COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales

2002/0021 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales

1. PROCEDIMIENTO

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo [documento COM(2002) 17 final - 2002/0021 (COD)]: // 19 de febrero de 2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: // 18 de julio de 2002

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: // No se emitió dictamen alguno

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: // 14 de mayo de 2003

Fecha de adopción de la posición común: // 18 de septiembre de 2003

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta tiene como objetivo crear un marco para la prevención o reparación de los daños ambientales - que, con arreglo a la definición establecida, son los causados a la biodiversidad, a las aguas o al suelo - a través de un sistema de responsabilidad ambiental. Siempre que sea posible, deberá ser el operador causante del daño al medio ambiente o del riesgo inminente de que tal daño se produzca quien sufrague los gastos derivados de la aplicación de las medidas preventivas o reparadoras necesarias, de conformidad con el principio de que «quien contamina paga». Los operadores que lleven a cabo determinadas actividades que presentan un riesgo real o potencial, enumeradas en el anexo I de la propuesta, pueden ser considerados responsables de los daños ambientales que ocasionen, aun cuando no hayan incurrido en falta o negligencia. Los incidentes de contaminación marina y los daños nucleares quedan excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta. Los operadores que realicen actividades profesionales distintas de las incluidas en el anexo I también pueden ser considerados responsables de cualquier daño a la biodiversidad cuando haya habido falta o negligencia por su parte. No se imputará responsabilidad alguna por los daños causados por actos fortuitos o por actividades que hayan sido debidamente autorizadas. En los casos en que no pueda considerarse responsable a ningún operador o en que el operador responsable sea insolvente, los Estados miembros deberán recurrir a una fuente alternativa para financiar las medidas en cuestión. La propuesta abarca asimismo los daños transfronterizos. Las entidades cualificadas (entre ellas las organizaciones no gubernamentales) tienen derecho a solicitar a las autoridades competentes que adopten las medidas oportunas contra los operadores responsables, así como a recurrir las decisiones u omisiones posteriores de dichas autoridades. Los operadores no están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad en virtud de la propuesta, si bien los Estados miembros han de fomentar el desarrollo de productos y mercados de garantía financiera adecuados. La propuesta no es aplicable con efecto retroactivo.

3. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3. 1. Observaciones de carácter general

La posición común supone un considerable avance con miras a la adopción y al desarrollo de un instrumento innovador que haga posible la aplicación concreta del principio de que "quien contamina paga" a fin de proteger la biodiversidad, el suelo y las aguas de Europa. El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente también aboga por un régimen de responsabilidad de este tipo [1]. La Comisión puede apoyar la posición común, adoptada por mayoría cualificada.

[1] Véase el apartado 8 del artículo 3 de la Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (DO L 242 de 10.9.2002, p. 1).

3.2. Evaluación pormenorizada

La posición común difiere un tanto de la propuesta de la Comisión. Muchos de los cambios introducidos pretenden aclarar el texto, si bien otros modifican su contenido. La Comisión puede aceptar las modificaciones que a continuación se relacionan. Salvo indicación en contrario, las referencias remiten a la posición común.

Considerandos de la posición común

Se ha modificado una serie de considerandos para adecuarlos a las enmiendas introducidas en el articulado (véanse en particular los considerandos 6, 10, 16, 20, 22, 27 y 28 de la posición común). Se han suprimido cuatro considerandos (considerandos 11, 15, 16 y 23 de la propuesta de la Comisión) a consecuencia de las enmiendas introducidas en el articulado (letra b) del apartado 1 del artículo 3, apartado 4 del artículo 5, apartado 3 del artículo 6 y artículo 12), al tiempo que se han añadido seis nuevos considerandos (considerandos 4, 7, 11, 12, 14 y 19 de la posición común) para facilitar la interpretación de la posición común. El considerando 4 aclara que la contaminación atmosférica puede ocasionar daños ambientales. El considerando 7 debe ponerse en relación con la nueva sección 2 del anexo II ("Reparación de daños al suelo"), referente a la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos para la salud humana. Los considerandos 11 y 12 aclaran el vínculo entre la posición común y los instrumentos internacionales. El considerando 14 precisa que la posición común no es aplicable a los daños tradicionales, es decir, a las lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada y a las pérdidas económicas. El considerando 19 especifica los tipos de costes que pueden calcularse a tanto alzado.

En el anexo I figura la tabla de correspondencias entre los considerandos de la posición común y los de la propuesta de la Comisión.

Articulado de la posición común

Artículo 1 - Objeto

Se añade una referencia al principio de que "quien contamina paga".

Artículo 2 - Definiciones

- Las definiciones se han ordenado de forma más lógica.

- Letra a) del punto 1: los "daños a la biodiversidad" pasan a ser "daños a las especies y hábitats naturales protegidos". Se añaden referencias al estado básico y a los criterios para evaluar los efectos adversos significativos en los hábitats y especies en cuestión (véase también el nuevo anexo I).

- El apartado 2 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión pasa a ser el segundo párrafo de la letra a) del punto 1 del artículo 2. Esta disposición precisa que, en los casos a que hace referencia dicho apartado, solamente los efectos adversos previamente identificados quedan excluidos de la definición de daños a las especies y hábitats naturales protegidos.

