21. Rechaza un límite único para el embargo a escala de la UE y considera adecuado que el deudor tenga
la posibilidad de hacer valer el límite nacional correspondiente;
22. Se muestra partidario de que se otorgue al deudor el derecho a interponer un recurso y a poner fin al
embargo mediante una garantía; en particular, en caso de impugnación o de solicitud de nulidad de la ordende embargo, no debe empeorar la situación del demandado en relación con los principios ni con la duracióndel proceso;
23. Opina que las cuentas fiduciarias deben estar especialmente protegidas frente a un posible embargo;
considera que debe ser posible el embargo de cuentas comunes, siempre que se den las debidas garantías ysalvaguardas con respecto a los derechos de terceros distintos del deudor;
24. Subraya que, en materia de notificación de embargos, se ha de garantizar el establecimiento de
normas únicas (por ejemplo, mediante la utilización de formularios tipo) en la UE para la comunicaciónentre los tribunales y los bancos;
25. Opina que las órdenes de embargo deberían trasmitirse por medios que garanticen que el banco
recibe la orden el primer día tras la transmisión y ésta se procesa en un plazo de 24 horas tras la identifi-cación de la cuenta; el banco debería notificar formalmente a la autoridad ejecutiva y al acreedor si elimporte ha sido embargado; el banco también debería informar formalmente al deudor sobre el momento
en que se hará efectivo el embargo; considera que sería conveniente disponer de notificaciones formales
estándar en todas las lenguas de la Unión Europea, para evitar o reducir la necesidad de traduccionesespecíficas;
26. Opina que si llega a adoptarse un acto jurídico, éste debe adoptar la forma de un reglamento;27. Pide a la Comisión, que antes de presentar una propuesta, aclare las cuestiones que quedan pendien-
tes, que en parte son también complejas, mediante un estudio exhaustivo y en profundidad que evalúe, enparticular, la incidencia de la legislación;
28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
P6_TA(2007)0487
Informe Anual del Defensor del Pueblo (2006)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2007, sobre el Informe anual relativo a las
actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2006 (2007/2131(INI))
El Parlamento Europeo,
— Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2006,
— Vistos los artículos 195, 230 y 232 del Tratado CE,
— Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
— Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el
Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (1),
(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15. Decisión modificada por la Decisión 2002/262/CE, CECA, Euratom (DO L 92
de 9.4.2002, p. 13).16.10.2008 ES C 263 E/657 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
— Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2001, sobre la modificación del artículo 3 del Estatuto del
Defensor del Pueblo (1),
— Visto el acuerdo marco sobre cooperación celebrado entre el Parlamento Europeo y el Defensor del
Pueblo el 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,
— Vista la Comunicación de la Comisión de 5 de octubre de 2005 sobre la autorización para adoptar y
transmitir las comunicaciones del Defensor del Pueblo Europeo y permitir que los funcionarios compa-rezcan ante el Defensor del Pueblo Europeo (SEC(2005) 1227),
— Vista la carta del 11 de julio de 2006 del Defensor del Pueblo Europeo al Presidente del Parlamento
Europeo, cuyo objeto es impulsar el procedimiento de revisión del Estatuto,
— Vistas las frases segunda y tercera del apartado 2 del artículo 195 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0301/2007),
A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2006
fue presentado oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 12 de marzo de 2007 y conside-rando que el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, presentó su informe a la Comisiónde Peticiones el 2 de mayo de 2007 en Bruselas,
B. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona
tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativa-mente y dentro de un plazo razonable»,
C. Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 195 del Tratado CE y el artículo 43
de la Carta de los Derechos Fundamentales, «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídicaque resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor delPueblo Europeo los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comuni-tarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de susfunciones jurisdiccionales»,
D. Considerando que, en el marco del fortalecimiento de la democracia participativa en Europa y de la
mejora de la comunicación de la Unión Europea con sus ciudadanos, es necesario que los ciudadanosreciban de las instituciones y órganos comunitarios respuestas rápidas y consistentes a sus consultas,
quejas y peticiones, y que es esencial que dichas instituciones y órganos cuenten con los recursos
presupuestarios y de personal necesarios para que los ciudadanos reciban dichas respuestas rápidas ysustantivas,
E. Considerando que, a pesar de que ya ha transcurrido una legislatura desde la aprobación de la Resolu-
ción, de 6 de septiembre de 2001, mediante la cual el Parlamento aprobó el código europeo de buenaconducta administrativa del Defensor del Pueblo Europeo, y que ya ha transcurrido la mitad de la actuallegislatura y las otras instituciones de la Unión aún no han satisfecho la insistente solicitud de queadapten sus prácticas a las disposiciones de dicho código,
F. Considerando que en 2006, si bien el número de denuncias se estabilizó en el nivel de 2004, que ya
era bastante alto, más de las tres cuartas partes de dichas denuncias exceden del ámbito de competen-cias del Defensor del Pueblo, en particular, porque no están dirigidas contra una institución u órganocomunitario,
G. Considerando que de las investigaciones realizadas se desprende que en 95 casos (esto es, el 26 % de los
casos estudiados) no se ha podido comprobar ningún episodio de mala administración,
(1) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 336.C 263 E/658 ES 16.10.2008 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
H. Considerando que las actividades del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones deben seguir
siendo autónomas y, por lo general, conllevar envíos recíprocos de las prácticas respectivas con efectodefinitivo, con el fin de evitar conflictos de competencia,
I. Considerando que en 2006 se ha producido, por un lado, una reducción importante de los casos de
mala administración resueltos de forma amistosa y, por otro lado, un notable aumento de las investi-gaciones cerradas con un comentario crítico, así como un menor impacto positivo de los proyectos derecomendación del Defensor del Pueblo en las instituciones,
J. Considerando que ni las observaciones críticas incluidas en las decisiones por las que se dan por con-
cluidos los casos irremediables de mala administración, ni las recomendaciones o los posibles informesespeciales tienen efecto vinculante, ya que las competencias del Defensor del Pueblo no tienen porobjeto eliminar directamente los actos de mala administración, sino alentar el autocontrol de las insti-tuciones y órganos de la Unión Europea,
K. Considerando que la presentación de un informe especial al Parlamento Europeo es la última baza de
que dispone el Defensor del Pueblo para actuar cuando una institución se niega a cumplir una de sus
recomendaciones,
L. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, el Parlamento tiene el mismo derecho
que los Estados miembros, el Consejo y la Comisión, para presentar un recurso ante el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas por cuestiones de competencia, incumplimiento de una normaimportante de procedimiento, incumplimiento del Tratado CE o de toda norma relativa a su aplicacióny también en caso de abuso de poder,
M. Considerando que en 2006 el Defensor del Pueblo, al presentar al Parlamento dos informes especia-
les (
1), tras el rechazo del proyecto de recomendación por parte del Consejo y de la Comisión, ha hecho
un uso ponderado de sus competencias,
N. Considerando que el nuevo enfoque del Defensor del Pueblo respecto de la Comisión, que consiste en
impulsar una cultura de servicio como parte integrante de la buena conducta administrativa y como unremedio indispensable para transformar un acto o un comportamiento viciado en correcto, debe apli-carse de manera generalizada y sobre una base consensuada,
O. Considerando que los comentarios críticos formulados por el Defensor del Pueblo Europeo relativos a
los 41 casos de mala administración incluidos en su Informe anual de 2006 bajo el título «Comentarios
críticos, proyectos de recomendación e informes especiales» deberían servir para evitar en el futuro la
repetición de errores o irregularidades, mediante la adopción y aplicación de medidas adecuadas porparte de las instituciones y órganos de la Unión Europea,
P. Considerando que la cooperación voluntaria creada por el Defensor del Pueblo en el seno de la red
europea de Defensores del Pueblo funciona desde hace diez años como un sistema flexible para elintercambio de información y de experiencias sobre las mejores prácticas para que los ciudadanospresenten sus quejas al Defensor del Pueblo o a otros órganos similares que puedan asistirlos mejor,
Q. Considerando que la función de protector del ciudadano que ejerce el Defensor del Pueblo ha evolucio-
nado tras más de un decenio de actividad desde su entrada en funciones, gracias a su autonomía y alcontrol de la transparencia de sus actividades que el Parlamento Europeo ejerce democráticamente,
R. Considerando que el Defensor del Pueblo ha declarado que está dispuesto a utilizar su poder de realizar
investigaciones de propia iniciativa, en el caso de que ciudadanos de terceros países residentes fuera dela UE le envíen una reclamación que, en algunos aspectos, sea de su competencia,
