Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito»

(97/C 30/24)

El 11 de abril de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de julio de 1996 (Ponente: Sr. Pelletier).

En su 338° Pleno de los días 25 y 26 de septiembre de 1996 (sesión del 26 de septiembre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 87 votos a favor, 13 en contra y una abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

La presente propuesta tiene por objeto modificar la Directiva sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito.

Son dos los artículos que se modifican.

1.1. Punto 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6

1.1.1. Se trata de asimilar, desde el punto de vista de la ponderación del riesgo, los valores garantizados por hipotecas a los préstamos hipotecarios contemplados en los artículos 6 y 11.

1.1.2. La redacción actual del coeficiente de solvencia hace que se ponderen estos valores al 100 %. Con la modificación de dicho artículo se quiere dar a las autoridades competentes la posibilidad de concederles una ponderación del 50 % en caso de que estimen que no hay diferencia de riesgo con los préstamos hipotecarios subyacentes.

1.2. Apartado 4 del artículo 11

1.2.1. Este artículo amplía la norma actual (ponderación de determinados créditos hipotecarios al 50 % en vez del 100 %), que sólo es aplicable a cuatro Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria) y que expiraba el 1 de enero de 1996, a todos los Estados miembros hasta el 1 de enero del año 2001.

1.2.2. Dichos préstamos deben estar garantizados íntegramente por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes situados en el territorio de los Estados miembros. El importe del préstamo no podrá rebasar el 60 % del valor del inmueble considerado, calculado con arreglo a criterios de valoración rigurosos y definidos por disposiciones legales o reglamentarias.

1.2.3. Por otra parte, el bien inmueble deberá ser utilizado por el propietario o cedido por él en régimen de arrendamiento. En este último caso, la renta deberá estar garantizada a un nivel como mínimo equivalente al previsto en el momento de la evaluación del bien.

2. Observaciones generales

2.1. El crédito hipotecario con fines profesionales desempeña un papel fundamental en la economía europea. La concesión de créditos hipotecarios con fines profesionales, la reducción de los costes del crédito para los prestatarios y la imposición de condiciones de refinanciación más flexibles para las entidades de crédito son factores esenciales para garantizar el mantenimiento de la recuperación económica en Europa. El coste del crédito repercute finalmente en los precios al consumo, lo que incita a considerar de forma favorable todo lo que contribuya a reducirlo.

2.2. Por otra parte, los estudios muestran que los préstamos hipotecarios con fines profesionales no suponen riesgos anormalmente elevados y que las pérdidas producidas por créditos hipotecarios con fines profesionales no son significativamente superiores a las pérdidas por créditos hipotecarios residenciales, por lo que deberían englobarse en la misma categoría de riesgo.

2.3. Esta observación no contradice la constatación, formulada entre otros por el BPI (Banco de Pagos Internacionales) en su informe anual, de una importante degradación durante los últimos años del precio de los bienes inmobiliarios y, a su vez, del valor de los activos bancarios correspondientes. No obstante, no conviene confundir el mercado inmobiliario en su conjunto, esto es, mezclar los préstamos arriesgados de determinados bancos y los préstamos a los que se refiere la propuesta de Directiva que, tal como se ha destacado en el punto 1.2, tienen un excepcional nivel de garantía.

2.3.1. A modo de ejemplo, cabe señalar que los inmuebles de oficinas no vendidos y vacíos, que son los que provocan gran parte de las dificultades de los bancos europeos, no podrían beneficiarse de la actual propuesta de reducción de la ponderación del riesgo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la propuesta de Directiva.

2.3.2. En una buena gestión, los bancos que tengan en su balance préstamos dudosos deben hacer una provisión y establecer una cobertura de los riesgos en fondos propios de al menos el 100 %.

2.4. La experiencia demuestra que, en caso de quiebra de una empresa, de entre los activos liquidados son los inmuebles los que pierden menos valor dado que, a diferencia de los materiales, se pueden reutilizar fácilmente.

2.5. La propuesta de Directiva analizada recoge el principio general enunciado en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva de 18 de diciembre de 1989 sobre el coeficiente de solvencia, válido para todas las ponderaciones, que establece que las autoridades competentes podrán fijar ponderaciones más elevadas si lo consideran conveniente.

2.6. Esta facultad introduce un riesgo de distorsión de la competencia a la inversa entre los Estados miembros, al otorgar a las autoridades competentes, hasta el 1 de enero del año 2001, la facultad de fijar una ponderación del riesgo superior al 50 %, que es el porcentaje autorizado en la Directiva para los préstamos concedidos en su territorio.

2.7. Contrariamente al principio fundamental de un mercado unificado para las actividades de crédito en la Unión Europea, existe el riesgo de que surjan niveles diferentes de garantía del riesgo hipotecario: determinados Estados aceptarán una ponderación del 50 % y otros, más severos, fijarán una ponderación que podrá llegar hasta el 100 %. Esta diferencia de trato resultará a medio plazo mucho más sorprendente, dado que el mercado inmobiliario aspira a unificarse con la moneda única.

2.8. Consciente de dicho riesgo, la Comisión intenta limitarlo al disponer en el último párrafo del artículo 1 que la primera oración del primer párrafo no impedirá que:

«las autoridades competentes de un Estado miembro, que aplique una ponderación más elevada en su territorio, puedan permitir la aplicación de una ponderación del 50 % al tipo de préstamos considerado en el territorio de aquellos Estados miembros que permitan una ponderación de los riesgos del 50 %.»

2.9. Por lo tanto, queda claro que una entidad bancaria de un país que aplique una ponderación de los riesgos del 50 % no podrá hacer la competencia a las entidades de los países que fijen una ponderación de riesgos más elevada en el territorio de éstas. Pero, en cambio, la entidad bancaria que goce de condiciones favorables para su actividad nacional de préstamos hipotecarios dispondrá por ello de una capacidad de beneficios superior a sus competidores de la UE y, por consiguiente, de mayor competitividad.

2.10. El riesgo de distorsión de la competencia es real, ya que la crisis del mercado inmobiliario que han padecido diversos Estados de la Comunidad, a veces bastante aguda en cuanto a riesgos bancarios, ha llevado a las autoridades de supervisión de la mayoría de los Estados miembros a prever una cobertura máxima de riesgo, esto es, del 100 %.

2.11. Cabe esperar que el efecto de la propuesta de Directiva sea el de impulsar una armonización de las prácticas de las autoridades de supervisión para evitar una distorsión a la inversa. Pero esto no es más que una hipótesis, no una certeza.

2.12. Al margen de dichas preocupaciones, el Comité se ve obligado a señalar -de forma fortuita, al examinar el caso específico del crédito hipotecario- que la Directiva de base de 18 de diciembre de 1989 sobre el coeficiente de solvencia permite a las autoridades nacionales de supervisión adoptar normas divergentes en un ámbito que tiene graves repercusiones para la rentabilidad de los bancos, y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se orienta en la misma dirección.

2.13. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión destinada a permitir una ponderación de los riesgos hipotecarios de carácter comercial del 50 %. No obstante, el Comité desea llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre el interés de lograr en el futuro una armonización de las disposiciones relativas a la cobertura de los riesgos bancarios, con el fin de evitar todo falseamiento de la competencia, incluso en caso de que sean los propios Estados los que lo originen.

2.14. La Directiva sometida a examen debe interpretarse como un paso en esta dirección. El Comité desea que la Comisión continúe su labor hacia una armonización de la cobertura de los riesgos teniendo en cuenta muy especialmente las variaciones y la volatilidad de los mercados.

3. Observaciones específicas

3.1. En el artículo 1 por el que se modifica el punto 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6, añádase en el apartado 1, ii) después de «administrador fiduciario» lo siguiente: «o cargo equivalente», dado que en algunos países europeos no existe el concepto de administrador fiduciario.

Bruselas, el 26 de septiembre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

ANEXO al Dictamen del Comité Económico y Social

Enmienda rechazada

La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso de los debates.

Punto 1.1.2

Añádase después de «al 100 %» lo siguiente: «en consonancia con el Acuerto de Basilea por motivos cautelares».

Resultado de la votación

Votos a favor: 29, votos en contra: 60, abstenciones: 17.