ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
I.

Considerando que los Gobiernos de Myanmar/Birmania y Bangladés han firmado un memorando de entendimiento no vinculante que debería garantizar un retorno seguro a los refugiados rohinyás que huyeron de Bangladés; que la VP/AR ha declarado que la firma del memorando de entendimiento representa un importante paso hacia adelante para afrontar una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos de nuestro tiempo; que no está claro cuántos repatriados potenciales rohinyás serán alojados en campamentos y zonas de permanencia temporal; que no hay un plazo claro para el retorno a una seguridad adecuada y una vivienda segura o para el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía;
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Vistos los informes de ONG internacionales sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Polonia, en particular el informe de Amnistía Internacional, de 19 de octubre de 2017, titulado «Poland: On the streets to defend human rights» (Polonia: En la calle en defensa de los derechos humanos) y el de Human Rights Watch, de 24 de octubre de 2017, titulado «Eroding Checks and Balances — Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland» (Erosión de contrapoderes y equilibrios — El Estado de Derecho y los derechos humanos atacados en Polonia),
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Vistos los documentos de síntesis del Gobierno del Reino Unido sobre las cuestiones relativas a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, y en particular el documento, de 26 de junio de 2017, titulado «Safeguarding the position of EU citizens living in the UK and UK nationals living in the EU» (Salvaguardar la situación de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y la de los nacionales del Reino Unido que viven en la UE), y el documento, de 16 de agosto de 2017, titulado «Northern Ireland and Ireland» (Irlanda del Norte e Irlanda),
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Visto el estudio de 2016 de su Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales sobre el papel de la defensa personal en la prevención de la violencia contra las mujeres («Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women», Conocimiento y pericia: el papel de la autodefensa en la prevención de la violencia contra las mujeres), en particular en relación con la pregunta de hasta qué punto puede contribuir la formación en defensa personal a la aplicación del artículo 12 del Convenio de Estambul,
13.

Reconoce que la preparación de nuevos proyectos innovadores puede llevar algunos años, que el BEI está bajo presión para lograr el objetivo de 315 000 millones de euros y que, por lo tanto, no tenía otra opción que iniciar inmediatamente las actividades del FEIE; se muestra, no obstante, preocupado por que hasta ahora el BEI, al aplicar el FEIE, haya recurrido en gran medida a su reserva de proyectos existentes con proyectos de menor riesgo, reduciendo así su propia financiación convencional; expresa el temor de que el FEIE no esté concediendo financiación complementaria a proyectos innovadores de alto riesgo; subraya que el hecho de que un proyecto sea considerado una actividad especial no implica necesariamente que conlleve riesgos; no obstante, la clasificación de un proyecto como actividad especial también podría ser consecuencia de una estructuración artificialmente arriesgada de su financiación, lo que significaría que los proyectos de muy bajo riesgo también pueden acabar fácilmente convirtiéndose en proyectos de alto riesgo; hace hincapié en que no deben suavizarse los criterios de selección de proyectos con el único fin de alcanzar el objetivo político de 315 000 millones de euros en inversiones movilizadas;
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Vistos los dos estudios de STOA titulados «E-public, e-participation and e-voting in Europe — prospects and challenges: final report» (Público electrónico, participación electrónica y votación electrónica. Perspectivas y retos: informe final), de noviembre de 2011, y «Technology options and systems to strengthen participatory and direct democracy» (Opciones y sistemas tecnológicos para reforzar la democracia participativa y directa), que se publicará en 2017,
E.

Considerando que «[a] fin de asegurar la participación adecuada del Parlamento Europeo y del Consejo en la segunda fase de aplicación del mecanismo de reciprocidad, habida cuenta de la naturaleza política particularmente sensible de la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales de terceros países afectados enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 y de sus implicaciones horizontales para los Estados miembros, los países asociados de Schengen y la Unión misma, en particular para sus relaciones exteriores y para el funcionamiento general del espacio Schengen, [se delegaron] en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con determinados elementos del mecanismo de reciprocidad», incluida la suspensión de la exención de la exigencia de visado a los nacionales del tercer país de que se trate;
5.

Considera fundamental para depositantes, inversores y supervisores que se aborde la excesiva variabilidad de las ponderaciones de riesgo aplicadas a los activos ponderados por riesgo de la misma clase de las diferentes entidades; recuerda que las normas actuales que regulan el uso de modelos internos prevén un nivel de flexibilidad significativo para los bancos y añaden una capa de riesgo desde el punto de vista de la supervisión; celebra, a este respecto, la labor realizada por la ABE para armonizar los principales supuestos y parámetros, cuya divergencia se ha identificado como uno de los principales impulsores de la variabilidad, así como la labor realizada respecto de la supervisión bancaria del BCE en el marco del proyecto sobre la revisión específica de los modelos internos (TRIM — Targeted Review of Internal Models) del BCE, con objeto de evaluar y confirmar la adecuación e idoneidad de los modelos internos; anima a que sigan produciéndose avances en estas líneas de trabajo; aguarda los resultados del trabajo realizado a escala internacional para integrar el recurso a los modelos internos por lo que se refiere al riesgo operativo y los préstamos a empresas, otras entidades financieras y bancos especializados en finanzas y acciones, a fin de restablecer la credibilidad de los modelos internos y garantizar que se centren en los ámbitos en los que aportan valor añadido; celebra asimismo la introducción de un coeficiente de apalancamiento que actúe como sólido mecanismo de protección, en particular para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM); destaca la necesidad de un enfoque normalizado más sensible a los riesgos para velar por el respeto del principio «para los mismos riesgos, las mismas normas»; pide a los supervisores financieros que solo permitan los nuevos modelos internos cuando no conduzcan a ponderaciones de riesgo significativamente más bajas injustificadas; reitera las conclusiones recogidas en su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III; recuerda, en particular, que las modificaciones previstas del marco regulador no deben redundar en un aumento general de los requisitos de capital ni perjudicar la capacidad de las entidades bancarias para financiar la economía real, en particular las pymes; destaca que la labor internacional debe respetar el principio de proporcionalidad; recuerda la importancia de no penalizar indebidamente el modelo bancario de la Unión y evitar la discriminación entre los bancos de la Unión y los bancos internacionales; pide a la Comisión que garantice que se considerarán las especificidades europeas cuando se desarrollen nuevas normas internacionales en este ámbito, y que tenga debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad y la existencia de diferentes modelos bancarios cuando evalúe el impacto de la futura legislación por la que se apliquen las normas acordadas a nivel internacional;
N.

Considerando que el artículo 22 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 permite la aprobación de sustancias activas con la calificación de sustancias activas de bajo riesgo para aquellas que cumplen los criterios generales de aprobación y los criterios específicos de bajo riesgo mencionados en el punto 5 del anexo II; que el artículo 47 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 estipula que los productos fitosanitarios que contengan solo sustancias activas de bajo riesgo, no contengan ninguna sustancia potencialmente peligrosa, no requieran medidas específicas de mitigación de riesgos y sean suficientemente eficaces, se autorizarán como productos fitosanitarios de bajo riesgo;
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Visto el informe de ASEAN Parliamentarians for Human Rights (Parlamentarios a favor de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental), de abril de 2015, titulado «The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action» (La crisis de los rohinyás y el riesgo de que se cometan atrocidades en Myanmar/Birmania: un reto para la ASEAN y un llamamiento a la acción),
13.

Subraya que, al no tener ya Europa el pleno control de su entorno de seguridad y no ser quien elige el momento y el lugar de acción, la Unión, a través de misiones de la PCSD y de operaciones y otros instrumentos pertinentes, debe ser capaz de intervenir en todos los ámbitos de la gestión de crisis, en particular la prevención y la resolución de crisis, abarcando todas las etapas del ciclo de conflicto, tomando parte plenamente en el mantenimiento de la seguridad de Europa y garantizando la seguridad y la defensa comunes de todo el espacio de libertad, seguridad y justicia; alienta al Consejo Europeo a que comience a desarrollar la política común de seguridad y defensa para transformarla en una defensa común, según lo previsto en el artículo 42, apartado 2, del TUE; considera que uno de los objetivos principales de la PCSD debe ser reforzar la resiliencia de la Unión;
—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1010/2009 de la Comisión, que establece normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada,
23.

Insta a la Unión a que coopere estrechamente con Unicef, el ACNUR y todas las organizaciones e instituciones internacionales competentes para hacer todo lo necesario a fin de reforzar las capacidades de protección de los menores migrantes y sus familias, independientemente de su estatuto de migrantes y a lo largo de todo el proceso, financiando programas de protección, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de establecimientos educativos y asistencia sanitaria, poniendo a disposición espacios específicos para los niños y apoyo psicológico, garantizando la identificación de los lazos familiares y la reunificación de los niños no acompañados o separados de sus familias y aplicando los principios de no discriminación, no criminalización, no detención, no devolución, no aplicación de sanciones indebidas, reunificación familiar, protección física y legal y derecho a la identidad;
51.

Acoge con satisfacción la labor esencial del Comité de diálogo social sectorial en el sector de los servicios postales, y destaca el proyecto puesto en marcha por los interlocutores sociales europeos bajo la denominación «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector»;
65.

Pide que se preste más atención a las víctimas en los procesos penales; pide a las autoridades competentes que no retengan a las víctimas de la trata y que no las pongan en peligro de ser castigadas por delitos cometidos en el contexto de su situación como víctimas de la trata, en particular en los casos de prostitución o de cualquier otra forma de explotación sexual o trabajo forzoso; recuerda que los Estados miembros deben respetar el principio de no criminalización;
C.

Considerando que el 25 de abril de 2016 el Comité de Reglamentación no emitió ningún dictamen y que siete Estados miembros, que representaban el 7,84 % de la población, votaron en contra del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, seis Estados miembros, que representaban el 46,26 % de la población, se abstuvieron, once Estados miembros, que representaban el 36,29 % de la población, votaron a favor y cuatro Estados miembros no estaban representados;
6.

Manifiesta su convencimiento de que mientras China no cumpla los cinco criterios de la Unión exigidos para calificarla como economía de mercado, la Unión debe aplicar una metodología no estándar en sus investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones chinas en cuanto a la fijación de una comparabilidad de precios, de acuerdo y dando plena validez a aquellas partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China que dejan margen para aplicar un método no estándar; solicita a la Comisión que presente una propuesta con arreglo a este principio;
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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (2),
18.

Considera que el proceso de reforma constitucional debe conducir a una sociedad laica, pluralista, incluyente y tolerante; destaca que una nueva Constitución debería basarse en un amplio consenso de todo el espectro político y de la sociedad en su conjunto, con pleno respeto de los derechos de las minorías, independientemente de los orígenes culturales o religiosos, ofreciendo de este modo una base sólida para las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; insta a Turquía a que respete plenamente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de las minorías étnicas y religiosas; hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas legislativas amplias contra la discriminación, que prohíban la discriminación y la incitación al odio por motivos de origen étnico, religión, orientación sexual, género o identidad de género, y de incluir la prohibición de este tipo de discriminaciones en una nueva Constitución; subraya que ello no debe impedir a Turquía que conceda derechos específicos a los ciudadanos sobre la base de su origen étnico, su religión o su lengua, a fin de que puedan preservar su identidad; señala, a este respecto, que es necesario adoptar medidas adicionales para hacer frente a los problemas que afectan a los miembros de la minoría griega, en particular en lo que se refiere al derecho a educación y al derecho de propiedad; insta a las autoridades turcas a que adopten medidas de carácter judicial contra las personas y los organismos responsables de cualquier tipo de delito motivado por el odio, incluido el antisemitismo, tal y como se recogía en el paquete de medidas para la democratización adoptado por el Gobierno; condena la actitud pasiva del Gobierno turco en relación con las serias amenazas contra los cristianos y sus clérigos en los medios sociales; confía en que el Gobierno turco dé a todos los ciudadanos turcos un trato exento de prejuicios respecto de sus creencias religiosas; pide a las autoridades turcas, en vista de que Turquía alberga la población de la minoría romaní más numerosa del mundo, que aplique medidas concretas y efectivas para alcanzar de facto la igualdad de derechos para los romaníes en la sociedad turca y mejorar su situación, dedicando una atención especial a los niños romaníes y a la inclusión de las mujeres romaníes;
—

Visto el documento de trabajo de la OCDE, de 9 de diciembre de 2014, sobre las tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth),
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Visto el informe de la Comisión, de abril de 2015, titulado «Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground — A summary report of key achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» (Pilotando las asociaciones de la Garantía Juvenil sobre el terreno — Informe de síntesis sobre los logros y las lecciones clave de la acción preparatoria del Parlamento Europeo sobre la Garantía Juvenil),
67.

Destaca que la inversión permanente en capital humano y competencias y, en particular, en la recualificación de la mano de obra existente y de los trabajadores no cualificados es fundamental para luchar contra el desempleo de larga duración y ofrecer un acceso más amplio a empleos de calidad; pide a la UE que establezca objetivos claros sobre los métodos de aprendizaje permanente para las competencias deficitarias y amplíe la oferta de formación y educación en los ámbitos de la comunicación, las lenguas y las competencias digitales para los trabajadores mayores y, en particular, para los trabajadores poco cualificados mayores de 30 años, así como para quienes hayan abandonado la escuela prematuramente;
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Visto el estudio del Departamento Temático C del Parlamento Europeo, titulado «Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action» (Estudio sobre la evaluación de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 como contribución para lograr los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing), publicado en 2014,
D.

Considerando que, en su Nota sobre el proyecto de prioridades políticas de investigación (PPI) de la OLAF para 2015, el CV observó que la OLAF no había tenido en cuenta las tres recomendaciones formuladas en el Dictamen no 1/2014 del CV: i) el director general de la OLAF no había formulado recomendaciones sobre la aplicación de los principios de selección derivados del Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 (utilización eficiente de los recursos, proporcionalidad/subsidiariedad, valor añadido) y, en lugar de revisar los indicadores financieros para adaptarlos a la realidad de los programas de gasto, los había suprimido por completo; ii) el proyecto de PPI para 2015 parecía tener en cuenta varios documentos de las partes interesadas, pero al parecer no había habido diálogo alguno con las partes interesadas sobre los indicadores financieros ni sobre el posible seguimiento de los casos en los que había sospechas suficientes de fraude pero que se habían abandonado en virtud de las PPI o los principios de selección; iii) el director general de la OLAF no había transmitido al CV una evaluación de la aplicación de las PPI precedentes ni un resumen de los comentarios de las partes interesadas, pese a haberse comprometido previamente a hacerlo;
8.

Celebra que, desde 2012, doce organizaciones sindicales hayan recibido sus respectivas licencias; recuerda que no deben hacerse maniobras administrativas para denegar el reconocimiento jurídico a los sindicatos independientes que intentan operar fuera de la organización actual de sindicatos; pide a las autoridades argelinas que permitan a los nuevos sindicatos darse de alta legalmente y que cumplan los Convenios establecidos por la OIT que han sido ratificados por Argelia, en particular el Convenio no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio no 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva;
K.

