Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA RED PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE ELECTRICIDAD

(presentado por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

REVISIÓN DE LAS DIRECTIVAS SOBRE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS

1. Introducción

El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 defendió la necesidad de "actuar rápidamente" para culminar el mercado interior y solicitó "a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros, de conformidad con las competencias respectivas de cada cual, que (...) aceleren el proceso de liberalización en los sectores del gas (y) la electricidad (...) El objetivo es conseguir un mercado interior plenamente operativo en estos sectores; el Consejo Europeo evaluará los progresos realizados cuando se reúna la próxima primavera, a partir del informe y las oportunas propuestas que presente la Comisión".

El Parlamento Europeo también solicitó de la Comisión que adoptara un calendario detallado para el cumplimiento de unos objetivos rigurosamente definidos, destinados a alcanzar, de forma progresiva pero total, la liberalización de los mercados de la energía [1].

[1] Resolución sobre la liberalización de los mercados de la energía - A5-0180/2000 de 6 de julio de 2000.

El Consejo de Energía de 30 de mayo de 2000 puso de manifiesto "la importancia y urgencia que revisten las conclusiones alcanzadas en el Consejo Europeo de Lisboa" e invitó a la Comisión a "presentar rápidamente nuevas propuestas".

Las conclusiones de la Comunicación de la Comisión sobre la realización del mercado interior de la energía [2] indican que ya se pueden presentar al Parlamento y al Consejo las propuestas correspondientes, que no sólo deberán permitir alcanzar este objetivo fundamental, sino además ser compatibles con las demás políticas comunitarias en este ámbito y contribuir a su realización.

[2] DO C ..., p. ... .

Así pues, la propuesta adjunta de modificación de las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE responde a la solicitud del Consejo Europeo y del Consejo de Energía y constituye la continuación del Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento [3], que puso de manifiesto las relaciones entre la aceleración de la integración de los mercados de la energía en Europa y la necesidad de garantizar un nivel adecuado de seguridad del suministro.

[3] COM(2000) 769, p. 71.

2. Objetivos

Tal como se explica en la Comunicación mencionada, si la Comunidad desea crear un auténtico mercado interior eficaz para el gas y la electricidad, las propuestas deberán reunir elementos cuantitativos y cualitativos:

- Liberalización progresiva en materia de elección del suministrador para todos los consumidores de gas y de electricidad ("propuestas cuantitativas"). Existen tres motivos para aplicar un programa ambicioso en este ámbito. En primer lugar, se trata de garantizar que todas las empresas comunitarias aprovechen la competencia, que permite aumentar la eficacia y reducir los precios, para que mejore la competitividad y el empleo en la Unión Europea. En segundo lugar, conviene garantizar que los efectos positivos de la apertura del mercado se reflejen plenamente en las facturas domésticas de gas y de electricidad de los consumidores comunitarios. En tercer lugar, deben garantizarse condiciones de igualdad entre los Estados miembros en materia de apertura del mercado y, por ende, integrarse plenamente los 15 mercados nacionales en un auténtico mercado único plenamente operativo.

- Mejora estructural de los mercados comunitarios de gas y de electricidad ("propuestas cualitativas"). La experiencia de la apertura del mercado, no sólo en la Comunidad sino también en otros países, ha demostrado claramente que algunos planteamientos al respecto se prestan mucho más a conseguir una competencia eficaz. Una mayoría clara de Estados miembros ha adoptado este enfoque para el mercado de la electricidad y muchos lo han hecho asimismo para el mercado del gas.

Conforme se va creando el mercado interior, especialmente en los aspectos cuantitativos mencionados, es fundamental cierta convergencia entre los Estados miembros en lo que se refiere a los métodos aplicados para la apertura del mercado, a fin de crear un auténtico mercado interior basado en una competencia sin falseamientos. También es necesario cumplir este requisito para sacar provecho de todas las posibles ventajas de los mercados interiores del gas y la electricidad y para que redunden en beneficio de los consumidores.

Suele reconocerse que el acceso de terceros a la red, sobre la base de tarifas publicadas y no discriminatorias, así como un alto nivel de separación de las actividades, no sólo son favorables, sino también necesarios para garantizar una competencia eficaz. Por tanto, para realizar plenamente el mercado interior, la liberalización total de la demanda no es suficiente, también son necesarias estructuras de mercado eficaces. Además de garantizar que los ciudadanos comunitarios saquen el mayor provecho posible de los beneficios de la competencia, estas medidas son necesarias para garantizar una situación de igualdad entre Estados miembros y una ausencia de discriminación, especialmente frente a las empresas verticalmente integradas con posición dominante. En efecto, resulta cada vez más obvio que esta cuestión es tan importante como el nivel cuantitativo de apertura del mercado - e incluso más importante, si cabe - para obtener una auténtica reciprocidad entre Estados miembros.

Además, conviene que esta propuesta constituya una actualización de las Directivas: algunas disposiciones y opciones de las Directivas son innecesarias o no han sido utilizadas por los Estados miembros. Se trata, concretamente, del procedimiento de licitación para liberalizar la producción (salvo como medida de apoyo por motivos de seguridad del suministro) y del modelo de comprador único para el acceso a la red. Por consiguiente, estas disposiciones pueden suprimirse de las Directivas. Esta aclaración es especialmente importante para garantizar unas estructuras de mercado equitativas en los sectores del gas y la electricidad en los países candidatos a la adhesión a la Comunidad. Por otra parte, se han simplificado varios aspectos para reducir los trámites administrativos derivados de algunas obligaciones de las Directivas que, a la luz de la experiencia, pueden reducirse. Además, se han aportado aclaraciones sobre las disposiciones de ambas directivas en lo que se refiere a los requisitos en materia de separación contable.

Asimismo, parece conveniente derogar las directivas 90/547/CEE y 91/296/CEE del Consejo, relativas al tránsito de electricidad y de gas natural, para garantizar un régimen de acceso al transporte de energía homogéneo y no discriminatorio, incluso cuando supone un transporte transfronterizo en la Comunidad. En un afán de coherencia y para evitar confusión en materia de régimen de acceso y condiciones, se propone incorporar las normas de las directivas sobre tránsito, de forma más racional, a la nueva Directiva sobre realización del mercado interior de la energía. Así se permitirá a los gestores de la red de transporte el acceso, si procede, a la red de los demás gestores en condiciones que no sean discriminatorias.

Por último, conviene mejorar las disposiciones vigentes sobre obligaciones de servicio público para que pueda realizarse una comparación de resultados eficaz y permanente, así como garantizar que todos los ciudadanos disfruten del derecho a un suministro de electricidad a precios asequibles y razonables (servicio universal) y que disfruten de unos derechos mínimos en materia de protección del consumidor.

Estas mejoras de las directivas y la eliminación de las disposiciones superfluas reforzarán la claridad y constituirán una orientación para los países candidatos en sus reformas de los sectores del gas y la electricidad.

3. Propuestas

3.1. Propuestas cuantitativas: permitir progresivamente a todos los consumidores elegir su suministrador

Se propone que los Estados miembros permitan a todos los consumidores no residenciales (es decir, a los entes industriales y comerciales) elegir su suministrador de electricidad antes del 1 de enero de 2003, opción que se ampliará a todos los consumidores (lo cual supone una apertura del mercado del 100%) antes del 1 de enero de 2005.

Dado que la apertura del mercado del gas ha sufrido cierto retraso con respecto al mercado de la electricidad (los Estados miembros tuvieron que incorporar la Directiva sobre el gas 18 meses después de haber incorporado la Directiva sobre la electricidad), por lo que las empresas del sector han dispuesto de menos tiempo de adaptación, se propone que todos los consumidores no residenciales de gas puedan acogerse a esta libertad de elección antes del 1 de enero de 2004, es decir, un año después de la fecha establecida para la electricidad. Sin embargo, el mismo plazo está previsto para la apertura total del mercado (1 de enero de 2005), por considerarse suficiente para que el sector del gas comunitario se adapte adecuadamente a la competencia total. Así se conseguirá que estos dos mercados interiores funcionen en paralelo, lo cual es importante habida cuenta de la convergencia creciente entre ambos sectores.

Estas propuestas se presentan teniendo en cuenta tanto la experiencia de los países que ya han alcanzado una situación de plena competencia como el tiempo que ha sido necesario para elaborar las distintas disposiciones administrativas, técnicas y jurídicas/reglamentarias que permiten garantizar la protección del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público imprescindibles. Concretamente, estas propuestas tienen presente que los consumidores domésticos, a diferencia del sector industrial y comercial, suelen requerir para ser cualificados una preparación importante en lo que se refiere a los acuerdos sobre facturación y la determinación de los perfiles de carga de los consumidores [4]. Las propuestas también tienen en cuenta las intenciones de la mayor parte de los Estados miembros de implantar la libre competencia de acuerdo con un calendario similar al propuesto. La Comunicación de la Comisión sobre la realización del mercado interior de la energía demuestra que los objetivos principales de la Comunidad en este ámbito (alto nivel de servicio público y de protección de los consumidores, protección del medio ambiente, seguridad del suministro y apertura del mercado con un consenso social) pueden alcanzarse en el contexto de esta evolución.

[4] Con los perfiles de carga normalizados, se puede determinar el volumen y el calendario de la demanda eléctrica de un consumidor medio. Las discrepancias con el perfil se corrigen tras una lectura periódica del contador, con lo que se elimina la necesidad de una lectura detallada costosa del consumo real y una compensación en función del volumen eléctrico contratado.

3.2. Propuestas cualitativas

Se presentan dos propuestas en este ámbito sobre separación y métodos de acceso a la red. Casi todos los participantes en la consulta pública sobre la realización del mercado interior de la energía, que la Comisión organizó en septiembre de 2000, pusieron de manifiesto la necesidad de establecer normas estrictas y medidas claras al respecto si quiere conseguirse una auténtica competencia en todo el mercado interior, así como la reciprocidad entre Estados miembros y empresas.

Separación: Para garantizar un nivel mínimo común en materia de separación en todo el mercado interior del gas y la electricidad, se propone que los Estados miembros garanticen, como mínimo, que el transporte se efectúe por medio de una filial, independiente desde el punto de vista jurídico y funcional de las actividades cotidianas de producción y venta de la empresa matriz (o sea, un gestor de la red de transporte - GRT - independiente). Se especifican varias medidas de obligado cumplimiento para garantizar que la filial responsable del transporte pueda funcionar con independencia de los intereses comerciales del grupo al que pertenece. Los requisitos mínimos a este respecto son los siguientes:

- Las personas responsables de la gestión de la red de transporte no podrán participar en estructuras de la empresa responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las funciones de producción y suministro del grupo integrado.

- Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la debida consideración de los intereses personales de los responsables de la empresa encargada de la gestión de la red de transporte, de tal forma que puedan actuar con independencia.

- El gestor de la red de transporte deberá ejercer un control total sobre todos los activos necesarios para explotar, mantener y desarrollar la red.

- El gestor de la red de transporte deberá establecer un programa de cumplimiento en el que exponga las medidas adoptadas para garantizar que se excluyen las conductas discriminatorias. Este programa deberá establecer las obligaciones específicas que deberán cumplir los empleados para alcanzar este objetivo. Su elaboración y control corresponderán a un responsable de la conformidad. El responsable será nombrado por el Presidente/Director General de la empresa integrada a la que pertenezca el GRT y dependerá de éste. El responsable de la conformidad deberá presentar un informe anual, con las medidas adoptadas, a la autoridad reguladora nacional. Dicho informe será objeto de publicación.

Muchos participantes en la audiencia pública señalaron, por otra parte, que la distribución también debería ser objeto de una separación similar - lo que requeriría una separación jurídica [5] - y subrayaron la importancia de un acceso no discriminatorio, que resulta vital para la distribución [6].

[5] En las Directivas sobre el gas y la electricidad, sólo se exige una separación de la contabilidad interna en materia de distribución, así como medidas para garantizar la confidencialidad de datos sensibles desde un punto de vista comercial.

[6] Los costes de distribución son bastante altos. En el sector del gas, la inversión total en distribución suele duplicar la inversión en conducción. En un país sin producción de gas, la inversión en distribución puede oscilar entre el 70% y el 80% de la inversión total en la cadena de suministro al usuario final.

Si se sigue abriendo el mercado, la independencia en la gestión de la red de distribución será tan importante como la independencia de la gestión de la red de transporte. La Comisión propone por tanto una separación jurídica para los gestores de redes de distribución de electricidad a más tardar en el año 2003 y para las empresas gestoras de redes de distribución de gas a más tardar en el año 2004, en condiciones idénticas a las mencionadas anteriormente para los gestores de las redes de transporte. Sin embargo, los Estados miembros pueden establecer un umbral de minimis, ya que podría ser desproporcionado imponer esta obligación de separación a las pequeñas empresas locales de distribución.

Cabe observar que esta modificación representa un avance más importante en el sector del gas que en el sector de la electricidad. En la Directiva sobre el gas, sólo se exige una separación de la contabilidad interna en materia de conducción, así como medidas para garantizar la confidencialidad de datos sensibles desde un punto de vista comercial. Sin embargo, seis Estados miembros han optado por la separación de la propiedad, la separación jurídica o la separación de la gestión (o se disponen a hacerlo). Además, conviene señalar que varias empresas integradas de gas están aplicando políticas similares y separan las funciones de gestión y conducción de las funciones de suministro. Suele admitirse que esta evolución dará lugar a una estructura competitiva más eficaz y equivalente en todo el mercado interior, lo que permitirá un mayor acceso al mercado, ya que los nuevos participantes confiarán en un acceso no discriminatorio. Además, en las empresas integradas, esta tendencia dará señales e incentivos claros en materia de costes para las distintas funciones de la empresa. Por consiguiente, la adopción de esta medida supondrá un desarrollo más rápido y equitativo del mercado interior del gas.

Una inmensa mayoría de los participantes en la consulta pública destacó la importancia de estas disposiciones que, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de las Directivas vigentes, también son las que han resultado más importantes para garantizar una auténtica independencia funcional.

Muchos participantes señalaron que las instalaciones de almacenamiento de gas y GNL también deberían ser objeto de mayor separación y estar sujetas a un acceso regulado. Muchos abogaron asimismo por una separación total de la propiedad en lo que se refiere a la conducción. Huelga decir que medidas de este tipo constituirían garantías reales de acceso no discriminatorio. Además, la Comisión reconoce plenamente el papel fundamental que el acceso al almacenamiento de gas y a las demás actividades auxiliares importantes desempeña para el desarrollo de un mercado competitivo [7]. Así pues, la Comisión ha decidido proponer una aclaración de la importancia del acceso al almacenamiento, a los demás servicios auxiliares y a los instrumentos de flexibilidad, así como un refuerzo del método de acceso de terceros a la red de distribución e instalaciones de GNL (véase más adelante). También propone que se exija a las empresas del sector del gas que definan y creen gestores separados responsables de estas actividades (gestores de instalaciones de almacenamiento y GNL), lo que aumentará la transparencia para quienes soliciten acceso a estas instalaciones esenciales. La Comisión espera que estas medidas sean suficientes para garantizar un acceso real y no discriminatorio a las redes de gas y de electricidad, por lo que ha decidido no ampliar, al menos de momento, los requisitos actuales de separación en materia de almacenamiento y GNL (es decir, no exigir para estas actividades la creación de entidades jurídicas separadas). Además, se propone la inclusión de una disposición sobre prestación no discriminatoria de servicios de equilibrado, tanto para el gas como para la electricidad.

[7] El consumo de gas varía mucho según los consumidores, tanto en un mismo día como en las distintas estaciones del año. Ahora bien, el suministro de gas es más constante, ya que los productores desean sacar el máximo provecho de la capacidad de sus gasoductos. Por consiguiente, el acceso no discriminatorio a instrumentos de flexibilidad como el almacenamiento puede ser crucial para un acceso eficaz a la red general de gas y para garantizar cierta equidad entre, por un lado, las empresas establecidas, que disponen de capacidades considerables de almacenamiento y, por otro, los nuevos participantes y los consumidores, que no disponen de esa ventaja.

No obstante, la Comisión seguirá velando por el desarrollo de un acceso efectivo y no discriminatorio en materia de conducción (incluidas las redes de gasoductos previas), distribución, GNL, almacenamiento y otras actividades auxiliares esenciales. Para garantizar que todas las instituciones comunitarias participen en el análisis permanente de la situación, se propone revisar las Directivas para que incluyan una disposición por la que se obligue a la Comisión a presentar un informe sobre estos asuntos al Parlamento Europeo y al Consejo, entre otros, antes de que finalicen el segundo y el cuarto año tras la entrada en vigor de esta revisión (artículos 1 y 2). El informe incluirá, si procede, las propuestas de medidas que se consideren oportunas.

Acceso de terceros a la red: como ya se ha dicho, los participantes en la consulta pública consideraron vital para garantizar el desarrollo de una competencia eficaz el acceso efectivo de terceros a la red. Se considera casi universalmente que el sistema mínimo necesario para evitar discriminaciones y garantizar la transparencia y la predictibilidad necesarias para el desarrollo de una competencia eficaz se basa en unas tarifas publicadas y reguladas, aplicables en condiciones no discriminatorias a todos los usuarios de la red, ya sean consumidores o empresas, incluidas las empresas del grupo al que pertenezca el gestor de la red de transporte (GRT). Estas tarifas pueden dividirse en categorías objetivas de clientes, siempre que esta subdivisión no suponga discriminación alguna. Casi todos los Estados miembros han adoptado este sistema para la electricidad, pero no para el gas [8]. Por consiguiente, se propone que una estructura tarifaria publicada y regulada sea la norma mínima para las tarifas de transporte y distribución en ambos mercados. Es importante garantizar que los países candidatos a la adhesión establezcan estructuras compatibles con el enfoque que apliquen los Estados miembros.

[8] En el sector del gas, los siguientes Estados miembros tienen un sistema de acceso negociado o un sistema híbrido entre acceso con tarifas publicadas y acceso negociado: Austria, Bélgica (que sin embargo ha decidido en fecha reciente pasar a un ATR regulado), Dinamarca, Francia, Alemania y Países Bajos.

Para garantizar que no haya discriminación en la práctica, los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales deberán controlar de forma rigurosa el comportamiento de los gestores de las redes de transporte y distribución que son objeto de una separación jurídica. Así pues, los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales deberán velar por que los gestores de las redes de transporte y distribución respondan a las solicitudes de acceso en unos plazos razonables. Para la Comisión, estos plazos no deberían superar en principio dos semanas. Asimismo, deberán procurar que los gestores de las redes de transporte y distribución no hagan preguntas a las empresas que solicitan el acceso a la red sobre el origen o el destino de la energía o su transporte posterior si éstas no son necesarias para la ejecución de las tareas que les corresponden para el funcionamiento de la red.

Regulación: Las autoridades reguladoras nacionales independientes desempeñan un papel fundamental para garantizar un acceso no discriminatorio a la red, ya que tienen el poder de fijar o aprobar las tarifas de transporte y distribución antes de su entrada en vigor. La intervención de las autoridades de la competencia sólo puede producirse cuando ya se ha registrado el falseamiento de la competencia, mientras que las autoridades reguladoras pueden actuar de forma anticipada. Estas autoridades desempeñan asimismo una función primordial en el ámbito de los intercambios transfronterizos y en la creación de un auténtico mercado interior. Por otra parte, aportan al mercado continuidad y transparencia en materia normativa. La Directiva propuesta prevé, por tanto, que los Estados miembros tengan la obligación de crear autoridades reguladoras independientes facultadas para fijar y/o aprobar las tarifas y las condiciones de acceso a las redes de conducción de gas y transmisión de electricidad, así como a las redes de distribución. Así pues, la autoridad reguladora deberá aprobar las tarifas de transporte y distribución antes de su entrada en vigor. Dicha aprobación podrá efectuarse en función de una propuesta del gestor (los gestores) de la red de transporte/distribución, o en función de una propuesta acordada entre estos últimos y los usuarios de la red. En cualquier caso, sería adecuado que el gestor (los gestores) de la red de transporte/distribución consultara con detenimiento a todas las categorías de usuarios de sus redes antes de proponer las tarifas a la autoridad reguladora. Aun siendo independientes, estos organismos deberán trabajar en estrecha colaboración con otros órganos gubernamentales, como las autoridades de la competencia, que seguirán encargándose de la resolución de otros tipos de litigios relacionados con el acceso de terceros a la red, como por ejemplo casos concretos de discriminación.

