COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 01.10.1997 
COM(97) 495 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
Hacia la coordinación fiscal en la Unión 
Europea 
Paquete de medidas para hacer frente a la competencia 
fiscal perniciosa 

INTRODUCCIÓN 
1. Tras la reunión informal celebrada por el Consejo ECOFIN en Mondorf-les-Bains, 
el 13 de septiembre de 1997, la Presidencia del Consejo ha anunciado que tiene previsto 
entablar un debate orientativo sobre la fiscalidad en la reunión formal que tendrá lugar el 
13 de octubre. A sugerencia de la Presidencia, la Comisión presenta este documento, como 
base del análisis. Partiendo del debate suscitado en Mondorf-les-Bains y en el Grupo de 
Política Fiscal, se esboza una propuesta para la adopción de un paquete de medidas (entre 
ellas un Código de conducta) destinadas a reducir la competencia fiscal perniciosa. En 
anexo a la presente comunicación, figura un proyecto de Código surgido del debate habido 
en el Grupo de Política Fiscal. 
2. Este paquete de medidas, basado en el enfoque global de la política fiscal adoptado 
en la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrado en Verona, en abril de 1996, tiene 
por objeto lograr un planteamiento coordinado frente a la competencia fiscal perniciosa. 
Se hace necesario adoptar, en el plano europeo, medidas que reduzcan las distorsiones del 
mercado único, impidan que se produzcan importantes pérdidas de ingresos fiscales e 
inviertan la tendencia a que la presión fiscal recaiga cada vez más sobre el trabajo, frente a 
otras bases fiscales más móviles. La aplicación del citado paquete de medidas contribuiría 
a invertir esa tendencia, permitiendo, así, que las estructuras tributarias de la Comunidad 
adquieran un sesgo más favorable para el empleo. El Consejo Europeo especial sobre el 
empleo que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre dedicará particular atención a las 
repercusiones sobre el empleo de las tendencias que registran los sistemas impositivos. 
Las orientaciones de la Comisión sobre el empleo, que serán analizadas en noviembre, en 
la cumbre sobre el empleo, contendrán también recomendaciones para lograr que los 
sistemas impositivos favorezcan más la creación de empleo. 
MAYOR NECESIDAD DE COORDINACIÓN 
3. La competencia en materia fiscal, en sí misma, ha de valorarse positivamente, pues 
va en beneficio de los ciudadanos y presiona a la baja el gasto público. Ahora bien, una 
competencia ilimitada en lo que se refiere a los factores móviles puede imprimir a los 
sistemas impositivos un sesgo contrario al empleo y hacer más difícil una reducción 
ordenada y estructurada de la presión fiscal global. Limita, además, el margen de maniobra 
para alcanzar otros objetivos comunitarios, como la protección del medio ambiente. La 
competencia fiscal puede, además, obstaculizar los esfuerzos por reducir los déficits 
presupuestarios, reducción que no sólo es un fin en sí misma, sino que es también 
necesaria para cumplir con los criterios de Maastricht y con el Pacto de estabilidad y 
crecimiento. La integración del mercado, sin la consiguiente coordinación fiscal, está 
restringiendo cada vez más la libertad de los Estados miembros para adoptar la estructura 
fiscal más apropiada, por ejemplo, ampliando las bases fiscales y reduciendo los tipos. 
4. Como se señaló en Mondorf-les-Bains, la tendencia de los últimos 15 años indica 
un incremento de la presión fiscal sobre el empleo. El tipo tributario implícito (es decir, 
los ingresos fiscales divididos por la base pertinente) sobre la mano de obra ocupada se ha 
incrementado en más de siete puntos porcentuales, al tiempo que, ese mismo tipo, para 
otros factores de la producción (capital, trabajo por cuenta propia, energía, recursos 
naturales), ha disminuido en más de 10 puntos porcentuales (gráfico 1). En lo que se 
refiere al factor trabajo, la presión fiscal se está desplazando hacia la mano de obra menos 
cualificada y menos móvil, mientras que los trabajadores muy cualificados se muestran 
cada vez más móviles y receptivos a las diferencias de tratamiento fiscal. Del mismo 
modo, también las pequeñas empresas y el sector artesanal -tan importantes en la creación 
de empleo- se ven penalizadas frente a las grandes empresas, que pueden aprovechar más 
fácilmente las oportunidades que les brindan las diferencias tributarias y la competencia 
fiscal. 
