No obstante, la Comisión conserva importantes competencias de control en este ámbito. En este contexto, los controles in situ son herramientas valiosas para supervisar el sistema de recaudación de los RPT mediante la realización de varios tipos de controles sobre las disposiciones reglamentarias y los documentos de los Estados miembros.

-los controles in situ realizados por la Comisión en los Estados miembros y el seguimiento dado a los mismos;

Asimismo, en 2014 y 2016 se puso en marcha un proyecto piloto de auditoría sobre la auditoría de las contabilidades A y B que debían llevar a cabo los propios Estados miembros. Aunque en general los resultados fueron positivos, los servicios de la Comisión decidieron interrumpir este trabajo conjunto porque no se habían materializado las sinergias y eficiencias previstas.

Los controles in situ de la Comisión se basan en una metodología precisa y se planean en el marco de un programa anual de controles sobre la base de un análisis de riesgo en los que se seleccionan varios temas que deben ser objeto de control por parte de uno o más Estados miembros.

2.2. Objetivos y metodología de los controles in situ de los RPT

En 2017, se examinó el tránsito externo de la UE en dieciocho Estados miembros para obtener la certeza de que los procedimientos relativos a la garantía, la autorización y el control de los movimientos de tránsito y el seguimiento de operaciones no ultimadas son conformes con los correspondientes reglamentos y que los recursos propios tradicionales se han calculado, constatado y contabilizado adecuadamente. Las conclusiones de los controles se referían principalmente a cuestiones reglamentarias respecto a las cuales se solicitó a los Estados miembros que actuasen con rapidez.

La conclusión fue que la mayoría de los Estados miembros cumplía la legislación de la UE, garantizando una protección adecuada de los intereses financieros de la UE. No obstante, se detectaron deficiencias en relación con la gestión de los contingentes arancelarios, los controles efectuados y la puesta a disposición de los importes de los RPT en los casos de asignación parcial o denegación de un contingente. La Comisión solicitó a los Estados miembros afectados que resolviesen rápidamente la situación desde un punto de vista reglamentario y que pagasen el importe de las pérdidas de RPT causadas por errores administrativos.

En 2016 y 2017, se efectuaron controles de la gestión de las suspensiones y los contingentes arancelarios en once Estados miembros.

Sin embargo, aunque muchos Estados miembros comenzaron a aplicar medidas específicas para reducir este tipo de fraude, el volumen de este tipo de intercambio comercial siguió aumentando en el Reino Unido como consecuencia de su falta de controles aduaneros. En 2016, el Reino Unido acumulaba casi el 80 % de todas las importaciones de la UE de productos textiles y calzado procedentes de China sobre los que pesaba la sospecha de estar infravalorados de manera fraudulenta. Los controles de los RPT confirmaron que el Reino Unido no adoptó ninguna medida eficaz para impedir este fraude hasta octubre de 2017 y se negó a poner a disposición los importes de los RPT que el presupuesto de la UE dejó de ingresar por su inacción, cuyo valor se estima en 2 100 millones EUR (netos) para el periodo 2011-2017. Por ello, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra el Reino Unido en marzo de 2018, y presentó su demanda ante el Tribunal de Justicia en marzo de 2019.

En este contexto, la infravaloración de mercancías ha sido señalada como un riesgo significativo para la hacienda de los Estados miembros y para el presupuesto de la UE que se traduce en pérdidas considerables de recursos propios tradicionales e IVA que los Estados miembros no recaudan, como demuestran los controles de los RPT y las investigaciones realizadas por la OLAF recientemente . De hecho, la UE tuvo que hacer frente a un caso grave de fraude aduanero cuyas consecuencias se sintieron en todo su territorio. Varios grupos internacionales de delincuencia organizada localizaban los puertos de la UE con los controles más débiles para poder declarar valores inferiores a los reales de productos textiles y calzado importados desde China sin ser detectados.

En paralelo a los controles in situ efectuados en los Estados miembros, la Comisión dispone de otros medios para supervisar la actividad de recaudación de los RPT.

La interpretación de las disposiciones legales y los procedimientos instaurados en algunos Estados miembros no siempre se ajustan a los requisitos de la Comisión. Por consiguiente, ante la imposibilidad de encontrar una solución amistosa, la única opción que cabe es incoar un procedimiento de infracción (artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Una conclusión general que extrae la Comisión de sus controles en los Estados miembros en los últimos años es que sus estrategias de control pasan cada vez más por abandonar los controles aduaneros en el momento del despacho de las mercancías en favor de controles aduaneros posteriores al despacho. No obstante, los controles aduaneros antes o en el momento del despacho de las mercancías siguen siendo indispensables para atajar la infravaloración y detectar nuevos tipos o patrones de fraude o irregularidades.

Gracias a los controles se descubrieron deficiencias graves en la aplicación de perfiles de riesgo adecuados (p. ej., basados en la relación valor-peso extensivos a todos los comerciantes y mercancías de riesgo) para detectar de manera eficiente las importaciones infravaloradas antes de su despacho a libre práctica. De hecho, aunque la OLAF y el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión desarrollaron los «precios medios netos» como valores de referencia para detectar posibles partidas infravaloradas de productos textiles y calzado procedentes de China, varios Estados miembros no los pusieron en práctica. La heterogeneidad del enfoque utilizado para crear perfiles de riesgo ha impedido que los Estados miembros detecten mercancías potencialmente infravaloradas a efectos de control y ha provocado un desvío de flujos de importación hacia Estados miembros aparentemente menos eficaces a la hora de atajar la infravaloración.

