Los avances logrados en la aplicación de la recomendaciones de los años anteriores son considerablemente superiores a los logrados en la aplicación de las recomendaciones formuladas hace menos de un año. Esto confirma que la aplicación de las reformas lleva su tiempo y que es importante evaluar el proceso a medio plazo, y no únicamente desde una perspectiva a corto plazo. Desde una perspectiva plurianual, los avances de la reforma han sido mayores en las áreas de política presupuestaria y gobernanza presupuestaria y de servicios financieros. Ello refleja en gran medida los esfuerzos realizados para superar la crisis económica y financiera, habida cuenta de la necesidad de reducir los altos niveles de deuda y déficit y de estabilizar el sector financiero. En muchos países se han adoptado medidas significativas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Los progresos han sido menores en las áreas de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración, ampliación de la base imponible, mejora del entorno empresarial, acceso a la financiación y competencia en el sector de servicios. Algunas de estas son prioridades a más largo plazo, que se harán más acuciantes debido a los crecientes retos demográficos y podrían reforzarse si el crecimiento se mantiene moderado. Desde el inicio del Semestre Europeo en 2011, el ritmo de avance —evaluado un año después de la adopción de las recomendaciones— ha sido ligeramente decreciente. Ello podría deberse en parte a que las reformas más fáciles de introducir desde el punto de vista político se realizaron en primer lugar, así como a un mayor sentido de urgencia durante la crisis. Con todo, esta tendencia ha finalizado con la aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2016.

Las reformas deben tener debidamente en cuenta la particular situación socioeconómica y los retos específicos de cada Estado miembro. A partir de 2010 se han adoptado reformas del mercado laboral significativas, especialmente en algunos de los países más afectados por la crisis. Estas reformas han contribuido a aumentar la capacidad de ajuste de sus economías, restaurar la competitividad y aumentar el empleo. Otras reformas han procurado mejorar el entorno empresarial y el funcionamiento de los mercados financieros y de productos. Recientemente se ha prestado una atención creciente a desviar la fiscalidad sobre el factor trabajo y a modernizar las políticas sociales y los parámetros del mercado de trabajo para mejorar su funcionamiento y lograr una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento en la sociedad. Sin embargo, deben realizarse más esfuerzos, particularmente en la reforma de los mercados de productos y de servicios y la modernización de la Administración Pública, que constituyen importantes áreas para facilitar la inversión y aumentar la integración comercial y la competitividad.

La economía europea ha mostrado resiliencia frente a retos significativos. En 2016, las economías de la UE y de la zona del euro crecieron a una tasa de casi el 2 %. En la UE había 232,9 millones de personas empleadas, lo que representa la cifra más alta jamás registrada. Según las previsiones económicas de la primavera de 2017 de la Comisión Europea, las finanzas públicas seguirán mejorando; el déficit de las administraciones públicas de la zona del euro, que se situaba por encima del 6 % hace algunos años, representaría el 1,4 % este año, mientras que la ratio deuda/PIB, tras años de fuertes aumentos, disminuiría lentamente hasta situarse ligeramente por debajo del 90 % el próximo año. El crecimiento económico se está viendo favorecido por la resiliencia de factores internos, unas políticas económicas favorables —cabiendo citar una política monetaria flexible y unas políticas fiscales no restrictivas—, una mejora gradual del comercio mundial y un tipo de cambio del euro relativamente favorable. Sin embargo, el crecimiento económico sigue frenado por la baja productividad subyacente y por el legado de la crisis, particularmente la persistencia de desigualdades y disparidades entre países. La incertidumbre derivada principalmente de factores externos sigue siendo elevada y hay que promover el crecimiento potencial.

Los retos varían considerablemente entre los Estados miembros. En algunos Estados miembros, por ejemplo en aquellos que experimentan desequilibrios excesivos, los retos determinados requieren medidas globales y a veces urgentes. En otros en los que el comportamiento de la economía es globalmente satisfactorio y los retos son más específicos se recomiendan medidas más específicas. Estas diferencias se reflejan en el número de recomendaciones dirigidas a cada Estado miembro y en su alcance y formulación. Se espera que los Estados miembros tomen medidas para abordar todos los retos determinados por el análisis global en los informes nacionales publicados en febrero, incluso en el caso de que no queden reflejados en las recomendaciones específicas por país. Deberá prestarse una atención particular a planificar adecuadamente las reformas y a adoptar medidas de acompañamiento en su caso, sobre la base de la evaluación de los efectos distributivos de las reformas.

