Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «XXV Informe sobre la política de competencia (1995)» () (97/C 75/06)

El 16 de abril de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «XXV Informe sobre la política de competencia (1995)».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 4 de diciembre de 1996 (Ponente: Sr. Bagliano).

En su 341° Pleno (sesión del 19 de diciembre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 106 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

I. XXV INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA (1995)

1. El XXV Informe anual sobre la política de competencia (1995)

1.1. La Comisión, recogiendo una sugerencia del Comité Económico y Social, ha dividido este año su ejercicio anual en dos partes:

- un informe breve, (no más de 100 páginas) que contiene la descripción de los principales avances decisiones y disposiciones legislativas, en materia de política de competencia;

- y un segundo informe separado que tiene por objeto la aplicación de las reglas de competencia en el año 1995 con detalles e informaciones relativas también a los distintos Estados miembros.

1.2. Se ha garantizado «la transparencia», aunque haya disminuido el número de páginas, y se ha mejorado al mismo tiempo la estructura y la articulación de todo el texto. En efecto, precisamente porque el gran tema de la competencia es a la vez un tema político y técnico jurídico, se pueden mantener separados los principios y los desarrollos legislativos de los aspectos de su aplicación, tanto administrativos (decisiones de la Comisión) como de jurisprudencia (sentencias del Tribunal de primera instancia y del Tribunal de Justicia), sin olvidar por ello su íntima conexión: la política de competencia es unitaria.

1.3. El Comité Económico y Social manifiesta su satisfacción por este enfoque que antepone el aspecto expositivo, y en cierto modo didáctico, para tener más en cuenta las exigencias de los destinatarios de estos informes periódicos sobre la política de competencia -que no sólo son los encargados del trabajo, juristas y abogados, sino la generalidad de los operadores económicos- haciéndolos, de lectura más fácil y de más fácil acceso a la hora de la investigación de referencias de jurisprudencia y legislativas, resumidas y comentadas eficazmente.

En el clima creciente de promoción del derecho a la competencia (véase II, 11) sería conveniente dar mayor espacio a los capítulos dedicados a la aplicación de las reglas de competencia -nacionales y comunitarias- en los Estados miembros.

1.4. El segundo informe, por separado, es también importante no sólo porque contiene valiosas informaciones sobre decisiones, sentencias y normas, sino también porque dedica un espacio adecuado a las respuestas de la propia Comisión sobre diversos puntos del anterior dictamen del Comité Económico y Social (y de las resoluciones del Parlamento Europeo) relativas al informe anual sobre el año 1994 (). Esta iniciativa de responder punto por punto destaca en el XX Informe para el Parlamento Europeo y en el XXII para nuestro Comité, revelándose muy útil para establecer un marco de mayor transparencia en la dialéctica y la colaboración entre las instituciones en lo que se refiere a estas reflexiones anuales sobre la política de competencia en la Unión Europea.

1.5. El Comité Económico y Social concede gran importancia a esta práctica, ya consolidada, de realizar observaciones concretas a sus dictámenes por parte de la Comisión y además se complace siempre de tener la oportunidad -en las Secciones especializadas y en el Pleno- de entablar un debate amplio y abierto sobre la política de competencia, con ocasión del Informe Anual de la Comisión. Sin embargo, la exigencia de una mayor adecuación temporal -en esta época nuestra de precipitación de los acontecimientos- induce al Comité a pedir a la Comisión que considere la posibilidad de realizar intercambios de punto de vista en períodos más cortos.

La política de competencia está efectivamente ligada a numerosas otras políticas comunitarias y a muchos otros problemas complejos, a la vez que los acontecimientos se suceden con un ritmo cada vez más rápido, por lo que la utilidad de más frecuentes consultas parece concretamente justificada.

1.6. No se trata de privilegiar al Comité en relación con las otras instituciones comunitarias (). Se trata únicamente de ampliar y potenciar el aporte específico del Comité Económico y Social sobre aspectos económicos y sociales de la política de competencia, pero teniendo en cuenta obviamente el papel prioritario del Parlamento Europeo, que tiene por misión asegurar el control democrático de las actividades de la Comisión. La apertura y la transparencia son hechos indispensables para un diálogo constructivo, sea con el Parlamento, sea con el Comité Económico y Social para asegurar no sólo el consenso democrático (párrafo 21 del Informe), sino también para comprobar la eficacia real, sobre el terreno, de la política de competencia de la Comisión, es decir, de su correspondencia efectiva con la realidad económica y social.

Por otra parte, es cierto que cualquier proyecto de comunicación o de texto legislativo constituye, como precisa la Comisión en sus respuestas al dictamen precedente del Comité (), una ocasión ideal para la consulta y el diálogo. Sin embargo el Comité no puede no confirmar y reiterar su deseo de una mayor oportunidad de compromiso, aunque se da cuenta de las mayores responsabilidades que de ahí se derivan pero que también constituyen la ambiciosa y creciente obligación propia del trabajo.

