Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Reformar la OMC para adaptarse a la evolución del comercio mundial»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 159/03)

Ponente: Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Decisión del Pleno 12,7,2018 Fundamento jurídico Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa Sección competente REX Aprobado en sección 19,12,2018 Aprobado en el pleno 23,1,2019 Pleno n.o 540 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 174/2/3

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) desearía reiterar su compromiso con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como guardiana del comercio internacional y crisol para la elaboración de normas y disciplinas que garanticen un comercio justo, la liberalización del comercio de bienes y servicios, y la transparencia en la elaboración de políticas relacionadas con el comercio.

1.2. El CESE está convencido no solo de que deberían efectuarse reformas urgentes lo antes posible, en particular en lo que respecta al funcionamiento del Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), sino también de que los miembros de la OMC deberían comprometerse a realizar cambios más ambiciosos y sistémicos en relación con las normas laborales, la lucha contra el cambio climático y los ODS mundiales, con vistas a adaptar las normas del comercio internacional a los retos mundiales.

1.3. El Comité Económico y Social Europeo desearía alentar a la Comisión Europea (CE) a que siga, con el apoyo de los Estados miembros, una ambiciosa política comercial de la Europa de los Veintisiete que brinde a las empresas de la UE un mejor acceso a las oportunidades de mercado y que difunda los valores de la UE en el ámbito de los derechos humanos, las normas laborales fundamentales como la lucha contra la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, las libertades sindicales, etc. mediante acuerdos multilaterales, plurilaterales (incluida la OMC), bilaterales y unilaterales (SPG, «Todo menos armas»o TMA). La sociedad civil europea exige un comercio libre pero justo.

1.4. Tras la retirada de Reino Unido de la UE (29 de marzo de 2019), este país pasará a ser un miembro independiente de la OMC. Esto significa que la EU-27 y Reino Unido deberán afianzar sus relaciones comerciales y de inversión de carácter bilateral, y que la EU-27 deberá prestar la debida atención a la importante cuestión de los contingentes arancelarios con los socios con los que mantiene acuerdos de libre comercio. El CESE confía en que el Reino Unido pueda apoyar las propuestas de la UE encaminadas a reformar la OMC al objeto de modernizar las normas comerciales multilaterales.

1.5. El CESE apoya la propuesta de la Comisión Europea, ya que constituye una solución viable para volver a poner en marcha el Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), y las recientes comunicaciones difundidas por miembros de la OMC para modificar las disposiciones del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.

1.6. El Comité Económico y Social Europeo, como representante de la sociedad civil organizada europea, participa estrechamente en el seguimiento de los acuerdos de libre comercio, el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en los capítulos sobre desarrollo sostenible, y el requisito de tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la lucha contra el cambio climático.

1.7. La proliferación de obstáculos al comercio y el aumento de los gravámenes sobre las importaciones (aluminio, acero, etc.) aplicados por grandes agentes del comercio mundial (Estados Unidos, China, etc.) suponen un verdadero peligro para el crecimiento del comercio mundial —que ya ha sufrido una desaceleración desde 2014— que podría perjudicar al crecimiento mundial, los esfuerzos por reducir la desigualdad, el desarrollo de las economías más frágiles y la creación de valor y empleos en las cadenas de valor mundiales.

1.8. Teniendo en cuenta estos riesgos, el CESE cree que es necesaria una ambiciosa reforma de la OMC. Dicha reforma debería dividirse en dos partes: una primera parte más técnica sobre las cuestiones más urgentes antes de finales de 2019 para evitar el bloqueo del Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias y aclarar algunas definiciones; y una segunda parte más sistémica, que podría llevar más tiempo, y que adaptará las misiones y el funcionamiento de la OMC a la gran evolución en el comercio mundial.

1.9. Por lo que respecta a la primera fase, deben apoyarse varias de las propuestas presentadas por la Comisión Europea en un documento de reflexión elaborado en septiembre de 2018 como respuesta a un mandado dado por los Estados miembros en el Consejo Europeo el 28 y 29 de junio.

1.10. Las propuestas en cuestión son las siguientes: reforzar el papel de la secretaría, modificar las normas relativas al mandato de los jueces del Órgano de Apelación del OSD, actualizar las normas sobre subsidios, empresas de propiedad estatal y transferencia de tecnología, y hacer un mayor uso de las negociaciones plurilaterales abiertas.

1.11. El CESE considera también urgente en la primera fase que la OMC se muestre igualmente más ambiciosa respecto del sector agrícola para garantizar un suministro seguro y sano de alimentos de buena calidad. El papel de la OMC a la hora de reducir las incertidumbres del comercio mundial es fundamental para el futuro de la agricultura de cada país, como también lo es su capacidad para garantizar la seguridad de los alimentos, de conformidad con normas medioambientales elevadas para la producción y el bienestar animal.

1.12. El CESE considera esencial que el principio de cautela, consagrado en los Tratados de la UE, se proteja adecuadamente —también a escala multilateral— y se reconozca de pleno derecho, a fin de garantizar un nivel de protección más elevado mediante la adopción de decisiones preventivas en caso de riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Dada su importancia, la UE debería hacer de este principio un interés ofensivo en todas sus negociaciones comerciales.

1.13. El CESE considera que la garantía de la protección de datos en el comercio internacional a través de instrumentos multilaterales inspirados en las normas y reglas establecidas en la UE y en la OCDE, la APEC y las Naciones Unidas constituye otra prioridad. El instrumento multilateral existente en el ámbito de la protección de datos debe desarrollarse en mayor medida y es necesario fomentar la adhesión de un mayor número de terceros países. El enfoque de la UE relativo a las disposiciones horizontales sobre flujos de datos transfronterizos y protección de datos debería promoverse como norma multilateral.

1.14. La adaptación de las normas existentes relativas al sector agrícola y la protección de datos es necesaria para tener en cuenta las características del mercado y las prácticas comerciales de una serie de miembros de la OMC.

1.15. Sin embargo, también merecen estudiarse otras vías de reforma más ambiciosas y más sistémicas no mencionadas en esta fase por la Comisión Europea.