Considerando que, debido a la naturaleza del delito y a la edad de las víctimas, la mayoría de los ámbitos de explotación y abuso sexual de menores adolecen en mayor medida que en el caso de otras formas de delincuencia de escasez crónica de denuncias a las autoridades con funciones coercitivas; que, por lo tanto, los datos disponibles sobre el número de delitos cometidos no reflejan con exactitud el alcance del problema; que, según información facilitada por organizaciones no gubernamentales sobre páginas web que contienen material relacionado con abusos de menores, más del 80 % de las víctimas son menores de 10 años; que los datos de la International Association of Internet Hotlines (Asociación Internacional de Líneas Directas de Denuncia de Internet) evidencian un incremento del número de víctimas infantiles de abusos sexuales, así como de los abusos de carácter extremo y sádico;
9.

Señala que las recomendaciones de la Comisión destinadas a los Estados miembros en 2011 — en particular, a propósito de las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas señaladas, la recuperación de los importes irregulares, el control del resultado de las investigaciones penales y la mejora de sus estadísticas sobre el fraude — eran apropiadas en su conjunto, y lamenta que algunas recomendaciones no se hayan tenido plenamente en cuenta; pide a los Estados miembros que den seguimiento a las recomendaciones de la Comisión formuladas en 2011 y 2012, que garanticen un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones formuladas en su informe de 2012 y que proporcionen una explicación razonada para aquellos casos en los que no han sido capaces de poner en práctica dichas recomendaciones;
5.

Recuerda la necesidad de establecer un equilibrio adecuado entre la transparencia y la protección de datos, como queda de manifiesto en la jurisprudencia del asunto Bavarian Lager, y subraya que no se debe «abusar» de la protección de datos, en particular no con el fin de tapar los conflictos de intereses y la influencia indebida en el marco de la administración y la toma de decisiones de la UE; señala que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bavarian Lager se basa en la redacción actual del Reglamento (CE) no 1049/2001 y no impide cambiar sus términos, lo que resulta necesario y urgente, sobre todo en vista de que los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales proclaman claramente el derecho de acceso a los documentos;
23.

Destaca que el acceso a la financiación, en particular para las PYME, es uno de los principales obstáculos al crecimiento en la UE; estima que se necesitan más alternativas a la financiación bancaria mediante una asignación más eficiente del capital a través de los mercados de capital, la estimulación de la inversión a largo plazo y la plena utilización de los instrumentos financieros nuevos e innovadores de la UE diseñados para respaldar el acceso de las PYME a los mercados de capital; considera que la realización de la unión bancaria debería mejorar el acceso a la financiación y crear unas condiciones de igualdad en el acceso de las PYME a la financiación; subraya la necesidad de limitar aún más la carga administrativa para las PYME y de no perder de vista el principio de proporcionalidad a la hora de elaborar los regímenes reglamentarios; cree que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede tener un papel todavía más activo a la hora de facilitar el acceso de la economía real a la financiación; considera que las propuestas sobre financiación del BEI presentadas en los últimos Consejos, en particular las relativas a la financiación de las PYME, pueden y deben ser más ambiciosas;
8.

Recuerda que en la mayoría de las hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, la adecuada integración de la generación de energías renovables distribuida no será viable sin el desarrollo de redes inteligentes de distribución de electricidad a escala local y regional, dado, en particular, que crean vínculos de información y vínculos de suministro eléctrico entre las zonas de desarrollo socioeconómico local, permitiendo una gestión flexible y la capacidad de apoyo necesaria para las fuentes de energía intermitentes; pide, por lo tanto, que se dé más importancia a las redes de distribución; subraya, no obstante, que el desarrollo de redes inteligentes está relacionado con un transporte eficiente de la energía desde su lugar de producción hasta el lugar de su consumo final; señala, no obstante, que el valor añadido de las redes inteligentes es aún más elevado cuando establecen comunicación a una escala más amplia, por ejemplo a escala nacional o incluso europea, ya que el control de la demanda de electricidad a esta escala permite, por su expansión, disponer de más posibilidades de eliminación del consumo (recursos de consumo) cuando la producción local es demasiado baja (o demasiado elevada);