4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/17 
7.7. El Comité destaca la necesidad de un procedi­
miento sencillo y aceptable, mediante el cual todos 
los sectores afectados, especialmente las autoridades 
competentes designadas por los Estados miembros y la 
Comisión, puedan hallar soluciones rápidas en situacio­
nes de emergencia. 
7.8. Según esto, la Comisión debería cumplir una 
función de receptor centralizado de la información 
sobre productos peligrosos que le fuesen notificados 
urgentemente por las autoridades nacionales y locales 
que hayan decidido la necesidad de una rápida acción. 
Estas autoridades informarían también a la Comisión 
sobre las retiradas voluntarias de productos realizadas 
por los fabricantes. En los casos pertinentes, la Comi­
sión también tendría en cuenta la información presen­
tada por otras fuentes fiables, dada la necesidad de 
contar con la opinión de un amplio abanico de interlo­
cutores. 
7.9. Caso de llegarse a admitir firmemente la necesi­
dad de la acción original, la Comisión debería pedir a 
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1988. 
1. Introducción 
1.1. El XII Informe Anual de 1986 del Fondo euro­
peo de desarrollo regional fue publicado por la Comi­
sión el 1 de diciembre de 1987. El Comité ve con agrado 
este informe, que indica que durante ese año el abanico todos los Estados miembros la adopción de acciones 
equivalentes. 
7.10. En los casos de emergencia que afecten a la 
salud y la seguridad de un número importante de perso­
nas, es necesaria una acción inmediata. Los Estados 
miembros podrán decidir por sí mismos sobre las medi­
das inmediatas a tomar, aunque la Comisión debería 
estar en condiciones de asegurar que se adopten medi­
das de emergencia vinculantes en todos los Estados 
miembros siguiendo criterios uniformes. Es, por lo 
tanto, necesario un instrumento jurídico comunitario 
efectivo (ver apartado 1.3) que fije una serie de normas 
claramente establecidas, que permitan intervenir en 
casos de emergencia. Esta intervención implicaría la 
inmediata suspensión, retirada e incluso destrucción de 
las mercancías peligrosas. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
y la escala de las actividades del fondo continuaron 
incrementándose. Asimismo, el Comité celebra la pro­
gresiva evolución de los métodos analíticos utilizados 
por el fondo con el fin de identificar las cuestiones 
prioritarias y el examen de propuestas dirigidas a sol­
ventar los problemas regionales. Dictamen sobre el XII Informe Anual del Fondo europeo de desarrollo regional 
(88/C 175/08) 
El 21 de diciembre de 1987, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social, de 
conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, sobre el XII Informe del Fondo europeo de desarrollo regional (Feder). 
La Sección de desarrollo regional, ordenación del territorio y urbanismo, encargada de la 
preparación de los trabajos del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 19 de abril de 
1988, basándose en el informe del Sr. Black. 
En su 255a sesión plenaria (sesión del 27 de abril de 1988), el Comité Económico y Social 
adoptó el siguiente dictamen por unanimidad salvo una abstención. 
N° C 175/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4.7. 88 
1.2. El informe está siendo examinado en un 
momento en que la Comunidad Europea tiene ante sí 
el estimulante reto de la creación de un amplio mercado 
interior sin obstáculos en 1992. Ello debería comportar 
beneficios sociales y económicos a la Comunidad en su 
conjunto; constituye una preocupación común vital que 
dicho proceso vaya acompañado de una reducción de 
las diferencias económicas regionales y de un estímulo 
al crecimiento de las zonas menos desarrolladas. Las 
lecciones que se desprenden de los recientes aconteci­
mientos en política regional comunitaria y de la evolu­
ción del Feder proporcionan importantes indicaciones 
para la futura política y para los procedimientos y las 
prioridades del Feder ampliado. 
1.3. Durante 1986, la última ampliación de la Comu­
nidad tuvo su influencia en el Feder al adoptarse los 
primeros compromisos en favor de regiones de España 
y Portugal. Como reflejo de la ampliación, los fondos 
disponibles del Feder aumentaron de modo significativo 
en 1986. Los compromisos contraidos ascendieron a 
3 186 millones de ECU, con un aumento del 28 % sobre 
el año anterior. Este aumento, que supone 691 millones 
de ECU, fue ampliamente superado por el nivel de 
los compromisos relativos a solicitudes procedentes de 
España y Portugal, que llegaron a 1 021 millones de 
ECU. Debido al efecto combinado de un aumento 
inadecuado de los recursos del fondo y una redistribu­
ción con el fin de cubrir las necesidades de España y 
Portugal, los compromisos para el resto de los Estados 
miembros descendieron en más del 12 %. 
