COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 16.5.2022 COM(2022) 223 final 2022/0162(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (versión refundida)



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El Reglamento Financiero dispone los principios y las normas financieras generales para establecer y ejecutar el presupuesto de la UE y controlar las finanzas de la UE. El Reglamento Financiero de 2018 es fruto de una revisión en profundidad a través de la cual las anteriores normas de desarrollo se incorporaron a un código normativo único. La revisión introdujo una mayor flexibilidad, simplificó considerablemente las normas financieras y allanó el camino para las propuestas presentadas dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. Se requiere tiempo para que estas normas simplificadas desarrollen todo su potencial a efectos de la ejecución de los programas e instrumentos del período 2021-2027, por ejemplo, en lo referente al criterio de auditoría única, la confianza en las auditorías y las evaluaciones, las opciones de costes simplificados, la reducción de la carga administrativa y la mayor atención a los resultados. Modificar las normas financieras con demasiada frecuencia genera incertidumbre para los perceptores de fondos de la UE. Por consiguiente, la Comisión propone una modificación dirigida a aspectos concretos, tratando de lograr el equilibrio adecuado al centrar la atención en los cambios que son realmente necesarios. El principal motivo de la presente revisión es la necesidad de armonizar el Reglamento Financiero con el paquete del MFP, a fin de mantener un código normativo único por el que se regule el gasto de la Unión, esto es, que todas las normas financieras generales estén contenidas en el Reglamento Financiero. Gracias a ello, se proporcionará una mayor seguridad jurídica tanto a las instituciones de la Unión como a los perceptores de fondos de la Unión. La propuesta refleja asimismo las declaraciones hechas por las instituciones de la UE en el contexto del MFP. Por otra parte, la propuesta comprende una serie de mejoras y simplificaciones específicas que se han ido revelando necesarias desde la entrada en vigor del Reglamento Financiero de 2018, en algunos casos en respuesta a los acontecimientos y las tendencias más recientes. Las mejoras, que se apoyan en las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19, se centran en la gestión de crisis. Además, con ellas se busca proteger mejor los intereses financieros de la UE (por ejemplo, recurriendo en mayor medida a la digitalización), reforzar la contribución a la consecución de los objetivos estratégicos de la UE y ofrecer un mayor grado de simplificación para los perceptores de fondos de la Unión. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta nace tras la adopción del paquete del MFP con el objetivo de introducir nuevas mejoras en las normas aplicables en la ejecución de los programas e instrumentos del período 2021-2027 y con posterioridad. La propuesta refleja determinadas excepciones al Reglamento Financiero en vigor decididas por el legislador de la Unión durante las negociaciones del MFP, especialmente en lo tocante a la legislación sectorial. Además, cabe esperar que la simplificación y la mejora de las normas financieras de la UE refuerce la repercusión de las políticas y sus resultados sobre el terreno. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 322, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La adopción de normas financieras generales de la UE es competencia exclusiva de la UE. •Proporcionalidad La presente propuesta armoniza el Reglamento Financiero con el paquete del MFP 2021-2027 e introduce una serie de mejoras y simplificaciones de carácter específico. No incluye normas que no sean necesarias para alcanzar los objetivos del Tratado. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas Entre julio y octubre de 2021, se celebró una consulta pública sobre la propuesta de modificación del Reglamento Financiero en la que se recibieron treinta y ocho respuestas. Las respuestas procedían de un amplio abanico de partes interesadas, entre otras, el público general, distintas autoridades de los Estados miembros, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones empresariales.

En lo referente al refuerzo de la protección de los intereses financieros de la Unión, la mayoría de los participantes indicó que estaría a favor de la introducción de medidas adicionales de transparencia y protección. Consideraban necesarias la flexibilidad y la proporcionalidad, y veían importantes la confidencialidad, la protección de los datos y el uso coherente de los instrumentos existentes. En general, los participantes acogieron favorablemente las posibles mejoras del sistema de detección precoz y exclusión (EDES, por sus siglas en inglés). También hubo un apoyo generalizado al ejercicio de la diligencia debida, por parte de la Comisión, para garantizar que las entidades encargadas de la ejecución cumplan la legislación aplicable de la Unión y las normas internacionales y de la Unión acordadas. Por último, los participantes señalaron su voluntad de que se reforzara la función del Reglamento Financiero en la prevención de los conflictos de intereses profesionales de los candidatos o los licitadores. Ahora bien, también las directrices internas para el personal de la UE podrían ser útiles en ese sentido. Los participantes en la consulta pública estaban de acuerdo en que era importante simplificar y aclarar determinadas normas sobre la ejecución de los programas con el fin de reducir la carga administrativa. Las partes interesadas acogieron positivamente las medidas relacionadas con los ámbitos siguientes: i) seguridad y autonomía estratégica de la UE; ii) instrumentos financieros, garantías presupuestarias y asistencia financiera, con un claro apoyo a la racionalización de las obligaciones en materia de información; y iii) auditorías y controles digitales, ámbito en el que las partes interesadas coincidían en la necesidad de mantener la supervisión realizada por personas. En lo tocante a la gestión de crisis, los participantes en la consulta se mostraron a favor de aprovechar las enseñanzas extraídas de la crisis de la COVID-19 para mejorar las normas de contratación pública. Las partes interesadas profundizaron en los posibles cambios, por ejemplo, una mayor flexibilidad a la hora de modificar contratos, la aceptación de documentos electrónicos y la facilitación del apoyo a iniciativas y programas internacionales. La Comisión ha examinado atentamente las aportaciones recibidas y, en su mayoría, las ha integrado en el proyecto de propuesta. •Evaluación de impacto En consonancia con la declaración de la Comisión sobre futuras revisiones del Reglamento Financiero, no es necesaria una evaluación de impacto. El Reglamento Financiero establece las normas generales y las herramientas para la ejecución de los programas e instrumentos de gasto de la UE. Por consiguiente, las revisiones de la legislación no tienen ningún efecto social, medioambiental o económico directo que pueda analizarse de manera eficaz en una evaluación de impacto. El valor añadido de las evaluaciones de impacto se hace patente al tomar decisiones políticas sobre programas e instrumentos de gasto específicos, que deben ser conformes con el marco regulador establecido por el Reglamento Financiero. En su lugar, la Comisión ha realizado una consulta pública para la presente propuesta, que es la práctica habitual. Asimismo, la Comisión se ha apoyado en la experiencia adquirida a partir de la práctica y en las enseñanzas extraídas, en particular para determinar y analizar las cuestiones que deben abordarse y el valor añadido de la intervención de la Unión. •Adecuación regulatoria y simplificación La revisión del Reglamento Financiero no entra dentro del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). No obstante, dado que responde a la necesidad de simplificar y mejorar las normas financieras de la UE y armonizarlas con el paquete del MFP 2021-2027, la revisión contribuye notablemente al Programa de Mejora de la Legislación. El enfoque propuesto está en total consonancia con el marco para la mejora de la legislación y con la labor de simplificación que lleva a cabo la Comisión. Por ejemplo, la propuesta contiene una referencia a las auditorías digitales y las tecnologías emergentes para fomentar su uso generalizado, pero se mantiene al mismo tiempo la flexibilidad. La propuesta incorpora igualmente las enseñanzas extraídas de la COVID-19 en lo referente a la contratación pública (por ejemplo, contratación conjunta, contratación por cuenta de los Estados miembros, uso de una central de compras, fuentes múltiples para el mismo tipo de bienes o servicios, facturación electrónica y mejores normas en relación con los expertos externos). Además, contiene medidas de simplificación en lo referente a las subvenciones (por ejemplo, formas simplificadas de subvención, normas más sencillas para el uso de voluntarios, un cálculo más sencillo para demostrar el cumplimiento del principio de ausencia de fines lucrativos y un proceso más sencillo para la concesión de ayuda humanitaria). El fin último de todas estas medidas es reducir la carga administrativa para los solicitantes y los perceptores de fondos de la UE, sin que ello acarree riesgos adicionales para la buena gestión financiera del presupuesto de la UE. La propuesta no excluye a las microempresas de su ámbito de aplicación. Dado que estas empresas pueden ser beneficiarias de los fondos de la UE, deben estar sujetas a las normas financieras generales. De por sí, las normas del período de financiación 2021-2027 ya facilitan la participación de las microempresas. Por ejemplo, la Comisión ha utilizado recientemente las normas del Reglamento Financiero sobre formas simplificadas de financiación para adoptar una decisión por la que se permite a los propietarios de microempresas declarar sus costes de personal como costes unitarios predefinidos en el marco de cualquier programa de financiación, sin necesidad de aportar pruebas de los costes declarados. Además, en determinados ámbitos, la propuesta reduce los costes para las empresas, que suelen ser microempresas y pymes. La propuesta trata de consolidar la aplicación del principio de proporcionalidad, entre otras cosas, apoyándose en la diligencia debida de los socios que ejecutan el presupuesto en régimen de gestión indirecta. Esto haría posible un enfoque más flexible en relación con las microempresas y las pymes. De manera más general, cabe esperar que muchas de las medidas específicas de simplificación redunden en beneficio de todas las empresas y, por ende, también de las pymes. •Derechos fundamentales La propuesta es plenamente conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias. 5.OTROS ELEMENTOS •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 1.1.Armonización con el MFP y simplificación ·Armonización con el MFP (general): se añaden al Reglamento Financiero algunas referencias a los actos de base del período 2021-2027 y otra legislación. Además, a fin de garantizar la aplicación sin trabas del Reglamento del MFP, y en consonancia con el planteamiento de código normativo único, se propone reflejar en el Reglamento Financiero determinadas excepciones a los principios presupuestarios que se establecen en los actos básicos sectoriales [artículos 12, 14, 15 y 18, artículo 32, apartado 2, artículo 41, apartado 2, artículo 44, apartados 1 y 3, artículo 48, apartado 2, artículo 54, artículo 96, apartados 1 y 2, artículo 97, apartado 3, artículo 106, apartado 1, artículo 115, apartado 3, artículo 214, apartado 3, artículo 250, apartado 1, letra b), y artículo 253, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero]. Por otra parte, teniendo en cuenta la declaración conjunta sobre la posible inclusión del contenido delReglamento relativo a un régimen general de condicionalidad, se incluye una referencia al mismo en el título II, que trata sobre los principios que no pueden ser objeto de excepciones en la legislación sectorial (artículo 6). ·Empréstitos y préstamos: la propuesta persigue el objetivo de mejorar la comunicación de información en consonancia con la declaración conjunta 2020/C 444 I/06, a fin de aumentar la transparencia y facilitar la cooperación con la autoridad presupuestaria. La modificación propuesta racionaliza las obligaciones de información en relación con las operaciones de empréstitos y de préstamos. Se codifica la práctica actual incluyendo, en el documento anejo a la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, una visión completa de las operaciones de empréstito y préstamo de la Comisión (artículo 52, apartado 1). ·Ingresos afectados: la propuesta trata de dar mayor transparencia y visibilidad a los ingresos afectados externos en la documentación adjunta al presupuesto, en consonancia con la declaración conjunta (artículo 22, apartado 1, y artículo 41, apartados 3 y 8). Asimismo, se busca facilitar la gestión de las contribuciones adicionales (incluidas las voluntarias) procedentes de los Estados miembros (artículo 21, apartado 2), evitando así la necesidad de solicitar pagos de los Estados miembros antes de que surjan las necesidades de pago reales.