- Letra b) del punto 1: los "daños a las aguas" se siguen definiendo con respecto a los diversos conceptos empleados para definir la calidad de las aguas en la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre política de aguas), si bien ya no es preciso que el estado de las aguas se deteriore, pasando de una de las categorías definidas en dicha Directiva marco a otra inferior.

- Letra c) del punto 1: la definición de "daños al suelo" incorpora la definición de "contaminación del suelo" (punto 11 del apartado 1 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión). Se sustituye la noción de "graves daños" por la de "riesgo significativo".

- Punto 2: se ha simplificado la definición de "daños", pero sin modificar su contenido.

- Punto 3: la "biodiversidad" se convierte en "especies y hábitats naturales protegidos", expresión ésta que se ajusta más al contenido de la definición. La definición incluye ahora a las especies migratorias mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE (Directiva sobre aves). Pasa a ser facultativa la inclusión de especies y hábitats protegidos al amparo de las legislaciones nacionales.

- Punto 4: se completa la definición de "estado de conservación" con determinados criterios para evaluar si es favorable.

- Punto 5: la definición de "aguas" permanece invariable.

- Punto 6: la definición de "operador", que incorpora la definición de "persona", queda modificada en consonancia con la definición correspondiente de la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva PCIC).

- Punto 7: se aclara la definición de "actividad profesional" y se le da un carácter más práctico.

- Punto 8: en la definición de "emisión" se aclara que la fuente de una emisión ha de ser una actividad humana.

- Punto 9: la definición de "amenaza inminente de daños" permanece invariable.

- Punto 10: la definición de "medida preventiva" permanece invariable.

- Punto 11: la definición de "medida reparadora" - que sustituye al término "reparación" - se ha modificado con el fin de precisar que abarca las medidas paliativas o provisionales. Además, algunas partes de la definición se han trasladado al anexo II (véase infra).

- Punto 12: se ha modificado ligeramente el texto de la definición de "recurso natural" de acuerdo con los cambios terminológicos que introduce la posición común.

- Punto 13: la definición de "servicios de recursos naturales" permanece invariable.

- Punto 14: se ha simplificado la definición de "estado básico" sustituyendo la lista indicativa por una referencia general a la mejor información disponible.

- Punto 15: se ha modificado la definición de "recuperación" para adecuarla a las modificaciones introducidas en el anexo II.

- Punto 16: la definición de "costes" permanece invariable.

- Las definiciones de "administrador judicial" y "entidad cualificada" han quedado suprimidas a consecuencia de las modificaciones introducidas en el articulado. También se ha eliminado la definición de "valor".

Artículo 3 -Ámbito de aplicación

- Los dos primeros apartados del artículo 3 de la propuesta de la Comisión han quedado fundidos en el apartado 1 del artículo 3. La letra b) del apartado 1 de dicho artículo delimita el ámbito de aplicación, señalando que debe haber habido falta o negligencia por parte del operador.

- El apartado 2 corresponde al apartado 5 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 3 corresponde al apartado 8 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión. Se ha modificado su redacción para abarcar todo tipo de indemnización monetaria a partes particulares.

Artículo 4 - Excepciones

- El apartado 1 corresponde a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 2 corresponde al apartado 3 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión. Los instrumentos internacionales pasan a recogerse en un anexo (anexo IV). Los incidentes causantes de daños regulados por alguno de los convenios internacionales a que hace referencia el apartado 2 del artículo 4 solamente quedarán excluidos del ámbito de aplicación de la futura directiva cuando el convenio de que se trate esté en vigor en el Estado miembro afectado.

- El apartado 3 es nuevo y concede a los operadores el derecho a limitar su responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional de desarrollo de dos instrumentos internacionales sobre responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho marítimo y sobre limitación de la responsabilidad en la navegación interior.

- El apartado 4 corresponde al apartado 4 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión. Los instrumentos internacionales pasan a recogerse en un anexo (anexo V).

- El apartado 5, que corresponde al apartado 6 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión, hace referencia a la posibilidad de establecer un vínculo causal en lugar de hacer referencia a la imposibilidad de establecerlo.

- El apartado 6 corresponde al apartado 7 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión. Se ha incorporado una referencia a la seguridad internacional y a la protección contra los desastres naturales. Las actividades pasan a quedar excluidas en función de su propósito principal.

Artículo 5 - Acción preventiva

- El apartado 1 reúne los dos primeros apartados del artículo 4 de la propuesta de la Comisión y simplifica el procedimiento al imponer directamente al operador la obligación de adoptar las medidas necesarias.

- El apartado 2 corresponde al apartado 3 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión. Se precisa la información que ha de suministrarse, así como el plazo de que se dispone para hacerlo.

- El apartado 3 es nuevo y establece las facultades de la autoridad competente, especialmente en relación con el operador.

- El apartado 4 corresponde al apartado 4 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión en la medida en que establece que la autoridad competente ha de exigir al operador que adopte las medidas necesarias. También refleja, aunque con un contenido sustancialmente distinto, el apartado 1 del artículo 6 de la propuesta de la Comisión en la medida en que establece que la propia autoridad competente puede adoptar medidas en los casos en que el apartado 1 del artículo 6 establecía que correspondía a los Estados miembros velar por que se adoptaran tales medidas.

