Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Política Pesquera Común"

(2001/C 139/18)

El 13 de julio de 2000, de conformidad con el apartado 2 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen adicional sobre la "Política Pesquera Común".

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de febrero de 2001 (ponente: Señor Chagas).

En su 379o Pleno celebrado los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2001 (sesión del 1 de marzo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por 57 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. No es inútil reafirmar que el éxito de la Política Pesquera Común (PPC) pasa por el equilibrio entre los recursos y el esfuerzo pesquero, una gran transparencia en la formulación y aplicación de las políticas, una cierta flexibilidad en la aplicación de las medidas, una mejora de la eficacia de los controles, la efectiva participación de los interesados y la resolución de los problemas sociales ligados a la reestructuración del sector y a la reducción de la capacidad pesquera.

1.2. Conviene no perder de vista que el objetivo principal de la PPC es asegurar la sostenibilidad del sector y la mejora de las rentas de quienes trabajan en él, lo que sólo puede hacerse a través de medidas que garanticen la perennidad de las actividades pesqueras.

2. Política racional y sostenida de conservación y gestión de los recursos

a) Dado el estado general de los recursos (marcado por la sobreexplotación y la necesidad de proteger las especies más amenazadas de extinción), la conservación de los recursos pesqueros en las aguas de los Estados miembros de la UE ha dejado de ser un mero objetivo para convertirse en una prioridad absoluta. Por tanto, ésta debe ser asumida por todos -las instituciones comunitarias, los Estados miembros y el sector pesquero en su conjunto- como punto de partida para la estabilidad y perpetuación de las actividades pesqueras y, por ende, para la supervivencia de una actividad económica importante para numerosas regiones de la Comunidad.

b) Al dar cuenta de la degradación actual de los recursos pesqueros no podemos dejar de referirnos, por su importancia, a la pesca que no se destina al consumo humano. Más de un tercio de las capturas mundiales (30 millones de toneladas) se destina a la producción de harina. Estas industrias son también responsables de la actual situación general de disminución de los recursos. Aunque en la UE la repercusión de esta actividad es distinta y menos importante, ya que está muy localizada en una zona, no deja de suscitar interrogantes legítimos sobre su incidencia efectiva sobre las demás especies que pueblan la misma región. La Comisión debería reflexionar sobre esta cuestión, recurriendo para ello al apoyo de la comunidad científica.

2.1. Las doce millas

2.1.1. Es ésta una cuestión nuclear de la reforma de la PPC que es preciso definir con precisión para delimitar el marco legal y los parámetros que van a balizar el desarrollo del sector. Como ha destacado el CES(1), la derogación de la libertad de acceso a la franja costera de las doce millas está en vigor desde 1972 y ha sido sucesivamente prorrogada gracias a un consenso muy amplio entre los Estados miembros y en el seno del propio sector pesquero.

2.1.2. La aplicación, a partir de 2002, del principio de igualdad de las condiciones de acceso a las aguas constituiría una gravísima perturbación de consecuencias imprevisibles, tanto en el plano político como desde el punto de vista económico y social.

2.1.3. Ante las perturbaciones que la eventual adopción de tal medida podría acarrear para el tejido económico y social de las regiones costeras de la Unión Europea (principalmente para las más tributarias de la pesca), el CES aboga por que se siga restringiendo el acceso a la zona de las doce millas, a la vez que defiende que se perennice la actual excepción en cuanto área de protección de las actividades pesqueras tradicionales de las poblaciones costeras.

2.2. Mar del Norte

Con arreglo a los acuerdos de adhesión, la limitación del acceso termina el 31 de diciembre de 2002. Dado que el acceso a la mayor parte de los recursos está encuadrado y reglamentado, tendrá que permitirse que los buques de España, Finlandia, Portugal y Suecia faenen en pie de igualdad con los demás países de la UE en las aguas del Mar del Norte.

2.3. TAC y cuotas

2.3.1. A pesar de sus limitaciones, no existe una alternativa creíble al actual modelo de gestión del esfuerzo pesquero que se materializa en el sistema de fijación de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y su posterior reparto entre los Estados miembros en forma de cuotas.

