A4-0048/97 (Ponente: Marinucci)

Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a los servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores (COM(96)0209 - C4-0339/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 129 A del Tratado CE,

- Visto el Libro Verde de la Comisión «Servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores» (COM(96)0209 - C4-0339/96),

- Visto el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales,

- Vista la propuesta de Directiva sobre la venta a distancia (95/C 288/01),

- Vista la Segunda Directiva Bancaria (89/646/CEE),

- Visto el dictamen del Comité Económico y Social (CES 802/96),

- Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0048/97),

A. Considerando que el objetivo del Libro Verde no es examinar exhaustivamente todos los aspectos de los servicios financieros, sino más bien iniciar un debate general sobre dichos servicios en el que intervengan las organizaciones de consumidores, la industria, otras instituciones de la UE y los Estados miembros,

B. Considerando que el carácter transfronterizo de los servicios financieros ofrecidos a los consumidores se acentuará rápidamente,

C. Considerando que, en la perspectiva de la moneda única, deberá examinarse detalladamente el marco legislativo de la Comunidad que reglamenta los servicios financieros,

D. Considerando que un mercado europeo eficaz de los servicios financieros mejorará la libertad de elección de los consumidores y, por consiguiente, la eficacia del mercado,

E. Considerando que la legislación referente a los consumidores debería elaborarse paralelamente a la legislación sobre el mercado interior,

F. Considerando que la legislación actual de la CE en materia de servicios financieros se refiere principalmente a la realización del mercado interior y que sólo tiene en cuenta parcialmente la protección de los consumidores; considerando, asimismo, que se han descubierto lagunas en la legislación relativa a la protección de los consumidores, en particular como consecuencia de los nuevos avances tecnológicos,

G. Considerando que la legislación comunitaria debe ponerse al día mediante disposiciones referentes a la dinámica del sector de los servicios financieros, particularmente:

- a la globalización de los mercados financieros y a la introducción de nuevas tecnologías, lo que ha originado nuevos productos financieros y nuevas técnicas de comercialización;

- al impacto económico, social y cultural de dichos fenómenos;

- a la introducción del euro, que modificará radicalmente las condiciones de funcionamiento de los sectores financieros y que hará más accesibles a los consumidores los servicios financieros transfronterizos,

H. Considerando que las actuales restricciones y los costes que conllevan las transacciones transfronterizas impiden a los consumidores beneficiarse de las ventajas del mercado interior,

I. Considerando que personas vulnerables han sido estafadas o engañadas por operadores financieros carentes de escrúpulos, lo que demuestra la necesidad de una sólida protección del consumidor a escala europea,

1. Reconoce la importancia que reviste para el consumidor un mercado interior de servicios financieros completo y competitivo que tenga como resultado precios más bajos, una mayor elección y unos productos de mayor calidad;

2. Constata, por desgracia, que el mercado interior de los servicios financieros y seguros es aún incompleto y que, por consiguiente, el consumidor no puede beneficiarse de los frutos del mismo;

3. Acoge con satisfacción, por esta razón, el Libro Verde de la Comisión «Servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores», y lo considera una iniciativa seria para encontrar y subrayar las lagunas legislativas;

4. Observa que el Libro Verde demuestra claramente que existen asimetrías y desequilibrios en el mercado de servicios financieros y que el consumidor, por lo general, es la parte más débil en las relaciones contractuales.

5. Considera, sin embargo, que la Comisión no debería limitarse a examinar las ventas a distancia y las nuevas posibilidades de pago por vía electrónica, sino que debería elaborar con urgencia un informe en profundidad sobre la protección de los consumidores en los ámbitos del derecho bancario, de los títulos de crédito y de los seguros;

6. Considera que una legislación comunitaria deberá tener como objetivo garantizar una mayor competitividad de la oferta, una libre circulación efectiva de la oferta y de la demanda, una información adecuada, veraz y real del consumidor individual, así como una mayor transparencia y seguridad de los contratos transfronterizos;

7. Expresa su convicción de que se precisa un enfoque global que tenga en cuenta la dinámica del sector de los servicios financieros, por una parte, y las expectativas de los consumidores europeos, por otra;

8. Expresa su convicción de que la Comunidad debería emplear las competencias que le otorgan los artículos 100 A y 129 A, con objeto de que los consumidores europeos se beneficien plenamente del mercado interior de los servicios financieros.

9. Observa que el marco jurídico que regula los servicios financieros es fragmentario e, incluso, potencialmente contradictorio en algunas ocasiones, como lo demuestran las normas sobre fiscalidad en el sector de los seguros;

10. Considera que las partes contratantes deberán poder elegir, cuando sea posible, la aplicación de la legislación nacional teniendo en cuenta los principios establecidos en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en el Convenio de Roma de 1980

11. Constata que la ausencia de una armonización fiscal constituye un serio obstáculo al funcionamiento del mercado interior en el sector bancario y de seguros y lamenta que algunos Estados miembros adopten medidas fiscales con intenciones proteccionistas;

12. Solicita a la Comisión que actúe por tanto con mayor severidad contra las medidas fiscales (como la imposibilidad jurídica de desgravar contratos negociados en otro Estado miembro, especialmente en lo relacionado con los seguros de vida y los préstamos) que obstaculizan el funcionamiento del mercado interno y acoge con satisfacción la sentencia a este respecto del Tribunal de Justicia en el caso Wielockx ((Sentencia del TJCE de 11.8.1995, Asunto C-80/94, G.H.E.J. Wielocks contra Inspector de impuestos directos.));

13. Observa que el concepto de «interés general» no es objeto de una definición global que no sea discriminatoria y que, por consiguiente, podría aplicarse de tal manera que creara barreras a la competitividad y a la libre circulación de servicios.

14. Insta por tanto a la Comisión a que dé seguimiento a su proyecto de Comunicación sobre la libre prestación de servicios e interés general en la segunda directiva bancaria ((DO C 291 de 4.11.1995, pág. 7)), que solicite a los Estados miembros que remitan una lista a la Comisión así como a los agentes del mercado de todas las normas relacionadas con el «interés general» aplicables al sector bancario; solicita a la Comisión que, por analogía con el sector bancario, establezca también una serie de directrices para el sector de seguros con vistas a la utilización del «interés general»;

15. Insta a la Comisión a que realice propuestas para una definición del interés general, de manera que se eviten discrepancias innecesarias sobre el principio de reconocimiento mutuo;

16. Observa que la actividad de algunos intermediarios financieros no sujetos a regulación es perjudicial tanto para los consumidores europeos como para el sector financiero, por lo que pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva sobre los intermediarios financieros no sujetos a regulación;

17. Solicita a la Comisión que lleve urgentemente a la práctica la resolución de este Parlamentode 26 de octubre de 1995 sobre la reparación de los daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima ((DO C 308 de 20.11.1995, pág. 108));

18. Solicita a la Comisión que, teniendo en cuenta el principio de la libre determinación de tarifas conforme a lo establecido en la tercera directiva sobre seguros distintos del seguro de vida, tome medidas contra los Estados miembros que mantienen la bonificación de no siniestralidad («bonus/ malus») en los seguros para automóviles, como un sistema uniforme y obligatorio en su legislación nacional;

19. Solicita a la Comisión que, con vistas a un mejor funcionamiento del mercado interior y en colaboración con los sectores correspondientes, investigue de qué manera pueden armonizarse unas condiciones mínimas generales para los contratos de seguros sin que ello vaya en detrimento de la gama de productos de seguros existentes;

20. Opina que los consumidores deben beneficiarse de los mismos niveles de información y educación sobre sus derechos en toda la Unión Europea;

21. Considera que se ha de informar urgentemente al consumidor sobre cuáles son las posibilidades en un mercado interior de servicios financieros y de seguros; considera que la iniciativa «Ciudadanos de Europa» es un canal adecuado para satisfacer esta necesidad;

22. Considera que la realización de la Unión Económica y Monetaria permitirá al consumidor comparar más fácilmente los servicios financieros más allá de las fronteras y que de esta manera la prestación de servicios financieros transfronteriza resultará más accesible;

23. Expresa su convicción de que los consumidores deberían disfrutar de los mismos derechos de recurso en toda la Unión Europea y que, por consiguiente, deberían suprimirse las desigualdades existentes en las oportunidades de ejecución de dichos derechos;

24. Observa que la concepción y el marco normativo del Defensor del pueblo y otros sistemas similares de arbitrio en los servicios financieros difieren considerablemente en los Estados miembros;

25. Es partidario de la institución de órganos arbitrales y de conciliación para el sector financiero y de seguros, a condición de que existan suficientes garantías sobre su independencia y de que estén integrados a partes iguales por representantes de los consumidores y de los empresarios; considera que los órganos arbitrales y de conciliación deberán presentar un informe sobre las reclamaciones presentadas y su desenlace y que se ha de dar amplia publicidad a esta información tanto entre los proveedores como entre los consumidores;

26. Considera oportuno que los distintos «ombudsman» colaboren estrechamente en la preparación, creación y evaluación de la legislación en el sector financiero y de seguros;

27. Solicita a la Comisión que vigile más atentamente la correcta incorporación al Derecho nacional y el cumplimiento de las directivas relacionadas con los servicios financieros y los seguros por parte de los Estados miembros y que tome medidas más estrictas contra aquellos Estados miembros que no apliquen la legislación comunitaria existente;

28. Observa el escaso complimiento de la Recomendación sobre un Código europeo de buena conducta en materia de pago electrónico y de la Recomendación relativa a los sistemas pago y en particular a las relaciones entre titulares y emisores de tarjeta;

29. Pide a la Comisión, por consiguiente, que realice un análisis total y exhaustivo de la legislación existente, con objeto de identificar la escala y las dimensiones de las disfuncionalidades de los aspectos relacionados con el consumidor en la legislación relativa a los servicios financieros en el sector de los pagos electrónicos y las tarjetas de pago y que, a tenor de los resultados del mismo, presente la correspondiente propuesta legislativa en relación con los pagos electrónicos y las tarjetas de pago;

30. Lamenta que en el Libro Verde no se haga referencia a los cambios que provocará la introducción del euro;

31. Considera que la Comisión debería tener en cuenta las consecuencias de la creación de un espacio monetario sin fronteras para los servicios financieros;

32. Considera conveniente que a los contratos transnacionales se utilice el euro como moneda base a partir del momento mismo en que pasa a ser de curso legal;

33. Considera que debe modificarse la Directiva relativa a las transferencias transfronterizas, ya que han desaparecido las operaciones de cambio que justifican las disposiciones vigentes en la actualidad;

34. Pide a la Comisión que introduzca el concepto de «eurocompatibilidad» en todas sus actuaciones en este ámbito, es decir, que tenga en cuenta la introducción del euro el 1 de enero de 1999 en toda medida que adopte;

35. Pide a la Comisión que propicie un diálogo entre las asociaciones de consumidores y las asociaciones profesionales y los organismos de los diferentes servicios financieros, con objeto de identificar toda posibilidad de solución no legislativa basada en posiciones comunes;

36. Pide a la Comisión que proponga cuanto antes medidas legislativas para las cuestiones pendientes que requieren solución;

37. Propone que dicha legislación consista, en parte, en un marco legislativo horizontal que comprenda cuestiones comunes a todos los servicios financieros y que incluya específicamente:

- la información a los consumidores y la transparencia de los mercados y los precios;

- la protección de los derechos contractuales de la parte más débil, incluido el derecho a retirarse de las relaciones contractuales a largo plazo y el acceso a las vías de recurso;

- la calidad y la seguridad de los productos financieros;

- la competencia e integridad de los intermediarios;

- el acceso a los servicios básicos, es decir, el derecho a no ser excluido del circuito financiero de la sociedad moderna;

- el sobreendeudamiento, en cuyo contexto se pide asimismo a la Comisión que examine las posibilidades de elaborar disposiciones mínimas para el registro de crédito positivo, por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, con objeto de prevenir el sobreeendeudamiento de los consumidores;

y, en parte, de medidas verticales que comprendan, por ejemplo:

- los otros aspectos tecnológicos que no se refieran a las tarjetas de crédito y de pago, como las operaciones de telebanco a domicilio, que exijan una aproximación específica al servicio;

- los créditos inmobiliarios e hipotecarios, incluyendo planes financieros dirigidos a grupos vulnerables;

38. Pide a la Comisión que, en cualquier caso, presente en un plazo máximo de un año una propuesta de directiva sobre la venta a distancia de productos y contratos financieros;

39. Pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento sobre las conclusiones de los diferentes estudios e investigaciones que realice en el ámbito de los servicios financieros;

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.