12. 9. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 237/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen sobre los aspectos sociales de la pesca marítima 
(88/C 237/01) 
El 14 de abril de 1987, de conformidad con el cuarto apartado del artículo 20 de su reglamento 
interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre los aspectos 
sociales de la pesca marítima. 
La Sección de agricultura y pesca, encargada de la preparación de los trabajos del Comité 
en la materia, adopto su dictamen el 9 de junio de 1988 (ponencia oral del Sr. Muñiz 
Guardado). 
En su 275a sesión plenaria, celebrada los días 6 y 7 de julio de 1988 (sesión del 6 de julio de 
1988), el Comité Económico y Social aprobó el siguiente dictamen sin votos en contra y 
2 abstenciones. 
1. Comentarios introductorios 
1.1. La pesca constituye en su conjunto un sector 
sumamente complejo, y por lo tanto diferente de cual­
quier otra actividad. Por esta razón sus aspectos funda­
mentales deben tratarse de una manera particular, 
teniendo en cuenta sus características específicas y sobre 
todo el hecho de que la pesca es una de las actividades 
más peligrosas. 
1.2. Los artículos 38 y siguientes del Tratado de 
Roma, aplicables por analogía al sector de la pesca, 
señalan la necesidad de aumentar la productividad y 
fomentar el progreso técnico. De ello se deduce para el 
sector pesquero la necesidad de garantizar el desarrollo 
racional de la producción mediante campañas y vedas 
de pesca, etc., encaminadas a alcanzar un empleo 
óptimo de la mano de obra que garantice un nivel de 
vida equitativo a los pescadores marítimos principal­
mente mediante el aumento de su renta individual. 
1.2.1. No obstante hay que reconocer que las finan­
ciaciones previstas para el sector de la pesca son bajas; 
por lo tanto, la pesca no tiene ningún excedente estruc­
tural y pocas veces experimenta excedentes coyuntu-
rales. 
1.2.2. Desde comienzos de la década de 1970 se han 
elaborado a nivel comunitario numerosos reglamentos 
y directivas basados en dichos artículos del Tratado. 1.2.3. La mayoría de estos actos jurídicos tienen 
como objetivo mejorar las estructuras del sector pes­
quero y tienden a mantener la rentabilidad de los 
buques, sin que se pueda comprobar, sin embargo, que 
hayan venido acompañados por medidas apropiadas en 
materia de política social. 
1.3. Por lo tanto, actualmente estamos es presencia 
de una tercera generación de la política pesquera común 
que sin embargo sigue siendo una política común 
incompleta, puesto que no incluye los aspectos sociales. 
1.4. La Comisión ha intentado en varias ocasiones 
sensiblizar a los medios comunitarios respecto a esta 
problemática. 
1.4.1. Así, desde 1966 la Comisión había bosquejado 
un conjunto de objetivos sociales de una política pes­
quera común. Estos objetivos pretendían alcanzar para 
los pescadores marítimos una paridad social con res­
pecto a los demás trabajadores que tuviese en cuenta 
las características específicas de las actividades conside­
radas i1). 
1.5. El 17 de noviembre de 1980, la Comisión pre­
sentó al Consejo una serie de interesantes propuestas 
en materia de condiciones de vida y de trabajo, de 
formación profesional y de seguridad en el mar(2). 
1.5.1. Durante la última revisión del reglamento 
« Estructuras», la Comisión intentó tímidamente incor­
porar algunos elementos de una política social corres­
pondiente a este sector. Así, la Comisión propuso (3) 
(1) Doc. COM de 22 de junio de 1966. 
(2) Doc. COM de 17 de noviembre de 1980. 
(3) Doc. COM de 15 de septiembre de 1986. 
N° C 237/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 9. 88 
una participación de la Comunidad en los gastos previs­
tos por los Estados miembros para la concesión de 
jubilaciones anticipadas a los pescadores marítimos, y 
en los resultantes de la aplicación de un régimen de 
primas instituidas para las tripulaciones obligadas a 
cesar en su actividad a consecuencia del amarre de su 
buque. 
1.5.2. El Consejo no quiso tener en cuenta estas 
diferentes propuestas y no ha tenido a bien hasta la 
fecha abordar el problema de la armonización social 
progresiva. 
1.6. La estrategia utilizada por el Consejo ha consis­
tido hasta ahora, con demasiada frecuencia, en dar la 
impresión de que la política social atañe a los Estados 
miembros. Además, es evidente que a nivel comunitario 
existe un instrumento horizontal —el Fondo Social— 
que sin embargo no se utiliza para aplicar una auténtica 
política común en materia social. 
1.6.1. Así, la tradición comunitaria en materia social 
ha establecido hasta el presente una filosofía que asigna 
a la Comunidad una simple función coordinadora de las 
políticas sociales nacionales, remitiendo a los Estados 
miembros la adopción de medidas concretas en este 
terreno. 
1.7. En su dictamen del 27 de febrero de 1985 sobre 
la situación y perspectivas a medio plazo del sector 
comunitario de la pesca (!), el Comité señalaba: 
« Tal como aparecen, las disparidades de los regíme­
nes sociales—seguridad social, jubilación, condicio­
nes de trabajo, etc.— revelan que deben existir 
distorsiones de competencia muy notables entre los 
Estados miembros, distorsiones (sociales) que reper­
cuten en los costes de explotación (económicos)... » 
1.7.1. Siguiendo el mismo orden de ideas, en su dicta­
men de iniciativa del 19 de noviembre de 1987, relativo 
a los aspectos sociales del mercado interior (Espacio 
social europeo) (2), el Comité indicó: 
«Por consiguiente, el Comité considera esencial 
para la realización del mercado único la definición 
y adopción de normas comunitarias que garanticen 
los derechos sociales fundamentales, es decir, aque­
llos que no se pueden poner en tela de juicio ni por 
presión de la competencia ni por la búsqueda de 
competitividad.» 
1.8. Lo que antecede nos lleva a preguntarnos cómo 
podrá aplicarse de manera equitativa una política pes­
quera común en el marco del gran mercado interior 
previsto para 1992 si, en el plano social, las condiciones 
estipuladas para los pescadores marítimos no son las 
mismas para todos. 
(*) DO n° C 104 de 25. 4. 1985. 
(2) DO n° C 356 de 31. 12. 1987. 2. Observaciones generales sobre la situación y los 
problemas actuales del sector de la pesca marítima 
2.1. La pesca constituye una actividad vital para los 
aproximadamente 250 000 pescadores marítimos que 
trabajan en la Comunidad, a los que es necesario garan­
tizar una renta. 
2.1.1. La tendencia a la baja del número de pescado­
res marítimos es consecuencia de diversos factores como 
la disminución progresiva de los recursos, las vedas o 
restricciones de la pesca de determinadas especies, y las 
eventuales variaciones del consumo de pescado. 
2.2. Respecto a las consecuencias económicas de las 
pérdidas de empleo, es necesario señalar que un empleo 
en el mar puede generar entre 3,5 y 5 empleos en tierra. 
2.3. El sector pesquero constituye una fuente de 
empleo principalmente en los siguientes terrenos: asti­
lleros e industrias auxiliares, talleres mecánicos y 
eléctricos, fábricas de pertrechamiento y avitualla­
miento y de equipos y materias primas destinados a la 
propulsión, navegación, seguridad del buque y captura, 
fábricas de conservas y sus materias primas y equipos, 
compradores detallistas y mayoristas, transportistas, 
servicios conexos etc. 
2.4. El Comité comprueba con pesar que las medidas 
adoptadas por la Comunidad para cubrir determinados 
déficit en el abastecimiento de productos pesqueros 
crean a veces verdaderos problemas en determinados 
sectores industriales. Así, algunas importaciones masi­
vas procedentes de países terceros, que registran costes 
de explotación muy inferiores a los comunitarios, 
entran en competencia directa con las capturas de los 
pescadores comunitarios y provocan perturbaciones en 
los mercados, poniendo en peligro tanto la superviven­
cia de la flota, por falta de rentabilidad, como el empleo. 
2.5. Por otra parte, es forzoso reconocer que las 
medidas de conservación de los recursos, como las 
prohibiciones de pesca, la fijación de normas, la limita­
ción de la actividad pesquera, etc., afectan considerable­
mente a la renta de los pescadores marítimos, que al 
no disponer de una política social que cubra los riesgos 
provocados por tales medidas, se ven obligados a limitar 
su actividad pesquera, con la consiguiente pérdida de 
poder adquisitivo. 
2.6. Por otra parte, los esfuerzos por armonizar los 
precios comunitarios pueden resultar perjudiciales para 
determinadas regiones que venían ejercitando tradicio-
nalmente la actividad pesquera en su medio natural, 
con resultados acordes con su capacidad de captura, y 
que actualmente se ven amenazadas por la entrada 
masiva de productos pesqueros procedentes de países 
que practican precios de subasta muy inferiores a los 
fijados en estas regiones tradicionales. 
2.7. La Comisión debería emprender un estudio que 
permitiera evaluar las consecuencias sociales de la polí­
tica de pertrechamiento, a fin de poder adoptar medidas 
apropiadas. 
12. 9. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 237/3 
3. Observaciones generales sobre los cultivos marinos 
3.1. Algunos Estados miembros han considerado 
esta actividad como una posible solución a la carencia 
de recursos pesqueros marinos. Aunque la acuicultura 
pueda llegar a convertirse en una importante fuente 
de pescado o de alimentación humana, principalmente 
mediante el cultivo y la transformación de las algas, no 
es probable que llegue a ser algo más que suplementaria 
con respecto a la pesca marítima. 
3.2. En cualquier caso, se trata de procedimientos 
que conviene analizar en profundidad, intentando reco­
ger las experiencias adquiridas por los países que han 
puesto en práctica este sistema de cultivos marinos 
y tratando de armonizar ambas actividades, la pesca 
marítima, los cultivos marinos y su transformación, de 
forma que se cubran las necesidades de abastecimiento 
de conformidad con los datos disponibles sobre el défi­
cit comunitario, previendo al mismo tiempo la posibili­
dad de reinsertar en las instalaciones de cultivos mari­
nos o de transformación al mayor número posible de 
trabajadores despedidos de la industria pesquera. 
4. Propuesta del Comité 
4.1. Formación profesional 
4.1.1. Resulta evidente la necesidad de crear estruc­
turas y métodos de enseñanza en todos los Estados 
miembros, fijando orientaciones comunes para el des­
arrollo del sector pesquero mediante programas de 
acción comunitarios encaminados a la realización de 
estas orientaciones. 
4.1.2. La formación profesional primaria de los futu­
ros marinos debe planearse a varios niveles en función 
de los empleos a los que vayan destinados los interesa­
dos (marineros, patrones de pesca, mecánicos, etc). 
4.1.3. Durante esta formación, los futuros marinos 
deberán poder adquirir nociones de economía, biología 
marina electrónica, gestión de recursos, normativa de 
pesca y seguridad, gestión de empresas pesqueras, orga­
nización profesional, acuicultura, socorrismo, etc., 
dado que el ejercicio de esta profesión exige un conjunto 
de conocimientos teóricos y prácticos que no pueden 
proceder únicamente de la experiencia de los pesca­
dores. 
4.1.4. La formación continua de los pescadores en 
activo debe tener en cuenta las mismas exigencias. Dado 
que el ejercicio de la pesca requiere un mínimo de 
comunicación entre los propios marinos y entre los 
marinos y las autoridades competentes de los lugares 
de pesca, la formación profesional en la Comunidad 
debe prestar una atención especial al desarrollo de los 
conocimientos lingüísticos. 
4.1.5. Se deben proseguir los intercambios de exper­
iencias en el marco de la política de formación de 
profesores. 
4.1.6. La Comunidad deberá promover: 
— la construcción de centros de formación profesional 
para los oficios de la pesca, dotados con equipos 
modernos, y — la creación de unidades móviles de formación, que 
correspondan a las condiciones particulares del sec­
tor pesquero y a las necesidades de la profesión. 
4.2. Empleo 
4.2.1. El Comité insta a la Comisión a poner en 
práctica una política global en materia de empleo en 
el sector pesquero que tenga en cuenta las siguientes 
sugerencias: 
a) la presentación por parte de la Comisión de un 
informe sobre las medidas previstas, o por prever, 
a fin de alcanzar lo antes posible el pleno empleo 
en la Comunidad; 
b) la realización efectiva de la libre circulación de 
trabajadores en 1992; 
c) la equivalencia de patentes y diplomas recíproca­
mente reconocidos; 
d) la armonización de las condiciones en materia de 
desempleo; 
e) la realización de estudios sobre la reinserción y 
el reciclaje de los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los cambios radicales producidos 
en la explotación tradicional e histórica de los zonas 
de pesca; 
f) el fomento de la creación de cooperativas de pesca­
dores marítimos, con dirección y disciplina empresa­
riales; 
g) la formación técnica en acuicultura, cuando las per­
spectivas sean favorables; 
h) la cooperación entre empresarios y trabajadores; 
i) la creación de organismos paritarios a nivel nacional 
y comunitario, que se ocupen de todas las acciones 
en materia de empleo; 
j) la asignación de fondos sociales para prevenir las 
consecuencias de la política común de estructuras y 
de la política de conservación de recursos; 
k) la creación de un fondo que cubra las pérdidas 
experimentadas por las profesionales cuando las 
condiciones meteorológicas les impidan trabajar. 
4.3. Condiciones de trabajo 
4.3.0.1. En opinión del Comité, para lograr una polí­
tica pesquera común que sea coherente es necesario 
también garantizar adecuadamente la seguridad de los 
trabajadores del sector y la estabilidad de su empleo, 
procurando al mismo tiempo que se beneficien de unas 
condiciones sociales razonablemente satisfactorias. 
4.3.0.2. El Comité considera que el Consejo deberá 
recomendar a los Estados miembros que aún no lo 
hayan hecho, la ratificación del Convenio de la Organi­
zación international del trabajo (OIT) n° 114, relativo 
al contrato de trabajo de los pescadores (1959). 
4.3.0.3. A este respecto resulta oportuno recordar el 
punto de vista expresado desde hace tiempo por el 
Comité: 
«El Comité opina que los pescadores marítimos 
tienen derecho, en el terreno social y en el de las 
N° C 237/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 9. 88 
condiciones de trabajo, a la paridad con los demás 
trabajadores de la Comunidad, teniendo en cuenta 
las características específicas de las actividades con­
sideradas i1).» 
4.3.0.4. Dada la extrema diversidad de las condicio­
nes de trabajo de los pescadores marítimos en la Comu­
nidad, el Comité es consciente de que sería poco realista 
plantear una armonización total e inmediata de la legis­
lación laboral aplicable a los pescadores marítimos. 
Sin embargo, podrían lograrse progresos significativos 
estimulando la concertación entre los interlocutores 
sociales de la industria pesquera y la conclusión de 
acuerdos sobre las remuneraciones, la jornada laboral, 
el derecho a períodos de descanso, la estabilidad del 
empleo y la organización del trabajo. 
4.3.0.5. Respecto a los diferentes aspectos de las 
condiciones de trabajo, el Comité formula las siguientes 
observaciones. 
4.3.1. De la seguridad de la vida humana 
en el mar 
4.3.1.1. La adopción de medidas de seguridad aplica­
bles a las embarcaciones y a las tripulaciones constituye 
una urgente necesidad, teniendo en cuenta la frecuencia 
de las enfermedades y los accidentes en el mar. 
4.3.1.2. Se imponen diversas acciones prioritarias en 
materia de: 
— normas de construcción y de equipamiento, 
— servicios sanitarios a bordo, 
— auxilio y salvamento en el mar, y 
— enseñanza de principios de seguridad. 
4.3.1.3. En lo que se refiere a las normas de construc­
ción y equipamiento, las disposiciones derivadas de los 
convenios internacionales vigentes resultan muy ade­
cuadas, aunque no abarquen todas las categorías de 
buques de pesca. 
4.3.1.4. En este contexto cabe señalar la importancia 
que tiene el convenio internacional (OMCI) de 1977 
sobre la seguridad de los buques pesqueros, concluido 
en Torremolinos. 
4.3.1.5. En su dictamen del 26 de septiembre de 1984, 
relativo a una «propuesta de Decisión del Consejo 
sobre la ratificación del convenio internacional de 
Torremolinos» (2), adoptado por unanimidad, el 
Comité había expresado la siguiente opinión sobre este 
convenio: 
« Así pues, la ratificación del convenio de Torremo­
linos por todos los Estados miembros y la adopción, 
en las legislaciones nacionales de las medidas nece­
sarias para su aplicación, pueden constituir la pri-
(') Dictamen sobre una comunicación de la Comisión al Consejo 
relativa a los aspectos sociales en el sector de la pesca marí­
tima de la Comunidad Europea del 26 de mayo de 1981 (DO 
n" C 189 del 30. 7. 1981). 
(2) DO n° C 307 de 19. 11. 1984. mera disposición comunitaria relativa a la armoni­
zación social en el sector pesquero.» 
4.3.1.6. Resulta lamentable que un convenio que 
data de 1977 no se haya aplicado aún en 1988 de forma 
plena y completa en la Comunidad. 
4.3.1.7. El Comité llama la atención sobre el hecho 
de que el retraso de determinados Estados miembros a 
la hora de ratificar el convenio de Torremolinos tiene 
como consecuencia el mantenimiento de desigualdades 
en materia de normas de seguridad y de costes de 
producción. Por consiguiente, es necesario que el Con­
sejo pida de nuevo a los Estados miembros que ratifi­
quen o se adhieran a este convenio (3). 
4.3.1.7.1. Mientras tanto, la Comisión debería intro­
ducir las orientaciones de este convenio en las directivas 
que está elaborando sobre seguridad, higiene y sanidad 
en el lugar de trabajo. 
4.3.1.8. El Comité estima que es necesario garantizar 
la existencia de normas nacionales coherentes en todos 
los Estados miembros para embarcaciones de menos de 
24 m. 
4.3.1.8.1. La Comunidad debe instar a todos los 
Estados miembros a adoptar sobre una base común 
normas nacionales de construcción y seguridad de las 
embarcaciones pesqueras no incluidas en el convenio 
internacional. 
4.3.1.9. Respecto a las acciones en materia de servi­
cios sanitarios a bordo y de auxilio y salvamento, el 
Comité considera que se deben adoptar disposiciones 
para poder prestar cuidados médicos a bordo de los 
buques pesqueros a los enfermos o a los heridos mucho 
antes de que se pueda conseguir la intervención de un 
médico. 
4.3.1.10. Debido a la distancia que suele separar a 
los pescadores marítimos, a menudo durante largos 
períodos, de las casas de socorro o de los hospitales 
existentes en tierra, resultaría muy útil que se tomasen 
otras medidas como: 
— la formación en las técnicas de primeros auxilios, 
— la existencia obligatoria de un botiquín y de una 
guía médica práctica en todos los buques pesqueros, 
— la posibilidad de consultas médicas por radio, y 
— la ayuda de buques de asistencia médica. 
4.3.1.11. El Comité desea subrayar que la búsqueda 
de una concertación sistemática entre los interlocutores 
sociales y las autoridades públicas puede constituir un 
factor de progreso en el terreno de la seguridad y la 
prevención de los accidentes de trabajo. 
4.3.1.12. El Comité recomienda la prosecución y la 
mejora de métodos de recogida de informaciones 
estadísticas para un mejor análisis de estos accidentes. 
(-1) Recomendación del Consejo 80/907/CEE de 23 de septiembre 
de 1980 (DO n° L 259 de 2. 10. 1989). 
12. 9. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 237/5 
4.3.2. De los diferentes sistemas de 
remuneración 
4.3.2.1. El Comité insta a la Comisión a realizar un 
análisis en profundidad de los diversos sistemas de 
remuneración existentes en el sector pesquero, a saber: 
— salario « a la parte » 
— a) sin mínimo garantizado, 
— b) con mínimo garantizado, 
— salario fijo, 
— salario fijo con participación en las capturas, 
— otras modalidades. 
4.3.2.2. Cuando la remuneración del trabajador del 
sector, resultante de su participación en los beneficios 
del producto de la pesca, no alcance un umbral determi­
nado, el trabajador debería poder beneficiarse de un 
mínimo garantizado que le permita satisfacer sus necesi­
dades. 
4.3.2.3. El Comité considera que esta medida, desea­
ble a nivel social, no es incompatible con los principios 
y los objetivos de los sistemas de partición. En efecto, 
para los trabajadores del sector es posible adaptar el 
principio de la remuneración garantizada a la pesca « a 
la parte». Tambiém debería mejorarse la trasparencia 
del sistema de remuneración « a la parte » o de participa­
ción en los beneficios. 
4.3.3. Del derecho a la jubilación 
4.3.3.1. El derecho a la jubilación del trabajador del 
sector debería ser objeto de estudios comunitarios con 
vistas a una eventual armonización que tenga en cuenta 
las características específicas de este sector. 
4.3.4. Del derecho a períodos de des­
canso 
4.3.4.1. El Comité considera que un período remune­
rado de descanso en tierra, de una duración proporcio­
nal al número de días pasados en el mar, constituiría 
un paso importante en el camino hacia la equiparación 
social de los trabajadores del sector con los demás 
trabajadores. 
4.3.5. De la mejora de las condiciones 
de vida 
4.3.5.1. Es necesario analizar las condiciones de vida 
de los profesionales de la pesca y de sus familias. 
Es probable que, una vez terminado este estudio, sus 
conclusiones exigan la adopción de medidas urgentes, 
por parte de la CEE, en terrenos apremiantes como los 
que se enuncian a continuación: 
— acceso a viviendas dignas en propiedad, mediante 
facilidades de financiación, 
— centros colectivos de esparcimiento, 
— centros culturales, 
— centros de enseñanza y de formación profesional y 
— ayudas económicas a las familias en caso de acci­
dente. 4.3.5.2. Estas medidas deberían permitir una mejora 
del nivel de vida de los profesionales del sector y de sus 
familias, y su integración en la población. 
5. Conclusiones 
5.1. El Comité no puede sino deplorar, una vez más, 
la falta de medidas sociales en la política común, medi­
das que los profesionales del sector y el Comité exigen 
desde hace muchos años. 
5.2. Para ser coherente, la política pesquera común 
(con sus partes de recursos, mercados, estructuras) 
debería completarse con una política social que, en 
lugar de imponer, oriente y coordine las acciones. 
5.3. En este sentido, el Comité: 
— reitera el dictamen del CES del 27 de febrero de 
1985i1), que señalaba lo siguiente: 
« El Comité insta a la Comisión a que realice todos 
los esfuerzos posibles para que, una vez conocida y 
analizada la situación social en la pesca comunita­
ria, presente propuestas que puedan ser adoptadas 
por el Consejo de conformidad entre otros con los 
artículos 117 y 118 del Tratado», 
— y preconiza la creación de una organización europea 
para la mejora de las condiciones de vida y trabajo 
que coordinaría las iniciativas adoptadas en este 
terreno, favorecería los intercambios, pondría a 
punto los materiales didácticos y lanzaría campañas 
de sensibilización. 
5.4. La nueva política de abastecimiento de la CEE 
y la plena realización en 1992 del « gran mercado inte­
rior » no podrán evitar tener consecuencias sociales. En 
dicha fecha —al final del período transitorio— la 
libre circulación de personas y capitales será efectiva. 
¿Cómo abordar esta fase final, si no se ha previsto 
nada? 
5.5. Aun reconociendo que la normativa comunitaria 
no debe hacer caso omiso de la gran diversidad existente 
a nivel local en el sector de la pesca marítima, el Comité 
considera que la culminación del gran mercado interior 
en 1992 exige la creación de un marco social adecuado 
y armonizado, en el seno del cual el sector de la pesca 
marítima pueda adaptarse a la evolución del medio 
ambiente. 
5.6. En el campo de la política comercial exterior, y 
especialmente en lo relativo a los acuerdos con paises 
terceros, es igualmente necesario evaluar las consecuen-
(') DOn°C 104 de 25. 4. 1985. 
N° C 237/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 9. 88 
cias económicas y sociales y adoptar una nueva perspec­
tiva, a fin de salvaguardar el futuro del sector pesquero 
comunitario. 
5.7. La preferencia comunitaria debe permitir tener 
en cuenta, en primer lugar, las producciones comunita­
rias, y sólo recurrir a las importaciones en función de 
las necesidades suplementarias o específicas de la CEE, 
y principalmente de su industria de transformación 
Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 1988. 
1. Antecedentes 
1.1. A la vista de las medidas relativas al transporte 
aéreo adoptadas por el Consejo en diciembre de 1987, 
el Consejo estimó que podría autorizar a la Comisión 
a conceder una exención de grupo, de la aplicación de 
las normas de competencia, a determinados acuerdos 
entre compañías aéreas considerados de interés público, 
en determinadas condiciones que debería establecer la 
Comisión. La Comisión ha decidido aplicar las exencio­
nes de grupo mediante tres reglamentos, uno de los 
cuales es objeto del presente dictamen. 
(') Dictamen del CES (DO n" C 313 de 29. 12. 1986, p. 27). 
(2). DO n" C 138 de 28. 5. 1988, p. 3, y Reglamento del Consejo 
(CHE) n° 3976/87 de 14 de diciembre de 1987 (DO n° L 374 
de 31. 12. 1987, p. 9). cuyo suministro en productos de calidad debe ser 
regular. 
5.8. Convendría que todas las instituciones comuni­
tarias siguieran su política y su acción con el firme 
convencimiento del cometido geopolítico de la pesca y 
de la importancia que para la Comunidad reviste la 
presencia de pabellones y equipos comunitarios en 
todos los mares del planeta. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
2. Temas principales 
2.1. Los temas principales del proyecto de Regla­
mento en el marco de la aplicación de las normas de 
competencia del Tratado al transporte aéreo son los 
siguientes: 
— exenciones aplicables a acuerdos entre compa­
ñías aéreas sobre: 
— coordinación de capacidades, 
— reparto de los ingresos, 
— consultas sobre tarifas, y 
— asignación de períodos horarios en los aero­
puertos. 
2.2. Asimismo, es importante determinar en qué 
medida el Reglamento contribuirá a la expansión de 
los servicios de transporte aéreo dentro de la Comuni­
dad, en la perspectiva de la plena realización del mer­
cado interior. Dictamen complementario (^sobre el Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones 
y prácticas concertadas que tengan por objeto, en los servicios aéreos regulares, la planifica­
ción conjunta y la coordinación de las capacidades, el reparto de los ingresos, las consultas 
relativas a las tarifas y la asignación de períodos horarios en el sector del transporte aéreo (2) 
(88/C 237/02) 
El 22 de marzo de 1988, la mesa del Comité Económico y Social, de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 20 del reglamento interno, decidió proceder a la elaboración de un 
dictamen sobre el Reglamento mencionado arriba. 
La Sección de transportes y comunicaciones ha sido encargada de preparar los trabajos del 
Comité en la materia (Ponente: Sr. Kenna). 
Como la Comisión ha previsto adoptar el presente Reglamento en un plazo muy breve, el 
Sr. Kenna ha sido encargado de la elaboración de un proyecto de dictamen en calidad de 
ponente general. 
En su 257a sesión plenaria (sesión del 6 de julio de 1988), el Comité Económico y Social 
adoptó el siguiente dictamen por amplia mayoría y 3 abstenciones.