Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del Acuerdo sobre las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante (94/C 375/01) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(94) 460 final - 94/0246(ACC)

(Presentada por la Comisión el 8 de noviembre de 1994)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 113 y la primera frase del artículo 228.2,

Vistas las directrices de negociación dadas a la Comisión en el marco del mandato de 20 de julio de 1990,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando que la Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad un Acuerdo sobre las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante, junto con un Acuerdo sobre el crédito a la exportación de buques; y que dicho Acuerdo debe ser aprobado,

DECIDE:

Artículo 1

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y determinados países terceros sobre las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante queda aprobado en nombre de la Comunidad.

El texto del Acuerdo figura anexo a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona facultada para firmar el Acuerdo a que se refiere el artículo 1 con el fin de obligar a la Comunidad, y a designar a la persona facultada para depositar el instrumento de aprobación de conformidad con el artículo 12.3 del Acuerdo.

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

(a): datos 1992.

(b): incluidos empleos en astilleros de la antigua RDA.

El cuadro refleja fuentes nacionales.

ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES NORMALES DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA REPARACIÓN NAVAL MERCANTE

ÍNDICE

Página

Preámbulo . 3

Texto del Acuerdo . 4

Anexo I: Medidas de ayuda incompatibles con las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante . 10

Notas del Anexo I . 12

Anexo II: Disposiciones especiales relativas a las medidas de ayuda . 16

Notas del Anexo II . 17

Anexo III: Derechos aplicables en caso de precios perjudiciales . 20

Anexo IV: Procedimiento de arreglo de diferencias en aplicación del artículo 8 . 32

PREÁMBULO

LAS PARTES,

CONSCIENTES de la importancia de una industria de la construcción y de la reparación naval mercante fundada en bases sanas para el comercio internacional y nacional;

CONSIDERANDO los fines de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico así como el importante papel desempeñado por su grupo de trabajo del Consejo sobre construcción naval en el desarrollo de condiciones normales de competencia en la industria de la construcción naval, y tomando nota, en particular, de sus trabajos sobre el «Acuerdo general revisado para la progresiva eliminación de los obstáculos a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción naval» (AGR), el «Acuerdo relativo a los créditos a la exportación de buques» y las «Líneas de orientación generales revisadas para las políticas gubernamentales en la industria de la construcción naval»;

TENIENDO en cuenta los principios que rigen el comercio internacional tal como se estipulan en el Acuerdo general de 1994 sobre aranceles aduaneros y comercio (en lo sucesivo, GATT 1994);

OBSERVANDO el grave desequilibrio estructural y la desfavorable evolución del mercado que han dado origen a dificultades padecidas durante numerosos años por la industria mundial de la construcción y reparación naval, la mayor competencia, el deterioro de los niveles de precios y la aplicación de medidas de ayuda pública;

DESEANDO mejorar la transparencia de los obstáculos a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante y deseosas de que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico refuerce sus actividades de recopilación de datos y de vigilancia de la situación del mercado, de los precios y de las políticas seguidas en esta industria;

RECONOCIENDO la necesidad de intensificar sus compromisos con el fin de alcanzar condiciones normales de competencia y de establecer un medio eficaz de protección contra las ventas de buques a precios inferiores a su valor normal y que ocasionan perjuicios;

RECONOCIENDO que las características particulares de las operaciones de compra de buques hace que no resulte fácil aplicar derechos compensatorios y antidumping, de conformidad con el artículo VI del GATT 1994, el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias y el acuerdo sobre ejecución del artículo VI del GATT 1994;

RECONOCIENDO, por otra parte, la necesidad de asegurar un arreglo rápido, eficaz y equitativo de los litigios que se producen a propósito de estos asuntos;

CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Restablecimiento y mantenimiento de condiciones normales de competencia

1. Las Partes eliminarán, siguiendo las disposiciones específicas presentadas en el Anexo II, todas las medidas o prácticas existentes opuestas a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante, a tenor del Anexo I (en lo sucesivo denominadas «medidas de ayuda»).

2. Las Partes no adoptarán ninguna nueva medida de ayuda.

3. Las Partes reconocen que la venta de buques comerciales a un precio inferior a su valor normal es condenable cuando causa, o amenace con causar, un perjuicio importante a una industria de construcción y reparación naval establecida en el territorio de otra parte, o cuando retrase sensiblemente la creación de una industria nacional de construcción y reparación naval. Las disposiciones del Anexo III están destinadas a remediar o a impedir estas prácticas perjudiciales en materia de precios.

Artículo 2

Alcance del Acuerdo

1. El presente acuerdo se aplica a la construcción y reparación de todo buque autopropulsado de alta mar de 100 toneladas brutas o más, utilizado para transporte de mercancías o de personas o para asegurar un servicio especializado (por ejemplo, buques factoría, rompehielos y dragas) así como los remolcadores de 365 kW y más.

2. El presente Acuerdo no se aplicará:

a) a los buques militares ni a las modificaciones efectuadas o a los equipos añadidos a otros buques con fines exclusivamente militares. Esta exclusión está sujeta a la condición de que las medidas, prácticas, modificaciones o añadidos aplicables a estos buques no constituya acciones encubiertas en favor de la construcción y reparación naval mercante incompatibles con el presente Acuerdo. Si una Parte estima que esta condición no se ha cumplido, podrá, sin perjuicio de sus derechos a poner en práctica los demás procedimientos previstos en este Acuerdo, demandar informaciones suplementarias que la otra Parte, en aras de la cooperación, deberá comunicarla con la mayor rapidez;

b) a los buques de pesca, destinados a la flota pesquera nacional de la Parte que haya construido o reparado el buque. Esta exclusión está sujeta al respeto por la Parte de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 4.

3. A efectos del presente Acuerdo:

a) Se dice que un buque es «autopropulsado de alta mar» cuando sus medios de propulsión y de dirección le confieren todas las características de autonavegabilidad en alta mar.

b) El término «reparación» incluye, en particular, la transformación y la reparación de los buques autopropulsados de alta mar tal como se define en el apartado a).

c) Los «buques militares» son aquellos que, teniendo en cuenta sus características estructurales de origen y sus capacidades técnicas se destinan exclusivamente a usos militares.

Artículo 3

Grupo de las Partes

1. Un Grupo de las Partes, integrado por un representante de cada una de las Partes del presente Acuerdo, examinará cada año el funcionamiento del Acuerdo y realizará las demás funciones previstas en el presente Acuerdo.

2. El Grupo de las Partes elegirá cada año Presidente que ejercerá esta función a título personal. El Presidente reunirá al Grupo una vez al año, o con mayor frecuencia a petición de una Parte. Si el país del que es ciudadano el Presidente o en el que tiene su residencia habitual, o en el que está empleado, es parte de un procedimiento de dictamen consultativo o de arreglo de un litigio de conformidad con los artículos 5 u 8, el Grupo de las Partes, a petición de cualquiera de las Partes, elegirá un presidente suplente que ejercerá las funciones de Presidente mientras duren dichos procedimientos.

3. El Grupo de las Partes actuará por consenso, salvo disposiciones contrarias. Una parte podrá abstenerse y expresar un punto de vista diferente sin oponerse por ello al consenso.

4. El Secretario general de la OCDE se encarará de la secretaría del Grupo de las Partes, cuyos gastos correrán a cargo de las Partes según el reparto aprobado por el Grupo de las Partes.

Artículo 4

Comunicación y examen de las informaciones

1. Con el fin de garantizar la transparencia, cada Parte proporcionará al Grupo de las Partes, por medio del Secretariado:

a) cada semestre, todas las informaciones de carácter no confidencial sobre la evolución de los precios de los contratos así como sobre los términos y condiciones de crédito para todos los buques a que se refiere el presente Acuerdo y vendidos en el curso de los seis meses anteriores; y

b) con la máxima anticipación posible, informaciones pertinentes relativas a la ayuda que piensa conceder específicamente a la industria de la construcción y de la reparación naval mercante, incluidas informaciones pertinentes sobre las ayudas que no están prohibidas por el Anexo I, sección B.1 (h) del presente Acuerdo, así como informaciones complementarias rápidas sobre cualquier ayuda de este tipo así acordada y sobre la ayuda acordada de conformidad con las disposiciones del Anexo A;

c) informaciones y notificaciones relativas a las condiciones de crédito y facilidades contempladas en el Acuerdo sobre los créditos a la exportación de buques, tal como se define en el Anexo I, sección A.1, así como informaciones y notificaciones relativas a los dispositivos de créditos interiores autorizados por el Anexo I, sección B.2.2;

d) en lo que se refiere a los astilleros capaces de construir buques comerciales de más de 5 000 tb, informaciones no confidenciales sobre la evolución de la capacidad y sobre el régimen de propiedad (estructura del capital, porcentaje de propiedad pública directa e indirecta); estados financieros (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), incluyendo, en lo posible, cuentas separadas para las actividades de construcción naval de los holdings; transferencia de recursos públicos (incluidas garantías de empréstito, aportaciones mediante emisión de obligaciones, etc.); exenciones a obligaciones financieras u otras (incluidas ventajas fiscales, etc.), contribución al capital (incluidas aportaciones de fondos propios, retiradas de capital, dividendos, empréstitos y sus reembolsos, etc.), liquidación de deudas y transferencia de pérdidas.

2. Cualquier Parte, directamente o por medio del Secretariado, podrá pedir a cualquiera otra Parte las informaciones que juzgue pertinentes a propósito del establecimiento de medidas de ayuda y podrá suministrar al Grupo de las Partes informaciones sobre medidas de ayuda mantenidas o autorizadas por otra Parte.

3. El Grupo de las Partes, en cooperación con el Comité de transporte marítimo de la OCDE deberá proceder cada tres años a un examen en profundidad de las condiciones de competencia existentes en el territorio de cada una de las Partes. Este examen englobará los efectos que pudieran tener sobre las normales condiciones de competencia los cambios introducidos en el régimen de propiedad de los astilleros navales. El Secretariado podrá pedir a las Partes las informaciones indispensables para este examen.

4. Cada Parte cooperará plenamente con los esfuerzos emprendidos para obtener las informaciones solicitadas en virtud del presente Acuerdo.

5. Las disposiciones del presente artículo no obligan a las Partes contratantes a divulgar informaciones confidenciales que pudieran ser obstáculo para aplicación de las leyes o que de otro modo fueran contrarias al interés general u ocasionen perjuicio a los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas. Las informaciones suministradas a título confidencial no serán divulgadas sin el consentimiento de la Parte de la que emanan.

Artículo 5

Dictámenes y exenciones

1. Cualquier Parte podrá pedir al Grupo de las Partes que emita por escrito dictamen sobre la conformidad con el presente Acuerdo (1):

a) de las medidas o prácticas que propone, que ha adoptado o que aplica,

b) o de las medidas o prácticas adoptadas o aplicadas por otra Parte.

El Grupo de las Partes emitirá este dictamen dentro de un plazo de sesenta días.

2. El dictamen adoptado por unanimidad de todos los miembros del Grupo de las Partes será definitivo y obligatorio para todas las Partes en lo que se refiere a una medida o una práctica concreta.

