En 2017, se añadieron 18 523 nuevos documentos al registro de documentos de la Comisión (véase el anexo – cuadro 1), que entraban en las categorías C, COM, JOIN, DO, PV, SEC o SWD . La Comisión no creó ni recibió en 2017 documentos sensibles que entraran en esas categorías.

En su sentencia República Francesa contra Carl Schlyter , el Tribunal de Justicia definió por primera vez la noción de «investigación» que aparece en el tercer guion del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. El Tribunal declaró que el requisito de transparencia que subyace en la Directiva (UE) 2015/1535 (antigua Directiva 98/34/CE) se aplica también por principio a los dictámenes motivados emitidos por la Comisión Europea o los Estados miembros. Este principio normalmente se aplica también a los comentarios emitidos por estos últimos. No puede aplicarse la presunción general de no divulgación a los documentos que están en posesión de la Comisión Europea en el contexto de la notificación de procedimientos, de conformidad con dichas Directivas. En lugar de eso, los documentos deberían identificarse y evaluarse de forma individual.

El Tribunal consideró en su sentencia Reino de Suecia y Spirlea contra Comisión Europea que los documentos relacionados con un procedimiento de infracción durante la fase administrativa previa de una investigación llevada a cabo mediante un procedimiento EU Pilot, pueden estar cubiertos por la presunción general de confidencialidad, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

En su sentencia Comisión Europea contra Patrick Breyer , el Tribunal de Justicia concluyó que los escritos de alegaciones de las partes que participan en los procedimientos de los Tribunales de la UE no se excluyen de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. El hecho de que la Comisión Europea recibiera los escritos de alegaciones a través del propio Tribunal, no tiene ningún efecto sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, ya que la Comisión Europea está en posesión de los documentos.

En el asunto Typke contra Comisión Europea , el Tribunal confirmó que el derecho de acceso a los documentos de las instituciones se aplica únicamente a documentos existentes en posesión de la institución en cuestión y que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 no se puede invocar para obligar a una institución a crear un documento que no existe. Por consiguiente, una solicitud de acceso que requiriera a la Comisión Europea la creación de un nuevo documento, aunque tal documento se basara en información que ya aparece en documentos que la Comisión posee, no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

6.2. Tribunal General

El Tribunal General dictó catorce sentencias relacionadas con el derecho de acceso a documentos en que la Comisión era parte en el proceso.

En cuatro asuntos, el Tribunal General dictaminó que el recurso de anulación de la decisión de la Comisión era inadmisible . Uno de los asuntos no dio lugar a una sentencia .

En seis casos, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la decisión confirmatoria de la Comisión sobre el acceso a documentos interpuesto por el demandante, al confirmar la postura de la Comisión . En dos asuntos, el Tribunal General anuló (parcialmente) la decisión de la Comisión .

En un plano más general, con respecto a las solicitudes de amplio alcance, el Tribunal General confirmó que la institución puede denegar el acceso si la realización de una evaluación individual pudiera representar una carga administrativa desproporcionada y si el solicitante se niega a cooperar para alcanzar una solución equitativa. La institución no está obligada a justificar por qué no consideró otras opciones distintas a la de denegar el acceso, ni tiene que divulgar, en tales casos, los documentos que haya examinado de manera individual como parte de la evaluación de la carga administrativa

En cuanto a los intereses comerciales, el Tribunal General dictaminó que los documentos presentados en virtud del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, Reglamento (CE) n.º 1907/2006, no entran automáticamente en la presunción general de negación de acceso. El hecho de que un documento pueda estar protegido por un derecho de propiedad intelectual que se derive de legislación sectorial, no implica automáticamente que el documento deba considerarse un secreto empresarial. La divulgación de documentos que reflejen niveles de exposición a sustancias químicas peligrosas puede, en algunos casos, considerarse justificada por un interés público superior .

En cuanto al objetivo de las actividades de investigación, el Tribunal General confirmó la presunción general de no accesibilidad de los documentos relativos a un expediente de ayuda estatal. También especificó que la argumentación en una decisión confirmatoria puede no consistir en una mera referencia a la argumentación en otros documentos (anexos), aunque estos últimos puedan utilizarse para respaldar partes de esta .

El Tribunal General también volvió a confirmar que, aunque la protección de la salud humana y del medio ambiente sean de interés público, las consideraciones de carácter general sobre el principio de transparencia y el derecho del público a estar informado del trabajo de las instituciones no puede justificar la divulgación de documentos relacionados con la fase administrativa previa de procedimientos de infracción .

Asimismo, el Tribunal General confirmó la postura que ha adoptado en anteriores fallos de que una institución de la UE, a la hora de evaluar una solicitud de acceso a documentos que posee, puede tener en cuenta más de uno de los motivos de denegación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. En este caso en particular, con respecto a una investigación, el Tribunal estimó que la divulgación de los documentos solicitados podría menoscabar la protección de los intereses comerciales de las empresas implicadas y la protección del objetivo de la investigación conexa .

En cuanto a los documentos que tienen un vínculo relevante con un litigio a escala de la UE, el Tribunal General confirmó que las excepciones de protección de los procedimientos judiciales y protección de las investigaciones no se aplican en el caso de que los documentos en cuestión no se redacten en el contexto de procedimientos judiciales específicos, y la apertura de la fase administrativa previa de una acción de infracción contra un Estado miembros no sea razonablemente previsible. Una mención de futuros procedimientos en el contexto de posibles acciones de infracción no es suficiente. De manera similar, la excepción del objetivo de las actividades de investigación no se aplica a los casos en los que el procedimiento en virtud de la Directiva (UE) 2015/1535 (antigua Directiva 98/34/CE) se cierre sin ninguna actuación posterior de la Comisión Europea porque, en dichas circunstancias, la incoación de una acción de infracción sigue siendo puramente hipotética .

En la misma sentencia, el Tribunal General confirmó que, antes de denegar el acceso a un documento procedente de un Estado miembro, la institución debe asegurarse de que el Estado miembro ha basado su objeción en una de las excepciones importantes que figuran en el artículo 4, apartados 1 a 3, y de que las razones presentadas por aquel existen y se mencionan en su propia decisión.

En cuanto a la remisión por parte de los Estados miembros a la Comisión Europea, en virtud del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, de solicitudes de acceso a documentos recibidas con arreglo a la legislación nacional, el Tribunal General dictaminó que la institución no es competente para aceptar dichas remisiones en el caso de documentos que no se hayan originado en la institución, con independencia de si se encuentra en posesión de dichos documentos .

En 2017, el Tribunal General no dictó ninguna sentencia relacionada con el derecho de acceso a documentos en recursos contra una resolución del Tribunal de la Función Pública en que la Comisión fuera parte en el procedimiento.

6.3. Asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia

En 2017, se plantearon quince nuevos asuntos ante el Tribunal General contra decisiones de la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 . Además, cuatro nuevos recursos fueron interpuestos ante el Tribunal de Justicia contra resoluciones del Tribunal General en procedimientos en los que la Comisión era parte .

7. Conclusiones