Como consecuencia de esas evaluaciones, y teniendo en cuenta toda la información disponible, la Comisión ha concluido que actualmente no existe ninguna razón analítica para intensificar el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, a condición de que estos Estados miembros apliquen rápida e íntegramente la reformas señaladas en las recomendaciones específicas que se les han dirigido. La Comisión continuará el seguimiento de estos tres países, como hace con todos los países que presentan desequilibrios excesivos, especialmente a través de un «seguimiento específico».

En febrero de 2017, la Comisión constató desequilibrios en 12 Estados miembros: un seguimiento adecuado forma parte de las recomendaciones específicas por país, en las que se hace referencia a los retos determinados en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Se han realizado exámenes exhaustivos relativos a 13 Estados miembros, concluyéndose que Finlandia ya no presenta desequilibrios, mientras que seis Estados miembros experimentan desequilibrios (Alemania, Irlanda, España, Países Bajos, Eslovenia y Suecia) y otros seis presentan un déficit excesivo (Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, Chipre y Portugal). Para Chipre, Italia y Portugal, que presentan desequilibrios excesivos, la Comisión anunció en marzo que revisaría su evaluación, teniendo en cuenta el nivel de ambición de sus programas nacionales de reformas.

Aún deben abordarse una serie de desequilibrios. Los niveles de deuda privada, pública y externa se mantienen muy elevados en algunos países. Es esencial que estas deudas sigan una firme tendencia decreciente para reducir los puntos débiles, especialmente teniendo en cuenta la recuperación prevista de la inflación y de los tipos de interés. Aunque se ha reforzado la reserva de capital del sector financiero, surgen dificultades derivadas de la baja rentabilidad en combinación con los altos niveles de préstamos no productivos. Las condiciones del mercado de trabajo están mejorando de forma generalizada, aunque la persistencia del alto nivel de desempleo y de las desigualdades provoca dificultades sociales y afecta a los resultados económicos de algunos Estados miembros. En un creciente número de Estados miembros, plantea problemas la gran variabilidad de los precios de la vivienda.

Prosigue la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, lo que refleja avances en la aplicación de las reformas correspondientes, pero sigue siendo muy asimétrica dentro de la UE, en el sentido de que son los países con deuda o déficit externos los que han logrado más avances. Al mismo tiempo, otros países mantienen grandes superávits de la balanza por cuenta corriente. El persistente superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro que de ello se deriva refleja una demanda agregada que sigue acusando un retraso respecto de la actividad económica. Además, la inflación básica se ha situado en mínimos históricos. Esto representa una difícil situación para los países que necesitan reducir su deuda interna y externa. Como consecuencia de ello, la reducción del endeudamiento privado y público está teniendo lugar a un ritmo lento y desigual, obstaculizado por el bajo crecimiento nominal. Impulsar la competitividad de precios y la no relacionada con los precios podría contribuir al reequilibrio externo en la zona del euro. Los Estados miembros con déficits de la balanza por cuenta corriente o un elevado nivel de deuda externa pueden contribuir al reequilibrio en la zona del euro introduciendo medidas que contribuyan a aumentar la productividad. Aquellos con grandes superávits de la balanza por cuenta corriente pueden contribuir al reequilibrio de la zona del euro mediante reformas estructurales y otras medidas que faciliten la canalización del ahorro excesivo hacia la demanda interna. Ello puede hacerse, en particular, reforzando la inversión y promoviendo mayores subidas salariales. El entorno actual de bajos tipos de interés ofrece asimismo oportunidades adicionales para este fin, sobre todo en los países que disponen de un significativo margen presupuestario.

