·Calidad de los informes. Existen variaciones sustanciales en la coherencia, calidad y nivel de detalle de los informes. La falta de datos suficientemente detallados, especialmente a nivel de los Estados miembros, significó que la información ofrecida no revelaba si las acciones notificadas se implementaron en todos los Estados miembros o en todas las lenguas de la UE. Además, la inexistencia de un modelo de notificación común y acordado sigue obstaculizando un seguimiento y unas comparaciones entre plataformas más eficientes.

El programa de seguimiento no solo ha ofrecido una perspectiva general exhaustiva de las acciones adoptadas para contrarrestar la desinformación en torno a la COVID-19 a partir de los compromisos del Código, sino que también ha sometido a este a una prueba de resistencia.

El refuerzo del Código no es únicamente un paso provisional. Las presentes Orientaciones instan a convertir el Código en un instrumento sólido, estable y flexible que haga a las plataformas en línea más transparentes y responsables desde el diseño.

Reforzar el Código ofrece inmediatamente a las partes interesadas la oportunidad de diseñar medidas adecuadas con vistas a la adopción de la propuesta de Ley de servicios digitales. En particular, las Orientaciones también pretenden desarrollar el actual Código de Buenas Prácticas para convertirlo para convertirlo en un «Código de Conducta», como se prevé en su artículo 35. Concretamente, las plataformas de muy gran tamaño se beneficiarán de participar en el Código reforzado en previsión de las nuevas obligaciones que se les aplicarán en virtud de la propuesta de Ley de servicios digitales, en particular en materia de evaluación del riesgo, reducción del riesgo, empoderamiento de los usuarios y transparencia en torno a la publicidad. Las plataformas más pequeñas y otras partes interesadas también se beneficiarán de adherirse a compromisos adecuados en virtud del Código reforzado para sacar provecho de sus buenas prácticas y protegerse frente a riesgos de reputación planteados por el uso indebido de sus sistemas para propagar desinformación.

Las presentes Orientaciones establecen las opiniones de la Comisión sobre cómo deben reforzar las plataformas y otras partes interesadas pertinentes sus medidas destinadas a abordar las deficiencias y carencias del Código y crear un entorno digital más transparente, seguro y fiable. Un ámbito concreto en el que el Código no ha logrado realizar avances suficientes es la desmonetización de la desinformación, en la que los anuncios en línea siguen incentivando la difusión de la desinformación. Las plataformas en línea y otros agentes del ecosistema de la publicidad en línea deben asumir la responsabilidad y trabajar juntos para suprimir la financiación de la desinformación. Además, el Código revisado debe reforzar los compromisos para limitar los comportamientos manipuladores, reforzar los instrumentos de empoderamiento de los usuarios, aumentar la transparencia de la publicidad política y seguir empoderando a la comunidad investigadora y de verificación de datos. Asimismo, las Orientaciones también establecen las piedras angulares de un marco mejorado y sólido para el seguimiento del Código reforzado. Este también debe intentar lograr una participación más amplia de nuevos signatarios, como son las plataformas en línea adicionales activas en la UE, así como otros agentes pertinentes.

No obstante, la evaluación de la Comisión del Código de Buenas Prácticas en 2020 ha revelado deficiencias importantes. Entre otras, una aplicación incoherente e incompleta del Código en las plataformas y los Estados miembros, limitaciones intrínsecas al carácter autorregulador del Código, así como deficiencias en cuanto a la cobertura de los compromisos del mismo. Asimismo, la evaluación puso de relieve la inexistencia de un mecanismo de seguimiento adecuado, incluido de indicadores clave de rendimiento (KPI), la falta de compromisos sobre el acceso a los datos de las plataformas para investigar la desinformación y la participación limitada de las partes interesadas, en particular del sector publicitario. Por lo tanto, la Comisión anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea que publicará orientaciones para reforzar el Código, como parte de las medidas generales destinadas a abordar la desinformación en el entorno digital, y que presentará una legislación específica sobre la transparencia de la publicidad política.

Los signatarios deben adherirse a los compromisos que resultan pertinentes para sus servicios. Aunque la participación en el Código y la adhesión a sus compromisos siguen siendo voluntarias, a fin de garantizar la eficacia del Código como herramienta de reducción del riesgo, los signatarios no deben renunciar, en principio, a los compromisos que resultan pertinentes para sus servicios. Cuando los signatarios renuncien a adherirse a un compromiso concreto que resulte pertinente para sus servicios, deben ofrecer una justificación pública, a tenor del considerando 68 de la propuesta de Ley de servicios digitales. Los signatarios que ofrecen herramientas, instrumentos o soluciones para luchar contra la desinformación pueden adherirse a compromisos adecuados y apoyar a otros signatarios del Código con su experiencia. Cualquier requisito de presentación de informes para dichas organizaciones debe adaptarse a su misión.

A fin de aumentar la repercusión del Código sobre la desmonetización de la desinformación, resulta esencial una mayor participación de las partes interesadas del ecosistema de la publicidad más allá del círculo de los actuales signatarios del Código (asociaciones europeas y nacionales del sector de la publicidad). El Código se beneficiaría en particular de una mayor implicación de las marcas (especialmente de aquellas con un importante gasto en publicidad en línea), así como de otros participantes del sector de la publicidad en línea (por ejemplo, intercambios de publicidad, proveedores de tecnología publicitaria, agencias de comunicación) y otros agentes que ofrecen servicios que pueden usarse para monetizar la desinformación (por ejemplo, servicios de pago electrónico, plataformas de comercio electrónico, sistemas de financiación participativa/donación).

Los signatarios del actual Código incluyen a las principales plataformas en línea que operan en la UE. No obstante, una mayor participación tanto de las plataformas establecidas como de las emergentes puede ofrecer una respuesta más amplia y coordinada a la propagación de la desinformación. Los posibles nuevos signatarios pueden incluir a proveedores de servicios en línea que difunden información al público, como medios sociales o servicios de búsqueda de menor tamaño (por ejemplo, agentes que ofrecen servicios a nivel nacional o regional o de forma especializada/temática). Dadas las pertinentes cargas normativas, incluidas las obligaciones de presentación de informes, los compromisos en virtud del Código reforzado deben tener en cuenta el tamaño de los servicios de los signatarios. Mientras que las plataformas en línea de muy gran tamaño necesitarán adoptar medidas sólidas para abordar los riesgos sistémicos pertinentes en virtud de la propuesta de Ley de servicios digitales, las medidas aplicables a servicios más pequeños o emergentes no les deben imponer una carga desproporcionada.

Las presentes Orientaciones usan (para facilitar la consulta) el término general «desinformación» para referirse a los diferentes fenómenos que deben abordarse, aunque reconoce claramente las importantes diferencias que existen entre ellos. La desinformación en este aspecto incluye la desinformación en sentido estricto, la información engañosa, así como las operaciones de influencia en la información y la injerencia extranjera en el espacio de información, incluido de agentes extranjeros, en caso de que la manipulación de la información se use con el efecto de causar un importante perjuicio público.

La «infodemia» en torno a la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la información errónea (información falsa o engañosa propagada sin una intención maliciosa) también puede suponer un perjuicio público sustancial si se viraliza. Aunque el principal objetivo sigue siendo la desinformación en sentido estricto, en el Código reforzado, los signatarios deben comprometerse a aplicar políticas adecuadas y a adoptar medidas proporcionadas para reducir los riesgos que plantea la información engañosa, en caso de que exista una importante dimensión de perjuicio público y con salvaguardias adecuadas para la libertad de palabra. Se debe empoderar a los usuarios para contrastar esta información con las fuentes autorizadas y se les debe informar en caso de que se pueda comprobar que la información que ven es falsa. De conformidad con esto, dependiendo de su carácter, no todos los compromisos del Código se aplicarán a la información engañosa.

Los compromisos del actual Código de Buenas Prácticas no son suficientemente eficaces a la hora de ofrecer una respuesta integral al fenómeno de la desinformación. Existe la necesidad de contar con unos compromisos más sólidos y específicos en todos los ámbitos del Código para abordar las deficiencias y carencias, incluidos los riesgos nuevos y emergentes. A fin de garantizar que el Código sigue siendo un instrumento vivo, los signatarios deben establecer un mecanismo permanente para su adaptación periódica.

·Falta de una suficiente cobertura de verificación de datos. Durante la «infodemia» de la COVID-19, los signatarios han aumentado sus actividades en materia de verificación de datos en sus servicios, las cuales también están cada vez más disponibles para los usuarios de aplicaciones de mensajería privada. No obstante, el contenido etiquetado como falso por verificadores de datos independientes tiende a resurgir en las plataformas debido a la inexistencia de un repositorio centralizado de verificación de datos.

·Evaluación independiente. El seguimiento de la COVID-19 ha confirmado la necesidad de una verificación independiente de los informes de los signatarios, en particular, de si las políticas y acciones notificadas se han aplicado en los Estados miembros y en todas las lenguas de la UE, y si los informes abordan suficientemente los problemas de desinformación a nivel nacional.

Como parte del Código reforzado, todos los agentes implicados en la compra, venta y colocación de anuncios digitales deben comprometerse a intercambiar mejores prácticas y a reforzar la cooperación. Dicha cooperación debe facilitar la integración y el flujo de información en toda la cadena de valor de la publicidad, en particular la información pertinente para identificar a proveedores de desinformación respetando plenamente todas las normas pertinentes en materia de protección de datos.

El Código debe reforzar los compromisos destinados a suprimir la financiación de la difusión de desinformación en los propios servicios de los signatarios o en sitios web de terceras partes . Para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en torno a la colocación de anuncios, los signatarios que participen en ella, incluidas las empresas de tecnología publicitaria, deben identificar los criterios que usan para colocar los anuncios, y adoptar medidas que permitan verificar el lugar de aterrizaje/destino de los anuncios, con el objetivo de evitar la colocación de estos junto a contenidos de desinformación o en lugares conocidos por publicar desinformación de forma reiterada. Las plataformas deben comprometerse, en particular, a endurecer los requisitos de admisibilidad y los procesos de revisión de contenidos para la monetización de contenidos y los programas de reparto de los ingresos por publicidad en sus servicios para impedir la participación de agentes que publican sistemáticamente contenidos desacreditados como desinformación. Además, las plataformas también deben comprometerse a reforzar las políticas pertinentes y a ejercer la diligencia debida con vistas a excluir la participación en las redes de publicidad o en los intercambios de publicidad de sitios web que provean constantemente contenidos de desinformación.

Como se describe en el Plan de Acción contra la desinformación de 2018, las plataformas en línea deben cooperar con el Sistema de Alerta Rápida de la UE, que conecta a todos los Estados miembros de la UE y las instituciones de la UE pertinentes para poder ofrecer respuestas conjuntas a la desinformación intercambiando información y ofreciendo alertas de forma oportuna sobre campañas de desinformación. A partir de esto, el Código reforzado debe explorar las oportunidades para reforzar dicha cooperación, en particular facilitando un intercambio informal entre los signatarios para presentar su trabajo y conclusiones, así como para garantizar unos vínculos estrechos, simplificados y coherentes a nivel nacional entre todos los Estados miembros y los signatarios según proceda. Este también debe tener en cuenta la cooperación con el EDMO, como se ha mencionado anteriormente.

El Código reforzado debe establecer nuevos compromisos en el ámbito de los comportamientos manipuladores inadmisibles, que abarquen todo el abanico de técnicas manipuladoras y que exijan respuestas eficaces para luchar contra ellos. Los compromisos deben exigir a los signatarios que aborden las técnicas manipuladoras en evolución, como las operaciones de pirateo y filtración, la apropiación de cuentas, la creación de grupos falsos, la suplantación de identidad, los deepfakes, la compra de participaciones falsas o la implicación opaca de personas influyentes. Además, los compromisos no deben exigir a los signatarios únicamente que publiquen políticas pertinentes, sino que también establezcan elementos, objetivos e indicadores de referencia para las medidas desplegadas para luchar contra los comportamientos manipuladores inadmisibles. El Código reforzado debe tener en cuenta las obligaciones de transparencia para los sistemas de IA que generan o manipulan contenidos, así como la lista de prácticas manipuladoras prohibidas en virtud de la propuesta de Ley sobre inteligencia artificial.

Para asegurar un enfoque coherente, el Código reforzado debe garantizar que los signatarios acuerden un entendimiento entre servicios de los comportamientos manipuladores no permitidos en sus servicios, incluidos los «comportamientos dolosos», sin perjuicio de las leyes de la UE y nacionales existentes. Este entendimiento debe ser suficientemente amplio para abarcar todo el abanico de comportamientos que pueden usar los agentes malintencionados para intentar manipular los servicios. Para tal fin, los signatarios deben elaborar una lista exhaustiva de tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) manipuladores que constituyen comportamientos dolosos inadmisibles en sus servicios. Las técnicas identificadas deben estar suficientemente definidas para permitir comparaciones de la prevalencia de comportamientos inadmisibles en las plataformas, así como la eficacia de las medidas adoptadas para luchar contra ellos. El entendimiento común debe ofrecer un vocabulario compartido para los signatarios, reguladores, sociedad civil y otras partes interesadas para debatir los problemas de desinformación y manipulación en línea tanto en el contexto del Código de Buenas Prácticas como en otros foros, como el Sistema De Alerta Rápida de la UE y la red de cooperación en materia de elecciones, y en preparación de la aplicación de la propuesta de Ley de servicios digitales propuesta. Este trabajo debe tener en cuenta la situación rápidamente cambiante relativa a los TTP y reflejar estos posibles cambios a la hora de desarrollar la terminología y las definiciones.

El Código reforzado debe ofrecer una cobertura exhaustiva de las formas actuales y emergentes de comportamientos manipuladores usados para propagar la desinformación. Debe tener en cuenta el carácter evolutivo de la propagación de desinformación y los mayores riesgos asociados a esta, por ejemplo, el hecho de que las campañas de desinformación puedan formar parte de amenazas híbridas a la seguridad, concretamente en combinación con ciberataques. Debe incluir compromisos específicos para abordar las vulnerabilidades y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto a las medidas adoptadas por los signatarios para limitar los comportamientos manipuladores que, según sus condiciones de servicio pertinentes, no están permitidos en los servicios de los signatarios, habida cuenta también de los futuros requisitos normativos establecidos en la propuesta de Ley de servicios digitales.

Algunas plataformas han desarrollado interfaces de programación de aplicaciones (API) u otras interfaces que permiten a los usuarios e investigadores realizar búsquedas personalizadas en sus repositorios de anuncios políticos. No obstante, las funcionalidades de estas API son muy limitadas. El Código reforzado debe garantizar que las API para los repositorios de anuncios políticos de las plataformas incluyan un grupo de funcionalidades mínimas, así como un conjunto de criterios de búsqueda mínimos que permitan a los usuarios e investigadores realizar búsquedas personalizadas para recuperar datos en tiempo real en formatos estándar, así como una fácil comparación, investigación y seguimiento entre plataformas. Si se crean repositorios de anuncios temáticos, estos deben contar con funcionalidades API y capacidades de búsqueda comparables. Los compromisos también deben garantizar el amplio acceso a las API y que las funcionalidades de estas se actualicen periódicamente para satisfacer las necesidades de los investigadores.

El Código reforzado debe contribuir a limitar o evitar los riesgos asociados a la microsegmentación de las personas con la publicidad política o temática. En este sentido, se debe garantizar el pleno cumplimiento del RGPD y de otras leyes pertinentes, en particular obteniendo un consentimiento válido en caso necesario. Debe facilitarse el acceso a la información para permitir a las autoridades competentes desempeñar su función de seguimiento y de control del cumplimiento de la normativa.

Los signatarios deben comprometerse a establecer canales de intercambio entre sus respectivos equipos de confianza y ciberseguridad y seguridad. Estos canales deben facilitar el intercambio proactivo de información sobre operaciones de influencia y la injerencia extranjera en el espacio de información en los servicios de los signatarios para evitar el resurgimiento de dichas campañas en otras plataformas. Los resultados y las lecciones aprendidas deben incluirse en los informes anuales de seguimiento de los signatarios, debatirse en el grupo de trabajo permanente y ponerse a disposición de forma periódica en formatos comunes de datos.

Los compromisos garantizarán que todas las políticas y medidas se comuniquen claramente a los usuarios, como son a través del centro de transparencia. Asimismo, los signatarios deben comprometerse a que todas las acciones contra los comportamientos manipuladores inadmisibles estén sujetas a un sistema interno de gestión de reclamaciones, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la propuesta de Ley de servicios digitales.

