ES Diario Oficial de la Unión Europea C 68/28

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las Regiones – Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual – Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa»

[COM(2011) 287 final]

2012/C 68/05

Ponente: Denis MEYNENT

El 24 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual – Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa»

COM(2011) 287 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de diciembre de 2011.

En su 477o Pleno de los días 18 y 19 de enero de 2012 (sesión del 18 de enero de 2012), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 160 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Los derechos de propiedad intelectual (DPI) deben mantener su papel tradicional consistente en estimular la innovación y el crecimiento. El régimen de protección que la Comisión se dispone a actualizar ha de conservar esta faceta tradicional sin derivar enteramente hacia un enfoque meramente patrimonial y financiero, pese a que no cabe ignorar que, actualmente, la capitalización bursátil de las mayores empresas multinacionales se basa, en gran medida, en su «cartera» de licencias y otros derechos inmateriales cuyo valor debe figurar en el balance a tenor de la normativa de contabilidad NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

1.2 La estrategia propuesta por la Comisión Europea para los DPI en el mercado único es un elemento esencial aunque a la vez complementario de la Estrategia Europa 2020, del Acta del Mercado Único y de la Agenda Digital para Europa. Es esencial disponer de una estrategia en este ámbito dado que la economía se caracteriza por un componente inmaterial cada vez mayor así como por su financiarización. No obstante, debe considerarse que, en el crecimiento de la nueva economía, la evolución actual descansa sobre la formación y las competencias cada vez más completas de los individuos y de sus conocimientos. La dimensión humana y el interés público han de formar parte de la estrategia, y el Comité considera que ello no queda plasmado de manera suficientemente clara en las propuestas y análisis expuestos.

1.3 Por otra parte, la prioridad, como ha destacado el Comité reiteradamente en sus dictámenes anteriores, ha de ser que las PYME puedan proteger sus invenciones y creaciones, y que al mismo tiempo puedan acceder al potencial de conocimientos que constituyen las patentes registradas junto con las estrategias comerciales y publicitarias que se diversifican en la sociedad del conocimiento y de la información.

1.4 El Comité aguarda, desde hace tiempo, la patente única europea y la posibilidad de unificar la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales a escala del mercado único, y confía en que ello de concrete a partir de ahora, en aras de los intereses de las empresas de la UE y de la economía europea, que acusan una desventaja comparativa respecto de sus competidores externos. El Comité confía en que la Comisión emprenda iniciativas que reduzcan sensiblemente los gastos de tramitación, en particular, de las patentes de invención.

1.5 En 2012, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa sobre el cobro de los derechos de autor relativos a la difusión de la música en línea. El Comité insiste en que se consulte a las organizaciones representativas de los titulares de los referidos derechos e intereses afectados, incluidos los usuarios y asalariados, a priori y de manera informal. Insiste, además, en la transparencia y el control de los organismos de gestión de derechos de autor y derechos afines, que deben prevalecer en el sistema de cobro que se establezca. En cuanto al canon por copia privada, según el Comité es poco equitativo porque considera que la posibilidad de realizar dichas copias es un elemento constitutivo del fair use. En cualquier caso, no se debería aplicar a los discos duros empleados por las empresas en sus actividades industriales y comerciales.

1.6 Por otra parte, no basta intentar dispensar a los DPI el mismo trato que a los valores mobiliarios eventualmente negociables en una bolsa europea especializada, pues las posibilidades de acceso no serán las mismas para las PYME y PYMI europeas y para los grandes grupos transnacionales, lo cual podría, además, acelerar la huida de las innovaciones europeas hacia otros continentes. El Comité aguarda con interés las propuestas concretas de la Comisión al respecto.

1.7 Por otra parte, la futura política armonizada en materia de DPI ha de tener en cuenta el interés general y los derechos de los consumidores, así como la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la reflexión y el proceso de elaboración de una estrategia global y equilibrada en este ámbito. En efecto, se trata de aportar la innovación y la creación así protegidas al fondo común de conocimientos científicos de la sociedad, para que contribuyan a fomentar la cultura, la información, la educación y la formación así como, de manera más general, unos derechos colectivos fundamentales en los Estados miembros.

1.8 Se requiere aproximar entre sí las legislaciones nacionales sobre la protección de los derechos inmateriales y reprimir la falsificación en el mercado único para facilitar la cooperación administrativa y aduanera así como, en su caso, policiaca y judicial, en cuanto a las investigaciones y la represión de las conculcaciones más graves de los derechos protegidos, cuando las violaciones son de carácter comercial y, en particular, si peligra la salud o la seguridad de los consumidores.

1.9 En efecto, la falsificación a gran escala y las copias fraudulentas con fines comerciales a menudo están vinculadas directamente con el crimen organizado, dado que las posibilidades de ser descubiertos y las sanciones con las que se reprime este tipo de piratería no son suficientemente disuasorias.

1.10 Por ello, el Comité respalda la estrategia de la Comisión con vistas a fomentar políticas y actuaciones coordinadas así como una verdadera cooperación administrativa, que es uno de sus pilares fundamentales, en aras tanto del interés de las empresas como del interés general.

1.11 Actualmente, determinados ejemplos de difusión en línea mediante pago –desarrollados, entre otros, por Apple, Amazon, Google o Deezer– corroboran que la valorización de los derechos de autor no implica criminalizar a los jóvenes pues, siempre que los precios sean razonables y accesibles, las copias privadas ilícitas pierden su principal atractivo.

1.12 Los tribunales civiles son competentes en la mayoría de los casos de violación de los derechos inmateriales que nos ocupan. No obstante, además de la lentitud habitual de los procedimientos judiciales, la carga de la prueba que recae sobre las PYME es a menudo excesiva, sobre todo en los casos de vulneración fuera de su país, por lo que conviene establecer procedimientos específicos en el marco del mercado único en materia de investigación, de embargo, de reconocimiento recíproco de los documentos administrativos y judiciales y de inversión de la carga de la prueba.

1.13 Igualmente, indemnizar a los denunciantes en un contexto internacional puede resultar difícil y debería ser objeto de cooperación entre los países afectados para asegurarse de que los titulares de los derechos en cuestión reciban una indemnización que corresponda, en la medida de lo posible, al perjuicio real sufrido, independientemente de las multas penales y de otras sanciones que puedan imponer los órganos jurisdiccionales.

1.14 Se requiere un marco legislativo claro frente a las «soluciones» privadas (códigos, etc.) y, sobre todo instaurar, en lugar de dichas iniciativas, un control judicial y las garantías procesales y del respeto de los derechos individuales, tales como el derecho a la información, al respeto de la intimidad, a la libertad de expresión y de comunicación, así como la garantía de la neutralidad de la red.

1.15 Al mismo tiempo, el principio general de proporcionalidad entre los delitos cometidos y las sanciones impuestas ha de aplicarse de manera efectiva. Deberían modificarse, a la luz de lo antedicho, determinadas legislaciones nacionales especialmente intrusivas y represivas respecto de las copias ilícitas de productos audiovisuales realizadas a pequeña escala por particulares a través de Internet y sin ánimo de lucro. No conviene dar la impresión de que la legislación atiende más a los grupos de presión que a un principio fundamental del Derecho penal.

1.16 El Comité aguarda igualmente con interés las propuestas de la Comisión sobre la actualización del Derecho de marcas así como sobre su armonización y renovación en el marco del mercado único. En efecto, considera que semejante actualización y mejora de la protección son necesarias habida cuenta de la influencia que tienen en la valoración de las sociedades.

2. Propuestas de la Comisión

2.1 Lo primero que evoca la realidad inmaterial es la investigación, las patentes y, con carácter más general, la innovación tecnológica. Si bien es cierto que dichos elementos son determinantes para la competitividad, existe asimismo otra categoría de activos inmateriales, a saber, los vinculados a la imaginación. Ello abarca un abanico de actividades, conceptos y sectores que engloban la creación cultural y artística, en su sentido más amplio, incluido el diseño, la publicidad, las marcas, etc. Todos estos elementos tienen un denominador común: se basan en los conceptos de creación y creatividad.

2.2 En sus propuestas de 2009 la Comisión no había podido tener en cuenta la novedad que supuso la ratificación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros de los «Tratados Internet» de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [el Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)]. Actualmente la Comunicación objeto de análisis tiene en cuenta esta nueva realidad, así como el Acuerdo comercial de lucha contra la falsificación (ACTA).

2.3 Se distinguen dos formas de propiedad inmaterial (o «intelectual»), a saber, la propiedad industrial y la propiedad literaria y artística.

2.4 Las dos grandes vertientes de la protección de los inventores y los creadores consisten en dos modalidades históricas de patentes por lo que se refiere a las invenciones con posibles aplicaciones industriales y a los derechos de autor (o su versión más restrictiva del copyright en el ámbito de la common law) de las publicaciones y de otras creaciones literarias, audiovisuales o artísticas, entendidas de manera amplia.

2.5 Esta Comunicación pretende exponer la visión estratégica global de la Comisión de cara al establecimiento de un verdadero mercado único de la «propiedad intelectual», del que actualmente carece Europa: un régimen europeo de derechos de propiedad intelectual (DPI) adaptado a la nueva economía del mañana, que recompense la labor creativa e inventiva, genere incentivos para la innovación en la UE y permita a la diversidad cultural florecer ofreciendo salidas adicionales a los contenidos en un mercado abierto y competitivo.

2.6 Se trata de un conjunto de propuestas, algunas de las cuales corresponden a políticas iniciadas hace tiempo, pero que deberían armonizarse y adaptarse, mientras que otras son novedosas y abogan por la incorporación e integración de los DPI en el mercado único europeo.

2.7 Algunas de estas propuestas no están formuladas explícitamente, de manera que habrá que esperar unos meses para disponer de propuestas concretas sobre la manera de organizar un mercado europeo de los DPI y sobre la revisión en este sentido de la armonización de la protección de marcas. La Comisión tiene previsto presentar en 2012 propuestas sobre la gestión de los derechos relativos a la música en línea.

2.8 Las demás propuestas ya existen desde hace tiempo, como la patente única, que al parecer está ya casi finalizada tras tres decenios de trabajos, la armonización de la legislación y de las medidas concretas de lucha contra la falsificación y la piratería de los productos, o el parasitismo de las marcas. Pero estas propuestas pasan ahora a formularse en un marco armonizado y coherente con vistas a contribuir, junto con otras, a la eficacia de la estrategia establecida.

3. Consideraciones generales del Comité

3.1 Según el Comité, un régimen europeo de DPI moderno e integrado contribuirá notablemente al crecimiento, a la creación de empleo sostenible y a la competitividad de la economía europea, es decir, a los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020. En el pasado el Comité se ha pronunciado reiteradamente al respecto y ha hecho recomendaciones en materia de propiedad industrial y de propiedad literaria y artística en el mercado único (1).

3.2 Los DPI incluyen los derechos de explotación industrial y comercial, como las patentes y los modelos de utilidad, las marcas, las obtenciones vegetales, los derechos sobre bases de datos o esquemas electrónicos, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor, los secretos de fabricación, etc.

3.3 En Europa, las industrias basadas en el conocimiento representan por si mismas 1,4 millones de PYME y 8,5 millones de empleos. Se caracterizan por un crecimiento rápido y sostenido en comparación con otros sectores económicos, de modo que contribuyen a la recuperación económica.

3.4 La Comisión afirma que «los DPI son derechos de propiedad». Se asimilan a un derecho de propiedad aunque, en realidad, se trata de derechos inmateriales que protegen a sus titulares contra las copias y la competencia. Constituyen excepciones a la libre competencia, en forma de monopolios temporales protegidos por un título o certificado expedido por una autoridad estatal competente (patentes, etc.) o reconocidos por la legislación nacional (derechos de autor y derechos afines).

3.5 Los titulares de dichos derechos los pueden ceder o bien vender únicamente el derecho de reproducción mediante la concesión de licencias, lo cual los asemeja a un derecho de propiedad inmaterial, pero cuya protección es más aleatoria en la práctica que la de los bienes materiales, debido a su diferente fundamentación. En efecto, los monopolios temporales están reconocidos y protegidos, en aras del interés general, sólo para reforzar el potencial de los conocimientos y de las tecnologías con el fin de impulsar el desarrollo industrial o cultural.

3.6 Los programas informáticos ya no presentan esta dimensión de interés general y no están obligados a publicar sus fuentes, mientras que las de las patentes se expiden para su protección. Por su parte, el Derecho europeo excluye la protección de los programas informáticos mediante patente (Convenio de Munich) y se limita a proteger mediante un derecho derivado del de autor los efectos producidos por los programas informáticos denominados propietarios, en lugar de proteger las fuentes. No obstante, ello plantea una dificultad puesto que se pueden lograr los mismos efectos mediante distintos programas; además, la protección de los derechos de autor de programas informáticos genera obligaciones específicas respecto de la interoperabilidad de los distintos soportes lógicos («software»), lo cual puede justificar su descompilación. Esta protección, en principio por cincuenta años, parece sin embargo muy excesiva en un sector caracterizado por una renovación e innovación extremadamente rápidas en el que «el ganador se lo lleva todo» (winner takes all) en un mercado en el que tanto las tecnologías como los programas están en perpetua evolución o transformación.

3.7 En cambio, hay quienes se oponen a las formas tradicionales de protección mediante la creación de licencias públicas libres, como la «General Public Licence» para los programas informáticos o las «creative commons» en el ámbito literario o artístico; se trata de una impugnación de las protecciones clásicas que se consideran un freno a la sociedad del conocimiento y de la información. Estas licencias libres, que constituyen una importante cuota del mercado mundial, deberían recibir el mismo reconocimiento y protección que las demás licencias representativas de títulos de propiedad.

3.8 Las excepciones pueden afectar a las protecciones otorgadas con carácter temporal por razones de interés general (licencias obligatorias cuando los titulares de los derechos se niegan a conceder licencias en ciertos países, así como en el ámbito farmacéutico en caso de epidemias o de epizootias). Antes de que los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en inglés, TRIPS) y los Tratados más recientes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) diesen una dimensión más amplia, cuando no universal, a los derechos inmateriales vinculados al comercio internacional, muchos países no otorgaban una protección real o suficiente, o bien toleraban vulneraciones de los derechos de propiedad industrial y literaria con el fin de afianzar su base industrial y de desarrollar sus conocimientos (entre otros, Japón y ciertos países europeos). Aunque tales prácticas tienden a desaparecer, en la práctica los distintos Estados manifiestan actitudes más o menos represivas o tolerantes respecto de las falsificaciones (China, la India, etc.).

3.9 El desarrollo de activos inmateriales (marcas) permite a una empresa diferenciarse respecto de sus competidoras, poner en el mercado productos y conceptos innovadores así como, en general, alcanzar una mayor competitividad no relacionada con los precios lo cual, in fine, genera clientes y ganancias adicionales así como nuevos puestos de trabajo. La falsificación y las prácticas parasitarias se desarrollan y amenazan tanto los empleos como las inversiones. También ponen en peligro la salud y la seguridad de los consumidores, así como su confianza en las marcas objeto de copia o de falsificación, lo cual reduce las posibilidades de concesión de licencias, así como los ingresos y los impuestos previsibles.

3.10 Ahora bien, el valor generado por dichos activos se toma cada vez más en cuenta a la hora de determinar el valor bursátil de las grandes empresas en una economía centrada en los bienes inmateriales y en el contexto de su financiarización. Las principales capitalizaciones bursátiles de empresas como Microsoft, Apple, IBM (con una cartera de 40 000 patentes), Google o Facebook están compuestas en un 90 % por sus activos inmateriales. Aunque dicho porcentaje varía según los sectores económicos, no deja de ser considerable, es decir entre el 90 % y el 40 % de la capitalización bursátil de las empresas del mercado. Las nuevas normas de contabilidad exigen que los valores inmateriales figuren en el balance, pero ello plantea dificultades de evaluación.

3.11 Semejante alteración de escala afecta directamente al concepto de «propiedad intelectual», cuya naturaleza ha evolucionado a partir del empleo de las patentes y del ejercicio del derecho de autor en el sentido tradicional, como ha quedado plasmado en los convenios más recientes de la OMPI. La Comisión ha solicitado a la OMPI que incluya la protección de las bases de datos en el orden día de la próxima conferencia que organice con vistas a la negociación de un tratado internacional.

3.12 Ello explica, asimismo, la existencia del ACTA y las condiciones en que fue negociado (sin que ello lo justifique). Dicho tratado tiene por objeto facilitar la aplicación transfronteriza de las medidas de protección de la propiedad de las patentes y de los derechos de autor consagrados en los acuerdos sobre los TRIPS auspiciados por la OMC. En efecto, ciertos países como China o la India bloquean en Ginebra la adopción de medidas para poner en práctica los TRIPS, lo cual impide cualquier protección eficaz de los derechos inmateriales en el ámbito del comercio internacional.

3.13 En principio, el ACTA no debería poner en tela de juicio el acervo de la UE. No obstante, al estar orientado exclusivamente hacia el refuerzo de la protección de los derechos de los titulares mediante medidas aduaneras, policiales y de cooperación administrativa, sigue privilegiando determinada visión de la propiedad de estos derechos. Otros derechos humanos, sin duda los más fundamentales, como los derechos a la información, a la salud, a una alimentación suficiente, a la selección de las semillas por los agricultores o a la cultura, no se han tenido en cuenta de manera adecuada, lo cual repercutirá sobre la futura legislación europea que servirá, a su vez, para armonizar las legislaciones de los Estados miembros. Por tanto, el concepto de propiedad individualizada y exclusiva de las excepciones temporales a la libre competencia tendrá sin duda sus repercusiones y afectará indudablemente al futuro de la sociedad del conocimiento y de la información así como a los derechos humanos de tercera generación consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3.14 Nótese que las invenciones consideradas patentables están sujetas a considerables variaciones en función de los países, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los programas informáticos presentan especificidades y están protegidos ya sea mediante patentes –en EE.UU.– o derechos de autor sui generis –en Europa. No obstante, estos dos regímenes contrapuestos crean grandes obstáculos a la innovación y generan, concretamente en EE.UU., costes desproporcionados de protección jurídica. La concesión de patentes triviales da lugar a una gran inseguridad jurídica. En Estados Unidos acaban de remodelar la Oficina de Patentes y Marcas (en inglés, USPTO) y de modificar su sistema de protección de las nuevas tecnologías –en particular, los programas informáticos– para conceder patentes de alta calidad y favorecer así la innovación y la seguridad jurídica.

3.15 El procedimiento de tramitación de las quejas es esencial, ha de ser de calidad intachable y ser reconocido por la futura patente única, con el fin de consolidar su valor y evitar, en la medida de lo posible, impugnaciones y litigios. Aunque la Oficina Europea de Patentes (OEP) dispone de personal cualificado, requiere tiempo suficiente para que al analizar cada expediente pueda alcanzar el necesario nivel de calidad, que ha de ser el distintivo de la innovación europea. De igual modo, la calidad de las traducciones a partir de las lenguas nacionales hacia las lenguas vehiculares adoptadas por el Convenio de Londres requiere igual atención y habrá de confiarse a profesionales de la traducción técnica. En efecto, el Comité considera que el nivel actual de los programas de traducción automática no tiene la calidad suficiente que requiere un lenguaje técnico y jurídico especializado y de alto nivel necesario para la redacción de las patentes (2).

4. Consideraciones específicas del Comité

4.1 Protección de invenciones mediante patentes

4.1.1 Con arreglo al Convenio de Munich, cualquier invención, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial, puede ser objeto de solicitud de patente. Los programas de ordenador, los métodos comerciales, los algoritmos y ecuaciones así como los descubrimientos científicos no son patentables. La puesta en entredicho de estos principios en lo referente a los programas informáticos (que son algoritmos) y los descubrimientos genéticos (genoma humano, papel de los genes) genera un acalorado debate por la gran resistencia que ello suscita. Los Estados Unidos conceden patentes en ámbitos que corresponden a excepciones europeas (con arreglo a la jurisprudencia de su Tribunal Supremo) lo cual suscita actualmente graves dificultades y genera costes desproporcionados de protección jurídica en caso de litigio.

4.2 Protección de programas informáticos

4.2.1 «La Directiva 91/250/CEE del Consejo protege los derechos de autor de los programas de ordenador como obras literarias en el sentido recogido en el Convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971). La cuestión de la titularidad se deja en general en manos de los Estados miembros de la UE. Los empresarios tienen derecho a ejercer los derechos económicos de los programas creados por sus trabajadores asalariados. Los derechos morales quedan excluidos del ámbito de esta Directiva» (3). Esta Directiva no regula la situación de los creadores asalariados en materia de derechos de autor ni de patentes.

4.2.2 El Comité sugiere a la Comisión que evalúe la posibilidad de otorgar una protección específica, por un lapso de tiempo muy reducido, a los programas informáticos. La Directiva 91/250/CEE (4) podría revisarse para reducir considerablemente la duración de la protección, por ejemplo a cinco años, y obligar a continuación a publicar las fuentes, habida cuenta de la rapidez que caracteriza la innovación y renovación de los programas de los grandes editores.

4.3 Protección de bases de datos

4.3.1 Se trata de una protección «sui generis» inspirada en la propiedad literaria y artística, pero por un período de quince años, siendo así que las publicaciones que figuran como referencia o que se citan en determinadas bases de datos siguen sujetas a derechos de autor. La legislación europea es una de las pocas que protegen a los creadores de bases de datos quienes, en general, siguen siendo ignorados en el resto del mundo.

4.4 Protección de esquemas de ordenador

4.4.1 Las tarjetas electrónicas y los procesadores informáticos son objeto de una protección universal «ad hoc» contra la copia tal como recoge el Acuerdo de Marrakech (1994) por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

4.5 Protección de la propiedad literaria y artística

4.5.1 En Europa, el derecho de autor (esquematizando, el copyright más el derecho moral del autor) así como el derecho de participación de los artistas también gozan de una protección universal.

4.5.2 La protección de las obras, en particular los libros, el cine y la música, se ve afectada por los medios modernos de reproducción digital y de transmisión por Internet. Estos medios pueden proporcionar copias de calidad idéntica al original y facilitar su comercialización. Aunque en Europa dichas prácticas son ilegales, las legislaciones nacionales son divergentes, razón por la cual el Comité aboga por su armonización real en una perspectiva de proporcionalidad y de equilibrio entre controles y sanciones.

4.5.3 En este ámbito se ha desarrollado concretamente un Derecho europeo muy protector de los titulares de derechos de autor y derechos afines. Tal es el caso, asimismo, de los Estados Unidos, lo que en parte explica la celebración del ACTA, su proceso de redacción «secreto», restringido únicamente a ciertos países, y, sobre todo, sus objetivos de ejecución forzosa frente a la imposibilidad de que se acepten procedimientos prácticos y obligaciones en el marco de la OMC, debido a la necesidad de unanimidad y al bloqueo de ciertos países, como China y la India.

4.5.4 No obstante, el Comité considera que el objetivo del ACTA consiste en reforzar de manera continua la situación de los titulares de derechos frente a los ciudadanos, cuyos derechos fundamentales (vida privada, libertad de información, secreto de la correspondencia, presunción de inocencia) se ven cada vez más debilitados por legislaciones muy favorables a los difusores de contenidos.

4.5.5 Los falsificadores «profesionales» saben perfectamente cómo eludir cualquier tipo de control de los flujos de datos por Internet. Las sanciones «ejemplarizanteses» impuestas a algunos adolescentes no pueden ocultar el hecho de que los productores audiovisuales llevan diez años de retraso respecto de la creación de un modelo de negocio adaptado a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Con el fin de reducir los costes procesales y el tiempo dedicado a resolver los conflictos, han surgido algunos códigos de conducta, en ocasiones promovidos por la administración, que obligan a los proveedores de servicios de Internet a facilitar a los proveedores de contenidos audiovisuales y musicales –sector caracterizado por un grado elevado de concentración– los nombres y direcciones de los supuestos falsificadores de contenidos obtenidos ilegalmente a través de Internet. El riesgo de cometer errores es real. Esta forma de denuncia puede exacerbarse mediante la interrupción del acceso a Internet a los supuestos falsificadores. Si bien ello aligera la carga de trabajo de unos órganos jurisdiccionales ya sobrecargados y evitan que el legislador tenga que intervenir y proponer la creación de instituciones oficiales de lucha contra las falsificaciones, en un contexto de restricciones presupuestarias semejantes prácticas privadas pueden derivar, al igual por cierto que unas normativas adoptadas bajo la influencia de los grupos de presión del sector de distribución audiovisual y musical que actúan en distintos países con resultados en general poco convincentes, al precio de ignorar los derechos de los consumidores, en general totalmente ignorados y considerados en bloque como defraudadores potenciales.

4.5.6 Aunque por naturaleza se debe hacer cumplir la legislación contra las falsificaciones, que la mayoría de los casos protege a los consumidores contra los riesgos para la salud y la seguridad, y que protege también los empleos cualificados que respetan los derechos de los trabajadores, convendría precisar el concepto general de propiedad literaria y artística para reequilibrar las legislaciones que se han de armonizar teniendo en cuenta, asimismo, los derechos de los consumidores y utilizadores, así como los de los trabajadores, y haciendo que las organizaciones que los representan participen en el proceso de elaboración de las normas en estos ámbitos.

4.5.7 Una Directiva (5) regula la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable. Existen también otras normas europeas:

— una Directiva sobre las obras huérfanas (proceso legislativo en curso) (6);

— una Directiva sobre los derechos de alquiler y préstamo (7);

— y una Directiva sobre las excepciones a los derechos de autor (8).

Estos actos legislativos son objeto de evaluaciones periódicas. Las «excepciones» o «tolerancias» han de reconsiderarse a la luz de un reconocimiento claro de los derechos de los utilizadores mediante una legislación que proteja sus derechos fundamentales e imponga excepciones, por ejemplo en caso de minusvalías (9).

4.6 Propuesta de la Comisión sobre el mercado único de los derechos de propiedad intelectual y comentarios del Comité

4.6.1 Se ha perfilado y se está afianzado una tendencia permanente a asimilar los derechos temporales de protección mediante patente, los derechos de autor y otros sistemas «sui generis» (esquemas electrónicos, dibujos y modelos, obtenciones vegetales, etc.) a unos derechos de propiedad similares al derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles. Esta tendencia, que puede o no resultar sostenida, es la que sigue la Comisión Europea y marca profundamente la estrategia propuesta.

4.6.2 Semejante confusión de excepciones temporales con un concepto de propiedad procedente del Derecho romano no presenta sólo ventajas, aunque únicamente sea para sus titulares. Ahora bien, la suspensión del Derecho de la competencia y su supeditación al régimen de autorización por parte de sus titulares en forma de licencias no genera un auténtico derecho de propiedad con todos sus atributos. Así, existen limitaciones en aras del interés público (licencias obligatorias), la territorialidad de las patentes constituye un límite a la protección que otorgan y existen divergencias en las legislaciones nacionales, e incluso en Europa, etc.

4.6.3 No obstante, la orientación actual consiste en considerar las patentes y licencias como valores de colocación o garantías de inversión, asistiéndose asimismo a su titulización a efectos de especulación financiera. Ello se deriva de la «financiarización» de la economía paralelamente al desarrollo de una economía centrada en los bienes inmateriales y vinculada a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación así como a la nueva normativa de contabilidad denominada NIIF. La Comisión tiene previsto concretar próximamente su estrategia en el ámbito del mercado de las patentes en forma de un «Instrumento de valorización de los DPI» (quizá un tipo de bolsa europea). En Europa, el principal problema de los «nuevos focos innovadores» reside en la escasez de vínculos entre la investigación fundamental, la aplicada y las universidades y las empresas, junto con el déficit evidente de capital-riesgo en empresas innovadoras. El Comité pone de relieve, además, las prácticas de las multinacionales de los sectores de alta tecnología que consisten en adquirir las PYME y atraer a los ingenieros con las carteras de patentes de las empresas innovadoras, en lugar de las licencias que podrían concederse igualmente a la competencia. Con ello pretenden utilizar las patentes y los demás títulos de propiedad industrial con fines estratégicos monopolísticos y contrarios a la libre competencia.

4.6.4 Otro pilar de la estrategia confirma el papel esencial de la patente única europea y de un órgano jurisdiccional europeo de rango superior que unifique la jurisprudencia, con el fin de solucionar las graves dificultades que acusan las empresas, en particular aquellas que impiden en gran medida a las PYME proteger su propiedad industrial, y fomentar un mejor conocimiento de la evolución de la técnica disponible en el mercado único.

4.6.5 Aunque siempre ha apoyado decididamente las iniciativas de la Comisión dirigidas a instaurar dicha patente única, el Comité ha emitido reservas respecto de ciertas prácticas de la Oficina Europea de Patentes (OEP) que no se ajustan enteramente a las cláusulas del Convenio de Munich por lo que se refiere a la exclusión expresa de los programas informáticos, mientras que todas las patentes relativas a programas informáticos o a métodos de negocio han sido anuladas por los órganos jurisdiccionales cuando se les han presentado casos de reclamación. Dichas prácticas atentan contra la seguridad jurídica que debe conllevar la obtención de una patente, procedimiento gravoso para los solicitantes (gastos de tramitación, costes de traducción, canon anual, empleo de intermediarios en las patentes). Conviene evitar este tipo de desviaciones por lo que se refiere a la nueva patente.

4.6.6 En cuanto a las sugerencias de la Comisión Europea de elaborar un Código europeo de los derechos de autor y de evaluar la viabilidad de un derecho de autor facultativo «con efecto unificador», el Comité considera que, aunque se trata de propuestas muy ambiciosas favorables a la armonización y a la realización del mercado único, es aún demasiado pronto para pronunciarse sobre meras hipótesis. Por ello, invita a la Comisión a proseguir sus estudios así como a presentar propuestas concretas que tengan en cuenta la situación al respecto en cada Estado miembro.

4.6.7 El Comité considera que el impuesto que grava los soportes electrónicos y magnéticos del tipo que sean, con vistas a la financiación de la copia privada, se basa en una presunción de culpabilidad. Por el contrario, el Comité considera que la copia privada constituye una práctica legítima que permite cambiar de soporte o de material por lo que debería reconocerse como uno de los derechos del titular legal de la licencia de utilización incluidos en su uso legítimo («fair use») (10).

Bruselas, 18 de enero de 2012. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) DO C 18 de 19.1.2011, p. 105.

DO C 116 de 28.4.1999, p. 35.

DO C 32 de 5.2.2004, p. 15.

DO C 77 de 31.3.2009, p. 63.

(2) La Oficina Europea de Patentes (OEP) propone instrumentos de ayuda a la traducción únicamente para las tres lenguas oficiales.

(3) Véase COM(2000) 199 final.

(4) DO L 122 de 17.5.1991, p. 42.

(5) Directiva 93/83/CEE (DO L 248 del 6.10.1993, p. 15).

(6) Véase el Dictamen del CESE 1378/2011 – INT/586; ponente: Thomas McDonough.

(7) Directiva 2006/115/CE (DO L 376 del 27.12.2006, p. 28).

(8) Directiva 2001/29/CE (DO L 167 del 22.6.2001, p. 10).

(9) DO C 228 de 22.9.2009, p. 52.

(10) El TJCE retoma este análisis en la sentencia dictada en el asunto Padawan (C-467/08).