1.4. Se incrementaron asimismo los pagos el Feder: 
los pagos por valor de 2 394 millones de ECU superaron 
en un 50% a los de 1985, si bien tras excluir el efecto 
de los primeros pagos a España y Portugal, los pagos 
a los restantes Estados miembros aumentaron en un 
19%. Como es habitual, los compromisos contraidos 
continuaron siendo de mayor cuantía que los pagos, 
como consecuiencia del espacio de tiempo entre las 
diferentes fases, y también de que ciertas solicitudes se 
abandonan tras su aprobación, en la medida en que los 
proyectos no coinciden con el modelo original. A fines 
de 1986, los compromisos extraordinarios alcanzaron 
la cifra de 5 724 millones de ECU, es decir, casi 2,4 
veces superior al gasto anual de 1986, aunque, en com­
paración, esta relación fue significativamente mayor a 
la de 3,2 veces del año anterior. 
1.5. Por supuesto, el Feder no es el único instrumento 
comunitario de ayuda a las regiones. El Fondo social y 
el Fondo europeo de orientación y de garantía agrícola 
(FEOGA) funcionan en coordinación con el Feder, y su 
acción se ve reforzada por los préstamos del Banco 
europeo de inversiones (BEI) y el nuevo instrumento 
comunitario (NCI). En el punto 5.4 de este informe hay 
una breve referencia a la aportación de estos instrumen­
tos al desarrollo regional. Habría sido interesante dispo­
ner de informaciones adicionales detalladas relativas a 
los desembolsos combinados de estas fuentes, así como 
de un resumen de la incidencia del gasto y de sus efectos 
sobre las regiones problemáticas. 2. Contexto socioeconómico 
2.1. La información relativa a la evolución de las 
disparidades regiponales mejoró con el tercer informe 
periódico, de mayo de 1987. El hecho evidente de que 
las diferencias en el índice de desempleo han aumentado 
y de que las relativas al producto interior bruto (PIB) 
no han disminuido, confirma la opinión del Comité, 
frecuentemente expresada, de la necesidad de reforzar 
la política regional. Dado el lento ritmo de crecimiento 
económico de los años 80, era casi inevitable el deterioro 
de la posición relativa de algunas regiones. En el futuro, 
la idea (apartado 1.2) de que las diferencias pueden 
aumentar aún más durante los próximos diez años, 
constituye una desagradable, aunque realista, previsión. 
2.2. A la hora de valorar la magnitud de las dispari­
dades regionales, es fundamental la importancia rela­
tiva de las diferencias entre Estados miembros y de las 
diferencias dentro de los Estados miembros. Toda vez 
que la mitad de las disparidades regionales son atribui-
bles al primer caso, es evidente que la convergencia 
entre Estados miembros significaría, entre otras cosas, 
una contribución esencial a la convergencia regional. 
Para conseguir esta convergencia será necesario hacer 
un uso vigoroso y coordinado de todos los instrumentos 
de política económica. La mejora de las políticas regio­
nales, per se, puede contribuir a mejorar los resultados, 
pero éstas no pueden por sí mismas ir más allá de una 
contribución parcial al proceso de reducción de las 
disparidades regionales. El desarrollo regional no es 
únicamente el resultado de políticas específicamente 
regionales. A este respecto, la CE debería servir de 
modelo para los Estados miembros para luego poder 
exigir, de un modo más enérgico que los Estados miem­
bros apliquen asimismo este enfoque en sus contextos 
nacionales. 
2.3. El informe presenta algunos indicadores preocu­
pantes sobre cómo la evolución demográfica y econó­
mica pueden afectar de modo negativo a las regiones 
menos prósperas. El Comité celebra el reconocimiento 
realista de estas tendencias negativas, entre las que cabe 
incluit: 
— cambios demográficos que implicarían que el creci­
miento del PIB de los países menos prósperos 
debería ser superior en dos puntos al de otros países, 
si se quiere ir hacia algún tipo de convergencia, 
— la previsión de los beneficios derivados de la culmi­
nación del mercado interior comunitario, en 1992, 
afectarán de modo desigual a las regiones. 
2.4. Por supuesto, son de esperar otros beneficios de 
la culminación del mercado interior como resultado del 
mayor potencial comunitario, pero cualquier tendencia 
potencialmente adversa puede proporcionar poderosas 
razones para otorgar prioridad a la política regional 
durante los próximos cinco años, a la vez que haría 
hincapié en la necesidad de un estricto control de la 
evolución de la situación, con el fin de asegurar que 
los fondos incrementados disponibles para la política 
regional se utilizan de un modo efectivo. 
4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/19 
2.5. Se admite el principio de coordinación, que esta­
blece una relación entre las políticas industrial y agrí­
cola y su impacto regional. El Comité destaca las tareas 
emprendidas para llevar a cabo una nueva evaluación 
del impacto regional de las políticas comunitarias, y 
solicita que se dé a estas tareas una total prioridad. El 
Comité ve con agrado la mayor preocupación que se 
manifiesta por las implicaciones regionales de las políti­
cas relativas a la agricultura aunque considera insatis-
factorio el análisis realizado por la Comisión. Para 
muchas de las regiones más pobres, la reforma de 
la política agrícola común (PAC) tiene importantes 
implicaciones. 
2.6. El informe (punto 1.2.7) incluye un comentario 
analítico sobre la relación existente entre los costes 
salariales y la productividad, y su influencia en la con­
vergencia regional. El Comité destaca que se supone 
que los costes salariales unitarios son relativamente 
altos en una serie de regiones problemáticas. El Comité 
ha advertido ya la complejidad de esta cuestión en su 
dictamen sobre el tercer informe periódico (CES n° 
1164/87) y reitera su opinión sobre la gran necesidad 
de nuevos trabajos. 
3. El impacto del Reglamento (CEE) 1787/84 
3.1. El informe confirma que, en su segundo 
año completo de aplicación, el Reglamento (CEE) 
n° 1787/84 del Feder está funcionando en general de 
modo satisfactorio. El paso de unas cuotas nacionales 
relativamente fijas a un sistema basado en límites por­
centuales máximos y mínimos, y el creciente énfasis en 
programas de interés comunitario, frente a los proyec­
tos individuales, ha incrementado la capacidad de la 
Comisión para identificar prioridades y de distribuir 
los fondos de modo apropiado. 
3.2. Se hace referencia a la capacidad de la Comisión 
para usar discrecionalmente los recursos presupuesta­
rios disponibles una vez alcanzado el límite mínimo, o 
inferior, de las asignaciones (punto 2.2.12). El Comité 
desea disponer de nuevos análisis sobre el modo de 
cómo este « margen » fue distribuido entre los Estados 
miembros. 
3.3. El nuevo Reglamento no introduce ningún cam­
bio en una de las características supuestamente más 
importantes del Feder. Si queremos que el fondo cumpla 
su cometido, éste debe ser adicional a los recursos 
nacionales y regionales existentes. La Comisión cuenta 
ya con el apoyo del Comité Económico y Social en su 
esfuerzo por demostrar este carácter de «adicionali-
dad», y el Comité ve con agrado el proyecto claro de 
las formas que, en la práctica, puede adoptar. No 
obstante, si bien el Comité ha estudiado con gran 
interés los procedimientos utilizados por los Estados 
miembros, esta información viene a confirmar su opi­
nión de que, en lo tocante a proyectos industriales, 
los Estados miembros tienen tendencia a sumar las 
asignaciones Feder a sus fondos totales y no a proyectos 
individuales. En otras palabras, los fondos Feder se 
utilizan para cubrir una parte de los compromisos nacionales con proyectos individuales. Sin embargo, 
los principios de la adicionalidad están siendo ahora 
reconocidos ampliamente y están siendo aplicados de 
un modo menos problemático en favor de programas 
aprobados de proyectos de infraestructura. Estos princi­
pios adquirirán su plena significación con el funciona­
miento del fondo reformado y ampliado, una vez que 
los recursos se adjudiquen de modo selectivo a las 
regiones prioritarias en el marco de programas aproba­
dos. El Comité espera que la importancia del concepto 
de « adicionalidad » sea establecida con mayor claridad 
en los reglamentos sobre los fondos reformados. 
4. Operaciones Feder 
4.1. Si bien en 1986 el Feder sirvió principalmente 
para financiar proyectos presentados en forma de solici­
tud por parte de los Estados miembros, el énfasis puesto 
en la financiación de programas fue el aspecto más 
importante con consecuencoas a largo plazo. En el 
Dictamen elaborado por el Comité Económico y Social 
sobre el XI Informe del Feder, se acogía favorablemente 
la opción de la financiación de programas; ahora es 
evidente que se ha pasado de una anterior etapa de 
«proyectos» a una nueva, más moderna, de «progra­
mas ». En dicho dictamen expresábamos nuestra confia­
nza en que esta cambio contribuiría a reforzar el con­
cepto de adicionalidad y ayudaría a dirigir y coordinar 
mejor el funcionamiento del Feder (*). 
4.2. El XII Informe anual sugiere que el objetivo de 
destinar un 20% del fondo a la cofinanciación de 
programas debería alcanzarse en 1987. El Comité desea 
felicitar a la Comisión por los objetivos alcanzados en 
1986 y ve con agrado esta iniciativa en relación con las 
operaciones de 1987. 
a) Programas comunitarios 
4.3. En 1986, se aprobaron finalmente dos progra­
mas comunitarios con una específica incidencia regio­
nal : el programa STAR, que proporciona financiación 
destinada a mejorar los servicios avanzados de teleco­
municaciones, y el programa VALOREN, dirigido a 
adoptar medidas para la explotación del potencial 
energético endógeno. Ambos programas han sido ya 
sometidos a un detallado examen. En el contexto de 
las actividades del Feder, el Comité opina que estos 
programas representan un avance significativo, y espera 
que los Estados miembros prestarán su colaboración 
para asegurar una efectiva aplicación. El Comité espera 
recibir información, en el marco del Informe Feder 1987, 
sobre la ejecución de estos programas comunitarios en 
las regiones a las que van destinados. 
4.4. El Comité toma nota también de que se han 
iniciado estudios preparatorios sobre dos posibles pro­
gramas comunitarios adicionales en los campos de la 
investigación tecnológica y de la política de medio 
ambiente, y espera que estos estudios vayan seguidos 
sin demora de los correspondientes proyectos de Regla­
mento. 
í1) DO n° C 180 de 8. 7. 1987, p. 48. 
N° C 175/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 7. 88 
b) Programas nacionales de interés comunitario 
4.5. Durante 1986, se presentaron 47 solicitudes de 
ayuda por valor de 682 millones de ECU por parte 
de todos los Estados miembros, excepto la República 
fedérale de Alemania, España y Portugal. Tras su 
examen, junto a otras solicitudes de 1985, se aprobaron 
14 solicitudes por valor de 416 millones de ECU, para 
el período que va hasta 1992, frente a tres aprobaciones 
en 1986, por un importe de 260 millones de ECU. 
4.6. Ello confirma que el concepto de programas 
nacionales de interés comunitario ha suscitado interés, 
y los detalles de las solicitudes aprobadas muestran el 
modo en que estos programas pueden reflejar necesida­
des regionales particulares. Son de particular importan­
cia los tres proyectos transfronterizos coordinados que 
afectan a zonas fronterizas adyacentes de Francia, 
Luxemburgo y Bélgica. Estos programas constituirán 
un interesante campo de pruebas para el desarrollo de 
la política regional en el contexto del mercato único. 
4.7. Se indican a continuación dos aspectos más de 
esta parte del informe a fin de lograr un entendimiento 
claro del alcance esperado y aceptable de los programas 
nacionales. En primer lugar, hay un gran número de 
solicitudes no aceptadas, en proporción al total, sin que 
se expliquen las razones de la no aceptación. En segundo 
lugar, se comprende que tanto España como Portugal 
no estuviesen en condiciones de presentar solicitudes, 
pero puede ser más significativo el hecho de que no se 
presentasen solicitudes de la RFA, y que además nin­
guna de las presentadas por Italia e Irlanda hayan sido 
aceptadas hasta ahora. Se pide a la Comisión que preste 
toda la ayuda posible a los Estados miembros que 
puedan tener dificultades para preparar los programas. 
c) Proyectos 
4.8. Una muy alta proporción de ayudas del Feder 
está destinada a proyectos de infraestructura. En 1986, 
se destinó a este fin el 87% de la ayuda; en compara­
ción, en 1985 fue de 82% y en 1984 el 85%. Estas 
ayudas están muy por encima del objetivo oficioso 
aceptado por la Comisión, que limita estas solicitudes 
a un máximo deseable del 70 % de los recursos disponi­
bles. El Comité destaca con preocupación que las solici­
tudes presentadas para proyectos de servicios industria­
les y artesanales se hallan muy por debajo de los niveles 
registrados en 1985. Ello ha ocurrido a pesar de la 
relajación de los criterios de coste por empleo y de la 
supresión del límite mínimo de 10 empleos destinado a 
estimular microproyectos. 
4.9. El problema de atraer solicitudes de la industria, 
los servicios y la artesanía parece tener alcance comuni­
tario. Sin embargo, el Comité pone de manifiesto que 
en los diferentes Estados miembros las respuestas han 
sido distintas, y que la RFA ha conseguido superar el 
objetivo del 30% para llegar a alcanzar el 65%; las siguientes cifras, en orden de importancia, son mucho 
más bajas: 23% para Italia y 19% para Bélgica. 
4.10. El número de empleos, creados o mantenidos, 
en la industria, los servicios y la artesanía se calcula en 
68 062. Esta cifra es un 20 % más alta que la cifra 
comparable de 1985, y refleja un gran incremento del 
número de proyectos definidos como pequeños y con 
una inversión inferior a 15 millones de ECU. Esta nueva 
situación se considera muy positiva. El Comité es cons­
ciente de que la estimación del número de empleos 
creados o mantenidos es necesariamente provisional, y 
solicita se realicen investigaciones retrospectivas sobre 
la fiabilidad de este cálculo. 
4.11. El sector servicios se halla en expansión en la 
mayor parte de las economías. Así pues, el Comité está 
interesado en el papel que puede desempeñar el Feder en 
el desarrollo de servicios adecuados. Los «proyectos» 
específicos del sector servicios recibieron una ayuda del 
Feder ligeramente inferior en 1986. Ello se ve compen­
sado, en parte, por contribuciones no registradas a este 
sector dentro del marco de programas más amplios ya 
aprobados. El Comité desearía poder disponer de algún 
tipo de análisis sobre la ayuda al empleo del sector 
servicios tanto en proyectos como en programas. 
d) Desarrollo del potencial endógeno de las regiones 
4.12. La búsqueda de recursos propios es una de las 
principales tendencias en muchas de las regiones menos 
prósperas. La Comisión reconoció la importancia de 
estos procesos generados internamente cuando identi­
ficó la necesidad de medidas de desarrollo del potencial 
endógeno. No obstante, si bien el Comité está de 
acuerdo con las modestas propuestas de poner a disposi­
ción de las empresas información sobre tecnología y 
ayudarlas a acceder a los mercados de capital, estas 
propuestas no han conseguido, según confirma el 
informe, tener efectos significativos. 
4.13. El Comité propone que la Comisión elabore 
nuevos métodos para proporcionar recursos directa­
mente a través de los organismos empresariales existen­
tes que funcionan a nivel viable y que proporcionan 
fondos suficientes a partir de sus propios recursos. De 
este modo, la Comisión y el Feder, podrán tener mayor 
implantación en muchos de los grandes centros regio­
nales. 
e) Estudios 
4.14. Los estudios especiales, forman, en muchos 
casos, un primer componente esencial de la evolución 
de las medidas regionales adecuadas. Es probable que 
sean necesarios, a los fines de los programas comunita­
rios, estudios transnacionales. El Comité lamenta que 
la Comisión no haya mantenido la práctica, tal como 
hizo en el XI Informe Anual, de presentar una breve 
información sobre los estudios iniciados y concluidos. 
Es también sorprendente que haya tan pocos Estados 
miembros que hayan presentado propuestas de estudios 
capaces de merecer el apoyo de la Comisión. 
4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/21 
5. Operaciones de desarrollo integrado 
5.1. A medida que la Comisión ha ido puliendo sus 
ideas sobre el modo de contribuir a mejorar la dinámica 
del desarrollo económico en zonas menos prósperas, un 
objetivo constante ha sido integrar o coordinar los 
distintos fondos y políticas comunitarias para crear un 
enfoque firme que maximice los beneficios potenciales. 
5.2. Se han desarrollado propuestas de operaciones 
integradas (OÍS) que han sido aprobadas en los casos 
de Ñapóles y Belfast. Los programas integrados de 
desarrollo (PID) fueron los instrumentos ideados para 
tres zonas en las que las actividades agrícolas y no 
agrícolas eran objeto de estudio en regiones predomi­
nantemente agrícolas. En el sur de Europa, el meca­
nismo es el programma mediterráneo integrado (PMI), 
con treinta y un programas presentados por Francia, 
Grecia e Italia. Más recientemente, se ha presentado 
también un programa especial de desarrollo de la indus­
tria portuguesa. 
5.3. Lo significativo de estos varios mecanismos 
«integrados» es que aportan una base para recurrir a 
los recursos tanto del Feder, como de otros fondos tales 
como el Fondo social europeo y el Banco europeo de 
inversiones, y que pueden ser objeto de un tratamiento 
prioritario. 
5.4. El Comité reconoce las diversas razones para 
el énfasis que debe ponerse en cada programma. Sin 
embargo, hubiera sido de gran auyda, para una mejor 
comprensión de las ventajas de estas operaciones, que 
el Comité hubiera recibido información sobre el nivel 
de los pagos efectuados en cada programa durante el 
año en estudio, junto con un análisis simplificado de 
los pagos que hayan entrado dentro del ámbito del 
Feder. En el informe, no queda claro el grado de activi­
dad de cada uno de los proyectos durante 1986. 
6. Concesión de ayudas Feder 
6.1. En 1986, el cambio más evidente en la concesión 
de las ayudas Feder fue la inclusión de las regiones de 
España y Portugal. La entrada de estos dos nuevos 
Estados miembros aumento la importancia de las políti­
cas regionales de la Comunidad, a la vez que reforzó 
la exigencia de un incremento del volumen de los fondos 
estructurales, incluido el Feder. Incluir a las regiones 
de España y Portugal en el grupo de regiones prioritarias 
significó que el 73 % de los pagos del fondo se realizaron 
en beneficio de estas regiones. En 1985, sin España y 
Portugal, esta proporción fue del 60 %. 
Hecho en Bruselas, el 27 de abril 1988. 6.2. El informe identifica las diez regiones que reci­
bieron más ayuda del Feder. Esta clasificación está 
hecha en términos absolutos y difiere de la ayuda per 
cápita. De las regiones con mayor ayuda per cápita, 
cuatro correspondían a Portugal, dos a Grecia, dos a 
Italia y una a España. La región restante fue la Guayana 
francesa. 
6.3. Como en años anteriores, el informe ampliado 
sobre el modo en que se utilizó la ayuda en las regiones 
de cada Estado miembro es un elemento esencial para 
la comprensión del importante alcance del fondo. 
7. Conclusiones 
7.1. Este informe reviste un particular interés porque 
aporta un resumen de las operaciones y experiencias 
del Feder que serán de utilidad como indicativos para 
el desarrollo de la nueva política regional durante el 
período restante hasta la realización del mercado inte­
rior único en 1992. El informe destaca que le mercado 
único puede aumentar los problemas de las regiones 
más pobres: las diferencias aumentarán, de no incre­
mentarse las tasas de crecimiento de las regiones peri­
féricas. 
7.2. El Comité Económico y Social tiene un impor­
tante papel que desempeñar en este proceso continuo 
de control. Para que pueda desempeñar eficazmente 
este cometido, el flujo informativo procedente de los 
fondos estructurales debe ser mejorado, completado y 
actualizado. 
7.3. El fondo se enfrenta a cambios radicales en sus 
métodos de trabajo en la medida en que sus recursos 
incrementados sirven para tratar los problemas de desa­
rrollo de las regiones. Es fundamental comprobar que 
sus actividades se ajustan continuamente al objetivo de 
reducir las diferencias regionales. En este contexto, 
existe la necesidad continua de evaluar la incidencia 
regional de todos los gastos realizados por los instru­
mentos de la Comunidad. A este respecto, la CE puede 
tener una función importante a la hora de proporcionar 
un modelo para los Estados miembros. Un procedi­
miento de este tipo permitiría un mejor funcionamiento 
conjunto entre la Comunidad y las autoridades naciona­
les, regionales y locales en el cual cada una de ellas 
contribuya al desarrollo de la política regional. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT