N° C 244/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
Propuesta de Tercera Directiva del Consejo sobre coordinación de las disposiciones lega­
les, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de 
vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE 
COM(90) 348 final — SYN 291 
(Presentada por la Comisión el 27 de julio de 1990) 
(90/C 244/02) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artí­
culo 57 y su artículo 66, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que es necesario llevar a término el mer­
cado interior en materia de seguro directo no de vida, 
en su doble vertiente de libertad de establecimiento y 
libre prestación de servicios, al objeto de facilitar a las 
empresas de seguros con sede en la Comunidad la 
cobertura de los riesgos que se produzcan dentro de 
ésta; 
Considerando que la Segunda Directiva 88/357/CEE 
del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordina­
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas al seguro directo distinto del 
seguro de vida, por la que se establecen las disposicio­
nes destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre 
prestación de servicios y por la que se modifica la 
Directiva 73/239/CEE ('), en lo sucesivo denominada 
Segunda Directiva, ha contribuido en gran medida a la 
realización del mercado interior en materia de seguro 
directo no de vida, al conceder ya a aquellos tomadores 
de seguro que por su condición o importancia, o por la 
naturaleza del riesgo que deba asegurarse, no necesiten 
una protección específica en el Estado miembro en el 
que esté localizado el riesgo, completa libertad de 
acceso al mercado más amplio posible de seguros; 
Considerando que la Segunda Directiva constituye, por 
tanto, una etapa significativa del proceso de armoniza­
ción de los mercados nacionales para la instauración 
de un solo mercado integrado; que deberá completarse 
con otros instrumentos comunitarios al objeto de per­
mitir que todos los tomadores de seguro, sea cual fuere 
su condición, su importancia o la naturaleza del riesgo 
que deba asegurarse, tengan la posibilidad de recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la Comu­
nidad y que ejerza su actividad en régimen de derecho 
de establecimiento o de libre prestación de servicios, 
garantizándoles, al mismo tiempo, la oportuna protec­
ción; 
Considerando que se ha optado por llevar a cabo la 
armonización básica, necesaria y suficiente para llegar 
al reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los 
sistemas de supervisión cautelar, que permita la conce­
sión de una única autorización válida en toda la 
Comunidad y la aplicación del principio de control por 
el Estado miembro de origen; 
Considerando que, por consiguiente, el acceso a la acti­
vidad de seguros y su ejercicio quedan en adelante 
supeditados a la concesión de una única autorización 
administrativa, concedida por las autoridades del 
Estado miembro en el que la empresa de seguros tenga 
su domicilio social; que dicha autorización permitirá a 
la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, 
en régimen de derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios; que el Estado miembro de aco­
gida no podrá exigir una nueva autorización a las 
empresas de seguros que en él deseen ejercer la activi­
dad de seguros y ya estén autorizadas en el Estado 
miembro de origen; que, por tanto, procede introducir 
las oportunas modificaciones en la Primera y Segunda 
Directivas para tener en cuenta esto; 
Considerando que la responsabilidad del control de la 
solidez financiera de la empresa de seguros, y, en parti­
cular, del estado de solvencia y de la constitución de 
provisiones técnicas suficientes, así como de la repre­
sentación de éstas por activos congruentes, correspon­
derá en adelante a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen de la empresa de seguros; 
Considerando que el Estado miembro de origen podrá, 
además, establecer normas más estrictas que las previs­
tas en los artículos 7, 14, 18 y 19, en los apartados 1 y 3 
del artículo 19 y en el artículo 20, en lo que atañe a las 
empresas de seguros autorizadas por sus propias autori­
dades competentes; 
Considerando que la presente Directiva se inscribe en 
el marco de la labor legislativa ya realizada por la 
Comunidad, en particular, por medio de la Primera 
Directiva 73/239/CEE del Consejo (2), cuya última 
modificación la constituye la Segunda Directiva 88/ 
(') DOn°L172de4. 7. 1988, p.l. 0 DO n°L 228 de 16. 8. 1973, p. 3. 
