COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 15.02.1996 
COM(96) 46 final 
INFORME AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO SOBRE EL ESTADO DE APLICACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE RECONOCIMIENTO 
DE LOS TÍTULOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR. 
REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 13 DE LA DIRECTIVA 89/48/CEE. 
(Presentado por la Comisión) 

El artículo 13 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, 
relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior 
que sancionen formaciones profesionales de una duración mínima de tres años,1 
establece que la Comisión dirigirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 
sobre el estado de aplicación del sistema general de reconocimiento de los títulos de 
enseñanza superior que sancionen formaciones profesionales de una duración mínima 
de tres años a más tardar el 4 de enero de 1996. 
En el informe, la Comisión presentará sus conclusiones sobre los posibles cambios que 
sea preciso introducir en el sistema establecido y, en su caso, presentará propuestas 
para la mejora de la normativa existente, con objeto de facilitar la libre circulación, el 
derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios para las personas 
contempladas en la presente Directiva. 
DOn°L 19, de 24.01.1989, p. 16. 
INTRODUCCIÓN 
La Directiva 89/48/CEE del Consejo, relativa a un sistema general de reconocimiento 
de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una 
duración mínima de tres años, significó un cambio sin precedentes en el planteamiento 
comunitario de reconocimiento de cualificaciones profesionales. El reto de la política 
comunitaria en esta materia ha permanecido inalterado desde la firma del Tratado de 
Roma: cómo resolver el conflicto latente entre los sistemas nacionales de enseñanza, 
cuya diversidad es testimonio y al mismo tiempo garantía de la identidad nacional, y el 
derecho conferido a cada ciudadano europeo de ejercer su profesión en cualquier lugar 
de la Unión. Este conflicto se centra en la necesidad de poseer una cualificación para 
ejercer una profesión regulada, que se define con relación al sistema nacional de 
educación del Estado miembro de acogida. El sistema general tuvo su origen en la 
constatación de que en un mercado único ya no es posible aplicar dichos criterios 
nacionales para determinar la calidad de la educación y la formación. 
El sistema general se basa en una única y sencilla idea: la presunción de que si una 
persona posee las cualificaciones necesarias en un Estado miembro para ejercer una 
profesión determinada, debería estar facultada para ejercer la misma profesión en toda 
la Unión. Esta idea obliga a los Estados miembros a dar prueba de confianza mutua en 
la educación y la formación que se dispensa en los demás países: consecuencia de ello 
para el migrante es que su título debe poder ser reconocido en cualquier otro Estado 
miembro, salvo cuando, y excepcionalmente, tras un examen detallado resulte que 
existen diferencias fundamentales entre la educación y la formación certificada en el 
título y la educación y la formación que se requiere en el Estado miembro de acogida. 
En tal caso, se podrá pedir a los solicitantes que "compensen" las diferencias, con 
arreglo a los mecanismos creados en la Directiva 89/48/CEE. En otras palabras, el 
Estado miembro de acogida ya no está facultado para exigir que el solicitante curse, en 
todo o en parte, el ciclo de estudios nacional o que se someta a los exámenes 
establecidos para ejercer la profesión nacional. 
Siete años después de la adopción de la Directiva, resulta que el sistema general ha 
podido responder a las esperanzas que se depositaron en él. Los problemas de puesta 
en práctica y de aplicación a que ha dado lugar, aunque esperados, no deben hacernos 
olvidar que, para cada uno de los solicitantes en concreto, estos problemas han 
convertido el proceso de reconocimiento en una experiencia frustante y 
descorazonadora. Algunos de esos problemas han sido resueltos mediante discusión con 
los Estados miembros en el grupo de coordinadores, otros no es probable que se 
resuelvan sin una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La 
parte principal del informe examina las dificultades encontradas, en primer lugar 
mediante un comentario del articulado de la directiva y en segundo lugar mediante un 
examen de su repercusión en los principales sectores profesionales. 
ANTECEDENTES LEGALES 
i) Los orígenes de la Directiva 89/48/CEE se remontan al Consejo Europeo de 
Fontainebleau de los días 25 y 26 de junio de 1984, que, considerando 
indispensable responder a las expectativas de los pueblos de Europa, instó al 
Consejo a introducir un sistema general para garantizar la equivalencia de los 
títulos universitarios con miras a instaurar una efectiva libertad de 
establecimiento dentro de la Comunidad. 
ii) En respuesta a este llamamiento, el 9 de julio de 1985 la Comisión presentó al 
Consejo una propuesta de Directiva que ulteriormente fue adoptada como la 
Directiva 89/48/CEE. En su exposición de motivos2, la Comisión explicaba que 
el enfoque tradicional para el reconocimiento de títulos (enfoque sectorial) 
supone la introducción de condiciones armonizadas, en particular en lo que se 
refiere a las cualificaciones para acceder a actividades concretas y para el 
ejercicio de las mismas. El reconocimiento mutuo de los títulos expedidos en 
los Estados miembros sólo es posible si se cumplen estas condiciones. El nuevo 
enfoque "horizontal" pretendía responder rápidamente y sin condiciones previas 
a las necesidades de todas aquellas personas que estuviesen en posesión de un 
título de enseñanza superior y deseasen ejercer su profesión en un Estado 
distinto de aquél en que hubieran adquirido sus cualificaciones. El sistema se 
basaba en el principio de confianza mutua y comparabilidad de los niveles de 
formación; no obstante, en caso de que existiesen diferencias estructurales 
importantes entre los ciclos de formación, el Estado miembro de acogida estaría 
facultado para imponer una compensación. 
iii) La Directiva 89/48/CEE se ajusta perfectamente al concepto de subsidiariedad. 
Los Estados miembros siguen siendo responsables de determinar si una 
actividad profesional ha de estar regulada o no, es decir ha de supeditarse 
mediante ley, reglamento o disposición administrativa a la posesión de una 
cualificación profesional, y, en tal caso, qué nivel, estructura y contenido debe 
tener la enseñanza. Como medio de facilitar la libre circulación de personas y el 
reconocimiento de títulos, la Directiva 89/48/CEE representaba un nuevo 
rumbo del derecho comunitario. En tanto que las anteriores directivas 
sectoriales obligaban a los Estados miembros a conceder el reconocimiento 
automático de los títulos expedidos en cualquier lugar de la Comunidad en lo 
que se refiere a un número limitado de profesiones claramente definidas, el 
sistema general obliga a cada Estado miembro a crear, en lo que se refiere a 
una amplio abanico de actividades profesionales, unas estructuras que permitan 
el estudio individualizado de las solicitudes de reconocimiento, con las 
correspondientes garantías procedimentales y, en su caso, los mecanismos de 
compensación establecidos en la Directiva, en concreto el período de prácticas y 
la prueba de aptitud. 
iv) En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, se contemplaba la 
posibilidad de hacer extensivo el enfoque horizontal a los títulos y 
cualificaciones profesionales que quedasen fuera del ámbito de aplicación de la 
COM (85)359 final. 
5 
Directiva 89/48/CEE. La cláusula de revisión del artículo 13 se incluyó 
principalmente para posibilitar la consideración de esta cuestión. No obstante, 
tras la adopción de la Directiva 89/48/CEE, la Comisión decidió elaborar 
propuestas para una segunda Directiva de manera más o menos inmediata, y el 
enfoque horizontal fue hecho extensivo a otras actividades profesionales 
reguladas mediante la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 
19923, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones 
profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE. 
v) Tras la adopción de la Directiva 89/48/CEE, pero antes de la fecha fijada para 
su aplicación, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el Asunto C-340/89 
("Vlassopoulou")4. La sentencia del Tribunal confirma que, independientemente 
de las directivas adoptadas por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la 
base del artículo 57 del Tratado, el artículo 52 del Tratado debe ser interpretado 
en el sentido de que las autoridades nacionales de un Estado miembro 
encargadas de examinar una solicitud de habilitación para el ejercicio de una 
profesión regulada, presentada por un nacional de otro Estado miembro que esté 
habilitado para el ejercicio de esa misma profesión en su país de origen, están 
obligadas a examinar en qué medida la formación académica y profesional 
adquirida por el interesado en su país de origen corresponde a la exigida en la 
reglamentación del Estado de acogida. En el caso de que la correspondencia 
entre esos títulos sea únicamente parcial, las autoridades nacionales en cuestión 
están facultadas para exigir al interesado que pruebe que ha adquirido los 
conocimientos y cualificaciones que le falten. En el examen del título del 
migrante, el Estado miembro de acogida podrá tener en consideración 
diferencias objetivas que tengan que ver no únicamente con el marco jurídico de 
la profesión en cuestión en el Estado miembro de origen, sino también con su 
campo de actividad. 
Las autoridades competentes deben también evaluar si los conocimientos 
adquiridos en el Estado miembro de acogida, ya sea mediante estudios o 
mediante experiencia práctica, son suficientes para probar la posesión de los 
conocimientos que falten al término de la cualificación profesional inicial. 
El examen realizado para determinar si los conocimientos y cualificaciones 
certificados en el título extranjero corresponden a los requeridos por el Estado 
miembro de acogida, debe cumplir los requisitos del derecho Comunitario en lo 
que se refiere a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello, 
cualquier decisión debe ser motivada y susceptible de recurso ante un tribunal 
nacional5. 
La Comisión considera que la Directiva debe interpretarse a la luz de esta 
sentencia: en concreto, al examinar una solicitud de reconocimiento presentada 
por un migrante, las autoridades competentes deben tomar en consideración no 
solo el "título" del solicitante en el sentido de la Directiva, sino también toda 
experiencia y formación profesional ulterior. 
DO n°L 209, de 24.7.1992, p. 25. 
Rec. 1991, p. 1-2357. 
Sobre este último punto, véase una sentencia anterior en el Asunto 222/86 (UNECTEF/ Heylens), 
Rec. 1987, p. 4097. 
vi) El ámbito de aplicación de la Directiva 89/48/CEE se amplió al Espacio 
Económico Europeo6 con efectos a partir del 1 de enero de 1994, y a partir del 
1 de enero de 1995 fue también de aplicación en los nuevos Estados miembros. 
En este informe, salvo cuando se especifique lo contrario, la información 
estadística recogida de los informes semestrales facilitados por los Estados 
miembros se refiere a EUR 12. No obstante, en la medida de lo posible se ha 
incluido información sobre la puesta en práctica y la aplicación de la Directiva 
en los tres nuevos Estados miembros. 
vii) Recientemente, la Comisión ha elaborado una nueva propuesta de Directiva del 
Parlamento europeo y del Consejo7 para facilitar la libre circulación y el 
reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otras pruebas documentales 
formales de cualificación relativas a actividades profesionales no cubiertas por 
el sistema general. El objetivo principal de esta Directiva (en adelante "la 
propuesta de Directiva") es consolidar las actuales directivas de "medidas, 
transitorias", pero incluye también un cierto grado de ajuste de las directivas 
del sistema general. 
viii) Como era previsible, la aplicación y la ejecución de la Directiva 89/48/CEE no 
se ha llevado a cabo sin dificultades. No obstante, los Estados miembros y la 
Comisión han hecho frente en buena medida al reto que se les planteaba. Al 
menos 11 000 personas han obtenido el reconocimiento de sus títulos, de 
conformidad con la Directiva 89/48/CEE, entre el 4 de enero de 1991 y el 31 
de diciembre de 19948. No obstante, hay que señalar que del número total de 
títulos aproximadamente 6 000 fueron reconocidos en un único Estado 
miembro: el Reino Unido9. Parte de ese fenómeno migratorio se habría 
producido igualmente sin el sistema general, ya fuese con arreglo a las normas 
nacionales preexistentes o con arreglo a convenios bilaterales, pero en muchos 
casos la adopción de la Directiva ha simplificado o posibilitado por primera vez 
la circulación entre Estados miembros. Además, la Directiva puede haber 
mejorado la situación de los migrantes ya establecidos en otro Estado miembro: 
al obtener el reconocimiento de su título, han podido mejorar sus perspectivas 
de empleo u obtener una reclasificación por parte de sus empleadores. 
ix) Las estadísticas también muestran que la mayoría de solicitantes logran el 
reconocimiento de su título. El número de decisiones negativas oscilan en torno 
al 5% del número total de solicitudes, y contra ellas se han interpuesto muy 
pocos recursos. 
x) Los testimonios anecdóticos, (recogidos de las discusiones con los migrantes y 
las autoridades competentes), sugieren que la mayor parte de los 
desplazamientos dentro de la Comunidad se realizan por motivos personales 
(por ejemplo, para contraer matrimonio o, en el caso de un cónyuge que ejerza 
Anexo VII del Acuerdo EEE. 
COM 96 (22) del 8.2.1996 
Se trata sin duda de una infravaloración de la cifra real, ya que la información facilitada por los 
Estados miembros es incompleta. De manera especial, hay que resaltar que tres Estados miembros 
todavía no han facilitado los dalos estadísticos de los años 1993/1994. 
La gran mayoría de ellos correspondían a títulos de personal docente. 
7 
una profesión regulada, para reunirse con su pareja). La única excepción 
significativa parece ser la inmigración de personal docente en el Reino Unido, 
originada por la demanda en dicho país y por un excedente en los demás 
Estados miembros. Esto confirma la experiencia de la Comisión con las 
directivas sectoriales: a falta de un exceso sensible de profesionales en un 
Estado miembro o de un sensible incremento de la demanda en otros lugares, 
aún se han de producir flujos de emigración significativos. No obstante el 
ejemplo de la emigración de personal docente al Reino Unido demuestra que el 
sistema general es capaz de responder a las demandas socio-económicas del 
mercado laboral interno y, por consiguiente, de contribuir a una reducción del 
desempleo. Asimismo, ilustra que esa demanda puede influir en el modo en que 
un Estado miembro aplica la Directiva. Es digno de resaltar que la aplicación 
de la Directiva 89/48/CEE en el Reino Unido al profesorado ha dado origen a 
pocos problemas; en otros Estados miembros, en los que existe un exceso de 
personal docente, la aplicación de la Directiva ha dado origen a un considerable 
número de denuncias. 
xi) La creciente movilidad de estudiantes originada por los programas ERASMUS 
y SÓCRATES pueden también actuar como impulso a una mayor movilidad 
profesional. Hay una cierta movilidad profesional entre antiguos estudiantes de 
ERASMUS cuyo objetivo consiste en dar una dimensión europea a programas 
de estudios y los estudiantes móviles vuelven a su país de origen después de 
haber pasado un periodo reconocido en el exterior.10 Así, hay pruebas de que 
los nacionales franceses están haciendo un uso creciente de su derecho a 
estudiar en otro Estado miembro (principalmente en Bélgica), en la seguridad 
de que su título les dará acceso a la profesión elegida cuando regresen tras 
haber terminado los estudios. La existencia en Francia de numerus clausus y su 
ausencia en Bélgica es probablemente la principal razón de esa tendencia, y el 
número de nacionales que regresan, particularmente en las profesiones 
sanitarias, son causa de preocupación para las autoridades francesas. Por otra 
parte, los nacionales luxemburgueses eligen ahora estudiar en Estados 
miembros cuyos títulos no eran reconocidos con arreglo a normas nacionales 
anteriores a la Directiva. 
xii) Por último existen indicios de que la existencia de la Directiva 89/48/CEE ha 
suscitado cierta convergencia de los programas de educación y formación. Ello 
a veces resulta de iniciativas adoptadas por centros de enseñanza concretos, que 
tratan de satisfacer las necesidades de sus estudiantes mediante la adaptación de 
sus planes de estudio con objeto de hacer innecesarios los mecanismos de 
compensación en otros Estados miembros. En otros casos, ha sido originado 
por la creación de "plataformas comunes" acordadas por las organizaciones 
profesionales europeas11. La Comisión acoge con satisfacción estos acuerdos, 
siempre y cuando no afecten de manera adversa a las solicitudes de 
reconocimiento de aquéllos que no reúnen los requisitos acordados en la 
plataforma común. 
Existen también indicios de que los cambios originados por la Directiva en la legislación nacional 
han tenido una incidencia en la movilidad de los estudiantes. 
Por ejemplo, la de ingenieros (véase la página 24). 
II TRANSPOSICIÓN 
i) Se han adoptado dos métodos de transposición completamente distintos. 
Algunos Estados miembros han optado por un enfoque "vertical", incorporando 
la Directiva profesión por profesión (A, F, GR, L, D y S); en los restantes se 
ha adoptado una medida de tipo general, completada en algunos casos con 
reglamentos detallados para profesiones concretas (I, IRL, SF, UK, P, E, DK, 
NL y B)12. En algunos Estados miembros la transposición ha sido más 
complicada debido a que las competencias para regular las profesiones están 
compartidas entre el gobierno central y los gobiernos federados o regionales (D, 
A, B y E). 
ii) De los, a la sazón, 12 Estados miembros, únicamente Irlanda había adoptado las 
medidas necesarias el 4 de enero de 1991; los tres nuevos Estados miembros 
habían adoptado las medidas de puesta en práctica en la fecha de adhesión. 
Dados los retrasos de los restantes Estados miembros, se incoaron una serie de 
procedimientos de infracción: únicamente dos de ellos concluyeron en 
sentencia: la de 23 de marzo de 1995 en el Asunto C-365/93 
(Comisión/Grecia) y la de 3 de julio de 1995 en el Asunto C-216/94 
(Comisión/Bélgica). En ambos casos el Tribunal manifestó que el Estado 
miembro en cuestión había incumplido sus obligaciones con arreglo al Tratado. 
En el momento de hacerse pública la sentencia, Grecia había puesto en práctica 
las medidas correspondientes a un determinado número de profesiones, en 
concreto en el ámbito sanitario y de la abogacía, y Bélgica había adoptado una 
ley general delegando en los ministros la facultad de adoptar las necesarias 
medidas de ejecución (sin embargo dichas medidas no han sido adoptadas). 
iii) En otros Estados miembros la transposición sigue siendo incompleta, 
principalmente porque las normas relativas a los mecanismos de compensación 
para determinadas profesiones todavía no están en vigor (por ejemplo, las 
referidas a las profesiones jurídicas en España). Los procedimientos de 
infracción ya se han iniciado o se iniciarán en breve cuando proceda. 
iv) La Comisión opina que cuando la transposición al ordenamiento jurídico 
nacional es inexistente, incompleta o inadecuada, o cuando las disposiciones de 
la Directiva se aplican incorrectamente por parte de las autoridades nacionales, 
el artículo 3, que establece el mecanismo básico de reconocimiento, es 
suficientemente claro, preciso e incondicional para dar lugar a un efecto 
directo. En otras palabras, el artículo 3 crea un derecho al reconocimiento que 
cada interesado puede invocar directamente ante las autoridades nacionales, 
tanto administrativas como judiciales. El artículo 4 de la Directiva, que dispone 
que, en determinadas circunstancias, los Estados miembros pueden exigir 
medidas de compensación, es de carácter facultativo (los Estados miembros 
pueden, pero no están obligados a, imponer dichas medidas) y por ello no es 
óbice para el efecto directo del artículo 3. No obstante, el efecto directo de este 
artículo no significa que en los casos en que la Directiva ha sido objeto de una 
transposición o aplicación inadecuada el migrante tenga derecho automático a 
El anexo I ofrece un cuadro completo de las medidas de aplicación. 
9 
ejercer su profesión en el Estado miembro de acogida. La Comisión considera 
que, en tales circunstancias, a lo que tiene derecho el migrante es a obtener de 
la autoridad competente, o en su caso de un tribunal nacional, una decisión que 
confirme su derecho a tener acceso y a ejercer la profesión regulada en cuestión 
en el Estado miembro de acogida. Hay que señalar que el hecho de que 
determinadas disposiciones de la Directiva den origen a efectos directos no 
puede ser aducido por los Estados miembros como justificación de la ausencia 
de transposición a su ordenamiento jurídico13. 
v) Además, la Comisión ha emprendido el estudio de todas las medidas de 
transposición notificadas por los Estados miembros. Durante el verano de 1994 
se enviaron cartas en las que se exponían determinadas objeciones y en las que 
se recababan aclaraciones sobre determinados puntos a todos los (12) Estados 
miembros. En algunos casos las respuestas recibidas han disipado todas las 
dudas existentes respecto a la conformidad de las medidas nacionales de 
transposición; en otros, el examen sigue su curso con vistas a la incoación de 
los procedimientos de infracción. 
vi) Por último, la Comisión ha recibido denuncias de particulares, que ponen de 
relieve fallos en la transposición. Se han iniciado o se están examinando los 
correspondientes procedimientos de infracción14. 
vii) Es difícil evaluar la calidad global de la transposición Estado miembro por 
Estado miembro, sobre la base del análisis de la legislación de aplicación 
efectuado por la Comisión y de las denuncias recibidas. Por una parte, el 
número de solicitudes recibidas por los Estados miembros es muy dispar. Los 
Estados miembros mayores, en particular aquéllos cuyas lenguas están más 
extendidas en otros países, obviamente atraen más migrantes. Por otra parte, 
aquellos Estados miembros que poseen una mayor regulación tienen más 
"oportunidades" de infringir la Directiva, sobre todo en los Estados miembros 
que han optado por proceder a la transposición profesión por profesión. 
Teniendo en cuenta estos factores, resulta que han surgido menos problemas en 
los Estados septentrionales (S, SF, DK, UK, IRL, F y NL) que en los Estados 
miembros meridionales (E, GR, I y, en menor medida, P). En Alemania se han 
encontrado problemas en una profesión (personal docente) y en Bélgica, en 
ausencia de transposición, la Directiva se está aplicando a un número muy 
limitado de profesiones (abogados y profesiones sanitarias) mediante la 
adaptación de las normas nacionales preexistentes. 
III ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/48/CEE 
LETRA a) DEL ARTÍCULO 1 
i) Esta disposición contiene la definición de "título" a efectos de la 
Directiva. Pretende definir el conjunto de cualificaciones (por ejemplo, 
título universitario, capacitación profesional postuniversitaria y período 
Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-433/93 
(Comisión/Alemania), de 11.8.1995 (pendiente de publicación). 
Se ofrecen pormenores más adelante al examinar a cada una de las profesiones. 
10 
de prácticas supervisadas) estipuladas por la normativa nacional para el 
acceso a una profesión regulada. 
ii) Han surgido algunas dificultades en la interpretación del segundo guión 
del primer párrafo, en concreto en lo que se refiere a la definición de 
"universidad, centro de enseñanza superior u otro centro del mismo 
nivel de formación"15. En un documento distribuido en el grupo de 
coordinadores, los servicios de la Comisión precisaron que, a su modo 
de ver, la letra a) del artículo 1 sitúa a todos los institutos de enseñanza 
superior en pie de igualdad; por ello, un Estado miembro no está 
facultado para denegar, por ejemplo, el reconocimiento a los maestros 
procedentes de otro Estado miembro, solamente porque hayan efectuado 
su formación en centros de nivel de enseñanza superior no universitarios 
y el Estado miembro de acogida exija para sus maestros una formación 
universitaria. 
iii) El mismo documento puntualiza que, de conformidad con el principio de 
confianza mutua y a la luz del artículo 126 del Tratado, incumbe a cada 
Estado miembro determinar qué centros de enseñanza y formación se 
entienden comprendidos en el sector de la enseñanza superior16. Por 
consiguiente, el Estado miembro de acogida no está facultado para 
valorar, aplicando criterios establecidos a efectos nacionales, si la 
formación seguida en otro Estado miembro es de nivel superior o no, ni 
puede denegar el reconocimiento a las personas que posean títulos que, 
de conformidad con tales criterios, no consideran de nivel superior. 
iv) El primer párrafo de la letra a) del artículo 1 prevé el reconocimiento, 
con arreglo a determinadas condiciones, de los títulos obtenidos por los 
nacionales comunitarios en terceros países. Esta disposición significó un 
nuevo rumbo para el derecho comunitario, pero, a conocimiento de la 
Comisión, no ha dado lugar a ningún problema específico. 
En la actualidad, en las directivas sectoriales no existe ningún 
mecanismo comunitario para el reconocimiento de los títulos de terceros 
países17. En su dictamen18 sobre la propuesta de la Comisión de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se unifica la 
Directiva 93/16/CEE, destinada a facilitar la libre circulación de los 
médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros 
títulos19, el Parlamento propuso la inserción de un nuevo considerando 
en el que se instaba a la Comisión a examinar los problemas de los 
nacionales comunitarios poseedores de cualificaciones en medicina 
obtenidas en un tercer país. Aunque la Comisión considera que la 
Únicamente la versión inglesa utiliza las palabras "similar level". Las otras versiones lingüísticas 
utilizan la frase "del mismo nivel de formación". 
16 Véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Asunto T-16/90 
(Panagiotopolou/Comisión), Rec. II, p. 89. 
1 Médicos, dentistas, cirujanos veterinarios, personal de enfermería responsable de cuidados 
generales, matronas, farmacéuticos y arquitectos. 
18 PE-211.189, de 26.4.1995. 
19 COM (94) 626 final. 
11 
directiva propuesta, que establece un procedimiento de comitología para 
determinadas modificaciones de la Directiva 93/16/CEE, no es un 
vehículo apropiado para un ejercicio de tal naturaleza, reconoce que la 
ausencia de disposiciones que regulen el reconocimiento de títulos 
obtenidos en terceros países en las directivas sectoriales obstaculiza el 
ejercicio, por parte de un número potencialmente significativo de 
ciudadanos europeos, de su derecho a la libre circulación con arreglo al 
Tratado. Por ello considerará de nuevo si el mecanismo contenido en la 
letra a) del artículo 1 no podría ser adaptado para tener cuenta los 
distintos marcos jurídicos en que se aplican las directivas sectoriales20. 
v) El segundo párrafo de la letra a) del artículo 1 contiene la llamada 
disposición de nivel equivalente ("rutas alternativas"). A efectos de la 
Directiva, asimila a "título" cualquier cualificación profesional obtenida 
en un Estado miembro y a la que una autoridad competente de dicho 
Estado miembro reconozca un nivel equivalente a un "título", en el 
sentido del primer párrafo, y que confiera a su titular los mismos 
derechos de acceso a una profesión regulada o de ejercicio de dicha 
profesión. Esta disposición fue incluida para tener en cuenta a las 
personas que no hayan concluido un ciclo de estudios superiores de tres 
años pero que poseen cualificaciones que les confieran los mismos 
derechos profesionales. 
vi) Estas cualificaciones existen fundamentalmente en el Reino Unido y en 
Irlanda (diplomas expedidos por organismos reconocidos u otros), pero 
no son desconocidas en otros países (por ejemplo, los diplomas 
expedidos por el "Jury central" en Bélgica) y son paralelas al ciclo 
habitual del "título". No obstante, en opinión de la Comisión, 
ampliamente discutida en el grupo de coordinadores, el segundo párrafo 
de la letra a) del artículo 1 puede ser igualmente aplicado a una 
formación de "nivel equivalente" que haya precedido a un ciclo de 
formación conducente a un "título" en el sentido del primer párrafo y 
haya sido sustituida posteriormente pour un ciclo de dicho tipo. 
