A4-0357/97

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los Servicios de Interés General en Europa (COM(96)0443 - C4-0507/96)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión (COM(96)0443 - C4-0507/96),

- Vistas sus resoluciones anteriores relativas a los servicios de interés general, en particular las resoluciones del 12 de febrero de 1993 sobre el papel del sector público en la realización del mercado interior ((DO C 72 de 15.3.1993, pág. 159.)), de 6 de mayo de 1994 sobre empresas públicas, privatizaciones y servicios públicos en la Comunidad Europea ((DO C 205 de 25.7.1994, pág. 549.)), de 17 de mayo de 1995 sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 1996 - Realización y desarrollo de la Unión ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 56.)), de 14 de diciembre de 1995 sobre el Orden del día de la Conferencia Intergubernamental de 1996 con ocasión del Consejo Europeo de Madrid ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 149 )), de 13 de marzo de 1996 que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77.)); y de 13 de noviembre de 1996, sobre el XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia - 1995 ((DO C 362 de 2.12.1996, pág. 135.)).

- Vistos los artículos 36, 56, 77, apartado 3 del artículo 85, y apartado 2 del artículo 92 del Tratado de la Comunidad Europea.

- Vistos los objetivos de la cohesión económica y social, añadidos al Tratado en virtud del Acta Única Europea (Título XIX, artículos 130 B y siguientes), y de la protección del consumidor, el establecimiento de las redes transeuropeas y la protección del medio ambiente, introducidos por el Tratado de la Unión Europea (Título XI, artículo 129 A, Título XII, artículos 129 B y 129 C; Título XVI).

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la Comisión de Asuntos Institucionales, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, la Comisión de Política Regional y la Comisión de Transportes y Turismo (A4-0357/97),

A. Considerando que los servicios económicos de interés general (o servicios públicos), que son actividades económicas consideradas vitales para los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, están basados en los principios de continuidad, solidaridad e igualdad de acceso y de trato de todos los usuarios,

B. Considerando que la calificación de una actividad determinada como de interés general, así como el nivel de servicios garantizado en consecuencia a los ciudadanos dependen, obviamente, de la evolución tecnológica, de las concepciones de la sociedad y de las tradiciones y medios económicos de un país,

C. Considerando que, en nuestras sociedades democráticas, el interés general en este sentido incluye normalmente la cohesión social y territorial, el ejercicio real de las libertades fundamentales, la eficacia económica generalizada, la provisión de las necesidades a largo plazo y el control de los recursos raros o no renovables,

D. Considerando que cabe aplicar estos principios sobre todo a las principales redes de servicios, como las de suministro de agua, electricidad y gas, los ferrocarriles, los transportes públicos locales, la radiodifusión, las telecomunicaciones y los servicios postales,

E. Considerando que dichos presupuestos dan lugar habitualmente a obligaciones por parte de los operadores y reguladores de los servicios en dichos sectores, y que se expresan generalmente mediante los principios de continuidad, igualdad y/o adaptación,

F. Considerando que el funcionamiento de los servicios públicos bajo dichos principios conlleva normalmente el que las autoridades públicas impongan misiones y obligaciones a los operadores y, a menudo, les concedan derechos especiales que se consideran necesarios para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones,

G. Considerando que dicha concepción de los servicios de interés general es compartida, bajo denominaciones distintas, por todos los Estados miembros,

H. Considerando que, a pesar de esta concepción común, la forma en que se organizan dichos servicios varía considerablemente de un país a otro, en lo que se refiere tanto a las autoridades públicas competentes (nacionales o locales), tipo de operadores (incluidos los derechos administrativos y especiales de los mismos) y los métodos de reglamentación por parte de las autoridades,

I. Considerando que la noción y realidad de servicios públicos no está, por ende, vinculada a la organización, control y propiedad de los operadores y no puede, en concreto, confundirse con una empresa pública,

J. Considerando que la Unión es competente en el ámbito de los servicios públicos, ya sea «negativamente» en función de las normas fundamentales por las que se rige el mercado único (supresión de los derechos especiales de los operadores si constituyen un obstáculo a la libre circulación de personas, bienes y servicios, o a la competitividad a nivel europeo) o «positivamente» mediante la aplicación de las obligaciones que impone el Tratado para la protección del interés general (tanto globalmente, como dispone el apartado 2 del artículo 90, como a través de sus competencias para aspirar a la cohesión económica y social, la protección del consumidor, la protección del medio ambiente y las redes transeuropeas),

K. Considerando, en particular, que las sentencias del Tribunal de Justicia «Corbeau» de 19.5.1993 y «Municipio de Almelo» de 27.4.1994 detallan las condiciones en las que determinados derechos exclusivos concedidos a un servicio de interés general pueden escapar a las reglas de la competencia,

L. Considerando que es necesario crear una Europa de los pueblos identificable como complemento al mercado único y al proceso de integración económica,

M. Considerando que los servicios de interés económico general constituyen un elemento esencial de la cohesión económica y social y que, más allá de su importancia para los ciudadanos de las zonas desfavorecidas o de escasa densidad de población, dichos servicios constituyen un elemento no despreciable para la perennidad y el desarrollo de las actividades económicas de estas zonas; que, por consiguiente, deben seguir siendo propuestas, sin coste suplementario para el contribuyente, a unos niveles de calidad y de precio sensiblemente equivalentes a los de otras zonas más favorecidas o de mayor densidad de población,

N. Considerando que el principio de subsidiariedad recomienda atribuir a los Estados miembros la responsabilidad primera en la definición de los servicios públicos, la determinación de los requisitos exigidos a los operadores en cuanto a alcance, nivel y calidad, los derechos especiales a éstos concedidos y los instrumentos jurídicos necesarios para ello, la elección de los operadores, la financiación del servicio y la adopción de un régimen regulador,

O. Considerando que, no obstante, la Unión debería asumir la responsabilidad de garantizar, de conformidad con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros determinan para cada sector una serie de obligaciones de servicio público entre las que podría figurar la determinación del nivel mínimo de servicios, en los casos en que los mecanismos del mercado no puedan funcionar en todo el territorio de la Unión,

P. Considerando que dicha acción, junto con la creación de las redes transeuropeas, podría llevar a la creación de un marco europeo de servicios públicos,

Q. Considerando que un logro de esta naturaleza dotaría de nueva legitimidad a la integración europea al acercarla más a las necesidades de los ciudadanos,

1. Acoge con satisfacción la inclusión en el Tratado del nuevo artículo 7 D por el Tratado de Amsterdam, por el que se reconoce que los servicios de interés económico general son uno de los valores comunes de Europa y constituyen un principio del Derecho comunitario de plena validez, al tiempo que afirma que la Comunidad y los Estados miembros supervisarán el funcionamiento de tales servicios en el marco de sus respectivas competencias;

2. Acoge también con satisfacción la adopción por parte del Consejo Europeo de Amsterdam de la Declaración en el Acta Final que estipula que las disposiciones del nuevo artículo 7 D se aplicarán en el pleno cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre otras cosas en lo que se refiere a los principios de igualdad de trato, calidad y continuidad de dichos servicios;

3. Acoge también con satisfacción la referencia hecha en el nuevo artículo 7 D a los artículos 86 y 87 del Tratado CE y pide a la Comisión que garantice la aplicación de la legislación comunitaria en materia de competencia a los servicios de interés general;

4. Reconoce el valor de la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa porque suponen, por primera vez, el pleno reconocimiento de los servicios públicos en su sentido genuino, y su justificación, principios y dimensión europea, incluidas las propuestas para una política europea en la materia;

5. Subraya la necesidad de una forma de cooperación, por una parte, entre los Estados miembros y , por otra, entre el sector público y el sector privado en el marco de los servicios de interés general a fin de promover los proyectos creadores de empleo y de desarrollar la investigación;

6. Pide a la Comisión que defina el alcance y las características de los servicios de interés general y los principios en que se basan y que defina más precisamente tanto el nivel de prestación de servicios necesario para la realización de los objetivos de la UE como el marco regulador que ha de garantizar el éxito y, a continuación, que elabore, si procede, un plan de acción, acompañado de un calendario, para reflejar concretamente en las políticas y en las medidas los objetivos del Tratado;

7. Pide a la Comisión, para la formulación de sus futuras propuestas y para la puesta en marcha del mercado interior referente directa o indirectamente a los servicios de interés económico general, que tenga debidamente en cuenta los objetivos del artículo 130 A del Tratado CE sobre la cohesión económica y social, tal como lo indica el artículo 130 B;

8. Pide a la Comisión que elabore una Carta de principios para los servicios de interés económico general que incluya la justificación y principios de éstos (tanto los tradicionales como los nuevos), el tipo de cometidos y derechos que se concederá a los operadores, y una lista de los sectores a los que éstos sean aplicables;

9. Pide a la Comisión que proponga un conjunto de medidas con vistas a reforzar la eficacia de estos servicios en un entorno competitivo a fin de que se garanticen a los ciudadanos y a los agentes económicos unas prestaciones de calidad;

10. Pide a la Comisión que elabore un Libro Verde y un Libro Blanco que establezcan un calendario, para traducir a la acción las aspiraciones reflejadas en el Tratado y la Carta, y que hagan especial hincapié en toda legislación necesaria; que dicho calendario especifique, para cada sector afectado, el nivel de servicio que deberá garantizarse a los ciudadanos, los derechos especiales que pudieran ser necesarios para la prestación del servicio y todo el aparato normativo que sea necesario establecer a nivel comunitario;

11. Encarga a sus comisiones competentes que refuercen el control democrático de la actividad de la Comisión en relación con los servicios de interés general con el objetivo de realizar observaciones sobre la legislación correspondiente;

12. Pide a la Comisión que consulte regularmente a los representantes de los consumidores, de las empresas de servicios públicos, de las empresas rivales y de su personal respectivo sobre las cuestiones relacionadas con los servicios de interés general;

13. Pide que se atribuyan a un miembro de la Comisión y a una Dirección General de la Comisión competencias especiales relativas a los servicios públicos, y en particular para preparar la legislación;

14. Pide a la Comisión que prevea una plena coordinación entre sus departamentos competentes con vistas a asegurar una consideración equilibrada de los intereses de la política de competencia y de los servicios de interés general;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, el Comité Económico y Social y los Parlamentos nacionales de los Estados miembros.