Intercambios con los países extracomunitarios: En un mercado liberalizado, las empresas de la Unión Europea pueden acogerse a posibilidades adicionales en lo que se refiere a los intercambios con suministradores y clientes extracomunitarios. Como en otros sectores, estos intercambios podrían suponer ventajas considerables. No obstante, debe existir un acuerdo entre la Unión Europea y los terceros países sobre reciprocidad del acceso a los mercados y sobre las normas relativas a la seguridad y al medio ambiente, con el fin de evitar posibles peligros para el medio ambiente de la Comunidad, especialmente en lo que se refiere al mercado de la electricidad. Para ello, se podría prever la adopción de un marco reglamentario sobre acuerdos bilaterales o regionales. Ahora bien, es posible que algunos Estados miembros ya hayan celebrado acuerdos especiales de intercambio de electricidad con países extracomunitarios. Estos acuerdos deberán examinarse para comprobar su compatibilidad con los objetivos comunitarios sobre, por ejemplo, seguridad nuclear. Por consiguiente, la Directiva exige que los Estados miembros informen a la Comisión de las importaciones de electricidad procedentes de países a los que no se aplica la Directiva.

3.3. Disposiciones de actualización

Algunas opciones de la Directiva actual sobre electricidad no han sido aplicadas por ningún Estado miembro y suele considerarse que, en comparación con las opciones aplicadas, son menos favorables para el desarrollo de mercados competitivos; por consiguiente, se propone su supresión de la Directiva. Esta decisión es importante para garantizar una situación de equidad permanente a los países candidatos a la adhesión. Así pues, se propone la supresión del procedimiento de licitación en materia de producción, salvo como medida de apoyo por motivos de seguridad del suministro. Asimismo, se suprime la opción del comprador único para el acceso a la red.

También se propone una mejora administrativa, que consiste en suprimir un requisito que, a la luz de la experiencia, ha resultado ser innecesario y puede eliminarse sin afectar a la eficacia de la Directiva. Se trata del requisito por el que, en caso de denegarse la autorización para construir una nueva instalación de producción, ha de remitirse a la Comisión una copia de la decisión correspondiente. Se ha demostrado que este procedimiento es innecesariamente costoso, ya que muchas de las denegaciones de este tipo afectan a pequeñas instalaciones por razones de planificación territorial (apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 96/92/CE). Las ventajas de este procedimiento son desproporcionadas si se tiene en cuenta la carga administrativa que supone, especialmente para las autoridades locales. Así pues, se suspende este requisito. Ahora bien, las empresas a las que se deniegue una autorización siguen teniendo el derecho de remitir el asunto a la Comisión, si lo consideran oportuno.

En aplicación del apartado 3 del artículo 14 de la Directiva sobre la electricidad y del apartado 3 del artículo 13 de la Directiva sobre el gas, las empresas integradas deben tener cuentas separadas para sus distintas actividades. De acuerdo con las definiciones que figuran en los apartados 5 y 6 del artículo 2 de la Directiva sobre la electricidad y los apartados 3 y 5 del artículo 2 de la Directiva sobre el gas, se entiende por transmisión/conducción y por distribución el transporte de electricidad/gas "con el fin de suministrarla a clientes finales". Algunas empresas alegaron que esto significa que no es necesario tener cuentas separadas para las actividades de distribución y suministro. La Comisión considera que esta interpretación es errónea y no es compatible con la formulación y el objetivo de esta disposición, que consiste, en particular, en instaurar la transparencia y una reglamentación eficaz. Sin embargo, para que la situación quede perfectamente clara, el proyecto de Directiva propone una modificación del apartado 3 del artículo 14 de la Directiva sobre la electricidad y del apartado 3 del artículo 13 de la Directiva sobre el gas.

En lo que se refiere a la cláusula de reciprocidad, a que se refiere el artículo 19 de ambas Directivas, ya puede establecerse la fecha de su vencimiento. Se propone que todos los Estados miembros consideren cualificados a todos los consumidores antes del 1 de enero de 2005, por lo que la cláusula dejará de surtir efecto en esa fecha.

Por último, se propone derogar las directivas sobre el tránsito del gas y la electricidad (Directivas 90/547/CEE y 91//296/CEE del Consejo) con el fin de evitar discrepancias entre los regímenes, los requisitos de publicación, los sistemas de resolución de litigios, etc., para el acceso a la red. Si resulta necesario para el cumplimiento de sus actividades, especialmente en relación con el tránsito, los gestores de redes de transporte deberán tener acceso a la red de los demás gestores de redes de transporte, en condiciones no discriminatorias.

3.4. Objetivos de servicio público

Tal como se indicó en la Comunicación sobre la realización del mercado interior de la energía, la realización de los objetivos de servicio público es uno de los objetivos primordiales de la Comisión en este ámbito. Las disposiciones de las directivas vigentes sobre el gas y la electricidad han funcionado bien hasta la fecha, pero es posible mejorarlas, sobre todo si se considera la apertura total del mercado. En primer lugar, para velar por el mantenimiento del servicio universal en el sector eléctrico conforme avanza la apertura del mercado, la Comisión considera importante introducir en la propuesta una disposición por la que los Estados miembros deban garantizar el servicio universal, es decir, proporcionar electricidad de alta calidad a todos los consumidores en su territorio (apartado 3 del artículo 3). Además, para completar esta disposición, los apartados 3 y 4 del artículo 3 dispone asimismo que los Estados miembros deben adoptar, tanto en el sector del gas como de la electricidad, las disposiciones oportunas que permitan alcanzar los objetivos de servicio público y, en particular:

* Protección de los consumidores vulnerables. Los Estados miembros deberán garantizar, por ejemplo, una protección adecuada frente a las interrupciones de conexión injustificadas de personas mayores, desempleados, minusválidos, etc.

* Protección de los consumidores finales: por ejemplo los Estados miembros deberán garantizar unos requisitos mínimos en materia de contratación y transparencia de la información, así como unos mecanismos de resolución de conflictos transparentes y asequibles [9].

[9] Pueden encontrarse las disposiciones adecuadas para garantizar estos derechos en el artículo 17 de la Propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas - COM(2000) 392 de 12 de julio de 2000.

* Cohesión económica y social: además de garantizar un servicio universal, los Estados miembros deberán adoptar, si procede, las medidas oportunas para garantizar los suministros y las conexiones con precios razonables, por ejemplo en las zonas periféricas.

* Protección ambiental.

* Seguridad del suministro: deberán garantizarse niveles adecuados de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y, en particular, de las interconexiones.

Por otra parte, para completar una vez más las disposiciones anteriores y que quede totalmente claro que los Estados miembros disponen de todos los instrumentos necesarios para garantizar el mantenimiento y el desarrollo de la red, se propone insertar en las directivas sobre la electricidad y el gas (apartado 5 del artículo 8 y apartado 5 del artículo 7, respectivamente) un nuevo artículo por el que "los Estados miembros podrán exigir de los gestores de las redes de transmisión/conducción que satisfagan unos niveles mínimos de inversión para el mantenimiento y el desarrollo de la red de transmisión/conducción, incluida la capacidad de interconexión".

Por último, habida cuenta de la importancia vital de la continuidad de un suministro seguro de electricidad - que, como destacó el Libro verde sobre la seguridad del abastecimiento energético, probablemente sea más el objetivo de servicio público más importante - es necesario adoptar otra serie de medidas complementarias para reforzar las disposiciones de salvaguardia que ya prevén las directivas sobre la electricidad y el gas. En particular, además de los requisitos por los que los Estados miembros deben permitir la publicación de licitaciones si es necesaria más capacidad, convendría obligar a los Estados miembros a seguir atentamente la situación de los mercados nacionales de la electricidad y el gas y, en particular, el equilibrio existente entre la oferta y la demanda, el nivel previsto de la demanda, la capacidad adicional prevista o en fase de construcción, y el nivel de competencia existente en el mercado. Los Estados miembros han de publicar un informe anual con sus conclusiones y las posibles medidas previstas para garantizar la seguridad del suministro. Además, dado que, por el grado de interconexión muy elevado de la red de electricidad y de gas de la Unión Europea, la relación entre la oferta y la demanda comunitaria constituye un elemento fundamental para la seguridad del conjunto de la red, la Comisión debe publicar, sobre la base de los informes nacionales y de sus propias actividades de seguimiento, una Comunicación de características similares que se refiera a toda la Comunidad. Así pues, se propone incluir estas disposiciones en el apartado 6 del artículo 6 de la Directiva revisada sobre la electricidad y en el artículo 4 bis de la Directiva revisada sobre el gas.

El apartado 2 del artículo 3 de las Directivas actuales exige que los Estados miembros comuniquen a la Comisión sus objetivos de servicio público. Sin embargo, como ningún Estado miembro ha adoptado objetivos que requieran una excepción de lo dispuesto en ambas Directivas, no se ha efectuado notificación alguna. Para que la Comisión pueda hacer una evaluación comparativa de resultados, que permita a los Estados miembros garantizar el máximo nivel de servicio público, conviene modificar esta disposición de tal forma que se obligue a los Estados miembros a notificar cada dos años todas las medidas adoptadas para cumplir objetivos de servicio público, independientemente de que supongan o no una excepción de la Directiva y, en particular, los nuevos requisitos mencionados anteriormente. Sobre esta base, debe obligarse a la Comisión a publicar un informe cada dos años en el que se analicen las distintas medidas adoptadas y, si procede, a presentar recomendaciones de las medidas que conviene adoptar para alcanzar estos objetivos.

Por último, un mercado totalmente abierto requiere una internalización de los costes externos para establecer condiciones de competencia equitativas. Para ello, la Comisión fomentará iniciativas en este sentido, como por ejemplo un impuesto comunitario sobre la energía/CO2, normas estrictas sobre ayudas estatales, medidas de gestión en lo que se refiere a la demanda, medidas para fomentar la cogeneración y las energías renovables que adolecerán de una desventaja competitiva mientras los costes externos no se integren plenamente.

4. Conclusión

Toda la información de que dispone la Comisión sobre el funcionamiento de las Directivas sobre el gas y la electricidad demuestra que se están cumpliendo todos los objetivos del mercado interior (reducción de los precios, mayor competitividad, alta calidad del servicio público, seguridad del suministro, protección del medio ambiente), en una forma consensual desde el punto de vista social. La experiencia de los países que han aplicado plenamente la liberalización demuestra que pueden alcanzarse esos objetivos en condiciones de plena competencia y que estas circunstancias son especialmente favorables para alcanzarlos. La inmensa mayoría de los participantes en la audiencia pública sobre la plena realización de los mercados interiores del gas y la electricidad, así como todos los que manifestaron sus observaciones por escrito, respaldan este enfoque.

Por consiguiente, la realización con la mayor brevedad del mercado interior en este ámbito representa una etapa importante para cumplir los objetivos comunitarios fijados en el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en la primavera de 2000. Es previsible que la adopción de estas propuestas sea muy favorable para la competencia y el empleo y proporcione a los ciudadanos comunitarios unos precios competitivos y un aumento del nivel de servicio en materia de gas y de electricidad.

2001/0078 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA RED PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE ELECTRICIDAD

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [10],

[10] DO C [...] de [...], p.[...].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [11],

[11] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [12],

[12] DO C [...] de [...], p. [...].

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [13],

[13] DO C [...] de [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 96/92/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad [14], constituyó un paso importante en la realización del mercado interior de la electricidad.

[14] DO L 27 de 30.1.1997, p. 20. Directiva modificada por la Directiva .../.../CE (DO L [...] de [...], p. [...].

(2) En su reunión celebrada en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, el Consejo Europeo pidió que se realizaran rápidamente los trabajos necesarios para completar el mercado interior en los sectores de la electricidad y el gas, y para acelerar la liberalización en estos sectores, a fin de lograr un mercado interior completamente operativo en estos sectores.

(3) Debe fomentarse la creación de un verdadero mercado interior de la electricidad mediante la intensificación del comercio de electricidad, actualmente subdesarrollado en comparación con otros sectores de la economía.

(4) Deben aplicarse normas equitativas, ajustadas a los costes, transparentes y directamente aplicables en materia de tarifación transfronteriza y asignación de la capacidad de interconexión disponible, que completen las disposiciones de la Directiva 96/92/CE, a fin de garantizar el acceso efectivo a las redes de transmisión con objeto de realizar transacciones transfronterizas.

(5) El Consejo de Ministros de Energía del 30 de mayo de 2000, en sus conclusiones, invitó a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades/administraciones reguladoras nacionales a asegurar la rápida introducción de un sistema y un método de tarifación sólidos para asignar la capacidad de interconexión disponible a más largo plazo.

(6) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de julio de 2000 acerca del segundo informe de la Comisión sobre el estado de la liberalización de los mercados de la energía, reclamó la creación de condiciones de utilización de las redes de los Estados miembros que no obstaculicen el comercio transfronterizo de electricidad e invitó a la Comisión a presentar propuestas específicas encaminadas a superar todas las barreras existentes al comercio intracomunitario.

(7) El presente Reglamento establece principios fundamentales sobre tarifación y asignación de capacidad al tiempo que prevé la adopción de directrices en las que se detallen otros principios y métodos pertinentes, para permitir una adaptación rápida en caso de que cambien las circunstancias.

(8) En un mercado abierto y competitivo, los gestores de redes de transmisión deben ser compensados por parte de los gestores de redes de transmisión que los han generado o a los que van destinados, por los costes derivados de acoger en sus redes flujos eléctricos en tránsito .

(9) Al fijar las tarifas de las redes nacionales, se tendrán en cuenta los pagos y los ingresos resultantes de la compensación entre gestores de redes de transmisión.

(10) Las cantidades reales que deben abonarse por el acceso transfronterizo a la red pueden variar considerablemente en función de los gestores de redes de transmisión que intervienen y debido a las diferencias entre los sistemas de tarifación aplicados en los Estados miembros, por lo que se hace necesario cierto grado de armonización, a fin de evitar la distorsión del comercio.

(11) No sería apropiado imponer tarifas en función de la distancia o una tarifa específica aplicable únicamente a los exportadores o los importadores.

(12) La competencia en el mercado interior puede desarrollarse verdaderamente sólo si el acceso a las líneas de conexión entre las diversas redes nacionales se concede de forma no discriminatoria y transparente. La capacidad disponible de estas líneas debe fijarse en el máximo compatible con el respeto de las normas de seguridad de funcionamiento de la red. En caso de discriminación al asignar capacidad disponible, deberá demostrarse que no se distorsiona o dificulta más allá de lo razonable el desarrollo del comercio.

(13) Deberá asegurarse a los operadores del mercado la mayor transparencia respecto a la capacidad de transferencia disponible y las normas de seguridad, planificación y funcionamiento que afecten a la capacidad de transferencia disponible.

(14) Los ingresos procedentes de los procedimientos de gestión de la congestión no han de constituir una fuente de beneficios adicionales para los gestores de redes de transmisión.

(15) Los problemas de congestión deben poder tratarse de diversas formas siempre que los métodos aplicados proporcionen indicadores económicos correctos a los gestores de redes de transmisión y a los agentes del mercado, y se basen en mecanismos de mercado.

(16) A fin de garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior, deben establecerse procedimientos que permitan a la Comisión adoptar decisiones y directrices en materia de tarifación y asignación de capacidad, al tiempo que se asegura la participación de las autoridades reguladoras de los Estados miembros en este proceso.

(17) Las autoridades nacionales han de facilitar a la Comisión toda la información relevante. La Comisión deberá tratar dicha información de forma confidencial. En caso necesario, la Comisión deberá poder solicitar toda información pertinente directamente de las empresas interesadas.

(18) Las autoridades reguladoras nacionales tienen que velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento así como de las directrices adoptadas con arreglo al mismo.

(19) Los Estados miembros deberán establecer normas aplicables relativas a las penas en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y velar por la aplicación de las mismas. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(20) Conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado CE, los objetivos de la acción propuesta, es decir, la creación de un marco armonizado para el comercio transfronterizo de electricidad, no pueden ser alcanzados de forma suficiente por lo Estados miembros y pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, a nivel comunitario. El presente Reglamento se ajusta al mínimo requerido para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para alcanzar los mismos.

(21) En cumplimiento del artículo del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [15], deberán adoptarse medidas de aplicación del presente Reglamento mediante el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE o mediante el procedimiento consultivo establecido en el artículo 3 de esa Decisión con arreglo a la naturaleza de la medida que deba adoptarse.

[15] DO L 184 17.7.1999, p. 23

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento tiene por objeto estimular el comercio transfronterizo de electricidad y, por tanto, la competencia en el mercado interior de la electricidad mediante el establecimiento de un mecanismo de compensación por los flujos eléctricos en tránsito y la fijación de principios armonizados sobre tarifas de transmisión transfronteriza y sobre asignación de la capacidad de interconexión disponible entre las redes nacionales de transmisión.

Artículo 2

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva 96/92/CE.

2. Además, se aplicarán las siguientes definiciones:

(a) Por "tránsito" de electricidad se entiende un flujo físico de electricidad acogido en la red de transmisión de un Estado miembro, que no se ha producido en dicho Estado miembro ni está destinado al consumo en el mismo. Esta definición incluye los flujos en tránsito comúnmente denominados flujos en bucle ( loop-flows ) o flujos paralelos.

(b) Por "congestión" se entiende la situación en que la interconexión que enlaza redes de transmisión nacionales no puede acoger todas las transacciones resultantes del comercio internacional entre operadores del mercado, debido a la falta de capacidad.

Artículo 3

Mecanismo de compensación entre gestores de redes de transmisión

1. Los gestores de redes de transmisión serán compensados por los costes que les suponga acoger en su red flujos eléctricos en tránsito.

2. La compensación mencionada en el apartado 1 será abonada por los gestores de las redes de las que los flujos en tránsito proceden y/o de las redes donde estos flujos terminan.

3. Las compensaciones se abonarán regularmente y corresponderán a periodos de tiempo ya transcurridos. Las compensaciones abonadas serán objeto de ajustes a posteriori cuando sea necesario para incorporar los costes reales soportados.

El primer periodo de tiempo por el que deberán abonarse compensaciones se determinará siguiendo las directrices contempladas en el artículo 7.

4. La Comisión, de acuerdo con el procedimiento al que se refiere el apartado 2 el artículo 13, decidirá las cuantías de las compensaciones que deban abonarse.

5. Las magnitudes totales de los tránsitos acogidos y de los flujos en tránsito con origen o destino final en redes de transmisión nacionales se determinarán sobre la base de los flujos físicos de electricidad efectivamente medidos en un periodo de tiempo determinado.

6. Los costes generados por acoger flujos en tránsito se establecerán sobre la base de los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos (teniendo en cuenta los costes y los beneficios que una red tenga por acoger flujos en tránsito en relación con los costes que soportaría a falta de tales flujos).

Artículo 4

Tarifas de acceso a las redes

1. Las tarifas de acceso a las redes nacionales aplicadas por los gestores de las redes nacionales deberán ajustarse a los costes reales, ser transparentes, aproximarse a las de los gestores de redes eficientes y aplicarse de forma no discriminatoria. En ningún caso podrán estar en función de las distancias.

2. Los productores y los consumidores (carga) podrán verse sujetos a una tarifa de acceso a la red nacional. La proporción de la cuantía total de las tarifas de acceso a la red a cargo de los productores deberá ser inferior a la proporción a cargo de los consumidores. Cuando corresponda, la cuantía de las tarifas aplicadas a los productores y/o los consumidores proporcionará incentivos de ubicación y tendrá en cuenta la cantidad de pérdidas de la red y la congestión causadas.

3. Al fijar las tarifas de acceso a la red, se tendrán en cuenta los pagos y los ingresos resultantes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transmisión .Para ello, se tendrán en cuenta tanto los pagos efectivamente realizados y recibidos como los pagos previstos para periodos de tiempo futuros, calculados sobre la base de períodos ya transcurridos.

4. Sin perjuicio del apartado 2, las tarifas de acceso a las redes nacionales impuestas a los productores y los consumidores se aplicarán independientemente del país de destino y origen de la electricidad, con arreglo al acuerdo comercial en que se base la transacción. No se impondrán a los exportadores ni a los importadores tarifas específicas añadidas a las tarifas generales de acceso a las redes nacionales.

5. No existirán tarifas de acceso a la red específicas aplicables a transacciones concretas en el caso de tránsitos eléctricos cubiertos por el mecanismo de compensación entre operadores de redes de transmisión.

Artículo 5

Suministro de información sobre la capacidad de interconexión

1. Los gestores de redes de transmisión deberán crear mecanismos de coordinación e intercambio de información a fin de garantizar la seguridad de las redes en relación con la gestión de la congestión.

2. Los gestores de redes de transmisión deberán hacer públicas sus normas de seguridad, funcionamiento y planificación. Dicha publicación incluirá un sistema general de cálculo de la capacidad total de transferencia y del margen de fiabilidad de transmisión basándose en las características eléctricas y físicas de la red. Estos sistemas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad reguladora nacional.

3. Los gestores de las redes de transmisión publicarán estimaciones de la capacidad de transferencia disponible durante cada día, indicando, en su caso, la capacidad disponible ya reservada. La publicación se hará en determinados intervalos de tiempo antes de la fecha de transporte e incluirá, en todo caso, estimaciones con una semana y un mes de antelación.

Estos datos deberán incluir una indicación cuantitativa de la fiabilidad prevista de la capacidad disponible.

Artículo 6

Principios generales de gestión de la congestión

1. Los problemas de congestión de la red se abordarán mediante soluciones no discriminatorias y conformes a la lógica del mercado que sirvan de indicadores económicos eficaces a los operadores del mercado y a los gestores de las redes de transmisión interesados.

2. Sólo se utilizarán procedimientos de restricción de las transacciones en situaciones de emergencia en las que el gestor de las redes de transmisión deba actuar de manera expeditiva y no sea posible la redistribución de la carga o el intercambio compensatorio.

Los operadores del mercado a los que se haya asignado capacidad deberán ser compensados por toda restricción de dicha capacidad.

3. Dentro del respeto de las normas de seguridad de funcionamiento de la red, deberá ponerse a disposición de los operadores del mercado el máximo de capacidad de interconexión.

4. Toda capacidad asignada y no utilizada deberá reasignarse al mercado.

5. Los gestores de las redes de transmisión deberán compensar, en la medida técnicamente posible, las necesidades de capacidad de los flujos eléctricos que vayan en sentido contrario en las líneas de interconexión congestionadas, a fin de aprovechar al máximo su capacidad. En todo caso, nunca se denegarán transacciones que alivien la congestión.

6. Los beneficios derivados de la asignación de capacidad de interconexión deberán destinarse, al menos, a uno de los siguientes fines:

(a) garantizar la disponibilidad real de la capacidad asignada;

(b) inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de interconexión;

(c) reducción de las tarifas de acceso a la red.

Estos beneficios podrán incluirse en un fondo que será gestionado por los gestores de las redes de transmisión. En ningún caso podrán constituir una fuente de beneficios añadidos para los gestores de las redes de transmisión.

Artículo 7

Directrices

1. Cuando corresponda, la Comisión, de acuerdo con el procedimiento del apartado 2 del artículo 12, adoptará y modificará directrices sobre los siguientes temas relativos al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transmisión:

(a) Información detallada sobre la determinación de los gestores de redes de transmisión que deben abonar compensaciones por flujos en tránsito, con arreglo al apartado 2 del artículo 3.

(b) Información detallada sobre el procedimiento de pago que debe seguirse, incluida la determinación del primer período de tiempo por el que deben pagarse compensaciones, con arreglo al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3.

(c) Información detallada sobre el método para establecer la magnitud total de los tránsitos acogidos y las exportaciones e importaciones de electricidad realizadas, con arreglo al apartado 5 del artículo 3.

(d) Información detallada sobre el método para establecer los costes debidos a la recepción de flujos eléctricos en tránsito, con arreglo al apartado 6 del artículo 3.

(e) La participación de las redes nacionales que están interconectadas mediante líneas de corriente continua, con arreglo al artículo 3.

2. Las directrices incluirán también información detallada sobre la armonización de las tarifas aplicadas a los productores y los consumidores (carga) según los sistemas de tarifación nacionales, con arreglo a los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 4.

3. En caso necesario, la Comisión, de acuerdo con el procedimiento referido en el apartado 2 del artículo 12, modificará las directrices establecidas en el anexo sobre gestión y asignación de la capacidad de transferencia disponible en las interconexiones entre las redes nacionales, con arreglo a los principios mencionados en los artículos 5 y 6. Si procede, al modificar las directrices se establecerán pautas comunes sobre las normas mínimas de seguridad y funcionamiento de la red a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 8

Autoridades reguladoras nacionales

Las autoridades reguladoras nacionales velarán por que las tarifas nacionales y los métodos de gestión de la congestión se establezcan y apliquen de acuerdo con el presente Reglamento y las directrices adoptadas de conformidad con su artículo 7.

Artículo 9

Suministro de información y confidencialidad

1. Los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales proporcionarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, toda la información necesaria a efectos del apartado 4 del artículo 3 y del artículo 7.

En particular, a efectos de lo establecido en el apartado 4 del artículo 3, las autoridades reguladoras nacionales notificarán con regularidad los costes efectivos que hayan tenido los gestores de las redes de transmisión nacionales debido a la recepción de flujos en tránsito así como la magnitud de las exportaciones y las importaciones realizadas en un periodo determinado. Asimismo, proporcionarán los datos y la información pertinentes utilizados en el cálculo de dichas cifras.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades reguladoras y las administraciones nacionales puedan física y jurídicamente proporcionar la información necesaria con arreglo al apartado 1.

3. La Comisión podrá obtener, en su caso, la información necesaria a efectos de los apartados 4 y 7 del artículo 3 directamente de las empresas o asociaciones de empresas.

Cuando la Comisión envíe una solicitud de información a una empresa o asociación de empresas, enviará simultáneamente una copia de la misma a la autoridad reguladora establecida en virtud del artículo 22 de la Directiva 96/92/CE del Estado miembro en el que esté ubicada la sede de la empresa o asociación de empresas.

4. En su solicitud de información, la Comisión indicará el fundamento jurídico, el plazo dentro del cual deberá facilitarse la información y el objeto de la misma, así como las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 11 para el caso en que se le suministre información incorrecta, incompleta o engañosa.

5. Estarán obligados a facilitar la información solicitada los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso de personas o entidades jurídicas, o asociaciones sin personalidad jurídica, las personas encargadas de representarlas de acuerdo con la ley o con sus estatutos. La información podrá ser facilitada por abogados debidamente autorizados por sus clientes para representarles, en tal caso los clientes serán plenamente responsables cuando la información facilitada sea incompleta, incorrecta o engañosa.

6. Si una empresa o asociación de empresas no facilitare la información requerida en el plazo fijado por la Comisión, o la suministrare de manera incompleta, la Comisión la pedirá mediante Decisión. En ésta se precisará la información solicitada, se fijará un plazo apropiado en el que deberá facilitarse la información y se indicarán las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 11 así como el recurso que se puede interponer ante el Tribunal de Justicia contra la Decisión.

La Comisión enviará simultáneamente una copia de su Decisión a la autoridad reguladora referida en párrafo segundo del apartado 3 del presente artículo del Estado miembro en cuyo territorio resida la persona o esté situada la sede de la empresa o asociación de empresas .

7. La información recibida en aplicación del presente Reglamento se utilizará sólo a efectos del apartado 4 del artículo 3 y del artículo 7.

La Comisión no podrá divulgar la información que obtenga en virtud del presente Reglamento y que esté cubierta por la obligación del secreto profesional.

Artículo 10

Derecho de los Estados miembros a establecer medidas más detalladas

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros a mantener o introducir medidas que incluyan disposiciones más detalladas que las contenidas en el presente Reglamento y en las directrices contempladas en el artículo 7.

Artículo 11

Sanciones

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar [indíquese una fecha], así como cualquier modificación posterior de las mismas a la mayor brevedad.

2. La Comisión, mediante Decisión, podrá imponer a las empresas o asociaciones de empresas multas de una cuantía no superior al 1% del volumen de negocios del ejercicio anterior, cuando, éstas, deliberadamente o por negligencia, suministren información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud presentada en virtud del apartado 3 del artículo 9, o no suministren la información en el plazo fijado por la Decisión adoptada en virtud del párrafo primero del apartado 7 del artículo 9.

3. La cuantía de la multa se fijará teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.

4. El régimen de sanciones adoptado en virtud de los apartados 1 y 2 no podrá tener carácter penal.

Artículo 12

Comité de reglamentación

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 y en el artículo 8 de la misma.

3. El periodo previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.

Artículo 13

Comité consultivo

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 y en el artículo 8 de la misma.

Artículo 14

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Sería aplicable a partir del [indíquese una fecha].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO

Directrices sobre gestión y asignación de la capacidad de transmisión disponible en las interconexiones entre redes nacionales

Aspectos generales

1. El método o métodos de gestión de la congestión aplicados por los Estados miembros deberán tratar la congestión a corto plazo de forma que sea eficiente desde el punto de vista económico y que, al mismo tiempo, proporcione señales o incentivos para las inversiones eficientes en la red y la generación en los lugares adecuados.

2. A fin de minimizar las repercusiones negativas de la congestión en el comercio, la red eléctrica deberá utilizarse al máximo de su capacidad dentro del cumplimiento de las normas de seguridad de funcionamiento de la red.

3. Los GRT deberán establecer normas no discriminatorias y transparentes, detallando qué métodos de gestión de la congestión aplicarán y en qué circunstancias. Dichas normas, así como las normas de seguridad, deberán describirse en documentos públicamente disponibles.

4. Al elaborar las normas de los métodos específicos de gestión de la congestión, deberán reducirse al mínimo las diferencias en el trato de los diversos tipos de transacciones transfronterizas, tanto en los contratos físicos bilaterales como en las ofertas en mercados extranjeros organizados. El método para asignar la capacidad de transmisión, que es escasa, será transparente. Debe demostrarse que toda diferencia en la forma de tratar las transacciones no distorsiona ni dificulta el desarrollo de la competencia.

5. Las señales de precios resultantes de los sistemas de gestión de la congestión deberán estar en función de la dirección en que va la electricidad.

6. Deberá hacerse todo lo posible para compensar las necesidades de capacidad de los flujos eléctricos que vayan en sentido contrario en las líneas de interconexión congestionadas, a fin de aprovechar al máximo su capacidad. Los sistemas de gestión de la congestión adoptados no deberán rechazar en ningún caso las transacciones que alivien la congestión.

7. Toda capacidad no utilizada ha de estar disponible para otros agentes (principio de utilización o pérdida), principio que puede aplicarse preparando procedimientos de notificación.

8. Los ingresos procedentes de la asignación de capacidad de interconexión podrán destinarse a la redistribución de la carga (redispatching) o los intercambios compensatorios (countertrading), a fin de reforzar la fiabilidad de la capacidad asignada a los agentes del mercado. En principio, todo ingreso restante se destinará a inversiones en la red a fin de aliviar la congestión o reducir el total de las tarifas de la red. Los GRT podrán gestionar dichos fondos, pero no podrán conservarlos.

9. Los GRT deberán sacar al mercado capacidad de transmisión de la mayor fiabilidad posible. Una fracción razonable de la capacidad podrá sacarse al mercado en condiciones de menor fiabilidad, pero en todo momento deben comunicarse a los agentes del mercado las condiciones precisas del transporte por líneas transfronterizas.

10. Dado que la red continental europea es de gran complejidad y que el uso de líneas de interconexión influye en los flujos de corriente de al menos dos lados de una frontera nacional, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que los procedimientos de gestión de la congestión que influyan considerablemente en los flujos de corriente de otras redes no se establezcan unilateralmente.

Situación de los contratos a largo plazo

1. No podrán asignarse derechos de acceso prioritario a la capacidad de interconexión a los contratos que infrinjan los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

2. Los contratos a largo plazo existentes no tendrán ningún derecho de prioridad en el momento de su renovación.

Suministro de información

1. Los GRT deberán aplicar mecanismos apropiados de coordinación e intercambio de información para garantizar la seguridad de la red.

2. Los GRT deberán publicar todos los datos pertinentes relativos a la capacidad total de transferencia transfronteriza. Además de los valores de la capacidad de transferencia disponible en invierno y verano, los GRT deberán publicar las estimaciones de la capacidad de transferencia diaria en distintos intervalos de tiempo antes del día de transporte. Los operadores del mercado deberán disponer, al menos, de estimaciones con una semana de antelación y los GRT deberán esforzarse también por proporcionar información con un mes de antelación, especificando el grado de fiabilidad de los datos.

3. Los GRT deberán dar a conocer un sistema general de cálculo de la capacidad total de transferencia y del margen de fiabilidad de la transmisión basándose en la realidad eléctrica y física de la red. Dicho sistema deberá estar sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras de los Estados miembros concernidos. Las normas de seguridad y funcionamiento así como las normas de planificación deberán formar parte integrante de la información que los GRT deben dar a conocer en documentos públicos.

Métodos preferidos para gestionar la congestión

1. Los problemas de congestión de la red deberán abordarse, en principio, con soluciones conformes a la lógica del mercado. En concreto, se preferirán las soluciones de gestión de la congestión que den señales de precios apropiadas a los operadores del mercado y los GRT concernidos.

2. Los problemas de congestión de la red deberán solucionarse preferentemente mediante métodos independientes de la transacción, es decir, métodos que no supongan una elección entre contratos de distintos operadores del mercado.

3. El sistema de diferenciación geográfica de mercados, tal y como se utiliza en el área Nordpool, es el procedimiento de gestión de la congestión que, en principio, se ajusta mejor a este requisito.

4. No obstante, a corto plazo, un método de gestión de la congestión que puede utilizarse en Europa continental son las subastas implícitas y explícitas y la redistribución transfronteriza coordinada.

5. Los gestores de redes de transmisión afectados pueden utilizar conjuntamente la redistribución transfronteriza coordinada y los intercambios compensatorios. En todo caso, los costes que tengan los GRT debido a los intercambios compensatorios y la redistribución deberán mantenerse a un nivel eficiente.

6. La restricción de las transacciones, siguiendo normas sobre prioridad preestablecidas, debe utilizarse únicamente en situaciones de emergencia en las que los GRT deban actuar de forma expeditiva y resulte imposible la redistribución.

7. Conviene estudiar cuanto antes las posibles ventajas de combinar la diferenciación geográfica de mercados para resolver la congestión "permanente", y los intercambios compensatorios para resolver la congestión temporal, como planteamiento más permanente de gestión de la congestión.

Directrices para subastas explícitas

1. El sistema de subasta deberá definirse de tal modo que salga al mercado toda la capacidad disponible, lo cual podrá hacerse organizando una subasta compuesta en la que se subaste capacidad para diversos periodos y con distintas características (por ejemplo, en relación con la fiabilidad prevista de la capacidad disponible).

2. La capacidad de interconexión total deberá ofrecerse en una serie de subastas, que, por ejemplo, podrían llevarse a cabo con carácter anual, mensual, semanal, diario e intradiario, según las necesidades de los mercados en cuestión. En cada una de estas subastas deberá asignarse una fracción prescrita de la capacidad neta de transferencia más toda capacidad restante no asignada en subastas previas.

3. Los procedimientos explícitos de subasta deberán prepararse en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras nacionales y los GRT concernidos, y definirse de tal forma que sea posible participar también en las sesiones diarias de cualquier mercado organizado (es decir, cualquier bolsa de electricidad) en los países interesados.

4. En principio, deberán compensarse los flujos de energía eléctrica en ambas direcciones de una línea de interconexión congestionada, a fin de aprovechar al máximo su capacidad. No obstante, el procedimiento para compensar entre sí los flujos deberá respetar la seguridad de funcionamiento de la red.

5. A fin de sacar al mercado la máxima capacidad posible, los riesgos económicos relacionados con la compensación de flujos, deberán atribuirse a las partes responsables de dichos riesgos.

6. Todo procedimiento de subasta adoptado deberá permitir enviar a los operadores del mercado señales de precios en función de la dirección en que va la electricidad. Dado que los transportes en dirección contraria al flujo dominante alivian la congestión, deberán dar lugar a una capacidad de transporte adicional en la línea de interconexión congestionada.

7. Para evitar el riesgo de crear o agravar los problemas relacionados con la posición dominante de uno o varios operadores del mercado, las autoridades reguladoras competentes, al establecer los mecanismos de subasta, deben considerar seriamente la posibilidad de limitar la capacidad que puede comprar, poseer o utilizar un operador del mercado en una subasta.

8. Para promover la creación de liquidez en los mercados de electricidad, la capacidad comprada en una subasta deberá poder comercializarse libremente antes del momento de notificación.

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Política: Energía y Transportes

Actividades: Sector de la Energía y Mercado Interior

Denominación de las medidas: Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.

1. LÍNEA(S) PRESUPUESTARIA(S) Y DENOMINACIÓN

En 2002: Capítulo B4-10, artículo B4-1040 (ETAP)

2. DATOS NUMÉRICOS GLOBALES

2.1. Dotación global de la medida (Parte B): 5 MEUR (1998 - 2002)

2.2. Período de aplicación:

2002 [16]

[16] De conformidad con el programa de trabajo de la Comisión para 2001, se presentará este año una propuesta de nuevo programa marco de energía, para suceder al actual, que expira en 2002. Esta nueva propuesta incluirá las necesidades financieras para aplicar la acción en los próximos años.

2.3. Cálculo global plurianual de los gastos:

a) Calendario de los créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase punto 6.1.1)

millones de euros (con 3 decimales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

b) Asistencia técnica y administrativa y gastos de apoyo (véase punto 6.1.2)

No procede

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Impacto financiero global en recursos humanos y otros gastos administrativos (véanse los puntos 7.2 y 7.3)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.4. Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

La propuesta compatible con la programación financiera actual

La presente propuesta requiere una reprogramación de la correspondiente rúbrica de las perspectivas financieras.

Incluido, en su caso, el recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5. Incidencia financiera en los ingresos [17]:

[17] Para más información, véase el documento orientativo adjunto.

sin incidencia financiera (se refiere a los aspectos técnicos relacionados con la aplicación de la medida)

con la incidencia financiera que a continuación se indica:

>SITIO PARA UN CUADRO>

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95.

Decisión del Consejo 1999/21/CE, Euratom de 14 de diciembre de 1998, por la que se aprueba un programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía (1998-2002) y medidas afines (DO L 7 de 13.1.1999, p. 16).

