POSICIÓN COMÚN (CE) N° 1/97 aprobada por el Consejo el 22 de noviembre de 1996 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° . . ./97 del Consejo, de . . ., relativo a la cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía (97/C 6/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130 W,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (2),

Considerando que las repercusiones de una economía basada en la producción de estupefacientes, o que obtenga importantes beneficios de ella, para las estructuras de una sociedad en desarrollo comprometen la inserción armoniosa del país en la economía mundial;

Considerando que la desarticulación de las estructuras sociales resultantes del consumo de drogas y de la industria conexa en los países en desarrollo perjudica el desarrollo social sostenible y la realización de los objetivos de la política comunitaria en materia de cooperación al desarrollo según los define el artículo 130 U del Tratado;

Considerando que procede prestar a los países en desarrollo que lo soliciten apoyo institucional para que puedan combatir más eficazmente la droga;

Considerando que, en su Comunicación de 23 de junio de 1994, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo sus orientaciones para un Plan de acción de la Unión Europea de lucha contra las drogas (1995 1999), que incluye medidas en el plano internacional;

Considerando que el Parlamento Europeo se pronunció acerca de estas orientaciones en su dictamen adoptado el 15 de junio de 1995 sobre esta comunicación;

Considerando que el Cuarto Convenio ACP-CE, y los acuerdos de cooperación, de asociación o de colaboración celebrados por la Comunidad Europea con países en desarrollo, contienen cláusulas relativas a la cooperación en la lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de las drogas, a la vigilancia del comercio de los precursores, de productos químicos y de sustancias psicotrópicas, y al intercambio de información pertinente, incluidas las medidas en materia de blanqueo de capitales; que existe un vínculo entre la lucha contra las drogas y la toxicomanía y los objetivos de la cooperación establecida entre la Comunidad y sus socios en vías de desarrollo;

Considerando que la adhesión universal al Convenio único sobre los estupefacientes de 1961, tal y como fue modificado por el Protocolo de 1972, al Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y a la Convención de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la aplicación sistemática a escala nacional e internacional de las disposiciones de estos Tratados, son la piedra angular de la estrategia internacional de lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas;

Considerando que la Comunidad Europea es parte en la Convención de 1988, en particular en virtud de su artículo 12, y que la Comunidad Europea adoptó una legislación comunitaria relativa al comercio de precursores, sobre la base de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre precursores químicos (CATF) creado por el «G-7» y el Presidente de la Comisión Europea en 1989, cuya eficacia global aumentaría con la adopción del marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en otras regiones del mundo;

Considerando que una lucha eficaz contra la droga debe incluir asimismo medidas contra el blanqueo del dinero procedente del tráfico de estupefacientes, como la adopción de un marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en los países afectados;

Considerando que al aplicar medidas con arreglo al presente Reglamento deben respetarse debidamente los derechos humanos;

Considerando que los Estados miembros de la Comunidad Europea han suscrito la Declaración política y el Programa global de acción adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo de su 17a Sesión especial;

Considerando que, con arreglo al punto 2 de la Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 6 de marzo de 1995 (3), en el presente Reglamento se introducirá un importe de referencia financiera para el período 1998 2000, sin que ello afecte a las competencias de la autoridad presupuestaria definidas en el Tratado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el marco de su política de cooperación para el desarrollo y teniendo en cuenta los efectos adversos que tienen para los esfuerzos destinados al desarrollo la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes, la Comunidad Europea llevará a cabo acciones de cooperación en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía en los países en desarrollo, dando prioridad a los que hayan demostrado al más alto nivel la voluntad política de solucionar el problema de los estupefacientes. Puede constituir un indicador de esta voluntad, entre otras cosas, la ratificación del Convenio único de 1961, modificado por el Protocolo de 1972, el Convenio de 1971 y la Convención de 1988. El compromiso de los Estados debe plasmarse, entre otros medios, en la aplicación de la legislación nacional contra el blanqueo del dinero generado por estupefacientes.

Artículo 2

La asistencia que se prestará en virtud del presente Reglamento completará y reforzará la asistencia que se presta en virtud de otros instrumentos de cooperación para el desarrollo.

Artículo 3

La Comunidad aportará un apoyo prioritario, a petición de un país socio, a la preparación de un plan director nacional de lucha contra las drogas en estrecha consulta con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Dichos planes señalarán los objetivos, estrategias y prioridades de la lucha contra la droga, así como las correspondientes necesidades de recursos, incluidos los financieros, proporcionando con ello un enfoque integrado, multidisciplinario y multisectorial que optimice la eficacia de los programas nacionales de lucha contra la droga y de la ayuda internacional.

