Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal () (95/C 236/10)

El 18 de abril de 1995, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de mayo de 1995 (Ponente : Sr. Green).

En su 326° Pleno (sesión del 31 de mayo de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales

1.1. La presente propuesta constituye básicamente una nueva versión de otra propuesta presentada en 1992 (COM(92) 247 final), que fue rechazada por el Parlamento Europeo en julio de 1994, principalmente por problemas de comitología. El CES aprobó por unanimidad su dictamen sobre la primera propuesta el 25 de noviembre de 1992 (CES 1342/92).

1.2. Entre tanto, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que volviera a presentar la propuesta, y estas dos instituciones y el Consejo acordaron adoptar un modus vivendi con respecto a la comitología. Por ello, la Comisión confía ahora en que la nueva propuesta pueda aprobarse sin demora.

Dicho modus vivendi tiene por objetivo regular un problema que ha quedado sin resolver en el Tratado de la Unión Europea : el artículo 145, relativo a la atribución de competencias de ejecución a la Comisión, no contempla el nuevo procedimiento de codecisión. El Tratado carece, por tanto, de un procedimiento para la delegación de competencias en el contexto de la codecisión.

1.3. El Consejo acordó un calendario para la liberalización de todas las redes de telecomunicaciones, infraestructuras y servicios, cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 1998. Este hecho modificará la base actual de derechos exclusivos o especiales que se utiliza como criterio de aplicación de la ONP a los organismos de telecomunicaciones (el « ámbito de aplicación » de la ONP).

La propuesta de directiva no lleva implícito un nivel concreto de liberalización y deja a discreción de los Estados miembros la notificación a la Comisión de los organismos de telecomunicaciones a los que afectará la directiva. Esto está en consonancia con el principio de subsidiariedad. No obstante, el grado de precisión con que se defina el ámbito de aplicación de la ONP puede dar lugar a diferencias de aplicación en los distintos Estados miembros.

La aplicación de la liberalización necesita para concretarse una legislación adecuada. Es probable que se deroguen todos los derechos exclusivos o especiales. Según el Libro Verde sobre la liberalización de las estructuras (parte II), publicado por la Comisión, cabe esperar que todas las limitaciones reglamentarias referentes al número de operadores de telecomunicaciones dependan únicamente de las limitaciones impuestas por los « recursos naturales », tales como las radiofrecuencias, la numeración o la planificación urbanística. Es importante señalar, no obstante, que la legislación todavía no se ha promulgado y que, por tanto, esta normativa se halla en una fase de transición.

1.4. La nueva propuesta presentada ha variado en una serie de aspectos, sin modificar por ello el fondo de la directiva. Los cambios se dirigen principalmente a mejorar la protección de los consumidores y a reforzar la gestión de las autoridades nacionales de reglamentación.

2. Observaciones generales

2.1. A pesar de la evolución hacia la libre competencia, sigue existiendo la necesidad de elaborar una directiva sobre la telefonía vocal; el CES se remite a sus observaciones iniciales sobre los beneficios que cabe esperar en materia de protección de los consumidores, servicio universal y mercado interior armonizado para los servicios de telecomunicaciones asociados a la telefonía vocal.

2.2. Con la abolición de los derechos especiales y exclusivos para la telefonía vocal y las redes asociadas, cada vez resulta más importante definir un conjunto mínimo de elementos del servicio paneuropeo que sea secundado por los principales proveedores de servicios. A este respecto, el CES recuerda su dictamen anterior : « La definición, aplicación e interpretación de las medidas ONP deberían guardar relación con los costes que implican. Las medidas ONP deben tener en cuenta el carácter real de la demanda, que incluye la viabilidad económica y social, la viabilidad técnica y los costes de aplicación y explotación. Toda tendencia a basar las tarifas en los costes debería ser paulatina e ir acompañada de medidas dirigidas a garantizar que los usuarios de tráfico reducido y el conjunto de los consumidores se beneficien de reducciones tarifarias, al igual que lo hacen las empresas. Dicha evolución también debería incluir medidas destinadas a promover la conexión a la red de hogares que, sin estas medidas, no podrían estar conectados. »

La directiva propuesta define este conjunto mínimo de elementos del servicio paneuropeo y deja a discreción de los Estados miembros designar qué organismos de telecomunicación se encargarán de su aplicación (dependiendo del nivel de prestación de servicios y de competencia de cada Estado miembro). Aunque los mecanismos de mercado con el tiempo deberían sustituir a los mecanismos normativos, es probable que el mercado de las telecomunicaciones requiera durante algún tiempo un cierto grado de reglamentación -en particular, en lo referente a los cuellos de botella- que dependerá de la situación del mercado de cada país.

2.3. Asimismo, la liberalización de la competencia acrecienta la importancia de establecer principios básicos de competencia leal, sobre todo en el ámbito de la interconexión de redes. La Comisión ha indicado que próximamente presentará una propuesta de directiva sobre la interconexión en el contexto de la ONP. El Comité acepta los artículos de la actual propuesta referentes al acceso especial a la red y la interconexión como una serie de medidas iniciales, y confía en que en el futuro se adopte un conjunto de propuestas más global que quede recogido en una propuesta de directiva específica. Mientras tanto, los Estados miembros deberían garantizar una interconexión adecuada y en condiciones de competencia leal para todos los proveedores.

2.4. El Comité aprueba la modificación del apartado 1 del artículo 10, que refleja el derecho de los usuarios a presentar su caso a la autoridad nacional de reglamentación antes de que ésta adopte una decisión. El Comité propuso esta modificación en el punto 3.2 del anterior dictamen del CES.

2.5. El Comité apoya el deseo de que la propuesta de directiva se apruebe sin demora.

3. Observaciones específicas

3.1. El Comité Económico y Social subraya la necesidad, con arreglo a lo previsto en el artículo 9, de garantizar la prestación de servicios avanzados enumerados en el punto 1 del anexo 3, pero al mismo tiempo confía en que los servicios y « facilidades » enumerados en el punto 2 del anexo III se introduzcan lo más rápidamente posible a escala europea, en función de la viabilidad técnica y económica. Este extremo resulta esencial para llevar a cabo un servicio universal. Por ello revisten una importancia especial las disposiciones relativas a la convergencia a escala comunitaria definidas en el artículo 25 de la propuesta.

3.2. El Comité quiere insistir en la importancia de aplicar los principios de tarificación y contabilidad de los costes a que se refieren los artículos 12 y 13, y en la necesidad de que al hacerlo se tenga debidamente en cuenta la capacidad de inversión en nuevas tecnologías.

3.3. El CES recuerda que el considerando 44 subraya la importancia de efectuar adaptaciones técnicas de la directiva que tengan en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros. El Comité subraya también la importancia de las propuestas formuladas por los Estados miembros. Dado el gran impacto potencial de las adaptaciones, es importante que el Comité sea consultado sobre este tipo de propuestas.

3.4. El Comité considera que la Comisión debería informar al Parlamento Europeo, al Consejo y al CES como muy tarde dos años después de la fecha límite establecida para la aplicación de la directiva (véanse los artículos 31 y 32).

Hecho en Bruselas, el 31 de mayo de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 122 de 18. 5. 1995, p. 4.