1.16. El CESE propone que se inicie un proceso de reflexión sobre la definición de países en desarrollo para los procedimientos de la OMC, que podría basarse en un conjunto de criterios, entre ellos, por ejemplo, la cuota de mercado en la economía mundial y los índices de desarrollo humano, y alinearse con las definiciones ya existentes en otras organizaciones internacionales.

1.17. Las propuestas que respalda el CESE abarcan principalmente tres ámbitos: normas laborales y trabajo decente, objetivos en materia de cambio climático y la consecución de los ODS de las Naciones Unidas para 2030.

1.18. El modo de articular las normas laborales fundamentales y las normas comerciales multilaterales es un problema pendiente que se plantea desde hace más de veinte años. El CESE considera que, tras la adopción por las Naciones Unidas de ODS ambiciosos y globales, ha llegado el momento de que la OMC, como guardiana del comercio internacional, desempeñe su papel en la promoción activa de las normas fundamentales del trabajo. Esto podría lograrse mediante el reconocimiento de los ODS y los convenios fundamentales de la OIT en un preámbulo general y la plena aplicación del artículo XX del GATT tanto para cuestiones medioambientales [XX g)] como para cuestiones sociales [XX e)].

1.19. Sin embargo, más allá de las posibles vías para actualizar las normas actuales y esbozar nuevas normas adaptadas al comercio del siglo XXI, es realmente la compleja estructura de gobernanza de la OMC basada en la unanimidad la que debe hacerse más flexible y transparente a fin de incrementar la eficacia de la organización.

1.20. Por ello, el Comité Económico y Social Europeo pide a la Comisión Europea que, en colaboración con sus socios principales, inicie una reflexión sobre la posible evolución en los procedimientos decisorios de la OMC, la transparencia de su trabajo y la participación de la sociedad civil.

2. Un agente clave en el comercio internacional

2.1. La OMC es la piedra angular del multilateralismo en el comercio, que ha generado muchos avances beneficiosos: un proceso de liberalización del comercio mundial, mayor transparencia en las medidas de política comercial a través de la revisión por pares, la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), que permite a cualquier país miembro de la Organización hacer valer sus derechos en relación con otros miembros de la OMC en caso de que se infrinjan sus normas, y la elaboración, sin duda lenta y difícil, de normas y disciplinas para gobernar el desarrollo del comercio internacional (facilitación del comercio, lucha contra las subvenciones en el sector pesquero, etc.).

2.2. El CESE considera un éxito el hecho de que la OMC haya acogido a un creciente número de miembros, haya sumado a «gigantes»geopolíticos (China y Rusia) a los principios del multilateralismo, y haya facilitado la integración de economías vulnerables en el comercio mundial (Liberia, Camboya, etc.).

2.3. Desde que se creó en enero de 1995, la OMC ha desempeñado un triple papel como guardiana de las normas comerciales, motor de la internacionalización de las economías de los países en desarrollo y facilitadora del establecimiento de cadenas de valor mundiales.

2.4. Su trabajo se ha llevado a cabo principalmente en el marco de los tres pilares siguientes: 2.4.1. Elaboración de normas y disciplinas para el comercio internacional 2.4.1.1. Estas normas engloban actualmente tres ámbitos principales: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Estos tres pilares se han complementado con un sistema de solución de diferencias y un principio de transparencia basado en el examen de las políticas comerciales de los países miembros. Este conjunto de normas, cuyo cumplimiento vigila el OSD, ofrece seguridad jurídica y previsibilidad a los operadores internacionales, lo cual es esencial para la inversión a largo plazo. 2.4.2. El Órgano de Solución de Diferencias 2.4.2.1. Este es uno de los principales avances logrados por la OMC después del GATT. Los calendarios y las normas de procedimiento aplicables a la solución de diferencias entre países miembros se formalizaron y se ajustaron estrictamente a plazos, lo que ha dado lugar a la presentación de más de 500 diferencias ante el OSD desde 1995 y a la publicación de más de 350 sentencias. 2.4.2.2. El OSD ha dictado una serie de sentencias importantes, pese a que puedan subsistir algunas preocupaciones sobre su aplicación: subvenciones a las aeronaves (UE/Estados Unidos), empresas de ventas en el extranjero (UE/Estados Unidos), subsidios al algodón (Brasil/Estados Unidos), etc. La tasa de recursos ha aumentado recientemente con la proliferación de medidas de política comercial que establecen derechos de aduana adicionales o proteccionistas (Estados Unidos/China), transferencias de tecnología forzadas e incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 2.4.3. Las rondas de liberalización comercial 2.4.3.1. La Ronda de Uruguay (1986-1994) es la última ronda de negociaciones multilaterales que dio lugar a un ambicioso programa de reducción de los derechos aduaneros industriales, el desmantelamiento de las medidas no arancelarias, la inclusión de contingentes para los textiles y prendas de vestir, así como normas reforzadas y el establecimiento de nuevas normas procedimentales sobre solución de diferencias.

3. Las deficiencias actuales de la OMC

3.1. La crisis actual en el Órgano de Apelación del OSD

3.1.1. El Órgano de Apelación, que es la piedra angular de la función judicial de la OMC, actualmente corre peligro de estancarse por completo: en diciembre de 2019 habrá menos de tres jueces permanentes capaces de prestar servicio en este órgano si Estados Unidos continúa negándose a nombrar nuevos jueces. Este bloqueo impediría al Órgano de Apelación tomar decisiones, puesto que se requiere un mínimo de tres jueces, en un momento en el que el número de diferencias está aumentando debido a la creciente presión del proteccionismo.

3.1.2. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) ha formulado varias críticas en relación con el funcionamiento actual del OSD: actuación que se extralimita de su función principal de ayudar a los miembros de la OMC a resolver sus litigios comerciales, incumplimiento del plazo de 90 días, dictámenes emitidos sobre cuestiones no relacionadas con el tema de la diferencia y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio entre los derechos y obligaciones del Órgano de Apelación.

3.1.3. Esto es una paradoja, dado que Estados Unidos forma parte del pequeño círculo de miembros que más utilizan el OSD, junto con la UE, Canadá, Brasil y la India.

3.2. La incapacidad de emitir nuevas normas o acuerdos multilaterales

3.2.1. El CESE toma nota de que la OMC ha sufrido una serie de reveses (como el estancamiento de la Ronda de Doha iniciada en 2001, la inacción frente a prácticas desleales ejercidas en varios países miembros y la no adopción de la declaración ministerial en la Conferencia Ministerial celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017), aunque se han realizado algunos avances, en concreto la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en 2013. Esto ha motivado que varios socios comerciales (la UE, Estados Unidos, Japón, Canadá, China, etc.) y ONG propongan reformas sustanciales de sus competencias y métodos de trabajo.

3.2.2. En realidad, estos fallos reflejan la dificultad a la que se enfrenta la OMC para adaptar sus normas operativas a la nueva situación en el comercio internacional: el creciente número de medidas proteccionistas, la complejidad del entorno comercial mundial, la presión de la opinión pública sobre los responsables de la formulación de políticas comerciales debido a las repercusiones sociales y medioambientales del comercio, la mayor resistencia contra algunas de las consecuencias adversas de la globalización, una apertura de la contratación pública excesivamente lenta y restringida a nivel geográfico, y la aparición de un exceso de capacidad en ciertos sectores industriales debido a subvenciones masivas.

3.2.3. Las dificultades de incluir plenamente a una serie de miembros de la OMC en el sistema comercial multilateral basado en normas: teniendo en cuenta su tamaño económico, el papel del Estado y de diversos organismos públicos en las decisiones empresariales, es un hecho que, durante los últimos quince años, varios miembros de la OMC (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, etc.) han presentado numerosas quejas y recursos al OSD en relación con infracciones de los DPI, transferencia forzada de tecnologías, acceso limitado de las empresas extranjeras a la inversión en determinados sectores, controles de las exportaciones, subvenciones públicas masivas en algunos sectores industriales, entre otras cosas.

3.3. Un desequilibrio general de derechos y obligaciones entre los países desarrollados y las grandes economías emergentes

3.3.1. Desde su creación, la OMC no ha dejado de acoger a nuevos miembros, 36 en total, entre ellos países clave que ahora son miembros de la «clase multilateral»y países en desarrollo frágiles que quieren integrarse en el comercio internacional.

3.3.2. Cabe señalar que en la OMC no existen definiciones de países desarrollados y en desarrollo, con la excepción de los países menos adelantados (PMA), tal y como se designan en las Naciones Unidas: cada país que supera con éxito el proceso de adhesión declara la categoría a la que pertenece y esto puede cuestionarse. Esta situación, basada en la autodeclaración, es problemática, puesto que algunas grandes economías emergentes, que se han declarado «países en desarrollo», reciben exenciones sobre esta base, aunque sus resultados económicos e integración satisfactoria en el comercio internacional indicarían que deben incluirse más bien en la categoría de «países industrializados». Por tanto, el CESE propone que se abra un proceso de reflexión sobre la definición de países en desarrollo para los procedimientos de la OMC, que podría basarse en un conjunto de criterios como la cuota de mercado en la economía mundial, —y tal y como propone el Parlamento Europeo— los índices de desarrollo humano ( 1 ) , y alinearse con las definiciones ya existentes en otras organizaciones internacionales.

3.3.3. Como señaló la Comisión Europea en su Comunicación de 2015 ( 2 ) : «Se ha producido un importante cambio en el poder económico relativo de los principales socios comerciales que aún no se ha reflejado del todo en el sistema de la OMC. Como consecuencia de ello, hay un desequilibrio creciente entre la contribución de los grandes países emergentes al sistema comercial multilateral y los beneficios que se obtienen de él»(p. 26).

3.3.4. Sin embargo, desde 2005 hasta 2015, los países menos desarrollados, a pesar de beneficiarse de preferencias arancelarias generalizadas de los países industrializados, no han conseguido dar un gran salto en el comercio internacional: su cuota ha aumentado del 0,8% al 1% ( 3 ) . El CESE reconoce que este estancamiento demuestra que estos países menos desarrollados deberían disfrutar del mismo acceso al mercado libre de contingentes y derechos no solo en los países industrializados sino también en las grandes economías emergentes.

4. Los componentes de una reforma urgente destinada a superar la crisis actual

4.1. Encontrar una solución rápida para volver a encauzar el OSD

4.1.1. El CESE defiende las propuestas elaboradas por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que autorizarían la ampliación del mandato de los jueces actualmente en ejercicio más allá de tres años, establecer disposiciones en el futuro sobre la contratación de jueces profesionales e independientes a tiempo completo, aumentar de siete a nueve el número de jueces que componen el Órgano de Apelación.

4.1.2. El CESE apoya las dos comunicaciones difundidas por varios miembros de la OMC con vistas al Consejo General de los días 12 y 13 de diciembre de 2018, en las que se proponen modificaciones de determinadas disposiciones del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias: posible excepción del plazo de noventa días; exclusión de medidas específicas de Derecho municipal por una Parte, aumento de siete a nueve miembros del Órgano de Apelación y extensión de su mandato.

4.2. Uso más frecuente de las negociaciones plurilaterales abiertas

4.2.1. Se han celebrado un gran número de acuerdos bilaterales y regionales ( 4 ) , resultado directo de la inexistencia de una dinámica multilateral desde 2001. El CESE recomienda que los acuerdos plurilaterales se celebren en el marco de la OMC y que, en todos los casos, sean más abiertos y transparentes. Las negociaciones plurilaterales, en comparación con las de carácter multilateral, presentan una serie de ventajas: — se basan en una masa crítica de países dispuestos a actuar; — implican negociaciones más cortas; — no hay peligro de que se utilice indebidamente el principio de unanimidad, puesto que un país o un grupo de países menos relevantes no puede bloquear un acuerdo; — su alcance suele ser limitado, lo que significa que pueden concentrar el impacto de los compromisos de los socios y fomentar la inversión, el comercio y la creación de empleo.

4.2.2. Esta solución ya se ha utilizado y ha generado resultados positivos, aunque todavía tiene que estudiarse más a fondo (ATI I y II, Acuerdo sobre Contratación Pública).

4.2.3. Podrían utilizarse de manera más sistemática acuerdos plurilaterales abiertos, inclusivos y transparentes, al mismo tiempo que se establecen mecanismos de inclusión que permitan a los países no signatarios disfrutar de los beneficios del acuerdo en determinadas condiciones en cuanto a compromiso y aplicación.

4.2.4. Actualmente se están negociando varios temas como el comercio electrónico, la facilitación de la inversión y las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la liberalización de los bienes y servicios medioambientales y el comercio de servicios, con el fin de celebrar acuerdos plurilaterales abiertos.

4.2.5. Los miembros de la OMC han dado pasos importantes para situar la perspectiva de las microempresas y pymes en el núcleo de los debates, mediante, por ejemplo, la iniciativa abierta conjunta para apoyar a estas empresas, que se puso en marcha en Buenos Aires en 2017. Se hace hincapié en la financiación del comercio y los bancos multilaterales de desarrollo han respondido con programas de facilitación de la financiación del comercio. Al racionalizar, simplificar y normalizar los procedimientos aduaneros, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contribuirá a reducir los costes comerciales y aliviar las cargas administrativas de las microempresas y pymes. El CESE propone un enfoque multilateral global, integrador, coherente y eficaz que tenga en cuenta las necesidades de todos los intereses y los subgrupos diferentes de las pymes.

4.3. Actualizar algunas de las normas existentes

4.3.1. El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

4.3.1.1. Teniendo en cuenta los enormes programas de subvenciones directas e indirectas a la industria en determinados países miembros («Made in China 2025», por ejemplo), el Comité apoya las propuestas elaboradas por la Comisión Europea en su documento de reflexión de septiembre de 2018, que se están debatiendo con Estados Unidos, Japón y Canadá: introducir la presunción de que todas las subvenciones no notificadas distorsionan el mercado, mejorar el procedimiento de notificación y añadir nuevas categorías de subvenciones, como las concedidas a una empresa insolvente o en crisis sin un plan de reestructuración creíble. Asimismo, debería prestarse más atención a la cuestión de los sistemas de doble precio que utilizan algunos países miembros (por ejemplo, Rusia) para obtener una ventaja competitiva, especialmente en el caso de las industrias de gran consumo de energía.

4.3.1.2. Debe establecerse un sistema más sólido para el seguimiento de las notificaciones, incluidas sanciones, a la luz de la tendencia a la baja en el número de países miembros de la OMC que declaran sus subvenciones, con un porcentaje que ha pasado del 50% en 1995 (128 países miembros) al 38% actualmente (164 países miembros) ( 5 )

4.3.2. Transferencias forzosas de tecnología

4.3.2.1. El CESE respalda las propuestas presentadas por la Comisión Europea, que quiere establecer nuevos mecanismos para controlar las diversas formas de transferencias forzosas de tecnología (limitaciones a las empresas conjuntas, limitaciones a la financiación con fondos propios de empresas extranjeras, concesión de licencias sobre la base de criterios opacos, concesión de licencias sin restricciones) y salvaguardar más eficazmente los secretos comerciales. Estos nuevos mecanismos deberían aplicarse únicamente a las transferencias forzosas de tecnología y no a las transferencias de tecnología en general, que tienen un impacto positivo en los países en desarrollo.

4.3.3. Empresas de propiedad estatal

4.3.3.1. La definición y las normas relativas a las empresas de propiedad estatal deben actualizarse y aclararse para cubrir toda la gama de empresas vinculadas de forma directa o indirecta con el Estado u organismos públicos.

4.3.4. Debatir nuevas normas en el ámbito del trato especial y diferenciado (SDT)

4.3.4.1. La Comisión Europea presentó una serie de opciones interesantes en su documento de reflexión de septiembre de 2018 (graduación y exclusión, criterios objetivos para conceder un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, consideración caso por caso de las solicitudes de nuevas flexibilidades en el marco del trato especial y diferenciado), que cuentan con el apoyo del CESE.

4.3.5. Inversiones

4.3.5.1. Durante la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, 45 miembros de la OMC firmaron una declaración conjunta sobre la facilitación de inversiones para el comercio, en la que pedían que se abriese un debate sobre el establecimiento de un marco multilateral que ofrezca transparencia y previsibilidad. El CESE señala que, si bien resultan útiles, las inversiones extranjeras también entrañan riesgos, por lo que se remite a su dictamen en el que recomienda que se adopten algunas medidas para hacer frente a los posibles efectos adversos ( 6 )

4.3.5.2. Es necesaria una mayor transparencia en la inversión extranjera directa (IED), puesto que algunos grandes flujos hacia los países en desarrollo parecen opacos. En el marco de la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones, el CESE desea remitirse a su dictamen al respecto, en el que destaca una serie de cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta ( 7 )

4.3.6. Contratación pública

4.3.6.1. Es necesario avanzar en tres ámbitos: — la transparencia, con sanciones aplicadas si no se cumplen los requisitos de información obligatorios; — la cobertura, con el aumento del número de países que han firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública y los procedimientos de contratación pública que se contemplan en este acuerdo. Es prioritario instar a países como China, Rusia y la India a firmarlo, y sus compromisos deben abarcar el nivel nacional y provincial, así como las empresas con vínculos con el Estado; — el mantenimiento de la capacidad de las entidades contratantes para utilizar en las licitaciones criterios medioambientales, sociales y laborales, tales como la obligación de cumplir los convenios colectivos y adherirse a ellos (8).

4.3.7. Comercio electrónico

4.3.7.1. Durante la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, 71 países miembros, que representan el 77% del comercio electrónico, apoyaron la noción de una iniciativa plurilateral para estabilizar el marco regulador y movilizar cualificaciones y especialización en las economías más vulnerables. El grupo de alto nivel sobre comercio electrónico en 2030 publicó posteriormente su informe en el Foro Público de la OMC el 4 de octubre de 2018.

4.3.7.2. El Comité Económico y Social Europeo considera que el anexo sobre telecomunicaciones y el documento de referencia del AGCS deben utilizarse como punto de partida para establecer un conjunto de normas uniformes y ambiciosas sobre comercio electrónico orientadas a afrontar los numerosos desafíos pendientes. Entre ellos están el cumplimiento del principio de no discriminación entre operadores nacionales y extranjeros eliminando las barreras al desarrollo de flujos transfronterizos como el requisito de que los servidores estén situados a nivel local, sin descuidar por ello la importante necesidad de prever una excepción en aras del interés general (para cuestiones de seguridad, orden público, etc.), así como garantizando el acceso de las empresas nacionales y extranjeras a la plataforma de comercio digital en las mismas condiciones; garantizar la integridad de los datos; garantizar la seguridad jurídica a los operadores con respecto a sus inversiones; y fomentar inversiones en infraestructura de telecomunicaciones para luchar contra la brecha digital.

4.3.7.3. No obstante, el Comité Económico y Social Europeo señala que cualquier iniciativa sobre comercio electrónico debe estar plenamente en consonancia con la recomendación formulada infra sobre la protección de datos en el comercio internacional y las disposiciones horizontales sobre flujos de datos transfronterizos (en los acuerdos comerciales y de inversión de la UE).

4.4. Protección de datos en el comercio internacional

4.4.1. El CESE considera que, teniendo en cuenta los rápidos avances tecnológicos y la continua expansión de la infraestructura de TIC, son necesarios una supervisión y un seguimiento gubernamentales rigurosos. Aunque las decisiones de adecuación se evalúan cada cuatro años [véase el artículo 45, apartado 3, del ( Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 9 ) (Reglamento General de Protección de Datos)], el CESE recomienda un contacto permanente entre la Comisión, las autoridades de protección de datos y las autoridades gubernamentales de los terceros países para detectar nuevos problemas en lo que constituye un entorno tecnológico y económico muy dinámico ( 10 )

4.4.2. a priori , una protección real de los derechos humanos, y, a posteriori , instaurar recursos efectivos para la indemnización de los daños y perjuicios o 108 del Consejo de Europa de 1981, con su Protocolo adicional de 1999, es el único instrumento multilateral vinculante en el ámbito de la protección de datos. El instrumento debe desarrollarse en mayor medida y es necesario fomentar la adhesión de un mayor número de terceros países. El CESE considera que la promoción de las normas de protección de datos a través de instrumentos multilaterales debe ser una prioridad para la Comisión Europea y que este compromiso debe respaldarse con recursos, para ofrecer,, una protección real de los derechos humanos, y,, instaurar recursos efectivos para la indemnización de los daños y perjuicios ( 11 ) . El Convenio n.108 del Consejo de Europa de 1981, con su Protocolo adicional de 1999, es el único instrumento multilateral vinculante en el ámbito de la protección de datos. El instrumento debe desarrollarse en mayor medida y es necesario fomentar la adhesión de un mayor número de terceros países.

4.4.3. Los esfuerzos multilaterales en el seno de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos), el G20 y la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) deben desarrollarse más con el fin de construir un sistema multilateral de protección de datos verdaderamente mundial. La cooperación con el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad debe ser sólida y funcional.

4.4.4. El CESE confía en que la Comisión, el Consejo y los gobiernos y parlamentos nacionales de los Estados miembros y el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos acojan favorablemente las propuestas presentadas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la adecuación de la protección conferida por el escudo de la privacidad UE-EE. UU. El Parlamento Europeo plantea serias preocupaciones en su Resolución, muchas de las cuales indican que el acuerdo y el marco legislativo estadounidense actual no protegen en la práctica los derechos de los ciudadanos de la UE ( 12 )

4.4.5. El CESE exige que toda futura iniciativa multilateral sobre los flujos de datos cumpla plenamente con las disposiciones horizontales sobre flujos de datos transfronterizos y la protección de datos en los acuerdos comerciales y de inversión de la UE y, en particular, con el artículo B, apartado 2 ( 13 )

4.5. La agricultura en las negociaciones comerciales

4.5.1. Con unas importaciones y exportaciones combinadas de 242 000millones EUR en 2015, la UE es el principal comerciante mundial de productos agroalimentarios, lo que beneficia a productores y consumidores dentro y fuera de la UE ( 14 ) . El CESE considera que la UE debe tener en cuenta los efectos de sus recientes acuerdos comerciales en la agricultura en toda la Unión y la evolución en el comercio a nivel mundial ( 15 ) . El papel de la OMC a la hora de reducir las incertidumbres del comercio mundial será fundamental para el futuro de la agricultura.

4.5.2. Un sector agrícola viable y sólido en cada país miembro de la OMC es fundamental para mantener o incrementar un suministro estable, seguro y sano de alimentos. No cabe duda de que el comercio contribuye a corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda, a fomentar la eficiencia en el uso de los recursos y a aumentar las oportunidades de mercado y el crecimiento económico, generando empleo, ingresos y prosperidad en las zonas rurales ( 16 )

4.5.3. El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC, de 1995, cubre la aplicación de la reglamentación sobre seguridad alimentaria y salud animal y vegetal. Su artículo 5.7 contempla el principio de cautela, consagrado ahora en el Tratado de Lisboa. Cualquier intento de modificar esta situación fuera del nivel multilateral tendría consecuencias importantes en el orden comercial mundial y para la credibilidad futura del propio Acuerdo ( 17 ) . No obstante, el CESE considera esencial el principio de cautela consagrado en los Tratados de la UE y pide que este se proteja adecuadamente y se reconozca de pleno derecho a nivel multilateral, para contar con normas de seguridad alimentaria de alto nivel así como normas elevadas sobre bienestar animal y protección medioambiental en la producción agrícola. El CESE toma nota con inquietud de que la UE no ha logrado defender satisfactoriamente sus medidas cautelares en el marco de dos litigios sujetos a las normas en vigor de la OMC. Dada su importancia, la UE debería hacer de su principio de cautela un interés ofensivo en todas sus negociaciones comerciales.

4.5.4. Como se demostró en Nairobi, en donde, contrariamente a lo esperado, se acordó una importante declaración ministerial, la UE está en una buena posición para desempeñar un papel destacado en las futuras negociaciones en el ámbito del comercio de productos agropecuarios. Esto se debe a que se percibe su papel de liderazgo en el fomento de la sostenibilidad y el desarrollo (el papel que desempeñó en Nairobi); además, como consecuencia de las anteriores reformas de la PAC, la posición de la UE ya no se considera primordialmente defensiva ( 18 ) . En cualquier caso, los PMA y su vulnerabilidad particular en los sectores agrícolas deberían quedar protegidos mediante todos los instrumentos disponibles como, por ejemplo, el mecanismo de trato especial y diferenciado y el mecanismo de salvaguardia especial.

4.5.5. En este sentido, el CESE considera que la UE debe aplicar una estrategia mucho más coherente entre la PAC y su política comercial internacional.

4.6. Servicios

4.6.1. Durante la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, 34 miembros de la OMC pidieron que se intensificase el trabajo sobre las normativas nacionales (licencias, cualificaciones profesionales, procedimientos, etc.), con el fin de establecer un marco multilateral claro y transparente, puesto que las negociaciones relativas a un acuerdo multilateral sobre los servicios (ACS) se encontraban en punto muerto. La sociedad civil y los sindicatos manifestaron varias preocupaciones en lo tocante a la aplicación efectiva de las garantías en materia de servicios públicos.

4.6.2. Este esfuerzo para establecer dicho marco multilateral es fundamental, dado que, con unas importaciones y exportaciones combinadas de 1,809 billones EUR en 2017, la UE es, con diferencia, el mayor comerciante mundial de servicios, lo que beneficia a productores y consumidores dentro y fuera de la UE ( 19 ) . Los sectores de servicios contribuyen a más del 75% del PIB de los países desarrollados y al 50% del PIB de los países en desarrollo, y constituyen la columna vertebral de las cadenas de valor mundiales.

4.7. Las consecuencias del Brexit

4.7.1. El Reino Unido funcionará como país miembro independiente de la OMC a partir de finales de marzo de 2019. El CESE espera que, en esta capacidad, el Reino Unido respaldará las reformas ambiciosas y con visión de futuro que pide la UE. El reciente compromiso de adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) es positivo a este respecto.

4.7.2. La EU-27 tendrá la tarea de remodelar las ofertas de acceso al mercado con los socios comerciales de la Unión, sobre todo en el sector agrícola, con una redistribución equitativa y equilibrada de cuotas entre los Estados miembros.

5. Apertura del debate sobre una reforma importante pero sistémica de la OMC

5.1. Diseñar un nuevo sistema de gobernanza para un nuevo mundo

5.1.1. La organización interna de la OMC establecida en 1994 debería revisarse para que pueda adaptarse a modificaciones importantes: — un rápido aumento del número de miembros, que, en caso de no modificarse el principio de consenso, bloqueará la toma de decisiones; — grandes cambios en la estructura del comercio internacional; — la adopción de objetivos ambiciosos en el ámbito del desarrollo sostenible (los ODS de las Naciones Unidas) y la lucha contra el cambio climático (el Acuerdo de París); — la experiencia de la UE a la hora de incluir capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en todos sus acuerdos de libre comercio recientes.

5.1.2. Concebir una solución creativa para poner fin a la necesidad sistemática de unanimidad

5.1.2.1. El proceso decisorio de la OMC, heredado del GATT, es el consenso de facto : en otras palabras, la unanimidad entre los 164 miembros. Se requiere una unanimidad «positiva»para aprobar decisiones del Consejo General y declaraciones ministeriales. Por lo que respecta a la solución de diferencias, se requiere una unanimidad «negativa»para rechazar un informe final publicado por un grupo. Esta norma evidentemente permite a un país que actúa solo o, en la mayoría de los casos, coaliciones de países miembros formadas en torno a objetivos comunes (G3, G20), vetar la conclusión de las negociaciones.

5.1.2.2. La mayoría de organizaciones internacionales han adoptado mecanismos decisorios que permiten debatir y evitar que los asuntos se estanquen, por ejemplo, las votaciones ponderadas sobre la base de criterios objetivos (FMI) o la introducción de la votación por mayoría cualificada (Unión Europea). El CESE propone entablar una reflexión sobre posibles nuevas normas para la toma de decisiones por mayoría cualificada, sobre la base de dos criterios: tener en cuenta la cuota de mercado en la economía mundial y el indicador compuesto de desarrollo.

5.1.2.3. El CESE propone que se reduzca el número de cuestiones que requieren la unanimidad y que se evite que esta se aplique también en las operaciones normales de la OMC. Estas operaciones normales incluyen el acuerdo sobre el orden del día de las reuniones de los comités, la presentación de propuestas para debatir sobre un asunto relacionado con una cuestión de política comercial o de propuestas para invitar a expertos independientes a que expongan su posición sobre un tema que sea directamente pertinente para la aplicación de un acuerdo de la OMC ( 20 )

5.1.3. Simplificar la organización para aumentar la eficiencia

5.1.3.1. La OMC tiene una estructura organizativa compleja ( 21 ) (véase el anexo 3). Su estructura global comprende el Consejo General, compuesto por representantes de los países miembros encargados de aprobar las posiciones de los tres órganos especializados: el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Estos consejos temáticos se complementan con otros órganos encargados de gestionar los acuerdos plurilaterales existentes y desarrollar nuevas iniciativas plurilaterales. La Conferencia Ministerial de nivel político, que se reúne al menos una vez cada dos años y está integrada por los ministros de comercio de los países miembros, funciona sobre la base del acuerdo unánime sobre las resoluciones elaboradas por los otros órganos.

5.1.3.2. Varios comités creados para una ocasión específica que ya no es pertinente, como el grupo de trabajo sobre los asuntos de Singapur, están diseñados para ser temporales. El número de comités debería reducirse sobre la base del número de reuniones mantenidas y resultados logrados, para asignar recursos a los temas que los miembros consideren prioritarios. Debería implantarse una cultura de evaluación.

5.1.4. Reforzar el papel de la secretaría asignando recursos adicionales

5.1.4.1. Para garantizar que la OMC prepare resoluciones ministeriales y ponga en marcha nuevas iniciativas plurilaterales de manera más eficaz, debe reforzarse el papel de la secretaría confiriéndole un derecho de iniciativa para proponer nuevos temas de negociación, modificaciones en el conjunto de normas y disciplinas y propuestas de compromiso sobre temas que están debatiéndose.

5.1.5. Dejar de lado la norma del compromiso único

5.1.5.1. En la Conferencia Ministerial de Bali, la OMC abandonó el enfoque de compromiso único conforme al cual «no se concluye nada hasta que se haya concluido todo». Este nuevo enfoque más flexible permitió adoptar el Acuerdo multilateral sobre Facilitación del Comercio que entró en vigor el 22 de febrero de 2017, cuando más de dos tercios de los miembros de la OMC (es decir, 110) presentaron su instrumento de ratificación. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar y agilizar el comercio internacional de bienes gracias a procedimientos más eficaces y más rápidos en ámbitos como el levante y el despacho de aduana de las mercancías ( 22 )

5.1.6. Tender puentes más sólidos con la sociedad civil

5.1.6.1. La Unión Europea tiene una experiencia considerable en cuanto a consulta y participación de la sociedad civil en la política comercial. Los compromisos en materia laboral y medioambiental que contribuyen al desarrollo sostenible de las Partes se establecen en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de todos los acuerdos de libre comercio negociados recientemente por la UE. Por lo general, estos prevén mecanismos de seguimiento de la sociedad civil denominados grupos consultivos internos (GCI), tanto en la UE como en el país o los países socios. El CESE propone que este tipo de experiencia de participación activa de la sociedad civil se promueva entre otros miembros de la OMC a fin de formular propuestas sobre cuáles son los mecanismos más adecuados que podrían ponerse en marcha a nivel multilateral.

5.1.6.2. El CESE propone que el Foro Público de la OMC, adoptando la forma de una asamblea equilibrada y representativa de partes interesadas económicas y sociales de todos los diversos sectores e intereses, actúe como una posible plataforma para la participación de la sociedad civil y que se le permita formular recomendaciones en el curso de los procedimientos de la OMC. También podría tenerse en cuenta la manera en que la OCDE ha sido capaz de estructurar la consulta de una amplia gama de partes interesadas.

5.1.6.3. Como propuso el CESE de manera bilateral ( 23 ) , podría incluirse una cláusula específica supervisada en cada uno de los acuerdos multilaterales y plurilaterales «por la que se exija a las dos Partes de cada mecanismo de supervisión de la sociedad civil que colaboren para promover los ODS y supervisen los efectos de dicha colaboración».

5.2. Introducir coherencia entre el sistema comercial multilateral y las normas sociales y laborales internacionales

5.2.1. La OCDE y la UE abordaron el asunto de las cadenas de valor mundiales en 2010, tratando de entender cómo funcionan y proponer soluciones para corregir las disfunciones señaladas con respecto al medio ambiente y los derechos humanos fundamentales. Se han elaborado monografías detalladas para varios sectores, se han preparado guías prácticas y se han señalado cuestiones concretas de la responsabilidad social de las empresas (RSE) (trabajo infantil, libertad de asociación y negociación colectiva, niveles de vida dignos, pérdida de biodiversidad y prácticas desleales de fijación de precios).

5.2.2. Una declaración de la OIT de 2016 sobre el trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales definió varias líneas de actuación: promoción de las normas internacionales del trabajo, eliminación de los déficits, fomento del diálogo social inclusivo y eficaz, refuerzo de los sistemas de administración del trabajo, mejora de los conocimientos y ampliación de las estadísticas.

5.2.3. El CESE lamenta que el ámbito de aplicación del artículo XX e) se limite al trabajo forzoso y propone prever su ampliación a las normas fundamentales del trabajo (trabajo infantil, trabajo forzoso, etc.). El CESE confía asimismo en que la experiencia de la UE a la hora de integrar la protección de las normas laborales y medioambientales en su política comercial podría incitar a la OMC a hacer referencia, por ejemplo en un preámbulo, a los ocho convenios de la OIT, el Acuerdo de París y los ODS. Todos los miembros de la OMC que no los cumplan totalmente deberían ratificar los convenios de la OIT que faltan, o al menos demostrar un nivel de protección equivalente, y utilizar los recursos de desarrollo de capacidades para hacerlo.

5.2.4. La OIT y la OMC cooperan actualmente a nivel técnico, elaborando estudios conjuntos. En 2007, el estudio sobre « Comercio y empleo: los retos de la investigación sobre las políticas »mostró que las tecnologías, más que el comercio, eran las responsables del aumento de la desigualdad. En 2017, otro estudio conjunto titulado «Invertir en competencias para promover un comercio inclusivo»demostró que el refuerzo de las cualificaciones básicas y las cualificaciones técnicas y de gestión había ayudado a los países a aprovechar las ventajas del comercio.

5.2.5. La OMC ha desarrollado una base de datos sobre las cadenas de valor mundiales y ha elaborado estudios científicos (como « Trade patterns and global value chains in South-East Asia ») que proporcionan datos sobre su estructura y los métodos de trabajo que deben utilizarse para concebir nuevas directrices multilaterales, inspiradas en las de la OCDE, con el fin de garantizar la gestión sostenible de las cadenas de valor mundiales.

5.2.6. El CESE apoya la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre «Comercio y trabajo decente»en la OMC, cuyo objetivo será doble, en consonancia con los trabajos de las Naciones Unidas sobre la creación de un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional para regular las actividades de las sociedades transnacionales y de otras empresas comerciales, y sobre la base de las iniciativas de múltiples partes interesadas ( 24 ) . Por una parte, debe aspirar a promover buenas prácticas sobre el modo de cumplir en la práctica la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos, habida cuenta de la complejidad de una conducta empresarial responsable en las cadenas de valor mundiales (lineales o complejas, largas o cortas) ( 25 ) . Por otra, su objeto debe ser aumentar la sensibilización en los países en desarrollo en materia de conducta empresarial responsable, centrándose en medidas concretas que permitan hacer frente a los retos sociales, medioambientales y de gobernanza actuales y futuros, así como dar solución a los potenciales efectos adversos. El sistema de la OMC de los exámenes de políticas comerciales debería incluir sistemáticamente una revisión de la aplicación de las normas laborales fundamentales de la OIT.

5.3. Hacer que el comercio internacional contribuya a la lucha contra el cambio climático

5.3.1. La adaptación de las normas de la OMC a la necesidad de luchar contra el cambio climático es una de las principales prioridades de su reforma y tiene por objeto garantizar que el comercio internacional de bienes industriales y agrícolas entre en un círculo más virtuoso. El CESE aplaude las empresas que invierten en una producción más sostenible y considera que debe evitarse la competencia desleal. Estos esfuerzos son más que necesarios con respecto a las inversiones que son cruciales para lograr los ODS. La UNCTAD calcula que es necesario un presupuesto anual de 2,5 billones USD, y la OMC también tiene que desempeñar un papel alentando estas inversiones responsables en infraestructuras de transporte, agua y energía.

5.3.2. Hay una serie de medidas que podrían tenerse en cuenta: — ampliar las exenciones del artículo XX del GATT, que conceden autonomía (con determinadas limitaciones) a los miembros de la OMC para establecer sus propios objetivos medioambientales (luchar contra el tabaquismo, proteger a los delfines, el amianto, etc.) con el fin de incluir las medidas nacionales adoptadas para apoyar la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto permitiría, por ejemplo, a un país miembro establecer un mecanismo de cómputo del carbono en sus fronteras con el fin de salvaguardar el aire limpio (artículo XX, letra g)); — desarrollar un método internacional de medición y modelización de las nuevas emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el desarrollo de los flujos comerciales, por ejemplo entre dos países o dos regiones que han firmado un acuerdo de libre comercio; — establecer grupos de reflexión conjuntos creados por la OMC o la secretaría de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que registra todas las contribuciones de cada país, que podrían elaborar propuestas para compensar estas emisiones adicionales (repoblación forestal, reforestación, captura de CO2, inversión en tecnologías limpias). La revisión tras cinco años prevista para 2023 también podría contribuir a «situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al cambio climático y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero» (26); — volver a poner en marcha el acuerdo plurilateral sobre la liberalización de los bienes y servicios medioambientales, que promovería la circulación de bienes y servicios con un impacto positivo en el medio ambiente (energía, agua, residuos, etc.).

5.4. Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la agenda multilateral

5.4.1. Las normas y disciplinas de la OMC contribuyen de forma inherente a cumplir algunos de los ODS, en concreto Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio (meta 17.10) y Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (objetivo 2).

5.4.2. Ya se ha empezado a trabajar en ello con la Declaración Ministerial de Nairobi, en la que se prometió abolir los subsidios a la exportación de productos agrícolas, y la Declaración Ministerial de Buenos Aires, en la que se abordaron los subsidios a la pesca más perjudiciales. Sin embargo, ciertamente podría argumentarse que merecería la pena que la OMC tuviera en cuenta en sus actividades otros ODS, como los objetivos 8 ( Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos ), 14 ( Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible ) y 17 ( Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible ).

5.4.3. Esto implicaría que todos los acuerdos plurilaterales y multilaterales celebrados bajo los auspicios de la OMC deben contribuir a lograr estos objetivos y que el incumplimiento podría activar el mecanismo de solución de diferencias.

5.4.4. Las conclusiones del sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio de la OMC, que tuvo lugar en Ginebra en julio de 2017, deberían plasmarse en acciones para ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio electrónico y las oportunidades digitales y fomentar la inversión en infraestructuras físicas y digitales.

Bruselas, 23 de enero de 2019. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Luca JAHIER

(1) Resolución del Parlamento Europeo OMC: el camino a seguir, punto 9, 29 de noviembre de 2018 (2018/2084(INI)).

(2) «Comercio para todos – Hacia una política de comercio e inversión más responsable»

(3) Anexo 1.

(4) Anexo 2.

(5) «Mejora de las disciplinas sobre la notificación de subvenciones», TN/RL/GEN/188, WTO, 2017.

(6) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea»[COM(2017) 487 final – 2017/0224 (COD)]; ponente: Christian Bäumler (DE-II), coponente: Gintaras Morkis (LT-I) (DO C 262 de 25.7.2018, pp. 94-100).

(7) Dictamen del CESE sobre el «Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones», ponente: Philippe de BUCK (BE-I), coponente: Tanja BUZEK (DE-II) (DO C 110 de 22.3.2019, p. 145).

(8) Instrumento interpretativo conjunto sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/es/pdf).

(9) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(10) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(11) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(12) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(13) «Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener las salvaguardias adecuadas para garantizar la protección de los datos personales y la intimidad, incluido mediante la adopción y la aplicación de las normas sobre transferencias transfronterizas de datos personales. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a la protección de los datos personales y la intimidad que brindan las salvaguardias respectivas de las Partes». http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156884.pdf.

(14) https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/graphs/eu-agrifood-trade.pdf

(15) Dictamen del CESE sobre El papel de la agricultura en las negociaciones comerciales multilaterales, bilaterales y regionales a la luz de la reunión ministerial de la OMC en Nairobi, ponente: Jonathan PEEL (UK-I) (DO C 173 de 31.5.2017, p. 20).

(16) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(17) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(18) Dictamen del CESE sobre el Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado, ponente: Christian PÎRVULESCU (RO-III) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 209).

(19) https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf.

(20) Informe sobre política Revitalizing Multilateral Governance at the World Trade Organization-Report of the High-Level Board of Experts on the Future of Global Trade Governance, Fundación Bertelsmann, 2018

(21) Anexo 3.

(22) Les trois réformes de l’OMC, Zaki Laïdi, Libération, 2003.

(23) Dictamen del CESE sobre El papel central del comercio y la inversión en la consecución y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ponente: Jonathan Peel (UK-I), coponente: Christophe Quarez (FR-II) (DO C 129 de 11.4.2018, p. 27, punto 1.8).

(24) Es decir, la reciente Ley francesa sobre el deber de vigilancia.

(25) Dictamen del CESE sobre El trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro, ponente: Emmanuelle Butaud-Stubbs (FR-I) (DO C 303 de 19.8.2016, p. 17).

(26) Artículo 2 del Acuerdo de París (CMNUCC).