COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 18.06.1997 
COM(97) 233 final 
97/0178 (CNS) 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
sobre el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la 
aplicación de sus respectivas normas de competencia 
Propuesta de 
DECISIÓN DEL CONSEJO Y LA COMISIÓN 
relativa a la celebración del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía 
positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia 
(presentada por la Comisión) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
sobre el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus 
respectivas normas de competencia 
I. Introducción 
En la actualidad, numerosas empresas operan en todo el mundo o celebran alianzas 
estratégicas con objeto de tener una mayor presencia en mercados extranjeros a través de un 
socio internacional. Con frecuencia, las repercusiones económicas de las fusiones, prácticas 
restrictivas o abusos de posición dominante se manifiestan en países distintos de aquellos en 
los que están constituidas o radicadas las empresas involucradas. 
Aplicación extraterritorial de las normas de competencia 
Una de las vías de las que disponen las autoridades de competencia para abordar las prácticas 
restrictivas con dimensión internacional es el recurso a la competencia extraterritorial. 
Muchas jurisdicciones, incluida la Comunidad Europea, tratan de aplicar sus normas de 
competencia, en determinadas circunstancias, a comportamientos registrados en otro país que 
pueden perjudicar a sus mercados. 
Estados Unidos ha ampliado su competencia extraterritorial más que ningún otro país. En 
concreto, la reclaman para aplicar sus normas de competencia a comportamientos que tienen 
lugar fuera de su territorio con objeto de abordar los problemas de acceso a los mercados que 
sufren los exportadores estadounidenses, independientemente de si sus consumidores se ven o 
no afectados por la actividad de que se trate, lista expansión de su competencia ha generado 
fricciones políticas en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Comunidad 
Europea con motivo de actividades desarrolladas en la Comunidad. 
La aplicación extraterritorial de normas no sólo genera fricciones políticas, sino también 
problemas prácticos derivados de la carencia de jurisdicción sobre las personas y de la 
dificultad de obtener pruebas en el extranjero. 
Cooperación internacional 
La aplicación extraterritorial de normas no es la única vía de la que disponen las autoridades 
de competencia para garantizar que se ponga término a ias actividades anticompetitivas que 
tienen lugar fuera de su territorio. Cada vez es más patente que, para regular eficaz y 
efectivamente las actividades anticompetitivas de empresas que operan en todo el mundo, las 
autoridades de competencia necesitan cooperar entre sí. La cooperación entre los organismos 
responsables de asegurar el cumplimiento de las normas de competencia puede además 
garantizar que las empresas no sean objeto de decisiones contradictorias. 
Así lo reconocieron, el 23 de septiembre de 1991, la Comisión y el Gobierno de Estados 
Unidos, al suscribir un acuerdo relativo a la aplicación de sus normas de competencia (el 
"Acuerdo de 1991")1. El Acuerdo de 1991 facilita la cooperación entre las autoridades de 
competencia de las Partes y la coordinación de sus actividades de control de la observancia de 
las normas de competencia. Además de facilitar la coordinación, el Acuerdo de 1991 exige 
que cada una de las Partes tenga en cuenta la presencia de intereses importantes de la otra 
Parte en todas las fases de sus actividades de aplicación (cortesía "tradicional" o "negativa"). 
Cortesía positiva 
El Acuerdo de 1991 introduce el concepto de cortesía positiva en las relaciones entre Estados 
Unidos y la Comunidad Europea. Su artículo V establece que, cuando una de las Partes se vea 
adversamente afectada por actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio de la 
otra Parte, podrá solicitar a esta última que adopte medidas para asegurar el cumplimiento de 
las normas. 
Naturalmente, desde el punto de vista de la Comunidad Europea, es preferible que Estados 
Unidos, a la hora de abordar actividades anticompetitivas que se desarrollen en el territorio 
comunitario, recurra al principio de cortesía positiva en vez de tratar de aplicar las normas de 
competencia estadounidenses. Gracias a la cortesía positiva, la Comisión, si así lo desea, 
puede mantener el control sobre los procedimientos empleados para abordar tales actividades. 
La cortesía positiva también presenta ventajas para las empresas, porque reduce el número de 
casos examinados por varias autoridades de competencia, limitando de este modo los costes 
que'les supone el ajustarse a la normativa y la posibilidad de que distintas autoridades de 
competencia tomen decisiones contradictorias. 
Además, la posibilidad de solicitar a las autoridades de competencia de Estados Unidos que 
investiguen y pongan fin a las actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio 
estadounidense pero que afecten adversamente a intereses de la Comunidad Europea presenta 
ventajas potenciales para esta última. La cortesía positiva puede permitir resolver problemas 
vinculados a la aplicación extraterritorial de la jurisdicción, tales como las dificultades para 
obtener pruebas sobre hechos ocurridos en el extranjero. 
II. El Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva 
en la aplicación de sus respectivas normas de competencia 
Antes de que la Comunidad Europea intensifique la cooperación con Estados Unidos, es 
necesario abordar las amplias pretensiones jurisdiccionales de Estados Unidos en lo que 
respecta a la aplicación de sus normas de defensa de la competencia. La cortesía positiva 
proporciona un método para hacer frente a las actividades anticompetitivas desarrolladas 
fuera del territorio de un país sin que resulte necesario ejercer la jurisdicción extraterritorial. 
A raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, este 
Acuerdo y el canje de notas interpretativas de 31 de mayo y de 31 de julio de 1991 fueron 
aprobados en nombre de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero mediante una decisión conjunta del Consejo y de la Comisión, de 10 de abril 
de 1995 (DO n° L 95, de 27.4.95, p. 45-50). 
Asimismo, permite a la Parte en cuyo territorio se desarrollan las actividades 
anticompetitivas, si así lo desea, mantener el control de cualesquiera medidas que se adopten 
con respecto a tales actividades. 
El 25 de octubre de 1996, por tanto, la Comisión recibió un mandato del Consejo para iniciar 
negociaciones con Estados Unidos con objeto de intentar llegar a un acuerdo que reforzara las 
disposiciones sobre cortesía positiva del Acuerdo de 1991. 
La Comisión ha negociado un proyecto de acuerdo2 con las autoridades estadounidenses. El 
proyecto de acuerdo se aplicará cuando determinadas actividades anticompetitivas se 
desarrollen en su totalidad o en una parte sustancial en el territorio de una de las Partes y al 
mismo tiempo tengan efectos adversos sobre los intereses de la otra Parte. En tales supuestos, 
esta última podrá solicitar a la Parte en cuyo territorio se desarrolle fundamentalmente tal 
comportamiento que adopte medidas de control de la observancia de la normativa 
(denominadas en el Acuerdo "actividades de aplicación") conforme a sus propias normas de 
competencia. 
El proyecto de acuerdo supone un importante paso adelante con respecto al artículo V del 
Acuerdo de 1991, dado que no sólo ofrece una serie de orientaciones sobre cómo gestionar 
las peticiones de cortesía positiva, sino que además presupone que, en determinadas 
circunstancias, una Parte aplazará o suspenderá, en principio, sus propias actividades de 
aplicación. 
La presunción de aplazamiento o suspensión se da cuando las actividades anticompetitivas de 
que se trate no tengan un impacto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre los 
consumidores de la Parte requirente o cuando se desarrollen principalmente en el territorio de 
la otra Parte y estén dirigidas principalmente a dicho territorio. En otros términos, el supuesto 
surge cuando la Parte requirente está tratando de proteger sus exportaciones o cuando las 
actividades anticompetitivas se centren en el territorio de la otra Parte. 
Hay otra serie de condiciones necesarias para que se dé el supuesto de aplazamiento o 
suspensión, entre las que destacan el compromiso de la Parte requerida de investigar el 
asunto, así como su deber de mantener informada a la Parte requirente sobre la evolución de 
las gestiones y de satisfacer las peticiones de esta última antes de concluir la investigación. La 
Parte requerida sólo podrá actuar conforme a sus propias normas de competencia y en la 
medida en que las actividades investigadas entren dentro del ámbito de aplicación de dichas 
normas. 
A pesar de que es necesario que la Parte requerida acepte una serie de condiciones para que se 
produzca el aplazamiento o la suspensión, dicha Parte no está obligada a aceptarlas. Por tanto, 
no hay riesgo de que se obligue a la Parte requerida a investigar un asunto cuando no le 
interese hacerlo. En numerosas ocasiones, sin embargo, le interesará poner fin a las 
actividades anticompetitivas desarrolladas en su territorio, razón por la cual puede ser 
extremadamente beneficioso llamar su atención sobre tales hechos. 
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de 
sus respectivas normas de competencia. 
El proyecto de acuerdo reconoce que puede haber circunstancias en las que resulte apropiado 
que ambas Partes lleven a cabo investigaciones paralelas; por ejemplo, cuando, por razones 
de interés público, la especial gravedad de las actividades anticompetitivas exija la 
imposición de sanciones en ambas jurisdicciones. Este reconocimiento de la posible 
conveniencia de llevar a cabo investigaciones paralelas sólo se aplicará cuando ambos 
mercados se vean perjudicados y en ningún caso cuando una Parte esté tratando de proteger 
sus exportaciones. 
Las operaciones de concentración no entran dentro del ámbito de aplicación del proyecto de 
acuerdo, debido a la normativa de ambas Partes relativa a este tipo de operaciones, que no 
contempla los supuestos de aplazamiento o suspensión previstos en el proyecto de acuerdo 
como consecuencia de la obligación de adoptar una decisión definitiva dentro de unos plazos 
rigurosos. 
La exposición de motivos que figura en el Anexo 1 ofrece una descripción detallada de las 
disposiciones del proyecto de acuerdo. 
III. Fundamento jurídico 
En la medida en que el proyecto de acuerdo se refiere a las normas de competencia del 
Tratado CE, el fundamento jurídico para que el Consejo suscriba el acuerdo es el artículo 87 
del Tratado CE en combinación con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 228 del 
mismo Tratado. El Parlamento Europeo deberá ser consultado previamente. En la medida en 
que el acuerdo se aplica a productos CECA, los artículos 65 y 66 del Tratado CECA 
constituyen el fundamento jurídico para que la Comisión adopte el proyecto de acuerdo. 
En contraste con el Acuerdo de 1991, no es aplicable en este caso el artículo 235 del 
Tratado CE, dado que los asuntos regulados por el Reglamento sobre operaciones de 
concentración no entran dentro del ámbito de aplicación del proyecto de acuerdo. 
IV. Conclusión 
La Comisión considera que el proyecto de acuerdo constituye un avance importante en las 
relaciones con Estados Unidos y refleja el compromiso político de este último país de 
cooperar con la Comisión en vez de tratar de aplicar extraterritorialmente sus normas de 
competencia en la Unión Europea. 
Cuando entre en vigor, el proyecto de acuerdo institucionalizará formalmente el compromiso 
político de Estados Unidos de abstenerse, en principio, de abordar actividades 
anticompetitivas que no afecten a los consumidores estadounidenses y se desarrollen 
principalmente en el territorio de la Comunidad Europea o estén dirigidas principalmente a 
dicho territorio, cuando la Comisión esté preparada para abordar el asunto. 
Dadas las ventajas de la cortesía positiva a las que se ha hecho referencia, y teniendo en 
cuenta que los importantes supuestos introducidos por el proyecto de acuerdo refuerzan este 
mecanismo, la Comisión propone que el Consejo, conjuntamente con la Comisión, adopte 
una decisión para suscribir el proyecto de acuerdo que se adjunta. A tal fin, en el Anexo 2 
contiene una propuesta de decisión del Consejo y la Comisión por la que se suscribe el 
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
relativo a la aplicación de los principios de cortesía positiva en la observancia de sus 
respectivas normativas de competencia. 
ANEXO 1 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación 
de sus respectivas normas de competencia 
Descripción del Acuerdo 
Objetivo 
El principal objetivo del proyecto de acuerdo es fomentar la aplicación de los principios de 
cortesía positiva y especificar las circunstancias en las que se recurrirá a la cortesía positiva y 
las normas de gestión de las peticiones correspondientes. 
Artículo I - Ámbito de aplicación y objeto 
El apartado 1 del artículo I del proyecto de acuerdo fija las circunstancias en las cuales se 
aplicará el Acuerdo: cuando en la totalidad o en una parte sustancial del territorio de una de 
las Partes se desarrollen actividades anticompetitivas que afecten adversamente a intereses de 
la otra Parte. Las actividades en cuestión deben estar prohibidas en virtud de las normas de 
competencia de la Parte en cuyo territorio se estén desarrollando. 
El apartado 2 establece que el objetivo del Acuerdo es suprimir los obstáculos a los 
intercambios comerciales y a los flujos de inversiones y establecer procedimientos de 
cooperación para lograr la aplicación más efectiva y eficaz de las normas de competencia. 
Artículo II - Definiciones 
Las definiciones utilizadas en el artículo II son las mismas que las contenidas en el Acuerdo 
de 1991, con la importante excepción de la definición de normas de competencia. En este 
caso, tanto para las Comunidades Europeas como para Estados Unidos, las operaciones de 
concentración han quedado explícitamente excluidas en virtud de sus respectivas normas 
relativas a dichas operaciones, que no permiten aplazar o suspender las actividades previstas 
en el proyecto de acuerdo como consecuencia de la obligación de adoptar una decisión 
definitiva dentro de unos plazos rigurosos. Como en el Acuerdo de 1991, es necesario prever 
la posibilidad de ampliar la definición de normas de competencia para tomar en consideración 
las nuevas leyes o los nuevos reglamentos de aplicación que se puedan adoptar en el futuro. 
La necesidad de que ambas Partes den su consentimiento por escrito a cualquier ampliación 
de la definición de normas de competencia evita el riesgo de que se amplíe la definición más 
allá de lo deseado. 
Asimismo, se incluyen tres nuevas definiciones: "efectos adversos" y "afectados 
adversamente", "Parte requirente" y "Parte requerida". 
Artículo III - Cortesía positiva 
El artículo III sienta el principio de cortesía positiva; dispone que, cuando una de las Partes 
considere que las actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio de la otra Parte 
afectan adversamente a sus intereses, podrá pedir a esta última que lleve a cabo las 
actividades de aplicación que resulten adecuadas. Esta posibilidad se aplica incluso en el 
supuesto de que la primera haya iniciado o prevea llevar a cabo sus propias actividades de 
aplicación. 
Artículo IV - Aplazamiento o suspensión de actividades de aplicación 
El apartado 1 del artículo IV establece que las Partes podrán acordar que la Parte requirente 
aplace o suspenda sus actividades de aplicación mientras la Parte requerida esté investigando 
el asunto de que se trate. 
El apartado 2 describe pormenorizadamente las condiciones en las que se presumirá que la 
Parte requirente aplazará o suspenderá sus actividades de aplicación. 
Hay que destacar lo dispuesto en el punto i) de la letra a) del apartado 2, que se refiere al 
aplazamiento o la suspensión de actividades de aplicación cuando las actividades 
anticompetitivas no repercutan sobre los consumidores de la Parte requirente. Esto significa 
que el supuesto de aplazamiento o suspensión se aplicará cuando las actividades 
anticompetitivas afecten exclusivamente a las exportaciones. 
Asimismo, según el punto ii) de la misma letra, el supuesto de aplazamiento o suspensión se 
da cuando el centro de gravedad de las actividades anticompetitivas sea el territorio de la otra 
Parte. El centro de gravedad de tales actividades se define en el proyecto de acuerdo como el 
territorio en el cual dichas actividades "se dan principalmente en el territorio de la otra Parte y 
están dirigidas principalmente a dicho territorio". 
La letra b) del apartado 2 dispone que el aplazamiento o la suspensión sólo se aplicarán 
cuando los efectos adversos sobre la Parte requirente puedan ser plena y adecuadamente 
investigados y contrarrestados por la Parte requerida. Las Partes reconocen que puede haber 
circunstancias en las cuales resulte adecuado que ambas Partes lleven a cabo investigaciones 
paralelas. Este supuesto podría darse cuando, por la naturaleza especialmente grave de las 
actividades anticompetitivas, el interés público exija la imposición de sanciones en ambas 
jurisdicciones. Este reconocimiento de la posible justificación de las investigaciones paralelas 
se aplicará exclusivamente cuando las actividades anticompetitivas perjudiquen a los 
mercados de ambas Partes. 
La letra c) del apartado 2 enumera una serie de requisitos que la Parte requerida deberá 
aceptar para el aplazamiento o la suspensión de las actividades de aplicación. Resulta 
necesario fijar estos compromisos para que la Parte requirente tenga confianza a la hora de 
aplazar o suspender sus propias actividades de aplicación. La Parte requerida deberá 
comprometerse a dedicar todos los esfuerzos y recursos necesarios para investigar las 
actividades anticompetitivas y mantener informada a la Parte requirente de la evolución de 
sus actividades de aplicación y de las iniciativas previstas. La Parte requerida deberá 
comprometerse a concluir sus investigaciones en el plazo de seis meses a partir del 
aplazamiento o la suspensión o en el plazo acordado entre las autoridades de competencia. 
Asimismo, la Parte requerida deberá tener en cuenta las opiniones de la Parte requirente antes 
de concluir su investigación y satisfacer las peticiones razonables que pueda formular esta 
última. 
Cuando resulte adecuado facilitar información confidencial a la Parte requirente con objeto de 
mantenerle informada de todas las iniciativas adoptadas, se deberá obtener el consentimiento 
de la fuente de dicha información. La legislación comunitaria asegura un elevado grado de 
protección de la información confidencial facilitada a la Comisión, y será necesario que el 
consentimiento obtenido sea suficiente para eximir a la Comisión de su obligación de 
mantener la confidencialidad, de conformidad con los principios generales del derecho 
comunitario, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el apartado 2 del artículo 20 
del Reglamento n° 17. Como el resto del proyecto de acuerdo, este artículo ha de interpretarse 
en combinación con el artículo VII, que establece que no se modificará la legislación vigente. 
Si la Parte requirente opta por no aplazar o suspender sus propias actividades de aplicación, 
cuando se cumplan las condiciones del apartado 2 del artículo IV, deberá informar a la Parte 
requerida de los motivos de tal decisión. Esta obligación de justificación permitirá que se 
controlen y expliquen detalladamente tales situaciones. 
El apartado 3 se limita a establecer que la Parte requirente podrá optar por aplazar o 
suspender sus actividades de aplicación aun cuando no se cumplan algunas de las condiciones 
fijadas en el apartado 2. 
En el apartado 4 se reconoce que la Parte que haya aplazado o suspendido sus actividades de 
aplicación podrá iniciarlas o reanudarlas posteriormente. En tales circunstancias, deberá 
informar a la otra Parte de sus intenciones y razones. Esta obligación de justificación 
permitirá controlar tales casos y proporcionará un método para comprender por qué la 
cooperación no ha satisfecho las expectativas de la Parte requirente. Cuando ambas Partes 
adopten sus propias medidas paralelamente, deberán cooperar ajustándose a lo dispuesto en el 
Acuerdo de 1991. 
Artículo V - Confidencialidad y utilización de la información^ 
El artículo V establece claramente que la información facilitada en virtud del Acuerdo sólo 
podrá ser utilizada para los fines previstos en el mismo, salvo en el supuesto de que la 
autoridad de competencia que haya facilitado tal información consienta en su utilización para 
fines distintos. A los que consientan en la revelación de determinada información 
confidencial se les ofrece una salvaguardia adicional: dicha información no podrá ser 
utilizada para otros fines salvo en el caso de que la autoridad de competencia y la fuente de 
información hayan dado su consentimiento. 
La confidencialidad de toda la información facilitada en virtud del proyecto de acuerdo está 
protegida por el artículo VIII del Acuerdo de 1991 y por el canje de notas interpretativas 
de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 3. 
3 Véase la nota 1. 
Artículo VI - Relación con el Acuerdo de 1991 
El artículo VI vincula estrechamente el Acuerdo de 1991 al proyecto de acuerdo y establece 
explícitamente que el segundo completa el primero, al desarrollar el concepto de cortesía 
positiva. El proyecto de acuerdo ha de interpretarse de forma coherente con el Acuerdo 
de 1991. 
Artículo VII - Legislación en vigor 
El artículo VII dispone que el Acuerdo no modifica la legislación en vigor en Estados Unidos 
y en la Comunidad Europea y que ha de interpretarse de forma coherente con dicha 
legislación. Es importante señalar que el Acuerdo no puede permitir que las autoridades de 
competencia de cualquiera de las Partes adopten iniciativas para las que no hayan sido 
habilitadas. 
Artículo VIII - Entrada en vigor y extinción 
El artículo VIII establece que el Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y se mantendrá en 
vigor hasta 60 días después de la fecha en la que una de las Partes notifique que desea poner 
término al mismo. 
10 
ANEXO 2 
Propuesta de 
DECISIÓN DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN 
relativa a la celebración del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en 
la aplicación de sus respectivas normas de competencia 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 87, en 
relación con el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 228, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en 
particular, sus artículos 65 y 66, 
Vista la propuesta de la Comisión4, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo5, 
Considerando que el Acuerdo de 23 de septiembre de 1991 entre las Comunidades Europeas 
y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de 
competencia y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en 
relación con dicho Acuerdo (denominados conjuntamente, en lo sucesivo, el "Acuerdo 
de 1991"), que se adjuntan a la Decisión 95/145/CE, CECA del Consejo y de la Comisión6 
han contribuido a promover la coordinación y la cooperación y a evitar conflictos en la 
aplicación de las normas de competencia; 
Considerando que el artículo V del Acuerdo de 1991, conocido comúnmente como el artículo 
sobre "cortesía positiva", aboga por la cooperación en relación con las actividades 
anticompetitivas realizadas en el territorio de una Parte que afecten a los intereses de la otra 
Parte; 
Considerando que un mayor desarrollo de los principios de cortesía positiva y de sus 
modalidades de aplicación incrementaría la eficacia del Acuerdo de 1991 en relación con 
dichas actividades; 
4 DOn° 
5 DOn° 
6 DO n° L 95 de 27.4.1995, p. 45, tal como ha sido rectificada en el DO n° L 131 
de 15.6.1995, p. 38. 
11 
Considerando que, a tal fin, la Comisión ha negociado un Acuerdo con el Gobierno de los 
Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en 
la aplicación de sus respectivas normas de competencia; 
Considerando que conviene aprobar dicho Acuerdo, 
DECIDEN: 
Artículo 1 
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en 
la aplicación de sus respectivas normas de competencia. 
El texto del Acuerdo, redactado en lenguas española, danesa, alemana, griega, inglesa, 
francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finesa y sueca, se adjunta a la presente Decisión. 
Artículo 2 
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para 
firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea. 
Se autoriza al Presidente de la Comisión para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para 
firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad Eiuropea del Carbón y del Acero. 
Hecho en Bruselas, 
Por el Consejo Por la Comisión 
El Presidente El Presidente 
12 
ACUERDO ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA OBSERVANCIA DE LOS 
PRINCIPIOS DE CORTESÍA POSITIVA EN LA APLICACIÓN DE SUS 
RESPECTIVAS NORMAS DE COMPETENCIA 
La Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte (en 
lo sucesivo, "las Comunidades Europeas"), y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por otra, 
Visto el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América relativo a la aplicación de sus normas de competencia, de 23 de septiembre de 1991, 
y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con dicho 
Acuerdo (denominadas conjuntamente, en lo sucesivo, el "Acuerdo de 1991"); 
Reconociendo que el Acuerdo de 1991 ha contribuido a promover la coordinación y la 
cooperación y a evitar conflictos en la aplicación de las normas de competencia; 
Teniendo en cuenta, en particular, que el artículo V del Acuerdo de 1991, conocido 
comúnmente como el artículo sobre "cortesía positiva", aboga por la cooperación en relación 
con las actividades anticompetitivas realizadas en el territorio de una Parte que afecten a los 
intereses de la otra; 
Considerando que un mayor desarrollo de los principios de la cortesía positiva y de sus 
modalidades de aplicación incrementaría la eficacia del Acuerdo de 1991 en relación con 
dichas actividades; 
Teniendo en cuenta que ninguna disposición del presente Acuerdo o su aplicación podrá ser 
interpretada en el sentido de prejuzgar la posición de una de las Partes por lo que respecta a 
las cuestiones de jurisdicción en materia de derecho de competencia a nivel internacional, 
Han acordado lo siguiente: 
Artículo I 
Ámbito de aplicación y objeto del presente Acuerdo 
1. El presente Acuerdo se aplicará cuando una Parte demuestre a la otra que existen 
razones para creer que concurren las siguientes circunstancias: 
a) en la totalidad o en una parte sustancial del territorio de una de las Partes se 
realizan actividades anticompetitivas que afectan a los intereses de la otra 
Parte, y 
b) que dichas actividades están prohibidas en virtud de las normas de 
competencia de la Parte en cuyo territorio se están llevando a cabo. 
13 
2. El presente Acuerdo tiene por objeto: 
a) contribuir a garantizar que los flujos comerciales y de inversión entre las 
Partes, así como la competencia y la protección de los consumidores en sus 
territorios respectivos no se verán obstaculizados por actividades 
anticompetitivas a las que puedan poner remedio las normas de competencia 
de una o ambas Partes; y 
b) establecer procedimientos de cooperación para lograr la aplicación más 
efectiva y eficiente de las normas de competencia, permitiendo a las 
autoridades en materia de competencia de cada Parte no tener que utilizar, en 
principio, recursos para hacer frente a las actividades anticompetitivas que se 
realicen principalmente en el territorio de la otra Parte y estén dirigidas 
principalmente a dicho territorio, cuando las autoridades en materia de 
competencia de la otra Parte puedan y estén dispuestas a examinar y adoptar 
sanciones efectivas en el marco de su legislación con respecto a estas 
actividades. 
Artículo II 
Definiciones 
A los efectos del presente Acuerdo, 
1. los términos "Efectos negativos" y "afectar", se refieren al perjuicio causado por 
actividades anticompetitivas: 
a) a la capacidad de las empresas en el territorio de una Parte para exportar, 
invertir o competir de otro modo en el territorio de la otra Parte, o 
b) a la competencia en los mercados nacional o de importación de una de las 
Partes. 
2. Se entenderá por "Parte" requirente". la Parte que se vea afectada por actividades 
anticompetitivas desarrolladas en la totalidad o en una parte substancial del territorio 
de la otra Parte. 
3. Se entenderá por "Parte requerida", la Parte en cuyo territorio se realicen tales 
actividades anticompetitivas. 
4. Se entenderá por "Normas de competencia": 
a) para las Comunidades Europeas, los artículos 85, 86 y 89 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (CE), el artículo 65 y el apartado 7 del 
artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA), y sus normas de desarrollo, con exclusión del 
Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones 
de concentración entre empresas, y 
14 
b) para los Estados Unidos de América, la Sherman Act (15 U.S.C. §§1-7), la 
Clayton Act (15 U.S.C. §§12-27), excepto en lo que se refiere a las 
investigaciones con arreglo al Titulo II de la Hart-Scott-Rodino Antitrust 
Improvements Act, de 1976, (15 U.S.C. § 18a), la Wilson Tariff Act 
(15 U.S.C. §§8-11) y la Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§41-58), a 
excepción de las disposiciones relativas a la protección de los consumidores), 
así como otras normas o reglamentos que las Partes definan, de común acuerdo y por 
escrito, como "normas de competencia" a los fines del presente Acuerdo. 
5. Se entenderá por "Autoridades en materia de competencia": 
a) para las Comunidades Europeas, la Comisión de las Comunidades Europeas, 
dentro del límite de las competencias que le atribuye el Derecho comunitario, 
b) para los Estados Unidos, la Antitrust Division del Ministerio de Justicia de los 
Estados Unidos y la Federal Trade Commission. 
6. Se entenderá por "Medidas de aplicación", la aplicación de las normas de competencia 
por medio de una investigación o un procedimiento llevado a cabo por las autoridades 
en materia de competencia de una Parte. 
7. Se entenderá por "Actividades anticompetitivas", cualquier comportamiento o 
transacción prohibidos por las normas de competencia de una de las Partes. 
Artículo III 
Cortesía positiva 
Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente podrán solicitar a las 
autoridades en materia de competencia de la Parte requerida que investiguen y, si está 
justificado, pongan remedio a las actividades anticompetitivas de conformidad con las normas 
de competencia de la Parte requerida. Dicha solicitud podrá realizarse independientemente de 
si las actividades también infringen las normas de competencia de la Parte requirente y de si 
las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente han iniciado o prevén 
adoptar medidas de aplicación en el marco de sus propias normas de competencia. 
Artículo IV 
Aplazamiento o suspensión de investigaciones en relación con 
las medidas de aplicación de la Parte requerida 
1. Las autoridades en materia de competencia de las Partes podrán acordar que las 
autoridades en materia de competencia de la Parte requirente aplacen o suspendan las 
medidas de aplicación previstas o ya tomadas mientras se estén llevando a cabo las 
medidas de aplicación de la Parte requerida. 
15 
2. Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente aplazarán o 
suspenderán normalmente sus propias medidas de aplicación en favor de las medidas 
tomadas por las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: 
a) las actividades anticompetitivas en cuestión: 
i) no tienen un efecto directo, sustancial y razonablemente previsible 
sobre los consumidores del territorio de la Parte requirente, o 
ii) si bien tienen tal efecto sobre los consumidores de la Parte requirente, 
se realizan principalmente en el territorio de la otra Parte y están 
dirigidas principalmente a dicho territorio; 
b) los efectos negativos sobre los intereses de la Parte requirente pueden ser, y es 
probable que sean, plena y adecuadamente investigados y, en su caso, 
eliminados o convenientemente corregidos aplicando las normas, 
procedimientos y medidas correctoras de la Parte requerida. Las Partes 
reconocen que podría ser apropiado tomar medidas de aplicación por separado 
cuando las actividades anticompetitivas que afecten a ambos territorios 
justifiquen la imposición de sanciones en el ámbito de su respectiva 
jurisdicción; 
c) al llevar a cabo sus propias medidas de aplicación, las autoridades en materia 
de competencia de la Parte requerida se comprometen a: 
i) dedicar los recursos adecuados a investigar las actividades 
anticompetitivas y, en su caso, tomar sin demora las medidas de 
aplicación apropiadas; 
ii) procurar por todos los medios utilizar todas las fuentes de información 
razonablemente disponibles, incluidas aquellas que puedan sugerir las 
autoridades en materia de competencia de la Parte requirente; 
iii) informar a las autoridades en materia de competencia de la Parte 
requirente, a instancia de éstas o a intervalos razonables, sobre el 
estado de avance de sus medidas de aplicación y de sus intenciones al 
respecto, y, en su caso, facilitar a las autoridades en materia de 
competencia de la Parte requirente, información confidencial pertinente 
siempre que se haya obtenido el consentimiento de su fuente. La 
utilización y la divulgación de tal información se regirá por el 
artículo V; 
iv) notificar rápidamente a las autoridades en materia de competencia de la 
Parte requirente toda modificación de sus intenciones respecto de la 
investigación o de las medidas de aplicación; 
v) procurar por todos los medios concluir su investigación y llegar a una 
solución o iniciar un procedimiento en el plazo de seis meses, o en 
cualquier otro plazo que establezcan de común acuerdo las autoridades 
16 
en materia de competencia de las Partes, a partir del aplazamiento o 
suspensión de las medidas de aplicación por las autoridades en materia 
de competencia de la Parte requirente; 
vi) informar plenamente a las autoridades en materia de competencia de la 
Parte requirente sobre los resultados de su investigación, y tomar en 
cuenta la opinión de las autoridades en materia de competencia de 
dicha Parte, antes de llegar a un arreglo, iniciar un procedimiento, 
adoptar medidas correctoras o concluir la investigación; 
vii) atender cualquier solicitud razonable que presenten las autoridades en 
materia de competencia de la Parte requirente. 
Cuando se cumplan dichas condiciones, la Parte requirente que opte por no aplazar ni 
suspender sus medidas de aplicación comunicará sus razones a las autoridades en 
materia de competencia de la Parte requerida. 
3. Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente podrán aplazar o 
suspender sus propias medidas de aplicación incluso cuando no se cumplan todas las 
condiciones establecidas en el apartado 2. 
4. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a las autoridades en materia de 
competencia de la Parte requirente que opten por aplazar o suspender sus propias 
medidas de aplicación, iniciar o restablecer dichas medidas posteriormente. En tales 
circunstancias, las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente 
informarán sin demora a las autoridades en materia de competencia de la Parte 
requerida sobre sus intenciones y razones. Si las autoridades en materia de 
competencia de la Parte requerida prosiguen su propia investigación, las autoridades 
en materia de competencia de las dos Partes coordinarán, en su caso, sus respectivas 
investigaciones conforme a los criterios y procedimientos del artículo IV del Acuerdo 
de 1991. 
Artículo V 
Confidencialidad y utilización de la información 
Cuando, de conformidad con el presente Acuerdo, las autoridades en materia de competencia 
de una Parte faciliten información a las autoridades en materia de competencia de la otra 
Parte a efectos de aplicación del presente Acuerdo, dicha información será utilizada por estas 
últimas únicamente para tal fin. Sin embargo, las autoridades de competencia que la hayan 
facilitado podrán autorizar su utilización para otros fines, siempre que, cuando se haya 
facilitado información en virtud del inciso iii) de la letra c) del apartado 2 del artículo IV y 
con el consentimiento de la fuente interesada, esta fuente autorice también su utilización para 
otros fines. Cualquier divulgación de dicha información deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
Artículo VIII del Acuerdo de 1991 y al Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 
31 dejuliodel995. 
17 
Artículo VI 
Relación con el Acuerdo de 1991 
El presente Acuerdo completará el Acuerdo de 1991 y deberá interpretarse de forma 
compatible con este último, que seguirá plenamente en vigor. 
Artículo VII 
Legislación vigente 
Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de forma incompatible con la 
legislación vigente en los Estados Unidos de América o en las Comunidades Europeas, o en 
sus respectivos Estados o Estados miembros, ni en un sentido que requiera una modificación 
de dicha legislación. 
Artículo VIII 
Entrada en vigor y denuncia 
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma. 
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta sesenta días después de la fecha en 
que una de las Partes notifique por escrito a la otra que desea denunciar el Acuerdo. 
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, han firmado el presente 
Acuerdo. 
HECHO en, por duplicado, el de de 1997, 
en lenguas española, danesa, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, 
portuguesa, finesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos. 
Por la Comunidad Europea y Por el Gobierno de los 
por la Comunidad Europea del Estados Unidos de América, 
Carbón y del Acero, 
18 
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 
(sobre confidencialidad de la información) 
La declaración realizada por la Comisión, en abril de 1995, sobre la confidencialidad de la 
información y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en 
relación con el Acuerdo de 1991 son plenamente aplicables al presente Acuerdo. 
El artículo VII del presente Acuerdo establece que la legislación vigente se mantendrá sin 
modificaciones y que el Acuerdo deberá interpretarse de forma compatible con dicha 
legislación. Por consiguiente, el presente Acuerdo no deberá permitir a las autoridades en 
materia de competencia de ninguna de las Partes realizar actos para los que no estuviesen 
facultadas previamente. Como consecuencia de ello, la Comisión únicamente podrá facilitar 
información a las autoridades estadounidenses cuando sea compatible con la legislación 
comunitaria. 
i 
Si bien el presente Acuerdo establece que puede resultar apropiado facilitar información a la 
otra Parte con objeto de mantenerla informada sobre las medidas de aplicación, la 
información confidencial únicamente podrá suministrarse con el consentimiento de la fuente 
de dicha información. La legislación comunitaria confiere un alto nivel de protección a la 
información confidencial facilitada a la Comisión, y será necesario que el consentimiento 
obtenido sea suficiente para dispensar a la Comisión de su obligación de confidencialidad con 
arreglo a los principios generales de la legislación comunitaria, la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento n° 17 
del Consejo. 
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 
(sobre transparencia) 
Serán aplicables los principios de transparencia que rigen las relaciones entre la Comisión y 
los Estados miembros para la aplicación de las normas de competencia contenidos, por 
ejemplo, en el Reglamento n° 17 del Consejo, y las disposiciones contenidas en el Canje de 
Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con el Acuerdo 
de 1991. 
Los Estados miembros deberán ser informados de todos los procedimientos incoados por la 
Comisión a raíz de una solicitud de las autoridades estadounidenses en virtud del artículo III 
del presente Acuerdo. 
Los Estados miembros deberán ser informados cuando la Comisión, de conformidad con el 
artículo III del presente Acuerdo solicite a las autoridades estadounidenses que investiguen 
actividades anticompetitivas. 
19 
Cuando la Comisión inicie procedimientos a instancia de las autoridades estadounidenses, 
con arreglo al artículo III del presente Acuerdo, se deberá informar a las empresas afectadas 
de la existencia de dicha solicitud, a más tardar cuando se presente el pliego de cargos, o 
cuando se realice una publicación de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del 
Reglamento n° 17. 
El informe anual presentado por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la 
aplicación del Acuerdo de 1991 deberá referirse asimismo a la aplicación del presente 
Acuerdo. 
20 
ISSN 0257-9545 
COM(97) 233 final 
DOCUMENTOS 
ES 08 02 10 11 
N° de catálogo : CB-CO-97-311-ES-C 
ISBN 92-78-21670-4 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
21