[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 15.7.2009

COM(2009) 372 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Informe anual 2008 {SEC(2009) 1002} {SEC(2009) 1003}

ÍNDICE

Resumen 4

Introducción 7

1. Resultados de la lucha contra el fraude: estadísticas sobre fraudes y otras irregularidades 8

1.1. Estadísticas sobre fraudes y otras irregularidades comunicadas por los Estados miembros y los servicios de la Comisión en 2008 8

1.1.1. Recursos propios tradicionales 10

1.1.2. Gastos agrícolas (FEAGA y FEADER) 10

1.1.3. Medidas estructurales 11

1.1.4. Fondo de preadhesión 12

1.1.5. Estadísticas sobre gastos gestionados directamente por la Comisión 13

1.2. Estadísticas sobre las actividades de la OLAF 14

2. Principales medidas legislativas adoptadas por la Unión Europea en 2008 para la protección de sus intereses financieros 16

2.1. Avances legislativos transversales 16

2.1.1. Avances institucionales - Reforma de la OLAF 16

2.1.2. Dimensión internacional de la protección de los intereses financieros de las Comunidades - Cooperación con terceros países y con organizaciones internacionales 16

2.1.3. Proceso de ratificación de los instrumentos de protección de los intereses financieros 18

2.1.4. Protección del euro contra la falsificación 18

2.2. Avances en el ámbito de las aduanas 19

2.2.1. Asistencia mutua al amparo del primer pilar 19

2.2.2. Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos 20

3. Principales medidas administrativas adoptadas por la Comisión en el campo de la transparencia y la prevención del fraude 20

3.1. Medidas de transparencia 20

3.2. Continuación de los esfuerzos para consolidar los sistemas de gestión y control y avance hacia una declaración de fiabilidad (DAS) 21

3.3. Estrategia conjunta de prevención del fraude con arreglo a las medidas estructurales 22

3.4. Programa Hércules II 22

4. Cooperación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude y las irregularidades 23

4.1. Iniciativas institucionales y legislativas adoptadas por determinados Estados miembros en 2008 a fin de proteger los intereses financieros de la UE 23

4.2. Autoridades nacionales designadas para cooperar con la OLAF en la lucha contra el fraude 24

4.2.1. Autoridad central de coordinación 24

4.2.2. Autoridades nacionales con responsabilidades ampliadas al campo de los gastos directos 25

4.3. Comunicación de irregularidades 26

4.3.1. Información puntual sobre irregularidades en los sectores agrícola y de acciones estructurales 26

4.3.2. Cálculo del impacto financiero de las irregularidades 28

4.3.3. Clasificación de las irregularidades 29

5. Recuperación 30

5.1. Recursos propios 30

5.2. Agricultura 30

5.3. Fondos estructurales 31

5.4. Gastos directos 33

5.5. Recuperación a raíz de un caso de la OLAF 33

RESUMEN

El presupuesto de la UE no es una fuente anónima de financiación, sino que representa el esfuerzo y el compromiso compartidos de los Estados miembros de la UE y de los ciudadanos para lograr que su visión se haga realidad, desde el apoyo a la solidaridad económica y social hasta el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación o la ayuda al desarrollo sostenible en todo el mundo. Por consiguiente, el Tratado pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen sus actividades para proteger el presupuesto de la UE y para combatir el fraude y otras actividades ilegales de las que pueda ser objeto. En este sentido, los Estados miembros deberían ser tan rigurosos en la protección del presupuesto de la UE como lo son al controlar los gastos de sus presupuestos nacionales.

Los Estados miembros están bien situados para cumplir este papel ya que las autoridades nacionales son de hecho responsables de la gestión y del control diarios de la mayor parte del presupuesto anual de la UE, aproximadamente el 80 %, aunque la Comisión se encarga de la supervisión general, de establecer las normas y de ejercer una función de control. En los últimos años, unos grandes esfuerzos de reforma han reforzado la claridad sobre el papel respectivo de las autoridades implicadas y, a través de una mayor vigilancia a todos los niveles, la sana gestión financiera de los fondos de la UE está mejorando gradualmente y de forma generalizada.

De conformidad con el Tratado, la Comisión presenta este informe anual sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades en estrecha cooperación con los Estados miembros. Facilita datos estadísticos detallados sobre las irregularidades detectadas y sobre casos sospechosos de fraude, así como información sobre la calidad y velocidad del intercambio de datos relativos a irregularidades que afectan al presupuesto de la UE.

Las estadísticas presentadas deben leerse y utilizarse con mucha precaución ya que en la mayor parte de los casos una irregularidad comunicada no constituye un fraude (que es un acto deliberado) y una sospecha de fraude comunicada no es necesariamente un fraude confirmado por una decisión de un tribunal. Todas las irregularidades presentadas en el presente informe están siendo tratadas por los Estados miembros o por la Comisión. Finalmente, cuanto mayor es el esfuerzo de control, crece la probabilidad de detectar y comunicar las irregularidades. En sí mismo, un aumento del número de irregularidades puede ser un primer indicio de que se están llevando a cabo controles rigurosos.

Estadísticas sobre fraude y otras irregularidades

Las cifras totales correspondientes a 2008 muestran que el número de irregularidades aumentó para los fondos estructurales, el Fondo de Cohesión, los fondos de preadhesión y el sector de gastos directos y que disminuyó para agricultura y recursos propios. El total de irregularidades en los gastos aumentó de 6 047 en 2007 a 6 595 en 2008.

Al mismo tiempo, el impacto financiero estimado de las irregularidades disminuyó desde 1 024 millones EUR en 2007 a 783,2 en 2008. Esta disminución se constató en todos los sectores, a excepción de los gastos directos y los fondos de preadhesión. En esta última área, tanto el número de nuevos casos como los importes afectados son los más altos registrados hasta ahora. Este aumento puede ser resultado del incremento de los controles al final del ciclo del proyecto, del creciente número de países que remiten información y de la gran variedad de programas de ayuda de preadhesión sobre los que existen datos, es decir, los primeros casos para el Mecanismo de Transición, CARDS y más casos correspondientes al instrumento de preadhesión de Turquía. En el ámbito tradicional de los recursos propios, el número de irregularidades descendió desde 6 097 en 2007 a 5 344 en 2008, al igual que lo hizo el impacto financiero, desde 401 millones EUR en 2007 a 351 en 2008.

El impacto financiero total estimado de los casos de sospecha de fraude disminuyó tanto en los campos de gastos como de recursos propios tradicionales. Debe tenerse en cuenta que aquí nos referimos a información sobre sospechas de fraude y no a casos confirmados por los tribunales y que el impacto financiero real, tras la recuperación y la corrección financiera, solo puede conocerse al final de los procedimientos judiciales y administrativos.

Hechos destacados en el ámbito de la protección de los intereses financieros y de la lucha contra el fraude

El debate sobe la reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) fue relanzado y la propuesta de modificación del Reglamento (CE) n° 1073/1999, relativo a las investigaciones de la OLAF[1], fue abordada activamente por el Parlamento Europeo. Esta reforma debería reforzar la independencia de la Oficina, pero ofreciendo al mismo tiempo garantías procesales sólidas y una supervisión adecuada de sus operaciones.

La Comunidad ha continuado promoviendo la cooperación internacional con terceros países y organizaciones internacionales para combatir el fraude y otras actividades ilegales. En diciembre de 2008, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la firma en nombre de la Comunidad de un acuerdo de cooperación antifraude con el Principado de Liechtenstein. La Comunidad se ha convertido en parte de pleno derecho de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC). La OLAF está mejorando activamente, en estrecha colaboración estrecha con los servicios de la Comisión concernidos, la cooperación en materia de prevención e investigación de fraudes con sus socios operativos, en especial con los países de África y de Oriente Próximo.

En la UE , la Comisión y los Estados miembros están aplicando la decisión de garantizar la transparencia con respecto a los beneficiarios de fondos de la UE. Aunque esta medida tiene principalmente como finalidad reforzar la responsabilidad democrática y unos debates políticos basados en datos concretos, también ayuda a impedir el fraude.

Las contribuciones de los Estados miembros al presente informe muestran que han adoptado diversas medidas institucionales y legislativas para proteger los intereses financieros de las Comunidades, tales como: creación de nuevos organismos de lucha contra el fraude, adopción o modificación de sus legislaciones nacionales relativas a la gestión de los fondos de UE con el fin de garantizar una mejor transparencia de los procedimientos administrativos y un mayor control financiero, y adopción de nueva legislación para combatir el fraude al IVA.

INTRODUCCIÓN

El presente informe consta de cinco partes:

La primera parte resume las estadísticas sobre irregularidades comunicadas por los Estados miembros en los ámbitos en que ejecutan el presupuesto (política agrícola, acciones estructurales y fondos de preadhesión, es decir, alrededor del 80 % del presupuesto) y en la recaudación de los recursos propios de la Comunidad. También ofrece una estimación de las irregularidades en el ámbito de los gastos gestionados directamente por la Comisión y describe las actividades operativas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La segunda parte establece las principales medidas legislativas adoptadas por la Comunidad y los Estados miembros en 2008 para proteger los intereses financieros de las Comunidades .