2.3.2. El Comité confirma su posición por lo que respecta al mantenimiento -mejorado, eso sí- del sistema de TAC y cuotas como vía para completar la política de adecuación de la capacidad pesquera a los recursos disponibles. Por otra parte, habrá que asegurar el respeto de los TAC y cuotas establecidos.

2.3.3. En este sentido, sería conveniente adoptar un enfoque plurianual a la hora de establecer los TAC para lograr una mayor estabilidad en la gestión del esfuerzo pesquero, aunque, como indica la propuesta de TAC y cuotas presentada por la Comisión para el año 2001, será preciso realizar un seguimiento más riguroso del estado de los recursos para que no se haga necesario imponer severas reducciones a los TAC y evitar las consiguientes consecuencias económicas y sociales.

2.3.4. El conocimiento del nivel y la evolución de las poblaciones de peces explotadas en las aguas comunitarias es de primordial interés y constituye un elemento fundamental en relación con la voluntad política de gestión de los recursos pesqueros.

2.3.5. Los dictámenes del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) y las recomendaciones de los organismos internacionales competentes -que son el fundamento para establecer los TAC- sólo pueden tener un impacto positivo si gozan de gran rigor científico y tienen en cuenta el análisis de los distintos aspectos biológicos, económicos y sociales. Por otro lado, los dictámenes del CCTEP siempre tendrán un alcance limitado si el Consejo introduce en ellos "mejoras" y "adaptaciones" -u otras "ponderaciones"- que pretendan alterar los datos del problema.

2.3.6. En tales condiciones, los niveles de los TAC reflejarán preocupaciones de orden político antes que científico.

2.3.7. El CES se muestra en desacuerdo con esta forma de actuar. Considera que los medios destinados a la investigación con el fin de mejorar los conocimientos en el sector deben aumentarse hasta que estén a la altura de la importancia que reviste la investigación para la sostenibilidad de la pesca comunitaria.

2.3.8. En aras de una gestión adecuada y racional de los recursos deberán preverse, asimismo, medidas que contemplen la posibilidad de que el esfuerzo pesquero se oriente a las especies no sujetas a cuotas, limitando al mismo tiempo el esfuerzo pesquero excesivo.

2.4. Estabilidad relativa

2.4.1. Debe garantizarse el principio que asegura el reparto racional de los recursos con el fin de conseguir su explotación equilibrada y la estabilidad de las actividades de los pescadores de cada Estado miembro.

2.4.2. El CES reitera que es necesario mantener este principio, con las adaptaciones y ajustes que se justifiquen, en general, por la evolución de la situación desde 1983.

2.5. Medidas estructurales

2.5.1. A la vista del exceso de capacidad que aún se puede apreciar, no parece que haya tenido mucho éxito el conjunto de medidas que integra la política estructural.

2.5.2. Convendrá perseverar en este esfuerzo, sin perder de vista la necesidad de seguir renovando y modernizando la flota comunitaria, en una clara apuesta por la calidad del acondicionamiento de la materia prima y de la vida a bordo, así como por una mayor seguridad para las tripulaciones. A tales efectos, convendría redefinir el concepto de capacidad de modo que, en lugar de tener en cuenta únicamente el tonelaje total de la flota y la potencia de los motores, se pudiese establecer una distinción entre "capacidad activa" (que genera esfuerzo pesquero) y "capacidad pasiva" (que no incide en ese aspecto(2)). Este cambio constituiría un valor añadido en lo que respecta a la mejora de las condiciones de la vida a bordo, y aportará grandes avances en materia de seguridad.

2.6. Programas de Orientación Plurianual (POP)

2.6.1. Los POP participan del conjunto de medidas, con los TAC y las cuotas, con las que se pretende paliar los efectos de la sobrepesca y los riesgos de agotamiento de determinadas especies. Los esfuerzos llevados a cabo para seguir reduciendo el esfuerzo pesquero no parecen estar consiguiendo su propósito en el Programa actualmente en vigor, según se deduce del informe intermedio presentado por la Comisión(3). La razón principal parece residir en que, durante la vigencia del actual POP IV, en algunos Estados miembros se revela insatisfactoria la reducción efectiva de la capacidad. Habrá que encontrar las formas más adecuadas y un marco de referencia claro para integrar en él medidas coherentes, aplicables por todos y que puedan ser realmente eficaces en cuanto instrumento de gestión. Deben preverse sanciones verdaderamente disuasorias para los infractores.

2.6.2. Nadie niega que los recursos están sometidos a una fuerte explotación y que ello puede originar pérdidas sustanciales, tanto para los armadores como para los pescadores. Por ello, están plenamente justificadas las medidas de apoyo socioeconómico en caso de ajustes o reducciones de la flota.

2.7. Medidas técnicas

2.7.1. A pesar de las dificultades de la reglamentación en materia de medidas técnicas, en este ámbito sigue habiendo un margen para el progreso que está por explorar, si hay voluntad política y apoyo a la investigación orientada, por ejemplo, a una mayor selectividad de los aparejos de pesca.

2.7.2. Los profesionales del sector -sobre todo los más veteranos- pueden ser de gran utilidad a ese respecto, pues conocen profundamente tanto el sector como las artes de pesca.

2.8. Control

2.8.1. Por muy perfecto que sea el edificio institucional y legislativo, siempre es preciso fijarse en su aplicación práctica. De nada servirá disponer de medios legales para encuadrar los problemas de la pesca si no se utilizan. El control de las actividades reglamentadas es la clave para asegurar una política adecuada de conservación de los recursos. La PPC no dejará de tener limitaciones mientras no se ponga remedio a la incongruencia de, por una parte, tener una reglamentación y un edificio jurídico comunitarios y, por otra, dejar el control a las autoridades nacionales.

2.8.2. De hecho, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, todavía se acusan disparidades entre los Estados miembros tanto en materia legislativa como de control. Sigue coleando el ya viejo problema de las diferencias entre Estados miembros, no sólo por lo que respecta a las sanciones, sino también a su aplicación.

2.8.3. Los poderes de control atribuidos a la Comisión todavía son demasiado limitados para asegurar una mayor eficacia y una aplicación no discriminatoria de las normas comunitarias.

2.8.4. Resulta difícil aplicar la política de control sin una legislación comunitaria que uniforme las sanciones y los criterios para su aplicación. El CES considera que a este respecto deberían brindarse a la Comisión los medios necesarios para intervenir en este sentido.

2.9. Investigación y desarrollo

2.9.1. Una política de gestión de los recursos pesqueros sólo puede ser eficaz si se apoya en un elevado conocimiento del nivel y la evolución de las especies explotadas en las aguas comunitarias.

2.9.2. La política de investigación y desarrollo deberá, en su conjunto, actuar de soporte para una explotación racional, más eficaz y más coherente de los recursos del mar.

2.9.3. Así, es preciso aumentar los recursos destinados a la investigación para estar a la altura de la importancia que ésta reviste de cara al futuro, viabilidad y sostenibilidad de la PPC.

2.10. Preservación del medio marino

2.10.1. Crece la conciencia de que el mar es vulnerable y de que la calidad del medio marino es un dato fundamental para la estabilidad tanto de las actividades pesqueras como de todas las demás actividades económicas que tienen al mar como protagonista.

2.10.2. La pesca depende de una realidad biológica fuertemente influenciada por elementos ambientales. Se trata de un sector en el que -como hoy se reconoce sin discusión- la calidad del medio condiciona directamente la capacidad de los organismos vivos para desarrollarse y servir de alimento para el hombre. El contenido en oxígeno disuelto y elementos nutritivos, así como la presencia de grandes cantidades de contaminantes químicos, residuos nucleares o microorganismos de carácter patógeno, en conjunción con determinadas prácticas inapropiadas por lo que respecta a la gestión medioambiental del litoral, influyen enormemente en el ecosistema y en la calidad de las aguas. Desgraciadamente, existen numerosos ejemplos de cómo el mar es usado como un vertedero al que van a parar toda suerte de contaminantes. Incluso en el seno de la UE, persisten actitudes y prácticas que dañan el entorno marino y a las especies que en él viven. Debería aplicarse también el principio de "quien contamina, paga", de forma que se indemnizase a los perjudicados.

2.10.3. Se hace necesario afinar la investigación y los estudios sobre los efectos que los problemas climáticos y de contaminación, y la calidad del aire ejercen en el medio marino, así como realizar progresos sustanciales hacia la gestión integrada de las zonas costeras, de modo que las mejores prácticas ecológicas y ambientales se conviertan en una realidad.

