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Bruselas, 23.12.2005

COM(2005) 570 final

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN

SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2004){SEC(2005)1446}{SEC(2005)1447}

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

(2004)

La Comisión Europea elabora cada año un informe relativo al control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las solicitudes del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (punto 2 de la declaración n° 19 aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). El informe responde también a las solicitudes del Consejo Europeo o del Consejo en relación con sectores específicos.

1.1 Introducción

En el ejercicio de sus funciones exclusivas como guardiana de los Tratados, la Comisión garantiza y controla la aplicación uniforme del Derecho comunitario por los Estados miembros con arreglo al artículo 211 del Tratado CE. El artículo 226 CE establece que la Comisión podrá incoar un procedimiento contra un Estado miembro que haya adoptado o mantenido disposiciones legales o reglamentarias contrarias a los principios fundamentales del Derecho comunitario sancionados por los Tratados.

El Libro Blanco sobre la gobernanza europea[1], publicado por la Comisión en 2001, subraya que la responsabilidad de aplicar el Derecho comunitario incumbe en primer lugar a las administraciones y órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros. El principal objetivo de los procedimientos de infracción consiste en alentar a los Estados miembros a ajustarse voluntariamente y lo antes posible al Derecho comunitario. El objetivo de la Comisión consiste en reforzar la cooperación con los Estados miembros mediante métodos complementarios o alternativos para solucionar los problemas.

El control de la aplicación del Derecho comunitario es esencial desde el punto de vista del respeto del Derecho en general y contribuye a convertir el principio de una Comunidad de derecho en algo tangible para los ciudadanos europeos y los agentes económicos. Las numerosas denuncias de los ciudadanos de los Estados miembros constituyen un instrumento esencial de detección de las infracciones del Derecho comunitario.

El 22º Informe Anual, --incluidos los Anexos como "documentos de trabajo de los servicios" y las contribuciones de los servicios de la Comisión (SEC(2005)1446) y los Anexos estadísticos (SEC(2005)1447)--, presenta una relación de las actividades de la Comisión vinculadas al control de la aplicación del Derecho comunitario en 2004.

1.2. Ampliación de la Unión

El año 2004 se caracterizó por la ampliación de la Unión a diez nuevos Estados miembros. El 3 de mayo de 2004 se puso en marcha un sistema integrado de notificación electrónica de las medidas nacionales de transposición de las directivas por los 25 Estados miembros. A finales de 2004, solamente Francia, los Países Bajos y Suecia permanecían fuera del sistema, si bien habían empezando los trabajos preparatorios para su incorporación.

El importante esfuerzo de los diez nuevos miembros, mediante un sistema de "Prenotificación" electrónica desarrollado por la Comisión, ha facilitado la recepción de la gran mayoría de las medidas necesarias para la transposición de todo el "acervo comunitario de preadhesión" en el ámbito de las directivas.

La comunicación de las medidas nacionales de transposición mostraba ya en agosto de 2004 que la media de los diez nuevos Estados miembros era del 94,14 % (la de los 15, era del 97,96 %). Al 31 de diciembre de 2004 la media de los 25 era del 97,69 %; la de los diez nuevos miembros, del 97.30 % y la de los 15, del 97.95 %. Lituania ocupaba el primer puesto (99,45 %), seguida de España (99,09 %), Austria (98,81 %), Dinamarca (98,81 %) y Hungría (98,66 %).

El número total de procedimientos de infracción incoados por la Comisión también aumentó de 2709 en 2003 (para los 15) a 2993 en 2004 (para los 25). Por lo que se refiere a los 15, en 2004 se produjo una disminución a 2146. Los nuevos Estados miembros han sido tratados de la misma manera que los antiguos. Al 31de diciembre de 2004, estaban en curso 2531 de los 2993 asuntos registrados.

