COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 721 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en los Países Bajos que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen El sistema de justicia neerlandés sigue caracterizándose por un nivel de percepción de la independencia judicial muy alto, y los esfuerzos para fomentar aún más la calidad de la justicia continúan. Se están llevando a cabo varias iniciativas relacionadas con la independencia judicial, como la revisión de la Constitución para reformar el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. En lo que respecta a la calidad de la justicia, el desarrollo de proyectos a pequeña escala para mejorar la calidad ha entrado en una nueva fase de despliegue de iniciativas a mayor escala. Los esfuerzos para mejorar el nivel de digitalización continúan en relación con la justicia civil, contencioso-administrativa y penal, y se han visto acelerados por la pandemia de COVID-19. Persisten algunas inquietudes con respecto a la financiación adecuada del sistema actual de asistencia jurídica gratuita, y se prevé que la reforma de dicho sistema se complete para 2025. En general, el sistema de justicia sigue funcionando de manera eficiente, aunque la pandemia de COVID-19 creó un retraso acumulado para 2020 y 2021. Al igual que el año pasado, los Países Bajos se siguen percibiendo como uno de los países menos corruptos de la Unión Europea (UE) y del mundo. La integridad es un componente clave del marco regulador de la administración pública. En 2020, se puso en marcha un amplio programa de lucha contra la delincuencia organizada subversiva, el cual incluye un planteamiento holístico para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, después de que las investigaciones demostraran que los delincuentes intentan activamente ejercer una influencia indebida sobre los funcionarios. La capacidad del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional y de la Fiscalía se ha visto reforzada mediante fondos adicionales. En octubre de 2020, se adoptó una nueva legislación que amplía el control de los funcionarios de policía y de los consultores externos. Se prevé que para marzo de 2022 se aplique legislación adicional para reforzar la integridad de los funcionarios electos y designados. Subsiste la preocupación con respecto al marco de integridad aplicable a los altos cargos ejecutivos dentro del sector público, así como en lo referente a las actividades de los grupos de presión, las «puertas giratorias» y la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Los Países Bajos siguen teniendo un alto grado de libertad de los medios de comunicación. Las autoridades continúan contribuyendo al fomento del periodismo independiente a través de subvenciones del Fondo para la Promoción del Periodismo, y se ha establecido un fondo temporal adicional durante la pandemia de COVID-19 para los medios de comunicación locales. La autoridad independiente reguladora de los medios de comunicación audiovisuales informa periódicamente sobre las estructuras de propiedad de los medios de comunicación. No obstante, la divulgación de tales estructuras al público podría ser aún más exhaustiva. El marco legislativo para el acceso a la información se está modificando a fin de mejorar la transparencia del Gobierno y garantizar un mejor acceso a la información pública, tras la notificación de muchos retrasos y respuestas incompletas. El asesinato de un periodista de investigación, asunto que se está investigando actualmente, y el aumento de las amenazas destacan la importancia de iniciativas como «PersVeilig», que ayuda a los periodistas a denunciar y responder a las amenazas. A raíz de que un informe de investigación parlamentaria sobre la aplicación del sistema de prestaciones por cuidado de hijos constatara que no se habían respetado los principios del Estado de Derecho, se están llevando a cabo amplios debates y reflexiones sobre el correcto funcionamiento del sistema de controles y equilibrios. Actualmente, se prevén o están en curso medidas de seguimiento e investigaciones. La pandemia de COVID-19 ha seguido ocupando un lugar prioritario en la agenda legislativa y judicial, especialmente con una ley adoptada para proporcionar una base jurídica más sólida para las medidas relacionadas con la COVID-19, y las medidas de envergadura contra la COVID-19 impugnadas ante los órganos jurisdiccionales. Las autoridades independientes siguen desempeñando un papel importante en el sistema de controles y equilibrios, incluso en relación con la defensa de los derechos fundamentales. El panorama de la sociedad civil sigue abierto, aunque se han planteado algunas preguntas relacionadas con un nuevo proyecto de ley en materia de transparencia y la legislación que amplía las posibilidades para prohibir las denominadas «organizaciones radicales».

I.Sistema judicial El sistema de justicia se caracteriza por un sistema judicial compuesto por once tribunales de primera instancia, cuatro tribunales de apelación, dos tribunales especializados , el Consejo de Estado y un Tribunal Supremo. El Consejo del Poder Judicial es un organismo independiente que desempeña un papel fundamental en la salvaguardia de la independencia del poder judicial y está encargado de fomentar la calidad del sistema de justicia, incluso asignando recursos financieros a los órganos jurisdiccionales . El Consejo Nacional de Selección de Jueces selecciona a los jueces candidatos, que son posteriormente nombrados con carácter vitalicio por el ejecutivo a propuesta del ministro de Justicia . La Fiscalía es independiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, pero se encuentra bajo la responsabilidad política del ministro de Justicia. El Colegio de Abogados está establecido por ley. Es independiente del Gobierno y se financia exclusivamente a través de las contribuciones anuales de los abogados . Los Países Bajos participan en la Fiscalía Europea. Independencia El nivel de percepción de la independencia judicial sigue siendo muy elevado. El 77 % de la población y el 82 % de las empresas consideran que el nivel de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces es «bastante bueno o muy bueno». Este nivel de percepción de la independencia judicial se ha mantenido alto en los últimos años, tanto entre la población en general como entre las empresas . Se han adoptado medidas adicionales para preparar la revisión de la Constitución para modificar el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo . En diciembre de 2020, el Gobierno envió un proyecto de texto de la revisión de la Constitución para cambiar el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo al Consejo de Estado para obtener asesoramiento. El objetivo de la reforma prevista es limitar aún más el papel de los poderes ejecutivo y legislativo en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, una medida que es coherente con las recomendaciones del Consejo de Europa . Tras una consulta en línea sobre un proyecto de ley basado en las recomendaciones de la Comisión Estatal independiente del Sistema Parlamentario de los Países Bajos , se realizaron algunas modificaciones al proyecto de texto. Las recomendaciones del Consejo de Estado se harán públicas cuando la propuesta se envíe al