INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE LOS AVANCES DE MONTENEGRO EN LA EJECUCIÓN DE LAS REFORMAS /* COM/2012/0222 final */





INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE LOS AVANCES DE MONTENEGRO EN LA EJECUCIÓN DE LAS REFORMAS 1. Introducción En su Dictamen[1] sobre la solicitud de adhesión de Montenegro, la Comisión Europea estableció siete prioridades clave[2] que deberían cumplirse para poder recomendar el inicio de las negociaciones de adhesión. En el documento sobre la estrategia de ampliación de 2011[3], basado en el análisis del informe de situación de 2011[4], la Comisión concluyó que Montenegro había abordado con éxito las prioridades clave establecidas en 2010 por la UE como requisito previo para el inicio de negociaciones de adhesión. El Consejo Europeo de diciembre de 2011 acogió favorablemente la evaluación de la Comisión sobre los progresos realizados por Montenegro, que arrojaba resultados globales satisfactorios. Con vistas al inicio de las negociaciones de adhesión con Montenegro en junio de 2012, el Consejo Europeo encomendó al Consejo que estudiara los avances de Montenegro en la ejecución de las reformas, centrándose en particular en el ámbito del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, especialmente la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, sobre la base de un informe que la Comisión debería presentar durante el primer semestre de 2012. Tras las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2011, la Comisión ha iniciado el proceso de evaluación de los capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales y a justicia, libertad y seguridad. Gracias al nuevo enfoque adoptado para ambos capítulos, este proceso permitirá abordar los problemas que se detecten en una fase precoz de las negociaciones de adhesión. El presente informe evalúa los nuevos avances realizados por Montenegro a partir del 1 de septiembre de 2011 en la ejecución de las reformas relacionadas con las prioridades clave. Durante este período, Montenegro ha conseguido nuevos progresos en la consolidación del trabajo del Parlamento, la profesionalidad y despolitización de la administración pública, la libertad de los medios de comunicación y la cooperación con la sociedad civil. Esta en curso un proceso de revisión constitucional cuyo objetivo es la introducción de garantías sólidas de la independencia del poder judicial. Montenegro ha continuado mejorando sus resultados en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Ha comenzado la aplicación de medidas antidiscriminación y anticorrupción recientemente adoptadas y se ha avanzado con respecto a la situación de las personas desplazadas y de las poblaciones romaní, ashkali y egipcia. Montenegro ha seguido desempeñando un papel constructivo en la región y aplicando correctamente su Acuerdo de Estabilización y Asociación. No obstante, Montenegro debe continuar trabajando para mejorar su historial en el ámbito del Estado de Derecho, y en particular en lo que respecta a la corrupción de alto nivel y a la delincuencia organizada, y para garantizar un entorno seguro para el periodismo de investigación. La evaluación que recoge el presente informe se basa en la información recopilada y analizada por la Comisión, con las aportaciones de Montenegro, las conclusiones de las misiones de evaluación entre pares y la información facilitada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil en sus contactos periódicos con la Comisión. 2. Ejecución de las reformas Parlamento En septiembre de 2011 se adoptaron enmiendas de la ley que regula la elección de concejales y de parlamentarios, armonizando así el marco legislativo electoral con la Constitución e incorporando las principales recomendaciones de la OIDDH de la OSCE y de la Comisión de Venecia en materia de celebración de elecciones. Ya ha comenzado la aplicación de la legislación electoral. Han empezado a cubrirse escaños vacíos según el orden en las listas electorales. El Parlamento nombró en diciembre de 2011 al presidente y a nueve miembros de la Comisión Electoral Nacional. Debe completarse la legislación recientemente adoptada ya que no se ha tenido en cuenta una serie de recomendaciones de la OIDDH de la OSCE y de la Comisión de Venecia, en particular las relacionadas con la igualdad de sexos, la disolución de coaliciones y sus obligaciones de financiación y la ampliación del mandato de la Comisión Electoral Central a las elecciones municipales. El Parlamento ha continuado su intensa actividad legislativa, que también ha incluido iniciativas en una serie de ámbitos relacionados con la integración europea como la prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo y la auditoría de los fondos de la UE. El papel y las capacidades del Parlamento en materia de evaluación del impacto de la legislación y de supervisión del proceso de armonización con la legislación de la UE necesitan seguir consolidándose. Se ha reforzado aún más el papel de control del Parlamento, en particular a través del aumento constante del número de preguntas parlamentarias, de las audiencias de control y consultivas con altos funcionarios del Estado y de debates de los informes presentados por las diferentes instituciones. Por lo que se refiere al control parlamentario en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en febrero de 2012 el Parlamento decidió abrir por primera vez una investigación parlamentaria y crear una comisión de investigación encargada de recabar información y elaborar un informe sobre un presunto caso de corrupción en la privatización de la empresa «Telekom Crne Gore». La capacidad administrativa del Parlamento se ha seguido consolidando, en particular mediante el aumento de su plantilla, que pasó de 100 personas en octubre de 2011 a 129 en marzo de 2012. Sin embargo, deben proseguirse los esfuerzos para mejorar la capacidad administrativa y dotar al Parlamento de los expertos necesarios. Se ha avanzado con respecto a la transparencia en el trabajo del Parlamento. En diciembre de 2011, el Parlamento empezó a publicar el registro del voto individual de los diputados en su página web. Se han adoptado nuevas medidas para mejorar la interacción con la sociedad civil y el público. La nueva Ley sobre la actividad de los grupos de presión aprobada en noviembre de 2011 regula, entre otras cosas, la relación del Parlamento con estos últimos. En conjunto, se ha progresado en este ámbito. Ha comenzado la aplicación de la legislación electoral recientemente adoptada. La labor legislativa y de control del Parlamento se ha reforzado aún más, también por lo que respecta al Estado de Derecho. Han mejorado la transparencia de la actividad del Parlamento y la cooperación con la sociedad civil. Ha aumentado la capacidad administrativa y la dotación de expertos del Parlamento, tanto en términos de personal como de formación. Estos esfuerzos deben continuar para consolidar el papel legislativo del Parlamento, en particular por lo que se refiere a los controles exhaustivos de compatibilidad de la nueva legislación con el acervo de la UE. Sigue siendo necesario reforzar la capacidad de supervisión y control del ejecutivo por parte del Parlamento. Administración pública A iniciativa del Gobierno, se ha puesto en marcha una reforma exhaustiva del sector público para reorganizar y racionalizar la administración pública con la asistencia de la UE y de otras organizaciones internacionales. En abril de 2012 el Gobierno adoptó un plan de reorganización de la administración pública. Como parte de la ejecución de esta reforma, se adoptó legislación secundaria adicional destinada a racionalizar las estructuras de la administración pública, aumentar su eficiencia, reforzar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales e introducir las audiencias públicas en la elaboración de textos legislativos. Desde enero de 2012, las nuevas leyes deben ser objeto de una evaluación del impacto que debe entregarse al Gobierno junto con el dictamen del Ministerio de Hacienda sobre la incidencia presupuestaria de la aplicación de las mismas. Desde entonces se han emitido 90 dictámenes sobre nuevas leyes. Las competencias de la Oficina Estatal de Auditoría se ampliaron para incluir la auditoría de la financiación de los partidos políticos a través de la adopción de enmiendas de la ley de financiación de los partidos políticos. A este respecto, es necesario reforzar notablemente la capacidad y la independencia de la Oficina. El Gobierno adoptó en abril de 2012 una estrategia para el desarrollo de esta institución. Globalmente, Montenegro ha realizado algunos avances adicionales para abordar los retos que plantea la reforma de la administración pública. No obstante, debe concluirse un plan general de reorganización de la administración pública. Es preciso seguir mejorando el marco legal, especialmente por lo que se refiere a la contratación de funcionarios, reforzando las instituciones a cargo de la gestión general de la función pública y mejorando los procedimientos administrativos. Debe reforzarse la aplicación de la legislación adoptada recientemente. Es necesario proseguir con la reforma de la administración pública teniendo debidamente presentes tanto la necesidad de reforzar los ámbitos relacionados con la integración europea como su sostenibilidad financiera. Deben crearse los mecanismos necesarios para la aplicación y seguimiento de la Estrategia de reforma de la administración pública. Sistema judicial Por lo que se refiere a la independencia e imparcialidad del poder judicial, siguen en marcha los procedimientos para la adopción de las enmiendas constitucionales destinadas a reforzar la independencia judicial, en particular a través del nombramiento despolitizado y basado en los méritos de los miembros del Consejo del Poder Judicial, del Consejo del Ministerio Fiscal y de los fiscales del Estado. El Parlamento adoptó proyectos de enmienda constitucionales con la mayoría necesaria de 2/3 el 28 de septiembre de 2011. Tras las consultas celebradas entre el Gobierno y los partidos de la oposición, la Comisión parlamentaria de asuntos jurídicos y constitucionales adoptó en marzo de 2012 un conjunto de enmiendas constitucionales que deberán someterse a votación en sesión plenaria. La reforma constitucional en curso debería homologar el sistema judicial con las normas europeas, en concreto previniendo la influencia política en los nombramientos y reforzando la independencia judicial, en particular a través de la sustitución de los miembros del Parlamento que formaban parte del Consejo del Poder Judicial por juristas de reconocido prestigio y de un nuevo procedimiento de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo por parte del Consejo del Poder Judicial. También deberían adoptarse enmiendas constitucionales para el refuerzo de la capacidad y la independencia del Tribunal Constitucional, y que permitan una definición clara de los motivos de inhabilitación de jueces y fiscales. Se continuó con la aplicación de la legislación relativa a los órganos jurisdiccionales, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, modificada en julio pasado para reforzar la rendición de cuentas y la independencia judicial. En enero, el Tribunal Supremo creó la Comisión para la elección de jueces como miembros del Consejo del Poder Judicial. Sobre la base de la lista de candidatos elaborada por la Comisión, la Conferencia de Jueces eligió en marzo los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial de entre las filas de los jueces. El Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Fiscal adoptaron las normas de procedimiento que definen su estructura organizativa, funcionamiento y procedimientos de toma de decisiones. En septiembre de 2011, el Consejo del Poder Judicial creó la Comisión encargada de elaborar las pruebas escritas para el primer nombramiento de jueces y la Comisión para el control de los órganos jurisdiccionales. Las primeras pruebas escritas para el nombramiento de jueces tuvieron lugar en febrero de 2012 y ya se han nombrado cuatro jueces de acuerdo con los nuevos criterios. No obstante, se siguen publicando vacantes para órganos jurisdiccionales específicos y sigue sin establecerse un sistema de contratación único de ámbito nacional sobre la base de criterios transparentes y objetivos para el nombramiento de jueces y fiscales. El funcionamiento de los Consejos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal sigue estando obstaculizado por las insuficientes capacidad administrativa y dotación presupuestaria. Un sistema informático sigue garantizando la atribución aleatoria de los casos a los distintos órganos jurisdiccionales, con la excepción de pequeños tribunales con poco personal. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas del poder judicial, todas las decisiones del Tribunal Administrativo y del Tribunal de Apelación ya son accesibles al público. En octubre de 2011 se designaron las comisiones de control del cumplimiento del código ético de los jueces y de los fiscales. Durante el periodo de referencia, la Comisión de control del cumplimiento del código ético de los jueces recibió dos denuncias, ambas desestimadas. Se designaron los miembros de la Comisión disciplinaria, junto con dos personas para asistir en la investigación de las denuncias relacionadas con casos de corrupción en el poder judicial. En enero de 2012 se incoó un proceso disciplinario contra un juez. Hasta el momento no se ha incoado ningún procedimiento disciplinario contra ningún fiscal. Es preciso revisar la doble competencia de la Comisión disciplinaria en materia de investigación y de resolución de los procedimientos disciplinarios. Deben reforzarse los procedimientos para la supresión de la inmunidad con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas por parte de los jueces y fiscales en el marco del Derecho penal. Es preciso establecer un sistema fiable para la evaluación profesional de jueces y fiscales. Por lo que se refiere a la eficiencia del poder judicial, Montenegro ha adoptado nuevas medidas para reducir el número de casos pendientes. Con un total de cerca de 11 500 casos no resueltos de años anteriores en todos los órganos jurisdiccionales de Montenegro a finales de 2011, el retraso en 2011 fue aproximadamente un 4 % menor que el de 2010. En enero de 2012 se nombró a otros cuatro notarios, además de los 34 nombrados el pasado mes de julio. Tras la entrada en vigor de la ley de ejecución de sentencias y seguridad de los créditos, que ha transferido la ejecución de las sentencias civiles a los agentes judiciales civiles, el Parlamento aprobó en diciembre de 2011 la ley de agentes judiciales públicos. Sin embargo, la ejecución de las sentencias en materia civil sigue siendo deficiente dado que todavía tienen que contratarse los agentes judiciales y aún no se ha evaluado el sistema de agentes judiciales recientemente creado. Con el fin de aumentar la eficacia de la administración de justicia en su conjunto, el Consejo del Poder Judicial inició el establecimiento de unidades especiales de jueces de menores en los altos tribunales de Podgorica y Bijelo Polje. En diciembre de 2011 el Parlamento adoptó un código de menores. El plan de acción para la ejecución de la estrategia de reforma judicial para el período 2007-2012 se revisó en diciembre de 2011. Se han dado los primeros pasos para la racionalización de la red de órganos jurisdiccionales. En lo que se refiere al acceso a la justicia, a raíz de la entrada en vigor de la ley sobre asistencia jurídica gratuita en enero de 2012, se han adoptado tres actos de ejecución y se han abierto oficinas de asistencia jurídica gratuita en todas las jurisdicciones de base. Sin embargo, la aplicación de esta ley se ve obstaculizada por la insuficiente dotación presupuestaria de dichas oficinas. La independencia y la sostenibilidad administrativa y financiera del Centro de Formación Judicial debe reforzarse y es preciso establecer una formación inicial con un plan de estudios fijo para todos los miembros de la judicatura. Es preciso mejorar la calidad de las estadísticas judiciales con el fin de adaptarlas a las normas europeas sobre la base de indicadores fiables, como a tasas de productividad y de resolución de asuntos. Aún está pendiente la introducción de un sistema que realice un seguimiento preciso de la duración de los procesos judiciales. Los medios de recurso disponibles en caso de violación del derecho a un juicio justo tienen un efecto limitado y deben revisarse en consonancia con el derecho a un recurso efectivo establecido en el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En conjunto, se ha progresado en el área de la reforma judicial. Se ha iniciado la aplicación de legislación adoptada recientemente y el proceso de reforma constitucional ha avanzado. Se ha avanzado con respecto a la publicación de las sentencias judiciales. Se ha seguido reduciendo la acumulación de asuntos pendientes y se ha introducido un nuevo sistema de ejecución para mejorar