N° C 207/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 8. 86 
— los demás países en vías de desarrollo, 
y teniendo en cuenta con relación a estos países, actitudes 
de otros países industrializados, por ejemplo: Estados 
Unidos, Japón, Australia y Canadá. 
51. El Comité aprueba el principio del mantenimiento: 
— de la cláusula de salvaguardia llamada mecanismo de 
«salida» (reintroducción de cuotas), 
— de la cláusula «antisurge» (productos sometidos a 
cuotas debidas a un incremento demasiado elevado de 
las importaciones). 
52. No obstante, el Comité espera que el comportamien­
to de todos los miembros permita limitar el recurso a estas 
cláusulas e insiste para que — si se impusiese una aplicación 
— se proceda a una consulta lo más amplia posible de las 
partes interesadas. 
53. El Comité destaca la importancia, para todos los 
países que participan en el Acuerdo Multifibra, de 
intervenir para que se respete la propiedad de las marcas, 
diseños y modelos (') 
(J) Véase a este respecto el dictamen del Comité Económico y 
Social referente a la propuesta de Reglamento (CHE) del 
Consejo por la que se establecen las medidas para desalentar la 
libre circulación de mercancías falsificadas (DO n° C 218 del 
29.8. 1985). 54. Estos países deben abstenerse de toda práctica de 
dumping y de comportamiento desleal, ya que se trata de un 
sector de actividad sensible tanto en los países industrializa­
dos como en los países en vías de desarrollo. 
55. El Comité Económico y Social insiste especialmente 
en la oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo en 
el sector textil en todos los países en vías de desarrollo, (en 
el sentido más amplio). Efectivamente, los trabajadores de 
este sector están frecuentemente sometidos a pésimas 
condiciones salariales y del trabajo (calor, ruido, polvo, 
duración del trabajo, contratación de niños, falta de 
libertades sindicales). 
El Comité solicita la introducción en los acuerdos 
bilaterales de disposiciones relativas a la aplicación de 
normas de trabajos equitativas tales como la Organización 
Internacional del Trabajo las define. 
56. Por último, el Comité Económico y Social insiste 
para que los negociadores de la Comunidad tengan en 
cuenta las consecuencias de la adhesión de Portugal, así 
como las disposiciones particulares que la Comunidad ha 
tomado respecto a los países mediterráneos. 
Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Gerd MUHR 
Dictamen sobre las repercusiones de la política agrícola común en la situación de los 
asalariados del sector agrícola en la Comunidad Económica Europea 
(86/C 207/14) 
El Comité Económico y Social decidió el 18 de diciembre de 1985, conforme a las disposiciones del 
artículo 20, cuarto párrafo del reglamento interior, elaborar un dictamen de iniciativa sobre las: 
« Repercusiones de la PAC en la situación social de los asalariados del sector agrícola en la 
CEE» (i). 
El informe elaborado por la Sección de Agricultura sobre este tema (preparado por: el Sr. Lojewski) 
ha servido de documento de base, el 18 de diciembre de 1985. 
El Comité, encargado de la preparación de los trabajos en la materia, ha emitido su dictamen el 7 de 
mayo de 1986, basado en el informe del Sr. Lojewski. 
El Comité Económico y Social, durante su 237a sesión plenaria (sesión del 21 de mayo de 1986) ha 
adoptado por unanimidad el siguiente dictamen: 
(') El presente dictamen se refiere a la situación de los trabajadores asalariados en el sector de la agricultura y de 
la industria de primera transformación. 
18. 8. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 207/43 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité recuerda que el artículo 39 del Tratado 
de Roma asigna como objetivo de la política agrícola 
común la mejora de la situación social de todos aquellos 
que trabajan en la agricultura. 
1.2. La discusión actual sobre la necesidad de empren­
der con toda urgencia una revisión de la política agrícola 
común suscita preocupaciones en el mercado del trabajo y 
particularmente el hecho de que los intereses de los 
trabajadores del sector agrícula y de la industria alimenticia 
de primera transformación podrían seguir no siendo 
tenidas en cuenta suficientemente en el marco de la política 
agrícola común. Esta preocupación se funda igualmente en 
las conclusiones a las que llegó la Comisión, tras unas 
consultas en el marco del « Libro verde », en su documento 
«Un futuro para la agricultura Europea». 
1.3. El Comité lamenta que a pesar de la llamada 
lanzada durante la « conferencia sobre los aspectos sociales 
de la política agrícola común », que tuvo lugar en Roma en 
1961, y las proposiciones hechas en este sentido por la 
Comisión en 1979, la Comunidad no haya, hasta ahora, 
hecho lo necesario para que la crítica emitida en aquel 
momento respecto a la insuficiencia de documentos 
disponibles « sobre la amplitud y alcance de una serie de 
problemas sociales de los trabajadores del sector agrícola », 
no sea, en lo sucesivo, justificada. 
1.4. El Comité es de la opinión de que una política 
agrícola verdaderamente adecuada sólo puede ser puesta en 
marcha a partir de unas informaciones fiables. Por ello, el 
Comité no concibe que la ausencia de un sistema integrado 
de información sobre la situación social de los trabajadores 
agrícolas sea motivo suficiente para seguir descuidando los 
intereses de los trabajadores en el marco de la revisión de la 
PAC. 
1.5. El informe sobre este mismo tema adoptado 
durante la sesión plenaria del Comité de 18 de diciembre de 
1985 sintetizaba los datos ya disponibles, concretizaba 
ciertos problemas y enunciaba unas primeras conclusiones. 
Durante las deliberaciones concernientes al presente 
dictamen, el Comité se apoyó principalmente en el 
contenido del mencionado informe, el cual será completa­
do con las informaciones correspondientes procedentes de 
España y Portugal, en el marco del informe anexo al 
presente dictamen. 
2. Situación de los agricultores 
2.1. En la Comunidad la utilización de trabajadores en 
la agricultura ha sufrido cambios profundos en el curso de 
las tres últimas décadas. Estos cambios son esencialmente 
el resultado de: 
a) la evolución de las condiciones económicas generales; 
b) la creciente integración de la agricultura en el resto de la 
economía; 
c) las tendencias, reforzadas por las medidas de política 
agrícola, a la especialización y la intensificación de la 
producción. 2.2. La mano de obra no familiar permanente ha 
disminuido en alrededor del 70 % a lo largo de este 
período, la estructura de la edad de la mano de obra 
restante hace presagiar para la década próxima un nuevo 
descenso de unas 300 000 unidades de la mano de obra de 
dedicación exclusiva, que ya sólo contará con 350 000 
personas. En este contexto es de temer que la crisis del 
empleo en la Comunidad y el deterioro de las rentas 
agrícolas, no conduzcan al aumento de los empleos de 
dedicación parcial, al desarrollo de los trabajos de 
temporada y ocasionales y por lo tanto, a una nueva 
debilitación de la protección social de los que, en ausencia 
de otras posibilidades de empleo, se ven forzados al trabajo 
agrícola para subsistir. Desde hoy mismo, el número de 
personas que obtienen ingresos de la agricultura, (cuya 
protección social es insuficiente), sólo ocasionalmente 
sobrepasa el de la mano de obra de dedicación exclusiva, 
que cuenta con los beneficios de un régimen contractual. 
2.3. En Italia, especialmente en el sur del país, se puede 
hablar, basándose en los documentos suministrados por el 
Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNET) y 
por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INSOR), 
de una evolución del trabajo agrícola hacia el trabajo de 
dedicación parcial u ocasional. En este contexto se plantean 
a veces graves problemas por lo que se refiere a los métodos 
ilegales de contratación, a las condiciones de trabajo y a la 
protección social. 
2.4. Hoy en día, debido a la evolución tecnológica y al 
desplazamiento de actividades típicamente propias de la 
explotación hacia establecimientos especializados del 
exterior, se exige de la mano de obra de dedicación 
exclusiva restante, un nivel de calificación y de disponibili­
dad, con frecuencia totalmente desproporcionado a la 
retribución ofrecida. 
2.5. La situación social de los trabajadores del sector 
agrícola se caracteriza, además, por unas condiciones de 
alojamiento a veces precarias, por unas posibilidades 
restringidas de formación y perfeccionamiento, por 
dificultades estructurales que ponen obstáculos a una 
representación política eficaz, así como por períodos de 
trabajo superiores a la media y debido a los bajos salarios, 
por el bajo nivel de los subsidios de desempleo y las 
pensiones. 
2.6. Las condiciones de trabajo, frecuentemente, están 
marcadas por múltiples factores físicos y psíquicos de 
stress: exceso de trabajo, monotonía, ruido, condiciones 
atmosféricas, polvo, vibraciones, substancias peligrosas, 
etc., que, además, son acumulativas. 
2.7. Las medidas de limitación de la producción ya en 
vigor y las que lo estarán en el futuro, atañen en primer 
lugar a los trabajadores del sector agrícola y a los de la 
primera transformación de productos agrícolas. En la 
mayor parte de los casos esta categoría no se beneficia aún 
de unas medidas sociales adoptadas en el marco de la 
política agrícola común que sean comparables a las de los 
agricultores. 
2.8. Una evaluación siquiera aproximativa de las 
perspectivas económicas y agrícolas lleva necesariamente a 
la conclusión de que la situación de los asalariados 
agrícolas y los de la primera transformación, no tienen 
N° C 207/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 8. 86 
grandes posibilidades de evolucionar favorablemente. La 
demanda interior y las posibilidades de exportación están 
estancadas, la evolución económica general sólo ofrecerá 
probablemente, posibilidades insuficientes de actividades 
de reemplazo y la evolución agro-técnica continuará 
teniendo repercusiones negativas en el empleo y en la 
agricultura. Queda por averiguarse en qué medida la 
demanda industrial de materias primas agrícolas y las 
exigencias crecientes de la sociedad por lo que se refiere a la 
valorización de la tierra (especialmente en materia de 
protección de la naturaleza y del medio ambiente), pueden 
contribuir a estimular la demanda de mano de obra 
agrícola. 
2.9. En este contexto, el Comité espera que las 
instituciones comunitarias satisfagan en mayor medida, en 
el marco de la aplicación de la política agrícola, su 
compromiso de respetar los intereses de todos aquellos que 
trabajan en la agricultura. 
3. Medidas dirigidas a la mejora de la situación social de 
los asalariados ocupados en la agricultura y la industria 
agroalimentaria en su primer estadio de transforma­
ción 
3.1. El Comité juzga indispensable que toda decisión de 
política agrícola sea especialmente examinada con respecto 
a su impacto sobre los asalariados de la agricultura y los del 
primer estadio de transformación, así como sobre el 
conjunto del mercado del trabajo. 
3.2. A fin de mejorar el conocimiento de la situación de 
los trabajadores del sector agrícola en la Comunidad 
Económica Europea, resulta justificada la elaboración 
inmediata de un sistema integrado de información social. A 
este respecto, el Comité invita a la Comisión a tomar 
contacto con los servicios relacionados. Este sistema 
debería, en particular, suministrar datos sobre los 
asalariados, los períodos de trabajo, las condiciones de 
empleo, la edad y calificación de los trabajadores, la 
seguridad y la higiene en el trabajo, la evolución del 
mercado de trabajo y la seguridad social. 
3.3. El objetivo esencial de una revisión de la política 
agrícola común debería ser crear estructuras de producción 
y unidades de explotación viables a largo plazo, a fin de 
poder ofrecer empleos seguros y condiciones de trabajo 
aceptables, tanto a los asalaridos de la agricultura como a 
los del primer estadio de transformación. 
3.4. Medidas de formación y de perfeccionamiento 
apropiadas deben permitir a los trabajadores agrícolas 
hacer frente a las crecientes exigencias resultantes de la 
evolución tecnológica en los procesos de producción y 
transformación, particularmente en el campo de la 
microelectrónica y la biotecnología. A este respecto, las 
instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales 
deben dar a los responsables sociales, los medios para 
satisfacer las obligaciones sociales que derivan de esta 
evolución y para elaborar soluciones adecuadas en materia 
de política arancelaria. 
3.5. En cuanto a las regiones y las categorías de 
explotación para las cuales el mantenimiento de empleos 
agrícolas no puede ser garantizado a largo plazo, conviene 
elaborar proyectos a medio plazo con vistas a la creación de posibilidades de empleo fuera del sector agrícola. Una vez 
que así sea, será totalmente necesario actuar de manera que 
las posibilidades de empleo existentes y recientemente 
creadas puedan mantenerse como actividades de dedica­
ción exclusiva. Conviene poner fin a cualquier eventual 
discriminación que afecte a los empleados de dedicación 
parcial, en particular a nivel de protección social, medida 
que podría igualmente contribuir a favorecer los empleos 
de dedicación exclusiva. Además debería realizarse un 
mayor esfuerzo para combinar los empleos de temporada y 
las actividades que sean un aval de la agricultura. 
3.6. Conviene instaurar enseguida, a nivel comunitario, 
un sistema de ayudas a la readaptación para los asalariados 
afectados por las medidas absolutamente indispensables de 
la reforma de la política agrícola común. Este programa de 
acompañamiento social debe incluir: 
a) la creación de empleos de reemplazo; 
b) medidas de perfeccionamiento y reciclaje; 
c) reglamentaciones en materia de retiro anticipado. 
El Comité estima a este respecto que los medios financieros 
necesarios — los cuales por otra parte no representarán 
más que una ínfima parte de los recursos asignados a la 
regulación de los mercados agrícolas — deberían, por 
razones de justicia social, ser aprobados prioritariamente 
en el marco de los «gastos presupuestarios obligatorios». 
3.7. El Comité invita igualmente a las instituciones 
comunitarias a poner en marcha una colaboración más 
estrecha entre los organismos nacionales de seguridad 
social en lo que concierne a la protección contra los 
accidentes y la seguridad en el trabajo y a adoptar 
disposiciones comunitarias uniformes en la materia. Con la 
colaboración de las partes sociales, se podría promover el 
desarrollo y la armonización de la protección de los 
asalariados agrícolas contra los licénciamientos. Al 
respecto, la Sección sugiere consultar más frecuentemente 
al Comité paritario, encargado del estudio de los problemas 
sociales de los asalariados agrícolas. 
3.8. Además las instituciones comunitarias deberían, 
por medio de medidas apropiadas, velar por que las 
reestructuraciones, las racionalizaciones y las reducciones 
de costos de explotación, necesarios debido a la revisión de 
la política agrícola común, no se hagan en detrimento de la 
salud de los trabajadores, de la seguridad en el trabajo y de 
la solidaridad dentro de la empresa. 
3.9. Las crecientes exigencias de calificación impuestas 
al trabajador agrícola serán a partir de ahora cada vez más 
difíciles de satisfacer con mano de obra temporera. Se 
impone, por ello, un programa comunitario de desarrollo 
de empleos permanentes y no de temporada. Este programa 
podría englobar: 
a) la atribución de recursos destinados a la diversificación 
de la producción agrícola y ligados a restricciones en 
materia de empleo; 
b) ayudas para la puesta en operación de servicios de 
asistencia a las explotaciones agrícolas a condición de 
que éstas justifiquen unas condiciones mínimas de 
trabajo aceptables; 
c) medidas de perfeccionamiento adecuadas para los 
períodos caracterizados por la existencia de desempleo 
regional. 
18. 8. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 207/45 
Sería deseable instituir en este contexto un servicio oficial 
de consulta agrícola ofreciendo una garantía en materia de 
empleo. La Comunidad podría poner en marcha un 
proyecto en la materia. 
4. Conclusiones 
El Comité es consciente del hecho de que una política 
agrícola orientada casi exclusivamente hacia los agriculto­
res independientes — como la que se ha podido observar 
durante las últimas décadas — puede ser reorientada 
Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 1986. solamente a costa de dificultades considerablemente 
grandes hacia una concepción más global de su impacto 
social. No obstante, el Comité juzga indispensable, 
igualmente para una mayor conformidad con el espíritu del 
Tratado de Roma, que en el marco de la reforma pendiente, 
las medidas de apoyo en beneficio de los trabajadores del 
sector agrícola y a los del primer estadio de transformación 
que están aquí catalogadas, sean de inmediato propuestas 
por la Comisión y adoptadas por el Consejo. Esta será al 
mismo tiempo una manera de que la política agrícola 
europea tenga una mejor acogida entre los consumidores y 
los contribuyentes. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Gerd MUHR