3. Sostenibilidad económica

3.1. Cohesión económica y social

3.1.1. Es necesario terminar con el actual desequilibrio entre los recursos disponibles y la capacidad existente, a fin de que puedan adoptarse nuevos planteamientos por lo que se refiere al aumento de la productividad, a la mejora de las condiciones de vida de los pescadores o a cualquier otro aspecto relativo a la actividad pesquera.

3.1.2. Para las regiones que la practican, la pesca -con toda la actividad económica anterior y posterior que ésta genera- significa mucho más que lo que indica su peso en el PIB.

3.1.3. La pesca representa el eje en torno al que gravitan varias comunidades que desempeñan un papel significativo en términos de equilibrio social y ordenación territorial, a la vez que de difícil cuantificación económica.

3.1.4. La revisión y las propuestas de adaptación de la Política Pesquera Común de la UE deberían basarse siempre en estudios y análisis detallados que tuviesen en cuenta su impacto en la situación real de cada Estado miembro, y en particular en las regiones más dependientes de la pesca. Se debería apoyar a las regiones más afectadas con el fin de promocionar nuevas oportunidades laborales o preparar una reconversión del sector.

3.1.5. La PPC debe participar plenamente en el esfuerzo tendente a asegurar la cohesión económica y social; a tal efecto, debe preparar las adaptaciones necesarias a fin de salvaguardar las bolsas de empleo existentes, incrementar el desarrollo de la producción local y el nivel de vida de la población, y garantizar los suministros.

3.1.6. La PPC debe apoyar más la pesca de bajura, que es -en definitiva- la que presenta un carácter social más evidente y sustenta la dinámica de la economía local y de las zonas costeras.

3.2. Política social

3.2.1. Tanto las reestructuraciones que deben emprenderse como los sacrificios que se imponen en todos los Estados miembros al objeto de adecuar las flotas al estado de los recursos deben acompañarse de una política social activa.

3.2.2. Esta política tendrá que apoyar -mediante diversas medidas socioeconómicas de acompañamiento- los desguaces y la retirada de efectivos, así como preparar la entrada de nuevos pescadores, más jóvenes, que sustituirán a los que se jubilan anticipadamente.

3.2.3. El Programa Pesca no ha tenido mucho éxito en la práctica. No obstante, el CES considera que sigue siendo importante disponer de un instrumento específico adaptado a la política social en este sector.

3.3. Salud y seguridad

3.3.1. Condiciones de trabajo

3.3.1.1. La legislación comunitaria relativa a las condiciones y el entorno laboral sólo puede aplicarse al sector pesquero a una pequeña escala. Sin embargo, se trata de una de las actividades más peligrosas de las que se desempeñan en Europa.

3.3.1.2. El CES considera que se deberán establecer unas normas mínimas en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de vida a bordo de los buques de pesca, teniendo en cuenta, entre otros factores, el ruido, las vibraciones, los alojamientos y la manipulación adecuada de los aparatos y artes de pesca.

3.3.2. Construcción y equipos de los buques de pesca

La introducción de unas normas básicas de seguridad para todos los buques de pesca y unos requisitos mínimos en cuanto a los equipos de seguridad contribuirá sin lugar a dudas a la reducción del número de accidentes que acontecen en la industria pesquera. Por tanto, el CES insta a todos los Estados miembros a que ratifiquen el Protocolo de Torremolinos de 1997 y recomienda que se apruebe una legislación comunitaria basada en dicho Protocolo que pueda aplicarse a cualquier tipo de buque, sea cual sea su tamaño.

3.3.3. Formación y Titulación

3.3.3.1. La ausencia de unas normas mínimas relativas a la formación en materia de seguridad para toda la tripulación de los buques de pesca es otro de los factores que contribuyen al alto índice de accidentes, que podría reducirse si existiese una mayor formación en cuanto a métodos y procedimientos de seguridad.

3.3.3.2. El CES considera de vital importancia que se introduzca esta componente formativa en la UE lo antes posible. En este sentido, la ratificación y aplicación del Convenio S.T.C.W.-F (1995)(4) sobre normas mínimas de formación para todos los Estados miembros deberían constituir una prioridad.

