INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2012 (resumen) /* COM/2014/0607 final */





Informe sobre el seguimiento de las peticiones realizadas por el Parlamento Europeo en sus Resoluciones sobre la aprobación de la gestión presupuestaria y por el Consejo en su Recomendación sobre la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2012 Observaciones preliminares El presente documento constituye el informe de la Comisión al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo sobre el seguimiento de las Resoluciones del Parlamento Europeo[1] y de la Recomendación del Consejo[2] correspondientes al ejercicio de 2012, de conformidad con el artículo 319, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el artículo 166 del Reglamento Financiero (RF) y el artículo 119, apartado 5, del Reglamento Financiero de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED). El informe se centra en los compromisos vinculantes destacados por el PE en sus Resoluciones sobre la aprobación general. Va acompañado de dos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión con las respuestas a las peticiones específicas formuladas por el Parlamento Europeo (353) y el Consejo (77) (79 en total, pero 2 de ellas se dirigen al Tribunal de Cuentas) en relación con peticiones y observaciones sobre la aprobación de la gestión presupuestaria (8 del PE). La Comisión acepta emprender nuevas acciones en relación con 142 peticiones (108 del Parlamento Europeo y 34 del Consejo). Considera que para 240 peticiones (199 del Parlamento Europeo y 41 del Consejo) las medidas solicitadas ya se han tomado o están en curso, aunque en algunos casos deberán evaluarse sus resultados. Por último, por causas relacionadas con el marco jurídico y presupuestario vigente o con sus funciones o prerrogativas institucionales, la Comisión no puede aceptar 40 peticiones (38 del Parlamento Europeo[3] y 2 del Consejo[4]). La justificación detallada se describe en los dos documentos de trabajo adjuntos. 1. Compromisos vinculantes En su Resolución sobre la aprobación general de 2012, el PE señaló específicamente un gran número de compromisos vinculantes de carácter jurídico, institucional o financiero, o bien relacionados con la auditoría y con la rendición de cuentas. Esas peticiones se han debatido ampliamente durante el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, en particular con los miembros de la Comisión de Control Presupuestario (CONT). En las cartas del Presidente Barroso (26.11.2013)[5] y del Comisario Ṧemeta (10.3.2014)[6] quedó claramente reflejado el compromiso formal de la Comisión para aplicar de manera completa y puntual una serie de actuaciones y medidas relacionadas con las cuestiones planteadas en dichos compromisos vinculantes. La presente comunicación tiene en cuenta las promesas formuladas en las dos cartas anteriormente mencionadas y actualiza la situación cuando procede, en la medida en que se hayan adoptado medidas ulteriores. 1.1. Tratamiento de los problemas suscitados por las reservas formuladas en los Informes Anuales de Actividad (IAA) de las Direcciones Generales (apartados 25‑26, 33, 39, 196, 223) Por cuanto respecta a las reservas formuladas en los IAA de varias DG, el Parlamento Europeo considera prioritario que la Comisión demuestre que ha adoptado las medidas necesarias para eliminar los motivos de preocupación relacionados con las reservas que han recibido el respaldo específico del PE. Por otro lado, el PE tiene la intención de utilizar el seguimiento de dichas reservas como instrumento de control presupuestario que le permitirá supervisar las medidas correspondientes. La Comisión ha adoptado ya una serie de medidas fundamentales, como se explica en las cartas antes indicadas, lo que unido al compromiso formal asumido por el actual Colegio de Comisarios frente al último PE respecto a la adopción de nuevas medidas, ha permitido al Parlamento otorgar su aprobación a la Comisión. La Comisión ha notificado las graves deficiencias detectadas en la ejecución del presupuesto de la UE, tal como se refleja en las reservas de los IAA presentados por los Directores Generales de la Comisión, y ha puesto de manifiesto el riesgo resultante para el presupuesto de la UE. Toda reserva va siempre acompañada de un plan de acción claro que permite atajar los problemas identificados en la gestión de los fondos de la UE y, siempre que se den las circunstancias previstas en la normativa, la Comisión puede interrumpir o suspender el pago de las ayudas correspondientes. La Comisión realiza el seguimiento de estas reservas y de los planes de acción pertinentes, vigilando el progreso de los trabajos realizados para aplicar estos últimos. Una reserva solamente se cancelará cuando la Comisión haya obtenido pruebas fidedignas de que las deficiencias han sido tratadas mediante la aplicación por los Estados miembros de las medidas apropiadas, de que se han emprendido las acciones de corrección oportunas, y de que el nuevo sistema ha demostrado su eficacia en la práctica. Los IAA ponen de manifiesto con total transparencia la forma en que la Comisión cumple con su responsabilidad de garantizar la legalidad y regularidad de las políticas en régimen de gestión compartida, tanto al nivel de los Estados miembros como de los programas (en el ámbito de la política de cohesión), o bien de los organismos pagadores (en el ámbito de la Agricultura). Además de esto, la Comisión presenta estimaciones de las tasas de error y de los riesgos residuales correspondientes a los organismos pagadores, a las medidas y a los programas, y proporciona a los Estados miembros una indicación de los riesgos reales después de la aplicación de las medidas correctoras. Se trata, por lo tanto, de un instrumento con cuya ayuda la autoridad responsable de la aprobación podrá analizar la situación con más detalle. Por regla general, la Comisión acoge favorablemente el refrendo por parte del PE de las reservas formuladas por los respectivos Directores Generales de la DG AGRI y de la DG REGIO. Sin embargo, la petición del PE de auditar todos los programas operativos (PO) al menos una vez durante el período de programación no está en línea con el modelo único de auditoría propuesto en 2004 por el TCE, y entra en conflicto con la petición del PE de mejorar la eficiencia económica en el uso de los limitados recursos de auditoría, concentrando estos en los programas de alto riesgo. 