2. La política de competencia en la Unión Europea. Respuestas de la Comisión al dictamen sobre el XXIV Informe. La colaboración con las autoridades nacionales

2.1. Una eficaz política de competencia es un instrumento esencial para la realización de un mercado único, eficazmente integrado, sin fronteras internas y con un grado creciente de cohesión económica y social. Si bien ésta es un convicción compartida por todos, es necesaria a todos los niveles una acción más fuerte, coherente y puntual en la actuación concreta. Es necesario acelerar el procedimiento de elaboración y adopción de las propuestas legislativas en curso. Los Libros Verdes y los Libros Blancos han sido, y son todavía, puntos de partida con un gran contenido de proyecto, o instrumentos utilísimos de análisis, reflexión y de verificación para orientar las opciones. Pero todo este valioso trabajo está ya maduro para recibir el premio de una adecuada y oportuna propuesta de actuación concreta. Los tres informes del Grupo Asesor sobre la Competencia (Competitiveness Advisory Group) han confirmado con autoridad la exigencia prioritaria de acelerar la realización del mercado europeo.

2.2. Es evidente que la política de competencia no consiste únicamente en la aplicación de normas que garanticen una competencia leal en el mercado; es sobre todo un instrumento esencial de competitividad. También a este respecto el consenso es general, pero no existen todavía decisiones adecuadas y coherentes en concordancia.

Si bien es necesario reconocer que se han tomado muchas iniciativas, se debe sin embargo subrayar fuertemente que la mejor eficacia se obtiene llevando a término, simultáneamente o paralelamente un número suficiente de propuestas legislativas convergentes. También a este respecto el GAC ha exhortado a los responsables políticos europeos a redoblar los esfuerzos para superar los obstáculos que frenan todavía la realización de un verdadero mercado único. El Comité Económico y Social hace suya esta exhortación en la óptica de una política de competencia. más atenta, más flexible, y que se aplique oportuna y coherentemente con las demás medidas necesarias para la realización y el buen funcionamiento del mercado interior.

2.3. La política de competencia, por lo que respecta a la aplicación de las normas, desempeña con eficacia y transparencia crecientes, ya desde hace muchos años, el papel esencial que le asigna el Tratado. Los acuerdos entre empresas, en especial en lo que se refiere a los precios y el reparto de mercado, las concentraciones, las ayudas del Estado, los cárteles, los sectores regulados o en régimen de monopolio, son los campos de intervención donde la Comisión, el Tribunal de Justicia, y el Tribunal de primera instancia desarrollan una acción constante de vigilancia y control para aprobar, prohibir o modificar. El aumento de los casos en 1995 se interpreta como índice de una mayor transparencia y claridad del sistema normativo comunitario más que como una situación de violación persistente o creciente de las normas, considerada incluso la pequeña incidencia de las sentencias condenatorias.

Al Comité Económico y Social no se le escapa, no obstante, la creciente complejidad de los fenómenos económicos y de las iniciativas de los operadores individuales, que tiene como consecuencia que se presenten al examen de la Comisión un mayor número de casos cuya licitud es, precisamente, de difícil determinación o incierta para las mismas partes interesadas. La certeza jurídica es un factor positivo importante para una política de competencia correcta, y la Comisión contribuye a su construcción y consolidación con sus decisiones, a menudo amplia y profusamente razonadas.

El Comité Económico y Social manifiesta su satisfacción por la actividad y los esfuerzos de creciente implicación de la Comisión en 1995, aunque se reserva alguna crítica dentro del espíritu de colaboración y de estímulo que le ha caracterizado siempre desde su primer dictamen del 30 de abril de 1981.

2.4. A las observaciones del Comité sobre el XXIV Informe, relativas a algunos aspectos particulares, la Comisión responde confirmando que la política de competencia no puede dejar de tener en cuenta el contexto jurídico, económico político y social si quiere ser verdaderamente uno de los grandes instrumentos [en consonancia con la realización del mercado común ()] previstos en el Tratado de Roma para la realización de los objetivos fundamentales de la Comunidad. Más concretamente:

- en cuanto a las sociedades cooperativas el Comité toma nota de la manifestación explícita de que, en su caso, el artículo 85/3 permite examinar estos acuerdos con la necesaria flexibilidad ();

- por lo que respecta a los intercambios de informaciones, la Comisión reconoce () que se trata de una materia delicada. El Comité Económico y Social tiene bien presente el VII Informe sobre la política de competencia donde se exponen algunos principios generales, pero desde 1977 hasta ahora las tecnologías de la comunicación han progresado enormemente y la información en tiempo real se ha convertido ya en una exigencia casi absoluta para las empresas y, para muchas de ellas, incluso en un factor per se de productividad y eficiencia, y por tanto, de crecimiento competitivo. El Comité está de acuerdo además en que la valoración de estos acuerdos puede basarse tanto sobre las intenciones de las partes como sobre los efectos, pero desea que sea compatible con la dirección del progreso. Incluso la doctrina económica del oligopolio, que es la hipótesis citada por la Comisión en su respuesta, ha modificado el enfoque de estos problemas;

- por lo que respecta a las PYME, el Comité alaba la intención de la Comisión () de ampliar el campo de aplicación de los Reglamentos de exención por categorías para sustraer a la prohibición los acuerdos a favor de la competitividad entre las PYME y el esfuerzo de principio de adoptar una actitud favorable en lo que respecta a la cooperación en general.

