A4-0384/96

Resolución relativa al estudio de la Comisión sobre estrategias alternativas para el establecimiento de relaciones en materia de agricultura entre la UE y los países asociados con vistas a la futura adhesión de estos últimos (Documento estratégico de agricultura) (CSE(95)0607 - C4-0023/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el estudio de la Comisión (CSE(95)0607 - C4-0023/96),

- Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las opiniones de la Comisión de Política Regional y de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0384/96),

A. Considerando que, tras la decisión del Consejo Europeo de Copenhague de 1993, los países asociados de la Europa central y oriental pueden convertirse en miembros de la Unión Europea si cumplen determinados requisitos, y en vista del hecho de que, en diciembre de 1994 y en julio de 1995, el Consejo Europeo confirmó dicha decisión en Essen y en Cannes resolvió adoptar una estrategia para acercar los PECO a la Unión Europea, subrayando que, mediante la adhesión de los países europeos asociados, se fomenta la estabilidad y la paz en el continente europeo»,

B. Visto el mandato incluido en el artículo A del Tratado de la UE, que prevé «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa» y el preámbulo del Tratado CE, que invita «a los demás pueblos de Europa» a asociarse a dicho esfuerzo de consolidación,

C. Sabiendo que la Cumbre de Copenhague de 1993 estableció como requisitos decisivos para la adhesión la existencia de un ordenamiento democrático y de un Estado de Derecho en un marco de estabilidad institucional y, al mismo tiempo, exigió una economía de mercado viable, que pueda funcionar dentro del mercado único, así como la evidente disposición a asumir todos los restantes deberes que entraña el hecho de ser Estado miembro,

D. Sabiendo que una ampliación de la UE de los Quince con diez países de la Europa central y oriental aumenta la superficie total de la Unión en un tercio, es decir, en 1,1 millones de km2; que actualmente existen diferencias considerables en términos de poder económico y nivel de vida, y que el producto interior bruto de los PECO sólo alcanza en la actualidad un 3%, aproximadamente, del poder económico de la UE,

E. Considerando el hecho de que, tras la adhesión de los PECO, la superficie agrícola cultivada de la Unión Europea se incrementará en un 44% y que la superficie agrícola cultivable en un 55% y que el número de consumidores crecerá en 106 millones hasta casi 500 millones, y que la agricultura desempeña en los PECO un papel considerablemente mayor que en la UE de los Quince, lo que se refleja en que sólo el 6%, aproximadamente, de la población activa de la Unión trabaja en la agricultura, produciendo el 2,5% del PNB, mientras en los diez PECO lo hace, por término medio, el 25% de la población activa, que produce el 8% del PNB,

F. Consciente de que, antes de la transición, las superficies agrícolas -con las excepciones de Polonia y Eslovenia- estaban por entero en manos de cooperativas o del Estado, que su transferencia a la propiedad privada progresa a ritmos diferentes, se produce de diversas formas (explotación en propiedad, fincas en arrendamiento, sociedades anónimas, sociedades estatales), y conduce a una fragmentación más o menos importante de las propiedades y de las estructuras agrícolas, lo que puede retrasar la formación de una «unidades eficaces»,

G. Considerando el hecho de que es aún reducido el número de las empresas de transformación que han alcanzado ya un nivel comunitario y cuentan con los correspondientes certificados,

H. Informado de que, en el sector agrícola de los PECO, al no haber concluido aún la transformación y debido a las inciertas perspectivas de beneficios, no se conceden créditos privados sino con vacilaciones y, en consecuencia, es necesario adoptar ayudas y programas estatales de crédito, sin los cuales la estabilización general del sector agrícola sufriría un gran retraso,

I. Considerando el hecho de que, en algunos países, la agricultura sirve hoy en día aún de «amortiguador» para la situación del empleo durante la reestructuración de la industria, lo que ha conducido al surgimiento de pequeñas explotaciones y dificulta la necesaria modernización de la agricultura,

J. Sabiendo que, en los PECO, los precios han aumentado de modo considerable, tras la transición, por la desaparición de las ayudas masivas a los precios de los alimentos, y que entre el 30% y el 60% de los ingresos familiares se destina a la adquisición de alimentos, aunque la mayor parte de los precios de los productos alimentarios sigue siendo inferior a los de la Unión Europea,

K. Teniendo en cuenta el superávit de exportaciones que registra hasta la fecha el comercio agrícola de la Unión Europea con los diez PECO (aumento en 1994 superior a 3.000 millones de ecus), el persistente aumento de las exportaciones a dichos países (aumento en 1994 del 7,7% hasta alcanzar unos 12.000 millones de ecus) y los esfuerzos de los PECO por fomentar la exportación de sus productos agrarios pese a las dificultades que encuentran para cubrir sus propias necesidades debido a la caída de producción producida tras la transición, y las dificultades para encontrar el suficiente número de socios comerciales en la Unión, es posible que en el futuro, mediante la utilización de técnicas mejores, estos países logren aumentar su producción por encima del nivel de autosuficiencia,

L. Teniendo en cuenta la importancia que tiene para los consumidores de la Unión el alto nivel de las normas vigentes en el ámbito de la higiene alimentaria, los controles veterinarios y las cuestiones fitosanitarias, y el hecho de que las epidemias pueden tener repercusiones ruinosas tanto para los productores, como para los consumidores,

M. Considerando que, en todas las regiones de la Unión, el medio rural está cada vez más afectado por la recesión económica, la despoblación, el aumento del paro y la insuficiencia de los servicios, así como por la reducción de las infraestructuras de educación y de formación profesional;

N. Recordando que los agricultores europeos cumplen, con sus actividades y su presencia en el territorio, una función económica, también de cara a la exportación, así como una función social, ya que cultivan la tierra, organizan el espacio y protegen el medio ambiente y dan vida al campo,

O. Consciente de que, en consecuencia, el desarrollo, la estructura y el potencial de la agricultura de los países candidatos constituyen criterios importantes, aunque no prioritarios, en lo referente a la fecha de su adhesión a la Unión y que un juicio global debe tener en cuenta asimismo los criterios antes citados de la Cumbre de Copenhague,

P. Informado de que la Comisión sometió a los PECO un «cuestionario» relativo a todos los ámbitos de la economía y cuyas respuestas que quedaron concluidas a finales de 1996, le permitirán formular una opinión sobre la adhesión,

Q. Informado de que la Unión Europea y sus Estados miembros facilitaron a los PECO en el período de 1990 a 1994 un total de 38.745 millones de ecus y son ya los principales donantes para la modernización de la economía, habiéndose concedido en el sector de la agricultura 578 millones de ecus en el marco del programa PHARE,

R. Considerando la opinión de la Comisión de que no se han alcanzado todos los objetivos de la reforma de la PAC y que, por consiguiente, es necesario hacer evolucionar la PAC en un sentido de profundización de esta reforma independientemente de la integración de los PECO; que, en el seno de la Unión, debe aplicarse de modo intensificado una política integrada «para el fomento del desarrollo rural», debiendo crearse nuevas fuentes de ingresos «alternativas o complementarias» a la actividad agrícola tradicional,

S. Haciendo referencia a la opinión de la Comisión de que la simplificación de la política agrícola constituye un objetivo que debe perseguirse activamente,

T. Sabiendo que a largo plazo la Comisión tiene intención de elaborar una estrategia más centrada sobre el mercado y la competitividad, de separar política de mercado y medidas de apoyo a las rentas, reducir la diferencia entre el nivel interior de los precios y los precios del mercado mundial y limitar, en la medida que sea posible, las consecuencias negativas sobre los ingresos mediante medidas de acompañamiento como la creación de ingresos complementarios mediante el empleo y la remuneración de los agricultores como «prestatarios de servicios ecológicos» y mediante la explotación de materias primas renovables y de la biomasa;

U. Informado de que la Comisión piensa centrar su opción de desarrollo en la conservación del entorno rural así como en un papel multifuncional del agricultor,

V. En vista del hecho de que es inminente una revisión de los Fondos estructurales, que se extinguen en 1999, que comienza al mismo tiempo la revisión de los acuerdos del GATT, que expiran, tras una «época pacífica», el año 2003 a más tardar, y que el sistema de financiación de la Unión Europea sólo está fijado hasta el año 1999,

