En 2015 y 2016, la Comisión, junto con expertos en DPI de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, llevó a cabo veinticuatro visitas de apoyo a los siguientes países: BE, NL, FI, EE, SI, HR, LV, LT, MT, IT, EL, CY, SE, DK, DE, AT, SK, CZ, HU, PL, ES, PT, FR y LU. Estas visitas se utilizaron como base para la elaboración del presente informe. Por lo que respecta a los Estados miembros que se visitarán en 2017, a saber, BG, IE, RO y UK, la Comisión invitó a sus autoridades aduaneras a que cumplimentaran el cuestionario empleado para las visitas de apoyo, con el fin de que las autoridades aduaneras de los todos Estados miembros pudieran manifestar su opinión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 608/2013. A lo largo de 2016 se recibieron los formularios cumplimentados de las autoridades aduaneras de dichos Estados miembros.

Al contrario que el procedimiento simplificado previsto en el Reglamento (CE) n.º 1383/2003, el nuevo procedimiento normalizado no requiere que el titular de la decisión obtenga directamente el consentimiento por escrito del declarante o del titular de las mercancías para abandonarlas para su destrucción, sino que corresponde a la autoridad aduanera efectuar una notificación al declarante o al titular de las mercancías y, en caso de que este no se oponga explícitamente a la destrucción, podrá considerar que el declarante o el titular de las mercancías ha otorgado su consentimiento.

– Ampliación de los derechos y vulneraciones que abarcan las intervenciones aduaneras: con miras a reforzar el respeto de los DPI, se ha ampliado la intervención aduanera a tipos de derechos y de vulneraciones no abarcados en el Reglamento (CE) n.º 1383/2003. Los nuevos tipos de derechos protegidos son los nombres comerciales, las topografías de productos semiconductores y los modelos de utilidad. Las indicaciones geográficas abarcadas actualmente no solo se refieren a productos agrícolas, sino también a posibles futuros productos no agrícolas, y el Reglamento incluye una referencia específica a las indicaciones geográficas recogidas en acuerdos con terceros países. Asimismo, se ha ampliado el ámbito de aplicación del Reglamento para incluir más tipos de vulneraciones, en concreto todas las posibles vulneraciones de marcas comerciales (por ejemplo, marcas comerciales cuya similitud se presta a confusión y marcas comerciales notoriamente conocidas), y no solo la mercancía falsificada como en los reglamentos anteriores. También se han incluido las vulneraciones a través de dispositivos de elusión (dispositivos diseñados, fabricados o adaptados principalmente para permitir o facilitar la elusión de medidas tecnológicas que impiden o limitan, en relación con las obras, actos que no están autorizados).

A continuación se presentan diversas cuestiones que generan preocupación:

– No siempre se define claramente la información que debe facilitarse en la solicitud de intervención (por ejemplo, ¿a quién se considera «distribuidor autorizado»?) o la información a la que se hace referencia está obsoleta y no tiene en cuenta las prácticas modernas de abastecimiento mundial y de la cadena de suministro, o incluso en algunos casos podría ser complicado recabarla (lugar de producción, empresas implicadas, comerciantes, etc.). Además, el Reglamento (UE) n.º 608/2013 no refleja la distinción entre los campos obligatorios y opcionales de los formularios anexos al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1352/2013 de la Comisión.

En cuanto a la actualización de la información recogida en la solicitud de intervención, parece que no resulta eficaz que el titular de la decisión tenga que informar a las autoridades aduaneras sobre todos los cambios registrados en la información a la que se hace referencia en el artículo 6 (debido a la gran cantidad de información que requiere dicho artículo).

Algunas de las respuestas proponen que se simplifique el régimen lingüístico de la solicitud de intervención de la Unión mediante la aceptación de su presentación en inglés, francés o alemán en los veintiocho Estados miembros.

– La devolución de las muestras prevista en el artículo 19, apartado 2, no es posible en todos los casos, puesto que la realización de análisis suele provocar daños en las mismas.

En aquellos casos en que las autoridades aduaneras no puedan facilitar muestras en los primeros diez días laborables, se propone que se amplíe en consecuencia el plazo de diez días de que dispone el titular de la decisión para iniciar procedimientos.

– El plazo de diez días para iniciar procedimientos es demasiado corto (procedimiento normalizado, artículo 23). Algunas de las respuestas sugieren que debería ofrecerse al titular de la decisión la oportunidad de iniciar procedimientos legales durante un periodo de tiempo que dé comienzo el día en que la aduana notifique la oposición a la destrucción por parte del declarante o del titular de las mercancías (y no a partir del día en que se notifique la suspensión del levante o la retención de la mercancía).

– El almacenamiento de las mercancías (cuyo levante haya sido suspendido o que hayan sido retenidas en las instalaciones de una empresa de envíos urgentes) genera costes indirectos adicionales.

– Resulta complicado calcular el coste de la destrucción (artículo 29) de antemano (especialmente en el marco del procedimiento para pequeños envíos, puesto que no se consulta al titular de la decisión para todas las retenciones) y su cuantía está aumentado. Algunas de las respuestas sugieren que debería ofrecerse al titular de la decisión la oportunidad de fijar las condiciones de almacenamiento y destrucción de una manera rentable, que los costes derivados de las intervenciones vinculadas a mercancías falsificadas deberían recaer sobre el infractor o el importador, o que la carga debería recaer sobre los intermediarios (expedidor/cargador/transportista).

Por lo que respecta al procedimiento para pequeños envíos, si bien algunas respuestas lo consideran sumamente útil, otras señalan que no es posible utilizarlo para determinados tipos de productos (por ejemplo, para los medicamentos, ya que la industria farmacéutica tiene la obligación de informar a las autoridades sobre las retenciones de medicamentos, o para los semiconductores, puesto que resulta complicado verificar las vulneraciones), o que no puede utilizarse en ningún caso puesto que no garantiza una cantidad suficiente de información sobre las retenciones realizadas.

– La forma en que está redactada la lista de usos permitidos de la información transmitida por las autoridades aduaneras al titular de la decisión no resulta clara.

– En cuanto al procedimiento para el levante anticipado de las mercancías y a la definición de las garantías, el precio de la licencia obtenida en el sitio web del titular de los derechos no debe considerarse una garantía válida.

– No se han realizado observaciones generales sobre la responsabilidad del titular de la decisión. Hay un número reducido de respuestas que se refieren a la responsabilidad en caso de que no se devuelvan las muestras, y la idea principal es que no debería hacerse responsable al titular de la decisión de las muestras que no se devuelvan o que resulten dañadas, salvo en caso de que el declarante o el titular de las mercancías se oponga a la destrucción y posteriormente se concluya que la mercancía no vulneraba ningún DPI.

Las respuestas facilitadas también plantean algunas cuestiones de interpretación sobre determinados aspectos del Reglamento (UE) n.º 608/2013 que se han abordado o se abordarán directamente con las partes interesadas.

Por último, las observaciones realizadas se refieren a la ausencia de una aplicación común a escala de la UE de determinados elementos, como la información que se considera que deben contener obligatoriamente las solicitudes de intervención, el plazo para solicitar una renovación de la decisión aduanera por la que se acepta la solicitud de intervención, la forma en que se llevará a cabo el procedimiento normalizado (por ejemplo, la transmisión de información al titular de la decisión), los motivos reconocidos como válidos para no iniciar procedimientos, la aplicación del procedimiento para pequeños envíos (no se aplicaría en todos los Estados miembros) y la no utilización de la información facilitada por el titular de la decisión en la solicitud de intervención y recogida en COPIS para fines de análisis de riesgos.

5. APLICACIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Si bien la legislación aduanera se adopta a escala de la Unión, su aplicación es responsabilidad de los Estados miembros a través de sus administraciones nacionales de aduanas. Asimismo, corresponde a los Estados miembros organizar la administración aduanera nacional, incluida la impartición de formación para los funcionarios de aduanas. No obstante, el Reglamento (UE) n.º 608/2013 prevé en su considerando 7 que los «Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben impartir una formación adecuada a los funcionarios de aduanas, con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento».

La lectura del cuestionario facilitado y el intercambio de opiniones llevado a cabo durante las visitas de apoyo propiciaron un diálogo sobre los siguientes elementos: organización administrativa de los departamentos aduaneros encargados de vigilar el respeto de los DPI, tanto a nivel central como local (incluidos los recursos humanos implicados, la formación facilitada, el empleo de la base de datos, etc.); cooperación con las diversas partes interesadas; y aplicación de todos los procedimientos previstos en el Reglamento.

El Reglamento (UE) n.º 608/2013 contiene tanto disposiciones obligatorias como facultativas. Estas últimas permiten a los Estados miembros decidir si quieren utilizar una u otra opción. Por ejemplo, tienen la posibilidad de utilizar el consentimiento implícito al que se hace referencia tanto en el procedimiento normalizado como en el procedimiento para pequeños envíos (artículos 23 y 26), pueden pedir al titular de la decisión que reembolse los costes derivados de la intervención aduanera (artículo 29) y pueden decidir a quién efectuar la notificación, si al declarante o al titular de las mercancías, tanto para el procedimiento normalizado como para el procedimiento para pequeños envíos (artículos 17 y 26). Las visitas de apoyo permitieron obtener una idea general de las elecciones realizadas por los Estados miembros en función de la flexibilidad que ofrece el Reglamento.

5.1 Recursos humanos/aspectos organizativos