Normalmente, cuando un Estado miembro procede a una reforma de la 
formación necesaria para el ejercicio de una profesión regulada, adopta 
medidas para garantizar los derechos de aquellas personas que ya son 
miembros de la profesión y de aquéllas que ya han iniciado el ciclo 
"antiguo" de formación (las denominadas medidas de "derechos 
adquiridos"). Cuando un ciclo de formación que no entra en el ámbito 
de la letra a) del artículo 1 es substituido por uno que sanciona un título 
en el sentido del primer párrafo, los titulares de la "antigua" 
cualificación pueden, en opinión de la Comisión, beneficiarse de las 
disposiciones del segundo párrafo, siempre y cuando la legislación 
nacional reconozca explícitamente que su formación es de nivel 
equivalente al del nuevo "título" y les confiera los mismos derechos de 
acceso y de ejercicio de la profesión en cuestión (mismo título 
profesional, mismo ámbito de actividad, etc.). La concesión de estos 
derechos adquiridos puede, obviamente, estar condicionada en Derecho 
20 Véase la respuesta a la pregunta escrita n° 2866/93 (DO n°C 300, de 27.10.1994). 
12 
nacional al cumplimiento de algunos requisitos adicionales (por ejemplo, 
determinado número de años de experiencia profesional, formación 
suplementaria o un examen profesional). 
vii) Basándose en esta interpretación del segundo párrafo de la letra a) del 
artículo 1, la Comisión decidió en la Directiva 94/38/CEE21 suprimir del 
Anexo C de la Directiva 92/51/CEE dos ciclos de formación en Italia, 
en concreto los cursos para contables ("ragionieri") y los agentes 
técnicos comerciales ("periti commerciali"). Como consecuencia de los 
cambios en el sistema educativo italiano, los nuevos cursos quedaron 
incluidos en el ámbito de aplicación del primer párrafo de la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE, y los titulares de la "antigua" 
cualificación, anteriormente cubierta por la Directiva 92/51/CEE, tenían 
que ser tratados, en virtud del segundo párrafo de la letra a) del artículo 
1, de la misma manera que los nuevos candidatos a la profesión. 
LETRA b) DEL ARTÍCULO 1 
i) La letra b) del artículo 1 contiene una definición de Estado miembro de 
acogida. Esta definición ha dado lugar a pocas dificultades en la 
práctica, aunque hay que subrayar que un nacional del Estado miembro 
A que haya obtenido su título en el Estado miembro B tiene derecho a 
invocar la Directiva 89/48/CEE si posteriormente pretende obtener el 
reconocimiento en el Estado miembro A22. 
ii) Un caso que fue examinado por la Comisión y presentado a la atención 
del grupo de coordinadores se refiere a un ciclo de formación en 
fisioterapia, cuya duración total es de cuatro años, los dos primeros 
años en Grecia y los dos últimos en el Reino Unido, que culmina con la 
concesión de un título expedido por una universidad británica. Si la 
autoridad competente británica aceptase que el título da acceso a la 
actividad profesional regulada de fisioterapia23, en opinión de la 
Comisión no hay razón para que esta cualificación no sea tratada como 
un título en el sentido de la letra a) del artículo 1. El titular de dicha 
cualificación tendría por tanto derecho a invocar la Directiva ante las 
autoridades griegas, en tanto que "Estado miembro de acogida", si 
desease regresar a este país para ejercer la profesión. 
LETRAS C) y d) DEL ARTÍCULO 1 
i) Estas disposiciones, que definen conjuntamente los conceptos de 
"profesión regulada" y "actividad profesional regulada", han dado lugar 
a menos dificultades de lo que era de esperar. 
21 DO n° L 217, de 23.8.1994, p. 8; véase el séptimo considerando. 
Tal y como reconoce la jurisprudencia asentada. Véase la reciente sentencia del Tribunal en el 
Asunto C-19/92 ÍKrausi Rec. 1-1663. 
Lo cual, con arreglo a la información que dispone la Comisión, está todavía bajo consideración. 
13 
ii) Una de las dudas que se planteó se refiere al primer guión del primer 
párrafo, es decir, al ejercicio de una actividad al amparo de un título 
profesional24. 
En algunos Estados miembros existe un título genérico para los 
ingenieros (en Bélgica y en los Países Bajos, "Ing" o " Ir", según la 
categoría de ingeniero, y en Francia "ingénieur civil diplômé de" 
seguido del nombre del establecimiento en que se ha obtenido el título 
académico). Estos Estados miembros han manifestado que no consideran 
que la profesión de ingeniero sea una profesión regulada en el sentido de 
la Directiva. Este cuestión está siendo examinada por la Comisión en su 
análisis de las medidas de transposición. 
iii) Otro de los problemas que se plantean consiste en determinar si el 
servicio público es una actividad profesional regulada a efectos de la 
Directiva. Este punto se trata más adelante al examinar la aplicación de 
la Directiva a profesiones concretas. 
iv) El segundo párrafo de la letra d) del artículo 1 fue adoptado 
especialmente para tener en cuenta la situación en el Reino Unido, 
donde muchas profesiones son reguladas por asociaciones privadas (en el 
Reino Unido, por organismos reconocidos - "chartered bodies" - ). Esta 
disposición no ha planteado especiales dificultades, a pesar de que la 
lista no exhaustiva del Anexo A de la Directiva ya no es totalmente 
rigurosa. Las autoridades del Reino Unido han emprendido su 
actualización cuando se han introducido en las reglamentaciones 
nacionales las necesarias modificaciones. 
LETRA f) DEL ARTÍCULO 1 
i) El funcionamiento del período de prácticas ha originado pocas 
dificultades. Según las estadísticas facilitadas por los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 11, han efectuado períodos de prácticas 
migrantes en el sector de la sanidad (fisioteraupeutas, ortofonistas, 
ergoteraupeutas, ópticos y psicólogos25), así como personal docente26, 
ingenieros27, abogados28, organistas29 y sacerdotes30. 
24 La interpretación de esta parte del apartado d del artículo lse plantea en la cuestión prejudicial del 
Asunto C-164/94 (Aranitis). pendiente aún de sentencia por parte del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 
L, F, E, UK,y NL. 
L, D,UK. y IRL 
UK. y IT 
UK (Irlanda del Norte) y DK. 
DK. 
S. 
14 
ii) Las normas de aplicación por las que se regula el período de prácticas 
han de ser fijadas por parte de la autoridad competente31. Varían de un 
país a otro. En determinados casos el migrante puede elegir su director 
del período de prácticas, sujeto a aprobación por parte de la autoridad 
competente; en otros casos el migrante debe efectuar el período de 
prácticas en un centro autorizado. En todos los casos, el período de 
prácticas está estructurado en función de las necesidades de cada 
migrante, y en ciertos casos (por ejemplo, para las profesiones del sector 
de la salud en Francia) las autoridades competentes facilitan indicaciones 
pormenorizadas de los ámbitos de experiencia que se trata de adquirir. 
La mayoría de casos referidos por los coordinadores se refiere a 
períodos de prácticas de duración mucho más reducida que el máximo 
permitido (tres años, con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 
4), y en muchos casos se limita únicamente a varias semanas. 
iii) En todos los casos señalados por los coordinadores, la apreciación se 
efectúa por medio de una evaluación escrita por parte del orientador, ya 
sea directamente a la autoridad competente o ya sea enviada al migrante 
para su transmisión a la autoridad competente. Según todos los 
coordinadores existía una voluntad de considerar favorablemente los 
casos de migrantes que no cumplen de manera satisfactoria su período 
de prácticas, dándoles la posibilidad de prolongarlo o de iniciar un 
nuevo período. Sin embargo, se han citado muy pocos casos de fracaso. 
iv) En una petición32 relativa al reconocimiento de un título de ortofonista 
en Francia se planteaba un problema específico. Cuando se aplica un 
mecanismo de compensación a los migrantes que solicitan el 
reconocimiento en el sector de la salud, las autoridades francesas exigen 
que el período de prácticas se efectúe en un centro autorizado. Cuando 
el interesado presentó su solicitud, sólo existían en Francia cuatro de 
esos centros, ninguno de los cuales se encontraba en las proximidades de 
su lugar de residencia. 
La Comisión aceptó la alegación de que tal disposición era 
discriminatoria, dado que en Francia existe un número bastante más 
elevado de establecimientos que imparten la formación de ortofonista. 
Sin embargo, concluyó que la disposición francesa no era 
discriminatoria (porque la situación de las personas que se preparan para 
una profesión en el respectivo Estado miembro de origen y la de 
aquéllas que se sujetan al período de prácticas eran objetivamente 
diferentes) ni contraria a la Directiva. Los recursos asignados por las 
autoridades francesas eran proporcionales a las solicitudes de períodos 
de prácticas (en dicha ocasión, las autoridades francesas únicamente 
habían recibido otra solicitud de reconocimiento) y estaban sujetos a 
revisión según las circunstancias. Este caso se solucionó cuando las 
No obstante, las autoridades luxemburguesas han hecho saber que la organización del período de 
prácticas en el sector de la salud les ha planteado algunas dificultades, por ejemplo en relación 
con la remuneración, la responsabilidad profesional y para encontrar supervisores de dichas 
practicas. 
32 Petición n° 718/92. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 15 
autoridades francesas acordaron autorizar un establecimiento más 
próximo a la residencia del solicitante a efectos del período de prácticas. 
LETRA g) DEL ARTÍCULO 1 
i) El objetivo de la prueba de aptitud y del período de prácticas es, en 
opinión de la Comisión, evaluar la capacidad del migrante para 
adaptarse a un nuevo entorno profesional. Como resulta de la definición 
establecida en la letra g) del artículo 1, la prueba de aptitud debe, por 
consiguiente, abarcar33 los conocimientos del solicitante de las materias 
no estudiadas en su formación inicial. 
ii) Se ha sometido a pruebas de aptitud a los migrantes que han solicitado el 
reconocimiento para ejercer como abogados34, auditores/contables35, 
ingenieros36, asistentes de higiene social37, técnicos textiles38, 
profesionales del sector sanitario39, sacerdotes40, maestros41 e ingenieros 
forestales42. 
iii) Como consecuencia del examen sobre la transposición de la Directiva43, 
la Comisión expresó su preocupación en cuanto al número de Estados 
miembros en que las pruebas de aptitud en el ámbito de las 
reglamentaciones nacionales para los abogados migrantes no respetaban 
las definiciones establecidas en la letra g) del artículo 1. En algunos 
casos esto se debía a que no se había establecido ninguna disposición 
para dispensar de determinadas materias (incumpliendo con ello el 
segundo párrafo de la letra g) del artículo 1, que establece que la prueba 
de aptitud debe tener en consideración la formación concreta de cada 
solicitante). En otros casos, la duración (hasta quince horas) y la 
naturaleza de las pruebas tenían una gran semejanza con los exámenes 
finales universitarios o profesionales y podían no tener en consideración, 
tal como exige el tercer párrafo de la letra g) del artículo 1, que el 
solicitante es un profesional plenamente cualificado, a veces con muchos 
años de experiencia, en su Estado miembro de origen. La exigencia de 
una prueba de aptitud para los abogados en los Estados miembros fue 
discutida en una reunión especial del grupo de coordinadores el 20 de 
octubre de 1995 en presencia de los expertos nacionales responsables de 
la organización y realización de la prueba. Si bien la Comisión no está 
enteramente satisfecha con los reglamentos o con la exigencia de pruebas 
Las materias elegidas para la prueba de aptitud han de tomarse de una lista, confeccionada por las 
autoridades competentes, de aquellas materias que no estén cubiertas por el título del solicitante. 
Todos los Estados miembros excepto P, DK, E, B y NL. 
UK, P, L y D. 
UK. 
UK. 
UK. 
UK, D y F. 
S. 
UKy D. 
A. 
Véase más arriba el punto iv) del apartado II. 
45 16 
de aptitud en algunos casos, la reunión reveló también que la práctica de 
la prueba de aptitud en algunos Estados miembros parece ser menos 
estricta y tomar en consideración las situaciones específicas de los 
abogados solicitantes, a diferencia de lo que ocurre con los candidatos 
nacionales, en mayor medida de lo sugerido por los reglamentos 
correspondientes. Una vez recibidas y analizadas las respuestas a las 
cartas que la Comisión envió a todos los Estados miembros, ésta 
decidirá si procede incoar procedimientos de infracción a este respecto. 
iv) Pese a que los datos siguientes44 deban considerarse con cierta 
precaución, teniendo en cuenta la situación particular en los distintos 
Estados miembros45, el porcentaje de éxito en las pruebas de aptitud de 
los abogados puede facilitar algunas informaciones sobre las dificultades 
que representan para los migrantes. En Francia, superaron la prueba 25 
candidatos de 40, 22 de ellos en el primer examen; en Alemania 55 de 
73 abogados migrantes; en Grecia los 7 abogados comunitarios que se 
presentaron a las pruebas las superaron; en Irlanda 6 de los 7 candidatos 
fueron admitidos al "Bar" (ejercer ante los tribunales) en el primer 
intento y pasaron la prueba para "solicitors" todos los candidatos (3); en 
Italia la prueba fue superada por los 8 candidatos; en Luxemburgo fue 
superada por 12 de 14 solicitantes; en Inglaterra y Gales, 65 de 143 
candidatos de Estados miembros distintos de Irlanda tuvieron éxito en el 
"Qualified Lawyers Transfer Test for solicitors", difiriéndose 7 
solicitudes; los 17 solicitantes obligados a tomar parte en la prueba para 
"barristers" la superaron; en Finlandia sólo superaron la prueba 4 de 7 
candidatos. 
