CONVENIO relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea INFORME EXPLICATIVO (Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997) (97/C 191/03)

1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) El 28 de septiembre de 1993, en la reunión ministerial de Limelette, los Ministros de Justicia de los Estados miembros convinieron en una declaración, que posteriormente adoptó el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 29 y 30 de noviembre de 1993, en la que se encomendaba a los órganos competentes de la Unión Europea que estudiaran la conveniencia de que los Estados miembros celebraran entre sí un convenio de extradición para completar el Convenio Europeo de Extradición de 1957 del Consejo de Europa y modificar algunas de sus disposiciones.

Se esbozó para ello un programa de trabajo en el que se disponía el estudio de los procedimientos y de las condiciones sustantivas de extradición, con vistas a hacerlas más sencillas y rápidas, facilitando así la concesión de extradición.

El 10 de junio de 1994 el Consejo, teniendo presente el trabajo desarrollado hasta aquel momento, decidió que debía atenderse en primer lugar a las cuestiones específicas que plantean los procedimientos en que las personas consienten en su propia extradición. El Consejo celebró así el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición, sobre extradición de personas que consienten en ésta, que todos los Estados miembros firmaron el 10 de marzo de 1995 (1).

Posteriormente se siguió trabajando sobre los puntos restantes del programa original partiendo de un conjunto de proyectos de artículo que acabaron incluyendo distintas disposiciones tanto de procedimiento como sobre cuestiones de fondo. Especialmente estas últimas exigieron la intervención política del Consejo que, en varias ocasiones, dio instrucciones precisas a los órganos participantes en la elaboración del texto.

El 27 de septiembre de 1996 el Consejo celebró el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que todos los Estados miembros firmaron en aquella misma fecha (2).

El Convenio consta de un preámbulo, veinte artículos y seis declaraciones que figuran en un anexo que es parte integrante del Convenio.

b) Los motivos que subyacen en la elaboración del Convenio se exponen claramente en el preámbulo.

Como aparece en la declaración adoptada en 1993, el Consejo ha mantenido, desde el comienzo de las acciones desarrolladas en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea para la mejora de la cooperación judicial en materia penal, que la extradición desempeña un papel fundamental para facilitar el ejercicio de la jurisdicción en materia penal por parte de los Estados miembros.

Al mismo tiempo, se estimó unánimemente que las considerables semejanzas entre las políticas de los Estados miembros en materia penal, y ante todo, la confianza mutua en el buen funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales y, en particular, en la capacidad de los Estados miembros para garantizar procesos penales que respetan las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, justificaban igualmente una revisión de los aspectos fundamentales de la extradición (requisitos de extradición, motivos de denegación, principio de especialidad, etc.).

Las acciones desarrolladas en el marco del título VI del Tratado sobre distintas formas graves de delincuencia pusieron por otra parte cada vez más de manifiesto que en lo que respecta a la extradición sólo una intervención decisiva que afecte a las condiciones de fondo llevaría a una mejora significativa de la cooperación en los procedimientos penales más importantes, como los correspondientes a los delitos de terrorismo o a la delincuencia organizada.

Por consiguiente, partiendo de esta base fue posible elaborar aquellos artículos del Convenio, correspondientes a la doble incriminación, delitos políticos, extradición de nacionales y asuntos relacionados con el principio de especialidad, que (más que las otras disposiciones, que sin embargo son importantes) hacen del nuevo instrumento una auténtica innovación para la extradición, manteniendo plenamente el deseo general de la Unión Europea de adaptar todo el sector de la cooperación judicial en materia penal a las necesidades del presente y del futuro.

La adaptación deseada lleva a cambios que exigen la revisión de las disposiciones del Derecho nacional y en ocasiones incluso de las constituciones de los Estados miembros. En los diferentes artículos se fija el objetivo. Algunos de estos artículos permiten la posibilidad de formular reservas. No obstante, esa posibilidad se ha restringido todo lo posible. Las reservas más importantes tienen un contenido limitado (como en el caso de la reserva del artículo 5 sobre delito político) o permiten una excepción total sobre el nuevo principio pero dan lugar a una obligación alternativa para el Estado miembro que la formula (como sucede en el artículo 3 sobre la doble incriminación), o están sometidas a un régimen especial de validez temporal para permitir que el Estado miembro que haya formulado la reserva pueda revisar la cuestión (éste es el caso de la reserva del artículo 7 por el que se rige la extradición de nacionales). Además, la posibilidad de una revisión periódica de todas las reservas, incluidas las que no están sometidas al citado régimen de validez temporal, queda contemplada en la Declaración del Consejo sobre el seguimiento del Convenio, aneja a éste.

c) Ya en su declaración de 1993, el Consejo consideró que el nuevo instrumento no debía sustituir a los convenios existentes, sino completarios. Este carácter complementario del nuevo Convenio se menciona en el artículo 1 y se evoca parcialmente en el preámbulo, en el que se especifica que siguen siendo aplicables las disposiciones de los convenios existentes para todas las cuestiones que no se contemplan en el presente Convenio. Así pues, el Convenio no contempla obligación alguna de extradición. Dicha obligación figura en los convenios «básicos».

De este enfoque, que significa que el texto se centra en aquellos aspectos que necesitaban verdaderamente cambios, se deriva que el sistema europeo de extradición será una red de distintos conjuntos complejos de normas de convenios, no válidas para todos los Estados, que entrarán en interacción con las legislaciones nacionales. Por este motivo, entre otros, el Consejo manifiesta en la Declaración sobre el seguimiento que examinará periódicamente no sólo el funcionamiento del presente Convenio sino también «el funcionamiento de los procedimientos de extradición entre los Estados miembros desde un punto de vista general», lo que incluye los demás convenios y procedimientos nacionales.

2. OBSERVACIONES SOBRE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS

Artículo 1 - Disposiciones generales

El Convenio tiene por objeto completar y facilitar la aplicación entre los Estados miembros, de conformidad en particular con el apartado 2 del artículo 28 del Convenio Europeo de Extradición, de determinados instrumentos internacionales en el ámbito de la extradición de los que algunos o todos los Estados miembros han pasado a ser partes. En el apartado 1 del artículo 1 del presente Convenio figura una lista de dichos instrumentos.

Los instrumentos citados en dicho apartado 1 son en parte convenios «básicos» (el Convenio Europeo de Extradición y el Tratado Benelux) y en parte instrumentos complementarios de aquellos convenios (el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y el Convenio de aplicación de Schengen).

El presente Convenio es un convenio complementario de todos estos acuerdos. Por consiguiente, no puede utilizarse como la única base jurídica en materia de extradición. Como se indica en las consideraciones generales del presente informe explicativo otra consecuencia de colocar el presente Convenio en el marco del Convenio Europeo de Extradición y de los demás instrumentos citados es que las disposiciones de esos convenios siguen siendo aplicables para todas las cuestiones que no se contemplan en el presente Convenio. Análogamente, todas las reservas y declaraciones formuladas sobre dichos convenios siguen siendo aplicables entre los Estados miembros partes del presente Convenio en la medida en que tengan relación con materias que no están reguladas por dicho Convenio.

