P6_TA(2006)0438

Recuperación de fondos comunitarios

Resolución del Parlamento Europeo sobre la recuperación de los fondos comunitarios (2005/2163(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro blanco de la Comisión sobre la reforma administrativa (COM(2000) 0200) y, concretamente, la medida 96 relativa a la "Gestión más eficaz del proceso de recuperación de fondos indebidamente abonados",

- Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la "Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios" (COM(2002) 0671),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el uso de las disposiciones de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (COM(2006) 0043),

- Vista su Resolución, de 8 de abril de 2003, sobre la aprobación de la gestión 2001 [1] y, en particular, sus apartados 39 a 43,

- Vista su Resolución, de 29 de enero de 2004, sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 2001 [2] y, en particular, sus apartados 7 a 9,

- Vista su Resolución, de 21 de abril de 2004, sobre la aprobación de la gestión 2002 [3] y, en particular, su apartado 7,

- Vista su Resolución, de 12 de abril de 2005, sobre la aprobación de la gestión 2003 [4] y, en particular, sus apartados 83 a 85,

- Vista su Resolución, de 7 de junio de 2005, sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude [5],

- Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [6], y en particular su artículo 72, y la propuesta de modificación de que es objeto, de conformidad con su artículo 184,

- Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo [7], y en particular de su artículo 84 y de su artículo 78, apartado 3, letra f),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de las disposiciones del nuevo Reglamento financiero (COM(2005) 0181),

- Vista la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (COM(2005) 0181),

- Visto el Reglamento (CEE) no 595/91 [8] (especialmente sus artículos 3 y 5 en lo relativo a irregularidades y fraude) y los Reglamentos (CE) no 1469/95 [9], no 515/97 [10] y no 1258/1999 [11],

- Visto el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común [12] (nuevo Reglamento PAC), y en particular su artículo 32,

- Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-87/01P Comisión/CCRE [13],

- Visto el artículo 256 del Tratado CE,

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0303/2006),

A. Considerando que la Comisión todavía no ha puesto en práctica el plan de acción detallado dirigido a cuantificar, identificar o explicar el uso del importe de los intereses y sanciones efectivamente abonadas a las agencias de pagos agrícolas, como se pide en los apartados 39 a 43 de su citada Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2001,

B. Considerando que, en su citada Resolución relativa al seguimiento de la aprobación de la gestión 2001, el Parlamento ha constatado con inquietud la ausencia de este plan detallado y que, por otra parte, los importes de las sumas comunitarias recuperadas en gestión compartida no se inscriben regularmente en el presupuesto de la UE,

C. Considerando la reunión de 30 de marzo de 2006 en Bled organizada por Eslovenia y la OLAF, en la que participaron veterinarios, expertos en materia de salud e investigadores encargados de la lucha contra el fraude, sobre las medidas que deben tomarse para luchar contra el comercio ilegal de productos agrícolas y sobre los riesgos sanitarios para los consumidores que pueden derivarse de ello,

Reglamento financiero

1. Recuerda que el Reglamento financiero prevé que la recuperación de los créditos de la Unión Europea puede obtenerse, a falta de reembolso voluntario por el deudor, mediante la vía judicial o por medio de un título ejecutivo obtenido de conformidad con el artículo 256 del Tratado CE;

2. Acoge favorablemente, en materia de recuperación de créditos, las tres propuestas presentadas por la Comisión en el marco de la modificación del Reglamento financiero de 2002, que fundamentalmente consisten en:

- reconocer un carácter privilegiado a los títulos de crédito comunitarios, asimilándolos a los títulos de crédito de carácter fiscal de los Estados miembros;

- prever un plazo de prescripción de cinco años para la recuperación de los títulos de crédito comunitarios, pudiéndose prolongar este plazo en caso de actuaciones dirigidas a su cobro, lo que dará mayor seguridad tanto a las instituciones como a los deudores;

- asimilar los títulos de crédito comunitarios a los títulos de crédito de carácter civil con arreglo a los instrumentos adoptados en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil (véase los artículos 72, apartado 2, 73 bis y 73 ter de la citada propuesta de Decisión que modifica el Reglamento (CE,Euratom) no 1605/2002);

3. Pide a la Comisión que prepare una revisión del Reglamento financiero y, en particular, de sus normas de desarrollo, para establecer una clasificación patrimonial exacta de los títulos de crédito derivados de los diferentes tipos de pagos comunitarios;

4. Recuerda que esta propuesta está recogida en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero y que, entretanto, en el artículo 105 de dicho Reglamento sobre normas de desarrollo se diferencia entre prefinanciación, pago intermedio y liquidación definitiva del gasto; además, se diferencia entre las prefinanciaciones que se abonen en ejecución de un contrato, con arreglo al artículo 88 del Reglamento financiero, a los Estados miembros o en el marco de los instrumentos de ayuda a la preadhesión, y los anticipos contemplados en el artículo 265 del Reglamento sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero;

5. Observa que debe elaborarse una reglamentación que regule la recuperación de los créditos en caso de que se hayan abonado anticipos, cuando el proyecto deba finalizar por motivos de fuerza mayor u otros motivos; estos casos pueden regularse de forma que, en vez de llevar a cabo la recuperación mediante un crédito seguro y exigible del contratista con la Unión Europea, la recuperación se efectúe mediante otro contrato;

6. Opina que la confianza del beneficiario es, en general, susceptible de protección cuando éste haya consumido el patrimonio o haya realizado disposiciones patrimoniales que no pueda revocar o sólo pueda hacerlo a costa de perjuicios inaceptables; el beneficiario no podrá invocar dicha confianza cuando:

a) haya conseguido la ordenación de los gastos mediante engaño deliberado, amenaza o corrupción;

b) haya conseguido la ordenación de los gastos mediante informaciones esencialmente erróneas o incompletas; y

c) hubiera conocido la ilegalidad de las medidas que hayan originado la ordenación, o no la hubiera conocido por negligencia grave;

7. Observa que la Comisión debe presentar al Parlamento a intervalos regulares una visión de conjunto de los créditos pendientes de reembolso, desglosada según la suma total del importe de los créditos por direcciones generales y antigüedad de los créditos;

8. Considera que los principios de universalidad y veracidad presupuestarias, tal y como se recogen en el Tratado y en el Reglamento financiero, deben ser respetados por las normas de desarrollo y por la legislación sectorial;

9. Considera asimismo que los Estados miembros deben, por encima de todo, demostrar que cumplen con las normas contables internacionales, y que cabe preguntarse si ello puede ser utilizado por la Unión para desarrollar un enfoque común en este aspecto;

10. Indica, además, que, de conformidad con el artículo 78, apartado 1, letra c del Reglamento financiero, el ordenador puede comprobar la conformidad de un gasto con las disposiciones de los Tratados; antes de que el ordenador emita una orden de ingreso al contable, debe comprobar si el beneficiario puede confiar en la ordenación de gastos y si debe protegerse esta confianza, habida cuenta del interés público en la recuperación del dinero;

11. Observa que la posibilidad de conceder al deudor una prórroga de pago a cambio de una garantía y el pago de intereses de la deuda aún por cobrar, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, apenas se utiliza para recuperar al menos una parte del importe exigible;

12. Observa que, en la mayoría de los casos, la recuperación se efectúa por compensación, mediante una obligación de pago del contratista, siempre que se cumplan las condiciones para dicha compensación; en los casos en que la compensación no es posible, la recuperación de la deuda sólo es factible, en último término, amenazando al contratista con excluirle de futuros contratos si no reembolsa el importe que se le exige;

13. Considera importante indicar que el ordenador deberá informar inmediatamente a la OLAF cuando constate que los gastos no son conformes a las disposiciones de los Tratados o la ordenación de los gastos se haya obtenido mediante engaño, amenazas o corrupción;

