El desempleo aumentará previsiblemente en 2020 y la crisis económica también podría anular las recientes mejoras de las tasas de pobreza. Si bien las medidas de apoyo a la reducción del tiempo de trabajo y los permisos no remunerados mientras duren las medidas de confinamiento ayudarán a amortiguar el choque, de acuerdo con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la tasa de desempleo se situará en torno al 20 %, frente al 17,3 % en 2019, anulando así lo conseguido en los últimos tres años. El porcentaje especialmente elevado de trabajadores por cuenta propia y microempresas que se registra en Grecia, así como el considerable número de temporeros, dejan a los hogares expuestos a un largo período de bajos ingresos, que podría desembocar en un incremento notable del porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020 y con posterioridad. Este porcentaje, del 31 % en 2019, estaba ya muy por encima de la media de la zona del euro, esto es el 21 %, pero venía registrando una tendencia descendente.

El impacto económico de las medidas de confinamiento se hace sentir en Grecia por múltiples vías. Al igual que otros Estados miembros, el cierre de todas las empresas no esenciales y los problemas de oferta de mano de obra debidos a las medidas de confinamiento que obligan al personal a permanecer en casa influyen en la oferta de bienes y servicios. Al mismo tiempo, la demanda se ha visto perjudicada por la consiguiente caída de los ingresos, que las medidas de emergencia de las autoridades solo han amortiguado parcialmente, así como por las limitadas posibilidades de consumo. Por otra parte, es probable que la mayor incertidumbre y la reducción de la liquidez y del suministro de crédito repercutan en la inversión.

La conclusión del presente informe es que, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que supone la pandemia de coronavirus, Grecia ha adoptado las medidas necesarias para cumplir los compromisos específicos de reforma en el plazo acordado. La pandemia ha provocado una perturbación económica sin precedentes y justificado una respuesta de emergencia por parte de las autoridades nacionales, con el apoyo de las iniciativas adoptadas a escala de la UE. Además de dirigir los recursos hacia las prioridades inmediatas, las medidas de confinamiento necesarias para luchar contra la pandemia de coronavirus han tenido el efecto colateral de mermar gravemente la capacidad para llevar a cabo las reformas, especialmente en los ámbitos que dependen de procesos intensivos en mano de obra, pero también en los que dependen del funcionamiento de grupos de trabajo interministeriales o de acciones legislativas o judiciales. Cabe congratularse de la estrecha colaboración de las autoridades griegas con las instituciones y reconocer plenamente que era imprescindible dar prioridad a las políticas centradas en las necesidades inmediatas para hacer frente a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia de coronavirus. Se acogen, asimismo, con satisfacción los continuos esfuerzos de las autoridades griegas para proseguir las reformas en curso en la medida de lo posible y su decisión de continuar avanzando en el cumplimiento de una serie de compromisos complementarios. De cara al futuro, será importante movilizar recursos para intensificar los esfuerzos en los ámbitos afectados por anteriores retrasos, en particular las reformas del sector financiero, a fin de promover la confianza y respaldar una recuperación sostenible. Las autoridades griegas están progresando simultáneamente en el cumplimiento de sus compromisos para mediados de 2020, los cuales se evaluarán, junto con las medidas de seguimiento de compromisos anteriores, en el segundo semestre del año.

Grecia se beneficiará igualmente del apoyo otorgado a nivel de la UE. El Banco Central Europeo anunció un programa de compras de emergencia frente a la pandemia dotado con 750 000 millones EUR, que se aplicará también a los bonos soberanos griegos, y decidió relajar temporalmente los requisitos de garantía del Eurosistema, así como determinados requisitos de regulación aplicables al sector bancario, con el objetivo de fomentar la disponibilidad de crédito. Grecia se beneficia también de la iniciativa de la Comisión de aprovechar lo mejor posible los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para hacer frente a la pandemia (Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus), del proyectado Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y del apoyo del Banco Europeo de Inversiones para mitigar el impacto en la inversión. Asimismo, se concederá ayuda para la gestión de la migración a través del plan de acción de medidas inmediatas de apoyo a Grecia y del Mecanismo de Protección Civil de la Unión.

Las autoridades han ajustado sus prioridades de actuación de manera responsable, movilizando prontamente un importante volumen de ayuda a la renta y medidas de liquidez, y manteniendo, no obstante, su compromiso con la prosecución de reformas que respaldarán la recuperación una vez que vayan desapareciendo las perturbaciones causadas por la pandemia. Como respuesta inmediata, se adoptó una amplia serie de medidas fiscales para sostener la renta de los hogares y apoyar a las empresas afectadas por la caída de la demanda, así como para inyectar liquidez en la economía, en particular mediante aplazamientos de los pagos de impuestos y la prestación de garantías a los bancos comerciales con objeto de respaldar la concesión de nuevos préstamos. El Gobierno también ha aumentado considerablemente la financiación del sistema de asistencia sanitaria y está modernizando la legislación laboral para facilitar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo.

Aunque la pandemia de coronavirus ha tenido un efecto adverso sobre la aplicación del plan de liquidación de atrasos, se ha avanzado en la mejora de los correspondientes procesos y las autoridades siguen estando decididas a respetar el calendario establecido en el plan de octubre de 2019. El volumen de pagos atrasados ascendía en enero de 2020 a 1 300 millones EUR, esto es, 69 millones EUR más que en diciembre de 2019 y 340 millones EUR por encima del objetivo de liquidación. Las autoridades no han podido proporcionar datos agregados completos para el período posterior al mes de enero y han manifestado que el volumen de atrasos en algunos subsectores podría registrar un aumento temporal como consecuencia de las perturbaciones sufridas por los procesos intensivos en mano de obra asociados. No obstante, las autoridades han definido dos medidas que, en principio, permitirán liquidar el 15 % del total de atrasos una vez que se reanuden las operaciones. Su objetivo es acelerar la liquidación de atrasos respecto de los proveedores de servicios sanitarios y posibilitar la liquidación inmediata de determinadas devoluciones de impuestos. Con el fin de evitar la acumulación de nuevos atrasos, las autoridades tienen previsto introducir un nuevo sistema informático en el Fondo Único de Seguridad Social (EFKA) para acelerar sustancialmente el ritmo de liquidación de los derechos de pensión pendientes de pago acumulados. Las autoridades han notificado que se ha mejorado la contratación pública centralizada en el sector sanitario, han puesto en práctica la mayor parte de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas griego y están reforzando los controles internos.

Las autoridades están tomando medidas para reforzar la capacidad operativa del Centro de Coordinación de Operaciones, que coordina la lucha contra el contrabando, y han avanzado en una serie de proyectos que mejoran la recaudación de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Está previsto que las disposiciones destinadas a mejorar la capacidad y la gobernanza del Centro se adopten, a más tardar, a finales de mayo de 2020. Las autoridades están planeando revisar la legislación aduanera, entre otras cosas, con el fin de promover el uso de técnicas de inteligencia en las operaciones de lucha contra el contrabando. Se espera que el sistema electrónico de facturación se ponga en marcha según lo previsto en julio de 2020 y la oficina de recaudación modelo, que ha recibido apoyo técnico a través de la Comisión Europea, está prácticamente finalizada, aunque todavía no se ha determinado ni transferido el personal necesario.

Las medidas complementarias en materia de recursos humanos, informática y necesidades inmobiliarias, acordadas en 2019, han registrado escasos avances. La legislación primaria relativa a la reforma de los recursos humanos sigue pendiente y el calendario para su plena aplicación se verá afectado por la pandemia de coronavirus, si bien aún no se ha fijado el calendario revisado. Por lo que se refiere a la infraestructura informática, y a la aclaración de los ámbitos de competencia de la Autoridad Independiente, no ha habido ningún avance concreto. Se espera que esta labor se intensifique con urgencia, ya que la interoperabilidad de las diversas bases de datos reforzaría la capacidad para luchar contra la evasión fiscal y facilitaría la oportuna recaudación de impuestos. En lo que respecta a la reubicación de la sede de la Autoridad Independiente en un único emplazamiento, el edificio previamente previsto ha sido cedido a otro organismo público. Las autoridades proyectan actualmente construir dos nuevos edificios para albergar a la Autoridad Independiente en las proximidades del Ministerio de Hacienda, en las afueras de Atenas, y se espera que su construcción finalice en 2024.

Ante la rápida propagación de la pandemia de coronavirus, las autoridades no pudieron finalizar a tiempo para el ciclo de liquidación tributaria de este año el ejercicio de tasación a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles que estaba en curso a escala nacional, un compromiso específico para mediados de 2020. Ello obligará a aplazar a 2021 la aplicación de la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles y tendrá una incidencia fiscal equivalente a unos 150 millones EUR en los ingresos de 2020, que incrementará levemente el déficit. Las autoridades se han comprometido a reprogramar el ejercicio en el otoño con el objetivo de adaptar los valores a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles a los precios de mercado en enero de 2021 a más tardar.

Liberar todo el potencial de la inversión pública no solo sigue siendo una prioridad sino también un requisito imprescindible para una recuperación rápida tras la pandemia de coronavirus. La inversión de las administraciones públicas en 2019 fue inferior en un 1,2 % del PIB a lo planeado inicialmente, de forma similar a lo ocurrido en años anteriores. Como la infrautilización de los créditos trajo aparejado un menor uso de los fondos de la UE en 2019, su impacto neto sobre el saldo primario fue globalmente neutro. Sin embargo, el recurrente incumplimiento de los objetivos de gasto de inversión resulta preocupante en vista de las enormes necesidades de inversión del país, por lo que es crucial aprovechar al máximo los fondos de la UE y, en definitiva, aportar el estímulo preciso para reactivar el crecimiento.

Grecia goza de las mismas disposiciones de flexibilidad que los demás Estados miembros en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ante las implicaciones que la pandemia de coronavirus comenzaba a dejar al descubierto, el 16 de marzo de 2020 el Eurogrupo declaró que se permitiría gozar planamente de la flexibilidad ofrecida por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a todos los Estados miembros. En una Comunicación adoptada el 20 de marzo de 2020, la Comisión expuso al Consejo su opinión de que la grave crisis económica resultante de la pandemia justificaba la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento(). El 23 de marzo, los ministros de Finanzas de la UE refrendaron ese punto de vista. La cláusula general de salvaguardia permite apartarse temporalmente de los requisitos presupuestarios, incluidos los objetivos fiscales de Grecia sometidos a la supervisión reforzada, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. La cláusula no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni los compromisos de Grecia, pero permitirá a la Comisión y al Consejo adoptar las medidas necesarias de coordinación de las políticas para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.

Al margen de la pandemia de coronavirus que se viene registrando desde marzo, Grecia se enfrenta también a nuevas presiones migratorias. El país registró un aumento del 46 % de las llegadas de migrantes en 2019 y las entradas han seguido intensificándose durante el primer trimestre de 2020. En apoyo y reconocimiento de la labor de Grecia en la gestión de la crisis migratoria, la UE se comprometió a proporcionarle 700 millones EUR en concepto de ayuda de emergencia. Los gastos relacionados con la migración que no se financiaron mediante fondos de la UE y que, por tanto, estaban excluidos del saldo primario objeto de la supervisión reforzada representaron el 0,1 % del PIB en 2019 y cabe esperar que aumenten hasta el 0,2 % del PIB en 2020. Las autoridades han tomado medidas para que esos gastos se registren en el conjunto de la administración pública y han aclarado que entre el tipo de costes admisibles se incluyen los sueldos de los funcionarios de policía adscritos a la gestión de la crisis migratoria.

El sistema de cuenta única del Tesoro es operativo y ofrece una panorámica útil de la situación de caja del Estado, al tiempo que avanza el proyecto de previsión de caja (compromiso específico para finales de 2019). La Agencia de Gestión de la Deuda Pública, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Grecia son, por tanto, capaces de controlar casi en tiempo real gran parte de los saldos y flujos de efectivo de las administraciones públicas. El proyecto piloto para la previsión de caja, que cubre la mayoría de las reservas de efectivo del Estado, se llevará a cabo con arreglo al proyecto de estrategia de marzo de 2020. El proyecto piloto se irá adaptando gradualmente y se hará extensivo a las entidades cuyos gastos presupuestados superen los 50 millones EUR en enero de 2021, lo que se considera un umbral satisfactorio, dado que el proyecto piloto en sí mismo cubre ya entidades que reúnen el 70 % del total de las reservas de efectivo estatales.

La reforma del plan contable va, en términos generales, por buen camino (compromisos para mediados de 2021 y mediados de 2022), pero su aplicación al presupuesto de inversión pública sigue siendo problemática. La pandemia de coronavirus ha provocado retrasos en el proceso de contratación pública con vistas al nuevo sistema informático que respaldará la reforma, pero el calendario general del proyecto se mantiene sin cambios. Las autoridades están diseñando una clasificación funcional para el plan contable a fin de garantizar su coherencia con el marco de presupuestación basada en el rendimiento. También se está avanzando en la aplicación de las clasificaciones del plan contable a la ejecución del presupuesto de inversión pública, aunque en la actualidad se mantiene una clasificación menos detallada para la preparación del presupuesto. Las autoridades procurarán aportar nuevas mejoras con el apoyo técnico de la Comisión Europea.

Las autoridades se comprometieron a adoptar antes de finales de 2020 una nueva estrategia de contratación pública para el período 2021-2025, que contribuyera a un uso más sostenible y eficiente de los recursos públicos (compromiso complementario). Un elemento clave del proceso de inversión, que será crucial para la recuperación tras la pandemia de coronavirus, es un sistema de contratación pública que funcione correctamente. Corrigiendo las deficiencias del proceso de contratación se podría contribuir a racionalizar el gasto público, impulsar el crecimiento y garantizar un entorno empresarial competitivo. Las autoridades han acordado revisar el marco jurídico y la aplicación práctica en consonancia con la legislación pertinente de la UE.

Financiación soberana

Las necesidades derivadas del servicio de la deuda de Grecia serán reducidas en los próximos años. Desde el inicio de la pandemia, Grecia ha emitido letras del Tesoro y obligaciones a largo plazo con resultados satisfactorios, lo que indica un acceso sostenido a la financiación del mercado. Los costes del servicio de la deuda de Grecia en 2020 y 2021 son bajos y reflejan sobre todo la refinanciación de los bonos a corto plazo. Tras un largo período de descenso, los diferenciales con respecto a los bonos del Estado alemanes han empezado a aumentar a medida que la crisis cobraba amplitud, alcanzando a mediados de marzo un nivel de unos 400 puntos básicos en un vencimiento a 10 años, con una elevada volatilidad. Tras el anuncio del programa de compras de emergencia frente a la pandemia del Banco Central Europeo y la inclusión en él de los bonos del Estado griegos, la volatilidad se redujo y el diferencial disminuyó en unos 200 puntos básicos. No obstante, los diferenciales iniciaron nuevamente una lenta trayectoria ascendente, situándose, a finales de abril, 130 puntos básicos por encima de los valores valle de febrero.

Las considerables reservas de efectivo proporcionan un colchón para absorber los choques de liquidez, pero una intensificación de la crisis podría dar lugar a aumentos significativos de las necesidades de financiación. Las reservas de efectivo de las administraciones públicas ascendían a unos 34 000 millones EUR a finales de marzo de 2020, de los cuales alrededor de 26 000 millones EUR pertenecen al Estado y el resto a entidades de la administración pública. Dadas las limitadas necesidades de financiación de la deuda, las reservas de efectivo están disponibles para absorber los choques de liquidez en los próximos meses. Grecia ha manifestado la intención de seguir estando presente en los mercados de bonos y obtener un mayor volumen de efectivo para poder hacer frente a los riesgos de financiación desfavorables. El principal riesgo sería una paralización económica continuada que se prolongue mucho más allá del mes de mayo, que podría requerir una mayor utilización del colchón de efectivo en los primeros meses de verano.

Bienestar social

Grecia ha demostrado una gran capacidad de respuesta a la emergencia sanitaria, al establecer estrictas medidas de distanciación social poco después de la detección de los primeros casos. Al cerrar los comercios no esenciales y limitar los movimientos no esenciales en una fase temprana, Grecia dio prioridad a la salud pública y la seguridad de los pacientes. Las medidas para contener la propagación del coronavirus entre los grupos vulnerables, que no solo están expuestos a mayores riesgos en términos de salud física, sino también en términos de medios de subsistencia y condiciones de vida, requieren un cuidadoso seguimiento por parte de las autoridades.

Las reformas estructurales ya ejecutadas, unidas a la aportación de financiación adicional por valor de 200 millones EUR, están contribuyendo a que el sistema sanitario responda a la pandemia, pero es posible que se necesiten más recursos financieros a corto plazo. Las medidas adoptadas anteriormente para crear un sistema de atención sanitaria eficaz, accesible, eficiente y resiliente, tales como la introducción de la cobertura sanitaria universal, el establecimiento de una red integral de atención primaria y la centralización de la contratación pública, están demostrando ser fundamentales en la respuesta a la pandemia, ya que garantizan un acceso sin trabas a los servicios sanitarios y un suministro y existencias de material adecuados.

El cobro de las restituciones (clawback), un compromiso continuo, avanza con ciertos retrasos, no enteramente imputables a la actual situación de emergencia. Las autoridades se proponen cumplir los objetivos acordados inicialmente, con algunos retrasos debidos a las medidas de confinamiento, pero también otros que ya se habían acumulado antes de la actual emergencia sanitaria. Las autoridades tienen previsto tomar medidas para frenar el aumento de los importes que deben restituirse, pero es probable que sean necesarias medidas adicionales para invertir la tendencia. La introducción de exenciones con control de recursos para el copago reforzaría la protección de los pacientes, pero de momento no se contempla.

La ampliación de la red de atención sanitaria primaria, un compromiso específico para mediados de 2020, tuvo que suspenderse ante la pandemia de coronavirus. Las autoridades están trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas para proteger a la población, como la telemedicina, y han aumentado el número de camas hospitalarias disponibles mediante acuerdos con el sector privado. También han redoblado los esfuerzos para atraer a personal sanitario, especialmente médicos. La puesta en marcha de la reforma se reanudará cuando acabe la actual emergencia; las unidades de atención primaria existentes, por su parte, ya están desplegadas para responder a la pandemia.

La contratación pública centralizada, un compromiso específico para mediados de 2020, ya está en marcha, orientándose principalmente a las necesidades urgentes del sistema sanitario. La gobernanza central de la contratación pública regional está demostrando una mayor eficiencia, la cual podría reforzarse en mayor medida mediante la reactivación del observatorio de precios. Aunque el proyecto legislativo para convertir el nuevo organismo central de contratación pública sanitaria en una entidad jurídica privada se encuentra todavía en fase de elaboración, la actual situación de emergencia está poniendo a prueba algunos elementos del nuevo sistema.

Las autoridades han actualizado su plan de acción para finalizar la configuración del Fondo Único de Seguridad Social (EFKA), un compromiso específico para mediados de 2020. El objetivo del plan es una transformación digital completa de aquí a finales de 2020, que desemboque en una nueva configuración operativa e institucional. Las principales medidas organizativas que deben llevarse a cabo de aquí a finales de junio de 2020 se refieren a la fusión del Fondo de Pensiones Complementarias (ETEAEP) con el Fondo Único de Seguridad Social y a la creación y puesta en funcionamiento del departamento de Pensiones del Sector Público dentro del mismo. Las reformas organizativas restantes son la creación de delegaciones locales para los agricultores y trabajadores por cuenta propia, que se ha visto retrasada debido a la pandemia de coronavirus, pero que está previsto que concluya en un plazo de cuatro meses una vez que se reanuden las operaciones.

Se ha aprobado el diseño del marco de las prestaciones por discapacidad, un compromiso específico para mediados de 2019. Tras un debate sobre las mejores prácticas a nivel de la UE, se adoptará un nuevo enfoque de reforma basado en evaluaciones de la discapacidad funcional a partir de los reconocimientos físicos realizados por expertos cualificados. Otros Estados miembros recurren ampliamente a dichas evaluaciones, las cuales persiguen un doble objetivo: valorar el derecho a recibir la prestación y formular propuestas específicas para la mitigación de la discapacidad y la rehabilitación de las personas que la sufren. La hoja de ruta acordada para la aplicación del nuevo diseño en el que se plasma el compromiso comenzará con un proyecto piloto a partir de enero de 2021.

En el marco del compromiso de finalizar el despliegue de los tres pilares del régimen de renta de solidaridad social, las autoridades han concluido la evaluación del proyecto piloto del nuevo sistema de ejecución de las políticas activas del mercado de trabajo, un compromiso de finales de 2019, y han establecido planes iniciales para realizar nuevos proyectos piloto de cara a la difusión del nuevo modelo. La evaluación del proyecto piloto por parte del Banco Mundial, en el contexto de la asistencia técnica prestada a través de la Comisión Europea, ha identificado aspectos que cabe mejorar, por ejemplo en términos de capacidad de los recursos humanos, utilización, complejidad administrativa y recogida de datos. Aprovechando estas enseñanzas, las autoridades procederán ahora a escalar el proyecto piloto en otras zonas geográficas con un mercado de trabajo de diferentes características, a ampliar el grupo destinatario y a reforzar la recogida y el análisis de datos, con el fin de extraer conclusiones para el despliegue generalizado.

En lo que respecta a la revisión del sistema de subvenciones para el transporte público local, el estudio de evaluación (compromiso específico para finales de 2019) se ha visto retrasado por la pandemia de coronavirus, pero se espera que la normativa de reforma esté ultimada en cualquier caso para finales de septiembre de 2020.

Evolución del sector financiero

El sector bancario griego goza de mayor estabilidad y resiliencia frente a las perturbaciones desde el final del programa, pero subsisten riesgos heredados del pasado y vulnerabilidades subyacentes significativas, que se ven exacerbados por el probable y considerable impacto negativo de la pandemia. La liquidez continuó mejorando a lo largo de 2019 y sigue siendo resiliente. Aun sin tener en cuenta el impacto de la pandemia de coronavirus, la calidad de los activos sigue siendo un problema importante, a pesar de las mejoras realizadas en 2019. La situación de capital de los bancos griegos se ajusta a los requisitos de capital, pero está expuesta a una mayor demanda de capital en un futuro próximo y depende en gran medida del emisor soberano debido al elevado porcentaje de créditos fiscales diferidos en el capital de los bancos. A finales de 2019, los bancos habían recuperado su rentabilidad, si bien esta es aún limitada y frágil. Depende del crecimiento de los préstamos y está expuesta a un nuevo deterioro de la calidad de los activos y, en cierta medida, a la volatilidad del diferencial de la deuda soberana.

El ritmo de reducción de los préstamos dudosos se aceleró en 2019, pero el porcentaje de los mismos sigue siendo muy elevado. Las existencias de tales préstamos se elevaban a 68 500 millones EUR (40,6 % de los préstamos a la clientela) a finales de 2019, lo que representa una disminución de 13 300 millones EUR con respecto a la misma fecha del año anterior y de 38 700 millones EUR con respecto al máximo alcanzado en marzo de 2016. En vista del impacto adverso que presumiblemente tendrá la pandemia de coronavirus en el mercado secundario de préstamos dudosos, su eficaz reestructuración a través de los procedimientos internos de los bancos, con objeto de que la calidad de los activos siga mejorando, está sometida a una presión aún mayor. La crisis está afectando a las estrategias de reducción de los préstamos dudosos aplicadas por los bancos, las cuales deberán revisarse. La aplicación del programa Hércules se ha aplazado temporalmente, aunque una operación de titulización está en fase de finalización. Las ventas proyectadas de préstamos dudosos también se han paralizado, al igual que las medidas de ejecución de deudas, que se han suspendido temporalmente debido, entre otras cosas, al cierre de los tribunales.

Las autoridades están tomando medidas a fin de mantener el acceso a la financiación de las empresas afectadas, que complementan las iniciativas a nivel de los bancos comerciales y los administradores de créditos. El Gobierno ha concedido garantías y subvenciones directas para ayudar a mantener el empleo y la liquidez en la economía, lo que también contribuirá a la calidad de los activos en el sector bancario tras la moratoria voluntaria temporal sobre las deudas aplicada por los bancos y los administradores de créditos. La anunciada flexibilidad en la supervisión a nivel europeo favorecerá la capacidad de préstamo de los bancos. A más largo plazo, será fundamental limitar, en la medida de lo posible, el impacto negativo en la calidad de los activos y seguir solventando el problema de los préstamos dudosos heredado del pasado para estimular la concesión de préstamos viables durante la fase de recuperación.