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31. 12. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 339/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
89/336/CEE del Consejo del 3 de mayo de 1989 relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética (') 
(91/C 339/01) 
El 26 de junio de 1991, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de julio de 1991 (ponente: Sr. Noordwal). 
En su 289° pleno (sesión del 25 de septiembre de 1991), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. La Directiva del Consejo 89/336/CEE relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre compatibilidad electromagnética esta­
blecía un período transitorio hasta el 31 de diciembre 
de 1992, durante el cual los aparatos afectados por la 
Directiva podrían continuar sujetos a los regímenes 
nacionales en vigor, en tanto no se dispusiera de normas 
armonizadas. 
1.2. En estos momentos, la Comisión considera que 
este período transitorio es insuficiente: por una parte, 
las normas armonizadas que se necesitan no estarán 
disponibles a tiempo; por otra parte, no hay disposicio­
nes sobre la venta de las existencias de aparatos fabrica­
dos conforme a las normas nacionales existentes en el 
momento de la entrada en vigor de la Directiva. En 
(l) DO n° C 162 de 21. 6. 1991, p. 7. consecuencia, la Comisión propone introducir un pe­
ríodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 1995. 
2. Observaciones generales 
El Comité reitera la importancia que concede a la 
existencia de normas europeas con vistas al mercado 
único y subraya la importancia de acelerar los trabajos 
del Comité europeo de normalización electrotécnica 
(Cenelec) en este campo. 
3. Observaciones específicas 
Teniendo en cuenta los perjuicios para la competencia 
que puede acarrear la falta de normas armonizadas y 
considerando la necesidad de permitir la venta de las 
existencias de aparatos fabricados conforme a las nor­
mas nacionales y la adaptación progresiva por parte de 
las empresas a las disposiciones de la Directiva, el 
Comité apoya la presente propuesta. 
Hecho en Bruselas, el 25 de septiembre de 1991. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran^ois STAEDELIN
6. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 31/27 
Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, en nombre de 
la Comunidad, del Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo 
de residuos peligrosos 
(91/C 31/08) 
£1 10 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, encargada de preparar los trabajos en la 
materia, decidió nombrar al Sr. van Dam ponente general. 
En su 280° pleno (sesión del 18 de octubre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
La Decisión del Consejo presentada por la Comisión 
en esta propuesta tiene por objeto la adopción por la 
Comunidad del Convenio firmado en Basilea el 22 de 
marzo de 1989 para el Control de la Eliminación y el 
Transporte Transfronterizo de Residuos Peligrosos y la 
obligación para los Estados miembros de adoptar las 
medidas necesarias, a fin de que la Comunidad y los 
Estados miembros depositen sus instrumentos de ratifi­
cación al mismo tiempo, en la medida de lo posible, o 
a más tardar para el 1 de febrero de 1991. Se contribuirá 
así a una pronta entrada en vigor de este sistema mun­
dial. Junto a la Comunidad, todos los Estados miembros 
han firmado entretanto dicho Convenio. Teniendo en 
cuenta el contenido de la propuesta y como consecuen­
cia de los dictámenes (*) publicados anteriormente sobre 
este tema, el Comité Económico y Social recomienda 
la adopción de esta propuesta. 
(!) DO n° C 176 de 4. 7. 1983, DO n° C 354 de 31. 12. 1985 y 
DO n° C 112 de 7. 5. 1990. 
Hecho en Bruselas, el 18 de octubre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran?ois STAEDELIN
24. 4. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/21 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
64/432/CEE, en lo relativo a las regiones administrativas y al cese de los exámenes serológicos 
para la detección de la brucelosis en determinadas especies porcinas 
(89/C 102/14) 
El 9 de febrero de 1989, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
El Comité Económico y Social decidió nombrar al Sr. Storie-Pugh ponente general, encargado 
de la preparación de los trabajos en la materia. 
En su 263a sesión plenaria (sesión del 22 de febrero de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión. 
Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE
N° C 356/72 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 3796/81 por el que se establece la organización común de mercados 
en el sector de los productos de la pesca {l) 
(87/C 356/20) 
El 6 de noviembre de 1987, el Consejo, de conformidad con el artículo 198 del Tratado 
constituyo de la Comunidad Económica Europea, decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
El Comité Económico y Social, en su 250a sesión plenaria (sesión del 19 de noviembre de 
1987), adoptó por unanimidad el dictamen siguiente: 
1. La presente propuesta de Reglamento es necesaria 
debido a que la forma actual de aplicación del arancel 
aduanero común queda abolida a partir del 1 de enero 
de 1988. Será sustituida por el Sistema Armonizado 
de Descripción y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), que se está implantando internacional-
mente y no sólo en relación con el comercio intracomu-
nitario. 
2. La propuesta merece aprobación, por ser una 
contribución más a la libre circulación de mercancías a 
través de las fronteras nacionales, en el sentido de que 
el nuevo sistema, una vez establecido, reduciría las 
demoras en las oficinas de aduanas. 
3. No obstante: 
(') DO n° C 308 de 18. 11. 1987, p. 5. 3.1. Es de lamentar la brevedad de los plazos que 
se concede a los importadores, los exportadores, la 
industria del transporte, los funcionarios de aduanas y 
las autoridades aduaneras para adaptarse a la nueva 
nomenclatura. Se trata de un asunto complejo, y no es 
conveniente colocar a este sector económico en el trance 
de tener que tomar medidas para ajustarse a un Regla­
mento que aún no ha sido adoptado. 
3.2. A la hora de formular estas propuestas, la Comi­
sión ha aprovechado para modificar los nombres de 
algunas variedades de pescado en determinadas lenguas 
nacionales. Por ejemplo, «saithe», en el Reino Unido, 
recibirá a partir de ahora el nombre de «coalfish». Sin 
poner en tela de juicio esta decisión, es preciso asegu­
rarse de que los nombres latinos de las especies que 
figuran en los anexos son correctos. Actualmente exis­
ten inexactitudes, que sería convenientes subsanar antes 
de aprobar el presente Reglamento. 
Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT
3.1.5.