Es difícil evaluar únicamente sobre la base de estadísticas cuántos 
candidatos que solicitan el reconocimiento deciden posteriormente no 
presentarse a la prueba de aptitud46 y cuántos posibles migrantes se ven 
disuadidos por la perspectiva de tener que realizar una prueba. 
v) Todos los Estados miembros autorizan a los solicitantes a presentarse de 
nuevo a la prueba, en todo o en parte. En algunos casos, el número de 
En la mayoría de los casos la cifras eslán tomadas de las estadísticas facilitadas en la reunión del 
20 de octubre de 1995 y cubren el período comprendido entre 1991 y octubre de 1995. En los 
casos restantes las cifras están tomadas de las estadísticas suministradas por el CCBE en 
diciembre de 1994 o de los informes de los Estados miembros con arreglo al artículo 11. No se 
tienen en cuenta aquellos títulos reconocidos sin una prueba. Un gran número de reconocimientos 
directos se concedieron en el caso de migraciones entre UK e IRL, así como una serie de (15) 
casos de migraciones de B o L a F. Los datos siguientes tampoco incluyen a los solicitantes que 
decidieron abandonar su solicitud no tomando parte en la prueba. 
Por ejemplo, algunos Estados miembros (como UK y D) permiten el establecimiento con el título 
profesional del país de origen, mientras que esta posibilidad no existe en otros Estados miembros 
(como F y L); en L, el título supone una licenciatura en derecho obtenida en otro Estado miembro, 
en la mayoría de los casos B o F, que se completa mediante un curso de tres meses sobre derecho 
luxemburgués y un período de prácticas. 
Aunque no existen datos de los restantes Estados miembros, las estadísticas presentadas por la 
legación francesa en la reunión del 20 de octubre de 1995 muestran que únicamente 40 de 78 
solicitantes habían reconocido a 1 de octubre de 1995 que habían tomado parte de manera efectiva 
en la prueba. 
17 
intentos está limitado, con arreglo a la tradición nacional, a dos o tres 
veces, 
vi) Para tomar parte en la prueba, algunos Estados miembros cobran una 
tasa cuyo importe ha sido examinado por la Comisión. En opinión de la 
Comisión, dicha tasa podría ser incompatible con el Derecho 
comunitario si su nivel fuese superior al de las tasas semejantes del 
sistema nacional, si excediesen del coste real en que incurre la autoridad 
competente para organizar la prueba o si su importe se fijase en una 
cantidad que hiciese virtualmente imposible la libre circulación. 
ARTÍCULO 2 
i) El artículo 2 define el ámbito de aplicación de la Directiva. Esta 
Directiva, al igual que las directivas sectoriales, se aplica únicamente a 
los nacionales comunitarios. Según la Comisión, nada impide que un 
nacional de un tercer país que ulteriormente adquiera la nacionalidad de 
uno de los Estados miembros invoque la Directiva para obtener el 
reconocimiento de un título adquirido con anterioridad a la obtención de 
la ciudadanía comunitaria. 
ii) El segundo párrafo del artículo 2 excluye del ámbito de aplicación de la 
Directiva a las profesiones que sean objeto de una directiva específica 
que establezca entre los Estados miembros el reconocimiento mutuo de 
títulos. Se trata de las siguientes: Directiva 77/452/CEE47 (enfermeros 
de cuidados generales), Directiva 78/686 (odontólogos)48, Directiva 
78/1026/CEE (veterinarios)49, Directiva 80/154/CEE (matronas)50, 
Directiva 85/384/CEE (arquitectos)51, Directiva 85/433/CEE 
(farmacéuticos)52 y Directiva 93/16/CEE (médicos)53. 
Según la Comisión, no se aplicará el sistema general cuando la actividad 
que el migrante pretenda ejercer en el Estado miembro de acogida se 
reserve a una de las profesiones que se acaban de mencionar. Así, por 
ejemplo, un osteópata diplomado en el Reino Unido, donde la osteopatía 
se reconoce como profesión autónoma, no podría invocar la Directiva 
89/48/CEE para obtener el reconocimiento de su título en un Estado 
miembro, como por ejemplo Francia, que reserva el ejercicio de esta 
actividad a los médicos. 
No obstante, un osteópata británico podría, según la Comisión, invocar 
el artículo 52 del Tratado, tal como fue interpretado por el Tribunal en 
la sentencia Vlassopoulou. El Tribunal estableció que los Estados 
miembros están obligados a comparar la formación acreditada por los 
47 DOn°L 176 de 1977, p. 1. 
48 DOn°L233de 1978, p. 1. 
49 DOn°L362de 1978, p. 1. 
50 DOn°L33de 1980, p. 1. 
51 DO n°L 223 de 1985, p. 15. 
52 DO n°L 253 de 1985, p. 37. 
53 DOn°L165de 1993, p.l. 
18 
títulos del migrante con la requerida con arreglo a la normativa nacional. 
Cuando los títulos del migrante son sólo parcialmente equivalentes a los 
requeridos en el Estado miembro de acogida, debe dársele la 
oportunidad de demostrar que ha adquirido la experiencia o la 
competencia que no constan en el título. 
iii) El segundo párrafo del artículo 2 ha originado problemas especiales en 
relación con los enfermeros especializados. En algunos Estados 
miembros (como Reino Unido y Países Bajos) existen formaciones 
distintas para los enfermeros de cuidados generales y para los 
enfermeros especializados (por ejemplo, los enfermeros psiquiátricos o 
los enfermeros pediátricos); en otros Estados miembros (como Alemania 
y Luxemburgo), los enfermeros diplomados en cuidados generales 
pueden, tras la obtención del título, realizar una especialidad; la 
actividad de enfermero especialista es una actividad reglamentada 
distinta de la de enfermero de cuidados generales. Por último, algunos 
Estados miembros (como Dinamarca) regulan únicamente una actividad, 
la de enfermero de cuidados generales. La circulación entre Estados 
miembros (por ejemplo, del Reino Unido hacia Alemania) en los dos 
primeros grupos está regulada por el sistema general y ha dado origen a 
pocos problemas. 
Las dificultades surgen cuando un enfermero del primer grupo de 
Estados miembros (por ejemplo, del Reino Unido) desea trasladarse a un 
Estado miembro del último grupo (por ejemplo, Dinamarca). No puede 
invocar una directiva sectorial, la Directiva 77/452/CEE, porque el 
título de especialista en cuestión no consta en la lista del artículo 3 de 
dicha Directiva, ni tampoco puede invocar la Directiva 89/48/CEE 
según se desprende del segundo párrafo del artículo 2. Las personas en 
dicha situación pueden naturalmente invocar los artículos 48 y 52 del 
Tratado, tal y como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia en 
su jurisprudencia, y en particular en la sentencia Vlassopoulou. que 
impone a los Estados miembros la realización de una comparación entre 
los conocimientos de especialización y las cualificaciones certificadas 
por el título profesional obtenido en un país de la Comunidad y los 
exigidos por el derecho nacional para el ejercicio de la profesión 
correspondiente. No obstante, según la Comisión el sistema general 
ofrece determinadas ventajas en relación con la aplicación de los 
artículos 48 y 52, principalmente en lo que se refiere a la seguridad 
jurídica, y también a causa de los mecanismos específicos de 
compensación que establece la Directiva 89/48/CEE. Por ello, la 
Comisión ha sugerido una modificación del segundo párrafo del artículo 
2 en su propuesta de directiva54. 
La modificación haría posible que un enfermero obtuviera el 
reconocimiento de conformidad con la Directiva 89/48/CEE o la 
Directiva 92/51/CEE, según proceda, como enfermero de cuidados 
54 De próxima presentación. 
19 
generales en los Estados miembros en los que las especializaciones de 
enfermería no están legalmente reglamentadas. 
ARTÍCULO 3 
i) El artículo 3 es el elemento crucial de la directiva y el que establece la 
regla general según la cual la persona que posee un título que faculta 
para ejercer una profesión en el Estado miembro de origen tiene derecho 
al reconocimiento de su título para el ejercicio de esta misma profesión 
en el Estado miembro de acogida. 
ii) El principio así establecido parece claro y fácilmente comprensible: hay 
que subrayar que el fundamento del procedimiento de reconocimiento 
establecido por el sistema general es la identidad entre la actividad 
profesional que el migrante está habilitado a ejercer en el Estado 
miembro de origen y la actividad que pretende ejercer en el Estado 
miembro de acogida. La Comisión, no obstante, ha observado una 
preocupante tendencia en algunos casos de aplicar dentro del sistema 
general maneras de pensar propias del reconocimiento académico. Las 
diferencias, similitudes y sinergias entre el reconocimiento académico y 
profesional están señaladas en la "Comunicación de la Comisión sobre el 
reconocimiento de diplomas con fines académicos y profesionales"55 y 
será presentado un informe de síntesis a las instituciones europeas y a 
los Estados miembros en la primavera del 1996. En ocasiones esta 
tendencia conduce a una comparación demasiado pormenorizada de la 
estructura, contenido y duración de la formación, con la consecuencia de 
que el elemento central del proceso de reconocimiento pasa a ser el 
artículo 4 (el mecanismo de compensación) en vez del artículo 3 
(reconocimiento per se de las cualificaciones del solicitante). Por 
consiguiente, los servicios de la Comisión han tratado, a través de 
contactos con las autoridades nacionales competentes así como con los 
organismos profesionales y en conferencias y seminarios, de subrayar 
que el sistema general representa una nuevo enfoque de reconocimiento 
profesional y que el artículo 3 exige por consiguiente un cambio de 
mentalidad. 
Cuando un Estado miembro rechaza el reconocimiento del diploma 
porque la profesión para la cual el solicitante está cualificado no es la 
"misma profesión" que pretende ejercer, se plantea básicamente una 
cuestión de hecho que sólo puede ser dilucidada de manera adecuada con 
la asistencia de expertos,56 por un juez o tribunal nacional. 
iii) La identidad entre la actividad profesional (entre Estado miembro de 
origen y Estado miembro de acogida) es también fundamental para otro 
55 COM (94) 596 final. 
Esta cuestión adquiere todo su relieve cuando el título profesional es el mismo en dos Estados 
miembros (por ejemplo "psychologue clinique'Vpsicólogo clínico), pero las autoridades del 
Estado miembro de acogida argumentan que las actividades ejercidas con arreglo a esos dos 
títulos son de naturaleza tan distinta que constituyen dos profesiones diferentes. 
20 
problema de interpretación del artículo 3. En determinados Estados 
miembros existen dos cualificaciones57 dentro del mismo campo de 
actividad profesional. Este es el caso en muchos Estados miembros para 
los ingenieros58 y en algunos Estados miembros para los contables59. 
Generalmente, dado que la reglamentación en estos casos se realiza a 
través de títulos profesionales protegidos (diferentes denominaciones que 
corresponden a diferentes títulos), la cuestión que se plantea es si las 
actividades ejercidas con arreglo a dichos títulos son las mismas. En 
caso afirmativo, el solicitante que llega a un Estado miembro deberá 
poder elegir entre solicitar el reconocimiento al amparo de uno u otro 
título, y el migrante que parte debe estar autorizado, cualquier que sea el 
título que posea, a obtener el reconocimiento para el ejercicio de la 
profesión (unificada) en cuestión en otro Estado miembro60. Es éste un 
ámbito en el que la aplicación de la Directiva ha sido particularmente 
sensible a la influencia de los procedimientos de reconocimiento 
académico: en vez de considerar cuáles son las actividades profesionales 
que el migrante está habilitado a ejercer en el Estado miembro de 
origen, las autoridades competentes tienden a evaluar el nivel y la 
calidad de la formación, con referencia a su duración o a la naturaleza 
del establecimiento (centro de enseñanza superior universitario/centro de 
enseñanza superior no universitario) en que se ha formado el migrante. 
iv) La letra b) del artículo 3 define la "posesión de uno o varios títulos de 
formación", que es la expresión utilizada para designar una cualificación 
adquirida en un Estado miembro que no reglamenta la profesión; por 
ello corresponde al concepto de título de la letra a) del artículo 1. 
v) La definición de "posesión de uno o varios títulos de formación" está 
contenida en los tres guiones de la letra b) del artículo 3; estos guiones 
corresponden a los tres guiones de la letra a) del artículo 1, relativo a la 
definición de título. 
• El segundo guión dispone que los títulos de formación deben 
acreditar que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios 
post-secundarios de una duración mínima de tres años y, en su caso, 
que ha cursado con éxito la formación profesional requerida, además 
del ciclo de estudios post-secundario. En el contexto de la letra b) 
del artículo 3, la palabra "requerida" debe ser interpretada en el 
sentido de "requerida por las reglas que rigen la concesión de un 
título de formación". Este sería el caso en que el título de formación 
es conferido a una persona que haya concluido con éxito unos 
estudios complementados por una formación o experiencia 
profesional, cuya estructura y nivel son fijados mediante 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado 
Ya sea dos títulos en el sentido de la letra a) del artículo 1 o dos cualificaciones profesionales, 
comprendiendo ambos un ciclo de por lo menos tres años de duración de nivel universitario. 
Por ejemplo, "ingénieur civil" y "ingénieur industriel" en Bélgica. 
Por ejemplo, "Chartered Accountant" y "Certified Accountant" en el Reino Unido. 
Sujeto, naturalmente, a la aplicación del artículo 4. 
