El enfoque de incorporación de la Directiva varía entre los Estados miembros. Algunos Estados miembros han introducido medidas específicas que incorporan de forma explícita los derechos en virtud de la Directiva, junto con las medidas de aplicación prácticas o jurídicas. En otros, se consideró que las medidas existentes ya estaban en plena consonancia con las exigencias de la Directiva y no se adoptaron medidas específicas para incorporarlas. Mientras que la ausencia de disposiciones de incorporación expresas a veces se evita, por lo menos en cierto grado, a través de medidas de aplicación práctica y jurisprudencia, no es siempre el caso.

De conformidad con el artículo 14, los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 1 de abril de 2018. En esta fecha, once Estados miembros (Bulgaria, Chipre, Grecia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Austria, Rumanía, Eslovaquia y Suecia) no habían comunicado todas las medidas necesarias a la Comisión. Como resultado, en mayo de 2018, la Comisión inició procedimientos por incumplimiento en virtud del artículo 258 del TFUE contra dichos Estados miembros por falta de comunicación o comunicación parcial de las medidas de incorporación. Desde entonces, la mayoría de ellos han cumplido su obligación y se han suspendido los procedimientos por incumplimiento. No obstante, a raíz de controles de integridad, aún hay cuatro procedimientos por infracción en curso en casos en los que aún quedaban por incorporar determinadas disposiciones de la Directiva. Además, en febrero de 2021 se pusieron en marcha tres nuevos procedimientos por incumplimiento por comunicación parcial.

El artículo 5, apartado 1, exige a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física. Muchos Estados Miembros no han adoptado normas específicas para incorporar esta disposición.

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, la obligación establecida en el artículo 4, apartado 1, de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no impide a las autoridades públicas divulgar información sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal o el interés público. El Derecho nacional de algunos Estados miembros no cumple totalmente esa disposición, por una o varias de las siguientes razones. No todas las autoridades públicas o tipos de información están incluidos en las correspondientes medidas nacionales, la ausencia del requisito «cuando sea estrictamente necesario», o la ausencia de condiciones claras que limiten la divulgación de la información. En algunos casos, los problemas de cumplimiento tienen un menor efecto en la práctica, ya que las directrices no vinculantes jurídicamente también son relevantes, como sucede con las guías de prensa, destinadas al contacto con los periodistas y a la divulgación de información a los mismos.

En algunos Estados miembros estos problemas se deben principalmente a la ausencia de incorporación y en 13 Estados miembros, principalmente, al alcance más limitado de las disposiciones nacionales que no abarcan todas las autoridades públicas o fases del procedimiento, o no abarcan las decisiones judiciales, como exige la Directiva.

Solo seis Estados miembros cuentan con legislación que cumple plenamente el artículo 4, apartado 1, que exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, y de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios o en pruebas de cargo. Sobre esta base y de acuerdo con el considerando 16, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva «no regula las circunstancias en las que se podrían adoptar decisiones sobre la prisión preventiva».

El capítulo 2 de la Directiva se refiere al principio de presunción de inocencia. El artículo 3 exige a los Estados miembros que garanticen que se presuma la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley. En un Estado miembro, el principio está garantizado para los demandados y detenidos, pero no para los sospechosos que no han sido detenidos.

Mientras que algunos Estados miembros no ha incorporado de forma expresa el artículo 2, el alcance de las medidas nacionales que dan efecto a los derechos de la Directiva están, sin embargo, en su mayoría, en consonancia con la Directiva. Sin embargo, en un Estado miembro las medidas de incorporación solo afectan a las personas que han sido detenidas o acusadas, pero no son sospechosos de facto, lo que dificulta significativamente el cumplimiento de la Directiva. En algunos Estados miembros los problemas de cumplimiento surgen como resultado del alcance temporal más limitado de las medidas nacionales. Estas limitaciones al ámbito temporal podrían afectar al ámbito personal también, donde tienen un efecto en la forma en que se inicia el procedimiento o el punto en el que una persona se considera sospechoso.

En los casos en que se cumplen estas condiciones, el Tribunal de Justicia ha aclarado que la Directiva no excluye el Derecho nacional, que establece que el derecho a estar presente en el juicio no se vulnera cuando la persona acusada decide de forma inequívoca no aparecer en una de las audiencias celebrada en relación con su juicio.

De conformidad con el artículo 7, apartado 5, el ejercicio por parte de los sospechosos y acusados del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos no se utilizará en su contra ni se considerará prueba de haber cometido la infracción penal de que se trate. En 14 Estados miembros no existen disposiciones nacionales que prohíban expresamente la extracción de inferencias negativas. Sin embargo, no se considera que ello afecte a la conformidad con la Directiva en algunos de esos Estados miembros, dado que la conformidad puede inferirse de las disposiciones generales sobre la admisibilidad de las pruebas, o bien la jurisprudencia muestra que la norma se sigue constantemente en la práctica. Un ejemplo de esto es cuando el Tribunal Constitucional considera que prohibir extraer inferencias negativas es parte integral del derecho a permanecer en silencio y a no declarar contra sí mismo. En los demás Estados miembros, se considera que la brecha también afecta a la conformidad, ya que las disposiciones generales no son suficientes o no tienen un alcance lo suficientemente amplio. En un Estado miembro, a pesar de que se haya incorporado el artículo 7, apartado 5, la conformidad es solo parcial, ya que, aunque los tribunales tienen sensibilidad para no permitir que se extraigan conclusiones negativas derivadas del silencio del demandado o de su negativa a declarar contra sí mismo, esta protección no se extiende a los sospechosos de facto.

Todos los Estados miembros incorporaron el artículo 7, apartado 3, por lo que el ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo no impide a las autoridades competentes recabar pruebas que puedan obtenerse legalmente mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos.

Este problema también afecta al cumplimiento del artículo 7, apartado 2, que exige a los Estados miembros que garanticen que los sospechosos y los acusados tengan derecho a no declarar contra sí mismos. Además, otros Estados miembros no han incorporado expresamente el artículo 7, apartado 2. Sin embargo, en uno de ellos, el Tribunal Supremo ha reconocido este derecho en varias ocasiones, mientras que el Derecho nacional o la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dos Estados miembros no reflejan ninguna garantía explícita del derecho a no declarar contra sí mismo.

El artículo 6, apartado 2, exige a los Estados miembros que garanticen que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto. En algunos Estados miembros, aunque que no exista una incorporación expresa de este principio, se trata de un principio general reconocido por la jurisprudencia. Un único Estado miembro no cumple íntegramente el artículo 6, apartado 2, porque cuando la acusación o el abogado defensor deciden no interrogar a un testigo, el juez está facultado para concluir que el abogado defensor y el cliente aceptan la postura de ese testigo y, por lo tanto, comprometen la presunción de inocencia.

La legislación de algunos Estados miembros no es totalmente compatible con el artículo 8, apartado 2, letra a), ya que no se cumple la obligación de informar a los acusados del juicio a su debido tiempo o la obligación de informar al acusado de las consecuencias de la no comparecencia. En la práctica, a veces es difícil para las personas acusadas demostrar que no estaban informados del juicio, como resultado del método de notificación (por ejemplo, correo simple con acuse de recibo). La legislación de algunos Estados miembros no cumple íntegramente el artículo 8, apartado 2, letra b), ya que no asegura que el abogado designado por el Estado reciba la solicitud de defensa de la persona acusada, sobre todo cuando la asistencia obligatoria de un abogado en ausencia de la persona acusada esté muy extendida en la práctica.

Mientras que los juicios in absentia son posibles en la mayoría de Estados miembros, la práctica demuestra que en algunos de ellos, en ausencia de los demandados, los tribunales suelen aplazar la audiencia y emitir una orden de comparecencia al acto de la vista o una orden de detención.

El artículo 8, apartado 4, establece que, si los Estados miembros establecen la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no es posible cumplir las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 2 porque el sospechoso o acusado no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, los Estados miembros podrán prever que, no obstante, se pueda adoptar y ejecutar una resolución. Las cuestiones de cumplimiento se identificaron en algunos Estados miembros debido al alcance más amplio de las medidas nacionales que permiten juicios in absentia que no incluyen un requisito explícito de que se deben hacer esfuerzos «razonables» para localizar a la persona.

Si los Estados miembros utilizan la opción anterior, deberán garantizar que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resolución, más concretamente cuando se les detenga, se les informe además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso con arreglo al artículo 9. Las cuestiones de cumplimiento se identificaron en diez Estados miembros como consecuencia de la ausencia de una disposición pertinente en el Derecho nacional o de la falta de claridad jurídica.

De conformidad con el artículo 8, apartado 5, el artículo 8 se entiende sin perjuicio de las normas nacionales que dispongan que el juez o el tribunal competente puede excluir temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado cuando sea necesario para asegurar el curso adecuado del proceso penal, siempre que se respete el derecho de defensa. En algunos Estados miembros la incorporación no está en consonancia con la Directiva como consecuencia del alcance más limitado de las medidas nacionales (por ejemplo, cuando la conformidad no está garantizada en el contexto de juicios por faltas y delitos menores) o la ausencia de límites en el ámbito temporal de la exclusión del juicio de las personas sospechosas o acusadas, que permite excluirlos del proceso judicial completo.

3.3.2.Derecho a un nuevo juicio: artículo 9

El artículo 9 exige a los Estados miembros que velen por que, cuando los sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio y no se cumplan las condiciones fijadas en el artículo 8, apartado 2, estos tengan derecho a un nuevo juicio, u otras vías de recurso, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original. En este sentido, los Estados miembros deben garantizar que dichos sospechosos o acusados tengan derecho a estar presentes, a participar efectivamente, de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional, y a ejercer su derecho de defensa.

La mayoría de los Estados miembros cumplen estas condiciones, como una nueva apreciación del fondo del asunto, convencidos de que un juicio in absentia es posible mediante apelación o un recurso específico que conduzca a un nuevo juicio. En dos Estados miembros, sin embargo, los recursos disponibles no siempre permiten una nueva apreciación del asunto, lo que afecta a la conformidad.

3.4.Recursos (capítulo 4, artículo 10)

El artículo 10, apartado 1, exige a los Estados miembros que velen por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la Directiva, los sospechosos y acusados dispongan de vías efectivas de recurso.

Algunos Estados miembros no son totalmente compatibles debido al alcance más limitado de sus medidas nacionales, ya sea con respecto a las autoridades o las fases del procedimiento para el cual están disponibles los recursos, o respecto a los derechos cuyas violaciones están cubiertas por los recursos disponibles.

En un Estado miembro, el tema se relaciona directamente con la ineficacia potencial de los recursos en la práctica, debido a los requisitos estrictos establecidos para la responsabilidad por los incumplimientos cometidos por las autoridades que establecen un umbral alto de la prueba e incluyen la compensación por cualquier incumplimiento que las autoridades puedan haber cometido por omisión o actuando de buena fe.

El artículo 10, apartado 2, establece que, sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales en materia de admisibilidad de la prueba, los Estados miembros deben garantizar que se respeten el derecho de defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de valorar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a guardar silencio o a no declarar contra sí mismos.

Se identificaron cuestiones de cumplimiento en unos pocos Estados miembros debido al alcance más limitado del Derecho nacional (ninguna garantía con respecto los sospechosos de facto), la admisibilidad de las pruebas obtenidas de forma ilegal según el Derecho nacional, o la ausencia de disposiciones que aseguren una protección eficaz contra el uso de declaraciones o pruebas obtenidas vulnerando el derecho a permanecer en silencio o el derecho a no declarar contra sí mismo.

4.Conclusión

La Directiva se introdujo para mejorar la aplicación efectiva de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal. En general, la Directiva ha aportado un valor añadido de la UE al elevar el nivel de protección de los ciudadanos que participan en procesos penales, especialmente en algunos Estados miembros en los que ciertos aspectos de la presunción de inocencia no estaban consagrados en la legislación nacional.

Sin embargo, este informe subraya que aún existen dificultades relativas a las disposiciones clave de la Directiva en algunos Estados miembros. Esto es especialmente cierto en cuanto al alcance de las medidas nacionales de aplicación de la Directiva y a la incorporación de las disposiciones de la Directiva sobre la prohibición de las referencias públicas a la culpa y sobre el derecho a no declarar contra sí mismo.

La Comisión, como cuestión de prioridad, seguirá persiguiendo los casos de incumplimiento abiertos por falta de incorporación plena de la Directiva. La Comisión seguirá evaluando el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y tomará todas las medidas necesarias para garantizar la conformidad con sus disposiciones en toda la Unión Europea.