COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 30.08.19% 
COM(96) 392 final 
96/0220 (COD) 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO. AL PARLAMENTO EUROPEO 
Y AL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL 
La transparencia normativa en el mercado interior 
para los servicios de la Sociedad de la Información 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
que modifica por tercera vez la Directiva 83/189/CEE, por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de las normas 
y reglamentaciones técnicas 
(presentada por la Comisión) 

Sumada 
Síntesis 
Introducción 
I. Los servicios de la Sociedad de la Información en el mercado interior 
A. Hacia un mercado europeo de los servicios 
B. Marco jurídico actual del mercado interior 
II. Necesidad de un mecanismo de transparencia 
A. Perspectivas de actividades normativas en los Estados miembros 
B. Riesgos para el funcionamiento del mercado interior 
III. Presentación dei mecanismo de transparencia 
A. Objetivos 
B. Enfoque general 
C. Instrumento jurídico 
D. Ámbito de aplicación 
E. Fundamento jurídico 
F. Subsidiariedad 
IV. Propuesta de Directiva 
índice 
SÍNTESIS 
INTRODUCCIÓN iJV 
I. LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 
MERCADO INTERIOR 
A. Hacia un mercado europeo de los servicios 4 
1. Una gran diversidad de servicios 4 
2. Un desarrollo progresivo de los mercados 6 
3. Un desarrollo dispar desde el punto de vista geográfico 8 
4. Un desarrollo indispensable de los servicios 9 
transfronterizos 
B. Marco jurídico actual del mercado interior 11 
H. NECESIDAD DE UN MECANISMO DE TRANSPARENCIA 14 
A. Perspectivas de actividades normativas en los Estados miembros 14 
1. Movilización prerreglamentaria en los Estados miembros 14 
2. Nuevas necesidades normativas 19 
a) Necesidad de nuevas protecciones 19 
b) Necesidad de simplificar protecciones ya existentes 20 
3. Un movimiento normativo de gran amplitud y escalonado 21 
a) Un amplio espectro de normas 21 
b) Un calendario flexible y muy escalonado 22 
B. Riesgos para el funcionamiento del mercado interior 23 
1. Riesgos de nueva fragmentación del mercado interior 23 
2. Riesgos de sobrerregulación 25 
3. Riesgos de incoherencia 26 
III. PRESENTACIÓN DEL MECANISMO DE TRANSPARENCIA 27 
A. Objetivos 27 
4. <X. 
B. Enfoque general 28 
1. Experiencia de los mecanismos de transparencia ya existentes 28 
2. Mecanismo de transparencia que se propone 32 
C. Instrumento jurídico 34 
D. Ámbito de aplicación 35 
1. Normativas sobre los servicios que se han de notificar 35 
2. Excepciones 37 
E. Fundamento jurídico 38 
F. Subsidiariedad 39 
IV. PROPUESTA DE DIRECTIVA 41 
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Síntesis 
1. El objetivo de la presente Comunicación y de la propuesta de directiva del 
Consejo que la acompaña consisten en establecer a nivel comunitario un 
procedimiento de información y consulta sobre los eventuales proyectos de 
reglamentación relativos a los servicios de la Sociedad de la Información. 
2. Dentro de su política general sobre la Sociedad de la Información, la Comisión 
pretende desarrollar un marco jurídico que permita, entre otras cosas, a los 
nuevos servicios integrados en la Sociedad de la Información beneficiarse de las 
oportunidades ofrecidas por el espacio sin fronteras, respetando al propio 
tiempo los correspondientes objetivos fundamentales de interés general y 
teniendo debidamente en cuenta los factores sociales, sociológicos y culturales 
que intervienen en este ámbito. Estos servicios serán (o son ya) de una gran 
diversidad y constituirán una amplia gama, dado que se tratará especialmente de 
diarios electrónicos, servicios de educación o atención sanitaria a distancia, 
servicios de turismo a distancia, de venta electrónica a distancia de bienes y 
servicios, servicios de apuestas a distancia, juegos y pasatiempos interactivos, 
servicios de esparcimiento, etc. En general, estos servicios se caracterizan por 
el hecho de que se prestan a distancia por vía electrónica y pretenden responder 
a una o más solicitudes individuales de un destinatario de servicios específico. 
Debido a esta última característica, se tratará de servicios "interactivos", dado 
que el prestador actuará en función de las solicitudes específicas de un 
destinatario y viceversa. 
3. El espacio sin fronteras interiores es un elemento fundamental para el desarrollo 
de estos servicios puesto que va a permitirles atravesar las fronteras y ofrecer 
así a los ciudadanos nuevas posibilidades de comunicar y recibir informaciones, 
a los consumidores, nuevas formas de acceso fiables a los bienes o servicios y, 
a la industria europea de los servicios, nuevas oportunidades de potenciar su 
competitividad. 
4. El desarrollo de estos servicios no se realiza actualmente en una vacío jurídico, 
puesto que las normas de mercado interior, especialmente los artículos 52 
(libertad de establecimiento) y 59 (libre circulación de servicios) del Tratado y 
el derecho derivado en vigor, constituyen ya un marco jurídico de base. No 
obstante, los múltiples trabajos que se han puesto en marcha en la materia a 
nivel nacional o comunitario (estudios, informes y grupos de reflexión) 
coinciden en la necesidad de adaptar las normativas nacionales vigentes 
aplicables a los servicios actuales para responder a las especificidades de los 
nuevos servicios de la Sociedad de la Información y predicen un importante 
movimiento normativo en este contexto. Estos servicios podrán generar riesgos 
diferentes de los cubiertos por las normativas actuales sobre los servicios 
tradicionales o los servicios de radiodifusión televisiva o telecomunicación. Por 
lo tanto, será preciso modificar varias normativas actuales para garantizar una 
protección más adecuada del interés general o, por el contrario, para 
simplificarlas cuando no se justifique su aplicación. Por otra parte, el gran 
4c 
ft* interés generado por el tema de la Sociedad de la Información confirma que 
corremos el riesgo de encontrarnos en vísperas de una fuerte actividad .•»'$'' 
reglamentaria. v% 
5. Sin una coordinación a nivel comunitario, todo tiende a indicar que estas nuevas 
normativas diferirán.mucho entre los distintos Estados miembros, dado que a 
cada uno de ellos le motivan -preocupaciones específicas, fruto de una 
percepción diferente de los objetivos de interés general que se han de perseguir. 
Tal es la razón de que esta futura actividad normativa presente un riesgo grave 
de que se produzca una nueva fragmentación del mercado interior, es decir, de 
que se introduzcan nuevos obstáculos, injustificados o excesivos, a la libre 
circulación de servicios entre los Estados miembros y a la libertad de 
establecimiento de los prestadores de dichos servicios, que podría traducirse a 
nivel comunitario por un exceso de reglamentación e incoherencia entre las 
diferentes normas. 
Al propio tiempo, dado el carácter transfronterizo de los nuevos servicios, las 
iniciativas nacionales aisladas y no coordinadas entre sí podrían resultar 
ineficaces a la hora de proteger intereses generales legítimos y correrían graves 
riesgos de incumplimiento, en particular mediante las deslocalizaciones y la 
búsqueda del marco legal más favorable por parte de los agentes concernidos. 
6. Por consiguiente, se hace sentir la necesidad de que se coordine a nivel 
comunitario este futuro movimiento normativo, para prevenir que se produzca 
esta nueva fragmentación del mercado interior, así como para perseguir con 
más ahínco objetivos de interés general dignos de protección. Para que se lleve 
a cabo esta coordinación, sería prematuro proponer una armonización extensiva 
y exhaustiva a nivel comunitario de las normas de fondo aplicables a los 
servicios de la Sociedad de la Información, sin perjuicio evidentemente de los 
ámbitos que ya son objeto de una normativa específica a escala comunitaria, 
como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones. En efecto, no se suele 
conocer aún suficientemente la forma, la naturaleza y el desarrollo en el 
mercado de estos nuevos servicios como para poder determinar la necesidad y 
el contenido de dicha armonización con respecto al mercado interior. En 
consecuencia, la Comisión propone que se coordinen estas futuras normas 
mediante un procedimiento de información, consulta y cooperación 
administrativa. 
Lo cual no excluye, evidentemente, que en ámbitos específicos y puntuales se 
emprendan trabajos, para estudiar las necesidades de intervención a escala 
comunitaria de cara a la protección de ciertos objetivos de interés general. 
7. El procedimiento establecido para los proyectos de normas relativas a las 
mercancías por la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo de 1983 ya persigue 
justamente el objetivo de permitir un procedimiento de coordinación. La 
experiencia de más de diez años adquirida en la aplicación de esta Directiva 
muestra su eficacia puesto que, hasta el momento, representa el mecanismo más 
perfeccionado de transparencia normativa. La cooperación administrativa y los '%$ 
dd 
procedimientos que ha establecido responden perfectamente a las necesidades 
actuales en materia de servicios de la Sociedad de la Información. En 
consecuencia, la Comisión propone que se amplíe el ámbito de aplicación de 
esta Directiva de forma que se aplique a los proyectos de normas relativas a los 
servicios de la Sociedad de la Información. 
8. Varios son los objetivos que pretende lograr la propuesta de ampliación del 
ámbito de aplicación de la Directiva: 
• permitir el buen funcionamiento deljnercado interior, evitando en particular 
la creación de nuevos obstáculos mediante un flujo de información mutua entre 
los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. Esta información permitirá, 
según los casos, prevenir la aparición de normativas nacionales incompatibles 
con los principios de libre circulación de servicios y de libertad de 
establecimiento o detectar, si la normativa nacional prevista puede crear 
obstáculos jurídicos justificados por la salvaguarda de intereses generales dignos 
de protección, la necesidad de introducir nuevas normativas comunitarias 
conducentes a suprimir dichos obstáculos; 
• garantizar una protección más eficaz de los intereses generales previendo 
cuando sea necesario que la Comunidad intervenga para garantizar un nivel de 
protección adecuado y equivalente entre ios Estados miembros. Es posible que 
los problemas nacionales que pueden inducir a los Estados miembros a desear 
establecer normas en ese ámbito sean comunes a otros Estados miembros y que 
puedan ser resueltos con mayor eficacia mediante una protección coordinada a 
nivel comunitario; 
• sentar con mayor firmeza y reducir la necesidad de nuevas normativas 
comunitarias aplicando de forma más eficaz el Tratado y, en particular, sus 
artículos 52 y 59, así como el Derecho comunitario, y estrechando la 
cooperación entre Estados miembros. A este respecto, un mecanismo de 
transparencia aportaría una contribución importante en la fase de concepción 
previa, ya que permitiría prevenir o limitar la adopción de determinadas 
normativas nacionales, que podrían a su vez generar una reglamentación 
innecesaria a nivel comunitario a efectos de su ratificación; 
• facilitar la cooperación administrativa en la fase de concepción de las normas 
haciendo que el legislador nacional se interese ante las demás administraciones 
nacionales por la situación existente en el resto de los Estados miembros con 
objeto de no legislar aisladamente, sin tener en cuenta la experiencia por ellos 
adquirida ni las consecuencias en los prestadores o destinatarios de servicios 
establecidos en los demás países; 
• contribuir a la estabilidad del marcajwmatixa» limitando, en primer lugar, el 
riesgo de que se produzcan reacciones normativas imprevisibles, evitando 
posteriormente los posibles períodos de incertidumbre que entrañan los 
procedimientos de infracción aplicados a los Estados miembros por 
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incumplimiento de sus obligaciones comunitarias y, por último, facilitando a los 
operadores, a las autoridades nacionales competentes y a los consumidores una 
mayor información y permitiéndoles que aporten su contribución a los proyectos 
de normas que les puedan afectar. 
9. Se aplicará el mecanismo de transparencia a los proyectos de normas nacionales 
relativas al acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, cuando tales 
servicios sean prestados a distancia, por vía electrónica y a petición individual 
de un destinatario de servicios (elemento de "interactividad"), con exclusión de 
todos los proyectos de normas nacionales cuyo objeto consista en la 
incorporación al ordenamiento jurídico nacional de una directiva comunitaria 
presente o futura. 
10. En la medida de lo posible, se quiere que el mecanismo de transparencia sea 
completado por una cooperación normativa y administrativa a nivel 
internacional, con objeto de establecer un marco normativo estable y coherente a 
mayor escala. 
11. El mecanismo de transparencia propuesto recoge las medidas de procedimiento 
previstas en la Directiva 83/189/CEE: 
• un procedimiento de información sobre los proyectos de normas relativos a los 
servicios que se han definido anteriormente: los Estados miembros estarían 
obligados a comunicar a la Comisión cualquier proyecto de norma que fuese 
aplicable a los servicios de la Sociedad de la Información. La Comisión 
difundirá esta información al resto de los Estados miembros para que puedan 
conocer las iniciativas nacionales; 
• un procedimiento de consulta: después de haber comunicado el proyecto de 
norma, se abre un período de "statu quo" inicial de tres meses durante el cual 
los Estados miembros y la Comisión pueden intervenir para hacer observaciones 
o emitir un dictamen motivado (en ese caso, se amplía a seis meses el "statu 
quo" total), o, en el caso de la Comisión, declarar que se presentará una futura 
propuesta de armonización o que ya ha propuesto tales medidas en el sector de 
que se trate (en ese caso se amplía a doce meses, que podrían convertirse 
incluso en dieciocho, el "statu quo" total). 
- un comité: compuesto por representantes de los Estados miembros, que ya se 
estableció en la Directiva 83/189/CEE, permitirá a las administraciones 
fomentar el diálogo entre los legisladores de los Estados miembros y estimular 
la cooperación administrativa. En un momento en el que en muchos Estados 
miembros se inician trabajos de reflexión sobre el marco jurídico de los 
servicios, el comité podría constituir un foro de especial utilidad entre las 
administraciones. 
4-S 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO. AL PARLAMENTO EUROPEO 
Y AL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL 
La transparencia normativa en el mercado interior 
para los servicios de la Sociedad de la Información 
3 
INTRODUCCIÓN 
La política de la Comisión sobre la Sociedad de la Información se ha definido en su 
plan de actuación denominado "Europa en marcha hacia la Sociedad de la Información: 
plan de actuación"1. En el contexto de esta política general sobre la Sociedad de la 
Información, en marzo de 19952, la Comisión definió su política normativa sobre los 
servicios de la Sociedad de la Información, es decir, los diversos servicios que se 
prestarán en las autopistas de la información. Se ofrecerá a los consumidores una gama 
completa de servicios interactivos tales como los diarios electrónicos, servicios de 
educación, consulta de abogados o médicos a distancia, servicios de turismo a 
distancia, comercio electrónico de bienes y servicios, servicios de apuestas a distancia, 
juegos interactivos y servicios de ocio. 
Estos servicios se caracterizan, en general, por el hecho de que se prestan a distancia, 
por vía electrónica y responden a una o más solicitudes individuales de un destinatario 
de servicios específico. Como consecuencia de esta última característica, se tratará de 
servicios "interactivos", puesto que el prestador puede responder a las solicitudes 
específicas de un destinatario y viceversa. Por lo tanto, estos servicios, que llamaremos 
aquí "servicios de la Sociedad de la Información", son diferentes de los servicios de 
radiodifusión televisiva en la medida en que el consumidor puede acceder a ellos de 
forma interactiva, manipularlos, elegir y controlar su contenido de forma que se ajuste 
,a sus demandas específicas. No obstante, también se diferencian de los servicios 
profesionales tradicionales que habitualmente se ofrecen mediante desplazamiento del 
prestador o del destinatario de los servicios (por ejemplo, los servicios de medicina, 
abogacía o enseñanza) por el hecho de que se prestan a distancia y por vía electrónica. 
Los desafíos sociales, culturales y económicos de esta diversidad de servicios son 
evidentes: en particular, permitirán que los ciudadanos dispongan de nuevas 
posibilidades de comunicar y recibir informaciones sin límite de fronteras ni distancias, 
constituirá un sector económico dinámico y será la principal "razón de ser" (además 
del desarrollo de los servicios de telecomunicación propiamente dichos) del desarrollo 
de las redes y las tecnologías de la información en la Unión Europea. Por otra parte, 
también es evidente lo importante que resultan para la construcción europea, dado que 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones. COM (94) 347 final. Bruselas, 19 de julio de 1994. Este plan 
de actuación era consecuencia del Consejo Europeo de Corfou (24-25 de junio de 1994) que 
había subrayado la necesidad de crear un "marco normativo claro y estable"para la Sociedad de 
la Información y había invitado a la Comisión a definir lo antes posible un programa de medidas 
a nivel comunitario para completar el marco normativo. Previamente, el informe elaborado por el 
Grupo de personalidades de prestigio sobre la Sociedad de la Información presidido por el Sr. 
Bangemann, había subrayado la importancia de adoptar un único enfoque legislativo que sea a la 
vez coherente y pertinente, además de presentar, al tiempo, la suficiente ductilidad para avanzar 
con las nuevas tecnologías y los nuevos mercados. 
"Les servicies de l'Information - Mise en place d'un cadre réglementaire". Comunicación de los 
Srs. Bangemann, Oreja y Monti, aprobada el 22 de marzo de 1995. Véase también la exposición 
de motivos de la propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE, COM 
(95) 86final de 31.05.1995, p. 27. 
nk. 
estos servicios constituirán, al suprimir las distancias, un instrumento para lograr una 
unión cada vez más fuerte entre los pueblos y establecer unas relaciones más estrechas 
entre los Estados que forman la Unión. 
En este contexto, el espacio sin fronteras que constituye el mercado interior es un 
elemento fundamental del éxito de la Sociedad de la Información, puesto que las 
elevadas inversiones que se necesitan para desarrollar estos servicios solo se 
materializarán si se vislumbra la posibilidad de realizar economías de escala, de 
determinar con precisión los nichos de mercado y distribuir estos servicios en toda 
Europa. De esa forma mercados potenciales que son demasiados limitados para ser 
rentables en un solo país pueden ser interesantes si pudieran ser explotados en todos los 
Estados miembros. 
El enfoque normativo de la Comisión en relación con los servicios de la Sociedad de la 
Información debe tratar precisamente de responder a estos desafíos, estableciendo un 
marco jurídico claro, seguro y coherente. A este respecto, la Comisión estima que sería 
prematuro y arriesgado querer imponer en este momento una normativa comunitaria 
extensiva y precisa a estos nuevos servicios. Habida cuenta de que su forma, su 
naturaleza y su desarrollo en el mercado aún no se han definido con precisión, no se 
conocen aún suficientemente las necesidades y los problemas que podrían justificar una 
intervención comunitaria. Además, no existe vacío jurídico, puesto que el Derecho 
comunitario y, en particular, las normas del mercado interior actual constituyen ya un 
marco jurídico de base. 
No obstante, ello no significa en modo alguno que tengamos que permanecer pasivos. 
Ya es evidente que el desarrollo de la Sociedad de la Información irá acompañado en el 
futuro de nuevas normativas a nivel nacional que van a modificar el marco jurídico 
actual. Si no se coordina a nivel comunitario esta evolución reglamentaria, el resultado 
podría ser una nueva fragmentación del espacio sin fronteras, un exceso de regulación 
e incoherencias normativas, que podrían perjudicar el desarrollo de estos servicios de 
la Sociedad de la Información y la prosecución y protección eficaz de los objetivos de 
interés general asociados a este asunto. 
Con objeto de hacer frente a estos riesgos, la Comisión ha decidido que una de las 
acciones prioritarias a nivel comunitario ha de consistir, en la fase actual, en organizar 
este futuro movimiento normativo proponiendo un mecanismo de transparencia que 
garantice la claridad de los futuros proyectos de normas nacionales y su compatibilidad 
con los principios del espacio sin fronteras y los demás objetivos perseguidos. 