1.2. Mejor definición y aplicación de las normas y reglamentos por las autoridades de los Estados miembros → En lo relativo a la gestión compartida, el PE solicitó la inclusión de normas detalladas en el acto de ejecución del Reglamento de disposiciones comunes (RDC), al objeto de disponer de una definición de las deficiencias graves y de la evaluación de los requisitos clave de los sistemas de gestión y control (apartados 56-4, 216, 223). La Comisión ha adoptado actos delegados relativos a las actividades objeto de gestión compartida, dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020. El acto delegado que desarrolla el RDC incluye disposiciones detalladas para que el mecanismo de las correcciones financieras (CF) pueda funcionar de manera eficaz, definiendo claramente los criterios para determinar las «graves deficiencias» que pondrán en marcha el procedimiento de correcciones financieras netas (véase el artículo 30 del Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014). →El PE solicitó la aplicación de reducciones progresivamente mayores de los pagos y sanciones administrativas en los casos de incumplimiento de los criterios de subvencionabilidad por parte del beneficiario de los pagos directos o de las ayudas al desarrollo rural, o de deficiencias respecto al sistema de identificación de parcelas (SIP/SIG) (apartados 44, 56-5). El actual marco reglamentario ya incluye un sistema de reducciones progresivas y de exclusiones de los pagos cuando se dispone de pruebas suficientes de que las deficiencias que subsisten (es decir, de que los beneficiarios siguen incumpliendo los criterios de subvencionabilidad) incrementa el riesgo financiero para el presupuesto de la UE[7]. La Comisión ha propuesto mantener este sistema de reducciones, denegaciones, retirada de los pagos y penalizaciones al nivel de los beneficiarios finales[8]. Los Estados miembros deberían aplicar estas disposiciones, independientemente de las CF que pudiera imponer la Comisión al nivel nacional. →El PE pidió que se aplicara el mecanismo de suspensión como instrumento ex ante para la protección del presupuesto de la UE (apartados 42, 56-6). El artículo 41 del Reglamento nº 1306/2013 contempla un nuevo mecanismo de suspensión en el ámbito de la Agricultura que podría servir como instrumento ex ante para proteger al presupuesto de la UE frente a los fallos en el sistema de control de los Estados miembros. En el ámbito de la Agricultura se suspenderán los pagos en todos los casos en que las medidas correctoras a nivel nacional dirigidas a subsanar las deficiencias graves no se lleven a cabo en la forma apropiada y oportuna. 1.3. Desarrollo y aplicación de estrategias de control y auditoría más eficaces durante el período 2014-2020 Respecto a la DG REGIO, el PE solicitó lo siguiente: →Un aumento de las auditorías que la Comisión realiza sobre el terreno, basadas en un muestreo aleatorio, y una aplicación más sistemática de las correcciones financieras netas (apartados 13, 38, 56-3). La Comisión lleva a cabo directamente sus propias auditorías, aplicando criterios de eficiencia económica, cuando se trata de autoridades de gestión, intermediarios y beneficiarios de alto riesgo. Este tema se aborda asimismo en los IAA, en la Estrategia de Auditoría y en el informe-resumen de la investigación de auditoría «Colmando la brecha en la garantía de seguridad». →La presentación de una propuesta para reducir o para eliminar por completo los proyectos de sustitución (apartados 15, 54, 56-13, 215). Esta petición plantea la revisión de la legislación adoptada por el PE y el Consejo en diciembre de 2013 en relación con el período 2014-2020[9]. Uno de los cambios más significativos introducidos para el período de programación 2014-2020 consiste en que, en determinadas condiciones, los Estados miembros ya no tendrán la posibilidad de evitar una corrección neta aceptando la misma y haciendo uso del derecho a reutilizar el importe correspondiente. A juicio de la Comisión, la posibilidad ofrecida a los Estados miembros de sustituir los proyectos irregulares identificados por ellos mismos hasta el 15 de febrero del año n+1 sigue siendo un importante incentivo para que traten de detectar y corregir las irregularidades cometidas a este nivel. Por consiguiente, no se presentará dicha propuesta hasta que no se haya comprobado la eficacia de los nuevos instrumentos. →La multiplicación y reforzamiento de los controles de primer nivel (apartado 46). Esta petición va dirigida a los Estados miembros y está en consonancia con las iniciativas de la Comisión y con las recomendaciones del TCE. La Comisión anima constantemente a los Estados miembros a intensificar sus controles. En el conjunto de disposiciones adoptadas para el período de programación 2014-2020 se incluyen algunas que deberían mejorar la eficacia de los controles a nivel nacional, entre ellas la introducción de correcciones financieras netas con la finalidad de incentivar a los Estados miembros para que implanten sistemas de gestión y control eficaces, y el mayor uso de los procedimientos simplificados, especialmente en lo relativo a la opción de costes simplificados, que debería resultar en una reducción de los errores. →La identificación, en la Comunicación relativa a la gestión compartida de los fondos, de los tres Estados miembros que presentan las tasas de error más elevadas y el mayor número de CF (apartado 53). La comunicación sobre la protección del presupuesto de la UE adoptada en septiembre de cada año menciona las CF, mientras que las tasas de error de los Estados miembros se notifican en los IAA. →La introducción de un formulario tipo de recomendaciones para las declaraciones relativas a la gestión nacional (apartados 56-12, 60). Este tema se ha abordado por el grupo de trabajo interinstitucional creado el 16.12.2013, que ha concluido sus trabajos a finales de junio de 2014. Sus resultados se enviarán al PE, al Consejo, al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y a los parlamentos nacionales a lo largo del otoño de 2014. Respecto a la DG AGRI, y en particular a las deficiencias relativas al sistema SIP/SIG, el PE solicitó lo siguiente: → La aplicación sin demora de los planes de acción, y que en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en los mismos se apliquen correcciones financieras netas proporcionadas como parte del procedimiento de conformidad (apartado 42). El procedimiento actual consiste en pedir a los Estados miembros que elaboren y apliquen un plan de acción cuando se detecten deficiencias importantes en sus sistemas SIP/SIG. La aplicación de estos planes por los respectivos Estados miembros es objeto de un seguimiento estricto por parte de la DG AGRI y forma parte de la información incluida en los IAA de dicha DG. Además, los Estados miembros deberán evaluar todos los años la calidad de sus sistemas SIP/SIG y adoptar, cuando proceda, medidas correctoras. En lo tocante al procedimiento de conformidad, todo riesgo para el presupuesto de la UE que se identifique provoca sistemáticamente una corrección financiera neta, que se aplicará en proporción al nivel de dicho riesgo. Cualquier retraso en la aplicación de las medidas correctoras necesarias prolonga la exposición a los riesgos de pagos irregulares identificados, lo que conlleva la aplicación sistemática de correcciones financieras más elevadas por la persistencia de las deficiencias. El nuevo marco jurídico[10] contempla igualmente la suspensión de las ayudas cuando la Comisión llegue a la conclusión de que los Estados miembros afectados no están en condiciones de aplicar las medidas correctoras necesarias de conformidad con un plan de acción basado en unos claros indicadores de progreso. → La compensación del riesgo financiero de los errores detectados en 2006 por el TCE en Francia y Portugal mediante correcciones netas (apartado 31). Como se indica en el IAA 2013 de la DG AGRI, el presupuesto de la UE se protege mediante los procedimientos de conformidad de la liquidación. Por cuanto se refiere a Portugal, el procedimiento de conformidad de la liquidación ha permitido recuperar más de 100 millones EUR, correspondientes a los años de solicitud 2006 a 2008. Para los años de solicitud posteriores los procedimientos de conformidad de la liquidación están aún en curso. En el caso de Francia, antes de 2008 no se habían detectado deficiencias graves que fueran merecedoras de una reserva, de un plan de acción o de CF importantes. En cambio, para los años 2008-2010, cuyo procedimiento de liquidación de cuentas está muy avanzado, sí se han propuesto varias CF importantes. También están en marcha los procedimientos de conformidad correspondientes a los años posteriores. → La elaboración de planes de acción de amplio alcance para Francia y Portugal, incluyendo la actualización de sus sistemas SIP/SIG (apartados 44, 56-11, 192) y la notificación del estado de su implantación antes del 30 de junio de 2014 (apartado 43). Estos planes de acción de amplio alcance ya se han elaborado: en el caso de Portugal se definieron en 2010 y se completaron en 2013, mientras que en Francia se prevé que la actualización y finalización del sistema SIP/SIG se culminará para el año de solicitud 2016, una vez que se redefina la superficie subvencionable de cada una de las parcelas agrícolas. Entretanto se recurrirá a las correcciones financieras netas para proteger los intereses financieros de la UE. Este proceso está sujeto a estrecha vigilancia por parte de la Comisión, y el riesgo financiero está totalmente cubierto por los procedimientos de conformidad de la liquidación actualmente en curso (véase el punto anterior). La DG AGRI ha informado sobre la ejecución de estos planes de acción en su IAA de 2013, publicado en junio de 2014. → Una propuesta de la Comisión para solucionar las continuas deficiencias del sistema SIP/SIG, sobre la base de incrementar progresivamente las sanciones económicas hasta alcanzar importes muy superiores a los de las actuales correcciones financieras, netas y a tanto alzado (apartado 44). Una propuesta de la Comisión requeriría volver a plantearse un Reglamento que acaba de ser adoptado por ambos colegisladores en el marco de la reforma de la PAC. Sin embargo, el incremento de las CF por los incumplimientos repetidos de las normas de la UE ya se ha contemplado en el acto delegado relativo a la gestión financiera de la PAC, y se aplica en todos los casos en que existen pruebas suficientes de que la persistencia de las deficiencias aumenta el riesgo para el presupuesto de la UE (véase también el punto 1.2.) →Resolver los problemas que se presentan en los organismos pagadores cuyo riesgo de error residual está por encima del umbral de importancia relativa del 2 %, prestando una especial atención a Francia, Bulgaria, Rumanía, Portugal y Letonia (apartado 41). En el régimen de gestión compartida, incumbe a los Estados miembros la responsabilidad principal de velar por que las actividades financiadas por el presupuesto se realicen correctamente y de conformidad con la normativa. A la Comisión le corresponde más bien una función de supervisión global, es decir, de verificar el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros mediante procedimientos de conformidad de la liquidación y la aplicación de las correcciones financieras netas dirigidas a salvaguardar el presupuesto de la UE. En su IAA de 2013, la DG AGRI analizó si el riesgo estaba suficientemente cubierto en aquellos organismos pagadores que presentaban una tasa de error residual de entre el 2 y el 5 %, y si por consiguiente era necesario plantear una reserva de tipo financiero. Esto incluye la comprobación de si existe un procedimiento de conformidad de la liquidación en curso relativo al gasto examinado, y si el Estado miembro afectado ha puesto en práctica las medidas correctoras precisas. Los organismos pagadores con una tasa de error residual superior al 5 % fueron automáticamente objeto de una reserva. La DG AGRI formuló 62 reservas: 11 de ellas correspondían a las medidas de mercado, 20 a las ayudas directas (a nivel de organismo pagador) y 31 al desarrollo rural (también a nivel de organismo pagador). Por otro lado, las actividades de auditoría de la DG AGRI se fundamentan en un análisis de riesgo centralizado que abarca la totalidad del gasto de la PAC en todos los Estados miembros, lo que significa que los Estados, las medidas y los programas en los que existe un mayor riesgo serán auditados de forma prioritaria. →En los casos normales, el procedimiento de conformidad de la liquidación deberá completarse en dos años (apartados 40, 56-10, 158). Dentro del nuevo marco jurídico de la PAC (el acto de ejecución adoptado el 6.8.2014), la Comisión está adoptando medidas dirigidas a simplificar el procedimiento en su conjunto y a limitar la posibilidad de retrasos innecesarios. En particular, se refundirán algunas fases del actual procedimiento contradictorio, se introducirán en el mismo plazos máximos para la Comisión y los Estados miembros, y en los casos en que el Estado miembro no entregue a tiempo la información requerida, la Comisión podrá proceder a la fase siguiente utilizando la información de que disponga. La Comisión se esforzará por reducir la duración de todo el trámite de conformidad de la liquidación al mínimo estrictamente necesario, pero respetando siempre las distintas fases de procedimiento (es decir, la contradictoria y la de conciliación) exigidas por la normativa aplicable. En los casos normales, el procedimiento se concluirá en un plazo máximo de dos años. En relación con la DG REGIO, la DG EMPL y la DG AGRI, el PE solicitó lo siguiente: →Que las DG en cuestión desarrollen una nueva estrategia de auditoría reforzada que permita hacer frente a los fallos descubiertos en algunos Estados miembros, y que debería incluir la intensificación de los controles de calidad sobre los informes de auditoría y control de los Estados miembros, así como directrices relativas a las auditorías de la propia Comisión (una estrategia que debería presentarse como parte de la aprobación de la gestión presupuestaria de 2013) (apartados 45, 49-50, 56-1-2). La Comisión confirma que ha elaborado nuevas estrategias de auditoría reforzadas, tanto en el ámbito de la política de cohesión como de la política agrícola, las cuales se describen detalladamente en la carta del Comisario Ṧemeta. Estas «directrices para las auditorías» representan la estrategia de auditoría que la Comisión aplicará durante el período 2014-2020, y que en breve será presentada al PE. En su plan de acción para 2008, la DG REGIO se comprometió a completar los procedimientos contradictorios relativos a las CF en un plazo máximo de 24 meses a partir de la auditoría. La DG REGIO está cumpliendo este objetivo. La Dirección de Auditoría de la DG EMPL siempre ha distribuido sus recursos de tal forma que se concentrasen en los programas de mayor riesgo y/o en los Estados miembros con resultados menos satisfactorios, con el objetivo de abordar específicamente los problemas planteados. Vigila constantemente el desempeño de las autoridades responsables de las auditorías y la fiabilidad de sus trabajos en este terreno. A este respecto, conviene señalar que durante tres años consecutivos la tasa de error notificada en el IAA de la DG EMPL se corresponde con la determinada por el TCE. Es posible concluir, por lo tanto, que los sistemas de auditoría y supervisión implantados en la DG EMPL funcionan de manera eficaz. La DG AGRI adoptó en marzo de 2014 una nueva estrategia de auditoría plurianual. Esta estrategia insiste aún más en el planteamiento basado en el riesgo y en los sistemas, y trata especialmente de asignar más equilibradamente las auditorías entre los objetivos de prioridad de riesgo y de cobertura geográfica. Desde julio de 2014 está en vigor un programa trianual renovable de auditoría. Se revisará periódicamente para tener en cuenta la aplicación de la reforma de la PAC y los elementos de prueba adicionales de los que se podrá disponer a partir de 2016 como resultado de las nuevas actividades de los organismos de certificación en relación con la legalidad y la regularidad. En la estrategia se incluyen los indicadores clave de rendimiento referidos a la cobertura de los países, del gasto y del riesgo. Se efectuará un seguimiento de los mismos, y se informará sobre ellos en