El número de denuncias registradas por la Comisión en relación con los 15 disminuyó de 1290 en 2003 a 1080 en 2004. En el caso de los 25, esa cifra aumenta hasta 1146. Las denuncias representan en términos totales (respecto a los 25) aproximadamente el 38% del total de infracciones detectadas en 2004.

El número de procedimientos incoados por la Comisión sobre la base de sus propias investigaciones aumentó, pasando de 253 en 2003 a 285 en 2004 por lo que se refiere a los 15. Este número aumenta hasta 328 en el caso de los 25.

Por lo que se refiere a los 25, el número de procedimientos por no comunicación de las medidas de transposición aumentó, alcanzando los 1519 casos (781 casos detectados en el caso de los 15 y 738 en el de los 10). Las estadísticas de 2004 muestran un aumento del 50,8 % respecto al año anterior (de 1166 a 1519 asuntos). Las cifras de 2004 abarcan tanto los procedimientos por no transposición de las directivas cuyo plazo de transposición acaba de terminar para los 15 Estados miembros como los procedimientos por no comunicación de los diez nuevos miembros respecto a todo el "acervo comunitario de preadhesión".

Véase la presentación detallada en los cuadros del Anexo estadístico SEC(2005) 1447.

1.3 Elementos destacados por sector de actividad de la Comisión

A continuación se presentan los hechos destacados por sector. El análisis detallado se encuentra en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2005)1446, que se adjunta como anexo.

En el sector agrícola , el control de la aplicación del Derecho comunitario se basa en la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas y en la aplicación efectiva y correcta de los mecanismos de la normativa agrícola.

La fuerte tendencia a la disminución de los obstáculos clásicos a la libre circulación de los productos agrícolas se ha confirmado. En cuanto a las nuevas formas de obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas, la acción de la Comisión tuvo por objeto evitar la generalización de discriminaciones arbitrarias respecto a los productores de otros Estados miembros.

Por lo que se refiere al control de la aplicación de las normas específicas de la Política Agrícola Común, la Comisión tuvo que intervenir en distintos ámbitos, como el de las denominaciones geográficas. En el ámbito de los Fondos Estructurales, la Comisión veló por garantizar el respeto de la cláusula de pago íntegro a los beneficiarios, cuestionado por las exacciones efectuadas por IFADAP en Portugal. La Comisión intervino para garantizar el respeto de los límites establecidos por lo que se refiere a la utilización y el destino de los productos que disfrutan de las ventajas de la política comunitaria en favor de sus regiones ultraperiféricas, en particular el azúcar transformado en las Azores. Por último, la acción de la Comisión persiguió también el objetivo de recordar a los Estados miembros su obligación de comunicar los informes anuales sobre los regímenes de ayudas estatales existentes.

La mayoría de los textos nacionales de transposición de las directivas han sido remitidos.

En el sector de la educación y la cultura , uno de los principales ámbitos de los que se ocupa la Comisión es el de la libre circulación de estudiantes. Los obstáculos se deben o a prácticas administrativas de carácter burocrático, o a discriminaciones debidas a la nacionalidad.

En este ámbito, la Comisión inició procedimientos de infracción por retrasos de origen técnico y administrativo en el reconocimiento académico de los títulos.

Los gastos administrativos que se imponen a los solicitantes del reconocimiento académico de los títulos fueron otro de los temas tratados. Cuando la participación financiera que se exige al estudiante es desproporcionada, puede tener como consecuencia imposibilitar el ejercicio de los derechos, en particular, el acceso a la enseñanza y a la libre circulación.

Por lo que se refiere al acceso a la educación, se recibieron dos denuncias, a raíz de la adhesión de los nuevos Estados miembros, según las cuales se trata a esos estudiantes de manera desigual con relación a los demás ciudadanos comunitarios. La Comisión envió una carta de emplazamiento contra el Estado miembro en cuestión.

Se sometió a la Comisión la negativa de algunos Estados miembros a inscribir a los titulares de un diploma de Derecho obtenido en otro Estado miembro en los registros de abogados en prácticas. El caso se trata sobre la base del asunto Morgenbesser.

En el sector de la política audiovisual, el desarrollo tecnológico, así como la evolución del mercado condujeron a examinar con las partes interesadas la posible revisión de la Directiva sobre la Televisión sin Fronteras.

Por lo que se refiere al sector del empleo en materia de libre circulación de los trabajadores, se trata, en particular, de los problemas de aplicación incorrecta de las disposiciones del Tratado CE y de los Reglamentos, que han sido puestos en conocimiento de la Comisión por las denuncias de los ciudadanos. En los otros ámbitos (igualdad de trato a hombres y mujeres, condiciones laborales y salud y seguridad en el lugar de trabajo e igualdad de trato/no discriminación (artículo 13 CE)), son sobre todo los problemas de no conformidad y de no comunicación de las medidas nacionales de transposición de las directivas los que abastecen los procedimientos de infracción.

Uno de los hechos destacados se refiere a la remisión al Tribunal de Justicia de los primeros procedimientos por no transposición de las directivas ex artículo 13 “igualdad de trato/no discriminación”.

También se sometió al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 228 del Tratado CE, el procedimiento contra Italia por no ejecución de la sentencia del Tribunal por no reconocimiento en algunas universidades italianas de los derechos adquiridos por antiguos lectores de lengua extranjera ("Lettori") . La Comisión solicitó al Tribunal la imposición de una multa coercitiva por importe de 309.750 € por día de retraso.

El control de la aplicación del acervo comunitario por los nuevos Estados miembros constituyó otra prioridad importante. El proceso periódico y sistemático de vigilancia se extendió más allá del 1 de mayo. Distintos contactos bilaterales permitieron detectar los principales problemas en la transposición del acervo social y permitieron también solucionar algunos de ellos. La primera reunión paquete, dedicada principalmente a la falta de comunicación de las medidas de transposición, se celebró en diciembre.

A finales del año 2004, había 480 directivas relativas al sector de las empresas y de la industria , 23 de las cuales entraron en vigor en 2004.

El número de denuncias y procedimientos de infracción incoados en estos ámbitos, superior al del año anterior, se situó en 2004 en torno al 12% del total de expedientes tramitados por la Comisión.

No obstante, por lo que se refiere a los 15 Estados miembros, el volumen global de procedimientos de infracción disminuyó. Esto puede atribuirse al diálogo establecido en los últimos años para garantizar el respeto de los plazos de transposición, en particular de las tres nuevas directivas farmacéuticas.

El procedimiento de notificación de los proyectos de normas técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE continuó demostrando su validez, permitiendo adoptar soluciones ajustadas al Derecho comunitario en el 95% de los casos. Además, la Comisión recurrió a otros instrumentos de prevención y cooperación con los Estados miembros, como los grupos de expertos y los contactos bilaterales con los Estados miembros, en particular, en los sectores farmacéutico y cosmético, para detectar las posibles dificultades de transposición y, en su caso, prestar la asistencia técnica que les permita garantizar una buena transposición y una aplicación uniforme de las directivas.

La ampliación de la Comunidad dio lugar a un aumento de los procedimientos por no comunicación contra los diez nuevos Estados miembros. En comparación con el número de directivas que deben transponerse, tales casos siguen siendo limitados. Esto se debe al esfuerzo realizado por las autoridades nacionales durante la fase preparatoria de la ampliación y a las acciones llevadas a cabo por la Comisión en el marco de los Acuerdos de evaluación de conformidad (ACAA).

En materia de medio ambiente, la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros ha mejorado en los últimos años, como lo demuestra la reducción considerable del número de nuevas denuncias registradas por la Comisión en 2004 -336- frente a las 555 de 2002.

La Comisión emitió 101 dictámenes motivados con arreglo al artículo 226 del Tratado CE y presentó ante el Tribunal de Justicia 45 procedimientos. La Comisión adoptó también 14 escritos de requerimiento y 6 dictámenes motivados en virtud del artículo 228 del Tratado CE. La Comisión inició procedimientos de infracción contra ocho nuevos Estados miembros.

Para garantizar la mejor aplicación posible del Derecho comunitario, la Comisión recurre también a instrumentos complementarios. Las iniciativas proactivas incluyen la elaboración de directrices y documentos interpretativos, los debates en los Comités técnicos y los contactos bilaterales con los Estados miembros, como las reuniones "paquete".

La Comisión se esfuerza por ser lo más sistemática posible en la verificación del respeto de la legislación. En algunos sectores, los informes desempeñan un papel determinante mientras que, en otros, la Comisión recoge y analiza los datos esenciales. La Comisión organizó una asistencia de juristas externos en la fase preparatoria de la verificación estratégica anual del respeto de la legislación comunitaria. La Comisión puso en marcha un ejercicio de control de la conformidad de la legislación nacional adoptada por los diez nuevos Estados miembros.

En el ámbito de la política de competencia , continuó el control de la transposición de la Directiva sobre la competencia, que forma parte del marco reglamentario sobre las comunicaciones electrónicas, así como de la Directiva sobre la transparencia (ambas basadas en el Artículo 86 del Tratado CE). Por lo que se refiere a los casos concretos, la Comisión trató varias denuncias desde el punto de vista del Artículo 86 en combinación con el Artículo 82 del Tratado CE, adoptando, en particular, una decisión contra Alemania referente a la legislación nacional de este Estado miembro sobre los servicios postales.

En el ámbito de la sociedad de la información, el marco reglamentario del año 2002 sobre las comunicaciones electrónicas persigue tres de los grandes objetivos de la estrategia de Lisboa: crear un entorno reglamentario estable y previsible, fomentar la innovación y estimular las inversiones en las redes de comunicaciones y los servicios.

El trabajo en los nuevos grupos y comités, así como los nuevos mecanismos de coordinación previstos en el nuevo marco reglamentario, alcanzaron su "velocidad de crucero" en 2004. Estas actividades se centraron principalmente en la aplicación de las nuevas normas y en la adopción de enfoques reglamentarios comunes. La Comisión prosiguió su estrecha cooperación con las autoridades reguladoras sobre las notificaciones de proyectos de medidas en virtud del Artículo 7 y ejerció por primera vez su derecho de veto.

La Comisión siguió supervisando de cerca la transposición del Derecho comunitario en los 15 Estados miembros, en los que el marco reglamentario entró en aplicación en julio de 2003. También trabajó estrechamente con los nuevos Estados miembros para la aplicación del nuevo marco en la fecha de la adhesión, momento en el que éste se convirtió en aplicable para ellos. Al final del año 2004, 20 Estados miembros habían concluido la aprobación de la legislación primaria de transposición del marco 2002 y la habían notificado a la Comisión. Así, pues, durante el año 2004, el interés se desplazó poco a poco de la transposición a la garantía de plena conformidad y a la puesta en práctica en los 25 Estados miembros.

La Comunicación "Regulación y mercados de las comunicaciones electrónicas en Europa 2004" (10º informe de aplicación) fue adoptada en diciembre[2].

En el sector de la justicia, la libertad y la seguridad, la Comisión sometió al Tribunal de Justicia una serie de casos de no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de dos directivas aprobadas en 2001

En el ámbito de la libre circulación de las personas, la Comisión envió dos dictámenes motivados a los Países Bajos por expulsión de dos nacionales italianos residentes de larga duración. La aprobación de la ley n ° 2003-1119 en Francia permitió a la Comisión dar por finalizado el procedimiento de infracción contra Francia, relativo al derecho de residencia de los estudiantes. Tras la modificación del Código de la Circulación italiano, la Comisión dio por finalizada la infracción relativa al trato diferente y no proporcionado a los conductores de vehículos matriculados en los otros Estados miembros.