21 
miembro o que son controladas o aprobadas por una autoridad 
designada a tal efecto. 
• El tercer guión diverge de manera muy clara del texto de la letra a) 
del artículo 1, que dispone que el título debe acreditar que el titular 
posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una 
profesión regulada en dicho Estado miembro o ejercerla. La 
redacción de la disposición indica que debe haber alguna relación 
objetiva entre las materias estudiadas y la actividad profesional 
ejercida por el migrante en su Estado miembro de origen. Sin 
embargo, dado que en el Estado miembro de origen el acceso y el 
ejercicio de la actividad profesional no se encuentra regulado, la 
relación entre el título de formación y la actividad profesional puede 
ser más nebuloso que en el caso de un título que da acceso a una 
actividad regulada. 
vi) Habría que distinguir dos puntos más en relación con la definición de 
títulos de formación. En primer lugar, la formación en cuestión debe 
haberse seguido por entero en la Comunidad; en la letra b) del artículo 3 
no hay equivalente a la disposición al final del primer párrafo de la letra 
a) del artículo 1, que amplía la definición de título a la formación 
recibida principalmente en la Comunidad (aunque parcialmente en un 
tercer país) y a los títulos expedidos en terceros países, reconocidos en 
el Estado miembro de origen y complementados con tres años de 
experiencia profesional. Los poseedores de un título de formación de un 
tercer país o de títulos de formación expedidos en la Comunidad pero 
que acrediten una formación recibida principalmente fuera de la 
Comunidad quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 
(véase, no obstante, la recomendación del Consejo relativa a los 
nacionales de los Estados miembros en posesión de un título expedido en 
un país tercero, publicada en el Diario Oficial justo a continuación del 
texto de la Directiva). 
vii) En segundo lugar, aunque tanto la letra a) del artículo 1 como la letra b) 
del artículo 3 disponen "rutas alternativas", las condiciones de 
reconocimientos son distintas. Una cualificación obtenida a través de una 
"ruta alternativa" ha de recibir el trato de título, siempre y cuando sea 
reconocida por una autoridad competente del Estado miembro de 
expedición como de un nivel equivalente y siempre que confiera los 
mismos derechos respecto al acceso o al ejercicio de la profesión 
reglamentada en dicho Estado miembro (letra a) del artículo 1). Una 
cualificación obtenida a través de una "ruta alternativa" ha de ser tratada 
como título de formación siempre y cuando sea reconocida por el Estado 
miembro de expedición como de nivel equivalente y siempre que los 
otros Estados miembros y la Comisión hayan sido informados del 
reconocimiento61. 
La Comisión fue informada por las autoridades francesas de la Ley n° 92-672, de 20.07.1992, y 
del Decreto n° 93/538, de 27.03.1993, sobre rutas alternativas a los títulos franceses de educación 
superior. 
22 
viii) La letra b) del artículo 3 se refiere a un Estado miembro que no regule 
esta profesión "según lo dispuesto en la letra c) del artículo 1 y en el 
párrafo primero de la letra d) del mismo artículo". La letra c) del 
artículo 1 contiene la definición de profesión regulada, y la letra d) del 
artículo 1 la de actividad profesional regulada. Esta formulación tenía 
por objeto tratar de solucionar un posible problema en el Reino Unido: 
en algunos casos, una actividad profesional (por ejemplo, la de agente 
inmobiliario) está cubierta por dos organizaciones profesionales. Una de 
éstas es una organización profesional reconocida de las enumeradas en 
el Anexo de la Directiva 89/48/CEE ("Royal Institution of Chartered 
Surveyors"), y, de conformidad con el segundo párrafo de la letra d) del 
artículo 1, a efectos de la Directiva se considera una actividad regulada. 
No obstante, era necesario garantizar que los miembros de la otra 
organización (el "Institute of Valuers") serían tratados como procedentes 
de un Estado miembro que no regula la profesión y que podrían, 
siempre y cuando su cualificación estuviese comprendida en la 
definición de "título de formación", beneficiarse de la letra b) del 
artículo 3. El resultado es que aquellas personas que son miembros de 
una organización profesional reconocida y que poseen un título expedido 
por dicha asociación están comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
letra a) del artículo 3, y que aquellas personas que ejercen la misma 
actividad profesional y están en posesión de un título de formación pero 
son miembros de la organización no reconocida quedan dentro del 
ámbito de aplicación de la letra b) del artículo 3. 
ix) Para obtener el reconocimiento, el migrante que se traslada de un Estado 
miembro que no regula la profesión en cuestión a otro Estado miembro 
en que la profesión está regulada debe, además de acreditar que posee 
un título de formación, acreditar que "ha ejercido a tiempo completo 
dicha profesión durante dos años en el curso de los diez años 
anteriores". Por consiguiente, y a falta de una definición legal, la 
experiencia profesional define la profesión ejercida por el migrante en su 
Estado miembro de origen. 
x) Para obtener el reconocimiento, el migrante debe, en los mismos 
términos de la letra a) del artículo 3, acreditar que ha ejercido en su 
Estado miembro de origen la misma profesión que desea ejercer en lo 
sucesivo en el Estado miembro de acogida. La dificultad en definir la 
profesión se debe al hecho de que, en teoría, la profesión no está 
regulada, en el sentido de la Directiva, en el Estado miembro de 
origen62. La cuestión es básicamente una cuestión de hecho (¿cuáles eran 
las actividades efectivamente ejercidas por el migrante durante los dos 
años en cuestión?), y sería conveniente tener presente que el abanico de 
actividades que constituyen una profesión variará inevitablemente entre 
Estados miembros (incluso cuando la profesión esté regulada). La 
Un problema similar puede producirse con arreglo a la letra a) del artículo 3, cuando en el Estado 
miembro de origen la profesión está regulada solamente mediante un título protegido; entonces se 
hace necesario averiguar si las actividades ejercidas con arreglo a dicho título corresponden a las 
que están reguladas en el Estado miembro de acogida. 
23 
Comisión ha sugerido que para identificar la profesión ejercida en el 
Estado miembro de origen puede ser interesante tener en cuenta los 
siguientes factores: 
• el acceso a la profesión en el Estado miembro de origen o el 
ejercicio de la misma puede estar sujeto a normas distintas de la 
posesión de un título, como una prueba de la situación económica, la 
honorabilidad, etc. En tal caso, la profesión no estaría "regulada", 
en el sentido de la Directiva, sino que las normas nacionales podrían 
contener una definición del alcance de las actividades profesionales 
(por ejemplo, en el caso de los agentes de cambio y bolsa o de los 
asesores financieros); 
• la pertenencia a una organización profesional, cuyos estatutos hacen 
referencia a las actividades ejercidas por sus miembros; 
• la existencia de una formación regulada, pensada para responder a 
las necesidades de una profesión concreta. 
xi) Algunos Estados miembros, en especial aquellos que regulan muy pocas 
profesiones, argumentan que la exigencia de dos años de experiencia 
profesional les perjudica. La letra b) del artículo 3 impide a los nuevos 
miembros de profesiones no reguladas trasladarse a un Estado miembro 
que regula la profesión hasta que han adquirido la necesaria experiencia 
profesional. A su vez ello resulta en la presión que se ejerce sobre las 
autoridades nacionales para regular profesiones que en la actualidad 
están abiertas a todos. Si los Estados miembros cediesen a esta presión 
paradójicamente la Directiva daría como resultado la creación de nuevos 
obstáculos a la libertad de circulación. Una posible solución a este 
problema sería incorporar en la Directiva 89/48/CEE el concepto de 
formación regulada de la letra g) del artículo 1 de la Directiva 
92/51/CEE, definido como "cualquier formación: 
que esté específicamente orientada hacia el ejercicio de una profesión 
determinada y 
que consista en un ciclo de estudios, completado en su caso por una 
formación profesional o un período de prácticas o un ejercicio 
profesional, cuya estructura y nivel estén determinados por las 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho 
Estado miembro o sean objeto de control o autorización por parte de 
la autoridad designada al efecto". 
En la Directiva 92/51/CEE, cuando un migrante procede de un Estado 
miembro que no regula la actividad profesional y posee un título que 
acredita una formación regulada, está exento de la exigencia de 
experiencia profesional. 
24 
ARTÍCULO 4 
i) El apartado 1 del artículo 4 contiene las normas para la aplicación de los 
denominados "mecanismos de compensación": experiencia profesional, 
período de prácticas y prueba de aptitud. 
i i) La letra a) del apartado 1 del artículo 4 trata de las diferencias de 
duración de las formaciones. Pese a que los Estados miembros han 
incluido esta posibilidad en su legislación de transposición, esta 
disposición aparece aplicada muy raramente, con la excepción de 
Luxemburgo. Ello se debe probablemente a que el apartado 2 del 
artículo 4 prohibe que los Estados miembros apliquen lo dispuesto en las 
letras a) y b) del apartado 1 de manera cumulativa, esto es. no pueden 
exigir al mismo tiempo experiencia profesional y. período de prácticas o 
pruebas de aptitud. 
iii)63 Aparte de las denominadas profesiones "jurídicas" (abogados, agentes de 
la propiedad industrial y contables), las estadísticas facilitadas por los 
Estados miembros muestran que la imposición de unas exigencias de 
compensación continúa siendo justamente la excepción a la norma 
general. Las estadísticas también muestran que los migrantes prefieren 
con mucho los períodos de prácticas a las pruebas de aptitud, si se les 
ofrece la posibilidad de elegir. 
iv) El derecho del migrante a elegir entre una prueba de aptitud y un 
período de prácticas deja de existir cuando: 
• el ejercicio de la profesión en cuestión requiere conocimientos 
específicos de Derecho nacional, y el asesoramiento o asistencia con 
respecto a la legislación nacional constituye un aspecto esencial y 
constante de la actividad profesional; 
• en el caso de profesiones para las cuales el Estado miembro ha 
obtenido una excepción con arreglo al artículo 10 (no se ha 
concedido este tipo de excepciones64). 
v) La primera excepción ha sido interpretada por los Estados miembros de 
tal manera que se aplica a los abogados, jueces y otros miembros de la 
organización judicial, funcionarios públicos cualificados en Derecho, 
agentes de la propiedad industrial, asesores fiscales, auditores y 
contables (prácticamente en todos los casos, los Estados miembros han 
elegido aplicar la prueba de aptitud65). En el contexto de su examen de 
Véanse más arriba las otras observaciones sobre la prueba de aptitud y el período de prácticas, en 
los comentarios a las letras 0 y g) del artículo I. 
Véanse más adelante los comentarios al artículo 10. 
La única excepción resulta ser la de Dinamarca, donde hasta el momento se ha exigido un período 
de prácticas a los abogados migrantes. 
25 
las medidas de transposición, los servicios de la Comisión tienen dudas 
respecto de si algunas profesiones nacionales en el ámbito de la 
contabilidad cumplen los criterios establecidos en el último párrafo de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 4. Si las respuestas de los Estados 
miembros no son suficientes para disipar estas dudas, podrá decidirse la 
incoación, si ha lugar, de procedimientos con arreglo al artículo 169. 
vi) A pesar de que el apartado 1 del artículo 4 permite que los Estados 
miembros exijan un mecanismo de compensación cuando las materias 
cubiertas por la "formación" del migrante difiera sustancialmente de las 
cubiertas por el título requerido en el Estado miembro de origen, la 
Comisión considera que esta disposición debería interpretarse a la luz de 
la jurisprudencia del Tribunal sobre la interpretación de los artículos 48 
y 52 del Tratado, y en particular la sentencia Vlassopoulou. Dicha 
sentencia obliga a los Estados miembros a considerar si el conocimiento 
adquirido en el Estado miembro de acogida, ya sea durante un ciclo de 
estudios o mediante experiencia práctica, es suficiente para acreditar la 
posesión de los conocimientos que faltaban. En opinión de la 
Comisión66, dichos estudios o experiencia práctica "posteriores a la 
titulación", ya sean adquiridos en el Estado miembro de acogida, en el 
de origen o en un tercer país, pueden reducir o incluso eliminar la 
necesidad de un mecanismo de compensación. 
vii) El artículo 8 de la Directiva exige que cualquier decisión que se adopte 
con respecto a la solicitud de reconocimiento debe ser motivada. La 
Comisión observa con preocupación la práctica de algunas autoridades 
competentes que justifican la exigencia de un mecanismo de 
compensación refiriéndose a "diferencias sustanciales" no especificadas. 
ARTÍCULO 5 
Esta disposición no deja de ser una curiosidad, pues invita a los Estados 
miembros a ofrecer a los solicitantes que aún no estén en posesión de un 
"título", en el sentido de la letra a del artículo 1, la oportunidad de adquirir 
parte de su formación profesional (práctica profesional, completada con la 
asistencia de un profesional cualificado) en el Estado miembro de acogida, 
auque no impone una obligación jurídica. Pocos Estados miembros han 
incorporado el artículo 5 en su legislación nacional, pero se aplica en Finlandia 
al personal docente. No obstante, su mérito parece estribar en que llama la 
atención de los Estados miembros acerca de la posibilidad, en este caso 
concreto, de ir más allá de las estrictas disposiciones de la Directiva. 
ARTÍCULO 6 
El artículo 6 contiene disposiciones tipo relativas a la presentación de pruebas 
relativas a la honorabilidad, la situación económica y la salud física y psíquica. 
