El Tribunal de Justicia ha aclarado que las solicitudes de autorización previa deben evaluarse de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales. Por tanto, un Estado miembro puede denegar al paciente una autorización de tratamiento médico en otro país de la UE, pero solo si dicha denegación es necesaria y proporcionada al objetivo que se pretende, como el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la competencia médica. Además, el Tribunal de Justicia ha aclarado que la legislación nacional que excluye el reembolso sin autorización previa de los costes relacionados con un tratamiento urgente al que se someta una persona asegurada en otro Estado miembro no es coherente con el principio de libre circulación de servicios ni con la Directiva.

De conformidad con el artículo 8, los Estados miembros pueden supeditar a una autorización previa el reembolso de los costes de la asistencia sanitaria recibida en otro Estado miembro. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este requisito constituye una limitación a la libre circulación de servicios. Por tanto, por norma general, los Estados miembros no deben supeditar a autorización previa el reembolso de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza. No obstante, el artículo 8, apartado 2, letra a), permite a los Estados miembros utilizar un sistema de autorización previa para la asistencia sanitaria que requiera necesidades de planificación con el objeto de garantizar un acceso a tratamientos de elevada calidad o la voluntad de controlar los costes, y que: 1) suponga que el paciente tenga que pernoctar en el hospital al menos una noche, o 2) exija el uso de infraestructuras o equipos médicos sumamente especializados y costosos. Por tanto, no puede exigirse autorización previa para una consulta médica en otro Estado miembro. Con arreglo al artículo 8, apartado 7, los Estados miembros harán pública «la información sobre qué asistencia sanitaria requiere autorización previa».

La Comisión no ha recibido ninguna notificación específica con arreglo al artículo 7, apartado 9. Sin embargo, podrían cuestionarse determinadas medidas de transposición que limitan el nivel de reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza y socavan los derechos de los pacientes. Por lo que respecta al punto de referencia para el reembolso de gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza con arreglo a la Directiva, tres Estados miembros, con diferentes condiciones y en distinta medida, utilizan niveles inferiores de reembolso aplicables a la asistencia sanitaria recibida de proveedores sanitarios privados o no concertados, en comparación con el sistema público de asistencia sanitaria. En consecuencia, la Comisión incoó un procedimiento contra dichos Estados miembros por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.

De conformidad con el artículo 7, apartado 4, de la Directiva, «los gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza serán reembolsados o abonados directamente por el Estado miembro de afiliación hasta la cuantía que habría asumido dicho Estado si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia sanitaria efectivamente prestada». El artículo 7, apartado 9, permite a los Estados miembros limitar la aplicación de las normas de reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza por razones imperiosas de interés general. Conforme al artículo 7, apartado 11, dicha limitación debe ser necesaria y proporcionada, «y no podrá constituir un medio de discriminación arbitraria ni un obstáculo injustificado a la libre circulación de las personas, los bienes y los servicios». Asimismo, los Estados miembros deben notificar a la Comisión cualquier decisión de aplicar limitaciones en el marco del artículo 7, apartado 9.

La Comisión ha comprobado sistemáticamente la conformidad de las medidas nacionales de transposición con las disposiciones de la Directiva, centrándose en los cuatro ámbitos prioritarios que tienen mayor potencial para actuar como obstáculos para los pacientes si no se abordan: los sistemas de reembolso, la autorización previa, los procedimientos administrativos y el cobro a los pacientes entrantes. La Comisión sigue manteniendo diálogos estructurados con los Estados miembros para lograr la mejor transposición posible de la Directiva. Esta labor intensiva ha dado lugar a cambios en la legislación nacional en beneficio de los pacientes. Sin embargo, como demuestran el presente informe y los resultados de la evaluación, deben hacerse esfuerzos adicionales.

La Directiva debía ser incorporada al Derecho nacional por los Estados miembros antes del 25 de octubre de 2013. Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros, dicha transposición no se completó hasta 2015. Este es el tercer informe trienal de la Comisión, conforme al artículo 20, apartado 1, de la Directiva. Incluye, en particular, información sobre los flujos de pacientes, las dimensiones financieras de la movilidad de los pacientes, la aplicación del artículo 7, apartado 9, sobre la aplicación de las normas de reembolso, y del artículo 8 relativo a la asistencia sanitaria que puede requerir autorización previa, así como el funcionamiento de las redes europeas de referencia y de los puntos nacionales de contacto.

El objetivo general de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza («la Directiva») es facilitar el acceso a una asistencia sanitaria segura y de calidad en otro Estado miembro y garantizar la movilidad de los pacientes de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»). No obstante, sigue recayendo sobre los Estados miembros la responsabilidad relativa a la organización y la prestación de servicios sanitarios y atención médica en su territorio. En segundo lugar, la Directiva promueve la cooperación en la asistencia sanitaria entre Estados miembros en beneficio de los ciudadanos de la UE en lo que respecta a las recetas, las enfermedades raras, la sanidad electrónica y la evaluación de las tecnologías sanitarias. La Directiva tiene también por objeto aclarar su relación con el marco existente para la coordinación de los sistemas de seguridad social, previsto en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 («el Reglamento»), y se aplica sin perjuicio de lo establecido en dicho marco.

Solo hay siete Estados miembros y un Estado de la AELC del EEE que no cuentan con un sistema de autorización previa, lo que da a los pacientes la libertad de elegir un prestador de asistencia sanitaria en el extranjero y reduce la carga administrativa.

Todos los demás países disponen de un sistema de autorización previa, principalmente para la protección de sus sistemas sanitarios. Las repercusiones de la Directiva para los sistemas eran inciertas en el momento de la transposición, y el uso de la autorización previa constituía un medio para controlarlas.

La Comisión sigue profundamente preocupada por el hecho de que los sistemas nacionales de autorización previa cumplan los criterios del artículo 8, apartado 2, de la Directiva y respeten el principio de proporcionalidad. Como se describe en la sección 3 del presente documento, la movilidad de los pacientes sigue siendo muy baja y sus repercusiones para los presupuestos nacionales de asistencia sanitaria son marginales, lo que, por lo general, no apunta a que hagan falta sistemas de autorización previa amplios para proteger la planificación sanitaria. Por consiguiente, dos Estados miembros decidieron suprimir la autorización previa.

Cuando la autorización previa se considera justificada, los pacientes tienen derecho a saber qué tratamientos están sujetos a autorización previa. A tal fin, deben elaborarse y ponerse a disposición del público listas de tratamientos exhaustivas y bien definidas, de modo que los pacientes puedan identificar fácilmente las normas aplicables. Sin embargo, las listas de asistencia sanitaria sujeta a autorización previa difieren significativamente de un Estado miembro a otro en cuanto a la medida en que se especifica la asistencia sanitaria.

Los resultados de la evaluación confirman que el uso generalizado de la autorización previa y la falta de transparencia en su aplicación constituyen un obstáculo importante para la asistencia sanitaria transfronteriza, lo que dificulta la eficacia de la Directiva en beneficio de los pacientes.

La Comisión, por tanto, insta a los Estados miembros a que evalúen si, diez años después de la adopción de la Directiva, la autorización previa sigue estando justificada a los efectos de la Directiva, y si sus listas de asistencia sanitaria sujeta a autorización previa podrían reducirse, sobre todo para garantizar la seguridad jurídica de los pacientes y la transparencia de los sistemas de autorización previa.

1.3. Procedimientos administrativos

De conformidad con el artículo 7, apartado 7, el Estado miembro podrá imponer a los pacientes que pidan el reembolso de gastos de asistencia sanitaria transfronteriza las mismas condiciones, criterios de admisibilidad y trámites reglamentarios y administrativos que impondría si la asistencia sanitaria se prestase en su territorio. Sin embargo, ninguna condición, criterio de elegibilidad ni trámite reglamentario o administrativo podrá constituir discriminación ni obstáculo a la libre circulación de los pacientes, salvo que se justifique de forma objetiva por necesidades de programación.

Asimismo, el artículo 9, apartado 1, exige a los Estados miembros que garanticen que los procedimientos administrativos relativos al disfrute de asistencia sanitaria transfronteriza se basen en criterios objetivos y no discriminatorios, que sean necesarios y proporcionados al objetivo que se ha de lograr.

Siguiendo estos principios, la Comisión insta a los Estados miembros a que evalúen si podría reducirse la carga que los procedimientos de autorización previa y reembolso de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza suponen para los pacientes, de modo que puedan beneficiarse plenamente de los derechos que les asisten en virtud de la Directiva.

Las pruebas recogidas para la evaluación confirman que los procedimientos administrativos engorrosos y desproporcionados socavan los derechos de los ciudadanos a la asistencia sanitaria transfronteriza en algunos Estados miembros. Debe prestarse especial atención a la hora de garantizar que solo se exija a los pacientes que presenten información de fácil acceso y que sea estrictamente necesaria para tramitar las solicitudes de autorización previa o reembolso de conformidad con la Directiva. Los organismos de seguros sanitarios no deben exigir a los pacientes que proporcionen el coste estimado de la asistencia sanitaria prevista ni una evaluación médica de la eficacia del tratamiento recibido. Además, los Estados miembros deben evitar solicitar a los pacientes información de la que normalmente dispone del organismo de seguros sanitarios que evalúa la solicitud, como los tiempos de espera para un tratamiento concreto. Tampoco se debe exigir al paciente que demuestre que no existe ninguna razón por la que pueda denegarse la autorización previa, por ejemplo, que el prestador de asistencia sanitaria en el extranjero no suscita motivos graves y específicos de preocupación en relación con la calidad o seguridad de los cuidados y la seguridad de los pacientes.

Por último, al evaluar la proporcionalidad de los requisitos administrativos, los Estados miembros deben tener en cuenta los costes asociados a la presentación de solicitudes de asistencia sanitaria transfronteriza. En particular, el requisito de que los pacientes faciliten una traducción jurada de la documentación puede constituir un obstáculo desproporcionado a la libre circulación de servicios.

1.4. Tarifas para los pacientes de otros Estados miembros

El artículo 4, apartado 3, exige a los Estados miembros que cumplan el principio de no discriminación en relación con los pacientes de otros países de la UE. Asimismo, señala que, en determinadas circunstancias, los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre el acceso al tratamiento. Tales medidas deberán estar justificadas, ser necesarias y proporcionadas, y ser accesibles públicamente de antemano.

Los Estados miembros pueden establecer las tarifas por la prestación de asistencia sanitaria en su territorio. Sin embargo, con arreglo al artículo 4, apartado 4, deben garantizar que los prestadores de asistencia sanitaria aplican el mismo baremo de tarifas a los pacientes de otros países de la UE que a los pacientes nacionales en una situación médica comparable. Si no existe precio comparable para los pacientes nacionales, el artículo 4, apartado 4, obliga a los prestadores a cobrar un precio calculado con criterios objetivos y no discriminatorios. Sin embargo, estos requisitos se entienden sin perjuicio de la legislación nacional que permite a los prestadores de asistencia sanitaria fijar sus propios precios, siempre que no discriminen a los pacientes de otros países de la UE.

Durante el control de conformidad, la Comisión no detectó que los prestadores de asistencia sanitaria estén fijando, o tengan autorización para fijar, precios discriminatorios para los pacientes de otros Estados miembros, lo que iría en contra de los principios anteriormente mencionados. Sin embargo, la Plataforma «Preparados para el Futuro» toma nota de las conclusiones del informe del Comité Europeo de las Regiones según las cuales no en todos los Estados miembros se dispone fácilmente de una escala de las tarifas médicas que se cobran a los pacientes. Por consiguiente, su dictamen insta a que se mejore la información sobre las tarifas aplicables a los tratamientos en los Estados miembros.

2.Informes de otros órganos e instituciones de la UE