Parlamento. Se están realizando avances en cuanto a la revisión de los procedimientos de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales. A raíz de la solicitud del ministro de Protección Jurídica de febrero de 2020 , el Consejo de Estado emitió su dictamen consultivo sobre una posible revisión de los procedimientos de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales el 23 de septiembre de 2020. Si bien el Consejo de Estado concluyó que los procedimientos actuales de nombramiento para el Consejo del Poder Judicial y los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales se ajustan al requisito de independencia judicial, aconsejó examinar cómo podría aumentarse la participación de los jueces y del personal de justicia en los procedimientos de nombramiento para los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales. A raíz de un acuerdo alcanzado entre el Consejo del Poder Judicial, la asociación de la judicatura y otros representantes del poder judicial, el Consejo del Poder Judicial estableció un nuevo procedimiento de nombramiento de los miembros de los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales para 2021 y parte de 2022 . El acuerdo tiene por objeto dar a los jueces una mayor influencia en el nombramiento de los miembros de los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales, especialmente mediante el establecimiento de una comisión integrada por cuatro jueces, dos miembros del consejo de administración de los órganos jurisdiccionales y dos funcionarios judiciales, la cual entrevista a los candidatos y propone a uno de ellos para su nombramiento al Consejo del Poder Judicial. En caso de empate, los cuatro jueces tienen voto de calidad. Además, el Consejo del Poder Judicial comenzará sus deliberaciones con la asociación de la judicatura y otros representantes del poder judicial en el verano de 2021, con respecto a una posible revisión del procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo . El objetivo de estos esfuerzos es limitar aún más la influencia del poder ejecutivo o legislativo en el nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, una medida que es coherente con las recomendaciones del Consejo de Europa . Calidad La reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita se basará en los resultados de una serie de proyectos piloto. Actualmente, se prevé que la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita se complete para 2025 , y comenzará con una serie de proyectos piloto destinados a recopilar las mejores prácticas para preparar reformas legislativas adicionales. En cuanto al sistema actual de asistencia jurídica gratuita, persisten algunas inquietudes con respecto a la adecuación de la financiación disponible . Los esfuerzos de digitalización continúan en relación con la justicia civil, contencioso-administrativa y penal, y se vieron acelerados por la pandemia de COVID-19. Sigue existiendo margen para mejorar la digitalización del sistema de justicia , especialmente en relación con la tasa de publicación de sentencias en línea y la disponibilidad de soluciones digitales para incoar y seguir procedimientos judiciales, y varias iniciativas pretenden abordar esta cuestión . Con respecto a la justicia penal, el poder judicial y la Fiscalía están desarrollando conjuntamente un plan digital en colaboración con otras partes interesadas de la justicia. En relación con la jurisdicción de lo civil y contencioso-administrativa, un nuevo programa de digitalización se centra en el acceso digital a la justicia para los ciudadanos y los profesionales del Derecho . Los procedimientos jurídicos se digitalizarán gradualmente, comenzando con los asuntos tributarios nacionales y las solicitudes de incautación, para luego ampliarse a otros ámbitos del Derecho. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Consejo del Poder Judicial adoptó nuevas normas para organizar audiencias y vistas a distancia, lo cual permitió que los órganos jurisdiccionales siguieran funcionando. Las normas actuales se aplicarán hasta el 1 de agosto de 2021 y pueden prolongarse, de ser necesario, para garantizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La Ley relativa a los experimentos en el ámbito de la administración de la justicia permitirá el despliegue de proyectos piloto relacionados con la administración de la justicia a mayor escala. Tras el desarrollo de numerosos proyectos piloto relacionados con la calidad de la justicia en el marco del programa «Justicia eficaz desde el punto de vista social» , la prevista entrada en vigor de la Ley relativa a los experimentos en el ámbito de la administración de la justicia en el verano de 2021 facilitará el despliegue de proyectos de calidad a mayor escala. Tales proyectos de calidad incluyen, por ejemplo, la introducción de un «juez de deudas», quien tiene como objetivo aumentar la eficacia de las sentencias al tratar todos los asuntos de un determinado deudor simultáneamente. Este enfoque de poner a prueba proyectos piloto a pequeña escala y posteriormente aplicarlos a mayor escala puede aportar ideas innovadoras para fomentar la calidad del sistema de justicia . Eficiencia La pandemia de COVID-19 ha afectado la eficiencia del sistema de justicia. La pandemia de COVID-19 ha generado un aumento de los asuntos judiciales pendientes para 2020 y 2021, especialmente de los asuntos penales . El Consejo del Poder Judicial y los consejos de administración de los órganos jurisdiccionales han adoptado medidas específicas para abordar estas consecuencias, tales como la mejora de las instalaciones de videoconferencia para audiencias y vistas, el nombramiento de jueces jubilados como jueces suplentes y el recurso más frecuente a salas de juez único. El objetivo es eliminar los retrasos acumulados que han surgido en el sistema de justicia penal debido a la pandemia de COVID-19 para finales de 2021 . Como parte de este enfoque, la Fiscalía continúa haciendo uso de sus competencias para adoptar decisiones por sí misma en determinados asuntos penales . A raíz de las inquietudes expresadas por el Colegio de Abogados de los Países Bajos y los miembros del Parlamento, el ministro de Protección Jurídica anunció en noviembre de 2020 que se concedería a los sospechosos una consulta gratuita con un abogado. Esto ha comenzado el 1 de abril de 2021 para una serie de asuntos y se ampliará gradualmente a todos los demás. Habida cuenta de que el uso de estas competencias por parte de la Fiscalía puede afectar el derecho a un juicio justo, sobre todo cuando los ciudadanos no están debidamente informados , la facilitación de una consulta jurídica gratuita reviste particular importancia en tales asuntos. El sistema de justicia sigue caracterizándose por un alto nivel de eficiencia en primera instancia, aunque los procedimientos de recurso son relativamente prolongados . Durante los últimos años, el nivel de eficiencia del sistema de justicia se ha mantenido alto en general . La duración de los procedimientos en asuntos civiles y mercantiles en primera instancia es corta, alrededor de 100 días en 2019 . En cambio, los procedimientos en asuntos civiles y mercantiles en tercera instancia son prolongados, con una media de 459 días en 2019. La jurisdicción contencioso-administrativa sigue funcionando de manera eficiente en primera instancia , aunque los procedimientos en segunda y tercera instancia son relativamente prolongados . Si bien la tasa de resolución global en primera instancia sigue siendo eficaz , la tasa de resolución de asuntos contencioso-administrativos en primera instancia ha disminuido gradualmente al 94 % en 2019. Esto podría conducir a futuros retrasos acumulados en la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque la cantidad actual de asuntos pendientes parece ser asumible . En cuanto a la justicia penal, un nuevo plan de acción, a raíz de una revisión de 2020, se centra en mejorar su eficiencia, sobre todo para los asuntos de delitos comunes y de impacto elevado . Si bien esto puede ayudar a fomentar la eficiencia y a abordar los retrasos, las partes interesadas hacen hincapié en que tales iniciativas no deben realizarse a expensas de la calidad de la justicia . II.Marco de lucha contra la corrupción

Las competencias para investigar y enjuiciar la corrupción están repartidas entre varias autoridades. El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional investiga las irregularidades en el seno del Gobierno. El Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal se encarga de investigar los delitos financieros, incluidos el soborno comercial y el soborno en el extranjero. La Fiscalía Nacional se centra en el soborno nacional de funcionarios públicos, y la Fiscalía de Delitos de Fraude Graves, Delitos contra el Medio Ambiente y Confiscación de Bienes es responsable de la investigación del soborno comercial y el soborno en el extranjero. La Autoridad de Denuncias de Irregularidades ofrece apoyo y asesoramiento a las personas que desean denunciar una situación de abuso laboral en los sectores público o privado. Continúa la cooperación entre los equipos especializados de lucha contra la corrupción y de inteligencia dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal desempeña un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros y la corrupción. Se están debatiendo la Ley de financiación de partidos políticos y la legislación que refuerza la integridad de los funcionarios electos y designados a escala local y provincial. La percepción entre los expertos y los directivos de empresas es que los Países Bajos son uno de los países menos corruptos del mundo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, los Países Bajos obtienen una puntuación de 82 sobre 100, y ocupan el puesto n.º 3 de la Unión Europea y el n.º 8 a escala mundial. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años. Se ha reforzado el seguimiento de los asuntos de infiltración de la delincuencia organizada y de filtraciones dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. En 2020, los Países Bajos pusieron en marcha un amplio programa centrado en la lucha contra la delincuencia organizada subversiva, que incluye la corrupción. Se estableció una Dirección General dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad para coordinar el programa. Esto ha conducido a una financiación adicional en este ámbito y a la creación de un equipo de intervención multidisciplinar. Un proyecto de ley pretende reforzar la eficacia de la lucha contra la delincuencia subversiva, incluida la corrupción. Un nuevo proyecto de ley para reforzar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal está siendo examinado por el Congreso de los Diputados. El objetivo del proyecto de ley es aumentar la eficacia de la lucha contra la delincuencia subversiva, incluida la corrupción, mediante el aumento de las sanciones máximas para diversos delitos subversivos, tales como las amenazas de los funcionarios públicos. El 1 de octubre de 2020, se emitieron instrucciones administrativas con orientaciones actualizadas para la Fiscalía sobre la investigación y el enjuiciamiento de los asuntos de corrupción en el extranjero, y el 4 de septiembre de 2020, con orientaciones sobre las liquidaciones de un importe elevado, que encomiendan la supervisión jurídica de determinadas liquidaciones a una comisión independiente temporal en vez de al ministro de Justicia y Seguridad. El marco institucional para prevenir y luchar contra la corrupción sigue siendo sólido, con una estrecha cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los equipos anticorrupción especializados y las unidades de inteligencia del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal y la Fiscalía cooperan en la investigación de los asuntos. El Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal desempeña un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros y la corrupción. El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional recibirá fondos adicionales, lo cual reforzará la capacidad de investigación de dicho Departamento y de la Fiscalía. Las investigaciones de EncroChat, que han generado información clave para la identificación, la investigación y el enjuiciamiento de redes delictivas, también revelaron acusaciones de corrupción dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelaron asimismo que los delincuentes intentan activamente corromper a los funcionarios y a otras organizaciones. Esto ha dado lugar a un aumento de la vigilancia y la atención que se presta a la delincuencia subversiva, así como al establecimiento de un equipo de lucha contra la corrupción para investigar la corrupción policial a raíz de la investigación de EncroChat. Este equipo está dirigido por el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional y cuenta con el apoyo de investigadores de la Unidad Nacional de la Policía. El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional también contribuye a la prevención al señalar riesgos de corrupción específicos a las instituciones públicas que ha investigado. Además de llevar a cabo investigaciones, el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional utiliza cada vez más su experiencia para asesorar en la lucha contra las vulneraciones de la integridad, así como en su prevención. Se están adoptando medidas para reforzar la prevención, la detección y la investigación de la corrupción dentro de la policía y de la administración pública en general. Por término medio, en el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional hay una afluencia de cincuenta asuntos de corrupción o filtraciones de información sensible por año para los funcionarios de policía o los funcionarios. En octubre de 2020, se adoptó nueva legislación que amplía el control de los funcionarios de policía y de los asesores externos antes de su nombramiento y durante el empleo, y se prevé que se aplique plenamente a finales de 2021. Actualmente, se está poniendo en marcha el control de la policía, y la intensidad de dicho control dependería de los riesgos a la integridad asociados con la función. El Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal continúa desempeñando un papel importante con respecto a la lucha contra la corrupción y los delitos financieros. Esto ocurre especialmente con los asuntos de soborno de funcionarios públicos extranjeros y de las personas sin cargo oficial tanto a nivel interno como internacional. El Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal informó de treinta investigaciones penales relativas a la corrupción que están actualmente en curso y que están relacionadas con el soborno comercial y el soborno en el extranjero. Varias de estas investigaciones también se centran en el papel de los proveedores de servicios financieros neerlandeses. Asimismo, el Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal cooperó con otras autoridades, tales como el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional, que se encarga de los asuntos de corrupción pública. Este marco institucional establecido por el Centro de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal, así como por la Fiscalía Nacional de Delitos de Fraude Graves, Delitos contra el Medio Ambiente y Confiscación de Bienes, se ha mejorado en el último decenio y ha sido reconocido de forma positiva por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) debido a la capacidad de los equipos específicos y especializados de lucha contra la corrupción para investigar y enjuiciar los asuntos de soborno en el extranjero. En 2020, el Congreso de los Diputados adoptó un código de conducta e introdujo un sistema de supervisión en lo que respecta a los requisitos de declaración. El código de conducta para los miembros del Congreso de los Diputados abarca la independencia, los regalos, los registros, el uso de información confidencial y el Reglamento interno. Un Reglamento, que entró en vigor el 1 de abril de 2021, establece un Colegio independiente para investigar las reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del código de conducta por parte de los diputados y para asesorar al Congreso sobre posibles sanciones. El 30 de marzo de 2021, se adoptaron directrices actualizadas en materia de integridad para los titulares de cargos políticos, incluidos modelos de códigos de conducta para los funcionarios electos y designados. Nueva legislación relativa al refuerzo de la integridad de los funcionarios electos y designados a escala local y provincial se debatirá en el Parlamento. El proyecto de ley propuesto prescribe, entre otras cosas, un Código de Conducta como requisito obligatorio para los funcionarios designados a escala local y provincial, e introduce un sistema de supervisión respecto de los requisitos de declaración. Esto incluye un análisis de riesgos obligatorio de la integridad de los funcionarios locales y provinciales designados. La promoción de la integridad en la lucha contra la corrupción se realiza a través de la Plataforma sobre la Lucha contra la Corrupción, gestionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Tiene por objeto fomentar la sensibilización y la acción conjunta en la lucha contra la corrupción nacional e internacional mediante un intercambio más eficaz de conocimiento e información. Los participantes de la plataforma son empleados gubernamentales de distintos ministerios y organizaciones que se encargan de la corrupción. Debido a la pandemia de COVID-19, no ha sido posible reunirse durante los últimos dieciocho meses. Desde 2020, se prevé una mayor transparencia de cada ministro que publique información sobre las vulneraciones de la integridad ocurridas a nivel interno, con una breve descripción del tipo de infracción y de la sanción impuesta. Además, actualmente se está llevando a cabo una investigación (externa) de los riesgos y la resiliencia de la corrupción de funcionarios públicos y de personas sin cargo oficial, en relación con la delincuencia subversiva, más concretamente, en el aeropuerto Schiphol y el puerto de Róterdam. La investigación debe demostrar si las políticas neerlandesas de prevención y represión de la corrupción en los puertos principales son suficientes. Los resultados de investigaciones se esperan para el primer semestre de 2022. Sigue habiendo preocupación con respecto al marco de integridad aplicable a los altos cargos ejecutivos dentro del sector público, especialmente debido a su carácter no vinculante. Las normas informales incluidas en el código de conducta para los ministros y los secretarios de Estado establecen que estos deberán actuar con integridad. Además, los antiguos funcionarios de alto nivel tienen prohibido realizar actividades de presión ante su antiguo ministerio, mientras que los antiguos ministros no pueden presionar a su antiguo ministerio durante dos años después de haber dejado su cargo. Sin embargo, el marco sigue siendo bastante limitado, como también ha señalado el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en su evaluación de que «las pocas y limitadas medidas establecidas en los Países Bajos parecen ser insuficientes». Desde 2012, los Países Bajos cuentan con un registro voluntario y públicamente disponible de grupos de presión para el Congreso de los Diputados. El registro de grupos de presión se actualiza periódicamente y contiene información sobre la lista de las entidades que solicitan acceso al Congreso de los Diputados. Para recibir un pase de acceso fijo al Parlamento, un grupo de presión debe estar registrado como organización. Sin embargo, no existe ningún mecanismo de supervisión o de aplicación efectiva con respecto a los contactos entre el grupo de presión y los titulares de cargos o los funcionarios. A este respecto, el GRECO recomendó, en lo que se refiere a los contactos entre los altos cargos ejecutivos y el grupo de presión, que se garanticen normas y orientaciones, así como un aumento de la transparencia de los contactos y los asuntos. Se está revisando la legislación sobre la financiación de los partidos. Con respecto a la financiación política, el marco jurídico consiste en leyes que regulan las subvenciones, y la administración de los partidos políticos no incluye la financiación de dichos partidos ni las finanzas de los candidatos a escala local. Se prevé que la Ley de financiación de partidos políticos se sustituya por la Ley de partidos políticos, la cual está siendo examinada actualmente por el Parlamento. La revisión de la legislación tiene por objeto proteger el funcionamiento y la organización de los partidos políticos contra las injerencias extranjeras. La evaluación de la Ley relativa a la autoridad de denuncias de irregularidades tuvo lugar en 2020. La Autoridad de Denuncias de Irregularidades es la institución central de notificación e investigación a quien los denunciantes de irregularidades pueden informar de abusos tanto en el sector público como en el privado. La Ley relativa a la Autoridad de Denuncias de Irregularidades se sometió a una evaluación por parte de una empresa de investigación independiente. De acuerdo con las constataciones de la evaluación, la protección jurídica de los denunciantes de irregularidades puede aumentarse aún más. Como resultado, se modificará la legislación. Se prevé que la Autoridad ofrezca asesoramiento a los denunciantes de irregularidades y que lleve a cabo investigaciones independientes. En 2020, la Autoridad completó tres grandes investigaciones y publicó informes finales sobre las mismas. Además, tal como señaló la OCDE, si bien existen mecanismos de denuncia y marcos de protección de los denunciantes de irregularidades en las empresas neerlandesas y las agencias gubernamentales, estos no han contribuido a la detección del soborno de funcionarios públicos extranjeros en los Países Bajos. Especialmente al principio de la pandemia de COVID-19, hubo grandes repercusiones en las investigaciones penales, lo cual dio lugar a retrasos. De acuerdo con las autoridades, durante varios meses, actividades específicas como los registros sorpresa, las audiencias con los sospechosos y los testigos o las observaciones resultaron imposibles o tuvieron que adaptarse. La aplicación de la ley también se vio afectada por el hecho de que solo se organizaron audiencias limitadas en los órganos jurisdiccionales. Además, el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal también investigó varios asuntos de fraude relacionados con la pandemia de COVID-19. Esto ha dado lugar a varias investigaciones penales y enjuiciamientos relacionados con el fraude (equipo de protección, certificados sanitarios fraudulentos y uso indebido de subvenciones gubernamentales). Asimismo, las autoridades señalaron que el carácter internacional de las investigaciones de soborno en el extranjero puede verse aún más limitado debido a las medidas contra la COVID-19. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación El marco jurídico relativo al pluralismo de los medios de comunicación se basa en un conjunto de garantías constitucionales y legislativas. El derecho a la información está consagrado en la Constitución. La Autoridad de medios de comunicación de los Países Bajos es la autoridad reguladora de los servicios de comunicación audiovisual que supervisa la aplicación de la Ley de medios de comunicación. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el periodismo se incluyó entre las profesiones esenciales. El país sigue gozando de un alto grado de libertad de los medios de comunicación y de protección de los periodistas . El alcance de las actividades de supervisión de la autoridad reguladora se ha ampliado a raíz de la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Los recursos de que dispone la institución parecen seguir siendo adecuados para que cumpla eficazmente su función. Además, las condiciones para el nombramiento de los miembros de los órganos colegiados se están modificando, con el objetivo de reforzar las garantías de independencia . Varios órganos autorregulatorios garantizan la aplicación de las normas periodísticas. Además del Consejo de Prensa, un mecanismo autorregulatorio, autorizado a emitir dictámenes sobre las denuncias relativas a las prácticas periodísticas, un defensor de los organismos públicos de radiodifusión y varios defensores de los periódicos nacionales y regionales evalúan las prácticas periodísticas e investigan las denuncias. Se han identificado desafíos relacionados con la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y la concentración de los mismos. Existe una normativa limitada con respecto a la divulgación pública de datos sobre la propiedad de los medios de comunicación, tal como se señala en el Media Pluralism Monitor de 2021 (instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación), el cual clasifica este ámbito como de riesgo medio. La información sobre las estructuras de propiedad, sin incluir necesariamente a los beneficiarios efectivos, se proporciona al público a través de la publicación Mediamonitor de la Autoridad de medios de comunicación. El sector de los medios de comunicación se caracteriza por una elevada concentración del mercado, tal como lo indica el Media Pluralism Monitor de 2021. El Gobierno ha intervenido para ayudar a los medios de comunicación durante la pandemia. Durante la pandemia de COVID-19, a pesar del aumento de la demanda de noticias, los ingresos generados por la publicidad disminuyeron, lo cual afectó especialmente a los medios de comunicación locales. El Gobierno continuó apoyando al periodismo a través de fondos específicos, y se estableció un fondo temporal adicional para los medios de comunicación locales afectados por la pandemia de COVID-19. Los periodistas quedaron exentos de la prohibición de viajar impuesta debido a la COVID-19, para que pudieran continuar siguiendo los acontecimientos y proporcionar información de primera mano.

Un proyecto de ley pretende mejorar el acceso a la información. Se notificaron retrasos y respuestas incompletas en relación con dos terceras partes de las solicitudes de acceso a la información presentadas en 2020, tal como se indica en el Media Pluralism Monitor, que clasifica el derecho de acceso a la información como de riesgo medio. Las partes interesadas también han confirmado este problema. El marco jurídico se está revisando actualmente para mejorar la transparencia del Gobierno y ofrecer un mejor acceso a la información pública. En general, las partes interesadas acogen los cambios con satisfacción, aunque indican ámbitos de mejora adicionales. Una de las modificaciones aceptadas favorablemente está relacionada con el establecimiento de un comité consultivo independiente, que garantizaría la mediación entre los periodistas y las autoridades en caso de denuncias. Se ha informado de un aumento de las amenazas y la violencia contra los periodistas. De acuerdo con el Media Pluralism Monitor de 2021, «el coordinador nacional de los Países Bajos para la seguridad y la lucha contra el terrorismo identificó, por primera vez, a los periodistas como blanco de amenazas graves y agresiones en 2020». La plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha publicado cinco alertas recientes. Las más recientes están relacionadas con el asesinato del periodista de investigación Peter R. de Vries y la cancelación de un programa de televisión debido a una amenaza grave contra la oficina editorial; otras están relacionadas con un ataque a un fotógrafo, ataques contra la seguridad física y la integridad de los periodistas, los cuales tuvieron lugar en varias partes del país, así como el acoso en línea y la intimidación. Se ha informado de otros ataques e intimidaciones en la plataforma «Mapping Media Freedom». Esto también fue confirmado por las partes interesadas durante la visita al país. Además, se han planteado inquietudes respecto de la protección de las fuentes en relación con los servicios de inteligencia, pero las autoridades neerlandesas aclararon que se requiere una aprobación judicial para utilizar los poderes de investigación cuando tal uso pueda conducir a la obtención de datos sobre las fuentes de los periodistas. Los Países Bajos continúan reforzando su marco para la protección de los periodistas . «PersVeilig», el proyecto destinado a reducir las amenazas, la violencia y la agresión contra periodistas, una iniciativa conjunta de la Fiscalía, la policía, la Sociedad de Redactores Jefes y la Asociación de Periodistas, es cada vez más utilizado por los periodistas. El proyecto prevé medidas como la concesión de una mayor prioridad por parte de la policía y la Fiscalía para los asuntos de violencia contra periodistas, así como acciones preventivas contra la agresión y la violencia. En 2021, se ha revisado el protocolo (un conjunto de acuerdos de investigación y enjuiciamiento entre la policía y el Ministerio Fiscal en caso de agresión contra periodistas) y se han propuesto varias mejoras. Estas incluyen la mejora de la tramitación por parte de la policía y la Fiscalía de las denuncias de los periodistas, un mejor suministro de información sobre el alcance y las competencias de la