los futuros IAA a partir de 2014. →Controlar con mayor frecuencia el proceso de certificación de las autoridades de auditoría de los Estados miembros con el fin de tratar las altas tasas de error continuadas, y presentar una comunicación y propuestas legislativas a este respecto (apartado 61). En lo concerniente a los fondos estructurales y de cohesión, la cuantía de la tasa de error no guarda relación con la fiabilidad de las autoridades de auditoría. Tanto las autoridades de auditoría fiables como las menos fiables pueden notificar tasas de error elevadas. Y lo mismo vale para las tasas de error bajas. La Comisión supervisa a todas las autoridades de auditoría verificando en particular su independencia (una de las condiciones impuestas en el Reglamento RDC), pero este Reglamento no obliga formalmente a dichas autoridades a someterse a un proceso de certificación. No se necesita una propuesta legislativa. En el ámbito de la Agricultura, tal como se establece en el Reglamento Financiero (UE) nº 966/2012 y en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, a partir del año de solicitud 2014 los organismos de certificación deberán verificar los controles sobre el terreno realizados por los organismos pagadores, sobre la base de una muestra representativa de operaciones a nivel del beneficiario final, y emitir un dictamen sobre la legalidad y regularidad del gasto declarado a la Comisión. La DG AGRI comprobará la fiabilidad de dicho dictamen de los organismos de certificación, y se servirá del mismo para reforzar sus mecanismos de garantía y perfeccionar su análisis de riesgo. →Aplicar el artículo 32, apartado 5, del Reglamento Financiero (apartado 62). La Comisión aplica ciertamente las disposiciones del Reglamento Financiero, lo que queda patente en el diseño del mecanismo de aplicación para el período de programación 2014-2020. →Presentar una comunicación sobre la reducción de los requisitos de información y frecuencia de los controles para aquellos Estados miembros que presentan de forma continuada unas tasas de error muy bajas (apartado 63). En el ámbito de la Política de cohesión, la Comisión considera que la fiabilidad de las tasas de error notificadas es tan importante como las propias tasas de error, a la hora de evaluar el funcionamiento de los sistemas y de decidir dónde conviene concentrar las actividades de auditoría. En el ámbito de la Agricultura, aunque no es posible rebajar los requisitos de notificación, ya se ha previsto reducir la frecuencia de los controles en el artículo 41 del acto de ejecución adoptado el 6.8.2014, en el que se desarrollan con mayor detalle las normas ya establecidas en el artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1306/2013, y se indica el conjunto de condiciones que es preciso cumplir para reducir el número de los controles sobre el terreno. Por lo tanto, no se requiere una nueva propuesta legislativa ni una comunicación de la Comisión sobre este tema. →Examinar sus sistemas de gestión compartida y formular recomendaciones al PE en relación con el nombramiento de funcionarios de la Unión para presidir los organismos de los Estados miembros encargados de los pagos, de la gestión y de las auditorías, y que tengan responsabilidad sobre la utilización de los fondos de la UE (apartado 65). El nombramiento de los presidentes de los organismos nacionales incumbe a los Estados miembros. Esta petición infringiría el principio de gestión compartida y subsidiariedad e interferiría en la autonomía de las administraciones públicas nacionales. En el caso de la política regional ya se ha constituido un grupo de trabajo que colaborará con las administraciones de Grecia y Portugal. La DG REGIO organizará asimismo, durante el período de programación 2014-2020, seminarios de formación sobre gestión y control financieros dirigidos a las autoridades de los Estados miembros. También se están celebrando seminarios sobre medidas antifraude y anticorrupción, destinados específicamente a determinados Estados miembros. Otra de las iniciativas es la elaboración de directrices sobre la forma de evitar los errores más comunes relacionados con la contratación pública. Por cuanto se refiere a la Agricultura, los servicios de la DG AGRI se reúnen regularmente con representantes de la red de aprendizaje de los directores de los organismos pagadores y coordinadores, con el fin de examinar diversos aspectos técnicos de la gestión y control de los instrumentos de la PAC. Durante la conferencia anual de directores de los organismos pagadores organizada por la DG AGRI, los auditores de esta última informan acerca de los problemas más frecuentes encontrados en sus propias auditorías y exponen las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Estas mismas presentaciones se realizan también en ocasión de las conferencias bianuales del mismo tipo organizadas por la Presidencia. Además de esto, el asesor antifraude de la DG AGRI imparte periódicamente a los organismos pagadores seminarios sobre este tema. Por otra parte, la DG AGRI ha creado en 2014 un nuevo departamento dedicado específicamente a asesorar y apoyar a los Estados miembros en la aplicación de los programas de ayudas directas. →Debería crearse un registro de todos los pagos de la Unión procedentes de los fondos estructurales o agrícolas, incluidos los destinados al desarrollo rural, que pasan a través de organismos intermediarios de los Estados miembros (apartado 58), para así concentrarse en aquellos Estados miembros que sean más vulnerables o que presenten mayores anomalías a este respecto (apartado 59). En el régimen de gestión compartida, la Comisión carece de información para cada proyecto individual. Los IAA ya se ocupan de los Estados miembros que presentan altos niveles de error y describen las reservas formuladas respecto a los sistemas de gestión y control de los Estados miembros y en relación con determinados PO. Sobre la base de un análisis exhaustivo del riesgo que se realiza todos los años, la Comisión identifica a aquellas autoridades de gestión y auditoría que presentan un mayor riesgo, con el fin de concentrar en ellas sus auditorías. En caso de detectar deficiencias que las autoridades de los Estados miembros hubieran debido comunicar, la Comisión interrumpe o suspende los pagos. 1.4. Continuación de las mejoras en los Informes Anuales de Actividad El PE formuló las siguientes peticiones a la Comisión: →Informar sobre el alcance del examen, verificación y validación de las estadísticas de control o informes de auditoría de los Estados miembros (apartado 47). Esto ya se ha hecho, y la información correspondiente se incluye en los IAA. →Explicar de qué forma los análisis de riesgo de la Comisión han influido sobre la utilización de sus propios recursos de auditoría, invitando a realizar más auditorías directas mediante muestreo aleatorio de las autoridades que conceden las ayudas y de los beneficiarios finales (apartado 48). Aunque la mayoría de los informes de auditoría de los Estados miembros son fiables, la confianza que la Comisión atribuye a estos resultados no es absoluta, por lo que realiza siempre un análisis de riesgo antes de extraer una conclusión respecto al grado de seguridad que ofrecen los mismos. Por cuanto se refiere a la petición de nuevas auditorías, la Comisión lleva a cabo sus propias auditorías directas, tanto al nivel de las autoridades que gestionan los riesgos más elevados como de los organismos intermediarios y de los beneficiarios. Casi todas las 77 auditorías de sistemas realizadas desde noviembre de 2010 hasta finales de 2013 han desembocado en planes de acción e interrupciones de los pagos por parte de la DG REGIO. Entre los años 2009 y 2013, la DG EMPL ha realizado 87 auditorías de sistemas centradas en los PO de mayor riesgo. En el ámbito de la Agricultura, la Comisión organiza cada año alrededor de 250 auditorías para revisar la eficacia de los sistemas de gestión y control de los organismos pagadores, y lleva a cabo cerca de 120 misiones de auditoría sobre el cumplimiento de la normativa de la UE. Estas actividades de auditoría se basan en un análisis centralizado del riesgo (lo que significa que la mayor parte de las auditorías van dirigidas a los Estados miembros, medidas y programas que presentan los mayores riesgos) que se extiende a todo el gasto de la PAC efectuado en todos los Estados miembros. El número de funcionarios adicionales necesarios para realizar auditorías directas basadas en una muestra aleatoria, con un tamaño suficiente para poder extrapolar los resultados, sería muy superior al que se podría reasignar y/o recuperar reduciendo las auditorías en los Estados miembros con bajas tasas de error. →Incluir información acerca de las reservas que implican riesgos para el presupuesto de la Unión, las cuales no deberían retirarse hasta que las deficiencias no se hayan corregido por completo mediante las actuaciones de los Estados miembros, e incluir igualmente en los IAA las estimaciones de tasas de error y porcentajes de error residual, especialmente en los casos en que los Estados miembros han aplicado medidas correctoras (apartado 56-8). Este tema ya se ha tratado en el punto 1.1. →Que la DG AGRI desarrolle su estrategia de control, rediseñe su evaluación del riesgo y garantice un seguimiento adecuado mediante indicadores clave de rendimiento, mejorando la publicación de estos últimos en los IAA (apartado 45). Este tema ya se ha tratado en el punto 1.3. 1.5. Adopción de las medidas de protección necesarias El PE solicitó lo siguiente: → Acortar la duración de los procedimientos contradictorios que preceden a la imposición de correcciones financieras netas o a las interrupciones de los pagos, presentando el correspondiente informe antes de la aprobación de la gestión de 2013 (apartados 51, 210). En su plan de acción para 2008, la DG REGIO se comprometió a completar los procedimientos contradictorios relativos a las CF en un plazo máximo de 24 meses a partir de la auditoría. La DG REGIO está cumpliendo este objetivo. Este asunto se tendrá debidamente en cuenta en los actos delegados. En lo concerniente a las interrupciones de los pagos, el procedimiento contradictorio no es de aplicación. En el proyecto de acto de ejecución se prevé que la DG AGRI deberá acelerar aún más el procedimiento de conformidad, principalmente mediante la simplificación de la fase contradictoria (es decir, fusionando diferentes pasos, estableciendo plazos máximos para los Estados miembros y para la Comisión, etc.). La duración del procedimiento quedará limitada a un máximo de dos años en los casos normales (véase también el punto 1.3.). →La aplicación de interrupciones, suspensiones, CF y recuperaciones deberá detallarse en el próximo informe anual sobre la protección del presupuesto de la Unión, y en los informes posteriores a 2016 se hará una referencia específica a los fondos estructurales y de cohesión (apartados 52, 56-7). La correspondiente comunicación contendrá información relativa a las interrupciones, suspensiones, CF y recuperaciones. La Comisión incluirá, además, datos sobre las correcciones financieras netas que conllevan ingresos para el presupuesto de la UE y sobre las medidas correctoras de los Estados miembros. →Se debería elaborar un nuevo informe horizontal sobre la aplicación en el MFP 2014-2020 de los nuevos mecanismos de prevención y corrección (apartado 56-9). Se elaborará un informe en el que se analizará la aplicación en el MFP 2014-2020 de los nuevos mecanismos de prevención y corrección. Por otro lado, un análisis de las carencias permitirá comparar la propuesta original de la Comisión con la legislación correspondiente y con los resultados definitivos de las enmiendas introducidas por los órganos legislativos, con el fin de identificar cualquier riesgo potencial relacionado. →Mejor utilización de los saldos pendientes de liquidación (RAL), y limitación del período cubierto por la prefinanciación (apartado 56-14). La prefinanciación es un mecanismo diseñado para proporcionar a los beneficiarios un margen de maniobra y permitirles poner en marcha los proyectos con los que se han comprometido. Si el período cubierto por la prefinanciación fuera inferior al del proyecto, más pronto o más tarde el beneficiario se quedaría sin recursos y el proyecto en cuestión podría llegar a fracasar. Por otra parte, este planteamiento implica la modificación de normas legales recientemente adoptadas y la rectificación de cada uno de los nuevos acuerdos individuales. 1.6. Otras medidas →El PE solicitó que se solucionase el problema de la utilización de «testaferros» para conseguir contratos públicos. Cada etapa de los procedimientos de contratación pública debería publicarse en internet (apartado 64). Ya se han adoptado medidas en este sentido, en particular las relativas a la disponibilidad en formato electrónico de toda la documentación relevante desde el inicio del procedimiento, su publicación ex ante y ex post y, después de adjudicado el contrato, la obligación de revelar el nombre y dirección de los subcontratistas. En relación con la Directiva 2014/23 (Directiva de concesiones), las nuevas normas incluyen la obligación de garantizar el acceso gratuito y sin restricciones, a través de internet, a todos los documentos de la concesión (desde el momento de publicación del anuncio de concesión o de la convocatoria de licitación). →El PE solicitó la formalización de acuerdos bilaterales vinculantes con los Estados miembros que han sido objeto de una particular atención, en la misma línea del Semestre Europeo (apartado 56-15). Como se indicaba en las cartas del Presidente Barroso y del Comisario Ṧemeta, la Comisión se ha comprometido a abordar las deficiencias constatadas en los Estados miembros. La carta del Comisario Ṧemeta contiene una extensa descripción de los instrumentos y actuaciones definidos dentro del ordenamiento jurídico actual en relación con los programas de gasto correspondientes al nuevo marco financiero. Se han puesto en marcha distintos procesos que permitirán informar sobre la Estrategia Europa 2020, una iniciativa común de los Estados miembros y de la Comisión. 2. OLAF (apartados 284-296) 2.1. El asunto Dalli y los problemas relacionados (apartados 284-287, 289-92, 296) El PE planteó varias preguntas en relación con este asunto, relativas en particular a la información facilitada al PE, a la responsabilidad de la Comisión y de la OLAF, al respeto de la presunción de inocencia, a la legalidad de las grabaciones, a la cooperación con las autoridades judiciales de los Estados miembros y al respeto de los derechos fundamentales. En primer lugar, la Comisión desea señalar que su Presidente explicó la situación a la Conferencia de Presidentes celebrada en noviembre de 2012. Este punto nunca se planteó en el plenario, y la Comisión ha respetado en todo momento el principio de presunción de inocencia. El Sr. Dalli ha negado el carácter voluntario y la legalidad de su dimisión, reclamando una indemnización por daños ante el Tribunal General de la Unión Europea, asunto registrado con la referencia T-562/12 y pendiente de sentencia. Como siempre, la Comisión y la OLAF colaboran plenamente con las autoridades judiciales de los Estados miembros en estas investigaciones. Tanto una como otra han respondido a todas las solicitudes de información o colaboración recibidas de las autoridades. Respecto a la pregunta relativa a la falta de responsabilidad, la OLAF recuerda que ya ha respondido de forma amplia y repetida a todas las preguntas, dentro de los límites impuestos, respectivamente, por el artículo 8 del Reglamento nº 1073/1999 y por el artículo 10 del Reglamento nº 883/2013. En lo relativo al análisis jurídico de la legalidad de las grabaciones, la OLAF ya ha informado a CONT de que, en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 1073/1999, le asistía el derecho a obtener la información pertinente en relación con sus investigaciones. La OLAF considera que ha actuado de conformidad con las normas y reglamentos aplicables. Se ha distribuido entre el personal investigador de la OLAF una primera versión de un amplio estudio interno sobre la legalidad de las grabaciones de conversaciones telefónicas de carácter privado realizadas por las autoridades públicas de los Estados miembros, estudio que es objeto de mejoras y actualizaciones constantes. En cuanto a las conclusiones del Comité de Vigilancia de la OLAF, la Oficina señala que ha llevado a cabo sus actividades de investigación respetando todos los requisitos relativos al procedimiento. El Comité de Vigilancia no detectó ninguna violación de los derechos fundamentales o de las garantías procesales en su informe de actividad relativo a las personas en cuestión. Por consiguiente, las dudas suscitadas son meramente hipotéticas. Por otra parte, las directrices al personal sobre los procedimientos en materia de investigaciones de la OLAF tratan de garantizar que todas las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina se realicen de acuerdo con las normas profesionales más estrictas y con pleno respeto de los derechos procesales de las personas afectadas. Por último, en relación con la petición de información sobre las reuniones del centro de intercambios celebradas en 2012 y 2013, y debido a la necesidad de proteger las investigaciones en marcha, la independencia de la OLAF y la presunción de inocencia de las personas afectadas, la Comisión se ve en la obligación de recalcar que la información sobre las actas de las reuniones de este grupo tiene carácter restringido. No obstante, la Comisión está dispuesta a examinar cualquier petición adicional del PE en relación con las reuniones del centro de intercambios que se ajuste a las condiciones del Acuerdo Marco. 2.2 Otras cuestiones (apartados 288, 293-295) El PE ha manifestado su preocupación sobre los indicadores financieros utilizados para la apertura de una investigación, sobre las medidas de seguimiento adoptadas en los casos de presunto fraude, en casos desestimados y devueltos a la Comisión en 2012-2013, las encuestas realizadas entre el personal de la OLAF y la petición de una versión no expurgada de un documento relativo a la utilización indebida de fondos de la UE. Las prioridades de la política de investigación de la OLAF para 2012 y 2013 incluían como criterios de selección los siguientes: proporcionalidad, uso eficiente de los recursos de investigación y subsidiariedad o valor añadido. Estas prioridades de 2012 y 2013 contenían indicadores financieros. Dichos indicadores no fueron concebidos ni se utilizan como «criterios de exclusión», sino como uno más del conjunto de criterios que permiten decidir si procede o no iniciar una investigación. Los efectos financieros nunca han sido una «conditio sine qua non» para la apertura de una investigación. El Director General decidió no incluir en 2014 indicadores financieros en las prioridades, por considerar que ha existido, y que hasta cierto punto sigue existiendo, un persistente malentendido sobre este tema entre las partes implicadas de la OLAF, y que en la mayoría de los casos resulta muy difícil evaluar las consecuencias financieras de los nuevos asuntos. La OLAF tiene la intención de averiguar si el hecho de no contar con indicadores financieros explícitos para el proceso de selección implicará o no la apertura de más investigaciones de las que la Oficina puede tramitar. De no ser así, el Director General sopesará la posibilidad de introducirlos nuevamente, en estrecha colaboración con las partes implicadas y con el Comité de Vigilancia de la OLAF. Cuando existe una sospecha de fraude, la OLAF no desestima el asunto ni lo devuelve a los servicios de la Comisión para que estos lo investiguen. La OLAF sigue siendo el único organismo facultado para llevar a cabo investigaciones administrativas en estos casos. Cuando la OLAF recibe información de otros servicios de la Comisión acerca de un presunto fraude, basará su decisión sobre si debe iniciar una investigación o si procede desestimar el asunto en los criterios definidos en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 883/2013. La OLAF comunicará al servicio de la Comisión que ha enviado la información la desestimación y los motivos de la misma. En las raras ocasiones en que se desestima un asunto por motivos de subsidiariedad y proporcionalidad, a pesar de que sí requeriría una investigación, la OLAF remite el mismo al organismo más indicado para realizar la investigación, a las autoridades nacionales competentes o a los órganos disciplinarios. Por último, en relación con la petición de la versión no expurgada del documento mencionado, la Comisión señala que en la respuesta escrita E-012041/2013, entregada el 28 de enero de 2014, a la pregunta de la diputada Ingeborg Gräßle, se especificaba que: «En cuanto a la versión no expurgada del documento D/000955, la Comisión examinará cualquier petición del PE que se ajuste a las condiciones del Acuerdo Marco entre el Parlamento y la Comisión.». La OLAF no ha recibido hasta ahora ninguna petición del PE acogiéndose a dicho Acuerdo. * * * [1] Aprobación de la gestión del presupuesto general de 2012, Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el contexto de la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión, el FED, y las agencias. Los documentos de referencia P7_TA(2014)0287, P7_TA-PROV(2014)0288, P7_TA-PROV(2014)0290 y P7_TA-PROV(2014)0299) se encuentran disponibles en la siguiente dirección de internet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//ES. [2] Los documentos de referencia 5848/14, 5848/14 ADD1, 5850/14 y 5850/14 ADD 1 se han publicado en: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00006#menuzone. [3] Aunque algunas de estas peticiones se mencionan parcial o indirectamente en otras partes de la resolución. Véanse los apartados 6, 11, 15, 17, 20, 24, 46-49, 51, 53, 55, 59, 65, 67, 70, 73, 81, 88, 90, 117, 120, 128, 137-139, 141, 149, 176-180, 183, 205, 253, 258, 260-261, 264, 270, 272, 282, 302, 314, 318, 319, 323, 326-327, 332-333, 335 y 343 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las Resoluciones del Parlamento Europeo. [4] Véanse los apartados 19, 22, 61 y 77 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la Recomendación del Consejo. [5] Ares(2013)3567754. [6] Ares(2014)654055. [7] Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión relativo a los regímenes de ayuda directa, y Reglamento (UE) nº 65/2011 sobre las medidas de ayuda al desarrollo rural. [8] Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se establecen disposiciones para la aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. [9] Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320). [10] Reglamento (UE) nº 1306/2013, también denominado Reglamento horizontal de la PAC.