ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
TEXTOSAPROBADOS
P5_TA(2004)0247
AprobacióndelaComisiónensunuevacomposición
DecisióndelParlamentoEuropeoporlaqueseapruebalaComisiónensunuevacomposición
ElParlamentoEuropeo,
/dash Vistoseltercerpárrafodelapartado2delartículo214yelartículo215delTratadoCE,/dash Vistoelapartado4delartículo33desuReglamento,/dash VistaladimisióndelaSra.AnnaDiamantopouloucomoMiembrodelaComisión,presentadael
10demarzode2004,
/dash VistaladesignacióndelSr.StavrosDimascomoMiembrodelaComisiónporelGobiernodela
RepúblicaHelénica,el12demarzode2004(1210/B/1975),
/dash VistalacomparecenciadelMiembropropuestodelaComisiónantelascomisionesparlamentarias
competentes,
A. ConsiderandoquelaComisióndeberíacomprometersearespetarplenamenteelespíritudelealcoo-
peracióninterinstitucionalyevitartodaimpresióndeanticipaciónconrespectoalaaprobacióndelaComisiónensucomposiciónmodificadaporpartedelParlamento,
1. ApruebalaComisiónensunuevacomposiciónparaelrestodelmandatohastael31deoctubre
de2004;
2. EncargaasuPresidentequetransmitalapresenteDecisiónalosGobiernosdelosEstadosmiembros.
P5_TA(2004)0248
Proyectodepresupuestorectificativono4/2004
PropuestaderesolucióndelParlamentoEuropeosobreelproyectodepresupuestorectificativo
no4/2004delaUniónEuropeaparaelejercicio2004/dashRevisióndelEstatutodelosfuncionarios
(7683/2004/dashC5-0165/2004/dash2004/2022(BUD))
ElParlamentoEuropeo,
/dash Vistoselartículo272delTratadoCEyelartículo177delTratadoEuratom,/dash VistoelReglamento(CE,Euratom)n
o1605/2002delConsejo,de25dejuniode2002,porelquese
apruebaelReglamentofinancieroaplicablealpresupuestogeneraldelasComunidadesEuropeas(1)y,
enparticular,susartículos37y38,
/dash VistoelpresupuestogeneraldelaUniónEuropeaparaelejercicio2004,aprobadodefinitivamenteel
18dediciembrede2003(2),
/dash VistoelAcuerdointerinstitucional,de6demayode1999,entreelParlamentoEuropeo,elConsejoy
laComisiónsobreladisciplinapresupuestariaylamejoradelprocedimientopresupuestario(3),
(1) DOL248de16.9.2002.
(2) DOL53de23.2.2004.
(3) DOC172de18.6.1999,p.1.AcuerdomodificadoporlaDecisión2003/429/CE(DOL147de14.6.2003,p.25).C103E/762 ES29.4.2004 DiarioOficialdelaUniónEuropea
Jueves,1deabrilde2004
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Vista la declaración del fiscal de la CPI, Karim A.A. Khan QC, de 2 de marzo de 2022, titulada «The situation in Ukraine: Receipt of Referrals from 39 States Parties and the Opening of an Investigation» (La situación en Ucrania: recepción de solicitudes de 39 Estados parte y apertura de una investigación),
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Vista el informe de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, titulado «Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education — Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015» (Promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación — Estudio de la evolución de la política educativa en Europa tras la Declaración de París de 17 de marzo de 2015),
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Visto el Informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de febrero de 2021, titulado «Financial stability implications of support measures to protect the real economy from the COVID-19 pandemic» (Implicaciones para la estabilidad financiera por las medidas de apoyo para proteger la economía real de la pandemia de COVID-19),
60.

Señala que los Estados miembros no deben autorizar el uso de vehículos y buques destinados al transporte de animales que no cumplan las disposiciones del Reglamento (CE) n. o 1/2005; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos tanto en los procedimientos de certificación y aprobación de vehículos y buques como en la concesión de certificados de competencia a los conductores; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos a la hora de rechazar certificaciones y aprobaciones en caso de incumplimiento y que retiren las autorizaciones ya expedidas, en caso necesario; pide a la Comisión que sea más rigurosa al sancionar a los Estados miembros que aprueben medios de transporte que no se ajusten a las necesidades de bienestar de los animales;
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Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3) (Reglamento Financiero),
C.

Considerando que los partidos no se pueden considerar entidades no partidistas en el marco de la competencia política y que su financiación no puede limitarse a los gastos apolíticos;
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Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») (1),
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Vistas la «Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women» (Plataforma de Mecanismos de Expertos Independientes sobre la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres —Plataforma EDVAW—) y su declaración, de 31 de mayo de 2019, titulada «Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody» (La violencia en el marco de la pareja o expareja contra las mujeres es un factor esencial en la determinación de la custodia de los hijos),
15.

Lamenta la expulsión de Bielorrusia de diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados miembros, en particular del jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bielorrusia y de embajadores y diplomáticos de Lituania, Letonia y Polonia; solicita a los Estados miembros que llamen a consultas a sus embajadores en Minsk como señal política al régimen de Lukashenka y que denieguen la acreditación de diplomáticos bielorrusos en la Unión; subraya que los diputados y funcionarios bielorrusos no deben ser invitados a ningún acto internacional o bilateral; insta al SEAE a que revise sus métodos de trabajo y garantice un papel activo para el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bielorrusia, quien se encuentra actualmente en Bruselas, y a que adopte medidas adicionales para garantizar un entorno de trabajo seguro para los diplomáticos de la Unión y el personal de la Delegación de la Unión en Minsk, en particular la protección contra los ataques propagandísticos del régimen de Lukashenka;
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Visto el informe de los expertos elaborado para la Comisión, de 10 de septiembre de 2020, titulado «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report» (Estudio e informes sobre la brecha del IVA en los veintiocho Estados miembros de la UE: Informe final de 2020),
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Visto el informe de Counter Balance, de 2019, titulado «Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption? Challenges for the EU Bank’s governance framework» (¿Está el BEI a la altura a la hora de combatir el fraude y la corrupción? Retos para el marco de gobernanza del Banco de la Unión),
I.

Considerando que la Resolución n.o 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales; que el Código Penal cubano castiga con sanciones de ocho años de prisión a todos los funcionarios que no terminan las misiones médicas o que deciden no volver a Cuba; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado estas misiones médicas como una forma moderna de esclavitud y que la comunicación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las misiones médicas cubanas (CUB6/2019) puso de relieve las condiciones de trabajo precarias e inhumanas del personal médico, acusaciones respaldadas por Human Rights Watch y 622 testimonios;
N.

Considerando que, el viernes 23 de abril de 2021, Alexéi Navalni anunció que, siguiendo el consejo de doctores externos a la prisión, suspendería gradualmente la huelga de hambre que había iniciado el 31 de marzo de 2021; que, según el consejo médico que recibió Alexéi Navalni, su vida correría peligro si continuaba la huelga de hambre; que, incluso si Alexéi Navalni recibe ahora los cuidados necesarios, no hay ninguna garantía de que no se le someta a otros tratos inhumanos o que pongan en peligro su vida o de que no se atente contra su vida;
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Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de noviembre de 2020, titulado «COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis» (La COVID-19 en América Latina y el Caribe: un panorama de las respuestas de los Gobiernos a la crisis),
112.

Pide que se asignen recursos adecuados para aplicar las recomendaciones de los estudios de la Comisión de 2015 titulados «Larger than elephants: Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa» (Más allá de los elefantes: elementos de un enfoque estratégico de la UE para la conservación de la fauna en África) y de 2019 titulado «Study on the interaction between security and wildlife conservation in sub-Saharan Africa» (Estudio de las interacciones entre la seguridad y la conservación de la fauna en el África subsahariana);
40.

Subraya que la sentencia del Tribunal en el asunto De Capitani, de marzo de 2018, indica que las consideraciones de las instituciones reflejadas en los documentos «de cuatro columnas» no están amparadas por una presunción general de no divulgación; destaca que no se consideró que el carácter sensible del asunto reflejado en los documentos del diálogo tripartito constituyera per se un motivo suficiente para denegar el acceso al público;
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Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión de febrero de 2019 titulado «Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries» (Acceso a recursos jurídicos para víctimas de violaciones de los derechos humanos en empresas en terceros países» (29),
Expresa su preocupación por la escala sin precedentes de las campañas de desinformación patrocinadas por actores estatales y no estatales, que tienen repercusiones devastadoras en las sociedades, incluso en la vecindad europea y, en particular, en los Balcanes Occidentales; condena la manipulación de la información y su utilización como arma, también por parte de agentes estatales, subestatales y no estatales malintencionados, y las plataformas y organizaciones utilizadas por terceros países autoritarios para financiar e influir directa e indirectamente en los partidos y agentes políticos de Europa; acoge con satisfacción la muy necesaria respuesta de las instituciones de la Unión a este nuevo reto, como la creación de una comisión especial del Parlamento centrada en la injerencia extranjera en los procesos democráticos de la Unión, incluida la desinformación, y la adopción de la Decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros ( 5 ) ; subraya la necesidad de una respuesta que no limite los derechos y libertades fundamentales; señala la importancia de una comunicación estratégica eficaz de la Unión y elogia el refuerzo de Stratcom en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y sus esfuerzos por determinar y combatir las campañas de desinformación; destaca la necesidad de que la Unión siga reforzando sus capacidades para luchar de forma proactiva contra las noticias falsas y la desinformación como amenaza a la democracia y para mejorar su cultura de seguridad con el fin de proteger mejor sus redes de información y comunicación; pide a la Unión que se convierta en adalid de la defensa de un marco colectivo de autodefensa y cooperación contra las amenazas híbridas y la influencia maligna de los regímenes autoritarios, en particular en relación con la gobernanza democrática y las empresas privadas a escala mundial; destaca, por tanto, la necesidad de que la Unión refuerce sus alianzas con otros agentes democráticos mundiales para hacer frente a estas amenazas a escala mundial, también a través de instituciones multilaterales reformadas y más resilientes;
R.

Considerando que las violaciones de los derechos humanos, en particular de la minoría musulmana en Myanmar/Birmania, en particular los rohinyás, que el Gobierno de dicho país no ha reconocido como grupo étnico del país, prosiguieron tras la apertura democrática y culminaron trágicamente en las atrocidades cometidas en 2017, que las Naciones Unidas calificaron de limpieza étnica, y que provocaron un éxodo masivo de refugiados hacia el vecino Bangladés; que la minoría rohinyá, a pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, continúa siendo objeto de persecuciones en Myanmar/Birmania a día de hoy;
Q.

Considerando que en 2018 había casi 109 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-27, lo que equivale al 21,7 % de la población total, y que 23 millones de ellas eran niños (13); que la Unión no ha alcanzado el objetivo fijado para 2020 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en, al menos, 20 millones; que es probable que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumente en la Unión como consecuencia de la crisis de la COVID-19; que el número de personas sin hogar ha aumentado en un 70 % en la última década, registrándose un aumento constante en la mayoría de los Estados miembros, y que al menos 700 000 personas no tienen un techo por la noche en la Unión; que la COVID-19 ha demostrado que la situación de carencia de hogar constituye una crisis tanto social como de salud pública (14); que alrededor de una quinta parte de la población de la Unión corre un riesgo de endeudamiento excesivo, y que muchas personas no reciben las prestaciones sociales a las que tienen derecho al amparo de sus sistemas nacionales;
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Visto el estudio del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo titulado «The e-commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market» (La Directiva sobre el comercio electrónico como piedra angular del mercado interior), que destaca cuatro prioridades para mejorar la Directiva sobre el comercio electrónico,
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Vista la intervención de Fernando Restoy titulada «Regulating FinTech: what is going on, and where are the challenges?» (Regulación de la tecnología financiera: ¿qué está pasando y dónde están los retos?), de 16 de octubre de 2019, en el XVI Diálogo Regional de Política en el sector bancario público y privado (ASBA-BID-FELABAN),
15.

Pide a la Comisión, en particular en el marco del Año Europeo del Ferrocarril previsto para 2021, que establezca asociaciones con los operadores ferroviarios europeos para que los participantes se beneficien de tarifas preferentes; destaca que se pueden desarrollar iniciativas similares con los operadores de autobús, en particular para regiones remotas y rurales y las que no están cubiertas por el transporte ferroviario;
9.

Toma nota de que, en virtud de la Directiva sobre la libre circulación, los Estados miembros pueden restringir la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, por motivos de salud pública; insiste, no obstante, en que los Estados miembros deben garantizar las salvaguardias que establece esa Directiva y que, en particular, debe asegurarse la no discriminación entre los nacionales de un Estado miembro y los residentes en él que sean ciudadanos de la Unión;
J.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha demostrado que el concepto de educación inclusiva todavía no se ha convertido en una realidad; que en numerosos Estados miembros los alumnos con discapacidad intelectual no han podido proseguir su aprendizaje durante el confinamiento; que las familias carecen de apoyo para la educación de los alumnos con discapacidad intelectual, en particular para acceder a las tecnologías digitales e innovadoras y a las aplicaciones de aprendizaje a distancia;
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Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (en lo sucesivo, el «Reglamento REACH») (1), en particular su artículo 68, apartado 1,
4.

Pide la aplicación efectiva y coherente del Estatuto de los funcionarios, en particular de su artículo 16, a fin de prevenir los conflictos de intereses, en particular, pero no solamente, en el caso de los altos funcionarios; subraya que el artículo 16 permite que las instituciones de la Unión rechacen la solicitud de un antiguo funcionario para desempeñar un empleo determinado si las restricciones no son suficientes para proteger los intereses legítimos de las instituciones; pone de relieve que, en el caso del Sr. Farkas, podría haberse considerado la posibilidad de prohibir en virtud del artículo 21, apartado 3, letra b), de la Decisión C(2018)4048 de la Comisión su paso directo a la AFME por ser posible considerar a la AFME una parte adversa;
14.

Recuerda la importancia de que la República de Guinea trabaje junto con los socios regionales en pro del refuerzo colectivo de la democracia, el desarrollo y la seguridad; insta a las autoridades de la República de Guinea a que colaboren estrechamente con las organizaciones regionales, incluida la CEDEAO, a fin de restablecer las libertades fundamentales, investigar de manera exhaustiva las vulneraciones de derechos humanos perpetradas durante las manifestaciones y lograr una transición democrática pacífica; recuerda que la solución a la actual crisis no puede más que pasar por un diálogo nacional entre el Gobierno y los grupos opositores que sea abierto y accesible; evoca en el mismo sentido que la CEDEAO y los países vecinos de la República de Guinea pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de impulsar este diálogo nacional y garantizar su continuidad; pide al Gobierno de Guinea y a la CEDEAO que colaboren estrechamente al objeto de garantizar que las elecciones de 2020 se celebren de manera pacífica y sean representativas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den seguimiento a las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal (EPU) sobre la República de Guinea en enero de 2020, en particular en relación con el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica, así como con el empleo de la fuerza y la impunidad; insta a las autoridades de la República de Guinea a que participen de manera provechosa en el próximo examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular brindando acceso pleno sobre el terreno a las Naciones Unidas, y a que apliquen de manera integral las posteriores recomendaciones del Grupo de Trabajo;
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Visto el dictamen de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), de 27 de junio de 2014, sobre la Ley federal de organizaciones no comerciales («Ley de agentes extranjeros»), el dictamen de 13 de junio de 2016 sobre la Ley federal rusa n.o 129-FZ (sobre las actividades indeseables de las organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales) y el informe de la Comisión de Venecia, de 18 de marzo de 2019, sobre la financiación de asociaciones,
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Visto el informe del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias, de 21 de noviembre de 2019, titulado «The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union: activities and recommendations» (El mandato del enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión: actividades y recomendaciones),
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Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016-2020)) (SWD(2015)0182),
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, titulado «Obstacles to access by Andorra, Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation in other Areas» (Obstáculos al acceso de Andorra, Mónaco y San Marino al mercado interior de la UE y a la cooperación en otros ámbitos) (SWD(2012)0388),
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Vista la publicación del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea de 2017, titulada «Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units:ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives» (Informe sobre un estudio europeo sobre el establecimiento de Unidades de mama: iniciativa de la Comisión Europea para el cáncer de mama — información de apoyo sobre las iniciativas y políticas de atención del cáncer de mama),
Artículo 2

1. El Defensor del Pueblo contribuirá a descubrir los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y, cuando proceda, formulará recomendaciones para remediarlos. No podrá ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo la actuación de ninguna otra autoridad o persona.

5. El Defensor del Pueblo determinará si una reclamación entra dentro de su ámbito de competencias y, en caso afirmativo, si es admisible. Cuando una reclamación no entre dentro de su ámbito de competencias o sea inadmisible, el Defensor del Pueblo, antes de archivar el expediente, podrá aconsejar al reclamante que se dirija a otra autoridad.

6. Las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo no interrumpirán los plazos de recurso fijados en los procedimientos judiciales o administrativos.

8. A excepción de los casos de acoso sexual, el Defensor del Pueblo no podrá admitir ninguna reclamación relativa a las relaciones laborales entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión y sus funcionarios u otros agentes, a menos que el interesado haya agotado todas las posibilidades de presentación de solicitudes o reclamaciones administrativas internas, en particular los procedimientos contemplados en el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (el «Estatuto de los funcionarios») (4), y a menos que hayan expirado los plazos de respuesta de la institución, órgano u organismo de que se trate.
E.

Considerando que las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar religión ni creencia alguna, también están amparados por el artículo 18 del PIDCP; que el profesar o no una religión o creencia es un derecho absoluto que no puede limitarse en circunstancia alguna;
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reforzar las medidas de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), en particular en aguas interiores;