[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 16.3.2011

COM(2011) 127 final

2011/0060 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

{COM(2011) 125 final}{COM(2011) 126 final}{SEC(2011) 327 final}{SEC(2011) 328 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1. Contexto general

El artículo 67, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas jurídicos. El apartado 4 del mismo artículo prevé que la Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. El artículo 81 del mismo Tratado menciona expresamente las medidas para garantizar «el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución», y «la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción». Sobre esta base ya se han adoptado numerosos instrumentos y, en particular, el Reglamento (CE) nº 2201/2003, pero no integran en sus ámbitos de aplicación los aspectos patrimoniales de las uniones registradas.

El programa de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[1] adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000 preveía ya la elaboración de un instrumento sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de «los regímenes matrimoniales y las consecuencias patrimoniales de la separación de parejas no casadas». El Programa de La Haya[2], adoptado por el Consejo Europeo los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que estableció como primera prioridad la aplicación del Programa de reconocimiento mutuo de 2000, pedía a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre «El conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo», y subrayaba la necesidad de adoptar, de aquí a 2011, un instrumento en esa materia.

El Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2009, también declara que el reconocimiento mutuo debería extenderse a los regímenes económico matrimoniales y a las consecuencias patrimoniales de la separación de las parejas.

En el «Informe 2010 sobre la ciudadanía de la Unión: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»[3], adoptado el 27 de octubre de 2010, la Comisión señaló que la incertidumbre respecto de los derechos de propiedad de las parejas internacionales es uno de los principales obstáculos a que se siguen enfrentando los ciudadanos de la UE en su vida cotidiana cuando ejercitan los derechos que les reconoce la UE más allá de las fronteras nacionales. La Comisión ha anunciado, en consecuencia, como remedio a esta situación, que adoptará en 2011 una propuesta de instrumento legislativo que permita a las parejas internacionales (casadas o uniones registradas) saber con mayor facilidad cuales son los tribunales competentes y la legislación aplicable a sus derechos de propiedad.

1.2. Motivación y objetivos de la propuesta

La movilidad creciente de las personas en el espacio sin fronteras interiores implica un aumento significativo de las uniones, cualquiera que sea su forma, entre nacionales de Estados miembros diferentes y la presencia de estas parejas en un Estado del que no son nacionales, presencia que suele ir acompañada de la adquisición de bienes situados en territorios de diversos países de la Unión. Un estudio realizado por el consorcio ASSER-UCL[4] en 2003 ha puesto de manifiesto la importancia del fenómeno de las parejas transnacionales en la Unión y las dificultades prácticas y jurídicas a que se enfrentan, tanto en la gestión cotidiana de los bienes de pareja como a la hora del reparto tras la separación de la pareja o el fallecimiento de uno de sus miembros. Si bien la forma más corriente de la pareja es el matrimonio, están generalizándose otras figuras entre las que se encuentra la unión registrada, consistente en la unión de dos personas comprometidas en una relación estable oficialmente registrada ante una autoridad pública. Con frecuencia, las dificultades a que deben hacer frente las parejas vinculadas por una unión registrada se hallan relacionadas con la gran disparidad de normas aplicables, tanto de Derecho material como de Derecho internacional privado, relativas a los efectos patrimoniales de esas uniones.

En razón de las particularidades propias de la unión registrada y del matrimonio, así como de las consecuencias jurídicas diversas derivadas de estas formas de unión, la Comisión presenta dos propuestas de reglamento diferentes: uno relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, y otro relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales.

El objetivo de la presente propuesta es establecer en la Unión Europea un marco jurídico claro que regule la determinación del órgano jurisdiccional competente y la ley aplicable a los aspectos patrimoniales de esas uniones, y facilitar la circulación de las resoluciones y otros actos entre los Estados miembros.

2. RESULTADO DE LAS CONSULTAS – ANÁLISIS DE IMPACTO

La preparación de la presente propuesta ha sido precedida por una larga consulta con los Estados miembros, otras instituciones y el público en general. Como consecuencia del estudio realizado en 2003, la Comisión publicó el 17 de julio de 2006 el Libro Verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo[5], que abrió un largo proceso de consulta en esta materia. La Comisión creó el grupo de expertos denominado « PRM/III » para preparar la propuesta. El grupo, cuyos miembros procedían de los diferentes sectores profesionales interesados y representaban a los diversos sistemas jurídicos europeos, se reunió en cinco ocasiones entre 2008 y 2009. La Comisión también organizó, el 28 de septiembre de 2009, una audiencia pública durante la cual el intercambio de opiniones con unos cien participantes confirmó la necesidad de un instrumento de la Unión en esa materia que abarque la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. También se organizó, el 23 de marzo de 2010, una reunión con los expertos nacionales para debatir las grandes líneas de la propuesta en curso de elaboración.

Por último, la Comisión realizó un estudio de impacto común a las propuestas de reglamentos relativos, respectivamente, a los efectos patrimoniales de las uniones registradas y a los regímenes económico matrimoniales. El estudio figura adjunto a la presente propuesta.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1. Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que atribuye al Consejo la competencia para adoptar las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza, previa consulta al Parlamento Europeo.

Al igual que en el caso de los regímenes económico matrimoniales, las relaciones patrimoniales existentes entre ambos miembros de la unión, por una parte, y estos sujetos y terceras personas, por otra, se hallan condicionadas por la existencia previa de una unión registrada. En efecto, los aspectos patrimoniales de las uniones registradas nacen del registro de la unión (del mismo modo que el régimen económico matrimonial deviene del matrimonio) y desaparecen con su disolución. Mediante el registro de la unión ante una autoridad pública, los miembros de la unión establecen entre sí relaciones de naturaleza estable y jurídicamente reconocidas. Por otra parte, la mayor parte de los Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico regula las uniones registradas equipara esa institución, en la mayor medida posible, al matrimonio.

El objetivo de la presente propuesta es establecer un conjunto completo de normas de Derecho internacional privado aplicables a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas. La propuesta se refiere, por lo tanto, a la competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas sobre aspectos patrimoniales de las uniones registradas. Las normas contenidas en la propuesta se aplican únicamente en situaciones de carácter transnacional. Se cumple por lo tanto el requisito de repercusión transfronteriza enunciado en el artículo 81, apartado 3, del Tratado.

3.2. Principio de subsidiariedad

Los objetivos de la propuesta sólo pueden realizarse mediante normas comunes sobre los aspectos patrimoniales de las uniones registradas, normas que deben ser idénticas a fin de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad para los ciudadanos. Toda acción unilateral de los Estados miembros sería, por tanto, contraria a este objetivo. No existe en esta materia ningún convenio internacional aplicable, si se exceptúa el Convenio de la Comisión Internacional del Estado Civil sobre el reconocimiento de uniones de hecho inscritas, de 5 de septiembre de 2007. Pero ese Convenio sólo regula el reconocimiento de esas uniones y todavía no ha entrado en vigor, por lo que es poco probable que aporte las soluciones esperadas, habida cuenta del alcance de los problemas a que se refiere la presente propuesta, que se ha puesto de manifiesto tanto en el estudio de impacto como en la consulta pública. La naturaleza y el alcance de los problemas a que se enfrentan los ciudadanos hacen que los objetivos sólo puedan alcanzarse en el ámbito de la Unión.

3.3. Principio de proporcionalidad

La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad en la medida en que se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. La propuesta no armoniza el Derecho de los aspectos patrimoniales de las uniones registradas de los Estados miembros. Tampoco afecta a la fiscalidad de la liquidación de los aspectos patrimoniales de las uniones registradas contemplados en la legislación de los Estados miembros. No supondrá ninguna carga financiera ni administrativa para los ciudadanos y sólo impondrá una carga leve suplementaria muy limitada a las autoridades nacionales competentes.

3.4. Repercusión en los derechos fundamentales

De conformidad con la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea[6], la Comisión ha comprobado que la propuesta respeta los derechos reconocidos en la Carta.

La propuesta no afecta al derecho al respeto de la vida privada y familiar, al derecho a contraer matrimonio ni al derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, regulados en los artículos 7 y 9 de la Carta.

Se refuerza el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Carta. De hecho, la previsibilidad en cuanto a la ley aplicable al conjunto de bienes de la pareja permitirá a los miembros de la unión disfrutar del derecho de propiedad de forma más efectiva.

La Comisión ha comprobado asimismo que el artículo 21, que prohíbe toda forma de discriminación, se ha tenido en cuenta.

Por último, las disposiciones propuestas mejoran en la Unión el acceso de los ciudadanos y, en particular, de las parejas vinculadas mediante una unión registrada, a la justicia. Facilitan la aplicación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Al preverse criterios objetivos para determinar el tribunal competente, se evitan los procedimientos paralelos y el recurso precipitado a los tribunales por la parte más activa.

3.5. Instrumento elegido

La necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad exige normas claras y uniformes e impone la forma de reglamento. Las normas propuestas en materia de competencia, ley aplicable y circulación de resoluciones son detalladas y precisas, y no requieren ningún proceso de transposición al Derecho nacional. La consecución de los objetivos de seguridad y previsibilidad jurídica correría peligro si se dejara a los Estados miembros un margen de apreciación en la aplicación de las normas.

4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA, SIMPLIFICACIÓN Y COHERENCIA CON OTRAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN

4.1. Incidencia presupuestaria

La propuesta no tendrá ninguna influencia en el presupuesto de la Unión.

4.2. Simplificación

La armonización de las normas de competencia simplificará considerablemente los procedimientos al permitir determinar, según normas comunes, el órgano jurisdiccional competente para conocer de un asunto relativo a aspectos patrimoniales de las uniones registradas. La ampliación de la competencia de los tribunales que conocen de un procedimiento de sucesión debido al fallecimiento de uno de los miembros de la unión registrada -en aplicación de un futuro instrumento de la Unión- o de un procedimiento de separación de los miembros de la unión registrada, a los procedimientos relativos al régimen patrimonial con ellos relacionados, supondrá para los ciudadanos que un mismo órgano jurisdiccional conozca de los diversos aspectos de su situación.

La armonización de las normas de conflicto de leyes simplificará considerablemente los procedimientos al determinar la ley aplicable.

Por último, las normas propuestas sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales facilitarán la circulación de éstas entre los Estados miembros.

4.3. Coherencia con otras políticas de la Unión

La presente propuesta se inscribe en el marco del ejercicio lanzado por la Comisión para eliminar los obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos de la Unión al ejercitar en la vida cotidiana los derechos que les confiere la UE, tal como se recoge en el Informe 2010 sobre la ciudadanía de la Unión anteriormente citado.

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS

5.1. Capítulo I: ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

Los efectos personales de las uniones registradas quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento, que se dedica a sus aspectos patrimoniales. Esos aspectos patrimoniales abarcan tanto los aspectos de la administración cotidiana de los bienes de los miembros de las uniones registradas como los relativos a su liquidación como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de sus miembros.

A la hora de determinar las materias reguladas por el futuro instrumento, se ha estimado preferible elaborar una lista exhaustiva de las materias excluidas del Reglamento. Así, las materias ya reguladas por los reglamentos de la Unión existentes, como la obligación de alimentos[7], especialmente entre miembros de una unión registrada, y las cuestiones relativas a la validez y los efectos de los actos de liberalidad[8], quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento. Las materias reguladas por el Derecho de sucesiones también están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento.

El Reglamento no afecta a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la cualificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titular de tales derechos. La publicidad de los derechos reales y, en particular, el funcionamiento del registro de la propiedad y los efectos de la inscripción o de la no inscripción en este registro, también se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento.

Artículo 2

En aras de la coherencia y con el fin de facilitar su comprensión y de homogeneizar su aplicación, algunas definiciones de conceptos que aparecen en el presente Reglamento son comunes a otros instrumentos de la Unión actualmente aplicables o en curso de negociación.

Los efectos patrimoniales de las uniones registradas, única figura a la que se aplica el presente Reglamento, se delimitan en una definición específica que los ciñe a los efectos patrimoniales existentes entre los miembros de las uniones registradas, y entre esos sujetos y terceros, como consecuencia de la relación institucionalizada por el registro de la unión.

Además, tal y como se ha definido, el concepto de «órgano jurisdiccional» engloba a las autoridades que ejercen sus funciones por delegación o designación de un órgano jurisdiccional, y permite asimilar los documentos emitidos por estas autoridades a las resoluciones judiciales, en lo que respecta a su forma de reconocimiento y ejecución en un Estado miembro distinto del aquél en el que se dictaron.

5.2. Capítulo II: Competencia

Los procedimientos judiciales relativos a los efectos patrimoniales de las uniones registradas suelen estar relacionados con la liquidación de éstos provocada por el fin de la vida de pareja debido al fallecimiento de uno de los miembros de la unión o a la separación de los miembros de la unión.

El objetivo que persigue el presente Reglamento es que los ciudadanos puedan comprobar que los diferentes procedimientos relacionados entre sí se sustancian ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miembro. Para ello, el Reglamento garantiza la concordancia de las normas de determinación de la competencia de los tribunales que deben conocer de los aspectos patrimoniales de las uniones con las normas ya existentes o previstas en otros instrumentos europeos.

Artículo 3

Así pues, la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro con competencia territorial para conocer de la liquidación de la sucesión de uno de los miembros de la unión registrada causada por su fallecimiento, según las normas contempladas en el Reglamento (UE) nº …/... [ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo ] se ampliará a la liquidación de los efectos patrimoniales de la unión registrada inducida por la apertura de la sucesión.

No obstante, los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro tendrán la posibilidad de declinar dicha ampliación de competencia si la legislación nacional de dicho Estado miembro no contempla la figura de la unión registrada.

Artículo 4

Del mismo modo, y con el fin de que en caso de separación de los miembros de la unión registrada el órgano jurisdiccional del Estado miembro pueda conocer del conjunto de aspectos de esa separación sin obligar a los miembros de la pareja a acudir a diversas instancias de Estados diferentes, la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para conocer de la disolución o de la anulación de una unión registrada podrá, si los miembros de esa unión están de acuerdo, ampliarse a los efectos patrimoniales de la unión registrada inducidos por la disolución o la anulación de la unión registrada.

Artículo 5

Este reglamento prevé además normas de competencia propias aplicables en los demás casos y, en particular, al margen de cualquier procedimiento de sucesión o separación de la pareja. Una lista de puntos de conexión jerárquicamente enumerados permite determinar el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes para pronunciarse en los procedimientos relativos a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas.

Los criterios propuestos son la residencia habitual común de los miembros de la pareja, la última residencia habitual común si uno de los miembros de la pareja reside aún en ella o la residencia habitual del demandado. Si, como en los artículos 3 y 4, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro designado conforme a los criterios anteriormente indicados pueden declinar su competencia en caso de que las leyes nacionales de ese Estado no contemplen uniones registradas, el artículo 5 establece como último punto de conexión la competencia del Estado miembro de registro de la unión.

Artículo 6

Cuando la aplicación de los artículos precedentes no determine la competencia de ningún Estado miembro, este artículo permite determinar el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales podrán aplicar este procedimiento con carácter excepcional. Esta norma garantiza el acceso a la justicia a los miembros de la unión registrada y a los terceros interesados, cuando un bien o varios bienes de uno o de los dos miembros de la pareja se encuentren en el territorio de ese Estado miembro, así como cuando ambos miembros de la pareja tengan la nacionalidad común de este Estado miembro.

5.3. Capítulo III: Ley aplicable

Artículo 15

La diversidad que caracteriza a las legislaciones nacionales de los Estados miembros que contemplan la figura de la unión registrada justifica el principio consagrado en el presente Reglamento, a saber, la aplicación a los efectos patrimoniales de una unión registrada la ley de su Estado de registro. Ese principio se considera conforme a la legislación sobre uniones registradas de los Estados miembros, en las que se contempla el recurso generalizado a la ley del Estado de registro y no se brinda a los miembros de las uniones registradas la posibilidad de escoger ninguna otra ley, a pesar de que se les reconoce la posibilidad de celebrar convenios entre sí.

La afirmación de ese principio induce, de hecho, la unidad de la ley aplicable a la masa de bienes que constituye el patrimonio de la pareja y que se halla sometida a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, con independencia de su forma o localización.

Artículo 16

La norma sobre conflicto de leyes establecida en el artículo anterior se aplica a todas las formas de unión registrada, con independencia del Estado miembro en el que esta unión se haya celebrado, y no solamente a las uniones registradas celebradas en un Estado miembro.

Artículo 17

Para tener en cuenta las disposiciones de aplicación necesarias en cada Estado miembro y, en particular, las relativas a la protección de la vivienda familiar, esta disposición permite descartar la aplicación de una ley extranjera en un Estado en favor de su propia ley. Así, para garantizar la protección de la vivienda familiar, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la vivienda podrá imponer sus propias normas de protección de la vivienda familiar. Excepcionalmente, ese Estado puede aplicar su propia ley a toda persona que viva en su territorio, con «preferencia» respecto de las disposiciones del contrato de unión registrada de esa persona celebrado en otro Estado miembro.

5.4. Capítulo IV: Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución

La propuesta prevé la libre circulación de las resoluciones, documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. Así se logra un reconocimiento mutuo basado en la confianza mutua que resulta de la integración de los Estados miembros en la Unión Europea.

Esta libre circulación se concreta en un procedimiento uniforme para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, los documentos públicos con fuerza ejecutiva y las transacciones judiciales procedentes de otro Estado miembro. Este procedimiento sustituye a los procedimientos nacionales actualmente vigentes en los diferentes Estados miembros. Los motivos de no reconocimiento o de denegación de la ejecución también se han armonizado a nivel europeo y se han reducido al mínimo necesario. Dichos motivos sustituyen a otros motivos variados y generalmente más amplios que existen actualmente en el ámbito nacional.

Resoluciones

Las normas propuestas, relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, están en consonancia con las propuestas en materia de sucesión. Así, remiten al procedimiento de exequátur existente en materia civil y mercantil. Por lo tanto, toda resolución de un Estado miembro es reconocida en los otros Estados miembros sin ningún procedimiento particular. Para obtener su ejecución, el demandante deberá entablar un procedimiento uniforme en el Estado de ejecución para obtener el otorgamiento de la ejecución. El procedimiento es unilateral y, en una primera fase, se limita a la verificación de documentos. Sólo en una fase posterior, si el demandado se opone, procederá el juez a examinar los posibles motivos de denegación. Estos motivos garantizan la protección adecuada de los derechos de los demandados.

Estas normas suponen un avance importante con respecto a la situación actual. Efectivamente, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones se rigen en la actualidad por los Derechos nacionales de los Estados miembros o los acuerdos bilaterales celebrados entre algunos Estados miembros. Los procedimientos que deberán aplicarse varían en función de los Estados miembros interesados, del mismo modo que los documentos exigidos para obtener el otorgamiento de la ejecución y los motivos de denegación de las resoluciones extranjeras.

Como se ha indicado anteriormente, el presente Reglamento constituye la primera medida adoptada en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas y se refiere al Derecho de familia (véase el punto 3.1). En este contexto específico, la libre circulación de resoluciones se somete al procedimiento de exequátur tal como existe en el Reglamento Bruselas I actualmente en vigor[9].

Ahora bien, la supresión de los procedimientos intermedios ( exequátur ) como ha ocurrido en otros ámbitos podría considerarse en una fase ulterior, después de una evaluación de las normas del presente Reglamento y del desarrollo de la cooperación judicial en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas .

Los documentos emitidos por las autoridades que ejercen sus facultades por delegación o designación, de conformidad con la definición de «órgano jurisdiccional» recogida en el artículo 2 del presente Reglamento, se asimilarán a las resoluciones y se someterán así a lo dispuesto sobre reconocimiento y ejecución en ese capítulo.

Documentos públicos con fuerza ejecutiva

Dada la importancia práctica de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de aspectos patrimoniales de las uniones registradas, y con el fin de garantizar la coherencia del presente Reglamento con otros instrumentos de la Unión en este ámbito, el presente Reglamento debe garantizar su reconocimiento con vistas a permitir su libre circulación.

El reconocimiento de los documentos públicos con fuerza ejecutiva significa que tienen la misma fuerza probatoria en cuanto al contenido del acto y los hechos en ellos consignados, así como la misma presunción de autenticidad y carácter ejecutivo que en sus países de origen.

5.5. Capítulo V: Oponibilidad frente a terceros

Estas disposiciones están concebidas para conciliar la seguridad jurídica de los miembros de las uniones registradas en sus relaciones con terceros y la protección de estos frente a la aplicación de una norma que no podían conocer o prever. Así, se deja a los Estados miembros la facultad de prever, respecto de los actos celebrados entre un miembro de una unión registrada y un tercero residentes en sus territorios, que el miembro de la unión registrada sólo pueda invocar las normas aplicables a los aspectos patrimoniales de su unión registrada en el caso de que estas se hayan publicado o de que el tercero estuviera o debiera estar informado de las mismas.

2011/xxxx (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[10],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[12],

De conformidad con el procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las personas. Para el establecimiento progresivo de este espacio, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materias civiles con repercusión transfronteriza.

(2) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil, e invitó al Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio.

(3) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó el Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[13]. Este Proyecto describe las medidas relativas a la armonización de las normas de conflictos de leyes destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. El proyecto prevé la elaboración de uno o varios instrumentos sobre el reconocimiento mutuo en materia de regímenes económico matrimoniales y de las consecuencias patrimoniales de la separación de las parejas no casadas.

(4) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, adoptó un nuevo programa denominado «El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea»[14]. En este programa, el Consejo pedía a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre la solución de conflictos de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a la competencia jurisdiccional y el reconocimiento mutuo. El programa subraya la necesidad de adoptar, de aquí a 2011, un instrumento en esta materia.

(5) El 17 de julio de 2006, la Comisión adoptó el Libro verde[15] sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo. Este Libro Verde ha abierto un amplio proceso de consulta sobre el conjunto de dificultades a que, en el contexto europeo, se enfrentan las parejas a la hora de liquidar el patrimonio común y en relación con las vías de recurso. El Libro Verde abordaba asimismo el conjunto de problemas de Derecho internacional privado a que se enfrentan las parejas vinculadas por formas de unión distintas del matrimonio, especialmente las que han registrado su unión, y las cuestiones específicas que se les plantean.

(6) El Programa de Estocolmo de diciembre de 2009[16], que fija el programa de trabajo de la Comisión para los años 2010 a 2014, indica asimismo que el reconocimiento mutuo debería ampliarse a las consecuencias patrimoniales de la separación de las parejas.

(7) En el «Informe 2010 sobre la ciudadanía de la Unión: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»[17], adoptado el 27 de octubre de 2010, la Comisión anunció la adopción de una propuesta de instrumento legislativo para suprimir los obstáculos a la libre circulación de las personas y, en particular, las dificultades que encuentran las parejas en la gestión de sus bienes o a la hora de repartirlos.

(8) Las particularidades respectivas de las dos formas de unión que representan el matrimonio y las uniones registradas, y las diferencias que esas particularidades ocasionan en los principios que les son aplicables, justifican la separación en dos instrumentos diferentes de las disposiciones que rigen los aspectos patrimoniales de los matrimonios, por un lado, y las que regulan los aspectos patrimoniales de las uniones registradas, por otro, recogidas estas últimas en el presente Reglamento.

(9) El tratamiento dispensado a las formas de unión distintas del matrimonio difiere en las legislaciones de los distintos Estados miembros, por lo que debe establecerse una distinción entre las parejas cuya unión se halla institucionalmente consagrada mediante su registro ante una autoridad pública y las parejas vinculadas por uniones de hecho. Incluso si algunos Estados miembros regulan este último tipo de unión, debe disociarse de las uniones registradas, cuyo formalismo permite tener en cuenta su especificidad y fijar reglas que les son aplicables en un instrumento de la Unión. Para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior, procede eliminar los obstáculos a la libre circulación de las personas que hayan registrado su unión y, en particular, las dificultades que encuentran esas parejas con ocasión de la administración o el reparto de sus bienes. Para alcanzar estos objetivos, el presente Reglamento reúne en un único instrumento las disposiciones sobre la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los documentos públicos con fuerza ejecutiva, así como sobre la oponibilidad de los aspectos patrimoniales de las uniones registradas frente a terceros.

(10) El presente Reglamento regula las cuestiones relacionadas con los efectos patrimoniales de las uniones registradas. El concepto de «unión registrada» se utiliza únicamente a efectos del presente Reglamento, pues su contenido específico se define en el Derecho nacional de los Estados miembros.

(11) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todas las cuestiones civiles de los aspectos patrimoniales de las uniones registradas que estén relacionadas tanto con la gestión corriente de los bienes de los miembros de esas uniones como con su liquidación, y que surjan como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de sus miembros.

(12) Las obligaciones de alimentos entre miembros de uniones registradas se rigen por el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos[18], por lo que no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, al igual que ocurre con las cuestiones relativas a la validez y los efectos de los actos de liberalidad, que se rigen por el Reglamento (CE) nº 503/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales[19].

(13) Las cuestiones relativas a la naturaleza de los derechos reales que puedan existir en el Derecho nacional de los Estados miembros, así como las relacionadas con la publicidad de estos derechos, también deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento, como lo están del Reglamento (UE) nº …/… [del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo][20] . Así, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se sitúe un bien de uno o ambos miembros de la unión pueden adoptar medidas en materia de derechos reales relativas, en particular, a la inscripción de la transmisión de dicho bien en el registro de la propiedad, cuando la ley de dicho Estado miembro así lo prevea.

(14) A fin de favorecer la buena administración de la justicia y de facilitar las operaciones de liquidación de los bienes de las parejas en régimen de unión registrada a raíz del fallecimiento de uno de sus miembros, las cuestiones relativas a los aspectos patrimoniales de esa unión suscitadas por ese fallecimiento serán dirimidas por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que, según el Reglamento (UE) …/… [del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo] , sean competentes para conocer de la sucesión del miembro de la unión premuerto.

(15) Por las mismas razones, el presente Reglamento debe permitir que la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que conozcan de una demanda de disolución o de anulación de una unión registrada se amplíen a las cuestiones relativas a los aspectos patrimoniales de la unión registrada inducidas por esa demanda, si los miembros de la unión están de acuerdo.

(16) En las demás situaciones, el presente Reglamento debe permitir que se mantenga el reconocimiento de la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para conocer de las demandas relativas a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas con arreglo a una lista de criterios enumerados jerárquicamente que aseguren la existencia de un estrecho vínculo entre los miembros de la unión registrada y el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes. Se reconoce a esos órganos jurisdiccionales, salvo a los del Estado miembro en el que se haya registrado la unión, la posibilidad de declararse incompetentes si su ordenamiento jurídico nacional no contempla la unión registrada. Por último, en caso de que ningún órgano jurisdiccional tuviera competencia para conocer de la situación conforme a las demás disposiciones del presente Reglamento, se ha instaurado una norma de competencia subsidiaria a fin de descartar todo riesgo de denegación de justicia.

(17) En aras del buen funcionamiento de la justicia, se ha de evitar que se dicten resoluciones inconciliables en dos Estados miembros. A tal efecto, el presente Reglamento debe prever normas procedimentales generales basadas en las del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[21].

(18) A fin de facilitar la gestión de los bienes de los miembros de la unión registrada, se aplicará a la masa de los bienes de los miembros de esa unión la ley del Estado de registro de dicha unión, incluso si no es la ley de uno de los Estados miembros.

(19) A fin de facilitar la aplicación por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la ley de otro Estado miembro, la red judicial europea en materia civil y mercantil, creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001[22], puede desempeñar una función informativa acerca del contenido de la ley extranjera para los órganos jurisdiccionales.

(20) En circunstancias excepcionales, consideraciones de interés público pueden justificar el recurso por los tribunales de los Estados miembros al mecanismo de la ley de policía, cuando su observancia sea necesaria para la protección de la organización política, social o económica de los Estados interesados. Del mismo modo, en circunstancias excepcionales, los órganos jurisdiccionales deben tener la posibilidad de descartar la ley extranjera cuando su aplicación en un caso preciso sea manifiestamente contraria al orden público del foro.

(21) No obstante, los órganos jurisdiccionales no deben poder aplicar la excepción de la ley de policía ni la excepción de orden público para descartar la ley de otro Estado miembro, ni negarse a reconocer o ejecutar una resolución dictada, un documento público con fuerza ejecutiva o una transacción judicial establecidos en otro Estado miembro cuando la aplicación de dicha excepción sea contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe cualquier forma de discriminación. Además, esos órganos jurisdiccionales no deberán poder descartar la ley aplicable a las uniones registradas por el único motivo de que la ley del foro no reconoce la unión registrada.

(22) Dado que en varios Estados coexisten dos o más sistemas de Derecho o conjuntos de normas relativos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento, conviene prever en qué medida las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en las diferentes unidades territoriales de estos Estados.

(23) Al ser el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en los Estados miembros uno de los objetivos que persigue el presente Reglamento, éste debe prever normas relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones basadas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, adaptadas, en su caso, a los requisitos específicos de la materia regulada por el presente Reglamento. De tal modo, el reconocimiento y la ejecución de una resolución relativa, total o parcialmente, a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas, no podrían denegarse en un Estado miembro cuando la legislación nacional no los reconozca o contemple aspectos patrimoniales diferentes.

(24) Con el fin de tener en cuenta las diferentes formas de resolver las cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de las uniones registradas en los Estados miembros, el presente Reglamento debe garantizar el reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva. Con todo, no se pueden equiparar los documentos públicos con fuerza ejecutiva, por lo que hace a su reconocimiento, a las resoluciones judiciales. El reconocimiento de los documentos públicos con fuerza ejecutiva significa que tienen el mismo valor probatorio en cuanto a su contenido y los mismos efectos que en su Estado miembro de origen, y que gozan de una presunción de validez que puede desaparecer en caso de impugnación.

(25) Si la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas debe regir las relaciones jurídicas entre un miembro de tal unión y un tercero, procede no obstante que las condiciones de oponibilidad de dicha ley puedan ser reguladas por la ley del Estado miembro en que se encuentre la residencia habitual del miembro de la unión o del tercero, a fin de garantizar la protección de este último. Así, la ley de este Estado miembro podría prever que el miembro de la unión sólo pueda oponer la ley de su régimen patrimonial al tercero si se cumplen las condiciones de registro o publicidad previstas en dicho Estado miembro, a menos que el tercero conociera o debiera conocer la ley aplicable a los aspectos patrimoniales de la unión registrada.

(26) Los compromisos internacionales suscritos por los Estados miembros justifican que el presente Reglamento no afecte a los convenios internacionales de los que uno o varios de ellos fueran parte en el momento de su adopción. La coherencia con los objetivos generales del presente Reglamento impone, sin embargo, que, entre los Estados miembros, el Reglamento prevalezca sobre los convenios.

(27) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de las personas en la Unión Europea, la posibilidad ofrecida a los miembros de la unión registrada de organizar las relaciones patrimoniales entre ellos y con respecto a terceros tanto durante la vida de pareja como en el momento de liquidación de los bienes, y una mayor previsibilidad y seguridad jurídica, no pueden realizarse de manera suficiente por los Estados miembros y, en consecuencia, en razón de las dimensiones y efectos del presente Reglamento, pueden realizarse mejor a nivel de la Unión Europea, la Unión puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(28) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7, 9, 17, 21 y 47, relativos, respectivamente, al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, el derecho a la propiedad, la prohibición de toda discriminación y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El presente Reglamente debe ser aplicado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el respeto de dichos derechos y principios.

(29) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación] .

(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas.

No se aplicará, en particular, a las materias fiscales, aduaneras y administrativas.

2. En el presente Reglamento, se entiende por «Estado miembro» cualquier Estado miembro, con la excepción de Dinamarca, [del Reino Unido y de Irlanda].

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) los efectos personales de la unión registrada:

b) la capacidad de los miembros de la unión registrada;

c) las obligaciones de alimentos;

d) los actos de liberalidad entre miembros de la unión registrada;

e) los derechos sucesorios del miembro supérstite de la unión registrada;

f) las sociedades entre miembros de una unión registrada;

g) la naturaleza de los derechos reales sobre un bien y la publicidad de estos derechos.

Artículo 2 Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «efectos patrimoniales»: conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada, entre sí y con respecto a terceros, que resulten directamente del vínculo creado por el registro de la unión.

b) «unión registrada»: régimen de vida en común entre dos personas contemplado por la ley y registrado por una autoridad pública;

c) «documento público con fuerza ejecutiva»: documento otorgado o registrado oficialmente como documento público con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, y cuya autenticidad:

i) se refiera a la firma y al contenido del documento público con fuerza ejecutiva, y

ii) haya sido declarada por una autoridad pública u otra autoridad autorizada al efecto;

d) «resolución»: cualquier decisión en materia de régimen patrimonial de una unión registrada adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquida las costas del proceso;

e) «Estado miembro de origen»: Estado miembro en el que, según los casos, se haya dictado la resolución, celebrado el contrato de unión, elaborado el documento público con fuerza ejecutiva, aprobado la transacción judicial o realizado el acto de liquidación del patrimonio común o cualquier otro acto efectuado por o ante la autoridad judicial o la autoridad delegada o designada por ésta;

f) «Estado miembro requerido»: Estado miembro en el que, según los casos, se solicite el reconocimiento o la ejecución de la resolución, el contrato de unión, el documento público con fuerza ejecutiva o el acto de liquidación del patrimonio común o cualquier otro acto efectuado por o ante la autoridad judicial o autoridad delegada o designada por ésta;

g) «órgano jurisdiccional»: toda autoridad judicial competente de los Estados miembros que ejerza una función jurisdiccional en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, así como toda autoridad no judicial o persona que, por delegación o designación de una autoridad judicial de los Estados miembros, ejerza funciones que sean competencia de los órganos jurisdiccionales, tal y como se prevén en el presente Reglamento;

h) «transacción judicial»: transacción en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional.

Capítulo II

Competencia

Artículo 3 Competencia en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la unión registrada

1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro ante los que se interponga una demanda relativa a la sucesión de uno de los miembros de la unión registrada en aplicación del Reglamento (UE) nº… /… [del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo] , también serán competentes para conocer de las cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de la unión registrada relacionadas con dicha demanda.

2. Esos órganos jurisdiccionales podrán declararse incompetentes si su ordenamiento jurídico no reconoce la figura de la unión registrada. Los órganos jurisdiccionales competentes se determinarán en tal caso conforme a lo dispuesto en el artículo 5.

Artículo 4 Competencia en caso de separación de los miembros de la unión registrada

Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que reciban una demanda de disolución o anulación de una unión registrada también serán competentes, previo acuerdo de los miembros de esa unión, para conocer de los efectos patrimoniales relacionados con dicha demanda.

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo momento, incluso durante el procedimiento. Cuando se celebre antes del procedimiento deberá formularse por escrito e ir fechado y firmado por ambas partes.

Si los miembros de la unión registrada no llegan a un acuerdo, la competencia se regirá por los artículos 5 y siguientes.

Artículo 5 Competencia en otros casos

1. En los casos distintos de los previstos en los artículos 3 y 4, serán competentes para conocer de los procedimientos relativos a los efectos patrimoniales de una unión registrada los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) de residencia habitual común de los miembros de la unión, o, en su defecto,

b) del último lugar de residencia habitual común de los miembros de la unión, siempre que uno de ellos aún resida allí, o, en su defecto,

c) del lugar de residencia habitual del demandado, o en su defecto

d) de registro de la unión.

2. Los órganos jurisdiccionales mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c) podrán declararse incompetentes si su derecho no reconoce la figura de la unión registrada.

Artículo 6 Competencia subsidiaria

Cuando ningún órgano jurisdiccional sea competente en virtud de los artículos 3, 4 o 5, o cuando los órganos jurisdiccionales se hayan inhibido, serán competentes los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en la medida en que:

a) un bien o varios bienes de uno o ambos miembros de la unión se encuentren en el territorio de dicho Estado miembro, en cuyo caso el órgano jurisdiccional al que se someta el asunto sólo deberá pronunciarse sobre el bien o los bienes mencionados, o

b) los dos miembros de la unión registrada posean la nacionalidad de ese Estado miembro, o bien, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, hayan establecido en él su domicilio común.