policía y la Fiscalía, la sensibilización entre los periodistas sobre cómo puede ayudar el protocolo, así como la mejora de la comunicación entre los periodistas, la policía y la Fiscalía. Mejoras adicionales pretenden cubrir mejor la situación de los periodistas autónomos. IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Los Países Bajos tienen un sistema de gobierno parlamentario bicameral que prevé un control de constitucionalidad ex ante de los proyectos de ley. El Parlamento está compuesto por el Senado y el Congreso de los Diputados. Las propuestas legislativas pueden partir del Gobierno y de miembros del Congreso de los Diputados. El Consejo de Estado emite dictámenes consultivos sobre los proyectos de ley. Las autoridades independientes y la sociedad civil desempeñan un papel importante en el sistema de contrapoderes institucionales. Se están celebrando amplios debates sobre el correcto funcionamiento de los controles y equilibrios. Esto sigue al informe de investigación parlamentaria sobre el asunto de las prestaciones por cuidado de hijos, que condujo a la dimisión del Gobierno en enero de 2021. Tras informes anteriores de otras entidades , un comité de investigación parlamentaria presentó su informe el 17 de diciembre de 2020 , el cual concluyó que los principios del Estado de Derecho no se habían respetado en la aplicación del sistema de prestaciones por cuidado de hijos. En el informe se determinó que la aplicación de un sistema de prestaciones por cuidado de hijos había conducido a que un gran número de ciudadanos tuviera que reembolsar en su totalidad las subvenciones que habían recibido debido a presuntas irregularidades . Al constatar que el legislador había adoptado leyes que no dejaban margen para una interpretación justa en asuntos concretos, que el poder ejecutivo había considerado incorrectamente a un gran número de ciudadanos como estafadores debido a su enfoque en la lucha contra el fraude, y que la jurisdicción contencioso-administrativa había validado esta interpretación de la ley hasta octubre de 2019, el informe instó a todos los poderes del Estado a reflexionar sobre cómo prevenir tales situaciones en el futuro. Asimismo, el informe concluyó que el Gobierno no había informado suficientemente al Parlamento y que había obstáculos relativos a la información sobre las actividades del Gobierno. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados ha solicitado un dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre el funcionamiento del sistema de controles y equilibrios en relación con el asunto, y sobre si se necesitan garantías adicionales dentro del sistema de la jurisdicción contencioso-administrativa. A raíz del informe, las autoridades concedieron de inmediato indemnizaciones a las víctimas . Una investigación parlamentaria exhaustiva investigará más a fondo el asunto, y se prevé que se celebren audiencias en el verano de 2022. Aunque se requirió tiempo para resolver la situación, el trabajo del comité de investigación parlamentaria, las respuestas de los agentes institucionales involucrados y los debates en curso ilustran cómo ha funcionado el sistema de controles y equilibrios . El Consejo de Estado también está participando en el seguimiento de los debates sobre el correcto funcionamiento de los controles y equilibrios, tanto en términos de su función judicial como en relación con el proceso legislativo. A la luz del informe de investigación parlamentaria relativo también a la jurisdicción contencioso-administrativa, la rama judicial del Consejo de Estado anunció su intención de comenzar un «proceso de autorreflexión» . Este proceso reflexionará sobre su papel en el asunto de las prestaciones por cuidado de hijos y se ampliará asimismo a otros asuntos en que podría mejorarse la tutela judicial efectiva. Además, el Consejo de Estado dirigió una carta al primer ministro con recomendaciones para mejorar el proceso legislativo y la calidad de la legislación . Las recomendaciones incluyen desarrollar una nueva política legislativa, dedicar más tiempo y atención a debatir la legislación en ambas cámaras del Parlamento e involucrar más a las autoridades de ejecución en el proceso legislativo. En su informe de abril de 2020 sobre «un Estado de Derecho más sólido», el Consejo de la Administración Pública recomendó prestar más atención a la calidad del proceso legislativo y reforzar la capacidad de investigación y de apoyo de los miembros del Parlamento. Una nueva Ley de administración abierta se está debatiendo en el Parlamento. El 26 de enero de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de administración abierta, que tiene como finalidad aportar más transparencia en relación con la actuación del Gobierno y actualmente se encuentra en el Senado. Los debates sobre la nueva ley se vieron acelerados por el asunto de las prestaciones por cuidado de hijos, que suscitó críticas en cuanto a la falta de transparencia. La nueva ley sustituiría a la actual Ley de transparencia en la administración pública y requeriría la publicación activa de información de la administración, en vez del sistema actual de publicación previa solicitud. Asimismo, la nueva ley establecería un comité consultivo independiente permanente sobre la administración abierta y la gestión de la información . Si bien la adopción de esta nueva legislación facilitaría aún más el acceso a la información de la administración, las partes interesadas señalan que, más allá del marco jurídico aplicable, la puntualidad y la integridad de las respuestas a las solicitudes de información deben mejorarse aún más . Se adoptó una ley temporal sobre las medidas contra la COVID-19 para proporcionar una base jurídica más sólida para las restricciones relacionadas con la COVID-19. En la fase inicial de la pandemia de COVID-19, se adoptaron medidas mediante decretos de urgencia en virtud de la Ley de salud pública preexistente y la Ley de regiones de seguridad, a la vez que se dio un grado importante de libertad a las regiones y los municipios para adoptar sus propias medidas. El Parlamento continuó su trabajo a través de medios escritos o digitales, y se siguieron organizando debates, aunque con menor frecuencia. En mayo de 2020, el Consejo de Estado indicó que la prolongación de la situación de crisis requería una base jurídica más sólida . En virtud de la ley temporal sobre las medidas contra la COVID-19, en vigor desde el 1 de diciembre de 2020, los proyectos de medidas contra la COVID-19 se presentan al Parlamento una semana antes de entrar en vigor , período durante el cual el Congreso de los Diputados puede decidir rechazar la medida. La ley dejará de estar en vigor automáticamente el 1 de septiembre de 2021, salvo que el Gobierno decida prolongarla . Antes de entrar en vigor, el proyecto de Decisión para prolongar la ley temporal se presenta al Parlamento, que puede decidir rechazar la prolongación. Algunas medidas de envergadura contra la COVID-19 han sido revocadas en los órganos jurisdiccionales antes de ser validadas a raíz de un recurso. El 16 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia de la Haya consideró ilícita la medida de toque de queda nacional, debido a la falta de una base jurídica correcta. Ese mismo día, el Tribunal de Apelación de la Haya