INFORME DE LA COMISIÓN - Primera parte - XXXII Informe sobre la política de competencia 2002

ÍNDICE

Introducción

Recuadro 1: Un papel más significativo para los consumidores

I - Competencia: artículos 81 y 82; monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Expiración del Tratado CECA

2. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

3. Revisión de la política de clemencia de la Comisión

4. Revisión del reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Evolución de las actividades de aplicación de la normativa anticártel y de la Comunicación de 2002 sobre medidas de clemencia

1.1.2. Asuntos en 2002

1.2. Acuerdos verticales

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82

2.2. Artículo 86

C - Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

2. Servicios postales

2.1. Nueva Directiva postal

3. Telecomunicaciones

3.1. Nuevo marco reglamentario para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

3.2. Fin de la investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. Renovación del Reglamento 1617/93 de exención por categorías

4.1.2. Política de competencia en la aviación internacional

4.1.3. Alianzas transatlánticas

4.1.4. Alianzas y operaciones de concentración intraeuropeas

4.2. Transportes marítimos

4.2.1. Evolución de la jurisprudencia

4.2.2. Revisión del Reglamento (CEE) n° 4056/86

4.2.3. Asuntos individuales

4.3. Transportes ferroviarios

5. Medios de comunicación

5.1. Acceso a contenidos de calidad

5.2. Acceso a derechos de nuevos medios de comunicación

5.3. Acuerdos de gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor

5.4. Medios de comunicación impresos

6. Distribución de vehículos de motor

6.1. Adopción del nuevo Reglamento de exención en el sector de los vehículos de motor 48

6.1.1. Contexto

6.1.2. Etapas más importantes de la adopción del Reglamento

6.1.3. Principales características del Reglamento (CE) 1400/2002

6.1.3.1. Consideraciones generales

6.1.3.2. Venta de nuevos vehículos

6.1.3.3. Prestaciones de servicios postventa y venta de piezas de recambio

6.1.3.4. Conclusión

6.1.4. Folleto explicativo

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención (CE) 1475/95 en relación con los precios de vehículos nuevos

7. Servicios financieros

8. Sociedad de la información

9. Profesiones liberales

9.1. Aplicación del derecho comunitario de competencia a las profesiones liberales

9.1.1. Consecuencias de las sentencias del TJCE

9.1.2. Estudio sobre la repercusión económica de la regulación

9.1.3. Actividades en coordinación con las autoridades nacionales de competencia

D - Estadísticas

II - Control de las operaciones de concentración

A - Política general y nuevos acontecimientos

1. Introducción

2. Revisión judicial de decisiones sobre concentraciones en 2002

2.1. Airtours /Comisión

2.2. Schneider /Comisión

2.3. Tetra Laval / Comisión

3. Medidas correctivas

4. Remisiones en virtud de los artículos 9 y 22 - últimos acontecimientos

4.1. Introducción

4.2 Remisión de asuntos con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones

5. Reforma del control de las concentraciones

5.1. Objetivos de la reforma

5.2. La reforma propuesta

5.2.1. Aspectos sustantivos

5.3. Reforma del proceso de control de las concentraciones

5.3.1. Medidas legislativas

5.3.2. Medidas de carácter no legislativo

6. Cooperación internacional

6.1. Red Internacional de Competencia (RIC)

6.2. Grupo de trabajo UE/EE.UU. en materia de concentraciones

B - Estadísticas

III - Ayudas estatales

A - Política general

1. Modernización del control de las ayudas estatales

1.1. Enfoque general

1.2. Transparencia

1.3. Desarrollo de instrumentos estadísticos

1.4. Marcador de ayudas estatales

1.5. Revisión de los marcos comunitarios y directrices vigentes

1.5.1. Directrices multisectoriales

1.5.2. I+D

1.5.3. Ayuda para el empleo

1.5.4. Carbón y acero (Tratado CECA)

1.5.5. PYMES

1.5.6. Ayuda estatal y política fiscal

1.5.7. Zonas urbanas desfavorecidas

2. Ampliación

B - Concepto de ayuda

1. Origen de los fondos

2. Empresa o empresas favorecidas

2.1. Costes de transición a la competencia

3. Selectividad

4. Falseamiento de la competencia

5. Repercusiones sobre el comercio entre Estados miembros

C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Ayudas de salvamento

1.2. Ayudas de reestructuración

1.3. Ayudas para la protección del medio ambiente

1.4. Ayudas de investigación y desarrollo

2. Ayudas regionales

2.1. Asuntos multisectoriales

Recuadro 2: Nuevo Marco comunitario multisectorial sobre las ayudas regionales a la inversión, incluidas las que se conceden en los sectores del automóvil y de las fibras sintéticas

2.2. Ayudas para el desarrollo de las actividades internacionales de las empresas

2.3. Ayudas sociales

2.4. Ayudas sectoriales

2.4.1. Instalaciones de transporte por cable

2.4.2. Construcción naval

2.4.3. Industria del automóvil

2.4.4. Carbón

2.4.5. Siderurgia

3. Transporte

3.1. Transporte ferroviario

3.2. Transporte combinado

3.3. Transporte por carretera

Recuadro 3: Empresas de transporte por carretera

3.4. Pasajeros

3.5. Vías navegables

3.5.1. Navegación interior

3.5.2. Transporte marítimo

3.6. Transporte aéreo

4. Agricultura

4.1. Evolución de las políticas comunitarias e iniciativas legislativas adoptadas en 2002

4.1.1. Nuevas Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos

4.2 Asuntos examinados

4.2.1. Desastres naturales

4.2.2. Promoción comercial y actividades publicitarias

4.2.3. Subida del coste del carburante

4.2.4. Incoación del procedimiento de investigación formal

5. Pesca

D - Procedimientos

1. Ayudas existentes

2. Ayudas exentas

3. Recuperación de ayudas

4. Incumplimiento de decisiones

5. Sentencias de los Tribunales Europeos

E - Estadísticas

IV - Servicios de interés general

1. Principios generales

2. Últimos acontecimientos

2.1. Proyecto de Libro Verde relativo a una Directiva marco sobre los SIG

2.2. Asuntos de ayudas estatales examinados por la Comisión

Recuadro 4 Deutsche Post

3. Asuntos antimonopolísticos (incluidas las liberalizaciones)

4. Liberalización mediante medidas legislativas

V - Actividades internacionales

A - Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

2. Avances en la armonización de las normas de competencia

3. Instrumentos con arreglo a los Acuerdos de Asociación

4. Asistencia técnica a los países candidatos

B - Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Japón

4. Otros países de la OCDE

C. - Cooperación multilateral

1. Red Internacional de Competencia (RIC)

2. Grupo de trabajo de la OMC sobre comercio y competencia (WGTCP)

3. Comité de competencia (CC) de la OCDE

4. Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) de la CNUCD

VI - Perspectivas para 2003

1. Normativa antimonopolio y liberalización

2. Concentraciones

3. Ayudas estatales

4. Ámbito internacional

Anexo - Asuntos tratados en el Informe

Introducción

1. Las virtudes de una competencia efectiva en el mercado como medio de eficaz asignación de recursos e incentivo a la innovación y el desarrollo técnico gozan de general reconocimiento en todo el mundo. Sin embargo, garantizar que existan condiciones que permitan el funcionamiento de los mercados en régimen de competencia o crear dichas condiciones supone un constante desafío, habida cuenta tanto del comportamiento de los agentes en los mercados como de los obstáculos erigidos por las medidas estatales. Así, la política de competencia sirve a un doble objetivo: por una parte, subsanar los fallos del mercado debidos a comportamientos contrarios a la competencia por parte de los operadores y a determinadas estructuras del mercado y, por otra, contribuir a un marco global de política económica en todos los sectores económicos que sea propicio a una competencia efectiva. En un mundo en proceso de continua globalización, la defensa de competencia en un espacio económicamente integrado como es la Unión Europea debe necesariamente contar también con una expresión exterior que garantice condiciones equitativas en el ámbito internacional.

2. La política de competencia de la Unión reposa en tres pilares estrechamente relacionados que permiten reportar los beneficios de la competencia efectiva al consumidor y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad de la industria europea. En primer lugar, la aplicación rigurosa de las normas de defensa de la competencia, que prohiben a las empresas entregarse a acuerdos o prácticas restrictivos e injustificados y abusar de las posiciones dominantes que puedan ocupar en el mercado. Esta actividad se centra cada vez más en evitar que las formas más graves de comportamiento contrario a la competencia por parte de los operadores, tales como los cárteles de fijación de precios o reparto de mercados, perturben la competencia efectiva. Pero también es necesario el control de concentraciones para evitar que en un mercado se creen o consoliden posiciones dominantes mediante fusiones y adquisiciones. En segundo lugar, la apertura de los sectores económicos en que los que aún no está firmemente arraigada la competencia efectiva se lleva a cabo por medio de una política de liberalización gradual que acompaña a las medidas legislativas para una mayor integración del mercado único. En tercer lugar, la política de competencia de la Unión incluye el control supranacional de las ayudas estatales, a fin de que la intervención de los Estados no falsee la situación competitiva en el mercado a través de subvenciones y exoneraciones fiscales.

3. Los principales desafíos a los que la política de competencia de la Unión viene enfrentándose en los últimos años y que conforman las prioridades legislativas y de aplicación de la Comisión son bien conocidos: la inminente ampliación de la Unión Europea a 25 miembros implica un esfuerzo considerable, tanto para la Unión como para los 10 países candidatos, a fin de preparar el terreno de modo que las normas de competencia del Tratado se apliquen efectivamente tras la adhesión de los nuevos Estados miembros. La globalización de los mercados requiere una cooperación cada vez mayor entre los responsables políticos de competencia de todo el mundo. Por último, los cambios del entorno económico, tales como el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento económico o las dificultades que, como hemos visto en 2002, atraviesan determinados sectores, no pueden ignorarse, aunque no constituyan razón alguna para poner en duda la lógica fundamental de una política de competencia efectiva.

4. A fin de superar estos desafíos, y con independencia de su constante lucha contra los cárteles horizontales intrínsecamente restrictivos, que constituyen una de las infracciones más graves al Derecho de competencia, la Comisión ha avanzado con éxito en una serie de proyectos de reforma en todos los campos de la política de competencia. En 2002 merece destacarse una revisión ambiciosa y fundamental de las normas antimonopolio basadas en los artículos 81 y 82 del Tratado, que ha conducido a la adopción de un nuevo reglamento básico por el Consejo. Esta disposición inaugurará una nueva era en la lucha contra los monopolios en la Unión Europea, en la que las autoridades nacionales de competencia y los Tribunales nacionales participarán más directamente en la aplicación de las normas de competencia del Tratado dentro de una red europea de autoridades de competencia. El nuevo Reglamento de exención por categorías para la industria de vehículos de motor supone una importante reforma de la normativa de competencia en ese sector. La revisión del Reglamento de control de concentraciones también avanzó al adoptar la Comisión una propuesta de nuevo Reglamento basado en una amplia consulta de los interesados y en la experiencia obtenida en la aplicación del primer Reglamento de control de concentraciones. Por último, el reconocimiento de la importancia de un buen control de las ayudas estatales se concretó en una serie de importantes proyectos de reforma a fin de simplificar los procedimientos y realzar así aún más el papel crucial que desempeña este instrumento en la política de competencia de la Unión.

5. En 2002, el número total de nuevos asuntos fue de 1019, incluidos 321 asuntos de lucha contra los monopolios (artículos 81, 82 y 86 de Tratado CE), 277 asuntos de concentraciones y 421 asuntos de ayudas estatales. En comparación, en 2001 hubo un total de 1.036 nuevos asuntos; 284 de defensa de la competencia, 335 de concentraciones y 417 de ayudas estatales (excluidas las denuncias). Así pues, no se observan tendencias uniformes en la evolución general de los nuevos asuntos en los distintos pilares de la política de competencia. Si bien se registró un aumento significativo en el ámbito de defensa de la competencia, el número de asuntos de concentraciones disminuyó claramente, y el de nuevos asuntos de ayudas estatales se mantuvo estable.

6. En defensa de la competencia, el número de nuevas notificaciones permaneció en un nivel relativamente bajo, mientras que se iniciaron bastantes más nuevos asuntos por iniciativa propia en 2002 (91) que en 2001 (74). Esta tendencia prepara el terreno para la gradual eliminación del sistema de notificación en virtud de la modernización de las normas antimonopolio. El número de denuncias siguió aumentando (129 en 2002, frente a 116 en 2001 y 112 en 2000).

7. El número total de asuntos concluidos en 2002 fue de 1283: 363 asuntos de defensa de la competencia, 268 asuntos de concentraciones y 652 asuntos de ayudas estatales (excluidas las denuncias). En 2001 se concluyeron 1.204 asuntos: 378 asuntos de defensa de la competencia, 346 de concentraciones y 480 de ayudas estatales. Si bien la disminución de asuntos de defensa de la competencia concluidos puede deberse a la prioridad que sigue otorgándose a los asuntos de cárteles, que consumen abundantes recursos, el número de asuntos acumulados se redujo aún más, y el de asuntos concluidos supera el de nuevos asuntos.

8. En 2002, las actividades iniciales de la Comisión de análisis de concentraciones y alianzas continuaron en franco descenso tras un estancamiento inicial de la tendencia al alza registrada en 2001, si bien se mantuvieron en un nivel alto (277 nuevos asuntos). En términos de producción, a lo largo del año se adoptaron 275 decisiones formales (frente a 340 en 2001). El número de asuntos que requirieron investigación detallada disminuyó considerablemente y volvió al nivel registrado a mediados de los 90 (7 iniciaciones de procedimientos de la fase II en 2002, frente a alrededor de 20 al año entre 1999 y 2001). Sin embargo, fue preciso destinar recursos adicionales al seguimiento ante el Tribunal de decisiones anteriores.

9. En el campo de las ayudas estatales, el número de notificaciones y nuevos asuntos de ayudas no notificadas aumentó con respecto a 2001, mientras que el de solicitudes de estudio de ayudas volvió al nivel de años anteriores tras el aumento registrado en 2001. El número de procedimientos incoados se mantuvo estable (62 en 2002 frente a 66 en 2001), mientras que el de decisiones finales negativas registró una ligera tendencia al alza (37 en 2002 por 31 en 2001). En conjunto, en asuntos de ayudas estatales pendientes se observa una clara reducción del número de asuntos acumulados (de 621 en 2001 a 582 en 2002, de los cuales 255 fueron denuncias).

Recuadro 1: Un papel más significativo para los consumidores

Uno de los principales objetivos de la política europea de competencia es velar por los intereses de los consumidores, esto es, garantizar que obtengan beneficios de la riqueza que genera la economía europea. Este objetivo, que el Comisario Monti ha puesto de relieve en diversas ocasiones y sigue considerando una de sus grandes prioridades, es de índole horizontal: esto es, la Comisión toma en consideración los intereses de los consumidores en todos los aspectos de su política de competencia, a saber, en el combate contra los acuerdos contrarios a la competencia, en particular los cárteles intrínsecamente restrictivos y los abusos de posiciones dominantes, pero también en el control de concentraciones y de las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros.

La Comisión es plenamente consciente de lo difícil que suele ser que todo consumidor aprecie el impacto de la política de competencia en su vida cotidiana. Esto se debe a la complejidad de no pocos asuntos de competencia y al hecho que la actuación de la Comisión en este ámbito a menudo sólo afecta indirectamente a sus intereses. Por ejemplo, la eliminación de un cártel relacionado con bienes de consumo o la prohibición de los precios excesivos cobrados por un operador dominante de telecomunicaciones puede llevar directamente a un inmediato descenso de los precios, que se apreciará en el presupuesto de cada familia; pero un sistema eficaz de control de las operaciones de concentración no siempre se considerará beneficioso por parte de los consumidores a los que favorece. Y es que el control de operaciones de concentración en la UE sirve para anticiparse a los posibles efectos negativos de las concentraciones en el bienestar del consumidor.

Por tanto, los resultados positivos del control de concentraciones a menudo sólo son evidentes a largo plazo. El control de ayudas estatales juega asimismo un papel en la eficaz asignación de recursos en la economía europea, por lo que contribuye a un entorno económico sano tanto para las empresas como para los consumidores. En sus decisiones sobre ayudas estatales, la Comisión atiende a aspectos relacionados con el adecuado funcionamiento de los servicios de interés general [1].

[1] Véase el capítulo IV.

A fin de contar con las esenciales aportaciones de los consumidores y hacerles más conscientes del trabajo de la Comisión en el campo de la competencia, la Comisión sigue diferentes métodos. Dos veces al año se celebran las Jornadas Europeas de la Competencia en el país que ocupa la Presidencia de la UE [2], con la participación activa de la Comisión y del Parlamento Europeo. Estos acontecimientos sirven para que los asuntos de competencia sean más accesibles a los consumidores y sus representantes. La Comisión también coopera estrechamente con organizaciones de consumidores y, en particular, con la OEUC [3], asociación de consumidores de toda Europa, y alienta a las organizaciones nacionales de consumidores a participar más activamente en la búsqueda de ámbitos de especial interés para los consumidores. El presente Informe es otro canal de comunicación con los consumidores.

[2] Jornadas Europeas de la Competencia en 2002: 26.2.2002 (Madrid) y 17.9.2002 (Copenhague).

[3] IP/02/415 de 14.3.2002.

La reforma que actualmente se está llevando a cabo en materia de lucha contra los monopolios y control de las concentraciones ayudará a acercar el proceso decisorio al consumidor. En concreto, la aplicación descentralizada de las normas de defensa de la competencia permitirá a los consumidores dirigir sus quejas a las autoridades nacionales de competencia, las cuales participarán plenamente en la aplicación de la normativa europea. Ésta es directamente aplicable en todos los Estados miembros, y la reforma potencia además el papel de los tribunales nacionales en la sanción de infracciones [4]. En el contexto de la propuesta de reforma del Reglamento sobre control de concentraciones, está previsto crear dentro de la Comisión una función de contacto con el consumidor [5], a fin de ofrecer a los consumidores y sus representantes mayores posibilidades de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre determinadas concentraciones.

[4] Capítulo I.A.2, en particular, punto 17.

[5] V. puntos 312-313.

Por último, la revisión de este año de la exención por categorías para el sector de vehículos de motor cambiará tanto la venta de automóviles como la prestación de servicios posventa en Europa [6]. La compra de un coche (nuevo) es para la mayoría de los consumidores una de las principales decisiones de inversión, de modo que los cambios fundamentales en el sistema de distribución y servicios posventa serán sin duda de gran importancia para el consumidor, aunque aún sea pronto para evaluar los efectos de la reforma en los precios de los vehículos en la Unión y en la calidad y disponibilidad de los servicios posventa.

[6] V. punto I.C.6.

Por lo respecta a los trabajos sobre asuntos en 2002, se remite a los consumidores, en particular, a la decisión de lucha contra los cárteles en el asunto de las placas de yeso [7], por tratarse de un producto conocido para cualquier persona que haya construido o reformado su casa. También merece atención a este respecto el asunto Nintendo [8], en el que se puso fin a los acuerdos contrarios a la competencia celebrados entre dicha empresa y sus distribuidores de cartuchos de juegos para consolas.

[7] V. punto 50 y ss.

[8] V. punto 61 y ss.

En conclusión, se invita a los consumidores a consultar la Parte C del Informe, "Evolución de la competencia por sectores". En ella se recogen datos de los sectores de energía, telecomunicaciones, correos y transporte, cuya importancia es crucial para los consumidores. También de especial interés a este respecto es el detalle de los asuntos de defensa de la competencia en los ámbitos de los medios de comunicación, servicios financieros, profesiones liberales y sociedad de la información.

I - Competencia: artículos 81 y 82; monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Expiración del Tratado CECA

10. El 23 de julio expiró el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Esto significa que, a partir del 24 de julio, los sectores regulados por el Tratado CECA y por las normas de procedimiento y otras normas del Derecho derivado del Tratado CECA quedan sujetos a las normas del Tratado CE y a las normas de procedimiento y otras normas del Derecho derivado del Tratado CE.

11. Con el fin de atender a cuestiones relacionadas con esta transición y, concretamente, a las que puedan plantearse en los ámbitos de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales, los servicios competentes de la Comisión (DG COMP y DG TREN) elaboraron una Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA [9], que fue adoptada el 21 de junio. La Comunicación pretende ser de ayuda para las empresas, que están sujetas a las normas antimonopolio y sobre concentraciones, y para los Estados miembros, sujetos a la normativa de ayudas estatales, además de ofrecer información, garantías y previsiones ante la expiración del Tratado CECA. Sin perjuicio de la interpretación de las normas de la CECA y la CE por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comunicación expone los principales cambios que se producirán en la ley sustantiva y procesal aplicable y explica cómo la Comisión se propone tratar las cuestiones específicas que puedan plantearse durante la transición.

[9] DO C 152 de 26.06.2002.

12. Como mensaje general, la Comunicación señala que es improbable que los cambios sustanciales y de procedimiento derivados de la expiración del Tratado CECA ocasionen problemas de importancia, gracias a los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando por conformar las prácticas desarrolladas con arreglo respectivamente a los Tratados de la CECA y de la CE.

13. Las diferencias más importantes entre el régimen antiguo y el nuevo son:

a) Normativa de defensa de la competencia

- Según la normativa CE, la Comisión no goza de jurisdicción exclusiva, como ocurría según la normativa CECA.

- El hecho de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado es requisito para aplicar la normativa, a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen de la CECA.

b) Control de operaciones de concentración

- La Comisión no tiene jurisdicción exclusiva con independencia de cualesquiera umbrales, como ocurría según las normas de la CECA.

14. La Comunicación también aborda una serie de cuestiones específicas relacionadas con la transición y, en particular, con los asuntos que de hecho o de derecho hayan empezado antes, pero continúen después de la expiración del Tratado CECA. El principio fundamental en materia de procedimiento es que las normas aplicables serán las que estuvieran en vigor en el momento de adoptarse la medida de procedimiento correspondiente.

Normativa de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales:

La Comisión aplicará las normas de procedimiento CE a todos los asuntos, tanto pendientes como nuevos, a partir del 24 de julio. Salvo indicación contraria en la Comunicación, se considerará que los pasos del procedimiento válidos según las normas de la CECA y adoptados antes de la expiración del Tratado CECA cumplirán, después de dicha expiración, los requisitos del paso equivalente del procedimiento según las normas del Tratado CE.

Por lo demás, la Comunicación aborda una serie de cuestiones en los tres ámbitos:

a) Normativa de defensa de la competencia

- Las excepciones establecidas en los artículos 65 (2) CECA y 81 (3) CE son en gran medida similares, y -dada la futura modernización de las normas de aplicación de la normativa de defensa de la competencia- la actividad de la Comisión en este campo debe concentrarse en los procedimientos de prohibición. Por lo tanto,

- la Comisión informa a las empresas de su intención de no iniciar procedimientos con arreglo al artículo 81 CE contra la futura aplicación de acuerdos anteriormente eximidos en virtud del régimen CECA, salvo que posteriormente aparezcan elementos sustanciales, de índole material o jurídica, que afecten claramente al beneficio de la excepción contenida en el artículo 81 (3) CE.

b) Control de operaciones de concentración

- El tratamiento de las empresas en participación es diferente, en el sentido de que más empresas en participación se considerarían concentraciones según el artículo 66 CECA que según el Reglamento CE sobre control de concentraciones, que se aplica únicamente a empresas en participación con plenas funciones. Entre las notificaciones de empresas en participación efectuadas conforme al Tratado CECA y aún pendientes al expirar éste, algunas podrían no ser concentraciones sujetas al régimen de notificación conforme al Reglamento CE sobre concentraciones.

- La Comunicación indica que dichas notificaciones podrían pasar a considerarse notificaciones de acuerdos de cooperación con arreglo al Reglamento 17/62 si cumplen los requisitos del artículo 5 del Reglamento de aplicación y, en particular, si las partes que notifican así lo solicitan.

c) Ayudas estatales

- Cuando, después de la expiración del Tratado CECA, la Comisión deba adoptar una decisión por la que se evalúe la compatibilidad de una ayuda ejecutada sin autorización previa de la Comisión antes de la expiración del Tratado, se plantea la cuestión de qué criterios deben aplicarse.

- La Comisión aplicará lo dispuesto en la Comunicación sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales [10]. Según dicha Comunicación, la Comisión siempre evaluará la compatibilidad con el mercado común de las ayudas ilegales con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión.

[10] DO C 119 de 22.5.2002, p.22.

2. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

15. El 16 de diciembre, el Consejo adoptó el Reglamento 1/2003 [11]. El nuevo Reglamento, cuya propuesta presentó la Comisión en septiembre de 2000, culmina la reforma más exhaustiva de la normativa de defensa de la competencia desde 1962. El Reglamento 1/2003 reemplaza así las normas de procedimiento en vigor desde hace 40 años, plasmadas en el Reglamento 17, que rigen la aplicación de las disposiciones del Tratado a los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia (artículo 81 CE) y a los abusos de posiciones dominantes (artículo 82 CE). Las nuevas normas se aplicarán a partir de 1 de mayo de 2004, fecha de ampliación de la Unión Europea a 10 nuevos Estados miembros.

[11] Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

16. Sin alterar el contenido sustantivo de los artículos 81 y 82 CE, la reforma simplificará sobre todo el modo en que las normas de defensa de la competencia del Tratado se aplican en la Unión Europea. A la vez que reduce los trámites para las empresas mediante la supresión del sistema de notificación de acuerdos entre empresas, el nuevo Reglamento permitirá una aplicación más rigurosa de la normativa mediante una distribución mejor y más eficaz de tareas entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia (ANC). De este modo, tanto la Comisión como las ANC podrán centrar sus recursos en la lucha contra las restricciones y abusos más perjudiciales para la competencia y para los consumidores.

17. Las características fundamentales de la reforma son:

1. El cambio de un sistema de autorización, según el cual todos los acuerdos deben notificarse a la Comisión para su autorización, a un sistema basado en la excepción jurídica.

Mantener el sistema de notificaciones, tras décadas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de aplicación de los artículos 81 y 82 CE por parte de la Comisión, supondría una prolongación injustificada de trámites innecesarios y acarrearía costes jurídicos para las empresas. Asimismo, habida cuenta de la ampliación, el sistema de notificación ya no resulta viable. Por ello, la reforma atribuye más responsabilidad a las empresas, que habrán de evaluar por sí mismas si sus acuerdos restringen la competencia y, en caso afirmativo, si las restricciones pueden acogerse a las excepciones del apartado 3 del artículo 81 CE. Por supuesto, cuando los asuntos dan lugar a verdadera incertidumbre por presentar problemas nuevos o no resueltos de aplicación de las normas de competencia comunitarias, las empresas pueden solicitar a título informal orientaciones de la Comisión. Ésta podrá entonces emitir un dictamen escrito.

2. La aplicabilidad directa del apartado 3 del artículo 81 CE

Al desaparecer la competencia exclusiva de la Comisión para conceder el beneficio de excepciones con arreglo al apartado 3 del artículo 81 CE, la Comisión, las ANC y los tribunales nacionales podrán aplicar conjuntamente la normativa en materia de prácticas restrictivas. Todas las autoridades de competencia cooperarán estrechamente en la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Dado que el tratamiento de gran número de asuntos ha contribuido al establecimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a las prácticas de la Comisión en relación con los criterios del apartado 3 del artículo 81 CE, las ANC y los tribunales nacionales podrán recurrir a dicha jurisprudencia a la hora de determinar las condiciones bajo las cuales puede aplicarse esta disposición. A este respecto, y para ayudar a las ANC y a los tribunales nacionales, la Comisión se propone asimismo publicar una comunicación sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE, que abordará los principales aspectos del acervo comunitario en este ámbito.

La aplicación de las normas comunitarias de competencia por los tribunales nacionales se verá además facilitada al ampliarse la posibilidad de que dichos tribunales puedan solicitar a la Comisión datos o dictámenes sobre asuntos relacionados con la aplicación de las normas. Tanto la Comisión como las ANC tendrán la posibilidad de presentar escritos como amici curiae a los tribunales nacionales que apliquen los artículos 81 u 82 CE.

3. La Red Europea de Competencia

La Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros crearán una red de autoridades de competencia, denominada Red Europea de Competencia (REC), componente clave del nuevo sistema de aplicación de la normativa. La Red permitirá la consulta, cooperación e intercambio de información entre las autoridades europeas de competencia en relación con la aplicación de los artículos 81 y 82 CE. Esto podrá suceder en cualquier fase del proceso decisorio, desde el momento en que se asigne el asunto a una autoridad de competencia hasta la decisión final. En la Red incumbe a la Comisión, como guardiana del Tratado, la responsabilidad última de garantizar una aplicación coherente de la normativa comunitaria de competencia. Las formas de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia se establecen en la declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre el funcionamiento de la red de autoridades de competencia, aneja al nuevo Reglamento.

4. La relación entre los artículos 81 y 82 CE y los Derechos de competencia nacionales

Si bien las ANC y los tribunales nacionales pueden seguir aplicando las normas de competencia nacionales a los acuerdos, decisiones de asociación de empresas o prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, al mismo tiempo están obligadas a aplicar los artículos 81 u 82 CE, y la aplicación de las normas de competencia nacionales no puede llevar a resultados diferentes de los que se derivarían de la aplicación del artículo 81 CE. La convergencia entre las normativas aplicables a las operaciones contempladas en el artículo 81 CE y la consiguiente igualdad de condiciones facilitará las actividades empresariales en Europa y es fundamental para la realización del mercado interior y la aplicación coherente de la normativa de competencia comunitaria una vez la Comisión haya perdido su competencia exclusiva a la hora de conceder el beneficio de excepciones con arreglo al apartado 3 del artículo 81 CE.

5. Ampliación de los poderes de investigación de la Comisión

Para que la Comisión siga desempeñando con la máxima eficacia su papel fundamental como responsable del control del cumplimiento de la normativa de competencia comunitaria, se han ampliado sus facultades de investigación. Parte de dichas facultades reside en la posibilidad de que la Comisión se entreviste con cualquier persona que pueda estar en posesión de información útil para una determinada investigación y de colocar precintos durante el período necesario para efectuar una inspección. La Comisión también podrá penetrar en cualquier local donde puedan conservarse documentos de la empresa, incluso en domicilios particulares. La Comisión únicamente podrá hacer esto último si existen sospechas razonables de que pueda hallar información inculpatoria y con la autorización de un juez nacional. Dicha autorización dependerá, entre otras cosas, de la proporcionalidad del registro domiciliario dada la gravedad de la presunta infracción y de la importancia de las pruebas buscadas.

3. Revisión de la política de clemencia de la Comisión

18. El 13 de febrero la Comisión adoptó una nueva política de clemencia que ofrece más incentivos a las empresas que revelen datos sobre las infracciones más graves a la normativa de defensa de la competencia. La nueva política no sólo mejora la seguridad jurídica ofrecida a las empresas que deseen cooperar, sino que, además, aumenta la transparencia y predecibilidad general de las prácticas de la Comisión en este ámbito. De esta manera, la "Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel" [12], publicada en 2002, supone un nuevo hito en el descubrimiento y represión de acuerdos de fijación de precios y otros cárteles intrínsecamente restrictivos. Las nuevas normas actualizan la anterior Comunicación al respecto, de 1996, y se aplican a los denominados cárteles horizontales clásicos [13].

[12] DO C 45 de 19.2.2002; v. también http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/leniency.

[13] Distintos de los asuntos en los cuales la fijación ilegal de precios se produce entre empresas que guardan una relación vertical, esto es, entre agentes de niveles diferentes dentro de la cadena de producción o distribución; por ejemplo, un productor y sus distribuidores.

19. Según la Comunicación de 2002, la Comisión dispensará del pago de multas a la primera empresa que presente pruebas de un cártel desconocido o sobre el cual la Comisión carezca de pruebas. Más concretamente, se concederá la dispensa del pago de cualquier multa en los siguientes supuestos:

- cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan adoptar una decisión de investigación en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 17 (o reglamentos procesales equivalentes en sectores particulares) en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad; o

- cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan comprobar una infracción al artículo 81 del Tratado CE en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad, cuando la Comisión ya posea información suficiente para efectuar una inspección, pero no para determinar que existe una infracción. Este tipo de dispensa sólo podrá otorgarse cuando no se haya concedido una "dispensa condicional" (cf. punto 21) a ningún otro miembro del cártel según las condiciones contempladas en el guión anterior.

