INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEU - FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA 98/34/CE DE 1999 A 2001

SUMARIO

El presente informe de los resultados de la aplicación de la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información se refiere al período entre 1999 y 2001. Se divide en tres partes: el procedimiento de información en materia de normas, el procedimiento de notificación en el ámbito de los reglamentos técnicos y, finalmente, los anexos relativos a las normas y a los reglamentos técnicos.

Este informe permite apreciar el papel de la Directiva 98/34/CE durante el periodo de referencia. El objetivo del informe es difundir la información en la Unión Europea y alentar a las empresas a que utilicen y aprovechen el procedimiento establecido en la Directiva.

1. NORMAS

El procedimiento en materia de normas tiene por objeto supervisar las nuevas actividades de normalización, emprendidas por los organismos nacionales de normalización, reconocidos por la Directiva 98/34/CE. El presente informe describe de manera breve el procedimiento en materia de normas y proporciona una evaluación del mismo.

Así, el informe concluye que sería aconsejable examinar el interés y la utilidad directa e indirecta de este procedimiento para los distintos protagonistas del mercado. Corresponde en primer lugar a todas las partes interesadas reflexionar sobre estos aspectos y hacer un balance. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que es muy posible que la ausencia de este mecanismo de vigilancia de las actividades nacionales generaría de nuevo riesgos de perturbación del mercado interior. Sobre esta base, es necesario ciertamente mantener el procedimiento, pero también es necesario darle más medios, permitiendo reforzarlo a nivel europeo y nacional con el fin de aumentar su eficacia.

Una cuestión suplementaria que podría plantearse se refiere al marco jurídico. La normalización europea cubre ahora una gran diversidad de ámbitos que ocupaban antes las normas nacionales. Se puede suponer también que ahora los normalizadores comprueban espontáneamente si sus intenciones nacionales de normalización deben someterse directamente a nivel europeo o incluso a nivel internacional. Sería por tanto útil una reflexión sobre el aligeramiento del marco jurídico del procedimiento de información en materia de normas cuando se emprenda la revisión de la Directiva 98/34/CE.

2. REGLAMENTOS TÉCNICOS

Al establecer un procedimiento de notificación de los reglamentos técnicos nacionales, la Directiva 98/34/CE creó un verdadero observatorio del mercado interior, en la medida en que permite a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes económicos tener conocimiento de las iniciativas reglamentarias nacionales.

El presente informe describe de manera sucinta el procedimiento en el ámbito de los reglamentos técnicos, los intercambios de información, las reacciones de la Comisión y de los Estados miembros, los resultados obtenidos, las infracciones comprobadas de la Directiva 98/34/CE, así como la jurisprudencia sobre este tema, las acciones emprendidas para mejorar el funcionamiento del procedimiento y, por último, su aplicación a nivel internacional.

Si se mira hacia el futuro, se constata que podría ser preciso ampliar el procedimiento de notificación, tanto desde un punto de vista material como geográfico. Como los servicios desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras economías, la Comisión se ha comprometido a iniciar una reflexión sobre la oportunidad de extender la Directiva 98/34/CE a servicios distintos de los de la sociedad de la información. Ello parece tanto más necesario cuanto que la Comisión ya pudo comprobar, en el marco del análisis de proyectos que cubrían varios sectores punteros, como el tratamiento genético y la utilización de células madre, que los Estados miembros vinculan cada vez más el tratamiento y la manipulación de productos a exigencias impuestas a los prestadores de servicios.

Otro reto al que tendrá que enfrentarse la Directiva 98/34/CE es la ampliación. Ya se dio un primer paso con Turquía, que tiene, desde el 1 de enero de 2001, la posibilidad de participar, de forma simplificada, en el procedimiento de notificación. La Comisión está estudiando actualmente las posibilidades de hacer participar a los países candidatos en el procedimiento de notificación antes de su adhesión, de la misma forma que los países de la AELC, vista la importancia de la Directiva para la creación de un mercado interior ampliado.

ÍNDICE

SUMARIO

1. Normas

2. Reglamentos técnicos

Introducción

1. Generalidades

2. Normas

3. Reglamentos técnicos

Parte I: El procedimiento de información en materia de normas

1. introducción

2. Descripción sucinta del procedimiento

2.1. Papel del CEN y del CENELEC

2.2. Papel del ETSI

3. El funcionamiento del procedimiento de información durante el periodo de 1999 a 2001

3.1 Tratamiento de las notificaciones

3.2 Estadísticas

3.3 Tendencias de las nuevas actividades de normalización

4. Calidad de las notificaciones procedentes de los organismos nacionales de normalización

4.1 El caso del CEN

4.2 El caso del CENELEC

5. Explotacion de las informaciones recogidas en el marco del procedimiento

5.1 Difusión de la información

5.2 Aplicación del artículo 4 de la Directiva 98/34/CE

5.3 Aplicación del artículo 7 de la Directiva 98/34/CE

5.4 Conclusión relativa a la explotación de la información

6. Información sobre las actividades de normalización en general

6.1 Necesidad de información para todas las partes interesadas

6.2 Sitios web promovidos por la Comisión

6.3 Productos de información de los organismos europeos de normalización

7. Mandatos de programación y normalización

8. Medidas para mejorar el procedimiento

8.1 Mejoras a nivel europeo

8.2 Mejoras a nivel nacional en cuanto a las notificaciones

8.3 Mejoras a nivel nacional en cuanto a la difusión de las informaciones

9. Conclusiones y Perspectivas

Parte II: El procedimiento de información en el ámbito de los reglamentos técnicos

1. introducción

2. Descripción sucinta del procedimiento

2.1. Presentación general del procedimiento 98/34/CE en el ámbito de los productos

2.2. Características específicas del procedimiento en el sector de los servicios de la sociedad de la información

3. Reseña estadística

3.1. Volumen de las notificaciones

3.2. Desglose por países

3.3 Desglose por sectores

3.4. Desglose por reacción

3.5. Aplicación del procedimiento de urgencia

4. Riesgos de obstáculos al mercado interior detectados gracias al procedimiento de notificación

4.1 Visión de conjunto

4.2. Incompatibilidad de los proyectos notificados con los artículos 28 y 30, así como 43 y 49, del Tratado CE

4.3. Incompatibilidad de los proyectos notificados con el Derecho derivado

4.4. Análisis de las reacciones de los Estados miembros

5. Resultados obtenidos

5.1. Curso dado a los dictámenes razonados

5.2. Curso dado a las observaciones

5.3. Proyectos retirados

5.4. «Bloqueo» de iniciativas nacionales

5.5. Identificación de las necesidades de armonización

6. Tratamiento de las infracciones

6.1. Infracciones en el ámbito de los productos

6.2. Infracciones en el sector de los servicios de la sociedad de la información

7. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia

7.1. Sentencias relativas al procedimiento

7.2. Sentencias relativas al ámbito de aplicación de la Directiva y a la definición de sus conceptos

8. Medidas para mejorar el procedimiento

8.1. Transparencia

8.2. Reuniones del Comité 98/34

8.3. Reuniones «paquete»

9. Aspectos internacionales del procedimiento de notificación

9.1. Intercambio de información sobre los reglamentos técnicos entre la Comunidad y los países de la AELC

9.2. Turquía

9.3. Ampliación

9.4. El Consejo de Europa

10. Conclusiones y perspectivas

Parte III: anexos

1. anexos relativos a la normalización

1.1. Distribución del número de nuevos trabajos de normalización emprendidos cada año entre 1991 y 1998

1.2. Distribución del número de nuevos trabajos de normalización emprendidos en 1999

1.3. Distribución del número de nuevos trabajos de normalización emprendidos en 2000

1.4. Distribución del número de nuevos trabajos de normalización emprendidos en 2001

1.5. Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 1999

1.6. Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 2000

1.7. Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 2001

1.8. Los diez subsectores principales de los nuevos trabajos nacionales de normalización en 1999

1.9. Los diez subsectores principales de los nuevos trabajos nacionales de normalización en 2000

1.10. Los diez subsectores principales de los nuevos trabajos nacionales de normalización en 2001

1.11 Aplicación del artículo 4 (solicitud de participación en los trabajos de normalización nacional y solicitud de elaboración de una norma europea)

1.12. Trabajos de normalización confiados a los Organismos Europeos de Normalización en 1999

1.13. Trabajos de normalización confiados a los Organismos Europeos de Normalización en 2000

1.14. Trabajos de normalización confiados a los Organismos Europeos de Normalización en 2001

2. anexos relativos a los reglamentos técnicos

2.1. Número de notificaciones de reglamentos técnicos transmitidas por los Estados miembros de 1999 a 2001

2.2. Porcentajes de notificaciones de reglamentos técnicos transmitidas por los Estados miembros de 1999 a 2001

2.3 Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (1999)

2.3. Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (2000)

2.3. Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (2001)

2.4. Comparación entre notificaciones y urgencias alegadas por sector entre 1999 y 2001

2.5. Comparación entre notificaciones y reacciones por sector (solamente dictámenes razonados y observaciones) - Año 1999

2.5. Comparación entre notificaciones y reacciones emitidas por sector (solamente dictámenes razonados y observaciones) - Año 2000

2.5. Comparación entre notificaciones y reacciones emitidas por sector (solamente dictámenes razonados y observaciones) - Año 2001

2.6. Curso dado a los dictámenes razonados emitidos por la Comisión (solamente procedimientos terminados) sobre las notificaciones de los años 1999 y 2000

2.7. Distribución por sector de los proyectos notificados por Islandia, Noruega y Suiza entre 1999 y 2001

2.8. Observaciones relativas a los proyectos notificados por Islandia, Noruega y Suiza durante el periodo 1999-2001

Introducción

1. Generalidades

El presente informe de los resultados de la aplicación de la Directiva 98/34/CE [1] entre 1999 y 2001 constituye un elemento de información para el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social, tal y como se establece en el artículo 11 de la Directiva.

[1] Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, DO L 204 de 21.7.1998. En el presente informe, las referencias a las disposiciones de la Directiva 98/34/CE remiten a la versión de la misma modificada por la Directiva 98/48/CE.

Se divide en tres partes: el procedimiento de información en materia de normas, el procedimiento de notificación en el ámbito de los reglamentos técnicos y, finalmente, los anexos relativos a las normas y a los reglamentos técnicos.

Este informe permite apreciar el papel de la Directiva 98/34/CE durante el periodo de referencia. El objetivo del informe es difundir la información en la Unión Europea y alentar a las empresas a que utilicen y aprovechen el procedimiento establecido en la Directiva.

2. Normas

El procedimiento en materia de normas tiene por objeto supervisar las nuevas actividades de normalización, emprendidas por los organismos nacionales de normalización, reconocidos por la Directiva 98/34/CE. Se han establecido algunos mecanismos para permitir principalmente a los demás organismos realizar comentarios, participar en los trabajos o pedir que se tomen iniciativas a nivel europeo.