El informe también enumera las medidas administrativas adoptadas por la Comisión en los ámbitos de la transparencia y la prevención del fraude.

La cuarta parte aborda la cooperación con los Estados miembros y explica brevemente las potestades y la organización de las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude y en su cooperación con la OLAF . También analiza la disciplina de comunicación de irregularidades .

La parte final del informe , a la que se aplican las mismas reservas que a la parte 1, se ocupa de las recuperaciones ejecutadas en 2008 en todos los ámbitos presupuestarios.

El informe está acompañado de dos documentos de trabajo de la Comisión[2].

Resultados de la lucha contra el fraude: estadísticas sobre fraude S Y OTRAS IRREGULARIDADES

Estadísticas sobre fraude s y otras irregularidades comunicadas por los Estados miembros y los servicios de la Comisión en 2008

En los ámbitos donde los Estados miembros ejecutan el presupuesto y para la recaudación de los recursos propios comunitarios, la legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a comunicar las sospechas de fraude y otras irregularidades detectadas que afecten a los intereses financieros de las Comunidades.

La distinción entre fraude y otras irregularidades es importante. Una irregularidad es toda infracción de una disposición del Derecho comunitario por parte de un agente económico que tenga o tendría como efecto perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades[3]. El fraude es una irregularidad intencionada que suponga una infracción penal[4]. Los Estados miembros identificarán cualquier irregularidad que despierte sospechas de fraude. El impacto financiero real del fraude solo puede calcularse al final del procedimiento judicial.

El documento de trabajo de la Comisión «Evaluación estadística de las irregularidades»[5] presenta un análisis en profundidad de la información transmitida por los Estados miembros e incluye estadísticas sobre fraude y otras irregularidades detectadas por los servicios de la Comisión en los ámbitos presupuestarios objeto de gestión centralizada directa.

Cuadro 1: Número de irregularidades e importes en 2008

Ámbito | Número de irregularidades comunicadas | Impacto financiero total estimado de las irregularidades, incluidas las sospechas de fraude (millones €) | Impacto financiero estimado de las sospechas de fraude únicamente (millones €) |

2007[6] | 2008 | 2007[7] | 2008 | 2007 | 2008 |

Agricultura (FEAGA y FEADER) | 1 548 | 1 133 | 155 | 102,3 | 44,8 (~0,1 % de las asignaciones) | 4 (0,01 % de las asignaciones) |

Fondos estructurales y Fondo de Cohesión | 3 756 | 4 007 | 804 | 585,2 | 141 (~0,31 % de las asignaciones) | 57 (~0,11 % de las asignaciones) |

Fondo de preadhesión | 332 | 523 | 32 | 61 | 5 (~0,38 % de las asignaciones) | 13 (~0,9 % de las asignaciones) |

Gastos directos | 411 | 932 | 33 | 34,7 | 18,1 (~0,17 % de las asignaciones) | 3,2 (~0,03 % de las asignaciones) |

Total gastos | 6 047 | 6 595 | 1 024 | 783,2 | 208,9 (~0,22 % de los gastos en los cuatro ámbitos) | 77,2 (~ 0,07 % de los gastos en los cuatro ámbitos) |

Recursos propios[8] | 6 097 | 5 344 | 401 | 351 | 130,78 (~0,81 % del importe total de recursos propios[9]) | 75 (~0,46 % del importe total de recursos propios) |

Recursos propios tradicionales

El número de casos de irregularidades comunicados en 2008 fue un 12,5 % inferior al de 2007 (5 344 casos en 2008 frente a 6 097 en 2007), mientras que el importe estimado se redujo en un 12,5% (401 millones EUR en 2007 y 351 en 2008). Las sospechas de fraude supusieron aproximadamente el 20 % de los casos de irregularidades comunicadas, con un impacto financiero calculado de 75 millones EUR, equivalente aproximadamente al 0,46 % del total de recursos propios en 2008 (en comparación con 130,78 millones, o alrededor del 0,81 %, en 2007). Debemos insistir en que aquí se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados por los tribunales. El impacto financiero real solo puede conocerse una vez finalizados los procedimientos.

Los productos más afectados fueron, como en años anteriores, televisores y monitores. Las irregularidades más frecuentes fueron declaraciones falsas (descripción equivocada, valor incorrecto, origen y acuerdos preferenciales) y defectos formales (incumplimiento de obligaciones o compromisos). El segundo producto fue el tabaco. La Comisión continúa prestando una atención particular a estos sectores. Las prendas de vestir crecieron en importancia, al igual que la maquinaria, los plásticos y la carne, mientras que los automóviles y sus piezas y los motores se mantuvieron relativamente estables. Las hortalizas (especialmente el ajo) disminuyeron en importancia.

Gráfico 1: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - Recursos propios tradicionales - 2004-2008

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Gastos agrícolas (FEAGA[10] y FEADER[11])

El número de irregularidades comunicadas se redujo en un 27 % (1 133 casos, 1 548 en 2007). El importe afectado (102,3 millones EUR, o aproximadamente el 0,21 % de los gastos totales, excluidos los anticipos para el sector agrícola) bajó un 34 %. En 2008, las sospechas de fraude supusieron alrededor del 7 % de los casos de irregularidades comunicados, con un impacto financiero estimado en 4 millones EUR, equivalente al 0,01 % de los créditos totales (en comparación con 44,8 millones, o alrededor del 0,1 % de los créditos totales en 2007). Debemos insistir otra vez en que nos referimos aquí a sospechas de fraude comunicadas y no a casos confirmados por los tribunales. El impacto financiero real solo puede establecerse al final de los procedimientos.

Los mayores importes fueron los relativos a frutas y hortalizas, desarrollo rural (período de programación 2000-2006) y el sector del vino. Estos tres sectores suponen más del 70 % del importe total afectado por las irregularidades.

Gráfico 2: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - Gastos agrícolas - 2004-2008

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Medidas estructurales

El número de irregularidades comunicadas relativas a los fondos estructurales y al Fondo de Cohesión creció un 6,7 % (4 007 casos, 3 756 en 2007) y su impacto financiero estimado (585,2 millones EUR, aproximadamente el 1,25 % de los créditos comprometidos) descendió un 27 %. Las sospechas de fraude supusieron aproximadamente el 7,4 % de los casos de irregularidades comunicadas, con un impacto financiero estimado en 57 millones EUR, o alrededor del 0,11 % de los créditos totales comprometidos (en comparación con 141 millones o el 0,31 % en 2007). Debemos recordar de nuevo que se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados por los tribunales. El impacto financiero real solo puede establecerse una vez finalizado el procedimiento.

Como en años anteriores, el FEDER[12] y el FSE[13] registraron la mayor parte de las irregularidades (alrededor del 88 %). El número de irregularidades comunicadas para el FEOGA-Orientación y para el IFOP[14] descendió un 17 % y las relativas al FSE también disminuyeron un 4 %. El número de irregularidades comunicadas para el FEDER aumentó un 18,7 % y para el Fondo de Cohesión, un 63 %.

Gráfico 3: Número de irregularidades comunidades e impacto financiero estimado - Medidas estructurales - 2004-2008

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Fondo de preadhesión

El número de irregularidades comunicadas relativas a los fondos PHARE, SAPARD e ISPA, CARDS (a partir de 2008), el mecanismo de transición y la ayuda de preadhesión para Turquía, se incrementó en un 58 % (523 casos en comparación con 332 en 2007). El impacto financiero estimado pasó de 32 millones EUR en 2007 a 61 millones en 2008 (aproximadamente el 5,4 % del importe total comprometido). Las sospechas de fraude supusieron aproximadamente el 21,7 % de los importes irregulares comunicados en 2008, con un impacto financiero estimado en 13 millones EUR, o alrededor del 0,94 % del presupuesto anual total. Debemos recordar de nuevo que se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados por los tribunales. El impacto financiero real solo puede establecerse una vez finalizado el procedimiento.

Gráfico 4: Número de irregularidades comunicadas y estimación del impacto financiero - Fondos de preadhesión - 2004-2008

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En julio de 2008, la Comisión publicó un informe sobre la gestión de los fondos de la UE en Bulgaria[15]. Como consecuencia de alegaciones de irregularidades, sospechas de fraude y posibles conflictos de interés en la adjudicación de contratos, la Comisión (OLAF) abrió investigaciones sobre la gestión de los fondos de la UE por las autoridades búlgaras y la Comisión decidió interrumpir temporalmente los fondos de preadhesión y congelar los pagos con cargo a otros instrumentos financieros hasta la adopción por las autoridades de Bulgaria de las medidas correctoras necesarias para asegurar una gestión financiera sana de los fondos de la UE. La Comisión ha enviado orientaciones concretas sobre cómo mejorar las estructuras y los procedimientos de ejecución de los organismos que gestionan fondos de la UE en Bulgaria, y la OLAF ha establecido una estrecha colaboración con la fiscalía búlgara. En julio de 2008, tras la realización de misiones de auditoría de conformidad con el programa SAPARD en Rumania, que detectaron deficiencias significativas en los sistemas de gestión y control, la Comisión decidió interrumpir los reembolsos de los gastos SAPARD. Solo cuando la Comisión concluya, sobre la base de informes de las autoridades nacionales competentes confirmados por órganos de auditoría independientes, que el plan de medidas correctoras formulado por las autoridades rumanas ha sido ejecutado adecuadamente, volverá a considerar el reembolso de dichos gastos.

Estadísticas sobre gastos gestionados directamente por la Comisión

El análisis sobre las irregularidades detectadas en este ámbito se basó en datos recogidos en el sistema contable ABAC de la Comisión, que recoge información más detallada sobre recuperaciones. Sin embargo, como la función pertinente no se añadió hasta 2008, ha sido necesario limitar el alcance del análisis correspondiente a 2008 a los gastos gestionados por la Comisión de forma directa y centralizada (véase punto 7.1. del documento de trabajo «Evaluación estadística de las irregularidades» ). Por lo tanto, los datos presentados deberían ser tratados con particular precaución y no como prueba empírica del nivel de fraude y de irregularidades.

El número de órdenes de recuperación relativas a casos de irregularidades y de sospechas de fraude en este ámbito ascendió a 932, con un impacto financiero presumible de 34,7 millones EUR, de ellos 3,2 correspondientes a 19 casos comunicados de sospecha de fraude. Las irregularidades en el sector de las acciones exteriores supusieron 6,8 millones EUR y en el campo de las políticas internas, 27,9. El impacto financiero estimado de los posibles casos de fraude asciende al 0,03 % del valor anual total de los compromisos gestionados directamente por la Comisión.

Estadísticas sobre las actividades de la OLAF

Una vez evaluada preliminarmente la información recibida, corresponde a la OLAF abrir uno de estos cuatro tipos de casos: investigación interna, investigación externa, caso de coordinación o asistencia penal. El número de casos abiertos cada año permanece estable (204 en 2008, 210 en 2007 y 195 en 2006). Desde 2004, el número de investigaciones (internas y externas) abiertas por la OLAF por propia iniciativa igualó y luego sobrepasó al número abierto por la OLAF para ofrecer asistencia y coordinación a las autoridades nacionales (casos de coordinación y de asistencia penal). Desde 2005, las investigaciones por iniciativa propia de la OLAF han supuesto alrededor del 75 % del total de casos abiertos.

El número de casos en curso ha aumentado (425 a finales de 2008, 408 a finales de 2007), debido en gran medida a los esfuerzos de la OLAF para ocuparse de los casos más antiguos acumulados.

Cuadro 2: Expedientes en curso a 31 de diciembre de 2008 por sector, e impacto financiero de los mismos

Sector | Casos en investigación activa a 31 de diciembre de 2008 | Impacto financiero de la investigación (millones €) |

Agricultura | 68 | 125 |

Cigarrillos | 18 | 5 |

Aduanas | 47 | 852 |

Gastos directos | 40 | 54 |

Instituciones y organismos de la UE | 107 | 27 |

Ayuda exterior | 102 | 129 |

Fondos estructurales | 43 | 171 |

Total | 425 | 1 361,7 |

Para más detalles y una comparación con años anteriores, véase el informe de la OLAF[16].

PRINCIPALES MEDIDAS LEGISLATIVAS ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN 2008 PARA LA PROTECCIÓN DE SUS INTERESES FINANCIEROS

Avances legislativos transversales

En 2008, se registraron avances significativos tanto en el marco institucional, al reactivarse el debate sobre la reforma de la OLAF, como en la cooperación internacional de la Comunidad con terceros países y organizaciones internacionales en la lucha contra el fraude y la corrupción. También se tomaron importantes medidas legislativas para garantizar una mejor protección del euro.

Avances institucionales - Reforma de la OLAF

La OLAF fue creada en 1999 para proteger los intereses financieros de las Comunidades Europeas y la reputación de las instituciones europeas.

En 2008, la propuesta presentada por la Comisión en 2006[17] para modificar el Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, fue retomada activamente por el Parlamento Europeo. Esta iniciativa jurídica, cuyo objetivo es lograr una mejor gobernanza y una mayor eficacia de las actividades de la OLAF, pasó la primera lectura en el Parlamento en noviembre de 2008, incorporándosele varias enmiendas[18] basadas en la propuesta de la Comisión y destinadas a lograr un mejor marco jurídico para la Oficina y para las investigaciones y su seguimiento (incluida la cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros), así como una mejor protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las investigaciones. Estas enmiendas recibieron el apoyo de la Comisión, con algunas reservas debidas a los límites institucionales y jurídicos de la actual estructura de la OLAF. Una mejor protección de los derechos fundamentales incluye la posibilidad de que una persona afectada por una investigación presente una reclamación ante un Consejero Revisor independiente en caso de que considere que sus derechos procesales hayan sido violados.

El debate sobre la reforma proseguirá en 2009. También se está considerando una mayor simplificación y consolidación de toda la legislación antifraude.

Dimensión internacional de la protección de los intereses financieros de las Comunidades - Cooperación con terceros países y con organizaciones internacionales

La Comunidad promueve la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales a través de acuerdos internacionales y protocolos administrativos con el fin de proteger sus intereses financieros y de combatir el fraude y otras actividades ilegales.

Acuerdos antifraude bilaterales

En diciembre de 2008, la Comisión presentó una propuesta[19] de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad, de un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Principado de Liechtenstein para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros. Las negociaciones fueron conducidas por la Comisión sobre la base de un mandato otorgado en 2006. La propuesta también cubre la evasión de impuestos directos, que no constituye una infracción penal en Liechtenstein. Las partes se comprometen a ayudarse mutuamente en casos de comportamiento fraudulento contrario a la legislación sobre impuestos directos, incluida la presentación de declaraciones sobre la renta incompletas. Habida cuenta de las conclusiones del Consejo Europeo de 10 de febrero de 2009 y de la declaración efectuada en la cumbre del G20 de abril de 2009[20], las negociaciones del acuerdo se desarrollaron con arreglo a los últimos avances en materia de protección de las finanzas públicas, el secreto bancario y la cooperación fiscal.

Las negociaciones para un acuerdo con Liechtenstein fueron precedidas por el Acuerdo de cooperación antifraude entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza[21], que contiene disposiciones relativas a asistencia administrativa y asistencia jurídica mutua en materia penal para la protección de los intereses financieros y que cubre los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) y las infracciones aduaneras, la corrupción y el blanqueo de dinero. Hasta que finalice la ratificación por todos los Estados miembros, este Acuerdo podrá ser aplicado provisionalmente mediante una declaración de las partes contratantes (cualquier parte podrá aplicar en todo momento el acuerdo si cualquiera de las otras partes hace la misma declaración). En diciembre de 2008, varios Estados miembros[22] y Suiza procedieron a tal declaración y el Acuerdo será aplicable entre ellas a partir del 8 de abril de 2009.

Acuerdos multilaterales de lucha contra la corrupción

La Comunidad Europea ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)[23]. De este modo, dentro de su campo de competencias la Comunidad Europea es parte de pleno derecho de la Convención y es la única organización económica regional de integración que tiene dicho estatuto.

La CNUCC aborda fundamentalmente medidas de prevención en los sectores público y privado, tales como la creación de organismos anticorrupción y la transparencia y responsabilidad en materia de finanzas públicas. La cooperación internacional es otro aspecto importante. También se requiere que las partes tomen medidas de apoyo al seguimiento, congelación, embargo y decomiso de los productos de la corrupción. La recuperación efectiva de los activos es un principio fundamental de la Convención y supone un mensaje para los funcionarios corruptos en el sentido de que no habrá ningún lugar en el que ocultar sus activos ilícitos.

Actos no legislativos: Acuerdos administrativos

En el campo de la ayuda exterior y en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión concernidos, la OLAF continuó estimulando el intercambio de experiencia operativa entre investigadores antifraude y servicios encargados de gestionar y supervisar los fondos de ayuda en África. Los administradores de fondos y los investigadores están estableciendo estrechos contactos y, cuando es posible, se concluyen acuerdos de cooperación administrativa[24] con los servicios de los países beneficiarios de fondos de la UE con objeto de mejorar la gestión y el control de los fondos públicos y de optimizar la eficacia de la ayuda exterior.

Proceso de ratificación de los instrumentos de protección de los intereses financieros

El segundo protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas[25] entró en vigor el 19 de mayo de 2009, tras su ratificación por Italia el 18 de febrero de 2009. El Convenio y sus protocolos[26] fueron ratificados en 2008 por Polonia. En febrero de 2008, la Comisión publicó un segundo informe[27] sobre la aplicación por los Estados miembros[28] de estos instrumentos jurídicos. Eslovenia modificó su Código penal para incluir un artículo sobre la incriminación del fraude contra las Comunidades Europeas, que anteriormente no estaba contemplado específicamente como infracción penal en la legislación eslovena.

Protección del euro contra la falsificación

En diciembre de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó cuatro propuestas de la Comisión[29] para consolidar la protección del euro contra la falsificación. La nueva legislación introduce la obligación de que las instituciones financieras comprueben que los billetes y monedas son auténticos antes de ponerlos de nuevo en circulación. Al mismo tiempo, con el fin de minimizar el riesgo de confusión entre medallas y fichas con monedas de euro auténticas, se aclara qué diseños no pueden reproducirse en dichas medallas y fichas.

Desde el punto de vista operativo, la Comisión continuó gestionando, en cooperación con los Estados miembros, el Banco Central Europeo y Europol, el programa Pericles sobre formación y asistencia técnica para combatir la falsificación. Se pusieron en marcha 11 acciones con cargo al presupuesto de 2008 y se comprometió más del 90 % del presupuesto de 2008, que ascendía a 1 millón EUR. La mayoría de los proyectos subvencionados se referían a actividades de formación e intercambio de personal, con participantes de la mayor parte de los Estados miembros y de varios terceros países. El objetivo era concienciar sobre el problema de la falsificación de billetes y monedas, impartir formación técnica a los participantes y compartir buenas prácticas.

En 2008, se retiraron de la circulación 195 900 monedas de euro falsas (en 2007 fueron 211 100, lo que supone un descenso del 7 %). Este éxito es el resultado de los esfuerzos conjuntos de la Comisión Europea y las autoridades de los Estados miembros para retirar de la circulación monedas falsas y subraya la necesidad de que todos los Estados miembros apliquen métodos apropiados con este fin.

Avances en el ámbito de las aduanas

Asistencia mutua al amparo del primer pilar

Se lograron progresos significativos en el sector de la asistencia mutua con la adopción, el 9 de julio de 2008, del Reglamento (CE) nº 766/2008[30], que modifica el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo[31] relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agraria. Las nuevas disposiciones amplían el intercambio actual de información sobre sospechas de fraude a la comunicación sistemática de información comercial predefinida y establecen un fichero de identificación de los expedientes de investigación aduanera (FIDE) con el fin de ayudar a los Estados miembros a coordinar mejor sus controles, a detectar movimientos sospechosos de mercancías y medios de transporte y a recopilar la información en una base europea de datos, que entró plenamente en funcionamiento el 15 de septiembre de 2008.

El Código Aduanero Modernizado (CAM)[32] entró en vigor en junio de 2008 y supone una reforma completa de las normas y procedimientos aduaneros comunitarios, simplificándolos y pasando a una gestión por medios electrónicos. El CAM será aplicable una vez que estén listas sus disposiciones de aplicación y a más tardar en junio de 2013.

Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos

El comercio ilícito en forma de contrabando y falsificación de cigarrillos produce anualmente pérdidas significativas en los presupuestos de la UE y nacionales.

Para prevenir y reducir sus consecuencias, en 2008 la Comisión, que previamente había celebrado dos acuerdos con los fabricantes de tabaco Philip Morris International y Japan Tobacco International[33], participó activamente en dos sesiones del organismo intergubernamental de negociación con el fin de negociar un proyecto de protocolo al Convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco, que aborda los esfuerzos para combatir el comercio ilícito de productos del tabaco. Las negociaciones están en curso con objeto de acordar una norma que cree obligaciones universales sobre localización y seguimiento, y para diseñar un marco específico de cooperación entre aduanas y autoridades judiciales.

PRINCIPALES MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN EN EL CAMPO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Medidas de transparencia

Como parte de la Iniciativa europea en favor de la transparencia[34], la Comisión obtuvo el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo para hacer públicos en su totalidad los datos sobre los beneficiarios de fondos de la UE.

La mayor parte de los fondos de la UE (casi el 80 %) son gestionados por las administraciones nacionales y por ello les corresponde publicar los nombres de los beneficiarios. Esta obligación cubre la Política Agrícola Común, las acciones estructurales, incluidos el Fondo de Cohesión, y el Fondo Europeo para los Refugiados.

La Comisión Europea también gestiona subvenciones y contratos de adquisición, que suponen alrededor del 20 % del presupuesto de la UE en ámbitos tales como política de investigación, educación y formación, transporte y redes de energía. Con arreglo al artículo 30.3 del Reglamento financiero revisado de 2006[35], está obligada a publicar los nombres de los beneficiarios. Para ello, en 2008 creó el nuevo Sistema de Transparencia Financiera que centraliza y facilita el acceso a la información consolidada que hasta ahora se publicaba en las páginas internet de cada servicio de la Comisión. Su versión actual cubre aproximadamente 10 000 millones EUR de ayuda y el Sistema será ampliado para cubrir los gastos administrativos de la propia Comisión. Un motor de búsqueda específico da acceso a los datos sobre los beneficiarios de la ayuda exterior.

El Reglamento n° 1302/2008 de la Comisión[36], relativo a la base de datos central de exclusión, fue adoptado el 17 de diciembre de 2008. Establece una base de datos central («base de datos de exclusión») con arreglo al artículo 95 del Reglamento financiero, que contiene detalles sobre los candidatos y licitadores que se encuentran en una de las situaciones de exclusión descritas en los artículos 93 y 94 del Reglamento financiero (por ejemplo, en quiebra o culpable de falta profesional grave). La información es accesible a todas las entidades que gestionan fondos de la UE.

La Decisión revisada de la Comisión nº 2008/969/CE, Euratom[37], relativa al sistema de alerta rápida para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas, fue adoptada el 16 de diciembre de 2008. Establece dicha alerta rápida para el presupuesto general de la Unión Europea y para cualquier otro fondo gestionado por las Comunidades. El sistema es una herramienta interna de información destinada a ayudar a la Comisión a identificar a las personas jurídicas que presentan riesgos financieros o de otro tipo y permitirle adoptar las medidas preventivas necesarias.

Continuación de los esfuerzos para consolidar los sistemas de gestión y control y avance hacia una declaración de fiabilidad (DAS)

El plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado[38] fue adoptado en enero de 2006 de conformidad con el objetivo estratégico de la Comisión Barroso de obtener una declaración de fiabilidad (DAS) del Tribunal de Cuentas Europeo y como reflejo de las recomendaciones de dicho Tribunal en su dictamen 2/2004[39]. El plan, compuesto por 16 acciones concretas, ha sido aplicado en su totalidad y su impacto en el terreno está comenzando a materializarse.

Como parte del mismo, en diciembre de 2008 la Comisión presentó una Comunicación sobre el riesgo tolerable de error[40]. Aunque proseguirá la política de tolerancia cero con respecto al fraude, adoptar un planteamiento de riesgo tolerable significa definir los niveles en los cuales es razonable esperar que la Comisión y sus socios ejecutivos, incluidos los Estados miembros, reduzcan los errores, utilizando al mismo tiempo eficazmente los recursos de control. Se trata de una decisión que debe ser adoptada por la autoridad legislativa, y la Comunicación intenta relanzar la discusión con el Parlamento y el Consejo al respecto. La Comunicación define el concepto de riesgo tolerable y aporta ejemplos ilustrativos en dos ámbitos clave de gasto, el FEDER y el FEADER, y hace una primera valoración del riesgo tolerable para estos ámbitos de gasto. Actualmente, el Tribunal de Cuentas utiliza un nivel de tolerancia del 2 % en todas las áreas para evaluar la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes. El análisis de la Comisión sugiere que este nivel actual del 2 % usado actualmente por el Tribunal de Cuentas para la DAS anual podría no ser una medida apropiada en el marco de una estrategia de control eficaz al menor coste en el caso de determinadas políticas. Esto significa que el riesgo tolerable de error debería analizarse y ser decidido por separado para cada ámbito.

Los informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a 2006 y 2007 han mostrado que el índice de error para las acciones estructurales sigue siendo alto. Siguiendo principalmente las recomendaciones recogidas por el Tribunal de Cuentas en su informe anual de 2006 y en su dictamen n° 6/2007[41], que resaltaba las deficiencias de la gestión compartida de los fondos estructurales en los Estados miembros, el 19 de febrero de 2008 la Comisión puso en marcha un plan de acción[42] para consolidar su papel de supervisión en la gestión compartida de las acciones estructurales y para abordar así el alto nivel de errores registrados en los reembolsos de acciones estructurales y los puntos débiles de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros.

La Comisión centra su atención en impulsar la eficacia de los controles efectuados por los Estados miembros y de sus propias auditorías con el fin de asegurarse de que cuando se cierren los programas y proyectos correspondientes a 2000-2006, el riesgo de error residual sea lo más bajo posible. Para 2007-2013, las acciones preventivas garantizarán que los sistemas de los Estados miembros funcionen eficazmente desde el principio de la ejecución del programa o, si esto no fuera así, que cualquier deficiencia sea detectada tan pronto como sea posible. En febrero de 2009, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo un informe[43] sobre el plan de acción para 2008.

Con respecto a los gastos directos de la Comisión, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión (SAI) realizó auditorías en el ámbito de la contratación pública, incluidos los servicios de tecnología de la información y los sistemas de subvención. Los informes del SAI observaron ciertas mejoras en los sistemas de control interno de la Comisión. Los detalles están disponibles en el informe anual relativo a las auditorías internas realizado en 2008 destinado a la autoridad responsable de aprobar la gestión.

Estrategia conjunta de prevención del fraude con arreglo a las medidas estructurales

La Comisión estableció una Estrategia Conjunta de Prevención del Fraude (ECPF) para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, con arreglo a una recomendación formulada por el SAI tras una auditoría. El documento establece acciones de prevención del fraude para lograr los objetivos, tanto en el campo de la evaluación de riesgos como de concienciación sobre el fraude. La Comisión ya ha ejecutado algunas de estas acciones, incluido un seminario en Bruselas destinado a las autoridades encargadas de la gestión y los pagos y una reunión del Grupo de Homólogos (auditores nacionales y comunitarios) que tuvo lugar en Cardiff en octubre de 2008.

Programa Hércules II

El fin del programa Hércules II es promover actividades de protección de los intereses financieros de las Comunidades. Para el ejercicio 2007-2013, su presupuesto ha sido incrementado en 6 millones EUR anuales para financiar la adquisición de equipos y actividades de formación para combatir el contrabando de cigarrillos. Este aumento es también el resultado de los fondos adicionales[44] disponibles gracias a los acuerdos de lucha contra el contrabando con los productores de tabaco PMI y JTI (véase 2.2.2).

En 2008, recibieron apoyo 10 acciones de investigación en el campo jurídico, 9 proyectos de formación y 25 de asistencia técnica, y el presupuesto asignado de 13,8 millones EUR fue comprometido en su totalidad.

COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LAS IRREGULARIDADES

Este capítulo (basado en las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario[45]) describe los avances legislativos e institucionales en los Estados miembros en 2008 y las estructuras antifraude nacionales designadas para la cooperación con la OLAF a efectos de los controles in situ. También aborda ciertos aspectos de la comunicación de irregularidades por parte de los Estados miembros.

Iniciativas institucionales y legislativas adoptadas por determinados Estados miembros en 2008 a fin de proteger los intereses financieros de la UE

Bélgica creó un organismo, organizado de forma colegiada, para combatir el fraude, incluido el fraude fiscal. El Reino Unido creó la National Fraud Strategic Authority (Organismo Nacional de Estrategia Antifraude, NFSA), un organismo no estatutario cuyas prioridades clave incluyen una disuasión más fuerte de los defraudadores a través de medidas más decididas aplicadas por diversos organismos policiales y de nuevas normas, y lograr una mayor confianza del público en la respuesta al fraude.

Varios Estados miembros[46] han adoptado o modificado su legislación nacional relativa a la gestión de los fondos de la UE y los procedimientos de contratación pública con el fin de lograr más transparencia en los procedimientos administrativos y un mejor control financiero. Suecia facilitará por primera vez, para 2008, las certificaciones nacionales relativas a la gestión de los fondos de la UE, asegurándose de contar con un marco de control interno y garantizando un control interno satisfactorio de los fondos de la UE gestionados en colaboración con la Comisión.

Malta adoptó una estrategia nacional de lucha contra el fraude y la corrupción, destinada a crear un marco normativo, institucional y operativo. La República Checa adoptó una estrategia nacional para proteger los intereses financieros de la UE y un plan de acción de acompañamiento.

Algunos Estados miembros[47] adoptaron legislación y normas para combatir el fraude en el IVA y mejorar la coordinación de las operaciones de las autoridades nacionales competentes en este ámbito.

Grecia adoptó una ley sobre prevención y supresión del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, junto con otras disposiciones. Del mismo modo, Chipre sustituyó todas sus leyes del período 1996-2004 por la nueva Ley de lucha contra el blanqueo de dinero recientemente adoptada.

En lo relativo a irregularidades y recuperación, algunos Estados miembros[48] adoptaron nuevas medidas para identificar y notificar irregularidades y reforzaron los procedimientos y mecanismos para recuperar los pagos excesivos.

Letonia modificó su código penal para contemplar la responsabilidad por la difusión intencionada de datos falsos o información sobre el estado del sistema financiero letón.

Los Estados miembros remitieron información sobre otros cambios legislativos o administrativos[49] registrados en 2008 adoptados por propia iniciativa y no simplemente para transponer la legislación comunitaria.

Autoridades nacionales designadas para cooperar con la OLAF en la lucha contra el fraude

El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2185/96[50] dispone que la OLAF preparará y dirigirá los controles in situ en estrecha colaboración con las autoridades competentes del Estado miembro afectado. Por lo tanto, es esencial establecer previamente cuál es la autoridad nacional competente.

Para la Política Agrícola Común y los fondos estructurales, donde ya existen acuerdos de gestión (entre la Comisión y los Estados miembros), el hecho de haber designado claramente a las autoridades competentes facilita la realización de los controles in situ. Sin embargo, para los gastos directos, la falta de claridad en la designación de las autoridades competentes y el reparto de competencias en los Estados miembros provocan dificultades en la aplicación de dicho Reglamento.

En su Resolución de 19 de febrero de 2008 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades[51], el Parlamento Europeo también pidió más información sobre las autoridades nacionales competentes. La información resultante también servirá para mejorar la aplicación del Reglamento nº 2185/96 y para detectar las carencias legislativas con vistas a una posible consolidación de la legislación antifraude[52].

Autoridad central de coordinación

La mayor parte de los Estados miembros[53] informaron de que disponen de una autoridad central de coordinación responsable del apoyo operativo a la OLAF y a la que ésta puede contactar cuando realice controles in situ. En algunos Estados miembros[54], dicha autoridad es el AFCOS (Servicio de Coordinación Antifraude), mientras que en otros[55] se ha designado a otra autoridad nacional. Algunos Estados miembros[56] indicaron que es necesario contactar a una o más autoridades de coordinación en función del tipo de recursos financieros (por ejemplo, fondos, aduanas o impuestos).

Además, los Estados miembros[57] señalaron que los poderes y deberes de estas autoridades de coordinación se refieren sobre todo a irregularidades de comunicación a la Comisión y a la puesta en contacto de la OLAF con la autoridad nacional competente en materia de investigaciones. En parte de los Estados miembros[58], la autoridad designada también cuenta con diversas potestades de investigación (por ejemplo, entrevistas a operadores económicos; acceso a documentos y locales; registros y decomisos; acceso a información sobre investigaciones penales o administrativas en curso; y seguimiento de personas, teléfonos y correo) que pueden utilizarse para apoyar las investigaciones de la OLAF y los controles in situ.

Finalmente, los Países Bajos, Portugal y Eslovenia indicaron que la autoridad designada actúa sobre la base de la programación anual. Italia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido declararon que la autoridad está obligada a redactar un informe sobre los objetivos de su actividad de control.

Autoridades nacionales con responsabilidades ampliadas al campo de los gastos directos

Es también importante aclarar si los Estados miembros disponen de una única autoridad en el campo de los gastos directos con la que la OLAF pueda ponerse en contacto para los controles sobre el terreno.

Varios Estados miembros[59] (que no disponen de AFCOS) informaron que disponen de una autoridad única que puede ser contactada. En la mayoría de los casos, se trata de un servicio policial en vez de una autoridad administrativa, con una base jurídica establecida.

Además de comunicar irregularidades a la Comisión y de poner a la OLAF en contacto con otras autoridades investigadoras competentes, en algunos Estados miembros la autoridad designada[60] tiene diversas potestades de investigación del tipo ya mencionado que pueden utilizarse para apoyar las investigaciones de la OLAF y los controles sobre el terreno en el campo de los gastos directos.

Comunicación de irregularidades

Conforme a la legislación comunitaria[61], los Estados miembros deben notificar a la Comisión las sospechas de fraude y otras irregularidades que sean objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial. En lo que respecta a los gastos, la notificación se refiere a agricultura, acciones estructurales y fondos de preadhesión y, en lo relativo a ingresos, al sector de los recursos propios. Los Estados miembros deben informar a la Comisión de todas las irregularidades que impliquen un importe superior a 10 000 EUR[62].

El análisis y la evaluación estadística realizados por la Comisión sobre las irregularidades depende de la exactitud, exhaustividad, calidad y puntualidad de las notificaciones de los Estados miembros. En este sentido, el resultado que ofrecen las autoridades nacionales aún varía, aunque se han logrado mejoras gracias a la armonización de sus planteamientos de comunicación.

El presente capítulo analiza las prácticas de los Estados miembros sobre la comunicación de irregularidades considerando tres aspectos: su comunicación rápida, la estimación de su impacto financiero y la clasificación de irregularidades. Se pidió a los Estados miembros que facilitaran información relativa a agricultura, fondos estructurales y fondos de preadhesión. Así, en la medida pertinente, dichos ámbitos se indican más adelante.

Información puntual sobre irregularidades en los sectores agrícola y de acciones estructurales

Según el informe 2007 sobre protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude, la información puntual ha mejorado durante los últimos años, aunque el lapso transcurrido entre el momento en que se descubre la irregularidad y el momento en que se informa sigue siendo significativo.

La legislación comunitaria requiere que los Estados miembros comuniquen todas las irregularidades a más tardar dos meses después de finalizado el trimestre en que la irregularidad fue objeto de una primera constatación administrativa o judicial o del conocimiento de nuevos datos sobre una irregularidad ya comunicada. El lapso transcurrido entre el descubrimiento y la comunicación de una irregularidad no debe ser superior a cinco meses.

En 2007, en el sector de la agricultura, solamente el 33 % de las irregularidades fueron comunicadas dentro de plazo, mientras que en 2008 esta cifra fue del 84 %. El tiempo medio transcurrido entre el descubrimiento y la comunicación de una irregularidad fue de 1,2 años en 2007. En 2008, debido a la introducción de un nuevo módulo electrónico, no se controló dicho lapso.

En 2007 y en lo relativo a acciones estructurales, el 75 % de las irregularidades fueron comunicadas a tiempo, mientras que en 2008 la cifra fue del 86 %. En 2007, el lapso transcurrido entre la detección y la comunicación fue de 0,9 años y en 2008, de 1,1 años.

Tanto para los sectores de la agricultura como de las acciones estructurales, los Estados miembros alegaron un gran número de razones para informar con retraso.

La complejidad de los procedimientos administrativos nacionales fue mencionada por varios Estados miembros[63], además de la comunicación tardía de las irregularidades por los organismos intermedios. A veces la comunicación se ve dificultada por la propia estructura de la autoridad encargada de la comunicación o de la gestión[64], debido a la presencia de un considerable número de estratos administrativos. En otros casos, las irregularidades no se comunican hasta que la autoridad administrativa haya determinado que las circunstancias suponen una irregularidad y que los procedimientos de recuperación ya están en curso o que se ha adoptado una decisión administrativa[65]. La República Checa, Hungría y el Reino Unido (Escocia) indicaron que los procedimientos de recurso y de revisión pueden a veces causar retrasos en el procedimiento de comunicación, mientras que otros dos Estados miembros[66] observaron que las interpretaciones distintas dadas por las autoridades nacionales a los términos «irregularidad» y «notificación preliminar» pueden también dar lugar a un retraso.

Un apoyo inadecuado en materia de tecnología de la información[67], una insuficiente formación o la falta de personal[68] fueron otras razones alegadas. Los retrasos pueden también resultar de la utilización del sistema AFIS[69].

Para mejorar la puntualidad de su información, la mayor parte de los Estados miembros han adoptado medidas destinadas a ajustar los procedimientos administrativos nacionales[70], incluida la adopción de normas internas o de directrices. Otras medidas se destinan a mejorar el flujo de trabajo con los organismos intermedios[71] (recordatorios, reuniones ad hoc, intercambio de información entre diversas entidades y contacto directo con las que notifican las irregularidades con retraso). Muchos Estados miembros organizan regularmente actividades de formación para su personal[72].

En 2008, el Reino Unido (Escocia) concluyó una revisión independiente, de ocho meses de duración, sobre el procedimiento de recurso. Hungría elaboró directrices sobre los informes relativos al sistema AFIS. Italia elaboró documentos administrativos o judiciales iniciales que establecen la obligación de informar. Y Polonia presentó una lista de documentos que pueden ser considerados como primeras constataciones administrativas.

Cálculo del impacto financiero de las irregularidades

Los reglamentos sectoriales que rigen la comunicación de irregularidades a la Comisión requieren que los Estados miembros evalúen e informen también sobre el impacto financiero de las irregularidades.

En muchos casos esto resulta difícil de evaluar porque deben tenerse en cuenta muchos factores, como la información incompleta al realizar la evaluación, o la falta de un conjunto predefinido de criterios para ayudar al evaluador a establecer el impacto financiero de una irregularidad.

Tanto para los sectores agrícola como para las acciones estructurales, un gran número de Estados miembros[73] ha adoptado directrices para evaluar el impacto financiero individual de una irregularidad. De los Estados miembros que reciben apoyo de los fondos de preadhesión, siete[74] cuentan con tales directrices. El principal criterio utilizado es el importe irregular con impacto en el presupuesto comunitario, pendiente de pago o pagado indebidamente[75]. Otro criterio es la subvencionabilidad de los gastos alegados[76]. También se emplean criterios suplementarios relativos a la propia irregularidad: magnitud y gravedad de la irregularidad, existencia de comportamiento premeditado o deliberado, categoría y naturaleza de la irregularidad y antecedentes de esta misma irregularidad. Otros criterios[77] (especialmente en el sector de las acciones estructurales) pueden ser la disposición legal infringida, el tipo de proyecto y de gasto, la práctica empleada para cometer la irregularidad, las penas aplicables en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en los actos jurídicos, o el impacto que la irregularidad podría tener en otros proyectos del mismo beneficiario que reciban financiación[78].

En los casos en que varias irregularidades individuales con un impacto financiero inferior al umbral de comunicación están relacionadas con el mismo beneficiario implicado en uno o más proyectos bajo el mismo programa o medida, un gran número de Estados miembros comunica este hecho a la OLAF[79]. Los Estados miembros también utilizan la información sobre irregularidades para analizar los riesgos[80]. En los casos en que inicialmente se calculó que una irregularidad con impacto financiero estaba por encima del umbral de comunicación, pero posteriormente fue recalculada por debajo del mismo, los Estados miembros indicaron que enviarán una actualización a la Comisión en caso de reducción de este tipo.

Clasificación de las irregularidades

Los Estados miembros deben clasificar las irregularidades en categorías específicas (irregularidad[81], sospecha de fraude[82] y fraude[83]).

Con arreglo al informe de 2007 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, en el sector agrícola, los Estados miembros clasificaron solamente el 68 % de las irregularidades comunicadas, mientras que esta cifra se elevó al 67 % en el caso de las acciones estructurales y al 57 % para los fondos de preadhesión.

Mientras que la mayoría de los Estados miembros encuentra relativamente fácil distinguir entre irregularidad y fraude establecido, algunos consideran difícil identificar los casos de sospecha de fraude, debido a la dificultad de determinar un comportamiento fraudulento o intencionado[84]. Las dificultades para clasificar las irregularidades se derivan de una insuficiente información o de la falta de pruebas para las autoridades en un primer estadio del procedimiento[85], o de la experiencia práctica limitada o la falta de experiencia del personal que se ocupa de la irregularidad[86]. La clasificación también se ve dificultada por unos largos procedimientos administrativos y judiciales[87] ya que una irregularidad clasificada inicialmente en una categoría dada puede tener que ser reclasificada posteriormente.

En el ámbito agrícola, los Estados miembros[88] declararon que clasifican una irregularidad como caso de sospecha de fraude cuando ello viene indicado por las constataciones del sistema nacional de gestión y control (por ejemplo, auditorías internas y externas, procedimientos de control interno, controles in situ). En el mismo sector, solo dos Estados miembros clasificarían una irregularidad como caso de sospecha de fraude si hubiera sido entendido por un tribunal. Para los fondos estructurales, la mayor parte[89] de los Estados miembros utilizan el primer criterio y solo cuatro, el segundo. El primer criterio se utiliza también en gran medida para los fondos de preadhesión.

RECUPERACIÓN

Recursos propios

Los Estados miembros tienen que recuperar los importes establecidos, incluidos los registrados en la base de datos compartida OWNRES. El importe a recuperar con arreglo a las irregularidades detectadas en 2008 asciende aproximadamente a 351 millones EUR.

Un importe establecido puede no ser totalmente recuperado a pesar de los esfuerzos de los Estados miembros. Las cantidades establecidas pueden cambiar debido a información adicional o a procedimientos judiciales, o la deuda puede considerarse irrecuperable a causa de los problemas financieros del deudor.

Actualmente, el índice de recuperación de las irregularidades registradas en 2008 es del 37,5 % (aproximadamente 132 millones EUR). Se trata de una posición media de partida, aunque es inferior a la del 40 % del último año. Durante la pasada década el índice de recuperación varió entre el 40 % y el 55 %.

Cuando la no recuperación de una deuda constatada no es imputable a un Estado miembro, éste puede pedir la cancelación del importe irrecuperable. En 2008, la Comisión rechazó la cancelación pedida por los Estados miembros en 32 casos, correspondientes a aproximadamente 17,4 millones EUR, porque consideraba que la no recuperación era imputable a dichos Estados.

Además, algunos Estados miembros pagaron a la Comisión más de 43 millones EUR sobre la base del principio de responsabilidad financiera, al no haber constatado deudas aduaneras que habrían debido serlo.

Agricultura

El artículo 32 del Reglamento (CE) n° 1290/2005 introdujo un nuevo mecanismo de liquidación de los importes indebidamente pagados. Cuando un Estado miembro no recupera del beneficiario un importe indebidamente pagado en el plazo de cuatro años tras la fecha del primer acto de constatación administrativa o judicial (o de ocho años en caso de acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales), el importe no recuperado lo soporta automáticamente, hasta un máximo del 50 %, el presupuesto del Estado miembro, en el marco de la liquidación financiera anual de las cuentas del FEAGA y del FEADER. Incluso después de la aplicación de este mecanismo, los Estados miembros están obligados a proceder con sus procedimientos de recuperación y a reembolsar al presupuesto comunitario el 50 % de las cantidades recuperadas efectivamente. Si no proceden con la diligencia necesaria, la Comisión puede decidir cargar la totalidad de los importes pendientes de pago al Estado miembro concernido.

A partir del ejercicio presupuestario 2008, en el que los pagos indebidos son el resultado de errores administrativos cometidos por las autoridades nacionales, todo el importe afectado se deduce de las cuentas anuales de los organismos liquidadores concernidos y queda así excluido de la financiación comunitaria.

Para el FEAGA, este mecanismo fue aplicado por segunda vez mediante una decisión de liquidación de cuentas para el ejercicio presupuestario 2007,[90] que eliminó todos los casos pendientes de recuperación que databan de 2003 o 1999 (casos de, respectivamente, cuatro u ocho años de antigüedad) cargando 131,4 millones EUR a los Estados miembros. Para los organismos liquidadores cuyas cuentas correspondientes a 2007 fueron separadas de la decisión relativa a la liquidación de cuentas, 0,05 millones EUR fueron cargados mediante una decisión posterior[91], y otros 6,2 millones EUR todavía están pendientes de pago.

En lo que respecta al ejercicio presupuestario 2008, los Estados miembros recuperaron 108 millones EUR, otros 32,2 millones fueron declarados como irrecuperables y la cantidad pendiente de recuperación de los beneficiarios a finales del ejercicio presupuestario ascendía a 1 246 millones EUR para el FEAGA. Las consecuencias financieras de la no recuperación para los casos que datan de 2004 o 2000 se determinaron según la regla del 50-50 mencionada anteriormente, cargando así 31,4 millones EUR a los Estados miembros en la decisión de liquidación de cuentas para el ejercicio 2008 adoptada por la Comisión el 29 de abril de 2009[92]. Otros 0,8 millones serán cargados mediante decisiones posteriores. Debido a este mecanismo de liquidación del 50-50 aplicado durante los últimos años que carga parte de las cantidades no recuperadas a los Estados miembros, el importe pendiente de pago al presupuesto de la UE se redujo hasta unos 900 millones EUR.

En lo que respecta al FEAGA y al Instrumento transitorio de desarrollo rural, el susodicho mecanismo de liquidación de cuentas no se aplicaba todavía. Para estos fondos, el importe pendiente a finales del ejercicio presupuestario 2008 era de 7,9 millones EUR. Durante el ejercicio presupuestario 2008 se recuperaron 17,2 millones y 0,2 millones fueron declarados irrecuperables.

Fondos estructurales

En el ámbito de los fondos estructurales, la recuperación de los beneficiarios de los importes indebidamente pagados a raíz de una irregularidad o de un fraude también está garantizada por los Estados miembros. La recuperación de estos importes en la Comisión puede hacerse mediante la reducción o la supresión de la participación financiera.

Los programas cofinanciados por los fondos estructurales son plurianuales y funcionan sobre la base de pagos intermedios. La recuperación de los importes indebidamente pagados puede realizarse antes o después del cierre del programa. Para el período de programación 1994-1999, el plazo para la presentación de la solicitud de pago final a la Comisión acababa el 31 de marzo de 2003. Durante este período, la Comunidad cofinanció unos 1 000 programas por un importe total de unos 159 000 millones EUR[93]. Los servicios ordenadores y gestores de la Comisión, asistidos por la OLAF, garantizan el seguimiento administrativo y financiero con el fin de cerrar estos programas.

Con respecto al período de programación 1994-1999 , los Estados miembros comunicaron 11 035 casos de irregularidades (62 en 2008) con un impacto financiero estimado de 1 510 millones EUR[94] sobre la contribución comunitaria (10,95 millones para 2008).

De estos casos, la Comisión cerró definitivamente 5 944; un importe correspondiente de 697 millones EUR se tuvo en cuenta en el pago final o se retiró después del cierre o se reembolsó al presupuesto comunitario. Los Estados miembros indicaron que los procedimientos administrativos y judiciales finalizaron a nivel nacional en 861 casos, con un impacto financiero de 59 millones EUR en el mismo período. Los servicios de la Comisión iniciaron procedimientos de conciliación con el fin de cerrar estos casos.

En 2008, la Comisión adoptó tres decisiones para la gestión de 24 casos de irregularidades para las cuales los Estados miembros afectados pidieron a la Comisión que asumiera las consecuencias financieras de las cantidades irrecuperables. Una decisión referente a 20 casos financiados por el IFOP, por un importe de 3 851 988 EUR, y dos decisiones referentes al FSE, por un importe de 120 359 EUR, fueron cargados al presupuesto comunitario.

Por lo que se refiere al período de programación 2000-2006 , los Estados miembros han comunicado hasta ahora 15 574 casos de irregularidades (3 791 en 2008) con un valor financiero de cerca de 2 300 millones EUR en la contribución comunitaria (516,3 millones para 2007).

Los Estados miembros indicaron a la Comisión que se han iniciado procedimientos administrativos o judiciales a nivel nacional en relación con 7 389 de estos casos y que se ha recuperado un importe de cerca de 704 millones EUR.

El importe total de las correcciones financieras relativas a los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006 fue, respectivamente, de 1 995 millones EUR (414 millones en 2008) y de 3 313 millones EUR (1 173 millones en 2008). Estas correcciones financieras son consecuencia de las auditorías de la Comisión, de las del Tribunal de Cuentas, de las investigaciones de la OLAF y del procedimiento de cierre de los dos períodos de programación. Incluyen los gastos afectados por irregularidades que, por esta razón, deben ser excluidos de la cofinanciación por el presupuesto de la UE. Además, los Estados miembros también efectúan correcciones tras sus auditorías propias o las de la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo. Estas correcciones no se registran en el plan contable de la Comisión, pero la información es transmitida una vez al año por los Estados miembros a la Comisión.

Gastos directos

En los ámbitos donde las instituciones administran los fondos directamente, la recuperación de importes indebidamente pagados la efectúan ellas directamente, sin la intervención de los Estados miembros. El Reglamento financiero y sus normas de desarrollo prevén las distintas etapas del procedimiento de recuperación:

- previsión y constatación del crédito por el ordenador (asegurándose de su carácter cierto, líquido y exigible),

- establecimiento de una orden de recuperación (instrucción del ordenador al contable de proceder a la recuperación) seguida de una nota de adeudo dirigida al deudor, y

- recuperación por el contable, que procede si es posible a la recuperación mediante compensación cuando el propio deudor es titular de un crédito cierto, líquido y exigible respecto a las Comunidades.

Si, después del envío de las cartas de reclamación y emplazamiento, el deudor no paga la deuda, y si el contable no ha podido recuperar el crédito mediante compensación o mediante ejecución de una garantía bancaria constituida por el deudor, el ordenador determina, sin demora, la vía de recaudación forzosa aplicable al crédito.

Existen dos vías posibles, excluyentes entre sí, para la obtención de un título ejecutivo:

- adopción de una decisión que constituye título ejecutivo según lo dispuesto en el artículo 256 del Tratado CE (formalización de la constatación del crédito en una decisión que constituye título ejecutivo),

- obtención de un título por vía judicial ante los órganos jurisdiccionales nacionales o comunitarios. Esto incluye también la acción civil en el marco del procedimiento penal, en las jurisdicciones donde se autorice.

En el caso de las órdenes de recuperación emitidas para el ejercicio 2008, se ha señalado una recuperación total o parcial en 679 casos comunicados. Los servicios de la Comisión han recuperado 22 millones EUR. En 670 casos, se ha recuperado la totalidad del importe irregular. Queda por recuperar un importe de 13 millones EUR, correspondiente a 262 casos.

Recuperación a raíz de un caso de la OLAF

Cuando un informe final de un caso de la OLAF concluye que es probable que se hayan pagado determinados importes irregularmente a un beneficiario o no se hayan percibido cuando habrían debido percibirse, las autoridades responsables, generalmente las de los Estados miembros o de los países terceros, deben proceder a la recuperación de dichos importes. La OLAF sigue el desarrollo de estos procedimientos de recuperación.

En 2008, la OLAF dio por finalizado formalmente el seguimiento de más de 146,8 millones EUR. Un total de 128 millones EUR fue recuperado en el ámbito de los fondos estructurales.

En 2008, la OLAF también revisó los procedimientos de seguimiento financiero relativos a los casos OLAF, lo que dio lugar a nuevos criterios de tratamiento y aceptación de casos mediante umbrales de minimis de aplicación a partir del 1 de enero de 2009. La introducción de estos umbrales permitirá focalizar mejor los escasos recursos financieros de seguimiento de la OLAF en los casos más significativos de fraude o irregularidad en los que estén en juego importes considerables. Para más detalles, véase el informe de la OLAF[95].[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] DO L 136 de 31.5.1999.

[2] Para las referencias, véase la página de cubierta del informe.

[3] Artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995).

[4] Artículo 1.1.a) del Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995).

[5] Para la referencia, véase la página de cubierta del informe.

[6] Las cifras se han actualizado para determinados sectores desde el informe de 2007.

[7] Ídem.

[8] Derechos de aduana y exacciones reguladoras agrícolas.

[9] Este porcentaje se calcula sobre la base de la estimación de los recursos propios tradicionales en el presupuesto general de 2008 y no sobre la base de la contabilidad.

[10] Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

[11] Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

[12] Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

[13] Fondo Social Europeo.

[14] Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

[15] COM(2008) 496 final.

[16] http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.

[17] COM (2006) 244 final.

[18] Resolución del PE nº P6-TA-PROV(2008)0553.

[19] COM (2008) 839 final.

[20] Véase punto 15, apartado 7, la declaración de la cumbre del G20.

[21] DO L 46 de 17.2.2009.

[22] BG, FI, FR, DE, PL, RO, SE, UK. Para Alemania, el acuerdo es aplicable a partir del 9 de abril de 2009; para Finlandia, a partir del 15 de abril; y para el Reino Unido, a partir del 20 de abril de 2009.

[23] Decisión nº 2008/801/CE del Consejo, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, DO L 287 de 29.10.2008.

[24] Dichos acuerdos ya se han concluido con Argentina, Yibuti, Marruecos, la República del Congo, Senegal y el FIGE ( Forum des Inspections Générales d'États d'Afrique ) y, en 2008, con las autoridades de Sudáfrica.

[25] DO C 316 de 27.11.1995.

[26] Primer protocolo, de 27 de septiembre de 1996 (DO C 313 de 23.10.1996). Protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la interpretación del Convenio, con carácter prejudicial, por el TJCE (DO C 151 de 20.5.1997). Segundo protocolo, de 19 de junio 1997 (DO C 221 de 19.7.1997).

[27] COM(2008) 77 final.

[28] Los instrumentos relativos a la protección de los intereses financieros no han sido ratificados por la República Checa, Hungría y Malta, así como por Estonia en lo relativo al protocolo sobre el Tribunal de Justicia Europeo.

[29] Reglamento (CE) n° 44/2009, de 18 de diciembre de 2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (DO L 17 de 22.1.2009, p. 1); Reglamento (CE) n° 45/2009, de 18 de diciembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1339/2001 que amplía los efectos del Reglamento (CE) nº 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única (DO L 17 de 22.1.2009, p. 4); Reglamento (CE) n° 46/2009, de 18 de diciembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2182/2004 sobre medallas y fichas similares a monedas de euro (DO L 17 de 22.1.2009, p. 5); Reglamento (CE) n° 47/2009, de 18 de diciembre de 2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 2183/2004 por el que se extiende a los Estados miembros no participantes la aplicación del Reglamento (CE) nº 2182/2004 sobre medallas y fichas similares a monedas de euro (DO L 17 de 22.1.2009, p. 7).

[30] DO L 218 de 13.8.2008.

[31] DO L 82 de 22.3.1997.

[32] Reglamento (CE) nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO L 145 de 4.6.2008).

[33] Los dos acuerdos establecen el pago por los productores de tabaco de 1 250 millones USD (PMI) y 400 millones USD (JTI), que pueden utilizarse para combatir el contrabando y la falsificación de cigarrillos. A finales de 2008, PMI había pagado 650 millones USD (aproximadamente 503,8 millones EUR) y JTI, 100 millones USD (aproximadamente 77,5 millones EUR).

[34] COM(2007)127; http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.

[35] Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, que modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 390 de 31.12.2006).

[36] DO L 344 de 20.12.2008.

[37] DO L 344 de 20.12.2008.

[38] COM(2006) 9 final.

[39] DO C 107 de 30.4.2004, p. 4.

[40] COM(2008) 866 final.

[41] DO C 216 de 14.9.2007.

[42] COM(2008) 97.

[43] COM(2009) 42.

[44] El 9,7 % de los fondos pagados por PMI y JTI se han asignado a la Comunidad Europea.

[45] Véanse todas las respuestas en el documento de trabajo de la Comisión «Aplicación del artículo 280 del Tratado por los Estados miembros en 2008».

[46] BG, LV, LT, LU, HU, PT, SK, SE.

[47] ES, HU, RO, IT.

[48] BG, EE, IT, PL, SK, UK.

[49] Véase el documento de trabajo de la Comisión «Aplicación del artículo 280 del Tratado por los Estados miembros en 2008».

[50] DO L 292 de 15.11.1996.

[51] P6_TA-PROV(2008)0052.

[52] Véase punto 2.1.1.

[53] BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE, UK.

[54] BG, CZ, DK, EE, CY, LV, HU, MT, PL, RO, SI, SK, SE.

[55] BE, DE, IT, LT, NL, PT, UK.

[56] BE, IE, IT, NL, AT, UK.

[57] DK, HU, IT, LT, NL, PT, SI, UK.

[58] DK, LT, MT, PT, RO, SI, UK.

[59] BE, DK, EE, IT, LT, LU, PT, SI, SK.

[60] DK, LT, PT, RO, SI.

[61] Reglamento (CE) nº 1848/2006 de la Comisión, de 14.12.2006 (DO L 355 de 15.12.2006); Reglamento (CE) nº 2035/2005 de la Comisión, de 12.12.2005 (DO L 328 de 15.12.2005), por el que se modifica el Reglamento nº 1681/94 de 11.7.1994 (DO L 178 de 12.7.1994); Reglamento (CE) nº 2168/2005 de la Comisión, de 23.12.2005 (DO L 345 de 28.12.2005) por el que se modifica el Reglamento nº 1831/94 de 26.7.1994 (DO L 191 de 27.7.1994); Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8.12.2006.

[62] Para SAPARD este importe está fijado en 4 000 EUR y para el ISPA no existe ningún umbral.

[63] BE (Región de Bruselas-Capital para los fondos estructurales y Región Valona para la agricultura), CZ, DK (agricultura), DE (agricultura), EE, EL (agricultura), ES, HU, NL, AT, PL (fondos estructurales), SK, SE, UK (Irlanda del Norte).

[64] IE, IT, ES (fondos estructurales).

[65] MT, FI.

[66] EE, PL.

[67] PL.

[68] HU.

[69] FR.

[70] DK, EL, ES, HU, MT, PT, SE.

[71] BE, BG, CZ, FR, MT, NL, AT, SK, UK.

[72] EE, IE, IT, LT, HU, PL, SE.

[73] Un total de 20 Estados miembros para los fondos agrícolas: BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, AT (excluídas las restituciones a la exportación), PL, PT, RO, UK; 19 para los fondos estructurales: BE (BERBC03, Región Valona, Agencia FSE, Comunidad Francesa; FSE VL de la Comunidad Flamenca), BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PT, RO, SK, UK.

[74] BG, EE, CY, LV, MT, RO, SK.

[75] BG, CZ, DK, EE, IE, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, PT, SK, UK.

[76] BE (Comunidad Francesa), FR, AT, PL.

[77] MT, UK (Irlanda del Norte), EE.

[78] UK (JIU).

[79] BE (excepto la Región Valona), BG, CZ, FR (solo para agricultura), IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT (solo para agricultura), RO, SI (solo para agricultura), UK (excepto Escocia).

[80] Para agricultura: todos excepto DK; para fondos estructurales: todos excepto EL, LT, LU, NL, FI.

[81] De conformidad con el Reglamento nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, constituirá «irregularidad» toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades.

[82] Teniendo en cuenta que la notificación de irregularidades se hace en una fase temprana, los reglamentos sectoriales estipulan que los Estados miembros deben identificar entre las irregularidades notificadas, no solo los casos de fraude demostrado, sino también aquellos en que haya una sospecha de fraude. De conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1848/2006 para el sector de la agricultura, 2035/2005 para los fondos estructurales y 2168/2005 para el Fondo de Cohesión, «sospecha de fraude» significa una irregularidad que ha sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional.

[83] De conformidad con el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, «fraude» es una irregularidad cometida de forma deliberada y constituye un delito que debe ser objeto de enjuiciamiento.

[84] BE, ES, HU, LV, LT, PT.

[85] CY, MT.

[86] EE, HU, RO, FI, SE.

[87] RO, SI.

[88] BE, BG, CZ, DK, EE, FR, IT, LT, LU, PL, RO, SI, UK.

[89] BE, BG, CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LV, LT, LU (FEDER), NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK.

[90] Decisión 2008/396/CE (DO L 139 de 29.5.2008).

[91] Decisión 2009/87/CE (DO L 31 de 3.2.2009).

[92] Decisión 2009/367/CE (DO L 111 de 5.5.2009).

[93][94]6STUstuv± ! ' - . 2 8 > ? @ F O P y z { | } ~ ‹ Œ µ ¶ Se trata de programas plurianuales. Esta cifra no incluye los proyectos financiados directamente por los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión.

[95] Situación con arreglo a la información disponible en la base de datos ECR a 15 de abril de 2008.

[96] http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.