La prevención de la toxicomanía y la reducción de la demanda deberán ser objeto de una política consecuente que incluya una información objetiva sobre las consecuencias de la toxicomanía dirigida de forma prioritaria a los jóvenes.

La cooperación comunitaria se desarrollará en un clima de diálogo que tenga en cuenta las diferencias culturales reales que influyen en la percepción de los problemas vinculados a la droga, componente decisivo para garantizar la viabilidad social y política de las estrategias de lucha contra la droga.

Artículo 4

Preferiblemente en el marco estratégico fijado por los planes nacionales, la Comunidad aportará también su apoyo a acciones específicas de efecto cuantificable (es decir, que den un resultado eficaz y tangible en un plazo establecido de antemano) en los siguientes sectores:

- desarrollo de la capacidad institucional, en particular para:

- la aplicación de planes directores nacionales de lucha contra las drogas por parte de los países en desarrollo,

- la aplicación de acuerdos entre la Comunidad Europea y determinados países en desarrollo, en particular en el ámbito de la lucha contra el desvío de precursores y contra el blanqueo de dinero;

- reducción e la demanda, en particular mediante el análisis del fenómeno local y el establecimiento de mecanismos de control del comercio y del consumo de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, el tratamiento y la reintegración de los toxicómanos, y la reducción de los riesgos. Estas acciones deberán integrarse en las políticas desarrolladas en materia de sanidad educación, desarrollo, lucha contra la pobreza y contra la exclusión económica y social;

- promoción de proyectos piloto de desarrollo alternativo, definidos como procesos destinados a combatir y eliminar, la producción de drogas ilícitas a través de medidas de desarrollo rural en el contexto de un crecimiento económico nacional constante. Dichos proyectos incluirán medidas económicas y sociales que tengan en cuenta los factores que contribuyen a la producción ilícita, así como medidas capaces de facilitar una mejor utilización de las preferencias comerciales;

- financiación de estudios, seminarios y reuniones que posibiliten intercambiar experiencia en los ámbitos mencionados.

Se concederá especial atención a la participación de la población local y de grupos objetivo en la identificación, planificación y ejecución de las operaciones.

Artículo 5

Los socios de cooperación que podrán obtener el apoyo económico con arreglo al presente Reglamento serán las organizaciones regionales e internacionales, en particular el PNUFID, las organizaciones no gubernamentales locales o con sede en los Estados miembros, los departamentos y organismos públicos locales y provinciales y las organizaciones, institutos y agentes públicos y privados de base comunitaria.

Artículo 6

1. Los medios que podrán aplicarse en el marco de las acciones mencionadas en los artículos 3 y 4 comprenderán estudios, asistencia técnica, formación u otros servicios, suministros y obras, así como auditorías y misiones de evaluación y control.

2. La financiación comunitaria podrá cubrir tanto gastos de inversión, excepto la adquisición de bienes inmuebles, como gastos de funcionamiento, en divisas o en moneda local, según las necesidades de ejecución de las acciones. No obstante, con excepción de los programas de formación, los gastos de funcionamiento sólo podrán cubrirse en general en su fase de lanzamiento y de manera decreciente.

3. Se intentará obtener una contribución financiera de las entidades asociadas que se definen en el artículo 5 para cada acción de cooperación. Dicha contribución se modulará según las posibilidades de las entidades asociadas de que se trate y en función del carácter de cada acción.

4. Se recabará una contribución financiera de los asociados locales, en particular en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, y especialmente en el caso de los proyectos destinados a poner en marcha actividades de carácter permanente, con el fin de asegurar la viabilidad de tales proyectos una vez concluida la financiación comunitaria.

5. Se podrán buscar posibilidades de cofinanciación con otros proveedores de fondos, especialmente con los Estados miembros.

6. La Comisión se asegurará de que se pone de manifiesto el carácter comunitario de las ayudas suministradas con arreglo al presente Reglamento.

7. Con objeto de lograr los objetivos de coherencia y de complementariedad contemplados por el Tratado y a fin de garantizar una eficacia óptima de todas estas acciones, la Comisión podrá tomar todas las medidas de coordinación necesarias, entre las que se contará, en particular:

a) un sistema de intercambio y análisis sistemático de información sobre las acciones financiadas o cuya financiación esté prevista por la Comunidad y los Estados miembros;

b) la coordinación en el lugar de realización de las acciones, mediante reuniones periódicas e intercambios de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros en el país beneficiario.

8. Con objeto de alcanzar el mayor impacto posible a escala global y nacional, la Comisión, en relación con los Estados miembros, adoptará cualquier iniciativa necesaria para garantizar una adecuada coordinación y una estrecha colaboración con los países beneficiarios, así como con los proveedores de fondos y otros organismos internacionales interesados, en particular los pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y, más concretamente, el PFNUFID.

Artículo 7

La ayuda financiera con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones.

Artículo 8

El importe de referencia financiera para la ejecución del presente programa para el período 1998 2000 será de 30 millones de ecus.

La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose a las perspectivas financieras.

Artículo 9

1. La Comisión se encargará de la evaluación, aprobación y gestión de las acciones mencionadas en el presente Reglamento, de conformidad con los procedimientos presupuestarios y otros vigentes, y especialmente los previstos en el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. La evaluación de los proyectos y programas tendrá en cuenta los factores siguientes:

- la eficacia y la viabilidad de las acciones,

- los aspectos culturales, sociales, relativos a la igualdad entre los sexos y medioambientales,

- el desarrollo institucional necesario para alcanzar los objetivos de los proyectos,

- la experiencia obtenida de operaciones similares.

3. Las decisiones relativas a las acciones cuya financiación con arreglo al presente Reglamento supere los 2 millones de ecus por acción, así como cualquier modificación de dichas acciones que suponga un incremento superior al 20 % de la cantidad aprobada inicialmente par la acción en cuestión, se adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10.

La Comisión informará sucintamente al comité a que se refiere el artículo 10 de las decisiones de financiación que se proponga adoptar respecto de los proyectos y programas de un valor inferior a 2 millones de ecus. Dicha información tendrá lugar a más tardar una semana antes de la toma de decisión.

4. La Comisión estará autorizada para aprobar, sin recurrir al dictamen del Comité al que se refiere el artículo 10, los compromisos suplementarios necesarios para la cobertura de rebasamientos previsibles o registrados en relación con estas acciones, cuando el rebasamiento o la necesidad adicional sea inferior o igual al 20 % del compromiso inicial fijado por la decisión de financiación.

5. Todos los convenios o contratos de financiación celebrados con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrán, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán proceder a controles in situ de conformidad con los procedimientos habituales definidos por la Comisión con arreglo a las disposiciones vigentes, en particular las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

6. En caso de que las acciones se plasmen en convenios de financiación entre la Comunidad y el país beneficiario, éstos estipularán que los pagos de impuestos, derechos o cualquier otra carga no sean financiados por la Comunidad.

7. La participación en las licitaciones y contratos estará abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y del Estado beneficiario. Podrá ampliarse a otros países en desarrollo.

8. Los suministros serán originarios de los Estados miembros, del Estado beneficiario o de otros países en desarrollo. En casos excepcionales debidamente justificados, los suministros podrán ser originarios de otros países.

9. Se prestará especial atención:

- a la búsqueda de una relación coste-eficacia satisfactoria y de un impacto sostenible en la concepción del proyecto,

- a una definición clara, para todos los proyectos, de los objetivos y de los indicadores de realización, así como a su control.

Artículo 10

1. La Comisión estará asistida por el Comité para el desarrollo que sea competente en función de la región geográfica de que se trate.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si transcurrido un plazo tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas.

3. Se procederá, una vez al año, a un intercambio de opiniones sobre la base de las orientaciones generales presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a llevarse a cabo en el año siguiente, en el marco de una reunión conjunta de los Comités contemplados en el apartado 1.

Artículo 11

1. Al término de cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que incluirá un resumen de las acciones financiadas a lo largo del ejercicio, así como una evaluación de la ejecución del presente Reglamento durante dicho ejercicio.

El resumen contendrá, en particular, información sobre los agentes con los que se hayan celebrado contratos.

2. La Comisión procederá periódicamente a evaluar las acciones financiadas por la Comunidad, al objeto de establecer si se han alcanzado los objetivos previstos por las mismas y de suministrar orientaciones para la mejora de la eficacia de las futuras acciones. La Comisión presentará al Comité a que se refiere el artículo 10 un resumen de las evaluaciones realizadas que podrían, en su caso, ser examinadas por éste. Los informes de evaluación estarán a disposición de los Estados miembros que lo soliciten.

3. La Comisión informará a los Estados miembros, a más tardar en un plazo de un mes tras su decisión, de las acciones y proyectos aprobados, con indicación de su importe, naturaleza, país beneficiario y asociados.

Artículo 12

1. El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, una evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el marco del presente Reglamento, junto con sugerencias relativas al futuro del presente Reglamento y, en caso necesario, de propuestas de modificación o de derogación del mismo.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el . . .

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO n° C 242 de 19. 9. 1995, p. 8.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de abril de 1996 (DO n° C 141 de 13. 5. 1996, p. 258), Posición Común del Consejo de 22 de noviembre de 1996 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) DO n° C 102 de 4. 4. 1996, p. 4.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. La Comisión transmitió al Consejo, mediante carta con fecha 4 de septiembre de 1995, una propuesta de Reglamento (1) relativo a la cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía. Dicha propuesta se basa en el artículo 130 W del Tratado CE.

2. El 19 de abril de 1996, el Parlamento Europeo emitió su Dictamen (2) en primera lectura sobre la propuesta.

3. Mediante carta con fecha 3 de octubre de 1996, la Comisión transmitió al Consejo una propuesta modificada como consecuencia del Dictamen del Parlamento Europeo y en aplicación del apartado 2 del artículo 189 A del Tratado (3).

4. El 22 de noviembre de 1996, el Consejo adoptó su Posición común de conformidad con el artículo 189 C del Tratado.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La propuesta tiene como objetivo crear una base jurídica para la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto y destinados a financiar acciones realizadas en el ámbito de la cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

i) Modificaciones aportadas por el Consejo a la propuesta modificada de la Comisión

Las modificaciones aportadas por el Consejo pretenden fundamentalmente especificar que el objetivo del Reglamento pertenece al ámbito de la cooperación para el desarrollo. Para ello, el Consejo juzgó oportuno añadir en el inicio del preámbulo tres considerandos en que se pone de relieve la relación entre la lucha contra la droga y la toxicomanía por un lado, y la política comunitaria para el desarrollo, por otro lado. Asimismo incluyó un considerando con una referencia explícita a los derechos humanos.

En este mismo sentido, el Consejo aportó algunas precisiones a la redacción del artículo 1. Además introdujo un nuevo artículo 2 que pone de relieve el carácter complementario de las acciones. Por lo que se refiere a los artículos 3 y 4, el Consejo estimó útil sintetizarlos hasta cierto punto, a la vez que se completa el artículo 3 mediante un refuerzo del cometido de la población local.

Por lo que se refiere a los artículos siguientes (artículos 5 a 12), el Consejo decidió ajustar su texto básicamente a disposiciones paralelas ya aprobadas para otros reglamentos. Ello se refiere en concreto a las disposiciones relativas a los socios de cooperación (artículo 5), la complementariedad y la coordinación (artículo 6), la información ex-ante (artículo 9), los aspectos de comitología (artículo 10) así como a la información ex-post (artículo 11). Por lo que al artículo 12 se refiere, el Consejo consideró oportuno mencionar explícitamente la posibilidad de poner un término al Reglamento.

Además, el Consejo incluyó un artículo que incluye un importe de referencia financiera (artículo 8) siguiendo asimismo en este caso el ejemplo de otros reglamentos aprobados recientemente.

ii) Enmiendas del Parlamento

El Consejo incorporó en su Posición común una parte importante de las enmiendas del Parlamento. Sin embargo, en determinados casos, y para tener en cuenta la opinión de la Comisión el Consejo a la vez que aprobó totalmente o en parte el fondo de la enmienda, desplazó ésta en el texto o modificó su redacción. El Consejo tomó en consideración en concreto las enmiendas números 1 (quinto considerando), 3 (artículo 1), 4 (artículo 1 ) con algunas precisiones de redacción, 5 (elementos primero y tercero y segundo párrafo del artículo 3) con modificaciones de redacción, 6 (parte introductoria del primer párrafo del artículo 4), 8 (primer elemento y tercer guión del artículo 4, con supresión de la referencia al Grupo de Dublín), 33 (último elemento y segundo guión del artículo 4).

Por lo que se refiere a las enmiendas nos 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21 y 24, el Consejo no estimó conveniente su incorporación al texto.

Las demás enmiendas, que no fueron acogidas favorablemente por la Comisión, no fueron mantenidas.

(1) DO n° C 242 de 19. 9. 1995, p. 8.

(2) DO n° C 141 de 13. 5. 1996, p. 258.

(3) DO n° C 326 de 31. 10. 1996, p. 3.