Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Europeo de Lisboa hizo hincapié en la necesidad de integración de los servicios y mercados financieros de la Unión. El mercado interior de los servicios financieros será un factor fundamental para el fomento de la competitividad de la economía europea, el desarrollo de la nueva economía y la cohesión social. Por este motivo, los Jefes de Estado y de Gobierno abogaron por la aplicación antes de 2005 del Plan de acción en materia de servicios financieros. En sus conclusiones, la Presidencia insiste en que debe concederse prioridad a la supresión de los actuales obstáculos a la inversión en el ámbito de los fondos de pensiones.

Estos fondos juegan un papel central en el fomento de la cohesión social en muchos Estados miembros, así como en la financiación de la economía europea. Habida cuenta del envejecimiento de la población de la Unión, es vital asegurar que operan con la máxima seguridad y eficacia.

La seguridad de las pensiones es de importancia capital: deben defenderse los derechos de los futuros pensionistas mediante normas cautelares estrictas. No obstante, debe también prestarse atención al coste de las pensiones. Si las prestaciones de las pensiones son demasiado caras por su bajo rendimiento o por unas cargas administrativas excesivas, todo el mundo va a resultar perjudicado. Se verá afectada la competitividad de las empresas y los planes de pensiones alcanzarán cada vez con mayor dificultad el equilibrio financiero, lo cual puede dar lugar a menores prestaciones para los pensionistas.

Por consiguiente, la presente propuesta de Directiva relativa a los organismos de previsión para la jubilación tiene por objetivo encontrar el mejor equilibrio posible entre seguridad y asequibilidad.

1. Observaciones generales

1.1. Necesidad de un marco jurídico comunitario para los organismos de previsión para la jubilación

(a) Los organismos de previsión para la jubilación y su importancia social y económica

En los Estados miembros existen tres clases principales de planes de pensiones: sistemas de seguridad social, planes individuales, que a menudo adoptan la forma de contratos o productos de empresas de seguros de vida, y planes de jubilación profesional. La organización general y financiación de estos planes es responsabilidad de los Estados miembros.

Los planes de jubilación profesional suelen consistir en que las empresas y los empleados constituyen una caja de jubilación, de la que esos mismos empleados obtendrán las prestaciones de jubilación. Estos planes pueden crearse dentro de la propia empresa o emplear los servicios de otra entidad financiera (por ejemplo, fondo de pensiones, "Pensionskassen" o fondo de inversión) que recibe aportaciones, las invierte y paga luego las pensiones de jubilación.

Estas entidades, a las cuales nos referiremos aquí como "organismos de previsión para la jubilación" (OPJ), tienen un papel fundamental en los sistemas de jubilación y protección social de muchos Estados miembros. Se calcula que cerca del 25% de la población activa de la Unión está cubierta por un plan de pensiones de jubilación. Esta proporción puede superar el 80% en algunos países, como los Países Bajos o Dinamarca, o ser relativamente inferior en otros. La proporción de las pensiones de jubilación en el total de pensiones es de alrededor del 10%.

El valor de los activos de estas entidades supera los 2 billones de euros, es decir, alrededor del 25% del PIB de la Unión (algo más del 45% de los activos de las empresas de seguros). Así pues, junto con otras entidades financieras tienen un papel clave en la financiación de la economía europea y en la actividad de los mercados de capitales de la Unión.

Los OPJ se caracterizan también por la naturaleza a muy largo plazo de sus actividades, tanto en lo que respecta a los compromisos de la empresa promotora como en cuanto a la inversión. Invierten durante varios decenios y, ya que las cotizaciones a un OPJ por lo general no pueden retirarse antes de la edad de jubilación, deben tener una idea bastante exacta de sus necesidades de liquidez. Ello les permite, en caso de que lo consideren adecuado según el carácter y duración de sus compromisos, invertir considerablemente en activos relativamente no líquidos como acciones, incluidas las emitidas por pequeñas empresas, o incluso valores no cotizados. Los OPJ pueden así contribuir al desarrollo del capital de riesgo de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan de acción en materia de capital de riesgo [1], suscrito por el Consejo Europeo de Cardiff. Con vistas a mejorar la diversificación de sus carteras de inversión, pueden también invertir sustancialmente en valores extranjeros. Por ejemplo, en 1998 el 75% de los activos de fondos de pensiones del Reino Unido eran acciones, de las que un tercio eran extranjeras.

[1] SEC(98) 552 final.

Los organismos de previsión para la jubilación juegan pues un papel central en los sistemas nacionales de protección social, en la financiación de la economía de la Unión y en la integración de sus mercados de capitales. Existen buenos motivos para pensar que, en los próximos decenios, seguirán estando en el centro del cambio económico y social de la Unión. La evolución demográfica (prolongación de la esperanza de vida y descenso de la tasa de natalidad) está propiciando el crecimiento del ahorro en forma de pensiones. Estas últimas pueden contribuir a reducir el gasto público al tiempo que garantizan un alto nivel de prestaciones de jubilación, preservando así el modelo social europeo. Los OPJ invierten en mayor medida en títulos, considerados más ventajosos a largo plazo, contribuyendo a incrementar la capitalización de los mercados de valores de los Estados miembros, que es aún la mitad del de los Estados Unidos. Por último, es deseable para las empresas promotoras y para los beneficiarios que los OPJ ofrezcan servicios de pensiones en toda Europa.

Esta evolución indica que debe establecerse un marco comunitario apropiado.

(b) Consecuencias de la ausencia de un marco comunitario

La Unión Europea dispone ahora de normas cautelares precisas para entidades de crédito, empresas de seguros y organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Estas normas proporcionan seguridad a consumidores e inversores. En 1994, por no haberse alcanzado un acuerdo satisfactorio en el Consejo, la Comisión tuvo que retirar una propuesta de Directiva relativa a la libertad de gestión e inversión de los fondos captados por los organismos de pensiones [2]. Hasta la fecha, las actividades de los OPJ no han estado sujetas a ninguna normativa comunitaria específica. Ello ha tenido varias consecuencias negativas.

[2] COM(93) 237 final.

- Inversión. No existe acuerdo en la Comunidad acerca de cómo los OPJ pueden servirse del mercado interior y del euro para optimizar sus inversiones en los mercados financieros. Las normativas que debe cumplir presentan grandes diferencias entre los Estados miembros. No puede excluirse la posibilidad de que algunas de estas normativas vayan más allá de lo que es necesario para garantizar la solidez cautelar de los OPJ. En tal caso, podría obstaculizar la aplicación del principio de libre circulación de capitales y perjudicar el rendimiento de los OPJ. Entre 1984 y 1998, la media anual del rendimiento de las inversiones de los OPJ fue de alrededor del 6% en los Estados miembros con normas de inversión estrictas desde el punto de vista cuantitativo, y de más del 10% en los Estados miembros con normas que concedían mayor libertad de inversión. Un menor rendimiento significa menores prestaciones o cuotas más elevadas. Sube el coste indirecto del trabajo, y sube también el coste de financiación de los sistemas de jubilación. La política de inversiones en el ámbito de los sistemas complementarios de pensiones depende del producto de la pensión y de la obligación contractual del proveedor de pensiones. Al limitar las posibilidades de diversificación de activos, las normas demasiado restrictivas podrían complicar también la gestión del riesgo y reducir la seguridad de las carteras de inversión. En este sentido, a largo plazo podría tener repercusiones negativas imponer excesivas restricciones a las acciones, que son menos volátiles que la deuda pública, debido a su interdependencia con el crecimiento económico y la productividad. Es, pues, fundamental llegar a un acuerdo sobre unas normas de inversión que se adapten mejor a la mayor envergadura y liquidez del mercado de capitales que permite la unión económica y monetaria.

- Asignación del ahorro Los OPJ juegan un papel vital en la integración, eficacia y liquidez de estos mercados. En su calidad de inversores a muy largo plazo, están en una situación ideal para contribuir a la financiación de iniciativas privadas. Aun cuando la seguridad y rentabilidad de las carteras de inversión constituye un objetivo prioritario, el marco comunitario garantizará también la participación de los OPJ en una asignación eficaz del ahorro en la Unión.

- Gestión y custodia de activos. Los OPJ pueden verse obligados a servirse únicamente de los servicios de depositarios o administradores de activos establecidos en el mismo Estado miembro que ellos. Sin embargo, si se conceden a los OPJ los medios para mejorar su política de inversiones, deben tener libertad para escoger sus administradores. Para invertir en determinado sector o región pueden necesitar los servicios o el asesoramiento de un gestor especializado, quien no debe forzosamente estar basado en el mismo Estado miembro que el OPJ. Además, si se incrementara la competencia entre gestores y depositarios, ello podría contribuir a bajar los costes de administración, con lo que la gestión sería más eficiente. Deben establecerse normativas comunitarias específicas en virtud de las cuales los OPJ tengan derecho a utilizar los servicios de gestores debidamente autorizados con arreglo a la Directiva relativa a los servicios de inversión, la Segunda Directiva de coordinación bancaria y la Tercera Directiva sobre el seguro de vida [3]. Este derecho debe ampliarse a las empresas de gestión con arreglo a la propuesta de Directiva sobre los OICVM [4] que actualmente se debate en el Consejo y el Parlamento.

[3] Directivas 93/22/CEE, 89/646/CEE, y 92/96/CEE.

[4] COM(1998) 451.

- Actividades transfronterizas. En ausencia de una coordinación apropiada a escala comunitaria, los OPJ son las únicas entidades financieras de peso que no pueden ofrecer sus servicios en un Estado miembro distinto del suyo en las mismas condiciones que los bancos, empresas de seguros y empresas de inversión. Se ha calculado que, para una empresa paneuropea, el coste que le supone establecer por separado sistemas de previsión para la jubilación en cada Estado miembro es de alrededor de 40 millones EUR al año. Si se permitiera a los OPJ gestionar planes para empresas establecidas en otro Estado miembro se alcanzarían economías de escala de varias clases: políticas de inversión más eficientes debido a la agrupación de activos, simplificación de la administración, y cumplimiento de las normas cautelares y de notificación de una autoridad única de supervisión. Por otra parte, se facilitaría la movilidad laboral: los trabajadores podrían encontrar trabajo más fácilmente en otro Estado miembro si pudieran seguir afiliados al mismo OPJ, tal como se prevé, para los trabajadores desplazados contemplados en el Título II del Reglamento (CEE) n° 1408/71, en la Directiva 98/49/CE, relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad; Las multinacionales encontrarían menos obstáculos para trasladar a sus empleados de un Estado miembro a otro.

- Crecimiento de los OPJ. El fomento del ahorro en pensiones de jubilación puede contribuir a la financiación de sistemas de pensiones y mejorar la situación financiera de los planes del estado. Esta decisión corresponde a los Estados miembros y, en particular, requiere que se establezcan los incentivos fiscales adecuados. La existencia de un marco jurídico con normas cautelares europeas y que permitiera la gestión transfronteriza de planes de previsión para la jubilación sería mucho más interesante para el crecimiento de los OPJ que la división de los mercados y la profusión de normativas que impera actualmente.

(c) Resultados del proceso de consultas realizado por la Comisión y el Plan de acción en materia de servicios financieros

El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el sector de servicios financieros insisten desde hace años en que debe establecerse un marco europeo para los OPJ. Esto queda bastante claro en el proceso de consultas y en las propuestas efectuadas por la Comisión en un Libro Verde [5] de 1997 y una Comunicación [6] de 1999. El 13 de abril de 2000, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución [7] que recoge la intención de la Comisión de proponer una Directiva sobre sistemas complementarios de pensiones.

[5] COM(97) 283.

[6] COM(1999) 134.

[7] Resolución A5-0053/2000.

En su respuesta al Libro Verde de 1997, varios Estados miembros han expresado su apoyo a la adopción de una Directiva. Por otra parte, en el Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999, los Estados miembros apoyaron el Plan de acción en materia de servicios financieros [8], propuesto por la Comisión en mayo de 1999. Uno de los objetivos estratégicos de este plan consiste en el establecimiento de un mercado interior genuino para transacciones financieras al por mayor. Como requisito previo para alcanzar estos objetivos, el plan prevé la adopción de disposiciones legislativas sobre las inversiones de los OPJ.

[8] COM(1999) 232.

La Directiva propuesta establece normas cautelares concebidas para garantizar que las transacciones relativas a las pensiones de jubilación alcanzan un alto grado de seguridad y eficacia. Estas normas permiten también el reconocimiento mutuo de los sistemas de supervisión de los Estados miembros, lo cual constituye un requisito previo para la gestión transfronteriza de planes de jubilación.

1.2. Objetivos de la propuesta

(a) Inversión financiera segura y eficaz

La Directiva propuesta hace hincapié en un enfoque cualitativo de las normas de inversión. La gestión de la cartera de inversiones debe cumplir preferentemente principios (seguridad, calidad, liquidez, rendimiento, diversificación) y no unos requisitos cuantitativos uniformes. Así, cada OPJ puede aplicar los principios enumerados en función del carácter y duración de sus compromisos. Ello garantizará seguridad y eficacia. En los Estados miembros que adoptan este método, el rendimiento de las inversiones de los OPJ suele ser mayor que los de aquellos Estados miembros que adoptan un enfoque más cuantitativo.

Sin embargo, hasta ahora los debates tienden a indicar que algunos Estados miembros preferirían seguir aplicando ciertas normas cuantitativas a los OPJ establecidos en su territorio. Ello se debe fundamentalmente a que los métodos de supervisión utilizados en esos Estados miembros están estrechamente ligados a la aplicación de normas cuantitativas. La Directiva propuesta tiene en cuenta sus preferencias. No obstante, propone que no se restrinjan excesivamente las inversiones de tres clases: acciones, valores expresados en una divisa no congruente y capital de riesgo. Cuando los OPJ tengan compromisos a muy largo plazo y relativamente pocos riesgos de liquidez, debe concedérseles la posibilidad de invertir significativamente en valores que no sean muy líquidos y estén expresados en una divisa distinta a la del compromiso.

(b) Libre elección de administradores y depositarios de activos

Como se ha indicado anteriormente, debe asegurarse a los OPJ el derecho a utilizar los servicios de cualquier administrador o depositario autorizado de la Unión.

(c) Competencia equitativa entre todos los proveedores de servicios

Las empresas de seguros de vida operan en el mercado de las pensiones de jubilación a través de contratos de grupo. Estas empresas están reguladas a escala comunitaria por las Directivas del seguro de vida. Por consiguiente, las normas cautelares para otros OPJ deberán determinarse de modo que no introduzcan distorsiones de la competencia. El establecimiento de un marco cautelar real deberá por lo general impedir estas distorsiones. Por otra parte, cuando los servicios de OPJ sean similares a los ofrecidos en contratos de grupo -por ejemplo, cuando el OPJ ofrezca una garantía financiera- se proponen para sus requisitos de capital unas normas similares a las establecidas en las Directivas del seguro de vida. Si un Estado miembro considera que debe imprimirse mayor coherencia en el trato cautelar de los OPJ y de las empresas de seguro de vida, debe poder aplicar ciertas disposiciones de la presente Directiva a las actividades de jubilación profesional de las empresas de seguros de vida. Son los Estados miembros quienes tienen esta opción.

(d) Actividades transfronterizas

La Directiva elimina todos los obstáculos cautelares a la gestión transfronteriza de planes de pensiones por parte de los OPJ mediante la armonización de determinadas normas cautelares básicas, el establecimiento de sistemas cautelares nacionales y proponiendo un sistema de notificación y colaboración entre autoridades competentes. Si las actividades transfronterizas se hacen realidad, será también necesario establecer un cierto grado de coordinación fiscal entre los Estados miembros. Este aspecto no se tratará aquí sino que será objeto de una propuesta por separado de la Comisión.

Además, la Directiva estipula que la gestión transfronteriza debe cumplir la legislación social y laboral del país de la empresa con la cual se establezca el plan. Los planes deberán desarrollarse de conformidad con las disposiciones nacionales, independientemente del lugar donde tenga su sede el OPJ.

(e) Protección de los beneficiarios

Las actividades transfronterizas requieren un cierto grado de armonización cautelar. Antes de permitir a un OPJ con sede en otro Estado miembro que gestione planes de jubilación en su territorio, cada Estado miembro debe asegurarse de que el OPJ en cuestión está regulado y supervisado de tal modo que estén protegidos adecuadamente los derechos de los beneficiarios. Por consiguiente, la propuesta contiene un conjunto de normas cautelares básicas (competencia y buena reputación de los gestores, condiciones de acceso a la actividad, información proporcionada a los miembros y beneficiarios, fondos propios reguladores, normas de inversión), junto con normas sobre compromisos de los OPJ, incluidas las provisiones técnicas.

En líneas generales, el objetivo prioritario de la Comisión es alcanzar la máxima protección de los futuros pensionistas. Las cuotas pagadas a un OPJ son una forma de salario diferido. Los derechos adquiridos mediante el pago de esas cuotas determinan el nivel de vida de los interesados. La protección de estos derechos constituye pues el aspecto capital del objetivo más amplio de fortalecer el modelo social europeo.

(f) Mercado interior de servicios financieros

Uno de los componentes del Plan de acción en materia de servicios financieros es la coordinación de las normas de inversión y gestión aplicables a los OPJ. Tras cubrirse la importante laguna existente en la legislación comunitaria en relación con los servicios financieros, se habrá realizado un paso decisivo hacia un mercado interior de los servicios financieros capaz de fomentar plenamente el crecimiento y el empleo.

(g) Mercado interior de sistemas complementarios de pensiones

La adopción de la presente Directiva significaría también un paso adelante para organizar en el mercado interior la prestación de prestaciones complementarias de pensiones. Los inversores tendrían acceso a una gama más amplia de prestadores de servicios y los trabajadores podrían trasladarse sin correr el riesgo de perder sus derechos de pensión. Ello contribuiría al progreso económico y social, aunque exigirá una mayor coordinación entre las legislaciones fiscales sociales y laborales de los Estados miembros.

1.3. Planteamiento adoptado

(a) Evitar toda interferencia en la organización de los sistemas de pensiones de los Estados miembros.

La organización general de los sistemas de pensiones, la elección de mecanismos de financiación y las disposiciones precisas para el funcionamiento de los OPJ son absolutamente responsabilidad de los Estados miembros en la medida en que se respeten las normas del Tratado. Esta prerrogativa no se ve comprometida por la presente propuesta.

(b) Garantizar la coherencia con la legislación comunitaria sobre servicios financieros.

El planteamiento adoptado para elaborar esta propuesta tomaba como base las entidades, de acuerdo con la línea seguida en el resto de la legislación comunitaria adoptada en el ámbito de los servicios financieros. Este planteamiento se adapta también a los mecanismos de actividades transfronterizas que es de esperar que se establezcan. Sin embargo, las normas cautelares son inseparables de las prestaciones prometidas por los OPJ (prestaciones o contribuciones definidas, posible cobertura de riesgos biométricos). Por consiguiente, la Directiva propuesta incluye, en su caso, normas diferenciadas según el tipo de plan.

(c) Establecimiento de un ámbito coherente

La Directiva cubre todos los OPJ que siguen el modelo de capitalización y no están dentro de los sistemas de seguridad social. Ello garantiza que, en un sector en el que las disparidades entre los países son muy amplias en comparación con otras actividades financieras, el ámbito de la Directiva es relativamente coherente.

En breve, se considera un OPJ toda entidad que reciba aportaciones que luego invierta con la única finalidad de pagar prestaciones de jubilación. Es fundamental que los activos en posesión del OPJ no puedan utilizarse para un fin distinto del pago de capital o de renta a la edad de jubilación. En otras palabras, los derechos adquiridos no pueden "cederse" antes de la edad de jubilación, porque si así fuera el plan ya no sería un plan de pensiones sino un producto de ahorro.

La Directiva no estipula que las prestaciones deben pagarse en forma de renta ni que la entidad deba cubrir riesgos biométricos concretos. En el debate de la Comunicación sobre los sistemas complementarios de pensiones, el Parlamento se centró con gran interés en esta cuestión concreta y llegó finalmente a la conclusión de que debían asegurarse los riesgos de longevidad.

Desde el punto de vista de la Comisión, es deseable que las condiciones precisas para el pago de prestaciones, que a menudo dependen de la legislación nacional en temas fiscales, laborales y sociales, se decidan en el seno de los Estados miembros. Por otra parte, deben establecerse normas cautelares acerca de todos los productos de jubilación profesional. Las empresas y los inversores no ganarían nada de determinados productos (en este caso, los planes de aportaciones concretas que únicamente proporcionan el pago de capital sin cubrir los riesgos biométricos) que estarían excluidos de toda la legislación europea. Así pues, la presente Directiva cubre todos los tipos de planes de los OPJ, aun cuando la Comisión considere que la cobertura de riesgos de longevidad constituye un aspecto importante de la lucha contra la pobreza y la inseguridad de las personas de edad.

Los pocos OPJ que operan mediante un sistema de reparto tampoco están cubiertos por la presente Directiva. Ello no plantea ningún problema debido a los principales objetivos perseguidos por la propuesta. La eficacia de las inversiones financieras y el empleo de gestores de otros Estados miembros no supone ningún problema para estas entidades, que utilizan directamente las aportaciones para financiar sus pagos. Los Estados miembros o las entidades competentes cubren las discrepancias entre aportaciones y prestaciones mediante contribuciones adicionales o ingresos fiscales.

Las empresas que establecen reservas contables para proporcionar a sus empleados prestaciones de jubilación tampoco se contemplan en la presente Directiva. El empleo de reservas contables, permitido solamente en unos pocos Estados miembros, concede a las empresas plena libertad para decidir el modo en que van a emplear los activos que cubren sus compromisos. No parece pues necesario en este caso garantizar mediante una Directiva la libertad de inversión y gestión. Por otra parte, las normas cautelares generalmente son sustituidas por una garantía o por un fondo de seguro de solvencia.

Finalmente, las consultas efectuadas hasta la fecha muestran que ni los OPJ que operan mediante un sistema de reparto ni las empresas que establecen reservas contables desean beneficiarse de actividades transfronterizas, por lo menos con este tipo de planes.

(d) Tener en cuenta la diversidad nacional al tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección

Los OPJ operan de modo muy distinto según los Estados miembros. En algunos Estados miembros actúan como empresas de seguro de vida. En otros son como fondos de inversión. La Directiva propuesta tiene en cuenta estas diferencias, que a menudo están ligadas a la legislación fiscal y social de los Estados miembros. No puede pretender una armonización al detalle de las condiciones de funcionamiento de los OPJ.

Su diversidad también restringe necesariamente el grado de armonización cautelar que puede alcanzarse mediante esta propuesta de Directiva. Sin embargo, se ha adoptado un planteamiento extremadamente riguroso para los aspectos cautelares más decisivos (compromisos de financiación, diversificación de activos, e información que debe proporcionarse a las autoridades de supervisión, miembros y beneficiarios). Ello debe permitir alcanzar el objetivo fundamental de un elevado nivel de protección de los derechos de los pensionistas actuales y futuros, así como el reconocimiento mutuo.

2. Descripción del articulado

Artículo 2 - Ámbito de aplicación

- La propuesta está dirigida a los organismos que tienen planes de jubilación profesional. Se trata de planes privados, que a menudo complementan los sistemas obligatorios de la seguridad social. Es fundamental mantener una clara distinción entre la seguridad social y los planes privados o complementarios. Así pues, la presente propuesta no se dirige a los planes de la seguridad social cubiertos por el término "legislación", tal como se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 o con respecto a los cuales un Estado miembro haya efectuado una declaración de conformidad con dicho artículo.

- Las empresas de seguros de vida, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), entidades de crédito y organismos cubiertos por la Directiva de servicios de inversión que ya se benefician del marco del mercado interior. No parece necesario incluirlos en esta nueva Directiva, aunque puedan estar en condiciones de proporcionar servicios de jubilación profesional.

- En Alemania adoptan la forma de pensiones de jubilación unos organismos denominados "Unterstützungskassen". Estas "Unterstützungskassen" son fondos de apoyo similares a los OPJ en cuanto a que la acumulación de activos es externa. La diferencia entre estos fondos y los OPJ consiste en que no se establece para los miembros ningún derecho legal sobre las prestaciones de cierto volumen. Por motivos fiscales, las "Unterstützungskassen" suelen estar escasamente capitalizadas. La empresa puede recuperar los activos en cualquier momento sin tener que cumplir sus obligaciones de pago. Deben tener obligatoriamente un seguro de insolvencia con el fin de proteger adecuadamente los intereses de los miembros. Así pues, los "Unterstützungskassen" no están sujetos a ninguna supervisión cautelar. Habida cuenta de estas características, estos fondos no pueden compararse con los OPJ de los demás Estados miembros que se contemplan en la presente Directiva, por lo que están excluidos.

- Las empresas que establecen reservas contables para proporcionar a sus empleados prestaciones de jubilación tampoco se contemplan en la presente Directiva. El empleo de reservas contables, permitido solamente en unos pocos Estados miembros, concede a las empresas plena libertad para decidir el modo en que van a emplear los activos que cubren sus compromisos. No parece pues necesario en este caso garantizar mediante una Directiva la libertad de inversión y gestión. Por otra parte, las normas cautelares generalmente son sustituidas por una garantía o por un fondo de seguro de solvencia.

- Los pocos OPJ que operan mediante un sistema de reparto tampoco están cubiertas por la presente Directiva. La eficacia de las inversiones financieras y el empleo de gestores de otros Estados miembros no supone ningún problema para estas entidades, que utilizan directamente las aportaciones para financiar sus pagos. Los Estados miembros o las entidades competentes cubren las discrepancias entre aportaciones y prestaciones mediante contribuciones adicionales o ingresos fiscales.

Artículo 3 - Aplicación a organismos gestores de planes de seguridad social

- Por lo menos en un Estado miembro, los OPJ tienen dos tipos de planes: planes de pensiones voluntarios dependientes del empleo (considerados un complemento de los sistemas de seguridad social) y planes de pensiones obligatorios dependientes del empleo (considerados sistemas de seguridad social). Se propone incluir estos organismos por el aspecto voluntario/complementario de sus actividades.

Artículo 4 - Aplicación facultativa a organismos regulados por la Directiva 79/267/CEE

- Como ya se ha dicho respecto del artículo 2, no parece necesario incluir a las empresas de seguros de vida, a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), a las entidades de crédito y a los organismos cubiertos por la Directiva de servicios de inversión en el ámbito de la presente Directiva. No obstante, es preciso evitar cualquier desigualdad de trato resultante de marcos cautelares distintos. El problema podría sobre todo plantearse con las compañías de seguros de vida que, en algunos Estados miembros, están muy presentes en el mercado de las jubilaciones profesionales (a través de los contratos de grupo). La instauración de un verdadero marco cautelar debería por sí misma eliminar en gran medida los riesgos de distorsión de la competencia. Además, el proyecto prevé que los organismos afines en determinados aspectos a las compañías de seguros de vida (que ofrecen un tipo de interés garantizado y que cubren los riesgos biométricos) sean también objeto de disposiciones equivalentes relativas a los fondos propios (véase, en particular, el artículo 17). Por otra parte, la Directiva concede a los Estados miembros la posibilidad de aplicar los requisitos cautelares de la presente Directiva a las actividades de pensiones de jubilación de las empresas de seguros de vida.

Artículo 5 - Pequeños fondos de pensiones y fondos por mandato de la ley

- Para los OPJ que gestionen pequeños fondos de pensiones se propone una norma "de minimis", facultativa de los Estados miembros. No es probable que estos organismos estén interesados en ningún tipo de actividad transfronteriza. Una disposición en este sentido facilitaría la supervisión en los Estados miembros que cuentan con decenas de miles de planes de jubilación profesional.

- En algunos Estados miembros, la previsión para la jubilación pueden prestarla organismos dependientes de una autoridad pública facultada para generar ingresos. Se considera suficiente esta cobertura para la protección de los miembros y beneficiarios.

Artículo 6 - Definiciones

- La presente Directiva pretende aplicarse a los organismos de previsión para la jubilación dependientes del empleo que siguen el modelo de capitalización. Son éstas las últimas entidades financieras de importancia que no están cubiertas por un marco normativo comunitario que les permita beneficiarse del mercado interior. Se ha escogido el concepto de "organismo de previsión para la jubilación" porque su carácter parece lo bastante general para agrupar la diversidad de organismos que operan en la Unión. El concepto de "fondos de pensiones", por ejemplo, no es común a todos los Estados miembros. Algunos de estos organismos pueden ofrecer servicios no sólo a las empresas, sino también a empleados o autónomos. La Directiva pretende cubrir estas situaciones.

- La "empresa promotora" se caracteriza por el hecho de que aporta fondos al organismo de previsión para la jubilación, No obstante, puede suceder que a estas empresas promotoras se les concedan "vacaciones de contribución" porque el rendimiento de las inversiones sea suficiente para cubrir los costes. Puede también suceder que determinada prestación sea financiada completamente mediante aportaciones pagadas por los empleados. Se entiende que estas circunstancias excepcionales no tienen incidencia en la validez de la definición.

La definición de "prestaciones de jubilación" tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las diversas operaciones realizadas por los organismos en cuestión.

Artículo 7 - Actividades de los organismos

La protección de los beneficiarios requiere que los OPJ limiten sus actividades a aquéllas que serán supervisadas con arreglo a la futura Directiva.

Artículo 8 - Separación entre la empresa promotora y el organismo

En ausencia de garantía o de un seguro de insolvencia, la separación legal entre la empresa y el OPJ constituye un elemento clave que confiere protección a los beneficiarios. Esta separación no prohibe en absoluto un consejo de administración del organismo formado por la empresa y los empleados de ésta.

Artículo 9 - Condiciones de funcionamiento

El aspecto esencial para una protección adecuada de los miembros y beneficiarios de un plan de pensiones es la supervisión cautelar por una autoridad competente que pueda aprobar las condiciones de funcionamiento de un OPJ sobre la base de los siguientes criterios: competencia y buena reputación de directivos, gestores y todas las personas que controlan el organismo, la existencia de normas relativas el funcionamiento del plan, el cálculo apropiado de las provisiones técnicas por actuarios cualificados de conformidad con principios actuariales reconocidos, el compromiso contractual por parte de la empresa promotora, y la suficiente información que debe facilitarse a los miembros acerca de las condiciones del plan de pensiones (derechos y obligaciones contractuales, riesgos inherentes al contrato de pensión y distribución de los riesgos entre las partes contratantes). En caso de actividad transfronteriza, el OPJ estará sujeto a la autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Artículo 10 - Cuentas anuales e informe de gestión

Las cuentas anuales y el informe de gestión, aprobado en buena y debida forma por las personas competentes, constituirán la base para la continua supervisión financiera del OPJ por parte de las autoridades competentes.

Artículo 11 - Información que debe facilitarse a los miembros y beneficiarios del plan

La información apropiada constituye un elemento fundamental para la protección de los ya jubilados (beneficiarios) y de los que se retirarán en el futuro (miembros). Sin embargo, el contenido de la información diferirá con respecto al destinatario (miembro o beneficiario) y a las condiciones contractuales del plan de pensión afectado. Previa solicitud, las cuentas anuales y el informe de gestión se pondrán también a disposición de los miembros y beneficiarios del plan.

Artículo 12 - Información sobre la política de inversión

Se propone que los OPJ publiquen cada tres años, y siempre que se produzcan cambios importantes en la política de inversión, información sobre los principios en los que se fundamenta su política de inversiones en relación con la naturaleza y duración de sus compromisos en concepto de pensiones. Esta información incluirá también una descripción de los métodos de medición del riesgo y los procesos de gestión del control de riesgos empleados. Dicha declaración de los principios de la política de inversión se remitirá a las autoridades de supervisión, que comprobarán la coherencia de las inversiones reales con los principios expuestos. Este documento es una manera de obligar a los gestores a tomar ciertas distancias con respecto a la gestión de los activos y pasivos y a actuar con sentido de la perspectiva en su estrategia global en materia de inversiones. La declaración de los principios de la política de inversión se facilitará también, previa solicitud, a los miembros y beneficiarios del plan.

Artículo 13 - Información que debe proporcionarse a las autoridades competentes

Este artículo tiene por objeto garantizar que las autoridades de supervisión se doten de los derechos de información necesarios para ejercer su función de manera adecuada y salvaguardar los intereses de los miembros y los beneficiarios del plan.

Artículo 14 - Poderes de intervención de las autoridades competentes

Este artículo tiene por objeto garantizar que las autoridades de supervisión se doten de los poderes de intervención necesarios para ejercer su función de manera adecuada y salvaguardar los intereses de los miembros y los beneficiarios del plan. Las autoridades competentes podrán realizar inspecciones in situ en los locales del OPJ y, en su caso, de las funciones externalizadas.

Artículo 15 - Provisiones técnicas

Con el fin de proteger los intereses de miembros y beneficiarios, los organismos deben establecer provisiones técnicas. En los casos en que los organismos tengan planes en los que se cubren los riesgos biométricos y/o el organismo soporta el riesgo de inversión, las provisiones técnicas deben calcularse sobre una base suficientemente prudente.

El cálculo de las provisiones técnicas se efectuará anualmente y será ejecutado y certificado por actuarios cualificados de acuerdo con principios actuariales reconocidos. Este cálculo de las provisiones técnicas podrá realizarse cada tres años si el OPJ facilita a la autoridad competente un certificado de los ajustes previstos para los años intermedios.

El tipo de interés se establecerá con prudencia según la normativa nacional y el volumen de las provisiones técnicas deberá reflejar un valor actuarial de los derechos devengados de pensión de los miembros y deberá ser suficiente para poder seguir pagando las pensiones y las prestaciones que se estén pagando ya a los beneficiarios.

Artículo 16 - Financiación de las provisiones técnicas

En principio, las provisiones técnicas deben estar completamente cubiertas por activos en todo momento. Sin embargo, en vista del hecho de que los OPJ realizan inversiones a muy largo plazo y de los escasos riesgos de liquidez (derivados de la falta de posibilidad de recompra, a diferencia del ámbito del seguro), los Estados miembros podrán permitir a los OPJ que, durante un período limitado, establezcan excepciones a esta norma de financiación íntegra. Toda excepción deberá ir acompañada de un plan de restablecimiento de la cobertura íntegra de las provisiones técnicas.

En caso de afiliación transfronteriza, las provisiones técnicas deberán estar íntegramente cubiertas en todo momento para cubrir los intereses de los miembros y beneficiarios, así como para permitir el reconocimiento mutuo de los distintos sistemas de supervisión establecidos en los Estados miembros.

Artículo 17 - Fondos propios reguladores

En muchos casos es la empresa promotora y no el OPJ quien cubre los riesgos biométricos de este plan o garantiza ciertas prestaciones o el resultado de la inversión. No obstante, en algunos casos esta garantía sí corre a cargo del propio OPJ, y las obligaciones de los promotores suelen limitarse al pago de las aportaciones correspondientes. En estas circunstancias, los productos ofrecidos son similares a los de las empresas de seguros. La propuesta requiere que los OPJ que ofrecen estos productos tengan los mismos fondos propios complementarios que las empresas de seguro de vida.

Artículo 18 - Normas de inversión

Se propone un enfoque cualitativo de las normas de inversión. Se considera preferible que la asignación de activos se lleve a cabo en función de los compromisos suscritos por cada fondo y no en función únicamente de una sola serie de normas cuantitativas. Por regla general, la asignación de activos debe ser prudente. Esto requiere, por encima de todo, una diversificación apropiada en cuanto a emisores, tipos de valores, país/zona geográfica, moneda y sector industrial. En caso de inversiones importantes en la empresa promotora, la quiebra de ésta podría tener el doble resultado de la pérdida de empleo de sus empleados y la amenaza de sus derechos de pensión. Así pues, debe limitarse estrictamente la autoinversión.

Los métodos de supervisión difieren en gran manera según los Estados miembros. Por ello, los Estados miembros deben gozar de cierta discreción acerca de las normas de inversión que decidan exigir de los organismos establecidos en su territorio. Este enfoque se adoptaba ya en las Directivas de seguros (véase, por ejemplo, el apartado 2 del artículo 22 de la Directiva 92/96/CEE). Los OPJ son inversores a muy largo plazo que están en situación ideal para aprovechar los elevados rendimientos y la baja volatilidad de las participaciones. Tienen que relacionar las pensiones prometidas al crecimiento a largo plazo de la economía real. Tienen también que aprovechar la diversificación internacional y realizar inversiones en monedas distintas de las de sus compromisos. Por este motivo, no deben penalizarse en exceso tales inversiones.

Como inversores a muy largo plazo, los OPJ pueden contribuir a mejorar el tamaño y la liquidez de los mercados de capital de riesgo de la UE. Son los propios OPJ los que deben decidir si desean o no invertir en capital de riesgo. Sin embargo, es fundamental que el marco normativo no imponga excesivas restricciones a esta forma de inversión.

Artículo 19 - Gestión y custodia

De conformidad con este artículo, los OPJ tienen libertad para delegar los servicios de gestión y de depósito a organismos debidamente autorizados en otro Estado miembro. Este artículo asegura la aplicación del principio de libre prestación de servicios a las entidades de crédito y administradores de activos.

Artículo 20 - Actividades transfronterizas

La coordinación de la supervisión cautelar es una de las condiciones necesarias para permitir a un OPJ gestionar planes sobre una base transfronteriza. Es también esencial un mayor grado de coordinación fiscal. Esta cuestión no se aborda en la presente propuesta. El artículo 15 se limita a sentar el principio de la libertad de actividades transfronterizas y a proponer un mecanismo de cooperación y notificación entre autoridades de supervisión. El artículo establece también que un OPJ que desee gestionar un plan en otro Estado miembro tendrá que aplicar los requisitos de la legislación social y laboral del Estado miembro donde esté establecida la empresa promotora. Fundamentalmente, estos requisitos dependen de las prestaciones de jubilación que deben proporcionarse.

2000/0260 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación (Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47, su artículo 55 y el apartado 1 de su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [9],

[9] DO C

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [10],

[10] DO C

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [11],

[11] DO C

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) Un verdadero mercado interior de los servicios financieros es vital para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad.

(2) Se han realizado ya pasos importantes hacia el establecimiento de este mercado interior, permitiendo a las entidades financieras operar en otros Estados miembros y garantizando un elevado nivel de protección a los consumidores de servicios financieros.

(3) La Comunicación de la Comisión - Aplicación del marco para los mercados financieros: plan de acción [12], define una serie de acciones necesarias para realizar el Mercado interior de servicios financieros, habiendo abogado el Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, por la aplicación de este Plan de acción por todo el fin de 2005.

[12] COM(1999) 232 final.

(4) El Plan de Acción en materia de servicios financieros señala como prioridad urgente la necesidad de elaborar una Directiva acerca de la supervisión cautelar de los organismos de previsión para la jubilación, ya que dichos organismos son entidades financieras importantes que no están sujetas a un marco legal comunitario coherente que les permita beneficiarse de las ventajas del mercado interior.

(5) Los organismos que estén completamente separados de empresas promotoras y que operen siguiendo el modelo de capitalización con el único objetivo de proporcionar prestaciones de jubilación, deben gozar de la libertad de prestación de servicios y de la libertad de inversión, sujetas únicamente a unas normas cautelares coordinadas, con independencia de que puedan considerarse entidades jurídicas.

(6) Los Estados miembros deben conservar la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de protección social.

(7) Deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los organismos que gestionen sistemas de seguridad social, que estén ya coordinados en el ámbito comunitario. No obstante, es necesario tener en cuenta la especificidad de organismos que, en un único Estado miembro, gestionen a la vez sistemas de seguridad social y planes de jubilación.

(8) Las entidades financieras que ya se beneficien de un marco legal comunitario deben, en general, quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, dado que estas entidades pueden ofrecer, en algunos casos, servicios de jubilación profesional, es importante que la presente Directiva no dé lugar a falseamientos de la competencia. Estos falseamientos pueden evitarse aplicando a las actividades de jubilación profesional de las empresas de seguros de vida los requisitos cautelares de la presente Directiva.

(9) Dar a los Estados miembros la posibilidad de que excluyan del ámbito de las disposiciones nacionales de aplicación a los organismos que tengan planes que cuenten con menos de 100 miembros o beneficiarios, puede facilitar la supervisión en algunos de los Estados miembros sin poner en riesgo el funcionamiento correcto del mercado interior en este ámbito.

(10) Deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva organismos como las "Unterstützungskassen" en Alemania, en los que los miembros no tienen legalmente derecho a prestaciones de un determinado importe y en los que sus intereses se hallan protegidos por un seguro obligatorio para casos de insolvencia.

(11) A fin de proteger a los miembros y beneficiarios, los organismos de previsión para la jubilación deben limitar sus actividades a las actividades y operaciones derivadas contempladas en la presente Directiva.

(12) En caso de quiebra de una empresa que aporte fondos a un organismo, , una empresa promotora, el miembro puede perder su empleo y sus derechos de pensión adquiridos. Ello hace necesario garantizar que exista una separación clara entre dicha empresa y el organismo.

(13) El funcionamiento y los métodos de supervisión de los organismos de previsión para la jubilación difiere considerablemente entre los Estados miembros. En algunos Estados miembros, la supervisión se ejerce no sólo sobre el propio organismo sino también sobre las empresas autorizadas para gestionar estos organismos. Los Estados miembros deben poder tener en cuenta esta especificidad en la medida en que se cumplan todos los requisitos establecidos en virtud de la presente Directiva.

(14) Los organismos de previsión para la jubilación son proveedores de servicios financieros y, por consiguiente, deben cumplir determinados requisitos cautelares mínimos con respecto a sus actividades y condiciones de las operaciones.

(15) El número de organismos existentes, enorme en determinados Estados miembros, indica que es necesaria una solución pragmática respecto de la autorización previa del organismo. No obstante, si un organismo quiere gestionar un plan en otro Estado miembro, deberá contar con la autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de origen.

(16) Las cuentas anuales y el informe de gestión, que deben ofrecer una imagen fiel del patrimonio, compromisos, situación financiera y resultados del organismo, debidamente aprobados por una persona autorizada responsable de la auditoría de las cuentas anuales, deben considerarse una fuente esencial de información para los miembros y beneficiarios del plan y para las autoridades competentes. Deben permitir, en particular, a las autoridades competentes comprobar la solidez financiera de un organismo y estimar si dicho organismo está en condiciones de cumplir sus obligaciones contractuales.

(17) La información adecuada es fundamental para los miembros y beneficiarios. Ello reviste una especial importancia en las solicitudes de información relativa a la solidez financiera del organismo, las normas contractuales, las prestaciones y la financiación real de los derechos devengados de pensión, la política de inversión y la gestión de riesgos y costes.

(18) La política de inversión de un organismo constituye un factor decisivo para la seguridad y la asequibilidad de los planes de jubilación. Por este motivo, los organismos deben efectuar, al menos cada tres años, una declaración de sus principios de inversión. Debe remitirse a la autoridad competente y, previa solicitud, ponerse igualmente a disposición de los miembros y beneficiarios del plan.

(19) A fin de cumplir su función legal, las autoridades competentes deben disponer de los adecuados derechos de información y de las facultades de intervención con respecto al organismo y a las personas encargadas de su gestión efectiva. En caso de que el organismo de previsión para la jubilación haya transferido a otras empresas funciones de importancia como la gestión de la inversión, la informática o la contabilidad (externalización), debe ser posible ampliar a estas funciones externalizadas los derechos de información y las facultades de intervención, a fin de comprobar si las actividades se desarrollan de conformidad con las normas de la supervisión.

(20) Un cálculo prudente de las provisiones técnicas constituye una condición esencial para asegurar que pueden cumplirse los compromisos de pago de las prestaciones de jubilación. El cálculo de las provisiones técnicas debe efectuarse utilizando métodos actuariales reconocidos y certificado por personas cualificadas. El tipo de interés debe establecerse con prudencia con arreglo a la normativa nacional. El volumen de las provisiones técnicas debe reflejar un valor actuarial de los derechos devengados de pensión de los miembros y ser suficiente para poder seguir pagando las prestaciones que se estén pagando ya a los beneficiarios.

(21) Los riesgos cubiertos por los organismos difieren significativamente entre los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de efectuar el cálculo de las provisiones técnicas con arreglo a normas adicionales y más detalladas que las establecidas en la presente Directiva.

(22) Las provisiones técnicas deben estar respaldadas por activos suficientes y adecuados para proteger los intereses de los miembros y beneficiarios del plan en caso de insolvencia de la empresa promotora. Especialmente en el caso de actividades transfronterizas, el reconocimiento mutuo de los principios de supervisión aplicados en los Estados miembros exige que las provisiones técnicas estén íntegramente cubiertas en todo momento.

(23) Si el organismo no tiene actividades transfronterizas, los Estados miembros deben poder permitir un déficit de capitalización siempre que se disponga de un plan para restablecer la capitalización íntegra, y sin perjuicio de los requisitos establecidos por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario [13].

[13] DO L 283, de 28.10.1980, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 87/164/CEE (DO L 66, de 11.3.1987, p. 11).

(24) En muchos casos es la empresa promotora y no el organismo quien cubre los riesgos biométricos de este plan o garantiza ciertas prestaciones o el resultado de la inversión. No obstante, en algunos casos esta garantía sí corre a cargo del propio organismo, y las obligaciones de los promotores suelen limitarse al pago de las aportaciones correspondientes. En estas circunstancias, los productos ofrecidos son similares a los de las empresas de seguros de vida, y los organismos en cuestión deben mantener los mismos fondos propios de las empresas de seguro de vida.

(25) Los organismos son inversores a muy largo plazo. En general, la amortización de los activos de estos organismos no puede efectuarse con una finalidad distinta de la de proporcionar prestaciones de jubilación. Además, con objeto de proteger adecuadamente los derechos de los miembros y beneficiarios, los organismos deben poder optar por una colocación de activos que convenga a las características concretas y a la duración de sus compromisos. Estos aspectos requieren un planteamiento cuantitativo de las normas de inversión, que obliguen a los organismos a actuar con prudencia y al mismo tiempo les confieran la suficiente flexibilidad para decidir la política de inversión más segura y eficaz.

(26) Los métodos y prácticas de supervisión difieren según los Estados miembros. Por ello, los Estados miembros deben gozar de cierta discreción acerca de las normas de inversión concretas que decidan exigir de los organismos establecidos en su territorio. No obstante, estas normas no deben restringir la libre circulación de capitales, a menos que ello esté justificado por motivos cautelares.

(27) Dado el carácter a muy largo plazo de las inversiones y los bajos riesgos de liquidez, los organismos de previsión para la jubilación se encuentran en buena posición para invertir en activos no líquidos como las acciones o en mercados de capital de riesgo. Pueden también acogerse a las ventajas de la diversificación internacional. Por consiguiente, no deben restringirse indebidamente las inversiones en acciones, mercados de capital de riesgo y en divisas distintas de las de los compromisos.

(28) Las restricciones a la libre elección de administradores y depositarios de activos aprobados limitan la competencia en el mercado interior y deben, por tanto, suprimirse.

(29) Los organismos deben tener la posibilidad de prestar sus servicios en otros Estados miembros. Estos organismos pueden obtener de este modo importantes economías de escala, mejorar la competitividad del sector comunitario y fomentar la movilidad laboral. Para ello se debe llegar al reconocimiento mutuo de las normas cautelares.

(30) El derecho de un organismo de un Estado miembro de gestionar un plan de pensiones de jubilación establecido en otro Estado miembro debe ejercerse respetando plenamente las disposiciones del Derecho social y laboral vigente en el Estado miembro de acogida.

(31) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción prevista, es decir, la creación de un marco legal comunitario que regule los organismos de previsión para la jubilación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y los efectos de la acción, a nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas relativas al acceso y a la prosecución de las actividades realizadas por los organismos de previsión para la jubilación.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a los organismos de previsión para la jubilación.

No se aplicará a:

a) organismos que gestionen planes de seguridad social regulados por los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 1408/71 [14], o que figuren en su Anexo II, y (CEE) nº 574/72 [15];

[14] DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

[15] DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.

b) organismos regulados por la Directiva del Consejo 79/267/CEE [16], la Directiva del Consejo 85/611/CEE [17], la Directiva del Consejo 93/22/CEE [18] y por la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [19].

[16] DO L 63 de 13.3.1979, p. 1-18.

[17] DO L 375 de 31.12.1985, p. 3-18.

[18] DO L 141 de 11.6.1993, p. 27.

[19] DO L 126 de 26.5.2000, p. 1.

c) organismos que actúan mediante un sistema de reparto;

d) en Alemania, las "Unterstützungskassen";

e) empresas que utilizan un sistema de reserva contable para pagar prestaciones de jubilación a sus empleados.

Artículo 3

Aplicación a organismos gestores de planes de seguridad social

Los organismos de previsión para la jubilación que también tengan planes de pensiones obligatorios dependientes del empleo, considerados sistemas de seguridad social, y que estén regulados por los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CEE) nº 574/72, estarán regulados por la presente Directiva con respecto a sus actividades de previsión para la jubilación que no tengan carácter obligatorio.

Artículo 4

Aplicación facultativa a organismos regulados por la Directiva 79/267/CEE

Los Estados miembros podrán optar por la aplicación de los artículos 11 a 16, 18 y 19 de la presente Directiva a las actividades de prestaciones de jubilación de los organismos regulados por la Directiva 79/267/CEE, siempre que los activos y compromisos correspondientes estén gestionados en una entidad jurídicamente separada. En tal caso, esta entidad jurídicamente separada no estará sujeta a los artículos 17 y 21 de la Directiva 79/267 ni a los artículos 19 a 24 y 31 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo [20].

[20] DO L 360 de 9.12.1992, p. 1.

Artículo 5

Pequeños fondos de pensiones y fondos por mandato de la ley

1. Los Estados miembros podrán optar por no aplicar la presente Directiva, total o parcialmente, a los organismos que gestionen planes de pensión de los que sean miembros y beneficiarios menos de 100 personas. El artículo 20 de podrá aplicarse a dichos organismos sólo si un Estado miembro opta por aplicar a los mismos todas las disposiciones de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros podrán no aplicar los artículos 9 a 17 a los organismos en los que la previsión para la jubilación se efectúe con carácter legal y esté garantizada por una autoridad pública.

Artículo 6

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) "organismo de previsión para la jubilación", u "organismo", toda entidad que opere siguiendo el sistema de capitalización, con una base constituida independientemente de cualquier sector o empresa promotora y cuya única actividad sea proporcionar prestaciones de jubilación en el contexto de una actividad profesional a empleados o trabajadores autónomos sobre la base de un acuerdo o contrato suscrito individual o colectivamente entre la empresa o empresas y el empleado o empleados o sus representantes respectivos o entre el organismo y el particular;

b) "plan de pensiones", un contrato, acuerdo, acto constitutivo o normativa del organismo que estipule qué prestaciones de jubilación se conceden y bajo qué condiciones;

c) "empresa promotora", toda empresa o entidad que aporte fondos a un organismo;

d) "prestación de jubilación", toda prestación que revista la forma de pensión, ya sea vitalicia o de carácter temporal, constituir un sólo pago a tanto alzado por fallecimiento, minusvalía, cese del empleo o llegada a una determinada edad de jubilación, o bien la forma de subsidios en caso de enfermedad, indigencia o fallecimiento, siempre que éstos sean complementarios a dichas prestaciones;

e) "miembros", las personas que tengan derecho, o que tendrán derecho, a recibir prestaciones de jubilación;

f) "beneficiarios", las personas que reciben prestaciones de jubilación;

g) "autoridades competentes", las autoridades nacionales designadas para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva.

h) "riesgos biométricos", los riesgos inherentes a la vida humana. Éstos son los riesgos de muerte, minusvalía y longevidad.

i) "mercados de capital de riesgo", mercados que proporcionan financiación por acciones a una empresa que se encuentra en período de crecimiento;

j) "Estado miembro de origen", el Estado miembro donde está establecido el organismo;

k) "Estado miembro de acogida", el Estado miembro donde está establecida la empresa promotora o el miembro o miembros.

l) "situación":

- en el caso de un organismo, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o su administración principal;

- en el caso de una empresa promotora, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o su administración principal si esta empresa promotora es una persona jurídica, una sucursal o agencia, o, si la empresa promotora es una persona física, el Estado miembro en el que tenga su sede social;

- si se trata de un individuo, el Estado miembro en el que tenga su residencia.

Artículo 7

Actividades de los organismos

Los Estados miembros exigirán a los organismos situados en su territorio que limiten sus actividades a las operaciones relacionadas con las prestaciones de jubilación y a las actividades directamente derivadas de las mismas, incluyendo las actividades que se deriven de su política de inversiones.

Artículo 8

Separación jurídica entre la empresa promotora y el organismo de previsión para la jubilación

Los Estados miembros velarán por que exista una separación jurídica entre la empresa promotora y el organismo de previsión para la jubilación, con objeto de que, en caso de quiebra de la empresa promotora, los activos del organismo estén protegidos en interés de los miembros y beneficiarios.

Artículo 9

Condiciones de funcionamiento

1. Los Estados miembros velarán por que:

a) el organismo esté registrado;

b) el organismo esté efectivamente dirigido por personas de buena reputación que posean las cualificaciones o experiencia profesional adecuadas, o emplee asesores que cuenten con las cualificaciones o la experiencia profesional adecuadas;

c) se apliquen normas adecuadas relativas el funcionamiento de los planes de pensiones y que los miembros hayan sido adecuadamente informados acerca de estas normas;

d) el cálculo de todas las provisiones técnicas lo efectúe un actuario o cualquier otra persona experta en la materia, utilizando métodos actuariales reconocidos;

e) si la empresa promotora garantiza el pago de las prestaciones de jubilación, se haya comprometido a una financiación regular;

f) los miembros estén suficientemente informados sobre las condiciones del plan de pensión, en especial acerca de:

i) los derechos y obligaciones contractuales de las partes en el plan de pensiones;

ii) los riesgos financieros, técnicos y otros inherentes al contrato de pensión;

iii) la distribución de los riesgos para las partes contractuales inherente al contrato de pensión.

2. Los Estados miembros podrán supeditar a otros requisitos las condiciones de funcionamiento de un organismo, con objeto de velar por que los intereses de los miembros y de los beneficiarios están adecuadamente protegidos.

3. En caso de las actividades transfronterizas mencionadas en el artículo 20, las condiciones de las actividades del organismo estarán sujetas a la autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Artículo 10

Cuentas anuales e informe de gestión

Los Estados miembros requerirán que los organismos situados en su territorio publiquen cuentas anuales y un informe de gestión. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ofrecer una imagen fiel del patrimonio, compromisos y situación financiera del organismo. Serán conformes y debidamente aprobados por una persona autorizada responsable de la auditoría de las cuentas anuales.

Artículo 11

Información que debe darse a los miembros y beneficiarios del plan

1. En función de la naturaleza del plan de pensiones, los Estados miembros velarán por que se facilite la información prevista en los apartados 2, 3 y 4.

2. Los miembros y los beneficiarios recibirán:

a) previa solicitud, las cuentas anuales y el informe de gestión;

b) dentro de un plazo razonable, toda información importante relativa a cambios de las normas del plan de pensión.

3. Previa solicitud, cada miembro recibirá información detallada y sustancial sobre:

a) en su caso, el nivel que constituya el objetivo de las prestaciones;

b) la financiación real de los derechos devengados de pensión;

c) el nivel de prestaciones en caso de cese del empleo;

d) la gama de posibilidades de inversión y la cartera de inversiones real describiendo la exposición al riesgo y los costes relacionados con las inversiones si el propio miembro soporta el riesgo de inversión.

La información sobre los temas enunciados en el párrafo primero se proporcionará junto con las cuentas anuales y el informe de gestión mencionados en la letra a) del apartado 2.

4. Se proporcionará a cada beneficiario información apropiada sobre las prestaciones de jubilación debidas y las opciones de pago correspondientes.

Artículo 12

Comunicación de los principios de la política de inversión

1. Los Estados miembros velarán por que cada tres años, así como siempre que se produzcan cambios significativos en la política de inversión, todos los organismos situados en su territorio notifiquen su política de inversión a la autoridad competente del Estado miembro de origen. Ello se efectuará remitiendo una declaración de los principios de la política de inversión que incluya los métodos de medición del riesgo y los procesos de gestión del control de riesgos empleados, así como su colocación estratégica de activos con respecto a la naturaleza y duración de sus compromisos en concepto de pensiones.

2. La declaración de los principios de la política de inversión se facilitará también, previa solicitud, a los miembros y beneficiarios del plan.

Artículo 13

Información que debe proporcionarse a las autoridades competentes

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente tenga el poder y los medios necesarios para:

a) exigir al organismo, a los miembros de su consejo de administración y otros directivos responsables o las personas que controlen el organismo, que proporcionen información sobre todos los asuntos empresariales o que envíen todos los documentos empresariales;

b) supervisar los contratos que regulen relaciones importantes entre el organismo y otras empresas, la transferencia de funciones a otras empresas (externalización), que tengan incidencia en la situación financiera del organismo o que sean significativamente relevantes para su supervisión efectiva;

c) les envíen periódicamente, además del informe de gestión y las cuentas anuales, todos los documentos necesarios a efectos de la supervisión, y especialmente los siguientes:

i) informes provisionales internos;

ii) evaluaciones actuariales;

iii) estudios de activo/pasivo;

iv) pruebas de la coherencia con los principios de la política de inversión;

v) pruebas de que las aportaciones se han pagado según lo previsto;

vi) informe del auditor legal;

(d) realizar inspecciones in situ en los locales del organismo y, en su caso, de las funciones externalizadas para comprobar si las actividades se desarrollan de conformidad con las normas de la supervisión.

Artículo 14

Poderes de intervención de las autoridades competentes

1. La autoridad competente exigirá que los organismos dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

2. La autoridad competente podrá tomar medidas, respecto del organismo o de las personas que lo gestionan, adecuadas y necesarias para prevenir o remediar cualquier irregularidad perjudicial a los intereses de los miembros y beneficiarios.

Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa, en caso de que:

a) el organismo no haya dispuesto suficientes provisiones técnicas respecto de todo el negocio o activos suficientes para cubrir las provisiones técnicas;

b) no haya mantenido los fondos propios reguladores.

3. Con objeto de salvaguardar los intereses de los miembros y los beneficiarios del plan, la autoridad competente puede, de conformidad con la ley o los estatutos, transferir los poderes de las personas que gestionan el organismo enteramente o en parte a un representante especial que esté capacitado para ejercer estos poderes.

4. La autoridad competente podrá prohibir o restringir las actividades del organismo, en particular si éste:

a) no protege adecuadamente los intereses de los miembros y beneficiarios del plan;

b) deja de cumplir las condiciones de las actividades;

c) incumple de manera grave las obligaciones que le incumben en virtud de la normativa que le sea aplicable.

d) si realiza actividades transfronterizas, incumple las disposiciones de la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida relativas a las pensiones de jubilación.

Cualquier decisión de prohibición de las actividades del organismo deberá ser motivada de forma precisa y notificada al organismo afectado.

5. En caso de las actividades transfronterizas contempladas en el artículo 20, el organismo estará también sujeto a la continua supervisión de la autoridad competente del Estado miembro de acogida en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida referidas en el apartado 5 del artículo 20.

6. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas en relación con un organismo, en aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aprobadas con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, puedan ser objeto de un recurso jurisdiccional.

Artículo 15

Provisiones técnicas

1. Los Estados miembros velarán por que todo organismo que tenga planes de jubilación profesional establezcan en todo momento el importe total del pasivo que refleje los compromisos financieros que se derivan de su cartera de contratos de pensiones vigentes.

2. Los Estados miembros velarán por que los organismos que tengan planes de jubilación profesional que cubran riesgos biométricos o cuyas prestaciones incluyan una garantía de resultado de la inversión o del nivel de las prestaciones, establezcan las provisiones técnicas suficientes con respecto al alcance total de estos planes.

3. El cálculo de las provisiones técnicas se realizará anualmente. No obstante, los Estados miembros podrán realizar este cálculo cada tres años si el organismo proporciona a la autoridad competente un certificado de ajuste para los años intermedios. En el certificado se reflejarán los ajustes practicados en las provisiones técnicas y los cambios relativos a los riesgos cubiertos.

4. El cálculo de todas las provisiones técnicas deberá ser efectuado y certificado por un actuario o cualquier otra persona experta en la materia, utilizando métodos actuariales reconocidos y de acuerdo con los siguientes principios:

a) el importe mínimo de las provisiones técnicas deberá calcularse con arreglo a un método actuarial prospectivo suficientemente prudente; deberá ser suficiente para poder seguir pagando las pensiones y las prestaciones que se estén pagando ya a los beneficiarios, así como para proporcionar a los miembros un valor actuarial de sus derechos devengados de pensión;

b) el tipo de interés utilizado se elegirá prudentemente y se determinará de conformidad con las normas de la autoridad competente del Estado miembro de origen;

c) el método y base del cálculo de las provisiones técnicas deberá en general permanecer constante de un ejercicio presupuestario al otro; sin embargo, podrán justificarse las discontinuidades debidas a cambios de las circunstancias de orden jurídico o económico en que se basan las hipótesis.

5. Los Estados miembros podrán supeditar el cálculo de las provisiones técnicas a otros requisitos más detallados, con vistas a garantizar la adecuada protección de los intereses de los miembros y beneficiarios.

Artículo 16

Financiación de las provisiones técnicas

1. Los Estados miembros exigirán a los organismos que mantengan activos suficientes y adecuados para cubrir en todo momento las provisiones técnicas con respecto a toda la gama de planes ofrecidos.

2. Los Estados miembros podrán dispensar temporalmente a los organismos de lo dispuesto en el apartado 1. A fin de garantizar que se cumpla de nuevo lo dispuesto en el apartado 1, la dispensa estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) el organismo deberá establecer un plan concreto y realizable para restablecer la cantidad exigida de activos con el fin de cubrir plenamente las provisiones técnicas a su debido tiempo; el plan deberá ser aprobado por la autoridad competente;

b) en la composición del plan deberá tenerse en cuenta la situación específica del organismo, en particular la estructura de los activos, el perfil del riesgo, la planificación de la liquidez y el perfil de edad de las personas con derecho a recibir prestaciones de jubilación, el sistema de puesta en marcha y el sistema de paso de una financiación parcial a una financiación plena;

c) el organismo deberá establecer y comunicar a la autoridad competente un procedimiento para transferir los activos a otra entidad financiera o similar en caso de terminación del plan de pensiones durante el período de exención.

3. En caso de la actividad transfronteriza mencionada en el artículo 20, las provisiones técnicas deberán estar plenamente cubiertas en todo momento.

Artículo 17

Fondos propios reguladores

1. Los Estados miembros velarán por que los organismos que tengan planes de pensión en los que el propio organismo cubre riesgos biométricos o en los que las prestaciones incluyen una garantía de resultado o un determinado nivel de prestaciones, se les exigirá que mantengan, de forma permanente, activos adicionales superiores a sus provisiones técnicas, libres de todo compromiso previsible, con respecto a todas sus actividades. Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán como capital de seguridad para absorber las discrepancias entre los gastos y prestaciones previstos y reales.

2. A los efectos del cálculo del importe de los activos adicionales se aplicarán las normas establecidas en la Directiva 79/267/CEE.

Artículo 18

Normas de inversión

1. Los Estados miembros exigirán a los organismos establecidos en su jurisdicción que inviertan sus activos de manera prudente.

2. Los activos representativos de los planes en los que los miembros soportan los riesgos de inversión deben invertirse de conformidad con las siguientes normas:

a) los activos se invertirán de manera que se vele por seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad para la totalidad de la cartera de la entidad;

b) los activos estarán suficientemente diversificados, de forma que se eviten acumulaciones de riesgo en el conjunto de la cartera;

c) la inversión en la empresa promotora no será superior al 5 % del valor del conjunto de la cartera; cuando el organismo esté patrocinado por un grupo de empresas, la inversión en estas empresas promotoras se hará con prudencia, teniendo en cuenta la necesidad de diversificación apropiada.

3. Los Estados miembros exigirán a los organismos establecidos en su jurisdicción que inviertan los activos que mantienen para cubrir las provisiones técnicas de conformidad con las siguientes normas:

a) los activos se invertirán de manera adecuada a la naturaleza y duración de las futuras prestaciones de jubilación previstas, atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad para la totalidad de la cartera;

b) los activos estarán suficientemente diversificados, de forma que se eviten acumulaciones de riesgo en el conjunto de la cartera;

c) la inversión en la empresa promotora no será superior al 5% de las provisiones técnicas; cuando el organismo esté patrocinado por un grupo de empresas, la inversión en estas empresas promotoras se hará con prudencia, teniendo en cuenta la necesidad de diversificación apropiada.

4. Los Estados miembros no exigirán a los organismos que inviertan en categorías particulares de activos.

5. Los Estados miembros no supeditarán las decisiones de inversión de los organismos o del gestor de las inversiones de éstos a ningún tipo de autorización previa o requisito de notificación sistemática.

6. De conformidad con las disposiciones de los apartados 1 a 5, los Estados miembros podrán, respecto de los organismos establecidos en su jurisdicción, fijar normas más detalladas que reflejen la gama total de planes de estos organismos.

No obstante, se dará también a estos organismos la posibilidad de:

a) invertir hasta 70% de los activos representativos de sus provisiones técnicas, o el total de su cartera en los planes en que los miembros soportan los riesgos de inversión, en acciones, títulos negociables tratados como acciones y bonos de sociedades, y decidir sobre el peso relativo de estos valores en su cartera de inversiones;

b) cubrir con activos expresados en divisas no congruentes un importe no inferior al 30% de sus provisiones técnicas;

c) invertir en capital de riesgo.

7. El párrafo segundo del apartado 6 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a exigir la aplicación de normas más rigurosas de inversión sobre una base individual, siempre que se justifiquen cautelarmente a la vista de los compromisos contraídos por el organismo.

Artículo 19

Gestión y custodia

1. Los Estados miembros no restringirán el derecho que asiste a los organismos de elegir, para la gestión de su cartera de inversiones, un gestor de inversiones que esté establecido en otro Estado miembro y debidamente autorizado para el desarrollo de esta actividad, de conformidad con las Directivas 92/96/CEE, 93/22/CEE y 2000/12/CE.

2. Los Estados miembros no restringirán el derecho que asiste a los organismos a elegir, para la custodia de sus activos, a un depositario establecido en otro Estado miembro y debidamente autorizado, con arreglo a la Directiva 93/22/CEE o a la Directiva 2000/12/CE, o reconocido como depositario a efectos de lo dispuesto en la Directiva 85/611/CEE.

Artículo 20

Actividades transfronterizas

1. Los Estados miembros permitirán a las empresas situadas en su territorio que sean promotoras de organismos de previsión para la jubilación establecidos en otros Estados miembros. Permitirán también a los organismos de previsión para la jubilación establecidos en su territorio aceptar el patrocinio de promotores establecidos en el territorio de otros Estados miembros.

2. Un organismo que desee ser patrocinado por una empresa o individuo situado en otro Estado miembro, deberá notificarlo a las autoridades competentes del Estado miembro en el que está situado.

3. Los Estados miembros exigirán a los organismos que propongan ser patrocinados por una empresa o individuo situado en el territorio de otro Estado miembro, que proporcionen la siguiente información al efectuar la notificación:

a) el Estado miembro en cuyo territorio está situada la empresa o el individuo promotor;

b) el nombre de la empresa promotora;

c) las condiciones del plan que el organismo propone gestionar en el Estado miembro de acogida.

4. A menos que las autoridades competentes del Estado miembro de origen tengan razones para poner en duda que la estructura administrativa, la situación financiera del organismo o la buena reputación y las cualificaciones profesionales o experiencia de las personas que dirigen el organismo no son compatibles con las operaciones propuestas en el Estado miembro de acogida, en el plazo de 3 meses tras la recepción de toda la información mencionada en el apartado 3 comunicarán dicha información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

5. Antes de que el organismo empiece a gestionar un plan en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, dentro de los 2 meses siguientes a la recepción de la información mencionada en el apartado 3, informarán a la autoridad competente del Estado miembro de origen, si procede, acerca de las condiciones de la legislación social y laboral bajo las cuales debe gestionarse este plan en el Estado miembro de acogida. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán dicha información al organismo.

6. A partir del momento en que se reciba la comunicación mencionada en el apartado 5 o, en caso de silencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el apartado 5, el organismo podrá comenzar sus actividades en el Estado miembro de acogida de conformidad con las oportunas disposiciones de la legislación social y laboral.

7. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen acerca de cualquier cambio relativo a las características del plan que se gestiona en el Estado miembro de acogida.

Artículo 21

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 23

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN

1.-9. Sin efecto, ya que la Comisión no proporciona ayuda financiera

10. Gastos administrativos (Parte A de la Sección III del Presupuesto)

10.1 Repercusión sobre el número de puestos:

No se requieren puestos adicionales. Los gastos administrativos relacionados con la presente Directiva pueden ser cubiertos con los recursos de la Comisión.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO IMPACTO DE LA PROPUESTA EN EL SECTOR CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME)

Título de la propuesta

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los organismos de previsión para la jubilación

Número de referencia del documento

Propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué es necesaria en este ámbito la legislación comunitaria y cuáles son sus objetivos principales-

A diferencia de los bancos, empresas de seguros y sociedades de valores, los OPJ no han estado, hasta la fecha, sujetos a ninguna normativa cautelar comunitaria. Los OPJ juegan un papel central en el fomento de la cohesión social y la financiación de la economía en todos los Estados miembros. Habida cuenta del envejecimiento de la población de la Unión y de la financiación de futuras pensiones, es vital asegurar que operan con una seguridad y eficacia adecuadas, aprovechando las ventajas del mercado interior y del euro. La actividad de las pensiones se caracteriza por la naturaleza a muy largo plazo de sus actividades, tanto en lo que respecta a los compromisos de los OPJ como en cuanto a la inversión.

La legislación nacional impide una explotación plena del mercado interior y del euro. Los objetivos principales de la presente Directiva son:

- La adecuada protección de los intereses de los miembros y beneficiarios de los planes y permitir una inversión segura y eficaz.

- Permitir la libre elección de administradores y depositarios de activos en la UE y mantener una competencia equitativa entre todos los proveedores de pensiones.

- Fomentar las actividades transfronterizas y crear un mercado interior genuino de sistemas complementarios de pensiones.

- Fomentar la inversión de los OPJ en la UE.

La finalidad de la Directiva es alcanzar el mejor equilibrio posible entre seguridad y asequibilidad, respetando al mismo tiempo plenamente la competencia de los Estados miembros para organizar planes de pensiones según las necesidades y requisitos nacionales (es decir, las normativas locales vigentes de tipo laboral, fiscal y social).

Impacto en la actividad empresarial

2. ¿Quién resultará afectado por la propuesta-

- qué sectores

La propuesta afectará a los empresarios de todos los sectores (sobre todo los que tengan actividades transfronterizas) y a todo el sector de proveedores de servicios de jubilación que tengan OPJ (planes de pensiones, entidades de "seguros" como las "Pensionskassen" o planes de seguros "Group-life", fondos de inversión).

- de qué tamaño son las empresas (cuál es la concentración de pequeñas y medianas empresas)

En potencia, todas las empresas (grandes y pequeñas) de todos los Estados miembros, así como toda la gama de OPJ que operan en los Estados miembros (es decir, fondos de pensiones, programas asegurados y fondos de inversión). Sin embargo, se propone una disposición "de minimis", optativa para los Estados miembros, para los OPJ que gestionen planes de pensiones reducidos (planes con menos de 100 miembros y beneficiarios) y que, probablemente, no tengan interés en realizar operaciones transfronterizas. Esta disposición facilitará la supervisión en los Estados miembros en los que haya un gran número de planes en funcionamiento.

- esta actividad empresarial se desarrolla en determinadas zonas geográficas de la Comunidad

Los OPJ adoptan en la Comunidad muchas formas distintas. Sin embargo, el grueso de los activos (en % del PIB) lo invierten los fondos de pensiones de UK, NL e IRL.

3. ¿Qué tendrán que hacer las empresas para cumplir la propuesta-

La actividad deberá cumplir unos requisitos cautelares mínimos según la naturaleza del OPJ y los riesgos cubiertos. Estos requisitos cautelares mínimos deberán permitir el reconocimiento mutuo de los regímenes nacionales de supervisión e incluir en particular disposiciones sobre: especialización de las actividades; condiciones de las operaciones; cuentas anuales e informe de gestión; notificación de información y de la política de inversión a los supervisores y a los miembros/ beneficiarios; provisiones técnicas y financiación; capital mínimo en casos determinados y normas de inversión.

La propuesta no establece un nuevo entorno cautelar para los OPJ sino que coordina en la mayor medida posible los enfoques cautelares nacionales y los principios de supervisión ya vigentes en los Estados miembros.

4. ¿Qué repercusiones económicas puede tener la propuesta-

- en el empleo

Pueden esperarse efectos positivos. La mayoría de Estados miembros han optado por una mayor confianza en los sistemas financiados como complemento del sistema estatal básico de la seguridad social. El mercado interior y el euro pueden contribuir a que la agregación de estos fondos sea más eficaz. Esta mayor eficacia puede dar lugar a pensiones más elevadas, contribuyendo así a mantener los sistemas estatales básicos o a reducir las cargas sociales de cualquier pensión, dando como resultado un efecto beneficioso para el empleo.

- en la inversión y el incremento de la actividad empresarial

Pueden esperarse efectos positivos. Los OPJ juegan un papel vital en la integración, eficacia y liquidez de los mercados de capitales de la UE. En su calidad de inversores a muy largo plazo, están en una situación ideal para contribuir a la financiación de iniciativas privadas. Aun cuando la seguridad y rentabilidad de las carteras de inversión constituye un objetivo prioritario, el marco comunitario garantizará también la participación de los OPJ en una asignación eficaz del ahorro en la UE.

Debido a los cambios demográficos de la UE, crece la demanda de pensiones financiadas. Actualmente muchas empresas (sobre todo pequeñas y medianas) no tienen otra alternativa que comprar planes de seguros para sus empleados. Puede esperarse que una Directiva cautelar de la UE dé a los empresarios otras posibilidades para la prestación de pensiones de jubilación.

- en la competitividad de la actividad empresarial

Pueden esperarse efectos positivos. En ausencia de toda coordinación a escala comunitaria, los OPJ son las únicas entidades financieras de peso que no pueden ofrecer sus servicios en un Estado miembro distinto del suyo. Se ha calculado que, para una empresa paneuropea, el coste que le supone establecer por separado sistemas de previsión para la jubilación en cada Estado miembro es de alrededor de EUR40 millones al año. Si se permitiera a los OPJ gestionar planes para empresas establecidas en otro Estado miembro se alcanzarían economías de escala de varias clases: políticas de inversión más eficientes debido a la agrupación de activos, simplificación de la administración, y cumplimiento de las normas cautelares y de notificación de una autoridad única de supervisión. Por otra parte, se facilitaría la movilidad laboral: los trabajadores podrían encontrar trabajo en otro Estado miembro si pudieran seguir afiliados al mismo OPJ; Las multinacionales encontrarían menos obstáculos para trasladar a sus empleados de un Estado miembro a otro.

5. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (requisitos reducidos o diferentes, etc.)-

Sin embargo, se propone una disposición "de minimis", optativa para los Estados miembros, para los OPJ que gestionen planes de pensiones reducidos (planes con menos de 100 miembros y beneficiarios) y que, probablemente, no tengan interés en realizar operaciones transfronterizas. Si un Estado miembro se sirve de esta opción, la Directiva no será aplicable a estos pequeños planes de pensiones. Esta disposición facilitará la supervisión en los Estados miembros en los que haya un gran número de planes en funcionamiento.

Consultas

6. Enumerar las organizaciones que se han consultado acerca de la propuesta y resumir sus principales opiniones.

Previamente a la propuesta, la Comisión ha publicado un Libro Verde. Se han recibido comentarios de unas 80 partes interesadas (del sector, de los Estados miembros, organizaciones de protección del consumidor, sindicatos, académicos), la mayoría de las cuales participaron también en una audiencia pública organizada por la Comisión. Los resultados del período de consultas realizadas tras la publicación del Libro Verde se resumieron en una Comunicación que suscitó a su vez comentarios generalizados de las partes interesadas. El impulso alcanzado por estas consultas fue muy positivo y animó a la Comisión a preparar una directiva cautelar en el ámbito de los sistemas complementarios de pensiones. El PE y el ECOSOC adoptaron resoluciones favorables en la línea de la Comunicación.

La Comisión ha consultado estrechamente a las principales asociaciones europeas del sector acerca de la preparación de la presente propuesta.

La EFRP (Federación Europea de previsión para jubilación), que representa al sector de fondos de pensiones, valora positivamente el planteamiento institucional. La EFRP es firmemente partidaria de avanzar en el ámbito de la actividad transfronteriza de los OPJ para obtener economías de escala y encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad y asequibilidad. No obstante, el marco normativo debería ser neutral con respecto a las opciones de política social, laboral y fiscal de los Estados miembros y abarcar a todos los proveedores de pensiones de jubilación.

El Comité europeo de seguros (CES), que representa el sector de seguros, apoya también el planteamiento institucional. Según el CES, un producto de pensiones proporciona, por su propias características, prestaciones de duración incierta ligadas a la duración de la vida humana y debe cubrir la protección de riesgos biométricos. Independientemente del régimen que adopten -contribución definida o prestaciones definidas -, todos los organismos deben estar sujetos a la constitución de provisiones técnicas y a una capitalización adecuada desde el momento en que adquieren un "compromiso firme" de carácter financiero (p.e., riesgo de inversión) o técnico (p.e., mortalidad).

El Groupe Consultatif des Associations D'Actuaires des Pays des Communautés Européennes -que representa a los actuarios - opina que las medidas propuestas constituyen una base razonable para ser adoptado por los países europeos y que fomentarán en particular la actividad transfronteriza de los OPJ. El ámbito exacto de la Directiva debe definirse con claridad en estrecha colaboración con los Estados miembros tomados país por país. Deben considerarse excepciones "de minimis" a determinadas disposiciones con el fin de aliviar la carga de los pequeños OPJ.

La Federación Europea de Fondos y Sociedades de Inversión (FEFSI) -que representa al sector de fondos de inversión - celebra la distinción entre planes complementarios de jubilación y los productos de ahorro tradicionales (a largo plazo). Los planes de pensiones pueden incluir salvaguardias opcionales para cubrir riesgos biométricos, aunque la decisión final deben determinarla individualmente los Estados miembros o los propios empleados (principio de subsidiariedad).

La Asociación Europea de Cooperativas y Mutuas de Seguros (ACME) suscribe, en líneas generales, el planteamiento de la Comisión. En cuanto a las disposiciones sobre provisiones técnicas, financiación y fondos propios reguladores, preferiría básicamente la misma normativa que rige las empresas de seguros de vida.

La Confederación europea de sindicatos (CES) es favorable a la iniciativa. Para avanzar efectivamente en el sector de las pensiones, debe abordarse la cuestión no sólo desde el punto de vista financiero, sino que la actividad de la Comisión debe centrarse también en temas afines como la fiscalidad, la movilidad y la transferencia de derechos adquiridos. Solamente deben figurar en la Directiva los OPJ que proporcionan productos con una protección contra riesgos biométricos.