·Instrumentos financieros y garantías presupuestarias: la propuesta pretende aportar una mayor claridad jurídica a través de lo siguiente: i) resolviendo las incoherencias y las redundancias del Reglamento Financiero en vigor; ii) reflejando mejor el funcionamiento de las provisiones y las garantías presupuestarias; y iii) actualizando las normas pertinentes (artículo 2, punto 9, nuevo punto 15 y nuevo punto 33, artículo 212, nuevo apartado 3 y apartado 5, artículo 213, apartado 4, artículo 221, artículo 223, apartado 6, y artículo 213, nuevo apartado 5). ·Además, la propuesta racionaliza la presentación de información para evitar las duplicaciones y las incoherencias. Se refuerzan las obligaciones de información en un documento de trabajo adjunto al proyecto de presupuesto y el informe financiero integrado en virtud del artículo 253, apartado 1. Dicha racionalización implica también la supresión del actual artículo 250. Por último, la propuesta refuerza el artículo 218 trasladando al mismo determinadas disposiciones del anterior artículo 41, apartado 5. Gracias a ello, se evita tener que elaborar dos informes en paralelo, de contenido similar, sobre el fondo de provisión común [artículo 41, apartado 5, nueva letra g), artículo 210, apartado 3, y artículo 218]. ·La propuesta aclara también la interacción entre, por una parte, las provisiones y las garantías presupuestarias y, por otra, las definiciones y las normas relativas a los compromisos presupuestarios, los compromisos jurídicos, los perceptores y la publicación de información sobre los perceptores [artículo 2, puntos 38 y 58, artículo 7, apartado 4, artículo 10, apartado 3, artículo 38, apartado 3, letra c), artículo 112, apartado 2, artículo 113, apartado 1, letra a), y apartado 4, artículo 115, apartado 2, y artículo 163]. 1.2.Gestión de crisis, modernización y simplificación ·Liberalidades no financieras de las instituciones de la UE: la propuesta incluye un nuevo instrumento que refleja la práctica actual y proporcionará un marco para la donación de bienes, servicios, suministros u obras por parte de las instituciones de la UE. Asimismo, ofrecerá una base jurídica estable en particular para futuras situaciones de emergencia, aportará más transparencia, mejorará la rendición de cuentas y proporcionará una mayor seguridad jurídica para los perceptores (artículo 2, puntos 1, 2, 3, 38, 50 y 58, artículo 133, artículo 154, apartado 3, y nuevo artículo 244). ·Premios: de manera similar a la introducción de las liberalidades no financieras, es preciso que las instituciones de la UE estén facultadas para conceder premios que no sean de carácter financiero, como vales, billetes y viajes. Esta posibilidad es también importante, por ejemplo, a fin de organizar concursos dirigidos a jóvenes y que estos, a pesar de no tener una cuenta bancaria en su Estado miembro, puedan recibir el premio de manera fácil y práctica. Para introducir tal posibilidad, han de realizarse pequeñas modificaciones en el artículo 2, punto 52, el artículo 210, apartado 4, y el artículo 211, apartado 1. ·Contratación pública y expertos: la propuesta adapta las normas en materia de contratación pública que se aplican en las situaciones de gestión de crisis con el fin de que las instituciones o los organismos de la UE puedan realizar contrataciones por cuenta de los Estados miembros o actuar como central de compras. Esa función de central de compras permitiría donar o revender suministros y servicios a los Estados miembros, así como organizar procedimientos de contratación conjunta, si bien las instituciones de la UE no adquirirían los servicios y suministros para sí mismas [artículo 169, apartados 1 y 2 y nuevo apartado 3, y anexo I, punto 11.1, letra f), y punto 12.2, letra a)]. La propuesta actualiza igualmente la definición de «crisis» para incluir la salud pública y animal, las situaciones de emergencia relacionadas con la seguridad alimentaria y amenazas mundiales para la salud tales como pandemias (artículo 2, punto 22). Otras de las medidas de simplificación y de las correcciones y actualizaciones técnicas tienen por objeto posibilitar los contratos con múltiples fuentes, corregir incoherencias y omisiones, y aclarar las cuestiones relativas a la digitalización de los procedimientos de contratación pública [artículo 2, nuevo punto 46 y punto 76, artículo 164, apartado 5, artículo 168, apartado 3, artículo 171, apartado 1, artículo 173, apartado 1, artículo 174, apartados 2 y 3, artículo 175, y anexo I, punto 1.2, punto 6.2, punto 6.3, punto 6.4, punto 6.6, punto 9.3, punto 9.4, punto 9.5, punto 11.1, letra a), letra c), letra h), inciso iv), letra j) y letra m), punto 11.2, punto 16.3, letras f) y g), punto 18.1, punto 18.7, punto 19.2, punto 20.2, punto 21.1, punto 24.3, punto 27, punto 28.1, punto 28.2, nuevo punto 29.4, punto 30.2, punto 31.1, nuevo punto 34, punto 35.1 y punto 39.3]. La propuesta busca también una mayor armonización entre las normas de contratación pública del Reglamento Financiero y la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y la Directiva 2014/55/UE relativa a la facturación electrónica. Por ejemplo, la propuesta aclara los plazos que se aplican a los sistemas dinámicos de adquisición e incorpora la posibilidad de evaluar —como criterios de adjudicación— las cualificaciones y la experiencia del personal asignado para la ejecución del contrato (artículo 117, apartado 3, artículo 176, apartado 2 y nuevos apartados 4 y 5, y artículo 179, apartado 1). Por otra parte, la propuesta responde a la necesidad de contar con normas más flexibles para las delegaciones de la Unión en terceros países, teniendo en cuenta las condiciones de los mercados locales y las prácticas de los Estados miembros. Por consiguiente, en lo tocante al acceso al mercado, los umbrales y las normas se armonizan con los que actualmente se aplican a la contratación pública en el ámbito de las acciones exteriores. Además, las delegaciones de la Unión que adjudiquen contratos por cuenta propia estarían autorizadas a aceptar, por ejemplo, la presentación de los documentos de solicitud mediante entrega en mano (artículo 153, apartado 5). Se propone también aplicar las medidas adoptadas en el marco del Instrumento de Contratación Pública Internacional (ICPI, pendiente de adopción) a la contratación pública de las instituciones de la UE. Los órganos de contratación tendrán que aplicar las medidas del ICPI (a través del ajuste de la calificación atribuida a las ofertas recibidas de los operadores económicos establecidos en determinados terceros países o a través de la exclusión de estos operadores) de la misma manera que los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras de los Estados miembros una vez que el Reglamento ICPI entre en vigor y las medidas correspondientes se adopten y publiquen en el Diario Oficial: las instituciones de la UE deben predicar con el ejemplo y aplicar las mismas normas (artículo 179, nuevo apartado 1, y anexo I, punto 14). La propuesta responde a la necesidad de simplificar los procedimientos de contratación pública en el ámbito inmobiliario. Además, la propuesta excluye los servicios de autenticación notarial del ámbito de aplicación de las normas sobre contratación pública del presente Reglamento, incluye la posibilidad de celebrar procedimientos negociados sin publicación previa para los servicios prestados por organizaciones de Estados miembros, y amplía las posibilidades de recurrir a un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato tras un procedimiento de licitación con negociación declarado desierto (artículo 164 y anexo I, punto 6). Con arreglo a la jurisprudencia actual, los licitadores deben aportar pruebas de los criterios de selección y exclusión que hayan usado antes de tomar la decisión de adjudicar un contrato. La propuesta garantiza que el Reglamento Financiero esté en consonancia con la jurisprudencia a este respecto (artículo 2, punto 51, y anexo I, punto 18.4). Los considerandos ponen de relieve las actuales normas en materia de contratación pública verde. Por último, la propuesta completa las normas relativas a los expertos y las armoniza con la realidad del mercado. De este modo, cuando contraten a expertos externos remunerados, las instituciones de la Unión estarían en condiciones de competir con las remuneraciones ofrecidas por otros actores en el mercado. Las nuevas normas también permitirían a la Comisión usar las listas de expertos durante un período más largo (artículo 242). ·Subvenciones: la propuesta incorpora simplificaciones, aclaraciones, correcciones y actualizaciones técnicas. Se aclaran las normas sobre las formas simplificadas de subvenciones (artículo 184, apartado 3, y artículo 187) y se establece que el límite del 50 % en relación con los costes de los voluntarios se aplica al total de la financiación de una acción (artículo 194, apartado 2). Además, la propuesta aclara que, para rechazar a un participante de un procedimiento de concesión o adjudicación, no se exige sistemáticamente un procedimiento contradictorio (artículo 135). La propuesta también simplifica los cálculos en relación con el principio de ausencia de fines lucrativos (artículo 196, apartado 4) y la prestación de ayuda financiera a terceros en casos especiales (artículo 208, párrafo tercero). A fin de ofrecer una mayor transparencia, se añade la definición de ONG y se exige a los solicitantes de subvenciones que declaren su situación jurídica y confirmen si constituyen o no una ONG [artículo 2, nuevo punto 46, y artículo 200, apartado 1, letra a)]. Por último, se corrige la definición de «contratos públicos», así como su uso en el título VIII (artículo 2, punto 16, y artículo 205, apartados 1 y 2).