2.5. En tanto que instrumento esencial para la competitividad, la política de competencia debe estar de acuerdo con las restantes «políticas comunitarias» en particular con respecto a «las políticas industrial, comercial, laboral, en favor de la cohesión social y la competitividad, contra la inflación y para la defensa de los consumidores», como reitera de nuevo el Comité en su anterior dictamen sobre el XXIV Informe (párrafo 3.3).

La Comisión, en múltiples respuestas al Comité, confirma su especial atención a las conexiones entre la política de competencia y los otros sectores socioeconómicos (citando a modo de ejemplo el párrafo del Informe titulado precisamente «competencia y medio ambiente» y subraya además que la política de competencia en sí misma es un instrumento indispensable de la política industrial (). La política de competencia no es de hecho una mera aplicación de las normas, sino una «política» en el sentido más puro y completo.

2.6. De todas maneras, la política de competencia en la UE requiere que se active un proceso de revisión eficaz y continuo.

En este sentido, el Comité Económico y Social renueva a la Comisión la recomendación de reconsiderar con la necesaria flexibilidad las cooperaciones en sentido vertical que no deben entrar necesariamente por sí mismas en la prohibición del artículo 85 del Tratado de Roma. El Libro Verde ofrecerá la ocasión de un debate útil, que se prevé rápido, y de opciones claras y en línea con los tiempos.

Siempre en relación con la rapidez y claridad, se puede decir lo mismo por lo que respecta al derecho de procedimiento, que fundamentalmente reaparece al inicio de los años sesenta. Hay que mejorar los derechos de la defensa, el acceso a los expedientes, la longitud de los procedimientos (aunque se han dado pasos adelante a propósito de esto último). Ni la reciente redefinición del papel de consejero-auditor, y menos «en último término, el recurso ante los tribunales europeos» (como dice la Comisión en la p. 51 del Informe) pueden tranquilizar a las empresas y a los ciudadanos que justamente reclaman no sólo transparencia sino también rapidez. Los costes del contencioso pueden y deben reducirse también en aras de la competitividad.

2.7. El tema de una eficaz política de competencia comunitaria requiere cada vez más la colaboración de las autoridades nacionales. Los criterios de reparto deben ser claros y precisos, como prevé la Comisión en su intento de reforzar la aplicación descentralizada de los artículos 85.1 y 86, respetando obviamente lo ya sancionado por el Tratado. No habrá que ahorrar esfuerzos para evitar conflictos de competencias e intereses. El interés debe ser uno sólo, es decir, alcanzar el objetivo de una competencia equitativa a todos los niveles, nacional y comunitario. Y la competencia debe estar sujeta a la Autoridad que esté en mejores condiciones para valorar y decidir en los casos que no están «de iure» sujetos a la de la Comisión.

Si más adelante se avanzara todavía de modo significativo en la armonización de las legislaciones nacionales, el riesgo de interpretaciones o aplicaciones diversificadas [preocupación que expresaba nuestro Comité en el dictamen sobre el XXIV Informe (párrafo 8.1)] podría reducirse considerablemente. En especial, los Estados miembros carentes todavía de ellas deberán adoptar las normativas necesarias para permitir que las respectivas autoridades de competencia aplicaran los artículos 85, párrafo 1, y 86 del Tratado CE (véase II, Anteproyecto de Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros).

3. Monopolios - Redes transeuropeas - Transportes - Telecomunicaciones - Medio ambiente - Profesiones liberales

3.1. Monopolios

La liberalización de los mercados sujetos tradicionalmente al régimen de monopolio, es una de las prioridades de la política de competencia si se quiere crear un verdadero mercado interno. La liberalización incrementará la competitividad y estimulará la innovación, pero dentro del marco de una política de competencia que elimine los obstáculos jurídicos abriendo el acceso al mercado y que persiga con prontitud cualquier abuso de posición dominante y cualquier acuerdo no competitivo. Y todo ello manteniendo las exigencias del servicio público.

Liberalizar sin, por ello, renunciar a los objetivos de cohesión social de la construcción comunitaria. La Comisión tiene en cuenta la preocupación del Comité Económico y Social acerca de los posibles problemas sociales subsecuentes a corto plazo y confirma que por esta razón es partidaria de una liberalización progresiva ().

La Comisión precisa en sus respuestas al Comité que la garantía de un servicio universal de calidad esta en el centro de su política de liberalización y añade que dicho servicio puede ser provisto en un contexto de competencia por operadores públicos o privados (). En cualquier caso, se debe garantizar la prestación de un servicio universal en aquellos sectores en que sólo las fuerzas del mercado no son suficientes y en las que el derecho de acceso de los ciudadanos pueda verse afectado.

