N° C 56/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 3. 90 
Dictamen sobre la política de protección del medio ambiente, variable fundamental del 
desarrollo económico y social 
(90/C 56/06) 
El 20 de junio de 1989, de conformidad con el punto 4 del artículo 20 del Reglamento Interno, 
el Comité Económico y Social decidió elaborar un Dictamen sobre la propuesta arriba 
mencionada. 
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en 
la materia, elaboró su Dictamen el 31 de octubre de 1989 (ponente: Sr. Beretta). 
En su 271a Sesión Plenaria (sesión del 15 de noviembre de 1989), el Comité Económico y 
Social ha adoptado por unanimidad el siguiente Dictamen. 
1. Introducción 
1.1. Un desarrollo globalmente positivo de las inter­
acciones y de las relaciones de los seres vivos entre sí y 
con el medio ambiente natural exige un mayor esfuerzo 
y una política consecuente de protección del medio 
ambiente. A ello se debe la introducción en los Trata­
dos, a raíz del Acta Única, de un capítulo dedicado al 
medio ambiente y la declaración de 1987 como Año del 
Medio Ambiente. El Comité Económico y Social ha 
acogido favorablemente y puesto de relieve el alcance 
de este enfoque que ha conferido plena legitimidad 
jurídica a la política ambiental comunitaria, presentán­
dola como componente de todas las demás políticas de 
la Comunidad. 
1.2. Todo ello se ha traducido en nuevas responsabi­
lidades también para el Comité, en calidad de represen­
tante de los protagonistas de la vida económica y social; 
con arreglo a los nuevos artículos 130 R y S incluidos 
en el Tratado CEE, la consulta al Comité Económico 
y Social será obligatoria para todas las propuestas sobre 
el medio ambiente. Por otra parte, la consulta al Comité 
será obligatoria para todas las propuestas relativas a la 
realización del mercado único, basadas en el 
artículo 100 A, que prevén un elevado nivel de protec­
ción en materia de sanidad, seguridad y protección del 
medio ambiente. 
1.3. Por consiguiente, ha dado comienzo una nueva 
fase de intensificación de la actividad legislativa y nor­
mativa en materia de medio ambiente, armonizando las 
disposiciones en la perspectiva del mercado único. Esta 
fase asiste, además, a una interconexión cada vez más 
frecuente entre los aspectos de la protección y preven­
ción ambiental y las otras políticas. 
Ya en su Dictamen sobre el IV Programa, el Comité 
había recomendado a la Comisión, habida cuenta de la 
importancia del programa sometido a examen para la 
política económica, social y de empleo, que incluyera 
en la realización del programa a las organizaciones 
patronales y sindicales, así como a las asociaciones de 
consumidores y movimientos ecologistas representati­
vos, a fin de establecer ciertas condiciones marco que 
garanticen la correspondiente cooperación a nivel 
nacional, regional y local (*). 1.4. El Comité constituye un lugar privilegiado de 
encuentro entre estos interlocutores, y en los últimos 
años ha realizado un gran esfuerzo para contribuir con 
eficacia al diálogo sobre estos temas, que cada vez 
revisten una mayor importancia para garantizar la cali­
dad del desarrollo. 
1.5. En efecto, los diversos dictámenes adoptados 
por la Sección de Medio Ambiente han puesto siempre 
de relieve la relación existente entre una armonización 
de las normativas ambientales a un elevado nivel y las 
consecuencias socioeconómicas de tales disposiciones, 
en materia de reconversión de la producción y en térmi­
nos de empleo, así como la importancia de la sensibiliza­
ción de los ciudadanos a la temática del medio ambiente 
y de un empeño específico en la educación al respecto. 
1.6. También en el Dictamen sobre el IV Programa, 
el Comité subrayaba la importancia de un enfoque 
global que ampliara el alcance de la Directiva relativa 
a la evaluación de las incidencias sobre el medio 
ambiente a todas las esferas políticas y a todas las 
medidas comunitarias concernidas. 
Por otra parte, al evaluar la propuesta de Reglamento 
relativo a las acciones comunitarias en favor del medio 
ambiente, el Comité hacía hincapié en la insuficiencia 
de los fondos asignados (2), por lo que solicitaba un 
incremento de los mismos a medio plazo. 
Análogo ha sido el comentario efectuado a propósito de 
los fondos de investigación asignados por el programa 
STEP-EPOCH, que debará consolidar las bases científi­
cas de una política de prevención en materia de medio 
ambiente. 
