Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La cooperación con las asociaciones de solidaridad como agentes económicos y sociales en el ámbito social»

(98/C 73/23)

El 20 de marzo de 1997, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «La cooperación con las asociaciones de solidaridad como agentes económicos y sociales en el ámbito social».

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de octubre de 1997 (Ponente: Condesa Eulenburg.)

En su 350° Pleno (sesión del 10 de diciembre de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado el presente Dictamen por 75 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones.

LA COOPERACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD COMO AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Preámbulo

El trabajo de las asociaciones de solidaridad es un elemento constitutivo del Estado social europeo. Sus diversos servicios y establecimientos tienen raíces históricas. Junto al progreso económico aparecieron cambios que condujeron a desigualdades sociales y al empobrecimiento. La industrialización del siglo XIX dio lugar a profundos cambios en la vida cotidiana de las personas. Las iglesias y sus comunidades religiosas, la burguesía acomodada y los nobles, así como organizaciones sociales de diverso tipo, como, por ejemplo, las asociaciones de trabajadores, desarrollaron una actividad social y fundaron servicios y establecimientos sociales. En muchos países europeos, el Estado se mantuvo apartado de estas iniciativas y no intervino sino bastante tarde, de acuerdo con el distinto desarrollo de los sistemas nacionales de protección social.

Las asociaciones de solidaridad no sólo representan a responsables de establecimientos y servicios sociales, sino que motivan a las personas para que trabajen voluntariamente en aras del bien común y se consideran como abogados de los necesitados. Su acción está presidida por la idea de justicia social.

Las asociaciones de solidaridad forman parte del «tercer sector», que tiene una gran importancia en las economías europeas y que supone un fenómeno complejo, un tanto impreciso y difícil de delimitar. Las diferentes culturas nacionales, así como los diferentes niveles de acción y sobre todo intereses muy diversos (tales como las acciones de beneficencia de los ciudadanos, las actividades caritativas de las iglesias y las organizaciones de autoayuda del movimiento de los trabajadores) han contribuido a hacer del «tercer sector» un fenómeno eminentemente abigarrado. Pero es justamente esta complejidad la que lo convierte en un movimiento típicamente europeo. El Estado social europeo se caracteriza específicamente por la existencia del «tercer sector».

El «tercer sector» es también aquella parte de la economía en la que el deseo de participación de los ciudadanos se expresa directamente, esto es, sin relación con intereses económicos ni estatales. En todos los países de la Comunidad existen en general, «sociedades de personas» que se caracterizan por la adhesión personal, libre y voluntaria de sus miembros, sin contribución al capital social y sin ánimo de lucro individual. Entre ellas se distinguen tres tipos: cooperativas, mutuas y asociaciones. En los dos primeros casos, la adhesión garantiza el derecho a servicios y prestaciones. Ese no es en absoluto el caso para las asociaciones, que pueden actuar también a favor de personas que no sean miembros.

La actividad de las asociaciones de solidaridad se dirige fundamentalmente a un público no específico. Los receptores de las prestaciones son personas que sufren determinados perjuicios sociales o bien ciudadanos que necesitan ayuda social temporal o permanente. Las prestaciones no responden a ningún interés lucrativo y por tanto no pueden seleccionarse con arreglo a criterios de economía de mercado. El desafío actual de las asociaciones de interés general consiste en la comercialización sistemática de la satisfacción de necesidades sociales. Si las asociaciones de interés general estuviesen totalmente expuestas a la competencia irrestricta con prestatarios orientados al beneficio, sólo actuarían -conforme a su objetivo- en los sectores en los que la prestación de servicios sociales resulta lucrativa. Las asociaciones de solidaridad difícilmente podrían desempeñar en esas condiciones la función de protección social general, debido, entre otras cosas, al alto nivel de gastos que conlleva.

Ahora bien, las asociaciones de solidaridad no son simples prestatarias de servicios sociales; su pertenencia al «diálogo civil» se pone precisamente de manifiesto en su colaboración con los voluntarios, aspecto constitutivo de las asociaciones de solidaridad. El compromiso social voluntario del mayor número posible de ciudadanos es indispensable para la construcción y el desarrollo de la comunidad social. El principio de la subsidiariedad cobra vida bajo diversas maneras: grupos de autoayuda, ayuda vecinal, ayuda laica, ayuda no remunerada, compromiso ciudadano, en parroquias o asociaciones seculares, etc. Las asociaciones de solidaridad son puntos donde se concentra esta solidaridad.

