[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 24.7.2006

COM(2006) 416 final

VIGÉSIMO TERCER INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN

SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2005)

{SEC(2006) 999}{SEC(2006) 1005}

VIGÉSIMO TERCER INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN

SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2005)

La Comisión Europea elabora cada año un informe relativo al control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las solicitudes del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (punto 2 de la declaración n° 19 aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). El informe responde también a las solicitudes del Consejo Europeo o del Consejo en relación con sectores específicos.

1.1 Introducción

En el ejercicio de sus funciones exclusivas como guardiana de los Tratados, la Comisión garantiza y controla la uniformidad de aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros con arreglo al artículo 211 del Tratado CE. El artículo 226 CE establece que la Comisión podrá incoar un procedimiento contra un Estado miembro que haya adoptado o mantenido disposiciones legales o reglamentarias contrarias al Derecho comunitario.

El Libro Blanco sobre la gobernanza europea[1] de 2001 destaca que la responsabilidad de aplicar el Derecho comunitario incumbe en primer lugar a las Administraciones y órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros. El principal objetivo de los procedimientos de infracción consiste en alentar a los Estados miembros a ajustarse voluntariamente y lo antes posible al Derecho comunitario. La Comisión ha hecho lo posible por reforzar la cooperación con los Estados miembros mediante métodos complementarios o alternativos para solucionar los problemas.

El control de la aplicación del Derecho comunitario es esencial desde el punto de vista del respeto del Derecho en general y contribuye a convertir el principio de una Comunidad de derecho en algo tangible para los ciudadanos europeos y los agentes económicos. Las numerosas denuncias de los ciudadanos de los Estados miembros constituyen un instrumento esencial de detección de las infracciones al Derecho comunitario.

El 23º Informe Anual —incluidos los Anexos como "documentos de trabajo de los servicios", y las contribuciones de los servicios de la Comisión (SEC(2006) 1005) y los Anexos estadísticos (SEC(2006) 999)— presenta una relación de las actividades de la Comisión vinculadas al control de la aplicación del Derecho comunitario en 2005.

1.2. Ampliación de la Unión y notificación de las medidas de transposición de las directivas

El año 2005 se caracterizó por la preparación de la ampliación de la Unión a Bulgaria y Rumania. El sistema integrado de notificación electrónica de las medidas nacionales de ejecución para la transposición de las directivas por los 25 Estados miembros fue adaptado con el fin de que Bulgaria y Rumania puedan cumplir sus obligaciones de prenotificación de las directivas que constituyen el acervo comunitario. Los dos países notificaron las primeras medidas a finales de 2005.

En 2005 los Países Bajos y Suecia se incorporaron al sistema de notificación electrónica, y Francia, el último Estado miembro en ingresar en el sistema, se encontraba en estado de preparación avanzada.

Los progresos realizados en el ámbito de la comunicación de las medidas nacionales de transposición mostraban en enero de 2005 una media de 97,69% en los 25 Estados miembros. En marzo, ese porcentaje ascendía al 98,12%; en mayo al 98,69%; en julio al 98,78%; en septiembre al 98,88% y en noviembre al 98,92%[2].

1.3 Procedimientos de infracción

El número total de procedimientos de infracción incoados por la Comisión disminuyó de 2993 en 2004 a 2653 en 2005. Al 31de diciembre de 2005, estaban en curso 1697 expedientes de los 2653 registrados. El número de denuncias registradas por la Comisión aumentó ligeramente con relación a 2004 (de 1146 a 1154). Las denuncias representan en total alrededor del 43,5% de todas las infracciones detectadas en 2005. El número de procedimientos incoados por la Comisión a los 25, sobre la base de sus propias investigaciones, ha aumentado de 328 en 2004 a 433 en 2005.

El número de procedimientos incoados a los 25 por no comunicación de las medidas de transposición disminuyó un 29% (de 1519 a 1079 expedientes) con relación al año anterior. Esta disminución se explica por el hecho de que las cifras de 2004 incluían no sólo el control regular de las directivas cuyo plazo de transposición por los 15 Estados miembros acababa de finalizar, sino también el control de la comunicación por los diez nuevos miembros de todo el "acervo comunitario de preadhesión".

El plazo de tratamiento de todos los casos de infracción en el período 1999-2002, calculado desde el registro de los casos en el período indicado hasta la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, es, por término medio, de 24 meses. Si nos limitamos a los casos de infracciones que tienen su origen en una denuncia fundada y a los detectados de oficio por los servicios de la Comisión, el plazo transcurrido es, por término medio, de 35 meses. Por lo que se refiere a los casos de infracción que tienen su origen en la no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas, el plazo transcurrido es, por término medio, de 15 meses.

1.4 Aplicación de la Comunicación de la Comisión "sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho comunitario" COM(2002) 725

Los servicios de la Comisión concretaron la aplicación específicamente mediante una aceleración del análisis y el tratamiento de los casos de infracción y un mayor respeto del código de buena conducta administrativa en lo que se refiere a los contactos con los denunciantes. El principio fundamental de la igualdad de trato a los Estados miembros ha sido respetado, combinándolo al mismo tiempo con un amplio abanico de medidas no legislativas destinadas a prever los posibles problemas de aplicación. En este contexto, cabe destacar la aplicación de mecanismos preventivos destinados a facilitar la transposición de directivas "difíciles"; los sistemas de notificación de los proyectos de nuevas normas; la participación en foros para presentar las líneas directrices de la transposición; los contactos multilaterales reforzados como las reuniones “paquete” de transposición; las conferencias, seminarios y "talleres"; la creación de "redes de aplicación" y de mecanismos de consulta bilaterales para crear un "diálogo estructurado" y el refuerzo de la comunicación al público, en particular mediante la web Europa. En el ámbito de la resolución de los problemas y las denuncias, el recurso a SOLVIT aumentó considerablemente. Las inspecciones siguieron desempeñando un papel importante en el ámbito de la seguridad alimentaria, marítima, aérea y del control de la seguridad de las materias nucleares, así como en el del control de los niveles de radiactividad medioambiental.

1.5 Infracciones vinculadas a las peticiones presentadas ante el Parlamento Europeo

Las peticiones al Parlamento representan una fuente muy valiosa de información para la detección de las infracciones al Derecho comunitario. Las estadísticas demuestran que entre un cuarto y un tercio de las peticiones están vinculadas, o dan lugar, a procedimientos de infracción. Hay temas, como la matriculación de los coches o las normas de urbanismo en España, que dan lugar a varias peticiones, así como a denuncias. En muchos casos, éstas coinciden con la presentación simultánea de una denuncia ante la Comisión. El número de peticiones varía considerablemente por sector, entre 10 en el sector de la empresa y la industria y 179 en el ámbito de la protección del medio ambiente. Las peticiones se concentraron sobre todo en los sectores del medio ambiente y el mercado interior.

En el ámbito de la protección del medio ambiente, un gran número de peticiones vinculadas a procedimientos de infracción en curso se referían a la realización de un estudio de impacto ambiental. A veces se referían a la construcción de una autopista, de líneas eléctricas de alta tensión o de un aeropuerto, otras afectaban a zonas especiales de protección de la naturaleza o de la fauna y la flora silvestres. Otras peticiones relacionadas con la fauna y la flora silvestre se referían a la protección contra la caza de aves silvestres en algunos de los nuevos Estados miembros, así como a la protección de los lobos y las tortugas. También se presentaron un gran número de peticiones relacionadas con las normas de calidad del agua, poniendo a menudo de manifiesto problemas específicos de la situación local.

En los principales ámbitos del mercado interior, las peticiones han planteado también un número significativo y una amplia gama de problemas. Tal como ocurre a menudo, los problemas individuales de reconocimiento de las cualificaciones profesionales dieron lugar a un número significativo de peticiones relacionadas sobre todo con el retraso en la transposición de las directivas. El sector de los servicios financieros también dio lugar a un volumen significativo de peticiones, relacionadas en gran parte con los derechos de los accionistas, los bancos y los seguros. Incluso si pocas peticiones plantean cuestiones que pertenezcan al ámbito de aplicación del Derecho comunitario, el procedimiento permite proporcionar las explicaciones pertinentes a los interesados. Ciertos casos individuales muy conocidos, tales como el de "Lloyds" y el de la "Equitable Life Assurance Society" también han sido objeto de peticiones, así como los problemas de transferencias transfronterizas en euros. Los servicios en general constituyen otro ámbito significativo de peticiones, incluido el recurrente problema de la instalación de antenas parabólicas. Finalmente, las peticiones referentes a las leyes de desarrollo urbanístico de Valencia, España —que han sido objeto de un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento, de 13 de diciembre de 2005—, plantearon una serie de problemas, incluidos algunos relacionados con los contratos públicos.

Esta información confirma el volumen, la variedad e importancia de las cuestiones planteadas y confirma la naturaleza detallada del trabajo que debe llevar a cabo la Comisión para examinar, explicar y tratar las diversas cuestiones, tanto desde el punto de vista de su propia autoridad para incoar procedimientos de infracción, como de la necesidad de mantener informados a los denunciantes y a la Comisión de Peticiones.

1.6 Hechos destacados por sector de actividad de la Comisión

A continuación se presentan los hechos destacados por sector.

En el sector agrícola , el control de la aplicación del Derecho comunitario se desarrolla con arreglo a dos coordenadas, una destinada a eliminar los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas, y otra a llevar a cabo una aplicación efectiva y correcta de los mecanismos más específicos de la normativa agrícola.

En materia de libre circulación de los productos agrícolas, se confirmó la clara tendencia a la disminución de los obstáculos clásicos a la libre circulación de productos agrícolas.

Por lo que se refiere al control de la aplicación de las normas específicas de la Política Agrícola Común, la Comisión veló, en particular, por que la protección de ciertas denominaciones geográficas que lleva a cabo la Comunidad en el marco de la política de calidad de los productos agrícolas no se vea debilitada por actitudes o interpretaciones contrarias al Derecho comunitario, tal como se pudo comprobar en Alemania con respecto al "Parmigiano Reggiano".

La Comisión persiguió también el objetivo de recordar a los Estados miembros su obligación de remitir los informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas estatales existentes en el sector agrícola.

Respecto a la transposición de las directivas del sector agrícola, el control de la comunicación de las medidas nacionales de transposición permitió conseguir la comunicación de los textos nacionales por los que se transponían las directivas en cuestión.

En el sector de la educación y la cultura , la Comisión es consciente de las dificultades que subsisten en materia de reconocimiento de los diplomas. En el ámbito del reconocimiento académico está excluida toda armonización por vía legislativa. Se trata más bien de favorecer la cooperación política y la aproximación de los sistemas. No obstante, las autoridades nacionales deben abstenerse de cualquier discriminación directa o indirecta por razones de nacionalidad.

La Comisión ha seguido ciertos casos que se refieren al coste y a la duración de los procedimientos de reconocimiento académico. La exigencia de importes demasiado elevados para el reconocimiento de los títulos obtenidos en otros Estados miembros puede tener como consecuencia crear obstáculos a la movilidad transnacional de los estudiantes y al acceso a la enseñanza. Por lo que se refiere a las condiciones de acceso a la enseñanza, las disposiciones comunitarias garantizan la igualdad de trato a los estudiantes comunitarios respecto a los nacionales en el acceso a la educación (artículos 12, 149 y 150 CE). La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Austria por las condiciones de acceso de los ciudadanos comunitarios a la formación universitaria en Austria, en el marco del cual se presentó un recurso ante el Tribunal en 2004. Austria adoptó ciertas medidas para ajustarse a la sentencia del Tribunal que están siendo analizadas por los servicios de la Comisión.

La Comisión sigue recibiendo un gran número de cartas de ciudadanos relacionadas con los derechos de los estudiantes a las becas de subsistencia, préstamos y demás ayudas, a raíz de la sentencia Bidar (C209/03).

En el sector del empleo , cabe recordar que, en materia de libre circulación de los trabajadores, el control de la aplicación del Derecho comunitario afecta, en particular, a problemas de aplicación incorrecta de las disposiciones del Tratado CE y de los reglamentos aplicables en la materia, puestos en su conocimiento por denuncias individuales de los ciudadanos, mientras que en los demás ámbitos (condiciones laborales, salud y seguridad en el lugar de trabajo e igualdad de trato a hombres y mujeres), los procedimientos de infracción se nutren sobre todo de problemas de no conformidad y de no comunicación de las medidas nacionales de transposición de las directivas.

