Para ello, la Comisión comprueba regularmente los textos de las medidas de transposición nacionales que recibe de los Estados miembros y pone en marcha investigaciones por iniciativa propia. Asimismo, examina y responde a las denuncias que recibe de particulares, empresas, ONG y otras partes interesadas y a peticiones del Parlamento Europeo que ponen de manifiesto posibles infracciones del Derecho.

Si la Comisión detecta una posible infracción, inicia el diálogo bilateral con el Estado miembro, al que se le pide que resuelva el problema de manera rápida y eficaz respetando el Derecho de la Unión. Cuando estos esfuerzos de conciliación son infructuosos, la Comisión puede incoar un procedimiento de infracción formal (con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)). Si un Estado miembro no se pliega al dictamen de la Comisión, esta puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 258 del TFUE, si se reúnen las condiciones del artículo 260, apartados 2 o 3, o incluso solicitar sanciones pecuniarias.

El presente Informe anual de 2014 pasa revista a los resultados de los Estados miembros en aspectos fundamentales de la aplicación de la legislación de la UE y destaca las principales novedades de la política de aplicación de 2014. El Informe tiene la misma estructura que los de años anteriores. Los documentos de trabajo de los servicios que acompañan al Informe examinan los resultados y problemas de aplicación del Derecho de la UE por Estado miembro y por ámbito de actuación.

II.

POLÍTICA DE CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN

El control eficaz de la aplicación del Derecho de la UE forma parte del programa de mejora reglamentaria de la Comisión. Los resultados de dicho seguimiento se integran en evaluaciones jurídicas, en evaluaciones de impacto de las nuevas iniciativas y, más en general, en el ciclo de vida de las leyes. El objetivo es a la vez mejorar la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente y reforzar la calidad de la nueva legislación.

La Comisión tiene un papel único y esencial en la supervisión de la aplicación de la legislación de la UE. Al mismo tiempo, la legislación de la UE forma parte integrante del ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros, que son los principales responsables de aplicarla correctamente. Sus administraciones públicas y judiciales deben garantizar que se apliquen y ejecuten debidamente los derechos y obligaciones. Antes de iniciar procedimientos formales de infracción, la Comisión trabaja en asociación con los Estados miembros para resolver problemas de forma eficaz y de conformidad con la legislación de la Unión mediante un proceso de diálogo estructurado y con plazos claros adoptado al efecto. Este proceso se denomina «EU Pilot»

De no encontrarse solución, la Comisión prosigue la discusión bilateral y puede iniciar procedimientos de infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE. Cuando los Estados miembros no cumplen las sentencias judiciales (artículo 260, apartado 2, del TFUE) o no transponen a tiempo las directivas legislativas de la UE (artículo 260, apartado 3, del TFUE), se imponen sanciones pecuniarias. Estas disposiciones son imprescindibles para el objetivo global de aplicación del Derecho que persigue la Comisión, que es velar por que la legislación de la UE se aplique de manera correcta y a tiempo en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

Particulares, empresas, ONG y otras organizaciones contribuyen significativamente a la supervisión de la Comisión informando sobre las deficiencias en la transposición o la aplicación de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros. La Comisión reconoce plenamente la importancia de esta aportación y se ha comprometido a dar garantías administrativas cuando tramite las denuncias, como informar al denunciante de toda medida que la Comisión adopte al seguir tratando la denuncia, o informar al denunciante antes de dar por cerrada la denuncia.

III.

FASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN

Las infracciones pueden detectarse en investigaciones de la propia Comisión. Pueden también iniciarse a raíz de denuncias o peticiones de particulares, empresas, ONG u otras organizaciones.

Si el del diálogo bilateral informal con un Estado miembro no tiene éxito, la Comisión puede decidir incoar un procedimiento de infracción formal de conformidad con el artículo 258 del TFUE. El procedimiento de infracción se divide en una fase precontenciosa y una fase contenciosa.

Hay tres tipos principales de infracción de la legislación de la UE:

falta de notificación: cuando un Estado miembro no notifica a tiempo a la Comisión de las medidas que adopte para transponer una Directiva;

no conformidad o incumplimiento: cuando la Comisión considera que la legislación de un Estado miembro no se ajusta a los requisitos de la legislación de la UE;

aplicación incorrecta o mala aplicación: cuando las autoridades nacionales no aplican correctamente el Derecho de la Unión o no lo aplica en absoluto.

En la fase precontenciosa de un procedimiento de infracción la Comisión enviará primero una carta de advertencia formal al Estado miembro en la que solicitará una explicación en un plazo determinado. A continuación, si la respuesta del Estado miembro es insatisfactoria o si el Estado simplemente no contesta, la Comisión envía un dictamen motivado pidiendo al Estado miembro que cumpla sus obligaciones en un plazo determinado.

Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado, la Comisión abre un procedimiento contencioso remitiendo el asunto al Tribunal de Justicia.

Cuando remita el asunto ante el Tribunal en virtud del artículo 258 TFUE porque un Estado miembro haya incumplido su obligación de notificar las medidas de transposición de una directiva legislativa, la Comisión podrá proponer sanciones pecuniarias de conformidad con el artículo 260, apartado 3, del TFUE.

Cuando el Estado miembro no adopte las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia que halle que dicho Estado ha incumplido las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión, la Comisión podrá proseguir el procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 260, apartado 2, y denunciar al Estado miembro ante el Tribunal después de haber enviado una carta de notificación formal con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE. En este caso, la Comisión puede proponer y el Tribunal imponer sanciones pecuniarias (suma a tanto alzado o multas diarias).

IV.

antes de iniciarse un procedimiento de infracción