ordenó medidas provisionales que permitían mantener el toque de queda hasta la resolución final del Tribunal de Apelación. Después de que el Parlamento adoptara una ley urgente que establecía una nueva medida de toque de queda el 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Apelación resolvió, el 26 de febrero de 2021, que la medida de toque de queda inicial se había adoptado sobre una base jurídica correcta. Las instituciones independientes siguen desempeñando un papel importante en el sistema de controles y equilibrios . La institución del Defensor del Pueblo continúa desempeñando un papel importante en el sistema de controles y equilibrios, emitiendo dictámenes no vinculantes sobre las actuaciones del Gobierno e investigando las denuncias de los ciudadanos, pero también elaborando informes por iniciativa propia. Cuando el Defensor del Pueblo formula recomendaciones, el Gobierno debe responder y explicar los motivos si decide no seguirlas. Si bien el Defensor del Pueblo no se enfrenta a obstáculos significativos en el ejercicio general de su mandato , ha criticado la falta de seguimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones formuladas en su informe de 2017 sobre el «asunto de las prestaciones por cuidado de hijos» (véase infra) . El Defensor del Pueblo ha puesto en marcha un proyecto sobre cómo garantizar el seguimiento efectivo de sus recomendaciones, lo cual ha conducido a un enfoque estructural para supervisar la aplicación de sus recomendaciones . Además, en diciembre de 2020, el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos fue reacreditado con el estatus «A» por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) . Las recomendaciones de la GANHRI al Instituto incluían seguir promoviendo la financiación necesaria para permitirle abordar una gama más amplia de prioridades, como los derechos de los migrantes y de la comunidad LGBTI . El panorama de la sociedad civil sigue abierto , aunque se plantean preguntas acerca del nuevo proyecto de legislación en materia de transparencia. Si bien se considera que en los Países Bajos hay una sociedad civil abierta , las partes interesadas han planteado preocupaciones con respecto al nuevo proyecto de legislación destinado a prevenir la influencia extranjera indeseable mediante el aumento del control de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) financiadas desde fuera de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). En su dictamen de 28 de agosto de 2020, el Consejo de Estado hizo hincapié en la importancia de que tal legislación sea proporcional, señalando asimismo el gran número de organizaciones que podrían ser objeto de solicitudes en virtud de la ley . Las partes interesadas también expresaron su preocupación con respecto a un proyecto de ley para modificar el código civil, que ampliaría las posibilidades para prohibir las denominadas «organizaciones radicales». El proyecto de ley reduciría la carga de la prueba requerida para que la Fiscalía solicite al juez que prohíba y disuelva tales organizaciones . Los temas relacionados con el Estado de Derecho siguen ocupando un lugar destacado en el debate público . En noviembre de 2020, una gran mayoría del Congreso de los Diputados votó a favor de un proyecto de legislación que fomenta el conocimiento y el respeto del Estado de Derecho como tarea central de las juntas de educación y los planes de estudios que establecen para la educación escolar. El proyecto de ley se encuentra actualmente en el Senado. Además, tal como se anunció en su informe anual de 2019 , el Consejo de Estado ha comenzado la organización de «conversaciones sobre el Estado de Derecho» con los miembros del Parlamento, los miembros del Gobierno, los jueves, los académicos, los funcionarios y los representantes de los medios de comunicación. A este respecto, el Consejo también publicó un conjunto de contribuciones sobre temas relacionados con el Estado de Derecho . En relación con la recomendación del Consejo de la Administración Pública de que el Gobierno elabore una «agenda política sobre el Estado de Derecho» , el Gobierno aún no ha efectuado un seguimiento. Tal como lo indicaron las partes interesadas , este retraso podría deberse a que el Gobierno también quiera incluir en su respuesta las lecciones aprendidas a raíz del asunto de las prestaciones por cuidado de hijos , que domina los debates políticos actuales sobre el Estado de Derecho. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético (*) (*) La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media pluralism monitor 2021 – Country report for the Netherlands [Informe sobre los Países Bajos]. CIVICUS (2021), Monitor tracking civic space: Netherlands [Monitor del espacio cívico: Los Países Bajos] ( https://monitor.civicus.org/country/netherlands/ ). Consejo de la Administración Pública (2020), Een sterkere rechtsstaat. Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists – Netherlands [Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Los Países Bajos] ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/netherlands ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad. Consejo de Estado (2020), Dictamen consultivo W04.20.0139/I/Vo. Consejo de Estado (2020), Informe anual de 2019. Consejo de Estado (2021), Aanbevelingen ter bevordering van de wetgevingskwaliteit. Consejo de Estado (2021), In gesprek. Bijdragen aan de dialog over de rechtsstaat. Consejo de Estado (2021), Programma van reflectie van de Afdeling bestuursrechtspraak ( https://www.raadvanstate.nl/kinderopvangtoeslag/programma-reflectie/ ). Gobierno de los Países Bajos (2020), Dutch government assessment of the European Commission’s 2020 Rule of Law Report [Evaluación del Gobierno neerlandés del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 de la Comisión Europea] ( https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2020/12/08/dutch-government-assessment-ec-2020-rule-of-law-report ). Gobierno de los Países Bajos (2020), Carta al Parlamento sobre la evaluación de las investigaciones de la integridad de la policía nacional ( Kamerbrief over evaluatie integriteitsonderzoeken politie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl ). Gobierno de los Países Bajos (2021), Aportaciones de los Países Bajos al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Asociación neerlandesa de la Magistratura (2021), Dossier: nieuwe procedure bestuursbenoemingen rechtspraak ( https://nvvr.org/nieuws/2021/dossier-nieuwe-procedure-bestuursbenoemingen-rechtspraak ). Autoridad de Medios de Comunicación de los Países Bajos (2020), Mediamonitor 2020 ( https://www.mediamonitor.nl/wp-content/uploads/Mediamonitor-2020.pdf ). Comisión Europea (2016), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2017), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2018), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2019), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en los Países Bajos. Europol (2020), Dismantling of an Encrypted Network sends Shockwaves through Organised Crime Groups across Europe [El desmantelamiento de una red encriptada hace temblar a los grupos de delincuencia organizada de toda Europa] ( https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-organised-crime-groups-across-europe ).

GANHRI (2020), Report and Recommendations of the Virtual Session of the Sub-Committee on Accreditation of 7-18 December 2020 [Informe y recomendaciones de la sesión virtual del Subcomité de Acreditación del 7 al 18 de diciembre de 2020]. GRECO (2018), Quinta ronda de evaluación; Informe de evaluación sobre los Países Bajos relativo a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Autoridad de Denuncias de Irregularidades (2020), Informe final de evaluación sobre la Ley relativa a la Autoridad de Denuncias de Irregularidades ( https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/actueel/nieuws/2020/07/15/eindrapport-evaluatie-wet-huis-voor-klokkenluiders ). Mapping Media Freedom: los Países Bajos ( https://www.mappingmediafreedom.org/country-profiles/netherlands/ ). Ministro de Protección Jurídica Sander Dekker (2021), Respuesta a preguntas del diputado Nispen, de 17 de febrero de 2021. Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino (2021), Directrices sobre la integridad de los titulares de cargos políticos en los municipios, las provincias y las juntas de agua. ( https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/brochures/2021/03/30/handreiking-integriteit ). Ministerio de Justicia y Seguridad (2021), Carta al Parlamento sobre el funcionamiento del Protocolo de seguridad de la prensa (Kamerbrief over functioneren protocol Persveilig), 31 de marzo de 2021 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/31/tk-functioneren-protocol-persveilig ). Ministerio de Justicia y Seguridad (2021), Carta al Parlamento sobre cómo abordar los flujos financieros extranjeros indeseables (Kamerbrief over aanpak ongewenste buitenlandse geldstromen), 8 de junio de 2021 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/08/tk-aanpak-ongewenste-buitenlandse-geldstromen ). Defensor del Pueblo nacional (2017), No Power Play but Fair Play [No hay juego de poder, sino juego limpio]. Defensor del Pueblo nacional (2020), Proper Provision of Information is the Basis of Access to Justice – Bottlenecks in the Provision of Information about Penalties and Dismissal Decisions [El suministro adecuado de información es la base del acceso a la justicia: cuellos de botella en el suministro de información sobre sanciones y resoluciones de despido]. Policía Nacional (2020), Nuevo equipo de investigación para el asunto de corrupción «Encrochat» ( https://www.politie.nl/nieuws/2020/september/16/nieuw-rechercheteam-voor-corruptieonderzoeken-encrochat.html ). Comité de Helsinki en los Países Bajos (2021), Aportación del Comité de Helsinki en los Países Bajos al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. NVJ (2021), Belangenorganisaties roepen Eerste Kamer op de nieuwe Woo te steunen ( https://www.nvj.nl/nieuws/belangenorganisaties-roepen-eerste-kamer-nieuwe-woo-te-steunen ). OCDE (2021), Implementing the OECD Anti-Bribery Convention [Aplicación de la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho], informe de la fase 4: los Países Bajos ( https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/netherlands-phase-4-report-en.pdf ). Reporteros sin Fronteras Países Bajos ( https://rsf.org/en/netherlands ). Villamedia (2021), Belangenorganisaties aan Eerste Kamer: red minstens deze punten in nieuwe Woo ( https://www.villamedia.nl/artikel/belangenorganisaties-aan-eerste-kamer-red-minstens-deze-punten-in-nieuwe-woo ). Anexo II: Visita a los Países Bajos Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en abril y mayo de 2021 con: ·Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

·el Comité de Justicia y Seguridad del Congreso de los Diputados ·Huis voor Klokkenluiders ·Instituut voor Informatierecht ·el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia ·el Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino ·el Ministerio de Justicia y Seguridad ·Nederlands Juristencomite voor de Mensenrechten ·el Comité de Helsinki de los Países Bajos ·Nederlandse Orde van Advocaten ·Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ·Nederlandse Vereniging voor Journalisten ·el Defensor del Pueblo nacional ·la Policía Nacional ·el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional ·el Ministerio Fiscal ·Raad voor de Rechtspraak ·Raad voor het Openbaar Bestuur * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional

·el Centro de Derechos Reproductivos ·la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) ·la Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Civil Society Europe ·la Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·el European Center for Not-for-Profit Law ·el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·el Foro Cívico Europeo ·la Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·el Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe ·la Comisión Internacional de Juristas ·la Federación Internacional por los Derechos Humanos ·la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN) ·el Instituto Internacional de la Prensa