Como cuestión de principio, las normas sobre ayudas estatales de la UE exigen que se recupere la ayuda estatal incompatible con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda. No hay multas en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE y la recuperación no sanciona a la empresa en cuestión. Se limita a restablecer la igualdad de trato con respecto a las demás empresas. Además, todas las decisiones de la Comisión están sujetas al control de los órganos jurisdiccionales de la UE. Si un Estado miembro decide recurrir una decisión de la Comisión, debe recuperar la ayuda ilegal, a menos que solicite al órgano jurisdiccional de la UE, y este acepte la adopción de medidas provisionales que ordenen la suspensión de la recuperación. Para cumplir su obligación de recuperación a la espera del resultado de los procedimientos judiciales, el Estado miembro puede, por ejemplo, colocar el importe recuperado en una cuenta de garantía bloqueada.

La Comisión constató que dos acuerdos fiscales alcanzados entre Irlanda y Apple rebajaron sustancial y artificialmente los impuestos pagados por Apple en Irlanda desde 1991. Los acuerdos fijaban un método para determinar los beneficios imponibles de dos empresas irlandesas del grupo Apple (Apple Sales International y Apple Operations Europe) en Irlanda, lo que no correspondía a la realidad económica: casi todos los beneficios procedentes de las ventas registradas por las dos empresas se asignaron internamente fuera de Irlanda a un «domicilio social» que existía solo sobre el papel, pues carecía de presencia física y de empleados en ninguna parte del mundo, y nunca podría haber generado dichos beneficios. Como consecuencia del método de asignación de beneficios fijado en los acuerdos fiscales, Apple pagaba considerablemente menos impuestos que otras empresas en Irlanda por sus beneficios de explotación: este tratamiento selectivo permitió a Apple pagar un tipo impositivo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1 % sobre sus beneficios en 2003 hasta el 0,005 % en 2014.

Una de las principales tareas de la Comisión, y en particular de la comisaria de Competencia, es garantizar que las normas de la UE se apliquen de manera justa a cualquier empresa que opere en el mercado único de la UE, con independencia de su tamaño, sector o nacionalidad. Esta es la única forma de garantizar una verdadera igualdad de condiciones y es la razón por la que la Comisión ha hecho cumplir las normas sobre ayudas estatales a lo largo de las últimas décadas.

Las medidas de la política de competencia de la Comisión en 2016 se centraron en una amplia gama de ámbitos, contribuyendo a que los mercados funcionen de manera más justa para todos. Al mismo tiempo, la política de competencia continuó apoyando los esfuerzos de la Comisión para cumplir las prioridades políticas clave, en particular la creación de un mercado único digital conectado, un mercado interior más justo y profundo, y una Unión de la Energía integrada y respetuosa con el clima.

La política de competencia no puede configurar por sí sola una economía más justa, pero puede suponer una importante diferencia: la aplicación de las normas de competencia garantiza que los consumidores tengan voz. La política de competencia contribuye a una sociedad que permita que las personas elijan, estimule la innovación, impida abusos por parte de los operadores dominantes, e impulse a las empresas a sacar el máximo partido de unos recursos escasos, contribuyendo así a hacer frente a desafíos mundiales como el cambio climático.

Por separado, la Comisión envió un pliego de cargos a Google sobre las restricciones que la empresa ha introducido en la capacidad de determinadas páginas web de terceros de mostrar anuncios de búsqueda de los competidores de Google. Google pone anuncios de búsqueda directamente en su sitio web de búsqueda, pero también como intermediario en páginas web de terceros, tales como minoristas en línea, operadores de telecomunicaciones y periódicos, a través de su plataforma «AdSense for Search». La opinión preliminar de la Comisión es que estas prácticas han permitido a Google impedir que los competidores actuales y potenciales, incluso otros proveedores de búsqueda y plataformas de publicidad en línea, entren y crezcan en este importante ámbito comercial.

Los motores de búsqueda desempeñan un papel clave en la orientación de los consumidores en el entorno digital, y la Comisión considera este mercado como una de sus prioridades. En julio, se enviaron dos pliegos de cargos contra Google y su sociedad matriz, Alphabet. La Comisión, en un pliego de cargos adicional que sigue al expedido en el mismo asunto en abril de 2015, reforzó su conclusión preliminar de que Google había abusado de su posición dominante al favorecer de forma sistemática su servicio de comparación de precios en sus páginas de resultados de búsquedas. A la Comisión le preocupa que los usuarios no vean necesariamente los resultados más pertinentes en respuesta a sus consultas, lo que iría en detrimento de los consumidores y de la innovación en el mercado. Mediante el envío de un pliego de cargos adicional, la Comisión reforzó su conclusión preliminar, protegiendo al mismo tiempo los derechos de la defensa de Google al darle la oportunidad de responder formalmente a las pruebas adicionales. La investigación en curso por parte de la Comisión siempre se entiende sin perjuicio de la decisión definitiva que adopte la Comisión en el caso.

Determinadas prácticas comerciales pueden limitar las posibilidades de elección de los consumidores, pero existe un problema aún mayor cuando se impide que nuevos productos lleguen al mercado. La ejecución de la normativa antitrust es fundamental para garantizar que las empresas dominantes no nieguen a otros la oportunidad de presentar la próxima generación de ideas innovadoras.

La mayor parte del bloqueo geográfico por parte de los minoristas se basa en decisiones unilaterales de las empresas de no vender más allá de sus fronteras, es decir, con independencia de los acuerdos con un proveedor o la presión comercial por parte de éste, y queda fuera del ámbito de aplicación de las normas de competencia de la UE. En el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital, en mayo de 2016 la Comisión también adoptó una propuesta de Reglamento destinado a abordar el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento, identificando las situaciones en las que no puede justificarse en ningún caso un trato diferente de los clientes debido a su ubicación geográfica.

En marzo, la Comisión publicó sus conclusiones iniciales sobre el bloqueo geográfico, según las cuales esta práctica está muy extendida en el comercio electrónico en toda la UE, en particular para los contenidos digitales. Casi el 60 % de los proveedores de contenidos digitales que respondieron a la encuesta habían acordado contractualmente con los titulares de los derechos aplicar el bloqueo geográfico. Si es resultado de acuerdos entre proveedores y distribuidores, podría restringir la competencia en el mercado único, violando las normas antitrust de la UE. Las investigaciones sobre el bloqueo geográfico, al igual que cualquier actividad de aplicación de las normas de competencia, requiere una evaluación jurídica y económica, que incluye asimismo un análisis de las posibles justificaciones de las restricciones detectadas.

En septiembre de 2016, la Comisión publicó las conclusiones iniciales de la encuesta sobre el sector. Durante la investigación, la Comisión recabó datos de casi 1 800 empresas que operan en el comercio electrónico de bienes de consumo y contenidos digitales, y analizó alrededor de 8 000 contratos de distribución. El informe preliminar confirma la creciente importancia del comercio electrónico, aunque también identifica una serie de prácticas comerciales que pueden limitar esta competencia en línea, en particular en lo relativo a las ventas en línea de bienes de consumo y los acuerdos de licencia de derechos de autor. La Comisión podría abrir nuevas investigaciones específicas sobre prácticas comerciales que puedan plantear problemas de competencia. El informe preliminar fue objeto de una consulta pública, que concluyó el 18 de noviembre de 2016.

El comercio electrónico es un buen ejemplo: la mayoría de los adultos de la UE adquirieron bienes o servicios por internet en 2015, elevándose esta cifra en algunos Estados miembros a más de ocho de cada diez personas. El comercio electrónico se ha convertido en un importante motor de transparencia y competencia de precios, ya que aumenta las posibilidades de elección de los consumidores y su capacidad para encontrar las mejores ofertas, impulsando la competencia y la innovación. Si bien crea asimismo nuevas oportunidades para las empresas, hacer frente a un mercado de comercio electrónico rápidamente cambiante no siempre es fácil. Todas las empresas que operan en línea, como minoristas y distribuidores, pero también fabricantes y creadores de contenidos, se enfrentan ahora a retos nuevos e importantes. La encuesta sobre el sector del comercio electrónico, puesta en marcha por la Comisión en 2015 como parte de su Estrategia para el Mercado Único Digital, contribuye a una mejor comprensión de los retos y oportunidades.

El mercado de los servicios digitales se ha convertido rápidamente en uno de los ámbitos que más preocupan a los consumidores europeos. La tecnología digital puede ofrecer precios bajos, gran variedad e innovación rápida, pero el que los consumidores obtengan realmente dichos beneficios depende de cómo funcione el mercado. El objetivo de la política de competencia es garantizar que los consumidores reciban un trato justo y que las grandes empresas no puedan establecer acuerdos que suban los precios, o impidan la innovación, o nieguen a las personas la libertad para elegir los productos que desean.

Para ayudar a las autoridades públicas y empresas a identificar cuándo el gasto público queda dentro y fuera del ámbito de control de las ayudas estatales de la UE, la Comisión publicó en mayo la Comunicación sobre el concepto de ayuda como uno de los pilares clave de su iniciativa de modernización de las ayudas estatales. La Comunicación ofrece orientaciones claras sobre todos los aspectos de la definición de ayuda estatal. Es especialmente importante facilitar la inversión pública, ya que asiste a los Estados miembros y a las empresas en el diseño de la financiación pública de manera que no corra el riesgo de falsear la igualdad de condiciones en el mercado único ni de excluir la inversión privada. Esto contribuirá a maximizar el efecto de las inversiones en crecimiento económico y creación de empleo, en consonancia con el Plan de Inversiones para Europa de la Comisión.

La evaluación de las ayudas estatales de la Comisión se basa en las Directrices de banda ancha de 2013. El objetivo es evitar que la financiación pública sustituya a la inversión privada, y promover una competencia efectiva velando por que otros proveedores de servicios puedan utilizar de forma no discriminatoria las infraestructuras financiadas con fondos públicos.

En octubre, la Comisión abrió una investigación sobre un acuerdo de uso compartido de red entre dos operadores checos de telefonía móvil, O2 CZ/CETIN y T-Mobile CZ. Ambos son dos de los principales operadores de telecomunicaciones de la República Checa, y conjuntamente sirven alrededor de tres cuartas partes del mercado minorista checo de telecomunicaciones móviles. La Comisión está investigando en particular si la cooperación entre O2 CZ/CETIN y T-Mobile CZ podría ralentizar mejoras de la calidad en las infraestructuras existentes, y retrasar o impedir el despliegue de nuevas tecnologías y servicios, en particular en las zonas densamente pobladas. La Comisión investigará también el impacto de posibles eficiencias que puedan obtenerse mediante el uso compartido de redes. Sobre la base de esta evaluación, la Comisión determinará si la cooperación infringe el artículo 101 del TFUE, que prohíbe las prácticas empresariales contrarias a la competencia.

A raíz de una investigación pormenorizada, la Comisión bloqueó en mayo, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de «O2» de Telefónica UK por «Three» de Hutchison 3G UK, que habría creado un nuevo líder en el mercado móvil del Reino Unido. La Comisión tenía serias inquietudes de que la significativa reducción de la competencia en el mercado habría dado lugar a precios más elevados y menor elección para los consumidores del Reino Unido. También es probable que la adquisición hubiera obstaculizado la innovación y el desarrollo de la infraestructura de la red en el Reino Unido, que es un problema grave, especialmente en un mercado que evoluciona con rapidez. Las soluciones propuestas por Hutchison no abordan de forma adecuada los problemas planteados por la operación.

Las condiciones actuales varían considerablemente de un mercado nacional de telecomunicaciones a otro. No hay «una talla única», y la Comisión siempre tiene en cuenta las diversas especificidades en su análisis.

Los consumidores no podrían disfrutar de nuevos servicios digitales sin una buena conexión a internet a precios asequibles. Ello significa que unas redes de telefonía móvil a precios asequibles son esenciales, al igual que lo es la competencia, que mantiene los precios bajos y lleva a los operadores móviles a invertir en la mejora de las redes. Para promover un verdadero mercado único digital, la Comisión no puede permitir los acuerdos contrarios a la competencia ni las fusiones que perjudican la competencia y aumentan los precios para los consumidores.

Las conclusiones preliminares de la Comisión indican que, como consecuencia del comportamiento de Google, los motores de búsqueda, sistemas operativos móviles y navegadores rivales podrían no haber podido competir en función de sus méritos, sino haber sido artificialmente excluidos de determinadas oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, puede haberse privado a los consumidores de una oferta más amplia de aplicaciones para móviles, servicios en línea y plataformas innovadoras, infringiendo las normas antitrust de la UE.

4. Lograr un mercado único que capacite a los ciudadanos y empresas de la UE

Al crear un mercado único más profundo y más justo, la política de competencia tiene una repercusión muy concreta en la vida de las personas, ya que los ciudadanos y las empresas de la UE intervienen cada día en el mercado. La construcción de una sociedad que trate a todos de forma equitativa significa que el mercado debe funcionar de una manera que capacite a los consumidores y garantice que se escucha su voz. La aplicación de las normas de competencia interviene cuando, por ejemplo, debido a un cartel, los consumidores pagan más de lo que debieran o tienen problemas para encontrar el producto que buscan. El control de las operaciones de concentración también es esencial para garantizar que las concentraciones no afecten negativamente a la estructura competitiva de los mercados, y por tanto a los consumidores y a la economía en general.

Para que el mercado único alcance su pleno potencial, la Comisión ha intensificado recientemente sus esfuerzos en la aplicación efectiva de las normas europeas en todos los ámbitos políticos. En diciembre de 2016, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», con el objetivo de que la ejecución y el cumplimiento de la legislación de la UE sean más estratégicos y centrados, en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas.

Lograr un sector del transporte eficiente y sostenible en toda la UE

El sector del transporte es fundamental para los hogares europeos: los bienes y servicios relacionados con el transporte son la segunda partida presupuestaria de gasto más importante de los hogares, tras los gastos en vivienda. Unos precios competitivos de los servicios de transporte revisten una importancia directa para millones de europeos.

En octubre, la Comisión envió un pliego de cargos a Brussels Airlines y TAP Portugal sobre su cooperación para ofrecer servicios de transporte de viajeros entre Bruselas y Lisboa en código compartido. Un acuerdo de código compartido es un acuerdo comercial por el cual la compañía aérea que opera un vuelo permite a otra compañía comercializar el vuelo y vender billetes, como si ella misma operase el vuelo. Los socios del código compartido acuerdan también cómo se compensarán entre sí por los asientos que venden en los vuelos del socio. El código compartido puede suponer ventajas para los viajeros en términos de mayor cobertura de la red y mejores conexiones. Sin embargo, la Comisión considera que, en este caso concreto, Brussels Airlines y TAP Portugal pueden haber usado su código compartido para restringir la competencia y perjudicar los intereses de los pasajeros en la ruta Bruselas-Lisboa.

En noviembre, la Comisión abrió asimismo una investigación para evaluar si el operador ferroviario dominante České dráhy, a.s. (ČD) cobraba precios inferiores a los costes con el fin de excluir la competencia en los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril, en violación de las normas antitrust de la UE. La competencia es fundamental para bajar los precios y aumentar la calidad de los servicios, sobre todo en mercados que anteriormente estaban en régimen de monopolio. La Comisión estudiará detenidamente las prácticas comerciales de České dráhy para asegurarse de que no expulsa a sus competidores del mercado en detrimento de los pasajeros. La incoación del procedimiento no prejuzga el resultado de la investigación.

Los operadores ferroviarios históricos han sido a menudo objeto de análisis desde el punto de vista de la competencia. En abril, la Comisión liberó a Deutsche Bahn antes de lo previsto de los compromisos vinculantes de diciembre de 2013, dado que varios competidores han entrado en el mercado ferroviario alemán, dando así respuesta a las inquietudes de la Comisión en materia de competencia. El aumento del nivel de competencia existente en el mercado alemán de suministro eléctrico ferroviario confirma que los compromisos lograron remediar las inquietudes de la Comisión en materia de competencia. Este es un buen ejemplo de cómo unos compromisos pueden abrir los mercados rápida y efectivamente, garantizar unas condiciones de competencia equitativas y dar lugar a una mayor competencia y precios más bajos para los consumidores y las empresas.

El transporte es también un importante ámbito de crecimiento, debido a su función específica de servir a los demás sectores de la economía. El transporte por carretera, en particular, constituye una parte esencial del mercado único europeo: hay más de 30 millones de camiones en las carreteras europeas, lo que representa alrededor de tres cuartas partes del transporte interior de mercancías en Europa. La competitividad del sector depende de los precios de los vehículos utilizados por los transportistas.

En julio, la Comisión constató que MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF habían infringido las normas antitrust de la UE, e impuso una multa récord de 2 900 millones EUR.

Una decisión histórica en el sector del transporte por carretera: el asunto del cartel de los camiones La Decisión de la Comisión se refiere específicamente al mercado de la fabricación de camiones medianos (con un peso de entre 6 y 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas). MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF suman alrededor de 9 de cada 10 camiones medianos y pesados fabricados en Europa. En lugar de competir entre sí, las empresas se pusieron de acuerdo sobre los precios durante más de 14 años, de 1997 a 2011, hasta que la Comisión realizó registros sin previo aviso en las empresas. A lo largo de los años, los debates entre las empresas abordaron los mismos temas, a saber, los aumentos de precios de la «lista bruta», el calendario para la introducción de nuevas tecnologías de emisiones y la transferencia a los clientes de los costes de dichas tecnologías. Todas las empresas reconocieron su participación y acordaron resolver el asunto. También se incoó un procedimiento con respecto a Scania, que no participó en la decisión de transacción. Por tanto, la investigación continúa para esta empresa según el procedimiento normal de cártel (sin transacción). Esta decisión es también importante para subrayar la importancia de un mercado operativo y competitivo para el fomento del desarrollo y la difusión de tecnologías rentables de bajas emisiones, que es uno de los elementos de la estrategia europea de movilidad con bajo nivel de emisiones.

Proteger la competencia en los mercados concentrados

El papel de la Comisión en el control de las concentraciones es muy importante para proteger una competencia leal en todos los sectores e industrias, pero podría ser aún más relevante en aquellos sectores que ya están relativamente concentrados. La Comisión debe asegurarse de que las empresas poderosas no abusan de su poder de forma que les beneficie a ellas pero que perjudique a sus clientes y al resto de la economía.

Por ejemplo, la Comisión ha prestado particular atención al mercado de la protección de los cultivos, para garantizar que las estructuras de mercado resultantes de las concentraciones no acaben afectando negativamente a los agricultores europeos, cuya subsistencia depende del acceso a las semillas y a la protección de los cultivos a precios competitivos. En 2016, la Comisión inició dos investigaciones pormenorizadas sobre propuestas de concentraciones en este ámbito.

La primera operación propuesta se refiere a Dow y DuPont, dos empresas estadounidenses, y daría lugar a la mayor empresa integrada de semillas y protección de cultivos del mundo. Combinaría a dos competidores que poseen las principales carteras de herbicidas e insecticidas y un sólido historial de introducir en el mercado productos innovadores de semillas y de protección de cultivos. La segunda propuesta de fusión afecta a Syngenta de Suiza, una de las principales empresas mundiales de semillas y protección de cultivos, y a ChemChina de China, que controla Adama, el mayor proveedor de productos fitosanitarios genéricos en Europa. Sus productos se utilizan en varios de los principales cultivos de Europa, incluidos cereales, algodón, maíz, frutas y hortalizas, colza, soja, remolacha azucarera y girasol. Las investigaciones en profundidad examinarán si las propuestas de fusión podrían dar lugar a precios más altos o a menor innovación para estos productos.

Un sector financiero más justo para apoyar la economía real