COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 23.2.2022 COM(2022) 71 final 2022/0051(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} - {SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA Razones y objetivos de la propuesta El comportamiento de las empresas de todos los sectores de la economía es fundamental para tener éxito en la transición de la Unión hacia una economía climáticamente neutra y ecológica en consonancia con el Pacto Verde Europeo y para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos sus objetivos relacionados con los derechos humanos y con el medio ambiente. Esto requiere la aplicación de amplios procesos de mitigación de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor, la integración de la sostenibilidad en los sistemas de gestión y gobernanza empresarial, y la definición de las decisiones empresariales en términos de derechos humanos, impacto climático y medioambiental, así como en términos de resiliencia de la empresa a largo plazo. Las empresas de la UE operan en entornos complejos y, especialmente las grandes, dependen de las cadenas de valor mundiales. Dado el número considerable de sus proveedores en la Unión y en terceros países y la complejidad general de las cadenas de valor, las empresas de la UE, incluidas las grandes, pueden tener dificultades para identificar y mitigar los riesgos en sus cadenas de valor relacionados con el respeto de los derechos humanos o las repercusiones medioambientales. La identificación de estos efectos adversos en las cadenas de valor será más fácil si más empresas ejercen la diligencia debida y, por tanto, se dispone de más datos sobre los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La conexión de la economía de la UE con millones de trabajadores de todo el mundo a través de las cadenas de valor mundiales conlleva la responsabilidad de abordar los efectos adversos sobre los derechos de estos trabajadores. La clara petición de los ciudadanos de la Unión, en particular en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de que la economía de la UE contribuya a abordar estos y otros efectos adversos se refleja en la legislación nacional vigente o futura sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, en los debates en curso a nivel nacional y en el llamamiento a la acción del Parlamento Europeo y del Consejo. Ambas instituciones han pedido a la Comisión que proponga normas de la Unión para una obligación intersectorial de diligencia debida de las empresas. En su Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2022, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea se han comprometido a lograr una economía al servicio de las personas, incluida la mejora del marco reglamentario sobre la gobernanza empresarial sostenible. Mediante el uso de las normas voluntarias internacionales existentes sobre conducta empresarial responsable, un número cada vez mayor de empresas de la UE está utilizando la diligencia debida de la cadena de valor como herramienta para identificar los riesgos en su cadena de valor y reforzar la resiliencia ante cambios repentinos en las cadenas de valor, pero las empresas también pueden tener dificultades a la hora de considerar utilizar la diligencia debida de la cadena de valor para sus actividades. Estas dificultades pueden deberse, por ejemplo, a la falta de claridad jurídica en relación con las obligaciones de diligencia debida de las empresas, la complejidad de las cadenas de valor, la presión del mercado, la insuficiencia de información y los costes. En consecuencia, las ventajas de la diligencia debida no están generalizadas entre las empresas europeas ni entre los distintos sectores económicos. La mayoría de las grandes empresas han estado desplegando cada vez más procesos de diligencia debida, ya que pueden proporcionarles una ventaja competitiva. Esto también responde a la creciente presión del mercado sobre las empresas para que actúen de manera sostenible, ya que esas prácticas les ayudan a evitar riesgos no deseados para su reputación frente a los consumidores y los inversores, que son cada vez más conscientes de los aspectos de sostenibilidad. Sin embargo, estos procesos se basan en normas voluntarias y no generan una seguridad jurídica ni para las empresas ni para las víctimas en caso de que se produzcan daños. La actuación voluntaria no parece haber dado lugar a una mejora a gran escala en todos los sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo de la UE tanto dentro como fuera de la Unión. Algunas empresas de la UE se han asociado a efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, también en sus cadenas de valor. Los efectos adversos incluyen, en particular, cuestiones de derechos humanos, como el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la inadecuación de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la explotación de los trabajadores, y repercusiones medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Los marcos jurídicos sobre la diligencia debida de las empresas que se han estado configurando recientemente en los Estados miembros reflejan el creciente deseo de apoyar a las empresas en sus esfuerzos por actuar con la diligencia debida en sus cadenas de valor y fomentar una conducta empresarial que respete los derechos humanos, los derechos del niño y el medio ambiente. Por otra parte, también propician una fragmentación y presentan el riesgo de socavar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones para las empresas en el mercado único. La legislación de la Unión en materia de diligencia debida de las empresas promovería el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, crearía una igualdad de condiciones para las empresas dentro de la Unión y evitaría la fragmentación derivada de la actuación de los Estados miembros por sí solos. También incluiría a las empresas de terceros países que operan en el mercado de la Unión, sobre la base de un criterio de volumen de negocios similar. En este contexto, la presente Directiva establecerá un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas que operan en el mercado único al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones y a través de sus cadenas de valor, identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con una gobernanza, sistemas de gestión y medidas adecuados para este fin. En particular, la presente Directiva: 1)mejorará las prácticas de gobernanza empresarial para integrar mejor la gestión de riesgos y los procesos de mitigación de los riesgos y repercusiones para los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos aquellos derivados de las cadenas de valor, en las estrategias empresariales; 2)evitará la fragmentación de los requisitos de diligencia debida en el mercado único y creará seguridad jurídica para las empresas y las partes interesadas en lo que respecta al comportamiento y la responsabilidad previstos; 3)aumentará la responsabilidad de las empresas por los efectos adversos y garantizará la coherencia para las empresas con respecto a las obligaciones derivadas de las iniciativas de la UE existentes y propuestas en materia de conducta empresarial responsable; 4)mejorará el acceso a las vías de recurso para las personas afectadas por los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente del comportamiento empresarial; 5)al ser un instrumento horizontal centrado en los procesos empresariales, que se aplica también a la cadena de valor, la presente Directiva complementará otras medidas vigentes o propuestas que abordan directamente algunos retos específicos en materia de sostenibilidad o que se aplican en algunos sectores específicos, principalmente dentro de la Unión. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente Directiva contribuirá al pilar europeo de derechos sociales, ya que ambos promueven derechos como unas condiciones de trabajo justas. Más allá de su perspectiva externa, abordará las violaciones de las normas laborales internacionales cuando se produzcan en la Unión (por ejemplo, los casos de trabajo forzoso en la agricultura). Por lo tanto, a nivel interno, también reforzaría la protección de los trabajadores en la Unión junto con el acervo social existente y contribuiría a prevenir y combatir los abusos dentro de los Estados miembros y entre ellos. Así pues, la presente Directiva complementará el marco regulador de la UE, que actualmente no incluye un marco transparente y predecible a escala de la Unión que ayude a las empresas de la UE de todos los sectores de la economía a evaluar y gestionar los riesgos y repercusiones en materia de sostenibilidad con respecto a los principales riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, también a lo largo de sus cadenas de valor. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD Base jurídica La propuesta se basa en los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 50, apartado 1 y, en particular, apartado 2, letra g), del TFUE establece la competencia de la UE para actuar con el fin de alcanzar la libertad de establecimiento en relación con una actividad determinada, en particular «coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 54 [del TFUE], para proteger los intereses de socios y terceros». Un ejemplo de ello pueden ser las medidas de coordinación relativas a la protección de los intereses de los accionistas de las empresas y otras partes interesadas con el fin de hacerla equivalente en toda la Unión, donde las disparidades entre las normas nacionales pueden obstaculizar la libertad de establecimiento. Es posible recurrir a esta disposición si el objetivo es evitar la aparición de obstáculos actuales o futuros a la libertad de establecimiento derivados de la evolución divergente de las legislaciones nacionales. La aparición de tales obstáculos debe ser probable y la medida de que se trate debe tener por objeto su prevención. La presente propuesta regula las obligaciones de diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas y, al mismo tiempo, abarca, en la medida en que están vinculados a dicha diligencia debida, las obligaciones de los administradores de empresas y los sistemas de gestión empresarial para aplicar la diligencia debida. Por lo tanto, la propuesta se refiere a los procesos y medidas para la protección de los intereses de los miembros y las partes interesadas de las empresas. Varios Estados miembros han introducido recientemente legislación sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad, mientras que otros están en proceso de legislar o considerando la adopción de medidas. Asimismo, un número cada vez mayor de Estados miembros ha venido regulando recientemente la cuestión, exigiendo a los administradores que tengan en cuenta las repercusiones externas de la empresa, den prioridad a los intereses de las partes interesadas en sus decisiones o adopten una declaración sobre la estrategia de la empresa en materia de derechos humanos. Las leyes nuevas y emergentes en materia de diligencia debida varían considerablemente en la Unión, a pesar de la intención de todos los Estados miembros de basarse en las normas internacionales existentes (los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las normas de conducta empresarial responsable de la OCDE), y, por tanto, dan lugar a requisitos divergentes. Algunos Estados miembros han adoptado, o es probable que adopten, legislación limitada a problemas específicos de sostenibilidad en las cadenas de valor. El ámbito de aplicación personal, los requisitos básicos de diligencia debida, los regímenes de ejecución y las obligaciones conexas de los administradores difieren y pueden hacerlo aún más en el futuro. Cabe esperar que otros Estados miembros decidan no legislar en este ámbito. De este modo, la existencia de requisitos significativamente diferentes entre los Estados miembros crea una fragmentación del mercado interior. Es probable que esta fragmentación aumente con el tiempo. Esta fragmentación también puede dar lugar a una desigualdad de condiciones para las empresas en el mercado interior. En primer lugar, las empresas y sus administradores, sobre todo los de aquellas que tienen cadenas de valor transfronterizas, ya están sujetos a requisitos diferentes y probablemente estarán sujetos a requisitos aún más distintos en función del lugar en que se encuentre su domicilio social. Esto crea distorsiones de la competencia. Además, dependiendo de cómo estructuren sus operaciones en el mercado interior, algunas empresas pueden entrar simultáneamente en el ámbito de aplicación de dos o más marcos jurídicos nacionales diferentes que traten la gobernanza empresarial sostenible. Esto podría dar lugar a una duplicación de requisitos, dificultades de cumplimiento, falta de seguridad jurídica para las empresas e incluso requisitos jurídicos paralelos incompatibles entre sí. A la inversa, algunas empresas pueden no entrar en el ámbito de aplicación de ningún marco nacional por el mero hecho de no tener vínculos pertinentes, en virtud del Derecho nacional, a la jurisdicción de un Estado miembro que disponga de normas de diligencia debida, obteniendo así una ventaja sobre sus competidores. El acto propuesto tiene por objeto evitar y eliminar tales obstáculos a la libre circulación y las distorsiones de la competencia mediante la armonización de los requisitos para las empresas de llevar a cabo la diligencia debida en sus propias operaciones, filiales y cadenas de valor, así como las obligaciones conexas de los administradores. Dará lugar a unas condiciones de competencia equitativas en las que las empresas de tamaño similar y sus administradores estén sujetos a los mismos requisitos para integrar medidas de gobernanza empresarial sostenible y de diligencia debida de las empresas en sus sistemas de gestión interna, protegiendo así los intereses de las partes interesadas de la empresa de manera similar. Unas condiciones armonizadas serían beneficiosas para el establecimiento transfronterizo, incluidas las operaciones de las empresas y las inversiones, ya que facilitarían la comparación de los requisitos de sostenibilidad empresarial y la participación y, por tanto, reducirían los costes. El artículo 50 del TFUE tiene carácter de lex specialis para las medidas adoptadas con el fin de alcanzar la libertad de establecimiento. Entre las medidas propuestas, las relativas la gobernanza empresarial entran en el ámbito de aplicación de esta base jurídica, en particular la integración de la diligencia debida en las políticas de las empresas, las medidas sobre el plan de las empresas para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, en consonancia con el Acuerdo de París, y las medidas de remuneración conexas, así como las disposiciones sobre el deber de diligencia y las obligaciones de los administradores en relación con el establecimiento y la supervisión de la diligencia debida. Con el fin de abordar de manera exhaustiva los obstáculos al mercado interior descritos, el artículo 50 del TFUE se combina aquí con la disposición general del artículo 114 del TFUE. El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El legislador de la Unión puede recurrir al artículo 114 del TFUE, en particular cuando las disparidades entre las normas nacionales puedan obstaculizar las libertades fundamentales o crear distorsiones de la competencia y, por tanto, tener un efecto directo sobre el funcionamiento del mercado interior. Como se ha indicado anteriormente, las diferencias entre las distintas normas sobre gobernanza empresarial sostenible y obligaciones de diligencia debida nacionales tienen un impacto directo sobre el funcionamiento del mercado interior, y es probable que dicho impacto aumente en el futuro. Más allá de las cuestiones reguladas en el artículo 50 del TFUE, el presente acto se refiere a otros ámbitos del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. En particular, en caso de inacción del legislador de la Unión, la producción y la circulación de mercancías y servicios estarían sesgadas en beneficio de las jurisdicciones sin regímenes de diligencia debida o con regímenes menos exigentes, o de las empresas establecidas en dichas jurisdicciones, lo que afectaría considerablemente al flujo de mercancías y servicios. Además, las empresas que suministran bienes o prestan servicios, sobre todo las pymes, se enfrentarán a normas y expectativas divergentes de los clientes situados en diferentes Estados miembros. Por ejemplo, mientras que la legislación de un Estado miembro puede exigir al proveedor que lleve a cabo auditorías externas, otro Estado miembro puede exigir al mismo proveedor que participe en un régimen sectorial reconocido y en iniciativas multilaterales. Un Estado miembro puede exigir a la empresa que actúe con la diligencia debida en relación con las relaciones comerciales establecidas, mientras que otro Estado miembro puede contemplar únicamente a los proveedores directos. Esto daría lugar a una multiplicación de diferentes requisitos parcialmente incompatibles que distorsionarían la libre circulación de mercancías y servicios en la Unión. Resulta previsible que estas distorsiones y repercusiones se agraven con el tiempo, ya que cada vez más Estados miembros adoptarán legislaciones nacionales divergentes, o incluso pueden dar lugar a una carrera a la baja en las próximas legislaciones en materia de diligencia debida. Las distorsiones también son pertinentes para la responsabilidad civil en caso de daños causados en la cadena de valor de una empresa. Algunos marcos jurídicos nacionales en materia de diligencia debida incluyen un régimen expreso de responsabilidad civil vinculado al incumplimiento de la diligencia debida, mientras que otros excluyen expresamente un régimen específico de responsabilidad civil. Varias empresas han sido llevadas ante los tribunales por causar efectos adversos a nivel de sus filiales o cadenas de valor, o por no evitarlos. Actualmente, estos asuntos se resuelven sobre la base de normas distintas. A falta de normas comunes, los diferentes regímenes nacionales de responsabilidad pueden conducir a resultados diferentes en función de si existe un control de propiedad (por lo que respecta a las filiales) o un control de hecho (ya sea mediante contratos directos o cuando la empresa pueda ejercer el control mediante cascada contractual u otro tipo de apalancamiento en relaciones comerciales indirectas). Esta fragmentación daría lugar a distorsiones de la competencia en el mercado interior, ya que una empresa establecida en un Estado miembro sería objeto de reclamaciones por daños y perjuicios causados en su cadena de valor, mientras que una empresa con la misma cadena de valor estaría exenta de este riesgo financiero y de reputación debido a la divergencia de las normas nacionales. El régimen de responsabilidad civil propuesto aclararía qué normas son de aplicación en caso de que se produzcan daños en las propias operaciones de una empresa, a nivel de sus filiales y a nivel de las relaciones comerciales directas e indirectas en la cadena de valor. Además, la disposición propuesta sobre la legislación aplicable tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas armonizadas, incluidas las relativas a la responsabilidad civil, también en los casos en que la legislación aplicable a tal reclamación no sea la de un Estado miembro. Por consiguiente, será fundamental garantizar la igualdad de condiciones necesaria. Subsidiariedad En primer lugar, es poco probable que la legislación de los Estados miembros por sí sola en este ámbito sea suficiente y eficiente. En cuanto a problemas transfronterizos específicos, como la contaminación, el cambio climático, la biodiversidad, etc., la actuación individual se ve obstaculizada en caso de inacción por parte de otros Estados miembros. Es poco probable que se cumplan los compromisos internacionales, como los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de la CMNUCC, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, mediante la actuación individual de los Estados miembros por sí solos. Además, los riesgos derivados de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente presentes en las cadenas de valor de las empresas a menudo tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, la contaminación y las cadenas de suministro y de valor transnacionales). En segundo lugar, muchas empresas operan a escala de la UE o a escala mundial; las cadenas de valor se expanden a otros Estados miembros de la Unión y cada vez más a terceros países. Los inversores institucionales que invierten a través de las fronteras poseen una gran parte (38 %) de la capitalización bursátil total de las grandes empresas europeas cotizadas; por tanto, muchas empresas tienen una propiedad transfronteriza y sus operaciones se ven influidas por normativas en algunos países o por la falta de acción en otros. Esta es una de las razones por las que podría decirse que las empresas pioneras se muestran reacias a adoptar medidas adicionales para abordar las cuestiones de sostenibilidad, incluidas las de las cadenas de valor actuales, y piden una igualdad de condiciones a nivel transfronterizo. En tercer lugar, las empresas que operan en todo el mercado interior y más allá necesitan seguridad jurídica y una igualdad de condiciones para su crecimiento sostenible. Algunos Estados miembros han introducido recientemente legislación sobre la diligencia debida, mientras que otros están en proceso de legislar o considerando la adopción de medidas. Las normas, tanto vigentes como en preparación, de los Estados miembros ya presentan requisitos divergentes, y darán lugar a aún más, lo cual puede ser ineficaz y crear una situación de desigualdad de condiciones. Las divergencias entre las legislaciones en materia de diligencia debida tienen efectos indirectos considerables sobre los proveedores que suministran a diferentes empresas sujetas a leyes distintas, ya que, en la práctica, las obligaciones se traducen en cláusulas contractuales. Si los requisitos de diligencia debida difieren significativamente entre los Estados miembros, esto genera inseguridad jurídica, una fragmentación del mercado único, costes y complejidad adicionales para las empresas y sus inversores que operan a través de las fronteras, así como para otras partes interesadas. La actuación de la UE puede evitarlo y, por lo tanto, tiene valor añadido. Por último, en comparación con la actuación individual de los Estados miembros, la intervención de la UE puede garantizar una voz europea fuerte en la elaboración de políticas a escala mundial.

Proporcionalidad La carga para las empresas derivada de los costes de cumplimiento se ha adaptado al tamaño, a los recursos disponibles y al perfil de riesgo. Las empresas solo tendrán que adoptar las medidas adecuadas que guarden proporción con el nivel de gravedad y la probabilidad de los efectos adversos y que estén razonablemente al alcance de la empresa, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto —incluidas las características del sector económico y de la relación comercial específica— y de la influencia de la empresa en ellas, así como de la necesidad de garantizar la priorización de las medidas. A tal fin, el ámbito de aplicación material y personal y las disposiciones de ejecución se restringieron como se explica a continuación. Por lo que se refiere al «ámbito de aplicación personal» de las obligaciones de diligencia debida (es decir, qué categorías de empresas están incluidas), las pequeñas y medianas empresas (pymes), que incluyen a las microempresas y representan alrededor del 99 % de todas las empresas de la Unión, quedan excluidas del deber de diligencia debida. Para esta categoría de empresas, la carga financiera y administrativa de establecer y aplicar un proceso de diligencia debida sería relativamente elevada. En su mayor parte, no disponen de mecanismos de diligencia debida preexistentes, carecen de conocimientos técnicos y de personal especializado y el coste de llevar a cabo la diligencia debida las afectaría de manera desproporcionada. Sin embargo, estarán expuestas a algunos de los costes y a parte de la carga debido a las relaciones comerciales con empresas incluidas en el ámbito de aplicación, ya que se prevé que las grandes empresas repercutan las exigencias sobre sus proveedores. Por lo tanto, se necesitarán medidas de apoyo para ayudar a las pymes a desarrollar su capacidad operativa y financiera. Las empresas cuyo socio comercial sea una pyme también están obligadas a apoyarlas en el cumplimiento de los requisitos de diligencia debida, en caso de que dichos requisitos pongan en peligro la viabilidad de la pyme. Además, la cadena de valor del sector financiero no abarca a las pymes que reciben préstamos, créditos, financiación, seguros o reaseguros. Al mismo tiempo, la exposición de una pyme individual a riesgos de sostenibilidad será, como norma general, inferior a la de las empresas más grandes. Por lo tanto, las empresas muy grandes estarán incluidas en el alcance de la obligación de llevar a cabo procedimientos completos diligencia debida, también porque muchas de ellas ya disponen de determinados procesos, por ejemplo, debido a las obligaciones de información. En particular, los criterios de volumen de negocios seleccionados filtrarán aquellas que tengan el mayor impacto en la economía de la Unión. Además, la presente Directiva establece medidas para limitar la repercusión de la carga de esas grandes empresas a los proveedores más pequeños de la cadena de valor y para aplicar requisitos justos, razonables, no discriminatorios y proporcionados con respecto a las pymes. Por lo que se refiere a las empresas con un menor volumen de negocios y menos trabajadores, la obligación de diligencia debida se limita a aquellas empresas que operan en sectores de gran impacto que, al mismo tiempo, están incluidos en las orientaciones sectoriales existentes de la OCDE. Por otra parte, a pesar de que las orientaciones de la OCDE abarcan el sector financiero, este no está incluido en los sectores de gran impacto debido a sus particularidades. Esta limitación pretende crear un equilibrio entre el interés en alcanzar los objetivos de la Directiva y el interés en minimizar la carga financiera y administrativa para las empresas. Se simplificará la obligación de diligencia debida para estas empresas, ya que se centrarían únicamente en los efectos adversos graves pertinentes para su sector. Además, la obligación de diligencia debida solo se les aplicará dos años después de que finalice el período de transposición de la presente Directiva, lo que les permitirá establecer los procesos y procedimientos necesarios y beneficiarse de la cooperación de la industria, los avances tecnológicos, las normas, etc., que probablemente se vean impulsados por la fecha de aplicación más temprana para las empresas más grandes. En la medida en que la presente Directiva también abarca a las empresas de terceros países, los criterios utilizados para definir la gama de empresas de la UE y de terceros países incluidas no son los mismos, pero garantizan que las empresas de terceros países no tengan más probabilidades de entrar en el ámbito de aplicación. En el caso de las empresas de terceros países, se utiliza un umbral de volumen de negocios neto (150 millones EUR para el grupo 1 y 40 millones EUR para el grupo 2), pero todo este volumen de negocios debe generarse en la Unión. Las empresas de la UE, a su vez, deben tener un volumen de negocios neto de 150 millones EUR generado a escala mundial y cumplir asimismo un criterio relativo al número de trabajadores (más de 500 trabajadores para el grupo 1 y más de 250 trabajadores para el grupo 2). Esta diferencia de criterios utilizados se justifica por los siguientes motivos: –El criterio de volumen de negocios en la UE para las empresas de terceros países crea un vínculo con la UE. Incluir únicamente el volumen de negocios generado en la Unión está justificado porque dicho umbral, debidamente calibrado, crea un vínculo territorial entre las empresas de terceros países y la Unión por los efectos que las actividades de estas empresas pueden tener en el mercado interior de la UE, lo cual es suficiente para que el Derecho de la Unión se aplique a las empresas de terceros países. –Asimismo, la Directiva sobre la publicación de información desglosada por país, una modificación de la Directiva contable, ya ha establecido los métodos para calcular el volumen de negocios neto de las empresas de fuera de la UE, mientras que no existe ninguna metodología para calcular el número de trabajadores de las empresas de terceros países. La experiencia con la legislación francesa que regula la diligencia debida demuestra que, a falta de una definición común de «trabajador», es difícil calcular el número de trabajadores (a nivel mundial), lo que impide la identificación de las empresas de terceros países incluidas en el ámbito de aplicación y, por tanto, la aplicación efectiva de las normas. –La utilización de criterios relativos a los trabajadores y al volumen de negocios de las empresas de la UE garantizaría una mejor armonización con la propuesta de Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, que debería utilizarse para informar sobre las medidas y la política de diligencia debida de las empresas de la UE. –Si bien la Directiva abarcará a unas 13 000 empresas de la UE, sobre la base de las estimaciones de la Comisión, solo abarcará a unas 4 000 empresas de terceros países. Es muy poco probable que el hecho de que las empresas de la UE solo estén incluidas si también alcanzan el límite mínimo del número de trabajadores modifique las condiciones de competencia en el mercado interior de la UE: los dos criterios de tamaño aplicables a las empresas de la UE, aunque sean acumulativos, tendrán como resultado que se sigan incluyendo empresas relativamente más pequeñas en comparación con las empresas de fuera de la UE, debido a que, en su caso, debe tenerse en cuenta la totalidad del volumen de negocios neto mundial de la empresa. Por último, las grandes empresas de terceros países con un alto volumen de negocios en la Unión tienen la capacidad para aplicar la diligencia debida y se beneficiarán de las ventajas derivadas de la diligencia debida también en sus operaciones en otros lugares. En todos los demás aspectos, las empresas de terceros países están cubiertas por las normas de diligencia debida de la misma manera que sus homólogas de la UE (por ejemplo, por lo que se refiere al régimen aplicable a las empresas que operan en sectores de gran impacto y un período de introducción gradual idéntico para esas empresas). La armonización de las obligaciones de los administradores se limita únicamente a las empresas de la UE, por lo que las empresas de terceros países tendrán obligaciones más restringidas. El «ámbito de aplicación material» se centra y se estructura principalmente en torno a la obligación de diligencia debida de las empresas y abarca los derechos humanos y aquellos efectos adversos sobre el medio ambiente que pueden definirse claramente en determinados convenios internacionales. Las obligaciones de los administradores propuestas garantizan un estrecho vínculo con las obligaciones de diligencia debida y, por tanto, son necesarias para que la diligencia debida sea eficaz. Las obligaciones de los administradores también incluyen la aclaración de cómo se espera que los administradores cumplan con el deber de diligencia para actuar en el mejor interés de la empresa. La aplicación efectiva de la obligación de diligencia debida es fundamental para alcanzar los objetivos de la iniciativa. La presente Directiva establecerá una combinación de sanciones y responsabilidad civil. Por lo que se refiere a la aplicación privada a través de la responsabilidad civil, se utiliza un enfoque diferente con respecto a las operaciones propias de la empresa y sus filiales, por una parte, y a las relaciones comerciales, por otra. En particular, la responsabilidad civil solo se refiere a las relaciones comerciales establecidas que una empresa espera que sean duraderas, habida cuenta de su intensidad o duración, y que no representan una parte insignificante o meramente accesoria de la cadena de valor de la empresa. La empresa no debe ser responsable por no prevenir o poner fin a los daños a nivel de las relaciones comerciales indirectas si ha utilizado una cascada contractual y garantías y ha adoptado medidas para verificar su cumplimiento, a menos que, en las circunstancias del caso, no sea razonable esperar que las medidas adoptadas, también en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento, sean adecuadas para prevenir, mitigar y eliminar los efectos adversos o minimizar su alcance. Además, al evaluar la existencia y el alcance de la responsabilidad, deben tenerse debidamente en cuenta los esfuerzos de la empresa —en la medida en que estén directamente relacionados con los daños en cuestión— por cumplir las medidas correctivas que les exija una autoridad de control, las inversiones realizadas y cualquier apoyo específico prestado, así como cualquier colaboración con otras entidades para hacer frente a los efectos adversos en sus cadenas de valor. Este enfoque de responsabilidad civil también limitará el riesgo de litigio excesivo. Las medidas relacionadas con la aplicación pública de la obligación de diligencia debida no van más allá de lo necesario. La presente Directiva aclara que toda sanción impuesta por el incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida debe ser proporcionada. Si las autoridades públicas que investigan el cumplimiento de la presente Directiva por parte de la empresa detectan un incumplimiento, deben concederle primero un plazo adecuado para adoptar medidas correctivas. La Directiva establece un número limitado de sanciones que deben aplicarse en todos los Estados miembros, pero deja en manos de estos garantizar un proceso de cumplimiento proporcionado, en consonancia con su legislación nacional. Cuando se impongan sanciones pecuniarias, estas se basarán en el volumen de negocios de la empresa, a fin de garantizar su proporcionalidad. Además, la presente Directiva no conlleva costes innecesarios para la Unión, los Gobiernos nacionales ni las autoridades regionales o locales. La Directiva dejará en manos de los Estados miembros decidir la manera de organizar la aplicación. Las autoridades existentes pueden llevar a cabo la supervisión. Para reducir los costes (por ejemplo, a la hora de supervisar a las empresas de terceros países que operan en varios Estados miembros) y mejorar la supervisión, la coordinación, la investigación y el intercambio de información, la Comisión creará una Red Europea de Autoridades de Control. La presente Directiva permite la cooperación empresarial, el uso de regímenes sectoriales y las iniciativas multilaterales para reducir el coste del cumplimiento de la presente Directiva para las empresas. Elección del instrumento El instrumento propuesto es una Directiva, ya que el artículo 50 del TFUE constituye la base jurídica de la legislación en materia de Derecho de sociedades en lo que respecta a la protección de los intereses de los miembros de las empresas y otras partes interesadas, con el fin de hacerla equivalente en toda la Unión. El artículo 50 del TFUE autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo a actuar mediante directivas. La Comisión adoptará actos delegados que establezcan los criterios para la divulgación de información por parte de las empresas de terceros países sobre la diligencia debida.

Con el fin de prestar apoyo a las empresas y a las autoridades de los Estados miembros sobre la manera en que las empresas deben cumplir sus obligaciones de diligencia debida, la Comisión, en caso necesario en consulta con los organismos europeos pertinentes, los organismos internacionales con experiencia en la aplicación de la diligencia debida y otros, puede publicar directrices. También pueden utilizarse directrices para esbozar cláusulas contractuales tipo no vinculantes que las empresas puedan utilizar cuando la obligación se aplique en cascada en su cadena de valor. Además, la Comisión puede establecer otras medidas de apoyo basadas en las medidas y los instrumentos de la UE existentes para apoyar la aplicación de la diligencia debida en la Unión y en terceros países, incluida la facilitación de iniciativas conjuntas de las partes interesadas para ayudar a las empresas a cumplir sus obligaciones y apoyar de alguna otra manera a las pymes afectadas por la presente Directiva. Esto puede complementarse con instrumentos de cooperación al desarrollo de la UE para apoyar a los Gobiernos de terceros países y a los operadores económicos de terceros países situados en eslabones anteriores de la cadena para hacer frente a los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus operaciones y sus relaciones comerciales aguas arriba. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Consultas con las partes interesadas Con arreglo a lo previsto en las directrices para la mejora de la legislación, se han llevado a cabo varias actividades de consulta: –la evaluación inicial de impacto (hoja de ruta), que recibió 114 comentarios; –la consulta pública abierta, que recibió 473 461 respuestas y 122 785 firmas de ciudadanos, la gran mayoría de las cuales se presentaron a través de campañas con cuestionarios precumplimentados, y 149 documentos de posición; –una consulta específica con los interlocutores sociales; –una serie de talleres y reuniones con las partes interesadas; por ejemplo, una reunión del Grupo informal de expertos en Derecho de sociedades (ICLEG, por sus siglas en inglés), compuesto principalmente por académicos del Derecho de sociedades, y una reunión con representantes de los Estados miembros en el Grupo de Expertos en Derecho de Sociedades (CLEG, por sus siglas en inglés); y –conferencias y reuniones con asociaciones empresariales, empresas individuales, incluidos los representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes), la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, así como organizaciones internacionales, como la OCDE. En general, las actividades de consulta mostraron que las partes interesadas reconocen ampliamente la necesidad de un marco jurídico de la UE para la diligencia debida. En particular, las grandes empresas de todo tipo pidieron una mayor armonización en el ámbito de la diligencia debida para mejorar la seguridad jurídica y crear una igualdad de condiciones. Los ciudadanos y las asociaciones de la sociedad civil consideraron que el marco regulador actual es ineficaz para garantizar la responsabilidad de las empresas por los efectos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La gran mayoría de los participantes en la consulta pública abierta, incluida la mayoría de los Estados miembros participantes, se mostraron a favor de un enfoque horizontal de la diligencia debida sobre un enfoque sectorial o temático. Las empresas indicaron que temían la existencia de un riesgo de desventajas competitivas frente a las empresas de terceros países que no tienen las mismas obligaciones. En consecuencia, la mayoría de los consultados coincidieron en que las normas de diligencia debida también deben aplicarse a las empresas de terceros países que no estén establecidas en la UE pero que lleven a cabo actividades de cierta escala en la UE. En lo que respecta a un mecanismo de ejecución que acompañe a la obligación de diligencia debida, todos los grupos de partes interesadas que respondieron a la consulta pública abierta indicaron por mayoría que la supervisión por parte de las autoridades nacionales competentes con un mecanismo de cooperación/coordinación de la UE es la opción más adecuada. La mayoría de los consultados de todos los grupos de partes interesadas consideraron que las normas vinculantes con objetivos eran la opción que implicaba más costes, pero también los mayores beneficios en general. Aunque la mayoría de los consultados percibieron el impacto positivo en terceros países, un subgrupo de participantes teme un posible impacto negativo de las normas de diligencia debida sobre los terceros países si las empresas que invierten en terceros países con deficiencias en el ámbito de los derechos humanos, incluidos los sociales y laborales, y la protección del medio ambiente, tuviesen que retirarse de estos países. En el anexo 2 del informe de evaluación de impacto figura información detallada sobre la estrategia de consulta y las conclusiones de las consultas con las partes interesadas. Obtención y uso de asesoramiento especializado Para respaldar el análisis de las diferentes opciones, la Comisión adjudicó contratos de apoyo a expertos externos para realizar un estudio sobre los requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro y un estudio sobre las obligaciones de los administradores y la gobernanza empresarial sostenible. Estos expertos trabajaron en estrecha cooperación con la Comisión durante las distintas fases del estudio. Además de mediante estos estudios de apoyo, se recabaron conocimientos especializados adicionales a través de una investigación documental y de las respuestas a las consultas a las partes interesadas. Junto con los estudios de apoyo, las reuniones de grupos de expertos y las consultas con las partes interesadas antes mencionados, la Comisión también prestó especial atención a la Resolución pertinente del Parlamento Europeo y a las Conclusiones del Consejo. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, se formularon recomendaciones para la Comisión en materia de diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, y se pidió a la Comisión que propusiera normas de la Unión para una obligación global de diligencia debida de las empresas. En las Conclusiones del Consejo sobre los derechos humanos y el trabajo digno en las cadenas de suministro mundiales, de 1 de diciembre de 2020, se solicitó a la Comisión que presentara una propuesta de marco jurídico de la UE sobre gobernanza empresarial sostenible que incluyera obligaciones de diligencia debida de las empresas en los distintos sectores que conforman las cadenas de suministro mundiales. Evaluación de impacto

El análisis de la evaluación de impacto abordó en sentido amplio el problema derivado de la necesidad de reforzar la sostenibilidad en los sistemas de gestión y gobernanza empresarial, con dos dimensiones: 1) los intereses de las partes interesadas y los riesgos (de sostenibilidad) para las empresas relacionados con las partes interesadas no se tienen suficientemente en cuenta en los sistemas y decisiones de gestión de riesgos empresariales; 2) las empresas no mitigan suficientemente sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente y no disponen de gobernanza, sistemas de gestión ni medidas adecuados para mitigar sus efectos nocivos. Tras considerar diferentes opciones políticas, principalmente en los ámbitos de la obligación de diligencia debida de las empresas y las obligaciones de los administradores, la evaluación de impacto propuso un paquete de opciones políticas preferidas relacionadas con tres elementos: la diligencia debida de las empresas, las obligaciones de los administradores y la remuneración, que se complementan entre sí. El proyecto de evaluación de impacto se remitió al Comité de Control Reglamentario de la Comisión el 9 de abril de 2021. A raíz del dictamen negativo del Comité, el 8 de noviembre de 2021 se presentó al Comité una evaluación de impacto revisada para un segundo dictamen. Si bien se observa la revisión significativa del informe en respuesta al primer dictamen del Comité, este emitió un segundo dictamen negativo el 26 de noviembre de 2021, en el que subrayaba la necesidad de orientación política sobre si la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible podría seguir adelante y en qué condiciones. El Comité mantuvo su dictamen negativo porque consideró que el informe de evaluación de impacto 1) no abordaba suficientemente la descripción del problema ni aportaba pruebas convincentes de que las empresas de la UE, en particular las pymes, no reflejan ya suficientemente los aspectos de sostenibilidad o no tienen incentivos suficientes para hacerlo; 2) no presentaba de forma suficiente un ámbito de aplicación de las opciones políticas ni identificaba o evaluaba plenamente las opciones políticas clave; 3) no evaluaba las repercusiones de forma completa, equilibrada y neutra y reflejaba incertidumbre respecto de la materialización de las ventajas, y 4) no demostraba lo suficiente la proporcionalidad de la opción preferida. Por consiguiente, con el fin de abordar las observaciones del segundo dictamen negativo del Comité, la evaluación de impacto se complementa con un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el seguimiento del dictamen del Comité que proporciona aclaraciones y pruebas adicionales sobre los ámbitos para los que el Comité había presentado sugerencias de mejora específicas. De conformidad con las normas de la Comisión para la mejora de la legislación, se requiere un dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario para que un expediente pase a la fase de adopción. Sin embargo, el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva puede permitir la continuación de los preparativos de una iniciativa que haya sido objeto de un segundo dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario. Es importante destacar que los dictámenes del Consejo de Control Reglamentario son una evaluación de la calidad de la evaluación de impacto y no una evaluación de la propuesta legislativa correspondiente. La Comisión, también a la luz del acuerdo del vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, ha considerado oportuno proceder con la iniciativa por los siguientes motivos: –la importancia política de esta iniciativa para la prioridad política de la Comisión de «una economía al servicio de las personas», también en el contexto del paquete sobre finanzas sostenibles y el Pacto Verde Europeo, y –la urgencia de acción en el ámbito de la diligencia debida de la cadena de valor como contribución a la transición hacia la sostenibilidad, y para abordar el riesgo de una creciente fragmentación del mercado único, así como la opinión de que –las aclaraciones y pruebas adicionales aportadas abordaron satisfactoriamente las deficiencias de la evaluación de impacto detectadas por el Comité de Control Reglamentario y que se tuvieron en cuenta en la propuesta legislativa adaptada. Por lo que se refiere a su importancia y urgencia, la Comisión también tomó nota de que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión incluyeron la iniciativa en las prioridades políticas conjuntas para 2022. Tras un análisis minucioso de las conclusiones del Comité y teniendo en cuenta las reflexiones sobre las aclaraciones y pruebas adicionales aportadas, la Comisión considera que la propuesta, que se ha revisado considerablemente en comparación con el paquete de opciones políticas presentado en la evaluación de impacto, todavía permite avanzar de manera decisiva hacia el objetivo general de aprovechar mejor el potencial del mercado único para contribuir a la transición hacia una economía sostenible y fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a largo plazo. La Directiva es más concreta y específica en comparación con la opción preferida descrita en el proyecto de evaluación de impacto. Su esencia es la obligación de diligencia debida, al tiempo que reduce de manera significativa las obligaciones de los administradores al vincularlas estrechamente a la obligación de diligencia debida. Además, se adapta el alcance de la diligencia debida. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto, que presenta el curso dado al dictamen del Comité de Control Reglamentario junto con información adicional, se ofrece una descripción detallada de las adaptaciones introducidas en el paquete de opciones preferidas de la evaluación de impacto. En resumen, el «ámbito de aplicación personal», es decir, qué categorías de empresas están incluidas, se ha reducido considerablemente a raíz de las reflexiones suscitadas por las observaciones del Comité sobre la descripción del problema, en particular por lo que se refiere a las pymes, y sobre la proporcionalidad de la opción preferida. Concretamente, las pymes se han excluido por completo del ámbito de aplicación y la cobertura de los sectores de gran impacto ha cambiado para incluir únicamente a las empresas con más de 250 trabajadores y un volumen de negocios neto mundial superior a 40 millones EUR, mientras que las grandes empresas que superan, al mismo tiempo, tanto los 500 trabajadores como el límite del volumen de negocios neto mundial de 150 millones EUR entran en el ámbito de aplicación con independencia de sus sectores de actividad económica. Los sectores de gran impacto se definen directamente en el texto, lo que también refleja las observaciones del Comité en lo que se refiere a la técnica legislativa. La definición de los sectores de gran impacto se ha limitado a los sectores con alto riesgo de efectos adversos y para los que existen orientaciones de la OCDE. En el caso de las empresas de mediana capitalización en sectores de gran impacto, las normas empezarán a aplicarse tras un período transitorio de dos años para permitir un período de adaptación más largo. Además, las obligaciones de diligencia debida de estas empresas se limitan únicamente a las repercusiones graves pertinentes para su sector. Para alcanzar los objetivos de la iniciativa de manera eficaz, el ámbito de aplicación de la presente propuesta incluye a las empresas de terceros países. Solo están cubiertas las empresas de fuera de la UE que tengan un vínculo directo con el mercado de la Unión y que cumplan el umbral de volumen de negocios similar al de las empresas de la UE, pero dentro del mercado de la Unión. Además, se enfrentarán a las mismas obligaciones en materia de diligencia debida que las respectivas empresas de la UE. La Directiva también indica que es necesario un apoyo accesible y práctico para que las empresas, en particular las pymes de la cadena de valor, se preparen para cumplir las obligaciones (o las consiguientes exigencias que se puedan repercutir indirectamente sobre ellas). Esto podría incluir orientaciones prácticas y herramientas de apoyo, como líneas directas, bases de datos o formación, así como la creación de un observatorio para ayudar a las empresas en la aplicación de la Directiva. Además, la cláusula de revisión hace referencia explícita al ámbito de aplicación personal de la Directiva (es decir, las categorías de empresas incluidas), que debe revisarse a la luz de las experiencias prácticas con la aplicación de la legislación. Otras medidas de mitigación para reducir el impacto indirecto sobre las pymes forman parte de las obligaciones de las empresas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación material (es decir, lo que abarca), se ha mantenido un instrumento transversal que abarca los derechos humanos y las repercusiones medioambientales. Esto refleja el fuerte consenso entre los grupos de partes interesadas con respecto a la necesidad de un marco horizontal para abordar los problemas detectados. Por otra parte, el Comité observó que la evaluación de impacto no era suficientemente clara con respecto a la necesidad de regular las obligaciones de los administradores además de los requisitos de diligencia debida. Por consiguiente, la Comisión decidió abordar esta cuestión apartándose del paquete de opciones preferidas en la evaluación de impacto y centrándose en el elemento relativo a las obligaciones de los administradores, también a la luz de las normas internacionales vigentes, en materia de diligencia debida y deber de diligencia. Esto incluye las obligaciones de los administradores en relación con el establecimiento y la supervisión de la aplicación de procesos y medidas de diligencia debida de las empresas, el establecimiento de un código de conducta a tal efecto, así como la integración de la diligencia debida en la estrategia empresarial. A fin de reflejar plenamente el papel de los administradores a la luz de las obligaciones de diligencia debida de las empresas, también se aclara el deber general de los administradores de velar por la empresa, que está presente en el Derecho de sociedades de todos los Estados miembros, estableciendo que, a la hora de cumplir su deber de actuar en el mejor interés de la empresa, los administradores deben tener en cuenta las cuestiones de sostenibilidad de la propuesta de Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, incluidos, cuando proceda, los derechos humanos, el cambio climático y las consecuencias medioambientales, a corto, medio y largo plazo. No se mantienen las obligaciones de mayor alcance específicas de los administradores que se habían presentado en la evaluación de impacto. Esto garantizará que la propuesta cumpla su objetivo sin dejar de ser proporcionada. Por lo que se refiere a las observaciones del Comité, la presente exposición de motivos y los considerandos de la propuesta legislativa contienen explicaciones exhaustivas de las decisiones políticas adoptadas. Si bien la evaluación de impacto presentada al Comité y el dictamen del Comité se han publicado sin cambios, se ha elaborado un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta para proporcionar pruebas y aclaraciones adicionales, el cual da seguimiento a las observaciones del Comité, también en lo que respecta a las pruebas. El presente documento aborda, en particular, lo siguiente: 1.Descripción del problema: –la escala y la evolución de los problemas medioambientales y de sostenibilidad directamente relacionados con la aparente ausencia o el uso insuficiente de prácticas de gestión de la sostenibilidad empresarial por parte de las empresas de la Unión que se pretende abordar con la presente Directiva y el valor añadido de la Directiva en relación con el paquete global de medidas para promover la sostenibilidad en el marco del Pacto Verde; –por qué la dinámica competitiva y del mercado, junto con la evolución ulterior de las estrategias empresariales y los sistemas de gestión de riesgos de las empresas, se considera insuficiente y en lo relativo al supuesto vínculo causal entre el uso de herramientas de sostenibilidad empresarial y su efecto práctico a la hora de abordar los problemas.

2.Repercusiones de la opción preferida: –cuestiones relacionadas con terceros países, integrando las observaciones i) sobre la evolución prevista en terceros países (también teniendo en cuenta las medidas de apoyo al comercio y al desarrollo de la UE e internacionales) y ii) sobre las repercusiones en terceros países y sobre los proveedores ubicados en ellos; –el mecanismo de ejecución, ampliando aún más el valor añadido de un sistema de ejecución de dos pilares basado en la ejecución administrativa y la responsabilidad civil; –repercusiones en la competencia y la competitividad. Adecuación regulatoria y simplificación Las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, no entran en el ámbito de aplicación y los efectos indirectos sobre ellas se mitigarán a través de medidas de apoyo y directrices a escala de la Unión y de los Estados miembros, así como en las relaciones entre empresas con el uso de cláusulas contractuales tipo y mediante requisitos de proporcionalidad para el socio comercial de mayor tamaño. Derechos fundamentales Como se explica en la evaluación de impacto y sobre la base de las pruebas existentes, los requisitos obligatorios de diligencia debida pueden tener beneficios significativos para la protección y la promoción de los derechos fundamentales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene ninguna incidencia directa en el presupuesto de la Unión. 5.OTROS ELEMENTOS Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Comisión creará una Red Europea de Autoridades de Control para ayudar en la aplicación de la presente Directiva. Esta red estará compuesta por representantes de las autoridades de control designadas por los Estados miembros a las que, en caso necesario, se sumarán otras agencias de la Unión que cuenten con la experiencia pertinente en los ámbitos que abarca la presente Directiva, para garantizar el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones de diligencia debida, con el fin de facilitar y garantizar la coordinación y la convergencia de las prácticas de regulación, de investigación, de sanción y de control, así como el intercambio de información entre dichas autoridades de control. Transcurridos siete años desde el final del período de transposición, la Comisión informará sobre la aplicación de la presente Directiva, incluida su eficacia, entre otros aspectos. El informe irá acompañado, cuando proceda, de una propuesta legislativa. Con el fin de aportar claridad y apoyo a las empresas y a los Estados miembros en la aplicación de la Directiva, la Comisión publicará orientaciones cuando sea necesario. Documentos explicativos A fin de garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva, sería necesario un documento explicativo, por ejemplo, en forma de tablas de correspondencia. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El artículo 1 establece el objeto de la Directiva, es decir, establecer normas sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas en relación con los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, con respecto a sus propias operaciones, las operaciones de sus filiales y las operaciones de la cadena de valor llevadas a cabo mediante las relaciones comerciales establecidas; la disposición también especifica que la presente Directiva establece normas sobre la responsabilidad en caso de incumplimiento de la obligación de diligencia debida. El artículo 2 establece el ámbito de aplicación personal de la Directiva y establece los criterios sobre cuya base un Estado miembro es competente para regular los aspectos cubiertos por la presente Directiva.

El artículo 3 contiene las definiciones a efectos de la presente Directiva. El artículo 4 exige a los Estados miembros que velen por que las empresas ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente mediante el cumplimiento de los requisitos específicos mencionados en los artículos 5 a 11 de la Directiva. El artículo 5 exige a los Estados miembros que velen por que las empresas integren la diligencia debida en todas las políticas empresariales y por que implanten una política de diligencia debida que se actualice anualmente. La disposición especifica que esta política debe incluir una descripción del enfoque aplicado por la empresa a la diligencia debida, de un código de conducta al que deben ajustarse los trabajadores y las filiales de la empresa, así como de los procesos establecidos para aplicar la diligencia debida. El artículo 6 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar que las empresas adopten las medidas adecuadas para detectar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente que se deriven de sus propias actividades y de las de sus filiales, así como de sus relaciones comerciales establecidas, directas o indirectas, de su cadena de valor. El artículo 7 establece el requisito de que los Estados miembros garanticen que las empresas adopten las medidas adecuadas para prevenir los efectos adversos potenciales detectados de conformidad con el artículo 6, o para mitigar adecuadamente dichos efectos, cuando la prevención no sea posible o requiera una aplicación gradual. El artículo 8 establece la obligación de los Estados miembros de velar por que las empresas adopten las medidas adecuadas para eliminar los efectos adversos reales sobre los derechos humanos y el medio ambiente que hayan detectado o podrían haberlo hecho de conformidad con el artículo 6. Cuando no pueda eliminarse un efecto adverso que se haya producido a nivel de las relaciones comerciales establecidas, directas o indirectas, los Estados miembros deben velar por que las empresas minimicen su alcance. El artículo 9 establece la obligación de los Estados miembros de velar por que las empresas ofrezcan la posibilidad de presentar denuncias a la empresa cuando alberguen inquietudes legítimas en relación con esos efectos adversos potenciales o reales, también en la cadena de valor de la empresa. Las empresas deben conceder esta posibilidad a las personas que se vean afectadas o que tengan motivos fundados para creer que podrían verse afectadas por un efecto adverso, a los sindicatos y otros representantes de los trabajadores que representen a las personas que trabajan en la cadena de valor afectada y a las organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito en cuestión. El artículo 10 introduce la obligación de los Estados miembros de exigir que las empresas lleven a cabo evaluaciones periódicas de la aplicación de sus medidas de diligencia debida para verificar que los efectos adversos se detectan debidamente y que se aplican medidas preventivas o correctivas, así como para determinar en qué medida se han prevenido, eliminado o minimizado los efectos adversos. El artículo 11 establece la obligación de los Estados miembros de velar por que las empresas que no estén sujetas a los requisitos de información de la Directiva 2013/34/UE informen de los aspectos regulados por la presente Directiva y publiquen una declaración anual en su sitio web. El artículo 12 establece la obligación de la Comisión de adoptar orientaciones sobre las cláusulas contractuales tipo no vinculantes para ayudar a las empresas a cumplir el artículo 7, apartado 2, letra b), y el artículo 8, apartado 3, letra c). El artículo 13 establece la posibilidad de que la Comisión, con el fin de prestar apoyo a las empresas o a las autoridades de los Estados miembros con respecto a la forma en que las empresas deben cumplir sus obligaciones de diligencia debida, emita directrices, para sectores o efectos adversos específicos, en consulta con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente y, cuando proceda, con organismos internacionales con experiencia en materia de diligencia debida. El artículo 14 exige a los Estados miembros y a la Comisión que faciliten medidas de acompañamiento a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y a los agentes de las cadenas de valor mundiales que se vean indirectamente afectados por las obligaciones de la Directiva. Este apoyo puede ir desde la gestión de sitios web, portales o plataformas especializados hasta la asistencia financiera para las pymes y la facilitación de iniciativas conjuntas de las partes interesadas. Esta disposición aclara, además, que las empresas pueden recurrir a regímenes sectoriales e iniciativas multilaterales para apoyar la aplicación de la diligencia debida y que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, puede emitir orientaciones para evaluar la adecuación de dichos regímenes. El artículo 15 exige a los Estados miembros velar por que determinadas empresas adopten un plan para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C en consonancia con el Acuerdo de París. El artículo 16 introduce la obligación de que las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un tercer país y que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, con arreglo al artículo 2, apartado 2, designen a un representante autorizado, suficientemente habilitado y establecido en la Unión para que las autoridades competentes de los Estados miembros dirijan a él todas las cuestiones necesarias para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de los actos jurídicos adoptados en relación con la presente Directiva. El artículo 17 establece el requisito de que los Estados miembros designen a una o varias autoridades de control nacionales para que garanticen que las empresas cumplan sus obligaciones de diligencia debida, así como la obligación que les incumbe en virtud del artículo 15, apartados 1 y 2, y ejerzan las competencias para hacer cumplir dichas obligaciones de conformidad con el artículo 18. El artículo 18 establece las competencias y los recursos adecuados de las autoridades de control designadas por los Estados miembros para desempeñar sus funciones de control y ejecución. El artículo 19 establece el requisito de que los Estados miembros velen por que toda persona física o jurídica que tenga motivos para creer, a partir de circunstancias objetivas, que una empresa no cumple adecuadamente las disposiciones de la presente Directiva tenga derecho a exponer a las autoridades de control sus inquietudes fundadas, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, su domicilio social o su lugar de trabajo o en el que se haya producido la presunta infracción. El artículo 20 dispone que los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones serán efectivas, disuasorias y proporcionadas. Los Estados miembros velarán por que se publique toda decisión de las autoridades de control que contenga sanciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. El artículo 21 introduce una Red Europea de Autoridades de Control compuesta por representantes de las autoridades de control nacionales a que se refiere el artículo 16, con el fin de facilitar y garantizar la coordinación y la armonización de las prácticas de regulación, de investigación, de sanciones y de control, así como el intercambio de información entre dichas autoridades de control. El artículo 22 establece el requisito de que los Estados miembros establezcan normas que regulen la responsabilidad civil de la empresa por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en condiciones específicas. Asimismo, introduce la obligación de los Estados miembros de garantizar que la responsabilidad contemplada en los apartados 1 a 3 de este artículo no se deniegue por el mero hecho de que la ley aplicable a tales denuncias no sea la de un Estado miembro.

El artículo 23 establece la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, a la denuncia de todas las infracciones de la presente Directiva y a la protección de las personas que las denuncien. El artículo 23 aclara las condiciones de la ayuda pública a las empresas. El artículo 25 aclara el deber de diligencia de los administradores. El artículo 26 establece la obligación de los administradores de las empresas de la UE de poner en marcha y supervisar la aplicación de los procesos y medidas de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y de adaptar la estrategia de la empresa a la diligencia debida. El artículo 27 modifica el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937. El artículo 28 establece las normas relativas a los actos delegados. El artículo 29 contiene una disposición sobre la revisión de la presente Directiva. El artículo 30 contiene disposiciones sobre la transposición de la Directiva. El artículo 31 fija la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. El artículo 32 establece los destinatarios de la presente Directiva. Las listas que figuran en el anexo especifican los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente pertinentes para la presente Directiva, a fin de abarcar la violación de los derechos y prohibiciones, incluidos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos (parte I, sección 1), los convenios sobre derechos humanos y libertades fundamentales (parte I, sección 2) y la violación de los objetivos y prohibiciones reconocidos internacionalmente e incluidos en los convenios medioambientales (parte II). 2022/0051 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 50, apartado 1 y apartado 2, letra g), y su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Unión se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Estos valores fundamentales que han inspirado la propia creación de la Unión, así como la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, deben guiar la acción de la Unión en la escena internacional. Esta acción incluye el fomento del desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de los países en vías de desarrollo. (2)Un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la promoción de los valores fundamentales europeos figuran entre las prioridades de la Unión, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo. Estos objetivos requieren la participación no solo de las autoridades públicas, sino también de los agentes privados, especialmente de las empresas. (3)En su Comunicación sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas, la Comisión se comprometió a modernizar la economía social de mercado europea para lograr una transición justa hacia la sostenibilidad. La presente Directiva contribuirá asimismo al pilar europeo de derechos sociales, que promueve unos derechos que garantizan unas condiciones de trabajo justas. Forma parte de las políticas y estrategias de la UE relativas a la promoción del trabajo digno en todo el mundo, también en las cadenas de valor mundiales, tal como se menciona en la Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno en todo el mundo. (4)El comportamiento de las empresas de todos los sectores de la economía es clave para el éxito de los objetivos de sostenibilidad de la Unión, ya que las empresas de la Unión, especialmente las grandes, dependen de las cadenas de valor mundiales. También redunda en interés de las empresas proteger los derechos humanos y el medio ambiente, en particular habida cuenta de la creciente preocupación de los consumidores y los inversores respecto de estos temas. Varias iniciativas de fomento de las empresas que apoyan una transformación orientada al valor ya existen a tanto a escala de la Unión como a escala nacional. (5)Las normas internacionales vigentes sobre conducta empresarial responsable especifican que las empresas deben proteger los derechos humanos y establecen cómo deben abordar la protección del medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos reconocen la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones sobre los derechos humanos y dando cuenta de cómo abordan dichos efectos. Estos Principios Rectores establecen que las empresas deben evitar vulnerar los derechos humanos y abordar los efectos adversos sobre estos derechos que hayan causado, a los que hayan contribuido o a los estén vinculadas sus propias operaciones, sus filiales y sus relaciones comerciales directas e indirectas. (6)El concepto de diligencia debida en materia de derechos humanos se especificó y se abordó más a fondo