Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones fundamentales en materia de seguro de crédito a la exportación en operaciones garantizadas a medio y largo plazo (94/C 272/02) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(94) 297 final - 94/0166(ACC)

(Presentada por la Comisión el 2 de septiembre de 1994)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando que el seguro de crédito a la exportación a medio y largo plazo desempeña un papel fundamental en los intercambios internacionales y que constituye un importante instrumento de la política comercial;

Considerando que, debido a sus diferencias en lo referente a los elementos constitutivos de las garantías, a las primas y a las políticas de cobertura, los sistemas públicos de seguro de crédito a la exportación a medio y largo plazo, tal y como existen y funcionan actualmente en el seno de la Comunidad, dan lugar a distorsiones de la competencia entre las empresas de la Comunidad;

Considerando que, para disminuir las distorsiones actuales de la competencia, debe llevarse a cabo una armonización de estos distintos sistemas públicos de seguro de crédito a la exportación, tal y como se prevé en el artículo 112 del Tratado, basada en principios uniformes y que forme parte de la política comercial común;

Considerando que esta armonización no puede sino favorecer una cooperación entre los diferentes aseguradores de crédito que actúan por cuenta del Estado o con su apoyo y, por consiguiente, una mayor cooperación entre las empresas de la Comunidad;

Considerando que tal cooperación es un factor importante, e incluso decisivo, para la competitividad de las exportaciones comunitarias hacia los mercados de terceros países;

Considerando que el seguro de crédito a la exportación a medio y largo plazo desempeña un papel importante en las relaciones comerciales con los países en desarrollo y, por lo tanto, contribuye a su inserción en la economía mundial, lo que constituye uno de los objetivos de la política comunitaria de cooperación y de desarrollo;

Considerando que, en su Libro blanco de junio de 1985 sobre la realización del mercado interior en la Comunidad Europea (aprobado por el Consejo Europeo de junio de 1985), la Comisión ponía de relieve la importancia de fomentar un entorno favorable al desarrollo de la cooperación entre empresas europeas;

Considerando que, por Decisión de 27 de septiembre de 1960 (1), el Consejo estableció un Grupo de coordinación de las políticas de seguro de crédito, garantías y créditos financieros;

Considerando el mandato que el 15 de mayo de 1991 otorgó dicho Grupo de coordinación a los expertos de cada uno de los Estados miembros, así como el conjunto de propuestas de dichos expertos, recogidas en dos informes titulados «Grupo de expertos Mercado Único 1992» y remitidas al Consejo los días 27 de marzo de 1992 y 11 de junio de 1993, respectivamente;

Considerando que, en el marco de esta armonización, las primas que perciban los aseguradores de crédito deben corresponder al riesgo garantizado;

Considerando que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 3B del Tratado, esta armonización es necesaria a fin de que la política de exportación se funde en principios uniformes y no se distorsione la competencia entre las empresas comunitarias;

Considerando que esta armonización constituye una primera etapa, a la que deberán seguir otras con el fin de eliminar toda forma de distorsión de la competencia que pudiera subsistir;

Considerando que procede derogar la Directiva 70/509/CEE del Consejo (2), cuya última modificación la constituye la Decisión de adaptación de 1 de enero de 1973 (3), y la Directiva 70/510/CEE del Consejo (4), cuya última modificación la constituye la Decisión de adaptación de 1 de enero de 1973,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

1. Los Estados miembros velarán por que los organismos de seguro de crédito a la exportación que aseguren por cuenta del Estado o con el respaldo de éste, en lo sucesivo denominados «aseguradores», den cobertura a las operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, con arreglo a las normas recogidas en los Anexos A, B y C.

2. Los Estados miembros velarán por que los aseguradores que deseen establecer excepciones a los principios comunes recogidos en los Anexos A, B y C, sigan los procedimientos de notificación, consulta y excepción previstos en el Anexo D.

Artículo 2

1. Entrarán en el ámbito de aplicación de los principios comunes recogidos en el Anexo A («elementos constitutivos de la garantía») y en el Anexo B («primas») las operaciones de exportación, exceptuadas las de productos agrícolas, garantizadas directa o indirectamente con el respaldo (cualquiera que sea la forma que revista) de uno o varios Estados miembros y que comporten:

a) tratándose de operaciones financiadas por créditos de comprador (cualquiera que sea el objeto de la operación de exportación) un período de reembolso de dichos créditos igual o superior a 24 meses;

b) tratándose de todas las operaciones liquidables al contado o financiadas por créditos de vendedor, un período de fabricación o superior a 12 meses o un período de crédito igual o superior a 24 meses o, por último, un período de fabricación y un período de crédito iguales o superiores, en total, a 24 meses y siempre que se trate:

- de contratos de suministro para la entrega de bienes y cuasi bienes de equipo (maquinaria y demás material destinado a ser utilizado por una entidad industrial o con un fin comercial); una parte de estos contratos podrá consistir en servicios (por ejemplo, responsabilidad del suministrador respecto a la instalación de los bienes),

- de contratos llave en mano de realización de unidades industriales completas en los que el porcentaje de servicios u obras públicas no sobrepase del 25 % del importe total del contrato,

- excluyéndose del ámbito de aplicación de la presente Directiva todas las demas formas de cobertura de contratos comerciales (por ejemplo, contratos de obras públicas, servicios o leasing), así como las fianzas de cumplimiento.

2. Entrarán en el ámbito de los principios comunes recogidos en el Anexo C («política de cobertura») las operaciones de exportación garantizadas directa o indirectamente con el respaldo de uno o varios Estados miembros que comporten:

a) tratándose de operaciones financiadas por créditos de comprador, cualquiera que sea el objeto de la operación de exportación, un período de reembolso de tales créditos igual o superior a 24 meses;

b) tratándose de todas las operaciones liquidables al contado, un período de fabricación igual o superior a 12 meses;

c) tratándose de operaciones financiadas por créditos de vendedor, un período de fabricación igual o superior a 12 meses o un período de crédito igual o superior a 24 meses o, finalmente, un período de fabricación y un período de crédito iguales o superiores, en total, a 24 meses.

Artículo 3

1. Entrarán en el ámbito de aplicación de los principios comunes recogidos en los Anexos A, B y C las operaciones definidas en el artículo 2 y destinadas a compradores o prestatarios públicos o privados.

A efectos de estos principios comunes, se considerará público el comprador (o prestatario) que, por constituir él mismo, de una forma u otra, una entidad pública (Estado o colectividades públicas a él subordinadas, tales como regiones, provincias, municipios u organismos públicos), no pueda, judicial o administrativamente, ser declarado en quiebra.

2. Si en algún caso fuera necesario interpretar la definición contemplada en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta, a la hora de determinar el régimen jurídico del comprador (o del prestatario), los siguientes elementos:

- el comprador (o prestatario) público podrá ser un Estado soberano o un gobierno central, o cualquier otra entidad pública dependiente del gobierno central, como las autoridades regionales, municipales o paraestatales,

- el comprador (o prestatario) público podrá, a través de su actuación, obligar al gobierno central o Estado; los pagos debidos en virtud del contrato comercial o del contrato de crédito de comprador procederán, pues, de los fondos del presupuesto nacional o serán garantizados por el Estado a través, por ejemplo, de su Ministerio de Hacienda o de su Banco central,

- el comprador (o prestatario) público podrá liquidar su deuda mediante recursos que no procedan del gobierno central sino de impuestos locales, o mediante la prestación de un servicio público.

En cualquier caso, será necesario determinar:

- el régimen jurídico del comprador (o prestatario),

- la eficacia real de todas las acciones jurídicas emprendidas contra el comprador (o prestatario),

- las fuentes de financiación y de ingresos del comprador (o prestatario),

- el grado de influencia o control que pueda ejercer el gobierno central.

Artículo 4

1. Se crea un Comité de gestión, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas para aplicar la presente Directiva, en particular en los ámbitos siguientes:

a) elaboración de un modelo común para la evaluación del riesgo de los diferentes países deudores y la clasificación de estos países según categorías de riesgo de 1 a 6 (siendo la 1 la de menor riesgo y la 6 la de mayor);

b) elaboración de un modelo común para la fijación de tasas de prima mínimas y tasas de prima de referencia;

c) elaboración de la lista de establecimientos financieros internacionales o nacionales cuya intervención pueda mejorar el riesgo del país;

d) elaboración de los principios que deben utilizarse por cada asegurador para evaluar el riesgo del comprador;

e) elaboración de los principios que debe utilizar cada asegurador para evaluar el riesgo de resolución de contrato.

2. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. En el momento de la votación en el seno del Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán en la forma prevista en el citado artículo. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará medidas que serán de immediata aplicación. No obstante, si tales medidas no se ajustan al dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará immediatamente dichas medidas al Consejo.

En este caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas que haya decidido durante un período no superior a un mes a partir de la fecha de dicha comunicación.

El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el párrafo tercero.

Artículo 5

A más tardar el 31 de diciembre de 1996, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las enseñanzas extraídas de la experiencia adquirida con ocasión de la aplicación de los principios comunes establecidos en la presente Directiva y, cuando proceda, propondrá modificaciones o nuevos principios comunes si lo considera necesario, en particular en los ámbitos siguientes:

a) posibles modificaciones del contenido de los Anexos A, B, C y D, desde la perspectiva de disminuir las distorsiones de la competencia entre asegurados comunitarios;

b) nuevos principios comunes para completar el ámbito de aplicación del Anexo A en lo que se refiere a un sector aún no abordado: por ejemplo, para los bancos, la garantía directa que refinancien créditos de vendedor y la garantía de los créditos documentales confirmados y, para los exportadores, la garantía de los contratos de construcción y obras públicas, de contratos de servicios puros, de contratos de arrendamiento financiero y de fianzas de cumplimiento o de riesgos a corto plazo que no entran en la definición de riesgo de mercado ni en el ámbito de aplicación del Anexo A.

Artículo 6

Cuando las normas del Anexo D exijan una notificación para dictamen, el Estado miembro estará autorizado a aplicar la excepción solicitada con carácter cautelar. La excepción se considerará aprobada al expirar un plazo de ocho días laborales a partir de la notificación, salvo en los casos en que la Comisión informe al Estado miembro que estima necesario consultar al Comité mencionado en el artículo 4, bien por su propia iniciativa, o bien a petición de otro Estado miembro. El Comité se pronunciará con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 4. En tal caso, se autorizará al Estado miembro a continuar aplicando la excepción con carácter cautelar hasta la decisión definitiva.

Artículo 7

El conjunto de los procedimientos previstos en la presente Directiva completa los ya establecidos en la Decisión 73/391/CEE del Consejo (5).

Artículo 8

En circunstancias críticas en que deban adoptarse posiciones en plazos más cortos que los previstos en los artículos 4 o 6, se recurrirá a una consulta según un procedimiento escrito acelerado a través del sistema OLIS.

Artículo 9

Quedan derogadas las Directivas 70/509/CEE y 70/510/CEE.

Artículo 10

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1994. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 11

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación el el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 12

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO n° 66 de 27. 10. 1960, p. 1339/60.

(2) DO n° L 254 de 23. 11. 1970, p. 1.

(3) DO n° L 2 de 1. 1. 1973, p. 1.

(4) DO n° L 254 de 23. 11. 1970, p. 26.

(5) DO n° L 346 de 17. 12. 1973, p. 1.

ANEXO A

PRINCIPIOS COMUNES RESPECTO A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA COBERTURA

1. COBERTURA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE COMPRADOR (1)

1.1. PRINCIPIOS GENERALES

1.1.1. Los principios comunes determinados en los apartados 1.2 y 1.3 se aplicarán con arreglo a las siguientes condiciones:

- La cobertura se otorgará a las entidades financieras (cualquiera que fuera su nacionalidad) para los créditos otorgados con arreglo a un contrato de crédito de comprador firmado con uno o varios prestatarios públicos o privados siempre que:

- dichos créditos se otorguen para financiar un contrato de exportación o bien varios contratos de exportación,

- la utilización de los créditos se efectúe en el momento de la perfección del contrato de exportación, o bien mediante pagos aplazados.

- Las cláusulas y las condiciones de la operación de exportación objeto de financiación deberán haber sido aceptadas por el asegurador.

- El contrato de crédito deberá establecer la obligación incondicional del prestatario de reembolsar su deuda, con independencia de la ejecución del contrato comercial por él financiado.

1.1.2. Sin perjuicio de que los principios comunes están previstos para otorgar una cobertura al conjunto de riesgos, cada asegurador decidirá en cada caso concreto si limita la cobertura a determinados riesgos. Deberá seguir, si procede, los procedimientos previstos en el Anexo D.

1.1.3. Los contratos de crédito de comprador pueden expresarse en una o varias divisas extranjeras. En este caso, la cobertura podrá concederse con arreglo a la divisa o divisas extranjeras o a la divisa nacional del asegurador.

1.1.4. Cuando todas las obligaciones de un prestatario privado estén garantizadas total e incondicionalmente por una entidad estatal, se aplicarán los principios comunes relativos a los prestatarios públicos, recogidos en el apartado 1.2.

1.2. PRESTATARIO PÚBLICO

1.2.1. Riesgo cubierto y plazo para la admisión del siniestro

El riesgo cubierto es el riesgo de crédito. Se produce cuando el asegurado se encuentra en la imposibilidad de recobrar su crédito o parte de él tres meses después del vencimiento del mismo, siempre que dicha imposibilidad se deba directa y exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía mencionadas en el apartado 1.2.2.

1.2.2. Situaciones de siniestro

1.2.2.1. El incumplimiento de contrato del deudor y, en su caso, del garante.

1.2.2.2. La moratoria establecida con carácter general por el gobierno del país del deudor o por el de un tercer país por medio del cual deba efectuarse el pago.

1.2.2.3. Cualquier otro acto o decisión del gobierno de un país extranjero que impida la ejecución del contrato de crédito (incluidas las decisiones de las autoridades públicas asimiladas a las del gobierno, y las medidas legales de la Comunidad).

1.2.2.4. Los acontecimientos políticos o las dificultades económicas acaecidas fuera del país del asegurador o las medidas legales o administrativas adoptadas fuera del país del asegurador que lleven consigo la omisión o retraso de la transferencia de las sumas abonadas con arreglo al contrato de crédito de comprador.

1.2.2.5. Las disposiciones legales adoptadas en el país del deudor que declaren los pagos efectuados por el deudor como liquidación válida de la deuda, a pesar de que dichos pagos, como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, al convertirlos en la moneda convenida en el contrato de crédito no amorticen la deuda en la fecha de la transferencia.

1.2.2.6. El acaecimiento fuera del país del asegurador, de alguno de los siguientes casos de fuerza mayor: guerra (incluida guerra civil), revolución, revuelta, disturbios civiles, ciclón, inundación, seísmo, erupción volcánica, maremoto o accidente nuclear.

1.2.3. Casos liberatorios de las obligaciones del asegurador

El asegurador quedará liberado de sus obligaciones cuando el siniestro pueda atribuirse directa o indirectamente a:

1.2.3.1. Toda acción u omisión por parte del asegurado (o de cualquier persona que actúe por cuenta de él) que impida total o parcialmente la ejecución del contrato de crédito.

1.2.3.2. La inclusión, en el contrato de crédito (o en los documentos adjuntos al mismo, incluidos los relativos a las condiciones de garantía ligadas al contrato) de cualquier disposición que limite los derechos del asegurado.

1.2.3.3. Todo convenio establecido entre el asegurado y el deudor o un garante con posterioridad a la firma del contrato que impida o retrase el pago de la deuda.

1.2.4. Efectividad de la cobertura

El seguro toma efecto cuando se cumplan los requisitos estipulados en la póliza de seguro de crédito, siempre que hayan concurrido todos y cada uno de los demás requisitos para la utilización, por parte del deudor, del crédito que el asegurado pone a su disposición.

1.2.5. Alcance de la cobertura

1.2.5.1. Suma asegurada

- El seguro cubre exclusivamente los importes debidos por el deudor con arreglo al contrato de crédito, o sea, el principal e intereses del crédito (incluidos los intereses de demora) y las comisiones bancarias correspondientes. No quedan cubiertas las sumas debidas por el deudor en concepto de multas o daños.

- Los intereses de demora cubiertos son los intereses devengados entre la fecha de vencimiento y el final del plazo para la admisión del siniestro.

- Las comisiones bancarias son las facturadas en el contrato de crédito (normalmente, los gastos de compromiso, de agencia, de gestión).

1.2.5.2. Bienes y servicios de origen extranjero

Cuando el contrato comercial financiado por el contrato de crédito comporte bienes y servicios procedentes de terceros países, su financiación podrá quedar incluida en la cobertura siempre que hayan sido declarados al asegurador y éste los haya aceptado. Esta incorporación será, por el contrario, automática, cuando se trate de subcontrataciones realizadas con uno o varios Estados miembros de la Comunidad Europea; las subcontrataciones deben ajustarse a lo dispuesto en la Decisión 82/854/CEE del Consejo (2).

1.2.6. Porcentaje de cobertura y límite máximo de la indemnización

1.2.6.1. El porcentaje de la cobertura y el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador deben estipularse expresamente en la póliza de seguro de crédito emitida por aquél.

1.2.6.2. El límite máximo de cobertura es del 95 %.

1.2.6.3. El asegurador debe hacerse cargo de una fracción del porcentaje de riesgo no cubierto por el asegurador. Esta fracción no puede ser inferior a un 2 % del importe de la deuda cubierta, cualquiera que sea el porcentaje del riesgo cubierto. La diferencia entre la fracción de la que se hace cargo íntegramente el asegurado y el porcentaje no cubierto se transferirá al exportador. Sin embargo, el asegurado también puede transferir a los organismos que participen en la financiación (o a los subparticipantes) la parte de la fracción del porcentaje no cubierto que debe correr a su cargo de acuerdo con la participación de cada uno de ellos. La transferencia del porcentaje de riesgo no cubierto estará subordinada, por otra parte, al acuerdo expreso del asegurador.

1.2.7. Principios y condiciones generales para el pago de indemnizaciones

1.2.7.1. El asegurado tendrá derecho a indemnización cuando haya transcurrido el plazo para la admisión del siniestro determinado en el anterior apartado 1.2.1, siempre que hayan concurrido todos y cada uno de los requisitos necesarios para que tenga efectividad la cobertura, que el asegurado haya realizado cuantas gestiones le dicte su buen criterio y que la deuda objeto de indemnización sea jurídicamente válida.

1.2.7.2. Siempre que el asegurador haya recibido a su debido tiempo toda la información necesaria, documentos y pruebas que le permitan establecer que la deuda es jurídicamente válida, pagará la indemnización dentro de un plazo de 45 días a partir de la última de las dos fechas siguientes:

- final del plazo para la admisión del siniestro,

- fecha de aceptación por parte del asegurado del importe de la indemnización.

1.2.7.3. En el supuesto de que se proceda a la refinanciación de la suma asegurada a raíz de un convenio bilateral de reestructuración de deuda externa, el asegurador podrá suprimir el plazo de 45 días mencionado en el apartado 1.2.7.2, siempre que el convenio bilateral de que se trate haya entrado en vigor.

1.2.7.4. Si las pérdidas para las que el asegurado solicita indemnización corresponden a derechos discutidos o impugnados, el asegurador podrá retrasar la indemnización hasta que la controversia haya sido resuelta a favor del asegurado por la instancia arbitral o judicial prevista en el contrato de crédito. El asegurador podrá también, en ese caso, pedir que esta decisión judicial tenga fuerza ejecutoria en el país del deudor.

1.2.7.5. Si las obligaciones del deudor con respecto al asegurado han sido afianzadas por medio de un aval u otro tipo de garantía, el asegurado deberá haber tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que el aval (u otra forma de garantía) sea, no solamento válido jurídicamente, sino también realizable.

1.2.7.6. Al calcular el importe de la indemnización, el asegurador no podrá abonar al asegurado una cantidad que exceda de la cuantía de su pérdida, o del importe efectivamente debido por el deudor con arreglo al contrato de crédito.

1.2.8. Convenios bilaterales de reestructuración de deuda externa

En el supuesto de que el crédito asegurado esté sometido a un convenio bilateral de reestructuración de deuda externa, el asegurado cumplirá las condiciones del convenio de reestructuración tanto en lo que se refiere a las porciones aseguradas del crédito como en lo que se refiere a las partes no aseguradas y prestará al asegurador toda la ayuda necesaria para la ejecución del convenio de reestructuración.

1.2.9. Gastos adicionales

Siempre que hayan sido aceptados por el asegurador, el seguro cubrirá con arreglo al porcentaje de cobertura fijado por aquél, los gastos adicionales derivados de las acciones que procedan para prevenir o para disminuir las pérdidas. Estos gastos adicionales comprenden las costas judiciales y demás gastos de carácter jurídico.

No obstante, si tales gastos se refieren también a sumas o créditos no cubiertos por el seguro, serán imputados en la misma proporción que exista entre las sumas o créditos asegurados y no asegurados.

1.3. PRESTATARIO PRIVADO

Las disposiciones de los apartados 1.2.3 a 1.2.9 («Prestatario público») serán de aplicación al prestatario privado.

1.3.1. Riesgo cubierto y plazo para la admisión del siniestro

El riesgo cubierto es el riesgo de crédito. Se produce cuando el asegurado se encuentra en la imposibilidad de recobrar su crédito o parte de él tres meses después del vencimiento del mismo, siempre que dicha imposibilidad se deba directa y exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía mencionada en el apartado 1.3.2.

Si el impago de la deuda se debe a la situación de siniestro 1.3.2.1, contemplada en el próximo apartado 1.3.2, el asegurador podrá suprimir el plazo para la admisión del siniestro.

1.3.2. Situaciones de siniestro

1.3.2.1. La situación de insolvencia del deudor y, en su caso, del garante, de hecho o de derecho.

1.3.2.2. El incumplimiento de contrato del deudor y, en su caso, del garante.

1.3.2.3. La moratoria establecida con carácter general por el gobierno del país del deudor o por el de un tercer país por medio del cual deba efectuarse el pago.

1.3.2.4. Cualquier otro acto o decisión del gobierno de un país extranjero que impida la ejecución del contrato de crédito (incluidas las decisiones de las autoridades públicas asimiladas a las del gobierno, y las medidas legales de la Comunidad).

1.3.2.5. Los acontecimientos políticos o las dificultades económicas acaecidas fuera del país del asegurador o las medidas legales o administrativas adoptadas fuera del país del asegurador que lleven consigo la omisión o retraso de la transferencia de las sumas abonadas con arreglo al contrato de crédito de comprador.

1.3.2.6. Las disposiciones legales adoptadas en el país del deudor que declaren los pagos efectuados por el deudor como liquidación válida de la deuda, a pesar de que dichos pagos, como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, al convertirlos en la moneda convenida en el contrato de crédito no amorticen la deuda en la fecha de la transferencia.

1.3.2.7. El acaecimiento fuera del país del asegurador, de alguno de los siguientes casos de fuerza mayor: guerra (incluida guerra civil), revolución, revuelta, disturbios civiles, ciclón, inundación, seísmo, erupción volcánica, maremoto o accidente nuclear.

2. COBERTURA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE VENDEDOR (3)

2.1. PRINCIPIOS GENERALES

2.1.1. Los principios comunes determinados en los próximos apartados 2.2 y 2.3 se aplicarán cuando la cobertura se otorgue a una o varias empresas de la Comunidad que celebren un contrato con uno o varios compradores públicos o privados.

2.1.2. Sin perjuicio de que los principios comunes estén previstos para otorgar una garantía para el conjunto de los riesgos, cada asegurador decidirá en cada caso particular si otorga dicha cobertura total o si limita su cobertura a determinados riesgos. Deberá seguir, si procede, los procedimientos previstos en el anexo D.

2.1.3. El ámbito de aplicación de estos principios comunes es el fijado por el apartado 1 del artículo 2 de la presente Directiva, entendiéndose que queda incluido en él la cobertura otorgada a un exportador si el contrato comercial por él celebrado ha sido financiado mediante crédito de comprador o cualquier otra forma de contrato.

2.1.4. Cuando todas las obligaciones de un comprador privado estén garantizadas total e incondicionalmente por una entidad estatal, se aplicarán los principios comunes aplicables a los compradores públicos, recogidos en el apartado 2.2.

2.2. COMPRADOR PÚBLICO

2.2.1. Riesgo cubierto y plazo para la admisión del siniestro

2.2.1.1. Riesgo de resolución de contrato

El riesgo de resolución de contrato se produce cuando se suspende durante seis meses consecutivos la ejecución de las obligaciones contractuales del asegurado (o los trabajos de fabricación de la mercancía encargada), siempre que la suspensión se deba directa o exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía mencionada en el apartado 2.2.2.

2.2.1.2. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce cuando el asegurado se encuentra en la imposibilidad de recobrar su crédito o parte de él seis meses después del vencimiento del mismo, siempre que dicha imposibilidad se deba directa y exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía mencionada en el apartado 2.2.2.

2.2.2. Situaciones de siniestro

2.2.2.1. La rescisión (4) del contrato por el comprador.

2.2.2.2. La no aceptación injustificada de la mercancía por parte del comprador sin que le asista derecho alguno.

2.2.2.3. El incumplimiento de contrato del comprador y, en su caso, del garante.

2.2.2.4. La moratoria establecida con carácter general por el gobierno del país del comprador o por el de un tercer país por medio del cual deba efectuarse el pago.

2.2.2.5. Cualquier otro acto o decisión del gobierno de un país extranjero que impida la ejecución del contrato de crédito (incluidas las decisiones de las autoridades públicas asimiladas a las del gobierno, y las medidas legales de la Comunidad).

2.2.2.6. Los acontecimientos políticos o las dificultades económicas acaecidas fuera del país del asegurador o las medidas legales o administrativas adoptadas fuera del país del asegurador que lleven consigo la omisión o retraso de la transferencia de las sumas abonadas con arreglo al contrato comercial.

2.2.2.7. Las disposiciones legales adoptadas en el país del deudor que declaren los pagos efectuados por el deudor como liquidación válida de la deuda, a pesar de que dichos pagos, como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, al convertirlos en la moneda convenida en el contrato de crédito no amorticen la deuda en la fecha de la transferencia.

2.2.2.8. El acaecimiento fuera del país del asegurador, de alguno de los siguientes casos de fuerza mayor: guerra (incluida guerra civil), revolución, revuelta, disturbios civiles, ciclón, inundación, seísmo, erupción volcánica, maremoto o accidente nuclear.

2.2.2.9. Las medidas o decisiones adoptadas por el gobierno del país del asegurador (5) relacionadas particularmente con el comercio exterior, como la prohibición de exportaciones, siempre que dichas medidas o decisiones tengan su origen en la dirección de los asuntos internacionales y que, por otra parte, dicho gobierno no se haga cargo de sus consecuencias.

2.2.3. Casos liberatorios de las obligaciones del asegurador

El asegurador quedará liberado de sus obligaciones cuando el siniestro pueda atribuirse directa o indirectamente a:

2.2.3.1. Toda acción u omisión por parte del asegurado (o de cualquier persona física o jurídica que actúe por cuenta de él) o que impida total o parcialmente la ejecución del contrato comercial.

2.2.3.2. Incumplimiento de sus obligaciones por parte de subcontratistas, co-contratistas u otros suministradores, siempre que dicho incumplimiento no sea la consecuencia directa de las circunstancias o los acontecimientos políticos que figuran como situaciones de siniestro en el apartado 2.2.2 (2.2.2.4 a 2.2.2.9).

2.2.3.3. La inclusión en el contrato comercial (o en los documentos adjuntos al mismo, incluidos los relativos a las condiciones de garantía ligadas al contrato) de cualquier disposición que limite los derechos del asegurador.

2.2.3.4. Todo convenio establecido entre el asegurado y el comprador o un garante con posterioridad a la firma del contrato que impida el pago de la deuda.

2.2.4. Efectividad de la cobertura

Siempre que se cumplan todos los requisitos estipulados en la póliza de seguro de crédito (tales como el pago de un anticipo en el momento de la realización del pedido):

2.2.4.1. El seguro de resolución de contrato toma efecto a la entrada en vigor del contrato comercial.

2.2.4.2. El seguro de riesgo de crédito toma efecto cuando se origine el derecho de cobro del asegurador por haber cumplido éste las obligaciones establecidas a su cargo con arreglo al contrato comercial.

Sin embargo, cuando un envío o entrega parcial origine a favor del asegurado un derecho de cobro del precio particularmente fijado para la correspondiente mercancía en uno o varios plazos según las cláusulas contractuales, el seguro del riesgo de crédito tomará efecto en la fecha de dichos envíos o entregas parciales (6).

2.2.5. Alcance de la cobertura

2.2.5.1. Riesgo de resolución de contrato

El seguro del riesgo de resolución de contrato se aplicará, en los límites del importe del contrato, al importe de los gastos que corran a cargo del asegurado para la ejecución de sus obligaciones contractuales o para la fabricación de las mercancías que le hubieran sido encargadas, siempre que dichos gastos y costes sean imputables al contrato.

No se aplicará a:

- los gastos correspondientes a las mercancías en relación con las cuales haya tomado efecto el seguro del riesgo de crédito con arreglo al anterior apartado 2.2.4.2;

- las primas de seguro de crédito pagadas por el asegurado al asegurador;

- las cantidades pagadas por el asegurado como consecuencia del requerimiento de una fianza de cumplimiento, relativa al contrato garantizado (7).

2.2.5.2. Riesgo de crédito

El seguro del riesgo de crédito se aplicará exclusivamente a las cantidades debidas por el comprador con arreglo al contrato comercial. Tratándose de una operación financiada mediante crédito de vendedor, dichas cantidades pueden incluir el principal y los intereses del crédito, excluyéndose los intereses de demora. Quedan excluidas las cantidades pagadas por el asegurado en concepto de fianzas de cumplimiento (8), las multas o daños.

2.2.5.3. Bienes y servicios de origen extranjero

Cuando el contrato comercial comporte bienes y servicios procedentes de terceros países, su financiación podrá quedar incluida en la cobertura siempre que hayan sido declarados al asegurador y éste los haya aceptado. Esta incorporación será, por el contrario, automática, cuando se trate de subcontrataciones realizadas con uno o varios Estados miembros; las subcontrataciones deben ajustarse a lo dispuesto en la Decisión 82/854/CEE.

2.2.6. Porcentaje de cobertura y límite máximo de la indemnización

2.2.6.1. El porcentaje de cobertura y el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador deben estipularse expresamente en la póliza de seguro de crédito emitida por aquél.

2.2.6.2. El límite máximo de cobertura es del 90 %.

2.2.6.3. El asegurado debe correr a cargo íntegramente de la parte del riesgo no cubierta por el asegurador. Sin embargo, puede transferir, con acuerdo expreso del asegurador, dicha parte del riesgo a subcontratistas, de acuerdo con la participación de cada uno de ellos en el contrato comercial. Por otro lado, si la parte del riesgo no cubierta por el asegurador excede del 10 %, dicho exceso puede no quedar íntegramente a su cargo.

2.2.7. Principios y condiciones generales para el pago de indemnizaciones

2.2.7.1. El asegurado tendrá derecho a indemnización cuando haya transcurrido el plazo para la admisión del siniestro determinado en el apartado 2.2.1 siempre que hayan concurrido todos y cada uno de los requisitos necesarios para que tenga efectividad la cobertura, que el asegurador haya realizado cuantas gestiones le dicte su buen criterio y que la deuda objeto de indemnización sea jurídicamente válida.

2.2.7.2. Siempre que el asegurador haya recibido a su debido tiempo toda la información necesaria, documentos y pruebas que le permitan establecer que la deuda es jurídicamente válida, pagará la indemnización:

- cuando se trate de un riesgo de resolución de contrato, dentro de un plazo de 45 días a partir de la última de las siguientes fechas:

- final del plazo para la admisión del siniestro,

- fecha de notificación del dictamen pericial, en su caso, o

- fecha de aceptación por parte del asegurado del importe de la indemnización;

- cuando se trate de un riesgo de crédito, dentro de un plazo de 45 días a partir de la última de las siguientes fechas:

- final del plazo para la admisión del siniestro,

- fecha de aceptación por parte del asegurado del importe de la indemnización.

2.2.7.3. En el supuesto de que se proceda a la refinanciación de la suma asegurada a raíz de un convenio bilateral de reestructuración de deuda externa, el asegurador podrá suprimir el plazo de 45 días mencionado en el apartado 2.2.7.3, siempre que el convenio bilateral de que se trate haya entrado en vigor.

2.2.7.4. Si las pérdidas para las que el asegurado solicita indemnización corresponden a derechos discutidos o impugnados, el asegurador podrá retrasar la indemnización hasta que la controversia haya sido resuelta a favor del asegurado por la instancia arbitral o judicial prevista en el contrato comercial. El asegurador podrá también, en ese caso, pedir que esta decisión judicial tenga fuerza ejecutoria en el país del deudor.

2.2.7.5. Si las obligaciones del comprador con respecto al asegurado han sido afianzadas por medio de un aval u otro tipo de garantía, el asegurado deberá haber tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que el aval (u otra forma de garantía) sea, no solamente válido jurídicamente, sino también realizable.

2.2.7.6. Al calcular el importe de la indemnización, el asegurador no podrá abonar al asegurado una cantidad que exceda de la cuantía de su pérdida, o del importe efectivamente debido por el comprador con arreglo al contrato comercial.

2.2.8. Convenios bilaterales de reestructuración de deuda externa

En el supuesto de que el contrato comercial asegurado esté sometido a un convenio bilateral de reestructuración de deuda externa, el asegurado cumplirá las condiciones del convenio de reestructuración tanto en lo que se refiere a las porciones aseguradas del contrato como en lo que se refiere a las partes no aseguradas y prestará al asegurador toda la ayuda necesaria para la ejecución del convenio de la reestructuración.

2.2.9. Gastos adicionales

Siempre que hayan sido aceptados por el asegurador, el seguro cubrirá con arreglo al porcentaje de cobertura fijado por aquél, los gastos adicionales derivados de las acciones que procedan para prevenir o para disminuir las pérdidas. Estos gastos adicionales comprenden las costas judiciales y demás gastos de carácter jurídico.

Sin embargo, si tales gastos se refieren también a sumas o créditos no cubiertos por el seguro, serán imputados en la misma proporción que exista entre las sumas o créditos asegurados y no asegurados.

2.3. COMPRADOR PRIVADO

Las disposiciones de los apartados 2.2.3 a 2.2.9 («Comprador público») serán de aplicación al comprador privado.

2.3.1. Riesgo cubierto y plazo para la admisión del siniestro

2.3.1.1. Riesgo de resolución del contrato

El riesgo de resolución de contrato se produce cuando se suspende durante seis meses consecutivos la ejecución de las obligaciones contractuales del asegurado (o los trabajos de fabricación de la mercancía encargada), siempre que la suspensión se deba directa o exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía en el apartado 2.3.2.

2.3.1.2. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce cuando el asegurado se encuentra en la imposibilidad de recobrar su crédito o parte de él seis meses después del vencimiento del mismo, siempre que dicha imposibilidad se deba directa y exclusivamente a una o varias de las situaciones que dan lugar a la aplicación de la garantía mencionada en el apartado 2.3.2.

Si el impago de la deuda se debe a la situación de siniestro contemplada en el apartado 2.3.2.3, podrá suprimir el plazo para la admisión del siniestro.

2.3.2. Situaciones de siniestro

2.3.2.1. La rescisión (9) del contrato por el comprador.

2.3.2.2. La no aceptación injustificada de la mercancía por parte del comprador sin que le asista derecho alguno.

2.3.2.3. La situación de insolvencia del deudor y, en su caso, del garante, de hecho o de derecho.

2.3.2.4. Falta de pago por parte del comprador y, en su caso, del garante (10).

2.3.2.5. La moratoria establecida con carácter general por el gobierno del país del comprador o por el de un tercer país por medio del cual deba efectuarse el pago.

2.3.2.6. Cualquier otro acto o decisión del gobierno de un país extranjero que impida la ejecución del contrato comercial (incluidas las decisiones de las autoridades públicas asimiladas a las del gobierno, y las medidas legislativas de la Comunidad).

2.3.2.7. Los acontecimientos políticos o las dificultades económicas acaecidas fuera del país del asegurador o las medidas legales o administrativas adoptadas fuera del país del asegurador que lleven consigo la omisión o retraso de la transferencia de las sumas abonadas con arreglo al contrato comercial.

2.3.2.8. Las disposiciones legales adoptadas en el país del comprador que declaren los pagos efectuados por el comprador como liquidación válida de la deuda, a pesar de que dichos desembolsos, como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, al convertirlos en la moneda convenida en el contrato no amorticen la deuda en la fecha de la transferencia.

2.3.2.9. El acaecimiento fuera del país del asegurador, de alguno de los siguientes casos de fuerza mayor: guerra (incluida guerra civil), revolución, revuelta, disturbios civiles, ciclón, inundación, seísmo, erupción volcánica, maremoto o accidente nuclear.

2.3.2.10. Las medidas o decisiones adoptadas por el gobierno del país del asegurador (11) relacionadas particularmente con el comercio exterior, como la prohibición de exportaciones, siempre que dichas medidas o decisiones tengan su origen en la dirección de los asuntos internacionales y que, por otra parte, dicho gobierno no se haga cargo de sus consecuencias.

(1) Convenio por el que una o varias instituciones financieras se comprometen a pagar al contado a un exportador por cuenta de un comprador que reembolsará a la institución financiera que presta a crédito.

(2) DO n° L 357 de 18. 12. 1982, p. 20.

(3) La noción de «crédito de vendedor» se utiliza de forma genérica e incluye tanto los contratos al contado como los contratos a crédito.

(4) Los términos «rescisión de contrato» significan en este caso, una decisión arbitraria del comprador público de interrumpir o anular el contrato sin que le asista derecho alguno.

(5) Incluidas medidas (o decisiones) tomadas por la Comunidad.

(6) Por ejemplo:

- la entrega de letras de cambio aceptadas o de pagarés no será suficiente para que entre en vigor el seguro de riesgo de crédito,

- si el contrato de suministros (o contrato «llave en mano») estipula la realización de servicios particulares (por ejemplo, trabajos de instalación), el seguro de riesgo de crédito podrá, llegado el caso, tomar efecto cuando la realización de dichos servicios origine contractualmente el derecho de cobro.

(7) Esta exclusión no significa que el asegurador no pueda garantizar dicho riesgo.

(8) Los términos «rescisión del contrato» significan en este caso, una decisión arbitraria del comprador público de interrumpir o anular el contrato sin que le asista derecho alguno.

(9) El concepto de «falta de pago» sólo cubre, en este caso, las obligaciones financieras que incumben al comprador (o a su garante) y, en particular, la realización de todos los trámites necesarios para convertir y transferir al asegurado los pagos efectuados por el comprador en moneda local.

(10) Incluidas medidas (o decisiones) tomadas por la Comunidad.

ANEXO B

PRINCIPIOS COMUNES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRIMAS

1. PRINCIPIOS GENERALES

1.1. Cada asegurador adaptará su sistema de primas para ajustarlo a los principios comunes recogidos en el presente Anexo.

1.2. Al llevar a la práctica los principios comunes recogidos en el presente Anexo, cada asegurador seguirá el principio de que la prima facturada corresponderá con los riesgos cubiertos y el de que se remuneren convenientemente, en la medida de lo posible, dichos riesgos.

1.3. Cada asegurador determinará las tasas de prima aplicando el conjunto de datos elaborados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva.

2. TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS TASAS DE PRIMA MÍNIMA Y DE REFERENCIA

2.1. El riesgo comercial se define en el Anexo A, apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 2.3.2.1 a 2.3.2.4.

2.2. El riesgo político se define en el Anexo A, apartados 1.2.2.1 a 1.2.2.6, 1.3.2.3 a 1.3.2.7, 2.2.2.1 a 2.2.2.9, 2.3.2.5 a 2.3.2.10.

2.3. El riesgo de resolución de contrato se define en el Anexo A, apartados 2.2.1.1, 2.2.5.1 y 2.3.1.1.

2.4. El riesgo de crédito se define en el Anexo A, apartados 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1.2, 2.2.5.2 y 2.3.1.2.

2.5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMPRADOR Y DEL GARANTE

La definición de comprador (o de garante) público es la recogida en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Directiva.

En lo que se refiere específicamente a las primas, sus tarifas se modulan, no solamente en función del régimen jurídico público o privado del comprador, sino también en función de su calidad dentro de estas dos categorías:

2.5.1. Público: - autoridades monetarias (en general, Ministerio de Hacienda o Banco central);

- otros compradores (o garantes) estatales;

- compradores (o garantes) no estatales.

2.5.2. Privado: - compradores (o bancos) de primera categoría;

- bancos corrientes;

- compradores privados corrientes.

Estos conceptos de comprador público (estatal o no estatal), así como el de comprador - o banco - privado (de primera categoría o corriente) se definen en «los principios que deben utilizar los aseguradores para evaluar el riesgo de comprador» (aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva).

3. PRINCIPIOS COMUNES

3.1. MODULACIÓN DE LA PRIMA EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMPRADOR (O DEL GARANTE)

3.1.1. Comprador (o garante) privado

Cada asegurador podrá dar cobertura sólo al riesgo comercial o al riesgo político. También podrá dar cobertura a los dos riesgos acumulados.

Si el asegurador decide limitar la cobertura a uno de los dos riesgos citados sólo facturará la prima correspondiente a dicho riesgo.

Si decide limitar la cobertura (de riesgo comercial y/o de riesgo político) a unas determinadas situaciones de siniestro, el asegurador no podrá por ello disminuir el nivel de la prima.

3.1.2. Comprador (o garante) público

3.1.2.1. Cuando el comprador (o garante) sea considerado autoridad monetaria, el hecho de que un asegurador limite la cobertura a unas determinadas situaciones de siniestro no conllevará una disminución del nivel de la prima.

3.1.2.2. Cuando el comprador (o garante) sea considerado estatal (distinto de la autoridad monetaria) o no estatal, el asegurador podrá excluir los riesgos sobre este comprador (o garante). En este caso, el asegurador facturará la tasa de prima aplicable al riesgo del país de que se trate. El hecho de excluir algunas otras situaciones de siniestro no conlleva una disminución del nivel de la prima.

3.2. MODULACIÓN DE LA PRIMA EN FUNCIÓN DE LAS CAUCIONES

3.2.1. Riesgo de crédito

3.2.1.1. Cuando las obligaciones de pago del comprador vayan afianzadas por un aval incondicional (o un crédito documentario irrevocable) que mejore el riesgo, el asegurador utilizará las tasas aplicables al garante (o al banco que emite el crédito documentario), siempre que:

- acepte al banco emisor del crédito documentario irrevocable (haya sido o no confirmado por otro banco), y que la utilización del crédito no dependa de la cooperación del comprador,

- acepte al banco (o a cualquier otra entidad pública o privada) que emita el aval incondicional.

Cuando la tasa de prima aplicable al garante sea inferior a la aplicable al comprador (por razones imputables al país del garante), el asegurador utilizará la tasa aplicable al garante, siempre que se suprima de forma efectiva el riesgo de transferencia inherente al país del comprador.

3.2.1.2. Cuando sólo una parte de las obligaciones de pago del comprador vaya afianzada por un aval incondicional (o un crédito documentario irrevocable), la reducción de prima efectuada por el asegurador será proporcional a la parte que toma a su cargo el garante (1).

3.2.2. Riesgo de resolución de contrato

3.2.2.1. Cuando todos los pagos, con excepción del anticipo abonado al hacer el pedido, se efectúen mediante utilización de un crédito documentario irrevocable emitido y utilizable desde el momento de la entrada en vigor del contrato comercial asegurado (haya sido dicho crédito confirmado o no por otro banco), el asegurador utilizará las tasas aplicables al banco que emite el crédito documentario, siempre que:

- acepte al banco emisor del crédito documentario irrevocable, y

- la utilización del crédito no dependa de la cooperación del comprador y pueda obtenerse mediante presentación de documentos en el país del exportador (tales como un certificado de almacenaje) que eliminen tanto el riesgo de comprador como el riesgo del país de este último.

3.2.2.2. Cuando todos los pagos vayan afianzados por un aval incondicional (con excepción del anticipo abonado al hacer el pedido), obtenible por simple solicitud, emitido y disponible desde el momento de la entrada en vigor del contrato asegurado, el asegurador utilizará, siempre que acepte al banco (u otra entidad pública o privada) que emite dicho aval incondicional, las tasas aplicables al garante.

3.2.2.3. Cuando todas las obligaciones contractuales del comprador estén plenamente afianzadas a satisfacción del asegurador por un aval emitido por una entidad pública o privada diferente de un banco (de forma que el riesgo de resolución de contrato se transfiere del comprador al garante), la prima utilizada será la aplicable al garante.

3.3. MODULACIÓN DE LA PRIMA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE PAÍS EXTRANJERO

3.3.1. Cuando el contrato que deba asegurarse esté financiado en su totalidad por una de las instituciones financieras internacionales (IFI) o nacionales (2) aceptadas con arreglo a lo expuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, el riesgo de país extranjero se considerará mejorado, siempre que:

a) los pagos de la IFI se efectúen directamente al exportador;

b) no existan obligaciones de pago vencidas del prestatario (o de su país) respecto de la IFI.

3.3.2. Cuando el contrato que deba asegurarse esté afianzado por avales distintos a los mencionados en el anterior apartado 3.2 que desvíen íntegramente hacia el exterior el riesgo de pago del país del deudor o del garante (exteriorización del riesgo), el asegurador podrá considerar mejorado el riesgo de país extranjero.

3.3.3. Cuando se dé una combinación de los factores señalados en los anteriores apartados 3.3.1 y 3.3.2, se considerará mejorado el riesgo de país extranjero.

3.3.4. Si la IFI financia únicamente una porción del contrato, se considerará que ha mejorado el riesgo de país extranjero de dicha porción siempre que:

a) se cumplan las condiciones previstas en las letras a) y b) del apartado 3.3.1;

b) la porción restante de la operación se financie íntegramente a través de otros organismos cubiertos también por el asegurador, o al menos aceptados por él.

Cuando las medidas de caución (y/o la combinación de financiación a través de una IFI con un sistema de caución complementario) se refieran únicamente a una porción determinada del contrato, se aplicará el mismo principio.

3.3.5. Cuando mejore el riesgo de país extranjero con arreglo a los anteriores apartados 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4, el asegurador utilizará las tasas aplicables a la categoría de países situada inmediatamente por encima de la del país deudor. Sin embargo, el asegurador aplicará todos los recargos de prima que hubiera aplicado si el riesgo de país extranjero se hubiera mantenido en la categoría del país del deudor o que aplica en dicha categoría a otro tipo de operaciones comerciales.

3.4. MODULACIÓN DE LA PRIMA EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DEL RIESGO

3.4.1. Cálculo de la duración del riesgo para la cobertura otorgada a los bancos en el caso del crédito de comprador

El asegurador tendrá en cuenta la duración total del riesgo que cubra para el cálculo de la prima. Esta duración total corresponderá a la duración media del riesgo calculado entre la primera disposición de crédito y el último vencimiento de reembolso de dicho crédito, ponderada en función de las cantidades que constituyen efectivamente el riesgo. Cuando se trate del período comprendido entre la primera disposición de crédito y el inicio de su reembolso, el asegurador sólo tendrá en cuenta para la ponderación los importes principales, excluyendo los intereses intercalares y las comisiones bancarias. Para el período comprendido entre el inicio del reembolso del crédito y su último vencimiento de reembolso, el asegurador sólo tendrá en cuenta para la ponderación los importes principales así como las cantidades de los intereses de reembolso, excluyendo los intereses de demora.

La duración media ponderada calculada entre la primera disposición de crédito y el inicio de su reembolso -duración media ponderada de utilización-, se determinará a partir de una previsión del calendario de plazos facilitada por el banco prestador en el momento de la emisión de la póliza de seguros. El asegurador revisará, si hace al caso, la cuantía de la prima en función del calendario efectivo y definitivo de los plazos del crédito.

Si la media aritmética ponderada de los plazos efectivos y definitivos no varía en más del 10 % frente a la media del calendario previsto, ni varía en más de seis meses con relación al mismo, el asegurador no revisará la cuantía de la prima.

3.4.2. Cálculo de la duración del riesgo para la cobertura otorgada a los exportadores

3.4.2.1. Duración del riesgo de resolución del contrato

Al calcular la prima, el asegurador tendrá en cuenta la duración del riesgo de resolución de contrato. Ésta corresponderá al período comprendido entre la entrada en vigor del contrato comercial y la fecha en que el asegurado ha cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales.

No obstante, en el caso de entregas parciales y cuando se consideran, según los términos del contrato comercial, de forma individual con su propio inicio de reembolso, la duración del riesgo de resolución del contrato corresponderá al período comprendido entre la entrada en vigor del contrato comercial y la fecha media ponderada de las entregas.

3.4.2.2. Duración del riesgo de crédito

Al calcular la prima, el asegurador tendrá en cuenta la duración total del riesgo de crédito. Esta corresponderá al período comprendido entre la fecha en que toma efecto la cobertura del riesgo de crédito para el exportador y la fecha del pago final efectuado por el comprador. Se ponderará en función de los importes principales y los intereses de reembolso que constituyan efectivamente el riesgo.

3.4.2.3. La modalidad de financiación del contrato comercial no influye en la tasa de la prima. Consiguientemente, la tasa global de la prima será la misma con independencia de que el contrato comercial se financie mediante un crédito de vendedor o de comprador.

3.5. MODULACIÓN DE LA PRIMA EN FUNCIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO

3.5.1. Al calcular la prima, sólo se tendrá en cuenta la porción del contrato a la que el asegurador ha otorgado cobertura (dicho de otra forma, no se cobrará prima alguna respecto a cualquier porción del contrato que hubiera sido excluida de la cobertura).

3.5.2. La prima se calculará hasta el porcentaje de cobertura de aplicación a la cantidad efectivamente asegurada con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3.5.3 y 3.5.4.

3.5.3. Cobertura otorgada a los bancos en el caso del crédito de comprador

El capital asegurado constará de los siguientes elementos.

3.5.3.1. Importe principal del crédito

Es decir, cualquier porción del contrato comercial (incluidas cuantías adicionales) financiada por el crédito, siempre que el asegurador haya aceptado asegurarla (incluidas, eventualmente, las citadas cuantías adicionales).

3.5.3.2. Intereses de comisión anticipada e intereses de reembolso

Tratándose de tipos de interés flotantes, el asegurador calculará la prima basándose en una estimación del importe de los intereses realizada por el banco prestador (en el momento de la emisión de su póliza de seguros), siempre que hubiera sido aprobado por el asegurador. Dicho importe, fijado por el banco prestador, constituirá la obligación máxima del asegurador. Éste sólo revisará la cuantía de la prima en función de los tipos efectivamente facturados al prestatario por su banco, salvo si el asegurador acepta aumentar su obligación máxima.

3.5.3.3. Intereses de demora

Se trata de los intereses de demora devengados desde la fecha de vencimiento de la deuda hasta el final del plazo para la admisión del siniestro. El cálculo de la prima se basará en el importe de los intereses de demora calculado por el banco prestador (en el momento de la emisión de la póliza de seguros), siempre que hubiera sido aprobado por el asegurador. Este importe constituye la obligación máxima del asegurador. Éste sólo revisará la cuantía de la prima en función de los intereses de demora efectivamente facturados al prestatario por su banco, salvo si el asegurador acepta aumentar su obligación máxima.

3.5.3.4. Comisiones bancarias

Se trata de las comisiones normalmente facturadas al prestatario por su banco (siempre que el pago de dichas comisiones no sea un requisito necesario para la entrada en vigor del contrato de crédito de comprador). El cálculo de la prima se basará en el importe de las comisiones estimado por el banco prestador (en el momento de la emisión de la póliza de seguros), siempre que hubiera sido aprobado por el asegurador. Dicho importe fijado por el banco prestador constituye la obligación máxima del asegurador. Éste sólo revisará la cuantía de la prima en función de las comisiones efectivamente facturadas al prestatario por su banco, salvo si el asegurador acepta aumentar su obligación máxima.

3.5.4. Cobertura de los exportadores

El capital asegurado constará de los siguientes elementos.

3.5.4.1. Riesgo de resolución de contrato

Corresponde al importe total del contrato comercial, menos el anticipo cobrado al hacer el pedido.

No obstante, a petición del exportador, el capital asegurado podrá reducirse hasta el importe máximo de riesgo determinado por el exportador (en el momento de la emisión de la póliza de seguros), siempre que el asegurador apruebe dicha reducción. Este importe constituirá la obligación máxima del asegurador. Éste sólo revisará la cuantía de la prima en función del importe máximo del riesgo real, salvo si el asegurador acepta aumentar su obligación máxima.

3.5.4.2. Riesgo de crédito

Corresponde a las deudas sobre las que ha entrado en vigor un riesgo de crédito.

- Tratándose de contratos en efectivo, serán las sumas adeudadas en el momento o después de la perfección de las obligaciones contractuales del exportador.

También podrán ser las sumas adeudadas a raíz de la realización de entregas parciales (o de prestaciones de servicio) que den, de acuerdo con el contrato comercial, derecho a cobro a efectos del apartado 2.2.4.2 del Anexo A.

- Tratándose de contratos financiados (créditos de vendedor), será el importe principal del crédito, incrementado con los intereses correspondientes. Se excluyen los intereses de demora del capital asegurado. Si los tipos de interés son flotantes, deberá aplicarse el principio recogido en el apartado 3.5.3.2.

3.6. PRINCIPIOS BÁSICOS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE PRIMA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, las tasas de prima aplicadas por los aseguradores en función de las categorías de países y categorías de riesgos se fijarán periódicamente sobre la base de un modelo común.

En cualquier caso, este modelo deberá responder a los principios básicos que se presentan a continuación.

3.6.1. Gradación del riesgo

3.6.1.1. Autoridades monetarias y otros compradores o garantes públicos (estatales y no estatales)

- Cuando el comprador o garante sea la propia autoridad monetaria, la prima del riesgo de crédito será inferior a la de otros compradores o garantes estatales. La prima del riesgo de crédito aplicable a estos otros compradores o garantes estatales será, a su vez, inferior a la correspondiente a compradores o garantes no estatales.

- La prima del riesgo de resolución de contrato equivaldrá a un 70 % de la correspondiente al riesgo de crédito para una misma duración total del riesgo. La tasa de prima aplicable será, en todos los casos, la del comprador público no estatal, cualquiera que sea el régimen jurídico del comprador (autoridad monetaria, estatal y no estatal).

3.6.1.2. Compradores o garantes privados

- Prima del riesgo de crédito

- La prima será la misma, tanto si se trata de un comprador como de un banco de primera categoría.

- La prima de un banco (o de un comprador de primera categoría) será inferior a la de un banco corriente.

- La prima de un banco corriente será inferior a la de un comprador corriente.

- Prima del riesgo de resolución de contrato

- Tratándose de riesgos políticos, corresponderá a un 70 % de la prima del riesgo de crédito para la misma duración total del riesgo.

- Tratándose de riesgos comerciales, será idéntica a la del riesgo de crédito para la misma duración total del riesgo.

3.6.2. Tasas de prima

3.6.2.1. Tasas de los riesgos políticos (coeficiente de país extranjero y autoridades monetarias)

La tasa de prima fijada para cada categoría de país será una tasa mínima.

Tratándose de países de la categoría 6, existirán dos tasas mínimas:

- una para las operaciones con el sector privado aseguradas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.3.6 del Anexo C,

- otra superior para las operaciones aseguradas por consideraciones de interés nacional.

Tratándose de determinados países, el asegurador podrá fijar (3), hasta el 31 de diciembre de 1997, unas tasas superiores a las mínimas, debido a las siguientes razones:

- situación de su cartera de valores (debido a un mejor o peor reparto de riesgos),

- concentración de riesgos en determinados países,

- objetivo de equilibrio financiero de sus cuentas,

- experiencias negativas respecto a algunos países en materia de pago.

Las tasas fijadas de esta manera no podrán superar a las establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para la categoría de países inmediatamente superior. No obstante, tratándose de países de la categoría 6, el asegurador podrá incrementar las tasas de forma ilimitada.

3.6.2.2. Tasas de los riesgos políticos (compradores públicos distintos de las autoridades monetarias)

Las tasas de prima fijadas para los compradores públicos estatales (distintos de las autoridades monetarias) y no estatales, serán tasas mínimas.

Tratándose de determinados compradores públicos, estatales y no estatales, el asegurador (4) podrá fijar tasas superiores a las mínimas debido a las siguientes razones:

- la manera en que aprecie el riesgo inherente a un determinado comprador,

- concentración de riesgos en determinados compradores,

- objetivo de equilibrio financiero de sus cuentas.

El aumento de las tasas no podrá superar en un 40 % las tasas mínimas fijadas para los compradores implicados.

3.6.2.3. Tasas de riesgos comerciales (comprador o banco de primera categoría)

Las tasas aplicables a un comprador o banco de primera categoría serán tasas mínimas.

Tratándose de determinados compradores (o bancos) de primera categoría, el asegurador (5) podrá fijar tasas superiores a las mínimas; la diferencia entre la tasa aplicable a esta categoría de comprador y la de referencia aplicable a los bancos corrientes no podrá superar el 40 %.

3.6.2.4. Tasas aplicables a los riesgos comerciales (comprador corriente)

Las tasas aplicables a los compradores corrientes serán tasas de referencia.

Tratándose de determinados compradores corrientes, el asegurador (6) podrá fijar tasas inferiores o superiores a las de referencia fijadas con arreglo al artículo 4 de la presente Directiva, en razón de:

a) tasas superiores:

- manera en que aprecie el riesgo inherente a un determinado comprador,

- concentración de riesgos en determinados compradores o sectores de actividad,

- objetivo de equilibrio financiero de sus cuentas;

b) tratándose de tasas inferiores, mejor apreciación del riesgo.

El margen de reducción o incremento aplicado por el asegurador entre la tasa aplicable a esta categoría y la tasa de referencia aplicable a los bancos corrientes no podrá ser superior a un 40 %.

3.6.2.5. Tasas de riesgos comerciales (bancos corrientes)

Las tasas aplicables a los riesgos comerciales (bancos ordinarios) serán tasas de referencia.

Tratándose de determinados bancos ordinarios, el asegurador podrá fijar (7) tasas inferiores o superiores a las tasas de referencia fijadas con arreglo al artículo 4 de la presente Directiva, con razón de:

a) tasas superiores:

- manera en que aprecie el riesgo inherente a un determinado banco,

- concentración de riesgos en determinados compradores o sectores de actividad,

- objetivo de equilibrio financiero de sus cuentas;

b) tratándose de tasas inferiores, apreciación diferente del riesgo.

La reducción aplicada por el asegurador no podrá superar el 5 % de la tasa de referencia. El incremento aplicado por el asegurador entre la tasa aplicable a esta categoría y la aplicable a un banco corriente no podrá superar el 40 %.

3.7. PAGO DE LA PRIMA

La prima será debida en su totalidad al emitirse la póliza de seguros.

3.7.1. Tratándose de pólizas de seguro concedidas a bancos para la cobertura de un crédito de comprador, el asegurador podrá aceptar un pago escalonado de la prima correspondiente, siempre que:

3.7.1.1. Se pague al contado un 15 % de la prima en el momento de la emisión de la póliza.

3.7.1.2. Se cobre un interés por la parte de la prima no abonada al contado (el asegurador aplicará el tipo comercial apropiado desde el momento de emisión de la póliza).

3.7.1.3. La prima efectivamente cobrada corresponda en todo momento al riesgo efectivo incurrido por el asegurador (a medida que se suceden los plazos de crédito).

3.7.2. Tratándose de pólizas de seguro concedidas a exportadores, el asegurador podrá aceptar un pago escalonado de la prima correspondiente, siempre que:

3.7.2.1. Se pague al contado un 15 % de la prima en el momento de la emisión de la póliza.

3.7.2.2. Se cobre un interés por la parte de la prima no abonada al contado (el asegurador aplicará el tipo comercial apropiado desde el momento de emisión de la póliza).

3.7.2.3. La prima correspondiente al riesgo de crédito sea íntegramente abonada antes de que tome efecto dicho riesgo de crédito.

3.8. REEMBOLSO DE LA PRIMA

3.8.1. La prima cobrada en virtud del riesgo de resolución de contrato se considerará definitivamente adquirida por el asegurador cuando el mencionado riesgo de resolución haya tomado efecto de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.2.4.1 del Anexo A.

3.8.2. En caso de cobertura de un crédito de vendedor, si el riesgo de crédito no ha tomado efecto, en todo o en parte, según lo dispuesto en el apartado 2.2.4.2 del Anexo A, el asegurador no facturará la prima correspondiente al riesgo que no haya tomado efecto. Si dicha prima ya ha sido pagada, el asegurador, a falta de siniestro o amenaza de siniestro según el riesgo de crédito, la restituirá a su asegurado. En ese caso, el asegurador deducirá del importe que se debe restituir un importe fijo para tener en cuenta sus propios gastos administrativos.

3.8.3. En caso de cobertura de un crédito de comprador, el asegurador no facturará la prima correspondiente a la parte del préstamo que no haya sido utilizada por el asegurado. Si dicha prima ya ha sido pagada, el asegurador a falta de siniestro o amenaza de siniestro según el riesgo de crédito, la restituirá a su asegurado. En ese caso, el asegurador deducirá del importe que se debe restituir un importe fijo para tener en cuenta sus propios gastos administrativos.

(1) Término genérico en el que se incluye también al banco que emite un crédito documentario irrevocable.

(2) Aunque la mayoría de las IFI son bancos, lo expuesto en el anterior apartado 3.2 no deberá aplicarse cuando un contrato de exportación haya sido financiado por una de las IFI. Por el contrario, se aplicará cuando los pagos efectuados por la IFI estén avalados por un banco.

(3) En este caso, el asegurador deberá seguir los procedimientos recogidos en el Anexo D.

(4) En este caso, el asegurador deberá seguir los procedimientos recogidos en el Anexo D.

ANEXO C

PRINCIPIOS COMUNES PARA LA POLÍTICA DE COBERTURA POR PAÍSES

1. Desde un punto de vista puramente técnico, el asegurador determinará su política de cobertura por países en función de su valoración del riesgo de país extranjero, de su nivel de riesgos en cada país y de la composición de su cartera de riesgos por países.

2. El asegurador determinará su política de crédito teniendo en cuenta la clasificación por países llevada a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva. Sin embargo, es libre de dejar de asegurar operaciones en un determinado país por razones, por ejemplo, de orden bilateral, cualquiera que sea la categoría del país en cuestión.

Para determinar si puede otorgar una cobertura a un determinado país, y en qué condiciones, el asegurador aplicará los principios comunes que se presentan a continuación.

2.1. Tratándose de país clasificados en la categoría 1 (menor riesgo), la política de cobertura del asegurador será totalmente libre.

2.2. Tratándose de países clasificados en las categorías 2, 3, 4 y 5, la política de cobertura del asegurador irá determinada por los principios que se presentan a continuación.

2.2.2. Limitación de la capacidad de cobertura por países

2.2.2.1. Un asegurador puede desear, desde un punto de vista técnico, limitar su nivel total de riesgo (definido en el próximo apartado 3) por una serie de motivos, como los siguientes:

- el grado de riesgo de un país,

- el volumen reducido de su economía,

- la necesidad de diversificar sus riesgos cuando el nivel en un país haya alcanzado un grado de concentración que pudiera considerarse excesivo.

2.2.2.2. En cada categoría de países se fijarán unos umbrales de riesgo que, una vez alcanzados, llevan al asegurador a tomar disposiciones específicas. Estos umbrales consisten en porcentajes máximos de riesgo en los que un asegurador puede incurrir en un determinado país, con relación a su nivel de riesgo total (en todos los demás países). Estos porcentajes son los siguientes:

- 4 % tratándose de países de la categoría 2,

- 3 % tratándose de países de la categoría 3,

- 2 % tratándose de países de la categoría 4,

- 1 % tratándose de países de la categoría 5.

2.2.2.3. Cuando el nivel total de riesgo de un asegurador en un determinado país no haya alcanzado el umbral fijado para la categoría correspondiente a dicho país, la política de cobertura no estará, normalmente, limitada. No obstante, si el asegurador desea limitar su capacidad de cobertura, podrá modificar su política utilizando, hasta el 31 de diciembre de 1997, uno (o varios) de los siguientes procedimientos:

- límite superior respecto del total de riesgos incurridos en el país de que se trate,

- límite superior (por ejemplo, anual) de la cuantía correspondiente a nuevos pedidos en firme,

- límite superior (por ejemplo, anual) de la cuantía correspondiente a nuevas proposiciones de seguro,

- límite superior de la cobertura máxima en cada operación.

2.2.2.4. Cuando el nivel total de riesgo de un asegurador en un determinado país alcance el umbral fijado para la categoría correspondiente a dicho país, el asegurador podrá poner un límite al nivel total de riesgo en dicho país utilizando uno (o varios) de los métodos siguientes:

- límite superior (por ejemplo, anual) de la cuantía correspondiente a nuevos pedidos en firme,

- límite superior (por ejemplo, anual) de la cuantía correspondiente a nuevas proposiciones de seguro,

- límite superior de la cobertura máxima en cada operación.

2.2.3. Organización de las condiciones de cobertura por países

En un determinado país, el asegurador podrá (1) aplicar algunas condiciones sistemáticas de cobertura, como por ejemplo:

2.2.3.1. Garantías de pago (y/o de transferencia) del Banco central o Ministerio de Hacienda del país de que se trate.

2.2.3.2. Crédito documentario irrevocable o aval bancario.

2.2.3.3. Prórroga del plazo para la admisión del siniestro.

2.2.3.4. Reducción del porcentaje de cobertura.

2.2.3.5. Limitación de la cobertura a determinados sectores de actividad o tipos de proyecto.

2.3. Tratándose de países clasificados en la categoría 6 (mayor riesgo), el asegurador (2) solo podrá otorgar cobertura a determinadas operaciones por consideraciones de política bilateral o de interés nacional, ya que se considera que el riesgo es demasiado elevado. También podrá asegurar determinadas operaciones en los casos que se presentan a continuación.

2.3.1. Cuando el contrato comercial esté totalmente financiado por una de las instituciones financieras internacionales (IFI) o nacionales reconocidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, siempre que:

2.3.1.1. Los pagos del IFI se efectúen directamente al exportador.

2.3.1.2. No existan obligaciones de pago vencidas del prestatario (o de su país) con respecto a la IFI.

2.3.2. Cuando el contrato comercial esté totalmente financiado con cargo a fondos de ayuda, siempre que los pagos del que los concede se efectúen directamente al exportador.

2.3.3. Cuando el contrato comercial esté totalmente financiado por una IFI y por fondos de ayuda, con arreglo a las mismas condiciones que en los apartados 2.3.1 y 2.3.2.

2.3.4. Cuando el contrato comercial esté avalado por un conjunto de medidas de caución que desvíen íntegramente el riesgo de pago fuera del país del deudor, de forma que constituya para el asegurador un mejoramiento del riesgo.

2.3.5. Cuando el contrato comercial esté parcialmente financiado por una IFI y unos fondos de ayuda, y la parte restante del contrato esté avalada por un conjunto de medidas de caución que desvían el riesgo de pago correspondiente a dicha parte totalmente fuera del país del deudor.

2.3.6. En el marco de los procedimientos de excepción previstos en el Anexo D de la presente Directiva, la Comisión podrá proponer excepciones caso por caso con el fin de autorizar la cobertura de contratos comerciales concluidos con el sector privado de un país clasificado en la categoría 6. La Comisión podrá decidir que, en algunos casos particulares, el país deudor dispone de divisas extranjeras en cantidad suficiente y en régimen de libre convertibilidad.

3. DEFINICIÓN DEL TOTAL DE RIESGOS INCURRIDOS

Al determinar el total de riesgos incurridos, el asegurador deberá tener en cuenta la cuantía de las operaciones a medio y larzo plazo definidas en el apartado 2 del artículo 2 de la presente Directiva dentro del límite de porcentajes de cobertura aplicados. El total de riesgo estará compuesto de los elementos que se presentan a continuación.

3.1. El importe máximo del riesgo en principal e intereses (más, en lo que se refiere al crédito de comprador solamente, los intereses de demora que se devenguen durante el plazo para la admisión del siniestro) de los pedidos en firme a los que el asegurador deba dar cobertura, incluso si todavía no se hubiera emitido la póliza de seguros.

Las cantidades reaseguradas por otros organismos no serán incluidas en dicho importe máximo de riesgo si el asegurador actúa en calidad de asegurador principal. Sin embargo, serán incluidas en dicho importe cuando el asegurador actúe en calidad de reasegurador.

3.2. Los créditos indemnizados por el asegurador que no hubieran sido recuperados ni abandonados (tanto si se refieren a riesgos de resolución de contrato como de crédito).

3.3. El importe de los gastos no repatriables (tales como las fianzas de cumplimiento o las garantías del riesgo de no recuperación) sólo estará incluido en el total de riesgos incurridos cuando se hubiera liquidado efectivamente una indemnización y no hubiera sido recuperada ni abandonada.

3.4. Los importes en intereses debidos por los países deudores en concepto de las reprogramaciones, incluido el interés capitalizado.

3.5. Cuando el asegurador notifique la cifra del total de riesgos por él incurridos, de acuerdo con lo dispuesto a tal efecto en el Anexo D, en ecus, convertirá los importes citados tomando como referencia el último tipo de cambio disponible.

(1) En este caso, el asegurador deberá seguir los recogidos en el Anexo D.

ANEXO D

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA, INFORMACIÓN Y EXCEPCIÓN

1. PRINCIPIOS GENERALES

1.1. Cada asegurador deberá seguir los procedimientos fijados en el presente Anexo para aplicar los principios comunes recogidos en los Anexos A, B y C. Los presentes procedimientos completan a los instaurados por la Decisión 73/391/CEE.

1.2. Cada asegurador podrá efectuar excepciones caso por caso, país por país, o respecto a un determinado sector de actividad, a algunos de los principios comunes definidos en los Anexos A, B y C con el fin de ajustar las condiciones de su cobertura a las de sus competidores internacionales. En este caso, el asegurador deberá notificar a los demás aseguradores de créditos, en los sucesivo denominados sus interlocutores, el principio o principios comunes sobre los que desea hacer excepciones al menos quince días antes de la fecha en la que piensa lanzar su oferta y facilitar todas las informaciones y pruebas de que disponga sobre el contenido de la oferta competidora.

1.3. Cuando un asegurador recurra a las disposiciones del presente Anexo, lo notificará a sus interlocutores, para información o dictamen.

1.3.1. Serán necesarias notificaciones para dictamen en los casos descritos en los apartados 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.4, 3.2.4, 3.3.3, 3.4.2, 3.5.2 y 4.6 del presente Anexo. Será de aplicación el artículo 6 de la presente Directiva.

1.3.2. En los demás casos serán necesarias notificaciones para información.

2. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS COMUNES RECOGIDOS EN EL ANEXO A

2.1. PLAZO PARA LA ADMISIÓN DEL SINIESTRO

2.1.1. Cada asegurador podrá decidir ampliar, caso por caso y en función de su evaluación del riesgo vinculado a una determinada operación, el plazo para la admisión del siniestro fijado en los apartados 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.3.1.1 y 2.3.1.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará inmediatamente esta excepción a los principios comunes a sus interlocutores y a la Comisión.

2.1.2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, cada asegurador tendrá la facultad de ampliar de forma sistemática en todas las operaciones cubiertas en un determinado país, el plazo para la admisión del siniestro fijado en los apartados 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.3.1.1 y 2.3.1.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará su intención a sus interlocutores y a la Comisión.

2.2. SITUACIONES DE SINIESTRO

2.2.1. Cada asegurador podrá suprimir, caso por caso y en función de su evaluación del riesgo vinculado a una determinada operación, determinadas situaciones de siniestro recogidas en los apartados 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2 y 2.3.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará a posteriori dichas excepciones a los principios comunes a sus interlocutores y a la Comisión. Esta notificación se realizará, como mínimo, semestralmente (junio y diciembre de cada año).

2.2.2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, cada asegurador tendrá la facultad de suprimir, de forma sistemática en todas las operaciones cubiertas en un determinado país, algunas situaciones políticas de siniestro recogidas en los apartados 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2 y 2.3.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará su intención a sus interlocutores y a la Comisión.

2.3. PORCENTAJE DE COBERTURA

2.3.1. Cada asegurador podrá decidir disminuir, caso por caso y en función de su evaluación del riesgo vinculado a una determinada operación, el porcentaje de cobertura fijado en los apartados 1.2.6.2 y 2.2.6.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará inmediatamente estas excepciones a los principios comunes a sus interlocutores y a la Comisión.

2.3.2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, cada asegurador tendrá la facultad de disminuir de forma sistemática en todas las operaciones cubiertas en un determinado país, el porcentaje de cobertura fijado en los apartados 1.2.6.2 y 2.2.6.2 del Anexo A. En ese caso, el asegurador notificará su intención a sus interlocutores y a la Comisión.

2.4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMPRADOR Y/O DEL PRESTATARIO

2.4.1. Al notificar su intención de asegurar una operación financiada por un crédito de más de cinco años, el asegurador completará la información que debe comunicar a sus interlocutores (artículo 4 del Anexo de la Decisión 73/391/CEE), indicando el nombre y régimen jurídico exacto del comprador y/o prestatario público. Precisará también si se trata de una autoridad monetaria, un comprador (o garante) estatal o un comprador (o garante) no estatal.

Tratándose de un comprador o prestatario privado, el asegurador precisará si se trata de un comprador (o banco) de primera categoría, de un banco corriente o de un comprador privado corriente.

Si un Estado miembro no tiene la misma apreciación sobre el régimen jurídico del comprador, del prestatario o del garante que la notificada por alguno de sus interlocutores, intercambiará información con este último para intentar encontrar una definición común.

2.4.2. Si no se encuentra una definición común, se llevará la cuestión ante la Comisión.

2.4.3. Tratándose de operaciones financiadas por créditos de una duración comprendida entre dos años (24 meses) y cinco años, los aseguradores intercambiarán, cuando les parezca necesario, información sobre el régimen jurídico exacto del comprador, prestatario o garante. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información al respecto e intentarán encontrar una definición común del régimen jurídico de que se trate; si no se encuentra una definición común, se llevará la cuestión ante la Comisión.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS COMUNES DEL ANEXO B

3.1. TASAS APLICABLES A LOS RIESGOS POLÍTICOS (COEFICIENTE POR PAÍSES Y AUTORIDADES MONETARIAS)

3.1.1. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el asegurador podrá aplicar a un determinado país una tasa superior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, siempre que:

3.1.1.1. El aumento no supere en más del 10 % la citada tasa mínima.

3.1.1.2. La tasa facturada siga siendo inferior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para la categoría de países inmediatamente superior.

3.1.1.3. El aumento se deba a una de las razones contempladas en el apartado 3.6.2.1 del Anexo B.

3.1.1.4. Se trate de un país clasificado en las categorías 1, 2, 3, 4 o 5.

3.1.2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el asegurador podrá incrementar, respecto a un determinado país, la tasa de prima en más del 10 % con respecto a la tasa mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, siempre que:

3.1.2.1. El aumento se deba a una de las razones contempladas en el apartado 3.6.2.1 del Anexo B.

3.1.2.2. La tasa facturada siga siendo inferior o, como máximo, igual a la tasa mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para la categoría de países inmediatamente superior.

3.1.2.3. Se trate de un país clasificado en las categorías 1, 2, 3, 4 o 5.

3.1.2.4. Notifique a posteriori y semestralmente (junio y diciembre de cada año) las tasas de prima efectivamente facturadas a sus interlocutores y a la Comisión.

3.1.3. Cuando el asegurador desee, con arreglo a las disposiciones de los próximos apartados 4.4, 4.5 y 4.6 dar cobertura a una operación en un país clasificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva en la categoría 6, notificará inmediatamente la tasa de prima que piensa facturar a sus interlocutores y a la Comisión.

3.1.4. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información sobre este punto e intentarán fijar una tasa de prima idéntica para la cobertura de la operación de que se trate. Si en esta consulta previa no se llega a un acuerdo, se llevará la cuestión ante la Comisión.

3.2. TASAS APLICABLES A LOS RIESGOS POLÍTICOS (COMPRADORES PÚBLICOS DIFERENTES DE LAS AUTORIDADES MONETARIAS)

3.2.1. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el asegurador podrá aplicar a un comprador o prestatario particular una tasa superior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, siempre que:

3.2.1.1. El aumento no supere en más del 10 % la citada tasa mínima.

3.2.1.2. La tasa facturada siga siendo inferior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para la categoría de países inmediatamente superior.

3.2.1.3. El aumento se deba a una de las razones contempladas en el apartado 3.6.2.2 del Anexo B.

3.2.1.4. Se trate de un país clasificado en las categorías 1, 2, 3, 4 o 5.

3.2.2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el asegurador podrá incrementar a un comprador o prestatario particular la tasa de prima en más del 10 % (hasta un máximo del 40 %) de la tasa de prima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, siempre que:

3.2.2.1. La tasa facturada siga siendo inferior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para la categoría de países inmediatamente superior.

3.2.2.2. El aumento se deba a una de las razones contempladas en el apartado 3.6.2.2 del Anexo B.

3.2.2.3. Se trate de un país clasificado en las categorías 1, 2, 3, 4 o 5.

3.2.2.4. Notifique a posteriori y semestralmente (junio y diciembre de cada año) las tasas de prima efectivamente facturada a sus interlocutores y a la Comisión.

3.2.3. Cuando el asegurador desee, con arreglo a las disposiciones de los próximos apartados 4.4, 4.5 y 4.6, dar cobertura a una operación en un país clasificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva en la categoría 6, notificará inmediatamente la tasa de prima que piensa facturar a sus interlocutores y a la Comisión.

3.2.4. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información sobre este punto e intentarán fijar una tasa de prima idéntica para la cobertura de la operación de que se trate. Si en esta consulta previa no se llega a un acuerdo, se llevará la cuestión ante la Comisión.

3.3. TASAS APLICABLES A LOS RIESGOS COMERCIALES (COMPRADOR O BANCO DE PRIMERA CATEGORÍA)

3.3.1. Tratándose de un comprador o un banco de primera categoría, el asegurador podrá fijar una tasa superior a la mínima fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, hasta un máximo del 40 % de la diferencia entre la tasa aplicable a la categoría de comprador correspondiente y la aplicable a los bancos corrientes, siempre que se trate de un país clasificado en las categorías 1, 2, 3, 4 o 5, y que notifique a posteriori y semestralmente (junio y diciembre de cada año) la tasa efectivamente facturada a sus interlocutores y a la Comisión.

3.3.2. Cuando el asegurador desee, con arreglo a las disposiciones de los próximos apartados 4.4, 4.5 y 4.6, dar cobertura a una operación en un país clasificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, en la categoría 6, notificará inmediatamente la tasa de prima que piensa facturar a sus interlocutores y a la Comisión.

3.3.3. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información sobre este punto e intentarán fijar una tasa de prima idéntica para la cobertura de la operación de que se trate. Si en esta consulta previa no se llega a un acuerdo, se llevará la cuestión ante la Comisión.

3.4. TASAS APLICABLES A LOS RIESGOS COMERCIALES (COMPRADOR CORRIENTE)

3.4.1. Tratándose de un comprador corriente, el asegurador podrá fijar una tasa inferior o superior a la de referencia fijada con arreglo al artículo 4 de la presente Directiva, hasta un total del 40 % de la diferencia entre la tasa aplicable a la categoría de comprador correspondiente y la tasa de referencia aplicable a los bancos corrientes.

3.4.2. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información sobre este punto e intentarán fijar una tasa de prima idéntica para la cobertura de la operación de que se trate. Si en esta consulta previa no se llega a un acuerdo, se llevará la cuestión ante la Comisión.

3.5. TASAS APLICABLES A LOS RIESGOS COMERCIALES (BANCO CORRIENTE)

3.5.1. Tratándose de un banco corriente, el asegurador podrá fijar una tasa inferior o superior a la de referencia fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva, hasta un total del 40 % de la diferencia entre la tasa aplicable a la categoría de comprador correspondiente y la tasa de referencia aplicable a un banco corriente.

3.5.2. En caso de competencia probada entre exportadores (o bancos) de la Comunidad, los aseguradores implicados intercambiarán información sobre este punto e intentarán fijar una tasa de prima idéntica para la cobertura de la operación de que se trate. Si en esta consulta previa no se llega a un acuerdo, se llevará la cuestión ante la Comisión.

4. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y EXCEPCIÓN EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS COMUNES DEL ANEXO C

4.1. A comienzos de año (y, a más tardar, el 31 de enero), cada asegurador remitirá un informe a sus interlocutores y a la Comisión para indicar cúal será su política de cobertura a lo largo del ejercicio siguiente respecto al conjunto de los países deudores.

Entre otros aspectos, el informe deberá contener, respecto a cada país deudor, los datos que se indican a continuación.

4.1.1. Cuantía del total de riesgos incurridos, según la definición del apartado 3 del Anexo C.

4.1.2. La cuantía total de las nuevas proposiciones de seguro que, en su caso, está dispuesto a suscribir durante el ejercicio siguiente y, si procede:

4.1.2.1. El tipo y cuantía del límite máximo fijado para cada país (límite superior del importe total de riesgos incurridos, límite superior del importe correspondiente a nuevos pedidos en firme, límite superior del importe correspondiente a nuevas proposiciones de seguro o límite superior de la cobertura de operaciones individuales).

4.1.2.2. Condiciones de cobertura que impone de manera sistemática al asegurar las operaciones de un determinado país.

4.1.3. Las tasas de prima que tiene la intención de aplicar para asegurar los riesgos políticos (coeficiente por países, autoridades monetarias, compradores públicos diferentes de las autoridades monetarias, comprador o banco privado de primera categoría), si dichas tasas fueran superiores a las mínimas fijadas para cada categoría de países y cada tipo de riesgos.

4.1.4. Las tasas de prima aplicadas a los riesgos comerciales (comprador o banco privado corriente), si dichas tasas fueran diferentes de las tasas de referencia fijadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva para cada categoría de países y cada tipo de riesgos.

4.1.5. Tratándose de países a los que decide no conceder cobertura, el asegurador precisará las razones (políticas y económicas) por las que ha tomado tal decisión.

4.2. A finales de año (y, a más tardar, el 31 de enero del año siguiente), cada asegurador remitirá un informe a sus interlocutores y a la Comisión indicando cual ha sido efectivamente su política de cobertura a lo largo del ejercicio respecto al conjunto de países deudores.

Entre otros aspectos, el informe deberá contener, respecto a cada país deudor, los datos que se indican a continuación.

4.2.1. El importe del total de riesgos incurridos (definido en el apartado 3 del Anexo C) aprobado a 31 diciembre (stock).

4.2.2. El importe total de las nuevas proposiciones del seguro otorgadas a lo largo del ejercicio y, en su caso, el importe utilizado de cada límite máximo, cualquiera que sea su tipo.

4.2.3. Las tasas de prima aplicadas a lo largo del ejercicio a los riesgos políticos y a los riesgos comerciales, si hubieran sido diferentes a las tasas mínimas o de referencia fijadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva.

4.3. Cuando el asegurador decida limitar su capacidad de cobertura por países (con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.2.2 del Anexo C) o adaptar sus condiciones de cobertura por países (con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.2.3 del Anexo C), notificará su decisión a sus interlocutores y a la Comisión. Del mismo modo, precisará las razones por las que adopta dicha medida.

4.4. Cuando el asegurador pretenda, por consideraciones de política bilateral o de interés nacional de su país con el país deudor, o de interés nacional para su país, asegurar una operación en un país clasificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva en la categoría 6, notificará y explicará su intención a sus interlocutores y a la Comisión treinta días hábiles antes de tomar tal decisión. Del mismo modo, indicará las tasas de prima y las condiciones de la cobertura de la operación.

4.5. Cuando el asegurador pretenda asegurar una operación en un país clasificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva en la categoría 6, con arreglo a las condiciones de los apartados 2.3.1 a 2.3.5 del Anexo C, notificará su intención a sus interlocutores y a la Comisión treinta días hábiles antes de tomar la decisión. En la notificación indicará de manera precisa el procedimiento financiero por el que, de hecho, se desvía el riesgo de crédito fuera del país deudor. También deberá indicar, en su caso, las condiciones en las que acepta asegurar el riesgo de resolución de contrato inherente a la operación. Finalmente, indicará la tasa de prima que piensa facturar para la cobertura de la operación.

4.6. El asegurador sólo podrá asegurar una operación en un país clasificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva en la categoría 6, teniendo el comprador carácter privado, ateniéndose a lo dispuesto en el apartado 2.3.6 del Anexo C. Deberá notificar su intención a sus interlocutores y a la Comisión, precisando la tasa de prima que piensa facturar.

4.7. Cada asegurador deberá responder a toda solicitud de información sobre su política de cobertura en uno o varios países, o en relación con una o varias operaciones particulares precisando sus motivaciones. Dirigirá sus respuestas sobre este punto a sus colaboradores y a la Comisión.

4.8. En todo intercambio de información, así como en los informes dirigidos a sus interlocutores, los importes facilitados por cada asegurador estarán expresados en ecus.