Aunque numerosos Estados miembros han aplicado reformas para mejorar los resultados de los mercados laborales, aún se necesitan más esfuerzos para disminuir los altos niveles de desempleo. Las anteriores reformas están dando frutos en términos de creación de empleo y mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Sin embargo, el desempleo juvenil y el de larga duración siguen constituyendo prioridades urgentes y se necesitan más esfuerzos para promover unos mercados laborales resilientes y más inclusivos. Estos esfuerzos deberán perseguir una reducción de la segmentación del mercado laboral y un aumento de la eficacia de las políticas activas de dicho mercado (por ejemplo, en Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Italia, Lituania, Hungría, Portugal y Rumanía) y de las políticas sociales (por ejemplo en Bulgaria, Lituania y España). Del mismo modo hay que desarrollar unos sistemas de negociación colectiva más favorables a la creación de empleo y a la mejora del incremento de la productividad. En algunos países, en situación de pleno empleo o muy próximos a dicha situación, podrían acelerarse las subidas de los salarios reales, lo que tendría efectos positivos sobre el consumo agregado. Ello podría contribuir a disminuir los amplios superávits de la balanza por cuenta corriente de Alemania y los Países Bajos.

La segmentación del mercado de trabajo supone un obstáculo para la productividad y para el desarrollo del capital humano. Los cambios estructurales en materia de empleo han dado lugar a un aumento de las formas temporales de empleo. Las nuevas formas de empleo pueden aumentar las oportunidades de ocupar un puesto de trabajo y promover el desarrollo de las empresas. Sin embargo también pueden limitar el acceso a la protección social, a la formación y a los servicios de empleo, disminuir la seguridad del empleo y minar el objetivo de crear empleos de calidad.

Debe seguir mejorándose la participación en el mercado laboral. A pesar de continuos aumentos de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y de algunas medidas encaminadas a mejorar la conciliación entre la vida profesional y la vida privada, siguen siendo significativas las diferencias de empleo y de salario entre hombres y mujeres. Por ello, la Comisión sigue proponiendo que los Estados miembros intervengan en este ámbito. También se requieren esfuerzos adicionales para mejorar la integración en el mercado laboral de los inmigrantes y de las personas procedentes de la inmigración (por ejemplo, en Bélgica, Francia, Países Bajos, Austria y Finlandia).

Es necesario combinar las reformas de las pensiones, las políticas del mercado de trabajo, el aprendizaje permanente y las políticas sanitarias para aumentar la actividad de la población de más edad. Los trabajadores de más edad han aumentado su participación en el mercado de trabajo, pero en muchos países sus tasas de empleo siguen siendo bajas. A la luz del envejecimiento de la población y de las mayores tasas de dependencia, es fundamental lograr que las personas de más edad participen en el mercado laboral con objeto de garantizar la sostenibilidad y adecuación de los sistemas de protección social. Mantenerse en activo y en buena salud también es importante para el bienestar de las personas de más edad. Por esta razón, la Comisión ha propuesto una serie de recomendaciones en los ámbitos en que la actuación ha sido más limitada y en que los retos son más acuciantes (por ejemplo, en Alemania, Croacia, Luxemburgo, Austria, Polonia y Eslovenia). Los Estados miembros han emprendido con éxito reformas apropiadas de sus sistemas sanitarios. No obstante, existen Estados miembros en los que los buenos resultados, la sostenibilidad y la accesibilidad de la asistencia sanitaria se ven obstaculizados por la persistencia de un bajo nivel de financiación, una asignación ineficiente de recursos, el exceso de dependencia respecto de la asistencia hospitalaria, el gran volumen de pagos directos y la escasez de personal. Una serie de recomendaciones abordan estas cuestiones (por ejemplo, para Letonia, Austria y Rumanía).

Es importante la contribución del diálogo social. Es primordial garantizar que los interlocutores sociales estén capacitados para desempeñar plenamente su función en la negociación colectiva de conformidad con las prácticas nacionales. Además del buen funcionamiento del diálogo social, la participación y el compromiso constructivo de los interlocutores sociales en el diseño y la aplicación de las políticas y reformas pertinentes son fundamentales para aumentar su implicación en las mismas y su eficacia.

