30.3.2004 ES C 80/29 Diario Oficial de la Unión Europea
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Hacia la producción sostenible — Avances en la aplicación de la Directiva 96/61/CE
del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación»
(COM(2003) 354 final)
(2004/C 80/09)
El 19 de junio de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación
mencionada.
La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de noviembre de 2003 (ponente: Sr. Braghin).
En su 404oPleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión del 10 de diciembre), el Comité
Económico y Social Europeo ha aprobado por 110 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención el
presente Dictamen.
1. Introducción
1.1. La Comunicación objeto del presente Dictamen
informa sobre los avances realizados hasta la fecha por los
Estados miembros y los países candidatos en el ámbito de la
prevención y el control integrados de la contaminación. Conella, la Comisión desea transmitir un mensaje inequívoco: elelevado nivel de protección del medio ambiente que constituye
el objetivo primordial de la Directiva 96/61/CE sobre la
prevención y el control integrados de la contaminaciónsólo podrá alcanzarse si las autoridades responsables de su
aplicación realizan los esfuerzos necesarios para lograr una
puesta en práctica correcta e inician una interacción construc-tiva con los gestores de las instalaciones y las demás partes
interesadas, como las organizaciones sindicales.
1.2. La Directiva se aplica ya a las instalaciones nuevas y a
las que son objeto de modificaciones sustanciales. En cambio,
el plazo definitivo para que las instalaciones existentes tenganla obligación de aplicar las mejores técnicas disponibles y de
cumplir todos los demás requisitos contenidos en la Directiva
es el mes de octubre de 2007. En los países en vías de adhesión,la aplicación de esta Directiva se encuentra aún en una faseinicial o ni siquiera ha comenzado, razón por la cual se han
negociado períodos de transición para la aplicación de la
Directiva a las instalaciones nuevas o las ya existentes. Portanto, estos países no estarán obligados a cumplir los valores
límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles
hasta 2008-2012.
1.3. La transposición y aplicación de la Directiva no se han
llevado a cabo a su debido tiempo en todos los Estadosmiembros, por lo que la Comisión ha señalado importantes
insuficiencias, confirmadas o supuestas, en las legislaciones
nacionales de transposición de la Directiva 96/61/CE, entre lascuales la más preocupante es la ausencia, en algunos casos, de
disposiciones que garanticen el cumplimiento de la Directiva
en las instalaciones existentes a más tardar en octubre de 2007y la revisión periódica posterior de los permisos.
1.4. Por consiguiente, convendría que las autoridades res-
ponsables estudiaran la planificación de las inversiones junto
con los gestores de las instalaciones, teniendo en cuenta laduración de los ciclos de inversión y sopesando las posiblesdesventajas económicas o financieras a la luz de la proximidad
del plazo de 2007, año en el que las condiciones de autoriza-ción deberán definirse con arreglo a las disposiciones de la
Directiva en todas las instalaciones.
1.5. La Directiva contiene algunas ambigüedades que difi-
cultan su aplicación. Las dificultades se deben tanto a las
definiciones (por ejemplo, el establecimiento de criteriosrelativos a los umbrales para determinar si una actividad entra
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el modo de
establecimiento de los límites de una instalación, cuándo debeconsiderarse que una modificación es «sustancial», qué se
quiere decir al afirmar que el lugar de la explotación debe«volver a quedar en un estado satisfactorio») como a laaplicación en la práctica (cómo deben formularse las condicio-nes de los permisos relativas a determinados aspectos, con quéfrecuencia deben realizarse las inspecciones y cuándo sedebe interponer una acción judicial contra las empresas queincumplan las normas).
1.6. La aplicación de la Directiva entraña una evaluación
comparativa sistemática por sectores, acompañada de laevaluación y el análisis exhaustivos de las técnicas aplicadas; elintercambio de información se lleva a cabo bajo la coordina-ción de la Oficina Europea de Prevención y Control Integradosde la Contaminación, con sede en Sevilla, y conduce a laelaboración de los documentos técnicos de referencia sobremejores técnicas disponibles (también denominados BREF, delinglés BAT reference documents, documentos de referenciasobre las mejores técnicas disponibles (BAT)), en colaboracióncon varias redes informales de expertos de la industria, con losEstados miembros y con organismos no gubernamentales.Hasta la fecha, se han elaborado quince documentos técnicosde referencia, once se hallan en fase de elaboración, cuatro yase han iniciado y dos se van a iniciar.
1.7. Un estudio realizado sobre tres sectores importantes y
tecnológicamente desarrollados pone de manifiesto que laaplicación de las mejores técnicas disponibles no impide a lasempresas seguir siendo competitivas, sino que a veces incluso
éstas emplean sus buenos resultados medioambientales para
aumentar su competitividad, aunque esta afirmación no puedageneralizarse.
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1.8. El concepto de las mejores técnicas disponibles no es
un concepto rígido, sino que puede variar incluso dentro de
un mismo sector, ya que los costes y beneficios también
pueden variar en función de cada instalación: para la Comisiónes éste uno de los aspectos más significativos, ya que permiteponderar las diferentes consecuencias medioambientales y los
costes correspondientes. Por tanto, la Comisión considera
importante que se mantenga este planteamiento que implicaun diálogo entre el gestor de la instalación y el responsable.
1.9. El carácter transversal de la Directiva implica su
interacción con numerosos reglamentos y directivas adoptados
por la UE en el ámbito del medio ambiente, así como con otraspolíticas y disposiciones, por lo que es importante garantizarla mayor coherencia posible entre todos los instrumentos y
determinar si existen obstáculos a la definición de un reparto
eficaz entre instrumentos comunitarios y nacionales. Sinembargo, se plantea el dilema de si se debe optar por el
instrumento de la directiva para definir unos valores límite de
emisión a nivel comunitario, en caso de que sea necesaria unaacción comunitaria, o por un enfoque descentralizado, que
permita a las autoridades competentes tomar decisiones prag-
máticas que satisfagan a la vez los criterios medioambiental yeconómico, como es el caso de la Directiva objeto de examen.
1.10. La Comisión considera que se debe aportar una serie
de modificaciones de la Directiva, para tener en cuenta la
evolución legislativa (en particular, como consecuencia de laadopción de las directivas sobre la participación pública en el
procedimiento de concesión de permisos, necesarias para
ratificar la Convención de Aarhus firmada en 1998) o paraaclarar determinados aspectos importantes (como el problema
anteriormente citado del establecimiento de criterios relativos
a los umbrales en determinados sectores o del ámbito deaplicación, como en el caso de los residuos, en el que resultaproblemático realizar una distinción entre las operaciones de
recuperación y eliminación).
1.11. La Comisión ya ha llevado a cabo una amplia consulta
a escala europea para evaluar la situación actual y la posible
evolución en los aspectos de la política medioambiental
relacionados con el impacto de las principales fuentes decontaminación del medio ambiente, para garantizar la plenacoherencia entre los diferentes instrumentos y estudiar la
posibilidad de adoptar nuevos enfoques que proporcionen
incentivos dirigidos a mejorar las prestaciones medioambien-tales.
1.12. En el caso de que se desprenda de este proceso
de consulta la conveniencia de modificar la Directiva, seránecesario, además de evaluar los informes sobre el estado deaplicación solicitados a los Estados miembros, emprender una
nueva fase de consulta ampliada. En cualquier caso, se sugiere
poner a disposición del público la síntesis elaborada por laComisión y los informes nacionales.2. Observaciones generales sobre el planteamiento de la
Directiva
2.1. El planteamiento de la Directiva es indudablemente
innovador y prefigura la tendencia consistente en adoptar
legislaciones marco o estrategias temáticas globales. Efectiva-mente, cuando se consideran las emisiones, se deben tener en
cuenta los tres ámbitos medioambientales (aire, agua y suelo),
dado que las repercusiones relativas de las emisiones en cadauno de ellos casi siempre están interrelacionadas y sonindisociables. Al mismo tiempo, es necesario asegurar un
margen de flexibilidad a la hora de su aplicación, gracias a la
determinación de las mejores técnicas disponibles en cadacontexto local específico, y tener en cuenta, asimismo, la
relación coste/beneficio. El enfoque integrado de la contamina-
ción, que debe ponerse en relación con la calidad del medioambiente local, también requiere un salto cultural y científico
por parte de las autoridades de control y de los operadores, e
implica la recogida y el intercambio de información, así comoel diálogo, con objeto de prevenir y corregir las repercusiones
de las actividades industriales y, en algunos casos, agrícolas,
sobre el medio ambiente. Todos estos aspectos han sido yavalorados positivamente por el CESE en numerosos dictámenesen los que, directa o indirectamente, ha tomado posición al
respecto.
2.2. En el marco de la estrategia de desarrollo sostenible y
de las Agendas 21 locales, la Directiva representa un instru-mento de vanguardia, además de constituir una referencia
normativa para una serie de instrumentos voluntarios que se
han adoptado entretanto, desde la inscripción en el registro deEMAS hasta los acuerdos sobre los intercambios de emisiones.
Requiere una recogida exhaustiva de información, que con-
duzca a un mejor conocimiento del estado del medio ambiente,del impacto de los diferentes agentes contaminantes y de la
interacción entre ellos, y permita informar a los ciudadanos,
con vistas a fomentar su participación en la elaboración deplanes y programas en el ámbito del medio ambiente (
1).
2.3. Estos aspectos innovadores de la Directiva explican, al
menos en parte, las dificultades que se plantean a la hora de su
transposición y aplicación, y el número limitado de instalacio-
nes que han podido ser evaluadas por la Comisión. La imagenque se desprende de la Comunicación de la Comisión es más
bien preocupante, sobre todo a la luz del plazo de 2007, año
en que el procedimiento de autorización contemplado enla Directiva habrá de aplicarse también a las instalaciones
existentes.
2.4. La situación es aún más crítica en la perspectiva de la
próxima adhesión de diez nuevos Estados miembros, cuyosrecursos y conocimientos técnicos en este campo parecen
aún más limitados. Es urgente, por tanto, en primer lugar,
comprender lo que no ha funcionado hasta ahora en elprocedimiento previsto, determinar y aplicar las buenas prácti-cas actuales y, en segundo lugar, programar intervenciones de
supervisión, información y formación, en particular de carácter
técnico, del personal administrativo, para que pueda afrontardebidamente la situación y, en particular, la delicada fase
en que las instalaciones existentes deberán someterse al
procedimiento de autorización previsto en la Directiva.
(1) DO C 221 de 7.8.2001 — COM(2000) 839 final — DO C 154
de 29.5.2001.
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2.5. Las divergencias observadas a la hora de aplicar la
Directiva pueden ser consecuencia de limitaciones intrínsecas
(que habrán de corregirse), de la vaguedad de las definiciones
(que deben clarificarse cuanto antes) o de la diversidad detradiciones y enfoques en el ámbito del medio ambiente, porlo que el CESE comparte la preocupación expresada en la
Comunicación sobre la adopción de medidas encaminadas a
garantizar su plena aplicación para 2007, que no puedeeludirse remitiendo la responsabilidad a cada instalación.
2.6. Es probable que las PYME representen una parte
significativa de las instalaciones interesadas por la Directiva en
Europa, aunque no siempre tengan conciencia de ello. Elcumplimiento de la legislación medioambiental representará
para ellas un desafío importante, por lo que las autoridades
responsables y de control deberán proporcionar un apoyoespecífico a los gestores, dotándose con el personal y losrecursos necesarios.