(1) Informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo a raiz del proyecto de recomendacion al Consejo de
la Union Europea sobre la reclamación 1487/2005/GG e Informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo
Europeo a raiz del proyecto de recomendación al Consejo de la Union Europea sobre la reclamación
289/2005/(WPG)GG.16.10.2008 ES C 263 E/659 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
S. Considerando que el 30 de noviembre de 2006, el Defensor del Pueblo y el responsable de la protec-
ción de datos firmaron un memorando de acuerdo relativo a la cooperación y las modalidades deejercicio de sus respectivas competencias,
T. Considerando que uno de los principios clave de la integración europea es la igualdad democrática de
todos los ciudadanos europeos, sin discriminaciones en razón de la nacionalidad o la lengua, y consi-derando que siguen siendo numerosas las quejas de ciudadanos, asociaciones o empresas que no hanobtenido en su lengua la información solicitada en el marco de un procedimiento comunitario delicitación o concurso,
U. Considerando que el Defensor del Pueblo reiteró en 2006 su solicitud de revisión de su Estatuto, y que
una parte de su solicitud, relativa a la modificación del artículo 3 del Estatuto, ya fue aprobada por elParlamento Europeo sobre la base de la Resolución de 6 de septiembre de 2001, ya citada,
1. Aprueba el Informe anual correspondiente a 2006 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo y
aprecia la presentación, en el modelo consolidado de evaluación sintética, de las actividades desarrolladas ydel análisis temático de las decisiones y los problemas subyacentes en las diferentes etapas del procedi-miento; no obstante, le pide que adopte medidas técnicas que faciliten la lectura de los diferentes capítulosy, en particular, la comprensión de las estadísticas y un resumen de la parte analítica;
2. Pide a todas las instituciones europeas que aporten los recursos presupuestarios y humanos necesarios
para que los ciudadanos reciban una respuesta rápida y consistente a sus consultas, quejas y peticiones;
3. Opina que el Defensor del Pueblo ha seguido ejerciendo sus competencias de manera equilibrada y
dinámica tanto en el estudio y el trato dado a las quejas, como en el desarrollo y conclusión de las investi-gaciones y el mantenimiento de relaciones constructivas con las instituciones y órganos de la Unión Euro-pea, así como en lo relativo a la sensibilización de los ciudadanos para que hagan valer sus derechos antedichas instituciones y órganos;
4. Anima al Defensor del Pueblo Europeo a que continúe sus esfuerzos y a que promueva sus actividades
de manera eficaz y flexible, con el fin de que los ciudadanos lo consideren el tutor de la buena gestión delas instituciones comunitarias;
5. Señala que un objetivo clave de la intervención del Defensor del Pueblo es encontrar una solución
amistosa entre el ciudadano y la institución y evitar un litigio ante los tribunales;
6. Comparte la interpretación extensiva de los términos «mala administración en las actividades de las
instituciones u órganos comunitarios», que se refieren no sólo a la actividad administrativa ilegítima o a la
violación de una norma o de un principio jurídico vinculante, sino también a los casos de administracióninmóvil, negligente o poco transparente o cuando se hayan incumplido otros principios de la buena admi-nistración;
7. Alienta al Defensor del Pueblo a que siga promoviendo una verdadera cultura de servicio como parte
integrante de una buena conducta administrativa, con el fin de introducir en la administración pública de laUnión Europea una disposición a la apertura y al diálogo con el ciudadano-usuario, al reconocimiento deerrores, a la presentación de disculpas y a la búsqueda de soluciones satisfactorias para el ciudadano;
8. Considera insuficiente que otras instituciones u órganos comunitarios, en primer lugar la Comisión y
el Consejo, hayan adoptado códigos separados de buena conducta administrativa, en particular, la Comisión,para las relaciones de su personal con el público, el 13 de septiembre de 2000, y el Consejo, para lasrelaciones profesionales de su personal con el público, el 25 de junio de 2001;C 263 E/660 ES 16.10.2008 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
9. Observa que el «código europeo de buena conducta administrativa» propuesto por el Defensor del
Pueblo y aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001 se refiere al personal de todaslas instituciones y órganos comunitarios y ha sido correctamente actualizado y publicado en la página webdel Defensor del Pueblo, a diferencia de los otros códigos;
10. Señala que el Defensor del Pueblo, en una carta de 11 de marzo de 2002 publicada asimismo en la
página del Defensor del Pueblo, ha explicado al Presidente del Parlamento la eficacia erga omnes de dicho
código; por lo tanto, considera que ningún otro código vigente en un ámbito limitado puede sustituir alcódigo «europeo» ni derogarlo;
