Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios»

(98/C 214/24)

El 2 de febrero de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de abril de 1998 (ponente: Sr. Green; coponente: Sr. Schmitz).

En su 354° Pleno de los días 29 y 30 de abril de 1998 (sesión del 29 de abril), el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 15 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Síntesis del documento de la Comisión

1.1. En varias ocasiones, se han puesto obstáculos a la libre circulación de mercancías, dirigidos contra particulares y empresas de otros Estados miembros.

1.2. El Consejo Europeo de Amsterdam solicitó a la Comisión que estudiase «el modo de garantizar de manera eficaz la libre circulación de mercancías, incluyendo la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros». Además, el Consejo Europeo instó a la Comisión a «presentar propuestas adecuadas antes de su próxima sesión en diciembre de 1997».

1.3. El fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión es el artículo 235 del Tratado.

1.4. La propuesta se refiere a los obstáculos a la libre circulación de mercancías resultantes de una acción o de una inacción de un Estado miembro.

1.5. Para estar comprendidos dentro del ámbito de aplicación del texto propuesto, los obstáculos deben ser «manifiestos, específicos y no justificados». Es preciso, además, que tales obstáculos provoquen una perturbación grave de la libre circulación de mercancías, ocasionen grave daño a los particulares perjudicados y exijan una acción inmediata a fin de evitar la continuación, extensión o agravamiento de la perturbación y el daño mencionados.

1.6. A los efectos del Reglamento propuesto, existirá inacción por parte de un Estado miembro cuando éste se abstenga de aplicar todas las medidas necesarias y adecuadas, habida cuenta de la naturaleza del obstáculo de que se trate, para garantizar la libre circulación de mercancías sin menoscabar por ello el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.

1.7. El procedimiento previsto por el texto propuesto se inspira en las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales.

1.8. Dado que la decisión de la Comisión es directamente aplicable y surte efectos jurídicos inmediatos, los perjudicados podrán invocarla ante las jurisdicciones nacionales. Podrá ejercerse este derecho en el marco de una acción tendente a la eliminación del obstáculo de que se trate o en el de una que persiga la reparación del perjuicio ocasionado.

2. Observaciones generales

2.1. El CES está a favor de que se garantice la libre circulación de mercancías en el mercado interior. En consecuencia, aplaude que se intervenga de forma más rápida contra los obstáculos ilegales a los intercambios; en la actualidad, las acciones entabladas al amparo del artículo 169 del Tratado se prolongan por espacio de cuatro o cinco años.

No obstante, el CES no puede apoyar la propuesta en su versión actual.

2.1.1. Fundamento jurídico

En opinión del CES, la Comisión -conjuntamente con los Estados miembros- debería diseñar mecanismos para dinamizar la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado, especialmente, en los casos en que los obstáculos a los intercambios requieran una solución rápida, en lugar de optar por el artículo 235 como fundamento jurídico, al cual no debería recurrirse precisamente en razón de su carácter subsidiario. A este respecto, el CES señala que el artículo 186 del Tratado autoriza al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a ordenar medidas provisionales.

2.1.2. Restricción del ámbito de aplicación del Reglamento a la libre circulación de mercancías

El CES se pregunta por qué la propuesta se concentra únicamente en la libre circulación de mercancías, en lugar de extenderse a las otras tres libertades de circulación propias del mercado interior, a saber, servicios, capitales y personas.

2.1.3. Plazos

El CES no considera realistas los plazos que la Comisión propone conceder a los Estados miembros para que reaccionen, sobre todo, en el caso de los que tengan un sistema federal.

2.1.4. Derechos sociales fundamentales

El mecanismo de intervención propuesto por la Comisión para garantizar la libre circulación de mercancías no debe conducir, en ningún caso, a medidas relativas a conflictos laborales. Podría resultar problemático el hecho de que el Tribunal de Justicia debiera pronunciarse sobre la legitimidad de conflictos laborales, inmiscuyéndose así en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Tal situación entraría en contradicción con el principio de subsidiariedad.

2.1.4.1. Hay que aclarar por tanto que, al examinar una medida que se oponga a la libre circulación de mercancías, deben considerarse ante todo los límites concretos del Derecho comunitario (en particular, el artículo 36 del Tratado). Fuera de estos límites, las cuestiones jurídicas relativas a conflictos laborales deberían ser valoradas exclusivamente sobre la base de disposiciones nacionales, y sólo por las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales.

2.1.5. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Como es del todo natural, la Comisión otorga una gran importancia a las decisiones del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el Comité se pregunta si la Comisión podría acelerar suficientemente sus trabajos preparatorios de manera que las medidas provisionales pudiesen ser solicitadas y, en su caso, decretadas en tiempo oportuno.

3. Conclusiones y propuestas

3.1. El CES está a favor de la libre circulación de mercancías y, por ello, aboga por articular una intervención más rápida y eficaz frente a los Estados miembros que la obstaculizan por acción o inacción.

3.2. No obstante, el CES no puede apoyar la propuesta en su versión actual, puesto que el Tratado no atribuye a la Comisión la competencia descrita en la propuesta de Reglamento. Además, el CES considera que existe incertidumbre en cuanto a su alcance.

3.3. Dado que la propuesta de Reglamento que se examina plantea diversos problemas y ha suscitado una actitud de rechazo en el Consejo (), el Comité aboga por que sólo se recurra al mecanismo de intervención de la Comisión en caso de que un Estado miembro trate de modo diferente a un particular o a una empresa de la UE por razón de su nacionalidad. La Comisión debería basarse en otro fundamento jurídico, tomando como referencia los artículos 6, 7A y 5 del Tratado, así como los artículos 169 y 186. Un enfoque tal facilitaría, además, la inclusión de las otras tres libertades de circulación propias de mercado interior: servicios, capitales y personas.

3.4. El Comité propone que la Comisión publique una Comunicación en la que informe sobre el estado actual de la cuestión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En dicha Comunicación deberían figurar, asimismo, las opciones para el establecimiento de un mecanismo aplicable a situaciones como aquéllas en que un Estado miembro tratase de forma diferente a particulares o empresas de la UE por razón de su nacionalidad.

Bruselas, el 29 de abril de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Consejo «Mercado interior» del 30.3.1998, 6875/98 - PV/CONS.16 - MI 19.