Sistemas de protección social y desigualdad

Los sistemas de protección social deben proporcionar servicios de capacitación asequibles para todos y un apoyo adecuado a la renta para las personas necesitadas, fomentando al mismo tiempo el empleo y la participación en el mercado laboral de las personas en condiciones de trabajar. Se necesita un equilibrio adecuado entre adaptabilidad y seguridad, con inclusión de una protección social de nivel, cobertura y duración apropiados. También se necesitan reformas que hagan rentable trabajar, con el fin de estimular la transición al empleo.

Al diseñar reformas y realizar un seguimiento de su realización habrá que abordar las desigualdades de renta y el nivel de pobreza. Como se indica en el Informe Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y queda confirmado por el análisis de los informes nacionales, en algunos Estados miembros se han detectado nuevos factores socioeconómicos que revisten un carácter crítico, tales como desigualdades de renta o desigualdades socioeconómicas en materia de resultados en los ámbitos de la educación y la sanidad. Estas desigualdades deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar las políticas económicas. Por otra parte, los países con los mayores niveles de desigualdad suelen tener las mayores tasas de pobreza. Para abordar la desigualdad de rentas y la pobreza se requiere una amplia serie de políticas preventivas y correctoras, que persigan, en particular, la igualdad de acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, la mejora de las oportunidades en el mercado laboral y de las perspectivas de remuneración, unos servicios de calidad asequibles y unos sistemas tributarios y de prestaciones bien diseñados.

La combinación de los sistemas tributarios y de prestaciones sociales, sobre la base de la progresividad de los sistemas tributarios, una buena recaudación tributaria y unas prestaciones sociales adecuadas, puede contribuir a dinamizar el empleo y a reducir las desigualdades de renta y la pobreza. Aunque el diseño de los sistemas tributarios nacionales es competencia de los Estados miembros, la experiencia demuestra que una baja progresividad fiscal, junto con una baja recaudación tributaria y una débil red de seguridad social, son perjudiciales para la sociedad y el crecimiento económico. En este contexto, se han formulado una serie de recomendaciones a fin de mejorar la adecuación y la cobertura de las redes de seguridad (por ejemplo, en relación con la renta mínima) y la transparencia y coordinación de las prestaciones sociales.

Educación

La mejora de las cualificaciones es esencial para mejorar las perspectivas de la población en el mercado de trabajo y respaldar la innovación y el aumento de la productividad. Los trabajadores poco cualificados tienen tasas de empleo más bajas y representan una importante proporción de los desempleados de larga duración. Invertir en cualificaciones y fomentar el paso de empleos poco cualificados a empleos más cualificados y las oportunidades de desarrollo profesional también es indispensable para controlar el progreso tecnológico, mantener el incremento de la productividad y afrontar el envejecimiento de la población. Las reformas deben incluir medidas de mejora de las cualificaciones o de reciclaje profesional de la población con cualificaciones básicas y mejorar la pertinencia para el mercado laboral de la enseñanza, la educación y la formación profesional, la enseñanza superior y el aprendizaje permanente. Los esfuerzos también deben centrarse en disminuir las desigualdades de acceso a una educación de calidad, particularmente para los grupos desfavorecidos, tales como la población romaní y los estudiantes que proceden de la inmigración. Todas estas medidas también ponen de relieve el importante papel de los interlocutores sociales para proporcionar trabajos de gran productividad altamente cualificados y oportunidades de aprendizaje permanente. Este año se proponen recomendaciones en materia de educación dirigidas a Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Lituania, Chipre, Croacia, Hungría, Austria, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido.

Sector financiero

La superación de los restantes puntos débiles del sector bancario contribuiría a respaldar la recuperación y reforzar la financiación de las empresas europeas. Aunque el proceso de saneamiento de los balances de los bancos ha progresado en los Estados miembros durante los últimos años, los altos niveles de préstamos no productivos, las ineficiencias de los modelos empresariales y el exceso de capacidad afectan a la rentabilidad de los bancos y limitan su capacidad de proporcionar financiación a la economía real. La Comisión ha presentado un paquete legislativo global para reducir más los riesgos y reforzar la resiliencia del sector bancario de la UE en particular. Asimismo, presentará en junio de 2017 un examen intermedio del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales.

Los altos niveles de préstamos no productivos son un legado del exceso de préstamos antes de la crisis y una consecuencia del prolongado periodo de débil crecimiento desde entonces. La recuperación del crecimiento económico y las medidas adoptadas a nivel interno han contribuido a situar estos préstamos en una tendencia decreciente en algunos Estados miembros (Irlanda, Croacia y Eslovenia). Sin embargo, en otros países la recuperación sigue estando dificultada por la limitada financiación bancaria resultante del alto nivel de préstamos no productivos. En esos países, unas medidas decididas encaminadas a promover la resolución de estos préstamos podrían contribuir a romper este círculo vicioso.

Hay que actuar tanto para reducir el alto nivel actual de préstamos no productivos como para evitar que su nivel vuelva a aumentar en el futuro. Con unos sistemas económicos y financieros altamente interconectados en la UE, las altas tasas de préstamos no productivos observadas en varios Estados miembros tienen unos efectos inducidos más amplios. Aunque los Estados miembros disponen en gran medida de herramientas para abordar estos problemas, una estrategia a nivel de la UE podría promover un enfoque más global y una acción concertada a nivel nacional y europeo. La recomendación relativa a la zona del euro aboga por una estrategia para dicha zona eficaz que permita contrarrestar los riesgos para la viabilidad dentro del sector bancario.

Unos marcos de insolvencia eficaces, que incluyan particularmente una reestructuración extrajudicial eficaz, son esenciales para respaldar la renegociación de los préstamos no productivos y el aumento de las tasas de recuperación. Entre estas medidas cabe citar el aumento de la transparencia y la divulgación de información, el reforzamiento de las infraestructuras de datos para facilitar las transacciones, y la recuperación de los préstamos improductivos por entidades no bancarias especializadas y la venta de estos préstamos a dichas entidades. A fin de gestionar el gran volumen de préstamos no productivos, han de considerarse medidas para facilitar un saneamiento acelerado de los balances, tales como una utilización más proactiva de las facultades de supervisión y la facilitación de la venta de tales activos. La Comisión ha recomendado la adopción de medidas a Bulgaria, Irlanda, Italia, Chipre, Portugal y Eslovenia.

Inversión y entorno empresarial

La estabilidad económica y la aplicación de reformas han contribuido a una recuperación de la inversión, que ha superado los niveles anteriores a la crisis en algunos Estados miembros. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para aumentar los stocks de bienes de equipo, de inmovilizado inmaterial y de infraestructuras y compensar el déficit de inversión acumulado desde el estallido de la crisis. La evaluación por la Comisión de los avances logrados en la reducción de los obstáculos nacionales a la inversión y en las reformas prioritarias en curso confirma que aún no se ha aplicado plenamente una proporción significativa de recomendaciones específicas por país en estos ámbitos. Los Estados miembros deberán aprovechar las favorables condiciones macroeconómicas imperantes para impulsar la inversión a fin de acelerar el ritmo de la reformas y crear oportunidades para la inversión privada. Al mismo tiempo, los Estados miembros, particularmente aquellos que disponen de margen de maniobra presupuestario, deberán mantener la tendencia alcista de la inversión pública.

La tasa de inversiones públicas en educación, infraestructuras e investigación e innovación deberá aumentar en los países que disponen de margen para incrementar su gasto público. En una serie de Estados miembros se necesitan unas mejores infraestructuras públicas con efectos sobre la productividad, tales como redes de banda ancha, comunicaciones o innovación. En otros muchos se necesitan inversiones en viviendas públicas, educación, sanidad y servicios sociales. En todos los casos, una aplicación transparente y adecuada de los procedimientos de contratación pública deberá contribuir a maximizar la eficiencia de la utilización de los recursos presupuestarios públicos.

Sin embargo, la velocidad e intensidad de la recuperación depende de un repunte más acentuado de la inversión privada. La aplicación del Plan de Inversiones para Europa está contribuyendo a garantizar una utilización óptima de la inversión pública y está actuando de catalizador de la inversión privada, y refuerza el impacto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en muchas partes de Europa. Las reformas estructurales están contribuyendo a crear un entorno empresarial favorable a la inversión del sector privado en los Estados miembros. Se han acelerado las reformas administrativas en los países que más las necesitan. Sin embargo todavía queda mucho por hacer. Aún se está elaborando una reserva estable de proyectos en sectores clave.