Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1 Contexto

1.1 Marco reglamentario

La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio [1] (denominada «Directiva postal») tiene principalmente por objeto:

[1] DO L 15, de 21.1.1998, p. 14.

- establecer un marco reglamentario armonizado para el sector postal de la Comunidad;

- definir un proceso de toma de decisiones para la prosecución de la liberalización del mercado postal.

Este marco reglamentario define esencialmente:

- las características mínimas del servicio postal universal que deben garantizar todos los Estados miembros; las normas de calidad de los servicios transfronterizos; los principios de tarificación y los principios que rigen la transparencia contable;

- los límites máximos comunes relativos a estos servicios que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal (concretamente, 350 gramos y cinco veces la tarifa común de un envío de la primera escala de pesos);

- los principios que regulan los procedimientos de autorización/concesión de licencias para la prestación de servicios postales no reservados, así como la separación de las competencias reglamentarias y las funciones operativas en el sector postal.

La transposición de la Directiva postal, que debía finalizar en febrero de 1999, se ha llevado a cabo prácticamente en todos los Estados miembros. No obstante, persisten algunos problemas relativos principalmente a la idoneidad de las disposiciones que deben garantizar que las autoridades nacionales de reglamentación sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de los operadores postales, así como a la extensión de los monopolios postales nacionales a servicios de valor añadido. La Comisión se dedica activamente a solucionar estos problemas. La Comisión se ocupa también de resolver algunas denuncias específicas en materia de competencia, de conformidad con los principios de su Comunicación postal 98/C 39/02 [2].

[2] DO C 39, de 6.2.1998, Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales.

La Directiva postal prevé la continuación del proceso de apertura gradual y controlada de los mercados postales a la competencia, previsto por el Consejo en su Resolución de 7 de febrero de 1994 relativa al desarrollo de los servicios postales comunitarios [3]. Según el calendario fijado:

[3] DO C 48, de 16.2.1994, p. 3.

- la Comisión debía presentar, antes del 31 de diciembre de 1998, una propuesta relativa a la continuación progresiva y controlada de la apertura del mercado postal, en particular con miras a la liberalización del correo transfronterizo y de la publicidad directa, así como sobre una nueva revisión de los límites de precios y pesos;

- el Consejo y el Parlamento debían pronunciarse sobre esta propuesta antes del 1 de enero de 2000;

- las medidas decididas debían entrar en vigor el 1 de enero de 2003.

La propuesta de la Comisión se retrasó básicamente por la dimisión de la Comisión anterior el 15 de marzo de 1999 y por la necesidad de que la nueva Comisión reexaminara la cuestión.

En el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado en marzo del presente año, se hizo especial hincapié en la cuestión de la mayor liberalización del mercado postal, tal como consta en las Conclusiones de la Presidencia. En primer lugar, la Unión se fijó como nuevo objetivo estratégico general para la próxima década convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más y mejor empleo y una mayor cohesión social. En segundo lugar, y en relación con los servicios postales en particular, los Jefes de Estado y de Gobierno invitaron a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a actuar, al nivel de sus competencias respectivas, para lograr los siguientes objetivos:

- definir, de aquí a finales de 2000, una estrategia para la eliminación de los obstáculos a los servicios postales;

- acelerar la liberalización de sectores como [...] los servicios postales [...], para conseguir un mercado interior plenamente operativo en este ámbito.

La presente propuesta tiene en cuenta estas Conclusiones. Se elaboró después de un examen exhaustivo del sector, que incluyó, además de estudios anteriores sobre la evolución del empleo y el impacto del correo electrónico, estudios relativos a los costes y a la financiación del servicio universal y al impacto de las distintas opciones para un acceso ampliado al mercado postal. Las partes interesadas fueron consultadas e invitadas a proporcionar información [4].

[4] Estos estudios pueden consultarse en la dirección de Internet: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/post/en

Las medidas contenidas en la presente propuesta tienen por objeto continuar la apertura de los mercados postales de la Comunidad, según el enfoque progresivo previsto en el artículo 7 de la Directiva postal, con la consiguiente modificación de dicha Directiva.

1.2 Situación y evolución del sector postal

1.2.1 Una infraestructura comunitaria esencial para la cohesión de la UE

El sector postal constituye un elemento bisagra para tres mercados vitales de la economía europea, a saber: comunicaciones, publicidad y transportes/logística.

Estos mercados están ya ampliamente abiertos a la competencia y experimentan un rápido desarrollo, dirigidos por las exigencias del mercado y el progreso tecnológico (en particular, en el caso de las telecomunicaciones).

El sector postal, que ofrece una infraestructura esencial de comunicaciones de gran relevancia económica y social, debe progresar al mismo ritmo que estos mercados so pena de quedar rezagado y obligado a recurrir cada vez más a tecnologías obsoletas.

En el conjunto de la UE, se estima que los servicios postales manejan del orden de 135 000 millones de envíos al año, lo que genera un volumen de negocios en torno a los 80 000 millones de EUR, alrededor del 1,4% del PIB. Los servicios de correos, incluido el sector que puede reservarse, representan prácticamente dos tercios de este volumen de negocios y el tercio restante procede de los servicios de expedición de paquetes y envíos urgentes, ya abiertos a la competencia.

1.2.2 Un elemento clave del mercado interior

Si los servicios postales de la UE son ineficaces, los bienes y servicios no podrán circular de manera óptima en el territorio de la Unión, obstaculizando así el crecimiento económico y el empleo. Tampoco será posible aprovechar plenamente las ventajas del comercio electrónico si los servicios postales de la UE, que son la base de la distribución de envíos entre empresas y entregas a domicilio en Europa, no son de primera calidad. Por ello, tanto los consumidores como las empresas tienen sumo interés en disponer de una amplia gama de productos y servicios postales de calidad. Además, el mercado postal no es un ámbito autónomo, sino que interactúa y compite con otras formas de comunicación, por lo que resulta doblemente importante que este sector siga el ritmo de la modernización y el progreso tecnológico, atrayendo las inversiones y la innovación.

1.2.3 Una gran importancia social

En el conjunto de la UE, los servicios postales emplean directamente a 1,7 millones de personas aproximadamente, de las cuales 1,3 millones trabajan para los proveedores del servicio postal universal. Aunque en la mayoría de los Estados miembros estas cifras se mantienen generalmente estables en la actualidad, en algunos países se han reducido y está previsto que disminuyan en torno a un 0,8% al año durante los próximos siete años debido a la mayor productividad y competencia de otros métodos de comunicación. Esta reducción se producirá cualesquiera que sean las decisiones tomadas en cuanto a una mayor apertura del mercado.

Además, la función social de los servicios postales, también presentes en regiones rurales remotas, es de una importancia capital para la cohesión social de la Comunidad. Los servicios postales desempeñan un papel decisivo como símbolos y agentes de solidaridad, conectividad y pertenencia, en particular, en los municipios, pueblos, ciudades y regiones y en las zonas periféricas de la Unión. Esta dimensión social del mercado postal adopta la forma de un servicio universal y diario de recogida y distribución del correo en cada dirección.

Cabe señalar a este respecto que la actual propuesta no modifica las obligaciones relativas al servicio universal, que se exponen en el capítulo 2 de la Directiva postal: en sus artículos 3 a 6 se define el servicio universal, se garantiza su prestación, se desarrollan los requisitos que deben cumplirse y la información precisa y actualizada que debe suministrarse sobre las características de los servicios que se ofrecen. Por otro lado, ningún Estado miembro ha comunicado a la Comisión excepciones o autorizaciones de inaplicación concedidas a su proveedor del servicio universal por circunstancias o condiciones geográficas excepcionales.

El empleo en el sector postal es también un factor muy importante. Es necesario reconocer que la mejor manera de garantizar la estabilidad a largo plazo de estos empleos es crear un entorno donde la competencia impulse la comercialización de nuevos productos y servicios a precios atractivos, que aumenten la demanda de servicios postales y les permitan participar en el crecimiento del mercado de las comunicaciones. Tal contexto es también necesario para que los operadores puedan ampliar sus actividades a otros ámbitos, con el fin de beneficiarse de economías de alcance. Si los servicios postales quedan rezagados en el conjunto del mercado de las comunicaciones, corren el riesgo de perder el fundamento de su función social.

1.2.4 Una mejor calidad de servicio

Todos los proveedores del servicio universal excepto uno han logrado ya el objetivo fijado en la Directiva postal para la distribución del correo transfronterizo, que es de tres días después de la expedición para el 85% de los envíos prioritarios y de cinco días después de la expedición para el 97% de los envíos prioritarios (aunque subsisten importantes diferencias según el operador y el itinerario). La mejora de la calidad del servicio para el correo transfronterizo se debe en parte a la firma del Acuerdo REIMS II sobre gastos terminales [5] por la mayoría de los proveedores europeos del servicio universal, en virtud del cual se supedita el aumento de los gastos terminales a una mejora probada de la calidad del servicio.

[5] Convenio internacional relativo al pago de los gastos terminales, es decir, la remuneración correspondiente a la entrega del correo en su destino final.

Por lo que se refiere al correo nacional, los progresos realizados son más difíciles de definir ante la inexistencia de sistemas de medición de la calidad armonizados y gestionados por una instancia independiente. A este respecto, la Directiva postal obliga a los operadores históricos a publicar normas de calidad del servicio e información sobre su cumplimiento. La calidad del servicio en el correo nacional también parece haber mejorado algo (aunque en menor medida) desde la adopción de la Directiva postal.

Las importantes mejoras obtenidas hasta la fecha en cuanto a calidad del servicio y productividad permitirán a los operadores históricos estar mejor preparados para hacer frente a la competencia.

1.2.5 Reestructuración del sector postal

El progreso tecnológico se está convirtiendo en el motor principal de la evolución del sector postal

El progreso tecnológico actual, en particular la rápida evolución del mercado de las telecomunicaciones, el desarrollo exponencial de Internet o la rápida expansión del mercado del comercio electrónico, tiene un impacto potencial importante en el sector postal y es una fuente de amenazas y oportunidades. Por ello, la tecnología se está convirtiendo en el motor principal de la evolución del sector postal. Además, se observa claramente un fenómeno de creación de servicios, especiales o a medida, que superan ampliamente los servicios clásicos de correo y que combinan a veces las nuevas tecnologías de la comunicación electrónica con servicios postales de valor añadido.