Artículo 6 - Acción reparadora

- El apartado 1 se basa en los apartados 1 y 3 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión y simplifica el procedimiento al imponer directamente al operador la obligación de adoptar las medidas necesarias. También se exige al operador que informe a la autoridad competente. Además de las medidas reparadoras que ha de adoptar de conformidad con el artículo 7 (letra b) del apartado 1 del artículo 6), el operador debe tomar medidas inmediatas para limitar o prevenir mayores daños ambientales (letra a) del apartado 1 del artículo 6).

- El apartado 2 es nuevo y establece las facultades de la autoridad competente, especialmente en relación con el operador.

- El apartado 3 corresponde al apartado 2 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión en la medida en que establece que la autoridad competente ha de exigir al operador que adopte las medidas necesarias. También refleja, aunque con un contenido sustancialmente distinto, el apartado 1 del artículo 6 de la propuesta de la Comisión en la medida en que, cuando no exista operador alguno para reparar los daños, la posición común se limita a señalar que la autoridad competente puede adoptar las medidas necesarias, mientras que la propuesta de la Comisión imponía a los Estados miembros la obligación de velar por que se adoptaran dichas medidas.

Artículo 7 - Determinación de las medidas reparadoras

- El apartado 1 es nuevo y precisa el cometido del operador durante la primera fase del proceso de reparación de acuerdo con la nueva obligación que se le impone en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 6.

- El apartado 2 se basa en el apartado 3 del artículo 5 y en las secciones 3.2.4. y 3.2.6. del anexo II de la propuesta de la Comisión. Aclara los respectivos cometidos de las autoridades competentes y del operador.

- El apartado 3 corresponde al apartado 4 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 4 se basa en la sección 3.2.5. del anexo II de la propuesta de la Comisión. Pasa a incluir a las personas a que hace referencia el apartado 1 del artículo 12.

Artículo 8 - Costes de prevención y reparación

- El apartado 1 explicita lo que estaba implícito en la propuesta de la Comisión, a saber, que corresponde al operador sufragar los costes correspondientes.

- El apartado 2 corresponde al artículo 7 de la propuesta de la Comisión. Ya no se mencionan explícitamente los costes de evaluación (véase el apartado 2 del artículo 7 de la propuesta de la Comisión) por cuanto forman parte de la noción general de costes definida en el punto 16 del apartado 1 del artículo 2 y, por consiguiente, quedan regulados por la disposición general del apartado 2 del artículo 8. El segundo párrafo de dicho apartado es nuevo y permite a la autoridad competente no recuperar los costes íntegros en determinados casos.

- El apartado 3 corresponde al apartado 3 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión. La letra b) del apartado 3 de la posición común especifica que el operador no quedará exonerado del pago de los costes cuando la autoridad pública haya cursado la orden obligatoria como consecuencia de una emisión o incidente generados por las actividades del operador. Se ha añadido una nueva disposición en virtud de la cual los operadores pueden recuperar los costes en que hayan incurrido cuando, por ejemplo, se compruebe posteriormente que los daños han sido causados por un tercero.

- El apartado 4, que sustituye a las letras c) y d) del apartado 1 y al apartado 2 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión, establece que los Estados miembros pueden permitir que el operador no sufrague el coste en dos casos; a saber: cuando la emisión o hecho que hayan causado daños estén expresamente autorizados en virtud de la normativa comunitaria, o cuando no se hayan considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos y técnicos.

- El apartado 5 corresponde al apartado 2 del artículo 6 de la propuesta de la Comisión.

Artículo 9 - Imputación de los costes en caso de varios responsables

El artículo 9, que sustituye al artículo 11 de la propuesta de la Comisión, establece que el reparto de responsabilidades en caso de que existan varios responsables debe efectuarse sobre la base de los ordenamientos jurídicos nacionales. Por tanto, no se ha mantenido ninguna disposición similar a la del apartado 2 del artículo 11.

Artículo 10 - Limitación del período para la recuperación de los costes

El artículo 10, que corresponde al artículo 12 de la propuesta de la Comisión, establece que el período de cinco años comienza a contar a partir de la fecha en que se haya llevado a término la aplicación de las medidas o se haya identificado al operador responsable, de ambas fechas la que sea posterior.

Artículo 11 - Autoridad competente

- El apartado 1 corresponde al primer párrafo del apartado 1 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 13 se ha suprimido por cuanto se consideró innecesario.

- El apartado 2 corresponde al apartado 2 y al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión. Se ha suprimido el primer párrafo del apartado 3 del artículo 13.

- El apartado 3 corresponde al apartado 4 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 4 corresponde al apartado 5 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión.

Artículo 12 - Solicitud de acción

- El apartado 1, que sustituye al apartado 1 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión, ya no alude al concepto de "entidades cualificadas" definido en el artículo 2, sino que define a las personas que tienen derecho a presentar una solicitud de acción. El nuevo texto se basa en la Convención de la ONU/CEPE sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ("Convención de Aarhus"). Se hace referencia explícita a las organizaciones no gubernamentales que fomentan la protección del medio ambiente. El procedimiento previsto en la posición común permite presentar solicitudes de acción en caso de que exista una amenaza inminente de que se produzca un daño.

- El apartado 2 corresponde en lo esencial al apartado 2 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión, si bien exige además que en todos los casos debe adjuntarse la información pertinente a la solicitud de acción.

- El apartado 3 corresponde a los apartados 3 y 4 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 4 sustituye a los apartados 5 y 6 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión. Simplifica el procedimiento por cuanto ya no deben cumplirse dos trámites distintos antes de que el solicitante con arreglo al apartado 1 del artículo 12 tenga derecho a recurrir a los procedimientos de revisión previstos en el artículo 13.

- El apartado 5 es nuevo y autoriza a los Estados miembros a adaptar los procedimientos establecidos en los apartados 1 a 4 a los casos de amenaza inminente de daño.

Artículo 13 - Procedimientos de revisión

- El apartado 1 corresponde al apartado 1 del artículo 15 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 2 corresponde al apartado 2 del artículo 15 de la propuesta de la Comisión. Se incorpora una referencia a las disposiciones de Derecho interno que regulan el acceso a la justicia con el fin de que los Estados miembros que garanticen un acceso a la justicia más amplio que el previsto en el artículo 13 puedan mantener tales disposiciones.

Artículo 14 - Garantía financiera

- El apartado 1 se basa en el artículo 16 de la propuesta de la Comisión.

- El apartado 2 es nuevo y establece que la Comisión ha de presentar un informe sobre la eficacia de la directiva y la disponibilidad y condiciones de las garantías financieras, así como, si procede, propuestas relativas a una garantía financiera obligatoria.

Artículo 15 - Cooperación entre los Estados miembros

- El apartado 1, que se basa en el artículo 17 de la propuesta de la Comisión, señala explícitamente que el intercambio de información forma parte de las actividades de cooperación que esta disposición exige a los Estados miembros.

- El apartado 2 es nuevo e impone la obligación de informar cuando se haya producido un daño. Aunque no esté explícito del todo en el texto, cabe interpretar que el Estado miembro en cuyo territorio se haya originado el daño debe tomar la iniciativa de informar a los Estados miembros que puedan verse afectados.

- El apartado 3 es nuevo y abarca las situaciones en que un Estado miembro se ve afectado por un daño que se haya ocasionado en otro Estado miembro.

Artículo 16 - Relación con la legislación nacional

El artículo 16 corresponde al artículo 18 de la propuesta de la Comisión. El apartado 1 del artículo 16 se ha modificado para adecuarlo al cambio introducido en el artículo 9.

Artículo 17 - Aplicación temporal

- Los guiones primero y segundo corresponden en lo esencial al apartado 1 del artículo 19 de la propuesta de la Comisión. Se han suprimido los apartados 2 y 3 de dicho artículo 19.

- El tercer guión es nuevo y completa las disposiciones del artículo 10 sobre limitación del período para la recuperación de costes, estableciendo un plazo tras el que no se podrá emprender acción alguna contra el operador en virtud de la futura directiva. Esta disposición aumenta la seguridad jurídica, al tiempo que el plazo establecido (30 años) es lo suficientemente dilatado para abarcar los daños ambientales derivados de la contaminación a largo plazo.

Artículo 18 - Informes y examen

- Los dos primeros apartados del artículo 18 corresponden en lo esencial al artículo 20 de la propuesta de la Comisión, excepción hecha de la referencia que se añade al plazo de que disponen los Estados miembros y la Comisión para presentar sus respectivos informes.

- El apartado 3 es nuevo y detalla cuatro aspectos que la Comisión debe examinar e incluir en su informe: convenios internacionales, organismos modificados genéticamente (OMG), especies y hábitats naturales protegidos, y nuevos instrumentos que pueden incorporarse.

Artículo 19 - Aplicación

La posición común establece que los Estados miembros disponen de un plazo de tres años.

Anexo I - Criterios a que se refiere la letra a) del punto 1 del apartado 1 del artículo 2

Se trata de un nuevo anexo que establece los criterios de base para determinar los cambios adversos significativos en el estado básico.

Anexo II - Reparación del daño ambiental

- Este anexo corresponde al anexo II de la propuesta de la Comisión.

- Los objetivos de reparación de los daños a las aguas y a las especies y hábitats naturales protegidos se distinguen ahora claramente de los relativos a los daños al suelo. Se ha modificado la redacción de varios puntos para hacerlos más comprensibles.

- Se han incorporado a este anexo algunas partes de las definiciones pertinentes.

- Se utilizan las expresiones "reparación complementaria" y "reparación compensatoria" en lugar de "reparación compensatoria" a fin de distinguir con mayor claridad ambos conceptos.

- Los criterios adicionales que han de tenerse en cuenta al evaluar las opciones de reparación se han incluido en la sección 1.3.1.

- Se ha añadido una nueva sección que refleja el principio de proporcionalidad (sección 1.3.3).

Anexo III - Actividades a que hace referencia el apartado 1 del artículo 3

Este anexo corresponde al anexo I de la propuesta de la Comisión. Se ha modificado la redacción de varios puntos a fin de determinar o especificar con mayor precisión las actividades, emisiones y productos a los que será aplicable la futura directiva.

Anexos IV y V - Convenios internacionales a que hacen referencia los apartados 2 y 4 del artículo 4

Estos anexos son nuevos e incorporan las listas de los convenios internacionales enumerados en los apartados 3 y 4 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

Anexo VI - Informaciones y datos a que se refiere el apartado 1 del artículo 18

Este anexo corresponde al anexo III de la propuesta de la Comisión. Se ha simplificado su contenido para que los Estados miembros puedan recoger con mayor eficacia la información y los datos solicitados.

Disposiciones que se han suprimido o modificado sustancialmente en la posición común

Además de las disposiciones de la propuesta de la Comisión que, como ya se ha indicado anteriormente, han quedado fundidas con otras o han sido total o parcialmente suprimidas, las disposiciones de la propuesta de la Comisión que a continuación se detallan han quedado suprimidas en la posición común del Consejo:

Apartado 1 del artículo 6: en virtud de este apartado, cuando no pueda considerarse responsable a ningún operador o cuando el operador sea responsable del daño, pero no disponga de medios económicos, los Estados miembros han de buscar una fuente alternativa para financiar las medidas en cuestión. El Consejo consideró que se trataba de un requisito demasiado estricto y prefirió dejar a criterio de las autoridades competentes la decisión de reparar o no los daños ambientales en los citados casos (véanse el apartado 4 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6 de la posición común).

Apartado 4 del artículo 9: la finalidad de esta disposición era establecer un régimen específico aplicable a los administradores judiciales. Se consideró innecesaria por cuanto abordaba una cuestión - la responsabilidad personal de los administradores judiciales - que más bien ha de ser regulada por los ordenamientos jurídicos nacionales.

Artículo 10: con este artículo se pretendía aclarar que determinados gastos siempre han de ser sufragados por los operadores, independientemente de su posible responsabilidad en virtud de la futura directiva. Se consideró superfluo por indicar una obviedad.

3.3. Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura

En la sesión plenaria de 14 de mayo de 2003, el Parlamento Europeo aprobó 58 [2] enmiendas. La Comisión ha aceptado diez enmiendas íntegramente (enmiendas 2, 6, 21, 47, 53, 60, 65, 66, 94 y 97), tres en parte (enmiendas 3, 91 y 95), dos en principio (enmiendas 34 y 100) y once en parte y en principio (enmiendas 17, 23, 35, 44, 52, 85, 90, 93, 99, 101 y 107). No han podido aceptarse las enmiendas restantes (enmiendas 5, 7 a 14, 16, 18, 19, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 54, 55, 72, 74, 76, 86, 96, 103, 106 y 108). En cuanto a la enmienda 108, el 14 de mayo de 2003 el Parlamento Europeo sólo aprobó una parte de la misma. La Comisión aceptaba en parte y en principio la enmienda 108 en su totalidad, pero no puede aceptar la parte de dicha enmienda que fue finalmente aprobada.

[2] Número que se reduce a 48 si se considera que las siguientes enmiendas - tal y como las agrupa el Parlamento - forman en cada caso una unidad: [93, 94, 23, 90, 95, 96 y 97]; [85 y 99] y [86, 103 y 38].

En total, 34 de estas enmiendas se han incorporado a la posición común íntegra, parcialmente o en principio (enmiendas 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 32, 36, 38, 41, 44, 47, 52, 63, 65, 66, 72, 74, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103 y 107).

Las 23 [3] enmiendas restantes (enmiendas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34, 35, 43, 53, 54, 55, 60, 76, 96 [4], 106 y 108) no se han incorporado a la posición común.

[3] Obsérvese que hay sólo 22 enmiendas en lugar de 23 si aplicamos el criterio expuesto en la nota nº 2 (véase también la nota nº 4).

[4] Debe señalarse que, de acuerdo con el criterio expuesto en la nota nº 2, la enmienda 96 no ha de considerarse independiente, sino integrada en el grupo [93, 94, 23, 90, 95, 96 y 97], que, como tal, se ha incorporado en parte y en principio en la posición común.

3.3.1. Enmiendas parlamentarias aceptadas íntegramente, en parte o en principio por la Comisión e incorporadas a la posición común íntegramente, en parte o en principio

Enmienda 2: en la última frase del considerando 1 se vuelve a formular la última parte de la enmienda; no se ofrecen cifras sobre el número de parajes contaminados, ya que esta estimación se deberá ajustar probablemente en el futuro, cuando se disponga de nuevos datos.

Enmienda 3: el considerando 2 incorpora una referencia al desarrollo sostenible y no hace referencia a la limitación de la responsabilidad por cuanto ésta, en principio, es ilimitada.

Enmienda 21: el considerando 31 contiene una referencia a los "riesgos futuros para el medio ambiente", pero el plazo para la revisión de la directiva es más largo (siete años en lugar de cinco).

