SEXTO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONJUNTO DE MEDIDAS REGULADORAS DE LAS TELECOMUNICACIONES

(presentado por la Comisión)

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

1. En el presente informe se examina el grado de aplicación del marco regulador establecido por la UE, al cabo de un año de rápidos cambios políticos, normativos y del mercado en la Unión Europea desde la adopción de la última Comunicación sobre esta materia. Desde esta perspectiva, el presente informe desarrolla la labor realizada en Comunicaciones anteriores, en el sentido de que

-se describen los principales cambios del mercado, detallados en los anexos;

-se analiza, también sobre la base de anexos detallados, la aplicación de los principios normativos fundamentales que establece el marco reglamentario vigente; y

-se extraen conclusiones con miras a contribuir al cumplimiento de los objetivos de la iniciativa eEurope lanzada en Lisboa y Feira durante la transición al nuevo marco regulador.

2. A lo largo del año, las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) han impuesto su autoridad en el mercado para crear condiciones de competencia garantizando el acceso a las instalaciones de los operadores preexistentes. También han sentado las bases para aumentar la competencia en el acceso local, en la medida en que ocho Estados miembros han regulado el acceso desglosado al bucle local y en que 62 operadores ya han obtenido licencias para trabajar con un bucle local radiotelefónico de banda ancha o banda estrecha. También se ha realizado una notable labor en la cuestión de la tarifa plana de acceso a Internet, incluido el servicio de interconexión para originar llamadas de tarifa plana, lo cual ha permitido a los nuevos operadores ofrecer paquetes de tarifa plana en competencia con los operadores preexistentes. Las administraciones nacionales y los reguladores también han dirigido la rápida expansión de la telefonía móvil, incluidas las primeras fases del despliegue de los sistemas de tercera generación, de los que hasta la fecha se han concedido 24 licencias y se ha decidido adjudicar otras 11.

3. En consecuencia, el principal dato del mercado es que este sigue creciendo, con un 9% en promedio en 1999, en un mercado cuyo valor calculado es de 191.000 millones de euros en el año 2000.

-En el mercado de la telefonía móvil, la penetración ha pasado del 36% al 55% en el último año. En la UE hay actualmente 194 millones de abonados a la telefonía móvil y 54 operadores con licencia para prestar servicios de telefonía móvil digital, más que los 52 de 1999.

-En el mercado de la telefonía fija, hay actualmente 461 operadores que ofrecen servicios públicos de telefonía de voz para llamadas de larga distancia (un 89% más que en 1999), 468 que ofrecen llamadas internacionales (un 67% más) y 388 que ofrecen llamadas locales (un 74% más). La preselección del operador es un servicio que prestan alrededor de 180 nuevos operadores para llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales y 69 para llamadas locales. Un total de 861 operadores han recibido códigos de acceso para prestar servicios de telefonía vocal mediante selección del operador.

4. Las tarifas siguen evolucionando a la baja. En 1999, la media europea de gasto mensual en llamadas nacionales (locales, provinciales e interprovinciales) a través de los operadores preexistentes se ha reducido un 10,5% para las empresas y un 4,6% para los particulares. Los nuevos operadores han rebajado estas tarifas en la mayoría de los Estados miembros. Durante el mismo período, el precio medio de las llamadas internacionales ha bajado un 15,1% para las empresas y un 13,5% para los particulares. En muchos casos, los nuevos operadores ofrecen precios notablemente inferiores.

Entre 1997 y 2000, el precio de las líneas arrendadas habitualmente utilizadas para el tráfico nacional de Internet (2 Mbit/s) ha descendido alrededor de un 30%, y los precios de las líneas de alimentación (2 kilómetros a 2 Mbit/s) alrededor de un 20%. Desde la liberalización, las cuotas de interconexión han bajado notablemente en las llamadas de tránsito doble (20,2%) y ligeramente en las de tránsito simple (6,5%), pero han permanecido estables en las llamadas locales.

5. La principal conclusión desde el punto de vista de la acción normativa es que el grado actual de aplicación del marco regulador constituye una base sólida para la continuidad del despliegue de los servicios europeos de comunicaciones electrónicas y de los objetivos más amplios de la iniciativa eEurope. Unas ANR fuertes y dotadas de competencias seguirán desempeñando un papel fundamental en la transición al marco regulador revisado. Para ello han de contar con los recursos humanos y económicos necesarios, máxime cuando en términos generales el poder de los operadores preexistentes en el mercado sigue siendo la principal barrera a la penetración de los nuevos operadores. Estos apoyan firmemente la continuidad de la regulación específica del sector para garantizar unas condiciones de competencia equitativas. Los índices de penetración de Internet en Europa, con una media de casi el 30%, aumentarán gracias a la mayor competencia en el acceso de banda ancha, la introducción de los móviles de tercera generación y el descenso de los precios de las líneas arrendadas.

Sin embargo, todavía quedan varias cuestiones por resolver:

-en algunos casos, los procedimientos de concesión de licencias siguen siendo complicados;

-en algunos países existe preocupación por los plazos previstos para la concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación;

-algunos Estados miembros todavía tienen que terminar de reequilibrar sus tarifas; en particular, hay bastantes ANR que han de perfeccionar la supervisión de los sistemas de contabilidad de costes para evitar la compresión de los precios mediante subvenciones cruzadas;

-no todos los Estados miembros disponen de una gama completa de servicios de preselección del operador;

-puede que sea necesaria una intervención reguladora decisiva en las negociaciones relativas a los requisitos físicos para que los nuevos operadores puedan instalar sus equipos en las centrales locales con el fin de prestar servicios de acceso local;

-siguen existiendo dificultades para obtener una interconexión rápida y equitativa; las tarifas de las llamadas a móviles siguen sin ser competitivas en algunos casos, por lo que será necesario abordar esta cuestión;

-los plazos de instalación de líneas arrendadas se han convertido en un problema más importante que los niveles de precios;

-en algunos Estados miembros, los operadores preexistentes siguen contando con la ventaja de poder dar el primer paso en el despliegue de las líneas ADSL;

-los operadores designados no tienen grandes dificultades para cumplir su obligación de servicio universal; se mantienen las quejas por la falta de control a escala nacional de las cuestiones relacionadas con los intereses de los usuarios.

La Comisión seguirá informando al respecto durante la transición al nuevo marco regulador.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN REGLAMENTARIA

CONCLUSIONES

ANEXOS

Datos del mercado de las telecomunicaciones

Sinopsis sobre la aplicación en los Estados miembros

Cuestiones reglamentarias: datos suplementarios

Evaluación por la Comisión de la aplicación del AGCS en algunos terceros países

Lista de operadores, asociaciones y organizaciones que han facilitado información para elaborar el sexto informe

Glosario de términos y acrónimos

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En marzo de 2000, el Consejo Europeo fijó un nuevo objetivo para la Unión con vistas a la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo [1]. Para ello, es condición indispensable contar con un mercado de las telecomunicaciones plenamente integrado y liberalizado [2]. Esto puede lograrse [3] mediante la rápida adopción del nuevo marco regulador que ha propuesto la Comisión para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas [4] y la inmediata introducción de medidas encaminadas a garantizar una mayor competencia en las redes locales con el fin de fomentar el acceso a Internet de alta velocidad [5].

[1] Lisboa, 23-24 de marzo de 2000, conclusiones de la Presidencia.

[2] Iniciativa eEurope, Comisión Europea, diciembre de 1999.

[3] Plan de acción de la Comisión, aprobado por el Consejo Europeo de Feira, junio de 2000.

[4] Propuestas de Directivas sobre el marco (COM(2000) 393 final), el acceso (COM(2000) 384 final), las licencias (COM(2000) 386 final), el servicio universal (COM(2000) 392 final) y la protección de datos (COM(2000) 385 final), junto con una Directiva de la Comisión por la que se consolidan las medidas de liberalización adoptadas progresivamente desde 1990 y que dieron lugar a la Directiva sobre plena competencia de 1996.

[5] Propuesta de Reglamento COM(2000) 394 final.

En este contexto, la Comisión ha insistido en la necesidad de que Europa explote sus lados fuertes, actuando al mismo tiempo para corregir rápidamente sus deficiencias. Uno de estos lados fuertes es evidentemente el marco regulador de liberalización de los servicios de telecomunicaciones y la creación de las condiciones para la consecución de un mercado único europeo en el sector. Como ya se ha señalado anteriormente [6], este marco ya existe en lo sustancial en los Estados miembros, pero todavía quedan algunas deficiencias por abordar.

[6] Quinto informe de aplicación COM(1999) 537 final.

El marco regulador

Para abrir los mercados a una competencia efectiva, el marco regulador comunitario exige que los Estados miembros incorporen un amplio conjunto de principios a su derecho nacional, asignando en particular derechos y obligaciones asimétricos a los agentes del mercado, mediante la imposición de obligaciones más estrictas a quienes tienen mayor poder. El marco comunitario es bastante más amplio -aunque lo recoge en su totalidad- que el del documento de referencia anexo al acuerdo AGCS.

Paralelamente al esfuerzo de información del que forma parte esta Comunicación, la Comisión sigue incoando procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que a su juicio incumplen sus obligaciones con arreglo al Tratado por no incorporar, notificar o aplicar los principios establecidos en las directivas que conforman el marco regulador. Actualmente hay 16 procedimientos abiertos de acuerdo con las directivas de liberalización (artículo 86) y 51 de acuerdo con las de armonización (artículo 95). La práctica de la Comisión de examinar en detalle la aplicación del marco comunitario garantiza el respeto de los principios más generales formulados en el AGCS.

Recopilación de datos

A fin de recopilar datos para elaborar el informe, los servicios de la Comisión se han reunido varias veces entre mayo y septiembre de 2000 con agrupaciones representativas de operadores, asociaciones y operadores de ámbito europeo, grupos de consumidores y usuarios, operadores preexistentes y representantes de las autoridades nacionales de reglamentación y de los ministerios competentes de los quince Estados miembros. En estas reuniones han participado representantes de operadores de ámbito no europeo.

En el presente informe se describe la situación existente a 16 de octubre de 2000. Los Estados miembros han tenido la oportunidad de verificar, hasta final de mes, la exactitud de la información presentada.

Los datos del mercado han sido facilitados directamente por las ANR, salvo que se indique lo contrario, de acuerdo con la extensa declaración sobre la situación a fecha de 1 de agosto de 2000.

Método de evaluación

A fin de poner al día su evaluación de la aplicación efectiva del marco regulador comunitario vigente en los Estados miembros, la Comisión ha tratado las principales cuestiones reglamentarias señaladas en los informes anteriores (autoridades nacionales reglamentarias, concesión de licencias, interconexión, servicio universal, tarifas, contabilidad de costes, numeración, derechos de paso y competencia en el acceso local) y ha añadido comentarios sobre:

*servicios de telefonía móvil, a fin de tener en cuenta la necesidad de controlar el despliegue de los móviles de tercera generación e informar sobre cuestiones relacionadas con los servicios de itinerancia;

*las líneas arrendadas, vista su importancia para la introducción de los servicios de Internet;

*la protección de datos, dado que octubre de 2000 es el plazo límite para la transposición de la vigente Directiva sobre esta materia; y

*Internet, en particular los aspectos reglamentados en el marco regulador vigente.