Tipos impositivos implícitos en la UE 1981-1995 
%40 M.obr. ocupada 
Otros factores 
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
Año 
Fuente: Eurostat 
Gráfico 1 
5. La competencia fiscal puede ser un factor importante en el desplazamiento de la 
presión fiscal hacia la base laboral menos móvil. El elevado grado de movilidad de 
determinadas bases puede haber obligado a los Estados miembros a reducir su imposición 
a niveles inferiores a lo que consideran deseable, viéndose en la necesidad de incrementar 
en la misma medida la imposición sobre bases menos móviles. Esta tendencia de las 
estructuras impositivas debe invertirse. Se hace cada vez más patente el importante efecto 
negativo que los elevados gravámenes sociales tienen sobre el nivel de empleo y de 
crecimiento en Europa. Se ha estimado que varios puntos porcentuales de la actual tasa de 
desempleo se deben a ese incremento de la imposición sobre el trabajo. 
6. Aunque la liberalización de los movimientos de capitales es beneficiosa, la 
supresión de los obstáculos a esos movimientos, junto con las exenciones fiscales, 
incrementan las oportunidades de eludir las declaraciones de ingresos. El fraude 
transfronterizo afecta a todo tipo de impuestos y, más en concreto, a los impuestos al 
consumo, aun cuando éstos están armonizados en mucha mayor medida que los impuestos 
directos. 
7. La contribución de las políticas fiscales al logro de los objetivos comunitarios debe 
situarse cada vez más en el contexto de un mercado único en desarrollo. El mercado único 
y la UEM son esenciales para el crecimiento y la prosperidad; sin embargo, ambos hacen 
que la importancia de la fiscalidad sea cada vez mayor en el terreno de la competencia. 
Conforme se van desmantelando las barreras reglamentarias en el mercado único, la 
fiscalidad adquiere mayor peso como elemento fundamental en la adopción de las 
decisiones económicas. Con la introducción de la moneda única, y la consiguiente 
eliminación de los riesgos derivados de los tipos de cambio y reducción de los costes de 
las transacciones, las diferencias entre los sistemas fiscales nacionales se harán cada vez 
más evidentes, influyendo aún más en las decisiones sobre el destino del capital y, por 
tanto, en la eficacia de tales decisiones. 
8. La actuación de la Comunidad en el ámbito de la fiscalidad sigue teniendo como 
objetivo esencial el buen funcionamiento del mercado único. No obstante, es urgente 
también plantearse de qué modo las políticas fiscales pueden contribuir a la creación de 
empleo en Europa, ahora que la lucha contra el desempleo ocupa el primer lugar entre las 
prioridades de la Unión. 
9. Los diferentes modelos europeos de economía social de mercado pueden no 
coincidir en cuanto a la importancia que se debe dar a los conceptos "social" y "mercado". 
Sin algún tipo de coordinación en el ámbito fiscal, los riesgos serán cada vez mayores, 
tanto en materia social, debido al efecto redistributivo de la actual tendencia a incrementar 
las cotizaciones sociales, especialmente las de los trabajadores menos cualificados, como 
por lo que respecta al mercado, como consecuencia del efecto de las distorsiones fiscales 
sobre el mercado único. 
10. Es evidente, asimismo, que las políticas fiscales deben atender a la competitividad 
del conjunto de la Unión y a las obligaciones internacionales adquiridas en virtud de las 
normas de la Organización Mundial del Comercio. La globalización, así como la gran 
expansión de los flujos comerciales y de capitales, incrementan el riesgo de competencia 
fiscal perniciosa. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica y el desarrollo del comercio 
electrónico fomentan la movilidad de determinadas formas de actividad económica, 
especialmente la prestación de servicios y los movimientos de capitales, y pueden hacer 
que las diferencias impositivas influyan aún más en las decisiones de las empresas. 
11. En este entorno en evolución, la competencia fiscal perniciosa será cada vez más 
fuente de conflicto entre los Estados miembros, a menos que se pueda lograr una mayor 
coordinación a escala de la UE. La coordinación debería, en principio, alcanzarse a escala 
mundial y, de hecho, tanto la OCDE como el G7 están estudiando actualmente este asunto. 
No obstante, las posibilidades de alcanzar una solución satisfactoria en la OCDE se 
incrementarán considerablemente si los propios Estados miembros de la UE actúan más 
coordinadamente. Por otra parte, el aumento de la integración económica, la UEM y la 
existencia de normas comunitarias en materia de competencia y ayudas estatales hacen que 
sea fundamental garantizar una mejor cooperación dentro de la Unión. 
PAQUETE DE MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA COMPETENCIA 
FISCAL PERNICIOSA 
12. En la reunión informal de Mondorf-les-Bains se debatió sobre cuál sería la mejor 
respuesta a la necesidad de avanzar y lograr una mayor coordinación. Se pidió a la 
Comisión que presentara un proyecto de medidas fiscales que permitieran progresar en 
diversos frentes a la vez. La Comisión está efectuado sus propuestas al respecto guardando 
en mente, en todo momento, el principio de subsidiariedad y la especial dificultad que 
supone el hecho de que en el ámbito fiscal se exija unanimidad entre los Estados 
miembros. Ello supone que cualquier medida que se proponga deberá, en la medida de lo 
posible, guardar un equilibrio entre los intereses de diversos Estados miembros, lo que 
exige un espíritu abierto y dispuesto a alcanzar un compromiso. Basándose en el debate de 
Mondorf-les-Bains y en el entablado por el Grupo de Política Fiscal el 18 de septiembre, 
la presente comunicación expone la posible composición del paquete de medidas que 
puede servir de base para lograr un acuerdo para finales de año, con arreglo a lo 
manifestado por la Presidencia. 
El citado paquete de medidas podría consistir en lo siguiente: 
un Código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, junto con una 
comunicación de la Comisión sobre las ayudas estatales de carácter fiscal; 
medidas para eliminar las distorsiones en la fiscalidad de las rentas del capital; 
medidas para eliminar la retención fiscal en los pagos transfronterizos de intereses y 
cánones entre empresas; 
medidas destinadas a eliminar las distorsiones importantes existentes en el ámbito de 
la fiscalidad indirecta. 
A continuación, se explica cada uno de estos componentes: 
Código de conducta sobre fiscalidad de las empresas 
14. Elemento fundamental del paquete de medidas será un Código de conducta, que 
contribuirá a evitar que se produzcan distorsiones económicas y se erosionen las bases 
fiscales en la Comunidad. Éste adoptará la forma de instrumento jurídicamente no 
vinculante que comprometa políticamente a los Estados miembros a respetar los principios 
de una competencia leal y no adoptar medidas fiscales que resulten perniciosas. El Código 
preverá un proceso de revisión y control, y podrá ser objeto de posterior desarrollo y 
perfeccionamiento, a la luz de la experiencia. Servirá, además, para calibrar la necesidad 
de disponer de otros instrumentos en el ámbito de la fiscalidad de las empresas. 
15. Tras la reunión informal de Mondorf-les-Bains, en la que se destacó el notable 
progreso realizado en este terreno, la Presidencia pidió a la Comisión que presentara al 
Consejo el texto de un Código de conducta. El proyecto de Código que se adjunta al 
presente documento se ha elaborado gracias a la intensa y positiva labor realizada por el 
Grupo de Política Fiscal en las cuatro reuniones que ha celebrado este año, la última de las 
cuales el 18 de septiembre. Aunque el citado texto se presenta en su nombre, la Comisión 
no puede sino reconocer la notable ayuda que han supuesto los esfuerzos y la cooperación 
de los Estados miembros a través del citado Grupo. 
16. Existe un amplio consenso en lo que se refiere a la propuesta de la Comisión y al 
hecho de que el Código adopte la forma de instrumento jurídicamente no vinculante. 
Ahora bien, para que resulte eficaz frente a la competencia fiscal perniciosa, ha de ir 
acompañado de un sólido compromiso político de los Estados miembros, que podría 
plasmarse en una resolución del Consejo en la que se aprobara el Código presentado por la 
Comisión. Al objeto de poder llegar a un acuerdo sobre el Código en el Consejo ECOFIN 
de diciembre, la Comisión pide a los ministros que se pronuncien claramente sobre el 
proyecto en la reunión del 13 de octubre; si fuera necesario, la Comisión proseguiría la 
labor técnica estableciendo el oportuno contacto con los Estados miembros en el período 
restante hasta la reunión de diciembre. 
17. En correspondencia al acuerdo político de los Estados miembros en torno al 
Código, muchos de dichos Estados han instado a la Comisión a que revise su política en 
materia de ayudas estatales de carácter fiscal y a que haga pleno uso de los poderes de que 
dispone, en virtud de las normas del Tratado, para contribuir a la lucha contra la 
competencia fiscal perniciosa. Tal y como se señalaba en el Plan de acción para el 
mercado único, la Comisión seguirá aplicando con todo rigor las normas sobre ayudas 
estatales, incluido en lo que se refiere a las ayudas de carácter fiscal. En el terreno fiscal, la 
Comisión actuará, desde la perspectiva del interés general, frente a los efectos negativos de 
las ayudas que detecte el Grupo de Política Fiscal. De conformidad con el Tratado, la 
Comisión, en cooperación con los Estados miembros, reconsiderará pasadas decisiones y, 
si fuera necesario, propondrá que los Estados miembros modifiquen o eliminen las ayudas, 
según exija el desarrollo o el funcionamiento del mercado único. Asimismo, la Comisión 
respaldará y se sumará al compromiso adquirido por los Estados miembros en el Código 
de conducta, en concreto presentando, a iniciativa propia, una comunicación que aclare y 
perfile su política en relación con la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las 
medidas fiscales a la luz de la evolución del mercado único. La Comisión desea, de este 
modo, dotar a su política de la mayor transparencia posible, para garantizar, así, la 
predictibilidad de sus decisiones y la igualdad de trato. 
Fiscalidad de las rentas del capital 
18. Las rentas del capital constituyen la base fiscal más móvil. Es necesario adoptar 
medidas en el plano comunitario para hacer frente a las distorsiones del mercado interior, 
tanto actuales como potenciales, y para impedir que se registren importantes pérdidas de 
ingresos fiscales. El Consejo reconoció estos riesgos en el debate en torno a la directiva de 
1988 sobre liberalización de los movimientos de capitales, lo que dio lugar a la propuesta 
sobre la fiscalidad del ahorro de los particulares, presentada por la Comisión en 1989. 
Pronto, con la adopción del euro, quedará eliminado el último obstáculo a la inversión 
transfronteriza, lo que hace más urgente la adopción de medidas. 
19. Es obvio el deseo general de que se adopten nuevas medidas en relación con la 
fiscalidad del ahorro. Sin embargo, se trata de un tema difícil y delicado, que exigirá la 
voluntad de compromiso. Por ello, la Comisión sugiere proceder por fases. En primer 
lugar, pide a los Estados miembros que, a partir de un conjunto de principios básicos 
consensuados, lleguen a un acuerdo político en el Consejo ECOFIN de diciembre y se 
comprometan, además, a emprender rápidamente el debate de una propuesta basada en los 
citados principios. Por su parte, la Comisión se compromete a presentar tal propuesta a su 
debido tiempo. Los principios sobre los que se pediría la conformidad de los Estados 
miembros podrían sustentarse en lo siguiente: 
I. . Para evitar que se produzcan distorsiones, se precisa una respuesta común. Es 
preferible llegar a una respuesta mínima, a través de una directiva, que mantener la 
situación actual, que puede implicar la no imposición. 
II. La respuesta se limitará al interés pagado en un Estado miembro a personas que no 
se consideran residentes en ese Estado a efectos fiscales, pero que son residentes de 
otro Estado miembro. 
III. En primer lugar, los Estados miembros deberán aceptar el modelo que se conoce 
como "de coexistencia", para garantizar al menos un cierto grado de imposición real 
de la renta procedente del ahorro de los no residentes dentro de la Comunidad. 
Todos los Estados miembros deberán efectuar una retención fiscal mínima o facilitar 
información sobre las rentas del ahorro a otros Estados miembros. (Esto no quiere 
decir que un Estado miembro no pueda tener ambos sistemas). 
IV. En cualquier medida que se adopte habrá que tener presente la necesidad de 
mantener la competitividad global de los mercados financieros europeos. La 
Comunidad deberá promover que la solución acordada se adopte allende sus 
fronteras. 
V. La retención a cuenta sobre los intereses pagados a los residentes de otros Estados 
miembros deberá efectuarla, en principio, el agente pagador. Aunque este principio 
admite matizaciones, su adopción como norma permitiría identificar más fácilmente 
a los beneficiarios. El procedimiento para verificar la residencia fiscal de los 
beneficiarios no debe ser demasiado complejo, al objeto, una vez más, de mantener 
la competitividad global. 
VI. Si un Estado miembro no opta por el intercambio de información, la retención a 
cuenta que efectúe deberá alcanzar al menos un determinado mínimo. Ese tipo 
impositivo mínimo debe fijarse en un nivel que baste para garantizar que los ahorros 
de carácter transfronterizo estén sujetos a una imposición aceptable. 
Intereses y cánones 
20. Como se indica en el Plan de acción para el mercado único, las retenciones a cuenta 
sobre el pago de intereses y cánones entre empresas generan dificultades a los agentes 
económicos que desarrollan actividades transfronterizas, ya que pueden comportar 
pérdidas de tiempo en tramitaciones, disminución de flujos de tesorería y, a veces, la doble 
imposición. Por ello, su eliminación es prioritaria. Vistas las conclusiones de los debates 
de la reunión informal de Mondorf-les-Bains y del Grupo de Política Fiscal, la Comisión 
considera que la eliminación de las retenciones a cuenta sobre los pagos de intereses y 
cánones entre empresas debe formar parte del paquete de medidas fiscales. Dentro de esas 
medidas, los Estados miembros deberían adquirir el compromiso político de procurar la 
pronta aprobación de una directiva, para lo cual, la Comisión presentará una nueva 
propuesta. 
Fiscalidad indirecta 
21. La Comisión es plenamente consciente de que muchos Estados miembros no 
consideran de utilidad incluir en el paquete fiscal medidas en materia de fiscalidad 
indirecta. Sin embargo, es igualmente cierto que algunos Estados miembros han subrayado 
que un enfoque equilibrado para la resolución de los problemas fiscales de la UE exige 
que se tomen al mismo tiempo medidas con respecto a algunos impuestos indirectos. En lo 
que se refiere al IVA, puede darse una competencia fiscal perniciosa entre los Estados 
miembros si las divergencias en la aplicación del actual sistema transitorio del IVA 
repercuten en las actividades económicas transfronterizas o en las actividades de Estados 
miembros vecinos. Los operadores pueden explotar esas divergencias por medio de una 
inteligente "ingeniería fiscal". Asimismo, las notables diferencias existentes entre los 
regímenes fiscales que los Estados miembros aplican a los productos energéticos generan 
también distorsiones y restringen el margen de maniobra de los Estados miembros en el 
ámbito de la política fiscal. La Comisión formula las propuestas que figuran a 
continuación, en primer lugar, porque por sí mismas pueden contribuir a eliminar las 
distorsiones fiscales y, en segundo lugar, porque pueden servir para equilibrar el paquete 
de medidas. No obstante, la Comisión mantiene una postura de flexibilidad en relación con 
las citadas medidas y deja en manos del Consejo la decisión sobre si un enfoque general de 
este tipo puede servir para lograr un compromiso. Si el Consejo está de acuerdo, podría 
ahondarse en estos principios, que se discutirían en la próxima reunión del Grupo de 
Política Fiscal, con vistas a llegar a un acuerdo político para finales de año. 
I. Comité del IVA. La Comisión sugiere incluir en el paquete de medidas la 
modificación ya propuesta para el Comité del IVA, esto es, que se convierta en un 
órgano de reglamentación que asista a la Comisión en la adopción de medidas para 
la aplicación de la Sexta Directiva IVA, dado que las situaciones de doble 
imposición o exención se resolverán con arreglo a este nuevo procedimiento. 
II. Tratamiento fiscal del oro para inversión. Una solución al problema de las 
distorsiones existentes en el comercio del oro en la Comunidad, causadas por el 
hecho de que las entregas de oro están sujetas a regímenes muy diversos en toda la 
Comunidad, podría consistir en eximir del IVA las entregas de oro cuya finalidad 
sea la inversión, y gravar cualquier otro tipo de oro y, en particular, el destinado a 
fines industriales. 
III. Transporte de personas. Este ámbito ha sido citado también por algunos Estados 
miembros como motivo de preocupación. 
IV. Tratamiento fiscal de los productos energéticos. Si los Estados miembros alcanzaran 
un acuerdo político, podrían aplicarse algunas disposiciones del proyecto de 
directiva (COM (97) 30 final). El acuerdo podría incluir la revisión de los niveles 
mínimos de imposición sobre los hidrocarburos y la introducción de niveles 
mínimos de imposición para otros productos energéticos que no sean los 
hidrocarburos. Asimismo, podría extenderse a las excepciones previstas en el 
proyecto de directiva, por ejemplo, para el gas natural en el caso de los mercados 
emergentes. 
V. FISCALIS. La Comisión propone que se llegue a un acuerdo para la implantación del 
programa FISCALIS de cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra 
el fraude en el ámbito de los impuestos indirectos. 
EL CAMINO A SEGUIR. CONCLUSION. 
22. Es evidente que existe la acuciante necesidad de avanzar en el terreno de la 
fiscalidad y de garantizar una coordinación más efectiva de las políticas fiscales, tanto 
para el desarrollo del mercado único, como para reducir el nivel de desempleo dentro de la 
Comunidad. En este proceso, se ha de dedicar atención preferente al problema de la 
competencia fiscal perniciosa, que puede reducir los ingresos fiscales y distorsionar las 
estructuras impositivas. A este respecto, tal y como pidió la Presidencia del Consejo, se 
está preparando un código de conducta y otras medidas que compondrán un paquete de 
medidas fiscales destinadas a facilitar el logro de un acuerdo político en el Consejo 
ECOFIN que se celebrará el 1 de diciembre. A juicio de la Comisión, ese acuerdo político 
será un importantísimo primer paso en el camino hacia la coordinación. 
23. Por cuanto antecede, se pide a los Ministros de Economía que: 
• delimiten el alcance del paquete de medidas destinado a hacer frente a la 
competencia fiscal perniciosa y que habrá de ser objeto de un acuerdo político antes 
de finales del presente año; 
• den su conformidad al Código de conducta que se adjunta al presente documento, de 
cara a su aprobación en diciembre de 1997; 
hagan observaciones preliminares con respecto a los principios para el logro de una 
solución mínima en el ámbito de la fiscalidad del ahorro; y 
den instrucciones a sus representantes personales en el Grupo de Política Fiscal para 
que sigan trabajando con espíritu constructivo para que la Comisión pueda 
desarrollar en todos sus aspectos el paquete de medidas fiscales que ha de 
presentarse en diciembre al Consejo ECOFIN con vistas a alcanzar un acuerdo 
político. 
10 
ANEXO 
PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE FISCALIDAD DE LAS 
EMPRESAS 
Compromiso político 
A. El Consejo, aun reconociendo los efectos positivos de una competencia leal, y la 
necesidad de mantener la competitividad en todo el mundo, señala que la 
competencia fiscal ilimitada en lo que se refiere a las actividades empresariales 
móviles comporta cada vez más el riego de que se originen distorsiones económicas 
y se erosionen las bases fiscales en la Comunidad. Manifiesta su preocupación en 
este ámbito, en especial en lo que respecta a aquellas medidas que suponen ayudas al 
funcionamiento de las empresas financieras y de servicios que operan en el plano 
internacional. El Consejo condena el uso de medidas fiscales contrarias a los 
intereses comunitarios, entre los que cabe citar el funcionamiento efectivo del 
mercado interior, y, en consecuencia, exhorta a los Estados miembros a que no 
implanten ni mantengan ese tipo de medidas. 
B. Con esta finalidad, pide a los Estados miembros que adopten y apliquen los 
principios y reglas de comportamiento que a continuación se indican. Estas reglas, 
que respetan plenamente el principio de subsidiariedad, se establecen sin perjuicio 
de la aplicación de la legislación comunitaria. Tales reglas definen las medidas 
fiscales potencialmente perniciosas y constituyen un marco general que permita a los 
Estados miembros aplicar los principios de una competencia leal. 
Alcance 
C. El presente Código afecta a aquellas medidas sobre fiscalidad de las empresas que 
influyan o puedan influir de manera significativa en la radicación de la actividad 
empresarial de la Comunidad. A este respecto, el concepto de actividad empresarial 
incluye todas las actividades desarrolladas dentro de un grupo de empresas. El 
código afecta, asimismo, a los regímenes fiscales especiales aplicables a los 
trabajadores y que tengan el mismo efecto sobre la radicación de la actividad 
empresarial. Las medidas fiscales a que se refiere son tanto disposiciones 
legislativas, como reglamentos y prácticas administrativas. 
D. Dentro de este ámbito de aplicación, el Consejo considera que determinadas 
categorías de medidas fiscales son potencialmente perniciosas. Todas ellas tienen 
una o varias de las características que se señalan en el siguiente apartado E. Aunque 
no todas las medidas que se indican en dicho apartado serán perniciosas, resulta 
oportuno analizar todas las características. 
11 
E. El Consejo considera potencialmente perniciosas aquellas medidas fiscales que 
implican un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior (incluido el tipo 
cero) al nivel general aplicado en el país considerado. Estos regímenes pueden obrar 
a través de los tipos impositivos nominales, las bases fiscales u otros medios. Estas 
medidas deben, además, analizarse comprobando si: 
i) se otorgan ventajas especiales sólo a no residentes en el país considerado, o sólo 
con respecto a las operaciones realizadas con no residentes; 
ii) se otorgan de otro modo ventajas que quedan aisladas de la economía nacional, 
de manera que no afectan a la base fiscal nacional; 
iii) se otorgan ventajas sin que exista una actividad económica real; 
iv) la base para determinar los beneficios de los grupos de empresas 
multinacionales no se ajusta a las normas internacionalmente reconocidas y, más en 
concreto, las acordadas por la OCDE; 
v) carecen de transparencia, por ejemplo, en los casos en que las ventajas se 
otorgan a través de una flexibilización de las normas legales, efectuada desde el 
plano administrativo, sin hacerlo público. 
Información y evaluación de la misma 
F. En virtud del principio de transparencia y cooperación, los Estados miembros se 
informarán recíprocamente de las medidas fiscales que apliquen o se propongan 
aplicar y que entren en el ámbito de lo previsto en el presente Código, en los 
precedentes apartados C y E. Además, los Estados miembros podrán recabar 
información de otros Estados miembros en relación con cualquier medida fiscal que 
se considere potencialmente susceptible de entrar en el ámbito de lo contemplado en 
dichos apartados. El Consejo pide a la Comisión, a la que los Estados miembros 
facilitarán también la citada información, que coordine el intercambio de 
información entre los Estados miembros. 
G. Asimismo, los Estados miembros podrán discutir y opinar sobre las medidas fiscales 
de otros Estados miembros en el marco de un grupo de seguimiento en el que podrán 
participar todos los Estados miembros. Esta evaluación permitirá sopesar las 
consecuencias que esas medidas puedan tener para la Comunidad. Ese proceso, que 
deberá atender a los factores expresados en el anterior apartado E, permitirá que los 
Estados miembros puedan evaluar mejor si determinadas medidas fiscales son 
perniciosas. El Consejo pide a la Comisión que lleve a cabo toda la labor de 
preparación de las reuniones del citado grupo, que tendrán lugar cuando así se 
considere necesario, y que supervise el proceso de intercambio de información y 
evaluación de la misma. El grupo someterá un informe del análisis de cada medida a 
la consideración del Consejo, que, si lo juzga oportuno, ordenara su publicación. 
11. El Consejo destaca la necesidad de ponderar cuidadosamente las consecuencias que 
las medidas fiscales tengan para otros Estados miembros y, en los casos en que tales 
medidas se utilicen para impulsar el desarrollo económico de determinadas zonas, 
que se analice hasta qué punto son efectivas para alcanzar sus objetivos. 
12 
Statu quo 
Los Estados miembros, en la determinación de su política, respetarán los principios 
antes expuestos y tendrán presentes las conclusiones a que se llegue en la evaluación 
de la información a la hora de decidir sobre la perniciosidad de cualquier medida o 
práctica fiscales nuevas. En consecuencia, el Consejo les exhorta a que, como parte 
del Código de conducta, no adopten nuevas medidas fiscales que puedan resultar 
lesivas para los intereses de la Comunidad y, más en concreto, para el 
funcionamiento efectivo del mercado único. 
Revisión 
Los Estados miembros revisarán también su legislación y prácticas vigentes, 
examinándolas a la luz de los principios más arriba expuestos y de las conclusiones a 
que se llegue en la evaluación de la información. El Consejo les exhorta a modificar 
cuantas normas y prácticas resulte necesario, para eliminar cualquier medida 
perniciosa en un determinado plazo, claramente delimitado, que tenga en cuenta, no 
obstante, las legítimas expectativas de las empresas. 
Medidas contra el fraude y la evasión fiscal 
K. El Consejo subraya su empeño en el desarrollo de una plena cooperación en la lucha 
contra el fraude y la evasión fiscal, en particular en lo que atañe al aporte de 
información a otros Estados miembros de conformidad con lo previsto en las 
legislaciones nacionales. 
L. El Consejo señala que las disposiciones o medidas para contrarrestar el fraude 
contenidas en las legislaciones fiscales y en los convenios de doble imposición 
desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 
Los Estados miembros deberán aplicar tales medidas ateniéndose a lo dispuesto en la 
legislación comunitaria. 
Ayudas estatales 
M. El Consejo indica que algunas de las medidas fiscales a que se refiere el presente 
Código, aunque no todas, entran en el ámbito de aplicación de lo dispuesto en 
materia de ayudas estatales en los artículos 92 y 94 del Tratado CE. Asimismo, 
considera que la aplicación de este Código reducirá, en la práctica, la necesidad de 
que la Comunidad intervenga, en virtud de las normas sobre ayudas estatales, en el 
ámbito fiscal. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación comunitaria, el Consejo 
pide a la Comisión que informe sobre la aplicación de las normas en materia de 
ayudas estatales a las ayudas de carácter fiscal y se comprometa a aplicar dichas 
normas con todo rigor, a la vista de los efectos negativos de las ayudas que queden 
de manifiesto al aplicar el presente Código. 
13 
Extensión geográfica 
N. El presente Código será de aplicación en la Comunidad, según se define ésta en el 
artículo 227 del Tratado CE. El Consejo considera que sería deseable que los 
principios en los que se sustenta la competencia leal se adoptaran lo más 
generalizadamente posible. Con esta finalidad, exhorta a los Estados miembros a 
promover su adopción en el plano internacional y, más en concreto, a que fomenten 
activamente la adopción de los mismos en sus territorios dependientes o asociados. 
Seguimiento 
O. Al objeto de contribuir a garantizar que el Código se aplique de forma pareja y 
efectiva, el Consejo pide a la Comisión que le informe anualmente, en el ejercicio de 
la misión que se le encomienda en los precedentes apartados F-H. 
Cláusula de revisión 
P. Transcurridos dos años desde la fecha de su entrada en aplicación, el Consejo 
revisará lo previsto en el presente Código. En ese momento, analizará si lo previsto 
en el apartado E debe hacerse extensivo a los regímenes fiscales generales aplicables 
a las empresas en los Estados miembros en los casos en que el nivel de imposición 
sea significativamente inferior a la media comunitaria. 
14 
ISSN 0257-9545 
COM(97) 495 final 
DOCUMENTOS 
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