Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la reutilización y explotación comercial de la información del sector público (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

2002/0123 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la reutilización y explotación comercial de la información del sector público

1. ANTECEDENTES

Transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(2002) 207 final - 2002/0123(COD)) de conformidad con el apartado 1 del artículo 95 del Tratado: 26 de junio de 2002

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 11 de diciembre de 2002

Dictamen del Comité de las Regiones: 21 de noviembre de 2002

Dictamen del Parlamento Europeo - primera lectura: 12 de febrero de 2003

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta tiene por objeto una armonización mínima de las normas aplicables a la reutilización de la información del sector público en la Unión Europea. La información del sector público (p. ej., información geográfica, información para las empresas o sobre tráfico) es un importante activo económico. Proporciona la materia prima para nuevos productos y servicios digitales y constituye una fuente de datos clave para el comercio electrónico. La información en posesión del sector público puede convertirse en un gran activo para las nuevas aplicaciones inalámbricas.

Las normas sobre la reutilización de este recurso de información varían mucho en la Unión, lo que obstaculiza la creación de servicios transfronterizos de valor añadido que usan esta información como base. Un marco europeo de la reutilización de información del sector público aumentará la certidumbre y fomentará así las inversiones en creatividad e innovación en el sector del suministro de contenidos y en otros sectores.

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS APROBADAS POR EL PARLAMENTO

De las 23 enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, la Comisión acepta 10 enmiendas (enmiendas 1, 3, 4, 14, 24, 26, 27, 28, 32 y 34) y 8 enmiendas en parte o en cuanto al fondo (enmiendas 7, 10, 12, 13, 18, 20, 21 y 31).

3.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión

La enmienda 1 sustituye las palabras «documento» y «documentos» por «información» en toda la propuesta de Directiva. La Comisión puede aceptar esta modificación, con los ajustes gramaticales consecuentes.

La enmienda 3 precisa más los tipos de información que recoge el sector público.

La enmienda 4 señala que la tradición de explotación por organismos del sector público de información de dicho sector ha tenido un desarrollo muy diverso, lo que se ha de tener en cuenta.

La enmienda 14 (nueva letra f bis) del apartado 2 del artículo 1) precisa que la información que contenga secretos comerciales o de empresa no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva.

La enmienda 24 (nueva letra a) del apartado 1 del artículo 6) da a los solicitantes el derecho a solicitar una revisión de las tarifas si consideran que las aplicadas por el organismo del sector público superan las permitidas por el artículo sobre tarificación de la Directiva.

La enmienda 26, (apartado 3 del artículo 7) suprime la expresión «cuando se permita la reutilización».

La enmienda 27 (apartado 1 del artículo 8) suprime las palabras «y procedente».

La enmienda 28 (apartado 2 del artículo 8) suprime las palabras «y procedente».

La enmienda 32 (nuevo párrafo 2 bis del artículo 12) relaciona más claramente la revisión con los objetivos de la Directiva.

La enmienda 34 ajusta la redacción del considerando 12 a la del artículo 6.

3.2. Enmiendas aceptas en parte o en cuanto al fondo por la Comisión

La enmienda 7 alienta a los organismos del sector público a utilizar sistemas de recogida de datos que no dependan de la utilización de programas informáticos específicos y precisa que toda la información debe presentarse no sólo en forma gráfica sino también en forma textual, con el fin de permitir su utilización por personas con dificultades sensoriales. La Comisión cree también que los formatos usados por los organismos del sector público pueden influir en la posibilidades de reutilizar la información. Así pues, la Comisión añade la frase siguiente al texto original del considerando 10 para tener en cuenta el hecho de que el uso de formatos específicos puede obstaculizar la reutilización: «Por consiguiente, es necesario fomentar sistemas de recogida de datos que no dependan del uso de programas informáticos específicos».

La obligación de presentar la información no sólo en forma gráfica sino también en forma textual, con el fin de permitir su utilización por personas con dificultades sensoriales, que propone esta enmienda y la 18, no puede aceptarse en el contexto de la presente Directiva por imponer una carga a los organismos del sector público que no se puede justificar en vista de los objetivos de la Directiva. Además, se relaciona más con los aspectos de acceso a la información que con los de reutilización de la información o la manera en que los organismos del sector público operan en el mercado de la información, de modo que se sale del ámbito de aplicación de la Directiva.

La enmienda 10 relaciona la accesibilidad de la información con el derecho al conocimiento y señala la necesidad de que las administraciones públicas favorezcan y alienten la reutilización de la información que ponen a disposición del público. La Comisión no puede aceptar las dos primeras frases de la presente enmienda, que versan más sobre el acceso a la información que sobre su reutilización, aunque puede aceptar su última frase, siempre que se elimine la expresión «por ello», que le sirve de enlace con las frases anteriores.

La enmienda 12 (apartado 1 del artículo 1) añade el concepto de reutilización, de acuerdo con el título de la Directiva, y el de accesibilidad práctica (referencia a la lista de recursos de la enmienda 31). La Comisión puede aceptar el primer texto añadido. En cuanto al concepto de «accesibilidad práctica», la Comisión acepta la idea de la enmienda, aunque propone sustituir «y la accesibilidad práctica» por «y las modalidades prácticas que faciliten esta reutilización y explotación», con lo que se evitará la sugerencia incorrecta de que el presente documento trata del acceso a la información.

La enmienda 13 (letra d) del apartado 2 del artículo 1) sustituye los «documentos conservados por» las entidades de radiodifusión de servicio público, que se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva, por «información a disposición de» las entidades de radiodifusión de servicio público. La Comisión puede aceptar la modificación propuesta, pero no la cree necesaria a la vista de la justificación de la enmienda. La enmienda parece basarse en un detalle de traducción de la versión en lengua alemana.

La enmienda 18 (apartado 1 del artículo 4) obliga a los organismos del sector público a poner a disposición la información en un formato que no dependa de la utilización de programas informáticos específicos y dispone que, siempre que sea posible y adecuado, toda la información deberá presentarse no sólo en forma gráfica sino también en forma textual, con el fin de permitir su utilización por personas con dificultades sensoriales. La Comisión cree también que los formatos usados por los organismos del sector público pueden influir en la posibilidades de reutilizar la información. Así pues, la Comisión propone la siguiente nueva redacción del apartado 1 del artículo 4 para tener en cuenta el hecho de que el uso de formatos específicos puede obstaculizar la reutilización: «Los organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente, y por medios electrónicos cuando resulte posible y procedente. Esto no significa que los organismos del sector público estén obligados a crear documentos o a adaptarlos para satisfacer una solicitud. Los organismos del sector público proporcionarán sus documentos en un formato que, en la medida de lo posible, no dependa del uso de programas informáticos específicos».

La obligación de presentar la información no sólo en forma gráfica sino también en forma textual, con el fin de permitir su utilización por personas con dificultades sensoriales, no puede aceptarse en el contexto de la presente Directiva por imponer una carga al sector público que no se puede justificar en vista de los objetivos de la Directiva. Además, se relaciona más con los aspectos de acceso a la información que con los de reutilización de la información o la manera en que los organismos del sector público operan en el mercado de la información, de modo que se sale del ámbito de aplicación de la Directiva.

La enmienda 20 (apartado 1 del artículo 5) propone que se tenga en cuenta el objetivo de la reutilización cuando se determinen los plazos razonables para tramitar las solicitudes de reutilización. La enmienda es positiva por llamar la atención sobre el cambio de valor de algunos tipos de información a lo largo del tiempo, lo que hace necesario un suministro rápido de la información para poder usarla (por ejemplo, cuando se trate de información dinámica como la información sobre el tráfico o sobre las condiciones meteorológicas). Sin embargo, no hace una distinción entre la tramitación de las solicitudes de reutilización y el permiso o autorización de reutilizar información específica que puede resultar de la solicitud. El permiso o autorización puede contemplar la actualización en tiempo real de los datos de que se trate. La Comisión propone la siguiente nueva redacción del apartado 1 del artículo 5: «Los organismos del sector público proporcionarán la información al solicitante, en la medida de lo posible a través de medios electrónicos, en un plazo razonable que no exceda del previsto para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y que tenga en cuenta la finalidad de la reutilización».

La enmienda 21 (apartado 3 del artículo 5) se refiere a la obligación de los organismos del sector público de informar de la identidad de los terceros titulares de los derechos y limita dicha obligación a los casos en que el organismo del sector público pueda proporcionar dicha información. Además, dispone que los organismos del sector público incurrirán en responsabilidad por el hecho de que la referencia sea incorrecta en los casos en que haya mala fe. Aunque pueda aceptarse el fondo de la segunda parte de la enmienda, la «mala fe» es difícil de probar y, por ello, no se suscribe esta parte de la enmienda

La enmienda 31 (nuevo párrafo 1 bis del artículo 9) establece la obligación de los Estados miembros de poner a disposición listas de los principales recursos de contenidos mantenidos por los organismos del sector público. La Comisión acepta la primera frase de esta enmienda y propone la siguiente nueva redacción de su segunda frase: «Dichas listas serán gratuitas e indicarán los organismos del sector público responsables de ponerlas a disposición para su reutilización».

3.3. Propuesta modificada

Visto el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta conforme a lo indicado anteriormente.