Decisión 1999/22/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, por la que se aprueba un programa plurianual de estudios, análisis, previsiones y otras tareas en el sector de la energía (1998-2002) (DO L 7 de 13.1.1999, p. 20).

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1. Necesidad de la intervención comunitaria [18]

[18] Para más información, véase el documento orientativo adjunto.

5.1.1. Objetivos

La Directiva sobre la electricidad establece una apertura progresiva del mercado a la competencia. Sin embargo, para crear un auténtico mercado integrado, son necesarias normas comerciales eficaces y, en particular, un enfoque armonizado sobre tarificación transfronteriza de la transmisión y unos mecanismos comunes para la gestión de la congestión en las fronteras. Para ello, la Comisión inició el "proceso de Florencia", con la creación de un Foro en el que participan la Comisión, las autoridades reguladoras nacionales, los Estados miembros y el sector. Se ha progresado mucho pero no se ha alcanzado aún ningún acuerdo, ni se han instaurado mecanismos. Por consiguiente, la Comisión propondrá, el 7 de marzo de 2001, un Reglamento por el que: a) se establecen los principios básicos en materia de tarificación transfronteriza y gestión de la congestión; b) se permite a la Comisión, de conformidad con un procedimiento de comitología, adoptar directrices vinculantes sobre el mecanismo preciso por el que entrarán en vigor las normas armonizadas sobre tarificación y congestión y c) calcular y aplicar, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades reguladoras nacionales, las tarifas transfronterizas. Así pues, la Comisión asume nuevas responsabilidades ejecutivas y actuará, en muchos aspectos, como una autoridad reguladora europea en materia de comercio transfronterizo de electricidad.

Por consiguiente, los objetivos del Reglamento son la entrada en vigor rápida de mecanismos sobre tarifas y congestión que reflejen los costes, lo que permitirá la libertad del comercio. Se espera que el Reglamento pueda entrar en vigor a finales de 2001/principio de 2002. Antes de septiembre de 2002 debería establecerse, mediante directrices, un nuevo sistema de tarificación. Las tarifas deberían adoptarse antes de finales de 2002. Por último, las normas comunes sobre gestión de la congestión entrarán en vigor con la adopción del Reglamento, ya que figuran en un anexo del acto legislativo. Dichas normas deberán ser revisadas y, si procede, modificadas, antes de finales de 2002. Los objetivos de esta acción financiera son dar a la Comisión los medios que le permitan asumir con eficacia estas responsabilidades nuevas.

5.1.2. Disposiciones adoptadas en relación con la evaluación previa

Para preparar la adopción del Reglamento propuesto, la Comisión creó el Foro de Florencia, que ya se ha reunido en cinco ocasiones. Asimismo, los resultados del Foro han sido debatidos en cuatro ocasiones por el Consejo de Energía, que subrayó la importancia de una introducción rápida de estas medidas. Sobre la base de la labor del Foro, la Comisión adoptó el 16 de mayo de 2000 una Comunicación sobre los progresos recientes en la realización del mercado interior. Además, este tema dio lugar a una consulta pública organizada por la Comisión el 14 de septiembre de 2000 y fue examinado en el Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento [COM(2000) 769].

Los debates en el Foro de Florencia y en el Consejo, así como la reacción a la Comunicación de la Comisión al respecto, han demostrado que el establecimiento de normas eficaces de tarificación transfronteriza y gestión de la congestión es un requisito fundamental para la creación de un auténtico mercado interior de la electricidad. También ha demostrado que la elaboración de dichas normas es muy compleja desde un punto de vista técnico y resulta controvertida. Además, cuando se haya determinado una metodología sólida, será difícil y costoso hacer el cálculo de los costes relacionados con el comercio transfronterizo. Así pues, se ha considerado necesario el Reglamento para resolver estas cuestiones.

5.1.3. Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación posterior

Se considera que, dos años tras la entrad en vigor del Reglamento, debería procederse a una revisión detallada de la eficacia del enfoque expuesto en el Reglamento para la elaboración de normas comunes, así como la eficacia de las medidas financieras adoptadas por la Comisión para respaldar este esfuerzo.

5.2. Medidas previstas y normas de intervención presupuestaria

La adopción de normas comunes sobre tarificación transfronteriza y gestión de la congestión permitirá un aumento de la competencia en la Unión Europea y, por ende, una reducción de los precios de la electricidad que beneficiará a todos los consumidores, tanto privados como industriales. El objetivo de las medidas financieras previstas es preparar la entrada en vigor de estas normas, de índole muy técnica y específica, por lo que resulta de interés para las autoridades reguladoras nacionales, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el sector eléctrico.

- objetivos específicos para el período de programación

Los objetivos específicos del Reglamento son la entrada en vigor, antes de finales de 2002, de un sistema armonizado de tarificación transfronteriza de la transmisión que sea sencillo, refleje los costes y no sea discriminatorio. Otro objetivo es la entrada en vigor de normas comunes sobre gestión de la congestión tras la adopción del Reglamento y, si procede en función de la experiencia adquirida, su revisión antes de finales de 2002. Así pues, los objetivos específicos de las medidas financieras son: i) completar los estudios para la entrada en vigor de unas directrices detalladas sobre tarificación antes de septiembre de 2002, ii) el establecimiento y la entrada en vigor de las tarifas reales previa verificación de los datos facilitados por las autoridades reguladoras nacionales antes de finales de 2002 y iii) la entrada en vigor de las posibles revisiones de las directrices sobre gestión de la congestión, sobre la base de los estudios oportunos, antes de finales de 2002. Posteriormente, el objetivo específico es la revisión de estas directrices, si procede, sobre la base de los estudios anuales adicionales, el nuevo cálculo y la adopción consiguiente de tarifas.

- medidas concretas de aplicación

En primer lugar, se iniciarán los estudios para alcanzar un acuerdo y adoptar directrices sobre tarificación transfronteriza (antes de septiembre de 2002); en segundo lugar, se adoptará una decisión sobre las tarifas reales (finales de 2002) sobre la base de las cifras presentadas por las autoridades reguladoras y recibidas por la Comisión; en tercer lugar, se procederá a una revisión de las directrices sobre gestión de la congestión que figuran en el Reglamento, previa realización de los estudios oportunos (finales de 2002).

Para alcanzar estos objetivos, se prevén dos acciones financieras:

Acción 1: para elaborar las directrices detalladas sobre tarificación en que se basará el nuevo sistema, se necesitará mucha labor preliminar, sobre todo de índole técnica (ingeniería) y financiera (contabilidad). También será necesaria esta labor preliminar para decidir si las directrices que figuran en el Reglamento sobre gestión de la congestión deben ser modificadas y para definir dichas modificaciones. Por consiguiente, sería más rentable preparar estas directrices mediante estudios de expertos.

Acción 2: Tras la adopción de las directrices sobre tarificación transfronteriza, las autoridades reguladoras nacionales remitirán los cálculos sobre los costes y beneficios para la red derivados del comercio transfronterizo. La Comisión deberá determinar si estos cálculos son correctos y, en función de los mismos, calcular los pagos de compensación entre sistemas. Para ello serán necesarias competencias muy específicas en materia de auditoría, una vez el año, durante un período limitado. La forma más rentable para realizar gran parte de esta labor de comprobación es recurrir a competencias externas.

- resultados inmediatos de cada medida y contribución al objetivo general

El resultado previsto es la entrada en vigor, el mantenimiento y el reajuste posteriores de un sistema de tarificación transfronteriza y de gestión de la congestión que permita un comercio eficaz de la electricidad.

- resultados previstos que cubran necesidades o resuelvan problemas

1. La Comisión deberá adoptar y modificar las directrices, en las que se especifican los principios básicos sobre tarificación y gestión de la congestión que figuran en el proyecto de Reglamento. Estas directrices pueden adoptarse y modificarse sin necesidad de cambiar el Reglamento, con lo que podrán adaptarse rápidamente a los cambios de situación. Esta flexibilidad es necesaria, ya que estos temas, como los métodos de cálculo de los costes, la determinación concreta y la medida de los flujos físicos, evolucionan constantemente, por lo que deben poderse afinar y mejorar posteriormente.

2. La Comisión determinará periódicamente el nivel de los pagos de compensación ente gestores de la red de transmisión por los flujos de electricidad acogidos en tránsito. El objetivo principal de esta medida es garantizar que se compense adecuadamente a los gestores de la red de transmisión por los costes incurridos, especialmente para excluir compensaciones excesivas y el consiguiente exceso en los costes de transacción.

Los Estados miembros no pueden resolver por sí solos este asunto: para desarrollar un sistema de tarificación eficaz es imperativo un enfoque armonizado que no puede elaborarse a escala nacional. Como se ha demostrado anteriormente, un enfoque informal colaborativo no permitirá la aplicación de un sistema adecuado con las salvaguardias democráticas y de procedimiento oportunas. Por consiguiente, esta propuesta se ajusta plenamente al principio de subsidiariedad y es necesaria en cumplimiento de dicho principio.

Sin embargo, las autoridades reguladoras de los Estados miembros deben participar en este proceso. Por ello, la Comisión adoptará estas decisiones tras consultar a un comité compuesto de representantes de los Estados miembros, creado de conformidad con la Decisión 1999/468 del Consejo por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ("comitología").

5.3. Procedimiento de ejecución

El objetivo de las medidas financieras es dotas a la Comisión de los recursos necesarios para realizar de forma eficaz las nuevas funciones ejecutivas que se le conceden tras la adopción del Reglamento propuesto sobre tarificación transfronteriza y congestión. El Reglamento establece tres nueva tareas: la adopción, mediante el procedimiento de comitología, de normas detalladas sobre tarificación transfronteriza; la fijación y la imposición de dichas tarifas; y la modificación, mediante el procedimiento de comitología, de las directrices que figuran en el Reglamento sobre gestión de la congestión.

