Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales"

(2000/C 75/10)

El 5 de octubre de 1999, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 2000 (ponente: Sr. Pelletier).

En su 369o Pleno de los días 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y Social ha aprobado por 81 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. En su dictamen de 19 de septiembre de 1990 sobre la primera Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero a efectos de blanqueo de capitales(1), el Comité Económico y Social manifestó su total acuerdo con el endurecimiento de la represión de las actividades delictivas graves condenadas por la comunidad internacional, y más concretamente las vinculadas al tráfico de drogas.

1.2. Varias de las observaciones formuladas en dicho dictamen fueron finalmente tomadas en consideración.

1.3. El Comité aprobó también la creación de mecanismos basados en la utilización de la información resultante del paso obligado por los circuitos bancarios y, en general, las instituciones financieras.

1.4. Desde la aplicación de la primera Directiva, en 1991, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo prácticamente no han cesado de pedir el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y el establecimiento, a tal efecto, de un programa de acción global dotado de recomendaciones concretas (véase, en particular, las Resoluciones del Consejo de Dublín, de diciembre de 1996, y el Programa de acción del Consejo de Amsterdam, de junio de 1997).

1.5. Recientemente, el Consejo de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999, ha dedicado una parte significativa de sus recomendaciones a la lucha contra la delincuencia a escala de la Unión Europea.

1.6. Además de estas recomendaciones destinadas a reforzar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, el Consejo consagró un capítulo a la acción específica de lucha contra el blanqueo de dinero, recomendando que se adopte cuanto antes el proyecto de modificación de la Directiva objeto del presente Dictamen.

1.7. La Comisión ha publicado recientemente una Comunicación de gran importancia relativa al plan de acción en materia de lucha contra la droga (2000-2004)(2), que será objeto de un dictamen del Comité.

2. Observaciones generales

2.1. Por su amplitud, el blanqueo de capitales perturba el funcionamiento del sistema financiero mundial.

2.2. El origen de los fondos de que se nutre ese tráfico es extremadamente diverso. Evidente en algunos casos, como el del desvío de la ayuda internacional del FMI a países como Rusia, el origen de los fondos es difícil de detectar cuando éstos provienen de operaciones financieras complejas realizadas por despachos de abogados especializados, en estrecha relación con los paraísos fiscales, y que operan al margen de la disciplina y los controles que la Unión Europea y una parte del mundo occidental se esfuerzan por aplicar desde hace diez años.

2.3. La potenciación de los medios de lucha contra el blanqueo de dinero aplicados desde la Directiva de 1991 es indiscutiblemente espectacular.

2.4. Sigue siendo sin embargo necesario contrastar la acción concreta y las intenciones expresas de la Unión Europea en este ámbito con los resultados alcanzados en relación con el volumen del tráfico y la estimación de las sumas de dinero que genera.

2.5. Las informaciones disponibles calculaban, en el dictamen del Comité de 1990, entre 300 y 500 millardos de dólares el valor del tráfico de drogas. Lejos de disminuir, este tráfico podría actualmente alcanzar un 8 % del comercio mundial, según las estadísticas de la ONU y las informaciones proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se calcula que el blanqueo de dinero, por su parte, representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial anual, es decir, una suma superior a un billón de dólares.

2.6. Al centrarse en el blanqueo de dinero vinculado al tráfico de drogas, la acción comunitaria y la de los Estados miembros llegan a perder de vista la absoluta necesidad de combatir en su origen -es decir, in situ- la venta de droga, mientras que todo lo relacionado con las operaciones de blanqueo se basa en la venta al por menor de droga a los infelices drogadictos.

2.7. La lucha contra el blanqueo de dinero es inseparable de la lucha contra los agentes que captan los fondos, tanto en el marco de la delincuencia organizada, dotada de estructuras complejas, como en el más sencillo y difuso de los dealers que recogen multitud de pequeñas sumas correspondientes al precio de las dosis que venden a los infelices drogadictos y cuya acumulación está en el origen del proceso de blanqueo(3).

