Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración", y

- la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo"

(2002/C 19/07)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración" (COM(2000) 757 final);

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo" (COM(2000) 755 final);

vista la decisión de la Comisión Europea, de 1 de febrero de 2001, de consultar al Comité de las Regiones sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa, de 13 de junio de 2000 de elaborar un dictamen sobre este tema y encargar los trabajos preparatorios a la Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deportes y Derechos de los Ciudadanos (Comisión 7);

vistos los artículos 61 a 63 del Tratado de Amsterdam;

vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999;

vista la Actualización semestral del marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en la Unión Europea (COM(2000) 782 final);

visto el Dictamen del CDR sobre flujos migratorios en Europa (CDR 227/1999 fin)(1);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 90/2001 rev. 2) aprobado por la Comisión 7 el 29 de junio de 2001 (ponente: Sr. Georgákis (EL/PSE)),

ha aprobado por unanimidad, en su 40o Pleno, celebrado los días 19 y 20 de septiembre de 2001 (sesión del 20 de septiembre) el presente Dictamen.

1. Consideraciones y recomendaciones del Comité de las Regiones sobre la propuesta relativa a la política de migración

El Comité de las Regiones:

1.1. Destaca la diferente naturaleza que reviste el problema de los inmigrantes económicos y el de los refugiados, que entran en el ámbito de aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, ambas cuestiones están estrechamente relacionadas. En cualquier caso, los objetivos de una política comunitaria en el ámbito de la inmigración y del asilo deben ser comunes. No obstante, es posible que sean divergentes y, por este motivo, habrá que procurar que no se produzca dicha eventualidad.

1.2. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión como punto de partida para entablar un diálogo con el fin de crear una política europea unitaria en materia de inmigración. Además de las ideas humanísticas que constituyen un elemento adquirido de la sociedad de la UE e inducen sentimientos de solidaridad y políticas de puertas abiertas, el problema -demográfico y, por tanto, de empleo y previsión- del envejecimiento de la población de la UE impone la necesidad de aplicar una política común en materia de inmigración. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión de establecer un marco jurídico común mínimo para fijar las condiciones de entrada y residencia en la UE de los nacionales de terceros países. Al mismo tiempo, subraya la exigencia de combatir la inmigración clandestina elaborando programas específicos, tanto de apoyo para los países de origen como de protección de las fronteras externas de la UE.

1.3. Está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de integrar a los ciudadanos de terceros países a escala nacional, regional y local. No obstante, subraya la indiscutible exigencia de que las sociedades locales participen en este proceso bidireccional. Para lograr el éxito de las sociedades locales en este proceso de integración, la distribución del gasto entre las instancias nacionales, regionales y locales debería realizarse en función de su respectiva participación en todo el procedimiento. Por otra parte, esta exigencia es absolutamente necesaria dado que esas mismas sociedades deben acoger a dichas personas. El éxito de esta política no contribuirá solamente a aprovechar al máximo la contribución, en términos generales, del inmigrante al desarrollo económico de la región, sino también a reducir al mínimo fenómenos como la exclusión, la xenofobia y el racismo de modo que, por extensión, se podría hablar también de éxito de la política de migración.

1.4. Apoya la propuesta de la Comisión sobre el principio de conceder los derechos fundamentales a los ciudadanos de terceros países, como exigiría un respeto elemental de los derechos humanos. También a este respecto, considera que la función del Comité es especialmente decisiva, puesto que, en último término, son los entes locales los que deben garantizar tales derechos a los inmigrantes e integrarlos en la sociedad local.

1.5. Está de acuerdo en la necesidad de establecer relaciones de cooperación con los países de origen y de tránsito, emprendiendo también acciones para erradicar el tráfico y el contrabando de seres humanos.

1.6. Considera que, además de la creación de un marco jurídico común para la admisión y la residencia, el acceso a la información relativa a las exigencias del mercado laboral europeo por lo que se refiere a la mano de obra especializada o no especializada debe desempeñar una función importante en la definición de una política común de inmigración.

1.7. Está convencido de que para llevar a la práctica un plan nacional que regule el marco general son necesarios proyectos concretos a nivel local y regional que hagan efectiva la integración social. De esta forma, la sociedad local podrá aportar sus particularidades y prioridades específicas para lograr una efectiva aplicación económica y social de la política de migración, de forma que no se perturbe la cohesión económica y social de cualquier sociedad local.

1.8. Subraya la necesidad de que los ciudadanos de terceros países que se encuentren en los Estados miembros sin haber seguido el procedimiento previsto disfruten de la totalidad de los derechos fundamentales. De este modo, desaparecerían fenómenos de explotación, maltrato y discriminaciones provocadoras inaceptables en la sociedad europea.

1.9. Aprueba el objetivo establecido por la Comisión de reprimir el racismo y la xenofobia. A tal fin, el Comité puede desempeñar una función decisiva, dado que cualquier esfuerzo en esta dirección debe provenir de la sociedad local.

1.10. Considera necesario que el propio Comité sea siempre consultado de forma que se llame la atención de la UE sobre los problemas potenciales y las buenas prácticas con el fin de garantizar los derechos fundamentales a los inmigrantes, habida cuenta del hecho de que los entes locales y regionales desempeñan una función determinante en este sentido.

1.11. Considera indispensable el desarrollo de una política comunitaria en el delicado sector de los medios de comunicación de masas. El respeto por parte de estos medios de un código deontológico mínimo que prohíba el fomento de comportamientos xenófobos debe ser uno de los objetivos de una política comunitaria uniforme.

2. Consideraciones y recomendaciones del Comité de las Regiones sobre la propuesta relativa al procedimiento de asilo común

El Comité de las Regiones:

2.1. Reconoce que tanto la inmigración como la política de asilo, así como formas subsidiarias de protección internacional (como, por ejemplo, la protección humanitaria) u otras formas de protección (como la protección temporal), están indisolublemente vinculadas a la sociedad local de los Estados de acogida y tienen una incidencia directa a nivel local y regional. Por este motivo, es indispensable que el Comité sea consultado constantemente en el marco del proceso de elaboración de actos jurídicos para llamar la atención de la UE sobre los posibles problemas y las mejores prácticas.

2.2. Juzga necesario e indispensable hacer una distinción entre solicitantes de asilo y refugiados e inmigrantes por motivos económicos. A tal fin, en primer lugar deben establecerse unos procedimientos de asilo equitativos y eficaces en todos los Estados miembros de acuerdo con un denominador común de armonización.

2.3. Considera conveniente definir cuanto antes el concepto de "formas de protección subsidiaria", en la medida en que, hasta el momento, se han observado grandes divergencias en las teorías y en las prácticas de los Estados miembros, que obstaculizan la adopción de una reglamentación uniforme en la materia.

2.4. Se pronuncia a favor de un procedimiento único de asilo que, a través de unas prácticas equitativas y eficaces, permita la adopción de decisiones justas y justificadas en poco tiempo.

2.5. Considera que la breve duración de los procedimientos y la adopción de decisiones equitativas que no dejen lugar a duda tendrán un efecto positivo para las administraciones locales y regionales, que, muy a menudo, soportan el peso de la acogida de grandes grupos de solicitantes de asilo.

2.6. Comparte los objetivos establecidos por la Comisión Europea por lo que se refiere a la próxima fijación de un nivel mínimo de armonización de las normas relativas a los procedimientos de asilo, con la perspectiva a largo plazo de crear un sistema europeo común que prevea el reconocimiento recíproco de las decisiones adoptadas y, al mismo tiempo, una armonización simplificada del mecanismo de atribución de las responsabilidades por parte de los Estados miembros.

2.7. Opina que el debate sobre el procedimiento común con el sistema de la ventanilla única, según el cual todas las exigencias de protección serían examinadas por la misma autoridad (punto de vista compartido también por el ACNUR), parece prematuro. En primer lugar, es necesario definir las posibles formas de protección en el marco de la Convención de Ginebra y examinar los distintos problemas vinculados (por ejemplo, el procedimiento de recurso, de expulsión, etc.).

2.8. Sostiene que las medidas encaminadas a impedir el acceso no deberán influir en el procedimiento de asilo y deberán aplicarse en el pleno respeto de este derecho. En cualquier caso, el derecho de asilo presupone necesariamente la presencia física del solicitante en el territorio o dentro de las fronteras del Estado miembro para presentar la solicitud. Por consiguiente, no se podrán aceptar propuestas presentadas en la región de origen ni facilitar la llegada de refugiados mediante mecanismos de reinstalación.

2.9. Considera que debe completarse el procedimiento de asilo común con un sistema uniforme de acogida de los solicitantes de asilo, que contribuirá a reducir los movimientos secundarios en el interior de la UE.

2.10. Está convencido de que la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros exige la creación de lugares adecuados de acogida en los que permanecerán hasta que se examine su solicitud. La creación y gestión de estos lugares deberá desarrollarse en estrecha colaboración con los entes regionales y locales, en función de las necesidades y las características de cada zona.

2.11. Se muestra a favor de una política de regreso, en particular de la repatriación voluntaria en el marco de un procedimiento de asilo eficaz y fiable. En este sentido, es necesario apoyar programas de repatriación o de reinstalación, pero también programas de integración para las personas admitidas definitivamente y a las que se les concede la protección internacional. Asimismo, los solicitantes de asilo que vean sus peticiones denegadas y, por consiguiente, legalmente no tengan derecho a permanecer, deberán regresar voluntariamente a su país o, en caso necesario, ser repatriados a la fuerza.

2.12. Reconoce que la integración de los refugiados y de las demás personas que gozan de la protección internacional en las sociedades locales de los Estados miembros exige la plena garantía de sus derechos individuales y sociales y, en particular, del derecho a la salud, a la educación y al trabajo. A tal fin, la reglamentación comunitaria en este ámbito debe ser exhaustiva y no debe permitir divergencias entre Estados miembros.

2.13. Apoya la colaboración entre los entes locales y regionales de cada Estado miembro con el fin de crear una red de empleo en las distintas regiones en el marco de la gestión de los problemas relacionados con la falta de mano de obra especializada o no especializada que afronta la Unión Europea. Se pretende que esta acción se realice con la colaboración del órgano central nacional correspondiente, sin costes adicionales, utilizando las estructuras administrativas existentes.

2.14. Acoge favorablemente la valorización de los conocimientos específicos de los refugiados, que refuerzan sus posibilidades de integración en la sociedad local en el marco de una mejor distribución de la mano de obra.

2.15. Considera necesario examinar la posibilidad de que se reconozca a los refugiados el derecho a la libre circulación y al establecimiento en el territorio comunitario.

2.16. Está de acuerdo con la propuesta de la Comisión según la cual el umbral de referencia de los derechos concedidos a los beneficiarios de protección subsidiaria o temporal debe ser los derechos concedidos a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea.

2.17. Por último, hace hincapié en la necesidad de acceso a las distintas fuentes de información, análisis y evaluaciones comunes y al establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación entre los entes nacionales, regionales y locales de los Estados miembros.

Bruselas, 20 de septiembre de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 57 de 29.2.2000, p. 67.