la eficiencia. Sin embargo, la ejecución de las sentencias en materia civil sigue siendo deficiente y sigue pendiente de racionalización la red de órganos jurisdiccionales. Sigue siendo preciso establecer un sistema único de contratación nacional para el ingreso en la carrera judicial. Debe mejorarse la fiabilidad de las estadísticas judiciales y sigue siendo necesario establecer un sistema para realizar un seguimiento de la duración de los procesos judiciales. Es preciso racionalizar y reformar la formación judicial. Política de lucha contra la corrupción Se ha seguido avanzando en la aplicación de la estrategia del Gobierno de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y de su plan de acción revisado 2011-2012. La Comisión nacional encargada del seguimiento de la aplicación del plan de acción adoptó su tercer informe en abril de 2012, concluyendo que ya ha comenzado la aplicación de la mayoría de las medidas previstas para la segunda mitad de 2011. El marco institucional para el seguimiento de la aplicación del plan de acción está funcionando correctamente. Montenegro ha realizado esfuerzos adicionales para reforzar su marco jurídico de lucha contra la corrupción con el fin de garantizar su adaptación al acervo de la UE y a las normas internacionales pertinentes. Las enmiendas a la ley laboral aprobadas por el Parlamento en noviembre de 2011 completan el marco legal para los denunciantes de irregularidades con disposiciones que garanticen su protección en el sector privado. En abril de 2012 el Gobierno aprobó las enmiendas a la ley de libre acceso a la información. Las enmiendas a la ley sobre financiación de los partidos políticos, adoptadas en diciembre de 2011, regulan el marco institucional de supervisión, las contribuciones en especie y el límite máximo de las cuotas de afiliación que establece un umbral máximo del 10 % de los ingresos anuales del afiliado. La Oficina Estatal de Auditoría es actualmente responsable de la auditoría de los balances anuales de los partidos políticos e informa sobre los costes de las campañas electorales, mientras que la Comisión Electoral Nacional se encarga de supervisar la aplicación de otras disposiciones de la ley. Sin embargo, la capacidad administrativa y profesional de la Comisión Electoral Estatal tiene que reforzarse para garantizar una supervisión independiente y eficaz. Es preciso reforzar y especificar aún más los mecanismos de control de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, así como la aplicación de sanciones. El sistema de sanciones sigue siendo poco disuasorio e indiferenciado y es preciso reforzar las obligaciones contables y de notificación de los partidos políticos. Ha comenzado la aplicación de la legislación recientemente adoptada en el ámbito de los conflictos de intereses y la contratación pública. Tras la entrada en vigor de la ley modificada sobre prevención de conflictos de intereses, los 36 miembros del Parlamento que también eran miembros de consejos de administración de empresas públicas dimitieron de estos puestos y los 16 miembros del Parlamento que también ocupaban cargos ejecutivos (incluidos dos alcaldes) presentaron su dimisión de una de sus funciones. En febrero de 2012 se nombraron los miembros de la Comisión de contratación pública y se le asignó un presupuesto. En diciembre de 2011 el Gobierno adoptó una estrategia y un plan de acción para el desarrollo del sistema de contratación pública, y una decisión para crear un organismo de coordinación para controlar su aplicación. Sin embargo, la Comisión de contratación pública aún no ha enviado ninguna notificación a la fiscalía y es preciso consolidar el sistema de control. Por lo que respecta a la prevención de la corrupción, se han adoptado nuevas medidas. En diciembre de 2011, se transfirió la Dirección de Iniciativas de Lucha contra la Corrupción (DILC) al Ministerio de Justicia para garantizar una mejor coordinación de las actividades de lucha contra la corrupción. Durante el período de referencia, la DILC recibió 70 denuncias de corrupción en los sectores del autogobierno local, la administración pública, el sistema judicial, la sanidad y la educación y dio curso a 27 de ellas elaborando los correspondientes informes de casos de corrupción dirigidos a la policía. La afluencia de denuncias también es el resultado de una serie de campañas de sensibilización realizadas por la DILC para alentar la notificación de casos de corrupción y favorecer la protección de los denunciantes. Las autoridades competentes han presentado informes sobre la aplicación de las recomendaciones de una evaluación del riesgo en las zonas más proclives a la corrupción adoptada por el Gobierno en julio pasado. Se han tomado medidas para prevenir la corrupción en el poder judicial. El Consejo del Poder Judicial ha decidido asignar una indemnización especial a los jueces que instruyen casos de delincuencia organizada, corrupción, crímenes de guerra y terrorismo. Jueces y fiscales se han beneficiado de planes de formación continuada en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en particular para facilitar la aplicación del nuevo código de enjuiciamiento penal. Las organizaciones de la sociedad civil siguen contribuyendo activamente a reforzar el marco estratégico y a proporcionar pruebas clave para incoar procedimientos de corrupción. Sin embargo, las declaraciones de bienes de los jueces y fiscales en activo aún no se cotejan con otros datos y es preciso reforzar las medidas para prevenir la corrupción en el poder judicial. Es necesario modernizar las competencias de la DILC, reforzar su capacidad para coordinar actividades de prevención de la corrupción y supervisar la aplicación del plan de acción del Gobierno para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Se han realizado avances en la supresión de la corrupción. La plena entrada en vigor del nuevo código de enjuiciamiento penal en septiembre de 2011 ha llevado a una aceleración significativa del procedimiento de investigación penal y ha reducido el riesgo de filtración de información. La importante ayuda en materia de formación y la aportación de equipamiento adicional han permitido reforzar la capacidad institucional y operativa de jueces, fiscales y policías. Se ha hecho más sistemático el uso de medidas especiales de investigación como consecuencia de la mejora de la capacidad administrativa y técnica de la Unidad de Controles Especiales. Se nombró a nueve representantes procedentes de la administración de la policía, de la Oficina de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo y de las administraciones fiscal y de aduanas para formar parte del equipo especial de investigación, que empezó a ser operativo en octubre de 2011. Aunque el equipo obtuvo una dotación de recursos financieros adicionales, deben seguir reforzándose sus capacidades, en particular facilitando su acceso a las bases de datos de información pertinentes. Montenegro ha reforzado sus investigaciones, enjuiciamientos y condenas en los casos de corrupción. No obstante, los casos de corrupción de alto nivel siguen siendo motivo de preocupación. En el período de referencia, cuatro empleados de la administración de la propiedad pública de Ulcinj, fueron condenados por un órgano jurisdiccional en segunda instancia a prisión por abuso en el ejercicio del cargo, y un funcionario de aduanas por cohecho. En diciembre de 2011, y en enero y marzo de 2012 se dictaron sentencias en primera instancia contra 16 personas, incluidos dos funcionarios municipales condenados a prisión, los gestores de una empresa pública y un juez. Continúan las audiencias en el caso «Zavala» de corrupción de alto nivel en el que están implicados el antiguo alcalde de Budva, el teniente de alcalde y un miembro del Parlamento, así como en otros casos en los que se acusa a 23 personas de abuso en el ejercicio del cargo y cohecho. Durante el período de referencia, dos funcionarios de policía fueron procesados por cohecho. Se están llevando a cabo investigaciones contra el antiguo alcalde de Ulcinj, el presidente y un juez de una jurisdicción de base, los directivos precedentes y actuales de una empresa pública en Budva, y tres empleados del Ministerio de Interior. Sin embargo, es preciso desarrollar sistemáticamente la trayectoria en materia de lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta a las investigaciones y condenas firmes para casos de corrupción de alto nivel. Es preocupante que todos los casos de corrupción de alto nivel se hayan abierto sobre la base de pruebas proporcionadas por una tercera parte. Sigue siendo bajo el número de casos de corrupción en los que se ordenó la incautación de activos. Hasta la fecha no se ha hecho uso de las disposiciones del código de enjuiciamiento penal en materia de confiscación y decomiso ampliado de activos delictivos. Sigue siendo necesario regular los procedimientos de embargo, confiscación y gestión de los beneficios procedentes de la delincuencia. La cooperación entre organismos ha mejorado hasta cierto punto, pero hay que seguir avanzando en ese sentido, en particular para preservar el papel de liderazgo del fiscal en las investigaciones. El hecho de que los fiscales no puedan acceder a las bases de datos pertinentes y la falta de capacidad frena la aplicación efectiva del código de enjuiciamiento penal. En particular, es preciso reforzar la capacidad administrativa de la Fiscalía Especial para la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, los crímenes de guerra y la financiación del terrorismo. A pesar del refuerzo de su capacidad administrativa, la Comisión para la prevención de conflictos de intereses sigue careciendo de la capacidad de verificación de la exactitud de las declaraciones de patrimonio y de las declaraciones de intereses de los funcionarios necesaria para detectar los casos de enriquecimiento ilícito, ya que no tiene competencias de investigación ni acceso a las bases de datos pertinentes. La independencia del poder judicial sigue siendo un problema preocupante que va en detrimento del grado de determinación en la lucha contra la corrupción. La corrupción sigue siendo un problema muy preocupante. En general, se ha avanzado en la lucha contra la corrupción. Se ha iniciado la aplicación de la legislación recientemente adoptada en los ámbitos clave de la financiación de los partidos políticos, la prevención de los conflictos de intereses y la contratación pública. Es preciso reforzar las disposiciones relativas a los mecanismos de control. Se han tomado medidas adicionales para desarrollar los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, tal como demuestra un número de nuevas investigaciones de casos de corrupción de alto nivel. No obstante, el número de condenas firmes y de casos de corrupción en los que se ordenó el embargo o confiscación de activos sigue siendo bajo. Es preciso seguir potenciando la cooperación entre organismos, en particular entre la policía y los fiscales, y el papel de liderazgo de los fiscales, en línea con el nuevo código de enjuiciamiento penal. Cooperación policial y lucha contra la delincuencia organizada Ha mejorado la cooperación regional e internacional de la policía en materia de delincuencia organizada. Se ha llevado a cabo una serie de operaciones policiales en cooperación con las autoridades de varios Estados miembros de la UE, de países de la región, INTERPOL y Europol, aumentando el número de inculpaciones y detenciones. En octubre de 2011 se firmó el acuerdo de extradición entre Montenegro y la antigua República Yugoslava de Macedonia. Las autoridades policiales de Montenegro y Bosnia y Herzegovina firmaron un protocolo de cooperación para la lucha conjunta contra la corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo. También se firmaron dos acuerdos sobre cooperación policial con Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. En diciembre de 2011 se procedió a la ratificación del Acuerdo sobre ejecución mutua de sentencias judiciales en materia penal con Croacia. Todos los órganos estatales pertinentes están aplicando el código de enjuiciamiento penal desde septiembre de 2011. En noviembre de 2011 se adoptaron enmiendas al código normativo de organización interna y descripción de las funciones de la administración de la policía, introduciendo nuevas unidades organizativas especializadas. En enero de 2012 se adoptó un plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada que introduce medidas operativas e indicadores acordes con las prioridades identificadas en la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada de 2011. Desde que comenzó su labor en octubre de 2011, el equipo especial de investigación ha abierto investigaciones financieras en tres grandes de casos de delincuencia organizada y ha contado con recursos financieros adicionales. Desde diciembre de 2011, está activo un organismo de coordinación para supervisar los resultados en la aplicación de la estrategia de desarrollo y funcionamiento de la policía. No obstante, deben mejorarse y definirse mejor las relaciones entre el ministerio fiscal y la policía en el marco del nuevo código de enjuiciamiento penal, especialmente por lo que se refiere al desarrollo de las investigaciones financieras. Son necesarios equipos adicionales y personal especializado para gestionar casos complejos. Deberían revisarse las disposiciones sobre el uso de medidas especiales de investigación con el fin de prorrogar los plazos de tiempo. El proyecto de desarrollo de las actividades policiales basado en los servicios de inteligencia deberá extenderse por todo el país, y deberá formarse en paralelo a los efectivos policiales. Es preciso conceder asignaciones financieras adicionales para aumentar recursos y capacidades de investigación concretos – incluidos los recursos informáticos – en el seno de las unidades de la policía. Montenegro ha luchado contra la delincuencia organizada. Se han dictado dos sentencias en segunda instancia en casos de tráfico ilícito de drogas y de trata de seres humanos. Se han dictado tres sentencias en primera instancia en dos casos de producción y tráfico ilícito de drogas, en septiembre de 2011 y enero de 2012 respectivamente, y en un caso de blanqueo de dinero, en enero de 2012. Por lo que respecta al caso Saric, dos miembros de una organización delictiva han sido condenados a 6 y 8 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de dinero por un valor de más de 12 millones EUR. En el caso Kalic, en diciembre de 2011 se sentenció a tres personas acusadas de blanqueo de dinero; los activos incautados ascendían a más de 28 millones EUR. Han comenzado las audiencias en seis nuevos casos. Entre finales de 2011 y los primeros meses de 2012 se iniciaron las investigaciones de tres casos de tráfico de drogas y de un caso de falsificación de pasaportes en los que están implicadas un total de 65 personas. El valor de activos delictivos incautados temporalmente en el país se ha incrementado y asciende a más de 40 millones EUR, según la estimación de la Administración de la propiedad pública que se encarga de gestionarlos. En abril de 2012 se adoptaron las enmiendas a la ley sobre gestión de los bienes incautados temporal y permanentemente. Sin embargo, el organismo competente debe seguir reforzándose, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de evaluar y gestionar eficazmente activos incautados temporalmente y confiscados. Es preciso preparar legislación secundaria para garantizar la aplicación efectiva de las decisiones judiciales y de los procedimientos de gestión de los bienes incautados y confiscados. Sigue siendo bajo el número de investigaciones financieras y de activos incautados debido a la escasa capacidad administrativa en este campo. En febrero de 2012 se modificó la ley de prevención del blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo para adaptarla al acervo de la UE. En diciembre de 2011 se mejoró la cooperación y el intercambio de información entre el Ministerio de Hacienda, la Administración para la Prevención del Blanqueo de Dinero y de la Financiación del Terrorismo, el Banco Central, la Comisión de Valores y la Agencia de Supervisión de Seguros (APBDFT). La APBDFT, que tomó parte en una investigación financiera dirigida por la Fiscalía especial para la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, la financiación del terrorismo y los crímenes de guerra, ha abierto un total de 107 casos. Sin embargo, es preciso dotar a la policía de más expertos en la materia y hay que seguir impulsando las investigaciones financieras. Es preciso potenciar la capacidad de la APBDFT para supervisar el sistema bancario. En general, se han registrado nuevos avances en la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha seguido desarrollando el historial de casos. La cooperación internacional ha mejorado y diversas operaciones policiales dieron lugar a la incautación de drogas y de activos delictivos. No obstante, el tráfico de drogas sigue siendo una gran preocupación dado que el país es zona de paso en la ruta del tráfico procedente y con destino a la UE. Se ha seguido reforzando el marco jurídico, pero su aplicación exige una constante atención. La capacidad de investigación de las fuerzas de seguridad y del enjuiciamiento necesitan fortalecerse aún más, especialmente en el campo de las investigaciones financieras. Es preciso mejorar la cooperación entre organismos. Libertad de expresión, de reunión y de asociación La despenalización de la difamación ha contribuido a un descenso del número de litigios contra los medios de comunicación. Se está reduciendo progresivamente el retraso acumulado en los casos de libelo y difamación ante los tribunales, de conformidad con las directrices del Tribunal Supremo por las que se regula el nivel de compensación pecuniaria en las demandas por difamación interpuestas contra medios de comunicación. Estas directrices están basadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Centro de formación judicial organizó medidas de formación para jueces y fiscales, con especial hincapié en el derecho a la libertad de expresión y sobre la base del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los altos funcionarios del Estado han seguido fomentando un entorno más seguro y favorable para los medios de comunicación, incluyendo condenas de los ataques a los medios de comunicación y el fomento de las investigaciones de casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, en algunos casos antiguos de difamación, multas no pagadas se han convertido en penas de prisión. Estos casos deben ajustarse a la jurisprudencia del TEDH, en particular para garantizar que no se imponen penas de prisión por multas pendientes. Es necesario avanzar en algunos casos anteriores y recientes de violencia contra los medios de comunicación, que aún tienen que estudiarse a fondo y someterse a juicio, incluido un ataque físico a un periodista de investigación en marzo de 2012. En marzo de 2012 se creó un organismo de autorregulación de los medios de comunicación que reúne a parte de los medios de comunicación generales y locales. Recientemente se creó otro semejante que representa a algunos de los medios de comunicación nacionales más importantes. Se ha contratado personal adicional para aumentar las capacidades de supervisión de la Agencia de Medios de Comunicación Electrónicos. El organismo público de radiodifusión está experimentando una reforma estructural destinada a hacerlo más moderno y autosostenible. No obstante, la falta de viabilidad financiera y de recursos operativos podría socavar el funcionamiento de los medios de comunicación, así como de los organismos de autorregulación audiovisual. Las recientes enmiendas de la ley de medios de comunicación electrónicos ponen en peligro la independencia del organismo regulador del sector audiovisual. Suscita preocupación la falta de recursos de dicho organismo para controlar los medios de comunicación de todo el país. La profesionalidad y la independencia del organismo público de radiodifusión siguen siendo asignaturas pendientes. Se ha seguido reforzando la cooperación con la sociedad civil. En febrero de 2012 se adoptaron dos decretos que refuerzan su papel, uno sobre cooperación entre las autoridades de la administración del Estado y las organizaciones no gubernamentales (ONG), y otro sobre la realización de debates públicos sobre los proyectos legislativos. El Consejo para la cooperación con las ONG se encuentra plenamente operativo y se reúne periódicamente. Ha participado en la elaboración de la legislación pertinente, incluida la preparación de las enmiendas a la ley sobre juegos de azar, que prevé el apoyo financiero a las ONG. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil participan actualmente en las actividades de diferentes organismos del Estado, a través de su pertenencia a los comités y grupos de trabajo que se ocupan de diferentes ámbitos políticos. Se ha actualizado el registro público de las ONG. En general, se han registrado algunos avances en la mejora de la libertad de los medios de comunicación y es bueno el progreso en el refuerzo de la cooperación con la sociedad civil. Sin embargo, es preciso continuar con la estricta aplicación de las directrices del Tribunal Supremo que regulan el nivel de compensación pecuniaria en las demandas por difamación interpuestas contra medios de comunicación y deben encontrarse medidas alternativas a la prisión para los casos de multas pendientes de antiguos casos de difamación. Los casos sin resolver de violencia contra los medios de comunicación constituyen un motivo de preocupación. Son necesarios continuos nuevos esfuerzos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la cooperación entre las autoridades y la sociedad civil. Políticas de lucha contra la discriminación, personas desplazadas y poblaciones romaní, ashkali y egipcia Se ha consolidado la capacidad administrativa y presupuestaria del Defensor del Pueblo. La institución ha elaborado informes en los que analiza el estado de los locales de administración de la policía que se utilizan para los detenidos, la protección contra la discriminación y la situación de la mendicidad infantil. Estos informes fueron aprobados entre octubre y noviembre de 2011 por la Comisión parlamentaria de derechos humanos y libertades, que ha pasado a ser más activa en el fomento de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. La cartera del Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia se ha ampliado a los derechos humanos en marzo de 2012. Ya es operativo el Consejo para la Protección Contra la Discriminación y en febrero de 2012 se nombraron sus 15 miembros, entre los que figuran representantes de la comunidad gitana y un representante de las organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Se ha proseguido con las campañas de lucha contra la discriminación y de formación de funcionarios. Las autoridades han seguido promoviendo activamente un entorno positivo para los derechos del colectivo LGBT del país. El centro de acogida y la línea de ayuda y asesoramiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son plenamente funcionales. Es necesario reforzar la capacidad del Defensor del Pueblo en términos de recursos financieros y humanos. La aplicación de la legislación en el ámbito de la lucha contra la discriminación sufre cierto retraso y las capacidades institucionales en el ámbito de la promoción, control y aplicación de los derechos humanos es limitada, en particular por lo que se refiere a los derechos de los discapacitados y de las personas vulnerables y socialmente excluidas. Las personas del colectivo LGBT siguen siendo objeto de discriminación y sería necesario un seguimiento minucioso de estos casos por parte de las autoridades. Se ha avanzado en la garantía de la situación jurídica de las personas desplazadas, en particular de las poblaciones romaní, ashkali y egipcia, y en el respeto de sus derechos. En noviembre de 2011 se aprobaron las enmiendas a la ley de extranjería para prorrogar hasta diciembre de 2012 el plazo de solicitud para la obtención del estatuto de extranjero. El número de solicitudes está aumentando lenta pero constantemente: aproximadamente el 48 % de las personas desplazadas presentaron solicitudes y al 29 % de ellas se les ha concedido el estatuto de extranjeros en el país. Se han introducido varias medidas para facilitar la legalización de la situación de las personas desplazadas vulnerables. En febrero de 2012 se adoptaron decisiones para modificar el plan urbano de la zona de Konik, que servirá de marco para la construcción de viviendas para alojar a la actual población de la zona. Montenegro ha asumido un papel muy activo en el Proceso de la Declaración de Sarajevo. El decreto temporal de concesión de los mismos derechos económicos y sociales a los desplazados ha sido ampliado hasta junio de 2013. Se ha seguido progresando en la facilitación del registro civil de la población romaní, ashkali y egipcia, en particular de las personas desplazadas internamente. El Gobierno adoptó una estrategia para mejorar su situación durante el período 2012-2016 y un plan de acción para su aplicación. Se ha facilitado formación profesional a dichas poblaciones. Es preciso aumentar el registro de las personas desplazadas, en particular de las más vulnerables. Son necesarias más medidas para mejorar el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas desplazadas y de las poblaciones romaní, ashkali y egipcia. Las mujeres romaníes sufren una doble discriminación, como miembros de un grupo minoritario y como mujeres. Debe adoptarse sin demora la ley de vivienda social, fundamental para continuar avanzando en el campamento de Konik. En general, se han realizado algunos progresos en materia de lucha contra la discriminación, legalización de la situación de las personas desplazadas y garantía de los derechos de las poblaciones romaní, ashkali y egipcia. Deberían reforzarse las capacidades institucionales para supervisar, fomentar y aplicar los derechos humanos en la práctica, así como la lucha contra la discriminación. Debe completarse la solución por lo que se refiere al estatuto jurídico de las personas desplazadas y es preciso reforzar las políticas de integración de las poblaciones romaní, ashkali y egipcia. 3. Conclusión Montenegro ha seguido avanzando en la aplicación de reformas en las áreas del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, incluida la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Teniendo en cuenta los progresos realizados, la Comisión sigue opinando que Montenegro ha logrado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión, en particular de los criterios políticos de Copenhague, para iniciar negociaciones de adhesión. A la luz de estas consideraciones y habida cuenta de las conclusiones del Consejo de diciembre de 2011, la Comisión reitera su recomendación de que se abran las negociaciones de adhesión con Montenegro. Durante las negociaciones de adhesión, la Comisión seguirá prestando particular atención al respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, especialmente a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, a fin de garantizar la obtención de buenos resultados en estos ámbitos. Hará pleno uso de las herramientas disponibles en todas las fases del proceso de adhesión. A este respecto, el nuevo enfoque propuesto por la Comisión y aprobado por el Consejo Europeo de diciembre de 2011 en lo que se refiere a los capítulos sobre el poder judicial, los derechos fundamentales, justicia y libertad y seguridad, permitirá dar una base sólida a las reformas en estos ámbitos y garantizar la estrecha supervisión de su aplicación. [1] COM (2010) 670 final. [2] Las prioridades clave cubren los siguientes ámbitos: marco legislativo de la gestión de elecciones y de la función legislativa y de control del Parlamento; reforma de la función pública; reforma del poder judicial; lucha contra la corrupción; lucha contra la delincuencia organizada; libertad de los medios de comunicación y cooperación con la sociedad civil; aplicación del marco legislativo en materia de lucha contra la discriminación y situación de las personas desplazadas. Para consultar el texto completo de las prioridades clave, véase el documento COM (2010) 670. [3] COM (2011) 666 final. [4] SEC (2011) 1204 final.