C 443/93

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

[COM(2022) 105 final]

(2022/C 443/13)

Ponente: José Antonio MORENO DÍAZ Coponente: Ody NEISINGH

Consulta Comisión Europea, 2.5.2022 Base jurídica Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía Aprobado en sección 22.6.2022 Aprobado en el pleno 13.7.2022 Pleno n.o 571 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 200/7/7

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebra la innovación normativa que supone una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres desde un enfoque interseccional, ampliamente demandada por la sociedad.

1.2 Asimismo, dado el alcance y extensión de las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres es necesario que las políticas para luchar contra las mismas no sean políticas neutrales, sino que se desarrollen desde una clara e inequívoca perspectiva de género, planteada de manera que facilite la comprensión de su necesidad y efectividad.

1.3 El CESE no quiere dejar de mencionar que considera imprescindible y urgente que se impulse la ratificación en todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, y también por parte de la propia UE, tanto del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso como del Convenio de Estambul.

1.4 El CESE cree que deben incluirse en esta Directiva todas las formas de violencia contra las mujeres como pueden ser la violencia institucional, la explotación sexual y reproductiva, el acoso laboral, la violencia de género en el ámbito familiar, la sumisión química, el acoso callejero, el acoso sexual por razón de sexo y/o género, o la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, entre otras.

1.5 El CESE considera que debe optarse por incluir la violencia contra las mujeres como uno de los «eurodelitos» contemplados en el artículo 83, apartado 1 del TFUE.

1.6 El CESE opina que deberían incluirse medidas concretas en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva para garantizar el mantenimiento del empleo de las víctimas de violencia contra las mujeres y para garantizar la inserción laboral de aquellas víctimas que carezcan de empleo.

1.7 En la línea adoptada por el PE y la CEDAW, el CESE entiende que debe usarse el término «mujeres en prostitución» en sustitución del concepto «trabajadoras sexuales».

1.8 El Comité considera que entre los agravantes debieran contemplarse aspectos como la concurrencia de amenaza previa hacia la víctima o su entorno afectivo o familiar y el lucro.

1.9 Asimismo, debiera mantenerse una especial atención respecto a las mujeres y niñas de minorías étnicas y/o culturales —como, por ejemplo, el pueblo romaní—, a las mujeres migrantes, especialmente aquellas en situación administrativa irregular, y a las niñas y mujeres refugiadas que huyen de la guerra.

1.10 El CESE exige una atención específica también respecto a las mujeres con discapacidad, que están más expuestas a agresiones por razón de género por su propia condición de discapacitadas.

1.11 En relación al acoso cibernético, entiende que la ausencia de consentimiento y la exposición pública deberían representar en sí mismas acoso cibernético.

1.12 El Comité considera que la derivación de las víctimas a servicios de apoyo no solo debe hacerse de manera oportuna y coordinada, sino también de forma prioritaria y urgente.

1.13 El CESE pide a la Comisión Europea que integre los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, en la lista de servicios de apoyo esenciales para las víctimas, y que inste a todos los Estados miembros de la UE a que eliminen urgentemente todas las barreras que dificultan el acceso a la anticoncepción de urgencia y a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo tras una violación.

1.14 El Comité defiende que las órdenes de restricción y protección de emergencia como salvaguarda de la integridad física y psicológica de las victimas deben necesariamente contemplar medidas que impidan que el victimario acose o se aproxime físicamente a la víctima.

1.15 El CESE considera que la accesibilidad y gratuidad debieran recogerse también de forma explícita en todos los mecanismos y medidas de apoyo a las víctimas de violencia sexual.

1.16 El Comité llama la atención sobre la limitación que supone que los servicios de asesoramiento y atención contemplados en el acoso sexual laboral sean solo de carácter externo y que no se recoja nada respecto a la importancia del diálogo social, la negociación colectiva y la necesaria participación y negociación con los agentes sociales.

1.17 Habida cuenta del papel que la educación tiene en la conformación de roles y estereotipos de género, debiera proyectarse su papel preventivo —en particular mediante una educación integral en materia de sexualidad— sobre todas las etapas educativas, y debiera incluirse de forma explícita en la cooperación institucional la participación de la comunidad educativa, de las organizaciones de la sociedad civil (especialmente de las asociaciones feministas), de los interlocutores sociales y de las comunidades afectadas.

1.18 El Comité entiende que debería prevalecer el interés superior del menor sobre el régimen de visitas cuando existan dudas razonables en cuanto a la posibilidad de garantizar el contacto seguro tanto en términos físicos como emocionales.

1.19 El Comité celebra la inclusión en la Directiva de la mutilación genital femenina como delito específico.

1.20 El CESE estima que las violaciones más amplias de la salud y los derechos sexuales y reproductivos también deberían combatirse como violencia contra las mujeres, como en el caso de la violencia ginecológica y obstétrica, el embarazo forzado y la denegación de la atención al aborto. Asimismo, el CESE observa con preocupación que no se incluyan en la definición de violencia contra las mujeres las restricciones existentes para la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y segura, así como el acoso que sufren, fundamentalmente en las inmediaciones de las clínicas, aquellas mujeres que optan libremente por dicha opción.

1.21 El Comité observa con preocupación que no se recoja el desarrollo de una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad, para las huérfanas y huérfanos de las víctimas de violencia contra las mujeres.

1.22 El CESE muestra su profunda preocupación por que la actividad de la extrema derecha se haya marcado como objetivo combatir las propuestas de igualdad de género y, especialmente, por la negación sistemática de la violencia estructural contra las mujeres, aquella que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Dicha negación no solo intoxica la convivencia en igualdad, sino que ataca los valores y principios consagrados en el artículo 2 del TUE.

1.23 El Comité recomienda que la Directiva contemple una memoria económica que permita garantizar la aplicación real de las medidas adoptadas mediante una adecuada financiación pública.

2. Observaciones generales

2.1 La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la discriminación de las mujeres. Representa un mecanismo de control cuyo origen es la desigualdad entre mujeres y hombres que, a su vez, garantiza y alimenta la misma.

2.2 El CESE muestra su profunda preocupación por que la actividad de la extrema derecha se haya marcado como objetivo combatir las propuestas de igualdad de género y, especialmente, por la negación sistemática de la violencia estructural contra las mujeres, aquella que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Dicha negación no solo intoxica la convivencia en igualdad, sino que ataca los valores y principios consagrados en el artículo 2 del TUE.

2.3 La Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-2025 tiene entre sus objetivos fundamentales poner fin a la violencia de género. Asimismo, tiene entre otros objetivos combatir los estereotipos de género, eliminar la brecha salarial en el empleo y en las responsabilidades asistenciales, lograr la participación en pie de igualdad en los distintos sectores de la economía y alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y en la actividad política.

2.4 La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas más persistentes de discriminación de género y supone una violación de los derechos humanos. En la UE, la mitad de las mujeres (53 %) evita ciertos lugares o situaciones por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales ( 1 ) y la tercera parte manifiesta haber sido víctima de violencia física o sexual (33 %).

2.5 Dado el alcance y extensión de las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres es necesario que las políticas para luchar contra las mismas no sean políticas neutrales sino que se desarrollen desde una clara e inequívoca perspectiva de género, planteada de manera que facilite la comprensión de su necesidad y efectividad.

2.6 Todos los días, las mujeres corren el riesgo de sufrir violencia en su lugar de trabajo, especialmente las que trabajan en el sector del transporte (el 63 % de ellas declara haber experimentado al menos un acto de violencia recientemente) ( 2 ) y en el de servicios y ventas ( 3 )

2.7 La violencia doméstica también ha aumentado debido a las medidas de confinamiento decretadas para frenar la crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ( 4 )

2.8 El CESE acoge favorablemente que la propuesta de Directiva tenga como objetivo prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica para garantizar así un alto nivel de seguridad y el pleno disfrute de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Aunque entendemos que el enfoque penal en la lucha contra las violencias contra las mujeres es necesario, debe acompañarse necesariamente de un enfoque holístico e integral para prevenir, combatir y erradicar las violencias machistas.

3. Observaciones específicas

3.1 El CESE celebra la innovación normativa que supone una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres desde un enfoque interseccional. Sin embargo, alerta de la necesidad de activar protocolos, campañas de sensibilización y cualificación para profesionales para evitar tanto la violencia institucional como la culpabilización de las víctimas por factores externos, ajenos al hecho violento, como el aspecto o actitud de la víctima, su estatus, origen o cualquier otra característica o situación.

3.2 En este sentido, aunque el CESE valora positivamente la clarificación conceptual y penal que supone la inclusión en la Directiva de definiciones sobre algunas formas de violencia contra las mujeres, es imprescindible que la propuesta aborde todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres e incluya una definición general sobre la violencia de género como la incluida en los artículos 1 y 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 o en el artículo 3 del Convenio de Estambul.

3.3 El CESE considera que debería haberse optado por incluir la violencia contra las mujeres como uno de los «eurodelitos» contemplados en el artículo 83, apartado 1 del TFUE.

3.4 El CESE saluda la criminalización de la violación sobre la base de la mera falta de consentimiento, sin la exigencia de la utilización de fuerza o amenaza para ser perseguible. Esta definición legal incorpora ese delito en línea con el Convenio de Estambul: dicho concepto ha de ser aplicado a nuevas formas de violación como la denominada «sumisión química».

3.5 El Comité reconoce la importancia que supone incorporar medidas específicas destinadas a la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar; sin embargo, el CESE exige la inclusión de dicha modalidad de violencia entre los delitos tipificados en la Directiva, estableciendo un marco común en materia de sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y prescripción.

3.6 Más de la mitad de las europeas declara haber sido víctima de acoso sexual en alguna ocasión (55 %) ( 5 ) y, por tanto, el CESE estima que la Directiva no puede ignorar dicha forma de violencia contra las mujeres ni en su propuesta de definición ni en el régimen de sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y prescripción ( 6 )

3.7 La tercera parte de las mujeres que ha sufrido acoso sexual lo ha vivido en el ámbito laboral ( 7 ) . Por ello, el CESE considera necesario que la Directiva aborde dicha modalidad de violencia, así como la implementación y actualización por parte de los empleadores de acciones específicas para combatir el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, incluidos la ciberviolencia o el ciberacoso ( 8 ) . Por lo tanto, el CESE exige incorporar el delito de acoso laboral.

3.8 La violencia vicaria, aquella que sufren las mujeres a través de la violencia ejercida contra personas de su entorno afectivo o familiar con el fin de agredirlas emocionalmente, se manifiesta especialmente contra sus hijos e hijas. El CESE entiende que debería prevalecer el interés superior del menor sobre el régimen de visitas cuando existan dudas razonables en cuanto a la posibilidad de garantizar el contacto seguro con el menor tanto en términos físicos como emocionales.

3.9 Habida cuenta de que la autonomía económica es un elemento esencial en el empoderamiento y la recuperación de las víctimas de violencia en el ámbito intrafamiliar, el CESE observa con preocupación que no se incluyan medidas concretas en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva para garantizar la conservación del empleo de dichas víctimas y garantizar la inserción laboral a aquellas víctimas que carecen de empleo.

3.10 o 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, de 6 de noviembre de 2020, el CESE entiende que lo adecuado es referirse a las mismas como «mujeres en prostitución» y no como «trabajadoras sexuales». Conocedor de los resultados del Informe del Parlamento Europeo sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género ( 9 ) , en la línea adoptada por el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) así como en la Recomendación General n.38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, de 6 de noviembre de 2020, el CESE entiende que lo adecuado es referirse a las mismas como «mujeres en prostitución» y no como «trabajadoras sexuales».

3.11 La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 10 ) considera como inválido el consentimiento de la víctima cuando media amenaza, uso de la fuerza, coacción, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento. El CESE considera que el proxenetismo o el lucro derivado de la explotación sexual ajena debiera contemplarse en las sanciones previstas en el capítulo 2 de la Directiva que trata de los «Delitos relativos a la explotación sexual».

3.12 El CESE comparte la inquietud de la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ( 11 ) por el incremento de la denominada gestación subrogada. Coincide con la expresión manifestada por el Parlamento Europeo ( 12 ) , que la considera una forma de explotación reproductiva que vulnera la dignidad de las mujeres. Por tanto, entiende que dicha práctica —cuando sea negocio jurídico donde medie lucro o beneficio de cualquiera de las partes, incluida la publicidad—, debe considerarse como una forma de violencia contra las mujeres y contemplarse al mismo nivel que la explotación sexual (incluyéndola en el capítulo 2 y en el artículo 1).

3.13 La violencia contra las mujeres representa la violación de los derechos humanos más extendida en la Unión, pero su prevalencia es mayor entre las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, debiéndose mantener una especial atención respecto a las mujeres y niñas de minorías étnicas y/o culturales como por ejemplo el pueblo romaní.

3.14 Igualmente, el CESE apoya todas las medidas legislativas apropiadas para proteger a las mujeres con discapacidad de todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos basados en el sexo, así como las medidas adecuadas para su prevención, en particular formas apropiadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta las cuestiones de género para las mujeres con discapacidad. Con tal fin, el CESE apoya que todas las instalaciones y programas diseñados para atender a las mujeres con discapacidad sean supervisados de manera efectiva por autoridades independientes.

3.15 Igualmente, el CESE apoya todas las medidas adecuadas para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las mujeres con discapacidad que son víctimas de cualquier forma de violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección, y exige una atención específica también respecto a las mujeres con discapacidad, que están más expuestas a agresiones por razón de género y por su propia condición de discapacitadas (esterilizaciones forzosas, incapacitación legal por parte de miembros del entorno familiar).

3.16 Las mujeres migrantes, máxime si están en situación administrativa irregular, deben ser protegidas mediante la concesión inmediata de un permiso de residencia autónomo y provisional cuando formulen una denuncia ( 13 ) . Asimismo, si durante el proceso se revela dicha situación de carencia de documentación legal, no debería informarse a las autoridades migratorias competentes.

3.17 El CESE valora muy positivamente la inclusión del acoso cibernético y el intercambio no consentido de material íntimo o manipulado como formas de violencia contra las mujeres y niñas, pero manifiesta su inquietud con la exigencia de que para su consideración delictiva se exija la puesta a disposición de «multitud de usuarios». Se trata de un requisito impreciso, indefinido y tremendamente valorativo que, a su vez, no atiende al daño reputacional real, que en ocasiones es mayor si se comparte solo con personas de su entorno social, familiar o laboral más estrecho. El Comité entiende que la ausencia de consentimiento y la exposición pública deberían representar en sí mismas acoso cibernético, sin entrar a valorar si se ha compartido con multitud de usuarios o si, por el contrario, han sido con muchos o bastantes (artículo 7, letras a) y b), artículo 8, letra c) y artículo 9, letra a)).

3.18 La extensión del uso de internet y de las redes sociales está provocando que el intercambio no consentido de material con contenido sexual sea una práctica cada vez más frecuente, con mayor impacto y, por tanto, más dañina para las víctimas. El Comité muestra su preocupación por la extensión de dicha práctica y entiende que las penas y la prescripción del delito prevista para la misma (artículo. 7) debieran ser equivalentes que las contempladas en los artículos 12 y 15 para el ciberacecho (artículo 8).

3.19 A su vez, el CESE valora positivamente la previsión de formación específica para las autoridades competentes en la recepción y canalización de las denuncias por los delitos contemplados en la Directiva, pero considera que, adicionalmente, debieran contemplarse medidas concretas orientadas al control y la evaluación de la eficacia del sistema, así como una previsión respecto a las sanciones concretas en el supuesto de que las autoridades competentes incumplan el principio de debida diligencia (artículo 37, apartado 6).

3.20 El Comité da la bienvenida a la exigencia de experiencia «suficiente» para las personas, unidades y servicios que investigan y enjuician la violencia contra las mujeres y niñas, en particular agentes jurídicos, autoridades y personal de los juzgados, jueces, fiscales, abogados, asistentes de apoyo a las víctimas y servicios de justicia restaurativa, profesionales del cuidado, servicios sociales y educacionales y otro personal relevante que pudiera entrar en contacto con los grupos vulnerables o con las víctimas. Sin embargo, el CESE alerta de la subjetividad que puede acompañar la percepción de la suficiencia o insuficiencia de la experiencia. Habida cuenta de que uno de los principales errores en la intervención en la materia es, precisamente, la falta de formación y sensibilización de los agentes involucrados, recomienda que el requerimiento de formación específica se exija, no solo para los profesionales que canalizan las denuncias o en contacto con las víctimas, sino también para aquellos que participan en el proceso de investigación o enjuiciamiento previsto en el Capítulo 3 (artículo 17, apartado 1).

3.21 La celeridad en la atención de las víctimas en un aspecto central para su adecuada reparación, rehabilitación y recuperación. Por tanto, el CESE considera que la derivación de las víctimas a servicios de apoyo no solo debe hacerse de manera oportuna y coordinada, sino también de forma prioritaria y urgente (artículo 20, apartado 2).

3.22 El CESE acoge con satisfacción las medidas propuestas para garantizar el acceso de las víctimas a servicios de apoyo integrales, adaptados, generales y especializados, que respondan a sus necesidades específicas. Sin embargo, lamenta que la lista de apoyo especializado que los Estados miembros deben proporcionar a las víctimas (artículo 27, apartado 1) solo se refiera al apoyo en la etapa legal o en la investigación y el proceso judicial, y no mencione el acceso a los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, como algo esencial para las víctimas. Además, el CESE observa con gran preocupación que no se mencionan específicamente los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción de urgencia y el aborto, como servicios de apoyo no solo esenciales sino también urgentes a los que deben tener acceso las víctimas de la violencia sexual (artículo 28). Según la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ser obligada a llevar a término un embarazo como resultado de una violación puede constituir una forma de violencia cruel, inhumana y degradante, que es grave. El CESE pide a la Comisión Europea que integre los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, en la lista de servicios de apoyo esenciales para las víctimas, y que inste a todos los Estados miembros de la UE a que eliminen urgentemente todas las barreras que dificultan el acceso a la anticoncepción de urgencia y a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo tras una violación.

3.23 Las mujeres desplazadas y las que huyen de un conflicto corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género. La violencia sexual se utiliza a menudo como arma de guerra, y las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata de seres humanos y la explotación sexual. El CESE subraya que el apoyo, la protección y el acceso a los servicios sanitarios esenciales, como la atención a los traumas psicológicos y el acceso a los servicios sexuales y reproductivos, entre ellos la anticoncepción de urgencia y la atención al aborto, son de la máxima importancia y deberían concederse en todos los países europeos.

3.24 El Comité defiende que las órdenes de restricción y protección de emergencia como salvaguarda de la integridad física y psicológica de las victimas deben necesariamente contemplar medidas que impidan que el victimario acose o se aproxime físicamente a la víctima. Y ello no solo en lo relativo a la restricción o interdicción en el acceso a la vivienda o centro de trabajo (artículo 21, apartado 1) sino también respecto al espacio público en general, contemplando supuestos en los que el acercamiento entre víctima y victimario pueda considerarse como un comportamiento peligroso del infractor o sospechoso (artículo 21, apartado 2).

3.25 El CESE acoge con satisfacción la accesibilidad y gratuidad de las líneas telefónicas de ayuda a las víctimas y la atención especializada en los centros de referencia para crisis de las víctimas de violencia sexual, pero considera que la accesibilidad y gratuidad debieran recogerse también de forma explícita en todos los mecanismos y medidas de apoyo a las víctimas de violencia sexual, en las medidas preventivas de carácter informativo sobre los derechos que les asisten, así como en lo relativo a los trámites para la reparación e indemnización.

3.26 El Comité da la bienvenida a la inclusión de apoyo especializado en caso de acoso sexual en el ámbito laboral y la encomienda para que se aborden medidas estatales de carácter preventivo, pero llama la atención sobre la limitación que supone que los servicios de asesoramiento y atención contemplados sean solo de carácter externo (artículo 30) y que no se recoja nada respecto a la importancia del diálogo social, la negociación colectiva y la necesaria participación y negociación con los agentes sociales, especialmente con los sindicatos como legítimos representantes de los intereses y derechos de las y los trabajadores. Así mismo, observa con preocupación y sorpresa que se contemple la «mediación» en este tipo de violencia contra las mujeres.

3.27 En este sentido, el CESE considera imprescindible y urgente que se impulse la ratificación en todos los Estados miembros que aún no lo hayan ratificado, y también por parte de la propia UE, tanto del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso como del Convenio de Estambul.

3.28 El Comité celebra la inclusión de medidas preventivas contra la violencia de género en el ámbito educativo, incluyendo también el refuerzo de la educación integral en sexualidad. Pero, habida cuenta del papel que la educación tiene en la conformación de roles y estereotipos de género, dicho mandato debiera proyectarse sobre todas las etapas educativas, sean cuales fueren, así como incluir, de forma explícita en la cooperación institucional la participación de la comunidad educativa, de las organizaciones de la sociedad civil (especialmente de las asociaciones feministas), de los interlocutores sociales y de las comunidades afectadas (artículo 36, apartado 2).

3.29 Asimismo, el CESE valora muy positivamente la cooperación y coordinación de los Estados miembros en la recopilación de datos y en la investigación de las causas, prevalencia y efectos de la violencia contra las mujeres, pero recela del compromiso real que pueda derivarse de la mera invitación a la acción que supone la fórmula «apoyarán» recogida en el artículo 44, apartado 7, entendiendo que resultaría mucho más efectivo y ambicioso la adopción de un compromiso que obligue a la adopción de medidas específicas y concretas estableciendo un plazo determinado (artículo 44, apartado 7).

3.30 nomos cultural de las comunidades de origen. El Comité celebra por tanto la inclusión en la Directiva de la mutilación genital femenina como delito específico. Por ello, el Comité celebra la inclusión en la Directiva de la mutilación genital femenina como delito específico, pero alerta de la necesidad de extremar la cautela para que las campañas de sensibilización o prevención eviten la estigmatización de las mujeres pertenecientes a dichas comunidades y que la sensibilidad cultural prevista en el artículo 37, apartado 2 en relación con la identificación de las consecuencias se aplique también en las campañas de prevención. El Comité entiende que, en este sentido, un aspecto esencial es trabajar con y desde las propias comunidades de referencia para prevenir y desactivar los significados culturales de la práctica (artículo 36, apartado 6) Las diásporas migratorias que tienen como territorio de acogida los distintos países de la Unión obligan a tener en consideración formas de violencia contra las mujeres y niñas que forman parte delcultural de las comunidades de origen. El Comité celebra por tanto la inclusión en la Directiva de la mutilación genital femenina como delito específico. Por ello, el Comité celebra la inclusión en la Directiva de la mutilación genital femenina como delito específico, pero alerta de la necesidad de extremar la cautela para que las campañas de sensibilización o prevención eviten la estigmatización de las mujeres pertenecientes a dichas comunidades y que la sensibilidad cultural prevista en el artículo 37, apartado 2 en relación con la identificación de las consecuencias se aplique también en las campañas de prevención. El Comité entiende que, en este sentido, un aspecto esencial es trabajar con y desde las propias comunidades de referencia para prevenir y desactivar los significados culturales de la práctica (artículo 36, apartado 6) ( 14 )

3.31 El CESE acoge con satisfacción el reconocimiento del aborto forzado y la esterilización forzada como formas específicas de violencia. Sin embargo, las violaciones más amplias de la salud y los derechos sexuales y reproductivos también deberían combatirse como violencia contra las mujeres, como en el caso de la violencia ginecológica y obstétrica, el embarazo forzado y la denegación de la atención al aborto. El CESE observa con preocupación que no se incluya en la definición de violencia contra las mujeres las restricciones existentes para la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y segura, así como el acoso que sufren, fundamentalmente en las inmediaciones de las clínicas, aquellas mujeres que optan libremente por dicha opción.

3.32 El Comité observa con preocupación que no se recoja el desarrollo de una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad, para las huérfanas y huérfanos de las víctimas de violencia contra las mujeres: ello pasa necesariamente por que puedan superar y ver reparada su situación de especial vulnerabilidad motivado por el contexto violento sufrido, acrecentado en el supuesto de asesinato de sus madres. En este último caso es esencial facilitar el acceso a las indemnizaciones civiles que les correspondan por los delitos sufridos, así como agilizar el proceso sucesorio tras el crimen para posibilitar que puedan acceder con urgencia a sus bienes y derechos hereditarios ( 15 )

3.33 El Comité lamenta que no se haya presentado una memoria económica que acompañe a esta Directiva y que, por lo tanto, no se garantice la financiación pública de la misma y de los servicios y acciones que propone.

Bruselas, 13 de julio de 2022. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) FRA (2014), Violencia de Género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE.

(2) ETF (2019), Time's Up for Violence Against Women.

(3) Eurofound (2017), 6th European Working Condition Survey.

(4) Unión Europea (2021), 2021 report on gender equality in the EU.

(5) Estudio sobre una muestra de 42 000 mujeres. Fuente: Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014.

(6) Asumiendo los compromisos adoptados en las Jornadas sobre Me Too del Parlamento Europeo, celebradas en febrero del año 2019, en las que se reclamó a los candidatos y candidatas a las elecciones de mayo un firme compromiso para combatir específicamente el acoso sexual.

(7) Estudio sobre una muestra de 42 000 mujeres. Fuente: Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014.

(8) En este sentido, señala como buena práctica en España el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(9) Informe del Parlamento Europeo sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género [2013/2103(INI)]. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Ponente: Mary Honeyball. A7-0071/2014. 3.2.2014. Véase también la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas [2020/2029(INI)].

(10) Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

(11) Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. A/HRC/37/60. Consejo de Derechos Humanos. 37.o período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018.

(12) Como defiende la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, [2015/2229 (INI)], que condena la gestación subrogada o los vientres de alquilar por ser «contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima», conmina a que se examine con urgencia su legalidad, a la luz de los diferentes instrumentos de derechos humanos, e invita a que se prohíba una práctica «que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo».

(13) En este ámbito, la ley española de inmigración constituye una buena práctica (artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000).

(14) The Multisectorial Academic Program to prevent and combat female Genital Mutilation (FGM/C). Comisión Europea 2016-2018.

(15) En este sentido, entiende como buena práctica en España la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.