20. Para obtener dispensa plena, las empresas deberán además:

- cooperar plena y continuamente con la Comisión y facilitar a ésta todos los elementos de prueba que obren en su poder,

- poner de inmediato fin a la infracción y

- no haber adoptado medidas a fin de obligar a otras empresas a participar en el cártel.

21. Las empresas que reúnan las condiciones resumidas en el punto 19 recibirán en breve plazo una carta de la Comisión en la que ésta confirmará la concesión de dispensa plena, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la Comunicación.

22. La Comunicación de 2002 contempla asimismo una reducción del importe de las multas para aquellas empresas que no puedan acogerse a la dispensa, pero faciliten pruebas que aporten un "valor añadido significativo" a los datos que ya obren en poder de la Comisión y que pongan término a su implicación en el cártel. La primera empresa que cumpla estas condiciones gozará de una reducción del 30-50% de la multa que de otro modo se le habría impuesto, la segunda de un 20-30% y las restantes de hasta el 20%. En cada una de estas franjas, el importe final de la reducción dependerá de la calidad de las pruebas facilitadas y del momento en que se faciliten.

23. Las empresas que soliciten la reducción del importe de las multas recibirán una carta en la que se les comunicará la franja en la cual quedan en principio incluidas. La carta se remitirá como máximo el día en que se notifique el pliego de cargos.

24. La Comunicación de 2002 entró en vigor el 14 de febrero y se aplica a las empresas que soliciten medidas de clemencia en un asunto de cártel con posterioridad a tal fecha, a menos que otra empresa ya esté cooperando con la Comisión en una investigación sobre el mismo cártel con arreglo a la Comunicación de 1996.

4. Revisión del reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor

25. En julio, la Comisión adoptó el Reglamento 1400/2002 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. El Reglamento, aunque aborda cuestiones específicas del sector, se basa en la política general que sigue la Comisión a la hora de evaluar restricciones verticales, tal como se establece en el Reglamento 2790/1999 y en las respectivas directrices de la Comisión. Para más detalles sobre las nuevas normas aplicables a la distribución vertical en el sector de los vehículos de motor, véase la sección C 6.

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Evolución de las actividades de aplicación de la normativa anticártel y de la Comunicación de 2002 sobre medidas de clemencia

26. Los cárteles, por ser intrínsecamente restrictivos, figuran entre las violaciones más graves a las normas de competencia. Se distinguen de las demás prácticas contrarias a la competencia en que constituyen acuerdos o prácticas concertadas secretas entre empresas competidoras. Por presentar tal característica se consideran "pecados capitales". Los cárteles son especialmente perjudiciales para la industria y los consumidores europeos. Reducen la asistencia social, redundan en una ineficaz distribución de recursos y transfieren riqueza de los consumidores a los participantes en el cártel al modificar la producción o los precios con respecto a los niveles que establece el mercado. Pero los cárteles son también inicuos a largo plazo. La participación en cárteles con el fin de evitar los rigores de la competencia puede llevar a la aparición de estructuras industriales artificiales, poco rentables e inestables, pérdidas de productividad, menos mejoras tecnológicas y el mantenimiento de precios altos. Además, el debilitamiento de la competencia conduce a una pérdida de competitividad y representa una amenaza a las oportunidades de empleo sostenible.

27. Por todas estas razones, el descubrimiento, persecución y sanción de acuerdos secretos de cártel constituyen elementos fundamentales de la política de competencia de la Comisión. A tal fin se ha creado toda una gama de instrumentos.

28. La Comisión dedica recursos específicos a la lucha contra los cárteles desde 1998, año en que se creó una unidad especial de lucha anticártel adjunta a la DG de Competencia. La decisión de crear una unidad especial se debía a que los miembros de los cárteles recurrían a medios cada vez más refinados paradisimular sus actividades y borrar sus huellas.

29. En 2002, este gradual aumento de los recursos culminó con la creación de una segunda unidad de cárteles. Las dos nuevas unidades se han beneficiado de la introducción de una metodología de gestión más flexible y eficaz. Ambas hacen uso de tecnologías avanzadas de la información, creadas de manera interna para fines de inspección y tratamiento de documentos. Los funcionarios reciben una formación específica sobre técnicas de investigación y se especializan en los complejos aspectos de procedimiento que caracterizan a los grandes asuntos de índole contenciosa.

30. La prioridad otorgada a la lucha contra los cárteles y el tratamiento de asuntos de cártel en 2001 mantuvo su ritmo e incluso se intensificó en 2002. El número de asuntos tratados aumentó proporcionalmente en mayor medida que los recursos adicionales destinados a tal actividad a lo largo del período.

31. Después de 2001, 2002 fue un nuevo año récord en cuanto a decisiones de cártel. La Comisión adoptó 9 decisiones, con multas que totalizaron alrededor de mil millones de euros: "bancos austríacos", "metionina", "gases industriales y médicos", "casas de subasta de obras de arte", "placas de yeso", "metilglucamina", "redondo para cemento armado", "grafitos especiales" y "potenciadores de sabor para alimentos".

32. El número de inspecciones por sorpresa aumentó considerablemente, entre ellas la mayor jamás realizada por la Comisión. Esta tendencia se debe a la mayor prioridad que la Comisión otorga a la pronta represión de las actividades de los cárteles ilegales. A este respecto cabe señalar que, una vez se tiene conocimiento de un cártel ilegal, el plazo de reacción es sumamente breve, de 4 a 6 semanas. Hasta ahora la experiencia ha demostrado que, tras una inspección, los cárteles suelen derrumbarse y de este modo cesan en sus actividades ilegales.

33. Desde el punto de vista político, el hecho más destacable fue la adopción de la nueva Comunicación sobre medidas de clemencia en febrero de 2002 [14]. Desde 1996, la política de clemencia de la Comisión viene constituyendo una de las piedras angulares de la política de lucha contra los cárteles de la Comisión. La nueva Comunicación sobre medidas de clemencia supone en varios aspectos una mejora con respecto a la de 1996. La Comunicación introduce una serie de cambios que pretenden hacer más atractivo para las empresas informar sobre un cártel y, de este modo, permite una mayor eficacia en la lucha de la Comisión contra los cárteles. Son elementos clave de la nueva Comunicación: en primer lugar, la dispensa plena del pago de multas para la primera empresa que se presente; en segundo, las pruebas facilitadas deben ser suficientes para que la Comisión ordene una inspección; en tercero, la Comisión permite la presentación hipotética de pruebas, en cuyo caso las pruebas efectivas únicamente deben facilitarse en una segunda fase; en cuarto, la adopción de decisiones que conceden dispensa condicional en cuestión de semanas ofrece una seguridad jurídica inicial a la empresa; en quinto, aun después de que la Comisión haya emprendido una inspección, es posible obtener dispensa en determinadas circunstancias; en sexto, en caso de haberse concedido ya una dispensa o de que la Comisión posea pruebas suficientes para determinar una infracción, siguen siendo posibles reducciones de hasta el 50% del importe de las multas para aquellas empresas que aporten un valor añadido significativo a los elementos de prueba de que disponga la Comisión; por último, y para mayor seguridad en cuanto a las reducciones, una vez solicitadas medidas de clemencia la Comisión adopta cuanto antes una decisión preliminar sobre la franja de reducción aplicable.

[14] DO C 45 de 19.2.2002, páginas 3 a 5.

34. El hecho de que la nueva Comunicación, en sus primeros diez meses de aplicación, ya haya permitido descubrir unos diez cárteles diferentes en Europa es clara señal de su eficacia. Esto tiene, a su vez, efectos más amplios. El temor a que un miembro del cártel pueda acudir a las autoridades y obtener una dispensa tiende a desestabilizar las actividades de cártel en general. Por tal motivo, es probable que la aplicación de la Comunicación de 2002 no sólo permita en el futuro el descubrimiento y sanción de gran número de cárteles, sino que además desestabilizará a los demás cárteles que aun puedan existir.

35. En 2002 la Comisión tuvo oportunidad de hacer hincapié en otro de los factores que disuaden a las empresas de entregarse a actividades de cártel, a saber, el incremento aplicado a cualquier multa por infracciones reiteradas a la normativa de competencia. La Decisión "placas de yeso" es buen ejemplo de este planteamiento. A dos empresas que ya habían cometido una infracción similar y por la cual había sido multadas se les impuso multas más elevadas por infracción reiterada. Sin embargo, y en relación con la política de clemencia, cabe subrayar que aun las empresas reincidentes pueden acogerse a medidas de dispensa o reducción de multas si optan por cooperar con la Comisión.

36. La disuasión es también objetivo subyacente cuando la Comisión impone multas o sanciones más severas a fin de contrarrestar las prácticas de las empresas de obstrucción y negativa a cooperar durante las inspecciones. En respuesta a ciertas prácticas obstruccionistas y de falta de cooperación observadas sobre todo en 2002, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas de competencia, en particular en materia de inspecciones.

37. En cambio, en los futuros asuntos, la Comisión, al determinar con arreglo a las directrices para el cálculo de multas el importe de la sanción pecuniaria, no considerará como agravante el hecho de que los juristas internos de la empresa habían advertido a la dirección de la ilegalidad de la conducta objeto de decisión de la Comisión. No obstante, tal advertencia podrá utilizarse como prueba de la existencia de una infracción.

38. Por último, en 2002 se mantuvo un alto grado de cooperación internacional. Fue muy satisfactoria, en particular, la coordinación de investigaciones y el intercambio de información no confidencial con las autoridades de lucha contra los cárteles de Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, la Comisión participó en tres pleitos civiles en Estados Unidos en los que se plantearon cuestiones relativas al impacto de los procedimientos de investigación estadounidenses en la política de clemencia de la Comisión.

1.1.2. Asuntos en 2002

Bancos austríacos [15]

[15] Asunto Comp/D-1/36.571, IP/02/844 de 11.6.2002.

39. El 11 de junio, la Comisión impuso multas por un total de 124.26 millones de euros a ocho bancos austríacos por su participación en gran cártel de precios. Para más detalles, véase el capítulo sobre servicios financieros [16].

[16] V. puntos 190 y ss.

Metionina [17]

[17] Asuntos COMP/37.519 ; IP/02/976 de 2.7.2002.

40. El 2 de julio la Comisión multó a Degussa AG y Nippon Soda Company Ltd con 118 millones de euros y 9 millones de euros respectivamente por participar, junto con Aventis SA (y su filial al 100% Aventis Animal Nutrition SA), en un cártel de fijación de precios de la metionina. La metionina es uno de los aminoácidos más importantes utilizados para componer piensos y premezclas para todas las especies animales. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que las empresas habían participado en un cártel internacional entre febrero de 1986 y febrero de 1999.

41. A Aventis (antes Rhône-Poulenc) se le concedió una dispensa plena con arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre medidas de clemencia por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

Gases industriales y médicos [18]

[18] Asunto COMP/36.700; DO L 84 de 1.4.2003.

