COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 28.11.2016 COM(2016) 856 final 2016/0365(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 368 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1.Motivación y objetivos de la propuesta Las entidades de contrapartida central (ECC) intervienen entre los participantes en los mercados financieros, actuando como compradoras frente a todo vendedor y como vendedoras frente a todo comprador para un determinado conjunto de contratos. Las ECC intermedian en transacciones financieras con diferentes categorías de activos, como valores de renta variable, derivados y pactos de recompra. Suelen prestar sus servicios a sus miembros compensadores (normalmente bancos) que tienen un vínculo contractual directo con ECC y a los clientes de los miembros compensadores (por ejemplo, fondos de pensiones). La concentración de transacciones y posiciones resultantes en las ECC permite el neteo de tales posiciones y, de esta forma, reduce considerablemente las exposiciones totales de la ECC, así como de sus miembros compensadores y de sus clientes. A cambio de asumir sus posiciones y netearlas, las ECC perciben de los miembros compensadores y de sus clientes garantías reales (en forma de «margen» y contribuciones a fondos de garantía frente a incumplimientos) para cubrir sus pasivos en caso de que uno de sus participantes incumpla sus obligaciones frente a la ECC. De esta forma, gestionan los riesgos inherentes a los mercados financieros (por ejemplo, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado) y, por ende, mejoran la estabilidad y resiliencia de los mercados financieros en general. En el proceso, se convierten en puntos esenciales del sistema financiero, pues vinculan a múltiples agentes financieros y concentran volúmenes importantes de la exposición de estos a diversos riesgos. Una gestión del riesgo eficaz de la ECC y una supervisión estricta son, pues, factores esenciales para garantizar una cobertura adecuada de tales exposiciones. Cabe esperar que la envergadura y la importancia de las ECC dentro y fuera de Europa crezcan gracias a la materialización del compromiso del G-20 de compensar los derivados extrabursátiles normalizados mediante entidades de contrapartida central. En la UE, esta obligación viene impuesta por el Reglamento relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones («EMIR»). Dicho Reglamento establece igualmente requisitos prudenciales aplicables globalmente a las ECC, así como requisitos relativos a las operaciones y la supervisión de las ECC. Si bien las ECC de la UE están, pues, sujetas a unos estándares elevados, habida cuenta del decisivo papel que desempeñan en la economía y de los riesgos añadidos que asumen, no existen normas armonizadas a escala de la UE para el caso improbable de que estos estándares se vean desbordados y las ECC se enfrenten a graves dificultades —más allá de lo contemplado por el EMIR— o acaben siendo completamente inviables. En principio, las empresas en vías de inviabilidad deben someterse a procedimientos de insolvencia. Sin embargo, la última crisis ha dejado patente que la inviabilidad de una gran entidad financiera muy interconectada con otras en los mercados financieros puede plantear problemas gravísimos al resto del sistema financiero y repercutir de forma negativa en las perspectivas de crecimiento de la economía en su conjunto. Ello se debe a que la insolvencia de una entidad de estas características puede frenar bruscamente la prestación de funciones esenciales a la economía por parte de la entidad, sembrando el pánico en los mercados y generando un efecto de contagio debido a la incertidumbre de las contrapartes y los inversores sobre sus activos y pasivos en procedimientos judiciales dilatados. Frente a esta amenaza a la estabilidad financiera, causada, por ejemplo, por la falta de confianza en el mercado, y al interés público general, los gobiernos se han visto obligados a menudo a rescatar a entidades financieras en vías de inviabilidad con dinero público para evitar este desenlace. Las medidas de recuperación y resolución buscan preservar la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de las funciones esenciales y proteger a los contribuyentes en caso de dificultades o de inviabilidad de una entidad que se enfrente a problemas financieros, cuando el procedimiento de insolvencia sea insuficiente para alcanzar estos objetivos. Como tales, las medidas están destinadas a proteger las funciones esenciales sin exponer a los contribuyentes a pérdidas, con el fin de preservar la capacidad del sistema financiero para financiar el crecimiento económico y evitar los costes socioeconómicos que conllevaría un colapso financiero. Las medidas de recuperación y resolución son de máxima importancia cuando se trata de una entidad financiera «sistémica», es decir, una entidad cuyas dificultades o cuya inviabilidad desordenadas podrían poner en peligro, por su tamaño, su importancia en el mercado y su grado de interconexión, por ejemplo, el funcionamiento normal del sistema financiero, lo que, a su vez, incidiría negativamente en la economía real. Aunque las ECC ya están adecuadamente reguladas y disponen, en virtud del EMIR, de sólidos recursos para hacer frente a las dificultades financieras, y el número de ellas que han sufrido dificultades o se han visto abocadas a la inviabilidad en el pasado no ha sido excesivo, el reto que plantea su creciente importancia en la gestión de un volumen cada vez mayor de nuevos tipos de riesgo es ampliamente reconocido por los gobiernos, las autoridades y otros participantes en el mercado. Habida cuenta de su papel central y cada vez más decisivo en los mercados financieros, todas las ECC de la UE son consideradas, por tanto, de carácter sistémico. Las medidas de recuperación son las que adopta una entidad financiera para restablecer su viabilidad a largo plazo. Garantizar unas condiciones adecuadas para que las medidas de recuperación puedan llegar a buen término es un objetivo fundamental para las ECC, pues se considera que su inviabilidad puede ser muy perjudicial para el sistema financiero en su conjunto. No obstante, las autoridades que actúan en pro del interés público también deben tener competencias para proceder a la resolución de una ECC si estas medidas fallaran o pudieran perjudicar la estabilidad financiera. Las medidas de resolución constituyen medidas extraordinarias que las autoridades podrían adoptar para reestructurar rápidamente ECC y garantizar la continuidad de sus funciones esenciales para la economía, atenuando así los daños al sistema financiero y la economía en general, al tiempo que someten las partes residuales de la ECC a un procedimiento de insolvencia, garantizando la eficiencia del mercado. En este proceso, los costes y las pérdidas se hacen recaer, en la medida de lo posible, en los propietarios y acreedores de la ECC, no en los contribuyentes, en línea con el tratamiento que recibirían si la ECC se sometiera a un procedimiento de insolvencia y en el pleno respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La resolución no tiene por objetivo prevenir la inviabilidad de entidades ineficientes; pretende más bien mantener las funciones esenciales de una entidad y permitir, al mismo tiempo, la liquidación ordenada de las partes restantes. El análisis de la necesidad de responder a la posible recuperación y resolución de otras entidades financieras distintas de los bancos y las ECC no ha avanzado al mismo ritmo. De las lecciones aprendidas durante la crisis financiera no se desprende que la necesidad de tales medidas sea tan urgente. Con todo, estas medidas podrían ser necesarias en el futuro, teniendo en cuenta la evolución de los riesgos económicos y financieros en los sectores afectados. Por otra parte, los trabajos internacionales, específicos o de carácter más general, sobre las compañías de seguros a nivel del G-20 también se encuentran relativamente en sus primeras fases de recomendaciones, y son pocas las jurisdicciones que han introducido en la práctica reformas de la normativa en este campo. En la UE, hasta la fecha, tres Estados miembros han introducido legislación sobre la recuperación y la resolución de compañías de seguros o están en proceso de hacerlo. La AESPJ ha emprendido un completo estudio comparativo y de amplio alcance sobre las prácticas nacionales en materia de recuperación y resolución y sobre los avances registrados en este ámbito, y está previsto que presente un informe sobre esta cuestión durante el primer semestre de 2017. Sobre la base de este informe, la Comisión estudiará la forma adecuada de avanzar, en estrecha consulta con el Parlamento Europeo, el Consejo y todas las partes interesadas pertinentes. 1.2.Coherencia con las disposiciones vigentes en el mismo ámbito Ya se ha adoptado un marco de recuperación y resolución global de la UE para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. El marco propuesto para las ECC no duplica este régimen ni los requisitos del EMIR, sino que los complementa. En él se establecen disposiciones comparables a las del marco aplicable a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión para facilitar una recuperación y resolución ordenadas, pero adaptándolas a las características específicas de los modelos de negocio de las ECC y los riesgos en que estas incurren, en particular estableciendo el modo en que se repartirán las pérdidas en caso de que se agoten los recursos prefinanciados de las ECC existentes requeridos en virtud del EMIR. En términos más generales, a nivel internacional, los líderes del G-20 han respaldado un enfoque desarrollado por el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) para hacer frente a los riesgos que la inviabilidad de una entidad financiera (bancos, infraestructuras de los mercados financieros, compañías de seguros, etc.) de importancia sistémica mundial podría entrañar para el sistema financiero mediante instrumentos de recuperación y resolución adecuados. Además, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPIM) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) han elaborado directrices sobre los planes de recuperación aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros, incluidas las ECC, y el CEF ha publicado nuevas directrices sobre la aplicación de sus Key Attributes of Effective Resolution Regimes (Atributos básicos para la efectividad de los regímenes de resolución) a las infraestructuras de los mercados financieros, como las ECC, así como a las compañías de seguros. A mediados de 2016, estas organizaciones prosiguieron sus consultas sobre aspectos clave de estas directrices, en particular el momento más oportuno para que las autoridades de resolución inicien el procedimiento de resolución de una ECC cuya viabilidad y estabilidad financiera estén en juego, y las competencias e instrumentos que debe utilizar la autoridad de resolución en este punto para asegurar de la mejor manera posible la continuidad de las funciones esenciales, minimizar el contagio y asignar los costes y pérdidas de la forma más eficiente posible. Por último, en diciembre de 2013, el Parlamento Europeo adoptó un informe de iniciativa en el que invitaba a la Comisión a proponer medidas de la UE para mitigar los efectos de una posible inviabilidad de entidades financieras clave, en particular ECC. 1.3.Coherencia con otras políticas de la Unión En el programa de trabajo de la Comisión para 2015 se anunció una propuesta relativa a la creación de un marco europeo para la recuperación y la resolución de las ECC, y en abril de 2015 se publicó una hoja de ruta sobre la iniciativa. Con el fin de tener en cuenta las nuevas mejoras de las directrices internacionales pertinentes mencionadas en la sección anterior, la iniciativa se trasladó al programa de trabajo para 2016. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Comisión encaminados a garantizar que se atajan las amenazas para el buen funcionamiento del sistema financiero y para los contribuyentes y que los mercados financieros pueden seguir desempeñando su papel a la hora de contribuir a un crecimiento sostenible a largo plazo con el fin de profundizar en el mercado interior en beneficio de los consumidores y de las empresas. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 2.1.Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas relativas a la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. La propuesta armoniza las legislaciones nacionales en materia de recuperación y resolución de las ECC en la medida necesaria para garantizar que estas estén sujetas a instrumentos y procedimientos similares para abordar una posible situación de dificultades o de inviabilidad. En la actualidad, aunque las ECC autorizadas pueden funcionar y prestar servicios en toda la UE, el panorama normativo para gestionar posibles crisis más allá de los requisitos del EMIR adolece de fragmentación. Algunos Estados miembros han establecido requisitos aplicables a las ECC con miras a la elaboración de planes de contingencia contra las dificultades o la cobertura de las ECC en el marco de regímenes de resolución más amplios para el sector financiero, diseñados principalmente para los bancos. Hoy por hoy, ningún Estado miembro ha desarrollado un régimen nacional de recuperación y resolución de ECC completo que se ajuste plenamente a los principios del CEF aprobados por el G20, en particular en lo que respecta a la necesidad de una coordinación y supervisión efectivas contra los efectos transfronterizos inducidos. Sin un marco a escala de la UE, es poco probable que los Estados miembros desarrollen regímenes completos y compatibles. Los enfoques divergentes seguidos por las autoridades y las ECC para mitigar o atajar las dificultades o la inviabilidad de las ECC no estarían planificados de forma plenamente coherente y podrían aplicarse de forma inconsistente. Esta circunstancia podría conllevar perturbaciones transfronterizas de las funciones esenciales para los miembros compensadores y los clientes y una mayor inestabilidad financiera. Una actuación a nivel de la UE es, por tanto, necesaria para dotar adecuadamente a las autoridades de los Estados miembros de instrumentos y competencias que se aplicarían de forma expedita, coherente y uniforme en toda la Unión. La actuación a nivel de la UE también está justificada respecto de las ECC que tienen menos conexiones transfronterizas directas, pero en las que la armonización mitigaría los posibles problemas de competencia y equidad derivados del tratamiento a escala nacional tanto presente como futuro de las situaciones de inviabilidad de las ECC. Así, por ejemplo, la existencia de regímenes nacionales con diferentes grados de potencial intervención estatal con fondos públicos se traduciría en unas condiciones de competencia no equitativas en favor de las ECC radicadas en Estados miembros en los que es más probable recibir ayudas. La experiencia adquirida con quiebras bancarias en diferentes Estados miembros pone de relieve cómo los problemas en las entidades financieras sistémicas pueden acabar fragmentando el mercado único en zonas económicas nacionales. La preferencia del mercado por entidades ubicadas en jurisdicciones con un respaldo implícito relativamente más fuerte del Estado pueden provocar un falseamiento de la competencia e influir arbitrariamente en los costes que soportan las empresas en función de su ubicación geográfica y del interés o la necesidad que se perciba en un Estado miembro de acotar cautelarmente los activos, la liquidez o el capital para reducir al mínimo las exposiciones transfronterizas. Aunque el riesgo de este tipo de fragmentación del mercado único es menos inminente en el caso de las ECC, las diferentes percepciones y la incertidumbre en cuanto a la capacidad de los Estados miembros para hacerse con el control de una ECC inviable y proceder efectivamente a su resolución pueden socavar la confianza de los participantes en el funcionamiento del mercado único y, por ende, su integridad. En efecto, la incertidumbre en cuanto a la forma en que podría gestionarse la inviabilidad de infraestructuras de mercado clave en ausencia de normas comunes de la UE se considera una de las razones del rezago en la integración de los mercados de capitales europeos. La armonización de los requisitos aplicables a las ECC mejoraría la igualdad de condiciones para los agentes económicos y contribuiría a la integración del mercado interior. Al garantizar que las autoridades pertinentes de los Estados miembros disponen de los mismos instrumentos mínimos para garantizar la recuperación y la resolución ordenadas de las ECC y al facilitar la cooperación entre las autoridades con el fin de atenuar los efectos transfronterizos inducidos a la hora de abordar las dificultades o la inviabilidad, el marco armonizado reforzaría asimismo la estabilidad financiera en todo el mercado interior y evitaría situaciones en las que los Estados miembros deberían actuar de forma aislada y descoordinada en relación con los operadores establecidos en su jurisdicción. El artículo 114 del TFUE constituye, por consiguiente, la base jurídica apropiada. 2.2.Subsidiariedad En virtud del principio de subsidiariedad, enunciado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Los mercados financieros de la UE se caracterizan por su apertura e integración. Las ECC pueden operar de manera transfronteriza dentro de los mercados y líneas de productos a los que prestan servicios. En el proceso, vinculan a múltiples agentes financieros, contrapartes y clientes a través de las fronteras en todo el mercado único. Debido a esta integración transfronteriza avanzada y multinivel del sector financiero, es menester un marco de recuperación y resolución de la UE que refleje el grado de integración del sector. En la actualidad, los instrumentos aplicables a las ECC en crisis se limitan a sus propios mecanismos internos o, en caso de que existan, a mecanismos de carácter nacional. Por consiguiente, tanto las ECC como las autoridades pueden aplicar enfoques divergentes para mitigar o subsanar los problemas planteados en una ECC que atraviese dificultades financieras o que esté al borde de la inviabilidad, lo que conllevaría, en última instancia, la perturbación de algunas funciones esenciales para la economía, la fragmentación del mercado interior y una mayor inestabilidad financiera. La inviabilidad de una ECC activa más allá de las fronteras nacionales, lo que ocurre en la mayoría de los casos, puede afectar, en diferentes grados, a la estabilidad de los mercados financieros en los Estados miembros en que opere. Solo una actuación de la UE puede garantizar que las ECC y sus miembros compensadores (que pueden estar radicados en Estados miembros diferentes del de la ECC) sean objeto de una intervención adecuada y eficaz para mitigar o atajar una situación de crisis de forma coordinada y coherente. Por consiguiente, para alcanzar estos objetivos a nivel de la Unión y a nivel de los Estados miembros, es conveniente que la Unión desarrolle el marco legislativo necesario. 2.3.Proporcionalidad Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En principio, una ECC inviable debería ser sometida a procedimientos de insolvencia al igual que cualquier otro negocio. Sin embargo, las ECC son infraestructuras financieras clave que están muy interconectadas con múltiples agentes financieros y que mutualizan sus riegos. En este sentido, privar a estos agentes de los servicios esenciales prestados por una ECC podría tener graves consecuencias para la estabilidad financiera y la economía en general. Con el fin de evitar que se materialice esta posibilidad, está justificado exigir planes de contingencia adecuados para una recuperación y resolución ordenadas y otorgar a las autoridades competencias de resolución para reestructurar rápidamente sus operaciones, en caso necesario. Como resulta imposible determinar de antemano con certeza total la importancia sistémica que tendrá la inviabilidad de una ECC, el marco propuesto debe aplicarse en principio a todas las ECC, sea cual sea su tamaño y complejidad. La mayoría de las ECC establecidas en la UE prestan servicios a miembros compensadores y clientes en toda la UE y algunas, fuera de ella, y sus dificultades o su inviabilidad podrían tener incidencia a nivel mundial. Los planes de recuperación y resolución deben, por tanto, estar adaptados al perfil de riesgo específico de cada ECC. El ejercicio por la autoridad de acciones extraordinarias destinadas a preservar la estabilidad financiera y proteger a los contribuyentes también debe estar plenamente justificado y ser proporcionado, no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos y ha de ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con las limitaciones al derecho de propiedad que pueden implicar las correspondientes competencias. Por último, estas acciones se llevarían a cabo de manera que se garantice que los interesados afectados no reciben un trato más desfavorable que si no se hubiera procedido a la resolución de la ECC y esta hubiera sido sometida a otras posibles acciones en virtud de sus normas de funcionamiento para la asignación de pérdidas o hubiera sido declarada insolvente. 2.4.Instrumento elegido El artículo 114 del TFUE permite la adopción de actos tanto en forma de reglamentos como de directivas. En este caso se ha optado por la adopción de un reglamento por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, un reglamento es la mejor opción para completar y desarrollar el enfoque adoptado por el Reglamento EMIR, que establece las obligaciones de las ECC en materia de regulación prudencial. Los nuevos requisitos para que las ECC puedan establecer mecanismos de recuperación globales se basan en los objetivos y disposiciones del EMIR encaminados a garantizar la resiliencia de las ECC. Establecer estos requisitos bajo otra forma jurídica (una directiva) sería incoherente y requeriría que los Estados miembros adoptaran leyes en un compartimento concreto de un ámbito regulado por lo demás por legislación de la UE directamente aplicable. Las disposiciones destinadas a que las autoridades dispongan de competencias e instrumentos específicos para llevar a cabo, cuando sea necesario, una resolución ordenada y eficaz a fin de mantener la estabilidad financiera en caso de que fallen tanto los requisitos previstos en el EMIR como los mecanismos de recuperación ya no buscan mejorar la resiliencia de las ECC en condiciones de continuidad de la actividad, sino garantizar la viabilidad de sus funciones esenciales, de forma que el funcionamiento de estas funciones (en la misma persona jurídica o bajo otra forma) siga cumpliendo los requisitos y objetivos del EMIR. En consecuencia, las disposiciones que rijan la manera de lograr este objetivo deben revestir la misma forma jurídica que el EMIR. En segundo lugar, un reglamento sería la opción más idónea con miras a lograr un enfoque común y un código normativo único para las autoridades y evitaría divergencias entre las normas nacionales y las posibles incertidumbres jurídicas que ello puede conllevar, especialmente en contextos transfronterizos, como se ha indicado anteriormente. También propiciaría, en su caso, la cooperación internacional y facilitaría las actividades con la UE y dentro de ella, ya que el sistema sería uniforme en toda la UE. Además, si tenemos en cuenta que las repercusiones de la inviabilidad de una ECC de la UE podrían dejarse sentir en el sistema financiero de todos los Estados miembros, un marco uniforme de estas características despejaría cualquier incertidumbre perjudicial sobre las condiciones en que las autoridades pertinentes de las ECC en distintos Estados miembros tratarían dicha inviabilidad, y contribuiría a reforzar la confianza de los mercados afectados. En tercer lugar, se suele considerar que la inviabilidad de las ECC es, debido a sus modelos de negocio, mucho menos probable que la de los bancos. A diferencia de los bancos, que pueden presentar diversos tamaños y perfiles de riesgo, y cuya quiebra puede producirse en escenarios diferentes, asumir proporciones variables y requerir, por consiguiente, una gama más amplia de instrumentos de resolución (y excepciones), es más probable que la inviabilidad de una ECC se produzca por motivos conocidos de antemano (incumplimientos de los miembros compensadores o fallos operativos graves) y que pueda ser gestionada utilizando un conjunto de instrumentos más específicos. Por lo tanto, la aplicabilidad más limitada y el hecho de que no sea necesario considerar una gama de opciones tan amplia implican que los objetivos pueden conseguirse mejor mediante un reglamento, aunque es necesario un cierto margen de flexibilidad para que las autoridades puedan reaccionar a las circunstancias del caso. Por último, en comparación con los bancos de la UE, el número de ECC de la UE es mucho más reducido, y las estructuras corporativas de las ECC y la forma en que estas prestan servicios transfronterizos difieren de las de los grupos bancarios transfronterizos. En el último caso, las filiales y sucursales se suelen establecer en distintas jurisdicciones para prestar servicios a los clientes, adquirir activos, obtener fondos, etc., lo que justifica un mayor grado de sensibilidad frente a las leyes locales en la aplicación de las decisiones de resolución. En el caso de las ECC, la prestación de servicios se lleva a cabo de manera menos dispersa, de forma centralizada desde una jurisdicción hacia otras, sin la mediación de filiales o sucursales. Esta circunstancia aconseja la adopción de un reglamento, a fin de garantizar la aplicación uniforme de las resoluciones en las distintas jurisdicciones. 3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 3.1.Consulta con las partes interesadas Entre el 5 de octubre y el 28 de diciembre de 2012 se llevó a cabo una consulta pública sobre un posible marco para la recuperación y la resolución de entidades no bancarias. Se formularon preguntas sobre la necesidad de mecanismos de recuperación y resolución, principalmente por lo que respecta a las ECC, los depositarios centrales de valores y las compañías de seguros. Se recibieron 67 respuestas.

