ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

En el artículo 2, se añade el apartado 5 siguiente: «5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 9, en lo referente a la modificación del apartado 2 del presente artículo para aumentar el límite de la cobertura estadística del transporte por vías navegables interiores a que se refiere, a fin de tener en cuenta la evolución económica y técnica. En el ejercicio de estos poderes, la Comisión velará por que los actos delegados no supongan una carga adicional significativa para los Estados miembros ni para los encuestados. Además, la Comisión justificará debidamente las medidas estadísticas contempladas en dichos actos delegados, utilizando, en su caso, un análisis de rentabilidad que incluya una evaluación de la carga de respuesta de los encuestados y de los costes de producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (*). (*) Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).»."
14.

La inserción de disposiciones a consecuencia de la reforma de la política pesquera común, como el cambio de pabellón, suscitó especial interés para las tres instituciones. El Reglamento ha de asegurar que los buques pesqueros que hayan abandonado la flota pesquera de la Unión, hayan adoptado posteriormente el pabellón de un país tercero y más adelante vuelvan a la flota pesquera de la Unión no hayan participado en actividades de pesca INDNR ni faenado bajo el pabellón de un país no cooperante en materia de pesca INDNR. El Consejo ha mantenido que un buque no puede recibir autorización cuando haya seguido faenando en la flota pesquera del país tercero después de que este haya sido incluido en una lista de países que permiten la pesca no sostenible o de países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR con arreglo al artículo 33 del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, pero no así cuando únicamente se haya determinado que el país tercero es no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. No obstante, a fin de atender a las inquietudes del Parlamento, el Consejo acordó que tampoco pudiesen recibir autorización los buques que continuasen faenando en la flota pesquera del país tercero transcurridas seis semanas desde la decisión por la que se declarase a dicho país tercero no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR, salvo cuando el Consejo hubiese decidido no incluir a dicho país en la lista correspondiente [artículo 6, apartado 2, letra d), de la posición del Consejo].
12.

Tras el acuerdo político se hizo patente que en particular, las disposiciones de transición, en particular, podrían dar pie a inseguridad en relación con su interpretación y, por tanto, podrían tener consecuencias no previstas para el sector, los pacientes y los reguladores. A iniciativa de varios Estados miembros, y en consonancia con las sugerencias de algunos diputados al Parlamento Europeo, se decidió por tanto aclarar la intención del acuerdo político en este sentido. Las aclaraciones técnicas resultantes de los dos textos transaccionales recibieron el acuerdo informal de todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo y se insertaron en los textos durante la revisión de los juristas-lingüistas. Las aclaraciones técnicas al proyecto de Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro figuran en: — la segunda y tercera frases del considerando 98, — el considerando 99, — el artículo 48 (14), — el artículo 110, apartado 3, — los párrafos primero y segundo del artículo 112; — el último párrafo de la letra f) del artículo 113, apartado 3, y en — la letra h) del artículo 113, apartado 3.
15.

El Consejo considera que las Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE ya no bastan para regular el sector de los productos sanitarios. Es deseable mantener un marco legislativo conjunto de la Unión para los productos sanitarios y para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Por tanto, los dos Reglamentos sobre productos sanitarios y sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro únicamente deben discrepar cuando las diferencias estén justificadas por la naturaleza de estas dos categorías de productos y sus fines previstos.
c)

se inserta el apartado siguiente: «5 bis. La Comisión, a menos que tenga pruebas suficientes con arreglo al artículo 10 de que no se cumplen los requisitos del artículo 16, apartado 4, letras c) o d), registrará las importaciones realizadas en virtud apartado 5 del presente artículo, durante el período de comunicación previa de conformidad con el artículo 29 bis. Al decidir sobre la realización de un registro, la Comisión analizará en particular la información recogida basada en la creación de códigos del Arancel integrado de la Unión Europea (TARIC) en relación con un producto sujeto a investigación de conformidad con el apartado 6 del presente artículo.»;
42.

Se trata en particular de: a) una referencia al transporte de paletas o contenedores vacíos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009; b) un cambio en la definición de «transportes de cabotaje» en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009; c) una definición de «tránsito» en el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 (enmienda 167), puesto que este aspecto entra en el ámbito de la propuesta por la que se establecen normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera; d) la propuesta del Parlamento (enmienda 58) de que la instalación de tacógrafos inteligentes debe ser uno de los requisitos para obtener una licencia comunitaria (artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009), puesto que este aspecto entra en el ámbito de la propuesta por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que se refiere al desplazamiento por medio de tacógrafos; e) la enmienda 172 del Parlamento al artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 relativa a los salarios y las vacaciones anuales retribuidas, puesto que este aspecto entra en el ámbito de la propuesta por la que se establecen normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera.
28.

Los siguientes elementos, añadidos por el Consejo a la propuesta de la Comisión, figuran en el texto final de la posición del Consejo: a) una definición más detallada de «transporte no comercial de mercancías» (artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 561/2006); b) una excepción opcional para los vehículos utilizados para transportar hormigón preamasado (artículo 13, apartado 1, letra r), del Reglamento (CE) n.o 561/2006); c) un procedimiento de examen para ciertos actos de ejecución (artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 561/2006); d) la obligación de comunicar a las autoridades de control los datos tacográficos relativos a la superación del tiempo máximo de conducción con el fin de detectar de manera temprana y a distancia posibles manipulaciones o usos indebidos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 165/2014); e) el requisito de que los tacógrafos de nueva generación permitan que un dispositivo externo utilice datos en modo operativo (artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 165/2014); f) un procedimiento para volver a precintar precintos retirados o rotos de tacógrafos que hayan sido abiertos por los agentes de control (artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 165/2014); g) una autorización que permita a la autoridad competente exigir a un conductor que sustituya la tarjeta de conductor, cuando sea necesario, para cumplir las nuevas especificaciones técnicas (artículo 26, apartado 7 bis, del Reglamento (UE) n.o 165/2014).
(27)

Las disposiciones del presente Reglamento están destinadas a ser complementarias de los requisitos de otros actos legislativos de la Unión, en particular en lo que se refiere a los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. A fin de garantizar un planteamiento global para afrontar los posibles riesgos para el medio ambiente y para la salud humana y la sanidad animal, los operadores de las estaciones regeneradoras de aguas y las autoridades competentes deben tener en cuenta los requisitos establecidos en otra legislación de la Unión aplicable, en particular las Directivas 86/278/CEE (8), 91/676/CEE (9) y 98/83/CE (10) del Consejo, las Directivas 91/271/CEE y 2000/60/CE, los Reglamentos (CE) n.o 178/2002 (11), (CE) n.o 852/2004 (12), (CE) n.o 183/2005 (13), (CE) n.o 396/2005 (14) y (CE) n.o 1069/2009 (15) del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2006/7/CE (16), 2006/118/CE (17), 2008/105/CE (18) y 2011/92/UE (19) del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (CE) n.o 2073/2005 (20), (CE) n.o 1881/2006 (21) y (UE) n.o 142/2011 (22) de la Comisión.
16.

Un planteamiento basado en el riesgo no debe limitarse a la determinación de los riesgos, sino que debe contemplar también su gestión, en particular mediante la puesta en práctica de medidas destinadas a prevenirlos o mitigarlos. El control no es un objetivo en sí mismo, sino que debe formar parte de un sistema de gestión y ser un instrumento para comprobar el cumplimiento de la normativa. En términos generales, los cambios propuestos por los colegisladores en estos artículos tratan de desarrollar un sistema integrado de gestión de la calidad para toda la cadena de suministro de agua potable, a saber: desde la zona de captación, la extracción, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución hasta el punto en el que deben cumplirse los valores establecidos en la normativa, es decir, «desde la fuente hasta el grifo».
(5)

