COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 15.12.2020 COM(2020) 824 final 2020/0360(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013 {SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta En 2013 se estableció un nuevo marco para la planificación de infraestructuras energéticas transfronterizas para modernizar y expandir la infraestructura energética europea, con el fin de abordar la fragmentación de las interconexiones entre Estados miembros, acabar con su aislamiento de las redes de gas y electricidad, asegurar y diversificar los suministros energéticos, las fuentes y las rutas de suministro de la Unión, así como aumentar la integración de las fuentes de energía renovables. El Reglamento RTE-E permitió a la Unión alcanzar los objetivos esenciales de su política energética con el establecimiento de normas para la determinación y el desarrollo a tiempo de proyectos de interés común (PIC) que garantizarán la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía, el funcionamiento del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro en la Unión y la integración de las fuentes de energía renovables. También exige a los Estados miembros que agilicen los procedimientos de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común (PIC), proporciona asistencia reguladora, normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo y establece las condiciones de acceso a la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). La presidenta de la Comisión ha situado el Pacto Verde Europeo como la máxima prioridad política, con el objetivo de transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. El Plan del Objetivo Climático propuesto por la Comisión sitúa a Europa en una senda sostenible para que esto sea una realidad y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. El Pacto Verde hace aún más hincapié en que el inevitable cambio climático tendrá repercusiones significativas en Europa, a pesar de los esfuerzos para mitigarlo. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, prevención y preparación frente a las catástrofes. La infraestructura energética es un elemento facilitador esencial para la transición energética, como se refleja en las Comunicaciones de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y Un planeta limpio para todos. Las infraestructuras son activos de vida larga y, por tanto, tendrán que ser coherentes con el objetivo de neutralidad climática y otros objetivos medioambientales, como el compromiso de «no ocasionar daños» establecido en el Pacto Verde, para permitir una descarbonización rápida y rentable del sistema energético y de la economía más en general. Como tal, la RTE-E es un instrumento central en el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los actuales objetivos en materia de clima y energía no son suficientemente ambiciosos para cumplir el objetivo climático para 2030 de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55 %, como propone la Comisión en su intento de dirigirse hacia la neutralidad climática. La trayectoria para lograr esta reducción de las emisiones de GEI exige una profunda transformación del sistema energético europeo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. La Unión tendrá que aumentar significativamente, para 2050, la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable para alcanzar un porcentaje de más del 80 % de producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables, obtenidas de ubicaciones marítimas en cada vez mayor medida. La capacidad eólica marítima en Europa debe aumentar a 300 GW; y la energía oceánica, a 40 GW para 2050 a fin de lograr la neutralidad climática, lo cual equivale a veinticinco veces la situación actual. Por ello, se necesita imperativamente la coordinación en la planificación y desarrollo a largo plazo de las redes eléctricas marítimas y terrestres, de acuerdo con la estrategia de la UE para la energía renovable marítima. La ampliación de la energía renovable marítima en Europa de aquí a 2050 tiene un coste estimado de 800 000 millones EUR, de los cuales dos terceras partes son para la infraestructura de red asociada. Para reducir los costes lo máximo posible, es fundamental centrarse especialmente en el desarrollo racional de la red. No se ha alcanzado aún el objetivo, recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, de que todos los Estados miembros alcancen un nivel de interconexiones eléctricas equivalente por lo menos al 10 % de su capacidad de producción instalada. En sus conclusiones del 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de interconexión eléctrica de al menos el 15 %. La comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar las redes energéticas de Europa» evalúa los avances hacia la consecución del objetivo de interconexión del 10 % y propone vías para llevar a la práctica el objetivo de interconexión del 15 % para 2030. Se estima que es necesaria una inversión media anual de 50 500 millones EUR solo para que las redes de transporte y distribución de electricidad alcancen los objetivos de 2030. El papel reforzado de la electricidad se complementará con un aumento relativo del papel de gases renovables e hipocarbónicos en la combinación energética descarbonizada, tal como indican todas las hipótesis que modelizan trayectorias hacia la neutralidad climática. Desde su bajo nivel actual de producción, transporte y consumo, se espera que el hidrógeno represente aproximadamente entre el 46 y el 49 % de todos los gases renovables e hipocarbónicos en 2050. De aquí a 2030, se estima que las necesidades totales de inversión en electrolizadores de hidrógeno se sitúan entre 24 000 y 42 000 millones EUR. Se necesitarán alrededor de 65 000 millones EUR para el transporte, la distribución y el almacenamiento de hidrógeno 47 . Si bien los objetivos del actual Reglamento siguen siendo válidos en gran medida, el actual marco de las RTE-E no refleja por completo los cambios esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la actualización de los objetivos para 2030 así como el objetivo de neutralidad climática para 2050 en virtud del Pacto Verde Europeo. En particular, el tipo y la magnitud de los proyectos de infraestructuras transfronterizas que conlleva la RTE-E actual es insuficiente en el sentido de que no abarca todas las categorías de infraestructuras pertinentes para la transición energética ni refleja suficientemente los avances tecnológicos. Por tanto, la RTE-E en su forma actual no es adecuada para respaldar el logro del objetivo de neutralidad climática. Las soluciones de redes inteligentes, incluida la respuesta de la demanda, se han desarrollado considerablemente en los últimos años debido a la aceleración de la transformación digital del sector de la electricidad. La integración de sistemas inteligentes entre los sistemas de gas y de energía eléctrica, así como con otros sectores como el transporte y la industria, ofrece oportunidades adicionales para descarbonizar la red de gas y gestionar el sistema de energía eléctrica con mayor eficiencia, por ejemplo, mediante la producción de hidrógeno y gases sintéticos a partir de fuentes de energía renovables. La planificación actual de la red del sistema se basa demasiado en un enfoque sectorial y, por tanto, no se ajusta a la necesidad de integración de sistemas inteligentes, ya que las necesidades de inversión de los sectores del gas y la electricidad se evalúan en procesos diferentes. También, la ampliación prevista de la red marítima debe reflejarse adecuadamente en la planificación de la futura red. Además, el nivel del sistema de distribución también desempeñará un papel importante en la planificación de la infraestructura energética porque una parte significativa de la capacidad de producción de electricidad procedente de energías renovables está conectada con la red de media y baja tensión. Asimismo, la evaluación del actual marco de la RTE-E ha mostrado retrasos en la ejecución de PCI que han sido identificados como necesarios para lograr los objetivos de las políticas climática y energética de la Unión. En 2020, el 27 % de los PIC de electricidad sufrieron retrasos de una media de 17 meses con respecto a la fecha de entrada en servicio inicialmente prevista. Por ello, la revisión de la RTE-E tendrá como objetivo especialmente: ·Permitir la identificación de inversiones y proyectos transfronterizos en la Unión y con sus países vecinos que son necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climáticos. ·Mejorar la planificación de las infraestructuras para la integración del sistema energético y las redes marítimas. ·Acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC, con el fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética. ·Garantizar el uso adecuado de instrumentos de distribución de costes y de incentivos reguladores. Esta iniciativa ha evaluado e identificado un conjunto de medidas para simplificar y mejorar la eficiencia del Reglamento RTE-E y reducir los costes reglamentarios y de cumplimiento cuando sea posible. Esta iniciativa permitirá i) racionalizar las obligaciones de seguimiento y elaboración de informes, ii) excluir los requisitos de consulta previa si las normas nacionales ya cubren dicha consulta en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E y iii) simplificar la inclusión de los PIC en el plan decenal de desarrollo de la red. Las medidas de simplificación generarán beneficios directos mediante la reducción de los costos directos recurrentes relacionados con la carga administrativa como resultado de la reducción de las obligaciones de supervisión y presentación de información. Estos beneficios directos son principalmente beneficios privados para determinadas partes interesadas, tales como los promotores de proyectos. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La evaluación del Reglamento RTE-E que la Comisión llevó a cabo para analizar sus resultados hasta la fecha concluyó que el actual marco no ha sido capaz de demostrar la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en los objetivos políticos de la Unión con el tiempo. Esto es particularmente relevante a la vista de la evolución de la política energética y climática de la Unión, en especial el aumento del énfasis y la ambición puestos en objetivos de descarbonización. El Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo exigen una importante transformación de las actuales infraestructuras energéticas para lograr un sistema energético neutro en carbono completamente integrado de aquí a 2050. Si bien los objetivos iniciales del Reglamento RTE-E —seguridad del suministro, integración del mercado, competencia y sostenibilidad— todavía son relevantes, el Reglamento RTE-E revisado introduce modificaciones que garantizan la coherencia con los objetivos de descarbonización, así como el alineamiento con el objetivo de neutralidad climática y el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», tal y como se define en el Reglamento de taxonomía. Los principios generales del Reglamento RTE-E revisado responden a la necesidad de coherencia con distintas metas y objetivos establecidos en el paquete de medidas sobre energía limpia, en especial el Reglamento y la Directiva sobre el mercado de la electricidad, el Reglamento sobre la gobernanza y la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en particular al permitir el despliegue a gran escala y la integración de fuentes de energía renovables, y al apoyar un aumento del papel de los gestores de redes de distribución. El Pacto Verde, y los objetivos pertinentes de reducción de emisiones, sitúan al sector del transporte en una trayectoria de descarbonización más dinámica que los objetivos anteriores. Así pues, se prevé que la demanda de petróleo se reduzca drásticamente y que todo el consumo de petróleo sin reducción de emisiones desaparezca gradualmente. Por tanto, de conformidad con los objetivos del Pacto Verde, las infraestructuras de suministro de petróleo no se incluyen en este Reglamento. Aunque la evaluación no señaló ninguna incoherencia directa entre el actual Reglamento RTE-E y las medidas específicas contenidas en la Directiva sobre eficiencia energética, las disposiciones revisadas refuerzan el principio de «la eficiencia energética primero» en la futura planificación intersectorial de infraestructuras. El Mecanismo «Conectar Europa» complementa el Reglamento RTE-E al abordar el déficit de financiación para PCI con un alto valor socioeconómico social, pero con falta de viabilidad comercial. La admisibilidad para la ayuda financiera del MCE está vinculada al ámbito de las categorías de las infraestructuras cubiertas por el RTE-E revisado teniendo en cuenta que la consideración la condición de PIC según el RTE-E es una condición previa para la financiación del MCE para proyectos de infraestructuras transfronterizas. •Coherencia con otras políticas de la Unión Con el fortalecimiento de la evaluación de sostenibilidad actual de los PCI en la RTE-E revisada, la Comisión también tiene como objetivo mejorar la coherencia de la iniciativa con los aspectos pertinentes de la taxonomía de la Unión para el marco de inversiones sostenibles. El Reglamento de taxonomía establece el marco para definir criterios que determinen si una actividad económica se considera sostenible desde el punto de vista medioambiental, imponiendo por lo tanto obligaciones de divulgación a empresas financieras y no financieras del sector privado que orientan capital hacia actividades económicas (más) sostenibles definidas en función de la consideración de los seis objetivos medioambientales. Los proyectos de interés común se regirán según el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», tal y como se expresa en el Pacto Verde y de forma coherente con el artículo 17 del Reglamento de taxonomía. Para limitar el impacto sobre el medio ambiente, la planificación de infraestructuras y la identificación de lagunas en estas seguirán el principio de la eficiencia energética primero y tendrán por prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas en un proceso exhaustivo con la participación de las partes interesadas. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la legislación medioambiental para garantizar que los proyectos no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Tales informes son parte fundamental del proceso de supervisión, así como para las solicitudes para las posteriores listas de la Unión. Además, el Reglamento introduce el requisito de que los proyectos de interés común incorporen medidas de adaptación climática. El artículo 171, apartado 3, del TFUE dispone la posibilidad de que la Unión pueda decidir cooperar con terceros países para el fomento de proyectos de interés mutuo (PMI, por sus siglas en inglés) y para garantizar la interoperabilidad de las redes en la vecindad de la Unión. Esta cooperación puede contribuir a reducir las emisiones de GEI en la Unión y en países terceros, contribuyendo por lo tanto al logro de los objetivos del Pacto Verde. La inclusión de proyectos de interés común en el Reglamento RTE-E revisado tendría en cuenta el creciente papel de las interconexiones energéticas con países terceros y permitiría ampliar el ámbito de los beneficios procedentes de la aplicación del marco regulador de la Unión fuera de sus fronteras. Se tendrá debidamente en cuenta la Comunicación de la Comunicación sobre un plan económico y de inversión para los Balcanes Occidentales. El Reglamento RTE-E revisado tiene como objetivo abordar algunos de los problemas persistentes, como los retrasos en la ejecución de los proyectos y el acceso a financiación para proyectos de infraestructuras transfronterizas, reforzados por la crisis sanitaria, y mostrar coherencia con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dependiendo de los objetivos de los Estados miembros, la financiación de interconexiones energéticas transfronterizas sostenibles e inteligentes se realizarán solo de forma limitada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las medidas de apoyo específicas que los Estados miembros podrían conceder a los PCI podrían considerarse ayudas públicas. Estas requerirían una evaluación específica de conformidad con las normas sobre ayudas públicas. La condición del PCI es pertinente para las normas sobre ayudas públicas, tanto en virtud del Reglamento sobre exenciones por categorías generales de 2014 y las Directrices sobre ayudas en materia de medio ambiente y energía 2014-2020. Cabe recordar que las medidas nacionales adoptadas para respaldar los PCI, más allá de la distribución transfronteriza de los costes y los incentivos a la inversión mencionados en el Reglamento RTE-E, podrían constituir ayudas públicas, por lo que podrían estar sujetas a evaluación de acuerdo con las normas sobre ayudas públicas. Esto es de particular importancia para los electrolizadores y los proyectos de almacenamiento, que tienen repercusiones más directas en los mercados de la producción de electricidad. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica El artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas, incluidas en los sectores de la infraestructura energética. La Unión tendrá que favorecer la interconexión de las redes nacionales. El Reglamento RTE-E se basa en el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ofrece la base jurídica para adoptar orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de las acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas, según se establece en el artículo 171. Las orientaciones identificarán proyectos de interés común necesarios para el logro de los objetivos políticos de la RTE-E. Las orientaciones también establecen las condiciones en las que la Unión puede apoyar financieramente los PCI. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La infraestructura de transporte de energía (incluida una infraestructura interconectada de redes inteligentes y redes marítimas) tiene un valor añadido europeo debido a sus efectos transfronterizos y es fundamental para el logro de un sistema energético climáticamente neutro. El Reglamento RTE-E ha aportado valor y ha contribuido a lograr resultados relacionados con la integración del mercado de la energía de la Unión, la competencia y la seguridad del suministro. Es necesario un marco de cooperación regional entre Estados miembros para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas. Los reglamentos y las medidas de Estados miembros individuales son insuficientes para realizar estos proyectos de infraestructuras en su conjunto. El mercado interior de la energía requiere infraestructuras transfronterizas, cuyo desarrollo exige la cooperación entre dos o más Estados miembros, todos ellos con su propio marco regulador. El Reglamento RTE-E ha aportado un valor adicional en comparación con lo que podría haberse logrado solo a nivel nacional o regional. La ejecución de más de cuarenta proyectos de infraestructuras energéticas fundamentales desde su entrada en vigor ayudó a la mayoría de los Estados miembros a alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión energética en 2020 y a lograr una red de gas bien interconectada y resiliente a las perturbaciones. El mercado de la energía de la Unión está más integrado y es más competitivo que en 2013 y la seguridad energética de la Unión ha mejorado. El acceso a financiación selectiva en el marco del MCE permitió la ejecución de noventa y cinco PIC que, de otro modo, hubieran tenido dificultades para acceder a financiación en condiciones de mercado. Los avances anteriores no podrían haberse conseguido solo con la actuación de los Estados miembros. Varias partes interesadas confirmaron el valor añadido del Reglamento RTE-E, señalando la importancia de la cooperación regional en la ejecución de proyectos transfronterizos, la transparencia, la seguridad reglamentaria y el acceso a financiación. •Proporcionalidad La iniciativa se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco de la acción en el ámbito de las redes transeuropeas de energía, tal como se define en el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La intervención política es proporcional a la dimensión y la naturaleza de los problemas definidos y el logro de los objetivos establecidos. La propuesta no va más allá de lo necesario para el logro de objetivo general perseguido de facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas suficientes en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, el cumplimiento con el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», así como la competitividad de la integración del mercado y la seguridad del suministro.

A partir de los resultados de la evaluación, la Comisión analizó varias opciones políticas pertenecientes a cuatro áreas de impacto del actual marco de las RTE-E, tales como el alcance, la gobernanza / planificación de infraestructuras, la concesión de autorizaciones y la participación pública, y el tratamiento normativo. El análisis y la comparación de las opciones (véase en particular las secciones 7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta) muestran que ninguna única opción es suficiente para cumplir los objetivos identificados. La identificación de paquete de opciones políticas más adecuado para el logro de objetivos específicos se basa en un análisis que incluye el principio de proporcionalidad. El paquete tiene como objetivo garantizar el futuro del Reglamento RTE-E. Las opciones sobre el ámbito de aplicación futuro del Reglamento abarcan todas las tecnologías necesarias para la transición energética y los objetivos climáticos. Las definiciones son, al mismo tiempo, oportunas y suficientemente amplias para acomodar la evolución tecnológica en la medida de lo posible. El marco de selección de los PIC y el nuevo enfoque sobre planificación intersectorial de infraestructuras establecen los elementos principales en términos de objetivos y criterios. El futuro marco mantendrá el papel de los grupos regionales en el proceso de selección para especificar y ajustar más estos elementos a las nuevas prioridades políticas y la evolución tecnológica, tendiendo también en cuenta en contexto regional. •Elección del instrumento A partir de la evaluación en general positiva del actual Reglamento, el instrumento elegido es un Reglamento, un instrumento eficaz de aplicación directa y vinculante en su totalidad, lo que garantiza una aplicación uniforme y la seguridad jurídica.



3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente En marzo de 2019, como parte del acuerdo político parcial entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2021-2027, los colegisladores alcanzaron un acuerdo sobre la necesidad de evaluar la eficacia y la coherencia política del Reglamento 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E) antes del 31 de diciembre de 2020. En diciembre de 2019, la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo hacía referencia explícita a la necesidad de una revisión del Reglamento RTE-E para garantizar la coherencia con los objetivos de neutralidad climática. En vista del calendario para la evaluación y revisión del Reglamento RTE-E, la Comisión optó por una «evaluación y una evaluación de impacto paralelas». La evaluación del Reglamento RTE-E se realizó entre enero de 2019 y septiembre de 2020. En la evaluación se analizó el grado en que el Reglamento RTE-E ha conseguido hasta el momento el logro de los objetivos establecidos, identificando los factores que favorecieron u obstaculizaron su consecución. En concreto, evaluó la eficacia del Reglamento en comparación con una referencia (esto es, la situación sin el Reglamento), para valorar si ha tenido o no un impacto y valor añadido significativos. En síntesis, en la evaluación se examinó: • Cómo y por qué el actual Reglamento RTE-E ha funcionado bien o no tan bien, y qué factores han favorecido u obstaculizado el logro de sus objetivos. • Los efectos del Reglamento, en particular en términos de avances hacia el logro de sus objetivos. El enfoque «paralelo» garantizó que se extrajeran elementos formativos de los resultados de la evaluación para concluir el grado en que el Reglamento seguirá siendo adecuado y relevante en el futuro en vista de las iniciativas políticas adoptadas o planificadas que acelerarán la descarbonización a medio y largo plazo. Los elementos prospectivos analizaron cómo garantizar que existan infraestructuras energéticas habilitadoras para satisfacer el aumento de las ambiciones en materia de descarbonización y despliegue de energías renovables y determinar ámbitos de intervención. De conformidad con el ámbito y la aplicabilidad del Reglamento RTE-E, la evaluación abarcó todos los Estados miembros. De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación, se aplicaron cinco criterios para evaluar el funcionamiento del Reglamento RTE-E: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión. La evaluación ha mostrado que, desde 2013, las interconexiones de las redes energéticas han aumentado en la Unión como resultado de la aplicación del Reglamento RTE-E y los PCI en todas las regiones. El aumento de la interconexión mejoró con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, lo que a su vez hizo que el mercado de la energía de la Unión esté más integrado y sea más competitivo de lo que era antes de la aplicación del Reglamento RTE-E. Los precios mayoristas de la electricidad convergieron en casi todos los Estados miembros. Los precios del gas también convergieron. Desde 2013 se ha logrado una mejora sustancial de la seguridad del abastecimiento de gas mediante nuevas interconexiones y terminales de GNL. Los PIC han contribuido a cumplir los objetivos actuales del Reglamento RTE-E tal como se concibieron en 2013. Sin embargo, las categorías de infraestructuras en el actual Reglamento RTE-E no reflejan las nuevas ambiciones climáticas y el objetivo de neutralidad climática ni los últimos avances tecnológicos. Este progreso debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubiertas por el Reglamento, los criterios de selección de los PIC, así como los corredores prioritarios y las áreas temáticas. Se concluyó que el proceso de identificación y selección de PIC dentro de los grupos regionales es eficaz para mejorar la cooperación y permitir decisiones sobre proyectos transfronterizos a partir de un enfoque regional y europeo. El proceso del plan decenal de desarrollo de la red ha demostrado ser eficaz como primer paso para la identificación de PIC. Sin embargo, si bien las REGRT y los gestores de redes de transporte tienen un importante papel en el proceso, existe la necesidad de una mayor inclusión y escrutinio de las principales aportaciones e hipótesis para mejorar la confianza en el proceso. El mecanismo de distribución transfronteriza de los costes es un factor facilitador importante para la ejecución de los proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de los costes no conllevó la reducción del déficit de financiación del proyecto, como se pretende. Si bien los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, aún siguen siendo largos en algunos casos. Sin embargo, las razones subyacentes están principalmente relacionadas con la ejecución nacional y fuera del ámbito del Reglamento RTE-E. La asistencia financiera del MCE otorgada a noventa y cinco proyectos fueron un factor facilitador eficaz de su implementación. Las subvenciones para estudios contribuyeron a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las subvenciones para trabajos contribuyeron a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación basada en el mercado no podía corregir suficientemente. La evaluación concluyó que los beneficios del Reglamento superan los costes, lo que prueba su eficacia. El Reglamento RTE-E generó beneficios socioeconómicos mediante el aumento de la seguridad del suministro y la mayor integración y competitividad de los mercados de la energía. El Reglamento también contribuyó a mejorar la disponibilidad de información, la coordinación y la transparencia.

Los objetivos iniciales del Reglamento RTE-E —seguridad del suministro, integración del mercado, competencia y sostenibilidad— siguen siendo pertinentes. Sin embargo, el aumento de las ambiciones climática en el marco del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo exigen un reequilibrio de los objetivos con el fin de cumplir los objetivos de descarbonización y contribuir a la neutralidad climática. La evaluación mostró escasa evidencia en lo que respecta a las preocupaciones sobre la coherencia interna del Reglamento RTE-E, aparte de posibles cambios de mecánica mecanismo y la falta de flexibilidad para adaptarse ámbitos políticos en rápida evolución. El Reglamento RTE-E consiguió resultados que no podrían haberse logrado de otro modo mediante la actuación a nivel de Estados miembros, lo que prueba el valor añadido de la Unión. •Consultas con las partes interesadas En general, las partes interesadas consideran por lo general que el proceso de los PIC permite elegir los PIC más pertinentes para el logro de los objetivos de las RTE-E mediante la cooperación regional dentro de los grupos regionales. Aunque en principio los criterios de selección se consideran apropiados, las partes interesadas pidieron coherencia con los objetivos climáticos mediante una comprobación exhaustiva de la sostenibilidad. De igual forma, algunas ONG y partes interesadas del sector consideran que los criterios son demasiado restrictivos para los proyectos de redes inteligentes. Las partes interesadas expresaron la opinión de que el Reglamento RTE-E no aborda en su totalidad cuestiones fundamentales, como la mayor integración de la energía renovable, la mejora de la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático. Las aportaciones apuntaban hacia ciertas incoherencias entre el Reglamento RTE-E y otras políticas o iniciativas a nivel de la Unión, tales como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de descarbonización a largo plazo. En respuesta a estos retos, las siguientes categorías de infraestructuras se consideraron como pertinentes para una mayor inclusión en el marco de las RTE-E: infraestructuras de hidrógeno y redes de distribución de gas inteligentes, gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas), redes energéticas para apoyar infraestructuras de repostaje de hidrógeno o recarga eléctrica y redes energéticas en proyectos eólicos marinos híbridos. Sin embargo, las infraestructuras específicas de hidrógeno, las redes de gas inteligentes y las tecnologías de gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) recibieron un apoyo mitigado, en especial de las ONG. Las partes interesadas, en especial la sociedad civil, las ONG y las asociaciones del sector de la electricidad, indicaron un apoyo más bien bajo a las redes de CO2 y en particular al almacenamiento de CO2. Sin embargo, nuevos análisis de las aportaciones recibidas sobre la inclusión de las redes de CO2 como categoría de infraestructuras indicaron que había pocas pruebas para eliminar estas redes del Reglamento RTE-E. En cuanto a la gobernanza y el papel de los distintos agentes, las partes interesadas pidieron una disminución del papel de las REGRT, así como el aumento del papel de los GRD y otras partes interesadas, como las ONG. Si bien los procedimientos de concesión de permisos se han acortado desde la entrada en vigor del Reglamento RTE-E, su eficacia depende en gran medida de la ejecución nacional, como indicaron varias partes interesadas. Aunque los complejos procedimientos nacionales son continuamente una de las causas de ello, las cuestiones medioambientales de los PIC y la oposición pública que provoca largos procesos judiciales contra los proyectos son otras razones de los prolongados plazos de concesión de autorizaciones. Los requisitos de consulta pública en virtud del Reglamento RTE-E parecen haber aumentado la sensibilización sobre proyectos de interés común, así como mejorado la participación del público y la confianza en el proceso. Sin embargo, las disposiciones parecen tener un efecto limitado sobre el aumento de la aceptación pública, principalmente debido a la percepción de falta de información (actualizada) sobre las necesidades de infraestructuras y de opiniones sobre el diseño de los proyectos. En cuanto al enfoque introducido en el RTE-E de compartir costes entre Estados miembros con el fin de hacer posible los proyectos con beneficios transfronterizos, el mecanismo de distribución transfronteriza de los costes, se consideró en buena parte que había abordado las asimetrías preexistentes entre costes y beneficios. La distribución transfronteriza de los costes es eficaz en algunos casos, aunque la valoración del mecanismo y la complejidad de la obtención de datos, el tiempo adicional hasta que puede adoptarse una decisión de inversión y la falta de resultados inequívocos sobre los que basar la decisión son factores que reducen la satisfacción de las partes interesadas con el proceso. Existe un acuerdo amplio entre las partes interesadas sobre que el Reglamento RTE-E tiene un valor añadido de la Unión y sus resultados no podrían haberse logrado de forma individual por los Estados miembros. Una mayoría igual indicó que los asuntos abordados por el Reglamento RTE-E siguen necesitando de medidas a nivel de la Unión. Además, la mayoría de los encuestados consideraron que los beneficios del Reglamento RTE-E superan sus costes. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La propuesta y la evaluación de impacto que la respalda se basan en pruebas de la evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas, de las aportaciones de las partes interesadas a las extensas consultas llevadas a cabo a este respecto, así como en la revisión de la bibliografía, el análisis de la cartera de PIC y la modelización. La revisión de la bibliografía incluyó los resultados de una serie de estudios temáticos sobre elementos fundamentales del Reglamento RTE-E, los resultados de una evaluación intermedia del Reglamento RTE-E, así como evaluaciones y análisis llevados a cabo en el marco de otras iniciativas pertinentes de la Comisión. Las conclusiones formales adoptadas en el marco de los foros de partes interesadas sobre infraestructura energética y las políticas conexas también se consideraron en el análisis. También se tuvieron en consideración los informes consolidados anuales de seguimiento de la ACER sobre el progreso de los PIC, los proyectos de capacidad incremental y los puntos virtuales de interconexión, así como otras actualizaciones sobre las decisiones de distribución transfronteriza de los costes y los incentivos para proyectos concretos basados en el riesgo. •Evaluación de impacto

Siguiendo las directrices para la mejora de la legislación, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de varias opciones políticas. Esta labor contó con el apoyo de una consulta estructurada dentro de la Comisión a través de un grupo director interservicios. La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) para debate. Las recomendaciones formuladas por el CCR en su primer dictamen (negativo) de 25 de septiembre de 2020 fueron atendidas, en particular: i) aclarar aún más los antecedentes y los elementos fundamentales del actual Reglamento RTE-E; ii) resaltar las principales conclusiones de la evaluación sobre los éxitos y las deficiencias del actual Reglamento RTE-E y vincularlas sistemáticamente a la definición del problema; iii) aclarar aún más la definición del problema para explicar mejor cómo encaja el marco de las RTE-E en el nuevo contexto político del Pacto Verde y cómo los objetivos y las opciones están relacionados con los problemas y los factores impulsores subyacentes; iv) explicar mejor la razón por la que se considera que el paquete de opciones preferidas es el más adecuado para abordar los problemas identificados (y resaltar las alternativas posibles), y v) especificar indicadores de éxito. El segundo dictamen del Comité de Control Reglamentario emitido el 1 de diciembre fue positivo con reservas, que, en particular, se abordaron de la siguiente manera: i) se aclaró en mayor profundidad el ámbito de aplicación y el objeto diferentes del Reglamento RTE-E y el Reglamento de taxonomía, ii) se explicó que las repercusiones combinadas de los cambios propuestos alinearán la selección de PCI con los objetivos de las políticas de la UE, incluyendo el Pacto Verde, iii) se aclaró en mayor profundidad por qué se considera que el paquete de opciones preferidas viene con «garantías de futuro», y iv) se detalló que la aplicación y la ejecución nacionales son un aspecto fundamental para subsanar los retrasos en la concesión de autorizaciones y cómo la opción preferida puede contribuir a la aplicación oportuna de los PCI. Durante el trabajo de evaluación del impacto, se consideraron diversas medidas en todas las áreas para abordar los problemas identificados y los factores impulsores de los mismos con el fin de lograr los objetivos de la iniciativa. Tras la evaluación de su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad, se logró el paquete de opciones preferidas más adecuado para contribuir a los objetivos fijados. El paquete de opciones preferidas incluye las siguientes disposiciones principales: ·Actualización de los criterios de admisibilidad. ·Exclusión de las infraestructuras de gas natural, pero inclusión del hidrógeno, el gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) y las redes de gas inteligentes. ·Inclusión de proyectos de interés mutuo. ·Planes integrados de desarrollo en alta mar. ·Refuerzo de la gobernanza y la sostenibilidad. ·Aceleración de la ejecución de los proyectos. ·Ventanilla única por cuenca marítima para proyectos de energías renovables en alta mar. ·Inclusión de todos los costes de inversión. En cuanto al futuro ámbito de aplicación del RTE-E, una cuestión fundamental es si mantener o no la infraestructura de gas natural como categoría de infraestructura subvencionable. Sobre la base del análisis de las secciones 6 y 7 de la evaluación de impacto, la exclusión de la infraestructura de gas metano parece el enfoque más eficaz y coherente. Al mismo tiempo, la inclusión de la infraestructura de hidrógeno en el ámbito de aplicación del marco de las RTE-E pareció justificado dado el aumento esperado de su papel en la descarbonización de ciertos sectores y el potencial para los intercambios transfronterizos. De forma conjunta, estos cambios garantizarían que la futura RTE-E incluya todas esas categorías de infraestructuras necesarias para lograr los objetivos en materia de energía y clima de la Unión, de conformidad con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos de 2030 y 2050. En cuanto al futuro enfoque de planificación de las infraestructuras, no parece justificado un cambio radical en vista de los limitados beneficios adicionales y el importante aumento de los costes de transacción, que reducen la eficiencia y pueden disminuir la eficacia del instrumento en comparación con el refuerzo del enfoque actual. Sin embargo, dadas las especificidades tanto en términos de la situación actual como de la contribución esperada a los objetivos a largo plazo en materia de energía y clima, parece justificado un cambio más radical en el caso de las redes marítimas. Las opciones relacionadas con las «redes marítimas» y la «planificación intersectorial de infraestructuras» mejoran la gobernanza y el marco de planificación de infraestructuras para permitir la identificación de proyectos necesarios para los objetivos relativos al clima y la transición energética, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar. Las principales mejoras son dos: primero, la introducción de un plan integrado de desarrollo de redes para las infraestructuras marítimas sobre la base de los compromisos conjuntos de los Estados miembros sobre la cantidad del despliegue de energías renovables marinas en cada cuenca marítima (enfoque descendente para la planificación en alta mar); segundo, ajustes en las funciones de los agentes principales que participan en el desarrollo del plan decenal de desarrollo de la red, con una supervisión reforzada por parte de la Comisión y la ACER sobre las REGRT. Las opciones políticas relativas a la «concesión de autorizaciones» y al «tratamiento normativo» complementarán estas mejoras para facilitar el desarrollo oportuno de los PIC identificados: a) la introducción de una ventanilla única para las infraestructuras en alta mar por cuenca marítima; b) el acceso a procedimientos judiciales urgentes, cuando estén disponibles; y c) la inclusión de todos los costes de inversión en la distribución transfronteriza de los costes. Al margen de los cambios que son específicos de las redes marítimas, las modificaciones se aplicarán al ámbito de aplicación del Reglamento RTE-E revisado y a todas las categorías de infraestructuras subvencionables. Por último, los beneficios anteriores se ampliarán a proyectos que conecten la Unión con terceros países (PMI) dado el aumento esperado de su papel en el logro de los objetivos climáticos. Además, varias opciones técnicas (véase el anexo 9 de la evaluación de impacto) forman parte del paquete de políticas: acelerar el proceso de concesión de autorizaciones, incrementar la transparencia de los PIC, la posibilidad de que los proyectos de redes inteligentes obtengan la distribución transfronteriza de los costes, aclarar las disposiciones sobre la distribución transfronteriza de los costes y actualizar los incentivos de inversión. Asimismo, se eliminarán los oleoductos y las autopistas de la electricidad de las categorías de infraestructuras y las áreas temáticas. La evaluación de los impactos depende en gran medida de un enfoque cualitativo. No fue posible cuantificar los impactos de todas las opciones debido a la falta de datos concretos de los proyectos, en particular, para las nuevas categorías de infraestructuras. Además, los cambios propuestos son principalmente mejoras graduales del marco actual, que se considera que funciona relativamente bien. Adaptar el ámbito de aplicación del instrumento garantizado la coherencia de las categorías de infraestructuras con el objetivo de neutralidad climática disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyado por una planificación de infraestructuras integrada óptima y eficiente que también minimice los posibles impactos medioambientales. Un proceso acelerado de concesión de licencias también permitirá una ejecución más rápida de proyectos clave lo que, por tanto, adelantará los beneficios medioambientales y socioeconómicos. La evaluación de impacto identificó los siguientes grupos destinatarios principales que se verán afectados por esta iniciativa: ciudadanos y consumidores europeos, organizaciones no gubernamentales, reguladores de la Unión Europea, autoridades reguladoras nacionales, autoridades nacionales competentes y sus representantes regionales y locales, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT de la electricidad y REGRT del gas), organizaciones sucursales de los GRD, promotores de proyectos, incluidos gestores de redes de transporte, productores o sector de la energía, académicos y expertos temáticos. Los beneficios directos del paquete de opciones políticas preferidas están relacionados principalmente con ahorros de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoras de la eficiencia a gran escala a través de un enfoque más coordinado de la planificación de las infraestructuras a nivel europeo y la concesión simplificada de autorizaciones para desarrollos en alta mar. Estos beneficios directos incluyen tanto beneficios sociales, por ejemplo, la sociedad en general se beneficia de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el logro del objetivo de neutralidad climática, como beneficios privados, por ejemplo, la reducción de costes los administrativos relacionados con unos procedimientos más cortos de concesión de autorizaciones. Las medidas de simplificación generarán beneficios directos mediante la reducción de los costos directos recurrentes existentes relacionados con la carga administrativa como resultado de la reducción de las obligaciones de supervisión y presentación de información. Estos beneficios directos son principalmente beneficios privados para determinadas partes interesadas, tales como los promotores de proyectos. Los beneficios indirectos incluyen beneficios sectoriales mediante el estímulo de la demanda del mercado de determinadas tecnologías innovadoras y, a su vez, la contribución a tasas de empleo posiblemente más altas.

La evaluación de las opciones preferidas mostró impactos positivos en el bienestar social y en términos económicos para diferentes categorías de partes interesadas. Sin embargo, dicho impacto del paquete de opciones políticas preferidas no pudo cuantificarse o monetizarse en su totalidad, ya que esto hubiera exigido información sobre la tasa de despliegue de PIC futuros o la ampliación del mercado para categorías de infraestructuras nuevas y emergentes, que no está disponible y no puede estimarse con un grado suficiente de solidez. Es importante destacar que el criterio de selección general para cada proyecto de interés común es que sus beneficios totales potenciales superen sus costes, también a largo plazo. El Reglamento RTE-E no introduce tasas reguladoras, tales como gravámenes, tasas, impuestos, etc. El paquete de opciones políticas preferidas resulta en costes directos en términos de costes de cumplimiento y carga administrativa para las empresas (principalmente promotores de proyectos) y las administraciones (autoridades nacionales competentes, autoridades reguladoras nacionales, la Comisión y la ACER) con el fin de cumplir con las importantes obligaciones o exigencias contenidas en el mismo. La aplicación del paquete de opciones preferidas resulta en costes indirectos para los ciudadanos o consumidores, las empresas y las administraciones a través de un aumento de las tarifas de red para financiar las inversiones en la base de activos regulados (RAB, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la asistencia financiera del MCE puede aliviar el efecto sobre las tarifas de red en el caso de que un PIC muestre externalidades importantes en términos de seguridad del suministro, solidaridad o innovación. No fue posible estimar estos costes para todas las acciones en esta fase, pero se consideran como no importantes. Los costes adicionales serían marginales en comparación con los costes corrientes. Los costes de cumplimiento adicionales a nivel nacional y de la Unión dependerán de la ejecución. •Adecuación regulatoria y simplificación El Reglamento RTE-E revisado tendrá como objetivo reducir las obligaciones de elaboración de informes mediante la búsqueda de sinergias entre la información de las autoridades competentes y de los promotores de proyectos. Para salvaguardar la transparencia y el acceso de los grupos regionales al estado más actualizado de ejecución de los proyectos al tiempo que se logran ahorros de costes recurrentes, el informe anual de las autoridades competentes podría integrarse en el informe de los promotores de proyectos. En segundo lugar, las obligaciones de supervisión de la ACER se reducirán a información bienal a tiempo para la evaluación de los nuevos candidatos a PCI, generando ganancias de eficiencia de aproximadamente el 20 % de la carga de trabajo de la ACER sobre información, lo que equivale a unos ahorros anuales de 60 000 EUR (o 0,4 EJC anuales). En tercer lugar, el Reglamento RTE-E revisado permitirá que la consulta previa al inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones sea opcional, si las normas nacionales ya abarcan dicha consulta en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. Se garantizará la participación pública y los contactos las comunidades locales y las partes interesadas afectadas por la construcción de un PIC, al tiempo que se evitan obligaciones que se añadan a los procedimientos nacionales existentes. En cuarto y último lugar, las nuevas disposiciones recomiendan la inclusión simplificada de los PIC existentes en los planes decenales de desarrollo de la red, donde los proyectos de la lista de la Unión de PIC que ya han proporcionado los datos técnicos y administrativos necesarios al proceso de los planes decenales pueden beneficiarse de la inclusión automática en los planes subsiguientes, siempre que los datos no cambien. No se identifican impactos directos en términos de costes de cumplimiento o administrativos para las pymes. Las pymes podrían beneficiarse del aumento de la competitividad en aquellos ámbitos tecnológicos que se incluyen o refuerzan en el futuro marco de las RTE-E (por ejemplo, el sector de energías renovables marinas, los servicios digitales o el hidrógeno). La iniciativa es coherente con el mercado único digital y coherente con la Estrategia de datos de la Unión. •Derechos fundamentales No se prevé que la iniciativa afecte a los derechos fundamentales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La repercusión presupuestaria de esta propuesta se refiere a los recursos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). La ACER asumirá nuevas responsabilidades en la supervisión del plan decenal de desarrollo de la red. Esto requiere un número limitado de recursos adicionales (un EJC adicional, véase la ficha financiera legislativa). 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Sobre la base de los procesos existentes para el seguimiento de los datos de los informes periódicos preparados por los promotores de proyectos y los reguladores nacionales, se han desarrollado varios indicadores para medir el logro de cada uno de los objetivos específicos del Reglamento RTE-E revisado. Se hará un seguimiento de los impactos reales de la legislación y se evaluarán con un conjunto de indicadores adaptados a los objetivos políticos específicos que deben lograrse con la legislación. Además, cuatro objetivos operativos relacionados con el paquete de opciones políticas se medirán con un conjunto de indicadores. Se hará un seguimiento de todos los datos sobre la base de informes periódicos de los promotores de proyectos y los reguladores nacionales. En 2026 tendrá lugar una revisión de la eficacia de la nueva legislación, cuando se haya completado el segundo proceso de selección de PCI dentro del nuevo marco. •Documentos explicativos (para las Directivas) El Reglamento será de aplicación directa y uniforme en los Estados miembros y, por tanto, no requiere un documento explicativo.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El capítulo I del Reglamento revisado expone las disposiciones generales, en particular el objeto y el ámbito de aplicación de las nuevas categorías de infraestructuras que han sido revisadas para reflejar el objetivo general de facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas adecuadas en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro con el menor coste para consumidores y empresas. El artículo 2, apartado 7, el artículo 4, apartado 2, letra c), el artículo 4, apartado 4, y los anexos I, II, y IV actuales que definen los criterios para las redes eléctricas inteligentes se han actualizado para reflejar el cambio tecnológico e incluir elementos relativos a aspectos digitales y de innovación que podrían ser considerados entre los equipos o instalaciones de redes inteligentes. El ámbito ampliado de las redes eléctricas inteligentes se ha reflejado en el ajuste de los criterios de selección. Además, el papel de los promotores de proyectos se ha aclarado. Las tecnologías de redes inteligentes también deberían contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capacidad para respaldar la descarbonización del sector del transporte. Las disposiciones sobre la inclusión de elementos de gas natural en el ámbito del RTE-E, en particular el artículo 4 y los anexos I, II y IV, reflejan ahora las mejoras significativas en la seguridad del suministro gracias a la aplicación de la política de las RTE-E hasta la fecha. En los primeros años de la década de 2020, cuando los proyectos de gas de interés común que se están construyendo actualmente estén en funcionamiento, Europa debe lograr una red de gas bien interconectada y resiliente a las perturbaciones, y todos los Estados miembros tendrán acceso a al menos tres fuentes de gas. Considerando que se estima que la demanda futura de gas natural disminuirá significativamente en línea con los objetivos del Pacto Verde, la infraestructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte de la política de las RTE-E. Por otro lado, la RTE-E revisada refleja los cambios en el panorama del gas, con un mayor papel de los gases renovables e hipocarbónicos en los artículos 2 y 4 y los anexos I, II y IV, con la creación de una nueva categoría de infraestructuras para las redes de gas inteligentes. Eso apoyaría las inversiones a nivel de distribución o transporte para integrar los gases verdes (habitualmente biogás y biometano, aunque también hidrógeno) en la red y contribuiría a gestionar un sistema resultante más complejo, sobre la base de tecnologías innovadoras. Los proyectos candidatos consistiría de una variedad de inversiones dirigidas a «hacer inteligente» y a descarbonizar una red de gas determinada. Para apoyar las necesidades de descarbonización de los sectores con emisiones difíciles de reducir, el RTE-E incluirá redes específicas de hidrógeno nuevas y adaptadas con importancia transfronteriza (incluidos gasoductos de transporte de hidrógeno y equipos relacionados, tales como compresores, instalaciones de almacenamiento e instalaciones para hidrógeno licuado), así como instalaciones de gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) por encima de un cierto umbral con importancia transfronteriza (es decir, cuyo objetivo sea suministrar al menos a dos Estados miembros). Las redes de hidrógeno se reflejarán adecuadamente en los planes decenales de desarrollo de la red (TYNDP) a escala de la Unión preparados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte del Gas. Se añaden nuevos criterios generales de selección en el artículo 4, apartado 2, para reflejar la inclusión de proyectos de interés mutuo en el ámbito de aplicación del Reglamento si pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significativos para al menos dos Estados miembros de la Unión y al menos un tercer país. Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condiciones de aproximación del marco normativo del tercer país con la Unión y tras demostrar una contribución a los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en términos de seguridad del suministro y de descarbonización. Debido a su falta de alineación con los objetivos de descarbonización a largo plazo y el Pacto verde, los oleoductos transfronterizos dejarán de estar incluidos en el Reglamento. El capítulo II expone las disposiciones relativas al proceso de preparación de listas de la Unión de proyectos de interés común dentro de los grupos regionales, los criterios de selección y el seguimiento de la ejecución de proyectos. Los criterios de selección de proyectos recogen ahora un criterio de sostenibilidad obligatorio para todas las categorías de infraestructuras con al menos uno de los otros criterios (integración del mercado, seguridad del suministro, competencia), en la fase de selección de proyectos para garantizar la coherencia con la evolución de las necesidades de infraestructuras de la Unión y los objetivos de descarbonización. Además, el progreso en la ejecución del proyecto, junto con prueba de las obligaciones de transparencia y elaboración de informes, será ahora considerado por el grupo regional en el proceso de selección de los PIC. Las nuevas disposiciones de los capítulos II y IV tienen como objetivo mejorar la planificación de infraestructuras para la integración del sistema energético. Con este fin, la RTE-E revisada refuerza la gobernanza del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, que es la base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías de electricidad y gas. Si bien las REGRT y los gestores de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es necesario un mayor escrutinio para mejorar la confianza en el proceso, en particular en lo que respecta a la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, mediante la identificación de deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraestructuras y la evaluación de proyectos individuales. Por tanto, dada la necesidad de una validación independiente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») y la Comisión tendrán un mayor papel en el proceso. Las disposiciones del capítulo III tienen como objetivo acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC con el fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética. Como tal, el RTE-E revisado instituye la necesidad de que las autoridades competentes coordinen y encuentren sinergias con los países vecino para el desarrollo de su manual de procedimientos, eviten requisitos adicionales o modificaciones legislativas durante el proceso de concesión de autorizaciones y muestren flexibilidad en la aplicación de las etapas de concesión de autorizaciones según la categoría de infraestructuras, de forma que se acelere o acorte la duración total de la concesión de autorización. El RTE-E revisado introduce una «ventanilla única marina» para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorización para las redes marítimas de energías renovables, que actuará como depósito de los planes y estudios existentes de las cuencas marítimas, con el objetivo de facilitar el proceso de concesión de autorización de proyectos individuales de interés común y emitir las decisiones globales para dichos proyectos. Con el fin de evitar que se necesiten varias consultas en una fase temprana, la consulta previa debe ser opcional, si las normas nacionales ya cubren dicha consulta previa en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. En el contexto del RTE-E revisado, los Estados miembros tendrían que asegurar que los procedimientos contenciosos acelerados son aplicables a los PIC con arreglo a las legislaciones nacionales (cuando existan). Las nuevas disposiciones también refuerzan la obligación de transparencia de los promotores de proyectos, como propietarios de la información relativa a la ejecución de los PIC, para publicar y actualizar páginas web específicas en todos los idiomas de los Estados miembros que cruzan los PIC o sobre los que tienen impacto. Además, el promotor del proyecto tiene la obligación de tener en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas y demostrar cómo se ha hecho. El promotor del proyecto publicará en su sitio web un informe sobre cómo se han tenido en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas en el que se muestren las modificaciones realizadas en la ubicación, la trayectoria y el diseño del proyecto, o en el que se justifique la razón por la que dichas opiniones no se han tenido en cuenta. Las disposiciones del capítulo V respaldan la necesidad del desarrollo de la red necesaria para el importante aumento esperado de producción de electricidad de redes marítimas de fuentes de energías renovables. La RTE-E asegurará la planificación coordinada a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar y en tierra, alejándose del enfoque proyecto por proyecto y minimizando el impacto medioambiental y climático. Con el fin de garantizar el uso adecuado de los instrumentos de distribución de costes y de incentivos de regulación, el capítulo VI revisa las disposiciones existentes para aumentar la claridad y transparencia de la distribución transnacional de costes y acelerar la inversión en infraestructuras transfronterizas. Como tal, el RTE-E prevé la obligación de incluir todos los costes de las inversiones en las tarifas seguida de una evaluación de asequibilidad sobre los consumidores. Para proyectos concretos con probabilidad de incurrir en riesgos mayores, tales como las tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten la integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, y los proyectos de digitalización y tecnología energética o los proyectos con gastos de funcionamiento elevados, los marcos reguladores deben proporcionar incentivos proporcionales y adecuados para la inversión. Las nuevas disposiciones del capítulo VII actualizan la admisibilidad de los proyectos para ayuda financiera de la Unión para las nuevas categorías de infraestructuras. Si bien los proyectos de interés mutuo serán admisibles para la ayuda financiera de la Unión, solo las inversiones situadas en el territorio de la Unión serán admisibles para la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» en forma de subvenciones para trabajos en condiciones específicas.



2020/0360 (COD) Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 172, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Comisión estableció, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo», una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. La Comunicación de la Comisión sobre el Plan del Objetivo Climático, que propone un aumento del nivel de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta al menos el 55 % de aquí a 2030 —ambición respaldada por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2020— y su evaluación de impacto subyacente, confirma que la combinación energética del futuro será muy diferente de la actual y sustenta la necesidad de examinar, y si es necesario revisar, la legislación sobre energía. Las actuales inversiones en infraestructura energética son claramente insuficientes para transformar y construir la infraestructura energética del futuro. Esto también quiere decir que la infraestructura debe estar en condiciones de apoyar la transición energética europea, que incluya una electrificación rápida, el aumento de la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable, el mayor uso de gases bajos en carbono y procedentes de fuentes renovables, la integración del sistema energético y una mayor adopción de soluciones innovadoras. (2)Tras las propuestas de la Comisión como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», se alcanzó un acuerdo sobre un objetivo vinculante a nivel de la Unión para energías renovables de aquí a 2030 de al menos el 32 % del consumo final de energía y un objetivo principal a nivel de la Unión sobre eficiencia energética de al menos el 32,5 %. (3)El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático tras la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 21.º período de sesiones (el «Acuerdo de París») establece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, y destaca la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y compatibilizar los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra para 2050, de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París. (4)El Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el actual Reglamento RTE-E, establece normas para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro y la competitividad de los mercados de energía en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y promover la interconexión de las redes de energía. El Reglamento (UE) n.º 347/2013 establece un marco para que los Estados miembros y las partes interesadas relevantes trabajen conjuntamente en un contexto regional para desarrollar redes energéticas mejor conectadas con el objetivo de conectar regiones actualmente aisladas de los mercados europeos de la energía, reforzar interconexiones transfronterizas existentes y contribuir a integrar las energías renovables. Con la persecución de estos objetivos, el Reglamento (UE) n.º 347/2013 contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aporta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, social y territorial. (5)La evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 ha mostrado con claridad que el marco ha mejorado con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, estimulado el comercio de energía y, por tanto, contribuido a la competitividad de la Unión. Los proyectos de interés común de gas y electricidad han contribuido considerablemente a la seguridad del suministro. En cuanto al gas, la infraestructura está ahora bien conectada y la resiliencia del suministro ha mejorado sustancialmente desde 2013. La cooperación regional en los grupos regionales y a través de la distribución transfronteriza de costes es un factor facilitador importante para la ejecución de proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de costes no resultó en una reducción del déficit de financiación del proyecto, como se pretendía. Si bien la mayoría de los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, en algunos casos los procesos siguen siendo largos. La asistencia financiera del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) ha sido un factor importante, ya que las subvenciones para estudios han contribuido a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las subvenciones para trabajos han contribuido a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación del mercado no podía corregir suficientemente. (6)La política de las RTE-E es un instrumento central para el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y mayores niveles de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, Europa necesitará un sistema de energía más integrado, basado en mayores niveles de electrificación sobre la base de fuentes de energía renovable y la descarbonización del sector del gas. La política RTE-E puede garantizar que el desarrollo de la infraestructura energética de la Unión respalde la transición energética necesaria hacia la neutralidad climática, de conformidad con el principio de la eficiencia energética primero. (7)Si bien los objetivos del Reglamento (UE) n.º 347/2013 siguen siendo válidos en gran medida, el actual marco de la RTE-E no refleja por completo los cambios esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la actualización de los objetivos para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Además de los nuevos objetivos y contexto político, el desarrollo tecnológico ha sido rápido en la última década. Esta evolución debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubiertas por este Reglamento, los criterios de selección de proyectos de interés común, así como los corredores prioritarios y áreas temáticas. (8)Las Directivas (UE) 2019/944 y 2009/73/EC del Parlamento Europeo y del Consejo contemplan un mercado interior de la energía. Si bien se han logrado avances muy significativos en la realización del mercado interior de la energía, todavía hay margen de mejora mediante una mejor utilización de la infraestructura energética actual, la integración de las crecientes cantidades de energía renovables y la integración del sistema. (9)La infraestructura energética de la Unión debe mejorarse con el fin de prevenir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y las amenazas a su seguridad, en particular, por lo que se refiere a las infraestructuras críticas europeas, de acuerdo con la Directiva 2008/114/CE del Consejo. (10)La infraestructura energética de la Unión debe ser resiliente ante las inevitables repercusiones que se prevé que el cambio climático provoque en Europa, a pesar de los esfuerzos de mitigación. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, prevención y preparación frente a las catástrofes.

(11)La seguridad del suministro, como uno de los principales factores impulsores detrás del Reglamento (UE) n.º 347/2013, ha mejorado significativamente a través de proyectos de interés común. Además, la evolución de impacto del objetivo climático de la Comisión prevé que el consumo de gas natural se reduzca significativamente debido a que su uso sin reducción de emisiones no es compatible con la neutralidad climática. Por otro lado, el consumo de biogás, hidrógeno renovable e hipocarbónico y combustibles gaseosos sintéticos aumentará significativamente hacia 2050. Por tanto, la infraestructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte de la política de las RTE-E. La planificación de infraestructuras energéticas debe reflejar estos cambios en el panorama del gas. (12)La importancia de las redes eléctricas inteligentes para el logro de los objetivos de política climática y energética de la Unión ha sido reconocida en la comunicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético. Los criterios para la categoría deben incluir los avances tecnológicos en relación con los aspectos digitales y de innovación. Además, el papel de los promotores de proyectos debe aclararse. Dado que se prevé un aumento significativo de la demanda de energía en el sector del transporte, en particular, para los vehículos eléctricos en las autopistas y zonas urbanas, las tecnologías de redes inteligentes también deben contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capacidad transfronteriza a fin de respaldar la descarbonización del sector del transporte. (13)La Comunicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético pone de manifiesto la necesidad de una planificación integrada de la infraestructura energética entre vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. Esta integración del sistema parte de la base de la aplicación del principio de la eficiencia energética primero y la adopción de un enfoque integral más allá de los sectores individuales. También aborda las necesidades de descarbonización de los sectores con emisiones difíciles de reducir, tales como partes de la industria o ciertos modos de transporte, donde la electrificación directa es, actualmente, difícil desde el punto de vista técnico o económico. Estas inversiones incluyen el hidrógeno y los electrolizadores, que están avanzando hacia el despliegue comercial a gran escala. La estrategia de la Comisión en materia de hidrógeno da prioridad a la producción de hidrógeno de electricidad renovable, que es la solución más limpia y compatible con el objetivo de neutralidad climática de la UE. Sin embargo, en una fase transitoria son necesarias otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para sustituir con mayor rapidez el hidrógeno existente e impulsar una economía de escala. (14)Además, la estrategia del hidrógeno de la Comisión concluye que, para el despliegue necesario de hidrógeno, una red de infraestructuras a gran escala que solo pueden ofrecer la Unión y el mercado único. Actualmente existen muy pocas infraestructuras específicas para el transporte y el comercio transfronterizos de hidrógeno. Se espera que consistan en gran medida de activos convertidos del gas natural, complementados con nuevos activos específicos de hidrógeno. Además, la estrategia del hidrógeno establece un objetivo estratégico para aumentar la potencia instalada de electrolizadores hasta 40 GW de aquí a 2030, con el fin de aumentar la producción de hidrógeno renovable y facilitar la descarbonización de sectores dependientes de combustibles fósiles, tales como la industria o el transporte. Por tanto, la política RTE-E debe incluir infraestructuras adaptadas de transporte y almacenamiento de hidrógeno, así como instalaciones de electrolizadores. Las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno también deben incluirse en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, de forma que permita una evaluación coherente e integral de sus costes y beneficios para el sistema energético, incluida su contribución a la integración y la descarbonización del sector, con el objetivo de crear la espina dorsal de hidrógeno de la Unión. (15)Además, debe crearse una nueva categoría de infraestructuras de redes de gas inteligentes que apoye las inversiones en la integración de gases renovables e hipocarbónicos, tales como el biogás, el biometano y el hidrógeno, en la red y contribuya a gestionar el sistema resultante más complejo, sobre la base tecnologías innovadoras. (16)El Reglamento (UE) n.º 347/2013 exige que un proyecto de interés común candidato pruebe una contribución significativa a, como mínimo, uno de los criterios en el proceso de elaboración de la lista de la Unión, que puede incluir la sostenibilidad, aunque no es obligatorio. De conformidad con las necesidades específicas del mercado interior de la energía en este momento, ese requisito permitió el desarrollo de proyectos de interés común que abordaban solo los riesgos de seguridad del suministro, aun cuando no demostraran beneficios en términos de sostenibilidad. Sin embargo, habida cuenta de la evolución de las necesidades infraestructurales de la Unión y los objetivos de descarbonización, las Conclusiones del Consejo Europeo de julio de 2020, según las cuales los gastos de la Unión deben alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad en términos de la integración de las fuentes de energías renovables en la red o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, según proceda, deben evaluarse para garantizar que la política de RTE-E sea coherente con los objetivos de las políticas en materia de energía y clima de la Unión. La sostenibilidad de las redes de transporte de CO2 se aborda con su propósito de transportar el dióxido de carbono. (17)La Unión debe facilitar proyectos de infraestructuras que vinculen las redes energéticas de la Unión con redes de terceros países y que sean mutuamente beneficiosos y necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climáticos, y que cumplan también los criterios específicos de las categorías pertinentes de infraestructuras de conformidad con el presente Reglamento, en particular con países vecinos y países con los que la Unión ha establecido una cooperación energética específica. Por tanto, este Reglamento debe incluir, en su ámbito de aplicación, proyectos de interés mutuo si son sostenibles y pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significativos para al menos dos Estados miembros y al menos un tercer país. Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condiciones de aproximación normativa con la Unión y tras demostrar una contribución a los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en términos de seguridad del suministro y de descarbonización. Dicha armonización o convergencia normativa debe presumirse para el Espacio Económico Europeo o las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Además, el tercer país con el que la Unión coopere en el desarrollo de proyectos de interés mutuo debe facilitar un calendario similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político, como se estipula en este Reglamento. Por lo tanto, en el presente Reglamento, los proyectos de interés mutuo deben considerarse de la misma manera que los proyectos de interés común, y todas las disposiciones relativas a los proyectos de interés común también se aplican a los proyectos de interés mutuo, a menos que se especifique lo contrario. (18)Además, para lograr los objetivos en materia de clima y energía para 2030 y 2050 de la Unión y el objetivo de neutralidad climática, Europa debe aumentar significativamente la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable. Las categorías de infraestructura actuales para el transporte y el almacenamiento de electricidad son cruciales para la integración de un aumento significativo de la producción de electricidad renovable en la red eléctrica. Asimismo, esto requiere intensificar la inversión en energías renovables marinas. También debe abordarse la coordinación de la planificación a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar o en tierra. En particular, la planificación de infraestructuras en alta mar debe alejarse del enfoque proyecto por proyecto hacia un enfoque integral coordinado que garantice el desarrollo sostenible de redes marítimas integradas, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar. (19)Los Estados miembros pertinentes deben poder evaluar los beneficios y los costes de las redes marítimas de energía renovable de la cuenca aferente y realizar un análisis preliminar de la distribución de costes a nivel de la cuenca marítima para respaldar los compromisos políticos conjuntos para el desarrollo de energías renovables en alta mar a nivel de cuenca marítima. Por consiguiente, la Comisión debe desarrollar principios uniformes para una metodología de coste-beneficio y distribución de costes para la implantación de planes integrados de desarrollo de redes marítimas que deben permitir a los Estados miembros realizar una evaluación adecuada. (20)El proceso de plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión como base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías de electricidad y gas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, si bien las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) del gas y de la electricidad y los gestores de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es necesario un mayor escrutinio, en particular, en lo que respecta la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, identificando deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraestructuras y evaluando proyectos individuales, para mejorar la confianza en el proceso. Por consiguiente, debido a la necesidad de una validación independiente, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») y la Comisión deben desempeñar un papel de mayor peso en el proceso, también a la hora de elaborar el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, en virtud del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. (21)Debe asegurarse que solo los proyectos de infraestructuras para los que no hay soluciones alternativas reciban la condición de proyectos de común interés. Para ello, la identificación de lagunas en las infraestructuras seguirá el principio de la eficiencia energética primero y tendrá por prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la legislación medioambiental y demostrar que los proyectos no causan un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CE) 2020/852. Para los proyectos de interés común que hayan alcanzado suficiente madurez, esto se tendrá en cuenta cuando los grupos regionales seleccionen los proyectos para la lista de la Unión correspondiente. (22)A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones cambiantes, sobre todo, en vista del creciente porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable. (23)Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesadas, la Comisión ha identificado 13 prioridades estratégicas transeuropeas en materia de infraestructura energética cuyo desarrollo es esencial para el logro de los objetivos de la Unión en materia de política energética y de cambio climático para 2030 y 2050. Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ámbito del transporte y almacenamiento de electricidad, las redes marítimas de energía renovable, el transporte y almacenamiento de hidrógeno, los electrolizadores, las redes de gas inteligentes, las redes eléctricas inteligentes y el transporte de dióxido de carbono. (24)Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transparentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energética. Para poder figurar en las listas de la Unión, los proyectos de electricidad e hidrógeno propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible. Como la infraestructura de hidrógeno no se incluye actualmente en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, este requisito para los proyectos en materia de hidrógeno solo se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, a efectos de la segunda lista de la Unión elaborada en virtud del presente Reglamento. (25)Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés común. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinentes. En el contexto de esta cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades reguladoras nacionales asesorarán a los grupos regionales, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y sobre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades reguladoras. (26)Se establecerá una nueva lista de la Unión de proyectos de interés común («lista de la Unión») cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan concluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esta razón, los proyectos existentes de interés común que deban incluirse en la siguiente lista de la Unión deben someterse al mismo proceso de selección para el establecimiento de las listas regionales y de la lista de la Unión aplicadas a los proyectos propuestos. Sin embargo, debe minimizarse la carga administrativa resultante todo lo posible, por ejemplo, mediante el uso en la medida de lo posible de información presentada con anterioridad, y teniendo en cuenta los informes anuales de los promotores de proyectos. Con este fin, los proyectos existentes de interés común que han realizado un progreso significativo deben beneficiarse de un proceso de inclusión simplificado en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión. (27)Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente posible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mínimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que presenten dificultades particulares. El progreso en la ejecución de los proyectos específicos, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente Reglamento, deben tenerse en cuenta en el proceso de selección para listas subsiguientes de la Unión para los proyectos respectivos. (28)El proceso de concesión de autorizaciones no debe dar lugar a cargas administrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al mercado. (29)Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias, siempre que sea factible en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, medioambiental, climático o de la planificación territorial, y teniendo debidamente en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, durante la planificación de las distintas redes europeas, debería ser posible priorizar la integración de las redes de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza el mínimo posible de terreno y asegurar, cuando sea posible, la reutilización de rutas existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, económicas, ambientales y financieras negativas. (30)Es necesario dar «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común, para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa, y las autoridades competentes deben considerarlos de interés público. Por revestir un interés público de orden superior, los proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente serán autorizados si se cumplen todas las condiciones fijadas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(31)También debe darse «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común para garantizar el tratamiento urgente en todos los procedimientos judiciales y de resolución de litigios en relación con ellos. (32)Para reducir la complejidad, potenciar la eficiencia y la transparencia, e impulsar la cooperación entre los Estados miembros, debe instituirse a una autoridad o autoridades competentes que integren o coordinen todos los procesos de concesión de autorizaciones («ventanilla única»). (33)Para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para redes marítimas de energías renovables, los Estados miembros alrededor de una cuenca marítima particular deben crear un punto único de contacto, denominada «ventanilla única marina», teniendo en cuenta las especificidades y la geografía regionales, para facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones de estos proyectos. Además, el establecimiento de una ventanilla única por cuenca marítima para las redes marítimas de energías renovables debe reducir la complejidad, aumentar la eficiencia y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones de activos de transporte en alta mar que suelen atravesar varias jurisdicciones. (34)A pesar de la existencia de normas establecidas que aseguran la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y que se aplican plenamente a los proyectos de interés común, todavía son necesarias medidas adicionales previstas en este Reglamento para garantizar los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas las cuestiones pertinentes del procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común. Si las normas nacionales ya abarcan la consulta previa antes del proceso de concesión de autorizaciones en el marco de normas iguales o superiores a las del presente Reglamento, dicho proceso debe ser opcional y evitar la duplicación de requisitos legales. (35)La aplicación correcta y coordinada de las Directivas 2011/92/UE y 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y, cuando sea aplicable, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 («Convenio de Aarhus») y del Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo («Convenio de Espoo») debe garantizar la armonización de los principios clave para la evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. La Comisión ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados miembros a definir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental en la infraestructura energética, y para velar por la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos en virtud del Derecho de la Unión para los proyectos de interés común. Los Estados miembros deben coordinar sus evaluaciones para proyectos de interés común y contemplar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades administrativas en los procesos de concesión de autorizaciones. (36)Es importante racionalizar y mejorar el proceso de concesión de autorizaciones, mientras se respetan —en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad— las competencias y los procedimientos nacionales para la construcción de nuevas infraestructuras. Habida cuenta de la urgencia de desarrollar las infraestructuras energéticas, la simplificación del proceso de concesión de autorizaciones debe fijar una fecha límite clara para la decisión de las correspondientes autoridades en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente de conformidad con la legislación medioambiental y participación del público. Este Reglamento establecerá los plazos máximos; sin embargo, los Estados miembros podrán esforzarse por lograr plazos más cortos cuando sea posible y, en particular, en relación con proyectos como las redes inteligentes, que tal vez no necesiten un proceso de concesión de autorizaciones tan complejo como el de la infraestructura de transporte. Las autoridades competentes deben ser responsables de asegurar el cumplimiento de las fechas límite. (37)Cuando corresponda, los Estados miembros podrán incluir en las decisiones globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho de utilizarlos, la planificación territorial que determina el uso general del suelo en una región determinada, incluyendo otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, edificios y zonas de protección de la naturaleza, que no se emprende con la finalidad específica del proyecto previsto, y la concesión de licencias de explotación. En el contexto del proceso de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés común pueden comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto. El presente Reglamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable sin perjuicio del Derecho internacional y de la legislación de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las disposiciones adoptadas en virtud de la política pesquera común y la política marítima integrada, en concreto, la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (38)Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común los usuarios de la infraestructura. Los proyectos de interés común deben poder beneficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la demanda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de la infraestructura. (39)El debate sobre la distribución adecuada de los costes debe basarse en el análisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura realizado sobre la base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, utilizando el mismo escenario al utilizado cuando se incluyó el proyecto en la lista de la Unión de proyectos de interés común, en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la UE elaborados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte en virtud del Reglamento (UE) 2019/943, y del Reglamento (CE) n.º 715/2009, y revisada por la Agencia. Dicho análisis puede tomar en consideración los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión. (40)En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza. Esto es esencial para garantizar un marco estable de financiación para el desarrollo de proyectos de interés común y minimizar la necesidad de apoyo financiero. Al decidir sobre la distribución transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben distribuir los costes de inversión entre países en su totalidad e incluirlos en las tarifas nacionales y, después, determinar si su impacto en las tarifas nacionales podría suponer una carga desproporcionada para los consumidores. Las autoridades reguladoras nacionales deben evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración las tasas y los ingresos reales o estimados. Estos cambios e ingresos deben tenerse en cuenta solo en la medida en que estén relacionados con los proyectos y se diseñen para abarcar todos los costes correspondientes. (41)La legislación sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de acceso a las redes constituyan incentivos adecuados para la inversión. Sin embargo, varios tipos de proyectos de interés común podrían generar externalidades que tal vez no se capturen en su totalidad ni se recuperen a través del sistema regular de tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen la legislación del mercado interior de la energía, un marco regulador y financiero estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos incentivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del proyecto. Esto se aplicará en particular a proyectos transfronterizos, tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten una integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, y proyectos de digitalización y tecnología energética que podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos similares situados dentro de un Estado miembro o que prometen mayores beneficios para la Unión. Además, los proyectos con gastos de funcionamiento elevados también deben tener acceso a incentivos adecuados para la inversión. En particular, las redes marítimas de energías renovables que tienen la doble funcionalidad de interconectores eléctricos y de conexión de proyectos de producción en alta mar de energías renovables, podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos comparables de infraestructuras en tierra, debido a su conexión intrínseca a activos de generación con riesgos normativos, riesgos de financiación, tales como la necesidad de anticipar inversiones, riesgos de mercado y riesgos relacionados con el uso de nuevas tecnologías innovadoras. (42)Este Reglamento solo debe aplicarse a la concesión de autorizaciones para proyectos de interés común, la participación pública en ellos y su tratamiento regulatorio. No obstante, los Estados miembros pueden adoptar disposiciones a nivel nacional para aplicar las mismas normas u otras similares a otros proyectos no considerados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.