66 Véase la respuesta a la pregunta escrita 2790/93 (DO n° C 268, de 06.09.1994, p. 19). 
26 
Su aplicación no ha dado origen a especiales problemas. No obstante, en la 
propuesta de directiva de la Comisión se propone completar el artículo 6 con 
dos nuevos apartados. El primero dispondría que los certificados expedidos por 
los bancos del país de origen del migrante, en lo que se refiere a su situación 
económica, se consideren equivalentes a los expedidos en el territorio del 
Estado miembro de acogida67. El segundo, inspirado en una exposición 
semejante de la Directiva sobre arquitectos68, prevé la aceptación en el Estado 
miembro de origen de los certificados de seguros emitidos por una empresa de 
seguros del Estado miembro de origen del migrante. 
ARTÍCULO 7 
Esta disposición regula el uso de los títulos profesionales y académicos del 
migrante. Éste está facultado para ostentar el título profesional del Estado 
miembro de acogida (apartado 1 del artículo 7) y para continuar utilizando allí 
su título académico (apartado 2 del artículo 7). Es importante observar que el 
apartado 2 del artículo 7 únicamente se aplica cuando un migrante ha obtenido 
el reconocimiento de conformidad con la Directiva y no confiere un derecho 
independiente de uso de un título académico69. El apartado 3 del artículo 7 trata 
de la aplicación específica de estas normas a las organizaciones profesionales 
reconocidas ("Chartered Bodies") y asociaciones similares del Reino Unido y de 
Irlanda. 
ARTÍCULO 8 
i) El apartado 1 del artículo 8 dispone que el Estado miembro de acogida 
debe aceptar, como prueba del cumplimiento de las condiciones 
enunciadas en los artículo 3 y 4, los certificados y documentos 
expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen. En la práctica, los Estados miembros de acogida exigen, puesto 
que están facultados para ello, además del título y de los documentos a 
los que se refiere el artículo 6, la prueba de la nacionalidad del 
migrante. 
Además, a menudo se exige a los migrantes que facilitan información 
referente a su formación: si bien una exigencia de tal naturaleza puede 
ser legítima para permitir que la autoridad competente pueda apreciar si 
es justificada o no una medida de compensación, no debería dar lugar a 
una comparación pormenorizada de los programas de estudio, como 
ocurre a veces en los procedimientos de reconocimiento académico. 
Además, en ocasiones los solicitantes de mayor de edad experimentan 
dificultades para facilitar detalles sobre cursos seguidos diez, veinte o 
incluso treinta años antes. En la actualidad la Comisión está examinando 
junto con los Estados miembros la documentación que éstos exigen en 
67 
68 
69 Esta disposición se repite en una serie de directivas de liberalización, por ejemplo la Directiva 
77/92/CEE (agentes y corredores de seguros); DO n° L 26, de 31.01.1977. 
Directiva 85/384/CEE, DO n° L 223, de 21.08.1985, p. 15. 
Véase al respecto la sentencia del Tribunal en el asunto Kraus. 
27 
las solicitudes de reconocimiento y está buscando con ellos las 
soluciones que podrían aplicarse cuando el migrante no esté en 
condiciones de facilitar los pormenores exigidos. 
ii) La legislación italiana de transposición prevé la expedición de un 
certificado por parte de las autoridades italianas en el que se acredite que 
las cualificaciones profesionales de los migrantes que pretenden ejercer 
en otro Estado miembro son un "título" o una "cualificación 
profesional", en el sentido de la Directiva. Aunque la Comisión no niega 
la utilidad de un documento de tal naturaleza, ha aclarado en el grupo de 
coordinadores que los Estados miembros no están obligados a facilitar 
dicho certificado ni facultados para exigirlo. La mejor forma de aclarar 
las dudas sobre si el título presentado por el migrante es o no un título 
son, en opinión de la Comisión, los contactos bilaterales tanto 
directamente entre las autoridades competentes como a través de los 
coordinadores nacionales. 
iii) La Comisión prosigue igualmente su examen de las formalidades ligadas 
a la presentación de documentos en apoyo de una solicitud de 
reconocimiento. En muchos casos se exige la traducción de los títulos, y 
algunos Estados miembros exigen que la traducción sea realizada por un 
traductor jurado. La Comisión continuará examinando esta exigencia, 
pues considera que esta exigencia sistemática puede no estar justificada 
cuando las autoridades competentes ya se hayan familiarizado con los 
documentos emitidos en otros Estados miembros. 
iv) La Comisión considera que un Estado miembro no tiene derecho a exigir 
que un migrante presente el original de su título, si bien puede exigir 
que la copia esté certificada con arreglo a la práctica nacional. Como 
consecuencia de una denuncia, los servicios de la Comisión examinaron 
la exigencia practicada por España en el sentido de que los títulos y 
otros documentos estuviesen autenticados de conformidad con la 
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961 mediante la inclusión de 
una "apostilla". Los servicios de la Comisión entendieron que dicha 
exigencia no se justificaba en el contexto del mercado único, y más 
concretamente de la Directiva 89/48/CEE, dado que no guardaba 
proporción con el objetivo perseguido, esto es, garantizar la autenticidad 
del documento. En caso de duda sobre la autenticidad del título, los 
contactos bilaterales han de permitir que las autoridades competentes 
obtengan la necesaria comprobación. Las autoridades españolas 
aceptaron este punto de vista y acordaron retirar la exigencia. 
v) El apartado 2 del artículo 8 obliga a los Estados miembros a responder a 
la solicitud de reconocimiento mediante una decisión motivada a más 
tardar en el plazo de cuatro meses a partir de la presentación de la 
documentación completa del interesado. Esta decisión deberá ser 
susceptible de recurso ante un tribunal o juez nacional. El papel del 
tribunal nacional es de extrema importancia en los casos de 
reconocimiento: sólo un juez nacional puede dictar sentencia sobre 
cuestiones de hecho (tales como si existen diferencias substanciales que 
28 
justifiquen la existencia de la compensación), tomar una decisión en un 
caso individual y, en su caso, conceder indemnizaciones por el perjuicio 
sufrido. Los servicios de la Comisión han adoptado el punto de vista de 
que el límite de cuatro meses ha de ser aplicado a la decisión inicial: en 
caso de que la decisión imponga una exigencia de compensación, de 
conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 4, el 
procedimiento de reconocimiento puede ser considerablemente más 
largo. 
vi) Aunque la ausencia de decisión al final de período de cuatro meses abre 
el camino al procedimiento judicial nacional, los servicios de la 
Comisión observa con preocupación el número de casos en que el 
procedimiento de examen de una solicitud suele prolongarse mucho más 
tiempo (los denunciantes han citado períodos de hasta 18 meses). Si se 
comprueba que los retrasos se producen de manera regular, la Comisión 
considerará la incoación de procedimientos con arreglo al artículo 169 
del Tratado. 
ARTÍCULO 9 
i) El apartado 1 del artículo 9 es una disposición tipo que obliga a los 
Estados miembros a designar las autoridades competentes habilitadas 
para adoptar las decisiones de reconocimiento. En muchos casos esas 
autoridades se mencionan en el legislación nacional de transposición. 
ii) El apartado 2 del artículo 9 trata de la designación de un coordinador 
nacional y de las actividades del grupo de coordinadores. El papel que 
desempeñan los coordinadores nacionales es importante: su misión es la 
de garantizar la aplicación uniforme de la Directiva a todas las 
profesiones afectadas, pero en la práctica también actúan como conducto 
de información entre la Comisión y las autoridades nacionales 
competentes. En muchas ocasiones, los contactos entre un coordinador 
nacional y la Comisión o entre dos coordinadores nacionales han 
ayudado a resolver problemas que han surgido en el funcionamiento de 
la Directiva. Esta cooperación administrativa se ve reforzada con las 
reuniones regulares del grupo de coordinadores. Los contactos 
personales a que dan lugar estas reuniones son, en opinión de la 
Comisión, un elemento esencial para desarrollar la atmósfera de 
confianza mutua necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 
iii) El grupo de coordinadores empezó sus reuniones en marzo de 1989 y se 
ha reunido hasta el momento en 29 ocasiones. A partir de 1993 
participan en las reuniones del grupo los coordinadores responsables de 
la aplicación de la Directiva del segundo sistema general (92/51/CEE)70. 
En algunos Estados miembros (B, DK, D, IRL, I, SF y F) es responsable de ambas directivas un 
solo coordinador, en algunos casos asistido por un suplente. En otros Estados miembros han sido 
designados coordinadores distintos para cada una de las directivas. De conformidad con la 
decisión n° 5/94 del Comité Conjunto EEE, los coordinadores de los Estados signatarios del EEE 
(en la actualidad Noruega, Islandia y Liechtenstein) también participan en las reuniones del grupo 
29 
El grupo discute los problemas que surgen en la aplicación de la 
Directiva, a veces sobre la base de "documentos de discusión" 
preparados por los servicios de la Comisión, y procede a un intercambio 
de información sobre cada una de las profesiones cubiertas por la 
Directiva (sean reguladas o no, independientemente de la forma de 
regulación y de la naturaleza y duración de la formación). Se incluyen 
los puntos en el orden del día a iniciativa de la Comisión o a petición de 
un coordinador nacional. El grupo también ha tenido conocimiento de 
los informes de otros servicios de la Comisión que trabajan en ámbitos 
relacionados (por ejemplo, el proyecto EURES). Los coordinadores 
nacionales también han tomado parte en el comité consultivo ad hoc que 
asistió a la Comisión en la preparación de su Comunicación sobre el 
reconocimiento de diplomas con fines académicos y profesionales.71 
iv) Con el fin de incrementar el papel del grupo de coordinadores, la 
Comisión tiene previsto estudiar distintas maneras de situar las 
deliberaciones del grupo en un plano más formal. Una posibilidad sería 
que el grupo emitiese dictámenes sobre la interpretación de la Directiva 
o que aprobase unas "Directrices" para su aplicación. 
v) Todos los Estados miembros han designado un punto de contacto 
responsable de facilitar a los migrantes información sobre la aplicación 
de la Directiva. En algunos casos (B, D, GR, F, IRL, L, SF y S), los 
Estados miembros han designado su representante en la red NARIC 
(National Academic Recognition Information Centres)^ a la que se 
refiere el apartado 3 del artículo 9; en otros Estados miembros se ha 
designado al coordinador o a una tercera persona como punto de 
contacto. Se han celebrado varias reuniones conjuntas entre los 
coordinadores y la red NARIC para debatir la divulgación de 
información sobre la Directiva, y un miembro de los servicios de la 
Comisión responsable del sistema general asiste habitualmente a las 
otras reuniones NARIC para informar sobre la aplicación de la 
Directiva. 
vi) Muchos Estados miembros han editado folletos sobre la aplicación del 
sistema general. La Comisión ha encargado a unos consultores la 
elaboración de un vademécum destinado a las autoridades nacionales 
competentes y a los otros expertos implicados en la aplicación de las dos 
directivas del sistema general. La versión francesa ya ha sido distribuida 
en forma de proyecto a los coordinadores y se está traduciendo al inglés 
y al alemán. Unas vez terminadas estas traducciones, la Comisión 
tomará las medidas adecuadas para garantizar que todas las partes 
interesadas tengan acceso al vademécum. 
vii) Además del vademécum, los consultores han elaborado una guía de doce 
páginas en la que a través de preguntas y respuestas se explica cómo 
funciona el sistema general. Una versión provisional de esta guía está ya 
de coordinadores. Se invita también a las mismas a representantes de la secretaría de la AELC y 
del Órgano de Vigilancia de la AELC. 
COM (94) 596 final. 
30 
a disposición de cualquier persona que se ponga en contacto con los 
servicios de la Comisión para recabar información sobre el sistema 
general. Próximamente estará disponible una versión impresa, que será 
distribuida a las oficinas de información de la Comisión en los Estados 
miembros, a los puntos de contacto, a las organizaciones profesionales y 
otras entidades que facilitan información sobre la Directiva. 
ARTÍCULO 10 
i) El artículo 10 establece el procedimiento por el cual los Estados 
miembros pueden obtener una excepción que les permite denegar a los 
solicitantes la facultad de optar entre el período de prácticas y la prueba 
de aptitud (cf. último párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 4). 
ii) La Comisión todavía no ha tenido que adoptar una decisión con arreglo 
al apartado 2 del artículo 10. La única solicitud formal recibida de un 
Estado miembro (Países Bajos) fue retirada después de unas discusiones 
iniciales en el ámbito del grupo de coordinadores72. No obstante, el 
Órgano de Vigilancia de la AELC tomó una decisión negativa con 
respecto a una petición realizada por las autoridades austríacas para 
limitar a la prueba de aptitud73 las medidas de compensación aplicables a 
los ingenieros. Esta decisión fue adoptada previa consulta a la Comisión 
y al grupo de coordinadores, y cuenta con el apoyo de la Comisión. 
ARTÍCULO 11 
i) Dado que la fecha prevista para la transposición era el 4 de enero de 
1991, la Comisión solicitó a los Estados miembros que enviasen al 
mismo tiempo los informes previstos en el artículo 11 correspondientes a 
dos años civiles. Hasta el momento se han solicitado informes de los 
años 91/92 y 93/94. Diez Estados miembros74 han facilitado el informe 
del primer período. Todavía no se han recibido los informes completos 
del período 93/94 de Francia, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Grecia y 
Bélgica75. 
72 Se refería: i) a las profesiones judiciales y otras profesiones relacionadas con la administración de 
justicia, ii) a las profesiones marítimas, iii) a los expertos de salud y seguridad, y iv) a las 
profesiones paramédicas. Para los tres primeros grupos, las reglamentaciones propuestas 
imponían una "prueba de aptitud", en caso de que estuviese justificada una exigencia de 
compensación, y para el cuarto grupo un período de prácticas. Se acordó aplicar al primer grupo 
la excepción de la letra d del apartado I del artículo 4 en "las profesiones jurídicas"; en las otras 
profesiones, el solicitante mantendrá el derecho a elegir el método de compensación que prefiera. 
