COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014 /* COM/2014/0155 final */





1. Introducción La edición de 2014 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE (en lo sucesivo, «el Cuadro de indicadores») se presenta en un contexto en el que una serie de Estados miembros está llevando a cabo un proceso de reforma de sus sistemas judiciales para que sean más efectivos para los ciudadanos y las empresas. Estas reformas revisten un interés directo para la UE y son seguidas de cerca por las instituciones europeas y los interesados. Calidad, independencia y eficiencia son las principales cualidades de un sistema judicial efectivo. El buen funcionamiento de los sistemas judiciales es una importante condición estructural en la que los Estados miembros basan sus políticas de crecimiento sostenible y estabilidad social. Por estas razones, desde 2011, las reformas judiciales nacionales son parte integrante de los componentes estructurales de los Estados miembros sujetos a los programas de ajuste económico[1]. Desde 2012[2], la mejora de la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales también ha sido una prioridad para el Semestre Europeo, el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas, tal como se señala en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014[3]. El Cuadro de indicadores alimenta el proceso del Semestre Europeo al facilitar datos objetivos sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. Ello contribuye a identificar temas que merecen especial atención con vistas a garantizar la aplicación de las reformas. El acceso a un sistema judicial efectivo es un derecho esencial en el que se fundamentan las democracias europeas y que queda consagrado en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Por esta razón, el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional se halla consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47). Siempre que un órgano jurisdiccional nacional aplica el Derecho de la UE, actúa como «órgano jurisdiccional de la Unión» y debe proporcionar una tutela judicial efectiva a todo ciudadano o empresa cuyos derechos garantizados por la legislación de la UE hayan sido vulnerados. La eficacia de los sistemas judiciales es, por consiguiente, crucial para la aplicación del Derecho de la UE y para el refuerzo de la confianza mutua. ¿Qué es el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El Cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta de información destinada a ayudar a la UE y a los Estados miembros a mejorar la eficacia de la justicia facilitando datos objetivos, fiables y comparables sobre la calidad, la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales en cada Estado miembro. El Cuadro de indicadores contribuye a identificar posibles deficiencias, mejoras y buenas prácticas y tiene como objetivo presentar la evolución del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales a lo largo del tiempo. No presenta una clasificación única, sino una visión general del funcionamiento de los sistemas judiciales sobre la base de diversos indicadores que son de interés común para todos los Estados miembros. El Cuadro de indicadores no fomenta ningún tipo concreto de sistema judicial. Con independencia del modelo del sistema judicial nacional o de la tradición jurídica en que se fundamente, la puntualidad, independencia, asequibilidad y facilidad de acceso son algunos de los principales parámetros de lo que constituye un sistema judicial efectivo. El Cuadro de indicadores para 2014 se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar el entorno empresarial y superar la crisis financiera y de la deuda soberana. El Cuadro de indicadores es una herramienta que evoluciona en diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, con el objetivo de identificar los parámetros esenciales de un sistema judicial efectivo. El Parlamento Europeo instó a la Comisión a ampliar progresivamente el alcance del Cuadro de indicadores. ¿Cómo alimenta el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE el Semestre Europeo? Los malos resultados puestos de manifiesto por los indicadores del Cuadro siempre exigen un análisis más profundo de las razones que los motivan. Esta evaluación específica para cada país se lleva a cabo en el contexto del proceso del Semestre Europeo a través del diálogo bilateral con las autoridades competentes y las partes interesadas. Esta evaluación tiene en cuenta las particularidades del sistema jurídico y el contexto de los Estados miembros afectados. Puede conducir finalmente a la Comisión a proponer al Consejo recomendaciones específicas para cada país en cuanto a la necesidad de mejorar los sistemas judiciales[4]. ¿Qué metodología sigue el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El Cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. La mayoría de los datos cuantitativos son aportados actualmente por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, con la que la Comisión ha suscrito un contrato para la realización de un estudio específico[5]. Estos datos corresponden a 2012 y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ[6]. El estudio también presenta fichas por países que aportan más contexto y deben leerse en conjunción con las cifras. Para el Cuadro de indicadores para 2014, la Comisión también ha utilizado fuentes de información adicionales, a saber, Eurostat, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, y las redes judiciales europeas, en particular la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, que respondió a un cuestionario sobre la independencia del poder judicial. También se han obtenido más datos a través de dos estudios de campo piloto sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas de Derecho de los consumidores y de la competencia[7]. La eficacia de los sistemas judiciales nacionales como componente estructural para el crecimiento Unas instituciones de alta calidad, con unos sistemas judiciales nacionales eficaces son determinantes para los resultados económicos. En una época de crisis de la deuda soberana, económica y financiera, desempeñan un papel clave para restablecer la confianza e impulsar la vuelta al crecimiento. En un entorno empresarial atractivo, la previsibilidad, la puntualidad y la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales son factores estructurales importantes. Contribuyen a un clima de confianza y estabilidad a lo largo de todo el ciclo económico al mantener la confianza para iniciar un negocio, ejecutar un contrato, atraer inversiones, pagar deudas privadas o proteger la propiedad y otros derechos. El impacto de los sistemas judiciales nacionales en la economía ha sido subrayado por el Fondo Monetario Internacional[8], el Banco Central Europeo[9], la OCDE[10], el Foro Económico Mundial[11] y el Banco Mundial[12]. La eficacia del sistema judicial incentiva la inversión en un país determinado[13]. Las investigaciones muestran que existe una correlación positiva entre el tamaño de la empresa y unos sistemas judiciales eficaces, y menores incentivos para invertir y emplear en presencia de deficiencias en el funcionamiento de la justicia[14]. El crecimiento en sectores más innovadores especialmente, los que a menudo se basan en los activos intangibles como los derechos de propiedad intelectual, depende de un buen funcionamiento del sistema de aplicación de la ley[15]. Unos sistemas judiciales eficaces también estimular la competencia en el mercado. Cuando los sistemas judiciales garantizan una buena ejecución de los contratos, las empresas se ven disuadidas de mantener comportamientos oportunistas en sus relaciones económicas, y se reducen los costes de transacción. Por último, la confianza en el buen funcionamiento de los sistemas facilita el espíritu empresarial. Las deficiencias en los sistemas judiciales se traducen en un aumento de los costes de los empréstitos[16]. Es más probable que los acreedores presten cuando tienen confianza en que la eficacia del sistema judicial garantizará que podrán cobrar sus préstamos. Un amplio debate sobre la eficacia de los sistemas judiciales La presentación de la primera edición del Cuadro de indicadores contribuyó a un amplio intercambio de puntos de vista sobre la eficacia de los sistemas judiciales nacionales en la UE. En su Resolución de 4 de febrero de 2014 sobre el Cuadro de indicadores de Justicia de la UE[17], el Parlamento Europeo expresó su gran interés en el Cuadro de indicadores e instó a la Comisión a seguir realizando este ejercicio en el futuro. Destacó la importancia de garantizar un sistema judicial eficaz e independiente capaz de contribuir al crecimiento económico en Europa e impulsar la competitividad, y destacó que un sistema judicial eficaz y fiable proporciona a las empresas incentivos para el desarrollo y la inversión a nivel nacional y transfronterizo. El Consejo mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre los aspectos relacionados con la justicia del Semestre Europeo de 2014, en particular el Cuadro de indicadores para 2013, en la reunión informal del Consejo de Justicia e Interior celebrada en diciembre. En la reunión del Consejo de Justicia e Interior de marzo de 2014, la Comisión presentó las principales características del próximo Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014. El Consejo y los Estados miembros adoptaron el 4 de marzo unas conclusiones sobre los sistemas judiciales civil y mercantil de los Estados miembros[18]. La eficacia de los sistemas judiciales nacionales y el Cuadro de indicadores para 2013 también se debatieron con motivo de las Assises de la Justice, una conferencia de alto nivel organizada por la Comisión Europea en Bruselas los días 21 y 22 de noviembre de 2013, relativa a la elaboración de políticas en el ámbito de la justicia en Europa para los próximos años[19]. Los representantes del poder judicial (por ejemplo, los tribunales supremos, los Consejos del poder judicial y los jueces) y de los profesionales (por ejemplo, abogados y agentes judiciales) expresaron su interés y presentaron sugerencias para su desarrollo futuro. Algunos Estados miembros contribuyeron al debate y subrayaron aspectos de la metodología que podrían mejorarse. En esta ocasión, se publicó una encuesta del Eurobarómetro[20] sobre «Justicia en la Unión Europea» que puso de relieve, en concreto, que el nivel de confianza en los sistemas judiciales nacionales varía de forma significativa entre los Estados miembros. La Comisión inició un diálogo sistemático con expertos de los Estados miembros para promover el intercambio de mejores prácticas sobre la eficacia de los sistemas judiciales y para desarrollar el Cuadro de indicadores. Se pidió a los Estados miembros que designasen dos personas de contacto, una de la judicatura y otra del Ministerio de Justicia. En las dos primeras reuniones de las personas de contacto se debatió la disponibilidad de datos sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales y las buenas prácticas relativas a la recopilación de datos. 2. Seguimiento del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2013 Los resultados del Cuadro de indicadores para 2013 han contribuido, junto con la evaluación específica de la situación en los Estados miembros, a definir las recomendaciones específicas para cada país en el ámbito de la justicia. A raíz de una propuesta de la Comisión, el Consejo dirigió recomendaciones a 10 Estados miembros para mejorar, dependiendo del país en cuestión, la independencia, la calidad o la eficacia del sistema judicial o reforzar en mayor medida el poder judicial[21]. De esos 10 Estados miembros, ya en 2012 se detectó que seis se enfrentaban a retos relacionados con el funcionamiento de su sistema judicial[22]. Estos Estados miembros están tomando medidas en relación con el funcionamiento del sistema judicial. Estas medidas van desde medidas operativas, como la modernización del proceso de gestión ante el órgano jurisdiccional, el uso de nuevas tecnologías de la información, o el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios, hasta medidas de carácter más estructural, como la reestructuración de la organización de los tribunales o la simplificación de las normas procesales civiles que pueden llevar a la disminución de la duración de los procedimientos. La intensidad y el estado de las reformas varían en función de los Estados miembros. Mientras que en algunos Estados miembros ya se han adoptado medidas y se están aplicando, en otros Estados miembros, las medidas se encuentran todavía en las fases iniciales. El Cuadro de indicadores presenta los datos de 2012 y, por tanto, todavía no puede reflejar los efectos de las reformas en curso, incluso en el caso de los Estados miembros que ya han adoptado medidas ambiciosas[23]. Los resultados del Cuadro de indicadores ayudarán a establecer prioridades para los Fondos Estructurales de la UE. Experiencias anteriores han demostrado que los fondos de la UE pueden utilizarse para mejorar la eficacia de los sistemas judiciales. Por ejemplo, Estonia ha utilizado los fondos estructurales para desarrollar herramientas de justicia en red y ahora es uno de los países más avanzados en la utilización de herramientas de TIC para la gestión de los tribunales y para la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes. La Comisión identificó la justicia como un ámbito prioritario en 12 Estados miembros para su financiación en el contexto del marco financiero plurianual 2014-2020[24]. Los Estados miembros están fijando su estrategia sobre el despliegue de los fondos de la UE para apoyar la Estrategia 2020 de la UE en los llamados «acuerdos de asociación». Estos acuerdos son una oportunidad para garantizar la adecuada asignación de fondos a fin de reflejar plenamente la importancia de hacer más eficaces los sistemas judiciales. 3. Indicadores del Cuadro de indicadores de la justicia en la ue para 2014 Eficiencia de los sistemas judiciales El Cuadro de indicadores para 2014 mantiene los mismos indicadores relativos a la eficiencia de los procesos que los utilizados en 2013: duración de los procedimientos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes. Además, el Cuadro de indicadores para 2014 presenta los resultados de dos estudios piloto[25], destinados a proporcionar datos más afinados sobre la duración de los procedimientos judiciales relativos al Derecho de competencia y el Derecho de los consumidores, expresada en número de días. La eficacia de los sistemas judiciales en estas dos áreas resulta importante para la economía. Por ejemplo, el impacto negativo en el bienestar de los consumidores de los carteles especialmente perniciosos, expresado como porcentaje del producto interior bruto de la UE, se estima entre el 0,20 % y el 0,55 % del PIB de la UE en 2011[26]. Del mismo modo, la aplicación del Derecho de los consumidores es igualmente importante para la economía, dado que el consumo final de los hogares representa el 56 % del PIB[27]. Calidad de los sistemas judiciales Por lo que se refiere a la calidad de los sistemas judiciales, el Cuadro de indicadores para 2014 utiliza los mismos indicadores que en 2013. Se centra en ciertos elementos que pueden contribuir a mejorar la calidad de la justicia como, por ejemplo, la formación, la supervisión y la evaluación de las actividades de los tribunales, el presupuesto, los recursos humanos, la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los órganos jurisdiccionales (que facilitan, en particular, la relación entre las partes y los órganos jurisdiccionales) y la disponibilidad de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que permiten a las partes encontrar otros métodos para resolver sus litigios. Además, el Cuadro de indicadores para 2014 proporciona datos más precisos sobre la formación en Derecho de la UE, la utilización de encuestas de satisfacción, el presupuesto para los tribunales y el número de jueces. Independencia del poder judicial El Cuadro de indicadores presenta datos sobre la percepción de la independencia del sistema judicial según lo previsto por el Foro Económico Mundial (FEM) en su informe anual sobre la competitividad mundial. Si bien la percepción de la independencia es importante, ya que puede influir en las decisiones de inversión, aun es más importante que la independencia judicial esté efectivamente protegida en un sistema judicial a través de garantías jurídicas. Como se anunció en el Cuadro de indicadores para 2013, la Comisión ha iniciado la cooperación sobre la independencia estructural de la judicatura con las redes judiciales europeas, en particular la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. El Cuadro de indicadores para 2014 presenta, en un anexo, una primera visión comparativa general de las garantías jurídicas para la protección de la independencia estructural del poder judicial en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. 4. Principales constataciones del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014 4.1 Eficiencia de los sistemas judiciales Según una máxima del Derecho anglosajón, «aplazar la justicia equivale a denegarla». La puntualidad de las resoluciones es esencial para las empresas y los inversores. En sus decisiones de inversión, las empresas tienen en cuenta el riesgo de verse implicadas en litigios comerciales, laborales o tributarios o en insolvencias. La eficiencia del sistema judicial de un Estado miembro a la hora de tramitar los pleitos es muy importante. Por ejemplo, la ejecución legal de un contrato de suministros o de servicios resulta más onerosa cuanto más largo sea el litigio judicial y, más allá de un determinado período de tiempo, deja, incluso, de tener sentido, al disminuir la probabilidad de recuperar el dinero de los pagos y sanciones. 4.1.1 Duración de los procedimientos La duración del procedimiento expresa el tiempo necesario (en días) para resolver un asunto ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El indicador correspondiente al plazo de tramitación representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al final de un año, multiplicado por 365 días[28]. Excepto en las figuras 4, 11 y 12, todas las cifras se refieren a procedimientos en primera instancia. Aunque los diferentes procedimientos de recurso pueden tener una gran incidencia en la duración de los procedimientos, la eficiencia de un sistema judicial ya debería reflejarse en primera instancia, dado que la primera instancia es un paso obligatorio para toda persona que acuda a los tribunales. Gráfico 1: Tiempo necesario para resolver asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros* (1ª instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ[29]) * De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, esta cifra incluye todos los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y no contenciosos, los relativos a la ejecución de actos, al registro de propiedad, asuntos de Derecho administrativo (contenciosos y no contenciosos) y otros asuntos no penales. Gráfico 2: Tiempo necesario para resolver asuntos civiles y mercantiles contenciosos* (1ª instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los asuntos contenciosos civiles (y mercantiles) se refieren a litigios entre partes, por ejemplo en relación con contratos y procedimientos de insolvencia, según la metodología de la CEPEJ. Por el contrario, los asuntos civiles (y mercantiles) no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, órdenes de pago no impugnadas. En algunos países, los asuntos mercantiles son competencia de los tribunales mercantiles especiales, en tanto que en otros los tramitan los tribunales (civiles) ordinarios. Gráfico 3: Tiempo necesario para resolver asuntos administrativos* (1ª instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los asuntos de Derecho administrativo se refieren a litigios entre los ciudadanos y las autoridades locales, regionales o nacionales, según la metodología de la CEPEJ. En algunos países, estos asuntos son competencia de los tribunales administrativos especiales, en tanto que en otros los tramitan los tribunales (civiles) ordinarios. Gráfico 4: Tiempo necesario para resolver asuntos de insolvencia* (en años) (fuente: estudio de la CEPEJ/Banco Mundial: Doing Business) * Tiempo necesario para que los acreedores recuperen sus créditos. El período de tiempo se mide desde el impago de la empresa hasta el pago de una parte o la totalidad de la deuda frente al banco. Se toman en consideración las posibles tácticas dilatorias de las partes, como la interposición de recursos dilatorios o las solicitudes de prórroga. Los datos se han recopilado a partir de las respuestas a un cuestionario presentadas por profesionales locales del ámbito concursal y se han sometido a verificación a través de un estudio de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de la información pública, sobre los sistemas concursales. 4.1.2 Tasa de resolución La tasa de resolución es la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos ingresados. Permite valorar si un órgano jurisdiccional consigue ajustarse al ritmo de la carga de trabajo entrante. La duración de los procedimientos está ligada al ritmo al que los órganos jurisdiccionales pueden resolver los asuntos, la «tasa de resolución», y al número de casos que todavía están a la espera de ser resueltos (asuntos pendientes). Cuando la tasa de resolución es prácticamente del 100 % o superior, ello significa que los sistemas judiciales pueden resolver, como mínimo, tantos asuntos como ingresan. Cuando la tasa de resolución está por debajo del 100 %, ello significa que los órganos jurisdiccionales resuelven menos casos de los que ingresan, por lo que, al final del año, se acumulan casos sin resolver, que constituyen los asuntos pendientes. Si esta situación persiste durante varios años, puede ser indicio de un problema más sistémico, ya que los atrasos se acumulan, agravando aún más la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y provocando un aumento adicional de la duración de los procedimientos. Gráfico 5: Tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros (1ª instancia/en % – los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más casos de los que ingresan, mientras que los valores inferiores al 100 % indican que se resuelven menos casos de los que ingresan) (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 6: Tasa de resolución de asuntos contenciosos civiles y mercantiles (1ª instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 7: Tasa de resolución de asuntos administrativos (1ª instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ) 4.1.3 Asuntos pendientes El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del período correspondiente. El número de asuntos pendientes influye en el plazo de tramitación. Por consiguiente, con el fin de mejorar la duración de los procedimientos, es preciso adoptar medidas para reducir el número de asuntos pendientes. Gráfico 8: Número de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros pendientes (1ª instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 9: Número de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes (1ª instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 10: Número de asuntos administrativos pendientes (1ª instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) 4.1.4. Resultados de los estudios de campo piloto Los resultados de los estudios de campo piloto relativos a la duración de los procedimientos en el ámbito del Derecho de la competencia y el Derecho de los consumidores muestran el número medio de días que se tarda en tener una decisión sobre el fondo en asuntos referentes a estos dos ámbitos específicos. La duración media en días se presenta para los asuntos en primera, segunda y tercera instancia (si procede), cuando tal información está disponible. Habida cuenta de las divergencias en la manera en que se presentan los datos para estos casos, los Estados miembros están ordenados alfabéticamente en sus lenguas originales. La duración media para resolver recursos en asuntos de competencia parece ser, en general, más alta que la duración media en asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros en el Gráfico 1. Esto podría deberse a la complejidad de este tipo de litigios especializados. El gráfico que figura a continuación muestra también que en varios Estados miembros pueden observarse diferencias significativas en cuanto a la duración entre la primera, segunda (y en su caso) tercera instancia judicial. Gráfico 11: Tiempo medio necesario para resolver recursos contra decisiones de las autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE* (en días) (fuente: estudio de campo piloto[30]) * El cálculo de la duración se ha realizado sobre la base de un estudio que pretendía identificar todos los recursos contra las decisiones de las autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto de los cuales las decisiones judiciales sobre el fondo se dictaron entre 2008 y 2013. Las cifras se facilitan para la 1ª y 2ª instancia y, en su caso, para la 3ª instancia. Gráfico 12: Tiempo medio necesario para resolver asuntos de Derecho de los consumidores* (en días) (fuente: estudio de campo piloto[31]) Si bien la duración media parece ser superior a la de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos presentada en el Gráfico 2, debe tenerse en cuenta que la duración se ha calculado sobre la base de los asuntos de litigios de consumidores publicados, que tienden a ser más complejos. El gráfico también confirma que una serie de Estados miembros presentan importantes diferencias en la duración media entre la primera, segunda y tercera instancia en los litigios de consumo. *El cálculo de la duración se ha realizado a partir de muestras de asuntos relativos a la aplicación de la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas, la Directiva de ventas a distancia, la Directiva sobre venta de bienes de consumo y garantía, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y las disposiciones nacionales de aplicación, en los que se dictaron resoluciones entre 2008 y 2013. Dado que el tamaño de la muestra varía en función de la disponibilidad de las decisiones, publicadas, las cifras facilitadas deben apreciarse con cautela[32]. Ø Conclusiones sobre la eficacia de los sistemas judiciales · El Cuadro de indicadores muestra que hay Estados miembros que siguen afrontando considerables retos en relación con la eficiencia de sus sistemas judiciales, por ejemplo, largos procedimientos en primera instancia junto con bajas tasas de resolución o un gran número de asuntos pendientes. Estos Estados miembros ya han sido identificados en el Semestre Europeo de 2013 y los programas de ajuste económico y se encuentran en vías de definir, adoptar o aplicar medidas para mejorar el funcionamiento de sus sistemas judiciales. Las cifras confirman la importancia de emprender todas las reformas necesarias y proseguir estos esfuerzos con determinación. · Para unos pocos Estados miembros, las cifras indican un aumento de la duración de los procedimientos. Las razones que explican esto pueden diferir. Por ejemplo, para los países especialmente afectados por la crisis de la deuda soberana, económica y financiera, el aumento de los asuntos ingresados ha tenido un impacto en el funcionamiento del sistema judicial[33]. · Los efectos de las ambiciosas reformas que se han adoptado recientemente en algunos Estados miembros todavía no pueden reflejarse, ya que los datos son de 2012. La aplicación y la recogida de beneficios de las reformas estructurales de la justicia, en particular en el caso de los países sujetos a programas de ajuste económico[34], lleva tiempo. Como el Cuadro de indicadores es un ejercicio periódico, el resultado de estas reformas podrían hacerse patente en los futuros Cuadros de indicadores. 4.2. Calidad de los sistemas judiciales Una justicia efectiva requiere calidad a lo largo de toda la cadena de la justicia. La insuficiente calidad de las resoluciones judiciales puede incrementar los riesgos de la actividad para las grandes empresas y las PYME y afectar a las decisiones de los consumidores. Determinados indicadores de recursos, como la formación, la supervisión y la evaluación de las actividades, la disponibilidad de sistemas de TIC y métodos alternativos de resolución de conflictos, y recursos presupuestarios y humanos, pueden contribuir a mejorar la calidad de los sistemas judiciales. 4.2.1 Seguimiento y evaluación contribuir a acortar la duración de los procedimientos La definición de unas políticas de calidad y la evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales son herramientas que permiten aumentar la calidad de la justicia, a fin de mejorar el acceso a la misma, la confianza en ella, y la previsibilidad y puntualidad de las resoluciones judiciales. Estos instrumentos pueden consistir en un seguimiento de la actividad cotidiana de los tribunales gracias a la recopilación de datos o la evaluación del rendimiento de los sistemas judiciales mediante el uso de indicadores o la introducción de sistemas de calidad en los tribunales. La ausencia de un seguimiento y una evaluación fiables puede dificultar la mejora del funcionamiento de un sistema judicial. Con vistas a una gestión temporal eficaz de los asuntos judiciales es necesario que los órganos jurisdiccionales, el poder judicial y todos los usuarios de la justicia puedan estar informados sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales mediante un sistema de seguimiento periódico. Los datos de los gráficos de barras correspondientes a factores de calidad son de 2012, y reflejan indicadores de carácter descriptivo que tienden a permanecer estables. Las divergencias frente a ejercicios anteriores para determinados Estados miembros se explican de forma individual. Los Estados miembros que figuran a la derecha de los gráficos sin valor numérico son aquellos con respecto a los cuales no se ha podido disponer de datos. Cuando los indicadores no existen o no son posibles en algunos Estados miembros, ello se ha registrado en el lado derecho de los gráficos. Gráfico 13: Existencia de un seguimiento de las actividades de los órganos jurisdiccionales en 2012* (fuente: estudio de la CEPEJ) *Se ha registrado un aumento de la disponibilidad de herramientas de seguimiento en CY, EL (informes anuales de actividad) y SI (otros elementos de seguimiento) y una disminución en SK (ausencia de informe anual de actividad, ya que los distintos tribunales están obligados a enviar datos estadísticos al Ministerio de Justicia que publica los datos de todo el sistema judicial). Gráfico 14: Existencia de una evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales* (fuente: estudio de la CEPEJ) *La disponibilidad de estos instrumentos ha aumentado en EE, HU y SI y ha disminuido en LV. Gráfico 15: Encuestas realizadas a usuarios de los juzgados y tribunales o profesionales del Derecho en 2012* (fuente: estudio de la CEPEJ) Las encuestas realizadas entre los profesionales que trabajan en los tribunales o los usuarios de los juzgados y tribunales pueden proporcionar información pertinente sobre la calidad del sistema judicial. Se ha introducido un indicador suplementario para reflejar los grupos destinatarios y en qué medida estas encuestas se utilizan en los Estados miembros. *Encuestas dirigidas a personas que estuvieron en contacto directo con un juzgado o tribunal (profesionales, litigantes y otros usuarios, por ejemplo testigos, peritos, intérpretes, etc.) siguiendo la metodología de la CEPEJ. 4.2.2 Los sistemas tecnológicos de información y comunicación ayudan a reducir la duración de los procedimientos y a facilitar el acceso a la justicia Los sistemas TIC para el registro y la gestión de los asuntos son instrumentos imprescindibles a disposición de los órganos jurisdiccionales para una gestión temporal eficaz de los asuntos, ya que ayudan a mejorar la rapidez con que dichos órganos los tramitan y, por tanto, a reducir la duración total de los procedimientos[35]. Gráfico 16: Sistemas TIC para el registro y la gestión de asuntos (indicador ponderado-mín=0, máx=4) [36] (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 17: Comunicación electrónica entre órganos jurisdiccionales y partes (indicador ponderado–mín= 0, máx=4) (fuente: estudio de la CEPEJ) Los sistemas TIC para la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes (por ejemplo, presentación de demandas por vía electrónica) pueden contribuir a reducir los retrasos y los costes para los ciudadanos y las empresas, al facilitar el acceso a la justicia. Los sistemas TIC también desempeñan un papel cada vez más importante en la cooperación transfronteriza entre autoridades judiciales, facilitando de este modo la aplicación de la legislación de la UE. Gráfico 18: Tramitación electrónica de las demandas de escasa cuantía* (0 = disponible en el 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ) *El concepto de «demanda de escasa cuantía» hace referencia a los asuntos civiles en los que el valor monetario de la demanda es relativamente bajo. Este concepto varía en función de los Estados miembros, y el estudio de la CEPEJ utiliza la definición nacional en cada Estado miembro. Gráfico 19: Tramitación electrónica del cobro de deudas no impugnadas (0 = disponible en el 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ) Gráfico 20: Presentación de demandas por vía electrónica (0 = disponible en el 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ) 4.2.3 Los métodos de resolución alternativa de litigios ayudan a reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales Una mediación eficaz y otros métodos de resolución alternativa de litigios aumentan las posibilidades de que los ciudadanos y las empresas resuelvan litigios, y contribuyen a una cultura de resolución pacífica de conflictos. El interés por estos métodos se ve confirmado por una encuesta de Eurobarómetro, que muestra que el 89 % de los encuestados buscaría un acuerdo extrajudicial, mientras que el 8 % afirma que acudiría a los tribunales en cualquier caso[37]. Los métodos de resolución alternativa de litigios también contribuyen a mejorar el funcionamiento de los tribunales. Hacen posible un rápido arreglo entre las partes sobre una base voluntaria, reducen el número de asuntos pendientes y pueden tener una importante incidencia positiva en la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, lo que, a su vez, permite a estos atenerse más a plazos razonables. Gráfico 21: Disponibilidad de métodos de resolución alternativa de litigios en 2012* (fuente: estudio de la CEPEJ) *Apenas se han notificado cambios en la disponibilidad de métodos de resolución alternativa de litigios que parecían aumentar en CY y disminuir en LV, esto es, en las primeras fases del establecimiento de una nueva base jurídica para la mediación y un instituto de mediación. 4.2.4 Promover la formación de los jueces puede contribuir a mejorar la efectividad de la justicia La formación de los jueces es un elemento importante para la calidad de las decisiones judiciales. Se ha introducido un indicador suplementario para suministrar información sobre el porcentaje real de jueces que participan en la formación continua sobre el Derecho de la UE o el Derecho de otro Estado miembro. Gráfico 22: Formación obligatoria de los jueces en 2012* (fuente: estudio de la CEPEJ) *EL, HU y LT han aumentado el número de categorías de formación obligatoria en comparación con 2010, mientras que en LU, SE y RO algunas categorías que eran obligatorias han pasado a ser optativas. Gráfico 23: Jueces que participan en actividades de formación continua sobre Derecho de la UE o Derecho de otro Estado miembro (% del número total de jueces)* (fuente: Comisión Europea, Red Europea de Formación Judicial, 2012[38]) *En un reducido número de casos comunicados por los Estados miembros, la proporción de participantes en relación a los miembros de una profesión jurídica es superior al 100 %, lo que significa que los participantes realizaron más de una actividad de formación sobre el Derecho de la UE. Algunas de las cifras excepcionalmente elevadas pueden indicar que los datos presentados se refieren a la formación en todas las materias y no solo en el Derecho de la UE. 4.2.5 Recursos Gráfico 24: Presupuesto de los órganos jurisdiccionales* (en EUR por habitante) (fuente: estudio de la CEPEJ) *El Gráfico 24 indica el presupuesto anual aprobado asignado al funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales, cualquiera que sea la fuente y el nivel de este presupuesto (nacional o regional). No tiene en cuenta el Ministerio Fiscal [excepto en BE, DE, EL, ES (para 2010), FR, LU y AT] ni la asistencia jurídica gratuita [excepto en BE, ES (para 2010) y AT].[39] Gráfico 25: Gasto total de las administraciones públicas en «tribunales de justicia»* (en EUR por habitante) (fuente: Eurostat) Este indicador adicional sobre los recursos se basa en los datos de Eurostat sobre el gasto de las administraciones públicas. Presenta el presupuesto realmente gastado, que complementa el indicador sobre el presupuesto asignado a los tribunales. La comparación se hace entre 2010, 2011 y 2012. *Mientras que el Gráfico 24 indica el presupuesto anual aprobado asignado al funcionamiento de todos los tribunales, cualquiera que sea la fuente y el nivel de este presupuesto (nacional o regional), el Gráfico 25 presenta el gasto total (real) de las administraciones públicas en los tribunales (datos de las cuentas nacionales, clasificación de las funciones de las administraciones públicas, grupo 03.3). El Gráfico 25 también incluye los sistemas de libertad condicional y la asistencia jurídica gratuita[40]. Gráfico 26: Gasto de las administraciones públicas en «tribunales de justicia» en porcentaje del PIB (fuente: Eurostat)[41] Gráfico 27: Número de jueces* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) Con el fin de mejorar la comparabilidad y facilitar una visión más específica, el indicador se ha revisado en comparación con el Cuadro de indicadores para 2013. Ya no incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que solo existen en algunos Estados miembros. Solo se tienen en cuenta los jueces que trabajan a tiempo completo. *La categoría está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, siguiendo la metodología de la CEPEJ. No incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que existen en algunos Estados miembros. Gráfico 28: Número de abogados* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) *El abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para defender a sus clientes y actuar en su nombre, ejercer la profesión jurídica, intervenir ante los órganos jurisdiccionales, y aconsejar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos (Recomendación Rec. (2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado). Ø Conclusiones sobre la calidad de los sistemas judiciales · El seguimiento y la evaluación de las actividades judiciales ya existen en la mayoría de los Estados miembros. Solo unos pocos países no disponen de sistemas de evaluación. Las encuestas a los usuarios se realizan entre los usuarios de los tribunales o los profesionales del Derecho en más de la mitad de los Estados miembros. · Los métodos alternativos de resolución de litigios están disponibles en casi todos los Estados miembros. No se dispone de datos actualizados sobre el uso de dichos métodos. · La disponibilidad de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los tribunales ha aumentado. Están en gran medida disponibles para la administración y gestión de los tribunales y, en menor medida, para las comunicaciones electrónicas entre los tribunales y las partes. La tramitación electrónica de las demandas de escasa cuantía, la tramitación electrónica del cobro de deudas no impugnadas y la presentación de demandas por vía electrónica no es posible en un número significativo de Estados miembros. · En casi un tercio de los Estados miembros, la tasa de participación de los jueces en actividades de formación continua sobre el Derecho de la UE se sitúa por encima del 50 %. En la mitad de los Estados miembros, la participación de los jueces en la formación sobre el Derecho de la UE representa menos del 20 %. · La formación de jueces y otros profesionales de la justicia y las herramientas de las TIC son cruciales para el buen funcionamiento de un espacio europeo de justicia basado en la confianza mutua. Los resultados del Cuadro de indicadores confirman que la formación y las TIC deberían ser componentes clave de la futura política de la UE en materia de justicia y ayudarán a consolidar los logros alcanzados durante los últimos 15 años en este ámbito. 4.3 Independencia La independencia judicial es importante para un marco empresarial atractivo. Garantiza la previsibilidad, seguridad, equidad y estabilidad del sistema jurídico en el que operan las empresas. Por esta razón, la mejora de la independencia de los sistemas judiciales nacionales, junto con su calidad y eficiencia, es un elemento importante en el Semestre Europeo. La independencia del poder judicial es también un requisito que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La independencia judicial es también importante para una lucha efectiva contra la corrupción, como se puso de relieve en el Informe anticorrupción de la UE[42]. Con el fin de facilitar información sobre la independencia del poder judicial en los Estados miembros, el Cuadro de indicadores para 2013 utilizó el indicador de la percepción de la independencia del sistema judicial. La percepción de la independencia del sistema judicial es un factor que potencia el crecimiento, al igual que la percepción de falta de independencia puede disuadir las inversiones. Por regla general, no solo debe hacerse justicia, también ha de verse que se hace justicia. Mientras que la percepción de la independencia es un indicador pertinente, la información sobre cómo la independencia judicial se garantiza jurídicamente y se defiende es necesaria. Por esta razón, el Cuadro de indicadores para 2013 anunció que la Comisión, con las redes de jueces y autoridades judiciales, estudiará cómo pueden mejorarse la calidad y disponibilidad de datos comparables sobre independencia estructural. En cooperación con la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ), la Comisión ha empezado a recoger información sobre la protección jurídica de la independencia judicial en los Estados miembros. Las cifras que figuran en el anexo presentan un primer panorama comparativo sobre la forma en que están organizados los sistemas judiciales para proteger la independencia judicial en determinados tipos de situaciones en las que puede estar en peligro su independencia. Se utilizan cinco indicadores para cubrir las situaciones siguientes: i) salvaguardias relativas a la transferencia de jueces sin su consentimiento, ii) destitución de jueces, iii) asignación de los asuntos ingresados en un tribunal, iv) retirada y recusación de jueces, y v) amenaza contra la independencia de un juez. Para tales situaciones, la Recomendación del Consejo de Europa de 2010 sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad («la Recomendación») presenta una serie de normas que garantizan el respeto de la independencia de la judicatura[43]. Gráfico 29: Percepción de la independencia judicial (percepción – cuanto más elevado es el valor, más fuerte es la percepción) (fuente: Foro Económico Mundial[44]) Ø Conclusiones sobre la independencia judicial · En varios Estados miembros, la percepción de independencia ha mejorado, mientras que en algunos Estados miembros se ha deteriorado. · El Cuadro de indicadores para 2014 también presenta en el anexo un primer panorama comparativo de las garantías jurídicas destinadas a proteger la independencia judicial en determinadas situaciones en las que podría correr peligro. La Comisión examinará más detenidamente con las redes de autoridades judiciales y jueces, así como con los Estados miembros, de que manera podría el Cuadro de indicadores desarrollar más datos comparativos sobre la eficacia de estas garantías jurídicas y sobre otras salvaguardias relativas a la independencia estructural. 5. Otras medidas Las conclusiones del Cuadro de indicadores se tendrán en cuenta al preparar el próximo análisis específico por país en el marco del Semestre Europeo de 2014. También se tomarán en consideración en el contexto de los programas de ajuste económico. El Cuadro de indicadores para 2014 confirma que la recopilación de datos objetivos, comparables y fiables sobre la eficacia de los sistemas judiciales que abarque a todos los Estados miembros sigue siendo un reto. Esto puede deberse a diversas razones: falta de disponibilidad de datos debido a la insuficiencia de la capacidad estadística, falta de comparabilidad debido a procedimientos o definiciones que puede variar considerablemente, o falta de voluntad de cooperar plenamente con la CEPEJ. La Comisión considera que es importante progresar realmente en la capacidad de recoger y proporcionar datos pertinentes sobre la calidad, eficiencia e independencia de los sistemas judiciales. En vista de la importancia del correcto funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la consecución de los objetivos de la Unión, todos los Estados miembros deben, con carácter prioritario, tomar medidas de cara a la recopilación de datos imparciales, fiables, objetivos y comparables y a su puesta a disposición en apoyo de este ejercicio. Desarrollar la recogida de tales datos beneficiará mutuamente a los Estados miembros y a las autoridades judiciales nacionales con vistas a definir mejor las políticas de justicia. La Comisión tiene la intención de profundizar en los trabajos del grupo de expertos sobre los sistemas judiciales nacionales para mejorar la disponibilidad, calidad y comparabilidad de datos pertinentes para la UE. Además de cooperar con la CEPEJ, la Comisión está reforzando su cooperación con las redes europeas en el ámbito de la justicia, en particular, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea, y con las asociaciones de profesionales de la justicia, en particular los abogados. Se explorará la posibilidad de recoger datos sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en otras áreas concretas pertinentes para el crecimiento, como los delitos financieros y económicos. 6. Conclusiones El Cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye a identificar, en un diálogo abierto con los Estados miembros, los buenos ejemplos y las posibles deficiencias de los sistemas judiciales nacionales. De acuerdo con el principio de igualdad de trato, es importante que todos los Estados miembros estén cubiertos por el Cuadro y faciliten los datos necesarios. Se trata de una cuestión de interés común para el buen funcionamiento de un espacio europeo común de justicia basado en la confianza mutua y, de manera más general, de la Unión. El Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014 muestra la importancia de proseguir con determinación los esfuerzos realizados para mejorar la eficacia de los sistemas judiciales a fin de aprovechar plenamente los beneficios de estas reformas. Sobre la base de este Cuadro de indicadores, la Comisión invita a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a todas las partes interesadas a mantener un diálogo abierto y una colaboración constructiva hacia la consecución de este objetivo. ANEXO: INDEPENDENCIA JUDICIAL ESTRUCTURAL Las cifras que figuran a continuación reflejan un primer panorama de las salvaguardias legales en determinados tipos de situaciones sin hacer una evaluación de su eficacia[45]. Las cifras se basan en las respuestas a un cuestionario elaborado por la Comisión en estrecha asociación con la ENCJ[46]. Gráfico I: Salvaguardias relativas a la transferencia de jueces sin su consentimiento (inamovilidad de los jueces) El gráfico examina la situación de las transferencias de jueces sin su consentimiento y muestra si tal transferencia está permitida y cuando lo está: i) las autoridades que deciden sobre las transferencias, ii) las razones (por ejemplo, organizativa, disciplinaria) por las que se permite una transferencia, y iii) si es posible recurrir la decisión[47]. Gráfico II: Destitución de jueces de 1ª y 2ª instancia Este gráfico presenta las autoridades que tienen la facultad de proponer y decidir la destitución de los jueces de primera y de segunda instancia en los distintos Estados miembros[48]. La parte superior de la columna indica quién toma la decisión final[49] y la parte inferior muestra -si procede- quien propone la destitución o quién debe ser consultado antes de tomar una decisión. Gráfico III: Asignación de asuntos en un órgano jurisdiccional El gráfico presenta en qué nivel se definen los criterios de distribución de asuntos en un tribunal (por ejemplo, legislación, prácticas consolidadas), cómo se asignan los asuntos (por ejemplo, por el presidente del tribunal, por el personal del tribunal, atribución aleatoria, orden predefinido) y qué autoridad se encarga de supervisar la asignación[50]. Gráfico IV: Retirada y recusación de un juez El gráfico presenta si los jueces pueden ser objeto de sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de retirarse de la asignación de un asunto en el que su imparcialidad quede en entredicho o se vea comprometida o cuando exista una percepción razonable de parcialidad. El gráfico también presenta la autoridad[51] que decide sobre una solicitud de recusación de una partes para impugnar a un juez[52]. Gráfico V: Procedimientos en caso de amenaza contra la independencia de un juez El gráfico presenta qué autoridades pueden actuar en procedimientos específicos para proteger la independencia judicial cuando los jueces consideran que su independencia está amenazada[53]. Asimismo, presenta las medidas que pueden adoptar estas autoridades (por ejemplo, emisión de una declaración formal, presentación de denuncias o sanciones contra las personas que pretendan influir en los jueces indebidamente). Las medidas adoptadas para la protección de la independencia judicial proceden del Ministerio Fiscal o de un tribunal en caso de sanciones, o del Consejo del Poder Judicial en caso de otras medidas. [1] En 2014, los programas de ajuste económico de Grecia, Portugal y Chipre incluyen condiciones sobre reformas judiciales. [2] Comunicación de la Comisión, Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2013, COM(2012) 750 final. [3] Comunicación de la Comisión, Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, COM(2013) 800 final. [4] Las razones de las recomendaciones específicas por país se presentan en un documento de trabajo de la Comisión, que puede consultarse en: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm. [5] Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm. [6] No todos los Estados miembros han facilitado datos a la CEPEJ. [7] Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la competencia, realizado por ICF GHK, 2014; Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de los consumidores, realizado por el Centre for Strategy and Evaluation Services LPP, 2014. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm [8] FMI, «Fostering Growth in Europe Now», 18 de junio de 2012. [9] Disponible en: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130516.en.html. [10] Véase, por ejemplo, «What makes civil justice effective?», Economics Department Policy Notes, OCDE, nº 18 de junio de 2013 y «The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics», OCDE, Economics Department Working Paper, nº 1060. [11] Foro Económico Mundial, «Informe de competitividad mundial; 2013-2014», disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf. [12] Disponible en: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Enforcing-contracts.pdf [13] Véase el informe por país del FMI nº 13/299. [14] Véase el documento de trabajo nº 1303 del Banco de España, el documento de trabajo nº 898 del Banco de Italia, el informe por país del FMI nº 13/299 mencionado anteriormente. [15] Departamento de Economía de la OCDE mencionado anteriormente. [16] Véase el informe por país del FMI nº 13/299. [17] Resolución «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE - derecho civil y administrativo en los Estados miembros». [18] Por lo que se refiere al Comité de las Regiones, el Presidente de la Comisión encargada de la Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) transmitió una serie de observaciones destacando la importancia de una justicia efectiva y el crecimiento a escala local y regional. [19] La información sobre la conferencia, discursos y contribuciones escritas puede consultarse en: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm. [20] Encuesta «Flash» de Eurobarómetro nº 385 sobre la justicia en la UE, disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#385 [21] Recomendación del Consejo (2013/C 217/03), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Bulgaria para 2012-2016 (véase el párrafo 5); Recomendación del Consejo (2013/C 217/20), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016 (véase el párrafo 9); Recomendación del Consejo (2013/C 217/10), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría para 2012-2016 (véase el párrafo 5); Recomendación del Consejo (2013/C 217/11), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017 (véase el párrafo 2); Recomendación del Consejo (2013/C 217/12), de 9 de julio de 2013 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Letonia para 2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/15), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Malta para 2012-2016 (véase el párrafo 5); Recomendación del Consejo (2013/C 217/16), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Polonia para 2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/17), de 9 de julio de 2013 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía para 2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/19), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovenia para 2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/18), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia para 2012-2016 (véase el párrafo 6). Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:217:SOM:EN:HTML. [22] BG, IT, LV, PL, SI, SK. [23] Por ejemplo, a raíz de la firma del programa de ajuste económico en 2011, PT ha tomado medidas para mejorar la aplicación efectiva y oportuna de los contratos, reestructurar el sistema de juzgados y tribunales y suprimir la acumulación de asuntos judiciales. Los datos preliminares correspondientes a 2013 muestran una evolución positiva, por ejemplo, por lo que se refiere a la tasa de resolución de los asuntos de ejecución. [24] BG, CZ, EL, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SI y SK. Las posiciones de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de asociación y los programas de estos países están disponibles en: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/program/index_en.cfm. [25] Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la competencia, realizado por ICF GHK, 2014; Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de los consumidores, realizado por el Centre for Strategy and Evaluation Services LPP, 2014. [26] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Informe de evaluación de impacto, Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, que acompaña a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 11 de junio de 2013, documento de trabajo de los servicios de la Comisión, 2013 (203) (apartado 65). [27] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Capacitación de los Consumidores en la Unión Europea, 7 de abril de 2011, SEC(2011) 469, (apartado 2). [28] La duración del procedimiento, la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes son indicadores estándar definidos por la CEPEJ. Su definición e interrelación puede encontrarse en http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp. [29] Informe sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE, realizado por la Secretaría de la CEPEJ para la Comisión. Todos los gráficos comparan, cuando están disponibles, los datos de 2010 con los de 2012. Los datos de 2010 incluyen actualizaciones efectuadas por la CEPEJ después de la publicación de su estudio de 2013 transmitido a la Comisión. [30] Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la competencia, realizado por ICF GHK, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm. [31] Estudio sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas de Derecho de los consumidores, realizado por el Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm. [32] Para algunos Estados miembros (*) solo se indica la duración en última instancia, puesto que no se disponía de datos suficientes para otras instancias. En el caso de ES (**), la duración media del procedimiento en 3ª instancia difiere considerablemente entre 2008 y 2012: en 2008 fue de más de 2 600 días y se ha reducido a aproximadamente 1 000 días en 2012. En UK (***), los datos se refieren a Inglaterra y Gales, y representan la duración media de los procedimientos en los tribunales locales en 1ª instancia. [33] Por ejemplo, en EL, el número de asuntos ingresados civiles y mercantiles contenciosos aumentó un 42 % entre 2010 y 2012. [34] Véase la nota 23. [35] CY, IE y SI indicaron a la CEPEJ que han interpretado algunas preguntas sobre las TIC de manera diferente a como lo hicieron en 2010. Esto explica por qué los valores de algunos indicadores de las TIC son más bajos en 2012 que en 2010. [36] Los gráficos 16 y 17 muestran indicadores compuestos elaborados a partir de varios indicadores de las TIC, cada uno de los cuales mide la disponibilidad de tales sistemas en una escala entre 0 y 4 (0 = disponible en 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales). [37] Encuesta «Flash» de Eurobarómetro nº 385, noviembre de 2013, disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_385_en.pdf [38] Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/european_judicial_training_annual_report_2012.pdf. [39] En el Gráfico 24, la disminución significativa en el caso de ES refleja el hecho de que los datos de las Comunidades Autónomas y del Consejo del Poder Judicial no se han incluido en los datos de 2012. [40] Los siguientes valores son provisionales: BG, EL y HU para todos los años, SE para 2012. [41] Los siguientes valores son provisionales: BG, EL y HU para todos los años; para SE, los valores correspondientes a 2012 son provisionales. [42] COM (2014)38 final de 4.2.2014, disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf and http://ec.europa.eu/anti-corruption-report/. [43] Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad. [44] El indicador del FEM se basa en las respuestas a la siguiente pregunta: «¿En qué medida está el sistema judicial en su país libre de cualquier influencia de los miembros del gobierno, los ciudadanos o las empresas?» A la encuesta respondió una muestra representativa de empresas de todos los países y de los principales sectores de la economía (agricultura, industria manufacturera, industria no manufacturera y servicios). La encuesta se realizó por diferentes medios, incluidas entrevistas personales con directivos de empresas, entrevistas telefónicas y correo, ofreciéndose asimismo la opción de responder en línea. Disponible en: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014. [45] Este panorama solo contiene información básica sobre el modo en que están organizados los sistemas judiciales y no pretende reflejar la complejidad y los detalles de estos sistemas. El objetivo de esta sección es ofrecer un primer inventario de las salvaguardias de la independencia judicial y, por tanto, los gráficos presentan los Estados miembros por orden alfabético de sus nombres geográficos en la lengua original. [46] Para aquellos Estados miembros en los que no existen Consejos del Poder Judicial, las respuestas al cuestionario se han obtenido en cooperación con la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea. [47] El apartado 52 de la Recomendación contiene garantías sobre la inamovilidad de los jueces, en particular, que un juez no debe ser trasladado a otra función jurisdiccional sin su consentimiento, salvo en casos de sanciones disciplinarias o reforma de la organización del sistema judicial. [48] Los apartados 46 y 47 de la Recomendación exigen que los sistemas nacionales establezcan salvaguardias relativas a la destitución de los jueces. [49] Puede tratarse de uno o dos organismos diferentes en función del motivo de la destitución o del tipo de juez (por ejemplo, presidente, etc.). [50] El apartado 24 de la Recomendación exige que los sistemas de distribución de casos en un tribunal sigan criterios objetivos preestablecidos para salvaguardar el derecho a un juez independiente e imparcial. [51] En ocasiones, más de una autoridad puede adoptar esta decisión, dependiendo del nivel del órgano jurisdiccional al que pertenezca el juez recusado. [52] Los apartados 59, 60 y 61 de la Recomendación establecen que los jueces deben actuar con independencia e imparcialidad en todos los casos y deben retirarse de un asunto o renunciar a actuar cuando existan razones válidas definidas por ley, y no en otro caso. [53] Los apartados 8, 13 y 14 de la Recomendación establecen que, cuando los jueces consideren que su independencia se ve amenazada, deben poder contar con medios eficaces de recurso.