Ello no quiere decir que la Comisión no vaya a presentar otras iniciativas específicas, 
puesto que ya se ha planteado claramente esta hipótesis, y ha decidido, por una parte, 
que las futuras iniciativas normativas de la Comunidad deberán estar cimentadas en el 
marco jurídico del mercado interior y respetar la coherencia normativa y, por otra, ha 
puesto en marcha trabajos preparatorios de análisis o consultas sobre cuestiones 
específicas que ya han podido ser identificadas con la suficiente precisión. En este 
contexto, la Comisión acaba de aprobar tres libros verdes: el Libro Verde sobre "el 
derecho de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información"1, el Libro 
Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados y, por último, uno sobre 
las comunicaciones comerciales en el mercado interior, que han sido o están siendo 
objeto actualmente de una serie de consultas en profundidad. Además, se están 
preparando otros dos libros: el Libro Verde "Vivir y trabajar en la Sociedad de la 
Información: prioridad a la dimensión humana " y el Libro Verde sobre el desarrollo 
de los nuevos servicios audiovisuales, que abordará la cuestión de la protección de 
ciertos objetivos de interés general, en particular la protección de los menores y el 
fomento de la diversidad cultural y lingüística, así como el problema del desarrollo de 
los nuevos servicios. 
El mecanismo de transparencia normativa que se propone a continuación se configura, 
por lo tanto, como una etapa importante del establecimiento y organización del marco 
jurídico de la Sociedad de la Información, cuyo objetivo es garantizar que el sector de 
los servicios pueda sacar el mejor provecho del espacio sin fronteras. Se inscribe así en 
una política coherente encaminada a un desarrollo armonioso de la Sociedad de la 
Información, que tenga en cuenta la disparidad de los objetivos de interés general 
concernidos, en particular los desafíos sociales y culturales. 
Además, constituye también un elemento capital para permitir una participación más 
eficaz y coherente de la Comunidad en el debate y tratatmiento de los problemas 
relacionados con los aspectos normativos de la Sociedad de la Información en el 
contexto de la cooperación internacional. 
COM (95) 382 final de 19 de julio de 1995. 
I. LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ET, 
MERCADO INTERIOR 
El desarrollo del marco normativo de la Sociedad de la Información está estrechamente 
relacionado con el desarrollo del mercado de servicios. A este respecto, es evidente 
que nos encontramos ante un desarrollo significativo de este mercado en Europa (A) y 
que ya existe un marco jurídico de base (B). 
A. Hacia un mercado europeo de servicios 
Las nuevas normativas nacionales dependerán en gran medida del desarrollo del 
mercado de los servicios en la Sociedad de la Información. Tan pronto como tales 
servicios accedan al mercado o su próxima llegada repercuta en la opinión pública, se 
harán patentes las necesidades normativas. Por tanto, es indispensable, en primer 
lugar, identificar las características básicas del desarrollo del mercado de los nuevos 
servicios que pueden tener repercusiones a nivel normativo. 
1. Una gran diversidad de servicios 
Todos los servicios conocidos y desarrollados en la actualidad y un gran número de 
nuevos servicios que explotan nuevas posibilidades podrán pasar a formar parte de la 
Sociedad de la Información. Las características básicas que comparten todos estos 
servicios son la función específica que desempeña el consumidor final en la cadena y 
más especialmente el hecho de que el marketing, la venta y/la distribución de los 
mismos se ofrecerán al consumidor a distancia, por vía electrónica y a petición 
individual. 
A la vista de estos elementos fundamentales, el abanico de servicios propuestos por la 
Sociedad de la Información parece inmenso. Ya en la actualidad, la gama de servicios 
en línea que ofrece el mercado y los que se prevén para el futuro abarca un gran 
número de ámbitos. Tanto en los campos más innovadores, como en los más 
tradicionales (sanidad, educación, publicaciones, bienes de consumo, etc), los 
operadores ya han comenzado a evaluar y explotar las oportunidades que ofrece la 
inclusión de la interactividad electrónica directa en sus relaciones con los 
consumidores. Habida cuenta de los análisis actuales4, como ejmplos de servicios ya 
disponibles en la actualidad o previstos para el futuro podemos citar los siguientes: 
Véase por ejemplo: 
EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY (OEYl), "European Information Technology 
Observatory 95", Alemania 1995; ABRIL, LAURENT ET AL, "Développement d'un environnement 
multimédia en Europe: Besoins pour le développement d'un Environnement Multimédia fondé sur 
les Infrastructures de Télécommunications et les Réseaux de Television par Câble", Informe final 
para la DG XIII de la Comisión Europea, DEVOTECH Conseil y ANALYSIS, enero de 1995; 
EUROPEAN IT INDUSTRY ROUND TABLE, "Multimedia in the Fourth Framework Programme", 
Workshop report, Bruselas, 1 de junio de 1994; MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS, 
"Reforms toward the Intellectually Creative Society of the 21st Century, Program for the 
Establishement of High-Performance Info-Communications Infrastructure", Japón, 31 de mayo de 
1993; ZENITH MEDIA, "New Interactive Media: The Practical Guide", Zenith Media, Abril 
1995: AFTEL, "La télématique française en marche vers les autoroutes de l'information", Les 
éditions du téléphone, Paris, 1994: BRETON, THIERRY, "Les téléservices en France: Quels 
marchés pour les autoroutes de l'information?", Rapport officiel au Ministre d'Etat, Ministre de 
• El comercio electrónico: denominado a menudo, de manera confusa e incorrecta 
"teleshopping" o descrito como "sistema de compra electrónica", el comercio 
electrónico permitiría al consumidor efectuar pedidos de productos directamente 
a través de la televisión o del ordenador. 
• La enseñanza a distancia: este tipo de enseñanza se ofrecería de forma 
interactiva; utilizaría medios audiovisuales y permitiría al estudiante responder a 
«preguntas, elegir alternativas y obtener una evaluación inmediata. 
• Las publicaciones electrónicas/servicios de información: este término engloba a 
una amplia gama de servicios como las noticias, las informaciones 
meteorológicas, las bases de datos en línea, etc. En el caso de servicios tales 
como las informaciones relativas a viajes o los calendarios de diversos 
acontecimientos, una de las posibilidades que a menudo ofrece el comercio 
electrónico es la de hacer reservas directamente. 
• Los teleservicios profesionales: los servicios profesionales tales como la 
telemedicina y la asesoría jurídica ofrecen a los expertos la posibilidad de 
asesorar desde su lugar de trabajo al cliente situado en su domicilio con total 
interactividad entre ambos. 
• Banco a domicilio: los clientes pueden obtener información de sus cuentas y 
efectuar operaciones financieras directamente y a distancia a través de la red. 
• Pasatiempos en línea: se trata de servicios, tales como los juegos de video en 
línea o el video a la carta, que permitirían al consumidor pedir un programa o 
una película en cualquier momento, visualizarlos en su pantalla y manipular su 
contenido (actividades que pueden ir desde el bobinado o el rebobinado rápido a 
las modificaciones completas). 
Sin embargo, la amplia gama de servicios previstos en la actualidad no es más que la 
parte visible del iceberg. Las características que comparten estos servicios constituyen, 
en efecto, ventajas dotadas de ubicuidad, que pueden aplicarse, en su caso, a todos los 
servicios existentes: 
1. El acercamiento al consumidor: el hecho de llegar al consumidor allí donde se 
encuentre y ofrecerle la posibilidad de recibir información, de comprar y/o 
recibir un producto/servicio al instante le ahorra el tiempo y el esfuerzo que 
invertía para recibir el servicio tradicional. 
2. Reacción directa del consumidor: dado que la relación y el intercambio de 
información que se produce entre el destinatario y el prestador del servicio 
l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et au Ministre des Entreprises et du Développement 
économique", JOUVE, Paris,1994; INSTITUT MULTIMÉDIAS,"Multimédias made in USA". 
Séminaire Multimédias, Paris, marzo-abril de 1995. 
pueden ser mucho más intensos, este último puede conocer mejor el perfil de su ^^ -;vv 
cliente, y, por tanto, presentar una oferta a su medida. \¡{• *"• ^-
1 '•'••••:'•'' '•'•';'.''• 
3. Alcance universal instantáneo e internacionalización del mercado geográfico: r 
dado que la distancia física ya no tiene importancia en una conexión en línea, el 
prestador de servicios puede, con la misma facilidad, llegar a un cliente que se 
encuentre a muy corta distancia cómo a otro situado en otro continente. 
J :¿r "'i. 
Todo intento de citar o agrupar los servicios es, por definición, artificial, incompleto y 
muy temporal, puesto que se basaría necesariamente en mercados, productos, servicios 
y realidades económicas de hoy que podrían cambiar mañana. Además, las previsiones 
que enumeran los diferentes tipos de servicios de la Sociedad de la Información que se 
ofrecerían en el futuro están siendo actualizadas permanentemente. Dependiendo de su 
finalidad, se establecen diferentes categorías atendiendo, por ejemplo, a las 
características de la aplicación (profesional, de consumo, relativa a la educación o a la 
sanidad, etc), al tipo de soporte (PC, TV, etc.) o de red de distribución (satélite, cable, 
teléfono inalámbrico, terrestre, cobre/fibra, CD-ROM, quioscos interactivos5, 
Internet6, etc). Sin embargo, ninguna de ellas es totalmente satisfactoria ni duradera, 
dado que actualmente no se puede establecer límites con la suficiente claridad sobre el 
potencial que tendrá en el futuro la Sociedad de la Información. 
Desde el punto de vista normativo, la primera conclusión a la que se ha de llegar es 
que el alcance de los ámbitos normativos será necesariamente tan amplio como el de 
los ámbitos económicos. 
2. Desarrollo progresivo de los mercados 
La Sociedad de la Información no experimentará un crecimiento explosivo de la noche 
a la mañana. Aunque da la impresión de que las posibilidades son enormes, los 
servicios de la Sociedad de la Información solo van apareciendo gradualmente. En la 
actualidad se desarrollan y prueban continuamente nuevas aplicaciones (tales como la 
compra en línea, el telebanco, la enseñanza a distancia, el video a la carta, etc) y se 
ponen en marcha en todo el mundo proyectos piloto financiados con fondos privados y 
públicos. La razón de que este desarrollo se lleve a cabo de forma gradual es el tiempo 
que necesitan los prestadores de servicios para dar respuesta a los numerosos retos y, 
en particular, para: 
Ordenadores de acceso público, normalmente de una sola empresa, que ofrecen acceso a la 
información mediante una selección de menus, bajo control del usuario. Posibilidad de video-
conferencia en directo con un "experto" a partir del quiosco. 
Sistema abierto, sin propietario fijo, basado en la red ARPANET encargada por el Departamento 
de Defensa norteamericano en 1969. Advanced Network & Systems gestiona actualmente la 
estructura de este sistema, que está concebido para acoger de momento a más de 4 millones de 
usuarios y que presta servicios de correo electrónico a entre 30 y 40 millones de personas en más 
de 160 países. En algunos países de Europa, el número de usuarios de la red ha aumentado en 
más del mil por cien en los tres últimos años. 
Atraer al consumidor: será necesario vencer la resistencia al cambio, en 
particular por lo que se refiere a los servicios destinados a aquellos grupos de 
consumidores que están menos familiarizados con las nuevas tecnologías (por 
ejemplo, será necesario dar prioridad a las generaciones de más edad en lugar 
de a las más jóvenes, al mercado de masas en lugar de al de los negocios). 
Encontrar medios de pago: los servicios solo podrán desarrollarse si se 
establecen mecanismos de pago que ofrezcan una remuneración electrónica fácil 
y directa. Es evidente que aquellos servicios cuya remuneración sea más simple 
(por ejemplo, los servicios prestados en redes cerradas) se desarrollarán con 
mayor rapidez. 
Encontrar y desarrollar aplicaciones de tecnologías explotables comercialmente: 
los servicios basados en las tecnologías más avanzadas no se desarrollarán 
plenamente hasta que la aplicación de estas tecnologías no sea viable desde un 
punto de vista comercial y/o su disponibilidad no sea lo suficientemente amplia 
como para que el consumidor esté dispuesto a pagar por recibir este nuevo 
servicio. 
Diseñar de nuevo la distribución: si el producto ha de ser transportado 
físicamente o si se ha de prestar manualmente un servicio complementario se ha 
de establecer un concepto totalmente nuevo de distribución que esté a la altura 
de las ventajas de rapidez y proximidad ofrecidas por los servicios de la 
Sociedad de la Información. 
Superar los obstáculos normativos: la inadaptación del marco jurídico nacional 
(véase a continuación) hará que el desarrollo de los servicios sea a menudo 
costoso, como consecuencia de la inseguridad jurídica o de la necesidad de 
encontrar pequeños ámbitos normativos favorables, e incluso, en determinados 
casos, imposibilitará su desarrollo. 
• Determinar los regímenes de responsabilidad de los operadores: resultará 
capital distinguir entre las obligaciones de los proveedores de redes de servicios 
en línea o de redes cableadas, y los de los proveedores de servicios y editores 
del contenido, así como establecer las normas éticas y morales que éste debe 
respetar. 
Las oportunidades y los retos evolucionan y son percibidos de forma diferente por los 
operadores de los diversos ámbitos de actividad económica y resulta imposible 
determinar con exactitud, en la fase actual, qué combinaciones de 
aplicaciones/tecnologías ofrecerán un mercado rentable y, en el caso de que así sea, 
cual será el grado exacto de rentabilidad. Las primeras aplicaciones son y serán 
aquéllas para las que se necesiten unas adaptaciones más sencillas y menos costosas 
(por ejemplo, la publicación electrónica, las noticias interactivas personalizadas, el 
marketing en línea, etc) y/o aquellas que reporten mayores beneficios para el 
consumidor (por ejemplo, la compra electrónica, los servicios financieros en línea, la 
enseñanza a distancia, los servicios médicos prestados a distancia, el video a la carta, 
etc). Sin embargo, con el tiempo se modernizará y remodelará un número cada vez 
mayor de servicios "tradicionales" y se desarrollarán servicios totalmente nuevos. 
Desde el punto de vista normativo, la progresividad con la que se desarrolla el mercado 
significa que las nuevas normas no llegarán repentinamente, sino que es muy probable 
que lo hagan de forma escalonada. 
3. Un desarrollo dispar desde el punto de vista geográfico 
En el contexto de la Unión Europea es de esperar que se observen diferentes niveles de 
desarrollo de los servicios de la Sociedad de la Información según los Estados 
miembros por varias razones: 
• la diferencia entre los Estados miembros en el grado de difusión de las 
tecnologías de la información, que queda reflejada en su conjunto por el 
cociente TI7 (mediante el cual el país que dispone del coeficiente más bajo 
tendría teóricamente la tasa de difusión más elevada por lo que se refiere a 
ordenadores y telecomunicaciones, así como los niveles más altos de actividad 
económica). 
• ía diferencia entre los Estados miembros en la progresión de los mercados de 
las tecnologías de la información. Habida cuenta de que los mercados 
nacionales no evolucionan con la misma rapidez, en algunos casos van a 
disminuir las diferencias existentes entre los Estados miembros, mientras que en 
otros aumentarán8. 
• las diferencias entre los Estados miembros en los tipos de servicios que se 
desarrollarán debido a las diferencias que existen actualmente en las 
características del mercado, que están relacionadas con factores históricos, 
socio-políticos, demográficos, geográficos y tecnológicos. Esta diferencia en las 
características de los mercados en su base ya es patente en la actualidad (por 
ejemplo, la diferencia de interés por el mercado de servicios Minitel en Francia 
y el que suscitan en el Reino Unido los servicios avanzados de televisión por 
satélite) y también se evidencia en la infraestructura de la información 
disponible (por ejemplo, el uso divergente de la distribución por cable y de la 
Cociente TI = (OE+PM+CP+PC+TP+FM+PG)/(PIB*Host*NSF). OE representa los gastos 
totales en equipamiento de oficina en 1990 (en $ USA); PM, el número de envíos postales 
distribuidos en 1990; CP, el número de nuevos abonados de teléfonos celulares en 1994; PC, el 
número de ordenadores en servicio en 1993; TP, el número de teléfonos en servicio en 1990; FM, 
el número de fax en servicio en 1992; PG, el número de buscapersonas en servicio en 1992; PIB, 
el producto interior bruto por habitante en 1995 (estimaciones en $ USA; Host representa el 
número de ordenadores conectados a Internet en octubre de 1994; NSF representa el importe de 
ingresos y gastos netos del NSF en 1994, en millones. 
Véase el cuadro en el que se refleja la tasa de crecimiento de las tecnologías de la información 
por región, 1990-1994, que figura en OETI, ya citado en la página 357. 
red de telecomunicaciones, tal como queda ilustrado a continuación por la 
penetración de las conexiones a través de Internet). 
Cociente Tf 
Conexión Internet por 1000 habitantes1 
Desde el punto de vista normativo, el hecho de que los servicios se desarrollen de 
forma dispar desde el punto de vista geográfico hará que, con toda probabilidad, se 
adopten diferentes enfoques normativos a nivel nacional. 
4. Es indispensable que se desarrollen los servicios transfronterizos 
Los servicios de la Sociedad de la Información difieren de los "tradicionales" en que 
aquéllos pueden prestarse sin que sea un obstáculo la distancia que medie entre el 
consumidor y el prestador. La explotación de esta característica transfronteriza por 
naturaleza será fundamental para el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la 
Información, debido a la combinación de los siguientes factores: 
• alcanzar la masa crítica y disminuir los costes de comercialización: mientras 
que con los servicios "tradicionales", las ventajas que presentaba la prestación 
de servicios y el comercio transfronterizo de bienes en un mercado más amplio 
ARNUM, ERIC, "Internet Cross-Subsidisation: Traffic, Spending and G overnement Spending on the 
Internet. A close-up study of the commercialisation of the Internet and the growth of the NSFnet 
Backbone Service from January 1993 to January 1995", Informe presentado a la Comisión de las 
Comunidades Europeas, 1995. 
Fuente: Société Internet, Observatorio Europeo del sector Audiovisual. 
desde el punto de vista geográfico quedaban a menudo sin explotar como 
consecuencia de los costes que todo ello implicaba (tiempo, transporte, 
distribución, acopio de datos, etc), los servicios de la Sociedad de la 
Información, al suprimir las distancias, reducen considerablemente estos costes 
(la magnitud de la reducción depende de que sea necesario o no entregar los 
productos o que se incurra en gastos de interpretación, etc). 
• responder a las demandas especializadas y concentrarse en los nichos de 
mercado (la interacción entre el prestador de servicios y el consumidor 
individual permite al primero obtener una ventaja competitiva al responder a las 
necesidades del segundo con la máxima precisión posible. Como consecuencia 
de ello, aumentan progresivamente las expectativas del consumidor de poder 
encontrar productos/servicios que respondan exactamente a sus necesidades. 
Para el prestador de servicios, ello significa que la especialización y 
personalización son cada vez más importantes. En términos generales, los 
pequeños prestadores deberán explotar el mercado geográfico global con objeto 
de formar nichos que sean económicamente viables. Los prestadores más 
importantes que operen en el mercado de productos/servicios más 
estandarizados podrían ofrecer un nivel más alto de personalización si el propio 
servicio es adaptable (por ejemplo, los servicios de información o los servicios 
de educación); en el caso de servicios con características relativamente estables 
(por ejemplo, el video a la carta, la compra en línea, etc), será necesario ofrecer 
un mayor abanico de posibilidades si los prestadores quieren justificar su abono, 
es decir, ofrecer "conjuntos" de servicios. En todos estos casos, la posibilidad 
de abarcar un mercado geográfico más amplio se convierte en una exigencia 
fundamental. 
• federar los segmentos del mercado más allá de las fronteras: la Sociedad de la 
Información ha comenzado a desarrollarse en cada Estado miembro, aunque su 
implantación se encuentra más arraigada en determinados segmentos de 
población (por ejemplo, más en las nuevas generaciones que en la viejas, y más 
en los usuarios profesionales que en los privados, etc). Ello tiene como 
consecuencia que la nacionalidad del mercado es menos importante que el 
segmento y que para poder alcanzar un mercado de la suficiente amplitud para 
que la prestación de servicios sea viable desde el punto de vista comercial, será 
preciso alcanzar y federar estos segmentos más allá de las fronteras nacionales. 
El consumidor será el primer solicitante de estos servicios transfronterizos por sus 
aspectos positivos: 
• Un acceso bastante más fácil y que abarca a todos los servicios/productos 
existentes en la Unión Europea: gracias a una reducción considerable de los 
costes de investigación de los productos y servicios en el interior de la Unión, 
los mercados que anteriormente eran inaccesibles como consecuencia de la 
distancia geográfica son ahora tan accesibles como los nacionales. 
10 
• Una reducción del coste del servicio prestado: ante el incremento de la 
competencia entre los prestadores de servicios que permite una mayor 
comparación de precios, se va a producir una reducción de los mismos. 
• Nuevos servicios más especializados/personalizados: al contar con un mercado 
geográfico más extenso, los consumidores tendrán la,posibilidad de acceder a 
servicios más especializados y personalizados (por ejemplo, unos servicios de 
información o educación adaptados a las necesidades individuales del 
consumidor) y de disponer de una gama más amplia de nuevos 
productos/servicios. 
Desde el punto de vista normativo, la necesidad del desarrollo transfronterizo de los 
servicios subrayan que es esencial que esté plenamente garantizado el espacio sin 
fronteras. 
B. El marco jurídico actual del mercado interior 
El desarrollo del mercado europeo de servicios no se encuentra actualmente en una 
situación de vacío jurídico. El derecho del mercado interior vigente ya constituye un 
marco jurídico de base. La aplicación plena y efectiva de los principios de libertad de 
establecimiento (artículo 52 y siguientes del Tratado), de libre circulación de servicios 
(artículo 59 y siguientes del Tratado) y del derecho derivado en vigor ya hace posible 
que los servicios de la Sociedad de la Información gocen de las oportunidades ofrecidas 
por el espacio sin fronteras. 
El artículo 59 del Tratado, por el que se establece el principio de libre prestación de 
servicios11, es esencial para facilitar y fomentar la creación de una masa crítica de 
servicios transfronterizos que transiten por las autopistas de la información. Como se 
explica en la "Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la libre circulación 
transfronteriza de servicios"12, este principio impide a los Estados miembros imponer 
medidas restrictivas a la libre prestación de servicios procedentes de otro Estado 
miembro. En virtud del artículo 59 y de la jurisprudencia del Tribunal, es indudable 
que los servicios están sometidos a la legislación y el control del Estado miembro de 
origen, es decir, aquél en el que esté establecido el prestador. Debido a este régimen 
del país de origen y al del reconocimiento mutuo que de él se deriva, los prestadores de 
servicios de la Sociedad de la Información no estarán obligados en principio a aplicar 
regímenes diferentes según el destino final de tales servicios, lo que en una Unión de 
quince Estados miembros equivaldría a negar pura y llanamente la existencia de un 
espacio sin fronteras interiores. La armonización será necesaria, sin embargo, cuando 
El concepto de servicio está definido en el artículo 60 del Tratado: ".... se considerarán como 
servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una renumeración, en la medida en 
que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y 
personas". Además, el artículo 59 precisa que el principio de libre circulación se aplica a los 
servicios transfronterizos: "... las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la 
Comunidad serán progresivamente suprimidas ... para los nacionales de los Estados miembros 
establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación". 
DO C 334 de 9 de diciembre de 1993. 
11 
la aplicación de la legislación del país de recepción esté justificada por razones de 
interés general13. En ese caso se tratará de establecer un nivel de protección de un 
interés general equivalente entre todos los Estados miembros con objeto de eliminar 
dicha frontera jurídica. 
Es oportuno señalar una vez más que un enfoque que gire en torno a la aplicación 
eficaz del artículo 59 y del régimen del país de origen (reconocimiento mutuo) reducirá 
considerablemente el derecho derivado necesario. En numerosos casos, la aplicación 
directa del artículo 59 bastará, en efecto, para impedir que los Estados miembros 
obstaculicen la libre prestación de servicios de la Sociedad de la Información. Sólo en 
el caso de que una restricción esté justificada por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, será conveniente, llegado el caso, que se elabore una normativa de derecho 
derivado. En otras palabras, cuanto más estricta sea la aplicación del artículo 59, 
menos necesaria será la introducción de una normativa comunitaria. 
El artículo 52 del Tratado es también pertinente para los servicios de la Sociedad de 
la Información puesto que garantiza a sus prestadores el derecho de establecimiento, lo 
que significa que un operador que preste servicios de la Sociedad de la Información, 
esté establecido en un Estado miembro y desee establecerse en otros, no debería estar 
sometido a restricciones discriminatorias, restricciones discriminatorias encubiertas ni, 
en determinados casos, a restricciones no discriminatorias. 
El derecho derivado del mercado interior consta de un determinado número de 
directivas que desempeñarán una función importante en el desarrollo de los servicios de 
la Sociedad de la Información. Estas directivas tienen por objeto, como todas las del 
"mercado interior", proteger un interés general, en la medida en que sea necesario para 
la eliminación de los obstáculos al mercado interior, estableciendo un nivel de 
protección equivalente en todos los Estados miembros. 
A este respecto, se puede citar la reciente Directiva 95/46/CE, relativa a la protección 
de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal y 
la libre circulación de datos14, que demuestra el valor añadido aportado por el derecho 
del mercado interior para proteger los derechos fundamentales en la Sociedad de la 
Información, en este caso, el derecho a la vida privada. Aunque el alcance de esta 
Directiva supera ampliamente el de la Sociedad de la Información, constituye, sin 
embargo, una etapa fundamental en la elaboración de su marco jurídico, puesto que la 
protección de los datos de carácter personal es una cuestión que se considera básica 
para el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la Información. Así mismo, la 
Directiva representa un avance fundamental para estimular la confianza de los 
13 
14 Las restricciones a la libre prestación de servicios pueden estar justificadas siempre que se 
cumplan determinadas condiciones: las restricciones discriminatorias solo podrán estar justificadas 
por las razones establecidas en el artículo 56 del Tratado y salvo control de proporcionalidad: las 
restricciones no discriminatorias podrán estar motivadas por razones imperiosas de interés general. 
Al fin y al cabo, cualquier medida restrictiva ha de guardar proporción con el objetivo perseguido 
(la medida deberá ser adecuada y no ir más allá de lo que sea necesario para la realización del 
objetivo buscado). 
Aprobada el 24 de octubre de 1995. 
12 
ciudadanos en los nuevos servicios. A medida que se vaya desarrollando la tecnología 
de la información, la Comisión analizará y, en caso necesario, propondrá aquellas 
medidas que se consideren necesarias. Por otra parte, también conviene mencionar la 
propuesta de directiva relativa a la protección de datos de carácter personal y de la vida 
privada en el marco de las redes digitales de telecomunicaciones, especialmente de las 
redes digitales en la integración de servicios y redes digitales móviles15, que regula los 
problemas específicos relacionados con las redes de telecomunicación digital. 
En materia de propiedad intelectual, varias directivas van a desempeñar una función 
capital, especialmente la Directiva 91/2501 CEE sobre la protección jurídica de los 
programas de ordenadores16, la Directiva 92/100/CEE, sobre derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad 
intelectual17, la Directiva 93/83/CEE, sobre coordinación de determinadas 
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de 
autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable18, la 
Directiva 93/98/CEE, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho 
de autor y de determinados derechos afines19. La Directiva 96/6/CEE, relativa a la 
protección jurídica de las bases de datos20 también es de vital importancia y podría 
servir de base a cualquier iniciativa complementaria futura en relación con los 
aspectos del derecho de autor y sus derechos afines relacionados con la Sociedad de la 
Información. 
El Libro Verde sobre "el derecho de autor y los derechos afines al derecho de autor en 
la Sociedad de la Información"21 constituye un primer elemento de respuesta a los 
análisis que califican a la propiedad intelectual como uno de los ámbitos normativos 
clave para la Sociedad de la Información. Así, la especificidad de la tecnología digital, 
que hace posible la transmisión y copia de un gran número de datos con una facilidad 
mucho mayor a la del entorno analógico tradicional, implica determinados riesgos 
específicos. Sin una protección adecuada, resulta difícil garantizar que no se copia, 
20 Propuesta modificada COM (94) 128final, de 13.6.1994. Véase también la letra d) del apartado 4 
del artículo 22 de la propuesta de Directiva "relativa a la aplicación de la oferta de red abierta 
(ONP) a la telefonía vocal", posición común de 12 de julio de 1995 (DO C de 25.10.95, 281/19). 
DO n°L 122/42, de 17 de mayo de 1991. Esta Directiva reviste una importancia especial puesto 
que los programas de ordenadores constituyen un elemento fundamental para las autopistas de la 
información y, además, concede la protección del derecho de autor a los programas de 
ordenadores en calidad de obras literarias. 
DO n°L 346/61, de 27 de noviembre de 1992. 
DO n° L 248/15, de 6 de octubre de 1993. Esta Directiva define normas comunes en materia de 
derechos de autor, especialmente para la gestión de los derechos, de las que determinados 
elementos podrían resultar pertinentes para las propuestas legislativas relativas a la Sociedad de 
la Información. 4 
DO n° L 290/9. de 24 de noviembre de 1993. Se trata de una piedra angular del marco jurídico 
necesario para la protección de las obras y prestaciones que se difundirán en las autopistas de la 
información. 
DO n° L 77/20, de 27 de marzo de 1996. Adoptada el 11 de marzo de 1996, esta Directiva tiene 
por objeto armonizar el derecho de autor aplicable a la estructura de la base de datos, sea cual 
sea su forma, en línea y fuera de línea, e introducir un nuevo derecho económico que proteja la 
inversión substancial del fabricante de una base de datos. 
COM (95) 382 final, de 19 de julio de 1995. 
13 
transforma o explota la obra o la prestación a espaldas y en detrimento de los 
derechohabientes. El Libro Verde ha puesto en marcha un vasto ejercicio de consulta 
con objeto de determinar la futura política en este ámbito. 
El Libro Verde sobre "la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado 
interior"22, enumera los problemas derivados de las disparidades normativas existentes 
entre Estados miembros en materia de protección de dichos servicios contra la piratería 
y los riesgos que pueden suponer para el funcionamiento del mercado interior, en 
particular en la Sociedad de la Información. El Libro Verde evoca la posibilidad de una 
iniciativa comunitaria encaminada precisamente a armonizar las legislaciones 
nacionales en este ámbito. 
El Libro Verde sobre "las comunicaciones comerciales en el mercado interior"23 
aborda los diferentes tipos de publicidad, marketing directo, patrocinio, promoción de 
ventas y relaciones públicas destinados a promover productos y servicios, así como sus 
perspectivas de desarrollo ulterior tras la instauración de la Sociedad de la 
Información. Examina en qué medida las normativas nacionales, aunque no sean 
discriminatorias, pueden entorpecer la actividad transfronteriza de este tipo de 
servicios, en particular la realizada por red, y propone un método para evaluar la 
proporcionalidad de este tipo de medidas y mejorar la coordinación de las eventuales 
intervenciones a nivel comunitario. 
Por lo que se refiere a la protección de los consumidores, la propuesta de Directiva en 
materia de contratos negociados a distancia24 tendrá una importancia evidente para 
algunos de los nuevos servicios, especialmente el comercio electrónico. 
Por último, la Directiva 89/552/CEE "televisión sin fronteras"25 garantiza la libre 
circulación de las emisiones de radiodifusión televisiva que también gozarán de las 
facilidades de difusión transfronteriza que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
Sociedad de la Información. Esta Directiva abarca los servicios televisivos 
denominados convencionales, así como servicios como la televisión a la carta y el 
cuasivídeo a la carta. La presente iniciativa no prejuzga las discusiones en el 
Parlamento Europeo y en el Consejo sobre la revisión de la Directiva y, en especial, 
sobre su ámbito de aplicación. En la medida en que ciertos servicios nuevos se 
incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva, estos servicios y los proyectos 
normativos relacionados con ellos no quedarán cubiertos por el mecanismo de 
transparencia, dado que el procedimiento de notificación previo no se aplica, entre 
otras cosas, a las normativas nacionales de transposición de una directiva comunitaria. 
22 
23 
24 
25 COM(96) 76 final, de 6 de marzo de 1996. 
COM(96) 192 final, de 8 de mayo de 1996. 
Propuesta de revisión DO n° C 308/18, de 15 de noviembre de 1993 y DO n° C 185 de 19 de julio 
de 1995, p. 4. 
DO L 298, de 17 de octubre de 1989. Propuesta de revisión de 31.05.1995 COM (95) 86 final; 
propuesta modificada COM(96)200 de 7 de mayo de 1996; posición común de 8 de julio de ¡996 
y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo SEC(96)1292 sobre la posición común. 
14 
II. NECESIDAD DE UN MECANISMO DE TRANSPARENCIA 
La necesidad del mecanismo de transparencia es consecuencia del movimiento 
normativo que se va a desarrollar a nivel nacional en los próximos años para regular 
los servicios de la Sociedad de la Información; de no contar con la coordinación 
necesaria, esta actividad normativa podría poner en peligro el mercado interior al 
provocar especialmente una nueva fragmentación del espacio sin fronteras. 
Además, se plantea un problema de discordancia entre, por una parte, el limitado 
alcance territorial de las normativas nacionales y, por otra, la dimensión transnacional 
de los nuevos servicios interactivos que, por ello, requieren una profunda reflexión y, 
ante todo, una cooperación a escala comunitaria. 
A. Perspectivas de actividades normativas en los Estados miembros 
Los avances en los servicios de la Sociedad de la Información darán lugar, a nivel 
jurídico, a nuevas necesidades de carácter normativo. La constitución de grupos o 
comités de reflexión en los Estados miembros y la multiplicidad de informes y estudios 
oficiales que se han encargado a nivel nacional o comunitario coinciden en este punto: 
la Sociedad de la Información necesita una actividad normativa de gran alcance 
destinada a adaptar los marcos jurídicos actuales. 
1. Iniciativas previas a la actividad normativa en los Estados miembros 
En varios Estados miembros se han puesto en marcha trabajos de reflexión para 
analizar y evaluar las futuras necesidades normativas en el marco de la Sociedad de la 
Información26. Esta proliferación de iniciativas es sintomática del comienzo de una 
26 A título de ejemplo, se pueden citar los estudios siguientes: Thierry Breton: "Les télé-services en 
France. Quels marchés pour les autoroutes de l'information?" Informe oficial presentado al 
ministro de Estado, ministro del Interior y de Ordenación del Territorio y al ministro de Empresas 
y Desarrollo Económico (Francia, diciembre de 1994); Jean-Marc Detailleur: " Evolution de la 
presse écrite dans la perspective des nouvelles technologies multimédias". Informe presentado al 
ministro de Educación (Francia, diciembre de 1994); Gérard Théry: "Les autoroutes de 
l'information". Informe presentado al Primer Ministro (Francia, julio de 1994); "Industries 
culturelles et nouvelles techniques". Informe de la Comisión presidida por el Sr. Sirinelli, ministro 
de Cultura y Francofonía; "Prognos AG: Digitales Fernsehen-Marktchancen und 
ordnungspolitischer Regelungsbedarf erstellt im Auftrag der Bayerischen Landeszentralefür neue 
Medien (Munich, enero de 1995); Coudert Brothers: "An overview and analysis of the legal and 
regulatory barriers to the take off of multimedia applications in preparation for the infrastructure 
Green Paper" (Informe presentado a la Comisión en diciembre de 1994); "The Danish 
Government report on the Information Society year 2000; Actieprogranna Electronische 
Snelwegen "van metafoor naar actie" (Informe oficial presentado al gobierno sueco en agosto de 
1994); Titan; Etude du cadre réglementaire de la Communauté française pour le lancement 
d'expériences multimédia et workshop "Le contrôle des accès et de droits" (Bélgica, en noviembre 
de 1994 y enero de 1995); "Creating the superhighways of the future: Developing Broadband 
Communications in the UK" (Presentado al Parlamento por el Presidente de la "Board of Trade" 
por encargo de Su Majestad, noviembre 1994); "The Waterloo Report on Trans Atlantic Dialogue 
on Broadcasting and the Information Society", 19 a 21 de mayo de 1995, Informationsgesellschaft 
Chancen, Innovationen und Herausdorderungen, Festellungen und Empfehlungen, Der Rat fur 
15 
futura actividad normativa. A la vista de los datos de que dispone la Comisión, los 
trabajos que se están llevando a cabo se pueden resumir de la siguiente forma: 
Bélgica 
Una cincuentena de personas procedentes de diversos ámbitos del mundo de la 
comunicación colaboran en el proyecto "TITAN", destinado a introducir las nuevas 
tecnologías en la Comunidad francesa. Un subgrupo "jurídico" pasa revista a 
determinadas cuestiones tales como el derecho de la propiedad intelectual, la protección 
de la información, el derecho de la prueba y la protección del consumidor y la vida 
privada. Un primer informe elaborado en noyiembre de 1994 para el grupo TITAN 
sobre el marco normativo estima que una reforma total del sistema vigente es muy 
deseable y espera que una revisión en profundidad pueda garantizar la coherencia de 
las normas de estos nuevos servicios. Habida cuenta de la intención de elaborar una 
normativa sobre servicios interactivos, se ha encomendado al Consejo Superior del 
sector audiovisual el análisis de la cuestión y la elaboración de propuestas. En la 
Comunidad flamenca también se están debatiendo proyectos de enmiendas a un decreto 
de 4 de mayo de 1994, por el que se regula la radiodifusión/televisión en el contexto 
del proyecto "TELENET VLAANDEREN". Se trata de un proyecto en el que 
participan el Gobierno, instituciones paraestatales y el sector privado y que está 
destinado a los nuevos servicios de distribución por cable. 
• Alemania 
Se han creado varios grupos de reflexión, ya sea en los Estados federados, ya sea a 
nivel federal27, que, entre otras cosas, analizan la cuestión específica del marco 
normativo de los servicios de la Sociedad de la Información y las relativas a la 
protección de datos, la prevención de la criminalidad, la protección del menor, la 
propiedad intelectual, la protección de los consumidores, la codificación y la propiedad 
de los medios de comunicación. El partido cristianodemócrata alemán y los partidos 
social- demócrata/Bündnis 90/los Verdes han creado grupos de reflexión28 para estudiar 
los problemas legislativos y las adaptaciones normativas que se han de introducir. El 
Parlamento federal ha decidido crear una comisión de investigación para analizar 
especialmente las cuestiones normativas29. Uno de los problemas aún por resolver es 
saber si los nuevos servicios son competencia de los Estados federados o del Gobierno 
Forschung, Technologie und Innovation, Dezember 1995; varias resoluciones recientes de la 
ICRT (International Communications Round Table) también han subrayado determinadas 
necesidades en materia normativa. 
Por ejemplo, el "Forschungs-und Technologierat" del Gobierno federal, un grupo de 
representantes de los dieciseis Estados federados y representantes del Gobierno federal; el 
"Petersberger Kreis" que reagrupa al Gobierno y los operadores económicos. Los primeros 
informes se esperan para el otoño. 
Véanse, por ejemplo los" 12 Medienpolitischen Forderungen von Bündnis 90/Die Gruñen" de los 
días 9 y 10 septiembre de 1995, en los que se solicitan normas para los nuevos servicios en los 
ámbitos de la protección de datos, la vida privada, el menor, la propiedad intelectual y los 
consumidores. 
En este contexto, se ha llamado la atención sobre el hecho de que se deberían simplificar las 
normativas existentes para poder dar respuesta a las nuevas necesidades. 
16 27 
28 
29 
federal. Hace muy poco, los Estados federados se han puesto de acuerdo sobre un 
proyecto de Tratado sobre los servicios en línea (On-line Staatsvertrag) que se inspira 
en el Tratado sobre radiodifusión (Rundfunkstaatvertrag) entre Estados federados. 
Dicho proyecto30 prevé disposiciones relativas al acceso a la actividad, la identificación 
del prestador, la responsabilidad editorial, protección de menores, publicidad, 
patrocinio, derecho de réplica, protección de datos, supervisión, etc. En cambio, el 
Gobierno federal ha publicado orientaciones para una nueva ley multimedia31, que 
aborda problemas relacionados con el libre acceso sin licencia, la protección de los 
consumidores, la presentación de las condiciones de oferta y de los precios, la 
responsabilidad, la protección de los menores, el derecho contractual -incluida la firma 
digital-, los derechos de propiedad intelectual, etc. 
• Dinamarca 
El Ministerio de Hacienda, responsable de "la sociedad de información 2000", 
presentó en octubre de 1994 un informe gubernamental en el que, entre otras cosas, se 
llegaba a la conclusión de que se debía renovar y simplificar la normativa danesa sobre 
la protección de los datos personales para hacer frente a los cambios que trae consigo 
la Sociedad de la Información. El informe insta al Parlamento y a las autoridades 
locales a que den prioridad al debate sobre los diferentes aspectos de la Sociedad de la 
Información y a que se elabore un plan de actuación con iniciativas para el futuro. 
• Enancia 
El servicio "Minitel" y el desarrollo de la "telamática" han hecho posible que se 
adquiera una experiencia indudable en el ámbito de los servicios prestados a distancia. 
Con objeto de iniciar un debate sobre los posibles componentes de una nueva política, 
el Gobierno francés encargó en 1994 una serie de informes estratégicos sobre las 
diversas problemáticas que plantea la futura Sociedad de la Información. El "Rapport 
Breton" denominado "Les téléservices en France" remitido al Primer Ministro el 11 de 
julio de 1994, analiza más específicamente la cuestión del desarrollo de los nuevos 
servicios de la Sociedad de la Información y estima necesaria una adaptación de la 
normativa debido a la inadaptación de los textos actuales a los nuevos modos de 
organización que facilitan las nuevas tecnologías. El "Rapport Detailleur", remitido al 
Primer Ministro el 24 de enero de 1995, analiza las consecuencias que tendrá para la 
prensa el nuevo entorno tecnológico y subraya que algunos elementos nuevos relativos 
a los nuevos servicios van a provocar determinadas lagunas jurídicas. Las adaptaciones 
deberían realizarse de forma progresiva y ser resultado tanto del análisis de la 
experimentaciones como de una reflexión permanente sobre los aspectos jurídicos más 
importantes. El "Rapport Sirinelli", cuyo título es "Industries culturelles et nouvelles 
techniques" analiza el impacto de las nuevas tecnologías sobre el derecho de la 
propiedad intelectual. El "Rapport Théry", denominado "Les autoroutes de 
l'information", remitido al Primer Ministro el 31 de julio de 1994, analiza los dilemas 
30 
31 Staatvertrag über Mediendienste. 
Statement von Bundesminister Dr. Jürgen Rüttgers zu den Richtlinien Rahmenbedigubgen für neue 
Informations- und Kommunikationsdienste -Multimedia Gesetz- 2/5/1996. 
17 
estratégicos que las autopistas de la información plantean a Francia. Todos estos 
informes subrayan que será necesario llevar a cabo una actividad normativa en los 
ámbitos conocidos, sin que, sin embargo, especifique claramente su contenido o 
calendarios. Además, el 26 de marzo de 1996, el Parlamento aprobó una ley de 
aplicación inmediata para el comienzo de la experimentación de nuevos servicios. 
Italia 
En febrero de 1995, la Comisión permanente del Senado aprobó un documento 
denominado "in materia di multimedialità" que describe con precisión la situación 
italiana en este ámbito. El informe, que analiza los informes franceses "Breton" y 
"Théry", llama la atención sobre algunos problemas de carácter normativo (por 
ejemplo, la protección de datos, la concentración de medios de comunicación, la 
publicidad, etc) y plantea la cuestión de la necesidad de adaptar las normativas 
existentes. 
* Luxemburgo 
El 4 de mayo de 1995, el Primer Ministro anunció ante la Cámara de Diputados la 
creación de un órgano denominado "Cabinet de l'information" en el que los ministerios 
competentes coordinan, canalizan y centralizan iniciativas. Junto a este Gabinete, 
existirá un "Comité d'accompagnement", en el que participarán representantes de la 
economía y del mundo de los medios y de la comunicación y cuya misión consistirá en 
presentar propuestas y discutir estrategias destinadas a desarrollar la Sociedad de la 
Información. El Primer Ministro declaró que quedaban por aclarar muchas cuestiones, 
tales como la protección de datos, las consecuencias sociales, los derechos de autor, 
etc. La Cámara de Diputados ha previsto la organización de,un gran debate. Sea como 
mere, parece desprenderse que, en lo que respecta a los servicios interactivos, bien se 
creará un nuevo marco normativo, bien se adaptará el vigente a sus particularidades. 
Países Bajos 
En diciembre de 1994, el Gobierno adoptó un programa de actuación 
CActieprogramma") con el fin de acelerar la introducción de la Sociedad de la 
Información. A pesar de que el documento se centra principalmente en los aspectos 
relativos a las infraestructuras, en él se identifican algunos problemas relativos al 
marco jurídico de los servicios: por ejemplo, la protección de datos de carácter 
personal, los servicios codificados, la propiedad intelectual y el orden público 
(criminalidad y ética). La revisión normativa se centrará en la legislación de 
telecomunicaciones y en la denominada "accesoria", en la que se incluyen los ámbitos 
identificados anteriormente. Se prestará especial atención a la posibilidad de 
autorregulación en el sector de los servicios, dado que el gobierno estima que con ella 
se podrían acelerar las aplicaciones prácticas. Los ministerios competentes han 
constituido grupos interservicios para poner en práctica el programa de actuación. El 
ente neerlandés que regula los medios de comunicación ("het Commisariat voor de 
Media") ha autorizado recientemente a las sociedades de televisión para que utilicen las 
posibilidades ofrecidas por los nuevos medios electrónicos. Esta autorización abarca, 
18 
entre otras cosas, la utilización interactiva de la televisión, la publicación de guías 
electrónicas de programas, la distribución de programas en Internet, el intercambio de 
información y la venta directa. La autorización también podría abarcar la prestación de 
video a la carta y de servicios de televisión de pago. Por último, se ha constituido un 
comité directivo, compuesto por representantes de varios ministerios, para superar los 
problemas que pueda plantear la normativa actual y para coordinar la instauración del 
nuevo marco jurídico para los servicios electrónicos. 
El Gobierno ha nombrado una comisión que se encargará del fomento de la tecnología 
de la información. En agosto de 1994 se presentó un primer informe con el título 
"Wings to Human Ability". Se considera que la situación jurídica actual no es 
satisfactoria y el informe constata que para que se puedan desarrollar las tecnologías de 
la información es esencial que exista un marco jurídico estable en los ámbitos del 
derecho de autor, de contratos, civil, de la publicidad y de la garantía y protección de 
los datos personales. Para lograr una masa crítica de servicios rentables, se debería 
prestar especial atención, entre otras, a la legislación de contratos y a los derechos de 
la propiedad intelectual. En los tres próximos años se deberá concretar el objetivo que 
se persigue con el adaptación de las normativas. Se ha constituido un comité oficial con 
el fin de analizar, entre otros temas, las relaciones entre los medios de comunicación 
por televisión, los nuevos servicios y la legislación sobre la libertad de prensa. Debrían 
hacerse propuestas concretas durante este año. 
Finlandia 
A principios de 1995 el Gobierno publicó un informe con el título "Developing a 
Finnish Information Society ". Los problemas que plantean los nuevos servicios podrían 
ser debatidos en los grupos de trabajo ya existentes, tales como los que se ocupan de 
los derechos audiovisuales, los derechos de autor y los derechos multimedia. Es de 
suponer que Finlandia, que ya posee una normativa muy liberal en relación con los 
medios de comunicación, también se basará, en el ámbito de los nuevos servicios, en 
organismos de autorregulación, salvo en el caso de los hechos delictivos que se regulen 
por el código penal. En general, se trata de regular lo menos posible. 
Reino Unido 
El informe "Creating the Superhighways of the Future: Developing Broadband 
Communications in the UK", preparado por el D.T.I, y presentado al Parlamento en 
noviembre de 1994, determinó la necesidad básica de constituir un marco jurídico 
estable, eficaz y evolutivo con el fin de reforzar la confianza que los industriales 
necesitan para sus inversiones y constató que se debía consagrar una atención especial a 
la protección de los datos de carácter personal e industrial que circuían por las redes y 
ofrecer una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. El 
documento anunció la creación de un grupo consultivo para la industria multimedia 
(MMIAG), compuesto por industriales de alto nivel, cuya misión es asesorar al 
ministro competente sobre las oportunidades y obstáculos que presenta el desarrollo 
19 
multimedia. Algunos subgrupos se encargarán de pasar revista, entre otros, a 
determinados aspectos de carácter jurídico en los ámbitos mencionados y también a las 
aplicaciones médicas. El subgrupo en el que se debate la problemática de la propiedad 
intelectual ha estimado que deberían simplificarse los procedimientos de concesión de 
los derechos para los nuevos productos multimedia y recomienda que se modifiquen las 
normas sobre difamación y obscenidad y se introduzca, a semejanza de lo que sucede 
con los proyectos en los Estados Unidos, un derecho de transmisión para que se 
protejan los derechos de autor. Dentro de los servicios de jefatura del gobierno se ha 
constituido otro grupo de trabajo interdepartamental con objeto de debatir la necesidad 
de una adaptación de la legislación vigente, especialmente en los ámbitos del derecho 
de la propiedad intelectual y de la protección de datos. En julio de 1995, se introdujo 
un proyecto de ley por el que se modifica la legislación y el procedimiento relativo a la 
difamación ( "An act to amend the law of defamation and to amend the law of 
limitation with respect to actions for defamation and malicious falsehood"). Este 
proyecto de ley incluye en su ámbito de aplicación la publicación electrónica (artículo 
1). Por lo que se refiere a los partidos políticos, el Partido Laborista del Reino Unido 
presentó un informe en el mes de julio de 1995, denominado "Labour's Policy Forum 
on the Information Superhighway", que, ante todo, hace mención a los ámbitos de la 
protección de los consumidores, el derecho de autor, la protección del menor, el orden 
público, la piratería, la protección de datos, el marketing, las normas del derecho del 
trabajo y el derecho social al trabajo a distancia, etc, y solicita intervenciones 
normativas en el Reino Unido. 
2. Nuevas necesidades normativas 
Dejando de lado ámbitos específicos, como el sector de las telecomunicaciones, que 
son objeto de una normativa especial a escala comunitaria, el análisis de estos múltiples 
trabajos revela que serán en ocasiones necesarias adaptaciones de normas o la 
introducción de nuevas reglamentaciones, puesto que las existentes no se concibieron 
para los servicios de la Sociedad de la Información, como tales. El objetivo de las 
actuales normas consiste en dar respuesta a determinados riesgos específicos que 
pueden entrañar los servicios existentes con relación a determinados objetivos de 
interés general (por ejemplo, la protección de la salud pública para los servicios 
médicos, la protección de los consumidores o del pluralismo para los servicios de 
televisión, la protección de la competencia o de los consumidores para los servicios de 
telecomunicación, etc). Al poseer unas características diferentes, los servicios de la 
Sociedad de la Información van a cambiar para bien o para mal la naturaleza del riesgo 
cubierto por las normativas vigentes. Dicho de otro modo, si se comparan con los 
servicios profesionales tradicionales que suponen un desplazamiento del prestador o 
del destinatario, los servicios prestados a distancia y por vía electrónica pueden 
modificar el tipo de riesgos a los que se exponen los consumidores. De modo análogo, 
si se les compara con la radiodifusión, los servicios que responden a demandas 
específicas de su destinatario (servicios "interactivos") no plantean los mismos 
problemas con relación a la protección de un interés general. Por ejemplo, al contrario 
de lo que sucede con los servicios interactivos, los riesgos inherentes a las emisiones 
de radiodifusión televisiva residen en el hecho de que, una vez difundida, no es posible 
conocer con exactitud cuál va a ser la audiencia de una emisión determinada, porque el 
20 
consumidor es más pasivo o cautivo de la emisión (al no poder influir en el contenido), 
o incluso por el hecho de que se trata de un medio de comunicación de "masas". Por el 
contrario, los servicios interactivos generan otro tipo de riesgos, como consecuencia 
precisamente del grado de individualización de la relación específica que une al 
destinatario y al prestador de servicios (vida privada, protección del consumidor, etc). 
Para hacer frente a estos riesgos diferentes, será preciso adaptar normativas que, según 
los casos, garanticen una mejora de la protección o, por el contrario, simplifiquen los 
trámites existentes. En determinados casos, las autoridades nacionales podrán utilizar 
su facultad de interpretación para lograr soluciones a corto plazo. No obstante, tales 
soluciones podrán diferir, ser objeto de controversia y desencadenar por ello la 
intervención del legislador. Por otra parte, en bastantes casos las normativas vigentes 
no dejan suficiente margen de maniobra para escapar a la necesidad de una 
intervención legislativa. 
a. Necesidad de nuevas protecciones 
Las normativas actuales están adaptadas a las actividades de los servicios existentes 
(por ejemplo, los servicios profesionales, de telecomunicación, de radiodifusión 
televisiva), pero no necesariamente a los nuevos servicios, por lo que es posible que 
sea necesario reforzarlas o completarlas. 
Mejorar la protección vigente. Cabe la posibilidad de que las normativas en vigor que 
persiguen un objetivo de interés general hayan de ser adaptadas para garantizar una 
protección más eficaz de dicho interés general frente a los nuevos riesgos generados 
por los servicios de la Sociedad de la Información. En tal caso, no se tratará de 
responder a un nuevo objetivo de interés general, sino de garantizar una protección 
más adecuada de un objetivo ya establecido. 
Esta mejora de la protección podría llevarse a la práctica mediante una adaptación de 
las normas aplicables destinada a aumentar la intensidad de la protección existente. Así 
es, si tenemos en cuenta que los servicios de la Sociedad de la Información van a 
consistir en prestar de forma diferente servicios ya existentes y regulados, es probable 
que sea necesario introducir numerosas adaptaciones a estas normativas. A modo de 
ilustración digamos que, habida cuenta de que los servicios se prestarán a distancia, 
cabe la posibilidad de que las normativas actuales relativas a los servicios profesionales 
(medicina, etc.) no sean suficientes por lo que se refiere a la identificación y las 
cualificaciones del prestador (diferencia entre la consulta hospitalaria y la consulta a 
distancia). 
Por otra parte, la mejora de la protección podría consistir en ampliar el alcance de las 
normativas aplicables a una actividad específica. De esa forma, servicios a los que 
tradicionalmente se aplicaba un conjunto de normas jurídicas muy delimitadas podrán 
ser objeto de nuevas normas encuadradas en otras familias jurídicas para garantizar una 
protección más completa. Por ejemplo, por lo que se refiere a servicios audiovisuales 
como el video a la carta, se podría establecer, en su caso, el cumplimiento de 
disposiciones específicas relativas a la protección de datos (habida cuenta de que la 
21 
interactividad permite là identificación del usuario y, por consiguiente, genera riesgos 
para la protección de la vida privada) mientras que tradicionalmente las normativas 
aplicables a la televisión no se ocupan de tales riesgos. 
Protección de nuevos intereses generales. Independientemente de las adaptaciones de 
las normas destinadas a realizar con mayor eficacia el objetivo perseguido, podría ser 
necesario responder a nuevos objetivos de interés general. Así por ejemplo, los debates 
actuales sobre la virtualidad en la Sociedad de la Información podrían generar, en su 
caso, reacciones de carácter normativo destinadas a garantizar determinadas cualidades 
de veracidad. 
fr. Necesidad de simplificar determinadas protecciones existentes _ 
En sentido contrario a lo anteriormente expuesto, determinadas normas actualmente en 
vigor podrían perder su utilidad o su adecuación, por lo que sería necesario que no se 
aplicasen a los nuevos servicios o fuesen objeto de simplificación. 
Acabar con una mala aplicación de ciertas normas. Dado que los servicios se 
encontrarán en la encrucijada de diferentes familias jurídicas, cabe la posibilidad de 
que algunos de estos servicios se encuentren sometidos a reglamentaciones que no 
habían sido concebidas manifiestamente para regular ese tipo de actividad. Por 
consiguiente, será necesaria una intervención legislativa para excluir los servicios 
afectados del ámbito de aplicación de la normativa en cuestión. Sería por ejemplo 
oportuno estudiar si y en qué medida las legislaciones sobre la radiodifusión televisiva 
son aplicables a los servicios de la Sociedad de la Información. 
Adaptar las normativas desproporcionadas. Podría darse el caso de servicios que 
estuviesen sometidos a determinadas obligaciones que no guardasen proporción con el 
objetivo legítimo que persiguen. Podría tratarse de un tipo de obligación que no se 
adecúe a los servicios de la Sociedad de la Información, o de medidas que superan los 
límites de lo necesario para alcanzar el objetivo. A modo de ilustración digamos que, si 
bien es evidente que la protección del menor es un objetivo fundamental, podría ser 
inadecuado (y quizás contrario al artículo 10 del CEDH) establecer, como en el caso de 
la radiodifusión televisiva (en la que no se puede establecer garantía alguna sobre 
"quién ve qué"), una medida de prohibición total de los servicios destinados a los 
adultos32. He aquí otro ejemplo: las obligaciones de contratos escritos con anterioridad 
a la venta no son adecuadas para la venta electrónica. De modo análogo, cabe la 
posibilidad de que los regímenes de autorización previa o de licencia aplicables a los 
servicios de telecomunicación o radiodifusión no sean adecuados para los servicios de 
la Sociedad de la Información (especialmente si tenemos en cuenta que otro régimen 
como el que se aplica a la prensa podría garantizar una protección más eficaz). 
32 La interactividad y las modalidades técnicas por las que el usuario tendrá acceso a los nuevos 
servicios podrían potenciar la facultad de los padres para controlar el acceso de los menores a 
los programas violentos o pornográficos. Por lo tanto, la normativa de radiodifusión que afecta a 
la protección del menor no está necesariamente adaptada, puesto que el riesgo de que los 
menores puedan acceder de forma incontrolada es mucho mayor en el contexto de la 
radiodifusión. 
22 
3. Un movimiento normativo de gran amplitud y escalonado 
La movilización política en los Estados miembros en torno al tema de la Sociedad de la 
Información y el desarrollo del mercado de servicios tendrán necesariamente 
repercusiones sobre la magnitud de la actividad normativa a nivel nacional. 
a) Un amplio espectro de normativas 
Como consecuencia de la gran variedad de servicios, este movimiento normativo 
afectará a un gran número de ámbitos jurídicos y especialmente a la legislación de 
prensa (por ejemplo, ¿han de aplicarse las especificidades del régimen jurídico de 
prensa, tales como la responsabilidad editorial?), el derecho de telecomunicaciones, el 
derecho civil33, en particular la normativa sobre contratos34, la legislación sobre temas 
audiovisuales35 (por ejemplo, ¿es preciso que exista un régimen de autorización previa 
o han de seguir aplicándose las normas tradicionales sobre el pluralismo?), el derecho 
social y del trabajo36 (por ejemplo, ¿cual es el régimen que se ha de aplicar al trabajo a 
distancia?), el derecho fiscal37 (por ejemplo, ¿qué nuevos servicios podrían acogerse a 
medidas de estímulo fiscal?),* el derecho penal38 (por ejemplo, ¿qué regímenes y 
procedimientos deberían establecerse para los delitos?), el derecho bancario y 
financiero (por ejemplo, ¿qué régimen se ha de establecer para los servicios a distancia 
de bancos, compañías de seguros o bolsas?)39, la normativa sobre comunicación 
comercia?* y por último las normas profesionales, especialmente las aplicables a las 
profesiones independientes (por ejemplo, ¿qué régimen se ha de establecer para la 
prestación de servicios a distancia de asesoría jurídica o asistencia médica?). 
