ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 259/86

Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas

P6_TA(2008)0182

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2008, sobre el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas (2007/2203(INI))

(2009/C 259 E/16)

El Parlamento Europeo,

— Visto el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas (COM(2007) 140),

— Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (8 y 9 de marzo de 2007), en particular la política energética para Europa expuesta en el anexo I,

— Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado «Utilizar el mercado para una política del medio ambiente rentable» (no 1/2006),

— Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, en virtud de los cuales las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en los distintos sectores de la política comunitaria, con objeto de fomentar un desarrollo de las actividades económicas sostenible para el medio ambiente,

— Visto el artículo 175 del Tratado CE,

— Vista la Decisión no 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible» (1),

— Vista la revisión de la estrategia de la UE en favor del desarrollo sostenible,

— Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente,

— Vistas sus resoluciones relativas a las estrategias temáticas, sobre el medio ambiente urbano (2), sobre el reciclado de residuos (3), sobre el uso sostenible de los recursos naturales (4) y sobre el uso sostenible de los plaguicidas (5),

— Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la limitación del cambio climático global a 2° C: los preparativos para la Conferencia de Bali sobre el Cambio Climático y para después (6),

— Visto el artículo 45 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, así como de las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0040/2008),

A. Considerando que los datos en materia de cambio climático exigen que se actúe enérgicamente con el fin de limitar los efectos de este fenómeno; considerando que el Consejo Europeo ha fijado como objetivo mínimo la reducción de las emisiones de CO2 en un 20 % en 2020 y en un 60 % en 2050; considerando que el Consejo Europeo también ha fijado como objetivo un 20 % de energías renovables en el consumo de energía y una mejora del 20 % de la eficiencia energética de aquí al año 2020,

B. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 15 de noviembre de 2007, mencionada anteriormente, destaca que los países industrializados deben comprometerse a reducir sus emisiones en al menos un 30 % antes de 2020 y en un 60-80 % antes de 2050 respecto a los valores de 1990,

C. Considerando que existen diversos tipos de contaminación y que hay un riesgo de agotamiento de los recursos naturales,

D. Considerando el alto riesgo de extinción de numerosas especies animales y vegetales y el objetivo fijado por la UE de frenar la pérdida de biodiversidad en 2010,

E. Considerando que hay un aumento creciente en la UE del tráfico vinculado a los transportes, especialmente de mercancías, y del consumo energético que de ello se deriva,

F. Considerando que los instrumentos de mercado constituyen importantes herramientas para aplicar el principio «quien contamina, paga» y, en general, para tener en cuenta de manera rentable los costes ocultos de la producción y el consumo en términos de salud humana y de medio ambiente,

G. Considerando las grandes disparidades entre Estados miembros, tanto en materia de fiscalidad medioambiental (entre el 2 y el 5 % del PIB) como en materia de utilización de los instrumentos de mercado, y que la parte de los impuestos medioambientales del PIB de los Estados miembros viene disminuyendo desde hace cinco años,

H. Considerando que los impuestos sobre la energía representan por término medio el 76 % de la fiscalidad medioambiental y los impuestos sobre el transporte el 21 %,

I. Considerando que los hogares soportan una parte muy mayoritaria de los impuestos medioambientales, mientras que otros sectores económicos son los primeros consumidores de energía, de agua y de transportes,

J. Considerando que la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente puede contribuir a la lucha contra el cambio climático, al progreso del desarrollo sostenible y al mantenimiento de la competitividad internacional de la UE,

K. Considerando que las previsiones en materia de impacto global del cambio climático no deben solamente llevar a desacoplar crecimientos y modos de producción y de consumo, sino también a un cambio de nuestro modelo de desarrollo en el ámbito socioeconómico,

L. Considerando que los actuales indicadores económicos del PIB ya no bastan para evaluar correctamente la realidad social, económica y ecológica, y que ya no tienen en cuenta las consecuencias medioambientales de las actividades humanas que hemos de afrontar, por lo que sería conveniente tomar en consideración unos indicadores medioambientales nuevos en el cálculo de la riqueza producida a fin de tener mejor en cuenta dichos cambios,

Críticas al Libro Verde

1. Manifiesta su satisfacción por la referencia al principio de «quien contamina paga», pero lamenta que el vínculo sea débil, o incluso inexistente, cuando se trata de concebir y calibrar los instrumentos existentes de la política de medio ambiente; destaca que el principio de «quien contamina paga» permite fijar un precio real que incluye en el precio del producto el coste de la limpieza de la contaminación y la reparación de los daños causados por la producción; destaca que, en realidad, si el precio tiene en cuenta todos los factores exteriores, la producción o los productos contaminantes resultan finalmente más costosos puesto que la prevención es menos costosa que la restauración o la rehabilitación;

2. Lamenta la ausencia de un análisis en profundidad sobre las ventajas de una diferenciación entre los instrumentos de mercado orientados hacia el consumidor frente al productor;

3. Subraya que el principio de «quien contamina paga» no debe limitarse a obligar a pagar al consumidor final, en particular los hogares;

4. Critica que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación atmosférica y el calentamiento climático y pase en general por alto los demás impactos negativos de procesos de producción y de distribución, y de modos de consumo;

5. Comparte el parecer de la Comisión acerca de la diversidad de instrumentos de mercado y la distinción entre impuestos y cargas (consistiendo estas últimas normalmente en un pago a cambio de un servicio o por un coste claramente definido); subraya la necesidad de disponer de unos instrumentos tanto incentivadores como disuasorios con miras a realizar los objetivos en materia de protección del medio ambiente y de la salud, así como de la estrategia de desarrollo sostenible;

6. Critica que la dimensión internacional se trate demasiado rápidamente y que sigan sin instaurarse unas medidas orientadas a reducir al máximo las distorsiones de la competencia entre regiones y sectores industriales;

Medidas

7. Manifiesta su satisfacción por la presentación del Libro Verde e insta a la Comisión a que desarrolle una estrategia diáfana en relación con la aplicación de instrumentos de mercado para fijar un precio por los daños medioambientales y para corregir otras deficiencias del mercado que comprenda medidas de carácter fiscal, la revisión del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE) y otras medidas políticas en los ámbitos comercial y tecnológico;

8. Pide a la Comisión que, al elaborar la estrategia de aplicación para los instrumentos de mercado, examine y prepare un sólido informe sobre la eficiencia de los instrumentos de regulación medioambiental aplicados en la actualidad por la UE para elucidar en qué ámbitos sería conveniente sustituir la legislación vigente por instrumentos de mercado;

9. Pide a la Comisión que utilice un estudio comparativo de los instrumentos de mercado existentes con el fin de evaluar su efectividad y proceder al intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

10. Pide a la Unión Europea que distinga la riqueza económica bruta por habitante de la riqueza económica, social y ecológica neta, como el indicador de progreso real (IPR); pide, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que estudien de forma más pormenorizada la posibilidad de medir el crecimiento europeo recurriendo a indicadores «verdes» (7) que den cuenta de la pérdida de riqueza debida a daños al medio ambiente;

11. Admite que la plena internalización de los costes medioambientales es una importante condición previa para que exista una competencia justa entre las empresas y para incrementar los incentivos económicos a la producción y el consumo limpios, y estimular la innovación en el terreno de las tecnologías más limpias;

12. Reconoce que no internalizar los costes medioambientales equivale a subvencionar actividades ecológicamente nocivas;

13. Señala que la existencia de un gran número de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en los Estados miembros de la UE agrava la contaminación y socava gravemente el principio de «quien contamina paga»;

Principios

14. Destaca que el principio de «quien contamina paga» es uno de los pilares de la política medioambiental de la UE, que implica internalizar los factores externos en los precios del mercado de tal modo que garanticen su reflejo de los costes reales de la producción o los daños medioambientales y sanitarios causados; señala que la aplicación del principio de «quien contamina paga» deja mucho que desear en la mayoría de Estados miembros;

15. Toma nota de que los instrumentos de mercado incluyen una amplia gama de herramientas para responder a objetivos específicos, como los permisos negociables destinados a reducir la contaminación (por ejemplo, las emisiones de CO2), los impuestos medioambientales destinados a modificar los precios y, por ese medio, el comportamiento de los fabricantes y consumidores, las tasas medioambientales destinadas a cubrir los costes de los servicios medioambientales, las subvenciones medioambientales destinadas a apoyar el desarrollo de tecnologías más limpias, etc.;

16. Reconoce que los instrumentos de mercado para el medio ambiente son uno de los modos más efectivos para alcanzar los objetivos medioambientales a un coste razonable; subraya, no obstante, que dichos instrumentos deben complementarse con otras medidas como normas de eficacia, objetivos en materia de emisiones, etc.;

17. Observa que los instrumentos de mercado son muy importantes para el cumplimiento del objetivo de la UE de lograr que en el año 2020 el 20 % del consumo energético total se cubra con energías renovables;

18. Opina que la transición hacia un desarrollo sostenible y una economía sin CO2 requiere una combinación entre instrumentos disuasorios (por ejemplo, impuestos y tasas) e instrumentos incentivadores (por ejemplo, sistemas de intercambios);

19. Subraya que el desarrollo de instrumentos mixtos contribuirá a optimizar el uso de los instrumentos de mercado; considera, en este contexto, que los instrumentos de mercado pueden contribuir en gran medida a la realización de los objetivos de la Agenda de Lisboa;

20. Opina que las medidas de política energética y del clima adoptadas en el marco de un concepto general en el plano tanto de la UE como nacional deben armonizarse con los objetivos acordados en Lisboa y Gotemburgo;

21. Opina que los instrumentos de mercado son una herramienta adecuada y eficaz para internalizar los efectos externos que debería utilizarse con más frecuencia, y que no deben sustituir a los instrumentos administrativos, sino completarlos;

22. Subraya que la aplicación de los instrumentos de mercado para combatir la contaminación y los daños causados al medio ambiente debe basarse en la eficacia medioambiental; considera que las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de instrumentos de mercado deberían compensarse con medidas políticas adaptadas, como niveles de precios, tipos reducidos, subvenciones, etc., en favor de los hogares de rentas bajas; considera que es importante también adoptar medidas que penalicen los excesos de consumo;

23. Recuerda que en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (8) (Directiva sobre imposición de los productos energéticos) se prevé que, en determinadas condiciones, se puede sustituir parcial o totalmente la imposición por instrumentos de mercado alternativos, incluido, en particular, el RCCDE;

24. Insiste en el importante papel de la fiscalidad medioambiental para alcanzar los objetivos medioambientales;

25. Considera que los instrumentos de mercado a escala comunitaria no pueden limitarse a los sistemas de intercambio de derechos o cuotas de emisión, y que conviene prever otros regímenes posibles, como la posible instauración de un impuesto sobre el CO2 como contrapartida de una disminución de las subvenciones a las energías fósiles;

26. Destaca que los impuestos medioambientales no deberían conceptuarse, en lo básico, como un instrumento para incrementar los ingresos fiscales, sino más bien como un medio para evitar la contaminación nociva y la degradación del medio ambiente —y con ello de mejora del bienestar social— a un coste razonable; destaca que la aplicación de impuestos sobre los factores negativos como, por ejemplo, la contaminación debería compensarse con una disminución de la fiscalidad sobre los factores positivos como, por ejemplo, el trabajo;

