Los ejemplos del presente informe se han escogido para ilustrar los significativos cambios ocurridos en los últimos años y exponer tanto los retos como los aspectos positivos señalados por las partes interesadas de los Estados miembros. Los ejemplos y descripciones de las medidas e iniciativas nacionales no son exhaustivos y se incluyen meramente con fines ilustrativos. Los informes de síntesis de las consultas y las aportaciones individuales presentan medidas e iniciativas adicionales. Los temas de cada capítulo (dedicados a la protección, el apoyo y el empoderamiento de la sociedad civil) se escogieron como indicadores clave interdependientes de un entorno propicio para la sociedad civil.

-los informes de otras instituciones y agencias de la UE, en particular los de la Agencia de los Derechos Fundamentales centrados en el espacio cívico, y de organizaciones internacionales.

A fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de iniciativas entre los agentes de la sociedad civil, la Comisión creó una red específica de partes interesadas en el ámbito sanitario denominada «Supporting Ukraine, EU neighbouring Member States and Moldova» [Apoyo a Ucrania, los Estados miembros vecinos de la UE y Moldavia] en la Plataforma de Política Sanitaria de la UE.

Desde el estallido de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, las OSC y los defensores de los derechos han movilizado la recepción de ayuda y la acogida de los desplazados internos en Ucrania y de los que han huido a los Estados miembros . Han creado un servicio específico para poner en contacto a los niños desaparecidos que huyen del conflicto con sus familias y tutores . También han estado trabajando en el intercambio de las mejores prácticas en materia de tutela de menores no acompañados y separados de su familia que llegan a la UE desde Ucrania.

El artículo 4, apartado 3, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que la UE es Parte, exige que se consulte estrechamente a las personas con discapacidad acerca de las políticas que les conciernan a través de las organizaciones que las representan. En cuanto a los derechos de los pasajeros, la legislación de la UE exige que estas organizaciones también sean consultadas cuando los operadores de aeropuertos, buques y terminales portuarias adopten normas sobre los pasajeros con discapacidad y cuando los operadores ferroviarios, de buques, de autobuses y de autocares adopten normas sobre el acceso no discriminatorio a sus servicios.

Respuestas a la consulta En el marco de la consulta realizada para elaborar el presente informe, el 61 % de las OSC que respondieron a esta informaron de que se habían enfrentado a obstáculos que coartaban su «espacio seguro». Más concretamente, el 44 % de ellas han sido objeto de agresiones verbales y acoso, intimidación, discursos negativos o campañas de difamación o desinformación. Otros obstáculos con los que se han topado han sido ataques digitales (19 %), la criminalización de las labores humanitarias o relacionadas con los derechos fundamentales (18 %), el acoso administrativo (15 %), ataques físicos a personas e inmuebles (15 %), violaciones de la protección de datos (14 %), vigilancia (12 %), obstáculos relacionados con el uso ético de tecnología o inteligencia artificial (9 %) y demandas estratégicas contra la participación pública (7 %). Los más afectados han sido quienes trabajan en el ámbito de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo y la protección medioambiental. Los defensores de los derechos, como las instituciones nacionales de derechos humanos, se ven afectados por retos similares. Según los informes de la FRA, un significativo número de empleados y voluntarios ha sido objeto de amenazas o acoso (verbal o por escrito, también en línea) en relación con su trabajo para instituciones nacionales de derechos humanos. En algunos Estados miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos se han enfrentado a obstáculos para mantener su independencia, asegurarse los recursos adecuados y cumplir con su amplio mandato. Este también es el caso de los Defensores del Pueblo. Los organismos de igualdad informaron asimismo de un entorno cada vez más complicado debido al menor consenso social en cuestiones de igualdad y a que algunas declaraciones discriminatorias ilegales se consideran aceptables. Por motivos como la existencia de presiones exteriores y unos niveles de personal inadecuados, se han notificado casos de organismos de igualdad que carecen de independencia y efectividad.

