Persisten ciertas carencias relacionadas con respecto a la digitalización del sistema judicial. La disponibilidad de sentencias publicadas en internet sigue siendo limitada, especialmente las de primera instancia . También son limitados los mecanismos para garantizar que las sentencias se publiquen en un formato susceptible de lectura mecánica . Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y, en menor medida, de los tribunales de apelación y tribunales especiales se publica en un sitio web del Gobierno, no ocurre lo mismo con los tribunales de primera instancia. Además, si bien es posible presentar un asunto y transmitir citaciones en línea, no es posible seguir el curso del proceso por internet . Todos los órganos jurisdiccionales disponen de sistemas de tramitación de asuntos que están actualmente en proceso de modernización, también para mejorar la recogida de datos . Sin embargo, solo existen herramientas para generar estadísticas de actividad judicial aproximadamente en la mitad de los órganos jurisdiccionales .

La estructura del Ministerio Fiscal se ha reformado para mejorar su eficacia. En septiembre de 2019, la Oficina del Fiscal General y once fiscalías locales se fusionaron para crear un único Ministerio Fiscal Nacional . El objeto de esta reforma era que el Fiscal General pudiera supervisar de manera más sistemática la uniformidad de las prácticas de enjuiciamiento y centralizar las funciones administrativas, así como determinados procesos penales . Además, facilita el traspaso de asuntos judiciales entre tribunales de primera instancia para equilibrar las cargas de trabajo. Esta reforma también ha fijado la duración del mandato de los fiscales jefe de primera instancia (cinco años), además de crear una nueva plaza de «fiscal especializado». La reforma no afecta al número de fiscales ni a sus funciones y competencias, incluidas las del Fiscal General .

El alto nivel de libertad de prensa existente en Finlandia goza de reconocimiento internacional. Las funciones y competencias de la autoridad reguladora de los medios de comunicación están garantizadas por la ley, si bien se advierten algunas carencias en cuanto a recursos. Aunque actualmente no existen normas que regulen específicamente la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, en la práctica existe un nivel de transparencia razonable con declaraciones voluntarias y normas de publicidad generales para las sociedades de responsabilidad limitada. El Gobierno estudia una reforma para ampliar la accesibilidad de los documentos garantizada por la Constitución. Además, el Gobierno ha comenzado a reflexionar sobre medidas para proteger a los periodistas de modo más eficaz contra las amenazas y el acoso ilícito en internet, un fenómeno detectado en los últimos años. No se han denunciado amenazas físicas contra periodistas.

Según las encuestas, Finlandia se percibe como uno de los países menos corruptos de la UE y del mundo. Este país mantiene una cultura administrativa de transparencia y apertura para combatir la corrupción. Las instituciones públicas finlandesas se han labrado una reputación de administración transparente y han establecido un marco funcional de prevención de la corrupción. El Gobierno estudia la adopción de una estrategia específica de lucha contra la corrupción desde hace años, pero sigue sin concretarse. Actualmente no hay normas específicas que regulen los contactos de los altos cargos ejecutivos con terceros y grupos de presión y no existen requisitos de información o comunicación que deban cumplir quienes tratan de influir en las medidas y políticas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, se está trabajando en medidas para reforzar la ética y la transparencia. Finlandia está dando pasos para regular la actividad de los grupos de presión y limitar las «puertas giratorias». En marzo de 2020, se creó un Grupo de Trabajo parlamentario para establecer un registro de transparencia relacionado con la actividad de los grupos de presión que sirviera de complemento a la legislación sobre apertura del Gobierno y reforzase la transparencia administrativa.

El marco de protección de los periodistas parece sólido. Finlandia no ha adoptado medidas específicas con arreglo a la Recomendación del Consejo de Europa sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación . No obstante, desde que se presentó su primera edición en 2002, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras ha situado sistemáticamente a Finlandia entre los cinco primeros países. El MPM 2020 señala que continúa la criminalización de la blasfemia, así como las severas condenas por difamación (agravada) . Además, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas emitió en 2019 una alerta relativa a una sentencia por difamación que tiene efectos estremecedores para la libertad de prensa. La sentencia en cuestión ha sido recurrida . Sin embargo, en 2014 se modificaron las disposiciones del Código Penal sobre difamación y divulgación de información que viole la privacidad personal y se eliminó la posibilidad de dictar penas de prisión salvo en casos de difamación «agravada», a raíz de algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .

No hay normas específicas que regulen la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, pero es habitual que se divulgue de forma voluntaria. Las empresas de medios de comunicación se rigen por las normas de publicidad generales que se aplican con carácter general a las sociedades de responsabilidad limitada. En virtud de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada , el registro de accionistas debe estar a disposición del público en el domicilio social de la empresa. No existe legislación específica en materia de transparencia o concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, de los contactos mantenidos con las autoridades finlandesas parece desprenderse que la mayoría de las empresas divulgan la composición de su propiedad de forma voluntaria en su sitio web. Las autoridades finlandesas también dicen estar trabajando en la transposición de la DSCA revisada, que anima a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas que dispongan que los proveedores de servicios de comunicación bajo su jurisdicción hagan pública la composición de su propiedad. Está previsto que se realice la transposición de la Directiva a través de la Ley de servicios de comunicaciones electrónicas en el otoño de 2020. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, los proveedores de servicios de comunicación deberán hacer pública la composición de su propiedad.

El conflicto de intereses no está definido de forma expresa en la legislación. La Constitución establece que los ministros no podrán ejercer durante su mandato cargos públicos ni otras funciones que puedan perjudicar la atención de sus funciones ministeriales o comprometer la credibilidad de sus acciones como ministros. La Ley de cargos públicos en el Gobierno central establece que un funcionario no podrá exigir, aceptar o recibir ninguna ventaja financiera o de otra índole si ello reduce la confianza en su persona o en una autoridad. La Ley de procedimiento administrativo (sección 27) y la Ley de cargos públicos en el Gobierno central también imponen limitaciones, y el Ministerio de Economía ha publicado directrices detalladas acerca de las ocupaciones secundarias. No obstante, pese a las disposiciones existentes, se ha recomendado la creación o potenciación de un sistema formal para examinar las declaraciones de los ministros y de otras personas en altos cargos ejecutivos .

Finlandia es una democracia parlamentaria unicameral, en la que las propuestas legislativas pueden emanar del Gobierno o del Parlamento (aunque, en la práctica, la mayoría de las leyes se basan en propuestas del Gobierno). En ausencia de un Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad ex ante corresponde al Canciller de Justicia y a la Comisión de Derecho Constitucional del Parlamento. Además, todos los órganos jurisdiccionales pueden realizar un control de constitucionalidad ex post en casos concretos . El Canciller de Justicia, el Centro de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo del Parlamento desempeñan funciones de importancia en el sistema de controles y equilibrios.

Un marco de evaluación de impacto y un proceso de consulta exhaustivo son parte de un marco especialmente inclusivo para promulgar legislación. El proceso de elaboración y promulgación de leyes está descrito en la «guía del proceso de elaboración de proyectos legislativos », que contempla un procedimiento en varios pasos, incluida una fase preparatoria, una fase de redacción que incluye la evaluación de impacto y una fase de consulta (mínimo seis semanas). Un Consejo de Análisis de Impacto de la Regulación elabora informes sobre las propuestas y evaluaciones de impacto del Gobierno. Si el proceso requiere una participación más amplia, se puede establecer un órgano preparatorio específico con las partes interesadas, representantes de los ministerios, expertos y responsables políticos. Para crear la Administración Nacional de Tribunales , se estableció un órgano preparatorio de este tipo, en el que participaron miembros de la judicatura. En una reforma reciente de la Ley de procedimiento judicial contencioso-administrativo , una red de partes interesadas participó en el proceso de preparación.

En el contexto de la pandemia de COVID-19 se ejercieron poderes de emergencia que han estado sujetos a un control de constitucionalidad. Durante la pandemia de COVID-19 se aplicó la Ley de poderes de emergencia, que confiere al Gobierno una serie de facultades para situaciones de emergencia. Entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2020 , los decretos adoptados por el Gobierno en el ejercicio de dichas facultades debían llevarse al Parlamento para su aprobación, modificación o devolución. El Gobierno presentó distintos decretos a la aprobación del Parlamento durante la pandemia de COVID-19 . Ello implicó su examen por la Comisión de Derecho Constitucional, una comisión parlamentaria que evalúa la constitucionalidad de las propuestas presentadas al Parlamento, la cual elaboró informes sobre todos los derechos adoptados en virtud de la Ley de poderes de emergencia y en ocasiones solicitó modificaciones . Además, el Canciller de Justicia examina la constitucionalidad de la legislación de emergencia y ha iniciado al menos doce investigaciones por iniciativa propia en relación con el uso de los poderes de emergencia que permanecen abiertas, en las cuales ha solicitado aclaraciones adicionales a las autoridades .

Se ha iniciado un proceso de reforma para aclarar los mandatos de las distintas autoridades independientes que salvaguardan los derechos fundamentales. La Constitución establece que el Canciller de Justicia y el Defensor del Pueblo del Parlamento son los dos guardianes supremos de la legalidad y los derechos fundamentales, con funciones similares y concurrentes de supervisión de las actividades de las autoridades públicas y vigilancia de la legalidad y el Estado de Derecho en el ejercicio de la autoridad pública por el Gobierno, las instituciones públicas y los órganos jurisdiccionales , aunque existe cierta especialización en la práctica . Además, desde 2018, el Canciller de Justicia garantiza el control previo de la legalidad de los proyectos legislativos que se presentan al Parlamento. El Defensor del Pueblo del Parlamento y el Centro de Derechos Humanos (y su delegación) constituyen conjuntamente la Institución Nacional de Derechos Humanos, que volvió a obtener la acreditación A-Status de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en 2019. Para aclarar los mandatos y la división de competencias entre el Defensor del Pueblo del Parlamento y el Canciller de Justicia, el Gobierno inició un proceso de reforma en 2018 y está previsto que presente una propuesta legislativa al Parlamento en el otoño de 2020 . Ambas instituciones han expresado su apoyo a la reforma y participado en la fase de preparación .

El Programa de Democracia Nacional tiene por objeto mejorar el marco de la sociedad civil y la democracia participativa. Se considera que la sociedad civil tiene un espacio abierto en Finlandia . Existen varios mecanismos para involucrar a la sociedad civil en el proceso decisorio, como el Consejo Asesor sobre Política de la Sociedad Civil (creado en 2017), que promueve el diálogo entre las autoridades públicas y la sociedad civil. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil señalan que, en ocasiones, las consultas son un puro formulismo o se realizan en una fase tardía del proceso . El Programa de Democracia Nacional 2025, adoptado en 2019, tiene por objeto mejorar el marco de la democracia participativa, la colaboración y consulta con la sociedad civil. Además, este Programa pretende fortalecer las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil y promover la educación en materia de democracia y derechos humanos .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Anti-Corruption Finland, National legislation. https://korruptiontorjunta.fi/en/national-legislation .

CEPEJ (2020), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.

Chancellor of Justice (3 April 2020), Deputy Chancellor of Justice Puumainen's inquiries in connection with the Covid-19 epidemic. https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/535/apulaisoikeuskansleri-puumalaisen-selvityspyynnot-covid-19-epidemian-yhteydessa/ .

Chancellor of Justice (19 May 2020), Chancellor of Justice Tuomas Pöysti's requests for clarification in connection with the Covid-19 epidemic. https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/538/oikeuskansleri-tuomas-poystin-selvityspyynnot-covid-19-epidemian-yhteydessa/ .

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

CIVICUS, Finland country profile, https://monitor.civicus.org/country/finland/ .

Committee report 2/2020 vp – M1/2020 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/PeVM_2+2020.aspx .

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Recommendation CM/REC(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform .

Dirección General de Comunicación (2020), Special Eurobarometer 502: Corruption.

Comisión Europea (2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.