A este respecto, debería prestarse atención a la declaración hecha por Portugal, aneja a este Convenio, respecto de su reserva sobre el artículo 1 del Convenio Europeo de Extradición relativa a la extradición solicitada por un delito al que corresponda una pena o una medida de seguridad de carácter perpetuo. En esta declaración Portugal declaró que concederá la extradición por tales delitos únicamente si considera suficientes las garantías dadas por el Estado miembro requirente de llevar a cabo las medidas de adecuación de las que pueda beneficiarse la persona reclamada. Se indica en la declaración que Portugal concederá la extradición en tales condiciones dentro del respeto de las disposiciones pertinentes de su Constitución y de la interpretación dada a las mismas por su Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, Portugal reiteró en la declaración la validez del artículo 5 del Convenio de adhesión de Portugal al Convenio de aplicación de Schengen.

El que el presente Convenio tenga carácter complementario significa igualmente que cuando trata una cuestión que también se trata en los convenios mencionados en el apartado 1 y sus disposiciones son contradictorias, prevalecen las disposiciones del presente Convenio; lo que es cierto aunque se hayan hecho declaraciones o reservas en el marco de los otros convenios, salvo que se declare otra cosa expresamente en el presente Convenio. En el presente informe explicativo se indica, cuando ello sea necesario, la relación entre el presente Convenio y los demás convenios.

Como se indica en el preámbulo, hay también una relación entre el presente Convenio y el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estado miembro de la Unión Europea, aunque no se cite específicamente esta relación en el artículo 1. Cuando ambos convenios hayan entrado en vigor, se producirán situaciones en que ambos instrumentos serán aplicables simultáneamente dado que algunas de las cuestiones tratadas en el presente Convenio también pueden plantearse cuando la persona buscada dé su consentimiento a la extradición.

Este artículo del Convenio tiene una redacción distinta que el correspondiente artículo 1 del Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición debido a la diferencia de contenido y naturaleza de los dos instrumentos, aunque ambos complementen convenios existentes. En particular, el presente Convenio modifica en cierta medida los requisitos de extradición entre los Estados miembros, cambiando el régimen jurídico actual de extradición tal como funciona basándose en los convenios «básicos». Por otra parte, el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición regula los aspectos de procedimiento de algunos casos de extradición que no se trataban en los convenios «básicos».

El apartado 2, que debe leerse teniendo presente el apartado 3 del artículo 28 del Convenio Europeo de Extradición, dispone que el apartado 1 no afectará a la aplicación de disposiciones de acuerdos bilaterales o multilaterales que ofrezcan a los Estados miembros unas normas de extradición más favorables, ni de los acuerdos de extradición sobre la base de una legislación uniforme (como es el caso de las relaciones entre los países nórdicos), ni de los acuerdos de extradición sobre la base de legislaciones recíprocas que establezcan la ejecución en el territorio de un Estado miembro de mandamientos de detención librados en el territorio de otro Estado miembro (como es el caso de las relaciones entre el Reino Unido e Irlanda).

Artículo 2 - Hechos que dan lugar a extradición

El apartado 1 especifica los hechos que dan lugar a extradición. Es muy probable que el número de hechos que dan lugar a extradición aumente de forma significativa debido a la aplicación del presente artículo.

Este apartado dispone que los hechos deben estar castigados por la ley del Estado miembro requirente y por la del Estado miembro requerido, confirmándose así el principio de doble incriminación ya incluido en los convenios «básicos» (una excepción especial a este principio figura en el artículo 3). Asimismo cambia la pena mínima exigida para la extradición, que es de una duración máxima de doce meses por lo menos de pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad para la ley del Estado miembro requirente. Ésta se ha reducido a seis meses para la ley del Estado miembro requerido.

El límite de un año es el límite normal en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que, no obstante, puede ser objeto de reservas formuladas al respecto por algunos Estados en el momento de la ratificación. Del artículo 17 del presente Convenio resulta que no pueden hacerse reservas a este respecto. Este límite de un año concuerda también con la solución adoptada en el artículo 61 del Convenio de aplicación de Schengen. El apartado 1 del artículo 2 del Tratado Benelux dispone un límite de seis meses para la ley del Estado requirente, límite que prevalecerá por tanto sobre el presente Convenio a causa de su carácter más favorable a la extradición, en lo que se refiere a las normas de extradición entre Estados partes de dicho Tratado.

El límite de seis meses para el Estado miembro requerido es una innovación para la mayoría de los Estados miembros.

En lo que respecta al apartado 2, determinados Estados miembros han denegado la extradición debido a que su Derecho nacional no contemplaba medidas de seguridad privativas de libertad de naturaleza comparable a aquéllas en las que se basaba la solicitud de extradición, a pesar de que dichos Estados miembros no habían formulado reservas respecto al artículo 25 del Convenio Europeo de Extradición. El apartado 2 se redactó para que quedara clara la situación jurídica de manera que no se pueda denegar la extradición entre los Estados miembros por ese motivo.

El apartado 3 trata la llamada extradición accesoria e incluye una disposición semejante a la del artículo 1 del Segundo Protocolo del Convenio Europeo de Extradición. En virtud de este apartado, el Estado miembro requerido podrá también conceder la extradición por hechos que no cumplan las condiciones de extradición según el apartado 1 pero que estén castigados con multas. Se ha estimado que las razones para no conceder la extradición desaparecen cuando la persona reclamada debe ser extraditada por delitos graves que cumplen las condiciones fijadas en el apartado 1. En este caso, la persona de que se trate no podrá escapar a las acciones penales por delitos menores y los tribunales del Estado miembro requirente estarán en condiciones de procesarle por todos los hechos.

Otro aspecto de la cuestión de los hechos que no dan lugar a extradición y que están castigados con multas se rige por el apartado 1 del artículo 10, que trata aquellos casos en que la solicitud de extradición no ha incluido tales hechos pero el Estado miembro requirente puede actuar en relación con los mismos una vez que se ha procedido a la extradición de la persona.

Artículo 3 - Conspiración y asociación con propósito delictivo

Desde 1993 la Unión Europea ha considerado que dentro del marco de las medidas que adopta contra las formas más graves de delincuencia debía darse, en especial, una gran prioridad a las formas más graves de delincuencia organizada y terrorismo. En este contexto, se ha observado con frecuencia la inexistencia en los Derechos internos de los Estados miembros de disposiciones homogéneas que tipifiquen como delito la reunión de dos o más personas con el propósito de cometer delitos. Esto es debido a tradiciones jurídicas distintas pero no corresponde a diferencias en la política en materia penal. Estas diferencias pueden hacer más difícil la cooperación judicial.

En particular, las diferencias existentes entre las distintas formas de asociación con propósito delictivo cubiertas por el Derecho penal de los Estados miembros y las existentes entre las distintas formas de conspiración, y aún más las diferencias entre los delitos de asociación con propósito delictivo por una parte y los delitos de conspiración por otra, se consideraron especialmente sensibles de cara a la extradición por cuanto, al implicar ausencia de la necesaria doble incriminación, pueden impedir la extradición por delitos pertinentes en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus formas.

El artículo 3 tiene por objeto remediar esta dificultad disponiendo una excepción al principio de doble incriminación, mediante una excepción al apartado 1 del artículo 2 del presente Convenio y al correspondiente artículo 2 del Convenio Europeo de Extradición y al artículo 2 del Tratado Benelux. A tal fin, el apartado 1 establece que cuando el delito que motiva la solicitud de extradición esté tipificado en la ley del Estado miembro requirente como conspiración o asociación con propósito delictivo no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la ley del Estado miembro requerido no considere la misma conducta como constitutiva de delito. Se sobrentiende que siguen en vigor los otros motivos para denegar la extradición contenidos en el presente Convenio o en otros convenios aplicables.

No obstante, esta importante disposición está condicionada a que se cumplan dos condiciones, ambas indicadas en el apartado 1. La primera es que el delito debe poder castigarse en la ley del Estado miembro requirente con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de doce meses por lo menos. Para mayor claridad, se reafirma explícitamente el límite ya indicado en el artículo 2.

La segunda condición es que la asociación delictiva o la conspiración debe proponerse cometer:

a) «uno o varios de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo»; o

b) «cualquier otro delito castigado con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de doce meses por lo menos en el ámbito del tráfico de estupefacientes y otras formas de delincuencia organizada u otros actos de violencia contra la vida, la integridad física o la libertad de una persona, o que represente un peligro colectivo para las personas». El apartado 2 indica la documentación en la que deberá basarse el Estado miembro requerido para determinar si se cumple esta segunda condición.

Las condiciones muestran que el supuesto de inaplicabilidad excepcional respecto de la doble incriminación se justifica y aplica únicamente respecto a asociaciones con propósito delictivo o conspiraciones especialmente graves y que la evaluación de esa gravedad debe basarse necesariamente en el carácter de los delitos para los que las personas toman parte en una conspiración, constituyen una asociación con propósito delictivo o participan en la misma. Los delitos que a este respecto se consideran graves según el Convenio pertenecen a tres categorías: los delitos de terrorismo, los delitos de delincuencia organizada, incluidos los delitos de tráfico de estupefacientes, y los delitos violentos.

Por el contrario, el apartado 1 no incluye ninguna definición de asociación delictiva ni de conspiración, por ser suficiente que los hechos por los que se presenta la solicitud de extradición se consideren como asociación delictiva o conspiración en el Derecho del Estado miembro requirente.

No obstante, como el principio de doble incriminación constituye un principio tradicional en materia de extradición para muchos Estados miembros, se consideró apropiado facilitar una solución alternativa a la que figura en el apartado 1. Con este fin, los apartados 3 y 4 disponen la combinación de una reserva al apartado 1 y una obligación de que la conducta que se describe en el apartado 4 dé lugar a extradición con arreglo al apartado 1 del artículo 2.

En virtud del apartado 3, cualquier Estado miembro podrá reservarse el derecho de no aplicar el apartado 1 o de aplicarlo en determinadas condiciones que especificará al presentar la reserva. El Estado miembro que formule una reserva queda facultado para decidir el contenido de esas condiciones.

En caso de que se haya formulado una reserva, con o sin condiciones, se aplicará el apartado 4. Ese apartado especifica la conducta que en el Derecho interno de los Estados miembros dará lugar a la extradición. A tal fin y dejando ya de utilizar conceptos como asociación delictiva o conspiración, se utiliza un conjunto de elementos objetivos:

- Deberá ser una conducta que contribuya a la comisión por parte de un grupo de personas con un objetivo común de uno o más delitos de los tipos mencionados en el apartado 4.

- La contribución puede ser de cualquier tipo y deberá determinarse mediante una evaluación objetiva en un caso específico, si la conducta contribuye a la comisión de uno o más delitos. Tal y como se describe en este apartado, la conducta no tiene por qué basarse en la participación de la persona en la ejecución real del delito o de los delitos de que se trata. De hecho, la contribución puede ser de tipo accesorio (simple preparación material, apoyo logístico al desplazamiento o al albergue de personas y una conducta similar). El apartado no dispone que la persona que haya contribuido a la comisión del delito deba ser «miembro» del grupo. En consecuencia, si una persona que no forme parte como miembro de un grupo totalmente organizado contribuye a la actividad delictiva del grupo, tanto si lo hace de forma ocasional como permanente, este tipo de contribución también quedará incluida en la disposición de referencia, siempre que existan los demás elementos que constituyen la contribución, tal como se indica en el apartado 4.

- Tal y como se establece en el apartado «dicha contribución deberá haber sido intencional y con pleno conocimiento, bien del objetivo y de la actividad delictiva general del grupo, bien de la intención del grupo de cometer el delito o delitos de que se trate». Este texto califica la contribución de dos formas: en primer lugar, la contribución debe ser intencional; por tanto se excluyen las contribuciones no intencionales. En segundo lugar, la naturaleza de los grupos delictivos y las circunstancias en las que se da la contribución varían, por lo que se requiere que se especifique un elemento de conocimiento. A este respecto, el texto dispone que el elemento de conocimiento se base en el conocimiento bien del objetivo y de la actividad delictiva general del grupo o en la intención del grupo de cometer uno o más de los delitos de que se trata.

- Los delitos de un grupo, en cuya comisión contribuya una persona, son los mismos delitos que los citados en las letras a) y b) del apartado 1. También en este caso, la obligación específica de la disposición correspondiente queda justificada a la vista de la gravedad de los delitos cometidos o planeados por el grupo.

Artículo 4 - Decisión de privación de libertad en un lugar distinto de una institución penitenciaria

El artículo 12 del Convenio Europeo de Extradición dispone que una solicitud de extradición debe apoyarse en una decisión ejecutoria de condena castigada con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad o, en el caso de una extradición a efectos de acciones penales, en un mandamiento de detención o cualquier otro documento que tenga la misma fuerza. En tales supuestos, la persona queda normalmente privada de libertad en una institución penitenciaria.

No obstante, se han creado o pueden crearse en el futuro nuevos tipos de medidas de restricción de la libertad individual con vistas a procedimientos penales o también en sustitución del cumplimiento de sentencias. En algunos Estados miembros la ley permite a las autoridades judiciales recurrir al arresto domiciliario o, en cualquier caso, independientemente de cómo se designe la medida, dispone que una persona quede privada de libertad en un lugar distinto de una institución penitenciaria.

Dado que en virtud de dichas leyes la privación de libertad en lugar distinto de una institución penitenciaria equivale, en cuanto a su propósito y a su régimen jurídico, a la privación de libertad en una institución penitenciaria, distinguiéndose de ella solamente en el lugar en que se mantiene detenida a la persona, se ha estimado que este procedimiento diferente no debía tener efecto negativo sobre la extradición.

Para evitar que una interpretación restrictiva del citado artículo del Convenio Europeo de Extradición o del correspondiente artículo 11 del Tratado Benelux sea un impedimento para la extradición, el artículo 4 establece que no se podrá denegar la extradición por el simple hecho de que la orden en que la solicitud se base disponga la privación de libertad en un lugar distinto de una institución penitenciaria.

Esta disposición no exige que la normativa nacional sobre detención y privación de libertad individual cambien, ni siquiera en lo que respecta a la extradición y tampoco altera las demás condiciones de concesión o de denegación de la extradición.

Al solicitar una extradición podría ser útil, en interés del Estado miembro requirente, explicar el ámbito de aplicación y la naturaleza jurídica del arresto domiciliario o de una orden similar en la que se base la solicitud, en especial cuando la privación de libertad en un lugar distinto de una institución penitenciaria no está contemplada en el Estado miembro requerido.

Artículo 5 - Delitos políticos

El compromiso común de los Estados miembros de prevenir y combatir el terrorismo, en el que frecuentemente ha insistido el Consejo Europeo, y la consecuente necesidad de mejorar la cooperación judicial con el fin de excluir que tales conductas queden impunes, han llevado a revisar la cuestión de los delitos políticos en relación con la extradición.

A la vista de la similitud de conceptos políticos entre los Estados miembros y de la confianza básica en el funcionamiento de los sistemas de justicia penal en los Estados miembros, era lógico revisar si el carácter político de un delito debía seguir siendo un motivo de denegación de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. El resultado de esta revisión fue el artículo 5.

Los importantes cambios introducidos por las nuevas disposiciones deben considerarse en relación con la declaración común de los Estados miembros aneja al Convenio sobre el derecho de asilo (Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, modificado por el Protocolo de Nueva York de 1967) en el que se establece la relación entre este Convenio y las disposiciones sobre asilo que figuran en las Constituciones de algunos Estados miembros y en los instrumentos internacionales pertinentes.

El artículo 5 refleja un enfoque doble: por una parte, el apartado 1 dispone que, a efectos de extradición, no se concederá a ningún delito la consideración de delito político y, por otra, al mismo tiempo que dispone que ese principio puede admitir excepciones por medio de reservas, el apartado 2 especifica que no podrán formularse reservas sobre delitos de terrorismo. El citado principio no queda, por tanto, afectado en este ámbito.

El artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición y el artículo 3 del Tratado Benelux excluyen la extradición por delitos políticos. El Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo incluye en su artículo 1 una excepción a esas normas, estableciendo una obligación de que no se sigan considerando los delitos enumerados en dicho artículo como delitos políticos, delitos conexos con un delito político o delitos inspirados por móviles políticos. Además, en su artículo 2, este último Convenio permite a un Estado parte del mismo la posibilidad de decidir que no se considera como tal tipo de delito cualquier acto grave de violencia no comprendido en el artículo 1 y que esté dirigido contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas o contra los bienes cuando dicho acto haya creado un peligro colectivo para las personas, así como en los casos de tentativa de comisión de los delitos mencionados o de participación como cómplice de una persona que cometa o intente cometer dichos delitos.

El apartado 1 del presente artículo contempla la supresión total de la posibilidad de recurrir a la excepción por delitos políticos.

El apartado 1 recoge el texto del artículo 1 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, pero la disposición ya no se limita a una lista de delitos. El apartado 1 del presente Convenio prevalece así respecto del apartado 1 del artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición y del apartado 1 del artículo 3 del Tratado Benelux, así como respecto de los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo.

Como se indica en el apartado 3, el apartado 1 del presente artículo no modifica en modo alguno las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición ni las del artículo 5 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo. En virtud de esas disposiciones, que en consecuencia pueden aplicarse plenamente, el Estado miembro requerido puede seguir denegando la extradición si ésta se ha solicitado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o si la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales consideraciones.

Se considera como algo muy teórico que en un procedimiento de extradición se den estas circunstancias entre los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, dado que el respeto de los derechos y libertades fundamentales es un principio absoluto de la Unión Europea y que, como ya se ha indicado, es un fundamento del progreso que la Unión desea realizar mediante el presente Convenio, se estimó que el texto no debía desviarse del citado principio tradicional de protección de las personas en procesos penales viciados por discriminación política y que había que insistir explícitamente en la validez de ese principio.

El apartado 3 se menciona también en la declaración aneja al Convenio en la que Grecia especifica que desde el punto de vista de las disposiciones de este apartado es posible interpretar la totalidad del artículo de conformidad con las condiciones de la Constitución helénica.

El apartado 2, como ya se ha indicado, dispone que cualquier Estado miembro podrá formular una reserva limitando la aplicación del apartado 1 a dos tipos de delito:

a) los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo (que abarcan los delitos más graves, como la toma de rehenes, el uso de armas de fuego y explosivos, los actos de violencia contra la vida o la libertad de las personas o aquéllos que crean un peligro colectivo para las personas),

b) los hechos calificados de conspiración o de asociación con propósito delictivo para cometer uno o varios de los delitos a que hace referencia la letra a).

Respecto a estas categorías que acaban de mencionarse, el presente Convenio va más allá del ámbito de aplicación de la letra f) del artículo 1 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, que se limita a la tentativa de cometer cualquiera de los delitos del artículo 1 y a la participación como cómplice de una persona que cometa o intente cometer dichos delitos.

A diferencia del apartado 1 del artículo 3 del presente Convenio, la conspiración y asociación a que se refiere la letra b) del apartado 2 del presente artículo se consideran únicamente en la medida en que sean conductas correspondientes a la descripción que se hace en el apartado 4 del artículo 3.

Por último, el apartado 4 completa las disposiciones del artículo al disponer que las reservas formuladas con arreglo al artículo 13 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo dejarán de aplicarse. El apartado 4 es válido tanto para los Estados miembros que aplican plenamente el principio indicado en el apartado 1 como para aquellos otros que hagan la declaración contemplada en el apartado 2.

Artículo 6 - Delitos fiscales

El artículo 5 del Convenio Europeo de Extradición y el artículo 4 del Tratado Benelux disponen que la extradición por delitos fiscales será concedida sólo si así lo han decidido los Estados partes con respecto a cualquiera de estos delitos o categorías de delitos. El artículo 2 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo suprime la restricción establecida en el artículo 5 de dicho Convenio, pero el Protocolo no ha sido ratificado por todos los Estados miembros y no se aplica entre Estados miembros para los que están en vigor otros acuerdos de extradición aparte del Convenio Europeo. El artículo 63 del Convenio de aplicación de Schengen suprime parcialmente la restricción para los delitos fiscales.

Los apartados 1 y 2 disponen que todos los Estados miembros tendrán el mismo régimen jurídico que el del Segundo Protocolo del Convenio Europeo, prevaleciendo así sobre los artículos antes citados del Convenio Europeo y del Tratado Benelux, así como del Convenio de aplicación de Schengen.

El apartado 1 establece el principio de que la extradición se concederá también por delitos fiscales que, según la legislación del Estado miembro requerido, correspondan a un delito de la misma naturaleza.

Dado que las legislaciones de los Estados miembros pueden ser diferentes en cuanto a los elementos constitutivos de los distintos delitos relacionados con las tasas, impuestos, aduanas y cambio, se ha estimado adecuado permitir un margen más amplio de apreciación al Estado miembro requerido para que evalúe si en su legislación existe un delito que corresponde al delito por el que se pretende la extradición. En consecuencia, para que se cumpla el principio de la doble incriminación es suficiente que un delito se considere que es «de la misma naturaleza» (3*).