A los efectos del presente Reglamento, por el término «órgano jurisdiccional» deben entenderse también otras autoridades que ejerzan funciones jurisdiccionales, o actúen conforme a poderes delegados por una autoridad jurisdiccional o bajo el control de una autoridad jurisdiccional y sean competentes en virtud del Derecho nacional para obtener pruebas a efectos de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil. Esto incluye, en particular, las autoridades que tengan la consideración de órganos jurisdiccionales con arreglo a otros actos legislativos de la Unión, como el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo (4) y los Reglamentos (UE) n.o 1215/2012 (5) y (UE) n.o 650/2012 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tomarán medidas adecuadas, razonables y proporcionadas a fin de atajar eficazmente el uso indebido de sus servicios para la difusión de contenidos terroristas en línea. Si los prestadores de servicios de alojamiento de datos están expuestos a contenidos terroristas, deberán adoptar medidas específicas para proteger sus servicios contra la difusión de tales contenidos. El texto acordado fusiona tres artículos [el artículo 3 (Deberes de diligencia), el artículo 6 (Medidas proactivas) y el artículo 9 (Garantías en relación con las medidas proactivas)] en un artículo titulado «Medidas específicas». La elección de estas medidas corresponde al prestador de servicios de alojamiento de datos. La posición del Consejo en primera lectura deja claro que el prestador de servicios de alojamiento de datos puede utilizar distintas medidas para combatir la difusión de contenidos terroristas, en particular medidas automatizadas, que se pueden adaptar a las capacidades del prestador de servicios de alojamiento de datos y a la naturaleza de los servicios que ofrece. En caso de que la autoridad competente considere que las medidas específicas tomadas son insuficientes para hacer frente a los riesgos, podrá exigir la adopción de medidas específicas adicionales adecuadas, eficaces y proporcionadas. No obstante, la exigencia de aplicar dichas medidas específicas adicionales no debe conllevar una exigencia general de supervisión o de iniciar búsquedas activas de hechos en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE ( 10 ) , ni una exigencia de utilizar instrumentos automatizados. Para garantizar la transparencia, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán publicar informes anuales de transparencia sobre las medidas tomadas contra la difusión de contenidos terroristas.
(7)

El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de la Directiva 2000/31/CE. En particular, las medidas tomadas por un prestador de servicios de alojamiento de datos en cumplimiento del presente Reglamento, incluidas cualesquiera medidas específicas, no deben suponer, por sí mismas, que ese prestador de servicios de alojamiento de datos deje de beneficiarse de la exención de responsabilidad que le concede esa Directiva. Además, el presente Reglamento no afecta a los poderes de las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales de establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos si no se cumplen las condiciones establecidas en dicha Directiva para la exención de responsabilidad
16.

Gobernanza: el Consejo conviene con la posición del Parlamento Europeo en primera lectura en que deben conferirse a la Comisión Europea competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción de programas de trabajo y a la concesión de financiación a las acciones de investigación y desarrollo seleccionadas. Se utilizará el procedimiento de examen para la adopción de los correspondientes actos de ejecución, sin que se pueda adoptar un proyecto de acto de ejecución si el comité del programa no emite un dictamen. El Fondo se ejecutará mediante gestión directa, si bien excepcionalmente, en casos justificados, los organismos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero podrán ejecutar acciones específicas en régimen de gestión indirecta. Dicha excepción no se extenderá al procedimiento de selección y adjudicación.
17.

En este contexto, los programas Interreg podrán apoyar el objetivo específico Interreg de «una mejor gobernanza de la cooperación» mediante una o varias de las siguientes acciones: a) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas, en particular las encargadas de administrar un territorio específico, y de las partes interesadas (todos los capítulos); b) mejorar la administración pública eficiente promoviendo la cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos, los agentes de la sociedad civil y las instituciones; en particular con miras a resolver los obstáculos jurídicos y de otra índole en las regiones fronterizas (capítulos A, C, D y, cuando proceda, B); c) reforzar la confianza mutua, en particular fomentando las acciones interpersonales (capítulos A, D y, cuando proceda, B); d) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas para aplicar estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas, así como otras estrategias territoriales (todos los capítulos); e) reforzar la democracia sostenible y apoyar a los agentes de la sociedad civil y su papel en los procesos de reforma y en las transiciones democráticas (todos los capítulos con la participación de terceros países, países socios o PTU); y f) otras acciones de apoyo a una mejor gobernanza de la cooperación (todos los capítulos).
1)