Sin excluir las similitudes con las demás «sociedades de personas», el presente Dictamen se limita a las «asociaciones de solidaridad», concebidas como organizaciones cuyo objetivo reside en la solidaridad social y tal como serán definidas más adelante. Con ello se pretende tener en cuenta también la multiplicidad de formas jurídicas bajos las cuales se lleva a cabo el trabajo social.

1. Introducción

1.1. Asociaciones de solidaridad existen en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo general, se las considera elementos importantes de la protección social:

- como defensores de los derechos sociales;

- como abogados de los desfavorecidos y los excluidos;

- como multiplicadores del compromiso social voluntario;

- como foros del progreso social;

- como transmisores de innovaciones en el desarrollo de la ayuda social;

- como agrupaciones representativas y democráticas de miembros en asociaciones u otras organizaciones con formas jurídicas similares;

- como responsables de establecimientos y servicios sociales de interés público y sin afán de lucro.

1.2. Las necesidades que tienen que afrontar (ayudas en casos de problemas sociales y sanitarios, abandono, exclusión y minusvalías, etc.) no cesan de aumentar y cada vez son más complejas. Con sus medidas influyen en la calidad de la ayuda en el sector público y contribuyen, en lo que se refiere a la elección de los beneficiarios, a un reparto más amplio de la clientela en el sector orientado al beneficio. En ese sentido son garantes también del espíritu de solidaridad y responsabilidad en la sociedad.

1.3. El empleo de voluntarios es parte integrante del trabajo de las asociaciones de solidaridad. El trabajo voluntario siempre es un complemento, nunca una alternativa al trabajo remunerado, el cual garantiza la continuidad y el profesionalismo. El trabajo voluntario no remunerado nunca es trabajo sustitutorio, sino participación ciudadana en la organización de la sociedad. Los voluntarios organizan su trabajo de acuerdo con sus propias ideas. Este trabajo es uno de los instrumentos a través de los cuales se expresa la relación entre libertad y responsabilidad en las sociedades democráticas.

1.4. Dentro de la economía en general se subestima a menudo la importancia de las asociaciones de solidaridad. Éstas ocupan una posición intermedia entre los sectores estatal y del mercado. Como organizaciones no estatales no están obligadas por ley a su actividad, sino que la desarrollan voluntariamente. A diferencia del mercado, no actúan movidas por el beneficio, como actúan las empresas del sector privado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido en cuenta recientemente la posición especial de este sector, al establecer que según el Derecho comunitario cada país es libre de dar prioridad a este sector frente a las empresas orientadas al beneficio (asunto C-70/95 - Sodemare/Regione Lombardia). Como se indica detalladamente en el anexo I, las asociaciones de solidaridad han alcanzado un orden de magnitud considerable.

1.4.1. Por otro lado, las asociaciones de solidaridad pueden también contribuir, hasta cierto punto, a crear puestos de trabajo suplementarios incluso en un mercado laboral estancado o en lento crecimiento. Los recursos movilizados por las asociaciones de solidaridad tienen un gran valor, ya que:

- se aplican de un modo muy específico allí donde los problemas sociales son mayores;

- se utilizan para apoyar la actividad de un gran número de voluntarios;

- se complementan con las donaciones de particulares.

1.5. Las asociaciones de solidaridad están reconocidas en la UE como agentes sociales (véase anexo 2). La Declaración n° 23 del Acta Final del Tratado de Maastricht dice lo siguiente: «La Conferencia destaca la importancia que tiene, para conseguir los objetivos del artículo 117 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la colaboración entre ésta y las asociaciones de solidaridad y las fundaciones, como instituciones responsables de establecimientos de beneficencia y servicios sociales.» Dicho Tratado confirma la Declaración, en la medida en que se ha establecido una referencia expresa al principio de política social del artículo 117 del Tratado CE, que, gracias a la inclusión del protocolo social, ha cobrado una significación nueva y más duradera.

1.6. En el Tratado de Amsterdam se ha incluido una Declaración sobre el voluntariado, que sin embargo no se limita al campo del trabajo social. Se trata del siguiente texto:

«La Conferencia reconoce la importante contribución de las actividades de servicio voluntario para desarrollar la solidaridad social. La Comunidad estimulará la dimensión europea de las organizaciones voluntarias, poniendo un énfasis particular en el intercambio de información y experiencia, así como en la participación de los jóvenes y de las personas mayores en el trabajo voluntario.»

2. Objetivo del Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social

2.1. El objetivo del presente Dictamen de iniciativa del CES consiste, por una parte, en reforzar la conciencia del papel y la importancia de las asociaciones de solidaridad como agentes económicos y sociales en Europa y como importantes actores que trabajan en diversos campos de la política social, y, por otra, en formular una serie de propuestas concretas con vistas a institucionalizar y sistematizar la colaboración con las asociaciones de solidaridad.

2.2. El punto de partida de la iniciativa es la Declaración n° 23 del Acta Final del Tratado de Maastricht «relativa a la cooperación con las asociaciones de solidaridad». Dicha Declaración incluye también la cooperación con todas las organizaciones socialmente activas, lo que, por lo demás, se corresponde con la postura unánime expresada durante la audición de estas organizaciones celebrada por el Grupo de estudio. A ese respecto, conviene interpreta en sentido lato el concepto de «establecimientos y servicios» bajo la responsabilidad de las asociaciones de solidaridad que aparece en la Declaración n° 23. El concepto abarca todas las organizaciones que llevan a cabo acciones a largo plazo y de efecto duradero a favor de personas que dependen de ayuda social de todo tipo (en relación con las particularidades de las diversas formas de organización de las asociaciones de solidaridad, véase el Anexo II).

2.3. Únicamente una interpretación de la Declaración en este sentido garantiza la posibilidad de tener en cuenta la posición variable de las asociaciones de solidaridad en los Estados miembros de la UE a lo largo del proceso de unificación europea. Las actividades de la asociaciones de solidaridad abarcan, según la cultura y la política social de cada país, desde la movilización y capacitación de las personas para la autoayuda y la ayuda «externa», hasta el apoyo a empresas de interés público en el ámbito de la prestación de servicios sociales. El objetivo común de todas las medidas es garantizar a las personas que se hallan en determinadas situaciones de la vida el apoyo que necesitan. Sólo así adquiere la Declaración n° 23 a nivel comunitario la dimensión europea que se le pretendía dar.

2.4. Hay que tener especialmente en cuenta que el concepto de las «asociaciones de solidaridad» ha encontrado en cada una de las lenguas oficiales de la UE una connotación propia en consonancia con su cultura lingüística. Estos conceptos, sin embargo, no pueden conciliarse sin más con lo que significan en la cultura de cada país las asociaciones de solidaridad, cuya posición depende en gran medida del contexto político y jurídico del país. En lo que respecta a su acepción en la UE, se trata de un concepto particular del Derecho comunitario que necesita de una interpretación permanente por parte de la Comunidad y de los Estados miembros. Este es, precisamente, uno de los objetivos concretos del presente Dictamen de iniciativa del CES.

3. Razones para reforzar la cooperación de la UE con las asociaciones de solidaridad

3.1. La solidaridad y la subsidiariedad deben ser principios fundamentales en el funcionamiento de toda política social. En lo que respecta a las asociaciones de solidaridad como agentes de la protección social en el sentido de la solidaridad y de la cohesión social, tales principios no han sido plenamente reconocidos por la política y el Derecho comunitarios en lo que hace a la relación de dichas asociaciones con los servicios públicos del sector. Por ejemplo, el principio de la subsidiariedad, tal como se establece en el Tratado UE, se aplica hasta ahora únicamente a la relación entre la Comunidad y los Estados miembros. En lo que respecta a la igualdad de rango o equivalencia de su actividad en comparación con la de instituciones estatales, municipales o privadas y comerciales, hay gran cantidad de cuestiones sin resolver. No obstante, se ha empezado ya a tener en cuenta estos principios, como es el caso de la mencionada Declaración n° 23 relativa a la «cooperación con las asociaciones de solidaridad», que no tendría sentido fuera del contexto de debate político en relación con los dos principios mencionados.

3.2. Las asociaciones de solidaridad son un grupo económico y social importante de los sistemas de protección social de los distintos Estados miembros y en el conjunto de la Unión Europea en proceso de integración. Esto es motivo suficiente para que el CES se congratule de contar entre sus miembros con representantes de las asociaciones de solidaridad. El «diálogo civil» se podrá llevar a cabo aún mejor con una adecuada representación de este grupo en el CES.

3.3. A pesar de las diferencias entre los sistemas de protección social, existe en los Estados miembros de la UE un consenso creciente sobre la conveniencia de que el Estado incluya en la protección social las prestaciones de las asociaciones de solidaridad como parte de las ayudas públicas, sin reducir por ello su independencia. La labor y las prestaciones de las asociaciones de solidaridad son un complemento, no un sustituto, de la política social del Estado. De un lado, se asume que los servicios públicos por sí solos no pueden prestar la ayuda necesaria y que los recursos que se necesitan sólo pueden allegarse mediante la colaboración entre la solidaridad pública y la privada. De otro lado, se ha llegado sin embargo a la conclusión de que en muchos casos las asociaciones de solidaridad pueden prestar los servicios sociales de manera menos costosa y más ajustada a las necesidades.

3.4. Las asociaciones de solidaridad están sujetas a la competencia con instituciones privadas y comerciales. Son especialmente partidarias de ella allí donde puede contribuir a mejorar la eficiencia y a mejorar los instrumentos y métodos de ayuda y allí donde puede surgir del establecimiento de criterios de calidad comunes en materia de prestaciones sociales, basados en necesidades comunes claramente definidas. No obstante, es preciso rechazar la introducción de elementos de economía de mercado siempre que vaya en perjuicio de los necesitados. El modelo de economía de mercado puro, orientado a maximizar el beneficio, funciona mal, como principio general, en el ámbito de lo social.

3.5. El principal motivo del presente Dictamen de iniciativa -como se puso igualmente de manifiesto tras la audición de las organizaciones invitadas a la primera reunión del Grupo de estudio- es el reconocimiento político común de que las organizaciones como las asociaciones de solidaridad, encargadas de establecimientos y servicios sociales en los Estados miembros de la UE, desempeñan un papel clave a la hora de lograr que la gran mayoría de los ciudadanos participen en la paz social y de brindarles las prestaciones que realmente necesitan.

3.5.1. Uno de los peligros de la tendencia a la economización de todos los procesos sociales que actualmente se observa a escala europea y mundial consiste en la exclusión de un número cada vez mayor de personas de estas ayudas. Esta exclusión atenta contra su dignidad humana, que sólo puede salvaguardarse si se garantiza un mínimo de ayudas sociales. El hilo conductor de todo el desarrollo de la sociedad ha de ser el principio de la solidaridad.

4. Propuestas

4.1. Una de las tareas fundamentales de las asociaciones de solidaridad es introducir en el debate público y en los procesos legislativos los intereses de los excluidos, que carecen de una representación pública suficiente. A ese respecto, es preciso que a nivel comunitario:

- se consulte y se escuche a las asociaciones de solidaridad;

- se reconozca su importancia como defensoras de los derechos sociales y como prestatarias de servicios sociales;

- se fomente la cooperación de las asociaciones de solidaridad en Europa y con la Comunidad.

En este sentido, es fundamental que la cooperación con las asociaciones de solidaridad no se rija por la estructura organizativa interna de las direcciones generales de la Comisión. Pero también es cierto que en la Comisión no existe hasta el momento disposiciones institucionales específicas que se refieran expresamente a la Declaración n° 23 o al ámbito de la política social que ésta menciona. En estas condiciones, las propuestas siguientes sólo se refieren a una eventual aplicación de la Declaración n° 23.

4.2. La Comisión podría establecer competencias más claras, por ejemplo, en la Dirección General V «Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales», con el fin de atender así a la necesidad de coordinar y desarrollar la cooperación de la Comunidad con las asociaciones de solidaridad. Es preciso tener en cuenta el diverso papel de las asociaciones de solidaridad en los distintos Estados miembros, y ello con arreglo a sus distintas funciones en los diversos ámbitos de la labor social. Uno de los objetivos debería ser el de obtener información estadística más exacta sobre el fenómeno social de las asociaciones de solidaridad en la UE, especialmente en relación con el trabajo voluntario. Convendría que la Comisión examinara si dispone ya de instrumentos para llevar a cabo estas tareas o si, por el contrario, es necesario crearlos.

4.3. Lo mismo se aplica a las medidas administrativas de la Dirección General XXIII «Política de la Empresa, Comercio, Turismo y Economía Social», en tanto en cuanto se adopten en esta DG nuevas reglamentaciones administrativas basadas en la Comunicación de la Comisión sobre asociaciones de interés público, reglamentaciones en las que podrían tenerse en cuenta las especificidades de las asociaciones de solidaridad como responsables de establecimientos y servicios sociales. En términos generales, hay que garantizar que la dimensión social global de las acciones de solidaridad no se trate únicamente desde el punto de vista económico y empresarial.

4.4. En relación con las formas de ayuda, la Comisión debería tener en cuenta la situación especial de las asociaciones de solidaridad. Las modalidades de licitación deberían establecerse de manera que no impidan u obstaculicen la participación de las asociaciones de solidaridad. En caso de cofinanciación, deberían aceptarse todas las fuentes de financiación a que están habituadas dichas asociaciones, entre ellas el tiempo dedicado de manera voluntaria y no remunerada a las actividades en cuestión.

4.5. Por lo que respecta a la cooperación en la práctica, sería importante prever, en conjunción con los actuales proyectos piloto de cooperación con las asociaciones de solidaridad, y con el fin de dar continuidad a la política de ayuda correspondiente, un programa de ayuda propio de «Cooperación con las asociaciones de solidaridad» que contase con una dotación financiera adecuada, en la forma de una decisión del Consejo.

4.5.1. Uno de los objetivos prioritarios debería ser la información y el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas de la cooperación de las asociaciones de solidaridad en lo que se refiere a la obtención de los recursos específicos de ellas, en particular en la cooperación con voluntarios.

4.5.2. Este objetivo podría combinarse también con medidas prácticas para el fomento de los servicios voluntarios en Europa, tal como prevé la Declaración relativa al fomento del voluntariado introducida en el Tratado de Amsterdam.

4.6. Al término de un periodo de tres años debería evaluarse, en un nuevo dictamen de iniciativa, qué aspectos del presente Dictamen se han hecho realidad y qué nuevas propuestas e iniciativas pueden desarrollarse.

Bruselas, el 10 de diciembre de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

ANEXO I

Datos estadísticos sobre la importancia económica de las asociaciones de solidaridad

Hay muy pocas estadísticas significativas sobre las asociaciones de solidaridad en Europa (y sobre el tercer sector en general). La principal dificultad en relación con las estadísticas del tercer sector y de las asociaciones de solidaridad reside en la disparidad de estructuras en los diferentes países. Tales diferencias son el resultado de disparidades en la evolución histórica y política, así como también religiosa y cultural. La falta de datos comparables ha contribuido de manera nada desdeñable a que se subestime la importancia social y económica de las asociaciones de solidaridad en la UE.

Los tres cuadros siguientes se basan en su mayor parte en la siguiente publicación: Salamon, Laster M.; Anheier, Helmut K.; Sokolowaki, S. Wojciech, and associates: The Emerging Sector: A Statistical Supplement, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, Baltimore 1996. A efectos comparativos se ha utilizado también la siguiente obra: Comunidades Europeas - Comisión (DG XXIII): The cooperative, mutual and non-profit sector in the European Union, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 1997.

Las cifras presentadas no provienen de estadísticas oficiales ni de estadísticas armonizadas en los diferentes Estados miembros de la UE. Con el fin de poder valorar la significación de los tres cuadros, glosamos a continuación el estudio que ha servido de base.

Explicación

Con el fin de obtener bases estadísticas comparables internacionalmente, el Instituto Johns Hopkins de Estudios Políticos de Baltimore puso en marcha un programa de investigación en diversos países, entre los que se encuentran cinco Estados miembros de la UE. La investigación tiene por objeto describir estadísticamente la importancia económica y social del tercer sector. El método de investigación presta especial atención a que las estadísticas resultantes en los diversos países estudiados sean comparables entre sí.

En la investigación del Instituto Johns Hopkins se aplicó un mismo método para examinar la totalidad del tercer sector en cinco Estados miembros de la UE: Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra (así como, entre otros, Hungría, Japón y los EE UU). El estudio incluyó organizaciones de interés público que cumplían los siguientes requisitos:

- no tener ánimo de lucro;

- estar estructuradas formalmente;

- ser independientes del Estado;

- administrarse autónomamente y

- que el carácter de miembro no sea obligatorio.

Por contra, las siguientes organizaciones quedan expresamente excluidas:

- empresas y organismos públicos (incluidos los entes públicos);

- organizaciones con fines principalmente religiosos (como, por ejemplo, administraciones eclesiásticas, comunidades de creyentes, cofradías, etc.);

- organizaciones con fines esencialmente políticos (por ejemplo, partidos políticos);

- cooperativas (por ejemplo, cooperativas de producción o de consumidores);

- formas de organización basadas en la reciprocidad (por ejemplo, las mutuas).

Las organizaciones fueron clasificadas en doce grupos siguiendo un criterio uniforme (International Classification of Non-Profit Organisations, ICNPO):

1. Cultura y ocio;

2. Educación e investigación;

3. Salud (hospitales y establecimientos similares, ambulatorios y similares, sanatorios psiquiátricos y similares, otras organizaciones sanitarias);

4. Servicios sociales (servicios sociales y establecimientos sociales similares, protección civil, ayuda económica y subvenciones);

5. Medio ambiente;

6. Desarrollo, vivienda y empleo (desarrollo, trabajo de interés colectivo, vivienda, empleo y formación profesional);

7. Derecho, intereses de los consumidores y ciudadanos, política;

8. Fundaciones, donaciones, voluntariado;

9. Actividades internacionales;

10. Religión;

11. Asociaciones económicas, asociaciones profesionales,sindicatos;

12. Otros.

Esta clasificación permite filtrar las actividades de las asociaciones de solidaridad a partir de los datos disponibles. Según el perfil de actividad, las asociaciones de solidaridad se engloban principalmente en los grupos 3 (sanidad) y 4 (servicios sociales), y parcialmente en el grupo 6 (desarrollo, vivienda y empleo). Al grupo 9 (actividades internacionales) corresponden actividades de cooperación al desarrollo ejercidas también por las asociaciones de solidaridad, con solapamientos con las de los grupos 2 (formación e investigación), 7 (Derecho, intereses de los consumidores y de los ciudadanos) y 8 (fundaciones). Los datos estadísticos de los grupos de salud (ICNPO 3) y de servicios sociales (ICNPO 4) -a los que habría que añadir los grupos 6, de desarrollo, vivienda y empleo, y 9, de actividades internacionales- pueden considerarse representativos en lo esencial de las actividades de las asociaciones de solidaridad.

En general, se observa una serie de limitaciones: a) ya se ha mencionado la gran diferencia de estructura entre los diversos países. b) la investigación del Instituto Johns Hopkins de Estudios Políticos tenía por objeto todo el ámbito del tercer sector y no específicamente las asociaciones de solidaridad. De ello se sigue que los datos sobre las asociaciones de solidaridad deben extraerse indirectamente de la clasificación temática (los grupos establecidos por la ICNPO), con las consiguientes inexactitudes. c) la tercera limitación es más de fondo: en las sociedades muy complejas, la clasificación de las organizaciones resulta con frecuencia muy difícil, con las consiguientes imprecisiones.

El estudio del Instituto Johns Hopkins es hasta ahora el único que permite comparaciones internacionales; al margen de las críticas que se pueden formular sobre cuestiones de detalle, está reconocido en el ámbito científico y la propia Comisión lo cita en algunos documentos, como por ejemplo en la «Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa» (COM(97) 241 final).

La Comisión, por su parte, ha publicado en 1997 un estudio sobre cooperativas, mutuas y el sector no lucrativo en la UE (citado supra). Los datos estadísticos se recogieron a través de cuestionarios en grandes organizaciones locales y nacionales. Las estadísticas, especialmente las del sector no lucrativo, son muy generales, están estructuradas de forma muy grosera y son muy incompletas. En relación con ellas, el estudio del Instituto Johns Hopkins es mucho más completo y está mejor estructurado temáticamente que el de la Comisión

Ambos estudios se pueden comparar en lo que se refiere a Francia, Alemania e Inglaterra. (En el caso de Italia, el estudio de la Comisión cita datos de la investigación del Instituto Johns Hopkins.) En estos tres países, los datos del apartado «salud y trabajo social» se pueden comparar con los datos del estudio del Instituto Johns Hopkins relativos a los grupos 3 (salud) y 4 (servicios sociales) de la clasificación ICNPO. Si se convierten las cifras de gastos de las áreas de «salud y servicios sociales» a porcentajes del Producto Interior Bruto, el estudio del Instituto Johns Hopkins da como resultado para Francia un 1,45 %, mientras que el estudio de la Comisión arroja un 1,39 %; las cifras correspondientes para Alemania son un 2,07 % frente a un 1,92 %, mientras que para Inglaterra se sitúan en el 0,72 % y el 0,72 %. A pesar de las diferencias metodológicas entre ambos estudios, los datos estadísticos se corresponden, y los dos subrayan la importancia económica de las asociaciones de solidaridad.

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ANEXO II

Las asociaciones de solidaridad en la UE

PARLAMENTO EUROPEO

Declaración n° 23, línea presupuestaria B 3-4101

El Parlamento Europeo empezó a tener en cuenta la Declaración n° 23 a partir de 1993, año en el que decidió destinar fondos en el presupuesto para la «cooperación con las asociaciones de solidaridad»; dichos fondos ascendieron a 2 millones de ecus en 1996. En el presupuesto de 1997 se ha previsto una nueva línea presupuestaria B3-4101 para la cooperación con las asociaciones de solidaridad y con las organizaciones y asociaciones no gubernamentales para la defensa de la tercera edad de 4 millones de ecus. Una de las nuevas líneas presupuestarias, bajo el nombre de civil dialogue, fue propuesta por el Sr. Stephen Hughes, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, y rechazada por el propio Parlamento. La Comisión ha propuesto una línea presupuestaria independiente para 1998 con el nombre simplificado de «cooperación con las asociaciones de solidaridad», dotada con 4,5 millones de ecus, que será previsiblemente aceptada por el Parlamento. La Comisión ha traducido estas líneas presupuestarias en una serie de medidas bajo la forma de proyectos puestos en marcha por diferentes organizaciones. La cooperación con las ONG o con las asociaciones de solidaridad es en gran medida resultado de las solicitudes de los miembros del Parlamento Europeo (véase la pregunta del diputado Iversen en DO C 60 de 26.2.1997, p. 102).

COMISIÓN EUROPEA

Foro europeo de política social, papel de las ONG

Por otra parte, la Declaración n° 23 halló un primer eco en el documento de la Comisión titulado «Programa de acción social a medio plazo 1995-1997 - COM (95) 134 final». Al referirse expresamente a la Declaración, el documento menciona un «Foro europeo de política social», con la intención de que las organizaciones útiles a la sociedad, organizaciones representativas y círculos interesados sean consultados en numerosas cuestiones sociales. Dicho foro tuvo lugar en marzo de 1996 con una relevancia desigual. También se hace referencia a las organizaciones en el «informe del Comité de sabios» publicado en 1996 para este foro. En él se dice: «Es necesario que las organizaciones sin afán de lucro y las fundaciones, así como en general los agentes colectivos de la sociedad civil, intervengan en el proceso decisorio de las políticas sociales. Deberían tener un lugar especial las asociaciones de solidaridad que combaten la marginación y la pobreza y que pueden representar a los parados» (Informe, Parte IV, n° 1, Bruselas 1995-febrero 1996) (Traducción libre).

En su última comunicación sobre aspectos de política social, «Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea - COM(97) 102», la Comisión insta sólo a los interlocutores sociales a que adopten una postura, (no a las instituciones europeas ni a los Estados miembros), al tiempo que concede a las ONG únicamente el papel de participantes en el II Foro de Política Social, previsto para 1998. No se menciona en absoluto a las asociaciones de solidaridad y por tanto no se les reconoce como actores independientes de la protección social.

Economía social, estatuto de la asociación europea

La Comisión se ha ocupado igualmente de las asociaciones en particular bajo otro aspecto. La Comisión ha propuesto formas jurídicas específicas para las cooperativas, para las mutuas y para las asociaciones -sin limitarse a las que trabajan en el ámbito social- que deben permitir a estas organizaciones, agrupadas bajo la denominación de «economía social», tener una forma jurídica europea para sus actividades.

De este modo, debe reconocerse a estas organizaciones una unidad de objetivos y de aspectos prácticos más allá de sus diferentes estatutos jurídicos. Estos estatutos deberían ser adaptados preferentemente en función de las legislaciones nacionales. La Comisión ha propuesto, para el caso de las sociedades de personas del Derecho europeo, crear sistemas de transición entre los tres tipos de organización (cooperativas, mutuas, asociaciones).

No se prevé actualmente una decisión del Consejo, entre otras cosas porque las directivas sobre los comités de empresa en los organismos de este tipo están sujetas a la controversia europea de la unanimidad. En este contexto, los programas plurianuales de la Comisión para el fomento de la «economía social» no han contado con la aprobación del Consejo, por diversas causas. En el caso del actual bloqueo de esta propuesta, la causa ha sido la insuficiente consideración de la heterogeneidad de las asociaciones en los Estados miembros. La Comisión, sin embargo, ha introducido las medidas correspondientes basándose en los medios financieros ya previstos a tal efecto en los diversos presupuestos. Por lo demás, a escala de la Comisión en Bruselas existe un «comité consultivo» al cual pertenecen representantes de dichas organizaciones de todos los Estados miembros. El 6 de junio de 1997, la Comisión presentó una Comunicación bajo el título «Promover el papel de las organizaciones de solidaridad y las fundaciones en Europa (Libro Blanco)» (COM(97) 241 final), que también se refiere a la Declaración n° 23, pero que hace referencia a todas las organizaciones de interés público (por ejemplo, del ámbito de los deportes, la cultura, etc.) y que remite en su contenido a un «Libro Blanco sobre asociaciones, etc.», presentado de manera oficiosa hace tiempo.

COOPERACIÓN EUROPEA DE LAS ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD

La «Mesa redonda europea de asociaciones de solidaridad» (en inglés, ETWelfare) se constituyó en 1992 con referencia explícita a la Declaración n° 23, y desde 1996 adopta la forma jurídica de una Agrupación europea de interés económico (AEIE) sin ánimo de lucro. ETWelfare ha llevado a cabo, con apoyo de la Comisión, por ejemplo, dos de los proyectos piloto financiados con los mencionados presupuestos, entre otras cosas para mejorar la cooperación con las asociaciones de solidaridad a través del intercambio de información entre las asociaciones de todos los Estados miembros de la UE. Las ONG de carácter social crearon la denominada «plataforma de ONG sociales» con vistas a preparar el foro de política social de 1996, y eligieron a un miembro del CES, la condesa Sascha zu Eulenburg, como portavoz para la intervención final.

Cabe distinguir entre agrupaciones sectoriales e intersectoriales. Un buen ejemplo del trabajo sectorial lo constituyen las asociaciones que actúan en la UE y en los Estados miembros contra la pobreza y la marginación (la red europea contra la pobreza -cuyas siglas en inglés son EAPN-, la federación europea en defensa de los sin techo (FEANTSA)) y las asociaciones de personas y de responsables de servicios y establecimientos que cooperan en el Foro europeo de minusválidos y en el Foro de la juventud. Su tarea consiste en defender los derechos e intereses de las personas que se encuentran en situación de dificultad, conflicto u otras condiciones de vida difíciles y que se han unido para vencer dichas dificultades.

Ello no ha excluido la organización esporádica de importantes acciones comunes relacionadas con exigencias generales de política social. Es el caso de la preparación del Foro de Política Social de 1996 y de la «plataforma de ONG sociales» planeada con vistas al próximo foro de 1998. Ambos foros sirven para desarrollar el diálogo con los interlocutores sociales, lo que fomenta la cooperación y coordinación de las ONG de carácter social.

Aparte hay que mencionar las asociaciones que, en tanto que asociaciones de solidaridad o fundaciones, dirigen servicios y establecimientos sociales de diverso tipo que ofrecen servicios sociales y a través de los cuales defienden los derechos sociales de los afectados (véase por ejemplo la mesa redonda europea de asociaciones de solidaridad, ETWelfare, en la que trabajan federaciones de dichas instituciones y servicios de los catorce Estados miembros).

ANEXO III al Dictamen del Comité Económico y Social

Las propuestas de modificación siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates:

Punto 3.2

Modifíquese como sigue:

«Las asociaciones de solidaridad son un grupo económico y social importante en el marco de la solidaridad social de los distintos Estados miembros y en el conjunto de la Unión Europea en proceso de integración. El CES se congratula de contar entre sus Miembros con Consejeros representantes de las asociaciones de solidaridad. Con esta adecuada representación, el CES constituye la representación más amplia de la sociedad civil y por tanto está capacitado para poner en práctica y expresar el "diálogo civil". Al actuar de este modo, especialmente gracias a su actual composición, no hace sino llevar a cabo la función que se le ha encomendado.»

Exposición de motivos

- Respecto al término «solidaridad social»: véase la exposición de motivos relativa al punto 3.1.

- Si bien es cierto que se ha suavizado la forma del punto 3.2. que figuraba en el corrigendo, se mantiene el fondo.

Es difícil, y muy peligroso para el CES, a causa del golpe que él mismo daría a su propia autoridad, a la seriedad que debe atribuírsele y en general al conjunto de la credibilidad de sus trabajos y de sus miembros actuales, admitir y reconocer -como hace este punto- lo siguiente:

- que su representación no es adecuada, dado que la representación de las asociaciones debe ser adecuada (lo que da a entender claramente que hoy día no lo es);

- que, a causa de esta falta de representación adecuada, no está capacitado o sólo parcialmente capacitado (ya que el punto 3.1 del corrigendo declara que «El "diálogo civil" podrá llevarse a cabo aún mejor con una adecuada representación ... en el CES») para poner en práctica el pretendido «diálogo civil».

La presente enmienda, al contrario de lo que hace el texto propuesto en el punto 3.2, respalda la presencia de representantes de las asociaciones en el CES, indicando que gracias a dicha presencia hay una composición adecuada y, de este modo, puede representar a la sociedad civil y servirle de vehículo de expresión.

Resultado de la votación

Votos a favor: 36, votos en contra: 47, abstenciones: 9.

Punto 3.3

Suprímase la última frase, desde «De otro lado...» hasta «ajustada a las necesidades.»

Exposición de motivos

Se trata de una petición carente de sentido, ya que sería imposible que las asociaciones de solidaridad voluntarias proporcionaran, por ejemplo, ayuda domiciliaria o comidas a los ancianos.

Resultado de la votación

Votos a favor: 38, votos en contra: 40, abstenciones: 13.