31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/43 
Dictamen sobre la financiación de la Comunidad 
(87/C 356/11) 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 del Reglamento Interno, el 2 de 
julio de 1987 el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la materia 
mencionada arriba. 
La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los 
trabajos del Comité en la materia, emitió su dictamen el 9 de noviembre de 1987, basándose 
en el informe del Sr. Pardon. 
En su 250a sesión plenaria (sesión del 19 de noviembre de 1987), el Comité Económico y 
Social adoptó el siguiente dictamen por mayoría de votos a favor, 4 votos en contra y 
8 abstenciones: 
Preámbulo Los objetivos 
1.1. El presente dictamen es un dictamen de orienta­
ción, y el Comité se reserva la posibilidad de dar ulte­
riormente su opinión sobre las técnicas presupuestarias 
y fiscales propuestas por la Comisión (*). 
El Comité recuerda que se están elaborando otros dos 
dictámenes, uno sobre la política agrícola común (PAC) 
y otro sobre los fondos estructurales. Teniendo en 
cuenta su objeto, estos dictámenes completarán el punto 
de vista del CES en lo que respecta al problema de la 
financiación. 
1.2. En primer lugar, el Comité se remite a los dictá­
menes emitidos por el CES (2) en materia de financiación 
de la Comunidad y al dictamen de 13 de mayo de 1987 
relativo al documento « Llevar a buen término el Acta 
Única ». Los principios expresados en dichos dictámenes 
siguen siendo válidos. 
1.3. Consciente de la gravedad de la situación finan­
ciera de la Comunidad, el Comité se muestra preocu­
pado por las consecuencias que ello podría tener para 
la construcción europea. 
Por consiguiente, el Comité aprueba la voluntad de la 
Comisión de poner fin a las astucias presupuestarias y 
dotar a la Comunidad de los medios necesarios para 
llevar a cabo su política. Esta política ha sido definida 
por los Tratados, completada por el Acta Única y 
ampliada tras la adhesión. Ha sido una política deseada 
por los Estados miembros, que no pueden vacilar en el 
momento de aplicarla. Están en juego su credibilidad, el 
mantenimiento de la Comunidad de Doce y el desarrollo 
económico y social de una Comunidad que el Comité 
se niega a considerar como una mera yuxtaposición de 
intereses sin alma ni objetivo. 
(') DO n° C 241 de 8. 9. 1987. 
(2) DO n° C 358 de 31. 12. 1983 y DO n° C 307 de 19. 11. 1984. 2.1. La Comunidad se ha fijado como objetivo la 
realización del gran mercado interior para 1992, así 
como la consecución de una cohesión económica y 
social. 
No obstante, el Comité considera que la construcción 
europea no puede limitarse a este único objetivo, por 
importante que sea. A este respecto, remite a su dicta­
men emitido el 27 de noviembre de 1985 (3). En él 
destaca que la Comunidad no llegará a desarrollarse 
sin una voluntad política muy fuerte apoyada por la 
opinión pública. 
Ahora bien, el Comité observa que los progresos para 
la plena realización del mercado interior han sido hasta 
ahora extremadamente lentos y que ya hay cierto 
retraso, hasta el punto de que se está difundiendo 
cierto escepticismo en algunos medios en cuanto a la 
posibilidad de respetar la fecha fijada. Por consiguiente, 
es esencial que los Estados miembros utilicen al máximo 
las disposiciones del Acta Única con vistas a acelerar el 
ritmo de progresión actual. 
2.2. A primera vista se podría creer que la realización 
del gran mercado interior no requiere medios financie­
ros importantes, puesto que se trata esencialmente de 
adoptar decisiones para liberalizar la circulación de 
mercancías, personas y capitales. Sin embargo, la plena 
realización del gran mercado interior no puede conce­
birse sin políticas complementarias en materia de trans­
portes, investigación y desarrollo, medio ambiente y 
protección del consumidor. Además, es una meta que 
no cabe imaginar sin una convergencia económica, 
monetaria y fiscal, sin una dimensión social que incluya 
a la vez un diálogo más significativo entre los interlocu­
tores sociales y una acción coordinada contra el desem­
pleo y sin una atención especial a las situaciones especí­
ficas de determinados Estados miembros y, en particu­
lar, de las regiones en declive industrial y de las regiones 
agrícolas confrontadas con las reconversiones derivadas 
de la reforma de la PAC. 
(•') Dictamen sobre la realización del mercado interior — Libro 
blanco de la Comisión dirigido al Consejo Europeo (DO 
n" C 344 de 31. 12. 1985). 
N° C 356/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
Evidentemente, la realización de tales programas reque­
rirá unos recursos suplementarios que deberán utilizarse 
de forma adecuada. Estos gastos deberían verse amplia­
mente compensados por la riqueza producida por una 
mayor actividad económica. 
Los objetivos que debe alcanzar la Comunidad en todos 
los sectores mencionados anteriormente deberán ser 
definidos en un programa global a medio plazo que 
habrá que adaptar en función de la evolución ulterior. 
Si bien deben ser realistas, los programas relativos a las 
fases ulteriores no deberían elaborarse de una forma 
tan detallada y rígida que sea imposible adaptarlos. 
Una vez obtenido el acuerdo político sobre el programa, 
deberán proveerse los recursos financieros requeridos. 
Todo esto se deduce de forma implícita del Acta Única. 
Por otra parte, la Comisión ha elaborado una previsión 
según la cual el aumento de los fondos estructurales, la 
liquidación de la carga del pasado —es decir, sobre 
todo la eliminación de los excedentes agrícolas— y las 
nuevas políticas harán que los recursos sean insuficien­
tes con el modo actual de financiación, aún sin la 
ampliación de la Comunidad ('). 
2.3. El aumento de los fondos estructurales, que ya 
era necesario antes de la ampliación y con más razón 
desde entonces, es obligado si no se quiere que la 
adhesión de Grecia, España y Portugal ocasione mayo­
res desequilibrios dentro de la Comunidad y agrave aún 
más las diferencias entre los Estados miembros. 
2.4. De todas formas, todo está ligado, los problemas 
están relacionados unos con otros y nadie ignora hasta 
qué punto son corrientes las negociaciones por « paque­
tes». Para construir P^uropa, también hay que pagar el 
precio político. 
2.5. Por lo tanto, la Comunidad debe necesariamente 
disponer de mayores recursos; en caso contrario, se 
vaciará de contenido y no dispondrá de la seguridad 
presupuestaria necesaria para su desarrollo. 
Los recursos propios 
3.1. Los recursos propios actuales están principal­
mente constituidos por derechos de aduana y exacciones 
agrícolas así como por un máximo del 1,4% sobre la 
base imponible armonizada del IVA de cada uno de los 
Estados miembros. No obstante, como consecuencia 
del mecanismo de Fontainebleau, la tasa media de movi­
lización es en realidad inferior al 1,25% de la base 
imponible efectiva del IVA en la Comunidad. 
La Comisión propone modificar este sistema para elimi­
nar la «carga del pasado», atenuar la erosión estructu­
ral de los recursos actuales y tratar de prever las necesi­
dades futuras. 
(') A mediados de julio, las cifras correspondientes se evaluaban 
respectivamente en 7 000, 8 000 y 2 800 millones de ECU. La 
cifra relativa a los excedentes agrícolas podría variar en 
función del estado de los mercados. A este respecto, algunos han considerado que no era 
equitativo hacer participar a los miembros más recientes 
en la liquidación de la «carga del pasado», esencial­
mente en la supresión de las existencias agrícolas. 
Dado que España y Portugal han sometido este pro­
blema al Tribunal de Justicia, el Comité prefiere abste­
nerse por el momento de hacer más comentarios. 
