23.

Vista la naturaleza de la sanción de exclusión de la contratación pública que puede imponerse a los operadores económicos, hay que regular legalmente de modo claro y preciso los casos y condiciones en que es posible imponerla. Sin embargo, el texto propuesto contiene muchas imprecisiones sobre todo en relación con las cuestiones siguientes: — No se define en modo alguno la «decisión administrativa» a que hace referencia el artículo 106, apartado 1, letras b), c) y f). Una decisión de esta naturaleza no se puede asimilar a una sentencia firme, salvo que se especifique, a semejanza del artículo 57 de la Directiva, que se trata de una decisión administrativa«que tenga un efecto vinculante, según las disposiciones legales aplicables a la autoridad administrativa del Estado miembro o de la Unión que haya adoptado la decisión». — Por lo que se refiere especialmente a los casos previstos en el artículo 106, apartado 1, letra d), la propuesta de Reglamento debe adaptarse al artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE. En efecto, una obligación de exclusión sobre esa base solo puede justificable en este ámbito si el operador económico (o su representante) ha sido condenado mediante sentencia firme que determine la comisión efectiva dichas infracciones. La instancia ad hoc contemplada en el artículo 108 no dispondrá de competencias de valoración de la prueba en relación con este tipo de infracción. Cabe interrogarse si una instancia ad hoc como la prevista está en condiciones de valorar pruebas referentes al fraude, la corrupción o el trabajo infantil. Hay que señalar que si no se ha dictado aún sentencia firme sobre comportamientos constitutivos de fraude o corrupción ligados a la contratación pública o a acuerdos de subvención financiados por fondos europeos, el autor de dichos comportamientos podrá ser excluido de la adjudicación de contratos públicos al amparo del artículo 106, apartado 1, letras b) y/o f), por ser acciones comprendidas en la definición de irregularidad (17) y/o que pueden considerarse falta profesional grave. Asimismo hay que recordar que un operador económico será excluido también si se ha decidido contra él una sanción financiera, tanto de carácter internacional (Naciones Unidas, Unión Europea) como nacional, que incluya el bloqueo de fondos. Los efectos de estas decisiones se imponen a los órganos de contratación no obstante la aplicación del artículo 106 del Reglamento Financiero. El texto propuesto es el siguiente: «Un operador económico quedará excluido de la participación en los procedimientos de contratación pública en casos de: […] d) fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos de terrorismo, trabajo infantil u otras formas de trata de seres humanos, todo ello basado en pruebas y establecido por el panel que se refiere el artículo 108 o mediante sentencia firme, cuando se haya determinado que el operador económico ha sido condenado por uno de estos motivos mediante sentencia firme o haya recibido sanciones nacionales o internacionales de bloqueo de activos; […].» — La propuesta no contiene definiciones de nociones clave utilizadas en las causas de exclusión como las de incumplimiento grave de ejecución, falta profesional grave, irregularidad, etc. — La propuesta no contiene disposición alguna sobre el funcionamiento de estas instancias ad hoc y sus facultades de investigación, pese a tratarse de una cuestión que tendría que estar regulada por el Reglamento Financiero. — El artículo 108, apartado 2, no precisa en modo alguno el tipo de «medidas preventivas y cautelares en la ejecución del presupuesto» que pueden verse obligados a adoptar los ordenadores competentes hasta que la instancia no adopte (aún) la sanción de exclusión. Visto el artículo 107 (que se trata a continuación), la exclusión, es decir, el rechazo de la participación de un operador económico a un procedimiento de contratación concreto, solo es posible en las situaciones previstas en el artículo 107 y no como medida preventiva y temporal. Un rechazo de esta naturaleza no sería temporal por naturaleza. Por esta razón, habría que completar la propuesta para precisar otras medidas útiles que podrían adoptar los ordenadores competentes. — El texto no trata la cuestión de la doble sanción, si bien debería prever que las sanciones de exclusión tendrían que deducirse de las sanciones penales de la misma naturaleza que puedan adoptar los Estados miembros cuando el expediente sea transmitido por la OLAF a las autoridades judiciales nacionales.