Procedimientos

14. Constata, siete años después del escándalo de la mantequilla adulterada "Italburro" y pese a toda la atención prestada al asunto por las Instituciones europeas, especialmente el Parlamento Europeo y la Comisión (OLAF), que:

a) el importe recuperado es inferior al 0,1% del valor estimado del fraude;

b) la actuación de las autoridades italianas, que ha permitido desmantelar la red de delincuentes, procesar a decenas de implicados, incautar centenares de toneladas de productos adulterados y reunir pruebas sobre el tráfico de decenas de miles de toneladas de mantequilla adulterada hacia otros países de la UE, no ha tenido apenas consecuencias, habiéndose mostrado la cooperación europea especialmente decepcionante, e incluso inexistente;

c) los procedimientos de cada Estado miembro son diferentes e incompatibles, como demuestra el hecho de que el tráfico de sustancias adulteradas puede estar considerado como delito en un Estado miembro y como mero problema administrativo en otro Estado miembro, lo que da lugar a unas recuperaciones diez veces menos importantes de lo esperado;

d) se ha descuidado la salud pública, y nadie ha analizado hasta el momento la posible contaminación de la mantequilla por el uso de sustancias prohibidas en los productos alimentarios, tras la crisis de las vacas locas;

15. Observa que, pese a que la Comisión ha reconocido la existencia de fraude en el llamado asunto "Blue Dragon" y ha decidido cancelar los fondos europeos relacionados con dicho fraude, la Comisión opina que incumbe por entero a los Estados miembros que participan en la gestión de dichos fondos investigar el pleno alcance de la supuesta irregularidad, perseguir a los culpables y compensar a las víctimas del fraude; observa asimismo el hecho de que el asunto "Blue Dragon" incumbe a dos Estados miembros, España y Francia, lo cual dificulta la atribución de responsabilidades y confiere al asunto un carácter más evidentemente europeo; considera que la Comisión es una autoridad pública con responsabilidades directas con respecto a los ciudadanos europeos, de cuya confianza depende a través del Parlamento Europeo, y que, por lo tanto, la Comisión no solo debería intentar recuperar los fondos europeos del Estado miembro en el que hayan sido objeto de mala utilización, sino que debe hacer también todo lo posible para que se persiga a los culpables y se compense a las víctimas;

16. Recuerda que el procedimiento para la recuperación de importes debidos por la vía legal contemplada en el artículo 256 del Tratado CE, se ha utilizado hasta ahora únicamente en circunstancias excepcionales, básicamente para la recuperación de multas impuesta en asuntos de competencia; constata el propósito de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento financiero, de ampliar el ámbito del procedimiento en el futuro;

17. Indica que el procedimiento que sigue actualmente la Comisión en materia de recuperación, de tipo institucional y que consiste, en ausencia de pago voluntario, en dirigirse a las autoridades nacionales, es demasiado largo, que entonces no puede hacerse ejecutiva la recuperación forzosa del título de crédito y que, en el mejor de los casos, se atrasa dicha recuperación en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades;

18. Considera, por lo que respecta a la fórmula ejecutiva, que deben simplificarse las comunicaciones entre la Comisión y los Estados miembros, y que convendría establecer unas relaciones más directas entre sus servicios y los servicios correspondientes de los Estados miembros;

Reforma de la OLAF

19. Considera además que convendría reflexionar, por una parte, sobre el modo de compensar la insuficiencia de los medios de que disponen las autoridades nacionales responsables de las actuaciones judiciales para estimar correctamente la complejidad del fraude en el seno de la UE y, por otra parte, reflexionar sobre el modo en que los organismos interesados de la Unión deben poder contar con las autoridades nacionales de control para alertarlas e implicarlas en las investigaciones sobre casos relativos al fraude; recuerda en efecto que, por su naturaleza, las autoridades nacionales de control no están obligadas a implicar a estos organismos;

20. Considera que debe examinarse la posibilidad de una mayor colaboración con Eurojust y Europol para reforzar la protección eficaz de los intereses financieros de la Unión, y que debe evaluarse asimismo la posibilidad de que la OLAF logre una independencia administrativa completa respecto de la Comisión y de las otras instituciones;

21. Observa que en el Informe especial no 1/2005 del Tribunal de Cuentas se pone de manifiesto el buen funcionamiento de la organización actual de la OLAF, por lo que se refiere a la independencia de las actividades de investigación y a la colaboración administrativa de la OLAF con la Comisión; el informe observa especialmente que, efectivamente, la independencia se ha garantizado en la práctica debido a que la Comisión no se ha inmiscuido en la labor de la OLAF;

22. Observa que, a pesar de las medidas tomadas, la cuestión de la aclaración de las normas relativas a la apertura y conclusión de las investigaciones de la OLAF, así como su ampliación, requiere otras iniciativas legislativas, que también deberían tener en cuenta el reforzamiento de la relación entre el PE y la OLAF;

23. Espera con interés la publicación de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la reforma de la OLAF;

Salud pública

24. Recuerda que, según la normativa en vigor, sólo pueden gozar de restituciones los productos sanos y comercializados regularmente y que, en caso contrario, no son aptos para ningún tipo de ayuda;

25. Observa, como lo ha recordado el director de la OLAF en la citada reunión de Bled, que el fraude en el comercio de productos agrícolas constituye un riesgo potencial evidente para la salud pública y de los animales;

26. Considera necesario llamar en mayor medida la atención de los servicios nacionales e internacionales de control sobre este problema, y opina que sólo una estrecha cooperación internacional, que también debería implicar a los terceros Estados, podrá asegurar con el tiempo una mejor protección del consumidor y de los intereses financieros de la UE;

27. Observa que las diversas prácticas ilegales analizadas demuestran la urgente necesidad de intensificar la cooperación entre las aduanas nacionales, los servicios veterinarios y las autoridades de la UE tales como la OLAF;

28. Considera importante subrayar que, en el marco de la salud pública de los consumidores de la Unión Europea, la Comisión, a diferencia de los Estados miembros, no tiene competencias de control en materia de análisis de productos;

29. Recuerda que, en el caso del asunto de la mantequilla adulterada, el fraude original no era de carácter sanitario, sino que se refería a la composición de los productos incriminados, que pertenecen a un sector que goza de importantes subvenciones comunitarias;

30. Considera que la Comisión y la OLAF deben garantizar que los Estados miembros, por medio de sus organismos para-públicos, son capaces de efectuar controles en número suficiente, mediante la intervención de controladores realmente independientes;;

31. Considera que, cuando un fraude pueda tener en un momento determinado consecuencias sanitarias, debe informarse de ello a los servicios sanitarios competentes, permitiendo que accedan, en el marco de un procedimiento bien aplicado, a muestras, y opina que debe prolongarse significativamente el plazo para la conservación de las mismas;

Investigación de la OLAF y procedimientos nacionales

32. Constata que la OLAF no dispone de informaciones idóneas sobre las cantidades de los productos incriminados, teniendo en cuenta que el carácter penal de las investigaciones ha resultado desastroso desde el punto de vista de la recuperación de créditos, si bien es cierto que la OLAF, jurídicamente, en nombre de Comisión, podría impugnar una decisión nacional;

33. Recuerda que, si bien es cierto que en algunos Estados es posible proceder a la recuperación aunque esté en curso un procedimiento penal, en numerosos países, en materia de justicia, el Derecho penal predomina sobre el Derecho civil, haciendo imposible la recuperación de los fondos indebidamente abonados como consecuencia de la acción de la autoridad judicial;

34. Lamenta que, en ciertos Estados, sólo se reconozca la irregularidad o el fraude para los importes probados individualmente, es decir, lote por lote, y que, en ausencia de lote, se considere al operador inocente de oficio;

Comunicación y registro de irregularidades y recuperaciones

35. Lamenta que la Comisión no haya puesto en práctica el plan de acción previsto en los apartados 39 a 43 de la citada resolución sobre la aprobación de la gestión de 2001 y en la Resolución sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión;

36. Acoge con satisfacción la respuesta positiva de la Comisión a las repetidas solicitudes del Parlamento Europeo, en particular las expresadas en el apartado 102 de la mencionada Resolución sobre la aprobación de la gestión 2001, para la publicación de los importes recibidos y los nombres de los beneficiarios de los mismos con cargo al presupuesto de la UE, tal como se propone en la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia (COM(2006) 0194 — SEC(2005) 1300); lamenta, sin embargo, que la información equivalente relativa a la recuperación de fondos comunitarios quede excluida de la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia; pide a la Comisión que facilite a la Autoridad Presupuestaria y, en última instancia, a la opinión pública los nombres y los importes de las recuperaciones debidas o abonadas al presupuesto de la UE, así como el destino final de estos importes;

37. Considera esencial que el marco reglamentario prevea la contabilización exhaustiva de todos los títulos de crédito derivados de irregularidades, el importe de las recuperaciones, de los intereses y de las sanciones efectivamente abonadas a organismos terceros a título de los fondos comunitarios, de conformidad con los principios de universalidad y veracidad presupuestarias inscritos en el Tratado y en el Reglamento financiero, e invita a la Comisión a trabajar en ese sentido;

38. Considera esencial que la Comisión asegure que el principio de independencia de las funciones de ordenación, auditoría y certificación requerido para los gastos comunitarios en régimen de gestión directa, se aplique también a los gastos comunitarios en régimen de gestión compartida;

39. Indica que no es la Comisión, sino los Estados miembros los que, según el principio de gestión compartida de los créditos, son responsables de que los gastos comunitarios de gestión compartida se sometan a los mismos principios de independencia de los ámbitos de ordenación, control económico y certificación que los gastos comunitarios de gestión directa; ello concierne, en particular, a la creación de organismos pagadores acreditados, dotados de un servicio de auditoría interna, y la creación de organismos de certificación independientes, a los fines del Reglamento (CE) no 1663/95 [14] para los ámbitos que abarca el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección Garantía (FEOGA-G), y también a personas o departamentos independientes en el sentido del artículo 38, apartado 1, letra f del Reglamento (CE) no 1260/1999 [15], en combinación con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 438/2001 [16];

40. Considera que la recuperación deberían llevarla a cabo bien las autoridades públicas, en los casos en que sus costes pudieran correr a cargo del presupuesto de la UE, bien entidades con ánimo de lucro, en caso contrario; considera que en el segundo supuesto debería sin duda alguna haber una licitación;

41. Considera esencial en todos los casos que la revisión del marco reglamentario asegure la aplicación de las normas de transparencia y de ausencia de conflictos de interés, por lo que respecta a la justificación, los importes y el destino de las sumas derivadas de sanciones, intereses y recuperación de fondos comunitarios;

Fiscal europeo

42. Recuerda la citada sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-87/01P Comisión contra CCRE, en el que el Tribunal de Justicia ha considerado que, puesto que la sede de la empresa implicada estaba en un Estado miembro, este Estado podía hacer valer su Derecho frente a la Comisión, dado en particular que la primacía del Derecho comunitario no es suficiente para permitir una interpretación según la cual la Comisión pueda esgrimir un derecho frente al juez del Estado interesado;

43. Opina además que la creación de un Fiscal europeo será una decisión importante, dado que se facilitará el acceso directo a las fiscalías de los diferentes Estados miembros, lo que permitirá de un cierto modo "reunir" en mayor medida el procedimiento, y considera que así se logrará reducir la multiplicidad de las relaciones, puesto que se constatará una convergencia hacia los servicios del Fiscal europeo; recuerda que, si bien la OLAF puede intervenir en sus investigaciones, en cambio carece de competencias judiciales;

44. Observa que el proyecto de creación de una Fiscalía europea debe considerarse un proyecto a largo plazo; para conseguir mejoras a corto plazo es necesario conceder prioridad a la coordinación de las fiscalías de los Estados miembros, con objeto de lograr un valor añadido en términos de reducción de la carga de la OLAF y la protección de los intereses financieros de la Comunidad;

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45. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.

[1] DO C 64 E de 12.3.2004, p. 199.

[2] DO C 96 E de 21.4.2004, p. 112.

[3] DO C 104 de 30.4.2004, p. 640.

[4] DO C 33 E de 9.2.2006, p. 169.

[5] DO C 124 E de 25.5.2006, p. 232.

[6] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[7] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

[8] DO L 92 de 13.4.1991, p. 43.

[9] DO L 145 de 29.6.1995, p. 1.

[10] DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.

[11] DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

[12] DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.

[13] Rec. [2003], p. I-7617.

[14] DO L 158 de 8.7.1995, p. 6.

[15] DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

[16] DO L 63 de 3.3.2001, p. 21.

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