COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.6.2022 COM(2022) 331 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2020



Informe sobre el seguimiento de las peticiones realizadas por el Parlamento Europeo en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión y por el Consejo en su recomendación sobre la aprobación de la gestión del ejercicio de 2020 1.Introducción El año 2020 fue un año crucial para el presupuesto de la UE. Gracias a las flexibilidades y los instrumentos presupuestarios establecidos al inicio de la pandemia de COVID-19, los fondos de la UE se utilizaron para proporcionar equipos médicos, apoyar la investigación de tratamientos y vacunas y salvar puestos de trabajo y empresas. El presupuesto de la UE también siguió financiando sus prioridades horizontales y, en particular, las transiciones ecológica y digital. En 2020 también se adoptó el mayor paquete de estímulo jamás financiado por la UE: NextGenerationEU. El 4 de mayo de 2022, el Parlamento Europeo decidió, teniendo en cuenta una recomendación del Consejo, cerrar el capítulo sobre este año sin precedentes concediendo a la Comisión la aprobación de la gestión relativa a la ejecución del presupuesto de la UE en 2020. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo también realizaron una serie de peticiones a la Comisión. La Comisión comparte los principales objetivos reflejados en dichas peticiones: ·Situar el rendimiento en el centro de la ejecución del presupuesto. El dinero debe gastarse en consonancia con las prioridades de la UE y lograrlos resultados esperados sobre el terreno, provocando así resultados tangibles y cambios positivos para el público en general y otros beneficiarios. ·Proteger el presupuesto de la UE. La Comisión está realizando un seguimiento de las acusaciones o sospechas de uso indebido o mala gestión de los fondos de la UE. Adopta todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la UE, incluso, en su caso, suspensiones de pagos, correcciones financieras y medidas reglamentarias para reforzar su sistema de control, como un Reglamento Financiero adaptado y el Reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE (el «Reglamento sobre la condicionalidad»). ·En general, la Comisión logra un equilibrio adecuado entre una serie de objetivos distintos, como la minimización de los errores, una sólida protección contra el uso indebido de los fondos, la rapidez de los pagos, el mantenimiento en un nivel razonable de los costes y la carga de los controles para las autoridades públicas y los beneficiarios, y el valor añadido a través del gasto de la UE. El presente informe sobre el seguimiento del procedimiento de aprobación de la gestión de 2020 proporciona, como parte del paquete integrado de informes financieros y de rendición de cuentas (IFAR, por sus siglas en inglés), un resumen de las medidas adoptadas por la Comisión en respuesta a algunas de estas peticiones, tal como se recoge en el apartado sobre prioridades políticas de la resolución sobre la aprobación de la gestión. La Comisión facilitará información más detallada y actualizada en respuesta a recomendaciones específicas cuando se inicie el procedimiento de aprobación de la gestión de 2021 a finales de este año. 2.Repercusión de la COVID-19 en la gestión de los fondos de la UE La Comisión introdujo nuevos instrumentos y proporcionó flexibilidad para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, pero esta también creó retos y riesgos nuevos para el presupuesto de la UE. En primer lugar, la flexibilidad ofrecida no implicaba una relajación de los controles. Por ejemplo, la ampliación de los plazos para la ejecución de los proyectos y la presentación de propuestas y ofertas no comprometió los controles. Las normas modificadas que se introdujeron en los procedimientos de control de los Estados miembros eran limitadas en cuanto a tiempo y alcance. En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 impidió la realización de auditorías y controles sobre el terreno. Por lo tanto, la Comisión aplicó sólidas medidas de mitigación, como la realización de exámenes documentales y auditorías a distancia y el uso de soluciones informáticas (fotos geoetiquetadas, imágenes por satélite, videoconferencias, etc.). Tanto la Comisión como los Estados miembros consiguieron mantener un elevado nivel de cobertura y garantía de auditoría. Por consiguiente, la Comisión considera que sus estimaciones del riesgo en el momento del pago y del riesgo en el momento del cierre son fiables y reflejan el nivel de error en las operaciones financieras. De hecho, la Comisión ha establecido sistemas de control plurianuales para proteger el presupuesto de la UE contra irregularidades y fraudes. Esto se debe a que los programas se ejecutan a lo largo de varios años. Para el ejercicio de 2021, la Comisión estimó el riesgo de error al cierre, que tiene en cuenta las estimaciones de correcciones futuras para todos los programas, en un 0,8 % en términos generales, en consonancia con años anteriores y con el objetivo de mantenerlo muy por debajo del 2 %. 3.Un sistema de control reforzado para un presupuesto nuevo y más elevado En 2020, se aprobaron el marco financiero plurianual (MFP) para el período de 2021-2027 y la mayor parte de los actos de base por los que se establecen programas de gasto. En 2020, también se acordó el mayor paquete de estímulo jamás financiado por la UE: NextGenerationEU. Este nuevo presupuesto ampliado llevó a la Comisión a ajustar y reforzar su sistema de control y auditoría.

La Comisión seguirá manteniendo informado al Parlamento Europeo sobre las auditorías y los controles que lleve a cabo, también en relación con NextGenerationEU. ·3.1. El sistema de control e información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) El MRR se basa en la ejecución. Los fondos del MRR se desembolsan cuando los Estados miembros han cumplido una serie de pasos clave (los denominados hitos y objetivos) en la ejecución de las reformas y las inversiones incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. En 2021, se crearon estructuras de gobernanza, procesos internos y estrategias de control específicos para tener esto en cuenta. La Comisión se basa en los controles de los Estados miembros y los complementa con sus propios controles en caso necesario. En concreto, la liberación de fondos en el marco del MRR depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los correspondientes hitos y objetivos establecidos en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. La Comisión asegura que tiene garantías razonables de que los hitos y objetivos subyacentes a un pago se cumplen satisfactoriamente. Los Estados miembros garantizan que los fondos recibidos del MRR se gasten de conformidad con la legislación nacional y de la UE pertinente. Los sistemas nacionales de control son, por tanto, el principal instrumento para proteger los intereses financieros de la UE. Al evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, la Comisión comprueba que los Estados miembros hayan establecido sistemas de control interno que aborden adecuadamente todos los riesgos pertinentes y, en particular, los relacionados con los conflictos de intereses, el fraude, la corrupción y la doble financiación. Cuando se detectan deficiencias en los sistemas de control, pueden determinarse hitos específicos para subsanarlas, cuyo cumplimiento es una condición previa para cualquier pago en el marco del MRR (excepto en el caso de la prefinanciación). La Comisión puede intervenir si los Estados miembros no cumplen sus propias obligaciones de control. La Comisión tiene derecho a recuperar la financiación si: ·advierte un caso de fraude, corrupción o conflicto de intereses que afecta a los intereses financieros de la UE y que no ha sido abordado por el Estado miembro de que se trate; ·advierte un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de un acuerdo de financiación o de préstamo (incluida la doble financiación) o ·constata que los hitos y objetivos no se han cumplido satisfactoriamente. Además, la Comisión llevará a cabo auditorías sobre los hitos y objetivos. También auditará los sistemas de control de los Estados miembros para determinar si pueden prevenir, detectar o corregir adecuadamente el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación, y si se han producido o se están produciendo incumplimientos graves de las obligaciones. La Comisión también podrá llevar a cabo auditorías y controles basados en el riesgo en caso de duda. No auditará la conformidad de los gastos efectuados por los Estados miembros en relación con el MRR con la legislación de la UE y nacional (por ejemplo, las normas en materia de contratación pública o ayudas estatales). Cuando proceda, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Fiscalía Europea ejercerán sus respectivas competencias. Además, en el marco de las actividades de formación de apoyo impartido por la Comisión a las autoridades nacionales, la OLAF presentó a dichas autoridades un concepto de marco de riesgo de fraude del MRR. También se alienta a los Estados miembros a poner en marcha ejercicios específicos de gestión de riesgos relacionados con la implementación del MRR. La Comisión también es consciente de que sus nuevas operaciones de empréstito y préstamo relacionadas con NextGenerationEU han aumentado la necesidad de ofrecer suficiente transparencia, tanto para el público en general como para los inversores, sobre los logros del MRR y la exposición financiera de la UE. En cuanto a los logros, la Comisión ha establecido un cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia que muestra cómo avanza la implementación del MRR. Ofrece información sobre el estado de los hitos y objetivos y contiene resultados agregados a escala de la