1.7. En la reflexión iniciada con el documento infor­
mativo y el Dictamen relativos a los « Aspectos sociales 
del mercado interior » y culminada en la elaboración del 
Dictamen sobre los « Derechos sociales fundamentales 
comunitarios», el Comité subrayó el peso que debe 
tener la cuestión ambiental en la consecución de un 
crecimiento cualitativo a nivel comunitario, presen­
tando el derecho a la protección del medio ambiente 
como uno de los derechos sociales fundamentales. 
(>) DOn°C 180 de 8. 7. 1987. (2) DO n°C 232 de 31. 8. 1987. 
7. 3. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 56/15 
En efecto, el Comité ha puesto de relieve que la defensa 
y la valorización del patrimonio natural, la salvaguardia 
de los ciclos climáticos naturales, la mejor ordenación 
del territorio, el habitat, las tecnologías limpias y la 
seguridad dé los productos del suelo y de la técnica, 
han venido presentándose como tendencias hacia las 
que es útil, conveniente y —en cierta manera— incluso 
obligado orientar la investigación y dirigir las inversio­
nes. Todo ello con la plena conciencia de que la posibili­
dad de orientar la economía en tales direcciones no 
depende sólo de la capacidad de los diferentes Estados, 
sino, en el marco del desarrollo de una «política 
común » global, de una Comunidad Europea que mire 
hacia el futuro. 
1.8. Siempre en el ámbito de este enfoque general, el 
Dictamen sobre la situación económica de la Comuni­
dad durante el primer semestre de 1989 dedica un 
capítulo a la protección activa del medio ambiente 
en aras de una economía eficiente í1), subrayando, en 
perfecta armonía con las anteriores declaraciones del 
Comité, la contribución que una protección más amplia 
y apropiada del medio ambiente puede aportar a un 
crecimiento cualitativo, al tiempo que afirmaba, entre 
otras cosas: 
« La protección del medio ambiente genera puestos de 
trabajo a través de las inversiones para la defensa del 
mismo y mediante el desarrollo de nuevos productos 
ecológicos especialmente exportables. Por otra parte, 
constituye con frecuencia la condición previa para la 
reestructuración de la industria y la creación de nuevos 
puestos de trabajo como, por ejemplo, en las tradiciona­
les regiones industriales, en las que el peso del pasado 
obstaculiza el proceso de reestructuración. Asimismo, 
las empresas que proceden a tiempo a la reconversión 
de los productos y procedimientos productivos se sitúan 
en una situación competitiva ventajosa frente a aquéllas 
que no se adaptan a su debido tiempo a las exigencias 
de la política ambiental (por ejemplo, los catalizadores 
de los automóviles).» 
1.9. La sinergia del desarrollo económico/protección 
del medio ambiente, en el ámbito de un enfoque inte­
grado, ha sido subrayada también en el reciente informe 
sobre « Una política para las zonas de montaña ». 
1.10. Por lo que respecta al impacto de la política 
del medio ambiente sobre las políticas específicas, con­
viene, en suma, recordar el Dictamen adoptado sobre 
el « Medio Ambiente y Agricultura » en el que se hace 
patente el papel clave que los agricultores pueden des­
empeñar en la protección del medio ambiente (2). 
1.11. La exigencia de dedicar una reflexión más 
específica a la relación entre el medio ambiente y el 
desarrollo económico y social se ve confirmada por 
una serie de valiosas tomas de posición por parte de 
determinados representantes de la Comisión, desde el 
discurso del Presidente Delors con motivo de la presen­
tación del programa de la Comisión para 1989 a lo 
declarado por el Comisario Ripa di Meana ante la 
Sección de Medio Ambiente del Comité el 27 de junio 
de 1989. 
(•) DO n° C 201 de 7. 8. 1989, p. 8. 
(2) DO n° C 298 de 27. 11. 1989. La intención de la Comisión de presentar un informe 
sobre los costes de la falta de una política en materia 
de medio ambiente, ratificada recientemente, vendrá 
oportunamente a completar el Informe Cecchini: La 
fecha de vencimiento del mercado único debe constituir 
una oportunidad positiva para el desarrollo de una 
política de protección del medio ambiente de alto nivel. 
2. Condiciones necesarias para un crecimiento cualita­
tivo 
2.1. La iniciativa de las instituciones comunitarias 
pone de relieve, por una parte, el aumento de la sensibi­
lidad y el interés respecto al medio ambiente y la 
tendencia a considerar dicha política en términos globa­
les; y por otra, que las intervenciones concretas deben 
mantenerse dentro de los límites de las capacidades 
normativas previstas por el Tratado integrado del Acta 
Única y de las modestas dotaciones financieras disponi­
bles. 