3.3.4. Contratación y empleo

3.3.4.1. En numerosas regiones dependientes de la pesca que cuentan con una gran tradición en este sector, se hace cada vez más difícil contratar a nuevos pescadores. El CES considera que el aumento del atractivo que puede presentar el sector para los pescadores jóvenes residirá también, más allá de la remuneración, en su capacidad de invertir en la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales, así como de ofrecer mejores condiciones de trabajo y de vida a bordo. Los apoyos e incentivos a la modernización de la flota deben poder contribuir a ello.

3.3.4.2. La reciente crisis provocada por el inusitado aumento de los precios de los combustibles puso de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre algunas formas de remuneración de la actividad pesquera, ya que éste también constituye un factor que disuade a posibles candidatos. Efectivamente, ciertas prácticas remuneratorias muy comunes en este sector hacen que un aumento de estas características tenga una incidencia directa en el cálculo de la retribución con repercusiones graves en el rendimiento de muchos pescadores.

3.3.4.3. El CES recomienda que los interlocutores sociales, especialmente los que actúan a nivel nacional, busquen formas de superar este problema introduciendo una mayor estabilidad remuneratoria, que repercutirá positivamente en la capacidad del sector para atraer a nuevos pescadores.

3.4. Organización común de mercados

3.4.1. La OCM constituye un instrumento de la Política Pesquera Común que debe evolucionar de modo coherente con las demás vertientes, con vistas al desarrollo integrado del sector.

3.4.2. Como el CES ha señalado en reiteradas ocasiones, el hecho de que este sector -fundamental para la economía y el dinamismo de algunas regiones y sus poblaciones- siga siendo viable implica también que se mantenga viva y competitiva una producción cuyas características dietéticas están cada vez más recomendadas con vistas a una dieta alimentaria adecuada.

3.4.3. Debe prestarse especial atención a la mejora de los mecanismos del mercado, invirtiendo en una política de calidad y en los factores que puedan traducirse en un valor añadido real para los productos de la pesca.

3.4.4. Debe garantizarse el abastecimiento del mercado comunitario para compensar el déficit en productos de la pesca, con el fin de evitar que los consumidores y un importante sector de la industria pesquera se vean gravemente perjudicados.

3.4.5. Entre tanto, el abastecimiento a través de fuentes externas y de la importación de pescado debe realizarse de conformidad con la legislación comunitaria, las normas internacionales en vigor y las buenas prácticas relativas al ejercicio de esta actividad.

3.4.6. Los productos procedentes de terceros países que compiten en el mercado comunitario no siempre cumplen las disposiciones legales. El CES insiste en la necesidad de que, por lo que atañe a las importaciones y a los desembarques de buques de estos terceros países o con pabellones de conveniencia, se controle más rigurosamente en toda la Unión la aplicación de las disposiciones legales.

3.4.7. Podría resultar interesante establecer, para los productos de la pesca, un etiquetado -sinónimo de buenas prácticas tanto en la actividad pesquera como en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de higiene e inspección sanitaria- que ofreciese al consumidor la garantía de que se encuentra ante un alimento sano y pescado según las normas.

4. Dimensión internacional

4.1. Acuerdos pesqueros con terceros países

4.1.1. Estos acuerdos permiten a la UE paliar su déficit crónico en productos del mar, preservando al mismo tiempo las actividades tradicionales de las flotas comunitarias.

4.1.2. De esta manera ha sido posible asegurar en lo esencial el equilibrio del mercado interior y, en alguna medida, la indispensable estabilidad en la renta de los pescadores.

4.1.3. Sin embargo, habrá que llevar a cabo una profunda reflexión a la luz de las últimas novedades relativas a la renovación de acuerdos. Será conveniente renovar los acuerdos existentes, como en el caso del Acuerdo con el Reino de Marruecos, y celebrar nuevos acuerdos para completar el dispositivo existente.

4.1.4. En cualquier caso, tanto en materia de empleo como por lo que se refiere al abastecimiento del mercado comunitario, habría que dar prioridad -en lo posible- a los acuerdos llamados "de primera generación".

4.1.5. Por otro lado, la UE tendrá que asegurar que los acuerdos con terceros países -sobre todo los acuerdos llamados "de segunda generación"- favorezcan el desarrollo económico y social de los pescadores y poblaciones de aquéllos. Todo nuevo acuerdo deberá tener en cuenta el Convenio de la OIT sobre los derechos sindicales básicos.

4.2. Pesca ilegal, no regulada y no declarada

4.2.1. Algunas organizaciones internacionales se ocupan de examinar el problema de la actividad pesquera ilegal, no regulada y no declarada. Como resultado de este trabajo, las Naciones Unidas y la FAO han aprobado varios códigos y acuerdos internacionales.

4.2.2. El CES considera que la aplicación de dichos acuerdos constituye un paso fundamental hacia una gestión adecuada de los recursos pesqueros e insta a la Comisión a que la promueva a todos los niveles.

4.2.3. Asimismo, opina que las actividades relativas a la inspección también deberían abarcar aspectos como la seguridad y la formación tal y como aparecen definidos en el Protocolo de Torremolinos de 1997 y el Convenio S.T.C.W.-F, así como el cumplimiento tanto de la legislación comunitaria en materia de gestión de recursos como de los códigos y acuerdos internacionales.

4.3. Representación de la UE en las organizaciones regionales de pesca

4.3.1. Es necesario reforzar el papel de la Comisión en este ámbito, así como los medios puestos a su disposición.

4.3.2. Podría preverse una mayor participación de los profesionales del sector y de los interlocutores socioeconómicos, principalmente a la hora de preparar las reuniones.

4.4. Ampliación de la Unión Europea

4.4.1. Resulta de vital importancia que los interlocutores sociales se impliquen en los diversos aspectos de las negociaciones, previendo los impactos sobre todos los ámbitos de la PPC y, en particular, sobre la exploración de recursos y el mercado laboral.

4.4.2. En éste, al igual que en otros sectores, es fundamental que los nuevos Estados miembros, llegado el momento de su adhesión, hayan adoptado plenamente el acervo comunitario y cumplan, por tanto, las normas relativas a la calidad y la seguridad vigentes en la UE.

5. Agilizar la PPC

Además de lo dicho, dos cuestiones parecen primordiales para agilizar el conjunto de los asuntos relativos a la PPC: por un lado, reforzar la misión y los poderes de la Comisión, que es la más indicada para promover el interés de la UE; y, por otro, posibilitar una gestión más descentralizada o regionalizada de determinados aspectos de la PPC, en el marco de una valorización del papel de las comunidades pesqueras locales.

6. Conclusiones

6.1. El examen de la PPC nos lleva inevitablemente a hacer balance y -en su caso- a formular críticas sobre sus insuficiencias y límites, pero, sobre todo, a esbozar perspectivas evolutivas que la preparen para los desafíos que tendrá que encarar en los próximos años.

6.2. Para afrontar esos retos en las mejores condiciones y colmar precisamente las insuficiencias observadas, es necesario que todos -profesionales, interlocutores socioeconómicos, Estados miembros e instituciones comunitarias- hagan un gran esfuerzo de imaginación y adaptación, de modo que puedan encontrarse las soluciones más apropiadas para la realidad de los problemas que se presentan.

6.3. Sea como fuere, es preciso llegar a un mejor conocimiento del sector, así como fortalecer el papel de los profesionales y de sus organizaciones, puesto que el éxito de cualquier política pesquera pasa por la adhesión de los armadores y pescadores a sus objetivos.

6.4. Las posibilidades de éxito de la PPC serán tanto mayores cuanto más contribuya al pleno aprovechamiento de los recursos comunitarios y a su valorización, a la viabilidad de las empresas y a la garantía de rentas justas y condiciones sociales modernas.

6.5. Se espera con gran interés el Libro Verde prometido por la Comisión, con las reflexiones y propuestas que puedan conducir a la reforma de la Política Pesquera Común. Como siempre ha hecho en el pasado, el CES seguirá ese debate tan importante para el futuro del sector y no dejará de expresar su punto de vista.

Bruselas, 1 de marzo de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) DO C 268 de 19.9.2000, pp. 39-41.

(2) No todo aumento del tonelaje de un buque implica necesariamente el aumento de su capacidad de pesca. Así, no deberá penalizarse el aumento del tonelaje del buque cuando de ello no se derive el aumento de su capacidad de pesca, sino apenas una mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad.

(3) COM(2000) 272 final.

(4) Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros [S.T.C.W.-F (1995)].