Para los países de los Balcanes Occidentales, una perspectiva clara de adhesión a la UE constituye un importante factor de estabilización. Permite avanzar en el cumplimiento de las condiciones requeridas, incluidas las del proceso de estabilización y asociación. También son esenciales las buenas relaciones de vecindad y la cooperación regional inclusiva. El compromiso que ahora se registra tanto a nivel bilateral como regional no tiene precedentes. Al mismo tiempo, son necesarios esfuerzos continuos para resolver las cuestiones bilaterales entre los países de la ampliación y con los Estados miembros, incluso, cuando proceda, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ello debería contribuir a superar la herencia del pasado, en particular en los Balcanes Occidentales, donde, a pesar de los grandes avances logrados, las heridas de los recientes conflictos necesitan aun tiempo para cicatrizar. El apoyo a la estabilidad y la prosperidad en los Balcanes Occidentales es una inversión en el futuro de la región y se debe realizar en el propio interés de la UE.

Durante los últimos doce meses han surgido una serie de graves amenazas para el Estado de Derecho. En Turquía, la independencia del sistema judicial se ha visto afectada no solo por la injerencia política en casos individuales y el traslado de funcionarios judiciales y policiales, sino también por casos de arrestos y apartamiento de jueces de determinados casos. El asunto de las escuchas ilegales en la Antigua República Yugoslava de Macedonia también ha sacado a la luz ataques generalizados al Estado de Derecho, violaciones de los derechos fundamentales y puntos débiles en el funcionamiento democrático del Estado. Todas estas cuestiones han de abordarse con carácter urgente. Estas deficiencias se han producido a pesar de la introducción de reformas en el ámbito del Estado de Derecho y de otra índole, tanto en términos de legislación como del establecimiento de las estructuras institucionales pertinentes. Estos ejemplos ponen de relieve hasta qué punto es importante que los países del proceso de ampliación velen por la puesta en práctica de las reformas en la práctica y no solo sobre el papel.

Reforzar el Estado de Derecho sigue siendo un importante reto para la mayoría de los países que participan en el proceso de ampliación, en particular en lo que se refiere a la mejora del funcionamiento y la independencia de su poder judicial, que sigue menoscabado por casos de justicia selectiva e injerencia política en el trabajo de los órganos judiciales. En la lucha contra la delincuencia organizada, algunos de los éxitos registrados en la persecución de personas físicas no tienen eco por lo que se refiere al desmantelamiento de las redes de delincuencia y el decomiso de activos. La corrupción sigue siendo generalizada en todos los países, al igual que la impunidad de quienes la practican, especialmente en el caso de la corrupción de alto nivel. Para avanzar en este frente se hará precisa una fuerte determinación política que permita obtener resultados tangibles.

Las cuestiones bilaterales han de ser abordadas por las partes afectadas lo antes posible y no deberían bloquear el proceso de adhesión, que debe basarse en las condiciones establecidas. La Comisión insta a las partes a hacer todo lo posible por resolver las disputas pendientes con arreglo a los principios y medios establecidos, incluso, en su caso, sometiendo los asuntos a la Corte Internacional de Justicia o a otros órganos de resolución de litigios existentes o creados ex profeso. El clima positivo en que se desarrolló en agosto la Cumbre de Viena —cuando los dirigentes de los países de los Balcanes Occidentales firmaron un acuerdo por el que se comprometen a no bloquear los avances hacia la UE de los demás y a recurrir al arbitraje internacional cuando las partes implicadas no puedan resolver las cuestiones bilaterales—, es bienvenido y debería desarrollarse.

16.Kosovo: La Comisión acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación, que establece un marco global para unas relaciones políticas y económicas más estrechas entre la UE y Kosovo. La decisión de Kosovo de establecer salas especializadas para juzgar delitos graves cometidos durante el conflicto constituye un importante paso adelante. El país también ha alcanzado acuerdos fundamentales con Serbia, lo que marca un importante hito en el proceso de normalización. Kosovo debe mantener el impulso positivo y abordar los numerosos retos de reforma pendientes, en particular en el ámbito del Estado de Derecho en lo tocante a la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Es imperioso que el Gobierno y la Asamblea garanticen que los miembros de los órganos ejecutivos de numerosas instituciones y organismos reguladores se designen, sin demora, sobre la base de sus méritos. La Comisión acoge con satisfacción los avances realizados en el cumplimiento de los requisitos del proceso de liberalización de visados. A corto plazo, Kosovo ha adoptado algunas medidas eficaces para frenar la migración irregular a la UE. La Asamblea debería tener la posibilidad de celebrar un debate libre y abierto sobre todas las cuestiones que afectan a Kosovo, de conformidad con procedimientos democráticos. No son de recibo la obstrucción de las labores de la Asamblea y la violencia con fines políticos.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación. No obstante, el historial efectivo en materia de investigaciones, actuaciones judiciales y sentencias firmes en casos de corrupción, en particular por lo que respecta a la corrupción de alto nivel, sigue siendo limitado. En la lucha contra la delincuencia organizada, el país cuenta con cierto nivel de preparación. Se requieren mayores esfuerzos, en especial para investigar las redes delictivas más amplias y para combatir el blanqueo de dinero.

Por lo que se refiere a los criterios políticos es preciso aplicar plenamente la nueva legislación electoral adoptada en 2014, en particular en lo relativo a la identificación electrónica de los votantes. No se ha realizado un seguimiento político del supuesto uso indebido de fondos públicos por parte de los partidos políticos («asunto de las grabaciones sonoras»).

Serbia tiene cierto nivel de preparación por lo que se refiere a la prevención y la lucha contra la corrupción, que sigue estando muy extendida. El esfuerzo de lucha contra la corrupción todavía no ha dado resultados significativos. El marco institucional todavía no ofrece una disuasión creíble. Es preciso lograr un historial efectivo de investigaciones, actuaciones judiciales y condenas en casos de corrupción, incluidos los de alto nivel.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, el país tiene un buen nivel de adaptación al acervo. Es preciso hacer mayor hincapié en la capacidad administrativa y la aplicación efectiva. En la mayoría de los ámbitos el país está moderadamente preparado, incluidos los ámbitos de la contratación pública, las estadísticas y el control financiero. No obstante son necesarios esfuerzos adicionales en todos los ámbitos, en particular en aquellos en los que el país se encuentra en una fase temprana de preparación.

La economía está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Ha habido algunos avances en la diversificación de la estructura de las exportaciones como consecuencia de las inversiones directas; los vínculos comerciales y de inversión con la UE se reforzaron aún más. No obstante, el país necesita mejorar la empleabilidad de las personas (en particular de los jóvenes, mediante una mayor adecuación de la educación a las necesidades del mercado de trabajo), las conexiones entre la inversión extranjera directa y la economía nacional y el establecimiento de las prioridades de inversión.

El marco jurídico para la protección de los derechos humanos se ajusta en líneas generales a las normas europeas. No obstante, su aplicación es deficiente, en particular en los ámbitos de la reforma penitenciaria, la integración de la población romaní y los derechos de los niños y de las personas con discapacidad. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sigue sufriendo la discriminación y haciendo frente a contenidos homófobos en los medios de comunicación. El país presenta cierto nivel de preparación en materia de libertad de expresión. El ejercicio de esta libertad, sin embargo, es un problema grave en el actual clima cultural y político de los medios de comunicación y el país siguió retrocediendo en este ámbito. Son preocupantes los intentos de limitar la información de los medios de comunicación sobre las cuestiones de interés público.

Bosnia y Herzegovina ha alcanzado un cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se adoptó ó una nueva estrategia y un nuevo plan de acción de lucha contra la corrupción para el periodo 2015-2019. Se ha producido un incremento sustancial en la confiscación de activos. La corrupción sigue siendo generalizada y el compromiso político sobre esta cuestión no se ha traducido en resultados concretos. El marco jurídico e institucional sigue siendo precario e inadecuado. La falta de cumplimiento de la ley afecta negativamente a los ciudadanos y las instituciones. Las sanciones en vigor no constituyen un elemento disuasorio contra la corrupción.

En cuanto a la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión, Albania tiene cierto nivel de preparación. Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la educación, las infraestructuras de transporte y la energía. No obstante, la mejora de la competitividad del país requiere inversiones importantes en capital humano y físico. Albania debe mejorar la calidad de la enseñanza superior y proseguir la reestructuración de la enseñanza y formación profesionales, adoptar y aplicar las estrategias nacionales de transporte y energía y reducir las barreras no arancelarias al comercio, como por ejemplo la falta de seguridad de los alimentos.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania está moderadamente preparada para el desarrollo de una economía de mercado en funcionamiento. Se hicieron algunos avances en materia de estabilidad macroeconómica y mejoraron las perspectivas de crecimiento. La inflación se mantuvo baja. No obstante, aún persisten importantes retos. Se requieren nuevos esfuerzos para apoyar la consolidación presupuestaria, mejorar el entorno empresarial y luchar contra la economía informal. Albania debería mejorar también el marco de gestión presupuestaria y hacer frente al alto nivel de préstamos no productivos. Siguen siendo elevados el nivel de desempleo (17,5 %) y el empleo informal.

El marco jurídico para la protección de los derechos humanos se ajusta en líneas generales a las normas europeas. No obstante, es limitada la aplicación efectiva de la legislación y las estrategias pertinentes, así como la aplicación de mecanismos de protección de los derechos humanos. Por lo que respecta a la libertad de expresión, Albania ha alcanzado un cierto grado de preparación. El entorno general es propicio al respeto de la libertad de expresión, pero es necesaria una mejor aplicación de la legislación. Hay que reforzar la independencia de la autoridad reguladora y del organismo público de radiodifusión. Sigue siendo preciso garantizar el respeto de los derechos de propiedad y siguen sin completarse los procedimientos de registro, restitución y compensación de la propiedad. Las poblaciones romaní y gitana padecen unas condiciones de vida muy difíciles y, con frecuencia, son objeto de exclusión social y discriminación. Debe seguir desarrollándose la jurisprudencia en materia de lucha contra la discriminación. Siguen siendo deficientes los mecanismos institucionales de protección de los derechos del niño. El sistema judicial de menores no cumple con las normas internacionales.

Kosovo se encuentra en una fase inicial de adaptación a las normas europeas, en particular en los ámbitos de la contratación pública, las estadísticas y el control financiero. El grado de adaptación legislativa en algunos ámbitos es alto, pero su aplicación es deficiente. Ha habido algunos avances en el ámbito de la contratación pública, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de un sistema de contratación pública centralizado, pero persisten problemas de corrupción. En cuanto al control financiero, se han realizado algunos avances, especialmente por lo que se refiere a la auditoría externa. No obstante, son necesarios esfuerzos significativos para aplicar el control financiero interno público en toda la administración y en las empresas públicas.

La adopción del paquete de legislación sobre derechos humanos reforzó la estructura institucional y aclaró las funciones de las diferentes instituciones. No obstante, es necesaria una mayor atención política para garantizar la aplicación adecuada y abordar la falta de recursos. En el ámbito de la libertad de expresión, Kosovo tiene cierto grado de preparación. El marco legislativo e institucional sigue estando fragmentado y es en parte inoperante. El organismo público de radiodifusión es vulnerable a la presión política y carece de una financiación sostenible. La violencia contra las mujeres y el limitado acceso de estas a la propiedad obstaculiza el pleno ejercicio de sus derechos. Debe reforzarse considerablemente la protección de las personas con discapacidad y de las personas pertenecientes a minorías, en particular de la población romaní, ashkali y gitana.

Kosovo se encuentra en una fase inicial de los preparativos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han realizado algunos avances en materia de cooperación interinstitucional y de intercambio de información relativa a las investigaciones en curso entre agencias con poderes coercitivos. No obstante, sigue siendo limitado el número de condenas firmes. La confiscación de activos raramente se aplica. El énfasis en las estrategias y planes de acción no debe ocultar la necesidad de resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada, endémica en el país. Kosovo ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, pero sigue enfrentándose a retos relacionados con la radicalización.

En el atentado del 10 de octubre ocurrido en Ankara, el más letal sufrido por Turquía en su historia reciente, murieron decenas de manifestantes en una concentración pacífica convocada por los sindicatos y secciones juveniles de los partidos de la oposición. Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones rápidas y transparentes en este tipo de actos vergonzosos destinados a desestabilizar y dañar la democracia turca.

Turquía está moderadamente preparada por lo que se refiere a la reforma de la administración pública. Cuenta con un servicio público fuerte y se ha comprometido con el establecimiento de una administración orientada al usuario. No obstante, no es suficiente el impulso a reformas de más calado. Los últimos despidos y degradaciones en el contexto de la lucha contra la «estructura paralela» han sido una fuente de preocupación.

La sociedad civil ha seguido activa, sus organizaciones cuentan con un número cada vez mayor de participantes y continúan participando en muchas esferas de la vida pública, pero las restricciones a la libertad de reunión siguen constituyendo un problema grave.

El sistema judicial del país tiene cierto nivel de preparación. Se ha atentado contra la independencia del poder judicial y el principio de separación de poderes y ha sido enorme la presión política sobre jueces y fiscales. La campaña del Gobierno contra la supuesta «estructura paralela» dentro del Estado siguió activa y en ocasiones representó una injerencia en la independencia del poder judicial. Se necesitan esfuerzos sustanciales para restablecer y garantizar la independencia de dicho poder.

Turquía tiene cierto nivel de preparación para prevenir y luchar contra la corrupción. Sin embargo, sigue siendo insuficiente el historial en la lucha contra la corrupción. La corrupción sigue estando muy extendida. La injerencia del ejecutivo en la investigación y procesamiento de casos de corrupción de alto nivel sigue constituyendo un grave problema.

Turquía tiene cierto nivel de preparación en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada. Las investigaciones financieras siguen siendo poco utilizadas. Apenas se recurre al embargo preventivo de bienes y el nivel de los bienes confiscados es bajo. La ausencia de legislación sobre protección de datos es un obstáculo para una mayor cooperación con las agencias de la UE y con los Estados miembros.

La Constitución turca garantiza la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La aplicación ha mejorado considerablemente en los últimos años. No obstante, sigue habiendo deficiencias importantes. La aplicación de los derechos derivados del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no está plenamente garantizada. Hay una necesidad urgente de adoptar una ley marco de lucha contra la discriminación en consonancia con las normas europeas. Turquía también debe garantizar efectivamente los derechos de las mujeres, los niños y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y prestar la suficiente atención a la inclusión social de los grupos vulnerables, como los romaníes.

Se registró un retroceso importante en los ámbitos de la libertad de expresión y la libertad de reunión. La legislación sobre la seguridad interior está en contradicción con las medidas contempladas en el plan de acción de marzo de 2014 sobre la prevención de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que concede amplias competencias discrecionales a las agencias con poderes coercitivos, sin una supervisión adecuada. Tras varios años de avances en materia de libertad de expresión, se ha observado un retroceso grave a lo largo de los dos últimos años, aunque cabe registrar un cierto nivel de preparación en este ámbito. Aunque ha sido posible debatir algunas cuestiones sensibles y controvertidas en un entorno libre, preocupan mucho los juicios recientemente abiertos y otros en curso contra periodistas, escritores o usuarios de redes sociales. Las enmiendas a la ley de Internet, que constituyen un importante revés desde el punto de vista del espíritu de las normas europeas, incrementaron los poderes del Gobierno para bloquear contenidos sin orden judicial por una larga lista de motivos.

Turquía apoyó la reanudación de las conversaciones sobre la solución para Chipre en mayo y expresó su apoyo a los esfuerzos del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas. Es crucial mantener el compromiso y la contribución de Turquía en términos concretos a una solución global. Sin embargo, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones sobre los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Las conclusiones sobre Turquía adoptadas por el Consejo (Asuntos Generales y Relaciones Exteriores) el 11 de diciembre de 2006, y aprobadas por el Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2006 se mantienen en vigor. En ellas se establece que no se procederá a la apertura de las negociaciones en ocho capítulos relativos a las restricciones de Turquía respecto a la República de Chipre y que no se cerrará provisionalmente ningún capítulo hasta que la Comisión confirme que Turquía ha aplicado plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación.

Turquía debe comprometerse de manera inequívoca a mantener relaciones de buena vecindad y a la resolución pacífica de controversias, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha manifestado una vez más su honda preocupación e insta a Turquía a que evite todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro o toda fuente de fricciones o intervenciones que afecten a las relaciones de buena vecindad y a la resolución pacífica de controversias.

En cuanto a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada y puede considerarse una economía de mercado en funcionamiento. El crecimiento económico ha sido moderado. Turquía siguió haciendo frente a desequilibrios externos e internos que requieren ajustes en las políticas monetaria y presupuestaria y una aceleración de las reformas estructurales globales. El amplio déficit por cuenta corriente siguió exponiendo a la economía a los cambios mundiales de las condiciones monetarias y de las expectativas del riesgo. En el plano nacional, la tasa de inflación siguió siendo relativamente alta, lo que plantea problemas para la estabilidad macroeconómica, la asignación de los recursos y los efectos redistributivos. De nuevo superó el objetivo oficial, a pesar de lo cual el Banco Central recortó los tipos de interés. La deuda pública ha alcanzado un nivel sostenible, pero el déficit estructural ha sido bastante negativo. El desempleo aumentó ligeramente hasta una media anual del 9,9 %. Se han realizado algunos avances en las reformas estructurales, tales como la mejora de las tasas de escolarización y una mayor liberalización del sector de la energía. Es preciso acelerar dichas reformas para mejorar el funcionamiento del mercado de bienes y servicios y del mercado laboral.

Turquía tiene un buen nivel de preparación frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La calidad de la educación y la igualdad de género en la educación requieren especial atención. Son necesarios esfuerzos para garantizar la transparencia de las ayudas estatales y suprimir las limitaciones y excepciones en el ámbito de la contratación pública.

En cuanto a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha seguido alineándose con el acervo, aunque a un ritmo más lento, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en muchos ámbitos. Está bastante avanzada en los ámbitos del Derecho de sociedades, los servicios financieros, las redes transeuropeas y la ciencia y la investigación. El país también ha conseguido un buen nivel de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el derecho de propiedad intelectual, la política empresarial e industrial, la unión aduanera y las relaciones exteriores. Turquía siguió trabajando muy activamente para hacer frente a los retos en materia de asilo y migración. Tiene un buen nivel de preparación en lo que se refiere al control financiero. No obstante, son necesarios más esfuerzos para aplicar el control financiero interno público a todos los niveles. Turquía está solo relativamente preparada en materia de contratación pública, ámbito en el que su adaptación presenta importantes lagunas. También está también relativamente preparada en el ámbito de las estadísticas, en el que son necesarios importantes esfuerzos de carácter transversal. En todos los ámbitos debe prestarse más atención a la aplicación de la legislación y son numerosos aquellos que requieren avances significativos para lograr la armonización de la legislación con el acervo de la UE.

El año pasado, los acontecimientos en Siria e Irak hicieron que Turquía tuviera que enfrentarse a un nuevo aumento del número de refugiados y desplazados internos. Actualmente, Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, de los que cerca de dos millones son sirios. La gestión de esta enorme afluencia de refugiados y desplazados es un gran reto para el país, que ya ha invertido más de 6 700 millones EUR a este fin.

ANEXO 2 Cambios en los informes anuales por país

I Principales cambios

La Comisión ha introducido una serie de cambios en los informes por país de este año en relación con los de años anteriores. El objetivo es mejorar la calidad de la evaluación de los informes y la fiabilidad del paquete como fuente de información para todas las partes interesadas. El nuevo estilo de presentación de los informes dota de mayor transparencia al proceso de ampliación. Ello debería facilitar un mayor control de las reformas por parte de todas las partes interesadas. El paquete debe servir asimismo para medir mejor los resultados de nuestra asistencia política y financiera, en particular de cara al control del rendimiento del IAP II. En consecuencia, los informes: