La libre circulación de capitales es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se construyó la UE. No obstante, pese a los logros de los últimos cincuenta años, los mercados de capitales de Europa están aún fragmentados y relativamente poco desarrollados. El tamaño de la economía europea es igual al de la economía de los Estados Unidos, pero el volumen de los mercados de acciones europeos no llega a la mitad del de los mercados estadounidenses, siendo el de sus mercados de deuda tres veces inferior. La brecha entre Estados miembros es aún más acusada que la existente entre Europa y los Estados Unidos. Una mayor integración de los mercados de capitales redundaría en una mayor eficiencia e incrementaría la capacidad de Europa para financiar el crecimiento.

Las empresas de nueva creación son esenciales para impulsar el crecimiento económico. En toda la UE, las pequeñas y medianas empresas emplean a dos de cada tres personas y producen 58 céntimos de cada euro de valor añadido. Los emprendedores con planes empresariales prometedores necesitan poder disponer de financiación para hacer realidad sus ideas. Las empresas con éxito necesitarán tener acceso a financiación en condiciones favorables para financiar su expansión. Sin embargo, los canales de financiación destinados a empresas en expansión que desean captar capital propio o buscan otras formas de crédito al margen del sistema bancario no están suficientemente desarrollados en Europa. Este es el caso, en particular, de las pymes europeas, que obtienen más del 75 % de su financiación externa a través de préstamos bancarios. Se considera que una unión de los mercados de capitales que funcione bien abrirá el abanico de posibilidades de financiación a disposición de las empresas en expansión. Estas posibilidades deben existir y estar a disposición de los emprendedores en los veintiocho Estados miembros de la UE y en todos los eslabones de la cadena de financiación.

La brecha de información que existe entre las pymes y los inversores puede obstaculizar la financiación no bancaria. En particular, los costes que conlleva la búsqueda impiden que posibles inversores identifiquen y evalúen empresas que resulten atractivas para invertir. De un lado, es necesario que las pequeñas empresas que necesitan financiación sean más conscientes de las posibilidades de financiación que les ofrece el mercado y, de otro, que estas empresas adquieran mayor visibilidad ante los inversores locales y paneuropeos potenciales.

El capital riesgo tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de respaldar el crecimiento y ofrecer a los emprendedores la posibilidad de obtener financiación tanto en Europa como en el extranjero. El capital riesgo es normalmente capital (acciones) a largo plazo, canalizado a través de fondos que agrupan el interés de los inversores y diversifican el riesgo. No obstante, el volumen de fondos de capital riesgo de la UE sigue siendo relativamente pequeño. De una cuantía de alrededor de 60 millones EUR, el fondo de capital riesgo europeo medio representa solo la mitad del volumen de su equivalente en EE.UU, y el 90 % de las inversiones de capital riesgo de la UE se concentra en solo ocho Estados miembros. La distribución del riesgo en el sector público podría contribuir a que aumentara la escala de los fondos de capital riesgo y la impronta de estos en los veintiocho Estados miembros, y serviría, además, de catalizador de la inversión del sector privado, ayudando a favorecer el aumento de escala, la diversificación y el alcance geográfico. En particular, el fomento de los fondos de fondos podría favorecer la inversión privada en capital riesgo, al atraer a los inversores institucionales.

Los grandes inversores institucionales o fondos de inversión pueden invertir en préstamos a medianas empresas u originar directamente préstamos a las mismas (a veces, en colaboración con bancos), lo que supone una forma más de diversificar la intermediación en materia crediticia y aumentar las posibilidades de financiación. Según algunas estimaciones, a finales de 2014, más de 350 operaciones habían sido realizadas por 36 prestamistas alternativos en algo más de dos años. El volumen de operaciones realizado por fondos de préstamo directo se incrementó un 43 % en Europa entre 2013 y 2014. En la actualidad, existen 40 fondos de préstamo directo (frente a 18 en 2012) y otros 81 fondos nuevos del mercado buscan captar alrededor de 70 000 millones EUR. Esta podría llegar a ser una fuente potencialmente importante de crédito no bancario en el futuro.

Los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE) pueden originar préstamos hasta cierto punto. Algunos Estados miembros ya han introducido en sus marcos normativos nacionales regímenes específicos dirigidos a definir las condiciones en las que los fondos de inversión alternativos pueden originar préstamos. Esta situación da lugar a que los fondos que operan a escala transfronteriza deban cumplir diferentes requisitos en lo que atañe a sus actividades de originación de préstamos. Aclarar el tratamiento de los fondos que originan préstamos en el marco normativo podría facilitar su desarrollo transfronterizo y garantizar, al mismo tiempo, que estén debidamente regulados desde la óptica de la protección del inversor y la estabilidad financiera.

La Comisión trabajará junto con los Estados miembros y las AES para evaluar si es necesario adoptar un enfoque coordinado de la actividad de originación de préstamos de los fondos, así como la conveniencia de establecer un marco de la UE.

1.5. Colocaciones privadas

Las empresas europeas muestran cada vez mayor interés en utilizar los mercados de «colocación privada» para la obtención de capital (habitualmente, cifras superiores a 20 millones EUR), emitiendo instrumentos de deuda dirigidos a inversores institucionales u otros inversores experimentados. Dado que el número y el tipo de inversores es limitado, este canal de financiación comporta requisitos normativos menos costosos. Las colocaciones privadas en Europa aumentaron aproximadamente un 30 % en 2014, pasando de 13 000 millones EUR en 2013 a 17 000 millones EUR en 2014. Ahora bien, las empresas europeas obtuvieron un volumen aún mayor de fondos a través de la colocación privada en los mercados de EE.UU. Por otra parte, la colocación privada europea se limita a un reducido número de países. En conjunto, estas consideraciones indican que existe potencial de desarrollo de este canal en Europa. La Comisión ha señalado ya anteriormente la escasa normalización de los procesos y la documentación como obstáculos a un mayor desarrollo. Por tanto, la Comisión respalda plenamente el trabajo de la ICMA (Asociación Internacional del Mercado de Capitales) y el régimen alemán Schuldscheine a ese respecto y se propone basarse en las mejores prácticas y fomentarlas en toda la UE mediante iniciativas adecuadas.





2.Facilitar a las empresas el acceso a los mercados públicos y la obtención de capital en ellos

Las ofertas públicas de instrumentos de deuda o de patrimonio son la principal vía de financiación de las empresas de mediano y gran tamaño que buscan financiación superior a 50 millones EUR. Los mercados públicos dan acceso a la más variada serie de proveedores de financiación y ofrecen una oportunidad de salida al capital inversión y a los inversores providenciales. Los mercados públicos son vitales en la transición de las medianas empresas de elevado crecimiento hacia la condición de operadores globales. Por ejemplo, las empresas que cotizan en el mercado AIM han registrado, en promedio, un crecimiento de su volumen de negocios del 37 % y un crecimiento del empleo del 20 % en el año posterior a la oferta pública inicial (OPI). Por tanto, la existencia de mercados públicos eficaces es un eslabón crucial de la cadena de financiación,

Aunque los mercados públicos de capitales y de deuda europeos se han desarrollado considerablemente en las últimas décadas, aún no están al mismo nivel que en otras economías desarrolladas. Además, el panorama es muy desigual entre los Estados miembros de la UE. Ello se debe, en parte, a la diferencia de tamaño y de necesidades de financiación de las empresas, así como a la preferencia por que estas sigan estando bajo la propiedad y el control de la familia. No obstante, la consulta sobre la UMC puso de relieve también el temor extendido de que el entorno normativo de la UE pueda no favorecer el desarrollo de estos canales de financiación. Por ejemplo, en el reciente informe del Grupo Operativo sobre las OPI de la UE se estima que ya solo los gastos de entrada en cotización en las OPI de una cuantía inferior a 6 millones EUR representan entre el 10 % y el 15 % del valor de la operación. En comparación, en operaciones de mayor envergadura (entre 50 y100 millones EUR) estos gastos son de alrededor del 5 %-8 %. En la actualidad, muchas pymes consideran que estos costes iniciales (y los posteriores) de cotización no compensan las ventajas de operar en los mercados públicos. La reducción de los costes de acceso permitiría a más empresas obtener capital en esos mercados.

La puerta de entrada a los mercados públicos para las empresas que buscan fondos es el folleto. Los folletos son documentos jurídicamente obligatorios y que ofrecen toda la información que sobre una empresa necesitan los inversores para decidir con conocimiento de causa si invertir o no. Los requisitos que debe cumplir el folleto se han armonizado a fin de que puedan compararse las diferentes posibilidades de inversión de toda la UE. No obstante, la elaboración del folleto es costosa y onerosa, particularmente en el caso de las pymes, y habitualmente suelen tener cientos de páginas. Pueden resultar demasiado complejos y prolijos para los inversores, y la información esencial a efectos de inversión resulta difícil de discernir.

La Comisión se propone modernizar la Directiva sobre el folleto. Se actualizará cuándo es necesario el folleto, se racionalizará la información exigida y el proceso de aprobación, y se creará un régimen realmente proporcionado de información que permita a las pymes redactar un folleto y acceder a los mercados de capitales. La Comisión estudiará también cómo ayudar a las pymes en el proceso de cotización, a través de estructuras de asesoramiento europeas, como, por ejemplo, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.

Además del folleto, otros muchos obstáculos dificultan la captación de capital en los mercados públicos. A partir de 2017, los mercados de pymes en expansión, introducidos por la MiFID II, serán un primer paso que permitirá a las nuevas empresas prepararse para una posible cotización en un mercado más amplio. La creación de este mercado específico puede ser especialmente importante para el desarrollo de mercados locales o jóvenes emisores. Al objeto de que estas plataformas especializadas rindan todas sus ventajas a la UMC, la Comisión, a través de la aplicación de la MiFID II, velará por que los requisitos que se les apliquen mantengan un equilibrio adecuado entre ofrecer suficiente protección al inversor y evitar cargas administrativas innecesarias.

Para los inversores, el acceso a las pymes de elevado crecimiento en los mercados públicos puede encerrar interés por el rendimiento potencial y las ventajas de la diversificación. Sin embargo, pueden verse disuadidos por la escasez de fuentes de información y la menor liquidez. Las respuestas a la consulta destacaron el hecho de que los analistas de inversiones no investiguen sobre las pymes y los requisitos de información adicional como dos factores importantes que impiden que las pymes intenten cotizar en los mercados públicos. Muchas pymes admitidas a negociación en sistemas multilaterales de negociación (SMN) facilitan información financiera basándose solo en las normas contables nacionales, que pueden no bastar para satisfacer las necesidades de los inversores internacionales, debido a la falta de comparabilidad. La Comisión también estudiará con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) la posibilidad de desarrollar una solución contable adaptada y voluntaria para las empresas admitidas a negociación en los mercados de pyme en expansión.

La Comisión revisará los obstáculos normativos a que se enfrentan las pequeñas empresas para ser admitidas a negociación en los mercados públicos y trabajará estrechamente con los nuevos mercados de pymes en expansión, en el marco de la MiFID II, para garantizar que el entorno normativo de estos mercados incubadora sea el adecuado.

En el caso de las grandes empresas, los bonos de empresa son un mecanismo esencial para la obtención de financiación mediante deuda a mayor escala. Favorecida, en parte, por tipos de interés históricamente bajos, la emisión total de bonos de las empresas no financieras de la zona del euro casi se duplicó entre 2008 y 2014, situándose en 340 000 millones EUR.

Pese a haberse registrado emisiones récord en el mercado primario, algunos participantes en el mercado han expresado sus temores sobre la limitada liquidez de los mercados secundarios, que dificulta las transacciones con estos instrumentos. La limitada liquidez puede traducirse en mayores primas por falta de liquidez y mayores costes de endeudamiento. Si las condiciones de crédito se deterioraran, a algunas empresas podría resultarles pronto más difícil acceder a los mercados de deuda.

La Comisión estudiará el funcionamiento de los mercados de bonos de empresa, en particular cómo aumentar la liquidez del mercado, los efectos potenciales de las reformas normativas, la evolución del mercado y la normalización voluntaria de la documentación de la oferta.

La creación de un sistema de información consolidada de las acciones, a partir de 2017, y de los instrumentos financieros asimilados a acciones a partir de 2018, tal y como exige la MiFID II, contribuirá a que tanto los reguladores como los participantes en el mercado puedan obtener una mejor imagen del mercado, lo que incrementaría el interés de los mercados de capitales como destino de las inversiones. La Comisión seguirá atenta a la evolución en este terreno.

Las diferencias en el trato fiscal de diversos instrumentos financieros puede ser un obstáculo de cara a una eficiente financiación en los mercados de capitales. El trato fiscal preferente de la deuda, debido a la posibilidad de deducir los pagos de intereses, va en detrimento de otros instrumentos financieros, en particular de las acciones. Solucionar este sesgo fiscal alentaría las inversiones en acciones y crearía una base de capital más sólida en las empresas. Las ventajas son también evidentes en términos de estabilidad financiera, ya que las empresas, al dotarse de una base de capital más sólida, serían menos vulnerables a las perturbaciones. Esto es especialmente cierto en el caso de los bancos.

Dentro del marco más amplio de los trabajos en curso en torno a la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), que darán lugar a una nueva propuesta en 2016, la Comisión estudiará cómo solventar el sesgo fiscal existente en favor de la deuda.