ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 15.12.2005 
COM(2005) 649 final 
2005/0259 (CNS)   
Propuesta de 
REGLAMENTO DEL CONSEJO 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 
(presentada por la Comisión) 
  
{SEC(2005) 1629} 
 
ES 2   ES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
1. C ONTEXTO DE LA PROPUESTA  
1.1. Contexto general 
1.1.1. En la Unión Europea En la reunión que celebró en Tampere los dí as 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo 
Europeo pidió que, en materia de  obligaciones de alimentos, se establecieran normas de 
procedimiento comunes especiales con el fin de  simplificar y acelerar la solución de litigios 
transfronterizos y se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requer ido de una resolución dictada en otro Estado 
miembro. 
El Proyecto de medidas para la aplicación de l principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia civil y me rcantil, adoptado el 30 de noviembre de 2000
1, 
aboga por la supresión del procedimiento de exequátur  en favor de los acreedores de 
alimentos, que ya se acogen al Reglamento (C E) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 2000, relativo a la competen cia judicial, el reconocimi ento y la ejecución de las 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, “Bruselas I”)2. Por otra 
parte, este Proyecto indica, de una manera general, que “a veces resultará necesario, e 
incluso indispensable, establecer a nive l europeo un número determinado de normas 
procesales, que constituirán garantías mínimas comunes” , o incluso “orientarse hacia una 
cierta armonización de los procedimientos”.  Prevé la adopción de medidas complementarias 
del reconocimiento mutuo mediante las que “se buscaría hacer más eficaz la ejecución, en el 
Estado requerido, de las resoluciones judici ales dictadas en otro Estado miembro” , en 
particular, permitiendo “identificar de forma precisa los datos sobre el patrimonio del deudor 
en el territorio de los Estados miembros” o permitiendo integrar el reconocimiento mutuo  
“en el marco de una mayor cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 
miembros”  y, finalmente, relativas a  “la armonización de las nor mas de conflicto de leyes”.  
El Consejo Europeo reafirmó la pertinencia de este Proyecto en noviembre de 2004 cuando se 
aprobó el “Programa de La Haya”3, en el cual se destaca que “la continuación de la 
aplicación del programa de medidas relativas al  reconocimiento mutuo deberá constituir una 
prioridad en los años venideros, para gar antizar que quede concluido en 2011”. 
El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de Acción 
común que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y que menciona, por lo que se refiere a la cooperación judi cial civil, la adopción en 2005 de “propuestas relativas a las 
obligaciones de alimentos”
4. 
                                                 
1 DO C 12 de 15.01.2001. 
2 DO L 12 de 16.01.2001. 
3 DO C 53 de 3.03.2005. 
4 Documento del Consejo de la Unión Europea n° 9778/2/05 REV 2 JAI 207. 
 
ES 3   ES 1.1.2. En el plano internacional 
La Conferencia de La Haya de  Derecho Internacional Privado5 también ha iniciado trabajos 
en el ámbito de las obligaciones de alimen tos con el fin de modernizar los convenios 
existentes6. Se dedicaron tres reuniones de una comi sión especial a la elaboración de un nuevo 
convenio general sobre las obligaciones de a limentos en mayo de 2003, junio de 2004 y abril 
de 2005. Está prevista una cuar ta reunión de la comisión esp ecial para junio de 2006, con 
vistas a una posible sesión diplomática durant e el primer semestre de 2007. La Comunidad 
Europea participa activamente en estas negociaciones. 
La articulación entre las negociaciones realizadas  en La Haya y los trabajos comunitarios 
debe orientarse hacia la búsqueda de sinergia s posibles entre los dos ejercicios que no son 
contradictorios, sino coherentes y complementar ios, como recordó el Consejo Europeo en el 
Programa de La Haya.  
La Comunidad debe así estar en condiciones de adoptar una estrategia coherente en el marco 
de las negociaciones internac ionales y, en paralelo, debe proseguir sus esfuerzos para 
construir en su seno un verdadero esp acio de libertad, seguridad y justicia. 
La Conferencia de La Haya representa para la Comunidad un foro internacional que permite 
el desarrollo de una política de c ooperación con los terceros países en el ámbito de la justicia 
civil. El espacio de intercambio y de debate que  ofrece constituye una fuente de inspiración de 
valor inestimable para el trabajo comunitari o. Por otro lado, no se excluye que, en algunos 
ámbitos específicos, las negociaciones de La Haya puedan producir resu ltados extrapolables a 
la Unión Europea. 
Sin embargo, el nivel de integración entre los Estados miembros con relación a los terceros 
países y la amplitud de los objetivos persegui dos por la Unión Europea hacen necesaria la 
búsqueda de soluciones comunitarias partic ulares. La cooperación  entre los Estados 
miembros, que tienen a su dis posición no sólo un sistema más coherente y más completo de 
normas de conflicto de jurisdicciones y de r econocimiento de resoluciones, sino también una 
red judicial europea operativa, puede cier tamente ser más estrecha que con los Estados 
terceros. 
1.2. Objetivos 
La propuesta se propone suprimir el conjunto de  obstáculos que todavía existen para cobrar 
los alimentos en la Unión Europea. Es cierto que no abolirá la precar iedad económica y social 
que afecta a algunos deudores y le s priva de empleo e ingresos  regulares que les impiden 
satisfacer sus obligaciones, pero permitirá crea r un entorno jurídico adaptado a las legítimas 
aspiraciones de los alimentistas. Estos últimos deben poder obtener de manera fácil y rápida 
                                                 
5 Sitio web: http://www.hcch.net/ http://www.hcch.net. 
6 Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias 
respecto a menores; Convenio de La Haya, de 15 de ab ril de 1958, sobre recono cimiento y ejecución de 
decisiones en materia de obligacion es alimenticias con respecto a menor es; Convenio de La Haya, de 2 
de octubre de 1973, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, que sustituye, en las 
relaciones entre los Estados que son Parte, al de 24 de octubre de 1956; Convenio de La Haya, de 2 de 
octubre de 1973, referente al reco nocimiento y a la ejecu ción de las resoluciones relativas a las 
obligaciones alimenticias, que sustituye, en las relaciones entre los Estados que son Parte, al de 15 de 
abril de 1958 . A esta lista es necesario añad ir la Convención de Nueva York, de 20 de junio de 1956, 
sobre la obtención de alimentos en el extr anjero, celebrada en el marco de la ONU. 
 
ES 4   ES y, casi siempre, sin gastos, un título ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio 
judicial europeo y lograr en concreto el pago regula r de las sumas adeudadas. 
Este nuevo ordenamiento jurídico europeo requiere una acción que  no se limitará a retocar los 
mecanismos actuales; se adoptarán medidas ambici osas en todos los ámbitos pertinentes de la 
cooperación judicial civil: competencia in ternacional, ley aplicab le, reconocimiento y 
ejecución, cooperación y supresión de los obstáculos al buen desarrollo de los 
procedimientos. Estas respuestas globales se  agruparán, además, en un único Reglamento 
comunitario. 
Tres objetivos guiarán esta acción: 
1.2.1. Simplificar la vida de los ciudadanos. 
La simplicidad se busca, en primer lugar, en la  llevanza de los procedimientos necesarios para 
demostrar el crédito alimentario. Las normas de competencia internacional del Reglamento Bruselas I ya ofrecen al acreedor de alimentos la posibilidad de acudi r a una autoridad cercana 
a él, pero aún cabe mejorar la situación y di sipar algunas ambigüedades. Una vez dictada la 
resolución, hay que adoptar medidas para que goce de la misma fuerza de que goza en el 
Estado miembro de origen sin mediar forma lidad alguna. Así se alcanzará el objetivo 
consistente en suprimir las “medidas intermedias”. 
De manera más general, y para cada etapa del pr oceso de cobro de una pensión de alimentos, 
es necesario ofrecer al alimen tista la ayuda y asistencia que le siguen faltando hoy. La 
instauración de mecanismos de cooperación en tre los Estados miembros persigue este 
objetivo. En la misma óptica, debe también me ncionarse la posibilidad de efectuar las 
gestiones necesarias en el lugar de su residenc ia habitual, incluso en la fase de ejecución 
propiamente dicha, en particular , para obtener embargos de suel dos o cuentas ba ncarias, para 
iniciar los mecanismos de cooperación, o para  tener acceso a la in formación que permite 
localizar al deudor y evaluar su  patrimonio. Por este motivo está previsto reforzar las 
garantías de acceso a la justicia, mediante un sist ema de representación de los intereses de los 
alimentistas por las autoridades ce ntrales de los Estados miembros. 
Finalmente, la simplicidad exige poner fin a la diversidad de fuentes de Derecho en este 
ámbito, ya que en la Unión Europea no existe  actualmente un único régimen perfectamente 
armonizado en materia de reconocimiento y ej ecución de las resoluciones en materia de 
alimentos. 
El Reglamento Bruselas I, en su ar tículo 71, deja en efecto subsistir “ a los convenios en que 
los Estados miembros fueren parte y que, en ma terias particulares, regularen la competencia 
judicial, el reconocimiento o la  ejecución de las resoluciones”.  El último párrafo del mismo 
artículo precisa que “cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren 
parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las 
condiciones para el reconocimie nto y la ejecución de resolu ciones, se aplicarán dichas 
condiciones”. En la “materia particular ” de las obligaciones de alimentos, 17 de 25 Estados 
miembros son Parte en el Convenio de La Haya, de 2 de octubre de 1973, referente al 
reconocimiento y a la ejecución de las resolucion es relativas a las oblig aciones alimenticias. 
Por tanto, entre estos Estados miembros, son aplicables las “condiciones” fijadas por el 
Convenio de 1973, anterior al Reglamento Bruselas I. 
 
