Estos problemas se deben a diferencias en los sistemas legislativos nacionales en materia de: a) normas sobre la posibilidad de reestructuración en una fase temprana, b) normas de suspensión de las acciones de ejecución (moratoria), c) normas sobre el deudor no desapoderado, d) normas relativas a la preparación y la adopción de planes de reestructuración, e) normas relativas al suministro de nueva financiación en el marco de la reestructuración, f) intensidad y calidad de la participación de los órganos jurisdiccionales y de los administradores concursales, g) normas sobre la reestructuración de la deuda para las personas físicas, incluida la condonación y la segunda oportunidad.

La propuesta aborda los siguientes problemas clave: i) la pérdida de oportunidades y los costes generados por los obstáculos a la inversión transfronteriza relacionada con los marcos de insolvencia, ii) los beneficios no percibidos y los costes adicionales para los acreedores y deudores en relación con la liquidación de empresas viables, iii) la pérdida de oportunidades y los costes adicionales para las personas físicas en relación con las deficiencias en los marcos de insolvencia por lo que se refiere a la reanudación de la actividad empresarial.

Los Estados miembros, por sí solos, no pueden garantizar que sus regímenes de insolvencia y reestructuración sean compatibles. El buen funcionamiento del mercado interior de la UE requiere un marco coherente de reestructuración y segunda oportunidad capaz de abordar la dimensión transfronteriza de las empresas, dado que es cada vez más frecuente la interacción entre las empresas establecidas en diferentes Estados miembros. La acción de la UE aportará un valor añadido al facilitar la inversión transfronteriza en la UE y garantizar que las empresas viables con dificultades financieras se benefician de un abanico más grande de herramientas accesibles destinadas a evitar su insolvencia; al mismo tiempo, los empresarios se beneficiarán de la posibilidad de utilizar plazos de condonación razonables en sus Estados miembros. Las normas propuestas generarán seguridad jurídica para los prestamistas e inversores que deseen realizar operaciones de préstamo en otros Estados miembros.

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

La mayoría de Estados miembros respaldó los objetivos de la Comisión para mejorar la reestructuración temprana y la segunda oportunidad, pero insistieron en que la armonización debería mantenerse al nivel de los principios debido a la complejidad de los vínculos con otros ámbitos del derecho tales como el derecho de sociedades. Por lo que se refiere a las partes interesadas: las organizaciones empresariales, las asociaciones de profesionales, las instituciones financieras, las organizaciones de consumidores, los sindicatos y el mundo académico se mostraron, en general, a favor de unas normas mínimas armonizadas sobre la reestructuración temprana y la segunda oportunidad y acogieron favorablemente la idea de un marco de la UE en materia de insolvencia eficiente y con una buena relación entre coste y eficacia que permita mantener a flote empresas que son aún viables. Asimismo, hicieron hincapié en que debe preverse un enfoque equilibrado salvaguardando los intereses de todas las partes interesadas y prevenir el riesgo moral. Sin embargo, el sector bancario y algunas otras partes interesadas expresaron su opinión de que la condonación de los consumidores no debe estar cubierta por esta iniciativa. El Parlamento Europeo apoya la armonización de ciertos aspectos de la reestructuración y hace hincapié en la conveniencia de garantizar una segunda oportunidad a todas las personas físicas.

C. Repercusiones de la opción preferida

La opción preferida aumentará las posibilidades de lograr un mayor número de reestructuraciones de grupos transfronterizos, cuyos costes son actualmente excesivamente altos. Los efectos serán probablemente considerables en varios Estados miembros (BG, DK, SK, SI, HR, CY, EE, IE, LT, LU, NL, PL, RO). Esto llevará a una reducción importante en el número de puestos de trabajo perdidos debido a las insolvencias (que en la actualidad se estima en 1,7 millones al año). Los procedimientos eficaces de prevención llevan a acelerar el proceso de desapalancamiento de los préstamos no productivos. Aparte de una importante relación negativa entre el desapalancamiento de las empresas y el crecimiento del PIB (una reducción del 1 % en la ratio de deuda en relación con los activos financieros conduce a alrededor de un aumento del 0,4 % del PIB), la opción preferida debe dar lugar a un aumento de los porcentajes de recuperación, lo que, a su vez, daría lugar a una reducción de los costes de empréstito (el aumento previsto del 10 puntos porcentuales en el nivel recuperación está asociado a una caída de 37 puntos básicos en el diferencial de rentabilidad de los bonos). La opción preferida aumentará el número de trabajadores por cuenta propia, dado que la reducción del período de condonación aumenta dicho número en los Estados miembros, como, por ejemplo, HU, IT, LT, MT, PT y RO, donde los plazos de condonación superan los 3 años. Es probable que se creen, como consecuencia de ello, 3 millones de nuevos puestos de trabajo.

La opción preferida reducirá los costes de reestructuración de las pymes mediante medidas tales como la reducción de la intervención judicial, la reducción de los casos en que deban nombrarse administradores encargados de la reestructuración o la redacción de modelos nacionales para la elaboración de los planes de reestructuración. Los créditos transfronterizos serán más accesibles para las pymes: un procedimiento de reestructuración eficaz permitiría a las pymes recuperar más que en el caso de la insolvencia del deudor, dado que los porcentajes de recuperación por parte de los acreedores son en general más elevados cuando el marco de la insolvencia permite la pronta y eficaz reestructuración de empresas viables y la rápida resolución de las no viables. Unas mejores condiciones para retomar la actividad empresarial tras un concurso de acreedores reducirá los casos de cierre de empresas y los consiguientes efectos negativos de las insolvencias relacionadas sobre la cadena de suministro. Se fomentará el espíritu de empresa y la innovación.