COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 723 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021









Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Portugal que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen La eficiencia del sistema judicial portugués sigue siendo un reto, sobre todo en lo que respecta a los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. El Gobierno está adoptando medidas para hacer frente a este reto, en particular mediante el refuerzo de los centros de arbitraje administrativo y la creación de equipos de reacción rápida. También se está trabajando en medidas para corregir el déficit de recursos humanos e invertir en digitalización. Ante las reiteradas muestras de preocupación por la asignación de los asuntos en los órganos jurisdiccionales, el Consejo Superior de la Magistratura está adoptando medidas para mejorar la gestión de los asuntos con una mayor transparencia del sistema de asignación. Hay iniciativas en curso para reforzar la integridad del sistema judicial, en particular mediante la elaboración de códigos de conducta para jueces y fiscales. Las relaciones jerárquicas en el Ministerio Público siguen siendo objeto de debate y esta cuestión se está tomando en consideración en el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Se están debatiendo reformas del proceso penal para acelerar el tratamiento de los asuntos complejos. Es importante que estas cuestiones se aborden en consultas con todas las partes interesadas pertinentes y teniendo en cuenta las normas europeas. La Estrategia Anticorrupción para 2020-2024, aprobada por el Gobierno, está en espera de votación en el Parlamento. Se trata de satisfacer la eterna necesidad de crear un marco sólido de lucha contra la corrupción. El Gobierno ha propuesto medidas para garantizar un tratamiento más eficiente de los asuntos de corrupción complejos. Si bien se sigue trabajando para mejorar el historial de las investigaciones y los procesos de corrupción, las autoridades del Ministerio Público consideran que la falta de recursos para la policía y los fiscales es motivo de preocupación. Una nueva modificación completó la reforma del sistema de declaración del patrimonio de 2019, pero la Entidad de Transparencia que tiene el mandato de verificar estas declaraciones no está operativa todavía. Aunque todavía está pendiente de aplicarse la legislación sobre «puertas giratorias» actualizada en 2019, el Parlamento debate una nueva norma sobre la actividad de los grupos de presión y está previsto que se revise la legislación de protección de los denunciantes. Los recursos atribuidos al Consejo para la Prevención de la Corrupción siguen siendo limitados. Se ha creado un Mecanismo Anticorrupción para contribuir a la capacidad de prevención. Los riesgos de corrupción que se han generado en la pandemia de COVID-19, incluidos los conflictos de intereses, han sido objeto de varias recomendaciones a escala nacional. Se han ampliado las competencias del regulador de los medios de comunicación en consonancia con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada para incluir las plataformas de intercambio de vídeos, la capacidad de comprensión de los medios de comunicación y las nuevas obligaciones de información y registro. El Gobierno ha establecido medidas específicas de apoyo a los medios de comunicación para mitigar las dificultades a las que estos se enfrentan debido a la pandemia de COVID-19. El marco legislativo garantiza la protección de los periodistas. No obstante, se han dado casos de amenazas y limitaciones de la actividad profesional de los periodistas, incluido un caso de vigilancia en el que se intentaba averiguar las fuentes de los periodistas, por el que la Procuraduría General inició una investigación sujeta al examen del Consejo Superior del Ministerio Público. Las partes interesadas también señalan que no existe ningún sistema de recopilación de datos relacionados con amenazas o violencia contra periodistas, especialmente en internet. Se han adoptado medidas para mejorar la transparencia del proceso legislativo y la calidad de la legislación. En particular, el nuevo Reglamento interno del Parlamento tiene por objeto reforzar la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo. El uso por parte del Gobierno de las facultades especiales que le atribuye el estado de emergencia declarado en el contexto de la pandemia de COVID-19 estuvo sujeto a la autorización previa del Parlamento y al control ex post del Parlamento, de los órganos jurisdiccionales y del Defensor del Pueblo. La pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia han afectado al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y se han otorgado ayudas específicas. Una nueva ley sobre el estatuto de utilidad pública tiene por objeto racionalizar el marco legislativo. Aunque el espacio cívico se considera abierto, están apareciendo nuevos retos, debido en particular a los casos de hostilidad y presión contra las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. I.Sistema judicial El sistema judicial portugués se caracteriza por un sistema de órganos jurisdiccionales que comprende el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los tribunales de primera y segunda instancia, así como el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario de primera y segunda instancia, y el Tribunal de Cuentas. El Consejo Superior de la Magistratura, el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario, y el Consejo Superior del Ministerio Público ejercen acciones disciplinarias contra los jueces y fiscales correspondientes y desempeñan las funciones de gestión pertinentes. Asimismo, tienen competencia para designar, trasladar y ascender a jueces y fiscales, que son nombrados por el consejo competente a través de oposición general abierta y según las calificaciones obtenidas en los cursos de formación obligatorios del Centro de Estudios Judiciales. El Ministerio Público es independiente del poder judicial y opera con autonomía respecto del poder ejecutivo. Además, dispone de su propio sistema de gobierno, cuya entidad de mayor rango es la Procuraduría General. Portugal participa en la Fiscalía Europea. El Colegio de Abogados es una entidad jurídica de Derecho público independiente que desempeña funciones reguladoras en el ejercicio de sus facultades públicas. Independencia El nivel percibido de independencia judicial en Portugal es entre medio y bajo, sin que se haya detectado una tendencia clara durante los cinco últimos años. En 2021, el nivel de independencia judicial percibido por las empresas ha disminuido, de modo que solo un 39 % lo consideran «bastante bueno o muy bueno», y se considera que es bajo. Entre el público en general, la percepción de independencia judicial ha mejorado, aunque se ha mantenido en un nivel medio, con un 48 % que lo consideran «bastante bueno o muy bueno». Esto representa una inversión de la tendencia a la baja registrada desde 2018. El sistema de asignación de asuntos en los órganos jurisdiccionales fue examinado por el Consejo Superior de la Magistratura, que ha adoptado medidas para mejorar su transparencia. Aunque la asignación de asuntos se realiza electrónicamente, utilizando un sistema que permite la asignación aleatoria, es posible realizarla manualmente en circunstancias excepcionales. Con el fin de garantizar la transparencia de las situaciones en las que se produce la distribución manual y prevenir irregularidades, el Consejo Superior de la Magistratura adoptó el Reglamento n.º 269/2021, que establece los principios, criterios, requisitos y procedimientos aplicables a las situaciones de modificación, reducción o suspensión de la distribución de asuntos en los órganos jurisdiccionales. Este nuevo Reglamento tiene por objeto, en línea con las normas europeas, garantizar los principios del juez natural, legalidad, prohibición de traslado del asunto, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, las acusaciones de injerencia en la asignación aleatoria de asuntos en los órganos jurisdiccionales llevaron al Consejo Superior a investigar posibles irregularidades. En julio de 2020, a raíz de una investigación de los casos de asignación manual de asuntos en los tribunales superiores entre 2017 y 2020, el Consejo Superior no encontró pruebas de que se hubieran producido asignaciones manuales injustificadas y cerró la investigación sin abrir ningún procedimiento disciplinario. Sin embargo, tras una investigación en la que se detectaron tres casos de irregularidades en la asignación de asuntos en el Tribunal de Apelación de Lisboa, con indicios de abuso de poder, el Consejo Superior decidió abrir procedimientos disciplinarios contra jueces, incluido el juez presidente de ese tribunal y su predecesor. En abril de 2021, después de que surgieran nuevas dudas en relación con la asignación de asuntos en el Tribunal Central de Instrucción de Lisboa, el Consejo Superior de la Magistratura ordenó una nueva investigación que no reveló ningún hecho que apuntase a la existencia de infracciones disciplinarias. Hay iniciativas en curso para reforzar la integridad del sistema judicial. El Estatuto del Ministerio Público y el Estatuto de la Magistratura consagran normas que regulan las obligaciones e incompatibilidades aplicables a los fiscales y a los jueces. Según el estatuto respectivo, el Consejo Superior de la Magistratura y el Consejo Superior del Ministerio Público son competentes para controlar las declaraciones de renta y patrimonio de jueces y fiscales y para aprobar los instrumentos jurídicos necesarios a estos efectos. En consecuencia, el 12 de enero de 2021, el Consejo Superior de la Magistratura aprobó un Reglamento sobre obligaciones de declaración. El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó un proyecto relativo a un código de conducta el 20 de octubre de 2020, que se sometió a consulta pública. La versión definitiva de dicho código de conducta no se ha adoptado todavía. Hay un código de conducta para los jueces con competencia contencioso-administrativa y tributaria, que tiene por objeto definir un marco de normas éticas, principios y obligaciones en relación con el ejercicio de la función judicial y el cumplimiento de las obligaciones de declaración de renta y conflictos de intereses y en materias relativas a obsequios y hospitalidad institucionales, que también está pendiente de aprobación por el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario. Además, el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario ha aprobado un proyecto de Reglamento sobre obligaciones de declaración de los jueces con competencia contencioso-administrativa y tributaria en materia de renta, patrimonio, intereses, incompatibilidades e impedimentos, así como procedimientos e inspecciones. Por otra parte, en noviembre de 2020, la Asociación Profesional de Jueces presentó un completo conjunto de propuestas para mejorar la transparencia y la integridad del sistema judicial, entre las que se incluye el refuerzo de los canales de denuncia tanto para ciudadanos como para jueces, especialmente en asuntos de influencia indebida, o de tentativa de tal. El Consejo Superior de la Magistratura todavía no ha examinado las propuestas presentadas por la Asociación Profesional de Jueces. El régimen de instrucciones jerárquicas a los fiscales está sometido a revisión judicial. Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el nuevo Estatuto del Ministerio Público, que entró en vigor en 2020, contiene disposiciones que aclaran los límites de la intervención jerárquica en procedimientos penales. En noviembre de 2020, una nueva directiva vinculante del Ministerio Público estableció la posibilidad de dictar autos concretos en un proceso penal a un fiscal subordinado. Según esta nueva directiva, este tipo de autos deben hacerse constar siempre por escrito en el expediente administrativo y existe la posibilidad de negarse a acatarlos. Las partes interesadas del poder judicial han expresado su preocupación por que esta directiva pueda suponer una injerencia en la autonomía interna de los fiscales y porque entra en contradicción directa con las disposiciones del Estatuto del Ministerio Público. En la actualidad, hay un asunto pendiente ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo a raíz de una acción judicial emprendida por la Unión de Fiscales. Se están debatiendo reformas del sistema de enjuiciamiento criminal para acelerar el tratamiento de los asuntos penales complejos. En el contexto de los asuntos penales considerados de gran complejidad, se ha iniciado un debate sobre la necesidad de modificar las normas que regulan el proceso penal, a fin de facilitar un tratamiento más acelerado de dichos asuntos. Se han dado casos de asuntos complejos, relacionados en particular con la corrupción de alto nivel, en los cuales, debido a retrasos en la investigación y en la fase de instrucción, los delitos han prescrito y las acusaciones penales se han retirado. Las partes interesadas se mostraron preocupadas por que la percepción de que el sistema judicial es incapaz de hacer frente a los asuntos de mayor relevancia pueda hacer que el público tenga una percepción negativa del sistema. En este contexto, se están analizando varias propuestas de modificación de la normativa que regula el enjuiciamiento criminal. En particular, el Gobierno propuso al Parlamento, en mayo de 2021, medidas para aumentar la eficiencia del proceso de enjuiciamiento criminal y de los juicios penales. Se incluye la posibilidad de organizar medidas procesales individuales y permitir la negociación, en la fase de vista oral, del límite máximo de la condena si se confiesan los hechos recogidos en el escrito de acusación. Por otra parte, también existe un debate sobre la organización judicial de los tribunales de instrucción y en particular del Tribunal Central de Instrucción. En la actualidad, este tribunal especializado, que solo cuenta con dos jueces en ejercicio, es competente para la instrucción de asuntos relativos a delitos complejos o delincuencia organizada, incluida la corrupción, y tiene competencia en todo el territorio nacional. Sus amplias competencias y el limitado grupo de jueces elegibles para formar parte de este tribunal son motivos particulares de crítica. En este contexto, el 4 de mayo de 2021, el Consejo Superior de la Magistratura anunció que estaba a favor de introducir cambios en la organización y estructura actuales del Tribunal Central de Instrucción, aunque sin incluir la posibilidad de reforzar el número de jueces. El Consejo Superior de la Magistratura presentará una propuesta formal al Gobierno en este sentido. El 17 de junio de 2021, el Gobierno aprobó un proyecto de ley que se presentará al Parlamento en el que propondrá la disolución del Tribunal de Investigación Judicial de Lisboa y la integración de sus competencias en el Tribunal Central de Investigación Judicial. La medida propuesta prevé aumentar el número de jueces asignados a este último tribunal (de los dos anteriores a nueve), garantizar la racionalización de los recursos y reforzar la lucha contra la delincuencia económica y financiera. Es importante que las reformas legales se lleven a cabo en consultas con todas las partes interesadas pertinentes y teniendo en cuenta las normas europeas pertinentes. Calidad Se han incrementado los recursos humanos asignados al sistema judicial, pero persisten los motivos de preocupación. En diciembre de 2020, se iniciaron los procedimientos para contratar a cuarenta jueces y sesenta y cinco fiscales. Sin embargo, las partes interesadas siguen denunciando un déficit significativo de personal en ambas profesiones. En particular, los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario informan que, en esas jurisdicciones, el número total de jueces en primera instancia sigue siendo notablemente inferior al establecido en el marco jurídico, ya que más del 13 % de las plazas permanecen vacantes. Al final de 2019, quedaban once plazas vacantes para jueces de apelación en los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. El procedimiento de contratación destinado a la creación de gabinetes de asesoramiento para los jueces, que había permanecido pendiente durante varios años, comenzó en diciembre de 2020. Está previsto que los primeros gabinetes de asesoramiento se establezcan en septiembre de 2021 y los asesores prestarán asistencia técnica y conocimientos especializados en derecho, psicología, contabilidad, finanzas y economía. Sin embargo, estos gabinetes solo se establecerán en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, mientras que las partes interesadas resaltan la necesidad de extenderlos a los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario, donde los plazos de resolución y las cifras de asuntos atrasados son mayores y existe demanda de personal especializado en un número de asuntos elevado. El Ministerio Público también está preparando la contratación de asesores técnicos de apoyo a los fiscales. Sin embargo, el proceso de contratación se ha visto dificultado por limitaciones presupuestarias. Continúan aplicándose medidas para mejorar la calidad del sistema judicial, en particular con respecto a la digitalización. El presupuesto asignado a las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el sistema judicial aumentó un 23,4 % en 2021 y existe un fondo específico de apoyo a proyectos encaminados a modernizar el sistema judicial, con un presupuesto asignado de 5,1 millones EUR. También ha aumentado el número de sistemas de videoconferencia en los órganos jurisdiccionales, a fin de responder al creciente número de diligencias procesales que se realizan a distancia. Las normas procesales ya permiten el uso de tecnología digital en los órganos jurisdiccionales para un importante número de actos en asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y penales. En 2020 y 2021, también continuó la ejecución del programa «Justiça + Próxima», cuya finalidad es modernizar el sistema judicial. Las medidas previstas en el proyecto «Tribunal+», relacionadas con la simplificación de los trámites administrativos y la optimización de la gestión administrativa interna, también se han extendido a un mayor número de órganos jurisdiccionales y se estima que llegará a trescientos tribunales ordinarios, como tribunales de competencia general y tribunales de proximidad, al final de 2021. El proyecto «Tribunal + 360º», que pretende implantar la digitalización total y eliminar el papel en los órganos jurisdiccionales, también en relación con la presentación de pruebas, todavía está en fase de preparación. En el contexto del plan nacional de recuperación y resiliencia, Portugal ha presentado la reforma «Transición Digital en la Justicia», que se centrará en mejorar el uso de herramientas digitales en el sistema judicial, con especial atención a los tribunales de lo contencioso-administrativo y lo tributario. Portugal también ha solicitado asistencia técnica para un proyecto cuya finalidad es ayudar al Ministerio de Justicia a avanzar en la agenda de modernización de la justicia orientada al usuario y en la formulación de estrategias sobre políticas clave. La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos limitados en el funcionamiento del sistema judicial. En marzo de 2020, se suspendieron los plazos en los asuntos no urgentes y se aplazaron los actos no urgentes. Sin embargo, según el Consejo Superior de la Magistratura, los órganos jurisdiccionales ordinarios han gestionado bien los asuntos atrasados y la tasa de resolución ha permanecido establece durante todo el año 2020. Se mantuvieron las medidas ya introducidas durante el primer estado de emergencia, como la ley aprobada el 19 de marzo de 2020 por la que se establece un régimen excepcional para los procedimientos judiciales. Esta ley dispone que el examen de los testigos y las vistas orales deberán celebrarse de forma presencial, siguiendo las recomendaciones de las medidas de seguridad sanitaria marcadas por el Ministerio de Sanidad. Sigue pendiente una propuesta parlamentaria de modificación de esta ley, que permitiría el uso de sistemas de comunicación de larga distancia activados desde los órganos jurisdiccionales para realizar diligencias que requieran la presencia física de las partes. Eficiencia La eficiencia del sistema judicial registra mejoras, pero persisten los problemas en los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. Portugal sigue registrando mejoras en lo que respecta a la eficiencia del sistema judicial, en particular en los asuntos civiles y mercantiles, cuyo plazo de resolución en primera instancia ha ido disminuyendo de forma sistemática. También ha continuado la tendencia a la reducción del número de asuntos civiles y mercantiles atrasados. Sin embargo, en los asuntos de lo contencioso-administrativo, los plazos de resolución siguen siendo elevados, pese a que han disminuido de forma sistemática en los últimos años y la tasa de resolución es positiva y supera los 840 días tanto en primera como en segunda instancia. Aunque el número de asuntos de lo contencioso-administrativo pendientes en primera instancia también ha experimentado una reducción marginal, sigue siendo comparativamente elevado. Este problema se ha abordado en una recomendación específica para el país en el marco del Semestre Europeo de 2020 que se refiere a la necesidad de mejorar la eficiencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario.

El Gobierno está tomando iniciativas para incrementar la eficiencia del sistema judicial. Portugal continúa bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa por la excesiva duración de los procedimientos tanto civiles como contencioso-administrativos. En este contexto, el 30 de octubre de 2020, el Gobierno adoptó un plan de acción actualizado y consolidado con medidas para acortar los procedimientos. Por otra parte, se están reforzando los centros de arbitraje administrativo para ofrecer una alternativa a los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario y reducir de este modo el número de asuntos nuevos y pendientes ante estos tribunales, así como garantizar un recurso efectivo. También existe un régimen temporal de incentivos por la resolución de asuntos judiciales, aplicable a todas las jurisdicciones. Asimismo, se están adoptando medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia. Además, en el contexto del plan nacional de recuperación y resiliencia, Portugal ha presentado reformas y proyectos de inversión destinados a mejorar la eficiencia del sistema judicial. Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, se crearon equipos de reacción rápida para atender asuntos atrasados en los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. Los datos publicados en 2021 reflejan que, en su primer año de actividad, estos equipos han hecho posible la resolución de una tercera parte de los asuntos que habían entrado en el sistema con anterioridad a 2013, lo cual rebasa los objetivos inicialmente marcados. Sin embargo, las partes interesadas llaman la atención sobre el hecho de que también deberían reforzarse los equipos en segunda y tercera instancia, a fin de evitar que se acumulen los asuntos atrasados en toda la cadena del sistema judicial. II.Marco de lucha contra la corrupción Desde el período del informe anterior, no se han producido avances importantes en lo que respecta al marco de lucha contra la corrupción en Portugal. El Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), que forma parte del Ministerio Público, se encarga de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves, en particular de los delitos de corrupción y de los delitos económicos y financieros, y coordina las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional para Combatir la Corrupción (UNCC), una unidad de investigación de la Policía Judicial. En el ámbito de la prevención de la corrupción, en 2021 se ha creado un Mecanismo Anticorrupción para aumentar la capacidad de prevención. Se ha nombrado un nuevo presidente del Consejo para la Prevención de la Corrupción, tras el cambio de presidencia en el Tribunal de Cuentas. El Consejo para la Prevención de la Corrupción opera bajo la dirección del Tribunal de Cuentas. La Entidad de Transparencia, creada en 2019, tiene competencias de control y verificación de las declaraciones de patrimonio e intereses de los titulares de cargos políticos y altos cargos públicos, pero todavía no está operativa. Los expertos y ejecutivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente bajo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Portugal obtiene una puntuación de 61 sobre 100 y ocupa el puesto n.º 10 de la Unión Europea y el n.º 33 del mundo. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los cinco últimos años. El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional Anticorrupción para 2020-2024, que va acompañada de una propuesta para revisar el marco jurídico penal. Tras someterse a consulta pública en octubre de 2020, la estrategia fue aprobada por el Consejo de Ministros el 18 de marzo de 2021. Esta estrategia tiene por objeto crear un marco de lucha contra la corrupción coherente y sólido e incluye medidas para mejorar la detección, la prevención y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción, así como garantizar que el sistema judicial pueda responder de forma oportuna y eficiente e imponer sanciones adecuadas a los infractores. Como primer paso en su aplicación, el 29 de abril de 2021, el Gobierno aprobó un conjunto de propuestas para modificar las disposiciones legales vigentes, en particular en el ámbito del Derecho penal. El 25 de mayo de 2021, el Gobierno aprobó la creación del Mecanismo Nacional Anticorrupción, una nueva entidad independiente del Gobierno y del Parlamento, a través de un Decreto por el que también se establece el régimen general de prevención de la corrupción (RGPC). Este mecanismo controlará la aplicación del marco de prevención e impondrá multas administrativas a las entidades que no cumplan. El Gobierno ha propuesto medidas para incrementar la eficiencia del enjuiciamiento penal, ya que sigue habiendo dificultades en el tratamiento de los asuntos de corrupción de alto nivel. El Departamento de Investigación y Acción Penal (DCIAP), establecido en el Ministerio Público, es el responsable de investigar delitos graves, incluida la corrupción de alto nivel y los delitos financieros. ElDCIAP está integrado por cuarenta procuradores de la República (fiscales), siete de los cuales se dedican a investigar delitos de corrupción e infracciones económicas y financieras de alcance internacional o transnacional. La Unidad Nacional para Combatir la Corrupción, que pertenece a la Policía Nacional, está especializada en la investigación de delitos económicos y financieros, incluidos los de corrupción, y actúa bajo la coordinación del DCIAP en la investigación de asuntos complejos. Se continúa trabajando para mejorar los resultados de las investigaciones y los enjuiciamientos por corrupción. Solo en 2020, la Policía Judicial recibió 503 asuntos penales y finalizó 553. Ese mismo año, la Policía Judicial transmitió 90 propuestas de acusación en asuntos de corrupción. En cuanto a la aplicación de sanciones por delitos de corrupción, el número de sentencias suspendidas es relativamente elevado, ya que en 2019 solo el 15 % de las personas condenadas por delitos de corrupción fueron sentenciadas a penas de prisión, y en el 54 % de los asuntos se dictaminó la suspensión de esas penas. Los obstáculos más importantes para el enjuiciamiento de los asuntos de corrupción es la continua falta de recursos en la policía y en las fiscalías. Esto a su vez provoca importantes retrasos, por ejemplo en las fases de investigación e instrucción y, en particular, en algunos asuntos complejos de corrupción de gran relevancia que afectan a altos cargos públicos que no pudieron llevarse a término antes de que se agotase el plazo de prescripción. A fin de superar este problema persistente, el Gobierno ha propuesto medidas para acelerar la formulación de acusaciones y la celebración de juicios en los asuntos más importantes en el marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción, aunque esta estrategia no especifica medidas concretas en lo que respecta a la asignación de recursos. El Consejo para la Prevención de la Corrupción (CPC) continúa sus actividades. Formula recomendaciones en materia de prevención de la corrupción y vigila su aplicación. En el período del informe, el CPC llevó a cabo ochenta y seis visitas pedagógicas a entidades públicas de todo el país, con especial atención a entidades que operan en áreas de alto riesgo y donde existe la necesidad de sensibilizar acerca de la prevención de irregularidades en el gasto público. Durante la pandemia de COVID-19, el Consejo concentró sus esfuerzos en desarrollar actividades de sensibilización acerca de la prevención de la corrupción en la atención sanitaria y en la ejecución presupuestaria, especialmente en el ámbito local. Aunque la nueva estrategia anticorrupción resalta la necesidad de aumentar las capacidades de prevención de la corrupción, por el momento, los recursos asignados al Consejo siguen siendo limitados. Queda por ver si el Mecanismo Anticorrupción de reciente creación, en el cual se integrará el Consejo para la Prevención de la Corrupción, contribuirá a aumentar la capacidad de prevención en esta materia. Aunque en 2019 se introdujeron mejoras en el sistema de integridad para altos cargos públicos, está por ver qué repercusión tienen las normas sobre conflictos de intereses y los códigos éticos. Desde 2019, existen códigos de conducta que regulan la ética, los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los funcionarios del Gobierno. En lo que respecta a los miembros del Parlamento, también hay un código de conducta vigente y la Comisión Parlamentaria sobre Transparencia y el Estatuto de los Miembros vigila y controla el cumplimiento del Código de los Miembros. En abril de 2021, esta comisión creó un Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Código y publicó Directrices sobre la aceptación de regalos y hospitalidad por los miembros del Parlamento y recomendaciones sobre incompatibilidades. Sin embargo, la valoración de la eficacia del sistema de prevención de conflictos de intereses está pendiente. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) acogió estas mejoras favorablemente, pero demanda mecanismos de supervisión adecuados que impongan sanciones por actos indebidos, algo que el Código no contempla. En octubre de 2020, se aprobó el proyecto de código ético para los fiscales, que actualmente está en fase de consulta pública. Para los jueces, se aprobó un Reglamento sobre obligaciones de declaración en el verano de 2020. Se han introducido nuevas normas para armonizar el sistema de declaración del patrimonio para titulares de cargos políticos y altos cargos públicos. De acuerdo con las nuevas disposiciones adoptadas en noviembre de 2020, los titulares de cargos políticos y altos cargos públicos están ahora obligados a presentar en un único documento su declaración de renta, patrimonio, intereses, incompatibilidades e impedimentos. La reforma también prevé la creación de una plataforma digital en línea para la publicación de las declaraciones, con miras a proporcionar información acerca de los cargos, funciones y actividades externas desempeñados durante el mandato y los tres años anteriores. Sin embargo, la reforma no resuelve la falta de controles frecuentes y de verificación de las declaraciones únicas, como aconseja el GRECO. Por otra parte, el GRECO continúa preocupado por la falta de sanciones por pequeños incumplimientos de las obligaciones de declaración. La nueva Entidad de Transparencia, que inicialmente estaba previsto que se crease en 2020 como parte del Tribunal Constitucional, tendrá la responsabilidad, una vez que entre en funcionamiento, de verificar las declaraciones de los titulares de cargos políticos y altos cargos públicos. Sin embargo, todavía no ha iniciado sus actividades por falta de recursos e instalaciones. Aunque todavía está pendiente de aplicarse la legislación sobre «puertas giratorias», el Parlamento debate una nueva norma sobre la actividad de los grupos de presión. Las normas relativas a las «puertas giratorias» se actualizaron en 2019. Las normas relativas al empleo posterior al desempeño de la función pública, que incluye un período de incompatibilidad de tres años, se aplican actualmente a los titulares de cargos políticos y altos cargos públicos, incluidos los miembros del Gobierno y los consejos de administración de las empresas públicas. Las sanciones por incumplimiento consisten en tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Es obligación del Tribunal Constitucional y de la Procuraduría General aplicar la ley. Sin embargo, todavía no existe ninguna entidad responsable de controlar el incumplimiento de las restricciones al empleo posterior al desempeño de cargo público, lo que genera dudas en cuanto a su aplicación. En lo que respecta a la actividad de los grupos de presión, se sigue trabajando para aprobar nueva legislación que la regule. Tres grupos parlamentarios han presentado proyectos legislativos con el fin de modificar la normativa propuesta y resolver las dudas que motivaron el veto presidencial en 2019. Aunque el proceso parlamentario continúa su curso, no hay información sobre plazos de aprobación y ejecución. El GRECO ha hecho hincapié en la necesidad de aclarar el alcance de los contactos admisibles entre miembros del Parlamento e intereses de terceros, que sigue pendiente de concretarse. El sistema actual de protección de los denunciantes está en revisión. La Estrategia Nacional Anticorrupción contempla mejorar el marco jurídico de protección de los denunciantes, que data de 2008, con nuevas salvaguardias que incluyen programas públicos de cumplimiento y el refuerzo de los canales de denuncia y herramientas de protección. El Consejo para la Prevención de la Corrupción es el responsable de supervisar el sistema de denuncias y remitirlas a la Procuraduría General, que tiene la responsabilidad de investigar los asuntos de corrupción. La Procuraduría General administra un sistema electrónico para denunciar asuntos de corrupción y delitos afines cometidos en los sectores público y privado. Varias instituciones han llamado la atención sobre la necesidad de abordar los riesgos de corrupción generados por la pandemia de COVID-19. En el contexto de las medidas de emergencia para responder al estallido de la pandemia, el Consejo para la Prevención de la Corrupción publicó una recomendación sobre la prevención de los riesgos de corrupción e infracciones relacionadas. Esta recomendación resalta la necesidad de que todos los responsables políticos y cargos públicos mantengan el máximo nivel de transparencia, ética e integridad, y solicita que adopten medidas para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en el ejercicio de sus actividades públicas. El Parlamento adoptó una resolución sobre la prevención de los riesgos de corrupción y delitos afines en el contexto de la COVID-19 que incluye los riesgos de conflictos de intereses, en la que demanda que se garantice la transparencia y la integridad en áreas de riesgo específicas como la contratación pública, la sanidad y las infraestructuras. El Tribunal de Cuentas también está trabajando en varias acciones de auditoría para abordar el incremento de los riesgos en el uso de los recursos públicos en el contexto de la pandemia de COVID-19. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación La libertad de expresión e información y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están protegidos por la Constitución. El artículo 39 de la Constitución establece la obligación de crear un órgano regulador independiente que observe las actividades de la prensa escrita y los medios radiofónicos y audiovisuales. Se ha adoptado legislación de transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. El Código Penal otorga a los periodistas protección en el ejercicio de su actividad en pie de igualdad con otras «personas protegidas» (jueces, abogados, testigos, personal de seguridad y árbitros de deportes). La Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación ha adquirido nuevas competencias y reforzado sus interacciones con las partes interesadas de los medios de comunicación. La ley específica por la que se crea la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación (Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC) no ha sufrido cambios significativos. Sin embargo, las competencias de la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación se han ampliado en el contexto de la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, ya que Portugal modificó la Ley de televisión y servicios audiovisuales bajo demanda en este contexto. Las nuevas competencias contemplan, entre otras cosas, la cooperación con otras autoridades reguladoras de la Unión Europea (UE), plataformas de intercambio de vídeos y otras tareas de información y registro (por ejemplo, listas de proveedores de servicios audiovisuales bajo demanda y proveedores de plataformas de intercambio de vídeos). Algunas de estas nuevas competencias requerirán nuevas estructuras y recursos técnicos. Dada la importante función que desempeña en el sector, la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación ha reforzado sus interacciones con las partes interesadas más importantes (por ejemplo, el Comité de Licencias Profesionales de Periodismo, la Asociación Portuguesa de la Prensa o la Unión de Periodistas) y participa en las reuniones del recién creado Consejo Asesor del Periodismo. Este Consejo Asesor ha analizado los puntos del marco legislativo que necesitan actualización. Como se informó el año pasado, la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación está garantizada. A consecuencia de la aplicación efectiva por parte de la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación de la legislación específica que regula la transparencia de la propiedad en todos los mercados de la comunicación, incluida internet, el Media Pluralism Monitor (MPM) de 2021 (instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación) registra un bajo riesgo en Portugal en este ámbito. En el MPM de 2021 se registra un alto nivel de concentración de los medios informativos, especialmente porque hay un número limitado de operadores que controlan el sector de los medios de comunicación. No obstante, en un estudio reciente, la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación evalúa el panorama mediático como diverso y plural. El Gobierno ha puesto en marcha medidas específicas de apoyo a los medios de comunicación para mitigar las dificultades que afrontan a causa de la pandemia de COVID-19. Estas medidas se materializaron en la compra anticipada de un paquete de publicidad institucional valorado en 15 millones EUR. Dado que más de la mitad de esa cantidad fue a parar a los tres principales grupos de comunicación, se generó cierta preocupación y las partes interesadas y los académicos instaron a debatir sobre una política más equitativa y sostenida para apoyar un periodismo de calidad. Aparte de este paquete de ayuda excepcional, no hay subvenciones directas para los medios de comunicación al margen de los medios públicos. Las partes interesadas destacan el deterioro de las condiciones laborales, ya que treinta medios locales han desaparecido desde que comenzó la pandemia, varios grupos de comunicación han realizado recortes presupuestarios y ochenta empleados de un gran grupo de comunicación fueron despedidos pese a la ayuda del Estado. La transparencia de la publicidad del Estado sigue estando sometida a una regulación exhaustiva y la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación supervisa su cumplimiento. Los estándares de protección de los periodistas siguen siendo elevados. Las modificaciones del Código Penal de 2018 otorgaron a los periodistas mayor protección en el ejercicio de su actividad. Con estas modificaciones, el periodismo quedó incluido en las categorías de profesiones que gozan de protección reforzada y las agresiones contra periodistas se consideran «delitos públicos», de modo que no es necesario que la víctima presente una demanda formal para que sean perseguidos. Estas agresiones son relativamente raras en Portugal, si bien las partes interesadas de los medios de comunicación señalan que no existe ningún sistema de recopilación de datos relacionados con amenazas o violencia contra periodistas, motivo por el que puede ser que el número de denuncias de violencia no refleje la realidad de la situación, especialmente en internet. Según el MPM de 2021, la legislación y la jurisprudencia parecen proteger a los periodistas de manera efectiva. Los periodistas han padecido recientemente ciertas amenazas y limitaciones en su actividad profesional. En enero de 2021, se supo que cuatro periodistas portugueses habían sido sometidos a vigilancia policial a petición de un fiscal que quería identificar a sus fuentes. Esta orden se dictó sin el respaldo de un juez de instrucción. Las partes interesadas expresaron su preocupación por la gravedad de esta conducta y exigieron la reacción inmediata del Ministerio Público para garantizar la libertad de prensa. Aunque el Ministerio Público consideró que no había existido mala praxis, la Procuraduría General inició una investigación para que fuera examinada por el Consejo Superior del Ministerio Público. Uno de los periodistas ha presentado una demanda penal contra el fiscal y los policías implicados. También se ha informado de que varios periodistas fueron amenazados e insultados durante una protesta contra el confinamiento. En abril de 2021, se denunció un nuevo caso de intimidación y amenazas contra un periodista. Se han abierto investigaciones criminales en esos casos. Las partes interesadas también se han mostrado muy preocupadas por el acoso a periodistas en las redes sociales, una tendencia que afecta en particular a las mujeres periodistas. La plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas registró recientemente dos alertas en relación con Portugal. La primera alerta se refiere al caso de vigilancia antes mencionado y se ha resuelto con la respuesta enviada por Portugal en marzo de 2021. La otra alerta tiene que ver con las amenazas y el maltrato a periodistas por parte de los partidarios de un candidato político. IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Portugal es una república democrática representativa con un presidente elegido por sufragio directo y un Parlamento unicameral. En el régimen semipresidencial, el presidente de la República, elegido por sufragio directo, tiene poderes constitucionales y políticos considerables, incluida la competencia de disolver el Parlamento. El primer ministro tiene competencias para dirigir la política general del Gobierno y coordinar y orientar las acciones de todos los ministros. El Parlamento y el Gobierno comparten las competencias legislativas. Los diputados y los grupos parlamentarios, el Gobierno, las asambleas regionales y un grupo de al menos 20 000 ciudadanos ostentan el derecho de iniciativa legislativa. Por su parte, el Defensor del Pueblo, como institución independiente, se encarga de proteger y promover las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos, y tiene la facultad de solicitar el control de constitucionalidad. El Parlamento ha adoptado medidas para mejorar la transparencia del proceso legislativo y la calidad de la legislación. El 1 de septiembre de 2020, entró en vigor el nuevo Reglamento interno, que tiene por objeto reforzar la calidad de la legislación parlamentaria y la transparencia del procedimiento, mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos para el debate de los proyectos de legislación y, por tanto, ampliar también las oportunidades para la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo. Según el nuevo Reglamento, los proyectos de ley del Gobierno no solo deben ir acompañados de los estudios y documentación en los que se basan, sino también de los dictámenes consultivos de las partes interesadas. El nuevo Reglamento también permite al presidente del Parlamento proponer a los demás órganos con competencias legislativas un acuerdo interinstitucional sobre directrices comunes para la calidad de los proyectos legislativos, aunque todavía no se ha utilizado esta prerrogativa. Por otra parte, el Parlamento publicó versiones actualizadas de su guía técnica de elaboración de proyectos legislativos y de su guía técnica de consulta pública con las partes interesadas en mayo y octubre de 2020, respectivamente. Se trabaja en la aplicación de instrumentos de evaluación de impacto ex ante. La iniciativa legislativa del Gobierno está sujeta a una evaluación del impacto de los costes y beneficios económicos de la propuesta legislativa. Portugal ha convertido las evaluaciones de impacto en un instrumento sistemático ex ante desde principios de 2017. Para apoyar la aplicación de una evaluación de impacto de la regulación (EIR), el Consejo de Ministros creó la Unidad Técnica para el Análisis del Impacto Legislativo (UTAIL) en el seno del Centro de Competencias Jurídicas del Consejo de Ministros (JurisAPP). En el marco de un proyecto actual, la UTAIL está desarrollando un sistema para recabar información estadística estándar sobre costes administrativos de la regulación a fin de que el sistema EIR sea más preciso y eficiente. Por el momento, no se ha previsto ninguna consulta pública como parte del procedimiento EIR. Con arreglo al Derecho portugués, la mayoría de los actos legislativos se someten a consulta pública, bien a través de una «consulta directa», por la que el ministerio proponente consulta directamente con las entidades públicas o privadas pertinentes, o bien a través de una «consulta pública», por la que se publica el proyecto legislativo en el Portal del Gobierno ConsultaLex. Las medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 se están levantando gradualmente. En 2020, el estado de emergencia se mantuvo vigente desde el 18 de marzo hasta el 3 de mayo. De mayo a noviembre, el Gobierno declaró en diferentes ocasiones situaciones de calamidad, alerta y contingencia, regímenes menos rigurosos que permiten al Gobierno adoptar medidas restrictivas para prevenir o reaccionar a situaciones de peligro, por ejemplo en materia de salud pública, o restablecer la normalidad en caso de circunstancias excepcionales, en virtud de la legislación ordinaria. El 6 de noviembre de 2020, el presidente de la República declaró un nuevo estado de emergencia, que después fue prorrogado, y permaneció en vigor hasta el 30 de abril de 2021. Durante el estado de emergencia, el Parlamento continuó el período de sesiones y los datos reflejan que siguió ejerciendo su actividad legislativa y de control con regularidad. Desde el 15 de marzo de 2021, se está llevando a cabo un plan de desescalada gradual. El uso de los poderes de emergencia se sometió al examen del Parlamento, los órganos jurisdiccionales y el Defensor del Pueblo. La declaración y prórroga del estado de emergencia es prerrogativa del presidente de la República, sujeta a consulta con el Gobierno y a la autorización del Parlamento. El Gobierno también debe presentar al Parlamento un informe por cada período de estado de emergencia en relación con su aplicación, de modo que el Parlamento puede ejercer también un control ex post de las medidas adoptadas. El Parlamento analiza actualmente los informes relativos a la declaración y prórroga del estado de emergencia entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Por otra parte, se ha creado una comisión parlamentaria específica para controlar las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. El Defensor del Pueblo también tuvo que responder a un número significativo de reclamaciones relativas a medidas impuestas con motivo de la COVID-19. En este contexto, el Defensor del Pueblo formuló varias recomendaciones a distintas autoridades públicas y solicitó aclaraciones, al tiempo que solicitó la revisión constitucional de una disposición sobre el régimen de ayudas aplicable a los comercios minoristas. También los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario tuvieron que revisar medidas de emergencia. En particular, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo resolvió sobre doce recursos relativos a medidas relacionadas con la COVID-19, la mayoría de las cuales se declararon inadmisibles. Están surgiendo nuevos retos para la sociedad civil. Aunque el espacio cívico se considera abierto, se han registrado casos de hostilidad y presión, en particular por parte de algunos partidos y movimientos políticos, contra organizaciones de la sociedad civil activas en el apoyo a las minorías. En este contexto, las partes interesadas denuncian el deterioro de la paz y el diálogo sociales. En octubre de 2020, varios relatores especiales de las Naciones Unidas iniciaron un diálogo con Portugal en relación con un caso de amenazas y acoso a defensores de los derechos humanos y reafirmaron la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para todos los defensores de los derechos humanos, en particular aquellos que abogan por la igualdad y la no discriminación y documentan el discurso y los comportamientos racistas, así como violaciones de los derechos humanos relacionadas. A fin de reforzar las políticas de lucha contra el racismo y la discriminación, el Gobierno de Portugal creó un grupo de trabajo para la prevención y la lucha contra la discriminación racial, en el cual está representada la sociedad civil. La pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia asociadas también han afectado a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se han solicitado ayudas económicas públicas extraordinarias. En este contexto, el Gobierno y un elevado número de municipios proporcionaron ayuda económica extraordinaria a este tipo de organizaciones a fin de garantizar su actividad regular. Se ha aprobado en el Parlamento una nueva ley sobre el estatuto de utilidad pública. A raíz de una iniciativa legislativa del Gobierno, el Parlamento aprobó en abril de 2021 un nuevo estatuto por el que se otorgan determinados derechos, incluido el acceso a financiación especial o exenciones fiscales, a las personas jurídicas reconocidas por perseguir objetivos de interés general. Aunque se expresaron dudas en cuanto a la inclusividad del proceso formal de consulta de la nueva ley, para el cual se invitó formalmente a un número reducido de organizaciones de la sociedad civil a dar su opinión, se permitió una amplia participación de partes interesadas por medio de una consulta abierta. La nueva ley tiene por objeto consolidar y racionalizar el marco legislativo aplicable a las personas jurídicas beneficiarias del estatuto de utilidad pública, y ejecuta un sistema de supervisión de sus actividades por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como del cumplimiento de sus obligaciones legales. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético (*) (*) La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Associação Sindical dos Juízes Portugueses (2020), Reforço da Transparência e Integridade na Justiça. Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor 2021. CIVICUS (2021), Monitor tracking civic space – Portugal [Monitor del espacio cívico: Portugal] ( https://monitor.civicus.org/country/portugal/ ). Comunicación de Portugal en relación con el asunto de Vicente Cardoso/Portugal (demanda n.º 30130/10), DH-DD(2020)952. Conselho Superior da Magistratura (2021), Relatório Anual 2020. Consejo para la Prevención de la Corrupción (2020), Recomendación sobre la prevención de los riesgos de corrupción e infracciones relacionadas como parte de las medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades ( https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d ). Consejo de Europa: Comité de Ministros (2018), H46-20 Grupo Vicente Cardoso/Portugal (demanda n.º 30130/10), Supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia CM/Del/Dec(2018)1331/H46-20. Consejo de Europa: Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) (2007), Informe n.º 10(2007) a la atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el Consejo de la Justicia al servicio de la sociedad ( https://rm.coe.int/1680747d19 ). Consejo de Europa: Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) (2020), Dictamen n.º 23 sobre la función de las asociaciones judiciales en apoyo a la independencia judicial ( https://rm.coe.int/opinion-23-en-ccje-2020-es/1680a0a187 ). Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedStringFilters=year.2021&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=11709562 ).

Consejo de Ministros, Resolución n.º 44/2017. Consejo de Ministros, Resolución n.º 184/2019. Consejo de la Unión Europea (2020), Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Portugal ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020H0826(22) ). Tribunal de Cuentas (2020), Riesgos en el uso de los recursos públicos en la gestión de emergencias (COVID-19) ( http://img.rtp.pt/icm/noticias/docs/f4/f4128b9356da5f94eb58df98fe9f1f26_e51017edff2ec38b4d9dc71908e515d9.pdf ). Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2021), comunicado de prensa de 13 de enero de 2021. Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2021), comunicado de prensa de 28 de abril de 2021. Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2021), Informe de regulación de 2019 (transparencia de los medios de comunicación). Comisión Europea (2019), Flash del Eurobarómetro 482: Actitud de las empresas ante la corrupción en la UE. Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Portugal ( https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/pt_rol_country_chapter.pdf ). Comisión Europea (2020), Eurobarómetro especial 502: Corrupción. Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2021), Contribución de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Consejo Europeo de Investigación (2021), comunicado de prensa de 13 de enero de 2021. GRECO (2021), Cuarta ronda de evaluación sobre la prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales: Segundo informe intermedio de cumplimiento relativo a Portugal. Consejo Superior de Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario (2021), Informe anual de 2019. Consejo Superior de la Magistratura (2020), Informe anual de 2020. Consejo Superior de la Magistratura (2021), Aportación del Consejo Superior de la Magistratura al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Consejo Superior de la Magistratura (2021), comunicado de prensa de 4 de mayo de 2021. Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (2021), Aportación de Magistrats européens pour la démocratie et les libertés al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Media Pluralism Monitor (2021), Informe sobre Portugal. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2021), Aportación al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Representante permanente de Portugal ante el Consejo de Europa (2021), Carta de 22 de marzo de 2021 ( https://rm.coe.int/portugal-reply-en-lisbon-public-prosecutor-puts-the-protection-of-sour/1680a1e03b ). Gobierno de Portugal (2021), Aportación de Portugal al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Gobierno de Portugal (2021), Resolución del Consejo de Ministros n.º 37/2021, Aprobación de la Estrategia Nacional Anticorrupción ( Resolução do Conselho de Ministros 37/2021, 2021-04-06 - DRE ). Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Portugal (2021), Aportación del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Portugal al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Público (2020), «La falta de recursos humanos explica la lentitud de la justicia en los asuntos de corrupción, según la Procuradora General de la República», 6 de enero de 2020 ( https://www.publico.pt/2020/01/06/sociedade/noticia/falta-recursos-humanos-explica-lentidao-justica-casos-corrupcao-pgr-1899401 ). Ministerio Público (2020), Proyecto de código de conducta para los miembros del Ministerio Público: Consulta pública ( https://www.ministeriopublico.pt/pagina/projeto-de-codigo-de-conduta-dos-magistrados-do-ministerio-publico-consulta-publica ). Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (2021), comunicado de prensa de 6 de abril de 2021. «Proyecto de información estadística estándar para mejorar la regulación» (proyecto SIBER), financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales. Transparencia Internacional (2021), Índice de Percepción de la Corrupción de 2020. Proyecto «Revisión y apoyo a la evaluación de impacto de la regulación (EIR) en Portugal» financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales. Anexo II: Visita a Portugal En mayo de 2021, los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales con los siguientes interlocutores: ·expertos académicos ·el Colegio de Abogados ·el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) ·el Tribunal de Cuentas ·el Consejo para la Prevención de la Corrupción ·la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación

·el Consejo Superior de la Magistratura ·el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario ·la Inspección General de Finanzas ·la Comisión de Licencias Profesionales de Periodismo ·el Sindicato de Periodistas ·la Unión de Jueces ·el Ministerio de Cultura ·el Ministerio de Asuntos Exteriores ·el Ministerio de Justicia ·la Procuraduría General ·el Defensor del Pueblo ·la Plataforma Portuguesa de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo ·la Unión de Fiscales ·los servicios de la Asamblea de la República ·el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·el Tribunal Supremo ·Transparencia Internacional Portugal * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional

·el Centro de Derechos Reproductivos ·la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) ·la Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Civil Society Europe ·la Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·el European Center for Not-for-Profit Law ·el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·el Foro Cívico Europeo ·la Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·el Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe ·la Comisión Internacional de Juristas ·la Federación Internacional por los Derechos Humanos ·la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN) ·el Instituto Internacional de la Prensa