ES 5   ES Ahora bien, de acuerdo con el artículo 26 de  este Convenio, todo Estado contratante puede 
reservarse el derecho de no reconocer ni decl arar ejecutivas una seri e de decisiones, en 
particular, las relativas a los alimentos adeudados a adultos o entre colaterales o afines. La mayor parte de los Estados miembros que son Parte en el Convenio de 1973
7 han formulado 
una o más reservas sobre la procedencia de esta  disposición, lo que ha dado lugar a contrastes 
en el panorama del reconocimiento y la ejecución  de las resoluciones en materia de alimentos. 
Estos disonancias reflejan alguna s divergencias entre Estados mi embros respecto al concepto 
mismo de alimentos. Las reservas previstas en el Convenio de 1973 de jan libre curso a la 
expresión de estas divergencias. Éstas pe rmiten oponer al reconocimiento de algunas 
resoluciones de alimentos una especie de “cl áusula general de orden público”. El orden 
público ya no se utiliza caso por caso, a posteriori ; se utiliza de manera general, y a priori , 
por medio de una reserva al Convenio de  1973, que tiene primacía sobre el Derecho 
comunitario. 
Tales desemejanzas ya no tienen razón de se r en la Unión Europea que, en materia de 
obligaciones de alimentos, ha optado, al más a lto nivel político, por la libre circulación de 
resoluciones. Sin embargo, invitan a reflexio nar sobre la manera de responder a las 
preocupaciones de los Estados miembros que, en  el sistema anterior, habían manifestado el 
deseo de limitar esta circulación. 
1.2.2. Aumentar la seguridad jurídica 
La armonización de las normas de conflicto de leyes tiene la virtud de permitir a los 
acreedores actuar con pleno conocimiento de causa,  sin estar sometidos a la diversidad de los 
sistemas nacionales, lo que garantiza una cierta “previsibilidad jurídica”. 
Por efecto de las normas que determinan la le y aplicable, el tribunal competente dicta una 
resolución basada en las normas de Derecho material que presentan los vínculos más 
estrechos con el asunto. Eso ta mbién permite evitar las situaciones más injustas: un acreedor 
de alimentos obtendrá una respuesta adaptada a su situación, sin que tenga que sufrir la 
disparidad de las normas sobre conflicto de leyes. 
Así pues, la norma de conflicto de leyes acomp aña y facilita la supresión de las “medidas 
intermedias”, en la fase de reconocimiento: la resolución es menos cuestionable si se dicta de 
acuerdo con una ley designada según normas armonizadas. 
Además, y de manera más directa, las normas sobre la ley aplicabl e pueden impedir, en 
algunas situaciones, demandas basadas en rela ciones alimentarias que no son unánimemente 
aceptadas (entre hermanos, por ejemplo). La norm a de conflicto de leyes constituye así una 
“red de seguridad” en un espacio de libre circ ulación de resoluciones y conforta a los Estados 
miembros que entienden restrictivamente el concepto de obligación de alimentos. 
El objetivo de las normas de c onflicto de leyes no consiste en negar estas divergencias; 
tampoco se trata de uniformizar las c oncepciones, que responden a preocupaciones 
nacionales, ya sean sociales, económicas o cult urales, sino de garant izar que no se dictará 
                                                 
7 17 Estados miembros: Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia y 
Suecia. 
 
ES 6   ES ninguna resolución con arreglo a una ley desprovist a de un vínculo suficiente con la situación 
familiar en cuestión. 
1.2.3. Garantizar la eficacia y estabilidad del cobro  
Solo la mejora del cobro efectivo de las pens iones de alimentos puede  modificar concreta y 
duraderamente la situación actual. Se trata de permitir al acreedor obtener una resolución ejecutiva en todo el territorio de la Unión Europea que después pueda acogerse a un sistema 
de ejecución sencillo y armonizado. Se requieren tres requisitos: el pr imero es generalizar y 
automatizar la ejecución provisi onal de todas las re soluciones en materia de alimentos. El 
segundo consiste en suprimir las medidas intermedias que posibilitan que una resolución 
dictada en un Estado miembro sea reconocida y ej ecutiva en otro Estado miembro. El tercero 
es adoptar un conjunto de medidas relativas a la  ejecución propiamente dicha: acceso a la 
información sobre la situación del deudor, instau ración de los instrumentos jurídicos que 
permiten proceder a retenciones directas sobre lo s sueldos y las cuentas bancarias, y refuerzo 
del carácter privilegiado de los créditos alimentarios. 
El conjunto de los objetivos perseguidos por la  propuesta se alcanzará garantizando al mismo 
tiempo el pleno respeto de los derechos fundame ntales reconocidos por la Unión Europea. Se 
asegurará el equilibrio entre lo s derechos de los alimentistas y los de los alimentantes, los 
cuales siempre tendrán garantizado, en particular , el derecho a un juicio justo y el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal.
 
2. C ONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS  
La Comisión encargó un estudio sobre el cobro de las deudas de alimentos en los Estados 
miembros de la Unión Europea8.  
Se organizó una primera reunión de expertos, el 3 de noviembre  de 2003, a fin de definir los 
principales aspectos que convendría tratar en un futuro Libro Verde relativo a las obligaciones 
de alimentos. 
La Comisión adoptó el Libro Ve rde sobre las obligaciones de alimentos el 15 de abril de 
20049. Las primeras respuestas fueron objeto de  una audiencia pública organizada el 2 de 
junio de 2004. Otras respuest as llegaron posteriormente10.  
Sobre la base de un documento de trabajo pr eparado por los servicio s de la Comisión que 
comprendía tres anteproyectos de propuestas le gislativas, se organizó  una segunda reunión de 
expertos de los Estados miembros el 12 de mayo de 2005. Esta reunión permitió abordar el conjunto de cuestiones relativas a las obligaciones de alimento s en la Unión Europea: ley 
aplicable, competencia internacional, reconoc imiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las 
resoluciones, armonización de determinadas normas de procedimiento, cooperación entre 
autoridades centrales, acceso a la información, etc.
 
                                                 
8 Este estudio puede consultarse en el sitio de la Di rección General “Justicia Libe rtad y Seguridad” en la 
dirección siguiente: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centr e/civil/studies/doc_c ivil_studies_en.htm  
9 COM(2004) 254 final. 
10 Las respuestas se publican en la siguiente dirección: 
http://europa.eu.int:8082/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_en.htm  
 
ES 7   ES Con posterioridad, los participantes en esta reun ión fueron invitados a presentar a la Comisión 
observaciones escritas sobre el documento de trabajo que comprendía los tres anteproyectos 
de propuestas legislativas. 
La Comisión procedió a un estudio de impacto, que figura adjunto a la  presente propuesta. 
Las contribuciones de los expertos cons ultados, en el marc o del Libro Verde y 
posteriormente, se analizaron con este motivo. Se previeron varias opciones: el  status quo , 
una acción no legislativa y varias modalidades de iniciativa legislativa de la Comunidad. De 
este estudio se desprende que, para responder a las múltiples dificultades a que se enfrentan 
los acreedores de alimen tos, ya sean de carácter  jurídico o práctico, la  Comunidad debe prever 
una acción de gran envergadura, que abarque  todos los ámbitos de acción posibles. 
3. E LEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA  
3.1. Base jurídica 
La materia objeto de la presente propuesta se rige por el artículo 65 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea y su base jurídica es  el artículo 61, letra c), de dicho Tratado. 
El artículo 65 confiere a la Comunidad competen cias legislativas relativas a la cooperación 
judicial en las materias civiles que tienen un a incidencia transfronteriza, en la medida 
necesaria para el correcto funci onamiento del mercado interior. 
Las medidas aquí previstas se remiten a las mencionadas expresamente en la lista – no 
exhaustiva – del artículo 65: conflictos de juri sdicciones, conflictos de leyes, reconocimiento 
y ejecución de resoluciones, eliminación de  los obstáculos al bue n desarrollo de los 
procedimientos civiles, fomentando la compatib ilidad de las normas procesales civiles. 
Las instituciones comunitarias disponen de un margen de apreciación para determinar si una 
medida es necesaria para el correcto funci onamiento del mercado interior. La presente 
propuesta facilita el correcto funcionamiento de l mercado interior en la medida en que la 
instauración de un nuevo entorno jurídico des tinado a hacer más eficaz el cobro de las deudas 
alimentarias contribuirá a eliminar los obstá culos a la libre circulación de personas que, 
actualmente, sufren de las divergencias subsiste ntes entre los Estados miembros en materia de 
cobro de las pensiones alimentarias. 
Por lo que se refiere al requis ito de la incidencia  transfronteriza, la  presente propuesta 
contiene medidas cuyo objeto es  facilitar la obtención de un título y su ejecución en 
situaciones que incluyen siempre un elemento internacional. Las normas de conflicto de 
jurisdicciones y de conflicto de  leyes se refieren, por definici ón, a situaciones internacionales 
que incluyen elementos jurídicos procedentes de distintos países. Las disposiciones relativas 
al reconocimiento y la fuerza ejecutiva de las resoluciones tienen por objeto posibilitar que 
una resolución dictada en un Estado miembro goce automáticamente de fuerza ejecutiva en cualquier otro Estado miembro. Compleme ntan estas disposiciones unas medidas de 
armonización mínima de algunas normas proces ales nacionales. Las medidas de ejecución 
previstas en la propuesta tienen por objeto f acilitar la ejecución en un Estado miembro de una 
resolución pronunciada en otro Estado miembro. Por último, las disposiciones relativas a la 
cooperación y al intercambio de informaci ón funcionan solamente entre dos Estados 
miembros diferentes. 
 