2.6.1. Por tanto, el CESE espera que la Comisión proceda a
un análisis más detallado de las dificultades de aplicación y
que, en su caso, proporcione aclaraciones, mediante una guíasintética u orientaciones específicas elaboradas por organismos
técnicos comunitarios existentes, con el fin de resolver los
principales problemas registrados como, por ejemplo, loscriterios de determinación de las empresas a las que se aplicala Directiva, las modalidades de formulación del permiso
medioambiental, los recursos técnicos y humanos necesarios a
nivel de las administraciones responsables, las posibilidades deacuerdos voluntarios, la interacción con otras directivas o
reglamentos, etc. Esta contribución sería especialmente útil
para los nuevos Estados miembros y para las PYME.
2.7. Toda acción encaminada a facilitar la aplicación de la
Directiva, aunque esté destinada a las grandes instalaciones
industriales, tendrá repercusiones intrínsecas sobre las peque-
ñas industrias, para las cuales los problemas específicospueden resumirse en la insuficiencia de recursos económicos yhumanos para hacer frente a la interpretación y ejecución del
proceso de solicitud de autorización y, posteriormente, a
las inversiones necesarias para respetar los compromisosasumidos. En opinión del CESE, las iniciativas específicas
dirigidas a apoyar a las PYME en el proceso de aplicación de la
Directiva deberían realizarse a nivel nacional y regional másque a escala comunitaria.
2.8. La Directiva contiene una definición exhaustiva de
las «mejores técnicas disponibles» complementada con doce
consideraciones específicas recogidas en un anexo, para permi-
tir su aplicación en sectores específicos. Es necesario ponderarel coste neto estimado del empleo de una técnica determinada
respecto a sus beneficios medioambientales; es decir, realizar
un análisis preciso de la relación coste/beneficio.
2.9. La Directiva sobre la prevención y el control integrados
de la contaminación, que introduce el concepto flexible de«técnicas» en vez del de «tecnologías», y que establece la
necesidad de tener en cuenta «los costes y los beneficios» junto
a las condiciones locales, deja a las autoridades de controlnacionales o locales el deber y el derecho de determinar loque entienden por mejores prácticas disponibles para cada
instalación, teniendo debidamente en cuenta la diversidad
y complejidad de los procesos industriales, las numerosas
interrelaciones que existen en cada instalación entre losequipos, los procesos y los sistemas de purificación y, porúltimo, aunque no menos importante, las condiciones locales
y los métodos de trabajo.
2.10. De hecho, el sistema puede ser eficaz y conducir a la
adopción de unos niveles equivalentes de protección del medio
ambiente y de control de las instalaciones en la UE, únicamente
a través de un proceso continuo de «intercambio de informa-ción», que facilite la determinación de conexiones estadísticas
entre las técnicas que se consideran las mejores y los consi-
guientes valores límite de emisión.
2.11. El desarrollo e intercambio de información sobre las
mejoras técnicas disponibles a escala de la UE, especialmente a
través del Foro de intercambio de información y de lared informal de las autoridades de los Estados miembros
responsables de la aplicación de la legislación ambiental de la
UE (IMPEL), ha dado, sin lugar a dudas, buenos resultados, peroaún queda mucho por hacer para extender este intercambio atodas las autoridades regionales y locales, sobre todo en los
países candidatos, así como a las partes interesadas, en
particular a las asociaciones sectoriales que podrían ser elinstrumento principal de promoción y aplicación de las
mejores prácticas disponibles a nivel sectorial y local.
2.12. El CESE considera necesario adoptar un enfoque
articulado y proactivo para promover la aplicación de la
Directiva, con medidas de información y formación de las
partes interesadas (especialmente de las autoridades, incluidaslas autoridades locales, responsables de la autorización, y
de los gestores), el intercambio de buenas prácticas y la
participación de asociaciones locales de empresarios y sindica-tos, con el fin de llegar a un consenso sobre la programación
de las actividades de inversión consideradas necesarias.
2.13. Una condición necesaria para realizar esta política
proactiva es el refuerzo del grupo de expertos y de la estructuraorganizativa del Centro Común de Investigación de Sevilla,
cuyo tamaño no parece suficiente ni siquiera para elaborar los
documentos BREF, que constituye, sin embargo, su principaltarea. El CESE espera que sus cometidos se extiendan a la
difusión de la información y a la participación activa en
acciones de formación, seminarios, congresos, etc., así como ala evaluación de la aplicación y el empleo de los documentos
BREF.
2.14. La realización de experiencias piloto a escala local ha
mostrado que la colaboración entre las autoridades responsa-
bles y las asociaciones sectoriales permite superar las resisten-
cias motivadas por prejuicios sobre determinados aspectossensibles como la seguridad de la información y la pérdida de
competitividad, y puede facilitar la difusión de la información
y de los procesos de formación para los operadores, querepresentan aspectos cruciales en la perspectiva del plazo de2007.
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3. Observaciones específicas
3.1. La definición de la capacidad de una instalación
como su capacidad estimada para funcionar 24 horas al día,
suponiendo que los equipos utilizados así lo permitan, no es
la más adecuada para determinados sectores y para muchaspequeñas unidades de producción que trabajan de manera
flexible, en función de la demanda del mercado y, a veces, de
manera estacional. En dicho caso, no se puede determinar conprecisión la producción real ni la capacidad de contaminación
de la instalación. Por lo tanto, el CESE considera que se deben
revisar los criterios para la aplicación de la Directiva, teniendoen cuenta la producción efectiva durante un período de tiempodeterminado, al menos para algunos sectores o tipos de
instalaciones, y suscribe la oportunidad de revisar los criterios
relativos a los umbrales establecidos para determinados secto-res, como se indica en el punto 7.3.1 de la Comunicación.
3.2. Por otra parte, el CESE considera necesario examinar
la cuestión de una definición precisa del concepto de «valoreslímite de emisión» y del modo en que conviene expresar, medir
y controlar las emisiones. La definición de la contaminación es
clara y precisa: implica la producción de efectos negativos parael medio ambiente y, en particular, de sustancias contaminan-
tes, pero se expresa de manera diferente en los Estados
miembros. Si no se dispone de un método único y coherentepara expresar este dato fundamental, será difícil, o incluso
imposible, establecer claramente la relación entre las mejores
técnicas disponibles y el correspondiente grado de contamina-ción. El CESE toma nota de las dificultades registradas a la
hora de normalizar y armonizar rápidamente las diferentes
metodologías empleadas desde hace años por los Estadosmiembros, pero expresa el deseo de que mejoren las técnicasde comparabilidad de los datos en el ámbito del Foro de
intercambio de información.
3.3. Aunque el CESE también considera necesario garanti-
zar un nivel elevado de protección del medio ambiente para
las instalaciones de gestión de los residuos, la complejidad delas normativas vigentes en este ámbito aconseja que la posibleinclusión de estas instalaciones en el ámbito de aplicación de
la Directiva se lleve a cabo en el contexto de la futura
modificación de la misma.
3.4. El CESE considera oportuno y realista revisar y corregir
la lista de actividades cubiertas por la Directiva, eliminandotodas las instalaciones, especialmente las de pequeñas dimen-siones, con menor capacidad de contaminación o cuyas
repercusiones medioambientales se limiten a uno de los
ámbitos (aire, agua, tierra), en la medida en que esta situaciónya puede controlarse mediante la legislación vigente.3.5. La aplicación de las mejores técnicas disponibles y la
elaboración de los documentos técnicos de referencia sobre las
mejores técnicas disponibles, que están en curso de realización,
deberían acelerarse en la perspectiva del plazo de 2007.Debería examinarse, en particular, el problema de su difusiónentre las autoridades competentes y los operadores económi-
cos (así como las asociaciones de operadores). La decisión de
no publicar los documentos en papel y de no traducirlos atodas las lenguas comunitarias responde a unos criterios
incuestionables de viabilidad y de coste, pero el hecho de que
sólo estén disponibles en formato electrónico podría planteardificultades de lectura directa a los usuarios individuales, o de
difusión en las oficinas descentralizadas. Sin embargo, los
propios responsables de la Oficina Europea de Prevención yControl Integrados de la Contaminación consideran satisfacto-
rio el número de documentos BREF descargados del sitio web
de la Oficina. Se aprueba la iniciativa consistente en traducir atodas las lenguas los resúmenes, aunque, por las razones
expuestas anteriormente, parece oportuno que los documentos
no sólo estén disponibles en formato electrónico.
3.6. Sería interesante conocer la opinión de la industria
que ha participado en su elaboración y de las autoridades
competentes de los diferentes Estados miembros (que se
pronunciarían sobre el papel que les corresponde, consistenteen solicitar o conceder una autorización) sobre los documentos
técnicos de referencia relativos a las mejores técnicas disponi-
bles. En caso de evaluación positiva, una o varias industrias oasociaciones de industrias de cada sector podrían estar interesa-
das en fomentar, con una contribución económica, la publica-
ción de los documentos BREF en papel, o incluso en considerar-los como «Manuales de tecnología aplicada», y como instru-mentos de consulta y formación para el personal de las
instalaciones a las que se refiere cada documento. El hecho de
que también se refieran a los documentos BREF países muydesarrollados y sectores industriales exteriores a la UE hace
suponer que estas formas de difusión permitirían convertir a
los documentos BREF en unos modelos a escala internacional.
3.7. Teniendo en cuenta que su redacción es aún reciente y
que todavía no se ha generalizado su aplicación, el CESEconsidera prematuro pensar en una revisión de los documentosBREF a corto o a medio plazo, ya que podría generar confusión
y, quizá, inseguridad en su aplicación.
4. Cuestiones planteadas para la consulta
4.1. En la Comunicación, la Comisión plantea una serie de
preguntas dirigidas a orientar el proceso de consulta haciaunos objetivos concretos y unas soluciones deseables. El CESE
desea contribuir a este proceso de manera constructiva a través
de las siguientes observaciones, que resumen los puntosanteriormente expuestos.
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4.2. La primera serie de preguntas (preguntas 1a, 1b y 2) se
refiere a las intervenciones propuestas o deseables, a nivel
comunitario o de los Estados miembros, con el fin de resolver
las dificultades de aplicación. En el presente dictamen se hanidentificado, en particular, las siguientes:
— La necesidad de intervenir tanto sobre las diferencias de
interpretación como sobre las dificultades de aplicación(punto 2.5), sobre todo si se deben a la falta de
definiciones o criterios unívocos (puntos 3.2 y 3.3). Para
resolver estas dificultades, se propone, en primer lugar,elaborar unas orientaciones (punto 2.6.1), en vez de
modificar la Directiva.
— Habida cuenta de la reticencia manifestada por los Estados
miembros para aceptar una definición precisa y unívocade los términos «valores límite de emisión», el CESE
propone que el problema se trate y se resuelva mediante
los dispositivos técnicos adecuados, bajo la coordinaciónde la Comisión (punto 3.2).
— La necesidad de información y formación de las partes
interesadas (punto 2.12): esta actividad, que debe desarro-
llarse esencialmente a nivel nacional y local, bajo laresponsabilidad directa de los Estados miembros, también
debería fomentarse mediante una acción comunitaria,
reforzando la estructura del Centro Común de Investiga-ción (CCI) de Sevilla y extendiendo sus misiones(punto 2.13), y fomentando la organización y coordina-
ción de seminarios y conferencias con objeto de formar
al personal encargado de la obtención y concesión de lasautorizaciones, de su gestión y de los correspondientes
controles.
