COMISIÓN EUROPEA 
Bruselas, 14.12.2011 
SEC(2011) 1555 final 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
que acompaña al documento 
Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO 
relativa a la protección consular en el extranjero de los ciudadanos de la Unión 
{COM(2011) 881 final} 
{SEC(2011) 1556 final}  
 
ES 1   ES La presente evaluación de impacto se refiere a las medidas de coordi nación y de cooperación 
en materia de protección consular de los ciudadanos de la UE no representados. 
Los ciudadanos de la UE que vi ajan por o viven en un tercer país en el que su Estado 
miembro no está representado por una embajada o un consulado tienen derecho a disfrutar 
de la protección de las autori dades diplomáticas y consulares  de cualquier Estado miembro 
en las mismas condiciones que los nacional es de dicho Estado. Ese derecho de los 
ciudadanos de la UE está consagrado en el artí culo 20, apartado 2, letra c), y en el artículo 
23 del TFUE, así como en el artículo 46 de la  Carta de los Derechos  Fundamentales de la 
Unión Europea. 
1. CONTEXTO POLÍTICO Y PROCEDIMIENTO  
Un número considerable de ciud adanos de la UE se han visto afectados por recientes graves 
crisis ocurridas en terceros países (por ejemplo, en Libia o Egipto, tras las revueltas 
democráticas de la primavera de 2011 o en Ja pón en marzo de 2011). No obstante, también en 
situaciones cotidianas, por ejemplo en caso de enfermedad grave o cuando se es víctima de un delito, la asistencia de las autoridades consulares es a menudo  indispensable.  
En el Programa de Estocolmo, el Consejo Eu ropeo invitó a la Comisión a «estudiar las 
medidas oportunas para establecer la coordinaci ón y la cooperación ne cesarias a efectos de 
facilitar la protección consultar de c onformidad con el artículo 23 del TFUE»
1. De acuerdo 
con la acción 8 del Informe sobre la ciudada nía de la UE de 2010, la Comisión podría 
examinar la posibilidad de reforzar la efectiv idad del derecho de los ciudadanos de la UE a 
recibir asistencia en terceros países, incluso en épocas de crisis, por las autoridades diplomáticas y consulares de todos los Estados  miembros, mediante la propuesta de medidas 
legislativas en 2011
2. La Comisión reiteró ese compromi so en su Comunicación de 23 de 
marzo de 2011 sobre la protección consular para  los ciudadanos de la UE no representados3.  
El Tratado de Lisboa abandona la lógica anteri or de toma de decisiones intergubernamentales 
y permite a la Comisión proponer directivas qu e establezcan las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para facilitar la prot ección consular de los ciudadanos de la UE no 
representados4.  
Para la presente evaluación de impacto se ha consultado en profundidad a las partes 
interesadas, incluida una consulta pública, dos talleres, encuestas y misiones en Estados 
miembros y terceros países seleccionados5. También han contribuido a esta evaluación de 
impacto cuatro recientes estudios externos. 
                                                 
1 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1 (documento del Consejo 17024/09). 
2 COM (2010) 603 final. 
3 COM (2011) 149 final. 
4 Artículo 23, apartado 2, del TFUE. 
5 Misiones de campo en Kazajstán, Sri Lanka, Cuba y Egipto por un consultor externo. 
 
ES 2   ES 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
2.1. Magnitud 
En 2009 se proporcionó protección cons ular en casi 300 000 casos en total6, según la 
información facilitada por los Estados miembr os. De acuerdo con los datos notificados en 
situaciones comparables, los ciudadanos de la UE representados parece n solicitar y obtener 
protección consular mucho más a menudo que los ciudadanos de la UE no representados. Si 
se parte del supuesto que los ciudadanos de la UE representados y no representados se 
encuentran con la misma frecuencia en una si tuación en la que podrían solicitar protección 
consular (por ejemplo, al ser víctimas de un r obo), alrededor de 7 300 ci udadanos de la UE no 
representados podrían haber obtenido protección consular7. De hecho, sólo el 16 % de esos 
ciudadanos disfrutaron de protección consul ar –aunque, según una reciente encuesta del 
Eurobarómetro, el 79 % de los ciudadanos de la  UE conoce la existencia de ese derecho8–, un 
derecho que, sin embargo, aún no ha sido plenamente establecido9. Cada vez será mayor el 
número de ciudadanos de la UE que se encuentr en en situaciones en la s que puedan optar a la 
protección consular de otro Esta do miembro y que se encuentren expuestos en el extranjero a 
situaciones de crisis (desde 1975, el número de  crisis que se registra cada año se ha 
multiplicado por cinco y es pr obable que siga aumentando)10. 
Figura: Estimación del número total de casos de ciudada nos de la UE que viajan y no están representados 
en terceros países (2009) 
 
