(3)El 29 de abril de 2016, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

(4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

(5)Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,2 % en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2018. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance el 96,5 % del PIB en 2017, para bajar luego al 93,3 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es, en líneas generales, verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,4 % del PIB en 2016, en consonancia con el déficit recomendado por el Consejo. Por lo que se refiere a 2017, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global alcance el 3,2 % del PIB, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del plazo para corregir el déficit excesivo. No se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice en 2016 ni en 2017, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades, con los consiguientes riesgos de incumplimiento. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que Francia no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017.

(6)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE y ha venido aumentando de manera constante desde 2010. Francia ha anunciado un plan para reducir el gasto público en 50 000 millones EUR entre 2015 y 2017 en todos los niveles de las administraciones públicas, pero no es seguro que este plan sea suficiente para lograr una reducción significativa del gasto público. Precisar las medidas que sustentan las reducciones del gasto, garantizando al mismo tiempo que las medidas de ahorro tienen en cuenta la inflación próxima a cero, contribuiría a aumentar la eficiencia de este plan.

(7)Uno de los retos pendientes es seguir reduciendo la tasa de gasto según lo previsto, dado que el proceso de delimitación de los grandes ámbitos de ahorro potencial no ha sido eficaz y las revisiones de gasto han tenido hasta la fecha resultados modestos. En el sector de la vivienda, Francia gasta casi el doble que otros países europeos comparables sin obtener mejores resultados en el mercado de la vivienda. El efecto combinado de la aplicación de la reducción prevista de las subvenciones del Gobierno central a las autoridades locales y un mayor control del gasto de las administraciones locales, en particular mediante la contención del aumento de los costes administrativos de estas, podría preservar su capacidad de inversión. Las revisiones de gastos podrían ser un instrumento apropiado para determinar tales ahorros. Por otra parte, la reciente reforma de la administración local podría aumentar la eficiencia del sistema de medio a largo plazo.

(8)No es posible conseguir ahorros sustanciales a corto plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en seguridad social, que representa más de la mitad del gasto de las administraciones públicas. El sistema de pensiones podría seguir registrando déficits a corto y medio plazo, especialmente en unas condiciones macroeconómicas adversas. Por otra parte, se espera que las anteriores reformas de las pensiones solo reduzcan el elevado nivel actual de gasto público en pensiones después de 2025. Francia ha fijado unos ambiciosos objetivos de limitación del crecimiento del gasto sanitario para 2016 y 2017. Estos objetivos podrían completarse con esfuerzos más decididos por delimitar mejoras de eficiencia a medio y largo plazo.

(9)Se han emprendido medidas para reducir los costes laborales y mejorar los márgenes de beneficio de las empresas mediante una bonificación fiscal de 20 000 millones EUR para la competitividad y el empleo y reducciones adicionales de 10 000 millones EUR en las cotizaciones sociales de los empresarios previstas en el Pacto de Responsabilidad y Solidaridad. El diseño de estas medidas, que representan el 1,5 % del PIB y contribuyen a reducir la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en términos de costes laborales, podría mermar su eficacia. Los resultados de las evaluaciones previstas de estas medidas de reducción de costes serán de utilidad para la adopción de cualquier decisión sobre el futuro diseño de estos regímenes, a fin de garantizar que dichas medidas alcanzan sus objetivos en términos de eficiencia. El efecto en la formación de los salarios y en el empleo reviste especial interés para dichas evaluaciones.

(10)En el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene el empleo de las personas poco cualificadas. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para todas las categorías de trabajadores y crean un efecto de compresión al alza de los salarios. Debido al mecanismo de indización del salario mínimo, existen bucles de realimentación entre las subidas de los salarios medios y los cambios en el salario mínimo, lo que retrasa la necesaria adaptación de los salarios como respuesta a una situación de debilidad económica.

(11)Las recientes reformas permiten solo un margen de flexibilidad limitado para que los empresarios puedan apartarse de los convenios colectivos sectoriales. Esta situación afecta a todos los aspectos de las condiciones laborales, incluidos los salarios, la jornada laboral, el empleo y las condiciones de trabajo, y limita las posibilidades de que las empresas puedan ajustar su personal en función de sus necesidades. En la actualidad, los diferentes sectores pueden impedir que las empresas determinen, caso por caso y tras negociar con los interlocutores sociales, en qué condiciones la jornada laboral podría apartarse de los convenios sectoriales. Podría facilitarse, en consulta con los interlocutores sociales, la adopción de excepciones a los convenios sectoriales y a las disposiciones legales de carácter general en materia de condiciones de empleo mediante acuerdos de empresa.

(12)En 2015 subió la tasa de desempleo hasta situarse en el 10,4 %. El desempleo afecta de forma más aguda a los jóvenes, los nacionales de terceros países y los trabajadores menos cualificados. La estructura del mercado de trabajo está cada vez más polarizada: los trabajadores altamente cualificados suelen tener contratos indefinidos y una proporción constante de empleos poco cualificados son cada vez más precarios. El porcentaje de contratos de duración determinada de menos de un mes en el total de las contrataciones creció hasta cerca del 70 % en 2015. El marco jurídico que rige los contratos de trabajo, en particular en lo que respecta a la legislación en materia de despido para los contratos indefinidos, puede contribuir a la elevada segmentación del mercado de trabajo. El prolongado deterioro del mercado laboral ha afectado de manera significativamente negativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones de desempleo. Según las previsiones de febrero de 2016, el déficit se situará en 4 500 millones EUR en 2015, 4 200 millones EUR en 2016 y 3 500 millones EUR en 2017. De esta forma, aumentaría aún más el endeudamiento del sistema, que pasaría de 25 800 millones EUR en 2015 a 30 000 millones EUR en 2016 y 33 600 millones EUR en 2017. El cálculo de las prestaciones favorece una sucesión de empleos a tiempo completo de corta duración en detrimento de los empleos a tiempo parcial de larga duración y crea incentivos para que los empleadores ofrezcan empleos de corta duración que deben complementarse con prestaciones a las personas empleadas. Por otra parte, el diseño del sistema de prestaciones de desempleo, en particular en lo que respecta a las condiciones de elegibilidad y el carácter degresivo de las prestaciones, puede debilitar los incentivos para regresar al trabajo.

(13)La transición de la escuela al mundo laboral sigue siendo difícil, siendo los jóvenes menos cualificados los más afectados. El recurso al aprendizaje está disminuyendo entre categorías poco cualificadas, en un contexto de estrategias regionales diferenciadas y una limitada capacidad del sistema para responder a las nuevas necesidades económicas. La oferta de formación para los desempleados, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes sigue siendo insuficiente, a pesar de las reformas en curso en materia de formación profesional, en particular en lo que respecta a la gobernanza, los incentivos y la orientación y el nuevo plan de formación específica para parados. La insatisfactoria cooperación entre los distintos agentes implicados en la formación profesional continua impide una asignación eficiente de los recursos. La futura cuenta de actividad personal puede contribuir a reequilibrar el acceso.

(14)El entorno empresarial francés sigue ocupando niveles medios, en particular en lo que se refiere a la carga que supone la regulación pública, aspecto que sitúa a Francia en un lugar muy bajo a nivel internacional. El programa de simplificación se está llevando a cabo según lo previsto, pero el progreso en la aplicación es desigual, en particular en lo que respecta a las medidas dirigidas a las empresas, y siguen planteándose retos en una serie de ámbitos.

(15)La economía francesa registra un porcentaje desproporcionadamente alto de empresas pequeñas en comparación con otros Estados miembros, lo que limita su nivel de productividad. No se espera que las recientes iniciativas encaminadas a reducir el impacto de los requisitos relacionados con el tamaño afecten de forma significativa al crecimiento de las empresas, habida cuenta de su alcance limitado o su carácter temporal. Los efectos de umbral seguirán limitando, por tanto, el crecimiento de las empresas francesas.

(16)La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero en otros persisten barreras, especialmente en los servicios a las empresas, dado que una proporción significativa de estos servicios no se han visto afectados por las recientes reformas, y las industrias de red. Una serie de regulaciones y barreras de entrada, así como las tarifas, limitan la actividad económica de las profesiones reguladas y afectan a la productividad de otros sectores que utilizan estos servicios. Otros problemas derivan de la aplicación restrictiva de los requisitos de autorización.

(17)Francia sigue yendo a la zaga de los líderes en innovación de la UE, pese a la generosidad de las ayudas públicas en este ámbito. Durante los últimos quince años se ha producido una inflación e inestabilidad de los sistemas públicos de apoyo a la innovación, lo que constituye un motivo de preocupación en lo que respecta a la coordinación, coherencia y eficacia globales de dichos sistemas. Esta situación afecta especialmente a las pymes.

(18)En 2014, la ratio impuestos/PIB se situaba en el 45,9 %, una de las más altas de la UE. La presión fiscal global sigue aumentando y su composición no es propicia al crecimiento económico, ya que afecta significativamente a los factores de producción, pero relativamente poco al consumo. La imposición sobre sociedades empezó a disminuir ligeramente en 2014, y Francia ha comenzado a reducir las diferencias con la media de la UE en cuanto a fiscalidad medioambiental, pero los ingresos procedentes del IVA sigue siendo bajos, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de la carga fiscal total, debido a los bajos tipos, la aplicación generalizada de tipos reducidos y el elevado número de exenciones. Más allá de la supresión progresiva en curso de la sobretasa de solidaridad a las empresas, aún no se han concretado medidas específicas para alcanzar el objetivo anunciado de reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020.

(19)El sistema tributario es muy complejo. Sigue existiendo un gran número de impuestos ineficientes que reportan escasos o nulos ingresos, y la imposición de la renta de las personas físicas es especialmente compleja, lo que entraña un importante coste administrativo. A pesar de la introducción en la Ley de programación de las finanzas públicas de 2014-2019 de la obligación de evaluar periódicamente y hacer un seguimiento de los gastos tributarios, la reducción prevista del gasto fiscal para 2016 es modesta tras varios años de aumento.

(20)En general, los obstáculos a la inversión privada son moderados, siendo los principales escollos el elevado peso de la regulación y el alto nivel de los tipos del impuesto de sociedades. El entorno de inversión mejoraría merced a la mejora del entorno empresarial, la reducción de los impuestos sobre la producción y la simplificación del sistema tributario. Todas las medidas destinadas a mejorar la competitividad relacionada o no con los costes de las empresas francesas encierran potencial para incrementar los niveles de inversión e incentivar a las empresas a invertir en capital físico y humano, con vistas a mejorar la productividad. El potencial de crecimiento a largo plazo se ve limitado asimismo por la debilidad de la inversión en actividades de innovación.

(21)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

(22)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su Dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.