En general, la consulta puso de manifiesto que conviene dar prioridad a la elaboración de un marco para la recuperación y la resolución de las ECC a escala de la UE. La aplicación del requisito del G-20, en virtud del cual los derivados extrabursátiles normalizados deben compensarse de forma centralizada, fue considerada un argumento de peso en favor de la actuación. En general, los encuestados coincidieron en que, al igual que ocurre con la DRRB en el caso de los bancos, el marco para las ECC ha de garantizar la continuidad de sus funciones esenciales, minimizar el riesgo de pérdidas para los contribuyentes derivado de su inviabilidad y mejorar la seguridad jurídica de sus miembros compensadores y clientes. Casi todos los interesados estuvieron de acuerdo en que una de las prioridades para la preservación de la estabilidad financiera debe ser la continuidad de las operaciones fundamentales de las ECC. Muchos consideraron que aunque es imprescindible garantizar la credibilidad y la solidez de los mecanismos de recuperación y resolución de las ECC, estos no deben someter a los miembros o participantes a una carga excesiva por deber cubrir deudas potencialmente cuantiosas derivadas del incumplimiento de un miembro compensador importante o, menos aún, de errores de gestión interna del riesgo por parte de la ECC. Los interesados destacaron, en general, la necesidad de adaptar los instrumentos de la DRRB a las especificidades de los modelos de negocios de las ECC. 3.2.Obtención y utilización de asesoramiento técnico Además de la consulta a los interesados, la Comisión participó en los debates e intercambios de opiniones que alimentaron el informe de CPIM/OICV, ofreciendo orientaciones sobre la recuperación de las infraestructuras de los mercados financieros. La Comisión tomó parte asimismo en los trabajos relativos a la resolución de otras entidades financieras no bancarias llevados a cabo por el CEF, incluidos los últimos debates sobre la mejora de ciertas partes de estas orientaciones para ayudar a las autoridades a planificar estrategias de resolución eficaces. Por su parte, al elaborar los informes en que se proponen orientaciones en materia de recuperación y resolución (respectivamente), tanto CPIM/OICV como el CEF invitaron a los interesados a formular observaciones sobre sus proyectos de documentos de orientación y publicaron las respuestas recibidas. En conjunto, estas consultas a nivel internacional sobre las infraestructuras de los mercados financieros confirman las opiniones expresadas en la propia consulta de la Comisión y ofrecen información adicional útil acerca de las ventajas relativas de algunas de las opciones de actuación e instrumentos de resolución propuestos. Los servicios de la Comisión también celebraron cuatro reuniones con expertos de los Estados miembros para examinar los trabajos que están llevando a cabo a nivel internacional el CEF y CPIM/OICV, las decisiones políticas más controvertidas y el alcance y la naturaleza de la propuesta. En general, los expertos de los Estados miembros se mostraron de acuerdo con las líneas maestras propuestas por la Comisión, basadas en las directrices internacionales e inspiradas en el EMIR y en la DRRB, según corresponda. 3.3.Evaluación de impacto La Comisión realizó una evaluación de impacto de las distintas alternativas de actuación. Las distintas opciones se evaluaron en lo que respecta a los objetivos clave: salvaguardar la estabilidad financiera y la confianza en las ECC, reducir al mínimo las pérdidas para la sociedad, en general, y para el contribuyente, en particular, y reforzar el mercado único en relación con los servicios prestados por las ECC, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas. La evaluación de impacto fue aprobada por el Comité de Evaluación de Impacto (CEI) el 6 de mayo de 2015. El Comité formuló una serie de recomendaciones de mejoras. Habida cuenta de estas recomendaciones, se revisó la evaluación de impacto. En particular, se perfilaron con mayor detalle la justificación de la necesidad de una actuación a escala de la UE y la definición y evaluación de las opciones. Las opciones examinadas y las conclusiones alcanzadas se verificaron igualmente a la luz de las últimas orientaciones extraídas de los trabajos internacionales en curso, que la Comisión siguió de cerca. La propuesta legislativa está plenamente en consonancia con los últimos debates y orientaciones del G-20 y del CEF. En cuanto a la necesidad de una actuación a escala de la UE, la evaluación de impacto llegó a la conclusión de que la actuación de la UE es necesaria por el carácter transfronterizo de las actividades de las ECC, que conectan a múltiples agentes financieros, contrapartes y clientes en todo el mercado único. Los instrumentos actualmente a disposición de las autoridades de los Estados miembros son inadecuados para tratar con las ECC sometidas a una tensión significativa que pueda poner en peligro su viabilidad. El hecho de contar con enfoques divergentes en los distintos Estados miembros para paliar o atajar los posibles problemas graves de las ECC podría provocar en última instancia perturbaciones de las funciones esenciales para la economía e inestabilidad financiera en general. La actuación a escala de la UE es necesaria para dotar adecuadamente a las autoridades de los Estados miembros de competencias e instrumentos ejecutables en toda la Unión, para hacer frente a la inviabilidad de las ECC radicadas en sus territorios y para garantizar una comunicación efectiva entre todas las autoridades pertinentes, ya sea en el mismo Estado miembro o en Estados miembros diferentes. El hecho de contar con unos planes de recuperación y resolución adecuados debería contribuir a que quienes sufraguen los costes no sean los contribuyentes, sino los participantes del mercado asociados a las ECC (acreedores, miembros compensadores, sus clientes), de manera proporcionada y no discriminatoria. En cuanto a la cuestión de cómo garantizar la resolución oportuna y solvente de las ECC, la evaluación de impacto examinó las opciones referentes a los posibles desencadenantes de la activación de la resolución y las opciones relativas a los instrumentos y competencias de resolución de que se debe dotar a las autoridades. La evaluación de impacto concluyó que la existencia de desencadenantes preceptivos para la activación de la resolución como, por ejemplo, el incumplimiento de requisitos específicos, aumentaría la transparencia del marco de resolución, dejando claro de antemano a todos los interesados cuándo estaría justificada una posible intervención pública. Sin embargo, esta solución no sería adecuada, ya que sería difícil definir indicadores simples o compuestos que pudieran predecir claramente hechos futuros susceptibles de poner en peligro la estabilidad financiera. Además, la existencia de desencadenantes preceptivos podría dar lugar a que determinadas entidades abusen, de forma indebida, del sistema, adoptando medidas destinadas a desvirtuar los desencadenantes que podrían comprometer la validez de estos; por otra parte, cabe la posibilidad de que ECC que no cumplen condiciones preceptivas específicas dejen de ser viables, en cuyo caso la resolución no sería una opción para lograr una reestructuración o liquidación ordenadas. Unos desencadenantes más flexibles, que dejen a las autoridades la decisión acerca de cuándo debe iniciarse el proceso de resolución, evitan estos problemas y confieren a las autoridades competencias para actuar con rapidez y determinación con miras a la resolución de cualquier ECC de importancia sistémica que esté en vías de inviabilidad o que probablemente vaya a acabar siendo inviable antes de llegar a ser insolvente. La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que la mejor opción es establecer unos desencadenantes más flexibles; no obstante, destacó que es esencial velar por que las autoridades solo utilicen los instrumentos de resolución cuando una ECC esté al borde de la inviabilidad y ninguna otra medida pueda restablecer su viabilidad y garantizar la estabilidad financiera general y, lo que es más importante, cuando redunde en interés público iniciar el proceso de resolución, en lugar de someter a la ECC a un procedimiento de insolvencia o liquidación ordinarios. Por lo que se refiere a los instrumentos y competencias de resolución, la evaluación de impacto concluyó que las autoridades de resolución han de estar equipadas con un conjunto de instrumentos de resolución armonizado, pero no exhaustivo ni preceptivo, que ofrezca a las autoridades la facultad discrecional necesaria para tener en cuenta las circunstancias de crisis potenciales. En planes de resolución no vinculantes se establecerían posibles vías de cómo podría procederse a la resolución de una entidad en varios escenarios. Se rechazó la opción alternativa, consistente en dotar a las autoridades de un conjunto de instrumentos completo y exhaustivo que establezca el orden en que deberían utilizarse los instrumentos, ya que podría poner en peligro la eficacia de la resolución, limitando la capacidad de las autoridades para responder de forma flexible a las circunstancias específicas de una situación de crisis emergente. Se consideró improbable que pudieran desarrollarse unos instrumentos de resolución perfectamente adaptados y una jerarquía de uso para hacer frente a todos los posibles escenarios de crisis, pues se correría el riesgo de que las medidas de resolución previstas no fueran aptas para abordar el problema concreto de que se tratase. En lo que respecta a instrumentos específicos, en la evaluación de impacto se llegó a la conclusión de que permitir el uso generalizado de los instrumentos que figuran en las directrices internacionales, tanto en caso de recuperación como de resolución, minimizaría los costes que soportan los contribuyentes y sería la mejor forma de conseguir, ex ante, disciplina de mercado. Estos instrumentos permitirían asimismo repartir las pérdidas entre todos los interesados de la ECC mediante fórmulas que ofrezcan por anticipado seguridad a los participantes en el mercado y sean lo más equitativas posibles. Los participantes en el mercado podrían verse afectados de manera diferente por las distintas opciones, pero uno de los objetivos esenciales de la resolución es que no se encuentren en una situación más desfavorable que si no se hubiera procedido a la resolución de la ECC, sino que se hubieran sometido a otras posibles acciones en virtud de las normas de funcionamiento de dicha ECC para la asignación de pérdidas o si la ECC hubieran entrado en situación de insolvencia. Otras opciones como, por ejemplo, obligar a las ECC y a los miembros compensadores a constituir medios prefinanciados adicionales para absorber pérdidas y reconstituir los recursos, no se tuvieron en cuenta para mejorar eficazmente la disciplina de mercado o se juzgaron desproporcionadamente costosos habida cuenta de la escasa probabilidad de ser utilizados. En general, se consideró, pues, que las opciones preferidas contribuyen positivamente al mantenimiento de la estabilidad financiera y de la confianza en el conjunto del sistema financiero, sin imponer costes excesivos o injustificados que pudieran constituir una pesada carga para el crecimiento económico en general. 3.4.Derechos fundamentales Al igual que la DRRB anteriormente, el marco aplicable a las ECC es plenamente compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales. Aunque una acción de resolución puede conllevar cambios en los activos y los derechos de los propietarios y participantes compensadores de las ECC, de conformidad con el artículo 52 de la Carta, se permiten limitaciones a algunos derechos y libertades. Como exige la Carta, tales limitaciones al ejercicio de estos derechos y libertades están previstas en el Reglamento, respetan la esencia de dichos derechos y libertades y solo se aplican cuando es realmente necesario para el cumplimiento de los objetivos de interés general reconocidos por la Unión. El Tribunal de Justicia ha reconocido que la protección de la estabilidad financiera reviste interés general, lo que justifica la imposición de restricciones a los derechos y las libertades fundamentales en virtud del Tratado, siempre que sean proporcionadas y adecuadas para alcanzar los objetivos que persiguen. Los interesados también pueden recurrir elementos específicos de las decisiones de resolución que les afecten y tienen derecho a una indemnización en caso de que se encuentren en una situación menos ventajosa que la que se habría producido si no se hubiera procedido a la resolución de la ECC y esta hubiera sido sometida en su lugar a otras posibles acciones en virtud de sus normas de funcionamiento para la asignación de pérdidas o la ECC hubiera entrado en situación de insolvencia. 3.5.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Las opciones expuestas no tendrán incidencia en el presupuesto de la Unión. La presente propuesta requeriría que la AEVM i) elabore cinco normas técnicas y dos directrices; y ii) participe en los colegios de autoridades de resolución (junto con la ABE), adopte decisiones en caso de desacuerdo y ejerza una mediación vinculante. Las normas técnicas deberán presentarse doce meses después de la entrada en vigor del Reglamento. Los cometidos propuestos para la AEVM no requerirán la creación de puestos suplementarios y podrán llevarse a cabo con los recursos existentes, en la mayoría de los casos basándose en los trabajos ya desarrollados por la ABE en el contexto de la aplicación de la DRRB. Los cometidos de la AEVM serían preparados también por un comité de resolución de la AEVM de nueva creación, en el que serán invitadas a participar en calidad de observadores las autoridades competentes de la ABE pertinentes, maximizando la utilización de los recursos existentes.

4.OTROS ELEMENTOS 4.1.Planes de ejecución y mecanismos de monitorización, evaluación y elaboración de informes Tras la entrada en vigor, un indicador tangible a medio plazo a efectos de seguimiento serán la preparación y elaboración de planes de recuperación y resolución proporcionados y las medidas aplicadas por las ECC y las autoridades basándose en dichos planes. En caso de que surjan dificultades que afecten a una ECC, otros indicadores para la monitorización serían si las ECC activan sus planes de recuperación y cuándo y cómo lo hacen y si las autoridades de supervisión actúan de conformidad con las competencias de intervención temprana conferidas por el marco y cuándo y cómo lo hacen. Por último, en caso de inviabilidad de una ECC y siempre que se cumplan las condiciones de resolución, los indicadores de monitorización serían cuándo intervienen las autoridades de resolución, qué instrumentos usan y cómo se reparten las pérdidas entre los interesados privados. Después de tres años podría llevarse a cabo un examen del funcionamiento de las disposiciones específicas, así como una revisión más general. El marco de monitorización y evaluación podría afinarse en este contexto, según proceda, sobre la base de la experiencia concreta adquirida con el régimen. 4.2.Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 4.2.1.Ámbito de aplicación y objetivos Habida cuenta de su función y de su papel fundamental en los mercados financieros, el ámbito de aplicación abarca todas las ECC establecidas en la UE. Las competencias e instrumentos pertinentes establecidos en el Reglamento estarían disponibles para su uso en relación con todas las ECC, independientemente de su tamaño, interconexión u otras características. No obstante, en aras de la proporcionalidad, se ha de garantizar que los planes de recuperación y resolución son específicos para cada ECC y tienen debidamente en cuenta su importancia sistémica. El ejercicio de las competencias de intervención temprana y de resolución por parte de las autoridades también debe ser proporcionado y estar justificado en todos los casos. Los objetivos son, en primer lugar, lograr la recuperación ordenada de las ECC en distintos escenarios de dificultades financieras mediante la aplicación de planes de recuperación sólidos e integrados, acordados entre las ECC y sus miembros compensadores. En segundo lugar, si esto fuera insuficiente y se cumplieran las condiciones de resolución, las autoridades deben actuar con rapidez para preservar la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la ECC y proteger a los contribuyentes en la medida de lo posible. En caso de que se proceda a la resolución, la actuación de la autoridad debe sustentarse en la asunción de las pérdidas por parte de los propietarios, los acreedores y las contrapartes de las ECC en consonancia con la prelación de los créditos en caso de insolvencia y en la sustitución de los directivos y su responsabilización por cualquier irregularidad que hubieran podido cometer con arreglo al Derecho nacional. Debido a su estructura corporativa y jurídica, la recuperación y resolución efectivas de las ECC no tienen por qué conllevar necesariamente la de los grupos de los que puedan formar parte. No obstante, cuando sea conveniente para lograr los objetivos antes mencionados, pueden aplicarse competencias específicas respecto de las empresas matrices de las ECC. Estas competencias incluyen, por ejemplo, la opción de que las autoridades decidan caso por caso si los planes de recuperación deben incluir a las empresas matrices. 4.2.2.Creación de las autoridades de resolución y los colegios de autoridades de resolución Las autoridades de resolución de las ECC serán creadas y dotadas de un conjunto armonizado de competencias para emprender todas las acciones preparatorias y de resolución pertinentes que figuran a continuación. Las autoridades pueden ser bancos centrales, ministerios competentes, las autoridades competentes (es decir, los supervisores) de las ECC u otras autoridades administrativas públicas. En caso de que las competencias se confieran a una autoridad existente, debe velarse por que esta tenga una independencia operativa adecuada para las funciones de resolución. En caso de que estas competencias recaigan sobre múltiples autoridades, los cometidos deben estar claramente asignados. El organismo u organismos designados han de tener cometidos estatutarios a fin de asegurar la resolución ordenada de las ECC cuando se cumplan las condiciones para la resolución, de manera que se proteja la estabilidad financiera y a los contribuyentes. No puede excluirse que la autoridad pueda tener obligaciones similares en relación con otras entidades financieras. Cuando así lo requiera el Derecho nacional de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales pueden intervenir en la aprobación de la decisión de resolución de una ECC, siempre que se garantice la rapidez del procedimiento. Considerando el papel y el precedente sentado por el EMIR para los colegios y sus cometidos, así como los posibles efectos que las acciones de resolución pueden tener en los miembros compensadores y otros interesados, las autoridades de resolución de las ECC deben crear y presidir colegios de autoridades de resolución para cada ECC. La composición de estos colegios debe ser semejante a la de los colegios en el EMIR. Además de la autoridad de resolución de la ECC, deben formar parte del colegio, por tanto, las autoridades competentes de los miembros compensadores, las ECC, los depositarios centrales de valores y las plataformas de negociación presentes en el colegio EMIR, así como los correspondientes bancos centrales y la AEVM. Además, deben incluirse las autoridades de resolución de los miembros compensadores cuyas autoridades competentes sean miembros del colegio de resolución, en caso de ser diferentes, la autoridad competente pertinente de cualquier empresa matriz a la que se aplicarían los planes de recuperación, así como todos los ministerios competentes a los que se haya reconocido un papel específico en la resolución de ECC, y la ABE. Los colegios existentes en virtud del EMIR y los colegios de autoridades de resolución de nueva creación deben desempeñar de forma conjunta los cometidos específicos que les hayan sido encomendados en virtud del presente Reglamento, como se describe a continuación. 4.2.3.Preparación – planes de recuperación Las ECC deben elaborar planes de recuperación para superar cualquier forma de dificultad financiera que no pueda resolverse con sus recursos de gestión de incumplimientos y demás requisitos exigidos por el EMIR. Deben incluirse escenarios de incumplimiento por parte de los miembros compensadores (es decir, casos de incumplimiento), así como la materialización de otros riesgos y pérdidas (es decir, otros casos [de no incumplimiento]). Las circunstancias precisas en las que deben activarse los planes no serían fijadas por ley, sino que las ECC deben desarrollar indicadores apropiados para informar a los participantes compensadores y a las autoridades de cuál es el momento en el que se realizaría. Los planes no deben depender de ninguna ayuda financiera pública extraordinaria, pero han de indicar cómo puede obtenerse acceso a las facilidades del banco central en condiciones estándar. En consonancia con la orientación de CPIM/OICV, los planes deben ser globales, eficaces, transparentes y mensurables para aquellos que puedan verse afectados por ellos, establecer incentivos apropiados y minimizar los efectos negativos para todas las partes interesadas y para el sistema financiero en general. Sin perjuicio de estos principios, las ECC pueden determinar el espectro adecuado de opciones e instrumentos de recuperación. Entre ellos se incluyen instrumentos para volver a casar la cartera de la ECC mediante la ruptura de contratos, de modo que se extingan los contratos y se materialicen las pérdidas y ganancias, estableciendo acuerdos voluntarios, como subastas, con los miembros compensadores restantes, de manera que asuman voluntariamente posiciones, o para conseguir recursos adicionales exigiendo a los miembros compensadores que aporten recursos adicionales sujetos a un límite máximo («solicitudes de fondos») y recortando el importe de los pagos adeudados a los participantes compensadores como consecuencia de un beneficio económico en un contrato de derivados («recorte del margen de variación»). El Reglamento no determina qué opciones específicas deben incluir los planes de recuperación ni excluye otras. Sí establece, en cambio, que los planes deben constituir acuerdos celebrados entre las ECC y sus miembros compensadores a fin de reforzar su eficacia en todos los casos, obligando o comprometiendo a los miembros compensadores a actuar con arreglo a las normas de funcionamiento previamente acordadas en caso de que se activen con independencia de la jurisdicción en la que estén radicados. Los miembros compensadores están obligados a informar exhaustivamente a sus clientes de cómo les van a transmitir las pérdidas o los costes derivados del ejercicio de los instrumentos de recuperación por parte de la ECC. Los planes de recuperación deben ser revisados por la autoridad competente de la ECC. Teniendo en cuenta las posibles repercusiones del plan sobre los miembros compensadores y otros interesados, el colegio establecido en virtud de EMIR debe participar en el proceso. Por ejemplo, la evaluación de la adecuación del plan debe ser objeto de una decisión conjunta del colegio. En caso de que no pueda alcanzarse una decisión conjunta, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) podría llevar a cabo una mediación vinculante, en consonancia con su mandato [artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010]. 4.2.4.Preparación – planes de resolución y evaluaciones de la resolubilidad Las autoridades de resolución deben elaborar planes de resolución en los que se definirá la forma en que se procederá a la reestructuración de la ECC y en que se mantendrán sus funciones esenciales en caso de inviabilidad. Al igual que ocurre con los planes de recuperación, los planes de resolución deben abarcar tanto los escenarios de casos de incumplimiento como otros casos (de no incumplimiento) y no deben presuponer ayudas financieras públicas extraordinarias aparte del acceso a las facilidades del banco central en condiciones estándar. Los planes deben indicar las competencias y los instrumentos de resolución que las autoridades podrían utilizar en caso de que una ECC cumpla las condiciones de resolución, proporcionales al modelo de negocio, la cuota de mercado y la importancia sistémica de la ECC tanto en la jurisdicción en que está establecida, como en otros Estados miembros y en terceros países, y teniendo debidamente en cuenta estas circunstancias. Los planes no son vinculantes, pero todo desvío del mismo en el momento de la resolución debe ser debidamente justificado por la autoridad. En el marco de la planificación de la resolución, las autoridades de resolución deben evaluar asimismo la resolubilidad global de la ECC y abordar los obstáculos a la misma. En consecuencia, han de estar facultadas para exigir a la ECC que, por ejemplo, modifique prácticas empresariales específicas o sus estructuras jurídicas u operativas, revise los acuerdos intragrupo que puedan obstaculizar la resolución, o aumente sus recursos de absorción de pérdidas prefinanciados caso por caso. Al igual que ocurre con los planes de recuperación, las posibles repercusiones de las acciones en los miembros compensadores y en los interesados implican que los colegios de autoridades de resolución deben participar en la elaboración del plan de resolución y en la aceptación de las medidas para abordar la resolubilidad. Por ejemplo, el colegio de autoridades de resolución debe alcanzar una decisión conjunta en ambos casos, y de no alcanzarla podría llevarse a cabo la mediación vinculante de la AEVM. 4.2.5.Intervención temprana

Las autoridades competentes están expresamente facultadas para intervenir en las operaciones de las ECC cuando esté en riesgo su viabilidad, pero antes de que lleguen al punto de inviabilidad, o cuando sus acciones puedan ser perjudiciales para la estabilidad financiera en general. Las competencias complementarían las previstas en el EMIR y constituirían opciones de supervisión específicas en estas circunstancias. En concreto, las autoridades competentes podrían exigir a la ECC que emprenda acciones específicas en su plan de recuperación o que se abstenga de hacerlo. 4.2.6.Desencadenantes de la resolución Una ECC debe ser objeto de resolución si está en vías de inviabilidad o existe la probabilidad de que acabe siendo inviable, si no hay alternativas del sector privado para evitar su inviabilidad y si esta pudiera comprometer el interés público y la estabilidad financiera. Además, conforme a las directrices de los Key Attributes of Effective Resolution Regimes (Atributos básicos para la efectividad de los regímenes de resolución) del Consejo de Estabilidad Financiera, una ECC podría ser objeto de resolución, aunque no se cumplan todas estas condiciones, si la aplicación de nuevas medidas de recuperación por la ECC pudiera impedir su inviabilidad, pero poniendo en peligro la estabilidad financiera. Salvo en circunstancias muy específicas, también debe considerarse que una ECC está en vías de inviabilidad o existe la probabilidad de que acabe siendo inviable si necesita ayuda financiera pública extraordinaria. Correspondería a la autoridad de resolución evaluar si se cumplen todas las condiciones. La evaluación de la primera condición (si la ECC está en vías de inviabilidad o existe la probabilidad de que acabe siendo inviable) debe corresponder, sin embargo, a la autoridad competente. Por lo general, se considera que es más probable que las autoridades competentes tengan un conocimiento detallado de la situación financiera de la ECC antes de que se produzca la inviabilidad. No obstante, siempre que disponga de toda la información y todos los datos necesarios, esta evaluación también puede ser llevada a cabo por la autoridad de resolución. 4.2.7.Competencias e instrumentos de resolución Dado que la acción de resolución se expondría por anticipado en el plan de resolución, debería llevarse a cabo de manera que no socave el funcionamiento del resto del grupo del que forme parte la ECC. Las posibles obligaciones contractuales de apoyo financiero a la ECC pendientes, como las garantías de una empresa matriz, deben no obstante ser exigibles por la autoridad de resolución, en consonancia con la forma en que se exigiría su cumplimiento en los procedimientos de insolvencia ordinarios. La resolución debe emprenderse mediante varios instrumentos, que pueden utilizarse de forma separada o en conjunto: i) venta de la totalidad de las funciones o de las funciones esenciales de una ECC a un competidor viable, ii) constitución de una ECC puente controlada por el sector público, y iii) asignación de pérdidas y posiciones entre los miembros compensadores. El Reglamento no establece qué instrumentos y competencias deben utilizarse en diferentes escenarios, sino que deja la elección a discrecionalidad de la autoridad, en función de las circunstancias, pero, siempre que sea posible, ajustándose al plan de resolución acordado por el colegio de autoridades de resolución. Las diferentes opciones de asignación de pérdidas y posiciones dotarían a la autoridad de resolución de medios para volver a casar la cartera de la ECC, evitar nuevas pérdidas y obtener recursos adicionales para recapitalizar la ECC. En función de las opciones elegidas por la ECC y aprobadas por el colegio EMIR como parte de los planes de recuperación, pueden existir solapamientos de los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones a disposición de la ECC, como parte de su plan de recuperación, y de la autoridad de resolución durante la resolución. Por ejemplo, la resolución podría adoptar la forma de nuevas subastas de posiciones de los incumplidores entre los demás miembros compensadores, una ruptura parcial o total de contratos, nuevos recortes de los pagos por margen de variación realizados, el ejercicio de cualquier solicitud de fondos pendiente establecida en los planes de recuperación o de una solicitud de fondos reservada específicamente a la autoridad de resolución en las normas (de funcionamiento) internas de la ECC, y una reducción del valor de los instrumentos de capital y de deuda emitidos por la ECC u otros pasivos no garantizados y la conversión en acciones de los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados. Por último, el Reglamento no excluye la posibilidad de que las autoridades de resolución ejerzan otras opciones de conformidad con los principios de resolución, en particular el pleno respeto de la prelación de créditos, a fin de evitar los rescates públicos y el riesgo moral, sin perjuicio de la salvaguarda de que los acreedores no pueden recibir un trato menos favorable que en los procedimientos de insolvencia ordinarios. En este sentido, pueden recurrir a otros recursos privados, ya sea en el seno de la ECC (por ejemplo, utilizando los fondos de garantía frente a incumplimientos de las líneas de productos no afectadas) o de terceros (por ejemplo, pidiendo a los miembros compensadores que acepten voluntariamente nuevas asignaciones de posiciones). En caso de que estas opciones no fueran posibles o fueran manifiestamente insuficientes para salvaguardar la estabilidad financiera, podría contemplarse, como último recurso, la participación de entes públicos en forma de ayuda en capital o propiedad pública temporal. Con todo, estas medidas públicas tendrían que cumplir las normas aplicables sobre ayudas de Estado, incluida la reestructuración de las operaciones de la ECC, y permitir que los fondos desplegados se vayan recuperando paulatinamente de la ECC. Además, las ayudas temporales en forma de liquidez del banco central, aunque no sean un instrumento de resolución, podrían facilitar el proceso de resolución. Estas ayudas estarían sujetas a los escenarios contemplados en los planes de resolución, en los que podría preverse que las ECC objeto de resolución tengan acceso a liquidez aportada por el banco central, a la discreción, en última instancia, de los propios bancos centrales. 4.2.8.Disposiciones complementarias relativas a la resolución A fin de garantizar que las decisiones de resolución se adoptan de conformidad con los principios fundamentales relativos a los derechos de propiedad y en cumplimiento del Derecho de sociedades y de la legislación en materia de valores y de las disposiciones constitucionales nacionales pertinentes, el Reglamento incluye las disposiciones y procedimientos necesarios que las autoridades de resolución tendrían que cumplir antes y en el momento de la adopción de las decisiones de resolución. Estas medidas incluyen, por ejemplo, garantizar una valoración exacta del balance de la ECC, salvaguardas de que las partes afectadas recibirán una indemnización si reciben un trato más desfavorable que si, en lugar de haberse procedido a la resolución de la ECC, hubieran sido objeto de otras posibles acciones en virtud de las normas internas de la ECC para la asignación de pérdidas o en caso de insolvencia y los procedimientos mediante los cuales las autoridades deben notificar las decisiones de resolución a la ECC y a otras autoridades afectadas. A fin de facilitar la resolución y el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera, el marco incluye asimismo una moratoria temporal de determinadas obligaciones de la ECC y mantiene los derechos ordinarios de extinción y cierre de posición de las contrapartes frente a la ECC derivados únicamente del ejercicio de las competencias de resolución en relación con la ECC. Como acompañamiento a estas medidas figuran la protección adecuada de los pagos adeudados a otras infraestructuras de los mercados financieros y de los acuerdos de garantía y los acuerdos de neteo en consonancia con la de la DRRB. 4.2.9.Terceros países Las dificultades o la inviabilidad de una ECC pueden tener efectos inducidos a escala internacional, en particular cuando sus miembros compensadores están establecidos en jurisdicciones distintas de aquella en que está establecida la ECC. Los Atributos Clave del CEF establecen que las autoridades de jurisdicciones diferentes deben cooperar en los casos de resolución, a fin de reconocer y ejecutar las acciones de resolución de cada una de ellas en relación con los agentes, activos o pasivos pertinentes situados en su territorio. Con el fin de mejorar la ejecutabilidad de una acción de una autoridad de la UE dirigida a miembros compensadores radicados en terceros países, las ECC deben asegurar que las acciones que figuran en sus planes de recuperación son vinculantes en todas las jurisdicciones. Para ello es necesario garantizar que las opciones de recuperación constituyen obligaciones contractuales en virtud de la legislación del país en el que esté establecida la ECC, o demostrar de otro modo, a la satisfacción de las autoridades competentes y de las autoridades de resolución, que las disposiciones de los planes son ejecutables, por ejemplo en virtud de la legislación de un tercer país. Esto ayudaría a las autoridades de resolución a ejecutar las eventuales obligaciones pendientes que figuren en esos planes de resolución. Además, las autoridades deben cooperar con las autoridades de terceros países a fin de reconocer y ejecutar su decisión en relación con los activos o contratos pertinentes regidos por la ley de ese país. Las autoridades de resolución y las autoridades de terceros países deben celebrar acuerdos de cooperación en los que se precisen los detalles de la cooperación. Respecto de una ECC determinada, puede haber varios Estados miembros o terceros países en los que puedan estar radicados miembros compensadores o en virtud de cuyas legislaciones puedan regirse activos o contratos pertinentes. Por consiguiente, la AEVM debe elaborar directrices sobre el contenido pertinente de dichos acuerdos con los terceros países de que se trate, a fin de establecer la aplicación común de las condiciones en estos casos. A fin de facilitar la ejecución de acciones por parte de una autoridad de resolución de un tercer país respecto de los miembros compensadores, contratos u otros activos o pasivos pertinentes situados en la UE, las autoridades nacionales pertinentes deben encargarse de reconocerlas y de darles efecto, o negarse a hacerlo en circunstancias específicas. Debe procederse al reconocimiento siempre que las medidas no afecten negativamente a la estabilidad financiera del Estado miembro, que los acreedores de la ECC reciban el mismo trato que los demás acreedores, independientemente de su ubicación, y que no haya consecuencias presupuestarias importantes para el Estado miembro. 4.2.10.Cambios en las Directivas sobre el Derecho de sociedades, la DRRB, el EMIR y el Reglamento AEVM y creación de un comité de resolución AEVM Las Directivas de la Unión sobre el Derecho de sociedades contienen normas de protección de los accionistas y los acreedores. Algunas de estas normas pueden dificultar una acción rápida por parte de las autoridades de resolución. Estas normas han sido ya modificadas en lo que respecta a los bancos por la Directiva 2014/59/UE, y, de conformidad con la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE [COM(2016) 852], se propone que la aplicación de esas modificaciones se haga extensiva en los ordenamientos jurídicos nacionales a las ECC.

De conformidad con la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE [COM(2016) 852], las ECC con autorizaciones bancarias sujetas a la DRRB quedarán excluidas, en el momento en que sea aplicable el presente Reglamento, del ámbito de aplicación de dicha Directiva y sometidas exclusivamente a las disposiciones y requisitos del presente Reglamento. Además, con el fin de garantizar que las autoridades puedan imponer sanciones cuando no se hayan respetado las disposiciones del Reglamento propuesto, la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE [COM(2016) 852] prevé ampliar el ámbito de aplicación de su título VIII también a las ECC. Esta ampliación garantiza la coherencia de los poderes sancionadores en relación con la recuperación y la resolución de las entidades financieras. Se modifica el EMIR para introducir la posibilidad de suspender temporalmente una obligación de compensación en el marco de la resolución de una ECC, cuando sea necesario para preservar la estabilidad financiera y la confianza del mercado, en particular con el fin de evitar efectos de contagio y de impedir que los inversores y las contrapartes tengan exposiciones elevadas e inciertas frente a una ECC. También se refuerza el papel del comité de riesgos de las ECC para estimularlas a gestionar sus riesgos de forma prudente. A fin de garantizar que las autoridades responsables de la resolución puedan aportar su contribución a los trabajos de la AEVM en virtud del presente Reglamento, deben poder asistir, junto a la autoridad competente, a las reuniones de la Junta de Supervisores de la AEVM, sin derecho de voto. Para preparar sus decisiones en virtud del presente Reglamento y garantizar la plena participación de los miembros de la ABE en este proceso, la AEVM debe crear un comité a tal efecto en el que serán invitadas a participar en calidad de observadores determinadas autoridades competentes en virtud del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 2016/0365 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Los mercados financieros revisten una importancia crucial para el funcionamiento de las economías modernas. Cuanto más integrados estén, mayor será la eficiencia de la asignación de recursos económicos, lo que redundará en la mejora de los resultados económicos. Sin embargo, en aras del mejor funcionamiento del mercado único de servicios financieros, es importante disponer de procedimientos que garanticen que, en caso de que una entidad financiera o una infraestructura de los mercados financieros que opere en este mercado se enfrente a dificultades financieras o se encuentre al borde de la inviabilidad, este incidente no desestabilice el mercado financiero en su totalidad ni perjudique al crecimiento en la economía en general. (2)Las entidades de contrapartida central (ECC) son componentes esenciales de los mercados financieros, que intervienen entre los participantes para actuar como comprador con respecto a todo vendedor y como vendedor frente a todo comprador y desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las transacciones financieras y la gestión de las exposiciones frente a diversos riesgos inherentes a dichas transacciones. Las ECC centralizan la gestión de las transacciones y posiciones de las contrapartes, cumplen las obligaciones derivadas de las transacciones y reciben garantías reales adecuadas de sus miembros como margen y como contribuciones a los fondos de garantía frente a incumplimientos. (3)La integración de los mercados financieros de la Unión ha significado que las ECC han pasado de atender fundamentalmente a las necesidades y los mercados nacionales a constituir puntos críticos en los mercados financieros de la Unión en un sentido más amplio. Hoy en día, las ECC autorizadas en la Unión compensan varias categorías de productos, desde derivados financieros y sobre materia primas cotizados y extrabursátiles hasta acciones al contado, bonos y obligaciones, y otros productos, como los pactos de recompra. Prestan sus servicios más allá de las fronteras nacionales a una amplia gama de entidades financieras y de otro tipo en toda la Unión. Si bien algunas ECC autorizadas en la Unión siguen centrándose en los mercados nacionales, todas ellas revisten importancia sistémica al menos en sus mercados nacionales.

(4)Dado que una parte significativa del riesgo financiero del sistema financiero de la Unión es gestionado por y se concentra en las ECC por cuenta de los miembros compensadores y de sus clientes, es esencial una regulación efectiva y una supervisión sólida de las ECC. El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en vigor desde agosto de 2012, requiere que las ECC cumplan unos estrictos requisitos prudenciales, organizativos y de ejercicio de la actividad. Las autoridades competentes se encargan de la plena supervisión de sus actividades, colaborando dentro de los colegios que agrupan a las autoridades pertinentes en el desempeño de los cometidos específicos que les han sido encomendados. De conformidad con los compromisos asumidos por los dirigentes del G20 desde la crisis financiera, el Reglamento (UE) n.º 648/2012 exige también que los derivados extrabursátiles normalizados sean compensados de forma centralizada por una ECC. Cuando la obligación de compensación centralizada de los derivados extrabursátiles entre en vigor, es probable que se incrementen el volumen y la variedad de las actividades desarrolladas por las ECC, lo que, a su vez, podría plantear dificultades adicionales para las estrategias de gestión del riesgo de las ECC. (5)El Reglamento (UE) n.º 648/2012 ha contribuido a reforzar la resiliencia de las ECC y de los mercados financieros en general frente a una amplia gama de riesgos gestionados y concentrados en las ECC. Sin embargo, ningún sistema de normas y prácticas puede impedir que los recursos existentes sean inadecuados para gestionar los riesgos asumidos por la ECC, incluidos uno o varios incumplimientos por parte de los miembros compensadores. Frente a una situación de graves dificultades o inviabilidad inminente, las entidades financieras deben, en principio, seguir sometiéndose a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la crisis financiera, en particular durante un periodo de inestabilidad e incertidumbre económica prolongado, tales procedimientos pueden perturbar funciones vitales para la economía, poniendo en peligro la estabilidad financiera. Los procedimientos de insolvencia empresarial ordinarios no siempre garantizan una intervención suficientemente rápida ni priorizan adecuadamente la continuidad de las funciones esenciales de las entidades financieras en aras de la preservación de la estabilidad financiera. Para evitar estas consecuencias negativas de los procedimientos de insolvencia ordinarios, es necesario crear un marco de resolución especial para las ECC. (6)La crisis ha puesto de manifiesto igualmente la falta de instrumentos adecuados para preservar las funciones esenciales desempeñadas por las entidades financieras en vías de inviabilidad. Además, ha puesto de relieve la ausencia de marcos que permitan la cooperación y la coordinación entre las autoridades, en particular las ubicadas en jurisdicciones o Estados miembros diferentes, para garantizar una actuación rápida y decisiva. Sin esos instrumentos y marcos de cooperación y coordinación, los Estados miembros estaban obligados a rescatar entidades financieras utilizando el dinero de los contribuyentes para frenar el contagio y reducir el pánico. Aunque las ECC no recibieron directamente ayuda financiera pública extraordinaria durante la crisis, sí que fueron beneficiarias indirectas de las medidas de rescate emprendidas en relación con los bancos y han estado protegidas de los efectos que para ellas hubiera tenido el incumplimiento de las obligaciones que los bancos tenían frene a ellas. Es necesario, por tanto, un marco de recuperación y resolución aplicable a las ECC para que no tengan que depender del dinero del contribuyente en caso de inviabilidad desordenada. (7)El objetivo de un marco de recuperación y resolución creíble es garantizar, en la medida de lo posible, que las ECC establezcan medidas para recuperarse de las dificultades financieras, para mantener sus funciones esenciales cuando estén en vías de inviabilidad o existan probabilidades de que acaben siendo inviables, al tiempo que se liquidan las actividades restantes mediante los procedimientos de insolvencia ordinarios, y para preservar la estabilidad financiera minimizando el coste de su inviabilidad para los contribuyentes. El marco de recuperación y resolución refuerza aún más la preparación de las autoridades y de las ECC para mitigar las tensiones financieras y facilitar a las autoridades información de primera mano sobre las medidas de preparación zade las ECC para hacer frente a escenarios de tensión. También confiere a las autoridades competencias para preparar la posible resolución de una ECC y hacer frente al deterioro de una ECC de manera coordinada, contribuyendo así al buen funcionamiento de los mercados financieros. (8)En la actualidad, no existen disposiciones armonizadas para la recuperación y resolución de las ECC en toda la Unión. Algunos Estados miembros ya han aprobado cambios legislativos que exigen a las ECC la elaboración de planes de recuperación e introducen mecanismos para su resolución en caso de inviabilidad inminente. Por otra parte, se observan considerables diferencias de fondo y de forma entre los Estados miembros respecto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la insolvencia de las ECC. Es probable que la falta de condiciones, competencias y procesos comunes para la recuperación y la resolución de las ECC constituya un obstáculo al buen funcionamiento del mercado interior y dificulte la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de gestionar la inviabilidad de una ECC y aplicar mecanismos adecuados de asignación de pérdidas a sus miembros, tanto en la Unión como a escala mundial. Así ocurre, sobre todo, cuando la existencia de enfoques diferentes impide que las autoridades nacionales tengan el mismo nivel de control o la misma capacidad para proceder a la resolución de ECC. Estas diferencias en los sistemas de recuperación y resolución