1.1. Introducción

Añadir la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») permitiría a la Comisión proponer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, una Directiva que podría aproximar la definición de las infracciones penales y las sanciones correspondientes.

Tal propuesta de la Comisión debería cumplir los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que rigen todas las acciones de la UE. Debería ser acorde también con los requisitos de mejora de la legislación . Además, la propuesta tendría que considerar las características específicas del Derecho penal. En particular, la aproximación de las definiciones y sanciones de Derecho penal debería tener en cuenta las diferencias entre los sistemas de justicia penal de los Estados miembros, en concreto por lo que respecta a las sanciones.

Por otra parte, la Directiva posterior tendría que respetar los derechos fundamentales y observar los principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»). En particular, habría que garantizar la conformidad de las disposiciones de la Directiva con los derechos a la libertad y a la seguridad, a la protección de datos de carácter personal, a la propiedad, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, los principios de legalidad, incluido el principio de irretroactividad de las sanciones penales, y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el principio de non bis in idem.

La futura Directiva abarcaría una serie de cuestiones de Derecho penal que son habituales en las directivas de la Unión basadas en el artículo 83 del TFUE. A continuación figura una lista ilustrativa de disposiciones que podrían incluirse en la futura propuesta legislativa.

1.2. Ámbito de aplicación

En la primera disposición se establecerían el objeto y el ámbito de aplicación de la Directiva y, en particular, se aclararía que es aplicable a la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. Estas medidas restrictivas se adoptan de conformidad con el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea («TUE») y el artículo 215 del TFUE e incluyen disposiciones individuales específicas, a saber, la inmovilización de activos, prohibiciones de suministrar fondos y recursos económicos y restricciones de admisión (prohibiciones de viajar), así como medidas restrictivas sectoriales, como embargos de armas o medidas económicas y financieras (por ejemplo, restricciones de las importaciones y las exportaciones o restricciones a la prestación de determinados servicios, como los bancarios).

1.3. Definiciones

Este artículo de la Directiva contendría todas las definiciones pertinentes, que incluirían, según proceda, referencias cruzadas a las disposiciones de los Reglamentos y Decisiones del Consejo sobre medidas restrictivas. Se definirían, entre otros conceptos, los de «medidas restrictivas», «entidad designada» y «persona designada». Un ejemplo pertinente de una medida de Derecho penal en cuyo artículo de definiciones se incluye el uso de referencias cruzadas similares es la Directiva 2014/57/UE sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado).

1.4. Infracciones penales, incluidas la inducción, la complicidad y la tentativa

Los artículos sobre los delitos que vayan a aproximarse mediante la Directiva incluirían definiciones precisas de distintas infracciones penales relacionadas con vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión, tales como:

·el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a una persona o entidad designadas o en su beneficio;

·el hecho de no inmovilizar los fondos o recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a una persona o entidad designadas;

·la realización de actividades financieras prohibidas, como la concesión de préstamos o créditos prohibidos;

·la participación en actividades comerciales, mercantiles o de otro tipo prohibidas, como la importación o la exportación de bienes y tecnología sujetos a prohibiciones comerciales, o la prestación de servicios prohibidos;

·el incumplimiento de las condiciones aplicables en virtud de las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes;

·la inobservancia de cualquier obligación de facilitar información a las autoridades, como la de declarar cualquier activo cuya propiedad, titularidad, tenencia o control corresponda a una persona o entidad designada;