2.2. Análisis del problema 
La puesta en práctica de la ciudadanía de la UE no es todavía una realidad concreta que 
garantice la igualdad de trato en materia de protección consular. No existe un consenso claro 
sobre el contenido del artículo 23 del TFUE y sobre las responsabilidades que implica ese 
derecho. 
                                                 
6 Dado que no todos los Estados miembros han notificado casos, esta cifra se basa parcialmente en 
extrapolaciones. 
7 En comparación con la frecuencia con que lo s nacionales solicitaron protección consular.  
8 Eurobarómetro (2010), Flash EB nº 294, la ciudadanía de la Unión Europea. 
9 Por lo que se refiere a las distin tas motivaciones, véase más adelante. 
10 COM (2010) 600 final, de 26.10.2010. 
 
ES 3   ES La sucinta redacción del artículo del Tratado no basta para ser eficaz como derecho con un 
significado concreto. Actualme nte las legislaciones y prác ticas nacionales divergen 
considerablemente, al igual que  los puntos de vista sobre los conceptos subyacentes. Esto es 
tanto más importante cuanto que las peticiones de ayuda a los consulados afectan a menudo a 
ciudadanos de la UE no representados y a sus familiares en situaciones vitales muy difíciles (muerte, enfermedad grave, detención, delito).  A menudo, la protección c onsular es la única 
forma de obtener ayuda (por ejemplo, en los cas os de evacuación o de detención), o al menos 
alivia considerablemente la situación. A diferenc ia de lo que ocurre cuando se trata de los 
propios nacionales, la asistencia a ciudadanos  no representados exige cooperación entre el 
Estado miembro presente sobre el terreno y el Estado miembro de origen. Actualmente, la 
cooperación y la coordinación f unciona a menudo sobre una base ad hoc , dependiendo, en 
gran medida, de las personas implicadas. 
Más concretamente, actualmente no está clar o quién es un ciudada no no representado. Un 
ciudadano de la UE no solo no está representa do si su Estado miembro de origen no tiene 
consulado o embajada en un tercer país determ inado sino también si dicha representación no 
está «accesible»
11. No existe una idea común sobr e cuándo una representación está 
accesible12, así como en qué medida los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE no 
representados, los residentes de larga duración y los refugiados  reconocidos son tratados en 
pie de igualdad con los ciudadanos de la UE no representados. Tampoco está claro qué Estado 
miembro tiene que asistir a un ciudadano de la UE no representado y cómo debe coordinarse 
la ayuda. Esto provoca retrasos y no ofrece una pr otección eficaz en igualdad de condiciones. 
Según el Tratado, un ciudadano de la UE no repr esentado puede elegir libremente a qué 
embajada o consulado acudir, te niendo en cuenta que, en la pr áctica, existen excepciones. Los 
procedimientos de coordinación y cooperación no están lo suficientemente establecidos. En la 
práctica, los funcionarios consul ares se dirigen antes a sus propi as autoridades en la capital 
solicitando instrucciones específicas. La simple legalización de documentos del tercer país o 
un sencillo servicio notarial no están actualmente incluidos13. El papel de las delegaciones de 
la Unión es ambiguo y depende de las persona s y opiniones presentes sobre el terreno. Así 
pues, la actual regulación no conduce a una coherenc ia plena de la acción exterior de la Unión 
e induce a un aprovechamiento deficiente de los recursos. 
En situaciones de crisis, el actual marco de cooperación jurídica no establece suficientemente 
quién asiste a los ciudadanos de la UE no repres entados, ni siquiera en lo que se refiere al 
papel del llamado Estado de referencia. La planificación de las contingencias no se ocupa específicamente de los ciudadanos  de la UE no representados.  Las actividades están a veces 
fragmentadas
14 y la información sobre las necesidades, así como los recursos disponibles (sin 
apoyo adicional de equipos de crisis), no siem pre son suficientes. La legislación y las 
directrices actuales sobre el reembolso de la  ayuda implica procedimientos muy genéricos y 
engorrosos que, en general, no se aplican, ya  que no están adaptado s a las necesidades 
                                                 
11 Artículo 1 de la Decisión 95/553/CE. 
12 Los representantes de los Estados miembros consultados expresaron opiniones diferentes (p. ej., que se 
encuentre a una distancia inferior a 400 km o en una isla). 
13 Estos servicios pueden no referirse a casos de emerge ncia inmediata, pero tener que desplazarse a otro 
tercer país para obtener este servicio es a menudo engorroso. 
14 Acciones individuales centradas en los propios naci onales en vez de adoptar un enfoque coordinado. 
 
ES 4   ES específicas de los tiempos de crisis15. Si el reparto de la carga financiera no está claro y no 
tiene lugar en la práctica, hay menos incentivos  para adoptar un plante amiento proactivo que 
conlleva responsabilidades no relaci onadas con los propios nacionales. 
3. SUBSIDIARIEDAD  
La asistencia a los ciudadanos de la UE no representados implica por definición una 
dimensión transfronteriza, ampliando más allá de  las fronteras de la UE los derechos que 
concede la ciudadanía europea. La presente  iniciativa afecta a un derecho específico 
concedido a los ciudadanos de la UE. Este  derecho está intrínsecamente vinculado a 
conceptos y competencias de la Unión. La acción  de la UE debe lograr economías de escala. 
Unos procedimientos racionalizados de coor dinación y cooperación y un papel más claro de 
los agentes locales, incluidos los de las delega ciones de la Unión, reducirá la necesidad de 
adoptar decisiones puntuales y de recibir instru cciones individuales. La acción de la UE en 
virtud del Tratado de Lisboa permitirá tambié n un seguimiento efectivo de la aplicación y 
facilitará el cumplimiento de las correspondientes disposiciones. 
4. OBJETIVOS  
Cualquier medida adoptada debe al canzar los siguientes objetivos. 
OBJETIVOS 
GENERALES Fomentar la puesta en práctica de la ciudadanía de la UE, garantizando la 
igualdad de trato a los ciudadanos de la  UE no representados; ofreciendo un 
alto nivel de protección de los dere chos fundamentales de los ciudadanos y 
promoviendo los valores de la UE, como la no discriminación y la solidaridad 
mutua. 
ESPECÍFICOS • Aclarar el contenido y el func ionamiento de este derecho. 
• Simplificar la cooperación y la co ordinación entre las autoridades 
consulares. 
OPERATIVOS Proporcionar la base para un marco es table de cooperaci ón y coordinación 
mediante la definición de: 
• Quién es un ciudadano de la UE no representado. 
• Cuál de los Estados miembros pres entes en un tercer país, tiene que 
asistir a un ciudadano de la UE no representado y cómo debe 
coordinarse la intervención el Es tado miembro de origen de ese 
ciudadano. 
                                                 
15 Especialmente si el tiempo apremia y hay que as istir a un número considerable de ciudadanos. 
 
ES 5   ES • Cómo deben las autoridades presen tes en un tercer país cooperar y 
coordinarse entre sí y cuál es el papel que corresponde a la Unión 
Europea. 
• ¿Cómo y por quién deben ser asisti dos los ciudadanos de la UE no 
representados en situaciones de cris is y cómo debe efectuarse el 
reembolso de los gastos. 
5. OPCIONES POLÍTICAS  
• Opción política 1:  mantenimiento del statu quo : no adoptar ninguna medida adicional 
a nivel de la UE. 
• Opción política 2:  adoptar una directiva por la que se establezcan medidas de 
coordinación y de cooperación a fin de f acilitar en mayor medida la protección 
consular de los ciudadanos de la UE no representados, reforzada con medidas de 
sensibilización. 
Esta opción permitiría cubrir los cuatro objetivos operativos y garantizar la aplicación 
efectiva, debido a la sensibilización de  los ciudadanos y los profesionales. 
• Opción política 3:  nuevas y más estrechas medidas de cooperación. 
Además de la opción 2, esta opción permitiría garantizar que se ofrece también protección 
consular en igualdad de condi ciones a los residentes de la rga duración y a los refugiados 
reconocidos; incluir una forma sencilla de  legalización de documen tos y de servicios 
notariales y reforzar el reembolso en situaci ones de crisis, estableciendo un mecanismo de 
reembolso o una mejor cofinanciación de la UE específicamente para los ciudadanos de la UE 
no representados. 
6. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS  
El impacto de las distintas opciones se ha evaluado del modo siguiente. 
Eficacia en la consecución de los objetivos 
• Opción política 1:  Esta opción no contribuirá a f acilitar la cooperación y la 
coordinación en beneficio de los ciudadanos  de la UE no representados. Al derecho a 
la protección consular le seguirá falta ndo claridad, lo que impide la plena 
operatividad del mismo. La gama de mecanismos de aplicación no se pondrá 
plenamente en práctica. 
• Opción política 2:  una directiva fomentará la aplic ación de la ciudadanía de la UE 
como realidad concreta, aclarando el c ontenido de ese derecho, mediante la 
racionalización de los procedimientos de  cooperación y de coordinación y facilitando 
los mecanismos de aplicación. Esto se logr ará mediante las siguientes medidas: 
 
ES 6   ES 1. Ámbito de aplicación personal:  aclarar cuándo un ciudadano no está representado 
(en particular, en qué circunstancias la re presentación consular y diplomática de su 
Estado miembro de origen no está «accesible») y en qué medida los miembros de la familia de un tercer país de los ciudadanos de la UE no representados están también incluidos. 
2. Acceso a la protección consular y cooperación/coordinación:  especificar qué 
Estado miembro ha de ayudar a un ciudadano de la UE no representado y cómo debe 
coordinarse esa ayuda con el Esta do miembro de origen del ciudadano. 
3. Coordinación local/valor añadido de la UE:  establecer que la cooperación local 
debería incluir sistemáticamente la recogi da de información pertinente y aclarar el 
papel de las delegaciones de la Unión (pre star apoyo logístico y operativo, facilitar el 
intercambio de información, etc.). 
4. Asistencia en situaciones de crisis y reembolso de los gastos:  incluir plenamente a 
los ciudadanos de la UE no representados en la planificación de contingencias, 
delimitar las responsabilidades en momentos de crisis (especialme nte en lo que se 
refiere al papel del Estado de referencia) y simplificar los procedimientos financieros para el reembolso. 
5. Sensibilización de los ciudadanos y profesionales a fin de que apoyen la aplicación 
de la directiva. 
• Opción política 3: las medidas adicionales prevista s en esta opción tendrían, en 
particular, los efectos siguientes: 
1. Ámbito de aplicación personal: tratar a los refugiados y residentes de larga 
duración igual que a los ciudadanos de la  UE no representados fomentaría la 
aplicación de la ciudadanía de la UE en el sentido amplio, si bien, dado que los 
Estados miembros no suelen prestar asistenc ia consular por ley, el establecer normas 
fijas podría parece r actualmente demasiado ambicioso. 
2. Medidas de cooperación y coordinación : incluir medidas de cooperación y 
coordinación referentes a la legalización de documentos y a ciertos servicios 
notariales sencillos mejoraría el servicio  al ciudadano y la confianza mutua. No 
obstante, la legislación de los Estado s miembros varía considerablemente, 
estando prevista una normativa de la UE para 2013. 
3. Asistencia en situaciones de cri sis y reembolso de los gastos: los Estados 
miembros solicitarán más fácilmente el r eembolso si pueden hacerlo a través de un 
mecanismo de reembolso o de cámara de compensación de la UE; no obstante, teniendo en cuenta las opiniones de los in teresados existe el riesgo de que dicho 
mecanismo no se utilice suficientemente. El au mento de la ayuda financiera de la UE 
permitiría reducir las desigualdades entre los Estados miembros que prestan la ayuda y los que la reciben, pero habría que e xplotar plenamente las sinergias con los 
instrumentos europeos existentes.  
 