Por último, en el ámbito del derecho de voto, tras el envío por Bélgica a los nacionales de los otros Estados miembros residentes en el municipio de Honnelles y excluidos del padrón electoral para las elecciones municipales de una carta en la que se les informaba de que se les registrará para las próximas elecciones municipales sobre la base de su solicitud inicial, la Comisión decidió archivar el procedimiento contra Bélgica.

En el sector del mercado interior, la política puede presentarse en torno a tres ejes principales:

Hay varias acciones de desarrollo de la cooperación con los Estados miembros en materia de transposición de las directivas y en el marco de los procedimientos por incumplimiento. La Comisión adoptó una recomendación que invitaba a los Estados miembros a inspirarse en las mejores prácticas para garantizar una transposición rápida y de calidad de las directivas. La publicación del Cuadro de visualización del Mercado interior así como la publicación de actualizaciones regulares del número de transposiciones de las directivas contribuyeron a mejorar los resultados globales. El déficit medio de transposición de la Unión de 25 pasó del 7,1 % en julio de 2004 al 3,6 % en enero de 2005. Se multiplicaron los contactos tanto bilaterales (reuniones paquete de transposición) como multilaterales sobre la transposición de directivas. Se organizaron reuniones de expertos, en particular, sobre las nuevas directivas relativas a los intermediarios de seguros, al abuso de mercado y a los fondos de pensión. En el ámbito de los contratos públicos, se organizaron varias reuniones paquete sobre los expedientes de infracción en curso. Estas reuniones dieron lugar, en la gran mayoría de los casos, a progresos significativos.

Además, se ha desarrollado la red SOLVIT de Resolución de los problemas de aplicación del derecho del Mercado Interior. Los centros SOLVIT de los 10 nuevos Estados miembros estaban operativos el mismo día de la adhesión. La red trató 289 expedientes, con un aumento del 73 % respecto a 2003. Se solucionaron 80 % de los expedientes frente al 73 % en 2003.

Por último, prosiguieron los esfuerzos para garantizar que los procedimientos por incumplimiento se desarrollan con eficacia y celeridad

En el sector de la salud y la protección de los consumidores , la Comisión inició 457 procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas de transposición y envió 37 dictámenes motivados. La Comisión envió cinco dictámenes motivados por no transposición de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos e inició un procedimiento de infracción contra Estonia por no transposición de la Directiva sobre el tabaco.

La Comisión inició el procedimiento de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado contra Bélgica (no transposición de la Directiva relativa a la protección de las gallinas ponedoras) y de Francia (no transposición de la Directiva relativa a la garantía de los bienes de consumo).

Las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) contribuyeron a mejorar la aplicación de las legislaciones comunitarias en el ámbito de la alimentación humana y animal, de la sanidad animal, de la conservación de los vegetales y de la protección de los animales. La Comisión envió un escrito de requerimiento y un dictamen motivado a Grecia sobre el refuerzo de los controles veterinarios. Un procedimiento de infracción similar fue archivado tras la adopción por el Reino Unido de las medidas adecuadas.

España fue condenada por el Tribunal por transposición incorrecta de la Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.

Se realizaron grandes esfuerzos para garantizar la adhesión de los diez nuevos Estados miembros. El nivel de transposiciones alcanzado a finales de 2004 apenas era superior al de los antiguos Estados miembros.

En el sector de la energía y el transporte , se trataron 458 expedientes de infracción, entre ellos 266 infracciones por no comunicación de las medidas de transposición de las directivas y 192 infracciones relativas a la transposición no conforme de las directivas o a la aplicación incorrecta del Derecho comunitario. Cabe constatar un aumento del número de expedientes de infracción a pesar del gran número de expedientes archivados durante este período (154, entre ellos 103 expedientes de infracción por no comunicación). Esta situación resulta de una transposición más rápida de las directivas de Transportes, aunque los Estados miembros rara vez respetan las fechas límite de transposición. Se incoaron 223 nuevos procedimientos de infracción (entre ellos, 183 casos por no comunicación) y se trataron 38 denuncias registradas durante ese período. El Tribunal dictó sentencia por incumplimiento en 22 expedientes. En el ámbito de los transportes, hay que señalar que 8 directivas rebasaron el plazo de transposición (frente a 15 en 2003). El porcentaje de transposición de las directivas de los sectores de la energía y los transportes sigue estando aún muy lejos del objetivo fijado en Lisboa (98,5%).

En el ámbito de la energía, se enviaron escritos de requerimiento a dieciocho Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de transposición de las dos directivas relativas al mercado interior de la electricidad y/o del gas. Varios Estados miembros han sido expedientados por incumplimiento de la Directiva relativa al nivel mínimo de existencias de petróleo bruto y/o de productos derivados del petróleo. Se han tratado ciertas denuncias por aplicación incorrecta de la Directiva relativa a la promoción de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables. Los servicios reforzaron la persecución de las situaciones de infracción en el ámbito de la protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la protección de las poblaciones en caso de emergencia radiológica.

En el ámbito de los transportes, en materia de seguridad en carretera, continuaron los procedimientos tanto en el ámbito de la reglamentación técnica como en el sector del permiso de conducir.

Por lo que se refiere al paquete de infraestructura ferroviaria, el Tribunal de Justicia condenó a los Estados miembros que todavía no habían comunicado las medidas nacionales de ejecución de alguna de las tres directivas.

Tras las sentencias de "cielos abiertos", de 19 de noviembre de 2002, la Comisión pidió a los Estados miembros que adoptaran medidas para remediar la situación. Se incoaron nuevos procedimientos para denunciar acuerdos bilaterales discriminatorios con terceros países. También se iniciaron algunos procedimientos por incumplimiento de la legislación relativa a la seguridad de la aviación civil.

En el ámbito de la seguridad marítima, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra los ocho Estados miembros que todavía no habían transpuesto las directivas relativas a la instalación de sistemas de seguimiento del tráfico de los buques y de sistemas de información.

En el sector pesquero la Comisión actuó contra algunos Estados miembros por incumplimiento a la obligación de control debido al rebasamiento de determinadas cuotas de pesca y por incumplimiento de la obligación de notificar ciertos datos relativos a las capturas y al esfuerzo pesquero.

El Tribunal condenó a tres Estados miembros por rebasamiento de cuotas. La Comisión interpuso ante el Tribunal un recurso contra Grecia por incumplimiento del plazo de instalación del Sistema de vigilancia por satélite de los barcos de pesca.

En el sector de la fiscalidad y las aduanas, se recibió un número cada vez mayor de cartas procedentes de la sociedad civil denunciando a los Estados miembros. Esas cartas cuestionan, en particular, por lo que se refiere al ámbito de los impuestos directos, las legislaciones y las prácticas nacionales que gravan en mayor medida las actividades y las inversiones realizadas en otros Estados miembros. En ese mismo ámbito, la Comisión constató, no obstante, que los Estados miembros reaccionaron positivamente a sus dos Comunicaciones[3] relativas, respectivamente, a los regímenes de jubilación profesional y de imposición de los dividendos, ajustando sus sistemas nacionales a los principios comunitarios. No obstante, hubo un caso en el que fue necesario presentar un recurso por incumplimiento (Dinamarca, por lo que se refiere a las pensiones, asunto C -150/04).

Por otra parte, se incoaron muchos nuevos procedimientos de infracción. En el ámbito de los impuestos indirectos, por ejemplo, se concedió prioridad a los expedientes con incidencia en los recursos propios y continuó ejerciéndose un mayor control de la correcta aplicación de las directivas (en particular, de la Directiva 2000/65/CE, relativa al representante fiscal, y de la Directiva 2001/115/CE, relativa a la facturación), lo que dio lugar a que, en el transcurso del procedimiento, las respectivas legislaciones se ajustaran a lo dispuesto en dichas Directivas.

Paralelamente, la Comisión tuvo que llevar a cabo el seguimiento técnico de un número cada vez mayor de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal.

En el ámbito presupuestario , la Comisión tiene la obligación, en aplicación del principio de buena gestión financiera, de garantizar la distribución equitativa de la carga presupuestaria entre los Estados miembros. Vela por que las infracciones que tienen una incidencia negativa en los recursos propios sean perseguidas para que los otros Estados miembros no sufran las consecuencias financieras de tales infracciones. En materia de recursos propios tradicionales, se han sometido recientemente al Tribunal, para su aclaración, ciertas divergencias de interpretación en cuanto a la percepción correcta de los recursos propios.

En el sector de las estadísticas comunitarias, ha habido 20 nuevos procedimientos de infracción, uno de ellos contra Grecia por incumplimiento de la obligación de remitir a la Comisión los datos estadísticos sobre los déficit excesivos.

La Comisión envió también escritos de requerimiento a Grecia en relación con las estadísticas coyunturales y a Bélgica en relación con las estadísticas sociales.

En el sector de las estadísticas agrícolas, se enviaron escritos de requerimiento a 9 Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de transposición. La ampliación exigió un esfuerzo suplementario. La Comisión inició 8 procedimientos de infracción contra 5 nuevos Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de transposición.

En el sector de las estadísticas de los transportes de mercancías por carretera, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Grecia.

En el marco de la política regional, la gran mayoría de los procedimientos de infracción incoados a raíz de las irregularidades constatadas en la utilización de los Fondos Estructurales se refiere a la aplicación incorrecta de la normativa sectorial cuyo respeto es condición previa al disfrute de los fondos comunitarios. Las irregularidades constatadas conducen también a la anulación, total o parcial, de la ayuda comunitaria.

En el ámbito de la ampliación, los procedimientos de infracción se basan en denuncias relacionadas con la aplicación incorrecta de los acuerdos de Asociación y Acuerdos Europeos entre la Comunidad y los países candidatos. A raíz de la adhesión de diez nuevos Estados miembros en mayo de 2004, los acuerdos de Asociación y los Acuerdos Europeos pertinentes deben darse por concluidos después de la celebración de un nuevo tratado posterior sobre el mismo tema.'

Este cambio afectó a las denuncias pendientes de algunos ciudadanos polacos y lituanos que hacían referencia al no respeto, por las autoridades austríacas y suecas, de sus derechos de establecimiento. No obstante, el análisis llevado a cabo puso de manifiesto que tales denuncias carecían de fundamento.

También hubo que rechazar las denuncias de una serie de ciudadanos de los nuevos Estados miembros referentes a los derechos a ofrecer servicios, al derecho de residencia y al derecho a obtener permisos de trabajo, dado que esos sectores no están aún plenamente liberalizados.

La Comisión inició el examen de las denuncias referidas a los derechos de acceso al mercado laboral de los Estados miembros al amparo de la Decisión 1/80, relativa al Acuerdo de Asociación UE - Turquía.

En materia de relaciones exteriores se observó una infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria que implicaba a seis Estados miembros, en el contexto de la aplicación del Artículo 27 del Reglamento del Consejo n° 2368/2002, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.

[1] Libro Blanco sobre la gobernanza europea (COM(2001)428)

[2] COM(2004) 759, de 2.12.2004

[3] Comunicación de la Comisión sobre la eliminación de los obstáculos fiscales a las prestaciones por pensiones transfronterizas de los sistemas de empleo - COM(2001) 214, de 19.4.2001 (IP/01/575) y Comunicación de la Comisión sobre la imposición de los dividendos en el mercado interior (COM 2003/810), de 19.12.2003