-por otras razones que no les sean imputables; o

-debido al aplazamiento de la consignación en las cuentas o a la notificación de la deuda aduanera a fin de no perjudicar una investigación judicial que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De acuerdo con las disposiciones legislativas de la UE, los Estados miembros deben notificar a la Comisión los importes irrecuperables de los RPT que superen los 100 000 EUR (informes sobre derechos irrecuperables consignados en valor nulo ) que, a su juicio, no les son imputables. Posteriormente, la Comisión formula sus observaciones sobre cada informe. En el caso de los importes inferiores a este umbral, la Comisión evalúa muestras de estos casos de manera rutinaria durante los controles in situ, ya que no existe ningún requisito de notificación independiente.

Para ayudar a los Estados miembros a evaluar su posible responsabilidad financiera por los importes de los RPT irrecuperables, la Comisión publicó un documento de trabajo —el Compendio— con los criterios que se han utilizado para valorar los informes sobre derechos irrecuperables consignados en valor nulo. El documento de trabajo se comunicó por primera vez a todos los Estados miembros en el marco de la reunión del Comité consultivo de recursos propios (CCRP) celebrada el 6 de diciembre de 2012. La última versión del mismo, revisada el 8 de marzo de 2018 para tener en cuenta las modificaciones de la legislación de la Unión y la jurisprudencia sobre recursos propios tradicionales pertinente, se comunicó a todos los Estados miembros en sus respectivas lenguas oficiales el 1 de junio de 2018.

En todos los casos en que sea pertinente, los Estados miembros deben redactar un informe estructurado y remitirlo a la Comisión a través de una base de datos multilingüe denominada WOMIS (Write-Off Management and Information System, Sistema de Información y Gestión de Derechos consignados en valor nulo). Esta herramienta, actualizada periódicamente, permite una gestión eficiente y segura de los informes de los Estados miembros.

Los servicios competentes de la Comisión evalúan el informe y formulan observaciones a los Estados miembros en el plazo legal de seis meses. Dichas observaciones se refieren a la justificación que los Estados miembros pueden aducir para no poner a disposición de la Comisión los RTP correspondientes a los derechos arancelarios irrecuperables.

Durante el período 2016-2018 se notificaron a la Comisión 214 informes sobre derechos irrecuperables consignados en valor nulo, por un importe total de 124 633 046,19 EUR. Durante el mismo período , en el caso de 91 informes, por un importe de 30 435 940,72 EUR, la Comisión estimó que la pérdida de recursos propios tradicionales no podía imputarse a los Estados miembros. En 159 casos, por un importe de 77 289 805,76 EUR, la Comisión dictaminó que los importes resultaron ser irrecuperables por razones imputables, al menos en parte, a los Estados miembros en cuestión. En cinco casos se consideró que la notificación a la Comisión había sido incorrecta o prematura (3 253 457,74 EUR).

Para valorar si la pérdida de RTP es imputable al Estado miembro, es necesario efectuar un análisis exhaustivo de los elementos del informe. Puesto que en ocasiones este proceso es largo, en el momento de redactar el informe había aún en fase de examen hasta 330 informes sobre derechos irrecuperables consignados en valor nulo (167 590 097,16 EUR) correspondientes a los años comprendidos entre 2009 y 2019.

5.2. Tratamiento de los errores de constatación que acarrean pérdidas de RPT

La Comisión llevó a cabo un seguimiento de los errores administrativos cometidos por los Estados miembros en detrimento de los intereses financieros de la Unión durante el período 2016-2018 (casos detectados durante los controles in situ, decisiones nacionales de devolución o de condonación a causa de error administrativo, puesta a disposición voluntaria de pagos por parte de los Estados miembros a causa de errores administrativos por los que asumen la responsabilidad financiera de las pérdidas de RPT, derechos irrecuperables consignados en valor nulo por importe inferior a 100 000 EUR, etc.). Gracias a este seguimiento, los Estados miembros pusieron a disposición 52,9 millones EUR durante el período 2016-2018. Asimismo, se pagaron 43,2 millones EUR en concepto de intereses de demora.

5.3. Base de datos OWNRES

En virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 608/2014, los Estados miembros deben enviar a la Comisión información sobre los casos de fraude e irregularidades que supongan derechos por un importe superior a 10 000 EUR. Esta información se comunica mediante la base de datos OWNRES, gestionada y mantenida por la Comisión.

Esta base de datos proporciona a la Comisión la información necesaria para el seguimiento de la recaudación y para la preparación de los controles in situ. La Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) también utiliza la base de datos para diversos análisis y los datos notificados se evalúan en detalle en el informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude.

A principios de 2019, en la base de datos OWNRES figuraban 106 361 casos de fraude o irregularidades (tanto «abiertos» como «cerrados»), en comparación con los 90 204 casos de principios de 2016. Esto supone un aumento de aproximadamente el 17,91 %, es decir, 16 157 casos nuevos notificados durante los tres años del período 2016-2018.

Durante la reunión del CCRP celebrada en Bruselas el 6 de julio de 2017, los servicios de la Comisión presentaron la actualización de la aplicación OWNRES y el documento de trabajo que explica cómo notificar en la base de datos los resultados de las acciones de recuperación financiera de las investigaciones de la OLAF.

5.4. Controles en los Estados adherentes

La Comisión presta asistencia técnica a los Estados candidatos para que estos puedan desarrollar su capacidad administrativa e instaurar los sistemas necesarios para aplicar el acervo por lo que respecta a los RPT una vez se hayan adherido. También evalúa el grado de preparación de los Estados candidatos a tales efectos.

En este ámbito, la Comisión llevó a cabo una misión de control en 2016 en el marco de las negociaciones de adhesión con Montenegro. Esta misión de investigación puso de relieve que Montenegro precisa claramente de más tiempo para adaptar sus procedimientos administrativos y para movilizar los distintos agentes que intervienen en el sistema de recursos propios.