Para evaluar la aplicación del marco regulador, la Comisión se ha basado -tal como ya hizo en el quinto informe- en la situación descrita en los capítulos del anexo 2 dedicados a su transposición en los distintos países, así como en los datos del mercado facilitados por las ANR (anexo 1).

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

El mercado de servicios de telecomunicaciones ha demostrado nuevamente este año que es un importante motor del crecimiento en la UE; al mismo tiempo sigue poniendo a disposición de los consumidores y usuarios un número cada vez mayor de operadores y servicios, con una constante reducción global de los precios.

Se calcula que el valor del conjunto de los mercados nacionales de telecomunicaciones será de 191.000 millones de euros en el año 2000. Los mercados nacionales crecen a razón de un 9% en promedio, lo que supone un incremento de dos puntos con respecto a 1999. El incremento ha sido del 8% en servicios de datos y líneas arrendadas, mientras que se ha aproximado al 4% en telefonía vocal..

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

La telefonía móvil sigue siendo el segmento de más rápido crecimiento, con un aumento medio en términos de valor del 20% y una penetración del 55% en agosto de 2000 frente al 36% en 1999.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

La cuota de mercado de los principales proveedores de telefonía móvil (habitualmente la filial del operador preexistente en el mercado de la telefonía fija) ha bajado del 68% al 50% en los tres últimos años.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Actualmente hay 122 operadores (de los que 68 son proveedores de servicios de telefonía móvil) con licencias nacionales para la prestación de servicios de telefonía móvil digital. En uno de los Estados miembros hay 51 operadores que compiten en el mercado de la telefonía móvil digital, en otro hay 13, en otro 11, en otro 7 y en otros 11 hay de 3 a 5 operadores de este tipo. Ya se han concedido o se ha decidido la adjudicación de treinta y cinco licencias nacionales de telefonía móvil de tercera generación.

Un cuarto de la población de la UE ha utilizado Internet durante el primer semestre de 2000. Sin embargo, los porcentajes de penetración (utilización) varían mucho, de menos de un 10% en uno de los Estados miembros a más del 50% en dos de ellos. En los demás países se registra una penetración media del 25%. El promedio de utilización de Internet en Europa es todavía muy inferior al de Estados Unidos. En lo que respecta a la prestación de servicios de Internet, aunque en los Estados miembros existen en promedio por lo menos diez proveedores por cada millón de habitantes, una parte importante del mercado está en manos de proveedores que son filiales de los operadores de telecomunicaciones preexistentes, que se estima acaparan el 40% de los abonados a Internet.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Actualmente hay en total 461 operadores de llamadas provinciales e interprovinciales (frente a los 244 de 1999); 468 de llamadas internacionales (281 en 1999); y 388 de llamadas locales (223 en 1999). En total hay unos 1.215 operadores autorizados a ofrecer servicios públicos de telefonía vocal, cifra que supone un aumento del 35% en comparación con 1999 tras el incremento del 42% registrado en 1999 frente a 1998.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Las cifras de finales de 1999 confirman que la cuota de mercado de los operadores preexistentes en el mercado de telefonía vocal sigue su tendencia a la baja. La rapidez con la que los nuevos operadores acaparan cuota de mercado varía de un segmento a otro, y es mayor en las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales que en las locales.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las llamadas locales gestionadas por los nuevos operadores se realizan a través de la infraestructura local del operador preexistente y que estos conservan la mayor parte del mercado de acceso local. De hecho, 69 operadores utilizan el servicio de preselección del operador en llamadas locales y 180 en llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales, mientras que los operadores que utilizan el servicio de selección del operador son 129 y 311, respectivamente. En total, se han asignado 861 códigos de acceso a nuevos operadores para este tipo de llamadas.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Sin embargo, el grado de competencia en el mercado de la telefonía vocal puede calibrarse por el hecho de que en el promedio europeo alrededor del 82% de la población puede elegir entre más de cinco operadores de llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales (el 95% puede elegir como mínimo entre dos), mientras que alrededor del 29% puede elegir entre más de cinco operadores de llamadas locales (el 45% puede elegir entre al menos dos).

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Por último, sobre todo a raíz del reequilibrio de tarifas -que entre 1997 y 2000 ha dado lugar a un 12% de aumento medio en los alquileres mensuales del conjunto de la UE, un 7,5% en las llamadas locales de diez minutos y un 15% en las llamadas de tres minutos-, el precio [7] medio [8] de las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales de diez minutos ha ido bajando constantemente durante el mismo período, con una reducción del 49% en las llamadas a Estados Unidos y del 40% en el resto. Hay que tener en cuenta que estos precios corresponden a los servicios de los operadores preexistentes. Muchos operadores nuevos ofrecen servicios con tarifas notablemente inferiores.

[7] Los precios de las redes públicas de telefonía conmutada y de las líneas arrendadas se expresan en EUR-PPP a fecha de agosto de 2000 (véanse los anexos). Todos los demás precios o valores se expresan en EUR a fecha de agosto de 2000.

[8] Las tarifas son medias comunitarias ponderadas. El resto de los datos son medias comunitarias simples.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

La factura mensual media que pagan los clientes residenciales de los operadores preexistentes es ya inferior a la que pagan los clientes del operador preexistente de Japón y los de Verizon en Estados Unidos. La factura media europea es superior a la que pagan los clientes de Pacific Bell en Estados Unidos, que a su vez supera la del operador preexistente europeo más barato.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

En 1999, las cuotas de interconexión para llamadas a telefónos fijos se redujeron en torno a un 9% en total: bajaron el 20,2% en las llamadas de tránsito doble, el 6,5% en las de tránsito simple y permanecieron estables en las de interconexión local. La media comunitaria de las cuotas de interconexión cumplen las mejores prácticas vigentes para las llamadas de tránsito simple y son ligeramente superiores en el caso de la interconexión local y las llamadas de tránsito doble (7,7% y 9,1% respectivamente). La desviación media de las mejores prácticas ha sido mayor en 2000 que en 1999 porque los niveles publicados [9] se han revisado a la baja.

[9] Mejor práctica para el año 2000: Recomendación de la Comisión de 20 de marzo de 2000, DO L 83, 4 de abril de 2000, página 30.

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Aunque los precios de las líneas arrendadas han bajado notablemente desde 1997, el alquiler anual de las líneas nacionales e internacionales registra variaciones importantes según los Estados miembros, en especial en el caso de las líneas nacionales de 2 Mbit/s, cuyos precios oscilan entre un tercio y el doble de la media europea. Además, el precio medio de alquiler de los semicircuitos internacionales de 2 Mbit/s hasta el país comunitario más cercano triplica el de las líneas nacionales de 200 kilómetros.

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Sin embargo, las líneas arrendadas nacionales son considerablemente más baratas en la UE que en Japón. Las líneas de corta distancia de 64 kbit/s y 2 Mbit/s son en general más caras en la UE que en EE.UU., mientras que las de larga distancia son más baratas.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN REGLAMENTARIA

Autoridades nacionales de reglamentación

En el quinto informe se destacaba la importancia fundamental del papel que desempeñan las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) en la aplicación del marco regulador. En la actual fase de transición al futuro marco comunitario, es evidente que son las ANR quienes cargan con el mayor peso del ejercicio de aplicación práctica: el conjunto de problemas concretos que quedan por resolver después de la transposición de los principios generales de la legislación comunitaria al derecho nacional y del lanzamiento del proceso de apertura del mercado. Esto es especialmente así en los Estados miembros pioneros de la liberalización (aunque no únicamente en ellos), donde a lo largo del último año han surgido cuestiones de difícil resolución, por ejemplo en relación con el precio de acceso a las redes de telefonía móvil y la interconexión de llamadas de acceso a Internet con tarifa plana. Además, todas las ANR han tenido que hacer frente a problemas complejos y en algunos casos polémicos, como el despliegue del bucle local de radiotelefonía, el coste de la portabilidad del número y la preselección del operador, así como la concesión de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. Además, la mayoría de las autoridades reguladoras reciben cada vez más reclamaciones de los consumidores (una de ellas, OFTEL, tramitó 78.000 el año pasado) y solicitudes de resolución de conflictos entre agentes del mercado. Es normal que esto ocurra a medida que crece el mercado, pero en la práctica significa que hay que destinar a ello los recursos correspondientes. Por último, las ANR necesitan reajustar sus estructuras en respuesta a la convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero sin perder su independencia, tal como exigen las directivas.

Independencia de los agentes del mercado // En el quinto informe se señalaba que la separación efectiva entre las funciones de reglamentación y la participación del Estado en la propiedad del operador preexistente era causa de preocupación en algunos países.

Separación entre las funciones de reglamentación y la propiedad del Estado // En un Estado de la Unión (Bélgica), el ministro responsable de la participación estatal en el operador preexistente es también el director de la autoridad reguladora. En otro país (Francia) -en el que los nuevos operadores han manifestado su inquietud por el hecho de que el mismo Ministerio sea responsable de la participación estatal y de las funciones reglamentarias, especialmente en relación con la aprobación de tarifas y licencias-, ciertas medidas jurídicas y constitucionales han delegado poderes en el Secretario de Estado responsable de las telecomunicaciones, de modo que pueda ejercer sus tareas reguladoras con independencia del Ministro responsable de la participación estatal. En un caso (Portugal) en el que el Ministerio conserva el poder de proponer a los miembros del Consejo de Administración de la ANR y, junto con el ministro de Hacienda, a los miembros del Consejo de Administración del operador preexistente que representan la participación estatal del 11,11%, es probable que la próxima venta de la participación que todavía mantiene el Estado elimine todo recelo.

// En otro caso (Luxemburgo), la inquietud que causaba el nombramiento de un funcionario del Ministerio responsable de la reglamentación como vocal del Consejo de Administración del operador preexistente ha desaparecido tras la reorganización del Consejo.

// Con respecto a la independencia de los reguladores, la Comisión observa que la falta de una clara separación de las funciones reglamentarias y las funciones de explotación del operador -incluso si la independencia se garantiza de hecho con los mecanismos existentes- parece que es un importante factor desincentivador del mercado.

Competencias en materia de concesión de licencias, interconexión, líneas arrendadas, servicio universal, principios de tarificación, contabilidad de costes, numeración, frecuencias y derechos de paso // En el quinto informe se hacía referencia a la falta de competencias de algunas ANR, en especial en relación con la interconexión, y su resistencia en algunos casos a ejercer tales competencias aunque las tuvieran. Los agentes del mercado están de acuerdo en que los operadores que cuentan con una autoridad reguladora diligente en su mercado de origen tienen derecho a un nivel similar de actividad reglamentaria en otros mercados de la Unión. Además, los operadores tienen derecho a que las autoridades reglamentarias actúen en el caso de que el mercado falle en cuestiones de difícil arreglo, como la coubicación para el suministro de bucle local.

// Parece que en algunos países todavía existe esta carencia de competencias, en especial en relación con la capacidad de la ANR para intervenir en conflictos de interconexión (Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo). En tres Estados miembros se han ampliado las competencias de la ANR (Grecia y Austria) o se está a punto de hacerlo (Irlanda). Se señala que las ANR de dos países se resisten a ejercer plenamente sus competencias en relación con la interconexión (España y Suecia).

// Algunos operadores nuevos han puesto en duda que las ANR tengan voluntad de actuar en Grecia en relación con la concesión de licencias; en los Países Bajos; en Austria en relación con la numeración; en Suecia y el Reino Unido. Los nuevos operadores están preocupados por el tiempo que tardan las ANR de algunos países en tomar decisiones (Bélgica, Italia y Suecia). También han criticado la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones en Bélgica, en Francia en relación con las tarifas, y en Italia. En cuatro países (España, Austria, Suecia y Reino Unido) han expresado su preocupación por el tiempo que tardan las ANR en resolver los conflictos de interconexión, que en algunas circunstancias superan el plazo establecido en la Directiva. En otro país (Portugal), los nuevos operadores desearían que hubiera más diligencia en la resolución conflictos, mientras que en otro caso (Países Bajos) se quejan de que los procedimientos de resolución no siempre son claros o se aplican en la práctica.

// Con respecto a los recursos que necesitan las ANR para desempeñar sus funciones, en tres Estados miembros (Bélgica, Suecia y Reino Unido) se han tomado medidas para paliar los problemas de personal mencionados en el quinto informe. No obstante, la escasez de personal y de recursos presupuestarios sigue siendo un problema para varias ANR (Bélgica, Grecia e Italia). En el anexo 3 figura un cuadro que presenta los niveles de dotación financiera y de personal de las ANR, junto con una sinopsis de sus actividades.

Claridad en la asignación de las tareas reguladoras // En un Estado miembro (España), a pesar de la reciente reorganización de las respectivas competencias asignadas al Ministerio parcialmente responsable de la reglamentación, al organismo regulador independiente, al Ministerio competente para la aprobación de las tarifas y a la autoridad en materia de competencia, los agentes del mercado siguen sin ver clara la división de poderes. En otro país (Finlandia), la aparente superposición de los poderes asignados a la ANR y a la autoridad responsable de la competencia sigue provocando incertidumbre y gastos adicionales debido a que los agentes del mercado, en determinadas circunstancias, consideran necesario solicitar a ambos organismos una resolución favorable a sus intereses. En un tercer caso (Italia), todavía no están claras las funciones que ha transferido el Ministerio al organismo regulador independiente.

Recursos contra las decisiones de las ANR ante un organismo independiente de las partes implicadas // En todos los Estados miembros es posible recurrir contra las decisiones de las ANR. Los mecanismos de apelación deben tener en cuenta el hecho de que los operadores preexistentes normalmente intentarán retrasar la apertura del mercado recurriendo contra las decisiones de las ANR. En la mayoría de los casos, los tribunales suelen tardar bastante en dictar sentencia. Sin embargo, en varios países (Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Austria) las decisiones de las ANR no quedan automáticamente en suspenso a raíz de la presentación de un recurso. En muchos casos, los tribunales sólo tienen competencias para resolver recursos por cuestiones de procedimiento. En un caso (Reino Unido) se han aprobado recientemente medidas legislativas que otorgan mayor poder a los tribunales para revocar decisiones de las ANR por cuestiones de fondo.

Concesión de licencias

En el informe anterior se advertían grandes diferencias entre los distintos regímenes nacionales de concesión de licencias y se señalaba que en algunos Estados miembros las condiciones eran onerosas, los procedimientos prolongados y los cánones elevados. Desde entonces, la introducción del bucle local de radiotelefonía y los preparativos para el despliegue de los móviles de tercera generación han llevado a centrar la atención en estas considerables diferencias. A pesar de que el número de operadores con licencia (para prestar servicios de redes y telefonía vocal) ha aumentado un 66% en el conjunto de la Unión desde 1999, persisten los problemas derivados de la complejidad y duración de los trámites necesarios para obtener las licencias en un momento en que el mercado demanda procedimientos sencillos y rápidos que permitan desplegar nuevos servicios y ampliar la cobertura de los operadores actuales. De hecho, parece existir una relación entre el número de operadores autorizados en un Estado miembro y la dificultad o el coste que conlleva obtener una licencia o autorización. De este modo, hay menos operadores por número de habitantes en aquellos países cuyo régimen se considera más complejo o costoso. Por otra parte, la presión sobre los Estados miembros para que reformen sus regímenes parece haber aflojado, porque a los operadores que ya están en el mercado les parece bien que los últimos en llegar tengan que enfrentarse a los mismos problemas que ellos mismos se encontraron anteriormente.

Sólo deben concederse licencias individuales para la prestación de servicios públicos de telefonía vocal o redes, o para el uso de recursos escasos, o para imponer condiciones de servicio universales, medidas de defensa de la competencia, o exigencias fundamentales o de interés general

Procedimientos abiertos, no discriminatorios y transparentes // En la mayoría de los Estados miembros, la letra de las Directivas se observa en la medida en que sólo se exigen licencias individuales para la prestación de servicios de telefonía vocal o redes o cuando se trata de asignar recursos escasos. No se registran quejas importantes en relación con la transparencia de los distintos regímenes. En un país (Italia) se ha simplificado recientemente la normativa para permitir las autorizaciones generales y las declaraciones relativas a comunicaciones de datos y por satélite. En otros tres países, los problemas que tienen los operadores se refieren al detalle y la naturaleza de la información solicitada, antes o después de la adjudicación de la licencia (Bélgica y Luxemburgo), o a la concesión de una licencia regional (Alemania).

// En varios países (Bélgica, Alemania y Francia), los operadores se quejan en particular del tiempo y esfuerzo que hay que dedicar para extender una licencia regional a otra región. El procedimiento es costoso en sí mismo, pero además podría ser desproporcionado en la medida en que la ANR ya posee mucha información sobre el solicitante con respecto a la actividad objeto de la licencia en cuestión.

Las condiciones deben reducirse a las que se enumeran en la Directiva relativa a la concesión de licencias

Los solicitantes que cumplen las condiciones establecidas deben tener derecho a recibir una licencia

La limitación del número de licencias sólo puede justificarse por la necesidad de garantizar el aprovechamiento eficiente de recursos escasos // En un país (Bélgica) se ha registrado una mejora de la situación gracias a la supresión de las condiciones que anteriormente se imponían para conceder licencias y que eran más rigurosas que las contempladas en la Directiva sobre esta materia, en concreto las exigencias de contribución al esfuerzo de investigación y desarrollo. Francia es ya el único Estado miembro que impone esta obligación.

Un problema concreto que se observa en tres países (Grecia, España e Italia) es el retraso en la convalidación de las licencias otorgadas con arreglo a regímenes anteriores, que exigían condiciones distintas a las que han tenido que cumplir los nuevos operadores para obtener sus licencias y que pueden no ajustarse al derecho comunitario. Esto provoca incertidumbre no sólo en los operadores afectados, sino también en sus competidores, debido a la confusa situación legal en la que se hallan las licencias respectivas a causa de sus distintos derechos y obligaciones.

// Grecia todavía debe incorporar las normas relativas a las condiciones aplicables a las licencias de telefonía vocal para que su régimen de concesión se ajuste a la legislación comunitaria antes de que llegue la liberalización el 1 de enero de 2001.

Plazo de 6 semanas para la concesión de licencias, ampliable a 4 meses en casos justificados y otros 4 meses en el caso de los concursos de licitación // Además de suponer una carga para los nuevos operadores en términos de procedimiento, en algunos casos el detalle y la naturaleza de la información que se exige provoca retrasos en la concesión de las licencias. A este respecto, la duración de los procedimientos y el respeto de los plazos con arreglo a las nuevas normas parece suscitar quejas en Grecia, y recientemente se han registrado retrasos en el Reino Unido en relación con la aplicación de la nueva legislación. Por lo demás, parece que la situación no ha cambiado mucho en los Estados miembros con respecto al tiempo medio que se tarda en conceder las licencias.

Los cánones deben cubrir exclusivamente los gastos de administración de la licencia; los importes cobrados pueden reflejar la necesidad de garantizar la optimización de los recursos // Los operadores de varios países han expresado su contrariedad por los elevados cánones que se cobran por la concesión de las licencias, pero la situación no ha cambiado mucho desde el quinto informe, excepto en Francia, donde el canon anual se ha reducido de forma considerable. Aunque en Alemania se ha intentado reducir esta carga, se sigue cobrando el elevado canon único de que ya se informó el año pasado.

En el anexo 3 se figura cuadro de los cánones que cobran los Estados miembros por la prestación de servicios de telefonía vocal fija.

Interconexión

En el quinto informe se resaltaba que las condiciones aplicables a la interconexión eran cruciales para garantizar la competitividad del mercado europeo de las telecomunicaciones y se destacaban diversos problemas experimentados por los nuevos operadores. A lo largo del último año ha habido varias mejoras en este aspecto. En concreto, las ANR se han preocupado de asegurar la puntual publicación de ofertas de interconexión de referencia (OIR) conforme a las necesidades del mercado. En consecuencia, se han formalizado muchos acuerdos de interconexión con los operadores preexistentes (actualmente un total de 1.362 entre teléfonos fijos y entre fijos y móviles). No obstante, en muchos Estados miembros los nuevos operadores siguen teniendo dificultades para obtener una interconexión rápida y equitativa, desde el cobro de tarifas elevadas y la lentitud en las negociaciones hasta la resistencia de las ANR a actuar o intervenir en los conflictos de modo firme, oportuno y eficaz. En varios países, el operador preexistente cobra elevadas tarifas de interconexión (en especial para las llamadas locales) y ofrece precios reducidos al usuario final, con lo que los nuevos operadores ven tan comprimidos sus márgenes que se obstaculiza la competencia. A este respecto, la falta de una supervisión adecuada de los sistemas de contabilidad de costes de la interconexión por parte de las ANR hace que en muchos casos sea imposible verificar si los operadores con peso significativo en el mercado (PSM) fijan tarifas en función de los costes. Las ofertas de interconexión de referencia siguen publicándose o aprobándose demasiado tarde en algunos casos, y en otros no cubren todos los servicios demandados por el mercado, a pesar de que la filial correspondiente del operador preexistente presta los mismos servicios. Por último, las ANR de algunos Estados miembros no ejercen plenamente las competencias que tienen asignadas para supervisar el mercado de interconexión.

Los operadores con PSM están obligados a atender las peticiones razonables y a actuar de forma no discriminatoria y con transparencia // En general, los nuevos operadores se quejan de la falta de disposición de los operadores preexistentes a negociar o de lo que ellos consideran tácticas dilatorias por parte del operador preexistente, incluso en los países en los que se ha formalizado un número importante de acuerdos.

// En un Estado miembro (Luxemburgo) se puede tardar nueve meses en negociar un acuerdo de interconexión con el operador preexistente si se refiere a servicios no comprendidos en la OIR. El plazo prescrito es de cuatro meses. En Alemania, donde no hay un límite de tiempo para la negociación (y donde en la práctica se tarda una media de dos meses), los nuevos operadores afirman que se tarda más tiempo en negociar servicios no comprendidos en la OIR. Además, los nuevos operadores afirman que en este país se ven obligados a recurrir a mecanismos contenciosos para lograr la interconexión. En otro país (Portugal), los nuevos operadores rehusaron firmar acuerdos con el operador preexistente para obligar a la ANR a intervenir e imponer condiciones y plazos. En otro caso (Suecia), el número de acuerdos de interconexión parece ser limitado debido a que hasta ahora la ANR se ha resistido a intervenir. En Bélgica, la falta de competencias de la ANR también parece tener algo que ver con el reducido número de acuerdos de interconexión existentes.

// En dos Estados miembros (Italia y Países Bajos), los nuevos operadores están preocupados porque no pueden elegir el nivel en que desean interconectarse, ya que el usuario les obliga a interconectarse a nivel local, en especial en lo que respecta a las redes IP. En el caso de Italia, la ANR estudia imponer una nueva estructura de interconexión independiente de la red del operador preexistente. En Luxemburgo, la ANR estudia las peticiones de los nuevos operadores de interconectarse a nivel de la central local.

// En otros dos Estados miembros (España y Portugal), hacen falta muchos puntos de interconexión para el tráfico nacional, lo que obliga a los nuevos operadores a duplicar la red del operador preexistente. En otro caso (Alemania), el operador preexistente puede llegar a imponer hasta 23 puntos de interconexión adicionales una vez que se supera cierta capacidad de tráfico hacia un punto de conexión determinado, y los nuevos operadores entienden que las autoridades no han demostrado que esta norma sea necesaria para garantizar la integridad de la red.

// En otro Estado miembro (Luxemburgo), los nuevos operadores no han podido ejecutar los acuerdos de interconexión existentes sino hasta hace poco tiempo, cuando el operador preexistente ha rectificado su anterior negativa a permitir la coubicación de los equipos para realizar la interconexión. En otro país (Grecia), el operador preexistente todavía no permite el uso compartido de sus instalaciones por los operadores de telefonía móvil, a pesar de las conversaciones iniciadas por la ANR hace dos años.

// En Alemania parece no cumplirse el plazo establecido para la entrega de la interconexión (tres meses), a pesar de la intervención de la autoridad reguladora, lo cual plantea un grave problema para los nuevos operadores.

Las ANR deben tener capacidad para intervenir de oficio // Los nuevos operadores están un tanto intranquilos porque consideran que en algunos casos las ANR no son capaces de intervenir para contrarrestar las tácticas dilatorias antes mencionadas.

En un caso (Luxemburgo), el marco jurídico del país no permite a la ANR tomar decisiones vinculantes para resolver conflictos, con el resultado de que una serie de ellos no se han resuelto en el plazo de seis meses establecido en la Directiva (entre ellos, conflictos relacionados con el uso compartido de las instalaciones, la coubicación, la interconexión local, la interconexión de servicios de tarifa superior y la interconexión de semicircuitos de líneas arrendadas). En Bélgica ya se ha establecido un marco jurídico por el que se crea una Cámara de Interconexión dentro de la ANR con el cometido de resolver conflictos, pero a los nuevos operadores les preocupa que la certidumbre jurídica ha quedado en entredicho debido a que el operador preexistente ha presentado un recurso contra dicho marco. La ANR de ese país parece no haber utilizado las competencias que le otorga la Directiva para intervenir de motu proprio y resolver los constantes conflictos relacionados con el acuerdo de interconexión normalizado. En Austria se ha aprobado una reforma legislativa que refuerza las competencias de la ANR para solicitar la modificación de la OIR. En otro país (Alemania), los operadores han manifestado su contrariedad por el hecho de que la ANR no esté facultada para tomar decisiones de oficio en materia de interconexión, lo que le impide actuar para evitar conflictos.

Las tarifas de telefonía fija/vocal de los operadores con PSM deben guiarse por los costes // En términos generales, Bélgica, Dinamarca, Irlanda (en llamadas entre teléfonos fijos), Italia, Suecia y el Reino Unido cumplen las nuevas mejores prácticas aplicables a la fijación de cuotas de interconexión para todo tipo de llamadas (en el caso de Dinamarca, los importes que se cobran por las llamadas de doble tránsito están por debajo del rango de mejores prácticas de la Comisión). Los Estados miembros que cumplen las mejores prácticas establecidas por la Comisión para el año 2000 son diez en el caso de las llamadas locales, doce en el caso de las llamadas de tránsito simple y ocho en el caso de las de tránsito doble. En Austria, aunque la mayoría de las tarifas siguen siendo superiores al nivel de referencia europeo, han bajado un 30% de media. En Portugal, las cuotas de interconexión para el año 2000 han bajado un 37%. En Finlandia, las llamadas locales y las de tránsito simple mantienen el mismo precio, y en Luxemburgo existe un único precio de interconexión. En Francia, donde las tarifas de interconexión han bajado notablemente en las OIR de 1999 y 2000, se han abolido ya las tarifas de interconexión que se aplicaban anteriormente diferenciando entre proveedores de redes y servicios.

// El alquiler mensual de las líneas de interconexión de dos y cinco kilómetros arrendadas por el operador preexistente varía mucho según los Estados miembros y en Bélgica, España, Luxemburgo y los Países Bajos se desvía notablemente del límite máximo recomendado por la Comisión para las líneas de 2 kilómetros a 2 Mbit/s, mientras que en el caso de las líneas de 5 kilómetros a 2 Mbit/s la desviación es también notable en esos mismos países, junto con Dinamarca, Irlanda y Austria. En el caso de las líneas de 5 kilómetros a 34 Mbit/s, los precios superan significativamente el tope recomendado en Bélgica, España, Austria, Portugal y el Reino Unido.

Las tarifas de los operadores de telefonía móvil con PSM en el mercado de la interconexión de móviles deben guiarse por los costes // La obligación de fijar tarifas basadas en los costes que, de conformidad con la Directiva, soportan los operadores de telefonía móvil con peso significativo en el mercado nacional de interconexión debería tener el efecto de reducir las tarifas de las llamadas a móviles. Los nuevos operadores de telefonía fija afirman que algunas ANR no se han apresurado a designar a los operadores de telefonía móvil con un peso significativo en el mercado nacional de interconexión. La cuota media que se cobra en Europa por este tipo de interconexión es de 0,21 euros, alcanzando las cotas más altas en Alemania (EUR 0,34) y Grecia (EUR 0,27), y las más bajas en Austria (EUR 0,14). En varios casos, el hecho de que uno o varios operadores hayan recibido notificación de que tienen peso significativo en el mercado nacional de interconexión y que, por lo tanto, tienen la obligación de fijar tarifas basadas en los costes, no ha supuesto una reducción de las tarifas de terminación de llamadas que fijan sus competidores que no han recibido tal notificación.

// De hecho, ocho Estados miembros han determinado que uno o varios operadores de telefonía móvil tienen un peso significativo en el mercado nacional de interconexión (Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia y Suecia). En los Países Bajos, hace un año se anunció que se tomaría la decisión correspondiente, pero hasta la fecha no ha sido así.

// Sin embargo, en algunos países (Francia e Irlanda) los nuevos operadores afirman que las autoridades no han exigido que se cumplan las obligaciones que recaen sobre los operadores con PSM, y más concretamente la obligación de fijar tarifas basadas en los costes que se impone a los operadores de telefonía móvil notificados en el mercado nacional de interconexión.

Los operadores con PSM que tienen la obligación de basar sus tarifas en los costes deben estar sujetos a requisitos de contabilidad de costes, incluida la separación contable // Dado que también se imponen requisitos de contabilidad de costes en relación con el suministro de líneas arrendadas y telefonía vocal por parte de los operadores con PSM, este tema se trata horizontalmente en el apartado de "Contabilidad de costes".

Los operadores de telefonía fija con PSM deben publicar una oferta de interconexión de referencia // El retraso de la publicación de la OIR, debido a la lentitud de las negociaciones o a las deficiencias observadas en las propuestas, se considera un problema en Bélgica, Grecia y los Países Bajos. En Bélgica y Francia se han adoptado medidas encaminadas a resolver las reclamaciones de los nuevos operadores a este respecto. En Grecia, la OIR de 1998 sigue en vigor porque todavía hay que alcanzar un acuerdo sobre la actualización de las cuotas de interconexión de llamadas de móviles a fijos. Además, en varios países (Bélgica, Grecia, Francia, Luxemburgo y Portugal) la OIR no incluye todos los servicios solicitados por los nuevos operadores. En dos Estados miembros (Italia y Austria), donde anteriormente se habían señalado deficiencias, se ha modificado la OIR de 2000 para ampliar el número de servicios que comprende.

Competencia en la red de acceso local

En este ámbito se han producido cambios notables desde el quinto informe. Después de su Recomendación y Comunicación sobre el desglose del acceso al bucle local, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento el 12 de julio de 2000 para dar fuerza legal al objetivo formulado en el plan de acción eEurope de liberalizar por completo el acceso al bucle de cobre para el 31 de diciembre de 2000. También se prevé el acceso compartido al bucle local para que los nuevos operadores dispongan de acceso de alta velocidad para prestar servicios de voz a través del bucle utilizado por el operador preexistente.

Liberalización plena del bucle local

La plena liberalización del bucle local es ya un hecho, en mayor o menor medida, en seis Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia). La mayoría de ellos no disponen de datos pormenorizados sobre el número de líneas a las que alcanza esta liberalización. Aunque está claro que el número de bucles desglosados es todavía limitado, es probable que aumente notablemente en los próximos meses a tenor de la rápida evolución observada en la mayoría de los Estados de la Unión. En Italia, donde el desglose afecta tanto al cobre como a la fibra, se realizaron ensayos en septiembre en los que participaron once nuevos operadores. Tras las medidas legislativas adoptadas en marzo y la presentación de la oferta del operador preexistente en mayo -a la que la ANR tiene previsto reponder en noviembre-, se espera que la instalación esté disponible antes de finales de año. En el Reino Unido también se han iniciado ya las pruebas tras la modificación de la licencia del operador preexistente, el 8 de agosto de 2000, con el fin de obligarle a desglosar el bucle y a permitir la coubicación. El operador preexistente ha publicado una oferta de desglose de referencia y ha comenzado a aceptar pedidos en septiembre. La ANR ha establecido principios de tarificación y está previsto un proyecto de determinación para noviembre. Se espera iniciar las entregas en enero de 2001. También en Francia se realizan ensayos, habiéndose fijado la plena liberalización para el 1 de enero de 2001, aunque todavía sin precio. Bélgica y España también la han anunciado para el mismo día. En España, esta fecha es ya un precepto legal, mientras que en Bélgica el proyecto de ley se encuentra en su fase de tramitación inicial. Debido a cuestiones técnicas pendientes de resolver, en Portugal se prevé que la plena liberalización del bucle local no será posible hasta junio de 2001. En Irlanda y Grecia sigue el proceso de consultas. Luxemburgo se ha comprometido a fijar las condiciones necesarias en la oferta de referencia del operador preexistente para el año 2001.

En los países donde la plena liberalización del bucle local ya existe o es inminente, las condiciones de coubicación -en especial la dilación de las respuestas por parte del operador preexistente- crean problemas a los nuevos operadores. De hecho, los nuevos operadores consideran que la tarificación y autorización de la coubicación es probablemente el asunto más espinoso al que se enfrentan en relación con la liberalización del bucle local. En su Recomendación, la Comisión considera crucial que las ANR mantengan una estrecha vigilancia a este respecto para garantizar la competencia en el bucle local.

Acceso compartido

El acceso compartido -por el que el operador preexistente sigue prestando los servicios de telefonía tradicional mientras los nuevos operadores alquilan un espectro de gran ancho de banda que les permite prestar servicios DSL con sus propios equipos- todavía no es posible en ninguno de los Estados miembros. En Dinamarca se ha confirmado el derecho al acceso compartido, pero este aún no es operativo. En varios países se han iniciado las conversaciones entre el operador preexistente y los nuevos operadores. En su Comunicación sobre el desglose del acceso al bucle local de 26 de abril de 2000, la Comisión indicaba que, con independencia de los requisitos reglamentarios, la negativa de un operador preexistente a permitir el acceso compartido podría considerarse un abuso de posición dominante que incumpliría las normas de competencia.

Acceso de alta velocidad por flujos de bits

Ocho países (Dinamarca, Alemania, España, Italia, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido) ofrecen acceso por flujos de bits, un sistema por el que los nuevos operadores pueden ofrecer servicios DSL utilizando los equipos del operador preexistente de acuerdo con los principios de ONP (oferta de red abierta de telecomunicaciones) y competencia. En Francia se ha retrasado la oferta al por mayor debido a una controversia sobre sus términos, mientras la autoridad responsable de la competencia todavía debe pronunciarse sobre el derecho del operador preexistente a proceder con su propia oferta minorista. En Bélgica, el operador preexistente ya ofreció un producto ADSL de consumo en el segundo trimestre de 1999, pero sólo está obligada a realizar una oferta a los nuevos operadores a partir del 1 de enero de 2001. En España, la autoridad reglamentaria obligó al operador preexistente en marzo de 1999 a ofrecer el ADSL exclusivamente a los nuevos operadores. Como las filiales de aquél estaban mejor preparadas, no hubo que adoptar medidas hasta seis meses después. Debido a problemas técnicos para todos los operadores implicados, el servicio no se puso en marcha hasta el 15 de septiembre de 2000. En Alemania, los precios mayoristas del ADSL son iguales a los precios minoristas para grandes usuarios. Lo mismo ocurre en los Países Bajos. En Dinamarca, el operador preexistente comenzó a ofrecer un servicio al por menor en 1999. La nueva legislación aprobada en junio de 2000 confirma la obligación del operador preexistente de permitir el acceso por flujos de bits al por mayor y varios operadores han recibido una oferta de este tipo, pero hasta la fecha no se ha formalizado ningún acuerdo. En Finlandia, los operadores de las redes preexistentes ofrecieron los primeros servicios ADSL en 1999. En este país no existe una legislación específica que regule el acceso por flujos de bits, pero la Comisión entiende que pueden haberse alcanzado algunos acuerdos al por mayor sobre este tipo de acceso por negociación comercial. En Suecia tampoco existe una obligación legal específica, y tampoco se han alcanzado acuerdos, aunque el operador preexistente ofrece el servicio ADSL, lo que indica que tendrá la ventaja de quien da el primer paso, tal como ocurre en Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Alemania. En el Reino Unido, España e Italia, los operadores preexistentes introdujeron sus productos al por menor y al por mayor al mismo tiempo. En el anexo 3 figura un cuadro con los datos del despliegue del servicio ADSL. Es evidente que la ausencia de una oferta al por mayor o el retraso de dicha oferta por parte de operadores preexistentes que ya ofrecen servicios DSL al por menor, sitúa a los nuevos operadores en una situación de desventaja para competir.

En el anexo 3 aparecen cuadros que reflejan la disponibilidad y las condiciones de desglose del acceso al bucle local, el acceso compartido y el acceso por flujos de bits.

Bucle local de radiotelefonía

El bucle local de radiotelefonía todavía no es una alternativa viable de acceso local en la medida en que este servicio aún no es operativo en la mayoría de los Estados miembros, aunque su potencial es inmenso y es probable que comience a hacerse realidad en los próximos meses. En 1999 eran cinco los países (Alemania, España, Irlanda, Portugal y Finlandia) que habían concedido licencias de radiotelefonía local de banda ancha. Desde entonces se les han unido Francia, que concedió licencias en septiembre, y Luxemburgo, que ha asignado frecuencias a cinco operadores. En Suecia se concedieron licencias, pero después se anularon por razones de procedimiento. Todos los titulares tienen que volver a solicitarlas, pero se prevé que el número de licencias disponibles será suficiente para el número de solicitantes. En el Reino Unido, las licencias van a adjudicarse a través de una subasta que estaba previsto iniciar a finales de octubre de 2000. En los Países Bajos se ha retrasado el proceso de concesión, que ya no tendrá lugar en el año 2000. En Bélgica se ha pospuesto la entrada en vigor de la legislación necesaria y se ha aplazado el procedimiento de adjudicación hasta finales de año. Dinamarca y Grecia tienen previsto conceder licencias en diciembre de 2000. Después de algunos retrasos, Austria no reanudará el proceso de concesión hasta enero de 2001. En Italia se tomará una decisión a este respecto antes de finales de año.

Infraestructura local de televisión por cable

En siete Estados miembros (Bélgica, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Austria y Reino Unido) hay operadores que prestan servicios de telefonía vocal a través de la infraestructura de televisión por cable. En Irlanda está previsto que se comiencen a prestar estos servicios muy pronto. El número de operadores por país oscila entre uno (Austria) y veintisiete (España). El número de abonados varía de unos pocos miles a unos 200.000 en los Países Bajos y cinco millones en el Reino Unido.

Servicio universal, incluida la protección del consumidor

Al igual que el año pasado, no parece que haya muchas dificultades a la hora de prestar un servicio universal de calidad en el conjunto de la UE. La existencia de toda una gama de servicios de voz y datos en el mercado a precios competitivos -incluidas las tarifas de uso reducido en telefonía fija y móvil, los servicios de mensajes cortos en telefonía móvil y el acceso gratuito a Internet o la conexión a Internet a tarifa reducida- ha disipado cualquier duda que pudiera haberse suscitado al principio del proceso de liberalización con respecto a la disponibilidad de un servicio completo para toda la población. A medida que crece el mercado y el número de operadores, se manifiesta cierto interés por la posibilidad de repartir las obligaciones de servicio universal entre varios operadores, permitiéndoles optar a la prestación de un determinado servicio.

Los Estados miembros están obligados a garantizar la prestación de un conjunto de servicios mínimos a precios asequibles // Los únicos problemas que se observan en relación con la prestación del servicio universal están relacionados con la producción y distribución de una guía telefónica universal, que tenga un efecto en cadena sobre la calidad de los servicios de información sobre números de abonados. En Francia y Suecia, los problemas entre el operador preexistente y el resto de operadores han impedido disponer de una guía telefónica universal, lo cual es verdaderamente preocupante, dado el aumento del número de abonados que utilizan proveedores alternativos y la llegada inminente de la liberalización. En Alemania, los operadores critican los elevados precios que cobra el operador preexistente a sus competidores por acceder a su base de datos de abonados, aunque la autoridad responsable de la competencia ha aceptado la tarifa aplicada en un caso concreto. En Italia, por otra parte, en virtud de las condiciones de la fusión, el operador preexistente facilita el acceso de forma gratuita.

El coste neto puede repartirse entre los agentes del mercado si representa una carga no equitativa para el proveedor designado

Los planes nacionales de financiación deben ser objetivos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios // Desde el quinto informe, Italia ha decidido activar el mecanismo de financiación por el que los nuevos operadores deben contribuir con una aportación económica a sufragar los costes que ocasiona a Telecom Italia la prestación del servicio universal. Esto significa que son ya dos los Estados miembros que disponen de un mecanismo de financiación del servicio universal. En Francia, el importe de las aportaciones se redujo el año pasado, después de suprimirse el factor de reequilibrio de tarifas en el cálculo de los costes del servicio universal de France Telecom.

// En ambos países, el coste neto identificado de la prestación del servicio universal es insignificante en comparación con la facturación total del mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, si se compara con los beneficios de los nuevos operadores, ya no puede considerarse de este modo.

// Aunque las diferencias de coste entre Francia e Italia pueden explicarse en parte por las diferentes características de sus redes, condiciones geográficas y densidad demográfica, cada país aplica distintas normas y métodos de cálculo. Por ejemplo, los beneficios intangibles que se derivan de la prestación del servicio universal no se sustraen del resultado final en Francia. Los cuadros del anexo 3 ofrecen una comparación del resultado del cálculo en Francia e Italia. No sólo difieren los métodos de cálculo, sino también las normas relativas al reparto de la carga entre operadores. En Italia, los operadores cuya contribución potencial se cifra en menos del 1% del fondo total están exentos, con el fin de evitar que estas aportaciones se conviertan en una barrera al acceso al mercado, mientras que en Francia las aportaciones son sencillamente proporcionales a los volúmenes de tráfico. De este modo, parece ser que, aparte de las diferencias evidentes entre mercados nacionales, los distintos métodos de cálculo y financiación de los costes del servicio universal pueden situar a los operadores ante condiciones de incorporación al mercado notablemente diferentes.

// Otros siete Estados de la Unión contemplan la posibilidad de poner en marcha un mecanismo de financiación en el caso de que se considere que el coste de la prestación del servicio universal constituye una carga no equitativa, y está previsto que Grecia adopte medidas legislativas similares en breve. Desde el año pasado, cuatro de estos países (Grecia, España, Irlanda y Portugal) se afanan en estudiar si los costes asociados al servicio universal justifican la activación de un mecanismo de financiación. Bélgica ha aprobado un nuevo instrumento legislativo referente a la metodología de cálculo de dichos costes.

Intereses de los usuarios y consumidores

Todavía no se observan esfuerzos claros y sistemáticos a escala nacional para vigilar la protección de los consumidores y la defensa de los intereses del usuario en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. Aunque la actuación institucional varía de un país a otro, la coordinación entre las ANR y otros organismos responsables de la protección del consumidor parece dejar mucho que desear. Esto dificulta la tarea de discernir tendencias o problemas concretos a escala comunitaria, incluso en relación con los servicios y los indicadores de calidad del servicio cuyo uso exige el marco comunitario. En la medida en que los datos disponibles son comparables, todavía parece haber grandes diferencias entre Estados miembros en cuanto a la calidad de los elementos esenciales del servicio de telefonía fija, como el tiempo que se tarda en suministrar la conexión inicial, en reparar averías o en responder a las llamadas a los distintos operadores o a las consultas sobre números de abonados.

En el anexo 3 figuran cuadros que reflejan indicadores de calidad del servicio en los Estados miembros.

Resolución de conflictos / protección del consumidor

En nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal y Reino Unido) existe una oficina o agencia que atiende las reclamaciones de los consumidores en relación con las telecomunicaciones, a veces asociada a la ANR. Los demás Estados de la Unión suelen confiar a los organismos generales de protección del consumidor las cuestiones relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, a veces en estrecha colaboración con la ANR, como ocurre en Suecia. En algunos casos, es improbable que las agencias horizontales por sí solas tengan recursos suficientes para hacer frente a la complejidad y rapidez con que se suceden los cambios en los servicios de telecomunicaciones, en relación con las condiciones contractuales, los problemas de suministro o las cuestiones de tarificación.

Facturación

Uno de los instrumentos básicos para aumentar la confianza del consumidor es la facturación detallada. El marco comunitario vigente exige un nivel mínimo de detalle en la facturación sin coste adicional para el usuario y que este detalle se refleje en la factura de forma que pueda verificarse y controlarse el gasto devengado. La facturación detallada debe introducirse de manera gradual, primero como obligación para los operadores preexistentes y después, el 31 de diciembre de 2001, para todos los operadores.

En la mayoría de los Estados miembros (11 de 15), la factura normal no detalla el coste por llamada. Suele mencionar el coste (y a veces la duracion) del total de llamadas realizadas en las siguientes categorías: llamadas locales, provinciales, interprovinciales, internacionales, llamadas a móviles y conexiones a Internet. En España, Francia, Portugal y el Reino Unido, la factura normal detalla, por cada llamada, el número parcial o completo al que se ha llamado, la fecha, la hora de inicio (o final), la duración y el precio.

Sin embargo, en Alemania, Italia, Finlandia y Suecia se puede solicitar una factura detallada al operador preexistente sin cargo alguno. También es posible solicitarla, aunque tiene un coste adicional, en los otros siete Estados de la Unión (Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Austria).

En el anexo 3 figura un cuadro sobre los sistemas de facturación existentes en los Estados miembros.

Tarifas

Con respecto a la transparencia de las tarifas de telefonía fija y móvil, se observan pocos cambios desde la publicación del quinto informe. Tanto las organizaciones de consumidores como los operadores de telecomunicaciones son conscientes de que la tarifa plana va a ser un acontecimiento importante a lo largo del año que viene, tanto en servicios de telefonía como de Internet, pero existe una considerable incertidumbre respecto del modo de garantizar el control y la protección del usuario. Cada vez se aplica más la facturación por segundos, y éste parece ser el sistema más justo y transparente para el consumidor. Sin embargo, el establecimiento de llamada plantea problemas de transparencia, ya que se aplican diferentes precios, también en función de la distancia en una llamada internacional (Bélgica). Mientras continúe esta situación, los consumidores que no puedan acceder a información transparente con respecto al establecimiento de llamada tendrán que seguir solicitando información para comparar el coste de cada llamada.

Servicios de telefonía móvil, incluidos los móviles de tercera generación y los servicios de itinerancia

Evolución del mercado: las redes de telefonía móvil de segunda generación

El mercado de las telecomunicaciones móviles ha seguido creciendo vertiginosamente durante el último año. La penetración de los móviles ha aumentado un 63% de media en el conjunto de la UE (en términos de abonados por número de habitantes). El ritmo de crecimiento ha sido especialmente notable en Alemania y Grecia, donde el número de abonados se ha duplicado con creces a lo largo del último año. Esto indica que la penetración de los móviles tiende a igualarse en todos los Estados de la Unión, observándose un mayor crecimiento en los países donde la penetración era menor. En estos momentos, la penetración oscila entre el 39% de Bélgica y el 70% de Finlandia, con una media comunitaria del 55%.

Actualmente hay tres o cuatro licencias de segunda generación en todos los Estados miembros excepto en los Países Bajos (donde hay cinco concesionarios) y Luxemburgo (donde hay dos). El año pasado se otorgaron nuevas licencias o se iniciaron las actividades de nuevos operadores de redes de segunda generación (GSM o DCS) en Irlanda, Italia, Austria y Finlandia, con lo que las licencias nacionales de telefonía móvil ascienden a un total de 84 en el conjunto de la UE. Está previsto que en los próximos meses se adjudiquen nuevas licencias de este tipo en Dinamarca, España, Irlanda y Suecia.

Los precios que se cobran en la Unión Europea por los servicios de itinerancia internacional siguen siendo muy elevados. La Comisión estudia este problema en el contexto de un estudio sectorial realizado de conformidad con el artículo 12 del Reglamento CEE nº 17 de 1962. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que, entre 1997 y 2000, las tarifas del servicio de itinerancia nacional al por mayor eran muy diferentes entre Estados miembros, y probablemente más de lo que se justifica por las diferencias de costes. Además, se han registrado incrementos notables en las tarifas de itinerancia al por mayor. Como las tarifas de servicio al por menor se calculan agregando un recargo a las tarifas de servicio al por mayor, las tarifas al por menor también han aumentado, al contrario que las tarifas nacionales de telefonía móvil al por menor. Los operadores que menos cobraban en 1997 han aumentado sus tarifas gradualmente entre 1997 y 2000, mientras que los operadores que cobraban tarifas relativamente elevadas, las han reducido. Las tarifas de servicio al por mayor muestran una clara convergencia a un nivel globalmente más elevado durante el período examinado.

Los proveedores de servicios (es decir, los operadores autorizados a ofrecer servicios de telefonía móvil con su propia marca y a realizar sus funciones de marketing, facturación, etc., pero utilizando la red de un tercero) actúan en varios Estados miembros (en concreto, Dinamarca [1], Alemania [9], Luxemburgo [2], Finlandia [6], Suecia [3] y Reino Unido [47]), y es probable que este tipo de actividad aumente durante los próximos meses.

Desarrollos en el mercado de servicios de red suministrados a los radiodifusores

En muchos Estados miembros no se diferencia entre las licencias otorgadas a los organismos de radiodifusión televisiva y las otorgadas para operar con redes terrestres que realicen la transmisión de señales en las bandas de frecuencia en cuestión. Éstas últimas están, en algunos casos, cubiertas por las disposiciones de la legislación nacional sobre radiodifusión. En la mayoría de los Estados miembros, las sociedades que gestionan las redes han sido separadas jurídicamente de las sociedades que suministran el contenido.

Sin embargo, la duplicación de redes de difusión no es siempre económicamente viable incluso si, como ha ocurrido en algunos países como los Países Bajos, se han impuesto exigencias estrictas en lo relativo a la compartición de antenas. En un país de baja densidad de población como Finlandia, las redes de radiodifusión pueden constituir un monopolio natural, lo que puede generar preocupaciones respecto de las condiciones de acceso. Alemania es el único Estado miembro que aplica la misma reglamentación para las redes de radiodifusión y para las demás redes de comunicación (es decir, la exigencia de proponer una oferta de interconexión de referencia que debe ser aprobada con antelación por la ANR). En España, el Ministerio ha fijado tarifas máximas mientras que en Irlanda el Gobierno intervino también en 1990 para reexaminar las tarifas que RTE tenía intención de aplicar a la difusión de programas de la cadena independiente. En Portugal, las tarifas de acceso de Portugal Telecom forman parte de la "Convención de precios" aprobada por la ANR y la Autoridad de Competencia.

Planes nacionales de asignación de frecuencias

No se registran problemas importantes en relación con la gestión de los planes nacionales de asignación de frecuencias en general. Sin embargo, en Luxemburgo no se ha elaborado todavía ningún plan de este tipo y en Grecia e Italia se han detectado algunos problemas de transparencia. Italia tiene previsto modificar en breve su plan nacional en respuesta a la presión ejercida por los operadores para que se reorganicen las frecuencias asignadas a los servicios de segunda generación y hacer frente así al incremento de la demanda. Irlanda ya ha iniciado la revisión de su plan nacional de frecuencias.

Abandono gradual de los sistemas analógicos // Prosigue el proceso de abandono gradual de los sistemas analógicos que utilizan las bandas de frecuencias reservadas al sistema GSM. Tres países (Francia, Países Bajos y Portugal) completaron este proceso durante el año pasado y otros dos (Finlandia y Suecia) tienen previsto hacerlo a finales del año 2000. De los demás Estados miembros que todavía no lo han completado (Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, Italia, Austria y Reino Unido), Austria, Italia y España son los países que van a tardar más tiempo (2004, 2005 y 2007 respectivamente). En los demás países (Bélgica, Grecia y Luxemburgo), los servicios analógicos ya habían sido abandonados o no utilizaban frecuencias de las bandas en cuestión.

Concesión de licencias de tercera generación a partir del 1 de enero de 2000 para que el servicio pueda iniciarse el 1 de enero de 2002 // El proceso de adjudicación de licencias de telefonía móvil de tercera generación sigue su curso en toda la Comunidad. A 16 de octubre de 2000, cinco Estados miembros (Alemania, España, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido) ya habían otorgado tales licencias, y otros cinco (Bélgica, Italia, Austria, Portugal, Suecia) tenían previsto hacerlo para finales del año 2000. De estos últimos, Italia, Austria y Suecia tienen muy avanzados sus respectivos procesos.

// La Decisión sobre UMTS obliga a los Estados miembros a crear sistemas de autorización para las redes de tercera generación a más tardar el 1 de enero de 2000, a fin de garantizar la introducción progresiva y coordinada de estos servicios en su territorio a más tardar el 1 de enero de 2002. Para entonces, los titulares de las licencias deberán estar preparados para comenzar la explotación del servicio, pero no está claro que esto vaya a ser así en los países que no tienen previsto adjudicar las licencias hasta el año 2001 (Dinamarca, Grecia, Francia, Irlanda y Luxemburgo).

// Para adjudicar sus licencias de tercera generación, los Estados miembros han optado casi a partes iguales por el proceso de selección comparativa (concurso) y por el de licitación competitiva (subasta). Algunos han elegido un proceso híbrido en dos fases que contiene elementos de ambos sistemas. Siete países han optado por la subasta (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria y Reino Unido), mientras que los demás han elegido el sistema de concurso (España, Irlanda, Luxemburgo, Francia, Portugal, Finlandia y Suecia), excepto Grecia, que sigue estudiando el asunto.

// El marco reglamentario vigente en la UE (concretamente, las Directivas sobre concesión de licencias y servicios de telefonía móvil) permite a los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, elegir el procedimiento que desean utilizar para asignar el limitado espectro de frecuencias de que disponen para las redes de tercera generación, a condición de que cumplan los principios establecidos en las Directivas (concretamente, los de objetividad, no discriminación, proporcionalidad y transparencia). Además, tienen derecho a imponer cánones por el uso de recursos escasos, siempre que reflejen la necesidad de garantizar el aprovechamiento óptimo de dichos recursos, que no sean discriminatorios y que tengan en cuenta la necesidad de fomentar la competencia y el desarrollo de servicios innovadores. Si se cumplen estos requisitos, tanto el concurso como la subasta pueden ser compatibles con el derecho comunitario.

// Las cuantías alcanzadas por los cánones fijados en las subastas que se han realizado hasta la fecha (en especial en el Reino Unido y en Alemania), así como las diferencias existentes entre los distintos métodos utilizados, han dado lugar a un intenso debate en toda la Unión Europea, y algunos operadores se han quejado de que el proceso de adjudicación de licencias no se ha ajustado al derecho comunitario en algunos países.

// En la mayoría de los Estados miembros habrá por lo menos una licencia de tercera generación más que de segunda, lo que permitirá la entrada de un nuevo operador como mínimo en esos mercados nacionales. Esto no ha sido así en los Países Bajos, donde ya había cinco titulares de licencias de segunda generación. Dinamarca y Grecia todavía tienen que decidir cuántas licencias de tercera generación van a adjudicar.

Fomento de la itinerancia en la telefonía móvil de tercera generación [10] // La mayor parte de los Estados miembros tienen previsto permitir por ley la itinerancia nacional entre las redes de segunda y tercera generación, a fin de facilitar la creación de redes competitivas por parte de los operadores de tercera generación que no posean una red propia de segunda generación en el mismo territorio. Alemania y los Países Bajos no han previsto esta posibilidad en su legislación, sino que han dejado el asunto para la negociación comercial. Grecia, Irlanda y Luxemburgo siguen estudiando esta cuestión.

[10] De conformidad con la legislación sobre la libre competencia.

// Estas obligaciones de itinerancia nacional tendrán en su mayor parte una limitación temporal, que reflejará el período previsto para el despliegue de las redes de tercera generación. Normalmente sólo son aplicables a la itinerancia nacional entre redes de segunda y tercera generación, y no entre las propias redes de segunda generación. Sin embargo, Dinamarca e Italia han adoptado medidas legislativas que obligan a permitir la itinerancia nacional entre redes de segunda generación en determinadas circunstancias, mientras que en Suecia, un nuevo operador que recibiese una licencia combinada de segunda y tercera generación también tendría derechos de itinerancia nacional.

Tarifas

Los usuarios ya tienen que gastar menos en telefonía vocal fija, con independencia de la duración de la llamada y la hora del día a la que se realice. Entre agosto de 1999 y el mismo mes del año 2000, el gasto mensual medio en llamadas nacionales (locales, provinciales e interprovinciales) ofrecidas por operadores preexistentes cayó un 4,6% en el caso de los usuarios domésticos y un 10,5% en el de las empresas. Esto indica que, con respecto a los precios, estas últimas se han beneficiado más de la liberalización que los primeros, ya que los nuevos operadores tienden a lanzarse a los mercados más lucrativos, rebajando los precios en esos segmentos.

Deben eliminarse las restricciones al reequilibrio de las tarifas // Los datos demuestran que las tarifas se han reequilibrado en cierta medida en todos los Estados miembros, es decir, se ha reducido el coste de las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales y ha aumentado el de las llamadas locales y el alquiler de la línea. Entre 1997 y 2000, las llamadas nacionales de larga distancia (provinciales e interprovinciales) de 3 y 10 minutos bajaron alrededor de un 39%. Durante el mismo período, las llamadas internacionales bajaron un 32% para los usuarios domésticos y un 34% para las empresas, apreciándose una tendencia similar en ambos casos. También entre 1997 y 2000, las llamadas locales de 3 minutos subieron un 15% y las de 10 minutos un 7,5%. La fuerte subida de las llamadas de 3 minutos se debe a los cambios de los sistemas de facturación (véase más adelante) y al proceso de reequilibrio. La tendencia a fijar las tarifas en función de los costes ha dado lugar a pequeñas variaciones para el usuario final de un país a otro.

// En general, los precios son inferiores en los países que antes abrieron su mercado a la competencia o que tienen más operadores por número de habitantes.

Las tarifas de los operadores con PSM deben desglosarse y fijarse en función de los costes // Dos tercios de los Estados miembros consideran que las tarifas todavía no han llegado a la situación de equilibrio (véase el cuadro del anexo 1), aunque algunos afirman estar cerca. Sin embargo, sigue dudándose, con respecto a algunos Estados miembros, de que se haya completado el proceso de ajuste progresivo de las tarifas a los costes. Igualmente, algunos operadores preexistentes aseguran que el acceso todavía es deficitario o que el alquiler de la línea no cubre sus costes (Bélgica, España, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Suecia). Hasta la fecha no se ha puesto en marcha ningún programa de recuperación de este déficit.

// En otros Estados miembros (principalmente los que ya habían liberalizado sus servicios antes del 1 de enero de 1998), este asunto no parece causar grandes polémicas, al margen de si se cumple el principio de las tarifas basadas en los costes. Grecia ha obtenido una prórroga para instaurar la plena competencia y no está obligada a completar el reequilibrio de las tarifas hasta finales del año 2000. En su Comunicación sobre el desglose del acceso al bucle local, la Comisión indica que es probable que la posibilidad de reducir los márgenes sea mayor si las tarifas del operador preexistente no se han reequilibrado por completo para recuperar costes.

// En algunos Estados miembros, los nuevos operadores han expresado su preocupación por la diferencia existente entre las tarifas de los servicios al por menor y las cuotas de interconexión y su posible efecto de compresión de los precios (Francia, Bélgica y los Países Bajos; en estos dos últimos debido a la forma en que se han definido las áreas de tarificación), o por los descuentos que ofrecen los operadores preexistentes (España, Italia y Austria), o por las ofertas de paquetes de telefonía de voz y servicios avanzados y los descuentos sobre el precio combinado de las llamadas nacionales de larga distancia y el alquiler de la línea (Alemania). En el Reino Unido afirman que se ha producido un efecto de compresión en relación con la gama de precios máximos.

Se admiten las limitaciones de precios en relación con la obligación de servicio universal // En casi todos los Estados miembros se mantiene la regulación de las tarifas que se cobran a los usuarios finales por los servicios públicos de telefonía vocal. En Finlandia, los operadores pueden fijar libremente sus tarifas, aunque los operadores con PSM tienen la obligación de tarificar las llamadas locales en función de los costes. En Luxemburgo, las tarifas son establecidas libremente por los operadores sin ningún tipo de supervisión por parte de la ANR. Nueve países (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) han establecido un mecanismo de limitación de los precios para garantizar la asequibilidad de los servicios telefónicos, fomentar la eficiencia de los operadores preexistentes y, en algunos casos, favorecer un aumento adicional de los ingresos por acceso. En otros países (Grecia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria y Portugal), las autoridades autorizan de antemano las tarifas del operador preexistente aplicadas al usuario final; en algunos casos, este mecanismo se combina con un precio máximo. A medida que aumenta la competencia, los operadores preexistentes tienden a reclamar mayor flexibilidad en la regulación de las tarifas al por menor o la eliminación de los precios máximos (Dinamarca, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Suecia). Esta cuestión es actualmente objeto de estudio en algunos Estados miembros (Alemania, Suecia y Reino Unido). Los operadores preexistentes suelen responder al aumento de la competencia bajando los precios de los servicios que prestan a determinados grupos de clientes (es decir, ofreciendo descuentos especiales) o los precios de sus servicios que resultan más vulnerables a la competencia.

// La mayoría de los Estados miembros exigen que los operadores notificados en los mercados de telefonía vocal fija informen con antelación al público de los cambios de tarifas. El plazo de preaviso lo fijan las ANR y se observan grandes variaciones en los distintos países de la UE. En Francia se duda de la transparencia de los procedimientos establecidos para autorizar las tarifas.

En el anexo 3 se incluye un cuadro que ofrece una visión general del grado de regulación de las tarifas que se cobran a los usuarios finales en los distintos Estados miembros por los servicios públicos de telefonía vocal fija, incluido el grado de reequilibrio.

Contabilidad de costes

En el quinto informe se señala que la contabilidad de costes es una de las cuestiones más cruciales de la aplicación del marco regulador. Con arreglo al derecho comunitario, las ANR tienen la responsabilidad de velar por que los sistemas de contabilidad de costes de los operadores se ajusten a los fines de las directivas comunitarias. El derecho comunitario asigna explícitamente dicha responsabilidad a las ANR y establece que el cumplimiento de esta condición debe ser verificado por un órgano independiente especializado en la materia, como por ejemplo un auditor independiente. La Comisión debe velar por que se establezcan mecanismos apropiados para verificar dicho cumplimiento a escala nacional y controlar la instauración efectiva de los mismos.

Los principios de tarificación deben aplicarse a través de sistemas contables adecuados para determinar los costes de los servicios

La separación contable debe asegurar la transparencia de los servicios de interconexión de los operadores con PSM // Se aprecian algunos progresos tanto en la revisión de las cuentas de los operadores como en la definición de medidas de aplicación específicas a escala nacional. Sin embargo, se observa que el paso de los sistemas actualmente utilizados por la mayoría de los operadores preexistentes -que se desarrollaron en un entorno monopolístico- a modelos acordes con un mercado competitivo, resulta lento y difícil, aunque está previsto que en enero de 2001 se instauren en algunos países nuevos sistemas de contabilidad basados en costes actuales. Frente a estos aspectos positivos, en todos los Estados miembros menos uno (el Reino Unido) se sigue dudando de que se vayan a implantar sistemas de contabilidad de costes eficaces, operativos y adecuados para verificar la aplicación de los principios de transparencia, tarificación en función de los costes y separación contable, de modo que sea posible identificar todos los factores de coste y beneficio.

// En algunos países, esta cuestión sigue siendo bastante crítica, quizá debido a la incorrecta transposición de las disposiciones pertinentes al derecho nacional. En cuatro (Grecia, Luxemburgo, Austria y Finlandia) no se ha instaurado hasta la fecha ningún sistema de verificación del cumplimiento de ninguno de los aspectos señalados en el derecho comunitario, es decir, la telefonía vocal y la interconexión (véase el cuadro del anexo 1). En Finlandia, las autoridades consideran que existe una competencia efectiva en el mercado de telefonía vocal en los segmentos de llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales y que, por tanto, en esos ámbitos cabe flexibilizar el requisito de tarificación en función de los costes [11], así como la necesidad de verificar sistemáticamente el cumplimiento de la condición relativa a los sistemas de contabilidad de costes. En todos los demás Estados miembros se han realizado auditorías. Sin embargo, en cuatro de ellos (Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia), no parece que se haya publicado una declaración relativa a dicho cumplimiento (y evidentemente tampoco se ha publicado tal declaración en los cuatro países antes mencionados en los que no se ha establecido ningún sistema de verificación).

[11] De conformidad con el apartado 6 del artículo 17 sobre principios de tarificación y el apartado 1 del artículo 18 sobre contabilidad de costes de la Directiva 98/10/CE.

// Con respecto a las líneas arrendadas, en casi ningún Estado de la Unión se tiene la plena seguridad de que las organizaciones relevantes hayan instaurado un sistema de contabilidad que aplique los principios de transparencia y tarificación en función de los costes, ni de que las ANR guarden información suficientemente detallada sobre el sistema de contabilidad de costes utilizado por los operadores notificados. En un caso (Finlandia), las autoridades han decidido no aplicar el requisito de tarificación en función de los costes y de contabilidad de costes a las líneas arrendadas, ya que consideran que este segmento de mercado es competitivo [12].

[12] De conformidad con el apartado 4 del artículo 10 de la Directiva 92/44/CEE modificada.

// En varios Estados miembros, los nuevos operadores han expresado sus dudas respecto de la transparencia de los sistemas de contabilidad de costes y su preocupación por que no se hayan publicado los elementos que permitirían a los agentes del mercado comprobar si las cuotas se calculan de forma correcta y equitativa. El marco regulador obliga a permitir el acceso a una descripción de los sistemas de contabilidad de costes en la que se especifiquen, entre otras cosas, las normas aplicadas a la imputación de costes y las principales categorías en las que estos se agrupan. A este respecto, algunos países no permiten el acceso a esta información a petición de terceros (Francia, Italia, Luxemburgo y Finlandia). En otros casos, se limita el acceso a la información por razones de confidencialidad o se permite pero con cierto grado de agregación o en informes generales.

// El marco regulador no especifica un sistema concreto de contabilidad de costes. La Comisión recomendó a las ANR [13] que fijasen plazos para la implantación, por los operadores preexistentes, de un nuevo sistema basado en costes actuales y en actividades. Cuatro países han instaurado un sistema de este tipo (Alemania, Países Bajos, Austria y Reino Unido) y otros seis han fijado un plazo concreto para actualizar los sistemas contables (Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Irlanda, Italia). Los cinco restantes no han fijado plazo alguno (Francia, Luxemburgo, Portugal, Finlandia y Suecia).

[13] Recomendación de la Comisión de 8 de enero de 1998, DO L73, 12 de marzo de 1998, página 42.

// Además, con respecto a la tarificación de la interconexión, la Comisión [14] recomienda utilizar un modelo de cálculo LRAIC (costes incrementales medios a largo plazo). Sólo dos Estados miembros (Alemania y Reino Unido) aplican actualmente esta metodología. Sin embargo, se aprecia una moderada tendencia a utilizar cada vez más este sistema.

[14] Recomendación de la Comisión de 8 de enero de 1998 y Recomendación de la Comisión de 8 de abril de 1998, DO L141, 13 de mayo de 1998, página 6. En el considerando nº 10 de la Directiva 97/33/CE se establece que "las cuotas de interconexión basadas en un nivel de precios estrechamente relacionado con los costes incrementales a largo plazo de facilitar el acceso a la interconexión resultan apropiadas para estimular el rápido desarrollo de un mercado abierto y competitivo".

// Algunos Estados miembros vienen trabajando activamente en sus sistemas, y las ANR han establecido normas y directrices específicas en relación con el sistema de contabilidad de costes que debe utilizarse, por lo que se observan progresos en este aspecto. En algunos casos, las ANR han elaborado normas concretas en relación con la metodología de contabilidad de costes que deben utilizar los operadores de telefonía móvil notificados (es decir, los que se considera que tienen peso significativo en el mercado).

Líneas arrendadas

La Comisión no ha dejado de insistir en la importancia -sobre todo para conseguir servicios de Internet más baratos- de que las líneas arrendadas se instalen con rapidez a precios basados en los costes. A este respecto, la Comisión ha formulado una Recomendación [15] sobre la tarificación de las líneas de alimentación locales y ha iniciado un estudio sectorial de conformidad con el artículo 12 del Reglamento CEE del Consejo nº 17 de 1962.

[15] Recomendación de la Comisión de 24 de noviembre de 1999, C(1999)3863.

Los precios oficiales (sin descuento) han bajado notablemente desde agosto de 1997, es decir, tras la liberalización de las infraestructuras. Sin embargo, las rebajas son más limitadas en aquellos segmentos en los que las alternativas a la infraestructura del operador preexistente son escasas o inexistentes, en especial en el caso de las líneas de dos kilómetros. La situación general en el período citado es la siguiente:

-Líneas arrendadas nacionales de 64 kbit/s: del 20% al 25% de rebaja en los circuitos de 50 kilómetros y 200 kilómetros; alrededor del 15% en los circuitos de 2 kilómetros.

-Líneas arrendadas nacionales de 2 Mbit/s: alrededor del 30% de rebaja en los circuitos de 50 kilómetros y 200 kilómetros; alrededor del 20% en los circuitos de 2 kilómetros.

-Líneas arrendadas internacionales de 64 kbit/s: del 25% al 27% de rebaja en los circuitos de comunicación con los países comunitarios más próximos y más distantes; el 33% en los circuitos con Estados Unidos.

-Líneas arrendadas internacionales de 2 Mbit/s: el 25% de rebaja en los circuitos de comunicación con los países comunitarios más próximos y casi el 35% en los circuitos con los más distantes; más del 30% en los circuitos con Estados Unidos. Tras estas variaciones, el precio medio de los circuitos que comunican los países más lejanos de la UE se equipara al de las líneas con EE.UU.

El alquiler anual de las líneas, tanto nacionales como internacionales, varía notablemente de un Estado miembro a otro, especialmente en el caso de las líneas nacionales de 2 Mbit/s, que oscilan entre un tercio de la media comunitaria y el doble de dicho valor. En opinión de la Comisión, es poco probable que estas variaciones reflejen diferencias reales entre los costes subyacentes de estas líneas.

La diferencia entre los alquileres anuales de las líneas arrendadas nacionales e internacionales sigue siendo importante en la mayoría de los Estados miembros. En opinión de la Comisión, los costes subyacentes de las líneas nacionales de larga distancia y de las líneas internacionales con el país comunitario más próximo no deberían ser muy diferentes. De hecho, el alquiler anual de semicircuitos internacionales de 2 Mbit/s para comunicar con el país comunitario más próximo triplica el de las líneas nacionales de 200 kilómetros. No obstante, las líneas arrendadas nacionales son considerablemente más baratas en la UE que en Japón (NTT). Las líneas de corta distancia de 64 kbit/s y 2 Mbit/s son en general más caras en la UE que en EE.UU., mientras que las de larga distancia parecen ser, en promedio, más baratas.

Todos los datos anteriores se basan en precios oficiales; los precios reales que se cobran a los usuarios dependen de una gran variedad de descuentos, que en el caso de las líneas nacionales pueden suponer rebajas de hasta el 35% sobre los precios publicados. Además, a menudo se aplican precios especiales para cada caso.

Con respecto a las líneas de alta velocidad, cada vez son más los operadores preexistentes que publican precios para estos servicios, especialmente en el caso de las líneas nacionales de 34 Mbit/s, que existen ya en dos tercios de los Estados miembros. La disponibilidad de información pública de precios es más limitada en el caso de las líneas arrendadas de 155 Mbit/s y de las líneas internacionales de 34 Mbit/s (operadores preexistentes en unos siete a nueve países) y extremadamente limitada en el caso de las líneas internacionales de 155 Mbit/s (operadores preexistentes de sólo dos o tres países). El año pasado, los precios de las líneas arrendadas nacionales de 34 Mbit/s bajaron entre un 10% y un 15%, según la distancia.

Aunque las tendencias mencionadas invitan al optimismo -a pesar de la deceleración del ritmo general de reducción de los precios a lo largo del año pasado-, en algunos países han comenzado a surgir problemas relacionados con los plazos de instalación, en especial en el caso de las líneas locales de alimentación de 2 Mbit/s y 64 kbit/s. Según los nuevos operadores, las razones son variables: desde los acuerdos asimétricos impuestos por los operadores preexistentes hasta la falta de competencias de los reguladores para imponer sanciones. En muchos casos, parece no existir discriminación de los nuevos operadores frente a la filial del operador preexistente, pero el hecho es que, ante una nueva oportunidad de negocio, son los primeros quienes tienden a perderla en beneficio de esta última. Un nuevo operador ha calculado que sus pérdidas, en términos de ingresos directos, ascienden a un millón de euros en dos Estados miembros y a una cifra de ocho a nueve millones de euros en toda Europa. Se considera que el efecto es muchas veces mayor en términos de pérdida de negocio repetido.

Otros problemas que sufren los nuevos operadores en algunos países son la falta de acuerdos sobre niveles de servicio con los operadores preexistentes o, si existen, su falta de aplicación legal. Además, los nuevos operadores se enfrentan al problema, por lo menos en uno de los Estados miembros (los Países Bajos), de que si son ellos los que se retrasan en aceptar la instalación, entonces pasan al último lugar de la lista de espera.

Numeración

Los nuevos operadores consideran que la plena implantación de los servicios de selección y preselección del operador y portabilidad del número es indispensable para lograr la plena liberalización del mercado. En concreto, la preselección del operador es para ellos la forma más fácil de llegar al usuario final de los servicios de telefonía vocal. A este respecto, es esencial que la legislación nacional permita que los nuevos operadores oferten todos los servicios de preselección del operador, en particular las llamadas locales, provinciales, interprovinciales e internacionales y las llamadas a móviles. No deben ser los operadores preexistentes quienes decidan si un determinado servicio puede ser económicamente atractivo para los nuevos operadores, ya que estos necesitan poder prestar toda la gama de servicios a sus clientes.

La importancia de estos servicios se demuestra por el hecho de que casi todos los Estados miembros a los que se había permitido aplazar la plena liberalización de sus mercados de telecomunicaciones, y que por lo tanto también habían aplazado el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la preselección del operador y la portabilidad del número, han decidido poner estos servicios en marcha antes del plazo fijado (España, Irlanda y Portugal).

Selección del operador desde el 1 de enero de 1998 // En todos los Estados miembros, salvo Grecia, se puede seleccionar el operador en cada llamada provincial, interprovincial e internacional [16]. En las llamadas a móviles, esta posibilidad existe en todos los Estados de la Unión menos Finlandia, y en las llamadas locales sólo en siete países (Dinamarca, Irlanda, Italia, Países Bajos, Austria, Suecia y Reino Unido). De los siete que todavía no permiten seleccionar el operador en llamadas locales, Bélgica y España tienen previsto hacerlo en noviembre de 2000 y Portugal el 1 de enero de 2001.

[16] COM(1999)539. Grecia tiene previsto introducir la plena liberalización el 1 de enero de 2001.

Preselección del operador para todas las llamadas desde el 1 de enero de 2000 // La preselección del operador en llamadas nacionales de larga distancia y llamadas internacionales es posible en casi todos los Estados miembros. En las llamadas a móviles, esta posibilidad existe en diez países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Suecia). En Bélgica está prevista para finales del 2000. En las llamadas locales, este servicio existe en tres países (Dinamarca, Irlanda e Italia) y en otros tres (Países Bajos, Austria y Suecia) está disponible si se marca el código provincial. De los países que todavía no han introducido el servicio, Bélgica y España tienen prevista su puesta en marcha para noviembre del 2000.

// La marcación automática existe en Portugal (para llamadas nacionales) y en el Reino Unido.

// Las ANR han establecido plazos de entrega para los consumidores que varían considerablemente. En siete Estados miembros no se han fijado plazos, mientras que en Francia el plazo máximo está establecido en 72 horas.

La tarificación de la interconexión con preselección del operador debe orientarse en función de los costes. Los precios para los consumidores no deben ser disuasorios // La cuota de interconexión con preselección del operad