 Vista su Decisión de 9 de marzo de 1994 sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las con-
diciones generales del ejercicio de sus funciones (1), incorporada como Anexo X al Reglamento del
Parlamento Europeo,
 Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Peticio-
nes (A5-0240/2001),
1. Decide modificar el apartado 2 del artículo 3 de su Decisión de 9 de marzo de 1994 sobre el Esta-
tuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones:
2. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, de confor-
midad con el apartado 4 del artículo 195 del Tratado CE.
ESTATUTO
DEL DEFENSOR DEL PUEBLOPROPUESTAS
DE MODIFICACIÓN
2. Las instituciones y órganos comunitarios estarÆn obliga-
dos a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeri-das y darle acceso a la documentación relativa al caso. Sólo
podrÆn negarse a ello por razones de secreto debidamente jus-tificadas .2. Las instituciones y órganos comunitarios estarÆn obliga-
dos a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeri-das y permitirle consultar y copiar cualquier documento. Por
«documento» se entenderÆ todo contenido, sea cual fuere susoporte (escrito en versión papel o almacenado en forma elec-trónica, grabación sonora, visual o audiovisual) .
Para dar acceso a los documentos procedentes de un Estado
miembro clasificados como secretos en virtud de una disposi-
ción legislativa o reglamentaria serÆ necesario que hayanobtenido el acuerdo previo de dicho Estado miembroLe permitirÆn el acceso a todos los documentos clasificados
procedentes de un Estado miembro despuØs de haber advertido
alEstado miembro de que se trate .
Para dar acceso a los demÆs documentos procedentes de un
Estado miembro serÆ necesario que hayan advertido al Estadomiembro de que se trate.
En ambos casos , y con arreglo al artículo 4, el Defensor del
Pueblo no podrÆ divulgar el contenido de dichos documentos.En todos los casos en que los documentos estØn clasificados
como «SECRET (secreto)» o «CONFIDENTIEL (confidencial)»y con arreglo al artículo 4, el Defensor del Pueblo no podrÆdivulgar el contenido de dichos documentos.
Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos
comunitarios estarÆn obligados a prestar declaración cuando
lo solicite el Defensor del Pueblo. Se expresarÆn en nombre
de la administración de la que dependan y conforme a lasinstrucciones de Østa y tendrÆn obligación de mantener elsecreto profesional.Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos
comunitarios prestarÆn declaración cuando lo solicite el Defen-
sor del Pueblo. TendrÆn la obligación de facilitar información
completa y veraz.
(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
12. Trabajos de la Comisión de Peticiones (2000-2001)
A5-0236/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante
al aæo parlamentario (2000-2001) (2001/2010(INI))
El Parlamento Europeo,
 Visto el artículo 163 de su Reglamento, Visto el apartado 5 del artículo 175 de su Reglamento,
 Vistas sus anteriores resoluciones en materia de peticiones,
 Vistos los artículos 21 y 194 del Tratado CE,21.3.2002 ES C 72 E/337 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 6 de septiembre de 2001
 Visto el informe anual (1999-2000) del Defensor del Pueblo europeo,
 Visto el Acuerdo interinstitucional de 1989 sobre el refuerzo del derecho de petición (1),
 Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A5-0236/2001),
A. Considerando que el derecho de petición es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos y de
cualquier persona física y jurídica que tenga su residencia o su domicilio social en un Estado miembro,
B. Considerando que el ciudadano europeo desea tener una mayor participación en la construcción de la
Comunidad mediante la presentación de peticiones al Parlamento Europeo,
C. Considerando que la petición constituye un instrumento excepcional para conocer el impacto de la
legislación comunitaria en la vida de los ciudadanos,
D. Considerando que la petición refuerza las competencias de control del Parlamento Europeo al revelar
situaciones de vulneración del derecho comunitario,
1. Recuerda que el derecho de petición establecido en los Tratados constituye un sistema eficaz de
mantener a las instituciones en contacto con los ciudadanos, sirviendo ello de cauce para conocer susproblemas, e incluso sus justas aspiraciones, lo cual es asimismo de extraordinaria importancia para lospropios ciudadanos;
2. Subraya, por otra parte, que la institución de la petición y las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo
europeo son las dos œnicas vías de que dispone el ciudadano europeo para informar de las deficienciasexistentes en la legislación comunitaria y denunciar los casos en que no se aplica o no se traspone elDerecho comunitario; en este sentido, la Comisión de Peticiones apoya las iniciativas del Defensor delPueblo europeo en Æmbitos como la elaboración de un código de buena conducta administrativa, el accesodel pœblico a los documentos de las Instituciones y la elaboración de informes especiales;
3. Comprueba que, a menudo, el ciudadano europeo que se dirige al Parlamento Europeo para resolver
una situación de injusticia que le afecta no obtiene una respuesta adecuada a sus preocupaciones con la
rapidez que sería deseable;
4. Recomienda que el tema del derecho de petición de los ciudadanos sea incluido en la Agenda de la
proyectada Convención sobre la futura construcción de la Unión Europea, con la finalidad de potenciar laparticipación directa de los ciudadanos en el afÆn diario de las Instituciones comunitarias;
5. Destaca que una cooperación fructuosa entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Euro-
pea es esencial para responder a las inquietudes que el ciudadano europeo manifiesta en sus peticiones,aspecto que, hasta la fecha, deja mucho que desear en lo que respecta al Consejo;
6. Reconoce y se felicita de que en líneas generales la Comisión Europea viene desempeæando un papel
constructivo en la tramitación de las peticiones;
7. Subraya que las transgresiones de los principios de la legislación comunitaria por parte de los órga-
nos administrativos de los Estados miembros, ya sean nacionales, regionales o locales, puestas de mani-fiesto a travØs de peticiones, obligan a la Comisión Europea a iniciar procedimientos contra el Estadomiembro en cuestión, de acuerdo con el artículo 226 del Tratado;
8. Pide a la Comisión que siga la recomendación del Defensor del Pueblo relativa al establecimiento de
un código de procedimiento claro para el tratamiento de los procedimientos de infracción contra losEstados miembros;
9. Observa que el ciudadano europeo tiene a su alcance los mÆs modernos medios de comunicación y
de información que ofrece el mundo de la informÆtica, pero que todavía no los puede utilizar con elmÆximo provecho deseable porque las respectivas instituciones, en concreto el Parlamento Europeo, aœnno han desarrollado lo suficiente los instrumentos legales y tØcnicos;
10. Reitera la solicitud a la Comisión Europea para que, junto con la Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo, desarrollen sistemas electrónicos de tratamiento de información y bases de datos de casosya resueltos que sirvan de jurisprudencia en el Æmbito de las peticiones, y que los pongan a disposición delos ciudadanos a travØs de Internet;
(1) DO C 120 de 12.4.1989, p. 90.C 72 E/338 ES 21.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 6 de septiembre de 2001
11. Solicita a la comisión competente para las cuestiones relativas al Reglamento que adapte la legisla-
ción en vigor para permitir al ciudadano recurrir a los medios electrónicos en las distintas fases de trata-miento de su petición;
12. Insta a la comisión competente a que estudie las modificaciones necesarias del punto XVII del
Anexo VI de su Reglamento para permitir que la Comisión de Peticiones desempeæe un papel mÆs activo
en el examen de las peticiones que se le presenten;
13. Considera que habría que reforzar las posibilidades de los ciudadanos de fomentar la adopción de
normas comunitarias mediante las peticiones; pide a la comisión competente que estudie posibles modifi-caciones del Reglamento y de los Tratados, a tal fin;
14. Propone la elaboración de un nuevo acuerdo interinstitucional que permita lograr una mayor efica-
cia y rapidez en el tratamiento de las peticiones, incluyendo en concreto la obligatoriedad de los plazos;una cooperación eficaz entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea y el Defensor delPueblo europeo, y la presencia obligatoria del Consejo en el examen de las peticiones;
15. Opina que el nuevo acuerdo interinstitucional debería confirmar el derecho de la Comisión de
Peticiones a obtener la información y los documentos que necesita para llevar a cabo sus cometidos;
16. Sugiere que, en caso de falta de reacción pronta y razonable por parte de alguna institución en la
bœsqueda de solución justa a una petición, la Comisión de Peticiones proponga a la Presidencia del Parla-mento Europeo dar al caso la publicidad que estime procedente;
17. Considera que, ante la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos,
deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,en especial el artículo 21, siempre que se trate de determinar los casos en que se ha producido unavulneración del principio de no discriminación;
18. Manifiesta que, en casos de peticiones de especial trascendencia, sería positivo procurar la presencia
de los respectivos peticionarios en las deliberaciones de la Comisión de Peticiones, bien en sede parlamen-
taria o en el lugar del problema, así como el encargo de estudios pertinentes a la Dirección General deEstudios o a STOA;
19. Recomienda que las instituciones promuevan en el Æmbito comunitario una labor de educación e
información respecto al derecho de petición de los ciudadanos, incluido el establecimiento del correspon-diente sitio Internet;
20. Manifiesta que, a la vista de la experiencia, la practica de la promoción de Informes de Iniciativa
propia, constituye una vía muy apropiada y procedente para ser utilizada por la Comisión de Peticiones,por lo que debería ser incrementada en el futuro;
21. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución y el informe de su comisión compe-
tente al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a sus respectivasComisiones de Peticiones, así como al Defensor del Pueblo europeo y a los Defensores del Pueblo nacio-nales u órganos anÆlogos de los Estados miembros.
13. Repœblica de Zimbabwe
B5-0549, 0554, 0571, 0581, 0582 y 0592/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Zimbabwe
El Parlamento Europeo,
 Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Zimbabwe, de 13 de abril de 2000 (1), 18 de
mayo de 2000 (2), 6 de julio de 2000 (3) y 15 de marzo de 2001 (4),
(1) DO C 40 de 7.2.2001, p. 425.
(2) DO C 59 de 23.2.2001, p. 241.
(3) DO C 121 de 24.4.2001, p. 394.
(4) «Textos Aprobados», punto 15.21.3.2002 ES C 72 E/339 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 6 de septiembre de 2001