Las enmiendas 93, 94, 23, 90, 95 y 97 se refieren a una serie de definiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 2, a saber, las definiciones de "biodiversidad", "estado de conservación", "daños", "operador", "contaminación del suelo", "entidad cualificada", "reparación", "daños a la biodiversidad" y "valor". La biodiversidad ha pasado a denominarse "especies y hábitats naturales protegidos" y, tal y como proponía el Parlamento en su enmienda, su definición es más amplia, ya que incluye a las especies de aves migratorias (aun cuando la inclusión de los parajes nacionales sea ahora facultativa). La definición de "estado de conservación" incorpora ahora una referencia al estado de conservación favorable de los hábitats y especies en cuestión, tal y como solicitaba el Parlamento. Se ha mantenido la definición de "daños". La definición de "operador" se ha modificado a fin de incorporar la primera parte de la enmienda correspondiente. Ya no hay una definición independiente de "contaminación del suelo", puesto que ésta se ha incluido en la definición de "daños al suelo"; no se hace referencia a la "radiación". Ha desaparecido la definición de "entidad cualificada" a consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 12. Una parte de la definición de "reparación" figura ahora en el anexo II con la denominación de "reparación compensatoria". La definición de "daños a la biodiversidad", que se convierte en "daños a las especies y hábitats naturales protegidos", incorpora en cierta medida la enmienda del Parlamento relativa a esta definición por cuanto se refiere directamente a los efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o mantener un estado favorable de conservación e incluye indirectamente (en la nueva definición de "especies y hábitats naturales protegidos") a las especies de aves migratorias. Se ha suprimido la definición de "valor", tal y como solicitó el Parlamento. En aras de la exhaustividad, cabe señalar que la enmienda 96, rechazada por la Comisión, tampoco se ha incorporado a la posición común, ya que no se ha añadido el término "radiación" en la definición de "daños al suelo".

Enmiendas 85 y 99: no se modifica la delimitación del ámbito de aplicación en función de las actividades cubiertas que figura en el artículo 3. Los incidentes causantes de daños regulados por alguno de los convenios internacionales citados en el apartado 2 del artículo 4 solamente quedarán excluidos del ámbito de aplicación de la futura directiva cuando el convenio de que se trate esté en vigor en el Estado miembro afectado, tal y como solicitaba el Parlamento.

La enmienda 100 se ha incorporado en lo esencial en el artículo 5, a excepción de un punto: el apartado 4 del artículo 5 establece que la autoridad competente ha de exigir al operador que adopte las medidas necesarias, pero no que la propia autoridad deba adoptar tales medidas en ausencia de un operador responsable.

La enmienda 101 se ha incorporado en lo esencial en el artículo 6, a excepción de un punto: el apartado 3 del artículo 6 establece que la autoridad competente ha de exigir al operador que adopte las medidas necesarias, pero no que la propia autoridad deba adoptar tales medidas en ausencia de un operador responsable. Las partes de la enmienda referentes a la cooperación del operador y a la necesidad de tener en cuenta los riesgos para la salud humana también quedan reflejadas en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 7.

Enmienda 91: la intención que anima la enmienda del Parlamento parece reflejarse en el apartado 4 del artículo 8 ("Costes de prevención y reparación"), en virtud del cual los Estados miembros pueden permitir que el operador no sufrague el coste cuando la emisión o el hecho causantes del daño hayan sido expresamente autorizados en virtud de la normativa comunitaria (letra a) del apartado 4 del artículo 8) o no se habían considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos y técnicos (letra b) del apartado 4 del artículo 8). El apartado 4 del artículo 8 sustituye a las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión, que constituían "excepciones". También deben tenerse en cuenta las diferencias de redacción entre los apartados 3 y 4 del artículo 8. Por otra parte, no se han incorporado a la posición común las partes de la enmienda referentes a la responsabilidad de las autoridades competentes y a la aplicación de un sistema de auditorías y de gestión ambiental por parte de los operadores.

Enmienda 44: el apartado 1 del artículo 12 y el apartado 1 del artículo 13 responden a la orientación de esta enmienda por cuanto permiten al operador recurrir a los procedimientos de revisión previstos en el artículo 13. Habida cuenta de la amplia cobertura de los procedimientos de revisión establecidos en el artículo 13, que se basa en la Convención de Aarhus, no se hace referencia al "recurso".

La enmienda 47 queda plenamente reflejada en el apartado 2 del artículo 12.

Enmienda 107: el apartado 1 del artículo 14 refleja la última parte de la enmienda, si bien no se establece garantía financiera obligatoria alguna.

La enmienda 52 queda plenamente reflejada en los apartados 2 y 3 del artículo 15.

Enmienda 65: se incorpora en el último apartado de la sección 1 del anexo II.

Enmienda 66: se incorpora en el primer apartado de la sección 2 del anexo II.

3.3.2. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión pero no incorporadas a la posición común

Enmienda 6: en el preámbulo de la posición común no se hace referencia al hecho de que la futura directiva se entiende sin perjuicio de las legislaciones nacionales sobre sociedades. Esta omisión no parece entrañar consecuencia alguna.

Enmienda 17: en el preámbulo de la posición común no se hace referencia explícita al derecho del operador a recurrir las decisiones de la autoridad competente. Tal y como se ha explicado en relación con la enmienda 44, este derecho queda establecido en el apartado 1 del artículo 12 y en el apartado 1 del artículo 13 y, por tanto, esta omisión en el preámbulo no entraña consecuencia alguna.

Enmienda 34: con esta enmienda se pretendía imponer al Estado miembro en cuyo territorio se ha originado el daño la obligación de reparar los daños causados a otro(s) Estado(s) miembro(s). La posición común no prevé la responsabilidad subsidiaria del Estado, lo cual está en consonancia con la ausencia de responsabilidad en los casos en que los daños están circunscritos al territorio de un solo Estado miembro.

Enmienda 35: en el artículo 8 no se hace referencia explícita a un "vínculo causal claro" ya que la necesidad de establecer un vínculo causal se menciona tanto en el apartado 4 del artículo 4 como en el apartado 2 del artículo 11.

Enmienda 53: el apartado 2 del artículo 16 autoriza - pero no obliga - a los Estados miembros a adoptar las disposiciones pertinentes en relación con las situaciones de doble recuperación. No parece que, en la práctica, ello pueda tener consecuencias por cuanto, de plantearse un caso de doble recuperación antes de que los legisladores nacionales hayan adoptado las medidas necesarias, los órganos jurisdiccionales nacionales desarrollarán la jurisprudencia adecuada que siente los principios en materia de doble recuperación.

Enmienda 60: la coincineración no se menciona expresamente entre las actividades enumeradas en el anexo III. Esta omisión no tiene consecuencia alguna, ya que la coincineración quedará indirectamente incluida en las actividades de gestión de residuos reguladas por la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos.

3.3.3. Enmiendas parlamentarias rechazadas por la Comisión pero incorporadas a la posición común

Enmienda 7: la última frase del considerando 10 establece ahora que solamente quedan excluidas del ámbito de aplicación las actividades cuyo principal objetivo sea servir a la defensa nacional; ya no puede deducirse de este considerando que, a diferencia de lo que establece el apartado 6 del artículo 4, quedan excluidas todas las actividades relacionadas con la defensa nacional. No se han suprimido las referencias al Tratado Euratom y a los convenios internacionales porque esta supresión hubiera sido contraria a las disposiciones del artículo 3.

Enmienda 10: el considerando 13 se refiere expresamente, aunque en un contexto distinto, a la necesidad de establecer un vínculo causal entre los daños y los contaminantes identificados.

Enmienda 14: esta enmienda suprime la referencia a la posibilidad de que los Estados miembros determinen una responsabilidad conjunta o proporcional. El considerando 22 ya no incluye esta referencia.

Enmienda 16: con esta enmienda se pretendía suprimir la referencia a la "condición especial" que hay que otorgar a las entidades cualificadas. El considerando 25 ya no hace referencia a dichas entidades.

Enmienda 18: esta enmienda suprimía determinadas partes del considerando relativas a la necesidad de establecer disposiciones transitorias adecuadas para los casos en que no esté claro si la causa de los daños fue o no posterior a la expiración del plazo. El considerando 30 ya no incluye esta referencia.

Enmienda 32: el apartado 1 del artículo 6 incorpora la parte de esta enmienda que impone al operador la obligación de adoptar medidas sin que se lo pida la autoridad competente, tal y como proponía el Parlamento. No se hace referencia a los planes de emergencia que figuraban en la enmienda, si bien queda claro que este tipo de situación queda regulado por el apartado 1 del artículo 6.

Enmienda 36: con arreglo a esta enmienda, la autoridad competente ha de iniciar procedimientos de recuperación con respecto a los terceros que hayan causado daños ambientales. El artículo 8 no hace referencia a terceros responsables, pero el artículo 10 sí alude a ellos.

Enmiendas 86, 103 y 38: el apartado 4 del artículo 8 ("Costes de prevención y reparación") establece que los Estados miembros pueden permitir que el operador no sufrague el coste cuando la emisión o el hecho que hayan causado los daños hayan sido expresamente autorizados en virtud de la normativa comunitaria (letra a) del apartado 4 del artículo 8) o no se habían considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos y técnicos (letra b) del apartado 4 del artículo 8). El apartado 4 del artículo 8 sustituye a las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión, que constituían "excepciones". No se ha añadido el término "terrorismo" en el apartado 1 del artículo 4 por cuanto este tipo de incidente queda cubierto por el apartado 1 del artículo 4 en su versión actual o por la letra a) del apartado 3 del artículo 8, relativa a los daños causados por terceros. Tampoco se ha modificado la frase introductoria del apartado 1 del artículo 4, ya que la posición común no impone a los Estados miembros la obligación de reparar los daños de los que no sea responsable ningún operador. En este nuevo contexto, no tiene demasiada importancia en la práctica que el apartado 1 del artículo 4 se redacte en términos de exclusión del ámbito de aplicación de la futura directiva o en términos de asunción de costes. No se ha introducido ninguna excepción específica con respecto a las actividades que correspondan a buenas prácticas agrícolas y forestales, ya que este caso queda regulado por la letra b) del apartado 4 del artículo 8.

Enmienda 41: el artículo 9, relativo a la imputación de los costes en caso de varios responsables, está en consonancia con el principio rector de esta enmienda por cuanto tanto ésta como el artículo 9 establecen que corresponde a los Estados miembros repartir responsabilidades y regular el derecho de recurso o la contribución.

Enmienda 63: se plasma parcialmente en la frase introductoria del anexo II, frase que aclara que dicho anexo tiene por objeto elegir las medidas reparadoras más adecuadas.

