Actualmente, el Mecanismo de la Unión depende enteramente de los recursos de los Estados miembros. Como se ha demostrado en los últimos meses, este sistema de solidaridad mutua europea tiende a fallar cuando todos, o la mayoría de los Estados miembros, se ven afectados por la misma emergencia simultáneamente y, por lo tanto, no están en condiciones de ayudarse mutuamente. En semejantes casos de emergencias de gran impacto a gran escala, la Unión no puede actualmente intervenir de manera suficiente para colmar estas lagunas críticas. Concebido para garantizar una respuesta global eficaz de la Unión a las emergencias a gran escala, el Mecanismo de la Unión exige una mayor flexibilidad y autonomía para actuar a nivel de la Unión en aquellas situaciones en que Estados miembros que se encuentren desbordados no puedan hacerlo.

En términos más generales, la presente propuesta pretende establecer un sistema más flexible para garantizar que la respuesta a las catástrofes sea de aplicación ágil y sencilla, garantizando así que los Estados miembros puedan acceder a la ayuda y a las facilidades del Mecanismo de la Unión cuando sea necesario. Por ejemplo, las recientes catástrofes han puesto de manifiesto que la Unión podría no estar suficientemente equipada para situaciones de emergencia de gran alcance que afecten simultáneamente a varios Estados miembros. En esas circunstancias, los Estados miembros, a pesar de su voluntad de ayudar, no siempre están en condiciones de prestar asistencia. En respuesta a la pandemia de COVID-19, más de treinta países (diez Estados miembros y Estados participantes en el Mecanismo de la Unión, así como más de veinte terceros países) han solicitado asistencia a través del Mecanismo de la Unión. El Mecanismo de la Unión no pudo responder plenamente a la mayoría de las solicitudes de asistencia recibidas durante la pandemia de COVID-19. Con esta propuesta, la Comisión pretende obtener resultados mejores y más eficientes en situaciones futuras de alcance similar. En tales casos de emergencias de gran impacto y a gran escala, la Unión no está en condiciones de intervenir para subsanar estas carencias críticas, ya que ello exige la capacidad y los instrumentos jurídicos y financieros para cumplir también sus competencias de apoyo en el ámbito de la protección civil cuando los Estados miembros están sometidos a presiones de manera simultánea y no pueden ofrecerse asistencia mutuamente. Aunque la Comisión reaccionó inmediatamente al brote mediante la creación de una reserva médica de la Unión, la primera licitación solo se puso en marcha unas cuatro semanas después de que se confirmasen los primeros casos de COVID-19 en Europa, ya que los Estados miembros estaban ocupados haciendo frente a la emergencia y no estaban en condiciones de garantizar ni una licitación rápida ni el almacenamiento de las capacidades de rescEU en las instalaciones de los Estados miembros.

(19)De conformidad con los Reglamentos (UE, Euratom) 2018/1046 («el Reglamento Financiero») y (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y con los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, como la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, incluido el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE, Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con vistas a determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir las actividades delictivas contra los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía Europea en relación con los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, y al Tribunal de Cuentas Europeo, y garantizar que los terceros que participen en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Por esta razón, los acuerdos con terceros países y territorios y con organizaciones internacionales, así como cualquier contrato o acuerdo que resulte de la aplicación de la presente Decisión, deben contener disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Fiscalía Europea y a la OLAF para llevar a cabo tales auditorías, controles y verificaciones in situ con arreglo a sus respectivas competencias, y que garanticen que los terceros que participen en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

1.1.Title of the proposal/initiative

1.2.Policy area(s) concerned (Programme cluster)

1.3.The proposal/initiative relates to:

1.4.Grounds for the proposal/initiative

1.4.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative

1.4.2.Added value of Union involvement.

1.4.3.Lessons learned from similar experiences in the past

1.4.4.Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments

1.5.Duration and financial impact

1.6.Management mode(s) planned

2.MANAGEMENT MEASURES

2.1.Monitoring and reporting rules

2.2.Management and control system(s)

2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio of "control costs ÷ value of the related funds managed"), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities

3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

3.1.Heading of the multiannual financial framework and new expenditure budget line(s) proposed