Esta labor se realizará en gran parte dentro de la Comisión: elaboración del texto final de las directrices, garantía de que se adoptarán mediante el procedimiento de comitología y adopción de las decisiones sobre los niveles reales de las tarifas. Sin embargo, para realizar esa labor:

Acción 1

- para elaborar y mejorar las directrices, deberá recurrirse a estudios externos para disponer de la competencia técnica, contable y económica necesaria.

Acción 2

- tras determinar la metodología y adoptar las directrices, la Comisión deberá calcular los niveles exactos de las tarifas, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades reguladoras nacionales, de conformidad con las directrices. La Comisión debe comprobar los datos facilitados a escala nacional. Se trata de una labor de auditoría muy especializada, que se necesita una vez al año durante un período relativamente corto, por lo que resulta rentable que esta comprobación se realice recurriendo a competencias externas.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1. Incidencia financiera total en la parte B - (para todo el período de programación)

6.1.1. Intervención financiera

Créditos de compromiso en millones de euros (con 3 decimales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.2. Cálculo de los costes por cada medida prevista en la parte B (para todo el período de programación) [19]

[19] Para más información, véase el documento orientativo adjunto.

Créditos de compromiso en millones de euros (con 3 decimales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

En caso necesario, explíquese el método de cálculo aplicado.

Explicación del método de cálculo:

Acción 1: Estudios para asistir a la Comisión en la elaboración de las directrices sobre tarificación transfronteriza y gestión de la congestión,

Serán necesarios dos estudios al año para preparar la adopción y/o las modificaciones de las directrices: por estudio 130 días/hombre a 900 euros (tarifa media de los auditores y demás expertos) = 2 x 117 000 = 234 000 euros

Acción 2: Comprobación de los cálculos sobre costes incurridos por los gestores nacionales de las redes de transmisión en concepto de tránsitos.

- comprobación de los documentos presentados y ejercicio de comparación de resultados: Coste por Estado miembro: 20 días/hombre a 1 000 euros (tarifa media de los auditores) = 300 000 euros

- tras el ejercicio de comparación de resultados: comprobación in situ en 7 Estados miembros (estimación). Coste por Estado miembro: 10 días/hombre por Estado miembro a 1 000 euros = 70 000 euros. Dado que estos cálculos se basan en estimaciones, es preciso prever un importe indicativo de 600 000 euros.

7. INCIDENCIA EN EL PERSONAL Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Incidencia en los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.2. Incidencia financiera global en recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Las cifras corresponden al gasto total durante un período de 12 meses.

7.3. Otros gastos administrativos relacionados con la medida

>SITIO PARA UN CUADRO>

Las cifras corresponden al gasto total durante un período de 12 meses.

(1) Especifíquese el tipo de comité y el grupo al que pertenece.

I. Total anual (7.2 + 7.3)

II. Duración de la acción

III. Coste total de la acción (I x II) // 258 000 euros

ilimitada

258.n000EUR/año

Los requisitos en materia de recursos humanos u otros recursos administrativos deberán cumplirse con los recursos atribuidos a la DG TREN en el proceso anual de asignación.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Sistema de seguimiento

El resultado de las medidas previstas en el proyecto de Reglamento se evaluará a la luz de la evolución intracomunitaria del comercio de electricidad, con ayuda de las estadísticas pertinentes de Eurostat.

8.2. Normas y periodicidad de la evaluación prevista

Dos años tras la entrada en vigor del Reglamento, está prevista la realización de una evaluación intermedia sobre el éxito en la adopción de las normas y directrices necesarias para el establecimiento de un sistema armonizado de tarificación y gestión de la congestión. El éxito de este sistema se evaluará en función de su capacidad de reducción de los costes de transacción para los consumidores de electricidad. También se evaluará el coste y el valor de los estudios realizados al respecto, así como la exactitud de la labor de auditoría para comprobar los cálculos nacionales sobre tarifas y la rentabilidad del enfoque aplicado.

9. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE

El reembolso y el pago a los expertos por los estudios realizados se efectuarán de acuerdo con las normas financieras pertinentes.

FICHA DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES

REPERCUSIONES DE LA PROPUESTA EN LAS EMPRESAS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

- Comunicación sobre la realización del mercado interior de la energía

- Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y del gas natural

- Propuesta de Reglamento relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.

NÚMERO DE REFERENCIA

COM(...) ... final de ... .

PROPUESTA

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué es necesaria una medida legislativa comunitaria en este ámbito y cuáles son sus fines?

La creación del mercado interior de la energía es parte del objetivo de crear un mercado interior plenamente operativo en la Unión Europea, para favorecer las posibilidades de crecimiento y empleo en beneficio de los ciudadanos de la Unión.

Los objetivos principales son los siguientes:

- Apertura completa de los mercados de la electricidad y el gas en 2005, con garantías sobre el acceso no discriminatorio a las redes de transporte y distribución.

- Garantías adicionales para los ciudadanos europeos en materia de suministro energético y de servicio público.

- Garantía de un auténtico mercado europeo, y no de 15 mercados nacionales abiertos, gracias, ante todo, a un Reglamento sobre la tarificación transfronteriza de la electricidad y la gestión de la congestión.

Estos objetivos no pueden ser cumplidos, o sólo de forma insuficiente, por los Estados miembros y, habida cuenta de sus dimensiones y de los efectos de la acción prevista, pueden cumplirse mejor a escala comunitaria.

REPERCUSIÓN SOBRE LAS EMPRESAS

2. ¿Quiénes se verán afectados por la propuesta?

Competitividad general de las empresas europeas

En lo que se refiere al precio de la electricidad, el nivel de competencia que ya ha alcanzado este sector ha permitido reducir los precios de forma considerable. Las medidas propuestas permitirán mantener y mejorar la competitividad general de las empresas europeas. En un momento en el que la apertura del mercado avanza con rapidez en la mayor parte de los países que representan los principales competidores de las empresas europeas, la plena realización del mercado interior es fundamental para no acumular retraso frente a nuestros socios extranjeros.

Reducir las desigualdades entre usuarios de energía industriales y privados

Todas las empresas tendrán la posibilidad de elegir su suministrador de electricidad, a partir de 2003, y de gas, a partir de 2004. Este aspecto es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas que, hasta la fecha, suelen sufrir una desventaja frente a los grandes consumidores industriales, sobre todo si constituyen una clientela cautiva. Además, la apertura del mercado a todas las empresas pondrá fin a los falseamientos de la competencia que supone el hecho que algunos distribuidores estén cualificados en unos Estados miembros y no en otros.

Innovación e implantación de nuevas tecnologías

La apertura total del mercado también puede fomentar la innovación y la implantación de nuevas tecnologías. Las técnicas de producción de energía están en plena evolución, especialmente en lo que se refiere a las microcentrales y a las energías renovables.

Mejora de la calidad del servicio

La apertura creciente de los mercados también debería mejorar la calidad del servicio prestado a los consumidores, sobre todo finales. Se trata, por ejemplo, de las reparaciones, de los nuevos servicios y de los planes de tarificación - algunos de los sectores en los que compiten las empresas. Esta evolución ya se ha registrado en los países en los que los mercados ya están totalmente abiertos.

Facilitar la introducción de la competencia en el propio sector del gas

La plena realización del mercado interior debería permitir introducir la competencia incluso dentro del sector del gas. De momento, el precio del gas natural en Europa está estrechamente relacionado con el precio del petróleo. Por consiguiente, a Europa le conviene seguir desarrollando la competencia dentro del sector del gas, para suprimir la dependencia entre los precios del petróleo y del gas, lo que mejorará la diversidad del abastecimiento energético en la Unión Europea.

- ¿Qué sectores empresariales?

Todas las empresas europeas que consumen gas y electricidad, así como los sectores correspondientes.

- ¿Se encuentran tales empresas en zonas geográficas concretas de la Comunidad?

No.

3. Obligaciones que se imponen a las empresas en virtud de la propuesta

En particular, aspectos relativos a la separación jurídica.

4. Previsión de los efectos económicos de la propuesta:

- sobre el empleo

El mayor rendimiento y la disminución de los precios de la energía, así como los nuevos mercados para las nuevas tecnologías, tras la introducción de la competencia en el sector de la energía, aportarán, al menos a medio y largo plazo, un impulso para el empleo en el conjunto de la industria europea.

No obstante, en lo que se refiere a la evolución a corto plazo, la introducción de la competencia puede suponer una reducción de las plantillas, por la fase de adaptación de los antiguos monopolios nacionales.

En los últimos años, los puestos de trabajo técnicos de empleados cualificados y semicualificados, así como los puestos de directivos intermedios y los puestos administrativos correspondientes se han ido reduciendo paulatinamente. Se han creado puestos nuevos en otros sectores, como el marketing, los servicios de atención al cliente, las tecnologías de la información y los servicios a las empresas. Además, la aparición de nuevas actividades económicas, como los intercambios en el ámbito de la energía, ha permitido crear nuevos puestos de trabajo.

5. ¿Contiene la propuesta medidas para tener en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (prescripciones menos estrictas o diferentes)?

El proyecto de propuesta de Directiva establece la separación jurídica para la distribución de gas y electricidad. Dado que la distribución suele ser efectuada por servicios municipales que disponen de estructuras reducidas, el requisito de separación entre actividades podría resultar desproporcionado habida cuenta de su tamaño. Así pues, la propuesta de Directiva permite a los Estados miembros eximir de esta obligación a las empresas con menos de 100 000 abonados.

CONSULTAS

6. Lista de organizaciones a las que se ha consultado sobre la propuesta y resumen de sus opiniones

El 14 de septiembre de 2000 se organizó una audiencia pública en la que participaron cerca de 120 organizaciones profesionales y empresas (interlocutores sociales, empresas de distribución y suministro, comerciantes, compañías eléctricas y de gas, gestores de la red, PYME, asociaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales del sector del medio ambiente, bolsas de electricidad).

La lista completa de organizaciones, así como sus observaciones, pueden consultarse en el sitio europa de Internet, en la siguiente dirección (versión inglesa):

http://europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/hearing/index_en.htm