Las transacciones transfronterizas con valores son elementos importantes de la Unión de los Mercados de Capitales. Teniendo en cuenta que las legislaciones nacionales en materia de valores no están armonizadas a escala de la UE, las normas en materia de conflicto de leyes determinan qué legislación nacional es aplicable a las transacciones transfronterizas.

La presente Comunicación abarca la oponibilidad frente a terceros de la cesión de instrumentos financieros. Acompaña a la propuesta legislativa sobre oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos. Sin embargo, no se ven afectadas por esta propuesta legislativa los aspectos que se rigen por la Directiva sobre garantías financieras, la Directiva sobre firmeza de la liquidación, la Directiva relativa a la liquidación y el Reglamento sobre registro.

Con objeto de fomentar las operaciones transfronterizas, es esencial la existencia de claridad y previsibilidad sobre cuál es el país cuya legislación es aplicable para determinar quién es el propietario de los activos subyacentes de la operación. Si existe incertidumbre jurídica con respecto a quién es el propietario de los activos, dependiendo de qué órganos jurisdiccionales o autoridades del Estado miembro evalúen un litigio en relación con la propiedad de un crédito o de un título, la operación transfronteriza podrá tener carácter ejecutivo o no, o podrá conferir a las partes la titularidad jurídica esperada o no. En el caso de insolvencia, cuando las cuestiones de la propiedad y del carácter ejecutivo de las operaciones sean sometidas a control judicial, los riesgos jurídicos resultantes de la inseguridad jurídica pueden conllevar pérdidas inesperadas. El objetivo de la presente Comunicación es contribuir a aumentar las operaciones transfronterizas con valores, proporcionando seguridad jurídica en lo que se refiere a las normas aplicables en materia de conflicto de leyes a escala de la Unión. Una mayor seguridad jurídica favorecerá la inversión transfronteriza, el acceso a un crédito más barato y una integración del mercado.

Por último, la Directiva sobre garantías financieras, adoptada en 2002, formula su disposición sobre conflicto de leyes en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la manera siguiente:

1. Toda cuestión relativa a cualesquiera de los temas especificados en el apartado 2 en relación con una garantía prendaria de anotaciones en cuenta se regirá por la legislación del país en que se encuentre la cuenta principal. La referencia a la legislación de un país es una referencia a su legislación nacional, desestimando toda norma en virtud de la cual, para decidir la cuestión relevante, se tuviera que hacer referencia a la legislación de otro país.

2. Las cuestiones contempladas en el apartado 1 son:

a) la naturaleza jurídica y los efectos sobre la propiedad de la garantía prendaria de anotaciones en cuenta;

b) los requisitos para perfeccionar un acuerdo de garantía financiera relativo a garantía prendaria de anotaciones en cuenta y la prestación de garantía prendaria de anotaciones en cuenta en virtud de tal acuerdo, y de manera más general el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer que el acuerdo y la prestación mencionados surtan efectos frente a terceros;

c) si el título o derecho de una persona en esta garantía prendaria de anotaciones en cuenta es inferior o subordinado a otros títulos o derechos reivindicados o si ha tenido lugar una adquisición de buena fe;

d) los pasos requeridos para la realización de la garantía prendaria de anotaciones en cuenta tras un supuesto de ejecución.

Desde la aplicación de la Directiva 2014/65/UE el 3 de enero de 2018 (MiFID II), los derechos de emisión enumerados como instrumentos financieros en el punto 11 de la sección C del anexo I de la Directiva están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y la Directiva relativa a la liquidación y sus disposiciones sobre conflicto de leyes. A pesar de ello, la Comunicación no tiene en cuenta las especificidades de tales derechos de emisión, en particular por lo que respecta a su posesión en cuentas localizadas en el Registro de la Unión regulado por una disposición específica en materia de conflicto de leyes en el Reglamento (UE) n.º 389/2013, adoptado con arreglo a la Directiva 2003/87/CE.

Las disposiciones sobre conflicto de leyes establecidas en la Directiva sobre firmeza de la liquidación, la Directiva sobre garantías financieras y la Directiva relativa a la liquidación designan la legislación aplicable sobre la base de un enfoque común. Son similares en la medida en que todas ellas designan la ley aplicable en función del lugar del registro o cuenta correspondientes (y, en el caso de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y la Directiva relativa a la liquidación, del sistema de depósito centralizado). No obstante, estas disposiciones difieren en los detalles y parece haber algunas diferencias en cómo son interpretadas y aplicadas en los distintos Estados miembros. En particular, este es el caso de la definición y determinación del lugar de «situación» o «mantenimiento» de la cuenta.

3.Mejora de la claridad en el actual acervo de la UE

3.1. ¿Tienen significados diferentes los términos «maintained» («se encuentra») y «located» («se sitúa»)?

La Comisión opina que la diferencia de redacción, en referencia al lugar de la cuenta o registro, no supone ninguna diferencia en cuanto al fondo.

La Directiva sobre firmeza de la liquidación, la Directiva sobre garantías financieras y la Directiva relativa a la liquidación definen la legislación aplicable por referencia al lugar de la cuenta de que se trate. De conformidad con el artículo 9, apartado 2, de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y del artículo 24 de la Directiva relativa a la liquidación, la ley aplicable es la del Estado miembro en el que «se sitúa» el registro o la cuenta, mientras que la Directiva sobre garantías financieras se refiere en el artículo 9, apartado 1, a la ley del país en que «se encuentra» la cuenta de que se trate. No obstante, ninguna de estas Directivas precisa si «se sitúa» significa lo mismo que «se encuentra».

La Comisión opina que «se sitúa» significa lo mismo que «se encuentra» por las siguientes razones.

En primer lugar, el considerando 7 de la Directiva sobre garantías financieras explica que el objetivo de la disposición sobre conflictos de leyes es ampliar el principio ya establecido en la Directiva sobre firmeza de la liquidación.

En segundo lugar, como ya se puso de relieve en el documento de trabajo de la Comisión de 2007, la diferencia de redacción entre la Directiva sobre garantías financieras y la Directiva sobre firmeza de la liquidación refleja el reconocimiento —en el momento de la adopción de la Directiva sobre garantías financieras— de que los mercados de valores de la UE habían evolucionado de forma que permitían emplear una expresión más adecuada para describir la misma fórmula, es decir, el lugar en que «se encuentra» la cuenta.

En tercer lugar, las diferencias terminológicas no están presentes en todas las versiones lingüísticas de la Directiva. Mientras que en su versión inglesa la Directiva sobre firmeza de la liquidación y la Directiva relativa a la liquidación utilizan los términos «located» y la Directiva sobre garantías financieras utiliza los términos «maintained», varias versiones lingüísticas de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y la Directiva sobre garantías financieras, emplean exactamente el mismo término. Por ejemplo, las versiones francesa, italiana y rumana de la Directiva sobre firmeza de la liquidación y de la Directiva sobre garantía financiera emplean la misma referencia al país en el que la cuenta está «located» («situé», «situato», «se află»). Otras versiones lingüísticas utilizan otros términos, como la versión portuguesa que emplea dos términos distintos equivalentes a «located» y «situated» y la neerlandesa, que emplea términos equivalentes a «located» y «held».

3.2. Determinación del lugar en que «se sitúa» o «se encuentra» la cuenta o el registro