P6_TA(2005)0509
Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Bruno
Gollnisch
Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los
privilegios de Bruno Gollnisch (2005/2072(IMM))
El Parlamento Europeo,
— Vista la demanda de amparo de la inmunidad de Bruno Gollnisch, presentada por Luca Romagnoli
mediante carta de 7 de abril de 2005, y comunicada en el Pleno del 14 de abril de 2005,
— Tras haber oído a Bruno Gollnisch, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento,
— Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades
Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección delos diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,
— Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de
10 de julio de 1986 (
1),
— Visto el artículo 26 de la Constitución francesa,
— Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0376/2005),
1. Decide no amparar la inmunidad ni los privilegios de Bruno Gollnisch.
(1) Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Gd. Esp. 1964-1966, p. 47, y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros,
Rec. 1986, p. 2391.
P6_TA(2005)0510
Aplicación de una ley relativa a la reglamentación de actividades urbanísticas
Resolución del Parlamento Europeo sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora
de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones
609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras) (2004/2208(INI))
El Parlamento Europeo,
— Vistos el artículo 6 del Tratado UE por el que se transponen las disposiciones del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 7 delTratado UE, que establece un procedimiento para constatar la existencia de una violación grave y per-
sistente de los principios contemplados en el artículo 6,
— Vistas las Directivas 92/50/CEE (
1) y 93/37/CEE (2), sobre contratos públicos, las Directivas
85/337/CEE (3), 97/11/CE (4) y 2001/42/CE (5), sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente,
y la Directiva 2000/60/CE (6), sobre la política del agua,
(1) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).
(2) Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras (DO L 199 de 9.8.1993, p. 54).
(3) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determi-
nados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
(4) Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73
de 14.3.1997, p. 5).
(5) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
(6) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).23.11.2006 ES C 286 E/225 Diario Oficial de la Unión Europea
Martes, 13 de diciembre de 2005
— Visto el derecho de petición previsto en los artículos 21 y 194 del Tratado CE,
— Vistas las peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras,
— Visto el apartado 1 del artículo 192 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0382/2005),
A. Considerando que el Parlamento Europeo ha recibido un número considerable de peticiones (alrededor
de 15 000) procedentes de particulares y de asociaciones que representan a varios miles de ciudadanoseuropeos y residentes afincados en la Comunidad Valenciana, en las que formulan reclamaciones sobremuy diversos aspectos de la actividad urbanística, entre los que se incluyen quejas por la destrucción delmedio ambiente y los excesos urbanísticos y, en muchos casos, denuncias por la vulneración de suslegítimos derechos de propiedad como consecuencia de la aplicación abusiva de la Ley Reguladora de laActividad Urbanística (LRAU),
B. Considerando que, en mayo de 2004, la Comisión de Peticiones elaboró un informe sobre este asunto,
en el que se exponían casos concretos que demostraban violaciones graves de los derechos humanos ydel Derecho comunitario,
C. Considerando que, en junio de 2005, la nueva delegación designada por la Comisión de Peticiones para
realizar una misión complementaria a la desarrollada en mayo de 2004 continuó las investigaciones enMadrid y en la Comunidad Valenciana, con el fin de recabar información y entrevistarse con las partesinteresadas y los principales responsables,
D. Considerando que los miembros de la delegación tuvieron la oportunidad de oír a las partes interesadas,
entre las que se incluyen:
— ciudadanos europeos y residentes que han dirigido peticiones al Parlamento en las que alegan violacio-
nes sistemáticas de sus derechos como resultado de la aplicación de la LRAU;
— el Presidente de la Generalitat Valenciana y los consejeros competentes en la materia, el Presidente de las
Cortes Valencianas y los jefes de los grupos políticos, el Defensor del Pueblo Valenciano (Síndic deGreuges) y el Defensor del Pueblo Español, altos cargos de los Gobiernos de Madrid y de Valencia, laFederación Valenciana de Municipios y Provincias, representantes del sector de la construcción y pro-motores inmobiliarios, los embajadores de los Estados miembros y numerosas otras partes interesadas;
— y, por último, representantes del Tribunal Constitucional y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, quienes cooperaron unánimemente en un clima de apertura y buena
voluntad, demostrando un espíritu de colaboración constructiva que ha sido muy apreciado por el
Parlamento,
E. Considerando que las competencias y las responsabilidades en esta materia, tanto de las autoridades
autonómicas como de las autoridades nacionales españolas, son claras y reconocidas, y están proclama-das en la Constitución Española de 1978 y, en concreto, en el caso de que se trata, en sus artícu-los 10, 18, 33, 45, 47, 54, 93 y 105,
F. Considerando que las instituciones europeas tienen el deber de velar por el cumplimiento de las dispo-
siciones de los Tratados y de la legislación aprobada en virtud de los mismos, teniendo en cuenta, enparticular, los derechos y las obligaciones de la ciudadanía europea; considerando, por consiguiente, quetienen la responsabilidad de resolver, en colaboración con los Estados miembros, los problemas queafectan a los ciudadanos europeos,
G. Considerando la actual legislación que regula el régimen del suelo en el Estado español, que atribuye a
los propietarios del suelo el 90 % de los derechos de construcción, así como la naturaleza específica dela LRAU, que obliga a los propietarios, en caso de aprobación por una administración local de un plande actuación integrada (PAI), a ceder sin compensación el 10 % al municipio en concepto de «patrimo-nio municipal de suelo», además del terreno para la construcción eventual de caminos, carreteras, apar-camientos, espacios públicos y demás dotaciones, o a pagar los gastos de urbanización decididos por elpromotor de la nueva infraestructura ‐un procedimiento que escapa por completo al control del pro-
pietario ‐,C 286 E/226 ES 23.11.2006 Diario Oficial de la Unión Europea
Martes, 13 de diciembre de 2005
H. Considerando que es evidente que algunos propietarios han resultado claramente perjudicados por este
proceso de urbanización, lo que queda patente tanto en las peticiones como en el resultado de lasinspecciones in situ ; considerando, asimismo, que estos hechos son reconocidos por el conjunto de las
autoridades locales, por lo que la Generalitat Valenciana está preparando una nueva ley para evitar lasdesviaciones en la aplicación de la ley anterior,
I. Considerando que las quejas principales se refieren a los métodos de expropiación, en algunos casos
leoninos, con tasaciones, a juicio de los interesados, extremadamente bajas, para proceder ulteriormentea su reventa a elevados precios de mercado, y en condiciones de información que impiden que losinteresados puedan reaccionar, todo lo cual ha provocado un perjuicio material y moral en numerososcasos,
J. Considerando que la falta de transparencia, así como de criterios claros establecidos de antemano, pone
de manifiesto que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos no se ajustan a los princi-pios del Derecho comunitario, lo que ha dado lugar a que la Comisión dirigiera a España un escrito derequerimiento, y que el número de casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechasfundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación,
K. Considerando que los principales problemas que surgen de la aplicación de la LRAU hacen referencia al
cometido del agente urbanizador («el urbanizador»), a los medios inadecuados de determinación ypublicación de los contratos que son objeto de adjudicación, a la notificación insuficiente a los propie-tarios de los terrenos y a la falta de definiciones claras de los conceptos de «interés público» y «com-pensación pertinente», cuestiones todas ellas en las que la ley debe ser conforme a las normas de lajurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y del Tribunal Europeo deDerechos Humanos (TEDH),
L. Considerando que la proclamación solemne de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y las declaraciones de los Presidentes de las instituciones europeas en las que afirman quedichas instituciones respetarán la Carta significan, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,que los ciudadanos pueden esperar legítimamente gozar de los derechos consagrados en la Carta,
M. Considerando que los Estados miembros están obligados a cumplir la Carta cuando aplican, o están
obligados a aplicar, el Derecho comunitario en todas aquellas situaciones en que las disposiciones de la
Carta son relevantes; y que existe un estrecho vínculo entre el método de adjudicación de contratos, poruna parte, y las modalidades de expropiación y determinación de las compensaciones pertinentes, porotra,
N. Considerando que algunos planes de urbanización parecen tener un impacto desastroso en el medio
ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras y, más en concreto, en las condiciones futuras de
abastecimiento de agua, una cuestión que preocupa a la Unión Europea,
O. Considerando que la Directiva 2001/42/CE requiere que se lleve a cabo una evaluación estratégica del
impacto ambiental en relación con todos los planes y programas que se elaboren, entre otras cosas, conrespecto al «turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo», que puedantener efectos significativos en el medio ambiente y que establezcan el marco de futuras autorizacionesde proyectos enumerados en los Anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE,
