ES    ES  
 COMISIÓN  
EUROPEA 
Bruselas, 8.5.2015  
COM(2015) 191 final 
  
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAM ENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe de 2014 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea 
{SWD(2015) 99 final}  
 
2 
 1. Introducción 
Este quinto informe anual examina la manera en que  la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros 
dieron efecto a la Carta de los Derechos F undamentales de la UE (la Carta) en 2014. 
La Carta es jurídicamente vinculante desde el 1 de diciembre de 2009. Es vinculante para las 
instituciones de la UE al adoptar nuevas medidas. Obliga a los Estados miembr os cuando actúan en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la UE. Como  joven fuente del Derecho, la Carta ha ido 
incrementando constantemente su relevancia jurídica. En 2014, 210 decisiones de órganos 
jurisdiccionales1 de la Unión citaron la Carta2, frente a 43 en 2011, 87 en 2012 y 114 en 2013. 
La nueva Comisión bajo el mandato del presidente Juncker entró en funciones en noviembre de 2014. 
El presidente Juncker se comprometió a «... hacer uso de las prerrogativas de la Comisión para 
defender, en nuestro ámbito de competencia, el  Estado de Derecho y los derechos fundamentales, 
nuestros valores compartidos, teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las tradiciones 
culturales y constitucionales de los veintiocho Estados miembros»3. Otorgó la responsabilidad de los 
derechos fundamentales al vicepresi dente primero, Frans Timmermans. 
La Comisión integra la Carta en todas sus po líticas. Colabora estrechamente con organizaciones 
nacionales, europeas e internacionales para garanti zar la promoción de los derechos fundamentales. 
En su comparecencia ante el Parlamento Eur opeo, el vicepresidente primero Timmermans se 
comprometió a organizar un coloquio anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE, 
con el fin de mejorar la cooperación mutua y el co mpromiso político para la promoción y la protección 
de los derechos fundamentales. En el coloquio, lo s Estados miembros, las instituciones y las partes 
interesadas debatirán para determinar y realizar  acciones políticas sobre cuestiones relativas a los 
derechos fundamentales. El primer coloquio, en oc tubre de 2015, se centrará en la promoción de la 
tolerancia y el respeto, en particular para im pedir y combatir el odio antisemita y antimusulmán. 
Estará precedido de consultas con la sociedad civ il y las partes interesadas, así como de dos diálogos 
de alto nivel, uno con los líderes religiosos y otro con representantes de organizaciones no 
confesionales. 
En el presente informe se revisa la aplicación de la  Carta por y a las instituciones de la UE -la 
Comisión Europea en particular- y los Estados mi embros. Se destaca la importancia del Convenio 
                                                            
1 Tribunal General, Tribunal de la Función Pública y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
2 El anexo I del documento de trabajo presenta una visi ón de conjunto de la jurisprudencia del TJUE de 2014 
que cita directamente la Carta o la menciona en su motivación. 
3 Véase Jean-Claude Juncker, «Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea», 
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf , p. 8. 
4 SEC(2011) 567 final de 6.5.2011. 
 
3 Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y se propor ciona una actualización s obre la adhesión de la 
UE al mismo. Por primera vez, el informe incluye una sección sobre una cuestión emergente que estuvo de actualidad este año: «los derechos fundamentales en el entorno digital». 
2. Aplicación de la Carta por la UE  y a la UE en todas sus acciones 
En todas sus acciones, las instituciones de la  UE están obligadas a cumplir la Carta. 
2.1 Acción legislativa 
Es preciso realizar controles sistemáticos de los De rechos fundamentales durante el proceso legislativo 
a fin de garantizar la conformidad de los proyectos  legislativos con la Carta. En 2011, la Comisión 
publicó unas Orientaciones operativas sobre el modo de tener en cuenta los derechos fundamentales en 
las evaluaciones de impacto de la Comisión4. En 2014, la Comisión se comprometió a revisar sus 
directrices para la evaluación de impacto y llevó a cabo una consulta pública5. 
El asunto Digital Rights Ireland6 ilustra la necesidad de realizar controles de los derechos 
fundamentales en los proyectos legislativos. El Tr ibunal de Justicia declaró no válida la Directiva 
sobre conservación de datos7 debido a que infringía los derechos fundamentales a la intimidad y a la 
protección de los datos personales garantizados por lo s artículos 7 y 8 de la Carta. Esta sentencia 
aclaró que en el Derecho derivado de la UE deben incluirse garantías específicas para proteger los 
derechos fundamentales, en partic ular disposiciones sobre excepciones al secreto profesional y al 
control administrativo o judicial previo, y no pueden dejarse a la discreción del legislador nacional. El 
TJUE se pronunció en el sentido de que la con servación de datos sirve a un objetivo legítimo de 
interés general, a saber, la lucha contra las formas  graves de delincuencia organizada, y constituye un 
medio adecuado para alcanzar este objetivo. No obstant e, declaró que la interferencia de la Directiva 
con los derechos fundamentales de respeto de la vi da privada y de protección de los datos personales 
no se limitaba a lo estrictamente necesario. 
Esta sentencia es importante para todas las institu ciones de la UE que participan en el proceso 
legislativo. En diciembre de 2014, el Consejo actualizó sus Directrices sobre medidas metodológicas que deben adoptarse para comprobar la compatibilidad  de los derechos fundame ntales en los órganos 
preparatorios del Consejo
8. Se impartieron cursos de formación para el personal del Consejo a fin de 
hacer estas directrices más operativas. 
                                                            
5  http://ec.europa.eu/smart-regulati on/impact/consultati on_2014/index_es.htm . 
6 Sentencia del Tribunal de Justicia de 8.4.2014 en los asuntos C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland y 
Kaertner Landesregierung. 
7 Directiva 2006/24/CE, DO L 105 de 13.4.2006, p. 54. 
8 Secretaría General del Consejo, ST 5377 2015 INIT. 
 
4 2.2 Gestión de los fondos de la UE 
Al gestionar los fondos de la UE, las instituciones,  organismos, oficinas y agencias de la Unión deben 
respetar los derechos fundamentales consagrados en  la Carta. Los Estados miembros, cuando aplican 
el Derecho de la Unión, están sujetos a la misma obligación. 
En el asunto Liivimaa Lihaveis MTÜ9, el Tribunal confirmó la jurisp rudencia anterior, a saber, que 
«aplicar el Derecho de la Unión» requiere un ci erto grado de vinculación más allá de que las 
cuestiones cubiertas estén estrechamente relacionad as entre sí o que alguna de ellas tenga un impacto 
indirecto sobre la otra10. En tal caso, el Derecho de la Unión exige que los dos Estados miembros 
implicados en el programa operativo lo apliquen. En primer lugar, se exigió a los Estados miembros 
que creasen un comité de seguimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63, apartados 1 y 2, del 
Reglamento nº 1083/2006. En segundo lugar, todas las medidas para aplicar dicho programa debían 
cumplir con los Reglamentos nº 1083/2006 y nº 1080 /2006. El TJUE consideró que la adopción del 
manual del programa por el comité de seguimiento ap lica la legislación de la UE en el sentido del 
artículo 51, apartado 1, de la Carta. El manual del programa excluía la posibilidad de control judicial 
de las decisiones del comité de seguimiento de r echazar una subvención; el TJUE consideró que esto 
vulneraba el derecho a la tutela judicial efec tiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. 
En mayo de 2014, el Defensor del Pueblo Europe o abrió una investigación sobre el respeto de los 
derechos fundamentales en la  política de cohesión de la UE11. En su respuesta de 29 de octubre de 
201412, la Comisión se comprometió a adoptar medi das dirigidas a aumentar la sensibilización 
respecto de la Carta entre los Estados miembros a la hora de gestionar los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE). La Comisión ha r ecordado oficialmente a lo s Estados miembros su 
obligación de respetar la Carta. También ofrece  ayuda de los Fondos EIE para apoyar los 
procedimientos de reclamación. La Comisión di fundirá buenas prácticas y formulará orientaciones 
para los Estados miembros sobre el  respeto de la Carta a la hora de  gestionar los Fondos EIE en 2015. 
La Comisión detectó una posible violación de la protección de los derechos fundamentales en un 
centro de detención temporal de inmigrantes irre gulares; el Tribunal de Cuentas confirmó esta 
apreciación en un informe especial publicado en 2014.  Los gastos de alquiler del centro se habían 
incluido en un programa nacional en el marco del Fondo para las Fronteras Exteriores y la Comisión 
no había aceptado los costes correspondientes al cierre  del programa. El Tribunal de Cuentas llegó a la 
conclusión de que el Estado miembro no había r espetado la prohibición de tratos degradantes 
                                                            
9 Sentencia del TJUE de 12.9.2014 en el asunto C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTÜ . 
10 Sentencia del TJUE de 29.5.1997 en el asunto C-299/95 Kremzow , apartado 16. 
11  http://www.ombudsman.europa.eu/es/pre ss/release.faces/en/ 54420/html.bookmark.  
12   http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases /correspondence.faces/en/58451/html.bookmark.  
 
5 (artículo 4 de la Carta) ni el principio de dignida d humana (artículo 1 de la  Carta) debido a las malas 
condiciones en que estuvieron detenidos los inmigrantes irregulares. 
2.3 Dimensión de los derechos humanos en  las acciones exteriores de la UE 
El artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) est á en la base de la acción exterior de la Unión. 
Reafirma el papel de la UE en el fomento de la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y el respet o de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional. Los países que deseen  entrar en la UE deben respetar los derechos 
humanos. Todos los acuerdos de comercio y coope ración con terceros países estipulan que los 
derechos humanos13 son un elemento esencial de las relaciones entre las partes. 
En 2014, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión evaluaron el Plan de Acción para los 
derechos humanos y la democracia (2012-14)14. El Plan de Acción establece 97 acciones específicas. 
Un ejemplo son las Directrices de la UE sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, 
adoptadas por el Consejo en mayo de 2014. Las Directrices proporcionan definiciones y orientaciones sobre cómo proteger el derecho a la libertad de expresión, abarcando todos sus aspectos, en particular 
el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho a buscar y recibir información y el 
derecho a comunicar informaciones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio de comunicación, 
independientemente de las fronteras. 
Se ha previsto un nuevo Plan de Acción 2015-2019, que  presta una atención particular a garantizar la 
coherencia entre las políticas de derechos humanos in ternas y externas, en especi al en materia de lucha 
contra el terrorismo, migración y movilidad, y comercio. 
Con el fin de lograr los objetivos contemplados en el artículo 21 del TUE, la UE aplica medidas 
restrictivas
15, que suelen dar efecto a resoluciones vinc ulantes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la base de los artículos 41 o 42 de la Carta de las Naciones Unidas, pero que 
también pueden ser medidas autónomas de la UE. Algunas de esas medidas afectan al listado de 
personas físicas y entidades cuyos recursos económic os deben ser inmovilizados. Respecto de las 
personas y entidades, el derecho a una buena administ ración y el derecho a la tutela judicial efectiva 
y a un juez imparcial (artículos 41 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) son 
cruciales. En 2014, el TJUE entendió de asuntos relativos al procedimie nto para imponer medidas 
restrictivas a personas y entidades. De más de 30 sente ncias dictadas en 2014 sobre la legalidad de las 
                                                            
13 El término «derechos fundamentales» se utiliza en la Unión Europea para expresar el concepto de «derechos 
humanos» en un determinado contexto interno de la UE. Tradicionalmente, el término «derechos 
fundamentales» se utiliza en un contexto constitucional, mientras que el término «derechos humanos» se utiliza en Derecho internacional. 
14  http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm.  
15 Véase el artículo 215 del TFUE. 
 
6 medidas restrictivas, el Tribunal de Justicia mantuvo los listados en solo una cuarta parte de los casos; 
en todos los demás casos, las decisiones de  inclusión en la lista fueron anuladas. 
Un asunto, Yusef16, trató sobre las medidas restrictivas a doptadas sobre la base del Reglamento (CE) 
nº 881/2002 del Consejo17. Este Reglamento da efecto a la Reso lución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la congelación de capitales de personas, grupos y entidades identificados por el 
Comité de Sanciones de las Naciones Unidas como  asociados con Al Qaida. El Tribunal General 
declaró que la Comisión se había abstenido de actuar, al no haber subsanado las deficiencias 
procedimentales y las irregularidades de fondo que  afectaron a la congelación de capitales del Sr. 
Yusef. En consecuencia, instó a la Comisión a cump lir su obligación de examinar detenidamente y con 
imparcialidad el motivo de inclusión en la lista y, en su caso, en «colaboración efectiva» con el 
Comité de Sanciones de las Naciones Unidas18. La Comisión está revisando las razones de la inclusión 
en la lista en cooperación con los organi smos pertinentes de las Naciones Unidas. 
La mayoría de los casos19 en los que las medidas restrictiv as contra entidades o personas fueron 
anuladas por el TJUE se referían a decisiones y reglamentos del Consejo en que las pruebas o 
información que justificaban los motivos de inclusión en la lista no eran suficientes y la carga de la 
prueba, que corresponde al Consejo de conformidad con el artículo 47 de la Carta, tal como ha sido 
interpretado en la sentencia Kadi II20, no se llevó a cabo. Otros casos fueron anulados por motivos de 
procedimiento21. 
En la política comercial, la revisión del sistema de  preferencias generalizadas (SPG +), que requiere el 
respeto de los principales convenios de derechos humanos, comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2014. 
El mecanismo de seguimiento se ha visto cons iderablemente reforzado, garantizando que los 
beneficiarios del SPG + cumplen sus obligaciones, en  particular sobre la ratificación y aplicación de 
los 27 convenios internacionales en materia de der echos humanos y otras cuestiones. El Parlamento 
Europeo y el Consejo también r ealizan un control más riguroso. 
                                                            
16 Sentencia del TJUE de 21.3.2014 en el asunto T-306/10 Hani El Sayyed Elsebai Yusef/Comisión Europea . 
17 Reglamento (CE) nº 881/2002, DO L 139 de 29.5.2002, p. 9. 
18 Sentencia del TJUE de 21.3.2014 en el asunto T-306/10 Hani El Sayyed Elsebai Yusef/Comisión Europea , 
apartado 102. 
19 Por ejemplo, sentencia del TJCE, de 3.7.2014, en el asunto T-565/12, National Iranian Tanker Company 
/Consejo ; sentencia del TJUE de 9.12.2014 en el asunto T-439/11 Sport-Pari/Consejo . 
20 Sentencia del TJUE de 18.7.2013 en el asunto C-584/10 P Comisión y otros/Kadi  (Kadi II), recurso contra T-
85/09 Kadi/Comisión  (Kadi I). 
21 Véase, por ejemplo, LTTE/Consejo , T-208/11 y T-508/11. Esta sentencia es objeto de recurso en el asunto C-
599/14 P. 
 