W. Informado del hecho de que, tras la integración de los PECO, el PNB medio disminuirá y, con ello, se reducirá también el número de regiones de la UE de los Quince que cabe considerar como regiones del objetivo 1 (con un PNB inferior al 75% del promedio comunitario),

X. Señalando que la Comisión no ha presentado aún ninguna propuesta concreta sobre el modo de aplicar la nueva orientación de la Política Agrícola Común, básicamente acertada, y que la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo en lo referente a esta importante cuestión se resiente cuando todo queda en declaraciones generales de intención,

Fundamentos de la integración de los PECO

1. Opina que, sólo tras una renovación integral y un reforzamiento del fundamento político y democrático de la Unión Europea, que constituyen el objetivo de la Conferencia Intergubernamental que acaba de comenzar, podrá resultar fructífera para ambas partes la deseada integración de los PECO;

2. Señala que la situación agrícola en los diversos PECO no es homogénea y justifica un planteamiento diferenciado, prudente y cauto en las negociaciones de ampliación y que la definición de las medidas y de los períodos de transición tras la integración debe tener en cuenta la situación concreta en cada uno de los países asociados;

La ampliación de la UE y la Política Agrícola Común

3. Opina que en los próximos años se producirán una serie de acontecimientos que influirán considerablemente en el ámbito agrario y que la PAC debe tener en cuenta estos acontecimientos; se trata del previsible aumento de la demanda de productos agrarios en el mercado mundial, las exigencias de la sociedad industrial moderna a la agricultura por lo que se refiere a la calidad de los productos y a una explotación ecológica de la tierra, el comienzo de la próxima ronda de negociaciones en el marco de la OMC y el nuevo marco financiero del presupuesto comunitario que se establecerá a partir de 1999;

4. Pone de relieve que antes de cualquier modificación de la PAC deberá procederse a un análisis riguroso de las consecuencias de la aplicación de la reforma de la PAC de 1992 y de la conclusión de las reformas de las OCM de los sectores no reformados, de acuerdo con los principios orientadores de 1992 y el Consejo Jumbo de 1993, teniendo en cuenta también las características específicas de los distintos sectores y los retos económicos a que se enfrentan y que todo proceso de simplificación no puede implicar una renacionalización de los mecanismos de intervención y de apoyo de la PAC;

5. Considera que, antes de que concluyan las negociaciones con los países candidatos deberán establecerse los fundamentos de la reforma de la PAC con objeto de que estos países puedan tomar una decisión sobre la adhesión conociendo previamente la futura política agraria;

6. Subraya que la opción de la evolución de la PAC según el modelo de «desarrollo del enfoque de 1992" debe evaluarse de forma más cuidadosa, que deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias entre las situaciones agrarias y climáticas en la UE y los PECO y basarse en los principios originales que orientaron la reforma de la PAC en 1992; por eso, considera manifiestamente insuficiente el enunciado de la llamada opción 3 de «desarrollo del enfoque de 1992" para las modificaciones que se deben realizar en el marco de la actual PAC, teniendo en cuenta que dichas modificaciones no deberán acarrear nuevos problemas y crisis para las agriculturas comunitarias y el mundo rural europeo;

7. Considera indispensable que los países candidatos compartan con la Unión Europea una misma visión de Europa y de sus objetivos y que sean conscientes de que se comprometen en el marco de una verdadera política agrícola común;

8. Solicita que se continúe la política de cohesión en las regiones más pobres de un modo concentrado desde un prisma geográfico y temático, de forma que el volumen de las ayudas a las regiones individuales se vincule a la posibilidad y a la disposición del Estado miembro en cuestión por lo que se refiere a la cofinanciación y que siga considerándose natural la solidaridad con las regiones desfavorecidas de los Estados miembros más ricos;

9. Pide que la ampliación no ponga en tela de juicio el nivel actual de apoyo concedido al sector agrícola por el Acuerdo de la Ronda Uruguay ni tenga influencia negativa en la competitividad de la agricultura europea;

10. Considera asimismo que las consecuencias de una adhesión de los países de la Europa central y oriental para la PAC no pueden analizarse debidamente sin tener en cuenta las incidencias que comportará el establecimiento de una zona de libre mercado con los países del Magreb y de Mercosur;

