Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Prevención de nuevos obstáculos al mercado único (Observatorio del mercado único)»

(98/C 157/11)

El 10 de julio de 1997, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un Dictamen sobre la «Prevención de nuevos obstáculos al mercado único».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 1998 (ponente: Sr. Vever).

En su 353° Pleno celebrado los días 25 y 26 de marzo de 1998 (sesión del 25 de marzo), el Comité Económico y Social ha aprobado por 76 votos a favor, 7 votos en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Por iniciativa de la Comisión, la Unión Europea se ocupa en la actualidad de la elaboración de un Plan de acción con vistas a completar la realización del mercado único para finales de 1998. Dicho Plan de acción responde en su esencia y calendario a los deseos, expresados por el propio Comité desde 1995, de dar un nuevo empuje a unos trabajos que tendían al estancamiento y proporcionar al mercado único los progresos decisivos que exige la introducción del euro.

1.2. En su decidido apoyo al Plan de acción, el Comité recordó, tras una audiencia organizada el 5 de marzo de 1997, que no bastaría con adoptar las últimas directivas comunitarias aún pendientes para garantizar la libre circulación de personas, productos, servicios y capitales. Un elemento decisivo para lograr el funcionamiento sostenible del mercado único será encontrar los medios de prevenir en el punto de origen la creación de nuevos obstáculos, nutridos por un flujo permanente y creciente de nuevas normativas nacionales. A pesar de las directivas aprobadas con anterioridad y de los evidentes progresos obtenidos en la liberalización de los intercambios intracomunitarios, en la actualidad resulta todavía mucho más fácil introducir un nuevo obstáculo al mercado único que prevenirlo de antemano o superarlo después a nivel comunitario.

1.3. Con la presentación de un dictamen de iniciativa sobre la prevención de nuevos obstáculos al mercado único, el Comité desea llamar la atención de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros sobre este aspecto fundamental de la realización del mercado único, aspecto al que se sigue prestando una atención aún insuficiente. El éxito del Plan de acción dependerá en gran medida de la importancia concedida a los medios destinados a poner fin, de un modo eficaz y duradero, a la creación excesiva de nuevos obstáculos en el punto de origen.

2. Situación jurídica de las normativas nacionales

2.1. El funcionamiento del mercado único tiene como objetivo conciliar por una parte, la libertad de establecimiento y de circulación y, por otra, la protección social, de la salud, del consumidor y del medio ambiente, que incluye el reparto de competencias entre los niveles comunitario, nacional y, en su caso, regional. El plan se apoya en cuatro elementos fundamentales: una obligación de principio de suprimir las restricciones nacionales a los intercambios, la aproximación de las legislaciones nacionales en los ámbitos necesarios para el funcionamiento del mercado único, el reconocimiento mutuo de las disposiciones nacionales para permitir la libre circulación, y la notificación previa de los proyectos nacionales de normativa que pueden repercutir en el mercado único (a la que se añade también la posibilidad de llevar a cabo un control a posteriori).

2.2. Los artículos 30 a 36 del Tratado imponen a los Estados miembros la supresión de todas las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente, a reserva de exigencias imperativas que puedan motivar el mantenimiento de disposiciones nacionales restrictivas. Dichas exigencias imperativas, especialmente justificadas por la preocupación de proteger a los consumidores o al medio ambiente, no deben constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Deben ser motivadas y proporcionadas, y estar bajo el control de la Comisión y el Tribunal de Justicia. Así, la jurisprudencia «Cassis de Dijon» recordó que la libertad de circulación debe continuar siendo la regla y las restricciones nacionales la excepción. No obstante, se observa en la actualidad una tendencia de los Estados miembros a legislar de una forma especialmente activa en el ámbito del artículo 36.

2.3. Para fomentar una convergencia mínima de estas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter nacional, la Unión Europea se ve inducida a adoptar, en función de las necesidades, las medidas específicas necesarias para contribuir al establecimiento y al funcionamiento del mercado común (artículo 100 A). Esencialmente, la normativa relativa al acercamiento de las disposiciones de los Estados miembros en el ámbito del mercado único se basa en esta disposición, sujeta a un procedimiento mayoritario en el Consejo en codecisión con el Parlamento (salvo en el caso de disposiciones relativas a la fiscalidad y la libre circulación de personas). Esta normativa común aspira, según el propio Tratado, a «un nivel de protección elevado» en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y de los consumidores, sin embargo deja a los Estados un margen a menudo considerable de libertad para dictar medidas complementarias, lo que puede contribuir, de no existir una supervisión adecuada, a fragmentar de nuevo el mercado único.