2.8. A la vez que reconoce que la represión policial y judicial del tráfico es ante todo competencia de los Estados y no se enmarca en la Directiva objeto de examen, el Comité lamenta que la Directiva no subraye la evidente conexión entre la represión policial y jurídica del tráfico y la del blanqueo de los beneficios del mismo. Se trata de algo indispensable. Los intermediarios financieros, por grandes que sean sus esfuerzos, no pueden remplazar el dispositivo policial y judicial en su conjunto; no es su misión.

2.9. El Consejo Europeo de Tampere, de octubre de 1999, pareció orientarse en esta dirección, al preconizar "que se establezca una Unidad operativa europea de jefes de policía con objeto de intercambiar, en cooperación con Europol, experiencia, mejores prácticas e información sobre las actuales tendencias de la delincuencia transfronteriza, así como de contribuir a la planificación de acciones cooperativas."(4)

2.10. El dictamen del Comité de 1990 destacaba ya que una armonización de la prevención del consumo de estupefacientes es el complemento indispensable del proyecto de Directiva(5).

2.11. El Comité comparte plenamente el empeño de la Comisión por ampliar al mayor número posible de países la acción del gafi, a fin de crear una red global de lucha contra el blanqueo.

2.12. A este respecto, la acción del GAFI destinada a establecer criterios que permitan identificar los países y territorios que puedan considerarse "no cooperadores" en la lucha contra el blanqueo de capitales aparece como un dato fundamental del Plan de acción. El GAFI está elaborando una lista de estos países, con el fin de publicarla a mediados del 2000.

2.13. El Consejo Europeo de Tampere destacó la necesidad de celebrar acuerdos con centros extraterritoriales (off-shore) de terceros países, con el fin de garantizar una cooperación eficaz y transparente, con arreglo a las recomendaciones del GAFI.

2.14. Convencido de que la lucha contra el blanqueo debe entenderse en su dimensión mundial, el Comité lamenta que el Consejo y la Comisión no presten una mayor atención a las acciones concertadas con las Naciones Unidas (NU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

2.15. En su última reunión anual, de septiembre de 1999, el FMI reiteró su voluntad de luchar contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. El Comité considera que se impone establecer una mayor concertación entre la Unión Europea y el FMI, toda vez este organismo es el único que puede extender a escala internacional medidas de lucha comparables a las de la Unión Europea.

2.16. El Comité aprueba el proyecto de imponer a la Unión Europea un estándar de restricciones muy riguroso que sobrepase las actuales 40 recomendaciones del GAFI y que implique más activamente a determinadas profesiones en la lucha contra el blanqueo de capitales. Cabe destacar que los sectores financieros objeto de la Directiva de 1991 se han visto obligados a elaborar, para su personal, códigos de buena conducta o manuales detallados para el uso de dicha Directiva. No cabe duda de que las nuevas profesiones concernidas tendrán la misma necesidad de aclaraciones.

2.17. El Comité considera que debe imponerse imperativamente a los países candidatos a la adhesión la inclusión en el acervo comunitario de las normas que regulan la lucha contra el blanqueo. Una transcripción puramente formal de la Directiva en las legislaciones de los países candidatos, a título del acervo comunitario, sería insuficiente, a falta de medidas concretas que aseguren su aplicación (refuerzo de los medios policiales y judiciales, participación en la acción del GAFI, Interpol, Tracfin ("Traitement des renseignements et action contre les circuits financiers clandestins" (N. del T.)), etc.)

2.18. La potenciación de la asistencia técnica de la Comisión a los países candidatos a la adhesión en este ámbito debería constituir parte esencial de los acuerdos de cooperación.

2.19. El Comité señala en particular a la Comisión que el delicado periodo de transición al euro puede ser propicio al cambio de dinero procedente del blanqueo. Aunque se fije un límite de 15000 euros para los montantes sujetos a declaración, será muy fácil evitar esta norma sin más que presentar varias solicitudes de conversión inferiores a ese límite en distintas entidades. Probablemente resultará complicado distinguir los billetes atesorados del dinero blanqueado.