El apartado 2 establece una norma semejante a la contemplada en el Segundo Protocolo (4**) que dispone que la extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación del Estado miembro requerido no imponga el mismo tipo de exacciones fiscales que la legislación del Estado miembro requirente. También aquí la idea básica consiste en que los elementos fundamentales constitutivos del delito serán decisivos para determinar la aplicación del principio de doble incriminación.

El apartado 3 permite formular una reserva respecto a los delitos no relacionados con impuestos especiales, impuestos sobre el valor añadido o de aduana, que pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio. En cambio, respecto a los delitos relacionados con los impuestos especiales, el impuesto sobre el valor añadido o de aduana, no pueden establecerse excepciones al apartado 1 del artículo mediante la utilización de la posibilidad de reserva. En caso de que se haya formulado una reserva, ésta será también procedente respecto al artículo 10, como se dispone en el apartado 4 de este último artículo.

Los Estados miembros que son parte en el Segundo Protocolo no establecerán un sistema más restrictivo para la extradición relacionada con delitos fiscales que el que ya acordaron en virtud del Segundo Protocolo. Se infiere de este principio que los Estados miembros que son parte en el Segundo Protocolo y que no han efectuado una reserva vinculada al artículo 2 de dicho Protocolo no podrán hacer la declaración prevista en el apartado 3.

Artículo 7 - Extradición de nacionales

Este artículo debe entenderse en relación con la declaración del Consejo relativa a la noción de «nacionales» y con la declaración de Dinamarca, de Finlandia y de Suecia relativa al artículo 7 del presente Convenio.

Pocos Estados miembros extraditan a sus propios nacionales. El artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición contempla la facultad de denegar la extradición por motivos de nacionalidad y el artículo 5 del Tratado Benelux excluye explícitamente la extradición de nacionales. Algunos Estados miembros disponen de obstáculos constitucionales para extraditar a los nacionales y otros tienen una prohibición por ley.

El apartado 1 establece el principio de que no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la persona objeto de la solicitud de extradición sea nacional del Estado miembro requerido en la aceptación del artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición. Esto representa un paso importante para eliminar uno de los obstáculos tradicionales a la extradición entre los Estados miembros. Los motivos de este cambio, como ya se ha destacado en la parte general del informe explicativo, deben buscarse en los valores compartidos, las tradiciones jurídicas comunes y la confianza mutua en el funcionamiento adecuado de los sistemas de justicia penal de los Estados miembros de la Unión Europea.

El artículo no define el término «nacional» de un Estado miembro sino que hace una referencia al artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición. Este último artículo dispone que cada Parte podrá, mediante declaración, definir el término «nacionales».

Varios Estados miembros han realizado declaraciones al respecto, por ejemplo Dinamarca, Finlandia y Suecia. Estos tres Estados miembros han definido como nacionales los de los Estados nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), así como los extranjeros domiciliados en el territorio de uno de esos Estados. Se ha considerado que estas declaraciones tienen un alcance demasiado extenso. Por lo tanto, en el contexto del presente Convenio, Dinamarca, Finlandia y Suecia confirman mediante la declaración aneja al Convenio que no invocarán, respecto de los demás Estados miembros que garantizan un tratamiento igual, la definición de nacionales que hicieron en el Convenio Europeo de Extradición para denegar la extradición de residentes de Estados que no sean de los Estados nórdicos.

El apartado 2 contempla la posibilidad de excepción al principio general establecido en el apartado 1. La posibilidad de formular una reserva a este respecto se estimó adecuada debido a que la prohibición de extradición de nacionales está establecida en el Derecho constitucional o en legislaciones nacionales basadas en tradiciones jurídicas de rancio arraigo, cuya modificación resultaría una materia compleja. No obstante, el apartado 3 contempla un sistema que fomentará una revisión de las reservas formuladas.

En virtud del apartado 2, la reserva se formula mediante la declaración de que no se concederá la extradición de sus nacionales o que sólo se autorizará en determinadas condiciones que se deberán especificar, cuyo contenido se deja como facultativo para cada Estado miembro que haga la declaración. Por ejemplo, el Estado miembro puede indicar que no concederá la extradición de sus nacionales para ejecución de sentencias y que concederá la extradición de los mismos a efectos de acciones penales únicamente a condición de que la persona extraditada, si es condenada, deba ser devuelta al primer Estado con vistas al cumplimiento de la condena. Además, un Estado miembro podrá también indicar que aplicará siempre a la extradición de sus propios nacionales el principio de doble incriminación, el principio de especialidad y la prohibición de reextradición a otro Estado miembro.

A este respecto, se deberá recordar la declaración del Consejo relativa a la noción de «nacionales». A tenor de dicha declaración, la noción de «nacional» utilizada en el presente Convenio no afectará a cualesquiera de las definiciones barajadas o dadas en el Convenio del Consejo de Europa de 21 de marzo de 1983 sobre traslado de personas condenadas. Esta declaración se hace sin perjuicio de cualquier reserva formulada en el marco del presente Convenio.

El apartado 3 dispone que la reserva tendrá una validez de cinco años y que podrá renovarse por períodos sucesivos de igual duración. Durante ese período todo Estado miembro podrá, en cualquier momento, retirar total o parcialmente una reserva que haya formulado. El apartado contempla procedimientos que garantizan que las reservas no expirarán automáticamente sin que el Estado miembro haya sido debidamente informado por dos veces por parte del depositario del Convenio.

Este procedimiento tendrá las características siguientes: doce meses antes de la fecha de expiración de cada período de cinco años el depositario informará al Estado miembro correspondiente de que su reserva expirará en una fecha determinada. El Estado miembro deberá notificar al depositario, a más tardar tres meses antes de dicha fecha, de acuerdo con el párrafo tercero del apartado 3, sobre su intención. Si el Estado miembro notifica al depositario que mantiene la reserva, ésta quedará prorrogada por un período de cinco años a partir del día siguiente a la fecha de expiración de la reserva.

Si el Estado miembro no indica su intención de acuerdo con el procedimiento citado, la reserva se considera prorrogada automáticamente por un período de seis meses que comienza al día siguiente al que concluye el período de cinco años. El depositario informará al Estado miembro de que su reserva queda prorrogada automáticamente y de la fecha en que la reserva expirará definitivamente. El depositario recordará en su notificación al Estado miembro las disposiciones del párrafo cuarto del apartado 3 del presente artículo.

Si el Estado miembro formula una notificación con el fin de mantener su reserva en virtud del apartado 2 del presente artículo, el período de prórroga de la reserva se considerará en todo caso que comienza el día siguiente a la fecha de expiración del período de cinco años durante el cual la reserva era válida.

Al mantener su reserva, el Estado miembro podrá modificarla para hacer menos estrictas las condiciones de extradición. Ningún Estado miembro podrá en ningún caso modificar la reserva de manera que haga más estrictas las condiciones de extradición, por ejemplo añadiendo nuevas condiciones.

Artículo 8 - Prescripción

En virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Extradición y al artículo 9 del Tratado Benelux, no se concederá la extradición cuando la persona goce de inmunidad por el motivo de que la acción o la pena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente o requerido.

