El presente informe relativo a una misión de supervisión reforzada en Rumanía se trasmite al Consejo de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 . En virtud de lo previsto en el artículo 11, apartado 5, de dicho Reglamento, los resultados provisionales de esta misión se habían transmitido previamente a las autoridades rumanas para que ese país pudiera presentar sus observaciones.

Rumanía – procedimiento de desviación significativa

Misión de supervisión reforzada, 10-11 de abril de 2018

Informe

1. Introducción

Como consecuencia de la desviación significativa respecto de su objetivo presupuestario a medio plazo (OMP) en 2016, en la primavera de 2017 se inició la aplicación de un procedimiento de desviación significativa (PDS) a Rumanía. El 22 de mayo de 2017 la Comisión remitió una carta de advertencia a Rumanía y propuso al Consejo que pusiera en marcha un PDS. En su recomendación relativa al PDS, de 16 de junio de 2017, el Consejo instó a Rumanía a adoptar medidas para garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto primario neto no rebasara el 3,3 % en 2017. Esto corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB, que es el esfuerzo mínimo requerido en el marco del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

Constatando que Rumanía no había adoptado medidas eficaces, el Consejo le dirigió en diciembre de 2007 una recomendación revisada relativa al PDS. Sobre la base de las conclusiones de la misión de supervisión reforzada realizada en septiembre de 2017 y del informe presentado por las autoridades, la Comisión concluyó que las autoridades no tenían la intención de adoptar medidas para seguir la recomendación relativa al PDS, y que sus esfuerzos únicamente se centrarían en evitar rebasar el valor de referencia para el déficit (3 % del PIB). Por consiguiente, el 5 de diciembre de 2007, el Consejo concluyó que Rumanía no había adoptado medidas eficaces y le dirigió una recomendación revisada. El Consejo instó a Rumanía a adoptar medidas para garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que correspondía a un ajuste estructural del 0,8 % del PIB en dicho año y se traducía en la necesidad de adoptar medidas con un efecto estructural total equivalente al 1,8 % del PIB en ese mismo año, en comparación con el escenario de base de las previsiones económicas del otoño de 2017 de la Comisión. Rumanía informó al Consejo de las medidas adoptadas el 20 de abril, esto es, tras haber finalizado el plazo del 15 de abril. La evaluación del informe realizada por la Comisión se publica en el marco del Semestre Europeo de primavera.

Según las previsiones de la Comisión, con la hipótesis habitual de mantenimiento de la política económica, tanto el déficit global como el déficit estructural probablemente aumentarán en 2018. Se prevé que la política fiscal expansionista se mantendrá en un futuro próximo. El presupuesto para 2018 persigue un objetivo de déficit de las administraciones públicas equivalente al 3 % del PIB, lo que implica un mayor aumento del déficit estructural en presencia de una brecha de producción creciente. Sin embargo, el presupuesto se elaboró sobre la base de un escenario macroeconómico optimista, y probablemente sobreestima los ingresos tributarios. La Comisión prevé un déficit global del 3,4 % del PIB en 2018, con la hipótesis habitual de mantenimiento de la política económica. Los salarios públicos han sido aumentados significativamente por la Ley unificada sobre los salarios, promulgada en el verano de 2017. Las pensiones de jubilación seguirán aumentando por encima de lo previsto por el mecanismo estándar de indexación de las pensiones. Por otra parte, el tipo uniforme del impuesto sobre la renta de las personas físicas se redujo del 16 % al 10 % a partir de enero de 2018. Por otra parte, un cambio en la composición de las cotizaciones a la seguridad social —del 22,75 % para las empresas y el 16,5 % para los trabajadores, actualmente, al 2,25 % y el 35 %, respectivamente— contendrá en parte el coste presupuestario de las subidas de los salarios brutos del sector público en 2018. Además, el presupuesto de 2018 contiene una reducción de la parte de cotizaciones sociales transferidas al segundo pilar del sistema de pensiones, lo que tendrá efectos positivos sobre los ingresos de las administraciones públicas.

La misión de supervisión reforzada de la Comisión tuvo lugar los días 10 y 11 de abril de 2018, esto es, antes de la finalización del plazo para la presentación del informe mencionado. Por consiguiente, el presente informe no tiene en cuenta la información comunicada posteriormente por imperativo legal. La misión fue realizada sobre la base del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 1466/97. Los miembros de la misión se reunieron con el ministro de Hacienda, Eugen Teodorovici, el gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isărescu y miembros del Consejo Presupuestario de Rumanía. El objetivo de la misión consistía en conocer en detalle las medidas presupuestarias previstas por las autoridades rumanas con el fin de aumentar la visibilidad de los riesgos presupuestarios y fomentar el cumplimiento del PEC.

2. Resultados de la misión

Los miembros de la misión consideran que las autoridades rumanas no tienen la intención de tomar medidas para seguir la recomendación relativa al PDS. En nombre del ministerio de Hacienda y del Gobierno, el ministro Teodorovici confirmó que el objetivo para 2018 sigue siendo un déficit global ligeramente inferior al 3 % del PIB. Teniendo en cuenta una brecha de producción positiva y creciente, esto indica un deterioro del déficit estructural subyacente, lo que es contrario a la recomendación del Consejo. El ministro Teodorovici explicó que está obligado a cumplir las medidas contenidas en el programa del Gobierno, que se reflejan plenamente en el presupuesto, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. También expresó confianza en que la tasa de absorción de los fondos de la UE registrará un repunte este año respecto de 2017 (lo que, sin embargo, aumentaría las obligaciones de cofinanciación). El ministro Teodorovici añadió que, a fin de respetar el valor de referencia para el déficit en 2018 (3 % del PIB), se requerirán medidas adicionales, que Rumanía especificaría en el informe sobre las medidas adoptadas. Asimismo, indicó que estas medidas estarían encaminadas a mejorar el funcionamiento de las administraciones tributaria y aduanera, particularmente mediante la introducción de un nuevo sistema informático. Los miembros de la misión subrayaron que el informe sobre las medidas adoptadas, que debía presentarse a más tardar el 15 de abril, debería contener detalles y datos cuantitativos sobre las medidas planificadas. También observaron que los datos sobre ejecución presupuestaria según la contabilidad de caja relativos al primer trimestre de 2018 muestran un deterioro del saldo respecto del mismo periodo del año anterior (déficit del 0,5 % del PIB en el primer trimestre de 2018 frente a un superávit del 0,2 % del PIB en el primer trimestre de 2017). El ministro Teodorovici sostuvo que el resultado de déficit se ajusta a las previsiones, y se debe en gran medida a un gasto puntual en el sector de defensa. Por último, informó de que abogará por que se ponga fin a la práctica de adopción tardía de los presupuestos públicos (habitualmente en diciembre del año anterior) e intentará lograr que el presupuesto para 2019 se adopte en una fecha anterior.

El Gobierno está considerando apartarse más de la reforma del sistema de pensiones de 2008, que introdujo el segundo pilar del sistema de pensiones. Las autoridades, en el marco del presupuesto para 2018, ya han reducido la parte de cotizaciones sociales transferidas al segundo pilar del sistema de pensiones. Según ha declarado, el Gobierno está estudiando la posibilidad de hacer optativas las transferencias al segundo pilar del sistema de pensiones, y de adoptar una decisión para finales de junio de 2018, previa consulta a las partes interesadas. Estas transferencias ascienden a alrededor de 7 000 millones RON anualmente (aproximadamente 1 500 millones EUR; 0,8 % del PIB). Dicha medida disminuiría el déficit presupuestario a corto plazo, dado que el segundo pilar del sistema de pensiones se clasifica fuera de las administraciones públicas en las cuentas SEC. Sin embargo, esta mejora presupuestaria desaparecería a largo plazo, dado que la reorientación de las cotizaciones sociales del segundo pilar vendría acompañada por la obligación de pagar pensiones de jubilación en el futuro. Por otra parte, el abandono de la reforma podría tener consecuencias negativas para la viabilidad del sistema de pensiones y para el desarrollo de los mercados de capitales. Hacer que el segundo pilar sea optativo privaría a Rumanía de la posibilidad de acogerse a la cláusula relativa a la reforma del sistema de pensiones en el marco del PEC.

El Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha expresado su preocupación respecto de los efectos de la política fiscal expansionista y procíclica sobre la política económica actual. Aunque Rumanía se encuentra inmersa en una amplia fase de reactivación económica, su política fiscal ha sido muy expansionista. En tales circunstancias, la política fiscal de Rumanía parece no prudente y condiciona considerablemente la política monetaria. Según las previsiones del Banco Nacional de Rumanía, el déficit de las administraciones públicas aumentaría por encima del 3 % del PIB en 2018 con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. El BNR ha subrayado que el límite máximo para el déficit (3 % del PIB) se acepta en Rumanía, mientras que no existe sensibilización respecto al funcionamiento del componente preventivo del PEC. Existe margen para la aplicación de medidas presupuestarias por el lado de los ingresos, dado que el desvío respecto del objetivo a medio plazo se ha debido a reducciones de los impuestos indirectos, los tipos impositivos son bajos y el grado de evasión fiscal es alto.

El Consejo Presupuestario comparte las preocupaciones de la Comisión con respecto a las perspectivas presupuestarias. Según dicho Consejo, el déficit estructural se deteriorará substancialmente en 2018 y se prevé que el déficit supere el 3 % del PIB en ausencia de medidas fiscales compensatorias. El margen de reducción de la inversión pública en 2018 es limitado, ya que la misma se encontraba ya en un mínimo histórico en 2017 y la absorción de fondos de la UE se ha recuperado en 2018, lo que implica unas mayores obligaciones de cofinanciación.





ANEXO ESTADÍSTICO