7 3. Aplicación de la Carta por los Estados miembros y a ellos  
Bajo el control del TJUE, la Comisión supervisa el  respeto de la Carta por los Estados miembros 
cuando aplican el Derecho de la UE. Si tiene conocimiento de una infracción, la Comisión puede 
incoar un procedimiento de infracción. Los jueces  nacionales son conocedores de la Carta como 
instrumento para garantizar el respeto de los derechos fundamentales por parte de los Estados 
miembros. Las disposiciones del Derecho de la UE  y la legislación nacional basada en la legislación 
de la UE deben interpretarse de forma coherente c on las obligaciones de la Carta, a fin de dar efecto a 
los derechos garantizados en virtud de la mism a. Cuando un órgano jurisdiccional nacional alberga 
dudas en cuanto a la aplicabilidad de la Carta o la correcta interpretación de sus disposiciones, puede 
(y , en el caso de un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, debe) plantear al TJUE una 
cuestión prejudicial. La respuesta del TJUE permite al órgano jurisdiccional nacional resolver sobre el 
asunto. Los jueces nacionales utilizan  habitualmente este procedimiento, que contribuye al desarrollo 
de la jurisprudencia relativa a la Carta y refuerza el papel de los jueces nacionales en defensa de la 
misma. En 2014, los jueces nacionales realizaron 43 remisiones de cuestión prejudicial22, algo más que 
en años anteriores23. 
3.1 Procedimientos de infracción  
Mientras que la Carta se mencionó en cinco pro cedimientos de infracción en 2013, en 2014 la 
Comisión hizo referencia a ella en 11 procedimient os basados en los artículos 258-260 del TFUE. Las 
disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de 
la Unión. Por tanto, los procedimientos de infracci ón relativos a la Carta deben estar relacionados con 
la disposición del Derecho de la Unión que da lugar a la aplicabilidad de la Carta. 
Cinco de los 11 casos están relacionados con el asilo y la migración24. 
Procedimientos de infracción en el ámbito del asilo y la migración  
En 2014, la Comisión incoó un procedimiento de  infracción contra un Estado miembro relacionado 
con la Directiva de retorno25, expresando su preocupación por la  duración de la detención, las 
condiciones materiales de la detención,  la falta de asistencia jurídica grat uita para los retornados en los 
centros de detención y la ausencia de control judici al de las órdenes de detención antes de los seis 
meses y el limitado control de las decisiones de prorrogar la detención más allá de seis meses 
(artículos 4, 6 y 47 de la Carta). 
                                                            
22 Véase el anexo II «Resumen de las peticiones de decisi ón prejudicial presentadas en 2014 que se refieren a la 
Carta» en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
23 En 2013 y 2012, el TJUE realizó 41 remisiones a la Carta. 
24 Para más detalles, véase el documento de trabaj o de los servicios adjunto al presente informe. 
25 Directiva 2008/115/CE, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.  
 
8 Por otro lado, se han incoado procedimientos de infracción asimismo contra un Estado miembro por la 
aplicación incorrecta de las Directiv as sobre las condiciones de acogida26 y sobre procedimientos de 
asilo27. La Comisión expresó su preocupación por la duración del procedimiento de asilo, la eficacia 
de las vías de recurso contra las decisiones negativas en materia de asilo, la falta de asistencia jurídica 
gratuita, la detención de dete rminadas categorías de solicitantes de asilo, que parece aplicarse 
automáticamente sin una evaluación individualizad a, el derecho a un recurso efectivo contra una 
decisión de detención, y la asistencia jurídica gratuita en la detenc ión (artículos 6 y 47). 
En 2014, la Comisión examinó la manera en que los Estados miembros aplican la Carta al ejecutar la 
legislación de la UE en las fronteras exteriores de la Unión, en particular el principio de no devolución 
(artículos 4, 6, 18 y 19). Entre las cuestiones que  preocupan figuran la aplicación y duración de la 
detención, las condiciones de detención, la situación particular de los menores, la asistencia jurídica 
gratuita y las vías de recurso eficaces en el marco del proceso de asilo en algunos Estados miembros 
(artículos 6, 24 y 47 de la Carta).  
Código de visados y recurso contra un a decisión de denegación de visado  
A finales de 2014, la Comisión instó a cinco Esta dos miembros a actuar para garantizar que los 
recursos contra una decisión de denegación, a nulación o revocación de un visado prevean el acceso a 
un órgano judicial. 
El Reglamento relativo al Código de visados28 establece los procedimientos y condiciones para la 
expedición de visados para estancias de corta dur ación y tránsito aeroportuario. Obliga a los Estados 
miembros a establecer el derecho a recurrir contra una denegación, anulación o retirada de visado. El 
artículo 47 de la Carta, confiere a los particulares el derecho a la tutela judicial efectiva ante un órgano 
jurisdiccional, cuando se hayan vulnerado los derec hos y libertades con arreglo al Derecho de la 
Unión. La legislación nacional de los Estados miembros  en cuestión, no obstan te, solo contemplaba la 
posibilidad de recurrir ante autoridades administra tivas no judiciales. La Comisión considera que esto 
no se ajusta al criterio de juez independiente  e imparcial establecido en el artículo 47.  
Segregación de los niños gitanos en la educación  
En septiembre de 2014, la Comisión incoó un pro cedimiento de infracción contra un Estado miembro 
por discriminación de los niños gitanos en la e ducación, lo que constituye una violación de la 
Directiva sobre igualdad racial29.En los debates con la Comisión, el Estado miembro justificó sus 
                                                            
26 Directiva 2003/9/CE, DO L 31 de 6.2.2003. p. 18. 
27 Directiva 2005/85/CE, DO L 326 de 13.12.2005, p. 12. 
28 Reglamento 810/2009/CE, DO L 243 de 15.9.2009. p. 1. 
29 Directiva 2000/43/CE, DO L 180 de 19.7.2000, p. 22. 
 
9 acciones mediante referencia a jurisprudencia del TJUE  relacionada con la Carta. Por consiguiente, la 
Comisión consideró necesario aclarar la interpret ación de esta jurisprudencia en el escrito de 
requerimiento, haciendo referencia específicamente  al artículo 21 de la Carta, que prohíbe la 
discriminación por motivos de raza y origen étnico. 
3.2 Orientaciones del TJUE a los Estados  miembros (cuestiones prejudiciales) 
En 2014, en respuesta a remisiones de cuestiones pr ejudiciales, el TJUE siguió dando orientaciones a 
los jueces nacionales sobre la aplicabilidad de la Carta y la interpretación de sus disposiciones.  
Dignidad humana de lo s solicitantes de asilo  
En diciembre de 2014, el TJUE se pronunció sobre cuestiones prejudiciales planteadas por el Consejo 
de Estado neerlandés en el asunto A, B, C v Staatssecretaris  van Veiligheid en Justitie30 sobre la 
interpretación de las disposiciones de la UE en ma teria de asilo en relación con los métodos utilizados 
para evaluar la credibilidad de la orientación sexual declarada de los solicitantes de asilo. Los 
demandantes declararon que temían ser perseguidos en sus países de origen a causa de su 
homosexualidad. El órgano jurisdiccional nacional preguntó al TJUE si existen limitaciones impuestas 
por la legislación de la UE en lo que se refier e a la comprobación de la orientación sexual de los 
solicitantes de asilo. El TJUE consideró que la  Directiva relativa a los requisitos de asilo31 y la Carta sí 
imponen límites: los métodos utilizados por las autoridades nacionales deben respetar los derechos fundamentales, como el derecho al respeto de la di gnidad humana (artículo 1) y el derecho al respeto 
de la vida privada y familiar (artículo 7). No se puede exigir a los solicitantes nada que vaya en 
detrimento de la dignidad humana o la integridad  personal, como pruebas médicas o pseudomédicas 
invasivas o humillantes, interrogatorios invasivos o la solicitud o aceptación de pruebas de vídeo o 
fotográficas de prácticas sexuales. Esa sentencia permite a las autoridades nacionales evaluar las 
solicitudes de manera más coherente, garantizando al  mismo tiempo el pleno respeto de los derechos 
fundamentales.  
Igualdad de armas en el ámbito de la protección de los consumidores  
El asunto Sánchez Morcillo32 -en relación con el artículo 47- se refiere a los derechos procesales de los 
consumidores en los procedimientos de ejecución hipot ecaria, en que el TJUE destacó el aspecto de la 
igualdad de armas. El Tribunal consideró que la le gislación nacional era contraria a la Directiva sobre 
cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores33 y al artículo 47 de la Carta en los 
                                                            
30 Sentencia del TJUE de 2.12.2014 en los asuntos acumulados C-148/13, C-140/13 y C-150/13, A, B, C v 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie . 
31 Directiva 2004/83/CE, DO L 304 de 30.9.2004, p. 12. 
32 Sentencia del Tribunal de Justicia de 17.7. 2014 en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo. 
33 Directiva 93/13/CEE, DO L 95 de 21.4.1993, p. 29. 
 
10 casos en que la legislación no ofrece a los consumidores el derecho de recurso cuando el acreedor sí 
puede acogerse a tal derecho en el supuesto inverso. 
El TJUE también puso de relieve la  vulnerabilidad de los consumidor es expuestos al riesgo de perder 
su hogar. En Kusinova34 puntualizó que, de conformi dad con la legislación de la UE, el derecho a la 
vivienda es un derecho fundamental  garantizado por el artículo 7 que los órganos jurisdiccionales 
nacionales deben tener en cuenta a la hora de aplicar  la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos 
celebrados con los consumidores.  
El principio ne bis in idem  en el Convenio de aplicac ión del Acuerdo de Schengen  
En el asunto Zoran Spasic35, el TJUE evaluó la compatibilidad de un requisito de ejecución previsto 
en el Convenio de aplicación del Acuer do de Schengen (CAAS) con el principio ne bis in idem  
incluido en la Carta (artículo 50). 
El CAAS prevé que una persona cuyo juicio ha ya sido celebrado en un Estado miembro no puede ser 
enjuiciada en otro Estado miembro por los mismos hechos (principio ne bis in idem ). No obstante, el 
CAAS precisa que este principio solo se aplica si la pena se ha ejecutado, está en curso de ejecución, o 
ya no puede ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena («requisito de ejecución»). El 
artículo 50 de la Carta, sin emba rgo no menciona expresamente tal requisito. El TJUE sostuvo que el 
requisito de ejecución del CAAS no era contrario a la Carta.  
3.3. Jurisprudencia nacional que cita la Carta  
Los jueces nacionales desempeñan un pa pel esencial en la defensa de los derechos fundamentales y el 
Estado de Derecho. La investigación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales36 
confirma que en 2014 los tribunales superiores de Justicia de los Estados miembros siguieron 
remitiéndose a la Carta para orientación e inspiración,  incluso en casos que no entraban en el ámbito 
de aplicación de la legislación de la UE. 
La Comisión fomenta el diálogo y la cooperación en tre jueces. El nuevo «identificador europeo de 
jurisprudencia»37 hará que sea más fácil comprender la interp retación dada a los instrumentos de la UE 
por los más altos órganos jurisdiccionales naciona les, y ofrece datos sobre la aplicación de los 
instrumentos de la UE en los tribunales nacionales. Otro proyecto cofinanciado por la UE, «Cooperación judicial europea en la práctica de los derechos fundamentales de los órganos jurisdiccionales nacionales», incluye un manual para  jueces sobre técnicas de relaciones entre órganos 
                                                           
 
34 Sentencia del TJUE de 10.9.2014 en el asunto C-34/13 Kusinova . 
35 Sentencia del TJUE de 18.7.2014 en el asunto C-129/14 PPU Zoran Spasic . 
36 Informe anual de la FRA de 2014, que se publicará el 22 de mayo de 2015. 
37  https://e-justice.europa.eu/content_eu ropean_case_law_iden tifier_ecli-175-es.do.  
 
11 jurisdiccionales y una base de datos de las sentenci as nacionales con arreglo a las disposiciones de la 
Carta38. 
3.4 Sensibilización con respecto a la Carta 
En febrero de 2015, una encuesta del Eurobarómetro39 mostró que el conocimiento de la Carta apenas 
ha mejorado a lo largo de los años: solo un 14 % de  los encuestados sabía realmente de qué trataba la 
Carta (11 % en 2012 y 8 % en 2007). Alrededor del 51 % de los encuestados había oído hablar de la 
Carta, sin saber exactamente qué es (53 % en 2012 y 48 % en 2007). La encuesta del Eurobarómetro 
también pone de relieve la necesida d de concienciar a los ciudadanos sobre a dónde deben dirigirse en 
cuestiones relativas a los derechos fundamentales.  El proyecto CLARITY de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales40 tiene por objeto facilitar orientación sobre a qué organismo acudir cuando 
estén en juego derechos fundamentales (instituci ón nacional de derechos  humanos, organismo de 
igualdad o Defensor del Pueblo). Otro nuevo proyecto, No llame a la puerta equivocada: 
Charterclick! Una herramienta de fácil manejo para detectar las infracciones que entran en el ámbito 
de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE41 comenzó en febrero de 2015 y está 
cofinanciado por el Programa «Der echos fundamentales y ciudadanía». 
La necesidad de fomentar la sensibilización sobre la Carta e identificar las necesidades de formación 
específicas y mejores prácticas para las autorida des públicas se debatieron en la Conferencia de 
diciembre de 2014 titulada «La Carta de los Derechos Fundamental es de la Unión Europea: evaluar y 
responder a las necesidades de formación de los prof esionales de la justicia y los funcionarios 
públicos»42. Los participantes sugirieron realizar un inventario de estrategias de formación, 
experiencias y herramientas para promover el conocim iento y la aplicación de la Carta a nivel local, 
regional, nacional y de la UE, y destacaron el papel crucial desempeñado por la sociedad civil y los 
organismos nacionales de derec hos humanos. La UE financia fo rmación sobre la Carta para las 
autoridades públicas, y seguirá haciéndolo en 2014-202043. 
                                                            
38 http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/EuropeanJudicialCooperationinFR/Docume
nts.aspx  
39 Eurobarómetro 416, «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», trabajo de campo entre 
el 16 y el 18 de febrero de 2015 en los 28 Estados miembros de la UE, disponible en: http://ec.europa.eu/public_o pinion/archives/flash_a rch_420_405_en.htm#416
 
40 http://fra.europa.eu/en/project/2013/clarity-complaints-legal-assistance-and-rights-information-tool-you.  
41 http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCoope ration/Projects/CharterClick/Charterclick.aspx.  
42 http://ec.europa.eu/ju stice/events/fundamental -rights-charter-training-2014/index_en.htm. 
43 La formación de los profesionales del Derecho en cuan to a la Carta y las campañas de información sobre la 
aplicación de la Carta son prioridades de  la convocatoria de propuestas en el marco del programa DFC. A raíz 
de la convocatoria de propuestas de 2013, aproximada mente 2,8 millones EUR (el 25 % del presupuesto total) 
se asignaron a proyectos en este ámbito; en 2012 se asignaron 1,9 millones EUR de 20,9 (9 % del presupuesto 
total). En el marco de las perspectivas financieras 201 4-2020, la formación sobre la Carta para las autoridades 
judiciales y los profesionales del Derecho correrá a cargo del Programa de Justicia (2014-2020). Por otra 
 
12 4. Convenio Europeo de Derechos Humanos 
El 18 de diciembre de 2014, el TJUE emitió su dict amen sobre el proyecto de Acuerdo de adhesión de 
la UE al CEDH. El Tribunal constató problemas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho de la 
UE; declaró que el proyecto de Acuerdo de adhesión er a incompatible con el artículo 6, apartado 2, del 
TUE y el correspondiente Protocolo nº 8. El Tribunal requirió algunas adaptaciones: primacía del Derecho de la Unión en relación con las posibilidades que  confiere el artículo 53 de la Carta en lo que 
respecta al refuerzo de los derechos fundamental es en las constituciones de los Estados miembros; 
confianza mutua entre los Estados miembros, en especial  en el ámbito de la libertad, la seguridad y la 
justicia; relación con el nuevo Protocolo adicional 16 del CEDH; mantenimiento de la competencia 
exclusiva del TJUE para pronunciarse sobre litigi os entre Estados miembros relativos a la 
interpretación o aplicación de los Tratados; determin ados aspectos del procedimiento ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de la UE relacionados con la UE; y tutela  judicial en el ámbito de la 
política exterior y de seguridad común. 
La Comisión sigue estando plenamente comprometida con la adhesión de la UE al CEDH. La 
adhesión reforzará los valores fundamentales, mejora rá la eficacia de la legislación de la UE y 
aumentará la coherencia de la protección de los de rechos fundamentales en Europa. La adhesión al 
CEDH sigue siendo de vital importancia.  Por otra parte, existe la obligación legal para las 
instituciones de la UE de celebrar un acuerdo de ad hesión que cumpla los requisitos establecidos en 
los Tratados, y en particular en el Protocolo 8 de l Tratado de Lisboa. En la actualidad, la Comisión 
está estudiando la mejor manera de avanzar. 
Con independencia del momento de la adhesión, todas las instituciones de la UE y los Estados 
miembros tienen la obligación de in terpretar la Carta a la luz de la jurisprudencia existente del 
Tribunal Europeo de Derechos Huma nos. El artículo 52, apartado 3, de  la Carta contiene la obligación 
legal de proporcionar el mismo sentido y alcance a los derechos de la Carta y a los derechos del 
CEDH, en la medida en que los derechos de la  Carta correspondan a los derechos del CEDH. Las 
explicaciones relativas a la Carta de los Derechos Fundamentales
44 enumeran los artículos de la Carta 
cuyo sentido y alcance son los mismos que los de los artículos correspondientes del CEDH, y cuyo sentido es el mismo, pero su alcance es más amplio. Si bien no existe ninguna obligación jurídica en la Carta de armonizar la interpretación con los Tratados  de las Naciones Unidas, el TJUE hace referencia 
a los instrumentos de las Naciones Unidas para la interpretación de los derechos en virtud de la 
legislación de la UE. Un ejemplo es la definición del concepto de «discapacidad», en que el TJUE en 
el asunto Kaltoft
45 se inspiró en la formulación de la CNUDPD , de la que la UE es parte, en su 
                                                                                                                                                                                          
parte, el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) también apoyará formación y actividades 
de sensibilización, centrándose en  los derechos individuales. 
44 2007/C 303/02, DO C 303/17. 
45 Sentencia del TJUE de 18.12.2014 en el asunto C-354/13 Kaltoft . 
 
13 evaluación de si la obesidad mórbida puede supo ner un caso de «discapacidad» a efectos de la 
Directiva sobre igualdad de trato en el empleo46. 
5. Cuestión específica: los dere chos fundamentales y la Agenda 
Digital 
La revolución digital ha creado much as oportunidades para la sociedad , los ciudadanos y las empresas. 
También ha planteado preocupaciones sobre la prot ección efectiva de los derechos fundamentales en 
dicho entorno. La explosión de la recogida, utilización y distribuci ón de datos personales es solo un 
ejemplo de la nueva realidad digital. Junto con l as revelaciones sobre los programas de vigilancia en 
todo el mundo, ello demuestra la necesidad de est ablecer salvaguardas más eficaces para la protección 
de los derechos fundamentales, en particular el de recho a la protección de la intimidad y de los datos 
personales. 
La Comisión está siguiendo de cerca la acción a escala mundial47 sobre los derechos fundamentales en 
una sociedad digital, tales como la Guía de los de rechos humanos para los us uarios de Internet del 
Consejo de Europa48. Entre las numerosas cuestiones plantead as figuran la necesidad de igualdad de 
acceso a Internet, la amenaza de discriminación de las personas por medio de la elaboración de 
perfiles, y la asimetría de poder entre los poseed ores de datos y los que voluntariamente o por 
descuido los proporcionan. Las nuevas cuestiones guard an relación con los derechos de propiedad 
intelectual y las obligaciones de las plataformas de In ternet respecto de la prevención y la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada. 
La protección de los datos personales, garantizada por el artículo 8 de la Carta, adquiere mayor 
importancia en el mundo digital. En enero de 2012,  la Comisión publicó una propuesta de Reglamento 
                                                            
46 Directiva 2000/78/CE, DO L 303 de 27.11.2000, p. 16. 
47 Véanse, por ejemplo, los debates actuales sobre los «datos  masivos», tal como se refleja en el informe de la 
Casa Blanca sobre los datos masivos y la intimidad 
(http://www.whitehouse.gov/sites/defa ult/files/docs/big_data_pr ivacy_report_5.1.14_f inal_print.pdf), el 
informe del Consejo de Estado francés sobre la tecnología digital y los derechos fundamentales 
(http://www.conseil-
etat.fr/content/download/33163/287555/version/1/file/Digital%20technology%20and%20fundamental%20rights%20and%20freedoms.pdf), o el proyecto de declaración de  los derechos relativos a Internet del Comité de 
estudio sobre derechos y obligaciones de Internet de la Cámara de Diputados de Italia 
(http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/189/dichiarazione_dei_diritti_internet_inglese.pdf). 
48 Véase http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide . 
49 Propuesta de Reglamento relativo a la  protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, COM(2012) 11 final. 
 
14 general de protección de datos49 y una Directiva sobre protección de datos por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investig ación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales50. En su primera lectura de 12 de marzo de 2014, el 
Parlamento Europeo confirmó su apoyo51. La Comisión siguió negociando con sus homólogos 
estadounidenses el acuerdo marco de protección de dato s a fin de proteger los datos personales que se 
transfieren entre la UE y los Estados Unidos a ef ectos policiales y judiciales, y las condiciones de un 
nuevo régimen de puerto seguro por lo que se refiere a las transferencias de datos a los Estados 
Unidos. 
El TJUE ha subrayado la necesidad de proteger  los derechos fundamentales y de equilibrarlos 
correctamente en el entorno digital. En el asunto Digital Rights Ireland , el Tribunal recordó la 
obligación de las instituciones de la UE de respetar la Carta en sus actividades,  en particular cuando 
afectan al derecho a la intimidad, la vida privada y la protección de los datos personales. El Tribunal 
declaró no válida la Directiva sobre conserv ación de datos porque restringe de manera 
desproporcionada los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales tal como se 
garantizan en la Carta. La Directiva exige a lo s Estados miembros que aseguren que los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones conserven los datos sobre tráfico y localización de sus clientes por un periodo de entre seis meses y dos años, y que los pongan a disposición, cuando así se les solicite, 
de las autoridades policiales a ef ectos de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves y 
terrorismo. En el asunto Google
52, el TJUE aclaró que Google, como  responsable del tratamiento de 
datos establecido en la UE, está obligado a respet ar la normativa europea de protección de datos 
(artículos 7 y 8 de la Carta) y, por tanto, de be cumplir los requisitos de supresión de enlaces a 
determinados datos personales,  en determinadas circunstancias («derecho a ser olvidado»). 
En sus directrices políticas expuestas ante el Parl amento Europeo, el presidente Juncker hizo un 
llamamiento en favor de la eliminación de los compartimentos nacionales en la regulación de las 
telecomunicaciones, en la legislación sobre protección de  datos y derechos de autor, en la gestión de 
las ondas de radio, y en la aplicación del Derecho de competencia53. La estrategia del mercado único 
                                                            
50 Propuesta de Directiva relativa a la  protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por parte de las autoridades competen tes para fines de prevenci ón, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la lib re circulación de dichos 
datos, COM(2012) 10 final. 
51 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014 [COM(2012) 0010 — C7-0024/2012 
– 2012/0010(COD)]. 
52 Sentencia del TJUE de 13.5.2014 en el asunto C-131/12 Google Spain y Google . 
53 Véase Jean-Claude Juncker, «Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea», 
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
 
15 digital es una de las iniciativas emblemáticas de la  Comisión. La confianza de los ciudadanos es un 
pilar fundamental de esta estrategia y una condición previa importante de un mercado único digital en 
pleno funcionamiento. Esto incluye una protección fu erte y eficaz de los derechos fundamentales en 
línea. Además, el pleno disfrute de los derechos en  el mercado único digital exige que se aborden las 
necesidades de las personas con discapacidad. 
La Comisión sigue continuamente la evolución de  la protección de los derechos fundamentales en 
todos los ámbitos políticos, como exige la Ca rta. Los derechos fundamentales no sirven 
principalmente para promover la seguridad o l as políticas de mercado, sino que son, por derecho 
propio, esenciales para la prosperidad de una sociedad abierta y democrática. 
 
6. Conclusión 
La Comisión se ha comprometido a alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos 
fundamentales en la UE. Pretende garantizar que  todas sus propuestas legislativas y actuaciones sean 
plenamente compatibles con la Carta. 
A la luz de la evolución de las amenazas a nuestras sociedades, la Comisión gara ntizará, en su enfoque 
respecto de la seguridad, el pleno respeto y la pr omoción de los derechos fundamentales. Asimismo, 
actualizará las políticas sobre derechos fundamentales a la luz de los nuevos avances, que van desde la 
agenda digital hasta los retos de la migración, en consonancia con la jurisp rudencia del TJUE y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
La Carta se aplica a las instituci ones de la UE y también a los Es tados miembros cuando aplican el 
Derecho de la UE. La Comisión vela por el r espeto de la Carta por los Estados miembros. 
La Comisión se propone promover los derechos fundament ales en toda la UE, en particular mediante 
el primer coloquio anual sobre los derechos funda mentales, que se celebrará en octubre de 2015.