ES 7   ES Impacto social y derechos fundamentales 
• Opción política 1:  el derecho fundamental a la pr otección consular no llegará a ser 
plenamente efectivo, pues los conceptos básicos, las responsabilidades y los 
procedimientos no están suficientemente cl aros y su aplicación y puesta en práctica 
efectivas no estará garantizada. Ello, a su vez, podría minar la credibilidad y la 
percepción de la Carta de los Derechos F undamentales y de una Unión basada en la 
solidaridad y la no discriminación. 
• Opción política 2:  Esta opción mejoraría el der echo fundamental a la protección 
consular. Incluir a los miembros de la familia no pertenecientes a la UE reforzaría el derecho a la vida familiar así como los derechos del niño. Una asignación más clara 
de las responsabilidades y un mejor reparto de la carga en situaciones de crisis 
garantizaría la no discriminación también en  tiempos de crisis, cuando los derechos 
fundamentales son un tema sensible. La vida y la integridad de la persona, y el derecho a la defensa y a un juicio  justo se verían reforzados. 
• Opción política 3:  en general, el impacto positivo en  las consideraciones sociales y 
los derechos fundamentales sería muy cl aro. La protección consular se vería 
reforzada (por ejemplo, prestando servicios de legalización de documentos). Facilitar 
el reembolso a través de un mecanismo o una  cámara de compensación o mediante la 
financiación de la UE garant izaría en mayor medida la no  discriminación en el trato a 
los ciudadanos de la UE no representados. 
Impacto económico y financiero 
• Opción política 1:  esta opción no genera nuevos costes financiero s directos. Sin 
embargo, se seguirán produciendo pérdidas de  eficiencia y la utilización de los 
recursos existentes no va a mejorar. Las desi gualdades actuales en lo que se refiere al 
compromiso financiero en situaci ones de crisis serán las mismas. 
• Opción política 2:  El impacto financiero de las me didas jurídicas asciende a unos 
750 000 EUR al año para los Estados miembros
16 que prestan la asistencia. No se 
necesitarán recursos adicionales para las delegaciones de la Unión17. En cuanto a 
facilitar los reembolsos, los costes de  ejecución pueden estimarse en 89 610 EUR 
para todos los Estados miembros. Los aho rros de los Estados miembros que prestan 
la asistencia dependerán de cada caso. La car ga financiera adicional para los Estados 
miembros no representados sería limitada e incluso así, debido a las economías de escala, sería más ventajoso que organizar por  separado la prestación de asistencia a 
sus propios ciudadanos no repr esentados. La sensibilización general generaría unos 
gastos de aproximadamente 1 millón EUR pa ra una campaña de información en toda 
la UE. Esta opción también tendría una repercusión económica positiva para los 
ciudadanos no representados, que podrían ve rse menos dispuestos a buscar ayuda por 
                                                
 
16 Debido al aumento previsto de casos referent es a ciudadanos de la UE no representados. 
17 La implicación necesaria puede calcularse en unos 10 días hábiles de trabajo de un funcionario de la 
Unión Europea por delegación (lo cual no exigiría recursos humanos adicionales). 
 
ES 8   ES su cuenta en otras fuentes menos adecuadas y ahorrar tiempo18 (el ahorro ascendería 
a más de 1 800 000 EUR).  
• Opción política 3:  Dada la necesidad de recursos humanos y financieros adicionales, 
esta opción generaría costes considerab lemente mayores que la opción 2, tanto a 
nivel de la UE como de los Estados miembr os. En particular, la implantación de un 
mecanismo o cámara de compensación generaría costes adicionales a nivel de la UE (al menos 112 000 EUR anuales, más los costes adicionales de creación y 
mantenimiento de ficheros electrónicos); la  financiación de la UE implicaría unos 
costes comprendidos entre 16 y 31 millones EUR en un periodo de financiación de 6-7 años
19. Los costes adicionales de gestión del fo ndo a nivel de la UE se calculan al 
menos en 780 000 EUR. 
7. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
Objetivos/gastos: Eficacia en la 
consecución de 
los objetivos Impacto social y 
derechos 
fundamentales Impacto 
económico y 
financiero 
Opción política 1: 
Statu quo 0 0 0 
Opción política 2:  
Directiva de la UE 
sobre medidas de 
cooperación y 
coordinación y de + + 
 + + Escaso 
                                                 
18 Los beneficios para los ciudadanos de la UE no representados en situaciones cotidianas se han estimado 
utilizando dos elementos: 1) ahorro de tiempo para los ciudadanos anteriormente no asistidos o para los 
ciudadanos que reciban asistencia más rápidamente --se ha calculado utilizando una media diaria 
salarial estimada en 60 EUR--; 2) evitar el coste de las «molestias» asociadas a la recepción de ayuda 
menos eficaz o a la búsqueda de otras formas de asis tencia. El cálculo de ese coste toma como punto de 
partida el sistema de indemnización de los pasajero s aéreos, dando por supuest o que la situación de un 
ciudadano que requiere asistencia consular es similar a la de un pasajero aéreo bloqueado.   
19 Dependiendo de que se financie el 50 % o más de las actividades. 
 
ES 9   ES sensibilización 
Opción política 3:  
Medidas UE que 
establezcan otras 
normas y 
consoliden los 
derechos de los 
ciudadanos de la 
UE + + (+/-)20 + + (+/-)21 Medio/alto22 
Comparando las opciones políticas y teniendo en cuenta sus costes y eficacia para la 
consecución de los objetivos fijados, la opción política 2 (Directiva de la UE que establezca 
medidas de cooperación y coordinación) result a la mejor variante y constituye, pues, la 
opción preferida . Una directiva que incluya los elemento s propuestos constituiría la base de 
un marco estable de la cooperación y coordi nación. Garantizaría un nivel equivalente de 
protección, mediante la conces ión de un derecho con un conten ido claro y fiable basado en 
procedimientos simplificados de coordinaci ón y cooperación. Esto puede dar lugar a un 
aumento limitado de las solicitudes, pero estas se rían más concretas, dado el mayor grado de 
claridad en cuanto al contenido de ese der echo. En comparación con lo s costes globales de 
asistir a los propios nacionales, los costes adicio nales de prestar asistencia a los ciudadanos de 
la UE no representados constituirían solo un pequeño porcentaje; en caso de una evacuación 
más costosa, se establecería un sistema me jorado de reembolso. A fin de maximizar la 
eficacia de esta opción, deberían incluirse me didas de concienciación. Teniendo en cuenta el 
impacto financiero, la aplicación  de la Directiva debería ir acompañada de una verdadera 
campaña de sensibilización, pues es fundamental que se compre nda plenamente el contenido 
de este derecho. 
La opción 3 es eficaz para lograr los objetivos establecidos, mientras que la opción 2 es sólo 
marginalmente menos eficaz. Incluir a los refugi ados y residentes de larga duración, así como 
la legalización simple de documentos se apartaría considerablemente del marco actual, lo cual se considera prematuro en este momento
23. Los costes generados por la opción 3 serían 
                                                 
20 Dependiendo de la medida: 1. Regular el concepto de «accesib ilidad» establecien do una cantidad 
específica de kilómetros podría incluso reducir la ef icacia, dado que no se te ndrían suficientemente en 
cuenta las circunstancias locales (calid ad de las redes de transporte). 2. Incluir a los residentes de larga 
duración, a los refugiados y a la legalización permitir ía mejorar la eficacia (pero se aleja demasiado del 
marco actual). 3. Un mecanismo de reembolso no mejora ría la eficacia si los Estados miembros solo lo 
utilizan rara vez. 4. Recibir financiación de la UE  tendría un efecto beneficioso, dado que los Estados 
miembros estarían más dispuestos a asistir a los ciudadanos de la UE no representados de manera 
proactiva. 
21 Idem. 
22 Según se opte solo, por lo que se refiere al reem bolso en situaciones de crisis, por un mecanismo o 
cámara de compensación o también por la financi ación comunitaria. Véase el anexo VI para más 
detalles. 
23 Para más detalles, véase supra  (análisis de impacto de los elementos específicos de la opción 3). 
 
ES 10   ES considerablemente más elevados que los que pueda ocasionar la opción 224 y no se 
aprovecharían plenamente las sinergias con el Mecanismo de Protección Civil Europeo. 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
El plazo previsto para la transposición de la Di rectiva será de dos años a partir de su entrada 
en vigor. Habida cuenta de que la directiva reflejará, al menos en parte, las prácticas 
existentes, dos años se consideran suficientes. 
A fin de asegurarse de que se respetan adecuadamente las disposiciones de la directiva, se 
creará un mecanismo de evaluación y supervisi ón. Para subsanar la ac tual falta de datos 
globales, la directiva invitará a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre la 
aplicación de este derecho, incluida una pano rámica anual de las estadísticas y casos 
pertinentes. Un informe, elaborado tras un period o de 3 a 5 años de apli cación de la directiva, 
permitiría realizar un estudio específico con espe cial hincapié en la recogida de datos.  
                                                 
24 En particular si se opta por la cofinanciación de la UE.