ES Diario Oficial de la Unión Europea C 228/47

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión — Informe sobre la política de competencia 2007»

COM(2008) 368 final

2009/C 228/07

El 16 de junio de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Informe de la Comisión — Informe sobre la política de competencia 2007»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de marzo de 2009 (ponente: Paulo BARROS VALE).

En su 452o Pleno de los días 24 y 25 de marzo de 2009 (sesión del 25 de marzo de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 98 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Síntesis y conclusiones

1.1 El Comité Económico y Social Europeo evalúa anualmente el informe de la Comisión sobre la política de competencia, oportunidad que siempre ha aprovechado para expresar una serie de consideraciones y propuestas, que en muchos casos han merecido la atención de las autoridades y se han traducido en adaptaciones que, en general, se consideran positivas, tanto en las prioridades e instrumentos a disposición de esta política como en los propios medios que han venido a utilizarse, con el consiguiente aumento de la eficacia, lo que llena de satisfacción al Comité.

1.1.1 Debe señalarse el retraso registrado en el año que se somete a examen (2007) en el presente Dictamen, lo que condiciona el análisis no sólo por el tiempo transcurrido hasta el momento, sino también por la realidad totalmente atípica que se vive actualmente y que no es posible ignorar.

1.2 Sin embargo, el CESE considera que se debe avanzar hacia nuevas áreas en el ámbito de la política de competencia, que superen el concepto tradicional -importante pero bastante reductor- en que se ha mantenido la misma. Ya en el pasado el Comité tuvo la oportunidad de proponer a la Comisión que considerase nuevas áreas de intervención, necesidad que en la actual coyuntura compleja y difícil se ve reforzada por la situación de la economía pero, sobre todo, por la enseñanza que inevitablemente todos los responsables tienen que extraer de los errores y, sobre todo, de las omisiones que han llevado al presente estado de cosas.

1.3 Las deficiencias (o, en algunos casos, laxismo) de la regulación y la supervisión en sectores estratégicos, además de crear desequilibrios y presentar riesgos sistémicos inaceptables, afectan a la sana competencia y protegen a los infractores, produciendo enormes perjuicios a toda la sociedad. La política de competencia tendrá que ocuparse de estos asuntos para evitar que se repitan los enormes costes que la mayoría de las empresas y los ciudadanos van a pagar por la «falta de competencia» provocada por algunos, cuya ambición no se vio contenida por los deficientes sistemas de protección de los mercados, especialmente los mercados financieros, que condicionan todos los demás.

1.4 A otro nivel, tal como el CESE ya solicitó en el pasado, es necesario evaluar lo que cabe hacer en pro de una mayor articulación con las demás políticas de la Unión, incluido la creación de instrumentos a tal efecto que eviten la competencia desleal interna por las diferencias de tamaño, localización y marco fiscal de las empresas. En cuanto a la competencia externa, la UE debe garantizar que terceros países no se beneficien artificialmente de conculcar las normas internacionales sobre comercio, los convenios fundamentales de la OIT sobre derechos laborales y sindicales, incluidos el trabajo infantil y las condiciones laborales inhumanas, o la protección básica del medio ambiente. Asimismo, la Unión Europea debería aplicar enérgicamente las normas de la OMC contra los subsidios estatales a la exportación y contra otras políticas estatales que distorsionan la competencia y privan a las empresas comunitarias del acceso al mercado.

1.5 Comparado con el informe de 2006, el correspondiente a 2007 aborda dos instrumentos más de la política de competencia («medidas estatales» y «política de competencia en el marco estratégico general»), lo que, teniendo en cuenta el refuerzo de esta fundamental política comunitaria, se presenta como uno de los aspectos más positivos del trabajo llevado a cabo.

1.6 Por lo que respecta a la aplicación de las normas en el control de las ayudas estatales, en el informe se expone una intensa actividad de la Comisión que demuestra la importancia que este asunto revistió en 2007.

1.7 En cuanto al «papel de la política de competencia en el marco estratégico general», el Comité aprecia las preocupaciones de la Comisión al respecto, pero considera que debería esforzarse por esclarecer los medios o la forma de profundizar la política de competencia en el ámbito de la Estrategia de Lisboa. En el caso de los mercados sectoriales pertinentes, habría que esclarecer mejor las medidas que cabría adoptar, así como los instrumentos que se deberían utilizar y los objetivos perseguidos.

1.8 Dada la importancia que ha asumido la liberalización de los mercados de la energía, parece escasa la información facilitada al respecto en el informe. Al igual que en el ámbito de la defensa de la competencia, en el que se refieren pormenorizadamente las prácticas seguidas, también en el tercer paquete de liberalización deberían abordarse mejor los objetivos que se propone conseguir.

1.9 En el ámbito de los servicios financieros, el informe aborda la problemática de los sistemas de pago mediante tarjeta, denunciando que el sector está sumamente concentrado y plantea problemas de competencia sin que, sin embargo, se barajen medidas para superar esta concentración. Tampoco se dice nada sobre la supervisión bancaria ni el control de las normas cautelares por parte de las entidades competentes, cuando este asunto es de los más importantes y genera una falta de competencia con múltiples efectos en los diversos agentes del mercado. El CESE manifiesta su gran preocupación a este respecto, especialmente en lo que se refiere a la participación estatal en las instituciones financieras que, en la mayoría de los casos, ha sido poco clara.

1.10 Asimismo, el CESE manifiesta que preferiría que el «informe» que la Comisión presenta cada año no se limitase a exponer una lista de actuaciones (y muchas veces, un elenco de progresos y éxitos) y, por el contrario, fuese un documento que, junto a los pasos positivamente dados (de los que el Comité se congratula), se presentasen con más claridad las dificultades y obstáculos encontrados, así como propuestas para superarlos y avanzar hacia nuevos horizontes de esta «política de competencia».

2. Contenido del informe de 2007

2.1 Por lo que respecta a los instrumentos de la política de competencia, a semejanza de lo que ha sucedido anualmente, el informe expone para cada uno de ellos la visión que orientó la actuación de la Comisión durante el año evaluado: — Respecto a la «normativa antimonopolios», se promueve una actuación más eficaz para combatirla, con el ofrecimiento de incentivos a los miembros de carteles para que denuncien sus actividades ilegales. En el seguimiento de la invitación del Parlamento Europeo a la Comisión para que redacte un libro blanco con propuestas detalladas que faciliten el ejercicio de acciones para la indemnización de los daños en caso de infracción de las normas comunitarias de defensa de la competencia, la Comisión llevó a cabo numerosas consultas con gobiernos, magistrados y representantes de los diversos sectores afectados. — La «detección, investigación y represión de los carteles» fue otra área que mereció especial prioridad, pues ha supuesto la imposición de multas a 41 empresas (el mismo número que en 2006), por un importe total de 3 334 millones de euros (frente a los 1 846 millones de euros del año anterior). — En el área de las «medidas estatales», se archivó un procedimiento de infracción contra la República Checa por limitación de las competencias del Organismo de Competencia Checo para aplicar las normas de competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas. Asimismo, se adoptó una decisión basada en el Reglamento sobre concentraciones, en la que se declara que el organismo español regulador del sector de la energía (la CNE) violó dicha disposición. — En cuanto al «control de las operaciones de concentración», se adoptó una Comunicación consolidada sobre cuestiones jurisdiccionales, así como una serie de directrices para la evaluación de las concentraciones no horizontales, y se puso en marcha una consulta pública sobre soluciones aceptables en materia de operaciones de concentración. — El «control de las ayudas estatales» también fue objeto de las preocupaciones de la Comisión, pues adoptó un nuevo método para establecer los tipos de referencia, abrió consultas sobre un proyecto de Reglamento general de exención por categorías y puso en marcha el procedimiento para la revisión de la Comunicación relativa a las ayudas estatales en forma de garantía. — En cuanto al «papel de la política de competencia en el marco estratégico general», se procedió a una revisión de la Estrategia de Lisboa, proponiendo integrar mejor la competencia en el sentido de impulsar la supervisión sectorial del mercado.

2.2 A nivel sectorial, el informe de 2007 cubre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en áreas importantes de la economía, como: — la energía, ámbito en el que se presentó la propuesta de un tercer paquete de liberalización de la electricidad y el gas. En el campo de la lucha antimonopolios, los esfuerzos se centraron en los casos de exclusión del mercado y de colusión; — los servicios financieros, ámbito en el que la Comisión publicó el informe final de su investigación sectorial del mercado europeo de banca minorista y seguros empresariales; — las comunicaciones electrónicas, ámbito en el que el marco regulador vigente está ayudando a hacer más competitivos los mercados de las comunicaciones. Por otra parte, se recomendó la reducción de los mercados que deberían contar con una normativa previa, se propuso un reglamento relativo a la itinerancia y se adoptaron varias decisiones sobre la financiación pública de la banda ancha; — las tecnologías de la información, segmento en el que prosiguieron los procedimientos incoados contra Microsoft, AMD y Rambus; — los medios de comunicación, ámbito en el que la Comisión siguió de cerca el proceso de paso de la difusión analógica a la digital,y continúa dando una gran prioridad a garantizar que el contenido clave esté disponible en condiciones abiertas y transparentes; — la industria del automóvil, sector en el que el Reglamento de exención por categorías consolida la competencia entre marcas; — el transporte, sector en el que se pretende que la política de competencia asegure un funcionamiento eficaz de los mercados recientemente liberalizados; — los servicios postales, sector en el que se negoció la propuesta de la Comisión de apertura plena de los mercados de los servicios postales de la UE.

2.3 Parecen existir algunas incongruencias o falta de claridad en algunas áreas de intervención, como en el caso de las comunicaciones electrónicas, en el que no se entiende la necesidad ni los objetivos del nuevo paquete regulador mencionado en el punto 48, so pena de entrar en conflicto con el punto 44 en el que se menciona la contribución del actual paquete regulador a la intensificación de la competencia.

2.4 Por otra parte, en el ámbito de las tecnologías de la información, no se mencionan los objetivos ni las medidas que cabe adoptar. Tan sólo se refieren los casos iniciados en años anteriores sin mencionar la definición de normas y políticas o lo que se pretende llevar a cabo al respecto.

2.5 También en este ámbito conviene tener en cuenta la reciente realidad que es Internet, foro de intensa actividad empresarial, cuya regulación es muy incipiente y que actualmente constituye una potencial fuente inagotable de «falta de competencia», al no haber una verdadera protección de los consumidores. Por consiguiente, urge regular las actividades llevadas a cabo en Internet.

2.6 En el sector del transporte, cabe subrayar la referencia pormenorizada y aplaudir las acciones llevadas a cabo en los diversos modos de transporte: transporte por carretera, transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril, transporte marítimo y transporte aéreo.

2.7 En cuanto a los servicios postales, no resulta claro el proceso de negociación de la propuesta de la Comisión para la plena apertura del mercado de los servicios postales de la UE.

2.8 El informe es claro y pormenorizado en la descripción del funcionamiento de la Red Europea de Competencia, así como en lo que se refiere a la actuación de las autoridades nacionales de competencia. Cabe subrayar la nota referente al refuerzo desplegado en la cooperación entre los miembros de la Red Europea de Competencia. También son positivos los esfuerzos realizados durante el año sometido a examen para participar en actividades internacionales y en la cooperación interinstitucional.

2.9 En el contexto de la ampliación, se prosiguió el esfuerzo de difusión de las normas de competencia en los países candidatos y se inició el trabajo de requerir que éstos presenten resultados creíbles en lo que se refiere a la adopción de dichas normas.

3. Una nueva generación de políticas de competencia y determinación de problemas que la coyuntura obliga a afrontar

3.1 El CESE entiende que debe aprovechar esta oportunidad para decantarse por un planteamiento diferente del seguido hasta ahora en lo que respecta a la política de competencia, para lo cual no se limitará a evaluar y hacer consideraciones sobre las áreas escogidas por la Comisión para incluirlas en su informe anual, sino que irá más lejos, proponiendo otras áreas que podría cubrir la futura generación de políticas de competencia.

Así:

3.1.1 En primer lugar, en el convulso mundo de hoy en día, y teniendo en cuenta la evolución y las recientes enseñanzas proporcionadas por la aceleración de la globalización económica, una nueva generación de políticas de competencia no puede renunciar a una íntima articulación con nuevos conceptos y prioridades de la política exterior comercial común europea.

3.1.1.1 Esta política exterior comercial común europea tiene que garantizar que los terceros países no se beneficien artificialmente de la liberalización de los intercambios comerciales como consecuencia del incumplimiento de normas internacionales sobre el comercio o de convenios fundamentales de la OIT sobre derechos sindicales, como los relativos al trabajo infantil y a las condiciones laborales inhumanas, o normas básicas para la protección del medio ambiente, así como sobre la libertad de establecimiento y de asociación empresarial, lo que podría dar lugar a dumping social o medioambiental. La Unión Europea debería también aplicar vigorosamente la normativa de la OMC contra las subvenciones públicas a la exportación y contra otras políticas públicas que distorsionan la competencia e impiden a las sociedades europeas el acceso a los mercados, en concreto políticas monetarias y cambiarias que tienen como único objetivo reducir o mantener artificialmente bajos los precios de sus exportaciones.

3.1.1.2 Europa debería seguir trabajando para lograr un sistema de condiciones equitativas para todos en el ámbito del comercio internacional, y reforzar la autoridad de la OMC para que pueda actuar contra los subsidios públicos y contra el dumping social o medioambiental en violación de los acuerdos internacionales. La sociedad civil organizada europea reclama también que la Comisión Europea haga respetar en todo momento y por completo la política comercial y los derechos de las empresas y sus trabajadores con arreglo a los acuerdos internacionales adoptados en el marco de la OMC, la OIT, etc. En particular, no debería permitirse que los derechos de las empresas y de sus trabajadores se ignorasen o no fueran atendidos debidamente por razones de política exterior general o a causa de los intereses particulares de determinadas empresas o de ciertos Estados miembros. No se trata de imponer nuestro modelo o normas a otros países y sociedades, sino de exigir un nivel mínimo de prácticas que no condicionen artificialmente las condiciones del mercado.

3.1.1.3 No es razonable ni justificable que Europa se preocupe por imponer normas a los agentes económicos internos, a fin de garantizar el equilibrio de la competencia y del mercado, y que en general se olvide de la falta de competencia diariamente importada de otros países. Sólo una verdadera articulación de la política de competencia con una justa política comercial común y posiciones claras y valientes en el ámbito de la OMC podrán reequilibrar el actual estado de cosas.

3.1.2 En segundo lugar, en el ámbito de la política de competencia hay que comenzar a abordar un determinado tipo de desequilibrios internos generadores de distorsiones, evaluando las consecuencias de las diferentes características de los agentes del mercado y estableciendo normas que tengan en cuenta que la capacidad de las pequeñas empresas y las microempresas para competir con las grandes empresas está obviamente condicionada, al igual que las empresas de la periferia se encuentran también en situación de desventaja frente a las empresas localizadas junto a los grandes centros de consumo. Por ello, en el futuro, las políticas de cohesión económica, social y territorial de Europa también deberán tener una articulación íntima con la política de competencia, que cada vez deberá mantenerse más alerta respecto a las múltiples realidades que influyen en los mercados.

3.2 Por otra parte, la coyuntura en la que se promueve la evaluación del trabajo de la Comisión en el año 2007 obliga al CESE a plantear una serie de preguntas concretas que, por su actualidad y suma importancia, deben merecer la atención de los poderes decisorios políticos europeos, ya que revelan una fragilidad instrumental para lidiar con fenómenos que afrontan los ciudadanos y las empresas.

3.2.1 Independientemente de la bondad y los objetivos de protección general de la economía y de no de beneficiar a unas empresas y sectores en detrimento de otros, ¿será posible que los Estados intervengan en auxilio de ciertos agentes económicos (e indirectamente de sus accionistas, trabajadores, acreedores y proveedores) a costa de todos los demás, en casos en que los beneficiados son los prevaricadores, mientras que los cumplidores son los perjudicados? ¿Cuáles son los efectos de la distorsión de la competencia provocada por una nueva ola de tratamiento no igualitario de los agentes económicos?

3.2.2 En efecto, y reiterando la necesidad e importancia de que exista una política de competencia fuerte y coherente, que oriente la actuación de la Unión Europea como un todo, el CESE comprende y respalda que, en un momento de excepción como el actual, se empleen medidas de excepción, que quizá distorsionen la competencia. Sin embargo, esta distorsión consciente y autorizada tiene que ser implacablemente controlada y seguida por la Comisión, para ser corregida una vez la situación económica haya vuelto a la normalidad.

3.2.3 A fin de evitar distorsiones de la competencia en cualquier sector, la posibilidad de que los gobiernos opten por incentivos fiscales o financieros de acceso transparente y general (para quien cumpla criterios objetivos) puede ser la mejor forma de fomentar el impulso económico sin provocar discriminaciones injustificadas.

3.2.4 ¿Cómo intervinieron las autoridades responsables de la competencia en los diversos niveles del sistema para garantizar el funcionamiento del mismo en la reciente crisis de precios, tanto de los combustibles para el consumidor como de los alimentos básicos, cuando la repercusión del aumento del coste de las materias primas en el precio final tuvo un impacto inmediato y directo, mientras que la reducción del coste no tuvo el mismo comportamiento, aunque la impresión general fue que existía una gran coordinación entre los grandes operadores a la hora de fijar los precios?

3.2.5 Así pues, ha llegado el momento de que la Comisión adopte un planteamiento menos estricto y más abierto respecto a la acción de la política de competencia, por lo que el CESE invita a la Comisión a que reflexione sobre el asunto y le insta a que dé pruebas de una nueva ambición en esta área tan importante para la construcción europea.