Estas normas pretenden lograr varios objetivos de interés general: la libertad de 
expresión, la protección de la vida privada (todos los servicios), la protección del 
menor, la protección del consumidor (por ejemplo, el servicio de venta electrónica), la 
protección de la propiedad intelectual, la protección de la salud (por ejemplo, los 
servicios de medicina a distancia), la protección de la cultura o las lenguas (por 
ejemplo, servicio educativo), etc. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 Véase el informe sueco "Wings to Human Ability". 
Algunos notarios de determinados Estados miembros ya se están enfrentando a esta problemática. 
Véase la Revue de l'Assemblée de Liaison des Notaires de France n° 6,1995 y 
Bundesnotarkammer, Elektronischer Rechtverkehr, Colonia 1995. 
Véase el estudio "Prognos": el informe "Detailleur"; "The Waterloo Report"; el informe" Coudert 
Brothers"; el estudio "Information Society: Accès and Pluralism", International Federation of 
Journalists, marzo de 1995. 
A este respecto, véase especialmente el estudio de Thierry Breton "Le télé-travail en France: 
Situation actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques". 
Thierry Breton "Le télé-travail en France: Situation actuelle, perspectives de développement et 
aspects juridiques"; Thierry Breton: "Les télé-services en France. Quels marchés pour les 
autoroutes de l'information?"; Jean-Marc Detailleur: "Evolution de la presse écrite dans la 
perspective des nouvelles technologies multimédias". 
Véase especialmente el informe del gobierno neerlandés: Actieprogramma Electronische 
Snelwegen "van metafoor naar actie". 
Véanse los informes de Thierry Breton "Les télé-services en France" y de "Gérard Théry "Les 
autoroutes de l'information". 
Véase el estudio Prognos, el informe Detailleur y el informe Coudert Brothers. 
23 
Ya se ha determinado en numerosos estudios e informes gubernamentales que 
determinadas cuestiones específicas deberían ser las primeras en tratarse; cuestiones 
tales como la protección de los datos, la protección de la propiedad intelectual, la 
protección de los consumidores y del menor y la protección y el régimen aplicable a la 
codificación de los servicios. 
b) Un calendario vago y muy escalonado 
El análisis del mercado de servicios ha puesto de relieve que no se producirá una 
evolución repentina, sino que se desarrollarán progresivamente. Por consiguiente, las 
propias iniciativas normativas que se adopten también se escalonarán con el fin de 
adaptarse al desarrollo del mercado y de tratar las diferentes cuestiones que se planteen 
poco a poco. Así pues* el marco normativo nacional para los servicios de la Sociedad 
de la Información se caracterizará por su carácter evolutivo. 
No se presenta ningún calendario preciso. Por regla general, los estudios e informes 
confirman que las reflexiones que se llevan a cabo en la gran mayoría de los Estados 
miembros -con excepción de Alemania- aún no se han definido con precisión y 
subrayan la dificultad que plantea el establecimiento de un calendario para la 
adaptación de las legislaciones. Algunos informes únicamente dan indicaciones para la 
realización de los primeros ajustes normativos específicos41. A modo de ilustración 
digamos que los Países Bajos desean revisar su legislación sobre los delitos de 
información antes de que finalice 1996 y Suecia quiere modificar su normativa en los 
tres próximos años. Además, los análisis económicos revelan que nuevos servicios 
inimaginables en la actualidad podrían introducirse en el mercado en un futuro a 
medida que se consoliden definitivamente los progresos tecnológicos y el desarrollo del 
mercado. Es inevitable que sea difícil imaginar actualmente cuales serán las 
necesidades de carácter normativo de tales servicios. 
Subsiste un gran incertidumbre sobre el contenido de las normas que podrían ser 
necesarias en el futuro. Aunque los expertos nacionales e internacionales han definido 
correctamente los ámbitos, sin embargo, no se suelen pronunciar sobre la vía a seguir 
ni sobre las disposiciones concretas que se han de adoptar. Habida cuenta de los 
importantísimos aspectos sociales y políticos en juego que pone de manifiesto la 
intensidad de la movilización política y exceptuando los casos de normativas reactivas 
y de urgencia, la elaboración de soluciones de carácter normativo será especialmente 
compleja y, en determinados casos, podrá suscitar extensos debates que podrán 
prolongarse hasta el próximo milenio. 
Véanse especialmente los informes sueco "Wings to Human Ability" y neerlandés 
"Actieprogramma Electronische Snelwegen" y "The Danish Government Report on the 
Information Society Year 2000". 
24 
Por otra parte, la adopción de provectos piloto constituye uno de los métodos de 
intervención normativa que se utilizan especialmente en Alemania y Francia42. Este 
método consiste en intervenir en un primer momento exclusivamente para establecer un 
régimen derogatorio provisional o ad hoc destinado a permitir el desarrollo de 
proyectos piloto de servicios de la Sociedad de la Información. El seguimiento y 
análisis de la experiencia adquirida con estos proyectos piloto permitirá al legislador 
conocer mejor los problemas y, en una fase posterior, regular plenamente estos nuevos 
servicios. Ello quiere decir que las verdaderas normativas no se introducirán hasta 
después de transcurrido un período bastante prolongado43, dependiendo del tiempo que 
se necesite para extraer conclusiones fiables de la experiencia de los proyectos piloto. 
Este método de "derogación/proyecto piloto/seguimiento/nuevas normas", ejemplo de 
pragmatismo, podría convertirse en una de las soluciones normativas a corto plazo que 
eviten que se regule de forma prematura, sin abandonar una postura de total 
disponibilidad normativa, que permita, en su caso, intervenir con pleno conocimiento 
de causa. 
Por último, también se ha previsto la hipótesis de un ajuste normativo permanente o 
continuo, habida cuenta de los avances tecnológicos y de los valores sociales que 
podrían estar sometidos a una cierta versatilidad44. 
B. Riesgos para el funcionamiento del mercado interior 
La actividad normativa que se está preparando en los Estados miembros podría 
constituir un riesgo para la realización del objetivo del mercado interior, de no llevarse 
a cabo en un contexto adecuado. 
1. Riesgos de nueva fragmentación del mercado interior 
Si no se hace nada por coordinar la elaboración de las nuevas normativas nacionales 
aplicables a los servicios de la Sociedad de la Información, es muy posible que éstas 
sean muy diferentes, o incluso divergentes, entre sí. Si así fuese, se producirían nuevas 
restricciones a la libre circulación entre los Estados miembros de los servicios de la 
Sociedad de la Información, dado que un Estado miembro podría limitar o prohibir la 
prestación de un servicio procedente de otro Estado miembro aplicándole su propia 
normativa nacional. En el contexto de la legislación sobre el mercado interior y 
especialmente del artículo 59, cabe la posibilidad de que alguna de estas medidas no 
estén justificadas, mientras que otras sí lo estarían. En el primer caso, la Comisión 
deberá intervenir para que el Estado suprima este obstáculo jurídico y, en el segundo, 
deberá proponer, de ser necesario, una armonización de las normativas en cuestión 
para garantizar la libre circulación. A la espera de que ambas iniciativas produzcan los 
frutos esperados en los dos casos, la industria europea de los servicios de la Sociedad 
de la Información no podrá gozar de un verdadero espacio sin fronteras, lo que le 
42 Se está elaborando un proyecto de ley para establecer un régimen derogatorio de 5 años 
destinado a permitir la realización de 170 proyectos piloto. * 
En Francia se prevé un período de 5 años. 
Véase, por ejemplo, el estudio Prognos, páginas 143 y siguientes. 
25 
disuadiría de realizar las inversiones que necesita para ser competitiva. Varias son las 
razones que contribuyen a forjar esta situación negativa. 
Razones que tienen que ver con el desarrollo del mercado. El análisis del mercado de 
los nuevos servicios pone de relieve que su desarrollo será progresivo y dispar desde el 
punto de vista geográfico, es decir, que diferirá según los Estados miembros. Ello 
significa que las iniciativas de tipo normativo se producirán en diferentes momentos 
según los Estados miembros y en servicios diferentes. Así, por ejemplo, es probable 
que un determinado Estado miembro en el que los servicios profesionales de medicina 
a distancia se vayan a desarrollar con rapidez se vea obligado a regularlos, mientras 
que en ese mismo momento otro Estado miembro regulará los servicios de comercio 
electrónico y de apuestas a distancia como consecuencia de que un operador del 
mercado nacional se muestre especialmente activo en este campo. 
Razones relacionadas con las tradiciones y culturas nacionales. Las normativas 
nacionales son depositarías de un conjunto de valores y tradiciones económicas, 
culturales, sociales y políticas, que varían según los Estados miembros. La experiencia 
pone de manifiesto que, en cualquier ámbito, el enfoque normativo se inspira en estas 
diferencias e incluso puede conducir a reflejos normativos. Ello significa que, por una 
parte, las cuestiones que se regularán en primer lugar variarán según los Estados 
miembros (por ejemplo, algunos Estados miembros podrían hacer hincapié en la 
protección de la cultura nacional, mientras que otros estarán más interesados en la 
protección del consumidor e incluso otros, en la protección del menor y las buenas 
costumbres) y, por otra parte, que también variará el contenido de las normas que se 
apliquen a una misma cuestión específica (por ejemplo, ya sucede en la actualidad que 
los enfoques nacionales en materia de protección del menor, protección de datos, y 
protección de los consumidores son muy diferentes, lo que refleja la diversidad de 
opiniones, percepciones y objetivos de cada país). 
Razones relacionadas con el régimen jurídico de partida. En la actualidad los 
regímenes jurídicos nacionales que han de ser modificados ya presentan diferencias 
entre los Estados miembros. En consecuencia, las modificaciones que en ellos se 
introduzcan van a seguir su propia lógica de intervención que podría ampliar las 
disparidades actuales. A título de ejemplo digamos que en derecho alemán el concepto 
de "radiodifusión" (que permite el reparto de competencias entre los Estados federados 
y el gobierno federal), o el régimen jurídico francés de control a posteriori 
desarrollado por los servicios de Minitel, o incluso el régimen británico modulado y 
simplificado que ya se aplica a los organismos de radiodifusión televisiva por satélite, 
constituyen otros tantos puntos de partida diferentes para establecer los regímenes de 
acceso a las actividades de los nuevos servicios (control a priori o control a posteriori). 
Otros ejemplos son los diferentes enfoques que pueden existir en materia de propiedad 
intelectual o los regímenes aplicables a los sistemas de codificación (algunos Estados 
miembros establecen un sistema de autorización previa y otros no). 
Razones motivadas por la pluralidad de formas de los servicios de la Sociedad de la 
Información. Dado que los servicios serán muy diferentes entre sí, también será muy 
amplio el espectro de los ámbitos jurídicos implicados. En consecuencia, se multiplica 
26 
la posibilidad de que existan enfoques normativos divergentes, que influirán en el 
funcionamiento del espacio sin fronteras al multiplicar los obstáculos que se puedan 
plantear a la libre circulación de servicios. La situación es especialmente preocupante 
por el hecho de que los prestadores ofrecerán, por lo general, un paquete o conjunto de 
varios servicios y que, en consecuencia, también se multiplicarán los riesgos de que se 
puedan enfrentar a nuevos obstáculos jurídicos. De esta forma, un prestador que ofrece 
un conjunto de servicios compuesto por juegos interactivos, tele-enseñanza, video a la 
carta y televenta podría ver restringido alguno de estos servicios en un Estado miembro 
determinado, mientras que en otro, el que sufriría la restricción sería otro servicio . El 
número de combinaciones posibles de situaciones de este tipo dice mucho sobre la 
multiplicación de los obstáculos que se pueden plantear. 
Los primeros signos que evidencian enfoques diferentes confirman la importancia de 
este riesgo. El análisis de los diferentes trabajos que se están llevando a cabo revela, 
por ejemplo, la existencia de puntos de vista divergentes sobre la cuestión de si es 
necesario un régimen de autorización previa o si, por el contrario, se ha de adoptar un 
sistema similar al aplicable a la prensa. Otro ejemplo es el hecho de que las cuestiones 
normativas que han sido consideradas importantes no son siempre las mismas (no 
siempre se citan en los estudios e informes cuestiones tales como el derecho del 
trabajo, la protección del menor, y las normas sobre responsabilidad). 
2. Riesgo de sobrerregulación 
La movilización política y de las partes interesadas en torno al tema de la Sociedad de 
la Información podría traducirse a nivel nacional en nuevas normativas que, a su vez, 
se traducirían a nivel europeo en intervenciones normativas comunitarias, cuando en 
realidad aún no se habría demostrado que fuesen necesarias. 
Las normativas a efectos del mercado interior sólo son necesarias en el caso de que 
determinadas medidas nacionales tengan consecuencias restrictivas sobre las libertades 
del Tratado, que no puedan ser resueltas mediante la aplicación directa del mismo o del 
derecho derivado existente. La evaluación de estas consecuencias restrictivas constituye 
una tarea a veces compleja por el hecho de que, en muchos casos, se trata de evaluar si 
las medidas nacionales causantes de estas consecuencias restrictivas guardan proporción 
con los objetivos de interés general que persiguen. Inspira temor el hecho de que, 
frente a una normativa nacional que pueda plantear problemas de este tipo, 
determinadas opiniones prefieran que esta normativa se amplíe al conjunto de la 
Comunidad mediante un proceso de armonización, antes que consagrarse a un ejercicio 
de evaluación que permitiría eliminar estos nuevos obstáculos mediante la aplicación 
directa del Tratado. Ello equivaldría a crear situaciones de "hechos consumados" para 
provocar una intervención a nivel comunitario. No se pueden pasar por alto estos 
riesgos de exceso de reglamentación, puesto que es evidente la presión que ejercen 
determinadas partes interesadas, operadores, asociaciones profesionales, asociaciones 
de consumidores, etc45. 
En la cumbre del G-7, celebrada en Bruselas del 24 al 26 de febrero de 1995, varios 
representantes de operadores manifestaron su oposición. A raíz de la "Table Ronde Européenne 
27 
La Comisión estima que conviene evitar que se reglamente de forma excesiva en la 
Comunidad por el simple hecho de responder a las solicitudes de intervención que se 
presenten a grandes voces, sino que, al contrario, es preciso basarse en los bien 
asentados principios del mercado interior, y especialmente en el de reconocimiento 
mutuo. 
3. Riesgo de incoherencia 
La actividad normativa a nivel nacional que va a llevarse a cabo en los próximos años 
no solo podría traducirse a nivel comunitario por una sobrerregulación, sino también 
por la adopción de medidas incoherentes entre sí. La diversidad de objetivos de interés 
general que se pretende lograr a nivel nacional (protección del consumidor, la cultura, 
la salud, etc), se podría trasladar a nivel comunitario, como lo permite el Tratado de la 
Unión Europea, mediante medidas que persigan aisladamente cada uno de estos 
objetivos sin que exista una coherencia de conjunto. 
A este respecto, la Comisión estima que toda medida nacional debería respetar la 
coherencia normativa que es indispensable para el desarrollo futuro de estos servicios y 
tener plenamente en cuenta todos los objetivos de interés general. Habida cuenta de que 
el derecho derivado del mercado interior tiene por objeto garantizar un nivel de 
protección equivalente entre los Estados miembros en una variedad de objetivos de 
interés general, la Comisión ya ha decidido que cualquier respuesta normativa que se 
refiera a los nuevos servicios deberá inscribirse en el marco experimentado y 
contrastado del mercado interior. 
III. PRESENTACIÓN DEL MECANISMO DE TRANSPARENCIA 
La Comisión propone la creación de un mecanismo de transparencia normativa basado 
en la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un procedimiento de información 
en materia de las normas y reglamentaciones técnicas46. A tal efecto, la Comisión 
presenta una propuesta de directiva del Consejo, por la que se modifica por tercera vez 
la Directiva 83/189/CEE y que consiste en ampliar los procedimientos de intercambio 
des Industriels", en mayo de 1995 se elaboró un documento denominado "Building a global 
Information Society - A call for Government Action", en el que se solicita una adaptación de las 
normas nacionales e internacionales en los ámbitos de la protección de datos, el derecho de la 
propiedad intelectual, el derecho civil y el derecho penal con vistas a lograr una mejor 
protección contra la piratería (servicios codificados), la legislación sobre la responsabilidad, etc. 
En un seminario celebrado en Bélgica del 19 al 21 de mayo de 1995 (The Waterloo Report on 
"Trans Atlantic Dialogue on Broadcasting and the Information Society"), representantes de la 
industria audiovisual, de los operadores de cable y de las sociedades de telecomunicación se 
refirieron a los mismos ámbitos. Tres resoluciones recientes de la International Communications 
Round Table (ICRT) también señalaron determinadas necesidades en materia normativa. 
Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de información en materia de las 
normas y reglamentaciones técnicas, de 28.03.1983 (DO n° L 109 de 26.04.1983, p. 8), 
modificada por la Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22.03.1988 (DO n° L 81 de 26.03.1988) 
y por la Directiva 94/1 O/CE del Consejo de 23.03.1994 (DO n°L 100 de 19.04.1994). 46 
28 
de información que en ellas se establecen a los futuros proyectos de normativas de los 
Estados miembros que van a referirse a los servicios de la Sociedad de la Información. 
A. Objetivos 
El objetivo general del mecamsmo de transparencia propuesto por la Comisión consiste 
en permitir un mejor funcionamiento del mercado'interior en el ámbito de los servicios 
de la Sociedad de la Información. A continuación se especifican los objetivos que 
pretende lograr el mecanismo: 
1* Velar por el buen funcionamiento del mercado interior evitando en particular 
la creación de nuevos obstáculos 
El flujo de información entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión ha de 
permitir que se detecten a tiempo las eventuales dificultades que se planteen en el 
funcionamiento del espacio sin fronteras y que se intervenga para evitar la introducción 
de normas nacionales que pudieran ser incompatibles con los principios de libre 
circulación de servicios y de libertad de establecimiento (en caso de que los contactos 
mantenidos con los demás Estados miembros o la Comisión hayan disuadido al Estado 
miembro en cuestión de adoptar el proyecto o le hayan llevado a modificarlo), o la 
introducción de obstáculos jurídicos (en caso de que estas normas estén justificadas por 
el derecho comunitario) al proponer, en su caso, la introducción de una normativa 
comunitaria. La Comisión no desea, en ningún caso, limitar la competencia de legislar 
a nivel nacional para proteger intereses generales, sino únicamente prevenir una nueva 
fragmentación del mercado interior. 
2* Garantizar una protección más eficaz de los intereses generales 
Es necesario prever y determinar a tiempo las necesidades de intervención comunitaria 
con objeto de garantizar una protección del interés general similar entre los Estados 
miembros. En efecto, cabe la posibilidad de que las preocupaciones nacionales que 
puedan hacer que un Estado miembro adopte una iniciativa normativa sean comunes a 
los demás Estados miembros, por lo que una protección a nivel comunitario podría 
ajustarse con mayor eficacia a sus necesidades. Este último aspecto es esencial en el 
marco de la Sociedad de la Información, dado que el entorno tecnológico incrementará: 
las posibilidades de eludir la protección elaborada únicamente por un Estado miembro; 
los problemas relacionados con la determinación del derecho aplicable a los prestadores 
o a los servicios; la identificación de los culpables; los problemas relacionados con la 
aplicación efectiva de las normas o la prevención de delitos, etc. 
3* Determinar mejor y reducir la necesidad de nuevas normas comunitarias 
Al objeto de que las iniciativas normativas a nivel comunitario se limiten a lo 
estrictamente necesario, es indispensable lograr una aplicación más eficaz del Tratado 
y, en particular, de sus artículos 52 y 59. A tal efecto, un mecanismo de transparencia 
aportaría una contribución importante al permitir, en las fases de concepción, que se 
prevenga o limite la adopción de determinadas normas nacionales que pudieran 
29 
conducir, posteriormente, a normas comunitarias destinadas a ratificarlas. Entre otras 
cosas, el legislador nacional debería plantearse necesariamente la posibilidad de aplicar 
el reconocimiento mutuo en lugar de dejar que se produzcan situaciones de "hechos 
consumadosM que pudieran tener como consecuencia la propuesta de una armonización 
a nivel comunitario. Sea como fuere, dado que se trata de un procedimiento de 
información que no prejuzga en el fondo de la evaluación de la necesidad de posibles 
medidas de armonización futura a escala comunitaria, el mecamsmo de transparencia, 
cuando haya que proteger con eficacia un objetivo de interés general mediante una 
intervención a escala comunitaria, podrá contribuir a que se pueda llevar a cabo una 
nueva armonización con mayor rapidez y más conocimiento de causa. 
4* Facilitar la cooperación administrativa 
El mecanismo de intercambio de información entre Estados miembros en la fase de 
concepción de las normas ha de contribuir a que el legislador nacional se interese ante 
las administraciones nacionales por la situación existente en los demás Estados 
miembros. No se trata de cuestionar la competencia normativa de los Estados 
miembros, sino de que se tome conciencia del riesgo que legislar aisladamente, sin 
tener en cuenta la experiencia adquirida en otros Estados miembros, ni las 
consecuencias sobre los prestadores de servicios establecidos en los demás países, 
puede suponer tanto para el mercado interior como para la protección efectiva de 
objetivos de interés general. El mecanismo de transparencia constituye un instrumento 
especialmente eficaz de cooperación administrativa que podría transformarse en un 
verdadero reflejo colectivo europeo. 
5* Contribuir a la estabilidad del marco normativo 
Se ha llegado a la conclusión de que la existencia de un marco jurídico claro y estable 
constituye una condición previa para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la 
Información. El objetivo de cualquier mecanismo de transparencia es precisamente 
contribuir a la estabilidad y transparencia del marco normativo, limitando, en primer 
lugar, los riesgos de que se produzcan reacciones normativas imprevisibles, evitando, 
en segundo lugar, los períodos de incertidumbre durante los procedimientos de 
infracción y, por último, logrando que los operadores y los consumidores dispongan de 
más información sobre los proyectos de normas que les puedan afectar. 
6* Incrementar la participación de la Comunidad en los debates internacionales 
La elaboración de un marco jurídido comunitario estable y coherente constituye un 
requisito fundamental para una participación eficaz y coherente de la Comunidad 
Europea en el tratamiento de los problemas normativos relacionados con los servicios 
de la Sociedad de la Información, con ocasión de la cooperación y las negociaciones 
internacionales. 
30 
B. Enfoque general 
1. Experiencia de los mecanismos de transparencia ya existentes 
La idea de garantizar el buen funcionamiento del espacio sin fronteras mediante un 
mecanismo de transparencia normativo dista mucho de ser nueva. La Directiva 
83/189/CEE, de 28.03.1983, por la que se establece un procedimiento de información 
en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, constituye, por el momento, el 
instrumento más perfeccionado en materia de transparencia normativa. Esta Directiva, 
que ya ha sido modificada en dos ocasiones, especialmente para ampliar su ámbito de 
aplicación47, se ha convertido en un instrumento clave de la política del mercado 
interior. Se ha de señalar que existen otros mecanismos de transparencia que se han 
inspirado en la Directiva 83/189/CEE. No obstante, se diferencian claramente, ya sea 
porque estos mecanismos no abarcan a los proyectos de normas, sino a los casos de 
medidas nacionales que pueden subsistir aunque supongan un obstáculo a la libre 
circulación de mercancías (Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de 
excepción al principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad)48, ya sea 
porque no constituyen más que un aspecto accesorio con relación a los objetivos 
generales que persiguen los instrumentos en cuestión49. 
a). Funcionamiento de la Directiva 83/189/CEE 
La Directiva impone el intercambio de información entre los Estados miembros en el 
ámbito de la reglamentación técnica y la normalización. Los Estados miembros están 
obligados a informar a la Comisión50 y a los demás Estados miembros de los proyectos 
47 
48 
49 
50 Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22.3.1988 (DO n°L 81 de 26.3.1988) y Directiva 94/1 O/CE 
del Consejo de 23.3.1994 (DO n°L 100 de 19.4.1994). 
DO C18 de 21.1.1994, p. 13. El Consejo aprobó la posición común el 29 de junio de 1995 (DO n° 
C 216/41, de 21 de agosto de 1995); la Decisión establece que la Comisión facilite información en 
el plazo de 45 días a partir de la fecha en que se adopte la medida. La Comisión remite esta 
información a los demás Estados miembros. 
La Directiva 87/22/CEE, de 22 de diciembre de 1986 (articulo 5) por la que se aproximan las 
medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta tecnología, en 
particular los obtenidos por biotecnología (DO L 15 de 22.12.1986, p. 38); la Directiva 
93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, (artículo 12) relativa a la armonización del plazo de 
protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290 de 24.11.1993, p. 
9); la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994 (artículo 16), relativa a los envases y los 
residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10). Mientras que la Directiva 87/22/CEE se 
refiere expresamente a los artículos de la Directiva 83/189/CEE por los que se establece un efecto 
suspensivo de la notificación, las otras dos no establecen tal efecto y sólo obligan a la simple 
notificación de los proyectos de reglamentación. 
En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, los Estados miembros están obligados a 
comunicar a la Comisión cualquier proyecto de normas técnicas, en una fase de preparación que 
permita que se le aporte modificaciones substanciales. La Comisión difundirá esta información 
entre los Estados miembros para que todos puedan tener conocimiento de las iniciativas 
nacionales. 
31 
de reglamentación técnica31 nacional que tienen la intención de adoptar. Se establece un 
período de "statu quo" de tres meses para que la Comisión y los Estados miembros 
puedan analizar los proyectos de medidas y comunicar su punto de vista. 
En este contexto, se presentan cuatro opciones: 
1- Los Estados miembros y/o la Comisión no hacen observaciones. En tal caso, el 
Estado miembro de que se trate puede adoptar el proyecto de norma tan pronto 
como expire el plazo de tres meses de "statu quo"; 
2- Comentarios, por parte de la Comisión o de un Estado miembro, sobre las 
posibles consecuencias que las medidas previstas podrían tener para el mercado 
interior, si llegasen a aprobarse y a aplicarse a las mercancías procedentes de los 
demás Estados miembros, y solicitudes de modificación52. El Estado miembro 
de que se trate está obligado a tener en cuenta, en la medida de lo posible, estos 
comentarios a la hora de elaborar la versión definitiva. A menudo estos 
comentarios se incluyen en una cláusula de reconocimiento mutuo, que se 
inserta en el proyecto de ley; 
3- Dictamen motivado emitido por la Comisión o un Estado miembro, cuando 
consideren que la medida, de aplicarse a las mercancías procedentes de los 
demás Estados miembros, infringiría el derecho comunitario relativo a la libre 
circulación de mercancías53. La emisión del dictamen motivado amplía a seis 
meses la duración del plazo del "statu quo" (o a cuatro meses para los acuerdos 
voluntarios). Este plazo ha de hacer posible que se vuelva a analizar la cuestión 
y se evite una infracción del derecho comunitario. 
4- Declaración por la que se anuncia que la Comisión va a proponer54 o ha 
propuesto55 medidas comunitarias en el ámbito de que se trata. Esta declaración 
amplía a 12 meses el período de "statu quo", y a 18 meses, si, antes de que 
finalice el plazo, el Consejo aprueba una posición común en relación con la 
propuesta. El objetivo que se persigue con la prórroga del "statu quo" es 
permitir a la Comunidad que examine la cuestión sin que medidas anteriores 
falseen o compliquen el debate. No obstante, esta ampliación no es posible en el 
caso de los acuerdos voluntarios. 
52 
53 Los reglamentos técnicos se definen como especificaciones técnicas u otras exigencias, cuyo 
cumplimiento haya sido impuesto, de iure o de facto, por un Estado miembro para la 
comercialización o utilización de un producto en su territorio (articulo 1). Se incluyen en la 
categoría de reglamentos técnicos obligatorios defacto, los acuerdos voluntarios de los que sean 
parte las autoridades públicas, así como los códigos profesionales o de buena conducta cuya 
observancia confiere una presunción de conformidad con lo establecido en determinadas normas. 
Los Estados miembros y/o la Comisión emiten observaciones en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva. A instancias de los demás Estados miembros o de la 
Comisión se les ha de comunicar el texto definitivo del reglamento técnico. 
Apartado 2 del artículo 9 de la Directiva. El dictamen motivado emitido por la Comisión es un 
acto formal equivalente al emplazamiento, si el proyecto se adopta tal cual. 
Véase el apartado 3 del articulo 9. 
Véase el apartado 4 del artículo 9. 
32 
Si un Estado miembro desea adoptar un reglamento, técnico por razones urgentes 
relacionadas con la protección de la salud pública, la seguridad o la protección de la 
salud y la vida de los animales y plantas podrá recibir autorización para ello sin estar 
obligado a cumplir el plazo de "statu quo"56. 
Un Comité consultivo57 compuesto por representantes de los Estados miembros se 
reúne aproximadamente seis veces al año y desempeña una función importante a la 
hora de supervisar el desarrollo del procedimiento y examinar las cuestiones políticas 
que plantean las notificaciones. 
Un vademécum, adoptado por el Comité, explica los aspectos operativos y, de forma 
detallada, los procedimientos a seguir (categorías de datos, modalidades y contenido de 
la notificación, etc)58. 
Por otra parte, por lo que se refiere al alcance jurídico del instrumento, la Comisión ha 
tenido en cuenta el hecho de que, mientras siga en vigor el texto nacional, se corre el 
riesgo de que pierda su significación real la condena de un Estado miembro por 
incumplir su obligación de ajustarse al procedimiento de notificación establecido por la 
Directiva 83/189/CEE. Tal es la razón de que en una Comunicación de 1 de octubre de 
1986, la Comisión afirmase la inaplicabilidad a terceros de los reglamentos técnicos no 
notificados59. 
b) Aplicación y evaluación 
Tomando como base las últimas estadísticas, no se puede sino constatar que la 
Directiva 83/189/CEE ha confirmado su carácter de instrumento de procedimiento 
clave, muy incisivo y eficaz por los resultados logrados. A lo largo de los años 1992, 
1993 y 1994, la Comisión tramitó 1 136 proyectos nacionales de reglamentos técnicos, 
de todos los sectores en conjunto, y emitió 355 dictámenes motivados en contra de los 
Estados miembros, 532 observaciones y adoptó 62 iniciativas destinadas a favorecer la 
armonización a nivel comunitario. Las reacciones de los Estados miembros a los 
proyectos notificados mediante dictámenes motivados (226) u observaciones (473) son 
cada vez más numerosas, con lo que se potencia, en un contexto de gran transparencia, 
su participación en el procedimiento de notificación. 
59 Véase el apartado 7 del artículo 9. 
Véase el artículo 6. 
Además, la Directiva (artículos 2-7) establece, por lo que se refiere a los reglamentos técnicos, un 
procedimiento de información que se lleva a cabo entre los organismos nacionales y europeos de 
normalización y la Comisión. Por mandato de la Comisión, la aplicación de este procedimiento se 
ha confiado a los organismos europeos de normalización. 
Comunicación de la Comisión relativa al incumplimiento de determinadas disposiciones de la 
Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DOCE 
n°C 245 de 1.1.1986, p. 4. Hasta el momento, el Tribunal de Justicia ha condenado a un Estado 
miembro por no notificar en cuatro casos. \ 
33 
En cuanto a los Estados miembros, el hecho de que los proyectos ftieran analizados por 
la Comisión y otros Estados miembros ha desempeñado una función disuasiva y les ha 
hecho más conscientes de sus responsabilidades europeas. A este respecto, la Comisión 
reconoce la existencia de una estrecha cooperación con los Estados miembros, que se 
muestran dispuestos a modificar, en su caso, sus textos que aún se encuentran en la 
fase de proyectos, con objeto en particular de incluir una cláusula de reconocimiento 
mutuo. 
Por lo que se refiere a los operadores, esta transparencia les resulta beneficiosa puesto 
que pueden intervenir indirectamente, cuando los Estados miembros les consulten para 
conocer su punto de vista sobre los diferentes proyectos legislativos nacionales a los 
que se enfrentarán en el mercado único. A este respecto, el hecho de que deje de ser 
obligatoria la confidencialidad, modificación aportada por la Directiva 94/10/CEE, 
abre a los operadores económicos más afectados por los obstáculos técnicos la 
posibilidad de defender mejor sus intereses recurriendo al procedimiento de 
notificación, en lugar de hacerlo posteriormente mediante denuncia. Se ha de subrayar 
esta función de los operadores, puesto que el mecanismo puede constituir no sólo un 
instrumento de cooperación administrativa sino también un elemento de cooperación 
entre la administración y las partes interesadas, que puede mejorar la calidad de las 
normas. 
2. El mecanismo de transparencia que se propone 
Para poder dar respuesta a las necesidades que se han identificado y lograr los 
objetivos definidos, la Comisión estima que el mecamsmo de transparencia aplicable a 
las normas relativas a los servicios de la Sociedad de la Información debería poseer las 
cuatro características siguientes: 
a) Un instrumento jurídico vinculante 
La Comisión está convencida de que, para garantizar una transparencia normativa 
eficaz, la Comunidad debe dotarse de un instrumento jurídicamente vinculante, al 
considerar que cualquier otra iniciativa no podrá dar respuesta a las necesidades y 
objetivos que se persiguen. Si se dejase a la discreción de los Estados miembros la 
comunicación de sus proyectos de reglamentación que afectan a los servicios de la 
Sociedad de la Información, se limitaría considerablemente el alcance y la eficacia de la 
transparencia y se dañaría el espíritu de cooperación administrativa. 
b) Un procedimiento previo de información 
Sólo un sistema de notificación a priori puede prevenir e impedir, con tiempo 
suficiente, la creación de obstáculos a las libertades del mercado interior. Varias son 
las desventajas que presentaría la notificación a posteriori, es decir, después de la 
adopción de las normas nacionales: 
• no conduciría más que a constatar la existencia de nuevos obstáculos jurídicos 
entre los Estados miembros, que sólo podrían eliminarse mediante 
34 
procedimientos prolongados (recurso por incumplimiento en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 169 del Tratado) o mediante la armonización de las 
normas en cuestión. En ambos casos, ello significa que los operadores y 
consumidores deberán soportar durante todo ese tiempo los costes que lleve 
aparejada la inexistencia de un verdadero mercado interior; 
• favorecería las situaciones de "hechos consumados", es decir, los casos en los 
que la adopción de una norma nacional implica que se esté obligado a intervenir 
a nivel comunitario; 
• no podría fomentar un automatismo de cooperación administrativa europea, 
puesto que ésta se reduce a un simple procedimiento puramente formal 
(transmitir un texto), en lugar de intentar evaluar conjuntamente el impacto 
comunitario de una norma. En cualquier caso, el margen de maniobra de las 
autoridades implicadas es muy limitado, una vez aprobada la norma. 
En consecuencia, la Comisión propone que se adopte el mismo enfoque que inspira a 
la Directiva 83/189/CEE, es decir, que los Estados miembros deberían comunicar a la 
Comisión cualquier proyecto de norma que sea aplicable a los servicios de la Sociedad 
de la Información, en una fase de preparación que haga posible aún la inclusión de 
modificaciones sustanciales. La obligación de notificar se aplicará a los acuerdos 
voluntarios de los que sean parte las autoridades públicas y a los códigos profesionales 
o de buena conducta cuyo cumplimiento confiera una presunción de conformidad a las 
prescripciones establecidas por determinadas normas60. La Comisión difundirá esta 
información a todos los demás Estados miembros para que puedan tener conocimiento 
de las iniciativas nacionales. 
c) Un procedimiento de consulta 
Una única obligación de transmitir proyectos sin procedimiento posterior sería ineficaz, 
dado que: 
• no ofrecería garantía alguna de que la autoridad nacional de que se trate vaya a 
tener en cuenta posibles observaciones de la Comisión u otros Estados 
miembros y que vaya a evitar la creación de obstáculos a las libertades del 
Tratado. La única forma de garantizar estas libertades consiste en establecer un 
plazo en el que el Estado miembro no pueda adoptar la normativa prevista. 
Durante ese período, la cooperación administrativa puede funcionar plenamente, 
dado que los Estados miembros y la Comisión pueden evaluar el proyecto en 
cuestión y proponer, en su caso, modificaciones de la medida prevista con el fin 
de suprimir o reducir los obstáculos a la libre circulación; 
60 La Comisión estima que, siempre que se pueda demostrar un vínculo estatal, se han de comunicar 
los códigos profesionales. De esta forma, los proyectos de modificación de códigos profesionales 
se han de notificar siempre que el poder reglamentario de la organización profesional esté basado 
en un disposición legislativa. 
35 
• reduciría las posibilidades de llegar rápidamente a la adopción de una propuesta 
de armonización destinada a proteger a nivel comunitario un interés general 
(cuando fuese necesario), dado que el Estado miembro en cuestión podría optar 
por adoptar su legislación, con lo que se cuestionaría la necesidad o las 
orientaciones de las iniciativas a nivel comunitario. Sólo la existencia de un 
período de "statu quo", en el que no sería posible la adopción del proyecto, no 
comprometería la adopción de posibles iniciativas comunitarias. 
En consecuencia, también en este caso, la Comisión propone que se apliquen los 
procedimientos previstos en la Directiva 83/189/CEE: tras la notificación del proyecto 
de normas, se abre un período de "statu quo " inicial de tres meses, durante el cual los 
Estados miembros y la Comisión pueden intervenir para presentar sus observaciones o 
emitir un dictamen motivado ("statu quo " total ampliado a 6 meses o 4 meses para los 
acuerdos voluntarios), o para que la Comisión declare que se presentará una 
propuesta de armonización o que ya ha propuesto medidas de armonización ("statu 
quo" total ampliado a 12 meses o hasta 18 meses, si se llegase a una posición común). 
d) Un Comité 
El Comité ha de velar por la gestión eficaz del procedimiento. Como ya se ha 
mencionado, unos de los objetivos principales del mecanismo de transparencia consiste 
en fomentar el diálogo entre los legisladores de los Estados miembros y promover la 
cooperación administrativa. Esta cooperación entre Estados miembros se justifica tanto 
más cuanto que los servicios de la Sociedad de la Información pueden ser objeto de una 
evolución rápida e imprevisible. La creación de un foro destinado al intercambio de 
experiencias no puede sino enriquecer y mejorar las normas previstas y hacer que las 
administraciones nacionales tomen conciencia de que sus proyectos de legislación 
pueden entorpecer el buen funcionamiento del espacio sin fronteras. A corto plazo, el 
Comité podría, entre otras cosas, analizar determinadas cuestiones relativas a los 
problemas de interpretación de las normas actuales, especialmente a la luz del diálogo 
que se debería entablar entre las administraciones y las partes interesadas. 
El Comité previsto en la Directiva 83/189/CEE puede desempeñar esta función y, por 
consiguiente, servir de modelo para el mecanismo de transparencia normativa. 