Se inserta el capítulo siguiente: «CAPÍTULO VI bis Acceso por las autoridades competentes en materia de visados Artículo 22 bis Acceso a Eurodac por parte de las autoridades competentes en materia de visados Las autoridades competentes tendrán acceso a Eurodac para consultar datos en el formato de solo lectura con objeto de verificar manualmente las respuestas positivas activadas por las consultas automatizadas realizadas por el VIS con arreglo al artículo 9 bis del Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1) y de examinar las solicitudes de visados y tomar una decisión al respecto de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 810/2009 (*2). Artículo 22 ter Interoperabilidad con el VIS A partir de la fecha de la entrada en funcionamiento del VIS de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo (*3) (2), Eurodac se conectará al portal europeo de búsqueda creado por el artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo (*4) para permitir el tratamiento automatizado con arreglo al artículo 9 bis del Reglamento (CE) n.o 767/2008. (*1) Reglamento (CE) no 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de información entre los Estados miembros sobre visados para estancias de corta duración, visados para estancias de larga duración y permisos de residencia (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60)" (*2) Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1)" (*3) Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (CE) n.o 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 y (UE) 2019/1986 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, a fin de reformar el Sistema de Información de Visados (DO L …)." (*4) Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).»."
25.

En su posición, el Parlamento había previsto mencionar expresamente la posibilidad de que la Comisión propusiese una revisión del ámbito de aplicación de la Directiva para englobar a las instituciones y órganos europeos, las empresas no cotizadas, así como las sanciones y la cláusula de suspensión. El Consejo prefería una formulación más general, teniendo en cuenta que el derecho de iniciativa corresponde de todos modos a la Comisión cuando se trata de decidir sobre futuras propuestas que revisen o complementen la Directiva. El texto transaccional invita a la Comisión a que examine, en su informe de 2030, la eficacia de la Directiva, la posible necesidad de ampliar su ámbito de aplicación en una fecha posterior para incluir a las sociedades no cotizadas que no son pymes, y una de las condiciones de la cláusula de suspensión, a saber, la que se basa en los progresos realizados (artículo 12, apartado 1, letra a). Las pymes y las instituciones de la UE están claramente excluidas del artículo sobre la revisión tal y como aparece en el texto transaccional acordado. No obstante, se ha añadido un considerando sobre la función ejemplarizante de las instituciones de la UE a fin de dejar constancia de las estrategias de igualdad existentes (considerando 12).
2.

o 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados El 20 de marzo de 2018, el Consejo de Asuntos Generales adoptó una orientación general parcial ( 2 ) que no incluía los actos 1 y 3 de la propuesta, sobre los que se esperaban propuestas paralelas de la Comisión. Al haberse presentado propuestas paralelas para los actos 1 y 3 ( 3 ) , el 20 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó su orientación general ( 4 ) en relación con la adaptación del único acto restante, el Reglamento (CE) n.805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados ( 5 )
(6)

Con el fin de actualizar el Reglamento (CE) n.o 805/2004, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE para que pueda modificar los anexos de dicho Reglamento a fin de actualizar los formularios normalizados. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
4)

Se insertan los artículos siguientes: «Artículo 5 bis A más tardar el … [cuatro años después de la fecha a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la presente Directiva modificativa], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación y los efectos de la presente Directiva. Dicho informe incluirá información sobre la utilización de vehículos alquilados en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que está establecida la empresa arrendataria. En el informe se prestará especial atención al efecto en la seguridad vial, en el medio ambiente, en los ingresos fiscales y en el control del cumplimiento de las normas de cabotaje de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1072/2009. Sobre la base de dicho informe, la Comisión evaluará si es necesario proponer medidas adicionales. Artículo 5 ter 1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (*6). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (*7). 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. (*6) Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1)." (*7) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."
16.

La Directiva actual y la propuesta de la Comisión otorgan en esencia el mismo derecho a alquilar vehículos a las empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro (artículo 3) que a las empresas establecidas en un Estado miembro distinto del anterior (artículo 2). No obstante, tanto el Parlamento (enmiendas 3, 4 y 9) como el Consejo preferían que se estableciera una diferenciación entre estos casos. Cuando la empresa esté establecida en otro Estado miembro y el vehículo de alquiler esté debidamente matriculado en cualquier Estado miembro, un Estado miembro en el que no esté establecida la empresa no debe restringir el acceso al mercado. Este debe ser también el punto de partida cuando una empresa esté establecida en el Estado miembro; no obstante, por lo que respecta a la utilización de vehículos matriculados en otro Estado miembro por dicha empresa, el Estado miembro de establecimiento debe disponer de determinadas medidas de salvaguardia que permitan una restricción.