COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva relativa a la reutilización y explotación comercial de la información del sector público

1- ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2002) 207 final - 2002/0123COD): // 26 de junio de 2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: // 11 de diciembre de 2002

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones // 21 de noviembre de 2002

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: // 12 de febrero de 2003

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: // 17 de marzo de 2003

Fecha de adopción de la posición común (por unanimidad): // 26 de mayo de 2003.

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta tiene por objeto una armonización mínima de las normas aplicables a la reutilización de la información del sector público en la Unión Europea. La información del sector público (p. ej., información geográfica, información para las empresas o sobre tráfico) es un importante activo económico. Proporciona la materia prima para nuevos productos y servicios digitales y constituye una fuente de datos clave para el comercio electrónico. La información en posesión del sector público puede convertirse en un gran activo para las nuevas aplicaciones inalámbricas.

Las normas sobre la reutilización de este recurso de información varían mucho en la Unión, lo que obstaculiza la creación de servicios transfronterizos de valor añadido que usan esta información como base. Un marco europeo de la reutilización de la información del sector público aumentará la certidumbre y fomentará así las inversiones en creatividad e innovación en el sector del suministro de contenidos y en otros sectores.

3- COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

La Comisión observa de que el Consejo ha adoptado por unanimidad una posición común que refleja en gran medida las orientaciones principales de la propuesta de la Comisión. Aunque se han introducido varias modificaciones, el texto mantiene todos los elementos esenciales de la propuesta modificada de la Comisión. La reordenación de algunos de los artículos ha mejorado la lógica del texto.

3.2. Respuesta a las enmiendas del Parlamento adoptadas en primera lectura

El Parlamento adoptó 23 enmiendas, 10 de las cuales pudieron ser respaldadas por la Comisión y 8 de las cuales pudieron ser respaldadas parcialmente o en cuanto al fondo.

3.2.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión e incluidas en la posición común

La posición común ha recogido las siguientes enmiendas del Parlamento, algunas de ellas según la formulación de este, otras con alguna modificación:

- La enmienda 3 precisa más los tipos de información que recoge el sector público. Se ha incorporado en el considerando 4.

- La última frase de la enmienda 10 afirma que las administraciones públicas deben favorecer la reutilización de la información que ponen a disposición del público. Esta parte de la enmienda fue respaldada por la Comisión y ha sido recogida en la posición común (última frase del considerando 9).

- La enmienda 13 sustituye los «documentos conservados por» las entidades de radiodifusión de servicio público, que se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva, por «información a disposición de» las entidades de radiodifusión de servicio público. Esta enmienda pierde importancia a la vista de la explicación del término «conservado por» contenida en el considerando 11 del texto de la posición común.

- La enmienda 14 precisa que la información que contenga secretos comerciales o de empresa no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva. Es algo que estaba ya implícito en la propuesta de la Comisión, que se limitaba a la información a la que pueda accederse de forma general. El Consejo ha reformulado este criterio en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la posición común. Esta disposición establece que la Directiva no se aplicará a los documentos «a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de [ ....] confidencialidad estadística o comercial».

- La enmienda 21 (apartado 3 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión, apartado 3 del artículo 4 de la posición común) se refiere a la obligación de los organismos del sector público de informar de la identidad de los terceros titulares de los derechos y limita dicha obligación a los casos en que el organismo del sector público pueda proporcionar dicha información.

- La enmienda 26 (apartado 3 del artículo 7 de la propuesta de la Comisión, apartado 2 del artículo 9 de la posición común) suprime la expresión «cuando se permita la reutilización».

- La enmienda 32 (párrafo 2 del artículo 12) relaciona más claramente la revisión de la Directiva con sus objetivos. Este es también el propósito de la revisión de este artículo efectuada por el Consejo.

- La enmienda 34 ajusta la redacción del considerando 14 a la del artículo 6.

3.2.2. Enmiendas aceptadas por la Comisión y no incluidas en la posición común

La posición común no ha incluido varias otras enmiendas respaldadas por la Comisión, las más importantes de las cuales eran las 24 y 31. En opinión de la Comisión, la incorporación al texto de las enmiendas 24 y 31 constituiría una considerable mejora de la Directiva.

La enmienda 24 (artículo 6) da a los solicitantes el derecho a solicitar una revisión de las tarifas si consideran que las aplicadas por el organismo del sector público superan las permitidas por el artículo sobre tarificación de la Directiva.

La enmienda 31 (artículo 9 de la propuesta de la Comisión, artículo 8 de la posición común) establece la obligación de los Estados miembros de poner a disposición listas de los principales recursos de contenidos conservados por los organismos del sector público.

La enmienda 1 sustituye las palabras «documento» y «documentos» por «información» en toda la propuesta de Directiva. Aunque la Comisión podía aceptar esta modificación propuesta por el Parlamento, desea subrayar que no existe diferencia sustancial entre las dos versiones siempre que se mantenga la definición amplia de «documento» o de «información» propuesta por la Comisión.

Además, el texto transaccional del Consejo no ha recogido unas pocas de las enmiendas respaldadas (parcialmente o en cuanto al fondo) por la Comisión. La primera parte de la enmienda 18 se refiere a formatos que no dependen del uso de programas informáticos específicos. La enmienda 20 propone que se tenga en cuenta el objetivo de la reutilización cuando se determinen los plazos razonables para tramitar las solicitudes de reutilización. Otras enmiendas no recogidas son las 4, 7, 12, 27 y 28.

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo

El Consejo ha introducido en su posición común los elementos nuevos principales que se enumeran a continuación:

Como ya se ha indicado, el Consejo ha sustituido en el artículo 1 la noción de que la Directiva se aplica a la información a la que «pueda accederse de forma general» por la noción de que la Directiva no deberá aplicarse a los «documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros». Tal cosa constituye una mejora técnica del texto original.

En la letra e) del apartado 2 del artículo 1, el Consejo ha hecho extensiva la excepción otorgada a los centros de educación e investigación a las organizaciones creadas para la difusión de los resultados de la investigación. Dado el limitado impacto de esta adición, la Comisión puede aceptarla.

Además, el Consejo ha explicitado (apartado 3 del artículo 1) que la Directiva se apoya en los regímenes de acceso existentes en los Estados miembros y no modifica las normas de acceso a los documentos. Esta noción estaba ya en la base de la propuesta de la Comisión.

En el artículo 4 (artículo 5 de la propuesta de la Comisión), el Consejo ha establecido disposiciones para el caso de que se necesite una licencia y ha extendido los plazos previstos originalmente en la propuesta de la Comisión en los casos en que los regímenes de acceso no los prevean (apartado 2 del artículo 4). En el apartado 5 del artículo 4, el Consejo ha explicitado que los organismos del sector público no afectados por la Directiva en virtud de las excepciones del artículo 1 no estarán obligados a cumplir lo dispuesto en el artículo.

En el artículo 5 (artículo 4 de la propuesta de la Comisión), el Consejo ha incluido una disposición de utilidad para los casos en los que un reutilizador potencial solicite extractos (por ejemplo, parte de una base de datos).

En el artículo 6, el Consejo ha sustituido la noción de que la carga de la prueba de que las tarifas se orientan a los costes recae en el organismo del sector público que cobra por la reutilización de la información por una especificación de determinadas directrices para el cálculo de los costes. Aunque este aspecto constituye un añadido útil, hubiera sido preferible mantener también la noción original de que la carga de la prueba debe recaer en el organismo del sector público, incluyendo además la enmienda 24 del Parlamento (véase más arriba).

En el artículo 7 (artículo 8 de la propuesta de la Comisión), el Consejo ha introducido una distinción entre casos típicos (en los que las condiciones aplicables y las tarifas estándar deberán ser fijadas y publicadas de antemano) y los casos atípicos (en los que los organismos del sector público deberán indicar también qué factores se tendrán en cuenta a la hora de calcular las tarifas). Esta distinción resulta aceptable, dado que es imposible disponer de un catálogo exhaustivo de tarifas para todas las situaciones posibles e imaginables.

En el artículo 8 (artículo 9 de la propuesta de la Comisión) el Consejo ha introducido la noción (implícita en la propuesta de la Comisión) de que los organismos del sector público pueden imponer condiciones para la reutilización, cuando proceda a través de una licencia. Además, ha completado esta disposición con la valiosa idea de que estas condiciones no deben restringir sin necesidad las posibilidades de reutilización ni deben usarse para restringir la competencia. Además, el artículo obliga ahora a los Estados miembros a alentar a todos los organismos del sector público a que utilicen los modelos de licencia que estarán disponibles.

En el artículo 10, el Consejo ha previsto un período de transición máximo de cinco años para poner fin a los acuerdos exclusivos existentes.

Además, el Consejo ha introducido diversas aclaraciones en los considerandos.

4- CONCLUSIÓN

La Comisión observa que el Consejo ha alcanzado la unanimidad y emite un dictamen favorable sobre la posición común en su conjunto. Esta posición común aclara en varios aspectos las disposiciones de la propuesta de la Comisión. Podría mejorarse mas aún el texto incorporando las enmiendas del Parlamento respaldadas por la Comisión, y en particular las relativas al artículo sobre tarificación y las listas de los principales activos de contenidos conservados por los organismos del sector público.