[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 15.12.2009

COM(2009) 675 final

INFORME DE LA COMISIÓN

VIGESIMOSEXTO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2008)

{SEC(2009) 1683}{SEC(2009) 1684}{SEC(2009) 1685}

INFORME DE LA COMISIÓN

VIGESIMOSEXTO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2008)

1. INTRODUCCIÓN

En su Comunicación «Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario»[1] de 2007, la Comisión declaró que debía hacer hincapié, en su informe anual, en las cuestiones estratégicas, la evaluación del estado actual del Derecho, las prioridades y la programación de las acciones futuras. El informe del año pasado[2] se centró en un amplio abanico de retos y asuntos de actualidad presentados por sectores y en acciones prioritarias en forma de: medidas de prevención; acción de gestión del acervo; resolución de problemas de los ciudadanos; tramitación de infracciones y nueva legislación surgida del ciclo regulador.

El informe de este año tendrá una estructura basada en una mayor selección y en comentarios más detallados sobre determinados sectores, tomando como base la imagen detallada que se expone en el documento «Situación de los diferentes sectores» que acompaña al presente informe. El informe se refiere en gran parte a las medidas adoptadas en el marco del Tratado CE. La acción en el marco del Tratado de Lisboa será objeto de futuros informes. Para 2010 está prevista una Comunicación sobre la aplicación del artículo 260 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea , en relación con la facultad que tiene la Comisión para pedir al Tribunal de Justicia que imponga sanciones financieras a un Estado miembro.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Introducción

Con arreglo al Tratado CE, los Estados miembros tienen la responsabilidad principal de aplicar el Derecho comunitario. La Comisión tiene la facultad y la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario. A finales de 2008, las normas del Tratado se complementaron con aproximadamente 8 200 reglamentos y casi 1 900 directivas vigentes en el conjunto de los 27 Estados miembros.

2.2. Denuncias y procedimientos de infracción

El procedimiento de infracción cumple la función esencial de garantizar la correcta aplicación del Derecho. Según cifras recientes, aproximadamente el 68 % de las denuncias se archivan antes de la primera fase formal del procedimiento de infracción; alrededor del 84 % de los procedimientos de infracción basados en una denuncia se archivan antes de la fase de dictamen motivado, y alrededor del 94 % antes de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicte una resolución.

Si se compara el registro de infracciones de los años 1999-2003 con el de los años 1999-2007, el promedio de tiempo de tramitación de las infracciones, desde la incoación del expediente hasta que se recurre al Tribunal de Justicia conforme al artículo 226 del Tratado CE, disminuyó, aproximadamente, de 27 a 24 meses. La duración media de la tramitación de los casos de no comunicación de las medidas del Estado miembro para la transposición de directivas se mantuvo en aproximadamente 14 meses. En 2008, no se recurrió por segunda vez al Tribunal con arreglo al artículo 228 del Tratado en ningún caso, frente a los 7 casos de 2007.

A finales de 2008, la Comisión estaba tramitando más de 3 400 denuncias y expedientes de infracción. El número total aumentó ligeramente por encima del uno por ciento desde 2007, y los procedimientos por no comunicación de las medidas de transposición de directivas disminuyeron un 15 %. Las denuncias representaron el 54 % del total o el 64 % de los casos distintos de la transposición tardía de directivas, un incremento del 9 % con respecto a 2007. El número de casos incoados de oficio que eran objeto de examen a finales de 2008 disminuyó un 3 % con respecto a 2007.

Como promedio, el 55 % del total de las medidas de transposición obligatoria en 2008 experimentaron retraso, frente al 64 % en 2007, en un contexto de reducción considerable del número de directivas no transpuestas en 2008.

2.3. Peticiones

El número de peticiones al Parlamento Europeo relacionadas con la aplicación adecuada del Derecho comunitario depende de las decisiones que adoptan los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil para manifestar de este modo sus preocupaciones. Si bien la mayoría de las peticiones no se refiere ni conduce a procedimientos de infracción, proporciona al Parlamento y la Comisión información útil sobre las preocupaciones de los ciudadanos.

En el ámbito del medio ambiente, el elevado número de peticiones recibidas ha aumentado de forma constante, especialmente en el sector de los residuos. En el sector del transporte, el sector de la seguridad vial ha generado un alto número de peticiones. En el sector del mercado interior, casi la mitad de las peticiones presentadas se refirió al reconocimiento de diplomas. En materia fiscal y arancelaria, la cuestión que se ha planteado con más frecuencia es la fiscalidad de los vehículos.

También se recibió un número significativo de peticiones en el sector de justicia, libertad y seguridad, relativas, en particular, a la aplicación inadecuada del Derecho comunitario en el ámbito de la gestión fronteriza (Código de fronteras de Schengen), la libre circulación de personas y los derechos fundamentales.

3. ASPECTOS ACTUALES DE LA APLICACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYEN A LOS CICLOS REGULADORES

3.1. Introducción

El Derecho comunitario se desarrolla a lo largo del tiempo en función de la experiencia de su aplicación, las cuestiones prejudiciales, el desarrollo tecnológico, las crecientes expectativas de eficacia y la evolución de los objetivos de las políticas. El proceso de cambio legislativo se desarrolla a través de una serie de fases que incluyen el examen y la consulta encaminados a una propuesta legislativa, la adopción, aplicación, gestión y ejecución, y el posterior examen y consulta. Cada sector presenta una combinación distinta de elementos que conducen a los ciclos reguladores, que pueden durar, aproximadamente, de dos a veinte años.

En las secciones siguientes se exponen algunos aspectos clave de la aplicación, gestión y ejecución del Derecho comunitario, así como su contribución a los ciclos legislativos, incluidos algunos ejemplos clave procedentes de los sectores descritos con más detalle en el documento «Ciclo regulador – Ejemplos de sectores»[3].

3.2. Retrasos en la transposición y la comunicación - planificación creciente de la aplicación y acción preventiva

El retraso en la transposición de directivas sigue siendo un gran obstáculo con consecuencias a largo plazo para la aplicación de la ley a su debido tiempo. En 2008, el 55 % de las transposiciones obligatorias se retrasó y prolongó por espacio de dos o más años. En consecuencia, el ciclo legislativo de adopción y aplicación, que dura aproximadamente cuatro años, se prolonga regularmente, en ocasiones durante años. Este retraso reduce la capacidad de la UE para dar satisfacción eficaz a los intereses de los ciudadanos y los agentes económicos. Menoscaba la coherencia del sistema jurídico al disminuir la seguridad jurídica, la transparencia y las condiciones equitativas de la competencia. Se retrasan las medidas de seguimiento que garantizan la aplicación adecuada de la ley. La situación mejoró el año pasado, pero al 15 % de la mejora en la UE-25 corresponde un 40 % de disminución del volumen de transposiciones obligatorias. Según el Cuadro de indicadores del mercado interior nº 19, en mayo de 2009 había 22 directivas cuyos plazos de transposición habían expirado hacía más de dos años que todavía no habían sido plenamente transpuestas por entre uno y cinco Estados miembros.

A la transposición tardía se añaden los retrasos en las notificaciones obligatorias que exigen las directivas. Por ejemplo, en el marco del «Cambio climático – comercio de derechos de emisión», hubo que emprender procedimientos de infracción contra numerosos Estados miembros por la notificación tardía de los Planes Nacionales de Asignación (PNA) para 2008 – 2012. En consecuencia, las posteriores tareas de aplicación y modificación del acervo existente quedaron suspendidas. Estos retrasos en la comunicación contribuyeron en gran medida a que se retrasaran las etapas siguientes necesarias para alcanzar los objetivos de 2020.

Debido en parte a la necesidad de evitar retrasos en la transposición y en parte a la de garantizar la aplicación correcta, en los últimos años se ha recurrido cada vez más a medidas preventivas como las reuniones de expertos y al diálogo bilateral Comisión/Estados miembros sobre cuestiones de transposición y aplicación, aumentando así las posibilidades de resolución de posibles problemas antes de que queden recogidos en las leyes. La Comisión y los Estados miembros han forjado un compromiso adicional muy consistente para la aplicación y ejecución de la ley, a fin de garantizar mejor que ésta alcance sus objetivos. Un ejemplo orientador es el actual programa de trabajo sobre la aplicación de la Directiva relativa a los servicios. Un plan de transposición detallado y amplio sentó las bases para la celebración de más de 30 reuniones bilaterales con los Estados miembros y de 13 reuniones del grupo de expertos en 2008 sobre la aplicación y el desarrollo del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) que permite el intercambio directo de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

Asimismo, con frecuencia se han elaborado directrices para facilitar la aplicación y ejecución de la nueva legislación, como ha ocurrido a gran escala en el marco del Reglamento REACH. Se publican en Internet las listas de las preguntas más frecuentes, que suelen versar sobre las directivas relativas a preparados peligrosos, explosivos y fertilizantes.

Habrá que prestar especial atención a las cuestiones de aplicación y ejecución por la Comisión a la hora de preparar, y de adoptar por el Parlamento y el Consejo, la nueva legislación, a fin de garantizar la aplicación sin demora y adecuada de la ley. El examen de la aplicación de la legislación comunitaria por el Parlamento Europeo y los contactos con los parlamentos nacionales también contribuirán a mejorar los resultados. El debate interinstitucional identificará los métodos adecuados que deberán aplicarse para garantizar unos resultados mejores.

3.3. El marco, su aplicación y su gestión

La adopción de nuevas normas comunitarias suele ser más bien el comienzo que el fin del proceso. La legislación marco requiere medidas de aplicación. El desarrollo científico y tecnológico conduce a la introducción de nuevos métodos de trabajo. La información avanzada sobre las posibles nuevas medidas reguladoras en el ámbito de los Estados miembros puede contribuir a evitar los obstáculos a la libre circulación. La mejor manera de garantizar la buena gestión de la aplicación de la legislación por parte de la Comisión y los Estados miembros es el examen periódico de las cuestiones de aplicación y ejecución.

Por ejemplo, las directivas iniciales sobre los contenidos de plaguicidas y los productos fitosanitarios adoptadas en las décadas de 1970, 1980 y 1990, han ampliado progresivamente el ámbito de aplicación de las normas comunitarias sobre residuos a diversos cultivos. Este proceso supuso una amplia actividad de aplicación adicional, con seis directivas de aplicación del Consejo adoptadas desde mediados de 1993 hasta mediados de 1997 y otras 60 Directivas de la Comisión adoptadas en los diez años siguientes anteriores a la adopción del Reglamento (CE) nº 396/2005[4] para la consolidación y simplificación del acervo.

Paralelamente, la aplicación escalonada de la Directiva 91/414/CEE[5] relativa a la evaluación, comercialización y utilización de los productos fitosanitarios, se organizó a través de programas adoptados en 1992, 2000, 2002 y 2004, que condujeron a la propuesta de la Comisión de 2006 para la regulación, consolidación y desarrollo futuro del acervo[6].

Aparte de los trabajos de los comités, existen otras maneras de gestionar la aplicación del Derecho comunitario a través de la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros. Entre ellas se encuentran las disposiciones que exigen la notificación previa de los proyectos normativos y los procedimientos para efectuar el seguimiento de los problemas detectados. Sólo en el ámbito de las normas técnicas de las mercancías y los servicios de la sociedad de información[7], en 2008 se tramitaron más de 630 notificaciones, cerca de 200 intervenciones de la Comisión y algo más de 180 de los Estados miembros.

3.4. Inspecciones y controles – acciones de la Comisión y los Estados miembros

Las inspecciones y los informes de la Comisión y los Estados miembros también pueden contribuir de forma decisiva a determinar en qué medida se alcanzan los objetivos sobre el terreno, así como a detectar los diferentes tipos de problemas que pueden abordarse ya sea a través de procesos de gestión, ya mediante procedimientos de infracción o reformas legislativas.

Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad de la aviación, la legislación comunitaria de principios de la década de 2000 previó que los programas de seguridad civil de los Estados miembros se desarrollaran con arreglo a normas comunes básicas y a auditorías nacionales realizadas por los Estados miembros e inspecciones de la Comisión. Se estima que los amplios programas de inspecciones realizados contribuyeron a mejorar en un 16 % el cumplimiento de las normas, al mismo tiempo que pusieron de manifiesto la necesidad de armonización, aclaración y simplificación adicionales. En consecuencia, el Parlamento y el Consejo adoptaron modificaciones de la normativa en 2008, mejoraron el proceso de elaboración de las normas y establecieron los principios básicos sobre una serie de programas de seguridad de mayor alcance y de control de calidad interno que debían adoptar los operadores aeroportuarios, las compañías aéreas y otras entidades que aplican medidas de seguridad. Paralelamente, la Comisión intensificó la evaluación paritaria en el programa de inspección, en el contexto de la mejora de su metodología de inspección.

Otro ejemplo, en el sector de la seguridad alimentaria, es el trabajo de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), que en 2008 programó 256 auditorías e inspecciones para garantizar unos sistemas de control eficaces y evaluar el cumplimiento de las normas comunitarias en la UE y los terceros países, en lo que respecta a sus exportaciones a la UE.

3.5. Consulta a las partes interesadas, recogida de información y comunicación relativa al desarrollo legislativo

Para recoger información sobre el impacto de la legislación sobre el terreno y comprobar si se han alcanzado los objetivos, se aplican diversas técnicas.

En relación con el «cambio climático», en enero de 2008 la Comisión propuso la mejora y ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE. La propuesta fue el resultado de intensas consultas con las partes interesadas durante el primer periodo del régimen de comercio de emisiones de 2005-2007. En estas consultas se confirmó la falta de datos verificados sobre emisiones para apoyar los Planes Nacionales de Asignación (PNA), lo que conduce a: una emisión excesiva de derechos y, en algunos casos, beneficios excepcionales para las industrias que cobran a los consumidores por derechos de emisión adquiridos gratuitamente; métodos y niveles de asignación de los Estados miembros muy diferentes; un proceso de aprobación por la Comisión PNA demasiado largo y complejo. En consecuencia, la propuesta de modificación legislativa de 2008 adoptó un enfoque plenamente armonizado para alcanzar unos límites máximos de derechos de emisión a escala de la UE, que disminuirán anualmente, con el objetivo de reducir en un 21 % las emisiones en 2005-2020, al mismo tiempo que introduce progresivamente la subasta como el método principal de asignación de derechos de emisión.

Otro ejemplo se refiere a los retrasos en los pagos sujetos a contratos comerciales, siendo el Parlamento Europeo el primero que manifestó preocupación al respecto en 1994, lo que dio lugar en 1995 a una recomendación de la Comisión, un instrumento no legislativo para la introducción de mejoras. Tras un nuevo proceso de consultas que confirmó la ausencia de progresos significativos, la Comisión propuso una directiva que se adoptó en 2000. A continuación, como consecuencia de un informe de 2006, se llevó a cabo un estudio, se consultó al Grupo de consulta de las empresas europeas y se celebró la consulta pública «Tu voz en Europa» en 2008. Los resultados, junto con los estudios realizados en paralelo por las partes interesadas en los Estados miembros, confirmaron la necesidad de reforzar las normas, que la Comisión propuso en 2009.

En materia de prevención y control integrados de la contaminación (PCIC), la directiva original de 1996 estableció un programa de aplicación de diez años para la expedición de permisos a las instalaciones industriales sobre la base del compromiso de aplicación de las mejores prácticas disponibles para el control de la emisión de contaminantes. En 1999, la Comisión envió un cuestionario para que los Estados miembros informaran en 2003 sobre el periodo de aplicación 2000-2002. El informe que la Comisión elaboró en 2005 se basó en los resultados de estos cuestionarios. El informe señaló considerables retrasos en la transposición, falta de claridad en la legislación y la necesidad de incrementar la coordinación y la velocidad de aplicación y consolidación de las disposiciones. Esto condujo a la elaboración de un plan de acción sobre la aplicación.

En el curso de 2006 y 2007, la Comisión emprendió un nuevo examen de la aplicación con todas las partes interesadas, sobre la base de los informes de los Estados miembros para el periodo 2003-2005, así como una serie de análisis externos adicionales. Los resultados mostraron claramente la necesidad de una reforma legislativa. En consecuencia, en diciembre de 2007 la Comisión adoptó la propuesta de refundición de la Directiva sobre emisiones industriales, a fin de consolidar, ampliar y aclarar las disposiciones existentes, reducir los límites de emisión e incrementar el control y la ejecución. También se actualizó el plan de acción sobre la aplicación, con la previsión de una recogida de datos más armonizados, así como de procedimientos de evaluación y de toma de decisiones más simplificados. Esto proporcionó el marco para garantizar la plena aplicación de las disposiciones existentes hasta 2012, año en que se prevé que la atención se centre en la aplicación de la nueva legislación prevista.

3.6. Gestión de la legislación por grupos de expertos

Para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las normas, se adoptan medidas preventivas que evitan recurrir al procedimiento de infracción. La gestión cotidiana del acervo a través de aproximadamente 250 comités y 1 000 grupos de expertos, y la actividad de aplicación y actualización técnica contribuyen a mantener la validez actual y la funcionalidad práctica del acervo legislativo, facilitando la resolución de problemas que de otro modo se someterían al procedimiento de infracción, así como la solución de los procedimientos de infracción en curso.

3.7. Solución de problemas de los ciudadanos, las empresas e intereses de la sociedad civil

Muchas cuestiones de interpretación y aplicación práctica de la legislación pueden resolverse rápida y eficazmente, a escala de la UE, a través de la actividad que desarrollan la Comisión y los expertos de los Estados miembros en los comités y grupos de expertos. Algunos instrumentos horizontales ligeros como SOLVIT y EU Pilot están concebidos para proporcionar medios rápidos y directos de solución de los problemas de índole individual que plantea la aplicación del Derecho comunitario a los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil.

Otros instrumentos específicos por sectores, como la liquidación de cuentas en la agricultura, que garantiza que los pagos de la ayuda financiera dependan del cumplimiento confirmado de las normas, han demostrado ser instrumentos de ejecución eficaces aplicables en determinados ámbitos del acervo. También se han introducido mecanismos en la legislación sectorial de la CE que proporcionan a los operadores comerciales medios para recurrir contra las autoridades nacionales. Entre estos se encuentran las disposiciones sobre los recursos que pueden interponer los operadores de telecomunicaciones contra las decisiones de los reguladores nacionales del sector de las comunicaciones electrónicas. También existen disposiciones sobre recursos en el ámbito de la contratación pública, motivadas en parte por el elevado y constante número de quejas recibidas por la Comisión y el consiguiente procedimiento de infracción sobre el cumplimiento de las normas comunitarias en los procesos de licitación individuales. Estas vías proporcionan a las empresas afectadas recursos más directos y oportunos que el procedimiento de infracción incoado por la Comisión que, por su propia naturaleza, no se centra en los intereses de las partes en el proceso de licitación.

Algunas normativas comunitarias incluyen también garantías en cuanto a procedimiento de recurso entre los ciudadanos y los operadores comerciales. Por ejemplo, el crecimiento y la diversificación de los servicios de comunicación electrónica y el número creciente de proveedores de servicios condujeron, en el marco de la Directiva servicio universal, a la introducción de un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores de servicios que constituye una alternativa más flexible, menos costosa y formal, al procedimiento judicial. Otro ejemplo lo constituye la mejora de los procedimientos de reclamación en caso de retrasos o anulaciones de vuelos en el sector aéreo. La normativa comunitaria de medio ambiente también prevé mecanismos de recurso en caso de negativa a facilitar la información medioambiental requerida, o la consulta pública en relación con las evaluaciones de impacto ambiental, la prevención integrada de la contaminación y el control de las decisiones relativas a permisos.

El funcionamiento de estos sistemas está sometido a control y es objeto de informes regulares como el Informe de evaluación piloto de la UE en curso de elaboración.

3.8. La función del procedimiento de infracción

La Comisión puede incoar el procedimiento de infracción a partir de diferentes tipos de reclamaciones. Un gran número de procedimientos se refiere a retrasos en la comunicación de medidas de transposición de directivas adoptadas por los Estados miembros. Generalmente, estos procedimientos suelen durar algunos meses, pero pueden dar lugar a que se dicte una resolución judicial y a la aplicación de sanciones financieras si se sigue retrasando la transposición. La inmensa mayoría de los casos se cierra antes de que el Tribunal de Justicia dicte una primera resolución. La tramitación del procedimiento exige una enorme cantidad de trabajo.

El procedimiento de infracción también se utiliza para perseguir la no conformidad de las leyes y reglamentos de los Estados miembros y las malas prácticas administrativas. La Comisión detecta las posibles infracciones del Derecho comunitario en una gran variedad de situaciones relacionadas con las diferentes funciones de la Comisión Estas funciones incluyen su propia actividad de control de conformidad de las medidas de transposición de los Estados miembros, el trabajo de comités y grupos de expertos sobre la aplicación y ejecución del Derecho comunitario, correspondencia y reclamaciones de los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil, y el trabajo con los Estados miembros que elaboran informes sobre la aplicación del Derecho comunitario.

La Comisión tiene que garantizar coherencia, eficacia y trato equitativo a los Estados miembros en la tramitación de las posibles infracciones que se le sometan. Tiene que valorar si está más justificado emprender una acción específica sobre las posibles infracciones individuales que se le someten o aplicar un procedimiento paralelo o colectivo que abarque diferentes circunstancias de hecho y de Derecho que pueda reforzar su posición. Tiene que determinar cuál es el tipo de acción más adecuada que deberá emprenderse en cada momento, dado el volumen y la diversidad de problemas planteados, así como las consecuencias de recurrir al procedimiento de infracción para el calendario previsto.

La experiencia muestra que con frecuencia es más eficaz y equitativo intentar resolver los problemas recurrentes o extendidos con un enfoque más sistemático. Los ejemplos de infracciones sistemáticas que la Comisión ha tratado, o está tratando, en el ámbito de la protección del medio ambiente, se explican en la Comunicación de la Comisión de 2008 sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria[8]. Se trata de infracciones de las normas relativas al agua de baño y el agua potable, de la falta de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, de la tolerancia de actividades ilegales de eliminación de residuos, o del incumplimiento de la normativa de caza o de las condiciones de suspensión temporal en espacios naturales protegidos.

Los problemas extendidos o recurrentes también pueden deberse a la falta de claridad de los textos legislativos, algo que puede resolverse mejor modificando la normativa que con medidas de ejecución. La modificación de la normativa puede tener la ventaja adicional del desarrollo jurídico. Aunque la interpretación de la ley por el Tribunal de Justicia en un caso particular puede tener consecuencias de gran alcance para otros Estados miembros, la acción de control de la Comisión a través del procedimiento de infracción en una serie de Estados miembros puede constituir un proceso jurídico largo y complejo con unos resultados más diversificados y menos transparentes que la adopción de modificaciones legislativas, que puede suponer garantías adicionales de clarificación y accesibilidad.

Del mismo modo, mientras que las disposiciones del Tratado suelen ejecutarse directa y eficazmente a través del procedimiento de infracción, la acción coordinada de la Comisión y los Estados miembros también puede ser una forma eficaz y coherente de abordar en colaboración la gran variedad de asuntos que se plantean. Por ejemplo, debido a la diversidad de la economía de servicios y a la variedad de cuestiones que se plantean en ocasiones en contextos muy diferentes, el enfoque armonizado puede resultar inadecuado cuando la ejecución directa del Tratado requiere considerar cada caso concreto. Por este motivo, el legislador comunitario adoptó en 2006 la Directiva servicios a fin de codificar y especificar los criterios establecidos en el Tratado CE aplicables al derecho de establecimiento y a la prestación de servicios transfronterizos, así como para establecer un amplio examen de los sistemas de autorización y los requisitos legales de los Estados miembros para acceder a actividades de servicios o ejercerlas. Otras consideraciones similares motivaron la adopción en 2008 del «paquete sobre mercancías», que incluye medidas de regulación de aspectos del procedimiento de aplicación del principio de reconocimiento mutuo en materia de libre circulación de mercancías. Estas medidas pueden ir acompañadas, obviamente, de la aplicación directa y constante de las disposiciones del Tratado a través del procedimiento de infracción.

El procedimiento de infracción no debe convertirse, en ningún caso, en una función automática, puesto que no siempre puede tramitarse en un plazo fijo determinado únicamente en el marco de cada asunto particular. Este procedimiento debe tramitarse en el contexto más amplio de consideraciones tales como: la posibilidad de recurrir a vías de resolución del asunto más rápidas y eficaces; la seguridad jurídica global en el sector de que se trate, asuntos paralelos en otros Estados miembros que planteen la cuestión del juicio equitativo y justo, y los medios más eficaces para alcanzar los objetivos generales del Derecho comunitario.

3.9. Simplificación legislativa – el objetivo de legislar mejor

El programa de la Comisión «Legislar mejor y simplificar la legislación» ha conducido también a modificaciones legislativas destinadas a reducir los costes de los productores, mejorar la transparencia, el acceso al mercado, y aclarar las normas. Por ejemplo, en el sector de los productos de construcción, el mandato para «legislar mejor» dio lugar a una amplia consulta sobre el funcionamiento de la directiva adoptada a finales de 1980. Esto condujo, a su vez, a una amplia reforma destinada a mejorar la comprensión y el acceso, reducir los costes de aplicación y mejorar la claridad y eficacia, especialmente para los pequeños fabricantes. La reforma se centró en el suministro de información sobre las propiedades del producto, la aclaración de las garantías derivadas del marcado CE, el desarrollo de criterios más estrictos de control de las propiedades por organismos independientes y la introducción de una mayor flexibilidad en las solicitudes de prueba de los productos.

Mientras que el programa «Legislar mejor» puede aclarar y simplificar la legislación, también puede limitar los casos en que se recurre a la legislación, al justificar la consulta sobre cuestiones de fondo y las pruebas de mercado antes de que se invoque un motivo para adoptar una iniciativa legislativa, como ya se ha descrito en relación con el desarrollo del Derecho comunitario sobre la morosidad en las transacciones comerciales.

3.10. Función de la legislación que garantiza la transparencia y el acceso al Derecho

La transparencia, el conocimiento de las normas y su aplicabilidad, son fomentados por un conjunto común y coherente de disposiciones legales a escala de la UE y los Estados miembros. Cuando la legislación es clara y está acompañada de jurisprudencia la reforma legislativa puede estar justificada para mejorar la transparencia y el acceso a la legislación, exactamente como sucede cuando una serie de modificaciones legislativas en la CE requieren ser codificadas. Así se explica la interacción entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el desarrollo legislativo de la CE, que suele requerir una combinación de ambos elementos para alcanzar los resultados deseados.

4. CONCLUSIONES:

En el presente informe la Comisión examina determinados aspectos de la actual situación de la aplicación del Derecho comunitario y:

- propone un diálogo interinstitucional sobre las causas y las formas posibles de reducir los retrasos en la transposición;

- subraya la importancia de los mecanismos de ejecución y programación de la aplicación en el desarrollo de la nueva legislación;

- pone de relieve la variedad de instrumentos de ejecución y gestión disponibles para garantizar la aplicación adecuada de la legislación y se compromete a aplicar una política transparente para la utilización de estos instrumentos con objeto de mejorar el conocimiento, la claridad y la eficacia de la legislación;

- confirma las prioridades de trabajo de la Comisión establecidas en el documento «Situación de los diferentes sectores»[9] que acompaña al presente informe, incluida la tramitación del procedimiento de infracción, a fin de reportar las máximas ventajas a los ciudadanos y las empresas.[pic][pic][pic]

[1] COM(2007) 502

[2] COM(2008) 777

[3] SEC(2009) 1683

[4] Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica a la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1-16).

[5] Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios

DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

[6] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (SEC(2006)930 y SEC(2006) 931].

[7] Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas de los servicios de la sociedad de información.

[8] COM(2008) 773

[9] SEC(2009) 1684