaurarse procedimientos de recurso contra las decisiones de las autoridades competentes.

(27) Los Estados miembros deberán garantizar un nivel adecuado de protección social al personal de las empresas prestadoras de servicios portuarios.

(28) Las disposiciones de la presente Directiva no afectan en modo alguno a los derechos y obligaciones de los Estados miembros en materia de orden público, seguridad y fiabilidad en los puertos y protección del medio ambiente.

(29) La presente Directiva no tiene ninguna incidencia en la aplicación de las normas del Tratado; en particular, la Comisión seguirá garantizando, si fuera necesario, el cumplimiento de dichas normas mediante el ejercicio de las facultades que le reconoce el artículo 86 del Tratado.

(30) Sobre la base de los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión llevará a cabo una evaluación acompañada, si procede, de una propuesta de revisión de la misma.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 - Objetivo

La libertad de prestación de servicios portuarios se aplicará a los prestadores comunitarios de servicios portuarios con arreglo a dispuesto en la presente Directiva. Dichos prestadores tendrán acceso a las instalaciones portuarias en la medida en que sea necesario para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2 - Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a los servicios portuarios que figuran en el anexo, prestados a los usuarios del puerto dentro del área de éste.

La presente Directiva se aplicará a todos los puertos o sistemas portuarios de mar situados en el territorio de un Estado miembro y abiertos al trafico marítimo comercial general, siempre que el tráfico medio anual del puerto no sea inferior, en los tres últimos años, a 3 millones de toneladas de mercancías o 500.000 pasajeros.

Cuando un puerto alcance el umbral de tráfico de mercancías indicado en el apartado 2, sin alcanzar el umbral correspondiente al de los pasajeros, las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a los servicios portuarios reservados exclusivamente a los pasajeros. Cuando se alcance el umbral correspondiente al tráfico de pasajeros pero no al de mercancías, las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a los servicios portuarios reservados exclusivamente a las mercancías. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, con fines informativos y basándose en la información facilitada por los Estados miembros, una lista de los puertos contemplados en el presente artículo. La lista será publicada en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, y de forma anual en lo sucesivo.

Los Estados miembros podrán exigir que los prestadores de servicios portuarios estén establecidos en la Comunidad y que los buques reservados únicamente para la prestación de servicios portuarios estén registrados en un Estado miembro y utilicen su pabellón.

Artículo 3

1. La presente Directiva no prejuzga las obligaciones que, en su caso, imponen a las autoridades competentes las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE.

2. Cuando una de las Directivas a que se refiere el apartado 1 haga obligatoria la licitación de un contrato de servicios, los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 8, los apartados 1 y 2 del artículo 12 y el artículo 13 de la presente Directiva no se aplicarán a la adjudicación de tal contrato.

3. La presente Directiva no prejuzga las obligaciones que, en su caso, imponen a las autoridades competentes las Directivas 89/48/CEE, 92/51/CEE y 99/42/CE sobre reconocimiento mutuo entre Estados miembros de títulos de educación y formación profesional.

Artículo 4 - Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(1) "puerto de mar" (denominado "puerto" en la Directiva), un área de tierra y de agua en la que, merced a las obras de mejora realizadas y a los equipos instalados en ella es posible, fundamentalmente, la recepción de buques, la carga y descarga de los mismos, el almacenamiento de mercancías, la recepción y entrega de dichas mercancías por transporte terrestre, el embarque y desembarque de pasajeros;

(2) "sistema portuario", dos o más puertos agrupados para dar comunicación a la misma ciudad o conurbación;

(3) "autoridad portuaria" u "organismo gestor del puerto" (denominados en lo sucesivo "organismo gestor del puerto"), un organismo que, en conjunción o no con otras actividades, tiene como objetivo, con arreglo a la legislación o reglamentación nacional, la administración y gestión de las infraestructuras del puerto y la coordinación y control de las actividades de los diferentes operadores presentes en el puerto o sistema portuario considerado. Podrá consistir en varios organismos separados o estar encargado de más de un puerto;

(4) "servicios portuarios", los servicios de carácter comercial que normalmente se prestan en los puertos a cambio de una retribución, y que figuran en la lista del anexo;

(5) "prestador de servicios portuarios", toda persona física o jurídica que preste o desee prestar una o más categorías de servicios portuarios;

(6) "requisitos de servicio público", requisitos adoptados por una autoridad competente con el fin de garantizar la adecuada prestación de ciertas categorías de servicios portuarios;

(7) "autoasistencia", la situación en la que el usuario de un puerto se presta a sí mismo una o varias categorías de servicios portuarios, sin que normalmente se celebre ningún tipo de contrato con terceros a efectos de tal prestación;

(8) "autorización", todo permiso, incluido un contrato, que permita a una persona física o jurídica la prestación de servicios portuarios o la práctica de la autoasistencia.

Artículo 5 - Autoridades competentes

Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes encargadas de la aplicación de los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 19 de la Directiva.

Artículo 6 - Autorización

1. Los Estados miembros podrán exigir a los prestadores de servicios portuarios la obtención de una autorización previa con arreglo a las condiciones fijadas en los apartados 2, 3, 4 y 5. La autorización será automáticamente concedida a los prestadores de servicios seleccionados conforme a lo dispuesto en el artículo 8.

2. Los criterios de concesión de la autorización serán transparentes, no discriminatorios, objetivos, pertinentes y proporcionados. Deberán atender únicamente a las cualificaciones profesionales del prestador, a la solidez de su situación financiera, a la suficiente cobertura de riesgos, a la seguridad marítima o a la seguridad de las instalaciones, del equipo y de las personas. La autorización podrá imponer requisitos de servicio público que conciernan a la seguridad, regularidad, continuidad, calidad y precio con que deban ser prestados los servicios.

3. Si las cualificaciones profesionales exigidas incluyen conocimientos o experiencia específica en relación con las condiciones imperantes a nivel local, la autoridad competente deberá facilitar la formación necesaria a los candidatos a prestadores de servicios.

4. Los criterios citados en el apartado 2 deberán ser hechos públicos y los prestadores de servicios portuarios serán informados de antemano del procedimiento que debe seguir para la obtención de la autorización. Este requisito deberá también aplicarse a toda autorización que condicione la prestación de un servicio a la realización de una inversión en bienes inmuebles cuya propiedad, al expirar la autorización, sea transferida al puerto.

5. El prestador de servicios portuarios tendrá derecho a emplear el personal de su elección para llevar a cabo los servicios cubiertos por la autorización.

Artículo 7 - Limitaciones

1. Los Estados miembros sólo podrán limitar el número de prestadores de servicios portuarios por razones ligadas a la disponibilidad de capacidad y de espacio o, tratándose de servicios técnicos náuticos, a la seguridad del tráfico marítimo. En estos casos podría ser necesario limitar el número de prestadores de servicios portuarios autorizados. La autoridad competente deberá:

(a) informar a las partes interesadas de la categoría o categorías de servicios portuarios, y de la parte del puerto concernidas por las limitaciones, así como de las razones que las justifican;

(b) admitir al mayor número de prestadores de servicios que permitan las circunstancias.

2. Cuando existan restricciones ligadas a la disponibilidad de espacio o de capacidad, y siempre que no se den circunstancias excepcionales en relación con el volumen de tráfico o las categorías de carga, la autoridad competente autorizará al menos a dos prestadores de servicios para cada categoría de carga, que serán totalmente independientes entre sí.

3. Cuando la autoridad competente encargada de decidir sobre las limitaciones aplicables en un determinado puerto sea el organismo gestor del mismo, y cuando el propio organismo gestor o un prestador de servicios sobre el que tiene un control directo o indirecto, o algún tipo de interés, sea o desee ser prestador de servicios en dicho puerto, los Estados miembros designarán una autoridad competente diferente y le confiarán la tarea de tomar una decisión, o de aprobar la decisión tomada, en torno a las limitaciones. La autoridad competente así designada deberá ser independiente del organismo gestor del puerto en cuestión, y no deberá:

(a) prestar servicios portuarios similares a los prestados por ninguno de los prestadores del puerto en cuestión; ni

(b) tener ningún control, directo o indirecto, ni interés alguno, en ninguno de los prestadores de servicios del puerto en cuestión.

Artículo 8 - Procedimiento de selección

1. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios haya sido limitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, la autoridad competente tomará las medidas necesarias para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, merced a una licitación y a la utilización de criterios proporcionados, no discriminatorios y pertinentes.

2. La autoridad competente publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una convocatoria dirigida a las partes interesadas para que participen en el proceso de selección. La publicación podrá remitir a la dirección de Internet de la autoridad competente o del puerto o, si no existiera, utilizará cualquier medio apropiado para hacer llegar toda la información necesaria al interesado en el citado proceso.

3. La autoridad competente incluirá en su publicación

(a) los criterios de autorización y selección, que responden a los requisitos mínimos exigidos por la autoridad;

(b) los criterios de adjudicación, que reflejan las pautas sobre las que la autoridad efectuará su elección de entre las ofertas que cumplan los criterios de selección; y

(c) las condiciones en las que se exponen los requisitos de servicio incluidos en el contrato y se determinan los bienes de equipo que se pondrán a disposición del licitador seleccionado junto con las condiciones y normas aplicables.

4. El procedimiento fijará un intervalo de al menos 52 días entre la difusión de la convocatoria de propuestas y la fecha límite para la recepción de éstas.

5. En la información suministrada a los prestadores potenciales la autoridad competente incluirá todos los datos pertinentes que obren en su poder.

6. Cuando la autoridad competente encargada del procedimiento de selección en un determinado puerto sea el organismo gestor del mismo, y cuando el propio organismo gestor o un prestador de servicios sobre el que tiene un control directo o indirecto, o algún tipo de interés, sea o desee ser prestador de servicios en dicho en dicho puerto, los Estados miembros designarán una autoridad competente diferente y le confiarán la realización del citado procedimiento de selección. La autoridad competente así designada deberá ser independiente del organismo gestor del puerto en cuestión, y no deberá:

(c) prestar servicios portuarios similares a los prestados por ninguno de los prestadores del puerto en cuestión; ni

(a) tener ningún control, directo o indirecto, ni interés alguno, en ninguno de los prestadores de servicios del puerto en cuestión.

Artículo 9 - Duración

Los prestadores de servicios portuarios serán seleccionados por un periodo limitado de tiempo que se determinará con arreglo a los siguientes criterios:

1. Cuando el prestador de servicios no vaya a realizar inversiones para el desarrollo de su prestación, o sean insignificantes, la duración máxima de su autorización será de 5 años.

2. Cuando el prestador de servicios vaya a realizar inversiones significativas en:

(a) bienes muebles, el periodo máximo será de 10 años;

(b) bienes inmuebles, el periodo máximo será de 25 años, independientemente de que su propiedad vaya a transferirse al puerto.

Artículo 10 - Disposiciones relativas a la contabilidad

La autoridad competente obligará a los prestadores de servicios seleccionados a llevar una contabilidad separada de cada servicio portuario. La elaboración de las cuentas deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables reconocidos.

Artículo 11 - Autoasistencia

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para posibilitar la práctica de la autoasistencia con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

2. La autoasistencia podrá ir condicionada a la obtención de una autorización. Los criterios aplicables a esta última no deberán ser más estrictos que los fijados para otros prestadores de los mismos o similares servicios.

Artículo 12 - Organismo gestor del puerto

1. Cuando el organismo gestor del puerto sea a la vez prestador de servicios portuarios, deberá cumplir los criterios expuestos en el artículo 6 y llevar una contabilidad separada de los servicios portuarios y de las demás actividades. La elaboración de las cuentas deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables reconocidos con el fin de garantizar que:

(a) la contabilidad interna de cada actividad esté separada;

(b) todos los costes y los ingresos sean debidamente imputados o asignados partiendo de unos principios de contabilidad de costes coherentes y objetivamente justificables;

(c) los principios de contabilidad de costes utilizados para mantener la separación de contabilidades estén claramente determinados.

2. El informe de auditoría sobre las cuentas anuales deberá indicar la existencia de cualquier transferencia financiera efectuada entre la actividad de servicio portuario del organismo gestor del puerto y las demás actividades. Los Estados miembros deberán conservar el informe de auditoría y ponerlo a disposición de la Comisión cuando ésta así lo solicite.

3. Si, una vez realizado el procedimiento de selección que figura en el artículo 8, no se encontrara prestador apropiado para un determinado servicio portuario, la autoridad competente podrá, de acuerdo con las condiciones fijadas en el apartado 1 del presente artículo, reservar la prestación del servicio al organismo gestor del puerto por un periodo máximo de 5 años.

4. El organismo gestor del puerto no deberá discriminar entre prestadores de servicios. En particular, deberá abstenerse de toda discriminación en favor de una empresa u organismo en el que tiene algún tipo de interés.

5. Las disposiciones de esta Directiva no afectan en ningún caso a los derechos y obligaciones de los Estados Miembros en relación con la Directiva n° 2000/52/EC sobre Transparencia

Artículo 13 - Procedimientos de recurso

1. Los Estados miembros garantizarán que cualquier parte que ostente un interés legítimo disponga de un derecho de apelación contra de las decisiones o medidas individuales tomadas, en aplicación de la Directiva, por las autoridades competentes o por el organismo gestor del puerto.

2. Si se denegara una solicitud de acceso para la prestación de servicios portuarios de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, el solicitante o solicitantes serán informados de las razones por las que se les haya denegado la autorización o no hayan sido seleccionados. Las razones deberán ser objetivas, no discriminatorias, debidamente justificadas y expuestas de forma apropiada. El solicitante deberá contar con la posibilidad de recurrir. Deberá ser igualmente posible presentar un recurso ante un tribunal nacional o autoridad pública independiente en su organización, financiación, estructura jurídica y proceso de toma de decisiones de la autoridad competente u organismo gestor del puerto, así como de cualquier prestador de servicios.

3. Los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los organismos de recurso sean objeto de control jurisdiccional.

Artículo 14 - Seguridad, fiabilidad y protección del medio ambiente

Las disposiciones de la presente Directiva no afectan en modo alguno los derechos y obligaciones de los Estados miembros en materia de orden público, seguridad y fiabilidad de los puertos y protección del medio ambiente.

Artículo 15 - Protección social

Sin perjuicio de la aplicación de la presente Directiva, y no obstante lo dispuesto en otras disposiciones de Derecho comunitario, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación de su legislación social.

Artículo 16 - Medidas transitorias

1. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto no esté limitado por razones ligadas a la disponibilidad de espacio o de capacidad o a la seguridad marítima, las autorizaciones existentes podrán continuar en vigor mientras no se limite tal número. Las nuevas autorizaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva.

2. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto no esté limitado, se aplicará lo dispuesto en las letras a)-e).

a) Cuando una autorización existente hubiera sido concedida tras celebración de una licitación pública o procedimiento equivalente, y se ajuste por lo demás a lo dispuesto en la presente Directiva, la autorización podrá seguir en vigor sin cambios.

b) Cuando una autorización existente no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y el prestador de servicios no hubiera realizado inversiones o fueran insignificantes, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la concesión de una nueva autorización de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva en el plazo de 2 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al ordenamiento nacional, si sólo existe un prestador de servicios, y de 4 años, en todos los demás casos.

c) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera realizado inversiones significativas en bienes muebles, se procederá como se expone a continuación:

(i) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva pero hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento equivalente, la duración máxima de la autorización existente será de 10 años;

(ii) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y no hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento equivalente, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la concesión de una nueva autorización de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva en el plazo de 3 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al ordenamiento nacional, si sólo existe un prestador de servicios, y de 5 años, en todos los demás casos.

d) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera realizado inversiones significativas en bienes inmuebles, se procederá como se expone a continuación:

(i) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, pero hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento equivalente, la duración máxima de la autorización existente será de 25 años;

(ii) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y no hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento equivalente, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la concesión de una nueva autorización de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva en el plazo de 5 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al ordenamiento nacional, si sólo existe un prestador de servicios, y de 8 años, en todos los demás casos.

e) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera realizado inversiones significativas en bienes muebles e inmuebles, se aplicará lo dispuesto en la letra d).

Artículo 17 - Informes y revisión

Los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe acerca de la aplicación de la presente Directiva en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha de su incorporación al ordenamiento nacional.

Sobre la base de los informes de los Estados miembros, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la aplicación de la Directiva por los Estados miembros acompañada, si procediera, de una propuesta de revisión.

Artículo 18 - Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 19

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Artículo 20 - Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

[...] [...]

ANEXO

LISTA DE SERVICIOS PORTUARIOS COMPRENDIDOS POR LA PRESENTE DIRECTIVA

(1) Servicios técnicos náuticos

(a) Practicaje

(b) Remolque

(c) Amarre

(2) Manipulación de la carga, incluidos

(a) Estiba, arrumaje, transbordo y otras operaciones de transporte intraportuario;

(b) Almacenaje, depósito y manutención, según las categorías de carga;

(c) Agrupación de la carga.

(3) Servicios de pasajeros (incluidos embarque y desembarque).