2.20. Una información adecuada a los bancos por parte de las autoridades investigadoras debería aumentar la motivación del personal y la calidad de los informes. Asimismo, debería permitir a los bancos analizar si su formación es adecuada. Por último, debería impedir que los propios bancos lleven a cabo operaciones de blanqueo de forma inadvertida. En conjunto, un sistema de información eficaz debería mejorar los resultados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

2.21. Evidentemente, las autoridades nacionales no pueden romper el secreto de la instrucción. Un correcto intercambio de información debería incluir, como mínimo, información de carácter general, corroborada por datos estadísticos. Lo ideal sería que incluyera también información específica proporcionada de forma confidencial a la entidad notificadora: por ejemplo, un acuse de recibo del descubrimiento de la transacción sospechosa, información sobre la decisión adoptada por las autoridades competentes respetando del secreto de instrucción y una copia de cualquier sentencia relativa a un caso concreto.

3. Aplicación de la Directiva de 1991

3.1. El Comité toma nota de que la Comisión, en sus dos informes al Consejo y al Parlamento Europeo(6), estima que los Estados miembros aplicaron correctamente la Directiva de 1991, y que el sector bancario, y los bancos en particular, han hecho un esfuerzo real para impedir la entrada de dinero negro en el sistema financiero.

3.2. Las informaciones recogidas de los representantes del GAFI y el informe del FMI confirman la observación de la Comisión.

3.3. El hecho de que, ante el endurecimiento de los controles del sector bancario, los blanqueadores hayan buscado otros medios para disfrazar el origen ilícito de sus fondos, representa un reto de gran envergadura para el conjunto de la comunidad internacional, no solo para la Unión Europea.

4. Programa de acción relativo a la delincuencia organizada

4.1. La exposición de motivos del proyecto de Directiva muestra que el Consejo apoya con firmeza el Plan de acción de la Comisión.

4.2. Hay que tener en cuenta que la prohibición del blanqueo de capitales ha ido acompañada también de un progreso considerable a raíz de la introducción en el Derecho Penal en todos los Estados miembros de la ilegalización del blanqueo.

5. Prohibición del blanqueo de capitales

5.1. El Consejo de 3 de diciembre de 1998, siguiendo la recomendación del GAFI de 1996, acordó la aplicación del artículo 6 del Convenio de Estrasburgo, que trata de las infracciones vinculadas al blanqueo de capitales y que prevé la persecución de los productos de todas las infracciones graves que correspondan a las castigadas con una pena máxima superior a un año o una pena mínima superior a seis meses. Se trata de una ampliación considerable de la represión, que en un principio se refería a la delincuencia vinculada al tráfico de drogas.

6. Cobertura de las actividades del sector financiero

6.1. Con arreglo a las recomendaciones del Parlamento Europeo, el proyecto de Directiva precisa la definición de las instituciones financieras en cuestión, incluyendo las agencias de cambio y los transportistas de fondos así como a las empresas de inversión tal como se definen en la Directiva sobre los servicios de inversión (DSI).

7. Cobertura de las actividades que no dependen del sector financiero

7.1. Basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Dublín, de diciembre de 1996, y en los informes anuales del GAFI que observan que las técnicas de blanqueo recurren cada vez más a instituciones financieras no bancarias y a empresas no financieras, debido al cumplimiento más riguroso por los bancos de las medidas contra el blanqueo, la Comisión propone, de acuerdo con el Parlamento Europeo, ampliar la aplicación de la Directiva a las profesiones y categorías de empresas que permitan suponer que se hallan implicadas en las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

7.2. En su Resolución de marzo de 1999, el Parlamento Europeo propuso una notable ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, que incluía las agencias inmobiliarias, los comerciantes de obras de arte, los tasadores de subastas, los casinos, las agencias de cambio, los transportistas de fondos, los notarios, los contables, los abogados, los consejeros fiscales y los expertos contables.