Esta situación refleja la dicotomía que se constata por 
doquier: mientras que en el debate entre y en las asocia­
ciones, en los partidos políticos, en las organizaciones 
sindicales y en las propias instituciones, el tema ha 
adquirido una importancia central para percatarse de 
que el nivel de compromiso en materia de medio 
ambiente ya es muy elevado, quien tiene responsabilida­
des de gobierno deberá juzgar las propias capacidades 
normativas en el respecto de las compatibilidades eco­
nómicas. 
De esta manera se acumulan los retrasos y se compro­
meten ulteriormente las posibilidades de reequilibrar la 
situación. 
2.2. La importancia, aunque no fácilmente cuantifi-
cable, del deterioro de las condiciones reales del bienes­
tar que supone el coste económico de la falta de una 
política en materia de medio ambiente, sugiere la necesi­
dad de concebir, definir y aplicar una política de pro­
ductividad diferida, capaz de conciliar la eficacia econó­
mica y la compatibilidad ambiental. 
En algunos países (Países Bajos, República Federal de 
Alemania y Suecia) se ha iniciado una serie de estudios 
para estimar en términos económicos el «producto 
interior medioambiental» como indicador complemen­
tario del «Producto Interior Bruto». Si bien es difícil 
confeccionar un presupuesto exacto de los costes y 
beneficios derivados de una diferente orientación de la 
producción, del consumo y de los servicios, la repetición 
cada vez más frecuente de desastres ambientales, los 
grandes riesgos y las consecuencias que el empleo de 
determinadas sustancias tienen sobre la salud, deberían 
inducir a la Comunidad y a los Estados miembros a 
predisponer instrumentos para una preventiva evalua­
ción objetiva de las ventajas económicas en las que se 
basan las grandes decisiones orientativas. 
Una contribución importante de la ciencia y de la 
tecnología depende de la disponibilidad de mayores 
medios y de una mayor cooperación internacional. 
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2.3. En estas circunstancias, la reorientación de las 
tendencias del desarrollo sólo puede abarcar grandes 
áreas. La dimensión comunitaria parece adecuada para 
influir significativamente en las nuevas decisiones en un 
momento en que, por otra parte, la plena realización 
del mercado único requiere la homogeneidad de las 
condiciones productivas y persigue la mejora cualitativa 
de la competitividad de todas las empresas comunita­
rias (1). La política ambiental a nivel comunitario, si es 
asumida como variable prioritaria del desarrollo, podrá 
constituir, asimismo, un factor importante para asegu­
rar esa cohesión económica y social que encuentra su 
fundamento jurídico en el Acta Única. 
En este sentido se va extendiendo la conciencia de los 
límites del actual modelo de desarrollo y de consumo, 
al tiempo que se consolida el convencimiento de que, 
mucho mejor que la defensa de lo existente, la reconver­
sión ecológica propiamente dicha de la producción 
puede estimular una nueva fase del crecimiento. 
2.4. Por consiguiente, parece alcanzado o alcanzable 
un consenso suficientemente amplio y convencido, nece­
sario para iniciar los grandes cambios que vendrán a 
implicar, gradual pero significativamente, la relación 
de los diferentes operadores y de los ciudadanos indivi­
duales con la estructura socioeconómica para las nuevas 
disposiciones que puedan configurarse. 
Todo ello tiene por supuesto un precio, y los recursos 
deben ser asignados según nuevas prioridades. Por otra 
parte, la responsabilidad colectiva debe asumir la carga 
de la deuda hacia las generaciones futuras. Esto no 
significa menoscabar el « principio de quien contamina 
paga », cuya aplicación debe llevarse a cabo con un rigor 
cada vez mayor a fin de satisfacer mejor la demanda 
de prevención y saneamiento. En efecto, no se trata 
únicamente de reparar a posteriori, haciendo pagar al 
responsable de la contaminación; la cuestión, si se 
quiere evitar la degradación, es invertir los recursos con 
el fin de encauzar la modificación de las características 
de los productos y de los procesos productivos compati­
bles con la salvaguardia de la salud y el medio ambiente. 
