ES Diario Oficial de la Unión Europea C 47/10

Anuncio de apertura de un procedimiento de investigación relativo a los obstáculos al comercio, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, que representan las medidas adoptadas por el Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu que afectan a la protección de patentes en materia de discos compactos grabables

(2007/C 47/11)

El 15 de enero de 2007, la Comisión recibió una denuncia basada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo (1) (en lo sucesivo «el Reglamento»).

1. Denunciante

La denuncia fue interpuesta por Koninklijke Philips Electronics N.V. (en lo sucesivo «Philips»).

Philips es una empresa, constituida de conformidad con la legislación neerlandesa, que tiene su sede estatutaria en Eindhoven (Países Bajos). Philips inventó algunas de las tecnologías básicas en materia de discos compactos grabables (en lo sucesivo «CD-R») y es titular de una serie de patentes relacionadas con estas tecnologías. El denunciante alega que el Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (en lo sucesivo «el Taipei Chino») ha concedido de forma ilegal licencias obligatorias en relación con dichas patentes.

Philips es una empresa comunitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y el artículo 2, apartado 6, del Reglamento.

2. Producto y derechos de propiedad intelectual en cuestión

La denuncia hace referencia a derechos de propiedad intelectual en forma de patentes para las cuales el denunciante otorga licencias a terceras partes con vistas a la fabricación de CD-R (medios ópticos utilizados para almacenar datos digitales o música). El denunciante desarrolló algunas de las tecnologías básicas en este campo y presentó sendas solicitudes de protección mediante patente para cinco invenciones relacionadas con la tecnología de los CD-R. Obtuvo protección mediante patentes para estas cinco invenciones en el Taipei Chino.

3. Asunto

La denuncia se centra en la concesión por parte de las autoridades del Taipei Chino de licencias obligatorias relacionadas con las patentes para CD-R del denunciante a Gigastorage Corporation (en lo sucesivo «Gigastorage»), un productor de CD-R del Taipei Chino.

El artículo 76 de la Ley de Patentes del Taipei Chino prevé la concesión de licencias obligatorias en determinadas circunstancias. De conformidad con esta disposición, el 30 de julio de 2002 Gigastorage presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo la «OPI») del Taipei Chino una solicitud de licencias obligatorias con relación a cinco patentes de las que es titular el denunciante. El 26 de julio de 2004, la OPI respondió favorablemente a la solicitud de Gigastorage. Esta decisión fue apelada ante el Ministerio de Asuntos Económicos del Taipei Chino el 26 de agosto de 2004. El 16 de junio de 2006, el Ministerio desestimó la apelación.

4. Alegaciones de obstáculos al comercio

El denunciante considera que las medidas descritas en el punto 3 constituyen un obstáculo al comercio a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

El denunciante sostiene que la decisión de la OPI, confirmada en apelación por el Ministerio de Asuntos Económicos, es contraria a diversas disposiciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo los «ADPIC»).

Alega además que las medidas adoptadas son incompatibles con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, letra a), del Acuerdo sobre los ADPIC, pues no se han respetado los derechos exclusivos que, con arreglo a dicha disposición, confiere la patente a su titular. El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC permite la concesión de licencias obligatorias en relación con la materia de una patente. Sin embargo, el denunciante sostiene que el artículo 31 se ha aplicado incorrectamente, pues se han concedido licencias obligatorias en circunstancias no previstas en dicha disposición.

En concreto, aduce el denunciante que se ha infringido el artículo 31 por lo que hace a los aspectos siguientes: En primer lugar, el artículo 31, apartado b), del Acuerdo sobre los ADPIC no prevé ninguna justificación para permitir esos usos. Según el denunciante, las medidas en cuestión exigen, en efecto, que el titular de una patente conceda una licencia a una tercera parte cuando ésta ofrezca términos «razonables». El denunciante alega que un requisito de fondo de esta naturaleza no puede deducirse de los términos del artículo 31, letra b), que, en su opinión, son de carácter meramente procedimental. Alega asimismo que las medidas se basan en una inadecuada aplicación del criterio de «razonabilidad» del artículo 31, letra b), del Acuerdo sobre los ADPIC, pues únicamente se analiza la razonabilidad de los términos comerciales desde la perspectiva del usuario potencial de la licencia, sin tomar en consideración el hecho de que el titular de la patente había concluido satisfactoriamente acuerdos de licencia con otros productores que operan en el mismo mercado que aquél. El denunciante impugna además el análisis de la razonabilidad de los términos ofrecidos en base al cual se adoptaron las medidas en cuestión, pues se dictaminó que los términos no eran razonables atendiendo a la estructura de costes del usuario potencial de la licencia, sin analizar la posibilidad de que existieran otros factores que impidieran a éste alcanzar un acuerdo con el denunciante.

En segundo lugar, el denunciante alega que el Taipei Chino ha infringido el artículo 31, letra c), del Acuerdo sobre los ADPIC al no especificar los fines para los que se concedió la licencia y no limitar el alcance y la duración del uso de la misma a dichos fines. En tercer lugar, el denunciante sostiene que el artículo 30, letra f), del Acuerdo sobre los ADPIC se ha aplicado incorrectamente al autorizarse el uso de las licencias obligatorias en cuestión para la exportación, pues en el momento de la concesión de las licencias las autoridades tenían conocimiento de la intención de Gigastorage de utilizarlas para fabricar productos destinados a la exportación.

A la vista de los datos de que dispone y de las pruebas aportadas, la Comisión considera que la denuncia contiene elementos de prueba suficientes acerca de la existencia de obstáculos al comercio a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

5. Alegaciones de efectos comerciales adversos

Los obstáculos al comercio que se invocan en la denuncia parecen impedir al denunciante disfrutar de sus derechos de patente en materia de CD-R y, por consiguiente, cabe considerar que producen y amenazan producir efectos comerciales adversos.

La denuncia contiene elementos de prueba que evidencian que las medidas producen realmente efectos comerciales adversos, así como estimaciones de los perjuicios sufridos por el denunciante como resultado de las licencias obligatorias otorgadas por las medidas en cuestión. El denunciante sostiene además que existe una amenaza de efectos comerciales adversos, pues se incitará a otros productores de CD-R del Taipei Chino a solicitar licencias obligatorias, y que este efecto podría extenderse incluso a productores de otros Miembros de la OMC, dada la naturaleza altamente competitiva y la escala mundial del mercado de CD-R. Alega igualmente que las medidas en cuestión producen o amenazan producir efectos adversos para los cesionarios comunitarios de licencias de las patentes del denunciante que compiten con los exportadores de CD-R del Taipei Chino. Por último, el denunciante aduce que las medidas en cuestión amenazan producir efectos comerciales adversos para todos los titulares de patentes comunitarios que cobran cánones a los cesionarios de licencias del Taipei Chino o de países que probablemente se verán influidos por esta interpretación de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Comisión considera que la denuncia contiene elementos de prueba suficientes acerca de los efectos comerciales adversos de la medida para el denunciante y para un sector o sectores de actividad económica a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento.

6. Interés comunitario

Se estima que la industria comunitaria invierte cada año unos 195 000 millones de euros en investigación y desarrollo y emplea a dos millones de trabajadores en estas actividades. Las patentes son uno de los frutos de esa investigación, por lo que es importante que la Comunidad proteja los derechos de propiedad intelectual y vele por que se hagan cumplir correctamente los acuerdos internacionales que protegen esos derechos. La ejecución de estos acuerdos reviste especial importancia cuando existe el riesgo, como afirma el denunciante, de que las medidas en cuestión creen un precedente para otros Miembros de la OMC.

A la vista de lo expuesto, se considera que redunda en interés de la Comunidad abrir un procedimiento de investigación.

7. Procedimiento

Habiendo decidido, previa consulta al Comité Consultivo establecido por el Reglamento, que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de investigación con el fin de examinar los elementos de hecho y de derecho y que éste es necesario en interés de la Comunidad, la Comisión ha iniciado una investigación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento.

Las partes interesadas podrán personarse en el procedimiento y comunicar por escrito su opinión sobre las cuestiones específicas planteados en la denuncia, facilitando pruebas al respecto.

Por otra parte, la Comisión oirá a las partes que lo soliciten por escrito cuando se personen, siempre que se encuentren directamente afectadas por el resultado del procedimiento.

El presente anuncio se publica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento.

8. Plazo

Cualquier información relacionada con este asunto y las solicitudes de audiencias deberá obrar en poder de la Comisión, a más tardar, en los treinta días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Tanto la información como las solicitudes deberán remitirse a la siguiente dirección:

Comisión Europea Dirección General de Comercio Sr. D. Jean-François Brakeland, DG Trade F.2 CHAR 9/74 B-1049 Bruselas Fax (32-2) 299 32 64

(1) Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DO L 349 de 31.12.1994, p. 71). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 356/95 del Consejo (DO L 41 de 23.2.1995, p. 3).