A pesar de que todos estos mecanismos sólo se utilizan de manera limitada, es necesario destacar que la mera existencia del procedimiento permitió limitar las iniciativas a nivel nacional y cambiar hasta cierto punto el comportamiento de los organismos nacionales de normalización. En efecto, cada vez son más los recursos humanos que se destinan a trabajos europeos en lugar de a actividades nacionales.

El presente informe describe de manera breve el procedimiento en materia de normas, proporciona una evaluación del mismo y propone mejoras.

3. Reglamentos técnicos

Al establecer un procedimiento de notificación de los reglamentos técnicos nacionales, la Directiva 98/34/CE creó un verdadero observatorio del mercado interior, en la medida en que permite a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes económicos tener conocimiento de las iniciativas reglamentarias de los Estados miembros. Por otra parte, esta Directiva se inserta en el marco de los esfuerzos realizados por el Consejo, los Estados miembros y la Comisión con vistas a una mejora de la calidad de la legislación, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. La Directiva contribuyó concretamente a mejorar la legislación de los Estados miembros, permitiendo, mediante un análisis previo de los proyectos de reglamentaciones nacionales, evitar numerosos obstáculos antes de que produjesen efectos negativos. Del mismo modo, la Directiva permite a la Comisión detectar las necesidades reales de armonización.

Si miramos hacia el futuro, constatamos que podría ser preciso ampliar el procedimiento de notificación, tanto desde un punto de vista material como geográfico. Desde el punto de vista material, por la consideración de servicios distintos de aquellos que se refieren a la sociedad de la información, puesto que los servicios desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras economías; geográficamente, debido a la próxima ampliación de la Unión Europea.

El presente informe describe de manera sucinta el procedimiento en el ámbito de los reglamentos técnicos, los intercambios de información, las reacciones de la Comisión y de los Estados miembros, los resultados obtenidos, las infracciones comprobadas de la Directiva 98/34/CE, así como la jurisprudencia sobre este tema, las acciones emprendidas para mejorar el funcionamiento del procedimiento y, por último, su aplicación a nivel internacional.

Parte I: El procedimiento de información en materia de normas

1. introducción

Esta parte se refiere al procedimiento de información en el campo de la normalización, tal como está previsto en los artículos 2 a 7 de la Directiva 98/34/CE. Se dispone en ellos que los organismos nacionales de normalización notificarán a la Comisión, a los organismos de normalización europeos y a los demás organismos nacionales de normalización los nuevos ámbitos en relación con los cuales hayan decidido establecer una norma o modificarla. Tras una breve descripción del procedimiento, se da cuenta de la actividad de información en el periodo de 1999 a 2001 y se ofrece un análisis de las estadísticas. El informe trata igualmente de la calidad de las notificaciones, de su utilización y de la emisión de mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización, a saber, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Las mejoras realizadas y las que aún pueden realizarse cierran el presente capítulo.

2. Descripción sucinta del procedimiento

2.1. Papel del CEN y del CENELEC

En la práctica, el procedimiento de información en el campo de la normalización se puso en marcha el 1 de enero de 1985. Desde la adopción de la Directiva 94/10/CE [2], por la que se modificaba la Directiva 83/189/CEE [3], la obligación de información sólo afecta a los nuevos trabajos de normalización. No afecta a las demás actualizaciones de los programas nacionales de normalización, es decir, los proyectos de encuesta pública y la adopción de normas nacionales.

[2] Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, DO L 100 de 19.4.1994.

[3] Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109 de 26.4.1983, p. 8).

Los organismos nacionales de normalización, miembros del CEN y CENELEC (incluso los de los países de la AELC) comunican los datos necesarios al Centro de gestión del CEN (CEN/CGC, antes denominado Secretaría central del CEN) y a la Secretaría central del CENELEC. Los datos reunidos se transmiten periódicamente a la Comisión y a todos los miembros del CEN y del CENELEC, que se encargan de difundirlos a los medios interesados para obtener sus reacciones. Estos datos también los examinan los órganos competentes del CEN y del CENELEC (CEN/CGC y Secretaría central del CENELEC, oficinas técnicas, etc.) y los servicios de la Comisión.

Entre la Comisión Europea y el CEN y el CENELEC se han establecido unos contratos anuales adecuados para asegurar el funcionamiento técnico del procedimiento de información en el campo de las normas.

2.2. Papel del ETSI

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) participa de oficio en el procedimiento de información en materia de normas. No obstante, en la práctica, esta participación se limita a la recepción y al examen de los datos procedentes de los miembros del CEN y del CENELEC transmitidos por las secretarías de estos dos organismos. De hecho, el ETSI no está compuesto por organismos nacionales de normalización, en el sentido de la definición que figura en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE. Las informaciones sobre la elaboración a nivel nacional de las especificaciones técnicas en el sector de las telecomunicaciones se transmiten, en principio, bien a través del procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas, en el caso de la legislación, bien a través de los miembros del CEN y del CENELEC, si tiene carácter voluntario. Tal como se indica en el informe anterior, se puede suponer que las actividades nacionales de normalización en el campo de las telecomunicaciones deberían ser limitadas, ya que los programas del ETSI abarcan multitud de temas, y para cada uno de éstos se aplica la regla interna del statu quo.

La presente parte del informe se refiere, por lo tanto, únicamente a las actividades notificadas por los miembros del CEN y del CENELEC, organismos relacionados en el anexo II de la Directiva 98/34/CE.

3. El funcionamiento del procedimiento de información durante el periodo de 1999 a 2001

3.1 Tratamiento de las notificaciones

A partir de 1993, el CEN introdujo el procedimiento simplificado, como se indicó en el informe anterior. Se trata del procedimiento estipulado en la propuesta de 1992 de la Comisión en la que se basó la Directiva 94/10/CE. Esta simplificación permitió al Centro de gestión del CEN dominar mejor el flujo de información y examinar con mayor detalle determinadas notificaciones, tanto en lo referente a la presentación como al contenido. Esta simplificación ha ofrecido también la posibilidad de disponer desde 1993 de unas estadísticas completas y realistas en relación con los nuevos trabajos.

El intercambio de proyectos de normas para encuesta pública, que incluye el texto íntegro, se realiza desde principios de 1993, caso por caso, de común acuerdo entre los organismos afectados y dentro del espíritu de participación mencionado en el artículo 3 de la Directiva 98/34/CE.

El CENELEC, por su parte, ha reforzado su procedimiento interno, denominado procedimiento «Vilamoura», completándolo, llegado el caso, con el procedimiento de información previsto en la Directiva 98/34/CE. De hecho, en el procedimiento «Vilamoura» se pide a cada miembro del CENELEC que notifique lo antes posible, incluso en una fase temprana, cada deseo y/o intención de emprender una actividad de normalización. La reacción de uno solo de los demás miembros en un plazo de tres meses basta para fijar un plazo de statu quo. Éste no puede ser suspendido más que por el órgano técnico de más categoría dentro del CENELEC, que es su Oficina Técnica. Únicamente en el caso de que este organismo constate que no resulta oportuno trabajar a nivel europeo, autorizará el desarrollo a nivel nacional de la actividad notificada y permitirá que esta actividad se convierta en una iniciativa nacional en el sentido de la Directiva 98/34/CE. Las notificaciones relativas a estas últimas iniciativas se difunden a continuación trimestralmente dentro del círculo más amplio de participantes que se cita en la Directiva 98/34/CE.

No obstante, hay que lamentar que las informaciones del procedimiento «Vilamoura» no se difundan en el exterior, como ocurre con las que siguen el procedimiento previsto en la Directiva, y circulen principalmente entre los miembros del CENELEC. La recopilación de todas las notificaciones en un único registro incrementaría la transparencia, por lo que se debería estudiar este punto.

3.2 Estadísticas

Las estadísticas publicadas por el CEN y el CENELEC en su informe anual ofrecen una visión general de las actividades de normalización notificadas en los años 1999 a 2001.

Teniendo en cuenta el procedimiento específico «Vilamoura» del CENELEC y habida cuenta del hecho de que el CENELEC cubre solamente el sector electrotécnico, el número de notificaciones de los miembros de este organismo en el marco de la Directiva 98/34/CE es bastante reducido. Por lo tanto, las estadísticas del presente informe cubren principalmente las actividades de los miembros del CEN.

Dentro de estas estadísticas, las que se refieren a los nuevos trabajos reflejan las tendencias más recientes dentro de las actividades de normalización. Estas últimas estadísticas se pueden examinar desde tres ángulos complementarios:

- la distribución por niveles de trabajo (nacional, europeo e internacional), así como la evolución de las actividades en cada nivel;

- la distribución por países;

- la distribución por sector y subsector de actividad.

Tal y como se ha indicado en los informes anteriores, las estadísticas se deben interpretar con una cierta prudencia por los motivos siguientes:

- Una nueva actividad lanzada a nivel europeo puede abarcar un campo más amplio que una actividad nacional.

- En razón de los distintos métodos de trabajo utilizados, la fase en la que se notifica un nuevo trabajo de normalización no es la misma para todos los miembros del CEN y del CENELEC.

3.3 Tendencias de las nuevas actividades de normalización

Teniendo en cuenta estas reservas, puede afirmarse lo siguiente sobre la evolución de la normalización internacional, europea y nacional, sobre la base de los cuadros de los anexos 1.1 a 1.10 del presente informe.

- El número total de nuevos trabajos iniciados para el conjunto de estos tres niveles se estabiliza a partir de 1999 en alrededor de 3 815 unidades con relación a la media de 4 664 unidades del periodo 1995/1998, cubierto por el informe anterior.

- A nivel nacional, el número de nuevas iniciativas en el periodo de 1999 a 2001 se sitúa en una media de 1 400 unidades anuales, frente a la media de 1 620 unidades del periodo 1995/1998. La proporción de trabajos puramente específicos dentro de esta cantidad se mantuvo en aproximadamente el 98 %. Por término medio un 30 % de las notificaciones se han declarado como referentes a revisiones o enmiendas de las normas nacionales existentes.

- El número de nuevas iniciativas a nivel europeo disminuyó mucho después de 1998 con relación a los dos años anteriores. Asciende por término medio a 1 587 en el periodo 1999/2001, mientras que la media era de 1 922 en el periodo 1995/1998.

- A nivel internacional, se puede constatar también que la tendencia a la baja se mantiene: una media de 828 unidades al año en el periodo 1999/2001 frente a 1 122 en el periodo 1995/1998.

- Por lo que se refiere a la distribución de los nuevos trabajos nacionales por Estado miembro, los cuadros de los anexos 1.5 a 1.7 muestran que una media del 30 % procede de Alemania. Es notable también el número relativamente elevado de nuevos trabajos en Austria.

- En los cuadros de los anexos 1.8 a 1.10 se indican los diez subsectores principales de las actividades nacionales. Se puede observar que el sector de los productos alimenticios sigue siendo el más importante para las nuevas actividades de normalización nacionales en cada ejercicio. La Comisión opina que es necesario reforzar la normalización europea en este ámbito. Las actividades nacionales siguen siendo también importantes en el sector de la construcción. Debido a que en este ámbito existen varios mandatos de normalización para los trabajos europeos, cabe preguntarse si se respeta el statu quo.

