4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen sobre la creación de un área financiera europea 
(88/C 175/01) 
El 22 de diciembre de 1987, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la creación de un área financiera europea. 
La Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 12 de abril de 1988, basándose en la ponencia 
del Sr. Delhomenie. 
El Comité Económico y Social, en su 255a sesión plenaria (sesión del 27 de abril de 1988), 
adoptó por unanimidad salvo una abstención el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. El Comité acoge con gran satisfacción la deci­
sión de la Comisión de someter a su dictamen la comu­
nicación de 4 de noviembre de 1987 intitulada « Crea­
ción de un área financiera europea», tanto más cuanto 
que se trata de una de las disposiciones esenciales para 
la construcción del gran mercado interior. 
1.2. La liberalización de los movimientos de capita­
les, cuyo principio ya se había previsto en el texto del 
tratado de Roma (artículo 67 y siguientes) pero que 
en su momento no había sido objeto de decisiones 
operativas, ha dado ya lugar a varias directivas. La 
última, emitida en noviembre de 1986 (85/566/CEE) y 
por la que se modifica la Directiva de 11 de mayo de 
1960, prevé que los Estados miembros se comprometan 
a no complicar más los procedimientos de autorización 
requeridos en la fecha de entrada en vigor de la direc­
tiva, así como a simplificar, en la medida de los posible, 
los trámites de autorización y control aplicables en el 
momento de la conclusión o ejecución de las transaccio­
nes y transferencias y, en su caso, llegar a un acuerdo 
con miras a esta simplificación. 
1.3. Las nuevas propuestas de la Comisión compren­
den dos directivas y un reglamento. 
1.3.1. La primera propuesta de directiva, adoptada 
en aplicación del artículo 67 del Tratado, establece 
simultáneamente la necesidad de que los Estados miem­
bros supriman todas las restricciones que se oponen aún a los movimientos de capitales, las condiciones que 
deberán ser satisfechas en caso de medidas adoptadas 
con vistas a la regulación monetaria interna, las even­
tuales medidas de salvaguardia en caso de desequilibrios 
internos y los plazos. 
1.3.2. Para la Comisión, la liberalización de los mer­
cados de capitales es un medio necesario, pero no 
suficiente, para la plena realización del mercado inte­
rior; no concibe este proceso sin que se establezcan 
normas preventivas tendentes a evitar los eventuales 
riesgos y desequilibrios así como la armonización de 
los sistemas fiscales, si bien no establece este último 
extremo como condición previa. Asimismo, considera 
que ello supondrá el mantenimiento e incluso endureci­
miento de la disciplina relativa a los cambios y, por 
consiguiente, la necesidad de que todas las monedas se 
integren en este mecanismo. La Comisión señala que 
ello exige igualmente una mayor cooperación a nivel 
de las políticas monetarias y una convergencia de las 
políticas económicas. Por último, indica la necesidad 
de aplicar una libre prestación efectiva de los servicios 
a nivel de los bancos y compañías de seguros. 
1.3.3. La segunda propuesta de directiva modifica la 
Directiva 72/156/CEE para la regulación de los flujos 
financieros internacionales y la neutralización de sus 
efectos no deseables sobre la liquidez interna. 
1.3.4. En virtud de estas propuestas, se prevé la posi­
bilidad de adoptar medidas restrictivas contra la libera­
lización de capitales en caso de choque monetario exte­
rior, en coordinación con el conjunto de los Estados 
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miembros. Según la Comisión, estas modificaciones 
se justifican por los cambios experimentados en este 
contexto a partir de 1972, momento en que se registró 
una importante entrada de capitales en la Comunidad, 
al tiempo que la situación actual se caracteriza por una 
liberalización de los mercados. 
1.3.5. La propuesta de Reglamento prevé la aplica­
ción de un mecanismo único de ayuda financiera a 
medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados 
miembros. Con este dispositivo la Comisión persigue 
tres objetivos: 
— la aplicación de un mecanismo único de ayuda 
financiera para la reagrupación de los sistemas de 
concursos financieros a medio plazo y los préstamos 
comunitarios, 
— la posibilidad de conceder una ayuda temporal a 
los países que padezcan desequilibrios en su balanza 
de pagos, y 
— la constitución de un instrumento conexo de libera­
lización de los movimientos de capitales aplicado 
por un Estado miembro. 
1.4. Por último, convendría indicar que la Comisión 
desea que el proceso de adopción de estos tres textos 
se lleve a cabo de forma conjunta y se establezca como 
objetivo de realización de esta liberalización la fecha 
del 1 de enero de 1989, si bien se prevé un período 
transitorio para determinados Estados miembros. 
1.5. El Grupo de estudio de la Sección de asuntos 
económicos, financieros y monetarios ha oído la opi­
nión del Presidente del Comité de gobernadores de los 
bancos centrales de los Estados miembros y la de los 
representantes de los bancos centrales de aquellos Esta­
dos miembros donde la liberalización se encuentra en 
una fase más avanzada, como la República federal de 
Alemania, el Reino Unido y los países de la Unión 
económica belgoluxemburguesa, sobre diversos aspec­
tos del asunto sometido a estudio. 
Estas intervenciones han permitido constatar un 
consenso respecto al objetivo de la liberalización, aun­
que se expresaron ciertas reservas en cuanto a las nor­
mas de prudencia y las cláusulas de salvaguardia. Por 
lo que respecta a las propuestas de la Comisión, se 
ha comprobado que existe acuerdo a propósito de la 
necesidad de una mayor convergencia de las políticas 
económicas, de una consolidación del sistema moneta­
rio europeo (SME) y de una amplia utilización del ECU. 
En cuanto a la creación de un banco central europeo 
que constituye un objetivo a más largo plazo, los repre­
sentantes de los bancos centrales se proponen estudiar 
a fondo los proyectos presentados por varios Estados 
miembros. 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité apoya la decisión de la Comisión 
de aplicar los medios jurídicos necesarios para una 
completa liberalización de los movimientos de capitales. 
En efecto, considera que se trata de un elemento indis­pensable para la realización del mercado interior y 
necesario para mejorar la competitividad de la econo­
mía europea, en la misma medida que la libre circula­
ción de mercancías y personas. 
Ciertamente, la brevedad del plazo y las cuestiones 
planteadas por la misma Comisión invitan a la pruden­
cia, pero no deben constituir un argumento para cues­
tionar el objetivo. 
2.2. Con los tres textos que constituyen el objeto del 
presente dictamen, la Comisión propone una liberaliza­
ción completa, incondicionada, de los movimientos de 
capitales. El Comité —que, como queda dicho, com­
parte esta opinión— estima sin embargo que deberían 
realizarse simultáneamente los esfuerzos necesarios en 
ámbitos tan importantes como la armonización de las 
normas de funcionamiento de los servicios financieros 
y de los mercados de valores, la solvencia y estabilidad 
de las entidades financieras y la armonización fiscal. 
Asimismo, considera que esta liberalización no podría 
llevarse a cabo sin una estabilización de los tipos de 
cambio. En este sentido, se han realizado y grandes 
esfuerzos, gracias en particular a las decisiones adopta­
das en Basilea y en Nyborg. 
2.2.1. Pero esta liberalización exige ir mucho más 
lejos; la inestabilidad de los tipos de cambio, con los 
grandes reajustes que conlleva, supone un riesgo notable 
para las economías de los diferentes Estados miembros 
y para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, 
que renuncian a inversiones nacionales e internacionales 
como consecuencia de la inseguridad existente respecto 
a los costes y los riesgos que pesan sobre la competencia. 
2.2.2. Por consiguiente, de cara a una política coordi­
nada en el seno de la Comunidad resulta cada día más 
difícil conseguir la coexistencia de monedas de tipo de 
cambio flotante y monedas sometidas a acuerdos de 
paridad fija. Recordemos que el SME se basa en el 
necesario paralelismo entre la estabilización de los cam­
bios (tasa de inflación, balanza de pagos, cuentas públi­
cas y productividad), por una parte, y la convergencia 
de las políticas económicas y monetarias, por otra, con 
un apoyo mutuo entre ambas. 
2.2.3. En consecuencia, habrá que tender al perfec­
cionamiento y fortalecimiento del SME. En efecto, es 
natural que los países con un desarrollo comparable se 
vean sometidos a la misma disciplina de cambio. El 
Comité considera que paralelamente a la liberalización 
de los movimientos de capitales deberá hacerse efectiva 
la integración de las doce monedas en el SME, respe­
tando el margen de fluctuación de derecho común. 
Naturalmente, esta simultaneidad deberá apreciarse al 
final del período de transición previsto para ciertos 
Estados miembros por el artículo 6 de la primera pro-
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puesta de directiva (1990 para Irlanda y España, y 1992 
para Grecia y Portugal). 
Asimismo, se deberán prever los procedimientos que 
permitan llevar a cabo los necesarios ajustes o adapta­
ciones, tal como indica el artículo 3 del mismo texto. 
2.2.4. La liberalización exige también la realización, 
lo antes posible, de una mayor cohesión entre las políti­
cas económicas de los Estados miembros por medio de 
una mayor coordinación entre ellas. Una autonomía 
completa de ésta sería plenamente contradictoria con 
una misma disciplina de cambio. Asimismo, se podría 
evitar que un país fijara de hecho los objetivos de la 
política económica y monetaria para los doce Estados 
miembros, simplemente por aplicar la política estimada 
como «más sabia». Los movimientos concertados de 
los tipos de interés tras el acuerdo de Nyborg consti­
tuyen un primer paso hacia esa necesaria coordinación. 
2.2.5. Por otra parte, se impondrá la necesidad de 
desarrollar el papel del ECU. Europa necesita un 
instrumento de referencia, un instrumento de reserva, 
un instrumento común de pago. Antes de conseguirlo, se 
debería consolidar el papel del ECU en dos direcciones: 
— por una parte, como moneda de facturación y 
moneda de cambio que debe contribuir a una mayor 
estabilidad de los intercambios internacionales, y 
— por otra, el ECU sería probablemente más apro­
piado que otras monedas para realizar intervencio­
nes en los mercados de cambio exteriores sin acen­
tuar las tensiones en el seno del SME. 
2.2.6. Para dirigir al conjunto de esta política se 
plantea, por último, la cuestión de una institución euro­
pea; se debería precisar el cometido de esta institución 
y sus vínculos con las autoridades europeas y naciona­
les, así como con los bancos centrales de los países 
miembros. Estos puntos y muchos otros exigen induda­
blemente la constitución de un Banco central europeo 
como objetivo a más largo plazo. Sin embargo, a más 
corto plazo, convendría sin duda considerar acciones 
encaminadas a este fin, como la revisión de las modali­
dades de creación del ECU y el establecimiento de un 
Fondo monetario europeo. 
2.3. Asimismo, se ha sometido al Comité el proyecto 
de segunda directiva sobre coordinación bancaria y 
libre prestación de servicios, estrechamente vinculado 
a los textos a los que se refiere el presente dictamen. 
Conviene subrayar este aspecto, acogiendo favorable­
mente esta nueva etapa hacia un área financiera 
europea. 
3. Observaciones específicas 
Al margen de su aprobación general, al Comité, al igual que la Comisión, estima oportuno cuestionar ciertos 
aspectos y aportar algunas sugerencias. 
3.1. Coordinación con otras instituciones 
Convendría adjuntar a la propuesta de directiva una 
nomenclatura completa de los movimientos de capitales 
liberados, lo que permitiría delimitar cada categoría y 
calibrar los regímenes transitorios y las cláusulas de 
salvaguardia, así como llevar a cabo la necesaria coordi­
nación con otras instituciones interesadas, principal­
mente la Organización de cooperación y de desarrollo 
económico (OCDE). 
3.2. Las normas de prudencia 
3.2.1. El análisis global de la Comunicación muestra 
que la Comisión no ha ignorado la necesidad de normas 
de prudencia que deberían acompañar a la liberaliza­
ción. Sin embargo, la coordinación de las normas de 
prudencia, realizada simultáneamente en la medida de 
lo posible, se refiere principalmente a la segunda direc­
tiva de coordinación de las disposiciones en materia de 
vigilancia en el sector del crédito, y más particularmente 
a la relación de las actividades bancarias para las que 
se ha previsto la libre prestación de los servicios finan­
cieros transnacionales de las entidades de crédito. 
3.3. La fiscalidad 
3.3.1. Paralelamente a la aplicación de esta liberali­
zación indispensable para la realización del mercado 
interior es necesario evitar que las medidas de liberaliza­
ción provoquen un proceso de desplazamiento de ciertas 
actividades financieras, principalmente hacia sistemas 
fiscales más flexibles e incluso hacia determinados 
« paraísos fiscales » exteriores a la Comunidad. 
3.3.2. La Comisión no ha ignorado este problema. 
Por otra parte, el drenaje del ahorro de la Comunidad 
hacia países terceros tendría consecuencias negativas 
sobre el coste de financiación de sus políticas, en la 
medida en que debería recurrir a créditos con un tipo 
de interés elevado en los mercados exteriores. 
3.3.3. A fin de frenar el desplazamiento de los capita­
les en el interior de la Comunidad, la Comisión ha 
considerado dos tipos de solución. La primera solución 
propone una imposición de los ingresos financieros 
mediante una retención en la fuente con un tipo global 
uniforme para todos los Estados miembros. La segunda, 
más apremiante, consiste en la obligación por parte de 
las entidades de crédito de facilitar a sus autoridades 
fiscales los datos relativos a los ingresos por intereses 
que reciban los residentes de la Comunidad, lo que 
presupone el abandono del secreto bancario en los 
diferentes países. 
3.3.4. El Comité estima que la labor de armonización 
fiscal no puede concebirse como un mosaico, sino que 
debería ser considerada en su conjunto, incluyendo 
los productos del ahorro. Esta armonización no puede 
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ignorar el contexto económico, presupuestario y social 
que condiciona la legislación fiscal, así como su función 
redistributiva. 
3.3.5. Mientras se lleva a término la armonización 
del conjunto de la fiscalidad, el Comité estima que, a 
priori, la introducción de una retención generalizada en 
la fuente, aplicada a un tipo uniforme en los Estados 
miembros sobre los ingresos financieros de toda clase 
de los residentes y no residentes, puede parecer una 
solución susceptible de aplacar ciertas reticencias contra 
la liberalización de los movimientos de capitales en el 
país con una fiscalidad más rigurosa en la materia. 
3.3.6. Por último, convien aprobar la sugerencia de 
la Comisión en el sentido de que deberán desaparecer 
las disposiciones discriminatorias existentes en los siste­
mas fiscales que incitan a los particulares a invertir en 
títulos nacionales o las restricciones impuestas en lo 
que respecta a las inversiones de ciertos fondos de 
pensiones, así como las desgravaciones fiscales deriva­
das de las disposiciones discriminatorias contenidas en 
las diversas modalidades de fondos de inversiones en 
vigor en determinados Estados miembros. Pero pone de 
relieve que, dado que la mayoría de los beneficiarios de 
estas disposiciones son personas con rentas medias o 
modestas, convendría considerar con los Estados intere­
sados una serie de medidas que no se opongan a la 
liberalización de capitales y que permitan garantizar los 
beneficios de este ahorro. 
3.3.7. En todo caso, en el ámbito de la fiscalidad 
convendría buscar la convergencia a nivel de los países 
de la Asociación europea de libre cambio (AELC) y la 
OCDE. 
3.4. Cláusulas de salvaguardia 
3.4.1. La Comisión ha previsto la posibilidad de 
introducir una cláusula de salvaguardia que permitiría 
a los Estados miembros volver a implantar un meca­
nismo de control sobre los movimientos de capitales a 
corto plazo en el caso de que estos amenazaran seria­
mente la política monetaria y de cambio de un Estado 
miembro. Su aplicación se hallará sujeta en todos los 
casos a los procedimientos comunitarios y en ningún 
caso podrá prolongarse más de seis meses. 
3.4.2. Esta cláusula de salvaguardia debería limitarse 
estrictamente a hacer frente a los ataques especulativos, 
y en todo caso con la menor duración posible. 
3.4.3. Sin embargo, el Comité es consciente de que 
en la actualidad existen entre los diferentes Estados 
miembros importantes disparidades que dependen en 
gran medida de elementos estructurales como los relati­
vos al papel de los interlocutores sociales, al nivel de formación de los trabajadores, a la producción, al 
cometido de las bancos centrales e incluso al clima y la 
geografía, entre otros. La lucha contra estas desigualda­
des corresponde principalmente a otras políticas y a 
otros procedimientos ya aplicados o por aplicar por 
parte de las instancias comunitarias. 
3.5. Protección de los ahorradores y consumidores 
3.5.1. La liberalización completa de los movimientos 
de capitales ofrecerá por primera vez al conjunto de 
pequeños ahorradores de todos los Estados la posibili­
dad de invertir sus ahorros en otros Estados miembros, 
principalmente en aquellos que cuentan con una 
moneda más fuerte. La atracción que esta libertad des­
pertará entre los mismos no debe darles la impresión 
de que estas inversiones no comportan riesgo alguno y 
que en todas partes existen las mismas disposiciones en 
materia de protección de los ahorradores. 
3.5.2. Como consecuencia de la liberalización de los 
movimientos de capitales y de la libre prestación de los 
servicios bancarios, el usuario no debería preocuparse 
ante la ampliación de la oferta de los servicios financie­
ros, en la medida en que, de conformidad con las 
normas del derecho internacional privado, sólo podrá 
comparecer, en calidad de consumidor, ante el tribunal 
competente en función de su domicilio, que aplicará las 
disposiciones legales vigentes en el país de su residencia. 
3.5.3. La creación de un área financiera europea no 
debería oponerse a estas normas ni restringir al alcance 
de las mismas. Es necesario que sigan en vigor las 
disposiciones particulares del derecho de los Estados 
miembros, que deberán ser aplicadas por sus propias 
jurisdicciones o por otras en el marco del Convenio de 
Bruselas relativo a la competencia judicial o en virtud 
de las normas del derecho internacional privado que 
pueden aportar una protección al cocontratante. 
3.5.4. Por otra parte, sería deseable que la Comisión 
considerase a su debido tiempo una armonización de 
las disposiciones en materia de protección, lo que dismi­
nuiría considerablemente los riesgos y simplificaría la 
tarea de los usuarios en caso de litigio. En este contexto, 
sería plenamente deseable una concertación tripartita 
con los prestatarios de servicios y los representantes de 
los consumidores. 
3.6. Consecuencias económicas y sociales 
3.6.1. Como ya se ha expuesto en el capítulo dedi­
cado a las observaciones generales, la liberalización 
de los movimientos de capitales supone una estrecha 
coordinación entre las políticas económicas de los dife­
rentes Estados miembros, así como una coordinación 
entre política económica y política monetaria. Esta 
coordinación económica y esta liberalización deberán 
tener como objetivo un crecimiento al servicio del 
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empleo, contribuyendo principalmente a facilitar las 
inversiones de las empresas, evitando especialmente 
en la medida de lo posible, el desplazamiento de los 
instrumentos financieros. Asimismo, requiere iniciati­
vas políticas a nivel internacional, tanto en el plano 
monetario como fiscal. 
3.6.2. ¿Repercutirán sobre el empleo los efectos 
beneficiosos derivados de las medidas propuestas que 
pueden entrañar una disminución de las cargas financie­
ras? No existe automaticidad en la materia ya que la 
experiencia demuestra que todo depende de las opciones 
elegidas: opciones únicamente financieras o bien aquél­
las que integren los aspectos económicos y sociales. Ello 
significa que los interlocutores sociales deberán ser 
informados y consultados a fin de que puedan manifes­
tar su opinión respecto a las soluciones consideradas. 
3.6.3. Esta liberalización de los movimientos de capi­
tales debe permitir, en concreto, que los sectores que 
no estaban en pie de igualdad con las grandes empresas 
puedan acceder con mayor facilidad a estas últimas. 
Se trata particularmente de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), de las empresas de la artesanía y del 
sector cooperativo, sectores cuyo papel preponderante 
en materia de creación de puestos de trabajo es bien 
conocido. La aplicación de mejores condiciones de 
información a este respecto es primordial, recurriendo 
principalmente a las euroventanillas, así como a las 
estructuras creadas por las organizaciones profesiona­
les. Por otra parte, convendría considerar la armoniza­
ción de los estatutos de las sociedades cooperativas y 
de economía social. 
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1988. En todo caso, la ayuda económica deberá ser objeto de 
una negociación a fin de mejorar profundamente la 
situación de los países interesados. 
3.7. Sobre la revisión de la Directiva de 1972 y el 
Reglamento 
3.7.1. Respecto a las modificaciones propuestas de 
la Directiva de 1972, debemos estar de acuerdo cuando, 
en la exposición de motivos, la Comisión afirma que 
los Estados miembros deberían disponer de instrumen­
tos de protección para disuadir los flujos intempestivos. 
De esta manera, la Comisión responde a un cierto 
número de problemas respecto a las relaciones con los 
países terceros, lo que justifica su voluntad de publicar 
esta revisión al mismo tiempo que la directiva sobre la 
liberalización de los movimientos de capitales. 
3.7.2. En cuanto al proyecto de Reglamento relativo 
a la aplicación de un mecanismo de ayuda única, consti­
tuye un complemento a los anteriores sistemas, a saber, 
la ayuda creada a fin de cubrir las necesidades vincula­
das a la liberalización de los capitales. 
3.7.2.1. Dado que en el anterior dispositivo sola­
mente un país recurrió a uno de los concursos, pueden 
plantearse diferentes cuestiones. ¿Es entonces necesario 
aplicar un sistema nuevo en la medida en que corre el 
peligro de ver su utilización limitada por las mismas 
causas? En todo caso, deberán aportarse garantías a 
las condiciones de decisión. Concretamente, la ayuda a 
la balanza de pagos deberá ser objeto de una negocia­
ción en aras de una profunda mejora de la situación en 
los países afectados. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT