ES    ES  
 COMISIÓN  
EUROPEA 
Estrasburgo, 5.2.2013  
COM(2013) 45 final 
2013/0025 (COD) 
  
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2013) 21 final} 
{SWD(2013) 22 final}  
ES 2   ES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
1. CONTEXTO  DE LA PROPUESTA 
Motivación y objetivos de la propuesta 
Los principales objetivos de las medidas pr opuestas son fortalecer el mercado interior, 
reduciendo la complejidad de las operaciones tran sfronterizas, proteger los intereses de la 
sociedad de la delincuencia y los actos terroristas, preservar la prosperidad económica de la 
Unión Europea, ofreciendo un entorno empresaria l eficiente, y contri buir a la estabilidad 
financiera, protegiendo la solid ez, el correcto funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero.  
Estos objetivos se lograrán gara ntizando la coherencia entre el  enfoque adoptado por la UE y 
el enfoque internacional, garantizando la cohere ncia entre las normas nacionales, así como la 
flexibilidad a la hora de aplicarlas, y velando por  que estas normas se centren en los riesgos y 
se adapten para responder a las nuevas amenazas que vayan surgiendo. 
Por otro lado, la presente propuesta incorpor a y deroga la Direc tiva 2006/70/CE de la 
Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2005/60/CE1, lo que mejorará la comprensión y accesibilidad del marco legislativo 
relativo a la lucha contra el blanqueo de cap itales para todas las partes interesadas. 
Como complemento de la presente propuesta, la Comisión se propone reforzar las medidas 
represivas de la UE contra el blanqueo de capitales. En c onsecuencia, en 2013 se prevé 
proponer la armonización de las disposiciones de Derecho penal aplicables a este delito sobre 
la base del artículo 83, apartado 1, del Trat ado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE)2. 
Contexto general 
La supresión de los obstáculos en el mercado inte rior no solo facilita el  establecimiento o el 
desarrollo en toda la UE de empresas que operan lícitamente, sino que también puede ofrecer mayores oportunidades para el blanqueo de capitales y la fi nanciación del terrorismo. Los 
delincuentes implicados en actividades de bl anqueo de capitales pueden, por tanto, intentar 
ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen o propiedad de estos activos y transformarlos en productos aparentemente leg ítimos. Por otra parte, el terrorismo puede 
financiarse mediante actividades tanto legítimas como delictivas, ya que las organizaciones terroristas desarrollan actividades  generadoras de ingresos que, en sí mismas, pueden ser, o al 
menos parecer, legítimas. El blanqueo de ca pitales y la financiación del terrorismo 
representan así un riesgo importante para la integridad, el correcto funcionamiento, la 
reputación y la estabilidad del sistema fi nanciero, con consecuencias potencialmente 
devastadoras para la sociedad en general. 
Se ha adoptado legislación eur opea para proteger el funci onamiento adecuado del sistema 
financiero y del mercado interior. No obstante,  la naturaleza variable de las amenazas que 
plantea el blanqueo de capitales y la financia ción del terrorismo, propi ciada por la evolución 
                                                
 
1 DO L 214 de 4.8.2006, p. 29. 
2 http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_home_006_money_laundering_en.pdf 
ES 3   ES constante de la tecnología y de los medios a disposición de los delincuentes, exige una 
adaptación permanente del marco jurídico para responder a estas amenazas. 
A nivel de la UE, la Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema fina nciero para el blanqueo de cap itales y para la financiación del 
terrorismo3 (en lo sucesivo denominada «tercera Direct iva contra el blanque o de capitales»), 
establece el marco destinado a proteger la soli dez, integridad y estabilidad de las entidades 
financieras y de crédito, así como la confianza en  el sistema financiero en su conjunto, frente 
a estos riesgos. Las disposiciones de la UE  se basan en gran medida en las normas 
internacionales adoptadas por el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, 
como la Directiva no pretende ir más allá de  una armonización mínima, esas disposiciones se 
completan con las adoptadas a nivel nacional. 
A nivel internacional, el GAFI ha emprendi do una revisión a fondo de sus normas y en 
febrero de 2012 adoptó un nuevo c onjunto de Recomendaciones.  
En paralelo al proceso internacional, la Co misión Europea ha acometido su propia revisión 
del marco normativo europeo. La revisión de la Directiva en este momento viene a 
complementar las Recomendaciones revisadas de l GAFI, que, en sí mismas, representan un 
refuerzo sustancial del marco de la lucha contra  el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. La propia Directiva refuerza elementos de las R ecomendaciones revisadas, en 
particular en lo que respecta al ámbito de apli cación (al incluir a los pr oveedores de servicios 
de juegos de azar y a las personas que negocian con bienes de un valor superior a 7 500 EUR), a la información sobre la titularidad real (que deberá facilitarse a las entidades obligadas y a las autoridades comp etentes) y a las sanciones. La revisión tiene en cuenta la 
necesidad de aumentar la eficacia de las medi das contra el blanqueo de capitales adaptando el 
marco jurídico, a fin de velar por que se reali cen evaluaciones de riesgos al nivel adecuado y 
con el grado necesario de flexibilidad para adap tarse a las distintas situaciones y agentes. En 
consecuencia, al tiempo que fija un nivel elev ado de normas comunes, la Directiva impone a 
los Estados miembros, a las autoridades de superv isión y a las entidades obligadas el deber de 
evaluar los riesgos y adoptar medidas de ate nuación adecuadas y propor cionadas a los riesgos. 
La Directiva es, por tanto, menos detallada en  cuanto a las medidas concretas que deben 
adoptarse. 
Disposiciones vigentes en este ámbito 
Se han adoptado diversos instrumentos jurídico s para garantizar un marco eficaz contra el 
blanqueo de capitales y la fina nciación del terrorismo a nivel de la UE. Los más importantes 
son los siguientes: 
– la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, que abarca la mayoría de las 
cuarenta Recomendaciones del GAFI y algunas de las nueve Recomendaciones 
Especiales (RE) del GAFI;  
– el Reglamento (CE) nº 1781/2006, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la 
información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos
4, que 
aplica la RE VII del GAFI sobre la s transferencias electrónicas; 
                                                 
3 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 
4 DO L 345 de 8.12.2006, p. 1. 
ES 4   ES – el Reglamento (CE) nº 1889/2005, de 26 de octubre de 2005, rela tivo a los controles 
de la entrada o salida de di nero efectivo de la Comunidad5, que aplica la RE IX del 
GAFI sobre transportes de fondos; 
– la Directiva 2007/64/CE, de 13 de diciembr e de 2007, sobre servic ios de pago en el 
mercado interior6 (Directiva sobre servicios de pago), que, en combinación con la 
tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, aplica la RE VI del GAFI sobre 
sistemas alternativos de envíos de fondos; 
– el Reglamento (CE) nº 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas 
restrictivas específicas dirigidas a determin adas personas y entidades con el fin de 
luchar contra el terrorismo7, que, junto con el Reglamento (CE) nº 881/2002, de 27 
de mayo de 20028, que impone las sanciones de las N aciones Unidas contra Al Qaida 
y los talibanes, aplica pa rte de la RE III del GAFI s obre congelación de activos 
terroristas. 
Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión  
La adaptación propuesta del marco normativo contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo es plenamente cohe rente con las políticas de la UE en otros 
ámbitos. En particular: 
– El Programa de Estocolmo9, que aspira a conseguir una Europa abierta y segura que 
sirva y proteja al ciudadano, insta a lo s Estados miembros y a la Comisión a 
fomentar el intercambio de información entr e las unidades de información financiera 
(UIF) en su lucha contra el blanqueo de capitales. 
– La Estrategia de Seguridad Interior de la UE10, que señala los retos más urgentes para 
la seguridad de la UE en los próximos a ños y propone cinco objet ivos estratégicos y 
medidas específicas para el período 2011-2014 que contribuirán a mejorar la 
seguridad de la UE, entre ellas la luch a contra el blanqueo de capitales y la 
prevención del terrorismo. Se reconoce expresamente la necesidad de actualizar el 
marco normativo de la UE contra el bl anqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo con objeto de aumentar la tran sparencia de las personas jurídicas y las 
estructuras jurídicas. 
– Debido a la posibilidad de utilizar abusivam ente las nuevas tecnologías para encubrir 
transacciones y ocultar la identidad, es im portante que los Estados miembros estén al 
tanto de la evolución tecnológica y fomenten  el uso de la iden tificación electrónica, 
la firma electrónica y los servicios de conf ianza para las trans acciones electrónicas, 
de conformidad con la propuesta de Re glamento relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacc iones electrónicas en el 
mercado interior11, presentada por la Comisión. 
                                                 
5 DO L 309 de 25.11.2005, p. 9. 
6 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1. 
7 DO L 344 de 28.12.2001, p. 70. 
8 DO L 139 de 29.5.2002, p. 9. 
9 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 
10 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «La Estrategia de Seguridad 
Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura» [COM(2010) 673 final].  
11 COM(2012) 238/2. 
ES 5   ES – La propuesta sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la 
delincuencia en la Unión Europea12, adoptada por la Comisión Europea en marzo de 
2012 y cuyo objetivo es garantizar que lo s Estados miembros dispongan de un 
sistema eficaz para embargar preventivamente, administrar y decomisar los activos de origen delictivo, con el respaldo de la estructura institucional y los recursos 
financieros y humanos necesarios; 
– En lo relativo a la protección de datos, la s precisiones propuestas respecto a la tercera 
Directiva contra el blanqueo de capitales, que están plenamente en consonancia con 
el enfoque seguido por la Comisión en su s recientes propuestas en materia de 
protección de datos
13, en las que, en virtud de una disposición específica14, el 
Derecho nacional o de la UE podrá lim itar el ámbito de aplicación de las 
obligaciones y derechos previs tos en el proyecto de Reglam ento sobre la base de una 
serie de motivos específicos, entre ellos la  prevención, la inves tigación, la detección 
y el enjuiciamiento de delitos penales. 
– En cuanto a las sanciones, la propuesta de introducir un conjunto de normas mínimas 
basadas en principios para reforzar las sanciones administrativas, que es plenamente 
coherente con la política de la Comisión  expuesta en su Comunicación «Regímenes 
sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»15. 
– Con respecto a la inclusión financiera, se ha reconocido que la aplicación de un 
enfoque excesivamente prudente en la luch a contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo podría tener como consecuencia no deseada excluir del 
sistema financiero a empresas y consumidor es legítimos. Se han realizado estudios 
sobre esta cuestión a nivel internacional16 para asesorar a los países y sus entidades 
financieras a la hora de diseñar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo que cumplan el objetivo nacional de inclusión financiera, 
sin comprometer las medidas que existen a fi n de combatir la delincuencia. A nivel 
de la UE, se está examinando actualmente la cuestión de la inclusión financiera en el 
marco de los trabajos sobre un paquete de medidas relativas a las cuentas bancarias. 
– Con respecto a la cooperación con persona s o autoridades (inclu idos tribunales y 
organismos administrativos) que participen  en labores de ev aluación o recaudación 
de impuestos o cualquier otro gravamen púb lico, en los procedimientos declarativos 
o ejecutivos relativos a dichos impuestos, o en la resolución  de los recursos relativos 
a los mismos, la propuesta es coherente c on el enfoque seguido a nivel internacional 
en la lucha contra el fr aude y la evasión fiscal17 al incluir una referencia específica a 
                                                 
12 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el 
decomiso de los productos de la delincuenci a en la Unión Europea [COM(2012) 85 final]. 
13 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y de l Consejo relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, detección  o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación  de dichos datos [COM(2012) 10 final] y propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de dato s) [COM(2012) 11 final].
  
14 Artículo 21 del Reglamento general de protección de datos. 
15 COM(2010) 716 final. 
16 Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion , GAFI, junio de 2011. 
17 Comunicación de la Comisión en la que se presenta un «Plan de acción para reforzar la lucha contra el 
fraude fiscal y la evasión fiscal», aprobado por la Comisión el 6 de diciembre de 2012 [COM(2012) 722 
final]. 
ES 6   ES los delitos fiscales entre los delitos graves que pueden considerarse delitos 
principales de blanqueo de capitales. La me jora de los procedimientos de diligencia 
debida con respecto al cliente a efectos de  la lucha contra el blanqueo de capitales 
contribuirá también a la lucha contra el  fraude fiscal y la evasión fiscal. 
2. RESULTADOS  DE LAS  CONSULTAS  CON  LAS  PARTES  INTERESADAS  Y 
DE LAS  EVALUACIONES  DE IMPACTO 
Consulta con las partes interesadas 
En abril de 2012 la Comisión aprobó un informe s obre la aplicación de la tercera Directiva 
contra el blanqueo de capitales y solicitó come ntarios de todas las partes interesadas. El 
informe se centraba en una serie de temas clave concretos (por ejemplo, la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, la ampliación del ámbito de aplicación del marco vigente, la 
adaptación del enfoque en materia de diligencia de bida con respecto al cl iente, la aclaración 
de las obligaciones de información y las competen cias de supervisión, el refuerzo de la 
cooperación entre las UIF, et c.), esenciales para la re visión de dicha Directiva.  
La Comisión recibió 77 contri buciones de una amplia variedad de partes interesadas 
(autoridades públicas, sociedad civil, federaciones  de empresas y empresas de varios ámbitos, 
entre ellos los servicios financieros, el sector de  los juegos de azar, la s profesiones liberales, 
el sector inmobiliario y los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos). Al margen de la consulta, se recibieron otras observaci ones, documentos de opinión y contribuciones.  
Los resultados globale s de la consulta
18 vienen a confirmar en general las cuestiones y 
problemas señalados en el informe de la Comisión y muestran un amplio respaldo a la propuesta de adaptación a las normas revisadas del GAFI y la clarificación de determinados 
aspectos (por ejemplo, la protección de dato s y las modalidades de aplicación de las normas 
en situaciones transfronterizas).  
Utilización de asesoramiento técnico 
Se han realizado esfuerzos sustanciales para obtener datos documentales en este ámbito y 
garantizar la plena participación de las distintas partes interesadas. 
En particular, durante 2010, la consulto ría externa Deloitte realizó un estudio
19 en nombre de 
la Comisión en el que analiza la aplicación de  la tercera Directiva contra el blanqueo de 
capitales.  
Evaluación de impacto 
La Comisión ha llevado a ca bo una evaluación de impacto20, en la que ha analizado las 
posibles consecuencias del blanqueo de capita les y la financiación del terrorismo. En 
particular, la no intervención de l sistema financiero para pone r coto a las actividades de 
blanqueo de capitales y financiación del terror ismo puede tener repercusiones económicas 
                                                 
18 El resumen de las respuestas puede consultarse en: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm  
19 El estudio puede consultarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
crime/index_en.htm  
20 La evaluación de impacto puede consultarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
crime/index_en.htm  
ES 7   ES negativas (derivadas de las perturbaciones de los flujos de capitales internacionales, la 
disminución de la inversión y el menor crecim iento económico) y desestabilizar los mercados 
financieros (como consecuencia de la reticencia de  otros intermediarios financieros a entablar 
relaciones comerciales, la pérdida de reputac ión, el deterioro de la  confianza y riesgos 
prudenciales).  
Se examinaron los siguientes problemas:  – la aplicación divergente de la s actuales normas de la UE en los Estados miembros, lo 
que va en detrimento de la seguridad jurídica; 
– las deficiencias y lagunas en las normas vigentes de la UE; 
– la falta de coherencia de las normas vigentes con las normas internacionales 
recientemente revisadas. 
Para solucionarlos, deben alcanzarse los siguientes objetivos operativos:  
– garantizar la coherencia entre las normas n acionales y, en su caso, la flexibilidad en 
su aplicación, reforzando y aclarando los requisitos actuales;  
– velar por que las normas se centren en los riesgos y se adapten para responder a las 
nuevas amenazas, reforzando y aclarando los requisitos actuales; 
– garantizar la coherencia entr e el enfoque de la UE y el aplicado a nivel internacional, 
ampliando el ámbito de aplicación y refor zando y aclarando los requisitos actuales. 
Según las conclusiones de la evaluación de imp acto, las opciones más idóneas para mejorar la 
situación actual serí an las siguientes:  
– Ampliación del ámbito de aplicació n para incluir los juegos de azar : ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva más allá  de los casinos para incluir el sector de 
los juegos de azar. 
– Umbrales aplicables al comercio de bienes : para las operaciones en efectivo, reducir 
de 15 000 EUR a 7 500 EUR los umbrales a pa rtir de los cuales las personas que 
comercian con bienes de elevado valor qued an incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Directiva y están obligadas a aplicar  procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente. 
– Regímenes sancionadores : introducir un conjunto de normas mínimas basadas en 
principios para endurecer las sanciones administrativas. 
– Comparabilidad de los datos estadísticos:  reforzar y precisar el requisito relativo a la 
recogida y comunicación de datos estadísticos. 
– Protección de datos:  introducir en la Directiva di sposiciones para aclarar la 
interacción entre los requisito s aplicables a la lu cha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo y los re lativos a la protección de datos. 
– Inclusión de los delitos fiscales en el ámbito de aplicación : incluir una referencia 
explícita a los delitos fiscal es como delito principal. 
ES 8   ES – Disponibilidad de informaci ón sobre el titular real:  obligar a todas las sociedades a 
disponer de información sobr e sus titulares reales. 
– Identificación de l titular real: mantener el enfoque que contempla la exigencia de 
identificar al titular real a partir de un umbral de propi edad del 25 %, pero aclarar a 
qué se refiere este «umbral del 25 %». 
– Responsabilidades de supervisión de las autor idades del país de or igen y las del país 
de acogida en materia de lucha co ntra el blanqueo de capitales : introducir nuevas 
normas que aclaren que las sucursales y filiales situadas en Estados miembros distintos del de la sede central aplican la s normas del país de ac ogida en materia de 
blanqueo de capitales y reforzar las di sposiciones de cooperación entre los 
supervisores del país de orig en y los del país de acogida. 
– Cooperación transfronteriza entre las uni dades de información financiera (UIF) : 
introducir nuevos requisitos que refuercen  las competencias de las UIF y la 
cooperación entre las mismas. 
– Evaluaciones nacionales de riesgos : introducir para los Estados miembros la 
obligación de llevar a cabo una evaluación de  los riesgos a nivel nacional y de tomar 
medidas para atenuarlos. 
– Diligencia debida con respecto al cliente : obligar a los Estados miembros a 
garantizar la aplicación de procedimientos  reforzados de diligencia debida en 
determinadas situaciones de elevado riesgo, permitiéndoles al mismo tiempo autorizar la aplicación de procedimientos simplificados en situaciones de menor 
riesgo. 
– Equivalencia de los regímenes de terceros países : eliminar el proceso de «lista 
blanca». 
– Aplicación a la supervisión de un enfoque basado en el riesgo:  reconocer 
expresamente en la Directiva que la supe rvisión podrá modularse en función de los 
riesgos. 
– Tratamiento de las personas del medio político:  introducir nuevos requisitos para las 
personas del medio político de la UE o las que trabajan en organizaciones 
internacionales, aplicando medidas basadas en los riesgos. 
Además, la evaluación de impacto ha analizado la incidencia de las propue stas legislativas en 
los derechos fundamentales. De acuerdo con la  Carta de los Derec hos Fundamentales, las 
propuestas pretenden, en particular , garantizar la protección de los datos de carácter personal 
(artículo 8 de la Carta) precisando las condicione s en las que estos datos podrán conservarse y 
transferirse. La propuestas no modificarán y, por tanto, no afectarán al derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparc ial (artículo 47 de la Carta), que la Directiva no vulnera, tal 
como confirmó el Tribunal de Justicia Eur opeo (asunto C-305/05). Se han tenido debidamente 
en cuenta el respeto de la vida privada (artícul o 7), la libertad de empresa (artículo 16) y la no 
discriminación (artículo 21). Por último, la propue sta contribuirá indirectamente a proteger el 
derecho a la vida (art ículo 2 de la Carta). 
ES 9   ES 3. ASPECTOS  JURÍDICOS  DE LA PROPUESTA 
Base jurídica 
La presente propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE.  
Subsidiariedad y proporcionalidad 
De conformidad con los principi os de subsidiariedad y de pr oporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la pr opuesta no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Es tados miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a nivel de la Unión. La propuest a no excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos. 
El considerando 2 de la tercera Directiva contra  el blanqueo de capitales subraya la necesidad 
de disponer de medidas a escala de la UE destinadas a proteg er la solidez, integridad y 
estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto: «A fin de evitar que los Estados miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan se r contrarias al funcionamiento del mercado 
interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público comunitario, es necesaria 
una actuación comunitaria en este ámbito». 
Puesto que los flujos masivos de dinero negro y la financiación del terrorismo pueden 
perjudicar la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado 
interior, cualquier medida adoptada exclusiv amente a nivel nacional podría tener efectos 
negativos para el mercado único de la UE: la ausencia de normas coordinadas en los Estados 
miembros para proteger sus sistemas fina ncieros podría ser incompatible con el 
funcionamiento del mercado interior y causa r su fragmentación. La actuación de la UE 
también se justifica por la ne cesidad de mantener condiciones de competencia equitativas en 
toda la UE: las entidades de  todos los Estados miembros quedarán sujetas a un conjunto 
coherente de obligaciones para combatir el  blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 
La Comisión considera que las modificaciones propuestas son proporcionadas a los objetivos. 
Al imponer umbrales en el ámbito de aplicaci ón y las normas de diligencia debida con 
respecto al cliente, la Comisi ón ha tomado medidas proporcionadas para limitar, en su caso, la 
aplicación de la Directiva. Por otra parte, la Directiva permite que algunas medidas de 
carácter preventivo que deben adoptar las PY ME guarden proporción con el tamaño y la 
naturaleza de la entidad oblig ada. Al mismo tiempo, al aplica r un enfoque adaptado y flexible 
basado en el riesgo, los Estados miembros podr án adoptar medidas y emprender actuaciones 
que sean necesarias para contrarrestar los riesgos a que puedan verse expuestos a nivel 
nacional. Estas medidas se prestan mejor a una directiva que a un reglamento plenamente armonizado, con la inclusión de procesos a nivel de la UE que garanticen una mayor 
coordinación y el desarrollo de enfoques supr anacionales, así como una mayor armonización 
en ámbitos específicos para garantizar tambié n el logro de los objetivos de la UE. Aunque 
aplicar un sistema eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo implica algunos costes para las entidad es obligadas (costes qu e se han analizado en 
la evaluación de impacto), la Comisión considera que los beneficios asociados a la prevención de estas actividades seguirán siendo superiores a los costes. 
La evaluación de las nuevas normas internacionales se iniciará en el último trimestre de 2013. 
Si la Comisión no proporciona rápidamente indi caciones claras sobre el  enfoque que conviene 
ES 10   ES seguir a nivel de la UE para su aplicación, existe  el riesgo de que los Estados miembros de la 
UE que sean evaluados en primer lugar opten por soluciones que quiz á no coincidan con el 
enfoque propuesto para la UE , lo que complicaría el logr o de un acuerdo sobre normas 
comunes. 
Por último, con la adopción de las normas internacionales revisa das, la Comisión y todos los 
Estados miembros de la UE (ya sea directamente o en su calidad de miembros del GAFI o Moneyval) se han comprometi do a garantizar su aplicación. 
4. REPERCUSIONES
 PRESUPUESTARIAS   
La propuesta no tiene incidencia alguna en  el presupuesto de la Unión Europea. 
5. INFORMACIÓN  ADICIONAL   
Explicación detallada de la propuesta 
Las principales modificaciones que se propone intr oducir en la tercera Directiva contra el 
blanqueo de capitales son las siguientes:  
– Ampliación del ámbito de apl icación de la Directiva : se proponen dos cambios 
principales en el ámbito de aplicación:  
(a) En el caso de los pagos en efectivo, el um bral a partir del cual la Directiva es 
aplicable a las personas que comercian c on bienes de elevad o valor se reduce 
de 15 000 EUR a 7 500 EUR. Actualmente, estas personas solo están incluidas 
en el ámbito de aplicación si efectúa n o reciben pagos en efectivo de un 
importe igual o superior a 15 000 EUR. Tras haber informado los Estados miembros de que este umbral relativa mente elevado estaba siendo aprovechado 
por los delincuentes, se propone rebaja rlo hasta los 7 500 EUR. Además, la 
nueva propuesta exige a estas persona s que apliquen procedimientos de 
diligencia debida con respecto al cliente cuando realicen una transacción ocasional de un importe de como mí nimo 7 500 EUR, lo que supone una 
reducción del anterior umbral, fijado en  15 000 EUR. Tanto la  definición como 
el umbral representan un endurecimiento de las medidas cont ra la utilización 
de estas personas con fines de blanqu eo de capitales en toda la UE. 
(b) El ámbito de aplicación de la Direc tiva incluye ahora a los «proveedores de 
servicios de juegos de azar» (de conf ormidad con la Directiva 2000/31/CE, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados  aspectos jurídico s de los servicios 
de la sociedad de la info rmación, en particular el come rcio electrónico, en el 
mercado interior
21). En virtud de la tercera Di rectiva contra el blanqueo de 
capitales y de las Recomendaciones del GAF I, solo los casinos debían incluirse 
en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Hay datos de la UE que muestr an que así se deja la puerta abierta a 
que los delincuentes se aprovechen de ot ros sectores de los juegos de azar. 
                                                 
21 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
ES 11   ES – Enfoque basado en el riesgo:  la Directiva reconoce que aplicar un enfoque basado en 
el riesgo es una forma eficaz de identificar y atenuar los riesgos para el sistema financiero y la estabilidad económica gene ral en el mercado interior. Las nuevas 
disposiciones propuestas exigen la aplicaci ón de medidas bien fundamentadas en tres 
ámbitos principales; en cada uno de ellos, las medidas se completarán con una lista mínima de factores a tener en cuenta o con orientaciones elaboradas por las Autoridades Europeas de Supervisión: 
(c) Los Estados miembros deberán identific ar, comprender y atenuar los riesgos 
que afronten. Podrán complementar esta s tareas con evaluaciones de riesgos 
realizadas a nivel supranacional (por ej emplo, por las Autoridades Europeas de 
Supervisión o Europol) y los resultados deberán ser compartidos con los demás 
Estados miembros y las entidades obligadas . Este sería el punto de partida del 
enfoque basado en el riesgo, y supone el reconocimiento de que una respuesta a escala de la Unión puede inspirarse en la  experiencia de los Estados miembros.  
(d) Las entidades obligadas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Directiva deberán id entificar, comprender y atenuar sus 
riesgos, así como documentar y actualizar  las evaluaciones de riesgos que 
emprendan. Este es un elemento clave del enfoque basado en el riesgo, que 
permitirá a las autoridades competentes ( por ejemplo, los supervisores) de los 
Estados miembros analizar a fondo y co mprender las decisiones adoptadas por 
las entidades obligadas que supervisen. En última instancia, las entidades que adopten un enfoque basado en el riesgo serán plenamente responsables de las 
decisiones que tomen.  
(e) La propuesta admite que los recursos de lo s supervisores puedan utilizarse para 
concentrarse en aquellos ámbitos en los que los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terroris mo sean mayores. La aplicación de un 
enfoque basado en el riesgo implicará que los datos obtenidos se utilizarán para 
centrarse mejor en los riesgos. 
– Procedimientos reforzados y simplificados de diligencia debida con respecto al 
cliente:  en virtud de la propuesta, las enti dades obligadas deberán tomar medidas 
reforzadas cuando los riesgos sean más importantes y podrán ser autorizadas a tomar medidas simplificadas cuando se haya de mostrado que los riesgos son menores. Con 
respecto a la tercera Directiva sobre bl anqueo de capitales, se consideró que las 
disposiciones en materia de diligencia debida simplificada eran demasiado laxas, al eximir totalmente de los requisitos de diligencia debida a determinadas categorías de clientes o transacciones. Así pues, la Dir ectiva revisada endurece las normas relativas 
a la diligencia debida simplificada y no autoriza situaciones en las que puedan 
aplicarse exenciones. En cambio, deben ju stificarse en función del riesgo las 
decisiones sobre cuándo y cómo aplicar pr ocedimientos simplificados, mientras que 
se indican los requisitos mínimos en cuanto a los factores a tener en cuenta. En uno de los supuestos en los que es obligatorio aplicar procedimientos reforzados, a saber, 
en el caso de las personas del medio político, la Directiva incluye también ahora a las personas del medio político que desempeñ an funciones públicas importantes por 
encargo de un Estado miembro, así como a las que trabajan para organizaciones 
internacionales. 
ES 12   ES – Información sobre el titular real:  la Directiva revisada propone nuevas medidas para 
hacer más clara y accesible la información sobre la titularidad real. Exige a las 
personas jurídicas disponer de información sobre sus propios titulares reales. Esta 
información debe ponerse a disposición tant o de las autoridades competentes como 
de las entidades obligadas. En cuanto a la s estructuras jurídicas, los fideicomisarios 
deben declarar su condición cuando se  conviertan en clientes y debe ponerse 
igualmente a disposición de las autoridade s competentes y de las entidades obligadas 
información sobre la titularidad real.  
– Equivalencia de terceros países:  la Directiva revisada elimina las disposiciones 
relativas a la equivalencia «positiva», habida  cuenta de que el régimen de diligencia 
debida con respecto al cliente se basa en ma yor medida en los riesgos y de que el uso 
de exenciones por motivo de factores puram ente geográficos es menos relevante. En 
virtud de lo dispuesto en la  tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, debía 
adoptarse una decisión sobre si  los sistemas de lucha cont ra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo existentes en  terceros países eran «equivalentes» a 
los de la UE. Esta información se utilizaba entonces para autorizar exenciones a determinados aspectos de la diligenci a debida con respecto al cliente.  
– Sanciones administrativas:  en consonancia con la política de la Comisión de 
armonizar las sanciones administrativas, la Directiva revisada contiene una serie de 
sanciones cuya aplicación deben garantizar los Estados miembros en caso de que se 
incumplan sistemáticamente los principales requisitos de la Directiva, a saber, la diligencia debida con respecto al client e, la conservación de documentos, la 
notificación de las tran sacciones sospechosas y lo s controles internos. 
– Unidades de información financiera:  la propuesta incorpor a lo dispuesto en la 
Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las 
disposiciones de cooperación entre las unidades de info rmación financiera de los 
Estados miembros para el intercambio de información, y amplía y refuerza la 
cooperación. 
– Autoridades Europeas de Supervisión (AES): la propuesta prevé varios ámbitos de 
intervención de las AES. En particular , la ABE, la AESPJ y la AEVM deberán 
realizar una evaluación y emitir un dict amen sobre los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a que  se enfrenta la UE. Además, la mayor 
importancia que se otorga al enfoque basado en el riesgo obliga a asesorar en mayor 
medida a los Estados miembros y las entidades financieras sobre los factores que han de tenerse en cuenta para aplicar proced imientos simplificados o reforzados de 
diligencia debida con respecto al cliente y sobre cuándo aplicar a la supervisión un enfoque basado en el riesgo. Por otro lado, se ha encomendado a las AES la tarea de 
elaborar normas técnicas de regulación s obre determinadas cuestiones en las que las 
entidades financieras deberán adaptar sus controles internos para hacer frente a 
situaciones específicas. 
– Protección de datos : en la propuesta se refleja la necesidad de alcanzar un equilibrio 
entre, por un lado, el establecimiento de  sistemas y controles sólidos y medidas 
preventivas contra el blanqueo de capitale s y la financiación del terrorismo, y, por 
otro, la protección de los derechos de los interesados. 
ES 13   ES – Medidas de transposición: Debido a la complejidad y al alcance de la propuesta, los 
Estados miembros deben transmitir un cuadro de correspondencias entre las disposiciones de su legislación n acional y las de la Directiva. 
Espacio Económico Europeo  
La propuesta es pertinente para los países del EEE.  
ES 14   ES 2013/0025 (COD) 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO  EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa a la prevención de la  utilización del sistema fina nciero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Un ión Europea y, en partic ular, su artículo 114, 
Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,  
Visto el dictamen del Banco Central Europeo2, 
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos3, 
De conformidad con el proced imiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: (1) Los flujos masivos de dinero negro pueden dañar la estabilidad y la reputación del 
sector financiero y poner en peligro el me rcado único, y el terrorismo sacude los 
cimientos mismos de nuestra sociedad. Unid a al planteamiento ba sado en el Derecho 
penal, una actuación preventiva a través del si stema financiero puede surtir resultados.  
(2) La solidez, integridad y estabilidad de la s entidades financieras y de crédito, así como 
la confianza en el sistema financiero en su conjunto, pod rían verse en grave peligro 
debido a los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el 
origen de los productos del delito, ya por  canalizar el producto de actividades 
legítimas o ilegítimas a fines terroristas. Si  no se adoptan medidas de coordinación en 
el ámbito de la Unión, los blanqueadores  de capitales y los financiadores del 
terrorismo podrían aprovechar la  libre circulación de capitales y la li bre prestación de 
servicios financieros que trae consigo un espaci o financiero integrado para facilitar sus 
actividades delictivas.  
                                                
 
1 DO C de , p. . 
2 DO C de , p. . 
3 DO C de , p. . 
ES 15   ES (3) La propuesta actual es la cuarta Directiv a para responder a la amenaza del blanqueo de 
capitales. La Directiva 91/308/CEE del Consej o, de 10 de junio de  1991, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para  el blanqueo de capitales4, 
definía el blanqueo de capitales en términos  de delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes e imponía obligaciones excl usivamente al sector financiero. La 
Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europe o y del Consejo, de 4 de diciembre de 
2001, por la que se modifica la Di rectiva 91/308/CEE del Consejo5, amplió el ámbito 
de aplicación, tanto desde el punto de vist a de los delitos cubiertos como de las 
profesiones y actividades reguladas. En juni o de 2003, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (en lo sucesi vo denominado «GAFI») revisó sus Recomendaciones para 
incluir la financiación del te rrorismo e introdujo requisito s más detallados en lo que 
respecta a la identificación y verificación de la identidad de los clientes y a las situaciones en las cuales el  mayor riesgo de blanqueo de  capitales pued e justificar 
medidas más estrictas, así como aquella s otras en las que un menor riesgo puede 
justificar controles menos ri gurosos. Estos cambios se reflejaron en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilizac ión del sistema financiero pa ra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo
6, y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de 
agosto de 2006, por la que se establecen di sposiciones de aplicación de la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Cons ejo en lo relativo a la definición de 
personas del medio político y los criterios t écnicos aplicables en los procedimientos 
simplificados de diligencia debida con respecto  al cliente así como en lo que atañe a la 
exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada7. 
(4) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, 
en un contexto internacional. Las medidas adoptadas únicamente  en el ámbito nacional 
o incluso a nivel de la Unión Europ ea, sin coordinación  ni cooperación 
internacionales, tendrían efect os muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión 
Europea a este respecto debe ser compatible  con las que se emprendan en otros foros 
internacionales. En particular, la actuaci ón de la Unión Eu ropea debe seguir 
atendiendo a las Recomendaciones del GAFI, principal organismo internacional en la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a 
reforzar la eficacia de la lucha contra el  blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, las Directivas  2005/60/CE y 2006/70/CE deben adaptarse a las nuevas 
Recomendaciones del GAFI adoptadas y ampliadas en febrero de 2012. 
(5) Por otra parte, la utilización fraudulenta del sistema financiero a fin de canalizar el 
producto de actividades delictivas o incluso de  actividades lícitas con fines terroristas 
plantea riesgos evidentes para la integrida d, el correcto funcionami ento, la reputación 
y la estabilidad del sistema financiero. Por consiguiente, las medidas preventivas de la 
presente Directiva deben ampliarse no solo  a la manipulación de  fondos procedentes 
de actividades de lictivas, sino también a la percepci ón de fondos o bienes con fines 
terroristas. 
(6) La realización de operacione s con grandes sumas en efec tivo es susceptible de ser 
utilizada para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A fin de 
mejorar la vigilancia y atenuar los riesgo s que plantean los pa gos en efectivo, las 
                                                 
4 DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. 
5 DO L 344 de 28.12.2001, p. 76. 
6 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 
7 DO L 214 de 4.8.2006, p. 29. 
ES 16   ES personas físicas o jurídicas que negocien con bienes deben quedar sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, siem pre que efectúen o reciban pagos en efectivo 
de un importe igual o superior a 7 500 EU R. Los Estados miembros podrán decidir 
adoptar disposiciones más estricta s, incluido un umbral más bajo. 
(7) Los profesionales del Derecho, tal y co mo hayan sido definidos por los Estados 
miembros, deben quedar sujetos a lo dispue sto en la presente Directiva cuando 
participen en operaciones fina ncieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, 
en las que existe mayor riesgo de que lo s servicios de dichos  profesionales del 
Derecho se empleen indebidamente a fin de  blanquear el producto de actividades 
delictivas o financiar el terrorismo. No obstante, deben existir dispensas a la 
obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después de un 
procedimiento judicial, o en el proceso de determinación de la situ ación jurídica de un 
cliente. Así pues, el asesor amiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de 
secreto profesional, salvo en caso de que el  asesor letrado esté implicado en blanqueo 
de capitales o financiación del terrorism o, de que la finalidad del asesoramiento 
jurídico sea el blanqueo de capitales o la  financiación del terrorismo, o de que el 
abogado sepa que el cliente so licita asesoramiento jurídico  con fines de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo. 
(8) Servicios directamente comparables deben ser objeto de idéntico trato, cuando los que 
presten dichos servicios sean  profesionales de los cont emplados en la presente 
Directiva. Con el fin de garantizar el resp eto de los derechos es tablecidos por la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Un ión Europea, por lo que respecta a los 
auditores, contables exter nos y asesores fiscales que en determinados Estados 
miembros pueden defender o representar a su s clientes en el contexto de una acción 
judicial o determinar la situación jurídica de sus clientes, la in formación que aquellos 
obtengan en el ejercicio de esas funciones no debe esta r sujeta a la obligación de 
comunicación con arreglo a la presente Directiva. 
(9) Es importante destacar expresamente que lo s «delitos fiscales» relacionados con los 
impuestos directos e indirectos están in cluidos en la definición de «actividad 
delictiva» en sentido amplio con arreglo a la presente Di rectiva, de co nformidad con 
las Recomendaciones revisadas del GAFI.  
(10) Es necesario identificar a toda persona fí sica que ostente la propiedad o el control de 
una persona jurídica. Si bien establecer un porcentaje de participación no permitirá encontrar automáticamente al titular real, es  un factor probatorio que debe tenerse en 
cuenta. La identificación del titular real y la comprobación de su identidad debe 
hacerse extensiva, en su caso, a las enti dades jurídicas que posean otras entidades 
jurídicas, y debe remontar la cadena de propi edad hasta que se encuentre a la persona 
física que ostente la propiedad o el control de la persona jurídica que sea el cliente. 
(11) La necesidad de información precisa y act ualizada sobre el titular real es un factor 
clave para la localización de  los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su 
identidad tras una estructura empresarial.  Por consiguiente, los Estados miembros 
deben velar por que las sociedades conserve n información sobre su titularidad real y 
pongan esta información a disposición de la s autoridades competentes y las entidades 
obligadas. Además, los fideicomisarios debe n declarar su condici ón a las entidades 
obligadas. 
ES 17   ES (12) La presente Directiva debe  aplicarse igualmente a aquellas actividades de las entidades 
obligadas a las que es aplicable la presente  Directiva que se lleve n a cabo a través de 
internet. 
(13) La utilización del sector de los jue gos de azar para el blanqueo del producto de 
actividades delictivas es motivo de preo cupación. A fin de atenuar los riesgos 
relacionados con este sector y garantizar la equidad entre los proveedores de servicios 
de juegos de azar, resulta oportuno imponer a es tos la obligación de aplicar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente en cada operación de un valor igual o superior a 2 000 EUR. Los Estados miembros deben es tudiar la posibilidad de aplicar este 
umbral a la recogida de ganancias y a las apuestas. Los proveedores de servicios de 
juegos de azar con locales físicos (por ejemplo, casinos  y casas de ap uestas) deben 
velar por que, si se aplican a la entrada de dichos locales, las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente permitan es tablecer una conexión con las transacciones 
realizadas por los clientes en esos locales. 
(14) El riesgo de blanqueo de capitales y fi nanciación del terrorismo no es el mismo en 
todos los casos. Por ello, conviene aplicar un en foque basado en el riesgo. Este tipo de 
enfoque no constituye una opción excesivamen te permisiva para los Estados miembros 
y las entidades obligadas. Implica tomar deci siones basadas en hechos para centrarse 
mejor en los riesgos de blanqueo de capital es y financiación del terrorismo a que se 
enfrenta la Unión Europea y quienes operan en ella. 
(15) Es necesario cimentar el enfoque basado en el riesgo para que los Estados miembros 
puedan identificar, comprender y atenuar lo s riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a que se enfrentan. La impor tancia de aplicar un enfoque 
supranacional a la identificación de lo s riesgos ha sido reconocida a nivel 
internacional, y debe encomendarse a la Auto ridad Europea de Supervisión (Autoridad 
Bancaria Europea) (en lo sucesivo, «ABE») , creada mediante el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y de l Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Aut oridad Bancaria Europea), 
se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la  Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión
8; a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación) (en lo sucesivo, «AESPJ»), creada mediante el Reglamento 
(UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 
2010, por el que se crea una Autoridad Europ ea de Supervisión (Aut oridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se 
deroga la Decisión 2009/ 79/CE de la Comisión9; y a la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Valore s y Mercados) (en lo sucesivo, «AEVM»), 
creada mediante el Reglamento (UE) nº  1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el  que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Valore s y Mercados), se modifica la Decisión 
nº 716/2009/CE y se deroga la De cisión 2009/77/CE de la Comisión10, la tarea de 
emitir un dictamen sobre los riesgos que afectan al sector financiero. 
(16) Los resultados de la evaluación de ries gos a nivel de los Estados miembros deben, 
cuando proceda, ponerse a disposición de las entidades obligadas para que estas 
puedan identificar, comprender y atenuar sus propios riesgos. 
                                                 
8 DO L 331 de 15.12.2010, p. 12. 
9 DO L 331 de 15.12.2010, p. 48. 
10 DO L 331 de 15.12.2010, p. 84. 
ES 18   ES (17) A fin de comprender mejor y atenuar los riesgos a nivel de la Unión Europea, los 
Estados miembros deben compartir los resu ltados de sus evaluaciones de riesgos con 
los demás Estados miembros, con la Comisi ón y con la ABE, la AESPJ y la AEVM, 
cuando proceda. 
(18) Al aplicar lo dispuesto en la presente  Directiva, conviene tener en cuenta las 
características y necesidades de las entidad es obligadas de menor tamaño incluidas en 
su ámbito de aplicación y garantizar un  tratamiento adaptado a las necesidades 
específicas de estas pequeñas entidade s y a la naturaleza de su actividad. 
(19) El riesgo en sí mismo es variable por na turaleza y los factores  que intervengan, ya 
sean solos o combinados, pueden aumentar o reducir el riesgo potencial planteado, 
influyendo de esta forma en el nivel adecu ado de las medidas preventivas, como las 
medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Así pues, existen situaciones en las que conviene aplicar  procedimientos reforzados de diligencia debida y otras en las 
que puede resultar oportu no aplicar procedimientos simplificados. 
(20) Hay que reconocer que determinadas situ aciones presentan mayor riesgo de blanqueo 
de capitales o de financiación del terrorismo. Si bien debe determinarse la identidad y 
el perfil empresarial de todos los clie ntes, hay casos en que son necesarios 
procedimientos particularmente rigurosos de  identificación del cliente y comprobación 
de su identidad. 
(21) Lo anterior se aplica de  modo particular a las relacione s de negocios con personas que 
ocupen o hayan ocupado cargos públicos impo rtantes, máxime cuando procedan de 
países donde está extendida la  corrupción. Dichas relacion es pueden exponer el sector 
financiero a riesgos considerab les, en particular jurídicos y de reputación. El esfuerzo 
internacional para luchar contra la corrupci ón también justifica la necesidad de prestar 
una atención especial a estos casos y de aplicar medidas reforzadas de diligencia 
debida con respecto al cliente a las personas que ocupen o hayan ocupado cargos 
públicos importantes, ya sea en su propio país  o en el extranjero, y a los altos cargos 
de organizaciones internacionales. 
(22) La obtención de la aprobación de la di rección para establecer relaciones de negocios 
no debe implicar, en todos los casos, la obtención de la aprobación del consejo de 
administración. Deben poder otorgar esta  aprobación las personas con un 
conocimiento suficiente de la exposición de la entidad al ri esgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo y con antigüedad suficiente para tomar 
decisiones que afecten a esta exposición. 
(23) A fin de evitar la repe tición de los procedimientos de  identificación de clientes, que 
ocasionaría retrasos e ineficacia en las tr ansacciones, es preciso, con las garantías 
adecuadas, autorizar la pres entación a las entidades obligadas de clientes cuya 
identificación se haya llevado a cabo en otro lugar. En los casos en que una entidad obligada recurra a un tercero, la responsabi lidad última en los procedimientos de 
diligencia debida con respecto al cliente si gue recayendo sobre la entidad obligada a la 
que es presentado el cliente. El tercero, o la  persona que ha presentado al cliente, debe 
asimismo seguir siendo responsable en lo  que atañe a todos lo s requisitos de la 
presente Directiva, incluida la obligación de comunicar las transacciones sospechosas 
y conservar los registros, en la medida en que mantenga una relaci ón con el cliente al 
que se aplica la presente Directiva. 
ES 19   ES (24) En caso de que exista una relación de  externalización o agencia, sobre una base 
contractual, entre entidades obligadas y personas físicas o jurídicas externas no incluidas en el ámbito de la presente Dire ctiva, las obligaciones en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y financia ción del terrorismo para los mencionados 
agentes o proveedores externos como part e de las entidades obligadas solo podrán 
derivarse del contrato y no de la presen te Directiva. La responsabilidad del 
cumplimiento de la presente Directiv a debe seguir incumb iendo a las entidades 
obligadas contempladas en la misma.  
(25) Todos los Estados miembros han creado, o deberían crear, unidades de información 
financiera (en lo sucesivo denominadas «UIF»)  con la misión de recoger y analizar la 
información que reciban con la finalidad de establecer vínculos entre transacciones 
sospechosas y la actividad delictiva subyacente, a fin de prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las transacciones sospechosas 
deben comunicarse a las UIF, que deben se rvir de centro nacional de recepción, 
análisis y transmisión a las autoridade s competentes de las comunicaciones de 
transacciones sospechosas y demás info rmación relativa a posibles blanqueos de 
capitales o financiación del terrorism o. Esto no debería obligar a los Estados 
miembros a modificar sus actuales sistemas  de comunicación en los que la labor de 
información corra a cargo de una fiscalía u otras autoridades de defensa de la 
legalidad, siempre y cuando la información se transmita a las UIF con prontitud y no filtrada para que estas puedan realizar adecuadamente sus tareas, incluida la cooperación internacion al con otras UIF. 
(26) Como excepción a la prohibición general de llevar a cabo transacciones sospechosas, 
las entidades obligadas podrán ejecutar transacciones sospechosas antes de informar a 
la autoridad competente cuando la no ejecu ción de las mismas resulte imposible o 
pueda comprometer el enjuiciamiento de los beneficiarios de una presunta operación 
de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. No obs tante, esta excepción 
ha de entenderse sin perjuicio de las ob ligaciones internacionales asumidas por los 
Estados miembros de inmovilizar inmedi atamente los fondos u otros bienes de 
terroristas, de organizaciones terroristas y de  quienes financian actividades terroristas, 
conforme a las correspondientes resoluci ones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
(27) Los Estados miembros deben poder designa r al organismo autorr egulador pertinente 
de las profesiones contempladas  en el artículo 2, apartado 1, punto 3, letras a), b) y d), 
como la autoridad a la que se ha de informar  en primera instancia en lugar de la UIF. 
De acuerdo con la jurisprudencia del Tr ibunal Europeo de De rechos Humanos, un 
sistema de notificación en primera instanci a a un organismo autorregulador constituye 
una salvaguardia importante para la protecc ión de los derechos fundamentales en lo 
que se refiere a las obligaciones de información aplicables a los abogados. 
(28) En la medida en que un Estado miem bro haya decidido acogerse a las excepciones 
previstas en el artículo 33, apartado 2, podrá permitir o exigir al organismo autorregulador representante de las pe rsonas mencionadas en ese artículo que no 
transmita a la UIF informaciones obtenidas de dichas personas en las condiciones establecidas en dicho artículo.  
(29) Ha habido casos de empleados que, ha biendo comunicado sospechas de blanqueo de 
capitales, han sufrido amenazas o acciones hostiles. Si bien la presente Directiva no 
ES 20   ES puede interferir con los procedimientos judici ales de los Estados mi embros, se trata de 
un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. Los Esta dos miembros deben ser conscientes del 
problema y hacer todo lo posible por proteger  a los empleados frente a este tipo de 
amenazas o acciones hostiles.  
(30) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas fí sicas en lo que resp ecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre  circulación de estos datos11, incorporada al Derecho 
nacional, se aplica al tratamiento de los datos personales a efectos de la presente 
Directiva.  
(31) Determinados aspectos de la aplicación de  la presente Directiva implican la recogida, 
el análisis, la conservación y el intercambio de datos. Debe permitirse el tratamiento de datos personales a fin de cumplir con la s obligaciones estableci das en la presente 
Directiva, en particular la aplicación de la s medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente y las medidas de seguimiento cont inuo, la investigación y la notificación de 
las transacciones sospechosas e inusuales, la identificación del titular real de una 
persona jurídica o estructura jurídica, y el intercambio de información por las 
autoridades competentes y las entidades fi nancieras. Los datos personales que se 
recojan deben limitarse a lo estrictament e necesario para el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva y no tratarse ulteriormente de una manera 
incompatible con la Directiva 95/46/CE. En  particular, debe prohibirse estrictamente 
el tratamiento posterior de  datos de carácter personal con fines comerciales. 
(32) Todos los Estados miembros reconocen que  la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo constituye una  cuestión importante de interés general. 
(33) La presente Directiva se entiende sin pe rjuicio de la protecci ón de datos personales 
tratados en el marco de la cooperación polic ial y judicial en materia penal, incluidas 
las disposiciones de la Decisión marco 2008/977/JAI. 
(34) Los derechos de acceso de los interesados son aplicables a los datos personales 
tratados a efectos de la presente Directiva.  No obstante, el acceso de los interesados a 
la información contenida en una notificaci ón de transacción sospechosa podría poner 
en grave peligro la eficacia de la luch a contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Por ello puede justificarse la imposición de limitaciones a 
este derecho de conformidad con las norma s establecidas en el artículo 13 de la 
Directiva 95/46/CE. 
(35) Las personas que se limitan a convert ir documentos en soporte papel en datos 
electrónicos y que actúan basándose en un contrato celebrado con una entidad de 
crédito o financiera no están incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, como tampoco lo están las personas físicas o jurídicas que solo proporcionan a las entidades de  crédito o financieras un si stema de mensajería u otros 
sistemas de apoyo para la transmisión de  fondos, o sistemas de compensación y 
liquidación. 
(36) El blanqueo de capitales y la fi nanciación del terrorismo son problemas 
internacionales, por lo que deben combatirse  a escala mundial. En los casos en que las 
                                                
 
11 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
ES 21   ES entidades de crédito y entidades financieras de la Unión tengan sucursales y filiales en 
terceros países donde la legisl ación en este ámbito sea defi ciente, y a fin de evitar la 
aplicación de normas muy diferentes en una misma entidad o grupo de entidades, estas 
deben aplicar normas de la Unión o, cu ando la aplicación de tales normas sea 
imposible, notificárselo a las autoridades co mpetentes del Estado miembro de origen.  
(37) A ser posible, las entidades obligadas deben ser informadas de la utilidad y las 
consecuencias de sus comunicaciones sobre transacciones sospechosas. A tal fin, y 
para poder evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha cont ra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben conservar y perfeccionar 
las estadísticas al respecto. Para mejorar la calidad y la coherencia de los datos estadísticos recogidos a nivel de la Unión, la Comisión debe seguir la evolución de la 
situación a escala de la UE con respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y publicar estudios periódicos. 
(38) Las autoridades competentes deben cerciorarse de la competencia y honorabilidad de 
las personas que de hecho dirijan las activ idades de las agencias de cambio, los 
proveedores de servicios a sociedades y fide icomisos o los proveedores de servicios de 
juegos de azar, así como de la competencia y honorabilidad de los titulares reales de 
dichas entidades. Los criterios para determinar la competencia y honorabilidad deben reflejar, como mínimo, la necesidad de proteg er a tales entidades de la posibilidad de 
que sean utilizadas por sus directivos o sus titulares reales con fines delictivos. 
(39) A la vista del carácter tr ansnacional del blanqueo de capita les y de la financiación del 
terrorismo, la coordinación y la cooperación entre las UIF de la UE revisten suma 
importancia. Esta cooperación solo se ha abordado, por el moment o, en la Decisión 
2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de inform ación financiera de los Estados miembros 
para el intercambio de información
12. A fin de garantizar una mejor coordinación y 
cooperación entre las UIF y velar en pa rticular por que las notificaciones sobre 
transacciones sospechosas lle guen a la UIF del Estado miembro donde puedan resultar 
más útiles, conviene incluir en la presente  Directiva normas más detalladas, de mayor 
alcance y actualizadas. 
(40) Mejorar el intercambio de información entr e las UIF dentro de la  UE reviste especial 
importancia para hacer frente al carácter tr ansnacional del blanque o de capitales y la 
financiación del terrorismo. Los Estados miem bros deben fomentar la utilización de 
medios seguros para el intercambio de in formación, en particular la red informática 
descentralizada FIU.net y las técnicas que ofrece dicha red. 
(41) La importancia de la lucha contra el  blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados mi embros a establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias de Derecho n acional en caso de incumplimiento de las 
disposiciones nacionales que se adopten en  aplicación de la presente Directiva. Los 
Estados miembros disponen actualmente de una amplia gama de medidas y sanciones 
administrativas frente a las vulneraciones de  las principales medidas preventivas. Esta 
diversidad puede resultar perjudicial para los esfuerzos realizados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi nanciación del terrorismo y puede fragmentar la respuesta 
de la Unión. Por tanto, la presente Dire ctiva debe incluir una  serie de medidas y 
                                                
 
12 DO L 271 de 24.10.2000, p. 4. 
ES 22   ES sanciones administrativas a disposición de los Estados miembros, aplicables en caso 
de vulneración sistemática de los requisitos relativos a las medidas de diligencia debida con respecto al client e, la conservación de documentos, la notificación de las 
transacciones sospechosas y los controles in ternos. Esta serie de medidas debe ser 
suficientemente amplia para permitir a los Estados miembros y a las autoridades competentes tener en cuenta las diferencias entre entidades obligadas, en particular entre las entidades financiera s y otras entidades obligadas, por lo que se refiere a su 
tamaño, características y ámbitos de actividad. Al aplicar la presente Directiva, los 
Estados miembros deben velar por que la imposición de medidas y sanciones 
administrativas, con arreglo a la presente Directiva, y de sanciones penales, con 
arreglo al Derecho nacional , no vulnere el principio non bis in idem . 
(42) Las normas técnicas de los servicios fi nancieros deben garantizar una armonización 
coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores 
de la Unión. Como organismos con conoc imientos altamente especializados, se 
considera eficaz y adecuado confiar a la ABE,  la AESPJ y la AEVM la elaboración de 
proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones estratégicas, 
para su presentación a la Comisión.  
(43) La Comisión debe adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados 
por la ABE, la AESPJ y la AEVM, de confor midad con el artículo 42 de la presente 
Directiva, por medio de actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Uni ón Europea y con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, el Reglamen to (UE) nº 1094/2010 y el Reglamento 
(UE) nº 1095/2010.  
(44) En aras de la claridad y la coherenc ia, procede fusionar y sustituir las Directivas 
2005/60/CE y 2006/70/CE, habida cuenta de las considerables modificaciones 
necesarias. 
(45) Dado que el objetivo de la presente Dire ctiva, a saber, la protección del sistema 
financiero mediante la prevención, la in vestigación y la detecc ión del blanqueo de 
capitales y la financiación de l terrorismo, no puede ser alca nzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, ya que las medi das individuales adoptadas por los Estados 
miembros para proteger su sistema financiero  podrían ser contrarias al funcionamiento 
del mercado interior y a las normas del Es tado de Derecho y de orden público de la 
Unión y que, por consiguiente, puede lograr se mejor, debido a la dimensión o a los 
efectos de la acción propuesta, a nivel de la  Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad c onsagrado en el artícu lo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporci onalidad enunciado en 
el artículo mencionado, la presente Directiv a no excede de lo necesario para alcanzar 
ese objetivo. 
(46) La presente Directiva respeta los der echos fundamentales y obs erva los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal, la  libertad de empresa, la pr ohibición de discriminación, el 
derecho a la tutela judicial  efectiva y a un juez imparcial, y los derechos de defensa. 
(47) De conformidad con el ar tículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 
que prohíbe toda discriminación por cual quier motivo, los Estados miembros deben 
ES 23   ES velar por que, en lo que respecta a la eval uación de riesgos en el contexto de la 
diligencia debida con respecto al cliente,  la presente Directiva se aplique sin 
discriminación. 
(48) De conformidad con la D eclaración política común de lo s Estados miembros y de la 
Comisión de 28 de septiembre de 2011, relati va a los documentos explicativos, los 
Estados miembros se han comprometido a adj untar a la notificación de sus medidas de 
transposición, en aquellos casos  en que esté just ificado, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los elementos de  una directiva y las partes correspondientes 
de los instrumentos nacionale s de transposición. Por lo que respecta a la presente 
Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
SECCIÓN 1 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES  
Artículo 1 
1. Los Estados miembros velarán por que el bl anqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo queden prohibidos. 
2. A efectos de la presente Directiva, las siguientes actividades, realizadas 
intencionadamente, se considerarán blanqueo de capitales: 
(a) la conversión o la transferencia de bi enes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden de una actividad  delictiva o de la par ticipación en ese tipo de 
actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o 
de ayudar a personas que estén implicad as en dicha actividad a eludir las 
consecuencias jurídicas de su acto; 
(b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen , la localización, la 
disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre 
esos bienes, a sabiendas de que dichos  bienes proceden de una actividad 
delictiva o de la participación en ese tipo de actividad; 
(c) la adquisición, posesión o utilización de bi enes, a sabiendas, en el momento de 
la recepción de los mismos, de que proced en de una actividad delictiva o de la 
participación en ese tipo de actividad; 
ES 24   ES (d) la participación en alguna de las acciones mencionadas en las letras a), b) y c), 
la asociación para cometer ese tipo de acci ones, las tentativas de perpetrarlas y 
el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realiz arlas o de facilitar 
su ejecución. 
3. Se considerará que hay blanqueo de capit ales aun cuando las actividades que hayan 
generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desa rrollado en el territorio de 
otro Estado miembro o en el de un tercer país. 
4. A efectos de la presente Di rectiva, se entenderá por «f inanciación del terrorismo» el 
suministro o la recogida de fondos, por cual quier medio, de forma directa o indirecta, 
con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión ma rco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo
13, modificada por la Decisión marco 
2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 200814. 
5. El conocimiento, la intención o la motivaci ón que han de darse en las actividades a 
que se refieren los apartados 2 y 4 de l presente artículo podrán establecerse 
basándose en elementos de hecho objetivos. 
Artículo 2 
1. La presente Directiva se aplicará a las siguientes entidades obligadas: 
(1) las entidades de crédito; 
(2) las entidades financieras; 
(3) las siguientes personas físi cas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su 
profesión: 
(a) los auditores, contables externos y asesores fiscales; 
(b) los notarios y otros profesionales independientes del Derecho cuando 
participen, ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, 
en cualquier transacción financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la 
concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente relativas a: 
i) la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, ii) la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al 
cliente, 
iii) la apertura o gestión de cuenta s bancarias, cuentas de ahorros o 
cuentas de valores, 
                                                
 
13 DO L 164 de 22.6.2002, p. 3. 
14 DO L 330 de 9.12.2008, p. 21. 
ES 25   ES iv) la organización de las aportaci ones necesarias para la creación, el 
funcionamiento o la gestión de empresas, 
v) la creación, el funcionamien to o la gestión de sociedades, 
fideicomisos o estructuras análogas; 
(c) los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos que no estén ya 
contemplados en las letras a) o b); 
(d) los agentes de la propiedad inmob iliaria, incluidas las agencias de 
alquiler; 
(e) otras personas físicas o jurídicas que comercien con bienes únicamente 
en la medida en que los pagos se ef ectúen o se reciban al contado y por 
importe igual o superior a 7 500 EUR, ya se realicen en una o en varias transacciones entre las que parez ca existir algún tipo de relación; 
(f) los proveedores de servicios de juegos de azar. 
2. Los Estados miembros podrán decidir no incl uir en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a las personas físicas  o jurídicas que realicen actividades 
financieras con carácter ocas ional o de manera muy limitada y cuando exista escaso 
riesgo de blanqueo de capitales o de financ iación del terrorismo, a condición de que 
cumplan la totalidad de los requisitos siguientes: 
(a) que la actividad financiera sea limitada en términos absolutos; 
(b) que la actividad financiera sea limitada en lo relativo a las transacciones; 
(c) que la actividad financiera no sea la actividad principal; 
(d) que la actividad financiera sea secundar ia y esté directamente relacionada con 
la actividad principal; 
(e) que, con excepción de la actividad contem plada en el apartado 1, punto 3), letra 
e), la actividad principal no sea una de las actividades mencionadas en el apartado 1; 
(f) que la actividad financiera solo se preste a los clientes de la actividad principal 
y no se ofrezca al público con carácter general. 
El párrafo anterior no se aplicará a las pers onas físicas y jurídicas que participen en 
la actividad de envío de di nero a tenor del artículo 4, apartado 13, de la Directiva 
2007/64/CE del Parlamento Europeo y de l Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
sobre servicios de pago en el mercado interi or, por la que se modi fican las Directivas 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por  la que se deroga la Directiva 
97/5/CE
15. 
3. A efectos del apartado 2, letra a), los Esta dos miembros exigirán que el volumen de 
negocios total de la actividad financiera no pueda superar un umbral suficientemente 
                                                 
15 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1. 
ES 26   ES bajo. Este umbral se establecerá en el ámbito nacional, atendiendo al tipo de 
actividad financiera. 
4. A efectos del apartado 2, le tra b), los Estados miembros aplicarán un umbral máximo 
por cliente y transacción, tanto si esta última consiste en una sola operación como si consta de varias operaciones aparentemente vinculadas. Este umbral se establecerá 
en el ámbito nacional, atendiendo al tipo de acti vidad financiera. Será 
suficientemente bajo para garantizar que esos tipos de transa cciones sean un método 
poco práctico e ineficaz para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 
y no superará los 1 000 EUR. 
5. A efectos del apartado 2, letra c), los Esta dos miembros exigirán que el volumen de 
negocios de la actividad financiera no supere  el 5 % del volumen de negocios total de 
la persona jurídica o físi ca de que se trate. 
6. Al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales o de fi nanciación del terrorismo a 
efectos de lo dispuesto en el presente  artículo, los Estados miembros prestarán 
especial atención a toda actividad financie ra que, por su naturaleza, se considere 
especialmente susceptible de uso o abus o a efectos de bla nqueo de capitales o 
financiación del terrorismo. 
7. Toda decisión adoptada de conformidad con lo establecido en el presente artículo 
deberá motivarse. Los Estados miembros preverán la posibilidad de revocar esa decisión si cambiaran las circunstancias. 
8. Los Estados miembros preverán actividade s de supervisión basadas en el riesgo o 
adoptarán otras medidas oportunas destinadas  a garantizar que la exención concedida 
mediante decisiones adoptadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo no 
sea utilizada abusivamente. 
Artículo 3 
A efectos de la presente Di rectiva, se entenderá por: 
(1) «entidad de crédito»: toda entidad que se aj uste a la definición del artículo 4, punto 1, 
de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio
16, 
así como toda sucursal, tal y como se de fine en el artículo  4, punto 3, de dicha 
Directiva, establecida en la Unión Europ ea por entidades de crédito que tengan su 
sede central dentro o fuer a de la Unión Europea; 
(2) «entidad financiera»:  
(a) toda empresa distinta de una entidad de crédito que efectúe una o varias de las 
operaciones mencionadas en el anexo I, puntos 2 a 12 y 14 y 15, de la Directiva 
2006/48/CE, incluidas las actividades de las agencias de cambio ( bureaux de 
change );  
                                                 
16 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1. 
ES 27   ES (b) toda empresa de seguros debidamente au torizada con arreglo a la Directiva 
2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 
2002, sobre el seguro de vida17, en la medida en que realice actividades 
contempladas en dicha Directiva;  
(c) toda empresa de inversión tal como se de fine en el artículo  4, apartado 1, punto 
1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros18; 
(d) todo organismo de inversión colectiva que comercialice sus participaciones o 
acciones; 
(e) los intermediarios de seguros según se de finen en el artículo 2, apartado 5, de 
la Directiva 2002/92/CE del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 9 de 
diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros19, con excepción de los 
intermediarios a que se refiere el artículo 2, apartado 7, de dicha Directiva, cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servic ios relacionados 
con la inversión; 
(f) las sucursales, situadas en la Unión Europea, de las entidades financieras 
contempladas en las letras a) a e) que tengan su sede central dentro o fuera de 
la Unión Europea; 
(3) «bienes»: todo tipo de activos, tanto mate riales como inmateriales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, así como  los documentos o instrumentos jurídicos 
con independencia de su forma, incluidas la  electrónica o la digi tal, que acrediten la 
propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos; 
(4) «actividad delictiva»: cualquier tipo de par ticipación delictiva en la comisión de los 
delitos graves siguientes: 
(a) los actos definidos en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI 
sobre la lucha contra el terrorism o, modificada por la Decisión marco 
2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008; 
(b) cualquiera de los delitos contemplados en  el artículo 3, apartado 1, letra a), de 
la Convención de las Naciones Unidas de  1988 contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 
(c) las actividades de las organizaciones delictiv as definidas en el artículo 1 de la 
Acción Común 98/733/JAI del Consejo, de  21 de diciembre de 1998, relativa a 
la tipificación penal de la participaci ón en una organización delictiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea
20; 
                                                 
17 DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. 
18 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1. 
19 DO L 9 de 15.1.2003, p. 3. 
20 DO L 351 de 29.12.1998, p. 1. 
ES 28   ES (d) el fraude, según se define en el ar tículo 1, apartado 1, y el artículo 2 del 
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas21, al menos en los casos graves; 
(e) la corrupción; 
(f) todos los delitos, incluidos los delitos fi scales relacionados con los impuestos 
directos e indirectos, que lleven aparej ada una pena privativa de libertad o 
medida de seguridad de duración máxima  superior a un año o, en los Estados 
en cuyo sistema jurídico exista un umbral  mínimo para los delitos, todos los 
delitos que lleven aparejada una pena  privativa de libertad o medida de 
seguridad de duración mínima superior a seis meses; 
(5) «titular real»: la persona o personas físicas que ostenten la propiedad o el control en 
último término del cliente y/o la persona física por cuenta de la cual se lleve a cabo una transacción o actividad. El titu lar real incluirá, como mínimo: 
(a) en el caso de las personas jurídicas: 
i) la persona o personas físicas que en último término ostenten la propiedad 
o el control de una entidad jurídica a tr avés de la propiedad o el control, 
directos o indirectos, en dicha persona jurídica, de un porcentaje 
suficiente de acciones o derechos de  voto, mediante la tenencia, en 
particular, de acciones al portador, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que  estén sujetas a requisitos de 
información de Derecho de la Unión Europea o a normas internacionales 
equivalentes; 
un porcentaje del 25 % más una acción acreditará la propiedad o el 
control a través de la tenencia de acc iones y se aplicará a cada nivel de la 
propiedad directa e indirecta; 
ii) en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas en 
el inciso i) sean los titulares real es, la persona o personas físicas que 
ejerzan por otros medios el control de  la gestión de una entidad jurídica; 
(b) en el caso de las entidades jurídicas, como las fundaciones, y de las estructuras 
jurídicas, como los fideicomisos, qu e administren y distribuyan fondos: 
i) la persona o personas físicas que ejerzan un control sobre el 25 % o más 
de los bienes de una entidad o una estructura jurídicas; y 
ii) cuando ya se hayan designado los fu turos titulares, la persona o personas 
físicas que sean titulares del 25 % o más de los bienes de una entidad o una estructura jurídicas; o 
iii) cuando los beneficiarios de la entidad o la estruc tura jurídicas estén aún 
por designar, la categoría de personas en beneficio de  la cual se ha creado 
o actúan principalmente la entidad o la estructura jurídicas; en el caso de los beneficiarios de fideicomisos, designados por car acterísticas o por 
                                                
 
21 DO C 316 de 27.11.1995, p. 49. 
ES 29   ES categoría, las entidades obligadas debe rán obtener información suficiente 
sobre el beneficiario para asegurarse  de que serán capaces de establecer 
la identidad del beneficiario en el momento del desembolso o cuando este 
se proponga ejercer los derechos adquiridos; 
(6) «proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos»: toda persona física o 
jurídica que preste con cará cter profesional los siguientes servicios a terceros: 
(a) constituir sociedades u otras personas jurídicas; 
(b) ejercer funciones de dirección o secret aría de una sociedad, socio de una 
sociedad de personas o funciones sim ilares en relación con otras personas 
jurídicas o disponer que otra pe rsona ejerza dichas funciones; 
(c) facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y 
otros servicios afines a una sociedad, una  sociedad de personas o cualquier otra 
persona o estruc tura jurídicas; 
(d) ejercer funciones de fideicomisario en  un fideicomiso explícito o estructura 
jurídica similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; 
(e) ejercer funciones de acci onista nominal por cuenta de otra persona, 
exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas 
a requisitos de información conformes con el Derecho de la Unión Europea o a 
normas internacionales equivalentes, o di sponer que otra persona ejerza dichas 
funciones; 
(7) (a) «personas del medio político extranje ras»: personas físicas que desempeñen o 
hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un tercer 
país; 
(b) «personas del medio político de la UE»:  personas físicas que desempeñen o 
hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado 
miembro; 
(c) «personas físicas que desempeñen o haya n desempeñado funciones importantes 
en una organización internac ional»: los directores, di rectores adjuntos y los 
miembros del consejo de administra ción, o función equivalente, de una 
organización internacional; 
(d) se entenderá por «personas físicas que  desempeñen o hayan desempeñado 
funciones públicas importantes»: 
i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, s ubsecretarios o secretarios 
de Estado; 
ii) parlamentarios; iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitu cionales u otras 
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente 
recurso, salvo en circunstancias excepcionales; 
ES 30   ES iv) miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales; 
v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas 
armadas; 
vi) miembros de los órganos administra tivos, de gestión o de supervisión de 
empresas de propiedad estatal. 
 Ninguna de las categorías establecidas en los incisos i) a vi) comprenderá 
funcionarios de niveles intermedios o inferiores; 
(e) se entenderá por «familiares»: 
i) el cónyuge; ii) toda pareja que s ea asimilable al cónyuge; 
iii) los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges; iv) los padres; 
(f) se entenderá por «personas reconocidas como allegados»: 
i) toda persona física de la que se a notorio que ostenta la propiedad 
económica de una entidad jurídi ca u otra estructura jurídica 
conjuntamente con alguna de las pe rsonas mencionadas en el punto 7, 
letras a) a d), o mantiene otro tipo de relaciones empresariales estrechas 
con las mismas; 
ii) toda persona física que ostente la propiedad económica exclusiva de una 
entidad jurídica u otra estructura jurídica que notoriamente se haya 
constituido en beneficio de la persona a que se refiere el punto 7, letras a) 
a d); 
(8) «dirección»: los funcionarios o empleados que tengan un conocimiento suficiente de 
la exposición de la entidad al riesgo de  blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, así como antigüedad suficiente para tomar decisiones que afecten a la exposición al riesgo, sin que sea necesaria, en todos los casos, la implicación de un 
miembro del consejo de administración;  
(9) «relación de negocios»: relaci ón empresarial, profesional o comercial vinculada a la 
actividad profesional de las entidades oblig adas y que, en el momento en el que se 
establece el contacto, se prevea que tenga una cierta duración; 
(10) «servicios de juegos de azar»: todo serv icio que implique apuestas de valor 
monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un componente de habilidad como las loterías, los juegos de casino, el  póquer y las apuestas, y que se preste en 
una ubicación física, o por cu alquier medio a distancia, por medios electrónicos o 
mediante cualquier otra tecnología que facilite la comuni cación, y a petición 
individual del destinatario del servicio; 
ES 31   ES (11) «grupo»: lo definido en el artículo 2, punto 12, de la Directiva 2002/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de cr édito, empresas de seguros y empresas de 
inversión de un conglomerado financiero
22.  
Artículo 4 
1. Los Estados miembros velarán por hace r extensivas, total o parcialmente, las 
disposiciones de la presen te Directiva a aquellas pr ofesiones y categorías de 
empresas distintas de las entidades oblig adas contempladas en el artículo 2, 
apartado 1, que ejerzan actividades particul armente susceptibles de ser utilizadas 
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 
2. En caso de que un Estado miembro decida h acer extensivas las disposiciones de la 
presente Directiva a profesiones y categoría s de empresas distintas de las que se 
mencionan en el artículo 2, apartado 1, de berá informar de ello a la Comisión. 
Artículo 5 
Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente 
Directiva disposiciones más estrictas para impedi r el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. 
SECCIÓN 2 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Artículo 6 
1. La Autoridad Bancaria Europea (en lo suce sivo, «la ABE»), la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (en lo sucesivo, «la AESPJ») y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «la AEVM») emitirán un dictamen 
conjunto sobre los riesgos de blanqueo de capitales y fi nanciación del terrorismo que 
afectan al mercado interior.  
El dictamen se emitirá en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva. 
2. La Comisión hará público el dictamen para ayudar a los Estados miembros y las 
entidades obligadas a identificar, gestiona r y atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. 
                                                 
22 DO L 35 de 11.2.2003, p. 1. 
ES 32   ES Artículo 7 
1. Cada Estado miembro adoptará medidas adecuadas para identificar, evaluar, 
comprender y atenuar los riesgos de blan queo de capitales y financiación del 
terrorismo que le afect en y mantendrá la evaluación actualizada.  
2. Cada Estado miembro designará a una auto ridad encargada de coordinar la respuesta 
nacional a los riesgos contemplados en el apartado 1. La identidad de dicha autoridad 
se notificará a la Comisión, a la ABE, la AESPJ y la AEVM y a los demás Estados miembros. 
3. Al llevar a cabo la evaluación contemplad a en el apartado 1, los Estados miembros 
podrán utilizar el dictamen previs to en el artículo 6, apartado 1. 
4. Cada Estado miembro llevará a cabo la ev aluación contemplada en el apartado 1 y: 
(a) la utilizará para mejorar la lucha c ontra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, en particul ar determinando todos los ámbitos en 
los que las entidades obligadas deberán aplicar medidas reforzadas y, en su 
caso, especificando las medidas que hayan de adoptarse; 
(b) se servirá de ella como ayuda en la as ignación y priorización de los recursos 
destinados a la lucha contra el bla nqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo; 
(c) pondrá información adecuada a disposición de las entidades obligadas para que 
lleven a cabo sus propias evaluaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
5. Los Estados miembros pondrán los result ados de sus evaluaciones de riesgos a 
disposición de los demás Estados miembros , la Comisión, la ABE, la AESPJ y la 
AEVM, previa solicitud. 
Artículo 8 
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas adopten medidas 
adecuadas para identificar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, teniendo en cuenta factores de  riesgo, entre ellos 
clientes, países o zonas geográficas, producto s, servicios, operaciones o canales de 
distribución. Estas medidas deberán guard ar proporción con la  naturaleza y el 
tamaño de las entidades. 
2. Las evaluaciones contempladas en el apartado 1 deberán estar documentadas, 
mantenerse actualizadas y pone rse a disposición de las au toridades competentes y de 
los organismos autorreguladores.  
3. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas dispongan de 
políticas, controles y procedimientos para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados a nivel de la 
Unión, de los Estados miembros y de las entidades obligadas. Estas políticas, 
ES 33   ES controles y procedimientos de berán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño 
de las entidades. 
4. Las políticas y procedimientos contemplados  en el apartado 3 deberán incluir, como 
mínimo: 
(a) la elaboración de políticas, procedimientos  y controles inter nos, en particular 
en materia de diligencia debida c on respecto al cl iente, notificación, 
conservación de datos, control inte rno, gestión del cumplimiento (incluido, 
cuando resulte apropiado de bido al tamaño y la natura leza de la empresa, el 
nombramiento de un responsable del cu mplimiento a nivel de dirección) y 
escrutinio de los empleados; 
(b) cuando proceda habida cuenta del tamaño y la naturaleza de la empresa, una 
función de auditoría independiente para examinar las políticas, procedimientos 
y controles internos contemplados en la letra a). 
5. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que obtengan la aprobación 
de la dirección para  las políticas y procedimientos que establezcan, y supervisarán y 
reforzarán, en su caso, las medidas adoptadas. 
CAPÍTULO II 
DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE 
SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 9 
Los Estados miembros prohibirán a sus entidades de crédito y financieras mantener cuentas 
anónimas o libretas de ahorro anónimas. Los Es tados miembros exigirán, sin excepciones de 
ningún tipo, que los actuales titulares y beneficiar ios de cuentas anónimas o libretas de ahorro 
anónimas queden sujetos cuanto antes a las medi das de diligencia debida con respecto al 
cliente y, en cualquier caso, antes de que se ha ga uso alguno de dichas cuentas o libretas de 
ahorro. 
Artículo 10 
Los Estados miembros velarán por que las entid ades obligadas apliquen medidas de diligencia 
debida con respecto al client e en los siguientes casos: 
(a) cuando establezcan una relación de negocios; 
ES 34   ES (b) cuando efectúen transacciones ocasionale s por un valor igual o superior a 15 000 
EUR, ya se lleven estas a cabo en una o en  varias operaciones entre las que parezca 
existir algún tipo de relación; 
(c) en el caso de las personas físicas o jurídicas que come rcien con bienes, cuando 
efectúen transacciones ocasionales en efec tivo por un valor igual o superior a 7 500 
EUR, ya se lleven estas a cabo en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación; 
(d) en el caso de los proveedores de servic ios de juegos de azar, cuando efectúen 
transacciones ocasionales por un valor igua l o superior a 2 000 EUR, ya se lleven 
estas a cabo en una o en varias operacione s entre las que parezca existir algún tipo de 
relación;  
(e) cuando existan sospechas de blanqueo de cap itales o de financia ción del terrorismo, 
con independencia de cualquier  excepción, exención o umbral; 
(f) cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los dato s de identificación 
del cliente obtenidos con anterioridad. 
Artículo 11 
1. Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las 
actuaciones siguientes: 
(a) la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base de 
documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes; 
(b) la identificación del titular real y la adopción, a fin de  comprobar su identidad, 
de medidas razonables tales que garantic en a la entidad o persona sujeta a lo 
dispuesto en la presente Di rectiva el conocimiento del titular real, incluida, en 
el caso de las personas jurídicas, fideicom isos y estructuras jurídicas similares, 
la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de 
propiedad y control del cliente; 
(c) la evaluación y, en su caso, la obtenci ón de información sobre el propósito y la 
índole prevista de la relación de negocios; 
(d) la aplicación de medidas de seguimiento  continuo a la rela ción de negocios, 
incluido el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que coinci dan con el conocimiento que tengan la 
entidad o persona del client e y de su perfil empresaria l y de riesgo, incluido, en 
su caso, el origen de los fondos, y ga rantizar que los do cumentos, datos o 
informaciones de que se disponga estén actualizados. 
2. Los Estados miembros velarán por que la s entidades obligadas apliquen cada uno de 
los requisitos del apartado 1 sobre diligencia debida con respecto al cliente; no obstante estas entidades podrán determinar el  grado de su aplicación en función del 
riesgo. 
ES 35   ES 3. Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y fina nciación del terrorismo, los 
Estados miembros exigirán a las entidades  obligadas que tengan en cuenta como 
mínimo las variables indicadas en el anexo I. 
4. Los Estados miembros velarán por que la s entidades obligadas estén en condiciones 
de demostrar a las autoridades competente s o a los organismos autorreguladores que 
las medidas son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales 
o de financiación del terrorismo. 
5. En cuanto a las actividades en el ámbito  de los seguros de vida u otros seguros 
relacionados con inversiones, los Estados miembros velarán por que, además de las 
medidas de diligencia debida requeridas con respecto al cliente y el titular real, las entidades financieras apliquen las siguien tes medidas de diligencia debida con 
respecto al cliente a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida u otros seguros 
relacionados con inversiones, en cuanto  se identifique o designe a dichos 
beneficiarios: 
(a) en el caso de los beneficiarios identificados como personas físicas o jurídicas o 
estructuras jurídicas con una denominaci ón concreta, tomando el nombre de la 
persona; 
(b) en el caso de los beneficiarios que sean  designados por características o por 
categoría o por otros medios, obtenie ndo información suficiente sobre dichos 
beneficiarios para que la entidad fina nciera pueda estar segura de que será 
capaz de establecer la identidad de los mismos en el momento del desembolso. 
En los dos casos contemplados en las letras a) y b), la verificaci ón de la identidad de 
los beneficiarios tendrá lugar en el mome nto del desembolso. En caso de cesión, total 
o parcial, a un tercero de un seguro de  vida u otro seguro relacionado con 
inversiones, las entidades fi nancieras que tengan conocim iento de la cesión deberán 
identificar al titular real en el momento de  la cesión a la persona física o jurídica o a 
la estructura jurídica que reci ba para su propio beneficio el  valor de la póliza cedida. 
Artículo 12 
1. Los Estados miembros exigirán que la comp robación de la identidad del cliente y del 
titular real se efectúe antes de que se establezca una relación de negocios o de que se realice una transacción. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir que 
la comprobación de la identidad del cliente y del titular real se efectúe durante el establecimiento de una relación de negocios, cuando ello sea necesario para no interrumpir el desarrollo normal de la operación y cuando el riesgo de blanqueo de 
capitales o de financiación del terrorismo s ea escaso. En tal caso, el procedimiento se 
concluirá lo antes posible tras el primer contacto. 
3. No obstante lo dispuesto en los apar tados 1 y 2, los Estados miembros podrán 
permitir la apertura de cuentas bancar ias siempre y cuando existan suficientes 
garantías de que el cliente o cualquier otra persona en su nombre no efectúen 
operaciones hasta que se hayan cumplido los requisitos de di chos apartados. 
ES 36   ES 4. Los Estados miembros prohibirán a la en tidad o persona interesada que no pueda 
cumplir lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c), efectuar 
operaciones a través de una cuenta bancar ia, establecer una re lación de negocios o 
llevar a cabo una transacción, y le exigirán que se plant ee la finalización de la 
relación de negocios y el envío de una notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente a la unidad de inte ligencia financiera (UIF), con arreglo al 
artículo 32. 
Los Estados miembros eximirán de la apli cación del párrafo anterior a los notarios, 
otros profesionales independientes del Derec ho, los auditores, los contables externos 
y los asesores fiscales única y exclusivamen te en aquellos casos en que tal exención 
se refiera a la determinación de la posición jurídica de su cliente o al desempeño de 
su misión de defender o representar a dicho cliente en un procedim iento judicial o en 
relación con dicho procedimiento, incluido el  asesoramiento sobre la incoación de un 
procedimiento judicial o la forma de evitarlo. 
5. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que no solo apliquen 
procedimientos de diligencia debida con respecto al client e a todos los nuevos 
clientes, sino también, en el momento oport uno, a los clientes existentes, en función 
de un análisis del riesgo, en  particular cuando cambien la s circunstancias pertinentes 
de un cliente. 
SECCIÓN 2 
MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE  
Artículo 13 
1. Cuando los Estados miembros o las entid ades obligadas identifiquen ámbitos de 
menor riesgo, dichos Estados miembros podrán  autorizar a las entidades obligadas a 
aplicar medidas simplificadas de diligenc ia debida con respecto al cliente. 
2. Antes de aplicar las medidas simplificadas  de diligencia debi da con respecto al 
cliente, las entidades obligadas deberán de terminar que la relación o transacción con 
el cliente presenta un menor grado de riesgo.  
3. Los Estados miembros velarán por que  las entidades obligadas controlen 
suficientemente la transacción o la rela ción de negocios para poder detectar 
operaciones inusuales o sospechosas. 
Artículo 14 
Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitale s y financiación del terrorismo en relación con 
distintos tipos de clientes, países o zona s geográficas, y con determinados productos, 
servicios, operaciones o canales de distri bución, los Estados miem bros y las entidades 
obligadas deberán tener en cuen ta como mínimo los factores de identificación de situaciones 
potencialmente de menor riesgo que figuran en el anexo II. 
ES 37   ES Artículo 15 
La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades competentes y 
a las entidades obligadas contempladas en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de 
conformidad con el artículo 16 del Reglamen to (UE) nº 1093/2010, el Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y el Reglamento (UE) nº 1095/20 10, sobre los factores de riesgo que deberán 
tenerse en cuenta y/o las medidas que deberá n tomarse en las situaciones en que resulte 
oportuna la adopción de medidas simplificad as de diligencia debida. Procederá tener 
especialmente en cuenta la naturaleza y el tama ño de la empresa y, cu ando resulte adecuado y 
proporcionado, prever medidas específicas. Estas directrices se emitirán en un plazo de dos 
años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
SECCIÓN 3 
MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE  
Artículo 16 
1. En los casos especificados en los artículos 17 a 23 de la presente Directiva y en otros 
casos de riesgo más elevado identificados por los Estados miembr os o las entidades 
obligadas, los Estados miembros exigirán  a las entidades ob ligadas que apliquen 
medidas reforzadas de diligencia debida c on respecto al cliente a fin de gestionar y 
atenuar debidamente esos riesgos. 
2. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que examinen, en la medida 
de lo posible, el contexto y la finalidad de todas las transacciones complejas o de un 
importe inusitadamente elevado, así como t oda pauta de transacción no habitual que 
no presente un propósito económico aparente o visiblemente lícito. En particular, 
deberán aumentar el grado y la naturaleza  de la supervisión de la relación de 
negocios, a fin de determinar si las tran sacciones o actividades parecen inusuales o 
sospechosas. 
3. Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y fina nciación del terrorismo, los 
Estados miembros y las entidades obligadas  deberán tener en cu enta como mínimo 
los factores de identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo que figuran en el anexo III. 
4. La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades 
competentes y a las entidades obligadas c ontempladas en el artículo 2, apartado 1, 
puntos 1 y 2, de conformidad con el artí culo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, 
el Reglamento (UE) nº 1094/2010 y el Re glamento (UE) nº 1095/2010, sobre los 
factores de riesgo que deberán tenerse en cuenta y/o las medidas que deberán 
tomarse en las situaciones en que deban ap licarse medidas reforzadas de diligencia 
debida. Esas directrices se emitirán en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
ES 38   ES Artículo 17 
Con respecto a las relaciones transfronterizas  de corresponsalía ba ncaria con entidades 
clientes de terceros países, los Estados miembros exigirán a sus entidades de crédito, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente que se establecen en el artículo 11: 
(a) que reúnan sobre la entidad cliente in formación suficiente para comprender 
cabalmente la naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de información de 
dominio público, la reputaci ón de la entidad y su calidad de supervisión; 
(b) que evalúen los controles contra el bla nqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo de que disponga  la entidad cliente; 
(c) que obtengan autorización de la dirección antes de establ ecer nuevas relaciones de 
corresponsalía bancaria; 
(d) que documenten las responsabilidades  respectivas de cada entidad; 
(e) con respecto a las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas ( payable-
through accounts ), que se cercioren de que la entidad cliente ha comprobado la 
identidad y aplicado en todo momento medi das de diligencia de bida con respecto a 
los clientes que tienen acces o directo a cuentas de la en tidad corresponsal y de que, a 
instancias de esta, puede facilitar los datos de un cliente que sean necesarios a efectos de la diligencia debida. 
Artículo 18 
En relación con las transacciones o relacione s de negocios con personas del medio político 
extranjeras, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además de las medidas 
de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 11: 
(a) que dispongan de procedimientos adecua dos en función del riesgo a fin de 
determinar si el cliente o el titular r eal del cliente pertenece a esa categoría de 
personas; 
(b) que obtengan la autorización de  la dirección para establece r o mantener relaciones de 
negocios con dichos clientes; 
(c) que adopten medidas adecuadas a fin de determinar el orig en del patrimonio y de los 
fondos con los que tendrá lugar la relación de negocios o transacción; 
(d) que lleven a cabo una supervisión reforzada y permanente de la relación de negocios. 
Artículo 19 
En relación con las transacciones o relaciones de  negocios con personas del medio político de 
la UE o con personas que desempeñen o haya n desempeñado funciones importantes en una 
organización internacional, los Estados miembros  exigirán a las entidades obligadas, además 
de las medidas de diligencia debida con respecto  al cliente establecidas en el artículo 11: 
ES 39   ES (a) que dispongan de procedimientos adecua dos en función del riesgo a fin de 
determinar si el cliente o el titular real del cliente pertenece a una de esas categorías 
de personas; 
(b) en los casos de relaciones de negocios de mayor riesgo con esas categorías de 
personas, que apliquen las medidas contempladas  en el artículo 18, letras b), c) y d). 
Artículo 20 
Las entidades obligadas deberán tomar medi das razonables para determinar si los 
beneficiarios de pólizas de segu ros de vida u otros seguros re lacionados con i nversiones y/o, 
en su caso, el titular real del beneficiario, son personas del medio político. Esas medidas se 
adoptarán a más tardar en el momento del dese mbolso o en el moment o de la cesión, total o 
parcial, de la póliza. Cuando se identifiquen riesgos más elevados, además de adoptar las 
medidas normales de diligencia debida con respec to al cliente, los Estados miembros exigirán 
a las entidades obligadas: 
(a) que informen a la dirección antes del desembolso del producto de la póliza; 
(b) que procedan a un control reforzado de la relación de negocios con el titular de la 
póliza en su conjunto. 
Artículo 21 
Las medidas contempladas en los artículos 18, 19 y 20 serán también aplicables a los 
familiares o a las personas reconocidas como allegados de las mencionadas personas del medio político. 
Artículo 22 
Cuando una de las personas contempladas en  los artículos 18, 19 y 20 haya dejado de 
desempeñar una función pública importante por encargo de un Estado miembro o de un tercer 
país, o una función importante en una organización internacional, las entidades obligadas 
deberán tener presente el riesgo que sigue re presentando dicha persona y aplicar las medidas 
adecuadas y basadas en el riesgo que sean neces arias hasta el momento en que se considere 
que ya no representa un riesgo. Este pl azo no podrá ser inferior a 18 meses. 
Artículo 23 
1. Los Estados miembros prohibirán a las enti dades de crédito establecer o mantener 
relaciones de corresponsalía bancaria c on un banco pantalla y requerirán a las 
entidades de crédito que adopten medidas adecuadas para  asegurar que no entablan o 
mantienen relaciones de corresponsalía c on un banco del que se conozca que permite 
el uso de sus cuentas por bancos pantalla. 
2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «banco pantalla» una entidad de crédito o 
entidad que desarrolla una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga 
una presencia física que permita ejercer una  verdadera gestión y dirección y que no 
esté asociada a un grupo  financiero regulado. 
ES 40   ES SECCIÓN 4 
APLICACIÓN POR TERCEROS  
Artículo 24 
Los Estados miembros podrán permitir que las en tidades obligadas recu rran a terceros para 
aplicar los requisitos contempl ados en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c). No 
obstante, por lo que respecta al cumplimiento de  dichos requisitos, seguirá siendo responsable 
última la entidad obligada que recurra al tercero. 
Artículo 25 
1. A efectos de la presente sección, se ente nderá por «terceros» las entidades obligadas 
enumeradas en el artículo 2 u otras entidades y personas situadas en Estados 
miembros o en un tercer país que aplique n requisitos de dili gencia debida con 
respecto al cliente y de conservación de  documentos equivalent es a los establecidos 
en la presente Directiva, y que supervisen  el cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva de conformidad con el capítulo VI, sección 2. 
2. Los Estados miembros deberán tomar en consideración la información disponible 
sobre el nivel de riesgo geográfico a la hor a de decidir si un tercer país cumple los 
requisitos establecidos en el  apartado 1 y se informarán  mutuamente, e informarán a 
la Comisión, la ABE, la AESPJ y la AE VM, en la medida que corresponda a los 
fines de la presente Directiva y de confor midad con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, del Re glamento (UE) nº 1094/2010 y del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010, de aquellos casos en que consideren que un tercer 
país cumple dichos requisitos. 
Artículo 26 
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas obtengan de los 
terceros a los que recurran la información necesaria sobre los requisitos establecidos 
en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c). 
2. Los Estados miembros velarán por que las en tidades obligadas a las que se remita al 
cliente adopten las medidas adecuadas para garantizar que los terceros les transmitan, previa solicitud, las corres pondientes copias de los datos de comprobación de 
identidad y demás documentación pertinente sobre la identidad del cliente o titular 
real. 
Artículo 27 
Los Estados miembros velarán por que la autorida d competente del país de origen (en lo que 
respecta a las políticas y contro les a nivel de grupo) y la auto ridad competente del país de 
acogida (en lo que atañe a las sucursales y filia les) pueda considerar que una entidad obligada 
ES 41   ES aplica las medidas establecidas en el artículo 25, apartado 1, y en el artí culo 26 a través de su 
programa de grupo, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
(a) que la entidad obligada se base en la in formación facilitada por un tercero que forme 
parte del mismo grupo; 
(b) que dicho grupo aplique medidas de diligencia debida con respecto al cliente, normas 
sobre conservación de documentos y program as de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo de  conformidad con la presente Directiva o 
disposiciones equivalentes; 
(c) que la aplicación efectiva de  los requisitos contempla dos en la letra b) sea 
supervisada a nivel de grupo por  una autoridad competente. 
Artículo 28 
Lo dispuesto en la presente  sección no se aplicará a las relaciones de externalización o 
agencia cuando, en virtud de un acuerdo c ontractual, el provee dor de servicios de 
externalización o agente deba consider arse parte de la entidad obligada. 
CAPÍTULO III 
INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL  
Artículo 29 
1. Los Estados miembros velarán por que la s sociedades u otras personas jurídicas 
establecidas en su territorio obtengan y ma ntengan información adecuada, precisa y 
actual sobre su titularidad real. 
2. Los Estados miembros velarán por que la s autoridades competentes y las entidades 
obligadas puedan acceder oportunamente a la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 
Artículo 30 
1. Los Estados miembros velarán por que los fideicomisarios de un fideicomiso 
explícito sujeto a su legislación obte ngan y mantengan información adecuada, 
precisa y actual sobre la titularidad re al en relación con el fideicomiso. Esa 
información incluirá la identidad del fideicomitente, del fideicomisario o fideicomisarios, del protector (si proced e), de los beneficiar ios o categoría de 
beneficiarios, y de cualquier otra persona  física que ejerza el control efectivo del 
fideicomiso. 
2. Los Estados miembros velarán por que lo s fideicomisarios comuniquen su condición 
a las entidades obligadas cu ando, como tales, entablen una relación de negocios o 
ES 42   ES realicen una transacción ocasional por enci ma del umbral fijado en el artículo 10, 
letras b), c) y d) . 
3. Los Estados miembros velarán por que la s autoridades competentes y las entidades 
obligadas puedan acceder oportunamente a la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 
4. Los Estados miembros velarán por que la s medidas correspondien tes a lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 se apliquen a otro s tipos de persona o estructura jurídicas 
que tengan una estructura y una función similares a las de los fideicomisos. 
CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 31 
1. Todos los Estados miembros establecerán una UIF a fin de pr evenir, detectar e 
investigar el blanqueo de capitales  y la financiación del terrorismo. 
2. Los Estados miembros notificarán por escr ito a la Comisión el nombre y la dirección 
de las UIF respectivas. 
3. La UIF se establecerá como unidad nacional central. Será respons able de recibir (y, 
en la medida de sus competencias, solicita r), analizar y comuni car a las autoridades 
competentes la información que guarde relación con el blanqueo potencial de 
capitales o delitos principales conexos, la potencial financiación del terrorismo o que 
sea exigida en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales. Se le 
dotará de los recursos adecuados para que lleve a cabo sus funciones. 
4. Los Estados miembros deberán garantiz ar que la UIF tenga  acceso, directa o 
indirectamente, en el plazo requerido, a la  información financiera, administrativa y 
policial y judicial que necesite para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. 
Además, la UIF deberá responder a las solic itudes de información de las autoridades 
judiciales y policiales de su Estado miem bro, salvo cuando razones de hecho hagan 
suponer que el suministro de la información tendría un impacto negativo en investigaciones o análisis en  curso, o, en circunstanci as excepcionales, cuando la 
divulgación de la información sea claramente desproporcionada respecto a los intereses legítimos de la persona física o jurídica, o no sea pertinente con respecto a los fines para los que se haya solicitado. 
ES 43   ES 5. Los Estados miembros velarán por que las UIF estén facultadas para tomar medidas 
urgentes, ya sea directa o indirectamente, cuando se sospeche que una transacción 
está relacionada con el bla nqueo de capitales o la financ iación del terrorismo, y para 
suspender o no autorizar una transacción en cu rso, a fin de analizar la transacción y 
confirmar la sospecha. 
6. La función de análisis de las UIF cons istirá en un análisis operativo de casos 
individuales y objetivos es pecíficos y en un análisis estratégico que examine las 
tendencias y pautas del blanqueo de cap itales y la financia ción del terrorismo. 
Artículo 32 
1. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas y, en su caso, a sus 
directivos y empleados que  colaboren plenamente: 
(a) informando por iniciativa propia, y sin demora, a la UIF cuando la entidad o 
persona sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva sepan, sospechen o 
tengan motivos razonables para sospechar  que unos fondos son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados con la financiación del terrorismo y respondiendo sin demora a las solicitudes de información adicional que les dirija la UIF en tales casos; 
(b) facilitando de inmediato a la  UIF, a petición de esta , toda la información que 
sea necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la 
legislación aplicable. 
2. La información a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo será remitida 
a la UIF del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la entidad o persona que facilite dicha información. Se encargarán de remitir la información la persona o personas que hayan sido de signadas de conformidad con los 
procedimientos contemplados en el artículo 8, apartado 4. 
Artículo 33 
1. No obstante lo dispuesto en el artícul o 32, apartado 1, en el caso de las personas 
contempladas en el artícul o 2, apartado 1, punto 3, letras  a), b) y d), los Estados 
miembros podrán designar a un organismo au torregulador pertinente de la profesión 
de que se trate como la autoridad que debe  recibir la información mencionada en el 
artículo 32, apartado 1.  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el ap artado 2, en los casos contemplados en el 
párrafo primero los organismos autorreguladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la UIF. 
2. Los Estados miembros eximirán de la ap licación de las obligaciones establecidas en 
el artículo 32, apartado 1, a los notarios,  otros profesionales independientes del 
Derecho, los auditores, los contables externos y los asesores fiscales única y 
exclusivamente en aquellos casos en que tal exención se refiera a la información que estos reciban de uno de sus cl ientes u obtengan sobre él al determinar la posición 
jurídica de su cliente o desempeñar su misión de defender o representar a dicho 
ES 44   ES cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, incluido 
el asesoramiento sobre la incoación de un procedimiento judicial o la forma de 
evitarlo, independientemente de si han r ecibido u obtenido dicha información antes, 
durante o después de tal procedimiento. 
Artículo 34 
1. Los Estados miembros exigirán a las en tidades obligadas que se abstengan de 
ejecutar transacciones de las que sepan o sospechen que están relacionadas con el 
blanqueo de capitales o la financiaci ón del terrorismo hasta tanto no hayan 
completado la actuación necesaria de c onformidad con el artículo 32, apartado 1, 
letra a).  
 Con arreglo a la legislación de los Es tados miembros, podrán darse instrucciones 
para que no se ejecute la operación. 
2. Cuando se sospeche que la transacción considerada implicará blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o pueda 
comprometer el procesamiento de los be neficiarios de la presunta operación de 
blanqueo o financiación del terrorismo, las en tidades obligadas informarán de ello a 
la UIF inmediatamente después. 
Artículo 35 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes contempladas en 
el artículo 45, en caso de que descubran h echos que puedan estar relacionados con el 
blanqueo de capitales o la financiaci ón del terrorismo, ya sea durante las 
inspecciones efectuadas por esas autoridades en las entidades obligadas o de cualquier otro modo, informen de ello sin demora a la UIF. 
2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas 
mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados  financieros informen a la UIF cuando 
descubran hechos que puedan estar relaci onados con el blanque o de capitales o la 
financiación del terrorismo. 
Artículo 36 
La comunicación, de buena fe, con arreglo a lo pr evisto en el artículo 32, apartado 1, y en el 
artículo 33 de la información contemplada en lo s artículos 32 y 33 a la UIF, por parte de una 
entidad obligada, o de sus empleados o directivos  no constituirá violación  de las restricciones 
sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa y no imp licará ningún tipo de res ponsabilidad para la 
entidad obligada, sus directivos o empleados. 
ES 45   ES Artículo 37 
Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas a fin de proteger frente a toda 
amenaza o acción hostil a los empleados de la s entidades obligadas que comuniquen sus 
sospechas de blanqueo de capitales  o de financiación del terroris mo, ya sea por vía interna o a 
la UIF. 
SECCIÓN 2 
PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN  
Artículo 38 
1. Las entidades obligadas, así como sus dir ectivos y empleados, no revelarán al cliente 
de que se trate ni a terceros que se ha transmitido información de conformidad con 
los artículos 32 y 33 ni que está realizá ndose o puede realizarse una investigación 
sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 
2. La prohibición del apartado 1 no incluirá la  revelación a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, incluidos los orga nismos autorreguladores , o la revelación 
a efectos de aplicación de la ley. 
3. La prohibición establecida en el apar tado 1 no impedirá la comunicación de 
información entre entidades de los Estados  miembros, o de terceros países que 
impongan requisitos equivalentes a los enuncia dos en la presente Directiva, siempre 
que pertenezcan al mismo grupo.  
4. La prohibición establecida en el apar tado 1 no impedirá la comunicación de 
información entre las personas a que se re fiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, 
letras a) y b), situadas en los Estados miembros, o en terceros países que impongan 
requisitos equivalentes a los enunciados en la presente Directiva, que ejerzan sus 
actividades profesionales, ya sea como empleados o de otro modo, dentro de una 
misma entidad jurídica o en una red.  
 A los efectos del párrafo primero, se entende rá por «red» la estructura más amplia a 
la que pertenece la persona y que comporta una propiedad, una gestión o una supervisión del cumplimiento comunes. 
5. Cuando se trate de las entidades o personas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en lo s casos que se refieran a un mismo cliente 
y a una misma transacción en la que interv engan dos o más entidades o personas, la 
prohibición establecida en el apartado 1 del presente artículo no impedirá la 
comunicación de información entre las entida des o personas pertinentes, siempre que 
estén establecidas en un Estado miembro, o en un tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos por la pres ente Directiva, pertenezcan a la misma 
categoría profesional y estén sujetas a obligaciones en lo relativo al secreto 
profesional y la protección de los datos personales.  
ES 46   ES 6. Cuando las personas a que se refiere el artículo 2, aparta do 1, punto 3, letras a) y b), 
intenten disuadir a un cliente de una activ idad ilegal, ello no constituirá revelación a 
efectos del apartado 1. 
CAPÍTULO V 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS 
ESTADÍSTICOS  
Artículo 39 
Los Estados miembros exigirán a las entida des obligadas que cons erven los siguientes 
documentos y datos de conformidad con el Derecho nacional, con fines de prevención, 
detección e investigació n, por parte de la UIF o de cualqu ier otra autoridad competente, de 
posibles casos de blanqueo de capital es o de financiación del terrorismo: 
(a) En los casos de diligencia debida con respec to al cliente, copia o referencias de las 
pruebas exigidas durante un período de ci nco años desde que hayan finalizado las 
relaciones de negocios con su cliente. Tras  la expiración de este plazo, los datos 
personales deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo 
contrario, en cuyo caso se determinará en qué circunstancias las entidades obligadas 
podrán o deberán conservar más tiempo esto s datos. Los Estados miembros podrán 
autorizar o exigir que los datos se conserve n más allá de dicho plazo únicamente si es 
necesario a efectos de prevención, detección o investigación de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo. El período máxi mo de conservación tras la finalización 
de la relación de negocios no será superior a diez años. 
(b) En los casos de relaciones de  negocios y transacciones, lo s justificantes y registros, 
consistentes en documentos originales o en copias que tenga n fuerza probatoria 
similar en virtud del Derecho nacional, durante un período mínimo de cinco años tras 
la ejecución de las transacciones, o tras la  conclusión de la relación de negocios si 
este período fuera más breve. Tras la expi ración de este plazo, los datos personales 
deberán eliminarse salvo que la legislaci ón nacional disponga lo contrario, en cuyo 
caso se determinará en qué circunstancias las entidades obligadas podrán o deberán 
conservar más tiempo estos datos. Los Esta dos miembros podrán autorizar o exigir 
que los datos se conserven más allá de dicho plazo únicamente si es necesario a efectos de prevención, de tección o investigación de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. El  período máximo de conserva ción, tras la ejecución de 
las transacciones, o tras la conclusión de  la relación de negocios si este período 
finalizara antes, no podrá exceder de diez años.  
Artículo 40 
Los Estados miembros exigirán que sus entidades obligadas instauren sistemas que les 
permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la UIF u otras autoridades con arreglo a su Derecho nacional sobre si mantienen o han 
ES 47   ES mantenido a lo largo de los cinco años anteri ores relaciones de negocios con determinadas 
personas físicas o jurídicas y sobre la  naturaleza de dichas relaciones. 
Artículo 41 
1. A efectos de la preparación de las evaluaciones nacionale s de riesgos, de 
conformidad con el artículo 7, los Estados  miembros garantizarán que están en 
condiciones de evaluar la ef icacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo  y, a tal fin, dispondrán de estadísticas 
exhaustivas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de tales sistemas. 
2. Las estadísticas mencionadas en el apartado 1 incluirán: 
(a) datos relativos al tamaño y la importanci a de los diferentes sectores incluidos 
en el ámbito de aplicación de la presente  Directiva, en part icular el número de 
entidades y personas y la importancia económica de cada uno de los sectores; 
(b) datos relativos a las fases de inform ación, de investigación y judicial del 
sistema nacional de lucha c ontra el blanqueo de capital es y la financiación del 
terrorismo, en particular el número de comunicaciones de transacciones 
sospechosas remitidas a la UIF, el seguimiento dado a dichas comunicaciones y el número anual de asuntos investiga dos, así como el número de personas 
procesadas, el número de personas condena das por delitos relacionados con el 
blanqueo de capitales o con la financia ción del terrorismo y el valor en euros 
de los bienes congelados,  incautados o confiscados. 
3. Los Estados miembros deberán garantizar la publicación de un estado consolidado de 
sus informes estadísticos y transmitir a la Comisión los datos estadísticos contemplados en el apartado 2. 
CAPÍTULO VI 
POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN 
SECCIÓN 1 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS , FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES  
Artículo 42 
1. Los Estados miembros exigirán que las en tidades obligadas que formen parte de un 
grupo apliquen, a nivel de grupo, políticas y procedimientos, incluidas políticas de 
protección de datos y políticas  y procedimientos para el  intercambio de información 
dentro del grupo, contra el blanqueo de ca pitales y la financiación del terrorismo. 
ES 48   ES Dichas políticas y procedimientos se apli carán de manera efectiva a nivel de las 
sucursales y las filiales en las que tengan participación mayoritaria en los Estados miembros y terceros países. 
2. Los Estados miembros velarán por que , cuando las entidade s obligadas posean 
sucursales o filiales en las que tengan participación mayoritaria que estén situadas en un tercer país donde los requisitos mínimos en materia de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrori smo sean menos estrictos que los de los 
Estados miembros, estas sucursales y fili ales apliquen los requisitos del Estado 
miembro, incluidos los relativos a la protecci ón de datos, en la medida en que lo 
permitan las disposiciones legales y re glamentarias de dicho tercer país. 
3. Los Estados miembros, la ABE, la AESPJ y la AEVM se informarán mutuamente de 
aquellos casos en que consideren que el Derecho del tercer país no permite la 
aplicación de las medidas exigidas con arre glo al apartado 1 y en los que se pueda 
actuar en el marco de un procedimient o acordado para ha llar una solución. 
4. Los Estados miembros requerirán que, cua ndo el Derecho del te rcer país no permita 
la aplicación de las medidas exigidas con arreglo al apartado 1, párrafo primero, las 
entidades obligadas adopten medidas adicionales para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de capitales o de fina nciación del terrorismo e informen a los 
supervisores de su país de origen. Si la s medidas adicionales no son suficientes, las 
autoridades competentes del país de origen  estudiarán la adopción de actuaciones de 
supervisión adicionales, entr e ellas, en su caso, solicitar al grupo financiero que cese 
sus actividades en el país de acogida. 
5. La ABE, la AESPJ y la AEVM elabor arán proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen el  tipo de medidas adicionales contempladas en el 
apartado 4 del presente artículo y las medidas mínimas que deberán tomar las 
entidades obligadas a que se refiere el ar tículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, cuando el 
Derecho del tercer país no permita la apli cación de las medidas exigidas con arreglo 
a los apartados 1 y 2. La ABE, la AESPJ  y la AEVM presentarán a la Comisión 
dichos proyectos de normas t écnicas de regulación en el pl azo de dos años a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
6. Se delegan en la Comisión poderes para a doptar las normas técn icas de regulación a 
que se refiere el apartado 5, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (U E) nº 1093/2010, del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y del Reglamen to (UE) nº 1095/2010. 
7. Los Estados miembros velarán por que se  permita el intercambio de información 
dentro del grupo, a condición de que ello no afecte a la investigaci ón o análisis de 
posibles casos de blanqueo de capitales o de  financiación del terrorismo por parte de 
la UIF o de cualquier otra autoridad co mpetente en virtud del Derecho nacional. 
8. Los Estados miembros podrán exigir a los emisores de dinero electrónico, tal como 
se definen en la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
23, y a 
los proveedores de servicios de pago, tal como se define n en la Directiva 2007/64/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 24, establecidos en su territorio, y cuya sede 
                                                 
23 DO L 267 de 10.10.2009, p. 7. 
24 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1. 
ES 49   ES central se encuentre en otro Estado miem bro o fuera de la Unión, que designen un 
punto de contacto central en su territorio para supervis ar el cumplimiento de las 
normas contra el blanqueo de capital es y la financiación del terrorismo. 
9. La ABE, la AESPJ y la AEVM elabor arán proyectos de normas técnicas de 
regulación sobre los criterios para determ inar las circunstancias en que resulta 
adecuada la designación de un punto de c ontacto central en virtud del apartado 8 y 
las funciones que deben desempeñar estos puntos de contacto. La ABE, la AESPJ y 
la AEVM presentarán a la Comisión dich os proyectos de normas técnicas de 
regulación en el plazo de dos años a partir  de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva. 
10. Se delegan en la Comisión poderes para a doptar las normas técn icas de regulación a 
que se refiere el apartado 9, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (U E) nº 1093/2010, del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y del Reglamen to (UE) nº 1095/2010. 
Artículo 43 
1. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que adopten medidas 
proporcionadas a sus riesgos, naturaleza y tamaño, para que sus empleados tengan 
conocimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva, 
incluidos los requisitos pertinentes en  materia de protección de datos. 
Estas medidas incluirán la participación de  los empleados correspondientes en cursos 
especiales de formación permanente para ayudarles a detectar las operaciones que 
puedan estar relacionadas con el blanque o de capitales o la financiación del 
terrorismo y enseñarles la manera  de proceder en tales casos. 
En caso de que una persona física pert eneciente a alguna de las categorías 
enumeradas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, ejerza su profesión en calidad de 
empleado de una persona jurídica, las obligac iones impuestas por la presente sección 
recaerán en dicha persona jurídica en  vez de en la persona física. 
2. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas tengan acceso a 
información actualizada sobre las prácticas de  los autores de blanqueo de capitales y 
de los financiadores del terrorismo y sobr e los indicios que permiten detectar las 
transacciones sospechosas. 
3. Los Estados miembros velarán por que , siempre que sea posible, se aporte 
oportunamente información sobre la eficacia y el seguimiento de las comunicaciones 
relativas a presuntos casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 
ES 50   ES SECCIÓN 2 
SUPERVISIÓN  
Artículo 44 
1. Los Estados miembros dispondrán que los establecimientos de cambio y los 
proveedores de servicios a sociedades o fide icomisos estén sujetos a la obligación de 
obtener licencia o de registrars e y los proveedores de servicios de juegos de azar, a la 
de obtener autorización.  
2. Con respecto a las entidades a que se re fiere el apartado 1, los Estados miembros 
exigirán a las autoridades competentes que se cercioren de la honorabilidad y 
profesionalidad de las personas que de hec ho dirijan o vayan a dirigir las actividades 
de dichas entidades o la de sus titulares reales. 
3. Por lo que se refiere a las entidades obligad as a que se refiere el artículo 2, apartado 
1, punto 3, letras a), b) , d) y e), los Estados miembros velarán por que las autoridades 
competentes adopten las medidas necesarias para evitar que los delincuentes o sus cómplices posean o sean titulares reales  de una participación significativa o 
mayoritaria, o desempeñen una función de  gestión en esas entidades obligadas. 
Artículo 45 
1. Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que supervisen 
eficazmente y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva.  
2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean las 
competencias adecuadas, entre ellas la de obligar a aportar cualquier información que 
sea pertinente a efectos de la supervisión de l cumplimiento y la de realizar controles, 
y por que dispongan de los recursos financie ros, humanos y técnic os adecuados para 
desempeñar sus funciones. Los Estados miembros velarán por que el personal de estas autoridades observe unas estrictas no rmas profesionales, en particular en 
materia de confidencialidad y protección  de datos, tenga un elevado nivel de 
integridad y esté debidamente cualificado. 
3. En el caso de las entidades de crédit o, entidades financiera s y proveedores de 
servicios de juegos de azar, las autori dades competentes tendrán facultades de 
supervisión reforzadas, en particular la  posibilidad de realizar inspecciones in situ . 
4. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas que disponen de 
sucursales o filiales en otros Estados miembros respeten las disposiciones nacionales de esos Estados miembros por lo que se  refiere a la presente Directiva.  
5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que esté establecida la sucu rsal o filial cooperen con las autoridades 
ES 51   ES competentes del Estado miembro en el que la  entidad obligada tenga su sede central, 
a fin de garantizar una supervisión eficaz de los requisitos de la presente Directiva.  
6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes que apliquen a la 
supervisión un enfoque ba sado en el riesgo:  
(a) conozcan perfectamente los riesgos de bl anqueo de capitales y financiación del 
terrorismo existentes en su país;  
(b) tengan acceso in situ  y desde el exterior a toda la información pertinente sobre 
los riesgos nacionales e internacionales específicos asociados a los clientes, 
productos y servicios de la s entidades obligadas; y  
(c) basen la frecuencia e inte nsidad de la supervisión in situ  y desde el exterior en 
el perfil de riesgo de la entidad oblig ada y en los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terro rismo existentes en el país. 
7. La evaluación del perfil de riesgo de las entidades obligadas en materia de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorism o, incluidos los riesgos de incumplimiento, 
se revisará periódicamente y cuando se produzcan acontecimientos o novedades 
importantes en la gestión y el func ionamiento de la entidad obligada. 
8. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan en cuenta 
el grado de discreci onalidad permitido a la entidad obligada y revisen debidamente 
las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, así como la adecuación y la aplicación de sus políticas , controles internos y procedimientos. 
9. En el caso de las entidades obligadas c ontempladas en el artículo 2, apartado 1, punto 
3, letras a), b) y d), lo s Estados miembros podrán permitir que las funciones 
mencionadas en el apartado 1 sean realiz adas por organismos autorreguladores, 
siempre que cumplan lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. 
10. La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades 
competentes de conformidad con el artí culo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, 
del Reglamento (UE) nº 1094/2010 y del Re glamento (UE) nº 1095/2010, sobre los 
factores que deben tomarse en consideración al realizar la superv isión sobre la base 
de un análisis de riesgos. Procede tener es pecialmente en cuenta la naturaleza y el 
tamaño de la empresa y, cuando resulte adecuado y proporcionado, prever medidas 
específicas. Estas directrices se emitirán en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva. 
ES 52   ES SECCIÓN 3 
COOPERACIÓN 
SUBSECCIÓN  I 
COOPERACIÓN NACIONAL  
Artículo 46 
Los Estados miembros velarán por que las inst ancias de decisión, las UIF, las autoridades 
judiciales y policiales, las autoridades de s upervisión y otras autoridades competentes que 
participen en la lucha contra el blanqueo de  capitales y la financiación del terrorismo 
dispongan de mecanismos eficaces que les permita n cooperar y coordinar a escala nacional la 
elaboración y la aplicación de las políticas y actividades destinad as a combatir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
SUBSECCIÓN II 
COOPERACIÓN CON LA ABE,  LA AESPJ  Y LA AEVM 
Artículo 47 
Las autoridades competentes facilitarán a la AB E, la AESPJ y la AEVM toda la información 
necesaria para llevar a cabo sus obligaciones de  conformidad con la presente Directiva. 
SUBSECCIÓN III 
COOPERACIÓN ENTRE LAS UIF  Y CON LA COMISIÓN EUROPEA  
Artículo 48 
La Comisión podrá prestar la asistencia necesari a para facilitar la co ordinación, incluido el 
intercambio de información, entre las UIF dent ro de la Unión. Podrá convocar regularmente 
reuniones con representantes de  las UIF de los Estados miem bros a fin de facilitar la 
cooperación e intercambiar puntos de vista s obre cuestiones relaciona das con la cooperación. 
Artículo 49 
Los Estados miembros velarán por que sus UIF c ooperen entre sí en la mayor medida posible, 
con independencia de que sean autoridades admi nistrativas, policiales o judiciales, o mixtas. 
ES 53   ES Artículo 50 
1. Los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, por propia iniciativa o 
previa solicitud, toda información que pueda ser pertinente para el tratamiento o el 
análisis de información o la investigación, por parte de las UI F, sobre operaciones 
financieras relacionadas con el  blanqueo de capitales o la  financiación del terrorismo 
y sobre las personas físicas o jurídicas im plicadas. La solicitud expondrá los hechos 
pertinentes, los antecedentes y los motivos de  la solicitud, y explicará la forma en 
que se utilizará la información solicitada. 
2. Los Estados miembros velarán por que la UI F a la que se dirija la solicitud venga 
obligada a utilizar todas las competencias de que disponga a nivel nacional para la 
recepción y análisis de la información cuando responda a una solicitud de información contemplada en el apartado 1, cursada desde otra UIF establecida en la Unión Europea. La UIF a la que vaya di rigida la solicitud deberá responder con 
diligencia, y tanto la UIF requirente como la  UIF requerida utilizarán, en la medida 
de lo posible, medios di gitales seguros para el intercambio de información. 
3. Una UIF podrá negarse a divulgar inform ación cuando ello pueda comprometer una 
investigación penal en el Estado miembro requeri do o, en circunstancias 
excepcionales, en caso de que la divulg ación de la información sea claramente 
desproporcionada para los intereses legítim os de una persona física o jurídica o del 
Estado miembro de que se trate, o en caso  de que no sea pertin ente para los fines 
para los que fue recogida. Dicha denegación deberá justificarse adecuadamente a la 
UIF requirente. 
Artículo 51 
La información y los documentos recibidos con arreglo a los artículos 49 y 50 se utilizarán 
para el desempeño de las funciones de las UIF establecidas en la presente Directiva. Al 
transmitir información o documentos con arreglo a los artículos 49 y 50, la UIF transmisora 
podrá imponer restricciones y condiciones con re specto al uso de la información. La UIF 
receptora respetará dichas rest ricciones y condiciones. Ello no afectará a su utilización en 
investigaciones y procedimientos penales rela cionados con las funcio nes de las UIF para 
prevenir, detectar e investigar el blanqueo de  capitales y la financiación del terrorismo. 
Artículo 52 
Los Estados miembros velarán por que las UIF adopten todas las medidas necesarias, 
incluidas medidas de seguridad, a fin de gara ntizar que ninguna otra autoridad, agencia o 
departamento pueda acceder a la información presentada con arreglo a los artículos 49 y 50, salvo que la UIF que facilita la informaci ón otorgue previamente su consentimiento. 
Artículo 53 
1. Los Estados miembros animarán a sus UIF a utilizar canales de comunicación 
protegidos para comunicarse entre sí y a ut ilizar la red informática descentralizada 
FIU.net. 
ES 54   ES 2. Los Estados miembros velarán por que, a fin de desempeñar  sus funciones con 
arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, sus UIF cooperen en la aplicación de 
tecnologías sofisticadas. Estas tecnologías permitirán a las UIF cotejar sus datos con los de otras UIF de forma anónima garant izando una protección plena de los datos 
personales, con el fin de de tectar sujetos de interés para las UIF en otros Estados 
miembros e identificar sus ingresos y fondos. 
Artículo 54 
Los Estados miembros velarán por que sus UI F cooperen con Europol en relación con los 
análisis efectuados que tengan una dimensión tr ansfronteriza y afecten al menos a dos Estados 
miembros. 
SECCIÓN 4 
SANCIONES  
Artículo 55 
1. Los Estados miembros velarán por que a las entidades obligadas pueda imputárseles 
responsabilidad cuando incumplan las disp osiciones de Derecho nacional adoptadas 
de conformidad con la presente Directiva.  
2. Sin perjuicio de su derecho a imponer sanciones penales, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades comp etentes puedan adoptar las medidas 
administrativas apropiadas e imponer sanc iones administrativas a las entidades 
obligadas que incumplan las disposic iones nacionales adoptadas para dar 
cumplimiento a la presente Directiva y garantizarán su aplicación. Esas medidas y 
sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
3. Los Estados miembros velarán por que, cu ando las obligaciones sean aplicables a 
personas jurídicas, puedan aplicarse sanc iones a los miembros del órgano de 
dirección o a cualquier otra  persona física que, en virt ud del Derecho nacional, sea 
responsable del incumplimiento de las disposiciones. 
4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de 
todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al 
ejercer sus facultades sancionadoras, las autoridades competentes cooperarán 
estrechamente para garantizar que las sa nciones o medidas administrativas ofrezcan 
los resultados deseados y coordinen su actuación en los casos transfronterizos. 
Artículo 56 
1. El presente artículo se aplicará como mí nimo a las situaciones en que se demuestre 
que las entidades obligadas incumplen sistemáticamente los requisitos previstos en los artículos siguientes: 
ES 55   ES (a) artículos 9 a 23 (diligencia debi da con respecto al cliente); 
(b) artículos 32, 33 y 34 (notificación de  las transacciones sospechosas); 
(c) artículo 39 (conservación de documentos); y 
(d) artículos 42 y 43 (controles internos). 
2. Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, 
entre las sanciones y medidas administrativa s aplicables se cuenten como mínimo las 
siguientes:  
(a) una declaración pública que indique la pe rsona física o jurídica y la naturaleza 
del incumplimiento; 
(b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su 
conducta y se abstenga de repetirla; 
(c) en el caso de una entidad obligada suje ta a autorización, retirada de la 
autorización; 
(d) la imposición de una prohibición temporal  de ejercer funciones en entidades a 
alguno de los miembros del órgano de dirección de la entidad obligada; 
(e) si se trata de una persona jurídica, sa nciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negoc ios total en el ejercicio anterior; 
(f) si se trata de una persona física, sanci ones pecuniarias administrativas de hasta 
5 000 000 EUR o, en los Estados miembros en los que el euro no sea la moneda oficial, el valor co rrespondiente en la moneda nacional en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva; 
(g) sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los 
beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en 
caso de que puedan determinarse. 
A efectos de la letra e), cuando la persona ju rídica sea una filial de una empresa matriz, el 
volumen de negocios total anual pertinente será  el volumen de negocios total anual resultante 
de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior. 
Artículo 57 
1. Los Estados miembros velarán por que t oda sanción o medida que las autoridades 
competentes impongan por incumplir las di sposiciones naciona les adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva se publique  sin demora indebida, en particular la 
información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las 
personas responsables del mismo, a menos que dicha publicación pudiera 
comprometer gravemente la estabilidad de  los mercados financieros. Cuando la 
publicación pudiera causar un daño despropor cionado a las partes implicadas, las 
autoridades competentes publicarán las sanciones de manera anónima. 
ES 56   ES 2. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de sanciones o 
medidas administrativas y el nivel de las sanciones pecu niarias administrativas, las 
autoridades competentes tengan en cuenta t odas las circunstancias pertinentes, entre 
ellas: 
(a) la gravedad y duración del incumplimiento;. 
(b) el grado de responsabilidad de la persona física o ju rídica responsable; 
(c) la solidez financiera de la persona físi ca o jurídica responsable, reflejada en su 
volumen de negocios total o en sus ingresos anuales; 
(d) la importancia de los beneficios obten idos o las pérdidas evitadas por la 
persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse; 
(e) las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, en la medida en que 
puedan determinarse; 
(f) el nivel de cooperación de la persona  física o jurídica responsable con la 
autoridad competente; 
(g) anteriores incumplimientos de la pe rsona física o jurídica responsable. 
3. La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades 
competentes de conformidad con el artí culo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, 
del Reglamento (UE) nº 1094/2010 y del Re glamento (UE) nº 1095/2010 en relación 
con los tipos de medidas y sanciones admi nistrativas y el nive l de las sanciones 
pecuniarias administrativas aplicables a las entidades obligadas contempladas en el 
artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2. Estas di rectrices se emitirán en un plazo de dos 
años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
4. En el caso de las personas jurídicas, lo s Estados miembros gara ntizarán que se les 
pueda imputar responsabilidad por los incump limientos a que se refiere el artículo 
56, apartado 1, cuando los cometa en su  provecho, actuando a título individual o 
como parte de un órgano de la persona jurí dica, cualquier persona que en el seno de 
dicha persona jurídica ostent e un cargo directivo que suponga: 
(a) poder de representación de dicha persona jurídica; 
(b) autoridad para tomar decisiones en no mbre de dicha persona jurídica; o 
(c) autoridad para ejercer control en el seno de dicha persona jurídica. 
5. Sin perjuicio de los casos ya previstos en el aparta do 4, los Estados miembros 
velarán por que a las personas jurídicas pue da imputárseles responsabilidad cuando 
la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas a que se refiere el 
apartado 4 haya hecho posible que una pers ona sometida a su autoridad cometa por 
cuenta de la persona jurídica una de las infracciones mencionadas en el artículo 56, 
apartado 1. 
ES 57   ES Artículo 58 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alen tar la notificación a las au toridades competentes del 
incumplimiento de las disposiciones naci onales de aplicación de la presente 
Directiva. 
2. Los mecanismos contemplados en el  apartado 1 incluirán, como mínimo: 
(a) procedimientos específicos para la recepción de informes sobre 
incumplimientos y su seguimiento;  
(b) protección adecuada de los empleados  de las entidades que notifiquen 
incumplimientos cometidos en la entidad; 
(c) la protección de los datos personales re lativos tanto a las personas que notifican 
un incumplimiento como a la persona fí sica presuntamente responsable del 
mismo, de conformidad con los princi pios establecidos en la Directiva 
95/46/CE. 
3. Los Estados miembros exigirán a la s entidades obligadas que dispongan de 
procedimientos adecuados para que sus empleados puedan comunicar incumplimientos a nivel interno a través de un canal específico, independiente y anónimo. 
CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 59 
En un plazo de cuatro años a partir  de la fecha de entrada en vigor  de la presente Directiva, la 
Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de  la presente Directiva y lo presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
Artículo 60 
Quedan derogadas las Directivas 2005/60/ CE y 2006/70/CE con efecto a partir del [ insertar 
fecha - día siguiente a la fecha establ ecida en el artículo 61, párrafo primero ]. 
Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva con 
arreglo a la tabla de correspondenc ias que figura en el anexo IV. 
Artículo 61 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumpli miento a lo establecido en la presente 
ES 58   ES Directiva a más tardar [ dos años desde su adopción ]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas disposiciones.  
Cuando los Estados miembros adopten dich as disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán  acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la  Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho inte rno que adopten en el ámbito  regulado por la presente 
Directiva. 
Artículo 62 
La presente Directiva en trará en vigor el vigésimo día sigu iente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea . 
Artículo 63 
Los destinatarios de la presente Di rectiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Estrasburgo, el 
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
ES 59   ES ANEXO I  
A continuación figura una lista no exhaustiva de  las variables de riesgo que las entidades 
obligadas tendrán en cuenta a la hora de dete rminar hasta qué punto deben aplicar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente, de  conformidad con el artículo 11, apartado 3: 
i) la finalidad de la  cuenta o relación; 
ii) el nivel de activos que va a depositar el  cliente o el volumen de las transacciones 
realizadas; 
iii) la regularidad o duración de la relación de negocios. 
ES 60   ES ANEXO II  
A continuación figura una lista no exhaustiva de los factores y tipos de da tos para la 
identificación de situaciones potencialmente de menor riesgo, contemplados  en el artículo 14: 
(1) Factores de riesgo en función del cliente: 
(a) empresas públicas que cotizan en bolsa y sujetas a requisitos de información 
(ya sea en virtud de normas de la bol sa o en virtud de la ley u otros 
instrumentos de obligado cumplimiento), que impongan obligaciones para garantizar una transparencia adecuada de la titularidad real; 
(b) empresas o administraciones públicas; 
(c) clientes residentes en las zonas geográ ficas de menor riesgo establecidas en el 
punto 3. 
(2) Factores de riesgo en función del produc to, servicio, transacción o canal de 
distribución: 
(a) pólizas de seguros de vida cuya prima es baja; 
(b) pólizas de seguros para planes de pe nsiones, siempre y cuando no contengan 
una opción de rescate anticipado ni puedan servir de garantía; 
(c) planes de pensiones, jubilación o si milares que contemplen el abono de 
prestaciones de jubilación a los empleados, siempre y cuando las cotizaciones se efectúen mediante deducción del sala rio y las normas del plan no permitan a 
los beneficiarios ceder su participación; 
(d) productos o servicios financieros ad ecuadamente definidos y limitados, 
destinados a determinados tipos de clie ntes, con objeto de au mentar el acceso 
con fines de inclusión financiera; 
(e) productos en los que el riesgo de bla nqueo de capitales o financiación del 
terrorismo se gestione mediante otros f actores, como los límites de disposición 
de efectivo o la transparencia de la propiedad (por ejemplo, ciertos tipos de 
dinero electrónico definidos en la Di rectiva 2009/110/CE sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero el ectrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas entidades). 
(3) Factores de riesgo en fu nción del área geográfica: 
(a) otros Estados miembros de la UE; 
(b) terceros países con sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo; 
(c) terceros países que, según fuentes creíbles, tengan un bajo nivel de corrupción 
u otras actividades delictivas; 
ES 61   ES (d) terceros países que estén sujetos a requi sitos en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compatibles con las 
Recomendaciones del GAFI, que haya n aplicado adecuadamente dichos 
requisitos y que estén sometidos a s upervisión y contro l eficaces de 
conformidad con las Recomendaciones, a fin de garantizar su cumplimiento. 
ES 62   ES ANEXO III  
A continuación figura una lista no exhaustiva de los factores y tipos de da tos para la 
identificación de situaciones pot encialmente de mayor riesgo, cont emplados en el artículo 16, 
apartado 3: 
(1) Factores de riesgo en función del cliente: 
(a) relación de negocios desarrollada en circunstancias excepcionales; 
(b) clientes residentes en países  que figuran en el punto 3; 
(c) personas o estructuras jurídicas que c onstituyen vehículos de gestión del 
patrimonio personal; 
(d) sociedades con accionistas nominales o acciones al portador; 
(e) empresas que hacen uso intensivo de efectivo; 
(f) estructura de propiedad de la empresa poco habitual o excesivamente compleja, 
habida cuenta de la naturaleza de sus actividades. 
(2) Factores de riesgo en función del produc to, servicio, transa cción o canal de 
distribución: 
(a) banca privada; 
(b) productos o transacciones que podrían favorecer el anonimato; 
(c) relaciones o transacciones comerciales a distancia; 
(d) pagos recibidos de desconoci dos o terceros no asociados; 
(e) nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluidos nuevos 
mecanismos de entrega, y utilización de  tecnologías nuevas o en desarrollo 
para productos nuevos o ya existentes.  
(3) Factores de riesgo en fu nción del área geográfica: 
(a) países que, según fuentes creíbles (por  ejemplo, declaraciones públicas del 
GAFI, informes de evaluación mutua o de  evaluación detallada o informes de 
seguimiento publicados), no dispongan de sistemas eficaces contra el blanqueo 
de capitales y la fina nciación del terrorismo; 
(b) los países que, según fuentes creíbles , tengan niveles significativos de 
corrupción u otras actividades delictivas; 
(c) países objeto de sanciones, embargos  o medidas similares adoptadas, por 
ejemplo, por Naciones Unidas; 
(d) países que ofrezcan financiación o apoyo a actividades terroristas, o en cuyo 
territorio operen organizaci ones terroristas designadas. 
ES 63   ES ANEXO IV  
Cuadro de correspondencias contemplado en el artículo 60 
Directiva 2005/60/CE  Presente Directiva  
Artículo 1 Artículo 1 
Artículo 2 Artículo 2 
Artículo 3 Artículo 3 
Artículo 4 Artículo 4 
Artículo 5 Artículo 5 
 Artículos 6 a 8 
Artículo 6 Artículo 9 
Artículo 7 Artículo 10 
Artículo 8 Artículo 11 
Artículo 9  Artículo 12 
Artículo 10, apartado 1 Artículo 10, letra d) 
Artículo 10, apartado 2 - 
Artículo 11  Artículos 13, 14 y 15 
Artículo 12  - 
Artículo 13 Artículos 16 a 23 
Artículo 14 Artículo 24 
Artículo 15 - 
Artículo 16 Artículo 25 
Artículo 17  - 
Artículo 18 Artículo 26 
 Artículo 27 
Artículo 19 Artículo 28 
 Artículo 29 
 Artículo 30 
ES 64   ES Artículo 20  - 
Artículo 21 Artículo 31 
Artículo 22 Artículo 32 
Artículo 23 Artículo 33 
Artículo 24 Artículo 34 
Artículo 25 Artículo 35 
Artículo 26 Artículo 36 
Artículo 27 Artículo 37 
Artículo 28 Artículo 38 
Artículo 29 - 
Artículo 30 Artículo 39 
Artículo 31 Artículo 42 
Artículo 32 Artículo 40 
Artículo 33 Artículo 41 
Artículo 34 Artículo 42 
Artículo 35 Artículo 43 
Artículo 36  Artículo 44 
Artículo 37 Artículo 45 
 Artículo 46 
Artículo 37 bis Artículo 47 
Artículo 38 Artículo 48 
 Artículos 49 a 54 
Artículo 39 Artículos 55 a 58 
Artículo 40 - 
Artículo 41 - 
Artículo 41 bis - 
Artículo 41 ter - 
ES 65   ES Artículo 42 Artículo 59 
Artículo 43 - 
Artículo 44 Artículo 60 
Artículo 45 Artículo 61 
Artículo 46 Artículo 62 
Artículo 47 Artículo 63 
 
Directiva 2006/70/CE  Presente Directiva  
Artículo 1 - 
Artículo 2, apartados 1, 2 y 3 Artículo 3, apartado 7, letras d), e) y f) 
Artículo 2, apartado 4  - 
Artículo 3  - 
Artículo 4 Artículo 2, apartados 2 a 8 
Artículo 5  - 
Artículo 6  - 
Artículo 7  -