3. En el caso de un dictamen pedido en virtud de la letra b) del apartado 1, si una Parte demandante, o la parte cuya medida o práctica es objeto del dictamen, formula una objección, el Grupo de las Partes actuará por consenso de las restantes Partes. El dictamen adoptado de esta forma será consultivo.

4. La apertura por una parte de un procedimiento de dictamen no prejuzga del derecho de otra Parte a constituir un Grupo especial en virtud del artículo 8. Si una medida o una práctica en litigio es sometida al examen del Grupo especial, el procedimiento de dictamen se dará por concluido, a petición de una parte en el litigio hecha al Grupo de las Partes en un plazo de quince días posterior a la demanda de creación de un Grupo especial a la petición de dictamen.

5. Si una Parte considera que para hacer frente a circunstancias extraordinarias le es necesario adoptar temporalmente una medida, o recurrir a una práctica, incompatible con el Acuerdo, sólo podrá hacerlo de conformidad con los términos y condiciones de una exención que podrá ser concedida por el Grupo de las Partes. En circunstancias críticas en las que, por falta de tiempo, el Grupo de las Partes no puede proceder a un examen previo, podrá emprenderse provisionalmente una actuación, a condición de que se anule a los 30 días de su puesta en aplicación, y cualquier ventaja atribuida por este hecho será recuperada, salvo si su prórroga es aprobada por el Grupo de las Partes que se reunirá durante este período.

Artículo 6

Notificación de las medidas no conformes

Cada vez que una Parte tenga motivos para pensar que una medida de ayuda está siendo o ha sido introducida o mantenida por otra Parte, en contra de las disposiciones del artículo 1, apartado 1 o 2, dicha Parte debe dirigir al Grupo de las Partes una notificación precisando la sección o secciones del Anexo I y del Anexo II a las que no le parece conforme la medida o la práctica.

Artículo 7

Consultas

1. Una Parte que tenga motivos para pensar que una medida de ayuda ha sido o está siendo instituida o mantenida por otra Parte en contra de las disposiciones del apartado 1 o 2 del artículo 1, podrá pedir la celebración de consultas con la otra Parte. La petición incluirá una exposición de las informaciones disponibles sobre la existencia y la naturaleza de la medida de ayuda en cuestión.

2. Si una Parte considera que se ha aplicado un derecho por práctica de precios perjudiciales, a iniciativa de otra Parte, respecto de un constructor naval situado en su territorio, y ello en condiciones no conformes con el apartado 3 del artículo 1 y Anexo III, podrá pedir la celebración de consultas con esta otra Parte en un plazo máximo de sesenta días tras la notificación al constructor naval de la decisión por la que se establece el derecho por práctica de precios perjudiciales.

3. Una Parte podrá pedir la celebración de consultas con cualquier otra Parte o Partes acerca de cualquier otro asunto relativo al funcionamiento del presente Acuerdo, incluida la apertura eventual del procedimiento previsto en el Anexo III.

4. La Parte o Partes demandantes informarán al Grupo de las Partes de la petición de consultas y de las razones que la motivan.

5. La Parte o Partes demandadas asegurarán la posibilidad de organizar consultas de ese tipo y las iniciarán en los 30 días que siguen a la solicitud. Las consultas tendrán por objeto precisar los hechos y llegar a una solución aceptable para todos y conforme con el presente Acuerdo.

6. Las Partes en consulta informarán al Grupo de las Partes de los hechos nuevos importantes acaecidos durante el desarrollo de las consultas así como el resultado de éstas.

Artículo 8

Procedimientos del Grupo especial encargado de examinar un litigio

1. Si no se ha alcanzado una solución mutuamente aceptable en el curso de las consultas a que se refiere el apartado 1 del artículo 7, a propósito de una medida de ayuda adoptada, o en el apartado 2, de un derecho establecido, en un plazo de 30 días a partir del inicio de las consultas o de 60 días a partir de la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo más corto, cualquiera de las Partes en consulta podrá solicitar la constitución de un Grupo especial encargado de examinar el litigio, de conformidad con el Anexo IV. Este derecho es independiente de la apelación que haya podido presentar un constructor naval afectado ante los tribunales de una Parte.

2. Cualquier Parte que desee que se ponga remedio a una infracción, por otra Parte, de las obligaciones sujetas a las disposiciones del presente artículo y del Anexo IV del presente Acuerdo, deberá referirse a las reglas y procedimientos del presente Acuerdo y adecuarse a ellos. En este caso, la Parte no hará una declaración en el sentido de que existe infracción, sino de conformidad con las disposiciones anteriores. Cada Parte garantizará la conformidad de sus leyes, reglamentaciones y procedimientos administrativos con las obligaciones suscritas a título del presente apartado.

3. Si una parte del litigio desea, en concepto de reparación, recuperar un derecho de un constructor naval, o disputa la institución de un derecho por práctica de precios perjudiciales contra un constructor naval y ciudadano suyo, este constructor, a reserva del consentimiento de su Parte, tendrá a participar en el procedimiento del Grupo y gozará de la posibilidad plena y entera de hacer valer sus argumentos contra el establecimiento del derecho. El constructor podrá, por acuerdo de las partes en el litigio, ser excluido de los elementos del procedimiento que se refieran a las relaciones entre Estados.

4. Cualquier otra Parte del presente Acuerdo que tenga un interés en el litigio tendrá la posibilidad de dar a conocer al Grupo especial su punto de vista sobre el mismo.

5. Si el litigio se refiere a una medida de ayuda contemplada en el Anexo I, el Grupo especial se pronunciará sobre la conformidad de la medida de ayuda con el presente Acuerdo. Si el Grupo especial concluye que la medida o la práctica disputada no es conforme:

a) la Parte responsable eliminará la medida de ayuda en causa o la modificará para ponerla en conformidad con el Acuerdo, en el plazo que decida el Grupo especial;

b) el Grupo especial determinará en sus conclusiones:

i) cuáles son los constructores que han obtenido ventaja de la medida de ayuda,

ii) la ventaja obtenida merced a dicha medida de ayuda por cada constructor afectado, y

iii) el interés sobre la ventaja calculada al tipo de interés comercial de referencia (TICR) del país en causa, a partir de la fecha de obtención de la ventaja. Cuando se trate de subvenciones en el sentido del artículo 1 del Acuerdo del GATT sobre las subvenciones y las medidas compensatorias, la ventaja se calculará de conformidad con el artículo 14 de dicho Acuerdo. Para las otras medidas, el Grupo especial deberá adecuarse a cualquier práctica y/o acuerdo comercial aceptado por todos.

c) La parte responsable procederá, en el plazo establecido por el Grupo especial, a la recuperación de los constructores afectados de un derecho por el importe determinado de conformidad con el párrafo b), o, cuando no sea posible jurídicamente recuperar ese derecho, podrá, con acuerdo con la Parte o Partes afectadas, adoptar cualquier otra medida adecuada para eliminar o neutralizar las ventajas obtenidas.

6. Si el litigio se refiere a un derecho percibido en concepto de ayuda perjudicial en materia de precios, el Grupo especial examinará si el derecho fue establecido de conformidad con las reglas y procedimientos del Anexo III.

a) El Grupo especial determinará, en su evaluación de los hechos, si el establecimiento de los hechos por parte de las autoridades ha sido efectuado correctamente y si éstas evaluaron los hechos de forma objetiva e imparcial. Si el establecimiento de los hechos ha sido correcto y la evaluación imparcial y objetiva, incluso aunque el Grupo especial pudiera eventualmente haber llegado a conclusiones diferentes, dicha evaluación no será invalidada.

b) El Grupo especial interpretará el Acuerdo de conformidad con las reglas habituales de interpretación del derecho internacional público. Si el Grupo especial comprueba que una de las disposiciones pertinentes al Acuerdo admite varias interpretaciones aceptables, considerará que la medida adoptada por las autoridades es conforme con el Acuerdo siempre que se apoye sobre una de esas interpretaciones (2); y

c) Si considera que el establecimiento de un derecho no ha sido conforme con el Acuerdo, el Grupo especial podrá recomendar, según sea la naturaleza de esa no conformidad, o bien que la autoridad encargada de la investigación ponga fin a dicha investigación, o bien que reconsidere su decisión teniendo en cuenta las conclusiones del Grupo. Si el Grupo especial recomienda el reexamen, podrá sugerir los medios con los cuales la autoridad encargada de la investigación podría poner en práctica la recomendación. La autoridad encargada de la encuesta pronunciará su decisión de conformidad con las conclusiones del Grupo.

7. Si el importe requerido no es abonado en el plazo establecido por el Grupo especial, correrá el interés al tipo de interés comercial de referencia (TICR) de la moneda en cuestión, a partir, en el caso de un derecho contemplado en el apartado 5, de la expiración de la fecha límite y, en el caso de un derecho contemplado en el apartado 6, de la expiración de la fecha límite para el pago previsto en el apartado 3 del artículo 7 del Anexo III, hasta la fecha del pago.

8. Las decisiones del Grupo especial serán definitivas y tendrán fuerza obligatoria para las partes en litigio a menos que sean rechazadas por el Grupo de las Partes en un plazo de 30 días.

9. Si se trata de un litigio relativo a una medida de ayuda contemplada en el Anexo I, y que una parte del litigio no pone en práctica las decisiones del Grupo especial, según lo previsto en los apartados 5.a) y 5.c), u otra medida de indemnización o medida correctora apropiada, de acuerdo con la Parte o Partes lesionadas, y hasta el momento en que sean efectivamente aplicadas dichas medidas, podrán adoptarse las acciones siguientes, que no ser así objeto de queja alguna en concepto de cualquier otro acuerdo:

a) El Grupo de las Partes podrá, por unanimidad menos un voto, negar el beneficio del apartado 3 del artículo 1 y del Anexo III a los constructores navales que hayan beneficiado de la ventaja y que no hayan abonado el derecho o no se hayan conformado a la otra solución de indemnización o de medida correctora, y ello negando dichos constructores el derecho de hacer valer que han sido perjudicados por el precio de los buques vendidos por los constructores de las otras Partes.

b) La Parte o Partes perjudicadas podrá suspender las concesiones equivalentes previstas por el GATT, a reserva de desacuerdo en cuanto al importe de las concesiones suspendidas por el Grupo de las Partes por unanimidad menos un voto. Para determinar estas suspensiones, se dará prioridad a aquellas que estén ligadas al producto o productos asociados a la infracción. Si una Parte afectada disputa el importe o el producto relacionado con la suspensión de concesiones propuesta, el caso podrá ser llevado ante el Grupo especial.