El apartado 1 de este artículo dispone que una solicitud de extradición no podrá denegarse por el motivo de que haya prescrito la acción o la pena con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido. Este enfoque facilitará la extradición entre los Estados miembros.

El apartado 2 hace facultativa la aplicación de este artículo a fin de permitir que se tenga en cuenta la legislación del Estado miembro requerido cuando la naturaleza del delito caiga dentro de la jurisdicción de dicho Estado miembro en materia de acción penal o ejecución de una sentencia. El artículo 9 contiene una disposición basada en consideraciones similares.

Artículo 9 - Amnistía

El artículo es nuevo con respecto al Convenio Europeo de Extradición y al Tratado Benelux, pero mantiene la regla ya establecida en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional del Convenio Europeo. Se ajusta al apartado 2 del artículo 62 del Convenio de aplicación de Schengen.

Este artículo estipula que una amnistía pronunciada en el Estado miembro requerido, en el que dicho Estado tiene competencia para perseguir el delito con arreglo a su propio Derecho penal, constituirá un motivo obligatorio para denegar la extradición.

Cabe observar que el hecho de que la amnistía impida la extradición únicamente cuando el Estado miembro requerido sea competente sobre el delito, refleja el mismo tipo de consideraciones que se han tenido en cuenta en el marco del apartado 2 del artículo 8.

Artículo 10 - Hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición

El artículo 10 debería considerarse en relación con el artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición y el correspondiente artículo 13 del Tratado Benelux. El artículo 10 contiene nuevas disposiciones según las cuales un Estado miembro que haya obtenido una extradición podrá ejercer más fácilmente su jurisdicción penal (en lo que se refiere a acciones, juicios y ejecución de penas) con respecto a hechos cometidos antes de la entrega de la persona, distintos de los que motivaron la solicitud de extradición. Sobre la base del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá actuar a los fines antedichos sin tener previamente que solicitar y obtener el consentimiento del Estado miembro que haya concedido la extradición.

Este sistema simplificado se aplica a los cuatro casos comentados en el apartado 1. Las letras a), b) y c) se refieren a casos en que la extradición no hubiera podido solicitarse necesariamente; el caso mencionado en la letra d), en cambio, se refiere a hechos para los cuales la extradición pudiera haberse solicitado y obtenido.

Con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá iniciar o continuar la acción, o juzgar a una persona, por un delito que no esté castigado con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad.

En virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá iniciar o continuar la acción, o juzgar a una persona, por un delito que esté castigado con una pena restrictiva de la libertad individual, en la medida en que la persona no esté sujeta a la restricción de su libertad individual ni durante las acciones ni como consecuencia de las mismas. Lo cual significa que si la persona es condenada a una pena o una medida privativa de libertad, dicha condena no podrá ejecutarse a menos que el Estado miembro requirente obtenga el consentimiento o bien de la persona interesada, tal como se prevé en la letra d) del apartado 1 del artículo 10, o bien del Estado requerido, con arreglo al artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición. La letra b) del apartado 1 del artículo 10 cubre asimismo los casos en que el delito esté penado con prisión o multa. No obstante, cuando la persona haya sido condenada a una multa, no se necesita consentimiento para la ejecución de la sentencia.

Con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá ejecutar una sentencia definitiva que implique una pena o una medida que no sea privativa de libertad. Se pone de relieve que este apartado permite a un Estado que ejecute no sólo las multas sino también toda medida sustitutoria incluso cuando ésta implique una restricción de la libertad individual. Considerando la formulación de esta disposición, una medida sustitutoria de una multa deberá interpretarse en este caso únicamente como una medida que, con arreglo al Derecho interno, puede aplicarse cuando el pago de la suma no se obtiene. Por tanto, esta disposición no se refiere a las restricciones de libertad ordenadas a consecuencia de una revocación de una medida de libertad condicional o de cualquier otra medida similar.

En lo que se refiere a la letra d) del apartado 1 del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá entablar la acción, juzgar a una persona extraditada o ejecutar una pena a la que dicha persona haya sido condenada sin necesidad de obtener el consentimiento del otro Estado, en caso de que, tras su entrega, la persona interesada renuncie expresamente a acogerse al beneficio del principio de especialidad con respecto a delitos específicos. Este apartado puede cubrir también los casos en que, sobre la base del delito, de la pena y de las medidas previstas al respecto, se hubiese podido presentar una solicitud de extradición y, en caso de que se hubiese exigido el consentimiento del Estado requerido, dicho Estado podría haber estado obligado a dar su consentimiento de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase de la letra a) del apartado 1 del artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición.

El motivo de la inclusión de la letra d) del apartado 1 del artículo 10 radica en que, en las relaciones entre los Estados miembros en materia de extradición, los intereses de las personas extraditadas se consideran suficientemente protegidos por el procedimiento del consentimiento. La disposición se asemeja a las consideraciones implícitas en el artículo 9 del Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición, y permite tener en cuenta los casos en que la persona renuncia al beneficio del principio de especialidad tras haber sido entregada.

Del mismo modo, los apartados 2 y 3 repiten disposiciones semejantes a las de dicho Convenio y tienden a establecer un procedimiento adecuado para expresar una renuncia al principio de especialidad, a fin de garantizar que dicha renuncia se exprese voluntariamente y con pleno conocimiento de sus consecuencias.

El apartado 2 especifica que la renuncia al principio de especialidad debe expresarse con referencia a «hechos concretos». Esto significa que una renuncia general para todos los hechos anteriores a la entrega, o una renuncia en relación con categorías de hechos, no será válida. Esta disposición, que, en este punto, difiere del artículo 9 del Convenio relativo al procedimiento simplificado, es otra garantía de que el interesado es consciente de las consecuencias que producirá dicha renuncia.

El apartado 4 está relacionado con el artículo 6 y dispone que, en el marco de la aplicación de las letras a), b) y c) del apartado 1 deberá solicitarse y obtenerse el consentimiento del Estado miembro requerido cuando los nuevos hechos correspondan a delitos fiscales para los cuales el Estado miembro requerido ha excluido la posibilidad de extradición mediante la declaración contemplada en el apartado 3 del artículo 6.

Artículo 11 - Presunción de consentimiento del Estado miembro requerido

Con arreglo al artículo 11, los Estados miembros que lo deseen podrán introducir, mediante declaraciones y sobre la base de la reciprocidad, un nuevo mecanismo, diferente del establecido en el artículo 10, para facilitar, en el Estado miembro requirente, el ejercicio de la competencia penal con respecto a delitos distintos de los que hayan motivado la extradición. Dicho mecanismo consiste en una excepción a las disposiciones relativas al principio de especialidad que figura en los convenios «básicos».

Dicho mecanismo presume que se ha concedido el consentimiento del Estado requerido exigido por la letra a) del apartado 1 del artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición y por la letra a) del apartado 1 del artículo 13 del Tratado Benelux. Dicha presunción permitirá al Estado miembro requirente iniciar la acción, juzgar, ejecutar la sentencia o cualquier medida de seguridad privativa de libertad de la persona extraditada en relación con todo delito anterior a la entrega distinto de aquéllos por los que se haya concedido la extradición.

