C 80/24 ES 30.3.2004 Diario Oficial de la Unión Europea
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:
— la «Comunicación de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) no1/2003 del
Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competenciaprevistas en los artículos 81 y 82 del Tratado» (
1),y
— la «Comunicación por la que se invita a terceros a presentar comentarios sobre los proyectos
de comunicación de la Comisión» (2)
(2004/C 80/08)
El 26 de septiembre de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo
sobre las comunicaciones mencionadas.
El Comité Económico y Social Europeo decidió encargar la preparación de los trabajos sobre este asunto
a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo.
Debido a la urgencia de los trabajos, en su 404oPleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión
del 11 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. Metzlery ha aprobado por 45 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento
(CE) n
o1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (en lo sucesivo:
«R 1/2003») la Comisión puede adoptar cuantas disposicionesestime pertinentes con vistas a la aplicación del citado
Reglamento. El proyecto de Reglamento (CE) de la Comisión
relativo a los procedimientos de la Comisión con arreglo a losartículos 81 y 82 del Tratado CE y los proyectos de comunica-
ción de la Comisión se refieren al nuevo R 1/2003, cuya
aplicación deben aclarar.
1.2. El Comité basará sus observaciones sobre los proyectos
en dos premisas que revisten una importancia decisiva para la
evaluación de todo el paquete. Por una parte, el paquete de
modernización debería contribuir de manera importante aclarificar la acción de los destinatarios de los distintos proyec-
tos, para que el Derecho de la competencia pueda desarrollarse
de manera uniforme en los distintos Estados miembros y seconstruya a largo plazo una cultura común de la competencia
sin diferencias regionales. Por otra parte, esta máxima deberá
aplicarse sin menoscabo de la Legislación Nacional para lasempresas afectadas por los proyectos; las simplificaciones delos procedimientos no han de conducir a menoscabar los
derechos de las empresas.
1.3. A continuación se da una breve visión de conjunto del
contenido principal del proyecto de Reglamento (CE) de la
Comisión relativo a los procedimientos de la Comisión con
arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (en lo sucesivo:Reglamento relativo a los procedimientos) y de los seis
proyectos de comunicación de la Comisión.
(1) DO C 243 de 10.10.2003, p. 3.
(2) DO C 243 de 10.10.2003, p. 10.2. Reglamento relativo a los procedimientos
2.1. Síntesis
2.1.1. El Reglamento relativo a los procedimientos regula
la incoación de procedimientos por la Comisión con arreglo alos artículos 81 y 82 del Tratado, facilita instrucciones más
detalladas sobre las investigaciones de la Comisión y regula la
tramitación de denuncias, para las cuales se introducirá unnuevo formulario C. Además, se regulan el ejercicio del
derecho de las empresas interesadas a ser oídas, el acceso al
expediente y el tratamiento de la información confidencial.
2.2. Observaciones
2.2.1. El Comité considera positivo que la Comisión se
obligue a cumplir nuevos requisitos en el marco de las
actividades de investigación para recabar declaraciones a fin de
proteger a las partes interesadas. En efecto, se explicará a losdeclarantes el objeto de la solicitud de declaración y su posible
registro y se les dará la posibilidad —o, en el caso de
inspecciones, a las empresas— de corregir las declaracionesregistradas.
2.2.2. No obstante, la Comisión debería modificar el artí-
culo 3 (Poder de recabar declaraciones) de forma que laComisión también tenga que facilitar de antemano a aquellos
que deseen declarar las correspondientes indicaciones sobre el
carácter voluntario de su declaración y, si procede, el derechode negarse a declarar y el derecho a estar asistido por un
abogado. Además, deberían explicárseles las posibles sanciones
que pueden derivarse de la declaración. Debería hacerse lomismo para las preguntas orales durante las inspecciones
(artículo 4), todo ello en aras de los principios de un
procedimiento justo. También deberá cuidarse de que elartículo 4 no contradiga el segundo guión de la letra d) delapartado 1 del artículo 23 del R 1/2003, que dispone que los
representantes de las empresas pueden rectificar las declaracio-
nes de todos los miembros de su personal. Por lo tanto, en elapartado 2 del artículo 4 debería dejarse claro que no sólo
30.3.2004 ES C 80/25 Diario Oficial de la Unión Europea
podrán rectificarse declaraciones de miembros del personal (y
representantes de las empresas) no autorizados, sino también
de miembros del personal y representantes de las empresas
debidamente autorizados. Los representantes de las empresasy los miembros del personal deberían gozar también delderecho de comprobar sus propias declaraciones.