UE gracias a la presentación periódica de informes por parte de los Estados miembros sobre indicadores comunes. La Comisión también ha creado un cuadro de indicadores de bonos verdes de NextGenerationEU para ofrecer al público en general una visión general en tiempo real de las medidas relacionadas con el clima que se financian con los fondos recaudados a través de los bonos verdes de NextGenerationEU, muchos de los cuales se asignan al MRR. El cuadro de indicadores permite a los inversores analizar las oportunidades de inversión y supervisar la aplicación de las medidas en curso financiadas por los bonos verdes de NextGenerationEU. En cuanto a la exposición financiera, el artículo 250 del Reglamento Financiero ya exige a la Comisión que presente un informe general anual sobre los instrumentos financieros, las garantías presupuestarias y la asistencia financiera. Con NextGenerationEU, la Comisión también se ha comprometido ahora a presentar informes anuales, semestrales y trimestrales dedicados específicamente a los activos y pasivos derivados de las operaciones de empréstito y préstamo del nuevo instrumento de recuperación. ·3.2. Estrecha cooperación con los organismos nacionales de ejecución en régimen de gestión compartida Una vez se ha asegurado de que los organismos nacionales de ejecución (esto es, las autoridades de gestión y auditoría en el caso de la política de cohesión y los organismos pagadores y de certificación en el caso de la política agrícola común —la PAC—) funcionan correctamente, la Comisión se basa en su labor para la ejecución de los fondos en régimen de gestión compartida. Gracias a su conocimiento minucioso y detallado del funcionamiento de los sistemas, la Comisión puede detectar deficiencias en la gestión y el control nacionales, y puede aplicar todas las herramientas de que dispone para proteger los fondos de la UE. En términos generales, el trabajo de los organismos nacionales de ejecución se considera fiable y sólido. Solo en un número limitado de casos, que se divulgan de forma transparente en los informes anuales de actividades (IAA) de las Direcciones Generales de la Comisión y en el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión, se detectan problemas que requieren que la Comisión adopte medidas firmes. En el ámbito de la política de cohesión, la Comisión emprende cada año acciones para mejorar la eficacia de los sistemas de gestión y control a la hora de reducir el porcentaje de error. Apoya a las autoridades responsables de los programas a través de reuniones, orientación y formación, así como mediante la coordinación de redes transnacionales destinadas a compartir buenas prácticas y alentar a las autoridades a simplificar los procedimientos y evitar cargas administrativas innecesarias. Cuando detecta casos en los que las autoridades de gestión han pasado por alto errores o las autoridades de auditoría individuales no han detectado errores de manera adecuada, exhaustiva o rápida, la Comisión les exige adoptar medidas correctoras específicas para mejorar su sistema de control. La Comisión puede pedir a los Estados miembros que corrijan errores cuando no hayan logrado subsanarlos en primera instancia. Por último, en determinadas circunstancias, la Comisión puede suspender o interrumpir los pagos hasta que tenga pruebas de que se han realizado las mejoras necesarias en el sistema o se han aplicado las correcciones financieras adecuadas. En el ámbito de la PAC, la Comisión ha ayudado a los Estados miembros a mantener el porcentaje de error en niveles bajos mediante la introducción de varias simplificaciones normativas en los últimos seis años. Además, la Comisión organiza reuniones con los organismos pagadores para compartir buenas prácticas sobre la implementación de la PAC e informarles sobre cuestiones estratégicas en lo que respecta a las garantías, la auditoría y la ejecución, en particular en lo referente a la ejecución del sistema de seguimiento de superficies y las cuestiones relativas a la lucha contra el fraude y los conflictos de intereses. Del mismo modo, se organizan reuniones periódicas de grupos de expertos con los organismos de certificación, con el fin de compartir las mejores prácticas y proporcionar orientación sobre distintos temas.

Habida cuenta del nuevo marco legislativo de la PAC, la Comisión también ha iniciado un diálogo estructurado con los Estados miembros. Esto incluye cartas, reuniones y recomendaciones para ayudarles a preparar sus planes estratégicos de la PAC. De ser necesario, la Comisión puede utilizar tanto medidas preventivas (como la interrupción, las suspensiones y las reducciones de los pagos) como medidas correctoras (en forma de correcciones financieras netas). Si se detectan deficiencias graves en el marco de los procedimientos de conformidad, la Comisión puede solicitar a los Estados miembros que elaboren y ejecuten planes de acción con medidas correctoras y un calendario claro. Asimismo, la Comisión sigue desarrollando y perfeccionando sus herramientas para luchar contra el fraude. La Estrategia de Lucha contra el Fraude de la Comisión dota a la Comisión de una mayor capacidad analítica para prevenir y detectar el fraude y para mejorar la cooperación en materia de lucha contra el fraude. ·3.3. Proporcionar financiación suficiente para las auditorías y los controles en la Comisión El aumento del importe de los fondos por desembolsar en los próximos años requiere una capacidad adicional de control y auditoría en la Comisión. En este contexto, se están contratando unos 190 trabajadores equivalentes a jornada completa (EJC) para la ejecución de tareas relacionadas con NextGenerationEU, en particular, de control y auditoría, y ya se han reasignado 94 EJC adicionales a estas tareas desde otros lugares de la Comisión. La Comisión no solo está aumentando su capacidad en términos de personal, sino que también está mejorando la calidad de las auditorías. En el ámbito de la política de investigación e innovación, por ejemplo, la Comisión ha creado campañas de información y establecido formaciones intensivas para los auditores, ha mejorado el mandato del nuevo contrato marco con empresas de auditoría externa y ha llevado a cabo misiones de auditoría conjuntas en las que han participado tanto los servicios de auditoría de la Comisión como empresas de auditoría externa. ·3.4. Refuerzo del TCE, la OLAF y la Fiscalía Europea Habida cuenta del aumento de la carga de trabajo que suponen los nuevos programas de gasto para el TCE, la autoridad presupuestaria ha aprobado veinte puestos adicionales para el TCE con carácter temporal hasta 2027. Del mismo modo, se han previsto siete miembros de personal externo adicionales para la OLAF en 2022, con el fin de ayudarle a hacer frente al aumento de la carga de trabajo. La propuesta de proyecto de presupuesto para 2023 prevé una reasignación de seis puestos adicionales a la OLAF procedentes de otras partes de la Comisión con vistas a asumir la carga de trabajo adicional, también en todo lo relativo a NextGenerationEU. Por último, la Fiscalía Europea casi duplicará su personal durante el ejercicio presupuestario de 2022, con 118 puestos adicionales. La Comisión propone consolidar este importante refuerzo de los recursos de la Fiscalía Europea manteniendo este nuevo nivel de dotación de personal en el proyecto de presupuesto de 2023. ·3.5 Más allá de la protección del presupuesto: proteger a los beneficiarios legítimos de los fondos y disuadir del uso indebido de los fondos de la UE y perseguirlo La UE ha desarrollado un sistema de gestión y control multinivel (a escala de la UE, nacional y regional) que garantiza la protección de su presupuesto. La UE no solo debe proteger su presupuesto, sino también garantizar que los beneficiarios legítimos de los fondos estén protegidos y no tengan la impresión de que el fraude o la corrupción pueden quedar impunes. Por consiguiente, la UE ha reforzado su capacidad judicial. La Fiscalía Europea, de reciente creación, puede perseguir directamente los delitos contra los intereses financieros de la UE. La llegada de la Fiscalía Europea al panorama de la lucha contra el fraude de la UE contribuye en gran medida a disuadir del uso indebido de los fondos de la UE y, en última instancia, garantiza al público en general que los defraudadores y los políticos corruptos no están por encima de la ley. Para los Estados miembros que no participan en la Fiscalía Europea, sigue vigente el marco actual de lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la UE. La OLAF, reforzada por su Reglamento recientemente revisado, proseguirá con sus investigaciones administrativas en todos los