No obstante, se consideró oportuno conceder a un Estado miembro que haya formulado dicha declaración la facultad de suspender la «presunción de consentimiento» en casos específicos de peticiones de extradición, basándose en una decisión dictada por aspectos específicos del caso. A tal fin, el Estado miembro requerido, al conceder la extradición, comunicará su voluntad al respecto al Estado miembro requirente. Al hacer la declaración, los Estados miembros que así lo deseen podrán manifestar los tipos de casos en los que suspenderán la «presunción de consentimiento».

Cuando el mecanismo de la presunción de consentimiento sea de aplicación, no se aplicará el artículo 10. Tal como se ha expuesto anteriormente, todas las situaciones cubiertas por el artículo 10 están, de hecho, totalmente reguladas por la presunción de consentimiento. No obstante, si en un caso determinado un Estado miembro requerido ha expresado su intención de no aplicar la presunción de consentimiento, el artículo 10 será de aplicación. Esta interacción de los dos artículos está contemplada en el párrafo segundo del artículo 11.

Artículo 12 - Reextradición a otro Estado miembro

El artículo 15 del Convenio Europeo de Extradición y el apartado 1 del artículo 14 del Tratado Benelux establecen que el Estado requirente no podrá entregar a una persona a un tercer Estado sin el consentimiento del Estado que haya aceptado extraditar a dicha persona al Estado requirente.

Sobre la base del apartado 1 del presente artículo, esta norma ya no será de aplicación y el Estado miembro que haya recibido una solicitud de reextradición no estará obligado a solicitar el consentimiento del Estado miembro que haya concedido la extradición.

Esta nueva disposición, tal como se indica expresamente, se refiere únicamente a la reextradición de un Estado miembro. Asimismo, sólo será de aplicación cuando, con arreglo al artículo 15 del Convenio Europeo de Extradición, el Estado que haya dado su consentimiento sea un Estado miembro.

Cada Estado miembro podrá establecer una excepción respecto de la norma contemplada en el apartado 1 mediante una declaración formulada con arreglo al apartado 2. Dicha declaración tendrá como consecuencia que el artículo 15 del Convenio Europeo de Extradición y el artículo 14 del Tratado Benelux seguirán aplicándose, lo que significa que para la reextradición será necesario el consentimiento de dicho Estado.

No obstante, basándose en las mismas consideraciones implícitas en la letra d) del apartado 1 del artículo 10, se pensó que la excepción a la norma general contemplada en el apartado 1 del presente artículo no sería oportuna cuando la persona diese su consentimiento a su reextradición. Se supone que los procedimientos de la expresión del consentimiento establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10 se utilizarán en este contexto.

De modo semejante, se consideró que la excepción prevista en el apartado 1 del presente artículo no deberá aplicarse cuando el artículo 13 del Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición disponga otra cosa. Eso ocurre cuando la persona haya dado su consentimiento a la extradición y cuando el principio de especialidad no se aplique en virtud de una declaración formulada por el Estado miembro interesado con arreglo al artículo 9 de dicho Convenio. En consecuencia, el apartado 2 dispone expresamente que la declaración formulada con arreglo a este apartado será nula en ambos casos.

Artículo 13 - Autoridad central y transmisión de documentos por telecopia

Este artículo se inspira en gran medida en el Acuerdo entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición de 26 de mayo de 1989 (Acuerdo de San Sebastián, elaborado en el marco de la Cooperación Política Europea).

El apartado 1 dispone que cada Estado miembro deberá designar una autoridad central. Cuando ocurra, como en Alemania, que el ordenamiento constitucional sea tal que disponga que las autoridades competentes a nivel regional ejerzan determinadas funciones que en otros Estados son ejercidas por una autoridad central, es posible designar a más de una autoridad central.

Dicha autoridad central será el punto de convergencia para la transmisión y recepción de solicitudes de extradición y de los documentos justificativos necesarios. En una serie de Estados miembros, dicha autoridad correspondería normalmente al Ministerio de Justicia.

No obstante, el apartado 1 no será de aplicación cuando el Convenio, como en el artículo 14, autorice expresamente una vía diferente de transmisión y recepción de documentos.

El apartado 3 ofrece a la autoridad central la posibilidad de transmitir las solicitudes de extradición y los documentos por telecopia. El apartado 4 regula las condiciones en las cuales podrá utilizarse la transmisión por telecopia. Dichas condiciones garantizan la autenticidad y la confidencialidad de la transmisión y consisten en la utilización de aparatos criptográficos mencionados en dicho artículo.

El Estado miembro requirente deberá tener la plena seguridad de que los documentos de extradición son auténticos, es decir, de que han sido enviados por una autoridad facultada para ello con arreglo al Derecho nacional y de que no están falsificados. Ello es necesario, en particular, en el caso de órdenes de detención u otros documentos similares sobre cuya base el Estado requirente podrá recurrir a medidas que afecten a los derechos individuales. Si las autoridades del Estado miembro requerido tuviesen alguna duda sobre la autenticidad del documento de extradición, su autoridad central estaría facultada para requerir a la autoridad central del Estado miembro requirente que presentase los documentos originales o una copia autenticada de los mismos según las modalidades prescritas en el apartado 5. Este artículo no establece el derecho de la persona interesada a reclamar que dicho documento sea transmitido por medios tradicionales.

Está previsto que, para garantizar el buen funcionamiento del presente artículo, puede ser necesario que los Estados miembros se consulten entre sí sobre las modalidades prácticas de su aplicación.

Este artículo no excluye futuros acuerdos entre Estados miembros, fuera del marco del presente Convenio, sobre la transmisión de documentos por medios modernos de telecomunicaciones distintos de la telecopia.

Artículo 14 - Información complementaria

Este artículo establece el derecho de formular una declaración, sobre la base de la reciprocidad, que cree un sistema de solicitudes directas de información complementaria. Las peticiones de información complementaria pueden referirse muchas veces a asuntos a los cuales sólo pueden responder la autoridad judicial o cualquier otra autoridad competente. Por lo tanto, la solicitud de información complementaria podrá dirigirse directamente con vistas a acelerar el procedimiento.

Del párrafo segundo de este artículo se deduce que la autoridad que haya recibido la solicitud de información complementaria podrá asimismo responder directamente a la autoridad requirente.

El presente artículo especifica que el procedimiento de información complementaria será conforme al artículo 13 del Convenio Europeo de Extradición o al artículo 12 del Tratado Benelux. Por consiguiente, también en los casos de petición directa contemplados en el presente artículo, las autoridades del Estado miembro requirente que pidan la información complementaria pueden fijar un plazo para la recepción de la misma.

Artículo 15 - Autentificación

Este artículo tiende a simplificar los requisitos formales en relación con la documentación de extradición. A tal fin, establece el principio general según el cual todo documento o copia del mismo transmitido a los fines de la extradición estará exento de autentificación o de cualquier otro trámite.

Este principio no se aplicará cuando el Convenio Europeo de Extradición [letra a) del apartado 2 del artículo 12] o el presente Convenio (apartado 5 del artículo 13) exijan la autentificación o cualquier otra formalidad.