73 Doc 163/94/COL. 
7 Excepto Portugal y Luxemburgo. 
75 Los, a la sazón, Estados contratantes del EEE (A, S, SF, N e IS) facilitaron un informe de 1994. 
31 
IV ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PROFESIONES CUBIERTAS POR LA DIRECTIVA 
89/48/CEE 
PROFESIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 
i) La Directiva se ha aplicado de manera muy satisfactoria en este sector; 
aunque han surgido problemas en algunos casos, normalmente eran 
resultado de circunstancias individuales y no han dado lugar a problemas 
más generales de interpretación o aplicación. Aunque las diferencias en 
la formación han justificado la aplicación de mecanismos de 
compensación en muchos casos (en la mayoría de ellos, el período de 
prácticas), es evidente que su utilización está disminuyendo, ya sea 
debido a una adaptación voluntaria de las formaciones, ya sea porque las 
autoridades competentes, cada vez más familiarizadas con los títulos 
expedidos en los otros Estados miembros de la Comunidad, consideran 
esas medidas menos necesarias. 
ii) Los datos relativos a la utilización de la Directiva en este ámbito pueden 
ser comparados con los obtenidos en relación con el reconocimiento en 
virtud de las directivas sectoriales para otras profesiones en el ámbito de 
la salud. Entre el 4 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, han 
obtenido el reconocimiento por lo menos 1 450 fisioterapeutas76, una 
media de unos 310 al año77, o aproximadamente el 1,5 por mil de los 
fisioterapeutas en activo78. Esta cifra puede compararse con las 
estadísticas de 1991 de las directivas sectoriales, que reflejan los 
siguientes datos de reconocimiento obtenidos en las profesiones en el 
ámbito de la salud: 205 farmacéuticos, 1 969 médicos (aproximadamente 
el 1,7 por mil de los médicos), 230 veterinarios, 2 588 enfermeros, 253 
odontólogos (aproximadamente el 1,2 por mil de los odontólogos) y 87 
matronas. 
INGENIEROS 
i) Dado que la mayor parte de los ingenieros son asalariados y que la 
profesión o bien no está regulada79, o bien está regulada mediante la 
78 
79 Esta cifra incluye el reconocimiento de llsioterapeutas en Alemania y el de fisioterapeutas 
alemanes en el resto de la Comunidad que se rigen por la Directiva 92/51/CEE, la cual entró en 
vigor el 19 de junio de 1994. También incluye el reconocimiento de fisioterapeutas en Suecia, 
Austria y Finlandia en 1994 y el de sus nacionales en la Comunidad con arreglo al Acuerdo del 
EEE. 
Dada la tardía transposición de la Directiva en muchos Estados miembros, la media anual 
aumentará en el futuro. 
Calculados sobre la base de las cifras de fisioterapeutas en activo suministradas por el Comité 
Permanente de Enlace de Fisioterapeutas dentro de la CE. 
DK, NL, B, F (pero cf. los comentarios hechos con relación con el apartado a) del artículo 1), S y 
SF. 
32 
protección del título en la mayor parte de los Estados miembros80, el 
reconocimiento de un título de ingeniería no es una condición previa 
para la libre circulación, y el número de migrantes que hacen uso de la 
Directiva ofrece sólo una indicación parcial de la movilidad en esta 
profesión. Hasta finales de 1994, por lo menos 1050 ingenieros habían 
obtenido reconocimiento de sus títulos en virtud de la Directiva 
89/48/CEE. 
ii) Los principales problemas se han planteado a los ingenieros que se 
desplazan a Estados miembros meridionales. En Grecia, la causa de las 
dificultades es la ausencia de legislación de transposición, y los 
problemas afectan a nacionales griegos que han estudiado en los países 
de la Comunidad. En España y en Italia, también se ha producido un 
retraso debido a que no se han establecido los necesarios mecanismos de 
compensación. Por último, algunos de los problemas han surgido como 
resultado de la situación descrita en el comentario del artículo 3 supra, 
que afecta a ingenieros que desean desplazarse de un Estado miembro 
que expide dos categorías de cualificaciones de ingeniería (por ejemplo, 
Bélgica y Alemania) a un Estado en que sólo existe una cualificación 
(por ejemplo, Grecia o Italia). 
iii) En una pregunta escrita81, se inquirió a la Comisión si pensaba que la 
creación del registro de cualificaciones en ingeniería y el título de "Eur 
Ing", creado por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingeniería (FEANI), podría facilitar el reconocimiento de los títulos 
nacionales de ingeniería entre los Estados miembros. Los requisitos 
mínimos de admisión al registro son: i) estudios secundarios completos; 
y ii) formación de siete años, de los cuales por lo menos tres de 
enseñanza teórica de nivel superior y dos de experiencia profesional 
comprobada. La respuesta de la Comisión fue la siguiente: 
"Aunque el título Eur Ing no puede considerarse como un "título" en el 
sentido de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de 
reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan 
formaciones profesionales de una duración mínima de tres años82, puede 
servir de ayuda a las autoridades nacionales competentes que examinan 
las solicitudes de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 de la citada Directiva. La inscripción en el registro de FEANI 
acredita que, con independiencia de la duración y contenido de su 
formación inicial, el ingeniero tiene cierto nivel de competencia 
profesional avalada por sus colegas nacionales y europeos. Habida 
cuenta de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia obliga a los 
Estados miembros a tomar en cuenta la experiencia profesional adquirida 
con posterioridad a la obtención del título a efectos del reconocimiento 
del mismo, la Comisión considera que, en circunstancias normales, a los 
80 UK, IRL y D. 
81 N° 3429/93 (DO n° C 268, de 26.09.1994, p. 38). 
82 DO n°L 19, de 24.01.1989, p. 16. 
33 
ingenieros que hayan obtenido el título de Eur Ing no debería 
exigírseles ni el período de adaptación ni la prueba de aptitud a que se 
refiere el artículo 4 de la Directiva 89/48/CEE. " 
PERSONAL DOCENTE 
i) La aplicación de la Directiva a la profesión docente ha sido bastante 
insólita. Por un lado, en términos absolutos, la profesión docente 
representa el mayor grupo profesional que se ha beneficiado de la 
Directiva. Más de 5 000 docentes83 han obtenido acceso a su profesión 
en otro Estado miembro (sólo en Reino Unido84 han sido reconocidos 
(3 80085). En otros países la aplicación de la Directiva a la profesión 
docente ha estado llena de dificultades. 
ii) Algunos Estados miembros distinguen entre el proceso de cualificación 
de un docente y el proceso de contratación de personal docente en los 
sistemas escolares públicos. En dichos Estados, el candidato a profesor 
obtiene primero un "título" y luego busca empleo. En algunos Estados 
miembros (por ejemplo, Reino Unido e Irlanda) los procedimientos de 
contratación son idénticos a los del sector privado. Se publican las 
vacantes y se lleva a cabo la selección, generalmente tras una entrevista 
con los candidatos. En los otros Estados miembros (por ejemplo, en 
España), la contratación se hace por oposición, abierta a los poseedores 
de una cualificación docente; a continuación los candidatos 
seleccionados son incluidos en una lista de espera y toman posesión de 
su plaza a medida que se producen las vacantes. En opinión de la 
Comisión, los Estados miembros son libres de recurrir a una u otra 
forma de contratación: el reconocimiento de un título de enseñanza 
obtenido en otro país de la Comunidad permite al profesor migrante 
participar en el proceso de selección del Estado miembro de acogida. En 
otras palabras, siempre que la contratación en el sector público de la 
enseñanza se hace por oposición, el reconocimiento habilita al solicitante 
a tomar parte en la oposición pero no le garantiza el éxito. 
iii) En otros Estados miembros (por ejemplo, Francia y Luxemburgo) la 
formación y selección del personal docente son indisociables. Tras la 
obtención de un título académico de base, los candidatos a profesores 
participan en un concurso. El número de candidatos seleccionados se 
determina por la necesidad de efectivos en el Estado miembro en 
cuestión. La superación de un concurso da acceso a una fase de 
Sobre la base de los datos suministrados por los Estados miembros a finales de 1994, en los que se 
incluyen todas las categorías de personal docente (incluyendo el de enseñanza superior). 
En el Reino Unido no se han aplicado medidas de compensación para esta profesión. 
Dados los procedimientos de contratación en el Reino Unido, no es posible decir cuántos de 
aquéllos que obtuvieron el reconocimiento de sus títulos encontraron empleo ulteriormente en el 
sector público. 
34 
formación y si se concluye de manera satisfactoria86, el candidato 
obtiene un puesto de trabajo garantizado en un centro docente público. 
Por consiguiente, la contratación se realiza antes de la obtención del 
título en el sentido de la Directiva. Esta situación ha producido 
problemas en la aplicación del sistema general a los profesores que se 
desplazan a dichos Estados miembros. Según la Comisión, el profesor 
migrante debe participar en los procesos normales de contratación, esto 
es, debe participar en el concurso; no obstante, en la medida en que el 
migrante ya posee una cualificación docente completa, el Estado 
miembro de acogida debería otorgarle una dispensa de dicha fase de 
formación que sigue al concurso87. Siguiendo esta línea, se ha incoado 
un procedimiento de infracción contra Francia. 
iv) La Comisión también ha recibido varias denuncias de docentes que han 
solicitado el reconocimiento en Alemania. En parte, los problemas han 
surgido por el aparente rechazo de algunos Estados federado alemanes a 
reconocer las cualificaciones docentes concedidas por establecimientos 
de enseñanza superior no universitarios (en Reino Unido, Países Bajos, 
Dinamarca y Austria). La Comisión ha hecho saber que dicho enfoque 
infringe la Directiva y que, por consiguiente, está considerando incoar 
procedimientos de infracción. 
v) Una dificultad adicional que han encontrado los profesores migrantes en 
Alemania es la exigencia de que todos los profesores sean capaces de 
enseñar dos materias88. El personal docente cualificado en los otros 
países de la Comunidad como profesor de una sola materia se ha visto 
denegado el reconocimiento por este motivo. La exigencia de enseñar 
dos materias no es en sí misma contraria al Tratado o a la Directiva, 
pero según los servicios de la Comisión no puede argumentarse que la 
enseñanza de una materia o de dos materias sean actividades distintas, y 
justificar por este motivo la negativa a aplicar la Directiva a los 
profesores de una sola materia que se trasladan a Alemania. Está claro, 
no obstante, que es necesario un mecanismo de compensación con 
arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 4. La Comisión prosigue 
su examen de este problema. 
vi) Un último problema se refiere a las exigencias lingüísticas para el 
personal docente. El apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 
1612/6889 prevé que las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o las prácticas administrativas de un Estado miembro 
establezcan "condiciones relativas a los conocimientos lingüísticos 
exigidos en razón de la naturaleza del empleo a cubrir". Estas 
exigencias, como cualquier otra exigencia establecida por la legislación 
Como ocurre en la mayoría de los casos. 
87 
Sujeto a la aplicación de un mecanismo de compensación de conformidad con el artículo 4. 
En Austria se da una exigencia similar. 
89 
Reglamento n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de 
los trabajadores dentro de la comunidad, modificado por el Reglamento n° 2432/92, de 27 de julio 
de 1992 (DO n° L 245 de 26 de agosto de 1992). 
90 35 
nacional, están sujetas al principio general de no discriminación 
contenido en el artículo 6 del Tratado CE. 
vii) Además, según la Comisión, los Estados miembros no están autorizados 
a supeditar el examen de solicitud de reconocimiento con arreglo a la 
Directiva a la presentación de pruebas de competencia lingüística. Así, 
un Estado miembro no puede incluir una prueba de conocimientos de la 
lengua del Estado miembro de acogida entre los documentos que el 
solicitante debe aportar para justificar su solicitud de reconocimiento, ni 
considerar incompleto el expediente del solicitante a falta de dicha 
prueba. 
viii) La Comisión acepta que las exigencias relativas a los conocimientos 
lingüísticos que no son discriminatorias y que son proporcionales a la 
necesidad real de hablar la lengua del Estado miembro de acogida90 son 
conformes al derecho comunitario. Cuando el título del migrante en el 
sentido de la letra a) del artículo 1 no acredita dicho conocimiento, el 
Estado miembro de acogida está obligado, de conformidad con la 
sentencia Vlassopoulou, a examinar si el solicitante ha adquirido la 
capacidad lingüística necesaria por medio de su formación anterior o 
ulterior, o por medio de la experiencia profesional. Si no se presenta 
dicha prueba, la ausencia de la capacidad lingüística necesaria puede ser 
considerada una "diferencia substancial" que justifica una prueba de 
aptitud o un período de prácticas. 
ABOGADOS 
Hasta otoño de 1995 han obtenido el reconocimiento en virtud de la Directiva 
aproximadamente 620 abogados91, de los cuales más de 400 en el Reino Unido, 
por lo menos 76 en Irlanda, 55 en Alemania y 40 en Francia. Cerca de 400 
abogados obtuvieron reconocimiento inmediato sin tener que superar una prueba 
de aptitud, desplazándose la gran mayoría de esos migrantes entre el Reino 
Unido e Irlanda92. Debido a este fenómeno y al hecho de que muchos Estados 
miembros adoptaron tardíamente las normas de transposición sobre la prueba de 
aptitud, únicamente unos 340 abogados tomaron parte en dicha prueba en el 
período de referencia, al menos 180 únicamente en el Reino Unido, logrando 
superarla 214 de ellos. No obstante, existen considerables diferencias en lo que 
se refiere al índice de éxito en los distintos Estados miembros, tal como se 
resalta en la página 11. 
El número relativamente bajo de abogados que han obtenido el reconocimiento 
puede explicarse probablemente, en cierta medida al menos, por el derecho 
Cf. el Asunto 379/87 Groener. REC. 1989, p. 3967. Es de notar que en aquellos Estados 
miembros que contratan personal docente en el sector público mediante concurso abierto se exige 
que el migrante demuestre de hecho su competencia lingüística. Además, la prueba de aptitud o el 
período de prácticas tendrán lugar en la lengua nacional. 
Cf. nota n° 44. 
Por lo menos 311 en UK y 67 en IRL; 15 solicitantes de B y L fueron aceptados directamente en 
F. 
36 
otorgado a los abogados en la legislación nacional de algunos Estados miembros 
a ejercer con el título del Estado miembro de origen93, y en parte porque 
muchos Estados miembros tardaron o, como ocurre en particular en el caso de 
España, todavía no han incorporado la Directiva relativa a los abogados, pero 
es probable que la prueba de aptitud94 impuesta en la mayor parte de casos a los 
abogados migrantes haya funcionado también como elemento disuasorio. 
La necesidad de facilitar aún más la libertad de circulación de los abogados en 
el mercado único llevó a la Comisión a presentar una nueva propuesta de 
directiva95 sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las 
autorizaciones o licencias para ejercer. Un abogado de un Estado miembro 
estaría autorizado a ejercer en otro Estado miembro con su título nacional 
durante un período de cinco años. De acuerdo con la propuesta, los abogados 
que ejerciesen con su título nacional estarían autorizados a una exención total o 
parcial de la prueba de aptitud sobre la base de la experiencia profesional 
obtenida en el Estado miembro de acogida. 
AUDITORES/CONTABLES 
El número de auditores y contables que han hecho uso de la Directiva es 
mínimo (50, según las actuales estadísticas). Aunque la perspectiva de tener que 
realizar una prueba de aptitud constituye sin duda un factor, también se ha 
sugerido que las empresas multinacionales de contabilidad contratan su personal 
cada vez más en el país de implantación, y que la provisión de puestos de 
trabajo dentro de la empresa normalmente se produce únicamente por cortos 
períodos de tiempo. Esta situación no explicaría sin embargo el hecho de que 
los profesionales independientes y los contables de las pequeñas y medianas 
empresas no hayan hecho uso de la Directiva. La Federación Europea de 
Expertos Contables (F.E.E.) está estudiando actualmente con sus miembros la 
forma que podría revestir una directiva específica para contables. 
FUNCIÓN PUBLICA 
i) El duodécimo considerando de la Directiva 89/48/CEE prevé que "el 
sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior no 
prejuzga en absoluto de la aplicación del apartado 4 del artículo 48 ni 
del artículo 55 del Tratado". La aplicación del sistema general a los 
puestos de la función pública que quedan fuera del ámbito de aplicación 
de dichos artículos, y por ello abiertos a los no nacionales, ha dado 
origen a varios problemas. 
Aunque, en algunos casos, con un campo de actividad limitado (asesoría sobre derecho del país de 
origen, derecho internacional y derecho comunitario). 
Cf. los comentarios hechos arriba respecto a la letra g) del artículo 1. 
COM (94)572: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a facilitar 
el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en el que se 
expidió el título (DO n° C 128, de 24.05.1995). 
37 
ii) Con objeto de resolver esos problemas con el grupo de coordinadores, 
los servicios de la Comisión han identificado tres posibles situaciones. 
La primera, y la más sencilla, se produce cuando las reglamentaciones 
nacionales se aplican indistintamente a los sectores público y privado, 
esto es, se exige una misma cualificación profesional tanto para ejercer 
la actividad profesional en el sector público como en el sector privado. 
De un modo general, éste es el caso de las profesiones del sector 
sanitario. Las reglamentaciones que regulan el acceso a la profesión son 
distintas de las que regulan el acceso a un puesto en la función pública. 
Un conjunto de disposiciones regula el acceso a la profesión, y el 
candidato tiene entonces que decidir si aspira a un puesto en la función 
pública o en el sector privado. 
En tales casos, la aplicación del sistema general es relativamente sencilla 
(el reconocimiento coloca al migrante en la misma situación del nacional 
que ha completado una formación profesional pero que todavía tiene que 
encontrar empleo). 
iii) En la segunda situación se aplican normas diferentes en los sectores 
público y privado, respectivamente. Puede suceder que tanto el sector 
público como el privado estén regulados, aplicándoseles normas 
diferentes, siendo en general menos estrictas las exigencias del sector 
privado, o bien que la profesión esté regulada en el sector público pero 
no el sector privado. 
Los ejemplos de esta forma de regulación incluyen la enseñanza (ambas 
variantes) y algunas profesiones del sector sanitario en las que existe una 
reserva de actividad en el sector público para los poseedores de 
determinados títulos (muchas veces impuesta a través del régimen de 
seguridad social) y en las que en el sector privado existe o bien una 
simple protección del título o no existe ningún tipo de regulación. 
Esta situación se aplica a "las profesiones" identificables, esto es, un 
abanico de actividades que, aunque no reguladas, existen en tanto que 
disciplinas distintas en el sector privado. 
iv) Nuevamente, en principio, esta forma de regulación presenta pocas 
dificultades de aplicación del sistema general. Un solicitante puede, de 
conformidad con el artículo 3, obtener el reconocimiento para acceder y 
ejercer una profesión que está habilitado a practicar en su Estado 
miembro de origen. Un migrante que satisfaga las exigencias en su 
Estado miembro de origen para el ejercicio en el sector privado, pero no 
para el ejercicio en el sector público, no está por consiguiente habilitado 
a invocar las directivas relativas al sistema general a fin de obtener el 
acceso a la función pública en el Estado miembro de acogida 
(obviamente, nada impide a las autoridades del Estado miembro de 
acogida adoptar un planteamiento más flexible, y se puede argumentar 
que incluso están obligadas a hacerlo, en virtud de la jurisprudencia 
VlassopoulouL 
38 
Si un solicitante ha trabajado en el sector privado en su Estado miembro 
de origen pero tiene todas las cualificaciones necesarias para la práctica 
en el sector público, tiene derecho a invocar el artículo 3 para obtener el 
reconocimiento a efectos dé acceso a la función pública. 
v) La tercera y última situación se refiere a las actividades ejercidas 
exclusivamente en el sector público. Esta categoría está formada 
fundamentalmente por puestos de la administración general 
(administradores, directores, asistentes, secretarios, dactilógrafos, 
ujieres, etc.), que carece de "profesión" equivalente en el sector 
privado. 
vi) Para estos puestos, algunos Estados miembros tienen procedimientos de 
contratación que son muy similares a los que se aplican en el sector 
privado: anuncio en la prensa con indicación de la formación exigida a 
los candidatos seleccionares. En tales circunstancias, no se exigen 
requisitos en cuanto a las cualificaciones del candidato. Estos 
procedimientos deben ser suficientemente flexibles para permitir a los 
candidatos de otros Estados miembros ser tomados en consideración. 
Sólo se produciría una infracción del artículo 48 si se comprobase que, 
en la práctica, se rechaza de manera sistemática para puestos en la 
función pública a los candidatos con títulos no nacionales. 
vii) Por otra parte, algunos Estados miembros (de manera especial, aunque 
no exclusiva, aquéllos que proceden a la contratación a través de 
oposición o concurso) establecen exigencias más formales mediante 
disposiciones legales, reglamentarias o (más comúnmente) 
administrativas. En ciertos casos, las exigencias en materia de 
cualificaciones revisten la forma de una lista de títulos específicos, en 
otros se exige un cierto nivel de estudios (por ejemplo, una titulación 
universitaria, o un bachillerato). Según la Comisión, la actividad en 
cuestión es una "actividad profesional regulada" en el sentido de la 
Directiva 89/48/CEE, por lo que son de aplicación los mecanismos de 
reconocimiento establecidos en la Directiva. 
viii) Es cierto que el artículo 3 puede ser difícil de aplicar a este tipo de 
actividades profesionales reguladas de la función pública. El artículo 3 
prevé el reconocimiento de los títulos del migrante a efectos de acceder 
y ejercer la misma actividad para la cual está habilitado en su Estado 
miembro de origen. El problema consiste, por consiguiente, en 
determinar la "misma" actividad en el Estado miembro de origen, habida 
cuenta de que las categorías de empleo en la función pública no se 
corresponden exactamente de un Estado miembro a otro. No existe una 
solución total para este problema, pero esto no es una dificultad peculiar 
de la función pública: existen muchos otros casos en que es difícil 
identificar "dicha profesión" a los efectos del artículo 3. Compete al 
migrante probar, si es necesario con la ayuda de las autoridades del 
Estado miembro de origen, que su título le da acceso a la 
correspondiente actividad en la función pública de dicho Estado. 
39 
También es cierto que en esta situación son difíciles de aplicar medidas 
de compensación que se basan en la diferencia substancial de duración o 
contenido de la formación, particularmente en el contexto de un 
concurso/oposición, en el que el factor tiempo puede ser fundamental. 
Según la Comisión, si se hiciese una exigencia general con respecto al 
nivel de cualificación, sería difícil probar que existe una diferencia 
substancial o que unas materias no estudiadas son esenciales para el 
ejercicio de la actividad en cuestión. En todo caso, cuando se procede a 
un concurso abierto, éste sustituye efectivamente a cualquier otra medida 
de compensación. 
V CONCLUSIONES 
La Directiva 89/48/CEE engloba el principio de subsidiariedad pero demuestra 
que, las medidas comunitarias, al tiempo que respetan este principio, pueden 
dar origen a profundos cambios de las legislaciones nacionales y de las 
estructuras y prácticas administrativas. La aplicación de la Directiva ha 
supuesto la incorporación en las leyes de los Estados miembros de normas que 
reflejan un planteamiento nuevo y fundamentalmente distinto para el 
reconocimiento profesional. Ha obligado a los Estados miembros a crear una 
nuevas estructuras administrativas para dar trámite a las solicitudes de 
reconocimiento y facilitar la necesaria coordinación entre las distintas 
autoridades competentes de los Estados miembros. 
La Directiva también pretendía crear nuevas prácticas administrativas y nuevas 
formas de proceder al reconocimiento de las actividades profesionales. Por 
desgracia, como hemos visto anteriormente, en algunos Estados miembros 
continúan prevaleciendo formas de pensar que son propias del ámbito del 
reconocimiento académico. 
La Directiva también ha dado origen a una nueva situación para los futuros 
candidatos: les otorga nuevos derechos y les da nuevas soluciones. De la 
correspondencia recibida por la Comisión se desprende que muchos migrantes 
conocen la existencia del derecho al reconocimiento, pero están incorrectamente 
informados del mecanismo del sistema general. La proporción de denuncias 
recibidas por la Comisión en relación con el número de recursos de que dan 
cuenta los Estados miembros sugiere que los migrantes o no son conscientes de 
su derecho de recurso o son reticentes a ejercerlo. 
Por último, la Directiva ha dado nuevo impulso a la cooperación entre 
organizaciones profesionales nacionales a nivel europeo, y ha habido muchas 
iniciativas destinadas a llevar a cabo de manera voluntaria la convergencia de la 
formación. 
Cambios de este grado y naturaleza llevan tiempo, por lo que todavía no es 
posible llegar a ninguna conclusión definitiva en lo que se refiere al 
funcionamiento del sistema general. 
40 
Por esta razón, la Comisión no tiene la intención por el momento de proponer 
ningún cambio fundamental de la Directiva 89/48/CEE. La revisión de la 
Directiva 92/51/CEE (la segunda directiva relativa al sistema general), prevista 
para 1999, constituirá una oportunidad para la revisión del sistema en su 
conjunto. Sin embargo, sí tiene la intención de examinar la posibilidad de 
proponer determinadas modificaciones a la Directiva, de un alcance limitado, 
antes de dicha fecha. Además de las propuestas contenidas en la próxima 
directiva refundida, la Comisión examinará: 
la posibilidad de incorporar a la Directiva 89/48/CEE la obligación de 
tomar en consideración, al examinar la solicitud de reconocimiento del 
migrante, la experiencia posterior a la titulación; 
la posibilidad de introducir en la Directiva 89/48/CEE el concepto de 
"formación regulada", obviando con ello la necesidad de que el migrante 
que proceda de un Estado miembro que no regula la profesión en 
cuestión acredite dos años de experiencia profesional; 
cómo podría desarrollarse el papel del grupo de coordinadores con 
objeto de garantizar una interpretación y aplicación más uniformes de la 
Directiva. 
Además, la Comisión proseguirá sus esfuerzos, en primer lugar para garantizar 
que el principio básico de la Directiva, consagrado en el artículo 3 (en 
concreto, al reconocimiento per se de la cualificación del migrante), sea 
respetado y que el derecho a imponer los mecanismos de compensación 
contenidos en el artículo 4 no se utilice de manera abusiva, y en segundo lugar 
para informar plenamente a los migrantes de sus derechos con arreglo a la 
Directiva. 
La Comisión continúa estando convencida de que la profunda y sencilla idea 
que constituye el núcleo de la Directiva continúa siendo tan válida en 1995 
como lo era en 1988, y de que el juego del mercado único y el recurso creciente 
al sistema general conducirá a una mejora antes del informe de 1999 al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
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