COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 27.1.2016 COM(2016) 41 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los progresos realizados por Rumanía en el ámbito del

Mecanismo de Cooperación y Verificación {SWD(2016) 16 final}



1. INTRODUCCIÓN El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) se creó en el momento de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea en 2007. Se convino, a la sazón, en la necesidad de intensificar la actividad en sectores clave para subsanar las carencias en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción. Desde entonces, sucesivos informes en el marco del MCV han registrado los avances efectuados por Rumanía y, mediante recomendaciones específicas, han intentado contribuir a centrar los esfuerzos de las autoridades rumanas. La reforma judicial y la lucha contra la corrupción siguen siendo cuestiones importantes para la sociedad rumana como demuestran las grandes manifestaciones en torno a estas cuestiones, y sigue siendo necesario un mayor apoyo público a la consolidación de la reforma con el fin de garantizar la irreversibilidad de los progresos realizados. El Mecanismo de Cooperación y Verificación sigue desempeñando un papel importante como motor para las reformas en Rumanía y un incentivo para mantener la coherencia con la línea seguida hasta ahora. Las conclusiones de la Comisión y la metodología del MCV han gozado sistemáticamente del firme apoyo del Consejo y se han nutrido de la cooperación y las aportaciones de muchos Estados miembros. El informe de 2015 sobre el MCV destacaba una serie de ámbitos en los que se ha producido un avance constante mostrando signos de sostenibilidad, en particular gracias a las medidas adoptadas por las principales instituciones judiciales y responsables de la integridad para abordar la corrupción de altos cargos y el refuerzo de la profesionalidad del sistema judicial en su conjunto. Al mismo tiempo, el informe pone de relieve que sigue existiendo una clara sensación de que los avances deben consolidarse y garantizarse mejor, ya que existen muchas cuestiones legislativas pendientes y dudas sobre el consenso político en favor de la reforma. El Consejo llegó también a la conclusión de que, en general, un compromiso político continuado con las reformas duraderas y el respeto de la independencia del sistema judicial son esenciales para garantizar la sostenibilidad de los avances hacia los objetivos del MCV. El presente informe analiza ambas tendencias para evaluar en qué medida la reforma ha arraigado. Es el resultado de un minucioso proceso de análisis por parte de la Comisión que se basa en una estrecha cooperación con las autoridades rumanas y en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas. Asimismo, aborda una serie de importantes pruebas que tendrán lugar en 2016 a fin de continuar demostrando la sostenibilidad. La sostenibilidad de los avances es una de las condiciones para probar que un mecanismo como el MCV ya no sería necesario. La Comisión prestará especial atención a estos aspectos en su seguimiento de este año y seguirá apoyando a Rumanía de cara al cumplimiento de los objetivos del MCV. Ya se conceden ayudas a Rumanía en muchos ámbitos en virtud de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Además, la Comisión ha establecido en 2015 un nuevo instrumento en forma de un servicio de apoyo a la reforma estructural dedicado a proporcionar asistencia técnica a los esfuerzos de reforma de los Estados miembros de la UE en una amplia gama de ámbitos. La Comisión anima a Rumanía a aprovechar plenamente todas las posibilidades que ofrece. 2. ESTADO DEL PROCESO DE REFORMAS EN RUMANÍA 2.1. Independencia judicial Nombramientos En los informes sobre el MCV se ha señalado recientemente el papel de las principales instituciones de la Magistratura (el Tribunal Superior de Casación, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción, así como el Consejo Superior de la Magistratura) para reforzar la credibilidad y la profesionalidad del sistema judicial mediante la realización de un balance. El liderazgo de las instituciones ha desempeñado sin duda alguna un importante papel en este aspecto, a veces en un contexto de fuertes críticas personales. De ahí la insistencia en unos procedimientos de selección transparentes y basados en méritos , de modo que se logre un liderazgo sólido, se eviten las interferencias políticas en nombramientos de altos cargos y se contribuya a la independencia judicial. El informe de 2015 valoró el nombramiento de un nuevo Fiscal Jefe de la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo como una prueba importante . El procedimiento se concluyó con poca controversia y se caracterizó por una mayor transparencia y previsibilidad (publicación de una vacante, criterios definidos accesibles al público, publicación de los nombres de los candidatos), y se benefició de una clara colaboración entre el Ministro de Justicia (responsable de elegir al candidato) y el Consejo Superior de la Magistratura. Por lo tanto, es un buen ejemplo de cómo unos procedimientos claros y fiables que cuenten con la plena participación de las autoridades pertinentes pueden ser el factor más importante en un procedimiento de nombramiento creíble (aunque los procedimientos deben ser suficientemente sólidos para poder hacer frente a una situación en la que las instituciones clave estén en desacuerdo ). En 2016, se llevará a cabo una serie de nombramientos de puestos clave y el proceso y los resultados supondrán una importante prueba de la capacidad del sistema judicial para mantener el proceso de reforma en un período de cambios . Los puestos del Presidente del Tribunal Superior de Casación y Justicia, Fiscal General y Fiscal Jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción requieren procedimientos predefinidos, abiertos y claros. A largo plazo, debe preverse en la legislación un sistema más sólido e independiente de nombramiento de los fiscales jefes: a nivel legislativo, no existen criterios para garantizar el nivel más alto de competencias profesionales e integridad, y el actual procedimiento prevé una clara intervención política dado el papel que confiere al Ministro de Justicia. Los procedimientos de nombramiento anteriores fueron objeto de amplios debates y en ellos hubo una clara influencia política. Sobre la base de la orientación del Consejo de Europa, el Ministro de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura deben liderar el debate sobre si es adecuado para las decisiones clave que intervenga un Ministro del Gobierno , en particular por lo que se refiere a nombramientos por debajo de los puestos directivos de las instituciones. El respeto de los jueces y el proceso judicial El éxito del enjuiciamiento y condena de numerosos políticos de primer orden en Rumanía acusados de corrupción de altos cargos muestra que la tendencia subyacente de la independencia judicial es positiva, y que nadie que comete un delito puede estar libre de la acción de la justicia. Pero también se ha producido una reacción ante esta tendencia: aún siguen siendo frecuentes las críticas dirigidas contra los magistrados por políticos y medios de comunicación, y las faltas de respeto hacia las resoluciones judiciales. Este año ha habido un aumento en las peticiones para defender la independencia de la justicia a raíz de los ataques por parte de los medios de comunicación y los políticos, incluidos el Primer Ministro y el Presidente del Senado. También se siguieron produciendo casos de presión sobre los jueces del Tribunal Constitucional. El informe de 2015 indicaba que, a raíz de la elección del Presidente de Rumanía, parecía que se perfilaba un cambio hacia un enfoque más responsable. Pero esto se desvaneció en primavera, sobre todo a raíz de la apertura de una investigación por parte de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción (DNA, por sus siglas en inglés) contra el Primer Ministro. Las críticas estuvieron dirigidas contra los jefes de la DNA y el Tribunal Superior de Casación y Justicia y tenían, además, un carácter personal. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y la Inspección Judicial han continuado en 2015 defendiendo la independencia de la justicia, y la reputación profesional, la independencia y la imparcialidad de los jueces. Sigue habiendo varios ejemplos notificados al CSM de ataques lanzados por los medios de comunicación y por políticos, y el Consejo Superior de la Magistratura ha tenido que redactar muchas conclusiones críticas como consecuencia de ello. No obstante, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) no puede garantizar un nivel equivalente de cobertura de sus comunicados de prensa en comparación con las críticas a las que pretende responder y, más allá de este apoyo moral, no ofrece ayuda financiera o jurídica alguna a los magistrados que buscan el amparo de los tribunales. Existe también un posible papel para las autoridades parlamentarias en el seguimiento de los comentarios hechos por los parlamentarios. La Comisión recomendó el año pasado «garantizar que el código deontológico de los parlamentarios incluya disposiciones claras para que tanto éstos como el procedimiento parlamentario respeten la independencia del Poder Judicial». No se ha seguido esta recomendación. La Comisión también destacó que el debate sobre la posible modificación de la Constitución podría constituir una oportunidad para consolidar la independencia judicial en el marco constitucional. El Tribunal Constitucional y el respeto de las resoluciones judiciales El Tribunal Constitucional desempeña un importante papel en el Estado de Derecho y en la consolidación de un sistema judicial independiente. Las sentencias del Tribunal en 2015 incluían 24 resoluciones relativas a las disposiciones del nuevo Código Penal y nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, y algunas sentencias importantes relacionadas con el equilibrio de poderes y el respeto de los derechos fundamentales. Estas incluyen la resolución de un conflicto entre el Senado y el Poder Judicial relativo a una petición de detención preventiva. Muchas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los códigos penales perseguían reforzar el respeto de los juicios justos y los derechos de las partes en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar de que los jueces y los fiscales han de adaptar rápidamente sus prácticas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, la apreciación general es que tales decisiones mejoran la seguridad jurídica y los derechos de los litigantes. Las decisiones del Tribunal Superior de Casación y Justicia sobre la interpretación de la legislación también desempeñan un importante papel en el sistema de control y equilibrio institucional.