ES 8   ES El presente Reglamento se adoptará según el  procedimiento previsto en el artículo 67, 
apartado 2, del Tratado, a cuyo tenor el C onsejo se pronunciará por unanimidad previa 
consulta al Parlamento Europe o. La Comisión considera, en ef ecto, que la presente propuesta 
contiene aspectos relativos al Derecho de fam ilia en el sentido del artículo 67, apartado 5, 
segundo guión. 
Esta interpretación se impone ju rídicamente, habida cuenta de los estrechísimos vínculos que 
unen la obligación de alimentos al Derecho de  familia, pero hay que reconocer que esta 
clasificación no carece de inconvenientes. No ti ene suficientemente en cuenta la naturaleza 
híbrida del concepto de obligación de alimentos, que es familiar por sus raíces, pero pecuniaria en su aplicación, como cualquier crédito. 
El legislador comunitario ha considerado, por otra parte, qu e las obligaciones de alimentos 
podían regirse por el régimen de  Derecho común en materia de cooperación judicial civil, 
fuera de la esfera del Derecho de familia. El Reglamento Bruselas I, haciendo suya la estructura del Convenio de Bruselas, de 27 de  septiembre de 1968, excluye el Derecho de 
familia, pero mantiene las obligaciones de alim entos en su ámbito de aplicación. Por el 
contrario, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, 
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resolu ciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, “nuevo Reglamento Bruselas II”)
11, cubre una parte esencial del Derecho de familia (divorcio o responsabilidad 
parental), pero excluye las obligaciones de alimentos. Por último, el Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consej o, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
12 (en lo sucesivo, 
“Reglamento TEE”) engloba los créditos alimentari os y se adoptó según el procedimiento de 
codecisión. 
La presente propuesta se inscribe evidentemente en un contexto diferente, ya que se consagra 
solamente a las obligaciones de alimentos, que  no constituyen, en los demás instrumentos 
citados, más que una parte accesoria de su ám bito de aplicación. Por tanto, la Comisión, por 
respeto al tenor del Tratado, no puede sino constatar que esta pr opuesta afecta al Derecho de 
familia y que, por tanto, se excluye del procedimiento de codecisión. 
Los inconvenientes antes citados  podrían evitarse si el Cons ejo decidiera reintegrar las 
obligaciones de alimentos en el régimen de  Derecho común. De acuerdo con el artículo 67, 
apartado 2, segundo guión, del Tratado, el Consej o, por unanimidad y previa consulta al 
Parlamento Europeo, puede efectivamente decidi r que todos o parte de los ámbitos cubiertos 
por el título IV de la tercer a parte del Tratado se rijan por el procedimiento del artículo 251. 
Por tanto, es posible transferir la materia de las obligaciones de alimentos de la unanimidad a 
la codecisión. 
La Comisión invita al Consejo a adoptar una deci sión en este sentido, cosa que sería conforme 
tanto con la naturaleza particular de las oblig aciones de alimentos como con el contexto 
legislativo en el que la Comunidad ha intervenido hasta ahora en este ámbito. 
                                                 
11 DO L 338 de 23 de diciembre de 2003, pp. 1-29. 
12 DO L 143 de 30 de abril de 2004, pp. 15-39. 
 
ES 9   ES 3.2. Proporcionalidad y subsidiariedad 
Los Estados miembros no pueden alcanzar los obje tivos de esta propuesta por sí mismos. En 
efecto, las normas de competencia internacional y de conflictos de leye s, así como las normas 
de reconocimiento y de ejecución de las resoluci ones, deben ser uniformes para facilitar el 
funcionamiento del mercado interior. Sólo una acción a escala comunitaria puede garantizar la 
equivalencia de las normas aplicables, como ha  sido el caso anteriormente, por ejemplo, con 
el Reglamento Bruselas I. Lo mismo suced e con las normas de cooperación, ya que las 
autoridades centrales designadas deben estar sujetas a las mismas obligaciones de ayuda 
mutua en la Unión Europea. 
La actual propuesta es plenamente conforme con el principio de proporc ionalidad, puesto que 
se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos. Las normas de conflicto de leyes permiten, en particular, evitar toda ar monización del Derecho sustantivo. Por su parte, 
las normas de competencia, de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones implican 
muy pocas consecuencias para la s normas procesales internas. 
La forma escogida, el reglamento, se justifica por diversas razones. No puede dejarse a los 
Estados miembros ningún margen de apreciac ión, no sólo por lo que se refiere a la 
determinación de las reglas de competencia in ternacional, cuyo objetivo es garantizar la 
seguridad jurídica en benefici o de los ciudadanos y los agentes económicos, sino tampoco por 
lo que respecta al procedimiento de rec onocimiento y ejecución, que responde a un 
imperativo de claridad y homogeneidad dentro  los Estados miembros. Lo mismo sucede con 
las normas de conflicto de leyes. En efecto, la propuesta establece en esta materia normas 
uniformes para la ley aplicable, que son pr ecisas e incondicionales y no requieren ninguna 
medida de transposición en Derecho nacional.  Si, por el contrario, los Estados miembros 
dispusieran de un margen de maniobra para la transposición de estas normas, se volvería a 
introducir la inseguridad  jurídica que la presente propuest a precisamente pretende suprimir. 
Por otra parte, el objetivo de transparencia revi ste capital importancia en este ámbito y debe 
facilitar una lectura inmediata y uniforme de las normas aplicables en la Comunidad Europea, 
sin que sea necesario buscar las disposici ones del Derecho nacional que transpongan el 
instrumento comunitario, Derecho nacional que, a menudo, será un Derecho desconocido para 
el demandante. Además, mediante la opción de l reglamento, el Trib unal de Justicia podrá 
garantizar una aplicación uniforme de sus disposiciones en todos los Estados miembros. 
3.3. Posición del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
El título IV del Tratado consti tutivo de la Comunidad Europea, por el que se rige la materia 
objeto de la presente propuesta de Reglamento, no se aplica al Reino Un ido ni a Irlanda, salvo 
si estos Estados optan por par ticipar en las condiciones defini das por el Protocolo anejo al 
Tratado. 
El título IV del Tratado tampoco es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo que la 
concierne.
 
ES 10   ES 2005/0259 (CNS) 
Propuesta de 
REGLAMENTO DEL CONSEJO 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad Europea, y en partic ular su artículo 61, letra c), 
y su artículo 67, apartado 2, 
Vista la propuest a de la Comisión13, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15, 
Considerando lo siguiente: (1) La Unión se fijó como objetivo mant ener y desarrollar un espacio de libertad, 
seguridad y justicia en cuyo seno se garantice la libre circulación de las personas. Para 
instaurar progresivamente este espacio, la  Comunidad Europea debe, en particular, 
adoptar las medidas que dependen del ámbito  de la cooperación judicial en materia 
civil que son necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior. 
(2) A este respecto, la Comunidad ya adoptó, en tre otras medidas, el Reglamento (CE) n° 
1348/2000 del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros 
de documentos judiciales y extrajudiciales en ma teria civil o mercantil
16, el 
Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la  ejecución de resoluci ones judiciales en 
materia civil y mercantil
17, la Decisión nº 2001/470/CE de l Consejo, de 28 de mayo de 
2001, por la que se crea una  Red Judicial Europea en materia civil y mercantil18, el 
Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consej o, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Esta dos miembros en el ámbito 
de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil19, el Reglamento (CE) n° 
2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de  2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
                                                 
13 DO C […] de […], p. […]. 
14 DO C […] de […], p. […]. 
15 DO C […] de […], p. […]. 
16 DO L 160 de 30.6.2000, p. 37. 
17 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. 
18 DO L 174 de 27.6.2001, p. 25. 
19 DO L 174 de 27.6.2001, p. 1. 
 
ES 11   ES responsabilidad parental, por el que se  deroga el Reglamento (CE) n° 1347/200020, y 
el Reglamento (CE) n° 805/ 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, por el que se esta blece un título ej ecutivo europeo pa ra créditos no 
impugnados21.  
(3) El Consejo Europeo reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999 
preconizó el establecimiento de normas de procedimiento comunes especiales para simplificar y acelerar la solución de los litigio s transfronterizos referidos, en particular, 
a los créditos alimentarios. También recomendó suprimir las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y la  ejecución en el Estado requerido de una 
resolución dictada en otro Estado miembro. 
(4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un Proyecto de medidas para la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de las re soluciones judiciales en materia civil y 
mercantil
22, común a la Comisión y al Consejo. 
(5) El Consejo Europeo, en su reunión celebrada  en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre 
de 2004, adoptó un nuevo programa, llamado “Programa de La Haya”, titulado: “Consolidación de la libertad, la segurida d y la justicia en la Unión Europea”. 
(6) El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de 
Acción común que traduce el Programa de La  Haya en acciones concretas y menciona 
la necesidad de adoptar propuestas sobre las obligaciones de alimentos. 
(7) Debe ser posible que un acreedor de alimentos obtenga fácilmente, en un Estado 
miembro, una resolución que automáticamente revestirá fuerza ejecutiva en cualquier otro Estado miembro y cuya ejecu ción será más fácil y rápida. 
(8) A fin de alcanzar este objetivo y gara ntizar a los ciudadanos un mejor acceso a las 
normas jurídicas aplicables, procede agrupa r en un único instrumento el conjunto de 
medidas necesarias para el cobro de las ob ligaciones de alimentos en la Comunidad. 
Por tanto, el presente Reglamento debe in cluir disposiciones s obre los conflictos de 
órgano jurisdiccional, los conf lictos de leyes, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las 
resoluciones extranjeras, y la cooperación. 
(9) El ámbito de aplicación del Reglamento debe extenderse a toda s las obligaciones de 
alimentos derivadas de las relaciones familiares o de las relaciones que produzcan efectos similares, y ello a fin de garantizar  la igualdad de trat o a todos los acreedores 
de alimentos. 
(10) Las normas relativas a la competencia in ternacional difieren algo de las actualmente 
aplicables, tal como resultan del Reglamento (CE) n° 44/2001. Con el  fin de garantizar 
la mejor defensa posible de los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer la buena administración de la justicia en la Unión Europea, estas normas deben 
clarificarse y cubrir en lo  sucesivo todos los supuestos en los que exista un vínculo 
suficiente entre la situación de las partes  y un Estado miembro. La residencia habitual 
del demandado en un Estado no miembro de la Unión Europea ya no debe ser una 
                                                
 
20 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. 
21 DO L 143 de 30.4.2004, p. 15. 
22 DO C 12 de 15 de enero de 2001. 
 
ES 12   ES causa de exclusión de las normas comunitarias y, en adelante, ya no debe remitirse a la 
ley nacional. 
(11) Las partes deben poder eleg ir de común acuerdo el órga no jurisdiccional competente, 
excepto cuando se trate de ob ligaciones de alimentos respect o de un menor, con el fin 
de asegurar la protección  de la “parte débil”.  
(12) Es importante mantener un mecanismo claro y eficaz para resolver los casos de 
litispendencia y conexidad. 
(13) Las normas de conflicto de leyes sólo de ben aplicarse a las obligaciones de alimentos 
y no determinar la ley aplicable al estableci miento de las relaciones familiares en las 
que se basan las obligaciones de alimentos. 
(14) La ley del país de la residencia habitual  del acreedor de alimentos debe seguir siendo 
predominante, como en los instrumentos internacionales existentes, pero la ley del foro debe venir en segundo lugar, ya que a menudo permite, en este ámbito particular, 
resolver los litigios de manera más sencilla, rápida y económica. 
(15) Cuando ninguna de las dos leyes citadas permita al acreedor obtener alimentos del 
deudor, debe seguir siendo posible aplicar la le y de otro país con el que la obligación 
de alimentos presente vínculos estrechos. Pu ede ser, en particular, pero no solamente, 
el país de la nacionalidad común de las partes. 
(16) Las partes deben estar au torizadas, en determinadas condiciones, a elegir la ley 
aplicable. Así, deben poder el egir la ley del foro para  las necesidades de un 
procedimiento. Además, deben poder conveni r la ley aplicable mediante acuerdos 
previos al litigio, pero sólo cuando se tr ate de obligaciones de alimentos que no se 
adeuden a menores ni a adultos vulnerables; por  otra parte, su elección debe limitarse a 
la designación de algunas leyes solamente. 
(17) El deudor debe estar protegido contra la aplicación de la ley designada en supuestos en 
que la relación familiar que justifique la obtención de los alimentos no sea 
unánimemente considerada digna de privilegiarse. Tal podría se r el caso, en particular, 
de las relaciones entre colaterales o entre afines, de las obligaciones de alimentos de 
los descendientes respeto de sus ascendien tes, o del mantenimiento del deber de 
asistencia tras la disolución del matrimonio. 
(18) Las resoluciones dictad as en un Estado miembro en materia de obligaciones de 
alimentos deben reconocerse y gozar de fuer za ejecutiva en todos los demás Estados 
miembros sin requerirse procedimiento alguno.  Con el fin de suprimir toda medida 
intermedia, debe realizarse una armonizaci ón mínima de las normas de procedimiento 
que garantice el respeto de las exigencias  del juicio justo según normas comunes en 
todos los Estados miembros. 
(19) Una vez pronunciada en un Estado miembro, una resolución en materia de 
obligaciones de alimentos debe poder ejecutarse rápida y eficazmente en cualquier otro Estado miembro. En particular, debe ser posible efectuar retenc iones en la fuente 
sobre sueldos y cuentas bancarias de los de udores en beneficio de los acreedores de 
alimentos. 
 
ES 13   ES (20) Los documentos públicos con fuerza ejecu tiva y los acuerdos entre partes que sean 
ejecutivos en un Estado miembro debe n asimilarse a las resoluciones. 
(21) Hay que establecer autoridades centrales  en los Estados miembros en aras de la 
cooperación, tanto en general como en casos pa rticulares, para facilitar el cobro de las 
obligaciones de alimentos. Deben intercambi ar información al objeto de localizar a los 
deudores y evaluar sus bienes y recursos, respetando plenamente el conjunto de las 
exigencias relativas a la protección de las personas físicas respec to del tratamiento de 
los datos de carácter personal, de acuer do con Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tr atamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos23. 
(22) El presente Reglamento respeta los der echos fundamentales y cumple los principios 
reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, tiene por objeto garan tizar el pleno respeto de la vida privada y 
familiar, la protección de datos de carácter personal, el respeto de los derechos del 
menor y las garantías de la tutela judi cial efectiva ante un juez independiente e 
imparcial, de conformidad con los artículos 7, 8, 24 y 47 de la Carta. 
(23) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, por la que se establecen los pr ocedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión24, procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente Re glamento por el procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 3 de dicha Decisión. 
(24) El presente Reglamento debe sustituir a los instrumentos comunitarios anteriormente 
adoptados en el mismo ámbito. También debe  prevalecer sobre los otros instrumentos 
internacionales aplicables en la materia entre los Estados miembros, a fin de unificar y 
simplificar las normas jurídicas vigentes. 
(25) Dado que los objetivos de la acción cons iderada, a saber la aplicación de una serie de 
medidas que permitan garantizar el cobro efect ivo de los créditos alimentarios en la 
Unión Europea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lo grarse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de acuer do con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Trata do. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar estos objetivos. 
(26) [De conformidad con el artículo 3 del Pr otocolo sobre la posici ón del Reino Unido y 
de Irlanda, anejo al Tratado de la Uni ón Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han anunciado su deseo de participar en 
la adopción y aplicación de l presente Reglamento. 
(27) De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Pr otocolo sobre la posición de Dinamarca anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al Trat ado constitutivo de la Comunidad Europea, 
                                                
 
23 DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50. 
24 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
 
ES 14   ES Dinamarca no participa en la aprobación de l presente Reglamento  y, por tanto, no 
queda vinculada por éste ni  sujeta a su aplicación. 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Capítulo I 
Ámbito de aplicación y definiciones 
Artículo 1 
Ámbito de aplicación 
1. El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de las 
relaciones familiares o de relaciones que, en virtud de la ley que les sea aplicable, 
produzcan efectos similares.  
2. En el presente Reglamento, se entenderá  por “Estado miembro” todos los Estados 
miembros, salvo Dinamarca [Reino Unido e Irlanda]. 
Artículo 2 
Definiciones 
A efectos del presente Regl amento, se entenderá por: 
(1) “órgano jurisdiccional”: cualquier autoridad competente de los Estados miembros en 
materia de obligaciones de alimentos;  
(2) “juez”: el juez o el titular de competencias equivalentes a las del juez en materia de 
obligaciones de alimentos;  
(3) “resolución”: cualquier resolución adoptada en materia de obligaciones de alimentos 
por un órgano jurisdiccional de un Esta do miembro con independencia de la 
denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el  cual el secretario judici al liquidare las costas del 
proceso. 
(4) “documento público con fuerza ejecutiva”: 
a) un documento redactado o registrado  formalmente como documento público 
con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones de alimentos y cuya 
autenticidad:  
(i) se refiera a la firma y al cont enido del documento público con fuerza 
ejecutiva, y  
 
ES 15   ES (ii) haya sido declarada por una autori dad pública u otra au toridad autorizada 
al efecto por el Estado miembro de origen; o 
b) un convenio celebrado con autoridades ad ministrativas o autenticado por éstas 
en materia de obligaciones de alimentos. 
(5) “Estado miembro de origen”: el Estado miembr o en el cual se dictó la resolución que 
debe ejecutarse; 
(6) “Estado miembro de ejecución”: el Estado miem bro en el que se so licita la ejecución 
de la resolución; 
(7) “órgano jurisdiccional de origen”: el órga no jurisdiccional que dictó la resolución que 
debe ejecutarse; 
(8) “acreedor”: toda persona física a quien se adeudan o se alega se adeudan los 
alimentos; 
(9) “deudor”: toda persona física que debe o a quien se reclaman los alimentos. 
Capítulo II 
Competencia 
Artículo 3 
Competencia general 
Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados 
miembros:  
a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia 
habitual, o 
b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia 
habitual, o 
c) el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa al 
estado de las personas, cuando la demanda  relativa a la obligación de alimentos 
sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o 
d) el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa a la 
responsabilidad parental, según lo di spuesto en el Reglamento (CE) n° 
2201/2003, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos sea 
accesoria de esta acción. 
 
ES 16   ES Artículo 4 
Prórroga de la competencia 
1. Si las partes, de las que al menos una tiene su residencia habitual  en el territorio de 
un Estado miembro, han convenido que sea un órgano jurisdiccional o los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro quien es conozcan de los litigios suscitados o 
que puedan suscitarse en mate ria de obligaciones de alimentos, será competente este 
órgano jurisdiccional u órganos jurisdicci onales de este Estado miembro. Esta 
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. 
2. Tal convenio atributivo de competenci a deberá celebrarse por escrito. Toda 
comunicación realizada por medios electróni cos que permita consignar de manera 
duradera el acuerdo se considerará que tiene forma escrita. 
3. Cuando tal convenio sea celebrado por partes  de las que ninguna tenga su residencia 
habitual en el territorio de un Estado mi embro, los órganos jurisdiccionales de los 
demás Estados miembros no podrán conocer de tal litigio mientras el órgano jurisdiccional o los órganos jurisdicci onales designados no hayan declinado su 
competencia. 
4. El presente artículo no es aplicable a un litigio relativo a una obligación de alimentos 
respecto de un menor de dieciocho años. 
Artículo 5 
Competencia basada en la comparecencia del demandado 
Además de los casos donde su competencia se derive de los artículos 3 y 4, será competente el 
juez de un Estado miembro ante el que el  demandado comparezca. Esta regla no será 
aplicable si la comparecencia tuviera por obj eto impugnar la competencia o si existe otro 
órgano jurisdiccional exclusivamente competente en virtud del artículo 4. 
Artículo 6 
Competencias residuales 
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los 
artículos 3 a 5, lo serán los órga nos jurisdiccionales siguientes: 
a) los órganos jurisdiccionales del Esta do miembro de la nacionalidad común del 
acreedor y el deudor; o 
b) cuando se trate de obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges, los 
órganos jurisdiccionales del Estado mi embro en cuyo territorio se sitúe la 
última residencia habitual común de los cónyuges, si esta residencia habitual aún lo era menos de un año antes de  la interposición de la demanda. 
 
ES 17   ES Artículo 7 
Litispendencia 
1. Cuando se presenten varias demandas refere ntes a la misma oblig ación de alimentos 
ante órganos jurisdiccionales de Esta dos miembros difere ntes, el órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido en  segundo lugar suspende rá de oficio el 
procedimiento hasta que se determ ine la competencia del primero. 
2. Cuando el tribunal al que se acudió en pr imer lugar se declarare competente, el 
tribunal al que se haya acudido en segundo lugar se inhibirá en  favor de aquél. 
Artículo 8 
Conexidad 
1. Cuando demandas conexas estuvieran pend ientes ante tribunales de Estados 
miembros diferentes, el órgano jurisdic cional al que se haya acudido en segundo 
lugar podrá suspender el procedimiento. 
2. Cuando tales demandas estuvieran pendien tes en primera instancia, el órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar también podrá inhibirse, a 
petición de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional al que se hubiere 
acudido en primer lugar fuera competente pa ra conocer de dichas demandas y que su 
ley permita su acumulación. 
3. Se considerarán conexas, a efectos del presente artículo, las demandas vinculadas 
entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al 
mismo tiempo a fin de evitar resolucione s que podrían ser irreconciliables si los 
asuntos fueran juzgados separadamente.  
Artículo 9 
Recurso a un órgano jurisdiccional  
A efectos del presente capítulo, se consider ará que un órgano jurisdiccional conoce de un 
litigio: 
a) desde la fecha en que se haya presen tado el escrito de interposición de la 
demanda o un documento equivalente, siempre que posteriormente el demandante no haya omitido adoptar las medidas que debía para que se le notificara o traslada ra al demandado, o 
b) si dicho documento debe notificarse o trasladarse antes de su presentación al 
órgano jurisdiccional, desde la fecha en que  lo reciba la autoridad encargada de 
la notificación o traslad o, siempre que posteriormente el demandante no haya 
 