3. Realización a corto y medio plazo de una acción 
global, concreta y coherente en materia de medio 
ambiente 
3.1. A la luz de todo lo anterior, un salto de calidad 
en la iniciativa comunitaria parece necesario y posible 
y, dado el rápido aumento de la degradación del medio 
(!) Del «Programa para la plena ocupación en los años 90» (A 
Programme for Full Employment in the 1990s, Pergamon 
Press, 1989), elaborado por la Comisión Kreisky, se deduce: 
«Si el programa de protección ambiental fuese desarrollado 
en todos los países europeos, el gasto marginal tendría un 
efecto multiplicador que se situaría entre el 1,5 y el 2, lo que 
equivale a decir que el valor añadido sería entre vez y media 
y dos veces el gasto inicial» (página 72). ambiente y el correspondiente incremento de los costes 
de saneamiento, también urgente. 
Una activa política del medio ambiente no puede igno­
rar las obligaciones presupuestarias, pero requiere una 
actuación encaminada a generar las condiciones econó­
micas, sociales, políticas e institucionales en las que 
pueda encararse de otro modo el marco de las compati­
bilidades. 
3.2. Si bien es cierto que los problemas sociales de 
ayer constituyen los problemas políticos de hoy y se 
traducirán en los problemas económicos de mañana, 
una vez definida la necesidad de tener en cuenta la 
variable medio ambiente, en el análisis de las estrategias 
productivas, se pone en evidencia la necesidad de 
basarse en una «ética del uso del medio ambiente» 
capaz de guiar las opciones en materia de producción. 
De esta ética se deriva la necesidad de orientarse hacia 
un modelo de desarrollo que privilegie el crecimiento 
cualitativo y que se imponga el objetivo de mantener 
la dinámica de la renta real per cápita sin agotar los 
recursos financieros ni los naturales del sistema socio­
económico. 
3.3. El IV Programa del Medio Ambiente, puesto a 
punto por la Comisión, ha definido el principio de la 
integración de la política ambiental en las diversas 
políticas. 
Las iniciativas adoptadas hasta ahora han sido disconti­
nuas y no del todo coordinadas, pero los resultados 
conseguidos, aunque fragmentados, pueden facilitar el 
inicio de una política global y, por ello, mejor conside­
rada. 
A título de ejemplo, los avances, relativos pero impor­
tantes, efectuados en el campo de la contaminación 
atmosférica a raíz de la acción comunitaria y las iniciati­
vas previstas en el sector de la contaminación de los 
desechos urbanos e industriales sólo podrán verse con­
solidados y ampliados si se define y aplica una estrategia 
global encaminada a favorecer el empleo de tecnologías 
limpias y de productos no contaminantes, a reducir 
globalmente los residuos que no puedan ser ventajosa­
mente reciclados y a descontaminar los suelos contami­
nados. Ello requiere, sin embargo, que, desde las prime­
ras fases del proceso de toma de decisiones, se tengan 
en cuenta los probables efectos que las intervenciones 
previstas tendrán sobre el medio ambiente. 
3.4. Sin embargo, a fin de poder detener el deterioro 
del medio ambiente y recuperar un equilibrio más acep­
table, habrá que recurrir, no sólo a la promulgación 
de normativas, sino sobre todo a la asociación de la 
conciencia de la problemática ecológica al proceso pro-
grático y de toma de decisiones en todos los sectores 
de actividad, desde la agricultura a la industria, desde la 
energía a los transportes y desde el turismo al desarrollo 
regional. 
3.5. En los programas de la Comisión se adivinan 
las intenciones de proceder a un análisis de los costes 
de la falta de una política sobre el medio ambiente, así 
7. 3. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 56/17 
como de la constitución de una Agencia europea que 
recoja informaciones sobre el estado del medio 
ambiente. 
La disponibilidad de informaciones objetivas podrá 
influir de forma significativa en el desarrollo de una 
estrategia comunitaria que asuma una mejor integra­
ción de las necesidades ambientales en todos los proce­
sos técnicos de programación y de decisión, afirmando 
en concreto el carácter preventivo de la política ambien­
tal comunitaria. 
3.6. Las informaciones y evaluaciones sobre las con­
diciones del medio ambiente y las presiones que se 
ejercen sobre el mismo deberán considerar ante todo la 
calidad del aire y las emisiones, la calidad del agua, 
las sustancias contaminantes, los recursos naturales, el 
estado del suelo y el uso relativo, así como la situación 
de los grandes centros urbanos. 
A este respecto podría ser conveniente bajo el perfil 
económico y bastante positivo para la dinámica del 
saneamiento, preparar y equipar operadores competen­
tes no sólo para la recogida de datos, sino también para 
facilitar asesoramiento en materia de medio ambiente 
a las empresas, especialmente a las pequeñas y media­
nas, y a las cooperativas agrícolas e industriales y para 
la prestación de servicios. 