3.2. Redes transeuropeas

El desarrollo de las redes transeuropeas es una prioridad consagrada en el Tratado. No es posible crear un mercado interno, efectivamente integrado, sin potenciar a nivel europeo las redes de comunicación: transportes, telecomunicaciones, energía, que tienen un papel fundamental a la hora de garantizar la competitividad y la cohesión en el seno de la UE, como dice la Comisión en su comunicación anual al Consejo y al Parlamento Europeo. El Comité Económico y Social subraya de nuevo el gran impacto sobre la competitividad que tendrá la realización de los diferentes proyectos. Sin embargo, es previsible que se elaboren procedimientos institucionales para que no se retrasen los numerosos proyectos destinados a mejorar la infraestructura transeuropea de transporte y se mantenga la corrección en la toma de decisiones. El Comité tiene por otra parte en cuenta y acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por poner en práctica normas comunes para el mercado interior de la energía, pero señala que el equilibrio entre estas normas no está establecido todavía. Es efectivamente cierto, como afirma la Comisión en el párrafo 117 del XXV Informe (citando el Informe Ciampi) que la falta de liberalización en el sector de la energía puede causar un impacto muy negativo sobre la competitividad de la economía europea. Pero esta liberalización debe buscarse dentro de un marco jurídico preciso, para poder establecer «el equilibrio, en la medida de lo posible, entre las normas sobre la competencia y el respeto y cumplimiento de las obligaciones de servicio público» () con especial atención a la importancia que tiene para la UE la seguridad en el suministro.

3.3. Transportes marítimos

La exención por categorías, según el artículo 85/3, aprobada en 1995, a los consorcios de compañías de transporte marítimo de línea reconoce que el objetivo de estos acuerdos puede afectar tanto a la mejora de la productividad como a la calidad de los servicios. Aunque resulta obvio que siempre debe ser en el contexto de una competencia suficiente. En cuanto a las «conferencias marítimas», (I) el Reglamento (CEE) n° 4056/86 sobre exención por categorías ha sido desde el principio una normativa muy controvertida: el Comité desea, pues, una valoración realista de sus efectos.

3.4. Transportes aéreos

Por lo que respecta al transporte aéreo, hay que compartir el enfoque caso por caso que ha elegido la Comisión. Indudablemente debe llevarse a cabo la reestructuración del cielo europeo para reducir los costes y mejorar la calidad de los servicios pero, en cualquier caso, es fundamental que se mantenga una competencia efectiva y el acceso de los operadores potenciales en especial ejerciendo una vigilancia eficaz sobre el procedimiento de asignación de franjas horarias («slots»). Por lo que respecta al transporte de mercancías tiene en cuenta el realismo de que ha dado prueba la Comisión al suprimir, a mediados de este año, «la exención por categorías» de la que se beneficiaban las compañías aéreas, si bien con el resultado de precios muy superiores a los del mercado.

3.5. Telecomunicaciones

La aplicación de las normas de competencia contribuirá sin duda a mantener el dinamismo del sector de las telecomunicaciones, un sector con gran futuro, pero que ya ahora mismo ofrece posibilidades concretas de iniciativas económicas. El Comité espera los Libros Verdes que la Comisión tiene en programa para este año y confía en que las reflexiones no se hagan esperar y sean realistas.

Las redes de telecomunicaciones son la columna vertebral de la futura sociedad de la información: así concluye la Comisión su informe anual del año 1995. Si esto es así, y es una convicción ampliamente difundida, la política de competencia debe afinar sus propios instrumentos de vigilancia, pero sobre todo debe considerar con criterios de flexibilidad cualquier iniciativa en este sector, salvaguardando el progreso y el interés colectivo. En la perspectiva de un contexto plenamente liberalizado, el Comité subraya de nuevo la importancia del servicio universal y de su financiación.

3.6. Medio Ambiente

La Comisión tiene programadas numerosas iniciativas en favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible: el Comité Económico y Social está de acuerdo en considerar la mejora de las condiciones medioambientales entre los supuestos de exención del artículo 85/3. Los acuerdos voluntarios entre la industria y la administración pública que tienen como objetivo la protección medioambiental deben ser consideradas con una actitud favorable en lo que respecta a la aplicación de las reglas de competencia. En este sector se podrán crear nuevos mercados que en el marco de una política medioambiental con objetivos precisos, ofrecerán nuevas potencialidades positivas, en términos de crecimiento y empleo en un régimen de competencia leal y eficaz.

3.7. Profesiones liberales

También en el sector de las profesiones liberales la intervención de la Comisión resulta especialmente oportuna. Algunas prácticas o acuerdos de asociación o algunas situaciones de tipo corporativo pueden crear obstáculos a los intercambios y perturbar la libre competencia.

4. El control de las concentraciones

4.1. La revisión del Reglamento (CEE) n° 4064/89 ha entrado ya en la fase de proyecto más concreta, tras los debates y las reflexiones sobre el Libro Verde. El Comité Económico y Social confirma su inclinación por una bajada de los umbrales, como ya ha justificado detalladamente en el dictamen sobre el Libro Verde (), pero no ha excluido la posible consideración positiva de alternativas eventuales relacionadas con la notificaciones múltiples. Un criterio distinto a la hora de determinar la dimensión comunitaria puede de hecho estar ligado a la obligación de notificación en dos o más Estados miembros, incluso si no se alcanzan los umbrales actuales. Por tanto, en estos casos habría que reconsiderar el papel de las autoridades nacionales que podrían tener competencia hasta un determinado límite de la facturación de las operaciones de concentración.

4.2. Además del problema de los umbrales, la revisión del Reglamento (CEE) n° 4064/89 se ocupa de las empresas comunes cooperativas propiamente dichas. A este respecto, el Comité solicita a la Comisión la máxima claridad para evitar tanto peligrosas incertidumbres como las igualmente peligrosas discriminaciones y subraya la necesidad de una solución adecuada también para las demás empresas comunes, no «propiamente dichas» sino estructurales.

El Comité Económico y Social ha aprobado un dictamen separado sobre las propuestas de la Comisión ().

5. Las ayudas estatales

5.1. Aunque reconoce la contradicción entre un régimen competitivo y las ayudas estatales o por lo menos públicas, la Comisión precisa en sus respuestas al anterior dictamen del Comité () que el Tratado de Roma se enmarca en el contexto de un sistema neoliberal moderado en el que los Estados tienen exactamente el papel que les corresponde en una economía mixta. Sin embargo, se debe vigilar y controlar atentamente la política de ayudas nacionales y la Comisión debe incrementar sus esfuerzos en favor de una transparencia cada vez mayor y de salvaguarda de los derechos de terceros.

5.2. El Comité considera efectivamente que las «ayudas» de los Estados miembros pueden constituir un factor de distorsión de la competencia. A este respecto el Comité subraya la importancia y la actualidad de una estrecha relación entre política de competencia y política de cohesión económica y social y desea que la Comisión haga una reflexión específica sobre el tema en su próximo «informe» sobre ayudas del Estado.

5.3. El objetivo no puede ser otro que la reducción de las ayudas, la revisión de las normas y mayor claridad. Pero incluso sobre los procedimientos influyen iniciativas más fuertes. La Comisión deberá adoptar un Reglamento para formalizar los derechos de terceros a pesar de que son precisamente los terceros los que a veces son los verdaderos controladores y los que descubren la ilegalidad o los abusos.

5.4. También la información debe mejorarse. La Comisión publica en el Diario Oficial tanto la apertura y la clausura de los procedimientos, como la lista de las ayudas de las cuales no ha obtenido datos, pero también sería muy útil un registro público que recoja todos los casos.

6. La Agencia europea independiente

6.1. La política de competencia tiene cuatro grandes campos de aplicación: los cárteles, el abuso de la posición dominante, las operaciones de concentración y las ayudas estatales. Al tratar el problema de la Agencia europea independiente habría que precisar previamente si sus competencias se refieren sólo a las operaciones de concentración o también a los artículos 85 y 86 o incluso también al artículo 90 y siguientes. Aunque limitada a las operaciones de concentración -como parece más verosímil-, la hipótesis no goza del consenso del Comité, que se ha expresado en contra en varias ocasiones y que tiene previsto justificar más detalladamente su desacuerdo.

6.2. En el Tratado de Roma las normas sobre la competencia son un instrumento para conseguir la finalidad de la UE (artículos 2 y 3G). En sí mismas, pues, estas normas han nacido con un contenido político. El Tratado tiene su propia coherencia, su propia validez unitaria, además de una larga experiencia de aplicación precisamente en lo que se refiere a la política de competencia. El Tribunal de Justicia y el Tribunal de primera instancia completan la estructura. No ha sido una experiencia negativa (si bien obviamente mejorable, como ya se está haciendo) pero de traslación difícil a otros planos externos cuando no ajenos a la finalidad de la UE.

6.3. Si se quiere separar la valoración técnica de esa política, se contradice precisamente la finalidad principal del Tratado que es la realización de un mercado único. La Comisión tiene la responsabilidad de garantizar su correcto funcionamiento mediante una política de competencia que se justifica justamente en el marco de todas las otras políticas comunitarias. Para garantizar la consecución del objetivo del Tratado es esencial la coordinación de las políticas comunitarias y por eso la Comisión está dotada del poder de exención de prohibiciones además de los poderes de control y de sanción.

6.4. Parece difícil e incoherente separar el contenido del derecho de competencia de la competencia del órgano llamado a aplicarlo, de la misma manera que es difícil e incoherente fraccionar la competencia de una parte de la normativa en materia de competencia (operaciones de concentración u operaciones de concentración y cárteles), de las otras normas (cárteles y ayudas o solo ayudas). Una autoridad independiente (¿de quién?) supone también innumerables problemas perjudiciales (composición, control) y de funcionamiento (¿decisiones sujetas a gravámenes? ¿se devuelve al Tribunal de Justicia o a la Comisión?).

6.5. El tema de la protección de la libre competencia en la UE es complejo y la política de competencia gestionada por la Comisión con un visión global sigue siendo un instrumento insustituible y no delegable.

7. Las relaciones internacionales

7.1. Las relaciones con los países candidatos a la adhesión a la UE

El Comité muestra su satisfacción por el esfuerzo de la Comisión en favor de la realización efectiva, en el sector de la política de competencia de la estrategia de preadhesión de los Países de Europa central y oriental (PECO) establecida por el Consejo Europeo de Cannes de junio de 1995.

El Comité quiere señalar, no obstante, la necesidad de que las acciones de la Comisión se lleven a cabo con el mismo esfuerzo, no sólo en relación con el primer grupo de PECO que han suscrito los «Acuerdos Europeos», sino también en relación con los restantes PECO que han presentado sucesivamente su demanda de adhesión a la Unión Europea (Letonia, Lituania, Estonia y recientemente Eslovenia).

