ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/49

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Convención internacional para los trabajadores migratorios»

(2004/C 302/12)

El 29 de enero de 2004, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «La Convención internacional para los trabajadores migratorios»

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 14 de junio de 2004 (ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS).

En su 410o Pleno de los días 30 de junio y 1 de julio de 2004 (sesión del 30 de junio de 2004), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 162 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones el presente dictamen.

1. Introducción

1.1 La «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003 tras la ratificación de los primeros veinte Estados. En la actualidad son 25 los Estados que la han ratificado (1). Es por lo tanto un tratado internacional en vigor de cumplimiento obligatorio para los Estados que lo ratifiquen.

1.2 La Convención tiene como objetivo proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas que emigran por motivos económicos o laborales en todo el mundo, a través de legislaciones adecuadas y de buenas prácticas nacionales. La promoción de la democracia y los derechos humanos deben ser la base común para una adecuada legislación internacional para las políticas migratorias. La Convención garantiza también el equilibrio de las diferentes situaciones, tanto en los países emisores, como en los receptores de inmigración.

1.3 Es uno de los siete tratados internacionales de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y reconoce la protección internacional de ciertos derechos humanos fundamentales definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a todos los trabajadores migratorios y a los miembros de sus familias. La Convención codifica de manera integral y universal los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, sobre la base del principio de la igualdad de trato. Define los derechos que se han de aplicar a los inmigrantes en situación regular e irregular, fija estándares mínimos de protección con respecto a los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y de trabajo y reconoce que los trabajadores migratorios deben gozar de determinados derechos fundamentales que han de protegerse a través de normas internacionales.

1.4 Desarrollando convenios anteriores de la OIT (2), esta Convención amplía el marco jurídico para todas las migraciones internacionales; promueve un trato justo para los inmigrantes y pretende impedir la explotación de los inmigrantes irregulares. Contempla todo el proceso migratorio: formación, selección, salida y tránsito, la residencia en los Estados de empleo y el retorno y el restablecimiento en el país de origen.

1.5 La gestión de los flujos migratorios es responsabilidad de los Estados. El CESE, de conformidad con el Secretario General de las Naciones Unidas, desea que mejore la cooperación bilateral, regional e internacional entre los países emisores y receptores de migrantes. La Convención no promueve ni gestiona los movimientos migratorios, tan solo pretende garantizar el reconocimiento universal de los derechos humanos fundamentales y reforzar su protección internacional.

1.6 La Convención contempla de manera diferente la situación administrativa de las personas migrantes: a todas las personas se les garantiza la protección de los derechos humanos fundamentales; y a los inmigrantes legales se les aplican derechos más desarrollados.

1.7 A través de la Convención, la comunidad internacional y las Naciones Unidas afirman su voluntad de mejorar la cooperación entre las naciones para prevenir y eliminar el tráfico y el trabajo clandestino de los inmigrantes en situación irregular, y extender la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas inmigradas en todo el mundo (3).

2. Los derechos de los inmigrantes

2.1 La Convención pretende garantizar la igualdad de trato y las mismas condiciones legales para los trabajadores inmigrantes y los trabajadores nacionales, lo que implica: — prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso físico y sexual y tratamientos degradantes incluyendo la esclavitud (artículos 10-11, 25, 54); — garantizar los derechos de los inmigrantes a la libertad de pensamiento, de expresión y de religión (artículos 12-13); — reconocer el derecho a la intimidad y a la seguridad personal (artículos 14, 15, 16); — establecer el acceso a la tutela judicial efectiva a través de procedimientos judiciales justos que aseguren el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, para lo cual se aplicará a los trabajadores inmigrantes procedimientos jurídicos adecuados y con servicios de interpretación (artículos 18, 19, 20); — garantizar a los inmigrantes el acceso a la información sobre sus derechos (artículos 33, 37); — garantizar a los inmigrantes la igualdad de acceso a los servicios educativos y sociales (artículos 27-28, 30, 43-45, 54); — reconocer a los inmigrantes el derecho a afiliarse a sindicatos y a participar en ellos (artículos 26, 40).

2.2 La Convención también reconoce a los inmigrantes el derecho a mantener la conexión con su país de origen, lo que implica: — Asegurar que los inmigrantes puedan regresar a su país de origen si así lo desean; permitirles efectuar visitas ocasionales y a mantener lazos culturales (artículos 8, 31, 38) — Garantizar la participación política de los inmigrantes en el país de origen (artículos 41-42) — Asegurar el derecho de los inmigrantes a transferir sus ingresos a su país de origen (artículos 32, 46-48).

2.3 La Convención se basa en la noción fundamental de que todos los inmigrantes deben tener acceso a un grado mínimo de protección. La Convención contempla las dos situaciones (regular o irregular) en que se encuentran los trabajadores inmigrantes; establece un catálogo de derechos más amplios para quienes se encuentran en situación legal, y reconoce también algunos derechos fundamentales para los irregulares.

2.4 La Convención propone que se emprendan acciones para erradicar la inmigración ilegal, fundamentalmente a través de la lucha contra la información engañosa que pueda incitar a la gente a emigrar irregularmente, y a través de sanciones a los traficantes y a los empleadores de inmigrantes indocumentados.

2.5 Se constituye un Comité de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, compuesto de diez expertos encargados de velar por la aplicación de la Convención y nombrados por los Estados que la hayan ratificado.

3. Los países occidentales no han ratificado la Convención

3.1 Las migraciones internacionales son consecuencia de las grandes desigualdades económicas y sociales que existen entre los países ricos del norte y los países en vías de desarrollo, desigualdades que se están acrecentando en un sistema económico cada vez más globalizado. Sin embargo, los países que han ratificado la Convención son en su mayoría países de origen de los inmigrantes. Los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Japón y los demás países occidentales que son receptores de gran número de inmigrantes (4) no han ratificado ni firmado (5) la Convención hasta la fecha.

3.2 La Unión Europea, que pretende establecer normas internacionales en diversos ámbitos (en la OMC para el comercio internacional, a través de Kyoto respecto al medio ambiente, etc.), también debe promover que los derechos fundamentales de los inmigrantes estén garantizados a través de normas internacionales.

4. La política de inmigración en la Unión Europea

4.1 La Unión Europea es un espacio donde se garantizan y protegen los derechos humanos y donde se aplican la mayor parte de los instrumentos jurídicos internacionales de las Naciones Unidas. También dispone de instrumentos propios, tales como la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.2 También la Unión Europea ha desarrollado diversos instrumentos jurídicos de lucha contra la discriminación (6). Sin embargo, diversos expertos, así como el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia (7), han informado de las discriminaciones que sufren los inmigrantes en sus condiciones de trabajo.

4.3 Desde el Consejo Europeo de Tampere la Unión está elaborando una legislación común de asilo e inmigración. Tampere definió una buena base política para que la Unión Europea armonice su legislación para la inmigración y el asilo, así como para mejorar la cooperación con terceros países en la gestión de los flujos migratorios. En Tampere también se acordó que las personas deben recibir un trato justo y que son necesarias las políticas de integración y de lucha contra la discriminación.

4.4 La Comisión ha elaborado numerosas iniciativas legislativas que, sin embargo, se debaten en el Consejo con gran dificultad (8). Cuatro años después de Tampere, el resultado es escaso. La legislación adoptada es decepcionante, muy alejada de los objetivos de Tampere, de las propuestas de la Comisión, de la opinión del Parlamento y de la opinión del CESE. En el Consejo es muy difícil alcanzar acuerdos debido a los bloqueos que permite el sistema actual y a causa de la actitud de algunos gobernantes.

4.5 A través de diversos dictámenes, el Comité Económico y Social Europeo ha solicitado al Consejo que actúe con mayor responsabilidad y con un espíritu más constructivo y de mayor cooperación. Cada vez es más necesario que la Unión Europea disponga de una adecuada legislación común para gestionar la inmigración de manera legal y transparente.