2.4. Por otro lado, la Unión Europea se esfuerza por desarrollar mecanismos de equivalencia de las medidas aplicadas en los Estados miembros que permitan garantizar un reconocimiento mutuo que proteja la libre circulación en el mercado único, incluso a falta de armonización o con sólo una armonización parcial (artículo 100 B). Sin embargo, todos los Estados miembros distan todavía de aplicar dichos mecanismos de una forma eficaz y simplificada.

2.5. Con objeto de lograr un control transparente y organizado de las iniciativas de los Estados miembros que pudieran incidir en el funcionamiento del mercado único, la Directiva 83/189 instauró un procedimiento previo de información, completado el 1 de enero de 1997 (Decisión 3052/95) por una obligación de notificar las medidas individuales que puedan obstaculizar los reconocimientos mutuos y que cubre en la actualidad todos los productos agrícolas e industriales. Dicho procedimiento obliga a cada Estado miembro a informar a la Comisión Europea y, a través de ésta, a los otros Estados miembros sobre los proyectos de reglamentación técnica que puedan influir en el funcionamiento del mercado único. Asimismo, prevé un aplazamiento de tres meses para todas las aplicaciones, a fin de que la Comisión, que puede recibir las observaciones de los demás Estados miembros y consultar también a los sectores industriales interesados, pueda estudiar tales medidas y, llegado el caso, emprender iniciativas en su contra (solicitud de prolongación del período de statu quo de tres a seis meses, solicitud de modificación de los proyectos notificados, posible elaboración de un dictamen motivado que ponga en marcha un procedimiento de infracción).

2.6. De este modo la Comisión puede verificar el efecto de las medidas notificadas en el funcionamiento del mercado único, su adecuación a las normas comunitarias (Tratado y normativa), su legitimidad y su proporcionalidad cuando crean obstáculos. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha considerado que las empresas y los particulares pueden invocar una ausencia de notificación previa para no aplicar una nueva reglamentación técnica nacional. Aunque, en términos generales, este procedimiento de información y control previos funciona, el aumento de las notificaciones indica que queda aún mucho por hacer para imponer a los Estados miembros una disciplina mejor. Por otro lado, el procedimiento se limita en la actualidad a los proyectos de normativas en materia de productos y no de servicios, aunque la Comisión haya presentado propuestas con el fin de extenderlo a los servicios de la sociedad de la información, propuestas aprobadas por el CES y camino de ser aprobadas por otras instancias.

2.7. Además, el Tratado prevé una posibilidad de control a posteriori por parte no sólo de la Comisión sino también de los diferentes Estados miembros, que permita iniciar un procedimiento por incumplimiento. Parece, sin embargo, que en la práctica dicho procedimiento ha dado lugar a muy pocas acciones de este tipo.

2.8. Por último, las disposiciones sobre la libre circulación de las personas sólo corresponden en parte a procedimientos comunitarios. Para determinados aspectos de orden político, judicial y de seguridad y para las cuestiones relativas a los ciudadanos procedentes de terceros países, dichas disposiciones se refieren también al funcionamiento del «tercer pilar» instituido por el Tratado de Maastricht, sujeto a procedimientos especiales de cooperación gubernamental. No obstante, el nuevo Tratado de Amsterdam ha intentado reforzar en este ámbito los vínculos entre competencias comunitarias y competencias intergubernamentales, en condiciones de mayor evolución y participación. Debido a tales particularidades, en el presente Dictamen sólo se mencionan a título indicativo las cuestiones relativas a la libre circulación de las personas, que deberán ser objeto de un análisis más detallado por parte del Comité en un contexto más amplio.

3. Reciente evolución de las normativas nacionales

3.1. En primer lugar, se observa un aumento neto de las normativas nacionales capaces de crear nuevos obstáculos. Las notificaciones anuales han pasado de un ritmo de aproximadamente 350 notificaciones durante los primeros años de la aplicación del procedimiento estipulado en la Directiva 83/189 a unas 450 en años posteriores, habiendo alcanzado en 1997 la cifra récord de 900. Incluso si se tiene en cuenta que esta cifra incluye el caso excepcional de un remanente de 230 notificaciones holandesas atrasadas, las 670 notificaciones restantes en 1997 representan un aumento muy acentuado del 40 % en un año. Ello indica, por supuesto, que el procedimiento funciona y los Estados miembros respetan sus obligaciones de notificación. Pero es también la consecuencia de una proliferación de los proyectos de normativa nacional que somete a la Comisión Europea a una pesada tarea de supervisión y que implica, además de a la DG XV y a la DG III, a las otras DG, en función de sus competencias técnicas.

3.2. Resulta un factor agravante que estas nuevas iniciativas nacionales se hayan concentrado durante estos últimos años en su mayor parte (90 %) en sectores teóricamente armonizados. Desde el punto de vista de los sectores, se trata principalmente de las telecomunicaciones, los productos agrícolas y alimenticios, la construcción y las obras públicas, la construcción mecánica y los transportes. Las normativas técnicas interesadas se refieren especialmente a la higiene, la salud, la seguridad, la protección del consumidor y el medio ambiente. Este hecho se puede explicar por varias razones. Por un lado, se trata de sectores y de ámbitos en los que el poder público tiene más motivos para reglamentar, tanto a nivel comunitario como nacional. Por otra parte, la normativa comunitaria ha dejado un cierto margen a las normativas nacionales en la medida en que ésta se centra principalmente en las «exigencias esenciales». Ahora bien, si la Comisión procura que, en el ámbito de la salud y de la seguridad, estas exigencias esenciales constituyan a la vez prescripciones mínimas y máximas, los Estados se ven a veces tentados a considerar que pueden no obstante añadir prescripciones complementarias, mientras, por otro lado, conservan en los ámbitos de la protección del consumidor y del medio ambiente un margen real de libertad para dictar normas que van más allá de estas prescripciones comunes.

3.3. Además de la persistente imbricación de las normativas técnicas nacionales, conviene mencionar también el aumento de las marcas y etiquetas nacionales, e incluso regionales, que sin tener un efecto jurídico vinculante pueden contribuir también a obstaculizar la libre comercialización en el mercado único. Asimismo, el reconocimiento mutuo de los certificados nacionales se ve a veces obstaculizado por la actitud de determinados compradores que insisten en la necesidad de obtener en la práctica certificados nacionales.

3.4. El análisis de las notificaciones realizado por la Comisión reveló que una tercera parte no requería observación alguna por su parte, mientras que otra tercera parte precisaba observaciones menores y el tercio restante observaciones más importantes, obligando a la Comisión a exigir la ampliación de tres a seis meses del aplazamiento de la aplicación del proyecto notificado. En resumen, se puede estimar que una de cada dos notificaciones planteaba un verdadero problema, más o menos importante, con respecto al Derecho comunitario. En la gran mayoría de los casos, los Estados aceptaron las observaciones de la Comisión, que exigía modificar el proyecto o, al menos, garantizar una cláusula de reconocimiento mutuo para los productos importados de otro Estado miembro.

3.5. Asimismo, es preciso señalar que mediante este procedimiento de notificación los propios Estados pueden controlarse mutuamente, y que transmiten a la Comisión dictámenes motivados sobre las iniciativas que en su opinión parecen plantear problemas. Se les insta así a ejercer una especie de control colectivo y compartido, que ejercen efectivamente ya que intervienen aproximadamente con tanta frecuencia como la propia Comisión Europea, lo que demuestra la utilidad de dicho procedimiento.

3.6. Por último, conviene hacer hincapié en que este aumento de las normativas nacionales ha coincidido con una evolución inversa en el caso de la normativa comunitaria que, por el contrario, ha presentado un claro descenso en el curso de los últimos años. Dicha reducción de la normativa comunitaria responde a dos razones. Por un lado, la mayor parte de las directivas necesarias para el funcionamiento del mercado único fueron adoptadas con anterioridad, con el programa de 1992. Por otro lado, la importancia concedida estos últimos años a la necesidad de reducir la normativa comunitaria, sobre todo mediante las recomendaciones del informe Molitor, ha animado a la Comisión Europea a redefinir sus propuestas (enfoque «legislar mejor») y a presentar un menor número de nuevas propuestas que en el pasado.

3.7. Se trata, pues, de una situación de evidente desequilibrio desde el punto de vista cuantitativo. De 1992 a 1994 los Estados miembros adoptaron 1 346 medidas de normativa nacional, mientras que la propia Comunidad sólo adoptó 116. Asimismo, los Estados que defendieron más enérgicamente la necesidad de limitar la normativa comunitaria como el Reino Unido, Alemania y Francia son, paradójicamente, aquellos que han presentado el mayor número de nuevos proyectos nacionales. Por otro lado, mientras que la normativa comunitaria tiende a tener un carácter desregulador, ya que aspira a refundir quince disposiciones diferentes en una sola, las normativas nacionales en principio únicamente añaden nuevas medidas sin suprimir ninguna (incluso si dichas medidas pueden también tener su justificación para el ciudadano o el consumidor en un contexto dado).

4. Razones por las que es necesaria la adopción de medidas de reajuste

4.1. Si no se actúa de una manera más eficaz contra la creación de obstáculos al mercado único en el punto de origen, su realización resultará un objetivo cada vez más lejano a medida que se avanza hacia él (aun cuando, por otro lado, sea inevitable que subsistan diversidades nacionales o regionales en un mercado único cuya realización se considera «consumada»). Asimismo, incluso tras la adopción de las principales directivas, el mantenimiento del mercado único en estado de funcionamiento presentará un problema permanente, para el que se deberán encontrar soluciones «autocorrectoras» apropiadas.

4.2. Asimismo, no existirá una solución satisfactoria para el problema de la reducción, simplificación y clarificación de la normativa relativa al mercado único hasta tanto esta cuestión no sea objeto de una reflexión y de acciones que afecten también a la normativa nacional y regional.

4.3. Parece también necesario que los Estados modifiquen su actitud ante la inminente introducción del euro. Así como el pacto de estabilidad y crecimiento impone la convergencia de las políticas económicas y presupuestarias, el funcionamiento del mercado único en régimen de moneda única debería suscitar una mayor convergencia de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, y, en todos los casos, una preocupación constante por la «eurocompatibilidad».

4.4. Asimismo, conviene velar por el refuerzo de la transparencia de las nuevas medidas nacionales a fin de contrarrestar los riesgos de deriva que podrían llegado el caso producirse a consecuencia de dos innovaciones introducidas en el Tratado de Amsterdam de 1997. En efecto, en el nuevo Tratado se contempla la posibilidad de que los Estados miembros no sólo mantengan sino que también introduzcan normas nacionales más estrictas que la normativa comunitaria (artículo 95.5, antiguo artículo 100 A4), aun cuando el artículo 95.3 (antiguo artículo 100 A3) ya proporciona a los Estados miembros un nivel de protección elevado para sus ciudadanos. Si la Comisión Europea mantiene un poder de control sobre estas medidas durante un plazo de seis meses, se considera que la Comisión da su acuerdo tácito al final de dicho plazo. Por otra parte, los Estados miembros pueden reforzar en el ámbito del medio ambiente, mediante el artículo 176 (antiguo artículo 130 T), las medidas aprobadas por la Unión Europea en virtud del artículo 176 (antiguo artículo 130 S).

4.5. Por último, la importancia de esta cuestión irá en aumento con la perspectiva de nuevas ampliaciones, que multiplicarán las posibilidades de creación por parte de los Estados miembros de nuevos obstáculos en el punto de origen. Por lo tanto, antes de que esto suceda se deberán encontrar y adoptar las medidas oportunas.

4.6. Conviene, pues, encontrar una relación estrecha, duradera y satisfactoria entre las necesidades de funcionamiento del mercado único, la protección del consumidor y del medio ambiente y los imperativos de la subsidiariedad. Esta relación debe basarse en aquellas medidas que garanticen una mayor fluidez en los intercambios, una mayor simplicidad en las normativas, una mayor compatibilidad entre las medidas nacionales y, en conjunto, una mayor transparencia a nivel del mercado único.

5. Acciones recomendadas a nivel nacional

5.1. En general, parece indispensable que los Estados cambien de actitud con respecto al exceso de normativas. El propio Consejo Europeo ha reconocido ya la necesidad de avanzar hacia una reducción de la normativa en los Estados miembros. Por lo tanto, es importante aplicar a los propios Estados miembros las recomendaciones que el informe Molitor había dirigido a las instituciones comunitarias: mejor ordenación de la normativa existente, reducción de nuevas normativas y mayor simplificación de la normativa en vigor. Se debería instar a los Estados a presentar a la Comisión un informe anual que analice su contribución respecto a la reducción y simplificación de la normativa en Europa. La Comisión podría entonces elaborar un resumen al respecto para el Consejo Europeo.

5.2. En particular, convendría que los Estados adoptaran un número menor de normativas nacionales en los sectores que son objeto de medidas de armonización a nivel comunitario. Ello debería afectar en primer lugar a las medidas de transcripción nacional de las directivas, ámbito en el que los Estados deberían evitar formular prescripciones administrativas excesivas, que vayan más allá del objetivo de la directiva en cuestión.

5.3. Cuando un Estado adopte una medida de normativa nacional que pueda afectar al funcionamiento del mercado único, debería estar obligado en principio a incluir en esta normativa, de manera clara, una cláusula redactada con arreglo a un modelo tipo, común a todos los Estados miembros, en la que se precise que ha tenido en cuenta, bajo el control de una notificación europea, los medios que permiten evitar de la manera más eficaz posible los obstáculos a la importación de productos comercializados y producidos libremente en otro Estado miembro.

5.4. Asimismo, debería garantizarse que los órganos nacionales de normalización se abstengan, en la práctica, de adoptar una norma nacional en un ámbito objeto de una norma comunitaria en preparación.

5.5. Cabría también mejorar la formación de los representantes elegidos, los funcionarios, los magistrados y los juristas nacionales en materia de las exigencias del mercado único, especialmente en lo que respecta al principio de «trato nacional» de los ciudadanos comunitarios que aún no forma parte de la cultura administrativa (cf. las normas relativas a la seguridad social, la fiscalidad, las cuestiones de domiciliación, etc.) Esta necesidad de formación debería extenderse a los niveles regionales y locales, donde a menudo se observa un desconocimiento de la normativa comunitaria. A modo de ejemplo, la aplicación concreta del reconocimiento de las equivalencias de las cualificaciones o del derecho de residencia de los ciudadanos comunitarios obliga con frecuencia a una intervención directa ante el organismo competente.

5.6. Asimismo, se debería hacer un esfuerzo en materia de información en favor de los ciudadanos comunitarios no nacionales con el fin de ayudarles a que conozcan los trámites más frecuentes y los procedimientos administrativos y simplificarles el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento en la Unión.

5.7. Se debería animar a los Estados miembros de la AELC, que ya participan estrechamente en la recuperación del acervo comunitario, y, en la medida de lo posible, a los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea, que deben integrar de manera progresiva dicho acervo en sus normativas, a que tomaran medidas análogas, que serían asimismo objeto de un seguimiento apropiado por parte de la Comisión Europea.

6. Acciones recomendadas a nivel comunitario

6.1. En primer lugar, las recomendaciones anteriores dirigidas a los Estados se podrían aplicar con mayor facilidad si fueran objeto de un compromiso común, por ejemplo un código de conducta de los Estados. Dicho código podría adoptar la forma de una recomendación del Consejo, que diera lugar a una supervisión por parte de la Comisión.

6.2. Con respecto a la normativa comunitaria, conviene seguir siendo conscientes de los límites para su reducción, sobre todo frente a la continua tendencia de los Estados miembros a legislar y a crear ellos mismos normas de una manera excesiva. En efecto, uno de los medios de fomentar la reducción y simplificación de la normativa en Europa consiste en mantener la normativa comunitaria a un nivel suficiente que permita el acercamiento de las normativas nacionales. Pero, sobre todo, conviene fortalecer su eficacia.

6.3. En primer lugar, conviene observar que la armonización pierde buena parte de su eficacia cuando no impone a los Estados miembros más que un nivel mínimo, dándoles libertad para ir más allá. Así ocurre frecuentemente en el caso de las armonizaciones, sobre todo en materia de protección del medio ambiente y de los consumidores, ámbitos en los que los Estados miembros pueden dictar normativas nacionales que vayan más allá de las adoptadas a nivel europeo. Esta asimetría le puede restar a la armonización una parte considerable de su eficacia, ya que las derogaciones perjudican a la aplicación uniforme del Derecho comunitario al obstaculizar la libre circulación de los productos y de las personas, la libre prestación de servicios y el libre establecimiento del mercado único. Convendría llegar a un concepto de armonización más eficaz, mediante la previsión, en determinados ámbitos donde este enfoque resulte apropiado, de un mayor empleo de reglamentos que de directivas. Además, al limitar la posibilidad de adoptar normativas complementarias divergentes de carácter nacional, tales medidas contribuirían en gran medida a la reducción y simplificación de la normativa europea. Para favorecer la adhesión de todos los Estados miembros a este nuevo tipo de prescripciones, garante de su aplicación efectiva, se establecería una consulta previa, eficaz y detallada que incluyera, junto a los Estados miembros, a todas las partes afectadas por la medida en preparación, y que tratara también la forma de aplicación más adecuada.

6.4. Asimismo, convendría volver a estudiar las modalidades de recurso a las directivas abiertas u opcionales. En determinados casos, la competencia «residual» otorgada a los Estados miembros en la aplicación de determinadas directivas puede resultar muy importante (por ejemplo, la posibilidad de elegir, entre los productos o sustancias catalogadas a nivel europeo, aquellos que los Estados miembros desean autorizar o prohibir en su territorio). Aunque pudiera ser necesario permitir una cierta flexibilidad en la aplicación de las directivas, no convendría que ésta fuera en contra de la necesidad de armonización. Cabría, pues, hacer un uso más restringido del recurso a tales directivas opcionales.

6.5. En lo que respecta al procedimiento de información y notificación previa de los proyectos de normativa, convendría extenderlo a los servicios, que en la actualidad no entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 83/189. Un primer paso adelante sería que el Consejo y el Parlamento adoptaran con rapidez la propuesta de la Comisión de extender dicho procedimiento a los servicios de la sociedad de la información ().

6.6. La Comisión debería consultar directamente a los representantes europeos de los sectores interesados sobre los proyectos de normativa nacional que le sean notificados. Asimismo, se debería poder informar a todas las partes interesadas de las notificaciones de proyectos de normativas de los Estados miembros, lo que se podría llevar a cabo mediante el mantenimiento de un banco de datos consultable en Internet. Dicho banco de datos debería también dar a los usuarios del mercado único una visión de conjunto de las normativas nacionales en vigor dentro del mismo.

6.7. En cuanto al reconocimiento mutuo, cabe señalar que éste no siempre resulta efectivo en aquellos ámbitos faltos de normas comunitarias, lo que contribuye a mantener los obstáculos al mercado comunitario. Determinados controles, entre otros para los productos alimenticios, no han sido aún reconocidos. Por otro lado, las dificultades de la Organización Europea para las Pruebas y Certificación a la hora de desempeñar bien su papel en diversos sectores relacionados con las actividades de las empresas, entre otros los sistemas de garantía de calidad, conducen a los organismos nacionales de certificación a concluir acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo. Así, la cuestión relativa a la aplicación práctica del principio de reconocimiento mutuo merece ser replanteada desde varios ángulos.

6.7.1. La Comisión y los Estados miembros deberían lanzar una amplia campaña de información destinada a los operadores económicos sobre el significado de la marca CE.

6.7.2. Convendría trabajar más a nivel comunitario para reforzar la transparencia en materia de reconocimiento mutuo de los controles de conformidad de los productos. En efecto, se puede observar con demasiada frecuencia que se siguen realizando controles múltiples de los productos entre los Estados miembros, tanto en el sector regulado como en el voluntario. Se deberían adoptar decididamente a nivel europeo puntos de referencia comunes sobre la calidad de los controles.

6.7.3. Los Estados miembros deberían considerar en general suficientes las declaraciones de conformidad de los proveedores a las exigencias esenciales dictadas por la Unión Europea, sin que sea necesario introducir controles suplementarios, siempre que entre los Estados miembros se pueda poner en funcionamiento paralelamente un sistema eficaz de intercambio de información sobre los productos no conformes. Respecto a los productos procedentes de terceros países, la posibilidad de utilizar dicho sistema debería depender de la existencia de un trato de reciprocidad.

6.7.4. En cuanto a las propias marcas de conformidad, es frecuente ver que en los productos se añaden a la marca CE marcas nacionales o técnicas. Esta multiplicidad de marcas es contraria al objetivo de simplificación y transparencia que debe ser la regla en lo que respecta a los obstáculos técnicos a los intercambios. Convendría que la Comisión, los Estados miembros y los distintos agentes en materia de certificación de conformidad estudiaran este punto en profundidad.

6.7.5. Por último, convendría reforzar los controles en las fronteras exteriores de la Unión y del EEE con el fin de evitar la impresión no autorizada de la marca CE en los productos importados, especialmente para los productos de alto consumo.

6.8. Para comprobar que las directivas sobre armonización y las disposiciones sobre reconocimiento mutuo son eficaces en la supresión de obstáculos se debería establecer, en los cuadros indicadores (scoreboards) elaborados por la Comisión dentro de la ejecución de su Plan de acción, un test de «supresión real de obstáculos» que sobrepasara el estricto marco de aplicación jurídica de las directivas.

6.9. Más allá de los progresos ya obtenidos en estos últimos años, es también fundamental reforzar los medios de que disponen los comités europeos de normalización con vistas a disponer de un mayor número de posibles puntos de referencia comunes.

6.10. En el ámbito de la libre circulación de trabajadores, sería necesario garantizar la continuación del Plan de acción «Flynn» () basado en las recomendaciones efectuadas por el Grupo Veil en marzo de 1997.

6.11. Por último, es evidente que las empresas pequeñas y medianas, que según la definición comunitaria representan el 99,8 % de las empresas comunitarias, son las más perjudicadas por las disfunciones del mercado único. Los obstáculos son especialmente perjudiciales para las empresas más pequeñas y la artesanía, que no cuentan con los recursos jurídicos, humanos y financieros necesarios. Miles y miles de empresas se ven así privadas de los beneficios esperados del gran mercado.

Por lo tanto, el Comité insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a lanzar una campaña explicativa y de información dirigida a las pequeñas empresas sobre sus derechos en el mercado único y reforzar en este sentido las estructuras de información, en particular los centros europeos de información empresarial (Euroventanillas).

7. Conclusiones

A pesar del indiscutible progreso alcanzado en el funcionamiento del mercado único, los Estados continúan adoptando en el plano nacional numerosas normativas en sectores que se consideran entran dentro del ámbito de la armonización comunitaria. Esta situación, que impone una pesada tarea de supervisión a la Comisión, parece doblemente preocupante: por un lado, dicha situación indica que los Estados apenas se aplican a sí mismos los objetivos de reducción de la normativa que reivindican a nivel europeo, y, por otro, favorece un proceso constante de creación de nuevos obstáculos potenciales a los intercambios, incluso si el procedimiento de notificación previa permite evitar un número considerable de dichos obstáculos.

Por lo tanto, resulta indispensable controlar esta situación y someterla a un análisis continuo (nuevos avances, sectores afectados, la naturaleza de los nuevos obstáculos). En efecto, el desarrollo de este fenómeno del modo actual perjudicaría el funcionamiento del mercado único y pondría en peligro su realización. Desde ahora y para poner fin a esta situación, el Comité subraya la necesidad de que se emprendan rápidamente nuevas iniciativas, tanto a nivel nacional como comunitario.

7.1. A nivel nacional:

7.1.1. Los Estados miembros deberían aplicarse las medidas solicitadas a la Unión para reducir y clarificar la normativa en Europa y presentar anualmente un informe que ilustre su contribución en este ámbito.

7.1.2. En la transcripción de las directivas, los Estados miembros deberían sobre todo velar por que no se creen prescripciones administrativas excesivas que vayan más allá del objetivo fijado por estas directivas.

7.1.3. Los proyectos de normativa nacional que pudieran afectar al funcionamiento del mercado único deberían incluir una cláusula tipo en la que se precise que el Estado miembro ha tenido en cuenta, bajo el control de una notificación europea, los medios para evitar de la forma más eficaz posible los obstáculos a la importación de productos comercializados y producidos libremente en otro Estado miembro.

7.1.4. Se deberían adoptar medidas destinadas a sensibilizar y formar en los Estados miembros a los representantes elegidos, los funcionarios y los juristas respecto a las exigencias del mercado único.

7.1.5. Los ciudadanos comunitarios no nacionales deberían beneficiarse de una información más clara de los procedimientos aplicables, que simplificase especialmente el derecho de establecimiento.

7.1.6. Se debería animar a los países europeos asociados al mercado único (AELC, Estados candidatos) a tomar medidas análogas.

7.2. A nivel comunitario:

7.2.1. En primer lugar, las recomendaciones anteriores dirigidas a los Estados se podrían aplicar con mayor facilidad si fueran objeto de un compromiso común, por ejemplo un código de conducta de los Estados.

7.2.2. La normativa comunitaria se debería mantener a un nivel suficiente que permita el acercamiento eficaz de las normativas nacionales.

7.2.3. En determinados ámbitos donde este enfoque resulte apropiado, se debería dar prioridad a los reglamentos frente a las directivas.

7.2.4. Convendría recurrir a las directivas abiertas u opcionales sólo en casos limitados y estrictamente justificados.

7.2.5. Debería extenderse la notificación previa de los proyectos de normativa para englobar no sólo los productos sino también los servicios, comenzando por los servicios de la sociedad de la información.

7.2.6. Se debería consultar a los interlocutores económicos y sociales europeos sobre dichas notificaciones, que, por otro lado, se deberían poder consultar en un banco de datos al que se tuviera acceso por Internet. Sería deseable que dicho banco de datos incluyese también una visión de conjunto de las normativas nacionales en vigor en el mercado único.

7.2.7. Convendría relanzar una campaña de información sobre la marca CE, reforzar la transparencia relativa al reconocimiento mutuo de los controles de conformidad y mejorar la armonización de los controles en las fronteras exteriores. Deberían bastar las declaraciones de conformidad de los proveedores, aunque integrándolas en un sistema eficaz de intercambios comunitarios de información sobre los productos no conformes.

7.2.8. En los cuadros indicadores (scoreboards) de la Comisión relativos a la aplicación de las directivas se debería incluir un test de «supresión real de obstáculos».

7.2.9. Los medios de que disponen los comités europeos de normalización se deberían reforzar con vistas a disponer de un mayor número de posibles puntos de referencia comunes.

7.2.10. En lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores, se debería dar una continuación al Plan de acción «Flynn».

7.2.11. Se debería lanzar una campaña de información dirigida a las pequeñas y medianas empresas y reforzar los medios de los centros europeos de información empresarial.

Bruselas, el 25 de marzo de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 158 de 26.5.1997.

() COM(97) 586 final, 12.11.1997.

ANEXO I al Dictamen del Comité Económico y Social

Los siguientes fragmentos en cursiva del dictamen de la Sección, cuyo mantenimiento fue solicitado por más de un cuarto de los votos emitidos, fueron suprimidos tras la aprobación de las enmiendas por la asamblea:

Punto 6.3

Convendría llegar a un concepto de armonización más eficaz, mediante la previsión, en determinados ámbitos técnicos donde este enfoque resulte apropiado, de un mayor empleo de reglamentos que de directivas o, llegado el caso, de la adopción de directivas más vinculantes, que impongan no sólo prescripciones mínimas sino también máximas. Además, al limitar la posibilidad de adoptar normativas complementarias divergentes de carácter nacional, tales medidas contribuirían en gran medida a la reducción y simplificación de la normativa europea. Para favorecer la adhesión de todos los Estados miembros a este nuevo tipo de prescripciones, garante de su aplicación efectiva, se establecería una consulta previa, eficaz y detallada que incluyera, junto a los Estados miembros, a todas las partes afectadas por la medida en preparación, y que tratara también la forma de aplicación más adecuada.

Resultado de la votación sobre la supresión del texto en cursiva

Votos a favor: 45, votos en contra: 26, abstenciones: 8.

Punto 7.2.1

Para facilitar la adopción de estas recomendaciones, el Consejo debería establecer un acuerdo de los Estados miembros que podría traducirse por una recomendación que incluyese un código de conducta para prevenir la creación de nuevos obstáculos no deseados en el punto de origen.

Resultado de la votación sobre la supresión de este punto

Votos a favor: 52, votos en contra: 30, abstenciones: 5.

ANEXO II al Dictamen del Comité Económico y Social

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