Estos operadores podrían facilitar, asimismo, informa­
ciones útiles para la sensibilización de los consumidores, 
y en particular de los jóvenes, en cooperación con los 
centros escolares. 
Todo ello favorecerá, asimismo, la posibilidad de coor­
dinar las intervenciones sectoriales con las relativas al 
territorio, sobre todo en la fase transitoria del sane­
amiento. 
3.7. Una rápida y correcta transposición de las norma­
tivas comunitarias en materia de medio ambiente por 
parte de los Estados miembros y una mejor difusión de 
la información contribuirán a garantizar la ulterior 
potenciación y una política más racional para el medio 
ambiente. 
El estado de cosas invita, sin embargo, a reflexionar 
sobre la necesidad de definir mejor los cometidos y 
las competencias de la Comunidad, y en los Estados 
miembros, considerando los diferentes aspectos y los 
diversos momentos de aplicación de la normativa 
medioambiental, a fin de favorecer la participación 
de las partes sociales, así como de las asociaciones 
representativas de los consumidores y de los ecologistas. 
3.8. Por lo que respecta a los aspectos planetarios de 
la cuestión del medio ambiente, la Comunidad participa 
en una tentativa internacional para la salvaguardia de 
la capa de ozono que rodea el planeta y en la búsqueda 
de una solución a los gravísimos problemas provocados 
por la disminución de las selvas y los procesos de 
desertización. La contribución comunitaria podrá ser 
más apreciada en las relaciones políticas, comerciales, 
sociales y culturales con terceros países, si se pone en condiciones de operar políticas coherentemente con­
templadas en el interior de la Comunidad. 
Desde esta perspectiva parece evidente la conveniencia 
de que los países comunitarios amplíen los medios y 
los instrumentos de las Instituciones comunitarias para 
aplicar una estrategia medioambiental capaz de influir 
positivamente en una diferente calidad del mercado y 
en el reequilibrio de los ecosistemas. 
Por otra parte, las voluntades políticas declaradas con 
motivo de la Cumbre de París entre los siete países más 
industrializados plantean serios y complejos problemas 
de adecuación de las orientaciones tanto a las estructu­
ras productivas come comerciales, así como en el plano 
estrictamente económico. 
3.9. Al igual que en las Instituciones, en todo el 
cuerpo social surgen crecientes responsabilidades. 
Ello requiere en todo momento una mayor atención y 
un planteamiento más acorde de los temas relativos al 
medio ambiente, en aras de una mayor coherencia entre 
la conciencia de su gravedad y los comportamientos 
concretos. Asimismo, requiere que a las empresas, a las 
organizaciones sindicales y a los ciudadanos, a través 
de las asociaciones orientadas a la tutela del consumidor 
y a la protección del medio ambiente, se les aseguren 
los instrumentos adecuados para crear las condiciones 
en las que puedan desarrollarse como protagonistas 
positivos de los procesos de cambio. 
3.9.1. El consumidor asume un papel de gran impor­
tancia; en efecto, por un lado elige a sus representantes 
en las sedes políticas y legislativas y, por otro, al ser 
plenamente capaz de influenciar el mercado, su compor­
tamiento es potencialmente decisivo. 
Las asociaciones de defensa del medio ambiente tienen 
una función importante en lo que respecta a la recogida 
e interpretación de la información en materia ambien­
tal. Su influencia en la opinión pública puede contribuir 
ulteriormente a centrar la atención de los ciudadanos 
y las instituciones en los temas de la conservación del 
habitat y la biosfera. 
Por consiguiente, es necesario que los ciudadanos pue­
dan disponer de toda la información capaz de introducir 
en sus decisiones criterios socioeconómicos y ecológi­
cos; asimismo, es necesario dotar a sus asociaciones de 
instrumentos adecuados, ya sea para mejorar y ampliar 
las actividades educativas, ya sea para ejercer su influen­
cia en la definición de las normativas, en las operaciones 
de control y en el uso, calidad y publicidad de los 
productos. 
3.9.2. El mercado y los imperativos económicos son 
ley para las empresas; el desarrollo de la investigación 
y la puesta a punto de técnicas para la adaptación de 
los procesos de fabricación, de las producciones y de 
los servicios a normativas más rigurosas si, por un lado, 
podrán contribuir a adquirir y consolidar espacios en 
un mercado cada vez más exigente, por otro, requieren 
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estímulos de una adecuada maniobra financiera y fiscal, 
en apoyo de una estrategia productiva basada en un 
mejor uso del medio ambiente. 
3.9.3. Cada día es más evidente que los trabajadores 
consideran que un ambiente sano reviste la misma 
importancia para un crecimiento óptimo que para el 
pleno empleo, al tiempo que estiman que, en términos 
generales, una política positiva sobre el medio ambiente 
puede representar una ampliación del mercado laboral. 
Por ello, los sindicatos, en lugar de adoptar un plante­
amiento defensivo, pretenden contribuir activamente al 
desarrollo de una demanda alternativa y a la mejora, 
no sólo de las condiciones de trabajo, sino también del 
medio ambiente, en términos generales. 
Sin embargo, los sindicatos son conscientes de que el 
inicio de un desarrollo cualitativo tendrá un impacto 
bastante diferenciado sobre el empleo en los diferentes 
sectores de actividad, al tiempo que estiman que la 
evolución del empleo como consecuencia de la nueva 
orientación del desarrollo depende de numerosas varia­
bles interdependientes entre las que se encuentran el 
estado de la economía, el carácter de las medidas que 
se pretenden adoptar, los criterios de financiación, la 
evolución de los precios y la influencia de la demanda 
de bienes y servicios sobre el mercado. 
A este respecto, consideran indispensables formas ade­
cuadas de participación en los momentos y situaciones 
en que se adopten las decisiones sobre las diferentes 
variables. 
4. Medios e instrumentos necesarios para iniciar y 
proseguir la estrategia comunitaria en aras de una 
mejor calidad del desarrollo 
4.1. Lna política que pretenda iniciar el cambio de 
las condiciones económicas, sociales, políticas e institu­
cionales para poder evaluar las nuevas y diversas rela­
ciones de compatibilidad requiere medios e instrumen­
tos adecuados. 
A nivel comunitario, en la fase actual, el desarrollo de 
una política de esas características necesita una serie de 
reflexiones respecto a: 
a) la adecuación de las disposiciones institucionales de 
la política comunitaria del medio ambiente, 
b) la reorientación en la utilización de los recursos 
proprios, y 
c) la disponibilidad de recursos adecuados para incen­
tivar las iniciativas y actividades coherentes con los 
cambios perseguidos. 
4.2. Adecuación de las disposiciones institucionales 
4.2.1. El análisis efectuado ha puesto de relieve, en 
lo que concierne a los aspectos económicos más relacio­
nados, la conveniencia, en virtud del intercambio 
interno totalmente liberalizado en la perspectiva del Mercado único y del impacto de la producción comuni­
taria en el mercado mundial, de plantear y operar una 
política del medio ambiente en la que la Comunidad 
desempeñe el papel estratégico de definir, apoyar y 
coordinar las intervenciones, a fin de ayudar a los 
diferentes Estados miembros en la concreta aplicación 
de todas las medidas necesarias para detener la degrada­
ción del medio ambiente, así como de las medidas 
adecuadas para el ejercicio de una política preventiva. 
4.2.2. Sin embargo, sería oportuno, en primer lugar, 
aclarar y evitar los contenidos contradictorios del artí­
culo 130 R del Acta Única que han dado lugar a 
interpretaciones controvertidas (política ambiental defi­
nida a nivel comunitario y cargas financieras soportadas 
esencialmente por los Estados miembros). 
4.2.3. Asimismo, sería conveniente superar las difi­
cultades que con frecuencia se han encontrado en la 
definición de un fundamento jurídico adecuado para 
las normativas encaminadas a la armonización que 
comportan significativas conexiones con la protección 
del medio ambiente (relación entre el artículo 100 A y 
130 S del Acta Única). 
4.3. Reorientación de los recursos propios 
4.3.1. La reforma, recientemente adoptada, de los 
Fondos Estructurales dirigida al apoyo de programas 
plurianuales prevé que las actividades financiadas sean 
compatibles con la política del medio ambiente. 
Sin embargo, las limitadas regulaciones permiten finan­
ciar acciones positivas para el medio ambiente sólo en 
el caso de que se encuentren vinculadas a los objetivos 
perseguidos por la política estructural. 
4.3.2. Los problemas del medio ambiente superan 
con creces el ámbito previsto por dichas regulaciones y 
requerirían, dada su urgencia, gravedad y amplitud, 
subordinar a la solución de los mismos las decisiones 
de las políticas estructurales y no al contrario* como se 
prevé y estipula en el actual estado de cosas. 
4.3.3. Una pequeña pero significativa revisión de las 
regulaciones permitiría, por una parte, una mejor inte­
gración de las modestas posibilidades de financiación 
actualmente previstas por distintos conceptos para la 
mejora del medio ambiente, y por otra, permitiría salva­
guardar coherentemente los objetivos de los tres fondos 
estructurales, haciendo hincapié en las intervenciones 
hacia la orientación para una adecuación de las estruc­
turas agrícolas para el FEOGA, favoreciendo la valori­
zación del territorio y las potencialidades naturales 
proprias de las diferentes regiones por medio del 
FEDER, y enriqueciendo, con arreglo a las nuevas 
exigencias, las políticas de orientación y formación 
profesional a través del FSE. 
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4.3.4. El problema práctico que se plantea estriba en 
asegurar la persecución de los objetivos de la política 
estructural, en armonía y no en contradicción con una 
política medioambiental de toda la Comunidad 
Europea. 
4.4. Disponibilidad de recursos adecuados 
4.4.1. La integración de la política de medio 
ambiente en las demás políticas comunitarias no puede 
prescindir de una adecuada acción de financiación, 
considerada individualmente, y capaz de hacerse cargo 
de aquellas iniciativas que, en caso contrario, podrían 
ser consideradas como no prioritarias en una óptica 
más estrictamente productiva a corto plazo. 
4.4.2. En esta lógica se sitúa la propuesta sometida 
a debate en el Parlamento Europeo respecto a la institu­
ción de una nueva partida presupuestaria llamada 
«Medio Ambiente 95» encaminada a favorecer las 
inversiones en el sector del medio ambiente que no 
puedan efectuarse a través de los Fondos Estructurales 
y sin limitaciones de carácter regional. 
De adoptarse dicha propuesta, se dispondría de 
20 millones de ecus para el próximo ejercicio. La dota­
ción del fondo experimentaría un incremento hasta 
alcanzar en 1995 el 1 % de los recursos comunitarios. 
El Comité, independientemente de toda valoración rela­
tiva a la entidad de las dotaciones previstas, comparte 
los objetivos prefijados por el Parlamento y apoya 
plenamente su iniciativa. 
4.4.3. En esa perspectiva, y de acuerdo con los conte­
nidos del IV Programa del Medio Ambiente, podrían 
intensificarse las acciones en los sectores de intervención 
prioritaria estableciendo los criterios de elegibilidad de 
los programas relativos a: 
— proyectos de gestión integrados para las zonas de 
mayor riesgo con el objetivo de reestablecer un 
equilibrio ambiental aceptable y de recuperar las 
tierras abandonadas y contaminadas; 
— proyectos de conservación activa y de gestión inte­
grada para la rehabilitación y la mejora de ecosiste­
mas naturales y a medida humana; 
— proyectos encaminados a prevenir la erosión de 
los suelos, y especialmente la desertización y la 
destrucción del bosque; 
— proyectos adecuados para conseguir una mayor 
compatibilidad ambiental en los sectores que ejercen 
las presiones más intensas sobre el territorio (energía 
química, agricultura, transportes, urbanismo); 
— proyectos para el reciclaje de los desechos urbanos 
e industriales y para la adopción de tecnologías 
adecuadas para la eliminación de los residuos 
tóxicos; 
— proyectos para la protección del agua y de la atmós­
fera, y 
— proyectos para frenar el declive de los centros urba­
nos y mejorar las infraestructuras sanitarias. 4.5. La creciente necesidad de dotaciones que 
requiere una política medioambiental orientada a la 
prevención, por una parte, y las obligaciones presu­
puestarias, por otra, inducen a reflexionar sobre las 
razones de la conveniencia de modificar el destino de 
los recursos comunitarios ou de prever y definir una 
serie de normas para la afluencia a ese nivel de « contri­
buciones de objetivo » destinadas a alimentar el « fondo 
comunitario para el medio ambiente» que el Parla­
mento Europeo se propone constituir. 
5. Conclusiones 
5.1. Si, como ya se reconoce en términos generales, 
el desarrollo no puede identificarse con la prosecución 
de un crecimiento nuevamente cuantitativo y no selec­
tivo, habrá que asegurar al nivel adecuado los medios 
e instrumentos necesarios para una política de medio 
ambiente que no constituya la negación de la técnica, 
sino que esté concebida para expresar todo su potencial 
de innovación para un desarrollo diverso en sentido 
positivo. 
5.2. El inicio del cambio en el actual modo de pro­
ducción y consumo requiere orientar las modalidades de 
regulación directa (normas, controles) hacia un mayor 
rigor, así como adoptar medidas para la formación 
y distribución de recursos que permitan formas de 
incentivación y apoyo a través de operaciones crediti­
cias y fiscales destinadas a facilitar los cambios 
deseados. 
5.3. De hecho, se trata no sólo de evitar la dispersión 
de un ingente patrimonio de realizaciones y capacida­
des, sino de orientar los procesos de actividad produc­
tiva y las características merceológicas hacia contenidos 
cada vez más respetuosos con el medio ambiente y 
orientar y sostener una demanda coherente con ellos. 
5.4. Por consiguiente, resulta evidente la necesidad 
de organizar una iniciativa comunitaria que no se limite 
al control o a la previsión, sino que se extienda a una 
acción de orientación para lograr el encuentro entre 
demanda y oferta en niveles cada vez más en consonan­
cia con la tutela de la salud y la conservación del 
ambiente. 
5.5. El Comité desea decididamente que las Institu­
ciones comunitarias asuman las iniciativas actualmente 
posibles y efectúen las reflexiones necesarias para con­
cretar los cambios estratégicos indispensables para la 
reconstitución y salvaguardia de los equilibrios natura­
les, así como para mejorar y aumentar la seguridad de 
las condiciones de vida. 
La definición y realización de dichos cambios en el área 
comunitaria, así como la participación de la Comuni­
dad en las negociaciones a escala mundial, requieren 
que se brinde también una mayor continuidad y coordi­
nación a las acciones articuladas, a fin de incluir los 
temas sobre el medio ambiente entre los diferentes 
aspectos y sectores de la actividad comunitaria. 
N° C 56/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 3. 90 
El Comité, basándose en los análisis efectuados, en 
las evaluaciones y en las propuestas formuladas en 
1. Introducción 
1.1. El Comité Económico y Social aprueba en esen­
cia la propuesta de la Comisión de crear un Organismo 
Europeo del Medio Ambiente, cuya creación ha sido 
estimada necesaria y solicitada durante mucho tiempo, 
sin perjuicio de las observaciones y propuestas que a 
continuación se exponen. Asimismo, el Comité pone de 
relieve al Consejo y a los Estados miembros la necesidad 
de aprobar y aplicar rápida y eficazmente las disposicio­
nes de dicha propuesta a nivel europeo, trasnacional, 
nacional y local. 
Seguidamente se exponen los principales motivos en 
que se basa dicha aprobación y solicitud formal. 
2. Exposición de motivos y apreciación general 
2.1. Urgente necesidad trasnacional 
2.1.1. La creación de un instrumento comunitario y 
trasnacional europeo para la supervisión de los datos y 
la vigilancia del medio ambiente se ha hecho absoluta­
mente indispensable porque los riesgos industriales y 
naturales, las grandes catástrofes registradas en los el presente Dictamen, estima estar en condiciones de 
aportar ulteriores contribuciones más articuladas. 
últimos años y las experiencias positivas y negativas 
efectuadas en este campo confirman cada vez más que 
el presente y el futuro y la misma visión del mundo y 
de la sociedad se basa cada vez en mayor medida en 
los valores ecológicos, en la dependencia recíproca y en 
la activa participación de los seres humanos y de la 
sociedad en los procesos de desarrollo y en los procesos 
cíclicos de la naturaleza. 
2.1.2. Hoy en día ya no es posible ni imaginable 
oponer el desarrollo a la defensa del medio ambiente y 
viceversa. Actualmente se comparte ampliamente la 
opinión de que, cuanto más recurre una economía a una 
continua reutilización de las propias materias primas, 
mayor es su armonización con el medio ambiente. En 
la actualidad es indispensable y cada vez será más 
importante que cada institución, empresa y persona 
lleve a cabo sus actividades propias con una conciencia 
ecológica basada en una amplia y oportuna informa­
ción. Y ello es imposible sin los necesarios instrumentos 
de información y vigilancia del medio ambiente. Asi­
mismo, hay que tener en cuenta que las producciones 
antiecológicas serán cada vez más onerosas, al tiempo 
que numerosas actividades se verán perjudicadas por la 
degradación del medio ambiente. Hecho en Bruselas, el 15 de noviembre de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se crea el 
Organismo Europeo del Medio Ambiente y la Red Europea de Control y de Información 
sobre el Medio Ambiente 
(90/C 56/07) 
El 24 de julio de 1989, de conformidad con el artículo 130 S del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta arriba mencionada. 
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en 
la materia, adoptó su Dictamen el 31 de octubre de 1989 (ponente: Sr. Vercellino). 
En su 271a Sesión Plenaria (sesión del 15 de noviembre de 1989), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen.