A4-0040/98

Resolución sobre el Informe especial n° 3/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la política del turismo y su promoción acompañado de las respuestas de la Comisión (C4-0050/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Informe especial n° 3/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la política del turismo y su promoción acompañado de las respuestas de la Comisión ((DO C 17 cd 16.1.1997, pág. 1.)) (C4-0050/97),

- Vistos el apartado 4 del artículo 188 C y el apartado 1 del artículo 206 del Tratado CE,

- Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A4-0040/98),

A. Considerando que la indiscutible importancia del turismo en el marco de las políticas comunitarias exige una gestión encaminada a garantizar la legalidad y la eficacia de dicha política,

B. Constatando que durante mucho tiempo no se ha llevado a cabo una gestión de este tipo, lo que ha permitido que se cometieran numerosas irregularidades, poniendo a veces gravemente en tela de juicio la honradez de los funcionarios de la Comisión, con el riesgo de comprometer la continuación de dicha política,

C. Constatando que la Comisión ya ha emprendido una acción sistemática de búsqueda de las irregularidades y que dicha acción es una condición esencial para el saneamiento, pero que es insuficiente,

D. Considerando, sin embargo, que es sorprendente que se acudiera por primera vez a la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude (UCLAF) en julio de 1994,

E. Considerando que es urgente e imprescindible detectar los fallos de la gestión que han generado las irregularidades y han comprometido la eficacia de las acciones, así como elaborar medidas concretas para superar la actual situación de crisis,

F. Considerando que buena parte de los fallos detectados se deben a un desorden sistemático en la gestión, atribuible a responsabilidades individuales,

G. Considerando, sin embargo, que este desorden crónico se ha visto favorecido por instrumentos o fallos en la gestión y la dirección sobre los que hay que actuar,

H. Recordando la importante resistencia de la Comisión a comunicar las conclusiones de las investigaciones efectuadas por la DG XXIII y la UCLAF; manifestando su preocupación porque semejante actitud da pie para tener dudas serias no sólo sobre la transparencia sino también sobre la fiabilidad de las declaraciones realizadas por la Comisión a lo largo de todo el control efectuado por el Parlamento,

I. Comprobando que las subvenciones directas constituyen un instrumento de financiación de alto riesgo, que ha sido utilizado masivamente en el período en el que se centran las sospechas de irregularidad (1990-1993); señalando al mismo tiempo que en el período sucesivo dicho instrumento se ha utilizado mucho menos,

J. Recordando que los contratos problemáticos celebrados en 1993 representaban más del 40% del presupuesto de turismo disponible para ese año,

K. Considerando, además, que los incumplimientos e irregularidades comprobados en 1992 por el Tribunal de Cuentas no se habían suprimido totalmente en 1995, lo que ha perturbado la aplicación del plan de acciones en favor del turismo,

L. Recordando que la elección del contratista debe llevarse a cabo según criterios precisos, coherentes con los objetivos de la acción y con los parámetros de admisibilidad del gasto; señalando, al respecto, que la Comisión ha comenzado a especificar mejor las convocatorias de ofertas y de propuestas, pero señalando también que subsisten importantes lagunas en la composición del comité de selección y en el procedimiento que se sigue,

M. Considerando que numerosos elementos han influido negativamente en el personal y, en consecuencia, en la escasa calidad de las propuestas seleccionadas (insuficiencia del personal estatutario y, en particular, del personal encargado de la administración financiera; elevada rotación; formación inadecuada); señalando también que la creación de una célula financiera en la DG XXIII ha permitido un progreso en la especialización del personal,

N. Considerando que las delegaciones, demasiado numerosas, a varios ordenadores han contribuido a aumentar el desorden,

O. Considerando que el retraso con el que ha actuado el interventor se debe, en cierta medida, al sistema de controles por sondeo, que ha impedido una toma de conciencia más rápida de la importancia del riesgo; constatando, además, que se ha dado un curso limitado a las recomendaciones incluidas en la auditoría del interventor,

P. Señalando que la vaguedad de los contratos en lo relativo a la admisibilidad del gasto y a las obligaciones de los contratantes, así como el sistema ampliamente difundido de subcontrataciones no sujetas a control, han generado amplias zonas de riesgo,

Q. Considerando que la task-force creada por la Comisión ha concluido su trabajo y ha hecho una distinción entre los expedientes regulares, los irregulares y aquellos sobre los que recae la sospecha de un pago excesivo,

R. Señalando la dificultad para recuperar las sumas indebidamente pagadas en aquellos expedientes sobre los que recae la sospecha de un exceso de pago, por la falta de documentos justificativos; recordando que actualmente es obligatorio conservar dichos documentos; considerando que éste es uno de los aspectos más graves del desorden en la gestión,

S. Considerando que se deben examinar los criterios encaminados a recuperar las sumas indebidamente pagadas,

T. Recordando que, en el pasado, las evaluaciones en materia de turismo han tenido un carácter sólo descriptivo, por la falta de recursos humanos y por una definición poco clara de los objetivos,

