COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

1. Antecedentes

En julio de 2000 la Comisión presentó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2000) 392 final - C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD)) para su aprobación mediante el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [1].

[1] DO C 365, 19.12.2000, p. 238.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 1 de marzo de 2001 [2].

[2] DO C 139, 11.5.2001, p. 15.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 14 de diciembre de 2000 [3].

[3] DO C 144, 16.5.2001, p. 18.

El 13 de junio de 2001, el Parlamento Europeo aprobó una serie de enmiendas a la propuesta en su primera lectura [4].

[4] DO C ...

El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre una posición común en la reunión del Consejo de Telecomunicaciones del 27 de junio y, con arreglo al artículo 251 del Tratado CE, adoptó una posición común sobre la propuesta de Directiva el 17 de septiembre de 2001 [5].

[5] DO C ...

La presente Comunicación expone el dictamen de la Comisión sobre la posición común del Consejo, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE.

2. Finalidad de la Propuesta de la Comisión

La Directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios tiene por objeto garantizar la prestación de un servicio público universal de telefonía pública en un entorno de mayor competitividad general e incluye disposiciones para financiar el coste de la prestación del servicio universal de la manera más competitiva y neutral. Asimismo, establece los derechos de los usuarios y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas y las correspondientes obligaciones de las empresas. Otro de sus objetivos es asegurar la interoperabilidad del equipo de consumo para la televisión digital y la prestación de algunos servicios obligatorios, como las líneas arrendadas. La Directiva reconoce el derecho de los Estados miembros a designar determinadas emisiones de radio y televisión como de transmisión obligatoria para su distribución por ciertas redes con el fin de asegurar la recepción universal de determinados programas. Por otra parte, obliga a los operadores de redes a cursar las llamadas al nuevo código regional europeo, el +3883, que ha sido asignado por la UIT al espacio europeo de numeración telefónica (ETNS), y a pasar información sobre la ubicación de llamadas a los servicios de urgencia nacionales.

3. Observaciones sobre la Posición Común del Consejo en comparación con el dictamen del Parlamento Europeo

3.1. Resumen de la postura de la Comisión

La Comisión puede aceptar la posición común del Consejo. No hay diferencias fundamentales en el texto del Consejo con respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Como ya ocurrió con el dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo introdujo numerosos cambios de detalle y de forma. Las intenciones originales de la Directiva (el alcance del servicio universal, el nivel de protección de los usuarios, las medidas reguladoras y las principales disposiciones políticas) se mantienen, a menudo formuladas de distinta manera para mejorar y precisar la propuesta original. Los números de los artículos mencionados en la sección 3.2.2 a continuación se han modificado a partir del artículo 17 debido a la introducción de nuevos artículos en la Directiva.

3.2. Modificaciones introducidas por la Posición Común del Consejo en comparación con el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura

3.2.1 Considerandos

Nuevo considerando 5 bis (Seguridad de la red)

La enmienda nº 1 del Parlamento introducía un nuevo considerando sobre medidas para salvaguardar la seguridad de las redes y servicios, duplicando las disposiciones al respecto de la Directiva sobre protección de datos. La posición común del Consejo no aborda estos problemas en la Directiva sobre el servicio universal.

Considerando 26 [ex-19]

La enmienda número 2 del Parlamento y la posición común del Consejo suprimen el mismo texto sobre las empresas que anteriormente tenían derechos exclusivos. El texto que el Parlamento proponía añadir al final del considerando y el de la posición común del Consejo son semejantes en cuanto a su intención y objetivos, aunque la enmienda del Parlamento es más prescriptiva y se hace una mención concreta a la tolerancia en la reglamentación de mercados emergentes.

Considerando 39 (ex-27)

El texto adicional propuesto por la enmienda número 4 del Parlamento queda recogido totalmente en la posición común del Consejo.

Considerando 47 (ex-32)

La enmienda del Parlamento trataba la cuestión de la corregulación como una alternativa adecuada a la reglamentación específica de un sector e indicaba que, cuando se aplicase la corregulación, debían retirarse las normas específicas del sector y las medidas de corregulación debían basarse en los mismos objetivos políticos que la reglamentación formal. La posición común del Consejo no menciona la corregulación.

3.2.2 Artículos

Capítulo I Ámbito de aplicación, objetivos y definiciones

Artículo 1 (Ámbito de aplicación y objetivos)

El texto de la posición común y las enmiendas del Parlamento al artículo 1 son compatibles y concuerdan entre sí. La Comisión considera que las modificaciones del Parlamento al artículo 1 destinadas a definir claramente el alcance y los objetivos de la Directiva son paralelas al texto de la posición común. En la posición común se ha sustituido "usuarios finales" por usuarios y consumidores, que la Comisión considera una mejor descripción de la cobertura de la Directiva.

Artículo 2 (Definiciones)

En la posición común el texto del artículo 2 precisa las definiciones utilizadas en la Directiva asegurando una mayor transparencia en cuanto a su cobertura. Las enmiendas del Parlamento al artículo 2 modifican un texto que ya ha sido suprimido de la posición común y proponen un nuevo término "servicio asociado" y una definición de éste. La Comisión considera que no es necesario añadir esté término. El artículo 2 de la posición común incluye las definiciones necesarias para la Directiva.

Capítulo II Obligaciones de servicio universal incluidas las obligaciones sociales

La posición común modifica el título del capítulo II añadiendo "incluidas las obligaciones sociales". La Comisión considera esta modificación aceptable.

Artículo 3 (Disponibilidad del servicio universal)

La enmienda del Parlamento introducía la "neutralidad competitiva" entre los criterios para determinar la mejor manera de poner en práctica el servicio universal. La posición común añade en el artículo 3 el término "proporcionalidad" entre los criterios, manteniendo el principio de "reducir al mínimo las distorsiones del mercado" en el apartado 2 del artículo 3 y la formulación "sin distorsión de la competencia" en el artículo 1. El servicio universal puede repercutir tanto en la competencia entre empresas como en los precios de mercado a los usuarios finales, y la Comisión considera que ambos aspectos quedan cubiertos en el texto de la posición común.

Artículo 4 (Suministro de acceso desde una ubicación fija)

El Parlamento proponía añadir "efectivo" al acceso a Internet en relación con las obligaciones de servicio universal. La Comisión prefiere el texto de la posición común que exige el acceso "funcional" a Internet e introduce también un considerando explicativo detallado acerca de este término. La segunda enmienda del Parlamento a este artículo obligaba a los Estados miembros a tener en cuenta las tecnologías imperantes al determinar las velocidades de transmisión de datos. La Comisión ha considerado que se trata de un aspecto pertinente en relación con las velocidades de transmisión y esta cuestión se recoge también en la posición común. El Parlamento establecía también el principio de que los Estados miembros no fijasen una velocidades de transmisión de datos superiores a las disponibles al público en general. La Comisión considera que el concepto correcto es el de las velocidades realmente utilizadas por el público en general, cosa que se recoge en el texto de la posición común.

Artículo 6 (Teléfonos públicos de pago)

El artículo 6 del texto del Consejo se refiere a las "necesidades razonables" de los usuarios finales y clarifica el principio, tomado de la legislación en vigor, de que los Estados miembros no están obligados a llevar a cabo actuación concreta alguna si ya se dispone ampliamente de teléfonos públicos de pago, al mismo tiempo se introduce la obligación de efectuar una consulta pública, todo lo cual la Comisión considera aceptable. La enmienda del Parlamento era una modificación formal ya superada por la reformulación que aparece en el texto de la posición común y que la Comisión considera una mejor concreción del principio pertinente.

Artículo 7 (Medidas específicas para usuarios con discapacidad)

El artículo 7 de la posición común trata solamente de los usuarios con discapacidades mientras que el artículo 9 se refiere a los usuarios con necesidades sociales especiales. La nueva distribución de estas disposiciones en dos artículos, el 7 y el 9, que aparece en la posición común, no altera las disposiciones fundamentales de la Directiva. La enmienda número 11 del Parlamento sobre los usuarios con necesidades sociales especiales corresponde ahora a lo dispuesto en el artículo 9.

Artículo 8 (Designación de empresas)

La posición común y la propuesta del Parlamento Europeos son idénticas en cuanto a la posibilidad que tienen los Estados miembros de asignar responsabilidades para la prestación del servicio universal por servicios y por cobertura geográfica. La Comisión había acogido con satisfacción la enmienda parlamentaria que introducía un procedimiento de consulta pública en el proceso nacional de designación de empresas con el fin de cumplir las obligaciones de servicio universal. La posición común no incluye ningún procedimiento de consulta.

Artículo 9 (Asequibilidad de las tarifas)

La enmienda número 11 del Parlamento Europeo proponía que los Estados miembros definiesen a los usuarios con necesidades sociales especiales tras un procedimiento de consulta, que la Comisión acogió con satisfacción al considerarlo una medida útil para delimitar el concepto de consumidores con necesidades sociales especiales. La posición común no establece ningún procedimiento de consulta previo a la definición de usuarios con necesidades sociales especiales.

Artículo 10 (Control del gasto)

Los textos del Parlamento Europeo y la posición común del Consejo para los párrafos primero y segundo del artículo son muy semejantes y compatibles. En la posición común se añade un nuevo párrafo tercero para dar un margen de flexibilidad a las autoridades nacionales de reglamentación cuando las facilidades en cuestión estén ampliamente disponibles en los Estados miembros, mientras que el dictamen del Parlamento Europeo no trata este aspecto. La Comisión apoya la posición común del Consejo.

El Artículo 11 (Calidad del servicio prestado por las empresas designadas)

La enmienda del Parlamento al artículo 11 ampliaba el alcance de la noción de calidad de la información sobre los servicios a las medidas de control de la calidad de los servicios a usuarios discapacitados, lo cual aceptó la Comisión. La posición común no incluye ninguna mención concreta a la calidad de información de los servicios a usuarios discapacitados. Sin embargo, el artículo 35 permite que el anexo sobre los parámetros de calidad de servicio se adapte mediante el procedimiento de comitología. La Comisión considera que en el procedimiento para introducir modificaciones en este anexo podría tenerse en cuenta la enmienda propuesta por el Parlamento.

Artículo 12 (Cálculo de costes de las obligaciones del servicio universal)

Los cambios en el apartado 1 del artículo 12 introducidos tanto por el dictamen del Parlamento Europeo como por la posición común son semejantes en cuanto a su efecto, aunque la enmienda del Parlamento impone explícitamente a los reguladores nacionales la obligación de determinar si la prestación del servicio universal constituye una carga injusta. El apartado 2 también ha sido modificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de forma parecida introduciendo una precisión consistente en que las autoridades nacionales son responsables de asegurar que el cálculo del coste neto sea transparente. La Comisión considera que el texto de la posición común del Consejo es más claro en la definición de las responsabilidades y obligaciones de las autoridades nacionales de reglamentación.

Artículo 13 (Financiación de las obligaciones de servicio universal)

La enmienda del Parlamento al apartado 1, en la que se establece la obligación de compensar a los operadores si se impone una carga injusta a la hora de cumplir las obligaciones de servicio universal, queda también incorporada a la posición común. La referencia explícita del Parlamento a ejemplos de otros tipos de financiación específica se ha incluido en un considerando. La propuesta del Parlamento para precisar que puede utilizarse una combinación de los dos posibles sistemas de financiación queda recogida mediante "o también" en la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de la posición común. El apartado 2 es idéntico en el texto del Parlamento y en la posición común.

Artículo 15 (Revisión del alcance del servicio universal)

Tanto la enmienda del Parlamento al apartado 2 como la posición común del Consejo se refieren a factores específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de revisar el alcance del servicio universal. El Parlamento menciona la movilidad y la alta velocidad mientras que la posición común habla de la movilidad y las velocidades de transmisión a la luz de las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados. Estos criterios son equivalentes aunque la Comisión considera que el texto de la posición común es más claro. Ambos textos piden a la Comisión que presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo después de efectuar la revisión prevista. Además, la enmienda del Parlamento dispone que esta revisión se lleve a cabo con la mayor transparencia y la más amplia consulta a todas las partes interesadas.

Capítulo III Controles reguladores de las empresas con un poder de mercado significativo en mercados específicos

La creación de un nuevo capítulo III que trata sólo de la regulación de los operadores con un poder de mercado significativo en mercados específicos tiene en cuenta las enmiendas 25, 27 y 29 del Parlamento, en las que éste pedía un artículo más general que cubriese la regulación de servicios al por menor e incluyese también las líneas arrendadas, y en las que suprimía en varios casos el término "tarifarios" de "controles tarifarios".

Artículo 16 (Revisión de las obligaciones)

La posición común del Consejo refunde varias disposiciones de la Directiva sobre las obligaciones de las empresas con un poder de mercado significativo en un único capítulo sobre controles reguladores. En el apartado 1 se regula la revisión y el mantenimiento de las obligaciones existentes, hasta su revisión por las autoridades nacionales de reglamentación, en lo que se refiere a: las tarifas al público para el suministro de acceso a la red telefónica pública y su utilización, la selección y preselección de operadores y el conjunto mínimo de redes arrendadas con arreglo a la legislación actual. Estos cambios concuerdan totalmente con la enmienda nº 25 del Parlamento. La enmienda del Parlamento establecía que la deficiencia del mercado debía ser duradera, pero este aspecto forma parte de la evaluación realizada por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al procedimiento del artículo 14 de la Directiva Marco.

La enmienda del Parlamento al apartado 2, que obliga a las autoridades nacionales de reglamentación a consultar al público sobre cualquier posible regulación de tarifas al público, era aceptable en principio para la Comisión pero no se incluye en el artículo 16.

Artículo 17 (Controles de regulación de los servicios al público)

La enmienda nº 25 del Parlamento correspondía a lo que ahora es el artículo 17 de la Directiva. Las enmiendas del Parlamento y la posición común del Consejo son muy comparables, coincidiendo ambas en que las autoridades nacionales de reglamentación deben estudiar primero si las obligaciones que pueden imponerse a los operadores con peso significativo en el mercado con arreglo a la Directiva sobre acceso resolverían los problemas de competencia, antes de imponer obligaciones al nivel de los servicios al público.

La enmienda nº 26 introducía un nuevo apartado en las disposiciones sobre controles reguladores de los servicios al público al obligar a las autoridades nacionales de reglamentación a imponer controles reguladores al por mayor en respuesta a las quejas justificadas que demostrasen que, de manera persistente, no se respetaban las necesidades de usuarios y consumidores. La Comisión, si bien acepta el sentido de la enmienda, considera que ya se responde a esta enmienda en el texto de la posición común en el cual se indica que las autoridades nacionales de reglamentación deben examinar sistemáticamente si existe una competencia efectiva en los mercados minoristas y dar preferencia a la reglamentación de mercados mayoristas cuando se identifique un poder significativo de mercado. Los análisis de los mercados minoristas conforme al artículo 14 de la directiva marco incluyen necesariamente una evaluación de la posición de los consumidores en esos mercados.

La enmienda nº 27 añadía 'cuando proceda', que se ha incorporado al apartado 3. La enmienda nº 28 del Parlamento, aunque más prescriptiva, es comparable al texto del apartado 4 que figura en la posición común y en el que se establece que las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar el formato y el método contable, y deberán garantizar que se publiquen anualmente declaraciones de conformidad.

La enmienda nº 30 del Parlamento prescribía la publicación de los planes de descuento de las empresas con poder de mercado significativo, que están obligadas a aplicar precios orientados a los costes, disposición que la Comisión aceptaba en principio. El artículo 17 de la posición común del Consejo, junto con los considerandos correspondientes, permite a las autoridades nacionales de reglamentación exigir transparencia sobre precios a las empresas que se considera que tienen un poder de mercado significativo. El artículo 21 de la posición común exige la transparencia sobre tarifas en general.

Artículo 18 (Controles de regulación del conjunto mínimo de líneas arrendadas)

La enmienda del Parlamento al artículo 27 original, que se incorpora ahora como artículo 18 al capítulo III, consistía en obligar a las autoridades nacionales de reglamentación a llevar a cabo su revisión de los mercados al público, al menos, con frecuencia anual, mientras que el texto de la posición común del artículo 16.3 dispone que estos análisis se lleven a cabo "a intervalos periódicos" tras la entrada en vigor de la Directiva. La Comisión considera que el texto de la posición común aporta la necesaria flexibilidad sin condicionar indebidamente a las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de evaluar la competencia en los mercados nacionales.

Capítulo IV Derechos e intereses de los usuarios finales

Artículo 20 (Contratos)

Las disposiciones de la enmienda 31 del Parlamento se recogen en parte en el texto de la posición común. La exigencia de que se especifique la información antes de suscribir un contrato es inherente al texto de la posición común, mientras que el requisito de que los precios y tarifas predominantes se incluya en el momento de suscribir el contrato no es una de las cláusulas contractuales prescritas. La enmienda 32 del Parlamento sustituía "usuarios o consumidores" por "abonados", mientras que en el texto de la posición común se continúa haciendo referencia a los consumidores hasta que se haya celebrado un contrato. En este sentido, la posición común es coherente con la definición de abonado de la Directiva Marco. En la posición común se ha añadido "electrónico", término que aparecía en la enmienda 32, pero no se ha incorporado el texto referente a los intermediarios, que ya están incluidos dentro del ámbito de aplicación del artículo en su redacción original. El apartado 3 se ha modificado para incorporar la enmienda 33, especificando que no sólo tiene derecho un abonado a estar informado de su derecho a rescindir un contrato al notificársele modificaciones de éste, sino que tiene derecho a que se le informe de esta prerrogativa en el momento en que reciba la propuesta de modificaciones contractuales. La enmienda 34 corresponde al apartado 1 del texto de la posición común, que reconoce que, además de lo dispuesto en el artículo, son plenamente aplicables las medidas horizontales comunitarias de protección del consumidor en general, que le dan derecho a unas condiciones contractuales justas y transparentes.

Artículo 21 (Transparencia y publicación de información)

La enmienda parlamentaria nº 35 introducía el requisito de que las ANR pusiesen a disposición del público información sobre los precios y tarifas "exacta y actualizada", "en particular de todos los consumidores y usuarios". El texto de la posición común hace referencia a información "transparente y actualizada", "especialmente a todos los consumidores". La Comisión considera que los dos textos son idénticos en cuanto a su efecto y alcance. La referencia a los "consumidores" en vez de a los "consumidores y usuarios" es solamente una cuestión de énfasis y no reduce el alcance del artículo. De la misma manera, el uso de "transparente" en la posición común y el de "exacta" en el texto del Parlamento tienen intenciones semejantes. En la disposición común no figura ninguna disposición que obligue a las autoridades nacionales de reglamentación a publicar informes periódicos sobre las tarifas ni las obliga tampoco a que faciliten la preparación de guías interactivas que permitan a los consumidores comparar ofertas de tarifas, cosas ambas que la Comisión considera una reglamentación excesiva.

Artículo 22 (Calidad del servicio)

El texto de la posición común incorpora la disposición del apartado 2 que obliga a las autoridades nacionales de reglamentación a tener en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas antes de exigir la publicación de información. Por tanto, queda recogida la enmienda nº 36 en la posición común.

Artículo 23 (Integridad de la red)

Tanto la posición común del Consejo como el texto del Parlamento Europeo introducen nuevos artículos en el capítulo que tratan de la continuidad e integridad de la red. Las disposiciones adicionales del Parlamento sobre seguridad no aparecen en el artículo sino, más bien, en la Directiva sobre protección de datos.

Artículo 24 (Interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital)

Tanto el texto del Parlamento Europeo como la posición común suprimen el segundo apartado del artículo, que resulta redundante.

Artículo 25 (Servicios de asistencia mediante operador e información sobre números de abonados)

La enmienda del Parlamento al artículo establecía que todos los usuarios podían acceder gratuitamente o mediante el pago de una cuota módica a los servicios de asistencia mediante operador y a los servicios de información sobre números de abonados, lo cual es compatible con el texto de la posición común que, en el artículo 3 del capítulo sobre el servicio universal, dispone que todos los servicios de asistencia mediante operador y de información sobre números de abonados deben ser asequibles. Cualquier otro servicio de información debe prestarse en condiciones comerciales.

Artículo 26 (Número europeo de urgencia)

La enmienda del Parlamento al apartado uno de este artículo mencionaba "los teléfonos de texto". La posición común recoge esta cuestión mediante una nueva disposición en el considerando 13 que menciona explícitamente la posibilidad de que los Estados miembros hagan uso de teléfonos de texto cuando tomen medidas concretas destinadas a las personas sordas o con dificultades de locución.

La enmienda nº 42 del Parlamento introducía en el apartado 3 dos condiciones previas antes de imponer a los operadores de redes la obligación de facilitar información sobre la ubicación de la llamada a las autoridades nacionales responsables de urgencias. La posición común recoge la primera condición: "siempre que sea técnicamente viable", pero no la segunda: "y no implique un esfuerzo económico desproporcionado", que la Comisión considera innecesaria y ya cubierta por principios generales del derecho comunitario.Sin embargo, la Comisión considera que la falta de cualquier referencia a la viabilidad económica no significa que las autoridades responsables de la protección civil estén obligadas a hacer inversiones cuantiosas para dar cumplimiento a la obligación que impone el artículo 26. Dado que las actuales instalaciones son de tipo manual, necesariamente se requerirán inversiones para instalar sistemas automáticos. Los servicios de la Comisión trabajarán en estrecha relación con el Grupo de Coordinación del Acceso a Información sobre Ubicación por los Servicios de Urgencia (CGALIES, en sus siglas inglesas) para acordar una interfaz común de transmisión de datos sobre ubicación. De este modo, se facilitará el desarrollo de paquetes de programas estándar destinados a los Puntos Públicos de Respuesta de Seguridad (Public Safety Answering Points, PSAPs), reduciendo así al mínimo la inversión en infraestructura necesaria para que tales puntos satisfagan esta obligación. Por lo tanto, en la práctica, la aplicación de esta disposición irá coordinada con la elaboración de disposiciones sobre infraestructura por parte del servicio nacional de urgencia para recibir y utilizar la información sobre ubicación.

La enmienda nº 42 también establecía una serie de detalles para la aplicación del número único europeo de urgencia, incluida una disposición para normalizar el formato de los datos, basada en una norma que todavía debe aprobarse. La posición común no detalla aspectos de aplicación. La Comisión considera que es mejor que las medidas de aplicación concretas sean objeto de normas complementarias acordadas entre las autoridades nacionales y los operadores de redes, tratándose, siempre que sea posible, las cuestiones que tengan una dimensión europea mediante las normas ETSI adecuadas. Asimismo, estima que, para evitar cualquier ambigüedad, por ejemplo entre operadores y autoridades de protección civil, sería conveniente mencionar explícitamente en el artículo 26 que las empresas operadoras no sólo "pongan a disposición de las autoridades receptoras de llamadas de urgencia información relativa a la ubicación de las personas" sino que lo hagan también "sin costes" para las autoridades nacionales. La enmienda nº 42 pedía también que se hiciese referencia al cumplimiento del artículo 9 de la Directiva sobre protección de datos. En el texto de la posición común no se hace mención a lo dispuesto en la Directiva sobre protección de datos, que es plenamente aplicable.La Comisión considera que es suficiente recordar que la actual Directiva forma parte de un paquete único destinado a crear un nuevo marco legal global para las comunicaciones electrónicas y, que en el contexto del artículo 26 de la Directiva sobre el servicio universal, serían totalmente aplicables los límites impuestos por el artículo 9 de la Directiva sobre protección de datos con respecto al tratamiento que los operadores de redes deben dar, por ley, a la información sobre localización de llamadas.

Artículo 27 y considerando 37 (Códigos europeos de acceso telefónico)

Las enmiendas del Parlamento nº 3 y 43 imponían a la Comisión la obligación de realizar un estudio que demostrase los beneficios comerciales y económicos y la viabilidad técnica del código regional "3883", antes de imponer a los operadores la obligación de cursar las llamadas con destino al espacio europeo de numeración telefónica. El texto de la posición común respondía a la preocupación implícita en la enmienda del Parlamento reconociendo la necesidad de que las empresas operadoras de redes telefónicas recuperasen el coste de transmisión de las llamadas por su red. La Comisión considera que la posición común del Consejo da respuesta a la preocupación que ha motivado la enmienda parlamentaria.

Artículo 29 (Suministro de facilidades adicionales)

La enmienda nº 44 del Parlamento hacía obligatorias algunas facilidades telefónicas adicionales que actualmente no lo son ni se propone que lo sean, pero que, si no se ofrecen ampliamente, las autoridades nacionales de reglamentación pueden hacer obligatorias. La posición común mantiene el nivel original de flexibilidad de la disposición pero incluye la fórmula "cuando sea técnicamente factible y económicamente viable", propuesta por el Parlamento. Por otra parte, la propuesta del Parlamento, apoyada por la Comisión, para que estas facilidades se ofreciesen a través de las fronteras nacionales no ha quedado recogida en la posición común.

Artículo 30 (Conservación del número)

La enmienda propuesta por el Parlamento sobre la conservación del número consistía en que los costes relacionados con la conservación del número no debían ser un elemento disuasorio para utilizar esta facilidad, lo cual se incorpora plenamente al artículo correspondiente de la posición común. El Parlamento establecía también la exigencia de que se informase regularmente a los usuarios de este servicio, fórmula que no tiene equivalente en el texto de la posición común. La Comisión considera el texto de la posición común aceptable.

Artículo 31 (Obligaciones de transmisión)

El Parlamento introducía varias enmiendas en este artículo y en el considerando correspondiente, la primera consistía en limitar el alcance de las posibles obligaciones de transmisión a "emisiones en cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del servicio público de radiodifusión". La posición común no impone esta condición previa a los Estados miembros para que determinen la programación a la que pueden aplicarse obligaciones de transmisión. Además, establece una limitación en la carga que puede imponerse al precisar que las obligaciones deben ser "razonables" y reconoce la posibilidad de que tales obligaciones se extiendan a cualquier red utilizada por un número significativo de abonados como medio principal de recepción de programas de radio o televisión.

Otra enmienda introducida por el Parlamento era reconocer que las obligaciones de transmisión podían incluir servicios destinados a las personas con discapacidades y los usuarios con necesidades especiales. La Comisión considera que el apartado 1 del texto de la posición común responde a esta enmienda al cubrir no sólo canales sino también servicios de programas de radio y televisión, lo cual podría incluir servicios a personas con discapacidades y usuarios con necesidades especiales. La enmienda del Parlamento al apartado 1 en la que se sustituía "limitadas en el tiempo" por "sujetas a revisión periódica" es muy comparable al texto de este apartado en la posición común.

Una enmienda propuesta por el Parlamento Europeo obligaba a los operadores de servicios de acceso condicional y facilidades asociadas a conceder acceso a sus servicios y facilidades a las empresas de radio y televisión. Con arreglo al artículo 6 de la posición común sobre la Directiva de interconexión y acceso, las empresas de radio y televisión deben tener acceso a servicios de acceso condicional y facilidades asociadas en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorios. Con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre acceso, los Estados miembros pueden disponer a nivel nacional que las empresas de radio y televisión han de tener acceso a otras facilidades, como guías electrónicas de programas (EPG) e interfaces de programa de aplicación (API), mientras que el artículo 6 establece también que el acceso a otras facilidades puede, en su momento, hacerse obligatorio a nivel de la UE, a la luz de los avances tecnológicos.

Otra enmienda propuesta obligaba a mostrar de manera destacada las emisiones de difusión obligatoria en navegadores y guías electrónicas de programas (EPG). La Comisión considera que la reglamentación de la información que debe destacarse en guías electrónicas de programas y navegadores forma parte de la reglamentación sobre contenidos, lo cual se reconoce actualmente en el artículo 6.5 del texto de la posición común de la Directiva sobre acceso.

En cuanto a la compensación a operadores de redes, la posición común y el dictamen del Parlamento Europeo son parecidos en su planteamiento dando discreción a los Estados miembros para determinar si debe remunerarse o no a los operadores de redes al imponerse obligaciones de transmisión obligatoria. El Parlamento Europeo enumeraba algunos criterios en caso de que los Estados miembros decidiesen remunerar a los operadores de redes mientras que la posición común no fija criterios para determinar la remuneración, pero exige que no haya discriminación en el trato a operadores de redes y que cualquier remuneración se aplique de manera proporcionada y transparente.

Artículo 32 (Servicios obligatorios adicionales)

La enmienda del Parlamento a este artículo apoyaba el principio de que las empresas en las que recaen obligaciones de prestar servicios obligatorios adicionales deben ser compensadas por los Estados miembros por el coste de dichos servicios. La posición común establece que no puede imponerse ningún mecanismo de compensación aplicable a empresas determinadas, como se permite para la financiación del servicio universal, en relación con las obligaciones que impone este artículo. La Comisión considera que habría una mayor seguridad jurídica si, como proponía el Parlamento, se estableciese el principio de que deben compensarse todos los costes netos para las empresas derivados de medidas tomadas en virtud de este artículo, siempre y cuando esta compensación sea conforme al derecho comunitario.

Artículo 33 (Consulta a las partes interesadas)

La enmienda del Parlamento al apartado 1 de este artículo ponía énfasis en la consulta a las personas con discapacidades, matiz que no figura en el texto de la posición común. El Parlamento también proponía un nuevo apartado según el cual los Estados miembros debían fomentar los mecanismos de corregulación para prestar algunos servicios dentro del servicio universal, satisfacer las necesidades de los consumidores discapacitados, controlar las tarifas, permitir el control del gasto, conseguir elevados niveles de calidad del servicio, asegurar una financiación transparente del coste neto del servicio universal, proporcionar un nivel mínimo de protección al consumidor, asegurar la publicación de información sobre precios y tarifas, suministrar servicios de operador, la conservación del número y la selección y preselección del operador, garantizar la consulta a las partes interesadas y conseguir la resolución extrajudicial de litigios. La posición común no menciona ningún campo concreto al que deban aplicarse medidas de corregulación. No obstante, la Comisión considera que una serie de artículos de la posición común del Consejo aportan flexibilidad en cuanto a los medios que los Estados miembros pueden emplear para alcanzar los objetivos de la Directiva. La Comisión prefiere el planteamiento de la posición común del Consejo consistente en introducir flexibilidad en general en vez de especificar determinados artículos para una futura corregulación.

Artículo 34 (Resolución extrajudicial de litigios)

La enmienda nº 55 del Parlamento pedía la creación de una ventanilla nacional para la presentación de reclamaciones mientras que el texto de la posición común se mantiene más próximo a la propuesta original estableciendo la necesidad de procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios que sean transparentes, sencillos y poco onerosos. La posición común permitía a los Estados miembros limitar estos procedimientos a los consumidores si los Estados miembros así lo deseaban, mientras que la enmienda parlamentaria mantiene el alcance original cubriendo tanto a usuarios como a consumidores. La Comisión considera aceptable el texto de la posición común.

3.2.3 Anexos

Anexo I (Descripción de las facilidades a las que se refieren los artículos 10 y 29)

La enmienda parlamentaria nº 56 al anexo imponía, más que permitía, condiciones suaves en caso de desconexión por impago de facturas, mientras que la posición común mantiene la flexibilidad al respecto.

Anexo II (Información que debe publicarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21)

La enmienda nº 57 explicaba las razones de protección del consumidor que obligan a la publicación de información, lo cual no tiene equivalente en la posición común. En la enmienda se introducía un nuevo apartado que obligaba a los Estados miembros a informar a los consumidores de sus derechos en virtud del servicio universal, mencionando explícitamente las facilidades del anexo I. En el texto de la posición común no se encuentra equivalente a esta disposición.

Anexo IV (Cálculo del coste neto (si lo hubiere) derivado de las obligaciones de servicio universal y establecimiento de mecanismos de recuperación o reparto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13)

Tanto la enmienda parlamentaria nº 59 como la posición común del Consejo han suprimido el apartado en el que se indica que debe considerarse un mecanismo del tipo IVA para la recuperación de costes. La Comisión preferiría mantener esta disposición.

Anexo V (Procedimiento de revisión del alcance de las obligaciones de servicio universal con arreglo al artículo 15)

Tanto la enmienda parlamentaria nº 60 como la posición común del Consejo han suprimido las disposiciones del anexo donde se describen las opciones de la Comisión en lo que respecta a la revisión del alcance de servicio universal.

Anexo VI (Interoperabilidad de los equipos de consumo digitales)

Las enmiendas del Parlamento duplicaban en parte otras disposiciones del anexo o eran prescriptivas de manera explícita en lo que se refiere al despliegue de las normas MHP para los aparatos de televisión utilizados con servicios interactivos. La posición común del Consejo no trata la cuestión de la norma MHP.

4. Conclusión

La posición común del Consejo ha incorporado muchas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura. Tanto la posición común del Consejo como los textos finales del Parlamento se mantienen fieles en lo esencial a la propuesta original de la Comisión. Sin embargo, la Comisión considera que el texto mejoraría si se introdujesen algunas disposiciones concretas sobre usuarios con discapacidades y consulta pública en relación con algunos aspectos de la aplicación del servicio universal, por ejemplo, para definir a los usuarios con necesidades especiales. No obstante, la Comisión considera aceptable el equilibrio general alcanzado en la posición común.