Los objetivos de la PPC se promueven también a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la Unión en aguas ajenas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables con arreglo a la legislación de la UE y promoviendo unas condiciones de competencia equitativas entre los operadores de la Unión y los de terceros países. A tal fin, la UE busca de manera activa dirigir el proceso para mejorar el funcionamiento de las organizaciones pesqueras regionales e internacionales, con el fin de capacitarlas mejor para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos de su competencia, por ejemplo mediante la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La evaluación ex post del acervo de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo está en curso y aún no se han definido varias cuestiones fundamentales para la revisión de la legislación de la UE, concretamente en relación con la nueva arquitectura y el contenido exacto de las disposiciones del futuro marco reglamentario de la Unión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Durante los trabajos preparatorios, las partes interesadas señalaron la necesidad de adaptar las actuales disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector marítimo y pesquero a los últimos convenios de la OIT, como el Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007. Es evidente que el Acuerdo complementa el actual acervo de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo y lo armoniza con las disposiciones del Convenio. La futura revisión del marco de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá tener en cuenta el Acuerdo.

Las disposiciones jurídicas de la UE pertinentes para las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores se establecen en una serie de instrumentos jurídicos, en particular las directivas en materia de Derecho laboral de la UE y la legislación de la Unión sobre la seguridad y la salud en el trabajo. En cuanto a los aspectos no regulados por la legislación de la UE, como el derecho a tratamiento médico en tierra, el derecho de repatriación y el certificado médico que acredita la aptitud para el trabajo de los pescadores, los Estados miembros de la Unión han introducido normas muy diferentes.

El artículo 155, apartado 1, del TFUE autoriza a los interlocutores sociales a nivel de la UE a entablar relaciones contractuales, incluidos acuerdos, si así lo desean. El TFUE no les obliga a consultar a otras partes por adelantado. Dada la transparencia del proceso y el papel confiado a los interlocutores sociales en virtud del artículo 155 del TFUE, no se ha llevado a cabo una consulta pública.

A pesar de la Decisión del Consejo que autoriza a los Estados miembros a ratificar el Convenio de la OIT C188, el proceso de ratificación ha sido muy lento. En el caso de que solo algunos Estados miembros de la UE lo ratificaran, no se garantizaría un nivel similar de condiciones de vida y de trabajo dignas para los pescadores dentro de la Unión ni unas condiciones de competencia equitativas en términos de competitividad entre los Estados miembros de la UE. Esto daría lugar a que se siguieran aplicando normas diferentes, en particular, sobre cuestiones que todavía no están incluidas en la legislación de la UE, tales como los certificados médicos para los pescadores, el derecho de repatriación o el tratamiento médico en tierra. Seguirían existiendo diferentes condiciones de trabajo para los pescadores dentro de la UE. Además, conduciría a posiciones de competencia diferentes entre los Estados miembros que hubieran ratificado el Convenio y los que no lo hubieran hecho. La propuesta de Directiva se basa en normas europeas e internacionales existentes, teniendo en cuenta el entorno de trabajo específico del sector. Garantiza un nivel similar de dignidad de las condiciones de vida y de trabajo y unas condiciones de competencia equitativas en términos de competitividad entre los Estados miembros de la UE, al traer consigo la entrada en vigor simultánea y la transposición uniforme en todos los Estados miembros de la UE de las normas del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT al que se remite. Y equipara la situación de los pescadores con la de otras profesiones del sector marítimo.

Con arreglo al artículo 1 de la Decisión 98/500/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, las organizaciones patronales y sindicales a nivel europeo deben cumplir los siguientes criterios: «a) estar relacionadas con categorías o sectores específicos y organizadas a escala europea;

b) estar compuestas por organizaciones que, a su vez, formen parte integrante y reconocida de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miembros, tengan la capacidad de negociar acuerdos y sean representativas de varios Estados miembros; y

c) disponer de unas estructuras adecuadas que garanticen su participación efectiva en las actividades de los Comités [de diálogo sectorial].»

Estas condiciones debían cumplirse en el momento en que se firmó el Acuerdo. En el momento de la firma del Acuerdo, Croacia no era aún miembro de la UE. Con el fin de evaluar la representatividad de los interlocutores sociales de la UE, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) llevó a cabo un estudio en 2012.

El Acuerdo tiene por objeto las condiciones de trabajo en la pesca marítima, que coincide con las delimitaciones sectoriales del Comité de diálogo social sectorial para la pesca marítima. Por tanto, el tema cubierto por el Comité es equivalente al que trata el Acuerdo. Los interlocutores sociales que forman parte del Comité son Europêche y Cogeca por los empresarios y la ETF por los trabajadores.

Para Europêche, el estudio de representatividad de Eurofound de 2012 identifica miembros en once Estados miembros de la UE. Dos organizaciones patronales tienen el estatuto de observadores (LV y LT).

Cogeca representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agrícolas, forestales, pesqueras y agroalimentarias europeas. Tiene miembros vinculados a la pesca marítima en once Estados miembros. Teniendo en cuenta los miembros adheridos a Cogeca y a Europêche, esto significa que, por el lado de los empresarios, un total de dieciséis Estados miembros están representados en el Comité.

En cuanto a los trabajadores, la ETF cuenta con miembros relacionados con la pesca marítima en once Estados miembros. Esto deja a los pescadores de once Estados miembros sin representación. No obstante, según las cifras de empleo para el sector, en la mayoría de estos países el número de trabajadores es de aproximadamente mil (en la mayoría de estos Estados miembros, el número es considerablemente menor). Mientras que Irlanda, Grecia, Rumanía y Suecia cuentan con más de mil pescadores, una parte muy importante de entre ellos son trabajadores por cuenta propia.

En conclusión, con las excepciones de Portugal y Rumanía, no hay Estados miembros en los que las organizaciones de empresarios activas en la pesca marítima no estén representadas a nivel europeo, teniendo en cuenta que este sector es relativamente pequeño en Rumanía. Los ocho Estados miembros que representan el 84 % del sector en términos de empleo total y un 87 % en términos de empleo a tiempo completo están representados en el diálogo social de la UE. Esto lleva a la conclusión de que los interlocutores sociales que han firmado el Acuerdo son representativos del sector y, por tanto, pueden solicitar a la Comisión que lo aplique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 del TFUE.

Legalidad de las cláusulas

La Comisión ha examinado la legalidad del Acuerdo. Ha estudiado atentamente cada una de sus cláusulas y no ha encontrado ninguna que sea contraria al Derecho de la UE. Las obligaciones que se impondrían a los Estados miembros no se derivan directamente del Acuerdo entre los interlocutores sociales. Se derivarían más bien de su aplicación mediante una decisión del Consejo, a saber, una directiva. El alcance y el contenido del Acuerdo se ciñen a los ámbitos enumerados en el artículo 153, apartado 1, del TFUE. La extensión de determinadas disposiciones del Acuerdo a los trabajadores por cuenta propia no contradice el artículo 153, apartado 1, letra a), dado que el objetivo último y la condición para extender dichas disposiciones a los trabajadores autónomos es que se proteja la salud y la seguridad de los trabajadores a bordo del mismo buque. Esta extensión ya existe en el actual acervo de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable a este sector. El artículo 3, apartado 3, del Acuerdo contiene una cláusula de no regresión, que garantiza el nivel actual de protección de los trabajadores. El artículo 4 del Acuerdo establece que no afectará a ninguna ley, sentencia, costumbre o acuerdo entre los propietarios de buques pesqueros y los pescadores que garantice condiciones más favorables para los pescadores que las previstas en el Acuerdo.

Opciones políticas y evaluación de costes y beneficios

La Comisión solo puede aceptar o rechazar la solicitud de las partes signatarias para aplicar el Acuerdo mediante un acto legislativo. No puede modificar el texto del Acuerdo, ni pedir a los interlocutores sociales a escala de la UE que apliquen su Acuerdo de manera autónoma, ya que esto es prerrogativa de los interlocutores sociales de conformidad con el artículo 155, apartado 2, del TFUE.

Por lo tanto, la Comisión solo puede considerar una opción política. La evaluación de impacto proporcional que acompaña la propuesta valoró esta opción (es decir, las medidas establecidas en el Acuerdo) y la comparó con la situación de referencia (esto es, la opción de no proseguir la acción de la UE).

Los resultados del análisis muestran que, en general, no se espera un aumento significativo de los costes. Los costes varían de un Estado miembro a otro, en función del grado en que su legislación nacional cumpla ya con el Acuerdo. Algunos costes solo se producen una vez (por ejemplo, los costes relacionados con la transposición del Acuerdo a la legislación nacional) y algunos serán recurrentes (por ejemplo, los costes ligados a los certificados médicos, que deberán renovarse periódicamente, los costes de repatriación, etc.).

Para los Estados miembros que ya cumplen la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, los costes serán limitados. Para los Estados miembros que tengan que cambiar algunos aspectos de su legislación nacional relativos, por ejemplo, al certificado médico, el derecho de repatriación y la evaluación de riesgos, los costes por trabajador o por empresa son proporcionales, en general, al objetivo que se desea alcanzar. Los costes por repatriación, por los certificados médicos y por las evaluaciones de riesgos se estiman globalmente entre 1,3 y 8 millones EUR. Teniendo en cuenta que el volumen de negocios anual del sector asciende a 6 900 millones EUR, los costes ascenderían a un máximo del 0,11 % del volumen de negocios total del sector.

El Acuerdo mejorará las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la pesca marítima en lo que respecta al tiempo de trabajo, la edad mínima, el certificado médico, la evaluación de riesgos, el alojamiento, los alimentos y el agua a bordo y la asistencia médica a bordo. Asimismo, creará unas condiciones de competencia equitativas para el sector en la Unión, al establecer normas mínimas en toda la UE.

Para los empresarios, la reducción de la incidencia de los accidentes laborales, las lesiones y las enfermedades dará lugar a un aumento de la productividad, una reducción de los costes de indemnización y una disminución de la rotación del personal. Para los trabajadores, disminuirá el riesgo de accidentes o enfermedades. De este modo se reducirá el riesgo de pérdida de la capacidad de ganancia. Además, les permitirá prolongar su permanencia en el sector. Asimismo, aumentará el atractivo del sector para los trabajadores jóvenes y cualificados.

Por lo que se refiere a las autoridades nacionales, dará lugar a una reducción de los costes de seguridad social y asistencia sanitaria. Las ventajas globales para los trabajadores, los empresarios y las autoridades nacionales se estiman entre 1,2 y 19,7 millones EUR durante un período de cinco años.

De la comparación entre las opciones y de los análisis de costes y beneficios se puede concluir que el Acuerdo permite alcanzar los objetivos perseguidos con un coste razonable en su conjunto y que es adecuada su aplicación por medio de una directiva.