10. En el caso de que el constructor afectado no abone el derecho establecido en virtud del Anexo III, no anula la venta del buque a un precio inferior al valor normal, o no se conforme, en el plazo establecido, con otra medida equivalente válida, juzgada aceptable por la autoridad responsable de la investigación (3), la Parte encargada de la investigación podrá denegar a determinados buques construidos por el constructor naval en causa privilegios de carga y descarga, en proporciones suficientes, pero no excesivas, para alcanzar el objetivo del Anexo III. Esta denegación de carga y descarga no será objeto de queja en concepto de cualquier otro acuerdo.

a) La Parte encargada de la investigación podrá, en un primer momento, imponer esta contramedida, a reserva de una notificación pública 30 días antes de su publicación, y en tanto se adecue el constructor, por un plazo máximo de 4 años a partir de la entrega de los buques encargados durante un período máximo de 4 años a partir del final del período de notificación pública.

b) Una Parte en la disputa podrá pedir el establecimiento de un Grupo especial para examinar las contramedidas cuando no esté ya constituido un Grupo especial encargado de examinar la fijación del precio perjudicial en causa:

i) Un Grupo especial prolongará o reducirá los plazos en cuestión y/o autorizará a otras partes a aplicar la contramedida, si fuere necesario, con el fin de que sea suficiente, pero no excesiva, respecto de los objetivos contemplados en el Anexo III;

ii) De conformidad con la sección 11 del Anexo IV, un Grupo especial podrá suspender o reducir provisionalmente la aplicación de la contramedida, durante el período que necesite para examinar el asunto, cuando a la luz de las previsiones de la Parte que objeta la contramedida en cuanto al fondo, esta acción sea necesaria para impedir un daño irreparable.

c) El Secretariado establecerá, actualizará periódicamente y distribuirá a las Partes la lista de los buques que son objeto de la contramedida o de la medida correctora. Las Partes proporcionarán al Secretariado informaciones sobre los buques en cuestión.

Artículo 9

Solución de litigios relativos a la concesión de créditos a la exportación

1. Para cualquier litigio relativo a las medidas de ayuda contempladas en el Anexo I, Sección A.1, las Partes harán uso pleno de todos los mecanismos de consulta previstos por el Acuerdo sobre los créditos a la exportación referidos en el Anexo I.

2. No obstante, si el recurso a estos mecanismos no permite solventar el litigio de manera satisfactoria, y si una parte del litigio considera que dicha medida de ayuda compromete sensiblemente el equilibrio de los derechos y obligaciones previstos en el presente Acuerdo, la Parte podrá someter la cuestión al examen del Grupo de Partes con el fin de establecer si la medida de ayuda ha comprometido de forma significativa el equilibrio de derechos y obligaciones establecidos por el presente Acuerdo. Si la decisión es afirmativa, el Grupo de las Partes establecerá las condiciones en que la Parte demandada deberá suprimir la medida de ayuda que ha dado lugar a la disputa.

3. En caso necesario, el Grupo de las Partes podrá recomendar la modificación del Acuerdo o del Arreglo.

Artículo 10

Intereses relativos a la seguridad

1. Siempre que las medidas o las prácticas que se refieren a intereses relativos a la seguridad no constituyan acciones encubiertas en favor de la industria de la construcción y de la reparación naval no conformes con el Acuerdo, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada:

a) en el sentido de imponer una Parte la obligación de facilitar informaciones cuya divulgación, a juicio de la misma, sea contraria a los intereses esenciales de su seguridad;

b) en el sentido de que impida a una Parte adoptar una medida que juzgue necesaria para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:

i) en el caso de materias de fisión o de materias de las que proceda las anteriores;

ii) en el caso del tráfico de armas, de municiones y de materiales de guerra y de comercio de otros artículos y de materiales destinados directa o indirectamente a garantizar el aprovisionamiento de un establecimiento militar;

iii) aplicada el tiempo de guerra o en caso de graves tensiones internacionales, o

c) en el sentido de impedir a una parte adoptar una medida en aplicación de sus compromisos a título de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. Si una parte considera que medidas de ayudas adoptadas por otra Parte constituyen acciones encubiertas en favor de la industria de la construcción y de la reparación naval, podrá, sin perjuicio de su derecho a emprender los otros procedimientos previstos en el presente Acuerdo, pedir aclaraciones adicionales. La otra Parte deberá cooperar en el examen destinado a determinar si una medida o una práctica pertenece o no a los intereses esenciales de la seguridad y someter las informaciones de que dispone en los plazos más breves y lo más completamente posible a través de las guías administrativas competentes.

Artículo 11

Reexamen y modificaciones del Acuerdo

1. El Grupo de las Partes reexaminará el presente Acuerdo cada tres años. Las Partes lo reexaminarán igualmente si su cuota de mercado cae por debajo del 70 por ciento del tonelaje bruto.

2. Cualquier Parte podrá proponer al Grupo de las Partes modificaciones del presente Acuerdo. Cualquier modificación adoptada por el Grupo de las Partes entrará en vigor a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de todas las Partes, o en cualquier fecha ulterior que podrá ser precisada por el Grupo de las Partes en el momento de la adopción de las modificaciones.

Artículo 12

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. Hasta su entrada en vigor, el presente Acuerdo estará abierto a la firma en la OCDE por la Comunidad Europea, la República de Corea, los Estados Unidos de América, Finlandia, Japón, Noruega y Suecia y cualquier Estado por ellos invitado que disponga de una industria de reparación y de construcción naval mercante. El presente Acuerdo será sometido a la ratificación, la aceptación y la aprobación, esforzándose los signatarios por proceder a la misma antes del 1 de enero de 1996.

2. Tras su entrada en vigor, los Estados que dispongan de una capacidad de industria de construcción y de reparación naval mercante podrán, previa aprobación del Grupo de las Partes, hacerse parte del presente Acuerdo por adhesión.

3. La ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión se efectuarán mediante el depósito de instrumento oficial a tal efecto ante el Depositario.

Artículo 13

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo, del cual son parte integrante los Anexos, entrará en vigor el 1 de enero de 1996, una vez depositados los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación por la Comunidad Europea, la República de Corea, Los Estados Unidos de América, Finlandia. Japón, Noruega y Suecia, de conformidad con el artículo 12 (4). Si una o varias de estas Partes no ha depositado un instrumento de este tipo antes de dicha fecha, el Acuerdo entrará en vigor en un plazo de 30 días a partir de la fecha de depósito del último instrumento.

2. Las Partes aceptan el Arreglo sobre los créditos a la exportación de buques a que se refiere el Anexo I, sección A.1 del presente Acuerdo.

Artículo 14

Retirada

Cualquier Parte podrá retirarse del presente Acuerdo comunicando por escrito su intención al depositario, entrando en vigor esta retirada un año después de la fecha de recepción de la notificación. Durante este período, a petición de cualquier Parte, el Grupo de las Partes se reunirá para examinar el presente Acuerdo. En un plazo de treinta días a partir de la reunión del Grupo de las Partes, cualquier otra Parte podrá, mediante notificación escrita al Depositario, retirarse del presente Acuerdo en la fecha de la retirada de la Parte que haya notificado en primer lugar su intención de hacerla.

Artículo 15

Depositario

Será Depositario del presente Acuerdo el Secretario general de la OCDE.

(1) Se trata de las «medidas a prácticas» a que se refieren los apartados 1 y 2, así como el apartado 3 del artículo 1.

(2) A efectos del presente Acuerdo, los términos «interpretación autorizada» significan «método de puesta en aplicación autorizado». Para determinar su método de puesta en aplicación es autorizado, conviene tener en cuenta las características propias de la construcción naval mercante, así como las disposiciones del presente Acuerdo que se refieren a las prácticas perjudiciales, incluida, en particular, la disposición que establece el pago de derechos por prácticas de precios perjudiciales por parte del astillero de que se trate. Si el Grupo especial considera que la disposición pertinente del presente Acuerdo relativo a las prácticas de precios perjudiciales admite diversos métodos de puesta en aplicación autorizados, el Grupo de las Partes, para impedir la aparición de ulteriores divergencias, deberá esforzarse por definir un método unificado de puesta en aplicación, y, en caso necesario, modificar la disposición correspondiente.

(3) Cuando se trate de un derecho sometido a un Grupo especial para examen, el plazo aplicable será el establecido por el Grupo especial para la ejecución.

(4) Si Finlandia, Noruega o Suecia devienen miembros de la Comunidad Europea, no se requerirá su ratificación para la entrada en vigor del Acuerdo. Una vez adheridos a la Comunidad Europea, tendrán respecto de este Acuerdo el mismo estatus que los miembros de la Comunidad Europea.

ANEXO I

MEDIDAS DE AYUDA INCOMPATIBLES CON LAS CONDICIONES NORMALES DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA REPARACIÓN NAVAL MERCANTE

Las medidas de ayuda (1) siguientes son incompatibles con las condiciones normales de la competencia cuando son concedidas (2) directa o indirectamente a la industria de la construcción y de la reparación naval mercante por una Parte, incluidos los Estados o las autoridades locales o regionales de una Parte o sus agencias u órganos, o merced a recursos públicos o a una intervención pública en cualquiera de sus formas.

A. SUBVENCIONES A LA EXPORTACIÓN

1. Créditos a la exportación con apoyo público (3)

Las facilidades de créditos a la exportación incompatibles con las disposiciones del Arreglo sobre los créditos a la exportación de buques que figuran en el C/WP6(94) y las modificaciones del mismo adoptadas de conformidad con el apartado 14 de dicho Arreglo.

2. Subvenciones a la exportación

Las subvenciones que dependen de hecho o de derecho (4), únicamente, o, entre otras condiciones, de los resultados obtenidos a la exportación, incluidas las subvenciones que figuran en la lista indicativa de la nota de acompañamiento 8 del presente Anexo (5).

B. AYUDAS NACIONALES (6)

1. Ayudas nacionales directas

Las medidas de ayuda siguientes serán incompatibles cuando beneficien directamente al constructor o reparador naval:

a) subvenciones;

b) préstamos en condiciones más favorables que las de un préstamo comercial comparable que una empresa pueda obtener efectivamente en el mercado;

c) garantías de préstamos concedidas en términos y condiciones más favorables que las que una empresa pudiera obtener para un préstamo comercial comparable sin garantía del gobierno, o en términos y condiciones más favorables que los autorizados por el presente Acuerdo;

d) anulación de deudas;

e) aportaciones de fondos propios en condiciones incompatibles con las prácticas habituales (incluidas las aportaciones de capital y riesgo) de los inversores privados que operan en el territorio de la Parte;

f) suministro de bienes y servicios a precios inferiores a los que corresponden a una remuneración suficiente;

g) políticas y prácticas fiscales que beneficien a la industria de la construcción y de la reparación naval, como los créditos tributarios;

h) otras ayudas excepto:

i) ayudas destinadas a cubrir el coste de las medidas que beneficien exclusivamente a los obreros que pierden sus derechos a la jubilación, que son despedidos o que pierden su empleo definitivamente en la empresa de construcción naval afectada, cuando dichas ayudas están vinculadas a la interrupción o a un descenso de la actividad de los astilleros, a la quiebra o a una diversificación de sus actividades ajenas a la construcción naval, y

ii) las ayudas a la investigación y al desarrollo concedidas de conformidad con las disposiciones de la sección B.3.