ES 18   ES omitido adoptar las medidas necesarias para que el documento se presente al 
órgano jurisdiccional.  
Artículo 10 
Medidas provisionales y cautelares 
Podrán solicitarse medidas provisionales o ca utelares previstas por la ley de un Estado 
miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, aunque, en virtud del presente 
Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente para conocer 
del fondo. 
Artículo 11 
Verificación de la competencia 
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se haya  sometido un asunto sobre el 
que no tenga competencia a tenor del presente Reglamento declarará su incompetencia de 
oficio.  
Capítulo III 
Legislación aplicable 
Artículo 12 
Falta de efecto sobre la existenci a de las relaciones familiares 
Las disposiciones del presente capítulo sólo determinarán la ley aplicable a las obligaciones 
de alimentos y no afectarán a la ley aplicable a ninguna de las re laciones contempladas en el 
artículo 1. 
Artículo 13 
Normas básicas 
1. Las obligaciones de alimentos se regirán por la ley del país en que el acreedor tenga 
su residencia habitual. 
2. Se aplicará la ley del foro:  
a) cuando en virtud de la ley designada de conformidad con el apartado 1 el 
acreedor no pueda obtener alimentos del deudor, o 
 
ES 19   ES b) cuando el acreedor lo soli cite y se trate de la ley de l país en que el deudor tenga 
su residencia habitual. 
3. Cuando ninguna de las leyes designadas de conformidad con los apartados anteriores 
permita al acreedor obtener alimentos del deudor y cuando resulte del conjunto de las circunstancias que la obligaci ón de alimentos presenta es trechos vínculos con otro 
país, en particular el de la nacionalidad co mún del acreedor y el deudor; en este caso 
se aplicará la ley del país con que la obl igación de alimentos presente vínculos 
estrechos. 
Artículo 14 
Elección de la ley 
Sin perjuicio del artículo 13, el  acreedor y el deudor podrán: 
a) designar la ley del foro  a efectos de un procedim iento, expresamente o de 
cualquier otra manera inequívoca en el  momento de la interposición de la 
demanda; 
b) convenir la ley aplicable en cualquier  momento y por escr ito, salvo cuando se 
trate de una obligación de alimentos a favor de un menor de dieciocho años o 
de un adulto que, a causa de una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no esté en situación de pr oveer a sus intereses (en lo sucesivo, 
“adulto vulnerable”), y siempre que no se  designe más que una de las leyes 
siguientes:  
i) su ley nacional común en el momento de la designación; ii) la ley del país de su residencia habitual común o del país en que el 
acreedor o el deudor tengan su residencia habitual en el momento de la designación; 
iii) la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales en el momento de la 
designación cuando se trate de una obligación de alimentos entre dos 
personas que estén o hayan estado  unidas en matrimonio o por una 
relación que, de acuerdo con la le y que les sea aplicable, produzca 
efectos similares.  
Artículo 15 
Inaplicación de la ley designada a petición del deudor 
1. Cuando se trate de obligaciones de al imentos que no sean a favor de menores, 
adultos vulnerables, o entre cónyuges o excónyuges, el deudor podrá oponer a la 
reclamación del acreedor la inexistencia de  obligación de alimentos a su cargo en 
virtud de su ley nacional común o, a falta de  nacionalidad común, de la ley del país 
en que tenga su residencia habitual. 
 
ES 20   ES 2. Cuando se trate de obligaciones de a limentos entre cónyuges o excónyuges, el 
deudor podrá oponer a la reclamación del acree dor la inexistencia de obligación de 
alimentos a su cargo en virtud de la ley del país con el que el matrimonio presente los 
vínculos más estrechos.  
Artículo 16 
Institución pública 
El derecho de una institución pública a solicitar el reembolso de la prestación proporcionada 
al acreedor se sujetará a la  ley que regule la institución. 
Artículo 17 
Ámbito de la ley aplicable 
1. La ley aplicable a una obligación de alimentos determinará en particular: 
(a) la existencia y alcance de los derechos  del acreedor, y contra quién puede 
ejercerlos; 
(b) la medida en que el acreedor puede  solicitar alimentos retroactivamente; 
(c) el método de cálculo y ajuste de la obligación de alimentos; 
(d) la prescripción y los plazos para ejercitar una acción ; 
(e) el derecho de la institución pública que  proporcionó alimentos al acreedor de 
obtener el reembolso de su prestación y los límites de la obligación del deudor. 
2. Con independencia del conten ido de la ley aplicable, de ben tenerse en cuenta las 
necesidades del acreedor y los recursos del deudor en la determinación del importe de la prestación alimentaria. 
Artículo 18 
Aplicación de la ley de un Estado no miembro  
La ley designada por el presente Reglamen to se aplicará aunque sea la de un Estado no 
miembro. 
 
ES 21   ES Artículo 19 
Remisión 
1. Sin perjuicio del apartado 2, cuando el pr esente Reglamento imponga la aplicación 
de la ley de un país, se referirá a las nor mas jurídicas vigentes en este país, con 
exclusión de las normas de Derecho internacional privado. 
2. Cuando el presente Reglamento imponga la aplicación de la ley de un Estado no 
miembro y las normas de Derecho internaci onal privado de este Estado designen la 
ley de otro país, el órgano jurisdicci onal que conozca del asunto aplicará su ley 
interna. 
Artículo 20 
Orden público 
Sólo podrá excluirse la aplicación de una dispos ición de la ley designada por el presente 
Reglamento si esta aplicación es manifiestame nte incompatible con el orden público del foro. 
No obstante, la aplicación de una disposición de  la ley de un Estado miembro designada por el 
presente Reglamento no podrá excluirse sobre esta base. 
Artículo 21 
Sistemas no unificados 
Cuando un Estado incluya varias unidades territoriales  con normas propias en materia de 
obligaciones de alimentos, cada unidad territorial se considerará como un país a efectos de la 
determinación de la ley aplicable  según el presente Reglamento. 
Capítulo IV 
Normas procesales comunes 
Artículo 22 
Notificación o traslado 
1. En un procedimiento ante un órgano jurisd iccional de un Estado miembro, el escrito 
de interposición de la demanda o documento equivalente se notificará o trasladará al 
demandado por uno de los métodos siguientes: 
a) notificación o traslado personal, con acuse  de recibo firmado por el destinatario 
y con la fecha de la recepción;  
 
ES 22   ES b) notificación o traslado personal medi ante documento firmado por la persona 
competente que procedió a la notificación o traslado, especificando que el 
destinatario ha recibido el documento o que se ha negado a recibirlo sin ningún 
motivo legítimo, así como la fecha de notificación o traslado; 
c) notificación o traslado por correo postal, con acuse de recibo firmado y 
reenviado por el destinatario y con la fecha de la recepción; 
d) notificación o traslado por medios el ectrónicos como fax o correo electrónico, 
con acuse de recibo firmado y reenviado por el destinatario y con la fecha de la 
recepción. 
2. El demandado dispone de un plazo que no puede  ser inferior a 30 días para preparar 
su defensa a partir de la recepción del doc umento notificado o trasladado de acuerdo 
con el apartado 1. 
3. Los Estados miembros informarán a la Comi sión, en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Regl amento, de los métodos de notificación y 
traslado aplicables. Comunicarán a la Co misión cualquier modificación aportada a 
esta información. 
 La Comisión pondrá esta información a disposición del público. 
Artículo 23 
Verificación de la admisibilidad 
1. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio 
de un Estado miembro distinto de aquel donde se ejercitó la acción, el órgano 
jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento mientras no se demuestre que 
se ha puesto al demandado en situación de re cibir el escrito de interposición de la 
demanda o documento equivalente de conformi dad con lo dispuesto en el artículo 22 
o que se ha hecho todo lo necesario para ello. 
2. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio 
de un Estado no miembro, el órgano jurisd iccional competente suspenderá el 
procedimiento mientras no se demuestre que  se ha puesto al demandado en situación 
de recibir el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para preparar su defensa o que se ha hecho todo lo necesario para ello. 
3. El artículo 15 del Convenio de La Ha ya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de documentos judi ciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil, se aplicará si el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente ha debido transmitirse en cumplimiento del citado Convenio.
 
 
ES 23   ES Artículo 24 
Resolución y reexamen 
1. Cuando el demandado no ha comparecido y 
a) no se demuestre que haya recibido el es crito de interposición de la demanda o 
documento equivalente, o  
b) no haya podido impugnar la deuda alim entaria por fuerza mayor o debido a 
circunstancias extraordinarias, sin que medie culpa por su parte,  
podrá dictarse una resolución, pero el demandado tendrá derecho a solicitar su 
reexamen al órgano jurisd iccional de origen.  
2. El plazo para solicitar el reexamen emp ezará a correr el día en que se demuestre que 
el demandado tuvo conocimiento de la re solución y pudo actuar y, a más tardar, el 
día en que la autoridad competente de ejecución le informara de esta resolución. Este plazo no podrá ser inferior a 20 días. 
3. La solicitud de reexamen suspenderá toda s las medidas de ejec ución emprendidas en 
un Estado miembro. 
Capítulo V 
Fuerza ejecutiva de las resoluciones 
Artículo 25 
Fuerza ejecutiva 
Una resolución dictada en un Estado miembro y que  sea ejecutiva en ese Estado miembro será 
reconocida y gozará de fuerza ej ecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de que otra 
declaración le reconozca fuerza ejecutiva y si n que sea posible oponers e a su reconocimiento. 
Artículo 26 
Ejecución provisional 
Una resolución dictada en un Estado miembro será automáticamente ejecutiva de pleno 
Derecho no obstante los eventuales recursos previstos por el Derecho nacional. No podrá 
exigirse la provisión de una garantía.  
 
ES 24   ES Capítulo VI 
Ejecución 
Artículo 27 
Procedimiento de ejecución 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de ejecución de las 
resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regulará por el Derecho del Estado miembro 
de ejecución. 
Artículo 28 
Documentos 
La parte que solicita, en un Estado miembro,  el reconocimiento o la ejecución de una 
resolución dictada en otro Estado miembro presen tará una copia conforme  de ésta que reúna 
los requisitos de autenticidad necesarios, as í como un certificado expedido por la autoridad 
competente utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I del presente 
Reglamento. 
Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán exigir la traducción. 
Artículo 29 
Asistencia jurídica gratuita 
El solicitante que, en el Estado  de origen, hubiere obtenido, to tal o parcialmente, asistencia 
jurídica gratuita o una exención de las costas  y gastos gozará, en el procedimiento de 
ejecución, de la asistencia más favorable o de la  exención más amplia prevista por el Derecho 
del Estado miembro de ejecución. 
Artículo 30 
Fianza y depósito 
A la parte que solicite la ejecución en un Estado  miembro de una resolución dictada en otro 
Estado miembro no podrá exigírsele fianza  ni depósito alguno, sea cual fuere su 
denominación, ni por su condición de extran jero, ni por no estar domiciliado o no ser 
residente en el Estado miembro. 
 
ES 25   ES Artículo 31 
Legalización o formalidad similar 
No se exigirá legalización ni formalidad algu na por lo que se refiere a los documentos 
contemplados en el artículo 28. 
Artículo 32 
Ausencia de revisión sobre el fondo 
1. En ningún caso la resolución dictada en un Estado miembro podrá ser objeto de una 
revisión sobre el fondo en otro Esta do miembro durante un procedimiento de 
ejecución. 
2. No obstante, la autoridad competente  del Estado miembro de ejecución podrá 
decidir, por iniciativa propia, limitar la ejecución de la resolución del órgano 
jurisdiccional de origen a solamente una pa rte del crédito alimentario, si la ejecución 
sobre el total tuviera por efecto perjudicar a una parte inembargable de los bienes del 
deudor, según la ley del Estado miembro de ejecución. 
Artículo 33 
Denegación o suspensión de la ejecución 
La denegación o la suspensión, to tal o parcial, de la ejecuci ón de la resolución del órgano 
jurisdiccional de origen sólo podrá decidirse, a petición del deudor, si: 
a) el deudor alega nuev as circunstancias o circ unstancias que el órgano 
jurisdiccional de origen desconoc ía cuando dictó su resolución; 
b) el deudor solicitó el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de 
origen de acuerdo con el artículo 24  y aún no se ha adoptado ninguna nueva 
resolución; 
c) el deudor ya ha pagado su deuda; d) el derecho a obtener la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional ha 
prescrito total o parcialmente;  
e) la resolución del órgano jurisdiccional de origen es incompatible con una 
resolución dictada en el Estado miem bro de ejecución o que reúne las 
condiciones necesarias para su rec onocimiento en el Estado miembro de 
ejecución. 
 
ES 26   ES Artículo 34 
Orden de retención automática mensual 
1. A petición del acreedor, el órgano jurisdicci onal de origen podrá expedir una orden 
de retención automática mensual destinada,  en otro Estado miembro, al empleador 
del deudor o a la entidad bancaria donde el deudor sea titular de una cuenta bancaria. 
La orden de retención automática mensual gozará en el Estado mi embro destinatario 
de la misma fuerza ejecutiva que la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26. 
2. Solo podrá expedirse una orden de retenci ón automática mensual si la resolución ha 
sido notificada o trasladada al demandado por  uno de los métodos contemplados en 
el artículo 22.  
3. La solicitud y la orden de retenci ón automática mensual se ajustarán a los 
formularios cuyos modelos figuran en el  Anexo III del presente Reglamento. 
4. La orden de retención automática mensual será notificada por el órgano 
jurisdiccional de origen, por carta certificada con acu se de recibo:  
a) al empleador del deudor o a una entidad  bancaria donde el deudor sea titular de 
una cuenta corriente, y 
b) a más tardar cinco días después, al deudor, con la re solución del órgano 
jurisdiccional de origen y la nota informativa conforme con el formulario cuyo 
modelo figura en el anexo III bis del presente Reglamento. 
5. A partir de la recepción de una orde n de retención automática mensual, el 
destinatario procederá a la primera retenc ión. Si se encuentra en la imposibilidad 
absoluta de efectuar estas retenciones, info rmará de ello al órgano jurisdiccional de 
origen a más tardar en el plazo de los 30 días siguiente s al acuse de recibo o a la 
última retención. 
6. Cuando se haya dictado una orden de rete nción automática en su contra, el deudor 
deberá informar al acreedor y al órgano jurisdiccional de origen de todo cambio de empleador o de cuenta bancaria. 
Artículo 35 
Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria  
1. Un acreedor podrá pedir al órgano jurisdi ccional que conoce del fondo que dicte una 
orden de embargo temporal de una cuenta ba ncaria situada en otro Estado miembro, 
destinada a la entidad bancaria en que el deudor sea titular de una cuenta. La 
solicitud y la orden de embar go temporal de una cuenta bancaria se ajustarán a los 
formularios cuyos modelos figuran en el  anexo IV del presente Reglamento. 
 
ES 27   ES 2. El órgano jurisdiccional resolverá en el  plazo de ocho días sobre la solicitud del 
acreedor, sin advertir al deudor de la pres entación de esta solicitud y sin darle la 
posibilidad de ser oído. Dict ará la orden de embargo temporal cuando considere que 
la solicitud del acreedor no es manifies tamente infundada y que existe un grave 
riesgo de incumplimiento por parte del deudor. 
3. La orden de embargo temporal: 
a) se notificará por el órgano jurisdicci onal, por carta certificada con acuse de 
recibo, a la entidad ban caria donde el deudor sea titular de una cuenta 
corriente; 
b) tendrá como efecto, a partir de la recepción, prohibir todo movimiento en la 
cuenta bancaria que pudiera imposibilitar el pago por su titular del importe determinado por la orden de embargo temporal. 
4. El acreedor y el deudor serán avisados por el órgano jurisdiccional de la expedición 
de una orden de embargo temporal por carta  certificada con acuse de recibo, una vez 
esta orden haya producido el efecto de scrito en el apartado 3, letra b). 
5. El deudor podrá solicitar la anulación de  la orden de embargo temporal ante el 
órgano jurisdiccional que la di ctó, el cual resolverá en el plazo de 8 días. El órgano 
jurisdiccional podrá es timar su solicitud, en su caso, exigiendo al deudor que preste 
una garantía. 
6. La orden de embargo temporal dejará de  producir efectos en cuanto el órgano 
jurisdiccional ordene su anul ación o si no ha sido resuelta en el plazo de 8 días y, a 
más tardar, cuando dicte una resolución sobre el fondo. La orden de embargo temporal también podrá sustituirse por una orden de retención automática mensual en cuanto se dicte la resolu ción sobre el fondo, si el acr eedor así lo solicitó, de 
conformidad con el artículo 34.  
La decisión que pone fin a la orden de embargo temporal será  notificada por el 
órgano jurisdiccional a la entidad bancaria , por carta certificada con acuse de recibo. 
Artículo 36 
Prelación de los créditos alimentarios 
Los créditos alimentarios tienen preferencia s obre las demás deudas del deudor, incluidas las 
derivadas de los gastos de ejecución de las resoluciones. 
 
ES 28   ES Capítulo VII 
Documentos públicos con fuer za ejecutiva y acuerdos 
Artículo 37 
Fuerza ejecutiva de los documento s públicos y de los acuerdos 
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y ejecutivos en un Estado 
miembro, así como los acuerdos entre partes c on fuerza ejecutiva en un Estado miembro serán 
reconocidos y gozarán de la misma fuerza ejecuti va que las resoluciones, de conformidad con 
el artículo 25.  
Artículo 38 
Ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de los acuerdos 
1. Las disposiciones del capítulo VI serán aplicables, en la medida necesaria, al 
reconocimiento y la ejecución de los doc umentos públicos con fuerza ejecutiva y 
acuerdos entre partes con fuerza ejecutiva. La autoridad competente del Estado miembro donde un documento público o un acuerdo entre partes sea ejecutivo 
expedirá, a petición de toda  parte interesada, un certifi cado del documento utilizando 
el formulario cuyo modelo figura en el anexo II del presente Reglamento. 
2. El acreedor de alimentos que desee acogerse a las disposiciones de los artículos 34 y 
35 podrá dirigirse al órgano jurisdiccional del lugar de su residencia habitual. 
Capítulo VIII 
Cooperación 
Artículo 39 
Autoridades centrales 
1. Cada Estado miembro designará a una o más autoridades centrales encargadas de 
asistirle en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus atribuciones 
territoriales o materiales. 
2. Cuando un Estado miembro haya designado  a varias autorida des centrales, en 
principio las comunicaciones se dirigirá n directamente a la autoridad central 
competente. Si una comunicación va dirigi da a una autoridad central no competente, 
 
ES 29   ES ésta se encargará de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de 
ello al expedidor. 
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisi ón en el plazo de seis meses a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento:  
a) los nombres, direcciones y modos de comunicación de las autoridades centrales 
designadas de acuerdo con el presente artículo; 
b) las lenguas aceptadas para las com unicaciones dirigidas a las autoridades 
centrales. 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación de dichos 
datos. 
La Comisión pondrá esta información a disposición del público. 
Artículo 40 
Funciones generales 
Las autoridades centrales comunicarán la información sobre las legislaciones y 
procedimientos nacionales en materia de oblig ación de alimentos y adoptarán medidas para 
mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin, se hará 
uso de la red judicial europea en materia civil y mercantil crea da por la Decisión 
2001/470/CE. 
Artículo 41 
Cooperación en el marco de asuntos específicos  
1. Las autoridades centrales cooperarán en  asuntos determinados para lograr los 
objetivos contemplados por el presente Reglamento. Con este fin, adoptarán, por 
iniciativa propia o por medio de las auto ridades públicas u otros organismos, toda 
medida conveniente para:  
a) recabar e intercambiar información: 
(i) sobre la situación del acreedor y del deudor, recu rriendo, en particular, a 
los artículos 44 a 47; 
(ii) sobre todo procedimiento pendiente;  (iii) sobre toda re solución dictada; 
b) proporcionar información y asistencia  a los acreedores implicados en un 
procedimiento en su territorio; 
 
ES 30   ES c) facilitar la conclusión de convenios entre acreedores y de udores, recurriendo a 
la mediación o a otros medios, y f acilitar a tal efecto la cooperación 
transfronteriza. 
2. Cuando así lo solicite, un acreedor que re sida habitualmente en un Estado miembro 
estará representado por:  
a) la autoridad central del Estado miem bro en cuyo territorio se encuentre el 
órgano jurisdiccional que conoce de una demanda en materia de obligación de 
alimentos; o 
b) la autoridad central de l Estado miembro de ejecución. 
A efectos del presente apartado, la re presentación comprende el conjunto de 
gestiones que permiten obtener una resolu ción, así como el cobro efectivo de un 
crédito alimentario. 
Artículo 42 
Método de trabajo 
1. Todo acreedor, ya actúe directamente o po r medio de la autoridad central del Estado 
miembro donde reside habitualmente, podrá presentar ante una autoridad central de 
un Estado miembro una solicitud de asis tencia en virtud del artículo 41. 
El acreedor podrá presentar su  solicitud ante el órgano jurisdiccional  del lugar de su 
residencia habitual, el cual adoptará la s medidas necesarias para garantizar su 
transmisión y su ejecución, en relación con la autoridad central del Estado miembro 
del que dependa. 
2. La demanda de asistencia se acompañar á de toda la información disponible que 
pueda facilitar la ejecución. 
3. Sin perjuicio del apartado 4, la asistencia prestada por las autoridades centrales, por 
las autoridades públicas y otros organismos  de acuerdo con el artículo 41, así como 
por las personas designadas por es tas autoridades, será gratuita. 
4. Podrá pedirse al acreedor una particip ación en los gastos de representación 
ocasionados de acuerdo con el artículo 41, apartado 2. No obstante, no podrá pedirse 
contribución alguna a un acr eedor que, en el Estado  miembro donde reside 
habitualmente, cumpla lo requisitos para obtener la asistencia jurídica gratuita. 
5. Cada autoridad central su fragará sus propios gastos. 
 
ES 31   ES Artículo 43 
Reuniones 
1. Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, las autoridades 
centrales se reunirán periódicamente. 
2. La convocatoria de estas reuniones se efectuará de acuerdo con la Decisión 
2001/470/CE relativa a la creación de una re d judicial europea en materia civil y 
mercantil. 
Artículo 44 
Acceso a la información 
1. Las autoridades centrales darán acceso a la  información que permita facilitar el cobro 
de las deudas alimentarias en las condici ones previstas en el presente capítulo. Se 
proporcionará la siguiente información a fin de alcanzar los objetivos siguientes:  
a) localización del deudor; b) evaluación del patrimonio del deudor, en particular, el importe y la naturaleza 
de sus ingresos; 
c) identificación del empleador del deudor; d) identificación de las cuentas bancar ias de las que el deudor sea titular. 
2. Los datos mencionados en el apartado 1 comprenderán al menos aquellos de que 
dispongan las administraciones y autoridades competentes, en los Estados miembros, 
en los ámbitos siguientes: 
a) impuestos y tributos; b) seguridad social, incluida la percepci ón de las cotizaciones sociales de los 
empleadores de trabajadores por cuenta ajena; 
c) registros de población; d) registros de propiedad; 
e) matriculación de los vehículos de motor; 
f) bancos centrales. 
3. El acceso a la información mencionada en el presente artículo no podrá nunca dar 
lugar al establecimiento de nuevos  ficheros en un Estado miembro. 
 
ES 32   ES Artículo 45 
Transmisión de la información 
1. Un acreedor podrá acudir a la autoridad central requirente del Estado miembro donde 
resida habitualmente por medio del órgano ju risdiccional del lugar de su residencia 
habitual, el cual remitirá su solicitud si la considera conforme con los requisitos previstos en el presente capítulo. 
2. Para presentar una solicitud de comunicación de información entre autoridades 
centrales se utilizará el fo rmulario cuyo modelo figura en  el anexo V del presente 
Reglamento. 
3. La solicitud destinada a obten er los datos contemplados en el artículo 44, apartado 1, 
letra a), podrá presentarse en cualquier mome nto. La solicitud destinada a obtener los 
datos contemplados en el artí culo 44, apartado 1, letras b), c) y d) , podrá interponerse 
cuando el acreedor pueda pres entar un certificado de  resolución en virtud del artículo 
28, o un certificado de documento en virtud del artículo 38, apartado 1. 
4. Además del formulario citado en el apar tado 1, la autoridad central requerida podrá 
solicitar a la autoridad central requirente la presentación de doc umentos adicionales 
con el fin de lograr uno de los objetivos contemplados en el artículo 44, apartado 1. 
5. Se presentará la tradu cción de los documentos adici onales, salvo si el Estado 
miembro requerido dispensa este requisito. Los Estados miembros informarán a la Comisión, a más tardar seis meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento, 
de su decisión de exigir o no las trad ucciones en virtud del presente apartado. 
La Comisión pondrá esta información a disposición del público. Si la solicitud de comunicación de info rmación se hace a iniciativa de un acreedor 
que haya obtenido asistencia jurí dica gratuita total o parcial, la traducción la hará la 
autoridad requirente, sin ga stos para el acreedor. 
6. La información será comunicada por las autoridades requeridas a las autoridades 
requirentes. Si la autoridad requerida no puede fa cilitar la información, informará sin 
demora a la autoridad requirente, precis ándole las razones de la imposibilidad. 
Artículo 46 
Uso de la información 
1. La autoridad central requirente que reci ba una información la comunicará sin demora 
al órgano jurisdiccional que le transmitiera la solicitud de acuerdo con el artículo 45, 
apartado 1. La autoridad central requirent e destruirá la información después de 
comunicársela al órgano jurisdiccional. 
2. La información comunicada de acuerdo c on el presente Reglamento no podrá ser 
utilizada sino por un órgano ju risdiccional y solamente para facilitar el cobro de las 
 
ES 33   ES deudas alimentarias. No obstante, un órgano jurisdiccional podrá transmitir esta 
información, sin revelarla al ac reedor, a las autoridades co mpetentes para notificar o 
trasladar un documento judicial o extrajudicial, así como a las autoridades competentes para proceder a la ejecuci ón de una resoluci ón. Estas autoridades 
destruirán la información en cu anto hayan hecho uso de ella. 
3. Un órgano jurisdiccional sólo podrá conservar una información comunicada de 
acuerdo con el presente Reglamento mientras  la necesite para faci litar el cobro de un 
crédito alimentario. El plazo de co nservación no podrá exceder de un año. 
Artículo 47 
Información al deudor 
La autoridad central requerid a advertirá al deudor de:  
a) la información que comunicó y de la forma en que la obtuvo; b) la identidad de los destinatarios de dicha información; c) las condiciones en que esta informaci ón puede utilizarse en virtud del presente 
Reglamento; 
d) los derechos y vías de recurso a di sposición del deudor de acuerdo con la 
legislación interna adoptada con ar reglo a la Directiva 95/46/CE; 
e) datos de contacto de la autoridad de  control establecida, con arreglo a la 
Directiva 95/46/CE, tanto en el Estado miembro de que depende la autoridad 
central requirente, como en el Estado miembro de que depende la autoridad 
central requerida,  
a menos que la autoridad central demandante le haya indicado, en la solicitud presentada de 
acuerdo con el artículo 45, apartado 2, que esta  advertencia al deudor podría perjudicar al 
cobro efectivo de un crédito alimentario, en cuyo caso, la autoridad central requerida diferirá la advertencia al deudor por  un período de tiempo que no excederá de sesenta días. 
Capítulo IX 
Disposiciones generales y finales 
Artículo 48 
Relaciones con otros instrumentos comunitarios 
1. En materia de obligaciones de alimentos, el presente Reglamento sustituirá al 
Reglamento (CE) n° 44/2001 y al Reglamento (CE) n° 805/2004. 
 
ES 34   ES 2. El artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 no se aplicará en materia de 
obligaciones de alimentos. 
3. Sin perjuicio del apartado 2, el presente Reglamento no afectará a la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1348/2000 y del Reglamento (CE) n° 1206/2001. 
Artículo 49 
Relaciones con otros instrumentos 
El presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios y 
Tratados que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y en los que sean Parte los Estados miembros. 
Artículo 50 
Modificación de los anexos 
Cualquier modificación de los anexos del presente Reglamen to seguirá el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 51, apartado 2.  
Artículo 51 
Comité 
1. La Comisión estará asistida por un com ité compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. 
2. Cuando se haga referencia al presente  apartado, se aplicará el procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, respetando lo 
dispuesto en su artículos 7, apartado 3. 
Artículo 52 
Disposición transitoria 
1. Las disposiciones del presente Reglamento  solo se aplicarán a los procedimientos 
incoados, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a los acuerdos celebrados posteriormente a su entrada en aplicación. 
2. No obstante: 
a) los artículos 12 a 21 sobre la ley apli cable se aplicarán a los procedimientos 
pendientes en la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento si todas 
las partes lo aceptan expresamente o de  cualquier otra manera inequívoca; 
 
ES 35   ES b) los artículos 27 a 36 sobre la ejecuci ón se aplicarán a las resoluciones y actos 
auténticos declarados ejecutivos de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 
44/2001 o certificados como títulos ejecutiv os europeos de acuerdo con el 
Reglamento (CE) n° 805/2004 en la fech a de entrada en vigor del presente 
Reglamento; 
c) los artículos 39 a 47 sobre la cooper ación se aplicarán a todo procedimiento 
pendiente en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
Artículo 53 
Entrada en vigor 
1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2008. 
2. El presente Reglamento se aplicará a part ir del 1 de enero de 2009, salvo el artículo 
22, apartado 3, el artículo 39 y el artículo 45, apartado 5, que se ap licarán a partir de 
la entrada en vigor. 
El presente Reglamento será obligatorio en t odos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
Hecho en Bruselas, el  
 Por el Consejo 
 El Presidente 
 
ES 36   ES ANEXOS  
ANEXO I 
CERTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE 
ALIMENTOS 
(Artículo 28 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resolucione s y la cooperación en materia de obligaciones 
de alimentos25) 
1. Estado miembro: 
AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □ 
MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □] 
2. Órgano jurisdiccional 
2.1. Nombre: 
2.2. Calle y número/apartado de correos: 
2.3. Localidad y código postal 
 
3. Demandante: 
3.1. Nombre: 
3.2. Calle y número/apartado de correos: 
3.3. Localidad y código postal 
3.4. País: 
3.5.Tel. (*) : 
3.6.Correo electrónico (*): 
 4. Demandado 
4.1. Nombre: 
4.2. Calle y número/apartado de correos: 
4.3. Localidad y código postal: 
                                                 
25 DO L…… 
 
ES 37   ES 4.4. País: 
4.5. Tel. (*): 
4.6.Correo electrónico (*): 
(*) Opcional  
5. Resolución 
5.1. Importe del crédito alimentario 
Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa  
□ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón  
□ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno  
□ Zloty polaco □ Otra (precisar)……………………………. 
5.2. Periodicidad de los pagos 
5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................  
5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................  
En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez: 
5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el im porte si no es idéntico  al importe de la 
deuda alimentaria indicado al apartado 5.1): 
Una vez a la semana.............................................................  
Una vez al mes.................................................................  
Otra (precisar).................................................................  
5.3. Indización  
Si el importe indicado en el apartado 5.2.3 es objeto de una i ndización, indicar el tipo de 
indización:  
Indización aplicable a partir del 
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente:  
 
ES 38   ES ANEXO II 
CERTIFICADO DE UN DOCUMENTO EN  MATERIA DE OBLIGACIÓN DE 
ALIMENTOS 
(Artículo 38 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resolucione s y la cooperación en materia de obligaciones 
de alimentos26) 
 
1. Estado miembro: 
AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □ 
MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □] 
 
2. Tipo de documento: 
2.1. Documento público con fuerza ejecutiva ......................... □ 
expedido por (iden tidad y lugar):  
el (fecha): 
2.2. Acuerdo entre partes..................... □ 
celebrado en (lugar): 
el (fecha): 
 
3. Acreedor 
3.1. Nombre: 
3.2. Calle y número/apartado de correos: 
3.3. Localidad y código postal: 
3.4. País: 
3.5. Tel. (*): 
3.6. Correo electrónico (*): 
 
                                                 
26 DO L…… 
 
ES 39   ES 4. Deudor 
4.1. Nombre: 
4.2. Calle y número/apartado de correos : 
4.3. Localidad y código postal 
4.4. País 
4.5. Tel. (*) : 
4.6. Correo electrónico (*) : 
(*) Opcional  
5. Contenido del documento 
5.1. Importe del crédito alimentario 
Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa  
□ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón  
□ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno  
□ Zloty polaco □ Otra (precisar)……………………………. 
5.2. Periodicidad de los pagos 
5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................  
5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................  
En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez: 
5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el importe si no es idéntico al importe del 
crédito alimentario indicado en el apartado 5.1): 
Una vez a la semana.............................................................  
Una vez al mes.................................................................  
Otra (a precisar).................................................................  
5.3. Indización  
Si el importe indicado en el  apartado 5.2.3 es objeto de una indización, indica r el tipo de 
indización:  
Indización aplicable a partir del 
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente:  
 
ES 40   ES ANEXO III 
ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL 
(Artículo 34 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resolucione s y la cooperación en materia de obligaciones 
de alimentos27) 
 
1. Estado miembro: 
AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □ 
MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □] 
 
2. Órgano jurisdiccional 
2.1. Nombre: 
2.2. Calle y número/apartado de correos : 
2.3. Localidad y código postal: 
 
3. Demandante: 
3.1. Nombre: 
3.2. Calle y número/apartado de correos : 
3.3.Localidad y código postal 
3.4. País: 
3.5. Tel. (*): 
3.6. Correo electrónico (*): 
3.7. Datos bancarios 
Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN): 
Código de Identificación Bancaria (BIC): 
 
                                                 
27 DO L…… 
 
ES 41   ES 4. Deudor 
4.1. Nombre: 
4.2. Calle y número/apartado de correos: 
4.3. Localidad y código postal . 
4.4. País: 
4.5.Tel. (*): 
4.6. Correo electrónico (*): 
(*) Opcional  
5. Solicitud de retención automática 
5.1. Fecha de la resolución que determina el importe del crédito alimentario: 
5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente: 
Moneda  : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa  
□ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón  
□ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno  
□ Zloty polaco □ Otra (precisar)……………………………. 
5.3. Indización  
Si el importe indicado en el apartado 5.2. es objeto de una i ndización, indicar el tipo de 
indización:  
Indización aplicable a partir del 
5.4. Destinatario 
5.4.1. Banco del deudor: 
Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN): 
Código de Identificación Bancaria (BIC): 
5.4.2. Empleador del deudor: 
 
 
ES 42   ES 6. Orden de retención 
 Se desestima la solicitud de retención automática.  
 Se da orden a:  
(destinatario indicado en el apartado 5.4) 
de retener, todos los meses,  en la remuneración  en la cuenta bancaria: 
(deudor mencionado en el apartado 4) 
la suma de: 
(importe determinado en el apartado 5.2) 
en favor de: 
(solicitante mencionado en el apartado 3). 
Si le resulta imposible efectuar estas reten ciones, debe informar de ello al órgano 
jurisdiccional mencionado en el apartado 2, en un plazo de 30 días a partir de la 
recepción del presente documento o a part ir de la última retención efectuada  (art. 33, ap. 
5 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resolucione s y la cooperación en ma teria de obligaciones 
de alimentos). 
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente:  
 
ES 43   ES ANEXO III bis 
NOTA INFORMATIVA PARA EL DEUDO R CONTRA EL QUE SE HA DICTADO 
UNA ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL 
(Apartado 34, apartado 4, letra b) del Reglamento  (…) del Consejo relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y la ej ecución de las resoluciones y la cooperación en 
materia de obligación de alimentos28) 
1. Reexamen 
Se ha dictado en su contra una orden de rete nción automática. Esta or den y la resolución del 
órgano jurisdiccional de orig en le han sido notificadas al  mismo tiempo que esta nota 
informativa. 
Tiene derecho a solicitar el reexamen de la re solución del órgano jurisdiccional de origen si 
no ha comparecido ante él y:  
a) si no ha recibido el escrito de interposic ión de la demanda o documento equivalente, 
o 
b) si no ha podido impugnar el  crédito alimentari o por causa de fuerza mayor o debido a 
circunstancias extraordinarias, si n mediar culpa por su parte. 
Tiene derecho a solicitar el reexamen en el plazo de .............. días, a partir del día de 
recepción de la presente nota informativa. 
2. Ejecución 
Si no tiene derecho a solicitar el reexamen de la  resolución del órgano jurisdiccional de origen 
de conformidad con el apartado 1, o si no quiere solicitarlo, pe ro se opone a la ejecución de 
esta resolución, podrá acudir a las autoridades competentes del Es tado donde se desarrolla la 
ejecución de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (…) del Consejo relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimient o y la ejecución de la s resoluciones y la 
cooperación en materia de obligaciones de alimentos. 
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente:  
 
                                                 
28 DO L … 
 
ES 44   ES ANEXO IV 
ORDEN DE EMBARGO TEMPORAL DE UNA CUENTA BANCARIA  
(Artículo 35, apartado 1 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos29) 
 
1. Estado miembro: 
AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □ 
MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □] 
 
2. Órgano jurisdiccional 
2.1. Nombre: 
2.2. Calle y número/apartado de correos: 
2.3. Localidad y código postal: 
 
3. Demandante: 
3.1. Nombre: 
3.2. Calle y número/apartado de correos: 
3.3. Localidad y código postal: 
3.4. País: 
3.5. Tel. (*): 
3.6. Correo electrónico (*): 
 4. Deudor 
4.1. Nombre: 
4.2. Calle y número/apartado de correos: 
4.3. Localidad y código postal: 
                                                 
29 DO L…… 
 
ES 45   ES 4.4. País: 
4.5. Tel. (*): 
4.6. Correo electrónico (*): 
(*) Opcional  
5. Solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria 
5.1. Razones de la solicitud (explicar los ries gos graves de incumplimiento por parte del 
deudor):  
5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente: 
Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa  
□ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón  
□ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno  
□ Zloty polaco □ Otra (precisar)……………………………. 
5.3. Destinatario (Banco del deudor) 
5.3.1. Entidad bancaria 
5.3.2. Número de Cuenta Bancar ia Internacional (IBAN): 
 
6. Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria  
 Se deniega la solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria. 
 Se ordena a:  
(destinatario indicado en el apartado 5.3) 
prohibir, en la cuenta bancaria de:  
(deudor mencionado en el apartado 4) 
todo movimiento que tuviera por consecuenci a reducir el saldo acreedor de la cuenta 
más allá del importe de: 
(importe determinado en el apartado 5.2) 
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente:  
 
ES 46   ES ANEXO V  
SOLICITUD DE CO MUNICACIÓN DE INFORMACIÓN  
(Artículo 45 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligación de 
alimentos30) 
 
1. Estado miembro. 
AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □ 
MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □] 
 
2. Solicitante: 
2.1. Autoridad central requirente 
2.1.1. Nombre: 
2.1.2. Calle y número/apartado de correos: 
2.1.3. Localidad y código postal: 
2.1.4. Tel.: 
2.1.5. Correo electrónico: 
2.2. Actuando a petición del órgano jurisdiccional siguiente: 
2.2.1. Nombre: 
2.2.2. Calle y número/apartado de correos: 
2.2.3. Localidad y código postal: 
2.2.4. Tel.: 
2.2.5. Correo electrónico: 
 
                                                 
30 DO L…… 
 
ES 47   ES 3. Destinatario - Autoridad central requerida 
3.1. Nombre: 
3.2. Calle y número/apartado de correos: 
3.3.Localidad y código postal: 
3.4. País: 
3.5. Tel.: 
3.6. Correo electrónico: 
 
4. Información solicitada 
4.1. Deudor concernido: 
4.1.1. Nombre: 
4.1.2. Última dirección conocida: 
4.1.3. Más información útil (descripción, nombre de  un empresario anterior, dirección de 
miembros de la familia, referencias de un vehículo propiedad del deudor, referencias de un 
edificio propiedad del deudor):  
Fotografía adjunta................................. .......................  
4.2. Datos buscados 
4.2.1. Dirección del deudor........................... .... .................  
4.2.2. Identidad del empleador del deudor ............................  
4.2.3. Referencias de una cuenta bancaria del deudor….............  
4.2.4. Evaluación del patrimonio del deudor..........................  
4.2.5. Importe de los ingresos del deudor..............................  
 
5. Documentos requeridos para la informació n mencionada en los apartados 4.2.2 a 4.2.5 
(adjuntar una copia) 
5.1. Resolución ……………………………………………………………  
5.2. Documento público ............................................. .........  
5.3. Acuerdo entre partes ................................................ .. .  
 
ES 48   ES  
IMPORTANTE (artículo 47 del Reglamento … del Consej o relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligación de alimentos):  
El deudor no debe ser informado de la transmisión de los datos antes de que la 
autoridad central requirente informe a la autoridad central requerida   
El deudor podrá ser informado de la transmisión de los datos  
 
Fecha: 
Firma y/o sello de la autoridad competente: