COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 15.12.2021 COM(2021) 802 final 2021/0426(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (DEEE) forma parte del paquete «Objetivo 55» del programa de trabajo de la Comisión de 2021 y complementa a los demás componentes del paquete propuesto en julio de 2021, y establece la visión de lograr un parque inmobiliario de cero emisiones de aquí a 2050. Como ya se indicó en el Plan del Objetivo Climático, es un instrumento legislativo clave para alcanzar los objetivos de descarbonización de 2030 y 2050. Da continuidad a componentes clave de los tres ámbitos prioritarios de la estrategia «Oleada de Renovación», e incluye la intención de proponer normas mínimas de eficiencia energética obligatorias, tras una evaluación de impacto que revise su ámbito de aplicación, su calendario, su introducción gradual y las políticas de apoyo que las acompañan. Debido a la necesidad de llevar a cabo procesos adecuados de consulta y de evaluación de impacto, la revisión propuesta solo pudo darse con ligero retraso respecto a la primera serie de iniciativas del paquete «Objetivo 55» adoptadas en julio de 2021. La propuesta reviste especial importancia ya que los edificios son responsables del 40 % de la energía consumida y del 36 % de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. En la UE, la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria son responsables del 80 % de la energía que consumen los hogares. Hacer que Europa sea más resiliente exige la renovación de los edificios de la UE, de modo que sean más eficientes desde el punto de vista energético y menos dependientes de los combustibles fósiles. La renovación es fundamental para reducir el consumo energético de los edificios, las emisiones y las facturas de energía. Además, la renovación genera empleo local y crecimiento económico. Debido a que se requiere una gran anticipación para inducir cambios en el sector de la construcción, es necesaria una revisión en tiempo oportuno de la Directiva para ayudar a la consecución de los objetivos del paquete «Objetivo 55». 1.1.Interacción entre el paquete «Objetivo 55» y, fundamentalmente, el nuevo RCDE El paquete «Objetivo 55» consiste en un conjunto de propuestas interconectadas respaldadas por un análisis de la evaluación de impacto que tiene en cuenta este aspecto. El análisis puso de manifiesto que una dependencia excesiva de unas políticas reglamentarias reforzadas daría lugar a cargas económicas innecesariamente elevadas, y que la tarificación del carbono por sí sola no permitiría superar las deficiencias persistentes del mercado ni las barreras no económicas. Por lo tanto, la combinación de políticas elegida establece un delicado equilibrio entre los precios, los objetivos, las normas y las medidas de apoyo. La propuesta de revisión de la DEEE se inscribe en el mismo marco. Como consecuencia de ello, un cambio en el equilibrio de la combinación global requeriría ajustar diferentes partes de las políticas. Relajar las medidas de tarificación y de objetivos que fomentan la descarbonización del sector de la construcción exigiría, por otro lado, medidas reglamentarias más estrictas en la revisión de la DEEE, especialmente en lo que se refiere a la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a las normas mínimas de eficiencia energética obligatorias. Las evaluaciones de impacto pertinentes de la Comisión han puesto de manifiesto que la consecución de los objetivos no sería tan evidente y tendría un mayor coste en ausencia de una señal de precio del carbono sobre los combustibles para calefacción, como la propuesta del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) para los edificios y el transporte por carretera. Esta solución funciona mejor si se acompaña de medidas reglamentarias de la UE y medidas nacionales complementarias, tal como se fomenta con la mayor ambición propuesta en el Reglamento de reparto del esfuerzo, la Directiva de eficiencia energética y la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER). El nuevo RCDE crea incentivos económicos para la descarbonización de los edificios y genera ingresos para las ayudas públicas, en particular para los hogares vulnerables. La DEEE revisada aborda las barreras no económicas a la renovación, y crea un marco facilitador para proporcionar ayuda financiera a la renovación sin movilizar directamente la financiación necesaria. La DEEE revisada podría contribuir significativamente a la consecución de los objetivos de 2030. La evaluación de impacto de la DEEE muestra que, sin ella, solo se alcanzaría aproximadamente la mitad de la reducción global de emisiones necesaria en el sector residencial y de servicios para alcanzar el objetivo de 2030. Sin estas revisiones, harían falta más medidas a nivel de los Estados miembros para compensar este déficit, pero la incertidumbre en cuanto a la coherencia de esas medidas con el objetivo de descarbonización de 2050 y en cuanto a su eficacia y oportunidad para alcanzar ese objetivo, consagrado en la Legislación Europea sobre el Clima, menoscabaría el incentivo para un rápido aumento de la tasa de renovación. A falta de medidas reglamentarias reforzadas a escala nacional o de la UE que aumentasen la tasa de renovación, el precio del carbono tendría que ser más elevado y, en última instancia, las barreras no económicas a las renovaciones quedarían sin resolver. Con el fin de llegar a un acuerdo sobre un marco coherente y sólido para que los edificios cumplan los objetivos de la UE para 2030 y 2050, será importante mantener la coherencia en todas las disposiciones relativas a los edificios del paquete durante las negociaciones. 1.2.Problemas relacionados con la vulnerabilidad, la asequibilidad y la pobreza energética Una de las principales novedades de la revisión es la introducción de normas mínimas de eficiencia energética para activar la transformación necesaria del sector. La renovación de edificios tiene dos repercusiones económicas positivas ampliamente reconocidas: 1. reducir los costes de la energía, aliviando la pobreza energética, y 2. aumentar el valor de los edificios con mayor eficiencia energética. Otros beneficios son la mejora de la calidad de vida y que la media de tiempo durante el cual los edificios no están ocupados es menor. Los beneficios de unas facturas de energía más bajas son aún más importantes en un contexto de precios elevados de la energía. Las personas que viven en los edificios menos eficientes y las que se enfrentan a la pobreza energética se beneficiarían de la renovación y la mejora de los edificios, así como de la reducción de los costes de la energía, y no se verían tan afectadas por nuevos aumentos de los precios de mercado ni por la volatilidad. Por otra parte, los propietarios pueden caer en la tentación de repercutir los costes de renovación a los arrendatarios para cubrir sus inversiones iniciales. Asimismo, centrar la atención en subsanar las deficiencias de los edificios menos eficientes existentes podría reducir aún más su precio en las transacciones de mercado, si bien es cierto que en la actualidad ya existe una cierta correlación entre las clases de eficiencia energética y el valor. Las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE se han diseñado cuidadosamente para aliviar los posibles efectos sociales negativos y maximizar sus beneficios sociales, especialmente en lo que se refiere a la mejora de las condiciones de vida en los edificios menos eficientes y el alivio de la pobreza energética, o incluso su prevención. Los Estados miembros deberán contribuir al cumplimiento de las normas mínimas de eficiencia energética con un marco de apoyo adecuado que incluya ayuda financiera, asistencia técnica, la eliminación de barreras y el seguimiento de las repercusiones sociales, en particular las que afectan a los más vulnerables. Los planes nacionales de renovación de edificios velarán por que se haga un seguimiento de la reducción de las personas afectadas por la pobreza energética y de la población que vive en viviendas en malas condiciones (por ejemplo, con muros o cubiertas con goteras) o en condiciones de confort térmico inadecuadas. Los planes presentarán una visión general de las políticas y medidas nacionales para capacitar y proteger a los hogares vulnerables, para aliviar la pobreza energética y para garantizar la asequibilidad de la vivienda. Las medidas de la presente propuesta son coherentes con las políticas y medidas de todos los instrumentos de la UE que contribuyen a una transición socialmente justa. Entre ellas se incluye la elaboración de informes sobre los avances hacia los objetivos indicativos nacionales de reducción del número de hogares en situación de pobreza energética en el marco de los planes nacionales de energía y clima, y sobre las inversiones previstas para mitigar los efectos distributivos y promover soluciones estructurales —en particular la renovación energética de edificios que incluya medidas de mejora de la eficiencia energética o la integración de la producción de energía a partir de fuentes renovables y la descarbonización de sus instalaciones de calefacción y refrigeración— para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en consonancia con las propuestas de planes sociales sobre el clima, así como con la Plataforma de Asesoramiento sobre la Pobreza Energética, que contribuye a los esfuerzos de los Estados miembros de alivio y seguimiento de la pobreza energética. 1.3.Disponibilidad de financiación, fondos de la UE y medidas de apoyo nacionales

La propuesta presenta una buena coordinación con otros instrumentos pertinentes, en particular por lo que se refiere a los fondos nacionales y de la UE. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está activando importantes inversiones en la renovación de edificios gracias al sólido componente emblemático «Renovación» de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Esto permitirá, de aquí a 2025-2026, seguir allanando el camino para que entren en juego las mejoras activadas por la DEEE. En el actual marco financiero plurianual hay fondos de la UE disponibles en diferentes programas, que han señalado el sector de la edificación como una prioridad: los fondos regionales en el marco de la política de cohesión, el Fondo de Transición Justa e InvestEU son clave a este respecto. Se complementan con el apoyo técnico y la asistencia específicos de la Comisión Europea a las administraciones públicas nacionales con el fin de facilitar las reformas necesarias y los preparativos para que las inversiones sean eficaces. La propuesta de un nuevo Fondo Social para el Clima en el marco del RCDE debería hacer de puente entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la transición entre el actual marco financiero plurianual y el período posterior a 2027, y movilizaría 72 200 millones EUR para el período 2025-2032 con el fin de ayudar a los hogares, en particular a los que viven en los edificios menos eficientes. Este Fondo cubriría los costes iniciales y facilitaría el cumplimiento por parte de los hogares de renta baja de las normas mínimas de eficiencia energética propuestas en la DEEE. Las inversiones en el marco de los planes sociales para el clima nacionales serán un elemento fundamental de las medidas de financiación incluidas en los planes nacionales de renovación de edificios en el marco de la DEEE. Para ser clasificada como actividad económica sostenible con arreglo al acto delegado de la UE sobre taxonomía climática, la renovación de edificios debe alcanzar un ahorro de energía del 30 %, o cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética aplicables a las reformas importantes, o consistir en medidas individuales específicas clasificadas como sostenibles. La renovación que tiene por objeto cumplir las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la Unión propuestas está normalmente en consonancia con los criterios de la taxonomía de la UE en relación con las actividades de renovación de edificios. Además, la Comisión está revisando actualmente el pertinente marco de ayudas estatales con el objetivo de que pueda satisfacer más adecuadamente las necesidades de la revisión de la DEEE y, en particular, de las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE. Las disposiciones en materia de ayudas estatales resultantes serían importantes para incentivar el cumplimiento temprano de las normas mínimas de eficiencia energética establecidas a escala de la UE en relación con la mejora de los edificios menos eficientes. 1.4.Objetivos de la propuesta Los principales objetivos de esta revisión son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios y su consumo de energía final de aquí a 2030, y establecer una visión a largo plazo para los edificios con vistas a lograr la neutralidad climática en toda la UE en 2050. Para alcanzarlos, la iniciativa se fundamenta en varios objetivos específicos: aumentar la tasa y la profundidad de las renovaciones de edificios, mejorar la información sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad de estos y garantizar que todos los edificios se ajusten a los requisitos de neutralidad climática para 2050. El refuerzo de la ayuda financiera, la modernización y la integración de sistemas sirven de empuje para alcanzar estos objetivos. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Como se ha explicado anteriormente, la revisión propuesta tiene por objeto fomentar los factores de incitación y de atracción que contribuyen a la descarbonización de los edificios, a la par de los incentivos para que se lleven a cabo acciones nacionales establecidos en el Reglamento de reparto del esfuerzo y las repercusiones en la tarificación del carbono del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera. La propuesta revisa un instrumento legislativo existente. Como tal, no puede sustituir a un objetivo, como los establecidos en el Reglamento de reparto del esfuerzo, pero contribuye a su consecución. Funciona de forma conjunta con el nuevo RCDE propuesto: el uno fomenta la descarbonización de los combustibles para calefacción y de las tecnologías de calefacción, y el otro reduce el consumo de energía. La DEEE establecerá la visión de futuro global de los edificios nuevos y existentes aplicable a todas las disposiciones relacionadas con los edificios de las demás iniciativas del paquete «Objetivo 55». Al reforzar las medidas para reducir el consumo de energía en el sector de la construcción, la DEEE también contribuirá a la consecución de los objetivos globales de eficiencia energética establecidos en la Directiva de eficiencia energética. La activación de un mayor número de renovaciones como consecuencia de la propuesta de DEEE y del requisito de que los edificios nuevos deben contar con instalaciones de calefacción de cero emisiones directas de gases de efecto invernadero y deben utilizar energías renovables para convertirse en edificios de cero emisiones permitirá alcanzar el objetivo indicativo en materia de cuota de energías renovables en el consumo final de energía de los edificios para 2030, en consonancia con la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER). La propuesta contribuirá a la sustitución de las calderas de combustibles fósiles ineficientes por instalaciones sin emisiones directas de gases de efecto invernadero, como bombas de calor y otras tecnologías basadas en energías renovables. La propuesta mejora la infraestructura de recarga privada en los aparcamientos de los edificios o adyacentes a estos, complementando el Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos actualizado, que establece mayores ambiciones para los objetivos globales, incluida la infraestructura pública de recarga para vehículos eléctricos. En consonancia con el Pacto Verde Europeo y el nuevo marco de movilidad urbana de la UE, también incluye disposiciones para mejorar la infraestructura de aparcamiento para bicicletas. De manera similar, la propuesta complementa la legislación sobre productos, por ejemplo el Reglamento sobre etiquetado energético, que incentiva a los consumidores a adquirir productos y aparatos para los edificios que ofrezcan las mejores prestaciones desde el punto de vista energético. La DEEE trabaja en paralelo con la Directiva sobre diseño ecológico, que establece requisitos de eficiencia energética y otros requisitos de comportamiento medioambiental para los productos relacionados con la energía, en particular para las instalaciones técnicas de los edificios (por ejemplo, calderas, bombas de calor o fuentes luminosas) y los equipos utilizados en los edificios (por ejemplo, los electrodomésticos). Las prestaciones de los productos de construcción se abordan en el Reglamento sobre Productos de Construcción y la propuesta también contribuye a seguir avanzando hacia la adaptación al cambio climático, a través de las disposiciones relativas al refuerzo de la resiliencia de los edificios frente al cambio climático. En paralelo, las herramientas de información reforzadas de la DEEE, que incluirán también un sistema de medida del carbono, ayudarán a los inversores financieros a monetizar los beneficios de la descarbonización de los edificios y a los hogares o agentes comerciales a tener mejor en cuenta los beneficios económicos de las renovaciones de edificios y sus planes de amortización. Estos aspectos también están en consonancia con los elementos relacionados con el edificio de la taxonomía de la UE para actividades sostenibles. 2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que constituye la base jurídica de la política energética de la Unión. Las medidas propuestas tienen por objeto «fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables» (artículo 194, apartado 1, letra c), del TFUE). •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 2.1. Necesidad de actuar a escala de la UE La política energética es una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros y un ámbito con una política de la UE bien establecida. En gran medida, los cambios propuestos en la DEEE reflejan la necesidad de actualizarla para reflejar la mayor ambición de los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Esto se añade al hecho de que la evaluación del impacto a escala de la UE de los planes nacionales de energía y clima (PNEC) que la Comisión publicó en septiembre de 2020 puso de manifiesto que había una disparidad en cuanto a la ambición en materia de eficiencia energética: 2.8 puntos porcentuales para el consumo de energía primaria y 3.1 puntos para el consumo de energía final en la UE, en comparación con los objetivos de 2030 actualmente en vigor. Por lo tanto, son necesarias nuevas medidas a escala de la UE en la DEEE revisada, en consonancia con lo previsto en el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. Los edificios son infraestructuras locales, pero las tasas y la profundidad de renovación insuficientes son un problema común al que se enfrentan todos los Estados miembros de la UE. Las causas subyacentes son, en su mayoría, de naturaleza no económica y pertinentes en todos los Estados miembros. El establecimiento de un marco común de la UE para la trayectoria de descarbonización de los edificios y los requisitos conexos, al tiempo que permite la adaptación a las circunstancias nacionales, aportaría la seguridad necesaria a todos los agentes de la cadena de suministro de la renovación y la construcción, así como previsibilidad y preparación a todas las partes interesadas, desde las industrias hasta la mano de obra local y nacional, los inversores privados y las instituciones financieras. La experiencia adquirida con las estrategias de renovación a largo plazo subraya la importancia de garantizar de forma más apropiada la combinación adecuada entre flexibilidad y requisitos armonizados que induzca a todos los Estados miembros a realizar el suficiente esfuerzo para alcanzar los objetivos de la UE.

2.2. Valor añadido de la UE Un marco común de la UE reforzado proporcionará incentivos para que los Estados miembros, con sus diferentes niveles de ambición, aceleren, de manera coordinada y a la escala necesaria, la transición energética hacia edificios más eficientes y con mejor rendimiento desde el punto de vista energético. Unas señales reglamentarias suficientemente fuertes —tanto para los edificios existentes como para los nuevos— impulsarán las inversiones en la renovación de edificios, crearán puestos de trabajo, estimularán la innovación, aumentarán los beneficios del mercado interior de productos de construcción y de aparatos y tendrán repercusiones positivas en la competitividad del ecosistema de la construcción y de los sectores conexos. Esto, junto con un «lenguaje compartido» reforzado de normas comunes y acceso a la información, también garantizará que el sector de la edificación reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero de la manera más rentable, por ejemplo a través de economías de escala. Los edificios no se desplazan a través de las fronteras, pero sí lo hacen la financiación relacionada con los edificios y las tecnologías y las soluciones que se instalan en ellos, desde el aislamiento hasta las bombas de calor, los acristalamientos eficientes o los paneles fotovoltaicos. La acción de la UE conduce a la modernización de las normativas nacionales en el sector de la construcción para cumplir los objetivos de descarbonización, abriendo mercados más amplios para productos innovadores a escala mundial y permitiendo la reducción de costes cuando es más necesaria, y al crecimiento industrial. Por último, la acción de la UE a través de la DEEE revisada aporta múltiples beneficios, desde la mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos, la creación de empleo local en apoyo de la recuperación, el alivio de la pobreza energética, la inclusión social, la mejora de las condiciones de vida, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la resiliencia frente al cambio climático, hasta la reducción del consumo de energía y de sus costes. También es conforme con la iniciativa «Nueva Bauhaus Europea», que invita a combinar la sostenibilidad de los edificios y del entorno construido con la calidad de vida y la inclusión social. •Proporcionalidad Las medidas incluidas en la propuesta legislativa se consideran proporcionadas y se basan todo lo posible en el diseño existente de la Directiva original de 2002 y las revisiones de 2010 y 2018. Como se detalla en la sección 3, se ha dado respuesta a las preocupaciones expresadas por el Comité de Control Reglamentario, en sus dictámenes negativos, sobre la proporcionalidad y el nivel de armonización a escala de la UE de la opción preferida, determinada en el informe de evaluación de impacto adjunto, mediante la modificación de la propuesta para garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. •Elección del instrumento La propuesta conlleva modificaciones sustanciales de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que ya se modificó en 2018. Por consiguiente, se propone una refundición de la Directiva existente, en consonancia con el compromiso de la Comisión en virtud del apartado 46 del Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación. El nuevo acto jurídico sustituirá y derogará la anterior Directiva 2010/31/UE. 3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente En 2016 se llevó a cabo una evaluación de la DEEE. Las medidas derivadas del último reexamen de la DEEE (2018) se transpusieron recientemente (2020), lo que no ha permitido recopilar datos suficientes sobre sus repercusiones para que una nueva evaluación resultase útil. •Consultas con las partes interesadas Se han utilizado métodos complementarios con el fin de permitir un amplio proceso de consulta para posibilitar a todas las partes interesadas expresar su opinión. –El 22 de febrero de 2021 se publicó una evaluación de impacto inicial (Hoja de ruta) en el portal de la Comisión «Díganos lo que piensa» . Se recibieron 243 respuestas en las 4 semanas durante las que se admitieron comentarios; –Una consulta pública, basada en un cuestionario en línea estructurado de la herramienta de encuestas de la UE y en consonancia con las normas de mejora de la legislación de la Comisión, estuvo publicada durante 12 semanas a partir del 30 de marzo de 2021 en el portal «Díganos lo que piensa» . En ella se trataban las cuestiones del alcance, el tipo y el diseño de las posibles opciones de actuación, sobre la base de preguntas abiertas y de opciones múltiples. Al igual que en el caso de la hoja de ruta, cualquiera podía participar. Se recibieron 535 respuestas. La mayoría de los participantes fueron asociaciones empresariales y empresas (52 %), seguidos por ciudadanos de la UE (15 %), ONG (12 %) y autoridades públicas locales y nacionales (7 %). –Entre el 31 de marzo y el 3 de junio de 2021 se organizaron cinco talleres específicos y focalizados. Estos actos se organizaron temáticamente para abordar ámbitos específicos de opciones de actuación: «Establecer una visión de futuro de los edificios y un parque inmobiliario descarbonizado», «Normas mínimas de eficiencia energética para los edificios existentes», «Reforzar las herramientas de información sobre edificios (con especial atención a los certificados de eficiencia energética)», «Fomentar la transición ecológica y digital» y «Financiación accesible y asequible: pobreza energética». Por término medio, hubo más de 200 participantes en cada taller. –Se han mantenido contactos adicionales ad hoc con las partes interesadas. La Comisión también informó a las delegaciones y administraciones nacionales y recogió sus puntos de vista en las reuniones del Grupo «Energía» y del Comité de Eficiencia Energética de los Edificios y en las reuniones plenarias de la Acción Concertada. 3.1. Resumen de las opiniones de las partes interesadas

Una clara mayoría de los participantes en la consulta pública expresaron su apoyo a unas normas mínimas de eficiencia energética (75 % de los encuestados a favor). El 61 % de los participantes consideraba que las disposiciones de la DEEE sobre las estrategias de renovación a largo plazo debían modificarse y el 89 % respaldó la opción de reforzar el seguimiento de los objetivos determinados por los Estados miembros en sus estrategias de renovación a largo plazo. El 84 % se mostró favorable a definir los edificios de cero emisiones en la DEEE. El 73 % de los encuestados opinaba que la DEEE podía contribuir a que una gama más amplia de datos de eficiencia energética relacionados con los edificios estuviera disponible y accesible. Según una clara mayoría (65 %), había que actualizar y mejorar la calidad de los certificados de eficiencia energética, y un porcentaje todavía mayor (76 %) respaldaba la armonización de los certificados. Más de dos tercios de los encuestados (68 %) se mostraron a favor de incluir en la DEEE medidas para informar sobre las emisiones de carbono del ciclo de vida completo (fabricación y construcción, uso y fin de vida). En cuanto a la electromovilidad, los encuestados expresaron en general su apoyo al refuerzo de los requisitos. Más de tres cuartas partes (77 %) se mostraron a favor de vincular la financiación de la renovación a la profundidad de esta y el 68 % opinaba que sería beneficioso establecer una definición legal de «renovación en profundidad». Por último, en cuanto a la financiación, la opinión general expresada, también en los talleres, fue que debería ser más accesible, a través de una combinación de subvenciones directas, incentivos fiscales, hipotecas de eficiencia energética y otros tipos de mecanismos de incentivos, y que debería acompañarse de disposiciones sobre el acceso a ventanillas únicas. Se determinó que las ayudas financieras específicas a los hogares de renta media y baja era la medida política más importante para hacer frente a la pobreza energética. Los talleres sobre las políticas coincidieron con la consulta pública en cuanto al enfoque general y proporcionaron información adicional útil. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La presente propuesta se basa en la evaluación de 2016 y en los datos y la experiencia de la ejecución de la DEEE. El JRC ayudó con el análisis y la evaluación del cumplimiento y de las prácticas nacionales. La iniciativa «Acción Concertada de la DEEE» elaboró un análisis de las experiencias nacionales relativas a la ejecución de la DEEE. Además, la Comisión se ha basado en el conjunto creciente de investigaciones empíricas revisadas por homólogos y ha recurrido a varios contratos de apoyo en curso o recientemente finalizados. La evaluación cuantitativa y cualitativa de las repercusiones y los costes administrativos y el análisis de las aportaciones de las partes interesadas contaron con el apoyo de un contrato específico de asistencia técnica. El análisis en el marco de este contrato se llevó a cabo utilizando una serie de herramientas de modelización para representar el parque inmobiliario y las repercusiones macroeconómicas y sociales más amplias. Las principales estadísticas y datos utilizados, también para alimentar el conjunto de datos subyacente a los modelos utilizados, hacen referencia a indicadores del Observatorio del Parque Inmobiliario y de EUROSTAT. También se evaluaron los resultados de varios proyectos de investigación e innovación en curso financiados en el marco del programa Horizonte 2020, que proporcionaron información al análisis. La presente propuesta se beneficia también de las pruebas recogidas en la evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático para 2030 y de las pruebas pertinentes recopiladas en otras iniciativas del Pacto Verde. Como otras propuestas del paquete de medidas «Objetivo 55», la base de referencia para la evaluación tiene en cuenta la hipótesis de referencia actualizada de la UE, una proyección de la evolución de los sistemas energéticos nacionales y de la UE y de las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco político actual, que incluye las repercusiones de la COVID-19. •Evaluación de impacto El análisis de la evaluación de impacto confirmó que el marco de la DEEE es insuficiente para la consecución de los objetivos climáticos para 2030. En particular, no existe ninguna medida específica para abordar las barreras no económicas que limitan la renovación energética de los edificios. El proyecto de evaluación de impacto se remitió en dos ocasiones al Comité de Control Reglamentario de la Comisión. Tras un primer dictamen negativo, el Comité emitió un segundo dictamen negativo final, en el que se subrayaba la necesidad de una orientación política sobre si la propuesta de revisión de la DEEE podía seguir adelante, y en qué condiciones. El Comité explicó que mantenía su dictamen negativo porque el informe del proyecto de evaluación de impacto: 1) no determinaba claramente el déficit adicional que tendría que colmar la revisión de la DEEE teniendo en cuenta el resto de propuestas del paquete «Objetivo 55»; 2) no mostraba de manera convincente la necesidad de medidas armonizadas a escala de la UE, dada la heterogeneidad del sector de la construcción en los Estados miembros; y 3) no aclaraba suficientemente el motivo de la selección de los distintos componentes individuales del paquete de opciones de actuación preferido. Los métodos de trabajo de la Comisión Europea facultan al vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva para aprobar la continuación de una iniciativa que ha sido objeto de un segundo dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario. Debido a la importancia política de esta iniciativa, a su papel dentro del paquete de propuestas «Objetivo55» de julio de 2021, a la urgencia de actuar en el ámbito de la renovación de edificios y al hecho de que se podía dar respuesta satisfactoriamente en la propuesta legislativa adaptada a la necesidad de orientación política expresada por el Comité de Control Reglamentario, la Comisión, también a la luz del acuerdo alcanzado por el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, consideró oportuno proceder con la revisión de la DEEE. La Comisión considera que la conclusión del Comité con respecto a la insuficiente claridad del papel de la DEEE en el paquete «Objetivo 55» refleja su evaluación de la calidad del informe del proyecto de evaluación de impacto y no una preocupación fundamental sobre la combinación de políticas global del paquete «Objetivo 55». Es importante señalar también que los dictámenes del Comité de Control Reglamentario son una evaluación de la calidad del proyecto de evaluación de impacto y no una evaluación de las propuestas legislativas relacionadas. La interacción entre las medidas reglamentarias, los mecanismos de tarificación y los objetivos se explicó en las secciones anteriores de la presente exposición de motivos, y enmarca la revisión propuesta de la DEEE de la misma manera que enmarcó todas las demás propuestas del paquete «Objetivo 55», todas ellas respaldadas por informes de evaluación de impacto individuales evaluados positivamente por el Comité. La Comisión ha examinado detenidamente la opinión del Comité sobre que el informe del proyecto de evaluación de impacto no aportaba pruebas suficientemente sólidas que respaldaran el conjunto de medidas políticas preferido, especialmente en referencia al grado de armonización de la UE que allí se proponía. Sobre esta base, la Comisión se ha desviado de la opción indicada en el proyecto de evaluación de impacto de introducir un endurecimiento gradual y temporal de las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE para determinados tipos de edificios, junto con la obligación de los Estados miembros de introducir requisitos mínimos de eficiencia energética nacionales para todos los demás edificios. Ahora, las normas mínimas de eficiencia energética nacionales se proponen como voluntarias y las diferencias en los parques inmobiliarios nacionales se tienen más en cuenta al dar mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de elaborar sus planes para alcanzar el objetivo de un parque inmobiliario de cero emisiones de aquí a 2050. Sin embargo, se han mantenido normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE para los edificios con la peor eficiencia a fin de garantizar un esfuerzo inicial suficiente de todos dirigido a los edificios que ofrecen los mayores beneficios en materia de eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y cobeneficios sociales. Los Estados miembros tienen libertad para establecer los plazos específicos para que estos edificios alcancen clases de eficiencia energética más elevadas de aquí a 2040 y 2050. Cuando los Estados miembros establezcan normas mínimas de eficiencia energética nacionales, estas deben diseñarse teniendo en cuenta la hoja de ruta nacional y los objetivos nacionales para 2030, 2040 y 2050 que los Estados miembros establecerán en el marco de sus planes nacionales de renovación de edificios para alcanzar el objetivo general de descarbonización de aquí a 2050. Un aspecto crucial es que los edificios con la peor eficiencia que entran dentro del ámbito de aplicación de las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE son también los edificios que requieren mayores esfuerzos de renovación en profundidad y para los que es muy probable que los incentivos que ofrecen los precios del carbono sean insuficientes, habida cuenta de las deficiencias de mercado generalizadas que afectan a este subsector en todos los Estados miembros. Es importante señalar además que, dado que los hogares más vulnerables tienden a vivir en el segmento residencial de estos edificios, la medida propuesta (y su marco financiero de apoyo) se considera crucial para una transición climática que no deje a nadie atrás. Asimismo, la propuesta establece plazos más largos para que los edificios residenciales se adapten gradualmente y cumplan las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE, en comparación con los plazos para los edificios propiedad de organismos públicos y otros edificios no residenciales. Además de lo anterior, la propuesta también se ha modificado para hacer que un número significativo de elementos de los certificados de eficiencia energética sean opcionales. En comparación con la opción preferida en el proyecto de evaluación de impacto, en la que la mayoría de las medidas eran obligatorias, la presente propuesta ofrece más flexibilidad a los Estados miembros. También se ha dado prioridad a los mecanismos existentes por encima de la creación de nuevos requisitos, en particular mediante la reducción de los requisitos para los planes nacionales de renovación de edificios y su plena integración con los planes nacionales de energía y clima. La propuesta resultante deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para adaptar sus políticas de regulación y financiación en materia de edificios a las circunstancias nacionales y locales con el fin de alcanzar una ambición general común. La contribución de la revisión de la DEEE al paquete general «Objetivo 55» no disminuye, pero la responsabilidad clave de su realización recae más en los Estados miembros de lo previsto inicialmente, respetando debidamente el principio de subsidiariedad. Se pide a los Estados miembros que diseñen y ejecuten planes nacionales de renovación de edificios con un nivel de ambición adecuado, teniendo debidamente en cuenta los objetivos establecidos en el Reglamento de reparto del esfuerzo y el límite máximo propuesto para las emisiones procedentes del uso de combustibles para calefacción en el sector de la construcción. La Comisión evaluará los planes nacionales de renovación de edificios sobre esta base. La cláusula de reexamen hace referencia explícita a la evaluación de la Comisión sobre si las medidas en materia de edificios de la UE, incluida la tarificación del carbono, aportarán las mejoras suficientes para lograr un parque inmobiliario totalmente descarbonizado y de cero emisiones de aquí a 2050, o si es necesario introducir nuevas medidas vinculantes a escala de la Unión, como unas normas mínimas de eficiencia energética reforzadas a escala de la UE, a más tardar a finales de 2027. En el anexo I de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se incluyen observaciones más específicas sobre las conclusiones del Comité. La evaluación de impacto proporciona un análisis del problema y determina posibles medidas para aumentar las tasas y la profundidad de renovación, permitir la descarbonización de edificios nuevos y existentes y aumentar la modernización de los edificios gracias a la digitalización. Esas medidas se agrupan en cuatro opciones principales, que representan un aumento progresivo del nivel de ambición: ambición baja, ambición moderada, ambición alta y ambición muy alta. De ellas, la opción 3 se considera la preferida. A raíz de las conclusiones del Comité de Control Reglamentario sobre esta última, se revisó la propuesta de DEEE, que ahora se basa en una combinación de la opción 2 (con una ambición moderada) para los edificios existentes y la opción 3 (con una ambición alta) para las herramientas de información y los edificios nuevos.

•Adecuación regulatoria y simplificación Un objetivo clave de la revisión de la DEEE en 2018 era reducir la carga administrativa. Se ha estimado que, en conjunto, las medidas de la opción de actuación preferida reducirían la carga administrativa en casi 100 millones EUR al año. El objetivo clave de esta revisión, junto con los aspectos relacionados con los edificios de las otras propuestas del paquete «Objetivo 55», es poner en consonancia el sector de la construcción con las mayores ambiciones climáticas de la Unión. Para garantizar su eficacia, son necesarios requisitos nuevos y actualizados. Estos requisitos afectarán principalmente a las autoridades administrativas nacionales y locales de los Estados miembros y, en menor medida, a los propietarios de edificios, y se basarán principalmente en los procedimientos y estructuras ya existentes. Tienen el nivel de ambición adecuado, tanto para alcanzar nuestros objetivos del Pacto Verde, como para, al mismo tiempo, dar a las empresas y a los consumidores finales el tiempo necesario para adaptarse. Como se indica en la evaluación de impacto, la digitalización de los certificados de eficiencia energética y las nuevas disposiciones sobre el intercambio y las bases de datos reducirán, con todo, los costes administrativos y de cumplimiento y facilitarán los procedimientos administrativos relacionados con las renovaciones de edificios. •Derechos fundamentales La propuesta está en consonancia con el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que exige que se integren en las políticas de la Unión y se garanticen, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Asimismo, está concebida de conformidad con el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, y se basa en su artículo 34, que «reconoce y respeta el derecho a [...] una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales». 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE. Modifica una Directiva ya existente y se basa en gran medida en estructuras y normas ya establecidas. 5. OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Tras la adopción por los colegisladores de la presente Directiva refundida, la Comisión emprenderá las siguientes acciones para facilitar su transposición: –elaborar una tabla de correspondencias que sirva como lista de comprobación a efectos de la transposición tanto para los Estados miembros como para la Comisión; –organizar reuniones con los expertos de los Estados miembros encargados de transponer las distintas partes de la Directiva, a fin de debatir cómo hacerlo y resolver dudas, ya sea en el contexto de la Acción Concertada de la DEEE o en formato de comité; –ponerse a disposición de los Estados miembros para realizar reuniones bilaterales y llamadas en caso de preguntas específicas sobre la transposición de la Directiva; –una vez pasada la fecha límite de transposición, la Comisión llevará a cabo una evaluación global a fin de determinar si los Estados miembros han transpuesto la Directiva de forma completa y correcta. La propuesta complementa el Reglamento sobre la gobernanza, que garantiza la existencia de un sistema de planificación, notificación y seguimiento transparente y fiable, basado en los planes nacionales de energía y clima y en informes de situación racionalizados de los Estados miembros. A partir de 2023, los Estados miembros deben presentar informes bienales sobre el avance en la ejecución de los planes, y, adicionalmente, deben comunicar a la Comisión los proyectos de actualización de sus planes a más tardar el 30 de junio de 2023 y las actualizaciones definitivas a más tardar el 30 de junio de 2024. La presentación de los planes de renovación de edificios seguirá los ciclos de los planes nacionales de energía y clima, excepto en el caso del primer plan de renovación de edificios. •Documentos explicativos (para las Directivas) El artículo 32, apartado 1, establece que los Estados miembros comunicarán sus medidas de transposición junto con una tabla de correspondencias. Esto está en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia (asunto C-543/17), según la cual los Estados miembros deben acompañar sus notificaciones sobre las medidas de transposición nacionales con información suficientemente clara y precisa, indicando qué disposiciones del Derecho nacional transponen las distintas disposiciones de una Directiva. Esta información debe suministrarse para cada obligación, no solo a «nivel de artículo». En principio, si los Estados miembros cumplen esta obligación, no tendrían que enviar a la Comisión documentos explicativos sobre la transposición. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

La Directiva 2010/31/UE se modifica como se explica a continuación para adaptar al Pacto Verde Europeo las disposiciones sobre los edificios nuevos y existentes y sobre las herramientas de información, para actualizar su contenido de cara al progreso técnico y simplificar su estructuración y para garantizar el refuerzo de los mecanismos de financiación y ejecución: –El objeto de la Directiva se modifica para subrayar que la propuesta de refundición de la DEEE establece la visión de lograr un parque inmobiliario de cero emisiones de aquí a 2050 y reflejar un nuevo sistema de medida complementario del carbono para orientar las elecciones hacia soluciones descarbonizadas. Si bien la propuesta se centra en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero operativas, se dan los primeros pasos para abordar las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida completo de un edificio. –En el artículo 2 se introduce una nueva definición de «edificio de cero emisiones»: un edificio con una eficiencia energética muy elevada en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética», y en el que la poca cantidad de energía que sigue siendo necesaria está totalmente cubierta por energía procedente de fuentes renovables a nivel del edificio o de distrito o de comunidad cuando sea técnicamente viable (en particular, energía generada in situ o procedente de una comunidad de energías renovables o procedente de la energía renovable o el calor residual de un sistema urbano de calefacción y refrigeración). Los edificios de cero emisiones se convierten en la nueva norma para los edificios nuevos, en el nivel que debe alcanzarse mediante una renovación en profundidad a partir de 2030 y en la visión del parque inmobiliario en 2050. El artículo 2 también aclara la definición de «edificio de consumo de energía casi nulo», que sigue siendo la norma para los edificios nuevos hasta la aplicación de la norma de edificios de cero emisiones, y se convierte en el nivel que debe alcanzarse mediante una renovación en profundidad hasta 2030. Se definen por primera vez la «renovación en profundidad», como un estándar de excelencia para la renovación de edificios, y la «renovación en profundidad por etapas» para facilitar su realización. El artículo 2 introduce una definición de «normas de cartera hipotecaria» como un mecanismo para incentivar a los prestamistas hipotecarios a mejorar la eficiencia energética de su cartera de edificios y a animar a los clientes potenciales a hacer que sus propiedades sean más eficientes desde el punto de vista energético. –El artículo 3 sobre los planes nacionales de renovación de edificios (anteriormente denominados estrategias de renovación a largo plazo) se hace más operativo. El marco de seguimiento se ve reforzado mediante la introducción de una evaluación de los proyectos de los planes nacionales de renovación de edificios llevada a cabo por la Comisión y la formulación de recomendaciones en el marco del proceso de los planes nacionales integrados de energía y clima. Para facilitar la presentación de la información y su evaluación por parte de la Comisión y para mejorar la comparabilidad de los planes nacionales, en el anexo II se incluye un modelo común con elementos obligatorios y voluntarios. Los elementos obligatorios sobre los que se debe informar comprenden los enfoques de distrito y vecindad, incluido el papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Los planes de renovación de edificios se presentarán como parte de los planes nacionales de energía y clima y sus actualizaciones; excepcionalmente, el primer proyecto de plan debe presentarse a más tardar el 30 de junio de 2024 para tener en cuenta el momento de la adopción y de la entrada en vigor de la DEEE revisada. Los avances en la consecución de los objetivos nacionales y la contribución de los planes de renovación de edificios a los objetivos nacionales y de la Unión se notificarán en el marco de los informes bienales con arreglo al Reglamento sobre la gobernanza. –Se actualiza el artículo 4 (antiguo artículo 3), relativo a la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, en conjunción con el anexo I, para aclarar la posibilidad de utilizar la energía medida con contadores para calcular la eficiencia energética y verificar que el consumo de energía calculado es correcto. El artículo especifica cómo contabilizar el consumo in situ de energía procedente de fuentes renovables, por ejemplo para los puntos de recarga, y la energía suministrada por las comunidades de energía. –Se modifica el artículo 5 (antiguo artículo 4) sobre el establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia energética para adaptar la exención total que era posible contemplar previamente para los edificios protegidos al progreso técnico, que permite mejorar la eficiencia energética de esos edificios sin alterar su carácter técnico ni su aspecto. –El artículo 6 (antiguo artículo 5), relativo al cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad, se ajusta al Pacto Verde puesto que se especifica que los costes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como las externalidades medioambientales y sanitarias del consumo de energía, deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los costes más bajos. La Comisión revisará la metodología sobre la rentabilidad a más tardar el 30 de junio de 2026. –El artículo 7 reúne todas las disposiciones relativas a los edificios nuevos: a)Especifica que, a partir de 2030, los edificios nuevos deben ser edificios de cero emisiones; los edificios públicos nuevos deben ser edificios de cero emisiones a partir de 2027. Los requisitos específicos de los edificios de cero emisiones se establecen en el anexo III; b)El potencial de calentamiento global (PCG) a lo largo del ciclo de vida de los edificios nuevos deberá calcularse a partir de 2030 de conformidad con el marco Level(s), para informar así sobre las emisiones a lo largo del ciclo de vida completo de las nuevas construcciones. Las emisiones del ciclo de vida completo son especialmente importantes para los edificios grandes, por lo que la obligación de calcular esas emisiones se aplica a los edificios grandes (con una superficie útil superior a 2000 metros cuadrados) ya a partir de 2027. c)Los Estados miembros abordarán, en relación con los edificios nuevos, aspectos importantes que van más allá de la eficiencia energética, como las condiciones ambientales interiores saludables, la adaptación al cambio climático, la seguridad contra incendios, los riesgos relacionados con una actividad sísmica intensa y la accesibilidad para las personas con discapacidad. También abordarán las absorciones de carbono asociadas su almacenamiento en el interior o el exterior de los edificios. –Los artículos 8 a 10 y 15, relativos a los edificios existentes y la ayuda financiera, combinan: a)Las disposiciones actuales sobre las reformas importantes, que ofrecen la posibilidad de aplicar los requisitos mínimos de eficiencia energética en vigor (para garantizar una profundidad de renovación mínima) y también de abordar las mejoras estructurales, la adaptación al cambio climático, la eliminación de sustancias peligrosas, incluido el amianto, y la accesibilidad para las personas con discapacidad, se complementan con nuevas normas mínimas de eficiencia energética a escala de la UE (para activar un aumento de las tasas de renovación) para los edificios públicos (es decir, edificios y unidades de edificios propiedad de organismos públicos) menos eficientes y los edificios no residenciales menos eficientes. Esas normas exigen que los edificios con un certificado de eficiencia energética de clase G se renueven y se mejoren hasta alcanzar, como mínimo, la clase de eficiencia energética F a más tardar en 2027 y, como mínimo, la clase de eficiencia energética E a más tardar en 2030, y por lo que se refiere a los edificios residenciales menos eficientes, hasta alcanzar, como mínimo, la clase F a más tardar en 2030 y, como mínimo, la clase E a más tardar en 2033. Centrar la atención en las clases menos eficientes del parque inmobiliario garantiza que los esfuerzos se centren en los edificios con mayor potencial en términos de descarbonización, alivio de la pobreza energética y beneficios sociales y económicos complementarios. Los Estados miembros también establecerán, en el marco de los planes nacionales de renovación de edificios, plazos específicos para lograr clases de eficiencia energética más elevadas (para los edificios que entren en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1) a más tardar en 2040 y 2050, en consonancia con su ruta marcada para transformar el parque inmobiliario nacional en edificios de cero emisiones. Además de las normas mínimas de eficiencia energética de conformidad con el artículo 9, apartado 1, los Estados miembros tienen la opción de introducir normas mínimas de eficiencia energética nacionales en sus planes nacionales de renovación. Los Estados miembros deben contribuir al cumplimiento de las normas mínimas de eficiencia energética con un marco facilitador que incluya ayuda financiera, en particular para los hogares vulnerables y las personas afectadas por la pobreza energética o que viven en viviendas sociales, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento. Las disposiciones propuestas permiten a los Estados miembros excluir varias categorías de edificios de la obligación de cumplir las normas mínimas de eficiencia energética. b)La introducción de pasaportes de renovación voluntarios para que los propietarios de edificios que estén planificando una renovación por etapas de su edificio puedan disponer de ellos. Los Estados miembros tendrán que introducir un sistema de pasaportes de renovación basado en el marco común que debe desarrollar la Comisión antes de finales de 2024, con el fin de dar a sus ciudadanos acceso al uso de esta herramienta. c)Disposiciones más estrictas sobre la eliminación de obstáculos y barreras a la renovación y sobre la movilización de incentivos financieros con ventanillas únicas accesibles a todas las partes interesadas del ecosistema relativo a los edificios, de modo que se aborden todas las barreras a la renovación de edificios y no solo los costes, y que los Estados miembros promuevan una formación adecuada. Se dirigen mayores incentivos financieros y medidas de apoyo técnico a los proyectos de renovación en profundidad y a aquellos que tienen por objeto un número considerable de edificios y den lugar a un considerable ahorro de energía global. Con el mismo objetivo en mente, sabiendo que, sobre la base de una vida útil normal, una caldera comprada a mediados de la década de 2020 puede seguir en uso en 2050, no debe permitirse a los Estados miembros que subvencionen calderas de combustibles fósiles a partir de 2027. d)Para fomentar el rápido despliegue de instalaciones de calefacción de cero emisiones directas y evitar que las inversiones en nuevas generaciones de calderas basadas en combustibles fósiles se conviertan en activos bloqueados, los edificios de cero emisiones no deben generar emisiones de carbono in situ y los Estados miembros pueden optar por utilizar un factor de energía primaria para la electricidad que se ajuste a la media de la UE. e)Por último, se exige a los Estados miembros que centren su ayuda financiera en el alivio de la pobreza energética y en ayudas a la vivienda social, y que protejan a los arrendatarios de unos niveles de alquiler desproporcionados tras la renovación. Para tener en cuenta los dictámenes del Comité de Control Reglamentario, la opción elegida sobre las normas mínimas de eficiencia energética no se corresponde exactamente con ninguna de las cuatro opciones analizadas en el proyecto de evaluación de impacto presentado al Comité. La propuesta se ha modificado cuidadosamente con miras a la subsidiariedad y la proporcionalidad, teniendo en cuenta las diferencias entre los parques inmobiliarios de los distintos Estados miembros y dando a estos flexibilidad en cuanto a la manera de abordar sus circunstancias específicas y lograr las mejoras necesarias de su parque inmobiliario nacional. Centra la atención a escala de la UE en el 15 % de los edificios menos eficientes de los correspondientes parques inmobiliarios nacionales, con el fin de maximizar el ahorro de energía, la rentabilidad y las repercusiones del alivio de la pobreza energética, así como los cobeneficios sociales y económicos más amplios asociados a la consecución de los objetivos en materia de clima y energía de la UE. –Se reestructura el antiguo artículo 8. El artículo 11 se centra únicamente en las instalaciones técnicas de los edificios, y se introduce una base jurídica clara para las prohibiciones nacionales de calderas basadas en combustibles fósiles, lo que permite a los Estados miembros establecer requisitos para los generadores de calor en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero o del tipo de combustible utilizado. Varios Estados miembros consideran que estas medidas son esenciales para lograr un parque inmobiliario descarbonizado y mejorar la calidad del aire y la salud. Esta disposición da respuesta a la actual inseguridad jurídica sobre si tales prohibiciones están permitidas en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre diseño ecológico y las normas de libre mercado en virtud de los Tratados. Habida cuenta de la importancia de una buena calidad del aire interior para garantizar edificios saludables, se requiere la instalación de dispositivos de medición y control para el seguimiento y la regulación de la calidad del aire interior en los edificios nuevos y, cuando sea viable, en los edificios existentes que sean objeto de reformas importantes. –El artículo 12, relativo a la infraestructura para la movilidad sostenible, se ajusta a la mayor ambición climática con requisitos actuales más exigentes. El precableado se convierte en la norma para todos los edificios nuevos y los edificios que sean objeto de reformas importantes, y se refuerza, en particular, el despliegue de puntos de recarga en edificios de oficinas nuevos y renovados. Los puntos de recarga deben permitir la carga inteligente y los Estados miembros deberán eliminar las barreras a la instalación de puntos de recarga en edificios residenciales, garantizando el «derecho a enchufarse» en consonancia con las disposiciones pertinentes de la propuesta de Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Además, se introducen plazas de aparcamiento para bicicletas obligatorias en edificios nuevos y edificios que sean objeto de reformas importantes con el fin de eliminar las barreras al uso de la bicicleta como elemento central de la movilidad sostenible y de cero emisiones.

–El artículo 13 refuerza el indicador de preparación para aplicaciones inteligentes para grandes edificios no residenciales a partir de 2026. Para facilitar el desarrollo de nuevos servicios relacionados con los edificios, un nuevo artículo 14 específico de datos de los edificios garantiza que el propietario, el arrendatario y el gestor de un edificio o un tercero puedan tener acceso a los datos de las instalaciones del edificio. La Comisión debe establecer nuevas normas sobre la interoperabilidad de los datos y el acceso a los mismos mediante un acto de ejecución. –Los artículos 16 a 19 mejoran las disposiciones ya existentes sobre los certificados de eficiencia energética, su expedición y su exposición, así como sus bases de datos: a)Para garantizar la comparabilidad en toda la Unión, de aquí a 2025 todos los certificados de eficiencia energética deberán basarse en una escala armonizada de clases de eficiencia energética y ajustarse al modelo establecido en el anexo V. b)Las clases de eficiencia energética se reescalarán pensando en la visión común de un parque inmobiliario de cero emisiones de aquí a 2050, y tendrán en cuenta al mismo tiempo las diferencias nacionales de los parques inmobiliarios: la clase A, la más alta, representa un edificio de cero emisiones, mientras que la clase G, la más baja, incluirá el 15 % de los edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional. Este reescalado garantizará que los Estados miembros realicen esfuerzos comparables para cumplir las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la Unión de conformidad con el artículo 9. El indicador sobre cuya base deben clasificarse los edificios [consumo de energía primaria en kWh/(m².a)] se mantiene sin cambios y se complementa con un indicador sobre las emisiones de gases de efecto invernadero operativas y la energía renovable. Los Estados miembros podrán elegir entre otros indicadores que siguen siendo voluntarios, a modo de caja de herramientas que puede adaptarse a las condiciones nacionales. c)La validez de los certificados de eficiencia energética de las clases más bajas, de D a G, se reduce a cinco años para garantizar que contienen información actualizada que ayude a los ciudadanos a reducir su consumo. Los certificados de eficiencia energética deben expedirse en formato digital y deben existir procedimientos simplificados para su actualización en determinados casos sencillos. Se introducen medidas para aumentar la fiabilidad de los certificados expedidos (visita in situ y control de calidad). d)Una mejor cobertura del parque inmobiliario por medio de certificados de eficiencia energética es una condición previa para su mejora, pero al mismo tiempo los Estados miembros tendrían que garantizar que sean asequibles. La obligación de disponer de un certificado de eficiencia energética se amplía a los edificios que sean objeto de reformas importantes, a los edificios cuyo contrato de alquiler se renueva y a todos los edificios públicos. Los edificios o unidades de edificios que se pongan a la venta o en alquiler deben tener un certificado de eficiencia energética, y la clase y el indicador de eficiencia energética deben figurar en todos los anuncios publicitarios de forma que se garantice la pertinencia de la eficiencia energética en el mercado a la hora de vender y alquilar. Todos los edificios ocupados por las autoridades públicas y frecuentados habitualmente por el público deben exponer su certificado de eficiencia energética, independientemente de su tamaño. e)Los Estados miembros crearán bases de datos nacionales para los certificados de eficiencia energética de los edificios, que también permitirán recopilar datos relacionados con los pasaportes de renovación de los edificios y los indicadores de preparación para aplicaciones inteligentes. La información procedente de las bases de datos nacionales se transferirá al Observatorio del Parque Inmobiliario, sobre la base de un modelo que elaborará la Comisión. –Las disposiciones actuales sobre inspecciones se agrupan y se aclaran para facilitar su aplicación, y se incluyen las instalaciones de ventilación como parte de las medidas de la DEEE destinadas a mejorar la calidad del aire interior. Con el fin de garantizar la calidad y la fiabilidad de las renovaciones o de las nuevas obras de construcción, está previsto que se establezcan programas nacionales de inspección o herramientas alternativas para verificar que las obras de construcción y de renovación realizadas cumplen la eficiencia energética prevista y para mejorar la satisfacción y la confianza de los ciudadanos. En la misma línea, los proveedores de obras de renovación integradas deben tener acceso a sistemas de certificación o de cualificación para garantizar una calidad fiable de dichas obras. El umbral para la instalación obligatoria de sistemas de automatización y control de edificios debe reducirse para los edificios no residenciales a partir de 2030, y los edificios residenciales nuevos o que sean objeto de reformas importantes deben estar equipados con determinadas funciones de monitorización y control para mejorar y optimizar su gestión y funcionamiento. –La garantía de cumplimiento de la política en materia de edificios es fundamental para garantizar que se produce un progreso real sobre el terreno. Los actuales sistemas de control independiente se amplían para incluir los pasaportes de renovación y los indicadores de preparación para aplicaciones inteligentes. El seguimiento y la garantía de cumplimiento, incluso mediante sanciones, se centrarán, en particular, en las normas mínimas de eficiencia energética y en la mejora del parque inmobiliario existente. Disposiciones finales y cláusula de reexamen: en vista del reexamen de la DEEE en 2021 en el contexto de la consecución del Pacto Verde, la fecha para el próximo reexamen con arreglo al artículo 25 se fija para finales de 2027 a más tardar. La cláusula de reexamen hace referencia explícita a la evaluación de la Comisión sobre si las medidas en materia de edificios de la legislación de la UE, incluida la tarificación del carbono, aportarán las mejoras suficientes para lograr un parque inmobiliario totalmente descarbonizado y de cero emisiones de aquí a 2050, o si es necesario introducir nuevas medidas vinculantes a escala de la Unión, como unas normas mínimas de eficiencia energética reforzadas. El artículo 32 sobre la transposición precisa que los Estados miembros facilitarán una tabla de correspondencias junto con sus medidas de transposición. 🡻 2010/31/UE 2021/0426 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 194, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: 🡻 2010/31/UE considerando 1 (adaptado) (1)La Directiva 2002/91/CE ⌦ 2010/31/UE ⌫ del Parlamento Europeo y del Consejo , de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios ha sido modificada ⌦ sustancialmente en varias ocasiones ⌫. Debiéndose llevar a cabo ⌦ Dado que deben hacerse ⌫ nuevas modificaciones sustantivas, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva. ⇩ nuevo (2)En el marco del Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las Partes en dicho Acuerdo han acordado mantener muy por debajo de los 2 °C el aumento de la temperatura media mundial con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. La consecución de los objetivos del Acuerdo de París es la base de la Comunicación de la Comisión «El Pacto Verde Europeo», de 11 de diciembre de 2019. En la contribución determinada a nivel nacional actualizada, presentada a la Secretaría de la CMNUCC el 17 de diciembre de 2020, la Unión se comprometió a reducir, de aquí a 2030, las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de su economía en al menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990. (3)Tal como se anunció en el Pacto Verde, la Comisión presentó su estrategia «Oleada de Renovación» el 14 de octubre de 2020. Dicha estrategia contiene un plan de acción que incluye medidas reglamentarias, financieras y facilitadoras concretas, con el objetivo de, como mínimo, duplicar la tasa de renovación energética anual de los edificios de aquí a 2030 y fomentar las renovaciones en profundidad. La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios es necesaria puesto que constituye uno de los medios para alcanzar los objetivos de la Oleada de Renovación. También contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la iniciativa «Nueva Bauhaus Europea» y de la misión europea sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras. (4)El Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, también llamado «Legislación Europea sobre el Clima», consagra en la legislación el objetivo de neutralidad climática en el conjunto de la economía de aquí a 2050 y establece el compromiso vinculante de la Unión de reducir internamente, de aquí a 2030, las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones tras la deducción de las absorciones) en al menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990. (5)El paquete legislativo «Objetivo 55», anunciado en el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021, tiene por objeto alcanzar estos objetivos. En él se abordan diferentes ámbitos de actuación, como la eficiencia energética, las energías renovables, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la fiscalidad de la energía, el reparto del esfuerzo, el comercio de derechos de emisión y la infraestructura para los combustibles alternativos. La revisión de la Directiva 2010/31/UE es un elemento fundamental de ese paquete. 🡻 2010/31/UE considerando 2 Una utilización eficiente, prudente, racional y sostenible de la energía se aplica, inter alia, a los productos petrolíferos, el gas natural y los combustibles sólidos, que son fuentes esenciales de energía pero también las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. 🡻 2010/31/UE considerando 3 (adaptado) ⇨ nuevo

(6)El 40 % del consumo ⌦ final ⌫ total de energía en la Unión ⇨ y el 36 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía ⇦ corresponden a los edificios. El sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción del consumo de energía ⇨ , en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética» establecido en el artículo 3 de la [revisión de la Directiva de eficiencia energética] y definido en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, ⇦ y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero ⌦ de la Unión ⌫ . Las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como su compromiso a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C y su compromiso de reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y en un 30 % en el caso de lograrse un acuerdo internacional. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables desempeñan asimismo un papel importante a la hora de ⇨ reducir la dependencia energética de la Unión, de ⇦ fomentar la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo tecnológico y de ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en ⇨ islas y ⇦ zonas rurales. ⇩ nuevo (7)Los edificios son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero antes, a lo largo y después de su vida útil. La visión de un parque inmobiliario descarbonizado en 2050 va más allá del actual enfoque centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero operativas. Por tanto, las emisiones del ciclo de vida completo de los edificios deben ser tomadas en cuenta progresivamente, empezando por los edificios nuevos. Los edificios son un importante banco de materiales, ya que son repositorios de recursos a lo largo de muchas décadas, y las opciones de diseño influyen considerablemente en las emisiones de su ciclo de vida completo, tanto en el caso de los edificios nuevos como en las renovaciones. La eficiencia a lo largo del ciclo de vida completo de los edificios debe tenerse en cuenta no solo en las nuevas construcciones, sino también en las renovaciones, mediante la inclusión de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de su ciclo de vida completo en los planes de renovación de edificios de los Estados miembros. (8)La minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida completo de los edificios requiere una utilización eficiente y circular de los recursos, que también puede combinarse con la transformación de una parte del parque inmobiliario en un sumidero temporal de carbono. (9)El potencial de calentamiento global a lo largo del ciclo de vida completo de un edificio indica la contribución global de ese edificio a las emisiones que provocan el cambio climático, y comprende las emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en los productos de construcción y las emisiones directas e indirectas de la etapa de uso. Por lo tanto, el requisito de calcular el potencial de calentamiento global a lo largo del ciclo de vida de los edificios nuevos constituye un primer paso hacia la atribución de una mayor importancia al rendimiento a lo largo del ciclo de vida completo de los edificios y hacia una economía circular. (10)Los edificios son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de partículas finas primarias (PM2,5) en la UE, que provocan muertes prematuras y enfermedades. La mejora de la eficiencia energética de los edificios puede y, al mismo tiempo, debe reducir las emisiones contaminantes, en consonancia con la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo. 🡻 2010/31/UE considerando 4 La gestión de la demanda de energía es un instrumento importante que permite a la Unión ejercer una influencia en el mercado mundial de la energía y, por ende, en la seguridad de abastecimiento a medio y largo plazo. 🡻 2010/31/UE considerando 5 (adaptado) El Consejo Europeo de marzo de 2007 puso de relieve la necesidad de aumentar la eficiencia energética en la Unión para alcanzar el objetivo de reducir su consumo energético en un 20 % para 2020, y abogó por una aplicación rápida y completa de las prioridades establecidas en la Comunicación de la Comisión «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial». Este Plan de acción determinó el considerable potencial de ahorro energético rentable que posee el sector de los edificios. En su Resolución de 31 de enero de 2008, el Parlamento Europeo abogó por un refuerzo de las disposiciones de la Directiva 2002/91/CE y se ha pronunciado en varias ocasiones, la última de ellas en su Resolución de 3 de febrero de 2009 sobre la segunda revisión estratégica del sector de la energía, a favor de que el objetivo del 20 % de eficiencia energética para 2020 sea vinculante. Además, la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 , establece objetivos nacionales vinculantes de reducción de las emisiones de CO2, y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables , aboga por el fomento de la eficiencia energética en el contexto de un objetivo vinculante para la energía procedente de fuentes renovables que represente el 20 % del consumo de energía total de la Unión para 2020. 🡻 2010/31/UE considerando 6 (adaptado) El Consejo Europeo de marzo de 2007 reafirmó el compromiso de la Unión con el desarrollo, en toda la Unión, de la energía procedente de fuentes renovables al suscribir el objetivo vinculante del 20 % de energía procedente de fuentes renovables para 2020. La Directiva 2009/28/CE establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. 🡻 2010/31/UE considerando 7 (adaptado) Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún sin realizar en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros en este sector.

🡻 2010/31/UE considerando 8 ⇨ nuevo (11)Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta las condiciones climáticas ⇨ , incluida la adaptación al cambio climático, ⇦ y las particularidades locales, así como el entorno ambiental interior y la rentabilidad en términos de coste-eficacia. Dichas medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edificios, tales como la accesibilidad, la seguridad ⇨ contra incendios y contra terremotos ⇦ y el uso previsto del edificio. 🡻 2010/31/UE considerando 9 ⇨ nuevo (12)La eficiencia energética de los edificios debe calcularse con una metodología que puede ser diferente a escala nacional y regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, ⇨ los sistemas de automatización y control de edificios, las soluciones inteligentes, ⇦ los elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del aire interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. La metodología de cálculo de la eficiencia energética debe basarse no solo en las temporadas en que es necesario el uso de calefacción ⇨ o aire acondicionado ⇦ , sino que debe ⇨ considerar la eficiencia energética ⇦ cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de ⇨ todo el ⇦ año. Dicha metodología debe tener en cuenta las normas europeas actuales. ⇨ Debe garantizar la representación de las condiciones de funcionamiento reales y permitir el uso de la energía medida con contadores para verificar que el cálculo es correcto y posibilitar la comparabilidad, y debe basarse en pasos de tiempo de una hora o menos. Con el fin de fomentar el uso de la energía renovable in situ, los Estados miembros deben adoptar, además del marco general común, las medidas necesarias para que se reconozcan y se tengan en cuenta en la metodología de cálculo los beneficios de maximizar el uso de la energía renovable in situ, que puede destinarse a otros usos (como los puntos de recarga de vehículos eléctricos). ⇦ 🡻 2010/31/UE considerando 10 (adaptado) ⇨ nuevo (13)Es responsabilidad exclusiva de lLos Estados miembros ⇨ deben ⇦ establecer requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Esos requisitos deben establecerse de forma que alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo de vida del edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de establecer unos requisitos mínimos que sean más eficientes energéticamente que los niveles óptimos de eficiencia energética. Es necesario contemplar la posibilidad de que los Estados miembros revisen periódicamente sus requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios, en vista del progreso técnico. 🡻 2010/31/UE considerando 11 El objetivo de alcanzar niveles rentables u óptimos de eficiencia energética puede justificar en determinadas circunstancias (por ejemplo, por diferencias climáticas) el establecimiento por los Estados miembros de requisitos de rentabilidad o de rentabilidad óptima para elementos de los edificios que, en la práctica, limitarían la instalación de productos de construcción que cumplan las normas establecidas por la legislación de la Unión, siempre que dichos requisitos no constituyan trabas injustificadas al mercado. ⇩ nuevo (14)Dos tercios de la energía utilizada para la calefacción y la refrigeración de edificios sigue procediendo de combustibles fósiles. Para descarbonizar el sector de la construcción, la eliminación gradual de los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración resulta especialmente importante. Por tanto, los Estados miembros deben indicar en sus planes de renovación de edificios las políticas y medidas nacionales para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración, y no deben concederse incentivos financieros para la instalación de calderas de combustibles fósiles en el contexto del próximo marco financiero plurianual a partir de 2027, salvo las seleccionadas para inversión antes de 2027 en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. Las políticas y medidas nacionales para esa eliminación gradual deben estar respaldadas por una base jurídica clara que prohíba los generadores de calor en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero o del tipo de combustible utilizado. 🡻 2010/31/UE considerando 12 ⇨ nuevo

(15)⇨ Los requisitos de eficiencia energética de las instalaciones técnicas de los edificios deben aplicarse a las instalaciones completas, tal como están instaladas en los edificios, y no a la eficiencia de los componentes por separado, que entran dentro del ámbito de aplicación de los reglamentos relativos a productos específicos con arreglo a la Directiva 2009/125/CE. ⇦ Al establecer requisitos de eficiencia energética para instalaciones técnicas de los edificios, los Estados miembros deben utilizar, cuando existan y proceda, instrumentos armonizados, en particular métodos de ensayo y cálculo y clases de eficiencia energética desarrollados con arreglo a las medidas de aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada al Reglamento(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo , para garantizar la coherencia con iniciativas conexas y reducir al mínimo posible una posible fragmentación del mercado. 🡻 2010/31/UE considerando 13 (16)La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El término «incentivo» que se emplea en la presente Directiva no debe interpretarse, por tanto, como constitutivo de ayuda pública. 🡻 2010/31/UE considerando 14 (adaptado) ⇨ nuevo (17)La Comisión debe establecer un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. ⇨ La revisión de este marco debe permitir el cálculo de la eficiencia energética y de la eficiencia en materia de emisiones, y debe tener en cuenta las externalidades medioambientales y sanitarias, así como la ampliación del RCDE y los precios del carbono. ⇦ Los Estados miembros deben utilizar este marco para comparar los resultados con los requisitos mínimos de eficiencia energética por ellos adoptados. De existir discrepancias importantes, es decir que superen un 15 %, entre los niveles óptimos de rentabilidad calculados de los requisitos mínimos de eficiencia energética y los requisitos mínimos de eficiencia energética vigentes, los Estados miembros deben justificar la diferencia o prever las medidas pertinentes para reducir la discrepancia. Los Estados miembros han de determinar el ciclo de vida útil estimada de un edificio o de uno de sus elementos, teniendo en cuenta la práctica y la experiencia actuales en la definición de ciclos de vida útil típicos. Los resultados de esta ⌦ esa ⌫ comparación, así como los datos usados para llegar a aquellos ⌦ esos resultados ⌫, deben ser comunicados periódicamente a la Comisión. Tal información debe permitir a la Comisión evaluar los progresos de los Estados miembros hacia unos niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética e informar acerca de dichos progresos. 🡻 2010/31/UE considerando 15 Los edificios tienen una incidencia en el consumo de energía a largo plazo. Dado el largo ciclo de renovación de los edificios existentes, los edificios nuevos y los edificios existentes que son objeto de reformas importantes deben cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia energética adaptados a las condiciones climáticas locales. Como en general no se aprovecha completamente el potencial que ofrece la utilización de fuentes de energía alternativas, debe considerarse el uso de tales fuentes en edificios nuevos y existentes, independientemente de su tamaño, de conformidad con el principio de asegurar en primer lugar una reducción de las necesidades de calefacción y refrigeración a unos niveles óptimos de rentabilidad. 🡻 2010/31/UE considerando 16 (18)Debe considerarse que las reformas importantes de los edificios existentes, independientemente de su tamaño, ofrecen la oportunidad de tomar medidas rentables para aumentar su eficiencia energética. Por motivos de coste-efectividad, debe ser posible limitar los requisitos mínimos de eficiencia energética a las partes renovadas que tengan más relevancia para la eficiencia energética del edificio. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de optar por definir una «reforma importante» en términos de porcentaje de la superficie de la envolvente del edificio o en términos del valor del edificio. Si un Estado miembro decidiera definir una reforma importante en términos del valor del edificio, podrían utilizarse valores como el valor actuarial o el valor actual basado en el coste de la reconstrucción, excluyendo el valor del terreno sobre el que se levanta el edificio. 🡻 2010/31/UE considerando 17 Se necesitan medidas que aumenten el número de edificios que no solo cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética actualmente vigentes, sino que también sean más eficientes energéticamente al reducir tanto el consumo energético como las emisiones de dióxido de carbono. A tal efecto los Estados miembros deben elaborar planes nacionales para aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo, y deben comunicar dichos planes a la Comisión periódicamente. ⇩ nuevo (19)La mayor ambición en materia de clima y energía de la Unión requiere una nueva visión de futuro para los edificios: el edificio de cero emisiones, cuya demanda de energía es muy baja y, cuando es técnicamente viable, está totalmente cubierta por energía procedente de fuentes renovables. De aquí a 2050, todos los edificios nuevos deben ser edificios de cero emisiones, y todos los edificios existentes deben transformarse en edificios de cero emisiones.

(20)Existen diferentes opciones para cubrir las necesidades energéticas de un edificio eficiente mediante energía procedente de fuentes renovables: las energías renovables in situ, como la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica, las bombas de calor y la biomasa, la energía renovable suministrada por comunidades de energías renovables o por comunidades ciudadanas de energía, y la calefacción y la refrigeración urbanas basadas en energías renovables o en el calor residual. (21)La necesaria descarbonización del parque inmobiliario de la Unión requiere una renovación energética a gran escala: casi el 75 % de ese parque inmobiliario es ineficiente según las normas de construcción actuales, y entre el 85 y el 95 % de los edificios que existen hoy en día seguirán estando en pie en 2050. Sin embargo, la tasa de renovación energética anual ponderada sigue siendo baja, en torno al 1 %. Al ritmo actual, la descarbonización del sector de la construcción requeriría siglos. Por lo tanto, uno de los objetivos clave de la presente Directiva es activar y apoyar la renovación de edificios, incluida la transición hacia instalaciones de calefacción sin emisiones. (22)Las normas mínimas de eficiencia energética son la principal herramienta reguladora para activar una renovación a gran escala de los edificios existentes, ya que abordan las principales barreras a la renovación, como los incentivos divididos y las estructuras en copropiedad, que no pueden superarse con incentivos económicos. La introducción de normas mínimas de eficiencia energética debe conducir a una eliminación gradual de los edificios menos eficientes y a una mejora continua del parque inmobiliario nacional, contribuyendo al objetivo a largo plazo de disponer de un parque inmobiliario descarbonizado de aquí a 2050. (23)Las normas mínimas de eficiencia energética establecidas a escala de la Unión deben centrarse en la renovación de los edificios con el mayor potencial en términos de descarbonización, alivio de la pobreza energética y beneficios sociales y económicos complementarios, en particular en los edificios con la peor eficiencia, que deben renovarse con carácter prioritario. (24)Por lo que se refiere al resto del parque inmobiliario nacional, los Estados miembros son libres de decidir si desean introducir normas mínimas de eficiencia energética, diseñadas a nivel nacional y adaptadas a las condiciones nacionales. Al reexaminar la presente Directiva, la Comisión debe evaluar si es necesario introducir nuevas normas mínimas de eficiencia energética vinculantes para lograr un parque inmobiliario descarbonizado de aquí a 2050. (25)La introducción de normas mínimas de eficiencia energética debe ir acompañada de un marco facilitador que incluya asistencia técnica y medidas financieras. Las normas mínimas de eficiencia energética establecidas a nivel nacional no equivalen a «normas de la Unión» a efectos de las normas sobre ayudas estatales, mientras que las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la Unión sí que podrían considerarse como tales. En consonancia con las normas sobre ayudas estatales revisadas, los Estados miembros pueden conceder ayudas estatales destinadas a la renovación de edificios para cumplir las normas de eficiencia energética a escala de la Unión, es decir, para lograr una determinada clase de eficiencia energética, hasta que esas normas a escala de la Unión sean obligatorias. Una vez que las normas sean obligatorias, los Estados miembros podrán seguir concediendo ayudas estatales para las renovaciones de edificios y unidades de edificios que entren dentro del ámbito de aplicación de las normas de eficiencia energética a escala de la Unión, siempre que esas renovaciones de edificios pretendan alcanzar una categoría más elevada que la clase de eficiencia energética mínima especificada. (26)La taxonomía de la UE clasifica las actividades económicas medioambientalmente sostenibles de todos los sectores económicos, incluido el sector de la construcción. Con arreglo al acto delegado de la UE sobre taxonomía climática, la renovación de edificios se considera una actividad sostenible cuando logra un ahorro de energía de al menos el 30 %, cumple los requisitos mínimos de eficiencia energética aplicables a las reformas importantes de edificios existentes, o consiste en medidas individuales relacionadas con la eficiencia energética de los edificios, como la instalación, el mantenimiento o la reparación de equipos de eficiencia energética o de instrumentos y dispositivos para medir, regular y controlar la eficiencia energética de los edificios, si dichas medidas individuales cumplen los criterios establecidos. La renovación de edificios que tiene por objeto cumplir las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la Unión está normalmente en consonancia con los criterios de la taxonomía de la UE en relación con las actividades de renovación de edificios. (27)Las normas mínimas de eficiencia energética a escala de la Unión deben basarse en clases de eficiencia energética armonizadas. Al definir la clase de eficiencia energética G, la más baja, como el 15 % menos eficiente del parque inmobiliario nacional de cada Estado miembro, la armonización de las clases de eficiencia energética garantiza que todos los Estados miembros deberán realizar un esfuerzo similar, mientras que la definición de la clase de eficiencia energética A, la más alta, garantiza la convergencia de la escala armonizada de clases de eficiencia energética hacia la visión de futuro común de edificios de cero emisiones. (28)En las versiones anteriores de la presente Directiva ya había requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos para los edificios existentes y los elementos de los edificios, y deben seguir aplicándose. Mientras que las nuevas normas mínimas de eficiencia energética establecen un límite inferior para la eficiencia energética mínima de los edificios existentes y garantizan la renovación de los edificios ineficientes, los requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios existentes y los elementos de los edificios garantizan la profundidad necesaria de la renovación cuando esta tiene lugar. (29)A fin de lograr un parque inmobiliario descarbonizado y altamente eficiente desde el punto de vista energético y la transformación de los edificios existentes en edificios de cero emisiones de aquí a 2050, los Estados miembros deben establecer planes nacionales de renovación de edificios, que sustituyan a las estrategias de renovación a largo plazo y se conviertan en una herramienta de planificación plenamente operativa aún más potente para los Estados miembros, que se centren en mayor medida en la financiación y que garanticen que se dispone de trabajadores debidamente cualificados para llevar a cabo las renovaciones de edificios. En sus planes de renovación de edificios, los Estados miembros deben fijar sus propios objetivos nacionales de renovación de edificios. En consonancia con el artículo 21, letra b), apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1999 y con las condiciones facilitadoras establecidas en el Reglamento (UE) 2021/60 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros deben presentar un esquema de las medidas de financiación, así como de las necesidades de inversión y los recursos administrativos necesarios para la ejecución de sus planes de renovación de edificios. (30)Los planes nacionales de renovación de edificios deben basarse en un modelo armonizado a fin de garantizar su comparabilidad. Para garantizar que se alcanza la ambición requerida, la Comisión debe evaluar los proyectos de los planes y formular recomendaciones a los Estados miembros. (31)Los planes nacionales de renovación de edificios deben estar estrechamente vinculados a los planes nacionales integrados de energía y clima en el marco del Reglamento (UE) 2018/1999, y los avances en la consecución de los objetivos nacionales y la contribución de los planes de renovación de edificios a los objetivos nacionales y de la Unión deben notificarse como parte del informe bienal en el marco del Reglamento (UE) 2018/1999. Dada la urgencia de aumentar las renovaciones sobre la base de planes nacionales sólidos, la fecha para la presentación del primer plan nacional de renovación de edificios debe fijarse lo antes posible. (32)La renovación por etapas puede ser una solución para abordar las cuestiones de los elevados costes iniciales y de las molestias para los habitantes que pueden surgir cuando se renueva todo a la vez. Sin embargo, esta renovación por etapas debe planificarse cuidadosamente para evitar que una de las etapas impida que se realicen otras etapas posteriores necesarias. Los pasaportes de renovación proporcionan una hoja de ruta clara para la renovación por etapas, ayudando a los propietarios y a los inversores a planificar el mejor momento para las intervenciones y su alcance. Por lo tanto, los pasaportes de renovación deben ponerse a disposición de los propietarios de edificios en todos los Estados miembros como una herramienta de uso voluntario. (33)El concepto de «renovación en profundidad» aún no se ha definido en la legislación de la Unión. Con vistas a lograr la visión a largo plazo para los edificios, la renovación en profundidad debe definirse como una renovación que transforma los edificios en edificios de cero emisiones, aunque, en un primer momento, se debe definir como una renovación que transforma los edificios en edificios de consumo de energía casi nulo. Esta definición tiene por objeto aumentar la eficiencia energética de los edificios. Una renovación en profundidad por razones de eficiencia energética es una excelente oportunidad para abordar otros aspectos, como las condiciones de vida de los hogares vulnerables, el aumento de la resiliencia frente al cambio climático y frente a los riesgos de catástrofe, incluida la resiliencia frente a terremotos, la seguridad contra incendios, la eliminación de sustancias peligrosas, incluido el amianto, y la accesibilidad para las personas con discapacidad. (34)Con el fin de fomentar las renovaciones en profundidad, que es uno de los objetivos de la estrategia «Oleada de Renovación», los Estados miembros deben prestar un mayor apoyo financiero y administrativo a este tipo de renovaciones. (35)Los Estados miembros deben apoyar las mejoras en la eficiencia energética de los edificios existentes que contribuyan a conseguir un entorno interior saludable, por ejemplo mediante la eliminación del amianto y de otras sustancias nocivas, a evitar la eliminación ilegal de sustancias nocivas y a facilitar el cumplimiento de los actos legislativos vigentes, como las Directivas 2009/148/CE y (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo. (36)Se espera que los vehículos eléctricos desempeñen un papel crucial en la descarbonización y la eficiencia del sistema eléctrico, en particular mediante la prestación de servicios de flexibilidad, equilibrado y almacenamiento, especialmente a través de la agregación. Este potencial de los vehículos eléctricos para integrarse con el sistema eléctrico y contribuir a la eficiencia del sistema y a una mayor absorción de la electricidad renovable debe aprovecharse plenamente. La recarga asociada a los edificios es especialmente importante, ya que es allí donde los vehículos eléctricos se aparcan de forma regular y durante largos períodos de tiempo. La recarga lenta es económica, y la instalación de puntos de recarga en espacios privados puede ofrecer almacenamiento de energía al edificio correspondiente e integración de servicios de carga inteligente, así como servicios de integración de sistemas en general. (37)En combinación con una cuota mayor de producción de electricidad renovable, los vehículos eléctricos producen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Los vehícu