Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores» () (97/C 30/27)

El 28 de marzo de 1996, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 16 de julio de 1996 (Ponente: Sr. Ramaekers).

En su 338° Pleno celebrado los días 25 y 26 de septiembre de 1996 (sesión del 25 de septiembre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de Directiva concreta los objetivos del Libro Verde de la Comisión sobre el acceso de los consumidores a la justicia y responde a los deseos manifestados por el Comité.

En su dictamen () sobre dicho Libro Verde (), el Comité lamentaba que «la Comisión no haya apuntado ya medidas concretas de acción en el ámbito de sus competencias específicas, explorando sobre todo las nuevas potencialidades conferidas por el artículo 129 A del Tratado de Roma».

1.2. La actual propuesta, concebida por la Comisión como una «actuación prioritaria», coordina las disposiciones nacionales relativas a las acciones inhibitorias que puedan entablarse contra algunas prácticas comerciales ilícitas, acompañada del reconocimiento mutuo de los organismos que pueden ejercer dichas acciones. Debe señalarse que la propuesta permite a las organizaciones profesionales entablar una acción inhibitoria.

1.3. Si bien las acciones inhibitorias existen en la mayoría de los Estados miembros, su eficacia queda comprometida cada vez que una práctica ilícita tiene su origen en un país distinto del país donde se manifiestan sus efectos.

1.4. El ámbito de aplicación se circunscribe a las prácticas reguladas por los derechos nacionales armonizados en virtud de directivas comunitarias.

1.5. El principio de reconocimiento mutuo implica que, para entablar la acción inhibitoria, un «organismo cualificado» (es decir, una persona que tenga interés en interponer una demanda) del país A podrá o bien dirigirse directamente a un juez del país B, o bien subordinarse a la actuación intermediaria de un organismo cualificado del país B.1.6. La Directiva tiene el carácter de norma mínima, dado que permite el mantenimiento de disposiciones más favorables.

1.7. El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 100 A.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité valora positivamente esta propuesta que recoge los planteamientos hechos en su dictamen sobre el Libro Verde en materia de acceso de los consumidores a la justicia:

«El Comité considera que la Comisión debería presentar a corto plazo propuestas legislativas en los siguientes ámbitos:

a) definición de los principios y normas procesales comunes de un procedimiento uniforme de resolución de conflictos transfronterizos de consumo y de acciones inhibitorias;

b) definición de las normas fundamentales para armonizar acciones colectivas y acciones conjuntas en el ámbito de los conflictos de consumo a nivel comunitario.»

2.2. La propuesta puede contribuir a reforzar la confianza del ciudadano en el mercado interior, estableciendo mecanismos adecuados que permitan reaccionar contra las prácticas comerciales transfronterizas ilícitas.

2.3. En la medida en que un derecho sólo existe si puede ejercerse, el presente texto se inscribe en el marco del reconocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano, entre los que se halla el derecho de promover una acción en justicia.

2.4. Como se menciona en el punto 2.1, el Comité solicitó a la Comisión que adoptase medidas más amplias que la propuesta a debate. Esta última sólo puede considerarse como un primer paso de la mejora del acceso de los consumidores a la justicia.

El objeto esencial de la propuesta consiste en permitir al juez ordenar la cesación de los actos constitutivos de una infracción. Conviene plantearse la oportunidad de una acción de responsabilidad, que complementaría la eficacia de la acción inhibitoria.

No obstante, el Comité toma nota de las propuestas formuladas en la «Comunicación de la Comisión "Plan de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el Mercado interior"» (doc. COM(96) 13 final), y manifiesta su deseo de que se le consulte sobre la misma.

2.5. A continuación, el Comité formula algunas observaciones y críticas a la presente propuesta.

3. Observaciones particulares

3.1. Fundamento jurídico

El fundamento jurídico es el artículo 100 A, es decir la realización del mercado interior.

Dado que se trata de una propuesta destinada a reforzar la protección de los consumidores, el artículo 129 A también parece un fundamento apropiado.

3.2. Artículo 1

La acción inhibitoria sólo podrá ejercerse contra los actos que infringen las disposiciones de las Directivas recogidas en el anexo.

Este ámbito de aplicación es muy restringido, ya que numerosas Directivas no citadas en el anexo afectan parcial o totalmente a la protección de los consumidores, como por ejemplo la Directiva sobre la seguridad de los productos o las Directivas en materia de bancos o seguros.

Sería deseable que el derecho a promover una acción estuviese condicionado a la violación de toda disposición del derecho comunitario incorporada al derecho nacional cuyo objeto sea asegurar directa o indirectamente la protección de los consumidores y cuya transgresión pueda corregirse eficazmente mediante la acción inhibitoria. Correspondería al juez nacional y en su caso al juez comunitario determinar si la norma en cuestión protege o no a los consumidores.

3.3. Artículo 4

El principio de reconocimiento mutuo puede ser limitado por los Estados miembros que tienen la facultad de obligar a un organismo cualificado de un país A a pasar por la actuación intermediaria de un organismo del país B con el fin de interponer la acción ante el juez. Esta limitación es criticable. El principio de reconocimiento mutuo se vería privado de sus efectos si se impone la obligación de utilizar un intermediario. Por otra parte, esta obligación ampliará considerablemente los plazos para interponer la acción, dificultad que la Comisión desea evitar.

3.4. Artículo 5

Los Estados miembros pueden prever un procedimiento de notificación previa a cargo del organismo cualificado para interponer la acción. El Comité se pronunciaría a favor de esta disposición, si este procedimiento, sin constituir una medida dilatoria, permite poner fin rápidamente al acto constitutivo de la infracción.

3.5. Artículo 6

El Comité manifiesta su deseo de que se le presente el informe sobre la aplicación de la Directiva.

Bruselas, el 25 de septiembre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 107 de 13. 4. 1996, p. 3.

() DO n° C 95 de 22. 10. 1994.

() Doc. COM (93) 576 final, de 18. 5. 1994.