Estados miembros y cooperará con las autoridades nacionales tal y como ya hace. Para asegurarse de que las empresas de la UE no se vean afectadas por la competencia desleal, la UE también ha formulado normas sobre contratación pública con vistas a garantizar que los contratos públicos se adjudiquen mediante procedimientos de licitación transparentes, no discriminatorios y competitivos. Asimismo, una vez haya sido adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo (los colegisladores), el Instrumento de Contratación Pública Internacional deberá permitir a la Comisión adoptar una decisión que dificulte la obtención de contratos públicos de la UE a los licitadores de terceros países que no operen conforme a las mismas normas. En 2021, la Comisión también propuso un Reglamento para abordar el falseamiento de la competencia en el mercado interior provocado por las subvenciones extranjeras. El nuevo régimen general de condicionalidad complementa estos nuevos instrumentos. 4.Estado de Derecho y valores fundamentales El Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE (el «Reglamento sobre la condicionalidad») está en vigor y es aplicable desde el 1 de enero de 2021. Abarca todas las vulneraciones pertinentes de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecten o amenacen con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la UE o la protección de los intereses financieros de la UE de un modo suficientemente directo.

El Reglamento sobre la condicionalidad permite a la UE adoptar medidas (por ejemplo, suspensión de los pagos o correcciones financieras) para proteger el presupuesto de la UE, al tiempo que garantiza que los beneficiarios finales de los fondos de la UE sigan recibiendo sus pagos directamente del Estado miembro al que corresponda. En marzo de 2021, Hungría y Polonia impugnaron el Reglamento sobre la condicionalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El 16 de febrero de 2022, el TJUE desestimó sus recursos y confirmó la validez del Reglamento sobre la condicionalidad. El 2 de marzo de 2022, la Comisión publicó unas directrices sobre la ejecución del Reglamento que tienen en cuenta la sentencia del TJUE. El 27 de abril de 2022, la Comisión envió una notificación por escrito a Hungría. Este es el primer paso del procedimiento establecido por el Reglamento sobre la condicionalidad para proteger el presupuesto de la UE, ya sea impulsando la aplicación de medidas correctoras eficaces por parte del Estado miembro afectado o mediante la adopción de medidas por parte del Consejo. El Reglamento sobre la condicionalidad complementa otros instrumentos y procedimientos establecidos por la legislación de la UE para proteger el presupuesto. Algunos ejemplos son las investigaciones de la OLAF, los controles y auditorías, y las correcciones financieras. Entre estos otros instrumentos y procedimientos, el Reglamento Financiero contiene obligaciones y mecanismos para garantizar que los fondos de la UE en el ámbito de las acciones exteriores no lleguen a entidades o personas que infrinjan el Estado de Derecho y los principios democráticos. El Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en los países receptores, junto con los valores fundamentales de la UE, se integran en mayor medida en actos de base relacionados con la financiación exterior, incluidos el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III). El IVCDCI excluye de la financiación de la UE cualquier acción o medida que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos en los países socios. En el marco del IAP III, la Comisión examina las garantías actuales de los derechos fundamentales en un país beneficiario para tomar una decisión sobre la ayuda que debe prestarse. Ambos instrumentos prevén la posibilidad de modular la ayuda para garantizar el cumplimiento de los principios democráticos, los derechos humanos o el Estado de Derecho. Por último, la Comisión concede fondos de conformidad con las medidas restrictivas de la UE (sanciones) y en aplicación de las mismas. 5.las propuestas de la Comisión para reforzar la digitalización del seguimiento, el control y la auditoría de los fondos de la UE mediante el ajuste específico del Reglamento Financiero Para el MFP 2021-2027 y el instrumento NextGenerationEU, la Comisión ha presentado propuestas destinadas a mejorar la calidad y la interoperabilidad de los datos sobre los beneficiarios de financiación de la UE cuando el presupuesto se ejecuta en régimen de gestión compartida y en el marco del MRR. Los colegisladores aceptaron la propuesta de la Comisión de exigir a los Estados miembros que registren y almacenen datos sobre los beneficiarios de financiación de la UE y sobre los titulares reales de dichos beneficiarios. En el caso de la PAC, los Estados miembros recopilarán, cuando proceda, datos sobre los grupos a los que pertenecen los beneficiarios. La Comisión desea utilizar el ajuste específico del Reglamento Financiero para seguir mejorando el seguimiento y la transparencia del uso de los fondos. La Comisión ha propuesto exigir a los Estados miembros (y a otras entidades) que ejecutan el presupuesto de la UE que le hagan llegar información sobre los beneficiarios de financiación de la UE en sus Estados miembros (o, en el caso de otras entidades, en sus ámbitos de responsabilidad) al menos una vez al año. La Comisión complementaría esta información con los datos que posee sobre gestión directa y se encargaría de consolidar, centralizar y publicar la información en una base de datos en un único sitio web que abarcaría todos los modos de gestión. Este sitio web único sería una versión mejorada del Sistema de Transparencia Financiera que se utiliza actualmente para la gestión directa. El ajuste específico del Reglamento Financiero también brinda la oportunidad de seguir protegiendo el presupuesto de la UE contra las irregularidades, el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. -En primer lugar, la Comisión ha propuesto hacer obligatorio el uso de un único sistema informático integrado para la extracción de datos y la puntuación de riesgos. Este sistema informático permite identificar medidas, contratos y destinatarios vulnerables a las irregularidades, el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. La Comisión ha desarrollado y suministrado esta herramienta informática, conocida como Arachne, a los Estados miembros que ejecutan el presupuesto de la UE en régimen de gestión compartida y en el marco del MRR. El uso de Arachne es actualmente voluntario. Ya se utiliza ampliamente en el ámbito de la política de cohesión y se está introduciendo para el gasto agrícola, pero hacer que su uso sea obligatorio constituiría un avance importante. -En segundo lugar, la Comisión también propone ampliar el alcance y la eficacia del sistema de detección precoz y exclusión (EDES, por sus siglas en inglés). Este sistema proporciona un conjunto de medidas de protección frente a los operadores económicos fraudulentos o poco fiables. En particular, el EDES permite a los ordenadores detectar y, posiblemente, incluir en una lista negra (excluir) a los operadores económicos fraudulentos o poco fiables en una fase temprana. La Comisión ha propuesto orientar mejor la aplicación del EDES a los fondos tanto en régimen de gestión compartida como de gestión directa cuando los fondos se desembolsen como contribuciones financieras a los Estados miembros, por ejemplo en el marco del MRR (es decir, la Comisión podría actuar ante los motivos de exclusión más graves). El objetivo también es garantizar que las decisiones de exclusión adoptadas en el ámbito de la UE se apliquen en el ámbito nacional en el contexto de la gestión compartida. Asimismo, la Comisión ha propuesto permitir que las entidades afiliadas o los titulares reales de una entidad principal excluida queden excluidos de la licitación para contratos públicos y, en última instancia, de la obtención de fondos de la UE. -En tercer lugar, de ser aprobado por los colegisladores, el ajuste propuesto del Reglamento Financiero aumentará la eficiencia y la calidad de los controles y las auditorías con la ayuda de la digitalización y las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático, la automatización de procesos robóticos y la inteligencia artificial. Esto, a su vez, debería contribuir a que se siga garantizando el uso adecuado de los fondos de la UE, reduciendo al mismo tiempo el coste de las auditorías y los controles. 6.Ejecución del presupuesto de la UE Como destacó en su Comunicación de 8 de junio de 2021 ( COM/2021/366 ), la Comisión concede una enorme importancia a maximizar la eficacia del gasto de la UE y se compromete a seguir garantizando que el gasto de la UE ofrezca resultados, y que estos resultados ayuden a la UE a alcanzar sus objetivos.

En el MFP 2021-2027 ya se ha avanzado mucho en lo que respecta al seguimiento de la ejecución. La Comisión ha racionalizado los indicadores clave de rendimiento para los distintos programas de gasto de la UE, y los ha integrado en los respectivos actos de base. También ha hecho más accesible la información sobre la ejecución, por ejemplo a través de sitios web específicos sobre resultados. Además, se están actualizando o desarrollando metodologías para evaluar mejor la contribución de los distintos programas de gasto de la UE a las prioridades horizontales. El informe anual de gestión y rendimiento de 2021 informa sobre la medida en que tanto el MFP 2014-2020 como el MFP 2021-2027 contribuyen a las acciones relacionadas con el clima. En el caso del MFP 2021-2027, la metodología para el seguimiento de los gastos relacionados con el clima se ha actualizado para que se aplique de manera coherente en los distintos programas de gasto, incluido el MRR, y se ve reforzada por el requisito general de que las intervenciones financiadas no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales de la UE. Esta metodología se describe detalladamente en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF [SWD(2022) 225 final]. En consonancia con el compromiso que contrajo en virtud del acuerdo interinstitucional adoptado paralelamente al Reglamento MFP, la Comisión también ha avanzado en el establecimiento de una metodología para el seguimiento de los gastos relacionados con la biodiversidad, que utilizará para supervisar el cumplimiento de sus compromisos de gasto en este ámbito en los presupuestos de 2024, 2026 y 2027. También se han logrado grandes avances en la integración de la igualdad de género en las políticas y el presupuesto de la UE. La Comisión ha desarrollado una serie de herramientas para garantizar que la igualdad (en particular la igualdad de género) se tenga siempre en cuenta a la hora de diseñar, implementar, supervisar y evaluar las políticas, la legislación y los programas de financiación de la UE. Además, y de conformidad con la Estrategia para la Igualdad de Género, todos los departamentos de la Comisión han nombrado un coordinador para la igualdad. Del mismo modo, y en consonancia con el compromiso adquirido en su Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 y con el acuerdo interinstitucional sobre el MFP 2021-2027, la Comisión ha estado desarrollando una metodología para realizar un seguimiento de los gastos pertinentes relacionados con la igualdad de género en todo el presupuesto de la UE. En su proyecto de presupuesto para 2023, la Comisión propone aplicar esta metodología por primera vez en una fase de prueba en todos los programas. Sobre esta base, el informe anual de gestión y rendimiento de 2021 informa sobre la medida en que el MFP 2021-2027 contribuye a promover la igualdad de género. En 2021, la Comisión también organizó cursos de formación para el personal sobre los motivos para tener debidamente en cuenta la igualdad de género en todas las fases de las acciones de la UE, incluida la de la elaboración de su presupuesto, y el modo de hacerlo. La Comisión seguirá ofreciendo estos cursos de formación especializados en 2022. Por otra parte, la Comisión también ha empezado a trabajar, con carácter experimental, en metodologías para calibrar el impacto global de los programas de gasto de la UE en los objetivos de la UE en materia de transición climática y digital. 7.Simplificación de las normas y el procedimiento para los solicitantes de fondos de la UE Unas normas y procedimientos de financiación sencillos son fundamentales para que los solicitantes puedan recibir fondos de la UE, especialmente aquellos con experiencia y capacidades administrativas limitadas, como las pequeñas y medianas empresas (pymes). La simplificación de las normas por parte de la Comisión también debería tener un impacto positivo en la reducción del nivel de errores. La revisión de 2018 del Reglamento Financiero introdujo nuevas simplificaciones, como la reducción de la cantidad de información que se pide a los solicitantes, la no duplicación de los controles y las auditorías y un mayor uso de formas simplificadas de subvenciones. La Comisión ha emprendido otras iniciativas de simplificación en los últimos años. En 2022, casi todos los programas gestionados directamente por la Comisión habrán pasado al sistema e-Grants, de modo que todos los solicitantes de subvenciones de la UE dispondrán de una «ventanilla única» electrónica. Los solicitantes también utilizarán la misma documentación electrónica y los mismos procedimientos electrónicos fluidos a lo largo de todo el proceso de concesión de la subvención. Además, la Comisión está actualizando el convenio de subvención anotado, que se pondrá a disposición de los solicitantes y beneficiarios de financiación en forma de subvenciones, de manera que todos reciban orientaciones coherentes y prácticas. La Comisión también está aumentando el uso de opciones de costes simplificados (OCS) a la hora de conceder subvenciones. Esto se debe a que las formas simplificadas de financiación, como los costes unitarios y los importes a tanto alzado, pueden reducir considerablemente la carga administrativa y están más estrechamente vinculadas a la verdadera realización de las acciones financiadas. La financiación a tanto alzado se está introduciendo progresivamente en el programa de financiación Horizonte Europa, con un inicio lento en 2022 y con una primera ronda importante prevista para 2023. La Comisión también está desarrollando un sistema de costes unitarios para los costes de personal. Esta medida ofrece un enorme potencial puesto que los costes de personal representan más del 60 % del presupuesto de una subvención media y son, con diferencia, la principal fuente de errores. De forma paralela a estas simplificaciones, la Comisión brinda apoyo a los solicitantes de fondos de Horizonte Europa a través de campañas de comunicación, incluidos talleres, y se centra en aquellos beneficiarios más propensos a la comisión de errores, como las pymes y los solicitantes «novatos». La Comisión también está promoviendo el uso de OCS por parte de los Estados miembros en las políticas agrícola y de cohesión, ayudando a las autoridades nacionales a preparar y evaluar regímenes de OCS para los programas del período 2021-2027. En última instancia, esto reducirá la carga administrativa de muchos solicitantes en el marco de la gestión compartida. Por último, el nuevo modelo de aplicación de la PAC ofrece flexibilidad a los Estados miembros para diseñar sus intervenciones agrícolas conforme a su realidad y sus necesidades agrícolas, respetando al mismo tiempo las normas generales de la Unión. El nuevo modelo debería contribuir a reducir la complejidad y los errores. 8.Compromisos pendientes de liquidación —Reste à Liquider— (RAL) El nivel de los compromisos pendientes de liquidación (conocidos como «RAL», del francés reste à liquider) resultantes del MFP 2021-2027 y sus predecesores disminuyó durante 2021. Esto se debió en gran medida a los pagos por anticipado realizados para los programas de la política de cohesión en curso, mientras que se espera que la nueva generación de fondos de cohesión no se ponga en marcha hasta 2022. La financiación de la política de cohesión representa la mayor parte de los RAL y, por lo tanto, tiene una especial influencia en la evolución actual de los RAL en su conjunto. En cambio, se produjo un aumento nominal del valor de los RAL durante 2021 si se tiene en cuenta NextGenerationEU. NextGenerationEU aumenta temporalmente el nivel global de los RAL, que alcanzará su máximo a finales de 2023 (el último año en que se pueden contraer compromisos de NextGenerationEU). Los RAL vinculados a NextGenerationEU empezarán a liquidarse en 2024 y esto continuará hasta finales de 2026, fecha límite para finalizar los pagos de NextGenerationEU. Para el período 2021-2027, la Comisión propuso una serie de medidas de simplificación para facilitar y acelerar la aplicación de la política de cohesión. Aunque se adoptaron muchas propuestas, la Comisión lamenta que no se haya aprobado la vuelta a la norma de liberación «N+2», salvo en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para el que la norma de liberación cambiará de la «N+3» a la «N+2». En esta fase temprana del nuevo ciclo presupuestario, la Comisión considera que habrá tres factores que harán que la tendencia al crecimiento nominal de los RAL continúe durante el período del MFP 2021-2027: 1) la decisión de mantener la norma de liberación «N+3» para la mayor parte del gasto; 2) el hecho de que la legislación que regula la mayor parte de los fondos en régimen de gestión compartida no se acordó hasta una fase tardía y 3) el hecho de que las autoridades nacionales se van a centrar en NextGenerationEU en los próximos años.