COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(89) 282 final - SYN 217 
Bruselas, 15 de septiembre de 1989 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
relativa a La responsabilidad civil por Los daños y perjuicios 
causados al medio ambiente originados por Los residuos 
(presentada por la Comisión) 
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fXPOSKiQOJE.BOjiyôS 
1• GgngrjIididES 
La Directiva del Consejo de 6 de diciembre de 1984 relativa al seguimiento 
y al control de la Comunidad de los traslados transfronterizos de 
residuos peligrosos (84/631/CEE) establece en su articulo 11.3 que 
"El Consejo, según el procedimiento dispuesto en el artículo 100 del 
Tratado, decidirá, a más tardar el 30 de septiembre de 1988, las 
condiciones de aplicación de la responsabilidad civil del productor en 
caso de daños o de cualquier otra persona que haya de responder de 
dichos daños y fijará igualmente un régimen de seguros". 
A raíz de la contaminación provocada por el accidente acaecido en la 
fábrica Sandoz, el Consejo, en su Resolución de 24 de noviembre de 1984, 
invitó a la Comisión a que examinase los problemas planteados por los 
daños causados al medio ambiente y procediese a la revisión de las medidas 
que la Comunidad piensa adoptar para prevenir y reparar estos daños. 
La comunicación que en este sentido prepara la Comisión para el Consejo y 
el Parlamento examinará los problemas relacionados con el establecimiento 
de un régimen de responsabilidad civil en caso de daños ocasionados contra 
el medio ambiente. 
2. Obj£tiyô§.i!Ê-Ia_eire.£îiya 
La Directiva tiene como objetivo declarar aplicable el principio según el 
cual "quien contamina paga", en condiciones que permitan hacer avanzar la 
realización del mercado interior. 
(1) DO n° L 326 de 13.12.1984, p. 31. 
- 2 
Efectivamente, el establecimiento de un régimen uniforme de 
responsabilidad en la CEE va destinado, por un lado, a que la víctima de 
los daños ocasionados por los residuos perciba una indemnización justa y, 
por otro, a que los gastos en los que hayan incurrido las industrias en el 
sector de los residuos, y cuya causa sean los atentados al medio ambiente, 
se vean reflejados en el precio del producto o del servicio, origen de 
estos residuos. 
El hecho mismo de que existan disparidades en las legislaciones nacionales 
en lo relativo a la designación de la persona responsable (productor, 
poseedor) y la explicación no concertada de las nociones de daños y 
perjuicios causados al medio ambiente cubiertos por la responsabilidad, 
de vinculo de causalidad, limitaciones de responsabilidad, etc., podrían 
dar lugar a que entre los Estados miembros no se diesen las mismas 
condiciones de competencia y por este mismo motivo, a que se produjesen 
flujos artificiales de inversiones y residuos hacia los países con las 
condiciones menos rígidas para los agentes económicos y más desfavorables 
para el perjudicado, todo lo cual contradice la filosofía del Acta Única, 
por la que se establece un nivel de protección elevado. 
La Directiva, además, tiene un carácter preventivo: consciente de que 
deberá pagar, quien contamina se ^ería impulsado a tomar las medidas 
necesarias para reducir al mínimo los riesgos siempre que fuese posible. 
3. Ca!DBQ_£lÊ_â2lieâ£10a 
La Directiva abarca todos los tipos de residuos generados por una 
actividad profesional, excepto los residuos nucleares o los residuos y 
agentes contaminantes ocasionados por hidrocarburos que se contemplan en 
los Convenios vigentes en los Estados miembros. 
Los residuos nucleares quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva puesto que están contemplados en Convenios internacionales y, en 
particular, en el Convenio sobre la responsabilidad civil en el campo de 
la energía nuclear (París, 29 de julio de 1960) y el Convenio que 
complementa el anterior Convenio (Bruselas, 31 de enero de 1963) y los 
Protocolos referentes a estos Convenios. 
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En la actualidad, la aplicación de estos Convenios responde a los 
objetivos perseguidos por la presente Directiva con respecto a los otros 
residuos. 
Efectivamente, la actuación comunitaria en materia de gestión de residuos 
pretende reducir al máximo la producción y controlar los efectos de los 
residuos durante el ciclo completo, desde su producción hasta su 
eliminación. Es ésta una prioridad de la .política medioambiental 
comunitaria, pues hará que pueda determinarse la responsabilidad civil 
aplicable durante el ciclo de producción, de vida y de eliminación de los 
residuos. 
4. U_niseoQ§abiiidâ£!_ôbiÊtiyâ 
Dado que este principio implica una responsabilidad automática, con él se 
garantiza una indemnización de los perjudicados, la rehabilitación del 
medio ambiente y una responsabilizaron de los agentes económicos, con la 
aplicación de los objetivos contemplados en la presente Directiva. 
La responsabilidad objetiva relativa a los riesgos que corre el medio 
ambiente se está extendiendo por todas partes. Para empezar, recordemos 
que en un ámbito semejante (y comparable) como es el de los productos 
defectuosos, la Directiva del Consejo de 25 de julio de 1985 
(2) (85/374/CEE) sigue este principio, que aparece también en un número 
cada vez mayor de Convenios internacionales (energía nuclear, 
contaminación marina causada por los hidrocarburos). Finalmente, también 
en este principio se basa el proyecto de Convenio relativo a los daños 
causados durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
ferrocarril o navegación interior, elaborado por UNIDROIT, actualmente en 
fase de negociación en la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas. 
Asimismo, el Comunicado final de la octava Conferencia de Ministros para 
la Protección del Rin contra la contaminación, celebrada en Estrasburgo el 
1 de octubre de 1987, y en la que participó la Comisión de las Comunidades 
-.-.«. i 
(2) DO n° L 210 de 7.8.1985, p. 29. 
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Europeas, solicita una armonización de la legislación en materia de 
responsabilidad civil para los daños causados por las sustancias 
peligrosas, que se basa en el principio de la responsabilidad objetiva. 
Esta misma tendencia empieza a adquirir gran importancia en las 
legislaciones nacionales. Así, las legislaciones alemana y belga s^è han 
adoptado el principio de responsabilidad objetiva. En Francia, este 
principio está bien asentado en la jurisprudencia. En los Países Bajos, la 
jurisprudencia empieza a adoptarlo y se está trabajando en la elaboración 
de una propuesta de ley que introduzca este principio en el nuevo código 
civil. En España, dicho principio existe en el campo de la gestión de 
residuos. 
5. El_BEÍQ£ÍeÍQ_de_rgSBQQSakÍlÍ£ldd 
El principio de responsabilidad establecido en la Directiva es que la 
responsabilidad incumbe al productor de los residuos que hayan dañado o 
perjudicado el medio ambiente. 
Efectivamente, el principio de que quien contamina paga supone que los 
costes de los residuos, considerados como un mal social, se reflejen en el 
precio de los productos o servicios a los que se deben dichos residuos. 
Esto nos aleja del principio que se ha definido a veces según el cual la 
responsabilidad de los daños incumbe el transportista. Este punto de vista 
es comprensible cuando se trata del transporte de mercancías peligrosas, 
pero no es válido por lo que se refiere a los daños causados por los 
residuos, ^a que éstos son de naturaleza diferente. 
Muchas veces el valor dudoso de los residuos incita al productor de los 
mismos a deshacerse de ellos, y así, de un extremo a otro de la cadena de 
agentes económicos que pueden intervenir en operaciones comerciales sobre 
residuos, siempre puede surgir la tentación de administrar ilegal mente los 
residuos antes que entregarlos a un eliminador adecuado. 
Por otra parte, el productor de los residuos es el principal capacitado 
para tomar medidas que permitan suprimir todo riesgo para el hombre y el 
medio ambiente. Es el que conoce mejor que nadie la naturaleza, la 
composición y las características de los residuos. 
Por eso, el productor de los residuos debe ser el responsable hasta que se 
haya llevado a cabo la eliminación en condiciones reglamentarias. 
Nada impide, por otro lado, que el productor establezca en el contrato que 
el transportista, o cualquier otro agente económico, sea el responsable 
ante él en caso de que los daños que se deban indemnizar o la reparación 
de los perjuicios causados al medio ambiente provengan de una falta de 
éste. 
No obstante, cuando el poseedor de los residuos no pueda indentificar al 
productor se le considerará siempre responsable. 
¿. L05_£láñQS_y.-QtCQS_BgCÍUÍCÍ0S_£ybÍgC£QS>EQC_la-.DÍCfiCtÍ«a 
El régimen de responsabilidad que se instaura cubre: 
- los daños a las personas (lesiones corporales, fallecimientos); 
- los daños a los bienes (deterioro, destrucción); 
- los perjuicios causados al medio ambiente. Es necesario incluir estos 
últimos en una categoría nueva distinta de las categorías anteriores. 
Efectivamente, los perjuicios causados al medio ambiente conciernen a la 
colectividad y no a un individuo. A veces, son perjuicios difíciles de 
cuantificar, y no se excluye la posibilidad de que la rehabilitación del 
medio ambiente se traduzca en un gasto desproporcionado con respecto al 
resultado deseado. Por eso, la propuesta de Directiva, en su artículo 4, 
limita el principio de responsabilidad. 
En primer lugar, sólo se contemplan los atentados importantes y 
persistentes, y serán estas precisiones las que permitan al juez nacional 
descartar los atentados menores y temporales. 
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En segundo lugar, será necesario que estos atentados hayan sido motivados 
por una modificación de las condiciones del agua, del suelo o del aire, lo 
cual incluye además los atentados a la fauna o a la flora originados por 
una modificación de estas condiciones. Finalmente sólo está previsto la 
reparación o el reembolso de los gastos justificados y no el pago de 
indemnizaciones en forma de sanciones ("punitive damages"). 
7 • La§_fiSESfi.n¿S_f á£ülÍáíJáS_fiáEá_SDÍáJÜaE-lJDá-á££Í2fl 
El derecho de entablar una acción de responsabilidad civil contra el autor 
del daño corresponde, en primer lugar, al perjudicado o, llegado el caso, 
a sus herederos. 
Por lo que se refiere a los perjuicios causados al medio ambiente, dado 
que conciernen a la colectividad, el derecho se otorga a los poderes 
públicos. 
Igualmente podrá reconocerse tal derecho a las agrupaciones de interés o a 
las asociaciones reconocidas, cuyo objetivo estatutario sea la protección 
del medio ambiente o de la salud pública. Por lo que se refiere a las 
agrupaciones, la Directiva instaura un sistema en el que se tiene en 
cuenta la legislación aplicable en los Estados miembros, tanto los que 
aceptan la acción directa de tales asociaciones (Países Bajos, 
Luxemburgo), como los que, como Francia e Italia, les permiten emprender 
una acción civil en los procedimientos penales cuando reúnen las 
condiciones necesarias, o incluso los que siguen siendo reticentes ante 
este tipo de iniciativas. 
En este aspecto, la Directiva no busca la armonización. Efectivamente, )a 
Comunidad ha preparado una solución intermedia que consiste en no 
contrariar las actuales iniciativas y en no forzar la posible evolución. 
8, Limiíá£ÍQD£§_cje_E£§fiuD5JÍlÍiÍíJjií 
3. LÍ!SÍÍJ£ÍODSS.£S!DfifiEil£S 
La propuesta establece una prescripción de tres años a partir de la 
fecha en la que el denunciante haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento de los daños y perjuicios causados al medio ambiente y la 
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identidad del productor, como se estableció también en la Directiva 
85/374/CEE. Por lo tanto, será necesaria cierta atención por parte del 
denunciante. 
Por otro lado, el derecho a la reparación prescribe después de 30 años 
a partir del hecho generador de los daños o perjuicios causados al 
medio ambiente. Parece justo limitar en el tiempo la posibilidad de 
emprender una acción de responsabilidad civil y, teniendo en cuenta la 
lentitud de los efectos que puede producir la contaminación en el 
suelo, el límite de 30 años parece un buen compromiso. 
b. LÍmÍ£a£ÍQDe5_fÍDáQ£Í£Eá§ 
En la hipótesis contemplada en el artículo 4, la limitación financiera 
de la responsabilidad civil desde el punto de vista de los perjudicados 
o del medio ambiente afectado no está justificada. Además, una 
limitación de este tipo sería contraria a los principios de que quién 
contamina paga y a la prevención, establecidos en el apartado 2 del 
artículo 130 R del Tratado. La Comisión, por lo tanto, no hace ninguna 
propuesta en este sentido. 
c. LimitaçifijDê§_M_£finÎÊDido_cje_ 1 á_EESfiSDiá¿iliiJaiJ 
(1) £üeE2á_B!ái¿SE• Esta causa puede eximir al productor siempre y cuando 
la demuestre. 
(2) ÇuJ.fiâ_£ôOtEih.y£iyâ' En caso de que los daños hayan sido causados de 
forma conjunta por los residuos y por una actuación culpable del 
perjudicado, las circunstancias determinarán, llegado el caso, si 
conviene reducir, y en qué medida, la responsabilidad del productor 
de los residuos, o incluso si se debe suprimir ésta completamente. 
Esta solución corresponde a la del apartado 2 del artículo 8 de la 
Directiva 85/374. 
< 3 ) LQS_JÍJÍ5os_o_jLejJiüJüi>S-JC^tís^íli>S-_4.LJltqj_<L..4nLb.te,nt&_s.e.„ilgbfiD_totâl-û 
ËâE£iâl!DêntÊ_â_lâ_iDtÊEyÊD£ifiD_rifi-.tfin£ÊE25. La Directiva 85/374/CEE 
dispone que la responsabilidad del productor de un producto 
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defectuoso no disminuye cuando los daños o perjuicios causados al 
medio ambiente son debidos al mismo tiempo a un defecto del 
producto y a la intervención de terceros (párrafo 1, artículo 8). 
Esta solución se justifica por el hecho de que el productor dispone 
en todo momento de la posibilidad de interponer un recurso de 
garantía contra terceros. Un razonamiento parecido debería 
aplicarse en el régimen de responsabilidad por los daños o 
perjuicios causados al medio ambiente originados por los residuos. 
Por lo tanto se propone adoptar la filosofía del artículo 8 de la 
Directiva 85/374/CEE. 
9. Sejjuros 
Aunque la Directiva 84/631/CEE contempla la creación de un régimen de 
seguros que cubra los daños causados por los residuos, la Comisión 
considera que en este tema hay que actuar con precaución. 
Por un lado, las compañías de seguros no son partidarias en la actualidad 
del seguro obligatorio, aunque sea limitado, dado que el mercado de los 
seguros de medio ambiente está en pleno desarrollo. La existencia de un 
límite mínimo (que, políticamente, no se justificaría si fuera inferior a 
los 70 millones de ecus prescritos por la Directiva 85/374/CEE) podría 
falsear el mercado. Por otro lado, hay responsables que prefieren otros 
medios igualmente eficaces; por ejemplo, la prestación de una garantía, la 
letra de cambio, etc., previstas en la legislación correspondiente de los 
Estados Unidos, por ejemplo. 
En estas condiciones parece preferible, por el momento, no legislar al 
respecto. 
10 • DâSâS„y._BSEiui£ifiâ.£âUââdââ.âl.iD£difi.â(nbieQt£-0S_Efi£UBfiEil2lfiâ 
Para seleccionar aquellos casos en los que no se puede identificar al 
responsable o bien los casos en que éste no esté en condiciones de 
indemnizar al perjudicado o de reparar los perjuicios causados al medio 
ambiente, es necesario establecer una política comunitaria. En efecto, si 
las decisiones que se toman respecto a la atribución de los costes (¿a los 
- y 
productores de los residuos?, ¿al perjudicado?, ¿a la colectividad?), a 
las normas de pago y a la gestión de los fondos, son distintas en cada 
Estado miembro, podrían provocarse distorsiones de competencia no 
justificadas. Desde el punto de vista de la política del medio ambiente, 
las decisiones que se tomen al respecto deberán basarse en los principios 
establecidos en el artículo 130R del Tratado. Desde el punto de vista del 
perjudicado, no sería justo que se tratara de forma distinta casos 
semejantes (o incluso el mismo caso si se trata de una contaminación con 
efectos en varios Estados miembros). 
Aunque algunos Estados miembros están estudiando ^a la cuestión de los 
daños y perjuicios causados al medio ambiente no recuperables, la Comisión 
necesita más tiempo antes de poder presentar propuestas en este sentido, 
puesto que, además de ser una materia extremadamente compleja, no parece 
lógico reducir el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario 
limitándolo únicamente a los daños y a los perjuicios causados al medio 
ambiente originados por los residuos. 
Por este motivo, se propone continuar estudiando el tema y encargar a la 
Comisión la elaboración de normas al respecto. 
11 • Ba§g_i jyEÍdÍ£i 
El apartado 3 del articulo 11 de la Directiva 84/631/CEE dispone que se 
utilice el artículo 100 como base jurídica de la Directiva relativa a la 
responsabilidad civil en materia de residuos. 
La actual disparidad de las disposiciones relativas a la responsabilidad 
civil del productor por los daños y perjuicios causados al medio ambiente 
originados por los residuos puede falsear la competencia, afectar la libre 
circulación de mercancías en el mercado interior y establecer diferencias 
en el nivel de protección de la salud, de los bienes y del medio ambiente. 
Por lo tanto, esta disparidad tiene consecuencias directas en la creación 
y funcionamiento del mercado interior. 
- 10 
El apartado 3 del artículo 11 de 1 a Directiva 84/631/CEE dispone que se 
utilice el artículo 100 como base jurídica para la aproximación de las 
disposiciones en materia de responsabilidad civil por los daños causados 
por los residuos. 
Desde la entrada en vigor del Acta Única, la base adecuada para la 
armonización de las disposiciones nacionales que repercuten en el mercado 
interior la constituye el artículo 100A y no el artículo 100. Por lo 
tanto, se propone utilizar el artículo 100A como base jurídica. 
12. eEtÍ£ülQ5 
aEÍÍ£ülC_l 
Este artículo fija el ámbito de aplicación de la Directiva (véase también 
el punto 3). 
Se propone excluir del campo de aplicación de la Directiva la 
responsabilidad civil regulada por los Convenios internacionales 
aplicables en la materia, siempre y cuando los Estados miembros los 
apliquen, así como la responsabilidad civil por los residuos nucleares, 
que no sean los que regula la normativa comunitaria en materia de 
residuos. 
aEÍÍ£ülo_2 
La definición de "productor" es la que apar&ce en la Directiva 84/631/CEE. 
La de "residuos" remite a la Directiva 75/442/CEE. Hay que señalar que la 
Comisión elaboró y transmitió al Consejo una modificación de estas 
Directivas en las que, entre otras cosas, se propone una nueva definición 
de la noción de "residuos". 
Se consideran asimismo como productores de "residuos": 
- el ifflPQEtádoE en la Comunidad de residuos procedentes de países no 
comunitarios; 
- 11 
- el fioseedor, tanto en caso de traslado de los residuos por el territorio 
de la Comunidad como en caso de que no se conozca el verdadero 
productor; 
- el £Ü!DÍDáíl2E* si los residuos le fueron entregados legal mente. 
Las definiciones de "daños" y de "perjuicios causados al medio ambiente" 
aparecen explicadas en el punto 6. 
6EtÍ£UlP._2 
Este artículo determina los principios de la responsabilidad objetiva y de 
su atribución al productor (véanse también los puntos 4 y 5). 
8EÍÍ£ills_4 
Este artículo regula las acciones admisibles y la relación de causa-
efecto. La Comisión decidió no eliminar totalmente la obligatoriedad de la 
prueba, pero ha querido facilitar la situación del perjudicado, que muchas 
veces no dispone de los medios necesarios para saber en qué consisten las 
llamadas actividades "profesionales". 
ÔEÎÎ£uIô-_5 
En este artículo se establece la responsabilidad solidaria en los casos en 
los que estén implicados varios productores. En el artículo 5 de la 
Directiva 85/374/CEE se establece esta misma responsabilidad. 
En él se establece que no existe responsabilidad del productor cuando los 
daños o perjuicios causados al medio ambiente pueden atribuirse a un caso 
de fuerza mayor. 
AEÍÍ£ülfi.^2 
En algunos Estados miembros se considera que la autorización de los 
poderes públicos no limita ni elimina la responsabilidad civil por los 
daños y los perjuicios causados al medio ambiente. Así ocurre en Francia y 
- 12 -
los Países Bajos. Desde hace algún tiempo, en la República Federal de 
Alemania ^à no se conceden autorizaciones que limiten los derechos civiles 
de terceros. 
Ante las discrepanciaspersistentes en la materia, la Comisión prefirió 
regular de forma explícita este asunto. 
âEtÎEUicZ 
Uéanse los números 2 y 3 del punto 8c de la exposición de motivos. 
âE£Î£ylâ_8 
La responsabilidad civil no podrá ser facultativa ni negociable. Por lo 
tanto, no estarán permitidas las cláusulas contractuales que afecten a las 
disposiciones de la Directiva. Véase igualmente el artículo 12 de la 
Directiva 85/374/CEE. 
8EÍÍ£UlQ5«2_i¿-10 
Véase el punto 8a anteriormente citado. 
ÔEti£uIô_ll 
Véase el punto 10 anteriormente citado. 
AE£Í£ülfi_i2 
Para fijar un régimen de responsabilidad objetiva deben tenerse en cuenta 
algunos convenios en vigor o en preparación en lo referente al transporte. 
Como va se ha dicho anteriormente (véase el punto 4), cuando se trata de 
transporte de mercancías peligrosas se responsabiliza al transportista. 
Ahora bien, como se trata ante todo de proteger al perjudicado, la 
Directiva propuesta no deberá limitar las posibilidades que le han sido 
atribuidas por otras vías. 
- 13 
Algunos convenios internacionales establecen una limitación de la 
responsabilidad. La Directiva deberá respetar este derecho. 
âEticyIâ-12 
Este artículo impide que la Directiva tenga efectos retroactivos. 
- 14 -
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
relativa a La responsabiLidad civil por Los daños y perjuicios 
causados aL medio ambiente originados por Los residuos 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
particular, su artículo 100A, 
Vista la propuesta de la Comisión , 
(2) En cooperación con el Parlamento Europeo , 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social "" , 
Considerando que el apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 84/631/CEE deL 
Consejo (4) cuya úLtima modificación La constituye La Directiva 86/279/CEE (5) prevé, con base en el 
articulo 100 deL Tratado, una acción comunitaria a fin de determinar Las condiciones de apLicación 
de La responsabi Lidad civil de Los productores por Los daños causados por residuos,, o cié cualquier 
otra persona que haya de responder de dichos daños, así como para fijar un régimen de seguros; 
Considerando que el programa de acción, de 1987 de las Comunidades Europeas 
en materia de medio ambiente( ) prevé que "se ultimarán los trabajos 
relativos a la responsabilidad civil y seguros relacionados con el 
traslado transfronterizo de dichos residuos (peligrosos) y se presentarán Las 
propuestas pertinentes" (§ 5.3.6); que asimismo prevé que La Comisión 
considerará "el alcance de una nueva definición del término "responsabilidad" 
en materia de medio ambiente" (§ 2.5.5); 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) DO n° L 326 de 13.12.1984, p. 31. 
<5> DO n* L 189 de 4.7.1986, p. 13 
(6) DO na C 328 de 7.12.1987, p. 6 
- 15 -
Considerando que las disparidades entre las legislaciones de los Estados 
miembros en lo referente a la responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados al medio ambiente por los residuos podrían dar lugar a flujos 
artificiales de inversiones y de residuos; que semejante situación falsearía 
la competencia, afectaría a la libre circulación de mercancías dentro del 
mercado interior y generaría diferentes grados de protección de la salud.de los 
bienes y del medio ambiente; que es preciso, pues, aproximar las legislaciones de 
los Estados miembros en este campo; 
Considerando que desde la entrada en vigor del Acta Única Europea, el artículo 
100A constituye, en lugar del artículo 100, la base apropiada del Tratado para 
la aproximación de las disposiciones nacionales que repercuten en el mercado 
interior; 
Considerando que esta aproximación debe basarse en un nivel de protección 
elevado tanto en lo que respecta a los daños y a los perjuicios causados al 
medio ambiente,que puedan repararse,como en lo concerniente a las condiciones 
que deban reunirse para poder recurrir a los tribunales; 
Considerando que el apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 84/631/CEE 
obliga al productor a adoptar todas las medidas necesarias para proceder o hacer 
que se proceda a la eliminación de los residuos, de manera que se proteja 
la calidad del medio ambiente; 
Considerando que la acción comunitaria en la gestión de los residuos tiene como 
finalidad reducir al mínimo la producción y controlar sus efectos durante toda 
la duración del ciclo, desde la producción hasta la eliminación; que contempla todos 
los tipos de residuos; 
Considerando que, por consiguiente, el régimen comunitario de responsabilidad 
civil en este ámbito no puede limitarse únicamente a los daños y perjuicios 
causados al medio ambiente que hayan tenido lugar durante el traslado 
transfronterizo de residuos peligrosos; 
16 
Considerando que este régimen presupone el riesgo profesional; 
Considerando que los principios de "quien contamina, paga" y de acción 
preventiva establecidos en el apartado 2 del artículo 130R del Tratado sólo 
serán verdaderamente eficaces en lo referente a la gestión de los residuos si 
los costes de los daños o de los perjuicios causados al medio ambiente por los 
residuos se hacen repercutir en el coste de los bienes o servicios que hayan 
producido dichos residuos, y que, dado el riesgo que supone la existencia 
misma de los residuos, la responsabilidad objetiva del productor permite 
resolver el problema de la mejor manera posible; 
Considerando que, sin embargo, si los residuos han sido legalmente 
transmitidos a un eliminador autorizado en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 9 de la Directiva 78/319/CEE deL Consejo (7), la responsabilidad 
deberá transferirse a este último; 
Considerando que, con el fin de proteger los derechos del perjudicado, el 
poseedor de Los resiolos debe poder identificar al productor, so pena de ser 
considerado él mismo como productor; 
Considerando que para que la protección del perjudicado sea eficaz es 
necesario que éste pueda reclamar la reparación completa a cada uno de los 
eventuales responsables del mismo daño o de los perjuicios causados al medio 
ambiente, independientemente de que se determinen las responsabilidades 
relativas de unos y otros; 
Considerando que la protección de las personas y del medio ambiente requiere 
que la responsabilidad del productor no sea menor por el hecho de que otras 
personas hayan contribuido a causar el daño o el perjuicio al medio ambiente; 
que, sin embargo, se podrá tomar en consideración la culpa concomitante del 
perjudicado para compartir, reducir o suprimir tal responsabilidad; 
7) DO n° L 84 de 31.3.1978, p. 43. 
- 17 -
Considerando que la protección de las personas y del medio ambiente exige la 
reparación de los daños que hayan comportado muerte o lesiones corporales; que esta 
reparación debe aplicarse tanto a los daños causados a los bienes como a los 
perjuicios causados al medio ambiente; que la presente Directiva no obsta al 
pago del "pretium doloris" y otros daños morales, eventualmente previsto en 
la ley aplicable en cada caso; 
0 
Considerando que conviene prever un plazo de prescripción uniforme para ejercer 
el derecho al resarcimiento, tanto en interés del perjudicado como del productor; 
Considerando que, para garantizar una protección eficaz de las personas y del 
medio ambiente, no deberá permitirse que ninguna cláusula contractual 
establezca excepciones a La responsabilidad del productor frente al perjudicado; 
Considerando que, dadas las condiciones actuales del mercado, no es oportuno 
establecer un régimen de seguros obligatorios; 
Considerando que deberán elaborarse normas comunitarias para poder reparar 
los daños y perjuicios causados al medio ambiente por los residuos 
cuando no pueda conseguirse una reparación completa; 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
aE£Í£ülfi_l 
1. La presente Directiva se aplicará a la responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios causados al medio ambiente por residuos resultantes de una 
actividad profesional, a partir del momento de su formación. 
2. La presente Directiva no se aplicará 
- a los residuos nucleares contemplados en las disposiciones legales 
nacionales basadas en el Convenio sobre la Responsabilidad Civil en el 
campo de la energía nuclear (París, 29 de julio de 1960) y en el Convenio 
que complementa el Convenio anterior (Bruselas, 31 de enero de 1963), así 
como en los protocolos referentes a dichos Convenios; 
- 18 
a los residuos y agentes contaminantes contemplados en las disposiciones 
legales nacionales basadas en el Convenio Internacional sobre la 
Responsabilidad Civil por los daños causados por la contaminación por 
hidrocarburos (Bruselas, 29 de noviembre de 1969) y en el Convenio 
Internacional por el que se crea un fondo internacional de indemnización 
por los daños causados por la contaminación por hidrocarburos (Bruselas, 
18 de diciembre de 1971). 
âCîi£Ulfi_2 
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por 
(a) "productor": toda persona física o jurídica cuya actividad profesional 
haya producido residuos, así como toda persona que haya 
efectuado operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o 
de otro tipo, que hayan provocado un cambio en la 
naturaleza o la composición de dichos residuos hasta el 
momento en que se haya originado el daño o los perjuicios 
causados al medio ambiente; 
(b) "residuo": toda sustancia u objeto definido como tal en el artículo 
1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo (8). 
(c) "daño" (i) el daño causado por muerte o por lesiones corporales; 
(ii) el daño causado a los bienes: 
(d) "perjuicios causados al medio ambiente": los atentados importantes y 
persistentes al medio 
ambiente ocasionados por 
una modificación de las 
condiciones físicas, 
químicas o biológicas del 
agua, del suelo y/o del 
aire siempre que no 
(á) DO n° L 194 de 25.7.1975, p. 47. 
- 19 
se consideren daños con arreglo 
al inciso (i i) de la letra c). 
2. En el lugar de la persona definida en la letra a) del apartado 1, se 
considerará productor de residuos: 
(a) ala persona que importe residuos en la Comunidad, excepto si estos 
residuos fueron exportados previamente de la Comunidad y si, desde 
entonces, no han sufrido un cambio sustancial de naturaleza o de 
composición hasta haber sido de nuevo importados; 
(b) ala persona que ejerciera el control efectivo de los residuos cuando 
se produjo el hecho generador del daño o de los perjuicios causados al 
medio ambiente: 
i) si esta persona no está en condiciones de identificar en un plazo 
razonable al productor definido en el apartado 1; 
ii) si los residuos transitan por la Comunidad sin haber sufrido un 
cambio sustancial de naturaleza o de composición antes de que se 
produjera el hecho generador del daño o de Los perjuicios causados al 
medio ambiente; 
(c) cuando los residuos hubiesen sido regularmente entregados a una 
instalación, un establecimiento o una empresa autorizados con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 75/442/CEE , en el articulo 
6 de la Directiva 75/439/CEE del Consejo (9) o en el articulo 9 de la 
Directiva 78/319/CEE, o bien autorizados con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Directiva 76/403/CEE del Consejo (10): e l responsable 
de dicha instalación, dicho establecimiento o dicha empresa. 
(9) DO n° L 194 de 25.7.1975, p. 31 
(10) DO n° L 108 de 26.4.1976, p. 41 
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ÔEÎi£ulfi_3 
El productor de los residuos será civilmente responsable de los daños y perjuicios 
causados al medio ambiente por dichos residuos, independientemente de que exista o no culpa 
por su parte. 
articulóla 
1. El demandante podrá solicitar judicialmente : 
(a) la prohibición o cese del hecho generador del daño o de los 
perjuicios causados al medio ambiente; 
(b) el reembolso de los gastos producidos por las medidas de prevención del 
daño o de los perjuicios causados al medio ambiente; 
(c) el reembolso de los gastos derivados de las medidas adoptadas para 
reparar los daños a que se refiere el inciso (i i) de La letra c) del 
apartado 1 del articulo 2. 
(d) la rehabilitación del medio ambiente de forma que éste quede en el 
estado en que se encontraba inmediatamente antes de producirse los 
perjuicios al medio ambiente o el reembolso de Los gastos 
derivados de las medidas adoptadas a tal fin. 
(e) la indemnización de los daños. 
2. En lo que concierne a la rehabilitación del medio ambiente prevista en 
la letra d) del apartado 1, el demandante podrá solicitar dicha rehabilitación 
o el reembolso de los gastos consiguientes, salvo cuando: 
- los gastos sean considerablemente más elevados que el beneficio 
resultante para el medio ambiente de dicha rehabilitación y 
- puedan adoptarse medidas alternativas a la rehabilitación por un coste 
considerablemente menor. 
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En este último caso, el demandante podrá solicitar que se apliquen tales 
medidas o el reembolso de los gastos que de ellas se deriven. 
3. Los poderes públicos podrán ejercitar ante los tribunales las acciones 
contempladas en1 as letras (a), (b) y (d) del apartado 1 en lo referente 
al perjuicio causado al medio ambiente. 
4. Si, de acuerdo con el Derecho de los Estados miembros, las asociaciones 
colectivas de intereses estuviesen legitimadas para ejercitar ante los 
tribunales acciones como demandantes, tan sólo podrán solicitar la 
prohibición o el cese del hecho generador de los perjuicios causados al 
medio ambiente. No obstante, en el supuesto de que ellas mismas hayan adoptado 
las medidas contempladas en las letras b) y d) del apartado 1, podrán 
solicitar el reembolso de Los gastos derivados de tales medidas. 
5. La presente Directiva no causará perjuicio a las disposiciones nacionales 
relativas a Los daños inmateriales. 
6. El demandante deberá probar el daño o los perjuicios causados al medio 
ambiente y establecer la existencia de una considerable probabilidad de 
presencia de nexo causal entre los residuos del productor y el daño sufrido o, según el caso, 
los perjuicios causados al medio ambiente. 
actir.iilo._5 
Si, con arreglo a la presente Directiva, fueran varios los productores 
responsables del mismo daño o de los mismos perjuicios causados al medio 
ambiente, la responsabilidad de los mismos será solidaria, sin perjuicio de 
las disposiciones de Derecho nacional relativas al derecho a repetir contra los cor responsables. 
0_-Í-_1___ 
1. De acuerdo con la presente Directiva el productor no será responsable si 
demuestra que el daño o los perjuicios causados al medio ambiente se deben 
a un caso de fuerza mayor, con arreglo al Derecho comunitario. 
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?.. El simple hecho de disponer de una autorización de los poderes públicos no 
eximirá al productor de su responsabilidad. 
UEtítlilQ-1 
1. Sin perjuicio de las disposiciones de Derecho nacional relativas al derecho a repetir, 
la responsabilidad del productor no se reducirá por el hecho de que 
el daño o los perjuicios causados al medio ambiente hayan sido originados 
conjuntamente por los residuos y la intervención de terceros. 
2. La responsabilidad del productor podrá reducirse o suprimirse, considerando 
todas las circunstancias, cuando el daño haya sido causado conjuntamente 
por los residuos y por el comportamiento culpable de la persona que haya 
sufrido el daño o de cualquier otra persona de la que aquella sea responsable. 
ÔE_i__l__3 
La responsabilidad del productor derivada de la presente Directiva no podrá 
quedar limitada o excluida respecto los demandantes, en virtud de clausula contractual 
alguna limitativa o exoneratona de responsabilidad. 
e_-í_iilo._2 
1. Los Estados miembros preverán en sus legislaciones respectivas que la 
acción de resarcim/ento contemplada en la presente Directiva prescribirá en 
un plazo de tres años a partir de la fecha en que la persona potencial-
mente demandante con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 4, haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del daño o de los 
perjuicios causados al medio ambiente y de la identidad del productor. 
2. Las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la 
interrupción de. la prescripción no se verán afectadas por )a presente 
Directiva. 
23 -
ÔEÎl£Ulfi_10 
El derecho de recurrir a los tribunales, conforme a la presente Directiva 
se extinguirá transcurrido un plazo de treinta años a partir de la fecha en 
que se haya producido el hecho generador del daño o de los perjuicios causados al 
medio ambiente, salvo que durante este período se haya entablado una 
acción de este tipo contra el responsable de los daños o de los 
perjuicios causados al medio ambiente. 
actículQ-ll 
A propuesta de la Comisión y a más tardar el 31 de diciembre de 1992, el 
Consejo determinará las condiciones y los medios que deban adoptarse para 
reparar los daños y perjuicios causados al medio ambiente a que se refiere la 
presente Directiva,en caso de que: 
- no se haya podido identificar al responsable con arreglo a la presente 
Directiva; 
- el responsable no esté en condiciones de reparar todos los daños y/o 
perjuicios ocasionados. 
0.C_í_ulo.-l_ 
La presente Directiva no afectará a: 
a) los derechos que la persona que, según la presente Directiva, tenga el 
derecho de acción pueda esgrimir en virtud de los convenios internacionales 
vigentes en materia de responsabilidad civil por transporte de 
mercancías peligrosas; 
b) los derechos establecidos por el Convenio internacional sobre la limitación 
de la responsabilidad en materia de obligaciones marítimas (Londres, 19 de 
noviembre de 1976). 
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Ar£i£ylo_13 
La presente Directiva no se aplicará ni a los daños ni a los perjuicios 
causados al medio ambiente, cuyo hecho generador se haya producido antes de la 
fecha de ejecución de la misma. 
aCÍÍCUlC.lá 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Di rectiva,a más tardar 
el 1 de enero de 1991 . Informarán inmediatamente de ello a La Comisión. 
2. Las disposiciones adoptadas en virtud del apartado 1 se referirán 
explícitamente a la presente Directiva. 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva. 
âcticulû-15 
Los destinatarios de la presente Directiva serán Los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el Por el Consejo 

ISSN 0257-9545 
COM(89) 282 final 
DOCUMENTOS 
ES 15 
N° de catálogo : CB-CO-89-377-ES-C 
ISBN 92-77-52645-9 
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L-2985 Luxemburgo