La aparición del mercado del comercio electrónico, basado en la infraestructura mundial de Internet, requiere la existencia de redes de distribución física y servicios logísticos de vanguardia y universales. Este cambio radical transformará considerablemente los sectores de los transportes y de la logística, creando así un importante potencial comercial. Los operadores postales deben definir rápidamente su lugar en el mercado y situarse en la nueva economía si quieren beneficiarse de este mercado emergente.

Independientemente de toda modificación de la normativa, el mercado postal ya se enfrenta a una intensificación de la competencia. En el caso del servicio básico (generalmente protegido por derechos exclusivos), la competencia procede de otros métodos de comunicación (como el fax, el correo electrónico, la radiodifusión y ahora Internet), lo que podría acelerar enormemente el fenómeno de sustitución en el futuro, tal como ya ha sucedido en Canadá y los Estados Unidos, donde una parte importante de la correspondencia financiera ha sido sustituida por operaciones efectuadas en Internet, en cuanto la penetración de esta tecnología alcanzó una masa crítica.

Dado que el progreso tecnológico ya ejerce presiones cada vez más importantes sobre los servicios postales clásicos, conviene aplicar un nuevo marco reglamentario más adaptado con el fin de reforzar estos servicios y ayudarles a mejorar su eficacia y capacidad de adaptación. De esta forma, será posible mantener y mejorar el servicio universal que precisan los ciudadanos, principalmente en las zonas geográficas más aisladas, y consolidar la cohesión social.

Estos últimos años, numerosos operadores postales han implantado programas de reestructuración y modernización de gran envergadura consistentes, en particular, en un mayor recurso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficacia de los servicios postales existentes, así como en la puesta en marcha de nuevos servicios. Se trata, por ejemplo, de servicios de seguimiento y localización de los envíos, de servicios postales combinados y de la oferta a los clientes de prestaciones de valor añadido en los distintos niveles de la cadena (como bases de datos con direcciones, la impresión y la preparación del correo y el tratamiento de las tarjetas de respuesta comerciales). Algunas innovaciones del mercado del comercio electrónico son el resultado de iniciativas tomadas por los grandes operadores postales.

Evolución en los Estados miembros

El proceso de modernización descrito anteriormente no se ha desarrollado al mismo ritmo en el conjunto de la Comunidad. En cuanto a la apertura de los mercados, varios Estados miembros han ido más allá de la reserva máxima prevista en la Directiva postal en algunos aspectos. Así, no existe monopolio postal en Suecia y Finlandia. En Alemania, Países Bajos, España, Italia y Dinamarca, el ámbito reservado es más reducido que el máximo autorizado en la Directiva. En Alemania, el límite en vigor actualmente es de 200 gramos para el correo ordinario y de 50 gramos para la publicidad directa. En los Países Bajos, la publicidad directa (definida de manera estricta) no forma parte del monopolio y el límite de peso/precio (aplicable a partir de junio de 2000) será de 100 gramos; en España, la totalidad del correo local y de la publicidad directa tampoco pertenecen al sector reservado, y en Italia la publicidad directa no forma parte del monopolio.

Tales diferencias corren el riesgo de distorsionar y desestabilizar el mercado interior. Conviene por tanto garantizar la continuación de la armonización hacia una mayor apertura del mercado, que es la vía elegida por un gran número de Estados miembros.

La competencia directa sigue siendo reducida en el mercado postal

La Directiva postal supuso únicamente una apertura muy limitada del mercado (cartas de más de 350 gramos o de un precio inferior a cinco veces la tarifa pública de la categoría más rápida). Esta medida no suscitó una verdadera competencia en el mercado postal, puesto que sólo afectaba al 3% por término medio de los ingresos postales de los operadores públicos. Una intervención más decisiva se aplazó hasta la fase posterior del calendario previsto en la Directiva. El mantenimiento de las diferentes normativas nacionales relativas al ámbito reservado conduce a una situación en la que el mercado interior aún debe completarse por lo que se refiere a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento.

En realidad, la evolución de la situación tras haberse publicado la Directiva postal ha puesto de manifiesto que siguen existiendo importantes disparidades entre los distintos proveedores del servicio universal y entre los Estados miembros, principalmente en tres ámbitos:

- los límites del monopolio, que, en numerosos Estados miembros, son claramente inferiores al máximo de 350 gramos autorizado por la Directiva (por ejemplo, en Dinamarca, Alemania, España, los Países Bajos, Italia, Suecia y Finlandia);

- el margen de maniobra de los proveedores del servicio universal para formar alianzas con operadores privados;

- la calidad del servicio, en particular por lo que se refiere al correo nacional ordinario y a los envíos masivos.

Intensificación de la competencia directa e indirecta y fusión de empresas

Algunos operadores se han dedicado activamente a realizar adquisiciones y a expandirse en mercados internacionales, adoptando una estrategia orientada al mercado. Estas diferencias pueden aún acentuarse por las fusiones de los principales protagonistas en los mercados de la entrega urgente de paquetes, los transportes y la logística. No obstante, los operadores más pequeños pueden formar alianzas estratégicas regionales o de otro tipo. Estas evoluciones divergentes causan cada vez más distorsiones en el mercado interior y obligan a introducir nuevas modificaciones en el marco reglamentario con el fin de armonizar las condiciones de prestación de los servicios postales.

En particular, desde la entrada en vigor de la Directiva postal se ha producido una oleada de adquisiciones transfronterizas, realizadas en los mercados competitivos vecinos, por parte de los proveedores del servicio universal más activos del sector. Ello se debe al hecho de que los operadores (sobre todo públicos) están cada vez más interesados en adquirir empresas que dispongan de clientela, experiencia y redes internacionales en los mercados de los servicios de correo urgente, paquetes y logística, con el fin de atender la creciente demanda de servicios paneuropeos y de afrontar la competencia directa de los operadores privados.

Algunos proveedores del servicio universal han aprovechado también sus redes nacionales y su imagen de marca para extender el campo de sus actividades a mercados auxiliares del mercado postal básico, en ámbitos como los servicios de valor añadido de correo electrónico (en particular, protección de la transmisión electrónica de documentos codificados), servicios financieros y servicios de gestión del correo.

Varios proveedores del servicio universal se preparan ya activamente, mediante adquisiciones y alianzas (cabe citar, en particular, el consorcio entre TNT Post Group, el Servicio de Correos británico y Singapore Post), a la mayor apertura del mercado postal nacional e internacional, lo que resulta muy importante para la presente propuesta. Estos hechos demuestran que, desde la entrada en vigor de la Directiva, la industria ha anticipado la evolución de este mercado y que la perspectiva de su liberalización futura ya ha sido un factor determinante en las decisiones tomadas por algunos proveedores del servicio universal.

Inquietud ante la competencia creciente

El aumento de las actividades comerciales de los proveedores del servicio universal, asociado a la persistencia de monopolios nacionales importantes, ha suscitado una inquietud creciente en cuanto al respeto de las normas de competencia, en particular, por las presuntas subvenciones cruzadas del ámbito reservado al sector competitivo. Cada vez es mayor el número de denuncias presentadas por operadores privados e incluso por proveedores del servicio universal en relación con prácticas consideradas anticompetitivas o ayudas estatales injustificadas. A medio plazo, no es posible seguir protegiendo una parte tan importante de los mercados nacionales de proveedores del servicio universal porque tal protección afecta al segmento menos dinámico del mercado y a una normativa basada en el alcance histórico de los monopolios postales. Además, los proveedores del servicio universal se preparan cada vez más para enfrentarse a la competencia en los mercados nacionales y europeos.

Evolución del empleo

La reestructuración en curso del sector postal se traduce en ajustes laborales. Generalmente, las tasas de empleo entre los proveedores del servicio universal durante estos últimos años se han mantenido más o menos constantes en la mayoría de los Estados miembros, con incrementos o reducciones aisladas del 0,4% anual por término medio durante el periodo comprendido entre 1995 y 1998. En dos casos, el empleo disminuyó de manera importante en estos operadores: en Alemania se produjo una reducción de 45 000 equivalentes a tiempo completo (17%) entre 1995 y 1998, mediante despidos voluntarios, y en Suecia, la reducción fue de 4 000 equivalentes a tiempo completo (9%) durante el mismo periodo. En los Países Bajos, se registró un importante incremento de 41 088 equivalentes a tiempo completo debido a la adquisición del grupo TNT por el operador histórico.

Si bien los progresos tecnológicos y la competencia han provocado la pérdida de empleos entre los proveedores del servicio universal por lo que se refiere a los servicios tradicionales, los nuevos servicios, así como el sector privado, son hoy generadores de empleo. Por ejemplo, en Alemania, sólo en 1999 los operadores privados crearon 5 000 empleos a tiempo completo y 11 000 empleos a tiempo parcial de otro tipo con condiciones contractuales especiales, estableciendo nuevos servicios gracias a la mayor apertura del mercado. El operador histórico perdió un número similar de empleos, pérdidas vinculadas a ganancias de productividad y a la reestructuración.

1.3 Necesidad de una mayor apertura del mercado a la competencia

Evolución prevista

El desarrollo creciente del correo electrónico y del comercio electrónico tendrá cuatro tipos de consecuencias. En primer lugar, disminuirá el volumen de cartas, debido, en particular, al desarrollo de la banca electrónica y del correo electrónico cuando la penetración de Internet alcance su masa crítica. En segundo lugar, se asistirá a un crecimiento, concentrado en algunos puntos, de los servicios de correo electrónico mixto transfronterizo, aunque la reciente sentencia Citicorp [6] puede limitar un tanto este fenómeno. En tercer lugar, el mayor recurso al comercio electrónico se traducirá en un aumento del volumen de distribución de paquetes. Por último, se producirá una mayor demanda de servicios de valor añadido adaptados a las necesidades de algunos tipos de clientes.

[6] La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 10 de febrero de 2000 en los asuntos acumulados C-147/97 y C-148/97 impone el pago de la tarifa interior cuando el correo se transmite por vía electrónica de un país a otro y vuelve de nuevo al mercado nacional para su distribución, salvo si existe un sistema de pago que cubra los costes.

Esta perspectiva refuerza aún más la necesidad de mejorar el servicio básico de tratamiento y distribución de correspondencia y paquetes, para limitar la expansión del correo electrónico en detrimento de los servicios postales y clarificar la distinción entre los servicios clásicos de distribución de correspondencia y los servicios de valor añadido (véase el apartado 2.9.2).

