Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo al artículo 7, párrafo primero, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo («estatuto de bloqueo»)

Las medidas restrictivas (sanciones) constituyen una herramienta esencial para la política exterior y de seguridad común de la Unión, a través de la cual la Unión Europea (UE) puede intervenir cuando sea necesario para prevenir conflictos o responder a crisis emergentes o en curso. Aunque el objetivo inherente de las sanciones de la UE es afectar a las políticas o actividades en terceros países, solo se aplican allí donde la UE tiene jurisdicción. En otras palabras, las obligaciones que imponen son vinculantes para los nacionales de la Unión o las personas ubicadas en la UE o que ejercen su actividad empresarial en su territorio. Por el contrario, otras jurisdicciones aplican algunas de sus sanciones extraterritorialmente, es decir, esperan que los ciudadanos y las empresas de terceros países, entre ellos los países de la UE, actúen de acuerdo con ellas. Por cuestión de principios, la UE considera que la aplicación extraterritorial de sanciones contradice al Derecho internacional.

En 1996, la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo (el «estatuto de bloqueo») para dar efecto a este principio. El objetivo del estatuto de bloqueo es contrarrestar la aplicación extraterritorial de leyes, reglamentaciones y otros instrumentos legislativos de terceros países que pretenden regular las actividades de las personas físicas y jurídicas sujetas a la jurisdicción de los Estados miembros.

Según el estatuto de bloqueo, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo de las leyes, reglamentaciones y otros instrumentos legislativos y de las acciones que de ellos se deriven, sobre la base de la información obtenida en virtud del Reglamento, y elaborar periódicamente un informe público exhaustivo al respecto.

Desde la reactivación del estatuto de bloqueo mediante una modificación de su anexo en 2018, las personas y empresas de la UE facilitan información a la Comisión sobre la manera en que las sanciones extraterritoriales citadas afectan a sus intereses económicos o financieros. Desde la modificación del estatuto de bloqueo en 2018, y desde la reactivación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton por parte de los Estados Unidos en 2019, la Comisión ha recibido un número considerable de notificaciones. El presente informe proporciona información detallada sobre estas notificaciones y pretende aportar un resumen de los efectos que genera la aplicación extraterritorial de las sanciones de terceros países. El informe se basa en información proporcionada por la Comisión en el marco de este procedimiento. Como tal, no es exhaustivo y no puede abordar aquellos casos que no se hayan notificado a la Comisión.

1.El estatuto de bloqueo

El estatuto de bloqueo consta de doce artículos y contiene un anexo en el que figuran las leyes concretas a las que va dirigido («legislación extraterritorial enumerada»). Debe leerse en conjunto con otros textos clave:

·el Reglamento Delegado (UE) 2018/1100 de la Comisión , que aplicó las últimas modificaciones del anexo del estatuto de bloqueo,

·el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1101 de la Comisión, que establece los criterios que aplica la Comisión en la autorización de solicitudes para respetar la legislación extraterritorial enumerada, y

·la Nota de orientación – Preguntas y respuestas sobre la adopción de la actualización del estatuto de bloqueo (2018/C 277 I/03) , que aporta una explicación exhaustiva de las dudas habituales en un formato de «preguntas y respuestas».

En términos generales, el estatuto de bloqueo protege los intereses de la Unión, así como a las personas y a las empresas de la UE, de la siguiente manera:

§anula el efecto en la UE de cualquier resolución judicial extranjera que se base en la legislación extraterritorial enumerada (artículo 4);

§prohíbe que las personas y empresas de la UE cumplan cualquier requisito o prohibición que figure en la legislación extraterritorial enumerada (artículo 5, párrafo primero);

§permite que las personas y empresas de la UE puedan obtener ante los tribunales una compensación por los daños causados por la aplicación de la legislación extraterritorial enumerada (artículo 6); y

§exige que las personas y empresas de la UE notifiquen a la Comisión si la legislación extraterritorial enumerada afecta a sus intereses económicos o financieros (artículo 2).