-productos no idóneos para el uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para inmovilizar a seres humanos;

II.somete a los productos (enumerados en el anexo III) que puedan utilizarse para tales usos pero que también puedan tener otros usos legítimos (hacer cumplir la ley) a un régimen de licencias de exportación que se conceden tras una evaluación caso por caso; dichas licencias también son necesarias para prestar asistencia técnica o servicios de intermediación relacionados con esta categoría de productos. El anexo III no incluye: a) las armas de fuego controladas en virtud del Reglamento (UE) n.º 258/2012; b) los productos de doble uso controlados por el Reglamento (CE) n.º 428/2009; c) los productos controlados de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC;

A tal fin, el Reglamento introduce restricciones en el comercio con terceros países. En particular, el Reglamento:

-si son inherentemente abusivos y no debe comerciarse con ellos bajo ningún concepto (anexo II); o

De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 32 del Reglamento, el presente informe proporciona información sobre la aplicación del Reglamento y su impacto entre 2017 y 2019, es decir, desde que fuera modificado por última vez en 2016. El informe aborda, en particular, los siguientes ámbitos: modificaciones al Reglamento a través de actos delegados; medidas nacionales de aplicación; requisitos de comunicación de información y evaluación de las actividades del Grupo de coordinación contra la tortura y de los ciudadanos de la UE en el extranjero.

El Reglamento se modificó en dos ocasiones, en 2011 y en 2014, para actualizar y sus anexos, en los que figuran los productos prohibidos y regulados. En 2016, se modificó considerablemente el Reglamento y, en particular, sus disposiciones de procedimiento.

El Reglamento contra la tortura de la Unión Europea (UE) ha contribuido a eliminar una gran laguna en los controles comerciales basados en los derechos humanos. Introdujo restricciones comerciales vinculantes sin precedentes en una serie de productos que a menudo no figuran en las listas de control de las exportaciones de productos militares, de uso doble u otras listas de control de las exportaciones estratégicas. El Reglamento ha sido ampliamente elogiado por la comunidad internacional de los derechos humanos: por ejemplo, un antiguo relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Theo van Boven, afirmó que el Reglamento es un hito en la lucha contra la tortura y un modelo que podrían seguir los países de otras regiones.

A pesar de las obligaciones de los Estados en virtud del Derecho internacional, siguen produciéndose actos de tortura y otros malos tratos. Durante los últimos años, la comunidad internacional cada vez ha reconocido en mayor medida la necesidad de regular y restringir el comercio con determinado material destinado a hacer cumplir la ley para asegurarse de que estos productos no se emplean para infligir torturas u otros malos tratos.

En 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) exhortó a todos los Estados a que «adopten medidas apropiadas y eficaces de carácter legislativo, administrativo, judicial y de otro tipo para prevenir y prohibir la producción, el comercio, la exportación, la importación y el empleo de equipo que no tenga otra finalidad práctica que la de infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

El Reglamento no controla la importación a la UE ni la transferencia entre los Estados miembros de la UE de material destinado a hacer cumplir la ley y productos relacionados que puedan utilizarse para fines legítimos de cumplimiento de la ley, pero también podrían utilizarse indebidamente para infligir tortura y otros malos tratos. El Reglamento tampoco prohíbe la transferencia dentro de la UE de productos inherentemente abusivos o inapropiados.

Está prohibido el tránsito (transporte dentro del territorio aduanero de la UE de productos de terceros países que pasan por él con destino en terceros países) de los productos que figuran en el anexo II. El tránsito de los productos regulados enumerados en el anexo III generalmente no está prohibido, pero lo está cuando el operador que lleva a cabo el tránsito de dichos productos «tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está o puede estar destinado a utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en un tercer país».

Los productos a los que se refiere el inciso iii) incluyen determinados medicamentos que son especialmente susceptibles de ser utilizados en inyecciones letales. Con el fin de minimizar la carga reglamentaria que se impone a las empresas cuando exportan medicamentos que salvan vidas, el Reglamento incluye un régimen de licencias de exportación globales que no exige que las empresas soliciten licencias de exportación individuales para cada envío de medicamentos. Para que se les conceda una licencia global, las empresas deben demostrar que cuentan con los controles adecuados para impedir que esos medicamentos se vendan para ser utilizados en ejecuciones.

-dispositivos portátiles, así como determinados tipos de látigos, no idóneos para su uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad como material antidisturbios o de autodefensa.

Los Estados miembros no concederán la licencia «cuando haya motivos razonables para pensar que los productos enumerados en el anexo III podrían ser utilizados por una autoridad encargada de hacer respetar la ley o por cualquier persona física o jurídica en un tercer país para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las penas corporales dictadas por un tribunal».

El Grupo de coordinación contra la tortura analizó el requisito de licencia previa para ciertos tipos de asistencia técnica y servicios de intermediación establecido en los artículos 15 y 19 del Reglamento. Dicho Grupo llevó a cabo celebró intercambios técnicos sobre las prohibiciones establecidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento en relación con la introducción de los productos que figuran en las listas en ferias y en publicidad, respectivamente. Esas prohibiciones se introdujeron con la modificación del Reglamento en 2016. Los intercambios se referían, en particular, a la posibilidad de proporcionar orientación a las autoridades pertinentes y a las modalidades de aplicación. Se indicó que se habían notificado casos de productos que se habían anunciado en las páginas web de algunos proveedores europeos.

El Reglamento define un mecanismo para añadir productos a los anexos II, III o IV que permite a los Estados miembros de la UE presentar una solicitud debidamente justificada a la Comisión para que la examine. La Comisión no ha recibido ninguna solicitud de este tipo durante el período de referencia.

Aunque no forma parte estrictamente de la evaluación de la aplicación del Reglamento, el artículo 32 de dicho Reglamento prevé que la revisión evalúe también si es necesario incluir las actividades de los ciudadanos de la Unión en el extranjero en el ámbito de aplicación del Reglamento. Esta sección describe ámbitos en los que pueden evaluarse las actividades de las empresas establecidas en la UE, los ciudadanos de la UE o los residentes de un Estado miembro de la UE que operan en terceros países. Esto alude a las siguientes actividades:

La información de la que dispone la Comisión, que se basa en los datos transmitidos por las autoridades competentes, le permite diferenciar entre el uso final para hacer cumplir la ley, para la ciencia o la asistencia sanitaria, el uso final para empresas de seguridad, el uso final con fines médicos (uso hospitalario y veterinario) de los productos enumerados en el anexo IV, el uso industrial y las exportaciones a empresas comerciales. Durante el período trienal que abarca en presente informe, se notificaron 56 licencias de exportación concedidas para hacer cumplir la ley, 52 con fines científicos o de asistencia sanitaria y las 74 restantes se concedieron con otros fines, fundamentalmente para empresas comerciales y de seguridad privada. Cabe señalar, en ese sentido, que no todos los Estados miembros proporcionan datos completos o información sobre los usuarios finales y, como tales, los datos sobre el uso final no coinciden con el número total de licencias previamente mencionado.

El Reglamento impone un requisito de licencia de exportación que obliga a las autoridades competentes a comprobar si existen indicios de que, de exportarse, los productos podrían utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (anexo III) o para aplicar la pena de muerte (anexo IV). Con este fin, el artículo 20, apartado 8, del Reglamento dispone que la autoridad competente debe recibir «información completa, en particular sobre el usuario final, el país de destino y el uso final de los productos».

Quince Estados miembros informaron a la Comisión de que durante el período que abarca el informe no habían recibido ninguna solicitud de licencia conforme al Reglamento (UE) 2019/125.

Durante el período de referencia, las autoridades competentes no informaron a la Comisión de ninguna infracción del Reglamento. El Reglamento no les obliga a hacerlo.

Chequia, Dinamarca, Alemania, Rumanía y el Reino Unido informaron a la Comisión acerca de sus informes anuales de actividad de 2019. Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 26, apartado 3, del Reglamento, los informes públicos no incluirán «información cuya revelación se considere por un Estado miembro contraria a los intereses esenciales de su seguridad».

También pueden estudiarse otras medidas adecuadas, por ejemplo, medidas para promover una mayor transparencia y concienciación o acciones para fomentar un cumplimiento efectivo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. De hecho, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan que las empresas deben respetar los derechos humanos. No deben violar los derechos humanos de otras personas y deben hacer frente a los actos que afecten a tales derechos. Hacer esto conlleva adoptar medidas adecuadas para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos y, cuando proceda, facilitar compensaciones.

Abordar las cuestiones mencionadas plantea dificultades en relación con el alcance territorial de la jurisdicción de la UE. En principio, en el Derecho internacional, la jurisdicción es territorial y no puede ser ejercida por un Estado fuera de su territorio excepto en virtud de una norma que así lo permita derivada de la costumbre internacional o de un convenio. Sin embargo, existen excepciones a este principio, que son pertinentes en este caso. Por ejemplo, el Derecho internacional sanciona las actividades extraterritoriales de los nacionales de un Estado en lo que se refiere a delitos penales cometidos fuera de su territorio. En el caso de los delitos especialmente graves que se han sometido a la jurisdicción universal, ya sea mediante un tratado multilateral o en virtud del Derecho internacional consuetudinario, como el genocidio , los crímenes de guerra , los crímenes de lesa humanidad y la tortura, un Estado puede ejercer jurisdicción sobre estos delitos independientemente de donde se hayan cometido independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima.

Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a la defensa de los derechos humanos y participaron en la evaluación de la revisión han llamado la atención sobre el caso de los ciudadanos de la UE que operan fuera de la Unión y han prestado, por ejemplo, servicios de formación en materia de seguridad y cumplimiento de la ley utilizando material abusivo para hacer cumplir la ley. También han llamado la atención sobre el caso de empresas que organizan ferias o exposiciones de armas en terceros países. En particular, consideran que debe suprimirse la restricción geográfica actual descrita en el artículo 8 y sebe prohibirse que cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo promocione los productos incluidos en el anexo II en exposiciones o ferias, independientemente del lugar en el que se celebren. Además, consideran que deben introducirse controles (ya sea a través del Reglamento o de otras medidas apropiadas) para regular la prestación de formación o enseñanza por parte de todos los centros educativos pertinentes, de manera que dicha prestación no promocione ni incluya políticas, prácticas o técnicas inadecuadas o abusivas que pudieran facilitar la tortura u otros malos tratos en terceros países o emplearse para estos fines.

-Prestación de asistencia técnica y formación en el uso de material o técnicas destinados a hacer cumplir la ley por parte de entidades de la UE a servicios militares, de seguridad o de policía o a agentes no estatales, como empresas de seguridad privada, en terceros países:

El artículo 8 del Reglamento prohíbe «a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya resida o esté establecido en un Estado miembro o no, mostrar o poner a la venta cualquiera de los productos enumerados en el anexo II en una exposición o feria que tenga lugar en la Unión» (énfasis añadido).

El Reglamento no prohíbe las actividades de intermediación para los productos enumerados en el anexo II ni controla las actividades de intermediación para los productos que figuran en el anexo III cuando son llevadas a cabo por intermediarios de la UE que operan en terceros países.

-Intermediación, es decir, organizar la transferencia de material entre terceros países no pertenecientes a la UE, cuando los artículos no entran en el territorio aduanero de la Unión y cuando dichas actividades son llevadas a cabo por entidades de la UE fuera de la Unión:

-Coherencia y complementariedad: El grado en que el Reglamento facilita la coherencia y complementariedad con otras iniciativas pertinentes de la UE y de los Estados miembros.

-Valor añadido de la UE: El grado en que el Reglamento aporta valor añadido a las medidas adoptadas individualmente por los Estados miembros de la UE.

Las principales fuentes de información para la recopilación de datos para la evaluación eran comunicaciones de información por escrito, entre las que había un estudio, encuestas, entrevistas y un taller con partes interesadas clave.

Más de treinta participantes colaboraron en el taller para las partes interesadas. Pertenecían a un amplio abanico de organizaciones, incluidas las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión Europea, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y ONG.

La evaluación de los datos y la información recopilados permitió obtener los siguientes resultados.

4.2Pertinencia

4.2.1. Consideraciones políticas

El Reglamento, que se adoptó inicialmente en 2005, respondió a la necesidad de establecer «normas de la Unión que regulen el comercio con terceros países de productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte, o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». El objetivo de estas normas era eliminar las lagunas detectadas en los controles comerciales basados en los derechos humanos en la UE y constituyó el primer instrumento vinculante del mundo que abordaba específicamente esta cuestión. Con el fin de conservar su pertinencia, el Reglamento se modificó en 2011, 2014 y 2016.

Además de constituir el primer marco operativo del mundo para regular el comercio con productos relacionados con la tortura, el papel que ha desempeñado como fuente de inspiración para el trabajo realizado en este ámbito por otros países y organizaciones confirma su pertinencia actual. Concretamente, ha inspirado la decisión de las Naciones Unidas de desarrollar normas internacionales comunes sobre el comercio con instrumentos de tortura. Asimismo, se atribuye al Reglamento el haber inspirado el desarrollo de las medidas regionales del Consejo de Europa (COE) para hacer frente al comercio con material destinado a infligir tortura y malos tratos y aplicar la pena de muerte.

La pertinencia percibida de este instrumento se ve aún más reforzada por el hecho de que algunos Estados miembros no pertenecientes a la UE hayan optado por seguir el modelo del Reglamento, como Suiza, Macedonia del Norte y Montenegro. Además, el Reino Unido ha anunciado que conservará las disposiciones del Reglamento tras su salida de la UE.

4.2.2 Pertinencia de los productos y servicios a los que se aplica el Reglamento

Actualmente el Reglamento se aplica a una amplia gama de productos relacionados con la pena de muerte y la tortura.

Por lo que respecta a la cobertura del Reglamento en términos de productos, actividades y personas, el artículo 25 del Reglamento estipula que cada Estado miembro podrá dirigir una solicitud debidamente motivada a la Comisión para añadir productos a los anexos II, III o IV. Durante el período de referencia no se presentó ninguna solicitud de este tipo.

Dos ONG del ámbito de los derechos humanos, que han participado en el ejercicio de revisión, consideran, en particular, que el Reglamento debe ser capaz de responder a los cambios en el mercado internacional de la seguridad, en el que frecuentemente se producen avances tecnológicos y comerciales. En su opinión, el Reglamento también debe tener en cuenta los cambios en la naturaleza del uso y del uso indebido del material destinado a hacer cumplir la ley. También se mencionó como aspecto preocupante el caso concreto de la modificación del nombre de los productos para eludir la aplicación del Reglamento, y esto confirmó la necesidad de actualizar periódicamente las listas de productos a los que se aplica. Según estas ONG, algunos de los productos que actualmente figuran en el anexo III podrías trasladarse al anexo II, como las armas para provocar descargas eléctricas por contacto directo, incluidas las porras eléctricas, los escudos eléctricos y las armas aturdidoras) y también podría resultar útil añadir otros productos, como las capuchas y antifaces que se utilizan en centros penitenciarios, las sillas de sujeción y los tablones y camas con correas destinadas a hacer cumplir la ley. Según estas ONG, las esposas normales, las armas de combate cuerpo a cuerpo utilizadas para golpear y las armas arrojadizas con energía cinética de impacto se encuentran entre los productos controlados que podrían añadirse al anexo III.

Los agentes antidisturbios plantean un problema específico. Durante los últimos años, ha aumentado su disponibilidad y su uso. Dos ONG del ámbito de los derechos humanos, que han participado en la evaluación de la revisión, consideran que el Reglamento no los incluye adecuadamente, ya que existe cierto grado de incoherencia con la «Lista Común Militar» de la Unión Europea. Cuando se redactó (y revisó) el Reglamento, los productos a los que ya se aplicaban otros instrumentos de la UE quedaron específicamente excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento. En la práctica, esta exclusión se ha traducido en una situación en la que el Reglamento incluye el control de algunos agentes antidisturbios, como el aerosol de pimienta y la oleorresina capsicum (OC), pero no aquellos que figuran en la Lista Común Militar. Las ONG del ámbito de los derechos humanos que han participado en el ejercicio de revisión indican que actualmente estos agentes antidisturbios no cubiertos por el Reglamento se utilizan a menudo para infligir torturas y otros malos tratos, así como para la represión interna.

En el caso de los productos enumerados en el anexo IV, el Reglamento incluye determinadas sustancias químicas o medicamentos destinados a salvar y mejorar la vida a la salud de los pacientes, pero que también pueden ser utilizados para aplicar la inyección letal. Según una de las organizaciones que han colaborado para impedir el uso indebido de medicamentos en inyecciones letales, el Reglamento incluye dos de los catorce fármacos que actualmente figuran en los protocolos de inyección letal estatales y federales de los Estados Unidos. Al contrario que los productos enumerados en los anexos II y III, este tipo de sustancias químicas y medicamentos desempeñan una función esencial de salvar vidas y, por tanto, deben evaluarse cuidadosamente las medidas que puedan limitar el comercio con ellos para impedir que afecten negativamente a estos productos médicos legítimos que salvan vidas. A este respecto, cabe señalar el régimen de autorregulación adoptado por varias empresas de la UE que voluntariamente aplican diversos protocolos de distribución que, según diversos grupos de partes interesadas, previenen un uso inadecuado de los fármacos que se exportan desde la UE.

Al evaluar la pertinencia de los productos y servicios que abarca el Reglamento, también debe valorarse la introducción de una cláusula específica sobre el uso final o una cláusula «escoba». Las ONG del ámbito de los derechos humanos que participaron en el ejercicio de revisión y la autoridad de un Estado miembro han defendido la introducción de dicha cláusula. En términos concretos, esta cláusula permitiría que los Estados miembros a título individual detengan una transferencia específica de un artículo determinado que no figure en los anexos II y III del Reglamento. Sería necesario demostrar claramente que dicho artículo no tiene ningún uso práctico aparte de aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros malos tratos. La cláusula también podría aplicarse a aquellos casos en los que existan pruebas de que la posible transferencia del artículo que no figura en las listas conllevaría su uso para tales fines.

Con respecto a los servicios incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, como los servicios de intermediación, la asistencia técnica, la formación y la publicidad relacionados con los productos a los que se aplica el Reglamento, la evaluación no ha constatado ningún indicio de que sea necesaria una modificación a este respecto. Cabe señalar, sin embargo, que la prestación de asistencia técnica, incluida la formación, solo está prohibida o controlada cuando se presta directamente para el material al que se aplica el Reglamento (los productos especificados en los anexos II o III).

4.2.3. Pertinencia de añadir el comercio dentro de la UE