La inviabilidad de una entidad financiera puede contagiarse a otras entidades, en particular cuando el sometimiento a los procedimientos de insolvencia ordinarios supone una amenaza para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. En estos casos, el Estado puede verse obligado a rescatar la entidad con dinero de los contribuyentes, pues, de no hacerlo, se podría desencadenar una crisis de carácter sistémico que conllevaría enormes pérdidas para la economía. Recientemente, a fin de atajar esta crisis sistémica, han sido necesarias intervenciones públicas, a costa del contribuyente, para rescatar un gran número de bancos. En respuesta a esta situación, se ha reforzado considerablemente la normativa prudencial de la UE aplicable a los bancos y, lo que es más importante, se ha establecido un nuevo marco —la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB)— que confiere competencias a las autoridades pertinentes para asegurar la inviabilidad ordenada de los bancos. En virtud de este marco, los bancos han de prepararse de forma más efectiva para gestionar las dificultades financieras, se confieren a las autoridades competentes facultades de intervención temprana en los bancos en vías de inviabilidad o cuando existan probabilidades de que acaben siendo inviables, se establece un conjunto común de instrumentos de resolución para gestionar la inviabilidad y se asignan las posibles pérdidas financieras entre los interesados en el banco. Por consiguiente, la DRRB facilita la reestructuración por parte de las autoridades públicas de un banco en vías de inviabilidad o cuando existan probabilidades de que acabe siendo inviable, minimizando al mismo tiempo los costes para los contribuyentes. Las entidades de contrapartida central (ECC) intervienen entre las contrapartes de transacciones financieras para asumir y ejercer sus derechos y obligaciones, actuando como compradoras con respecto a todo vendedor y como vendedoras frente a todo comprador para un determinado conjunto de contratos. Aunque las ECC son menos vulnerables a la inviabilidad que los bancos, ello no significa que sean inmunes. Existe un consenso internacional acerca de la necesidad de supervisar de cerca y dar respuesta a los riesgos financieros sistémicos de todas las entidades financieras, no solo de los bancos . La reciente crisis ha puesto de manifiesto que cualquier intervención pública encaminada a atajar los riesgos de las entidades financieras debe ser rápida y recurrir en la menor medida posible al dinero de los contribuyentes. Es un hecho comúnmente aceptado que se requiere imperiosamente un marco de recuperación y resolución de ECC para toda la UE. El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), un grupo de reguladores internacionales de alto nivel que trabaja bajo los auspicios del G-20 con miras a la reforma del marco regulador financiero a raíz de la crisis y a la reducción de los riesgos emergentes, también ha dado prioridad a esta labor. El modelo de negocio de las ECC conlleva una importante concentración de riesgo financiero, principalmente de los bancos, que son sus principales usuarios, pero también de otros agentes financieros. Este modelo es, por su propia naturaleza, transfronterizo, dentro de un mercado de la UE y mundial integrado. Por otra parte, no cabe duda de que la importancia sistémica de las ECC seguirá creciendo como consecuencia del compromiso del G20 de compensar los derivados extrabursátiles (OTC) mediante ECC, transfiriendo los riesgos inherentes a dichos instrumentos desde los bancos para concentrarlos en las ECC, y garantizando la gestión centralizada de riesgos. Pese a la escasa probabilidad de que acaezca, la inviabilidad de una ECC podría, dada su posición central en los mercados y, en particular, sus vínculos directos con los bancos, generar, de no gestionarse de manera ordenada, un enorme efecto de contagio dentro del sistema financiero. Por consiguiente, es necesario un marco legislativo que faculte a las autoridades competentes para hacer frente a este riesgo para la estabilidad financiera reestructurando y liquidando rápidamente las operaciones de una ECC de manera ordenada en caso de amenaza de inviabilidad sistémica. Además, se deberían adoptar medidas legislativas que incentiven una buena gestión de los riesgos de las ECC y protejan a los clientes de los grandes bancos que utilizan los servicios de compensación de las ECC y a los contribuyentes de grandes pérdidas en caso de resolución.