P9_TA(2022)0065

Regímenes de ciudadanía y residencia por inversión

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, con propuestas a la Comisión sobre los regímenes de ciudadanía y residencia por inversión (2021/2026(INL))

(2022/C 347/08)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vistos el artículo 4, apartado 3, y el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea,

— Vistos el artículo 21, apartados 1 y 2, el artículo 77, apartado 2, letra a), el artículo 79, apartado 2, y los artículos 80, 82, 87, 114, 311, 337 y 352, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7, 8 y 20,

— Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en particular su artículo 8,

— Vista la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (1) (Directiva sobre la reagrupación familiar),

— Vista la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (2) (Directiva sobre la residencia de larga duración),

— Visto el Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (3),

— Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (4),

— Vistos los criterios de Copenhague y el conjunto de normas de la Unión (acervo) que un país candidato debe adoptar, aplicar y hacer respetar si desea adherirse a la Unión, en particular sus capítulos 23 y 24,

— Vistas las cartas de emplazamiento de la Comisión a Chipre y Malta, de 20 de octubre de 2020, por las que se incoan procedimientos de infracción en relación con sus programas de ciudadanía para inversores,

— Vista la carta de la Comisión a Bulgaria, de 20 de octubre de 2020, en la que destaca ciertas preocupaciones en relación con un programa de ciudadanía para inversores y solicita más detalles,

— Visto el Informe de la Comisión, de 23 de enero de 2019, titulado «Regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea»,

— Vista la presentación por parte de la Comisión, el 20 de julio de 2021, de un paquete de cuatro propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

— Vistas sus Resoluciones, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (5), de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (6), de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia (7), de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Plan de acción de la Comisión y evolución reciente (8), de 17 de diciembre de 2020, sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad (9) y, de 29 de abril de 2021, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta (10),

— Visto el estudio elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de 17 de octubre de 2018, titulado «Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU» (Regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en la UE),

— Visto el estudio elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2021, titulado «Avenues for EU action in citizenship and residence by investment schemes» (Vías de acción de la UE en los regímenes de ciudadanía y residencia por inversión — Evaluación del valor añadido europeo) (en lo sucesivo, «estudio de la DG EPRS — EAVA»),

— Visto el estudio elaborado por Milieu Ltd. en julio de 2018 para la Comisión, titulado «Factual analysis of Member States Investors’ Schemes granting citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State — Study Overview» (Análisis objetivo de los programas para inversores de los Estados miembros que otorgan la ciudadanía o la residencia a nacionales de terceros países que invierten en los Estados miembros correspondientes — Sinopsis del estudio),

— Vistas las actividades del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, creado en el marco de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en relación con este asunto, y en particular sus intercambios de puntos de vista con la Comisión, el mundo académico, la sociedad civil y los periodistas, entre otros, el 19 de diciembre de 2019, el 11 de septiembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2020, así como su visita a Malta el 19 de septiembre de 2018;

— Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0028/2022),

A. Considerando que, antes de que el Parlamento confirmase su nombramiento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió en las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024 (11) a apoyar un derecho de iniciativa del Parlamento y a responder mediante un acto legislativo cuando el Parlamento adopte resoluciones pidiendo a la Comisión que presente propuestas legislativas;

B. Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 16 de septiembre de 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que «ya se trate de la primacía del Derecho de la Unión, de la libertad de prensa, de la independencia del poder judicial o de la venta de pasaportes dorados, los valores europeos no están en venta»;

C. Considerando que varios Estados miembros disponen de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión que otorgan la ciudadanía o la residencia a nacionales de terceros países a cambio de consideraciones principalmente financieras en forma de inversiones «pasivas» de capitales; que dichos regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión se caracterizan por unos requisitos de presencia física mínimos o nulos y ofrecen la posibilidad de obtener la ciudadanía o la residencia en un Estado miembro por la «vía rápida», en comparación con los canales convencionales; que el tiempo de tramitación de las solicitudes varía sustancialmente entre los Estados miembros (12); que la facilidad de obtención de la ciudadanía o la residencia a través del uso de dichos regímenes contrasta drásticamente con los obstáculos presentes en los procesos de obtención de protección internacional, la migración legal o la naturalización a través de canales convencionales;

D. Considerando que la existencia de los regímenes de ciudadanía por inversión afecta a todos los Estados miembros, ya que la decisión de un Estado miembro de conceder la ciudadanía por inversión automáticamente otorga derechos en relación con otros Estados miembros, en particular el derecho de libre circulación, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales y europeas, el derecho a protección consular, si no se dispone de representación fuera de la Unión, y derechos de acceso al mercado interior para ejercer actividades económicas; que los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión de los distintos Estados miembros también generan externalidades significativas en otros Estados miembros, como los riesgos de corrupción y blanqueo de capitales; que esas externalidades justifican la regulación por parte de la Unión;

E. Considerando que la ciudadanía de la Unión es un estatuto único y fundamental, complementario a la ciudadanía nacional, que se concede a los ciudadanos de la Unión y representa uno de los mayores logros de la integración europea, al otorgar los mismos derechos a los ciudadanos de toda la Unión;

F. Considerando que la decisión de otorgar la ciudadanía nacional es una prerrogativa de los Estados miembros que, no obstante, debe ejercerse de buena fe, con un espíritu de respeto mutuo, de forma transparente, de conformidad con el principio de cooperación leal y dentro del pleno respeto del Derecho de la Unión; que la Unión ha adoptado medidas para armonizar las vías de migración legal hacia su territorio y los derechos asociados a la residencia, como la Directiva sobre la residencia de larga duración;

G. Considerando que la aplicación de regímenes de ciudadanía por inversión conlleva la mercantilización de la ciudadanía de la Unión; que la mercantilización de derechos viola los valores de la Unión, especialmente el de igualdad; que las vías de migración legal a la Unión y los derechos vinculados a la residencia ya están cubiertos por el Derecho de la Unión, en particular en la Directiva sobre la residencia de larga duración;

H. Considerando que los actuales sistemas legislativos de Bulgaria, Chipre y Malta permiten el funcionamiento de regímenes de ciudadanía por inversión; que el Gobierno búlgaro ha presentado legislación para poner fin a su régimen de ciudadanía por inversión; que, el 13 de octubre de 2020, el Gobierno chipriota anunció la suspensión de su régimen de ciudadanía por inversión; que el Gobierno chipriota ha anunciado la finalización del examen de todas las solicitudes de ciudadanía chipriota pendientes recibidas antes de noviembre de 2020; que otros Estados miembros también premian a los grandes inversores con la ciudadanía mediante procedimientos extraordinarios;

I. Considerando que Bulgaria, Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal disponen actualmente de regímenes de residencia por inversión, con unos niveles mínimos de inversión de entre 60 000 EUR (Letonia) y 1 250 000 EUR (Países Bajos); que atraer la inversión es un método habitual para mantener el buen funcionamiento de las economías de los Estados miembros, pero no debe plantear riesgos jurídicos y de seguridad para los ciudadanos de la Unión;

J. Considerando que el estudio de la DG EPRS — EAVA calcula que, entre 2011 y 2019, se aprobaron 42 180 solicitudes en el marco de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión y que más de 132 000 personas, incluidos los familiares de los solicitantes procedentes de terceros países, obtuvieron la residencia o la ciudadanía en Estados miembros a través de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión, con una inversión total de aproximadamente 21 400 000 000 EUR (13);

K. Considerando que las solicitudes en el marco de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión se suelen tramitar con la asistencia de intermediarios comerciales que pueden percibir un porcentaje de la tasa de solicitud; que, en algunos Estados miembros, los intermediarios comerciales han participado en el desarrollo y la promoción de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión;

L. Considerando que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra Chipre y Malta basándose en que la concesión de la ciudadanía de la Unión a cambio de pagos o inversiones predeterminados, sin tener ninguna relación con los Estados miembros en cuestión, socava la esencia de la ciudadanía de la Unión;

M. Considerando que los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión plantean riesgos en distinta medida, en particular por lo que respecta a la corrupción, el blanqueo de capitales, las amenazas a la seguridad, la elusión fiscal, los desequilibrios macroeconómicos, la presión sobre el sector inmobiliario, reduciendo así el acceso a la vivienda, y la erosión de la integridad del mercado interior; que es difícil confirmar la escala de estos riesgos debido a la falta de información y transparencia, y que en la actualidad no se gestionan suficientemente, lo que da lugar a un escaso control y a la falta de diligencia debida con respecto a los solicitantes de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en los Estados miembros; que todos esos riesgos deben evaluarse adecuadamente y se debe aumentar la transparencia respecto a la aplicación y las consecuencias de los regímenes;

N. Considerando que los estudios sugieren que los Estados miembros con regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión están más expuestos a los riesgos relacionados con el secreto financiero y la corrupción que otros Estados miembros;

O. Considerando que el Derecho de la Unión vigente no prevé la consulta sistemática de los sistemas informáticos a gran escala de la Unión para realizar comprobaciones de los antecedentes personales de los solicitantes en el marco de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión; que las normas nacionales y de la Unión vigentes no requieren que se lleve a cabo ningún procedimiento de control antes de conceder la ciudadanía o la residencia en virtud de un régimen de ciudadanía por inversión o residencia por inversión; que los Estados miembros no siempre consultan bases de datos, aplican procedimientos exhaustivos o comunican los resultados de los controles y procedimientos;

P. Considerando que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado unas directrices sobre la limitación de la elusión del Estándar Común de Comunicación de Información a través del abuso de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión (14);

Q. Considerando que la iniciativa de la Comisión de establecer un grupo de expertos sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores pretendía lograr que los representantes de los Estados miembros acordaran un conjunto común de comprobaciones de seguridad, pero que el grupo no ha propuesto dicho conjunto común de comprobaciones de seguridad; que el grupo lleva sin reunirse desde 2019;

R. Considerando que algunos terceros países incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806, cuyos ciudadanos tienen acceso con exención de visado a la Unión, disponen de regímenes de ciudadanía por inversión con unos requisitos de residencia mínimos o nulos y unas comprobaciones de seguridad escasas, especialmente en relación con la legislación contra el blanqueo de capitales; que estos regímenes de ciudadanía por inversión se anuncian como «pasaportes dorados» creados ad hoc para facilitar los viajes con exención de visado a la Unión; que algunos países candidatos utilizan regímenes similares con el beneficio añadido de una futura adhesión a la Unión;

S. Considerando que, una vez obtienen su nuevo estatuto de ciudadanía o residencia, los beneficiarios de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión pueden disfrutar inmediatamente de la libertad de circulación (15) dentro del espacio Schengen;

T. Considerando que el derecho de terceros países de permitir a sus ciudadanos el cambio de nombre supone un riesgo, dado que los nacionales de terceros países pueden obtener la ciudadanía de un tercer país en el marco de un régimen de ciudadanía por inversión y después cambiar su nombre y acceder a la Unión con ese nuevo nombre;

U. Considerando que, el 15 de octubre de 2021, las autoridades chipriotas anunciaron que revocarían la ciudadanía de 39 inversores extranjeros y seis familiares que se habían convertido en ciudadanos chipriotas gracias a un régimen de ciudadanía por inversión; que poco más de la mitad de los 6 779 pasaportes expedidos por Chipre en el marco de ese régimen entre 2007 y 2020 se emitieron sin haber comprobado suficientemente los antecedentes personales de los solicitantes (16);

V. Considerando que, en 2019, la Comisión constató la falta o insuficiencia de estadísticas claras sobre las solicitudes de ciudadanía por inversión y de residencia por inversión recibidas, aceptadas y denegadas;

W. Considerando que los regímenes de residencia por inversión son de naturaleza muy específica; que todo cambio en el Derecho de la Unión introducido para los solicitantes en el marco de regímenes de residencia por inversión debe estar dirigido a este tipo de residencia específico y no debe afectar negativamente a los derechos de los solicitantes de otros tipos de estatuto de residencia, como estudiantes, trabajadores y familiares; que los niveles más altos de los controles de seguridad para los solicitantes de regímenes de residencia por inversión no deben aplicarse a quienes solicitan la residencia en la Unión en el marco de regímenes de residencia cubiertos por el Derecho de la Unión;

X. Considerando que el Gobierno montenegrino no ha querido interrumpir su régimen de ciudadanía por inversión, a pesar de que había señalado la importancia de eliminarlo progresivamente de forma completa y eficaz lo antes posible; pide al Gobierno montenegrino que lo haga sin demora;

1. Estima que los regímenes de concesión de la nacionalidad sobre la base de una inversión financiera (regímenes de ciudadanía por inversión), también conocidos como «pasaportes de oro», son objetables desde un punto de vista ético, jurídico y económico, y plantean varios riesgos graves para la seguridad de los ciudadanos de la Unión, como los derivados del blanqueo de capitales y la corrupción; considera que la falta de normas comunes y armonizadas que regulen los regímenes de concesión de residencia sobre la base de una inversión financiera (regímenes de residencia por inversión) también puede plantear estos riesgos para la seguridad, afectar a la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen y contribuir a socavar la integridad de la Unión;

2. Recuerda su posición de que los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión conllevan intrínsecamente una serie de riesgos graves y que todos los Estados miembros deben eliminarlos progresivamente ( 17 ) ; reitera que, desde su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta, la Comisión y los Estados miembros no han adoptado las medidas suficientes para luchar contra estos regímenes;

3. Considera que los regímenes de ciudadanía por inversión socavan la esencia de la ciudadanía de la Unión, que representa uno de los principales logros de la integración europea, ya que otorga un estatuto único y fundamental a los ciudadanos de la Unión, incluido el derecho a voto en las elecciones europeas y locales;

4. Considera que la ciudadanía de la Unión no es una mercancía que se pueda comercializar o vender y que nunca se ha considerado como tal en los Tratados;

5. Reconoce que regular la obtención de la nacionalidad es, ante todo, una competencia de los Estados miembros, pero subraya que esta competencia debe ejercerse de buena fe, en un espíritu de respeto mutuo, de forma transparente, con la diligencia debida y un control adecuado, de conformidad con el principio de cooperación leal y dentro del pleno respeto del Derecho de la Unión ( 18 ) ; considera que, cuando los Estados miembros no actúan de plena conformidad con esas normas y principios, surgen motivos jurídicos para la intervención de la Unión; afirma que posiblemente también podría derivarse una competencia de la Unión del artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con determinados aspectos del Derecho en materia de nacionalidad de los Estados miembros ( 19 )

6. Cree que las condiciones ventajosas y los procedimientos por la vía rápida establecidos para los inversores en el marco de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión son discriminatorios, no son equitativos y menoscaban la coherencia del acervo de la Unión en materia de asilo y migración, en comparación con las condiciones y los procedimientos para otros nacionales de terceros países que desean obtener protección internacional, la residencia o la ciudadanía;

7. Considera que debe establecerse una distinción entre los regímenes de ciudadanía por inversión y los regímenes de residencia por inversión porque los riesgos que conllevan son de distinta gravedad y, por ende, exigen unos enfoques legislativos y políticos de la Unión adaptados; reconoce el vínculo entre los regímenes de residencia por inversión y la ciudadanía, ya que la residencia obtenida puede facilitar el acceso a la ciudadanía;

8. Observa que los sistemas legislativos de tres Estados miembros permiten los regímenes de ciudadanía por inversión, a saber: Bulgaria (si bien el Gobierno búlgaro ha presentado una propuesta legislativa para poner fin a su régimen de ciudadanía por inversión), Chipre y Malta, y que doce Estados miembros tienen regímenes de residencia por inversión, cada uno con distintos importes y opciones de inversión, así como con normas distintas en materia de comprobaciones y procedimientos; lamenta que esta divergencia pueda desencadenar una competición entre los Estados miembros para conseguir solicitantes y presente el riesgo de crear una carrera a la baja para reducir las normas de control y limitar la diligencia debida para aumentar la aceptación de los regímenes ( 20 )

9. Considera que el papel de los intermediarios en el desarrollo y la promoción de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión, así como en la preparación de solicitudes individuales, a menudo con falta de transparencia o de rendición de cuentas, representa un conflicto de intereses susceptible a abuso y, por ende, requiere una regulación estricta y vinculante de esos intermediarios, más allá de la autorregulación y los códigos de conducta; pide la suspensión de los servicios de intermediarios en el caso de los regímenes de ciudadanía por inversión;

10. Deplora la falta de unas comprobaciones de seguridad, unos procedimientos de control y una diligencia debida exhaustivos en los Estados miembros que cuentan con regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión; observa que los Estados miembros no siempre consultan las bases de datos de la Unión disponibles o intercambian información sobre el resultado de dichas comprobaciones y procedimientos, lo que da lugar a la presentación de solicitudes sucesivas en el marco de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en toda la Unión; pide a los Estados miembros que lo hagan; considera que las autoridades de los Estados miembros deben establecer procesos adecuados para examinar a los solicitantes en el marco de regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión, ya que la concesión de derechos de residencia y ciudadanía es responsabilidad del Estado, y las autoridades de los Estados miembros no deben basarse en controles de antecedentes ni en procedimientos de diligencia debida llevados a cabo por intermediarios y otros agentes no estatales, si bien los Estados miembros pueden utilizar información pertinente procedente de agentes no estatales independientes; manifiesta su preocupación por que, según las informaciones disponibles, en algunos Estados miembros se hayan aceptado solicitudes de ciudadanía para las que los solicitantes no cumplían los requisitos de seguridad;

11. Lamenta que el grupo de expertos sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, compuesto por representantes de los Estados miembros, no haya acordado un conjunto común de comprobaciones de seguridad, tal como se le había encomendado hacer antes de finales de 2019; considera que la falta de acuerdo respecto a un conjunto común de comprobaciones de seguridad demuestra las limitaciones a la hora de adoptar un enfoque intergubernamental en esta materia, y subraya la necesidad de que la Unión intervenga;

12. Deplora el hecho de que los requisitos de residencia para poder acogerse a los regímenes de residencia por inversión y ciudadanía por inversión de los Estados miembros no siempre incluyen la presencia física continuada y efectiva y son difíciles de supervisar, por lo que pueden atraer a solicitantes de mala fe que adquieren la ciudadanía nacional meramente por el acceso que les otorga al territorio de la Unión y a su mercado interior, sin tener ningún vínculo con el Estado miembro en cuestión;

13. Pide a los Estados miembros que impongan de manera efectiva la necesidad de residencia física para los nacionales de terceros países que deseen obtener el estatuto de residencia a largo plazo en virtud de la Directiva sobre la residencia de larga duración sin contar con cinco años de residencia legal y continuada, que es uno de los requisitos de dicha Directiva;

14. Acoge con satisfacción los procedimientos de infracción incoados en octubre de 2020 por la Comisión contra Chipre y Malta en relación con sus regímenes de ciudadanía por inversión; pide a la Comisión que siga adelante con estos procedimientos, ya que podrían aclarar en mayor medida cómo pueden abordarse los regímenes de ciudadanía por inversión, además de la acción legislativa aquí propuesta, y que incoe nuevos procedimientos de infracción contra los Estados miembros en relación con los regímenes de residencia por inversión, cuando esté justificado; pide a la Comisión que realice un seguimiento estrecho de todos los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en toda la Unión, e informe y tome medidas al respecto;

15. Considera que el Derecho de la Unión contra el blanqueo de capitales es un elemento fundamental para hacer frente a los riesgos que acarrean los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión; acoge con satisfacción el hecho de que el paquete de propuestas legislativas de la Comisión, de 20 de julio de 2021, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aborde los regímenes de residencia por inversión, principalmente promoviendo la inclusión de los intermediarios en la lista de entidades obligadas; considera, no obstante, que seguirán existiendo lagunas, como el hecho de que las entidades públicas que tramitan las solicitudes de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión no estarán incluidas en la lista de entidades obligadas;

16. Señala que es especialmente difícil supervisar y evaluar las solicitudes de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión cuando se trata de solicitudes conjuntas que incluyen a distintos familiares; observa que, en virtud de determinados regímenes nacionales de residencia por inversión, se pueden conceder derechos de residencia sobre la base de lazos familiares, personales o de otro tipo con los solicitantes principales; observa que los derechos de reagrupación familiar en virtud de la Directiva sobre la reagrupación familiar son aplicables una vez que se ha obtenido el estatuto de residente en un Estado miembro, lo que permite a los familiares entrar en la Unión sin necesidad de someterse a las comprobaciones específicas adicionales que suelen requerir los regímenes de residencia por inversión;

17. Señala que los terceros países con regímenes de ciudadanía por inversión cuyos ciudadanos se benefician de la posibilidad de realizar viajes con exención de visado a la Unión ( 21 ) suponen un riesgo, ya que los nacionales de otros países pueden adquirir la ciudadanía de esos terceros países con el único objetivo de poder entrar en la Unión sin ningún tipo de control adicional; subraya que el riesgo es aún mayor en el caso de los países candidatos a la adhesión a la Unión que cuentan con regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión ( 22 ) , ya que los beneficios previstos de la pertenencia futura a la Unión y los viajes con exención de visado dentro del espacio de la Unión pueden ser un factor de influencia;

18. Considera que, a la luz de los riesgos específicos que plantean los regímenes de ciudadanía por inversión y de su incompatibilidad inherente con el principio de cooperación leal, tal como se reconoce en los procedimientos de infracción en curso de la Comisión contra dos Estados miembros, todos los Estados miembros deben eliminar estos regímenes de forma progresiva, y pide a la Comisión que presente, antes de que finalice su mandato actual, una propuesta de acto a tal efecto sobre la base del artículo 21, apartado 2, el artículo 79, apartado 2, el artículo 114 o el artículo 352 del TFUE;

19. Considera que la eliminación progresiva de los regímenes de ciudadanía por inversión requerirá un período de transición y cree que, dado que los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión constituyen casos de parasitismo y tienen graves consecuencias para la Unión y los Estados miembros, está justificada una contribución financiera al presupuesto de la Unión para ambos regímenes hasta que se hayan eliminado por completo, como muestra concreta de solidaridad derivada, entre otros, del artículo 80 del TFUE; pide, por lo tanto, que la Comisión presente en 2022 una propuesta para el establecimiento de una nueva categoría de recursos propios de la Unión, sobre la base del artículo 311 del TFUE, compuesta por un «mecanismo de ajuste de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión», que imponga una tasa con un porcentaje significativo a las inversiones realizadas en los Estados miembros en el marco de dichos regímenes, estimada razonablemente sobre la base de todas las externalidades negativas para la Unión en su conjunto determinadas en relación con tales regímenes;

20. Considera que la contribución de los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión a la economía real de los Estados miembros es limitada por lo que respecta a la creación de empleo, la innovación y el crecimiento, y que una cantidad considerable de las inversiones se destina directamente al mercado inmobiliario o a fondos; cree que las grandes inversiones asociadas a los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión pueden afectar a la estabilidad financiera, especialmente en los Estados miembros pequeños para los que las entradas de capitales pueden representar un porcentaje elevado del PIB o de la inversión exterior ( 23 ) ; pide a la Comisión que presente, en 2022 y sobre la base del artículo 79, apartado 2, y los artículos 80, 82, 87 y 114 del TFUE, una propuesta de acto que incluya una normativa a escala de la Unión para las inversiones en el marco de regímenes de residencia por inversión, con el objetivo de reforzar su valor añadido a la economía real, y que establezca vínculos con las prioridades para la recuperación económica de la Unión;

21. Pide a la Comisión que, antes de que finalice su mandato actual, presente una propuesta de Reglamento, sobre la base del artículo 79, apartado 2, y los artículos 80, 82, 87 y 114 del TFUE, y complementado en su caso por otras medidas legislativas, que regule exhaustivamente diversos aspectos de los regímenes de residencia por inversión, con el objetivo de armonizar las normas y los procedimientos, que refuerce la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la corrupción y la elusión fiscal, y que incluya, entre otros, los siguientes elementos: a) un aumento de la diligencia debida y unas comprobaciones rigurosas de los antecedentes personales de los solicitantes y, cuando sea necesario, sus familiares, incluidas las fuentes de sus fondos, comprobaciones obligatorias en los sistemas informáticos a gran escala en materia de justicia y asuntos de interior de la Unión y procedimientos de control en terceros países; b) la regulación, la certificación y el control adecuados de los intermediarios, así como la limitación de sus actividades, y, en el caso de los regímenes de ciudadanía por inversión, la suspensión de sus servicios; c) normas y obligaciones armonizadas para que los Estados miembros informen a la Comisión sobre sus regímenes de residencia por inversión y las solicitudes correspondientes; d) unos requisitos mínimos de residencia física y una participación activa mínima en la inversión, la calidad de la inversión, el valor añadido y la contribución a la economía, como condiciones para obtener la residencia en el marco de los regímenes de residencia por inversión; e) un mecanismo de seguimiento del control ex post del cumplimiento continuado por parte de los solicitantes seleccionados de los requisitos legales de los regímenes de residencia por inversión;

22. Pide a la Comisión que garantice y defienda estrictas normas reguladoras para los regímenes tanto de ciudadanía por inversión como de residencia por inversión, en caso de que se aplique una reglamentación exhaustiva a los regímenes de residencia por inversión antes de la eliminación progresiva total de los regímenes de ciudadanía por inversión;

23. Celebra el compromiso anunciado por los Estados miembros en el sentido de adoptar medidas para poner coto a la venta de ciudadanía a los rusos vinculados al Gobierno de su país; pide a todos los Estados miembros que, con efecto directo, detengan sus regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en lo que respecta a todos los solicitantes rusos; insta a los Estados miembros a que valoren nuevamente todas las solicitudes por parte de ciudadanos rusos aprobadas estos últimos años aprovechando todas las posibilidades que ofrezcan el Derecho nacional y el de la Unión al objeto de procurar que todas las personas rusas con vínculos financieros, empresariales o de otro tipo con el régimen de Putin pierdan sus derechos de ciudadanía y residencia o que se les impida provisionalmente el ejercicio de dichos derechos; pide a la Comisión que compruebe estas nuevas valoraciones llevadas a cabo por los Estados miembros y que presente con carácter urgente una propuesta legislativa para la total prohibición de los regímenes de ciudadanía por inversión y, en lo que respecta a los regímenes de residencia por inversión, su prohibición a los ciudadanos rusos objeto de medidas específicas;

24. Pide a la Comisión que incluya en su propuesta revisiones específicas de actos jurídicos de la Unión en vigor que puedan ayudar a disuadir a los Estados miembros de establecer regímenes de residencia por inversión perjudiciales, reforzando los actos jurídicos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, así como las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre la residencia de larga duración;

25. Pide a la Comisión que ejerza la máxima presión para garantizar que los terceros países que cuentan con regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en vigor, cuyos ciudadanos se benefician de la posibilidad de realizar viajes con exención de visado en virtud del anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806, eliminen sus regímenes de ciudadanía por inversión y reformen sus regímenes de residencia por inversión para que se ajusten al Derecho y a las normas de la Unión, y que presente, en 2022 y sobre la base del artículo 77, apartado 2, letra a), del TFUE, una propuesta de acto que modifique el Reglamento (UE) 2018/1806 a ese respecto; observa que, en el marco de la metodología de ampliación de la Unión revisada, los asuntos vinculados con los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión se consideran complejos y se abordan a través de diversos capítulos y grupos de negociación; subraya la importancia de una adecuación gradual y diligente de dichos regímenes al Derecho de la Unión por parte de los países candidatos y candidatos potenciales; propone que la suspensión de los regímenes de ciudadanía por inversión y la regulación de los regímenes de residencia por inversión se incluyan en los criterios de adhesión;

26. Recuerda a la presidenta de la Comisión su compromiso en favor del derecho de iniciativa del Parlamento y su promesa de dar seguimiento a los informes de iniciativa legislativa del Parlamento con un acto legislativo, de conformidad con los principios del Derecho de la Unión, recogidos en sus Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024; espera, por lo tanto, que la Comisión dé seguimiento a la presente Resolución con unas propuestas legislativas concretas;

27. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución y las propuestas que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.

(1) DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.

(2) DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.

(3) DO L 303 de 28.11.2018, p. 39.

(4) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.

(5) DO C 482 de 23.12.2016, p. 117.

(6) DO C 108 de 26.3.2021, p. 8.

(7) DO C 255 de 29.6.2021, p. 22.

(8) DO C 371 de 15.9.2021, p. 92.

(9) DO C 445 de 29.10.2021, p. 140.

(10) DO C 506 de 15.12.2021, p. 64.

(11) Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados — Mi agenda para Europa — Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, por la candidata a presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf

(12) Estudio de la DG EPRS — EAVA, cuadro 9, pp. 28-29.

(13) Estudio de la DG EPRS EAVA.

(14) «Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS» (Prevención del abuso de los regímenes de residencia por inversión para eludir el ECCI), OCDE, 19 de febrero de 2018, y «Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes» (Riesgos de corrupción asociados con los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión), OCDE, 2019.

(15) Dado que Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda y Rumanía no pertenecen al espacio Schengen, un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia expedido por alguno de esos Estados miembros no disfruta automáticamente de la libre circulación dentro del espacio Schengen.

(16) https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12814/25.

(17) Resoluciones del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Plan de acción de la Comisión y evolución reciente, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad y de 29 de abril de 2021, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta.

(18) Véase el razonamiento empleado en los procedimientos de infracción de la Comisión contra Malta y Chipre en relación con sus regímenes de ciudadanía para inversores (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925), así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992; Mario Vicente Micheletti y otros contra Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295; Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999; Estado belga contra Fatna Mesbah, C-179/98, ECLI:EU:C:1999:549; Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001, The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur, C-192/99, ECLI:EU:C:2001:106; Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2010, Janko Rottman contra Freistaat Bayern., C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104; y Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2019,M.G. Tjebbes y otros contra Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189.

(19) Estudio de la DG EPRS — EAVA, pp. 43-44.

(20) Estudio de la DG EPRS — EAVA, p. 57; «Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS» (Prevención del abuso de los regímenes de residencia por inversión para eludir el ECCI), OCDE, 19 de febrero de 2018.

(21) Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

(22) Serbia, Albania, Turquía, Montenegro y Macedonia del Norte.

(23) Estudio de la DG EPRS — EAVA, pp. 36-39.