B4-0897, 0909, 0921, 0927, 0935 y 0937/98

Resolución sobre la muerte de Semira Adamu, a raíz de su expulsión

El Parlamento Europeo,

- Vista su Resolución de 19 de septiembre de 1996 sobre las prácticas de expulsión de los inmigrantes en situación irregular ((DO C 320 de 28.10.1996, pág. 198)),

- Vista su Resolución de 21 de septiembre de 1995 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre políticas de inmigración y derecho de asilo (COM(94)0023 - C3-0107/94) ((DO C 269 de 16.10.1995, pág. 156.)),

- Vistas la Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin ((DO C 5 de 10.1.1996, pág. 1.)), y la Resolución del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a la concertación y cooperación en la ejecución de las medidas de expulsión ((DO C 5 de 10.1.1996, pág. 3.)),

- Vista la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados,

- Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y en particular sus artículos 3 y 14,

A. Considerando que Semira Adamu falleció el pasado 23 de septiembre de 1998 tras haber sido duramente tratada cuando se procedía a su expulsión de Bélgica,

B. Considerando que también en otros Estados miembros ya ha habido que lamentar muertos y heridos graves por el uso de la violencia a raíz de expulsiones forzadas,

C. Considerando que la suerte de Semira Adamu revela una crisis profunda, reflejo del malestar de nuestras sociedades ante el llamamiento que hacen a nuestra solidaridad ciudadanos de países terceros que intentan huir de la miseria, la persecución y la violencia,

D. Recordando que el hecho de buscar asilo en otro país constituye un derecho universalmente reconocido y que el ejercicio de dicho derecho en ningún caso puede ser incluido en el ámbito penal, y manifestando su inquietud por la interpretación cada vez más restrictiva de la Convención de Ginebra,

E. Considerando que las cuestiones referentes a la concesión y la retirada del estatuto de refugiado y a las condiciones de repatriación de solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido denegada se plantean en cada uno de los Estados miembro y que, por ello, esta materia reviste un interés común para todos los Estados de la Unión, y considerando que se impone una verdadera política europea en materia de asilo e inmigración,

1. Manifiesta su pesar por la muerte de Semira Adamu y su conmoción por las circunstancias en que se produjo, y condena sin reserva los actos que se encuentran en el origen de su muerte;

2. Lamenta que este trágico acontecimiento haga necesario reiterar a las personas y al Estado miembro directamente afectado la necesidad de elaborar disposiciones claras que rijan tanto la decisión de expulsión de personas cuya presencia es ilegal, como la realización de dicha expulsión;

3. Expresa su preocupación ante las actuales prácticas de expulsión en varios Estados miembros de la Unión, insiste en que el regreso voluntario de solicitantes de asilo que hayan agotado sin éxito el procedimiento se fomente mediante un seguimiento intensivo para el regreso y la acogida en el país de origen, e insta al Consejo a formular nuevas propuestas en este sentido sobre la base de una investigación exhaustiva de la legislación y las prácticas actuales;

4. Pide que en la aplicación de la Convención de Ginebra se tenga en cuenta el hecho de que la mujer puede ser víctima de atentados específicos a su integridad personal, como la violación, el matrimonio forzado y la mutilación sexual;

5. Pide al Consejo que proponga unas normas mínimas comunes para todos los sectores contemplados en el Título VI del Tratado de Amsterdam, concretamente la problemática de la acogida de solicitantes de asilo, de las condiciones para entrar en consideración para el estatuto del refugiado, del procedimiento de concesión o de retirada del estatuto de refugiado, de las condiciones de repatriación de las personas en situación irregular o de los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido denegada;

6. Pide con insistencia que los países de origen progresen en la garantía de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a fundar libremente una familia y los derechos específicos de la mujer reconocidos por las Naciones Unidas;

7. Insta a que se establezcan medios para identificar y combatir a las organizaciones que fomentan la inmigración ilegal con objeto de obtener un beneficio económico, así como a aquellas organizaciones que permiten la contratación de extranjeros en situación irregular;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.