11. Exhorta a todas las instituciones que cooperen de manera constructiva con el Defensor del Pueblo en
todas las etapas del procedimiento, acepten las soluciones amigables, den curso a las observaciones críticas yapliquen los proyectos de recomendación;
12. Anima al Defensor del Pueblo a que elabore cada año la lista de las mejores prácticas administrativas
y la lista de las que difieren de sus decisiones, así como que presente un estudio sobre el curso dado a susobservaciones críticas;
13. Insta a todos los destinatarios de observaciones críticas a que las respeten y las tengan en cuenta en
sus futuras acciones, con el fin de evitar nuevas críticas de incoherencia entre las declaraciones oficiales y losactos administrativos u omisiones;
14. Reclama que todas las instituciones y órganos comunitarios cumplan las obligaciones que se derivan
de la aplicación del Reglamento (CE) n
o1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de laComisión (
1), con objeto de que la propuesta de revisión en curso tenga credibilidad, así como las obligacio-
nes que se derivan de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos (2);
15. Pide una vez más a la Comisión que haga un uso correcto de sus poderes discrecionales para la
puesta en marcha de un procedimiento de infracción al amparo del artículo 226 del Tratado CE o paraproponer la imposición de multas conforme al artículo 228 del Tratado CE, evitando escrupulosamente losretrasos o inercias injustificables, incompatibles con el poder de supervisión de la aplicación del Derechocomunitario que detenta la Comisión;
16. Considera que, si una institución se niega a seguir una recomendación incluida en un informe espe-
cial del Defensor del Pueblo, incluso después de que el Parlamento la hubiera aprobado, éste podrá usar suscompetencias para incoar una acción ante el Tribunal de Justicia por el acto o la omisión objeto de larecomendación del Defensor del Pueblo;
17. Insta a todas las instituciones y órganos comunitarios, así como a las representaciones permanentes
de los Estados miembros, a que cooperen en aras de la transparencia y el respeto de las normas de buenaadministración citadas en el presente informe, sin achacar la responsabilidad a los centros de poder, talescomo la Presidencia del Consejo o el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, difíciles de controlar por elDefensor del Pueblo;
18. Pide a la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas que respete de manera
efectiva y plena todas las normas y prácticas consolidadas en materia de apertura y transparencia de losprocedimientos de concurso, en particular en lo relativo al acceso de los candidatos a la información que lesconcierne sobre las pruebas corregidas, que elimine las discriminaciones lingüísticas y que no descargue suresponsabilidad en la comisión examinadora;
(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no1882/2003 (DO L 284
de 31.10.2003, p. 1).16.10.2008 ES C 263 E/661 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
19. Acoge con satisfacción la declaración del Defensor del Pueblo Europeo de su intención de tratar las
actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) utilizando sus competencias de investiga-ción, y señala que el Defensor del Pueblo deberá evaluar y garantizar la capacidad interna para tratar lasreclamaciones a este respecto;
20. Invita al Defensor del Pueblo a que estudie la posibilidad de firmar un protocolo de acuerdo con el
BEI sobre las modalidades de la cooperación entre ambas instituciones en lo relativo al ejercicio de lascompetencias del Defensor del Pueblo de investigar las reclamaciones relativas a casos de mala administra-ción en las actividades del BEI, y considera que éste debería informar a los ciudadanos afectados por losproyectos financiados por el propio Banco de la posibilidad de presentar una reclamación ante el Defensordel Pueblo, incluidos los ciudadanos de terceros países residentes fuera de la UE;
21. Acoge con satisfacción el hecho de que el Defensor del Pueblo pueda realizar investigaciones sobre el
comportamiento de los órganos que actúan en el marco del tercer pilar de la UE;
22. Toma nota de que el Defensor del Pueblo ha presentado dos informes especiales, uno de los cuales ya
ha producido efectos positivos, mientras que el otro será examinado por el Parlamento; a este respecto,apoya las conclusiones del Defensor del Pueblo presentadas al Consejo sobre la necesidad de aplicar normasespecíficas sobre el régimen lingüístico utilizado por las Presidencias del Consejo y sobre la necesidad deaclarar el estatuto de la Presidencia como parte del Consejo en su calidad de institución;
23. Está a favor de que los procedimientos parlamentarios internos sean más estrictos con el fin de
garantizar, en el futuro, un examen más expedito del informe anual del Defensor del Pueblo por parte dela Comisión de Peticiones;
24. Insta al Defensor del Pueblo a que presente al Parlamento las medidas que considere oportunas para
mejorar el intercambio de información entre los respectivos servicios y reforzar la cooperación, en el marco
establecido por el artículo 1 del Acuerdo marco de cooperación de 15 de marzo de 2006, en particular enlo relativo al sector de la comunicación, la información tecnológica y la traducción;
25. Manifiesta su satisfacción por las relaciones constructivas mantenidas con la Comisión de Peticiones
del Parlamento, tanto en lo relativo a la participación del Defensor del Pueblo en las reuniones de la comi-sión como al respeto de las competencias respectivas; en consecuencia, pide al Defensor del Pueblo quepresente cuanto antes a la Comisión de Peticiones su posición sobre las investigaciones más importantes,para poner en marcha una sinergia provechosa;
26. Insiste en su opinión favorable, ya expresada en 2001, sobre la solicitud de modificación del Estatuto
del Defensor del Pueblo en materia de acceso a los documentos y comparecencia de testigos, y acepta elprincipio según el cual las futuras adaptaciones solicitadas servirán para aclarar las competencias del Defen-sor del Pueblo, dadas las exigencias cada vez mayores para el ejercicio de sus funciones y el hecho de que enla práctica las principales instituciones europeas ya han aceptado la mayor parte de ellas;
27. Señala que dichas modificaciones no deberían afectar al origen o la naturaleza de la función del
Defensor del Pueblo de tutor del ciudadano ante la administración pública de la Unión Europea;
28. Reconoce la pertinencia de la red europea de defensores del pueblo para encontrar soluciones extra-
judiciales en el ámbito de la subsidiariedad;
29. Alienta, en el ámbito de la red europea de defensores del pueblo, la consulta recíproca entre el
Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones para resolver cuestiones ya tratadas como objeto de peti-ciones;C 263 E/662 ES 16.10.2008 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007
30. Acoge con satisfacción la participación creciente de los medios de comunicación en la publicación de
los trabajos del Defensor del Pueblo y aplaude la estrategia de comunicación del Defensor del Pueblo apli-cada a través de diferentes canales de información y sensibilización de los ciudadanos que, al establecermúltiples formas de diálogo para el acercamiento de los ciudadanos a las instituciones y órganos de laUnión Europea, llevará, con el tiempo, a un mayor conocimiento de los derechos de los ciudadanos y delas competencias comunitarias, así como a una mayor comprensión del ámbito de competencia del Defensordel Pueblo;
31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Defensor
del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a los Defenso-res del Pueblo u órganos equivalentes de los Estados miembros.
P6_TA(2007)0488
Irán
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2007, sobre Iránn
El Parlamento Europeo,
— Vistas sus resoluciones anteriores sobre Irán, en particular en lo que se refiere a los derechos humanos,
— Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y laConvención sobre los Derechos del Niño, de los que Irán es parte,
— Visto el diálogo UE-Irán sobre derechos humanos,
— Vistas la declaración de su Presidente sobre la muerte por lapidación de un hombre en Irán y la
declaración de la Presidencia de la UE y la declaración de la Comisaria Ferrero-Waldner sobre la muertepor lapidación de Jafar Kiani,
— Vistas las declaraciones de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de 25 de mayo de 2007 y
3 de agosto de 2007, sobre la condena a muerte de Sian Paymard, las condenas a muerte de AdnanHassanpour y Abdolvahed Botimar, la inminente ejecución de Behnam Zare y la condena a muerte deAli Mahin Torabi,
— Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,
A. Considerando que la situación en la República Islámica de Irán por lo que respecta al ejercicio de los
derechos civiles y las libertades políticas se ha deteriorado en los últimos dos años, y especialmentedesde las elecciones presidenciales de junio de 2005, pese a que Irán se ha comprometido, en virtud devarios instrumentos internacionales en este ámbito, a promover y proteger los derechos humanos y laslibertades fundamentales,
B. Considerando que el número de ejecuciones en Irán, incluidas las de menores y homosexuales, frecuen-
temente por lapidación o ahorcamiento público, ha aumentado considerablemente, y que el número deejecuciones registradas desde principios de 2007 es de al menos 244 (
1), cifra que supera las 177
ejecuciones registradas en 2006,
C. Considerando que, en su 62operíodo de sesiones de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas
someterá a votación una resolución en la que se solicita una moratoria mundial sobre las ejecuciones,que constituirá una etapa hacia la abolición de la pena de muerte,
(1) Según información facilitada por Amnistía Internacional a 18 de octubre de 2007.16.10.2008 ES C 263 E/663 Diario Oficial de la Unión Europea
Jueves, 25 de octubre de 2007