en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que ampliaron la aplicación de la diligencia debida a cuestiones medioambientales y de gobernanza. La Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable y las guías sectoriales son marcos reconocidos internacionalmente que establecen medidas prácticas de diligencia debida para ayudar a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan las repercusiones reales y potenciales en sus operaciones, cadenas de valor y otras relaciones comerciales. El concepto de diligencia debida también está integrado en las recomendaciones de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (7)Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, incluyen el objetivo de promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. La Unión se ha fijado el objetivo de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El sector privado contribuye a estos objetivos. (8)Los acuerdos internacionales en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que son partes la Unión y los Estados miembros, tales como el Acuerdo de París y el reciente Pacto de Glasgow para el Clima, establecen vías precisas para hacer frente al cambio climático y limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Además de las acciones específicas que se esperan de todas las Partes signatarias, el papel del sector privado, especialmente sus estrategias de inversión, se considera fundamental para alcanzar estos objetivos. (9)En la «Legislación europea sobre el clima», la Unión también se comprometió jurídicamente a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y a reducir las emisiones en, al menos, un 55 % de aquí a 2030. Ambos compromisos exigen cambiar la forma en que las empresas producen y contratan. El Plan del Objetivo Climático para 2030 de la Comisión presenta distintos grados de reducción de las emisiones exigidos en diferentes sectores económicos, aunque todos ellos requieren reducciones considerables en todos los escenarios para que la Unión cumpla sus objetivos climáticos. Asimismo, el plan subraya que «introducir cambios en las normas y prácticas de gobernanza empresarial, especialmente con relación a las finanzas sostenibles, hará que los dueños y los gestores de las empresas prioricen los objetivos de sostenibilidad en sus acciones y estrategias». En la Comunicación de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo se establece que todas las acciones y políticas de la Unión deben converger para contribuir al éxito de la UE en su transición justa hacia un futuro sostenible. También se establece que la sostenibilidad debe integrarse aún más en el marco de gobernanza empresarial. (10)De acuerdo con la Comunicación de la Comisión «Forjar una Europa resiliente al cambio climático», en la que se presenta la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, las nuevas decisiones sobre inversiones y políticas deben basarse en el clima y ser válidas para el futuro, también en el caso de las empresas más grandes que gestionan cadenas de valor. La presente Directiva debe ser coherente con dicha estrategia. Del mismo modo, debe ser coherente con la Directiva [...] de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza (Directiva sobre requisitos de capital), que establece requisitos claros para las normas de gobernanza de los bancos, incluido el conocimiento de los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza a nivel de consejo de administración. (11)El Plan de acción para la economía circular, la Estrategia sobre Biodiversidad, la Estrategia «de la granja a la mesa», la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas, la Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa, la industria 5.0, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la revisión de la política comercial de 2021 incluyen una iniciativa sobre gobernanza empresarial sostenible entre sus elementos. (12)La presente Directiva es coherente con el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024. Este Plan de Acción define como prioridad reforzar el compromiso de la Unión con el fin de promover activamente la aplicación a escala mundial de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y otras directrices internacionales pertinentes, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en particular promoviendo las normas pertinentes de diligencia debida. (13)El Parlamento Europeo, en su Resolución de 10 de marzo de 2021, pide a la Comisión que proponga normas de la Unión para una obligación global de diligencia debida de las empresas. En las Conclusiones del Consejo sobre los derechos humanos y el trabajo digno en las cadenas de suministro mundiales, de 1 de diciembre de 2020, se solicitó a la Comisión que presentara una propuesta de marco jurídico de la Unión sobre gobernanza empresarial sostenible que incluyera obligaciones de diligencia debida de las empresas en los distintos sectores que conforman las cadenas de suministro mundiales. El Parlamento Europeo pide asimismo que se aclaren las obligaciones de los administradores en su informe de propia iniciativa, aprobado el 2 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza empresarial sostenible. En su Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2022, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión se han comprometido a lograr una economía al servicio de las personas y a mejorar el marco reglamentario sobre la gobernanza empresarial sostenible. (14)La presente Directiva tiene por objeto garantizar que las empresas que operan en el mercado interior contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la identificación, prevención, mitigación, eliminación y minimización de los efectos adversos potenciales o reales sobre los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, sus filiales y sus cadenas de valor. (15)Las empresas deben dar los pasos adecuados para establecer y aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus propias operaciones, sus filiales y sus relaciones comerciales establecidas, directas e indirectas, a lo largo de sus cadenas de valor, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. La presente Directiva no debe exigir a las empresas que garanticen, en cualquier circunstancia, que nunca se producirán efectos adversos o que serán eliminados. Por ejemplo, con respecto a las relaciones comerciales en las que los efectos adversos se derivan de la intervención del Estado, la empresa podría no estar en condiciones de llegar a tales resultados. Por lo tanto, las principales obligaciones de la presente Directiva deben ser «obligaciones de medios». La empresa debe adoptar las medidas adecuadas de las que quepa esperar razonablemente que den lugar a la prevención o la minimización de los efectos adversos en las circunstancias del caso concreto. Deben tenerse en cuenta las particularidades de la cadena de valor de la empresa, el sector o la zona geográfica en la que operen sus socios de la cadena de valor, el poder de la empresa para influir en sus relaciones comerciales directas e indirectas y la posibilidad, por parte de la empresa, de aumentar su poder de influencia. (16)El proceso de diligencia debida establecido en la presente Directiva debe abarcar las seis etapas definidas en la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, que incluye medidas de diligencia debida para que las empresas identifiquen y aborden los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esto abarca las siguientes etapas: 1) integrar la diligencia debida en las políticas y los sistemas de gestión, 2) identificar y evaluar los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, 3) prevenir, interrumpir o minimizar los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, 4) evaluar la eficacia de las medidas, 5) comunicar, 6) proporcionar reparación. (17)Los efectos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente se producen en las propias operaciones de la empresa, sus filiales, sus productos y sus cadenas de valor, en particular a nivel del abastecimiento de materias primas, la fabricación o la eliminación de productos o residuos. Para que la diligencia debida tenga un impacto significativo, debe abarcar los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente generados a lo largo de todo el ciclo de vida de producción, utilización y eliminación del producto o la prestación de servicios, a nivel de sus propias operaciones, filiales y cadenas de valor.

(18)La cadena de valor debe abarcar las actividades relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos el desarrollo del producto o el servicio y la utilización y la eliminación del producto, así como las actividades conexas de las relaciones comerciales establecidas de la empresa. Debe abarcar las relaciones comerciales establecidas de fases anteriores, directas e indirectas, que diseñan, extraen, fabrican, transportan, almacenan y suministran materias primas, productos y partes de productos o que prestan servicios a la empresa que son necesarios para llevar a cabo sus actividades, así como las relaciones de fases posteriores, incluidas las relaciones comerciales establecidas, directas e indirectas, que utilizan o reciben productos, partes de productos o servicios de la empresa hasta el final de la vida útil del producto, incluidos, entre otros, la distribución del producto a los minoristas, el transporte y el almacenamiento del producto, su desmantelamiento, su reciclado, su compostaje o su depósito en vertederos. (19)Por lo que se refiere a las empresas financieras reguladas que ofrecen préstamos, créditos u otros servicios financieros, la «cadena de valor» con respecto a la prestación de estos servicios debe limitarse a las actividades de los clientes que reciban dichos servicios y de sus filiales cuyas actividades estén vinculadas al contrato en cuestión. Los clientes que sean hogares y personas físicas que no actúen a título profesional o comercial, así como las pequeñas y medianas empresas, no deben considerarse parte de la cadena de valor. Las actividades de las empresas u otras entidades jurídicas que estén incluidas en la cadena de valor de ese cliente no deben estar cubiertas. (20)Para que las empresas puedan detectar adecuadamente los efectos adversos de su cadena de valor y puedan ejercer la influencia necesaria, las obligaciones de diligencia debida deben limitarse, en el marco de la presente Directiva, a las relaciones comerciales establecidas. A efectos de la presente Directiva, debe entenderse por «relaciones comerciales establecidas» aquellas relaciones comerciales directas e indirectas que sean o se prevea que sean duraderas, habida cuenta de su intensidad y duración, y que no representen una parte insignificante o accesoria de la cadena de valor. El carácter «establecido» de las relaciones comerciales debe reevaluarse periódicamente, al menos cada doce meses. Si la relación comercial directa de una empresa es establecida, todas las relaciones comerciales indirectas vinculadas también deben considerarse establecidas en relación con dicha empresa. (21)En virtud de la presente Directiva, las empresas de la UE con más de 500 trabajadores por término medio y un volumen de negocios neto mundial superior a 150 millones EUR en el ejercicio anterior al último ejercicio deben estar obligadas a cumplir con la diligencia debida. Por lo que se refiere a las empresas que no cumplen esos criterios, pero que contaban con más de 250 trabajadores por término medio y con un volumen de negocios neto mundial superior a 40 millones EUR en el ejercicio anterior al último ejercicio y que operan en uno o varios sectores de gran impacto, la diligencia debida debe aplicarse dos años después de que finalice el período de transposición de la presente Directiva, a fin de permitir un período de adaptación más largo. A fin de garantizar una carga proporcionada, debe exigirse a las empresas que operan en estos sectores de gran impacto que cumplan con una diligencia debida más específica centrada en los efectos adversos graves. Los trabajadores de empresas de trabajo temporal, incluidos aquellos desplazados con arreglo al artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben incluirse en el cálculo del número de trabajadores de la empresa usuaria. Los trabajadores desplazados con arreglo al artículo 1, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 96/71/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/957, solo deben incluirse en el cálculo del número de trabajadores de la empresa de envío. (22)A fin de reflejar los ámbitos prioritarios de la actuación internacional destinada a abordar las cuestiones de derechos humanos y medio ambiente, la selección de sectores de gran impacto a efectos de la presente Directiva debe basarse en las guías sectoriales existentes de la OCDE en materia de diligencia debida. A efectos de la presente Directiva, deben considerarse de gran impacto los siguientes sectores: fabricación de textiles, cuero y productos afines (incluido el calzado) y comercio mayorista de textiles, prendas de vestir y calzado; agricultura, silvicultura, pesca (incluida la acuicultura), fabricación de productos alimenticios y comercio mayorista de materias primas agrícolas, animales vivos, madera, alimentos y bebidas; extracción de recursos minerales, con independencia de su lugar de extracción (incluidos el petróleo crudo, el gas natural, la antracita y la hulla, el lignito, los metales y los minerales metálicos, así como todos los demás minerales, no metálicos, y los productos de cantera), fabricación de productos básicos de metal, otros productos minerales no metálicos y productos metálicos elaborados (con excepción de la maquinaria y el equipo), y comercio mayorista de recursos minerales, productos minerales básicos e intermedios (incluidos los metales y los minerales metálicos, los materiales de construcción, los combustibles, los productos químicos y otros productos intermedios). Por lo que se refiere al sector financiero, debido a sus especificidades, en particular en lo que se refiere a la cadena de valor y los servicios ofrecidos, aunque esté cubierto por las guías sectoriales de la OCDE, no debe formar parte de los sectores de gran impacto abarcados por la presente Directiva. Al mismo tiempo, en este sector, debe garantizarse una cobertura más amplia de los efectos adversos reales y potenciales incluyendo en el ámbito de aplicación también a las empresas muy grandes que sean empresas financieras reguladas, aunque no tengan una forma jurídica de responsabilidad limitada. (23)Con el fin de alcanzar plenamente los objetivos de la presente Directiva que abordan los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente con respecto a las operaciones de las empresas, sus filiales y sus cadenas de valor, también deben incluirse las empresas de terceros países que cuenten con operaciones significativas en la UE. Más concretamente, la Directiva debe aplicarse a las empresas de terceros países que hayan generado en la Unión un volumen de negocios neto de, al menos, 150 millones EUR en el ejercicio anterior al último ejercicio o un volumen de negocios neto superior a 40 millones EUR pero inferior a 150 millones EUR en el ejercicio anterior al último ejercicio en uno o varios de los sectores de gran impacto, a partir de dos años después de que finalice el período de transposición de la presente Directiva. (24)Para definir el ámbito de aplicación en relación con las empresas de fuera de la UE, debe elegirse el criterio del volumen de negocios descrito, ya que crea un vínculo territorial entre las empresas de terceros países y el territorio de la Unión. El volumen de negocios es un indicador de los efectos que las actividades de esas empresas podrían tener en el mercado interior. De conformidad con el Derecho internacional, tales efectos justifican la aplicación del Derecho de la Unión a las empresas de terceros países. Para garantizar que se determina el volumen de negocios pertinente de las empresas afectadas, deben utilizarse los métodos de cálculo del volumen de negocios neto de las empresas de fuera de la UE establecidos en la Directiva 2013/34/UE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2021/2101. A su vez, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la presente Directiva, no debe aplicarse un umbral de trabajadores para determinar qué empresas de terceros países entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya que el concepto de «trabajadores» empleado a efectos de la presente Directiva se basa en el Derecho de la Unión y no puede transponerse fácilmente fuera de la Unión. En ausencia de una metodología clara y coherente, también en los marcos contables, para determinar el número de trabajadores de las empresas de terceros países, este umbral crearía, por tanto, inseguridad jurídica y sería difícil de aplicar para las autoridades de control. La definición del volumen de negocios debe basarse en la Directiva 2013/34/UE, que ya ha establecido los métodos para calcular el volumen de negocios neto de las empresas de fuera de la Unión, ya que las definiciones del volumen de negocios y de los ingresos también son similares en los marcos contables internacionales. Con el fin de garantizar que la autoridad de control sepa qué empresas de terceros países generan el volumen de negocios en la Unión necesario para entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, esta última debe exigir que se informe a una autoridad de control del Estado miembro en el que el representante autorizado de la empresa del tercer país esté domiciliado o establecido y, cuando sea diferente, a una autoridad de control del Estado miembro en el que la empresa haya generado la mayor parte de su volumen de negocios neto en la Unión en el ejercicio anterior al último ejercicio de que la empresa está incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. (25)A fin de contribuir de manera significativa a la transición hacia la sostenibilidad, debe aplicarse la diligencia debida en virtud de la presente Directiva con respecto a los efectos adversos sobre los derechos humanos de las personas protegidas derivados de la violación de uno de los derechos y prohibiciones consagrados en los convenios internacionales mencionados en el anexo de la presente Directiva. A fin de garantizar una cobertura exhaustiva de los derechos humanos, una violación de una prohibición o de un derecho no contemplados específicamente en dicho anexo que menoscabe directamente un interés jurídico protegido en dichos convenios también debe formar parte de los efectos adversos sobre los derechos humanos abarcados por la presente Directiva, siempre que la empresa en cuestión haya podido determinar razonablemente el riesgo de tal menoscabo y cualquier medida adecuada que deba adoptarse para cumplir las obligaciones de diligencia debida en virtud de la presente Directiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes de sus operaciones, como el sector y el contexto operativo. La diligencia debida debe abarcar asimismo los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la violación de una de las prohibiciones y obligaciones establecidas en los convenios internacionales en materia de medio ambiente mencionados en el anexo de la presente Directiva. (26)Las empresas disponen de orientaciones que ilustran cómo sus actividades pueden afectar a los derechos humanos y qué comportamiento empresarial está prohibido de conformidad con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Estas orientaciones están incluidas, por ejemplo, en el Marco para el Informe de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y en la Guía para la interpretación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Utilizando como referencia las directrices y normas internacionales pertinentes, la Comisión debe poder publicar orientaciones adicionales que sirvan de herramienta práctica para las empresas. (27)A fin de llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente con respecto a sus operaciones, sus filiales y sus cadenas de valor, las empresas abarcadas por la presente Directiva deben integrar la diligencia debida en sus políticas empresariales; identificar, prevenir, mitigar y eliminar los efectos adversos potenciales y reales en materia de derechos humanos y medio ambiente, o minimizar su alcance; establecer y mantener un procedimiento de denuncia; supervisar la eficacia de las medidas adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva e informar públicamente sobre su diligencia debida. A fin de garantizar la claridad para las empresas, la presente Directiva debe distinguir claramente, en particular, las medidas para prevenir y mitigar los efectos adversos potenciales y aquellas para eliminar o, cuando esto no sea posible, minimizar los efectos adversos reales. (28)A fin de garantizar que la diligencia debida forme parte de las políticas de las empresas, y en consonancia con el marco internacional pertinente, las empresas deben integrar la diligencia debida en todas sus políticas empresariales y contar con una política de diligencia debida. La política de diligencia debida debe contener una descripción del enfoque de la empresa, también a largo plazo, con respecto a la diligencia debida, un código de conducta en el que se describan las normas y los principios que deben seguir los trabajadores de la empresa y sus filiales; una descripción de los procesos establecidos para aplicar la diligencia debida, incluidas las medidas adoptadas para comprobar el cumplimiento del código de conducta y extender su aplicación a las relaciones comerciales establecidas. El código de conducta debe aplicarse a todas las funciones y operaciones empresariales pertinentes, incluidas las decisiones de contratación y compra. Asimismo, las empresas deben actualizar anualmente su política de diligencia debida. (29)Para cumplir las obligaciones de diligencia debida, las empresas deben adoptar las medidas adecuadas para identificar, prevenir y eliminar los efectos adversos. Por «medida adecuada» se entiende una medida capaz de alcanzar los objetivos de diligencia debida, proporcional al nivel de gravedad y a la probabilidad de los efectos adversos, que esté razonablemente al alcance de la empresa, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto —incluidas las características del sector económico y de la relación comercial específica— y de la influencia de la empresa en ellas, así como de la necesidad de garantizar la prioridad de determinadas actuaciones. En este contexto, en consonancia con los marcos internacionales, la influencia de la empresa en una relación comercial debe incluir, por una parte, su capacidad para persuadir a la relación comercial de que adopte medidas para eliminar o prevenir efectos adversos (por ejemplo, mediante el control de propiedad o el control de hecho, el poder de mercado, los requisitos de cualificación previa, la vinculación de incentivos comerciales a los derechos humanos y el comportamiento ambiental, etc.) y, por otra parte, el grado de influencia o apalancamiento que la empresa podría ejercer razonablemente, por ejemplo, mediante la cooperación con el socio comercial en cuestión o con otra empresa que sea el socio comercial directo de la relación comercial vinculado a los efectos adversos. (30)En virtud de las obligaciones de diligencia debida establecidas en la presente Directiva, las empresas deben identificar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente. A fin de permitir una identificación exhaustiva de los efectos adversos, dicha identificación debe basarse en información cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, por lo que se refiere a los efectos adversos sobre el medio ambiente, la empresa debe obtener información sobre las condiciones básicas en emplazamientos o instalaciones de mayor riesgo en las cadenas de valor. La identificación de los efectos adversos debe incluir la evaluación del contexto de los derechos humanos y del medio ambiente de manera dinámica y a intervalos regulares: antes de una nueva actividad o relación, antes de adoptar decisiones importantes o de efectuar cambios en las operaciones; en respuesta a los cambios en el entorno operativo o en previsión de los mismos; y periódicamente, al menos cada doce meses, a lo largo de toda la duración de una actividad o relación. Las empresas financieras reguladas que ofrezcan préstamos, créditos u otros servicios financieros solo deben identificar los efectos adversos al comienzo del contrato. Al identificar los efectos adversos, las empresas también deben identificar y evaluar el impacto del modelo de negocio y las estrategias de la relación comercial, incluidas las prácticas comerciales, de contratación y de fijación de precios. Cuando la empresa no pueda prevenir, eliminar o minimizar todos sus efectos adversos al mismo tiempo, debe poder dar prioridad a determinadas actuaciones, siempre que adopte las medi