3.1.Ejemplos de cómo protegen los Estados miembros el espacio cívico

Para que las OSC y los defensores de los derechos lleven a cabo su trabajo y se salvaguarde su derecho de asociación, es esencial que cuenten con un entorno propicio. En muchos Estados miembros, reciben apoyo y aliento por su trabajo y gozan de protección jurídica. En los últimos años, se han producido varios avances positivos en toda la UE para fomentar este entorno propicio para las OSC y los defensores de los derechos, y algunos Estados miembros están aplicando cambios legislativos e institucionales. Por ejemplo, Croacia y Alemania están preparando planes de acción nacionales para mejorar la situación de las OSC. En Eslovenia, una ley en materia de organizaciones no gubernamentales tiene por objeto crear un entorno propicio para las OSC. En otros Estados miembros, como Bulgaria y Lituania, algunos organismos públicos especiales se encargan de desarrollar políticas de apoyo a la sociedad civil. En Finlandia, el Consejo Consultivo de Política de la Sociedad Civil, organismo gubernamental, ha desarrollado una estrategia para la sociedad civil.

Sin embargo, en algunos Estados miembros, las OSC y los defensores de los derechos expresaron su preocupación por que su libertad de asociación se había visto afectada por la legislación, en particular en materia de orden público o seguridad, preocupaciones que en algunos casos se han planteado ante los tribunales. Otros obstáculos mencionados por las partes interesadas están relacionados con la legislación en materia de transparencia , lucha contra el terrorismo y blanqueo de capitales . Entre los impedimentos citados por la sociedad civil se incluyen las medidas disuasorias, como auditorías e investigaciones de la financiación, y los obstáculos para acceder a financiación.

En la mayoría de los Estados miembros no existen procedimientos especiales para denunciar y supervisar las amenazas y los ataques. Como consecuencia de ello, las propias OSC y los propios defensores de los derechos desempeñan un papel esencial en la supervisión del espacio cívico y la presentación de informes al respecto. Por ejemplo, el Centro Nacional de Derechos Humanos eslovaco ha documentado amenazas, casos de intimidación y acoso y restricciones de los derechos experimentados por la sociedad civil que trabaja en la protección del medio ambiente, los derechos de las personas LGBTIQ y los derechos de las mujeres, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En Finlandia, una OSC desarrolló la herramienta «Juntos contra el odio» para recopilar datos sobre amenazas o ataques contra las OSC y los defensores de los derechos. Además, la plataforma de investigación en línea CIVICUS Monitor lleva un seguimiento de la libertad de la sociedad civil en 197 países y territorios, y Civic Space Watch recopila las constataciones de grupos europeos sobre las condiciones de la sociedad civil e identifica tendencias nacionales y transeuropeas.

Para hacer frente a las agresiones físicas y en línea contra las OSC y los defensores de los derechos en Francia, el Ministerio del Interior supervisa las denuncias de actos ilícitos contra estos grupos y puede aplicar las medidas apropiadas a través de su Servicio de Protección. Luxemburgo y los Países Bajos han puesto en marcha sendos proyectos que permiten permanecer en condiciones de seguridad hasta tres meses a los defensores extranjeros de los derechos que se encuentran bajo amenaza o presión en su propio país. Suecia ha adoptado un plan de acción nacional para hacer frente a las amenazas y el odio dirigidos, entre otros agentes, contra las OSC y los defensores de los derechos.

Las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos de igualdad también trabajan para promover un entorno seguro y propicio para las OSC a escala nacional. Dichas instituciones colaboran estrechamente con las OSC, por ejemplo, formándolas y ayudándolas a desarrollar sus capacidades. En Grecia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogó por la adopción de una propuesta legislativa para proteger a los defensores de los derechos frente a los ataques, las represalias y las restricciones de sus derechos.

3.2.Iniciativas de la UE para proteger el espacio cívico

La UE ha adoptado una serie de medidas para proteger a las OSC y a los defensores de los derechos. Las herramientas desarrolladas para fomentar y proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales tienen por objeto crear, mantener y proteger un entorno propicio para las OSC y los defensores de los derechos.

En particular, el Informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión, en su cuarto pilar, que abarca los controles y equilibrios institucionales, reconoce que «[l]a sociedad civil también desempeña un papel clave en el sistema de controles y equilibrios» y examina los avances relacionados con el marco propicio para la sociedad civil. En 2022, en el Informe sobre el Estado de Derecho se formularon recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, entre otras cosas sobre la situación del espacio cívico en determinados casos.

La iniciativa de la Comisión de 2022 contra las demandas estratégicas contra la participación pública introduce medidas concretas para proteger a todos los agentes que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, y por ello contribuirá a crear un entorno seguro y propicio para las OSC y los defensores de los derechos.

La propuesta de una nueva Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal confirma que las personas, incluidos los miembros de las OSC, que denuncien delitos medioambientales deben beneficiarse del apoyo y la asistencia necesarios en cualquier proceso penal. Los defensores del medio ambiente también están contemplados en la propuesta de Directiva y en la Recomendación contra las demandas estratégicas contra la participación pública, en consonancia con los requisitos del Convenio de Aarhus.

La propuesta de Ley Europea sobre la libertad de los medios de comunicación mejorará el funcionamiento del mercado interior de los medios de comunicación al aumentar la transparencia y abordar los falseamientos del mercado, y con ello reforzará la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros y garantizará que los periodistas y los editores puedan trabajar sin injerencias. Del mismo modo, la Recomendación de la Comisión sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación tiene por objeto garantizar unas condiciones de trabajo más seguras para los profesionales de los medios de comunicación, tanto en línea como fuera de línea.

Impulsada por el Parlamento Europeo, la Comisión también está trabajando en una iniciativa legislativa sobre el reconocimiento transfronterizo de las asociaciones en la UE. Esta iniciativa se centrará en las actividades transfronterizas de las asociaciones y les permitirá beneficiarse plenamente del mercado único y de los derechos fundamentales que les confiere la Carta.

Además de las medidas jurídicas, la Comisión protege a las OSC y a los defensores de los derechos adoptando medidas de ejecución contra las medidas que les afectan y que son contrarias al Derecho de la UE, incluida la Carta. La Comisión incoó dos procedimientos de infracción contra Hungría por una Ley sobre financiación extranjera para la sociedad civil y un proyecto de ley que tipificaba como delito la asistencia prestada a los solicitantes de asilo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en estos dos asuntos han sentado un precedente contra legislación similar y han puesto de relieve el papel fundamental del Tribunal en la protección del espacio cívico y los derechos fundamentales en la UE.

El compromiso de la UE de contribuir a proteger un espacio cívico propicio también se refleja en su acción exterior, en particular en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-2024). Asimismo, se enuncia en las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos.

Desde 2015, la Comisión ha respaldado mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos en situación de mayor riesgo. El Fondo de Emergencia de la UE para los Defensores de los Derechos Humanos presta apoyo, a través de pequeñas subvenciones, a los defensores de los derechos humanos. ProtectDefenders.eu es una coalición de OSC que actúa a escala internacional para recibir, tramitar y responder a las solicitudes de ayuda de los defensores de los derechos humanos. Ofrece un servicio flexible y permanente para diseñar la ayuda, que abarca desde el desarrollo de capacidades y el asesoramiento jurídico y en materia de seguridad hasta servicios de reubicación y acogida. El Mecanismo para Crisis de los Derechos Humanos concede subvenciones a las OSC con el objetivo de garantizar la supervivencia de los movimientos en pro de los derechos humanos en los entornos operativos más represivos.

Además, la Comisión financió el desarrollo de la herramienta CSO Meter, que evalúa la apertura del entorno de la sociedad civil en los países de la Asociación Oriental en el marco de su Instrumento Europeo de Vecindad.

Para proteger el espacio cívico, la UE ha desarrollado una estrecha cooperación y mantenido un diálogo cercano con organizaciones internacionales. En particular, la UE hace pleno uso de las normas y los conocimientos desarrollados por el Consejo de Europa y sus organismos de supervisión. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado tres instrumentos no vinculantes sobre el espacio cívico. El Comité Director intergubernamental de Derechos Humanos analiza la repercusión de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales en las actividades de las OSC y los defensores de los derechos, y determina cuáles son las mejores prácticas para promover y proteger el espacio cívico. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG supervisa la aplicación de una Recomendación sobre la condición jurídica de las ONG y asesora sobre cómo armonizar la legislación y las prácticas nacionales con las normas europeas. Además, la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas realiza un seguimiento de los ataques contra periodistas, indicando si fueron iniciados por agentes estatales o no estatales y la gravedad de los ataques.