Compatibilidad entre apertura de los mercados y servicio universal

Pueden obtenerse importantes economías de escala y alcance en el ámbito de los servicios de distribución. La experiencia de la desregulación de los mercados postales pone de manifiesto que el mantenimiento y la mejora de este servicio son compatibles con la apertura progresiva a la competencia, siempre y cuando el proveedor del servicio universal tenga la suficiente flexibilidad en materia comercial y tarifaria para afrontar el reto, dentro de los límites de las normas de competencia. En particular, la mejora de la situación financiera de los operadores del servicio universal, su ventaja en términos de experiencia y conocimientos técnicos y el hecho de que segmentos importantes del servicio universal ya sean rentables permiten absorber gran parte de los costes vinculados a la prestación del servicio universal. Además, la Directiva postal prevé la posibilidad de constituir un fondo de compensación para hacer frente, en caso necesario, a los posibles costes adicionales del servicio universal que no estén cubiertos por la nueva definición de ámbito reservado. Este fondo constituye una garantía esencial de la propuesta.

Algunas asociaciones de consumidores ya preconizan desde hace algún tiempo la apertura a la competencia del mercado postal [7]. La BEUC, por ejemplo, se ha pronunciado claramente a favor de la total desaparición de los monopolios postales en 2005 con el fin de ofrecer a los consumidores la posibilidad de elegir entre diferentes proveedores y de fomentar una mejora de la calidad. La propuesta tiene en cuenta estas opiniones y la necesidad de que los proveedores del servicio universal dispongan de un periodo de adaptación razonable y proporcionado, que incluya una fase de revisión. Dado que varios operadores públicos evolucionarán hacia un estatuto más alejado de la interferencia directa del Gobierno en cuestiones comerciales y operativas, los operadores históricos gozarán de mayor libertad comercial y se prepararán para enfrentarse a la competencia directa, manteniendo y reforzando al mismo tiempo su función social.

[7] Véase, por ejemplo, la posición de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) de 6 de enero de 1999.

Los proveedores del servicio universal deberán mejorar su eficacia, ser capaces de competir con otros métodos de comunicación y tener libertad para diversificar y ampliar su campo de actividad a mercados vecinos si quieren estar en condiciones de servir a los usuarios y de garantizar la viabilidad a largo plazo del sector en general y del servicio universal en particular.

Condiciones favorables

Las futuras iniciativas reglamentarias deberán tener en cuenta la rápida evolución tecnológica y la estructura global del sector. De lo contrario, los actuales puestos de trabajo se verán cada vez más mermados sin que se creen nuevos puestos capaces de compensar el fenómeno.

Los proveedores del servicio universal ya han iniciado, y deben continuar a un ritmo superior, un proceso irreversible de cambio que les permitirá beneficiarse de la dinámica del mercado interior a medida que evolucione.

En la actualidad, el mercado postal está creciendo (según las estimaciones, a un tipo del 2-3% al año) y seguirá haciéndolo en un futuro previsible, pero este crecimiento se verá probablemente afectado en algún momento por la sustitución tecnológica. Mientras tanto, surgen nuevas posibilidades comerciales (por ejemplo, las derivadas del desarrollo del comercio electrónico) y existen condiciones favorables para una amplia apertura del mercado interior de los servicios postales. Esta medida permitirá a los proveedores del servicio universal aprovechar el crecimiento del mercado y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la competencia.

Teniendo en cuenta este contexto, la presente propuesta pretende ser realista y razonable, previendo el tiempo de adaptación necesario.

2 La propuesta de la Comisión

2.1 Objetivos y alcance de las medidas propuestas

El objetivo de la propuesta de la Comisión es avanzar en la realización del mercado interior de los servicios postales garantizando al mismo tiempo el mantenimiento del servicio universal, de acuerdo con la Directiva y las conclusiones de la Cumbre de Lisboa. La intensificación de la competencia permitirá una mejora del nivel de los servicios, tanto desde el punto de vista de la calidad como de los precios ofrecidos a los clientes, y reforzará así la economía europea. Para ello, es necesario dar un paso importante el 1 de enero de 2003 y establecer a la vez un calendario para la toma de decisiones relativas a la continuación de la apertura del mercado.

Para la Comisión, el objetivo previsto para 2003 debe ser claramente realizable para los Estados miembros y referirse en particular a los mercados que ya hayan sido objeto de una cierta apertura, y a los segmentos de crecimiento más rápido, donde el impacto de la competencia en los proveedores del servicio universal pueda compensarse con el crecimiento del mercado. La medida considerada debe ser además suficientemente importante para suscitar una competencia efectiva.

Asimismo, la Comisión considera que, de acuerdo con la petición formulada en la Cumbre de Lisboa, la decisión de proseguir el proceso de liberalización en 2003 debe ir seguida de una nueva fase para la realización del mercado interior, que deberá proponerse antes de finales de diciembre de 2004, al término de una revisión efectuada en el transcurso del año.

En este contexto y a tenor de los objetivos anteriormente mencionados, la Comisión opina que la presente propuesta debe establecer las fases de la continuación del proceso de modernización del sector postal iniciado por la Directiva postal. Tal enfoque concuerda con el objetivo de un mercado interior abierto y competitivo, respaldado por las conclusiones de la Cumbre de Lisboa. Constituye, por otro lado, una respuesta necesaria y proporcionada a las necesidades tanto de los usuarios como de la economía europea en sentido amplio.

La presente propuesta modifica la Directiva postal con el fin de definir claramente las fases de la continuación de la apertura del sector postal de la Comunidad, según un proceso planificado que dejará tiempo suficiente al mercado en su conjunto, y a los proveedores del servicio universal en particular, para llevar a cabo la modernización de sus estructuras y adaptarse a una mayor competencia en un entorno reglamentario estable y predecible.

Por consiguiente, la propuesta prevé que la continuación de la apertura gradual y controlada del mercado interior de los servicios postales se realice en dos nuevas fases. La primera, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2003, consiste en una reducción general de los actuales límites de peso y precio para algunos servicios que pueden seguir siendo reservados y, al mismo tiempo, la supresión correspondiente de todos los límites de peso y precio para el correo transfronterizo de salida y el correo urgente.

La fase posterior está prevista para el 1 de enero de 2007 y consistirá en una nueva restricción de los derechos exclusivos aún concedidos a los proveedores del servicio universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva, habida cuenta de la necesidad de mantener el servicio universal. El alcance de esta nueva fase deberá determinarla el Parlamento Europeo y el Consejo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005, sobre la base de una propuesta de la Comisión presentada antes del 31 de diciembre de 2004, tras una revisión del sector. Esta revisión debería centrarse en el mantenimiento del servicio universal en un entorno competitivo.

2.2 Primera fase que debe aplicarse en 2003: reducción de los límites de precio y peso

La propuesta prevé que, con efecto a partir del 1 de enero de 2003, los límites máximos establecidos en la Directiva postal para los servicios postales que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal, en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, pasarán de 350 gramos y de 5 veces la tarifa normal básica a 50 gramos y 2 veces y media la tarifa básica para la correspondencia nacional ordinaria, la correspondencia transfronteriza de entrada y la publicidad directa, respectivamente. Para la correspondencia transfronteriza de salida, el límite de peso será de 0 gramos. En la correspondencia transfronteriza de salida y en el correo urgente, se suprimirá el límite de precio actual.

La elección de 50 gramos como límite de peso se explica del siguiente modo:

El ámbito máximo actual que puede reservarse a los proveedores del servicio universal de conformidad con la Directiva postal representa por término medio para la Comunidad el 70% del total de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal. Los envíos con un peso comprendido entre 50 y 350 gramos representan por término medio para la Comunidad el 16% del total de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal. La medida es por tanto coherente con la voluntad de reducción progresiva y controlada de los límites de peso y precio y es suficiente a la vez para incitar a los operadores públicos a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Sólo una pequeña parte del 16% abierto a la competencia será accesible a nuevos participantes debido a los costes y al tiempo necesarios para la instauración de una red de distribución paralela. Según estimaciones basadas en la experiencia de los mercados postales que evolucionan en un entorno más competitivo, los operadores históricos conservarán a medio plazo entre el 80 y el 90% del mercado recién liberalizado.

El único impacto de la apertura del mercado prevista por la presente propuesta en la reducción del empleo sería un 2,5% adicional a la reducción actual que experimentan los operadores públicos debido al proceso de modernización en curso. Un enfoque muy restringido, como sería la elección de un límite de 100 gramos, representaría únicamente un 9% de apertura del mercado, pero representaría la mitad de esta reducción del empleo. Semejante diferencia de impacto en el empleo de los operadores públicos no justifica la elección del límite de 100 gramos; asimismo, sería insuficiente desde el punto de vista de las ventajas reales derivadas de la competencia y de unas mejores perspectivas de empleo a medio plazo tanto en los operadores públicos como privados (véase también el punto 2.8).

El peso de 50 gramos es el estándar empleado en la mayoría de los Estados miembros, por lo que no exige ajustes técnicos importantes a nivel operativo. Es suficientemente elevado para causar problemas prácticos de elusión del ámbito reservado mediante un incremento artificial del peso de los envíos de correspondencia.

2.3 Ámbitos donde pueden suprimirse los límites de peso y precio

Según el artículo 7 de la Directiva postal, la revisión del sector postal que la Comisión debe efectuar como preparación de la presente propuesta debe también considerar la posibilidad de abrir a la competencia el correo transfronterizo y la publicidad directa a partir del 1 de enero de 2003.

- Publicidad directa

Por lo que se refiere a la publicidad directa, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Los envíos de publicidad directa que pesan entre 0 y 50 gramos [8] representan por término medio en la Comunidad el 8% de los ingresos que los proveedores del servicio universal obtienen de los servicios postales, por lo que la propuesta se ajusta al objetivo de apertura gradual y controlada del mercado.

[8] Los envíos de publicidad directa cuyo peso oscila entre 50 y 350 gramos ya están abiertos a la competencia en el límite de 50 gramos.

La publicidad directa es un segmento rentable de fuerte crecimiento (alrededor del 5% de incremento anual en términos de volumen e ingresos) que ya soporta la competencia de otros métodos de comunicación. Seis Estados miembros ya han liberalizado este segmento de manera completa o parcial.

El crecimiento efectivo y previsto de la publicidad directa (+ 5% anual en términos de volumen y valor durante los siete próximos años) evidencia que el volumen de envíos de publicidad directa per cápita en Europa es inferior a la mitad del volumen de envíos per cápita en los Estados Unidos. Existe por tanto margen suficiente para que los competidores ocupen una cuota de este mercado en pleno auge sin perjudicar con ello la prestación del servicio universal debido a la desviación de ingresos importantes. Esta medida debería traducirse en una nueva subida de los volúmenes de envíos y en la mejora de la calidad del servicio, permitiendo así al conjunto del sector de la publicidad directa defenderse mejor ante la competencia de otros métodos de comunicación.

No obstante, la Comisión reconoce que la reducción a 50 gramos propuesta en otra parte representa ya un avance significativo. Además, aproximadamente un tercio del 16% de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal que el límite de 50 gramos abre a la competencia corresponde a la publicidad directa. La Comisión reconoce que algunos Estados miembros que todavía no han liberalizado este mercado pueden preferir seguir reservando la publicidad directa por debajo del límite de peso propuesto en la medida necesaria para garantizar la prestación del servicio universal. Por consiguiente, para garantizar que la fase hasta 2003 es gradual y controlada, la Comisión no propone en este momento la liberalización del resto del mercado de la publicidad directa.

- Correo transfronterizo de salida

Respecto al correo transfronterizo de salida, la Comisión considera que se trata de un servicio que la mayoría de los Estados miembros ya ha liberalizado de hecho y que debería permitir a los operadores postales existentes y nuevos constituir asociaciones con operadores extranjeros con el fin de prestar servicios de correo transfronterizo a los Estados miembros, en particular, para beneficiarse de toda apertura del mercado nacional por debajo del límite de 50 gramos. Por ello, la Comisión propone incluir la liberalización completa del correo transfronterizo de salida (que representa alrededor del 3% del total de ingresos postales de los proveedores del servicio universal) en la próxima fase de apertura del mercado de 2003.

- Correo transfronterizo de entrada

Por lo que se refiere al correo transfronterizo de entrada, la Comisión ha tenido en cuenta el argumento según el cual la liberalización de este segmento podría ser más difícil de regular debido, por una parte, a los problemas que plantea la comprobación del origen real de los envíos de correspondencia y, por otra, a que, con el tiempo, podría traducirse en el desplazamiento de una parte de la expedición de los envíos masivos nacionales (que representan aproximadamente el 30% del volumen de correspondencia nacional), lo que tendría efectos más imprevisibles. Además, esta apertura del sector podría tener un impacto desproporcionado en esta fase en los proveedores del servicio universal de algunos países (en particular, Luxemburgo, Irlanda y Grecia) en los que el correo transfronterizo de entrada es superior a la media. Por esta razón, la Comisión no propone la liberalización del mercado del correo transfronterizo de entrada para la próxima fase de 2003.

- Servicios de correo urgente

La experiencia ha demostrado que los criterios del valor añadido aplicados al límite para los servicios de correo urgente no pertenecientes al ámbito reservado pueden ser objeto de discusión. La Comisión se ha visto enfrentada a numerosos casos en los que este aspecto resultaba problemático. Asimismo, se ha observado que sólo en un número limitado de casos pueden prestarse estos servicios por debajo del límite de precio. Así pues, la Comisión propone que se elimine el límite de precio para los servicios de correo urgente. El impacto de esta medida se estima en menos del 1% de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal.

2.4 Impacto previsto de la liberalización propuesta

En conjunto, estas medidas proseguirán el proceso de apertura del mercado previsto en la Directiva postal y preservarán una parte importante de los ingresos máximos actuales del ámbito reservado. Por término medio en la Comunidad, el 50% del total de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal (frente al 70% actual) permanecerá en el ámbito máximo que puede reservarse tras la adopción del nuevo límite de peso de 50 gramos y la liberalización completa de los segmentos del correo transfronterizo de salida y el correo urgente.

Por lo tanto, las medidas propuestas representan una liberalización suplementaria del mercado del 20% (en términos de ingresos) con relación a la Directiva actualmente vigente y constituyen una fase intermedia razonable, proporcionada y realista que dejará un margen de tiempo suficiente (cinco años) a todos los proveedores del servicio universal para prepararse para la siguiente fase decisiva hacia la realización del mercado interior de los servicios postales. De los datos económicos disponibles puede deducirse que estas medidas no comprometerán el equilibrio financiero de los proveedores del servicio universal.

2.5 Necesidad de proseguir el proceso de apertura

Fase posterior de liberalización: 1 de enero de 2007

Es importante definir ahora el calendario de las próximas fases que deben conducir a la liberalización completa del mercado postal tanto para garantizar la viabilidad a largo plazo del servicio postal universal como para no comprometer el crecimiento y el desarrollo del sector postal en su conjunto. El objetivo de garantizar el buen funcionamiento y la competitividad del mercado interior de los servicios postales a escala comunitaria:

- suscitará el dinamismo necesario en el conjunto de la Comunidad para el desarrollo continuo de unos servicios postales modernos y eficaces a través de la innovación y el efecto estimulante de la competencia. Como demuestra la reciente evolución del mercado, la perspectiva de apertura del mercado constituye a veces por sí sola un motor de cambio, siempre y cuando sea real y convincente. Es esencial que todos los proveedores del servicio universal se preparen para adaptarse a un entorno más comercial y competitivo;

- permitirá que todos los costes adicionales correspondientes al servicio universal que no pueden cubrirse mediante una mayor flexibilidad de servicios y tarifas puedan financiarse con un fondo de compensación o un sistema de concesión de licencias que garantizará plenamente el futuro del servicio universal;

- estimulará la inversión y la instauración de nuevos servicios en el sector, no sólo por parte de los operadores postales existentes, sino también por nuevos participantes en el mercado, lo cual no tendría lugar sin la existencia de un calendario preestablecido;

- ofrecerá unas condiciones altamente favorables para la promoción de la interacción entre los servicios postales y otros servicios en el futuro, para la plena integración del sector postal en la sociedad de la información y el mantenimiento de su posición en los mercados más amplios de las comunicaciones y de la logística;

- contribuirá a garantizar que los operadores postales, privados o públicos, del conjunto de la Comunidad puedan proponer sus servicios en condiciones equivalentes de acceso, de modo que los operadores establecidos en Estados miembros que ya hayan liberalizado su mercado postal nacional no se vean desfavorecidos por tener que competir, en su mercado nacional, con operadores de otros Estados miembros que sigan protegiendo sus mercados mediante la aplicación de un ámbito reservado;

- incitará a los proveedores del servicio universal a mejorar la competitividad de sus servicios básicos para hacer frente a los nuevos retos que plantean otros métodos de distribución no físicos (electrónicos, por ejemplo);

- reducirá el riesgo de distorsiones de la competencia generadas por la extensión de la posición dominante de los proveedores del servicio universal, resultante de su monopolio nacional en el sector postal, a mercados auxiliares, como el de los servicios financieros o los servicios que combinan la distribución física con prestaciones no postales, como servicios de logística y almacenamiento o servicios de correo combinados;

- responderá a la petición de las empresas que operan a nivel europeo de disponer de un interlocutor único en el ámbito postal con el que tratar todas las cuestiones sobre este tema;

- garantizará la realización del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad en un plazo razonable, para que todos los ciudadanos y las empresas tengan acceso, en condiciones comparables, a un servicio postal universal de elevada calidad cualquiera que sea su lugar de residencia en la UE.

El proceso de liberalización tendrá por lo tanto un impacto positivo en el nivel global de actividad económica y contribuirá también a reforzar la integración económica y la cohesión social en la Comunidad.

Por estas razones, la propuesta prevé una nueva fase del proceso de apertura del mercado para el 1 de enero de 2007. El alcance de la misma deberá venir determinado por el Parlamento Europeo y el Consejo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005, sobre la base de una propuesta de la Comisión presentada antes del 31 de diciembre de 2004, tras una revisión del sector. Dicha revisión deberá centrarse en el mantenimiento del servicio universal en un entorno competitivo.

2.6 Impacto previsto de la continuación de la liberalización en las actividades de los proveedores del servicio universal

Si no se procede a ninguna otra modificación de la normativa, los principales segmentos de actividad postal de los proveedores del servicio universal, en el ámbito que actualmente puede reservarse, deberían experimentar un aumento medio del 2,2% anual, tanto en términos de volumen como de ingresos, en el periodo comprendido entre 2000 y 2007.

Sin embargo, aunque las modificaciones reglamentarias que se aplicarán entretanto contemplaran la liberalización total del mercado en 2007, así como un límite de 50 gramos en 2003, los ingresos de los proveedores del servicio universal se incrementarían en un 2,3% anual durante este mismo periodo.

Estas proyecciones muestran que, incluso ante la perspectiva de una liberalización total en 2007, el nivel de crecimiento del conjunto de las actividades de los proveedores del servicio universal seguiría siendo positivo. Estas previsiones pueden contrastarse con el crecimiento global del mercado postal durante los tres últimos años, que se sitúa en torno a un 3% anual.

2.7 Garantía duradera de la prestación del servicio universal

Los costes del servicio universal, en particular la carga suplementaria que supone la prestación de servicios en zonas sin atractivo comercial, se estiman en un 5% por término medio de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal. No es correcto presuponer que una parte importante de los costes vinculados a la prestación del servicio universal no pueden asumirse en un contexto comercial. Los costes suplementarios relativos a la prestación del servicio universal que no están cubiertos por los ingresos generados por los servicios reservados pueden sufragarse mediante un fondo de compensación.

Estos últimos años, la situación financiera de los proveedores del servicio universal ha mejorado claramente. A excepción de uno, todos han alcanzado un equilibrio financiero y algunos obtienen beneficios considerables que les permiten incluso realizar adquisiciones importantes en otros Estados miembros. El fenómeno debería continuar en el futuro, con la mejora de la productividad y la calidad del servicio prevista en la Directiva actualmente vigente. El crecimiento estable del mercado de los servicios postales y los resultados financieros más favorables obtenidos por los proveedores del servicio universal gracias a las ganancias de productividad permitirán seguir prestando al menos una amplia parte del servicio universal sobre una base comercial.

Por otro lado, es esencial no perder de vista las ventajas de las que gozan los operadores históricos en términos de experiencia, red, economías de escala y alcance, conocimientos técnicos, imagen de marca y fidelidad de la clientela, elementos difíciles de obtener rápidamente por los competidores. En particular, una red postal universal constituye un activo competitivo importante, sobre todo porque es difícil reproducirla y constituye un obstáculo suplementario que los nuevos participantes en el mercado deben superar si quieren obtener mayores volúmenes.

El grado de apertura del mercado previsto para el 1 de enero de 2003 debería permitir a los Estados miembros, si lo desean, reservar al proveedor o proveedores del servicio universal una parte importante de los servicios postales, como compensación por los costes suplementarios derivados de sus obligaciones de servicio universal que no pueden cubrir los ingresos de la actividad comercial, con el fin de que puedan prepararse para las nuevas fases de la liberalización.

La experiencia de los Estados miembros que han avanzado más en el proceso de apertura del mercado postal muestra que, en un entorno competitivo, un servicio postal moderno y eficaz puede, por sí solo, garantizar la prestación de un servicio universal al nivel requerido por la Directiva postal, basándose en las ventajas inherentes que ofrece su red postal universal y su imagen de marca en el país. Además, nada indica que una liberalización importante comprometa la exigencia de «tarifas asequibles» que establece la Directiva. En algunos casos, las tarifas únicas pueden fácilmente transformarse en «estructuras únicas de tarifas» con el fin de tener en cuenta los distintos tipos de usuarios, como generalmente ya sucede con las empresas.

En cualquier caso, la Directiva postal vigente obliga explícitamente a los Estados miembros a reequilibrar sus tarifas de forma que se adapten lo más posible a los costes. La experiencia de Suecia (cuyo mercado postal se abrió completamente a la competencia en 1994) y España (donde el correo local se liberalizó hace tiempo) muestra que, hasta ahora, los proveedores del servicio universal no han abandonado la tarifa única para los particulares a pesar de la apertura total o considerable del mercado. La Directiva postal no impone la aplicación estricta de una única tarifa válida para todos los clientes y ello se refleja en la presente propuesta. Es necesario destacar que, en el segmento de la correspondencia, la mayoría de los ingresos postales son generados por las empresas que se benefician de reducciones importantes.

Todos los proveedores del servicio universal de la UE excepto uno han firmado un acuerdo relativo a la retribución por la entrega de correo transfronterizo, objeto el año pasado de una decisión de exención por parte de la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 86 del Tratado, lo que tuvo o tendrá como efecto en algunos casos poner fin a la aplicación de una tarifa única para el correo tanto nacional como transfronterizo en la UE. Algunos operadores aplican así el principio de la adaptación de las tarifas a los costes en el ámbito del mercado interior. Por lo tanto, no sería lógico seguir un diferente enfoque en los servicios reservados nacionales.

Además, los Estados miembros no tienen por qué aplicar al servicio universal los límites más estrictos. Puede preverse un límite inferior y menos costoso siempre y cuando sea equivalente o superior al servicio garantizado establecido en la Directiva postal. Por ejemplo, todo Estado miembro puede fijar, para el servicio universal, un límite de peso más elevado que el mínimo requerido o instaurar más de una distribución del correo al día.

Los clientes (tanto los particulares como las empresas) exigen servicios básicos cada vez más fiables o adaptados, así como servicios de valor añadido que respondan mejor a sus necesidades. El desarrollo de estos últimos, por ejemplo el seguimiento y localización de los envíos postales o la garantía respecto a la fecha o la hora de entrega, debería aumentar el volumen tratado y los ingresos de los proveedores del servicio universal y podría servir para cubrir en parte los costes adicionales que se derivan de las obligaciones de servicio universal.

La Directiva postal ya prevé otros métodos para mantener el servicio universal que son menos restrictivos de la competencia que la aplicación de un ámbito reservado y que seguirán existiendo en los casos en que se justifiquen plenamente. Entre otros, se trata de la posibilidad, ya mencionada, de que los Estados miembros constituyan un fondo de compensación si consideran que las obligaciones de servicio universal representan una carga financiera injusta para el proveedor del servicio universal, o de que supediten la concesión de las autorizaciones a las obligaciones de servicio universal. En definitiva, esta facultad de los Estados miembros de recurrir a un fondo de compensación, al que otros operadores con licencia podrían verse obligados a contribuir, constituye una salvaguardia esencial para el mantenimiento del servicio universal, cualquiera que sea la evolución de las cuotas de mercado de los operadores.

En este caso, y para que el fondo de compensación o las obligaciones vinculadas a la concesión de licencias no obstaculicen o impidan el acceso de los competidores al mercado, la presente propuesta contiene una disposición que obligará a la Comisión a examinar los datos empíricos relativos a los costes en los que se basan las contribuciones obligatorias que deben abonarse a los fondos de compensación existentes o propuestos. La Comisión podrá aprobarlos o devolverlos para su modificación.

El calendario adoptado en la presente propuesta para la continuación del proceso de liberalización deja un amplio margen de tiempo a los Estados miembros para aplicar los cambios necesarios, tanto a nivel operativo como reglamentario, con el fin de garantizar la viabilidad financiera a largo plazo del proveedor del servicio universal a través de la mejora de su competitividad.

2.8 Cuestiones sociales y laborales

Actualmente, los proveedores del servicio universal emplean en torno a 1,3 millones de personas, mientras que los operadores privados emplean aproximadamente a 400 000.

La reducción progresiva del nivel general de empleo observada estos últimos años en el sector probablemente continuará hasta 2007, debido a que las ganancias de eficacia son más importantes que el impacto del crecimiento del mercado. Se estima que el empleo experimentará una reducción de aproximadamente el 8,4% en el conjunto del sector entre 1997 y 2007, independientemente de cualquier nueva medida que se adopte para la apertura del mercado.

De los cinco motores del cambio, a saber: la demanda, la sustitución electrónica, los cambios organizativos, la automatización/nuevas tecnologías y la liberalización), la apertura a la competencia tendrá probablemente menos impacto en el nivel de empleo que los demás factores. Conviene comparar las ganancias que se derivan de la modernización, en términos de mantenimiento del empleo, con los costes de la inacción, actitud sinónima de estancamiento y, a la larga, de decadencia irreversible.

Ello se explica en parte por el hecho de que los otros factores de cambio en el sector postal ya han desempeñado un papel determinante en la reestructuración del mismo y seguirán haciéndolo, tanto si sigue adelante la liberalización como si no.

En particular, si se examina la evolución reciente de proveedores del servicio universal como TNT Post Group y Deutsche Post AG, que han sido objeto de una reestructuración y modernización importantes durante estos últimos años, se observa que, en el primer caso, la mano de obra aumentó mientras que, en el segundo, a pesar de disminuir, no hubo que proceder a despidos.

El calendario establecido en la presente propuesta, que prevé una apertura gradual del mercado en dos fases, es decir, una fase intermedia de liberalización controlada y limitada a partir del 1 de enero de 2003 y una fase posterior en 2007, dejará a los proveedores del servicio universal el tiempo adicional necesario para preparar a su personal ante el nuevo entorno competitivo, a través de la aplicación de programas de envergadura para la reconversión y reasignación del personal y responder así a las necesidades futuras del mercado en los distintos ámbitos de las actividades postales y auxiliares en que actúan los operadores postales.

Es precisar subrayar que si no se prosiguiera el proceso de modernización y reestructuración del sector público ante la presión que impone la liberalización del mercado, existiría un riesgo importante de degradación sustancial, rápida e irreversible de la demanda de servicios postales tradicionales por parte de los clientes en un momento que ahora no resulta fácil predecir. La demanda se desplazaría hacia otros métodos de comunicación y afectaría principalmente al pujante mercado publicitario, al correo comercial y a la correspondencia bancaria. No actuar ahora supondría favorecer un declive acelerado del empleo en los servicios postales tradicionales.

A medio y largo plazo, solamente la evolución hacia un servicio postal dinámico, flexible y rentable garantizará la supervivencia y la prosperidad del sector, que se enfrenta a nuevos retos tecnológicos. Gracias a este proceso de adaptación continua impulsado por la competencia, los servicios postales modernizados y más eficaces podrán ser protagonistas de pleno derecho en la sociedad de la información y generar nuevos puestos de trabajo, preservando al mismo tiempo los puestos existentes.

2.9 Cuestiones conexas

2.9.1 Libertad de los Estados miembros de liberalizar más rápidamente

Conviene tener en cuenta que el calendario de apertura progresiva del mercado, contenido en la presente propuesta, fija los plazos máximos para que los Estados miembros procedan a la liberalización de sus mercados postales en respuesta a la intensificación de la competencia de otros métodos de comunicación. De la estructura de la Directiva postal (y del apartado 1 del artículo 26, en particular) y del propio Tratado se desprende claramente que los Estados miembros podrán ir más lejos y más rápido en el proceso de apertura que lo que prevé el marco reglamentario comunitario, como ya han hecho muchos Estados miembros. El calendario establecido en la presente propuesta debe entenderse por lo tanto como el plazo máximo en que debe producirse la liberalización del mercado en aquellos países que necesiten más tiempo para ajustarse a las disposiciones.

2.9.2 Servicios especiales

Estos últimos años, se han creado distintos tipos de servicios especiales que se distinguen claramente de los servicios postales clásicos y que responden a necesidades específicas de los clientes (por ejemplo, los servicios de correo urgente y otros servicios que proponen prestaciones de valor añadido que no ofrece el servicio postal tradicional). Estos servicios se han desarrollado a veces a precios poco elevados, gracias a su naturaleza altamente específica y especializada. Estos ejemplos muestran que el precio unitario de un servicio determinado ya no constituye un indicador fidedigno para determinar su valor añadido.

Los servicios especiales, es decir, los servicios que se distinguen claramente del servicio clásico de distribución de la correspondencia, que responden a necesidades especiales de los clientes y que proponen prestaciones suplementarias que no ofrece el servicio universal, no pueden calificarse de «universales», por lo que no pueden reservarse según lo dispuesto en la Directiva actual, con independencia de los límites de precio y peso. De acuerdo con la evolución del mercado, conviene por tanto reforzar esta distinción en la propuesta de Directiva introduciendo una definición de estos servicios especiales (no convencionales), incluidos los servicios de correo urgente. En consecuencia, se ha modificado el artículo 2 de la Directiva, modificación que también se refleja en la nueva redacción del artículo 7.

2.9.3 Fondo de compensación

La Directiva postal autoriza a los Estados miembros a constituir un fondo de compensación cuando determinen que las obligaciones de servicio universal, con arreglo al artículo 3, representan una carga financiera injusta para el proveedor del servicio universal. Dado que un fondo de este tipo o cualquier otra forma de recurso público establecido a tal efecto puede contener elementos de ayuda estatal, la Directiva incluye un considerando que recuerda los requisitos de notificación de dicha ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 y al apartado 3 del artículo 88 del Tratado.

2.9.4 Tarifas especiales

Habida cuenta de las tarifas especiales propuestas por el proveedor del servicio universal a numerosas empresas o a remitentes de envíos masivos, así como a los intermediarios sobre la base de los costes evitados, y ante las denuncias presentadas a este respecto contra algunos operadores históricos, conviene establecer claramente que los principios de transparencia y no discriminación deben respetarse siempre al aplicar estas tarifas especiales y las condiciones correspondientes. Naturalmente, dichos principios deben aplicarse también con el mismo rigor a todos los servicios de los proveedores del servicio universal que se beneficien de tales tarifas. La Directiva incluye por lo tanto una disposición que establece claramente que estos principios deben respetarse. Asimismo, obliga a ofrecer cualquier tarifa especial a los clientes residenciales que utilicen estos servicios en condiciones similares.

2.9.5 Subvenciones cruzadas

Debido a la mayor expansión de los proveedores del servicio universal en ámbitos de actividad competitivos, a través principalmente de adquisiciones y alianzas, a lo reducido del ámbito reservado y ante las denuncias presentadas estos últimos años contra algunos operadores históricos, es importante mantener una separación estricta de las cuentas entre servicios reservados y servicios no reservados y establecer claramente los costes adicionales relativos a la prestación del servicio universal

Todo proveedor del servicio universal debe cubrir los costes de los servicios postales no reservados, y están prohibidas las subvenciones cruzadas del ámbito reservado a los servicios del ámbito competitivo que no dependen del servicio universal. Las subvenciones cruzadas a los servicios liberalizados que son objeto de una obligación de servicio universal no deben sobrepasar lo estrictamente necesario para cubrir los costes suplementarios del servicio universal. La introducción de una disposición al respecto en la Directiva, de acuerdo con la Comunicación postal de la Comisión, puede contribuir a eliminar en lo sucesivo los problemas de competencia señalados por varias denuncias dirigidas recientemente a la Comisión. Por tanto, la Comisión sugiere modificar el artículo 12 de la Directiva en este sentido, para que las autoridades nacionales de reglamentación estén obligadas a adoptar disposiciones a este respecto e informar de ello a la Comisión.

2.9.6 Procedimientos de reclamación

La propuesta, en el artículo 19 modificado, prevé que los procedimientos de reclamación de que disponen los usuarios del servicio universal se apliquen igualmente a los usuarios de los servicios postales no pertenecientes al servicio universal.

2.9.7 Caducidad de la Directiva postal en ausencia de una decisión sobre la prosecución de la apertura del mercado

La presente propuesta prevé modificar el artículo 27 de la Directiva postal con el fin de prorrogar la fecha de expiración de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 2006, salvo decisión contraria de acuerdo con el procedimiento establecido en el nuevo artículo 7. Conviene por lo tanto adaptar en este sentido las disposiciones actuales de la Directiva postal.

2.9.8 Revisión e informe sobre la aplicación de la Directiva postal en 2000

En su artículo 23, la Directiva postal dispone que, a más tardar el 31 de diciembre de 2000, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la manera en que ha sido aplicada la Directiva inicial, que incluirá la pertinente información sobre la evolución del sector, en especial sobre los aspectos económicos, sociales, laborales y tecnológicos, así como sobre la calidad del servicio. El informe permitirá evaluar la experiencia de la aplicación práctica de la Directiva postal actualmente en vigor y abordar otras cuestiones reglamentarias a escala comunitaria con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

3. Síntesis del contenido de la propuesta

El artículo 1 modifica la Directiva postal del siguiente modo.

a) Se modifica el artículo 2 para incluir una nueva definición de servicios especiales que no forman parte del servicio básico de correspondencia y que por lo tanto no pertenecen al ámbito que puede reservarse.

b) El artículo 7 es sustituido por un nuevo artículo, que fija los nuevos límites de peso y precio, así como los servicios a los cuales pueden seguir aplicándose. El nuevo artículo establece también un proceso para la continuación de la liberalización en dos fases, según el cual:

i) a partir del 1 de enero de 2003, los límites máximos de precio y peso relativos a los servicios postales que los Estados miembros pueden seguir reservando al proveedor o proveedores del servicio universal se reducirán con relación a su nivel actual (es decir, cinco veces la tarifa básica de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más rápida y 350 gramos) y pasarán a dos veces y media la tarifa básica y 50 gramos para los envíos de correspondencia ordinarios y la publicidad directa; se suprimirán en todos los envíos de correspondencia transfronteriza de salida y en todos los servicios de correo urgente.

ii) A más tardar el 31 de diciembre de 2005, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán adoptar una decisión relativa a la fase siguiente del proceso de apertura del mercado postal, aplicable a partir del 1 de enero de 2007, sobre la base de una propuesta de la Comisión, presentada antes de finales de 2004, tras una revisión del sector que se centrará en el mantenimiento del servicio universal en un entorno competitivo. Si no se adopta tal decisión, la Directiva postal modificada dejará de ser aplicable el 31 de diciembre de 2006.

c) Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 9, que establece que cuando apliquen tarifas especiales, por ejemplo a los servicios a las empresas, a los remitentes de envíos masivos o a los preparadores del correo encargados de agrupar los envíos de varios clientes, los proveedores del servicio universal deberán respetar los principios de transparencia y no discriminación tanto en relación con las tarifas propiamente dichas como con las condiciones conexas. Además, estas tarifas deberán tener en cuenta los costes evitados y, al igual que las condiciones correspondientes, se aplicarán de la misma manera a servicios equivalentes de los proveedores del servicio universal. Por último, el nuevo apartado prevé que estas tarifas se aplicarán a los clientes residenciales que utilicen los servicios en condiciones similares.

d) Se añade un nuevo guión al artículo 12, según el cual las autoridades nacionales de reglamentación de los servicios postales deberán adoptar disposiciones destinadas a garantizar que, en el ámbito del servicio universal, los proveedores del servicio universal no efectúen subvenciones cruzadas del ámbito reservado al ámbito no reservado, excepto en la medida en que resulte absolutamente necesario para cumplir las obligaciones de servicio universal específicas impuestas a los servicios competitivos. Estas disposiciones deberán comunicarse a la Comisión.

e) Se añade una frase al primer apartado del artículo 19 según la cual los procedimientos de reclamación requeridos deberán aplicarse también a los beneficiarios de los servicios postales no pertenecientes al servicio universal.

El artículo 2 contiene las disposiciones habituales relativas a la transposición de la Directiva al Derecho interno de los Estados miembros, que debe finalizar, a más tardar, el 1 de enero de 2003.

El artículo 3 establece la entrada en vigor de la Directiva.

El artículo 4 indica que los Estados miembros son los destinatarios de la Directiva.

2000/0139 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión [9],

[9]

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [10],

[10]

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [11],

[11]

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [12],

[12]

Considerando lo siguiente:

(1) En la Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1994 relativa al desarrollo de los servicios postales comunitarios [13], uno de los principales objetivos de la política del desarrollo de los servicios postales comunitarios era conciliar el fomento de la liberalización gradual y controlada del mercado postal y la garantía de la prestación duradera del servicio universal.

[13] DO C 48, de 16.2.1994, p. 3.

(2) La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio [14], estableció un marco reglamentario para el sector postal a escala comunitaria que incluía, en particular, medidas destinadas a garantizar un servicio universal, la fijación de límites máximos para los servicios postales que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal con el fin de mantener dicho servicio universal, así como un calendario para la toma de decisiones relativas a la prosecución del proceso de liberalización del mercado, con el objetivo de crear un mercado único de los servicios postales.

[14] DO L 15, de 21.1.1998, p. 14.

(3) El artículo 16 del Tratado destaca el lugar que ocupan los servicios de interés general entre los valores comunes de la Unión, así como su papel en la promoción de la cohesión social y territorial. Indica más adelante que conviene velar por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido.

(4) Las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 1999 [15], relativas a los servicios postales europeos, así como su Resolución, de 18 de febrero de 2000 [16], también sobre los servicios postales europeos, destacan la importancia económica y social de los servicios postales y la necesidad de mantener un servicio universal de elevada calidad.

[15] DO C 104, de 14.1.1999, p. 134.

[16] B5-0116/2000; aún no publicada en el Diario Oficial.

(5) En el Consejo Europeo, celebrado en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000, se incluyeron, en las Conclusiones de la Presidencia, dos decisiones relativas a los servicios postales en las que se solicitaba la actuación de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivas competencias. Las medidas en cuestión consisten, en primer lugar, en definir, antes de que finalice el año 2000, una estrategia para la eliminación de los obstáculos a los servicios, y, en segundo lugar, en acelerar la liberalización en sectores como los servicios postales, para realizar un mercado interior plenamente operativo en el sector postal.

(6) La Comisión ha emprendido una revisión profunda del sector postal de la Comunidad, en particular, encargando estudios sobre su evolución económica, social y tecnológica, y ha consultado a las partes interesadas en múltiples ocasiones.

(7) El sector postal de la Comunidad necesita un marco reglamentario moderno destinado a reforzar el mercado interior de los servicios postales para poder hacer frente a la competencia de otros métodos de comunicación y satisfacer las nuevas y mayores demandas de los usuarios.

(8) El objetivo fundamental de garantizar la prestación permanente de un servicio universal que responda a las normas de calidad establecidas por la Directiva 97/67/CE, en condiciones similares en el conjunto de la Comunidad, puede conseguirse con un nivel elevado de eficacia garantizada por la libre prestación de los servicios en este ámbito.

(9) La ventaja competitiva que aporta el hecho de disponer de una red postal universal eficaz y adaptada a las necesidades de los clientes puede contribuir a compensar los costes suplementarios que se derivan de la obligación de prestar un servicio universal y que no puede autofinanciarse.

(10) La experiencia pone de manifiesto que el criterio del límite de precio no es suficiente por sí mismo para determinar el valor añadido de los servicios de correo urgente, dado que algunos de estos servicios de valor añadido se ofrecen a un precio inferior al límite contemplado.

(11) Conviene por tanto definir una categoría relativa a los «servicios especiales», que responden a necesidades especiales de los clientes. Esta categoría debe incluir todos los servicios especiales de valor añadido. Estos servicios no deberán incluirse en el ámbito reservado, cualquiera que sea su peso y su precio. En este contexto, no será suficiente enviar el correo por vía electrónica para su impresión en el lugar de destino para no incluirlo en el ámbito reservado.

(12) El incremento de la demanda previsto a medio plazo en el conjunto del mercado postal permitirá compensar la pérdida de cuotas de mercado que podrían sufrir los proveedores del servicio universal debido a la mayor liberalización y constituye por tanto una garantía suplementaria para el mantenimiento del servicio universal.

(13) Entre los motores del cambio que tienen una incidencia en el empleo en el sector postal, el progreso tecnológico y la presión del mercado en pro de una mayor eficacia son los más importantes; la apertura del mercado tendrá por su parte un impacto más limitado. La liberalización contribuirá a la extensión de los mercados postales y las posibles reducciones de personal de los proveedores del servicio universal debidas a esta medida (o a su previsión) se verán compensadas probablemente por el aumento del empleo entre los operadores privados y los que se incorporen al mercado.

(14) Conviene fijar a escala comunitaria, un calendario para la apertura gradual y controlada del mercado postal a la competencia, que deje a todos los proveedores del servicio universal el margen de tiempo suficiente para la aplicación de las nuevas medidas de modernización y reestructuración requeridas para garantizar su viabilidad a largo plazo en las nuevas condiciones de mercado. Los Estados miembros deberán disponer también de tiempo suficiente para adaptar sus normativas a un entorno más abierto. Por ello es necesario prever la continuación del proceso de liberalización según un enfoque gradual, con una fase intermedia que implique una apertura importante pero controlada del mercado, seguida de la revisión del sector y de una propuesta para una fase posterior.

(15) Conviene garantizar que la próxima fase de apertura del mercado sea a la vez importante y realizable en la práctica para los Estados miembros.

(16) La reducción general a 50 gramos del límite de peso aplicable a los servicios que pueden reservarse a los proveedores del servicio universal junto con la liberalización total del correo transfronterizo de salida y del correo urgente constituyen medidas controladas y relativamente sencillas de aplicar, a la par que importantes.

(17) Los envíos de correspondencia ordinaria con un peso comprendido entre 50 y 350 gramos representan por término medio en la Comunidad el 16% aproximadamente del total de ingresos postales de los proveedores del servicio universal; los envíos de correspondencia transfronteriza de salida y los servicios de correo urgente representan por término medio en la Comunidad aproximadamente un 4% adicional del total de ingresos postales de los proveedores del servicio universal.

(18) Para los servicios que pueden reservarse, la instauración de un límite de precio de dos veces y media la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más rápida es más adecuado si se combina, cuando proceda, con un límite de peso de 50 gramos.

(19) Por lo que se refiere a los envíos de correspondencia nacional ordinaria, un límite de peso de 50 gramos resulta práctico porque no presenta riesgo de elusión mediante un incremento artificial del peso de los distintos envíos, dado que la mayoría de ellos pesa menos de 20 gramos.

(20) En la mayoría de los Estados miembros, la publicidad directa ya constituye un mercado dinámico y en expansión, con elevadas perspectivas de crecimiento, mientras que en los demás Estados miembros encierra un importante potencial de crecimiento. La publicidad directa está ya ampliamente abierta a la competencia en seis Estados miembros. Al mejorar la flexibilidad y las tarifas en el entorno competitivo, los servicios de publicidad directa mejorarán su posición respecto a otros métodos de comunicación, lo que a su vez se traducirá probablemente en un aumento del volumen de envíos postales y un refuerzo de la situación del conjunto de la industria postal. No obstante, para garantizar la prestación del servicio universal, debe disponerse que la publicidad directa pueda seguir manteniéndose en el ámbito reservado con los límites de peso y precio de 50 gramos y dos veces y media la tarifa pública básica.

(21) El correo transfronterizo de salida ya está, de hecho, abierto a la competencia en la mayoría de los Estados miembros. No es necesario incluirlo en el ámbito reservado para garantizar la prestación del servicio universal, puesto que representa por término medio un 3% del total de los ingresos postales. La liberalización de este segmento del mercado permitirá a los diferentes operadores postales recoger, clasificar y transportar todo el correo transfronterizo de salida y entregarlo en los Estados miembros, pero sólo en la medida en que la normativa interna del Estado miembro de que se trate lo permita.

(22) La apertura a la competencia del correo transfronterizo de entrada corre el riesgo de permitir soslayar el límite de 50 gramos modificando el lugar de expedición de una parte de los envíos masivos nacionales interiores, lo que tendría efectos imprevisibles. La determinación del origen de los envíos de correspondencia podría además plantear otros problemas de aplicación. Un límite de peso de 50 gramos para los envíos ordinarios de correspondencia transfronteriza de entrada y de publicidad directa, al igual que para los envíos nacionales ordinarios, resulta práctico porque no presenta riesgo de elusión por esta vía o mediante un incremento artificial del peso de los distintos envíos.

(23) El establecimiento en este momento de un calendario destinado a la aplicación de una nueva fase en el proceso de realización del mercado interior de los servicios postales es importante tanto para la viabilidad a largo plazo del servicio universal como para la continuación de la modernización y la racionalización de las organizaciones postales.

(24) Conviene prever un periodo adicional durante el cual los Estados miembros puedan seguir reservando algunos servicios postales al proveedor o los proveedores del servicio universal. Ello les permitirá llevar a cabo sus iniciativas de adaptación de sus actividades y recursos humanos a un entorno más competitivo sin perjudicar su equilibrio financiero y sin comprometer la prestación del servicio universal.

(25) Conviene determinar los nuevos límites de peso y precio, así como los servicios a los cuales se aplican, y que prevea una nueva revisión del sector y la adopción de una decisión relativa a la continuación del proceso de liberalización.

(26) Las medidas adoptadas por un Estado miembro, incluida la constitución, modificación o aplicación de un fondo de compensación o los pagos con cargo a dicho fondo, podrían representar ayudas otorgadas por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, que requieren una notificación previa a la Comisión, con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

(27) La posibilidad de conceder licencias a los competidores del ámbito del servicio universal puede combinarse con la obligación de éstos de contribuir a la prestación del servicio universal.

(28) Conviene que las autoridades nacionales de reglamentación supediten la concesión de las licencias a la obligación de poner a disposición de los usuarios de los servicios procedimientos transparentes, sencillos y poco costosos para tramitar las reclamaciones relativas a los servicios del proveedor o proveedores del servicio universal o a los servicios de los operadores titulares de autorizaciones, incluidos los titulares de licencias individuales. Conviene asimismo que estos procedimientos estén a disposición de los usuarios de todos los servicios postales, pertenezcan o no al servicio universal.

(29) Los proveedores del servicio universal prestan habitualmente servicios, por ejemplo a las empresas, a los preparadores del correo de varios clientes o a los remitentes de envíos masivos, que les permiten entrar en la cadena postal en condiciones y en lugares diferentes si se compara con el servicio de correos tradicional. Para ello, los proveedores del servicio universal deberán respetar los principios de transparencia y no discriminación tanto respecto a terceros como a la relación de éstos con los proveedores universales en relación con servicios equivalentes. Asimismo, deberán ofrecer dichos servicios a los clientes residenciales que los utilicen en condiciones similares, sobre la base del principio de no discriminación de la prestación de servicios.

(30) Ante las denuncias presentadas estos últimos años contra algunos operadores históricos, conviene que los Estados miembros adopten disposiciones destinadas a garantizar que los proveedores del servicio universal no financien servicios no reservados con ingresos generados en el ámbito reservado, excepto en la medida en que resulte absolutamente indispensable para el cumplimiento de las obligaciones específicas de servicio universal. Por lo tanto, las autoridades nacionales de reglamentación deberán adoptar normas al efecto y comunicarlas a la Comisión.

(31) Habida cuenta de las modificaciones, procede prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2006 la fecha prevista para la expiración de la Directiva 97/67/CE.

(32) La Directiva 97/67/CE debe ser modificada en consecuencia.

(33) La presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas del Tratado sobre competencia y libre prestación de los servicios, tal como se explica, en particular, en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales [17].

[17] DO C 39, de 6.2.1998, p. 2.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La presente Directiva modifica la Directiva 97/67/CE del siguiente modo.

1. En el artículo 2 se añadirá el punto siguiente:

«20) "servicios especiales": servicios que se distinguen claramente del servicio universal, que responden a necesidades específicas de los clientes y que proponen otras prestaciones de valor añadido que no ofrece el servicio postal tradicional. Como ejemplo de prestaciones de valor añadido, cabe citar la entrega con cita previa, la posibilidad de modificar el destino o el destinatario durante el transporte o si no es posible la entrega en el destino inicial, el seguimiento y localización de los envíos, un plazo de distribución garantizado, varios intentos de entrega al destinatario, la distribución según la prioridad o en el orden definidos por el cliente.

La recogida a domicilio sin ninguna de las prestaciones citadas no constituye un servicio especial.

La transmisión electrónica y/o la recepción electrónica por el operador para la clasificación, impresión y/o preparación del correo no se considerará prestación suplementaria con arreglo al párrafo primero.

El servicio de correo urgente es un servicio especial que, además de ofrecer mayor rapidez y fiabilidad en la recogida, transporte y entrega, implica varias o todas las prestaciones suplementarias siguientes: recogida a domicilio, entrega en mano al destinatario o a su representante autorizado, fecha de entrega garantizada, posibilidad de modificar el destino o el destinatario durante el transporte, confirmación al remitente de la entrega, seguimiento y localización de los envíos, tratamiento personalizado de los clientes y oferta de una gama de servicios en función de las necesidades.»

2. El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. En la medida en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán seguir reservando al proveedor o los proveedores del servicio universal determinados servicios básicos. Dichos servicios se limitarán a la recogida, clasificación, transporte y distribución de envíos ordinarios de correspondencia nacional y correspondencia transfronteriza de entrada de acuerdo con los siguientes límites de peso y precio. El límite de peso se fija en 50 gramos. No se aplicará si el precio es igual o superior a dos veces y media la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida.

En el caso de los servicios postales gratuitos destinados a las personas invidentes o de visión reducida, se podrán autorizar excepciones a los límites de peso y precio.

En la medida en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, la publicidad directa podrá mantenerse en el ámbito reservado dentro de los límites de peso y precio mencionados en el párrafo primero.

Para los servicios especiales, no será suficiente enviar el correo por vía electrónica para su impresión en el lugar de destino con el fin de evitar el monopolio de la correspondencia transfronteriza de entrada.

2. Los envíos de correspondencia transfronteriza de salida, el intercambio de documentos y los servicios especiales (incluido el correo urgente) no podrán reservarse.

3. Como medida complementaria para la realización del mercado interior de los servicios postales, el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, acerca de una mayor liberalización del mercado postal, con efectos a partir del 1 de enero de 2007.

A tal efecto la Comisión, presentará antes del 31 de diciembre de 2004, tras una revisión del sector, que se centrará en la necesidad de garantizar la prestación de un servicio universal en condiciones adecuadas en un entorno competitivo.

A petición de la Comisión, los Estados miembros aportarán toda la información que sea necesaria para la realización de la revisión".

3. En el artículo 9 se añadirá el apartado siguiente:

"6. Cuando apliquen tarifas especiales, por ejemplo a los servicios a las empresas, a los remitentes de envíos masivos o a los preparadores del correo de varios clientes, los proveedores del servicio universal deberán respetar los principios de transparencia y no discriminación por lo que se refiere a las tarifas y las condiciones asociadas. Dichas tarifas deberán tener en cuenta los costes evitados en relación con los servicios ordinarios que incluyen la totalidad de las prestaciones ofrecidas para la recogida, transporte, clasificación y entrega de envíos postales individuales y, al igual que las condiciones correspondientes, aplicarse de la misma manera entre terceros, como a la relación de éstos con los proveedores universales en relación con servicios equivalentes.

Tales tarifas se propondrán también a los clientes residenciales que utilicen estos servicios en condiciones similares »

4. En el artículo 12, se añadirá el guión siguiente:

"- Se prohibe la financiación cruzada de servicios universales del ámbito no reservado con ingresos generados por servicios reservados, excepto en la medida en que resulte absolutamente indispensable para la realización de las obligaciones específicas de servicio universal vinculadas al ámbito competitivo; las autoridades nacionales de reglamentación deberán adoptar medidas al efecto y comunicarlas a la Comisión".

5. En el apartado 1 del artículo 19, se añadirá la frase siguiente:

"Los Estados miembros deberán garantizar que este principio se aplique también a los beneficiarios de los servicios postales no pertenecientes al servicio universal".

6. En el artículo 27, se sustituirá la fecha de "31 de diciembre de 2004" por la de "31 de diciembre de 2006".

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva el 31 de diciembre de 2002 a más tardar. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO

FICHA DE FINANCIACIÓN

1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.

2. LÍNEA PRESUPUESTARIA

Ninguna, únicamente gastos administrativos.

3. FUNDAMENTO JURÍDICO

Apartado 2 del artículo 47 y artículos 55 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de Amsterdam.

4. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

4.1 Objetivo general

La Directiva 97/67/CE, adoptada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión el 15 de diciembre de 1997, preveía en su artículo 7 un calendario para una mayor liberalización, gradual y controlada, de los mercados postales comunitarios, en particular con miras a la liberalización del correo transfronterizo y de la publicidad directa, así como para una nueva revisión de los límites de precios y pesos, con efectos a partir del 1 de enero de 2003.

En el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado en Lisboa en marzo de 2000, se incluyeron, en las Conclusiones de la Presidencia, dos decisiones relativas a los servicios postales en las que se solicitaba la actuación de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivas competencias. Las medidas en cuestión consisten, en primer lugar, en definir, antes de que finalice el año 2000, una estrategia para la eliminación de los obstáculos a los servicios, entre ellos los servicios postales, y, en segundo lugar, en acelerar la liberalización en sectores como [...] los servicios postales [...], para realizar un mercado interior plenamente operativo en el sector postal.

La evolución del mercado en los últimos años y meses ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar medidas destinadas a proseguir la liberalización del mercado, ante la extensión de las actividades de los proveedores del servicio universal a mercados competitivos a través de adquisiciones y alianzas que han suscitado gran inquietud en el mercado por la continuación del poder monopolístico. Los proveedores del servicio universal están experimentando también un proceso de modernización que debe ser respaldado por acciones que favorezcan la competencia.

Es necesario reforzar de manera importante la apertura del mercado para seguir avanzando hacia el objetivo de la realización del mercado interior en los servicios postales, conforme a las conclusiones mencionadas de la Cumbre de Lisboa. Ello contribuirá a mejorar el nivel, la calidad y los precios de los servicios ofrecidos a los clientes de toda la Unión, garantizando al mismo tiempo el servicio universal al no comprometer el equilibrio financiero de los proveedores del servicio universal.

El proyecto de propuesta comprende un enfoque en dos fases. En la primera fase, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2003, los límites máximos de precio y peso en el ámbito que puede reservarse pasarán a dos veces y media la tarifa básica de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más rápida y 50 gramos para los envíos de correspondencia ordinarios, a excepción de a) los envíos de correspondencia transfronteriza de salida y b) los servicios de correo urgente, que se liberalizarán totalmente. Esta medida supone liberalizar por término medio un 20% de los ingresos postales de los proveedores del servicio universal y mantiene el 50% de estos ingresos en el ámbito reservado (frente al 70% actual).

En la segunda fase, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán adoptar en 2005 una decisión relativa a la fase siguiente del proceso de apertura del mercado postal, sobre la base de una propuesta de la Comisión, que se presentará antes de finales de 2004, tras una revisión del sector que se centrará en el mantenimiento del servicio universal en un entorno competitivo.

Además, la propuesta incluye varias medidas complementarias para responder a la evolución del mercado y de la competencia desde la última Directiva. Estas medidas se consideran una condición previa para la liberalización efectiva y equitativa del mercado en 2003. Consisten en la definición de servicios especiales, que son servicios que se distinguen claramente del servicio universal y responden a necesidades específicas de los clientes (por ejemplo, los servicios de correo urgente) y nunca pertenecen al ámbito reservado; el seguimiento de las medidas de aplicación de los fondos de compensación que respondan a los requisitos de las normas aplicables a las ayudas de Estado, para garantizar que dichos fondos no son desproporcionados respecto a los costes derivados de las obligaciones de servicio universal; la aplicación no discriminatoria de las tarifas especiales, también a los servicios de los proveedores del servicio universal, y el mantenimiento de normas estrictas en materia de subvenciones cruzadas.

La propuesta prevé que las disposiciones de la Directiva postal (modificada) sigan siendo aplicables después del 31 de diciembre de 2004 (fecha de expiración de la Directiva en caso de que no se adopte una decisión de conformidad con el apartado 3 del artículo 7) hasta el 31 de diciembre de 2006, si no se ha adoptado una nueva propuesta antes de dicha fecha.

La presente propuesta conducirá a un sector postal sector más abierto y mejor adaptado que responderá mejor a las necesidades de los usuarios y reforzará la cohesión económica de la Unión, garantizando al mismo tiempo la salvaguardia de los objetivos sociales esenciales y, ante todo, el mantenimiento del servicio universal.

4.2 Período abarcado y modalidades previstas para su renovación

1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2006

5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO

6. NATURALEZA DEL GASTO

7. INCIDENCIA FINANCIERA (en la Parte B)

Ninguna

8. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE PREVISTAS (Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN)9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA

9.1 Objetivos específicos y cuantificables, población destinataria

El objetivo de la propuesta de Directiva es facilitar el funcionamiento del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad. La apertura del mercado tendrá probablemente como consecuencia un aumento de los volúmenes e ingresos de los servicios postales, importantes mejoras de la calidad del servicio y la innovación y prestación de servicios cada vez más adaptados. Esta evolución reforzará el sector postal frente al desafío que plantean las nuevas tecnologías y permitirá a los principales actores aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo del comercio electrónico y la actividad económica paneuropea, en particular en lo que respecta a los remitentes de envíos masivos como instituciones financieras, empresas de servicios públicos y de venta por correspondencia.

9.2 Justificación de la medida

La Directiva tiene en cuenta el hecho de que los servicios postales encierran una dimensión social, regional y laboral muy importante. Por tanto, mantiene el enfoque de apertura "gradual y controlada" al mercado y se centra en los segmentos del mercado que están experimentando un fuerte crecimiento o que ya se han liberalizado parcialmente, de forma que la pérdida de cuota de mercado por parte de los proveedores del servicio universal puede verse compensada con el crecimiento global del mercado. Abre una vía para seguir avanzando en la realización del mercado interior sin establecer condiciones previas en cuanto a la naturaleza de la fase siguiente. Este enfoque pragmático permitirá evaluar los resultados de la fase de 2003 cuando se elaboren nuevas propuestas en 2004. La propuesta de Directiva prevé además que se mantenga el Comité encargado de asistir a la Comisión, cuya consulta será obligatoria (artículo 21).

9.3 Seguimiento y evaluación de la medida

El artículo 7 de la propuesta de Directiva prevé que, para proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad, la Comisión presentará una nueva propuesta, antes de finales de 2004, tras una revisión del sector que se centrará en el mantenimiento del servicio universal en un entorno competitivo. La Comisión informará al Parlamento y al Consejo antes del término de 2004.

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN III DEL PRESUPUESTO GENERAL)

La utilización real de los recursos administrativos necesarios dependerá de la decisión anual de la Comisión sobre asignación de recursos, tomando en consideración el número de efectivos y las sumas adicionales autorizadas por la autoridad presupuestaria.

10.1 Repercusiones en el número de puestos

>SITIO PARA UN CUADRO>

10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos adicionales

3,5 x 108,000 euros (coste unitario) x 6 años ; títulos A1,A2,A4,A5 y A7.

10.3 Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la acción

(en miles de euros)

>SITIO PARA UN CUADRO>

El gasto reseñado en el cuadro en la partida A-7 se cubrirá con los créditos de la dotación general de la DG MARKT.

(en miles de euros)

>SITIO PARA UN CUADRO>

FICHA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Impacto de la Propuesta en las empresas y en particular en las pequeñas y medianas empresas

Título de la propuesta: Propuesta de Direc