Como consecuencia de las disposiciones organizativas —limitaciones técnicas— derivadas de reglas o prácticas existentes en los Estados miembros, millones de ciudadanos de la UE no pueden participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ejemplo: — en ocho Estados miembros, las personas que no pueden acudir a un colegio electoral a causa de una discapacidad o enfermedad, incluidas las personas ingresadas en centros asistenciales de día y noche, carecen de otra forma de votar; — en dieciocho países, las personas ciegas no pueden votar por sí mismas; — en doce países, los votantes con discapacidad no pueden decidir qué colegio electoral prefieren; — en nueve países, los votantes deben escribir el número de identificación del candidato, su nombre o el nombre del partido al que quieren votar en la papeleta, lo que constituye un impedimento grave, y no solo para las personas ciegas; — solo un país de la UE dispone de reglas que definen el equipo y el funcionamiento de los colegios electorales de un modo que se ajuste a las necesidades de las personas con discapacidades diversas (se aplican a la mitad de los colegios electorales del país).
1.3.

El Derecho de la UE no tiene en cuenta la economía social con sus características intrínsecas, en particular, su relación diferente con los beneficios. El artículo 54 del TFUE se interpreta en el sentido de que opone las entidades económicamente desinteresadas (sin ánimo de lucro) a las empresas que ejercen una actividad económica a cambio de remuneración. Por lo tanto, esta segunda categoría abarca, sin diferenciarlas y con independencia de su forma jurídica, a todas las empresas que obtienen beneficios, independientemente de si los distribuyen o no.
3.11.

Al mismo tiempo, el CESE estima que reforzar la orientación al rendimiento y los resultados no debería significar, evidentemente, que haya que olvidar la legalidad y regularidad de los procedimientos. No se puede poner en un segundo plano la importancia del respeto de las normas de Derecho y de procedimiento. Dado que el porcentaje de error recoge todos los casos en los que los medios financieros no habrían debido pagarse porque no se utilizaron dentro del respeto de las normas, de algún modo se presupone automáticamente que esas normas son correctas y que no ocultan ninguna contradicción interna ni elementos indeseables. Por esta razón, un procedimiento que respete las normas de buena gestión financiera debería verificar también los efectos de dichas normas, a fin de comprobar su compatibilidad y coherencia con las necesidades y objetivos de la UE (8).
1.3.