también pueden incidir de forma diferente en las ECC y en sus miembros en función del Estado miembro de que se trate y conllevar un falseamiento de la competencia en el mercado interior. La ausencia de normas e instrumentos comunes para una gestión ordenada de las dificultades o la inviabilidad de una ECC puede afectar a las decisiones de compensación de los participantes y a las decisiones de las ECC a la hora de elegir su lugar de establecimiento, impidiendo así que estas se beneficien plenamente de las libertades fundamentales en el mercado único. A su vez, esta circunstancia podría desanimar a los participantes que estén pensando en recurrir a una ECC fuera de su país dentro del mercado interior y obstaculizar la integración de los mercados de capitales europeos. Es obvio, pues, que se necesitan normas de recuperación y resolución comunes en todos los Estados miembros a fin de garantizar que las ECC, en el ejercicio de sus libertades en el mercado interior, no se vean limitadas por la capacidad financiera de los Estados miembros y de sus autoridades para gestionar su inviabilidad. (9)La revisión del marco reglamentario aplicable a los bancos y otras entidades financieras que ha tenido lugar a raíz de la crisis, y en particular el refuerzo de los colchones de capital y liquidez de los bancos y la existencia de instrumentos más aptos para las políticas macroprudenciales y de normas exhaustivas sobre la recuperación y la resolución de bancos han reducido la probabilidad de futuras crisis y han mejorado la resiliencia de todas las entidades financieras e infraestructuras de los mercados financieros, incluidas las ECC, frente a la tensión económica provocada por perturbaciones sistémicas o por acontecimientos específicos de cada entidad. Desde el 1 de enero de 2015, es aplicable en todos los Estados miembros el régimen de reestructuración y resolución de bancos, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (10)Tomando como base el enfoque seguido en relación con la recuperación y resolución de bancos, las autoridades de los Estados miembros deben estar preparadas y disponer de instrumentos de recuperación y resolución adecuados para gestionar las situaciones que impliquen la inviabilidad de ECC. Sin embargo, dadas las diferencias en sus funciones y modelos de negocio, los riesgos inherentes a los bancos y a las ECC también son diferentes. Son necesarios, pues, instrumentos y competencias específicos para los escenarios de inviabilidad de ECC provocados por la inviabilidad de los miembros compensadores de ECC o como resultado de casos de no incumplimiento. (11)El uso de un reglamento resulta necesario para complementar y seguir desarrollando el enfoque establecido por el Reglamento (UE) n.º 648/2012, que prevé requisitos prudenciales uniformes aplicables a las ECC. El establecimiento de requisitos de recuperación y resolución en una directiva podría dar lugar a incoherencias debido a la adopción de actos legislativos nacionales potencialmente diferentes en relación con un ámbito que, por lo demás, se rige por legislación de la Unión directamente aplicable y que se caracteriza cada vez más por la prestación transfronteriza de servicios de las ECC. Procede, por tanto, adoptar asimismo unas normas uniformes y directamente aplicables en materia de recuperación y resolución de las ECC. (12)A fin de garantizar la coherencia con la legislación de la Unión vigente en materia de servicios financieros, así como el máximo nivel posible de estabilidad financiera en toda la Unión, el régimen de recuperación y resolución debe aplicarse a todas las ECC sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por el Reglamento (UE) n.º 648/2012, con independencia de si tienen o no una licencia bancaria. La insolvencia de una ECC asociada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo y provocar una mayor inestabilidad financiera. Aunque los grupos de los que pueda formar parte una ECC no tienen que estar sujetos al régimen en su totalidad, algunas disposiciones han de aplicarse también a las empresas matrices, cuando la aplicación de estas disposiciones a este nivel pueda redundar en una recuperación y resolución más eficaces. Por consiguiente, las autoridades deben disponer de medios de acción específicos con respecto a las empresas matrices a fin de garantizar la recuperación y la resolución eficaces de la ECC y reducir la posibilidad de contagio a otras entidades del grupo. (13)Con el fin de garantizar que las acciones de resolución se adoptan de manera eficiente y eficaz, y en consonancia con los objetivos de resolución, los Estados miembros deben nombrar autoridades administrativas públicas o autoridades a las que se hayan conferido competencias de administración pública para desempeñar las funciones y cometidos relacionados con la resolución. Los Estados miembros han de velar asimismo por que se asignen a estas autoridades de resolución los recursos necesarios. Cuando un Estado miembro designe a la autoridad responsable de la supervisión prudencial de ECC como autoridad de resolución, deben establecerse los mecanismos estructurales necesarios para separar las funciones de supervisión y de resolución a fin de evitar cualquier conflicto de intereses y el riesgo de laxitud en la aplicación de la normativa. (14)A la vista de las consecuencias que la inviabilidad de una ECC y las acciones subsiguientes pueden tener en el sistema financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible necesidad, en última instancia, de usar fondos públicos para resolver una crisis, los ministerios de Hacienda o cualquier otro ministerio pertinente de los Estados miembros deben implicarse de cerca, desde un primer momento, en el proceso de recuperación y resolución. (15)Puesto que las ECC prestan a menudo servicios en toda la Unión, para una recuperación y resolución eficaces se requiere que las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperen en los colegios de autoridades de resolución y de supervisión, en particular en las fases preparatorias de la recuperación y resolución. Ello incluye la evaluación de los planes de recuperación desarrollados por la ECC, la elaboración y el mantenimiento de los planes de resolución y la supresión de los posibles obstáculos a la resolubilidad. (16)La resolución de ECC debe encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de procedimientos que tengan en cuenta la urgencia de la situación y hagan posibles soluciones eficientes, equitativas y oportunas y, por otro, la necesidad de proteger la estabilidad financiera en todos los Estados miembros en que preste servicios la ECC. Las autoridades cuyo ámbito competencial se vería afectado por la inviabilidad de una ECC deben intercambiar sus puntos de vista en el colegio de autoridades de resolución con miras a la consecución de estos objetivos. Asimismo y con el fin de asegurar un intercambio regular de puntos de vista y la coordinación con las autoridades pertinentes de terceros países, conviene que estas sean invitadas a participar, cuando proceda, en los colegios de autoridades de resolución, en calidad de observadores. Las autoridades han de tener siempre en cuenta los efectos de sus decisiones en la estabilidad financiera de los Estados miembros en los que las operaciones de la ECC son esenciales o importantes para los mercados financieros locales, en particular aquellos en los que estén radicados los miembros compensadores y estén establecidas las plataformas de negociación y las infraestructuras de los mercados financieros vinculadas. (17)Con el fin de preparar las decisiones de la AEVM en relación con los cometidos que se le encomienden y de garantizar la plena participación de la ABE y de sus miembros en la elaboración de dichas decisiones, conviene que la AEVM cree un comité interno de resolución e invite a las autoridades competentes de la ABE a participar en calidad de observadores. (18)Al objeto de hacer frente a la inviabilidad potencial de una ECC de forma eficaz y proporcionada, las autoridades deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de ejercer sus competencias de recuperación y resolución, tales como la naturaleza de la actividad de la ECC, la estructura de su accionariado, su forma jurídica, perfil de riesgo, tamaño, régimen jurídico y su interconexión con el sistema financiero. Además, las autoridades han de tener en cuenta si su inviabilidad y ulterior liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría tener efectos negativos importantes en los mercados financieros, en otras entidades financieras o en la economía en general. (19)Al objeto de tratar de manera eficiente a las ECC en vías de inviabilidad, es conveniente que las autoridades tengan competencias para imponer a las ECC medidas preparatorias. Debe establecerse un estándar mínimo por lo que se refiere al contenido y la información que debe incluirse en los planes de recuperación a fin de garantizar que todas las ECC en la Unión tienen planes suficientemente detallados en materia de recuperación en caso de que atraviesen dificultades financieras. Estos planes deben estar basados en hipótesis realistas aplicables en una serie de escenarios desfavorables y favorables, incluidas el deterioro derivado de un caso de incumplimiento o de un caso de no incumplimiento. El plan de recuperación debe formar parte de las normas de funcionamiento de la ECC acordadas contractualmente con los miembros compensadores. Además, estas normas de funcionamiento han de recoger las disposiciones necesarias para garantizar la ejecutabilidad de las medidas de recuperación previstas en el plan en todos los escenarios. Los planes de resolución no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los contribuyentes al riesgo de pérdidas. (20)Las ECC deben elaborar y actualizar periódicamente sus planes de recuperación. El requisito relativo a la elaboración de un plan de recuperación debe aplicarse de manera proporcionada, de forma que refleje la importancia sistémica de la ECC y su interconexión con el sistema financiero. En este contexto, la fase de recuperación debe empezar cuando exista un deterioro considerable de la situación financiera de la ECC o un riesgo de incumplimiento de sus requisitos prudenciales en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Este extremo debe indicarse con relación a un marco de indicadores cualitativos o cuantitativos incluidos en el plan de recuperación. (21)La ECC debe presentar su plan de recuperación a las autoridades competentes y al colegio de supervisores, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012, a efectos de una evaluación completa, que se plasmará en una decisión conjunta del colegio. La evaluación debe analizar si el plan es completo y si permite restablecer la viabilidad de la ECC de forma factible y oportuna, incluso en periodos de grave tensión financiera. (22)Los planes de recuperación deben exponer de forma integrada las acciones que la ECC debería adoptar para hacer frente a posibles obligaciones pendientes no cubiertas, pérdidas no cubiertas, falta de liquidez o inadecuación de capital, así como las acciones de reconstitución de los recursos financieros prefinanciados agotados y los acuerdos de liquidez con el fin de restablecer la viabilidad de la ECC y su capacidad para cumplir los requisitos de autorización en todo momento. (23)Las ECC deben velar por que los planes sean no discriminatorios y equilibrados en cuanto a su incidencia y a los incentivos que crean. No han de desfavorecer a los miembros compensadores o clientes de forma desproporcionada. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, las ECC deben asegurar que la exposición a la ECC de sus miembros compensadores sea limitada. Las ECC deben velar por que se consulte a todas las partes interesadas acerca del plan de recuperación mediante la participación de estas en el comité de riesgos de la ECC y en la elaboración del plan de recuperación.

(24)A fin de garantizar la capacidad de las ECC para aplicar, cuando sea necesario, las opciones de recuperación a contratos o activos regidos por la legislación de un tercer país o a entidades radicadas en terceros países, sus normas de funcionamiento deben incluir disposiciones contractuales al efecto. (25)En caso de que una ECC no presente un plan de recuperación adecuado, las autoridades competentes deben estar facultadas para exigirle adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias importantes del plan a fin de reforzar las actividades de la ECC y garantizar que esta pueda restablecer su capital o casar su cartera en caso de inviabilidad. El ejercicio de esta facultad debe permitir a las autoridades competentes actuar con fines preventivos en la medida en que sea necesario para corregir las deficiencias y, por tanto, para cumplir los objetivos de estabilidad financiera. (26)La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Los planes deben ser elaborados por la autoridad de resolución de la ECC y acordados conjuntamente por las autoridades pertinentes del colegio de autoridades de resolución. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para determinar las funciones esenciales y garantizar su continuidad. El contenido de un plan de resolución debe ser, no obstante, proporcional a la importancia sistémica de la ECC y estar basado, entre otras cosas, en la información facilitada por ella. (27)Las autoridades de resolución, sobre la base de la evaluación de la resolubilidad, deben estar facultadas para exigir cambios en la estructura y la organización de las ECC, directa o indirectamente a través de la autoridad competente, adoptar medidas necesarias y proporcionadas para reducir o eliminar los obstáculos importantes para el uso de los instrumentos de resolución y garantizar la resolubilidad de las entidades de que se trate. (28)Los planes de resolución y las evaluaciones de resolubilidad constituyen ámbitos en los que prima, sobre las consideraciones de supervisión diaria, la necesidad de acelerar y asegurar la rapidez de las acciones de reestructuración a fin de garantizar las funciones esenciales de la ECC y preservar la estabilidad financiera. En caso de desacuerdo entre los diferentes miembros del colegio de autoridades de resolución acerca de las decisiones que hayan de adoptarse en relación con el plan de resolución de la ECC, la evaluación de resolubilidad de la ECC y la decisión de suprimir todo obstáculo a la misma, la AEVM debe desempeñar un papel de mediación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. Dicha mediación vinculante de la AEVM debe, no obstante, prepararse para su deliberación por parte de un comité interno de la AEVM, teniendo en cuenta las competencias de los miembros de la AEVM para asegurar la estabilidad financiera y supervisar a los miembros compensadores en varios Estados miembros. Conviene que ciertas autoridades competentes en virtud del Reglamento ABE sean invitadas a participar como observadores en el referido comité interno de la AEVM, habida cuenta de que desempeñan cometidos similares en virtud de la Directiva 2014/59/UE. Dicha mediación vinculante no debe ser óbice para el ejercicio, en otros casos, de la mediación no vinculante de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. (29)Cuando se considere procedente para lograr el objetivo de recuperación y resolución ordenadas, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben definir medidas específicas en relación con las empresas matrices. Dependiendo de la estructura del grupo del que forme parte la ECC, puede ser necesario que el plan de recuperación de esta establezca las condiciones en que se activaría la posible prestación de ayuda financiera, garantías u otras formas de ayuda operativa por parte de una empresa matriz u otra entidad del grupo a una ECC dentro del mismo grupo. La transparencia de tales disposiciones reduciría los riesgos para la liquidez y la solvencia de la entidad del grupo que preste ayuda a una ECC que atraviese dificultades financieras. Todo cambio de tales disposiciones ha de considerarse un cambio importante a efectos de la revisión del plan de recuperación. (30)Habida cuenta de la sensibilidad de la información contenida en los planes de recuperación y resolución, estos planes deben estar sujetos a las oportunas disposiciones en materia de confidencialidad. (31)Las autoridades competentes han de transmitir los planes de recuperación y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución pertinentes, quienes deben transmitirlos a las autoridades competentes, de modo de que todas las autoridades pertinentes estén siempre plenamente informadas. (32)Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es necesario que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación económica y financiera de una ECC antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que proceder a la resolución o dar instrucciones a la ECC para que efectúe un cambio de rumbo cuando sus acciones puedan ser perjudiciales para la estabilidad financiera en general. Por consiguiente, las autoridades competentes deben contar con competencias de intervención temprana para evitar o minimizar los efectos adversos para la estabilidad financiera que pudieran derivarse de la aplicación de determinadas medidas por parte de la ECC. Las competencias de intervención temprana deben ser atribuidas a las autoridades competentes además de las ya especificadas en la legislación nacional de los Estados miembros o en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 para circunstancias distintas de las consideradas intervención temprana. (33)Durante las fases de recuperación e intervención temprana, los accionistas deben conservar el pleno disfrute de sus derechos. Cuando la ECC haya sido objeto de resolución, deben dejar de tener el pleno disfrute de estos derechos. (34)El marco de resolución debe garantizar que el inicio de resolución tenga lugar de forma oportuna antes de que la ECC sea insolvente. Debe considerarse que una ECC está en vías de inviabilidad o que existe la probabilidad de que acabe siendo inviable cuando incumpla o resulte probable que incumpla en un futuro próximo los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando su recuperación no haya podido restablecer su viabilidad, cuando su activo sea o vaya a ser probablemente en un futuro próximo inferior a su pasivo, cuando no pueda o no sea probable que vaya a poder hacer frente en un futuro próximo al pago de sus deudas al vencimiento de estas, o cuando necesite una ayuda financiera pública extraordinaria. Sin embargo, el hecho de que una ECC no cumpla todos los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de la resolución. (35)La prestación de ayudas de urgencia en forma de liquidez por parte de un banco central —cuando se disponga de una facilidad de estas características— no debe ser una condición que evidencie que una ECC no puede o no podrá, en un futuro próximo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales sobre facilidades de liquidez de los bancos centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión para solventar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro no deben activar el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones. (36)En caso de que la ECC cumpla las condiciones de resolución, su autoridad de resolución debe disponer de un conjunto armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Su utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales comunes. El uso de instrumentos y competencias adicionales por parte de las autoridades de resolución debe ser coherente con los principios y objetivos de resolución. En particular, dicho uso no debe obstaculizar la resolución eficaz de grupos transfronterizos. (37)Los objetivos primordiales de la resolución deben ser garantizar la continuidad de las funciones esenciales, evitar los efectos negativos para la estabilidad financiera y proteger los fondos públicos, minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias destinadas a ECC en vías de inviabilidad. (38)Conviene mantener las funciones esenciales de una ECC en vías de inviabilidad, aunque reestructuradas, en su caso, con cambios en la gestión, recurriendo a los instrumentos de resolución en condiciones de continuidad de la actividad, utilizando, en la medida de lo posible, fondos privados. Esto puede conseguirse bien mediante la venta a un tercero solvente o la fusión con el mismo o, una vez efectuada la reestructuración o la reducción del valor de los contratos y los pasivos de la ECC, a través de la asignación de pérdidas y posiciones, bien una vez reducido el valor de las acciones o reducido el valor de su deuda y convertida esta en capital, a fin de efectuar una recapitalización. En consonancia con este objetivo, antes de estas acciones, es conveniente que la autoridad de resolución considere exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la ECC vigentes y pendientes en consonancia con la manera en que se exigiría su cumplimiento en los procedimientos de insolvencia ordinarios. (39)Es necesario actuar con rapidez y determinación para mantener la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez que se cumplan las condiciones de resolución, la autoridad de resolución de la ECC no debe demorarse en adoptar acciones de resolución adecuadas y coordinadas en aras del interés público. La inviabilidad de una ECC puede producirse en circunstancias que requieran una reacción inmediata por parte de la autoridad de resolución pertinente. Por consiguiente, conviene que dicha autoridad pueda adoptar acciones de resolución pese al ejercicio de medidas de recuperación por parte de la ECC o sin imponer la obligación de recurrir primero a las competencias de intervención temprana. (40)A la hora de adoptar acciones de resolución, la autoridad de resolución de la ECC ha de tener en cuenta y seguir las medidas previstas en los planes de resolución desarrollados en el seno del colegio de autoridades de resolución, a no ser que considere, habida cuenta de las circunstancias del caso, que los objetivos de resolución podrían conseguirse de forma más eficaz mediante acciones no previstas en los planes de resolución. La autoridad de resolución debe informar sin demora al colegio de autoridades de resolución de las acciones de resolución que piensa tomar, sobre todo si estas se apartan del plan. (41)Toda interferencia con los derechos de propiedad ha de ser proporcional al riesgo para la estabilidad financiera. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las ECC que reúnan las condiciones de resolución, específicamente cuando ello sea necesario para conseguir el objetivo de estabilidad financiera en aras del interés público. Dado que los instrumentos y competencias de resolución podrían afectar a los derechos de los accionistas, los participantes compensadores y los acreedores, solo debe adoptarse una acción de resolución cuando resulte necesaria en aras del interés público, y toda interferencia con estos derechos debe ser compatible con la Carta. En particular, cuando acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de una acción de resolución, tales difere