U. Considerando que la política del turismo puede expresase a través de acciones directas, pero también a través de acciones inherentes a otras políticas que influyen en el ámbito del turismo y que, en consecuencia, es necesario coordinarlas,

1. Reafirma la importancia de la política del turismo y la necesidad de salvaguardarla mediante una rápida acción de saneamiento que permita identificar las lagunas en la gestión y adoptar las medidas necesarias;

2. Toma nota de que la Comisión ha emprendido un examen sistemático de los expedientes irregulares, con objeto de reordenar la gestión e introducir las primeras medidas de saneamiento, lamentando el retraso con el que ha reaccionado a las voces de alarma del Parlamento y del Tribunal de Cuentas;

3. Considera que es necesaria una iniciativa más radical de reforma en el ámbito normativo y administrativo y pide, desde ya, a la Comisión que adopte las siguientes iniciativas:

I. Subvenciones ad hoc:

a) la Comisión debería renunciar definitivamente a este instrumento o, por lo menos, informar al interventor, al Tribunal de Cuentas y a la autoridad de aprobación de la gestión, de los motivos que la llevan a recurrir con carácter excepcional a estas subvenciones;

b) el programa SEM 2000 debería estudiar la posibilidad de prohibir o limitar el uso de este instrumento para el conjunto de las financiaciones directas;

II. Selección de los proyectos:

a) debería reforzarse la imparcialidad del comité de selección, incluyendo en él a expertos externos y a funcionarios de otras direcciones generales interesadas;

b) la selección de las ofertas debería basarse exclusivamente en las informaciones incluidas en la propuesta inicial, sin posibilidad de un suplemento de información que podría afectar a la transparencia del concurso;

III. Personal:

a) la creación de la célula financiera debe ir acompañada, mediante una reorganización del organigrama establecido para la Comisión, de un aumento del personal permanente y de una mejor formación en el ámbito financiero y de control;

IV. Delegaciones:

a) las delegaciones de competencias por parte del primer ordenador a quien se le han atribuido competencias (Director General) deben ser excepcionales, estar motivadas y su contenido debe estar bien definido;

V. Control financiero:

a) el control por sondeo debe permitir hallar los sectores de riesgo, debiéndose realizar un control sistemático de éstos;

b) las recomendaciones que acompañan a la auditoría del interventor deberán ser jurídicamente obligatorias y su ejecución deberá comprobarse a breve plazo;

VI. Prevención de las irregularidades:

a) el programa SEM 2000 debería proporcionar las directrices para el establecimiento de instrumentos jurídicos encaminados a prevenir las irregularidades en la política del turismo, así como en otros sectores de las financiaciones directas:

- mayor concentración de las acciones;

- definición de contratos tipo más precisos en términos de admisibilidad de los gastos y control de los contratantes;

- limitación de las subcontrataciones, que deben poder controlarse en todos los casos, al finalizar el contrato;

4. Toma nota de la reconstitución de los expedientes y del examen de la regularidad de los mismos, pero pide a la Comisión que:

a) complete el examen de los expedientes en los que faltan documentos, mediante investigaciones in situ;

b) inicie y continúe la recuperación de las sumas indebidamente pagadas de manera sistemática, sin tener en cuenta consideraciones de coste/oportunidad, ya que el carácter ejemplar de esta acción de saneamiento debe primar sobre consideraciones puramente financieras;

5. Considera que las irregularidades que han caracterizado la gestión de la política del turismo no deben imputarse únicamente al desorden y al carácter inadecuado de los procedimientos y de la organización que caracterizaba la gestión de la DG XXIII, sino que existen responsabilidades individuales concretas más allá de los procedimientos judiciales en curso, por lo que:

- pide a la Comisión que sancione estas responsabilidades y reclame las reparaciones pecuniarias que se imponen, a todos los niveles jerárquicos, a través de procedimientos disciplinarios y de reparación pecuniaria con arreglo a los artículos 73 y 76 del Reglamento financiero, cuando no se concrete la hipótesis más grave del delito;

- se reserva el derecho de pronunciarse sobre las responsabilidades penales y sobre los procedimientos internos de la Comisión, en vista, entre otros, de los hechos que han acompañado la solicitud de supresión de la inmunidad previa al ejercicio de la acción penal;

6. Pide a la Comisión que tome las necesarias medidas disciplinarias y que exija indemnización a los funcionarios responsables;

7. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación más completa de las acciones en el ámbito del turismo y que defina claramente los objetivos cualitativos y cuantitativos, tanto físicos como financieros, en los programas, en las licitaciones y en los contratos y que confíe esta tarea a expertos exteriores;

8. Pide a la Comisión que defina procedimientos obligatorios encaminados a coordinar las acciones directas en materia de turismo con las otras políticas que influyen en este sector;

9. Pide a la Comisión que, en el plazo de tres meses, le presente un informe sobre la situación de las recuperaciones y de las medidas adoptadas para dar curso a la presente resolución; señala que sólo se podrá conceder a la Comisión la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1996 después de que se haya presentado dicho informe;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, así como al Grupo de representantes personales de los ministros de Hacienda encargado de cooperar con la Comisión en el marco del programa SEM 2000.