(2)El 24 de noviembre de 2021, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2022 para la coordinación de las políticas económicas. Tuvo debidamente en cuenta el compromiso conjunto reafirmado durante la Cumbre Social de Oporto de mayo de 2021, consistente en seguir aplicando el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. El 24 de noviembre de 2021, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue adoptada el 5 de abril de 2022 por el Consejo, así como la propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo de 2022, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales y que fue adoptada por el Consejo el 14 de marzo de 2022.

(1)El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporciona ayuda financiera para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un impulso fiscal financiado por la Unión. Contribuye a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular para promover la transición ecológica y digital, al mismo tiempo que fortalece la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [fue] actualizada el [XX] de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

(24)La adecuación de la red de seguridad social ha mejorado en Estonia, pero la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas desempleadas sigue siendo elevada. Los desempleados están menos protegidos frente al riesgo de pobreza debido a los criterios restrictivos para recibir prestaciones de desempleo, en particular los umbrales de empleabilidad y los ingresos percibidos antes del desempleo. Como consecuencia de ello, en 2021 solo un 50 % de todos los desempleados registrados recibían prestaciones por desempleo, el 37 % de los desempleados inscritos recientemente recibían prestaciones del seguro de desempleo y solo el 26 % recibía subsidios fijos por desempleo. La ampliación de la cobertura de las prestaciones por desempleo y la flexibilización de los criterios mínimos para acceder a dichas prestaciones pueden ser eficaces para aumentar la protección social, en particular de las personas con trabajos de corta duración y con formas de trabajo atípicas.

(23)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Estonia afronta algunos retos adicionales relacionados con los cuidados de larga duración y la adecuación de la red de seguridad social, en particular para los desempleados.

(22)Estonia presentó el Acuerdo de Asociación el 18 de abril de 2022, pero aún no se han presentado los demás documentos de programación de la política de cohesión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, Estonia tendrá en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes en la programación de los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027. Este es un requisito esencial para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se reciba de los fondos de la política de cohesión, y al mismo tiempo promover la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre estos fondos y otros instrumentos y fondos de la Unión. La ejecución satisfactoria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los programas de la política de cohesión depende también de que se eliminen los impedimentos a la inversión en apoyo de la transición ecológica y digital y de un desarrollo territorial equilibrado.

(20)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Estas contribuyen a hacer frente a la totalidad o a una parte significativa de los retos económicos y sociales señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Estonia por el Consejo en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, además de en las recomendaciones específicas por país formuladas hasta la fecha de adopción de un plan. En particular, el plan se centra en la transición ecológica y digital, con medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y desarrollar las energías renovables; aumentar la sostenibilidad del transporte y la movilidad; apoyar a las empresas en la doble transición, en particular a las empresas emergentes y a las pequeñas y medianas empresas; seguir digitalizando los servicios públicos, y aumentar la pertinencia para el mercado laboral del sistema de educación y formación, en particular en lo que se refiere a las capacidades verdes y digitales. El plan también contiene medidas para mejorar la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario y prevé algunas mejoras en la red de seguridad social y el acceso a los servicios sociales.

(19)De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2022, el déficit público disminuiría gradualmente hasta alcanzar el 3,8 % del PIB en 2024 y el 2,9 % en 2025. Por consiguiente, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB en 2025. Estas previsiones suponen la adopción de medidas adicionales de saneamiento fiscal que aún no se han especificado. Según el Programa, se espera de aquí a 2025 un aumento de la ratio de deuda pública sobre PIB, concretamente al 27,7 % en 2024 y al 29,2 % en 2025 Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen bajos a medio plazo.

(16)El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Estonia que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que preservara la inversión financiada a nivel nacional. También le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo y que, al mismo tiempo, fomentara la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(15)En 2022, el Gobierno ha suprimido gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, de modo que se prevé que las medidas temporales de apoyo de emergencia disminuyan del 2,7 % del PIB en 2021 al 0,8 % en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,7 % del PIB en 2022 y se espera que se eliminen gradualmente en 2023. Estas medidas consisten principalmente en transferencias sociales a hogares con rentas más bajas, límites de precio de la electricidad y la calefacción y la reducción de las tarifas de acceso a las redes de gas y electricidad para los consumidores. Estas medidas se han presentado como temporales. Sin embargo, si los precios de la energía siguen siendo elevados en 2023, algunas de ellas podrían mantenerse. Algunas de estas medidas no son específicas, en particular la limitación general de los precios de la energía para los hogares, la reducción de las tarifas de acceso a las redes y la reducción generalizada de los impuestos especiales (con efecto a partir de 2020). El déficit público también se ve afectado por los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,4 % del PIB en 2022 y el 0,6 % en 2023, así como por el aumento del coste de los gastos de defensa del 0,6 % del PIB en 2023.

Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de diez años) se estima en el 3,1 %. Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y que pueden impulsar el crecimiento potencial de Estonia.

(13)El 20 de julio de 2020, el Consejo recomendó a Estonia que adoptara en 2020 y 2021 todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia, sostener la economía y apoyar la posterior recuperación de forma eficaz. También le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara políticas fiscales encaminadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo, garantizar la sostenibilidad de la deuda y, al mismo tiempo, fomentar la inversión. Sobre la base de los datos validados por Eurostat, el déficit público de Estonia pasó del 5,6 % del PIB en 2020 al 2,4 % en 2021. En 2021, la respuesta de Estonia en materia de política fiscal respaldó la recuperación económica, mientras que las medidas temporales de apoyo de emergencia aumentaron del 2,3 % del PIB en 2020 al 2,7 % en 2021. Las medidas adoptadas por Estonia en 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 fueron, en su mayoría, temporales o estuvieron acompañadas de medidas compensatorias. Al mismo tiempo, algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno durante el período 2020-2021 no eran temporales ni estaban acompañadas de medidas compensatorias, consistentes principalmente en aumentos de las pensiones, aumentos salariales específicos (profesores, personal médico, cultural y policial) y programas de gasto en asistencia sanitaria, I+D, operaciones militares y TIC. En 2021, sobre la base de los datos validados por Eurostat, el déficit público se situó en el 18,1 % del PIB.

(12)El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Estonia, ya que se prevé que su déficit público de 2022 supere el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con la Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la pertinencia de iniciarlos en el otoño de 2022.

(11)La Comisión publicó el informe específico de 2022 sobre Estonia el 23 de mayo de 2022. En él se evalúan los avances realizados por Estonia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo en 2019, 2020 y 2021, y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia por parte de Estonia, basándose en el cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia. Sobre la base de este análisis, el informe por país señala las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes, incluidos los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evalúa los avances de Estonia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(9)El 18 de junio de 2021, Estonia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación del anexo V de dicho Reglamento. El 29 de octubre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Estonia. El desembolso de los tramos está supeditado a una decisión de la Comisión, adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Estonia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)Con respecto a las orientaciones para la política fiscal proporcionadas el 2 de marzo de 2022, las recomendaciones fiscales para 2023 tienen en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas, la mayor incertidumbre y los nuevos riesgos de sobreestimación, así como la mayor inflación en comparación con las previsiones de invierno. En vista de estas consideraciones, la respuesta fiscal debe ampliar la inversión pública en la transición ecológica y digital y la seguridad energética, así como mantener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables a fin de amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas provocadas por los efectos indirectos a través de medidas específicas y temporales. La política fiscal debe seguir siendo ágil para adaptarse a la rápida evolución de las circunstancias y diferenciarse de un país a otro en función de su situación fiscal y económica, en particular en lo que se refiere a la exposición a la crisis y a la afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(6)De acuerdo con el enfoque expuesto en el dictamen del Consejo de 18 de junio de 2021 sobre el Programa de Estabilidad de 2021, en la actualidad, la mejor manera de medir la orientación de la política fiscal es mediante la variación de los gastos primarios (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos), excluidas las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19, pero incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo. Más allá de la orientación fiscal general, para determinar si la política fiscal nacional es prudente y si su composición favorece una recuperación sostenible y compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención al crecimiento de las inversiones y los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19).

(25)La población estonia está envejeciendo, pero la prestación de servicios de cuidados de larga duración es inadecuada para satisfacer la demanda debido a deficiencias en la organización y la financiación de dichos cuidados. La fragmentación en la organización y la financiación de los cuidados de larga duración entre el sector social y sanitario y entre las administraciones estatales y locales da lugar a una prestación desigual de los servicios domiciliarios y comunitarios. Asimismo, el porcentaje de gastos pagados por quienes necesitan atención sanitaria («pagos directos») fue el segundo más elevado de la UE en 2019. El gasto público en cuidados de larga duración fue solo del 0,4 % del PIB en 2019 (frente a una media de la UE del 1,7 %). La falta de normas comunes aplicables a los cuidados de larga duración y la escasez de trabajadores asistenciales socavan la calidad de la prestación de servicios. Reformar el sistema de cuidados de larga duración a través de una financiación eficiente y sostenible, el acceso a servicios sanitarios y sociales integrados, el establecimiento de normas de calidad y la garantía de contar con suficientes trabajadores asistenciales cualificados aumentaría la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados y reduciría la pesada carga asistencial de los miembros de la familia.

(26)En respuesta al mandato de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE expuesto en la Declaración de Versalles, el plan REPowerEU tiene por objeto eliminar gradualmente, lo antes posible, la dependencia de la Unión Europea respecto de las importaciones de combustibles fósiles rusos. A tal fin, se están determinando, en diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas más adecuados a nivel nacional, regional y de la UE. Estas medidas tienen por objeto reducir la dependencia de los combustibles fósiles en general y desviar de Rusia las importaciones de estos combustibles.

(27)Estonia importa actualmente una cantidad limitada de su suministro de energía para la producción de electricidad y calor, pero sigue dependiendo en gran medida de las importaciones procedentes de Rusia para la pequeña cuota de gas (8 %) y los productos refinados del petróleo que forman parte de su combinación energética. Además de la eliminación progresiva del esquisto bituminoso como fuente de energía, Estonia se beneficiaría del aumento de la eficiencia energética, la mejora de su infraestructura energética (en particular de la red eléctrica) y el desarrollo de interconexiones energéticas con capacidad suficiente, especialmente de interconexiones transfronterizas con Estados miembros vecinos. Se recomienda que las nuevas inversiones en infraestructuras y redes relacionadas con el gas estén preparadas para el futuro, en la medida de lo posible, con el fin de facilitar su sostenibilidad a largo plazo mediante su readaptación futura a los combustibles sostenibles. Completar la sincronización en curso con la red eléctrica continental de la UE, garantizando una capacidad suficiente para las interconexiones con los Estados miembros vecinos y los proyectos conjuntos de energías renovables, debe seguir siendo una prioridad política. Podría lograrse una mayor diversificación de las fuentes de energía, entre ellas las destinadas al transporte, y la aceleración de la producción de energía renovable eliminando las barreras no financieras a la planificación y la autorización de instalaciones de energía renovable, aumentando la capacidad de producción de biometano sostenible y acelerando el despliegue de soluciones basadas en hidrógeno renovable, garantizando al mismo tiempo la valorización sostenible de la biomasa. Ya está en curso o prevista la electrificación de las principales líneas ferroviarias con el apoyo de fondos de la UE, pero la electrificación de toda la red contribuiría a acelerar la descarbonización del transporte. Las ya elevadas emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han seguido aumentando en los últimos años, debido al uso intensivo principalmente de vehículos ineficientes desde el punto de vista del combustible. Estonia es uno de los pocos Estados miembros que no recaudan impuestos anuales sobre vehículos de carretera, como los turismos y los camiones ligeros. El aumento de los incentivos para fomentar la renovación del parque automovilístico con vehículos menos contaminantes favorecería la transición hacia modos de transporte más ecológicos. Ofrecer las garantías adecuadas, cuando sea necesario, contribuiría a mitigar los efectos sobre los propietarios de automóviles con bajos ingresos. Podría reducirse el consumo de energía mediante la renovación eficiente de edificios con un enfoque integrado que incluya instalaciones de energía renovable y sistemas combinados de calefacción y electricidad. Será necesario seguir ampliando la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética para estar en consonancia con los objetivos del paquete «Objetivo 55».

(28)Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática y el abandono de los combustibles fósiles generará importantes costes de reestructuración en varios sectores, Estonia puede utilizar el Mecanismo para una Transición Justa en el marco de la política de cohesión para mitigar el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Además, Estonia puede utilizar el Fondo Social Europeo Plus para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(29)A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022 y su dictamen se refleja en la recomendación 1 que figura a continuación.

(30)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro. Para Estonia, esto se refleja en particular en las recomendaciones 1, 2 y 3 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a Estonia que tome medidas en 2022 y 2023 con el fin de:

1.En 2023, garantizar que el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional esté en consonancia con una orientación general neutra de la política fiscal, teniendo en cuenta la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que abandonan Ucrania. Estar dispuesta a ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Aumentar la inversión pública en los ámbitos de la transición ecológica y digital y la seguridad del abastecimiento energético, particularmente utilizando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plan REPowerEU y otros fondos de la UE. Para el período posterior a 2023, proseguir una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo.

2.Proceder a la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, de acuerdo con los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de 29 de octubre de 2021. Presentar los documentos de programación de la política de cohesión para 2021-2027 con vistas a finalizar sus negociaciones con la Comisión e iniciar posteriormente su aplicación.

3.Reforzar la protección social, en particular ampliando la cobertura de las prestaciones de desempleo, especialmente a las personas con trabajo de corta duración y con formas de trabajo atípicas. Mejorar la asequibilidad y la calidad de los cuidados de larga duración, en particular garantizando su financiación sostenible e integrando los servicios sanitarios y sociales.

4.Reducir la dependencia general de los combustibles fósiles y diversificar las importaciones de estos combustibles mediante la aceleración del despliegue de las energías renovables, en particular racionalizando aún más los procedimientos de autorización, garantizando una capacidad de interconexión suficiente y reforzando la red eléctrica nacional. Aumentar la eficiencia energética, en particular la de los edificios, para reducir el consumo de energía. Aumentar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte, en particular mediante la electrificación de la red ferroviaria y el aumento de los incentivos para fomentar un transporte sostenible y menos contaminante, especialmente mediante la renovación del parque de vehículos de carretera.

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