–☑ La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

–☑ no prevé la cofinanciación por parte de terceros

–◻ requiere el uso del margen no asignado con cargo a la rúbrica pertinente del MFP y/o el uso de los instrumentos especiales tal como se define en el Reglamento del MFP.

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter administrativo

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No procede

No procede

No procede

No procede

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, en particular, posibilidades de reasignación

No procede

No procede

Una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido, en particular al ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas a ambos lados del Canal. El Acuerdo de Retirada es necesario para mitigar los posibles efectos negativos en la economía europea y el presupuesto de la Unión, proteger los derechos de los ciudadanos europeos que residen y trabajan en el Reino Unido, y salvaguardar el objetivo de paz y reconciliación en la isla de Irlanda, consagrado en el Acuerdo del Viernes Santo.

No procede

c) el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte;

El Acuerdo de Retirada entre la Unión y el Reino Unido permitirá a los ciudadanos europeos, las empresas y los socios internacionales confiar en que la retirada del Reino Unido de la Unión no se producirá de forma desordenada e incontrolada.

No procede

• permitir una cooperación estrecha entre España y el Reino Unido en lo que atañe a Gibraltar con respecto a la puesta en ejecución del Acuerdo de Retirada, y en particular la parte sobre los derechos de los ciudadanos, así como en otros ámbitos políticos.

1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, en particular, posibilidades de reasignación

(9)De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, el Reino Unido no ha participado en los debates del Consejo relativos a la presente Decisión ni en su adopción,

(8)El artículo 185, apartado 2, del Acuerdo prevé que, al realizar la notificación escrita de la conclusión de los trámites internos necesarios, la Unión, en relación con todo aquel Estado miembro que haya alegado motivos relacionados con los principios fundamentales del Derecho nacional de dicho Estado miembro, podrá declarar que, durante el período transitorio, además de los motivos para la no ejecución de una orden de detención europea mencionados en la Decisión Marco 2002/584/JAI, las autoridades judiciales de ejecución de dicho Estado miembro podrán denegar la entrega de sus nacionales al Reino Unido en virtud de una orden de detención europea. Procede, por tanto, fijar un plazo para que los Estados miembros que deseen acogerse a esta posibilidad informen de ello a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 50,

Las negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido ya han concluido. Se adjunta al Acuerdo de Retirada un Protocolo relativo a estos acuerdos bilaterales. El Protocolo constituye, junto con los memorandos de entendimiento bilaterales entre España y el Reino Unido, un paquete relativo a las cuestiones referentes a Gibraltar y que atañe a la cooperación bilateral en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, el tabaco y otros productos, el medio ambiente, la policía y las cuestiones aduaneras, así como a un acuerdo bilateral sobre la fiscalidad y la protección de los intereses financieros. En lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, el Protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes para la aplicación del Acuerdo de Retirada en relación con las personas que viven en la zona de Gibraltar y, en particular, con los trabajadores fronterizos. En lo referente al Derecho del transporte aéreo, prevé la posibilidad, en caso de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre el uso del aeropuerto de Gibraltar, de hacer aplicable a Gibraltar, durante la transición, la legislación de la Unión que, anteriormente, no resultaba de aplicación en este territorio. En materia fiscal y de protección de intereses financieros, el Protocolo sienta las bases para la cooperación administrativa entre las autoridades competentes a fin de lograr la plena transparencia en materia fiscal, la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de dinero. El Reino Unido se compromete también a que se cumplan en Gibraltar las normas internacionales en este ámbito. Por lo que respecta al tabaco, el Reino Unido se compromete a ratificar determinados convenios en lo que atañe a Gibraltar y a instaurar, antes del 30 de junio de 2020, un sistema de trazabilidad y de medidas de seguridad para los cigarrillos. En cuanto al alcohol y la gasolina, el Reino Unido se compromete a garantizar que el sistema fiscal de Gibraltar tenga por objeto prevenir el fraude. En lo relativo a la protección del medio ambiente, la pesca y la cooperación en materia policial y aduanera, el Protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes. Asimismo, se establece un comité especializado para supervisar la aplicación de este Protocolo.

Por último, el Acuerdo de Retirada incluye un Protocolo sobre Gibraltar para dar respuesta a los problemas específicos que crea la retirada del Reino Unido de la Unión en relación con Gibraltar. En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017 se establece que «ningún acuerdo entre la Unión y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Esto ha sido recordado en las directrices de negociación complementarias del Consejo de 29 de enero de 2018 y en las orientaciones del Consejo Europeo de 14 de marzo 2018. En las declaraciones para el acta de la reunión del Consejo Europeo de 25 de noviembre de 2018, figura la siguiente declaración del Consejo Europeo y de la Comisión: «Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus Estados miembros garantizada por el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, dichos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España». Por otra parte, en esa misma ocasión, el Consejo Europeo y la Comisión emitieron una declaración interpretativa en relación con el artículo 184 del Acuerdo de Retirada y el ámbito territorial de los futuros acuerdos.

El Acuerdo de Retirada incluye también un Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre (en lo sucesivo, «Protocolo sobre las zonas de soberanía»). Dado que las relaciones entre la Unión y las zonas de soberanía de Chipre han de definirse en un contexto de pertenencia a la Unión de la República de Chipre, el protocolo sobre las zonas de soberanía debe establecer los mecanismos apropiados para alcanzar, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, los objetivos de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.º 3 del Acta sobre la adhesión de la República de Chipre a la Unión. Como se indica en la Declaración Conjunta de 19 de junio de 2018, tanto la Unión como el Reino Unido se han comprometido a establecer regímenes apropiados para las zonas de soberanía, «en particular con el objetivo de proteger los intereses de los chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión, respetando plenamente los derechos y las obligaciones derivados del Tratado de Establecimiento». La Unión y el Reino Unido han acordado las condiciones de un protocolo que dará efecto a este y que se adjunta al Acuerdo de Retirada. El objetivo del Protocolo es garantizar que el Derecho de la Unión, en los ámbitos que se precisan en el Protocolo n.º 3 del Acta de adhesión de Chipre, seguirá aplicándose en las zonas de soberanía, sin interrupción o pérdida de derechos, especialmente para los aproximadamente 11 000 civiles chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía. Esto se aplica a una serie de ámbitos políticos como la tributación, los bienes, la agricultura, la pesca y las normas veterinarias y fitosanitarias. El Protocolo atribuye a la República de Chipre la responsabilidad de velar por la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con la mayoría de los ámbitos cubiertos, con la excepción de la seguridad y los asuntos militares.

El Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte y sus diez anexos incluyen las disposiciones necesarias para la denominada «solución de último recurso» a fin de garantizar la ausencia de una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte. Estas disposiciones serán de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo ulterior las sustituya, en todo o en parte. El Protocolo crea un territorio aduanero único entre la Unión y el Reino Unido. De este modo se evitará la necesidad de aranceles, cuotas o controles de las normas de origen entre la Unión y el Reino Unido. Asimismo, prevé una serie de medidas para garantizar que existan unas condiciones de competencia equitativas entre la Unión y el Reino Unido. Además, el Protocolo garantiza que el Código Aduanero de la Unión (CAU), que establece, entre otras cosas, las disposiciones para el despacho a libre práctica de productos en la UE, siga aplicándose a Irlanda del Norte. Se garantizará así que las empresas de Irlanda del Norte no se enfrentan a restricciones a la hora de comercializar productos en el mercado único de la UE. El Protocolo también prevé que el Reino Unido siga cumpliendo, en sus relaciones con Irlanda del Norte, un conjunto limitado de normas relacionadas con el mercado único de la UE y que resultan indispensables para evitar una frontera rígida: la legislación sobre mercancías, las normas sanitarias y fitosanitarias, las normas sobre la producción agrícola, el IVA y los impuestos especiales, y las normas en materia de ayudas estatales. También existen disposiciones para mantener el mercado único de la electricidad en la isla de Irlanda. De conformidad con el Protocolo, la Zona de Viaje Común entre Irlanda y el Reino Unido y sus correspondientes derechos y privilegios seguirán en vigor de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular en lo tocante a la libre circulación de los ciudadanos de la UE. La cooperación Norte-Sur continuará según lo establecido en el Protocolo, en particular en los ámbitos del medio ambiente, la salud, la agricultura, el transporte, la educación y el turismo, así como en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la pesca continental, la justicia y la seguridad, la educación superior y el deporte.

