ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 15.12.2005 
COM(2005) 648 final 
  
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
por la que se solicita al Consejo que las me didas adoptadas con arreglo al artículo 65 del 
Tratado en materia de obligaciones de alimen tos se rijan por el artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea  
 
ES 2   ES COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
por la que se solicita al Consejo que las me didas adoptadas con arreglo al artículo 65 del 
Tratado en materia de obligaciones de alimen tos se rijan por el artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea  
1. C ONTEXTO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL  
1.1. Legislación comunitaria aplicable  a las obligaciones de alimentos 
Las obligaciones de alimentos están integradas en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembr e de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo 
sucesivo, “Reglamento Bruselas I”)1. Este Reglamento establece, en primer lugar, normas de 
conflicto jurisdiccional, entre ellas una norma  especial en materia de obligaciones de 
alimentos que figura en su artículo 5, apartado 2. Seguidamente establece normas de reconocimiento y ejecución de resoluciones,  que comprenden, entre otras cosas, las 
resoluciones adoptadas en los Estados miembros en materia de obligaciones de alimentos. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que el ar tículo 57, apartado 2, del Reglamento Bruselas I 
menciona expresamente los  “acuerdos en materia de obligaciones alimentarias celebrados 
ante las autoridades administrativas  o formalizadas por las mismas” , los cuales se asimilan a 
documentos públicos con fuerza ejecutiva. 
Las obligaciones de alimentos se incluyen también en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y el C onsejo, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (en los sucesivo, “Reglamento TEE”)
2. Este instrumento garantiza la libr e circulación en todos los Estados 
miembros de las resoluciones certificadas como  títulos ejecutivos europeos. Las resoluciones 
en materia de alimentos están cubiertas por este  Reglamento que, por otra parte, menciona de 
manera deliberada, al igual que el Reglamento Bruselas I, los acuerdos en materia de 
obligaciones de prestar alimentos celebrados  ante las autoridades administrativas o 
formalizados por ellas, con el fin de asimilarlos a los documentos públicos con fuerza ejecutiva (artículo 4, apartado 3, letra b)). 
En cambio, las obligaciones de alimentos está n excluidas del Reglamento (CE) n° 2201/2003 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relati vo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de respon sabilidad parental, por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n°  1347/2000 (en lo sucesivo, “nuevo Reglamento 
Bruselas II”)
3. Esta exclusión resulta e xplícitamente del artículo 1, apartado 3, letra e) de esa 
disposición, así como de su considerando 11. 
                                                 
1 DO L 12 de 16 de enero de 2001. 
2 DO L 143 de 30 de abril de 2004. 
3 DO L 338 de 23 de diciembre de 2003. 
 
ES 3   ES 1.2. Proyecto de reforma de la legislación co munitaria en materia de obligaciones de 
alimentos 
1.2.1. Breve presentación de la propuesta de  Reglamento sometida al Consejo 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (15 y 16 de octubre de 
1999) y Bruselas (4 y 5 de noviembre de 2004), la  Comisión presentó al Consejo, en el marco 
de la aplicación del programa de reconocim iento mutuo, una propuesta de Reglamento que 
tiene por objetivo suprimir los obstáculos que aún hoy se oponen al  cobro de los alimentos en 
la Unión Europea. Este futuro Reglamento se  propone crear un entorno jurídico adaptado a las 
aspiraciones legítimas de los alimentistas. Debe  permitirles obtener de manera fácil y rápida 
y, en general, sin gastos, un título ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio judicial europeo y lograr en concreto el pago regula r de las sumas adeudadas. 
Este nuevo entorno jurídico requiere una acción que no se limitará a retocar los mecanismos 
actuales; se adoptarán medidas en todos los ám bitos pertinentes de la cooperación judicial 
civil: competencia internacional,  ley aplicable, reconocimient o y ejecución, cooperación y 
supresión de los obstáculos al buen desarrollo  de los procedimientos, incluyendo un mejor 
acceso a la información acerca de la  situación de los deudores, sea cual sea su lugar de 
residencia en la Unión Europea.  Estas respuestas globales se ag ruparán, en la medida de lo 
posible, en un único Reglamento comunitario. 
Esta iniciativa es el resultado de un largo proces o de reflexión y consulta: financiación de un 
estudio de Derecho comparado (2003), elaboración y seguimient o de un Libro Verde (2004), 
organización de varias reuniones de expertos  (2003 a 2005) y realización de un análisis de 
impacto, con la participación de un consultor externo y bajo la supervisión de un grupo de control interservicios que se reun ió en cuatro ocasiones durante 2005. 
1.2.2. Base jurídica y propuesta de Reglamento 
La Comisión presenta la propuest a de Reglamento del Consejo re lativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimient o, la ejecución de las resolucione s y la cooperación en materia 
de obligaciones de alimentos sobre la base de  los artículos 61, letra c), y 67, apartado 2, del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Se trata, pues, de una propuesta que se refiere a la cooperación judicial  civil, tal como se 
define en el artículo 65 del Tratado, y que incluye  “aspectos relativos al Derecho de familia”, 
en el sentido del artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado. Por esta razón, no se rige 
por el procedimiento de codecisión y debe ser adoptada por el C onsejo por unanimidad, 
previa consulta al Parlamento Europeo. 
2. P
ROBLEMÁTICA  
El artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Trat ado, tal como resulta del Tratado de Niza, 
opera un corte en la co operación judicial civil, en la me dida en que somete las medidas 
previstas en el artículo 65 al proced imiento de codecisión del artículo 251, “con exclusión de 
los aspectos relativos al Derecho de familia” . 
Así, desde el 1 de febrero de 2003, fecha de en trada en vigor del Tratado de Niza, conviven 
dos regímenes en vigor: la codecisión, que es ahora el procedimiento de Derecho común, y la 
aprobación por el Consejo, por  unanimidad, previo dictamen  meramente consultivo del 
 
ES 4   ES Parlamento Europeo, que constituye el  régimen excepcional, reservado a las  “medidas” que 
contengan “ aspectos relativos al Derecho de familia” . 
Esta segmentación puede generalmente esta blecerse sin dificulta d. Nadie impugna, por 
ejemplo, la pertenencia al Derecho de familia, en el sentido del Tratado, de las materias 
matrimoniales y la responsabilidad parental. 
Cuando, con el nuevo Reglamento Bruselas II, hubo que suprimir el procedimiento de 
exequátur  para las resoluciones en materia de derec ho de visita, se admitió naturalmente que 
esta legislación iba a afectar al  funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales en 
materia de Derecho de familia. El mantenimiento de la norma de la unanimidad, a pesar de la 
entrada en vigor del Tratado de  Niza, permite a los Estados mi embros garantizar que ninguna 
norma de Derecho comunitario se adopte sin su acuerdo para todo lo referente a las relaciones 
personales de familia, en particular, después de  una separación: derecho de custodia, derecho 
de visita, consecuencias de un desp lazamiento ilícito de menores, etc. 
Así pues, cuando se contempla el núcleo de las relaciones familiares, cuando el legislador 
comunitario toca la organización misma de la familia, el mantenimiento de la norma de la unanimidad se comprende más fácilmente. Nadie duda, en efecto, que el reconocimiento, o el no reconocimiento, de una resolución referente a un derecho de custodia o de visita afecta 
directamente a la relación personal entre padres  e hijos, lo que atañe al equilibrio de la 
relación familiar, ámbito muy caracterizado por la diversidad de tradiciones jurídicas y culturales de los Estados miembros. 
En cambio, hay ámbitos en que tal vínculo con el  equilibrio de la relación familiar es menos 
visible y para los cuales la aplicación de l artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado 
consigue resultados especialmente insatisfactorios. Es el caso del cobro de las obligaciones de 
alimentos. 
En el presente contexto, convien e tener en cuenta la naturaleza híbrida de l concepto mismo de 
obligación de alimentos, que es familiar por sus raíces, pero pecuniaria en su aplicación, como 
cualquier crédito. 
Como ya se ha dicho, hasta a hora el propio legislador com unitario siempre ha considerado 
que las normas de Derecho común en materia de  cooperación judicial civil podían extenderse 
a las obligaciones de alimentos como cualquier ot ro crédito. Esta es la  razón por la que el 
Reglamento Bruselas I, adoptando la estr uctura del Convenio de  Bruselas, de 27 de 
septiembre de 1968, excluye el Derecho de fa milia pero conserva las obligaciones de 
alimentos en su ámbito de aplicación. Por el co ntrario, el nuevo Reglamen to Bruselas II cubre 
una parte esencial del Derecho de familia (divorcio, responsabilidad parental), pero excluye las obligaciones de alimentos. Por último, el Reglamento TEE engloba las deudas alimentarias y ha sido adoptado por  el procedimiento de codecisión. 
La nueva propuesta de la Comisión sobre la s obligaciones de alimentos se inscribe 
obviamente en un contexto diferente. Contra riamente al Reglamento Bruselas I y al 
Reglamento TEE, está exclusivamente consag rado a las obligaciones de alimentos y prevé 
normas específicas para éstas, mientras que la s obligaciones de alimentos no constituían, en 
los dos instrumentos antes citados, más que una  parte accesoria del ámbito de aplicación de 
normas comunes a las deudas civiles. Al ser el objeto único de la propuesta de Reglamento, 
las obligaciones de alimentos determinan  por sí solas su naturaleza jurídica. 
 
ES 5   ES La naturaleza familiar de las obligaciones de alimentos implica que una legislación 
comunitaria que se le dedica específicamente trata aspectos relativos al Derecho de familia, en el sentido del artículo 67, ap artado 5, segundo guión, del Tratado, por lo que sobresale de la 
esfera de Derecho común de la cooperación judi cial civil, regulada por  el procedimiento de 
codecisión. 
Esta conclusión, aunque jurídica mente inevitable, no es satisfa ctoria, ya que, si bien las 
obligaciones de alimentos son una materia relativa  al Derecho de familia, no por ello dejan de 
constituir una rama muy particular de esta materia. Una vez reconocida y consagrada su 
existencia por una resolución ju dicial o un acto comparable, la obligación de alimentos se 
convierte en una deuda y obedece a un régimen jurídico que difiere poco del que regula generalmente el Derecho patrimonial. Esta es la razón que explica la inclusión de las obligaciones de alimentos en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I. 
Mientras el Derecho comunitario se limite a facilitar la obtención de una resolución en 
materia de alimentos y a garantizar la circulació n y la ejecución en toda la Unión Europea, no 
hace sino garantizar el acceso a la  justicia de un acreedor y la satisfacción efectiva de su 
crédito. En este marco, la obra legislativa de la Comunidad afecta esencialmente a la materia 
patrimonial. Es cierto que el crédito alimentari o es de una naturaleza particular, pero sigue 
siendo un crédito, una suma de dinero que debe cobrarse, con herramientas fácilmente identificables y aplicables a cualquier otra re solución de tipo pecuniario: utilización de 
normas armonizadas de competencia internaci onal, expedición de un título ejecutivo 
reconocido en toda la Unión Europea, recurso a embargos de cuentas bancarias o de sueldos, 
o instauración de una cooperación eficaz entr e Estados miembros para facilitar el 
funcionamiento de los mecanismos jurídicos establecidos. 
3. S
OLUCIÓN PREVISTA  
De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 67, apartado 2, segundo guión, del Tratado, el 
Consejo, por unanimidad y previa consulta al  Parlamento Europeo, puede adoptar una 
decisión con vistas a que todos o pa rte de los ámbitos cubiertos por el título IV de la parte III 
del Tratado se rijan por el procedimiento previs to en el artículo 251. Por tanto, jurídicamente 
es posible transferir la materia de las oblig aciones de alimentos de la unanimidad a la 
codecisión. 
Una decisión del Consejo en este sentido, que haría de “pasarela” entr e la unanimidad y la 
codecisión, presentaría una vent aja doble. En primer lugar, se ajustaría a la naturaleza 
particular de las obligaciones de alimentos. Si  nadie puede negar la ex istencia de vínculos 
estrechos entre los alimentos y las relaciones familiares, no es menos cierto que el cobro de una deuda alimentaria no afecta directamente al  núcleo de estas relaci ones. A diferencia de 
una decisión referente a un derecho de vis ita, una decisión en materia de alimentos no 
modifica en modo alguno, por su ejecución, la naturaleza ni las modalidades de las relaciones personales entre los miembros de una misma familia. Por tanto, la norma de la unanimidad, encaminada sobre todo a tener en cuenta los m odelos de organización familiar de los Estados 
miembros, no puede justificarse en absoluto  en materia de obligaciones de alimentos. 
En segundo lugar, la creación de esta “pas arela” permitiría establecer, para normas 
específicamente consagradas a las obligacione s de alimentos, el mismo procedimiento 
legislativo, en particular con las mismas prerrogativas del Parlamento Europeo, que el 
 
ES 6   ES aplicable a actos como el Reglamento TEE, que establecieron un régimen común que se 
extendía al cobro de las obligaciones de alimentos como cualquier otro crédito. 
En consecuencia, habida cuenta tanto de la naturaleza misma de las obligaciones de alimentos 
como del contexto legislativo en el que la Comunidad ha intervenido hasta ahora en este 
ámbito, parece jurídicamente oportuno y políticam ente deseable aplicar a las obligaciones de 
alimentos el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado. 
4. C ONCLUSIÓN  
Habida cuenta de las consideraciones que pr eceden, la Comisión solicita al Consejo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 67, apartado 2, se gundo guión, del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, que las medidas adoptadas con arreglo al artículo 65 
del Tratado en materia de obligaciones de alimen tos se rijan por el artículo 251 del Tratado.  
 
ES 7   ES ANEXO  
DECISIÓN DEL CONSEJO 
destinada a aplicar el procedimiento previsto  en el artículo 251 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea a las medidas adoptadas con arreglo al artículo 65 del 
Tratado en materia de obligaciones de alimentos  
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en partic ular su artículo 67, apartado 
2, segundo guión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Considerando lo siguiente: 1) Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comunidad Europea tiene 
competencias para adoptar medidas en el ámbito  de la cooperación judici al en materia civil, 
como las previstas en el artículo 65 del Tr atado constitutivo de la Comunidad Europea; 
2) De acuerdo con el artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado tal como resulta del 
Tratado de Niza, el Consejo adop tará las medidas previstas en el artículo 65 de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, con exclusión de los aspectos 
relativos al Derecho de familia; 
3) A tenor del artículo 67, apartado 2, se gundo guión, del Trata do, el Consejo, por 
unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará una decisión con vistas a que 
todos o parte de los ámbitos cubier tos por el título IV, parte III,  se rijan por el procedimiento 
previsto en el artículo 251 y a adaptar las di sposiciones relativas a las competencias del 
Tribunal de Justicia; 
4) La cooperación judicial civil obedece a dos re gímenes distintos desde la entrada en vigor 
del Tratado de Niza: la codeci sión, que es ahora el procedim iento de Derecho común, y la 
aprobación por el Consejo, por unanimidad y tras dictamen consultivo del Parlamento 
Europeo, que constituye el régimen excepciona l, reservado a las medidas que contengan 
aspectos relativos al Derecho de familia; 
5) La frontera que separa las medidas relativas  al Derecho de familia de las otras medidas 
puede a veces ser difícil de trazar, como ocurre en el ámbito de las obligaciones de alimentos, 
que son de naturaleza híbrida: familiar porque la obligación de alimentos nace generalmente de una relación familiar, pero también pecuniaria en la medida en que la obligación es una deuda constituida por una cantidad de dinero;  
6) El Consejo ya tuvo en cuenta esta especifi cidad en la adopción del Reglamento nº 44/2001, 
de 22 de diciembre de 2000, sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuyo ámbito de aplicación incluye las 
obligaciones de alimentos excluyendo al mismo tiempo el Derecho de familia; 
 
ES 8   ES 7) Del mismo modo, tras la entrada en vigor de l Tratado de Niza, el Reglamento nº 805/2004, 
de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecu tivo europeo para créditos no 
impugnados, se adoptó según el procedimiento del artículo 251 del Tratado y al mismo 
tiempo se aplica a las obligaciones de alimentos; 
8) Habida cuenta de la especi ficidad del ámbito de las obligaciones de alimentos, procede 
decidir que el ámbito de las obligaciones de alimentos se regirá en lo sucesivo por el 
procedimiento establecido en el artículo 251;  
9) De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protoc olo sobre la posición de  Dinamarca adjunto al 
Tratado de la Unión Europea y de acuerdo c on el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, Dinamarca no participa en la aproba ción de la presente Decisión y, por tanto, no 
queda vinculada por ésta ni  sujeta a su aplicación. 
10) El Reino Unido e Irlanda, en  virtud del artículo 3 del Pr otocolo sobre la posición del 
Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la 
presente Decisión; 
DECIDE: 
Artículo 1 
A partir del 1 de junio de 2006, el Consejo ad optará de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 251 del Tratado las medi das contempladas en el artículo 65 del Tratado 
en el ámbito de las obligaciones de alimentos. 
Artículo 2 
Se aplicará el artículo 251 del Tratado a los di ctámenes del Parlamento Europeo recibidos por 
el Consejo antes del 1 de junio de 2006 sobre propuestas relativas a me didas que el Consejo, 
de acuerdo con la presente D ecisión, adopte de conformidad c on el procedimiento establecido 
en el artículo 251 del Tratado. 
Hecho en Bruselas, el 
 Por el Consejo