4.6 El CESE ha elaborado diversos Dictámenes (9) en los que se propone que la Unión Europea disponga de una adecuada política para que la inmigración económica se canalice a través de las vías legales, se evite la inmigración irregular y se luche contra el tráfico ilegal de personas.

4.7 Resulta urgente la aprobación de la Directiva sobre las condiciones de entrada y residencia y acceso al empleo de los inmigrantes, sobre la base de la propuesta de la Comisión (10) y considerando la opinión del CESE (11).

4.8 El Consejo Europeo en Salónica consideró positiva la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo (12), en la que se señala que en los próximos años se va a incrementar notablemente la inmigración laboral en la Unión Europea y por ello será necesario disponer de una legislación adecuada para gestionar la inmigración de manera legal. La Comisión también afirma que serán necesarias políticas de integración hacia la población inmigrada, así como de lucha contra toda forma de explotación y de discriminación.

4.9 Algunas legislaciones nacionales sobre inmigración no son plenamente respetuosas con los Convenios internacionales de derechos humanos, e incluso algunas de las directivas europeas (la de reagrupación familiar, por ejemplo) han sido consideradas por diversas ONG y por el Parlamento Europeo contrarias a los derechos humanos fundamentales. El CESE considera que los convenios internacionales de derechos humanos y la Carta de los derechos fundamentales de la UE debe ser la base para toda la estructura legislativa europea en materia de inmigración

5. Los valores de la Unión Europea en el mundo

5.1 Estados Unidos ha implantado en los últimos tiempos una lógica unilateral en la gobernanza de los asuntos internacionales. Todo el sistema de Naciones Unidas está sufriendo problemas graves derivados de esta situación, poniendo en peligro el único sistema existente para la solución multilateral y cooperativa de los conflictos internacionales.

5.2 La Unión Europea, con grandes dificultades, está construyendo una política exterior común en la que las Naciones Unidas ha de desempeñar un papel fundamental. El futuro Tratado Constitucional consolidará ese mandato en política exterior entre las tareas comunitarias.

5.3 El multilateralismo es la base de las relaciones exteriores de la Unión Europea, así como el compromiso activo con el sistema de las Naciones Unidas. En un reciente documento (13), la Comisión Europea afirma: «El desafío con el que se encuentran las Naciones Unidas en la actualidad es claro: la gobernanza mundial seguirá siendo insuficiente si las instituciones multilaterales no pueden garantizar la aplicación efectiva de sus decisiones y de sus normas, ya sea en la esfera de la alta política, es decir la paz y la seguridad internacionales, o en la aplicación práctica de los compromisos contraídos en recientes conferencias de Naciones Unidas en los ámbitos social, económico o medioambiental. La Unión Europea tiene una especial responsabilidad al respecto. Por una parte, ha hecho del multilalateralismo un principio constante en sus relaciones exteriores. Por otra parte, podría y debería servir de modelo en el cumplimiento, yendo más allá del mero cumplimiento, de sus compromisos internacionales».

5.4 La globalización está generando nuevas oportunidades y nuevos problemas en la gobernanza del mundo (14). Las migraciones en la actualidad suponen grandes problemas para las personas que emigran y para los países de origen y de acogida. El reto con el que nos encontramos es el de transformar los problemas en oportunidades para todos, para las personas que emigran, para los países de origen y para los de acogida. El multilateralismo y la cooperación internacional es la hoja de ruta para una buena gobernanza global, para disponer de un sistema de normas e instituciones establecidos por la comunidad internacional y que sean universalmente reconocidas.

5.5 Como dijo el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Parlamento Europeo el 29 de enero de 2004, la cooperación internacional es la mejor manera de gestionar las migraciones internacionales, que van a aumentar en los próximos años. «Solo por medio de la cooperación –bilateral, regional y mundial– podremos forjar unas alianzas entre los países receptores y emisores que redunden en interés de todos; hacer de la inmigración un motor de desarrollo; luchar con eficacia contra los traficantes de personas; y acordar normas comunes para el trato de los inmigrantes y la gestión de la inmigración».

5.6 Europa es un espacio de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos de todas las personas. Para reforzar en el futuro esos valores, los convenios internacionales que protegen los derechos humanos fundamentales deben ser ratificados por todos los Estados de la Unión, y sus preceptos jurídicos incorporados a la legislación comunitaria y nacional.

5.7 El artículo 7 del proyecto de Constitución para Europa propone la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que el CESE respalda. El CESE respalda asimismo la incorporación a la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que supondrá una base común para los derechos de todas las personas en el ámbito de la Unión Europea.

5.8 Estos valores se deben incorporar también a las relaciones internacionales de la Unión. Europa debe promover que, sobre la base de los convenios internacionales patrocinados por las Naciones Unidas, se construya un cuerpo jurídico común de protección internacional de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de origen nacional y sea cual fuera su lugar de residencia.

6. Propuesta del CESE

6.1 El Comité Económico y Social Europeo, en consonancia con los dictámenes que ha elaborado en relación con la política europea de inmigración y de conformidad con la opinión del Parlamento Europeo, propone que los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución no 45/158 de 18 de diciembre de 1990) y que se encuentra en vigor desde el 1 de julio de 2003.

6.2 El CESE propone al Presidente de la Comisión y a la Presidencia en ejercicio del Consejo que adopten las iniciativas políticas adecuadas para que en los próximos 24 meses los Estados miembros procedan a la ratificación de la Convención y que la UE ratifique también la Convención cuando el tratado constitucional le autorice la firma de acuerdos internacionales. Con el fin de facilitar la ratificación, la Comisión realizará un estudio en el que se analicen las legislaciones nacionales y comunitarias en relación con la Convención. Además, los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil se asociarán con el CESE y la Comisión en la promoción de la ratificación.

Bruselas, 30 de junio de 2004. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Roger BRIESCH

(1) Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Kirguistán, Malí, México, Marruecos, Filipinas, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán, Timor Oriental, Uganda, Uruguay.

(2) Convenio no 97 de 1949 y Convenio no 143 de 1975.

(3) Según la Organización Internacional para las Migraciones, 175 millones de personas residen en la actualidad en un país distinto al de su nacimiento o nacionalidad.

(4) En Norteamérica y Europa occidental residen el 55 % del total de los inmigrantes.

(5) Los firmantes son Estados que han expresado la voluntad de adherirse en el futuro: Chile, Bangladesh, Turquía, Comoras, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Togo.

(6) Directiva 2000/43 y Directiva 2000/78.

(7) Véase el informe «Migrants, minorities and employment: exclusion, discrimination in 15 Member States of the European Union», octubre 2003.

(8) La Comisión ya recomendó a los Estados miembros en 1994, en su Libro Blanco sobre la política social europea (COM(1994) 333 final), la ratificación de la Convención.

(9) Véase los Dictámenes del CESE sobre la reagrupación familiar, DOCE C 204 de 18.7.2000 y DOCE C 241 de 7.10.2002, sobre la Comunicación de la Comisión sobre una política comunitaria de migración, DOCE C 260 de 17.9.2001, sobre el estatuto para los residentes de larga duración, DOCE C 36 de 8.2.2002, sobre las condiciones de entrada y residencia por razones laborales, DOCE C 80 de 3.4.2002, sobre una política común de inmigración ilegal, DOCE C 149 de 21.6.2002, sobre las condiciones de entrada y residencia a efectos de estudios, de formación profesional o voluntariado, DOUE C 133 de 6.6.2003 y sobre la incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea, DOUE C 208 de 3.9.2003.

(10) Véase el DO C 332 de 27.11.2001.

(11) Dictamen del CESE en el DO C 80 de 3.4.2002 (ponente Sr. PARIZA CASTAÑOS).

(12) Comunicación de la Comisión COM(2003) 336 final y al Dictamen del CESE en el DO C 80 de 30.3.2004 (ponente Sr. PARIZA CASTAÑOS).

(13) COM(2003) 526 final « La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del multilateralismo».

(14) «Dominar la mundialización, una necesidad para los más débiles».