3.2. Desde el punto de vista lógico, el Comité no ve 
ninguna objeción importante a la supresión, quizás 
progresiva, del reembolso a los Estados miembros de 
un 10% sobre los recursos propios tradicionales —es 
decir las exacciones, primas, montantes suplementarios 
o compensatorios, cotizaciones y otros derechos fijados 
en el marco de la PAC y derechos del arancel aduanero 
común. El Comité tampoco ve ninguna objeción a que 
se destinen a la Comunidad los derechos de aduana 
sobre los productos de la Comunidad europea del car­
bón y del acero (CECA), con tal de que los gastos 
CECA estén cubiertos, en la hipótesis de que, debido 
a la insuficiencia de las exacciones, la contribución 
financiera de los Estados miembros fuese insuficiente. 
3.3. La Comisión propone también reducir la exac­
ción del IVA de un 1,4% a un 1 %, percibido no sobre 
la base imponible efectiva, como proponía inicialmente 
la Comisión, sino sobre la base imponible armonizada 
(sexta directiva). El Comité toma nota de esta modifica­
ción y recomienda a la Comisión que en cualquier caso 
trate de aproximarse a la realidad de la percepción 
fiscal. 
3.4.1. Por último, la Comisión propone crear un 
nuevo recurso: se aplicaría un tipo uniforme, aún no 
determinado, sobre una « base imponible complementa­
ria » definida como la diferencia entre el producto 
nacional bruto (PNB) respectivo de cada Estado miem­
bro y la base imponible armonizada del IVA. 
3.4.2. Hay buenas razones que abogan por el recurso 
a la noción del PNB. En primer lugar, esta noción figura 
en los Tratados (artículo 203, 9 CEE). Ha sido objeto, 
en la Comunidad, de una definición uniforme, elabo­
rada con ayuda de la Oficina de Estadística y que se 
corresponde con la noción utilizada a nivel internacio­
nal. Esta noción es también la que mejor refleja la 
prosperidad relativa de los Estados miembros. De 
hecho, se utiliza universalmente, tanto en la Organiza­
ción de cooperación y de desarrollo económico (OCDE) 
como en la Organización internacional del trabajo 
(OIT) como en las Naciones Unidas. 
El IVA ofrece ciertamente una base práctica pero limi­
tada, ya que no guarda relación ni con las inversiones 
ni con las exportaciones y sólo parcialmente con los 
gastos públicos. De hecho, penaliza a los Estados miem­
bros más pobres. Además, su participación en el PNB 
varía bastante de un Estado miembro a otro. 
3.4.3. Está claro que el PNB no resume toda la 
actividad económica de un país. El mercado negro de 
trabajo o la economía sumergida —por no hablar del 
trabajo de las mujeres en las explotaciones agrícolas 
familiares— escapa a esta magnitud económica, aun­
que sólo en parte, porque vuelve a reflejarse en el PNB 
31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/45 
a través de las rentas consumibles. Tales formas de 
trabajo, parcialmente incluidas en el PNB, no estaban 
en absoluto cubiertas por el IVA. 
3.4.4. En cualquier caso, no existe ninguna base 
ideal, y el Comité considera que, pese a algunas dificul­
tades previsibles, el recurso al PNB constituye una 
mejora del sistema de los recursos propios porque se 
adapta mejor a la realidad y refleja con mayor precisión 
la capacidad contributiva de los Estados miembros. 
Este sistema será más equitativo a largo plazo. 
3.4.5. El Comité ha llegado incluso a plantearse si es 
o no oportuno mantener la utilización del IVA. No 
obstante, tras reflexionar, llegó a la conclusión de que 
sí considera oportuno mantenerlo, por tres motivos: en 
primer lugar, el IVA está ya afincado, y los impuestos 
conocidos son aceptados con menos resistencia; por 
otra parte, la diversificación de la procedencia de los 
recursos comunitarios es probablemente un factor posi­
tivo. La complejidad derivada de esta diversificación 
no es exagerada sino que permite una mayor flexibili­
dad. En tercer lugar, el IVA tiene la ventaja de ser un 
impuesto sobre el ciudadano y, en este sentido, de ser 
más comunitario. 
3.5. El Comité no puede hacer más que tomar nota 
de la intención de la Comisión de prever eventualmente 
un recurso suplementario para 1992. Dado que la Comi­
sión no puede aún revelar la naturaleza de este recurso 
ni su amplitud, el Comité se limita a señalar que dicho 
recurso deberá estar sometido a la aprobación parla­
mentaria de los doce Estados miembros y que, de todas 
formas, estará incluido en el importe global máximo 
del 1,4% del PNB. 
Por el momento, el Comité sólo puede expresar su 
comprensión hacia esta voluntad de flexibilidad y pru­
dencia. No obstante, desea que el nuevo recurso, si 
llega a ser adoptado, no sea una mera contribución de 
los Estados miembros sino que se perciba como un 
verdadero recurso propio. 
3.6. En cuanto a la fijación de un límite global del 
1,4 % del PNB, el Comité aprueba ciertamente el princi­
pio pero observa que el porcentaje elegido no se impone 
con una fuerza absoluta. 
El límite del 1,4% es el resultado de cálculos y previsio­
nes coherentes, pero no por ello menos inseguros. Siem­
pre pueden surgir imponderables, como los recientes 
acontecimientos monetarios. 
3.7. En líneas generales, el Comité acoge favorable­
mente la propuesta de la Comisión. La propuesta tiene 
el mérito de reconocer los errores cometidos en el 
pasado, errores cuya responsabilidad no incumbe sólo 
a la Comisión. Debe garantizar a la Comunidad unos 
recursos más elevados y relativamente estables y, sobre 
todo, permitir que aquélla desempeñe, por fin, las tareas 
para las que fue creada y, en particular, alcanzar los objetivos del Acta Única. Todo ello en una perspectiva 
de equidad y solidaridad. 
3.8. Por lo tanto, la reforma presupuestaria es la 
clave de toda acción futura. Se podría objetar que 
previamente convendría continuar la reforma de la PAC 
y administrar más eficazmente los recursos actuales de 
la Comunidad. Evidentemente, hay que continuar la 
reforma de la PAC, pero ello no puede ser una coartada 
para no hacer nada más. En primer lugar, porque 
lo que podría eventualmente recuperarse en el sector 
agrícola es insuficiente para cubrir los gastos de otros 
sectores, y además porque la reforma de la PAC sólo 
puede realizarse progresivamente, mientras que las 
necesidades que debe satisfacerse son inmediatas. 
Dado que la PAC es una política común de la máxima 
importancia, sería muy grave que la ausencia de una 
solución presupuestaria ocasionase un riesgo de rena­
cionalización. Por lo demás, el Comité se remite al 
dictamen que ha emitido al respecto. 
3.9. Por último, el Comité reitera —como ya lo 
hiciera en el pasado— que el principio llamado de la 
«justa compensación» es incompatible con la impres­
cindible solidaridad entre los Estados miembros, una 
solidaridad que constituye el propio fundamento de la 
Comunidad. Huelga decir que el balance de las ventajas 
e inconvenientes que para los Estados miembros tiene 
su participación en la Comunidad no puede analizarse 
en términos meramente presupuestarios o financieros. 
Existen demasiados imponderables, demasiadas inci­
dencias políticas y consecuencias indirectas y no cuanti-
ficables para poderse limitar a un simple cálculo 
contable. 
En una organización como la Comunidad son indispen­
sables las perecuaciones. Los más ricos deben ayudar a 
los menos favorecidos en beneficio de todos. 
Disciplina y rigor presupuestarios 
4.1. La reforma de la financiación de la Comunidad 
debe ir acompañada por una mayor disciplina 
presupuestaria. La Comisión ha presentado propuestas 
detalladas a ese respecto. En cuanto al CES, se pronun­
ciará ulteriormente. 
4.2. En cualquier caso, el Comité subraya que se 
trata de un aspecto esencial cuya consecución debe ser, 
en su opinión, una condición previa para la aceptación 
del aumento de los recursos propios. Aunque la Comu­
nidad no puede controlar determinados factores, tales 
como las variaciones monetarias, hay que hacer todo 
lo posible por evitar los errores del pasado, en particular 
adquirir compromisos plurianuales en función de obje­
tivos a largo plazo. 
El control del presupuesto es el núcleo del problema 
financiero de la Comunidad. Son imprescindibles, por 
N° C 356/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
tanto, una mejor gestión y una programación más cui­
dadosa. La eficacia debe tener prelación y es preciso 
sopesar cuidadosamente las consecuencias de algunas 
1. Importancia del sector de las telecomunicaciones 
Las telecomunicaciones desempeñan un papel funda­
mental y creciente tanto en el plano comunitario como 
mundial. La importancia del sector se manifiesta espe­
cialmente como sigue: 
1.1. En términos económicos: según la Comisión, en 
1985 los ingresos mundiales de los servicios de teleco­
municaciones se elevaron a cerca de 300 mil millones 
de ECU, de los cuales 62 500 millones corresponden a 
empresas de este sector en la Comunidad. En lo relativo 
a los equipos de telecomunicaciones, en 1986 el mercado 
mundial se elevó a unos 90 mil millones de ECU, de 
los cuales 17 500 millones corresponden al mercado 
comunitario. Además, cabe destacar que el sector de 
telecomunicaciones da pruebas de un gran dinamismo, 
incluso en una situación económica poco favorable. 
Durante los próximos años se espera un incremento 
espectacular de este sector: si actualmente aproximada­
mente un 2% del producto interior bruto (B1P) de la 
Comunidad depende de las telecomunicaciones, a fines 
de siglo esta participación podría llegar al 7 %. 
1.2. En términos sociales: el sector de las telecomuni­
caciones proporciona varios centenares de miles de 
empleos en la Comunidad, y la Comisión estima que a 
través de las tecnologías de la información este sector 
podría influir, de manera directa o indirecta, en más 
del 60% de los empleos de la Comunidad a finales de 
siglo. economías. Sea como fuere, se impone el rigor, tanto en 
el establecimiento como en la ejecución del presupuesto. 
1.3. En tanto que servicio que asegura el contacto 
entre las personas: a este respecto es conveniente recor­
dar que las telecomunicaciones constituyen un servicio 
público y cumplen un papel social importante. Se estima 
que la política comunitaria de telecomunicaciones debe­
ría mantener el carácter de servicio público de las 
telecomunicaciones y tener como objetivo principal el 
que todos los miembros de la Comunidad tengan acceso 
a buenos servicios de comunicaciones, modernos y a 
precios razonables, sean cuales sean su lugar de residen­
cia o sus ingresos. 
1.4. Durante estos últimos años el sector de teleco­
municaciones se halla en evolución permanente. Los 
cambios afectan a: 
— la fusión de la tecnología de las telecomunicaciones 
con las de la informática y los medios audiovisuales, 
— la rapidez de las diversificaciones tecnológicas, 
— la multiplicación de las formas nuevas de acceso a 
las fuentes de información, 
— la explosión de las necesidades de comunicación, 
— la gran importancia de los efectos de escala sobre 
la producción de materiales. Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la comunicación de la Comisión titulada «Hacia una economía europea 
dinámica — Libro Verde (Green Paper) sobre el desarrollo del mercado común de servicios 
y equipos de telecomunicaciones » 
(87/C 356/12) 
El 22 de julio de 1987, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la 
comunicación mencionada arriba. 
La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos sobre este 
tema, emitió su dictamen el 11 de noviembre de 1987, en base al informe del Sr. Rouzier. 
Durante su 250a sesión plenaria, sesión del día 18 de noviembre de 1987, el Comité Económico 
y Social adoptó por gran mayoría a favor, 2 votos en contra y una abstención, el dictamen 
siguiente: