De conformidad con el artículo 191, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), uno de los objetivos de la política de la UE en el ámbito del medio ambiente es el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. Dicho objetivo engloba la conservación de especies a nivel mundial, incluidas las ballenas y otros cetáceos, y la Unión Europea ha establecido una legislación medioambiental que fomenta su protección eficaz mediante la armonización extensiva de la normativa a nivel de la UE.

La Directiva de los Hábitats incluye en su anexo IV todas las especies de cetáceos. Con ello, todas las especies de ballenas y demás cetáceos están protegidas contra cualquier forma de perturbación, captura o sacrificio deliberados en aguas de la UE. También constituye un marco político para que la UE adopte posiciones sobre la contaminación acústica, las colisiones con buques, los enmallamientos y las capturas accidentales. Esta misma Directiva prohíbe la posesión, el transporte, la venta y el intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza. Esta legislación no permite reanudar la caza comercial de las ballenas.

El Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, por el que se aplican en la UE las disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), prohíbe la introducción de cetáceos en la Unión con fines principalmente comerciales. Este alto nivel de protección queda complementado por la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, que pretende mejorar la calidad del medio ambiente de las ballenas y otros cetáceos, fomentando el buen estado medioambiental de los mares y océanos de la UE.

No obstante, puesto que las ballenas migran, la política de la UE no será eficaz en aguas de la UE si no cuenta con el respaldo de una actuación coherente a nivel mundial al amparo de un marco reglamentario internacional comparable. Dicho marco lo conforma el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena.

La adhesión de la UE a acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, así como la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, también tienen repercusiones sobre una serie de temas que han sido objeto de resoluciones de la CBI.

3.2.Cuestiones políticas

3.2.1.Caza comercial de las ballenas, caza costera de ballenas a pequeña escala y criterios para la concesión de permisos para fines científicos

La CBI reglamenta la caza comercial de las ballenas y en 1982 decidió que debía haber una moratoria sobre la caza comercial de todas las especies y poblaciones de ballenas a partir de 1986.

Noruega e Islandia no están vinculadas por la moratoria ya que presentaron respectivamente una objeción y una reserva a la moratoria. En la actualidad siguen cazando ballenas con fines comerciales. Ambos países establecen sus propios límites de capturas pero facilitan información sobre sus capturas y los datos científicos correspondientes a la Comisión. Tanto Noruega como Islandia afirman que fijan sus límites de captura a partir del procedimiento de gestión revisado (RMP, en sus siglas en inglés) elaborado por la CBI para estimar los límites de captura sostenibles para la caza comercial de ballenas. La aplicación rigurosa del RMP en la forma recomendada por el Comité Científico es un elemento clave para evitar que se establezcan límites de capturas excesivos.

Japón está vinculado por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas pero otorga permisos especiales al amparo del artículo VIII del ICRW, que permite matar, capturar y tratar ballenas «a efectos de investigación científica, con sujeción a las restricciones en cuanto al número, así como a las demás condiciones que el Gobierno Contratante estime apropiadas». No obstante, en 2014, la Corte Internacional de Justicia resolvió que el principal programa «de caza de ballenas con fines científicos» de Japón era ilegal ya que no tenía una calidad científica suficiente para justificar que estuviera claramente dirigido a «fines de investigación científica». Además, no se demostró la necesidad de realizar muestreos letales para llegar a los objetivos científicos declarados. Sin embargo, Japón reanudó la caza de ballenas «con fines científicos» en el Antártico en 2016 y continuó en 2017 sobre la base de un nuevo programa y sin seguir el proceso de revisión revisado para los permisos de caza de ballenas como se le solicitaba en las pertinentes resoluciones de la CBI, a las que Japón presentó objeciones.

A pesar de que estos países han continuado cazando ballenas, la moratoria sobre la caza comercial de las ballenas ha contribuido a proteger a las ballenas durante los últimos treinta años. Sin embargo, muchas poblaciones se encuentran todavía extremadamente mermadas, también debido a un creciente número de amenazas no relacionadas con su pesca, como el enmallamiento en redes de pesca, las colisiones con buques, la contaminación, incluido el ruido submarino, la degradación del hábitat, etc. Por consiguiente, evitar la presión de la caza comercial sigue siendo importante para poder recuperar estas poblaciones. Así pues, la prohibición general de caza comercial de la ballena decidida en el seno de la CBI debería mantenerse. Es coherente con las políticas de la UE y la UE la requiere.

Japón ha intentado también convencer a la CBI para que respalde una nueva categoría de caza de ballenas, la caza costera de ballenas a pequeña escala, que, de hecho, levantaría en parte la moratoria sobre la caza comercial de las ballenas. La UE debería oponerse a las propuestas de introducir nuevas categorías de caza de ballenas y apoyar la conclusión de la Corte Internacional de Justicia de que el Convenio establece tres categorías para la caza de ballenas: la caza comercial y la caza aborigen con fines de subsistencia (ambas cubiertas por el Anexo) y la caza de ballenas al amparo de permisos especiales en virtud del artículo VIII. Esto evitará resquicios legales en la prohibición de caza comercial de ballenas y también ayudará a evitar que dicho concepto se aplique en la proximidad de las aguas de la UE.

Por lo que respecta a la caza de ballenas «con fines científicos», la UE debe mantenerse firme en su postura de que el artículo VIII, que autoriza la caza de ballenas en virtud de permisos especiales, no puede utilizarse para justificar actividades que consisten primordialmente en la pesca comercial de las ballenas. El recurso abusivo a este artículo contraviene el espíritu de la moratoria y la voluntad manifestada por la CBI en diversas resoluciones. Para que la UE las acepte como legítimas, en virtud del artículo VIII, las propuestas de permisos especiales han de cumplir las consideraciones establecidas por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 31 de marzo de 2014 sobre la caza de ballenas en el Antártico. Esto significa el estricto cumplimiento de la Resolución 2014-5 sobre caza de ballenas al amparo de permisos especiales, que exige que para la expedición de un permiso especial deben cumplirse simultáneamente dos elementos: que la toma de muestras letal sea «investigación científica», y se realice únicamente «a los fines» de dicha investigación. En la práctica, eso significaría que el Comité Científico ha comprobado que cualquier Parte contratante que desee expedir permisos especiales ha demostrado que el resultado esperado del proyecto es justificable como investigación científica, ha considerado cuidadosamente si una toma de muestras no letal podría cumplir el objetivo de la investigación, ha concluido que ello no era viable, y ha demostrado que los tamaños de las muestras propuestos estaban estrictamente relacionados con la necesidad científica y no eran mayores de lo razonable para el objetivo científico perseguido.

Además, la UE debería fomentar la opinión, aceptada en último término por todas las partes del proceso de la CIJ, de que la CBI tiene una función legítima que desempeñar en el debate sobre la caza de ballenas al amparo de permisos especiales. Así pues, la UE debe seguir abogando por enfoques que garanticen que, antes de su expedición, todos los permisos especiales sean analizados por el Comité Científico de la CBI y por la propia CBI, y que cumplan las consiguientes recomendaciones.

3.2.2.Conservación

En 1946, el ICRW fue uno de los primeros acuerdos internacionales en establecer un vínculo entre la conservación y la explotación sostenible. Con el tiempo, han ido creciendo los efectos de las amenazas no relacionadas con la caza de la ballena y las preocupaciones por la conservación han ido aumentando, convirtiéndose en los mayores desafíos para la CBI.

En 2003 se creó un Comité de Conservación, que colabora estrechamente con el Comité Científico para hacer frente a las diversas amenazas para las ballenas y sus hábitats. En 2016, la CBI, con el apoyo de los Gobiernos Contratantes de los Estados miembros de la UE sobre la base de una posición coordinada de la UE, adoptó un nuevo Plan Estratégico, acompañado por un programa de trabajo, que establece las principales amenazas para los cetáceos (colisiones con embarcaciones, desechos marinos, capturas accidentales, ruido antropogénico, contaminación química y cambio climático), así como acciones prioritarias (observación de ballenas sostenible, planes de gestión de la conservación, santuarios, recogida y comunicación de datos). Además, se ha hecho nuevo hincapié en la contribución de las ballenas y demás cetáceos a la regulación de los ecosistemas y a la prestación de servicios ecosistémicos tanto a lo largo de su vida como a su muerte.

La UE debe apoyar a la creciente participación de CBI en la conservación, en consonancia con la política y la legislación de la UE.

Dentro de su decidido compromiso político con la conservación, la UE debe seguir apoyando todas las propuestas en favor de los santuarios de ballenas. Dichas propuestas exigen una modificación del Anexo, que deberá ser adoptada por una mayoría compuesta por las tres cuartas partes de los votos. Para alcanzar dicha mayoría son necesarias conversaciones preliminares activas con los Gobiernos Contratantes que suelen votar en contra de los santuarios. La UE y sus Estados miembros también deben fomentar una mayor transparencia, proponiendo que las disposiciones del Anexo que tratan de los santuarios se coloquen, en una sección separada, bajo dicho epígrafe.

Del mismo modo, deben apoyarse las propuestas de la CBI concebidas para mejorar el bienestar de las ballenas. El trabajo sobre bienestar animal puede incluir, aunque no solo, enmallamientos, colisiones con buques, varamientos masivos, observación de ballenas, contaminación acústica, mejora de los métodos de matanza y de eutanasia, etc.