2.2. Reforma judicial Nuevos códigos El nuevo Código Penal y el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal entraron en vigor hace dos años, el 1 de febrero de 2014. El informe de 2015 sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación proponía un entorno legislativo estable para los nuevos códigos, coincidiendo con el objetivo inequívoco de los códigos que se estaban adoptando. Sin embargo, casi dos años después, no parece haberse avanzado en esta búsqueda de estabilidad. Una fuente de inestabilidad persistente al respecto han sido los repetidos procedimientos parlamentarios en torno a los códigos. Algunas modificaciones son inevitables y, en consulta con el Poder Judicial, el Gobierno propuso, ya en la primavera de 2014, enmiendas para abordar los problemas detectados. No obstante, estas enmiendas no han sido aún adoptadas por el Parlamento. Al mismo tiempo, el Parlamento ha prestado especial atención a una serie de enmiendas que han sido fuente de controversias y que han sido objeto de críticas por parte de las autoridades judiciales, la sociedad civil y los Estados miembros, con el argumento de que perjudican la lucha contra la corrupción y reducen la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de los tribunales para investigar o dictar sentencia sobre los delitos de corrupción. Aunque algunas de estas enmiendas pueden ser calificadas como erráticas, otras han sido aprobadas por una de las cámaras del Parlamento, tratándose mediante procedimientos de urgencia, mientras que las modificaciones propuestas por el Ministerio de Justicia han tenido que esperar. Algunas de las enmiendas del año anterior se remitían a las enmiendas aprobadas en diciembre de 2013, aunque cabe señalar que, en contraste con esa ocasión, las enmiendas no han obtenido la aprobación del legislador. Todas las enmiendas deben volver a ser consideradas por la Cámara de los Diputados en su calidad de Cámara decisoria. El debate no se ha retomado tras el receso del verano aunque se siguen presentando nuevas enmiendas manteniendo así un estado de incertidumbre. El Parlamento debe resolver la situación mediante el respeto de la opinión de las autoridades judiciales. Diversas sentencias del Tribunal Constitucional han planteado importantes cuestiones sobre los Códigos y sobre la necesidad de nuevas modificaciones. Algunas de las cuestiones planteadas abordan cuestiones fundamentales en los nuevos Códigos, como la idea de llevar a cabo un procedimiento previo que clarifique las cuestiones más técnicas en un determinado asunto sin la presencia de las Partes. Aunque el poder judicial y el Gobierno han adaptado inmediatamente la práctica o las modificaciones legislativas propuestas, la inseguridad jurídica no puede evitarse en tanto que las modificaciones estén siendo tramitadas en el Parlamento. Al mismo tiempo que los debates sobre el marco jurídico, ha proseguido el trabajo sobre la aplicación de los Códigos adoptados. La percepción general es que los jueces y fiscales han expresado su satisfacción con el nuevo marco jurídico y que las instituciones judiciales, los jueces y fiscales, y los secretarios judiciales han proseguido sus esfuerzos para que la reforma saliera adelante. El Tribunal Superior de Casación y Justicia, el Fiscal General, el Consejo Superior de la Magistratura y el Instituto Nacional de la Magistratura y el Ministerio de Justicia han realizado esfuerzos específicos para prestar un apoyo intensivo a los tribunales y fiscalías con el fin de ayudar a la transición y a la eliminación de los obstáculos. El Ministro de Justicia ha seguido tomando medidas para aumentar el número de puestos, en particular de secretarios judiciales e investigadores. Este trabajo ha sido financiado mediante programas de formación del Instituto Nacional de la Magistratura y la Escuela Nacional de Secretarios Judiciales. En general, esto también es cierto para la aplicación de los códigos civiles, habiendo ya finalizado en gran parte el período transitorio necesario para hacer frente a casos anteriores a los nuevos códigos en paralelo con los nuevos casos. Hay pruebas de que se ha logrado el objetivo de una mayor eficacia en la manera en que se imparte la Justicia. No obstante, la organización logística necesaria para aplicar disposiciones que deberían haber entrado en vigor el 1 de enero de 2016 está muy retrasada, disponiéndose actualmente de menos de la cuarta parte de los locales necesarios. El resultado es que la entrada en vigor de dichos elementos del Código de Enjuiciamiento Civil se ha retrasado un año. Será importante contar con un plan claro y que este se aplique para evitar un nuevo aplazamiento. Coherencia de la jurisprudencia En consonancia con su función constitucional, el Tribunal Superior de Casación y Justicia (TSCJ) tiene la responsabilidad principal de desarrollar la coherencia de la jurisprudencia y aplicar una interpretación uniforme de la ley y de las prácticas. Se trata de un aspecto cada vez más importante de los trabajos del TSCJ, impulsado por la definición de mecanismos jurídicos y mediante medidas de gestión como las reuniones y debates a nivel nacional con representantes de los tribunales de casación, el Consejo Superior de la Magistratura y el Instituto Nacional de la Magistratura. Dichas reuniones se centran en cuestiones en las que existen interpretaciones divergentes y las soluciones comunes se comunican a todos los tribunales mediante directrices. El TSCJ dispone de dos mecanismos jurídicos para fomentar la coherencia de la jurisprudencia y proporcionar una interpretación unitaria: las decisiones prejudiciales y los recursos en interés de la ley. El número de peticiones de decisión prejudicial sigue aumentando y una parte creciente de los trabajos de las secciones especializadas del citado tribunal está dedicada a la resolución de cuestiones prejudiciales. Esto