Comunicación sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión en materia de ayudas de Estado (95/C 312/07)

La presente Comunicación tiene por objeto servir de guía en materia de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión en el ámbito de las ayudas de Estado. No limita en modo alguno los derechos que reconoce el Derecho comunitario a los Estados miembros, los particulares y las empresas. Asimismo, se entiende sin perjuicio de las interpretaciones del Derecho comunitario que hagan el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Por último, es de señalar que no pretende injerirse en absoluto en el ejercicio por los órganos jurisdiccionales nacionales de sus funciones.

I. INTRODUCCIÓN

1. La supresión de las fronteras interiores entre los Estados miembros permite a las empresas de la Comunidad ampliar sus actividades por todo el mercado interior y a los consumidores beneficiarse del mayor grado de competencia. Estas ventajas no deben verse comprometidas por distorsiones de la competencia que resultan de la concesión de ayudas injustificadas a las empresas. Por ello, la realización del mercado interior reafirma la importancia que reviste la aplicación de la política comunitaria de competencia.

2. El Tribunal de Justicia ha pronunciado diversas sentencias importantes sobre la interpretación y aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE. A su vez, el Tribunal de Primera Instancia es actualmente competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por particulares contra las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado, lo que contribuirá también al desarrollo de la jurisprudencia en este ámbito. La Comisión es responsable de la aplicación cotidiana de las normas de competencia bajo la supervisión del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia. Las autoridades públicas y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, al igual que los Tribunales comunitarios y la Comisión, asumen cada uno sus propias funciones y responsabilidades en la aplicación de las normas del Tratado CE sobre ayudas de Estado, de acuerdo con los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3. El buen funcionamiento de la política de competencia en el mercado interior puede hacer necesaria una cooperación eficaz entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales. La presente Comunicación explica de qué manera se propone la Comisión asistir a los órganos jurisdiccionales nacionales mediante el establecimiento de una cooperación más estrecha con dichos órganos para la aplicación de los artículos 92 y 93 a casos individuales. Frecuentemente se manifiesta cierta preocupación por el hecho de que las decisiones definitivas de la Comisión sobre asuntos relacionados con ayudas de Estado se adopten algún tiempo después que las distorsiones de la competencia hayan lesionado los intereses de terceros. La Comisión no siempre puede intervenir sin demora para salvaguardar los intereses de terceros en materia de ayudas de Estado; por el contrario, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden hallarse en mejores condiciones para examinar y poner remedio a las infracciones a lo dispuesto en la última frase del apartado 3 del artículo 93.

II. COMPETENCIAS (1)

4. La Comisión es la autoridad administrativa responsable de la aplicación y desarrollo de la política de competencia conforme al interés público de la Comunidad. La misión de los órganos jurisdiccionales nacionales es proteger los derechos y hacer cumplir las obligaciones, normalmente a instancia de los particulares. La Comisión debe examinar todas las medidas de ayuda que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 para comprobar su compatibilidad con el mercado común. Los órganos jurisdiccionales nacionales han de velar por que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en materia de procedimiento.

5. La última frase del apartado 3 del artículo 93 tiene efectos directos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros:

«La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 92, la Comisión iniciará sin demora el procedimento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.».

6. La prohibición de ejecución a que se refiere la última frase del apartado 3 del artículo 93 alcanza a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada (2) y, en caso de que las ayudas hayan sido notificadas, surta efectos durante la fase preliminar y, si la Comisión incoa el procedimiento contradictorio, hasta la decisión definitiva (3).

7. Ciertamente, el órgano jurisdiccional nacional tendrá que considerar si las «medidas propuestas» constituyen una ayuda de Estado con arreglo al apartado 1 del artículo 92 (4) antes de adoptar una decisión con arreglo a la última frase del apartado 3 del artículo 93. Las decisiones de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dedican una atención considerable a esta importante cuestión. El concepto de ayuda de Estado debe interpretarse de manera que abarque no sólo las subvenciones sino también los incentivos fiscales y las inversiones con fondos públicos realizadas en circunstancias en que un inversor privado hubiera retirado su apoyo (5). La ayuda debe proceder del «Estado», el cual incluye todos los niveles, manifestaciones y emanaciones de la autoridad pública (6). Debe, además, favorecer a determinadas empresas o producciones. Este criterio sirve para distinguir las ayudas de Estado a las que se aplica el apartado 1 del artículo 92, de las medidas generales a las que no se les aplica (7). Por ejemplo, no se consideran ayudas de Estado las medidas que no tienen por objeto o efecto favorecer a determinadas empresas o la producción de determinados bienes, o que se refieren a personas con arreglo a criterios objetivos, independientemente de la situación, el sector o la empresa donde desarrolle su actividad el beneficiario.

8. Únicamente la Comisión puede decidir si una ayuda de Estado es «compatible con el mercado común», esto es: si la autoriza.

9. Naturalmente, para aplicar el apartado 1 del artículo 92, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado CE y, de hecho, en determinadas circunstancias están obligados a ello. También pueden recabar la ayuda de la Comisión solicitando «información de carácter jurídico o económico» por analogía con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Delimitis (8), en relación con el artículo 85.

10. El juez nacional está obligado a velar por los derechos de que gozan los particulares en virtud del efecto directo de la prohibición establecida en el apartado 3 del artículo 93. El juez debe hacer uso de todos los mecanismos y facultades de que dispone y aplicar las disposiciones pertinentes de la legislación nacional para garantizar el efecto directo de esta obligación que el Tratado impone a los Estados miembros (9). En los casos que sean de su competencia, los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar íntegramente el Derecho comunitario y proteger los derechos que éste reconoce a los particulares; por lo tanto, deben ignorar cualquier disposición de la legislación nacional contraria al Derecho comunitario, tanto si es anterior como si es posterior a la norma comunitaria de que se trate (10). De conformidad con la normativa nacional aplicable y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (11), el juez puede, en su caso, tomar medidas provisionales, como la suspensión o devolución de los importes pagados ilegalmente, y ordenar la reparación de daños a las partes cuyos intereses resulten lesionados.

11. El Tribunal de Justicia ha declarado que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos son lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro (12); que el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le son imputables es inherente al sistema del Tratado (13); que, si un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio referente al Derecho comunitario considera que el único obstáculo que se opone a que puedan ordenar medidas provisionales es una norma del Derecho nacional, ha de excluir la aplicación de esa norma (14).

12. Estos principios son aplicables en caso de infracción a las normas comunitarias de competencia. Los particulares y las empresas deben tener acceso a todas las vías de recurso establecidas en la legislación nacional en las mismas condiciones que si se tratara de una infracción comparable del Derecho nacional. Esta igualdad de trato no sólo afecta a la declaración definitiva de infracción de una norma de Derecho comunitario de efecto directo, sino que también se extiende a todos los medios jurídicos que pueden promover una tutela judicial efectiva.

III. COMPETENCIAS LIMITADAS DE LA COMISIÓN

13. La aplicación del Derecho comunitario de competencia por los órganos jurisdiccionales nacionales presenta considerables ventajas para los particulares y las empresas. La Comisión no puede conceder una indemnización por los daños debidos a una infracción del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Sólo los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes en la materia. Por lo general, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar medidas provisionales y ordenar que se ponga fin inmediatamente a una infracción. Además, ante los órganos jurisdiccionales nacionales cabe presentar una demanda basada en el Derecho comunitario y en el nacional. Esto no es posible en el marco del procedimiento ante la Comisión. Por añadidura, los órganos jurisdiccionales pueden ordenar el pago de las costas al demandante vencedor, posibilidad inexistente en el procedimiento administrativo ante la Comisión.

IV. APLICACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 93

14. Los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión todos los proyectos dirigidos a conceder una ayuda o a modificar un régimen de ayudas ya aprobado. Lo mismo se aplica a las ayudas que reúnan los requisitos necesarios para una aprobación automática con arreglo al apartado 2 del artículo 92, ya que la Comisión tiene que comprobar que efectivamente se reúnen tales requisitos. La única excepción a la obligación de notificación la constituyen las ayudas clasificadas como de minimis porque no afectan de manera significativa al comercio entre Estado miembros y, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 (15).

15. Deben notificarse a la Comisión los regímenes o programas generales de ayuda y los proyectos de ayuda a empresas individuales. Una vez aprobado por la Comisión un régimen de ayudas, normalmente no es necesario notificar las ayudas individuales concedidas en el marco de dicho régimen. No obstante, las directrices establecidas para determinados sectores o tipos de ayudas exigen la notificación individual de todas las ayudas o de las ayudas que superan un determinado importe. La notificación individual también puede exigirse, en algunos casos, en la autorización por la Comisión de determinado régimen. Los Estados miembros deben notificar las ayudas que pretendan conceder fuera del marco de un régimen autorizado. Es necesario notificar las medidas previstas que puedan constituir una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 92, incluidos los proyectos de transferencias financieras de fondos públicos a empresas públicas o privadas.