·Liberalidades a las instituciones de la UE: la propuesta permite adoptar con mayor celeridad la decisión de aceptar o rechazar liberalidades cuando se requiera una respuesta rápida, en circunstancias excepcionales y con las garantías adecuadas, en el caso de que tales liberalidades se realicen con fines de ayuda humanitaria, asistencia urgente, protección civil o ayuda a la gestión de crisis (artículo 25, apartado 3). ·Digitalización: la propuesta apoya el compromiso de la Comisión de ser digital por defecto y aumenta la eficiencia y la calidad de los controles y las auditorías con ayuda de la digitalización y de tecnologías emergentes tales como la prospección de datos, el aprendizaje automático, la automatización robótica de procesos y la inteligencia artificial. Al dar mayor visibilidad a estos aspectos, cabe esperar que se haga un uso más amplio y sistemático de las auditorías y los controles digitales, lo que, a su vez, debería elevar el nivel de garantía de los controles y las auditorías y reducir su coste [artículo 36, artículo 63, apartado 4, letra a), artículo 74, apartados 5 y 6, y artículo 150, apartado 1]. La propuesta trata igualmente de mejorar la calidad y la interoperabilidad de los datos sobre los perceptores de fondos de la Unión a efectos de los controles y las auditorías, en particular mediante el uso de un sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos (se ofrecen más detalles al respecto en el punto 3 a continuación). Es preciso modificar una serie de normas y procedimientos específicos en relación con la contratación pública y los expertos para reflejar los progresos en el ámbito de la digitalización. ·Transición verde: la propuesta también tiene por objeto ajustar el Reglamento Financiero para garantizar que la ejecución del presupuesto contribuya de manera efectiva a la realización del Pacto Verde Europeo. A tal efecto, debe insertarse una referencia explícita al principio de «no causar un perjuicio significativo» en el artículo 33, apartado 2, en consonancia con el compromiso de la Comisión con las finanzas sostenibles y la transición verde. Además, a fin de facilitar la ecologización de los edificios de la UE, se introduce en el artículo 271 la posibilidad de recurrir a préstamos para financiar la renovación de edificios. Por último, cuando sea pertinente, es preciso que las licitaciones, en los procedimientos de contratación pública, incluyan criterios ecológicos de adjudicación o selección para incentivar a los operadores económicos a ofrecer opciones más sostenibles. Tal y como se dispone en el artículo 6, apartado 4, de la Legislación Europea sobre el Clima, la Comisión considera que las propuestas citadas son coherentes con el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, del mismo acto, así como con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2040. Además, las propuestas son coherentes con el propósito de garantizar los avances en materia de adaptación, como se dispone en el artículo 5 de la Legislación Europea sobre el Clima, y están en consonancia con los objetivos de este acto. 1.3.Refuerzo de la protección de los intereses financieros de la UE y gestión indirecta ·Sistema de detección precoz y exclusión: se propone reforzar el sistema mediante una aplicación más centrada en los fondos tanto en régimen de gestión compartida como en régimen de gestión directa que se desembolsen como contribuciones financieras a los Estados miembros, por ejemplo, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El objetivo es evitar que las autoridades de los Estados miembros seleccionen a operadores económicos fraudulentos para la realización de proyectos y proteger mejor el presupuesto de la Unión frente a las faltas graves, sin necesidad de esperar al resultado final de los procedimientos nacionales. En lo que respecta a la dimensión interterritorial de la ejecución de proyectos, se propone que la exclusión de entidades y personas a nivel de la Unión se aplique a toda la financiación de la Unión para la ejecución de proyectos en todos los Estados miembros. Dicha exclusión estaría sujeta a varias limitaciones y garantías, y su alcance quedaría limitado a una lista exhaustiva de las faltas más graves (por ejemplo, corrupción, fraude, blanqueo de capitales y terrorismo), cuya existencia habría de demostrarse en: i) una auditoría final de la Unión, un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o una investigación de la Fiscalía Europea; o ii) una auditoría, una sentencia o una decisión administrativa nacionales (artículo 138, apartado 2, artículo 139, apartado 1, y artículo 145, apartado 5). Además de lo anterior, se añaden motivos autónomos de exclusión, bien por la negativa a cooperar en investigaciones, comprobaciones o auditorías realizadas por un ordenador de pagos, la OLAF, la Fiscalía Europea o el Tribunal de Cuentas, bien por incitación al odio o a la discriminación [artículo 139, apartado 1, nueva letra i), y letra c), inciso vi), respectivamente]. Asimismo, se propone mencionar explícitamente las infracciones relacionadas con conflictos de intereses como motivo autónomo de exclusión dentro del concepto de falta de ética profesional grave [artículo 139, apartado 1, letra c), inciso iv)]. Se propone un procedimiento acelerado para aquellos casos cuya naturaleza o circunstancias así lo requieran (artículo 139, nuevo apartado 6). La propuesta también prevé la posibilidad de excluir a los titulares reales y las entidades afiliadas si se considera que se cumplen los requisitos para imputar responsabilidades [artículo 138, apartado 2, nuevas letras h) e i), y artículo 139, apartado 2 y nuevo apartado 5]. Otras de las modificaciones resuelven deficiencias actuales del sistema, por ejemplo, creando una presunción legal de la notificación del contenido de las cartas en procedimientos contradictorios y las decisiones administrativas [artículo 138, apartado 2, nueva letra g), artículo 139, apartado 1, apartado 1, letra d), inciso i), y letra e), y apartado 7, artículo 140, apartado 1, artículo 143, artículo 145, apartado 5, artículo 146, apartado 2, nuevo artículo 147, artículo 152, nuevo apartado 3 y apartado 2, letra h), artículo 153 y artículo 156, nuevo apartado 6]. ·Sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos: la propuesta trata de mejorar la calidad y la interoperabilidad de los datos relativos a los perceptores de financiación de la Unión y a quienes se benefician en última instancia, directa o indirectamente, de la financiación de la Unión. Con miras a prevenir, detectar, investigar y corregir los fraudes o solucionar las irregularidades de manera eficaz, es necesario poder identificar a las personas físicas que sean los titulares reales de los perceptores y que, en última instancia, se beneficien del uso indebido de la financiación de la Unión. Ese objetivo se logra normalizando el registro y el almacenamiento electrónicos de los datos sobre los perceptores de la financiación de la Unión y sus titulares reales con fines de control y auditoría. Además, existiría la obligación de usar un sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos (proporcionado por la Comisión) para acceder a dichos datos sobre los perceptores de la financiación de la Unión y analizarlos. Este sistema facilitaría considerablemente la detección de los riesgos de fraude, corrupción, doble financiación, conflicto de intereses y otras irregularidades. La Comisión sería responsable del desarrollo, la gestión y la supervisión del sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos (artículos 36, 159 y 275). Las normas relativas al registro, el almacenamiento, la transferencia y el tratamiento de los datos deben ser conformes con las normas aplicables en materia de protección de datos. Por último, la propuesta aplica el artículo 36 a aquellos casos en que los Estados miembros reciban financiación de la Unión y la ejecuten en régimen de gestión directa. Las citadas obligaciones se aplicarían a los programas adoptados dentro del MFP posterior a 2027, y financiados con cargo al mismo, a fin de disponer del tiempo suficiente para adaptar los sistemas de datos electrónicos, proporcionar orientaciones e impartir formación. No obstante, durante el período transitorio, será posible, y se alentará, la aplicación voluntaria. Esta propuesta desempeña una función clave a efectos de las acciones encaminadas a la digitalización que se han explicado en el punto 2. ·Transparencia: la propuesta tiene por objeto mejorar la información que se facilita al público sobre el uso del presupuesto de la Unión y los perceptores de la financiación de la Unión. Para ello, se exige a los Estados miembros que ejecuten el presupuesto de la Unión en régimen de gestión compartida, las entidades que ejecuten el presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta y otras instituciones y organismos de la Unión que, al menos una vez al año, envíen a la Comisión información sobre sus perceptores de financiación de la Unión. La Comisión añadiría a dicha información los datos de los que disponga sobre la gestión directa y sería responsable de consolidar, centralizar y publicar la información en una base de datos disponible en un sitio web único que abarcaría todos los métodos de ejecución del presupuesto de la Unión, incluido por parte de otras instituciones y organismos de la Unión. Este sitio web único sería una versión mejorada del Sistema de Transparencia Financiera que actualmente se usa para la gestión directa (artículos 38, 159 y 275). Por último, la propuesta aplica el artículo 38 a aquellos casos en que los Estados miembros reciban financiación de la Unión y la ejecuten en régimen de gestión directa. Las citadas obligaciones se aplicarían a los programas adoptados dentro del MFP posterior a 2027, y financiados con cargo a este, a fin de garantizar una transición fluida y poder adaptar los sistemas de datos electrónicos. ·Gestión indirecta: la gestión indirecta se apoya en las normas, los sistemas y los procedimientos de los socios ejecutantes de la Unión para asegurar la debida protección de los intereses financieros de la UE. La propuesta trata de reforzar la aplicación de la proporcionalidad como principio general del Derecho, especialmente al evaluar a los socios e imponer obligaciones contractuales. Esto mejoraría la cooperación con los socios ejecutantes de la Unión y, además, es coherente con las normas recientemente acordadas en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional. Debe evitarse la carga administrativa innecesaria, en particular para los perceptores finales que sean microempresas y pymes u otros operadores económicos comparables con un volumen de negocios o un balance total equivalentes. En este sentido, es preciso ajustar las disposiciones pertinentes y actualizar las referencias cruzadas. Con miras a la simplificación, la propuesta prevé la opción de eximir de la evaluación por pilares a las autoridades de gestión en el régimen de gestión compartida, dado que sus normas ya son objeto de evaluación en este régimen. La posibilidad actual de eximir a las agencias descentralizadas de la evaluación por pilares pasaría a ser una exención por defecto y se ampliaría a las agencias plenamente autofinanciadas y las misiones de la PESC. Por último, se modifican las normas sobre transparencia para los perceptores de financiación de la UE y se añaden aclaraciones técnicas (artículo 62, apartado 1, artículo 158, artículo 159, artículo 160, apartado 3, y artículo 212, nuevo apartado 3 y apartado 4). ·Procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión en materia de seguridad u orden público: la presente propuesta persigue el objetivo de establecer condiciones específicas para la participación de entidades de terceros países en los procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión que atañan a la seguridad o al orden público, y aplicar esas condiciones en consonancia con las obligaciones internacionales de la Unión, en particular en el ámbito de la contratación pública. Dichas normas se refieren a los procedimientos de concesión o adjudicación para todo tipo de instrumentos de ejecución del presupuesto: subvenciones, contratación pública, premios, gestión indirecta, etc. (nuevo artículo 137). ·Conflicto de intereses: la propuesta aclara el concepto del Derecho aplicable, que incluye el Derecho nacional en materia de conflictos de intereses (artículo 61). ·Conflicto de intereses profesionales que pueda afectar negativamente a la ejecución de un contrato público. A raíz de la investigación del Defensor del Pueblo Europeo sobre la adjudicación de un contrato, se propone añadir una definición y un motivo explícito para rechazar a participantes de procedimientos de adjudicación por la existencia de un conflicto de ese tipo (artículo 144). Además, todos los licitadores estarán obligados a presentar una declaración por el honor en la que confirmen que no tienen ningún conflicto de intereses profesionales y a proporcionar la información pertinente cuando se les exija (anexo I, punto 18.4). Por último, la propuesta hace hincapié en la obligación del órgano de contratación de analizar si existe tal conflicto de intereses (anexo I, punto 20.1). ·La asistencia de los Estados miembros a efectos del cobro de los créditos de la UE debe garantizarse incluyendo también a la Comisión en el mecanismo de asistencia que ya se aplica entre los Estados miembros en virtud de la Directiva 2010/24/UE sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas. Con el objeto de cobrar los créditos de la UE de manera más eficaz, el contable de la Comisión debe poder contar con la asistencia de los Estados miembros para ponerse en comunicación con los deudores y determinar sus activos de manera eficiente (nuevo artículo 104). ·Subvenciones extranjeras: la propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras de la Comisión está en fase de negociación. En función de cómo avancen las propuestas, el Reglamento Financiero podría armonizarse con ese nuevo Reglamento en el transcurso de las negociaciones. 1.4.Simplificaciones y actualizaciones técnicas varias:

Se proponen las siguientes modificaciones y actualizaciones técnicas del Reglamento Financiero: ·Corregir las omisiones y las referencias cruzadas erróneas en el artículo 49, apartado 1, el artículo 71, el artículo 114, apartado 4, el artículo 154, apartado 3, el artículo 163, apartado 4, y el artículo 253, apartado 1, letras d) y f). ·Completar la lista de documentos de trabajo del artículo 41, apartado 3, letra e), con un documento sobre la política inmobiliaria. ·Modificar el artículo 41, apartado 4, letra j), para reflejar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. ·Ajustar las normas específicas sobre compromisos para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía que figuran en el artículo 114 con miras a facilitar la armonización con las prácticas contables normalizadas. Esta modificación técnica también afecta a las normas específicas para los pagos efectuados por adelantado en virtud del artículo 270, pero no a los pagos a los Estados miembros o los beneficiarios. ·Introducir actualizaciones técnicas en el artículo 252 en relación con el adelanto de los plazos para las cuentas consolidadas, y modificar las fechas de presentación de documentos del artículo 271. ·Actualizar las referencias a la legislación de la Unión derogada. Se proponen asimismo otras modificaciones necesarias del Reglamento Financiero, como sigue: ·Garantizar un tratamiento presupuestario adecuado y evitar una presión financiera indebida en la parte de gastos del presupuesto de la Unión permitiendo que los intereses y cualquier otra carga adeudada en caso de que se haya anulado una multa, otra penalización o sanción, o se haya reducido el importe, incluida cualquier remuneración negativa relacionada con dichas multas, otras penalizaciones o sanciones, se deduzcan de los ingresos del presupuesto de la Unión (ingresos negativos), y velando al mismo tiempo por que haya una compensación adecuada en caso de reembolso de multas abonadas provisionalmente (artículo 48, apartado 1 y nuevo apartado 2, artículo 99, apartado 4, artículo 108, apartado 2, y artículo 109, apartados 1, 2 y 4). Estas modificaciones integran las ya presentadas por la Comisión, dada la urgencia del asunto, en otra propuesta relativa a la modificación del Reglamento Financiero por lo que respecta al tratamiento de las multas en materia de competencia anuladas o reducidas. ·Simplificar las normas sobre administraciones de anticipos para resolver los problemas a los que se enfrentan las delegaciones de la UE (artículos 88 y 89) y sobre gestión de la tesorería, en particular el uso de tarjetas de crédito y métodos de pago modernos (artículo 86). 🡻 2018/1046 (adaptado) 2022/0162 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (versión refundida) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 46, letra d), su artículo 149, su artículo 153, apartado 2, letra a), sus artículos 164, 172, 175, 177 y 178, su artículo 189, apartado 2, su artículo 212, apartado 2, su artículo 322, apartado 1, y su artículo 349, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: ⇩ nuevo (1)El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo debe ser objeto de varias modificaciones. En aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento. 🡻 2018/1046 considerando 1 (2)Transcurridos tres años desde que comenzaran a aplicarse, las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «presupuesto») requieren nuevas modificaciones con el fin de eliminar obstáculos en la ejecución aumentando la flexibilidad, simplificar la gestión en favor de los interesados y los servicios, prestar mayor atención a la obtención de resultados y mejorar la accesibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Por consiguiente, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo debe ser derogado y sustituido por el presente Reglamento. 🡻 2018/1046 considerando 2 (3)A fin de reducir la complejidad de las normas financieras aplicables al presupuesto y de incluir las normas pertinentes en un único reglamento, la Comisión debe derogar el Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012. En aras de la claridad, las principales disposiciones del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 deben incluirse en el presente Reglamento, mientras que otras deben incluirse en las orientaciones elaboradas para los servicios. ⇩ nuevo (4)El presente Reglamento, que debe establecer las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, en el sentido del artículo 322 del TFUE, no regula ni afecta a la aplicación de medidas restrictivas adoptadas con arreglo al TFUE y al TUE, en particular en el marco de la ejecución del presupuesto de la Unión. (5)Tomando en consideración la experiencia adquirida con la ejecución de las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, el «presupuesto»), y tras haberse adoptado el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, por el que se estableció el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, es preciso efectuar una serie de modificaciones específicas para armonizar las normas financieras generales con el nuevo marco jurídico, adaptar esas normas a las necesidades de una gestión de crisis eficiente y mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión. Además, deben introducirse determinadas simplificaciones, actualizaciones técnicas y correcciones. (6)A raíz de la adopción del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, deben sustituirse o añadirse, en el presente Reglamento, las referencias a los actos de base, la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053, el Reglamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consejo y el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020. (7)Por motivos de claridad, todas las referencias al Reglamento (CE) 45/2001, que ha sido derogado, han de sustituirse por referencias al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(8)Por motivos de seguridad jurídica, deben corregirse varias referencias cruzadas. (9)Es necesario reflejar mejor la naturaleza y el funcionamiento específicos de la provisión de pasivos financieros y de las garantías presupuestarias. Por lo tanto, deben ajustarse algunas definiciones y normas sobre las garantías presupuestarias, los compromisos presupuestarios, los compromisos jurídicos, los créditos de pago, los perceptores y la publicación de la información sobre los perceptores. Ha de añadirse la definición de la fase de constitución de la provisión de pasivos financieros. Además, es preciso actualizar las definiciones para reflejar, en particular, las modificaciones de las normas de contratación pública y la introducción de normas sobre las liberalidades no financieras. (10)A fin de ofrecer una mayor transparencia en relación con los perceptores de fondos de la Unión que sean organizaciones no gubernamentales, es necesario que exista una definición de dichas organizaciones en la que se establezcan los criterios para reconocerlas, y que los solicitantes de subvenciones declaren su condición jurídica, en particular si constituyen o no organizaciones no gubernamentales. (11)Debe introducirse en el Reglamento una referencia al régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo. El Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 es una piedra angular del marco jurídico para la ejecución del presupuesto de la Unión. 🡻 2018/1046 considerando 3 (12)Deben mantenerse los principios presupuestarios fundamentales. Las excepciones existentes a dichos principios en ámbitos específicos, como son la investigación, las acciones exteriores y los fondos estructurales, deben reexaminarse y simplificarse en la medida de lo posible, teniendo en cuenta su pertinencia, su valor añadido para el presupuesto y la carga que suponen para los interesados. 🡻 2018/1046 considerando 4 (13)Las disposiciones relativas a las prórrogas de los créditos deben presentarse de forma más clara, y debe hacerse una distinción entre prórrogas automáticas y no automáticas. Las instituciones de la Unión implicadas deben proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información tanto sobre las prórrogas automáticas como sobre las no automáticas. 🡻 2018/1046 considerando 5 (14)Debe permitirse la prórroga y utilización de ingresos afectados externos para el programa o la acción siguientes con vistas a hacer un uso eficiente de estos fondos. Debe ser posible prorrogar los ingresos afectados internos únicamente al ejercicio presupuestario siguiente, salvo que en el presente Reglamento se disponga de otro modo. ⇩ nuevo (15)Tras haberse adoptado el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 y los actos de base conexos, es preciso incorporar al presente Reglamento determinadas normas relacionadas con los principios presupuestarios, en particular por lo que respecta a la anulación y la prórroga, las liberaciones y la reconstitución de los créditos correspondientes a liberaciones, establecidas en el Reglamento 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, el Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 2021/1529 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Decisión (UE) 2021/1764 del Consejo, el Reglamento (Euratom) 2021/948 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo. 🡻 2018/1046 considerando 6 (16)En relación con los ingresos afectados internos, debe permitirse la financiación de nuevos proyectos inmobiliarios con los ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de edificios. A tal fin, esos ingresos deben considerarse ingresos afectados internos que pueden ser prorrogados hasta ser plenamente utilizados.

⇩ nuevo (17)Por motivos de simplificación, y con objeto de mejorar la coordinación entre la distribución temporal de las contribuciones de los Estados miembros y las correspondientes necesidades de pago, todas las contribuciones financieras adicionales de los Estados miembros a las acciones y los programas de la Unión, incluidas las contribuciones voluntarias, han de estar sujetas al mismo tratamiento y considerarse ingresos afectados externos. (18)Con miras a aumentar la transparencia en la presentación de los ingresos afectados, debe facilitarse en un anexo, que forme parte integrante del presupuesto, la información detallada sobre el importe estimado de los ingresos afectados externos por recibir y la asignación prevista a las líneas presupuestarias pertinentes. (19)Es preciso actualizar las normas relativas a las transferencias sujetas a disposiciones especiales a fin de tomar en consideración la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia establecida con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093. Además, deben realizarse los ajustes pertinentes con objeto de reflejar que ya no se necesitan proyectos de presupuesto rectificativo para movilizar la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia. 🡻 2018/1046 considerando 7 (20)Las instituciones de la Unión deben poder aceptar toda clase de liberalidades en favor de la Unión. ⇩ nuevo (21)A fin de posibilitar una reacción rápida en circunstancias excepcionales, es preciso que la Comisión pueda aceptar liberalidades en especie, con independencia de su valor, cuando se realicen con fines de ayuda humanitaria, asistencia urgente, protección civil o ayuda a la gestión de crisis. Para que existan las garantías adecuadas, la Comisión solo ha de aceptar dichas liberalidades cuando la aceptación sea conforme con los principios de buena gestión financiera y de transparencia y no genere conflictos de intereses ni perjudique la imagen de la Unión. El donante no debe encontrarse, en el momento de la aceptación, en ninguna de las situaciones de exclusión previstas en el marco del sistema de detección precoz y exclusión, ni figurar como excluido en la base de datos correspondiente. 🡻 2018/1046 considerando 8 (22)Debe introducirse una disposición que permita el patrocinio en especie por una persona jurídica de un acto o actividad para fines promocionales o de responsabilidad social de las empresas. 🡻 2018/1046 considerando 9 (adaptado) (23)Procede aclarar el concepto de rendimiento por lo que se refiere al presupuesto. El rendimiento debe estar asociado a la aplicación directa del principio de buena gestión financiera. También debe definirse el principio de buena gestión financiera y debe establecerse un vínculo entre los objetivos fijados y el ⌦ los indicadores de ⌫ rendimiento, los indicadores, los resultados y la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los créditos. Por razones de seguridad jurídica y para evitar al mismo tiempo conflictos con los marcos de rendimiento vigentes de los diferentes programas, debe definirse la terminología relativa al rendimiento, en particular producto/productividad y resultados. ⇩ nuevo (24)Dada la importancia de hacer frente a los desafíos climáticos y medioambientales, y a fin de garantizar que la ejecución del presupuesto contribuya a la realización del Pacto Verde Europeo, es preciso ampliar el concepto de rendimiento en referencia al presupuesto para incluir la ejecución de programas y actividades de una manera sostenible, de tal modo que no se obstaculice el logro de los objetivos medioambientales de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

🡻 2018/1046 considerando 10 (adaptado) (25)De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, la legislación de la Unión debe ser de gran calidad y centrarse en ⌦ aquellos ⌫ ámbitos en los que genere el mayor valor añadido para los ciudadanos y sea lo más eficiente y eficaz posible en la consecución de los objetivos políticos comunes de la Unión. Sujetar ⌦ Someter a evaluación ⌫ los programas de gasto en curso y los nuevos, así como y las actividades que ocasionen gastos importantes ⌦ , ya estén en curso o sean nuevos, ⌫ , a evaluación puede contribuir al logro de dichos objetivos. ⇩ nuevo (26)Para llevar a la práctica el compromiso de la Comisión de ser digital por defecto y promover que los controles y las auditorías sean más eficientes y de la máxima calidad aumentando el nivel de garantía, pero reduciendo al mismo tiempo el coste, es apropiado introducir una referencia explícita al uso de herramientas digitales y tecnologías emergentes tales como el aprendizaje automático, la automatización robótica de procesos, la prospección de datos y la inteligencia artificial. (27)A fin de reforzar la protección del presupuesto de la Unión frente al fraude, la corrupción, los conflictos de intereses, la doble financiación y otras irregularidades, han de introducirse medidas normalizadas para la recopilación, la comparación y la agregación de la información sobre los perceptores de financiación de la Unión. En particular, con miras a prevenir, detectar, investigar y corregir los fraudes o solucionar las irregularidades de manera eficaz, es necesario poder identificar a las personas físicas que, en última instancia, se beneficien, directa o indirectamente, de la financiación de la Unión y que, en última instancia, se aprovechen del uso indebido de la financiación de la UE. El registro y el almacenamiento electrónicos de datos sobre los perceptores de fondos de la Unión, incluidos sus titulares reales, tal como se definen en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la inclusión periódica de dichos datos en un sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos proporcionado por la Comisión, deberían facilitar la evaluación de riesgos a efectos de la selección, la concesión o adjudicación, la gestión financiera, el seguimiento, la investigación, el control y la auditoría, y contribuir a la prevención, la detección, la corrección y el seguimiento efectivos del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses, la doble financiación y otras irregularidades. La Comisión ha de ser responsable del desarrollo, la gestión y la supervisión del sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos. En el ejercicio de sus competencias respectivas, la Comisión, los Estados miembros, las personas o entidades responsables de la ejecución del presupuesto, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y otros organismos de investigación y control de la Unión deben tener el acceso necesario a esos datos. Las normas relativas al registro, el almacenamiento, la transferencia y el tratamiento de los datos deben ser conformes con las normas aplicables en materia de protección de datos. 🡻 2018/1046 considerando 11 (adaptado) (28)Conforme al principio de transparencia establecido en el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las instituciones de la Unión deben actuar con el mayor respeto posible al principio de apertura. En cuanto a la ejecución del presupuesto, la aplicación de dicho principio implica que los ciudadanos deben saber dónde y con qué fines se gastan los fondos de la Unión. Esta información fomenta el debate democrático, contribuye a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión, refuerza el control ⌦ y la supervisión institucionales ⌫ institucional y el examen de los gastos de la Unión y contribuye a incrementar su credibilidad. La comunicación debe tener un objetivo más claro y dirigirse a incrementar la visibilidad de la contribución de la Unión a favor de los ciudadanos. Tales objetivos deben alcanzarse mediante la publicación, preferentemente mediante herramientas modernas de comunicación, de la correspondiente información sobre todos los perceptores de fondos financiados con cargo al presupuesto, que tenga ⌦ teniendo ⌫ en cuenta los legítimos intereses de confidencialidad y seguridad de dichos perceptores y, por lo que respecta a las personas físicas, su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales. Las instituciones de la Unión deben adoptar, por lo tanto, un enfoque selectivo en la publicación de la información, en consonancia con el principio de proporcionalidad. Las decisiones de publicación deben basarse en criterios pertinentes a fin de proporcionar información de interés. 🡻 2018/1046 considerando 12 (adaptado) ⇨ nuevo (29)Sin perjuicio de las normas en materia de protección de datos personales, se ha de buscar garantizar la máxima transparencia por lo que respecta a la información sobre los perceptores. La información sobre los perceptores de los fondos de la Unión que se ejecutan mediante gestión directa debe publicarse en un sitio internet dedicado a ⌦ web específico de ⌫ las instituciones de la Unión, como el Sistema de Transparencia Financiera,. y ⇨ Los requisitos de publicación han de contemplar todos los métodos de ejecución presupuestaria, incluido por parte de otras instituciones y organismos de la Unión. Para ello, los Estados miembros, las personas y entidades responsables de la ejecución del presupuesto y las otras instituciones y organismos de la Unión deben transmitir a la Comisión, como mínimo anualmente, la información sobre sus perceptores de financiación de la Unión. Dicha información ⇦ debe incluir, como mínimo, el nombre ⇨ , un identificador único ⇦ y la localidad del perceptor, el importe legalmente comprometido y la finalidad de la medida. Tal información debe tener en cuenta criterios pertinentes como la periodicidad, el tipo y la importancia de la medida. 🡻 2018/1046 considerando 13 (30)La Comisión ha de poder ejecutar el presupuesto de manera indirecta a través de organizaciones de los Estados miembros. Por razones de seguridad jurídica conviene, por lo tanto, definir una organización de un Estado miembro como una entidad constituida en un Estado miembro en calidad de organismo de Derecho público o de organismo sujeto a Derecho privado al que dicho Estado miembro haya confiado una misión de servicio público y proporcionado garantías financieras adecuadas. El respaldo financiero que un Estado miembro proporcione a esos organismos de Derecho privado de conformidad con los requisitos existentes establecidos en el Derecho de la Unión, en la forma que elija dicho Estado miembro y que no necesariamente exija una garantía bancaria, debe considerarse una garantía financiera adecuada. 🡻 2018/1046 considerando 14 En caso de premios, subvenciones y contratos adjudicados mediante un procedimiento público abierto a la competencia y, en particular, de concursos, convocatorias de propuestas y licitaciones, el nombre y la localidad de los perceptores de fondos de la Unión debe publicarse para respetar los principios del TFUE y, en concreto, los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Dicha publicación debe contribuir al control de los procedimientos de adjudicación por parte de los participantes no seleccionados.

🡻 2018/1046 considerando 15 (31)Los datos personales relativos a personas físicas no deben estar disponibles para el público por un período más prolongado que aquel durante el cual el perceptor use los fondos, por lo que tales datos deben retirarse después de dos años. Lo mismo debe aplicarse a los datos personales relativos a personas jurídicas cuya denominación oficial identifique a una o varias personas físicas. 🡻 2018/1046 considerando 16 (32)En la mayoría de los casos contemplados en el presente Reglamento, la publicación atañe a personas jurídicas. Cuando ataña a personas físicas, la publicación de datos personales debe respetar el principio de proporcionalidad entre la importancia de la cuantía concedida y la necesidad de controlar la mejor utilización de los fondos. En tales casos, la publicación de la región a nivel 2 de la clasificación común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) es coherente con el objetivo de publicación de la información sobre los perceptores y garantiza la igualdad de trato entre Estados miembros de tamaños diferentes, al mismo tiempo que se respeta el derecho del perceptor a la vida privada y, en particular, a la protección de sus datos personales. 🡻 2018/1046 considerando 17 (adaptado) ⇨ nuevo (33)Por motivos de seguridad jurídica y conforme al principio de proporcionalidad, deben especificarse aquellas situaciones en las que la publicación no deba producirse. Por ejemplo, no se debe publicar información en lo que atañe a las becas u otras formas de ayuda directa abonadas a las personas físicas más necesitadas, a determinados contratos de un valor muy reducido y a instrumentos financieros ⌦ o a la ayuda financiera ⌫ por debajo de un umbral determinado ⌦ proporcionada a través de instrumentos financieros ⌫ ⇨ o garantías presupuestarias ⇦ , o en los casos en los que unala revelación ⌦ de información ⌫ entrañe un riesgo de amenaza para los derechos y libertades de las personas físicas afectadas, tal como los protege la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o de perjuicio a los intereses comerciales de los perceptores. No obstante, en lo que respecta a las subvenciones, no debe existir ninguna exención especial de la obligación de publicar información basada en un umbral específico, a fin de mantener la práctica vigente y hacer posible la transparencia. 🡻 2018/1046 considerando 18 (adaptado) (34)En los casos en que los datos personales de los perceptores se hagan públicos con fines de transparencia en relación con el uso de los fondos de la Unión y de control de los procedimientos de ⌦ concesión o ⌫ adjudicación, se debe informar a esos perceptores de la publicación, así como de sus derechos y de los procedimientos aplicables para ejercerlos, de conformidad con los Reglamentos (UE) 2018/1725 (CE) n.º 45/2001 y (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. 🡻 2018/1046 considerando 19 (35)Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato entre los perceptores, también debe publicarse la información relativa a las personas físicas, en consonancia con la obligación de los Estados miembros de velar por un grado elevado de transparencia de los contratos de cuantía superior a los umbrales establecidos en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 🡻 2018/1046 considerando 20 (adaptado) ⇨ nuevo (36)En caso de gestión indirecta y compartida, corresponde a las personas, entidades u organismos designados que ejecutan los fondos de la Unión poner a disposición ⌦ facilitar ⌫ información sobre los perceptores y los perceptores finales. En caso de gestión compartida, la información debe publicarse de conformidad con normas sectoriales específicas. ⇨ Los Estados miembros que reciban y ejecuten fondos de la Unión mediante gestión directa han de facilitar la información sobre los perceptores de conformidad con el presente Reglamento. ⇦ La Comisión debe poner a disposición ⌦ facilitar la ⌫ información sobre un único ⌦ el ⌫ sitio web ⌦ único ⌫ , incluida una referencia a su dirección, en el que pueda encontrarse la información sobre los beneficiarios ⌦ perceptores ⌫ y destinatarios ⌦ los perceptores ⌫ finales.

🡻 2018/1046 considerando 21 (37)En aras de una mayor legibilidad y transparencia de los datos relativos a los instrumentos financieros ejecutados mediante gestión directa e indirecta, procede reunir todos los requisitos de información en un único documento de trabajo que se adjunte al proyecto de presupuesto. ⇩ nuevo (38)A fin de asegurar la transparencia, evitar la duplicación y armonizar el calendario de la comunicación de información con la disponibilidad de los datos pertinentes, es preciso que la información sobre las garantías presupuestarias, el fondo de provisión común y los pasivos contingentes se reagrupe en estas tres categorías y se presente de manera exhaustiva en los informes correspondientes. (39)Para aumentar la transparencia y la exactitud en la comunicación de información, la información relativa a los instrumentos financieros que se presente en el documento de trabajo adjunto al proyecto de presupuesto debe incluir información sobre las pérdidas efectivas procedentes de activos. (40)Con miras a garantizar la sincronización con el calendario para la adopción del estado de previsiones, es preciso que el documento de trabajo sobre la política inmobiliaria de la Comisión se adjunte al proyecto de presupuesto. 🡻 2018/1046 considerando 22 (adaptado) (41)A fin de promover las mejores prácticas en la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo ⌦ , ⌫ y de Pesca ⌦ y de Acuicultura ⌫ (FEMP ⌦ FEMPA ⌫ ), así como el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), la Comisión, a efectos informativos, ha de poder poner a disposición de los organismos responsables de las actividades de gestión y control una guía metodológica no vinculante que recoja su propia estrategia y planteamiento de control, incluidas listas de comprobación, y ejemplos de mejores prácticas. Esa guía debe actualizarse siempre que resulte necesario. ⇩ nuevo (42)Es necesario permitir que, de los ingresos del presupuesto general de la Unión, pueda deducirse cualquier interés u otra carga adeudada sobre los importes de multas, otras penalizaciones o sanciones anuladas o reducidas, con inclusión de cualquier remuneración negativa relacionada con dichos importes. Para poder cumplir con el principio general de restitución al estado anterior (restitutio in integrum) aplicable a las multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por las instituciones de la Unión y posteriormente anuladas o reducidas por el Tribunal de Justicia, es necesario disponer que no se deduzca de la cantidad que deba reembolsarse ninguna remuneración negativa sobre el importe recaudado provisionalmente de dichas multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por las instituciones de la Unión. A fin de compensar la pérdida del disfrute de los fondos desde la fecha en que la empresa haya pagado provisionalmente la multa a la Comisión hasta la fecha del reembolso, el importe que deba reembolsarse se ha de aumentar con un interés al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación incrementado en un punto y medio porcentual como compensación adecuada para la empresa en tales situaciones, lo que excluye la necesidad de aplicar cualquier otro tipo de interés a dicho importe. Además, dicho tipo corresponde al tipo de interés aplicable en relación con el deudor cuando este opta por aplazar el pago de una multa, otra penalización o una sanción, y constituye una garantía financiera en lugar del pago. Con el fin de garantizar un flujo de tesorería suficiente para compensar a los terceros afectados por la pérdida del disfrute de los fondos en los casos a que se refiere el artículo 109, apartado 4, es necesario permitir que los importes recibidos en concepto de multas, otras penalizaciones o sanciones, así como los intereses devengados u otros ingresos generados por ellos, se consignen en el presupuesto antes de que finalice el ejercicio siguiente. (43)Dado el incremento de las operaciones de empréstito y préstamo efectuadas por la Comisión por cuenta de la Unión para financiar la recuperación de la pandemia de COVID-19, debe reforzarse en mayor medida la transparencia en relación con esas operaciones. En respuesta a la complejidad creciente de esas operaciones, y para asegurar que su contenido sea más visible, es preciso que, en el documento adjunto a la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, se incluya una visión completa de las operaciones de empréstito y préstamo efectuadas por esta institución. 🡻 2018/1046 considerando 23 (44)Resulta oportuno prever la posibilidad de que las instituciones de la Unión celebren entre sí acuerdos de nivel de servicio con el fin de facilitar la ejecución de sus créditos y también la posibilidad de celebrar tales acuerdos entre departamentos de las instituciones de la Unión,. organismos de la Unión, oficinas europeas, órganos o personas a quienes se haya confiado la ejecución de acciones específicas en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea (TUE), y la Oficina del secretario general del Consejo Superior de las Escuelas Europeas para la prestación de servicios, el suministro de productos o la ejecución de obras o de contratos inmobiliarios. ⇩ nuevo (45)Por razones de seguridad jurídica, es necesario aclarar que, a efectos de la adopción de las medidas pertinentes en relación con los conflictos de intereses, el Derecho aplicable comprende el Derecho de la UE y el Derecho nacional en materia de conflictos de intereses.

(46)Para lograr una mayor inclusión, los organismos de Derecho privado o de Derecho de la UE que estén establecidos en un Estado miembro y reúnan las condiciones para que se les encomiende, con arreglo a las normas sectoriales específicas, la ejecución de fondos de la Unión o garantías presupuestarias deben añadirse a la lista de entidades del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c), en la medida en que estén controlados por organismos de Derecho público o de Derecho privado, investidos de una misión de servicio público y admisibles en régimen de gestión indirecta, y presenten garantías financieras suficientes. Cuando los citados organismos de Derecho privado o de Derecho de la UE no cuenten con el respaldo financiero de un Estado miembro, las garantías financieras suficientes deben presentarse mediante responsabilidad solidaria de los organismos controladores o mediante garantías financieras equivalentes. 🡻 2018/1046 considerando 24 (47)Procede establecer el procedimiento para crear nuevas oficinas europeas y distinguir entre sus tareas obligatorias y facultativas. Debe introducirse la posibilidad de que las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión y otras oficinas europeas deleguen las competencias de ordenación de pagos en el director de una oOficina eEuropea. Las oficinas europeas también deben tener la posibilidad de celebrar acuerdos de nivel de servicio para la prestación de servicios, el suministro de productos, o la ejecución de obras o de contratos inmobiliarios. Resulta oportuno establecer normas específicas para la llevanza de registros contables, disposiciones que faculten al contable de la Comisión a delegar determinadas funciones en agentes de dichas oficinas y procedimientos para gestionar las cuentas bancarias que la Comisión debe poder abrir en nombre de una oficina europea. 🡻 2018/1046 considerando 25 (48)Con el fin de mejorar la relación coste/eficacia de las agencias ejecutivas y a la luz de la experiencia práctica adquirida con otros organismos de la Unión, ha de ser posible confiar al contable de la Comisión todas o parte de las funciones del contable de la agencia ejecutiva de que se trate. 🡻 2018/1046 considerando 26 (49)Por motivos de seguridad jurídica, es preciso aclarar que los directores de las agencias ejecutivas actúan como ordenadores delegados al gestionar los créditos operativos de los programas delegados en sus agencias. Para lograr la plena eficacia de las mejoras de eficiencia resultantes de una centralización global de determinados servicios de apoyo, debe disponerse expresamente la posibilidad de que las agencias ejecutivas ejecuten los gastos administrativos. 🡻 2018/1046 considerando 27 (50)Es necesario establecer normas sobre las competencias y responsabilidades de los agentes financieros, en particular de los ordenadores de pagos y de los contables. 🡻 2018/1046 considerando 28 (51)Se debe informar al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Cuentas y al contable de la Comisión del nombramiento o cese en sus funciones de los ordenadores delegados, los auditores internos y los contables, en el plazo de dos semanas a partir de dicho nombramiento o cese. 🡻 2018/1046 considerando 29 (52)Los ordenadores deben ser plenamente responsables de todas las operaciones de ingresos y gastos efectuadas bajo su autoridad, y de los sistemas de control interno, y deben rendir cuentas de dichas operaciones, incluso, cuando sea necesario, con arreglo a procedimientos disciplinarios.

🡻 2018/1046 considerando 30 (53)Deben definirse también las funciones, responsabilidades y principios de los procedimientos que deben observar los ordenadores. Los ordenadores delegados deben velar por que los ordenadores subdelegados y su personal reciban información y formación sobre las normas de control y los métodos y técnicas respectivos y que se adopten medidas para garantizar el funcionamiento del sistema de control. Los ordenadores delegados deben informar en un informe anual a su institución de la Unión sobre el ejercicio de las funciones. Ese informe debe incluir la información financiera y de gestión requerida en apoyo de esa declaración de fiabilidad del ordenador delegado sobre el ejercicio de sus funciones, incluida la información sobre el rendimiento global de las operaciones efectuadas. Deben conservarse los documentos justificativos correspondientes a las operaciones realizadas durante al menos cinco años. Los distintos tipos de procedimiento negociado para la adjudicación de contratos públicos deben ser objeto de un informe especial del ordenador delegado dirigido a la institución de la Unión de que se trate y de un informe por parte de dicha institución de la Unión al Parlamento Europeo y al Consejo, dado que tales procedimientos constituyen excepciones a los procedimientos de adjudicación habituales. 🡻 2018/1046 considerando 31 (54)Debe tenerse en cuenta la doble función de los jefes de delegaciones de la Unión, y de sus adjuntos en caso de ausencia, como ordenadores subdelegados para el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y, en lo que se refiere a los créditos operativos, para la Comisión. 🡻 2018/1046 considerando 32 (55)La delegación de competencias de ejecución presupuestaria por la Comisión en relación con los créditos operativos de su propia sección del presupuesto aen los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión debe limitarse a aquellos supuestos en los que la ejecución de dichas funciones por los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión sea estrictamente necesaria para asegurar la continuidad de las actividades durante la ausencia de los jefes de delegaciones de la Unión. Los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión no han de poder ejercer esas competencias de manera sistemática o por razones de reparto interno de trabajo. 🡻 2018/1046 considerando 33 (56)El contable debe ser responsable de la correcta ejecución de los pagos, del cobro de ingresos y del cobro de los títulos de crédito devengados. El contable debe asumir la gestión de la tesorería, las cuentas bancarias y los ficheros de terceros, llevar la contabilidad y ser responsable de elaborar los estados financieros de las instituciones de la Unión. El contable de la Comisión debe ser la única persona facultada para establecer las normas contables y los planes contables armonizados, mientras que los contables de todas las demás instituciones de la Unión deben establecer los procedimientos contables aplicables en sus instituciones. 🡻 2018/1046 considerando 34 (57)Deben establecerse asimismo las modalidades del nombramiento y del cese de las funciones del contable. 🡻 2018/1046 considerando 35 (58)El contable debe establecer procedimientos que garanticen que no existe ningún saldo deudor en las cuentas abiertas para la gestión de la tesorería y en las administraciones de anticipos. ⇩ nuevo (59)Conviene que los medios de pago autorizados para la gestión de la tesorería estén en consonancia con los métodos de pago modernos, en particular las tarjetas de crédito y las carteras electrónicas.

(60)Dado que los pagos de las delegaciones de la Unión con arreglo a las normas habituales para las operaciones presupuestarias, de tesorería y contables («procedimientos presupuestarios») se ejecutan cada vez con mayor frecuencia a través de la tesorería central y, en consecuencia, disminuyen el número de transacciones y los importes abonados a través de las administraciones de anticipos, es oportuno simplificar las normas relativas a la creación, la administración y el control de las administraciones de anticipos. 🡻 2018/1046 considerando 36 (61)Deben regularse las condiciones para recurrir a la administración de anticipos, que es un sistema de gestión excepcional respecto de los procedimientos presupuestarios ordinarios y afecta solo a importes limitados, y deben precisarse las funciones y responsabilidades no solo de los administradores de anticipos, sino también de los ordenadores y contables en relación con el control de la administración de anticipos. El Tribunal de Cuentas debe ser informado de todo nombramiento de un administrador de anticipos. Por razones de eficiencia, en las delegaciones de la Unión deben crearse administraciones de anticipos para los créditos de las secciones del presupuesto correspondientes a la Comisión y al SEAE. También resulta oportuno permitir, en determinadas condiciones específicas, la utilización de la administración de anticipos en las delegaciones de la Unión en casos de pagos de escasa cuantía mediante procedimientos presupuestarios. En lo que respecta a la designación de los administradores de anticipos, debe ser posible seleccionarlos también de entre el personal empleado por la Comisión en el ámbito de las ayudas destinadas a gestión de crisis y operaciones de ayuda humanitaria cuando no haya personal disponible de la Comisión sujeto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y al régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (en lo sucesivo, «Estatuto»). 🡻 2018/1046 considerando 37 (62)Con el fin de tener en cuenta la situación en el ámbito de la gestión de crisis y de las operaciones de ayuda humanitaria cuando no haya personal disponible de la Comisión sujeto al Estatuto y existan dificultades técnicas para que el ordenador competente firme todos los compromisos jurídicos, debe permitirse que el personal empleado por la Comisión en dicho ámbito contraiga compromisos jurídicos de muy escasa cuantía (hasta 2 500 EUR) vinculados a los pagos realizados por las administraciones de anticipos, y que los jefes de las delegaciones de la Unión o los jefes adjuntos de estos contraigan compromisos jurídicos bajo las instrucciones del ordenador competente de la Comisión. 🡻 2018/1046 considerando 38 (adaptado) (63)Una vez definidas las funciones y responsabilidades de los agentes financieros, ⌦ estos ⌫ solo pueden considerarse responsables de acuerdo con las condiciones previstas en el Estatuto. Se han creado instancias especializadas en materia de irregularidades financieras en las instituciones de la Unión en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. No obstante, debido al limitado número de casos que se les someten, y por motivos de eficiencia, es conveniente transferir sus funciones a una instancia interinstitucional establecida en virtud del presente Reglamento (en lo sucesivo, «instancia»). La instancia debe establecerse para evaluar las solicitudes y formular recomendaciones sobre la necesidad de tomar decisiones en materia de exclusión e imposición de sanciones pecuniarias que le planteen la Comisión u otras instituciones y organismos de la Unión, sin perjuicio de su autonomía administrativa con respecto a los miembros de su plantilla. Esa transferencia también tiene por objeto evitar duplicidades y reducir los riesgos de recomendaciones o dictámenes contradictorios en los casos en los que participan un operador económico y un miembro del personal de una institución u organismo de la Unión. Es necesario mantener el procedimiento por el cual un ordenador pueda recabar confirmación de una instrucción que considere irregular o contraria al principio de buena gestión financiera, y quedar así exento de cualquier responsabilidad. La composición de la instancia debe modificarse cuando cumpla esta función. La instancia no debe tener competencias de investigación. 🡻 2018/1046 considerando 39 ⇨ nuevo (64)Por lo que respecta a los ingresos, es necesario abordar los ajustes negativos de los recursos propios contemplados en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo ⇨ , el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2021/770 del Consejo y el Reglamento (UE, Euratom) [XXX] del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en el régimen de comercio de derechos de emisión, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y los beneficios reasignados y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería ⇦ . Salvo en el caso de los recursos propios, es necesario mantener las funciones y controles existentes que corresponden a los ordenadores en las diferentes fases del procedimiento: elaboración de las previsiones de títulos de crédito, emisión de órdenes de ingreso, envío de la nota de adeudo en la que se informa al deudor del devengo de un título de crédito y, cuando sea necesario, decisión de renuncia al cobro del título de crédito siempre que se cumpla con criterios que garanticen el respeto del principio de buena gestión financiera a fin de garantizar un cobro de ingresos eficiente. 🡻 2018/1046 considerando 40 (65)El ordenador debe poder renunciar, total o parcialmente, el cobro de un título de crédito devengado cuando el deudor esté incurso en cualquiera de los procedimientos de insolvencia, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, en particular en los casos de concurso, convenio y demás procedimientos análogos. 🡻 2018/1046 considerando 41 (66)Deben establecerse disposiciones específicas sobre los procedimientos para ajustar o reducir a cero una previsión de título de crédito.

🡻 2018/1046 considerando 42 (67)Es necesario precisar el momento de la incorporación al presupuesto de los importes percibidos en concepto de multas, otras penalizaciones y sanciones, así como de cualquier interés devengado u otro ingreso generado por ellas. 🡻 2018/1046 considerando 43 (68)Debido a los recientes acontecimientos en los mercados financieros y el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a sus principales operaciones de refinanciación, es necesario revisar las disposiciones relativas a los tipos de interés aplicables a las multas u otras penalizaciones y prever normas en caso de un tipo de interés negativo. 🡻 2018/1046 considerando 44 (69)Con el fin de reflejar la naturaleza específica de los títulos de crédito consistentes en multas u otras penalizaciones impuestas por las instituciones de la Unión en virtud del TFUE o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Tratado Euratom»), es necesario introducir disposiciones específicas relativas a los tipos de interés aplicables a los importes adeudados pero no pagados aún, en el caso de que dichos importes sean aumentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 🡻 2018/1046 considerando 45 (70)Deben precisarse y reforzarse las normas relativas a la recaudación. En particular, hay que precisar que el contable debe proceder al cobro por compensación con las sumas adeudadas al deudor por una agencia ejecutiva cuando ejecute el presupuesto. 🡻 2018/1046 considerando 46 (71)Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia, deben definirse las normas relativas a los plazos en que debe enviarse una nota de adeudo. ⇩ nuevo (72)Para asegurar la buena gestión financiera y garantizar el cobro eficiente de los créditos de la Unión, es preciso que el contable de la Comisión pueda obtener la asistencia de los Estados miembros a efectos de la notificación y el cobro de tales créditos. Dicha asistencia debe llevarse a cabo de manera similar a la asistencia que se prestan los Estados miembros en relación con la notificación y el cobro de sus créditos con arreglo a la Directiva 2010/24/UE del Consejo. La finalidad de la asistencia no debe ser únicamente la de posibilitar el cobro cuando el deudor posea un volumen significativo de activos, sino también la de proporcionar información suficiente y fiable al contable en caso de insolvencia del deudor, de manera que pueda adoptarse una decisión de renuncia del cobro cuando el deudor sea insolvente o esté ilocalizable. La asistencia relativa a la notificación al deudor por el Estado miembro ha de llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables. Debe comprender no solo las decisiones ejecutivas con arreglo al artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sino también los actos preparatorios previos a la adopción de esas decisiones, en particular la notificación de notas de adeudo, recordatorios y cartas de emplazamiento y medidas cautelares para proteger los derechos de la Unión cuando se haya adoptado una decisión ejecutiva y aún no se haya notificado o esté pendiente de que se consigne la orden de ejecución con arreglo al artículo 299 del TFUE. Los pormenores de la mencionada asistencia han de establecerse en un acuerdo, bilateral o multilateral, entre la Comisión y los Estados miembros. No obstante, existirá la obligación de prestar tal asistencia aun cuando no se haya firmado ningún acuerdo. 🡻 2018/1046 considerando 47 (adaptado)

