La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las empresas de inversión, los mercados regulados y los proveedores de servicios de datos.

•Subsidiariedad

En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Debe evaluarse si los objetivos de la propuesta no podrían alcanzarse por los Estados miembros en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales y si, por razón de su escala y sus efectos, pueden alcanzarse mejor mediante la actuación de la UE. Los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros de la Unión y sus distintas interpretaciones del concepto de actividad de financiación participativa han dificultado la aplicación del régimen de «pasaporte» a los proveedores de servicios de financiación participativa en toda la UE. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo un seguimiento del mercado desde 2013 y han reconocido las crecientes divergencias y la amplificación de los problemas que justifican la intervención a nivel de la UE. Por otra parte, no se ha llevado a cabo hasta el momento ningún esfuerzo de coordinación entre los Estados miembros en lo que atañe a la regulación de los servicios de crédito prestados por entidades que no se dedican a la captación de depósitos, y la aplicación de las disposiciones de la MiFID a las plataformas de financiación participativa basada en la inversión no es suficientemente uniforme para permitir la actividad transfronteriza. Las medidas adoptadas por los Estados miembros solamente pueden aportar soluciones a sus propios mercados respectivos, lo cual no es suficiente para reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, el objetivo de facilitar el acceso a la financiación inicial y en fase temprana para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y otras empresas no cotizadas, así como la creación de un entorno regulador claro, uniforme y transparente para los inversores que deseen apoyar estos proyectos, no puede ser alcanzado mediante la acción individual de los Estados miembros.

•Proporcionalidad

Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

La financiación participativa consiste en actividades de captación de capital de escasa cuantía para nuevas empresas emergentes o pequeñas que desean ampliar su actividad. No obstante, en algunos Estados miembros la legislación aplicable a los proveedores es la legislación sectorial vigente, como la MiFID II y el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). Estas normas pueden resultar desproporcionadas para las actividades de escasa magnitud. Al mismo tiempo, pueden no ser adecuadas para el fin pretendido. La financiación participativa engloba muchos modelos de negocio diferentes, y es posible que no todos ellos estén regulados, lo cual puede producir efectos impredecibles de arrastre normativo. Como resultado, puede no ser posible regular, de modo proporcionado, a un número creciente de plataformas cuyos modelos de negocio son variados y abarcan tanto operaciones de crédito como de inversión, así como el uso de instrumentos nuevos y aún por definir.

Por estas razones, la exención de las obligaciones de los proveedores de servicios de financiación participativa derivadas de la MiFID y la consiguiente aplicación exclusiva del Reglamento (UE) XXXX/XX sobre estas personas darían lugar a un entorno regulador más proporcionado para los proveedores de servicios de financiación participativa.

Por otra parte, supondría una reducción considerable y relativamente rápida de los costes de entrada en el mercado (costes normativos y de supervisión) para las plataformas de financiación participativa con actividad (o voluntad de actividad) transfronteriza, ya que tendrían que obtener su autorización una sola vez.

•Elección del instrumento

El artículo 53, apartado 1, del TFUE permite la adopción de actos en la forma de directiva o de reglamento. La modificación del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE puede alcanzarse de la forma más sencilla y jurídicamente coherente en virtud de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifique la Directiva 2014/65/UE.

3.EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluación de impacto

Los principales impactos económicos y sociales han sido analizados en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas.

•Adecuación regulatoria y simplificación

No procede.

•Derechos fundamentales

La presente iniciativa no tiene impacto relevante sobre los derechos fundamentales.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS