N°C 161/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19.6.87 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre la libertad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios en el ámbito del crédito hipotecario (') 
COM(87) 255 final 
(Presentada por la Comisión al Consejo en virtud del párrafo 2 del artículo 149 del Tratado CEE 
el 27 de mayo de 1987) 
(87/C 161/04) 
0) DO n° C 42 de 14. 2. 1985, p. 4. 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
Título: no cambia 
El Preámbulo y los Considerandos 1 al 5 permanecen inalterados 
Sexto Considerando Sexto Considerando 
Considerando que la eliminación de tales obstáculos 
puede alcanzarse abriendo la posibilidad de conceder cré­
ditos hipotecarios cuya garantía la constituyan bienes in­
muebles situados en un Estado miembro distinto del Es­
tado miembro de origen y abriendo la posibilidad de 
efectuar operaciones de crédito hipotecario en un Estado 
miembro receptor siguiendo las técnicas específicas de 
crédito e inversión autorizadas en el Estado miembro de 
origen. 
Noveno Considerando 
Considerando que, en la espera de la liberalización 
completa de los movimientos de capitales, los Estados 
miembros pueden, para las operaciones de crédito hipote­
cario, imponer la realización de los cobros y pagos deri­
vados del crédito en una moneda determinada, pero que 
deben en cualquier caso conceder la posibilidad de efec­
tuar tales operaciones en ECU; 
Décimo Considerando 
Considerando que en todo estado de causa el ejercicio 
efectivo de las actividades mencionadas en la Directiva 
implica que sean suprimidas ciertas restricciones que en­
trañan los movimientos de capitales; que una directiva 
específica tratará estas restricciones. Considerando que la eliminación de tales obstáculos 
puede alcanzarse abriendo la posibilidad de conceder cré­
ditos hipotecarios cuya garantía la constituyan bienes in­
muebles situados en un Estado miembro distinto del Es­
tado miembro de origen y abriendo la posibilidad de 
efectuar operaciones de crédito hipotecario en un Estado 
miembro receptor de acuerdo con las técnicas financieras 
autorizadas por la legislación del Estado miembro de ori­
gen. 
Noveno Considerando 
Considerando que, durante un período transitorio, los 
Estados miembros pueden, para las operaciones de cré­
dito hipotecario, imponer la realización de los cobros y 
pagos derivados del crédito en una moneda determinada, 
pero deben en cualquier caso conceder la posibilidad de 
efectuar tales operaciones en ECU; 
Décimo Considerando 
Suprimido Los Considerandos séptimo y octavo permanecen inalterados 
Los Considerandos 11 al 15 permanecen inalterados 
19.6.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 161/5 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
Decimosexto Considerando Decimosexto Considerando 
Considerando que las disposiciones de la presente Direc­
tiva se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a los movimientos de capitales; que el ejercicio efectivo 
de determinadas actividades mencionadas en la presente 
Directiva está supeditado a la supresión de las restriccio­
nes que subsisten sobre los movimientos de capitales; que 
una directiva basada en el artículo 69 del Tratado tratará 
de estas restricciones. 
TÍTULO I TITULO I 
Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
La presente Directiva se aplicará a las entidades de cré­
dito que entran en el ámbito de aplicación de la Direc­
tiva CEE/780/77 y cuya actividad consista en captar 
fondos del público en forma de depósitos procedentes de 
cédulas hipotecarias o de acciones reembolsables y en 
conceder al público préstamos garantizados mediante hi­
poteca sobre bienes inmuebles con el fin de adquirir o 
mantener derechos de propiedad sobre terrenos edifica­
bles, o sobre inmuebles existentes o en proyecto, o bien 
para la renovación o mejora de inmuebles. Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
La presente Directiva se aplicará a las entidades de cré­
dito que entren en el ámbito de aplicación de la Direc­
tiva CEE/780/77 y cuya actividad, en su totalidad o en 
parte, consista en captar fondos del público en forma de 
depósitos procedentes de la emisión de cédulas hipoteca­
rias u otras obligaciones y títulos o de acciones reembol­
sables y en conceder al público préstamos garantizados 
mediante hipoteca sobre bienes inmuebles con el fin de 
adquirir o mantener derechos de propiedad sobre terre­
nos edificables, o sobre inmuebles existentes o en pro­
yecto, o bien para la renovación o mejora de inmuebles. 
Artículo 2 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
— «Estado miembro de origen», aquél en el que esté 
ubicada la oficina principal de las entidades de cré­
dito contempladas en el artículo 1; 
— «Estado miembro receptor», aquél en el que esté ubi­
cada una sucursal o en el que presten servicios las 
entidades de crédito contempladas en el artículo 1; Artículo 2 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
— «Estado miembro de origen», el Estado miembro 
donde esté ubicada la oficina principal de las entida­
des de crédito contempladas en el artículo 1; 
— «Estado miembro receptor», el Estado miembro 
donde esté ubicada una sucursal o en el que presten 
servicios las entidades de crédito contempladas en el 
artículo 1; 
— «entidades de crédito designadas», las entidades de cré­
dito contempladas en el artículo 1; 
— «actividades de crédito hipotecario» las actividades 
contempladas en el artículo 1; 
— «hipoteca» una hipoteca o cualquier otro instrumento 
jurídico de efecto equivalente. 
Artículo 2 bis 
Ninguna disposición de la presente Directiva afectará al 
derecho de las entidades de crédito designadas de ejercer 
actividades de crédito hipotecario en su Estado miembro 
de origen o en cualquier Estado miembro. 
N°C 161/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19.6.87 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
TITULO II 
Disposiciones generales con vistas a facilitar el ejercicio 
del derecho de establecimiento y el derecho de prestación 
de servicios 
Artículo 3 
Los Estados miembros autorizarán a las entidades de cré­
dito denominadas en el artículo 1 a conceder créditos hi­
potecarios cuya garantía la constituyan hipotecas sobre 
bienes inmuebles situados en otro Estado miembro. 
Artículo 4 
Los Estados miembros revocarán toda disposición jurí­
dica o administrativa que impida o dificulte a las entida­
des de crédito contempladas en el artículo 1, cuya ofi­
cina principal esté ubicada en su territorio, efectuar ope­
raciones de crédito hipotecario en otro Estado miembro 
de acuerdo con técnicas específicamente autorizadas en 
su Estado miembro de origen, o modificarán dichas dis­
posiciones de manera que permitan el empleo de dichas 
técnicas. 
Artículo 5 
1. Todo Estado miembro permitirá dentro de su terri­
torio que las entidades de crédito que se contemplan en 
el artículo 1, con domicilio social en otro Estado miem­
bro, se financien y, especialmente, se refinancien, de 
acuerdo con las disposiciones del apartado 2, con arreglo 
a las técnicas de financiación autorizadas en el Estado 
miembro de origen, con el fin de conceder préstamos ga­
rantizados mediante hipoteca para los fines a que se re­
fiere el artículo 1. 
Cuando la introducción de estas nuevas técnicas en un 
Estado miembro distorsione las condiciones de compe­
tencia en ese Estado miembro, éste autorizará a todas las 
entidades de crédito establecidas en su territorio a que 
adopten técnicas semejantes o medidas equivalentes. 
2. Hasta que se proceda a una nueva coordinación en 
lo relativo a las cédulas hipotecarias, los Estados miem­
bros receptores podrán exigir que las emisiones de tales 
obligaciones en su territorio se ajusten a las disposiciones 
pertinentes en vigor en dicho Estado miembro. 
Artículo 6 
El Estado miembro receptor podrá exigir que tanto las 
transacciones de captación de fondos como las de présta­
mos se realicen en su moneda; sin embargo, la entidad 
en cuestión podrá siempre utilizar el ECU como alterna­
tiva. El Estado miembro de origen podrá exigir un equi­
librio entre activo y pasivo en cada una de las monedas 
nacionales; la entidad en cuestión, sin embargo, podrá 
siempre optar por cumplir con el requisito de equilibrio 
en ECU. TITULO II 
Disposiciones generales con vistas a facilitar el ejercicio 
del derecho de establecimiento y el derecho de prestación 
de servicios 
Artículo 3 
Los Estados miembros de origen autorizarán a las enti­
dades de crédito designadas para ejercer actividades de 
crédito hipotecario en cualquier otro Estado miembro 
respecto de bienes inmuebles situados en un'lugar cual­
quiera de la Comunidad. 
Por otra parte, no restringirán el uso en otro Estado 
miembro, de ninguna técnica financiera autorizada para 
las actividades de crédito hipotecario en el Estado miem­
bro de origen. 
Artículo 4 
1. Los Estados miembros receptores, sin perjuicio de la 
excepción prevista en el apartado 3, derogarán las dispo­
siciones legales o administrativas que impidan o dificul­
ten a las entidades de crédito designadas, cuya oficina 
principal esté ubicada en otro Estado miembro, ejercer 
actividades de crédito hipotecario en su territorio de 
acuerdo con las técnicas financieras autorizadas por la le­
gislación de su Estado miembro de origen, o modificarán 
tales disposiciones de manera que permitan la aplicación 
de dichas técnicas. 
Artículo 5 
(Suprímase la palabra artículo 5 y el párrafo primero del 
apartado 1) 
2. Cuando la introducción de nuevas técnicas financie­
ras altere las condiciones de competencia en un Estado 
miembro, dicho Estado miembro autorizará a todas las 
entidades de crédito designadas establecidas en su terri­
torio, y que, a resultas de ello, se hallen en una situación 
desfavorable, para que adopten técnicas semejantes o 
medidas equivalentes. 
3. No varía. 
Artículo 6 
1. Durante un período máximo de siete años a partir 
de la adopción de la presente Directiva, el Estado miem­
bro receptor podrá exigir que tanto las transacciones de 
captación de fondos como las de préstamos se realicen 
en su moneda o, si permite que las transacciones se reali­
cen en otra moneda nacional, que se equilibren activo y 
pasivo en cada una de las monedas nacionales; sin em­
bargo, la entidad interesada podrá siempre utilizar el 
ECU como instrumento alternativo. 
19.6.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 161/7 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
2. El apartado 1 no se aplicará a las actividades de cré­
dito hipotecario realizadas entre las entidades de crédito 
designadas y un nacional de su Estado miembro de orí-
gen. 
3. Durante un período máximo de siete años a partir 
de la adopción de la presente Directiva, el Estado miem­
bro de origen podrá exigir un equilibrio entre activo y 
pasivo en cada una de las monedas nacionales; sin em­
bargo la entidad interesada, podrá siempre optar por el 
uso del ECU para satisfacer las exigencias en materia de 
equilibrio. 
Artículo 7 
En los casos de intervención estatal u otra ayuda pública 
de cualquier tipo en el ámbito de las actividades relacio­
nadas con el crédito hipotecario, incluidas las de ahorro 
y la concesión de créditos hipotecarios por parte de las 
entidades de crédito a que se refiere el artículo 1, se apli­
carán medidas semejantes a las transacciones incluidas en 
el ámbito de la presente Directiva. Tales medidas no se­
rán discriminatorias para los nacionales de los diferentes 
Estados miembros. Articulo 7 
Las medidas de ayuda estatal o pública de cualquier tipo 
incluidas las ventajas fiscales, en el ámbito de las activida­
des de crédito hipotecario, adoptadas por las entidades 
de crédito designadas se aplicarán a las transacciones que 
entren en el ámbito de aplicación de la presente Direc­
tiva. No se admitirá ningún trato discriminatorio o res­
trictivo por motivos de nacionalidad o por el hecho de 
que la entidad de crédito designada no esté establecida en 
el Estado miembro donde se presten los servicios. 
TÍTULO III 
Disposiciones relativas a la libertad de establecimiento 
Artículo 8 
Hasta tanto no se cumplan las condiciones para que 
exista un control por parte del país de origen, la supervi­
sión del establecimiento, en cualquiera de sus formas, de 
una entidad de crédito de las contempladas en el artículo 
1 en otro Estado miembro, será ejercida por la autoridad 
supervisora de este Estado miembro receptor en estrecha 
colaboración con la autoridad supervisora del Estado 
miembro de origen. TITULO III 
Disposiciones relativas a la libertad de establecimiento 
Artículo 8 
Hasta que no se adopten disposiciones adecuadas en ma­
teria de control en el marco de otra directiva la supervi­
sión del establecimiento, en cualquiera de sus formas, en 
otro Estado miembro, de una entidad de crédito desig­
nada será ejercida por la autoridad supervisora de este 
Estado miembro receptor en estrecha colaboración con 
la autoridad supervisora del Estado miembro de origen y 
de acuerdo con las disposiciones legales del Estado miem­
bro receptor que no sean incompatibles con la presente 
Directiva. 