El Comité opina que, en la actualidad, no existe ninguna estrategia europea global para toda la industria de alta mar y sus diferentes sectores. Aunque la Comisión y el Consejo amplían progresivamente el conjunto de normativas aplicables en este sector, en particular en el ámbito de la extracción de petróleo y gas en alta mar, no se puede apreciar que las medidas adoptadas se basen en un planteamiento coherente y global.
4.1.2

En la mayoría de los casos las familias no exigen ningún título ni certificado, a pesar de que confían el cuidado de sus hijos o sus padres en edad avanzada y la llave de su domicilio a personas cuya fiabilidad no pueden comprobar. Para trabajar en un hogar y adaptarse a las exigencias de la familia se requiere un conjunto de competencias psicológicas y técnicas subestimadas, y no necesariamente bien definidas.
—

Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (artículo 2 de la CDPD). Los ajustes razonables no sustituirán bajo ningún concepto la obligación de garantizar la accesibilidad de las infraestructuras, los edificios y los servicios, de conformidad con los principios del diseño universal. Los ajustes razonables pretenden garantizar la justicia individual en el sentido de que se proporciona no discriminación e igualdad teniendo presentes la dignidad, la autonomía y las opciones de la persona. El CESE cree que un mayor impulso de los estándares de accesibilidad en general se traducirá en ajustes más razonables.
1.9.1

No obstante, el Comité expresa su profunda preocupación por el hecho de que estos instrumentos de política comercial son de naturaleza táctica y no constituyen una estrategia global, así como por el hecho de que estas medidas no serían eficaces en una crisis. Los mecanismos de resolución de litigios tardan en funcionar y, como se ha comprobado en lo relativo a las tierras raras, están sujetos a prolongaciones en el tiempo. Se requiere una clara respuesta de emergencia o ante las crisis por parte de la UE, en caso de que una importación de gran relevancia deje de estar disponible súbitamente, por cualquier motivo.
3.8

Hay que definir, para la futura estrategia de desarrollo territorial, objetivos e instrumentos que fomenten también la cooperación económica y social a nivel macrorregional, en particular en los ámbitos siguientes: — conexión de las infraestructuras de investigación e innovación (véase «ámbitos de investigación»), privilegiando los centros de competencias, para conectar los centros de excelencia y dinamizar los polos de desarrollo en Europa; — inversiones en materia de investigación e innovación de las empresas, desarrollo de productos y servicios, etc., internacionalización de los sistemas productivos locales (clusters), apoyo a la formación de redes europeas; — las redes de infraestructuras RTE-T más allá del transporte (gestión de los recursos hídricos, protección del medio ambiente, energía, sistemas de información y de comunicación, etc.); — desarrollo de la red institucional y de los escalones macrorregional y transnacional de los sistemas de la administración pública que se organizan de abajo arriba, etc.
3.2

El principal documento de consulta ha sido el Flash Eurobarometer no 193 titulado «The eurozone, 5 years after the introduction of euro coins and banknotes — Analytical report» («La zona del euro, cinco años después de la introducción de los billetes y monedas — Informe analítico»), de noviembre de 2006. El sondeo fue llevado a cabo por la Gallup Organization, y su coordinación y dirección corrieron a cargo del equipo Eurobarómetro de la DG ECFIN de la Comisión. Se realizaron también entrevistas a personas cualificadas del último país que había adoptado el euro, es decir Eslovenia (en 2007), y de los países que lo adoptaron en 2008 (Malta y Chipre). Se evitó deliberadamente recurrir a fuentes de países no miembros de la zona del euro, por considerar que, por lo que se refiere al estudio, únicamente la experiencia adquirida por las partes directamente interesadas es relevante.
4.6.4.1

El coste adicional de los servicios de inseminación artificial, cosechas, etc. se debe esencialmente a la menor densidad de las explotaciones de montaña, lo que implica más tiempo para el transporte, así como a las condiciones propias del transporte que son más difíciles y conllevan un deterioro precoz de los vehículos. Si se quieren mantener las explotaciones en las zonas de montaña, es necesario apoyar estos servicios y, en particular, la recogida de leche, cuya carga recae en la actualidad íntegramente en los agricultores. El argumento de que estas ayudas podrían menoscabar la competitividad no es aceptable en las zonas de montaña, porque las normas de mercado no se aplican de manera similar e indiferenciada en todos los territorios.
3.1.3

El principal objetivo que persigue el sector público con un programa de CPP es la movilización de los medios del sector privado con vistas de mejorar la prestación de servicios por el primero. La CPP también se caracteriza e menudo por las siguientes medidas o exigencias por parte del sector público: — la adjudicación de contratos de servicios, y no de adquisición de un activo; — determinación de las necesidades de acuerdo a los resultados, y no a las insumos; — pago del sector privado en función del nivel y de la calidad de los servicios realmente prestados; — aplicación, algunas veces obligatoria, de un planteamiento basado en la vida útil para la concepción, construcción y explotación de los activos de un proyecto, cuando sea evidente la imposibilidad de abaratar el suministro de estos componentes ofreciéndolos por separado; — optimización de la transferencia de riesgos al sector privado, basada en el principio según el cual cada uno de los riesgos debe ser gestionado por la parte de la transacción que está en mejores condiciones de hacerlo; — obligación para el socio privado de reunir la totalidad o una parte de los recursos necesarios para financiar las inversiones en un proyecto cuando sea evidente que el coste superior de la financiación se compensa por la reducción de otros costes y por la rapidez de ejecución del servicio prestado; — recurso a diversas formas de pago, como los ingresos comerciales, los peajes ficticios, los pagos en función de la disponibilidad, etc.
4.4.1

La dimensión local del empleo resulta especialmente evidente en las zonas rurales. En éstas, en las que no se establece casi ninguna gran empresa no agraria, las empresas y la población activa locales deben ocuparse de los futuros puestos de trabajo y desarrollar proyectos comunes. Los enfoques adoptados hasta ahora por la Comisión en el marco del programa LEADER y de la Iniciativa Europea para el Empleo deben seguir desarrollándose y se debe mejorar la coordinación entre ellos. Sin embargo, los agentes del ámbito local no intervienen de modo suficiente en este proceso. La participación de los municipios y regiones (NUTS 1 y NUTS 2) aún deja mucho que desear. Para lograr el cumplimiento de las perspectivas expuestas será necesario adoptar las siguientes medidas: — Prestar mayor atención a las repercusiones sobre el empleo local en las zonas rurales de programas comunitarios tales como PAC, programa LEADER, Empleo Local. — Desarrollar y ejecutar un programa dirigido a los interlocutores sociales en las zonas rurales con el fin de promover el empleo local en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. — La Comisión debe procurar que los PAN (programas de acción nacional a favor del empleo) y los PAL (programas de acción local a favor del empleo) se tengan más en cuenta y reflejen la situación del empleo en las zonas rurales. — En el marco de los programas europeos de ayudas, debe concederse una importancia especial al desarrollo de la «tercera vía» para estabilizar la situación económica, social y cultural de las zonas rurales. Aquí existen todavía numerosos ámbitos en los que (con el apoyo de la sociedad civil) se dispone de perspectivas de nuevos puestos de trabajo. Es necesario actuar en particular en los nuevos Estados miembros, en los cuales la «tercera vía» y la economía solidaria siguen pendientes de desarrollo. — Es necesario promover fondos locales de formación y empleo a través de programas europeos, con cuya ayuda los interlocutores sociales puedan poner en marcha iniciativas de formación y empleo.
4.12

En el contexto de la evolución internacional, el CESE propone que el Reglamento DCV exija a los DCV, a sus emisores y a sus participantes que establezcan un mecanismo permanente y viable para intercambiar y compartir datos relevantes para la aplicación de sanciones europeas comunes. No debe plantearse una situación en la que se omita una acción únicamente porque los distintos participantes no sean capaces de llegar a una conclusión que, de otro modo, debería resultar sencilla o al menos alcanzable (es decir, si se considera conjuntamente). Es legítimo plantearse si el Reglamento DCV es un instrumento jurídico adecuado para ello o no; sin embargo, el CESE aboga por una regulación más estricta de la supervisión de la ejecución de las sanciones impuestas.
2.3

Hasta la fecha, la gestión del tráfico espacial se basa únicamente en buenas prácticas voluntarias y no vinculantes, no siempre bien gestionadas o aplicadas, que tratan de limitar el riesgo estadístico de colisión entre satélites y desechos. Prevén que no se generen desechos deliberados en órbita y exigen que los satélites permanezcan pasivos al final de su vida útil consumiendo el combustible residual, que la «regla de los veinticinco años» para los satélites en órbita baja se respete (los satélites al final de su vida útil deben volver a entrar en la atmósfera en un plazo de veinticinco años) y que los satélites geoestacionarios inservibles se sitúen en una «órbita cementerio». Sin embargo, estas normas ya no son suficientes para limitar el riesgo de colisión.
1.2

Una menor dependencia del gas ruso significa una mayor autonomía y requiere un mayor uso de los recursos disponibles en la UE, entre otras cosas mediante un rápido despliegue de las energías renovables. Así pues, la UE debe aprovechar al máximo los recursos disponibles y su capacidad propia para hacer frente a la escasez de suministro energético. Sin embargo, las fuentes locales no serán suficientes ni estarán fácilmente disponibles, por lo que la UE debe forjar nuevas asociaciones con países fiables. A este respecto, el CESE hace hincapié en que, a la hora de concertar asociaciones energéticas con países no pertenecientes a la UE, es preciso tener muy presente el impacto que supone depender de países que no comparten los valores de la UE o que podrían calificarse como regímenes hostiles.
3.8

Por el contrario, una empresa que constituye un «caso de riesgo», pero cuya información revela que presenta todos los elementos pertinentes de sustancia, no es una sociedad fantasma a efectos de la Directiva. No obstante, esta presunción no excluye la posibilidad de que una administración tributaria considere que dicha empresa es una sociedad fantasma, basándose en motivos distintos a los del ámbito de aplicación de la Directiva.
2.3.

El CESE desea destacar que, si bien el principal objetivo de las misiones europeas es lograr un impacto para la UE a través de un nuevo papel reforzado para la investigación y la innovación, la dimensión económica (competencia mundial, empleos de alta calidad, etc.) y la dimensión social también deben desempeñar un papel importante en estas misiones europeas. Por lo que respecta a la dimensión social, el CESE desea hacer hincapié no solo en la importancia de los derechos sociales, la protección de los derechos en materia de seguridad social o unas condiciones de trabajo justas para todos los trabajadores, sino también en la atención especial que debe prestarse a las necesidades especiales de los grupos vulnerables de la UE (personas de edad avanzada, enfermos, etc.).
2.8.

En cambio, la planificación de la gestión forestal y la propia gestión forestal se abordan mejor a nivel nacional a fin de contribuir a la consecución de objetivos comunes. Por lo tanto, el CESE considera que la participación y el apoyo de los Estados miembros son fundamentales para la aplicación de la Estrategia. Los planes estratégicos nacionales para los bosques desempeñan una función esencial a este respecto, en particular mediante la incorporación de los aspectos relacionados con el clima y la biodiversidad en dichos planes y la exposición de posibles modos de compensar económicamente a los propietarios por los servicios ecosistémicos no comerciales de los bosques. No existen soluciones únicas, puesto que las características de los bosques varían considerablemente dentro de la UE. La relevancia de los bosques en las economías nacionales de los Estados miembros también varía, al igual que la titularidad de los bosques, que puede ser desde pública y de grandes empresas e inversores privados hasta familiar.