El motivo aducido por Suiza para justificar su propuesta es que, desde que el Convenio entró en vigor, el número de lobos ha aumentado considerablemente en Europa y la especie ya no requiere, por lo tanto, un nivel estricto de protección. Esta enmienda permitiría gestionar y controlar los lobos (también mediante la caza) sin necesidad de contemplar excepciones con arreglo al artículo 9 del Convenio. En consecuencia, se reduciría el nivel de protección de todas las poblaciones de lobos en el territorio cubierto por las Partes del Convenio, independientemente de su estado de conservación y de las tendencias de las poblaciones. La propuesta suiza llevaría efectivamente a este mínimo común denominador en la conservación de las poblaciones de lobo en Europa. No está en consonancia con el nivel actual de protección jurídica del lobo en el marco de la Directiva sobre los hábitats.

Toda propuesta de cambiar el nivel de protección jurídica del lobo en Europa debe basarse en una evaluación exhaustiva de las consecuencias para su estado de conservación en dicha área. La información disponible muestra que en la mayoría de los Estados miembros de la UE, especialmente en aquellos donde está estrictamente protegida, la especie se encuentra todavía en un estado de conservación desfavorable.

En 2019, además, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats, los Estados miembros de la UE deben presentar informes actualizados sobre el estado de conservación del lobo. La Unión debería, por lo tanto, esperar a que dicha información esté disponible para adoptar una posición relativa a esta propuesta de enmienda.

2) Noruega presentó una propuesta para trasladar la barnacla cariblanca (Branta leucopsis) del anexo II («especies de fauna estrictamente protegidas») al anexo III («especies de fauna protegidas», sobre las que cabe regular). El motivo aducido para justificar la propuesta es que el tamaño de la población total de la barnacla cariblanca se ha multiplicado por más de diez entre 1980 y 2010 (de 110 000 a 1 319 000 ejemplares), debido a, entre otros, la intensificación de la agricultura, que ha dado como resultado grandes cantidades de alimento. En consecuencia, la especie ya no necesita una protección estricta en su área de distribución.

La propuesta no se adecua al actual nivel de protección jurídica de la barnacla cariblanca con arreglo a la Directiva sobre las aves, ya que no figura en su anexo II (especies cinegéticas). La especie figura en el anexo I de la Directiva sobre las aves (esto es, requiere la designación de zonas de protección especial).

Actualmente, bajo los auspicios del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, se está elaborando un proyecto de plan de gestión de especie única para la barnacla cariblanca con vistas a abordar el rapidísimo aumento de la población, en particular los problemas causados por la especie a consecuencia de dicho aumento (daños agrícolas y riesgos para la seguridad aérea). El plan proporcionaría un marco para el proceso de toma de decisiones en los Estados del área de distribución en relación con la aplicación de las excepciones, incluida una evaluación periódica del efecto acumulativo de estas, con el seguimiento del estado de la población, así como con la evolución de los daños agrícolas o los riesgos para la seguridad aérea. Facilitaría el intercambio de información y, posiblemente, la coordinación de las medidas de excepción entre los Estados del área de distribución, para aumentar su eficiencia y evitar efectos no deseados para las aves. El plan se adoptará en la séptima reunión de las Partes del Acuerdo, en diciembre de 2018.

La Unión debe apoyar la propuesta noruega de enmienda para abordar el rapidísimo aumento de la población de esta especie, en particular los problemas causados por esta a consecuencia de dicho aumento (daños agrícolas y riesgos para la seguridad aérea), de manera que las Partes del Convenio no pertenecientes a la UE puedan aplicar medidas de gestión de la población, incluida la caza de la especie, en caso necesario. No obstante, dado que actualmente no es posible ni se prevé enmendar los anexos de la Directiva sobre las aves en el corto plazo previsto por el Convenio (90 días), la Unión deberá señalar que, por el momento, aplicará medidas de protección más rigurosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio.

Por lo tanto, es necesario que el Consejo tome una decisión para determinar la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión, en lo que a las propuestas de enmiendas se refiere, con vistas a la trigésima octava reunión del Comité permanente.

El objeto de la decisión del Comité permanente prevista es un ámbito de competencia externa exclusiva de la UE, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TFUE, ya que forma parte de un ámbito cubierto en gran medida por normas internas comunes (esto es, las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves).

4.Base jurídica

4.1.Base jurídica procedimental

4.1.1.Principios

El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de decisiones por las que «se establezcan las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».

La noción de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye los actos que surten efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional por las que se rija el organismo de que se trate. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tienen fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que pueden influir «de manera determinante (en) el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión».

4.1.2.Aplicación al presente caso

El Comité permanente es un organismo creado por el Acuerdo.

La decisión que se insta a adoptar al Comité permanente constituye un acto con efectos jurídicos. El acto previsto será vinculante con arreglo al Derecho internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo. El acto previsto no completa ni modifica el marco institucional del Acuerdo.

Por lo tanto, la base jurídica procedimental de la decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

4.2.Base jurídica sustantiva

4.2.1.Principios