2. Ayudas nacionales indirectas (7)

1. Las medidas de ayuda siguientes serán incompatibles cuando beneficien, o que se pueda esperar razonablemente que beneficien, indirectamente a un constructor o a un reparador naval, a través del intermediario del armador o de otras Partes terceras (8) las obligaciones de construcción en astilleros nacionales son incompatibles de derecho y de hecho:

a) subvenciones;

b) préstamos y garantías de préstamos:

i) créditos interiores, vinculados al valor contractual de un buque nuevo concedidos a un armador nacional o a otras Partes terceras nacionales que efectúen pedidos para esos buques en condiciones más favorables que las de un préstamo comercial normal que la empresa pueda obtener efectivamente en el mercado, sin perjuicio del apartado 2 y del apartado 3;

ii) otros préstamos a condiciones más favorables que las de un préstamo comercial comparable que una empresa pueda obtener efectivamente en el mercado;

iii) garantías de préstamo concedidas en términos y condiciones más favorables que las que una empresa pudiera obtener para un préstamo comercial comparable sin garantía del gobierno, o en términos y condiciones más favorables que los autorizados por el presente Acuerdo;

c) anulaciones de deudas;

d) políticas y prácticas fiscales que beneficien a la industria de la construcción y la reparación naval, como los créditos tributarios;

e) cualquier ayuda concedida a los suministradores de bienes y servicios a la industria de la construcción y de la reparación naval, cuando esta ayuda confiera específicamente ventajas a esta industria de un país determinado; o

f) cualquier ayuda indirecta análoga a las medidas y prácticas contempladas de a) a f) del presente apartado, salvo las ayudas a la investigación y al desarrollo, que se tratan en la siguiente sección 3.

2. Los apartados 1.b) i) y iii) no se aplicarán a los préstamos y garantías de préstamos concedidos a los compradores nacionales en las mismas condiciones, incluidas, entre otras las relativas al tipo de interés, el pago inicial, el plazo de gracia, la duración, los importes de los reembolsos y las primas de garantía que puedan concederse a armadores extranjeros en virtud del Arreglo sobre los créditos a la exportación de conformidad [C/WP6(94) 6]. La concesión de estos préstamos y garantías de préstamos podrá limitarse a la compra de buques en astilleros nacionales.

3. De conformidad con los términos y condiciones a convenir por el Grupo de trabajo del Consejo, los apartados 1.b i) y iii) no se aplicarán a los préstamos y garantías de préstamos que:

a) concedan a un armador nacional que efectúa aun pedido de buque nuevo a un astillero extranjero condiciones más favorables que a los que efectúan un pedido a un astillero nacional; o

b) subordinan la concesión de estos préstamos y garantías de préstamos a un procedimiento internacional de licitación abierta; o

c) establezcan un elemento de liberalidad no superior al de los préstamos autorizados en el párrafo 2.

3. Investigación y desarrollo (9)

1. Las ayudas públicas concedidas con fines de investigación y desarrollo a la industria de la construcción y de la reparación naval mercante, en forma de subvenciones, préstamos preferenciales, regímenes fiscales preferenciales o cualquier otra forma, excepto en los casos siguientes:

a) investigación fundamental según la definición que se da en la nota 5 b);

b) investigación industrial de base, quedando limitada la proporción de ayuda al 50 por ciento de los costes que dan derecho a una ayuda;

c) investigación aplicada, limitándose la proporción al 35 por ciento de los costes que dan derecho a una ayuda;

d) desarrollo, limitándose la proporción de ayuda al 25 por ciento de los costes que dan derecho a una ayuda.

2. La intensidad de ayuda máxima autorizada para las actividades de investigación de desarrollo que se refieran a la seguridad y al medio ambiente podrá ser superior en 25 puntos porcentuales a los porcentajes citados en b), c) y d), a condición de que el Grupo de las Partes apruebe el proyecto por unanimidad menos un voto, o en más de 25 puntos porcentuales si el Grupo de las Partes aprueba el proyecto por unanimidad.

3. El importe máximo autorizado de la ayuda destinada a las actividades de investigación y desarrollo realizadas por pequeñas y medianas empresas será de 20 puntos porcentuales superior al porcentaje mencionado en b), c) y d). Por pequeñas y medianas empresas se entiende las que emplean menos de 300 personas, cuyo volumen de negocio anual es inferior a 20 millones de ecus, y cuyo capital no pertenece en más de un tercio a una gran empresa.

4. Las informaciones sobre los resultados de las actividades de investigación y desarrollo debe publicarse con rapidez, y al menos una vez al año.

C. REGLAMENTACIONES Y PRÁCTICAS OFICIALES

1. Actos administrativos, directivas de ayudas administrativas que autoricen, fomenten u obliguen a los astilleros de construcción o de reparación naval a celebrar acuerdos anticompetitivos con competidores, como, aunque no únicamente, para fijar los precios, falsear las licitaciones, conceder contratos, limitar la producción o las ventas o recurrir a prácticas predatorias (10).

2. Obligaciones de hacer construir o reparar en astilleros nacionales, u obligación de contenido local, que establezca una discriminación en favor de la industria de la construcción y de la reparación naval mercante de la Parte, o reglamentaciones de ayudas oficiales con efectos análogos, incluidos, en particular, los sistemas de preferencia de carga directamente vinculados con la obligación de hacer construir o reparar los buques en astilleros nacionales (11).

Notas de acompañamiento del Anexo I

1. Las reglas del Anexo I engloban las medidas de ayuda concedidas a las entidades emparentadas, considerándose como tal cualquier persona física o moral

i) que posea o controle un constructor naval, o

ii) que pertenezca a un constructor naval, o esté bajo su control, directa o indirectmente, mediante la tenencia de acciones o de cualquier otra forma. Si una persona o un constructor naval posee o controla un 25 por ciento de los intereses de la otra parte, podrá refutarse la presunción de propiedad o de control.

2. La sección B no se aplica a las medidas de ayuda a que se refiere la sección A.

3. SECCIONES A.1 y B.2

Transparencia y examen de los dispositivos de créditos interiores y de créditos a la exportación.

En un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Grupo de las Partes creará un Grupo de trabajo que examinará el funcionamiento del Anexo I, secciones A.1 y B.2.2:

i) examinando los informes sometidos cada año sobre el valor, tonelaje, tipos de interés, etc., para todos los buques financiados por los dispositivos de créditos a la exportación que se beneficien de un apoyo público y de créditos interiores; y

ii) evaluándose si los procedimientos de notificación previstos en el artículo 4.1.c revelan efectivamente medidas de ayudas incompatibles con el Acuerdo.

El Grupo de trabajo deberá examinar si el recurso a estas medidas ha comprometido sensiblemente el equilibrio de los derechos y obligaciones del presente Acuerdo. Si tal fuera el caso, el Grupo de trabajo podrá recomendar al Grupo de las Partes la introducción de las modificaciones adecuadas en el Acuerdo o en el Arreglo.

4. SECCIÓN B.2

Se considera que una medida de ayuda es concedida por intermedio de un armador o de otra Parte, cuando, por ejemplo, la ventaja es transferida al constructor o al reparador naval, o cuando puede esperarse razonablemente que le sea transferida, o cuando la ley ordene a los astilleros de un país determinado efectuar los trabajos o los incentive a ello.

5. SECCIÓN B.3

Se aplican a la investigación y el desarrollo las definiciones que siguen:

a) Costes que pueden beneficiarse de una ayuda:

i) costes de los instrumentos, materiales, terrenos y edificios utilizados para la realización de proyectos de investigación y desarrollo determinados;

ii) costes de los investigadores, técnicos y otras personas destinadas a proyectos de investigación y desarrollo determinados;

iii) servicios de consultoría y servicios equivalentes, incluida la investigación comprada al exterior, los conocimientos técnicos, las patentes, etc.;

iv) gastos generales (infraestructura y servicios auxiliares) vinculados a los proyectos de investigación y desarrollo, a condición de que sean inferiores al 45 por ciento del coste total del proyecto para la investigación industrial de base, al 20 por ciento para la investigación aplicada, y al 10 por ciento para el desarrollo.

b) Por «investigación fundamental» se entenderá las actividades de investigación desarrolladas de forma independiente por establecimientos de enseñanza superior o de investigación con el fin de ampliar los conocimientos científicos y técnicos de orden general, sin vínculos con objetivos industriales o comerciales.

c) Por investigación industrial básica se entenderán los trabajos originales teóricos o experimentales que tengan por objeto comprender mejor las leyes de las ciencias y de las técnicas en general y que sean de posible aplicación a un sector industrial o a las actividades de una empresa particular.

d) Por investigación aplicada se entenderá estudios o experimentaciones realizadas a partir de los resultados de la investigación fundamental y destinados a facilitar la realización de objetivos prácticos determinados, como la puesta a punto de nuevos productos, procedimientos de producción y servicios. Desemboca generalmente en la elaboración de prototipos y no cubre los esfuerzos centrados esencialmente en la concepción, el desarrollo o los ensayos de productos o de servicios cuya comercialización esté contemplada.

e) Por desarrollo se entenderá la utilización sistemática de los conocimientos científicos y técnicos para fines de concepción, puesta a punto, ensayo o evaluación de nuevos productos, procedimientos de producción o servicios, o para fines de mejora de productos o de servicios existentes con el fin de cumplir normas u objetivos determinados de rendimiento. Esos trabajos cubre normalmente la fase anterior a la producción en serie, como los proyectos piloto o de demostración, pero no engloban las aplicaciones industriales ni la explotación comercial.

f) La ayuda pública a la investigación y el desarrollo específicamente concedida a la industria de la construcción y de la reparación naval comprende, aunque no exclusivamente, los siguientes proyectos:

i) los proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo por la industria de la construcción o de la reparación naval o por institutos de investigación financiados o controlados por esta industria;

ii) los proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo por el sector del transporte marítimo o por institutos de investigación controlados o financiados por este sector cuando el proyecto esté directamente ligado a la industria de la construcción o de la reparación naval;

iii) los proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo por universidades, institutos independientes de investigación (públicos o privados) y otros sectores industriales, en colaboración con la industria de la construcción y de la reparación naval;

iv) los proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo por universidades, institutos de investigación públicos o privados independientes y otros sectores industriales, cuando, en el momento de la realización del proyecto, se pueda prever razonablemente que los resultados presentarán una importancia particular no desdeñable para la industria de la construcción y de la reparación naval.

6. SECCIÓN C.1

Las Partes reconocen que existen diferencias entre las políticas, leyes o reglamentos en materia de competencia. Las disposiciones de la sección C.1 no están destinadas a unificar las políticas de competencia de las Partes del presente Acuerdo ni a obligar a una Parte a modificar sus leyes y reglamentaciones en el ámbito de la competencia.

7. SECCIÓN C.2

Aunque los derechos de aduana sobre los buques nuevos o las reparaciones de buques estén cubietos por la sección C.2, las Partes no tienen intención de considerar los derechos de aduana como obstáculos a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción naval mercante.

8. SECCIÓN A.2

Lista de subvenciones a la exportación, a título de ejemplo:

a) Concesión por los poderes públicos de subvenciones directas a empresas o a ramas de producción en función de sus resultados a la exportación.

b) Sistemas de retención de divisas o cualquier práctica análoga que implique la concesión de una prima a la exportación.

c) Tarifas de transporte interior y de carga para expediciones de exportación, ofrecidas por los poderes públicos o por instrucción de éstos en condiciones más favorables que para las expediciones en tráfico interior.

d) Suministro por los poderes públicos o sus instituciones, directamente, o indirectamente a través de programas aplicados siguiendo instrucciones de los poderes públicos, de productos o de servicios importados o de origen nacional destinados a la producción de mercancías para la exportación, en condiciones más favorables que el suministro de productos o servicios similares o directamente competitivo destinados a la producción de productos para el consumo interno, si, en el caso de los productos, estas condiciones son más favorables que las condiciones comerciales (12) de que pueden gozar los exportadores en los mercados mundiales.

e) Exoneración, descuento o diferimiento, en todo o en parte, de los impuestos directos (13) y de las cotizaciones de seguridad social pagada o adeudadas por empresas industriales o comerciales (14), específicamente concedidas en concepto de sus exportaciones.

f) Deducciones especiales directamente vinculadas a las exportaciones o a los resultados obtenidos a la exportación, que, en el cálculo de la base para los impuestos directos, se añadiría a las concedidas para la producción destinada al consumo interno.

g) Exoneración o descuento, en concepto de producción o distribución de productos exportados, de un importe de impuestos indirectos (15) superior al importe de estos impuestos percibido en concepto de producción y distribución de productos similares en venta para el consumo interior.

h) Exoneración, descuento o diferimiento de los impuestos indirectos en cascada percibidos en fases anteriores (16) sobre los bienes o servicios utilizados para la producción de los productos exportados, cuyas cifras fueran superiores a las de las exoneraciones, descuentos o retrasos de los impuestos indirectos en cascada similares percibidos en fases anteriores sobre los bienes o servicios utilizados para la producción de productos similares vendidos para el consumo interno; no obstante, la exoneración, el descuento o el diferimiento de los impuestos indirectos en cascada percibidos en fases anteriores podrán ser concedidos para los productos exportados, aun cuando no los sean para los productos similares vendidos para el consumo interno, siempre que los impuestos indirectos en cascada percibidos en fases anteriores recaigan sobre insumos consumidos en la producción del producto exportado (teniendo en cuenta la merma normal) (17). Este punto será interpretado de conformidad con las directrices relativas al consumo de insumos en el proceso de producción que se reproducen en el Anexo II del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias.

i) Descuento o devolución de un importe de impuestos a la importación (18) superior al de los impuestos percibidos sobre los insumos importados consumidos en la producción del producto exportado (teniendo en cuenta la merma normal); no obstante, en casos particulares, una empresa podrá utilizar, como insumos de sustitución, insumos del mercado interior en cantidad igual a la de los insumos importados y con las mismas calidades y características con el fin de beneficiar de esta disposición, si las operaciones de importación y las operaciones de exportación correspondientes se efectúan unas y otras en un intervalo de tiempo razonable no superior a dos años. Este punto será interpretado de conformidad con las directrices relativas al consumo de insumos en el proceso de producción reproducidas en el Anexo II del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias y con las directrices a seguir para determinar si sistemas de devolución sobre insumos de sustitución constituyen de subvenciones a la exportación, se reproducen en el Anexo III del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias.

j) Establecimiento por los poderes públicos (o por organismos especializados por ellos controlados) de programas de garantías o de seguros de crédito a la exportación, de programas de seguros o de garantías contra el alza del coste de producción de los productos exportados, o de programas contra los riesgos de cambio, con tipos de primas insuficientes para cubrir, a largo plazo, los gastos y pérdidas en concepto de gestión de tales programas.

k) Pago por los poderes públicos (o por organismos por ellos controlados y/o que actúen bajo su autoridad) total o parcial de los gastos soportados por exportadores u organismos financieros para obtener crédito, en la medida en que estas acciones sirvan para dar una ventaja importante en el plano de las condiciones de crédito a la exportación.

l) Cualquier otra carga para el tesoro público que constituya una subvención a la exportación en el sentido del Artículo XVI del GATT de 1994.

Notas a la lista de ejemplos de subvenciones a la exportación

(1) Véase nota de acompañamiento 1 del presente Anexo.

(2) La especificidad será determinada de conformidad con el principio establecido en el artículo 2 del Acuerdo del GATT sobre subvenciones y medidas compensatorias.

(3) Véase nota de acompañamiento 3 del presente Anexo.

(4) Es el caso cuando se comprueba que la concesión de una subvención, sin estar jurídicamente subordinada a los resultados a la exportación, está vinculada de hecho al nivel efectivo o anticipado de las exportaciones o de los ingresos de exportación. El mero hecho de alguna subvención sea concedida a las empresas exportadoras no es suficiente para que sea considerada como subvención a la exportación en el sentido de la presente disposición.

(5) Las medidas mencionadas en la nota de acompañamiento 8 del Anexo I, que no constituyan subvención a la exportación, no serán prohibidas por el presente Acuerdo.

(6) Véase nota de acompañamiento 2 del presente Anexo.

(7) Véase nota de acompañamiento 3 del presente Anexo.

(8) Véase nota de acompañamiento 4 del presente Anexo.

(9) Véase nota de acompañamiento 5 del presente Anexo.

(10) Véase nota de acompañamiento 6 del presente Anexo.

(11) Véase nota de acompañamiento 7 del presente Anexo.

(12) La expresión «condiciones comerciales» significa que hay libertad de elección entre los productos nacionales y los productos importados, y que sólo intervienen en este sentido los criterios comerciales.

(13) A efectos del presente Acuerdo:

La expresión «impuestos directos» designa los impuestos sobre los salarios, beneficios, intereses, alquileres, cánones y cualquier otra forma de rentas, así como los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

La expresión «imposiciones a la importación» designa los derechos de aduanas, otros derechos, y otras imposiciones fiscales no enumeradas en otro punto de la presente nota, que sean percibidas a la importación.

La expresión «impuestos indirectos» designa las tasas sobre las ventas, los impuestos especiales, los impuestos sobre el volumen de negocios y el valor agregado, impuestos sobre las concesiones, derechos de timbre, tasas de transmisión, impuestos sobre las existencias y el equipo, y ajustes fiscales en frontera, así como cualquier otra tasa distinta de los impuestos directos y de los impuestos a la importación.

Los impuestos indirectos «percibidos en fases anteriores» son los impuestos percibidos sobre los bienes a servicios utilizados directa o indirectamente para la producción del producto.

Los impuestos indirectos «en cascada» son impuestos escalonados en fases múltiples, que se perciben cuando no existe mecanismo de crédito ulterior de impuesto para el caso en que los bienes o servicios imponibles en una determinada fase de producción sean utilizados para una fase de producción posterior.

El «descuento» de los impuestos engloba las restituciones o reducciones de impuestos.

El «descuento o devolución» engloba la exoneración o el diferimiento, en todo o en parte, de las imposiciones a la importación.

(14) Las Partes reconocen que el diferimiento no constituye necesariamente una subvención a la exportación cuando, por ejemplo, se repercute en unos intereses adecuados. Las Partes firman el principio de que los precios de los productos, en las transacciones entre empresas exportadoras y compradores extranjeros que ellas controlen o que estén sujetos al mismo control que ellas, deberían, a efectos fiscales, ser los precios que serían practicados entre empresas independientes actuando en condiciones de libre competencia. Cualquier Parte podrá llamar la atención de otra Parte sobre las prácticas administrativas u otras que puedan soslayar este principio y que se traduzcan por un ahorro notable de impuestos directos en las transacciones a la exportación. En tales circunstancias, los miembros se esforzarán normalmente por arreglar sus diferencias recurriendo a las vías que les abre los convenios bilaterales en vigor en materia impositiva, u otros mecanismos internacionales particulares, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que para las Partes resultan del presente Acuerdo, incluido el derecho de consulta establecido en la frase anterior.

El tenor del punto e) no tiene por objeto limitar la posibilidad de que una Parte adopte medidas con el fin de evitar la doble imposición de rentas de fuente extranjera obtenidas por sus empresas o por las empresas de otra Parte.

(15) El punto h) no se aplica a los sistemas de impuesto sobre el valor añadido ni a los ajustes fiscales en frontera que lo sustituyen; el problema del descuento excesivo de impuesto sobre el valor añadido corresponde exclusivamente al punto g).

ANEXO II

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE AYUDA

Las medidas de ayuda existentes que sean incompatibles con el Acuerdo deberán ser eliminadas a la entrada en vigor del presente Acuerdo, salvo en los casos contemplados en las secciones A y B siguientes. Se podrán pagar tras su entrada en vigor las ayudas comprometidas con anterioridad, siempre que se cumplan las disposiciones del arreglo establecido en el apartado 3 del Acta Final de las negociaciones del presente Acuerdo.

A. AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN

Podrán concederse ayudas de conformidad con la siguiente notificación hecha al Grupo de trabajo del Consejo.

i) El programa actual de la República de Corea relativo a Daewoo y KSEC, descrito en el documento [C/WP6(91) 58].

ii) Las ayudas a la reestructuración concedidas en Bélgica, España y Portugal, sobre las que se informa en el documento [C/WP6(93) 31] y en la nota de acompañamiento 1 del presente Anexo.

B. REGLAMENTACIONES Y PRÁCTICAS PÚBLICAS

Leyes de los Estados Unidos sobre cabotaje

1. Los Estados Unidos se reservan el derecho de mantener las obligaciones de construcción nacional dictadas en las leyes públicas contempladas en la nota de acompañamiento 2 del presente Anexo.

2. En cuanto a las leyes de los Estados Unidos sobre cabotaje que reservan el mercado nacional a los astilleros nacionales, se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) todas las obligaciones de construcción, de reconstrucción o de reparación nacional dictadas en las leyes de Estados Unidos distintas de las que se especifican en la nota de acompañamiento 2 del presente Anexo (en adelante denominadas «leyes sobre el cabotaje») y que sean incompatibles con el Acuerdo serán eliminadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

b) Reconociendo que una exención permanente en concepto de las leyes sobre cabotaje podría comprometer el equilibrio de derechos y obligaciones de las Partes previsto por el Acuerdo y que es inaceptable para las otras Partes, las Partes deciden que podrán adoptarse medidas de reacción según las modalidades que a continuación se indican y en un marco del procedimiento especial de revisión y de seguimiento.

c) Los Estados Unidos aceptan cooperar para un examen anual que efectuaría el Grupo de las Partes y garantizar una transparencia total en lo que se refiere a la construcción de buques de este tipo, e incluso de facilitar información sobre los nuevos pedidos y los contratos ratificados (ajustándose posteriormente unos y otros para tener en cuenta las anulaciones), las fechas de entrega previstas y efectivas, por tonelaje y por tipo de buques. Los Estados Unidos facilitarán estas informaciones con periodicidad al menos anual y con mayor frecuencia si les son pedidas o si ello fuera apropiado (por ejemplo, cuando resulte que las entregas anuales previstas y efectivas pueden aumentar hasta superar el umbral indicado a continuación en el punto e).

d) Los Estados Unidos estiman que las entregas medias anuales de buques sometidos al Acuerdo, y construidos en aplicación de las disposiciones de las leyes sobre el cabotaje, tras la adopción del Acuerdo, no superarán las 200 000 tb.

e) El Grupo de las Partes seguirá con atención las informaciones suministradas en concepto del apartado c) anterior. Podrá, por unanimidad menos un voto, formular decisiones, y autorizar la adopción de medidas de reacción como se indica en los puntos i) y ii).

i) En el plazo de tres años tras la entrada en vigor del Acuerdo:

Si determina que las entregas previstas o efectivas en curso de cada año tras la entrada en vigor del presente Acuerdo supera las 200 000 tb (1), y que estas entregas comprometerán sensiblemente el equilibrio de los derechos y obligaciones previstos por el Acuerdo, el Grupo de las Partes podrá autorizar a una o más Partes lesionadas a adoptar medidas de reacción (por ejemplo, establecer un derecho o una restricción sobre las ofertas o los contratos), en lo que se refiere a los astilleros que en el año durante el cual se ha rebasado el umbral hayan beneficiado de la construcción de buques de cabotaje, con el objetivo de garantizar una pérdida de oportunidades de venta comparables a las que resulten de las entregas de buques de cabotaje superiores al umbral.

A efectos de las disposiciones del presente apartado, las entregas previstas o efectivas para un año cualquiera por encima del umbral tal como anteriormente quedó definido, establecen una presunción refutable de una práctica que compromete sensiblemente el equilibrio de derechos y obligaciones previsto por el presente Acuerdo.

ii) Transcurrido el plazo de tres años después de la entrada en vigor:

Si determina que las entregas previstas o efectivas comprometen sensiblemente el equilibrio de derechos y obligaciones previsto por el Acuerdo, el Grupo de las Partes podrá autorizar a una o más Partes lesionadas a adoptar las medidas de reacción (en particular, establecer un derecho o una restricción sobre las ofertas o los contratos), cuando se trate de astilleros navales beneficiarios de la construcción de buques de cabotaje, con el objetivo de garantizar una pérdida de oportunidades de venta u otras ventajas comerciales comparable a las que resulten de las entregas de buques de cabotaje.

A efectos del presente apartado, la presunción según la cual el equilibrio de derechos y obligaciones previsto por el presente Acuerdo está sensiblemente comprometido podrá ser refutada.

f) Si los Estados Unidos estiman que el nivel, tipo o duración de las medidas adoptadas por una Parte o Partes en virtud del punto e) acarrean una disminución de oportunidades de venta de sus astilleros más fuerte que la causada por la entrega de los buques destinados al cabotaje, podrán invocar el procedimiento de arreglo de diferencias por un Grupo especial previsto en el artículo IV del Acuerdo. El Grupo determinará si las medidas adoptadas en virtud del punto e) son desproporcionadas o excesivas y formulará las recomendaciones apropiadas. Las medidas adoptadas por las Partes deberán ser conformes con las recomendaciones del Grupo especial.

g) En el marco del primer examen trienal previsto en el artículo 11 del Acuerdo y en un plazo suficiente antes de dicho examen, el Grupo de las Partes examinará si las condiciones que han conducido a formular la parte B del Anexo II siguen existiendo y si las medidas previstas en el punto e) son suficientes para mantener el equilibrio de los derechos y obligaciones previstos por el Acuerdo. Basándose sobre este examen, y teniendo como objetivo mantener el equilibrio de derechos y obligaciones previsto por el Acuerdo, el Grupo de las Partes podrá decidir:

- modificar las disposiciones del punto e);

- retirar otros derechos previstos por el Acuerdo;

- autorizar la retirada de las concesiones previstas por el GATT;

- emprender cualquier otra acción adecuada.

h) Si al término del examen previsto en el punto g) una parte sigue pensando que las medidas de reacción a las que puede recurrir no son satisfactorias, podrá retirarse del presente Acuerdo tres meses después de haber notificado su decisión de hacerlo al Grupo de las Partes. Una Parte habilitada a adoptar las medidas de reacción arriba mencionadas puede acudir a los mismos procedimientos en cualquier momento, transcurrido un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, si se mantiene en vigor la parte B del Anexo II.

Notas de acompañamiento al Anexo II

1. SECCIÓN A.ii)

Ayudas a la reestructuración:

a) Las sumas totales de las ayudas tenidas en cuenta en los planes de reestructuración indicados en la sección A.ii) son las siguientes:

España: 180 mil millones de pesetas.

Portugal: 17,7 millones de contos.

Bélgica: 2 369 millones de francos belgas.

b) Este importe global de ayudas se desglosa de la siguiente manera:

i) Ayudas en concepto de medidas sociales que son objeto de exención en el Anexo I B.1. h).

ii) Ayudas en concepto de costes de reestructuración comprometidos antes de la fecha de la firma del presente Acuerdo, a los que se comprometieron los gobiernos nacionales respectivos, y que fueron aprobados por la Comisión de la Comunidad Europea antes de esta fecha, pero que no han sido abonados por motivos presupuestarios.

iii) Otras ayudas en concepto de medidas de reestructuración, comprometidas y abonadas, sobre la base de los costes habidos antes del 1 de enero de 1996.

iv) Ayudas en concepto de medidas de reestructuración abonadas tras el 1 de enero de 1996, desglosadas en dos categorías:

i) ayudas a la inversión;

ii) cualquier ayuda en concepto de medidas sociales que no haya sido objeto de una exención en el Anexo I B.1. h).

c) De conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del presente Acuerdo, la Comunidad Europea facilitará al Grupo de las Partes datos que desglosen las sumas citadas en el punto 1 entre las categorías contempladas en el anterior punto 2, para permitirle el seguimiento de los planes de reestructuración.

d) La Comisión Europea podrá declarar que las ayudas abonadas tras el 1 de enero de 1996 y que no entran en los puntos 2 i) y ii) anteriores tendrán límites y fechas límites de abono propias para cada país, según se indica a continuación:

>SITIO PARA UN CUADRO>

e) La Comisión Europea aún no ha recibido todas las informaciones relativas a estos planes de reestructuración como exige la legislación interna comunitaria. Cuando adopte sus decisiones definitivas de autorización de estas ayudas, la Comisión se asegurará del pleno respeto de los límites y restricciones que afectan a las ayudas.

2. SECCIÓN B:

Leyes de Estados Unidos sobre el cabotaje

Los Estados Unidos se reservan el derecho de mantener las obligaciones de construcción nacional dictadas en las leyes que a continuación se enumeran:

a) Leyes que prohíben el transporte de mercancías entre puntos situados en los Estados Unidos salvo por buques construidos en los Estados Unidos, en posesión de los documentos previstos por la ley americana y propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos.

Sección 27 de la Ley de 5 de junio de 1920 (41 STAT. 999), modificada por la Ley de 11 de abril de 1935 (49 STAT. 154); Ley de 2 de julio de 1935 (49 STAT. 442); Sección I de la Ley de 14 de julio de 1956 (70 STAT. 544); Sección 27 a) de la Ley Pública 86-583 (74 STAT. 321); Ley Pública 89-194 (79 STAT. 823); Ley Pública 90-474 (82 STAT. 700); Sección 1 de la Ley Pública 92-163 (85 STAT. 486); Sección 213 de la Ley Pública 95-410 (92 STAT. 904); Sección 4 de la Ley Pública 96-112 (93 STAT. 848); Sección 12 (49) de la Ley Pública 97-389 (96 STAT. 1954, 1956); Sección 6 (c) (1) de la Ley Pública 100-239 (191 STAT. 1782); Sección 1 (a) de la Ley Pública 100-329 (102 STAT. 588) y Sección 5501 (b) de la Ley Pública 102-587 (106 STAT. 5085).

b) Leyes que prohíben el transporte de pasajeros entre puntos situados en Estados Unidos salvo por buques construidos en los Estados Unidos, en posesión de los documentos previstos por la ley americana, y propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos.

Sección 8 de la Ley de 19 de junio de 1885 (24 STAT. 81) modificada por la Sección 2 de la Ley de 17 de febrero de 1898 (30 STAT. 248).

c) Leyes que establecen que las dragas deberán ser construidas y matriculadas en Estados Unidos.

Sección 1 de la Ley de 28 de mayo de 1906 (34 STAT. 204) modificada por la Sección 5501 (a) (1) de la Ley Pública 102-587 (106 STAT. 5084).

d) Leyes que establecen que sólo los remolcadores construidos en Estados Unidos, en posesión de los documentos previstos por las leyes americanas y propiedad de ciudadanos de Estados Unidos serán autorizados a remolcar buques procedentes de un puerto o de un punto situado en Estados Unidos, con destino a otro puerto u otro punto situado en Estados Unidos.

Estatuto revisado n° 4370 (54 STAT. 304) modificado por la Sección 10 de la Ley Pública 99-307 (100 STAT. 447); y Sección 2 de la Ley Pública 100-329 (102 STAT. 589).

e) Sie bien los buques de pesca destinados a la flota pesquera de un país no están cubiertos por el presente Acuerdo, se acompaña, para información, una lista de las leyes que establecen que, salvo que operen en virtud de una utilización dada en la aplicación de un acuerdo internacional de pesca en vigor, los buques de pesca, los buques de abastecimiento de la flota pesquera y los buques factoría que operan en las aguas de Estados Unidos o en su zona económica exclusiva, deberán ser construidos en Estados Unidos, en posesión de los documentos previstos por la ley americana, y propiedad de ciudadanos de Estados Unidos.

Sección 1 de Ley Pública 98-89 (97 STAT. 587) modificada por la Sección 301 (c) de la Ley Pública 98-454 (98 STAT. 1734); Sección 3 (4), (5), 6 (a) (6) de la Ley Pública 100-239 (101 STAT. 1779, 1782); y Sección 301 (a) (8) de la Ley Pública 101-225 (103 STAT. 1921).

(1) El umbral, en cualquier año, podrá incrementarse mediante traslado de un tonelaje inutilizado durante el año anterior hasta un máximo de 50 000 tb y mediante la utilización anticipada del volumen previsto para el año siguiente hasta 50 000 tb.

ANEXO III

DERECHOS APLICABLES EN CASO DE PRÁCTICAS PERJUDICIALES EN MATERIA DE PRECIOS

A. PRINCIPIOS DE BASE

1. Las Partes reconocen que las prácticas perjudiciales en materia de precios que permiten vender (1) directa o indirectamente buques de un país contemplados en el artículo 2 del Acuerdo relativo a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante a uno o más ciudadanos o sociedades de otra Parte (2) o a una o más sociedades que pertenezcan (3) a o estén controladas (4) por estos ciudadanos o sociedades (5) a un precio inferior a su valor normal, serán condenables si causan o amenazan con causar un perjuicio importante a una industria establecida en el territorio de una parte o si retrasan sensiblemente la creación de una producción nacional.