La primera parte (disposiciones comunes) contiene las disposiciones comunes del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), y en particular las definiciones, el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Retirada, y los métodos y principios relativos a los efectos, la puesta en ejecución y la aplicación del Acuerdo.

Estos derechos, libertades y principios se mantendrán y se protegerán plenamente en la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión. Por otra parte, el Acuerdo de Retirada garantiza que, cuando se haga referencia a las disposiciones o los conceptos del Derecho de la Unión, estos se interpreten y se apliquen con arreglo a los métodos y los principios generales de interpretación aplicables en la Unión, y en particular que se haga una interpretación conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales. Esto es especialmente pertinente en lo tocante a la parte del Acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos, que se basa en gran medida en el Derecho de la Unión.

El Acuerdo de Retirada respeta plenamente los Tratados y preserva la integridad y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, así como la integridad del mercado único y de la Unión Aduanera. Promueve los valores, los objetivos y los intereses de la Unión y garantiza la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus políticas y acciones. En particular, el artículo 4 del Acuerdo de Retirada establece los métodos y principios relativos al efecto, la puesta en ejecución y la aplicación del Acuerdo que garantizan que los efectos jurídicos de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables en virtud del Acuerdo de Retirada sean los mismos tanto en el Reino Unido como en la Unión y sus Estados miembros.

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 5.12.2018 COM(2018) 833 final ANEXO

de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica



PREÁMBULO LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE CONSIDERANDO que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido»), tras el resultado de un referéndum celebrado en el Reino Unido y su decisión soberana de abandonar la Unión Europea, notificó su intención de retirarse de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom») de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), que se aplica a la Euratom en virtud del artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»), DESEANDO establecer la forma de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom, teniendo cuenta el marco de sus relaciones futuras, TOMANDO NOTA de las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril y 15 de diciembre de 2017 y de 23 de marzo de 2018, según las cuales la Unión debe celebrar un acuerdo por el que se establezcan las modalidades de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom,

RECORDANDO que, en virtud del artículo 50 del TUE, en relación con el artículo 106 bis del Tratado Euratom, y a reserva de las modalidades establecidas en el presente Acuerdo, el Derecho de la Unión y de la Euratom en su totalidad dejará de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, DESTACANDO que el objetivo del presente Acuerdo es garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom, RECONOCIENDO que es necesario proporcionar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales del Reino Unido, así como a los miembros de sus familias respectivas, cuando hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de una fecha fijada en el presente Acuerdo, y garantizar que los derechos que les corresponden en virtud del presente Acuerdo sean exigibles y se basen en el principio de no discriminación; reconociendo asimismo que deben protegerse los derechos devengados por períodos de cotización a regímenes de seguridad social,

RESUELTOS a garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido, sin excluir la posibilidad de que las disposiciones pertinentes relativas a la separación sean sustituidas por el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,

CONSIDERANDO que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio o de ejecución durante el cual —a pesar de todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a la participación del Reino Unido en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en especial el fin, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de los mandatos de todos los miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se hubiesen nombrado, designado o elegido por la pertenencia del Reino Unido a la Unión— el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras, RECONOCIENDO que, aunque el Derecho de la Unión se aplique al y en el Reino Unido durante el período transitorio, las características específicas del Reino Unido, en cuanto Estado que se está retirando de la Unión, implican que será importante que el Reino Unido pueda tomar medidas para preparar y establecer nuevos acuerdos internacionales propios, inclusive en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, a condición de que dichos acuerdos no entren en vigor ni se apliquen durante ese período, a menos que la Unión lo autorice, RECORDANDO que la Unión y el Reino Unido han acordado respetar los compromisos mutuos contraídos cuando el Reino Unido aún era miembro de la Unión a través de una liquidación financiera única,

CONSIDERANDO que, para garantizar una interpretación y aplicación correctas del presente Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, es esencial establecer disposiciones que aseguren la gobernanza general, en particular normas vinculantes de solución de controversias y de garantía del cumplimiento que respeten plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido así como la condición de tercer país del Reino Unido, RECONOCIENDO que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en protocolos separados del presente Acuerdo, modalidades duraderas para dar respuesta a situaciones muy específicas relativas a Irlanda / Irlanda del Norte y a las zonas de soberanía en Chipre, RECONOCIENDO, además, que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en un protocolo separado del presente Acuerdo, modalidades específicas respecto de Gibraltar que sean aplicables, en particular, durante el período transitorio, RECALCANDO que el presente Acuerdo se fundamenta en un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones para la Unión y el Reino Unido, TOMANDO NOTA de que, en paralelo al presente Acuerdo, las Partes han efectuado una Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, CONSIDERANDO que existe la necesidad, tanto para el Reino Unido como para la Unión, de adoptar todas las medidas necesarias para empezar, tan pronto como sea posible después del 29 de marzo de 2019, las negociaciones formales de uno o varios acuerdos que regulen sus relaciones futuras, con el fin de garantizar que, en la medida de lo posible, dichos acuerdos se apliquen a partir del final del período transitorio,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

PRIMERA PARTE DISPOSICIONES COMUNES ARTÍCULO 1 Objetivo El presente Acuerdo establece las modalidades relativas a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom»).

ARTÍCULO 2 Definiciones A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a) «Derecho de la Unión»: i) el Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»), tal como han sido modificados o complementados, así como los Tratados de Adhesión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, denominados conjuntamente «los Tratados»; ii) los principios generales del Derecho de la Unión; iii) los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión; iv) los acuerdos internacionales en los que sea Parte la Unión y los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros en nombre de la Unión;

v) los acuerdos celebrados entre Estados miembros en calidad de Estados miembros de la Unión; vi) los actos de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo Europeo o del Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo»); vii) las declaraciones realizadas a raíz de las conferencias intergubernamentales en las que se adoptaron los Tratados; b) «Estados miembros»: el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia; c) «ciudadano de la Unión»: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro;



d) «nacional del Reino Unido»: un nacional del Reino Unido, como se define en la nueva declaración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 31 de diciembre de 1982, sobre la definición del término «nacionales» y en la declaración n.º 63 aneja al Acta Final de la conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa; e) «período transitorio»: el período previsto en el artículo 126; f) «día»: un día natural, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o de disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo. ARTÍCULO 3 Ámbito de aplicación territorial 1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias al Reino Unido o a su territorio en el presente Acuerdo se refieren a: a) el Reino Unido;

b) Gibraltar, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; c) las islas del Canal y la isla de Man, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a estas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

d) las zonas de soberanía de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea; e) los países y territorios de ultramar recogidos en el anexo II del TFUE que mantienen relaciones especiales con el Reino Unido, respecto de las disposiciones del presente Acuerdo referentes al régimen especial de asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión.

2. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a los Estados miembros, o a su territorio, en el presente Acuerdo abarcan los territorios de los Estados miembros a los que se aplican los Tratados como se dispone en el artículo 355 del TFUE. ARTÍCULO 4 Métodos y principios relativos a los efectos,

la puesta en ejecución y la aplicación del presente Acuerdo 1. Las disposiciones del presente Acuerdo y las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo producirán los mismos efectos jurídicos para el Reino Unido, y en su territorio, que los que produzcan en la Unión y en sus Estados miembros. Por lo tanto, las personas físicas o jurídicas podrán, en particular, invocar directamente las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, o indicadas en él, que cumplan las condiciones para tener efecto directo en virtud del Derecho de la Unión. 2. El Reino Unido garantizará el cumplimiento del apartado 1, incluido en lo relativo a las competencias de sus autoridades judiciales y administrativas para no aplicar disposiciones nacionales incoherentes o incompatibles, por medio del Derecho primario nacional.

3. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión o a conceptos o disposiciones de este se interpretarán y aplicarán conforme a los métodos y principios generales del Derecho de la Unión. 4. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su puesta en ejecución y su aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada antes del final del período transitorio.

5. Al interpretar y aplicar el presente Acuerdo, las autoridades judiciales y administrativas del Reino Unido tendrán debidamente en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada después del final del período transitorio. ARTÍCULO 5 Buena fe La Unión y el Reino Unido, con pleno respeto mutuo y de buena fe, se asistirán mutuamente en el cumplimiento de las tareas derivadas del presente Acuerdo.

Adoptarán todas las medidas apropiadas, tanto de índole general como particular, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos del presente Acuerdo. El presente artículo no afecta a la aplicación del Derecho de la Unión en virtud del presente Acuerdo, en particular al principio de cooperación leal. ARTÍCULO 6 Referencias al Derecho de la Unión 1. Con excepción de la cuarta y quinta partes, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, todas las referencias en el presente Acuerdo al Derecho de la Unión se entenderán como referencias al Derecho de la Unión, incluidas sus modificaciones y sustituciones, que sea de aplicación en el último día del período transitorio.

2. Cuando el presente Acuerdo se refiera a actos de la Unión o a disposiciones de estos, se entenderá que dicha referencia incluye, en su caso, una referencia al Derecho de la Unión o a disposiciones de este que, aunque hayan sido sustituidas por el acto referido, siguen aplicándose conforme a dicho acto.

3. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen las referencias a los correspondientes actos de la Unión que completen o ejecuten dichas disposiciones. ARTÍCULO 7 Referencias a la Unión y a los Estados miembros 1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a las autoridades competentes de estos en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen al Reino Unido y sus autoridades competentes, salvo en lo que respecta a: a) la designación, el nombramiento o la elección de miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como la participación en el proceso decisorio y la asistencia a las reuniones de las instituciones; b) la participación en el proceso decisorio y la gobernanza de los órganos y organismos de la Unión;

c) la asistencia a las reuniones de los comités a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión o de otras entidades similares, o a las reuniones de los grupos de expertos o entidades similares de los órganos y organismos de la Unión, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo. 2. Se entenderá que toda referencia a la Unión incluye a la Euratom salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8 Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, al final del período transitorio el Reino Unido dejará de tener derecho de acceso a toda red, sistema de información y base de datos establecidos con base en el Derecho de la Unión. El Reino Unido adoptará las medidas adecuadas para garantizar que no accede a ninguna red, sistema de información o base de datos respecto de los que deje de tener derecho de acceso.

SEGUNDA PARTE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 9

Definiciones A efectos de la presente parte, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, se entenderá por: a) «miembros de la familia»: las personas de la lista siguiente, con independencia de su nacionalidad, que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación personal previsto en el artículo 10 del presente Acuerdo: i) miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o miembros de la familia de nacionales del Reino Unido, tal y como se definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;

ii) aquellas personas, distintas de las definidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, cuya presencia sea obligatoria para que ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido no pierdan el derecho de residencia que se les reconoce en la presente parte; b) «trabajadores transfronterizos»: ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad económica de conformidad con el artículo 45 o el artículo 49 del TFUE en uno o más Estados en los que no residen; c) «Estado de acogida»: i) respecto de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, el Reino Unido, si han ejercido su derecho de residencia en dicho Estado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período; ii) respecto de los nacionales del Reino Unido y los miembros de sus familias, el Estado miembro en el que hayan ejercido su derecho de residencia con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y en el que sigan residiendo después de este período;

d) «Estado de trabajo»:

i) respecto de los ciudadanos de la Unión, el Reino Unido, si han ejercido una actividad económica como trabajadores transfronterizos en dicho Estado antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período; ii) respecto de los nacionales del Reino Unido, el Estado miembro en el que hayan ejercido una actividad económica como trabajadores transfronterizos antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período; e) «derechos de custodia»: derechos de custodia como se definen en el artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, que incluyen los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.

ARTÍCULO 10 Ámbito de aplicación personal 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, la presente parte se aplicará a las personas siguientes: a) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de residencia en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período; b) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho de residencia en un Estado miembro con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período; c) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho como trabajadores transfronterizos en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período; d) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho como trabajadores transfronterizos en uno o más Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período;



e) los miembros de la familia de las personas a que se refieren las letras a) a d), siempre que satisfagan una de las condiciones siguientes: i) haber residido en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y seguir residiendo en él después de este período; ii) tener un vínculo directo con una persona a que se refieren las letras a) a d) y haber residido fuera del Estado de acogida antes del final del período transitorio, siempre que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado; iii) ser descendiente consanguíneo o adoptivo de primer grado de las personas a que se refieren las letras a) a d) y que el nacimiento o la adopción haya tenido lugar después del final del período transitorio, en el Estado de acogida o en un lugar distinto, y satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado y cumpla una de las condiciones siguientes: – ambos progenitores pertenecen a una de las categorías de personas de las letras a) a d);

– uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y el otro es nacional del Estado de acogida; o – uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y tiene derecho de custodia compartida o exclusiva respecto del menor de conformidad con la normativa aplicable del Derecho de familia de un Estado miembro o del Reino Unido, incluida la normativa aplicable del Derecho internacional privado en virtud de la cual se reconocen en el Estado miembro o en el Reino Unido los derechos de custodia previstos en el Derecho de un tercer Estado, especialmente en cuanto al interés superior del menor, y sin perjuicio del funcionamiento normal de esa normativa aplicable del Derecho internacional privado; f) los miembros de la familia que hayan residido en el Estado de acogida con arreglo a los artículos 12 y 13, el artículo 16, apartado 2, y los artículos 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio y que sigan residiendo en él después de este período.

2. Las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE cuya residencia haya sido facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional antes del final del período transitorio conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva conservarán el derecho de residencia que les corresponda en el Estado de acogida conforme a la presente parte, siempre que sigan residiendo en el Estado de acogida después del período transitorio. 3. El apartado 2 del presente artículo se aplicará también a las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE que hayan solicitado la ayuda a la entrada y la residencia antes del final del período transitorio y cuya residencia esté siendo facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional después del período transitorio.

4. Sin perjuicio de un derecho de residencia personal que puedan tener los interesados, el Estado de acogida facilitará, con arreglo a su legislación nacional y al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, la entrada y la residencia a la pareja con la que la persona a la que se refiere el apartado 1, letras a) a d), del presente artículo mantenga una relación estable, debidamente probada, en caso de que dicha pareja no resida en el Estado de acogida antes del final del período transitorio y con la condición de que la relación fuese estable antes del final del período transitorio y lo siga siendo cuando la pareja solicite residencia en virtud de la presente parte. 5. En los supuestos descritos en los apartados 3 y 4, el Estado de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales de las personas concernidas y justificará las denegaciones de entrada o residencia de dichas personas.

ARTÍCULO 11 Continuidad de la residencia La continuidad de la residencia a efectos de los artículos 9 y 10 no se verá afectada por las ausencias a que se refiere el artículo 15, apartado 2. El derecho de residencia permanente adquirido en virtud de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio no será considerado como perdido por ausencia del Estado de acogida por un período especificado en el artículo 15, apartado 3. ARTÍCULO 12 No discriminación En el ámbito de aplicación de la presente parte y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en la misma, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo, en el sentido del artículo 18, párrafo primero, del TFUE, tanto en el Estado de acogida como en el Estado de trabajo.



TÍTULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO 1 DERECHOS RELACIONADOS CON LA RESIDENCIA Y DOCUMENTOS DE RESIDENCIA ARTÍCULO 13 Derechos de residencia 1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida con arreglo a las limitaciones y condiciones establecidas en los artículos 21, 45 o 49 del TFUE y en el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letras a), b) o c), y apartado 3, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.

2. Los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letra d), el artículo 12, apartados 1 o 3, el artículo 13, apartado 1, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartados 3 y 4, de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones.

3. Los miembros de la familia que no sean ni ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 12, apartados 2 o 3, el artículo 13, apartado 2, el artículo 14, el artículo 16, apartado 2, el artículo 17, apartados 3 o 4, o el artículo 18 de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones. 4. El Estado de acogida no podrá imponer limitaciones ni condiciones distintas de las que se contemplan en el presente título para la obtención, la conservación o la pérdida de los derechos de residencia por parte de las personas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3. Solo se podrá ejercer discrecionalidad en la aplicación de las limitaciones y condiciones previstas en el presente título para favorecer a los interesados.

ARTÍCULO 14 Derecho de salida y de entrada 1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título tendrán derecho a salir del Estado de acogida y entrar en este en los términos del artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/38/CE con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y el resto de personas que no sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido. Transcurridos cinco años desde el final del período transitorio, el Estado de acogida podrá dejar de aceptar los documentos nacionales de identidad a efectos de la entrada en su territorio o la salida del mismo si dichos documentos no incorporan un chip que cumpla las normas aplicables de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de identificación biométrica. 2. A los titulares de un documento válido expedido con arreglo a los artículos 18 o 26 no se les exigirán visados de entrada ni visados de salida, ni se les someterá a obligaciones equivalentes.

3. Cuando el Estado de acogida exija un visado de entrada a los miembros de la familia que vayan a reunirse con un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido después del final del período transitorio, el Estado de acogida concederá a estas personas todas las facilidades necesarias para obtener el visado. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado. ARTÍCULO 15

Derecho de residencia permanente 1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión por un período continuado de cinco años o por el período especificado en el artículo 17 de la Directiva 2004/38/CE tendrán derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en los artículos 16, 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio. 2. La continuidad de la residencia a efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente se determinará con arreglo al artículo 16, apartado 3, y el artículo 21 de la Directiva 2004/38/CE.

3. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente solo se perderá por ausencia del Estado de acogida durante más de cinco años consecutivos. ARTÍCULO 16 Acumulación de períodos Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE por un período inferior a cinco años tendrán derecho a adquirir el derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en el artículo 15 del presente Acuerdo una vez hayan completado los períodos de residencia exigidos. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio.

ARTÍCULO 17 Variaciones en la condición de residente

1. El derecho de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, a invocar lo dispuesto en la presente parte no se verá afectado por los cambios en su condición, por ejemplo entre estudiante, trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia o persona sin actividad económica. Las personas que, al final del período transitorio, disfruten de un derecho de residencia en cuanto miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o de nacionales del Reino Unido no podrán formar parte de las categorías de personas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letras a) a d). 2. Los derechos que el presente título reconoce a los miembros de la familia que estén a cargo de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio seguirán vigentes incluso cuando dejen de estar a su cargo.

ARTÍCULO 18 Expedición de documentos de residencia 1. El Estado de acogida podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas, que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título, que soliciten una nueva condición de residente, que otorgue los derechos del presente título, y un documento que la acredite, que podrá estar en formato digital. La solicitud de dicha condición de residente estará sujeta a las condiciones siguientes: a) La finalidad del procedimiento de solicitud será comprobar que a la persona solicitante le corresponden los derechos de residencia establecidos en el presente título. Cuando así sea, la persona solicitante tendrá derecho a que se le otorgue la condición de residente y un documento que la acredite. b) Las personas que residan en el Estado de acogida antes del final del período transitorio tendrán un plazo no inferior a seis meses desde el final del período transitorio para presentar la solicitud. En el caso de las personas cuyo derecho de residencia en el Estado de acogida comience después del final del período transitorio con arreglo al presente título, el plazo para presentar la solicitud será de tres meses desde su llegada o desde el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero, si esta última fecha fuere posterior.

Se expedirá inmediatamente un certificado de solicitud de condición de residente.

c) El plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) se prorrogará automáticamente por un año si la Unión notifica al Reino Unido, o el Reino Unido a la Unión, que debido a problemas técnicos el Estado de acogida no puede registrar la solicitud o expedir el certificado de la solicitud a que se refiere la letra b). El Estado de acogida publicará dicha notificación y proporcionará información pública adecuada a los interesados con tiempo suficiente. d) En caso de incumplimiento del plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) por los interesados, las autoridades competentes valorarán las circunstancias y los motivos por los que se ha producido el incumplimiento y concederán al interesado un plazo adicional suficiente para presentar la solicitud si los motivos del incumplimiento están fundados. e) El Estado de acogida velará por que los procedimientos administrativos relativos a las solicitudes sean expeditos, transparentes y sencillos y por que se eliminen las trabas administrativas innecesarias. f) Los formularios de solicitud serán cortos, sencillos, de uso fácil y estarán adaptados al contexto del presente Acuerdo; las distintas solicitudes procedentes de una misma familia que se presenten a la vez se tramitarán conjuntamente.

g) El documento acreditativo de la condición de residente se expedirá con carácter gratuito o mediante pago de una tasa que no rebase la impuesta a los ciudadanos o nacionales del Estado de acogida por la expedición de documentos similares. h) Las personas que, antes del final del período transitorio, sean titulares de un documento válido de residencia permanente expedido con arreglo a los artículos 19 o 20 de la Directiva 2004/38/CE o de un documento nacional válido de inmigrante que otorgue un derecho de residencia permanente en el Estado de acogida tendrán derecho a cambiar dicho documento en el plazo indicado en la letra b) del presente apartado por un nuevo documento de residencia mediante solicitud y una vez se haya verificado su identidad, se haya realizado un control de antecedentes penales y de seguridad con arreglo a la letra p) del presente apartado y se haya confirmado el carácter continuado de su residencia; el nuevo documento de residencia será expedido gratuitamente. i) La identidad de los solicitantes se acreditará con la presentación de un pasaporte o un documento nacional de identidad válidos, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con la presentación de un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y otras personas que no sean ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido; la admisión de dichos documentos de identidad no podrá depender de otro criterio que no sea la validez del documento. Si durante la tramitación de la solicitud el documento de identidad obra en poder de las autoridades competentes del Estado de acogida, el interesado podrá solicitar su restitución, que el Estado de acogida realizará sin demora y, a más tardar, antes de que se resuelva la solicitud.

j) Se podrá presentar copia de la documentación justificativa, como la relativa al estado civil, con excepción de los documentos de identidad. Solo se podrá exigir la presentación de los originales de la documentación justificativa en casos específicos en los que se alberguen dudas fundadas sobre su autenticidad. k) El Estado de acogida solo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indican en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE: i) si residen en el Estado de acogida como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, una declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo, o una prueba de que trabajan por cuenta propia;

ii) si residen en el Estado de acogida como personas sin actividad económica con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado de acogida; o

iii) si residen en el Estado de acogida como estudiantes con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que están matriculados en un centro reconocido o financiado por el Estado de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, prueba de que disponen de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, así como una declaración o medio de prueba equivalente de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado de acogida durante su período de residencia; el Estado de acogida no podrá exigir que dichas declaraciones hagan referencia a una cantidad determinada de recursos. Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes. l) El Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso i), apartado 2 o apartado 3, del presente Acuerdo y que residan en el Estado de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d), o apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, o en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE: i) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;

ii) el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que residen reside efectivamente en el Estado de acogida; iii) en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE; iv) en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartados 2 o 3, del presente Acuerdo, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de acogida conforme al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes respecto de los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido.

m) El Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii), o apartado 4, del presente Acuerdo que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE:

i) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada; ii) el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que se vayan a reunir en el Estado de acogida reside en dicho Estado; iii) en el caso de los cónyuges o las parejas de hecho registradas, un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada antes del final del período transitorio; iv) en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de su parentesco con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE relacionados con la edad o la situación de dependencia;

v) en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartado 4, del presente Acuerdo, prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y después de este. n) En aquellos casos distintos de los señalados en las letras k), l) y m), el Estado de acogida no exigirá a los solicitantes documentación justificativa que exceda de lo que sea estrictamente necesario y proporcionado para demostrar que se cumplen las condiciones relativas al derecho de residencia establecidas en el presente título. o) Las autoridades competentes del Estado de acogida ayudarán a que los solicitantes prueben que reúnen los requisitos y no cometan errores u omisiones en su solicitud; asimismo, concederán a los solicitantes la oportunidad de aportar material probatorio complementario y de subsanar deficiencias, errores u omisiones. p) Se podrán realizar controles de antecedentes penales y de seguridad a los solicitantes de forma sistemática únicamente para comprobar si son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 20 del presente Acuerdo. A tal fin, se podrá exigir a los solicitantes que declaren las condenas penales que figuren en sus antecedentes penales de conformidad con el Derecho del Estado de la condena en el momento de la solicitud. El Estado de acogida podrá aplicar, si considera que es necesario, el procedimiento establecido en el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE a las peticiones de consulta a otros Estados sobre antecedentes penales.

q) El nuevo documento de residencia mencionará que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo. r) Los solicitantes podrán interponer recursos judiciales y, en su caso, administrativos en el Estado de acogida contra las decisiones por las que se deniegue la condición de residente. En dichos recursos se podrá solicitar un examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que se basa la decisión. La finalidad del procedimiento de recurso será garantizar que la decisión no sea desproporcionada.

2. Durante el período a que se refiere el apartado 1, letra b), del presente artículo y su eventual prórroga de un año con arreglo a la letra c) del mismo apartado, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el Estado de acogida con arreglo a las condiciones y restricciones establecidas en el artículo 20. 3. Hasta que la autoridad competente tome la decisión final, en el caso de las solicitudes a que se refiere el apartado 1, y hasta que se dicte la sentencia definitiva, en el caso de los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades administrativas competentes por las que se deniegan dichas solicitudes, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los solicitantes y recurrentes, incluido el artículo 21 relativo a las garantías y el derecho a recurrir, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 4.

4. Si el Estado de acogida opta por que los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título no tengan que solicitar una nueva condición de residente con arreglo al apartado 1 para tener residencia legal, las personas a las que corresponda uno de los derechos de residencia establecidos en el presente título tendrán derecho a recibir, con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, un documento de residencia, que podrá estar en formato digital, que mencione que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo. ARTÍCULO 19 Expedición de documentos de residencia durante el período transitorio 1. Durante el período transitorio, el Estado de acogida podrá permitir la presentación voluntaria de solicitudes de condición de residente o de documento de residencia a que se refiere el artículo 18, apartados 1 y 4, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. 2. Las decisiones por las que se acepten o rechacen dichas solicitudes se adoptarán con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 4. Las decisiones que se adopten con arreglo al artículo 18, apartado 1, solo surtirán efecto después del final del período transitorio.

3. Cuando se acepte una solicitud a que se refiere el artículo 18, apartado 1, antes del final del período transitorio, el Estado de acogida solo podrá retirar la decisión por la que otorgue la condición de residente antes del final del período transitorio con base en alguno de los motivos establecidos en el capítulo VI y el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE. 4. Si se rechaza una solicitud antes del final del período transitorio, la persona solicitante podrá presentar una nueva solicitud en cualquier momento antes del final del período establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b).

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los recursos a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra r), se podrán interponer a partir de la fecha de la decisión por la que se rechace una solicitud prevista en el apartado 2 del presente artículo. ARTÍCULO 20 Limitaciones de los derechos de residencia y entrada 1. La conducta personal antes del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título se valorará con arreglo al capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE.

2. La conducta personal después del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título podrá constituir un motivo para la restricción del derecho de residencia por parte del Estado de acogida o del derecho de entrada en el Estado de trabajo con arreglo a la legislación nacional. 3. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por el presente título en caso de abuso de derecho o fraude, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE. Estas medidas estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en el artículo 21 del presente Acuerdo. 4. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán expulsar de su territorio a los solicitantes que hayan presentado solicitudes fraudulentas o con abuso de derecho con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, en particular los artículos 31 y 35, incluso antes de que se dicte sentencia firme en caso de interposición de un recurso judicial contra la decisión que deniegue la solicitud. ARTÍCULO 21 Garantías y derecho a recurrir

Las garantías establecidas en el artículo 15 y el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE se aplicarán respecto de las decisiones del Estado de acogida que restrinjan los derechos de residencia de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 22 Derechos conexos De conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2004/38/CE e independientemente de su nacionalidad, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en el Estado de acogida o el Estado de trabajo tendrán derecho a trabajar por cuenta propia o ajena en él. ARTÍCULO 23 Igualdad de trato 1. De conformidad con el artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE y con sujeción a las disposiciones específicas establecidas en el presente título y en los títulos I y IV de la presente parte, todos los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo al presente Acuerdo gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en los ámbitos tratados en la presente parte. El disfrute de este derecho será extensivo a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que sean titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los períodos de residencia a que se refiere el artículo 6 o el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, el Estado de acogida no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente con arreglo al artículo 15 del presente Acuerdo, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que no sean trabajadoras por cuenta ajena o propia, a personas que mantengan dicha condición o a miembros de sus familias.

CAPÍTULO 2

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ARTÍCULO 24 Derechos de los trabajadores por cuenta ajena 1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 45, apartados 3 y 4, del TFUE, los trabajadores por cuenta ajena en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta ajena en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en el artículo 45 del TFUE y los derechos que confiere el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes: a) el derecho a no ser objeto de discriminación por razón de la nacionalidad, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo y de empleo; b) el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla con arreglo a las normas aplicables a los nacionales del Estado de acogida o del Estado de trabajo; c) el derecho a recibir la misma asistencia que las oficinas de empleo del Estado de acogida o del Estado de trabajo conceden a sus propios nacionales;

d) el derecho a recibir un trato igualitario en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, en caso de desempleo; e) el derecho a las ventajas sociales y fiscales;

f) los derechos colectivos; g) los derechos y ventajas concedidos a los trabajadores nacionales en materia de alojamiento; h) el derecho a que los hijos sean admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida o el Estado de trabajo, si esos hijos residen en el territorio en el que el trabajador por cuenta ajena desempeña su actividad. 2. Si el descendiente directo de un trabajador por cuenta ajena que deje de residir en el Estado de acogida está escolarizado en dicho Estado, la persona que ejerza la guarda y custodia de este descendiente tendrá derecho a residir en dicho Estado hasta que el descendiente sea mayor de edad e incluso después de la mayoría de edad si el descendiente sigue necesitando la presencia y la atención de la persona que ejerza la guarda y custodia para completar sus estudios.

3. Los trabajadores fronterizos por cuenta ajena gozarán del derecho de salida y de entrada en el Estado de trabajo con arreglo al artículo 14 del presente Acuerdo y conservarán los derechos que les correspondían en cuanto trabajadores por cuenta ajena en dicho Estado, siempre que se encuentren en uno de los casos contemplados en el artículo 7, apartado 3, letras a), b), c) y d), de la Directiva 2004/38/CE, aun cuando no cambien el lugar de su residencia al Estado de trabajo. ARTÍCULO 25 Derechos de los trabajadores por cuenta propia 1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en los artículos 51 y 52 del TFUE, los trabajadores por cuenta propia en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta propia en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en los artículos 49 y 55 del TFUE. Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes: a) el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla por cuenta propia y a constituir y administrar empresas en las condiciones fijadas por el Estado de acogida para sus propios nacionales, como establece el artículo 49 del TFUE; b) los derechos establecidos en el artículo 24, apartado 1, letras c) a h), del presente Acuerdo.

2. El artículo 24, apartado 2, se aplicará a los descendientes directos de los trabajadores por cuenta propia. 3. El artículo 24, apartado 3, se aplicará a los trabajadores fronterizos por cuenta propia.

ARTÍCULO 26 Expedición de un documento que acredite los derechos de los trabajadores transfronterizos El Estado de trabajo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que disfruten de derechos establecidos en el presente título en cuanto trabajadores fronterizos por cuenta ajena que soliciten un documento que acredite que son titulares de dichos derechos en virtud del presente título. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que así lo soliciten tendrán derecho a que se les expida dicho documento.

CAPÍTULO 3 CUALIFICACIONES PROFESIONALES ARTÍCULO 27

Reconocimiento de las cualificaciones profesionales 1. El reconocimiento, antes del final del período transitorio, de las cualificaciones profesionales, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de los ciudadanos de la Unión o de los nacionales del Reino Unido, y los miembros de sus familias, por su Estado de acogida o su Estado de trabajo seguirá surtiendo efecto en el Estado respectivo, incluido el derecho a ejercer su profesión en las mismas condiciones que sus nacionales si dicho reconocimiento se ha efectuado de conformidad con alguna de las disposiciones siguientes: a) el título III de la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el contexto del ejercicio de la libertad de establecimiento, independientemente de si dicho reconocimiento se produjo en virtud del régimen general de reconocimiento de títulos de formación, el régimen de reconocimiento de la experiencia profesional o el régimen de reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación;

b) el artículo 10, apartados 1 y 3, de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso a la profesión de abogado en el Estado de acogida o el Estado de trabajo; c) el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la autorización de los auditores legales de otro Estado miembro; d) la Directiva 74/556/CEE del Consejo en lo que respecta a la admisión de elementos de prueba de los conocimientos y aptitudes necesarios para acceder a las actividades no asalariadas de comercio y distribución de productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las actividades de intermediario, y para ejercerlas.

2. El reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos del apartado 1, letra a), del presente artículo incluirá: a) las cualificaciones profesionales reconocidas en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE; b) las decisiones que concedan acceso parcial a una actividad profesional con arreglo al artículo 4 septies de la Directiva 2005/36/CE; c) las cualificaciones profesionales reconocidas a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.



ARTÍCULO 28 Procedimientos en curso de reconocimiento de cualificaciones profesionales La Directiva 74/556/CEE, el artículo 4, el artículo 4 quinquies, en lo relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento, el artículo 4 septies y el título III de la Directiva 2005/36/CE, el artículo 10, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 98/5/CE y el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE se aplicarán respecto del examen, por parte de una autoridad competente del Estado de acogida o del Estado de trabajo, de las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales que presenten los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio y de las decisiones que resuelvan dichas solicitudes. También se aplicarán los artículos 4 bis, 4 ter y 4 sexies de la Directiva 2005/36/CE en la medida en que sea pertinente para finalizar los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de dicha Directiva.

ARTÍCULO 29 Cooperación administrativa en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales 1. El Reino Unido y los Estados miembros cooperarán para facilitar la aplicación del artículo 28 en cuanto a las solicitudes a que se refiere dicho artículo y que estén en curso. Esta cooperación podrá abarcar el intercambio de información, especialmente la información relativa a las medidas disciplinarias o a las sanciones penales o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que pueda tener consecuencias para el ejercicio de actividades que entran dentro del ámbito de las Directivas mencionadas en el artículo 28. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, durante un período no superior a nueve meses desde el final del período transitorio, el Reino Unido podrá utilizar el sistema de información del mercado interior en relación con las solicitudes a que se refiere el artículo 28 siempre que correspondan a procedimientos para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento con arreglo al artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.

TÍTULO III

COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ARTÍCULO 30 Ámbito de aplicación personal 1. El presente título se aplicará a las personas siguientes: a) ciudadanos de la Unión sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites; b) nacionales del Reino Unido sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites; c) ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido y estén sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;

d) nacionales del Reino Unido que residan en un Estado miembro y estén sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites; e) personas no comprendidas en las letras a) a d) que sean:

i) ciudadanos de la Unión que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Reino Unido al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, estén sujetos a la legislación de un Estado miembro, así como los miembros de sus familias y sus supérstites; o ii) nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en uno o más Estados miembros al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, estén sujetos a la legislación del Reino Unido, así como los miembros de sus familias y sus supérstites; f) personas apátridas y refugiadas que residan en un Estado miembro o en el Reino Unido y que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e), así como los miembros de sus familias y sus supérstites;

g) nacionales de terceros países, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e) siempre que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003 del Consejo. 2. Las personas a que se refiere el apartado 1 estarán amparadas todo el tiempo en el que se encuentren, sin interrupciones, en una de las situaciones descritas en dicho apartado que incluya a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo. 3. El presente título también se aplicará a las personas que no estén o hayan dejado de estar comprendidas en las letras a) a e) del apartado 1 del presente artículo, pero que estén comprendidas en el artículo 10 del presente Acuerdo, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites. 4. Las personas a que se refiere el apartado 3 estarán cubiertas durante el tiempo en que sigan teniendo derecho a residir en el Estado de acogida en virtud del artículo 13 del presente Acuerdo o derecho a trabajar en su Estado de trabajo en virtud del artículo 24 o 25 del presente Acuerdo. 5. Cuando el presente artículo se refiere a los miembros de sus familias y a los supérstites, se entiende que dichas personas están cubiertas por el presente título solo en la medida en que sean titulares de derechos y obligaciones en calidad de tales en virtud del Reglamento (CE) n.º 883/2004.

ARTÍCULO 31 Normas de coordinación en materia de seguridad social

1. Las normas y objetivos establecidos en el artículo 48 del TFUE, en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 y en el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicarán a las personas cubiertas por el presente título. La Unión y el Reino Unido tendrán debidamente en cuenta las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social vinculada a la Comisión Europea, y creada en virtud del Reglamento (CE) n.º 883/2004 (en lo sucesivo, «Comisión Administrativa»), cuya lista figura en el anexo I, parte I, del presente Acuerdo. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del presente Acuerdo, a efectos del presente título se aplicarán las definiciones del artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 883/2004.

3. Por lo que se refiere a los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003, así como los miembros de sus familias o sus supérstites incluidos en el ámbito de aplicación del presente título, se entenderá que las referencias al Reglamento (CE) n.º 883/2004 y al Reglamento (CE) n.º 987/2009 en el presente título se refieren al Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo y al Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo, respectivamente. Se entenderá que las referencias a disposiciones específicas del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y del Reglamento (CE) n.º 987/2009 se refieren a las disposiciones correspondientes del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.º 574/72.