2.2.3. La Comisión considera que debe limitarse la posibili-
dad de que las empresas puedan alegar derechos de defensa enun momento determinado tras la notificación del pliego de
cargos; a partir de este momento, toda nueva alegación podrá
no ser tenida en cuenta (apartado 2 del artículo 10). El Comitéconsidera que esta nueva disposición contiene una recorte
excesivo e innecesario de las posibilidades de defensa de las
empresas, que no responde a la práctica actual. Además, asítampoco podrían tomarse en consideración aquellos hechos
de los que se tenga conocimiento por vez primera una vez
expirado el plazo, lo cual sería injusto. Asimismo, no deberíaexcluirse la posibilidad de una nueva alegación ante el Tribunal.
2.2.4. De conformidad con el apartado 1 del artículo 15, el
acceso al expediente se concederá sólo después de la notifica-
ción del pliego de cargos. No obstante, en la práctica se
considera conveniente que también se pueda acceder alexpediente antes de la notificación del pliego de cargos,siempre que con ello no se perjudique a las investigaciones.
Así se podría simplificar el procedimiento.
2.2.5. La Comisión debería estudiar también la posibilidad
de prever en el artículo 18 (Plazos) la prolongación de los
plazos previa solicitud justificada de las empresas.
3. Proyecto de Comunicación de la Comisión sobre la
cooperación en la Red de Autoridades de Compe-
tencia
3.1. Síntesis
3.1.1. Con el R 1/2003 se establece el principio de las
competencias concurrentes. Un cártel puede ser perseguido
tanto por las autoridades nacionales de competencia como porla Comisión. Debe ser competente para ello la «autoridad
adecuada», esto es, aquella en cuyo territorio se produzca la
infracción, siempre que termine de manera eficaz con estaúltima y pueda recoger las pruebas necesarias. Esto puedeafectar a varias autoridades nacionales de competencia. Si en
un caso determinado actúan más de tres autoridades nacionales
(o son competentes para dicho caso), la Comisión será la«autoridad especialmente adecuada». Además, la Comisión
también puede hacerse cargo del asunto si éste último
es importante para el desarrollo ulterior de la política decompetencia, para garantizar la aplicación de las normas sobre
la competencia o si el asunto está estrechamente vinculado a
otras disposiciones del Derecho comunitario. En cuanto alreparto de los asuntos, las autoridades deberán informarse
recíprocamente, antes o inmediatamente después de adoptarse
la primera medida formal de investigación. Por lo demás, elR 1/2003 (artículo 13) otorga a una autoridad nacional decompetencia el derecho de supresión o archivo del procedi-
miento, cuando otra autoridad nacional de competencia se
esté ocupando del asunto. No obstante, ninguna autoridadnacional de competencia está obligada a abstenerse de actuar.3.1.2. El valor de la red reside también sobre todo en la
mayor facilidad de intercambio de informaciones. Así, cadaautoridad nacional de competencia deberá poner a disposiciónde las demás autoridades el material que resulte útil para laaplicación de las disposiciones comunitarias en materia decompetencia. Además, al hacerlo deberán respetarse los secre-tos de empresa y las informaciones estarán sujetas a un findeterminado. Por último, deberá prestarse atención a losderechos de defensa de las personas físicas cuando se obtenganinformaciones en países donde puedan imponerse sancionespenales a ciudadanos particulares por infracciones relacionadascon cárteles. Además, cada autoridad nacional de competenciapodrá solicitar el apoyo de otra autoridad para recabarinformaciones que sean necesarias para la persecución de loscárteles. Esto también es válido para la Comisión en relación
con las autoridades nacionales de competencia.
3.1.3. El trato con arreglo a un programa de clemencia
deberá solicitarse individualmente a cada una de las autoridadesque pudieran ser competentes para el asunto, y, en la medidade lo posible, de manera simultánea. Su extensión no tienerepercusión alguna. En caso de que se informe a otrasautoridades nacionales de competencia de una solicitud de estetipo, éstas no podrán utilizar las informaciones incluidas paraincoar ellas mismas rápidamente un procedimiento. Por lodemás, la transmisión de pruebas facilitadas por el solicitantesólo está autorizada con su consentimiento, por lo quecorresponde a las autoridades receptoras, si la empresa tambiénha solicitado un programa de clemencia o la autoridadreceptora se compromete a ello, no utilizar la informaciónpara imponer sanciones al solicitante (o a las personas incluidasen la solicitud).
3.2. Observaciones
3.2.1. El Comité apoya una estrecha colaboración entre la
Comisión y las autoridades nacionales de competencia, ya queasí puede fomentarse la aplicación de decisiones coherentes enlos distintos Estados miembros y puede surgir una culturaeuropea uniforme de la competencia. No obstante, desea
también una mayor consolidación del principio de «ventanilla
única», para excluir que las empresas sean objeto de varios
procedimientos concurrentes en materia de cárteles y de
múltiples sanciones en distintos Estados miembros. El CESEduda de que el mero carácter apelativo de la Comunicación,
para fundamentar en la medida de lo posible sólo la competen-
cia de una autoridad, represente una protección suficiente paralas empresas. Por lo tanto, se recomienda establecer criterios
detallados para una asignación clara e inequívoca de los
asuntos.
3.2.2. El hecho de que la solicitud de clemencia de una
empresa ante una autoridad nacional no se valore simultánea-
mente también como solicitud de clemencia ante otros ordena-
mientos jurídicos nacionales de la competencia no toma en
suficiente consideración los intereses de las empresas enmateria de seguridad jurídica. Desde el punto de vista de la
eficacia, debería bastar la presentación de una solicitud en la
red para satisfacer a los requisitos de solicitud en todos losEstados miembros. Precisamente en la carrera que emprenden
las empresas para ser el primer «informador» una presentación
de solicitud posterior en otro Estado miembro puede conducira consecuencias injustas para la empresa. También sería
conveniente incluir en una nota a pie de página de la
comunicación una referencia a procedimientos de clemencia
de otras autoridades nacionales de competencia.
C 80/26 ES 30.3.2004 Diario Oficial de la Unión Europea
4. Proyecto de Comunicación relativa a la cooperación
entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de
los Estados miembros de la UE para la aplicación de
los artículos 81 y 82 CE
4.1. Síntesis
4.1.1. Para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE no
sólo están facultadas y obligadas la Comisión y las autoridades
nacionales de competencia —en particular en el marco de las
demandas civiles relacionadas con los contratos y la reparaciónde daños (a menudo también en la garantía legal provisional)
así como en los asuntos de ejecución—, sino también los
tribunales nacionales. En virtud del Tratado CE, la interpreta-ción de los artículos 81 y 82 por parte de la Comisión no tieneprioridad general frente a la interpretación de dichas normas
por los tribunales nacionales; antes bien, ambos disponen de
una competencia original de interpretación de los artículos 81y 82 del Tratado CE, y por encima de ambos sólo se sitúa el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El peligro
de que se adopten decisiones divergentes como consecuenciade las competencias concurrentes se contrarresta mediante el
apartado 1 del artículo 16 del R 1/2003, en virtud del cual
los órganos jurisdiccionales nacionales no podrán adoptarresoluciones en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado CE
incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión sobre
el mismo asunto, o susceptibles de entrar en conflicto con unadecisión prevista por la Comisión en procedimientos que yahaya incoado.
4.1.2. A fin de permitir a los órganos jurisdiccionales
nacionales el cumplimiento del apartado 1 del artículo 16 delR 1/2003, evitar divergencias entre la Comisión y los tribunales
nacionales también en aquellos asuntos en los que la Comisión
(todavía) no haya incoado ningún procedimiento y utilizar lamayor proximidad a los hechos de que a menudo disfruta la
Comisión, el artículo 15 del R 1/2003 prevé una amplia
cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales yla Comisión. La Comunicación explica —tras una síntesis
introductoria de las obligaciones de los órganos jurisdicciona-
les nacionales en la aplicación de los artículos 81 y 82 delTratado CE, derivadas de la jurisprudencia del Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas y del apartado 1 del
artículo 16 del R 1/2003— la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales nacionales y la Comisión de conformidad conel artículo 15 del R 1/2003. Como señala expresamente
la Comisión en el apartado 42 de la Comunicación, la
Comunicación no es vinculante para los órganos jurisdicciona-les nacionales. Además, el procedimiento de la cooperación se
ajusta al derecho procesal del Estado miembro al que pertenece
el órgano jurisdiccional nacional correspondiente, debiéndoserespetar no obstante los principios jurídicos generales desarro-
llados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
4.2. Observaciones
4.2.1. El Comité comparte el objetivo del R 1/2003 de
reforzar la aplicación del Derecho de la competencia por partede particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.La aplicación individual descentralizada del Derecho de la
competencia responde a la condición de economía de mercado
del mercado único y, por tanto, es, junto a la aplicación delderecho procesal por la Comisión y las autoridades nacionalesde competencia, indispensable. Por consiguiente, el Comité
acoge favorablemente la mayor transparencia que la Comisión
crea mediante la Comunicación para los órganos jurisdicciona-
les nacionales. El Comité espera que también la futura coopera-ción concreta de la Comisión con los órganos jurisdiccionalesnacionales en algunos asuntos, de conformidad con el artí-
culo 15 del R 1/2003, contribuya a fortalecer la efectividad
de la protección jurídica para los particulares (empresas yconsumidores) a nivel de los Estados miembros. En particular,
la Comisión puede prestar una valiosa ayuda a los órganos
jurisdiccionales —todavía escasos— de los países de la adhe-sión en la aplicación del Derecho comunitario.
5. Comunicación relativa a las orientaciones informales
sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artí-
culos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntosconcretos (cartas de orientación)
5.1. Síntesis
5.1.1. Con el R 1/2003 se suprimió el antiguo sistema de
notificación, para que la Comisión pueda concentrarse mejoren la persecución de las infracciones más graves de los cárteles.
En principio, las propias empresas deben evaluar la legalidad
de sus acuerdos o sus procedimientos. No obstante, puedenrecabar orientaciones informales de la Comisión sobre cuestio-nes nuevas o sin resolver, sin que ello signifique tener un
derecho al respecto. Entonces reciben una carta de orientación.
La Comisión señala que sólo facilitará esta orientación en lamedida en que sea compatible con sus prioridades en materia
de control. «Examina si es oportuno» enviar una carta de
orientación cuando se cumplen tres requisitos: novedad dela cuestión, conveniencia de una carta de orientación y
circunstancias actuales. En caso de cuestiones hipotéticas, o
de cuestiones que dependan de la decisión de un órganojurisdiccional nacional u otra administración nacional de
competencia, no contempla enviar una carta de orientación.
5.1.2. Las cartas de orientación no son vinculantes para los
órganos jurisdiccionales nacionales ni para las autoridadesnacionales de competencia. Tampoco son vinculantes para laComisión, pero esta última «tomará en consideración» la carta
si se le presenta una reclamación sobre el mismo asunto.
5.2. Observaciones
5.2.1. El sistema basado en la excepción jurídica libera a las
empresas de cargas burocráticas innecesarias. No obstante, enla Comunicación podría suavizarse más la inseguridad jurídica
para las empresas, que también se introduce con este cambio,
si las empresas tuviesen en determinados casos difíciles elderecho de presentar una solicitud para que la Comisión emita
un dictamen motivado, en lugar de remitirse exclusivamente a
una orientación informal, que la Comisión no está obligada afacilitar. En todo caso, la Comisión debería estar dispuesta a
facilitar a las empresas un dictamen que sea vinculante para
ella cuando se le planteen nuevas cuestiones técnicas yjurídicas; de lo contrario, no resultaría muy evidente el valorde una carta de orientación. Las orientaciones informales de la
Comisión no ofrecen por sí solas una protección jurídica
suficiente frente a sanciones más severas, que se han intensifi-cado nuevamente.
30.3.2004 ES C 80/27 Diario Oficial de la Unión Europea
6. Proyecto de Comunicación de la Comisión sobre la
tramitación de denuncias por parte de la Comisión al
amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE
6.1. Síntesis
6.1.1. La Comunicación explica en primer lugar que una
empresa afectada puede elegir entre ejercitar una acción ante
un órgano jurisdiccional nacional y presentar una denuncia a
la Comisión. Para la denuncia son aplicables las competenciasconcurrentes de la Comisión y de la autoridad nacional de
competencia. La Comisión puede tramitar con distinta rapidez
las denuncias presentadas, estableciéndose la prioridad enfunción del grado de interés de la Comunidad por el caso.
Por lo demás, la denuncia deberá presentarse mediante el
formulario C. La Comisión examina si el denunciante puedeacreditar un interés legítimo.
6.1.2. El interés comunitario necesario para el examen por
parte de la Comisión lo evalúa esta última en función de los
siguientes criterios: si el denunciante puede ejercitar una acciónante órganos jurisdiccionales nacionales, el alcance de las
infracciones denunciadas, la manera en que afecta a las
condiciones de la competencia en la Comunidad, la gravedadde las mismas y el alcance de las investigaciones necesarias.
También examina si mientras tanto la práctica denunciada se
ha abandonado y si la empresa denunciada está dispuesta amodificar la práctica.
6.2. Observaciones
6.2.1. Precisamente en el sistema basado en la excepción
jurídica, los acuerdos contrarios al derecho en materia de
cárteles ya no son tan fáciles de percibir por la Comisión o las
autoridades nacionales de competencia. Por lo tanto, lasdenuncias tienen una importante función adicional de detec-
ción y clarificación, por lo que los requisitos para su aceptación
a examen no deberían ser demasiado exigentes. En vista de laamplia facultad discrecional de la Comisión, no es evidente
de antemano para el denunciante si la Comisión aceptará
efectivamente una denuncia. Esto podría disuadir a posiblesdenunciantes de presentar una denuncia, para lo cual el
formulario C significa nuevos gastos burocráticos. Por lo tanto,
sería deseable una reglamentación más clara de los requisitosde aceptación, así como una definición inequívoca del interéscomunitario, que constituye el requisito para la aceptación de
denuncias por la Comisión.
7. Directrices relativas al concepto de efecto sobre el
comercio contenido en los artículos 81 y 82 del
Tratado
7.1. Síntesis
7.1.1. Las directrices contienen una síntesis de los principios
que los órganos jurisdiccionales comunitarios han desarrolladopara la interpretación del concepto de efecto en el comercio
entre los Estados miembros, contenido en los artículos 81 y
82 del Tratado («cláusula de la interestatalidad»). Además,
contienen una nueva norma desarrollada por la Comisión(denominada «regla AEAC»), que indica cuándo no es probableque los acuerdos puedan afectar de forma apreciable al
comercio entre Estados miembros.
7.1.2. Tras presentar los principios generales y los distintos
elementos de la cláusula de «interestatalidad», las directricesdesarrollan desde el punto de vista de la apreciabilidad la «regla
AEAC», en virtud de la cual los acuerdos no están en principio
sujetos a la aplicación de la «cláusula de interestatalidad»cuando (a) la cuota total de mercado de las partes no seasuperior al 5 % de uno de los mercados afectados por el
acuerdo, y (b) el volumen total de negocios de las empresas
participantes en el interior de la Comunidad no supere los40 millones de euros. A continuación, las directrices presentan
la aplicación de estos principios y de la «regla AEAC» a las
formas más usuales de acuerdos y prácticas abusivas, enparticular a los acuerdos referentes a importaciones y exporta-
ciones, cárteles, acuerdos de cooperación horizontal, acuerdos
verticales y abuso de posición dominante en varios Estadosmiembros, diferenciándose respectivamente entre los acuerdos
y prácticas que afectan a varios Estados miembros y aquellos
que se limitan a un Estado miembro o a una parte del mismo.
7.2. Observaciones
7.2.1. El Comité acoge favorablemente la amplia presenta-
ción de la aplicación de la «cláusula de interestatalidad» por
parte de la Comisión, en particular que aborde grupos
concretos de asuntos, ya que las cuestiones que se planteancon respecto a los mismos son muy diferentes. El Comité, no
obstante, se plantea la cuestión de si la «regla AEAC» desarro-
llada por la Comisión puede crear en el marco de una simplecomunicación la seguridad jurídica que se pretende para las
empresas afectadas. Teniendo en cuenta la amplia interpreta-
ción tradicional de la «cláusula de interestatalidad» por partede los órganos jurisdiccionales comunitarios, se incrementaría
la seguridad jurídica si la Comisión eligiese para ello la figura
jurídica del reglamento.
7.2.2. Además, el Comité se pregunta si es razonable el
segundo plano que al parecer se busca imponer al Derecho
comunitario frente a los derechos nacionales de la competencia
con el establecimiento de la «regla AEAC». Puesto que práctica-mente todos los Estados miembros disponen de normas
nacionales de competencia, cuya interpretación uniforme en
caso de negación de la «cláusula de interestatalidad» no puedengarantizar ni la Comisión ni los tribunales comunitarios, losacuerdos transfronterizos de las PYME corren precisamente el
peligro de la aplicación de varias normativas jurídicas diferentes
que se interpretarán posiblemente de manera más estricta queel Derecho comunitario.
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8. Proyecto de Comunicación — Directrices relativas a
la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado
8.1. Síntesis
8.1.1. La transición provocada por el R 1/2003 del sistema
de exenciones al sistema basado en la excepción jurídica
conduce a que las empresas ya no tengan que examinar sólo lacuestión de si se cumplen las circunstancias previstas en el
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, sino también si se
cumple la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 81del Tratado CE. Para facilitar este examen a las empresas, la
Comisión presenta ahora directrices relativas a la aplicación
del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, que complemen-tan las directrices existentes sobre la aplicabilidad del artí-culo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación
horizontal (DO C 3 de 2001, p. 2) y las directrices relativas a
las restricciones verticales (DO C 291 de 2000).
8.1.2. Las directrices explican en primer lugar el marco
general del artículo 81 del Tratado CE y, en particular, la
aplicación también del apartado 1 del artículo 81 del Tratado
CE, ya que el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE sólopuede interpretarse con exactitud con este trasfondo. A
continuación se aborda cada uno de los cuatro requisitos del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, resumiéndose en loesencial sólo la práctica actual de la Comisión en materia
de decisiones y la jurisprudencia de los tribunales, pero
especificándose, en parte claramente, los requisitos estableci-dos a partir de ellas, aparentemente con el objetivo de una
verificabilidad econométrica concreta.
Bruselas, 11 de diciembre de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH8.2. Observaciones
8.2.1. El Comité acoge favorablemente el esfuerzo de la
Comisión por formular de manera precisa la aplicabilidad del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. No obstante, escuestionable que todas las decisiones del pasado en materia deexenciones hayan satisfecho el detallado catálogo de requisitos
que se establece ahora. El Comité considera que el motivo no
está en la escasa calidad de decisiones anteriores de laComisión, sino en el problema de método fundamental
—también mencionado en las directrices— de la falta de
cuantificabilidad de la eficacia ganada. Incluso en las grandesempresas con sistemas de contabilidad y análisis de costes
extraordinariamente detallados, las decisiones de inversión no
se adoptan exclusivamente con arreglo a un plan detallado,sino también y precisamente en función de «visiones estratégi-
cas», porque no siempre resulta posible representar los factores
más relevantes de la economía de la empresa en su interaccióncon los parámetros de mercado mediante modelos de cálculo.
8.2.2. Aunque el Comité no cuestiona el planteamiento
económico básico de la Comisión, pide, no obstante, a laComisión que en su apreciación relativa al apartado 3 delartículo 81 del TCE incluya también el «discernimiento empre-
sarial sano» de un empresario (real o hipotético) en el mercado
correspondiente. El apartado 3 del artículo 81 del TCE, portanto, no debería aplicarse sólo cuando sea evidente con
seguridad casi absoluta una ganancia neta para el consumidor,
sino también cuando la Comisión pueda excluir con seguridadsuficiente que los socios que cooperan alcanzan sus acuerdos
para eliminar la competencia en lugar de para aumentar su
propia competitividad. Sólo así se descarta que fracase ladeseable competencia innovadora como consecuencia de la
prohibición de cárteles del artículo 81 del Tratado CE.