11. Constata que la Política Agrícola Común reformada en 1992 ha alcanzado un éxito importante con la reducción de los excedentes de producción y la estabilización de los rendimientos pero que al mismo tiempo ha ahogado la iniciativa del empresario agrícola mediante una excesiva proliferación de normas;

12. Recuerda que la profusión de normativas aumenta e impone al empresario agrícola engorrosos trámites burocráticos, que han de computarse en la empresa como factor de coste adicional;

13. Pide, por ello, que la adhesión de los PECO no debilite la Política Agrícola Común sino que ésta siga permitiendo a la agricultura europea:

- conservar sus rasgos fundamentales, es decir, una estructura agraria basada en las explotaciones familiares y la ocupación armoniosa del territorio por parte de los agricultores,

- continuar desarrollando su importante papel en la economía y en el mundo rural,

- mantener el lugar que le corresponde en el mercado mundial y

- contribuir a la profundización de la Unión;

14. Considera, sin embargo, que es absolutamente necesario estudiar las consecuencias de las nuevas adhesiones para la PAC antes de que se lleve a cabo la ampliación;

15. Considera decisivo para permitir la adopción de las diferentes estrategias de integración que se profundicen los estudios y los análisis cuantitativos, individuales y desagregados de los impactos económicos a nivel regional y global y de los impactos sociales derivados de los procesos de integración de los diferentes PECO, tanto en la UE como en cada uno de esos países; en consecuencia, es indispensable un profundo debate sobre la ampliación que englobe un conjunto vasto de participantes, principalmente interlocutores sociales y organizaciones representativas de los agricultores de los distintos Estados miembros;

16. Pide en este contexto, que se estudien y cuantifiquen igualmente todas las incidencias resultantes de la aplicación de lo acordado en la Ronda Uruguay y del desarrollo de los acuerdos de libre comercio;

17. Constata que a largo plazo se prevé que en el mercado mundial se registre un aumento de la demanda de productos alimenticios, lo que exige una modificación de la Política Agrícola Común de modo que sus agricultores puedan participar activamente en un mercado mundial de expansión y con un mayor poder adquisitivo;

Política agraria y subsidiariedad

18. Pide que política agraria de la UE respete el principio de la subsidiariedad; que continúen respetándose los principios de la Política Agrícola Común, es decir, la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria y la unidad del mercado;

19. Pide que se examine en qué medida pueden organizarse a escala regional, de conformidad con el principio de subsidiariedad, determinados sectores de la Política Agrícola Común, como la política de subvenciones destinada a fomentar valores específicos en relación con el paisaje y la naturaleza; rechaza, no obstante, una renacionalización de la política de precios e ingresos, ya que distorsionaría la competencia en el seno de la Unión;

20. Pide que la aplicación de la Política Agrícola Común se regionalice en gran medida conforme al principio de la subsidiariedad y de la cohesión y que, en el futuro, las instancias comunitarias fijen únicamente el marco político y económico vinculante, que los Estados miembros desarrollarán, respondiendo de ello ante dichas instancias;

Codecisión del Parlamento Europeo

21. Solicita que se reconozca al Parlamento Europeo el pleno derecho de codecisión también en el ámbito de la Política Agrícola Común;

Política rural

22. Subraya que, en la necesaria revisión de los Fondos estructurales y de la Política Agrícola Común ha de tenerse más en cuenta el hecho de que los problemas sociales, económicos y ambientales tienen casi siempre varios motivos y tienen que Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de In con los más diversos ámbitos políticos, como las políticas social, económica, agrícola, regional, ambiental y de transportes, lo que es cierto en particular para el «espacio rural»;

23. Opina que, en el futuro, la política agraria de la UE debe dirigirse aún más a conciliar los requisitos de una producción alimentaria que garantice la subsistencia y la conservación de la función económica y ecológica del espacio rural, contribuyendo así a la conservación sostenible de la viabilidad del entorno rural y señala que, en las actuales circunstancias, la producción agrícola y alimentaria no puede compensar, más que en un grado muy limitado, mediante precios de mercado más elevados, los costes adicionales derivados de diversas normas ambientales y limitaciones de producción necesarias desde el punto de vista ecológico;

24. Constata que, por consiguiente, una mayor orientación de la política agrícola comunitaria a la región respectiva y su especificidad debe conducir a mantener y garantizar una producción de alimentos de calidad, con su correspondiente transformación y comercialización, que asegure al mismo tiempo los puestos de trabajo, fomentando los mercados regionales en los que consumidores y consumidoras están dispuestos a valorar el especial valor social y ecológico de dichos alimentos;

Gestión durable

25. Considera que sólo una gestión durable del espacio rural permitirá satisfacer las exigencias anteriormente mencionadas y que la noción de «durabilidad» no puede reducirse a un respeto del medio ambiente en sentido estricto, que únicamente tendría en cuenta las incidencias sobre el suelo, el agua y la atmósfera;

26. Insiste en que esto presupone una visión global de las cosas que, además del sector de la producción propiamente dicho, abarca parámetros sociales, culturales y éticos; subraya que una agricultura durable requiere menos energía y recursos; estima finalmente que una gestión durable tiene por objeto preservar y desarrollar los fundamentos de la economía, así como el marco de vida, y por lo tanto garantizar el porvenir de las generaciones futuras;

Ingresos adicionales en concepto de prestaciones ecológicas y producción energética respetuosa con el medio ambiente

27. Solicita que el trabajo realizado por el agricultor en el ámbito del medio ambiente y del mantenimiento de los paisajes sea remunerado consecuentemente, en calidad de servicio concreto realizado por el agricultor, de modo que se cubran los costes, teniendo en cuenta las características específicas regionales;

28. Estima que esto debería permitir en el futuro al agricultor combinar las funciones de productor de productos alimenticios con las de «prestatario de servicios ecológicos», función que debería estar situada en un plano de igualdad con la de «prestatario de servicios sociales» en el seno de la sociedad;

29. Solicita, no obstante, que se defina con precisión qué función se supone que asume concretamente este tipo de agricultura de carácter social durable y ecológico en cada región, sabiendo que la remuneración de las funciones que ejerce el «prestatario de servicios ecológicos» sólo estará justificada a los ojos de la opinión pública si se aplica a tareas concretas de las que el ciudadano pueda darse cuenta por sí mismo;

30. Subraya, sin embargo, que la preservación y configuración del paisaje rural es resultado de la actividad agrícola en sí, por lo que debe evitarse una disociación de la producción de alimentos y las prestaciones en concepto de mantenimiento del paisaje rural;

31. Pone de relieve que en el futuro se seguirán perdiendo puestos de trabajo en la producción agrícola tradicional; solicita que se conserve o se incremente el número de puestos de trabajo en el entorno rural mediante el fomento de posibilidades de trabajo alternativas; considera que la diversificación de las posibilidades de obtención de ingresos en la agricultura, como la producción de biomasa, la utilización alternativa de edificios de explotación vacíos y las diversas formas de comercialización directa, constituye una posibilidad para conservar puestos de trabajo en el sector agrícola; destaca, no obstante, que deben crearse otros puestos de trabajo además de los de la agricultura con objeto de garantizar la estabilidad del mercado de trabajo en el entorno rural, puesto que las técnicas modernas de información y unas mejores comunicaciones permiten que las condiciones de vida en las zonas rurales sean buenas y permitan ofrecer puestos de trabajo;

Política de calidad y etiquetado de productos alimenticios

32. Pide a la Comisión que instituya unos instrumentos (creando por ejemplo, una etiqueta europea de calidad) que sirvan para informar a los consumidores de los esfuerzos realizados por el sector agrario por el medio ambiente y la ecología y que el consumidor tenga la posibilidad de verificar;

33. Exige que la producción de alimentos en general se rija más que hasta ahora por parámetros de calidad tales como una certificación integral de origen, sobre todo en los alimentos de origen animal, un control de calidad y origen completo, unos métodos de cría adaptados a los animales y una explotación sostenible de las superficies de uso agrícola, y que los alimentos cuenten con el correspondiente etiquetado informativo, dado que dichas cuestiones han adquirido una importancia creciente para los consumidores;

34. Pide que se proceda a una reforma agrícola «ecológica», con objeto de evitar que la producción, la utilización y la exportación de materias primas renovables se conviertan a largo plazo en tributarias de una política de ayuda fundada sobre los ingresos fiscales; pide asimismo una aplicación más rigurosa de la legislación sobre el bienestar de los animales, tanto durante la cría como durante el transporte, con objeto de evitar condiciones de transporte crueles;