ARTÍCULO 32 Situaciones especiales abarcadas 1. Las normas siguientes se aplicarán a las situaciones siguientes dentro de los límites definidos por el presente artículo, y en la medida en que incumban a personas que no estén comprendidas en el artículo 30 o que dejen de estarlo. a) Las personas siguientes estarán amparadas por el presente título a efectos de hacer valer y totalizar períodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia, en especial los derechos y obligaciones derivados de dichos períodos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 883/2004: i) los ciudadanos de la Unión, así como los apátridas y refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003, que estuviesen sujetos a la legislación del Reino Unido antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites;

ii) los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003, que estuviesen sujetos a la legislación de un Estado miembro antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites.

A efectos de la totalización de los períodos, se tendrán en cuenta los períodos completados antes y después del final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/2004. b) Las normas establecidas en los artículos 20 y 27 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 seguirán aplicándose a aquellas personas que, antes del final del período transitorio, hubiesen solicitado una autorización para recibir un tratamiento sanitario programado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/2004, hasta el final del tratamiento. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe el tratamiento. Dichas personas y las personas que las acompañen gozarán del derecho de entrada y de salida en el Estado en el que se efectúe el tratamiento en los términos del artículo 14, mutatis mutandis. c) Las normas establecidas en los artículos 19 y 27 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 seguirán aplicándose a las personas amparadas por el Reglamento (CE) n.º 883/2004 y que estén realizando una estancia, al final del período transitorio, en un Estado miembro o en el Reino Unido, hasta el final de dicha estancia. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe la estancia o el tratamiento.

d) Las normas establecidas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 seguirán aplicándose, siempre y cuando se cumplan las condiciones pertinentes, a la concesión de prestaciones familiares a las personas siguientes que tengan derecho a ello al final del período transitorio: i) los ciudadanos de la Unión, los apátridas y los refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003 y residan en un Estado miembro, que estén sujetos a la legislación de un Estado miembro y tengan miembros de su familia residiendo en el Reino Unido al final del período transitorio; ii) los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.º 859/2003 y residan en el Reino Unido, que estén sujetos a la legislación del Reino Unido y tengan miembros de su familia residiendo en un Estado miembro al final del período transitorio. e) En las situaciones contempladas en la letra d), incisos i) y ii), del presente apartado, seguirán aplicándose el Reglamento (CE) n.º 883/2004 y las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.º 987/2009, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en estos, a las personas que tengan derechos en cuanto miembros de la familia al final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/2004, como los derechos derivados de las prestaciones de enfermedad en especie.

2. Las disposiciones del título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 relativas a las prestaciones de enfermedad se aplicarán a las personas que reciban prestaciones en virtud del apartado 1, letra a), del presente artículo. El presente apartado se aplicará, mutatis mutandis, en lo relativo a las prestaciones familiares basadas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.º 883/2004.

ARTÍCULO 33 Nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza 1. Las disposiciones del presente título aplicables a los ciudadanos de la Unión se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, con la condición de que: a) Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con el Reino Unido que se apliquen a los ciudadanos de la Unión; y b) Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con la Unión que se apliquen a los nacionales del Reino Unido.

2. Una vez se produzca la notificación por parte del Reino Unido y de la Unión de la fecha de entrada en vigor de los acuerdos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el Comité Mixto que establece el artículo 164 (en lo sucesivo, «Comité Mixto») fijará la fecha a partir de la cual las disposiciones del presente título se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, según proceda. ARTÍCULO 34 Cooperación administrativa 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 128, apartado 1, el Reino Unido tendrá la condición de observador en la Comisión Administrativa desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Cuando los puntos del orden del día relacionados con el presente título se refieran al Reino Unido, este podrá enviar a un representante, para asistir con carácter consultivo, a las reuniones de la Comisión Administrativa y a las reuniones de los organismos a que se refieren los artículos 73 y 74 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 en las que se traten dichos puntos.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido participará en el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI, por sus siglas en inglés) y asumirá los gastos correspondientes.

ARTÍCULO 35 Reembolso, recuperación y compensación Las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 sobre reembolso, recuperación y compensación seguirán aplicándose en relación con acontecimientos que, en la medida en que se refieran a personas que no estén cubiertas por el artículo 30: a) hayan ocurrido antes del final del período transitorio; o b) ocurran después del final del período transitorio y se refieran a personas que estaban cubiertas por los artículos 30 o 32 en el momento en que ocurrió el acontecimiento.

ARTÍCULO 36 Evolución legislativa y adaptaciones de actos de la Unión 1. Cuando se modifiquen o sustituyan los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 después del final del período transitorio, se entenderá que las referencias a dichos Reglamentos en el presente Acuerdo se refieren a dichos Reglamentos en su versión modificada o sustituida, de conformidad con los actos que figuran en la lista del anexo I, parte II, del presente Acuerdo.

El Comité Mixto revisará el anexo I, parte II, del presente Acuerdo y la adaptará sobre la base de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 en cuanto la Unión adopte dichos actos. A tal efecto, la Unión informará al Reino Unido en el Comité Mixto de los actos que modifiquen o sustituyan a dichos Reglamentos a la mayor brevedad tras la adopción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, el Comité Mixto evaluará los efectos de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 cuando dichos actos: a) modifiquen o sustituyan a las materias reguladas por el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 883/2004; o

b) hagan exportables las prestaciones en metálico que eran inexportables con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/2004 al final del período transitorio, o hagan inexportables las prestaciones en metálico que fuesen a ser exportables al final del período transitorio; o c) hagan exportables por un período ilimitado prestaciones en metálico que solo lo fuesen por un período limitado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 883/2004 al final del período transitorio, o hagan exportables por un período limitado prestaciones en metálico que lo fuesen por un período ilimitado con arreglo a dicho Reglamento al final del período transitorio. Al llevar a cabo la evaluación, el Comité Mixto examinará de buena fe el alcance de los cambios a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, así como la importancia de mantener el buen funcionamiento de los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 entre la Unión y el Reino Unido y la importancia de que haya un Estado competente en relación con las personas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004. Si el Comité Mixto así lo decide en un plazo de seis meses desde la recepción de la información proporcionada por la Unión en virtud del apartado 1, el anexo I, parte II, del presente Acuerdo no se adaptará para reflejar la adopción del acto a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.

A efectos del presente apartado, se entiende por: a) «exportable»: pagadero en virtud del Reglamento (CE) n.º 883/2004 a una persona, o respecto de una persona, que resida en un Estado miembro o en el Reino Unido si la institución encargada de conceder la prestación no está ubicada en este; «inexportable» se interpretará en consecuencia; y b) «exportable por un período ilimitado»: exportable en tanto que se cumplan las condiciones que dan derecho a prestación.

3. Se entenderá que las referencias a los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 abarcan, a efectos del presente Acuerdo, las adaptaciones que figuran en la parte III del anexo I del presente Acuerdo. A la mayor brevedad tras la adopción de cualquier cambio de las disposiciones nacionales que sean pertinentes para el anexo I, parte III, del presente Acuerdo, el Reino Unido informará a la Unión al respecto en el Comité Mixto. 4. Se entenderá que las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa abarcan, a efectos del presente Acuerdo, las decisiones y recomendaciones que figuran en el anexo I, parte I. El Comité Mixto modificará el anexo I, parte I, para reflejar las nuevas decisiones o recomendaciones adoptadas por la Comisión Administrativa. A tal efecto, a la mayor brevedad tras la adopción de las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa, la Unión informará al Reino Unido al respecto en el Comité Mixto. El Comité Mixto realizará dichas modificaciones a propuesta de la Unión o del Reino Unido.

TÍTULO IV OTRAS DISPOSICIONES ARTÍCULO 37 Publicidad Los Estados miembros y el Reino Unido difundirán la información relativa a los derechos y obligaciones de las personas amparadas por la presente parte, en particular mediante campañas de concienciación llevadas a cabo, según proceda, en medios de comunicación nacionales y locales y en otros canales de comunicación. ARTÍCULO 38 Disposiciones más favorables

1. La presente parte no afectará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados de acogida o los Estados de trabajo cuando estas resulten más favorables para los interesados. El presente apartado no se aplicará al título III.

2. El artículo 12 y el artículo 23, apartado 1, no impedirán la aplicación del régimen de la Zona de Viaje Común entre el Reino Unido e Irlanda cuando de las disposiciones de este pueda resultar un trato más favorable para los interesados. ARTÍCULO 39 Protección de por vida Las personas amparadas por la presente parte gozarán de por vida de los derechos previstos en los títulos pertinentes de la presente parte, salvo que dejen de cumplir las condiciones establecidas en dichos títulos.

TERCERA PARTE DISPOSICIONES SOBRE LA SEPARACIÓN TÍTULO I

BIENES INTRODUCIDOS EN EL MERCADO ARTÍCULO 40 Definiciones A efectos del presente título, se entenderá por: a) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un bien para su distribución, consumo o utilización en el mercado en el transcurso de una actividad comercial; b) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de un bien en el mercado de la Unión o del Reino Unido;

c) «suministro de un bien para su distribución, consumo o utilización»: que, una vez terminada la fase de fabricación, un bien real e individualmente identificable es objeto de un acuerdo escrito o verbal entre dos o más personas físicas o jurídicas para la transmisión de la propiedad, cualquier otro derecho real o la posesión del bien en cuestión, o es objeto de una oferta a una persona física o jurídica o a varias para celebrar dicho acuerdo; d) «puesta en servicio»: la primera utilización de un bien en la Unión o el Reino Unido por parte del usuario final para los fines pretendidos o, en el caso del equipo marino, la instalación a bordo; e) «vigilancia del mercado»: actividades llevadas a cabo y medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado para velar por que los bienes cumplan los requisitos aplicables y no entrañen un riesgo para la salud, la seguridad u otros aspectos relacionados con la protección del interés público; f) «autoridad de vigilancia del mercado»: una autoridad de un Estado miembro o del Reino Unido que es responsable de ejercer la vigilancia del mercado en su territorio;



g) «condiciones para la comercialización de bienes»: los requisitos relativos a las características de los bienes, como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad, o las dimensiones, incluidos los relativos a la composición de dichos bienes o la terminología, los símbolos, los ensayos y los métodos de ensayo, el embalaje, el marcado, el etiquetado y los procedimientos de evaluación de la conformidad utilizados en relación con dichos bienes; este término también abarca los requisitos relativos a los métodos y procesos de producción cuando estos afecten a las características del producto; h) «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, entre las que se incluyen el calibrado, el ensayo, la certificación y la inspección; i) «organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad con autorización para llevar a cabo tareas de evaluación de la conformidad por terceros en virtud de normas del Derecho de la Unión que armonizan las condiciones para la comercialización de bienes; j) «productos de origen animal»: los productos de origen animal, los subproductos animales y los productos derivados a que se refiere el artículo 4, puntos 29, 30 y 31 respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, los piensos de origen animal y los alimentos y piensos que contienen productos de origen animal.

ARTÍCULO 41 Prorrogación de la circulación de bienes introducidos en el mercado 1. Cualquier bien que se haya introducido legalmente en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio podrá: a) seguir comercializándose en el mercado de la Unión o del Reino Unido y circular entre estos dos mercados hasta que llegue al usuario final; b) ponerse en servicio en la Unión o el Reino Unido cuando así lo prevean las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión.

2. Se aplicarán respecto de los bienes a que se refiere el apartado 1 los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 del TFUE y en el Derecho de la Unión aplicable que regule la comercialización de bienes y sea aplicable a los bienes en cuestión, incluidas las condiciones para la comercialización de bienes. 3. El apartado 1 se aplicará a todos los bienes reales e individualmente identificables en el sentido del título II de la tercera parte del TFUE, a excepción de la circulación entre el mercado de la Unión y el mercado del Reino Unido, y viceversa, de: a) animales vivos y productos reproductivos; y b) productos de origen animal.

4. Por lo que respecta a los desplazamientos de animales vivos o de productos reproductivos entre un Estado miembro y el Reino Unido, o viceversa, se aplicarán las disposiciones del Derecho de la Unión que figuran en el anexo II siempre que la fecha de salida sea anterior al final del período transitorio. 5. El presente artículo no impedirá que el Reino Unido, un Estado miembro o la Unión adopten medidas para prohibir o restringir la comercialización en su mercado de un bien en el sentido del apartado 1, o de una categoría de tales bienes, en la medida en que lo permita el Derecho de la Unión. 6. Las disposiciones del presente título se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables en materia de condiciones de venta, propiedad intelectual e industrial, procedimientos aduaneros, aranceles e impuestos. ARTÍCULO 42 Prueba de introducción en el mercado Cuando un operador económico invoque el artículo 41, apartado 1, con respecto a un bien específico, le corresponderá la carga de la prueba, por medio de cualquier documento pertinente, de que el bien ha sido introducido en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio.



ARTÍCULO 43 Vigilancia del mercado 1. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido se comunicarán sin demora cualquier información pertinente sobre los bienes a que se refiere el artículo 41, apartado 1, recabada en el contexto de sus respectivas actividades de vigilancia del mercado. En particular, se comunicarán entre sí y a la Comisión Europea cualquier información relativa a bienes que supongan un riesgo grave, así como las medidas adoptadas en relación con bienes no conformes, incluida la información pertinente extraída de las redes, sistemas de información y bases de datos establecidos en virtud del Derecho de la Unión o del Reino Unido en relación con dichos bienes. 2. Los Estados miembros y el Reino Unido transmitirán sin demora las solicitudes de las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido o de un Estado miembro, respectivamente, a un organismo de evaluación de la conformidad establecido en su territorio, cuando la solicitud se refiera a una evaluación de la conformidad realizada por dicho organismo en calidad de organismo notificado antes del final del período transitorio. Los Estados miembros y el Reino Unido velarán por que el organismo de evaluación de la conformidad tramite rápidamente las solicitudes de este tipo.

ARTÍCULO 44 Remisión de expedientes y documentos relativos a procedimientos en curso El Reino Unido remitirá sin demora a la autoridad competente de un Estado miembro que se designe de conformidad con los procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión aplicable todos los expedientes o documentos pertinentes en relación con las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones que estén en curso el día anterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo de las que se sea responsable una autoridad competente del Reino Unido con arreglo al Reglamento (UE) n.º 528/2012, el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, la Directiva 2001/83/CE o la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

ARTÍCULO 45

Disponibilidad de la información relacionada con antiguos procedimientos

de autorización de medicamentos 1. Previa solicitud motivada de un Estado miembro o de la Agencia Europea de Medicamentos, el Reino Unido facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente del Reino Unido antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización con arreglo a los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE. 2. Previa solicitud motivada del Reino Unido, el Estado miembro de que se trate facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente de dicho Estado miembro antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización en el Reino Unido con arreglo a los requisitos de la legislación del Reino Unido, en la medida en que dichos requisitos legislativos se correspondan con las circunstancias descritas en los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.

ARTÍCULO 46 Disponibilidad de la información que obre en poder de los organismos

notificados establecidos en el Reino Unido o en un Estado miembro 1. El Reino Unido se asegurará de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido relacionada con sus actividades en calidad de organismo notificado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo notificado establecido en el Estado miembro que indique el titular del certificado. 2. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo notificado establecido en el Estado miembro de que se trate relacionada con sus actividades antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido que indique el titular del certificado.

TÍTULO II REGÍMENES ADUANEROS EN CURSO

ARTÍCULO 47 Estatuto de mercancías de la Unión 1. El Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará respecto de las mercancías de la Unión a que se refiere el artículo 5, punto 23, de dicho Reglamento cuando dichas