Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información» () (98/C 407/06)

El 6 de febrero de 1998, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de julio de 1998 (ponente: Sr. Moreland).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre) el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción: la propuesta de la Comisión

1.1. Esta propuesta de Directiva resulta de las respuestas al Libro Verde de la Comisión de 1995 (). Sin embargo, es el último hito de la producción legislativa que se originó con el primer Libro Verde sobre los derechos de autor y la sociedad de la información de 1988 (). Pasa por ser la propuesta más importante presentada hasta ahora.

1.2. Hay dos razones fundamentales que justifican esta Directiva: la primera, continuar la labor armonizadora en materia de derechos de autor y derechos afines que se inició con el Libro Verde; la segunda, incorporar al Derecho comunitario dos recientes Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), uno sobre derechos de autor y otro sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptados en Ginebra en diciembre de 1996.

1.3. Globalmente consideradas, las propuestas están, en general, en sintonía con los comentarios del Comité acerca del Libro Verde, así como con los Tratados de la OMPI. La Comisión ha adoptado un enfoque que presenta los cuatro ejes siguientes:

1.3.1. mantener el funcionamiento correcto del mercado interior;

1.3.2. mantener la máxima flexibilidad hacia los Estados miembros, en el contexto de la subsidiariedad;

1.3.3. proteger y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, especialmente, los derechos que recaen sobre contenidos disponibles en línea, y

1.3.4. lograr un equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y la de proteger los derechos de los usuarios y del público en general.

1.4. El tema central a debate reside en la medida en que debería dejarse a cada Estado miembro la interpretación de determinadas excepciones a los derechos de autor y derechos afines armonizados. En otras palabras, a los Estados miembros se les deja, en la propuesta de Directiva sometida a examen, un considerable margen de discreción en relación con el nivel concreto de tales excepciones. Éstas se refieren, entre otras cosas, a la reprografía, el uso en beneficio de personas con minusvalías visuales o auditivas que no tenga un carácter comercial, la información periodística y las bibliotecas y otros centros públicos de información similares. El planteamiento de la Comisión es esencialmente el de conseguir un equilibrio entre, por una parte, la garantía de que no hay barreras para el comercio y, por otra, la no interferencia con la diversidad cultural de los Estados miembros.

2. Observaciones generales

2.1. El análisis de la propuesta de la Comisión debería basarse en la aspiración de la Comisión a conseguir el equilibrio mencionado, cuidando de asegurar que las excepciones no supongan mantener o interponer barreras claras al comercio intracomunitario. En ese sentido, el planteamiento de la Comisión está en la línea de la opinión expresada por el Comité en relación con el Libro Verde de 1995, cuando el Comité hacía hincapié en la importancia de adoptar un orden de prioridades, dados el grado de complejidad y las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros.

2.2. Habida cuenta de la complejidad de esta materia, del tiempo invertido en la aprobación de normas comunitarias y del laudable planteamiento de la Comisión -de concentrarse en los principales obstáculos a la realización del mercado único- el enfoque es correcto. Sin embargo, es preciso abordar cuanto antes estos difíciles asuntos -tan pronto como puedan convertirse en un obstáculo para el comercio- así como cualquier otro que pudiera surgir en el mismo sentido.

2.3. El Comité no propone ninguna modificación a aquellas partes de la propuesta de Directiva que se limitan a incorporar al Derecho Comunitario partes de los Tratados de la OMPI.

2.4. En consecuencia, aunque el Comité apoya, en términos generales, la Directiva propuesta, desea formular una serie de observaciones específicas. A nadie se le oculta que el artículo 5 de la propuesta de Directiva es el aspecto que requiere una consideración más cuidadosa.

3. Observaciones específicas sobre el articulado

3.1. Preámbulo

3.1.1. Hay demasiados considerandos en la propuesta de Directiva. Aquellos que son meras repeticiones deberían ser suprimidos; los que explican o amplían el texto deberían ser transferidos a la parte dispositiva de la Directiva.

3.2. Apartado 2 del artículo 1

3.2.1. Podría calificarse la palabra «disposición» con el adjetivo «expresa», puesto que así se evitarían discusiones sobre si determinadas disposiciones derogan implícitamente otras anteriores.

3.2.2. El Comité propone a la Comisión que presente una Directiva con un texto refundido, a fin de reunir toda la legislación comunitaria sobre derechos de autor y derechos afines en un solo documento, facilitando así las referencias.

3.3. Artículo 2

Globalmente, esta disposición refleja la Directiva sobre el derecho de alquiler (). Para muchos Estados miembros, la nueva propuesta clave, por lo que atañe al derecho de reproducción, es el requisito de que tal derecho debe aplicarse tanto a la reproducción temporal o transitoria como a la permanente. Esto merece una valoración positiva: sólo se promoverá la sociedad de la información si los titulares de derechos pueden controlar lo que terminará por ser el único uso comercial de sus obras en línea, lo que en gran medida se hará mediante la realización y uso de copias temporales o transitorias.

3.4. Hay que señalar que no se conceden derechos de exclusiva para emisiones multicanal.

3.5. Artículo 3

El apartado 1 del artículo 3 pretende regular, mediante una definición cuidadosamente elaborada, la facultad del titular de derechos de autor para autorizar o prohibir la publicación de su obra en línea, incluyendo -aunque no de forma exclusiva- la puesta a disposición del público de la obra en Internet. Debería ponerse gran cuidado en garantizar que la definición resista el continuo cambio tecnológico, en particular, por el uso de agentes inteligentes y de una tecnología que ofrezca opciones («push») en vez de esperar del usuario que las busque («pull»); en otras palabras, el uso proactivo de la tecnología para poner a disposición de los usuarios de Internet copias de obras sin que éstos tengan que acceder a la obra con ayuda de un navegador.

3.6. Artículo 4

3.6.1. El objeto de esta norma es el derecho de distribución, es decir, la facultad de los titulares de derechos de autor de controlar la distribución de copias tangibles de sus obras. A este respecto, la principal cuestión jurídica es si este derecho debería «agotarse», en virtud de la primera venta, sólo en la Comunidad o a escala mundial. En otros términos, la cuestión reside en si la importación, desde un lugar situado en el exterior de la Comunidad, de una copia tangible autorizada, cuya venta contaba con la debida licencia en aquel lugar, debería permitirse sin el consentimiento del titular de los derechos equivalentes dentro de la Comunidad. Esta cuestión resulta particularmente relevante en el caso de las llamadas «importaciones paralelas» procedentes de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, los discos compactos destinados al uso del consumidor son -con frecuencia- más baratos.

3.6.2. A juicio del Comité, dada la situación actual del mercado y habida cuenta, en particular, de que otras importantes jurisdicciones comerciales disponen de normas similares, la Comisión ha hecho bien en establecer que el derecho se agota a nivel comunitario y no internacional. Sin embargo, en cuanto a la redacción, el Comité recomienda que esta disposición sea modificada de forma que se despeje cualquier duda (una formulación similar de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ha sido motivo de litigios y confusión, lo que debe evitarse).

3.6.3. La modificación que se propone consiste en añadir al artículo 4 un nuevo apartado 3, del siguiente tenor:

«El derecho de distribución no se agotará en virtud de una venta u otro tipo de cesión de la propiedad del original de cualquier obra, o de cualquiera de sus copias, que tenga lugar fuera de la Comunidad, con o sin el consentimiento del titular del derecho.»

3.6.4. No obstante, la expansión del área en que se agota el derecho podría considerarse, pero sólo en condiciones de reciprocidad y mediante negociaciones tendentes a garantizar un trato justo y recíproco de las obras y sus copias procedentes de la Comunidad.

3.7. Artículo 5

En esta disposición se establecen las excepciones a los derechos exclusivos contemplados en los artículos 2 y 3.

3.7.1. Artículo 5.1

3.7.1.1. La primera excepción la constituyen «los actos de reproducción temporal». Su objetivo es el de garantizar que esté exento el almacenamiento transitorio de copias de la obra en, por ejemplo, servidores intermedios entre un servidor de Internet y el ordenador en el que un usuario final esté utilizando un navegador. El criterio decisivo será el de que los actos de reproducción temporal «no tengan por sí mismos una significación económica independiente»; tal vez debería aclararse que la significación económica independiente a que se alude se refiere al uso de la obra y no a su transmisión.

3.7.1.2. Es preciso clarificar y exponer con más amplitud esta disposición. Cualquier reproducción que, de hecho, suponga un aprovechamiento de la obra, como ocurre al copiar temporalmente programas o datos en la memoria con el fin de usar tales obras o acceder a ellas -por ejemplo, el acto de acceder a bases de datos en línea- debería permitirse únicamente previa autorización del titular de los derechos.

3.7.1.3. Este apartado se solapa en gran medida con la propuesta de la Comisión -que está pendiente- en materia de responsabilidad, que armonizará en la Comunidad cuestiones relativas a la responsabilidad por actividades en línea. Las normas de Derecho de autor no constituyen necesariamente el enfoque adecuado para resolver cuestiones de responsabilidad del proveedor de los servicios, puesto que el alcance de éstas no se limita al ámbito de la propiedad intelectual; no obstante, las dos Directivas deberían guardar estrecha relación, por lo que es deseable que medie el menor tiempo posible entre la Directiva objeto del presente Dictamen y el momento en que se llegue a un acuerdo sobre la Directiva en materia de responsabilidad, si es que no pueden tratarse conjuntamente.

3.7.2. Apartados 2 y 3 del artículo 5

3.7.2.1. Las restantes disposiciones del artículo 5, en su versión actual, establecen las excepciones concretas al derecho exclusivo de reproducción que se ha concedido anteriormente. Estas excepciones se dejan a la discreción de los Estados miembros. En general, al Comité le preocupa que la amplitud de las opciones que el texto propuesto para estos apartados permite a los Estados miembros pueda significar la subsistencia de lo que, en la práctica, son auténticas barreras comerciales en la Comunidad; el Comité estima que la Comisión debería velar atentamente por que el uso que de estas derogaciones hagan los Estados miembros no tenga ese efecto.

3.7.2.2. La excepción más notable atañe a la reproducción de obras sonoras, visuales o audiovisuales efectuadas por una persona física para uso privado. A este respecto, la Comisión puede elegir entre tres opciones:

- armonizar totalmente la normativa sobre copia privada, otorgando un derecho absoluto a autorizarla o prohibirla;

- armonizar sólo lo referente a la copia digital, o

- dejar el asunto a la discreción de los Estados miembros.

3.7.2.3. El Comité respalda el enfoque de la Comisión que figura en el punto 6 de los comentarios sobre el artículo 5 incluidos en la exposición de motivos, según el cual aquélla llevará a cabo un estrecho seguimiento de la evolución del mercado por lo que respecta a la copia privada digital y consultará a las partes interesadas durante la segunda mitad de 1998. La consulta se centrará, acertadamente, en los aspectos tecnológicos y en el equilibrio entre derechos e intereses. El Comité espera ser consultado en el marco de este procedimiento. También espera que el procedimiento de consulta no se prolongue y que desemboque en una propuesta de la Comisión en breve plazo.

3.7.2.4. Mientras tanto, el tema de la copia privada se deja en manos de los Estados miembros, lo cual es correcto; el Comité es reticente a que se restrinja la actividad de los particulares en la esfera puramente privada. Al Comité le preocupa especialmente el caso en que la copia privada es necesaria para la protección de los niños (cuando los padres graban programas para verlos cuando aquéllos no estén presentes).

3.7.2.5. La limitación contemplada en la letra (b) del apartado 3 del artículo 5, en beneficio de personas con discapacidades visuales o auditivas, debería hacerse extensiva a todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad, teniendo presente que tal limitación sólo es aplicable a usos que no tengan un carácter comercial. El Consejo debería incluso solicitar a la Comisión que prepare una normativa que convierta esta excepción en obligatoria.

3.7.2.6. El Comité observa que las excepciones que se permiten a los Estados miembros les dejan margen para excluir totalmente los actos en cuestión del ámbito de protección de los derechos de autor; o para disponer, con respecto a tales actos, un sistema de remuneración equitativa.

3.7.2.7. Por último, son muchas las pequeñas excepciones al derecho de reproducción general existentes en la legislación sobre derechos de autor vigente en cada Estado miembro: por ejemplo, en algunos Estados miembros, el derecho a hacer una copia temporal de una obra con el fin de incluirla en una emisión; o la grabación de una película sobre un edificio; o mediante organismos reguladores, a fin de asegurar y supervisar el respeto de las normas a que deben atenerse los medios de comunicación. Deberían seguirse admitiendo tales excepciones de orden menor en virtud de un añadido al apartado 3 del artículo 5 en el que se contemplasen las excepciones de poca envergadura que no afecten negativamente al comercio intracomunitario.

3.8. Artículo 6

3.8.1. Este artículo pretende garantizar que los Estados miembros dispensen una protección adecuada contra la fabricación o distribución de dispositivos «cuya finalidad o empleo comercial [...] sea sólo limitado» al margen de la elusión de cualquier medida tecnológica destinada a proteger los derechos de autor o, en particular, impedir la copia.

3.8.2. La redacción actual del artículo responde, inevitablemente, a un equilibrio entre, por un lado, la aspiración de los titulares de derechos a controlar más de cerca cualquier dispositivo que a título principal o accesorio permita la elusión de las medidas tecnológicas (un ejemplo lo constituyen las grabadoras de doble platina, que tienen muchos usos legítimos además de otros que no lo son) y, por otro, el derecho del consumidor a usar tales dispositivos con fines legítimos. A juicio del Comité, el equilibrio está bien logrado, pero la prohibición debería extenderse también a los dispositivos «cuya promoción, difusión publicitaria o comercialización se dirija expresamente a la elusión».

3.9. Artículo 7

Este artículo trata del establecimiento de una protección jurídica adecuada frente a la supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos. El Comité está de acuerdo con un comentario que se ha vertido, según el cual la institución de sistemas de información para la gestión de derechos debería seguir siendo voluntaria, es decir, no debería suponer la imposición de formalidades que no están permitidas con arreglo al Convenio de Berna.

3.10. Artículo 8

3.10.1. El Comité solicitó en su día que se previeran vías de recurso en la legislación sobre derechos de autor. Este artículo obliga a los Estados miembros a establecer «las sanciones y vías de recurso adecuadas» en relación con la violación de los derechos y obligaciones previstos en la Directiva. Según el artículo, las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. El Comité recomienda que se reclame a los Estados miembros una lista más detallada de las vías de recurso, que incluya medidas provisionales eficaces y vías de recurso que no resulten excesivamente onerosas.

3.10.2. El Comité también insta a la Comisión a que vigile el establecimiento de vías de recurso adecuadas por parte de los Estados miembros y ponga de manifiesto las deficiencias imputables a los Estados miembros que se observen.

3.11. Artículo 10

El Comité reconoce que el apartado 2 del artículo 10 incorpora una disposición de uno de los Tratados de la OMPI. En caso de que el mismo generase ambigüedad, la Comisión debería resolverlo en la medida en que ello sea compatible con las obligaciones derivadas de ese Tratado.

3.12. Artículo 11

El Comité aplaude que la Comisión publique un informe cada tres años y que se le incluya entre sus destinatarios.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 108 de 7.4.1998, p. 6.

() «Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información», COM(95) 382 final de 19.7.1995; DO C 97 de 1.4.1996, p. 9.

() «Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico - Problemas de derechos de autor que requieren una acción inmediata», COM(88) 172 final de 7.6.1988; DO C 71 de 20.3.1989, p. 9.

() Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, DO L 346 de 27.11.1992, p. 61; DO C 269 de 14.10.1991, p. 54.