ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

Hace hincapié en la necesidad persistente de unas condiciones de competencia equitativas entre la Unión y China en lo relativo al comercio y la inversión, prestando especial atención a la reciprocidad en el acceso al mercado, la contratación pública y los servicios financieros; insta a ambas partes a que cooperen constructivamente a este respecto para proseguir las reformas basadas en el mercado y realizar progresos significativos, en particular en lo que se refiere a la negociación en curso del acuerdo bilateral sobre inversión, pero también a la responsabilidad social de las empresas, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático en consonancia con el Acuerdo de París; reitera su llamamiento a China para que avance en una ambiciosa reforma de la OMC, incluida una normativa exhaustiva sobre subvenciones industriales; reitera su preocupación por las prácticas distorsionadoras del mercado de las empresas públicas chinas, la localización de datos y las transferencias de tecnología forzadas, el exceso de capacidad industrial y el consiguiente dúmping de las exportaciones, y otras prácticas comerciales desleales; reitera la necesidad de mejorar la cooperación bilateral y multilateral en favor del desarrollo sostenible y un sistema de comercio justo, promoviendo normas medioambientales y sociales basadas en el respeto y la aplicación de los acuerdos y convenios internacionales; expresa su preocupación por los malos resultados de China en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); destaca la falta de transparencia en el registro de buques y flotas pesqueras a escala mundial y hace hincapié en que las subvenciones chinas en este terreno están creando una competencia desleal para el sector pesquero de la Unión; pide a China que haga todo lo posible por reforzar su marco jurídico de lucha contra la pesca INDNR y por lograr una aplicación más rigurosa del mismo;
41.

Reconoce los resultados presentados en el informe de la Comisión relativo a la aplicación de los acuerdos de libre comercio, en particular con Corea del Sur, América Central y América Latina, Canadá y los socios orientales; destaca que los acuerdos comerciales de la Unión cuentan, en la mayoría de los casos, con un historial claro de haber logrado su principal objetivo de crear buenas oportunidades para los exportadores de la Unión en los mercados de distribución de terceros países; subraya, no obstante, que las estimaciones de la Comisión apuntan a un incremento del impacto económico negativo de las barreras al comercio y la inversión como consecuencia de la tendencia proteccionista; pide a la Comisión que continúe realizando evaluaciones de impacto ex post , también en materia de sostenibilidad, del impacto de los acuerdos comerciales en nuestra economía;
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Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 9 de diciembre de 2019, titulada «The future of the Trio Plus Strategy 2030: building a future of Eastern Partnership» (El futuro de la Estrategia Trío Plus 2030: construir el futuro de la Asociación Oriental),
H.

Considerando que el artículo 3, letra d), del Convenio n.o 182 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1999, para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil define el trabajo infantil peligroso como «el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños»; que Madagascar ha ratificado todos los tratados internacionales fundamentales sobre el trabajo infantil, a saber, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos, el Convenio n.o 138 de la OIT sobre la edad mínima y el Convenio n.o 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; que el Gobierno ha elaborado un plan de acción nacional para combatir el trabajo infantil en Madagascar, en colaboración, entre otros, con organizaciones internacionales de empresarios y de trabajadores; que estos compromisos y medidas no producen resultados efectivos sobre el terreno;
1.

Acoge con satisfacción las orientaciones continuas de la Comisión en el marco de la coordinación en curso de una respuesta común de la Unión al brote de COVID-19, en particular por lo que se refiere a la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación, y al ejercicio de una movilidad laboral libre y justa; subraya que los controles fronterizos, los exámenes médicos y las restricciones a la circulación deben seguir siendo proporcionados y excepcionales y que debe restablecerse la plena libertad de circulación dentro del espacio Schengen tan pronto como se considere seguro teniendo en cuenta la situación de cada país por lo que respecta a la COVID-19; recuerda que el principio de igualdad de trato no se limita únicamente a los trabajadores transfronterizos y temporeros en sectores y profesiones esenciales, sino que es aplicable a todos los trabajadores de esas categorías que necesitan cruzar fronteras interiores, dado que los sectores en cuestión también están abiertos a los trabajadores locales en el Estado miembro de acogida en el que se efectúa el trabajo; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que levanten lo antes posible todas las restricciones de viaje y las medidas discriminatorias de confinamiento y cuarentena que se aplican a los trabajadores transfronterizos y temporeros, a fin de evitar la escasez de mano de obra en sectores clave y beneficiar a los trabajadores, garantizando al mismo tiempo su salud y seguridad;
62.

Recuerda la importancia que revisten la innovación, la investigación y el desarrollo para la consecución de los objetivos de la Visión para 2050; subraya la importancia de apoyar la investigación y las ciencias participativas para reforzar los conocimientos, en particular en relación con los océanos, la mayor parte de los cuales no se ha explorado; solicita a la Comisión y al Consejo que incrementen la dotación presupuestaria destinada a Horizonte Europa en el próximo MFP hasta alcanzar los 120 000 millones EUR, al objeto de fomentar en particular el clúster relativo a los recursos naturales, incluida la investigación básica y aplicada, por ejemplo en el ámbito de la taxonomía, y que inicien una misión para la protección y la recuperación de la biodiversidad en el marco de Horizonte Europa; pide a las Partes que se centren en particular en la relación entre la conservación de la biodiversidad y la mejora de la salud humana y el bienestar económico, así como que coordinen las medidas para la recopilación de datos;
6.

Manifiesta su profunda preocupación por las informaciones relativas tanto al posible recurso a mano de obra forzada procedente de los campos de internamiento en la cadena de suministro de empresas internacionales que operan en Xinjiang así como a la colaboración con las instituciones chinas que están implicadas en la vigilancia o la detención masivas de miembros de la población uigur; hace hincapié en que los agentes del sector privado deben evaluar sus compromisos en Xinjiang con el fin de analizar sus cadenas de suministro de modo que se aseguren de que no participan en violaciones de los derechos humanos, en particular mediante el establecimiento de un sistema sólido de diligencia debida en materia de derechos humanos que garantice que no están implicados en trabajos forzosos ni son cómplices de actos de represión contra uigures; destaca que los productos fabricados en los campos de reeducación deben prohibirse en los mercados de la Unión;
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Visto el Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (8) (en adelante, «Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo»), y en particular su artículo 15, letra c), que prevé una excepción para los obtentores,
16.

Insiste en la aplicación efectiva de los compromisos específicos relacionados con las disposiciones en materia de comercio y desarrollo sostenible, que forman parte integrante del Acuerdo y son esenciales para la consecución de los objetivos establecidos; toma nota de que la Comisión, llevará a cabo, en 2019, una evaluación ex post del Acuerdo, incluido su capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, en el que participarán expertos independientes, y en el futuro también deberá efectuarla; recuerda que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible prevé la creación de grupos consultivos internos o comités pertinentes para asuntos relacionados con el trabajo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible; se congratula, en particular, de que en todos los países de América Central se hayan establecido mecanismos de consulta de la sociedad civil; observa que se han planteado serias preocupaciones en cuanto a la independencia de estos grupos consultivos y su capacidad para participar en algunos países de América Central; lamenta, en este contexto, que en 2017 no se llevaran a cabo las reuniones entre el Comité y los Subcomités de la Asociación y el Foro de Diálogo con la Sociedad Civil, e insiste en que las reuniones se celebren al menos anualmente; pide a las partes en el Acuerdo que establezcan rápidamente los mecanismos y los medios financieros necesarios para fortalecer los grupos consultivos internos, garantizando la participación adecuada de las organizaciones representativas de la sociedad civil, con una representación equilibrada de las partes interesadas; asimismo, pide a las partes en el Acuerdo que establezcan mecanismos eficaces de diálogo con los grupos consultivos, así como con los miembros de los diferentes subcomités, y que incluyan a estos últimos en los procesos de evaluación ex post previstos para 2019; acoge con satisfacción las recomendaciones formuladas en la 3 a reunión conjunta de los grupos consultivos internos de la Unión y de América Central, el 16 de junio de 2016, y pide a las partes que las apliquen; recuerda que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible contiene disposiciones jurídicamente vinculantes para aplicar eficazmente normas en materia de protección laboral y medioambiental; celebra que el Acuerdo haya abierto el camino a un diálogo periódico sobre el cumplimiento de los compromisos conjuntos; observa que el Parlamento ha animado a la Comisión a reforzar los mecanismos de supervisión, aplicación y ejecución del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible; por consiguiente, toma nota del plan de quince puntos de la Comisión para hacer más eficaces los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible y recuerda la necesidad continuar dialogando con los distintos actores involucrados, entre ellos el Parlamento Europeo, sobre un mecanismo eficaz de cumplimiento de los compromisos en materia de protección laboral y medioambiental incluidos en los acuerdos comerciales;
7.

Celebra la adopción de la Decisión del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por la que se concede a Bulgaria y Rumanía acceso pasivo al Sistema de Información de Visados y la propuesta del Consejo para la plena aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en ambos Estados miembros; lamenta que la adopción de estas decisiones no se produjese inmediatamente después de la verificación de la finalización satisfactoria del proceso de evaluación de Schengen en 2011, sino que se iniciara como una medida ad hoc para garantizar el cumplimiento de las condiciones previas para la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas, cuya puesta en servicio está prevista para 2020; considera que estos actos jurídicos representan un paso encaminado a colmar las lagunas de información entre los Estados miembros que aplican el acervo de Schengen plenamente y los que solo aplican una parte; insiste firmemente en que la adopción de estos actos no debería ser un pretexto para seguir posponiendo la supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas interiores; señala que con la adopción de estas Decisiones, Bulgaria y Rumanía compartirán todas las responsabilidades y obligaciones, pero no todos los beneficios de ser un miembro de pleno derecho del espacio Schengen;
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Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma de las leyes rumanas n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura,
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Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,
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Visto el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.o 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, (UE) n.o 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, (UE) n.o 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) n.o 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal (3);
6.

Toma nota de que, según la Comisión, el nuevo secretario general fue trasladado en interés del servicio, con arreglo al artículo 7 del Estatuto de los funcionarios, y que el puesto no se publicó porque no se consideró vacante; observa, por lo tanto, que no podía presentarse ningún funcionario ya que el procedimiento se organizó a través de una asignación de nuevo destino y no como un traslado en sentido estricto con la debida publicación de la vacante;
12.

Hace hincapié en la importancia de abordar las deficiencias detectadas en los modelos internos a fin de restablecer su credibilidad y lograr una igualdad de condiciones en todas las entidades; señala, en este sentido, el documento externo de investigación titulado «What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?» (¿Qué conclusiones pueden extraerse del ejercicio de evaluación comparativa del riesgo de mercado de la ABE de 2016?), encargado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica del Parlamento Europeo, donde se afirma, entre otras cosas, que «si los resultados de un estudio de evaluación comparativa de la ABE son correctos y, en la medida en que la cartera de instrumentos del mercado interior son representativos, los modelos de riesgo del mercado interior utilizados actualmente por los bancos europeos violarían en gran medida el principio de igualdad de condiciones («Si diferentes bancos tienen la misma cartera, se les debe exigir que tengan la misma cantidad de capital reglamentario.»); observa, en este contexto, que el CSBB respalda las modificaciones para la finalización de Basilea III, así como la evaluación realizada por la ABE de su impacto en el sector bancario de la Unión; recuerda que el acuerdo no debería redundar en un aumento significativo de los requisitos de capital a nivel de la Unión ni perjudicar la capacidad de las entidades bancarias para financiar la economía real, en particular las pymes; se felicita del trabajo realizado por el BCE para evaluar la adecuación de los modelos internos, incluida su nueva Guía sobre la revisión específica de los modelos internos, para hacer frente a la variabilidad de los ponderadores de riesgo aplicados a los activos ponderados por riesgo de la misma categoría por las diversas entidades de crédito; acoge, finalmente, con satisfacción la labor llevada a cabo por la ABE en el marco de sus ejercicios de evaluación comparativa; considera que la situación del capital de los bancos puede reforzarse, entre otras cosas, reduciendo los pagos de dividendos y obteniendo nuevo capital, y que el fortalecimiento de la posición financiera general de los bancos europeos debe seguir siendo una prioridad;
A.

Considerando que las diversas rondas de negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas no han conducido aún a un progreso sustancial hacia una solución política en Yemen; considerando que las partes en conflicto y sus valedores regionales e internacionales, incluidos Arabia Saudí e Irán, no han logrado alcanzar un acuerdo de alto el fuego ni de ningún otro tipo, y que los combates y los bombardeos indiscriminados no cesan; que ninguna de las partes ha logrado una victoria militar ni es probable que lo consiga en el futuro; que encontrar una solución política al conflicto bajo los auspicios de la iniciativa de paz de las Naciones Unidas en Yemen debería ser una prioridad para la Unión y para la comunidad internacional en su conjunto;
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Visto el informe del Centro de Estudios Políticos Europeos titulado «Combating Institutional Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU and selected Member States» (la lucha contra el antigitanismo institucional:respuestas y prácticas prometedoras en la Unión y en determinados Estados miembros),
26.

Destaca que los instrumentos financieros funcionan mejor en las regiones y las áreas metropolitanas bien desarrolladas, donde los mercados financieros están mejor desarrollados, en tanto que las regiones ultraperiféricas y las regiones con elevadas tasas de desempleo armonizadas tienen dificultades para atraer inversiones, mientras que, por su parte, las subvenciones se dedican a problemas regionales de carácter estructural y a la financiación equilibrada de las regiones; señala que el éxito de los instrumentos financieros depende de muchos factores y que no se pueden extraer conclusiones generales sobre la base de un solo criterio; señala que no se puede considerar que los objetivos vinculantes para el uso de instrumentos financieros en la política de cohesión después de 2020 son una opción viable; señala que el aumento de la proporción de instrumentos financieros no debe influir en las contribuciones financieras no reembolsables, ya que se rompería el equilibrio; hace hincapié en que en determinadas políticas públicas deben predominar las subvenciones, mientras que los instrumentos financieros pueden actuar de forma complementaria, ateniéndose plenamente a una evaluación ex ante y unos análisis del mercado adecuados; pide una mayor promoción de los instrumentos financieros en los programas Interreg a fin de que sean más coherentes con los objetivos de la cooperación territorial europea;
K.

Considerando que los recursos agrícolas son objeto de conflictos no solo en lo que respecta a su uso, sino por las rivalidades entre los inversores agricultores y no agricultores, así como entre las generaciones de agricultores, dado que los jóvenes que quieren establecerse se encuentran con mayores dificultades de acceso a la tierra debido a su coste, en particular cuando no son descendientes de agricultores;
22.

Manifiesta su inquietud ante la propagación de la inseguridad socioeconómica y la degradación de las condiciones de trabajo para muchos trabajadores; reconoce que muchos trabajadores que ejercen su actividad en formas de empleo no convencionales tienen dificultades para ejercer sus derechos en el trabajo o acceder a las prestaciones de la seguridad social, y que este problema afecta de forma desproporcionada a las mujeres y los migrantes; pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación y el cumplimiento de la Directiva sobre el trabajo de duración determinada, la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial y la Directiva sobre el trabajo a través de empresas de trabajo temporal; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar la portabilidad de los derechos sociales adquiridos en distintas actividades; hace hincapié en la importancia de garantizar medios suficientes para proporcionar una protección social adecuada, a escala nacional, a todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia; pide a la Comisión que proponga una recomendación a este respecto; considera, en particular, que: a) los Estados miembros deben organizar los regímenes de seguridad social de manera que todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia, puedan acumular derechos que ofrezcan seguridad en materia de ingresos en situaciones de desempleo, trabajo a tiempo parcial involuntario, problemas de salud, vejez o interrupciones de la carrera profesional para el cuidado de los hijos u otros familiares o para seguir una formación; b) a partir de su primera incorporación al mercado laboral, todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y de que se trate de relaciones laborales convencionales o no convencionales o de trabajo por cuenta propia, deben tener una cuenta de actividad personal, fácilmente accesible a través del contacto personal y por medios electrónicos, teniendo debidamente presentes las necesidades de las personas con discapacidad, en la que puedan consultar sus prestaciones sociales acumuladas y otros derechos sociales, incluido el derecho al aprendizaje permanente, y en la que puedan obtener información sobre la posible portabilidad de esos derechos a otros países; la puesta a disposición de esas cuentas de actividad personales no debe conllevar costes elevados y debe garantizarse una protección de datos adecuada; c) debe obligarse a las plataformas digitales y demás intermediarios a notificar a las autoridades competentes todo el trabajo que hayan asignado a fin de garantizar las debidas cotizaciones y la protección adecuada a través de la seguridad social y del seguro de enfermedad para todos los trabajadores;
11.

Pide a todas las partes en conflicto que respeten la legislación humanitaria internacional durante las hostilidades y una vez acabadas estas y que se rijan, mientras dure el conflicto, por los principios de proporcionalidad, distinción y precaución; insta a todas las partes en conflicto a que abran corredores humanitarios para permitir a los civiles, ayudándoles, escapar del conflicto, para evitar que los civiles queden atrapados en Mosul y sean utilizados por el EIIL/Dáesh como escudos humanos, para permitir el acceso a la asistencia de seguridad y humanitaria y garantizar asistencia y protección a los civiles durante el proceso de control de seguridad de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en particular para garantizar que no se separa a las familias y que no se pone a los niños en peligro, y para establecer un mecanismo de las Naciones Unidas de vigilancia de terceros; pide, en particular, que se tomen todas las precauciones necesarias para garantizar que se protege a los niños y a sus familias de los bombardeos, se reduce al mínimo el número de víctimas y se protegen las infraestructuras civiles, especialmente escuelas y hospitales;