Enmienda 72: el primer párrafo de la sección 1.2.3 del anexo II faculta a la autoridad competente para determinar la técnica de valoración que considere más adecuada, aunque solamente cuando no se pueda recurrir a las técnicas de valoración previstas como primera elección en el anexo. En este sentido, refleja en parte el objetivo de la enmienda de recurrir al mínimo a técnicas de valoración monetaria.

Enmienda 74: la sección 1.3.3. del anexo II incorpora el fundamento de esta enmienda al reflejar el principio de proporcionalidad.

4. CONCLUSIÓN

La posición común está marcada en cierta medida por la voluntad del Consejo de simplificar los procedimientos y aclarar los conceptos necesarios para el correcto funcionamiento del régimen de responsabilidad ambiental. Cabe esperar que este planteamiento facilite a los Estados miembros la aplicación de la futura directiva. Muestra de esta preocupación es la incorporación de un nuevo anexo I, en el que se establecen los criterios en que ha de basarse la evaluación de la magnitud de los daños a las especies y hábitats protegidos. Asimismo, el anexo II, que establece un marco para la determinación de medidas reparadoras, se ha reestructurado y redactado de nuevo para hacerlo más legible y comprensible.

En algunos casos, la posición común deja mayor margen discrecional a los Estados miembros con respecto a determinadas cuestiones, por ejemplo en el punto 3 del apartado 1 del artículo 2, referente a la inclusión o exclusión de las especies y los hábitats protegidos por la legislación nacional, o en el artículo 9, relativo a los casos en que haya varios responsables. En otros casos, la posición común va más allá de la propuesta de la Comisión en lo tocante a ciertas cuestiones: todas las especies de aves migratorias (véase el punto 3 del apartado 1 del artículo 2) quedan cubiertas por la directiva y el artículo 12, sobre solicitudes de acción, abarca, al menos en principio, los casos de amenaza inminente de daño. Asimismo, se precisa que los convenios internacionales sobre responsabilidad del transportista - por ejemplo, en caso de contaminación marina - no prevalecen sobre la futura directiva si no están en vigor en el Estado miembro afectado.

Con arreglo a la posición común, la Comisión debe incluir en sus informes de revisión del funcionamiento del sistema varias cuestiones concretas, entre las que figura la de la garantía financiera, a fin de que todas las instituciones que participan en el proceso de toma de decisiones puedan determinar con mayor conocimiento de causa las modificaciones que, en su caso, resulten necesarias para garantizar la eficacia del régimen de responsabilidad.

A diferencia de la propuesta de la Comisión, la posición común no excluye del ámbito de aplicación de la futura directiva los daños causados por emisiones o hechos expresamente autorizados ni los daños causados por emisiones o actividades que no fueron consideradas perjudiciales de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos y técnicos en el momento en que se liberó la emisión o se desarrolló la actividad. No obstante, en tales casos los Estados miembros pueden permitir que el operador no sufrague el coste de las medidas reparadoras, siempre que demuestre que el hecho, la emisión o la actividad causantes del daño están cubiertos por alguna de las circunstancias antes mencionadas y no ha habido falta o negligencia por su parte (apartado 4 del artículo 8).

El punto en que más se aparta la posición común de la propuesta de la Comisión es el referente a los "daños huérfanos", es decir, a los casos en que ningún operador reparará los daños ambientales. La propuesta de la Comisión exigía a los Estados miembros que buscaran fuentes alternativas de financiación, mientras que la posición común deja a discreción de los Estados miembros la decisión de adoptar medidas o no.

La Comisión hubiese preferido unas condiciones más estrictas en relación con la responsabilidad subsidiaria de los Estados miembros en materia de medidas reparadoras, si bien puede aceptar la posición común en el contexto de un acuerdo global.

Por consiguiente, la Comisión suscribe la posición común.

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión reconoce que la definición referente a los daños al suelo ofrece a los Estados miembros una orientación menos armonizada que la que ofrecen las definiciones relativas a los daños a las aguas y a los daños a las especies y hábitats naturales protegidos. Reconoce asimismo que las iniciativas que se propone adoptar en materia de política de protección del suelo, presentadas en sus Comunicaciones Desarrollo de un plan de actuación en materia de tecnología medioambiental (COM(2003) 131 final de 25.3.2003) y Hacia una estrategia temática para la protección del suelo (COM(2002) 179 final de 16.4.2002), contribuirán a aproximar los planteamientos de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión ha efectuado la declaración que se recoge en el anexo III.

ANEXO I Preámbulo - Tabla de correspondencias

Correspondencia entre los considerandos de la posición común y los de la propuesta de la Comisión:

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO II Parte dispositiva y anexos - Tabla de correspondencias

Correspondencia entre los artículos y anexos de la posición común y los de la propuesta de la Comisión:

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO III Declaración de la Comisión sobre la política de protección del suelo

"La Comisión reitera su disposición a determinar, en su próxima estrategia temática para la protección del suelo, las necesidades existentes y los resultados posibles en relación con la protección y el uso sostenible del suelo. También recuerda que se ha programado para 2004 una iniciativa legislativa sobre vigilancia del suelo que debería procurar que una serie de mediciones relativas a las amenazas reconocidas en los aspectos pertinentes se realicen de manera armonizada y coherente."