P. Considerando que la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas exige a los Estados miembros, entre otras cosas, que eviten eldeterioro de las «aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y lasaguas subterráneas» y los obliga a garantizar una política coordinada para la «demarcación hidrográficaen su conjunto»,
Q. Considerando que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha presentado alegaciones, como mínimo,
contra 30 nuevas urbanizaciones en la Comunidad Valenciana, y que la Comisión ha remitido undictamen motivado a España debido a la transposición inadecuada de la Directiva marco sobre el agua,
R. Considerando que todas estas cuestiones y circunstancias se han convertido en objeto de un debate
político a todos los niveles, lo cual destaca en mayor medida la necesidad de un enfoque prudente yobjetivo en el análisis de todos los elementos fundamentales de desacuerdo,
1. Constata que en la Comunidad Valenciana residen desde hace décadas decenas de miles de ciudadanos
europeos, que en su mayoría se muestran satisfechos de vivir en ella, y que existe una creciente demanda deciudadanos comunitarios que desean establecerse de modo permanente en esa región europea; no obstante,constata también que durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las recla-maciones por abusos urbanísticos;23.11.2006 ES C 286 E/227 Diario Oficial de la Unión Europea
Martes, 13 de diciembre de 2005
2. Considera que los principales problemas que señalan los ciudadanos se centran en la aplicación abu-
siva de la LRAU por parte de los agentes interesados en el proceso de urbanización y en la gestión realizadapor los poderes públicos competentes, especialmente algunos ayuntamientos y la Generalitat Valenciana;
3. Se congratula, en estas condiciones, de la decisión de la Generalitat Valenciana de elaborar y promul-
gar una nueva ley que sustituya a la LRAU, a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de
esta última, y se felicita, en particular, de la invitación dirigida por el Presidente de la región al Parlamento
Europeo para que éste formule recomendaciones;
4. Alienta a la Comunidad Valenciana en su esfuerzo por resolver este problema con mayor diligencia
que hasta ahora, dando así prueba de su interés por las inquietudes de los ciudadanos;
5. Considera que no es de su responsabilidad modificar el proyecto de la nueva ley, pero insta a que las
normas futuras de expropiación respeten, tanto en el fondo como en la forma, los derechos de los propie-tarios y a que los proyectos de urbanismo integren con especial cuidado las preocupaciones sobre el desa-rrollo sostenible, el medio ambiente y la ecología, que son objeto de políticas fundamentales de la Unión;
6. Con el fin de resolver los problemas que plantea la actual legislación en los aspectos relacionados con
la protección de los derechos de propiedad, que suscitan cuestiones relacionadas con los derechos humanosy los derechos fundamentales, así como respecto a la normativa comunitaria en materia de contratación
pública, insta a las autoridades competentes a que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
— la inclusión en la nueva ley de una definición clara del concepto de «interés público», de forma que
descarte sin ambigüedades toda posibilidad de que la justificación del interés público de una expropia-ción‐que constituye una condición sine qua non de cualquier expropiación, de acuerdo con las normas
europeas de los derechos humanos y los derechos fundamentales ‐pueda utilizarse para la promoción
de intereses con un carácter más privado que público;
— el establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expropia-
ción, sobre la base de las normas y principios reconocidos en la jurisprudencia del TJCE y del TEDH;
— la revisión en profundidad de las bases de selección del urbanizador, así como del procedimiento de
adjudicación de contratos al urbanizador seleccionado, de forma que esta función sea compatible con lalegislación europea, dado que ‐como se desprende del procedimiento de infracción en curso ‐existen
serias dudas al respecto; todo ello en aras de la transparencia del procedimiento de adjudicación de loscontratos públicos y con el fin de garantizar la protección de los derechos de propiedad de los ciuda-danos europeos,
— la adopción de medidas que garanticen que todo propietario inmobiliario afectado por cualquier plan
de urbanización sea informado, de forma individual, efectiva y a su debido tiempo, tanto del plan encuestión como de todos aquellos aspectos del mismo que puedan afectar a su propiedad y a sus dere-chos fundamentales, con el fin de garantizar plenamente la posibilidad de utilizar las vías de recursopertinentes;
7. Insta a las autoridades valencianas y españolas competentes a que garanticen que los planes generales
de desarrollo y urbanización que puedan tener un impacto ambiental significativo y establezcan el marcopara la futura autorización de proyectos de desarrollo urbanístico estén sujetos a una evaluación estratégicade impacto ambiental de conformidad con la Directiva 2001/42/CE;
8. Recuerda que las autoridades competentes nacionales están obligadas a realizar una evaluación de
impacto ambiental respecto a las actividades correspondientes a una de las categorías incluidas en elAnexo I de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE, y que la selecciónde proyectos que figuran en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE debe efectuarse sobre la base de unprocedimiento de selección y de criterios transparentes;
9. Insta a las autoridades valencianas y españoles competentes a que garanticen que toda decisión sobre
futuros desarrollos urbanísticos sea compatible con los requisitos que establece la Directiva 2000/60/CE enlo que se refiere a la prudencia en el uso y a la protección de los recursos hídricos, y, en particular, a quegaranticen la coordinación de las medidas adoptadas en la cuenca del río Júcar para la consecución de los
objetivos ambientales que establece el artículo 4 de la mencionada Directiva;
10. Insiste en que se cree una oficina de reclamaciones, bajo la autoridad de las autoridades locales y del
Gobierno regional, encargada de asistir en el plano administrativo a las personas afectadas por la LRAU,ofreciéndoles toda la información necesaria para optar, en su caso, por la vía del recurso judicial;C 286 E/228 ES 23.11.2006 Diario Oficial de la Unión Europea
Martes, 13 de diciembre de 2005
11. Manifiesta su preocupación por los riesgos que implica el desarrollo de proyectos que ya están apro-
bados pero no se han iniciado todavía, así como por sus posibles consecuencias (parece, en efecto, que seestá produciendo una cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación dela nueva ley, que sin duda parecerá más restrictiva), e insiste urgentemente en la necesidad de que se sus-penda la tramitación y la aprobación de programas de actuación integrada (PAI) que incorporan suelos nourbanizables al proceso urbanizador tanto de nueva formulación como los que se encuentran en tramitaciónactualmente, en tanto no entre en vigor la legislación revisada;
12. Recuerda que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho ‐principios que son
comunes a los Estados miembros ‐; que el artículo 7 del Tratado UE contempla el derecho de iniciativa del
Parlamento Europeo con respecto al procedimiento de constatación por el Consejo de un riesgo manifiesto
de violación grave de estos principios, y que la Comisión o un tercio de los Estados miembros pueden
iniciar el procedimiento de sanción de un Estado miembro en el caso de que persista dicha violación;
13. Insta a la Comisión a que prosiga las tareas de control e investigación para garantizar la conformidad
de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) y de su aplicación con el Derecho comunitario en el ámbitode la contratación pública y otros ámbitos afines, y a que informe plenamente al Parlamento y a su comi-sión competente sobre las evoluciones en dichos ámbitos;
14. Pide a la Comisión que siga velando por el respeto de los procedimientos de adjudicación de con-
tratos públicos;
15. Desea que la información sobre el contenido de sus investigaciones y sobre sus recomendaciones
tenga una amplia difusión, habida cuenta del gran número de ciudadanos europeos afectados (ingleses,alemanes, franceses, belgas, holandeses), sin olvidar a los mismos ciudadanos españoles;
16. Solicita a la Comisión que extraiga las experiencias de este caso y, teniendo en cuenta el gran número
de ciudadanos europeos que adquieren propiedades inmobiliarias en otros países de la Unión Europea,examine qué medidas de salvaguardia ‐legislativas, administrativas o simplemente consultivas ‐podrían ser
las más apropiadas para proteger y asistir a los ciudadanos que efectúan esas operaciones e inversiones tanimportantes fuera de la esfera jurisdiccional de su propio país; pide, asimismo, a la Comisión que informe alParlamento Europeo del resultado de dicho examen;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno,
al Parlamento y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al Gobierno español y a los peticionarios.
P6_TA(2005)0511
Fiscalidad de las empresas: base imponible común consolidada del impuesto de
sociedades
Resolución del Parlamento Europeo sobre imposición fiscal de las empresas en la Unión Europea:
base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (2005/2120(INI))
El Parlamento Europeo,
— Vistos los documentos no oficiales («Non-papers»), de 7 de julio de 2004, presentados al Consejo Ecofin
informal de los días 10 y 11 de septiembre de 2004 y titulados «Base imponible común consolidadapara las empresas» y «Régimen de imposición según las normas del Estado de origen a las pequeñas ymedianas empresas»,
— Visto el Consejo Ecofin informal de los días 10 y 11 de septiembre de 2004 en Scheveningen,
— Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y
Social «Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales —Una estrategia destinada a dotar a las
empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades aescala comunitaria» (COM(2001) 0582),23.11.2006 ES C 286 E/229 Diario Oficial de la Unión Europea
Martes, 13 de diciembre de 2005