16. Lo primero que tienen que examinar los órganos jurisdiccionales nacionales al conocer de una acción ejercitada en virtud de la última frase del apartado 3 del artículo 93 es si la medida constituye una ayuda de Estado nueva o ya existente a los efectos del apartado 1 del artículo 92. A continuación, tienen que averiguar si la medida ha sido notificada individualmente o en el marco de un programa y, en caso afirmativo, si la Comisión ha tenido tiempo suficiente para tomar una decisión (16).

17. En el caso de los regímenes de ayuda, el Tribunal de Justicia considera que dos meses es un «plazo suficiente», al término del cual el Estado miembro de que se trate podrá aplicar la medida notificada, después de haber informado previamente de ello a la Comisión (17). Ésta ha reducido voluntariamente ese plazo a treinta días hábiles para los casos individuales y a veinte días hábiles en los procedimientos «acelerados». Estos plazos se cuentan a partir del momento en que la Comisión considera que la información facilitada por el Estado miembro es suficiente para tomar una decisión (18).

18. Una vez que la Comisión decide incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93, el plazo durante el cual no se puede ejecutar la medida de ayuda no termina hasta que la Comisión haya adoptado una decisión positiva. En el caso de las medidas de ayuda no notificadas, no está previsto plazo alguno para que la Comisión adopte una decisión, si bien ésta debe hacerlo lo antes posible. La ayuda no puede concederse antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva.

19. Si la Comisión no se ha pronunciado sobre una medida de ayuda determinada, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden guiarse, para interpretar el Derecho comunitario, por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia, así como por las propias decisiones de la Comisión. Ésta ha publicado una serie de comunicaciones generales que pueden resultar muy útiles (19).

20. Por lo tanto, en principio los órganos jurisdiccionales nacionales deberían poder decidir si una medida es ilícita en virtud del apartado 3 del artículo 93. Si abrigan dudas, pueden, y en algunos casos deben, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 177.

21. Si los órganos jurisdiccionales nacionales fallan que no se ha respetado el apartado 3 del artículo 93, deben declarar que la medida de que se trate infringe el Derecho comunitario y han de tomar las medidas apropiadas para salvaguardar los derechos de los particulares y las empresas.

V. EFECTOS DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN

22. Tribunal de Justicia ha afirmado (20) que un órgano jurisdiccional nacional está vinculado por una decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro en virtud del apartado 2 del artículo 93 cuando el beneficiario de la ayuda pretende impugnar la validez de dicha decisión, de la que ha sido informado por escrito por el Estado miembro de que se trate, y si no ha interpuesto en el plazo prescrito por el artículo 173 del Tratado CE un recurso para anular dicha decisión.

VI. COOPERACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES Y LA COMISIÓN

23. La Comisión es consciente de que los principios que acaban de exponerse para la aplicación de los artículos 92 y 93 por los órganos jurisdiccionales nacionales son complejos y en algunos casos no están suficientemente desarrollados para que estos órganos cumplan su misión adecuadamente. Por ello, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar la ayuda de la Comisión.

24. El artículo 5 del Tratado CE establece el principio de una cooperación leal y permanente entre las instituciones de la Comunidad y los Estados miembros con miras a la consecución de los objetivos del Tratado, entre los que figura, en la letra g) del artículo 3, el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior. Este principio implica obligaciones y deberes de asistencia mutua, tanto para los Estados miembros como para las instituciones de la Comunidad. En virtud del artículo 5, la Comisión está obligada a cooperar con las autoridades judiciales de los Estados miembros encargadas de velar por la aplicación y el respeto del Derecho comunitario en el ordenamiento jurídico nacional.

25. La Comisión considera que esta cooperación es esencial para garantizar una aplicación rigurosa, eficaz y coherente del Derecho comunitario de competencia. Además, para hacer efectivo el apartado 3 del artículo 93, es necesario que los órganos jurisdiccionales nacionales participen en la aplicación del Derecho de competencia en el ámbito de las ayudas de Estado. El Tratado obliga a la Comisión a seguir el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 antes de poder ordenar el reembolso de las ayudas incompatibles con el mercado común (21). El Tribunal de Justicia ha afirmado que el apartado 3 del artículo 93 tiene un efecto directo y que no es posible subsanar retroactivamente una medida de ayuda ilegal y sus consecuencias por medio de una decisión positiva de la Comisión sobre dicha ayuda. Por lo tanto, la aplicación de las normas sobre notificación en el ámbito de las ayudas de Estado constituye un eslabón esencial en la cadena de las acciones legales que pueden ejercitar los particulares y las empresas.

26. A la vista de las consideraciones que preceden, la Comisión se propone contribuir a la consecución de una cooperación más estrecha con los órganos jurisdiccionales nacionales en la forma que a continuación se indica.

27. La Comisión se ha comprometido a aplicar los principios de apertura y transparencia. Su política está dirigida a proporcionar a las partes interesadas información útil sobre la aplicación de las normas de competencia. Por ello, seguirá publicando la mayor cantidad de información posible sobre los asuntos relacionados con ayudas de Estado y acerca de su política en la materia. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, los textos de carácter general sobre ayudas de Estado publicados por la Comisión, las decisiones de ésta, sus informes anuales sobre la política de competencia y el Boletín mensual de la Unión Europea pueden ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales en el examen de los casos individuales.

28. Si estas indicaciones generales resultan insuficientes, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, dentro de los límites marcados por sus normas nacionales de procedimiento, solicitar a la Comisión información sobre los procedimientos para saber si un asunto determinado está siendo examinado por la Comisión o ha sido objeto de notificación o para averiguar si la Comisión ha iniciado oficialmente un procedimiento o tomado cualquier otra decisión.

29. Los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden consultar a la Comisión cuando la aplicación del apartado 1 del artículo 92 o del apartado 3 del artículo 93 plantea dificultades especiales. Por lo que se refiere al apartado 1 del artículo 92, estas dificultades pueden consistir en particular en determinar si la medida constituye una ayuda de Estado, si puede dar lugar a un falseamiento de la competencia y si afecta al comercio entre Estados miembros. Los órganos jurisdiccionales pueden, pues, consultar a la Comisión sobre su modo de proceder habitual en relación con estas cuestiones. Asimismo, pueden recabar de la Comisión datos concretos, estadísticas, estudios de mercado y análisis económicos. Cuando sea posible, la Comisión les facilitará esta información o les indicará dónde pueden obtenerla.

30. En sus respuestas, la Comisión no se pronunciará sobre el fondo del asunto o la compatibilidad de la medida con el mercado común. Las respuestas de la Comisión no son vinculantes para el órgano jurisdiccional que haya efectuado la consulta. La Comisión precisará que su posición no es definitiva y no afecta al derecho del órgano jurisdiccional de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177.

31. En aras de una buena administración de la justicia, es conveniente que la Comisión responda a estas solicitudes de información de carácter jurídico y sobre aspectos concretos con la mayor brevedad. Sin embargo, la Comisión sólo puede dar curso a estas solicitudes si se cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, la Comisión tiene que disponer efectivamente de los datos solicitados y, en segundo lugar, sólo puede facilitar información no confidencial.

32. El artículo 214 del Tratado CE obliga a la Comisión a no divulgar información de carácter confidencial. Además, la obligación de cooperación leal prevista en el artículo 5 es extensiva a la relación entre los órganos jurisdiccionales y la Comisión y no afecta a las partes en un litigio pendiente ante dichos órganos. La Comisión debe respetar la neutralidad y la objetividad de la justicia. Por consiguiente, sólo dará curso a las solicitudes de información que procedan de un órgano jurisdiccional nacional, ya sea directamente, o indirectamente a través de las partes a las que el órgano jurisdiccional de que se trate haya ordenado solicitar determinada información.

VII. OBSERVACIONES FINALES

33. La presente Comunicación se aplicará mutatis mutandis, en la medida en que tengan efecto directo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, a las normas pertinentes sobre ayudas de Estado:

- del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de las disposiciones adoptadas en su virtud, y

- del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

34. La presente Comunicación se publicará a título orientativo y no limitará en modo alguno los derechos que reconoce el Derecho comunitario a los Estados miembros, los particulares y las empresas.

35. La presente Comunicación se entiende sin perjuicio de la interpretación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

36. En el Informe sobre la política de competencia se publicará anualmente un resumen de las respuestas dadas por la Comisión en aplicación de la presente Comunicación.

(1) El Tribunal de Justicia ha descrito las funciones de la Comisión y los órganos jurisdiccionales del siguiente modo:

«9. En lo que atañe a la función de la Comisión, el Tribunal de Justicia ha destacado en la sentencia de 22 de marzo de 1977, Steinike y Weinlig (78/76, Rec. 1977, p. 595), apartado 9, que el Tratado, al establecer mediante el artículo 93 el examen permanente y el control de las ayudas por parte de la Comisión, exige que el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común sea el resultado, bajo el control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento apropiado cuya aplicación corresponde a la Comisión.

10. En lo que atañe a los órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia ha declarado en la misma sentencia que éstos son competentes para interpretar y aplicar el concepto de ayuda, al que se refiere el artículo 92, a efectos de determinar si una medida estatal adoptada sin observar el procedimiento de control previo previsto en el apartado 3 del artículo 93 debe o no debe someterse a dicho procedimiento.

11. La competencia de los órganos jurisdiccionales se debe al efecto directo reconocido a la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado en la sentencia recaída el 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, Rec. 1973, p. 1471), que el carácter inmediatamente aplicable de la prohibición de ejecución prevista en este artículo alcanza a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada y, en caso de que las ayudas hayan sido notificadas, se produce durante la fase preliminar y, si la Comisión incoa el procedimiento contradictorio, hasta la decisión definitiva.

[. . .]

14. [. . .] la función central y exclusiva reservada por los artículos 92 y 93 del Tratado a la Comisión para el reconocimiento de la incompatibilidad eventual de una ayuda con el mercado común es fundamentalmente diferente de la que incumbe a los Tribunales nacionales en cuanto a la salvaguardia de los derechos que corresponden a los justiciables, a raíz del efecto directo de la prohibición establecida en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Mientras que la Comisión está obligada a examinar la compatibilidad de la ayuda proyectada con el mercado común, incluso en los casos en que el Estado miembro infrinja la prohibición de ejecución de las medidas de ayuda, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo protegen, hasta la decisión definitiva de la Comisión, los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades estatales, de la prohibición establecida en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado.».

Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contra Francia, Rec. 1991, p. I-5505 (apartados 9-11 y 14, pp. 5527 y 5528).

(2) Con excepción de las ayudas «existentes». Estas ayudas pueden ejecutarse mientras la Comisión no haya decidido que son incompatibles con el mercado común: véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto C-387/92, Banco de Crédito Industrial, en la actualidad Banco Exterior de España contra Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, p. I-877 y en el asunto C-44/93, Namur - Les Assurances du Crédit contra Office National du Ducroire Bélgica Rec. 1994, p. I-3829.

(3) Asunto C-354/90 (nota a pie de página 1, apartado 11, p. 5527).

(4) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 78/76, Steinlike und Weinlig contra Alemania, Rec. 1997, p. 595, apartado 14: «. . . un órgano jurisdiccional nacional puede tener motivos para interpretar y aplicar el concepto de ayuda recogido en el artículo 92 al objeto de determinar si una ayuda de Estado introducida incumpliendo el procedimiento de examen preliminar establecido en el apartado 3 del artículo 93 tendría que haber estado sujeta a este procedimiento».

(5) Para una formulación reciente, véanse las conclusiones del abogado general Jacobs en los asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92, España contra Comisión, Rec. 1994, p. I-4103, apartado 28: «. . . existe ayuda de Estado siempre que un Estado miembro aporte a una empresa un capital que, en circunstancias normales, un inversor privado no aportaría aplicando criterios normales de mercado, abstracción hecha de consideraciones de orden social, político o filantrópico».

(6) En el asunto 290/83, Comisión contra Francia, Rec. 1985, p. 439 (apartado 14, p. 449) el Tribunal de Justicia declaró que «. . . (L)a prohibición del artículo 92 abarca todas las ayudas concedidas por un Estado miembro o mediante recursos estatales y no es necesario distinguir si la ayuda ha sido concedida directamente por el Estado o por organismos públicos o privados creados o designados por él para administrarla.».

(7) Una explicación clara sobre esta distinción se halla en las conclusiones del abogado general Darmon en los asuntos acumulados C-72 y C-73/91, Sloman Neptun Scebetriebsrat, Rec. 1993, p. I-887.

(8) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-234/89, Delimitis contra Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935; Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE (DO n° C 39 de 13. 2. 1993, p. 6). Véanse, asimismo, las conclusiones del abogado general Lenz en el asunto C-44/93 (nota a pie de página 2), apartado 106. Véase asimismo, el asunto C-2/88 Imm, Zwartveld Rec. 1990, p. I-3365 (apartado 1, p. 3366) y p. I-4405 (apartado 10, pp. 4410-4411): «. . . las instituciones comunitarias están sujetas a un obligación de cooperación leal con las autoridades judiciales de los Estados miembros, encargadas de velar por la aplicación y por el respeto del Derecho comunitario en el ordenamiento jurídico nacional» (pp. 4410-4411).

(9) Como afirmó el Tribunal de Justicia en el asunto C-354/90 (nota a pie de página 1) (apartado 12, p. 5528) «. . . la validez de los actos que conllevan la ejecución de medidas de ayuda está afectada por el incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar a los justiciables que pueden alegar este incumplimiento que los Tribunales extraerán de este hecho todas las consecuencias, conforme al Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos que conlleven la ejecución de las medidas de ayuda, como a la devolución de las ayudas económicas concedidas contraviniendo esta disposición o eventuales medidas provisionales».

(10) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contra Simmenthal, Rec. 1978, p. 629 (apartado 21, p. 644). Véase asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-213/89, The Queen contra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et al., Rec. 1990, p. I-2433, p. 2475.

(11) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Andrea Francovich et al. contra Italia, Rec. 1991, p. I-5357. Otros asuntos importantes pendientes ante el Tribunal relacionados con las responsabilidades de los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del Derecho comunitario: asunto C-48/93, The Queen contra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et al. (DO n° C 94 de 3. 4. 1993, p. 13); asunto C-46/93, Brasserie du Pêcheur SA contra Alemania (DO n° C 92 de 2. 4. 1993, p. 4); asunto C-312/93, SCS Peterbroeck, Van Campenhout & Cie contra Bélgica State (DO n° C 189 de 13. 7. 1993, p. 9); asuntos C-430 y C-431/93, J. Van Schindel y J.N.C. Van Veen contra Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DO n° C 388 de 15. 12. 1993, p. 10).

(12) Francovich (nota a pie de página 11, apartado 33, p. 5414).

(13) Francovich (nota a pie de página 11, apartado 35, p. 5414).

(14) The Queen contra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et al. (nota a pie de página 10).

(15) Punto 3.2 de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas (PYME) (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2) y Carta a los Estados miembros, ref. IV/D/06878 de 23 de marzo de 1993, Derecho de Competencia en las Comunidades Europeas, volumen II.

(16) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 120/73, Lorenz contra Alemania, Rec. 1973, p. 1471.

(17) Asunto 120/73, Lorenz contra Alemania (nota a pie de página 16, apartado 4, p. 1481); véase asimismo el asunto 84/42, Alemania contra Comisión, Rec. 1984, p. 1451 (apartado 11, p. 1488).

(18) La Comisión ha publicado una guía de sus procedimientos aplicables a las ayudas de Estado: Derecho de la competencia en las Comunidades Europeas, volumen II.

(19) La Comisión publica y actualiza periódicamente una recopilación de las normas sobre ayudas de Estado (Derecho de la competencia en las Comunidades Europeas, volumen II).

(20) Asunto C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contra Alemania, Rec. 1994, p. I-833 y asunto 77/72, Capolongo contra Maya, Rec. 1973, p. 611.

(21) La Comisión ha informado a los Estados miembros de que: «. . . cuando resulte apropiado, tras haber dado al Estado miembro afectado la oportunidad de presentar sus observaciones y plantearse la posibilidad de optar por conceder ayuda de salvamento tal como se define en las directrices comunitarias, podrá adoptar una decisión provisional por la que se ordene al Estado miembro que recupere los importes desembolsados incumpliendo las normas de procedimiento. La ayuda se recuperará de conformidad con las disposiciones de la legislación del Estado miembro, junto con los intereses de demora devengados a partir de la fecha de desembolso.» [Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se complementa la carta de la Comisión n° SG(91 D/4577 de 4 de marzo de 1991 relativa a los procedimientos de notificación de planes de ayuda y los procedimientos aplicables cuando la ayuda se concede en violación de las normas del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE (DO n° C 156 de 22. 6. 1995, p. 5)].