sugiere que los mecanismos funcionan bien y que los jueces en los tribunales inferiores los utilizan. El otro mecanismo de coherencia, el recurso en interés de la ley, también sigue prestando una contribución sustancial a la uniformización. Debe seguir fomentándose el uso de la técnica de la cuestión prejudicial para resolver disposiciones poco claras en los nuevos Códigos. A pesar de todas estas medidas y signos de un cambio de cultura en favor de la coherencia, se siguen constatando con frecuencia decisiones incoherentes. Si bien algunas cuestiones relativas a los nuevos Códigos deben resolverse con el transcurso del tiempo, algunos problemas de carácter más estructural requieren más atención por parte de los administradores de los tribunales y de cada magistrado, además de formación continua, con la participación asimismo de abogados. Por último, ofrecer un acceso abierto en línea a todas las resoluciones judiciales ha sido una recomendación de los informes sobre el MCV, ya que se considera como uno de los medios para ayudar a los magistrados y a todas las partes a remitirse a casos y resoluciones similares. Finalmente se ha puesto en marcha un proyecto (publicar todas las resoluciones judiciales en Internet, que había sido objeto de debate durante algunos años). Estrategia de Desarrollo del Sistema Judicial (2015-2020) El Plan de Acción 2015-2020 para la aplicación de la estrategia está prácticamente finalizado y se han organizado consultas con todas las partes interesadas. Es importante que este Plan de Acción cuente con una auténtica implicación común entre todos los agentes clave para servir de herramienta operativa: el proceso para llegar al Plan de Acción ha sido largo y existe la sensación de que se necesita un nuevo impulso. Por ejemplo, será importante aclarar en qué medida el nuevo Consejo Superior de la Magistratura considera este hecho como un plan director para su propia acción. En términos más generales, las elecciones al nuevo Consejo Superior de la Magistratura podrían utilizarse para dar un nuevo impulso a la reforma. Incluso si el actual Consejo sigue en ejercicio, parece importante que el nuevo Consejo tenga una claro espíritu colectivo sobre la base de un nuevo programa. Cabe esperar que los candidatos ofrezcan una visión clara de cómo ven su papel y rindan cuentas de los resultados (el proceso electoral deberá proporcionar a los candidatos la oportunidad de debatir cómo ven el futuro de la reforma). El nuevo Consejo debería responder a las preocupaciones de muchos magistrados de que el Consejo Superior de la Magistratura está desconectado de la profesión. Más de mil magistrados tuvieron que firmar una petición para persuadir al Consejo Superior de la Magistratura a organizar una consulta de todos los órganos jurisdiccionales sobre un nuevo sistema para nombrar, evaluar y ascender a los magistrados. El próximo CSM podría mostrar aún más claramente su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, estando preparado para exponer y explicar sus políticas y decisiones en reuniones periódicas y abiertas con asambleas de jueces y fiscales a todos los niveles, así como con la sociedad civil y las organizaciones profesionales. Acordar un informe anual que sea debatido en asambleas generales de magistrados y fiscales también sería una demostración práctica de una mayor transparencia en los trabajos del Consejo. Gestión de recursos y eficiencia El Ministro de Justicia defendió con éxito la importancia de la reforma del sistema judicial y el Gobierno apoyó, por ejemplo, la creación de 390 puestos, mientras que el presupuesto ha aumentado en un 46 % desde 2013.

El uso eficaz de tales recursos contará además con el desarrollo de herramientas útiles de gestión para el sistema judicial. En todos los tribunales se han instalado herramientas de información estadística que se utilizan para mejorar la prestación de servicios. Otras herramientas electrónicas, tales como la transmisión de expedientes electrónicos a las partes y a los jueces, son objeto de un proyecto piloto en varios tribunales. La reforma estructural del sistema judicial también debe ir acompañada de una modernización de los edificios y los sistemas de TI y se están llevando a cabo una serie de obras de construcción o rehabilitación de los tribunales con el apoyo de préstamos del Banco Mundial. Sin embargo, el bloqueo en el Parlamento de una propuesta (relativamente modesta) de cierre de pequeños tribunales puso de manifiesto los retos que existen para la gestión eficaz de los recursos. El Consejo Superior de la Magistratura y el Ministerio de Justicia han estado explorando soluciones alternativas, como el cambio de las demarcaciones de cada jurisdicción para compartir la carga de los diferentes asuntos, una decisión que puede hacerse a su nivel. En octubre, el Gobierno adoptó la decisión de reorganizar los ámbitos jurisdiccionales territoriales dentro de la zona jurisdiccional del Tribunal de Casación de Cluj. En el ámbito de la acusación pública, el Fiscal General ha propuesto reagrupar los fiscales a nivel de los tribunales (segunda instancia) y cerrar las fiscalías en primera instancia, considerando las oficinas que son demasiado pequeñas o que tienen escasa carga de trabajo, y en diciembre de 2015 concluyó un estudio de impacto que será consultado con el sistema. Sin embargo, la finalización del proceso y los plazos para la aplicación son inciertos. Las modificaciones del Código Civil del último año preveían que las sentencias de los tribunales podrían ser aplicadas directamente por los agentes judiciales con el fin de agilizar el procedimiento. Sin embargo, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en diciembre. De hecho, el Consejo Superior de la Magistratura constata un aumento del número de casos de aplicación de asuntos no contenciosos pendientes en los tribunales. Se han previsto medidas en el marco del Plan de Acción 2015-2020 para mejorar la ejecución de las sentencias, tales como la creación de una base de datos electrónica que permita controlar los casos de ejecución forzosa de los asuntos, pero hay pruebas contundentes de que a menudo sigue siendo problemática la ejecución de las resoluciones judiciales, incluidas las sentencias firmes contra el Estado (las autoridades centrales o locales. Este es un ámbito que podría ser pertinente en el contexto de los esfuerzos del Gobierno de Rumanía de modernizar la Administración Pública. 2.3. Integridad Agencia Nacional de Integridad (ANI) y Consejo Nacional de Integridad (CNI) En marzo de 2015, el Presidente de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) dimitió tras la puesta en marcha de una investigación por parte de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción (DNA). El Vicepresidente de la ANI actuó como Presidente interino en diciembre y fue nombrado Presidente tras la celebración de un concurso organizado por el Consejo Nacional de Integridad (CNI). Aunque el procedimiento fue largo, parecía abierto y transparente. El CNI es el órgano de control de la ANI. Su mandato expiró en noviembre de 2014. El proceso inicial de nombramiento de un nuevo CNI fue objeto de numerosas controversias. Al final, se han resuelto estas controversias iniciales y el Consejo inició sus trabajos en febrero de 2015. El CNI eligió al representante de la sociedad civil como su Presidente, enviando así un mensaje conveniente en términos de independencia. La principal tarea del CNI en 2015 ha sido el proceso de selección del nuevo Presidente de la ANI. A pesar de la dimisión de su Presidente, la ANI ha proseguido la tramitación de un elevado número de casos durante el período de referencia. La ANI siguió incoando un número considerable de casos de conflictos de interés y cuestiones de incompatibilidad, muchos de ellos en relación con políticos locales. Esto pone de manifiesto el problema de la escasa aceptación e incluso la resistencia a las normas de integridad por parte de un número importante de autoridades locales, con implicaciones para la contratación pública. Un alto porcentaje de las decisiones de la ANI son impugnadas en los tribunales, la ANI cuenta con unos 3 000 expedientes que defender ante los tribunales, pero el porcentaje de confirmación de decisiones de la ANI en los Tribunales sigue siendo superior al 80 %. La sección administrativa del Tribunal Superior de Casación y Justicia ha realizado esfuerzos para acelerar la tramitación de los expedientes de la ANI (que representan casi el 10 % de su carga de trabajo) y ha reducido los plazos para la resolución de los mismos de 18 a unos nueve meses. Por lo que se refiere a los conflictos de interés, la Agencia ha desarrollado más la cooperación con la Fiscalía para contribuir a racionalizar las investigaciones y el intercambio de información. El seguimiento de las decisiones definitivas de la ANI y su confirmación mediante resolución judicial definitiva siguió siendo problemático en 2015. Dos casos en el Parlamento sufrieron importantes retrasos antes de que se adoptaran decisiones definitivas sobre la incompatibilidad teniendo como consecuencia el fin del mandato de un diputado. La ANI tuvo que recurrir a la aplicación de sanciones por incumplimiento o la notificación de la acusación. Por tanto, sigue siendo válida la recomendación de la Comisión de 2015 de «volver a examinar la manera de garantizar que las decisiones judiciales que requieran la suspensión del mandato de los diputados se apliquen automáticamente por el Parlamento». El sistema de control ex ante de los conflictos de intereses denominado «Prevent» utilizado en el marco de la contratación pública ha seguido adelante y, cuando empiece a aplicarse, deberá contribuir eficazmente a evitar conflictos de interés detectando automáticamente los conflictos de interés en la contratación pública antes de la selección y el procedimiento de adjudicación de un contrato. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las nuevas Directivas de la UE sobre contratación pública, serán necesarias otras medidas legislativas e institucionales para garantizar que se aplica a todos los responsables políticos, en consonancia con la definición de los conflictos de interés prevista en las Directivas . Las Directivas también exigen que las instituciones pertinentes dispongan de la facultad de impedir la firma de los contratos en caso de sospecha de conflicto de interés. La ANI estima que casi todos los casos de conflictos de interés que tramita son relativamente simples y podrían evitarse mediante el uso de este sistema. Aunque la aplicación ha sido más larga de lo previsto, la Ley fue adoptada por el Gobierno en septiembre y está siendo objeto de debate en el Parlamento. Será importante que la Ley mantenga el principio de que los órganos de contratación tienen la obligación de actuar cuando tengan conocimiento de un posible conflicto de interés. El sistema «Prevent» debería estar listo para comenzar a aplicarse en cuanto se adopte la Ley. Se aplicaría en primer lugar a la contratación pública que cuenta con fondos de la UE, pero se ampliará rápidamente a toda la contratación pública electrónica. Marco de integridad El informe sobre el MCV de 2015 constataba que se han interrumpido los pasos hacia la codificación del marco jurídico para la integridad en aras de la coherencia y la claridad debido a las preocupaciones surgidas de que las actuales normas se vieran finalmente rebajadas. La conveniencia de una medida de este tipo ha sido confirmada por varios diputados y el Presidente de Rumanía. Sin embargo, estas preocupaciones se han visto reforzadas por el hecho de que una Cámara del Parlamento haya adoptado una enmienda que equivaldría a suprimir la prohibición de nombramiento durante tres años para los cargos electos que hayan sido considerados incompatibles. Una prueba clave se producirá con las próximas elecciones locales (junio de 2016) y las elecciones parlamentarias (noviembre de 2016). La nueva Ley Electoral prevé expresamente que las personas excluidas del sufragio pasivo mediante decisión judicial no puedan presentarse a las elecciones. La ANI tiene la responsabilidad específica de evaluar las declaraciones de bienes de todos los candidatos. Además, tiene previsto celebrar reuniones a nivel local con los responsables de tramitar las declaraciones de bienes y proporcionar orientación e información sobre errores recurrentes. También tiene la intención de intensificar sus campañas de sensibilización para que todos los candidatos sean plenamente conscientes de las incompatibilidades y los posibles conflictos de interés. Los candidatos están obligados a presentar una declaración de que cumplen los requisitos legales para su nombramiento. Posteriormente, existen controles y la posibilidad de recurso jurisdiccional para los comités electorales, los partidos políticos y los ciudadanos. Los órganos responsables de la gestión electoral a nivel nacional y local tienen claramente la responsabilidad de trabajar con la ANI para garantizar que se evitan posibles infracciones de la legislación o son identificadas lo antes posible. Mientras tanto, el sistema judicial ha trabajado para mejorar la interpretación uniforme del marco jurídico existente. Reconociendo que existían problemas de coherencia en tales casos, incluso dentro del propio Tribunal, el Tribunal Superiorl de Casación y Justicia ha puesto en marcha mecanismos específicos para abordar el problema. Esto ha ayudado a los tribunales inferiores y a la ANI en su propia interpretación de las leyes. La ANI está también compilando un código con todas las decisiones judiciales pertinentes. 2.4. Lucha contra la corrupción Lucha contra la corrupción de altos cargos El historial de las instituciones que participan en la lucha contra la corrupción de altos cargos sigue siendo bueno y periódicamente se llevan a cabo procesamientos y se resuelven casos que afectan a políticos y funcionarios de altos cargos. La Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción (DNA) ha notificado un aumento en el número de denuncias presentadas por el público, lo cual parece reflejar una confianza del público en la institución, que también se refleja en las encuestas de opinión. El apoyo público a la actuación contra la corrupción fue reconocido como un factor importante de las manifestaciones que condujeron a la dimisión del Primer Ministro en noviembre de 2015. La DNA inculpó a más de 1 250 personas en 2015, incluidos el Primer Ministro, antiguos ministros, diputados, alcaldes, presidentes de consejos comarcales, jueces, fiscales y un amplio abanico de altos funcionarios. También se han redoblado las medidas provisionales de congelación de activos relativas a estos casos, hasta alcanzar una cifra de 452 millones EUR. Una tendencia en particular ha sido la identificación de la corrupción a nivel local. Desde 2013, el número total de funcionarios locales enviado a juicio por corrupción asciende a casi 100 alcaldes, más de 20 presidentes de consejos comarcales y docenas de otros funcionarios locales. La detención del alcalde de Bucarest en 2015 fue la prueba más clara de este problema.

En cuanto a la fase de juicio, el Tribunal Superior de Casación y Justicia ha mantenido su nivel de actividad en lo que se refiere a la resolución de los casos de corrupción. En 2015 la Sala de lo Penal resolvió, en primera instancia, 11 casos de corrupción de altos cargos y los paneles de cinco jueces resolvieron, en última instancia, el mismo número de casos de corrupción de alto cargos. Incluso en los casos en los que existe un elevado número de testigos y pruebas complejas, los jueces del TSCJ han hecho hincapié en sus esfuerzos por garantizar el respeto de los derechos procesales de todas las partes. Los procedimientos se han tramitado con relativa brevedad: la mayoría de los casos concluidos se habían se registrado en 2014 y 2015, mientras que la sentencia más antigua se remonta a 2011. Entre los acusados más destacados que fueron finalmente condenados se encontraban ministros, diputados, alcaldes, jueces y fiscales. En 2015, el Parlamento rechazó aproximadamente un tercio de las peticiones de la DNA para la suspensión de la inmunidad de los miembros del Parlamento de cara a la apertura de investigaciones o la aplicación de medidas de detención preventiva, problema éste mencionado en anteriores informes sobre el Mecanismo de Cooperación y Seguimiento. Si bien la mayoría de las solicitudes fueron admitidas, no es menos cierto que la respuesta del Parlamento a las solicitudes de la DNA carecen de criterios objetivos para dar una motivación clara y coherente en cada caso, en particular por lo que se refiere a las denegaciones. Aún no se han establecido normas claras para el seguimiento de la Recomendación del Mecanismo de Cooperación y Seguimiento de garantizar la rápida aplicación de las normas constitucionales sobre la suspensión de los Ministros que hayan sido acusados y suspender a los parlamentarios que hayan sido objeto de sentencias relativas a su integridad o condenados por corrupción. Por otra parte, como se señala en el informe de 2015, siguen existiendo casos de Ministros que continúan desempeñando sus funciones tras haber sido objeto de acusación en materia penal y de parlamentarios con condenas firmes por corrupción que siguen en su escaño. Las medidas al respecto han sido tomadas por algunos partidos políticos en vez de por el Parlamento. La lucha contra la corrupción en el ámbito judicial ha sido una prioridad para la DNA y para las autoridades judiciales. El número de casos que han salido a la luz se ha incrementado en los últimos años y ha aumentado el empeño de la judicatura para demostrar que tiene unas elevadas normas de integridad. A este respecto, es importante que la jerarquía judicial esté atenta a cualquier riesgo de falta de integridad de jueces y fiscales y que los magistrados reciban una adecuada orientación con respecto a su imparcialidad, conflictos de interés o incompatibilidades. La integridad de los parlamentarios y los jueces y fiscales fue el tema de la 4.ª ronda de evaluación del Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO). El seguimiento de las recomendaciones de dicho Grupo será importante para hacer avanzar las cuestiones antes mencionadas. Lucha contra la corrupción a todos los niveles El reto de combatir la corrupción en la sociedad rumana en su conjunto es bien conocido. El trágico incendio en Bucarest en octubre fue considerado por muchos como revelador de las consecuencias de la corrupción local y el reconocimiento de la existencia del problema es generalizado. Los ámbitos de riesgo identificados son la educación, la salud y la contratación pública local ya que en ellos las decisiones tienen una incidencia financiera directa. Los casos han incluido fraudes en los exámenes, los seguros de enfermedad y, en ocasiones, en los procedimientos de contratación, a menudo amañados con la participación de un gran número de funcionarios. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción es el instrumento fundamental para fomentar la priorización de las medidas preventivas adoptadas por la Administración Pública a nivel nacional y local. Los proyectos de prevención concretos en los ministerios, algunos apoyados por fondos de la UE y las ONG, siguen aportando una contribución útil a la lucha contra la corrupción en el seno de la Administración. No obstante, si bien se han puesto en marcha las medidas de prevención de la corrupción previstas en la estrategia, su aplicación es más gradual debido a la insuficiente capacidad de las instituciones, a la falta de conocimientos y experiencia del personal y a la falta de voluntad política de las altas instancias. Los escasos resultados de la estrategia, en particular a nivel local, vienen confirmados por un número considerable de casos de corrupción, que confirma la percepción de la existencia de una corrupción sistémica. La escasa información recibida por la DNA de la antigua autoridad de contratación pública ANRMAP refleja también una falta de cooperación interinstitucional. Se está preparando la ampliación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción para los próximos dos años. La misma deberá subsanar las deficiencias encontradas en la revisión, centradas sobre todo en el establecimiento de unos organismos de control eficaces que cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios. La reforma administrativa general prevista por el Gobierno será también una ocasión para aplicar de manera eficaz las medidas de lucha contra la corrupción dentro de la Administración. Han continuado los progresos constatados en el informe de 2015 en términos de persecución y enjuiciamiento de la corrupción de nivel inferior, en particular gracias al trabajo del Fiscal General y la Dirección General de Lucha contra la Corrupción del Ministerio del Interior. El Fiscal General ha dado prioridad a la labor de lucha contra la corrupción y será importante contar con los recursos disponibles para proseguir esta labor. Por lo que se refiere a la recuperación de fondos, el Gobierno presentó en el mes de junio un proyecto de ley para la creación de una Agencia con la misión de gestionar la incautación y la confiscación de activos de origen delictivo, que fue aprobado por el Parlamento y promulgado en diciembre. Se trata de un paso importante para dar respuesta a la recomendación presentada por la Comisión desde hace tiempo de mejorar la ejecución de las resoluciones de confiscación (hasta ahora tan solo se ha recaudado alrededor de un 10 % del valor de las órdenes de confiscación, obstaculizando así el efecto disuasorio de la sanción). Sólo cabe esperar unos resultados efectivos de la nueva Agencia, como muy pronto, en el segundo semestre de 2016. Las autoridades rumanas, con el apoyo de la Comisión, han elaborado una estrategia estructural para mejorar el sistema de contratación pública y adaptarla a las nuevas normas de la UE y han creado una nueva Agencia para llevar a cabo controles previos. La estrategia incluye abordar los riesgos de integridad y corrupción y su aplicación podría constituir un paso importante en la consideración de la contratación pública como un importante ámbito de riesgo de corrupción. 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los informes sobre el MCV de 2014 y 2015 de la Comisión pusieron de relieve una serie de ámbitos en los que la reforma se ha visto confirmada por unos buenos resultados. El mantenimiento de esta tendencia constituye en sí misma un signo de una mayor sostenibilidad. El historial de intervenciones de las principales instituciones judiciales y responsables de la integridad a la hora de abordar la corrupción de altos cargos sigue siendo impresionante. El sistema judicial en su conjunto ha seguido mostrando su profesionalidad, incluida una capacidad de adaptación a unos cambios significativos producidos en el Código Civil y el Código Penal, medidas tendentes a la armonización de la jurisprudencia y la voluntad de defender la independencia del poder judicial. El país ha avanzado también hacia el cumplimiento de los indicadores de referencia fijados por el MCV. Al mismo tiempo, el hecho de que varias recomendaciones del informe sobre el MCV de 2015 sigan siendo válidas demuestra que la reforma no goza del pleno consenso necesario para garantizar un progreso sostenible. La independencia del poder judicial y el respeto de las decisiones judiciales siguen constituyendo un reto. La reforma de los códigos penales ha sido puesta en entredicho por el Parlamento. Las decisiones del Parlamento para permitir o no el enjuiciamiento con el fin de tratar a los parlamentarios como a los demás ciudadanos todavía carecen de criterios objetivos. Hay una mejora en las medidas para luchar contra la corrupción en general, pero no en las proporciones ni con la voluntad política necesaria para abordar lo que ha sido ampliamente reconocido como un problema sistémico. La reforma judicial y la lucha contra la corrupción siguen siendo cuestiones importantes para la sociedad rumana, y son la causa de grandes manifestaciones. Paralelamente, es necesario un mayor apoyo público en favor de la consolidación de la reforma con el fin de garantizar la irreversibilidad de los progresos ya logrados. La Comisión acoge con satisfacción la cooperación constructiva que ha tenido con las autoridades rumanas a lo largo del pasado año, así como el compromiso político del Gobierno rumano de proseguir las reformas y luchar contra la corrupción. 2016 será un año clave en muchos aspectos. El grado en que las cuestiones de integridad prevalezcan en el nombramiento de los altos cargos del poder judicial y el control de los candidatos a las próximas elecciones serán indicadores fundamentales de la medida en que la reforma se está consolidando. La continuación de la tendencia de la reforma será también una señal de sostenibilidad. La Comisión espera con interés seguir colaborando estrechamente con Rumanía para garantizar los objetivos del MCV. La Comisión invita a Rumanía a adoptar medidas en los siguientes ámbitos: 1. Independencia judicial La confianza de la población en el poder judicial constituye en parte un reflejo de su voluntad de desempeñar su papel como actor independiente en la gobernanza de Rumanía. Los procedimientos de nombramiento abiertos y basados en el mérito desempeñarán un papel especialmente importante en 2016. Deben adoptarse medidas para evitar que prosiga la tendencia a someter a los magistrados a críticas personales en el ejercicio de sus funciones.

Garantizar que existen procedimientos claros y efectivos en vigor con la antelación suficiente para los nombramientos de altos cargos de la magistratura previstos en 2016. Esto implicaría que, varios meses antes de cada procedimiento, ya se hayan fijado las diferentes fases y criterios que regirán las decisiones. Adoptar un planteamiento diferente para los nombramientos por debajo de los cargos más altos de los departamentos del Ministerio Fiscal ofreciendo a los recién nombrados jefes la posibilidad de desempeñar un papel importante a la hora de seleccionar su propio equipo. Garantizar la transparencia de todos los procedimientos. Posteriormente, debe preverse por ley un sistema más sólido e independiente de nombramiento de los fiscales superiores, con el apoyo de la Comisión de Venecia. Como se recomendaba en 2015, se debe garantizar que el código deontológico de los parlamentarios incluya disposiciones claras para que estos y el proceso parlamentario respeten la independencia del poder judicial. El nuevo Consejo Superior de la Magistratura debe determinar si podría hacerse más para prestar el apoyo adecuado a los magistrados individuales objeto de críticas que menoscaban la independencia judicial. 2. Reforma judicial Deberán continuar los trabajos para promover reformas que puedan considerarse como una consolidación de la profesionalidad de los magistrados. Esto vendría respaldado por un marco legislativo estable. Siguen siendo válidas las recomendaciones anteriores sobre la racionalización de los tribunales y la mejora del seguimiento de las sentencias judiciales. Como ya se recomendó el año pasado, la fase actual de la reforma de los códigos jurídicos rumanos debería concluirse rápidamente mediante un acuerdo con el Parlamento para modificar los códigos, aprobando únicamente las modificaciones que respeten la opinión de las instituciones judiciales, presentadas por el Gobierno; El Gobierno y el Consejo Superior de la Magistratura deben crear un plan claro para garantizar que se respeta el nuevo plazo para la aplicación de las demás disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil; El nuevo Consejo Superior de la Magistratura deberá establecer medidas claras para promover la transparencia y la rendición de cuentas, en especial garantizando un programa periódico de reuniones abiertas con grupos de jueces y fiscales a todos los niveles, un diálogo permanente con la sociedad civil y un informe anual. 3. Integridad La integridad debe ser el principio rector de la vida pública, y el marco jurídico y unas instituciones íntegras deberán promover este objetivo. Es importante mejorar la aceptación pública y la aplicación efectiva de las normas sobre incompatibilidades y poner énfasis en las fases iniciales de la prevención de las incompatibilidades y los conflictos de interés. Proseguir los esfuerzos hacia una mayor coherencia en la jurisprudencia relativa a las decisiones en materia de integridad y poner a disposición de los tribunales inferiores la jurisprudencia consolidada sobre la materia; Tal y como se recomendó previamente, volver a examinar la manera de garantizar que las decisiones judiciales que requieran la suspensión del mandato de los diputados sean aplicadas automáticamente por el Parlamento; Aplicar el control previo de los conflictos de interés en la contratación pública a través del programa «Prevent»; Adoptar medidas para garantizar el respeto de las normas sobre la integridad en la organización de las elecciones generales y locales en 2016. 4. Lucha contra la corrupción Mantener el esfuerzo de las instituciones judiciales para abordar la corrupción de alto nivel sigue siendo el signo más importante de consolidación de la lucha contra la corrupción. La legislación en materia de corrupción debe aplicarse por igual a todos y aplicarse a todos los niveles.