2. Con el fin de neutralizar o impedir prácticas perjudiciales en materia de precios, cualquier Parte podrá imponer al constructor de cualquier buque cuyo precio sea perjudicial un derecho por práctica perjudicial en materia de precios, cuyo importe no será superior al margen de precio perjudicial correspondiente al buque.

3. Ningún buque del territorio de una Parte vendido a un comprador de otra Parte será sujeto a derechos por práctica perjudicial en materia de precios por el hecho de que esté exento de los derechos o tasas que gravan a un buque similar cuando es vendido a un comprador de la Parte de donde procede el buque, o por el hecho de que estos derechos o impuestos sean reembolsados.

4. a) Ninguna Parte impondrá derechos por práctica perjudicial en materia de precios a un constructor que sea ciudadano o sociedad de otra Parte, a menos que determine que el efecto de ayuda perjudicial en materia de precios es tal que cause o amenace con causar un perjuicio importante a una producción nacional establecida, o que retrase sensiblemente la creación de una rama de producción nacional.

b) Las Partes podrán, por exención al párrafo a) del presente apartado, autorizar a una Parte a imponer a un constructor un derecho por práctica perjudicial en materia de precios en concepto de la venta de un buque a un comprador que es una empresa o un ciudadano, con objeto de compensar una práctica perjudicial en materia de precios que cause o amenace con causar un perjuicio importante a un sector de actividad establecido sobre el territorio de otra Parte que exporta el buque en causa a la Parte del comprador.

5. Las Partes acuerdan no emprender una acción en concepto del presente Anexo sino para las transacciones que den lugar a prácticas perjudiciales en materia de precios que se refieran a los buques contemplados en el presente Acuerdo. Una Parte se abstendrá de actuar a título del presente Anexo si un miembro de la Organización Mundial del Comercio que no sea Parte del presente Acuerdo ha emprendido ya una acción antidumping contra una transacción particular, en aplicación del artículo VI del GATT 1994 y del Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994. Si, tras haber iniciado una acción a título del presente Anexo, un miembro de la ONG que no es Parte del presente Acuerdo, inicia una acción antidumping contra una transacción particular, en aplicación del artículo VI del GATT 1994 y del Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994, la Parte que haya iniciado una acción en concepto del presente Anexo deberá suspenderla. Si la investigación antidumping concluye con la adopción de medidas o con un resultado negativo, una Parte no iniciará ni proseguirá una acción a título del presente Anexo. Si la investigación antidumping no ha concluido en un plazo razonable, que sin embargo no podrá ser inferior a un año, o si, en caso de que dé un resultado positivo, las medidas no son adoptadas, una Parte del presente Acuerdo podrá iniciar o proseguir una investigación, pero una transacción particular no podrá en ningún caso dar lugar a la percepción a la vez de un derecho por práctica perjudicial en materia de precios a título del presente Acuerdo y de un derecho antidumping a título del GATT 1994.

B. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Apartado 1

1) Las prácticas ocultas, perjudiciales en materia de precios, que sean obra de establecimientos asociados (a saber, la venta por un comprador a un precio inferior al precio facturado por un constructor con el que está asociado, e inferior también al precio practicado en el país de venta) constituye una forma de práctica perjudicial en materia de precios para la que el margen del precio perjudicial podrá ser calculado sobre la base del precio al que los buques son revendidos por el comprador.

2) Queda entendido que en el caso de ventas efectuadas a partir de un país que ejerza un monopolio exclusivo o prácticamente exclusivo sobre su comercio y en el que todos los precios interiores están fijados por el estado, la determinación de los precios comparables a efectos de la aplicación del apartado 1 puede plantear dificultades particulares. En este caso, las Partes deberán quizás tener en cuenta el hecho de que una estricta comparación con los precios interiores practicados en el país en cuestión puede no siempre ser pertinente.

Apartado 2

La existencia de prácticas de tipo de cambio múltiples puede, en algunos casos, constituir, a través de una depreciación parcial de la moneda de un país, una forma de práctica perjudicial en materia de precios que puede dar lugar a una acción a título del apartado 2. Por «prácticas de tipos de cambio múltiples» se entienden prácticas que son obra de gobiernos o que están sancionadas por los gobiernos.

Letra b) del apartado 4

No se concederán exenciones de conformidad con las disposiciones de este apartado sino a petición de la Parte que contemple la aplicación de un derecho por práctica perjudicial en materia de precios.

CÓDIGO DE LAS PRÁCTICAS PERJUDICIALES EN MATERIA DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

LAS PARTES,

RECONOCIENDO que los métodos de lucha contra las prácticas perjudiciales en materia de precios no deberían constituir un obstáculo injustificable al comercio internacional, y que derechos destinados a neutralizar las prácticas perjudiciales en materia de precios no pueden utilizarse contra estas prácticas a no ser que éstas causen o amenacen con causar un perjuicio importante a una rama de producción establecida, o si retrasan sensiblemente la creación de una rama de producción,

CONSIDERANDO que es deseable asegurar procedimientos equitativos y abiertos sobre la base de los cuales pueda examinarse a fondo los asuntos de prácticas perjudiciales en materia de precios,

DESEOSAS de interpretar los principios de base y de elaborar reglas para su aplicación con vistas a asegurar más uniformidad y certidumbre en su aplicación,

RECONOCIENDO la necesidad de tener en cuenta la complejidad de las transacciones relativas a las compras de buques y de la manera en que pueda ocultarse la propiedad de un buque,

RECONOCIENDO la naturaleza de la construcción y de la reparación naval mercante, que a menudo da lugar a una transacción única relativa a un buque y a la adaptación de las actividades de un astillero naval a los fines de la construcción de un buque particular, y considerando, por tanto, que las autoridades encargadas de las investigaciones deben tener en cuenta, en particular, estas características de la construcción y de la reparación naval mercantil en su evaluación de la incidencia de las ventas sobre una producción nacional,

ACUERDAN CUANTO SIGUE:

Artículo 1

Principios

1.1. Sólo se aplicará un derecho por práctica perjudicial en materia de precios sobre un buque contemplado en el artículo 2 del Acuerdo relativo a las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante («buque») en las circunstancias previstas en el presente Anexo y tras investigaciones abiertas (6) y llevadas a cabo de conformidad con sus disposiciones. Las disposiciones que siguen rigen la aplicación de los principios de base siempre que las medidas sean adoptadas en el marco de una legislación o de una reglamentación.

1.2. Las Partes acuerdan integrar en el presente Código todas las enmiendas que podrían aportarse en el futuro al Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994. Las modificaciones de estas enmiendas se limitarán a las que resulten necesarias debido a las particulares características de la construcción naval mercante.

Artículo 2

Determinación de la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios

2.1. A efectos del presente Acuerdo, debe considerarse que un buque es objeto de ayuda perjudicial en materia de precios, es decir, que ha sido vendido directa (7) o indirectamente a uno o varios ciudadanos o sociedades de otra Parte o a una o varias sociedades de propiedad de estos ciudadanos o a dichas sociedades, o colocadas bajo su control, a un precio inferior a su valor normal, cuando el precio de exportación (8) del buque vendido es inferior al precio comparable practicado en el curso de operaciones comerciales normales para un buque similar vendido a un comprador del país exportador.

2.2. Si no se ha producido ninguna venta de buques similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país, o si, debido a la situación particular del mercado, estas ventas no permiten una comparación válida, el importe correspondiente a la práctica perjudicial en materia de precios será determinado por comparación con un precio comparable de un buque similar cuando éste se exporta a un país tercero apropiado, a condición de que este precio sea reprentativo. Si estas ventas a un país tercero adecuado no existen o no permiten una comparación válida, el margen de precio perjudicial será determinado por comparación, o con el coste de producción en el país de origen incrementado con un importe razonable para gastos de administración, de comercialización y generales y otros gastos, y los beneficios.

2.2.1. Las ventas del buque similar en el mercado interior del país exportador o las ventas a un país tercero a precios inferiores a los costes de producción unitaria (fijos y variables) incrementado con los gastos de comercialización y administración y con los gastos generales no podrá considerarse que no ha tenido lugar en el curso de operaciones comerciales normales (9) debido a su precio y no podrán apartarse de la determinación del valor normal a no ser que las autoridades (10) determinen que tales ventas se efectúan a precios que no permiten cubrir todos los gastos en un plazo razonable (11). Si los precios que son inferiores a los costes en el momento de la venta son superiores a los costes medios ponderados para el periodo durante el cual se efectuó la investigación, se considerará que estos precios permiten cubrir los gastos en un plazo razonable.

2.2.1.1. A efectos del apartado 2 del presente artículo, los gastos se calcularán normalmente sobre la base de los registros del constructor naval objeto de la investigación, a condición de que estos registros sean llevados de conformidad con los principios contables generalmente aceptados del país exportador y tengan razonablemente en cuenta los gastos asociados a la producción y a la venta del producto considerado las autoridades tendrán en cuenta todos los elementos de prueba disponibles relativos al justo reparto de los gastos, incluidos los que les serán comunicados por el constructor naval durante la investigación, a condición de que este tipo de reparto haya sido tradicionalmente utilizado por el constructor naval, en particular para establecer los periodos apropiados de amortización y de depreciación y proceder a ajustes relativos a los gastos de capital y otros gastos de desarrollo. A menos que se hayan tenido ya en cuenta en el reparto contemplado en el presente párrafo, los gastos se ajustarán de manera apropiada en función de los elementos no renovables de los gastos de que se beneficia la producción y futura y/o corriente, o de las circunstancias en los gastos han sido afectados, durante la duración de la investigación, por operaciones de arranque de una producción (12).

2.2.2. A efectos del apartado 2 del presente artículo, los importes correspondientes a los gastos de administración, de comercialización y generales, así como a los beneficios, se basará sobre datos reales relativos a la producción y las ventas en el curso de operaciones comerciales normales del buque similar por el constructor naval objeto de la investigación. Cuando estos importes no puedan determinarse de este modo, podrá determinarse sobre la base:

i) de los importes reales que el constructor naval en cuestión haya comprometido u obtenido en lo que se refiere a la producción y las ventas en el mercado interior del país de origen de la misma categoría general de buques;

ii) de la media ponderada de los importes reales que los otros consultores navales objeto de la investigación hayan comprometido u obtenido en cuanto a la producción y las ventas de un buque similar en el mercado interior del país de origen;

iii) de cualquier otro método razonable (13), a condición de que el importe correspondiente a los beneficios así establecido no supere el beneficio normalmente realizado por otros constructores navales con motivo de la venta de buques de la misma categoría general en el mercado interior en el país de origen;

iv) el beneficio añadido al valor será calculado, en todos los casos, sobre el beneficio medio realizado en el curso de un periodo razonable (14) antes y después de la venta objeto de la investigación y deberá representar un beneficio razonable en el momento de la venta en causa. Para este cálculo, se eliminará toda distorsión que pudiera conducir a un beneficio poco razonable.

2.2.3. Teniendo en cuenta la longitud de los plazos que transcurren entre el momento de la firma del contrato de venta y la entrega de los buques, un valor normal no deberá incluir los costes efectivos debidos a circunstancias extraordinarias (en particular huelgas, incendios, catástrofes naturales), y que son sensiblemente superiores al alza de los costes que el constructor naval podría razonablemente haber anticipado y tenido en cuenta en el momento en que se fijaron las condiciones materiales de la venta (15).

2.3. Cuando no exista precio a la exportación, o cuando las autoridades interesadas comprueben que no pueden basarse en el precio a la exportación debido a la existencia de una asociación o de un acuerdo de compensación entre el constructor naval y el comprador de una tercera Parte, el precio a la exportación podrá calcularse sobre la base del precio al que los buques son revendidos por primera vez a un comprador independiente o, si los buques no son revendidos a un comprador independiente, o no lo son en el estado en el que fueron vendidos inicialmente, sobre cualquier otra base razonable que las autoridades puedan determinar.

2.4. Se procederá a una comparación equitativa entre el precio a la exportación y el valor normal. La comparación se hará al mismo nivel comercial, que será normalmente la fase de salida del astillero, y para ventas efectuadas en fechas lo más próximas posibles (16). Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus particularidades, las diferencias que afecten a la comparabilidad de los precios, incluidas la diferencias en las condiciones de venta, en la imposición, en los niveles de intercambios, en las cantidades y características físicas, y cualquier otra diferencia de la que se demuestre que afecta a la comparabilidad de los precios (17). En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, también deberán tenerse en cuenta los gastos, derechos e impuestos producidos entre la venta inicial y la reventa, así como los beneficios. En estos casos, si ha quedado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal a un nivel comercial equivalente al nivel comercial del precio a la exportación calculado, o tendrán debidamente en cuenta elementos que el presente apartado permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las Partes en cuestión cuáles son los datos necesarios para asegurar una comparación equitativa, y la carga de la prueba que impongan a esas Partes no será desmesurada.

2.4.1. Cuando la comparación de los precios efectuada de conformidad con el presente apartado requiera una conversión de moneda, esta conversión deberá realizarse utilizando el tipo de cambio en vigor en la fecha de la venta (18), a condición de que, cuando una venta de moneda extranjera en los mercados a plazo está directamente vinculada con la venta a la exportación considerada, se utilice el tipo de cambio practicado para la venta.

2.4.2. Sin perjuicio de las disposiciones que rigen la comparación equitativa enunciados en el apartado 4 del presente artículo, la existencia de márgenes de precios perjudiciales durante la fase de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación de un valor normal medio ponderado y de una media ponderada de los precios de todas las transacciones a la exportación comparables, o por comparación del valor normal y de los precios a la exportación para cada transacción. Un valor normal establecido sobre la base de una media ponderada podrá ser comparado con los precios de diversas transacciones a la exportación si las autoridades constatan que, según su configuración, los precios a la exportación difieren notablemente entre distintos compradores, regiones o periodos, y si se ofrece una explicación del motivo porque no es posible tener debidamente en cuenta estas diferencias procediendo a medias ponderadas o a comparaciones de transacciones.

2.5. Cuando los buques no son vendidos directamente a un comprador de otra Parte, sino que son exportados a esta otra Parte desde un país intermediario, el precio al que los buques son vendidos a partir del país de exportación al comprador de esta otra Parte será normalmente comparado con el precio comparable en el país de exportación. No obstante, la comparación podrá efectuarse con el precio en el país de origen si, por ejemplo, los buques transitan simplemente por el país de exportación o no son producidos en el país de exportación, o si no existe precio comparable para los buques en el país de exportación.

2.6. En el presente Acuerdo, el término «buque similar» se entenderá como un buque del mismo tipo, destinado a la misma utilización y con aproximadamente las mismas dimensiones que el buque considerado y con características muy próximas. El término «misma categoría general» de buque debe interpretarse en el sentido de un buque del mismo tipo y destinado a la misma utilización, pero de dimensiones bastante diferentes. Diferencias menores desde el punto de vista de las dimensiones y del equipamiento no modificarán la categoría del buque, pero podrán reflejarse mediante ajustes apropiados de los cálculos y comparaciones efectuadas a efecto de la aplicación del presente Código.

2.7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la segunda disposición adicional relativa al apartado 1 de los principios de base arriba mencionados.

Artículo 3

Determinación de la existencia de perjuicio (19)

3.1. La determinación de la existencia de un perjuicio a efectos del presente Anexo se basará en elementos de prueba positivos y resultará de un examen objetivo: a) del efecto ejercido por la venta a un valor inferior al normal los precios de los buques similares en vigor en el mercado interior, y b) de la incidencia de estas ventas sobre los constructores nacionales de dichos buques (20).

3.2. En lo que se refiere al aspecto ejercido sobre los precios por la venta a un valor inferior al normal, las autoridades encargadas de la investigación examinarán si ha existido por este motivo una subcotización importante del precio en relación con el precio de un buque similar en el país del comprador, o si estas ventas han tenido por efecto deprimir los precios de forma importante o impedir de manera importante alzas de precios que, de otro modo, se hubieran producido. Uno solo, o incluso varios, de estos elementos, no será necesariamente una base de juicio determinate.

3.3. En los casos en que las ventas de buques procedentes de más de un país sean simultáneamente objeto de investigaciones por motivo de precios perjudiciales, las autoridades encargadas de las investigaciones no podrán proceder a una evaluación acumulativa de los efectos de estas ventas a no ser que determinen: 1) que el margen de precios perjudicial establecido en relación con las compras de cada país es más que mínimo en el sentido del apartado 8 del artículo 5, y 2) que resulta apropiada una evaluación acumulativa de los efectos de estas ventas a la luz de las condiciones de competencia entre los buques vendidos por constructores de otras partes a sus compradores y de las condiciones de competencia entre estos buques y los buques similares construidos en el país.

3.4. El examen de la incidencia de las ventas a un valor inferior al normal sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los elementos indicadores económicos pertinentes que influyen sobre la situación de esta rama, incluidos los siguientes: disminución efectiva/o potencial de las ventas, de los beneficios, de la producción, de la cuota de mercado, de la productividad, del rendimiento de las inversiones o de la utilización de las capacidades; elementos que influyen sobre los precios interiores; importancia del margen de precio perjudicial; efectos negativos, reales o potenciales, sobre el flujo de liquidez, la existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la posibilidad de obtener capitales, o la inversión. Esta lista no es exhaustiva, y uno solo, o incluso varios, de estos elementos no constituirá necesariamente una base de juicio determinante.

3.5. Deberá demostrarse que las ventas a un valor inferior al normal provocan, o han provocado, por los efectos de estas prácticas, definidas en los apartados 2 y 4 del presente artículo, un perjuicio en el sentido en que lo entiende el presente Acuerdo. La determinación de un vínculo de causalidad entre las ventas a un valor inferior al normal y el perjuicio causado a la rama de producción nacional se basará en el examen de todos los elementos de prueba pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también todos los elementos conocidos distintos de las ventas a un valor inferior al normal que, en el mismo momento, causa un perjuicio a la rama de producción nacional, y los perjuicios causados por estos otros elementos no deberán imputarse a las ventas a un valor inferior al normal. Los elementos que podrán ser pertinentes en este sentido incluyen, entre otros, el volumen y los precios de las ventas a un valor inferior al normal efectuadas por constructores de otras Partes a compradores de la Parte encargada de la investigación, la reducción de la demanda o las modificaciones de la configuración del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los constructores extranjeros y nacionales y la competencia entre estos mismos constructores, la evolución de las técnicas, así como los resultados a la exportación y la productividad de la rama de producción nacional.

3.6. El efecto de las ventas a un valor inferior al normal será valorado en relación con la producción nacional del producto análogo siempre que los datos disponibles permitan individualizar dicha producción sobre la base de criterios como el proceso de producción, las ventas y los beneficios de los productores. Si no es posible proceder a esta individualización, los efectos de la venta a un valor inferior al normal serán valorados examinando el grupo o la gama de productos más reducido en los que figuren el producto análogo y para los que se disponga de informaciones necesarias.

3.7. La determinación de la existencia de una amenaza de perjuicio importante se basará en hechos, y no solamente en alegaciones, conjeturas o posibilidades lejanas. El cambio de circunstancias que crearía una situación en la que la aplicación de un valor inferior al normal ocasionaría un perjuicio debe estar netamente previsto y ser inminente (21). Para determinar si hay amenaza de perjuicio importante, las autoridades deberán examinar, entre otros, elementos como los que a continuación se indican:

i) capacidad suficiente y libremente disponible del exportador, o aumento inminente y sustancial de esta capacidad que denote la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones a un valor inferior al normal al mercado del país del comprador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que pueden absorber exportaciones adicionales;

ii) exportaciones en el mercado interior de buques a precios que tienen el efecto de deprimir los precios interiores de forma importante o de impedir de forma importante alzas de estos precios, y probabilidad de que estas importaciones acarreen un aumento de la demanda de nuevas compras de otros países.

Uno solo de estos elementos no constituirá necesariamente por sí mismo una base de juicio determinante, pero la totalidad de los elementos considerados debe llevar a la conclusión de que son inminentes otras exportaciones a un valor inferior al normal y que, si no se adoptan medidas de protección, ello producirá un perjuicio importante.

3.8. En los casos en que las ventas a un valor inferior al normal amenacen con causar un perjuicio, la aplicación de contramedidas será contemplada y decidida con especial cuidado.

Artículo 4

Definición de la expresión «rama de producción nacional»

4.1. A efectos del presente Acuerdo, la expresión «rama de producción nacional» se entenderá del conjunto de los constructores nacionales (22) de buques similares o de aquéllos cuyas capacidades de producción acumuladas constituyan una proporción mayoritaria de la capacidad total de producción nacional de estos buques; no obstante, cuando los constructores estén vinculados (23) a los exportadores o a los compradores inferiores, o sean ellos mismos compradores inferiores del buque vendido a un precio supuestamente perjudicial, la expresión «rama de producción nacional» podrá interpretarse para designar al resto de los constructores.

4.2. En los casos en que dos países o más hayan llegado, en las condiciones definidas en el apartado 8 a) del artículo XXIV del GATT 1994, a un grado de integración tal que presenten las características de un mercado único, unificado, se considerará que la rama de producción del conjunto de la zona de integración constituye la rama de producción nacional a que se refiere el apartado 1.

Artículo 5

Apertura del procedimiento e investigación posterior

5.1. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 6 del presente artículo, se abrirá una investigación destinada a determinar la existencia, el grado y el efecto de toda práctica de precios supuestamente perjudicial mediante petición presentada por escrito por la rama de producción nacional o en su nombre.

5.2. Una demanda presentada en virtud del apartado 1 no deberá depositarse más de seis meses después de que el demandante haya tenido o haya tenido o haya debido tener conocimiento de la venta del buque (24) en los casos contemplados en los puntos d) i) o d) ii) siguientes; y más de 9 meses de la misma fecha en los casos contemplados en el punto d) iii) siguiente, siempre que la intención de introducir la demanda (25) se haya notificado al menos en el plazo de seis meses; pero, en cualquier caso, no después de seis meses a con