27. Recuerda que, a pesar de la unanimidad en materia fiscal, los Tratados ofrecen la posibilidad de la cooperación reforzada y que existe el método abierto de coordinación; pide, por consiguiente, a los estados miembros que progresen en materia fiscal medioambiental a nivel europeo con el fin de impedir todo dumping fiscal;

28. Observa que una mayor coordinación de los impuestos medioambientales a escala de la UE y el intercambio de mejores prácticas agilizarán sin duda las reformas; apoya, en particular, aquellas propuestas que permitan a los Estados miembros reducir sus tipos de IVA u ofrecer ventajas fiscales para productos con una elevada eficiencia energética y materiales que permitan ahorrar energía; subraya, no obstante, la necesidad de que los Estados miembros decidan ellos mismos cuáles son las soluciones que más les convienen en el marco de sus respectivos sistemas fiscales;

29. Subraya los beneficios que reporta una reforma fiscal medioambiental; pide a los Estados miembros que promuevan reformas que contribuyan a mitigar, entre otras cosas, situaciones de pobreza causada por el gasto energético y fomenten el acceso a las tecnologías energéticas con bajas emisiones de CO2, el ahorro de energía, la eficiencia energética y las tecnologías renovables;

30. Apoya la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo a nivel nacional, pero subraya que esta reducción no está vinculada únicamente a la reforma de la fiscalidad medioambiental;

31. Considera que la modulación de los precios constituye una manera de influir en los modos de producción y consumo, y de animar a los usuarios a elegir medios de transporte más ecológicos (por ejemplo, reduciendo los precios de los transportes públicos); considera que toda subida como consecuencia de la utilización de instrumentos de mercado debe ser previsible y tener en cuenta, en su caso, las circunstancias particulares de cada Estado miembro; destaca, sin embargo, que este tipo de medidas puede tener un impacto limitado debido a la baja flexibilidad de algunos sectores y algunos grupos de consumidores;

32. Subraya la necesidad de dotarse de datos precisos sobre los costes medioambientales y sociales de la totalidad del ciclo de vida de los productos y servicios; pide a la Comisión que proponga una metodología para evaluar dichos costes;

33. Se felicita por la reciente conferencia «Más allá del PIB» organizada por la Comisión, el Parlamento Europeo, la OCDE, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Club de Roma, y por sus principales conclusiones; destaca la importancia de complementar el PIB con otros indicadores a la hora de evaluar el bienestar y el progreso de nuestra sociedad de modo más equilibrado, en particular en lo tocante a los efectos del crecimiento económico sobre la atmósfera y los ecosistemas;

34. Opina que los instrumentos de mercado pueden contribuir a fomentar la investigación y la innovación ecológica, al igual que la imposición sobre productos y servicios no ecológicos o el uso de modelos ecológicos pueden impulsar a los productores a invertir en investigación de productos y servicios con un mayor rendimiento energético;

¿Qué instrumentos para qué sector?

35. Reconoce que en su versión actual el RCCDE tiene un ámbito de aplicación demasiado reducido con relación a la multiplicidad de fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) y de sectores implicados, y que será preciso que la Comisión y los Estados miembros introduzcan mejoras con vistas a la optimización del RCCDE en la tercera fase del proyecto a partir de 2013;

36. Insta a la Comisión a que refuerce el RCCDE mediante el establecimiento de un límite cada vez más estricto y su aplicación a los principales emisores, como medio fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de GEI fijados para 2020;

37. Destaca, por lo tanto, que es urgente revisar el RCCDE con el fin de responder eficazmente a las deficiencias detectadas durante el período de prueba, en particular, respecto a los beneficios excepcionales percibidos por empresas (en particular, los grandes productores de electricidad) gracias a los activos generados por la atribución gratuita de cuotas de CO2; destaca que una aprobación sin reservas del principio de «quien contamina paga» en la estrategia de desarrollo sostenible de la UE implica que el RCCDE debería basarse principalmente en la subasta de los permisos de emisión y en un límite máximo de emisiones totales que resulte compatible con el objetivo de la UE de llegar a una reducción del 30 % hasta 2020, incluyendo límites cuantitativos y criterios cualitativos para la utilización de créditos, de conformidad con el proyecto de mecanismo para un desarrollo limpio/aplicación conjunta (MDL/AC);

38. Destaca, a este respecto, la importancia que reviste el estímulo del desarrollo del mercado mundial del carbono para alcanzar los cuantiosos recortes de emisiones que se necesitan de manera rentable;

39. Considera que un mayor uso de los instrumentos de mercado en el sector del transporte es especialmente importante para internalizar totalmente los costes sociales y medioambientales de todos los medios de transporte; considera, en particular, que el bajo nivel de internalización del tráfico por carretera tiene efectos negativos para la competitividad de los demás medios de transporte, como por ejemplo el ferrocarril, y para el fomento de tecnologías más eficientes y limpias;

40. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incluir las actividades de aviación en el RCCDE, pero considera asimismo que se precisan medidas paralelas y complementarias como, por ejemplo, el impuesto sobre el queroseno y las tasas por emisión de NOX para paliar el impacto del sector en lo que respecta al cambio climático;

41. Pide encarecidamente a la Comisión que, antes de 2009, presente un proyecto legislativo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito del transporte marítimo, ya que este último no está sujeto a ningún tipo de legislación comunitaria o internacional específica;

42. Opina que la imposición sobre los productos energéticos debería seguir siendo un instrumento secundario y complementario de reducción de las emisiones de GEI únicamente para las emisiones que no puedan verse afectadas por el RCCDE ni directa ni indirectamente;

43. Señala que los sectores de los transportes y de la construcción representan una gran parte de la demanda de energía y de las emisiones de CO2 no cubiertas por el RCCDE;

44. Considera que la revisión de la Directiva sobre los impuestos energéticos y la de los vehículos pesados (9) (Directiva sobre la euroviñeta) deberían efectuarse conjuntamente y con rapidez con el fin de evitar el solapamiento de medidas encaminadas a un mismo objetivo y de modificar la fiscalidad medioambiental con miras a influir rápidamente en la toma de conciencia en el plano del medio ambiente de los diferentes sectores económicos, sobre todo a través de la internalización de los costes externos;

45. Piensa que es necesario hacer obligatoria la aplicación de la Directiva sobre la euroviñeta en todos los Estados miembros y modificarla con el fin de permitir la internalización de los costes externos mediante la tarificación de las infraestructuras, sobre todo en el transporte por carretera; considera que, para evitar transferencias de tráfico hacia las vías excluidas de la Directiva sobre la euroviñeta, esta debería ampliarse al conjunto de la red de carreteras;

46. Subraya la necesidad de aplicar los principios de «legislar mejor» al empleo de los instrumentos de mercado, a fin de evitar duplicaciones y no desarrollar instrumentos excesivamente complejos; apoya la modificación de la Directiva sobre los impuestos energéticos, de tal forma que garantice que los participantes en el RCCDE no tengan que pagar dos veces por sus emisiones, primero en el terreno comercial y, luego, en el fiscal;

47. Considera que, en el marco de la revisión de la legislación sobre la fiscalidad de los productos energéticos, el tipo mínimo de los impuestos debería establecerse en el ámbito de los transportes de uso industrial o comercial; apoya la diferenciación de la fiscalidad en un componente energético y otro medioambiental sobre la base del nivel de emisiones de CO2;

48. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que valoren las excepciones y exoneraciones contenidas en la Directiva sobre los impuestos energéticos y que estudien qué energías procedentes de combustibles fósiles deberían estar exoneradas del impuesto en el futuro, respetando el alcance y el espíritu de la Directiva y evitando gravar por partida doble a los operadores como consecuencia de la aplicación de otros regímenes fiscales o de comercio;

49. Pide que se utilicen en mayor medida los instrumentos de mercado para alcanzar, en cada Estado miembro y en la Unión Europea en su conjunto, los objetivos de la política medioambiental en general y la internalización de los costes externos en particular; a este respecto, no obstante, debe velarse por que la soberanía de los Estados miembros en materia fiscal no provoque distorsiones de la competencia; propone, por ejemplo, el uso de instrumentos más estrechamente vinculados al mercado para promover la eficiencia energética y el aislamiento térmico de edificios;

50. Pide a los Estados miembros que refuercen sus políticas incitativas destinadas al sector de la construcción a fin de facilitar una reducción de la demanda energética y de las emisiones de CO2; subraya la importancia de apoyar el desarrollo de la vivienda pasiva y de la energía positiva;

51. Propone que haya dispositivos de compensación inspirados en mecanismos del Protocolo de Kyoto y susceptibles de ofrecer incentivos financieros que estén abiertos a la financiación de los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el sector de la vivienda y del balance de carbono de los transportes urbanos;

Instrumentos y sectores específicos

52. Considera que la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente no debe limitarse a la PAC; considera que, en este ámbito, el sector de los transportes, sobre todo por carretera, requiere una acción rápida y decidida; pide a la Comisión que proponga rápidamente una hoja de ruta sobre la supresión progresiva pero rápida de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, de conformidad con la decisión del Consejo Europeo sobre la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible;

53. Coincide con la Comisión en que la supresión de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente es una medida complementaria esencial para lograr el desarrollo sostenible y, en particular, los objetivos asumidos por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en relación con la agenda integrada del cambio climático y la energía;

54. Espera de la Comisión que la revisión de las orientaciones comunitarias sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente tenga realmente en cuenta la necesidad de influir en los modos de producción, de circulación, de transportes y de consumo, así como en la reducción de los residuos;

55. Recuerda las disposiciones comunitarias en materia de residuos, pero deplora que éstas no hayan abordado el problema del volumen de residuos en la Unión Europea; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que estudien la elaboración de un marco legislativo en materia de fiscalidad de los residuos, a fin de evitar la producción de residuos y reducir, a medio plazo, el nivel de residuos producidos en la Unión Europea;

56. Se congratula por haberse hecho hincapié en los instrumentos de mercado para la aplicación de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA) (10) y considera de suma importancia la internalización en el precio del agua de los costes derivados de la extracción de aguas subterráneas, la degradación de la calidad de las aguas y de las estaciones de tratamiento de aguas; destaca que la DMA puede servir de referencia para la elaboración de instrumentos de mercado en favor del medio ambiente; pide urgentemente a la Comisión que controle la aplicación en los Estados miembros y que recurra a la estrategia de aplicación común de la DMA así como las cuencas fluviales piloto para estudiar y promover las mejores prácticas; pide urgentemente a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar correctamente la DMA y, muy especialmente, para garantizar que todo consumo de agua se someterá a una evaluación económica que incluya los costes de utilización del recurso y los costes medioambientales, utilizando en particular estos criterios como base para la elaboración de una tarificación del agua;

57. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que instauren un sistema de impuestos o cánones con miras a reducir la utilización cuantitativa de plaguicidas y a utilizar plaguicidas menos tóxicos y menos perjudiciales para el medio ambiente y la salud;

58. Considera que el establecimiento de un tipo reducido del IVA sobre los productos ecológicos debe controlarse estrictamente para que beneficie realmente a los consumidores e ir acompañado de dispositivos complementarios, como la etiqueta ecológica, que posibilite la implantación de un sistema que permita comparar fácilmente los productos;

59. Reconoce que es difícil elaborar instrumentos de mercado con el objetivo de incrementar o mantener la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y afrontar los problemas medioambientales de dimensión local; pide a la Comisión que prosiga su reflexión sobre la cuestión de la evaluación de los costes de la pérdida de biodiversidad y sobre la posible utilización de instrumentos de mercado, velando al mismo tiempo por que la protección o la mejora de la biodiversidad en una región no conduzca a una pérdida de biodiversidad en otra, habida cuenta de los efectos que podría tener desde el punto de vista local;

60. Toma nota con interés, a este respecto, de los regímenes de comercio de derechos de emisión de NOX y SO2 establecidos por algunos Estados miembros, dado que estos sistemas permiten solucionar los problemas planteados por este tipo de agentes atmosféricos de la manera más rentable posible; destaca que cualquier establecimiento del régimen de comercio de derechos de emisión de NOX y SO2 debe tener en cuenta las condiciones locales en que se producen estas emisiones y limitarse a zonas geográficas precisas;

61. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías renovables; subraya que, antes de establecer incentivos económicos para los biocarburantes, son necesarias evaluaciones complementarias;

62. Destaca que los instrumentos de mercado deberían estar diseñados de modo que no afecten negativamente a la competitividad de las industrias expuestas a la competencia internacional, como por ejemplo las industrias intensivas en energía, a fin de evitar las pérdidas de ventas ocasionadas por las importaciones («fugas») y la posible deslocalización de la producción y por ende también del impacto medioambiental fuera de la Unión Europea;

63. Pide a la Comisión que elabore un estudio de viabilidad sobre la implantación de una «tarjeta de CO2» para personas y PYME en la que se registren el consumo energético y los gases de efecto invernadero emitidos;

64. Acoge favorablemente la creación de instrumentos financieros que se suman a la fiscalidad y a los RCCDE y, en particular, el hecho de que se amplíe la gama de productos de inversión ecológicos/éticos, tales como los denominados bonos verdes, que permiten una mayor sensibilización y amplían la oferta de mercado para los inversores;

65. Reconoce el respaldo que proporcionan las empresas de capital riesgo y de inversión privada en empresas al invertir en el ámbito de las tecnologías con bajas emisiones de carbono;

Dimensión internacional

66. Observa que las economías europeas representan más del 35 % del mercado mundial de bienes medioambientales comercializados, y que, por lo tanto, las empresas europeas se encuentran en una buena situación para sacar provecho de una economía global ecológica, lo que contrarresta, al menos en parte, el impacto sobre el PIB;

67. Apoya la toma en consideración de un instrumento de ajuste en las fronteras con el fin particular de evitar posibles «escapes de carbono» que podrían comprometer la obligación de reducir las emisiones de CO2 y de preservar la competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar al Parlamento Europeo sobre la posibles adopción de este instrumento; destaca, no obstante, que las medidas de ajuste en las fronteras deben aplicarse únicamente cuando no se logre llegar a un acuerdo sobre las reducciones obligatorias de CO2 a nivel internacional;

68. Considera que, por razones de aceptación internacional, este instrumento debería tener en cuenta las mejores técnicas disponibles y seguir siendo favorable a los terceros países, especialmente a los países en desarrollo;

69. Reconoce que sería preferible vincular entre sí los indicadores y compromisos internacionales para todos los sectores que son vulnerables a la competencia, en lugar de adoptar ajustes fiscales de aduana para contrarrestar las distorsiones entre socios comerciales;

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70. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 275 de 10.10.1998, p. 1.

(2) Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2006, sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano (DO C 306 E de 15.12.2006, p. 182).

(3) Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2007, relativa a la estrategia temática sobre el reciclado de residuos (DO C 287 E de 29.11.2007, p. 168).

(4) Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2007, sobre la estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (DO C 74 E de 20.3.2008, p. 660).

(5) Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2007, sobre una estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas («Textos Aprobados», P6_TA(2007)0467).

(6) «Textos Aprobados», P6_TA(2007)0537.

(7) Indicadores medioambientales o que tengan en cuenta el medio ambiente (IBED (Indicador de Bienestar Sostenible), IPR).

(8) DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

(9) Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras (DO L 279 de 12.11.1993, p. 32).

(10) Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).