4. Calidad de las notificaciones procedentes de los organismos nacionales de normalización

4.1 El caso del CEN

En sus informes anteriores, la Comisión señaló problemas con los plazos de presentación de las notificaciones y la calidad intrínseca de la información suministrada. La Comisión insistió en que se hiciera un esfuerzo suplementario a nivel nacional y europeo para poner remedio a esta situación. A partir de 1995 se hicieron sistemáticamente tales esfuerzos, lo que permitió mejorar la calidad de las notificaciones. Hay que señalar que estos progresos no han sido fruto del azar, sino del esfuerzo permanente de la unidad central del CEN y de sus corresponsales a nivel nacional.

En primer lugar, la unidad central del CEN ha definido claramente las reglas internas necesarias para garantizar la exactitud, claridad y fiabilidad de las notificaciones mediante la edición de un manual de uso dirigido a sus miembros en mayo de 1995. Este manual también define de qué forma un miembro puede participar en los trabajos de otro miembro. Siguieron otras acciones, sobre todo en el periodo 1995/1998, como la creación de un servicio de asistencia (help desk) en la unidad central del CEN para todas las consultas procedentes de las unidades de los miembros del CEN, encargadas de la notificación de los nuevos temas.

A pesar de estas medidas, aproximadamente el 22 % de las notificaciones se transmitieron en una fase tardía en 1999. En 2000 y 2001 esta cifra mejora (el 16 % y el 15 % respectivamente). No obstante, para este lote de notificaciones tardías se puede constatar una reducción de las posibilidades de intervención por las partes interesadas. Así, en 2001, por ejemplo, alrededor de un tercio de estas notificaciones tardías se comunicaron solamente al final del periodo de encuesta pública. Es preciso seguir trabajando en este sentido si no queremos vulnerar los principios del procedimiento de información previstos por la Directiva. De hecho, la notificación tardía puede suponer un obstáculo para la participación de otros organismos de normalización en los trabajos y para la comunicación de sus observaciones en una fase temprana de los trabajos.

La descripción precisa del proyecto presenta también insuficiencias. En 1998, el 31 % de las notificaciones no contenía ninguna descripción aparte del título. Por el contrario, en el periodo comprendido entre 1999 y 2001 este porcentaje aumenta al 36 % por término medio. Se trata principalmente de las notificaciones austríacas, francesas y británicas. El número de problemas cualitativos disminuye primero en 1999 y 2000 (88 y 66 respectivamente) para aumentar luego considerablemente en 2001 (136 casos). La inexactitud de los datos se refiere principalmente a una mala clasificación del sector/subsector de actividad.

4.2 El caso del CENELEC

El CENELEC, por su parte, no dispone de un análisis detallado similar al efectuado por la unidad central del CEN. No obstante, habida cuenta de la existencia del procedimiento interno «Vilamoura», que contiene normas de notificación relativamente estrictas, puede considerarse buena la calidad de las notificaciones de los miembros del CENELEC.

5. Explotacion de las informaciones recogidas en el marco del procedimiento

5.1 Difusión de la información

En cuanto a la difusión nacional de información sobre las notificaciones, la Comisión no dispone de datos precisos y recientes, a pesar de su recordatorio a los miembros del CEN en las reuniones del Comité 98/34 ampliado de 17 de enero de 2002 y de 13 de junio de 2002. Sobre esta base no puede sino remitirse a las conclusiones de la encuesta del Centro de gestión del CEN realizada en 1995. Se desprende de ella que en Dinamarca el registro mensual es objeto de una suscripción de pago y el examen de las notificaciones lo lleva a cabo principalmente el organismo de normalización. En Alemania la información circula, tal como confirmó el DIN en enero de 2002, entre alrededor de 60 socios económicos interesados, que se encargan de la difusión entre sus miembros en el sector. La difusión sistemática y una consulta amplia a la industria también se observan en Francia. El organismo italiano de normalización comunica los datos a la industria y sus organismos asociados. Además, su personal técnico también está informado de las actividades notificadas por sector. En Portugal, la información se difunde entre los miembros del organismo de normalización, mientras que en Suecia y el Reino Unido el interés por la información parece marginal.

5.2 Aplicación del artículo 4 de la Directiva 98/34/CE

Tal como se señalaba en informes anteriores, sigue siendo marginal la aplicación del artículo 4 de la Directiva, es decir, la participación en las actividades nacionales y la solicitud de elaboración de normas europeas. El cuadro del anexo 1.11 lo confirma:

- el número de observaciones formuladas por los organismos de normalización sigue siendo muy escaso en relación con el número de notificaciones recibidas;

- las peticiones de participación en los trabajos de otros miembros parecen incluso disminuir;

- las solicitudes de elaborar normas europeas son en principio inexistentes, a excepción de tres casos en 1999 y de dos solicitudes en 2000. No se conoce claramente, por otra parte, el curso dado a estas solicitudes.

De estas estadísticas se puede, por lo tanto, extraer la conclusión de que los mecanismos previstos en el artículo 4 de la Directiva no se aplican.

En el sector electrotécnico, es preciso tener en cuenta la aplicación del procedimiento «Vilamoura». Este procedimiento establece, para cada nueva iniciativa presentada por al menos un miembro, los mismos tipos de participación que establece el artículo 4 de la Directiva 98/34/CE. En 1999 y 2000, 40 y 35 notificaciones, respectivamente, fueron objeto de este procedimiento. De este número, 17 y 6 iniciativas, respectivamente, se transfirieron a nivel europeo, mientras que otras 20 y 27, respectivamente, se desarrollaron a nivel nacional con participación de uno o de varios países diferentes. En 2001, el número de notificaciones que siguieron este procedimiento se limitó a 18, de las que 7 se desarrollaron a nivel europeo.

5.3 Aplicación del artículo 7 de la Directiva 98/34/CE

El seguimiento de la aplicación del statu quo previsto en el artículo 7 de la Directiva 98/34/CE se ha efectuado a nivel del CEN/CENELEC y a nivel de la Comisión.

En el Centro de gestión del CEN, algunas notificaciones son objeto de un examen periódico por parte de los responsables técnicos. No se dispone de estadísticas sobre el número de casos tratados, pero su transmisión a la Comisión podría ser útil.

Por su parte, los servicios de la Comisión también han intensificado desde principios de 1993 el examen de las notificaciones recibidas, tanto para vigilar el statu quo con relación a los mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización, como para examinar la utilidad de transferir la actividad notificada a nivel europeo. El número de casos objetados por la Comisión fue de 29 notificaciones, que se refieren a los ámbitos de la construcción, las máquinas y los equipos de protección individual.

5.4 Conclusión relativa a la explotación de la información

Como epílogo a este apartado relativo a la utilización de las informaciones recogidas se pueden formular las consideraciones siguientes:

- La simplificación del procedimiento establecido por la Directiva 94/10/CE ha creado a partir de 1998 las condiciones necesarias para un mejor aprovechamiento de la información, al reducir considerablemente el volumen de datos y centrarse en los datos pertinentes. No obstante, esta simplificación no ha facilitado la difusión de información a nivel nacional ni la aplicación del artículo 4. La explotación de los datos parece depender, sobre todo, de la actitud general de los miembros del CEN respecto del procedimiento de información. Como ejemplo, cabe citar la política activa de difusión en Francia de la información recopilada.

- La Comisión recuerda su opinión de que siguen siendo necesarias medidas suplementarias para garantizar una explotación más eficaz a nivel nacional. Pese al considerable esfuerzo realizado por el Centro de gestión del CEN, para mejorar la información que se notifica hay que realizar un esfuerzo especial y duradero en la propia fuente. La mejora de la difusión de la información a nivel nacional podría alcanzarse utilizando técnicas avanzadas de difusión y demostrando la utilidad de este procedimiento para los industriales. Se puede, por ejemplo, pensar en poner las notificaciones en un sitio Internet, si es posible con acceso abierto y gratuito. Tal instrumento de difusión podría verse completado por un módulo en el sitio Internet que permitiera recoger comentarios o solicitudes de información de las partes interesadas. Esta recogida, y si es posible la evaluación de estos comentarios, podría efectuarlos el organismo nacional del país redactor de los comentarios. En tal caso podría mantenerse el papel de coordinación a nivel nacional de los miembros del CEN.

6. Información sobre las actividades de normalización en general

6.1 Necesidad de información para todas las partes interesadas

La información sobre las nuevas actividades nacionales de normalización sólo es una parte limitada de las informaciones relativas a las actividades de normalización. Se plantea el problema más general de la información sobre la adopción de normas nacionales y de todas las actividades de normalización, en curso o adoptadas, a nivel europeo e internacional.

En particular, han de hacerse todavía algunos esfuerzos para mejorar la información y la consideración de los intereses de los consumidores y de la protección del medio ambiente en la elaboración de las normas.

Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la Comisión considera necesario poner a disposición de todas las partes interesadas las informaciones pertinentes sobre las actividades de normalización y hacerlo en condiciones razonables. La facilidad de acceso y la transparencia de las actividades de normalización deberían ser algunas de las características básicas del sistema de normalización. Debe realizarse un esfuerzo continuo a nivel nacional y europeo para cubrir las necesidades de información de todos los sectores interesados.

6.2 Sitios web promovidos por la Comisión

A petición de la Comisión, los tres organismos de normalización iniciaron en 1998 los trabajos informáticos necesarios para crear un sitio común en la red. Este punto de acceso único en Internet permitirá a todos los usuarios exteriores informarse sobre los trabajos de normalización, en curso o ya realizados, a nivel europeo en el marco de las Directivas de «nuevo enfoque».

Este sitio común también permitirá acceder fácilmente a cada uno de los sitios de los tres organismos europeos de normalización y a los sitios de la Comisión. En estos últimos ya se puede encontrar, entre otras cosas, el texto completo de las directivas correspondientes y las referencias a las normas armonizadas en aplicación de dichas directivas. Este lugar de acceso común se halla en la siguiente dirección: http://www.NewApproach.org. Las estadísticas de acceso demuestran el éxito del sitio: lo consultan alrededor de 9 000 personas diferentes al mes, y el número de páginas consultadas asciende a alrededor de 40 000 al mes. También hay que tener en cuenta el éxito del sitio en el que se encuentran las referencias de las normas armonizadas publicadas en el DOCE en el marco de las directivas de nuevo enfoque. Se trata del sitio: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ newapproach/standardization/harmstds/index.html .

6.3 Productos de información de los organismos europeos de normalización

Entretanto, los tres organismos europeos de normalización han seguido editando diversas publicaciones (en soporte clásico y electrónico) en las que presentan las actividades en curso, las normas aprobadas y el inventario de las transposiciones a nivel nacional. Además, cada uno ha creado su propio sitio en Internet, con enlaces automáticos hacia los sitios de sus miembros.

7. Mandatos de programación y normalización

En aplicación del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 98/34/CE, el Comité permanente emitió un dictamen favorable en los años 1999 a 2001 para 24, 16 y 7 mandatos, respectivamente. Una gran parte (27) de estos 47 mandatos se refieren a la aplicación de las directivas de nuevo enfoque y especialmente la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción. Se emitieron también otros mandatos de normalización para apoyar otras políticas comunitarias (véanse los anexos 1.12 a 14):

- Siete mandatos de normalización se refieren a la política de protección de los consumidores.

- Seis mandatos tratan de política energética de reducción del consumo y de energía alternativa.

- También se dirigieron ocho mandatos, principalmente al CEN, para apoyar las directivas en el ámbito del medio ambiente.

- Téngase en cuenta también el mandato particular en 2001 referente a técnicas de desminado humanitario.

Lo hasta ahora expuesto muestra que la Comisión recurre cada vez más a la normalización para la aplicación de las diversas políticas comunitarias. Esta estrategia consistente en utilizar más ampliamente la normalización en las distintas políticas comunitarias lo confirman también las Conclusiones del Consejo de 1 de marzo de 2002 (DOCE de 15.3.2002 - tercer apartado de estas Conclusiones).

8. Medidas para mejorar el procedimiento

8.1 Mejoras a nivel europeo

En el ámbito de la normalización, la Directiva 94/10/CE simplificó mucho el procedimiento previsto en la Directiva 83/189/CEE (estos textos fueron codificados por la Directiva 98/34/CE). Ello permitió controlar el volumen y, por lo tanto, el tratamiento material de las notificaciones, el examen de su calidad y el de su contenido.

El Centro de gestión del CEN adoptó varias medidas, principalmente desde 1995, para mejorar la calidad de los datos notificados, como la preparación de normas concretas, un seminario de sensibilización y la actualización de un sistema de aseguramiento de la calidad a nivel central. Los informes anuales del CEN contienen sistemáticamente un examen detallado de la calidad de las notificaciones recibidas, lo cual permite realizar una evaluación muy útil desde el punto de vista de la calidad. A nivel nacional, se desconoce la existencia de medidas específicas para mejorar la calidad. No obstante, hay que señalar que las acciones emprendidas por el Centro de gestión del CEN no habrían conseguido resultados positivos sin la colaboración activa de los miembros del CEN. El procedimiento del CENELEC, denominado procedimiento «Vilamoura», es bastante estricto en cuanto a calidad de los datos, aunque éstos no sean voluminosos.

El análisis de la calidad de las notificaciones transmitidas en el periodo de 1999 a 2001 que ha llevado a cabo el CEN, así como la evaluación de la utilización de la información reunida durante este periodo, demuestran, no obstante, que se ha progresado con relativa lentitud en el apartado de la calidad. En particular, la menor calidad de las notificaciones en 2001 pone de manifiesto que es necesario permanecer muy atento. Es preciso, por tanto, mantener un sistema estricto de aseguramiento de la calidad y cualquier nueva medida en ese sentido tendrá una acogida favorable. Como medidas posibles, ya propuestas en el informe anterior, se pueden prever informes más frecuentes sobre la calidad de los datos recibidos. También se puede prever un examen detallado de los problemas que se suelen encontrar y de los de mayor importancia. Ello debería permitir acciones específicas, bien por país, bien por naturaleza del problema, como, por ejemplo, la descripción del proyecto.

8.2 Mejoras a nivel nacional en cuanto a las notificaciones

A nivel nacional, corresponde ante todo a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para que sus organismos de normalización correspondientes cumplan plenamente las obligaciones que les imponen las nuevas normas contenidas en la Directiva y las normas establecidas en los organismos europeos de normalización.

Los organismos nacionales, por su parte, deberían examinar la necesidad de revisar o adaptar sus sistemas de notificación, especialmente en cuanto a la calidad y el cumplimiento de los plazos fijados. De hecho, el análisis efectuado confirma una vez más las lagunas permanentes que existen a este nivel.

8.3 Mejoras a nivel nacional en cuanto a la difusión de las informaciones

Por lo que respecta a la utilización de las informaciones, hay que revisar el actual sistema de difusión. Tiene que preverse la introducción de las nuevas tecnologías, basadas en sitios web, tanto para las notificaciones como para la difusión de las informaciones consolidadas, con el fin de facilitar la comunicación y de hacer la información más atractiva. La Comisión también recomienda que la información sobre las nuevas iniciativas de los miembros del CENELEC forme parte integrante del lote de informaciones del CEN. Esta recomendación no exige la integración de los dos sistemas ni la adaptación del procedimiento del CENELEC, pero garantizaría una visión completa a los usuarios potenciales y haría más transparente este procedimiento de cara al exterior.

La revisión del sistema actual de difusión del CEN también habrá de suscitar un nuevo interés de todos los sectores interesados por las informaciones del procedimiento en materia de normas. A nivel europeo y nacional, habría que considerar una acción de sensibilización de dichos sectores.

9. Conclusiones y Perspectivas

Por lo que se refiere al número de nuevas actividades nacionales de normalización, se puede constatar que se confirma su disminución. Esto se debe en primer lugar a la introducción desde hace años del procedimiento simplificado, que sólo impone la notificación de las nuevas actividades nacionales en sentido estricto. La segunda razón de esta disminución consiste en la reducción real del número de nuevas iniciativas nacionales. No obstante, hay que señalar que el nivel de estas iniciativas parece todavía alto (sobre todo en Alemania). Durante el periodo considerado se pusieron en marcha una media de 1 400 iniciativas nacionales al año, frente a las aproximadamente 1 587 a nivel europeo. Para el conjunto de los miembros del CEN, los ámbitos en los que la normalización nacional sigue siendo importante se refieren a los productos alimenticios, a los productos de construcción y a la aeronáutica.

Gracias a las diferentes medidas establecidas por el Centro de gestión del CEN en estrecha colaboración con los organismos nacionales de normalización, la calidad de las notificaciones ha mejorado, aunque menos de lo previsto. Es necesario perseverar y obtener recursos para garantizar la calidad de los datos. Esta calidad, que es condición indispensable para una mejor explotación de la información, puede mejorar también si mejoran las condiciones de comunicación y si los datos recopilados se presentan a través de las nuevas tecnologías. También serían convenientes acciones específicas en el ámbito del aseguramiento de la calidad.

La utilización de la información recopilada con arreglo al artículo 4 de la Directiva 98/34/CE sigue siendo marginal, sobre todo en lo que respecta a la participación en trabajos nacionales y a las solicitudes de transferencia de la actividad a nivel europeo. Parecen insuficientes, además, los medios para utilizar este procedimiento y verificar el statu quo, establecido al emitirse el mandato de normalización. El procedimiento de información en materia de normas no muestra, por tanto, una eficacia directa. Además, el último cuestionario a este respecto revela que sólo ha habido una difusión activa en algunos países. Es preciso conseguir una difusión generalizada y de fácil acceso. Tal difusión, combinada con un sistema de recogida de los comentarios y solicitudes, debería permitir aumentar la eficacia del procedimiento en materia de normas.

Al mismo tiempo, convendría también examinar el interés y la utilidad directa e indirecta de este procedimiento para los distintos protagonistas del mercado. Corresponde en primer lugar a todas las partes interesadas reflexionar sobre estos aspectos y hacer un balance. A pesar de todo, es preciso tener en cuenta que es muy posible que la ausencia de este mecanismo de vigilancia de las actividades nacionales generaría de nuevo riesgos de perturbación del mercado interior. Sobre esta base, es necesario ciertamente mantener el procedimiento, pero también es necesario darle más medios, permitiendo reforzarlo a nivel europeo y nacional con el fin de aumentar su eficacia.

Una cuestión suplementaria que podría plantearse se refiere al marco jurídico. Hay que reconocer que la normalización europea se desarrolló mucho a partir de la introducción del procedimiento en 1983. A partir de esta fecha tuvo lugar una movilización masiva de recursos de expertos desde el nivel nacional hacia el nivel europeo. La normalización europea cubre ahora una gran diversidad de ámbitos que ocupaban antes las normas nacionales. Se puede suponer también que ahora los normalizadores comprueban espontáneamente si sus intenciones nacionales de normalización deben someterse directamente a nivel europeo o incluso a nivel internacional. Sería por tanto útil una reflexión sobre el aligeramiento del marco jurídico del procedimiento de información en materia de normas cuando se emprenda la revisión de la Directiva 98/34/CE.

Parte II: El procedimiento de información en el ámbito de los reglamentos técnicos

1. introducción

Las páginas siguientes describen la evolución del procedimiento de información previsto por la Directiva 98/34/CE en el ámbito de los reglamentos técnicos. Este sistema, establecido en 1983 por la Directiva 83/189/CEE, conserva toda su originalidad. Evita que se creen nuevos obstáculos al mercado interior insistiendo en la transparencia, el diálogo, la prevención y el control mutuo.

Desde el 5 de agosto de 1999, el procedimiento establecido por la Directiva 98/34/CE se extendió a los servicios de la sociedad de la información [4]. En el futuro, el papel de la Directiva va a acentuarse aún más con la ampliación de la Unión Europea. En este sentido, la Directiva podrá resultar un instrumento decisivo para garantizar el buen funcionamiento de un mercado interior más amplio.

[4] Mediante la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 217 de 5.8.1998.

2. Descripción sucinta del procedimiento

La descripción siguiente del procedimiento 98/34/CE se divide en dos partes. La primera ofrece una presentación general de este procedimiento en el ámbito de los productos; la segunda describe las características específicas de las reglas relativas a la sociedad de la información, ya que en este sector el procedimiento difiere ligeramente del aplicable a los productos.

2.1. Presentación general del procedimiento 98/34/CE en el ámbito de los productos

En virtud del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE, los Estados miembros han de comunicar a la Comisión todos sus proyectos de reglamentos técnicos.

A partir de la fecha de notificación del proyecto a la Comisión, empieza un plazo de statu quo de tres meses, durante el cual el Estado miembro que ha efectuado la notificación no puede adoptar el reglamento técnico en cuestión. Durante este plazo, los demás Estados miembros y la Comisión pueden estudiar el proyecto notificado y reaccionar adecuadamente. El resultado de este procedimiento de consulta entre el Estado miembro autor de la notificación, los demás Estados miembros y la Comisión determina el curso que el Estado miembro notificador puede dar a su proyecto de reglamento técnico.

Pueden presentarse los siguientes casos:

- Si los Estados miembros y/o la Comisión no comunican ninguna reacción, el Estado miembro notificador puede adoptar el proyecto de reglamentación una vez hayan transcurrido los tres meses de statu quo.

- Si los Estados miembros y/o la Comisión formulan observaciones en virtud del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva, el Estado miembro autor de la notificación debe, en la medida de lo posible, tenerlas en cuenta en los trabajos posteriores de elaboración de la reglamentación técnica.

- Si los Estados miembros y/o la Comisión consideran que el proyecto de medida previsto incluye elementos que pueden llegar a plantear obstáculos a la libre circulación de mercancías, de conformidad con el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva, pueden emitir un dictamen razonado. En tal caso, el Estado miembro afectado aplazará la adopción de su proyecto por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de la notificación y tendrá que informar a la Comisión del curso que tiene la intención de dar a dicho dictamen razonado.

- Si la Comisión comunica su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante en el ámbito del proyecto notificado o si comprueba que el proyecto notificado se refiere a un tema cubierto por una propuesta de acto comunitario vinculante presentada ante el Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Directiva, el Estado miembro notificador tendrá que aplazar la adopción del reglamento técnico por un periodo de doce meses a partir de la fecha de su comunicación. De conformidad con el apartado 5 del artículo 9 de la Directiva, si el Consejo adopta una posición común en el plazo de doce meses, el plazo de statu quo se podrá prorrogar por un periodo de dieciocho meses. Si la Comisión renuncia a su propuesta o la retira, o si se adopta el acto comunitario mencionado, la prórroga del statu quo cesa automáticamente.

El apartado 7 del artículo 9 de la Directiva establece un procedimiento de urgencia que permite que en determinadas condiciones se proceda a la adopción inmediata de los proyectos nacionales. Si un Estado miembro desea adoptar un reglamento técnico por motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible vinculada a la protección de la salud de las personas y de los animales, a la conservación de la flora o a la seguridad, puede solicitar la aplicación de dicho procedimiento sin verse obligado a respetar el plazo de statu quo. En la notificación deberán constar los motivos que justifiquen el carácter urgente de las medidas. A continuación, la Comisión se pronunciará sobre el fundamento de la aplicación del procedimiento de urgencia.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8, el texto definitivo de la normativa notificada deberá comunicarse sin demora a la Comisión.

La Comisión desempeña un papel decisivo en el desarrollo del procedimiento. Es la encargada de distribuir a los Estados miembros los proyectos notificados, así como del resto de mensajes que circulan entre la Comisión y los Estados miembros o entre los propios Estados miembros. También se encarga de la traducción de dichos textos para facilitar el buen funcionamiento del procedimiento.

El Comité Permanente, formado por representantes de los Estados miembros (previsto en el artículo 5 de la Directiva) es un órgano consultivo que se reúne aproximadamente dos veces por semestre y desempeña un importante papel en el control de la evolución del procedimiento y en el estudio de las distintas cuestiones planteadas por las notificaciones.

2.2. Características específicas del procedimiento en el sector de los servicios de la sociedad de la información

La Directiva 98/48/CE, aplicable desde el 5 de agosto de 1999, amplió de manera sustancial el ámbito de aplicación de la Directiva 98/34/CE. Visto el desarrollo rápido y progresivo de los servicios de la sociedad de la información y la actividad legislativa a nivel nacional que acompaña a este desarrollo, se ha considerado conveniente establecer también un sistema de información para este tipo de servicios [5].

[5] Para más información sobre la aplicación del procedimiento de notificación a los servicios de la sociedad de la información, véase el reciente informe de la Comisión titulado «Evaluación de la aplicación de la Directiva 98/34/CE en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información», COM(2003) 69 final, de 13.2.2003, así como el Vademécum relativo a la Directiva 98/48/CE (http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/ vade9848/index_fr.pdf).

Ámbito de aplicación

Según el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE (en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE), ésta contempla «todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios». Así pues, los servicios de radiodifusión sonora y los servicios de radiodifusión televisiva contemplados en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/552/CEE relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva quedan excluidos del campo de aplicación, ya que no se prestan a petición individual de un destinatario de servicios.

Están previstas algunas excepciones a este ámbito de aplicación (apartados 2 y 5 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE). La Directiva no se aplica a las normas relativas a cuestiones que son objeto de una normativa comunitaria en materia de servicios de telecomunicaciones, tal como los define la Directiva 90/387/CEE relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones, ni a las normas relativas a cuestiones que son objeto de una normativa comunitaria en materia de servicios financieros. Por último, las normas establecidas por y para los mercados reglamentados, a tenor de la Directiva 93/22/CEE relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, quedan excluidas de la obligación de notificación (sólo subsiste, en este último sector, la obligación de comunicación de los textos adoptados).

Es procedente, por tanto, recordar que los servicios de telecomunicaciones y los servicios financieros, como tales, no están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 98/34/CE. Simplemente, se han previsto algunas excepciones en los términos descritos debido al hecho de que, en estos dos ámbitos, un gran número de cuestiones son objeto de armonización y se inscriben dentro de un marco reglamentario ya suficientemente definido a escala comunitaria. La exclusión de los mercados reglamentados se explica por la necesidad de proceder sin demora a la adopción de actos reglamentarios que se refieren a servicios en línea relativos a mercados financieros de fuerte movilidad y fluidez, y caracterizados por situaciones que pueden evolucionar de manera súbita e imprevisible.

Las reglas relativas a los servicios se definen en el apartado 5 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE como «un requisito de carácter general relativo al acceso a las actividades de servicios contempladas en el punto 2) [servicios de la sociedad de la información] y a su ejercicio, especialmente las disposiciones relativas al prestador de servicios, a los servicios y al destinatario de servicios, con exclusión de las normas que no se refieren específicamente a los servicios determinados en dicho punto».

El concepto de «requisito de carácter general» implica que se excluyen las medidas que, en vez de establecer requisitos abstractos y generales, se dirigen directa e individualmente a ciertos destinatarios particulares, como, por ejemplo, las decisiones administrativas o judiciales sobre casos concretos (véase la concesión de licencias a uno o más agentes particulares).

Una regla no se referirá específicamente a los servicios de la sociedad de la información cuando «sólo haga referencia a esos servicios implícita o incidentalmente» (segundo guión del quinto párrafo del apartado 5 del artículo 1). La Directiva impone por tanto la notificación de los proyectos reglamentarios que, teniendo en cuenta su motivación, su contenido y su finalidad directa, se consagran abiertamente, de manera total o parcial, a la disciplina de los servicios de la sociedad de la información. Así, están cubiertos no sólo los textos reglamentarios que, en su conjunto, se consagran a la sociedad de la información, sino también las normativas de las que solamente una parte (que podría reducirse a un artículo, o incluso un apartado) se refiere puntualmente a un servicio de la sociedad de la información (véase el primer guión del quinto párrafo del apartado 5 del artículo 1). Del mismo modo que los reglamentos técnicos, han de notificarse las reglas relativas a los servicios cuyo cumplimiento sea obligatorio de facto.

Se pueden citar los ejemplos siguientes de medidas que pueden constituir reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información:

- medidas relativas a las condiciones de acceso a una actividad en línea;

- medidas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad en línea;

- medidas relativas al prestador de servicios en línea;

- medidas relativas a la prestación de servicios en línea;

- medidas relativas al destinatario de servicios en línea;

- medidas relativas a los servicios cuyo cumplimiento sea obligatorio de facto (por ejemplo un reglamento que remita a textos no reglamentarios o a un código de buena conducta de los profesionales para el suministro de servicios en línea, cuya observancia confiera una presunción de conformidad; un acuerdo voluntario en el cual haya sido contratante una Administración pública y que tenga por objeto el respeto de normas relativas a los servicios; etc.).

Normas de procedimiento

Las normas de procedimiento que se aplican a los proyectos de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información siguen a grandes rasgos las aplicables a proyectos de reglamentaciones relativas a los productos. Existen, sin embargo, algunas diferencias:

- En primer lugar, por lo que se refiere a la emisión de un dictamen razonado (apartado 2 del artículo 9). Tal dictamen puede emitirse si la Comisión o un Estado miembro consideran que «la medida prevista presenta aspectos que puedan crear, llegado el caso, obstáculos a la libre circulación de servicios o a la libertad de establecimiento de los operadores de servicios en el marco del mercado interior». En el caso de los reglamentos sobre productos, el Estado miembro en cuestión deberá aplazar la adopción de su proyecto seis meses a partir de la fecha de su comunicación. En el caso de las reglas relativas a los servicios, este plazo se reduce a cuatro meses.

- En segundo lugar, mientras que en el sector de los productos, los Estados miembros tienen la obligación de aplazar doce meses la adopción de un proyecto de reglamento técnico, cuando la Comisión comunica su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante, o cuando comprueba que el proyecto se refiere a una materia cubierta por una propuesta de acto comunitario presentada al Consejo (apartados 3 y 4 del artículo 9), para las reglas relativas a los servicios, un bloqueo de doce meses sólo es posible en el segundo caso (apartado 4 del artículo 9). Además, tal bloqueo sólo es posible cuando el proyecto notificado prevé disposiciones que no se ajustan al contenido de la propuesta de la Comisión (considerando 23 de la Directiva 98/48/CE).

- En tercer lugar, el procedimiento de urgencia (apartado 7 del artículo 9) puede justificarse para las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información no sólo «por motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible que tenga que ver con la protección de la salud de las personas y los animales, la preservación de los vegetales o la seguridad» (se trata de las mismas circunstancias que las ya previstas para los productos), sino también «por motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible que tenga que ver con el orden público, en particular, con la protección de los menores». Por último, puede también alegarse la cláusula de urgencia en materia de servicios de la sociedad de la información, en lo referente a reglas relativas a los servicios financieros, «por motivos urgentes relacionados con una situación grave que tenga que ver con la protección de la seguridad y de la integridad del sistema financiero y, en particular con la protección de los depositantes, los inversores y los asegurados».

3. Reseña estadística

El capítulo siguiente tiene por objeto la reseña estadística de la evolución del número de notificaciones recibidas, su distribución por Estado miembro y por sector. Se presentarán también algunos datos sobre los distintos tipos de reacción (observaciones, dictámenes razonados y «bloqueos»). Se consagrará un último punto a la utilización del procedimiento de urgencia previsto por la Directiva 98/34/CE.

3.1. Volumen de las notificaciones

Según las estadísticas del cuadro del anexo 2.1., en 1999 la Comisión recibió 591 proyectos de reglamentos técnicos, 751 en 2000 y 530 en 2001. Se observa una tendencia general al alza en el número de notificaciones recibidas al año por la Comisión entre 1999 y 2000 (+ 24,3 %). Por el contrario, en 2001 se registró un descenso, que se debe, en particular, a la disminución considerable de los proyectos notificados en el ámbito de las telecomunicaciones (de 186 en 2000 a 47 en 2001). Esta reducción a su vez se debe a que los Estados miembros ya habían notificado, durante 2000, muchas interfaces de radio [6] a raíz de la entrada en vigor de la Directiva 99/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

[6] Estas interfaces deben notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 4 de la Directiva 99/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, DO L 91 de 7.4.1999.

Generalmente, se puede observar, sin embargo, una ola de «re-regulación» en los Estados miembros, debida principalmente a los avances tecnológicos y a la preocupación por reforzar los controles en el ámbito sanitario y en particular alimentario («in dubio pro dubio»).

3.2. Desglose por países

Como muestra el diagrama 1 (véase también el cuadro del anexo 2.2.), la mayoría de los proyectos de reglamentos notificados entre 1999 y 2001 fueron transmitidos por los Países Bajos y Austria. Para el año 2000 cabe indicar un aumento notable de las notificaciones de Dinamarca y del Reino Unido (Dinamarca: 43 en 1999 y 114 en 2000; Reino Unido: 49 en 1999 y 95 en 2000). El aumento del número de las notificaciones de Dinamarca y del Reino Unido durante ese año se debe sobre todo a un aumento de las notificaciones en los sectores de las telecomunicaciones y el transporte. En 2001, por el contrario, los datos estadísticos se acercan de nuevo a los de 1999: los Países Bajos en primer lugar (con 98 notificaciones), y Francia y Alemania entre los cuatro países que notifican más proyectos (con 55 y 50 notificaciones respectivamente). Una tendencia se consolida a partir de 1999: la importancia del número de notificaciones transmitidas por Austria (69 en 1999, 138 en 2000 y 75 en 2001).

Diagrama 1

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

3.3 Desglose por sectores

El desglose por sectores (véase el diagrama 2 y los tres cuadros del anexo 2.3. [7]) indica que, al igual que en el periodo de 1995 a 1998, la mayoría de las notificaciones recibidas entre 1999 y 2001 se refieren a los cinco sectores siguientes: agricultura y productos alimenticios (18,9 %), telecomunicaciones (15,9 %), transporte (15,2 %), edificación y construcción (14,7 %) e industria mecánica (6,7 %). Por el contrario, por primera vez desde 1992, estos cinco sectores constituyen menos del 75 % del total de las notificaciones, lo que se debe, sobre todo, a la importancia creciente del ámbito del medio ambiente (5,9 % del total de las notificaciones entre 1999 y 2001).

[7] En estos diagramas y cuadros el sector salud/equipos médicos agrupa esencialmente los productos sanitarios.

Diagrama 2

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Aunque, en términos porcentuales, el sector de la agricultura y productos alimenticios varió en el periodo de 1999 a 2001 (del 21,1 % en 1999 al 16,9 % en 2000, y de nuevo 19,1 % en 2001), se mantuvo en un nivel alto en cuanto a número total de notificaciones (125, 127 y 108 notificaciones respectivamente en 1999, 2000 y 2001) y se puso incluso en cabeza en 2001. Tras un debilitamiento entre 1996 y 1998, el ámbito de las telecomunicaciones, al colocarse en cabeza en 2000, había adquirido una importancia creciente, importancia que disminuyó en 2001. El sector del transporte sigue estable en un nivel alto. El sector de la edificación y construcción, en términos de porcentaje, experimenta un aumento importante (12,3 %, 14,5 % y 18,7 % respectivamente en 1999, 2000 y 2001). El ámbito de la mecánica, por el contrario, sufre una fuerte tendencia decreciente (de 10,3 % en 1999 a 4,4 % en 2001), tras una breve recuperación en 1998 (17 %).

Ello confirma que en el periodo comprendido entre 1999 y 2001, los Estados miembros legislaron sobre todo para tener en cuenta los progresos tecnológicos y para reforzar los controles en el ámbito alimentario. La necesidad de seguridad se hizo también patente en el sector del transporte.

Los avances en tecnología se acompañan también de un despegue del procedimiento en el sector de los servicios de la sociedad de la información: 23 proyectos se notificaron en este ámbito en 2000 y 25 en 2001 [8], que abarcan temas complejos, tales como la firma electrónica, la lucha contra los delitos informáticos, el comercio electrónico, la protección de los menores en las comunicaciones y los nombres de dominio. Son sectores en los que los avances tecnológicos y jurídicos justifican plenamente el establecimiento de un mecanismo eficaz de información previa, cooperación administrativa y control, entre otras cosas, para garantizar el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales.

[8] Una comparación con el año 1999 es difícil, puesto que la Directiva 98/48/CE, que extendió la Directiva 98/34/CE a los servicios de la sociedad de la información, sólo es aplicable desde el 5 de agosto de 1999.

3.4. Desglose por reacción

Por regla general, se puede constatar una disminución del porcentaje de las notificaciones que provocan una reacción de la Comisión. Estas reacciones se presentan en forma de observaciones, dictámenes razonados o anuncios de la intención de proponer, adoptar o presentar un acto comunitario (véase el diagrama 3). A menudo, una información es objeto de varias reacciones de la Comisión.

Diagrama 3

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Leyenda

8.2 : Observaciones

9.2 : Dictámenes razonados

9.3 y 9.4 : Bloqueo

En los años 1995, 1996, 1997 y 1998, el porcentaje de reacción de la Comisión asciende respectivamente a 49,7 %, 63,1 %, 46,5 % y 38,5 %. Esta tendencia se confirma en 1999, con un 34,2 %. Aunque la cifra total haya aumentado ligeramente en 2000, a 39,8 %, es conveniente detenerse en el tipo de reacciones.

En 2000, la Comisión hizo observaciones sobre el 32,2 % de las notificaciones recibidas, frente al 26,2 % en 1999 y el 27 % en 1998; envió dictámenes razonados en 2000 sobre solamente el 6,5 %, frente al 7,2 % en 1999, lo que arroja una media del 6,8 % (14,6 % en el periodo que va de 1995 a 1998 y 31 % en el periodo de 1992 a 1994). Esta disminución del número de dictámenes razonados puede explicarse como resultado de la acción pedagógica que realiza desde hace muchos años la Comisión en los Estados miembros.

La mejora de la calidad de los reglamentos técnicos notificados es visible también a partir del número total de dictámenes razonados emitidos por los Estados miembros, que disminuye, pasando del 15,7 % de los proyectos notificados en 1999 al 12,6 % en 2000.

Por el contrario, para el año 2001, se interrumpe esta tendencia hacia una mejora continua de la calidad de la legislación. Podemos observar que el número de reacciones de la Comisión aumenta considerablemente. Emitió dictámenes razonados sobre el 11,7 % de las notificaciones recibidas (la media entre 1999 y 2000 había sido del 6,8 %). Envió también observaciones sobre el 27,7 % de las notificaciones. Los Estados miembros, por su parte, emitieron dictámenes razonados sobre el 16,9 % de las notificaciones (frente al 12,6 % en 2000).

Esta tendencia parece deberse entre otras cosas al hecho de que los Estados miembros intentan tener en cuenta la evolución de la tecnología proponiendo nuevas legislaciones que son cada vez más complejas y, por ende, son fuente de creación de obstáculos a la libre circulación de productos, y a la libre prestación de los servicios de la sociedad de la información.

Entre 1999 y 2001, la Comisión aplicó los apartados 3 a 5 del artículo 9 de la Directiva 98/34/CE en 31 casos. Estas disposiciones obligan a un Estado miembro a respetar un plazo de statu quo de un año que se cuenta a partir del momento de la notificación del proyecto, cuando la Comisión les comunica su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante con arreglo al artículo 249 (antiguo artículo 189) del Tratado, o bien les comunica que ha observado que el proyecto versa sobre una materia cubierta por tal propuesta. El número de «bloqueos» fue de 4 en 1999, 8 en 2000 y 19 en 2001. Cabe observar que, de 31 aplicaciones de los apartados 3 a 5 del artículo 9 de la Directiva 98/34/CE, 14 se referían al ámbito de la agricultura y los productos alimenticios.

3.5. Aplicación del procedimiento de urgencia

Entre 1999 y 2001, los Estados miembros invocaron el procedimiento de urgencia en 103 ocasiones. Las medidas así notificadas representaban un 5,4 % del total de las notificaciones, lo que corresponde aproximadamente al número de notificaciones a las que se aplicó este procedimiento de 1995 a 1998.

La urgencia se alegó sobre todo en el sector de la agricultura y los productos alimenticios (52 veces) y en el sector del transporte (14 veces), seguidos por el sector químico (7 veces). Si por el contrario se pone en relación, por sector, el número de notificaciones con el número de veces que se recurre al procedimiento de urgencia (véase el cuadro del anexo 2.4.), se observa que los sectores en que, proporcionalmente, se recurre más a este procedimiento son los de la salud y equipos médicos (21,4 %), seguidos por el sector agroalimentario (14,5 %), los productos farmacéuticos (9,4 %), y los servicios de la sociedad de la información (8,5 %).

Hay que constatar por tanto que a la urgencia se recurre sobre todo en ámbitos que se refieren directamente a la protección de la salud o que están sometidos a cambios tecnológicos rápidos y que plantean problemas de seguridad pública (servicios de la sociedad de la información), en particular, en el periodo posterior al 11 de septiembre de 2001.

La Comisión consideró que la utilización del procedimiento de urgencia se justificaba en 15 casos en 1999, en 13 casos en 2000, y en 24 casos en 2001, lo que corresponde a un porcentaje medio de aceptación del 50,5 %. Así pues, este porcentaje ha bajado de forma continua desde 1996 (pasando del 80 % en 1996 al 68 % en 1997 y al 52,7 % en 1998). Las causas de esta reducción son complejas y múltiples. Sin embargo, se puede observar, sobre todo para el sector de la agricultura y los productos alimenticios (más del 50 % del total de urgencias), que los Estados miembros invocan la urgencia en materias ya reguladas de manera exhaustiva a nivel comunitario.

4. Riesgos de obstáculos al mercado interior detectados gracias al procedimiento de notificación

Puede obtenerse una visión global de estos obstáculos a través de una reseña estadística global, seguida de una reseña más específica de los problemas planteados con relación a los artículos 28 y 30, y 43 y 49 del Tratado CE, así como en relación con el Derecho derivado.

4.1 Visión de conjunto

Si se compara el número de notificaciones por sector con las reacciones de la Comisión o de los Estados miembros, se pueden extraer, para el año 1999, las conclusiones siguientes (véase también el primer cuadro del punto 2.5 del anexo):

- Los sectores en que la Comisión y los Estados miembros emitieron más dictámenes razonados son los de la salud y equipos médicos, seguidos por los de los productos químicos, equipos para uso doméstico y ocio y productos alimenticios y agrícolas.

- Si se tienen en cuenta las observaciones y dictámenes razonados en su conjunto para el año 1999, se hallan en primer lugar la salud y los equipos médicos, y a continuación los productos químicos, el medio ambiente, y los productos alimenticios y agrícolas.

En el año 2000 (véase también el segundo cuadro del punto 2.5 del anexo), la situación es similar, si bien aparecen por primera vez los servicios de la sociedad de la información:

- Podemos observar que, si examinamos los ámbitos en que más dictámenes razonados han emitido la Comisión y los Estados miembros, hallaremos en primer lugar los equipos para uso doméstico y ocio, seguidos por los servicios de la sociedad de la información, los productos alimenticios y agrícolas, y finalmente la salud y los equipos médicos.

- Si se considera de nuevo los dictámenes razonados y las observaciones en su conjunto, el sector de la salud y los equipos médicos aparece en primer lugar, seguidos por los productos químicos, los productos alimenticios y agrícolas, y finalmente los equipos para uso doméstico y ocio.

En 2001, la situación es similar; sin embargo, por primera vez, «otros productos» ocupa un lugar importante (véase también el tercer cuadro del punto 2.5 del anexo):

- Los sectores en los que más dictámenes razonados han emitido la Comisión y los Estados miembros son la salud y los equipos médicos, seguidos por los productos químicos, otros productos, y el sector de edificación y construcción.

- Si se analizan las observaciones y los dictámenes razonados en su conjunto, el ámbito de la salud y los equipos médicos ocupa el primer lugar, seguido por los productos químicos, del medio ambiente, y finalmente de otros productos.

Esta comparación permite extraer como conclusión que los obstáculos aparecen generalmente en los siguientes sectores: salud y equipos médicos, productos químicos, y productos alimenticios y agrícolas. Inversamente, los sectores en que menos problemas hay son los de los productos farmacéuticos y el transporte.

Puede darse también una visión global sobre otra base de comparación, la de los fundamentos jurídicos aducidos por la Comisión en sus dictámenes razonados. El año 1999 arroja las cifras siguientes [9]:

[9] Un dictamen razonado puede basarse en varios fundamentos jurídicos, por eso las cifras que siguen superan el número total de dictámenes razonados emitidos al año.

- se emitieron 17 dictámenes razonados sobre la base del Derecho derivado (de los cuales 6 sobre la base de la Directiva 89/336/CEE [10] relativa a la compatibilidad electromagnética);

[10] DO L 139 de 23.5.1989.

- se enviaron 30 dictámenes razonados a los Estados miembros sobre la base de los artículos 28 y 30 del Tratado CE (de los cuales 21 debido a la ausencia de la cláusula de reconocimiento mutuo o debido a una cláusula insuficiente, y 9 porque se consideró que la medida no guardaba proporción con el objetivo perseguido).

En el año 2000:

- se emitieron 17 dictámenes razonados sobre la base del Derecho derivado;

- 29 dictámenes razonados se basaron en los artículos 28 y 30 del Tratado CE (de los cuales, 18 debido a la ausencia de la cláusula de reconocimiento mutuo o debido a una cláusula insuficiente y 11, porque la medida se consideró no proporcional);

- se dirigieron 10 dictámenes razonados a los Estados miembros sobre la base de los artículos 43 y 49 del Tratado CE (estos dictámenes razonados se referían a los servicios de la sociedad de la información).

En el año 2001:

- se enviaron 33 dictámenes razonados a los Estados miembros sobre la base del Derecho derivado (6 basados en la Directiva 73/23/CEE [11] relativa a la «baja tensión» y 5 en la Directiva 97/23/CE [12] sobre equipos a presión);

[11] DO L 77 de 26.3.1973.

[12] DO L 181 de 9.7.1997.

- 30 dictámenes razonados tenían por base los artículos 28 y 30 del Tratado CE (20 debido a la ausencia de la cláusula de reconocimiento mutuo o debido a una cláusula insuficiente y 10, porque la medida se consideró no proporcional).

En total, 67 dictámenes razonados (40,4 %) se basaban en el Derecho derivado y 99 (59,6 %) en los artículos 28 y 30, y 43 y 49 del Tratado CE. Ello demuestra que, aunque el procedimiento de notificación no se aplica a las disposiciones mediante las cuales los Estados miembros dan cumplimiento a los actos comunitarios vinculantes que tengan por resultado la adopción de especificaciones técnicas o de reglas relativas a los servicios (véase el primer guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 98/34/CE), los textos notificados conciernen a menudo, directa o indirectamente, al Derecho derivado comunitario.

4.2. Incompatibilidad de los proyectos notificados con los artículos 28 y 30, así como 43 y 49, del Tratado CE

Un examen de los dictámenes razonados dirigidos por la Comisión a los Estados miembros sobre la base de los artículos 28 y 30 del Tratado CE demuestra que, con algunas excepciones, la mayoría de los obstáculos a los intercambios están vinculados al principio de reconocimiento mutuo y a la redacción de cláusulas cuya presencia en los proyectos notificados es condición sine qua non para la correcta aplicación de este principio.

En el ámbito de los productos farmacéuticos y equipos médicos, la Comisión emitió pocos dictámenes razonados relativos a las cláusulas de reconocimiento mutuo, ya sea porque la materia estaba cubierta por una Directiva (en particular, la Directiva 93/42/CE relativa a los productos sanitarios), o porque la reclamación se refería a procedimientos discriminatorios relativos a importaciones paralelas de medicamentos.

Es preciso señalar que en el sector del medio ambiente y los productos químicos, las cláusulas de reconocimiento mutuo no pueden aplicarse en todos los casos. Para los proyectos en los que tales cláusulas son necesarias, la Comisión advirtió en algunas ocasiones que las cláusulas previstas eran insuficientes, ya que se limitaban a algunas normas, o hacían obligatorias normas comunitarias, o bien estaban sujetas a determinadas condiciones previas (por ejemplo, que la referencia a la norma de otro Estado miembro se recoja en una publicación oficial del Estado). Además, una serie de proyectos se consideraron contrarios al artículo 28, ya que generaban obstáculos desproporcionados respecto al objetivo que se perseguía. En este contexto, la falta de transmisión de datos científicos (en infracción del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE) para apoyar ciertas prohibiciones en el sector químico, hizo difícil para la Comisión, en varios casos, el análisis de la proporcionalidad de las medidas propuestas.

Los proyectos notificados en el ámbito agrícola no suelen infringir el artículo 28 del Tratado, y raramente implican problemas de reconocimiento mutuo, si no es en aspectos subsidiarios (utilización de un aparato preciso, etc.). En el sector de los productos alimenticios, aparecieron sobre todo problemas en el marco de la adición de vitaminas y minerales a los productos alimenticios. Algunos Estados miembros se negaron a añadir cláusulas de reconocimiento mutuo, alegando que la adición de vitaminas y minerales a ciertos niveles podría causar problemas para la salud humana. Estos problemas deberían sin embargo solucionarse con la adopción de la propuesta de Reglamento relativa a los alimentos enriquecidos que la Comisión está elaborando y cuya publicación está prevista para este año.

En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, las notificaciones pusieron de manifiesto que, a menudo, los Estados miembros insisten en el respeto de requisitos que ya ha cumplido el prestador de servicios en su Estado miembro de origen. La Comisión lo consideró contrario a los principios de libre circulación de servicios y de libertad de establecimiento (artículos 43 y 49 del Tratado CE). Conviene destacar que se han tomado iniciativas nacionales en un nuevo ámbito: los nombres de dominio en Internet. En esta materia, se vio que los Estados miembros comenzaban a adaptar su legislación a la evolución tecnológica. La Comisión intervino para permitir un desarrollo coherente en el conjunto de los Estados miembros y evitar así la creación de obstáculos a la prestación de actividades de carácter transfronterizo.

Los dictámenes razonados enviados por la Comisión en el sector de la construcción se refieren a menudo a la solicitud de introducción de cláusulas de reconocimiento mutuo en ámbitos que los Estados miembros consideran que afectan a la seguridad o la protección de las personas (protección contra incendios, parques de atracciones, zonas de juegos, asilos, etc.). Se observa en este sector que los problemas de reconocimiento mutuo obedecen a menudo al deseo de los Estados miembros de hacer obligatorias normas europeas o nacionales.

En el ámbito de la mecánica, se plantearon fundamentalmente problemas de reconocimiento mutuo con los taxímetros electrónicos. Como la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre estos taxímetros el 15.9.2000 (COM(2000)566 final), los problemas que plantean estas notificaciones deberían resolverse en un futuro próximo.

La mayoría de los dictámenes razonados dirigidos a los Estados miembros en el ámbito del transporte se refiere a la ausencia de la cláusula de reconocimiento mutuo o a una redacción incorrecta de la misma. La Comisión tuvo la ocasión de recordar a este respecto que el principio de reconocimiento mutuo no se aplica solamente a las especificaciones técnicas de fabricación, sino también a los procedimientos de control aplicables a los productos.

Es necesario también destacar que los Estados miembros se consideran a menudo exentos de introducir una cláusula de reconocimiento mutuo en los textos notificados cuando éstos remiten a normas. En varias ocasiones, la Comisión ha recordado que, siempre que se hace obligatoria una norma europea ha de insertarse en el texto una cláusula de reconocimiento mutuo para los productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y de los países AELC que forman parte del Espacio Económico Europeo.

Un caso particular de reconocimiento mutuo se refiere a la transposición de determinados reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) en el ámbito de los vehículos de motor. Según el artículo 6 de la Decisión 97/836/CE [13] del Consejo por la cual la Comunidad se adhirió al acuerdo que rige la elaboración de los Reglamentos CEPE/ONU, los Estados miembros pueden aceptar los reglamentos CEPE/ONU a los que la Comunidad aún no se haya adherido. En este caso, deben insertar una cláusula de reconocimiento mutuo, ya que, de lo contrario, los vehículos procedentes de otros Estados miembros que aún no hayan suscrito este reglamento CEPE/ONU podrían no ser admitidos en el mercado del Estado miembro que lo haya suscrito. La Comisión recordó esta obligación en varias notificaciones.

[13] DO L 346 de 17.12.1997.

En el ámbito de la energía, sólo unos pocos proyectos fueron objeto de reacciones por parte de la Comisión sobre la base de los artículos 28 y 30 CE (vista la aplicación de la Directiva 96/92/CE [14] relativa al mercado interior de la electricidad). Estas reacciones se referían sobre todo a las condiciones de acceso a la red nacional de energía eléctrica procedente de otros Estados miembros.

[14] DO L 27 de 30. 1.1997.

Como la mayoría de las notificaciones en el ámbito de las telecomunicaciones están vinculadas al hecho de que las exigencias impuestas van más allá de lo previsto en la Directiva 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética o en la Directiva 99/5/CE [15] sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, la cuestión de las cláusulas de reconocimiento mutuo apenas se plantea, ya que la Comisión en la mayoría de los casos consideró estos requisitos suplementarios incompatibles con dichas directivas.

[15] DO L 91 de 7.4.1999.

4.3. Incompatibilidad de los proyectos notificados con el Derecho derivado

En el ámbito de los productos farmacéuticos y de los equipos médicos, son los proyectos relativos a estos últimos los que suscitaron más reacciones. Los problemas observados se debían a menudo a una interpretación incorrecta de la Directiva 93/42/CE [16] relativa a los productos sanitarios, en su versión modificada por la Directiva 98/79/CE [17]. Ésta es también la razón por la que la Comisión recordó, en algunos casos, que la notificación de los proyectos no era obligatoria en el marco de la Directiva 98/34/CE, pero que habrían debido notificarse según artículos específicos de la Directiva 93/42/CE.

[16] DO L 169 de 12.7.1993.

[17] DO L 331 de 7.12.1998.

En el sector del medio ambiente y de los productos químicos, la Comisión llamó la atención de los Estados miembros sobre la incompatibilidad de los proyectos notificados con determinadas directivas y reglamentos. La mayoría de los casos se referían a incompatibilidad con las directivas sobre residuos, como la Directiva 91/689/CEE [18] relativa a los residuos peligrosos, o la Directiva 75/442/CE [19] sobre residuos. Del mismo modo, una notificación sobre recuperación, reciclaje, regeneración y destrucción de halones, clorofluorocarburos e hidroclorofluorocarburos se consideró contraria al Reglamento (CE) nº 2037/2000 [20] sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

[18] DO L 377 de 31.12.1991.

[19] DO L 194 de 25.7.1975.

[20] DO L 244 de 29.9.2000.

Bajo el epígrafe de productos alimenticios y agrícolas se agrupan algunos proyectos de contenido muy heteróclito, que van desde la lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina hasta el tamaño reglamentario del grano de arroz. Las reacciones de la Comisión respecto a las notificaciones «agrícolas» se refieren generalmente a una aplicación incorrecta de una directiva relativa a la salud humana o animal, a los productos fitosanitarios, al bienestar animal, a las semillas y plantas, y a las plantas decorativas, o de un reglamento en el marco de una organización común de mercados. Hay que constatar que los Estados miembros aducen a menudo el principio de cautela para justificar medidas que van más allá de lo previsto sobre este tema en la legislación comunitaria. En estos casos, la Comisión pide de manera sistemática la comunicación de los datos utilizados por los Estados miembros para justificar la invocación de este principio.

Al sector de la construcción se refieren muchas notificaciones, pero este sector no ha generado, durante el periodo de referencia, un gran número de reacciones de la Comisión con relación a la Directiva 89/106/CEE [21] sobre productos de construcción. La mayoría de las reacciones en este sector se refieren, por el contrario, a las cláusulas de reconocimiento mutuo (ya mencionadas en el punto 4.2.).

[21] DO L 40 de 11.2.1989.

En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, se observa un primer problema en las notificaciones en las que los Estados miembros no se limitan, como prescribe el artículo 10 de la Directiva 98/34/CE [22], a una simple transposición de la Directiva 1999/93/CE [23] relativa a la firma electrónica y de la Directiva 2000/31/CE [24] sobre comercio electrónico. El procedimiento de notificación ha permitido comprobar que los Estados miembros no imponen cargas suplementarias, con relación a las previstas en las directivas. En la mayoría de los casos, la Comisión, en sus dictámenes razonados y observaciones relativas a estas dos directivas, procura defender la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento, lo que le brinda la ocasión de hacer respetar la idea de que los servicios de la sociedad de la información no deberían obstaculizarse más allá de lo permitido por las directivas.

[22] Véase también la sentencia Canal Satélite Digital de 22 de enero de 2002, C -390/99, apartado 48, aún no publicada en la Recopilación.

[23] DO L 13 de 19.1.2000.

[24] DO L 178 de 17.7.2000.

La segunda categoría de dictámenes razonados enviados por la Comisión se refiere a la protección de los datos personales en el marco de la gestión de los servicios de la sociedad de la información. A través del envío de dictámenes razonados, la Comisión permitió el desarrollo de una protección adecuada del tratamiento de los datos personales en el conjunto de los Estados miembros, haciendo referencia al Convenio Europeo de los Derechos Humanos y a las directivas comunitarias relativas a la protección de los datos personales.

Por último, esta Directiva permitió, por ejemplo en el sector de los nombres de dominio, evitar que los Estados miembros extendieran el ámbito de aplicación de sus proyectos nacionales a un nivel extraterritorial.

Los proyectos notificados por los Estados miembros en el ámbito de la mecánica y de los equipos para uso doméstico plantean generalmente dificultades en la cláusula de reconocimiento mutuo. Sin embargo, pudieron constatarse también problemas con relación a la aplicación de la Directiva 73/23/CEE relativa al material eléctrico de baja tensión, así como de la Directiva 97/23/CE sobre los equipos a presión. Los problemas encontrados en este ámbito obedecen a menudo a que los Estados miembros hacen obligatorias normas nacionales o europeas, mientras que estas dos directivas dejan a los agentes económicos la posibilidad de seguir otras soluciones técnicas, si permiten satisfacer las exigencias esenciales que definen.

En el ámbito del transporte, la Comisión recibió muchas notificaciones relativas a los vehículos de motor. Sin embargo, pocos de estos casos plantearon verdaderos problemas. Por lo que se refiere al transporte marítimo y fluvial, la Comisión emitió dictámenes razonados por incompatibilidad con la Directiva 97/70/CE [25] relativa a la seguridad de los busques de pesca y con la Directiva 82/714/CEE [26] sobre barcos de la navegación interior.

[25] DO L 34 de 9.2.1998.

[26] DO L 301 de 28.10.1982.

En el ámbito de la energía, la Comisión pudo constatar que algunos reglamentos técnicos contenidos en los Reglamentos de gestión de redes de los Estados miembros eran discriminatorios y, en consecuencia, contrarios a la Directiva 96/92/CE relativa al mercado interior de la electricidad, que establece que los requisitos mínimos de diseño y funcionamiento en materia de conexión a las redes de instalaciones de generación, de redes de distribución, de circuitos de interconexiones y de líneas directas han de garantizar la interoperatividad de las redes y ser objetivos y no discriminatorios.

La mayoría de las notificaciones en el ámbito de las telecomunicaciones se refieren a requisitos de interfaz para las comunicaciones por radio y los equipos terminales. Las reacciones de la Comisión se concentraban en general en el hecho de que las disposiciones de los proyectos notificados imponen algunas exigencias adicionales que no están previstas en la Directiva 89/336/CEE, relativa a la compatibilidad electromagnética, ni en la Directiva 99/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. La Comisión también constató que algunos proyectos hacen obligatorias normas europeas o internacionales, contrariamente a lo dispuesto por estas dos directivas de «nuevo enfoque».

4.4. Análisis de las reacciones de los Estados miembros

Un examen de los dictámenes razonados que se intercambian los Estados miembros pone de manifiesto que, por regla general, reaccionan sobre puntos similares a los que suscita la Comisión (por ejemplo, y sobre todo, invocación de los artículos 28 y 30 del Tratado CE en el ámbito medioambiental, y a menudo, de las Directivas 73/23/CEE y 97/23/CE en el ámbito de la mecánica).

Existe, sin embargo, una diferencia importante entre la forma en que reacciona la Comisión y la forma en que reaccionan los Estados miembros: los Estados miembros piden con frecuencia algunas modificaciones técnicas de los proyectos notificados (y esto es válido para todos los ámbitos que figuran a continuación), mientras que la Comisión suele solicitar la introducción de una cláusula de reconocimiento mutuo. Los Estados miembros parecen pedir estas modificaciones técnicas para garantizar que los proyectos notificados se acerquen lo más posible a las exigencias técnicas requeridas en su propia legislación.

En el ámbito de los productos farmacéuticos y los equipos médicos, los Estados miembros emitieron sobre todo dictámenes razonados por incompatibilidad de los proyectos notificados con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos médicos.

Por lo que se refiere al sector del medio ambiente y de los productos químicos, los Estados miembros reaccionaron, en particular, ante prohibiciones de venta y/o de fabricación de determinadas sustancias químicas. En sus reacciones, los Estados miembros, basándose en los artículos 28 y 30 del Tratado, consideraban que estas prohibiciones eran desproporcionadas, ya que existía la posibilidad de adoptar otras medidas menos vinculantes; en algunos casos, consideraban insuficientes los datos científicos proporcionados por el Estado miembro autor de la notificación. Asimismo, consideraban que algunos proyectos eran contrarios a la Directiva 94/62/CE [27] relativa a los envases y a los residuos de envases.

[27] DO L 365 de 31.12.1994.

En el ámbito agrícola y de los productos alimenticios, muchos dictámenes razonados se referían a la incompatibilidad de los proyectos notificados con directivas agrícolas y alimentarias. En los ámbitos no armonizados, en algunos casos (por ejemplo la adición de vitaminas y minerales a los productos alimenticios) se pidió en los dictámenes razonados la introducción de una cláusula de reconocimiento mutuo.

Por lo que se refiere al sector de la construcción, se pide a menudo al Estado miembro autor de la notificación la inserción de una cláusula de reconocimiento mutuo, con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías. En algunos casos, se pide al Estado miembro autor de la notificación que incluya también una referencia a las normas armonizadas en aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción.

En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, los Estados miembros no emitieron ningún dictamen razonado durante el periodo que va de 1999 a 2001, lo que parece obedecer al hecho de que los servicios administrativos encargados de los expedientes técnicos en los Estados miembros no tienen la práctica de utilizar las potencialidades ofrecidas por el procedimiento de notificación en el ámbito de los servicios, y probablemente aún no tienen posiciones bien definidas sobre cuestiones que dependen de un sector nuevo y en plena evolución como es el de los servicios de la sociedad de la información.

En el sector mecánico, gran parte de los dictámenes razonados se basan en la Directiva 97/23/CE sobre los equipos a presión, así como en la Directiva 73/23/CEE relativa a material eléctrico de baja tensión.

En el ámbito del transporte, sólo un número limitado de notificaciones llevó a los Estados miembros a enviar un dictamen razonado. En sus dictámenes solicitaban generalmente adaptaciones técnicas.

El sector de la energía no suscitó prácticamente reacciones por parte de los Estados miembros. Algunas reacciones tenían por objeto garantizar la interconexión de las redes eléctricas.

Del mismo modo, en el ámbito de las telecomunicaciones, prácticamente no se dan reacciones por parte de los Estados miembros. Los dictámenes razonados emitidos por los Estados miembros en este ámbito destacaban sobre todo la incompatibilidad de los proyectos notificados con la Directiva 99/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

5. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos y, por ende, la eficacia del procedimiento establecido por la Directiva 98/34/CE pueden analizarse principalmente a través del curso dado por los Estados miembros a los dictámenes razonados y a las observaciones, incluidos los casos de proyectos retirados por los Estados miembros. La eficacia de la Directiva resulta también de la posibilidad de «bloqueo» de los proyectos nacionales, prevista por los apartados 3, 4 y 5 del artículo 9 de la Directiva. Puede asimismo analizarse a través de las necesidades reales de armonización a nivel comunitario que han podido identificarse.

5.1. Curso dado a los dictámenes razonados

El análisis del curso dado por los Estados miembros a los dictámenes razonados emitidos por la Comisión en el marco del procedimiento de notificación demuestra la eficacia de este último. A continuación figuran algunas cifras orientativas. Estas cifras sólo se refieren a los expedientes en los que se finalizó el procedimiento, es decir, aquellos en los que el Estado miembro indicó que se daría curso a los dictámenes razonados emitidos por la Comisión, y en los que la Comisión, a su vez, comentó la respuesta del Estado miembro [28].

[28] Estas cifras no incluyen tampoco las notificaciones que se cerraron debido a la retirada de un proyecto por el Estado miembro autor. Para un análisis de las retiradas, véase el punto 5.3 del presente informe.

Años 1999 y 2000:

>SITIO PARA UN CUADRO>

Estas cifras muestran que inicialmente, en un 84,2 % de los casos, pudo encontrarse una solución conforme a las normas del mercado interior. Además, del 15,8 % de los casos (13 notificaciones) en los que la Comisión no pudo dar respuesta positiva, hay que constatar que, según la información transmitida por los Estados miembros a la Comisión, sola