Por lo que se refiere al ámbito de la no discriminación del antiguo artículo 13 CE, el Tribunal de Justicia dictó sus primeras sentencias condenando a los Estados miembros afectados por no comunicación de sus medidas de transposición de las Directivas 2000/43 y/o 2000/78, cuyo plazo de transposición vencía en 2003. Por lo tanto, sus procedimientos continúan en virtud del artículo 228 CE. Además, tras el examen en profundidad de las medidas de transposición de la Directiva 2000/43, se incoaron procedimientos por no conformidad contra un número considerable de los Estados miembros de la UE 15.

El control de la aplicación del acervo comunitario por los nuevos Estados miembros constituyó otra prioridad importante. El proceso periódico y sistemático de vigilancia se prolongó más allá del 1 de mayo de 2004.

Además se hizo un examen profundo de las medidas nacionales adoptadas por distintos Estados miembros de la UE 15 en aplicación de las disposiciones transitorias anejas al Acta de Adhesión de 2003. En su caso, se iniciaron algunos procedimientos de infracción.

El sector de las empresas y de la industria (mercado interior de los productos) era responsable, al 31 de diciembre 2005, de 504 directivas y de la aplicación del artículo 28 CE. Los 333 procedimientos de infracción incoados en 2005 en el marco de esta legislación (194 en virtud de las directivas y 141 en virtud del artículo 28 CE) constituyen el 9,4% del total de procedimientos iniciados por la Comisión en 2005. Esto significa un aumento del número de procedimientos a cargo de la DG Empresas e Industria con respecto a 2004 y 2003 (249 y 218 procedimientos en curso, respectivamente).

Por lo que se refiere a las directivas, al igual que en años anteriores, la mayor parte de los procedimientos en curso son procedimientos por incumplimiento por no comunicación de las medidas nacionales de transposición (129, de los que 101 se incoaron en 2005). Los sectores más afectados fueron el farmacéutico y el de los vehículos de motor. En 2005 se incoaron 15 nuevos expedientes por no conformidad y 10 por aplicación incorrecta (frente a 53 y 6 por no conformidad y 10 y 3 por aplicación incorrecta en 2003 y 2004, respectivamente).

Al igual que en años anteriores, la Directiva 98/34/CE, relativa al procedimiento de información previo de los proyectos nacionales de normas técnicas sobre los productos, desempeñó un papel muy importante para prevenir los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y permitir el intercambio de información con y entre los Estados miembros. Debido, en particular, a la ampliación —los nuevos Estados miembros son responsables de cerca de un tercio de las notificaciones recibidas— el número de notificaciones aumentó en más de un 30% en 2005

En materia de medio ambiente, en 2005, la aplicación correcta y dentro de plazo del Derecho comunitario ha seguido siendo una prioridad importante para la Comisión. La Comisión ha continuado haciendo hincapié en la mejora del tratamiento efectivo de los casos de infracción abiertos. No obstante, este sector sigue siendo el que tiene un mayor número de casos abiertos en la Comisión. En 2005, supuso alrededor de la cuarta parte del número total de casos abiertos por incumplimiento del Derecho comunitario[3].

La disminución del número de procedimientos abiertos se debe principalmente a un tratamiento más racional de las denuncias e infracciones. Se da prioridad al tratamiento de los problemas estructurales en los Estados miembros mediante la agrupación de los casos que afectan a un mismo asunto y la puesta en marcha de casos horizontales que abordan problemas sistémicos de aplicación incorrecta. Además, el seguimiento activo mediante las reuniones paquete y los contactos bilaterales con los Estados miembros han permitido resolver varios casos abiertos. La disminución del número de casos permitirá que los servicios de la Comisión se centren en la transposición incorrecta de las directivas, en el incumplimiento de las obligaciones secundarias fundamentales de conformidad con la legislación medioambiental comunitaria y en los problemas sistémicos de aplicación incorrecta.

En 2005 se crearon en la Dirección General de Medio Ambiente, grupos de trabajo encargados de la aplicación, con el fin de ayudar al tratamiento de las denuncias e infracciones. Gracias al trabajo de estos grupos se ha adoptado una amplia gama de medidas activas destinadas a fomentar la aplicación de la legislación relativa a la naturaleza, el aire, los residuos, el agua, y a la evaluación de impacto ambiental, que constituyen los cinco sectores con el mayor número de casos abiertos, ya que, en conjunto, representan alrededor del 90% del número total de denuncias y de casos de infracción en el sector del medio ambiente.

En el sector de la política de competencia , las prioridades del año 2005 se centraron en el control de la transposición de la Directiva sobre la competencia que forma parte del marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas, así como de la Directiva sobre la transparencia (ambas basadas en el artículo 86 CE). En lo que se refiere a los casos concretos, la Comisión trató varias denuncias en virtud del artículo 86 en combinación con el Artículo 82 CE.

En el sector de la sociedad de la información, el marco regulador comunitario de 2002 de las comunicaciones electrónicas persigue tres objetivos generales de la estrategia de Lisboa: crear normas reglamentarias estables y fiables, fomentar la innovación y estimular las nuevas inversiones en redes y servicios de comunicaciones. Como todos los Estados miembros menos uno (Grecia) habían concluido la transposición, los servicios de la Comisión se centraron en la supervisión de la aplicación correcta. La Comisión examinó en especial las principales preocupaciones expresadas en el Anexo del Informe de 2004[4]. Los procedimientos de infracción se concentraron principalmente en el régimen transitorio, la independencia y la amplia gama de competencias de las autoridades nacionales de regulación, los retrasos en el examen de los mercados de referencia, la designación de un prestatario del servicio universal y en problemas que afectan a los consumidores tales como la portabilidad del número, los servicios de las guías, el número único de emergencia europeo (112) y la protección contra el correo basura.

El objetivo principal de la Directiva sobre la Televisión sin Fronteras consiste en crear las condiciones necesarias para la libre circulación de los programas de televisión en la Unión. Para poder determinar si los Estados miembros aplican correctamente las normas de la Directiva antes citada sobre la publicidad televisada, la Comisión recurre, en particular, a una vigilancia efectuada por un asesor independiente seleccionado tras una oferta de contrato público.

La Directiva sobre la reutilización de la información del sector público (ISP) persigue tres objetivos principales: en primer lugar, facilitar la creación a escala comunitaria de servicios basados en la ISP, en segundo lugar, fomentar la reutilización transfronteriza efectiva de la ISP para crear servicios de valor añadido y, finalmente, limitar las distorsiones de la competencia en el mercado comunitario. Se incoaron procedimientos de infracción con carácter prioritario contra los Estados miembros que no notificaron a tiempo las medidas nacionales de transposición.

En el sector de la justicia, la libertad y la seguridad , en 2005 vencían los plazos de transposición por los Estados miembros de dos importantes Directivas[5] por las que se conceden derechos sustanciales a los nacionales de terceros países. En 2006 vence también el plazo de transposición de otras dos importantes Directivas (Directivas 2003/109/CE[6] y 2004/83/CE[7]). Por esta razón, en 2005, la prioridad en el campo de la inmigración y el asilo consistió en ofrecer ayuda a los Estados miembros en el proceso de transposición y aplicación de estos actos. Otra cuestión importante derivada también del Programa de La Haya era supervisar eficientemente la aplicación de estos actos en los Estados miembros. Además, se puso en marcha un estudio externo sobre el control tanto de la aplicación como de la transposición de la Directiva 2003/9/CE por los Estados miembros.

En el sector del mercado interior , durante el año 2005, la Comisión reforzó la importancia política de las acciones llevadas a cabo en materia de aplicación del Derecho comunitario.

En el marco del seguimiento de la Recomendación de 12 de julio de 2004 sobre las buenas prácticas en materia de transposición[8], a raíz de una carta dirigida el 3 de mayo de 2005 por el Comisario McCreevy a todos los Estados miembros, la DG Mercado Interior pudo recoger información sobre la forma en que esta Recomendación se ha utilizado en el plano nacional. Esta investigación puso de manifiesto que una gran parte de las recomendaciones hechas por la Comisión se han traducido en acciones concretas.

En materia de control de la transposición, la DG Mercado Interior examinó, en 2005, la mayor parte de las aproximadamente 1300 medidas nacionales de transposición notificadas por los nuevos Estados miembros, que cubrían el acervo en vigor al 1 de mayo de 2004. Este trabajo considerable dio lugar al inicio de 259 procedimientos de infracción, de los que sólo siguen abiertos actualmente 85.

La DG Mercado Interior inició también en 2005 una reflexión sobre el modo en que podría optimizar el impacto, tanto jurídico como económico, de los procedimientos de infracción de los que es responsable. Dicha reflexión se basa en las primeras medidas de carácter interno adoptadas desde 2003 en el marco de la aplicación de la Comunicación de 2002.

En el sector de la salud y la protección de los consumidores , la Comisión controla la aplicación de la legislación comunitaria por medio de distintas acciones que tienen en cuenta las especificidades de los distintos sectores.

El enfoque integrado en materia de seguridad alimentaria tiene por objeto garantizar un alto nivel de seguridad alimentaria, salud, bienestar de los animales y salud de los vegetales en la Unión Europea mediante medidas coherentes del establo a la mesa y mediante una vigilancia adecuada, garantizando al mismo tiempo un funcionamiento eficaz del mercado interior.

L' Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) desempeña un papel preponderante en el control de la aplicación correcta de estas disposiciones. La OAV realiza inspecciones en los Estados miembros y en los terceros países que exportan hacia la Unión Europea. Cada año, la OAV elabora un programa de inspección mediante el cual establece cuáles son los sectores y los países que deben inspeccionarse con carácter prioritario. El programa se revisa a mitad de plazo con el fin de garantizar su adecuación a la actualidad y su pertinencia. Las conclusiones de las inspecciones se plasman en informes de inspección que contienen recomendaciones.

La protección de los consumidores es una de las medidas comunitarias que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. La política comunitaria en este sector incluye, en particular, el desarrollo de una legislación comunitaria destinada a defender los intereses, la salud y la seguridad de los consumidores en el mercado único. La acción comunitaria tiene también por objetivo establecer sistemas de recurso que permitan al consumidor comunitario hacer valer sus derechos sin recurrir a procedimientos judiciales.

La Comisión, para quien la salud constituye una prioridad esencial, se esfuerza en mejorar la salud pública en la Unión Europea, en prevenir las enfermedades y las afecciones humanas así como las causas de peligro para la salud humana. El plazo de la mayoría de las directivas que regulan este sector expiraba en 2005. La acción de la Comisión se concentró esencialmente en el control de la aprobación de las medidas de transposición.

En el sector de la energía y el transporte , se trataron 622 expedientes de infracción, entre ellos 247 infracciones por no comunicación de las medidas de transposición de las directivas y 375 infracciones por transposición no conforme de las directivas o por aplicación incorrecta del Derecho comunitario. Cabe observar un aumento de las infracciones (se abrieron 314 nuevos expedientes de infracción). En 12 de los expedientes, el Tribunal dictó sentencia por incumplimiento. El porcentaje de transposición de las directivas relativas a la energía aumenta al 97,6%; en el ámbito de los transportes, los retrasos en la transposición de las directivas se recuperan más lentamente, pues el porcentaje de transposición de las directivas de transportes es sólo del 96%.

Cabe resaltar que se invirtió la distribución entre los expedientes por no comunicación y los demás expedientes de infracción (no conformidad, aplicación incorrecta). El porcentaje de expedientes por no comunicación, en diciembre de 2005, ya era sólo del 29%. Las cifras de envío de escritos de requerimiento y de dictámenes motivados como parte de expedientes de no conformidad, que se han más que duplicado, confirman esa inversión.

En el sector de la energía, la Comisión decidió recurrir al Tribunal contra 6 Estados miembros por no transposición a su Derecho nacional de alguna de las dos directivas de 2003, o de ambas, relativas al mercado interior de la electricidad y del gas. Ambas directivas constituyen elementos esenciales para garantizar la apertura de los mercados de la electricidad y el gas en Europa.

Por otra parte, los servicios de la Comisión intensificaron su persecución de las situaciones de infracción en el ámbito del Tratado Euratom, por acciones relacionadas no sólo con el acervo de radioprotección, sino también con otras obligaciones vinculadas al control de la seguridad del material nuclear, a las relaciones exteriores y al papel de la Agencia de abastecimiento Euratom.

En el ámbito de los transportes, la Comisión continuó el examen de la transposición del "1er paquete ferroviario" y de la aplicación correcta de la Directiva sobre la Euroviñeta sobre la tarificación de carreteras.

Por lo que se refiere al sector aéreo, la Comisión presentó diversos recursos ante el Tribunal contra los 5 Estados miembros que no han comunicado las medidas de transposición de la Directiva de 2002 destinada a eliminar progresivamente los aviones más ruidosos de los aeropuertos de la UE. La Comisión decidió también recurrir al Tribunal contra los 4 Estados miembros que todavía no han establecido un sistema de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas frente a las compañías aéreas infractoras, ni han velado por que se apliquen correctamente de acuerdo con el Reglamento que ofrece a los pasajeros una protección reforzada en caso de denegación de embarque, de anulación del vuelo o de retraso importante.

Por último, en el ámbito de la seguridad marítima, la Comisión continuó, en particular, persiguiendo a los Estados miembros que no respetan la legislación comunitaria sobre el control del puerto por el Estado y sobre la mejora de la disponibilidad y la utilización de las instalaciones de recepción portuaria para residuos de explotación de los buques y residuos de carga.

En el sector pesquero , la gestión duradera de los recursos vivos marítimos responde a intereses sociales y económicos a largo plazo.

En el marco de la aplicación de las normas relativas a la conservación de los recursos, se prestó especial atención al cumplimiento de las normas relativas al control de la aplicación de las medidas técnicas de conservación (tamaño mínimo de las especies), al rebasamiento de la limitación cuantitativa de las capturas, a la comunicación de ciertos datos sobre las capturas y el esfuerzo pesquero y a la utilización de redes de enmalle de deriva.

La Comisión se comprometió a instaurar la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca[9], que tiene por objetivo reforzar la eficacia de la aplicación de la normativa gracias a la coordinación de los medios comunitarios y nacionales de control y vigilancia de las actividades de pesca.

En el sector de la fiscalidad y las aduanas , en 2005 se registraron y analizaron las numerosas nuevas denuncias de ciudadanos y de la sociedad civil. Los servicios de la Comisión detectaron también algunos casos nuevos de infracción a través de sus propias investigaciones.

En términos generales, ha habido cambios importantes en el control de la aplicación del Derecho comunitario en el ámbito de la fiscalidad, en el que se ha aplicado una política más activa contra las infracciones en especial por lo que se refiere a los nuevos Estados miembros. Aun cuando el Derecho derivado ha sido ya incorporado a las legislaciones nacionales, todavía existe en éstas un número elevado de infracciones potenciales.

La cada vez más abundante jurisprudencia del TJCE en materia de fiscalidad directa ha hecho también hincapié en el seguimiento y la aplicación coherentes de las sentencias en los diversos Estados miembros. El control de la compatibilidad de la legislación del Estado miembro con el Tratado CE, por lo que se refiere al pago de dividendos, ha sido también una actividad clave.

El examen de la legislación de los nuevos Estados miembros en 2005 dio lugar a un número considerable de casos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución o por aplicación incorrecta del Derecho comunitario en materia de fiscalidad indirecta (IVA e impuestos sobre los coches). También se llevó a cabo el examen de la legislación de transposición de las directivas recientes.

En el sector presupuestario , la Comisión tiene en general que efectuar el seguimiento de todos los casos en los que las infracciones a la legislación comunitaria han dado lugar a un pago fuera de plazo o incorrecto de los recursos propios o de otro tipo de ingresos.

En el sector de las estadísticas comunitarias, el control de la aplicación de la legislación estadística comunitaria constituyó una prioridad destacada en el transcurso del año. Con el fin de garantizar la correcta aplicación del acervo estadístico , la Comisión se esforzó en desarrollar una mejor información y colaboración con los Estados miembros. La mayoría de los expedientes fueron cerrados: de los 13 procedimientos de infracción aún abiertos en 2004, 10 fueron archivados.

Continúa el procedimiento de infracción incoado contra Grecia por incumplimiento de la obligación de remitir a la Comisión los datos estadísticos sobre el déficit con arreglo a los Reglamentos (CE) n° 3605/93[10] y n° 2223/96[11] y por violación del artículo 10 del Tratado CE y del artículo 3 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. La Comisión vela para asegurarse de que las autoridades griegas han adoptado las medidas necesarias para evitar la renovación de la infracción. También continúa el procedimiento incoado contra Grecia por aplicación incorrecta del Reglamento (CE) nº 1165/98, relativo a las estadísticas coyunturales. Grecia ha enviado ya la mayoría de los datos que faltaban y que eran objeto de la infracción. Por consiguiente, la Comisión considera que Grecia está ajustándose al Reglamento en cuestión.

Por lo que se refiere a las estadísticas sociales, el procedimiento de infracción abierto contra Bélgica, que no había transmitido los datos sobre el nivel y la composición de los costes salariales de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 530/1999[12], fue archivado, al haberse recibido las estadísticas que faltaban.

Por lo que se refiere a las estadísticas agrícolas, tras el envío por las autoridades griegas del Decreto presidencial por el que se transponía la Directiva 2001/107/CE[13], el expediente fue archivado.

A raíz de la ampliación, se han archivado también los ocho procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra cinco nuevos Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de transposición. Por último, por lo que se refiere a las estadísticas de los transportes de mercancías por carretera, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 21 de julio de 2005[14], declaró el incumplimiento de Grecia por lo que se refiere a la aplicación incorrecta del Reglamento (CE) n° 1172/98 del Consejo[15].

La prioridad esencial de la DG Comercio en el ámbito de la aplicación del Derecho comunitario es el control del respeto por los Estados miembros de la competencia comunitaria en materia comercial. Esta competencia exclusiva está firmemente establecida en algunos sectores de la política comercial común, en particular, en el comercio de mercancías, pero la naturaleza evolutiva de la política comercial común y su ampliación progresiva a nuevos sectores plantean a veces dificultades puntuales con los Estados miembros. No obstante, el diálogo permanente y la estrecha cooperación entre los órganos del Consejo y los servicios de la Comisión permiten prevenir acciones individuales de los Estados miembros en los ámbitos de competencia exclusiva, así como el desarrollo de las posiciones comunes en todos los sectores.

La política regional, conjuntamente con otras políticas estructurales, tiene por objeto reforzar la política de cohesión económica y social mediante la corrección de los desequilibrios regionales. La aplicación de esta política se lleva a cabo mediante intervenciones del FEDER o mediante proyectos individuales del Fondo de Cohesión y cubre una muy amplia gama de operaciones que van desde la cofinanciación de infraestructuras tradicionales a las infraestructuras digitales, pasando por la cofinanciación de ayuda a las empresas, por las iniciativas innovadoras y por las obras medioambientales.

La ejecución de esas intervenciones se lleva a cabo sobre la base del principio de asociación, es decir, en estrecha concertación de la Comisión con las autoridades nacionales, respetando las competencias de los socios y sobre la base del principio de subsidiariedad.

En este contexto, el objetivo prioritario consiste en procurar que la gestión de los Fondos Estructurales por las autoridades nacionales se ajuste a las normas del Derecho comunitario y a la buena gestión financiera.

En el ámbito de la ampliación el número de procedimientos de infracción disminuyó considerablemente en 2005 tras la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros el año anterior. La Comisión mantuvo abierto un expediente por aplicación incorrecta por un Estado miembro del Acuerdo de Asociación con Turquía, lo que había dado lugar a la discriminación de los trabajadores turcos que querían prorrogar su permiso de residencia.

En el "documento de trabajo de los servicios" de la Comisión adjunto puede encontrarse información suplementaria más detallada sobre los distintos sectores. En el segundo semestre del año está prevista la aprobación del análisis de las perspectivas en términos del control de la aplicación de Derecho comunitario.

[1] La gobernanza Europea - Un libro blanco (COM(2001)428).

[2] Véanse los datos detallados por Estado miembro en la página de la Secretaría General en EUROPA: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#transpositions

[3] A finales de 2005, el número total de expedientes abiertos en toda la Comisión ascendía a 3562. El porcentaje del número total de expedientes del sector del medio ambiente ha disminuido desde el 27% en 2004 al 22,4% en 2005.

[4] SEC(2004) 1535, de 2.12.2004.

[5] Directivas 2003/9/CE y 2003/86/CE, véase supra .

[6] Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, DO L 16, de 23.1.2004, p. 44.

[7] Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, DO L 304, de 30.09.2004, p. 12.

[8] SEC(2004) 918 final, de 12.7.2004.

[9] Reglamento (CE) n° 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005 - DO L 128, de 21.5.2005, p. 1

[10] Reglamento (CE) n° 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993, relativo a la aplicación del protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la CE.

[11] Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad.

[12] Reglamento (CE) No. 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas estructurales sobre ingresos y costes salariales.

[13] Directiva 2003/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/16/CE del Consejo, sobre las encuestas estadísticas de la leche y los productos lácteos.

[14] Sentencia de 21 de julio de 2004, asunto C -130/04, Comisión/Grecia.

[15] Reglamento (CE) 1172/98 del Consejo, de 25 de mayo de 1998, sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera - DO L163, de 6.6.1998, p. 1.