COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 24.8.2016 COM(2016) 533 final INFORME DE LA COMISIÓN sobre la aplicación en 2015 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión



La aplicación efectiva del derecho del público a acceder a los documentos en poder de las instituciones de la UE es uno de los medios con los que la UE pretende reforzar la transparencia y la responsabilidad frente a sus ciudadanos. En 2015, la Comisión siguió poniendo en práctica su firme compromiso con el incremento de la transparencia de varias formas. A finales de diciembre de 2015, se había publicado información sobre más de 7 000 reuniones bilaterales entre los comisarios, miembros de gabinetes y directores generales y los representantes de los grupos de interés. Esto permite a los ciudadanos y a las partes interesadas conocer con quién se reúne la Comisión y sobre qué temas. En enero de 2015 se puso en marcha una nueva versión mejorada del Registro de Transparencia. La decisión de la Comisión de que los comisarios, los miembros de gabinetes y los directores generales solo se reúnan con los representantes de grupos de interés que figuren en el Registro de Transparencia ha incrementado considerablemente la visibilidad de las entidades que pretenden influir en la formulación y aplicación de las políticas a nivel de la UE. El registro ha continuado creciendo de forma constante, y en la actualidad contiene más de 9 300 inscripciones, con más de 3 600 nuevos inscritos desde enero de 2015. Durante la segunda mitad de 2015, la Comisión aplicó también una buena parte de su Programa de Mejora de la Legislación, presentado en mayo de 2015, con el objetivo de garantizar que las políticas de la UE alcancen sus objetivos de la manera más eficaz, eficiente y transparente. El Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, que la Comisión propuso el año pasado y que se ha adoptado recientemente, refleja un compromiso compartido por parte del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión para mejorar la transparencia a lo largo de todo el ciclo de toma de decisiones europeo. La Comisión también ha creado nuevos mecanismos de recogida de reacciones de las partes interesadas en fases muy tempranas de la elaboración de las propuestas, mediante la publicación de hojas de ruta y evaluaciones del impacto inicial. La Comisión cumplió su compromiso, asumido en noviembre de 2014, de aportar una mayor transparencia a las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) con los Estados Unidos. Desde enero de 2015, publica y actualiza periódicamente una lista de los documentos relativos a la ATCI y hace públicos más textos de negociación e informes detallados de las rondas de negociación. Dentro de este programa de transparencia más amplio, el derecho de acceso a los documentos, previsto en el artículo 15, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Reglamento n.º 1049/2001, continuó siendo una de las piedras angulares de la política de transparencia de la Comisión. Vino a complementar la publicación proactiva por parte de la Comisión, y de forma paralela, de una gran cantidad de información y documentación en sus diversas páginas web. El presente informe, redactado de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, facilita información sobre cómo aplicó la Comisión las normas de acceso a documentos en 2015. Incluye datos sobre el número de solicitudes de acceso y el porcentaje de divulgación, y se basa en los datos estadísticos que se resumen en el anexo. Las estadísticas reflejan el número de solicitudes y de respuestas y no el de documentos solicitados o divulgados, que fue mucho mayor. En efecto, las solicitudes pueden referirse a un único documento, pero es más frecuente que se refieran a una pluralidad de documentos, o incluso a expedientes completos relativos a un asunto o procedimiento concreto. De estas estadísticas se desprende directamente la importancia del derecho de acceso a los documentos en la política de transparencia de la Comisión, ya que los documentos solicitados se divulgaron total o parcialmente en el 84 % de los casos en la fase inicial, y en el 41 % de los casos revisados en la fase de confirmación, se concedió un acceso más amplio o incluso pleno. 1.Registros y sitios de internet 1.1.En 2015, se añadieron 18 945 nuevos documentos al registro de documentos de la Comisión (véase el cuadro 1 del anexo). 1.2.En 2015, el registro público de la Comisión incluía los siguientes documentos: Series COM, SEC, C, JOIN, SWD, DO y PV. La Comisión no elaboró ni recibió en 2015 documentos sensibles que entren en una de esas categorías de documentos. 1.3.En el cuadro siguiente figuran las estadísticas de consulta del sitio «Acceso a los documentos» del servidor EUROPA para 2015.



Visitantes únicos Visitas Páginas consultadas Total 15 525 18 939 23 324 Media mensual 1 294 1 578 1 944 2.Cooperación con las otras instituciones sujetas al Reglamento Las tres instituciones (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión) celebraron reuniones técnicas periódicas de carácter administrativo para intercambiar experiencias, desarrollar buenas prácticas y garantizar una aplicación coherente del Reglamento. 3.Análisis de las solicitudes de acceso 3.1.En 2015, las solicitudes iniciales de acceso a documentos recibidas aumentaron más del 8 % (6 752 en 2015 frente a 6 227 en 2014). El número de respuestas iniciales basadas en el Reglamento n.º 1049/2001 se incrementó de forma similar, pasando de 5 637 en 2014 a 5 819 en 2015 (véase el cuadro 2 del anexo).

3.2.Por lo que se refiere a las solicitudes confirmatorias de revisión por parte de la Comisión de la denegación inicial total o parcial, el número de solicitudes recibidas disminuyó ligeramente (284 nuevas solicitudes confirmatorias en 2015 frente a 300 en 2014). En consecuencia, el número de respuestas confirmatorias también disminuyó, pasando de 327 en 2014 a 291 en 2015 (véase el cuadro 5 del anexo). 3.3.La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria recibió el mayor porcentaje de solicitudes iniciales (el 9,2 % del total), mientras que la Secretaría General ocupó el segundo lugar, disminuyendo del 11,6 % en 2014 al 8,7 % en 2015. Las solicitudes iniciales de documentos a la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes han aumentado del 5 % al 8,6 %, lo que la sitúa en tercer lugar. Otras cuatro direcciones generales han recibido un volumen de solicitudes que representan más del 5 % del total de solicitudes (Competencia, Cooperación Internacional y Desarrollo, Medio Ambiente y Fiscalidad y Unión Aduanera). Las demás direcciones generales representan menos del 5 % del número total de solicitudes iniciales (véase el cuadro 10 del anexo). 3.4.En 2015, la mayor parte de las solicitudes procedieron de ciudadanos que no precisaron su perfil socioprofesional (el 23 % del número total de solicitudes). Entre los que sí lo hicieron, el mundo académico fue la categoría de solicitantes más activa, al presentar un 22,3 % de las solicitudes iniciales (frente al 19,8 % en 2014), mientras que el tercer puesto fue ocupado por la sociedad civil, con un 15,6 % del total de solicitudes. Las solicitudes presentadas por abogados, que ocuparon el cuarto lugar, disminuyeron de forma significativa, pasando de un 18,3 % en 2014 a un 13 % en 2015 (véase el cuadro 8 del anexo). 3.5.En relación con el desglose geográfico de las solicitudes iniciales, el mayor porcentaje siguió correspondiendo a Bélgica (26,8 %) y Alemania (11,7 %). Las solicitudes procedentes de España aumentaron de forma significativa, pasando de un 6,2 % en 2014 a un 9,9 % en 2015, lo que sitúa a este país en tercer lugar, seguido de Francia y el Reino Unido (ambos con un 7,6 %), Italia (7,3 %) y los Países Bajos (5,5 %). Ninguno de los demás Estados miembros superó el 5 % de las solicitudes (véase el cuadro 9 del anexo). 4.Aplicación de las excepciones al derecho de acceso 4.1.En 2015, se continuó concediendo el acceso pleno en la fase inicial en más de dos tercios de los casos, con un ligero descenso respecto del año anterior (68,8 % frente al 72,8 % en 2014). El porcentaje de respuestas parcialmente positivas se mantuvo muy similar (15,3 % en 2015 frente al 15,4 % en 2014), lo que supuso un aumento con respecto a un porcentaje relativamente más bajo en los tres años anteriores (7,6 %, 8,6 % y 10,7 % en 2011, 2012 y 2013 respectivamente). En 2015, se desestimaron el 15,9 % de las solicitudes (frente al 11,9 % en 2014), es decir, un porcentaje similar al de años anteriores (el 16,9 % en 2012 y el 14,5 % en 2013) (véase el cuadro 3 del anexo). 4.2.El número de casos en los que, a raíz de una solicitud confirmatoria, la denegación inicial (total o parcial) se revirtió en fase de confirmación se mantuvo estable en el 41,3 % (el porcentaje correspondiente en 2012, 2013 y 2014 fue del 43 %, 44 % y 43 %). En el 31,7 % de los casos, se concedió un acceso más amplio (aunque no pleno) que en la fase inicial (lo que representa un incremento en comparación con los tres años anteriores, en los que el porcentaje oscilaba en torno al 24 %). El número de solicitudes confirmatorias que dieron lugar a una respuesta confirmatoria totalmente positiva ha sido menor (9,6 %) que en los años anteriores (en los que oscilaban entre el 15 y el 20 %) 11 (véase el cuadro 6 del anexo). 4.3.Por lo que respecta a las excepciones invocadas, la protección de la intimidad y de la integridad de la persona continuó siendo el principal motivo de denegación (parcial o total) en la fase inicial (con un aumento del 21 % en 2014 al 29,4 % en 201511). Esta excepción se situó por delante de la de protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, invocada con menos frecuencia que en los años anteriores (20,9 % en 2015, frente a un 25,3 % en 2012, un 23,6 % en 2013 y un 25 % en 2014) (véase el cuadro 4 del anexo). 4.4.La protección del proceso de toma de decisiones, que ocupa el tercer lugar, ha sido también invocada con menor frecuencia (un 20,3 % en 2015, frente a un 25,2 % en 2012, un 27,1 % en 2013 y un 22,1 % en 2014). El porcentaje de casos en los que se alegó como excepción la protección de los intereses comerciales se mantuvo prácticamente idéntico (14,8 % en 2015 frente a 14,9 % en 2014), mientras que la excepción basada en la protección de las relaciones internacionales fue invocada con menor frecuencia que en los años anteriores (4,9 % en 2015, frente al 6,2 % en 2013 y el 7,3 % en 2014) (véase el cuadro 4 del anexo). 4.5.En la fase de confirmación, el motivo principal alegado con más frecuencia para confirmar una denegación de acceso (total o parcial) fue, al igual que en años anteriores, la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría. El porcentaje de ocasiones en que se empleó aumentó del 33 % en 2014 al 37,7 % en 2015. La alegación de la protección del proceso de toma de decisiones como excepción aumentó ligeramente del 14,5 % en 2014 al 16,4 % en 2015, pero se mantuvo estable en comparación con años anteriores, mientras que la importancia relativa de la excepción concerniente a la «protección de la intimidad y la integridad de la persona» como principal motivo de denegación disminuyó del 18,1 % en 2014 al 15,6 % en 2015. 4.6.La tercera, cuarta y quinta posición correspondieron a las excepciones relativas a la protección de los intereses comerciales (13,1 %), de las relaciones internacionales (7,4 %) y de los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico (4,9 %). 5.Reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo 5.1.En 2015, el Defensor del Pueblo Europeo archivó 16 reclamaciones contra la tramitación por parte de la Comisión de las solicitudes de acceso a los documentos, de las cuales solo dos con un comentario crítico. 5.2.En 2015, el Defensor del Pueblo inició 11 nuevas investigaciones en las que el acceso a los documentos era el elemento principal o secundario de la reclamación. Esto supone una disminución importante respecto al año anterior, en el que se iniciaron 30 nuevas investigaciones. 6.Revisión judicial 6.1.Como en años anteriores, en 2015 se dictó nueva jurisprudencia significativa. 6.2.El Tribunal de Justicia dictó dos sentencias en recursos de casación en los que la Comisión era parte en el procedimiento. En la sentencia Stichting Corporate Europe Observatory, el Tribunal de Justicia aclaró que no existe fundamento alguno en el Derecho de la Unión para la supuesta presunción de que el hecho de enviar un documento a entidades colectivas (como las asociaciones empresariales) implique necesariamente que dicho documento está destinado efectivamente a un gran número de personas y, por tanto, debe hacerse público. En su sentencia ClientEarth, el Tribunal de Justicia excluyó la posibilidad de invocar el artículo 4, apartados 1 y 4, del Convenio de Aarhus para valorar la legalidad del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, relativo a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría. El Tribunal confirmó, asimismo, que los estudios de conformidad, que en el momento de la decisión sobre el acceso ya habían llevado a la iniciación de la fase administrativa de un procedimiento por incumplimiento en virtud del artículo 258 del TFUE, están amparados por la presunción general de no divulgación. Para otros estudios, se requiere un análisis caso por caso para evaluar si esos estudios pueden ser objeto de divulgación íntegra o no. 6.3.Por su parte, el Tribunal General dictó ocho sentencias relacionadas con el derecho de acceso a los documentos en las que la Comisión era parte en el proceso. Por lo que se refiere a los procedimientos de auditoría, el Tribunal General confirmó que, mientras dicho procedimiento esté en curso, los documentos que forman parte del expediente de auditoría están manifiestamente amparados en su integridad por la excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, sin que sea necesario proceder a un examen concreto e individual de cada documento.