Comercio mundial

35. Opina que en las futuras negociaciones del GATT no deben negociarse únicamente reducciones arancelarias y eliminación de obstáculos comerciales, sino que en estas negociaciones deberá tratarse también la legislación en materia de medio ambiente, el principio de la explotación sostenible y determinados abusos sociales que llevan a una competencia desleal;

36. Llama la atención sobre el hecho de que la demanda creciente de productos alimenticios en los mercados mundiales constituye una oportunidad importante que hay que aprovechar para salvaguardar la parte del mercado que corresponde a los productos de la Unión;

Fundamentos de la adhesión a la UE

37. Pide que se proporcione a los futuros Estados miembros desde un principio una información exhaustiva y cooperativa sobre las reformas que se requieren en el seno de la Unión, de forma que puedan prepararse por su parte para el cambio y adaptar en su caso, sus normas;

38. Reconoce que los contactos habidos hasta la fecha a nivel medio e inferior han sido múltiples y fructíferos, pero critica que el «diálogo estructurado» a nivel gubernamental rara vez supere el intercambio de declaraciones no vinculantes, pese a que también a alto nivel se requiere una deliberación concreta de las dificultades que surgen precisamente en la fase de preadhesión, para suprimir confusiones y evitar decepciones; por otra parte, es indispensable facilitar y multiplicar los contactos entre las administraciones y las organizaciones profesionales de los países candidatos y de los países de la Unión Europea, contactos que son decisivos en la preparación y el éxito de la integración;

39. Insiste en que la Comisión debería dar forma concreta, en cuanto sea posible, a su concepto de una política regional y una política agrícola común reformadas, de manera que los PECO pudieran familiarizarse de entrada con los nuevos principios, mencionados anteriormente, de la política regional, en particular en lo que concierne a la «política del espacio rural» y a la «durabilidad»;

40. Subraya que también en una Unión más amplia ha de haber una Política Agrícola Común, en la que se integren las respectivas políticas agrarias nacionales, y que, por tanto, debe seguir existiendo una financiación común y un control de gastos por parte de las instituciones de la UE;

41. Pide que el sector agrario de los candidatos a la adhesión se evalúe conjuntamente con todos los restantes ámbitos con arreglo al catálogo de criterios presentados en Copenhague y que, a este respecto, se tenga en cuenta que no basta con asumir de un modo puramente formal los requisitos necesarios, sino que se requiere una penetración viable y duradera a todos los niveles;

42. Considera que los países de la Europa central y oriental tienen menos necesidad de precios elevados o de ayudas compensatorias para sus agricultores, que de una asistencia a la reestructuración, la modernización y la diversificación de su capacidad de producción en el sector agrario y, tanto por lo que se refiere a la producción como a la transformación, a la mejora de sus infraestructuras rurales;

43. Pide, por lo tanto, a la Comisión que favorezca la aplicación de una política agraria en los países de la Europa central y oriental que impida un incremento de los precios interiores de los productos alimenticios insoportable para la renta de los hogares, pero que vele al mismo tiempo por que dicha política no origine una disminución masiva de los empleos en este sector de producción;

44. Reconoce que una estrategia social y ecológica de ampliación requerirá unos mecanismos que garanticen un nivel aceptable de cobertura de costes mínimos de modo que las mercancías que se importen a la UE se traten con arreglo a los precios comunitarios y se evite un dumping social y ecológico;

Coste de la integración de los países de la Europa central y oriental

45. Advierte del peligro de seguir presentando estimaciones basadas en la suposición descartada de que el actual sistema de los Fondos estructurales y de la Política Agrícola Común puede transferirse sin reforma previa a los nuevos Estados miembros, y pide a la Comisión que presente lo antes posible una evaluación de los costes que tenga en cuenta la evolución de los mercados y de la Política Agrícola Común, así como de los mecanismos de asignación de los recursos de los Fondos agrícolas;

46. Destaca que, en todos los cálculos de costes de la integración, también deben tenerse presentes los costes y problemas que ocasionaría la no integración en numerosos ámbitos;

47. Entiende que el sector agrícola es un sector de gran sensibilidad económica y social, por lo que pide que todas las decisiones en esta materia, en particular, en el contexto de las ampliaciones, se sustenten en una aclaración previa del marco de las futuras perspectivas financieras.

48. Opina que los empresarios agrarios de los PECO pueden asociarse en mayor medida en cooperativas de producción y comercialización de sus productos, con el fin de defender mejor sus intereses económicos frente al sector comercial; que, por este motivo puede reforzarse también la competitividad de los sectores económicos de transformación; que en este marco cabe pensar en la concesión por parte de las instituciones europeas competentes de, por ejemplo, subvenciones a la inversión y a los intereses para la financiación inicial de esta mejora de la producción y la comercialización;

Normas comunitarias en los ámbitos veterinario, fitosanitario y alimentario

49. Solicita que en las inminentes negociaciones de equivalencia entre la Unión de los Quince y los PECO se fijen una serie de normas comunitarias inamovibles en los ámbitos de la higiene alimentaria, y los controles veterinarios y fitosanitarios, pues la protección de los consumidores y productores frente a epidemias de todo tipo es de importancia decisiva y las posibles deficiencias de la higiene alimentaria y de los controles y requisitos veterinarios pueden conducir a pérdidas de venta masivas que amenacen la subsistencia de las empresas; pero en ningún caso se pueden destruir los resultados de los enormes esfuerzos realizados por los productores comunitarios desde hace varias décadas, esfuerzos que les han permitido alcanzar prestaciones de un alto nivel en el ámbito veterinario y sanitario;

50. Aboga por que se establezcan pautas comunitarias para las normas de higiene de los PECO, para que dichos países puedan proceder con rapidez, con ayuda económica de la Unión, a instalar y gestionar de modo efectivo sus sistemas de control en la nueva frontera oriental de la Unión Europea;

Empleo y desarrollo de la producción agraria

51. Constata que, en vista del elevado índice de empleo en la agricultura que presentan actualmente en comparación con la Comunidad, los PECO deben procurar a largo plazo puestos de trabajo adicionales y alternativos para aquellas personas que, como en la Unión de los Quince, debido al sostenido cambio estructural, no podrán conservar a largo plazo un empleo rentable en la agricultura;

52. Subraya que las experiencias con los movimientos migratorios dentro de la Unión, de los Estados miembros más pobres a los más ricos, demuestran que debe contarse con un movimiento de población de cerca del 3%, y que, en vista de que sigue siendo considerable el déficit de bienestar de los PECO incluso con respecto a los Estados miembros más pobres de la Unión de los Quince, la búsqueda de empleo podría conducir a un movimiento migratorio de, al menos, 6 millones de personas, pero que el persistente desempleo en la Unión Europea hace actualmente imposible absorber un volumen tan elevado de mano de obra adicional;

53. Opina que, en vista de los problemas que se plantean en la transformación, una recuperación de la producción agraria hasta alcanzar, al menos, el nivel anterior al cambio político se hará esperar aún muchos años, y que todo intento de incrementar, mediante ayudas directas o indirectas de la Unión, el nivel de precios de los productos agrarios, considerablemente más bajo aún en los PECO, resultará perjudicial desde el punto de vista económico y social y desestabilizador desde el punto de vista político mientras los hogares se sigan gastando en alimentos del 30% al 60% de su renta disponible y las tasas de inflación continúen alcanzando entre 10% y el 30%, e incluso cifras superiores;

Incremento de las ayudas de la UE en la fase de preadhesión

54. Pide que, en la fase de preadhesión, se refuercen las ayudas financieras a los PECO y se concedan recursos adicionales, por ejemplo, para un mayor desarrollo de un sistema de créditos, para crear instalaciones propias para el control de las fronteras y las importaciones en las nuevas fronteras orientales de la Unión, y subraya que, si bien son deseables e imprescindibles la afluencia de capital extranjero y el establecimiento de empresas extranjeras, es necesario crear estructuras propias, como asociaciones regionales de producción y transformación, por ejemplo en el sector de la transformación cárnica y lechera, para evitar futuras dependencias;

55. Opina que dicha ayuda económica comunitaria es primordial en los sectores de suministro y de transformación para reestructurar, modernizar y diversificar las capacidades de producción de la agricultura de los PECO, así como necesaria para mejorar la infraestructura rural, por lo que deben concederse fondos para programas adicionales dirigidos a un desarrollo rural integrado así como programas de medio ambiente y deben intensificarse las ayudas destinadas a la formación de los correspondientes expertos;

56. Considera que, en vista de la actual situación de precios en los PECO y de la justificación de los pagos compensatorios en la Unión, no es aconsejable transferir dicho régimen compensatorio a los PECO; no obstante, pide a la Comisión que cuantifique, en términos económicos exactos, la tercera opción de reforma contemplada en el documento estratégico de agricultura, tal como solicitara la Comisión de Presupuestos del Parlamento en la audiencia celebrada en mayo de 1996;

57. Solicita, sin embargo, que las ayudas de la Unión en la fase de preadhesión se agrupen mediante la creación de un fondo específico según el modelo de los programas integrados mediterráneos (PIM) e incorporen además la ampliación o el reforzamiento de programas o instrumentos comunitarios existentes (por ejemplo, redes transeuropeas);

58. Señala que, en la revisión de los Fondos estructurales prevista para antes del 31 de diciembre de 1999, dicho programa de ayuda a los PECO puede integrarse en el esquema existente de los Fondos estructurales y la financiación del citado programa puede llevarse a cabo mediante una redistribución de los gastos o la utilización del margen existente dentro de los límites superiores de los recursos propios;

59. Destaca, sin embargo, que no pueden facilitarse ayudas económicas en la fase de preadhesión que conduzcan a cimentar estructuras ineficaces que, con toda seguridad, tras la integración de los PECO, no resistirán la presión de la competencia de otras empresas de la Unión y que los principios, según los que ya ahora pueden concederse ayudas a los empresarios agrícolas de los PECO, deben guiarse por los principios antes esbozados de una nueva Política Agrícola Común que siguen la pauta de la «sostenibilidad» y el fomento del «espacio rural»;

60. Reconoce la importancia de los mercados agrícolas en los PECO y las importantes diferencias que existen entre éstos y la agricultura que se practica en la UE, principalmente en relación con los precios y el porcentaje que los productos alimenticios suponen con respecto a las rentas de que disponen las familias; insta a que, durante el período de preadhesión, se adopten las medidas pertinentes para que las presiones de armonización con el mercado interior no den lugar a distorsiones graves de los mercados agrícolas en el este, tanto en lo que respecta a los precios como en lo relativo a la estructura propiedad agraria y del empleo;

61. Considera urgente que se incluyan medidas destinadas a aumentar y mejorar las infraestructuras y equipamientos veterinarios y fitosanitarios, así como ayudas destinadas a fomentar la armonización de las técnicas de control y de las legislaciones, y apoya las medidas destinadas a preservar el suelo de la erosión y del deterioro ecológico;

62. Constata que las medidas de preadhesión presentadas por la Comisión incluyen propuestas adicionales a los acuerdos en vigor, cuyas consecuencias en los distintos mercados y regiones agrícolas no se abordan ni se cuantifican; considera, sin embargo, admisible la propuesta de autorización para que los PECO transfieran entre sí contingentes existentes en el marco de los acuerdos actuales que no se utilicen plenamente;

Marco temporal de la adhesión de los PECO

63. Constata que debido a las considerables diferencias en el nivel de preparación de los distintos PECO teniendo en cuenta los requisitos para la adhesión decidido en Copenhague y Madrid, la adhesión de los PECO se producirá forzosamente en grupos, escalonada en el tiempo;

64. Solicita a la Comisión y al Consejo que, durante la fase de preadhesión, informen al Parlamento de modo regular -al menos, anualmente- sobre el estado de las negociaciones con los distintos PECO, esperando recibir un primer informe tras la evaluación de las respuestas a los cuestionarios remitidos a los PECO;

65. Constata que el Parlamento Europeo realizará un seguimiento intensivo de las negociaciones con los PECO, aprovechará todas las posibilidades existentes para un debate abierto y amistoso con los PECO y, en la fase final de las deliberaciones, decidirá bajo su propia responsabilidad de qué modo, en qué grupos y en qué marco temporal debe producirse la integración;

66. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo Europeo y a la Comisión Europea, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros así como a los Gobiernos y Parlamento de los países de la Europa central y oriental.