A rtículo 7 Forum necessitatis

Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4, 5 o 6, o cuando los órganos jurisdiccionales se hayan inhibido, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, con carácter excepcional y siempre que el asunto tenga un vínculo suficiente con este Estado miembro, podrán pronunciarse sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas si el procedimiento resultara imposible o no pudiera iniciarse o proseguirse en un tercer Estado.

Artículo 8 Competencia en caso de reconvención

El órgano jurisdiccional al que se someta el asunto con arreglo a los artículos 3, 4, 5, 6 o 7 y en el que esté pendiente el procedimiento, será competente asimismo para examinar la reconvención, en la medida en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 9 Sustanciación del asunto en un órgano jurisdiccional

Se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un asunto:

a) desde la fecha en que se le haya presentado el escrito de demanda o documento equivalente, siempre que posteriormente el demandante no haya dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento, o

b) si dicho documento debe notificarse o trasladarse antes de su presentación al órgano jurisdiccional, desde la fecha en que lo haya recibido la autoridad encargada de la notificación o el traslado, siempre que posteriormente el demandante no haya dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para presentar el documento al órgano jurisdiccional.

Artículo 10 Comprobación de la competencia

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se someta un asunto relativo a los aspectos patrimoniales de las uniones registradas sobre el que no sea competente en virtud del presente Reglamento, se declarará de oficio incompetente.

Artículo 11 Comprobación de la admisibilidad

1. Cuando un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no comparezca, el órgano jurisdiccional competente deberá suspender el procedimiento en tanto no se demuestre que se notificó al demandado el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se tomaron todas las diligencias posibles a tal fin.

2. El artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil[23], será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 1, si el escrito de demanda o escrito equivalente hubiera tenido que ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.

3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 1 2 Litispendencia

1. Cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

2. En los casos previstos en el apartado 1, el tribunal ante el que se interponga la primera demanda se declarará competente en un plazo de seis meses, salvo que sea imposible por circunstancias excepcionales. Previa petición de cualquier órgano jurisdiccional al que se haya sometido el asunto, el tribunal ante el que se interponga la primera demanda informará a dicho órgano de la fecha de interposición de la demanda, indicando si se ha declarado competente para conocer del litigio o, en caso contrario, comunicándole el plazo considerado necesario para fundamentar su competencia.

3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá a favor de aquél.

Artículo 13 Conexidad

1. Cuando demandas conexas estén pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la segunda demanda podrá suspender el proceso.

2. Cuando tales demandas estén pendientes en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, el órgano jurisdiccional al que se hubiera interpuesto la segunda demanda podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la primera demanda sea competente para conocer de las demandas de que se trate y su ley permita su acumulación.

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser irreconciliables si los asuntos se juzgaran separadamente.

Artículo 14 Medidas provisionales y cautelares

Podrán solicitarse las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro fueran competentes para conocer sobre el fondo.

Capítulo III

Ley aplicable

Artículo 15 Determinación de la ley aplicable

La ley aplicable a los efectos a los efectos patrimoniales de la unión registrada será la ley del Estado de registro.

Artículo 16 Carácter universal de la norma de conflicto de leyes

La ley determinada en virtud de las disposiciones del presente Capítulo se aplicará aunque no sea la ley de un Estado miembro.

Artículo 17 Leyes de policía

Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a la aplicación de disposiciones imperativas cuya observancia considera esencial un Estado miembro para salvaguardar sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida en su ámbito de aplicación, cualquiera que sea la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas según el presente Reglamento.

Artículo 18 Orden público del foro

1. Sólo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley determinada por el presente Reglamento cuando dicha aplicación sea manifiestamente incompatible con el orden público del foro.

2. La aplicación de una disposición de la ley determinada por el presente reglamento no podrá considerarse contraria al orden público del foro por la única razón de que la ley del foro no contemple la institución de la unión registrada

Artículo 19 Exclusión del reenvío

Cuando el presente Reglamento prescriba la aplicación de la ley de un Estado, se entenderán las normas de Derecho material vigentes en este país, con exclusión de sus normas de Derecho internacional privado.

Artículo 20 Estados con dos o más ordenamientos jurídicos – Conflictos de leyes territoriales

Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y cada una de ellas disponga de su propio ordenamiento jurídico o de un conjunto de normas propias sobre las materias reguladas por el presente Reglamento:

a) toda referencia a la ley de dicho Estado se interpretará, a efectos de determinar la ley aplicable en virtud del presente Reglamento, como la ley vigente en la unidad territorial de que se trate;

b) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se interpretará como la residencia habitual en una unidad territorial;

c) toda referencia a la nacionalidad se referirá a la unidad territorial determinada por la ley de dicho Estado o, en ausencia de normas aplicables, a la unidad territorial elegida por las partes o, en ausencia de elección, a la unidad territorial con la que uno o los dos miembros de la unión registrada tengan vínculos más estrechos.

Capítulo IV

Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución

Sección 1

RESOLUCIONES

Subsección 1

Reconocimiento

Artículo 2 1 Reconocimiento de las resoluciones

1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno.

2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en los artículos [38 a 56] del Reglamento (CE) nº 44/2001, que se reconozca la resolución.

3. Si el reconocimiento se invoca como cuestión incidental ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro, este órgano jurisdiccional será competente para pronunciarse al respecto.

Artículo 2 2 Motivos de denegación del reconocimiento de una resolución

Las resoluciones no se reconocerán:

a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b) cuando se dicten en rebeldía del demandado, si no se ha entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pueda defenderse, a menos que no haya recurrido contra dicha resolución cuando haya podido hacerlo;

c) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;

d) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un tercer Estado entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

Artículo 2 3 Prohibición de controlar la competencia del órgano jurisdiccional de origen

1. No podrá procederse al control de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.

2. El criterio de orden público establecido en el artículo 18 no se aplicará a las normas de competencia judicial previstas en los artículos 3 a 8.

Artículo 24 Disparidades entre leyes aplicables

No podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una resolución, ni de una parte de una resolución, relativa a los aspectos patrimoniales de una unión registrada, alegando que la ley del Estado miembro requerido no reconoce la unión registrada o no le atribuye los mismos efectos patrimoniales.

Artículo 25 Prohibición de la revisión en cuanto al fondo

Las resoluciones extranjeras no podrán ser objeto en ningún caso de una revisión en cuanto al fondo.

Artículo 26 Suspensión del procedimiento

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se presente una demanda de reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario.

Subsección 2

Ejecución

Artículo 27 Resoluciones ejecutivas

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean allí ejecutivas y las transacciones judiciales se ejecutarán en los demás Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en los artículos [38 a 56 y 58] del Reglamento (CE) nº 44/2001.

Sección 2

DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALES

ARTÍCULO 28 Reconocimiento de los documentos públicos con fuerza ejecutiva

1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva emitidos en un Estado miembro serán reconocidos en los demás Estados miembros, salvo que se impugne su validez según la ley aplicable y siempre que dicho reconocimiento no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.

2. El reconocimiento de los documentos públicos con fuerza ejecutiva tendrá por efecto atribuir a los mismos valor probatorio en cuanto a su contenido, así como presunción simple de validez.

Artículo 29 Fuerza ejecutiva de los documentos públicos

1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva emitidos en un Estado miembro serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, en otro Estado miembro con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 38 a 57 del Reglamento (CE) nº 44/2001.

2. El órgano jurisdiccional ante el que se presente un recurso con arreglo a los artículos 43 y 44 del Reglamento (CE) nº 44/2001 sólo desestimará o revocará el otorgamiento de ejecución cuando la ejecución del documento sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro requerido.

Artículo 30 Reconocimiento y fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales

Las transacciones judiciales que tengan carácter ejecutivo en el Estado miembro de origen se reconocerán y declararán ejecutivas en otro Estado miembro, a instancia de parte interesada, en las mismas condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso con arreglo al artículos [42 o 44] del Reglamento (CE) nº 44/2001 sólo desestimará o revocará el otorgamiento de la ejecución cuando la ejecución de la transacción judicial sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución.

Capítulo V

Oponibilidad frente a terceros

Artículo 31

Oponibilidad frente a terceros

1. Los efectos patrimoniales de las uniones registradas sobre la relación jurídica entre uno de los miembros de la unión y un tercero estarán sujetos a la ley del Estado de registro de la unión registrada conforme a lo dispuesto en el artículo 15.

2. No obstante, el Derecho de un Estado miembro podrá prever que la ley aplicable no pueda ser invocada por uno de los miembros de la unión registrada frente a un tercero cuando uno de esos miembros o ese tercero tenga su residencia habitual en el territorio de ese Estado miembro y no se hayan cumplido las condiciones de publicidad o de registro previstas en el Derecho de dicho Estado miembro, a menos que el tercero conociera o debiera conocer la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada.

3. Del mismo modo, el Derecho del Estado miembro en que esté situado el inmueble podrá prever una norma análoga a la prevista en el apartado 2 para las relaciones jurídicas entre el miembro de la unión registrada y un tercero relativas a dicho inmueble.

Capítulo VI

Disposiciones generales y finales

Artículo 3 2 Relación con los convenios internacionales existentes

1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o varios Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas en él, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del artículo 351 del Tratado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y de los que sean partes los Estados miembros.

Artículo 3 3 Información puesta a disposición del público y de las autoridades competentes

1. A más tardar el […], los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en la(s) lengua(s) que estimen adecuada(s):

a) una descripción de sus normativas y procedimientos nacionales en materia de aspectos patrimoniales de las uniones registradas, así como los textos pertinentes;

b) sus disposiciones nacionales relativas a la oponibilidad frente a terceros a que se refiere el artículo 31, apartados 2 y 3.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación posterior de estas disposiciones.

3. La Comisión pondrá a disposición del público, por los medios adecuados, en particular el sitio Web multilingüe de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, la información comunicada de conformidad con los apartados 1 y 2.

Artículo 3 4 Cláusula de revisión

1. A más tardar [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento] y, a continuación cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento. Dicho informe deberá ir acompañado, en su caso, de propuestas de revisión del presente Reglamento.

2. A tal fin, los Estados miembros informarán a la Comisión de los elementos pertinentes relativos a la aplicación del presente Reglamento por sus órganos jurisdiccionales.

Artículo 35 Disposiciones transitorias

1. Las disposiciones de los Capítulos II y IV del presente Reglamento se aplicarán a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados, a las transacciones judiciales realizadas y a las resoluciones dictadas después de su fecha de aplicación.

2. No obstante, si la acción en el Estado de origen se ha ejercitado antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, las resoluciones dictadas después de esta fecha serán reconocidas y ejecutadas de conformidad con las disposiciones del Capítulo IV, siempre que las normas de competencia aplicadas sean conformes a las previstas en las disposiciones del Capítulo II.

3. Las disposiciones del Capítulo III sólo serán aplicables a los miembros de una unión que la hayan registrado.

Artículo 36 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir de [un año después de la fecha de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en […], el [..]

Por el Consejo

El Presidente

[1] DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

[2] DO C 53 de 3.3.2005, p.1.

[3] COM (2010) 603.

[4] Estudio sobre los regímenes económico matrimoniales de las parejas casadas y sobre el patrimonio de las parejas no casadas en el Derecho internacional privado y en el Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, consorcio ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

[5] COM (2006) 400.

[6] Comunicación de la Comisión, COM (2010) 573 de 19.10.2010.

[7] Reguladas por el Reglamento (CE) nº 4/2009, DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.

[8] Reguladas por el Reglamento (CE) nº 593/2008, DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

[9] DO L 12 de 16.1.2001, p.1.

[10] DO C de , p.

[11] DO C de , p.

[12] DO C de , p.

[13] DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

[14] DO C 53 de 3.3.2005, p.1.

[15] COM(2006) 400.

[16] Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (DO C 115 de 4.5.2010, p. 1).

[17] COM (2010) 603 final.

[18] DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.

[19] DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

[20] DO L de , p. .

[21] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

[22] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

[23] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.