7.3. Las distintas instancias que investigan las prácticas de blanqueo, entre otras la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Grupo de alto nivel sobre la criminalidad (creado por el Consejo de Dublín) han advertido la evolución de las prácticas blanqueadoras hacia la utilización de especialistas, en particular en el ámbito del Derecho, a fin de construir circuitos complejos de sociedades pantallas, "trust funds", etc. destinados a encubrir el origen y la propiedad de los fondos de origen sospechoso(7).

7.4. La Comisión ha aceptado la inclusión de la mayor parte de las actividades mencionadas por el Parlamento Europeo, aunque con serias reservas hacia la inclusión de los comerciantes en obras de arte y los tasadores de subastas, habida cuenta de la dificultad que encierra la definición exacta del ámbito de estas actividades y los problemas que plantearía el control de la aplicación de las normas, que, conviene recordar, imponen la identificación de los clientes y la comunicación de las eventuales sospechas de blanqueo a las autoridades competentes de los Estados miembros.

7.5. La Comisión considera además que la ampliación de la Directiva a los comerciantes de obras de arte obligaría también a plantearse la cuestión de la aplicación de obligaciones comparables a todos los comerciantes especializados en bienes de lujo, automóviles de lujo, joyería o sellos y piezas de colección.

7.6. En lo que se refiere a los abogados, el proyecto de Directiva adopta una actitud prudente que tiene en cuenta su deber profesional de discreción y confidencialidad. Los abogados quedarían exentos de toda obligación en todos los casos relacionados con la representación o la defensa de un cliente en un proceso judicial.

7.7. Aparte de estos casos, los Estados miembros tendrán la posibilidad de autorizar a los abogados a comunicar sus sospechas a su Colegio de Abogados o a un órgano profesional equivalente, antes que a las autoridades antiblanqueo habituales. Cabe destacar que en algunos países comunitarios los abogados pueden realizar operaciones financieras y poseer fondos, lo que dificulta la aplicación de la Directiva a esta categoría profesional.

7.8. Se preverán sanciones adecuadas para los casos en que un abogado no informe a su colegio de abogados cuando debiera hacerlo.

7.9. La ampliación de las disposiciones de la Directiva a los notarios y los profesionales jurídicos independientes se limita a las transacciones financieras o por cuenta de sociedades que impliquen un elevado riesgo de blanqueo.

8. Identificación de los clientes en las transacciones a distancia (distintas de las realizadas en persona)

8.1. El proyecto de Directiva impone las mismas recomendaciones de identificación de los clientes en caso de transacciones a distancia. En cuanto a las transacciones por Internet, persiste una zona gris en cuanto a las disposiciones de aplicación de la Directiva.

8.2. El Consejo Europeo de Amsterdam destacó en su programa de acción relativo a la delincuencia organizada que las innovaciones tecnológicas como Internet y las operaciones bancarias por vía electrónica son instrumentos altamente efectivos al servicio de la delincuencia, el fraude y la corrupción. Asimismo, destacaba que los medios para prevenir y reprimir dichas actividades van casi siempre a la zaga de las actividades delictivas mismas(8).

8.3. Las transferencias de fondos por vía electrónica (Internet) se realizan de forma inmediata y, con ayuda de técnicas sencillas y accesibles a todos, son fáciles de disimular sin dejar rastro. La mera realización de transacciones a través de un país no cooperador o la inclusión de una sociedad pantalla basta para paralizar el control en la UE.

8.4. Como resultado, se considera que son los agentes del mercado financiero quienes deben ser controlados y no tanto las transferencias mismas. El Comité destacó claramente esta necesidad en su Dictamen de 27 de enero de 1999(9) sobre la legislación aplicable a los emisores de moneda electrónica, que ha hecho evidente el peligro de admitir en el mercado a emisores de moneda electrónica sujetos a una reglamentación extremadamente laxa.

8.5. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que los bancos deben disponer de unos procedimientos adecuados de identificación de los clientes para las operaciones financieras a distancia. Sin embargo, considera que el anexo a la Directiva propuesta no es el instrumento adecuado para alcanzar este objetivo.

8.6. En realidad, la falta de un contacto directo entre el banco y el cliente no impide llevar a cabo una identificación adecuada mediante un documento acreditativo, como ya prevé el artículo 3 de la Directiva de 1991 y como ya hacen los bancos. Esta identificación puede confiarse, entre otros, a un apoderado o una tercera parte fiable (por ejemplo otra entidad de crédito o institución financiera, un notario o una embajada) o efectuarse por correo certificado.

8.7. La firma electrónica debería considerarse también un documento acreditativo, en particular desde que se aprobó la Directiva por la que se establece un marco común para la firma electrónica. A juicio del Comité, el desarrollo de operaciones financieras a distancia no justifica la elaboración de nuevas normas de identificación.

8.8. Por el contrario, la flexibilidad es absolutamente necesaria para integrar los rápidos desarrollos en las operaciones bancarias a distancia. Esta flexibilidad está garantizada por el término genérico "documento acreditativo". Los bancos sólo deberán demostrar que disponen de un documento acreditativo que permita identificar a sus clientes cuando se trate de operaciones financieras a distancia. El método de identificación se debería dejar a su criterio. En el anexo se citan, en líneas generales, algunos ejemplos concretos de posibles procedimientos de identificación de los clientes en operaciones financieras a distancia en caso de que se desarrollen nuevas operaciones bancarias a distancia y nuevos procedimientos de identificación, que pronto resultarán obsoletos.

8.9. En caso de que se decida mantener el anexo, el Comité insta a las autoridades europeas a que especifiquen que éste no tiene un carácter vinculante y que representa únicamente una directriz que ofrece soluciones parciales para la identificación de los clientes en las transacciones financieras a distancia. El carácter no vinculante del anexo garantizaría la flexibilidad necesaria para los procedimientos de identificación en este tipo de transacciones.

9. Intercambio de información

9.1. La Comisión prevé un mecanismo de intercambio de información relativa al blanqueo de capitales y propone que dicho intercambio se organice en el ámbito de las actividades ilícitas que afectan a los intereses financieros de las Comunidades Europeas (ampliación que es objeto de observaciones críticas en el análisis artículo por artículo).

10. Necesidad de un examen periódico de la acción de la Unión en este ámbito

10.1. La Comisión limita al Consejo y al Parlamento la presentación de los informes periódicos sobre la aplicación de la Directiva. El Comité, que se considera particularmente competente en estas materias, lamenta no haber sido consultado sobre la ampliación de una Directiva sujeta a su dictamen.

11. Observaciones sobre los artículos de la Directiva

- Artículo 1 (que sustituye al artículo 1 de la Directiva 91/308)

1) La ampliación del ámbito de la Directiva a las agencias de cambio, los transportistas de fondos, las empresas de seguros (dentro del límite de las actividades que están reguladas por la Directiva) y las empresas de inversión, no plantea objeciones en la medida en que se trata de un complemento en relación con las definiciones de la Directiva de base 77/780/CEE.

2) Conviene destacar la importancia de la cobertura de las sucursales, situadas en la Comunidad, de las instituciones financieras que tengan su sede social en la Comunidad o fuera de ésta.

3) El Comité considera que las disposiciones de la Directiva deberían también aplicarse a las sucursales o filiales de las instituciones financieras de la Comunidad en un tercer país, y muy especialmente en los países que no hayan adoptado medidas equivalentes de vigilancia y represión del blanqueo (países extraterritoriales (off-shore), paraísos fiscales, etc.)