No obstante, también en esos casos el artículo dispone una considerable flexibilidad en los requisitos formales, que se han planteado en determinadas circunstancias, y en particular con respecto a las formalidades especiales exigidas por determinados Estados miembros en las declaraciones formuladas en virtud del Convenio Europeo de Extradición. De conformidad con el presente artículo, bastará, en cualesquiera circunstancias, que las copias de los documentos hayan sido autenticadas por las autoridades judiciales que hayan expedido el original de conformidad con las normas del Estado miembro en el que se haya expedido el documento o por la autoridad central mencionada en el artículo 13. Con ello se pretende garantizar la autenticidad del documento en el caso de que fuese discutida bien por el Estado miembro requerido, o bien por la persona interesada.

Artículo 16 - Tránsito

Este artículo tiende a simplificar los procedimientos de tránsito que deben seguirse con arreglo al artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición y al artículo 21 del Tratado Benelux.

Tal como resulta de la letra a), se reduce la información que deberá facilitarse al Estado miembro requerido. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición y en el apartado 2 del artículo 21 del Tratado Benelux, ya no es preciso facilitar documentos tales como copias de órdenes de detención. La información a que se hace mención en la letra a) es la misma que la establecida para los casos en que se pide la detención provisional de una persona. Algunos de los elementos de dicha información son idénticos a los exigidos en virtud del apartado 1 del artículo 4 del Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición, y deberían ser interpretados de manera coherente en ambos Convenios de la Unión Europea.

A la luz del artículo 7, se consideró importante el señalar aquí que la información relativa a la identidad de las personas siempre deberá incluir la nacionalidad de la persona buscada.

Como se ha considerado importante establecer unos medios de comunicación rápidos, la letra b) establece una elección en cuanto a los medios de comunicación. La única restricción consiste en mantener un registro escrito de la solicitud. Por tanto, cualquier medio moderno de comunicaciones que cumpla dicha condición pertenece al ámbito de aplicación de esta disposición.

De la letra c) se desprende que, no obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición y en el apartado 3 del artículo 21 del Tratado Benelux, en casos de tránsito directo por vía aérea del Estado miembro requerido al Estado miembro requirente, no es necesario presentar solicitud de tránsito a cualquier Estado miembro cuyo territorio se sobrevuele. No obstante, si durante dicho transporte se produce un aterrizaje imprevisto, deberá facilitarse lo antes posible al Estado miembro de tránsito la información prevista en la letra a). En dichos casos podrá aplicarse lo dispuesto en la letra b).

La letra d) se refiere a los apartados 1, 2, 5 y 6 del artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición. Establece la posibilidad de denegar el tránsito en determinados casos especificados en la misma. El apartado 1 de dicho artículo, que se refiere a los delitos políticos o puramente militares, así como el apartado 6, que trata del denominado procesamiento discriminatorio, continuará siendo de aplicación en la medida en que los artículos 3 ó 5 del presente Convenio no restrinjan su aplicación. Del mismo modo, el apartado 2, que se refiere a los nacionales, seguirá siendo de aplicación teniendo en cuenta las restricciones del artículo 7 del presente Convenio. El apartado 5 y el artículo 6 del presente Convenio tienen la misma relación. Por añadidura, el apartado 5 regula otros casos de denegación del tránsito que siguen siendo posibles en virtud de la declaración, formulada por un Estado miembro con arreglo a dicho apartado 5, que subordina la autorización del tránsito a alguna o a todas las condiciones en las cuales el mismo Estado otorga la extradición.

Artículo 17 - Reservas

Este artículo establece que no podrán formularse reservas con respecto al Convenio distintas de las contempladas en el mismo. Dichas reservas se prevén en el apartado 3 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 5, el apartado 3 del artículo 6, el apartado 2 del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 12.

Las mencionadas reservas deberán formularse, mediante declaración, en el momento de presentar la notificación a que se hace mención en el apartado 2 del artículo 18. No podrán formularse en ningún otro momento.

Artículo 18 - Entrada en vigorEste artículo regula la entrada en vigor del Convenio de acuerdo con las normas establecidas en la materia por el Consejo de la Unión Europea. El Convenio entrará en vigor noventa días después de que se haya depositado el último instrumento de adopción por todo Estado que sea miembro de la Unión Europea en el momento de la adopción por el Consejo del acto por el que se establece el Convenio, es decir, 15 Estados miembros. El Consejo adoptó al acto el día 27 de septiembre de 1996.

No obstante, igual que en los acuerdos de cooperación judicial previamente celebrados entre los Estados miembros, con objeto de permitir que el Convenio se aplique lo antes posible entre los Estados miembros más afectados, el apartado 4 permite la posibilidad por la cual cada Estado miembro, en el momento de la adopción o en cualquier otro momento posterior, declare que el presente Convenio se aplicará anticipadamente con respecto a todos los Estados miembros que hayan formulado igual declaración. Dicha declaración surtirá efecto a los noventa días de la fecha de su depóstio.

Artículo 19 - Adhesión de nuevos Estados miembros

Este artículo establece que el Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que pase a ser miembro de la Unión Europea, y determina las modalidades de dicha adhesión. Un Estado que no sea Estado miembro no podrá adherirse al Convenio.

Si el Convenio ya ha entrado en vigor en el momento en que un nuevo Estado miembro se adhiera, entrará en vigor con respecto a este último Estado miembro a los noventa días siguientes al depósito de su instrumento de adhesión. Pero si el Convenio aún no ha entrado en vigor a los noventa días siguientes a la adhesión de dicho Estado, entrará en vigor con respecto a dicho Estado en el momento de la entrada en vigor especificado en el apartado 3 del artículo 18. En ese caso, el Estado adherente también podrá formular la declaración de aplicación anticipada prevista en el apartado 4 del artículo 18.

Cabe observar que como consecuencia del apartado 3 del artículo 18, si un Estado se convierte en miembro de la Unión Europea antes de la entrada en vigor del Convenio y no se adhiere al mismo, el Convenio entrará en vigor, no obstante, cuando todos los Estados que eran miembros en el momento de la firma hayan depositado sus instrumentos de adopción.

En vista del carácter complementario del presente Convenio tal como se establece en el artículo 1 del Convenio, la ratificación del Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957 es una condición previa necesaria para la adhesión.

Artículo 20 - Depositario

Este artículo prevé que el Secretario General del Consejo es el depositario del Convenio. El Secretario General deberá informar a los Estados miembros lo antes posible de toda notificación recibida de los Estados miembros relativa al Convenio. Dichas notificaciones se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, así como toda información sobre la marcha de las adopciones, adhesiones, declaraciones y reservas.

(1) DO n° C 78 de 30. 3. 1995, p. 1.

(2) DO n° C 313 de 23. 10. 1996, p. 11.

(3*) El hecho de que el Segundo Protocolo utilice los términos «an offence of the same nature», en la versión inglesa auténtica, y no «similar offence» como en el presente Convenio, no pretende establecer ninguna diferencia entre el sistema basado en cada uno de los dos instrumentos sino que se debe únicamente a motivos técnicos.

(4**) El hecho de que el texto inglés del Convenio no sea exactamente el mismo que el del texto inglés auténtico del Segundo Protocolo se debe a motivos técnicos.