INFORME DE LA COMISIÓN - XXXI Informe sobre la política de competencia 2001

ÍNDICE

Introducción

Recuadro 1: La competencia y el consumidor - Principales decisiones de la Comisión en 2001

I -Competencia: artículos 81y 82 - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

2. Revisión de la comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe

3. Revisión del Reglamento de exención por categorías sobre los acuerdos de transferencia de tecnología

Recuadro 2: Nueva Comunicación de minimis

4. Revisión de las normas de procedimiento: nuevo mandato de los consejeros auditores

B -Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Un año récord en decisiones sobre cárteles

1.1.2. Decisiones en asuntos de cárteles en 2001

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82 - Empresas en posición dominante

Recuadro 3: La política de competencia en el sector de los residuos de envases

2.2. Apartado 1 del artículo 86 en combinación con el artículo 82 - Empresas públicas/empresas con derechos especiales o exclusivos y en posición dominante

C -Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

1.1. Propuesta de la Comisión relativa a la realización de los mercados europeos de la electricidad y el gas

1.2. Relaciones entre la política de la competencia y la normativa del mercado interior

1.3. Política de la Comisión sobre ayudas estatales en el sector energético

1.4. Otras novedades en el sector energético: carburantes

2. Servicios postales

2.1. Propuesta de la Comisión para la ulterior apertura del mercado

2.2. Asuntos

3. Telecomunicaciones

3.1. Directrices sobre análisis del mercado y cálculo del peso en el mercado

3.2. Adopción del 7º Informe sobre la aplicación de la normativa de telecomunicaciones

3.3. Control de la aplicación de las directivas

3.4. Investigación sectorial sobre la desagregación del bucle local

3.5. Investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

3.6. Investigación sectorial sobre la itinerancia

3.7. Asuntos individuales abordados con arreglo a los artículos 81 y 82

3.7.1. Identrus

3.7.2. Intelsat

3.7.3. Wanadoo

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS

4.1.2. SAS/Maersk Air

4.1.3. Consultas sobre tarifas de carga de la IATA

4.1.4. Conferencias de la IATA sobre tarifas del transporte aéreo de pasajeros

4.2. Transporte marítimo

4.2.1. TACA revisado

4.2.2. Consorcios

4.2.3. Informe de la OECD sobre el transporte marítimo de línea

4.2.4. P&O/Stena

4.3. Ferrocarril

5. Medios de comunicación

5.1. Retransmisiones deportivas

5.1.1. Reglamento sobre retransmisiones de la UEFA

5.1.2. Liga de campeones de la UEFA

5.2. Otras cuestiones

5.2.1. Sociedades de gestión colectiva

5.2.2. CD/DVD

6. Distribución de vehículos de motor

6.1. Preparación hacia un nuevo régimen legislativo específico para la distribución de vehículos automóviles

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención sobre los precios de los coches nuevos

6.3. Aplicación del Reglamento de exención en 2001

6.3.1. Volkswagen

6.3.2. DaimlerChrysler

6.3.3. Sistema de distribución de Porsche

Recuadro 4: Luz verde a Covisint - mercado de automóviles de empresa a empresa (B2B)

6.4. Auto del Tribunal de Justicia en el asunto Asia Motor France SA

7. Servicios financieros

7.1. Competencia en el sector de la liquidación y compensación

7.1.1. Eurex

7.2. Sistemas de pago

7.3. Consorcios de seguro nuclear

7.4. Convergencia entre el sector bancario y de seguros

8. Sociedad de la información

8.1. Pliego de cargos enviado a Microsoft

8.2. Sociedad de la información e Internet

9. Deporte

Recuadro 5: Traspasos de futbolistas

9.1. Fórmula 1

9.2. UEFA

9.3. Subvenciones a los clubes profesionales de fútbol franceses

10. Productos farmacéuticos

10.1. Comercio paralelo: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

10.1.2. GlaxoWellcome

10.2. Empresas en participación

10.2.1. Pfizer/EISAI

10.2.2. Pfizer/Aventis

D - Estadísticas

II - Control de las operaciones de concentración

A - Política general y Nuevos acontecimientos

1. Introducción - evolución general

2. Mercados nacionales y competencia potencial

2.1. Definición de los mercados geográficos de referencia y de la competencia potencial

2.2. Definición de los mercados de productos de referencia

Recuadro 6: Los asuntos del papel y la posición dominante colectiva:

3. control de las operaciones de concentración en el siglo XXI -Libro Verde sobre la Revisión del Reglamento de Concentraciones

3.1. Aspectos jurisdiccionales

3.2. Aspectos sustantivos

3.3. Aspectos procesales

3.4. Grupo de trabajo conjunto con las autoridades nacionales de competencia

Recuadro 7: Restricciones accesorias - Adaptación de la política de la Comisión

4. Evolución de la aplicación de la excepción de empresa en crisis

Recuadro 8: Schneider/Legrand

5. Soluciones

5.1. Soluciones - Evolución estadística

5.2. Naturaleza de las soluciones aceptadas en 2001

5.3. Ejecución de las soluciones

5.4. Cooperación internacional en soluciones

6. remisiones a los Estados miembros en virtud del artículo 9 - últimos acontecimientos

7. Cooperación internacional

7.1. Cooperación con las autoridades de Estados Unidos

Recuadro 9: GE/Honeywell

B - Estadísticas

III -Ayudas estatales

A - Política general

1. Transparencia

2. Modernización del control de las ayudas estatales

Recuadro 10: Capital riesgo

3. Ayuda estatal y política fiscal

4. Costes de transición a la competencia

5. Radiodifusión pública

5.1. Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión

6. Cine y apoyo a la producción del sector audiovisual

6.1. Revisión de los regímenes nacionales de apoyo al cine y a la producción audiovisual

6.2. Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual

7. Ampliación

Recuadro 11: Bancos públicos alemanes (Anstaltslast y Gewährträgerhaftung)

B- Concepto de ayuda

1. Origen de los fondos

2. Empresa favorecida

3. Selectividad

4. Repercusión sobre el comercio entre Estados miembros

C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Investigación y desarrollo

1.2. Empleo, formación y condiciones de trabajo

1.3. Medio ambiente

1.4. Ayudas de salvamento y reestructuración

2. Ayuda regional

3. Ayuda sectorial

3.1. Sectores sujetos a normas específicas

3.1.1. Construcción naval

3.1.2. Siderurgia

3.1.3. Carbón

3.1.4. Industria automóvil

3.1.5. Transporte

3.1.6. Agricultura

3.1.7. Pesca

3.2. Sectores específicos no sujetos a normas especiales

3.2.1. Sector financiero

3.2.2. Servicios

3.2.3. Acontecimientos excepcionales

D - Procedimientos

1. Apertura del procedimiento formal de examen

2. Ayudas existentes

3. Recuperación de ayudas

4. Incumplimiento de decisiones

E - Estadísticas

IV - Servicios de interés general

1. Principios generales

2. Últimos acontecimientos

2.1. Petición del Consejo Europeo de Niza

2.2. Informe de la Comisión al Consejo Europeo de Laeken

3. Defensa de la competencia (incluida la liberalización)

3.1. Sentencias del Tribunal

3.2. Liberalización mediante medidas legislativas

V - Actividades internacionales

A - Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

2. Avances en la adaptación de las normas de competencia

3. Normas de aplicación de los acuerdos europeos y de la decisión sobre la Unión aduanera

4. Extensión de la condición de región de la letra A) del apartado 3 del artículo 87 en virtud de los Acuerdos Europeos y la adopción de mapas de ayudas regionales

5. Asistencia técnica a los países candidatos

6. Balcanes occidentales

B - Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Otros países de la OCDE

4. Países mediterráneos

5. América Latina

6. Federación Rusa y Ucrania

C - Cooperación multilateral

1. OMC: Comercio y política de competencia

1.1. La competencia en el plan de acción de Doha para el desarrollo

1.2. Primera evaluación de la Declaración de Doha

Recuadro 12: Comercio y competencia: del Informe Van Miert a Doha

2. OCDE

3. CNUCD

4. Red internacional de la competencia

VI -Perspectivas para 2002

1. Competencia

1.1. Actividades legislativas y reglamentarias

1.2. Actividades de control

2. Concentraciones

3. Ayudas estatales

4. Actividad internacional

Anexo: Asuntos citados en el Informe

Introducción

1. La aplicación de la normativa en materia de competencia constituye una de las principales tareas de la Comisión, y su papel es crucial en el funcionamiento económico del mercado único. En la fase final de la introducción del euro, iniciada el 1 de enero de 2002, y ante una ampliación de la Unión Europea de una dimensión sin precedentes, es preciso plantearse la modernización de las normas sobre defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales, para que la Comisión pueda adaptar su actuación a un entorno económico que cambia con rapidez. Esto permitirá centrarse en aquellos comportamientos de los operadores que representan mayor peligro para la "economía de mercado abierta y de libre competencia" que contempla el Tratado.

2. En 2001, una serie de decisiones en materia de cárteles pusieron de manifiesto los incesantes esfuerzos de la Comisión por combatir comportamientos flagrantemente anticompetitivos en numerosos sectores. Las decisiones en este ámbito dan prueba de las repercusiones directas que la política de competencia tiene en el bienestar de los consumidores; como demuestran las decisiones de este año en el sector del automóvil. Además, la apertura de los mercados en los que aún no existe un entorno plenamente competitivo, junto con la garantía de que haya igualdad de condiciones entre los operadores y la protección de los servicios de interés general, siguen figurando entre las máximas prioridades de la Comisión.

3. La actuación de la Comisión en el ámbito de las concentraciones transcurre en un entorno de globalización y de creciente complejidad de los asuntos tratados. Las concentraciones globales presentan aspectos que competen a multitud de jurisdicciones, lo que hace cada vez más necesario que exista una estrecha cooperación internacional en el marco de diversos foros, como por ejemplo, la Red Internacional de competencia (ICN) y los acuerdos bilaterales. Para asegurarse de que el sistema europeo del control de concentraciones de empresas esté en condiciones de resolver los problemas que plantean este tipo de concentraciones globales, así como los retos que traerá consigo la ampliación de la Unión Europea, la Comisión está acometiendo una exhaustiva revisión del Reglamento comunitario de control de concentraciones. Así, en diciembre de 2001 se publicó un documento de consulta (Libro Verde) en que se abordan aspectos jurisdiccionales, procedimentales y de fondo.

4. En el ámbito de las ayudas estatales, se introdujeron importantes mejoras en materia de transparencia durante 2001, gracias al "cuadro de indicadores de ayudas estatales" y a la apertura al público de un registro en línea de este tipo de ayudas. La Comisión prosiguió su política de actualización y modernización de la normativa al respecto mediante la adopción de nuevas normas sobre ayudas estatales para el capital de riesgo y el inicio de tres nuevos grandes estudios sobre ayudas al empleo, ayudas a la investigación y desarrollo y ayudas para grandes proyectos de inversión regional. Por lo que a la supervisión y aplicación se refiere, se prestó particular atención a la entrada en vigor definitiva de los dos Reglamentos de exención por categorías que regulan, respectivamente, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y las ayudas a la formación, así como al Reglamento sobre ayudas de minimis.

5. Con la adopción, el 12 de diciembre, de las posiciones comunes sobre el capítulo de competencia, concluyó una primera fase de las actividades de ampliación relativas a las ayudas estatales. El Consejo de Asociación decidió cerrar provisionalmente el capítulo de competencia correspondiente a cuatro de los países candidatos.

6. La Comisión debe prestar gran atención a los aspectos de competencia de la próxima ampliación y trabajar con los países candidatos con el fin de garantizar que en una Unión ampliada se apliquen las mismas normas y con igual eficacia.

7. En 2001, el número total de nuevos asuntos fue de 1036, incluidos 284 asuntos de defensa de la competencia (artículos 81, 82 y 86), 335 asuntos de concentraciones y 417 asuntos de ayudas estatales (excluidas las denuncias). En comparación, en 2000 hubo un total de 1211 nuevos asuntos; 297 de defensa de la competencia, 345 de concentraciones y 569 de ayudas estatales [1]. Por tanto, la disminución del número total de nuevos asuntos constituye una tendencia global, que obedece al número algo inferior de asuntos de defensa de la competencia, a la reducción, por primera vez en varios años, de los asuntos de concentraciones y a un acusado descenso del número de asuntos de ayudas estatales.

[1] La cifra correspondiente a las ayudas estatales en 2000 se revisó tras la publicación del Informe de Competencia 2000.

8. La ligera disminución del número de nuevos asuntos de defensa de la competencia confirma que, transcurridos dos años, siguen notándose los efectos de las directrices sobre acuerdos horizontales y verticales en las notificaciones (que desde 1999 muestran una clara tendencia a la baja). El número de denuncias, que en años anteriores había variado en forma considerable, se mantuvo bastante estable en 2001 (116 denuncias frente a 112 en 2000).

9. El total de asuntos concluidos fue de 1204: 378 de defensa de la competencia, 346 de concentraciones y 480 de ayudas estatales (excluidas las denuncias). En 2000 se concluyeron 1230 asuntos: 400 de defensa de la competencia, 355 de concentraciones y 475 de ayudas estatales. [2] Si bien la ligera disminución de los asuntos de competencia concluidos se debe a una mayor atención a los asuntos de cárteles (que requieren recursos considerables), el número de asuntos concluidos (378) excede con mucho el de nuevos asuntos (284), lo que reduce aún más el número de asuntos acumulados.

[2] La cifra correspondiente a defensa de la competencia en 2000 se revisó tras la publicación del Informe de Competencia 2000.

10. La leve disminución del número de concentraciones y alianzas estudiadas por la Comisión en 2001 parece ser resultado de una ralentización económica general en el mundo industrializado, pero también refleja un cambio en el modo en que la comunidad empresarial percibe el éxito de las concentraciones y alianzas recientes. Por primera vez desde 1993 disminuyó el número de concentraciones notificadas a la Comisión, que bajó de 345 en 2000 a 335 en 2001, cifra empero muy superior a la de 1999. A lo largo del año se adoptaron 340 decisiones (frente a 345 en 2000). Pese a que en 2001 hubiera una pausa dentro la tendencia al alza del número global de notificaciones de concentraciones, cada vez son más complejos los asuntos de este tipo y más concentrados los mercados. En particular, el número de asuntos iniciados que requirieron investigaciones detalladas aumentó con mayor rapidez que el total de asuntos (decisiones en la fase II: en 2001, un 17% más que en 2000 y un 100% más que en 1999).

11. En el ámbito de las ayudas estatales, el número de notificaciones disminuyó aproximadamente en un 30%, y los nuevos asuntos de ayudas no notificadas, en cerca del 45% con respecto a 2000, mientras que el número de solicitudes de estudio de ayudas llegó casi a quintuplicarse. Sin embargo, el número de procedimientos incoados se mantuvo estable (66 en 2001, frente a 67 en 2000). El número de decisiones finales negativas aumentó ligeramente (31 en 2001, frente a 26 en 2000). En conjunto también aumentó el número de asuntos pendientes (de 584 en 2000 a 621 en 2001), lo que obedece a un mayor número de denuncias. [3]

[3] La cifra correspondiente a 2000 se revisó tras la publicación del Informe de Competencia 2000.

Recuadro 1: La competencia y el consumidor - Principales decisiones de la Comisión en 2001

El Comisario Monti ha subrayado en repetidas ocasiones que la Comisión otorga gran importancia a aquellos aspectos del derecho y de la política de competencia que presentan interés para los consumidores. La política de ayudas estatales, el control de concentraciones y la aplicación de la normativa sobre cárteles y abusos de posición dominante cumplen la función de transmitir a los consumidores los beneficios que genera la aplicación de la normativa de competencia de la Unión.

En 2001 varias de las decisiones adoptadas en el ámbito de los cárteles y abusos de posiciones dominantes ilustran con suma claridad cómo el mantenimiento de una competencia plena favorece los intereses de los consumidores. Todo beneficio suplementario obtenido por aquellos operadores que limiten el libre juego de la competencia, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de los cárteles, en última instancia deberá ser financiado por el consumidor, el cual podría disfrutar de precios más bajos, mejores servicios y una más amplia posibilidad de elección si la competencia funcionara correctamente.

British Midland/Lufthansa/SAS

El 1 de marzo de 2000, British Midland Internacional, Lufthansa y SAS notificaron la creación de una empresa en participación que les permitiría coordinar sus servicios desde y hacia el aeropuerto londinense de Heathrow y el aeropuerto internacional de Manchester.

La Comisión reconoció que el efecto global del acuerdo era positivo, por favorecer una mayor eficacia y estimular la competencia; permitiendo la reorganización y ampliación de las redes de las partes. Sin embargo, el acuerdo preveía además conceder a Lufthansa el derecho de explotación exclusivo de casi la totalidad de los vuelos en la ruta Londres - Francfort. Se trata de una de las rutas más frecuentadas de Europa. Por ello, la Comisión consideró que la retirada de British Midland de esta ruta constituía una restricción apreciable de la competencia en este mercado. La Comisión temía que el acuerdo llegara incluso a eliminar totalmente la competencia. Sólo quedarían Lufthansa y British Airways, y la primera, asociada a British Midland, gozaría de una posición mucho más ventajosa para el acceso a las franjas horarias en ambos extremos del mercado. British Airways, en cambio, tendría dificultades para aumentar sus frecuencias, dada la escasez de franjas horarias en Francfort.

En respuesta a los inconvenientes señalados por la Comisión, las partes se comprometieron a ceder franjas horarias en el aeropuerto de Francfort para que nuevos operadores o competidores ya existentes, y, en particular, British Airways, pudieran aumentar sus frecuencias en esta ruta en igualdad de condiciones con Lufhansa. Entre tanto, British Airways solicitó y obtuvo algunas de dichas franjas.

Los clientes dispondrán así de un mayor número de posibilidades a la hora de elegir servicios de transporte aéreo, con un número mayor de destinos, mejores conexiones, horarios más prácticos y vuelos sin escala.

SAS/Maersk

El 18 de julio, la Comisión decidió imponer una multa de 39,375 millones de euros y 13,125 millones de euros, respectivamente, a las compañías aéreas escandinavas SAS y Maersk Air por aplicar un acuerdo secreto de reparto de mercados. La Comisión ya había reparado en que Maersk Air se había retirado de la ruta Copenhague - Estocolmo, lo que otorgaba a SAS el monopolio de esta ruta en detrimento del más de millón de pasajeros que la frecuentan al año. Además, SAS había dejado de explotar la ruta Copenhague - Venecia, en la cual, en cambio, había empezado a operar Maersk Air; y, por último, SAS se había retirado de la ruta Francfort - Billund, dejándola en poder de Maersk Air. Además, las partes negociaron una cláusula global de inhibición de la competencia para sus futuras operaciones en las rutas internacionales desde y hacia Dinamarca, así como en las rutas interiores danesas.

La Decisión permitió restablecer la competencia entre SAS y Maersk Air, las dos mayores compañías aéreas que vuelan desde y hacia Dinamarca. Se anunció la entrada de nuevos operadores en rutas antes cubiertas por el acuerdo de reparto de mercados; por ejemplo, en adelante SAS explotará cinco vuelos de ida y vuelta entre Billund y Copenhague. De nuevo habrá presión sobre las tarifas aéreas, pues cada parte, al fijar sus precios, deberá tener en cuenta la posibilidad de que la otra ofrezca vuelos en la misma ruta.

Sector del automóvil

En el sector del automóvil, la Comisión denunció las prácticas de ciertos fabricantes que impiden a los consumidores comprar coches en el país de su elección.

El 29 de junio, la Comisión adoptó la decisión de imponer una multa de 30,96 millones de euros a Volkswagen por haber impuesto los precios de reventa en Alemania del nuevo VW Passat. En 1996 y 1997,Volkswagen remitió a sus concesionarios alemanes circulares en que los instaba a no vender este modelo a precios inferiores a los recomendados en su catálogo. Se trata de la primera decisión sobre precios de reventa en el sector del automóvil. Imponer precios de reventa constituye una restricción muy grave a la competencia de precios, pues efectos directos en los precios al consumo.

El 10 de octubre, la Comisión adoptó una decisión por la que imponía una multa de 71,825 millones de euros a DaimlerChrysler por distintas infracciones al artículo 81 del Tratado. Una de ellas consistía en obstaculizar el comercio paralelo en Alemania, es decir, en impedir a los compradores de otros Estados miembros adquirir vehículos a concesionarios alemanes. Entre las demás infracciones, cabe citar un acuerdo de fijación de precios en Bélgica, que pretendía reducir los descuentos ofrecidos a los consumidores.

En 2001 avanzó considerablemente la revisión de la exención por categorías en el sector de la distribución de vehículos de motor, que finalizará en 2002. Para más información, véase la sección 6.1 del presente informe.

Comisiones por el cambio de moneda en la zona del euro

Poco después de la creación del euro, la Comisión recibió denuncias de consumidores aduciendo que ciertos bancos habían fijado conjuntamente sus comisiones por el cambio de billetes de banco en la zona euro. La Comisión efectuó una serie de inspecciones por sorpresa en distintas entidades y envió solicitudes de información a la mayoría de los bancos de la zona del euro. A continuación, abrió un procedimiento contra numerosos bancos de siete Estados miembros.

Varios de los bancos reaccionaron presentando a la Comisión propuestas unilaterales en las que se comprometían a reducir considerablemente las comisiones facturadas y a eliminarlas por completo en octubre de 2001 a más tardar, al menos para las compras de divisas efectuadas por titulares de cuentas, medida sin duda beneficiosa para los consumidores en vísperas del paso al euro.

Dada la circunstancia excepcional de la desaparición del mercado de referencia y los beneficios inmediatos que estas propuestas reportarían a los consumidores, la Comisión decidió archivar el procedimiento para la mayoría de los bancos. El 12 de diciembre, impuso una multa de un total de 100,8 millones de euros a cinco bancos alemanes por haber celebrado un acuerdo sobre la facturación de una comisión de cerca de un 3% para la compra y venta de billetes de banco de la zona del euro.

Concentraciones

Las decisiones adoptadas en el ámbito del control de concentraciones también tienen repercusiones en la vida cotidiana de los consumidores.

En el asunto Nordea/Postgirot, la Comisión dio luz verde, con algunas condiciones, a la adquisición por el grupo bancario escandinavo Nordea del control exclusivo de la sociedad sueca Postgirot Bank AB. Postgirot es filial al 100% de la empresa pública Posten AB, Servicio de Correos sueco. Postgirot posee un sistema interno de transferencias que utiliza para ofrecer servicios de pago a distancia a particulares y empresas. También presta servicios bancarios a particulares y clientes profesionales, y, en particular, servicios de recogida de depósitos, concesión de préstamos, pagos internacionales, créditos comerciales y tarjetas bancarias. La operación inicial planteaba problemas de competencia, ya que hubiera permitido a Nordea controlar los dos principales sistemas de pagos bancarios utilizados por los particulares suecos para abonar sus facturas de electricidad, teléfono etc.: Postgirot y Bankgirot. Semejante grado de influencia hubiera podido dar lugar a aumentos de precio que afectaran directamente a las necesidades cotidianas de servicios bancarios por parte de los consumidores. No obstante, Nordea se comprometió a reducir al 10% su participación en el capital de Bankgirot, nivel que le privaba de cualquier influencia determinante sobre la empresa, y a retirarse de Privatgirot, competidor de Postgirot en servicios técnicos para transferencias bancarias. Al aceptar estos compromisos y supeditar a los mismos su autorización de esta operación, la Comisión garantizó que siguiera habiendo competencia a la nueva entidad, para mayor beneficio del consumidor final.

El asunto Unilever, relacionado con la cesión de conocidas marcas de productos alimentarios (véase sección II.5.3, punto 309), junto con dos asuntos relativos a la distribución de productos derivados del petróleo (BP/E.ON y Shell/DEA, véase sección II.6, puntos 317-318), pueden también revestir particular interés para los consumidores.

Ayudas estatales

Por último, el control de las ayudas estatales desempeña un papel importante, pues permite garantizar que el dinero de los contribuyentes se asigne de manera eficaz y que contribuya al mantenimiento de un entorno económico sano, en el cual empresas viables puedan crear empleo sostenible, en beneficio de los ciudadanos europeos. En sus decisiones sobre ayudas estatales, la Comisión atiende a aspectos relacionados con el buen funcionamiento de los servicios de interés general.

I -Competencia: artículos 81y 82 - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

12. El 27 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento relativo a un nuevo sistema de aplicación de los artículos 81 y 82 [4]. Cuando entre en vigor, el nuevo Reglamento sustituirá, entre otros, al Reglamento n° 17 de 1962. El rasgo más significativo de la reforma es la idea de una transición a partir del sistema en el cual sólo la Comisión estaba habilitada para aplicar el artículo 81 apartado 3 (monopolio de exención) a otro, de excepción legal directamente aplicable, en virtud del cual los acuerdos que no sean contrarios al artículo 81 apartado 1 o que cumplan las condiciones del artículo 81 apartado 3 se considerarán automáticamente lícitos, mientras que los contrarios al artículo 81 apartado 1 y que no cumplan lo dispuesto en el artículo 81 apartado 3 se considerarán automáticamente ilícitos. Esta reforma implica la supresión del sistema de notificación y autorización previsto en el Reglamento n°17, otorga mayor responsabilidad a las autoridades nacionales de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 81 y 82 y establece disposiciones claras, que garantizan la aplicación coherente de los artículos 81 y 82 en toda la Unión Europea, incluida la constitución de una red entre todas las autoridades de competencia europeas. La propuesta de Reglamento tiene asimismo por objeto reforzar las facultades de investigación de la Comisión (contemplando, por ejemplo, el derecho a realizar verificaciones en locales no comerciales). Por medio de la propuesta, la Comisión pretende dar mayor eficacia al tratamiento de las infracciones a los artículos 81 y 82 y así garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva en Europa [5].

[4] COM(2000) 582, DO C 365 de 19.12.2000.

[5] Para una descripción más detallada de la propuesta de la Comisión, v. la sección I.A.3 del XXX Informe sobre la política de competencia (2000), SEC(2001)694. Para más detalles sobre el Libro Blanco sobre la modernización de 1999, v. la sección I.A.2 del XXIX Informe sobre la política de competencia (1999), SEC(2000)720.

13. El 29 de marzo de 2001, el Comité Económico y Social aprobó su dictamen sobre la propuesta de Reglamento [6]. En este dictamen, el Comité "apoya con convicción la reforma del sistema de aplicación de las normas sobre competencia" por considerar que en la propuesta de la Comisión, calificada de primordial para la reforma, el "lenguaje normativo es claro y valiente". No obstante, debido a la complejidad del tema y con el fin de preservar la unidad y coherencia del sistema, así como la primacía del derecho comunitario, y de garantizar una descentralización efectiva, manteniendo al mismo tiempo la máxima seguridad jurídica, el Comité pidió también a la Comisión que publicara, antes o después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento, "actos formales de acompañamiento de la propuesta", que permitan clarificar algunos conceptos fundamentales del derecho europeo de competencia, como, por ejemplo, el hecho de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado.

[6] DO C 155 de 29.5.2001, p. 73.

14. El 20 de junio de 2001, la Comisión Económica y Monetaria del Parlamento Europeo adoptó su informe final sobre las propuestas de la Comisión [7]. En su informe, la Comisión parlamentaria reconoce que "el sistema actual de política europea de regulación de política de competencia es demasiado burocrático, engorroso e ineficaz", y que la ampliación de la Unión Europea no hará sino empeorar la situación. Por ello, se felicita de que la Comisión haya propuesto oportunamente "modificar radicalmente las normas de competencia ahora, antes de que se amplíe la Comunidad". No obstante, para que los objetivos de la reforma puedan alcanzarse en la práctica, la Comisión Económica y Monetaria insta a la Comisión a modificar algunos puntos de su propuesta y le sugiere una serie de aclaraciones sobre aspectos esenciales del proyecto de reforma. El Parlamento recogió la mayor parte de estas sugerencias en su dictamen sobre el proyecto de Reglamento, adoptado por 409 votos frente a 54 el 6 de septiembre de 2001 [8]. Las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo tienen por objeto, en particular, suprimir la obligación de registro para algunos tipos de acuerdos (artículo 4, apartado 2), armonizar el régimen de multas, garantizar la proporcionalidad de las medidas correctoras de carácter conductual o estructural (artículo 7, apartado 1) y definir claramente el interés público en el contexto de las decisiones de la Comisión basadas en el artículo 10.

[7] El Informe de la Comisión Económica y Monetaria y los dictámenes de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0229/2001) no han sido publicados aún en el DO, pero pueden consultarse en el sitio de Internet http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl-PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN.

[8] La Resolución legislativa del Parlamento Europeo no ha sido publicada aún en el DO, pero puede consultarse en el sitio de Internet http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2-APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN

15. El 14 y 15 de mayo de 2001 y el 5 de diciembre de 2001, durante de las Presidencias sueca y belga, respectivamente, el Consejo (de Industria) sostuvo un debate de fondo a propuesta de la Comisión. Si bien sobre algunos de los aspectos del proyecto de Reglamento se alcanzó un acuerdo provisional, se consideró que los debates sobre los principios y modalidades de la reforma debían proseguir en el Grupo de Trabajo del Consejo. Para orientar los futuros trabajos del Grupo, el Consejo abordó en particular los principios generales en que se basa el funcionamiento de la red de autoridades de competencia, e instó a la Comisión a definir dichos principios por medio de una declaración común. El Consejo aprobó también el objetivo del artículo 3 de la propuesta de la Comisión, destinado a garantizar una aplicación uniforme de las normas de competencia a los acuerdos que afecten al comercio entre los Estados miembros, pero solicitó al Grupo de Trabajo que prosiguiera el debate sobre las repercusiones de dicha disposición sobre las normas nacionales al respecto.

2. Revisión de la comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe

16. De acuerdo con la filosofía general del ejercicio de modernización, tendente a centrar las actividades en las infracciones más graves al Derecho comunitario, la Comisión adoptó en 2001 un nuevo proyecto de normas que permitirán detectar y erradicar mejor los acuerdos de fijación de precios y otros tipos de cárteles. La Comunicación sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe, que se ha venido aplicando desde hace cinco años, ha sido revisada para dotarla de mayor eficacia y ofrecer a la Comisión todos los medios necesarios para detectar y combatir eficazmente los cárteles. El proyecto de nueva Comunicación, publicado el 21 de julio de 2001 [9], trata estas cuestiones de manera más precisa y prepara el terreno para la aprobación en 2002 de una nueva Comunicación sobre la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe.

[9] Proyecto de Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, DO C 205 de 21.7.2001, p. 18.

3. Revisión del Reglamento de exención por categorías sobre los acuerdos de transferencia de tecnología

17. El 20 de diciembre, la Comisión adoptó un informe [10] en que se evalúa el funcionamiento del Reglamento n° 240/96 [11] sobre la exención por categorías aplicable a la transferencia de tecnología (en lo sucesivo, Reglamento "ECTT"). El informe contiene un análisis crítico de la aplicación del Reglamento ECTT y de su planteamiento de base. Destaca, en particular, la necesidad de adaptar el Reglamento ECTT con el fin de hacerlo compatible con las nuevas exenciones por categoría de la Comisión para los acuerdos de distribución [12], los acuerdos de investigación y desarrollo y los acuerdos de especialización [13], basadas en un planteamiento de índole más económica.

[10] Informe de evaluación de la Comisión sobre el Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología 240/96, COM(2001)786 final de 20.12.2001. El informe puede también consultarse en Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/

[11] Reglamento (CE) nº 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DO L 31 de 9.12.1996, pp. 2-13.

[12] Reglamento de exención por categorías de la Comisión n° 2790/1999, DO L 336 de 29.12.1999, p. 21.

[13] Reglamentos de exención por categorías de la Comisión n° 2658/2000 y 2659/2000, DO L 304 de 5.12.2000, respectivamente pp. 3 y 7.

18. Según el informe, el Reglamento ECTT utiliza criterios más relacionados con la forma del acuerdo que con sus efectos reales en el mercado. De hecho, el Reglamento presenta cuatro defectos principales:

-en primer lugar, es demasiado prolijo en reglas; funciona como un corsé que puede ser óbice para emprender operaciones eficaces y suponer un obstáculo a la difusión de nuevas tecnologías;

-en segundo lugar, el Reglamento ECTT tan sólo contempla determinados acuerdos de patentes y licencias de conocimientos técnicos. Este reducido ámbito de aplicación se antoja cada vez más inadecuado dada la complejidad de los modernos acuerdos de licencia (por ejemplo, los acuerdos de puesta en común --"pooling"-- y las licencias de programas informáticos con derechos de autor);

-en tercer lugar, actualmente se consideran ilícitas o se excluyen de las exenciones por categoría una serie de restricciones, sin que ello responda a una buena justificación económica cuando las partes carecen de poder de mercado y se hallan en una relación vertical entre sí. Es el caso de las restricciones que van más allá de los derechos de propiedad intelectual (DPI) concedidos bajo licencia (por ejemplo, las cláusulas de inhibición de la competencia o de subordinación);

-en cuarto lugar, al concentrarse en la forma del acuerdo, el Reglamento ECTT extiende la exención por categoría a situaciones en las que no siempre cabe suponer que se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 3 del artículo 81, ya sea porque las partes contratantes son competidoras o ya porque tienen gran peso en el mercado.

19. El informe invita a los interesados a formular sus observaciones sobre una serie de puntos:

-¿debe el ámbito de aplicación del Reglamento ECTT, que tan sólo abarca las patentes y los conocimientos técnicos, extenderse a los derechos de autor, los derechos de diseño y las marcas registradas- El problema es de especial importancia para una serie de sectores y, en particular, el de los programas informáticos, que depende de una cadena de licencias de derechos de autor para su fabricación y la distribución;

-¿debe el Reglamento ECTT contemplar los acuerdos de licencias celebrados entre más de dos sociedades, tales como los acuerdos de puesta en común ("pooling")- Este tipo de acuerdos tiene cada vez más importancia debido a la complejidad de las nuevas tecnologías. A este respecto, cabe observar que las licencias múltiples pueden aportar mayor eficiencia y favorecer la competencia, en particular cuando el acuerdo sólo incluye los DPI esenciales. No obstante, estas licencias tienen también efectos muy desfavorables para la competencia, sobre todo cuando el acuerdo se refiere a tecnologías de sustitución, o cuando exige a las partes que se concedan licencias recíprocas para tecnologías actuales y futuras a un coste mínimo o con carácter exclusivo;

-un planteamiento más tolerante con los acuerdos de licencia celebrados entre empresas no competidoras. En general se admite que si las partes de un acuerdo mantienen una relación vertical, es decir, no son competidoras, las licencias exclusivas generan mayor eficiencia y favorecen la competencia. Por ejemplo, si el titular de los DPI no posee los activos necesarios para producir y distribuir los productos bajo licencia, es más eficaz conceder la licencia a una empresa que sí posea tales activos;

-un planteamiento más prudente en cuanto a los acuerdos de licencia entre empresas competidoras. Si las partes mantienen una relación horizontal, es decir, si la licencia impide la competencia entre el cedente y el beneficiario de la licencia, los acuerdos pueden plantear problemas de competencia. Por una parte, las licencias exclusivas a menudo implican el reparto de mercados por medio de la atribución de territorios o clientes, máxime cuando la licencia es recíproca o la exclusividad se extiende a productos competidores no sometidos a licencia. Las cuotas de producción fijadas en los acuerdos de licencia entre competidores pueden conducir sin más a una limitación de tal producción. Por otra parte, en ciertas circunstancias, por ejemplo, en caso de atribución de una licencia a una empresa en participación o en el de las licencias no recíprocas, la exclusividad puede suponer una pérdida de competencia entre marcas, pero también una mayor eficiencia. A la hora de determinar si los efectos desfavorables a la competencia se compensan por una mayor eficiencia también es preciso atender al poder de mercado de las partes y a la estructura de los mercados afectados por el acuerdo.

Recuadro 2: Nueva Comunicación de minimis

El 20 de diciembre, la Comisión adoptó una nueva Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ("de minimis") [14], que sustituye a la Comunicación de 1997. [15] Al definir de manera más clara y comprensible cuándo los acuerdos entre empresas no están prohibidos por el Tratado, la Comunicación reducirá la carga que representa para las empresas y, en particular, para las PYME, el cumplimiento de la legislación vigente. Al mismo tiempo, la Comisión estará en mejores condiciones de evitar el tratamiento de asuntos carentes de interés para la política de competencia y así concentrar sus esfuerzos en los más importantes.

[14] DO C 368 de 22.12.2001, p. 13. La nueva Comunicación puede también consultarse en Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/:

[15] DO C 372 de 9.12.1997, p. 13.

La nueva Comunicación refleja un enfoque económico y sus principales características son las siguientes:

1) Los umbrales "de minimis" se elevan al 10% de las cuotas de mercado para los acuerdos entre competidores, y al 15% para los acuerdos entre no competidores.

En la anterior Comunicación, los umbrales eran, respectivamente, del 5% y 10%. Cuando las empresas no tienen un grado mínimo de poder de mercado, no suelen plantearse problemas de competencia. A ello responden los nuevos umbrales, que, sin embargo, son también lo bastante bajos para poder aplicarse con independencia de la estructura global del mercado de referencia. [16] La diferencia entre ambos umbrales, que sigue existiendo, se debe a que los acuerdos entre competidores tienen en general efectos más restrictivos de la competencia que los celebrados entre no competidores.

[16] No significa esto que los acuerdos entre empresas cuyas cuotas de mercado sean superiores a los umbrales definidos en la Comunicación limiten sensiblemente la competencia. Tales acuerdos pueden seguir teniendo efectos desdeñables sobre la competencia en el mercado común, pero ello sólo puede evaluarse en cada caso. Dicha evaluación será precisa, en particular, por lo que se refierea los acuerdos no contemplados en ninguno de los Reglamentos de exención por categorías de la Comisión.

2) Por primera vez se establece un umbral de cuota de mercado para las redes de acuerdos que tengan un efecto cumulativo restrictivo de la competencia.

La antigua Comunicación de minimis no contemplaba los acuerdos celebrados en un mercado donde "la competencia esté limitada por el efecto acumulado de redes paralelas de acuerdos similares establecidos por varios fabricantes o comerciantes". Esto significaba, en la práctica, que las sociedades que operasen en sectores tales como los de la cerveza o el petróleo no podían en principio acogerse a la Comunicación. La nueva Comunicación introduce un umbral especial de cuotas de mercado de minimis de un 5% para los mercados en los cuales exista este tipo de redes paralelas de acuerdos.

3) Se incluye la misma lista de restricciones caracterizadas que ya figura en los Reglamentos de exención por categorías de acuerdos horizontales y verticales.

La nueva Comunicación define de manera más clara y coherente las restricciones especialmente graves (tales como la fijación de precios o el reparto de mercados), que quedan en general siempre prohibidas y no pueden acogerse a la Comunicación de minimis. En caso de acuerdo entre no competidores, la nueva Comunicación recoge las restricciones especialmente graves definidas en el Reglamento de exención por categorías n° 2790/1999 de acuerdos verticales. [17] En el de acuerdo entre competidores, recoge las restricciones especialmente graves definidas en el Reglamento de exención por categorías n° 2658/2000 de acuerdos de especialización. [18]

[17] Reglamento de exención por categorías de la Comisión n° 2790/1999, DO L 336 de 29.12.1999, p. 21.

[18] Reglamento de exención por categorías de la Comisión n° 2658/2000, DO L 304 de 5.12.2000, p. 3.

4) Los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas se consideran en general acuerdos de minimis.

La nueva Comunicación señala que los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas rara vez afectan de modo sensible al comercio entre Estados miembros y, por ello, no les es aplicable, en general, lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81.

4. Revisión de las normas de procedimiento: nuevo mandato de los consejeros auditores

20. El 23 de mayo de 2001, la Comisión adoptó la Decisión relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia [19]. El nuevo mandato de los consejeros auditores, que sustituye al antiguo de 1994 [20], es resultado de la decisión tomada por la Comisión el año pasado para dar mayor importancia a su función. Tiene por objeto consolidar la independencia y la autoridad del consejero auditor, reforzar su papel en los procedimientos de concentraciones, cárteles y abusos de posición dominante y aumentar la objetividad y calidad de los procedimientos de la Comisión en el ámbito de la competencia y de las decisiones resultantes.

[19] Decisión de 23 de mayo de 2001 relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia, DO L 162 de 19.6.2001, p. 21.

[20] Decisión de 12 de diciembre de 1994 relativa al mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de competencia tramitados ante la Comisión, DO L 330 de 21.12.1994, p. 67.

21. El derecho de las partes y terceros interesados ser oídos constituye un principio fundamental del Derecho comunitario. Dicho principio se reafirmó en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y es parte integrante del derecho de toda persona "a que su causa sea oída equitativa y públicamente dentro de un plazo razonable". El consejero auditor es el responsable de proteger este derecho en los procedimientos de la Comisión en materia de competencia.

22. La función de consejero auditor se creó en 1982. En su origen, se limitaba a organizar las audiencias, presidirlas y garantizar su buen desarrollo en los procedimientos de cárteles y abusos de posición dominante y, más tarde, en los procedimientos de control de concentraciones. El consejero auditor garantizaba asimismo que se tuvieran en cuenta todos los hechos pertinentes, ya fueran favorables o desfavorables a las partes interesadas al elaborar los proyectos de decisión de la Comisión en asuntos de competencia. El consejero auditor contribuía así a la objetividad de la propia audiencia, así como de todas las decisiones posteriormente adoptadas. Su mandato fue actualizado y ampliado en 1994 con el fin de garantizar una protección adecuada de los derechos de las partes, en particular por lo que respecta a la confidencialidad de los documentos, el secreto comercial y el acceso adecuado a los expedientes de la Comisión.

23. El nuevo mandato adoptado por la Comisión el 23 de mayo de 2001 mantiene estos aspectos fundamentales de las funciones del consejero auditor y al mismo tiempo refuerza su papel, adaptando y consolidando su mandato en vista de la evolución del derecho de la competencia.

24. La transparencia del nombramiento del consejero auditor será mayor, ya que en adelante se publicará en el Diario Oficial. La interrupción de su mandato, su cese o transferencia requerirán una decisión motivada de la Comisión, también publicada en el Diario Oficial. Es de señalar que el consejero auditor gozará de mayor independencia con respecto a la Dirección General de Competencia, ya que en adelante estará vinculado administrativamente al Comisario de Competencia, del cual dependerá directamente, y no, como hasta ahora, del Director General de Competencia.

25. Además, se refuerza la función de consejero auditor en el propio proceso de toma de decisiones. Los responsables la instrucción del asunto en la Dirección General de Competencia deberán mantenerle informado del estado del procedimiento hasta la fase del proyecto de decisión, que se presentará al Comisario de Competencia. El consejero auditor podrá dirigir al Comisario observaciones sobre cualquier cuestión relacionada con el procedimiento de competencia tramitado en la Comisión. Más concretamente, el informe final del consejero auditor, elaborado a partir del proyecto de decisión presentado al Comité Consultivo, deberá adjuntarse sistemáticamente al proyecto de decisión presentado a la Comisión, de modo que ésta se encuentre plenamente informada sobre todos los datos pertinentes para el desarrollo del procedimiento y el respeto del derecho a ser oído. El informe podrá modificarse en función de las posibles modificaciones del proyecto de decisión antes de la adopción del mismo. Para reforzar la transparencia del procedimiento, el informe final deberá también ser enviado, juntamente con la decisión, a los destinatarios de la misma, así como a los Estados miembros. Igualmente, deberá publicarse en el Diario Oficial junto con la decisión.

26. El nuevo mandato también amplía el papel del consejero auditor en relación con los compromisos presentados por las partes en los procedimientos incoados por la Comisión en asuntos de concentración o cártel y abuso de posición dominante. El consejero auditor podrá informar de la objetividad de toda investigación realizada con el fin de evaluar los efectos sobre la competencia de los compromisos propuestos.

27. El nuevo mandato contempla también la facultad del consejero auditor de conceder o denegar la confidencialidad de la información comunicada mediante su publicación en el Diario Oficial. Esto se aplica, en particular, a las versiones públicas de las decisiones de la Comisión en asuntos de concentraciones, cárteles y abusos de posición dominante.

28. La importancia que las partes otorgan a las cuestiones de procedimiento se puso de manifiesto recientemente en diversas acciones emprendidas ante el Tribunal de Primera Instancia, que culminaron en Resoluciones del Presidente el 20 de diciembre de 2001 [21] .

[21] Asuntos T-219/01 R, Commerzbank AG , T-216/01 R, Reisebank AG y T-213/01 R, Österreichische Postparkasse AG .

29. Los días 30 y 16 de octubre, respectivamente, la Comisión nombró consejeros auditores al Sr. S. Durande y a la Sra. K. Williams.

B -Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Un año récord en decisiones sobre cárteles

30. En 2001, la prioridad concedida al tratamiento de asuntos de cárteles se tradujo en un importante aumento del número de asuntos tratados. La Comisión adoptó 10 decisiones formales negativas en los asuntos "Electrodos de grafito", "Gluconato sódico", "SAS/Maersk", "vitaminas", "bancos alemanes", "ácido cítrico", "fábricas de cerveza belgas", "fábricas de cerveza luxemburguesas", "fosfato de cinc" y "papel autocopiativo" y cerró también mediante "transacciones" 5 casos de cárteles en el sector bancario relacionados con la introducción del euro. [22] Por otra parte, la Comisión adoptó pliegos de cargos en otros asuntos, como por ejemplo, en los asuntos "Plasterboard" y "GFU" [23] .

[22] V. sección 1.1.2.

[23] Comunicados de prensa Memo/01/149 de 24.4.2001 e IP/01/830 de 13.6.2001.

31. Los acuerdos secretos de cártel figuran entre las más graves restricciones de la competencia. Se traducen en aumentos de precios y reducen las posibilidades de elección ofrecidas a los consumidores. Tienen también consecuencias negativas para el conjunto de la industria europea, al encarecer el el coste de los servicios, mercancías y materias primas para las empresas europeas que se abastecen de los miembros de los cárteles. A más largo plazo, estas prácticas deterioran la competitividad global de la industria europea.

32. Por todas estas razones, la detección, persecución y sanción de acuerdos secretos de cártel constituyen elementos fundamentales de la política de competencia desarrollada por la Comisión Europea desde su origen. La creación en 1998 de una unidad especializada (la unidad de cárteles) confirmó de modo concreto la prioridad que la Comisión se proponía otorgar a la lucha contra los cárteles, aunque en ésta puedan participar otras unidades. Por otra parte, la entrada en vigor del futuro Reglamento del Consejo que sustituirá al Reglamento 17 sobre los procedimientos de defensa de la competencia colocará la vigilancia de los mercados y la lucha contra las prácticas ocultas contrarias a la competencia en el mismo centro de las misiones de la política comunitaria de competencia. Por ello, desde hace varios años se procura incrementar sustancialmente los medios y reorganizar en profundidad los métodos de trabajo de la Dirección General en materia de lucha contra los cárteles.

33. Detectar, perseguir y sancionar los acuerdos secretos de cártel constituye un reto constante para las autoridades de competencia. La creciente globalización del comercio obliga a hacer frente a acuerdos secretos que se extienden más allá de las fronteras de Europa y que a veces se celebran fuera del territorio del EEE. La generalización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dificultan el acceso a las pruebas de la celebración de este tipo de acuerdos. Por último, la intensificación de la lucha contra los cárteles, en Europa y fuera de ella, genera un creciente grado de sofisticación de este tipo de prácticas.

34. La reforma del Reglamento 17, actualmente en debate en el Consejo, reviste una importancia vital para permitir a la Comisión hacer frente a este reto, aumentando la eficacia de la lucha contra las prácticas secretas. La reforma de las facultades de investigación y la posibilidad, por ejemplo, de efectuar inspecciones en el domicilio privado de personas físicas, son elementos indispensables para adaptar la lucha contra los cárteles a unas prácticas cada vez más refinadas.

35. Del mismo modo, y por los mismos motivos, la Comisión ha emprendido la revisión de sus directrices sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe.

36. La Comisión adoptó por primera vez medidas de reducción o dispensa del pago de las multas en 1996 [24] con el fin de mejorar su eficacia tanto en la detección como del tratamiento de los asuntos de cártel. Las medidas se concebían como potente arma de investigación que recompensa a las empresas que cooperaran con la Comisión. Ello es buena muestra de las dificultades que plantea la obtención de pruebas sólidas sobre cárteles secretos en un entorno cada vez más sofisticado.

[24] DO C 207 de 18.7. 1996, p. 4.

37. Transcurridos cinco años desde su implantación, las medidas de reducción o dispensa del pago de las multas desempeñan un papel importante en la aplicación de las normas de competencia a los asuntos de cártel, y las empresas han solicitado su aplicación en gran número de los procedimientos incoados desde julio de 1996. Hasta ahora, la Comunicación sobre medidas de reducción o dispensa del pago de multas se ha aplicado en 16 decisiones finales de la Comisión: "extra de aleación" [25] , "British Sugar" [26] , "tubos preaislados" [27] , "transbordadores griegos" [28], "Tubos de acero sin soldadura" [29], "Lysine" [30], "SAS Maersk Air" [31], "electrodos de grafito" [32], "gluconato sódico" [33], "vitaminas" [34], "fábricas de cerveza belgas" [35], "fábricas de cerveza luxemburguesas" [36], "ácido cítrico" [37], "bancos alemanes" [38], "fosfato de cinc" [39] y "papel autocopiativo" [40].

[25] DO L 100 de 1.4.1998.

[26] DO L 76 de 22.3.1999.

[27] DO L 24 de 30.1.1999.

[28] DO L 109 de 27.4.1999.

[29] no publicado.

[30] DO L 152 de 7.6.2001.

[31] Asuntos COMP/D2/37.444 y COMP/D2/37.386, DO L 265 de 5.10.2001

[32] Asunto COMP/36.490; IP/01/1010 de 18.7.2001.

[33] Asunto COMP/36.756; IP/01/1355 de 20.10.2001.

[34] Asunto COMP/37.512; IP/01/1625 de 21.11.2001.

[35] Asunto COMP/37.614, Comunicado de prensa IP/01/1739.

[36] Asunto COMP/37.800, Comunicado de prensa IP/01/1740 de 5.12.2001

[37] Asunto COMP/36.604; IP/01/1743 de 5.12.2001.

[38] Asunto COMP/37.919; IP/01/1796 de 11.12.2001.

[39] Asunto COMP/37.027; IP/01/IP/01/1797 de 11.12.2001.

[40] Asunto COMP/36.212; IP/01/1892 de 20.12.2001.

38. No obstante, la experiencia obtenida hasta ahora pone de manifiesto que la Comunicación sería más eficaz si hubiera más transarencia y certeza sobre las condiciones para la concesión una reducción del importe de las multas. También sería beneficiosa una mayor correspondencia entre el nivel de reducción de las multas y el valor de la contribución de una empresa para comprobar la existencia de la infracción.

39. Por ello, y tras cinco años de puesta en práctica, la Comisión decidió revisar su Comunicación sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe par hacerla más eficaz y aumentar sus propias posibilidades de detección y resolución de los asuntos de cártel. Un proyecto de nueva comunicación, publicado el 21 de julio [41], aborda estas cuestiones bajo distintos puntos de vista y prepara el terreno para la aprobación de una nueva Comunicación en 2002.

[41] DO C 205 de 21.7.2001, p. 18.

1.1.2. Decisiones en asuntos de cárteles en 2001

Electrodos de grafito [42]

[42] Asunto COMP/36.490, IP/01/1010 de 18.7.2001.

40. El 18 de julio, la Comisión impuso una multa de un importe total de 218,8 millones de euros a la sociedad alemana SGL Carbon AG, a la sociedad estadounidense UCAR Internacional, así como a otras seis sociedades, por fijación de precios y reparto de mercados en el sector de los electrodos de grafito. Tras una detallada investigación iniciada en 1997, la Comisión consideró que estas sociedades habían participado en un cártel mundial durante la mayor parte de la década de los 90. La Comisión calificó el comportamiento de estas sociedades de infracciones "muy graves" de las normas europeas sobre competencia.

41. Los electrodos de grafito son columnas de grafito obtenidas por moldeado de cerámica y utilizadas principalmente para la producción de acero mediante reciclado de chatarra en hornos de arco eléctrico, también denominados "miniacerías eléctricas".

42. Por lo que respecta a la Comunicación sobre no imposición de multas o a la reducción de su imorte en los asuntos relacionados con los acuerdos entre empresas, conviene poner de manifiesto que se trata del primer asunto en el cual la Comisión concedió una reducción sustancial del importe de la multa (70 %). Showa Denko fue beneficiaria de la reducción por ser la primera sociedad que colaboró con la Comisión y aportó pruebas decisivas de la existencia del cártel.

SAS/Maersk [43]

[43] Asuntos COMP/D2/37.444 y COMP/D2/37.386, DO L 265 de 5.10.2001.

43. También el 18 de julio, la Comisión decidió imponer una multa de 39,375 millones de euros y de 13,125 millones de euros, respectivamente, a las compañías aéreas escandinavas SAS y Maersk Air por aplicar un acuerdo secreto de reparto del mercado. Este acuerdo supuso la monopolización por SAS de la ruta Copenhague-Estocolmo, en detrimento de los pasajeros (más de un millón) que utilizan esta línea cada año, y el reparto de otras rutas procedentes de Dinamarca y con destino a dicho país [44].

[44] SAS recurrió esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia el 3 de octubre de 2001 (T-241/01) e impugnó el importe de la multa.

44. SAS y Maersk Air habían notificado un acuerdo de cooperación que consistía esencialmente en el reparto de códigos y programas de fidelización. Durante la investigación preliminar se comprobó que, en el momento de la entrada en vigor del acuerdo de cooperación, Maersk Air ya se había retirado de la ruta Copenhague- Estocolmo, donde hasta entonces competía con SAS. En ese mismo momento, SAS interrumpió toda actividad en la ruta Copenhague-Venecia, mientras que Maersk Air empezó a explotar esta misma ruta; por último, SAS se retiró de la ruta Billund-Frankfurt, dejando a Maersk Air, su antiguo competidor en esta ruta, como único operador.

45. Estas entradas y retiradas, que no se notificaron, formaban parte de un acuerdo más amplio de reparto de los mercados, que incluía una cláusula general de inhibición de la competencia relativa a las futuras operaciones de las partes en las rutas internacionales desde y hacia Dinamarca, así como en las rutas interiores danesas.

46. El reparto de los mercados se descubrió merced a inspecciones efectuadas en junio de 2000 en las sedes de las empresas, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de competencia suecas y danesas.

47. La decisión permitió restablecer la competencia entre SAS y Maersk Air, las dos principales compañías aéreas que operan desde y hacia Dinamarca, en beneficio de los consumidores.

Gluconato sódico [45]

[45] Asunto COMP/36.756, IP/01/1355 de 20.10.2001

48. El 2 de octubre de 2001, la Comisión impuso multas por importe total de 57,53 millones de euros a las sociedades Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel N.V, Avebe B.A., Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG y Roquette Frères SA por haber fijado el precio del gluconato sódico y haberse repartido el mercado de este producto. La Comisión calificó el comportamiento de estas sociedades de infracciones "muy graves" a las normas de competencia de la Unión Europea y el EEE.

49. Tras una investigación iniciada en 1997, la Comisión determinó que estas sociedades habían participado en un cártel mundial entre 1987 y 1995. Los acuerdos se aplicaron por medio de un estrecho control de ventas, reuniones periódicas multilaterales y bilaterales y un sistema de compensación. La Comisión recogió pruebas sobre la celebración de más de 25 reuniones a lo largo de este período.

50. El gluconato sódico es un producto químico empleado para limpiar metales y vidrios, con aplicaciones tales como el lavado de botellas, la limpieza de utensilios y el decapado de pinturas. Se utiliza también como aditivo alimentario y en otras aplicaciones químicas.

51. La Comisión concedió por primera vez una reducción muy sustancial del importe de la multa con arreglo a la sección B de la Comunicación al respecto. Fujisawa gozó de una reducción del 80% por ser la primera en presentar pruebas decisivas de la existencia del cártel antes de que la Comisión iniciara inspecciones al amparo de la Decisión. La Comisión no concedió a Fujisawa una reducción del 100% del importe de su multa, como hubiera podido hacerlo en virtud de la sección B de la Comunicación, por no haberse dirigido a ella Fujisawa hasta después de haber recibido una solicitud de información. La Comisión tuvo en cuenta esa reticencia a colaborar motu proprio antes de cualquier investigación.

Vitaminas [46]

[46] Asunto COMP/37.512, IP/01/1625 de 21.11.2001

52. El 21 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del acuerdo EEE, considerando probado que 13 productores de vitaminas A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, ácido fólico, beta-caroteno y carotenoides habían participado en cárteles para cada uno de estos productos, lo que comportaba la existencia de 12 infracciones distintas.

53. La Comisión impuso a ocho empresas una multa de importe total de 855,23 millones de euros por fijar los precios de ocho productos diferentes y atribuirse cuotas de venta para los mismos. La limitación temporal a las multas en asuntos de competencia [47] era aplicable a las infracciones relativas a las vitaminas B1, B6 y H, así como al ácido fólico. Por ello la Comisión no impuso multas a las sociedades participantes en los cárteles correspondientes a estos últimos productos. Cada uno de los cárteles constituía una infracción muy grave de las normas de competencia comunitarias y justificaba, pues, la elevada cuantía de las multas impuestas.

[47] Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea.

54. Una de las características de este conjunto de infracciones fue el papel central desempeñado por Hoffmann-La Roche y BASF, los dos principales productores de vitaminas, en prácticamente cada uno de los cárteles, mientras que los demás operadores tan sólo intervinieron en un número limitado de productos vitamínicos.

55. Los participantes en cada uno de los cárteles fijaban los precios de los distintos productos vitamínicos, se asignaban cuotas de venta, acordaban y aplicaban subidas de precios y anunciaban sus precios según lo previamente acordado. Asimismo, establecieron un mecanismo de control y aplicación de los acuerdos y celebraron reuniones periódicas con el fin de poner en práctica sus planes. Los distintos acuerdos funcionaron prácticamente del mismo modo en todos los casos. Dada la continuidad y la semejanza del método de funcionamiento de los acuerdos, la Comisión consideró que debía tratarse esta compleja serie de acuerdos sobre distintas vitaminas en un único procedimiento y una sola decisión.

Ácido cítrico [48]

[48] Asunto COMP/36.604, IP/01/1743 de 5.12.2001

56. El 5 de diciembre, la Comisión decidió imponer multas por un importe total de 135,22 millones de euros a cinco empresas productoras de ácido cítrico.

57. La investigación de la Comisión permitió determinar que, entre 1991 y 1995, los cinco productores interesados participaron en un cártel secreto de ámbito mundial que les permitía fijar los precios y repartirse el mercado del ácido cítrico. Semejante acuerdo constituye una infracción muy grave al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del acuerdo EEE, lo que justifica el elevado importe de las multas.

Fábricas de cerveza belgas [49]

[49] Asunto COMP/37.614, comunicado de prensa IP/01/1739 de 5.12.2001.

58. El 5 de diciembre de 2001, la Comisión impuso una multa de un importe total de 91,655 millones de euros a cinco sociedades por haber participado en dos cárteles diferentes en el mercado belga de la cerveza.

59. En el primer cártel participaron Interbrew, por una parte, yAlken-Maes y Danone (empresa matriz de Alken-Maes en aquella época), por otra. Interbrew y Alken-Maes/Danone, respectivamente números uno y dos en este mercado, celebraron un pacto general de no-agresión, reparto de la clientela en el sector hostelero (hoteles, cafés y restaurantes), fijación de precios en el sector minorista, limitación de inversiones y de la publicidad en el sector hostelero, establecimiento de una nueva estructura de tarifas (sector hostelero y minorista) y creación de un sistema de intercambio mensual de información detallada en ambos sectores. El acuerdo duró de 1993 a 1998. Los Directores Generales y demás altos responsables de estas empresas se reunieron periódicamente para celebrar y supervisar estos acuerdos. La Comisión consideró la infracción "muy grave". En el momento de determinar el importe de la multa, la Comisión también atendió al hecho de que Danone ya había cometido infracciones al artículo 81 con anterioridad [50].

[50] Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984 (Vidrio plano) y Decisión de la Comisión de 15 de mayo de 1974 (vidrio plano).

60. El segundo cártel se refería a la cerveza vendida con marca privada en Bélgica. Se trata de cervezas que los supermercados adquieren de los cerveceros, pero venden bajo su propia marca. Entre octubre de 1997 y julio de 1998, Interbrew, Alken-Maes, Haacht y Martens se reunieron en cuatro ocasiones paramantener conversaciones sobre este mercado en Bélgica, sus precios y sus clientelas. Durante estas reuniones, los cuatro cerveceros intercambiaron asimismo información comercial. Este cártel se consideró una infracción "grave".

Fábricas de cerveza luxemburguesas [51]

[51] Asunto COMP/37.800, comunicado de prensa IP/01/1740 de 5.12.2001.

61. El 5 de diciembre, la Comisión impuso una multa de un importe total de 448.000 euros a tres cerveceros luxemburgueses, Brasserie Bofferding, Brasserie Battin y Brasserie Wiltz, por haber participado en un acuerdo de reparto del mercado en el sector hostelero (hoteles, restaurantes y cafés) de Luxemburgo. A una cuarta fábrica de cerveza, Brasserie de Luxembourg, filial de Interbrew, no se le impuso multa por haber denunciado el acuerdo a la Comisión y cumplir todas las demás condiciones contempladas en la sección B de la Comunicación sobre no-imposición de multas o la reducción de su importe.

62. Los cerveceros acordaron por escrito respetar los respectivos acuerdos de compra exclusiva con los clientes del sector hostelero y tomar medidas para limitar la penetración de las fábricas de cerveza extranjeras en el sector. El acuerdo se mantuvo vigente de 1985 a 2000. Se consideró infracción "grave".

Fosfato de cinc [52]

[52] Asunto COMP/37.027; IP/01/1797 de 11.12.2001.

63. El 11 de diciembre, la Comisión impuso multas por importe total de 11,95 millones de euros a seis empresas productoras o antiguas productoras de fosfato de cinc. La investigación de la Comisión permitió determinar que entre 1994 y 1998 los seis productores implicados participaron en un acuerdo que se extendió a todo el Espacio Económico Europeo y les permitió fijar precios y repartirse el 90% del mercado del fosfato de cinc, pigmento mineral anticorrosivo utilizado para la fabricación de pinturas industriales. Este acuerdo, por su naturaleza, constituye una infracción muy grave al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del acuerdo EEE.

Solución del problema de las comisiones bancarias por el cambio de monedas de la zona del euro y asunto Bancos alemanes [53]

[53] Asunto COMP/37.919; IP/01/1796 de 11.12.2001.

64. Poco después de la creación del euro, el 1 de enero de 1999, la Comisión (DG Mercado Interior) recibió denuncias en el sentido de que las comisiones por el cambio de billetes y monedas de la zona del euro seguían siendo elevadas. La Comisión efectuó inspecciones por sorpresa en distintos bancos y envió solicitudes de información a la mayoría de los bancos de la zona del euro. La Comisión recabó pruebas que ponían de manifiesto que ciertos grupos de bancos de los Estados iembros se habían propuesto mantener las comisiones de cambio en un determinado nivel para reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas por la introducción del euro. En consecuencia, la Comisión incoó en el año 2000 un procedimiento contra gran número de bancos y oficinas de cambio de siete Estados miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Portugal).

65. No obstante, una serie de bancos tomó la iniciativa de presentar propuestas unilaterales a la Comisión para a) reducir significativamente las comisiones aplicables al cambio de billetes de la zona euro y b) eliminar todas estas comisiones en octubre de 2001, a más tardar, al menos para las compras efectuadas por titulares de cuentas.

66. Dada la circunstancia excepcional de la desaparición de este mercado y en vista de las ventajas inmediatas que estas propuestas reportarían a los consumidores, poniendo además fin al supuesto comportamiento colusorio, la Comisión decidió sobreseer el procedimiento de cártel contra más de 50 bancos de Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Portugal, así como contra una serie de bancos alemanes [54].

[54] IP/01/1159 de 31.7.2001.

67. El 12 de diciembre, la Comisión impuso una multa de un importe total de 100,8 millones de euros a cinco bancos alemanes para haber celebrado un acuerdo que establecía una comisión de cerca de un 3% sobre la compra y venta de billetes de bancos de la zona euro durante un período transitorio de tres años que comenzaba el 1 de enero de 1999.

68. El asunto austríaco se examinará con más detalle en relación con un cártel de alcance más amplio y actualmente en estudio en el sector bancario austríaco.

Papel autocopiativo [55]

[55] Asunto COMP/36.212; IP/01/1892 de 20.12.2001

69. El 20 de diciembre, la Comisión decidió imponer multas de un importe total de 313,69 millones de euros a 10 empresas productoras de papel autocopiativo.

70. La investigación de la Comisión permitió determinar que entre 1992 y 1995 los productores interesados participaron en un cártel secreto de ámbito europeo para aumentar la rentabilidad de los participantes mediante aumentos colectivos de precios. Semejante acuerdo constituye por naturaleza una infracción muy grave al artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del acuerdo EEE, lo que justifica el elevado importe de las multas y, en particular, la multa de 184,27 millones de euros impuesta a Arjo Wiggins Appleton, primer productor e instigador del cártel. Sappi gozó de inmunidad total por su participación en el cártel, ya que fue la primera empresa en cooperar con la Comisión y facilitar pruebas decisivas del mismo.

Sentencia del Tribunal en el asunto "British Sugar"

71. Por decisión de 14 de octubre de 1998, la Comisión impuso una multa a los productores de azúcar British Sugar y Tate&Lyle y a los distribuidores de azúcar Napier Brown y James Budgett por infracción al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, consistente en la coordinación de la política de precios de las partes en el mercado del azúcar blanco cristalizado del Reino Unido [56].

[56] Para una descripción detallada de la decisión, v. XXVIIIe Informe sobre la política de competencia 1998, pp. 138-140.

72. En su sentencia de 12 de julio de 2001 [57], el Tribunal de Primera Instancia, en respuesta a un recurso interpuesto por tres de las partes, confirmó enteramente la decisión de la Comisión, excepto en relación con la multa impuesta a Tate&Lyle, cuyo importe se redujo. El Tribunal no aceptó los diversos argumentos expuestos por las partes, que intentaban demostrar que no hubo infracción y que su comportamiento no podía afectar al comercio entre los Estados miembros.

[57] Asuntos acumulados T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown contre Commission.

73. En cuanto a las multas impuestas, el Tribunal confirmó la decisión de la Comisión sobre la gravedad de la infracción, su duración, su carácter deliberado y la valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes. En relación con la dispensa del pago de multas o la reducción de su importe, el Tribunal no cuestionó los principios de la actual Comunicación de la Comisión al respecto [58]. No obstante, el Tribunal consideró que la Comisión había caracterizado erróneamente la cooperación de Tate&Lyle como no plena y continua a efectos de la sección B (d) de la Comunicación. Por ello, el Tribunal, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena [59], reevaluó las características de la cooperación de Tate&Lyle, y la reducción de la multa pasó de 50% a 60 %.

[58] DO C 207 de 18.7.1996, p. 4.

[59] V. artículo 229 del Tratado CE y artículo 17 del Reglamento n° 17/62.

74. Entre tanto, British Sugar interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia [60].

[60] Asunto C-359/01 P.

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82 - Empresas en posición dominante

75. El artículo 82 prohibe a las empresas que se encuentran en posición dominante en un determinado mercado abusar de esta situación en perjuicio de terceros. Este abuso puede consistir, entre otras cosas, en limitar la producción, aplicar precios excesivos, discriminatorios o predatorios, vincular las ventas u otras prácticas comerciales no basadas en el principio de la eficiencia económica. Semejantes prácticas tienen efectos negativos sobre la competencia, y en ellas incurren empresas que poseen una potencia de mercado tal que les permite protegerse de toda presión competitiva y eliminar sin sufrir perjuicios a sus competidores o impedir en medida importante la entrada de nuevos operadores.

76. En 2001, la Comisión impuso multas en cuatro asuntos contemplados en el artículo 82. En todos los demás asuntos aceptó los compromisos o modificaciones de los acuerdos propuestos por las empresas interesadas, lo que puso término a las prácticas abusivas. Los asuntos examinados no se limitaban a sectores específicos, pero atañían, en particular, al postal y el del automóvil.

Deutsche Post AG I [61]

[61] Asunto COMP/C1/35.141.

77. El 20 de marzo, la Comisión publicó su primera decisión con arreglo al artículo 82 en el sector postal, habiendo descubierto que el operador postal alemán, Deutsche Post AG, había abusado de su posición dominante en el mercado de los servicios de envío de paquetes comerciales al conceder descuentos de fidelización y practicar precios predatorios. Se impuso a Deutsche Post una multa de 24 millones de euros. Véase la sección I.C.2.2.

Deutsche Post AG II [62]

[62] Asunto COMP/C1/36.915.

78. El 25 de julio, la Comisión adoptó otra decisión en el sector postal, de nuevo relativa a Deutsche Post AG (éase la sección I.C.2.2.)

Duales System Deutschland (DSD) [63]

[63] Asunto Comp/34.493; IP/01/584.

79. El 20 de abril, la Comisión decidió que DSD, sociedad creadora del logotipo "Punto verde", había abusado de su posición dominante en el mercado de la organización de la recogida y aprovechamiento de envases de venta en Alemania. DSD es la única empresa de Alemania que explota un sistema colectivo de recogida y aprovechamiento de envases de venta. La Comisión consideraba inaceptable cierta disposición del contrato sobre uso del logotipo celebrado entre DSD y sus clientes que obligaba a éstos a pagar cánones en función del volumen de envases marcados con el logotipo "Punto verde", y del volumen de envases para los cuales DSD presta efectivamente un servicio de recogida y aprovechamiento. Esta disposición es contraria al artículo 82 por obligar a los consumidores a pagar por servicios no prestados efectivamente e impedir la incorporación de nuevos competidores al mercado.

Recuadro 3: La política de competencia en el sector de los residuos de envases

Al incorporar a su ordenamiento jurídico nacional la legislación comunitaria sobre medio ambiente, los Estados miembros establecen sus objetivos de recuperación y aprovechamiento de residuos de envases según el principio de "quien contamina, paga". La legislación y reglamentación nacionales de cada país definen el marco al que deberán conformarse las industrias del sector y, a continuación, éstas crean distintos sistemas de recogida y "valorización" de envases. En los sistemas llamados colectivos, tales como los que la Comisión analizó recientemente, existen relaciones contractuales entre el operador del sistema y los productores/distribuidores de productos envasados, las empresas de recogida y las empresas de garantía/reciclado.

En general, la Comisión intenta actuar en interés de los consumidores. Su objetivo es procurar que los nuevos mercados del sector estén abiertos a la competencia, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección del medio ambiente. Por otra parte, los servicios deben prestarse con la mejor relación posible entre calidad y precio. En 2001, la Comisión adoptó una serie de decisiones formales y publicó varias cartas administrativas de archivo de asuntos (dos decisiones en el asunto Dual System Deutschland [64], una en el asunto ECO Emballages [65] y archivo de los asuntos Pro Europa [66], Returpack-PET [67], Returpack Aluminio [68] y Returglas [69]), en los que definió los principios fundamentales que deben cumplir estos sistemas en cuanto a competencia, y que pueden resumirse como sigue:

[64] Asunto COMP/D3/34.493, Decisión de 20 de abril de 2001, DO L 166 de 26.6.2001, p. 1; Decisión de 17 de septiembre 2001, DO L 319 de 4.12.2001, p. 1.

[65] Asunto COMP/D3/34.950, Decisión de 15 de junio de 2001, DO L 233 de 31.8.2001, p. 37.

[66] Asunto COMP/D3/38.051.

[67] Asuntos COMP/D3/35.656 y COMP/D3/37.224.

[68] Asunto COMP/D3/35.658.

[69] Asunto COMP/D3/35.669.

a) Libre elección de las empresas. La Comisión considera que las sociedades que recogen y valorizan residuos deben poder elegir entre varios sistemas o soluciones que les permitan cumplir la normativa. El objetivo es garantizarles la libertad de no recurrir al sistema dominante, o de hacerlo sólo para parte de sus envases. Si se tiene en cuenta la fuerte posición en el mercado de los sistemas ya existentes, es de suma importancia, en interés de la competencia, que puedan acceder a este mercado sin restricciones otros proveedores de servicios. El objetivo de la Comisión es también procurar que sean posibles nuevos tipos de negocios en el sector de la recuperación de envases, y eliminar así los obstáculos a la gestión propia de residuos u otras soluciones individuales. Tal es la razón por la cual la Comisión no tolera comportamientos abusivos que fortalezcan la posición dominante del operador existente.

b) Prohibición de cláusulas de exclusividad injustificadas. La Comisión, al evaluar las restricciones a la competencia en el sector de la recuperación de residuos de envases, examina, en particular, el ámbito y duración de los contratos. En principio, la Comisión se opone a toda cláusula de exclusividad que no se justifique por argumentos sólidos y convincentes de carácter económico.

c) Acceso ilimitado a las infraestructuras de recogida. Una de las características del mercado de recogida y selección de residuos de envases en las viviendas es la dificultad que en la práctica reviste el crear una segunda infraestructura de recogida además de la ya existente. No es práctico que en las viviendas haya recipientes diferentes o sistemas de recogida diferentes para un mismo material. Además, semejante solución no es viable económicamente. Por ello, la Comisión considera que las empresas deben compartir las infraestructuras de recogida como condición necesaria para una competencia efectiva.

d) Libre comercialización de materiales secundarios. La comercialización de materiales secundarios por las empresas de recogida debe ser libre al máximo. Sin embargo, los materiales deben disponer de un canal de recuperación adecuado; pues los materiales de envases, recogidos y clasificados, pueden reutilizarse como materia prima secundaria para nuevos productos.

La Comisión aplicará estos principios a los asuntos actuales y futuros. De ello saldrá directamente beneficiado el consumidor, pues la competencia en los mercados de recogida de residuos de envases hará disminuir el precio que el consumidor deberá pagar en último término por los productos recuperados mediante sistemas de valorización.

Michelin [70]

[70] Asunto Comp/36.041; IP/01/873.

80. El 20 de junio, la Comisión decidió imponer una multa de 19,76 millones de euros al fabricante francés de neumáticos Michelin por haber abusado de su posición dominante en el mercado francés de neumáticos recauchutados y neumáticos de repuesto para camiones. La investigación de la Comisión reveló que, de 1990 a 1998, Michelin había puesto en práctica un complejo sistema de descuentos, primas y acuerdos comerciales cuyo resultado era una estrecha dependencia de los distribuidores con respecto a Michelin y que de ese modo cerraba artificialmente el mercado a los competidores. La elevada cuantía de la multa impuesta es reflejo de la gravedad y duración de la infracción, pero también del hecho de que Michelin ya había cometido con anterioridad una infracción similar.

IMS Health [71]

[71] Asunto COMP/38.044 IMS Health/NDC, Decisión de 3.7.2001, DO L 59, de 28.2.2002.

81. El 3 de julio, la Comisión impuso medidas provisionales a IMS Health (Estados Unidos), primera empresa mundial de recogida de datos sobre ventas y recetas de productos farmacéuticos, y le ordenó conceder una licencia para la utilización de su "estructura 1.860", que divide Alemania en 1860 zonas de venta. La Comisión consideró que la negativa de IMS a conceder una licencia para utilizar esta estructura, convertida en norma nacional para la industria farmacéutica alemana, constituye a primera vista un abuso de posición dominante. Tal denegación impide cualquier posible nueva incorporación al mercado de los datos sobre ventas de productos farmacéuticos y puede ocasionar perjuicios graves e irreparables a los actuales competidores de IMS: NDC Health (Estados Unidos) y AzyX Geopharma Services (Bélgica). El Presidente del Tribunal de Primera Instancia, al que IMS solicitó medidas provisionales, ordenó el 26 de octubre suspender la ejecución de la decisión de la Comisión en espera de la sentencia final sobre el recurso de anulación [72]. NDC interpuso el 12 de diciembre un recurso a la resolución del Presidente del Tribunal de Primera Instancia.

[72] Asunto T-184/01 R. El Presidente consideró que el carácter abusivo del comportamiento de IMS no estaba exento de ambigüedad según las normas de competencia actuales, que IMS corría el riesgo de sufrir graves e irreparables perjuicios si se le obligaba a conceder una licencia a sus competidores, y que el equilibrio de intereses en este asunto justificaba la suspensión de la decisión.

De Post/La Poste (Bélgica) [73]

[73] Asunto COMP/C1/37.859, DO L 61 de 2.3.2002.

82. El 5 de diciembre, la Comisión decidió que el operador belga de servicios postales De Post/La Poste había abusado de su posición dominante al establecer para los servicios de correo general una tarifa preferente supeditada a la aceptación de un contrato suplementario para un nuevo servicio de correo de empresa a empresa, y le impuso una multa de 2,5 millones de euros. Véase la sección I.C.2.2.

2.2. Apartado 1 del artículo 86 en combinación con el artículo 82 - Empresas públicas/empresas con derechos especiales o exclusivos y en posición dominante

83. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86, las normas de competencia son también aplicables a las empresas públicas y a las empresas a las cuales los Estados miembros hayan concedido derechos especiales o exclusivos. No se autoriza a los Estados miembros a adoptar o mantener medida alguna contraria a las normas de competencia en relación con estas empresas.

La Poste(Francia) [74]

[74] Asunto COMP/C1/37.133.

84. El 23 de octubre, la Comisión adoptó una decisión sobre el control de las relaciones entre la sociedad francesa La Poste y las empresas especializadas en acondicionamiento y preparación del correo. La Comisión consideró que existía un conflicto de intereses en las relaciones entre La Poste y las empresas de transportes privadas, toda vez que aquélla es competidora de éstas y, dado el monopolio que posee, su socio obligado. En opinión de la Comisión, este conflicto de intereses lleva a la Poste a abusar de su posición dominante. Por no establecer la normativa francesa controles suficientemente eficaces e independientes para neutralizar este conflicto de intereses, la Comisión consideró que el Estado francés había infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 en combinación con el artículo 82.

C -Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

85. El año 2001 trajo consigo grandes cambios en el sector energético europeo (electricidad y gas), actualmente en proceso de liberalización y cuya reestructuración continuó. Los consumidores empezaron a experimentar en mayor medida las ventajas de la liberalización y aprovecharon para cambiar de proveedor. Para acelerar este proceso de liberalización se presentaron propuestas legislativas. Por último, para que el proceso se convirtiera en una realidad económica, se adoptaron una serie de medidas complementarias.

86. Este proceso de liberalización exige que los operadores del mercado se adapten a la nueva realidad económica. A juicio de la Comisión, la liberalización obliga a las empresas energéticas a hacerse más eficaces (racionalización) y a mejorar los servicios que ofrecen a los consumidores. En paralelo, crea nuevas posibilidades para estas empresas, que pueden así ampliar el alcance geográfico de sus actividades y convertirse en multinacionales. También pueden penetrar en nuevos mercados de productos y de ese modo diversificarse. En 2001 se puso de manifiesto que el proceso de reestructuración del sector energético europeo estaba en marcha, acompañado de un mayor número de operaciones de concentración, cuyas economías de escala y de alcance son factores de la máxima importancia. Los ejemplos más destacados en 2001 fueron la política de adquisiciones de FED en España, Italia y Reino Unido, así como la adquisición por la empresa eléctrica alemana EON de una participación mayoritaria en la empresa de gas alemana Ruhrgas. La Comisión, competente para estudiar estas operaciones de concentración en virtud del Reglamento sobre concentraciones [75], vela por que no creen ni refuercen posiciones dominantes en los mercados energéticos.

[75] La adquisición por EON de una participación mayoritaria en Ruhrgas se encuentra en estudio por la autoridad de competencia alemana, el Bundeskartellamt.

87. El objetivo último de la política de liberalización --desde el punto de vista de la competencia-- es ofrecer a los consumidores mayores opciones en cuanto a proveedores que compiten entre sí en función de los precios y servicios que le ofrecen. Los consumidores --en particular, los de los países que optaron por una apertura mayor de la mínima que se establece en las Directivas europeas sobre electricidad y gas-- ya disfrutan de los beneficios de este proceso de liberalización. Los precios de la electricidad (sin IVA e impuestos sobre la energía) aplicados a escala comunitaria a los grandes consumidores industriales han disminuido desde que se iniciara la política de liberalización, si bien, naturalmente, existen diferencias entre los Estados miembros. Parece también haber señales de convergencia de precios entre los Estados miembros [76]. En cuanto al sector del gas, la situación es un tanto diferente, dado que, en gran medida, el gas se importa según contratos de larga duración cuyos precios en Europa continental generalmente se ajustan a la variación de los precios del petróleo. Así, el aumento de éstos dio lugar a otro de los precios del gas el año pasado. A medio y largo plazo, se espera sin embargo que se desarrollen también centros de intercambio de gas en Europa continental, lo que permitirá una mayor liquidez y más contratos a corto plazo. Los operadores dispondrán así de un nuevo precio de referencia, que podría sustituir al ajuste sobre los precios del petróleo y facilitar las negociaciones sobre precios.

[76] Documento de los servicios de la Comisión: Primer informe relativo a la aplicación de las Directivas sobre el gas y la electricidad , SEC(2001)1957 de 3.12.2001, p. 23.

1.1. Propuesta de la Comisión relativa a la realización de los mercados europeos de la electricidad y el gas

88. Desde el punto de vista legislativo, el acontecimiento más importante de 2001 fue la propuesta de la Comisión de nueva Directiva sobre la realización de los mercados europeos de la electricidad y el gas [77]. Esta propuesta, presentada al Consejo y al Parlamento Europeo en marzo de 2001 previa audiencia pública de los operadores del mercado en otoño del 2000, consta de elementos cuantitativos y cualitativos.

[77] COM(2001)125 final de 13.3.2001.

89. Por lo que respecta a los "elementos cuantitativos", la propuesta contempla la apertura del mercado para todos los consumidores industriales de electricidad hasta 2003, para todos los consumidores industriales de gas hasta 2004 y para el resto--incluidos los particulares-- hasta 2005. Al elaborar su propuesta, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que la aplicación de las actuales directivas por los Estados miembros había dado lugar a diferentes niveles de apertura del mercado. Además, la Comisión abrió en 2001 procedimientos de infracción contra Francia y Alemania por no transposición o transposición incompleta de la Directiva sobre gas, y contra Bélgica por transposición incompleta de la Directiva sobre electricidad.

90. Por desgracia, los consumidores de los países que han optado por una apertura lenta de estos mercados se encuentran en situación competitiva desventajosa con respecto a los de los países que eligieron una apertura más rápida. Del mismo modo, las empresas energéticas de estos últimos se encuentra expuestas a la competencia por toda su clientela, mientras que las de los primeros gozan de un mercado reservado, lo que se traduce en ventajas competitivas desprovistas de justificación alguna. Semejante falseamiento de la competencia no podrá reducirse o suprimirse en tanto todos los Estados miembros no hayan acordado el mismo grado de apertura de los mercados.

91. En cuanto a los "elementos cualitativos", la propuesta prevé, en primer lugar, reforzar las normas sobre desagregación. Dado que gran número de empresas de los sectores de electricidad y gas están integradas verticalmente, es decir, ejercen actividades de transporte y distribución (además de sus actividades de generación de electricidad o almacenamiento de gas), existe el riesgo de que el departamento de transporte de una empresa dé trato favorable a su departamento de distribución, en detrimento de terceros que soliciten acceso a las redes. Para solucionar este problema, la Comisión propone en su Directiva la obligación de separación jurídica de los departamentos de las empresas integradas verticalmente. Esta propuesta prevé también medidas complementarias para evitar flujos de información indebidos entre departamentos independientes. Por último, se propone ampliar la aplicación de estas normas más estrictas a las grandes empresas distribuidoras.

92. En segundo lugar, la Comisión propone hacer obligatorio para los Estados miembros la creación de autoridades de reglamentación independientes a nivel nacional y la adopción de un régimen regulado de acceso de terceros a las redes (en lugar de un régimen negociado de acceso de terceros a las redes, otra posibilidad prevista en las actuales directivas). Por acceso regulado se entiende un acceso concedido según tarifas autorizadas por una autoridad pública. La ventaja de este tipo de régimen es que en general permite reducir los costes de transacción para los terceros y en que hay una autoridad nacional de reglamentación que controla --de antemano-- las tarifas.

93. La propuesta de la Comisión para la realización de los mercados energéticos fue muy bien acogida por la mayoría de los Estados miembros con motivo del Consejo de Estocolmo de marzo de 2001. Sin embargo, algunos, como Francia, manifestaron reservas respecto del plazo final previsto para la apertura total de los mercados. Otros, como Alemania, que se había declarado a favor de un régimen negociado de acceso de terceros a las redes y en contra de una autoridad nacional de reglamentación, emitió reservas sobre los "elementos cualitativos". Sin embargo, las negociaciones sobre el proyecto de Directiva comenzaron en los Grupos de Trabajo del Consejo, y en 2001 se realizaron progresos importantes. Por ello se espera que las negociaciones concluyan en 2002.

94. En junio de 2001, la Comisión recordó a los Estados miembros su responsabilidad a la hora de suprimir cuanto antes las divergencias entre sus respectivos niveles de liberalización [78] y llamó su atención sobre el hecho de que las empresas no deben aprovecharse indebidamente de estos diferentes grados de apertura de los mercados. Por último, la Comisión anunció que --en caso de que los Estados miembros no pudieran o no quisieran adoptar su propuesta para la realización del mercado energético-- podría recurrir a las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 86 del Tratado CE, el cual le permite adoptar --en ciertas circunstancias-- decisiones y directivas dirigidas a los Estados miembros sin necesidad de autorización por parte de éstos.

[78] Comunicado de prensa IP/01/872 de 20.06.2001.

95. En paralelo a las propuestas legislativas, se realizaron trabajos y mantuvieron debates con grupos internacionales de interesados (administraciones nacionales, autoridades de reglamentación, consumidores y productores). Estos grupos (el Foro de Florencia en el caso de la electricidad y el de Madrid en el del gas) se reunieron por iniciativa de la Comisión y con la participación activa de ésta. Los debates versaron sobre aspectos técnicos y cuestiones de normativa con vistas a una armonización que favorecería los intercambios transfronterizos y la creación de condiciones de competencia iguales y sin falseamientos en los mercados europeos del gas y la electricidad.

1.2. Relaciones entre la política de la competencia y la normativa del mercado interior

96. La aplicación de la política de competencia permite velar, en particular, por que los obstáculos oficiales eliminados en virtud de la Directiva sobre electricidad y gas no se sustituyan por comportamientos contrarios a la competencia por parte de los agentes del mercado, que tendrían los mismos efectos. Para crear y mantener una competencia efectiva en los mercados del gas y la electricidad deben darse tres condiciones básicas: oferta libre, demanda libre y acceso libre a las redes. Por "libre" no se entiende "gratuito", sino "sin restricciones artificiales".

97. En particular, las siguientes características contribuyen a crear un entorno desfavorable al desarrollo de la competencia en los mercados europeos del gas y la electricidad: en primer lugar, el hecho de que las redes son y seguirán siendo monopolios naturales. La Comisión intenta favorecer el acceso efectivo de los terceros a las redes en condiciones no discriminatorias y no abusivas. Actualmente, en el sector de la electricidad, se presta especial atención al acceso a las congestionadas interconexiones entre los distintos Estados miembros, infraestructuras cuya importancia es crucial para el comercio transfronterizo. El acceso a las interconexiones es, al mismo tiempo, clave para una serie de países caracterizados por una estructura monopolística de la oferta y en los cuales no puede por consiguiente ejercerse una competencia efectiva, a no ser la importada. La Comisión ha intervenido en el diseño del sistema de asignación de capacidades de transmisión de la interconexión eléctrica entre el Reino Unido y Francia y, en la actualidad, examina y supervisa la situación en otras fronteras; por ejemplo, las interconexiones eléctricas entre España y Francia y las de entrada a los Países Bajos. La Comisión está estudiando asimismo la construcción y explotación de una nueva interconexión entre Noruega y Alemania [79]. El acceso a la red es también cuestión importante en el sector del gas. En 2001, la Comisión examinó un asunto en el cual las empresas de gas de Europa continental se negaron conjuntamente a conceder a un productor de gas noruego acceso a sus gasoductos. La Comisión archivó el asunto con una de estas empresas una vez que ésta propuso compromisos que dotaban de mayor eficacia al régimen de acceso de terceros [80].

[79] V. Comunicación efectuada con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 del Consejo y referente al asunto Comp/E-3/37.921 - Viking Cable, DO C 247 de 5.9.2001, p. 11; entre tanto, las partes notificantes han decidido renunciar al proyecto Viking Cable.

[80] Comunicado de prensa IP/01/1641: La Comisión archiva el asunto Marathon con Thyssengas.

98. En segundo lugar, la delimitación vertical es y seguirá siendo característica general del sector energético, en particular en el mercado del gas, debido a la existencia de una cadena de suministro vertical bien establecida, en la cual cada empresa tiene una posición y función claramente definidas.

99. En tercer lugar, tradicionalmente los productores cooperaban y siguen cooperando en la comercialización en estos mercados, lo que debilita la competencia en la oferta. Ejemplos de esta práctica son los sectores del gas irlandés (Corrib) [81] y noruego (GFU) [82] o el sector eléctrico francés (FED/CNR