42. El 24 de julio de 2002, la Comisión multó a NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV y Westfalen Gassen Nederland BV con un total de 25,72 millones de euros por participar en un cártel secreto en el sector de los gases industriales y médicos en los Países Bajos.

Carlsberg y Heineken [19]

[19] Asunto Comp/F-3/37.851.

43. El 4 de noviembre la Comisión concluyó su investigación sobre un supuesto acuerdo de reparto de mercados entre las empresas fabricantes de cerveza Carlsberg, de Dinamarca, y Heineken, de los Países Bajos, no habiendo hallado pruebas de que la infracción sospechosa continuara después de mayo de 1995. Toda posible infracción en este caso quedaba fuera del plazo para imponer multas.

44. El 1 de marzo de 2002, la Comisión remitió a Carlsberg y Heineken sendos pliegos de cargos según los cuales entre 1993 y 1996 había existido un acuerdo informal entre ambas cerveceras para limitar -sobre todo mediante adquisiciones- las actividades en los "mercados interiores" de cada una [20]. Esta conclusión provisional se alcanzó a partir de documentos hallados gracias a inspecciones por sorpresa en las sedes de ambas empresas en primavera de 2000.

[20] IP/02/350 de 1.3.2002.

45. Ambas partes respondieron por escrito al pliego de cargos rechazando las imputaciones de la Comisión y subrayando la extrema dificultad de penetrar en el mercado nacional de la otra. Carlsberg también expuso sus argumentos en una audiencia oral. Habida cuenta de los argumentos de las partes, la Comisión decidió completar su investigación mediante nuevas inspecciones efectuadas en las sedes de Carlsberg y Heineken en agosto de 2002. Sin embargo, las inspecciones no permitieron hallar nuevas pruebas correspondientes al plazo de cinco años transcurrido el cual prescriben las multas [21]. En consecuencia, la Comisión dio por terminado el asunto [22].

[21] Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la CEE (DO L 319 de 29.11.1974, p. 1). En este caso, el plazo de prescripción empezaba en mayo de 1995, cinco años antes de la fecha de la primera inspección de la Comisión en los locales de Carlsberg.

[22] IP/02/1603 de 4.11.2002.

Casas de subasta de obras de arte [23]

[23] Asunto COMP/37.784.

46. En una decisión adoptada el 30 de octubre, la Comisión determinó que Christie's y Sotheby's, dos de las principales casas mundiales de subasta de obras de arte, habían violado las normas de competencia de la Unión Europea por su colusión al fijar comisiones y otras condiciones comerciales entre 1993 y a principios de 2000. El propósito del acuerdo en que consistía el cártel era reducir la feroz competencia entre las dos principales casas de subasta, que se había desarrollado durante los años ochenta y principios de los noventa. El aspecto más importante del acuerdo consistía en un aumento de la comisión pagada por los vendedores en las subastas (la llamada comisión del vendedor). Pero el acuerdo colusorio se extendía a muchas otras condiciones comerciales, tales como los adelantos pagados a los vendedores, las garantías dadas sobre los resultados de las subastas y las condiciones de pago.

47. En aplicación de la Comunicación sobre medidas de clemencia de 1996, la Comisión consideró que Christie's debía gozar de dispensa plena, por haber facilitado pruebas decisivas del cártel en un momento en el que la Comisión no tenía investigación abierta y por ser la primera en presentarlas. La multa a Sotheby's se fijó en 20,4 millones de euros, equivalentes al 6% de su volumen de negocios mundial. El importe incluye una reducción del 40% por su cooperación en la investigación.

Metilglucamina [24]

[24] Asunto COMP/37.978; IP/02/1746 de 27.11.2002.

48. El 27 de noviembre, la Comisión multó a Aventis Pharma SA y Rhône-Poulenc Biochemie SA (como responsables solidarios) con 2,85 millones de euros por su participación en un cártel de fijación de precios y reparto de los mercados de metilglucamina junto con Merck KgaA. La metilglucamina es un producto químico utilizado para la síntesis de productos de radiología, productos farmacéuticos y colorantes. La Comisión determinó que las empresas habían participado en un cártel de ámbito mundial entre noviembre de 1990 y diciembre de 1999.

49. Se concedió a Merck KgaA dispensa plena del pago de multas conforme a la Comunicación sobre medidas de clemencia de la Comisión por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de sus actividades.

Placas de yeso [25]

[25] Asunto COMP/37.152.

50. El 27 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total de 478 millones de euros a Societé Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG y Gyproc Benelux SA/NV. La Comisión calificó el comportamiento de las empresas de infracción muy grave del Derecho europeo de la competencia. La investigación de la Comisión, iniciada de oficio, permitió determinar que los principales productores europeos de placas de yeso habían participado en un cártel clandestino que abarcaba los cuatro principales mercados de la Unión (Alemania, Reino Unido, Francia y Benelux), en los cuales se proponían reducir la competencia a un nivel acorde con sus intereses, intercambiando información sobre volúmenes de venta e informándose de las subidas de precio en los mercados británico y alemán. El valor de los mercados es uno de los más elevados de las decisiones de cártel de la Comisión de la última década. BPB, Knauf y Lafarge participaron en el cártel de 1992 a 1998 y Gyproc se incorporó al mismo en 1996.

51. El elevado importe de las multas se debe a la duración de la infracción y, en el caso de Lafarge (249,60 millones de euros) y BPB (138,60 millones de euros), al hecho de que las empresas reinciden en una infracción al artículo 81, lo que constituye una circunstancia agravante. Sólo BPB y Gyproc colaboraron con los servicios de la Comisión y gozaron por ello de una reducción de la multa.

52. La decisión constituye una nueva prueba de la determinación de la Comisión a descubrir y castigar las infracciones al Derecho de competencia, tanto a través de investigaciones de oficio como en respuesta a solicitudes de aplicación de la política de clemencia. En su lucha contra los cárteles, la Comisión concede prioridad a sectores importantes de la economía europea y, en particular, a aquellos en los que su actuación puede contribuir directamente al bienestar de los consumidores. Por otra parte, la decisión confirma el firme propósito de la Comisión de castigar adecuadamente a las empresas que reincidan en comportamientos claramente contrarios a la competencia mediante un aumento del importe de la multa.

Potenciadores de sabor para alimentos [26]

[26] Asunto COMP/37.671; IP/02/1907 de 17.12.2002.

53. El 17 de diciembre de 2002, la Comisión multó a Ajinomoto Co. INC (Japón), Cheil Jedang Corporation (Corea del Sur) y Daesang Corporation (Corea del Sur) respectivamente con 15,54 millones de euros, 2,74 millones de euros y 2,28 millones de euros por participar en un cártel de fijación de precios y asignación de clientes en el sector de los nucleótidos junto con Takeda Chemical Industries Ltd (Japón). El nucleótido o ácido nucleico se elabora a partir de la glucosa y se utiliza en la industria alimentaria para potenciar el sabor de los alimentos. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que las empresas había participado en un cártel mundial entre 1988 y 1998.

54. Por lo que se refiere a la Comunicación sobre medidas de clemencia, cabe observar que se concedió a Takeda Chemical Industries Ltd (Japón) dispensa plena del pago de multas por haber presentado pruebas decisivas sobre las actividades del cártel en un momento en el que la Comisión no tenía conocimiento alguno del mismo.

Grafitos especiales [27]

[27] Asunto COMP/37.667; IP/02/1906 de 17.12.2002.

55. El 17 de diciembre, la Comisión multó a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Steel Nippon Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG con un total de 51,8 millones de euros por participar en un cártel de fijación de precios en el mercado del grafito especial isostático [28]. Además, se multó a SGL Carbon AG con 8,81 millones de euros por su implicación en otro acuerdo colusorio de fijación de precios en el mercado del grafito especial extruido. GrafTech International, Ltd (anteriormente UCAR), también considerada responsable de ambas infracciones, se benefició de una reducción del 100% del importe de las multas por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

[28] "Grafitos especiales" es un término general de uso extendido en el sector para referirse a un grupo de productos de grafito destinado a diversas aplicaciones.

Redondo para cemento armado [29]

[29] Asunto COMP/37.956.

56. El 17 de diciembre la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total de 85 millones de euros a nueve empresas, correspondientes a once sociedades (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA y Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidación, Lucchini SpA y Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA y Ferriera Valsabbia SpA), y a una asociación de empresas (Federacciai) por haber participado en un cártel en el mercado italiano de los redondos para cemento armado. Se trata de una violación muy grave del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA.

57. Este acuerdo único, complejo y persistente presentaba una serie de características: la fijación de precios por el "extra de dimensiones" (suplemento basado en el diámetro del redondo para cemento armado que se añadía al precio de base), la fijación del precio de base, la fijación de los plazos de pago y la limitación o control de la producción y/o las ventas.

58. Se impusieron a las empresas multas de un importe comprendido entre 26,9 millones de euros y 3,57 millones de euros. La Comisión tomó en consideración el hecho de que Riva y Lucchini eran grandes grupos con un volumen de negocios muy superior al de los demás participantes en el cártel.

59. De acuerdo con la jurisprudencia Eurofer [30], Federacciai fue destinataria de la decisión de la Comisión, pero no se le impuso multa alguna. Ferriere Nord era reincidente, lo que constituye una circunstancia agravante; pero también fue la única en colaborar con los servicios de la Comisión y, por consiguiente, cumplía las condiciones para una reducción de la multa con arreglo a la Comunicación sobre medidas de clemencia.

[30] Sentencia de 11.3.1999 en el asunto T-136/94.

60. En este asunto la Comisión aplicó lo dispuesto en el Tratado CECA después de expirado éste de conformidad con la Comunicación de 26 de junio de 2002 relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA [31], en la cual manifestaba su intención de seguir los principios jurídicos generales de sucesión de leyes. Según esta Comunicación: "Si la Comisión, al aplicar la normativa comunitaria de competencia a los acuerdos, descubre una infracción en un ámbito cubierto por el Tratado CECA, el derecho sustantivo aplicable será, independientemente de la fecha de aplicación de dicha normativa, el derecho vigente en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción. En cualquier caso, por lo que se refiere al procedimiento, el derecho aplicable tras la expiración del Tratado CECA será el derecho CE."

[31] DO C 152 de 26.6.2002, p.5.

1.2. Acuerdos verticales

Nintendo [32]

[32] Asuntos COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 y COMP/C-3/36.321.

61. El 30 de octubre de 2002, la Comisión impuso multas por un total de 167,9 millones de euros a Nintendo Corporation Ltd y Nintendo Europe GmbH (empresa matriz en último término del grupo Nintendo y principal filial europea); John Menzies plc; Soc. Rep. Concentra L.DA; Linea GIG S.p.A; Nortec S.A.; Bergsala A.B.; Itochu Corporation y CD-Contact Data GmbH.

