P9_TA(2020)0190

Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019 (2019/2126(INI))

(2021/C 371/03)

El Parlamento Europeo,

— Vistos los artículos 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su Protocolo n.o 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (BEI),

— Visto el Plan de Operaciones 2019 del Grupo BEI, publicado en la página web del BEI,

— Visto el Informe de actividad de 2018 del BEI, titulado «Oportunidades garantizadas»,

— Vistos el Informe financiero y el Informe estadístico de 2018 del BEI,

— Visto el informe del BEI titulado «EIB operations inside the European Union — Annual report 2018» (Operaciones del BEI en la Unión Europea — Informe anual 2018), publicado en 2019,

— Visto el informe del BEI titulado «The EIB outside the European Union — Financing with global impact — Annual report 2018» (El BEI fuera de la Unión Europea: una financiación de impacto mundial — Informe anual de 2018), publicado en 2019,

— Visto el informe del BEI titulado «Annual Report 2018: European Investment Advisory Hub» (Informe anual 2018: Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión), publicado en 2019,

— Vista la nueva estrategia climática y la nueva política de préstamo en el sector de la energía, adoptadas por el BEI en noviembre de 2019,

— Visto el Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (1),

— Vista la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo en el asunto 146/2017/DR sobre la manera en que el BEI gestionó una reclamación en relación con el incumplimiento de diversos requisitos medioambientales, de salud y de seguridad en un proyecto por él financiado,

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo» (COM(2020)0021),

— Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 14 de enero de 2020, por el que se establece el Fondo de Transición Justa (COM(2020)0022),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» (COM(2018)0097),

— Vista la Iniciativa de Resiliencia Económica del BEI,

— Vista la aprobación por el BEI, el 7 de octubre de 2016, de la ratificación del Acuerdo de París por parte de la Unión Europea,

— Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

— Visto el discurso de apertura pronunciado el 16 de julio de 2019 por Ursula von der Leyen como candidata a la presidencia de la Comisión Europea en la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo,

— Visto el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciado el 11 de diciembre de 2019 en la sesión plenaria del Parlamento en Bruselas,

— Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

— Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

— Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

— Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0081/2020),

A. Considerando que, con arreglo al artículo 309 del TFUE y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el BEI debe contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, y que con arreglo al artículo 18 de los Estatutos del BEI, este debe velar por que sus fondos sean utilizados de forma racional, en interés de la Unión; que esto incluye el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima y las obligaciones de la Unión en materia de protección del medio ambiente enunciadas en los artículos 11 y 191 del TFUE;

B. Considerando que las principales agencias de calificación crediticia han calificado los bonos del BEI con triple A debido, entre otras cosas, a su propiedad en manos de los Estados miembros y a su gestión conservadora del riesgo;

C. Considerando que el BEI mantuvo su rentabilidad en 2018, con un excedente neto de 2 300 millones de euros; que el Grupo BEI debe mantener una elevada capacidad crediticia, así como una cartera de activos sólida y de alta calidad;

D. Considerando que, siendo el mayor prestamista y prestatario multilateral del mundo, y propiedad conjunta de los Estados miembros, el BEI es el socio natural para que la Unión aplique los instrumentos financieros, en estrecha cooperación con las instituciones financieras nacionales y multilaterales;

E. Considerando que el Grupo BEI está obligado por los Tratados a contribuir a la integración, a la cohesión económica y social y al desarrollo regional de la Unión a través de diversos instrumentos de inversión como préstamos, participaciones en capital, garantías, instrumentos de riesgo compartido y servicios de asesoramiento;

F. Considerando que la Comisión estima en 1,115 billones de euros la inversión anual necesaria para alcanzar los objetivos de la Unión para 2030 (2); que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible de la Comisión aspira a desbloquear una inversión de 1 billón de euros a lo largo de la próxima década;

G. Considerando que las inversiones sostenibles normalmente tienen rendimientos mayores que las convencionales y sus volúmenes, por tanto, tienden a ser moderados, mientras los riesgos asociados tienden a ser más altos; que debe reforzarse la liquidez de los mercados de productos financieros sostenibles y que ello solo puede hacerse aumentando el número de productos en el mercado; destaca que no puede esperarse que el sector privado por sí solo alcance la masa crítica, y que el sector público debe estar más presente en los mercados de activos financieros sostenibles y aumentar su cuota de mercado, con lo que contribuiría a reducir los riesgos y los rendimientos, así como a aumentar la participación del mercado y la liquidez;

H. Considerando que el BEI desempeña un papel importante en la estrategia de la Unión para abordar los retos climáticos y medioambientales, retos que representan la tarea propia de esta generación, como ha señalado la Comisión, y que necesitan 260 000 millones de euros anuales en inversiones adicionales para cumplir los objetivos climáticos y energéticos actuales para 2030;

I. Considerando la necesidad de dedicar una atención constante al desarrollo de mejores prácticas relacionadas con la política de resultados y la gestión del Grupo BEI, así como con su gobernanza y transparencia;

Consejos generales

1. Destaca la importancia que revisten las actividades del BEI como banco de la Unión para aumentar los niveles actuales de inversión en la Unión, que se sitúan por debajo de las medias históricas y son insuficientes para satisfacer las ambiciones de la Unión en materia de sostenibilidad, economía, cuestiones sociales y de creación de empleo o para alcanzar la cohesión regional, la innovación y la competitividad a escala de la Unión, además de la financiación a nivel local, en particular por los ayuntamientos, para responder a las necesidades de los ciudadanos;

2. Reconoce que la Unión y los Estados miembros deben invertir más en la lucha contra el cambio climático, la revolución digital y los servicios públicos;

3. Celebra la respuesta coordinada de la Unión a la pandemia de COVID-19 y reitera la necesidad de actuar urgentemente para transformar nuestras economías y mitigar el impacto social y económico de la crisis; acoge con especial satisfacción el papel conferido al BEI en el apoyo a la economía de la Unión a través del Fondo de Garantía Europeo, del programa InvestEU revisado, del Mecanismo para una Transición Justa y del Instrumento de Ayuda a la Solvencia; subraya que este papel es particularmente importante para las pymes y los sectores más afectados; pide al mismo tiempo al BEI que respete su compromiso de adaptar todas sus acciones al objetivo de la Unión de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050; toma nota del documento de posición del BEI, de 15 de junio de 2020, sobre su hoja de ruta del banco del clima, y reitera su llamamiento en favor de medidas ambiciosas y objetivos claros, en particular en lo que respecta a la supeditación de la ayuda a medidas de eliminación progresiva en consonancia con los objetivos de descarbonización de la Unión para 2050;

4. Observa el deterioro del panorama económico mundial, en donde la ralentización del crecimiento PIB y los desafíos globales contribuyen a la incertidumbre; destaca los bajos niveles de inversión en la Unión en el pasado decenio; aboga por más inversión pública y privada en la Unión a todos los niveles, nacional, regional y local;

5. Toma nota del Informe de Inversiones del BEI 2019-2020, que destaca los retos que afronta la Unión en términos de competitividad, como por ejemplo la desigualdad creciente y los insuficientes niveles de inversión, especialmente en digitalización e I+D relacionadas con el clima, lo que amenaza el futuro económico de Europa; insta al BEI a que haga todo lo posible por abordar estas cuestiones en sus actividades;

6. Toma nota de que en 2018 el BEI invirtió 64 000 millones de euros en 854 proyectos; observa que el BEI se adhiere al principio prudencial, con solo un 0,3 % de préstamos dudosos;

7. Subraya de nuevo la necesidad de hacer más equilibrada la distribución geográfica de la financiación del BEI; pide que el BEI aborde las deficiencias sistémicas que impiden a algunas regiones o países sacar el máximo provecho de sus actividades de financiación, entre otras cosas, mediante el refuerzo de sus esfuerzos para ampliar sus actividades de préstamo proporcionando asistencia técnica y asesoramiento, en particular en regiones con baja capacidad de inversión, y el asesoramiento sobre el desarrollo de proyectos, con vistas a promover un crecimiento inclusivo y convergencia y cohesión económicas, sociales y territoriales, teniendo en cuenta que la financiación del BEI está guiada por la demanda;

8. Pide que el BEI adopte un papel importante en el aumento de las finanzas sostenibles tanto dentro como fuera de Europa y que priorice, a través de sus actividades de préstamo, el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible desbloqueando nuevas inversiones en proyectos sociales, ecológicos y sostenibles;

9. Solicita un apoyo adecuado para reforzar el mecanismo de asistencia técnica, asesoramiento financiero y creación de capacidades para las autoridades locales y regionales en la fase previa a la aprobación de proyectos, de forma que se mejore la accesibilidad y se implique a todos los Estados miembros; pide también, en este sentido, un mayor apoyo para servicios de asesoría como Advisory Hub, Jaspers, Elena y Fi-compass; pide una mayor cooperación con las instituciones y los bancos de fomento nacionales;

10. Celebra los esfuerzos oportunos del BEI por apoyar los proyectos por él financiados en su fase de ejecución (facilitando especialistas e instrumentos de apoyo y elaborando estudios preparatorios); pide al BEI y a la Comisión que formulen conjuntamente propuestas destinadas a una implicación más sistemática de los equipos del BEI en la ejecución de proyectos en aquellos países que lo soliciten, en particular en los ámbitos que requieran una gran especialización o en los de importancia estratégica para la Unión, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático;

11. Celebra el apoyo del BEI a los objetivos de cohesión, que solo entre 2009 y 2018 ascendió a más de 200 000 millones de euros;

12. Pide al BEI que haga hincapié en las consultas con todas las partes interesadas afectadas por sus proyectos, en particular las comunidades locales, la sociedad civil y el público en general;

13. Considera que la innovación y las competencias son elementos esenciales para garantizar el desarrollo sostenible y crear empleo de calidad e impulsar la competitividad a largo plazo; celebra que en 2018 el BEI apoyara la innovación y las competencias con 13 500 millones de euros; confía en que continúe este apoyo del BEI;

14. Considera que para seguir siendo competitiva Europa debe agilizar la adopción de tecnologías digitales y las inversiones en competencias e infraestructuras digitales; pide al BEI que aborde la transición ecológica con un apoyo reforzado a la digitalización;

15. Considera de enorme importancia y un requisito previo para participar en operaciones de financiación las diez normas establecidas en el Manual medioambiental y social del BEI, en particular en los ámbitos de la prevención y la reducción de la contaminación, la biodiversidad y los ecosistemas, las normas relacionadas con el clima, el patrimonio cultural, el reasentamiento involuntario, los derechos e intereses de los grupos vulnerables, las normas laborales, la seguridad laboral y la salud pública, la seguridad y la participación de las partes interesadas;

16. Pide a la Comisión que dedique una especial atención a asegurarse de que las normas presupuestarias de la Unión respaldan los futuros esfuerzos por aumentar los niveles de inversión pública en la Unión, lo que permitirá que el BEI induzca un efecto multiplicador de la inversión pública;

17. Considera que los criterios de evaluación de los proyectos sociales deberían tener en cuenta los principios del pilar europeo de derechos sociales; subraya, en este contexto, la importancia de llevar a cabo evaluaciones ex ante y ex post de la sostenibilidad, la competitividad y el impacto económico, social y medioambiental de los proyectos;

18. Celebra los pasos dados hasta la fecha por el BEI; pide al BEI que mejore su comunicación y evaluación de los resultados reales conseguidos y su análisis de las auténticas repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las inversiones;

19. Pide al BEI que realice un seguimiento de las conclusiones del informe especial del Tribunal de Cuentas 03/2019, que valoró la efectividad del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en la obtención de financiación para apoyar inversiones adicionales en toda la Unión; observa que el informe concluye que algunas operaciones del FEIE se limitaron a reemplazar a otras del BEI, destinándose parte de la financiación a proyectos que podían haber utilizado otras fuentes de financiación pública o privada, produciendo en algunos casos una sobreestimación de la medida en que el apoyo del FEIE generó realmente inversión adicional;

20. Subraya que el objetivo cuantitativo fundamental del FEIE, consistente en movilizar 500 000 millones de euros de inversión privada y pública adicional, no debe ser el principal indicador del éxito del Fondo, y que unos objetivos cuantificables en materia de sostenibilidad, adicionalidad, cobertura geográfica e impacto social deben tener por lo menos la misma importancia en las futuras estrategias de inversión;

21. Pide al BEI que incremente la cuota de financiación mediante el FEIE e InvestEU para proyectos que contribuyan sustancialmente al logro de los objetivos sociales y de sostenibilidad de la Unión, en consonancia con la correspondiente normativa de la Unión; pide a la Comisión que se asegure de que los métodos de verificación de la sostenibilidad de InvestEU son plenamente coherentes con los objetivos de sostenibilidad de la Unión y de que los criterios de evaluación de los proyectos sociales tienen en cuenta los principios del pilar europeo de derechos sociales; subraya, en este contexto, la importancia de llevar a cabo evaluaciones ex ante y ex post de la sostenibilidad, la competitividad y el impacto económico, social y medioambiental de los proyectos;

22. Considera que se necesita una nueva evaluación externa de la adicionalidad de la política de préstamos del BEI, y que los resultados de esta evaluación deben hacerse públicos;

23. Opina que, tras la publicación de los resultados de la evaluación externa, debería estudiarse si hay necesidad de un aumento general de la capitalización del BEI para permitir más préstamos a largo plazo e instrumentos innovadores en la financiación de proyectos con un importante potencial de sostenibilidad, avances sociales e innovación, incluidos aquellos proyectos que generen crecimiento sostenible y reduzcan las desigualdades;

24. Pide al BEI que garantice una estrecha coordinación y coherencia entre las políticas de la Unión, los instrumentos de financiación y las inversiones, con vista a evitar solapamientos y a potenciar las sinergias en la financiación;

Un BEI más centrado en la cuestión climática y en la transición justa

25. Acoge con satisfacción las decisiones adoptadas el 14 de noviembre de 2019 por el Consejo de Administración del BEI para adaptar la política del BEI a una trayectoria de calentamiento de 1,5 o C como máximo con respecto a los niveles preindustriales;

26. Reconoce que puede ser necesario que el BEI asuma más riesgos, en particular en sectores y regiones que atraen menos inversiones, con el fin de lograr las ambiciones mencionadas y las que figuran en el Pacto Verde, siempre que esos préstamos cumplan los criterios de admisibilidad del BEI y que este mantenga su calificación AAA;

27. Celebra que el BEI sea el mayor emisor del mundo de bonos verdes y un pionero de la puesta en marcha de esos exitosos bonos, que han recaudado 23 000 millones de euros en once años, en un mercado mundial de bonos verdes cuyo valor es hoy superior a los 400 000 millones de euros; toma nota de que uno de los grandes retos ha sido definir normas comunes a fin de evitar el blanqueo ecológico; celebra los nuevos bonos con conciencia sostenible del BEI, emitidos en 2018, concebidos para apoyar inversiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; subraya la importancia de fijar normas comunes en relación con estos nuevos bonos a fin de garantizar que los proyectos sean transparentes, verificables y mensurables; pide al BEI que prosiga y amplíe la emisión de bonos verdes, con el fin de facilitar la aplicación del Pacto Verde Europeo y para que los adquiera el Banco Central Europeo, y que contribuya a desarrollar el mercado de bonos verdes basado en el trabajo en el marco del Plan de acción de la Unión para financiar el crecimiento sostenible, incluida la taxonomía europea de las finanzas sostenibles;

28. Pide que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se integre plenamente en todas las medidas del BEI relacionadas con el clima; invita al FEI a que conceda una prioridad mayor a las necesidades de innovación para la transición a una Europa climáticamente neutra; pide al FEI que garantice en todas sus inversiones un compromiso activo con las empresas participadas en la mejora de sus comunicaciones relacionadas con el clima, la reducción de sus emisiones y la orientación de sus inversiones hacia alternativas rentables, como por ejemplo la eficiencia energética o la resiliencia frente al cambio climático;

29. Celebra que en 2018 el BEI haya concedido el 29 % de sus préstamos en el ámbito del clima;

30. Pide al BCE que, en el marco de su revisión estratégica en curso, estudie herramientas para apoyar y coordinarse con el BEI, en particular con su función de banco climático de la Unión, especialmente en la financiación de la transición verde y la sostenibilidad de la economía;

31. Recuerda que la estrategia climática del BEI fue adoptada en 2015 junto con sus sectores admisibles y los criterios de admisibilidad climática y el plan de ejecución de la estrategia climática; pide que se revise en 2020 la estrategia de aplicación para adaptarse al Acuerdo de París, entre otras cosas con una hoja de ruta para alcanzar el objetivo granular del 50 % ( 3 ) para 2025, así como garantías de la neutralidad climática de los préstamos restantes tras un proceso de consulta pública abierto y transparente; pide al BEI que informe ampliamente a las partes interesadas y al público en general una vez se hayan adoptado los documentos; recuerda al BEI que las inversiones verdes deben ser viables y facilitar la cohesión entre los Estados miembros;

32. Pide el refuerzo de los criterios de admisibilidad para la acción por el clima a fin de evitar el riesgo de que las inversiones no den lugar a reducciones significativas de los gases de efecto invernadero (GEI), garantizando la coherencia con la legislación de la Unión aplicable y alineando las actividades del BEI con el nuevo marco taxonómico; considera que una disposición general de «no causar daños» debe respaldar todas las operaciones del BEI e incluirse en su declaración sobre las normas medioambientales y sociales, que en 2020 debe revisarse y armonizarse con el objetivo de un calentamiento global de 1,5 o C;

33. Acoge con satisfacción el método revisado del BEI para la evaluación de la huella de carbono y pide su aplicación general, prestando especial atención a las emisiones ligadas a la demanda marginal y las emisiones indirectas (el denominado «tipo 3»); pide que los proyectos sean objeto de una evaluación exhaustiva y no de un simple análisis económico del ciclo de vida de sus emisiones; pide una contabilidad climática estricta, especialmente en la valoración económica y financiera de los proyectos para el rastreo climático de los recursos asignados y el gasto real; pide, en este sentido, que se actualicen los cálculos de los índices de utilización;

34. Opina que el BEI debe exigir a sus intermediarios que divulguen su exposición a los combustibles fósiles, y que debe aplicar gradualmente restricciones a los intermediarios muy expuestos; espera que, para finales de 2025, todos los intermediarios tengan un plan de descarbonización, ya que es indispensable para poder continuar su financiación; destaca que estos nuevos requisitos no deben ir en detrimento del acceso de las pymes a la financiación;

35. Celebra que el BEI haya puesto fin efectivo a su apoyo al sector del carbón ya en 2013 con la adopción de la versión de 2013 de su política de préstamos energéticos; opina que la financiación del BEI, en consonancia con las mejores prácticas en el sector de la banca comercial ( 4 ) , debe estar sujeta a un plan de transición basado en la ciencia con objetivos claros y compromisos de calendario en línea con el Acuerdo de París, con vistas a la eliminación progresiva de su apoyo a los clientes cuya actividad dé lugar a importantes emisiones de GEI; pide al BEI que ofrezca a las empresas asesoramiento sobre su descarbonización;

36. Pide al BEI que incluya en su documentación de financiación cláusulas que exijan a los beneficiarios de los préstamos comprometerse a cumplir plenamente todo objetivo de descarbonización que se haya incluido en su solicitud de préstamo; considera que esas cláusulas deben contener una disposición por la que los desembolsos estén supeditados al cumplimiento satisfactorio de dichos compromisos y que, en los casos en que los desembolsos se hicieran con anterioridad al cumplimiento de los objetivos de descarbonización, exista un régimen de indemnizaciones ex post eficiente;

37. Acoge con satisfacción la nueva política de préstamos energéticos del BEI, y especialmente su potencial para cambiar el estado de cosas en las instituciones financieras, en el sentido de tener un efecto de contagio positivo sobre otros bancos; acoge con satisfacción que esa política cubra a los intermediarios financieros, la prioridad de la eficiencia energética y la energía renovable, con una referencia positiva a las comunidades y microrredes de energía, y el potencial que representa para el aumento de la ayuda financiera para las fuentes de energía locales con el fin de acabar con la alta dependencia de Europa respecto a fuentes de energía externas y para asegurar el suministro; observa que existen excepciones aplicables para la aprobación de determinados proyectos de gas hasta finales de 2021 así como la posibilidad de que continúe el apoyo a proyectos de distribución de gas previstos para el transporte de gases con bajas emisiones de carbono; hace hincapié en el riesgo de invertir en activos varados a través de préstamos para infraestructuras de combustibles fósiles; pide al BEI que aclare que no iniciará ninguna valoración de proyectos relacionados con combustibles fósiles que no le hayan sido presentados antes del 14 de noviembre de 2019; pide que esta política se revise con regularidad y se mantenga en todo momento en consonancia con la taxonomía europea de las finanzas sostenibles y, una vez que se haya adoptado formalmente, que la taxonomía se utilice como referencia para sus inversiones en materia de clima y medio ambiente, de manera que se mantenga la coherencia con una vía compatible con la limitación del calentamiento global por debajo de 1,5 o C, así como con el desarrollo de nuevas acciones exteriores adecuadas en la Unión;

38. Insiste en que el BEI aplique el principio de eficiencia energética y fije el objetivo de luchar contra la pobreza energética en todos sus préstamos en el ámbito de la energía, teniendo en cuenta el impacto de la eficiencia energética en la futura demanda y su contribución a la seguridad energética;

39. Considera que la revisión de la política de préstamos del BEI para el transporte es una prioridad esencial; pide que se adopte rápidamente una nueva política de financiación del transporte para descarbonizar el sector del transporte en la Unión antes de 2050; destaca que el BEI debe mantener su compromiso con la financiación de la innovación y de la tecnología ecológica para la aviación, incluido el desarrollo de biocombustibles sostenibles, la electrificación y la tecnología híbrida, para descarbonizar el sector y lograr el objetivo fundamental del Acuerdo de París;

40. Pide que se apliquen políticas nuevas en sectores industriales con alta emisión de carbono en los que el BEI esté activo, como el cemento, la industria petroquímica y la siderurgia, centrándose en la sostenibilidad de esos sectores y en el fomento de una economía circular basada en ciclos de materiales no tóxicos, con miras a ajustar todos los préstamos sectoriales para lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050; recuerda que solo se puede lograr un cambio a gran escala si se tiene en cuenta a la industria;

41. Recuerda al BEI que la protección de la biodiversidad es un elemento clave de la adaptación al cambio climático y la restauración de los ecosistemas es la única tecnología confirmada en materia de emisiones negativas; pide al BEI que siga desarrollando requisitos de protección de la biodiversidad en sus instrumentos financieros a fin de evitar que tengan efectos adversos para la biodiversidad; pide al BEI igualmente que se comprometa a poner fin a la financiación de proyectos que contribuyan a la pérdida y degradación de la biodiversidad y los ecosistemas y a la deforestación ilegal, que aumente sustancialmente su financiación para alcanzar los objetivos de la Unión en este ámbito, en particular el objetivo de cero deforestación neta y los objetivos de protección marina y costera, y que apoye las acciones en pos de la biodiversidad y la adaptación, los servicios ecosistémicos tales como la polinización y las infraestructuras verdes;

42. Acoge con satisfacción las orientaciones sobre energía hidroeléctrica adoptadas en 2018 ( 5 ) y pide que se amplíen los requisitos de transparencia a todos los proyectos de infraestructura, incluidos aquellos financiados por intermediarios financieros;

43. Invita al BEI a colaborar con pequeños agentes del mercado y cooperativas comunitarias a fin de consolidar los pequeños proyectos de energías renovables y que estos puedan también cumplir las condiciones para obtener financiación del BEI;

EL papel del BEI en el Pacto Verde Europeo y en el Mecanismo para una Transición Justa

44. Subraya el papel fundamental del BEI en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y el logro de los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Mecanismo para una Transición Justa, al tiempo que reconoce la importancia de los sectores público y privado para cumplir durante los próximos siete años los objetivos de inversión de un billón de euros y cien mil millones de euros respectivamente para el Pacto Verde Europeo y para el Mecanismo para una Transición Justa;

45. Pide al BEI que apoye proyectos destinados a facilitar una transición justa en los Estados miembros; considera que, dado que los Estados miembros tienen puntos de partida diferentes, el BEI debe centrar su apoyo en aquellos Estados miembros que tienen que hacer el mayor recorrido; subraya que la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono no debe dejar a nadie en la estacada; pide, por tanto, al BEI que garantice un apoyo adecuado, incluida la asistencia técnica, para las regiones más afectadas, teniendo en cuenta las diferentes situaciones económicas y las capacidades de los Estados miembros; destaca, en particular, la necesidad de apoyar de manera proactiva a las zonas en las que el empleo depende actualmente de industrias de altas emisiones, aportando inversiones en formación y oportunidades económicas alternativas, con el fin de movilizar eficazmente los recursos privados y públicos necesarios y promover la transición a una economía más ecológica;

46. Hace hincapié en la necesidad de un enfoque anticipatorio y participativo a fin de garantizar que la transición beneficie a todos los sectores de la sociedad; pide que se brinde apoyo a las regiones (regiones mineras y de economía intensiva de carbono) y comunidades afectadas, así como a las fuerzas laborales de los sectores más afectados por la descarbonización, fomentando también el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos y tecnologías para estas comunidades y regiones, y en colaboración con ellas;

47. Considera que, para que el BEI pueda convertirse en el banco del clima de la Unión y desempeñar un papel en la transición justa, debe promover mecanismos que incorporen mejor en su estrategia de inversión la aportación de las distintas partes interesadas, como las autoridades locales y regionales, los sindicatos, las ONG y los expertos pertinentes;

48. Pide al BEI que se comprometa y presente un plan justo, coherente e inclusivo, consultando con los Estados miembros y las regiones y de conformidad con sus circunstancias sociales y geográficas, a fin de movilizar eficazmente los recursos privados y públicos necesarios y de fomentar la transición hacia una economía más ecológica; hace hincapié, en este sentido, en que debe prestarse atención particular a la protección de los ciudadanos y trabajadores que se verán más afectados por la transición, entre otros, ofreciendo acceso a programas de reciclaje profesional y fomentando inversiones en nuevos sectores económicos que creen nuevos empleos de calidad;

Pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización

49. Celebra la voluntad del Grupo BEI de potenciar la competitividad de la Unión y respaldar el crecimiento y la creación de empleo mediante el apoyo a ámbitos como la innovación, las pymes, las infraestructuras, la cohesión social, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático;

50. Subraya que el BEI, independientemente de su implicación activa en los esfuerzos por lograr los objetivos de neutralidad climática, debe seguir centrándose en apoyar proyectos que contribuyan al crecimiento regenerativo y a la creación de empleo;

51. Acoge con satisfacción el firme apoyo financiero del Grupo BEI a las pymes, con una inversión total en 2018 de 23 270 millones de euros, que ha tenido un impacto positivo en 374 000 empresas que emplean a cinco millones de personas; toma nota de los resultados del Informe de Inversiones 2019/2020 del BEI respecto de la financiación de las pymes y las empresas de mediana capitalización; considera que el apoyo a las pymes debe seguir siendo un objetivo fundamental del BEI e insta a que se hagan mayores esfuerzos y se ponga más interés en la financiación de pymes con el fin de reducir el déficit de financiación de estas empresas; acoge con satisfacción, en este sentido, el marco para pymes del Fondo InvestEU; subraya la necesidad de centrarse en la financiación a largo plazo, en particular apoyando proyectos que carezcan de otras posibilidades de financiación, en concreto las pymes y empresas emergentes innovadoras; hace hincapié, no obstante, en que las actividades de financiación del BEI no pueden reemplazar las políticas presupuestarias sostenibles en los Estados miembros;

52. Señala que las pymes tienen dos veces más probabilidades que las empresas de mayor tamaño de sufrir limitaciones económicas en lo relativo a la financiación exterior, y que la proporción de sociedades con limitaciones de financiación en la Unión va del 1 % al 13 %;

53. Señala que la financiación exterior para todas las empresas de la Unión representa únicamente poco más de un tercio de su financiación para la inversión;

54. Considera, habida cuenta de la función estratégica de las pymes, que el BEI debe mantener su apoyo económico y fortalecer sus capacidades administrativas y asesoras a fin de proporcionar información y asistencia técnica a las pymes para facilitar su acceso a la financiación, teniendo en cuenta a las regiones menos desarrolladas;

55. Destaca que, para alcanzar sus objetivos, es posible que el BEI tenga que asumir nuevos riesgos, además de aumentar sus fondos propios y crear experiencia en instrumentos de financiación innovadores; pide a los accionistas del BEI que garanticen que este disponga de recursos adecuados para que pueda utilizar instrumentos innovadores para financiar proyectos con un potencial significativo de beneficios sostenibles, sociales e innovadores; solicita, por tanto, un incremento de la capitalización del BEI tras la publicación de los resultados de la evaluación externa, que permita más préstamos a largo plazo y la utilización de instrumentos innovadores para la financiación de proyectos con importantes beneficios potenciales en lo que respecta a sostenibilidad, cuestiones sociales e innovación, en particular en proyectos que creen empleos sostenibles y reduzcan las desigualdades, así como capital de crecimiento que permita a las pymes aumentar sus operaciones; hace hincapié en la importancia del factor de adicionalidad que el BEI debe incluir en las inversiones en toda la Unión y en la cooperación con múltiples socios; señala asimismo que el valor añadido aportado por la financiación del BEI también consiste en proporcionar asesoramiento técnico y desarrollo de la capacidad, a fin de ayudar a los proyectos a estar listos para recibir inversiones y garantizar el mayor equilibrio geográfico posible;

56. Recomienda que el BEI continúe con la ecologización de su cartera de pymes, por ejemplo, destinando mayores cuotas a proyectos más ecológicos y brindando apoyo a bancos intermediarios para crear productos que incentiven la eficiencia energética o las energías renovables; recomienda, además, que el BEI apoye la digitalización de las pymes a fin de colmar la brecha digital;

57. Cuestiona, en este sentido, el llamamiento del BEI a la inversión dirigido a las pequeñas empresas, y se pregunta si está demasiado restringido por sus limitaciones sobre la financiación de proyectos con un componente de riesgo significativo;

Préstamos fuera de la Unión

58. Celebra que el BEI esté activo en más de 130 países fuera de la Unión, concediendo préstamos a proyectos que respaldan las políticas de cooperación exterior y de desarrollo de la Unión;

59. Observa que, en 2018, el BEI firmó contratos de financiación para 101 nuevos proyectos fuera de la Unión, con una financiación total aprobada de 9 050 millones de euros destinada a permitir unas inversiones totales de 41 000 millones de euros, con niveles récord de préstamos para el clima y las infraestructuras sociales y económicas;

60. Insta al BEI, el mayor prestamista multilateral del mundo, a que mantenga su papel de liderazgo en la futura financiación de la Unión y estimule las finanzas sostenibles fuera de Europa, manteniendo un papel clave en el establecimiento de mecanismos de financiación de la Unión para terceros países;

61. Toma nota de que aproximadamente el 10 % de los préstamos del BEI van a terceros países y que la mayoría de la ayuda se asigna a países de renta media-alta, con solo algunas operaciones financiadas en los países menos desarrollados;

62. Toma nota de la evaluación de la Comisión sobre la garantía de la Unión para el BEI frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión; considera que el BEI debe mejorar la coherencia y la adecuación de sus préstamos en el exterior respecto a los objetivos en materia de política exterior y de desarrollo de la Unión y las intervenciones de los Estados miembros, con el fin de apoyar mejor los objetivos políticos de la Unión;

63. Anima al BEI a mejorar sus conocimientos especializados en proyectos para el desarrollo, en especial proyectos que comporten préstamos directos al sector privado;

64. Anima al BEI a mejorar la cooperación local, también antes y durante la ejecución de proyectos, y a reforzar la cooperación con las delegaciones de la Unión;

65. Considera que el BEI debe reforzar su supervisión de proyectos y mejorar su presentación de informes y su evaluación de los resultados reales obtenidos y el análisis de los efectos reales económicos, sociales y ambientales; recomienda por tanto aumentar las cifras de personal local en los países socios;

66. Señala que el importe de la financiación relativa al clima en 2014-2018 es superior al objetivo del 25 % del mandato de préstamos exteriores (MPE);

67. Pide al BEI que utilice plenamente las cláusulas contractuales que le permiten suspender los desembolsos en caso de que los proyectos no cumplan las normas ambientales, sociales o en materia de derechos humanos, impuestos y transparencia;

68. Toma nota de que aproximadamente el 40 % de las operaciones del MPE pasan por intermediarios financieros, y pide al BEI que facilite informaciones más completas y regulares sobre la redistribución de los préstamos por los intermediarios financieros; pide al BEI que mantenga sus controles sobre los préstamos concedidos a través de intermediarios financieros no locales; destaca, en relación con los bancos e instituciones nacionales de desarrollo, la importancia de que, por un lado, se replanteen sus relaciones con el BEI, el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo) y los bancos de desarrollo, con el fin de garantizar la coherencia entre sus respectivos mandatos, y de que, por otro lado, refuercen su cooperación con la Comisión, el BEI y las autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de crear más sinergias entre los Fondos EIE y los instrumentos financieros y los préstamos del BEI, reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos, reforzar las capacidades administrativas, estimular el desarrollo territorial y la cohesión y mejorar la visibilidad de los Fondos EIE y la financiación del BEI;

69. Toma nota del informe de evaluación del BEI de julio de 2017 sobre los préstamos en régimen de intermediación en los países ACP (África, Caribe y Pacífico) ( 6 ) ; manifiesta su preocupación por la clara falta de control de los fondos gestionados por los intermediarios financieros y por la dificultad de controlar los beneficios de los préstamos; destaca, en particular, que entre 2015 y 2018 no se asignó el 30 % de los préstamos en régimen de intermediación ( 7 )

70. Señala que los principios de derechos humanos están integrados en los procedimientos y las normas del Banco en materia de diligencia debida; insta al BEI a que, en el contexto de la próxima revisión de su política en materia de normas sociales y ambientales, refuerce su estrategia en materia de derechos humanos, incluido el riesgo de represalias contra defensores de los derechos humanos y denunciantes, y a que respete el requisito de informar debidamente y consultar con las comunidades locales; considera que esta política debe ejecutarse mediante la evaluación de los riesgos en materia de derechos humanos y, en especial, debe contener una metodología para evitar las consecuencias negativas para los defensores de los derechos humanos, así como respuestas adecuadas en caso de que eso suceda, entre otras cosas, garantizando el derecho efectivo de acceso a la información y el requisito de una auténtica consulta previa con la población indígena afectada por la inversión; considera que esta estrategia debe incluir también la evaluación sistemática de los riesgos en materia de derechos humanos, incluida la evaluación ex ante , y el seguimiento continuo sobre el terreno; pide al BEI que incluya en sus contratos cláusulas que permitan suspender los desembolsos en caso de violaciones graves de los derechos humanos o de normas medioambientales y sociales, y que garantice que sea fácil acceder a los mecanismos de reclamación incluso desde comunidades remotas o marginadas, y que estos mecanismos sean oportunos y eficaces;

71. Celebra que el BEI ya contrate a especialistas expertos en derechos humanos y recomienda que siga contratándolos en los países socios para comprender mejor las situaciones locales y poder controlar cualquier abuso;

72. Celebra la firma de un memorando de entendimiento entre el BEI y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA por sus siglas en inglés) el 26 de septiembre de 2019, que permitirá acometer más proyectos de cofinanciación y coinversión en países en desarrollo; considera que esa colaboración refuerza la importante asociación estratégica entre el BEI y la JICA para apoyar proyectos que aborden problemas mundiales en terceros países;

73. Toma nota de las recientes declaraciones del presidente del BEI, Werner Hoyer, relativas al énfasis del BEI en el desarrollo; toma nota asimismo de que el BEI ha propuesto la creación de una filial dedicada al desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo Sostenible; pide al BEI que mantenga un diálogo con el Parlamento en relación con sus planes de crear una filial que integre sus actividades de desarrollo, en particular en el marco de los debates con el Consejo tras el informe del Grupo de Sabios de Alto Nivel sobre la Arquitectura Financiera Europea para el Desarrollo;

74. Pide al BEI que siga las mejores prácticas y haga extensivo el principio de consentimiento libre, previo e informado a todas las comunidades afectadas en caso de inversiones basadas en la tierra y los recursos naturales, a diferencia de dirigirse solo a los pueblos indígenas;

Gobernanza, transparencia y responsabilidad

75. Recuerda que deben aplicarse los mismos principios de rendición de cuentas y transparencia a todos los órganos de la Unión ( 8 ) ; insiste en que el mayor papel económico del Grupo BEI y el aumento de su capacidad de inversión y de utilización del presupuesto de la Unión para garantizar sus operaciones deben ir de la mano de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas en relación con sus operaciones económicas, su utilización de la garantía del presupuesto de la Unión, la adicionalidad de las operaciones del BEI y los posibles planes futuros para una filial del BEI en materia de desarrollo; pide una toma de decisiones transparente y una estrecha colaboración con las instituciones de la Unión a fin de garantizar la coherencia y la credibilidad de los objetivos establecidos; observa que la política de transparencia recuerda al BEI sus obligaciones jurídicas con arreglo al Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en la Unión;

76. Respalda el compromiso contraído por el BEI, con arreglo a la tercera Estrategia de Diversidad e Inclusión, que abarca el período comprendido entre 2018 y 2021, de aumentar hasta el 50 % el número de mujeres en puestos directivos para el año 2021; pide al BEI que se asegure de cumplir su objetivo de obtener la certificación EDGE (Dividendos Económicos para la Igualdad de Género) en los próximos doce meses;

77. Acoge con satisfacción que, tal como recomiendan los últimos informes del Parlamento, las reuniones del Comité de Dirección sean objeto ahora de resúmenes públicos; subraya la necesidad de publicar sistemáticamente el contenido de las reuniones de todos los órganos de gobierno del BEI y pide una mayor transparencia para las reuniones del Comité de Dirección y sus resultados;

78. Pide al BEI que haga pública, en consonancia con el Derecho de la Unión, información relativa a los préstamos directos sujeta a la aprobación del Comité de Dirección, en particular publicando para cada proyecto el dictamen de la Comisión y el del Estado miembro en el que esté situado el proyecto, así como las hojas de medición de resultados;

79. Pide al BEI que revise su política de transparencia en 2020 para poder garantizar la publicación oportuna de más información sobre todas sus actividades de financiación, a fin de poder verificar el respeto de sus compromisos en materia de sociedad, clima y medio ambiente; destaca la importancia de la coherencia entre las actividades del BEI y las políticas de la Unión;

80. Pide al BEI que siga mejorando la transparencia y el acceso a la información especialmente en cuanto al sistema de contratación y subcontratación, los resultados de las investigaciones internas y la selección, supervisión y evaluación de sus actividades y programas;

81. Pide al BEI que garantice el máximo nivel de integridad de sus intermediarios financieros, y que sus préstamos estén sujetos a los mismos requisitos de transparencia que otros tipos de préstamos; pide al BEI que no trabaje más con intermediarios financieros que tengan antecedentes negativos en cuanto a transparencia, fraude, corrupción, delincuencia organizada o blanqueo de capitales y respeto de los derechos humanos; destaca que estos nuevos requisitos no deben ir en detrimento del acceso de las pymes a la financiación;

82. Pide la revisión del marco normativo sobre las obligaciones del deber de diligencia del BEI, que debería reforzar, en particular, sus condiciones contractuales con sus clientes, por ejemplo, en lo relativo al fraude y la corrupción;

83. Pide al BEI que mejore la participación de las partes interesadas y los procesos de consulta pública en los proyectos que financia; pide al BEI que supervise y controle mejor las distintas fases de participación de las partes interesadas, y que garantice que los promotores del proyecto dispongan de sólidas salvaguardas mediante requisitos vinculantes;

84. Pide al BEI que incremente sus obligaciones de diligencia debida de acuerdo con la legislación contra el blanqueo de capitales de la Unión, y que proporcione todo un marco reglamentario que le permita evitar de manera eficaz la participación en actividades ilegales y garantizar un régimen adecuado de sanciones si se incumple la legislación de la Unión;

85. Espera que el BEI ajuste sus políticas internas para reflejar el nuevo marco jurídico adoptado con miras a combatir no solo el fraude fiscal, sino también la evasión y la elusión fiscales, y destaca la importancia de la independencia y eficacia de su División de Investigación de Fraudes; aboga por aumentar la cooperación del BEI con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades nacionales a fin de prevenir el fraude y blanqueo de capitales y velar por que se informe a la Fiscalía Europea y se denuncien todos los posibles casos de fraude a las autoridades competentes; se interesa de forma proactiva por las actividades del BEI; opina que, en el futuro, la Fiscalía Europea debe tener competencias para enjuiciar las actividades delictivas respecto de los fondos del BEI en aquellos Estados miembros que sean miembros de la Fiscalía; pide que se destinen recursos económicos adecuados a esa nueva tarea;

86. Expresa su profunda preocupación por el reciente artículo ( 9 ) relativo a una auditoría interna del BEI que detectó graves deficiencias en la aplicación por el banco de las normas contra el blanqueo de capitales; acoge con satisfacción el hecho de que el BEI esté abordando estas deficiencias, y le insta a que finalice su trabajo con carácter prioritario a más tardar en julio de 2020 y a que informe al Parlamento de las medidas concretas adoptadas, en particular las destinadas a reforzar la diligencia debida en relación con los clientes del BEI; pide al BEI que comparta con el Parlamento este informe de auditoría interna y publique un resumen significativo del informe de auditoría y una evaluación sobre la manera en que se ha abordado concretamente cada una de las deficiencias, poniéndolos a disposición del público en general, a fin de evaluar los avances del BEI en relación con estas cuestiones; sugiere, por tanto, que el Grupo BEI actualice su política sobre la denuncia de irregularidades de modo que refleje la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión ( 10 ) , actualmente en fase de aplicación por los Estados miembros;

87. Observa que el BEI tiene una política de lucha contra el fraude con una oficina independiente para investigar denuncias de fraude internas o externas; pide al BEI que considere la posibilidad de actualizar su política para mejorar su marco de lucha contra el fraude, y que garantice unos recursos adecuados, especialmente en vista del importante papel que está desempeñando a la hora de aplicar políticas de la Unión como InvestEU y el Pacto Verde Europeo; observa que ya están previstas sanciones y vías de recurso en la política del BEI de lucha contra el fraude, que permiten, por ejemplo, suspender desembolsos, reclamar reembolsos y suspender o cancelar proyectos; pide al BEI que suspenda los desembolsos en caso de violaciones graves de los derechos humanos o de corrupción;

88. Acoge con satisfacción la adopción de la política revisada del Grupo BEI respecto de las jurisdicciones insuficientemente reguladas, no transparentes y no cooperadoras ( 11 ) ; pide a las demás instituciones financieras europeas que apliquen las mismas normas; espera que el BEI adopte procedimientos operativos detallados y medidas de diligencia debida a fin de aplicar la nueva política sobre jurisdicciones no cooperadoras; toma nota de que el BEI publica los datos de sus clientes para cada operación en su sitio web y verifica la titularidad real de sus clientes cuando los préstamos del BEI que reciben están garantizados por el presupuesto de la Unión de conformidad con la legislación de la Unión; pide, además, que el sitio web del BEI enlace a los registros del Estado miembro en el que se puedan obtener los datos sobre la titularidad real; recuerda la enorme importancia de reforzar su política respecto de las jurisdicciones no transparentes y no cooperadoras a la luz de los métodos nuevos y existentes de evadir impuestos, como el recurso a asimetrías híbridas, el trato preferencial de los derechos de propiedad intelectual, o la utilización de jurisdicciones de tributación baja o nula para trasladar beneficios, en particular condicionando la concesión de préstamos directos e indirectos a la publicación de datos contables y fiscales por país; pide al BEI que presente una lista de operaciones pendientes, en especial cuando tengan relación con la lista de paraísos fiscales internacionales; pide al BEI que utilice toda su gama de instrumentos contra la evasión fiscal para proyectos sensibles al riesgo en el ejercicio de su deber de diligencia en materia fiscal, y que recurra a las obligaciones de relocalización cuando resulte necesario; toma nota del marco revisado del Grupo BEI de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y pide al BEI que actualice su política a la luz de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y que coopere con las autoridades pertinentes para velar por unas sanciones adecuadas a las infracciones de la ley y unas normas estrictas aplicables a los intermediarios financieros;

89. Toma nota de la revisión de la política y los procedimientos del mecanismo de reclamación del BEI para velar por el pleno funcionamiento del mecanismo, a fin de detectar y remediar posibles violaciones de los derechos humanos en proyectos relacionados con el BEI; insta al BEI a que garantice la independencia y eficacia de ese mecanismo; aboga por la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo;

90. Pide al BEI que refuerce su cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo;

91. Acoge con satisfacción la estrategia del Grupo BEI sobre igualdad de género y el Plan de Acción en materia de Género, y aguarda con interés la segunda fase de ejecución de este;

92. Pide al BEI que fomente la participación de las mujeres y que promueva activamente una representación de género equilibrada en los puestos de mayor responsabilidad;

93. Pide a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo y al BEI que mejoren el papel del Tribunal de Cuentas en la próxima revisión del acuerdo tripartito por el que se rigen las normas de contratación; pide que se faculte al Tribunal de Cuentas Europeo para auditar todas las operaciones del BEI, incluida la evaluación de la rentabilidad de sus esfuerzos de inversión y la adicionalidad de sus proyectos, y que se publiquen esas auditorías; pide igualmente al Tribunal de Cuentas Europeo que elabore recomendaciones sobre los resultados de las actividades de préstamo externas del BEI y su adaptación a las políticas de la Unión;

94. Pide un acuerdo interinstitucional entre el BEI y el Parlamento para mejorar el acceso a los documentos y datos del BEI;

95. Pide que se refuercen urgentemente las competencias del Parlamento en la orientación y las políticas estratégicas del BEI con el fin de garantizar el control democrático de las inversiones, incluida la posibilidad de enviar preguntas con solicitud de respuesta escrita al BEI como ya está previsto en el caso del BCE; pide al Grupo BEI que mejore su rendición de cuentas sobre estas cuestiones y propone la idea del mantenimiento de un diálogo trimestral con las comisiones pertinentes del Parlamento a fin de garantizar la participación en la estrategia de inversiones del BEI y el control adecuado; destaca la importancia de que el Parlamento ejerza un mayor control sobre las decisiones del Consejo de Administración del BEI, y apunta a la posibilidad de que el Parlamento tenga un estatuto de observador en las reuniones del Consejo de Administración para garantizar un mejor flujo de información; pide que la Comisión incremente su transparencia para con el Parlamento sobre las posiciones que adopte en el Consejo de Administración del BEI; solicita un memorando de entendimiento entre el BEI y el Parlamento que permita mejorar el acceso a los documentos y datos del BEI relacionados con la orientación estratégica y las políticas de financiación en el futuro, con objeto de reforzar la rendición de cuentas por parte del BEI;

96. Pide al presidente del BEI que presente esta Resolución a los directores y gobernadores del BEI y que se debata en el Comité de Dirección;

o

o o

97. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 345 de 27.12.2017, p. 34.

(2) Comisión Europea, SWD(2016)0405, de 6 de diciembre de 2016, cuadro 22 (escenario EUCO30, fuente: modelo PRIMES).

(3) «Granularidad: cuando sea posible y pertinente, el Banco intentará registrar solo los componentes de la acción por el clima integrados en proyectos o programas generales de mayor envergadura. Este enfoque permite una mayor precisión y está en consonancia con la metodología MDB» (BEI: «Climate Action Lending — List of eligible sectors and eligibility criteria», 20 de diciembre de 2017).

(4) Crédit Agricole ya se ha comprometido a no apoyar a las empresas que realizan o tienen previsto realizar actividades en el sector del carbón. Su política de tolerancia cero es aplicable a todas las empresas que realizan o tienen previsto realizar actividades en el sector del carbón, desde la extracción hasta la producción de energía pasando por el comercio del carbón y su transporte.

(5) Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development (Orientaciones medioambientales, climáticas y sociales para el fomento de la energía hidroeléctrica), BEI, octubre de 2019.

(6) BEI: «Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP» (Evaluación de la actividad de préstamos del BEI en régimen de intermediación a través del mecanismo de inversión en los países ACP), julio de 2017.

(7) Informe: «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam Francia y Réseau Action Climat-France, julio de 2019.

(8) Tal como recordó el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018.

(9) https://luxtimes.lu/european-union/40483-eib-under-scrutiny-for-failings-after-whistleblowing-complaints

(10) DO L 305 de 26.11.2019, p. 17

(11) BEI, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax good governance», marzo de 2019.