TÍTULO IV 
Disposiciones relativas a la libre prestación de servicios 
Artículo 9 
1. Las entidades de crédito contempladas en el artí­
culo 1 que deseen extender sus actividades, ejerciendo la 
libertad para prestar servicios en el ámbito del crédito 
hipotecario, al territorio de otro Estado miembro, lo no­
tificarán a la autoridad supervisora del Estado miembro 
de origen que haya concedido la autorización, de con­
formidad con el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE. 
2. Los Estados miembros exigirán que la notificación 
vaya acompañada de las siguientes informaciones relati­
vas a la entidad de crédito de que se trate: TÍTULO IV 
Disposiciones relativas a la libre prestación de servicios 
Artículo 9 
1. Las entidades de crédito designadas que deseen 
ejercer, por primera vez, la libre prestación de servicios 
en el ámbito de las actividades de crédito hipotecario en 
el territorio de otro Estado miembro lo notificarán a la 
autoridad supervisora del Estado miembro de origen que 
haya concedido la autorización de conformidad con el 
artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE. 
2. Los Estados miembros exigirán que la notificación 
vaya acompañada de las siguiente información propor­
cionada por la entidad de crédito designada interesada: 
N°C 161/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19.6. 87 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
a) el Estado miembro en cuyo territorio tiene el propó­
sito de efectuar la prestación de servicios; 
b) los tipos de actividad que tiene el propósito de efec­
tuar en dicho Estado miembro receptor; 
c) las condiciones generales y específicas que regirán la 
captación de fondos y la concesión de préstamos; 
3. Cuando la autoridad supervisora del Estado miem­
bro de origen confirme la solvencia de la entidad de cré­
dito en cuestión, enviará, en el plazo de tres meses a par­
tir de la notificación a que se alude en el apartado 1, la 
información mencionada en el apartado 2 a la autoridad 
supervisora del país receptor, así como una declaración 
que determine la situación financiera de la entidad de cré­
dito. 
4. Cuando la autoridad supervisora del Estado miem­
bro de origen se niegue a confirmar la solvencia de la 
entidad de crédito, deberá comunicar las razones a la en­
tidad interesada en el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la información mencionada en el apartado 
2. 
5. Antes de que la entidad de crédito emprenda sus 
actividades, la autoridad supervisora del país receptor 
deberá, dentro de un período de tres meses a partir de la 
recepción de la información y de la declaración mencio­
nada en el apartado 3, estar dispuesta a la supervisión 
constante de la entidad de crédito, de conformidad con 
el artículo 10. a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga 
prestar los servicios; 
b) el tipo de actividad que se proponga ejercer en dicho 
Estado miembro receptor; 
c) las condiciones generales y específicas que regirán la 
captación de fondos y la concesión de préstamos; 
d) la dirección, a la que podrán enviarse los documentos 
en el Estado miembro receptor; 
3. Salvo que la autoridad supervisora del Estado 
miembro de origen tenga razones para dudar de la sol­
vencia de la entidad de crédito designada de que se trate, 
basadas en informaciones que obren en su poder y/o en 
cualquier otra información complementaria que pueda ra­
zonablemente solicitar a la entidad, o que obtenga de 
otras fuentes, enviará, en el plazo de tres meses a partir de 
la notificación a que se alude en el apartado 1, la infor­
mación mencionada en el apartado 2 a la autoridad su­
pervisora del Estado miembro receptor. 
4. Cuando la autoridad supervisora del Estado miem­
bro de origen decida que existe alguna razón para dudar 
de la solvencia de la entidad de crédito designada, se ne­
gará a enviar la información mencionada en el apartado 2 
a la autoridad supervisora del Estado miembro receptor y 
comunicará las razones de ello a la entidad interesada en 
el plazo de tres meses a partir de la recepción de la in­
formación mencionada en el apartado 2. Dicha negativa 
tendrá por efecto la suspensión del derecho de la entidad 
a prestar servicios en el ámbito de las actividades de cré­
dito hipotecario en el Estado miembro mencionado en la 
notificación. 
5. Antes de que la entidad de crédito designada inicie 
sus actividades, la autoridad supervisora del Estado 
miembro receptor deberá, en el período de tres meses a 
partir de la recepción de la información mencionada en 
el apartado 2, estar dispuesta a la supervisión de la enti­
dad de conformidad con el artículo 10. 
6. Las entidades de crédito designadas que deseen mo­
dificar algunos de los datos notificados de conformidad 
con el apartado 2 comunicarán por escrito la modifica­
ción propuesta a las autoridades supervisoras del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro receptor co­
rrespondientes, como mínimo, un mes antes de realizar la 
modificación. 
Artículo 10 
1. Una entidad de crédito que ejerza la libertad de 
prestar servicios en el territorio de otro Estado miembro 
remitirá un informe trimestral de sus operaciones en el 
Estado miembro receptor a la autoridad supervisora de 
dicho Estado miembro. 
2. Si la autoridad supervisora de un Estado miembro 
receptor comprobare que la entidad que presta servicios 
en su territorio no cumple las disposiciones legales vigen­
tes en dicho Estado miembro por razones de interés ge­
neral, dicha autoridad solicitará a dicha entidad que 
ponga fin a esta situación irregular. Artículo 10 
1. Una entidad de crédito designada que ejerza la libre 
prestación de servicios en el territorio de otro Estado 
miembro remitirá un informe trimestral de sus operacio­
nes en el Estado miembro receptor a la autoridad super­
visora de dicho Estado miembro. 
2. No varía. 
19.6.87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 161/9 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
3. Si dicha entidad no adopta las medidas necesarias, 
la autoridad supervisora del Estado miembro receptor in­
formará de ello al Estado miembro de origen. La autori­
dad del Estado miembro de origen adoptará las medidas 
necesarias para que la susodicha entidad ponga fin a esta 
situación irregular. La naturaleza de las medidas deberá 
comunicarse a la autoridad del Estado miembro receptor. 
4. Si, pese a las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de origen de conformidad con el apartado 3, o 
si debido a que tales medidas resultaran inadecuadas o 
no existieran en el Estado miembro en cuestión, la enti­
dad persistiere en violar las disposiciones legales a que se 
alude en el apartado 2, vigentes en el Estado miembro 
receptor, este último podrá, tras informar a la autoridad 
supervisora del Estado miembro de origen, tomar las me­
didas apropiadas para impedir nuevas irregularidades in­
cluyendo, siempre y cuando sea estrictamente necesario, 
la prohibición de que dicha entidad celebre nuevos con­
tratos hipotecarios mediante prestación de servicios 
dentro de su territorio. Los Estados miembros se asegu­
rarán de que dentro de su territorio se pueda disponer de 
los documentos legales necesarios para la aplicación de 
estas medidas. 
5. Cualquier medida adoptada de conformidad con 
los apartados 2, 3 y 4, que implique sanciones o restric­
ciones a la prestación de servicios deberá justificarse ade­
cuadamente y comunicarse a la entidad interesada. Cual­
quiera de estas medidas podrá ser objeto de recurso ante 
los Tribunales del Estado miembro que la haya adop­
tado. 
6. En caso de que se retire la autorización, se infor­
mará de ello a la autoridad supervisora del Estado miem­
bro receptor, que tomará las medidas oportunas para im­
pedir que la entidad en cuestión siga celebrando contra­
tos hipotecarios mediante la prestación de servicios en el 
territorio de dicho Estado. 
7. Cada dos años la Comisión enviará al Consejo un 
informe en el que se resumirán el número y tipo de casos 
en los que, en cada uno de los Estados miembros, se ha­
yan comunicado decisiones consistentes en la no confir­
mación de la solvencia financiera, de conformidad con el 
artículo 9, o en los que se hayan adoptado medidas de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4. Los Esta­
dos miembros colaborarán con la Comisión suministrán­
dole la información necesaria para elaborar dicho in­
forme. 
TÍTULO V 
Disposiciones transitorias y finales 
Artículo 11 
El Estado miembro de origen podrá, durante un período 
máximo de cinco años a partir de la notificación de la 
presente Directiva, limitar las transacciones de una enti­
dad de crédito en el ámbito del crédito hipotecario, rea­
lizadas ya sea a través de sucursales en otros Estados 
miembros o mediante la prestación de servicios, al 25 % 
del total de los préstamos hipotecarios de la entidad de 
crédito en cuestión. No varía. 
4. Si, pese a las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de origen de conformidad con el apartado 3, o 
si tales medidas resultan inadecuadas o son inexistentes 
en dicho Estado miembro,, la entidad sigue infringiendo 
las disposiciones legales a que se alude en el apartado 2, 
vigentes en el Estado miembro receptor, éste último Es­
tado podrá, tras informar á la autoridad supervisora del 
Estado miembro de origen, adoptar las medidas apropia­
das para evitar nuevas irregularidades y siempre y 
cuando sea necesario, impedir a dicha entidad celebrar 
nuevos contratos de hipoteca en el marco de la presta­
ción de servicios dentro de su territorio. Los Estados 
miembros se asegurarán de que dentro de su territorio se 
pueda disponer de los documentos legales necesarios 
para la aplicación de estas medidas. 
5. No varía. 
6. En caso de que se revoque la autorización, se infor­
mará de ello a la autoridad supervisora del Estado miem­
bro receptor, que adoptará las medidas oportunas para 
impedir que dicha entidad siga celebrando contratos de 
hipoteca en el marco de la prestación de servicios en el 
territorio del Estado miembro receptor interesado. 
7. Cada dos años, la Comisión enviará al Consejo y al 
Parlamento Europeo un informe en el que se resumirán 
el número y tipo de casos, en cada uno de los Estados 
miembros, en los cuales se haya producido una denega­
ción, de conformidad con el artículo 9, o en los que se 
hayan adoptado medidas de conformidad con lo dis­
puesto en el apartado 4. Los Estados miembros colabora­
rán con la Comisión suministrándole la información ne­
cesaria para elaborar dicho informe. 
TÍTULO V 
Disposiciones transitorias y finales 
Artículo 11 
El Estado miembro de origen podrá, durante un período 
máximo de siete años a partir de la adopción de la pre­
sente Directiva, limitar las transacciones de una entidad 
de crédito designada en el ámbito de las actividades de 
crédito hipotecario, realizadas ya sea a través de sucursa­
les en otros Estados miembros o mediante la prestación 
de servicios, al 25 % del total de los préstamos hipoteca­
rios interiores de la entidad de crédito concedidos el año 
precedente. 
N°C 161/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19.6.87 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
Artículo 12 
1. Los Estados miembros aplicarán las medidas nece­
sarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de 
e informarán de ello inmediatamente a la Comi­
sión. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las principales disposiciones legales, reglamen­
tarias o administrativas que adopten en el ámbito regu­
lado por la presente Directiva. Artículo 12 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, 
dos años después de su adopción. Informarán inmediata­
mente de ello a la Comisión. 
2. No varía. 
Artículo 13 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. Artículo 13 
No varía. 
Modificación de la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
77/62/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de suministro y por la que se derogan determinadas disposiciones de la Directiva 80/767/ 
CEE O 
(COM(87) 233 final) 
(Presentada por la Comisión al Consejo en virtud del apartado 2 del artículo 149 del Tratado el 
1 de junio de 1987) 
(87/C 161/05) 
Se insertará un nuevo considerando entre el cuarto y el 
quinto considerando: 
Considerando que es necesario modificar dichas Directi­
vas con el fin de incorporar las modificaciones introduci­
das en el Acuerdo del GATT de 1986 sobre suministros 
públicos; 
Nuevo artículo 2 
La letra a) del artículo 1 será sustituida por el texto si­
guiente : 
«a) por "contratos públicos de suministro" se entende­
rán los contratos con finalidad lucrativa, celebrados 
por escrito, que tengan por objeto la compra, arren­
damiento financiero, compra a plazos o arrenda­
miento, con opción de compra o sin ella, de produc­
tos entre un proveedor (persona física o jurídica) y 
uno de los poderes adjudicadores definidos en la le­
tra b) siguiente. La entrega de dichos productos po­
drá incluir asimismo operaciones de emplazamiento 
e instalación.» 
O DO n° C 173 de 11. 7. 1986, p. 4. Los artículos 2 y 3 pasarán a ser los artículos 3 y 4. 
Modificación del artículo 4 
La letra d) del apartado 2 del artículo 4 será sustituida 
por el texto siguiente: 
«d) Los poderes adjudicadores prepararán un informe 
por escrito sobre cada contrato adjudicado con 
arreglo al procedimiento restringido o negociado. 
Deberán asegurarse de que cada informe contenga el 
nombre del poder adjudicador, el valor y la natura­
leza de las mercancías compradas y el país de origen, 
indicado por la dirección del proveedor, así como la 
exposición de las condiciones mencionadas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 6 que imperaban en el 
momento en que se adjudicó el contrato. El informe 
quedará en poder del poder adjudicador correspon­
diente. En caso necesario, los poderes adjudicadores 
proporcionarán esta información a las autoridades 
responsables de manera que, si fuera necesario, 
pueda ser utilizada por la Comisión y, a través de 
ésta, por el Comité consultivo de contratos públi-