(73)Con el fin de garantizar la gestión de los activos, a la vez que se pretende obtener un rendimiento positivo, es necesario tener ⌦ que ⌫ las cantidades relativas a multas u otras penalizaciones o sanciones impuestas en virtud del TFUE o del Tratado Euratom, como, por ejemplo, las multas impugnadas, recaudadas ⌦ se recauden ⌫ con carácter temporal e invertidas ⌦ y se inviertan ⌫ en activos financieros, y determinar la afectación del rendimiento obtenido de estos. Dado que la Comisión no es la única institución de la Unión que está facultada para imponer multas u otras penalizaciones o sanciones, es necesario establecer disposiciones relativas a tales multas u otras penalizaciones o sanciones impuestas por otras instituciones de la Unión y establecer normas para su cobro que deben ser equivalentes a las aplicables por la Comisión. 🡻 2018/1046 considerando 48 (adaptado) (74)A fin de garantizar que la Comisión dispone de toda la información necesaria para la adopción de las decisiones de financiación, es necesario establecer los requisitos mínimos respecto al contenido de las decisiones de financiación relativas a subvenciones, adjudicación de contratos, fondos fiduciarios de la Unión para acciones exteriores (en lo sucesivo, «fondos fiduciarios de la Unión»), premios, instrumentos financieros, mecanismos o plataformas de financiación mixta y garantías presupuestarias. Al mismo tiempo, y con el fin de dar una perspectiva a largo plazo a los perceptores potenciales, es necesario permitir que las decisiones de financiación se adopten con una duración superior a un año presupuestario a la vez que se especifica que la ejecución está sujeta a la disponibilidad en créditos presupuestarios para el ejercicio presupuestario correspondiente. Además, es necesario reducir el número de los elementos necesarios para la decisión de financiación. En consonancia con el objetivo de simplificación, la decisión de financiación debe constituir al mismo tiempo un programa de trabajo anual o plurianual. Dado que la contribución de ⌦ a ⌫ los organismos de la Unión contemplados en los artículos 70 y 71 ya está establecida en el presupuesto, no debe existir ningún requisito de adoptar una decisión de financiación específica a este respecto. 🡻 2018/1046 considerando 49 (75)En lo que respecta a los gastos, debe clarificarse la articulación entre las decisiones de financiación, los compromisos presupuestarios globales y los compromisos presupuestarios individuales, así como los conceptos de compromiso jurídico y presupuestario, a fin de establecer un marco claro para las distintas fases de la ejecución presupuestaria. 🡻 2018/1046 considerando 50 (76)A fin de tener en cuenta, en particular, el número de compromisos jurídicos contraídos por las delegaciones y representaciones de la Unión y las fluctuaciones del tipo de cambio que puedan experimentar, debe ser posible también asumir compromisos presupuestarios provisionales en aquellos casos en que el beneficiario final y el importe sean conocidos. ⇩ nuevo (77)Con miras a armonizar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) con los procedimientos contables y presupuestarios generales tan pronto como sea técnicamente posible, debe estar permitido recurrir a compromisos presupuestarios individuales para realizar los pagos, sin necesidad de adquirir en primer lugar un compromiso provisional global para realizar los pagos seguido de compromisos individuales en un plazo de hasta dos meses o, en determinadas circunstancias, en un plazo superior. Además, a fin de poder proceder con los compromisos presupuestarios individuales y los pagos relativos al primer mes del ejercicio presupuestario en diciembre, es preciso que los gastos corrientes de gestión del FEAGA se añadan a los tipos de gastos para los cuales se autorizan los pagos por adelantado. 🡻 2018/1046 considerando 51 (78)Por lo que se refiere a la tipología de los pagos que pueden realizar los ordenadores, debe proporcionarse una aclaración de los distintos tipos de pagos, de conformidad con el principio de buena gestión financiera. También deben clarificarse las normas de liquidación de los pagos de prefinanciación, en particular para las situaciones en las que no sea posible una liquidación provisional. A tal fin, deben incluirse disposiciones apropiadas en los compromisos jurídicos contraídos. 🡻 2018/1046 considerando 52 (79)El presente Reglamento debe precisar que los pagos han de efectuarse dentro de un plazo determinado y que, en el supuesto de que no se respete dicho plazo, los acreedores deben tener derecho a intereses de demora con cargo al presupuesto, salvo en el caso de los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

⇩ nuevo (80)Los elementos esenciales de las facturas electrónicas en el ámbito de la contratación pública deben basarse en las normas establecidas en la Directiva 2014/55/UE. (81)Por motivos de claridad, es preciso revisar la definición de las ofertas inadecuadas en el ámbito de la contratación pública a fin de incluir las ofertas en que el operador económico no tenga acceso a la contratación pública de acuerdo con los artículos 180, 181 y 183. (82)Es necesario aclarar que los contratos específicos en virtud de contratos marco celebrados con un único operador económico pueden adjudicarse y modificarse con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato marco. (83)A fin de tomar en consideración las características específicas del mercado inmobiliario y simplificar los procedimientos de contratación pública en el ámbito inmobiliario, debe eliminarse el requisito de la participación de un número mínimo de candidatos en los procedimientos. (84)Dado que las medidas de publicidad previas son las mismas para los procedimientos abiertos, restringidos y de licitación con negociación, ha de permitirse, en determinadas condiciones, el recurso a un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato tras un procedimiento de licitación con negociación que se declare desierto. (85)Es necesario que los servicios notariales de autenticación y certificación de documentos se excluyan del ámbito de aplicación de las normas sobre contratación pública del presente Reglamento, siempre que los procedimientos por los que se rijan estos servicios en el Estado miembro de que se trate no estén abiertos a la competencia. (86)Conviene prever la posibilidad de organizar procedimientos negociados sin publicación previa para los servicios prestados por organizaciones de Estados miembros que no puedan participar en procedimientos de licitación. (87)A fin de garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia del Tribunal General en el asunto T-661/18, Securitec / Comisión), el ordenador debe exigir que las pruebas relativas a los criterios de exclusión y selección se presenten antes de la adopción de una decisión de adjudicación. 🡻 2018/1046 considerando 53 (adaptado) (88)Se considera conveniente integrar las disposiciones relativas a la validación y autorización de gastos en un artículo e introducir una definición de «liberación de créditos». Dado que las operaciones se realizan con sistemas informatizados, la firma de un certificado de «páguese» para expresar la decisión de validación debe ser sustituido por el de ⌦ sustituida por ⌫ una firma electrónica segura, excepto en un número limitado de casos. Es asimismo necesario aclarar que la validación del gasto se aplica a todos los gastos subvencionables, incluidos, como es el caso de la liquidación de la prefinanciación, los gastos que no están vinculados a una solicitud de pago. 🡻 2018/1046 considerando 54 (89)Con el fin de reducir la complejidad, simplificar las normas existentes y mejorar la legibilidad del presente Reglamento, deben establecerse normas comunes a varios instrumentos de ejecución del presupuesto. Por tales razones, deben agruparse determinadas disposiciones, deben adaptarse la redacción y el alcance de otras disposiciones y deben suprimirse repeticiones innecesarias y referencias cruzadas. 🡻 2018/1046 considerando 55 (90)Cada institución de la Unión debe crear un comité de seguimiento de la auditoría interna, encargado de garantizar la independencia del auditor interno, de hacer el seguimiento de la calidad del trabajo de auditoría interna y de garantizar que los servicios de la institución tengan en cuenta y apliquen de manera adecuada las recomendaciones de las auditorías interna y externa. La composición de ese comité de seguimiento de la auditoría interna debe ser decidida por cada institución de la Unión teniendo en cuenta la autonomía organizativa de cada institución de la Unión y la importancia del asesoramiento independiente. 🡻 2018/1046 considerando 56

(91)Debe hacerse mayor hincapié en el rendimiento y en los resultados de los proyectos financiados con cargo al presupuesto. Resulta, por lo tanto, oportuno definir una forma adicional de financiación no vinculada a los costes de las correspondientes operaciones, además de las formas de contribución de la Unión ya establecidas (reembolso de los gastos subvencionables realmente efectuados, costes unitarios, sumas a tanto alzado y financiación a tipo fijo). Esta forma adicional de financiación debe basarse en el cumplimiento de determinadas condiciones previas o en la consecución de resultados medidos en relación con hitos predeterminados o mediante indicadores de rendimiento. 🡻 2018/1046 considerando 57 (92)En caso de que la Comisión lleve a cabo evaluaciones de la capacidad operativa y financiera de los perceptores de los fondos de la Unión o de sus sistemas y procedimientos, debe poder confiar en las evaluaciones ya realizadas por ella misma, por otros donantes o por entidades tales como agencias nacionales y organizaciones internacionales, con el fin de evitar duplicidades a la hora de evaluar a los mismos perceptores. Debe ser posible una confianza mutua en las evaluaciones llevadas a cabo por otras entidades en los casos en que dichas evaluaciones se hayan realizado en cumplimiento de condiciones equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento para el método de ejecución aplicable. Por lo tanto, con el fin de propiciar la confianza mutua entre los donantes con respecto a las evaluaciones efectuadas, la Comisión debe promover el reconocimiento de las normas internacionalmente aceptadas y las mejores prácticas internacionales. 🡻 2018/1046 considerando 58 (93)Es asimismo importante evitar situaciones en las que los perceptores de los fondos de la Unión sean auditados varias veces por diversas entidades sobre la utilización de dichos fondos. Por consiguiente, debe ser posible confiar en auditorías llevadas ya a cabo por auditores independientes, siempre que existan pruebas suficientes de su competencia e independencia, y siempre que la labor de auditoría se base en normas de auditoría aceptadas internacionalmente que ofrezcan garantías razonables, y que dichas auditorías se hayan centrado en los estados financieros e informes en los que se refleja el uso dado a la contribución de la Unión. Dichas auditorías deben a continuación formar la base de la garantía global sobre el uso de fondos de la Unión. A tal fin, es importante garantizar que el informe del auditor independiente y la documentación de la auditoría relacionada estén disponibles a petición del Parlamento Europeo, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y las autoridades de auditoría de los Estados miembros. 🡻 2018/1046 considerando 59 (94)A fin de confiar en las evaluaciones y auditorías y con el fin de reducir la carga administrativa para las personas y entidades que reciban fondos de la Unión, es importante garantizar que toda información que ya esté disponible en las instituciones de la Unión, las autoridades de gestión u otros órganos y entidades que ejecutan fondos de la Unión se reutilice para evitar que se multipliquen las solicitudes formuladas a perceptores o beneficiarios. 🡻 2018/1046 considerando 60 (adaptado) (95)Con el fin de establecer un mecanismo de cooperación a largo plazo con los perceptores, debe preverse la posibilidad de firmar acuerdos marco de colaboración financiera. Las colaboraciones marco financieras ⌦ Los acuerdos marco de colaboración financiera ⌫ deben aplicarse mediante subvenciones o acuerdos ⌦ convenios ⌫ de contribución con las personas y entidades responsables de la ejecución de los fondos de la Unión. A tal fin, debe especificarse el contenido mínimo de tales acuerdos ⌦ convenios ⌫ de contribución. Las colaboraciones marco financieras ⌦ Los acuerdos marco de colaboración financiera ⌫ no deben restringir indebidamente el acceso a la financiación de la Unión. 🡻 2018/1046 considerando 61 (96)Las condiciones y los procedimientos para suspender una contribución de la Unión, darla por terminada o reducirla, deben armonizarse en los distintos instrumentos de ejecución presupuestaria tales como subvenciones, contratos públicos, gestión indirecta, premios, etc. Deben especificarse los motivos de esta suspensión, terminación o reducción. 🡻 2018/1046 considerando 62 (adaptado) (97)El presente Reglamento debe establecer períodos normalizados dura