62. En su decisión, la Comisión concluyó que los destinatarios habían participado en una infracción al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE por restringir el comercio paralelo de consolas y cartuchos de juegos de Nintendo en el EEE. Aparte de los acuerdos formales de distribución, que limitaban las exportaciones paralelas, las partes colaboraron estrechamente en la detección del origen del comercio paralelo y la identificación de comerciantes paralelos.

63. La infracción fue orquestada por Nintendo, pero el resto de los destinatarios, distribuidores independientes de Nintendo en diversos países del EEE, cooperaron activamente y, en la mayoría de los casos, de buen grado con dicha empresa en la infracción, además de salir beneficiados de la misma. A la hora de determinar las multas impuestas se crearon grupos a fin de reflejar el impacto real en la competencia de cada conducta ilegal de las empresas, dadas las amplias disparidades entre las mismas. Además, se aplicó un factor multiplicador al importe inicial de la multa impuesta a Nintendo, John Menzies plc e Itochu Corporation a fin de garantizar un efecto disuasor suficiente habida cuenta de sus dimensiones y recursos globales.

64. Una serie de circunstancias agravantes llevaron a aumentar los importes de la multa: haber actuado como cabecilla e instigador de la infracción (Nintendo); haber persistido en la infracción después de que la Comisión hubiera iniciado sus investigaciones (Nintendo, John Menzies plc), y haber intentado engañar a la Comisión en cuanto al alcance real de la infracción al facilitarse información incorrecta en respuesta a una solicitud formal de información (John Menzies plc). La Comisión también reconoció circunstancias atenuantes en este caso: un papel puramente pasivo (Soc. Rep. Concentra L.DA) y la colaboración eficaz con la Comisión durante el procedimiento administrativo (Nintendo, John Menzies).

65. Al conceder amplias reducciones a Nintendo y John Menzies plc por su cooperación, la Comisión puso de manifiesto la importancia que otorga a dicha cooperación, aun tratándose de infracciones de carácter vertical a las cuales no es aplicable la Comunicación sobre medidas de clemencia. Por último, se tuvo en cuenta el hecho de que Nintendo ofreció una sustancial indemnización a los terceros que habían sufrido perjuicios financieros debido a la infracción.

66. Tal como se destaca en la decisión, las restricciones al comercio paralelo constituyen infracciones muy graves al artículo 81 CE y serán perseguidas y sancionadas por la Comisión de manera semejante a como actúa contra los cárteles horizontales clásicos.

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82

67. Si bien a lo largo del año no se adoptó decisión formal alguna por abuso de posición dominante, la Comisión sigue prestando gran atención a los efectos perturbadores de los comportamientos abusivos por parte de empresas dominantes en la competencia en los mercados. Se encuentran actualmente en fase de investigación varios asuntos, iniciados tanto a raíz de denuncias como por iniciativa propia, en sectores tales como telecomunicaciones, transportes y medios de comunicación [33].

[33] Para más detalles, véanse las secciones del presente informe correspondientes a los distintos sectores: Sección I.C.4.3. sobre transporte ferroviario, punto 133; Sección I.C.8. sobre sociedad de la información, punto 196.

IMS Health [34]

[34] Asunto COMP/38.044 IMS Health/NDC.

68. En 2002 hubo una serie de novedades en relación con este asunto, en el cual la Comisión había decidido imponer medidas provisionales [35] a IMS Health el 3 de julio de 2001. La decisión fue posteriormente suspendida por el Tribunal a la espera de sentencia final sobre los procedimientos para su anulación [36]. Éstos quedan suspendidos a la espera del resultado de una petición de decisión prejudicial [37] del Landgericht de Francfort sobre cuestiones relacionadas con la decisión de la Comisión.

[35] Decisión de 28.2.2002, DO L 59 de 3.7.2001, por la que se ordena a IMS que conceda licencias por su "estructura de 1860 bloques", que divide Alemania en 1.860 zonas de venta.

[36] Autos de 26.10.2001 en el asunto T-184/01 R y de 11.4.2002 en el asunto c-481/01 P (R).

[37] Asunto C-418/01.

69. En 2002, en tanto la Comisión proseguía su evaluación de la conducta de IMS en el asunto principal, los tribunales alemanes dictaron una serie de resoluciones importantes para los derechos de propiedad intelectual de IMS sobre la estructura de 1860 bloques [38]. La decisión de la Comisión se basaba en la premisa de que la estructura y sus derivados estaban protegidos por derechos de autor [39]. La resolución más reciente, dictada por el Oberlandesgericht de Francfort el 17 de septiembre en el asunto IMS contra Pharma Intranet (PI) [40], establece que las circunstancias no permiten a IMS apelar a la normativa de derechos de autor, ni en relación con derechos de autor ni a ningún derecho sui generis, pero puede emprender una acción inhibitoria por infracción por parte de PI de la normativa alemana sobre competencia desleal. Sin embargo, el Tribunal determina que tal derecho no permite a IMS monopolizar todas las estructuras similares a la estructura 1860 o derivadas de la misma. La Comisión seguirá el desarrollo del asunto en los tribunales alemanes a fin de decidir qué medidas adoptar en el asunto principal.

[38] Segmentación del territorio nacional en 1860 áreas geográficas o bloques a fin de agregar los datos de ventas de la industria farmacéutica en Alemania.

[39] Apartado 36 de la Decisión.

[40] Pharma Intranet AG fue adquirida por NDC el 16 de octubre de 2000.

2.2. Artículo 86

70. En su sentencia max.mobil de 30.1.2002 en el asunto T-54/99, el TPI hubo de decidir sobre un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE por max.mobil, segundo mayor operador austríaco de teléfonos móviles. El recurso impugnaba un escrito en el que la Comisión informaba a max.mobil de que no daría curso a la denuncia en la que el solicitante pedía a la Comisión que actuara contra Austria con arreglo al apartado 3 del artículo 86 CE por supuesta infracción al apartado 1 del artículo 86 y al artículo 82 CE al establecer los cánones de concesión.

71. El apartado 3 del artículo 86 CE faculta a la Comisión para garantizar la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 86 y, en caso necesario, para dirigir a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas. Durante mucho tiempo, la judicatura comunitaria había venido confirmando el punto de vista de la Comisión de que ésta podía ejercer su facultad de apreciación sobre el ejercicio de sus poderes con arreglo al apartado 3 del artículo 86 sin verse limitada por la existencia de denuncias formuladas por terceros. Esto supone que, en caso de que la Comisión no actúe a partir de una denuncia presentada por un particular contra un Estado miembro por infracción al apartado 1 del artículo 86, o de negativa a actuar, dicho particular no tiene legitimación activa para formular un recurso en carencia o, en su caso, un recurso de anulación. En una sentencia de 20.2.1997 [41], a la vez que declaraba de nuevo inadmisible el recurso de anulación interpuesto en aquella ocasión por un denunciante contra la negativa por parte de la Comisión a intervenir de conformidad con el apartado 3 del artículo 86, el TJCE consideró que no cabía excluir que, en circunstancias excepcionales, un individuo pudiera estar legitimado para interponer tal recurso [42].

[41] TJE 20.2.1997, asunto C-107/95 P Bilanzbuchhalter.

[42] Basándose en la sentencia del TJE en el asunto Bilanzbuchhalter, el TPI consideró por primera vez admisible una denuncia contra la Comisión por no incoación del procedimiento en su sentencia TF 1 (3.6.1999, asunto T-17/96). El TPI consideró que el denunciante se hallaba en situación excepcional. Sin embargo, dado que la Comisión había adoptado una posición antes de la fecha de la sentencia, no había necesidad de juzgar sobre el recurso por omisión. En el recurso, el TJE (12.7.2001, asuntos acumulados C-302/99 y C-308/99 P) confirmó que, toda vez que la Comisión había definido su posición y que por ello quedaba sin fundamento el recurso por omisión, no era necesario que el TPI examinara la admisibilidad del recurso.

72. En la citada sentencia max.mobil, el TPI se apartó sustancialmente de la jurisprudencia anterior. El TPI sostuvo que los denunciantes particulares tenían con arreglo al apartado 3 del artículo 86 el derecho a que la Comisión examinara su denuncia de manera diligente e imparcial. Según el TPI, semejante obligación no podía sustraerse a todo control judicial, lo que significa que el denunciante tenía legitimidad para interponer un recurso conforme al artículo 230 CE con vistas a la anulación de un acto en virtud del cual la Comisión se negara a hacer uso de sus facultades con arreglo al apartado 3 del artículo 86. En lo esencial, la sentencia establecía que el papel de la judicatura comunitaria se limitaba a controlar la actuación de la Comisión en tres respectos, esto es, a la comprobación: (1) de la existencia en el acto impugnado de una motivación prima facie consistente que refleje la consideración de los elementos principales del expediente; (2) de la exactitud material de los hechos examinados, y (3) de la ausencia de error manifiesto por lo que respecta a la apreciación prima facie de tales hechos.

73. Basándose en estos criterios, el TPI desestimó por infundado el recurso de max.mobil en relación con el escrito de la Comisión. No obstante, y dado que el asunto planteaba importantes cuestiones de principio, la Comisión interpuso un recurso de casación ante el TJCE solicitando que se anulara la sentencia del TPI y que se acordara la inadmisión del recurso de max.mobil [43].

[43] V. DO C 169 de 13.7.2002, p. 15.

C - Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

74. 2002 fue un año de gran importancia para la liberalización de los mercados europeos del gas y la electricidad. Hubo avances significativos hacia la adopción de la nueva normativa (Directiva sobre la realización de los mercados interiores del gas y la electricidad -en adelante, "Directiva de aceleración"-, Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad y Directiva sobre la seguridad del suministro en el sector de gas). Al mismo tiempo, la Comisión concluyó una serie de asuntos de competencia sumamente importantes en el sector de la energía.

75. El acontecimiento más importante del año fue el Consejo de Ministros de Energía celebrado el 25 de noviembre de 2002. En esta reunión, los Estados miembros de la Unión alcanzaron un acuerdo político sobre la Directiva de aceleración [44] (enmiendas a la Directiva 96/92/CE sobre electricidad y a la Directiva 98/30/CE sobre el gas) y sobre el Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad. El acuerdo político supone un paso importante en pos de la liberalización de la energía y -una vez adoptado formalmente (en principio, en verano de 2003)- ofrecerá a los agentes del mercado la seguridad jurídica necesaria para ejercer sus actividades en este sector en los próximos años.

[44] Documento del Consejo 14867/02 de 27.11.2002 (gas) y documento del Consejo 14869/02 de 27.11.2002 (electricidad).

76. Por lo que se refiere a la directiva de aceleración, los principales aspectos del compromiso político alcanzado entre los Estados miembros en noviembre de 2002 son: (1) apertura del mercado a todos los clientes no nacionales de gas y electricidad el 1 de julio de 2004 y para los demás clientes -es decir, incluidas las familias- el 1 de julio de 2007; (2) refuerzo de las obligaciones de servicio universal en el sector de la electricidad (garantía de suministro a precios razonables); (3) desagregación jurídica y funcional de los operadores de sistemas de transmisión a partir del 1 de julio de 2004 (para los operadores de sistemas de distribución, desagregación funcional a partir del 1 de julio de 2004 y desagregación jurídica a partir del 1 de julio de 2007); (4) introducción de un régimen regulado de acceso de terceros a las redes de transmisión y distribución y a las instalaciones de GNL [45]. Para el almacenamiento, los Estados miembros pueden elegir entre regímenes regulados y negociados de acceso de terceros; (5) deben establecerse autoridades de reglamentación que tengan al menos competencia para fijar y aprobar, antes de su entrada en vigor, metodologías que sirvan de base para el cálculo de las tarifas de acceso a la red; (6) la Comisión podrá permitir excepciones a las tarifas reguladas para nuevas grandes infraestructuras de gas.

[45] GNL: gas natural licuado.

77. El Reglamento sobre el comercio transfronterizo en el sector de la electricidad pretende determinar normas justas para el intercambio transfronterizo de electricidad e incrementar así la competencia en el mercado interior de electricidad. Las principales características del compromiso político alcanzado entre los Estados miembros de la Unión son: (1) el establecimiento de un mecanismo de compensación a los operadores de sistemas de transmisión por los costes de la entrada de flujos transfronterizos de electricidad, compensación que deberán abonar los operadores de los sistemas de transmisión de los que procedan los flujos transfronterizos y el sistema de transmisión en que terminen; (2) la determinación de principios armonizados sobre las tasas de transmisión transfronteriza y, en particular, la aplicación de tasas de uso de la red no discriminatorias, transparentes y no relacionadas con la distancia, si bien se permitirán señales que reflejen el balance [46] entre generación y consumo; (3) el establecimiento de normas que permitan la máxima disponibilidad de capacidad de transmisión; (4) el establecimiento de principios en caso de congestión; (5) el establecimiento de normas sobre el uso de los ingresos para gestionar la congestión; (6) la participación de las autoridades de reglamentación en los asuntos de tarifas y asignación de capacidades, y (7) la determinación de sanciones por parte de los Estados miembros a las infracciones al reglamento y la obligación de información de los Estados miembros a la Comisión, la cual supervisará la aplicación del Reglamento.

[46] Denominadas "señales de localización".

78. El acuerdo político alcanzado por los Estados miembros de la Unión es en gran medida acorde con las propuestas modificadas de la Comisión de Directiva de aceleración y de Reglamento sobre el comercio transfronterizo en el sector eléctrico, adoptados en junio de 2002 [47]. La propuesta incorpora los resultados del Consejo Europeo de Barcelona y los debates de los grupos de trabajo del Consejo y toma en consideración una serie de enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura del paquete legislativo. La Comisión, sin embargo, había propuesto una fecha anterior para la plena apertura del mercado.

[47] COM (2002) 304 final de 7.06.2002.

79. Además del paquete del mercado interior, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre la seguridad del suministro en el sector de gas [48]. La propuesta pretende aclarar y definir las responsabilidades de los operadores del mercado en los mercados europeos liberalizados del gas por lo que atañe a la seguridad del suministro. A este respecto, la propuesta prevé, en primer lugar, que los Estados miembros introduzcan determinadas normas mínimas para el abastecimiento de consumidores que no pueden permitirse interrupciones de suministro, por ejemplo, sobre capacidad y volumen disponibles en caso de malas condiciones atmosféricas o grave interrupción del suministro. Sin embargo, tales normas no se aplicarán a las empresas con pequeñas cuotas de mercado.

[48] COM (2002) 488 final de 11.9.2002.

80. El proyecto de directiva también subraya la importancia de los contratos de suministro de gas a largo plazo para la seguridad del abastecimiento de Europa en este sector. La Directiva, si bien reconoce que el nivel actual de los contratos de suministro de gas a largo plazo es más que satisfactorio en el ámbito comunitario, introduce un mecanismo que permita supervisar los contratos y tomar las medidas adecuadas en caso de considerarse que el nivel de los contratos a largo plazo no es ya satisfactorio. A este respecto cabe también subrayar que los contratos de suministro de gas a largo plazo no son incompatibles ipso facto con la normativa de competencia, sino que la Comisión estudiará si existe incompatibilidad en cada caso. Cuando las restricciones contempladas en los contratos de suministro de gas sean necesarias para sostener grandes inversiones, por ejemplo, en nuevos yacimientos de gas, la Comisión lo tomará en consideración.

81. La adopción de legislación con vistas a liberalizar los mercados europeos de la energía debe ir acompañada de una estricta aplicación de la legislación europea de competencia. Es probable que la contribución de la legislación de competencia europea al proceso de liberalización aumente durante los próximos años, cuando las medidas legislativas en los Estados miembros de la UE creen el marco jurídico apropiado para la introducción de una competencia efectiva en los mercados de la energía. A este respecto, el papel de autoridades europeas y nacionales de competencia es garantizar que las medidas estatales que impedían la creación de mercados de energía comunes no se vean reemplazadas por medidas tomadas por los operadores del mercado.

82. Habida cuenta del ejercicio de modernización, que lleva a la descentralización de la aplicación de la normativa de competencia europea, será necesaria una estrecha colaboración entre la Comisión y las autoridades nacionales. Para establecer correctamente las prioridades, tal cooperación no debe limitarse a las autoridades nacionales de competencia, sino que -en la medida de lo posible- se hará extensiva a los reguladores nacionales, cuyo papel es decisivo a la hora de poner en práctica la política de liberalización.

83. La Comisión considera que los respectivos mercados de la energía a menudo se ven dominados aún por las grandes empresas nacionales, lo que aboga por una aplicación estricta del control de acuerdos y posiciones dominantes; que el proceso de liberalización llevará con toda probabilidad a nuevas concentraciones que exigirán la estricta aplicación de la legislación de control de este tipo de operaciones, y que determinadas empresas energéticas podrían intentar beneficiarse de ayudas estatales a fin de mejorar su situación competitiva en unos mercados de energía liberalizados, lo que requerirá una estricta aplicación de la normativa sobre ayudas estatales.

84. En el ámbito del control de acuerdos y posiciones dominantes, la Comisión sigue centrándose en aspectos de competencia en el suministro y en cuestiones de redes. La Comisión considera que los acuerdos entre proveedores pueden reducir artificialmente las opciones de que disponen los clientes y la posibilidad de cambiar de proveedor. Por lo que se refiere al acceso a las redes, la Comisión considera que la no introducción de un régimen efectivo, transparente y no discriminatorio de acceso de terceros impedirá a los proveedores alternativos presentar a los clientes ofertas competitivas.

85. Por lo que se refiere a la competencia en el suministro, el principal logro de 2002 fue la resolución del denominado asunto GFU [49]. Este asunto se refería a la comercialización en común de gas noruego a través de un comité de negociación del gas (GFU). Este comité, y no cada compañía, decidía quién podía comprar el gas noruego y a qué precio. El sistema GFU tenía por resultado que los clientes europeos no pudieran elegir entre los productores noruegos de gas, que en total abastecen al 10% de la demanda europea, sino que sólo podían negociar con el GFU. La Comisión dio por concluido el asunto una vez que las empresas se comprometieron a comercializar individualmente su gas en el futuro y tras la adopción de una serie de medidas de acompañamiento por parte de los dos mayores operadores, Statoil y Norsk Hydro, que favorecen a los nuevos clientes.

[49] Asunto COMP/E-4/36.072, IP 02/1084 de 17.7.2002.

86. Otro asunto relacionado con la mejora de la estructura de suministro es el llamado asunto Synergen [50]. Se refiere a la construcción de una central eléctrica en Dublín (Irlanda) por el operador tradicional irlandés de electricidad ESB y la empresa noruega de gas y petróleo Statoil. A fin de solventar los problemas de competencia planteados (debidos, entre otras cosas, al compromiso por parte de Statoil de dejar la comercialización de la electricidad producida por Synergen en manos de ESB), ESB se comprometió a poner electricidad a disposición mediante subastas o ventas directas. Estos volúmenes pueden ser utilizados por nuevos operadores del mercado a fin de crear una base de clientes al construir una nueva central eléctrica.

[50] Case COMP/E-4/37.732, IP 02/792 de 31.5.2002.

87. En cuanto a la mejora del régimen de acceso a la red, la Comisión ha efectuado varias investigaciones importantes, la mayoría de las cuales, sin embargo, todavía no ha concluido. En 2002, la Comisión se ocupó en particular de la operación del interconector de gas entre el Reino Unido y Bélgica [51]. La Comisión pudo concluir la investigación una vez que se puso de manifiesto que las empresas interesadas habían tomado o tomarían en un futuro próximo una serie de medidas a fin de facilitar el acceso de terceros en este importante gasoducto entre el Reino Unido y Bélgica.

[51] Asunto COMP/E-4/38.075, IP 02/401 de 13.3.2002.

88. La actividad de concentraciones en el sector de la energía continuó en 2002 en el ámbito tanto nacional como comunitario. En este último, sin embargo, la tendencia indica que el número de operaciones disminuyó ligeramente con respecto a los años anteriores. Sin embargo, hay indicios de que la liberalización actualmente en marcha en el sector de gas puede llevar a más concentraciones en este sector. Los principales ámbitos de concentración son el de la generación y suministro de electricidad y el del comercio. En 2002 no se inició investigación detallada alguna sobre concentraciones en el sector eléctrico.

89. En 2002 hubo una fusión de particular importancia para el sector del gas. La Comisión Europea autorizó, bajo una serie de condiciones, la adquisición conjunta del mayorista regional de gas de Baden-Württemberg Gas Versorgung Süddeutschland (GVS) por la empresa eléctrica alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) y la empresa italiana de gas y petróleo ENI S.p.A [52]. La operación, tal como inicialmente se notificara a la Comisión, hubiera supuesto la consolidación de la posición dominante de GVS en el mercado de la venta regional al por mayor de gas, al asegurarse la captación de una parte sustancial de los clientes de GVS, actualmente controlada por EnBW. Para resolver estos problemas de competencia, las partes se comprometieron a conceder derechos de rescisión anticipada a todos los distribuidores locales de gas que hubieran firmado contratos de suministro a largo plazo con GVS u otras filiales actualmente controladas por EnBW.

[52] Asunto Comp/M.2822, IP 02/1905 de 17.12.2002.

90. 2002 fue también un año muy importante para el control de las ayudas estatales en el sector de la energía. Las investigaciones guardaron especial relación con el tema de los "costes varados" [53]. A este respecto, los servicios de la Comisión publicaron un primer inventario de las ayudas públicas concedidas a las distintas fuentes de energía [54]. En el inventario se enumeran y registran las diversas medidas nacionales y de la Unión en materia de energía, en caso de estar disponible la información pertinente. El inventario va más allá del estricto concepto jurídico de ayuda estatal y pretende ser una herramienta que permita supervisar el futuro impacto de las ayudas en los diferentes mercados.

[53] Cf. a este respecto la sección sobre ayudas estatales, puntos 386 y ss.

[54] http://europa.eu.int/comm/dgs/ energy_transport/home/aids/energy_en.htm

2. Servicios postales

2.1. Nueva Directiva postal

91. El 10 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la nueva Directiva postal 2002/39/CE [55]. A propuesta de la Comisión, el Consejo había alcanzado el 15 de octubre de 2001 una posición común con respecto a un texto destinado a modificar la Directiva postal vigente. Los principales cambios introducidos por el Consejo en ese momento fueron los siguientes:

[55] Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.

- Una ulterior apertura del mercado, con una reducción gradual del ámbito reservado, a partir del 1 de enero de 2003 y del 1 de enero de 2006 [56].

[56] En particular, a partir de 2003, el ámbito no reservado incluirá las cartas de peso superior a 100g; este límite de peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces superior a la tarifa pública para un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida. A partir de 2006 el ámbito no reservado incluirá las cartas de peso superior a 50g; este límite de peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces superior a la tarifa pública para un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida.

- La posibilidad de realizar el mercado postal interior en 2009 [57] mediante una propuesta de la Comisión que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

[57] En 2006 la Comisión finalizará un estudio en el que se evaluará el impacto en el servicio universal de cada Estado miembro de la realización del mercado postal interior en 2009. A partir de dicho estudio, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañada de una propuesta que confirmará, en su caso, la fecha de 2009 para la plena realización del mercado interior postal o la determinación de cualquier otra medida dadas las conclusiones del estudio.

- La liberalización del correo transfronterizo de salida, con excepción de aquellos Estados miembros en los cuales deba formar parte de los servicios reservados a fin de garantizar la prestación del servicio universal.

- La prohibición de subvención indirecta de los servicios universales a partir de ingresos de los servicios del ámbito reservado, a menos que sea estrictamente necesario para cumplir obligaciones específicas de servicio universal impuestas en el ámbito competitivo.

- La aplicación de los principios de transparencia y no discriminación en caso de que los proveedores de servicios universales apliquen tarifas especiales.

92. El texto se revisó posteriormente y fue aprobado por el Parlamento Europeo con tres nuevas enmiendas, que, sin embargo, en nada alteran los nuevos aspectos anteriormente enumerados.

3. Telecomunicaciones

3.1. Nuevo marco reglamentario para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

93. El 14 de febrero, el Consejo adoptó un nuevo marco para la regulación ex ante de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que entró en vigor el 24 de abril. El nuevo paquete legislativo, compuesto por cinco Directivas [58] en total, supone una importante revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones y pretende incrementar la competencia en este sector crucial de la economía europea. Cuatro de las Directivas (la Directiva marco 2002/21/CE, la Directiva sobre acceso 2002/19/CE, la Directiva sobre autorización 2002/20/CE y la Directiva sobre servicio universal 2002/22/CE) deben transponerse al derecho nacional antes del 25 de julio de 2003 y aplicarse a partir de esa fecha, mientras que la Directiva sobre protección de la vida privada y comunicaciones electrónicas 2002/58/CE debe ponerse en vigor antes del 31 de octubre de 2003.

[58] DO L 108 de 24.4.2002 y DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

94. El nuevo paquete reglamentario pretende ser neutro en cuanto a la tecnología y trata de manera equivalente a todas las redes de transmisión. La normativa garantiza que los agentes del mercado únicamente se regulen en caso necesario y de manera coherente en toda la UE, atribuyendo a la Comisión, entre otras cosas, la facultad de requerir a las autoridades nacionales de reglamentación para que retiren proyectos de decisiones en ámbitos fundamentales relacionados con el funcionamiento del mercado interior.

95. Una de las características más importantes del nuevo marco es la nueva definición de la noción de "peso significativo en el mercado" (PSM), que en adelante se basará en la definición de dominancia del artículo 82 del Tratado CE (véase el artículo 14 de la directiva marco). En virtud de este cambio de la definición, en general únicamente podrá imponerse una obligación de regulación ex ante a empresas que ocupen una posición dominante individual o colectiva a efectos del artículo 82. Según el marco reglamentario anterior, una empresa estaba sujeta a regulación ex ante si poseía una cuota de mercado del 25%. La nueva definición de PSM tendrá así por efecto aumentar las limitaciones reglamentarias, al tiempo que garantizará la coherencia entre la reglamentación ex ante y la aplicación ex post de la normativa de competencia en materia de empresas dominantes.

96. Otro importante aspecto del nuevo marco es la obligación de que las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) lleven a cabo un adecuado análisis de mercado antes de imponer cualquier clase de obligaciones reglamentarias a empresas con PSM. En particular, las ANR habrán de definir el mercado de producto y geográfico de referencia a la hora de evaluar si una empresa posee PSM. A ese respecto, la Comisión [59] ha adoptado directrices para el análisis del mercado y la evaluación del PSM [60] que establecen los principios de la metodología y la normativa de competencia que deben seguir las ANR al llevar a cabo el análisis del mercado. En la práctica, se espera de las ANR que centren su análisis en aquellos mercados donde conforme a una serie de criterios se justifique una reglamentación ex ante. Dichos mercados se enumeran en una Recomendación que la Comisión adoptó el 11 de febrero de 2003 [61] de conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco. Cuando una ANR decida regular un mercado no contemplado en la Recomendación, deberá solicitar la autorización previa de la Comisión y seguir el procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva marco.

[59] De conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco.

[60] DO C 165 de 11.7.2002.

[61] C(2003)497.

97. Por último, el nuevo marco establece que se espera de las ANR que colaboren con las autoridades nacionales de competencia (ANC) a la hora de efectuar su análisis de mercado. De esta manera se reforzará el papel de las ANC, ya que deberán asegurarse de que las definiciones de los mercados o los problemas relacionados con la dominación se traten con coherencia tanto según una perspectiva ex ante como ex post. En el contexto de esta cooperación, las ANR y las ANC también tendrán derecho a intercambiar información confidencial, a condición de que la autoridad receptora asegure el mismo grado de confidencialidad que la autoridad remitente (apartado 5 del artículo 3 de la directiva marco).

98. En su Comunicación sobre la "Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones" [62] la Comisión, en paralelo a la adopción de un nuevo marco reglamentario sobre las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se propuso codificar y simplificar la Directiva 90/388 relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones [63].

[62] COM(1999)539.

[63] Modificada sucesivamente por las Directivas 94/46, 95/51, 96/2, 96/19 y 1999/64.

99. Tras un primer proyecto de Directiva adoptado el 12 de julio de 2000 y sometido a consulta pública [64], la Comisión acometió su revisión a fin de garantizar la coherencia y establecer un vínculo con las directivas del nuevo marco reglamentario. La nueva Directiva 2002/77/CEE, adoptada el 16 de septiembre [65], persigue los mismos objetivos fundamentales que la Directiva 90/388/CEE, a saber: a) la abolición de los derechos exclusivos y especiales existentes y la prohibición de conceder nuevos derechos exclusivos y especiales en el sector de las comunicaciones electrónicas en sentido amplio y b) el reconocimiento del derecho de las empresas a ejercer su libertad fundamental de establecimiento y a prestar servicios en un marco competitivo no falseado.

[64] DO C 96 de 27.3.2001, p. 2.

[65] DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.

100. En concreto, únicamente se mantienen las disposiciones que siguen siendo necesarias para alcanzar los objetivos de las directivas originales, basadas en el artículo 86. Se suprimen una serie de disposiciones por obsoletas, así como las disposiciones de la antigua Directiva sobre competencia, incorporadas en el nuevo marco reglamentario, que se refieren a la armonización de las condiciones de acceso a las redes y servicios.

3.2. Fin de la investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

101. En noviembre, la Comisión decidió concluir su investigación sectorial sobre las líneas arrendadas, iniciada en 1999, toda vez que los problemas relacionados con precios altos y posible discriminación se estaban tratando adecuadamente, tanto por parte nacional, mediante la aplicación del reglamento de la UE específico al sector por las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), como a través de procedimientos incoados de oficio por la Comisión Europea en relación con determinados Estados miembros de la UE [66].

[66] IP/02/1852 de 11.12.2002.

102. Las conclusiones de la primera fase de la investigación habían puesto de relieve la existencia de precios altos y políticas divergentes de fijación de precios en la UE, que no se justificaban por diferencias de costes [67]. En noviembre de 2000, la DG de Competencia incoaba de oficio cinco investigaciones sobre posibles precios excesivos y/o comportamientos discriminatorios en el suministro de líneas arrendadas en Bélgica, Italia, Grecia, Portugal y España. Dos años después, la Comisión constató una considerable disminución de los precios de las líneas arrendadas en toda la UE. Por ejemplo, desde el inicio de la investigación sectorial, en julio de 1999, los precios de las líneas arrendadas internacionales de 2 Mbps disminuyeron entre un 30% y un 40% en promedio [68]. Un segundo e importante resultado fue la actitud previsora de las ANR tanto sobre precios como sobre suministro de líneas arrendadas.

[67] Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector, véase el documento de trabajo de septiembre de 2000 en: http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/.

[68] Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector y de los asuntos individuales incoados de oficio, véase la exposición de motivos de noviembre de 2002 en: http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/.

103. La Comisión decidió por tanto dar por concluidas sus investigaciones de oficio relativas a Bélgica e Italia ante las pruebas de una mejora significativa de la situación competitiva en dichos Estados miembros. Del mismo modo, si se produce una nueva disminución de los precios de las líneas arrendadas internacionales entre Estados miembros vecinos o próximos, o si se ofrecen nuevas justificaciones de su nivel, el asunto español podría también darse por concluido. La DG de Competencia seguirá de cerca la situación en Portugal y Grecia.

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. Renovación del Reglamento 1617/93 de exención por categorías

104. El 25 de junio la Comisión adoptó el Reglamento (CE) 1105/2002 [69], que renueva la exención por categorías de las conferencias sobre tarifas de pasajeros con vistas a acuerdos interlínea prevista en el Reglamento CE 1617/93 hasta el 30 de junio de 2005. La renovación se supedita a la obligación de que las compañías aéreas que participen en las conferencias recojan determinados datos sobre la importancia relativa de las consultas para acuerdos interlínea. Los acuerdos interlínea permiten a un pasajero viajar en más de una línea aérea o alianza con el mismo billete.

[69] DO L 167 de 26.06.2002, p. 6.

105. La exención por categorías se aplica a una sola organización, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La mayor parte de las líneas aéreas del EEE (incluidas todas compañías de bandera) son miembros de la IATA y participan dos veces al año en conferencias donde se acuerdan los precios de los trayectos interlínea. Tras considerar los argumentos presentados en las distintas respuestas a un documento de consulta emitido por la DG de Competencia en 2001, la Comisión concluyó que la exención por categorías debía prorrogarse tres años más. Las conferencias sobre tarifas ofrecen beneficios en forma de acuerdos interlíneas totalmente flexibles, y es en estos momentos poco probable que tales beneficios puedan obtenerse en su totalidad por medios menos restrictivos. Prohibir