Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE del Consejo /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA En 2003, el Consejo adoptó una Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (en lo sucesivo denominada «la Directiva sobre fiscalidad del ahorro»). Dicha Directiva tenía dos objetivos principales: evitar distorsiones en el movimiento de capitales y permitir la imposición efectiva de los intereses abonados por los agentes pagadores establecidos en un Estado miembro a personas físicas residentes en otro Estado miembro. La Directiva sobre fiscalidad del ahorro facilita la imposición de los pagos de intereses de este tipo de conformidad con la legislación del Estado miembro de residencia de la persona física a la que se destinan los rendimientos del ahorro, mediante la solicitud de un intercambio automático de información sobre los pagos de intereses a dichas personas físicas. Las disposiciones de la Directiva se empezaron a aplicar el 1 de julio de 2005 y se hicieron extensivas a Bulgaria y Rumanía a raíz de su adhesión la Unión el 1 de enero de 2007, y a Croacia, a raíz de su adhesión el 1 de julio de 2013. La Directiva fue el resultado de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2000, en el que los Estados miembros acordaron que, a fin de aplicar el principio de que todo ciudadano debe pagar los impuestos que gravan la totalidad de los rendimientos de su ahorro, el objetivo último de la UE, en consonancia con la evolución de la situación internacional, debía ser el intercambio de la máxima información posible. La Directiva, adoptada en 2003, abarcaba los rendimientos del ahorro de las personas físicas derivados de créditos (renta por intereses clásica o plusvalía de los valores representativos de deuda) obtenidos directamente o a través de fondos de inversión, o de alguna otra entidad intermediaria no sujeta a impuestos. La Directiva contemplaba disposiciones sobre el intercambio automático de información sobre estos rendimientos del ahorro pagados por agentes pagadores establecidos en un Estado miembro a personas físicas residentes en otro Estado miembro. Todos los Estados miembros excepto Bélgica, Luxemburgo y Austria introdujeron sin dilación sistemas de comunicación automática de información. Esos tres países fueron autorizados a practicar durante un período transitorio, como alternativa a la comunicación de información, una retención a cuenta a un tipo impositivo del 15 % durante los tres primeros años siguientes a la entrada en vigor de la Directiva (hasta el 30 de junio de 2008), un tipo del 20 % durante los tres años sucesivos (hasta el 30 de junio de 2011), y un tipo del 35 % en adelante. La normativa preveía que el 75 % de los ingresos procedentes de esa retención a cuenta se transfirieran al Estado miembro de residencia del inversor. Bélgica decidió dejar de aplicar la retención a cuenta transitoria a partir del 1 de enero de 2010 y proceder al intercambio información aplicando el mismo método que otros Estados miembros. Luxemburgo ha seguido su ejemplo a partir del 1 de enero de 2015. Desde el 1 de julio de 2005, cinco países europeos no pertenecientes a la UE, entre los que se cuenta Suiza, han venido aplicando medidas equivalentes a las de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro por lo que respecta a los rendimientos del ahorro pagados en su territorio a las personas físicas de la UE residentes. A partir de esa misma fecha, se empezaron a aplicar medidas idénticas a las de la Directiva en diez territorios dependientes o asociados a los Estados miembros de la UE (doce tras la disolución de las Antillas Neerlandesas) a través de acuerdos bilaterales firmados por cada uno de ellos con cada uno de los Estados miembros. A raíz del cambio de estatuto de San Bartolomé, Francia se ha comprometido a velar por que este territorio aplique las disposiciones actuales y futuras tanto de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro como de la Directiva sobre cooperación administrativa. Tras una primera revisión de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, la Comisión propuso en noviembre de 2008 una serie de modificaciones con el fin de colmar las lagunas existentes y prevenir de forma más eficaz la evasión fiscal. Las modificaciones propuestas tenían por objeto mejorar la Directiva reforzando las medidas para garantizar que el pago de intereses estuviera sujeto a imposición. Así pues, se amplió el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a las estructuras intermedias. La propuesta ampliaba también el ámbito de aplicación de la Directiva a la renta procedente instrumentos equivalentes a instrumentos de deuda, es decir, los productos financieros innovadores y determinados productos de seguro de vida. Las modificaciones fueron aprobadas por el Consejo con arreglo a la Directiva 2014/48/UE de 24 de marzo de 2014[1] (Directiva sobre fiscalidad del ahorro modificada). El artículo 2 de dicha Directiva dispone que los Estados miembros deben adoptar y publicar antes del 1 de enero de 2016 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella. Los Estados miembros estarían obligados a aplicarlas a partir del 1 de enero de 2017. Paralelamente a su solicitud al Consejo de que procediera a la adopción formal de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro modificada, el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2014 llegó a la conclusión de que la norma internacional que estaba elaborando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debía convertirse en el futuro método de intercambio automático de información aplicado por la UE dentro de sus fronteras. Para que así fuera, el Consejo Europeo invitó al Consejo a garantizar que, mediante la ulterior adopción de un texto modificado de la Directiva relativa a la cooperación administrativa a finales de 2014, la legislación de la UE se ajustara plenamente a la nueva norma internacional. En realidad, la Comisión ya había propuesto el 12 de junio de 2013 modificaciones a la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. El principal objetivo de la propuesta era aportar a los Estados miembros una base jurídica adecuada a escala de la UE para aplicar la norma internacional sobre el intercambio automático de información (la norma internacional) que estaba elaborando la OCDE. El ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva de modificación es muy amplio, ya que abarca todo tipo de productos financieros (con determinadas excepciones) propiedad directa o indirecta de las personas físicas o las entidades «no públicas». Dicha Directiva de modificación se adoptó el 9 de diciembre de 2014 – Directiva 2014/107/UE del Consejo[2] (Directiva sobre cooperación administrativa modificada). El artículo 2 de dicha Directiva dispone que los Estados miembros deben adoptar y publicar antes del 31 de diciembre de 2015 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella. Asimismo exige que apliquen dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2016 e inicien el intercambio de información antes de septiembre de 2017. Debido a sus divergencias estructurales, Austria obtuvo una excepción en virtud del artículo 2, apartado 2, que le permite empezar a aplicar la Directiva, como máximo, un año después que los demás Estados miembros. En el momento de la adopción de la Directiva, Austria comunicó que solo se acogería parcialmente a dicha excepción. Explicó que iniciaría el intercambio de información antes de septiembre de 2017 en relación con un número limitado de cuentas (únicamente las nuevas cuentas abiertas durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016) y se acogería a la excepción en relación con todas las demás cuentas. El último párrafo del nuevo apartado 3 bis del artículo 8 introducido por la Directiva sobre cooperación administrativa modificada establece claramente que las disposiciones contenidas en dicho apartado prevalecerán sobre la Directiva de fiscalidad del ahorro modificada. Dado que ambas Directivas se solapan en gran medida, habría por tanto muy pocos casos en que la Directiva sobre fiscalidad del ahorro modificada siga siendo aplicable. Este reducido número de casos se plantea, fundamentalmente, por tres motivos. En primer lugar, la Directiva sobre cooperación administrativa modificada establece obligaciones de comunicación de información que incumben a las instituciones financieras que son entidades definidas en ella. Por lo tanto, a diferencia de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, no establece obligaciones de comunicación de información en relación con las personas físicas (por ejemplo, corredores) que puedan pagar rentas financieras. En segundo lugar, la Directiva sobre cooperación administrativa modificada prevé algunas excepciones con respecto a determinados fondos de pensiones, emisores de tarjetas de crédito, cuentas a las que se aplica un trato fiscal favorable y entidades financieras y productos similares que presentan bajo riesgo de evasión fiscal. En tercer lugar, el enfoque de agente pagador en el momento de la percepción previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro abarca también los intereses pagados por un territorio en el que no se aplica la Directiva a través de un agente pagador de un Estado miembro en el momento de la percepción; además, el enfoque de transparencia previsto en el artículo 2, apartado 3, y el enfoque reforzado de agente pagador en el momento de la percepción con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro modificada abarcan asimismo la renta pagada a través de instituciones no financieras «activas», en la medida en que estén exentas de impuestos. La existencia de estos casos residuales se debe a los enfoques ligeramente diferentes adoptados en la Directiva sobre fiscalidad del ahorro y la Directiva sobre cooperación administrativa modificada, así como a las exenciones específicas previstas en ambas Directivas. El hecho de que estos casos residuales estén o no cubiertos por la legislación de la UE aquí tratada tiene un efecto marginal en el contexto del ámbito de aplicación global de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada. La aplicación a escala mundial de la norma internacional y la estrecha supervisión de dicha aplicación por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información reducirán al máximo los eventuales riesgos asociados a tales casos residuales. De ello se deduce que la ventaja que se obtendría de mantener ambos instrumentos jurídicos funcionando de forma paralela sería mínima. Si bien la norma de prevalencia ya mencionada prevista en el nuevo apartado 3 bis del artículo 8 introducido por la Directiva sobre cooperación administrativa modificada podría haber servido en la mayoría de los casos para evitar la comunicación de información con arreglo a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, la coexistencia de dos instrumentos jurídicos con un ámbito de aplicación esencialmente similar no está en consonancia con los principios de mejora de la legislación ni redunda en interés de la claridad y la seguridad jurídica. Además, mantener dos regímenes legales funcionando en paralelo supondría la existencia de dos conjuntos de normas, semejantes aunque no totalmente armonizadas, en materia de diligencia debida con respecto al cliente, procedimientos y sistemas de comunicación de información, tanto en relación con las instituciones financieras que comunican información a las autoridades competentes, como con las autoridades competentes que intercambian información entre sí. El coste de mantener los dos regímenes superaría con creces las ventajas derivadas de la cobertura adicional otorgada por la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Con el fin de garantizar que exista una sola norma aplicable al intercambio automático de información en la UE y para evitar situaciones de aplicación paralela de dos normas distintas, conviene derogar la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Con objeto de evitar cualquier interrupción de la comunicación de información, es preciso coordinar de forma adecuada la derogación de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro con el calendario de aplicación de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada, teniendo en cuenta, en particular, la prórroga del plazo de aplicación concedida a Austria. Dado que el objetivo de la presente propuesta de Directiva, a saber, la derogación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro previendo las excepciones temporales necesarias para proteger los derechos adquiridos y tener en cuenta la excepción concedida a Austria en virtud de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada, no puede alcanzarse suficientemente por los Estados miembros, y que, habida cuenta de la uniformidad y eficacia exigidas, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta última puede adoptar las medidas necesarias, de conformidad con el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente propuesta de Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de marzo de 2014 y la declaración del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 9 de diciembre de 2014 ponen de manifiesto la clara preferencia de los Estados miembros por aplicar una sola norma para el intercambio automático de información sobre las rentas financieras. Dicha norma ya ha sido plenamente implantada mediante la Directiva sobre cooperación administrativa modificada. En las reuniones del Grupo de expertos de la Comisión sobre fiscalidad de los rendimientos del ahorro, sus miembros hicieron hincapié en la importancia de contar con único sistema de comunicación automática de información a efectos de imposición directa. Explicaron que las partes a las que representan (las instituciones financieras y los intermediarios de la UE) querían evitar la duplicación de los sistemas de comunicación de información. El grupo de expertos también señaló que el sector ya estaba introduciendo nuevos sistemas de TI o adaptando los existentes a fin de prepararse para la comunicación de información con arreglo a la Ley sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con cuentas en el extranjero [Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)] de los EE.UU., y puso de relieve la necesidad de que la futura legislación de la UE sobre intercambio automático de información sobre cuentas financieras se armonice con la norma mundial de la OCDE sobre intercambio automático de información (basada a su vez en los principios de diligencia debida con respecto al cliente que figuran en la FATCA), con el fin de reducir las cargas administrativas y de cumplimiento. Tal como se ha señalado anteriormente, la derogación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro tendrá un efecto muy marginal, en caso de tener alguno, sobre la eficacia del intercambio automático de información tal como se prevé en la Directiva sobre cooperación administrativa modificada, y constituye en esencia una medida destinada a «legislar mejor». Por consiguiente, no se ha elaborado una evaluación de impacto. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA El artículo 1 establece la derogación de la Directiva y coordina esta derogación con la aplicación de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada por parte de los Estados miembros. Las letras a) y b) del artículo 1, apartado 1, abarcan las obligaciones fundamentales en materia de comunicación e intercambio de información previstas en el artículo 4, apartado 2, y, respectivamente, en el artículo 8 y el artículo 9 de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. El artículo 1, apartado 1, letra a), dispone que los operadores económicos y los Estados miembros en los que estén establecidos comunicarán e intercambiarán la información que se haya recopilado para 2015. Dicha información, que se refiere a los agentes pagadores en el momento de la percepción con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, establecidos en otros Estados miembros, debe comunicarse en el mismo plazo que el previsto en el artículo 9, es decir, «antes de transcurridos seis meses del final del ejercicio fiscal». Este plazo vence el 30 de junio de 2016 en el caso de la mayoría de los Estados miembros, pero el 5 de octubre de 2016 en el caso del Reino Unido. Así pues, la prórroga de la aplicación se ha fijado con el fin de abarcar también el plazo otorgado al Reino Unido. El calendario se deja abierto con vistas a cualquier seguimiento o correcciones realizados con posterioridad a esa fecha. El artículo 1, apartado 1, letra b), dispone que los operadores económicos y los agentes pagadores, así como los Estados miembros en los que estén establecidos, comunicarán e intercambiarán la información que se haya recopilado para 2015, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 «antes de transcurridos seis meses del final del ejercicio fiscal», es decir, el 30 de junio de 2016 en el caso de la mayoría de los Estados miembros, pero el 5 de octubre de 2016 en el caso del Reino Unido. Así pues, la prórroga de la aplicación se ha fijado en el 5 de octubre de 2016 con el fin de abarcar también el plazo otorgado al Reino Unido. El calendario se deja abierto para cualquier complemento de información o correcciones necesarios con posterioridad a esa fecha. El artículo 1, apartado 2, incluye disposiciones específicas destinadas a Austria. Austria aplicará la Directiva sobre cooperación administrativa modificada con un retraso de un año, en la mayoría de los casos. No obstante, en el momento de la adopción de la Directiva, el 9 de diciembre de 2014, Austria se comprometió a intercambiar información ya en 2017, si bien solo en relación con un número limitado de cuentas (únicamente nuevas cuentas abiertas durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016), manteniendo al mismo tiempo la excepción en los demás casos. Por lo tanto, en general, Austria tendrá que aplicar la Directiva sobre fiscalidad del ahorro por un año más, salvo en relación con un número limitado de cuentas que se comunicarán en 2017, en virtud de la Directiva sobre cooperación administrativa. A diferencia de Luxemburgo, Austria no ha manifestado su voluntad de aplicar el intercambio automático de información con arreglo a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro antes de que finalice del período transitorio indicado en su artículo 10. Tampoco se prevé que en la fecha límite de aplicación por Austria de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada vayan a reunirse las condiciones para poner fin al período transitorio. Por lo tanto, a efectos del artículo 1, apartado 2, se supone que Austria seguirá aplicando la retención a cuenta transitoria con arreglo a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro a lo largo de 2016, salvo en relación con un número limitado de cuentas que Austria comunicará en 2017 de conformidad con la Directiva sobre cooperación administrativa modificada. Por consiguiente, en el artículo 1, apartado 2, letra a), se incluye una referencia a las obligaciones de Austria y las obligaciones subyacentes de los agentes pagadores establecidos en su territorio de transferir la retención a cuenta sobre los pagos de intereses efectuada en 2016, de conformidad con el artículo 12 de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Austria deberá cumplir asimismo con las obligaciones que le incumben en materia de comunicación de información por parte de sus operadores económicos en aplicación del artículo 4, apartado 2, último párrafo, de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, en los casos en que la entidad que reciba un pago de intereses procedente de dichos operadores económicos y a que se refiere el artículo 11, apartado 5, de la misma Directiva, haya accedido formalmente a que se comunique su nombre y dirección, así como el importe total de los intereses pagados o atribuidos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, último párrafo, de dicha Directiva. La disposición pertinente que lo garantiza se contempla en el artículo 1, apartado 2, letra b), de la presente propuesta. Además, en caso de que Austria aplique el procedimiento contemplado en el artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, deberán respetarse asimismo tanto las obligaciones en materia de comunicación de información de ese Estado miembro como las obligaciones subyacentes de los agentes pagadores establecidos en su territorio, en virtud del capítulo II de dicha Directiva. La disposición pertinente que lo garantiza se contempla en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la presente propuesta. Todas las obligaciones previstas en el artículo 1, apartado 2, deberían cumplirse antes de transcurridos seis meses del final del ejercicio fiscal en Austria, es decir, el 30 de junio de 2017. Por lo que respecta al número limitado de cuentas que estarán sujetas al procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente a partir del 1 de octubre de 2016 y que se comunicarán en 2017 en virtud de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada, se añade en el artículo 1, apartado 3, una excepción a la prórroga de la aplicación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. Los 27 Estados miembros que aplicarán la Directiva sobre cooperación administrativa modificada a partir del 1 de enero de 2016 tendrán que seguir expidiendo a los beneficiarios efectivos residentes en su territorio el certificado previsto en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. Habida cuenta de que la última fecha de validez de dicho certificado sería la última fecha en que Austria aplicara la retención a cuenta en virtud de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, la fecha se fija en el artículo 1, apartado 1, letra c), de la presente propuesta a 31 de diciembre de 2016. Dado que Luxemburgo aplicará la Directiva sobre fiscalidad del ahorro sin practicar la retención a cuenta a partir del 1 de enero de 2015, Austria será el único Estado miembro que practique dicha retención en virtud de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro en 2015 y 2016. Las normas destinadas a la supresión de cualquier doble imposición que pueda derivarse de la aplicación de la retención a cuenta transitoria en virtud de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro podrían tener que prorrogarse también más allá de la fecha de aplicación de la Directiva sobre cooperación administrativa modificada. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas nacionales del Estado miembro concreto que vaya a conceder el crédito de impuesto o efectuar la devolución de conformidad con el artículo 14 de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, la aplicación de esa disposición puede tener que prorrogarse más allá de la última fecha en que se aplicará la retención a cuenta, es decir, el 31 de diciembre de 2016, en el caso de la retención a cuenta efectuada por Austria (véase el artículo 1, apartado 1, letra d) de la presente propuesta). Se trata de una medida de carácter transitorio que protege los derechos adquiridos de los beneficiarios efectivos de conformidad con el artículo 14 de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro con respecto a su Estado miembro de residencia. El artículo 2 dispone que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El artículo 3 dispone que los destinatarios de la Directiva son los Estados miembros. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna. 2015/0065 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE del Consejo EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 115, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente: (1) A partir del consenso alcanzado en el Consejo Europeo de 20 de junio de 2000 en el sentido de que el intercambio de la información pertinente a efectos fiscales debe llevarse a cabo sobre una base lo más amplia posible, desde el 1 de julio de 2005, se ha venido aplicando en los Estados miembros la Directiva 2003/48/CE del Consejo[3], al objeto de permitir que los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses efectuados en un Estado miembro a beneficiarios efectivos que sean personas físicas residentes en otro Estado miembro estén sujetos a imposición efectiva de conformidad con la legislación de ese último Estado miembro, eliminando de este modo distorsiones en los movimientos de capitales entre Estados miembros incompatibles con el mercado interior. (2) La dimensión mundial de los retos que plantean el fraude y la evasión fiscales transfronterizos es uno de los principales motivos de preocupación a nivel mundial y dentro de la Unión. Las rentas no declaradas y no gravadas comportan una reducción significativa de los ingresos fiscales nacionales. El Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013 acogió con satisfacción los esfuerzos que se estaban realizando en foros como el G-8 y el G-20, y en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de elaborar una norma internacional. (3) La Directiva 2011/16/UE[4] establece la obligatoriedad del intercambio automático de información entre los Estados miembros y una ampliación progresiva de su ámbito de aplicación a nuevas categorías de renta y de patrimonio, a fin de combatir el fraude y la evasión fiscales transfronterizos. (4) El 9 de diciembre de 2014, el Consejo adoptó la Directiva 2014/107/UE[5], por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE, que ampliaba el intercambio automático de información a una gama completa de rentas, de conformidad con la norma internacional publicada por el Consejo de la OCDE en julio de 2014 y garantizaba la aplicación de un enfoque coherente, homogéneo y global a escala de la UE al intercambio automático de información sobre cuentas financieras en el mercado interior. (5) La Directiva 2014/107/UE, cuyo ámbito de aplicación es en general más amplio que el de la Directiva 2003/48/CE, dispone que, en caso de solapamiento de los ámbitos de aplicación, la primera prevalece sobre la segunda. Siguen existiendo algunos casos residuales en los que solo sería de aplicación la Directiva 2003/48/CE. Estos casos residuales se deben a ligeras diferencias de enfoque entre ambas Directivas y a diversas exenciones específicas. Cuando, en ese número limitado de casos, el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/48/CE rebasara el de la Directiva 2014/107/UE, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/48/CE seguirían aplicándose, lo que daría lugar a la duplicación de las normas sobre comunicación de información dentro de la Unión. Las pequeñas ventajas que aportaría esa duplicación de la comunicación de información se verían contrarrestadas por los costes generados. (6) El 21 de marzo de 2014, el Consejo Europeo invitó al Consejo a garantizar que el Derecho de la Unión pertinente se adapte plenamente a la nueva norma internacional única sobre intercambio automático de información elaborada por la OCDE. Además, al adoptar la Directiva 2014/107/UE, el Consejo invitó a la Comisión a que presentara una propuesta con vistas a derogar la Directiva 2003/48/CE y coordinar la fecha de su derogación con la fecha de aplicación establecida en el artículo 2 de la Directiva 2014/107/UE teniendo debidamente en cuenta la excepción que en ella se contempla en relación con Austria. Por lo tanto, la Directiva 2003/48/CE debe seguir aplicándose a Austria durante un período adicional de un año. A la luz de la posición adoptada por el Consejo, la derogación de la Directiva 2003/48/CE sería necesaria a fin de evitar la duplicación de las obligaciones en materia de comunicación de información y de ahorrar costes, tanto en beneficio de las administraciones tributarias como de los operadores económicos. (7) De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2014/48/UE[6] por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE, los Estados miembros deberían adoptar y publicar, a más tardar el 1 de enero de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva. Deberían aplicar dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2017. Con la derogación de la Directiva 2003/48/CE, ya no sería necesario proceder a la transposición de la Directiva 2014/48/UE. (8) A fin de garantizar que la comunicación automática de información sobre las cuentas financieras se lleve a cabo sin interrupción, procede que la fecha de entrada en vigor de la derogación de la Directiva 2003/48/CE debería coincida con la fecha de aplicación establecida en el artículo 2 de la Directiva 2014/107/UE. (9) Resulta oportuno que pese a la derogación de la Directiva 2003/48/CE, la información obtenida por los agentes pagadores, los operadores económicos y los Estados miembros hasta la fecha de dicha derogación sea procesada y transferida como se había previsto inicialmente y que se cumplan las obligaciones contraídas con anterioridad a dicha fecha. (10) Por lo que respecta a la retención a cuenta practicada en el período transitorio a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 2003/48/CE, es preciso que, con el fin de proteger los derechos adquiridos de los beneficiarios efectivos, los Estados miembros sigan concediendo un crédito de impuesto o efectuando devoluciones tal como se había previsto inicialmente y expidan certificados, previa solicitud, que permitan a los beneficiarios efectivos demostrar que no se ha realizado una retención a cuenta. (11) Resulta oportuno tener en cuenta el hecho de que, debido a la existencia de divergencias estructurales, se ha concedido a Austria una excepción de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2014/107/UE, por un plazo máximo de un año. En el momento de adoptarse la Directiva, Austria comunicó que solo se acogería parcialmente a esa excepción. En cambio, Austria procederá al intercambio de información antes de septiembre de 2017, aunque en relación con un número limitado de cuentas, manteniendo la excepción en los demás casos. Por tanto, resulta oportuno establecer disposiciones específicas para garantizar que Austria así como los agentes pagadores y los operadores económicos establecidos en su territorio seguirán aplicando las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE durante el período de excepción, salvo en relación con las cuentas sujetas a la Directiva 2014/107/UE por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE. (12) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a la protección de los datos personales y ninguna de sus disposiciones menoscabará o eliminará dichos derechos. (13) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la derogación de la Directiva 2003/48/CE previendo las excepciones temporales necesarias para proteger los derechos adquiridos y tener en cuenta la excepción concedida a Austria en virtud de la Directiva 2014/107/UE, no puede alcanzarse suficientemente por los Estados miembros y que, habida cuenta de la uniformidad y eficacia exigidas, se logrará mejor a nivel de la Unión, esta última puede adoptar las medidas necesarias, de conformidad con el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo. (14) En consecuencia, debe derogarse la Directiva 2003/48/CE. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 1. Queda derogada la Directiva 2003/48/CE con efecto a partir del 1 de enero de 2016. No obstante, seguirán en vigor las obligaciones impuestas por la Directiva 2003/48/CE, modificada por la Directiva 2006/98/CE[7], que se enumeran a continuación: a) las obligaciones de los Estados miembros y de los operadores económicos establecidos en su territorio con arreglo al artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2003/48/CE seguirán vigentes hasta el 5 de octubre de 2016 o hasta que sean satisfechas; b) las obligaciones de los agentes pagadores con arreglo al artículo 8 y de los Estados miembros de los agentes pagadores con arreglo artículo 9 seguirán vigentes hasta el 5 de octubre de 2016 o hasta que sean satisfechas; c) las obligaciones de los Estados miembros de residencia a efectos fiscales de los beneficiarios efectivos con arreglo al artículo 13, apartado 2, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016; d) las obligaciones de los Estados miembros de residencia a efectos fiscales de los beneficiarios efectivos con arreglo al artículo 14, en lo que se refiere a la retención a cuenta practicada en 2016 y en años anteriores seguirán vigentes hasta que sean satisfechas. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la Directiva 2003/48/CE, modificada por la Directiva 2006/98/CE, seguirá aplicándose a Austria en su integridad hasta el 31 de diciembre de 2016, con la excepción de: a) las obligaciones de Austria y las obligaciones subyacentes de los agentes pagadores y los agentes económicos establecidos en su territorio con arreglo al artículo 12, que seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 2017 o hasta que sean satisfechas; b) las obligaciones de Austria y los operadores económicos establecidos en su territorio con arreglo al artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, que seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 2017 o hasta que sean satisfechas; c) cualesquiera obligaciones de Austria y las obligaciones subyacentes de los agentes pagadores establecidos en su territorio derivadas directa o indirectamente de los procedimientos contemplados en el artículo 13, que seguirán vigentes hasta el 30 de junio de 2017 o hasta que sean satisfechas. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, la Directiva 2003/48/CE, modificada por la Directiva 2006/98/CE, no se aplicará a partir del 1 de octubre de 2016 a los pagos de intereses por lo que se refiere a las cuentas con respecto a las cuales se hayan cumplido las obligaciones de comunicación y diligencia debida incluidas en los anexos I y II de la Directiva 2011/16/UE y en relación con las cuales Austria haya comunicado mediante un intercambio automático la información contemplada en el artículo 8, apartado 3 bis, de la Directiva 2011/16/UE en el plazo establecido en el artículo 8, apartado 6, letra b), de la Directiva 2011/16/UE. Artículo 2 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 3 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] Directiva 2014/48/UE del Consejo, de 24 de marzo de 2014, por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 111 de 15.4.2014, p. 50). [2] Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 359 de 16.12.2014, p. 1). [3] Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 157 de 26.6.2003, p. 38). [4] Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1.) [5] Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 359 de 16.12.2014, p. 1). [6] Directiva 2014/48/UE del Consejo, de 24 de marzo de 2014, por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 111 de 15.4.2014, p. 50). [7] Directiva 2006/98/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO L 363 de 20.12.2006, p. 129).