Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA /* COM/2012/0428 final - 2012/0205 (CNS) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA En el Estudio Prospectivo Anual para 2012[1], y, en particular, en su anexo IV (políticas fiscales favorables al crecimiento en los Estados miembros y mejor coordinación fiscal en la UE), la Comisión hizo hincapié en la necesidad de incrementar la eficiencia del IVA en el contexto del saneamiento presupuestario. Se indicaba que era posible contribuir al incremento de los ingresos de las administraciones públicas mejorando el sistema de recaudación del impuesto y haciendo frente al fraude fiscal. Los mecanismos de fraude del IVA evolucionan con rapidez y, en ocasiones, los Estados miembros se ven enfrentados a situaciones en las que la normativa de la UE en materia de IVA no les aporta una base jurídica en la que sustentar las medidas de respuesta que desean adoptar. Hasta el momento, tales situaciones se han resuelto introduciendo modificaciones a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[2] (en lo sucesivo denominada «la Directiva del IVA»), o autorizando a los Estados miembros a aplicar medidas de excepción individuales, de conformidad con el artículo 395 de la Directiva del IVA. Dicho artículo ofrece en la actualidad a los Estados miembros la posibilidad de acogerse a una medida de excepción a fin de combatir el fraude (aunque también prevé como posible objetivo alternativo la simplificación). Para ello es preciso que la Comisión presente una propuesta (favorable), proceso que puede durar hasta 8 meses, tal como prevé el artículo 395, apartado 4, de la Directiva del IVA, y que el Consejo adopte dicha propuesta por unanimidad, lo que puede provocar más demoras. En ambos casos, el proceso es lento y complicado por naturaleza y contrasta con la rapidez con que surgen los fenómenos de fraude a escala internacional, como por ejemplo, el fraude carrusel, que se produce en el contexto de servicios prestados con gran celeridad al operador sucesivo (frente al tipo de fraude más tradicional que afecta a los bienes). Por tanto, el proceso de concesión de excepciones o de modificación de la Directiva del IVA puede generar pérdidas económicas significativas e irreparables. Así lo demuestra una reciente estimación, según la cual, entre junio de 2008 y diciembre de 2009 se registraron pérdidas por valor de 5 000 millones de euros en relación con el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero[3]. En este contexto, los Estados miembros pueden verse inducidos a adoptar medidas inmediatas sin disponer de un fundamento jurídico en la normativa de la UE. Esta situación, no obstante, dista de ser la ideal, dado que, incluso en el caso de que las medidas adoptadas sean apropiadas y proporcionadas a la situación de fraude, pueden ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales por su carencia de fundamento jurídico. La consecución de un sistema del IVA más robusto a escala de la UE fue también uno de los objetivos fundamentales que se planteó en la Comunicación sobre el futuro del IVA[4] , presentada el 6 de diciembre de 2011, y en la que la propuesta que ahora se presenta figuraba como acción prioritaria para el logro del mismo. La presente propuesta pretende, por tanto, introducir en la Directiva del IVA un procedimiento que, en situaciones muy específicas, aporte una base jurídica que permita a los Estados miembros adoptar medidas inmediatas, y que se denominará «mecanismo de reacción rápida» (en lo sucesivo, MRR). El MRR no tiene por objeto sustituir al sistema de excepciones vigente en la actualidad, sino que su ámbito de aplicación queda circunscrito a situaciones de fraude repentino y masivo en uno o varios sectores económicos específicos de un determinado Estado miembro que no puedan atajarse mediante instrumentos de control y coerción tradicionales y que puedan causar pérdidas irreparables. Dado que este nuevo mecanismo solo aportará valor añadido si las decisiones pueden adoptarse con mayor rapidez que en el marco de los procedimientos en vigor, se propone que la Comisión ejerza las competencias de ejecución que le confiere el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de garantizar la correcta aplicación de la Directiva del IVA y de evitar que se produzcan pérdidas presupuestarias y se infrinja el principio de equidad tributaria. Con vistas a la adopción de decisiones de ejecución que autoricen al Estado miembro requirente a aplicar una medida de excepción destinada a la lucha contra el fraude, se recurrirá al procedimiento de examen, tal como lo prevé expresamente en el ámbito de la fiscalidad el artículo 2, apartado 2, letra b) inciso v), del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[5] (denominado en lo sucesivo «el Reglamento de comitología»), y cuyos aspectos jurídicos y prácticos se establecen en el artículo 5 de dicho Reglamento. En combinación con este artículo, la Comisión podría adoptar actos inmediatamente aplicables basándose en razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, en el sentido del artículo 8 del Reglamento de comitología. Esta sería la forma más rápida de proporcionar un fundamento jurídico a las medidas de excepción que deban aplicarse en un Estado miembro con muy poco plazo. Como ya se ha mencionado, todo ello pone de relieve el carácter excepcional que reviste el MRR y explica lo limitado de su ámbito de aplicación. Como excepción al plazo ordinario de seis meses fijado en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de comitología, se propone que el plazo de vigencia de toda autorización concedida en el marco del MRR se amplíe a un año, como máximo. Ello permitiría entre tanto a los Estados miembros seguir el procedimiento ordinario previsto en el artículo 395 de la Directiva del IVA o aplicar otras medidas de lucha contra el fraude que no exigieran una excepción. De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de comitología, el acto habría de presentarse ante el comité competente, en este caso, el Comité Permanente de Cooperación Administrativa (SCAC), en los 14 días siguientes a su adopción por la Comisión. El artículo 3, apartado 5, del Reglamento de comitología prevé, en casos debidamente justificados, la posibilidad de obtener el dictamen del comité por procedimiento escrito, y la Comisión tiene previsto acogerse a ella a fin de acelerar en lo posible el procedimiento. Pese a la posibilidad que brinda el artículo 3, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de comitología, un Estado miembro no podrá poner fin al procedimiento escrito previa solicitud a fin de convocar una reunión, puesto que ello demoraría considerablemente el procedimiento en su conjunto. Se entiende que en caso de que el Comité emita un dictamen no favorable, la Comisión deberá revocar inmediatamente la medida de excepción de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento de comitología. Por lo que respecta a la naturaleza de las excepciones que puedan autorizarse en el marco del MRR, se propone confeccionar y acordar una lista de medidas de lucha contra el fraude, teniendo en cuenta que, una vez se haya presentado una solicitud en el marco del MRR, los Estados miembros no dispondrán de tiempo, o tan solo de un plazo muy breve, para entablar un debate en profundidad sobre el tipo de medidas de lucha contra el fraude necesarias. Además, esta forma de proceder permitirá a la Comisión trabajar en buena medida con una lista de textos preestablecidos, lo que permitirá, a su vez, reducir los plazos de tramitación y traducción. La única medida de lucha contra el fraude que se especifica en la presente propuesta es el denominado «mecanismo de inversión del sujeto pasivo», en virtud del cual, el pago del IVA adeudado recae en el sujeto pasivo destinatario en vez de en el proveedor de los bienes o servicios, tal como dispone la norma general. En la medida en que el destinatario disfrute de pleno derecho a deducción, deberá declarar y deducir el IVA en la misma declaración fiscal y por tanto no se producirá ningún pago ni devolución efectivos, lo que reducirá las posibilidades de fraude. Pese a los efectos colaterales negativos que puede provocar a medio plazo, esta medida se ha revelado un instrumento eficaz para la eliminación del fraude (en particular del «fraude carrusel») si se aplica discriminadamente en sectores específicos. Las demás medidas deben ser fijadas por el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, de tal modo que queden fijadas antes de pasar a incluirse en cualquier solicitud en el marco del MRR. En cuanto a los aspectos de procedimiento, los Estados miembros deben presentar una solicitud a la Comisión exponiendo su intención de introducir una medida de excepción en el marco del MRR. En la misma deben explicar de forma detallada las circunstancias excepcionales que rodean a la situación de fraude y que llevan a justificar la aplicación del MRR; cuando lo estime oportuno, la Comisión solicitará información adicional. Una vez que disponga de toda la información necesaria, la Comisión, en el plazo de un mes, autorizará la medida o informará al Estado miembro en cuestión de la denegación de su solicitud A fin de simplificar al máximo el proceso, la solicitud de un Estado miembro debe presentarse mediante un formulario normalizado, elaborado por la Comisión y que contenga una lista de preguntas establecidas de antemano, de forma que se pueda efectuar un análisis y una evaluación más rápidos y globales de la situación de fraude que haya motivado la solicitud de excepción. Por lo que a la organización interna se refiere, la Comisión garantizará el establecimiento de un procedimiento de toma de decisiones acelerado. La excepción debe ser otorgada por la propia Comisión, sin necesidad de esperar a que el Consejo se pronuncie e incluso antes de que el comité competente emita su dictamen. Por otro lado, al verse afectado únicamente un Estado miembro, la adopción de la decisión podría llevarse a cabo basándose en una sola versión lingüística. La combinación de todos estos factores podría facilitar la adopción de la decisión en el plazo de un mes, una vez que la Comisión disponga de toda la información necesaria. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO En el contexto de la Comunicación sobre el futuro del IVA mencionada anteriormente, se llevó a cabo una consulta pública sobre la posible utilización de un mecanismo de reacción rápida. Antes de dicha consulta, la cuestión se había debatido con los Estados miembros en el seno del grupo de expertos en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal, donde quedó patente que la implantación de un mecanismo de este tipo despertaba un auténtico interés. La presente propuesta reviste fundamentalmente carácter procedimental. Su objetivo es acelerar, en casos de urgencia, la posibilidad – a la que los Estados miembros se acogen ya en la actualidad – de obtener una autorización de excepción a lo dispuesto en la Directiva del IVA. Así pues, en este contexto, no procedía efectuar una evaluación de impacto. Tan solo las medidas nacionales ulteriores que se autoricen en el marco del MRR (al igual que las autorizadas hoy en día con arreglo al artículo 395) podrían tener cierto impacto, y este sería, en cualquier caso, poco significativo, habida cuenta de lo limitado del ámbito de aplicación y de la duración de dichas medidas. Por otro lado, dado que no se conocen de antemano los casos concretos que van a dar lugar a la solicitud de un Estado miembro de acogerse al mecanismo de reacción rápida, no es posible hacer una estimación cuantitativa del posible impacto del mismo frente al del actual procedimiento de excepción, ya que, como es obvio, ello dependerá siempre de cada caso específico. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Con objeto de brindar a los Estados miembros una ayuda mas eficaz en su lucha contra las formas agresivas de fraude en materia de IVA, la medida propuesta complementa el procedimiento de adopción de determinadas medidas de excepción a fin de garantizar una respuesta más rápida y, por ende, más adecuada y efectiva, ante tales fenómenos. La presente propuesta supone, por tanto, una modificación de la Directiva del IVA. La acción de la UE se justifica por razones de subsidiariedad, en virtud de la base jurídica que permite a la Unión actuar en el ámbito de la fiscalidad indirecta, prevista en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se recurre a las competencias de ejecución de la Comisión de conformidad con el artículo 291 del TFUE y con el Reglamento de comitología, según el cual, para abordar las cuestiones fiscales debe utilizarse el procedimiento de examen. La utilización de actos inmediatamente aplicables se justifica por el riesgo de que se produzcan pérdidas económicas irreparables. Por consiguiente, se acelerará el procedimiento de adopción de este tipo de medida de excepción. Los fenómenos de fraude repentino y masivo mencionados anteriormente (por ejemplo, fraude carrusel o fraude del operador desaparecido) tienen muy a menudo una dimensión internacional. Los Estados miembros se ven enfrentados a nuevas modalidades de comercio (por ejemplo servicios comercializables a escala internacional) y no están preparados para hacer frente a título individual a unos circuitos (inmateriales) de fraude que afectan simultáneamente a varios países. Por tanto, el objetivo de combatir el fraude puede alcanzarse mejor a escala de la UE a través de una directiva que ofrezca a los Estados miembros la posibilidad de disponer, en casos excepcionales, de una base jurídica para adoptar una medida de excepción con mucha mayor rapidez que en la actualidad. Ello no excede, por tanto, de lo necesario para alcanzar el objetivo. El instrumento propuesto es una directiva, dado que la legislación objeto de modificación es asimismo una directiva y, por tanto, no resultaría apropiado ningún otro acto legislativo. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE. 2012/0205 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 113, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Parlamento Europeo[6], Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[7], De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente: (1) El fraude fiscal en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) provoca pérdidas presupuestarias considerables y afecta a las condiciones de competencia y, por ende, al funcionamiento del mercado interior. Recientemente, han surgido modalidades específicas de fraude fiscal repentino y masivo, especialmente a través de la utilización de medios electrónicos, que facilitan el comercio ilícito rápido a gran escala. (2) La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[8], autoriza a los Estados miembros a aplicar una excepción a fin de evitar determinadas formas de fraude y evasión fiscales. La autorización de dicha excepción exige una propuesta de la Comisión y la adopción de la misma por el Consejo. La experiencia reciente ha demostrado que el proceso de concesión de excepciones no siempre es lo suficientemente flexible para responder pronta y apropiadamente a las solicitudes de los Estados miembros. (3) A fin de garantizar el respeto del principio de justicia fiscal y la aplicación de la Directiva 2006/112/CE en casos en que el actual procedimiento de excepción no es adecuado, resulta necesario establecer un nuevo procedimiento para la concesión de excepciones, denominado «mecanismo de reacción rápida». (4) Con objeto de acelerar la adopción de las medidas de excepción necesarias y garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la Directiva 2006/112/CE, resulta oportuno conferir a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la concesión al Estado miembro requirente de autorización para introducir medidas de excepción en el marco específico del mecanismo de reacción rápida. Procede que dichas competencias se ejerzan de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[9]. (5) Resulta oportuno que la Comisión adopte actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la autorización concedida al Estado miembro requirente para la adopción de medidas de excepción, así lo exijan razones imperiosas de urgencia. Es preciso adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables para atajar modalidades de fraude repentino y masivo que pueden generar pérdidas significativas e irreparables. (6) Procede ampliar el plazo máximo de vigencia de los actos de ejecución inmediatamente aplicables a fin de permitir al Estado miembro afectado establecer entre tanto medidas de carácter más permanente. De esta forma se dispondría asimismo, en su caso, de tiempo suficiente para aplicar el procedimiento de excepción previsto en el artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE. (7) La designación del destinatario como deudor del IVA (inversión del sujeto pasivo) es una medida efectiva para atajar de manera inmediata los tipos más usuales de fraude fiscal en determinados sectores. No obstante, dado que la situación puede ir evolucionando, cabe la posibilidad de que sea necesario autorizar también otro tipo de medidas. A tal fin conviene que, en su caso, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determine cualquier otra medida que se inscriba en el ámbito de aplicación del mecanismo de reacción rápida. Resulta oportuno establecer el tipo de medidas que podrán autorizarse a fin de reducir al máximo el plazo requerido por la Comisión para la autorización de excepciones. (8) Resulta asimismo necesario elaborar un formulario normalizado para las solicitudes presentadas por los Estados miembros a fin de facilitar la comprensión y ulterior tramitación de estas. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la Directiva 2006/112/CE, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta al formulario normalizado. (9) Con objeto de acelerar la adopción de los actos de ejecución relacionados con la autorización concedida al Estado miembro requirente para que introduzca medidas de excepción en el marco específico del mecanismo de reacción rápida, procede que el presidente del comité aplique el procedimiento escrito contemplado en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 182/2011. Asimismo, es preciso excluir la posibilidad de que un miembro del comité solicite poner fin al procedimiento escrito sin resultado. (10) Habida cuenta de que el objetivo de la acción prevista, a saber, combatir los fenómenos de fraude repentino y masivo en el ámbito del IVA –fenómenos que muy a menudo tienen dimensión internacional–, no puede ser alcanzado de forma suficiente por los Estados miembros, ya que estos últimos no están en condiciones de hacer frente a título individual a los circuitos de fraude vinculados con nuevas formas de comercio que afectan simultáneamente a varios países, y de que dicho objetivo puede por tanto lograrse de forma más eficaz a escala de la Unión, puesto que esta garantiza una respuesta más rápida y por consiguiente más efectiva y apropiada ante los fenómenos mencionados, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad, tal como establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (11) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 En el capítulo 2 del Título XIII de la Directiva 2006/112/CE, se inserta la sección 1 bis siguiente: «Sección 1 bis Mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA Artículo 395 bis 1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución mediante los que se autorice a un Estado miembro a introducir, no obstante lo dispuesto en la presente Directiva, las medidas especiales previstas a continuación, a fin de combatir modalidades de fraude repentino y masivo en el ámbito del IVA que puedan generar pérdidas económicas significativas e irreparables: a) la designación del destinatario como deudor del IVA que grave entregas de bienes y prestaciones de servicios específicas, no obstante lo dispuesto en el artículo 193, previa presentación al efecto de la solicitud mencionada en el apartado 2 del presente artículo; b) cualquier otra medida que establezca el Consejo por unanimidad y a propuesta de la Comisión. A efectos de lo dispuesto en la letra a), los Estados miembros someterán la medida especial a los oportunos controles por lo que respecta a los sujetos pasivos que entreguen los bienes o presten los servicios a los que esta se aplique. Los actos de ejecución a los que se hace referencia en el párrafo primero del presente apartado se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 395 ter, apartado 2. Cuando existan razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas para conceder al Estado miembro requirente autorización a fin de que introduzca las medidas de excepción previstas en el párrafo primero del presente apartado, la Comisión adoptará inmediatamente actos de ejecución de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 395 ter, apartado 3. Dichos actos se mantendrán en vigor durante un periodo que no excederá de un año. 2. Cuando un Estado miembro desee adoptar una de las medidas contempladas en el apartado 1, enviará una solicitud a la Comisión. Dicho Estado miembro deberá facilitar a esta última información relativa al sector afectado, el tipo y las características del fraude observado, el carácter repentino y masivo del mismo, así como sus consecuencias en cuanto a la generación de pérdidas económicas significativas e irreparables. En caso de que la Comisión considere que no dispone de toda la información necesaria, se pondrá en contacto con el Estado miembro en cuestión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud especificando la información adicional que requiere. Una vez que reúna toda la información que estime necesaria para la evaluación de la solicitud, la Comisión deberá, en el plazo de un mes, autorizar la medida especial o bien, en caso de que se oponga a la medida solicitada, informar al respecto al Estado miembro afectado. 3. La Comisión adoptará un acto de ejecución mediante el que establecerá un formulario normalizado para el envío de la información mencionada en el apartado 2, párrafo primero. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 395 ter, apartado 2. Artículo 395 ter 1. La Comisión estará asistida por el comité creado en virtud del artículo 58 del Reglamento (UE) n° 904/2010 del Consejo(*). Este comité será un comité en el sentido de lo previsto en el Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(**). 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en relación con su artículo 5. Cuando el dictamen del Comité vaya a obtenerse por procedimiento escrito, únicamente se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado en caso de que, en el plazo previsto para la emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decida. __________________________ (*) DO L 268 de 12.10.2010, p. 1. (**) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.». Artículo 2 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 3 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] COM(2011) 815 final de 23.11.2011. [2] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. [3] Comunicado de prensa de Europol de 9 de diciembre de 2009, «Carbon Credit fraud causes more than EUR 5 billion damage for European Taxpayer» [El fraude relacionado con el sistema de créditos de carbono supone para el contribuyente europeo un perjuicio económico que asciende a más de 5 000 millones de euros]. [4] COM (2011) 851 final. [5] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. [6] DO L C …, p. …. [7] DO L C …, p. …. [8] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. [9] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.