4.2.1. El CESE sugiere, asimismo, que se pongan en práctica
a nivel comunitario unos instrumentos de fácil aplicación,
como, por ejemplo:
— Controlar los datos relativos a las emisiones y a la
aplicación de las mejores técnicas disponibles, utilizandoel instrumento del inventario europeo de emisiones
contaminantes, así como su difusión entre las unidades
descentralizadas, ya sean las autoridades públicas o losoperadores económicos;
— Elaborar manuales sencillos de orientación y aplicación
de la Directiva destinados a las partes interesadas;
— Recurrir a las disposiciones sobre la participación pública
previstas con vistas a la ratificación de la Convención de
Aarhus, para mejorar la toma en consideración de todoslos intereses en juego.4.2.2. Consciente de la importancia del plazo de 2007, que
no debe convertirse en un pretexto para poner en tela de juicio
el enfoque de la Directiva, el CESE considera que sería
razonable prever un plazo adecuado para la puesta en prácticade las medidas acordadas entre los gestores de las instalacionesy las autoridades públicas, si se justifica por razones de fuerza
mayor o por la duración del ciclo de inversión.
4.2.3. Aunque también es consciente de la lentitud del
proceso legislativo, el CESE no excluye que para estas cuestio-
nes especialmente delicadas se tenga que recurrir a una
modificación de la Directiva, especialmente en lo que respectaa la lista de las actividades cubiertas por la Directiva y a losvalores umbral establecidos para determinar su ámbito de
aplicación (punto 3.4), así como a la definición de «instalación»
y de modificación «sustancial».
4.2.4. Los problemas propios de las PYME se han abordado
en muchos puntos anteriores (en particular, los puntos 2.7 y2.14), por lo que el CESE considera que se podrían tomar lassiguientes medidas de apoyo a las PYME:
— Elaborar instrumentos e indicadores para comprobar la
aplicabilidad de la Directiva a la situación específica
de cada tipo de empresa que, con toda probabilidad,
presentará diferencias significativas entre los Estadosmiembros;
— Crear, sobre una base voluntaria y local, grupos de
técnicos encargados de ayudar a aplicar las mejorestécnicas disponibles, que podrían beneficiarse de la men-
cionada coordinación comunitaria;
— Conceder incentivos a la formación del personal técnico,
ya sean de carácter financiero o en forma de guías o
manuales de formación elaborados a nivel comunitario;
— Conceder incentivos a las inversiones innovadoras en
instalaciones que permitan cumplir las disposiciones de
la Directiva.
4.3. A las preguntas 3 y 4 relativas a las mejores técnicas
disponibles y al valor y la importancia de los documentosBREF, así como su difusión a nivel internacional, se ha
respondido ya en los puntos 2.11, 3.5, 3.6 y 3.7. El CESE
reconoce el valor de estos documentos y valora positivamentelas iniciativas específicas encaminadas a su difusión, en parti-
cular a nivel internacional, tanto para promover su utilización
como instrumento de fomento de una producción sosteniblemás allá de la UE, como para su utilización en la formación delas partes interesadas por el CCI, que habrá que reforzar y
financiar adecuadamente para que pueda desempeñar esta
nueva tarea (puntos 2.13 y 4.2).
4.3.1. El intercambio de información que tiene actualmente
un carácter esencialmente vertical debe extenderse a la dimen-sión horizontal; es decir, a la difusión de la información
propiamente dicha, ya que ello podría constituir la base de los
procesos de formación cuya necesidad se ha señalado yaanteriormente.
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4.3.2. El CESE respalda la adopción de una iniciativa,
coordinada por el CCI, destinada a impulsar un proceso de
difusión e intercambio en el que participen los Estados
miembros, los entes locales de cada Estado miembro y losdiferentes sectores industriales, con el fin de realizar estudios,traducciones a lenguas locales y síntesis, y proceder a una
difusión generalizada de los documentos BREF, o partes de
documentos BREF, en cada Estado y cada sector industrial.
4.4. La experiencia adquirida y la aplicación aún escasa
aconsejan no modificar, de momento, el ámbito de aplicación
de la Directiva (pregunta 5). En caso de que sí se tuviera que
proceder a una modificación de la Directiva, con los plazosrelativamente largos que implica este procedimiento, el CESE
se remite a sus observaciones formuladas en los puntos 2.6.1,
3.1, 3.2, 4.2.2 y 4.2.3.
4.5. La pregunta 6 es extremadamente compleja y debería
subdividirse en varias partes. A juicio del Comité, el estableci-miento de unos valores límite comunitarios de emisión
(requisitos mínimos) es un instrumento que ha demostrado su
eficacia, siempre y cuando se limite a los casos en que searealmente necesario y esté adaptado a cada ámbito específico.
La fijación de estos límites no significa rechazar el enfoque de
la Directiva, seguramente preferible, sino que se puedentomar en consideración umbrales específicos, que puedenconsiderarse como unos parámetros dentro de los cuales se
deben aplicar las mejores técnicas disponibles y analizar las
condiciones locales de aplicación. Los dos enfoques no soncontradictorios si las autoridades responsables consiguen
comprender y gestionar el proceso con la debida consideración
hacia los intereses económicos y sociales que están en juego y,por otra parte, si los gestores de las instalaciones comprenden
la necesidad de las intervenciones dirigidas a garantizar el
respeto de las normas impuestas, mediante unos mecanismospragmáticos que no vayan en detrimento de la rentabilidad de
la actividad. En cualquier caso, parece necesario entablar un
diálogo con las empresas del sector y adoptar incentivosdestinados a agilizar la aplicación de la Directiva.
4.6. La coherencia entre las diferentes normativas en el
ámbito del medio ambiente (pregunta 7) es la condición sine
Bruselas, 10 de diciembre de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCHqua non para su credibilidad y aplicación. Por ello, se pide un
mayor esfuerzo al legislador y a las autoridades responsables
de su aplicación y se solicita la elaboración de un documento
de síntesis en el que se recojan todos los vínculos existentesentre la Directiva sobre la prevención y el control integradosde la contaminación y el resto de la legislación en el ámbito
del medio ambiente, para que todos los operadores puedan
disponer de una visión de conjunto. Aunque en su proceso detransposición en las legislaciones nacionales las directivas
europeas pueden adoptar estructuras y formas diferentes, en
última instancia, los operadores y las autoridades se refieren ala legislación comunitaria para buscar los principios y las
relaciones existentes entre la Directiva y las normativas
relativas a las grandes instalaciones, las sustancias químicas, elaire, el agua, el suelo y los residuos. Por tanto, el CESE sugiere
que se realice sin demora un estudio profundo y detallado
sobre las interacciones entre la Directiva objeto de examen ylas demás directivas europeas relativas al medio ambiente y a
las repercusiones medioambientales. Este estudio deberá
basarse en la evaluación y los informes de los Estadosmiembros sobre la aplicación de la Directiva, sin excluir
ejemplos particulares de determinados Estados miembros ociertos sectores.
4.6.1. El Comité espera poder contribuir de manera proac-
tiva a este estudio, gracias a su experiencia y a sus relacionescon la sociedad civil organizada en diferentes niveles, incluidoel nivel nacional, y, si fuera necesario, integrando en el estudiosus estructuras y un grupo de expertos, seleccionados nosolamente entre sus miembros.
4.7. En cuanto a la pregunta 7b, el CESE considera que la
Directiva sobre la prevención y el control integrados de lacontaminación y su correspondiente proceso de intercambiode información ya contienen los elementos que permitirán unacorrecta aplicación de los principios jurídicos que en ella seintroducen y, por otra, son suficientemente complejos comopara no añadir otros instrumentos, aunque sea con caráctervoluntario. En lo referente al comercio de los derechos deemisión, parece prematuro debatir esta cuestión en la fase
actual de aplicación de la Directiva. Resulta imprescindible, sin
embargo, garantizar el rigor del sistema de vigilancia y controly evitar así graves consecuencias para el medio ambiente anivel local.