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Dictamen sobre las regiones insulares desfavorecidas 
(87/C 232/25) 
La Sección Regional abordó el tema de las «Regiones insulares desfavorecidas» en un informe 
autorizado por la Mesa en diciembre de 1985 y concluido en julio de 1986. 
Sin embargo, tras su adopción por parte de la Sección, el informe no se sometió a la Asamblea 
Plenaria, pues a petición de la Sección la Mesa autorizó, el 25 de noviembre de 1986, una modificación 
de procedimiento por la que se permitía la transformación de este informe en un dictamen de 
iniciativa. 
La Sección de Desarrollo Regional, Ordenación Territorial y Urbanismo adoptó su dictamen el 8 de 
abril de 1987, a la luz del informe del Sr. Vassilaras, ponente. 
El Comité Económico y Social, durante su 247a Sesión Plenaria de los días 1 y 2 de julio de 1987 
(reunión del 2 de julio) adoptó por unanimidad el siguiente dictamen: 
1. Introducción 
En vista del interés que ha despertado su informe en medios 
autorizados, el Comité se felicita de tener ocasión de preparar 
su primer dictamen formal sobre los problemas específicos de 
las islas, ya abordados por otras instituciones como el 
Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. 
El Comité considera que la política regional comunitaria, tal 
como está concebida actualmente, no permite elaborar 
programas o medidas específicas para las regiones insulares 
desfavorecidas, que además de las características generales 
del subdesarrollo tienen la desventaja de la lejanía y de la 
situación geográfica. Por esta razón todas las medidas 
previstas en el presente dictamen deberían diferenciarse del 
tratamiento reservado a las regiones continentales, aunque 
sólo fuera por medio de tasas de intervención ligeramente 
incrementadas. 
Conviene recordar que este dictamen se refiere únicamente a 
las islas o archipiélagos de dimensiones reducidas, dado que 
las grandes islas se benefician ya de programas de desarrollo 
especialmente concebidos para ellas y están mucho mejor 
equipadas administrativamente para satisfacer los criterios 
de asignación de las ayudas nacionales o comunitarias. Para 
establecer unas dimensiones mínimas cabría incluir las islas 
cuya población equivale más o menos a la de las islas 
clasificadas en las categorías III y IV, lo que implica que en la 
isla exista al menos una localidad que reúna las condiciones 
requeridas para considerarla como polo de desarrollo. 
Los problemas tratados en este dictamen reflejan las preocu­
paciones de todas las comunidades insulares, como lo han 
corroborado diferentes aportaciones de expertos y las visitas 
fr sobre el terreno efectuadas por el Ponente y el Grupo de 
estudio. Estos problemas se centran principalmente en las dificultades 
de acceso y las infraestructuras de transporte, el aprovisio­
namiento de agua y/o de energía, el habitat y las infraes­
tructuras sociales. 
El Comité ha podido comprobar que los Estados miembros 
no dedican a estos problemas la atención que merecen, no 
tanto por falta de medios sino de una población numérica­
mente suficiente o lo bastante organizada para ejercer 
presiones eficaces a nivel electoral. El presente dictamen tiene 
como objetivo reforzar el empleo y la coordinación de los 
instrumentos suministrados por la política regional y el 
conjunto de los Fondos estructurales, en pro de acciones que 
contribuyan por un efecto de palanca a la eliminación de los 
obstáculos que frenan el desarrollo de las islas pequeñas. A 
este respecto, la corresponsabilidad y la participación de los 
Estados miembros resultan sin embargo determinantes, 
aunque en ciertos casos se requiera por parte de la Comuni­
dad un esfuerzo superior a la tasa normal de intervención. 
2. Principales sectores donde se requiere la intervención 
2.1. Acceso e infraestructuras de transportes 
En ciertos casos el problema reside en la distancia, que es 
considerable; en otros casos se trata de los servicios de 
comunicación por mar o por aire, que son poco frecuentes; 
en otros casos son las condiciones climatológicas, o el estado 
del mar, que impiden el acceso durante períodos variables, o 
las infraestructuras de acceso, que son insuficientes (ausencia 
o mal estado de puertos, muelles de carga o aeropuertos). 
