ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
P.

Considerando que la institución del documento público no existe en los sistemas de Common Law, en particular, en el Derecho de Inglaterra y Gales o en los países nórdicos; considerando que aunque en Inglaterra y Gales existen solicitors (abogados-procuradores) que actúan como notarios públicos y hay scrivener notaries (notarios), estos juristas no pueden establecer documentos públicos, sino simplemente certificar firmas y, en consecuencia, a la hora de adoptar legislación sobre documentos públicos europeos deben tomarse medidas para garantizar que no pueda haber confusión a este respecto; considerando, por otro lado, que deben tomarse todas las precauciones necesarias para garantizar que los nacionales de países en los que no pueden establecerse documentos públicos no puedan utilizarlos para eludir procedimientos prescritos por los ordenamientos jurídicos de estos países (por ejemplo, el grant of probate (declaración de validez del testamento)); considerando, además, que, con el fin de informar a los profesionales del Derecho de los Estados miembros en los que no existen documentos públicos, la Comisión debe iniciar una campaña adecuada de información y no deben escatimarse esfuerzos para garantizar que los profesionales del Derecho de sistemas de Common Law conozcan el trabajo de los funcionarios públicos de los sistemas de Civil Law y las ventajas potenciales para sus clientes –en términos, en particular, de seguridad jurídica– del uso de documentos públicos en las transacciones que se propongan concluir en los países en los que se usen tales instrumentos; considerando que ello pone de relieve la necesidad, expresada a menudo por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, de redes de profesionales del Derecho, campañas de información y material y formación comunes, que la Comisión debería promover,
11.

Lamenta que, a pesar de la importancia y del carácter políticamente muy sensible de esta reforma, el Parlamento no esté más estrechamente asociado, con objeto de ejercer el derecho de inspección previa de que dispone en el marco del procedimiento de comité, al proyecto de Reglamento sobre la reforma de las normas de origen del sistema de preferencias generalizadas (SPG), actualmente en curso de examen por los Estados miembros en el marco del Comité del Código Aduanero; toma nota, no obstante, de que está prevista una presentación de la Comisión sobre este asunto ante la comisión competente del Parlamento;
26.

Confía en que el SEPA y la Directiva sobre los servicios de pago ofrezcan soluciones a la fragmentación y a la falta de competencia identificada por la investigación del sector con relación a las infraestructuras de pago; recuerda que la primera fase del SEPA entró en vigor el 28 de enero de 2008, y pide plataformas integradas de compensación y liquidación que operen conforme a las mismas normas y niveles técnicos; destaca que el acceso al SEPA debe ser justo y transparente y que la gobernanza debe tener en cuenta a todas las partes involucradas en el sistema y no únicamente a las entidades financieras; recuerda también que la Directiva sobre los servicios de pago establece que no deben permitirse más discriminaciones al acceso a los sistemas de pago que las que resulten necesarias para protegerse de los riesgos y proteger la estabilidad operativa y financiera; recuerda que, en virtud del principio de neutralidad de las políticas comunitarias, no se debe privilegiar ningún modo de pago en perjuicio de otro, y que los costes relativos a la utilización de los diferentes sistemas de pago deben ser transparentes, con objeto de que el consumidor pueda escoger el modo de pago con pleno conocimiento de causa;
4.

Insta a los Estados miembros, en el marco de futuras operaciones, a evitar el uso de armas con uranio empobrecido en las operaciones de la Política Europea de Seguridad y Defensa, así como el despliegue de personal militar y civil en aquellas regiones en las que no pueda darse ninguna garantía de que no se haya utilizado o no vaya a utilizarse uranio empobrecido;
42.

Señala, en particular, el análisis llevado a cabo por la Comisión en lo relativo a las concesiones portuarias y pide a la Comisión que tenga en cuenta la importancia que reviste para las autoridades portuarias una cierta flexibilidad sobre este tema, en particular, para la renovación de las concesiones vinculadas a grandes inversiones, pero considera que esta flexibilidad no debe servir de excusa para impedir la competencia entre los puertos;
Considerando que el Defensor del Pueblo, que podrá actuar asimismo por iniciativa propia, deberá poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; que, para ello, las instituciones y órganos comunitarios tendrán el deber de facilitarle, a instancia suya, la información que solicite, a no ser que se opongan a ello motivos de secreto debidamente justificados, y sin perjuicio de la obligación que incumbe al Defensor del Pueblo de no divulgar dicha información; que las autoridades de los Estados miembros deberán facilitar al Defensor del Pueblo toda la información necesaria, a no ser que dicha información esté amparada por disposiciones legales o reglamentarias relativas al carácter secreto, o bien por cualquier otra disposición que impida su transmisión; que, en caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo pondrá este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, al que corresponde emprender las gestiones oportunas;

Considerando que el Defensor del Pueblo, que podrá actuar asimismo por iniciativa propia, deberá poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; que, para ello, las instituciones y órganos comunitarios tendrán el deber de facilitarle, a instancia suya, la información que solicite y sin perjuicio de la obligación que incumbe al Defensor del Pueblo de no divulgar dicha información y tratar la información o los documentos clasificados con arreglo a normas estrictamente equivalentes a las normas vigentes en las instituciones u órganos de que se trate; que las instituciones y órganos que faciliten información o documentos clasificados advertirán al Defensor del Pueblo de dicha clasificación; que el Defensor del Pueblo y las instituciones y órganos de que se trate deberán acordar las condiciones prácticas para facilitar información o documentos clasificados ; que las autoridades de los Estados miembros deberán facilitar al Defensor del Pueblo toda la información necesaria, a no ser que dicha información esté amparada por disposiciones legales o reglamentarias relativas al carácter secreto, o bien por cualquier otra disposición que impida su transmisión; que, en caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo pondrá este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, al que corresponde emprender las gestiones oportunas;
24. Submarino británico en Gibraltar
B5-0894/2000
Resolución del Parlamento Europeo sobre el submarino nuclear británico en Gibraltar
El Parlamento Europeo,
A. Considerando que el submarino nuclear británico «Tireless» entró en el puerto de Gibraltar en mayo de
este año para ser reparado tras sufrir lo que se ha descrito como una «pequeña grieta en la tubería derefrigeración cerca del reactor nuclear»,
B. Considerando que existen normas comunitarias sobre la protección de la población contra las radia-
ciones ionizantes,
C. Considerando que la Comisión se ha dirigido por escrito al Gobierno del Reino Unido solicitando
información adecuada sobre las condiciones en las que se está procediendo a la reparación del subma-
rino,
D. Considerando que las autoridades españolas y británicas mantienen estrechos contactos para asegurar
un seguimiento continuo de la situación de las reparaciones efectuadas,
1. Tiene presentes las preocupaciones de la población a la que afecta esta situación y señala que el
incidente también afecta a los miembros de la tripulación y a sus familias;
2. Considera que es fundamental mantener informada a la población,no sólo en términos objetivos y
por razones objetivas sino también por la especial sensibilidad del público ante las cuestiones nucleares,
por pequeña que sea la cantidad en material nuclear de que se trate;
3. Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de las respuestas proporcionadas por el
Gobierno del Reino Unido a su solicitud de información y que emita su opinión sobre la aplicabilidad en
este caso de las Directivas 96/29/Euratom (Artículo 50) y 89/618/Euratom (Artículo 5),junto con las
Directiva 92/3/Euratom en caso de transporte de agua contaminada por radiación;
4. Pide a la Comisión que contribuya,junto con los gobiernos del Reino Unido y de España,en la
búsqueda de la solución más segura para la reparación de este submarino,a la vez que se mantiene infor-
mado y tranquilizado al público;
5. Pide a la Comisión que mantenga plenamente informado al Parlamento Europeo de las medidas
adoptadas para asegurar que se respetan las obligaciones comunitarias en este caso;
6. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión,al Consejo y a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.17.8.2001 ES C 232/365 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 14 de diciembre de 2000
20. Derechos humanos: Túnez
B5-0905, 0918, 0933, 0936 y 0937/2000
Resolución del Parlamento Europeo sobre Túnez
El Parlamento Europeo,
Pdash Vistassusanterioresresoluciones,yparticularmentesuResoluciónde15dejuniode2000(1),sobrela
situación en Túnez,
A. Considerandoque el acuerdo de asociación UE/Túnez establece comoelemento esencial lapromoción
delosderechoshumanosyque,enesteespíritu,instauraundiálogopolítico;lamentaqueestediálogo
franco y abierto no haya bastado para incitar a las autoridades tunecinas a progresar en la vía de lademocracia y de los derechos humanos tal como se habían comprometido formalmente,
B. Considerando el reciente discurso del Presidente Ben Ali, pronunciado con ocasión de la celebración
del 13
eraniversario del cambio del 7 de noviembre de 1987, sobre la vía que se ha de seguir y las
medidas que hay que adoptar para hacer que progrese el proceso democrático y pluralista en Túnez,que no ha progresado al mismo ritmo que las reformas económicas,
C. Considerando las últimas medidas obstaculizadoras del funcionamiento de la Liga Tunecina de Dere-
chosHumanos(LTDH),queesunodeloslogrosdelpaís,elprocesoentabladocontraelSr.Marzouki,
losobstáculosalasactividadesdelCNLTylasituaciónmuypreocupantedelospresospormotivosdeopinión que se han declarado en huelga de hambre,
D. Preocupado por la situación de losderechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la libertad
deexpresiónydeasociacióndemiembrosdeorganismosdedefensadelosderechoshumanosodelaoposición política democrática,
E. Atrayendolaatencióndelasautoridadestunecinas sobrelasconsecuencias perjudiciales quetendría la
persistencia de tales situaciones, que obstaculizan la libertad de acción de lasorganizaciones que mili-tan en favor del respeto de los derechos humanos y del progreso democrático del país,
1. Pide a las autoridades tunecinas que pongan fin inmediatamente a cualquier forma de acoso y de
represión de las asociaciones que actúan a favor del Estado de derecho en Túnez y especialmente la
LTDH, el CNLT y sus representantes;
2. Expresasupreocupaciónporelestadodesaluddenumerosospresosquehaniniciadounahuelgade
hambre en Túnez;
3. Pide al Consejoy a la Comisión,que en reiteradas ocasiones han recomendado un diálogo construc-
tivo con Túnez, que utilicen todoslos medios previstos en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Túnezpara conseguir el respeto de las libertades democráticas y de los derechos humanos;
4. Pide que la próxima reunión del Consejo de Asociación UE-Túnez, prevista para febrero de 2001,
analice especialmente la situación de los derechos humanos en Túnez y los obstáculos al funcionamientode las actividades de las asociaciones independientes en el marco del programa MEDA-Democracia;
5. Encarga asuPresidentaque transmitalapresente resoluciónalConsejo,alaComisiónyalGobierno
y al Parlamento de Túnez.
(1) «Textos Aprobados»,punto 10.C 232/356 ES17.8.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 14 de diciembre de 2000
B4-0382, 0394, 0409 y 0420/99

Resolución sobre Níger

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que el Presidente de Níger, general Ibrahim Baré Mainassura, fue asesinado el 9 de abril de 1999 por elementos de su guardia presidencial, que le había elevado al poder tras el golpe de Estado militar del 27 de enero de 1996, que derribó al Presidente democrático de Níger, Mahamane Ousmane;

B. Considerando que la Asamblea Nacional fue inmediatamente disuelta, sin que se permitiera que su Presidente desempeñara la jefatura del Gobierno provisional, como prevé la Constitución en caso de vacío de poder;

C. Considerando que el jefe de la guardia presidencial, comandante Wanké, estableció un Consejo de Reconciliación Nacional formado exclusivamente por militares, que inmediatamente le nombró Jefe del Estado;

D. Considerando que el Consejo de Reconciliación Nacional se ha arrogado los poderes legislativo y ejecutivo;

E. Considerando, además, que el clima de tensión se había visto reavivado por la reciente anulación por el Tribunal Constitucional de los resultados de las elecciones municipales, provinciales y regionales del pasado mes de febrero, que teóricamente debían completar el proceso de retorno a la democracia y que había ganado la oposición,

El Parlamento Europeo,

1. Condena firmemente el asesinato del Presidente Baré Mainassara y reitera que todo cambio de Gobierno debe efectuarse por medios democráticos y legales;

2. Pide la restauración inmediata del orden constitucional y la entrega del poder a un Gobierno provisional civil;

3. Insta al pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Níger y expresa su convencimiento de que sólo un proceso plenamente democrático a través de unas elecciones sometidas a supervisión internacional y un ordenamiento judicial independiente darán estabilidad a Níger;

4. Pide a la Comisión que suspenda la cooperación para el desarrollo en el marco del Convenio de Lomé, pero que se mantenga la ayuda humanitaria y la asistencia facilitada directamente por organizaciones no gubernamentales a los sectores más vulnerables de la población;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión, al Secretario General de la OUA y al Secretario General de las Naciones Unidas.
B4-0900, 0919, 0930 y 0941/98

Resolución sobre la pena capital en Irán

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus Resoluciones anteriores sobre los derechos humanos en Irán,

A. Considerando que en julio de 1998 se ahorcó al Sr. Ruhu'llah Rawhani, acusado de convertir a un musulmán a la religión Bahai, lo que constituyó la primera ejecución de esta naturaleza desde 1992 y la última de las más de 200 ejecuciones de fieles Bahai desde la revolución islámica de 1979,

B. Considerando que la Sra. Mary Robinson, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, protestó por esa ejecución e instó a Irán a que no ejecutase a otros tres seguidores de la fe Bahai encarcelados en la ciudad de Mashad,

C. Considerando que el 29 de septiembre de 1998 se recibió confirmación de la condena a muerte de dos seguidores de la fe Bahai encarcelados en la prisión de Mashad y de que un tercero ha sido condenado a 10 años de cárcel,

1. Pide a las autoridades de Irán que no ejecuten ninguna sentencia de muerte, en particular las dictadas recientemente contra Sirus Zabih-Moghaddam y Hedayet-Kashefi Najafabadi;

2. Lamenta que tras una interrupción de 6 años, en Irán se vuelva a condenar a la pena capital a seguidores de la fe Bahai;

3. Expresa su preocupación por el creciente número de ejecuciones en Irán y los continuos castigos crueles, inhumanos y degradantes, así como por las muertes bajo tortura, como en el caso de Alí Akbar Akbari;

4. Expresa su preocupación por el hecho de que el Gobierno iraní no haya permitido al enviado especial de las Naciones Unidas visitar el país;

5. Pide al Consejo y a la Comisión que ejerzan presiones sobre el Gobierno de Irán para impedir nuevas ejecuciones;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de Irán.
B4-1094/98, 0077 y 0081/99

Resolución sobre el traslado de la empresa Xerox

El Parlamento Europeo,

- Vista la Directiva 75/129/CEE, modificada por la Directiva 92/56/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a despidos colectivos,

- Vista la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria,

- Vista su Resolución de 13 de noviembre de 1996 sobre la reestructuración y la deslocalización industrial en la Unión Europea ((DO C 362 de 2.12.1996, pág. 147.)),

A. Considerando que la empresa Xerox ha anunciado una reorganización de actividad económica y puestos de trabajo en Mitcheldean (Reino Unido) y Venray (Países Bajos),

B. Considerando que las fábricas de Mitcheldean y Venray son la operación industrial más eficiente de Xerox y gozan de unas excelentes relaciones laborales,

C. Considerando que Xerox es una de las empresas que más puestos de trabajo proporciona en la zona de Venray y la que más puestos de trabajo proporciona en Mitcheldean y que no se han anunciado despidos forzosos,

D. Acogiendo con satisfacción por otra parte que la empresa Xerox haya anunciado un incremento de hasta 1.000 puestos de trabajo en su mano de obra industrial europea como consecuencia de su nueva fábrica en Dundalk,

E. Decepcionado y preocupado por la limitada consulta con los representantes de los trabajadores o autoridades locales en Mitcheldean,

F. Preocupado por el hecho de que la ayuda financiera de la Unión Europea puede en algunas ocasiones permitir a los Estados miembros atraer empresas de otras partes de la Unión con subvenciones e impuestos extremadamente bajos,

1. Pide a la Comisión que ponga fin a las situaciones en las que la Unión y los Estados miembros subvencionan directa e indirectamente el traslado dentro de la Unión;

2. Señala que la creación de empleo en la región de Dundalk es un apoyo importante para la paz y la reconciliación en la zona fronteriza y acoge con satisfacción en principio la iniciativa de crear puestos de trabajo en la región;

3. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de si las condiciones ofrecidas a la empresa Xerox por las autoridades irlandesas son conformes con la legislación de la Unión Europea;

4. Pide a la Comisión que le informe sobre si la empresa Xerox ha cumplido todos los requisitos de información y consulta a los trabajadores previstos en la legislación de la Unión Europea;

5. Pide a la Comisión que indique hasta qué punto las propuestas respecto a la competencia fiscal perjudicial pueden ofrecer una solución en casos similares en el futuro;

6. Acoge con satisfacción el hecho de que Xerox esté examinando solicitudes individuales de trabajadores con cualificaciones adecuadas en Mitcheldean y Venray para trasladarse a la fábrica en Dundalk;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos del Reino Unido, de los Países Bajos y de Irlanda.
B4-0841/98

Resolución sobre la pena de muerte en Filipinas

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores decidió en junio de 1998 reforzar las actividades de la Unión Europea contra la pena de muerte, entre otras cosas, efectuando diligencias a nivel de la Unión en casos en que llega a su término una moratoria oficial o de hecho de la aplicación de dicha pena,

B. Considerando que la última ejecución que se produjo en Filipinas ocurrió en 1976, y que hay actualmente más de 600 presos condenados a la pena capital,

C. Considerando que, según un despacho de la agencia Reuters, el Presidente recientemente elegido ha declarado en la radio que no tenía intención de conceder la gracia a Leo Echegaray, uno de los condenados a muerte,

El Parlamento Europeo,

1. Confirma su oposición a la pena de muerte como tal;

2. Insta al Presidente de Filipinas a que ejerza las prerrogativas que le reconoce la Constitución con vistas a mantener la moratoria de hecho de la pena de muerte;

3. Insta al Consejo a que recuerde al Gobierno de Filipinas la importancia que la Unión Europea atribuye a la abolición de la pena de muerte;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Presidente y al Gobierno de Filipinas.
B4-0493, 0516, 0525, 0544 y 0555/98

Resolución sobre el asesinato de Monseñor Gerardi en Guatemala

El Parlamento Europeo,

A. Conocido el brutal asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Guatemala y Coordinador de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en la noche del domingo 26 de abril de 1998,

B. Recordando que fue Monseñor Gerardi quien trabajó y coordinó los documentos "Recuperación de la memoria histórica¨ y "Guatemala: nunca más¨, donde se documentaban las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala,

C. Considerando que este lamentable hecho es una acción que pretende revertir los efectos positivos del proceso de paz y desestabilizar al país y a sus instituciones democráticas,

D. Considerando que en el pasado quedaron impunes con frecuencia los asesinatos de defensores de los derechos humanos en el país,

El Parlamento Europeo,

1. Condena firmemente el brutal asesinato de Monseñor Juan José Gerardi y expresa su solidaridad con sus familiares, la Comunidad católica de Guatemala y todos los que han colaborado en el proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), así como con todos los que creen en la dignidad humana y en la lucha contra la impunidad en Guatemala;

2. Pide que la Comisión de Alto Nivel, cuya creación ha propuesto el Gobierno de Guatemala, sea encargada de dar el seguimiento a la investigación en curso, con el objetivo de esclarecer el crimen y poner ante la justicia a los culpables;

3. Ante este intento de desestabilizar el proceso de paz y la vida democrática del país, apoya firmemente los Acuerdos de Paz que pusieron fin al largo conflicto armado que sufrió el pueblo de Guatemala;

4. Pide a todas las fuerzas políticas guatemaltecas que intensifiquen sus esfuerzos para desarrollar los contenidos de los Acuerdos de Paz y, en particular, en lo referente a la desmilitarización, reforma fiscal y desarrollo de la situación agraria;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Guatemala, al Congreso de Guatemala y al Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.