C. Instrumento jurídico 
La Comisión propone que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva 
83/189/CEE. Este método presenta las ventajas siguientes: 
• responde exactamente a las necesidades, pretende lograr los mismos objetivos 
que se persiguen en el marco de la Sociedad de la Información (evitar una nueva 
fragmentación, mejorar la protección del interés general a nivel comunitario, 
evitar la sobrerregulación y las normativas incoherentes, garantizar la 
cooperación administrativa), y constituye el instrumento más perfeccionado en 
materia de transparencia normativa. Por el contrario, los demás instrumentos de 
36 
transparencia se han presentado en forma de instrumento autónomo61, puesto que 
responden a necesidades diferentes y prevén obligaciones distintas de las 
establecidas en la Directiva 83/189/CEE; 
• permite aprovechar la experiencia y los logros de varios años de aplicación de la 
Directiva 83/189/CEE y, en particular, de la política de ejecución de la 
Comisión, de la jurisprudencia del Tribunal, de la organización administrativa 
ya existente en los Estados miembros desde hace varios años para gestionar la 
aplicación de la Directiva, del Comité existente, de la estructura de vigilancia de 
la aplicación correcta por parte de los Estados miembros de la obligación de 
notificar, establecida por la Comisión, y del vademécum en el que se explican 
los procedimientos prácticos que han de seguir los servicios de la Comisión y de 
los Estados miembros; 
• evita que existan dos instrumentos diferentes, uno para los proyectos de normas 
"sobre mercancías" y otro para las normas "de servicios". Si existiesen dos 
instrumentos distintos, la aplicación del mecanismo sería más compleja para las 
administraciones nacionales, lo que va en contra de la claridad jurídica y del 
propio objetivo de transparencia. La falta de coincidencia entre las obligaciones 
previstas en los dos instrumentos conduciría especialmente a situaciones 
jurídicas incoherentes, cuando se trate de normas relativas, a un tiempo, a los 
servicios y los productos. Situación que podría ser bastante frecuente, si 
tenemos en cuenta que, como los análisis económicos han puesto de relieve, las 
actividades de los servicios van a estar relacionadas con las de distribución de 
mercancías; 
• por último, retoma el método ya utilizado con éxito en dos ocasiones: la primera 
modificación de la Directiva consistía en ampliar el concepto de especificación 
técnica a todos los productos industriales que aún no se habían incluido en el 
ámbito de aplicación inicial de la Directiva, es decir, los medicamentos, los 
productos cosméticos y todos los productos agrícolas62. La segunda modificación 
ha ampliado el concepto incluyendo en él los métodos y procesos de producción 
relativos a los productos industriales y el concepto de "otros requisitos" 
impuesto en relación con un producto (apartado 2 y 3 del artículo l)63. 
D. Ámbito de aplicación 
1. Las normas sobre los servicios que se han de notificar 
Al tratarse de un instrumento cuyo objetivo es garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior, en principio se deberían notificar todos los proyectos normativos que 
6! 
62 
63 Ya sea constituyendo exclusivamente una parte de una directiva, ya sea constituyendo por si 
mismos un instrumento (propuesta de decisión por la que se establece un procedimiento de 
información mutua). 
Directiva 88/182/CE, DO n°L 81 de 16.3.1988, p. 75. 
Directiva 94/10/CE, DO n°L 100 de 19.4.1994. 
37 
pudiesen generar obstáculos a la libre circulación entre los Estados miembros de los 
servicios de la Sociedad de la Información y a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios. No obstante, la aplicación práctica del instrumento exige una 
indicación tan clara como sea posible de las normas que se han de notificar con el fin 
de que, por una parte, las autoridades nacionales puedan determinar fácilmente cuáles 
son los proyectos a comunicar y, por otra, que los Estados miembros y la Comisión no 
se encuentren desbordados por notificaciones inútiles. Fara ello se pueden establecer 
varios métodos. 
No sería apropiado el método que consiste en definir con precisión lo que son 
los "servicios de la Sociedad de la Información": 
(i) Por una parte, definir de forma detallada y específica sería 
especialmente difícil, habida cuenta de la diversidad de estos servicios, 
de su carácter polifórmico y de su compleja configuración, 
características que les emparentan tanto a los servicios de 
telecomunicación, como a los audiovisuales o a los servicios 
tradicionales y a la prensa. 
(ii) Por otra parte, tal definición sería artificial, poco clara, y vendría a 
sumarse a la ambigüedad terminológica que subsiste en la actualidad 
sobre lo que se entiende por servicios "multimedia", servicios en línea, 
servicios de "telemática", "audiovisuales", de "radiodifusión"64, etc. 
Según los Estados miembros, los mismos tipos de servicios pueden 
encuadrarse en terminologías diferentes. 
Un método alternativo que consiste en elaborar una lista de servicios (comercio 
electrónico, telemedicina, teleenseñanza, etc) y solicitar que se notifiquen los 
proyectos de normativas que puedan afectarlos no es una buena solución. Los 
dos inconvenientes principales que tendría una enumeración de estas 
características consistirían en que, por una parte, no podría ser exhaustiva, dado 
que el análisis del mercado ha puesto de relieve que numerosos servicios que se 
desarrollarán en el futuro aún no pueden vislumbrarse con precisión y, por otra, 
que exigirían definiciones clara e inequívocas de cada una de estas categorías, lo 
que parece especialmente complejo. 
La Comisión estima que no se trata de regular en este marco la cuestión 
terminológica de lo que son, o no, los servicios de la Sociedad de la 
Información, sino más bien de definir, a los fines del mercado interior y del 
mecanismo de transparencia, criterios que permitan determinar los proyectos de 
normas que deberán notificarse. A este respecto, el elemento clave reside en la 
necesidad de abarcar los proyectos de normas que formarán parte del 
movimiento de adaptación normativa que tendrá lugar durante el desarrollo de la 
Sociedad de la Información. Ello implica que no se deberían abarcar las normas 
que son estables, es decir, que, a priori, son poco susceptibles de evolucionar 
64 Véase la Directiva 89/522/CEE de 3.10.1989. 
38 
sustancialmente. A este respecto, los servicios que van a necesitar nuevas 
normas con relación a las actualmente en vigor sobre los servicios tradicionales 
(médico, abogado, escuela, etc) se caracterizan por el hecho de que se prestarán 
a distancia y por vía electrónica: con relación a las normas vigentes sobre la 
radiodifusión televisiva, la característica más importante reside en el hecho de 
que serán interactivas, es decir, que van a responder a una o más demandas 
individuales de un destinatario concreto de servicios. La interactividad reside, 
en efecto, en este vínculo específico que existe entre el destinatario de servicios 
y su prestador, dado que ambos pueden intervenir e influir en el contenido del 
servicio, especialmente el primero, al poder elegirlo y controlar su contenido. 
A la vista de estos criterios, la Comisión propone que, en principio, solo se notifiquen 
los proyectos de normas relativas al acceso a las actividades de servicios y a su 
ejercicio, cuando tales servicios se presten a distancia, por vía electrónica y a petición 
individual de un destinatario de servicios. 
Así, esta definición de "servicio" incluye por ejemplo: 
- los servicios profesionales en línea (servicios prestados por abogados, 
psicólogos, corredores de Bolsa, telemedicina, etc.) 
- los servicios interactivos de entretenimiento (servicios de vídeo a la carta, 
juegos de vídeo a la carta, visitas virtuales de museos, etc.) 
- los servicios de información en línea (biblioteca electrónica, servicios de 
meteorología en línea, informaciones financieras en línea, etc.) 
- centros comerciales virtuales 
- periódicos electrónicos en línea 
- servicios de turismo en línea 
- servicios de agencias inmobiliarias en línea 
- servicios de seguros en línea 
- servicios educativos en línea. 
En cambio, esta definición no abarcaría (bien porque no se prestan a distancia, bien 
porque no se haga por vía electrónica, bien porque no sea a petición individual): 
- los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los de cuasivídeo a la carta 
("near video on demand")) 
- los servicios de radiodifusión sonora 
39 
r el teletexto 
- los servicios de marketing directo no electrónico (por ejemplo, los servicios de 
catálogos) 
- los cajeros automáticos 
- juegos electrónicos como los que se encuentran en los salones recreativos 
- los servicios de telefonía vocal (incluidos los prestados vía GSM). 
En cuanto a los proyectos de normas que tendrían que notificarse, podemos citar en 
primer lugar las normativas que se refieren específica y principalmente a los nuevos 
servicios, estableciendo las condiciones sobre su contenido (publicidad, protección del 
menor, etc) o sobre el prestador de servicios (solvencia, honorabilidad, transparencia 
en la identificación del operador, acceso a la propiedad, etc), los relativos al régimen 
de autorización de los nuevos servicios o incluso los relativos a las condiciones de 
ejercicio^ de las actividades de servicios (propiedad intelectual, codificación, etc). 
Además, quedarán sometidas a la obligación de notificación las normas encaminadas a 
adaptar a los nuevos servicios una normativa general que ya esté vigente. Un ejemplo 
de este tipo lo tenemos en el reciente anteproyecto de ley alemán referente al marco 
normativo de los servicios de información y telecomunicaciones: prevé en efecto la 
inclusión en el ámbito de los nuevos servicios de la legislación general vigente en 
materia de protección de los participantes en la educación a distancia, de la indicación 
de precios, la protección de datos personales, del menor, etc. 
También deberían notificarse las normas relativas específicamente a los servicios de la 
Sociedad de la Información incluidas en una nueva reglamentación de alcance más 
general (al igual que las demás normas de la misma reglamentación necesarias para 
determinar su alcance). 
En cambio, no podrá considerarse que los proyectos de normas jurídicas horizontales 
(como, por ejemplo, las relativas al derecho general de sociedades) o las normas que 
fijen el régimen general de acceso a una profesión (como, por ejemplo, la exigencia de 
diploma, las condiciones generales de honorabilidad, las exigencias de solvencia, etc.) 
y que no afecten específicamente a los servicios de la Sociedad de la Información, 
contengan normas relativas, aunque sólo sea indirectamente, a los nuevos servicios de 
la Sociedad de la Información, por lo que no tendrán que notificarse. 
Además, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1996 (asunto 
C-194/94), relativa a la Directiva 83/189, se desprende que una norma nacional que se 
limite a habilitar un fundamento para la adopción de futuros actos jurídicos (que 
contengan normas obligatorias), sin comportar efectos jurídicos propios, no estaría 
supeditada a la obligación de notificación previa. 
40 
Por último, a efectos de la delimitación del alcance de notificación previa, hay que 
tener también presentes las diferentes exclusiones establecidas por la Directiva 83/189. 
2. Exclusiones 
También serán válidas para los proyectos de normas las excepciones ya previstas en la 
Directiva 83/189/CEE. Por ello, no tendrán que notificarse: 
• las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados 
miembros y los acuerdos voluntarios mediante los cuales estos últimos se 
conforman a los actos comunitarios vinculantes o suscriben los compromisos 
que emanen de un acuerdo internacional y tengan por objeto la adopción de 
especificaciones comunes. Más concretamente, eso quiere decir que los 
proyectos de normas nacionales para la transposición de una directiva 
comunitaria que, por su contenido, pueda afectar a los servicios de la Sociedad 
de la Información (por ejemplo, la Directiva sobre la protección de datos de 
carácter personal, la Directiva sobre venta a distancia, la Directiva sobre 
televisión sin fronteras, revisada, o la futura directiva sobre un marco común 
para las autorizaciones generales y las licencias individuales en el sector de los 
servicios de telecomunicación) no están sometidos al mecanismo de 
transparencia; 
• las disposiciones por las que los Estados miembros hacen uso de las cláusulas de 
salvaguardia previstas en los actos comunitarios vinculantes; 
• las disposiciones que ejecuten una sentencia del Tribunal de Justicia; 
• las disposiciones cuya comunicación en fase de proyecto esté prevista por otros 
actos comunitarios (por ejemplo, el artículo 12 de la Directiva 93/98/CEE, 
relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de 
determinados derechos afines)65. No obstante, los Estados miembros deben 
indicar formalmente que esta comunicación también es válida en el contexto del 
mecanismo de transparencia. 
En otro orden de cosas, se establecen determinadas excepciones para los plazos del 
"statu quo". Estos plazos no se aplican a las medidas fiscales y financieras y el período 
de "statu quo" de 12 meses (que puede ampliarse hasta los 18 meses en caso de 
posición común) no es aplicable para los acuerdos voluntarios. 
E. Fundamento jurídico 
La solución lógica y coherente consiste en recurrir a algunos de los fundamentos 
jurídicos previstos para el mercado interior. Es evidente que el instrumento jurídico 
propuesto pretende garantizar, habida cuenta de su objetivo y contenido, el buen 
funcionamiento del mercado interior. Ello es lo que claramente se desprende de los 
65 DO n°L 290 de 24.11.1993, p. 9. 
41 
objetivos anteriormente mencionados66. El contenido del propio mecanismo, es decir, 
el procedimiento de notificación, la organización de la consulta de los demás Estados 
miembros, los períodos de suspensión y el procedimiento de urgencia son las 
soluciones jurídicas apropiadas que permiten lograr con eficacia los objetivos 
anteriores. 
Además, la propia Directiva 83/189/CEE (y las directivas que la han modificado) está 
basada en el mercado interior y la presente propuesta de Directiva no modifica en 
modo alguno la razón de ser y el objetivo de aquella Directiva (puesto que consiste 
únicamente en ampliar su ámbito de aplicación para evitar nuevos obstáculos al 
mercado interior). 
Por lo que se refiere a la elección entre los fundamentos jurídicos del mercado interior, 
los artículos 100A y 213 constituyen la base más adecuada para la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 83/189/CEE por las razones 
que se exponen a continuación: 
• la propia Directiva 83/189 se basa en los artículos 100A y 213 (además del 
artículo 43): el recurso al mismo fundamento jurídico para la ampliación de la 
Directiva se justifica por imperativos de coherencia; 
• es cierto que el artículo 100 A sólo puede servir de fundamento jurídico a título 
subsidiario, es decir, únicamente en caso de que el Tratado no disponga otra 
cosa. A este respecto, al tratarse de un instrumento destinado a evitar la 
introducción de nuevas restricciones a la libre circulación de servicios y a la 
libertad de establecimiento de los prestadores de servicios; el apartado 2 del 
artículo 57, al que remite el artículo 66 en lo relativo a los servicios, podría 
constituir un fundamento jurídico específico. Sin embargo, una directiva basada 
en el apartado 2 del artículo 57 ha de procurar la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados, pero la 
directiva propuesta sólo se propone establecer un procedimiento de notificación, 
sin introducir normas sustantivas de derecho. 
F. Subsidiariedad 
La presente propuesta de Directiva del Consejo, por la que se modifica por tercera vez 
la Directiva 83/189/CEE, se inscribe perfectamente en la orientación general del 
principio de subsidiariedad: 
• el mecanismo de transparencia permitirá una mejor aplicación del artículo 59 del 
Tratado y del principio del reconocimiento mutuo que de él se deriva, lo que 
hará que se limite a lo estrictamente necesario la introducción de nuevas normas 
comunitarias, con la consiguiente disminución de los riesgos de 
66 Véase tercera parte, §A. 
42 
sobrerregulación. A este respecto, el mecanismo de transparencia se vislumbra 
como un instrumento óptimo para lograr el objetivo de subsidiariedad; 
• una iniciativa a nivel nacional no podría lograr, en ningún caso, los objetivos 
del mercado interior que pretende lograr la presente propuesta, ni 
indudablemente realizarlos de forma eficaz. La coordinación de las nuevas 
normas nacionales sólo puede llevarse a efecto a nivel comunitario; 
• el mecamsmo contribuirá a aplicar mejor el principio de subsidiariedad, puesto 
que hará posible que tanto los Estados miembros como la Comisión identifiquen 
conjuntamente los posibles obstáculos que se pueden plantear a la libre 
circulación de servicios y detecten la necesidad de que, en su caso, se adopten 
medidas comunitarias. 
Por lo que se refiere al principio de subsidariedad enunciado en el apartado 2 del 
artículo 3 B, la prueba de subsidiariedad se puede resumir de la forma siguiente: 
¿Cuáles son los objetivos de la acción prevista con relación a las obligaciones de la 
Comunidad? 
Se trata de desarrollar las libertades fundamentales del mercado interior tal y como se 
definen en el artículo 7 A, es decir, garantizar la libre circulación de servicios y la 
libertad de establecimiento, evitando que atenten contra ellas las normas que a nivel 
nacional se adopten en el futuro para regular los servicios de la Sociedad de la 
Información. 
¿Es la acción prevista competencia exclusiva de la Comunidad o es compartida con los 
Estados miembros? 
La acción prevista es competencia exclusiva de la Comunidad (artículo 7 A). 
¿De qué tipo de iniciativa dispone la Comunidad (recomendación, contribución 
financiera, reglamentación, reconocimiento mutuo...)? 
Directiva de coordinación de las legislaciones (apartado 2 del artículo 57) o medidas 
relativas a la aproximación de las legislaciones (artículo 100 A). 
¿Es necesaria una normativa uniforme o basta con la adopción de una directiva que 
establezca objetivos generales y delegue la ejecución a los Estados miembros? 
La iniciativa propuesta no tiene por objeto armonizar el derecho sustantivo de los 
Estados miembros sino únicamente establecer un procedimiento de información 
acompañado de otro procedimiento que coordine las normas futuras, con objeto de 
aplicar mejor los artículos 52 y 59 del Tratado e identificar con mayor precisión las 
posibles necesidades de intervención comunitarias. 