7.2. A este respecto, el Comité subraya la importancia de los programas de formación, de asistencia técnica en el campo legislativo, de desarrollo de la cooperación con las autoridades nacionales de competencia así como de las iniciativas de información en los ambientes empresariales. El Comité desearía que los recursos disponibles para dichas acciones estén a la altura de la confirmación contenida en el Libro Blanco - Preparación de los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión: «En la política de competencia como en otros ámbitos no solamente es necesario adoptar leyes y crear estructuras, sino que, además debe darse un continuo esfuerzo para aplicar las medidas, hacer que sean universalmente conocidas y aceptadas e instaurar la confianza en que se aplicarán. Sólo entonces puede el mercado desarrollarse en todo su potencial.»

7.3. El Comité subraya, además, que la puesta en práctica en el ámbito de la política de competencia de la estrategia de preadhesión no debe hacer que pase a segundo plano la exigencia de llevar a efecto en los plazos preestablecidos las reglas de competencia sancionadas por los Acuerdos Europeos ya en vigor entre la UE y algunos países PECO a título individual, reglas que son fundamentalmente las del Tratado de Roma. A este respecto, el Comité señala como particularmente urgente la adopción de normas de actuación en materia de ayudas estatales. La total apertura existente en lo fundamental del mercado único europeo a las importaciones de los PECO no permite de hecho que se aplace ni para evitar repercusiones negativas sobre las propias economías en transición ni para evitar distorsiones de la competencia en el mercado único europeo también por parte de los inversores de fuera de Europa que van estableciéndose en los PECO.

7.4. El Comité considera, por tanto, una exigencia prioritaria que los PECO garanticen desde ahora la transparencia en el sector de las ayudas pública, publicando anualmente los importes totales y las empresas beneficiarias. Y subraya, en fin, que se establezcan cuanto antes (como se sugiere en el Libro Blanco) las autoridades nacionales de control de las ayudas estatales, capaces de aplicar las normas previstas por los Acuerdos Europeos en vigor.

7.5. En sus respuestas (), la Comisión comparte la observación del Comité sobre la necesidad -en las relaciones con los PECO, y en especial en el tema de la política de competencia-, de respetar algunos parámetros sociales, además de su preocupación porque los fenómenos de deslocalización y de aceleración de la reestructuración industriales puedan tener repercusiones negativas tanto económicas como sociales además de sobre el empleo. El análisis de los efectos de las ayudas previstas en los Acuerdos Europeos será muy útil en este sentido.

7.6. Relaciones con las organizaciones internacionales multilaterales

El Comité Económico y Social ha apoyado siempre la actuación de la Comisión ante las organizaciones internacionales pero, sobre todo, ha incentivado siempre las iniciativas concretas para promover incluso a nivel mundial una convergencia progresiva de las reglas de competencia. La OCDE, la UNCTAD y la OMC, son los interlocutores adecuados, y sobre todo la OMC puede desempeñar un papel fundamental a la hora de establecer progresivamente una cooperación más estrecha entre las autoridades competentes.

7.7. Se debe tener en cuenta que todo lo que hoy ocurre en el mundo, obra de los hombres y de las instituciones, los Estados, las asociaciones, ha adquirido un grado e incluso una necesidad de visibilidad creciente. Y paralelamente va creciendo poco a poco la visibilidad y por lo tanto una mayor conciencia de los muchos problemas que los hombres, las instituciones, los Estados, las asociaciones deben afrontar en los umbrales del tercer milenio. Esto es el resultado de la liberalización y de la mundialización e imponen a la política de competencia una competencia nueva, internacional.

7.8. Las conclusiones de la reunión en Singapur de la OMC en diciembre de 1996 deberán tenerse en cuenta en la óptica de un enfoque realista y gradual.

8. Globalización, competencia y crecimiento

8.1. El compromiso de la Comunidad Europea es grande. Pero Europa no puede esperar hacer frente a los desafíos de la globalización (no sólo de la economía), del enfrentamiento con otras áreas y regiones, y de defensa del modelo social europeo sin una gran claridad institucional. El futuro institucional de la UE será determinante también de su futuro económico y social. Exigir el respeto de las reglas de competencia a nivel mundial requiere autoridad y credibilidad.

8.2. Es necesario un esfuerzo suplementario y también mayor fantasía y más valor. Promover la competencia quiere decir estimular la competitividad y la innovación y ampliar así la oferta de bienes y servicios. Es decir: nuevos productos, nuevos servicios, pero también nuevas profesiones y nuevos oficios. Y por tanto, nuevas posibilidades de trabajo. Una política de competencia clara y previsora debe crear las condiciones favorables para ir a la par de la emergencia de nuevas profesiones y nuevos oficios.

Los grandes filones del medio ambiente, del tiempo libre y de la cultura deben ser considerados precisamente como sectores que tienen hoy mayor capacidad de aumentar la oferta de trabajo. La política de competencia complementa la política de empleo si, respetando las reglas, facilita las iniciativas de colaboración en estos sectores emergentes, con toda seguridad los sectores del futuro, pero ya hoy plenos de potencialidades de rápido desarrollo.

8.3. El verdadero problema no es, pues, insistir en facilitar las actividades existentes sino crear otras nuevas. La economía del medio ambiente y de la cultura, con las industrias y los servicios ligadas a ella, bastarían quizá por sí solas para devolver la serenidad al marco ocupacional incluso a corto plazo. Desde esta perspectiva, es urgente una formación profesional seria y selectiva, bien programada y claramente anclada en los nuevos perfiles profesionales precisos y concretos.

8.4. Un marco competitivo abierto y favorable a lo nuevo será la mejor condición para que los recursos producidos por la economía de mercado puedan ser invertidos en bienes sociales y colectivos, creando trabajo y promoviendo calidad social. Para crear una afluencia de recurso adicionales para apoyar los bienes y las actividades culturales sería necesario, por ejemplo, estudiar una adecuada política de incentivación fiscal, dedicada a las empresas y al ciudadano, unida al uso óptimo de las posibles fuentes de financiación suplementarias (como las que representan los Fondos estructurales de la UE).

8.5. Pero sobre todo es un desafío para el mundo de las empresas que deberán mostrar nuevas capacidades, nuevas formas organizativas, nuevas direcciones de gestión. Baste pensar en el vasto universo de capacidad emprendedora que ya se mueve en torno a la protección, a los servicios y las producciones culturales y que tienen presupuestos significativos de crecimiento y de consolidación. No deben excluirse las asociaciones de tipo estratégico con las grandes empresas y con el mundo de la investigación, en el amplio campo de las repercusiones tecnológicas de las actividades culturales, es decir de la aplicación a estas actividades las nuevas tecnologías.

II. «PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA A LA COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN Y LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ARTÍCULOS 85 Y 86 DEL TRATADO CE»

()

1. Puesto que la Comisión invitó a presentar observaciones, el Comité decide hacer coincidir su propio dictamen sobre dicha «Comunicación» con el dictamen sobre el XXV Informe sobre la política de competencia, a fin de ahorrar tiempo.

2. En su anterior dictamen sobre el XXIV Informe anual, el Comité había señalado, a propósito de la descentralización de la aplicación del derecho de competencia, el riesgo tanto de una aplicación diversificada como de un conflicto de intereses con las autoridades nacionales. En sus respuestas al párrafo 8 del dictamen del Comité, la Comisión replica en su XXV Informe afirmando que: «Para prevenir los riesgos mencionados por el CES, un factor de suma importancia será el método de reparto de asuntos que se establezca entre la Comisión y las autoridades nacionales. Si los Estados miembros se limitan a tratar las infracciones cuyos efectos se restringen a un único mercado nacional (como prevé nuestro anteproyecto), se evitarían los riesgos de "aplicación diversificada" y de conflictos entre la Comunidad y los Estados miembros.

3. A este respecto es necesario reconocer que desde hace muchos años la Comisión intenta poner en práctica una política orientada a descentralizar la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, para hacer más eficaz y más comprensible para el público la política de competencia. Un primer paso en esta dirección ha sido la "Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE" ().

4. El segundo paso lo representa ahora este proyecto de Comunicación» relativo a la colaboración con las autoridades nacionales de competencia, que tiene como objetivo reforzar su papel y organizar una comunicación estrecha y constante con la Comisión en el respeto del principio de subsidiariedad y del principio del nivel más cercano al ciudadano.

5. En este proyecto de Comunicación antes de dar las «orientaciones para el reparto de tareas», entre la Comisión y las autoridades nacionales, la Comisión hace hincapié en que «sea una única autoridad quien ejerza dicho control (...), sin excluir la posibilidad cuando proceda, de que dos autoridades se ocupen al unísono del mismo asunto» añadiendo que «Este control único es beneficioso par las empresas» (I-4).

A este respecto el Comité no puede por menos que confirmar su acuerdo de principio sobre el control único, pero no se le escapa que el examen en común puede crear algunos problemas (¿Quién decide a la hora de evaluar la posición dominante?), y ello también debido a la falta de normas de procesales armonizadas.

6. «La Comisión pretende fomentar esta cooperación con las autoridades de competencia de todos los Estados miembros» pero constata por otra parte «que en varios de ellos la legislación nacional no contempla actualmente los medios procesales necesarios para aplicar el párrafo 1 del artículo 85 y el artículo 86» (I-5 de la Comunicación).

Esta consideración es tan relevante que es objeto de las observaciones finales en las que «la Comisión invita a todos aquellos Estados miembros que carecen de una legislación que permita a su autoridad de competencia aplicar eficazmente el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86, que adopten las normas pendientes.» (V-1)

Esta es la única invitación de la Comisión concluyente y explícito después de la invitación de la introducción (I-3, 3° pár.) a las empresas para que se dirijan «preferentemente a las autoridades de competencia de los Estados miembros con objeto de reforzar la aplicación del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86».

A este respecto no se puede negar que la Comisión ha hecho, y continúa haciendo, todos los esfuerzos posibles en el plano de la información, de la transparencia y de la promoción, a fin de implicar a los jueces y las autoridades nacionales, así como a las propias empresas, para «incrementar la eficacia de los artículos 85 y 86 del Tratado». (I-3)

7. En el proyecto de Comunicación las orientaciones para el reparto de tareas entre las autoridades nacionales y la Comisión se basan en «los efectos esencialmente nacionales» y «la naturaleza de la infracción». En todo caso, la Comisión «se ocupará de los asuntos que presenten un interés particular para la Comunidad» (II-2, 2° pár.) pero siendo siempre «la única que puede ocuparse» de aplicar las exenciones en virtud del apartado 3 del artículo 85.

En la práctica, pues, la descentralización de la aplicación del derecho comunitario está limitada a los casos de interés «esencialmente nacional» es decir a los acuerdos o a los abusos de posición dominante, como precisa la Comisión, tienen lugar en un sólo Estado miembro, y cuyos efectos se producen fundamentalmente en dicho Estado, aunque con la excepción de «los asuntos que plantean un problema jurídico nuevo» (II-2.3, 2° pár.). Se trata en definitiva de una descentralización bastante tímida que no comporta ninguna ampliación significativa de las competencias de la autoridad nacional.

8. En la Comunicación se consideran distintos los «asuntos que se plantean a la Comisión en primer lugar» (denuncias), de aquéllos «que se plantean a una autoridad nacional en primer lugar» (denuncias o notificaciones).

«La Comisión tiene la facultad de desestimar una denuncia cuando comprueba que el asunto no presenta un interés comunitario suficiente» (III-1.1) pero debe preguntar a la autoridad de competencia del Estado miembro «si acepta instruir la denuncia y pronunciarse al respecto» (IV 1-3) y poner a disposición, aunque con limitaciones, los documentos en su poder.

«Una estrecha cooperación» (IV-1, 4° par.) está prevista para los asuntos que se plantean a una autoridad nacional en primer lugar, la cual puede informarse en la Comisión del estado de un posible procedimiento paralelo.

9. La Comunicación considera también el caso de la «notificación dilatoria» a la Comisión por parte de una empresa «participante en un acuerdo que podría quedar prohibido» en un procedimiento nacional, y prevé al respecto un procedimiento particular basado en un «dictamen provisional» que la Comisión emite sobre la «posibilidad» de una posible exención.

En este supuesto se mantiene la incertidumbre. No están previstos plazos en los cuales la Comisión tenga que transmitir a las autoridades nacionales ni a las empresas su valoración «prima facie», ni está previsto que las empresas afectadas puedan ser oídas, todo ello sin contar el riesgo de que la valoración provisional se convierta en definitiva.

10. Esta Comunicación no parece añadir nada nuevo que contribuya a aclarar con precisión los criterios de reparto de los asuntos entre las autoridades nacionales y la Comisión. Sin embargo, parece que las relaciones burocráticas son ciertamente mejorables.

Las orientaciones que la Comisión ha aplicado diligentemente a la casuística contemplada, proceden fundamentalmente de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia. Ni siquiera la Comisión puede añadir nada, ni avanzar más.

11. El intento de esta Comunicación es loable, sin duda ninguna. Hace muchos años que se habla y se discute este asunto. El resultado, no obstante, no parece ni adecuado ni convincente, y únicamente se pueden mejorar, quizá, las relaciones formales entre la Comisión y la autoridad nacional, con la esperanza de que no se alarguen los plazos sino que se acorten sensiblemente. Una descentralización efectiva y eficaz pasa obligatoriamente por acciones mucho más incisivas, como, por ejemplo:

- la revisión del Reglamento (CEE) n° 17/62, y

- la armonización de los derechos nacionales de competencia, dando prioridad, en plazos cortos a las normas procesales.

12. De todos modos, el Comité Económico y Social quiere animar a la Comisión en esta acción de promoción del derecho de competencia, pero precisamente porque es consciente de las dificultades, subraya las palabras con que la propia Comisión había sintetizado eficazmente el problema, a propósito de la colaboración: «En todo caso la instrumentación legislativa no basta, es necesario también recurrir a la voluntad y a los medios» (XXIV Informe sobre la política de competencia, párrafo 42). En definitiva, pues, la voluntad de colaboración es un problema que toca resolver en primer lugar a la Comisión y a los Estados miembros con los medios adecuados, y con lealtad y transparencia de comportamiento. El deseo y el apoyo del Comité van en esta dirección.

Bruselas, el 19 de diciembre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 262 de 10. 9. 1996, p. 5.

() Parte II-IX, B-2.

() IX-B-2, 10 («respuestas»).

() DO n° C 39 de 12. 2. 1996.

() IX-B-2, 3.2.

() IX-B-2, 3.6.

() IX-B-2, 4.3.

() IX-B-2, 4.4.

() IX-B-2, 3.2 y 3.3.

() IX-B-2, 7.5.

() IX-B-2, 7.3.

() CES 736/96, p. 5.4.

() DO n° C 295 de 7. 10. 1996, p. 12.5.

() Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración - COM(96) 313 final. Dictamen CES 1266/96 del 31 de octubre de 1996.

() IX-B-2, 6.2.

() IX-B-2, 9.1/9.3.

() DO n° C 39 de 13. 2. 1993, p. 6.