4) Apartado E)- definición de "actividad delictiva"

La ampliación de la definición "al fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal que perjudique o pueda perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades Europeas" amenaza con imponer a los establecimientos financieros una obligación de declaración de sospecha desproporcionada, que supera en gran medida el objetivo primero, correspondiente al tráfico de droga y la delincuencia organizada. Se corre el riesgo de que el personal de estos establecimientos, deseoso de cubrirse las espaldas ante una posible responsabilidad penal, llegue a declarar de forma sistemática toda operación que resulte simplemente dudosa o extraña.

5) El concepto de ataque a los intereses financieros de la Comunidad Europea puede cubrir el fraude fiscal contra el IVA o el relativo a las restituciones previstas por la PAC, la utilización de los Fondos Estructurales o las numerosas subvenciones concedidas por la UE.

6) Este tipo de fraude incumbe también a determinadas instituciones específicas (inspección de Hacienda de los Estados y organismos comunitarios especializados)(10). En la práctica, esta derivación sólo puede perjudicar la eficacia del conjunto del proceso.

7) El artículo 280 del Tratado de Amsterdam ofrece un fundamento jurídico a la represión del fraude que atente contra los intereses financieros de la Unión Europea. Dicho artículo autoriza al Consejo, a propuesta de la Comisión, a adoptar "las medidas necesarias [...] con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros."

- Artículo 2 bis

1) El Comité abriga dudas respecto a la oportunidad de excluir de la lista de las profesiones en cuestión a los comerciantes en obras de arte y los tasadores de subastas. Los bienes que negocian estos intermediarios pueden representar sumas considerables, a menudo desembolsadas en efectivo y sin comprobación real de la identidad del comprador. Parece cierto que las ventas públicas son, en particular, medios discretos y fáciles de blanqueo.

Por tanto, es necesario identificar a los clientes cuando se trate de transacciones en efectivo que superen los 15000 euros.

2) La inclusión de los contables en el apartado 3) de la lista parece demasiado amplia, puesto que podría incluir los contables asalariados que trabajan al servicio de una empresa y, entre otros, de un banco. Estaría más justificado incluir el concepto de perito contable (La versión española del documento de la Comisión incluye ya en este punto el término "perito contable" (N. del T.)).

- Artículo 3 - apartado 2, párrafo 2

1) El párrafo 2 del artículo 3.2 de la propuesta de Directiva remite a un anexo la operación de definir los procedimientos precisos de identificación de los clientes en el caso de operaciones financieras a distancia.

2) Algunas de las obligaciones previstas en ese anexo parecen onerosas o difícilmente practicables, por ejemplo:

- la obligación de efectuar el primer pago por medio de una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito situada en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (apartado v) b) o de uno de los países sujetos a la presente Directiva;

- las distintas comprobaciones que deben efectuarse cuando la contrapartida sea una entidad de crédito situada fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (apartado vi) b).

3) Con carácter más general, la Comisión participa directamente en la organización misma, por las instituciones financieras, de sus procedimientos de control, lo que constituye una intromisión inútil e injustificada. En general, el texto de la Directiva y su anexo no exponen claramente los medios de definir las transacciones efectuadas a través de Internet.

- Artículo 7

1) El elemento esencial del proyecto de Directiva es la obligación de señalar las operaciones sospechosas. La Directiva debería hacer referencia a criterios objetivos que orienten acerca del abanico de transacciones que dan lugar a la obligación de informar, si bien, dada la naturaleza de las actividades sospechosas, esa orientación no puede ser definitiva.

- Artículo 12 - apartado 2

1) Suprímase en la primera frase de este apartado el texto siguiente: "que perjudique o pueda perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades Europeas" (véanse los apartados 4 a 6 de los comentarios sobre el artículo 1).

2) De la nueva definición de "entidad de crédito" (artículo 1(A)) y el octavo considerando se deriva que una operación sospechosa de blanqueo de capitales deberá notificarse únicamente en el país en el que se encuentre la entidad notificadora (sede social, sucursal o filial de una entidad de crédito). El Comité acoge favorablemente esta norma, pero recomienda que se introduzca una aclaración al respecto en el cuerpo de la Directiva añadiendo un punto en el artículo 6 con vistas a eliminar cualquier ambigüedad.

12. Conclusiones

12.1. Las informaciones disponibles -en particular las facilitadas por el GAFI, y también por el sector bancario- demuestran que la Directiva de 1991 ha alcanzado, globalmente, sus objetivos relativos a la neutralización de la utilización de los circuitos financieros con fines de blanqueo de capitales.

12.2. Las modificaciones aportadas a la Directiva de 1991 completan felizmente el dispositivo de origen, al asociar a la lucha a los diferentes agentes que puedan estar implicados en el blanqueo.

12.3. Es comprensible que el éxito en la aplicación de los mecanismos previstos por la Directiva de 1991 impulse al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a ampliar el ámbito de definición del delito, extendiéndolo no solo a la delincuencia organizada no vinculada con el tráfico de drogas sino también a todas las infracciones graves. Pero el ámbito de definición del delito es diferente del de la declaración.

12.4. En lo que concierne al ámbito de declaración, el Comité comparte la opinión de la Comisión según la cual una ampliación de estas características corre el riesgo de abarcar demasiado y "dificultar la participación activa y el compromiso" de las profesiones en cuestión.

12.5. No existe una definición de "infracción grave" y cada Estado es libre de establecer una lista de infracciones. El Comité ha observado con interés que las autoridades de control (GAFI o Tracfin en Francia) han preferido el concepto de delincuencia organizada, más preciso que el concepto seleccionado por la Comisión.

12.6. Existe un riesgo real de que los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención, como Tracfin, queden sumergidos, y con ello parcialmente neutralizados, por un número excesivamente alto de declaraciones de sospecha. A medida que se acumule experiencia, y siempre que se dé a las instituciones financieras una información adecuada sobre la eficacia de sus informes, debería disminuir el número de actividades sospechosas sobre las que se informe. No obstante, las autoridades competentes deberán proporcionar los recursos adecuados para garantizar la celeridad y la eficacia de las acciones de seguimiento.

12.7. Una acción limitada a la Unión Europea sería ineficaz y podría incluso provocar distorsiones de la competencia, en beneficio de las instituciones financieras de terceros países. Eventualmente, podría incluso atentar contra la libre circulación de capitales que constituye uno de los pilares de la construcción europea.

12.8. El Comité lamenta que el proyecto de Directiva -básicamente consagrado al refuerzo de la capacidad europea de lucha contra el blanqueo- no deje un espacio suficiente para la necesaria cooperación internacional.

12.9. El objetivo debería consistir en ampliar, en la mayor medida posible, el dispositivo europeo de lucha contra el blanqueo a los países especialmente implicados en esta actividad delictiva.

12.10. Las instituciones financieras internacionales (ONU, FMI, Banco Mundial, BEI, BERD) deberían establecer, en colaboración con la Comisión Europea, una carta o un código de buena conducta que recoja en lo esencial las recomendaciones del GAFI, cuya aplicación sería una de las condiciones para la concesión de todo tipo de ayuda financiera(11).

12.11. Los centros off-shore -elementos centrales del tráfico y eslabón débil de la represión- que no aplicasen el código de buena conducta o que se opusieran a la transparencia de las transacciones que impliquen en particular el levantamiento del secreto bancario, deberían verse desvinculados del sistema internacional de transmisión de órdenes y transferencias de capital: sistema Swift, etc. La elaboración por parte del GAFI de una lista de países no cooperadores debería permitir la rápida aplicación de este procedimiento.

12.12. Dado que el FMI es la única institución con capacidad para establecer una disciplina de este tipo, el Comité recomienda al Consejo y a la Comisión que establezcan contactos con el FMI con miras a introducir en sus estatutos un mecanismo de sanciones eficaz para aquellos países e instituciones financieras que no colaboren en la lucha contra el blanqueo.

12.13. La aplicación de sanciones debería confiarse a las autoridades internacionales de regulación del sistema financiero y bancario: Banco de Pagos Internacionales y bancos centrales.

12.14. El Comité reitera su deseo de que se lo asocie estrechamente al seguimiento de la aplicación de la Directiva.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) DO C 332 de 31.12.1990, p. 26.

(2) COM(1999) 239 final.

(3) Véase la Comunicación de la Comisión [...] sobre un plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2000-2004) y el Dictamen del Comité al respecto - DO C 51 de 23.2.2000.

(4) Conclusiones de la Presidencia - Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999.

(5) Véase el punto 1.5 del Dictamen sobre la "Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la prevención del uso del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales" DO C 332 de 31.12.1990, p. 86.

(6) COM(95) 54 final y COM(1998) 401 final.

(7) Véase "Drug money in a changing world: Economic reform and criminal finance" - UN International drug control programme 1996. Este texto demuestra el papel capital de las international business companies, en particular en el Caribe, que utilizan las organizaciones criminales en razón de la casi imposibilidad de discernir el origen de los considerables fondos que gestionan.

(8) Introducción al programa de acción relativo a la delincuencia organizada* - Amsterdam, 28 de abril de 1997 (* Traducción provisional).

(9) DO C 101 de 12.11.1999, p. 6.

(10) Véase el Programa de Trabajo 1998/1999 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude (COM(1998) 278 final y el Dictamen del Comité (R/CES 748/99 rev.) en proceso de elaboración (ponente: Sr. Burani).

(11) La Asamblea de las Naciones Unidas adoptó, el 10 de junio de 1998, una posición y un plan de acción contra el blanqueo que recogen en gran medida los objetivos de la Unión Europea.

ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social

(de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento Interno)

Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates:

Punto 11, apartado 4)

Modifíquese como sigue:

"Apartado E)- definición de 'actividad delictiva'

La ampliación de la definición al 'fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal que perjudique o pueda perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades Europeas' es una medida lógica, pero debe admitirse la eventualidad de que las instituciones financieras y demás agencias autoras de dichas declaraciones no puedan hacer otra cosa más que identificar las transacciones inusuales que resulten sospechosas a primera vista. No compete a las instituciones financieras comportarse como autoridades inspectoras. Dado que se prevé un mayor número de declaraciones, al menos en la fase inicial, debería acordarse un código de conducta con las instituciones financieras para precisar el punto de mira de las mismas. Del mismo modo, las autoridades nacionales deberían crear un sistema para mantener informadas a las instituciones financieras sobre el resultado de sus declaraciones con vistas a un ulterior desarrollo de su competencia para ayudar en la lucha contra el blanqueo de capitales con fines delictivos."

Resultado de la votación

Votos en contra: 43, votos a favor: 30, abstenciones: 10.

Punto 12.6

Añádase un nuevo punto 12.16 redactado del modo siguiente:

"12.16. El Comité observa que la Directiva del Consejo destaca con más énfasis que el blanqueo de capitales recibe su impulso del tráfico de estupefacientes. No obstante, de este modo no tiene en cuenta que las actividades de blanqueo relacionadas con actividades delictivas y terroristas, y el contrabando transfronterizo impulsado por los distintos sistemas fiscales, tienen en muchas regiones una mayor incidencia en su economía que el tráfico de estupefacientes. El Comité considera que la Directiva debería hacer más hincapié en estos aspectos."

Exposición de motivos

Con su énfasis en el tráfico de estupefacientes como el mal mayor que dirige este sector de la economía sumergida, da la impresión de que el documento del Consejo se centra demasiado en la condena emotiva de las consecuencias devastadoras del uso de drogas, y hace que se pierda de vista con demasiada facilidad el blanqueo de capitales proveniente de actividades "delictivas ordinarias y decentes". La preocupación por el aprovechamiento de las diferencias fiscales existentes aumentará tras la ampliación, cuando, casi con toda seguridad, la mayoría de los Estados miembros quede fuera de la zona euro.

Resultado de la votación

Votos en contra: 49, votos a favor: 36, abstenciones: 10.