43 
IV. Propuesta de Directiva 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, que modifica por 
tercera vez la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas 
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comumdad Europea y, en particular, sus artículos 
100A y 213, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Pronunciándose de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 189 B 
del Tratado, 
1. Considerando que, para permitir el buen funcionamiento del mercado interior, 
es necesario garantizar, modificando la Directiva 83/189/CEE, la máxima 
transparencia de las futuras normas nacionales que se apliquen a los servicios de 
la Sociedad de la Información; 
2. Considerando que, una gran variedad de servicios, tal como se contemplan en 
los artículos 59 y 60 del Tratado, va a beneficiarse de las oportunidades de la 
Sociedad de la Información para ser prestados a distancia por vía electrónica y a 
petición individual de un destinatario de servicios; 
3. Considerando que el espacio sin fronteras interiores que constituye el mercado 
interior permite a los prestadores de estos servicios desarrollar sus actividades 
transfronterizas para incrementar su competitividad y, de esta forma, hacer 
posible que los ciudadanos dispongan de nuevas posibilidades de emitir y recibir 
informaciones sin consideración de fronteras y que los consumidores dispongan 
de nuevas formas de acceso a bienes o servicios; 
4. Considerando que las diversas implicaciones sociales y culturales inherentes a la 
aparición de la Sociedad de la Información pueden requerir que se tengan en 
cuenta ciertas particularidades relativas al contenido de los servicios 
concernidos; 
5. Considerando que el Consejo Europeo ha subrayado la necesidad de crear un 
marco jurídico claro y estable a nivel comunitario que permita el desarrollo de 
la Sociedad de la Información; que el Derecho comunitario, y en particular las 
normas sobre el mercado interior, tanto los principios del Tratado como el 
derecho derivado, ya constituyen un marco jurídico básico para el desarrollo de 
estos servicios; 
44 
J 6. Considerando que las hormas nacionales en vigor aplicables a los servicios 
actuales deberán adaptarse a los nuevos servicios de la Sociedad de la 
Información, ya sea para garantizar una mejor protección. de los intereses 
generales, ya sea, por el contrario, para simplificar estas normas en el caso de 
que su aplicación sea desproporcionada con los objetivos que persiguen; 
7. Considerando que, sin coordinación a nivel comunitario, esta actividad 
normativa, que previsiblemente se llevará a cabo a nivel nacional, podría 
ocasionar restricciones a la libre circulación de servicios y a la libertad de 
establecimiento que provoquen una nueva fragmentación del mercado interior, 
un exceso de regulación e incoherencias normativas; 
8. Considerando la conveniencia de un enfoque coordinado a escala comunitaria en 
el tratamiento de los problemas que planteen actividades básicamente 
transnacionales, como los nuevos servicios, con objeto de lograr también una 
protección real y eficaz de los objetivos de interés general asociados al 
desarrollo de la Sociedad de la Información; 
8bis. Considerando que los servicios de telecomunicaciones ya están armonizados a 
escala comunitaria y que la legislación comunitaria vigente prevé adaptaciones al 
desarrollo tecnológico y a los nuevos servicios ofrecidos; 
9. Considerando, no obstante, que en otros ámbitos de la Sociedad de la 
Información aún poco conocidos sería prematuro coordinar estas normas 
mediante una armonización extensiva o exhaustiva a nivel comunitario del 
derecho sustantivo, habida cuenta de que no se conocen suficientemente las 
formas ni la naturaleza de los nuevos servicios, que aún no existen a nivel 
nacional actividades normativas específicas en la materia y que en la fase actual 
aún no puede definirse la necesidad ni el contenido de tal armonización en el 
mercado interior; 
10. Considerando que, en consecuencia, es necesario preservar el buen 
funcionamiento del espacio sin fronteras y prevenir los riesgos de una nueva 
fragmentación estableciendo un procedimiento de información, consulta y 
cooperación administrativa en relación con los nuevos proyectos de 
reglamentación; que dicho procedimiento contribuirá, entre otras cosas, a 
garantizar una aplicación eficaz del Tratado, en particular de sus artículos 52 y 
59, o, en su caso, detectar la necesidad de garantizar la protección a nivel 
comunitario de un interés general; que, además, la mejora en la aplicación del 
Tratado que hará posible este procedimiento de información logrará reducir la 
exigencia de normas comunitarias a lo estrictamente necesario y proporcional en 
relación con el mercado interior y con la protección de objetivos de interés 
general; que, por último, este procedimiento de información hará posible que las 
empresas saquen mayor provecho de las ventajas del mercado interior; 
11. Considerando que la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 
1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las 
45 
normas y reglamentaciones técnicas, persigue los mismos objetivos y que este 
procedimiento es eficaz y el más perfeccionado para el logro de tales objetivos; 
que la experiencia adquirida con la aplicación de esta Directiva y los 
procedimientos que en ella se establecen se adaptan a los proyectos de normas 
relativos a los servicios de la Sociedad de la Información; que el procedimiento 
que ella establece ya se ha consolidado adecuadamente en las administraciones 
nacionales; 
12. Considerando además que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 A 
del Tratado, el mercado interior constituye un espacio sin fronteras interiores en 
el que se garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales y que la Directiva 83/189/CEE no establece más que una norma de 
procedimiento de cooperación administrativa sin armonización de normas 
sustantivas; 
13. Considerando, en consecuencia, que modificar la Directiva 83/189/CEE con el 
fin de aplicarla a los proyectos de normas relativas a los servicios de la Sociedad 
de la Información es el enfoque que mejor va a responder a las necesidades de 
transparencia en el mercado interior por lo que se refiere al marco jurídico de 
los servicios de la Sociedad de la Información; 
14. Considerando que, habida cuenta de la diversidad de los servicios de la Sociedad 
de la Información, de su desarrollo futuro y de la necesidad de establecer 
únicamente la notificación de las normas que pueden evolucionar en el futuro 
son los servicios prestados a distancia, por vía electrónica y a petición 
individual de un destinatario de servicios los que más pueden necesitar y 
propiciar la introducción de nuevas normas y que, por consiguiente, es preciso 
establecer la notificación de los proyectos de normas que se refieran a estos 
servicios; 
15. Considerando que, de esta forma, se deberían comunicar las normas específicas 
relativas al acceso a las actividades de los servicios que pueden prestarse según 
las modalidades descritas y a su ejercicio, aun en el caso de que estén incluidas 
en una normativa con un objetivo más general; que, no obstante, no deberían 
notificarse las normas generales que no establezcan disposición específica alguna 
en relación con estos servicios; 
16. Considerando que, por normas relativas al acceso a los servicios y a su 
ejercicio, se ha de entender tanto las que establecen cualquier tipo de requisito 
como las relativas a los prestadores, servicios y destinatarios de servicios y 
relacionadas con una actividad económica que pueda prestarse por vía 
electrónica, a distancia y a petición personal del destinatario de los servicios; 
que, siendo así, esta definición abarca, por ejemplo, las normas relativas al 
establecimiento de los prestadores de estos servicios y, en particular, las 
relativas al régimen de autorización o licencias; que se ha de considerar como 
norma relativa específicamente a los servicios de la Sociedad de la Información 
46 
cualquier disposición que se refiera a ellos, aunque figure en una normativa de 
carácter general; 
17. Considerando que la presente Directiva no afecta al ámbito de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/552/CEE, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la 
Directiva 96/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo o tras las posibles 
modificaciones futuras de dicha Directiva; 
18. Considerando que la presente Directiva no prejuzga la negociación ni el 
contenido de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a un marco común para las autorizaciones generales y las licencias 
individuales en el sector de los servicios de telecomunicación; 
19. Considerando que, sea como mere, la presente Directiva no abarca los 
proyectos de normas nacionales encaminadas a incorporar el contenido de las 
directivas comunitarias en vigor o pendientes de adopción, dado que se están 
estudiando específicamente; que, por ello, no entrarían en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni las normativas nacionales de transposición 
de la Directiva del Consejo 89/552/CEE, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la 
Directiva 96/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo o tras las posibles 
modificaciones futuras de dicha Directiva, ni las normativas nacionales de 
transposición de la futura directiva relativa a un marco común para las 
autorizaciones generales y las licencias individuales en el sector de los servicios 
de telecomunicación; 
20. Considerando que la definición de un marco de información y consulta a escala 
comunitaria como el establecido por la presente Directiva constituye el requisito 
previo para una participación coherente y eficaz de la Comunidad Europea en el 
tratamiento de los problemas relacionados con los aspectos normativos de los 
servicios de la Sociedad de la Información a escala internacional; 
21. Considerando que el objetivo de la presente Directiva es modificar la Directiva 
83/189, basada en los artículos 100A y 213 (además del artículo 43) del 
Tratado; que conviene mantener la coherencia en la utilización de los 
fundamentos jurídicos relativos a la misma Directiva; 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
La Directiva 83/189/CEE queda modificada de la siguiente forma: 
1) El título de la Directiva será sustituido por el título siguiente: 
n 
m-. 
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que se establece 
un procedimiento de información. en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la 
Sociedad de la Información-
2) El artículo 1 se modificará de la siguiente forma: 
a) Tras el punto 1 se añadirá un nuevo punto: 
2) "Servicio", todo servicio prestado q distancia* por vía 
electrónica y a petición individual de un destinatario de 
smdtioi; 
b) Los puntos 2 y 3 pasarán a ser, respectivamente, los puntos 3 y 
4; 
c) Se añadirá un nuevo punto 5: 
5) "Regla relativa a los servicios", un requisito relativo al 
acceso a las actividades de servicios contempladas en el 
punto 2 del presente artículo y a su ejercicio, 
especialmente las disposiciones relativas al prestador de 
servicios, a los servicios y al destinatario de servicios, 
con exclusión de las normas que no se refieren 
específicamente a los servicios determinados en dicho 
punto; 
d) Los puntos 4 a 10 pasarán a ser, respectivamente, los puntos 6 a 
12; 
e) El primer párrafo del punto 9 (nuevo punto 11) será sustituido 
por el texto siguiente: 
"reglamento técnico", las especificaciones técnicas u otros 
requisitos o las reglas relativas a los servicios, incluidas las 
disposiciones administrativas que sean de aplicación y cuyo 
cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la 
comercialización, prestación Q establecimiento de un operador de 
servicios o la utilización en un Estado miembro o en gran parte 
del mismo, así como, a reserva de las contempladas en el artículo 
10, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros destinadas a prohibir la fabricación, 
importación, comercialización, o utilización de un producto y. 
prohibir la prestación o utilización de un servicio o el 
establecimiento como prestador de servicios. 
Constituyen especialmente reglas técnicas de facto: 
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 
de un Estado miembro que remiten ya sea a 
48 
especificaciones técnicas u otros requisitos o a reglas 
relativas a los servicios, ya sea a códigos profesionales o 
de buenas prácticas que se refieren en sí mismas a 
especificaciones técnicas u otros requisitos o a reglas 
relativas a los servicios y cuya observancia confiere una 
presunción de conformidad a lo establecido por dichas 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; 
los acuerdos voluntarios de los que sea parte contratante 
la autoridad pública y cuyo objetivo, en interés público, 
sea el cumplimiento de las especificaciones técnicas u 
otros requisitos, o de reglas relativas a los servicios, con 
exclusión de los pliegos de condiciones de los contratos 
públicos; 
las especificaciones técnicas u otros requisitos 
relacionados con medidas fiscales o financieras que 
afecten al consumo de los productos o servicios. 
fomentando la observancia de dichas especificaciones 
técnicas u otros requisitos o reglas relativas a los 
servicios: no se incluyen las especificaciones técnicas u 
otros requisitos o las reglas relativas a los servicios 
relacionadas con los regímenes nacionales de seguridad 
social. 
f) El punto 10 (nuevo punto 12) será sustituido por el texto 
siguiente: 
12) "proyecto de reglamento técnico ", el texto de una 
especificación técnica, de otro requisito o de una regla 
relativa a los servicios, incluidas las disposiciones 
administrativas, elaborado con intención de establecerla o 
de hacer que finalmente se establezca como un 
reglamento técnico, y que se encuentre en un nivel de 
preparación que permita aún la posibilidad de 
modificaciones sustanciales. 
3) El último párrafo del apartado 1 del artículo 8 será sustituido por el 
texto siguiente: 
"Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas, otros requisitos o 
a las reglas relativas a los servicios, contemplados en el tercer guión del 
punto 11 del artículo 1, las observaciones o dictámenes motivados de la 
Comisión o de los Estados miembros sólo podrán referirse a los 
aspectos que puedan obstaculizar a los intercambios o a la libre 
circulación de los servicios y no al aspecto fiscal o financiero de la 
medida. 
4) El artículo 9 se modificará de la siguiente forma: 
M^> 
a) el primer párrafo del punto 2 se sustituirá por el texto siguiente: 
Los Estados miembros aplazarán: 
cuatro meses la adopción de un proyecto de reglamento técnico 
que tenga la forma de un acuerdo voluntario con arreglo a lo 
dispuesto en el segundo guión del segundo párrafo del punto 11 
del artículo 1, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5, seis meses 
la adopción de cualquier otro proyecto de reglamento técnico, 
a partir de la fecha en que la Comisión reciba la comunicación 
contemplada en el apartado 1 del artículo 8, si la Comisión u otro 
Estado miembro emitiera, en los tres meses siguientes a esa fecha, un 
dictamen motivado según el cual la medida prevista presente aspectos 
que puedan crear, llegado el caso, obstáculos a la libre circulación de 
mercancías o a la libre prestación de servicios o a la libertad de 
establecimiento de los operadores de servicios en el marco del mercado 
interior. 
b) el punto 7 se susituirá por el texto siguiente: 
. Los apartados l a 5 no será aplicables cuando un Estado miembro, por 
motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible 
que tenga que ver con la protección de la salud de las personas y los 
animales, la preservación de los vegetales o la seguridad yt en lo que 
respecta a las normas relativas a los servicios, también con el orden 
público, deba elaborar lo antes posible normas técnicas que sancione y 
aplique inmediatamente, sin poder realizar consultas al respecto, El 
Estado miembro indicará en la comunicación prevista en el artículo 8 
los motivos que justifican la urgencia de las medidas en cuestión. La 
Comisión se pronunciará sobre esta comunicación lo antes posible. 
Adoptará las medidas apropiadas en caso de que se abuse del recurso a 
este procedimiento. La Comisión mantendrá informado al Parlamento 
Europeo. 
5) El artículo 10 será modificado de la siguiente forma: 
a) los guiones primero y segundo del punto 1 serán sustituidos por 
el texto siguiente: 
se ajusten a los actos comunitarios vinculantes que tienen por 
efecto la adopción de especificaciones técnicas o de reglas 
relativas a los servicios; 
cumplan los compromisos que emanen de un acuerdo 
internacional y que tengan por resultado la adopción de 
especificaciones técnicas o reglas relativas a los servicios 
comunes en la Comunidad; 
b) el sexto guión del punto 1 será sustituido por el texto siguiente: 
se limiten a modificar un reglamento técnico con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 11 del artículo 1 de la presente Directiva, 
de conformidad con una solicitud de la Comisión para eliminar 
50 
un obstáculo a los intercambios o a la libre circulación de 
servicios: 
c) en los puntos 3 y 4, la referencia al punto 9 del artículo 1 será 
sustituida por: punto 11 del artículo 1• 
d) el punto 4 se modificará de la siguiente forma: 
4. El artículo 9 no se aplicará a las especificaciones técnicas, otros 
requisitos o g las reglas relativas a los servicios contemplados en 
el tercer guión del segundo párrafo del punto 11 del artículo 1. 
Artículo 2 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva antes del 31/12/97 e 
informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
En el caso de que los Estados miembros adopten estas disposiciones, éstas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha 
referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en el sector regulado por la presente Directiva. 
Artículo 3 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, 
¿i 
FICHA DE FINANCIACIÓN 
1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA 
Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo que modifica por tercera vez la 
Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones técnicas. 
2. LÍNEA PRESUPUESTARIA AFECTADA 
Á2510: Comités obligatorios 
3. FUNDAMENTO JURÍDICO 
Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo que modifica por tercera vez la 
Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones técnicas. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
4.1. Objetivo general 
La propuesta de directiva tiende a establecer un procedimiento de información y 
cooperación administrativa entre las autoridades nacionales y comunitarias en el 
ámbito de las cuestiones reglamentarias relativas a los servicios de la sociedad de la 
información. En particular, de acuerdo con la propuesta, cada Estado miembro 
deberá notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros sus proyectos de 
reglamentación de estos servicios, estando supeditada su entrada en vigor aj 
transcurso de un período mínimo de tres meses que permita verificar la coherencia y 
la compatibilidad del proyecto con el derecho comunitario existente y, en particular, 
con las normas del mercado interior. 
4.2. Período cubierto por la medida y modalidades de renovación de la misma 
El funcionamiento del Comité previsto en los artículos 5 y 6 de la Directiva 83/189 
en relación con estas competencias en materia de servicios de la sociedad de la 
información podría iniciarse inmediatamente tras la adopción de la propuesta de 
directiva mencionada (posible a partir de 1997), con objeto de facilitar su 
incorporación y posterior aplicación. 
5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
5.1. Gasto no obligatorio 
5.2. Créditos no disociados 
£z. 
6. TIPO DE GASTO 
6.1. Tipo de gasto 
Reembolso de los gastos de viaje y de estancia de los miembros del Comité 
permanente en el sector de las normas y reglamentaciones técnicas (Comité 
03C0210) derivados de las reuniones adicionales necesarias para la aprobación de la 
propuesta de directiva mencionada. 
7. REPERCUSIONES FINANCIERAS (sobre la parte B) 
Nulas. 
8. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE PREVISTAS 
La verificación de las solicitudes de reembolso será realizada por la secretaría del Comité, 
de la que se encargará la DG XV. 
9. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 
9.1. Objetivos específicos cuantifícables y destinatarios de la medida 
El objetivo de la propuesta es preservar y facilitar el funcionamiento del mercado interior 
previniendo incoherencias reglamentarias e incompatibilidades con las libertades del 
mercado interior. Una nueva fragmentación del mercado interior comprometería el 
crecimiento económico del sector de servicios "en línea", que se encuentra en plena 
evolución (el número mundial de usuarios de Internet aumenta aproximadamente en un 
millón al año). 
En el sector de nuevos servicios únicamente se realizarán inversiones si existen 
perspectivas de desarrollo a escala comunitaria, ya que los mercados nacionales, 
fragmentados jurídicamente, no serían suficientemente rentables para la realización de 
programas de inversión. 
9.2. Justificación de la medida 
La iniciativa se sitúa en el marco del funcionamiento del mercado interior, que es 
competencia exclusiva de la Comumdad, no siendo aplicable, pues, el principio de 
subsidiariedad en este ámbito. 
La propuesta no prevé una armonización ,ni normas de derecho sustantivo, sino que 
contiene meras normas de procedimiento, estableciendo, por otra parte, la actuación del 
mismo comité que opera en el marco de la Directiva 83/189, cuya modificación se prevé y 
que ya ha demostrado su eficacia durante más de una década. 
Frente a las numerosas iniciativas normativas que se preparan actualmente en los Estados 
miembros para satisfacer las necesidades que plantea el establecimiento de la sociedad de la 
^ 
información, se impone un enfoque coordinado a escala comunitaria para los nuevos 
servicios, que son transfronterizos por definición, tanto para preservar el desarrollo de este 
sector económico en el mercado interior como para garantizar una protección más eficaz de 
los intereses generales pertinentes (tales como la protección de los menores, de los 
consumidores, de la moralidad pública, etc.). 
Además, el carácter no confidencial de las notificaciones transmitidas en el marco de la 
Directiva tiene en cuenta, igualmente, el interés de los operadores económicos del sector en 
manifestar su punto de vista sobre las futuras iniciativas reglamentarias, dentro de un 
marco reglamentario suficientemente transparente, coherente y estable para el ejercicio y el 
desarrollo de su actividad. 
Por último, la ausencia del mecanismo previsto podría plantear el problema de los recursos 
internos de la Comisión para la gestión de posibles procedimientos de infracción contra 
futuras leyes nacionales incompatibles con el derecho comunitario. 
9.3. Seguimiento y evaluación de la medida 
El artículo 3 de la Directiva estipula que la Comisión informe cada dos años al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social sobre los resultados de la aplicación de la misma. 
En dichas ocasiones podrían sugerirse posibles modificaciones del sistema propuesto. 
10. GASTOS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN III DEL 
PRESUPUESTO GENERAL) 
La utilización efectiva de los recursos administrativos necesarios se realizará a raíz de la 
decisión anual de la Comisión relativa a la asignación de los recursos, teniendo en cuenta, 
particularmente, los efectivos y los importes adicionales que haya concedido la autoridad 
presupuestaria. 
10.1. Incidencia en el número 
Tipos de empleo 
Funcionarios 
o agentes 
temporales A 
B 
C 
Otros 
recursos 
Total de empleos 
Efectivos para la gestión de la medida 
Clasificación por tipo de 
empleo 
Empleos 
permanentes 
1 
1 
2 Empleos 
temporales Clasificación por tipo de 
recursos utilizados 
Recursos 
de la DG o 
del servicio 
afectado 
1 
1 
2 Recursos 
adicionales Duración 
Indeterminada 
Indeterminada 
^ 
10.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos adicionales 
Inaplicable 
Importes Método de cálculo 
Funcionarios 
Agentes temporales 
Otros recursos 
Total 
10.3. Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la medida 
Línea presupuestaria Importes Método de cálculo 
(n° y denominación) (en ecus) 
A2510 Comités obligatorios 22 000 2 x 11000 (coste medio de una reunión) 
= 22.000 ecus 
(15 expertos representantes de los 1 
Estados miembros participan en dos 
Total reuniones extraordinarias al año del 
Comité permanente de normas y 
reglamentaciones técnicas) 
22 000 
^J 
ISSN 0237-V343 
COM(96) 392 final 
DOCUMENTOS 
ES 15 16 10 
N° de catálogo : CB-CO-96-411-ES-C 
ISBN 92-78-07817-4 
Oñcina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
S G