En todos los casos se observa un aumento de los costes, de las 
dificultades de abastecimiento y de desplazamiento, y de los 
obstáculos al desarrollo de un comercio dinámico. 
Para superar estas dificultades, pero también para apoyar el 
potencial de desarrollo económico de las islas, son necesarios 
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diferentes tipos de ayudas nacionales y comunitarias, y no 
sólo en temporada baja, sino de forma permanente. En los 
casos en que los Estados miembros decidan subvencionar los 
costes de transportes corrientes y la Comunidad renuncie a 
sus objeciones derivadas de la defensa de la libre competencia 
en aras de la política regional, cabría pensar en la posibilidad 
de que estas subvenciones fuesen administradas por los 
representantes de la población insular, tanto los elegidos 
democráticamente como los representantes de las organiza­
ciones profesionales. 
2.2. Energía 
Los proyectos de infraestructura encaminados a mejorar el 
abastecimiento de energía de las islas pequeñas resultan 
indispensables. La producción, el almacenamiento y la 
distribución de electricidad no sólo son importantes para las 
necesidades primarias de energía, sino también para el 
alumbrado, la calefacción y los usos domésticos, para el 
funcionamiento de invernaderos, para el regadío y para la 
desalinización del agua marina (lo que podría resolver el 
problema de abastecimiento de agua potable de muchas 
islas). Un abastecimiento de energía suficiente y económico 
estimularía también el desarrollo de determinadas empresas 
medianas y poco desarrolladas, como las de los sectores de la 
transformación de la madera y el cuero o de la construcción 
naval, y facilitaría asimismo el acondicionamiento y la 
comercialización de los productos de la pesca. 
Si bien es cierto que ante todo conviene realizar a corto plazo 
un esfuerzo financiero especial en el terreno de las energías 
tradicionales para cubrir las necesidades inmediatas, tam­
bién es necesario a medio plazo ensayar, instalar y explotar 
fuentes de energía alternativas, como la energía solar, la 
eólica, la geotérmica, la mareomotriz o la biomasa. 
Algunas islas podrían servir a este respecto de estaciones 
experimentales. 
El Comité recuerda asimismo que el nuevo programa de 
valorización del potencial energético (VALOREN) presenta 
un interés especial para los problemas de las regiones 
insulares. 
2.3. Abastecimiento de agua 
A causa de su reducida superficie y de la escasa distancia a 
que se encuentran las costas, en las islas pequeñas el agua de 
lluvia tiene poco tiempo para acumularse en yacimientos 
subterráneos, ya que fluye rápidamente al mar. Debido 
principalmente a su configuración rocosa, en la mayoría de 
las islas hay escasez de agua. Esta escasez obstaculiza en 
muchas islas el desarrollo económico (sobre todo el turismo), 
aparte de sus repercusiones sobre la salud de los habitantes y 
la ganadería. 
La desalinización del agua de mar, y las estaciones depura­
doras eventualmente necesarias, sólo permiten resolver 
parcialmente este problema. Existen otras posibilidades 
técnicas de recogida y almacenamiento del agua de lluvia y de 
abastecimiento de agua procedente de otras fuentes para cubrir las necesidades en los períodos de gran consumo, pero 
estas posibilidades deberían concretarse con la participación 
de la Comunidad en el marco de su política regional. 
Por otra parte, las necesidades de almacenamiento, los 
trabajos de traída de aguas hacia los centros habitados o la 
fabricación de agua a partir de procesos industriales entrañan 
a menudo costes por m3 mucho más elevados en las 
comunidades insulares que en el continente. Estos costes 
resultan aceptables para los turistas dentro de las estructuras 
hoteleras, pero a veces tienen consecuencias desastrosas para 
la población autóctona que vive en condiciones de salubridad 
precarias (por ejemplo en las Islas Canarias). Por otra parte, 
en algunas islas la agricultura no puede subsistir sin una 
irrigación muy costosa. 
2.4. Infraestructuras sociales y habitat 
Las medidas destinadas a crear una infraestructura social 
básica deberían incluir una mayor contribución a proyectos 
en los siguiente ámbitos: 
— salud pública: cuidados médicos y hospitalarios; even­
tualmente, buques hospital para atender a grupos de 
islas, y también servicios aerotransportados; 
— educación: escuelas y personal adecuado, centros de 
formación y de perfeccionamiento profesional; estableci­
mientos de enseñanza a distancia y facilidades de acceso a 
los establecimientos de enseñanza superior del continen­
te. A corto plazo, podrían ser medidas eficaces, por una 
parte, las primas de establecimiento para especialistas y 
mano de obra cualificada procedentes del continente, y, 
por otra parte, una ayuda a la movilidad de los jóvenes 
con garantías de retorno a la isla tras la formación en el 
continente; 
— información: información localmente accesible sobre las 
medidas de ayuda a las empresas industriales, comercia­
les y/o artesanales por medio de organismos de asesoría y 
de asistencia técnica; 
— vivienda: conservación del patrimonio arquitectónico, 
mejora del equipamiento de las viviendas y, eventualmen­
te, construcción de viviendas de protección oficial. 
Este último punto plantea un problema real y tratado ya a 
menudo, que es la inadecuación del Reglamento FEDER 
para intervenir en pro de la vivienda. El Comité está 
convencido de que en las zonas desfavorecidas, ya sean 
insulares o continentales, la ayuda a la construcción o a la 
restauración de un habitat decente resulta a menudo primor­
dial para las poblaciones afectadas y constituye la condición 
previa de todo desarrollo económico posterior. La Comuni­
dad debería disponer de medios de intervención a este 
respecto, y no resolver la cuestión, cuando se ve abocada a 
ello, por medio de reglamentos ad hoc, como ha sido el caso 
en la operación integrada de Belfast. 
2.5. Medio ambiente 
Este aspecto resulta primordial para las islas, que deben 
vigilar de forma muy especial el mantenimiento del frágil 
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equilibrio mar/tierra y la conservación de ecosistemas y 
biotopos desaparecidos ya en otras partes de nuestro planeta. 
A este respecto, conviene hacer referencia a la Comunicación 
de la Comisión sobre la protección de la regiones costeras de 
la Comunidad (doc. COM(86) 571 final). 
Las medidas previsibles deben implicar principalmente: 
— la conservación de la limpieza de las aguas que bañan las 
islas; 
— una acción contra la erosión costera; 
— la conservación o el restablecimiento de la fauna y de la 
flora autóctonas; 
— programas para el salvamento de especies de animales 
amenazadas (por ejemplo la foca y la tortuga de mar en 
algunas islas griegas), así como la creación de reservas 
biológicas; 
— medidas de protección contra los incendios, que destru­
yen el patrimonio forestal y aceleran el proceso de erosión 
de la delgada capa de tierra de las islas, y repoblación de 
las superficies baldías, en el marco de una política forestal 
común que tenga en cuenta los intereses de las islas. 
Por otra parte, el respeto del medio ambiente implica 
también medidas encaminadas a controlar el desarrollo 
salvaje de la construcción que hace caso omiso de conside­
raciones estéticas, del bienestar de las poblaciones o de la 
conservación del estilo arquitectónico y de las tradiciones 
locales, en los casos en que todavía no sea demasiado tarde 
para intervenir. Ello podría llevarse a cabo por medio de 
recomendaciones a los Estados miembros. 
2.6. Agricultura y repoblación forestal 
Los problemas planteados son, por una parte, que la 
agricultura retrocede en las regiones donde se desarrollan los 
servicios turísticos, y, por otra, que la modernización y la 
diversificación de los cultivos serían muy deseables, pero a 
menudo tropiezan con la falta de conocimientos técnicos, 
con las tradiciones y con el envejecimiento de la población, y 
asimismo con la falta de garantías de salida para los 
productos. Por otra parte, la destrucción del patrimonio 
forestal por razones diversas a lo largo de los siglos se revela 
como un obstáculo grave, sobre todo para la presencia y la 
retención del agua en las islas de climas cálidos. 
Aunque la PAC reformada preconiza actualmente una 
reducción de las superficies agrarias, en el contexto especí­
fico de las islas es necesario tomar medidas para que ciertos 
desarrollos desenfrenados del turismo no conduzcan a una 
reducción irracional y desmesurada de las tierras cultivadas, 
necesarias para el equilibrio insular. 
Por tanto es necesario tomar medidas para reorganizar y 
dinamizar la economía agraria basándose en programas de 
desarrollo específicos para las regiones insulares. La asisten­
cia técnica y la organización de cooperativas son dos condiciones muy importantes. El aspecto de la comercializa­
ción y la transformación debe también estudiarse teniendo en 
cuenta la especificidad de las islas, que son entre otras cosas 
campos de prueba muy favorables para la promoción de 
plantas medicinales, de productos naturales y biológicos. De 
forma general, se deberá salvaguardar la existencia de 
cultivos tradicionales. 
2.7. Pesca e instalaciones portuarias 
Pese a su importancia decisiva para la economía insular, en la 
mayoría de la islas la actividad tradicional de la pesca está en 
retroceso constante y se ve afectada por el rechazo de la 
generación joven. La competencia ha desplazado a los 
pescadores artesanales de los caladeros y ha reducido a las 
antiguas familias de pescadores a la inactividad, pues la 
política pesquera de la Comunidad no garantiza una protec­
ción sufiente para las pequeñas embarcaciones. Una autén­
tica política comunitaria en este terreno debería tener en 
cuenta plenamente los intereses de las islas, sobre todo en lo 
que se refiere a las posibilidades de intervención de los fondos 
estructurales. Es necesario implantar un sistema eficaz de 
protección de la actividad de la pesca, financiado por el 
presupuesto comunitario de forma que su coste no recaiga 
únicamente sobre los Estados miembros periféricos. 
A nivel comunitario, el sector pesquero requiere estudios 
detallados y trabajos de investigación. Una primera contri­
bución prioritaria para frenar la decadencia de este sector 
podría consistir en medidas generales encaminadas a la 
mejora de la explotación de los caladeros y de la acuicultura, 
la modernización de los pesqueros y su equipamiento con 
instrumentos modernos, así como la promoción de proyectos 
de infraestructura, como la construcción de instalaciones 
portuarias y de instalaciones de congelación y transforma­
ción del pescado, que permitiesen competir eficazmente con 
la actividad de las grandes flotas extranjeras. 
3. Recomendaciones generales 
3.1. Todas estas medidas pueden insertarse en un progra­
ma comunitario de desarrollo de las regiones insulares 
desfavorecidas, para el que habrá que prever, en ciertos 
casos, tasas de intervención de la Comunidad ligeramente 
incrementadas. 
Este programa podría aplicarse siguiendo criterios depen­
dientes del grado de desarrollo y con un enfoque modular. 
Tras individualizar las características y las necesidades de 
cada isla, se aplicaría simultáneamente en uno u otro grupo 
de islas, por prioridades sucesivas, el módulo «infraestruc­
turas portuarias» o el módulo «diversificación de la agricul­
tura» (u otros módulos a elegir). 
Es evidente que la introducción de algunos centros de 
telecomunicaciones o de informática en ciertos puntos 
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estratégicos de las regiones insulares facilitaría en gran 
medida la aplicación y la coordinación de estos programas, 
creando al mismo tiempo empleos suplementarios. El Comi­
té recuerda a este respecto que ya había aplaudido y apoyado 
la aplicación del programa STAR, subrayando de forma muy 
especial su importancia para el desarrollo de las regiones 
insulares. 
En el marco de este vasto programa de desarrollo de las 
regiones insulares debería ser posible también recurrir al 
artículo 34 del Reglamento FEDER para realizar algunas 
operaciones integradas en los casos más graves, análogamen­
te a lo que en la actualidad se está haciendo en la isla de la 
Reunión. 
3.2. Dos principios importantes deben presidir en todo 
momento el desarrollo. 
Uno es la diversificación sectorial, pues los monocultivos, las 
monoindustrias o las monoactividades de cualquier tipo 
(incluido el turismo) son perjudiciales y aleatorios y están a 
merced del menor contratiempo, ya sea climatológico; 
político o económico. En el marco de esta diversificación 
sectorial, el mejor instrumento son las pequeñas y medianas 
empresas, que permiten crear empleos diversificados y 
mantener la población en el mismo lugar. 
El segundo es la participación activa de la población de las 
islas, por medio de las autoridades locales y de las fuerzas 
económicas y sociales, en la elaboración y la aplicación de las 
decisiones que las afectan, como se ha propuesto particular­
mente en el punto 2.1 («infraestructuras de transportes»), sin 
ser por ello limitativo. Por otra parte, conviene señalar que 
esta participación forma parte de la gestión y del funciona­
miento de las «operaciones integradas»; pero también 
debería preverse en caso de aplicación de un programa 
comunitario específico a las regiones insulares. 
A fin de facilitar y de asegurar esta participación en todos los 
casos, las islas más pequeñas deben agruparse para superar 
los obstáculos administrativos. A este respecto se han 
obtenido ya buenos resultados en algunos casos. 
3.3. Dadas las especiales características de las regiones 
insulares desfavorecidas y la necesidad de utilizar plenamente 
Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 1987: todos los instrumentos que puedan estimular su desarrollo, 
estas regiones deberían incluirse en el enfoque «operación 
integrada», como recomendó el Comité en su dictamen 
1062/86 de 17 de diciembre de 1986, a condición de que 
cumplan los requisitos establecidos en dicho dictamen (cf. en 
particular el apartado 11.2). 
4. Conclusión 
Los problemas de las islas desfavorecidas de la Comunidad 
afectan a más de 7 millones de personas. El Comité considera 
que ésta es ya en sí misma una razón suficiente para 
preocuparse por su suerte. Asimismo, considera que no hay 
que dejar que el desarrollo de esta zonas incumba únicamente 
a los Estados miembros, pues la experiencia ha demostrado 
que los gobiernos, incluso las regiones en el sentido admi­
nistrativo actual, tienen otras prioridades, a menos que 
algunas islas ofrezcan un interés estratégico. El Comité 
deplora esta carencia, pues las poblaciones de las islas tienen 
tanto derecho al respeto y al desarrollo como las de las 
regiones continentales de la Comunidad. 
Si no se aplican medidas rápidamente, corremos el riesgo de 
ver decaer algunas culturas, e incluso algunas etnias, cuyas 
islas de origen quedarán desiertas y convertidas en refugio de 
marginados, o bien serán colonizadas por el turismo inter­
nacional. 
La mejor forma de resolver los problemas planteados y de 
ayudar a las poblaciones a conservar su legítimo patrimonio 
sería un enfoque comunitario integrado, mediante la concep­
ción de un programa específico al que se asociarían los 
Estados miembros en virtud del principio de complementa-
riedad. 
Si este programa se compone de «módulos», como recomien­
da el Comité no habrá que temer que algunas islas que 
disfrutan ya de una prosperidad relativa, gracias por ejemplo 
al turismo, se aprovechen indebidamente de las ventajas 
ofrecidas. Por otra parte, su aplicación simultánea a varias 
islas caracterizadas por el mismo tipo de problemas permi­
tiría una reducción de los costes. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT