A4-0118/98

Resolución sobre los problemas de las regiones insulares de la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Vista su Resolución de 16 de mayo de 1997 sobre una política integrada adecuada a la especificidad de las regiones insulares de la Unión Europea ((DO C 167 de 2.6.1997, pág. 249.)),

- Visto el apartado 2 del artículo 129 B del Tratado CE,

- Visto el artículo 130 A del Tratado CE, tal como ha sido modificado por el Tratado de Amsterdam (artículo 158),

- Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de enero de 1983 en el asunto 8/82 («la discriminación consiste en tratar de forma diferente situaciones idénticas y de forma idéntica situaciones diferentes»),

- Vistas las conclusiones de las tres Conferencias de Cámaras de Comercio de las regiones insulares de la Unión Europea, a saber, de Quíos (1994) sobre la cohesión económica y social, de Palma de Mallorca (1995) sobre una política comunitaria de desarrollo duradero de las regiones insulares de la Unión Europea, y de Palermo (1996) sobre la Red de islas europeas - proyectos y asociaciones empresariales en favor de un desarrollo endógeno,

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Turín, celebrado en marzo de 1996, en particular la decisión de incluir el problema de las regiones insulares en el orden del día de la CIG,

- Vistos los resultados de la primera Conferencia sobre el desarrollo sostenible de las islas, celebrada en Menorca el 26 de abril de 1997,

- Visto el Plan de desarrollo del espacio comunitario presentado en Noordwijk los días 9 y 10 de junio de 1997 (SDEC),

- Vistos los resultados del Consejo Ecofin de 1 de diciembre de 1997,

- Vistas las propuestas y peticiones formuladas por las autoridades de las regiones insulares de la Unión Europea, recogidas en particular en los trabajos de la «comisión islas» de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa,

- Visto el Documento de trabajo sobre las regiones costeras e insulares de la Unión Europea, publicado por la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo en abril de 1996 (PE 166.018),

- Vistos los trabajos de la audiencia pública sobre los problemas de las regiones insulares organizada por la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo el 20 de enero de 1998,

- Vista la publicación de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) «Portrait des îles»,

- Vistos el informe de la Comisión de Política Regional y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y de la Comisión de Pesca (A4-0118/98),

A. Considerando que una región insular es una parte de un país miembro totalmente rodeada por el mar, sin conexión fija con el continente y en la que no está situada una capital de la Unión,

B. Considerando que el artículo 130 A del Tratado de Amsterdam establece como objetivo «reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas»,

C. Considerando que el artículo 130 A se ha de interpretar a la vista de la declaración n° 30 aneja al Acta Final del Tratado de Amsterdam, que reconoce que «las regiones insulares sufren de desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular cuya permanencia perjudica a su desarrollo económico y social»,

D. Considerando que dicha declaración contribuye a determinar vínculos asumidos con la nueva formulación del artículo 130 A aprobada en Amsterdam y explica, por lo tanto, que dicho artículo se refiere al retraso en el desarrollo que se registra en todas las regiones insulares de la Unión,

E. Considerando que las desventajas de las regiones insulares, que las distinguen claramente de las regiones continentales, se derivan, en distinta medida, de la escasez de tierras utilizables, de la limitación de los recursos pesqueros y de las disponibilidades de abastecimiento en agua y energía, de la contaminación marina y costera, de la gestión especialmente difícil de los residuos y aguas residuales, de la despoblación, de la erosión de las costas, de la falta de mano de obra cualificada, de la ausencia de economías de escala para las empresas, de los costes adicionales de los transportes y de las comunicaciones, de la doble insularidad que sufren las islas menores que forman parte de un archipiélago, y del coste elevado de las infraestructuras, a lo cual se añade, en algunos casos en el Norte, el aislamiento invernal causado por el hielo,

F. Considerando que la Conferencia de Amsterdam reconoce que las desventajas de las regiones insulares se han de compensar con la adopción de medidas específicas,

G. Considerando que la Unión Europea en varias ocasiones ha tenido debidamente en cuenta las desventajas naturales como factores que pueden determinar la fragilidad de una economía, como en el caso de las regiones escasamente pobladas, o del tratamiento particular para las regiones ultraperiféricas,

H. Considerando que el carácter permanente de las peculiaridades de la insularidad requiere una coordinación de las iniciativas y de las medidas en favor del desarrollo integrado y complejo de estas regiones y exige por tanto que las políticas en materia de infraestructura y desarrollo garanticen los derechos prioritarios de las poblaciones residentes en favor de un desarrollo sostenible, así como la conservación y utilización no destructora de los recursos insulares,

I. Considerando que las distintas regiones insulares no sufren del mismo modo el factor insular y que, por lo tanto, una política europea pensada en su favor se ha de adaptar a los diferentes problemas que las afectan,

J. Considerando que es necesario integrar las regiones insulares en el mercado interior en igualdad de condiciones,

K. Considerando por último que, paradójicamente, según se desprende de las propuestas de la Comisión contenidas en la Agenda 2000, serán muy pocas las regiones insulares de la Unión Europea que, a partir del año 1999, se consideren como regiones que sufren un retraso en su desarrollo y que, por consiguiente, necesitan ayudas estructurales específicas;

Insularidad y reforma de los Fondos estructurales

1. Pide a la Comisión que, con ocasión de la próxima reforma de los Fondos estructurales, no se limite a considerar los factores macroeconómicos como los únicos elementos para la admisibilidad de las regiones insulares de la UE a los objetivos de los Fondos estructurales y que tome en consideración también criterios geoeconómicos, por ejemplo, la perifericidad y la insularidad, como obstáculos físicos permanentes al desarrollo regional y sostenible;

2. Estima que es injusto aplicar rigurosamente el umbral del 75% del PIB per cápita, en paridad de poder adquisitivo, a las regiones insulares puesto que, a la vista del Tratado de Amsterdam, éstas deberían disfrutar de medidas específicas, determinadas en función del desarrollo añadido de cada una, que restablezcan el equilibrio por la desventaja natural que padecen;

3. Estima necesario que, en el ámbito de una de las tres iniciativas comunitarias previstas por la reforma de los Fondos estructurales (Interreg), se reserve espacio a un nuevo programa enteramente destinado a las regiones insulares;

4. Pide que la Comisión tenga en cuenta las regiones insulares que se clasifican NUTS III pero que están incluidas en contextos continentales más amplios, clasificados NUTS II, y por lo tanto pide que, en relación con este problema, se revise el sistema de nomenclatura de unidades estadísticas;

5. Pide que la Comisión tenga en cuenta la especificidad de las regiones insulares tanto en la elaboración como en la aplicación de directivas y reglamentos comunitarios y, en general, de los textos relativos a la política o estrategia de desarrollo;

6. Pide que en el ámbito de la reforma de los Fondos estructurales se consideren, a la vista del principio de adicionalidad que se definirá con los nuevos reglamentos, tasas de cofinanciación incrementadas para aquellas regiones insulares que sufran un mayor retraso en su desarrollo;

7. Desea que la Comisión cree un grupo interservicios en la Secretaría General con funciones de coordinación entre las distintas DG competentes con el fin de gestionar, junto con las demás instituciones europeas y las autoridades nacionales y locales, una política integrada para todas las regiones insulares de la Unión; desea que esta política incluya, por una parte, la aplicación de instrumentos de política regional, tanto jurídicos como financieros, con objeto de compensar las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, y, por otra parte, la modulación de aquellas políticas comunitarias que puedan tener repercusiones negativas para el desarrollo económico y social de estas regiones, en aras de resolver, de la forma más concreta posible, los principales problemas que afectan particularmente a cada región o grupo de regiones insulares;

8. Considera que sería útil que los representantes de las autoridades locales y regionales, así como las distintas cámaras de comercio, universidades y organizaciones que velan por la protección del patrimonio medioambiental y cultural y por el fomento de la igualdad de oportunidades tomen parte en la elaboración y aplicación de todas las políticas nacionales y comunitarias en favor de las regiones insulares de la UE;

9. Desea que en el nuevo período de programación financiera de la política de cohesión se apoye en mayor medida la política de cooperación interinsular a través de programas comunitarios dedicados al desarrollo de redes entre regiones insulares del tipo EURISLES, IMEDOC o ISLENET, así como las establecidas por las cámaras de las regiones insulares de la Unión Europea;

10. Aboga por una futura cooperación del Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Política Regional, con las autoridades regionales y locales y con organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales que trabajen a favor del desarrollo sostenible de las regiones insulares;

Ayudas estatales

11. Opina que la superación del umbral del 75% del PIB per cápita, en igualdad de poder adquisitivo respecto de la media comunitaria, por parte de las regiones insulares no debe comportar automáticamente la pérdida del beneficio del régimen de ayuda a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE;

12. Pide que la Comisión tolere las ayudas al funcionamiento, incluidas las ayudas al transporte, que los países miembros conceden a todas sus regiones insulares y las considere compatibles con el mercado común cuando resulten concedidas para compensar el coste añadido de la desventaja natural;

13. Pide que para compensar las desventajas económicas y sociales provocadas por la desventaja natural, las futuras líneas directrices relativas a las ayudas estatales con finalidad regional se modulen para considerar el caso de la insularidad y que, por lo tanto, las regiones insulares que formen parte del Objetivo 1 puedan disfrutar de una tasa máxima de subvención equivalente neta del 50% y que las demás regiones insulares puedan disfrutar al menos de un trato igual al que se concede a las regiones con escasa densidad de población del actual Objetivo 6 (es decir, un máximo equivalente de subvención neta del 30%);

Transportes, medio ambiente, telecomunicaciones, energía, turismo y asuntos sociales

14. Pide que la Comisión elabore un estudio sobre los costes adicionales de la insularidad en el ámbito de los transportes;

15. Pide que el sobrecoste del transporte de personas, mercancías y energía desde y hacia las regiones insulares se reequilibre con medidas de compensación, y que se refuerce la autosuficiencia de dichas regiones en cuanto a la energía y al abastecimiento de bienes de primera necesidad;

16. Pide que se respete el artículo 129 B (nuevo artículo 154), en el que se menciona explícitamente la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares y las regiones centrales de la Comunidad;

17. Desea que la Agencia Europea del Medio Ambiente realice un estudio sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente debido al aumento y al tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, a la dependencia energética, a la repercusión del turismo durante la temporada alta; pide que los resultados de este estudio se tengan en cuenta en la política futura para las regiones insulares; desea que la Agencia Europea del Medio Ambiente realice un estudio específico sobre las regiones insulares de la Unión Europea, prestando especial atención a la dimensión ambiental y energética, a la gestión del litoral y a los fenómenos de la erosión y la desertización;

18. Pide a la Comisión que examine de forma sistemática las repercusiones transfronterizas para el medio ambiente de las regiones insulares que resulten de las actividades realizadas por Estados miembros de la UE o por terceros países, y que se abstenga de financiar proyectos, ya sea en países comunitarios o en terceros países, cuando se compruebe que éstos tienen repercusiones negativas para el medio ambiente de las regiones insulares de un Estado miembro;

19. Pide que se ayude al desarrollo de la sociedad de la información y se refuercen en consecuencia las redes telefónicas y telemáticas en todas las regiones insulares, también gracias a una apropiada inserción de éstas en las redes transeuropeas;

20. Pide que en el marco de una política comunitaria integrada se emprendan acciones y experiencias piloto en aras de valorar las regiones insulares como laboratorios en el sector de las energías alternativas y del ahorro de energía y que, en consecuencia, se fomente la difusión a gran escala de nuevas tecnologías, la financiación de laboratorios de investigación y la concesión de becas; subraya la importancia de seleccionar algunas regiones insulares en las que sea posible prever importantes experimentos de alimentación con fuentes energéticas renovables, como se sugiere en el Libro Blanco «Energía para el futuro: las fuentes energéticas renovables», de la DG XVII, con objeto de disminuir la dependencia de las islas con respecto a los combustibles minerales;

21. Pide a la Comisión que conceda la mayor prioridad a garantizar que las islas, en particular las islas áridas, sean autosuficientes en lo que respecta al agua; espera que la Comisión conceda prioridad a la confinanciación de proyectos en este sector,

22. Estima que las economías insulares que dependen exclusivamente del turismo se han de diversificar con el fin de repartir la afluencia turística en distintas temporadas y fomentar nuevas fuentes integradas de desarrollo endógeno;

23. Estima que una política integrada para las regiones insulares debería tener en cuenta los riesgos que para la sostenibilidad del desarrollo de algunas de estas regiones comporta la excesiva oferta turística; pide a la Comisión que tenga en cuenta las consecuencias que la proliferación de ofertas complementarias agresivas con el litoral (como, por ejemplo, la instalación de puertos deportivos), así como la construcción turística en suelo rústico, tienen sobre el medio natural;

24. Desea que se cree un grupo de trabajo dedicado a los problemas comunes del comercio en las regiones insulares, en el marco del Tercer programa multianual en favor de las PYME;

25. Pide a la Comisión que considere la situación especialmente desfavorable, tanto sanitaria como educativa, de las islas menores que forman parte de un archipiélago a causa de la doble insularidad;

26. Desea que la Comisión cofinancie prioritariamente la compra de medios de transporte de urgencia por motivos sanitarios en los archipiélagos y en las pequeñas regiones insulares para disponer, en caso necesario, de una conexión estable y rápida entre éstas y las islas madres o el continente; también desea que la Comisión cofinancie la adquisición de equipamiento aéreo y terrestre de lucha contra incendios, con objeto de proteger eficazmente el patrimonio natural de las islas;

27. Considera que el programa de comunicaciones marítimas de corta distancia debe responder, no sólo a la conveniencia de las compañías navieras, sino también a las necesidades de los habitantes de las islas, especialmente durante los meses estivales;

28. Pide a la Comisión que promueva una serie de medidas para la conservación de la identidad cultural de las regiones insulares, principalmente a través de intervenciones institucionales y proyectos específicos, en favor del reconocimiento del valor histórico y arqueológico de determinadas localidades, de la restauración de casas tradicionales, de la mejora cualitativa de las viviendas y del fomento de la cooperación cultural a escala internacional;

29. Pide a la Comisión que, en el nuevo marco del Fondo de Cohesión, los Estados beneficiarios del mismo reserven una prioridad para infraestructuras de transporte, medioambientales y de telecomunicaciones en las regiones insulares;

30. Estima que es preciso garantizar que cualquier esfuerzo de desarrollo de las regiones insulares de la Unión Europea sea económicamente viable, socialmente aceptable, técnicamente oportuno, respetuoso del medio ambiente y compatible con las condiciones de «desarrollo sostenible»;

31. Estima que una estrategia de desarrollo para las regiones insulares debe tener como elemento infranqueable la salvaguarda del patrimonio histórico, artístico, cultural y lingüístico de estos territorios;

32. Estima que debería establecerse un Año europeo de las islas en cuyo marco pudiera organizarse, por ejemplo en Bruselas, un Foro sobre las islas en el que, gracias a la participación de todas las autoridades e interlocutores de las distintas regiones insulares de la UE, pudieran examinarse los problemas específicos de las islas y buscarse soluciones comunes adecuadas;

33. Solicita que se ponga en acción el Fondo Social para hacer frente al problema del desempleo, que tiene un fuerte componente estacional, mediante el fomento de programas de carácter tradicional (artesanía en madera, mármol y metales), cuyos productos pueden encontrar salida con facilidad en el mercado turístico; considera de especial importancia la diseminación de centros educativos por aquellas regiones insulares que puedan sostenerlos, pues su presencia fortalecerá la vida social, cultural y económica, especialmente durante los meses no estivales, en los que se observa el declive de la población de las islas y aumenta el porcentaje de la población de edad;

Fiscalidad e incentivos financieros

34. Pide que la Comisión considere el contexto europeo dividido en tres zonas: la continental, la ultraperiférica y la mediana insular para la cual se podrán tomar en consideración medidas fiscales de armonización que tengan en cuenta la especificidad de estas regiones;

35. Desea que en el ámbito de las medidas de coordinación fiscal, y en el espíritu de la declaración del Consejo ECOFIN de diciembre de 1997, se proteja al conjunto de las regiones insulares europeas con el fin de apoyar su desarrollo económico;

36. Pide que la Comisión estudie incentivos fiscales y financieros con el fin de fomentar el desarrollo endógeno de las regiones insulares según se propone en el presente informe de iniciativa;

37. Pide a la Comisión que conceda máxima prioridad a los proyectos de gestión para la protección de las zonas ecológicamente vulnerables en las regiones insulares y desea que cofinancie con carácter prioritario la elaboración de estos proyectos;

38. Pide a la Comisión que, en el marco de las conclusiones aprobadas en la Cumbre sobre el empleo en Luxemburgo, adopte experiencias piloto aplicadas a regiones insulares sobre la reducción del IVA en sectores intensivos en mano de obra (como el hostelero) al objeto de promover el empleo;

Agricultura y pesca

39. Pide que se introduzca en la PAC el principio de una corrección de las ayudas en función de la dimensión de la empresa agrícola, de la zona en la que se encuentra ubicada así como de su rendimiento y sugiere a la Comisión que tenga en cuenta la fragilidad del contexto insular, tanto económica como ecológica, y que adopte acciones específicas para un sector agroalimentario sostenible y a pequeña escala, haciendo especial hincapié en los cultivos ecológicos;

40. Solicita la ayuda de la Comisión para establecer, en el marco de la política integrada, una certificación de calidad insular al objeto de apoyar las producciones específicamente autóctonas;

41. Recuerda la importancia de la pesca para la economía de numerosas islas, la necesidad de compensar la distancia competitiva entre costa e isla debido a motivos naturales o de desarrollo técnico altamente diferenciado y la existencia de escasas fuentes alternativas de empleo; pide por lo tanto a la Comisión que examine la oportunidad de conceder un trato especial a las islas más pequeñas, dependientes de la actividad de la pesca y que adopte las medidas apropiadas para garantizar la salvaguardia de la actividad pesquera de las flotas insulares, incluida la pesca de especies no abarcadas por la PCP;

42. Reconoce que, con independencia del trato especial que reciben las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea de conformidad con los tratados comunitarios, la declaración 26 aneja al Acta Final de Maastricht y el nuevo artículo 299, apartado 2 del Tratado CE incorporado por el Tratado de Amsterdam, en general las islas sufren una desventaja competitiva, como resultado de su aislamiento respecto al mercado continental;

43. Recomienda que se garanticen al consumidor los mismos precios que en el continente, por lo menos para los productos básicos;

44. Desea que las dos regiones insulares de Estonia puedan participar en la política insular integrada desde la fase de preadhesión;

45. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.