7Empoderamiento de los usuarios

Empoderar a los usuarios resulta esencial para limitar el impacto de la desinformación. Un mejor entendimiento del funcionamiento de los servicios en línea, así como herramientas que fomenten un comportamiento en línea más responsable o que permitan a los usuarios detectar contenidos falsos o engañosos e informar acerca de ellos, pueden limitar drásticamente la propagación de la desinformación. Los compromisos del Código en este ámbito deben ampliarse para abarcar un amplio abanico de servicios, incluidos, por ejemplo, compromisos específicos para los servicios de mensajería. Asimismo, deben incluir mecanismos para recurrir contra las medidas adoptadas por los signatarios como seguimiento a los informes de los usuarios. Los signatarios también deben considerar de forma específica la situación de los niños, los cuales pueden resultar especialmente vulnerables ante la desinformación.

Compromiso con las medidas para mejorar la alfabetización mediática

Varios signatarios han realizado esfuerzos en el ámbito de la alfabetización mediática ofreciendo a los usuarios herramientas pertinentes. En virtud del Código reforzado, los signatarios deben comprometerse a seguir realizando estos esfuerzos y especialmente a lograr una mayor participación de la comunidad de la alfabetización mediática en el diseño y aplicación de las herramientas para las campañas de alfabetización mediática y la evaluación de estas últimas en sus servicios, entre otras cosas para proteger a los niños. Estos esfuerzos también pueden estar en consonancia con las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la alfabetización mediática, incluido el nuevo Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027), para aprovechar las sinergias pertinentes. Para tal fin, el Grupo de Expertos en Alfabetización Mediática de la Comisióny el EDMO puede ofrecer ayuda para establecer un marco permanente de debate.

Compromiso con el «diseño seguro»

El diseño y la arquitectura de los servicios en línea tienen un impacto significativo sobre el comportamiento de los usuarios. Por lo tanto, los signatarios deben comprometerse a evaluar los riesgos que plantean sus sistemas y diseñar la arquitectura de sus servicios de una forma que minimice los riesgos vinculados a la propagación y amplificación de la desinformación. Esto también puede incluir poner a prueba previamente la arquitectura de los sistemas. Asimismo, los signatarios deben invertir en investigación y desarrollar características y diseños de productos que mejoren el pensamiento crítico de los usuarios, así como el uso responsable y seguro de sus servicios.

Las plataformas en línea también pueden colaborar con los proveedores de soluciones tecnológicas para integrar en sus servicios soluciones que permitan comprobar la autenticidad o precisión o identificar la procedencia o fuente del contenido digital.

Los proveedores de sistemas en línea basados en la IA también deben tener en cuenta las disposiciones pertinentes de la propuesta de Ley sobre inteligencia artificial.

Rendición de cuentas de los sistemas de recomendación

Al determinar el orden en el que se presenta la información, los sistemas de recomendación tienen una repercusión significativa sobre la información a la que realmente acceden los usuarios. Resulta de vital importancia que los signatarios del Código reforzado se comprometan a hacer que sus sistemas de recomendación sean transparentes en cuanto a los criterios usados para dar o quitar prioridad a la información, ofreciendo a los usuarios la opción de personalizar los algoritmos de clasificación. Todo esto debe hacerse respetando el principio de libertad de los medios de comunicación teniendo en cuenta los requisitos de las disposiciones pertinentes de la propuesta de Ley de servicios digitales.

Los compromisos también deben incluir medidas concretas para reducir los riesgos de los sistemas de recomendación que alimentan la propagación viral de la desinformación, como la exclusión del contenido recomendado de información falsa o engañosa cuando esta ha sido desacreditada por verificadores de datos independientes, así como de páginas web y de agentes que propagan desinformación constantemente.

Visibilidad de la información fiable de interés público

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia, especialmente en tiempos de crisis, de fomentar información de interés público que sea fiable, como la ofrecida por las autoridades sanitarias en relación con las medidas que previenen la enfermedad o con la seguridad de las vacunas. Los signatarios aplicaron varias soluciones para ofrecer a los usuarios dicha información, hacerla visible y facilitar el acceso a ella. A partir de esta experiencia, los signatarios del Código reforzado deben comprometerse a seguir desarrollando y aplicando herramientas específicas (por ejemplo, paneles informativos, banners, mensajes emergentes, mapas y notificaciones) que prioricen las fuentes autorizadas sobre temas de especial interés público y social o en situaciones de crisis, y que lleven a los usuarios hasta ellas.

Para profundizar en el actual compromiso del Código sobre la priorización de contenidos pertinentes, auténticos y autorizados, los signatarios también deben comprometerse a publicar información que describa la metodología que emplean sus sistemas de recomendación en este sentido. Dicha información debe incluirse en el centro de transparencia. Los signatarios del Código deben considerar la posibilidad de garantizar que esta información pueda ser verificada por terceras partes o a través de una auditoría independiente, teniendo en cuenta también las disposiciones pertinentes de la propuesta de Ley de servicios digitales.

Advertencias dirigidas a los usuarios que interactúan o han interactuado con contenidos falsos o engañosos

El descrédito de información falsa o engañosa resulta esencial para frenar el fenómeno de la desinformación. Varios signatarios han establecido una cooperación con verificadores de datos independientes o han creado equipos internos de moderación para asignar etiquetas de contenidos falsos o engañosos. No obstante, en la actualidad el Código no incluye compromisos pertinentes. Por consiguiente (complementando los nuevos compromisos para garantizar una aplicación coherente de la verificación de datos, como se analiza más adelante en la sección 8.3), los signatarios deben comprometerse a facilitar, para todas las lenguas de la UE en las que ofrezcan sus servicios, sistemas para el etiquetado periódico y coherente de los contenidos identificados como falsos o engañosos y para emitir advertencias dirigidas a usuarios que han interactuado con dichos contenidos. Los signatarios deben comprometerse a informar a los usuarios del motivo por el que ciertos contenidos o cuentas han sido etiquetados, relegados o, por el contrario, se han visto afectados por las medidas adoptadas, así como del fundamento de dicha acción. Los signatarios deben comprometerse a diseñar sus sistemas de etiquetado y advertencia de conformidad con los datos científicos actualizados sobre cómo maximizar los efectos de dichas intervenciones, garantizando en particular que están diseñadas para captar la atención de los usuarios.

Funcionalidad para señalar información falsa nociva

Aunque algunos signatarios ya ofrecen una funcionalidad específica para que los usuarios señalen información falsa o engañosa, esta característica aún no está disponible en todos los servicios. El Código reforzado debe contener un compromiso específico que exija que los signatarios correspondientes ofrezcan unos procedimientos fáciles de usar y eficaces en sus servicios, permitiendo a los usuarios señalar la desinformación que pueda causar un perjuicio público o individual. Esta funcionalidad también debe servir de apoyo a los sistemas y mecanismos de etiquetado para ayudar a identificar contenidos de información falsa que resurgen tras haber sido etiquetados como falsos en otras lenguas o en otros servicios, respetando plenamente la libertad de expresión. El compromiso debe especificar que la funcionalidad debe protegerse debidamente frente a los abusos (es decir, la táctica conocida como mass-flagging destinada a silenciar otras voces) y estar disponible en todas las lenguas de los Estados miembros en los que se ofrecen sus servicios. Las acciones adoptadas por los signatarios respecto a los contenidos señalados deben respetar la libertad de expresión y no ser desproporcionadas. Las medidas en este ámbito pueden incluir la aplicación de un procedimiento transparente de verificación de datos al contenido señalado, junto a acciones posteriores de seguimiento, como el etiquetado del contenido cuando proceda. Los signatarios deben comprometerse a ofrecer a los usuarios información de seguimiento sobre el contenido notificado como, por ejemplo, si el contenido ha sido revisado y, en caso afirmativo, los resultados de la evaluación y cualquier acción adoptada respecto al contenido. Se debe informar igualmente a los usuarios cuyo contenido o cuentas hayan sido sometidas a dichas medidas para que entiendan los motivos subyacentes a las acciones adoptadas y puedan acceder a un mecanismo adecuado y transparente para recurrir y buscar reparación por las medidas aplicadas.