ES Diario Oficial de la Unión Europea C 396/5

Informe final del Consejero Auditor (1)

(Asunto AT.40018 — Reciclado de baterías de automóviles)

(2017/C 396/05)

INTRODUCCIÓN

1. El presente asunto se refiere a una infracción única y continuada del artículo 101, apartado 1, del TFUE consistente en la coordinación de las políticas de precios entre empresas para la compra de residuos de plomo procedentes de baterías de automóviles en Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos, desde el 23 de septiembre de 2009 hasta el 26 de septiembre de 2012. Las empresas participantes en el cartel contempladas en el proyecto de Decisión son: Campine (2), Eco-Bat (3), JCI (4) y Recylex (5) (denominadas conjuntamente, «destinatarios del proyecto de Decisión»).

PROCEDIMIENTO

2. El asunto se originó a raíz de una solicitud de dispensa del pago de multas presentada por JCI el 22 de junio de 2012. Tras unos registros por sorpresa realizados en septiembre de 2012, la Comisión recibió solicitudes de clemencia de Eco-Bat, Recylex y Campine.

3. En el curso de la investigación, la Comisión envió varias solicitudes de información a los destinatarios del proyecto de Decisión y a otras empresas.

4. El 24 de junio de 2015, la Comisión incoó un procedimiento con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión (6) y adoptó un pliego de cargos contra los destinatarios del proyecto de Decisión. La Comisión también informó a Eco-Bat y Recylex de su intención de conceder una reducción del importe de la multa dentro de un margen específico, e informó a Campine de su intención de no conceder una reducción del importe de la multa dentro de un margen específico. El pliego de cargos se adoptó también contra una quinta empresa no destinataria del proyecto de Decisión.

5. Para responder al pliego de cargos, la Dirección General de Competencia («DG Competencia») concedió inicialmente un plazo de ocho semanas, que fue posteriormente prorrogado y que expiró finalmente el 4 de septiembre de 2015 para JCI y Recylex, el 7 de septiembre de 2015 para Eco-Bat y el 14 de septiembre de 2015 para Campine.

6. Todos los destinatarios del pliego de cargos recibieron un DVD que contenía los documentos accesibles incluidos en el expediente de la Comisión y también pudieron consultar las partes del expediente que solo podían examinarse en los locales de la Comisión.

7. En su respuesta al pliego de cargos Campine solicitó acceso a las respuestas de los demás destinatarios del pliego de cargos, lo que la DG Competencia denegó el 19 de noviembre de 2015 basándose, en particular, en la regla general establecida en el punto 27 de la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión (7). El 26 de octubre de 2015 Eco-Bat presentó una solicitud similar que la DG Competencia denegó por el mismo motivo.

8. Todos los destinatarios del pliego de cargos participaron en una audiencia celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2015 y en ella presentaron sus observaciones. En esa ocasión la Comisión planteó a las partes determinadas preguntas que, a petición de estas y con mi autorización, se les permitió responder por escrito tras la celebración de la audiencia. Las partes respondieron a dichas preguntas y, asimismo, algunos destinatarios del pliego de cargos presentaron observaciones adicionales sobre aspectos específicos. Estas respuestas y observaciones se distribuyeron a todos los destinatarios del pliego de cargos.

9. Durante la audiencia, Eco-Bat se puso en contacto conmigo para reiterar su solicitud de poder acceder a las respuestas de los demás destinatarios del pliego de cargos en vista de los argumentos expuestos en la audiencia. Al considerar que las respuestas de los demás destinatarios del pliego de cargos no aportaban ninguna nueva prueba, ni incriminatoria ni exculpatoria, que ya no hubiera sido comunicada a los destinatarios del pliego de cargos, denegué dicha solicitud mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 7 de la Decisión 2011/695/UE.

10. El 18 de octubre de 2016, la Comisión envió a Eco-Bat una carta de exposición de los hechos en relación con las cifras que debían utilizarse para el cálculo de una posible multa, carta a la que Eco-Bat respondió el 2 de noviembre de 2016.

11. El 13 de diciembre de 2016, la Comisión envió una carta a los destinatarios del proyecto de Decisión en la que les informaba de que, para determinar el importe de la multa en el caso de autos, la Comisión tenía previsto aplicar un incremento específico de conformidad con el punto 37 de las Directrices sobre multas de 2006 (8), y les invitaba a presentar sus observaciones al respecto.

12. En sus observaciones a la carta de la Comisión de 13 de diciembre de 2016, algunos destinatarios del proyecto de Decisión plantearon cuestiones relativas a las garantías procesales. En particular, un destinatario señaló que el pliego de cargos no mencionaba la posibilidad de aplicar el punto 37 de las Directrices y que tal aplicación equivaldría a un cambio del método de aplicación de las multas, en cuyo caso serían precisos un nuevo pliego de cargos y una nueva audiencia. El mismo destinatario alegó además que la adopción de una nueva metodología de multas 18 meses después de la adopción del pliego de cargos equivaldría a una violación del principio de buena administración. Otros destinatarios alegaron también que la aplicación del punto 37 no está suficientemente motivada, por lo que infringe el principio de seguridad jurídica y viola las garantías procesales.

13. Según reiterada jurisprudencia, en la medida en que la Comisión indique expresamente en el pliego de cargos los principales elementos de hecho y de derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa (9), cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas (10). Otros elementos pertinentes para cualquier cálculo posterior de las multas siempre pueden comunicarse a las empresas afectadas en una fecha posterior (11), lo que hizo la Comisión en el presente asunto con respecto a su intención de aplicar un incremento específico de la multa con arreglo al punto 37 de las Directrices. Por lo tanto, en mi opinión, el ejercicio de los derechos de defensa de los destinatarios del proyecto de Decisión fue debidamente respetado y el retraso observado en la comunicación del incremento específico de la multa no menoscabó indebidamente el principio de buena administración.

14. Aparte de las susodichas cuestiones de procedimiento, no he recibido ninguna otra solicitud o queja.

PROYECTO DE DECISIÓN

15. Tras oír a los destinatarios del pliego de cargos, la Comisión retiró sus objeciones contra una empresa. La Comisión también redujo la magnitud de la presunta infracción en comparación con la evaluación preliminar contenida en el pliego de cargos al limitarla exclusivamente a las baterías de automóviles. Con respecto a Eco-Bat, la conclusión preliminar sobre la reincidencia que constaba en el pliego de cargos se suprimió. En relación con Campine, se aplica una reducción del importe de la multa por circunstancias atenuantes en el caso de que no se conceda ninguna reducción en virtud de la Comunicación sobre clemencia.

16. De conformidad con el artículo 16, apartado 1, de la Decisión 2011/695/UE, he examinado el proyecto de Decisión y considero que aborda únicamente objeciones respecto de las cuales los destinatarios de la presente Decisión han tenido la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista.

17. En términos generales, concluyo que, en el presente asunto, las partes han podido ejercer efectivamente sus derechos procesales.

Bruselas, 6 de febrero de 2017. Joos STRAGIER

(1) Con arreglo a los artículos 16 y 17 de la Decisión 2011/695/UE del Presidente de la Comisión Europea, de 13 de octubre de 2011, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia (DO L 275 de 20.10.2011, p. 29).

(2) Campine NV y Campine Recycling NV (denominadas conjuntamente «Campine»).

(3) Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH y Société de traitement chimique des métaux SAS (denominadas conjuntamente «Eco-Bat»).

(4) Johnson Controls Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co.KG y Johnson Controls Recycling GmbH (denominadas conjuntamente «JCI»).

(5) Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA y Harz-Metall GmbH (denominadas conjuntamente «Recylex»).

(6) Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).

(7) DO C 325 de 22.12.2005, p. 7.

(8) Punto 37 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO C 210 de 1.9.2006, p. 2).

(9) Elementos como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de que se haya cometido intencionadamente o por negligencia.

(10) Véase, por ejemplo, Toshiba/Comisión (T-404/12, ECLI:EU:T:2016:18), apartado 40.

(11) Aunque la Comisión no tiene obligación jurídica de hacerlo [Comunicación sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del TFUE (DO C 308 de 20.10.2011, p. 6), punto 85].