28.9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 244/29 
357/CEE, y la Directiva .../.. ./CEE del Consejo, 
relativa a las cuentas anuales y cuentas consolidadas 
de las empresas de seguros (l); 
Considerando que la autoridad competente debe dis­
poner, en consecuencia, de los medios de control nece­
sarios para velar por el ejercicio ordenado de las activi­
dades de la empresa de seguros en el conjunto de la 
Comunidad, ya se efectúen en régimen de derecho de 
establecimiento o de libre prestación de servicios; que, 
en particular, las autoridades competentes de los Esta­
dos miembros deben poder adoptar las medidas de sal­
vaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evi­
tar que se produzcan irregularidades, así como posibles 
infracciones contra las disposiciones en materia de 
control de la actividad de seguros; 
Considerando que la creación de un mercado único sin 
fronteras interiores implica el acceso al conjunto de las 
actividades de seguro directo distinto del seguro de 
vida en toda la Comunidad y, en consecuencia, la posi­
bilidad de que todo asegurador debidamente autori­
zado asegure calquier riesgo de los contemplados en el 
Anexo de la Primera Directiva; que, por consiguiente, 
es necesario suprimir el monopolio de que disfrutan en 
algunos Estados miembros determinados organismos 
para la cobertura de determinados riesgos; 
Considerando que resulta necesario adaptar las dispo­
siciones relativas a la cesión de la cartera de contratos 
al régimen jurídico de autorización única, que establece 
la presente Directiva; 
Considerando que en la Directiva .. ./CEE relativa a 
las cuentas anuales y cuentas consolidadas de las 
empresas de seguros, ya se ha realizado la armoniza­
ción esencial de las disposiciones de los Estados 
miembros en lo que se refiere a la constitución de pro­
visiones técnicas que los aseguradores están obligados 
a constituir como garantía de los compromisos suscri­
tos, que permite conceder el beneficio del reconoci­
miento mutuo de dichas provisiones; 
Considerando que procede coordinar las normas relati­
vas al cálculo, la diversificación, la localización y la 
congruencia de los activos representativos de las provi­
siones técnicas, con el fin de facilitar el reconocimiento 
mutuo de las disposiciones de los Estados miembros; 
que para dicha coordinación habrán de tenerse en 
cuenta las medidas adoptadas en materia de liberaliza-
ción de los movimientos de capitales en la Directiva 
88/361 /CEE del Consejo (2), además del trabajo desarro­
llado por la Comunidad con miras a la plena realiza­
ción de la unión económica y monetaria; 
Considerando, no obstante, que el Estado miembro de 
origen no puede exigir a las empresas de seguros que 
inviertan los activos representativos de sus provisiones 
técnicas en determinadas categorías de activos, puesto 
que este tipo de exigencias son incompatibles con las 
medidas previstas en materia de liberalización de los 
movimientos de capitales en la Directiva 88/361/CEE; 
(') DOnuL... 
(2) DO n" L 178 de 8. 7. 1988, p. 5. Considerando que, debido a la coordinación realizada 
por la presente Directiva, la posibilidad de prohibir la 
acumulación del seguro de enfermedad con otros 
ramos, que la letra c) del apartado 2 del artículo 7 de la 
Primera Directiva ofrece a la República Federal de Ale­
mania, ya no se justifica y debe, por tanto, eliminarse; 
Considerando que resulta oportuno completar la lista 
de elementos que pueden entrar en la composición del 
margen de solvencia exigido por la Primera Directiva, 
para tener en cuenta los nuevos instrumentos financie­
ros y las facilidades otorgadas a otras instituciones 
financieras para nutrir sus fondos propios; 
Considerando que, en un mercado integrado de segu­
ros, resulta oportuno conceder a aquellos tomadores de 
seguro que, por su condición o importancia, o por la 
naturaleza del riesgo que deba asegurarse, no necesiten 
una protección específica en el Estado miembro en el 
que esté localizado el riesgo, completa libertad de elec­
ción en lo que se refiere a la ley aplicable al contrato de 
seguros; 
Considerando que no se considera ni necesario ni 
oportuno armonizar, actualmente, la legislación aplica­
ble a los contratos; que, a falta de tal armonización, la 
posibilidad otorgada a los Estados miembros de impo­
ner la aplicación de su legislación a los contratos de 
seguros que cubran riesgos que se produzcan en su te­
rritorio puede proporcionar las suficientes garantías a 
los tomadores de seguro que necesiten de una protec­
ción específica; 
Considerando que en un mercado interior es conve­
niente para el tomador del seguro poder tener acceso a 
la gama más amplia posible de productos de seguros 
ofrecidos en la Comunidad, de manera que pueda ele­
gir de entre todos ellos el más adecuado a sus necesida­
des; que, por consiguiente, incumbe al Estado miembro 
en el que esté localizado el riesgo velar por que no 
exista obstáculo alguno que impida que los productos 
de seguros ofrecidos en la Comunidad puedan ser 
comercializados en su territorio, siempre y cuando no 
contravengan las disposiciones legales de interés gene­
ral en vigor en el Estado miembro en el que esté locali­
zado el riesgo; 
Considerando que los Estados miembros deberán velar 
por que los productos de seguros y la documentación 
contractual utilizada para la cobertura de los riesgos 
localizados en su territorio, en régimen de derecho de 
establecimiento o de libre prestación de servicios, res­
peten las disposiciones legales especificas de interés 
general que sean de aplicación; que los sistemas de 
control que se empleen deberán adaptarse a las exigen­
cias de un mercado integrado, sin que ello constituya 
un requisito previo al ejercicio de la actividad de segu­
ros; que desde esta óptica, los sistemas de aprobación 
previa de las condiciones de los seguros no se justifi­
can; que, en consecuencia, resulta oportuno prever 
otros sistemas más apropiados a las exigencias de un 
N° C 244/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
mercado único y que permitan a los Estados miembros 
garantizar la adecuada protección de los tomadores de 
seguro; 
Considerando que diversos Estados miembros permi­
ten, en determinadas condiciones, a sus nacionales que 
suscriban contratos de seguro de enfermedad con ase­
guradores privados, en sustitución de la cobertura pro­
porcionada por un régimen legal de seguridad social; 
que la naturaleza y repercusiones sociales de dichos 
contratos justifican la aplicación por las autoridades de 
control del Estado miembro en que esté localizado el 
riesgo a este tipo de contratos de seguro el régimen pre­
visto para los seguros obligatorios, pudiendo imponer 
la comunicación sistemática de las condiciones genera­
les y especiales de los contratos, para cerciorarse de 
que los mencionados contratos ofrecen, como mínimo, 
las mismas garantías que las previstas en el régimen 
legal de la seguridad social; que esta comprobación no 
debe constituir un requisito previo al ejercicio de la 
actividad de seguros; 
Considerando que en un mercado único ningún Estado 
miembro puede prohibir el ejercicio simultáneo de la 
actividad de seguros en su territorio en régimen de 
derecho de establecimiento y en régimen de libre pres­
tación de servicios; que, por consiguiente, resulta opor­
tuno suprimir la facultad que, en este sentido, otorga a 
los Estados miembros la Segunda Directiva; 
Considerando que conviene prever un régimen de san­
ciones aplicables en los casos en que la empresa de 
seguros no se atenga, en el Estado miembro en el que 
esté localizado el riesgo, a las disposiciones de interés 
general que le sean de aplicación; 
Considerando que determinados Estados miembros no 
someten las operaciones de seguros a ningún tipo de 
imposición indirecta, mientras que la mayoría de ellos 
les aplican impuestos especiales y otras formas de con­
tribución, comprendidos los recargos destinados a los 
organismos de compensación; que, en los Estados 
miembros en los que se perciben tales impuestos y con­
tribuciones, la estructura de los mismos y los tipos apli­
cados varían considerablemente; que es necesario 
impedir que las diferencias existentes originen distor­
siones de la competencia en los servicios de seguros 
prestados entre los Estados miembros; que, sin perjui­
cio de una posterior armonización, la aplicación del 
régimen fiscal y otras formas de contribución previstas 
en el Estado miembro en el que esté localizado el 
riesgo pueden poner remedio a tal inconveniente y que 
corresponde a los Estados miembros establecer las 
modalidades que garanticen la percepción de los men­
cionados impuestos y contribuciones; 
Considerando que, a intervalos regulares, puede ser 
necesario efectuar modificaciones técnicas de las nor­
mas detalladas establecidas en la presente Directiva 
para tener en cuenta las innovaciones que se produz­
can en el sector de seguros; que la Comisión procederá 
a efectuar tales modificaciones, en la medida en que 
así resulte necesario, previa consulta al Comité de 
seguros, creado por ..., en uso de las competencias de 
ejecución conferidos a la Comisión por las disposicio­
nes del Tratado; Considerando que resulta oportuno prever disposicio­
nes específicas que garanticen el paso del régimen jurí­
dico existente en el momento en que empiece a apli­
carse la presente Directiva al régimen establecido por 
ésta; que dichas disposiciones deben tener por objeto 
evitar una carga adicional de trabajo para las autorida­
des competentes de los Estados miembros, 
HA ADOTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) Primera Directiva: la Directiva 73/239/CEE; 
b) Segunda Directiva: la Directiva 86/357/CEE; 
c) empresa de seguros: toda empresa que haya reci­
bido autorización administrativa, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Primera Directiva; 
d) sucursal: toda agencia o sucursal de una empresa 
de seguros, habida cuenta del artículo 3 de la 
Segunda Directiva; 
e) Estado miembro de origen: el Estado miembro en 
que esté situado el domicilio social de la empresa 
de seguros que cubra el riesgo; 
f) Estado miembro de la sucursal: el Estado miembro 
en que esté situada la sucursal que cubra el riesgo; 
g) Estado miembro de prestación de servicios: el 
Estado miembro en el que esté localizado el riesgo 
con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del artículo 
2 de la Segunda Directiva, siempre que dicho riesgo 
esté cubierto por alguna empresa o sucursal situada 
en otro Estado miembro; 
h) control: la relación existente entre una empresa 
matriz y una filial tal y como se establece en el artí­
culo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo ('), 
o una relación de la misma naturaleza entre cual­
quier persona física o jurídica y una empresa; 
i) participación cualificada: el hecho de poseer en una 
empresa, directa o indirectamente, al menos un 
10% del capital o de los derechos de voto o cual­
quier otra posibilidad de ejercer una influencia 
notable en la gestión de la empresa en la cual se 
posea una participación. 
A efectos de la aplicación de la presente definición, 
en el marco de los artículos 7 y 14 y para la aplica-
(') DOn°L 193 de 18. 7. 1983, p. 1. 
28. 9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 244/31 
ción de los otros porcentajes de participación con­
templados en el artículo 14, serán tomados en con­
sideración los derechos de voto a que se refiere el 
artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE del Con­
sejo ('); 
j) empresa matriz: la empresa matriz definida en los 
artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE; 
k) filial: la empresa filial definida en los artículos 1 y 2 
de la Directiva 83/349/CEE; calquier empresa filial 
de una empresa filial se considerará también filial 
de la empresa matriz que esté al frente de dichas 
empresas. 
Artículo 2 
1. La presente Directiva se aplicará a los seguros y 
empresas contemplados en el artículo 1 de la Primera 
Directiva. 
2. La presente Directiva no se aplicará a las operacio­
nes, empresas y organismos a los que no les sea aplica­
ble la Primera Directiva, ni a los organismos contem­
plados en el artículo 4 de esa misma Directiva. 
Artículo 3 
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
2, los Estados miembros adoptarán las medidas oportu­
nas para que los monopolios relativos al acceso a la 
actividad de determinados ramos de seguro, otorgados 
a los organismos establecidos en su territorio, desapa­
rezcan, a más tardar, en la fecha mencionada en el párra­
fo segundo del artículo 44. 
TÍTULO 11 
Acceso a la actividad de seguros 
Artículo 4 
El artículo 6 de la Primera Directiva será sustituido por 
el texto siguiente: 
«Articulo 6 
El acceso a la actividad de seguro directo estará 
supeditado a la concesión de una autorización 
administrativa previa. 
Esta autorización será solicitada a las autoridades 
del Estado miembro de origen, por: 
a) toda empresa que fije su domicilio social en el 
territorio de dicho Estado miembro; 
b) toda empresa que, tras haber recibido la autori­
zación conforme a la letra a), extienda sus acti­
vidades a otros ramos.» 
(') DO n°L 348 de 17. 12. 1988, p. 62. Artículo 5 
El artículo 7 de la Primera Directiva será sustituido por 
el texto siguiente: 
«Artículo 7 
1. La autorización será válida en toda la Comuni­
dad. Permitirá a la empresa desarrollar en ella sus 
actividades, en régimen de derecho de estableci­
miento o de libre prestación de servicios. 
2. La autorización se concederá por ramos. Abar­
cará el ramo completo, salvo que el solicitante sólo 
desee cubrir una parte de los riesgos correspondien­
tes a dicho ramo, tal como se detallan en la sección 
A del Anexo: 
No obstante: 
a) los Estados miembros tendrán la facultad de 
conceder autorización para los grupos de ramos 
contemplados en la sección B del Anexo, dán­
doles la denominación correspondiente en él 
prevista; 
b) la autorización concedida para un ramo o grupo 
de ramos valdrá asimismo para la cobertura de 
los riesgos accesorios comprendidos en otro 
ramo, si se cumplen las condiciones previstas en 
la sección C del Anexo.» 
Artículo 6 
El artículo 8 de la Primera Directiva será sustituido por 
el texto siguiente: 
«Artículo 8 
1. El Estado miembro de origen exigirá que las 
empresas de seguros que soliciten autorización: 
a) adopten una de las formas siguientes: 
— en Bélgica: «société anonyme» / «naamloze 
vennootschap», «société en commandite par 
actions» / «vennootschap bij wijze van geld-
schieting op aandelen», «association d'assu-
rance mutuelle» / «onderlinge verzederings-
maatschappij», «société coopérative» / coo-
peratieve vennootschap»; 
— en Dinamarca: «aktieselkaber», «gensidige 
selskaber»; 
— en la República Federal de Alemania: «Ak-
tiengesellschaft», «Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit», «Óffentlich-rechtliches 
Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen»; 
N° C 244/32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
— en Francia: «société anonyme», «société 
d'assurance mutuelle»; 
— en Irlanda. «incorporated companies limited 
by shares or by guarantee or unlimited»; 
— en Italia: «societá per azioni», «societá coo­
perativa», «mutua di assicurazione»; 
— en Luxemburgo: «société anonyme», «société 
en commandite par action», «association 
d'assurances mutuellies», «société coopérati-
ve»; 
— en los Países Bajos: «naamloze vennoot-
schap», «onderlinge waarborgmaatschappij»; 
— en el Reino Unido: «incorporated companies 
limited by shares or by guarantee or unlimi­
ted», «societies registered under the indus­
trial and Provident Societies Acts», «societies 
registered under the Friendly Societies Act», 
«the association of underwriters known as 
Lloyd's»; 
— en Grecia: «AVO)VDU.T| exaipeía» — «AAAr|-
X.aa(paXiaxiKÓg auvEtaipiap-óg» 
— en España: «sociedad anónima», «sociedad 
mutua», «sociedad cooperativa»; 
— en Portugal: «sociedade anónima», «mutua 
de seguros». 
La empresa de seguros podrá adoptar también la 
forma de Sociedad Europea (SE), que se con­
templa en el Reglamento (CEE) n° ... del Con­
sejo (') y la Directiva .../.. ./CEE del Con­
sejo (2). 
Además, los Estados miembros podrán crear, en 
su caso, empresas que adopten cualquier forma 
de Derecho público, siempre que dichos orga­
nismos tengan por objeto la realización de ope­
raciones de seguro en condiciones equivalentes 
a las de las empresas de Derecho privado: 
b) limiten su objeto social a la actividad de seguro 
y a las operaciones que se deriven directamente 
de ella, con exclusión de cualquier otra activi­
dad comercial; 
c) presenten un programa de actividades con arre­
glo al artículo 9; 
d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto 
en el apartado 2 del artículo 17; 
e) estén dirigidas de hecho por personas que reú­
nan las condiciones necesarias de honorabilidad 
y formación técnica. 2. Toda empresa que solicite autorización para 
extender sus actividades a otros ramos deberá pre­
sentar un programa de actividades de conformidad 
con en el artículo 9. 
Además, deberá demostrar que dispone del margen 
de solvencia previsto en el artículo 16 y, si para esos 
otros ramos se exigiere, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 17, un fondo de garantía 
mínimo más elevado que el precedente, deberá 
demostrar, igualmente, que dispone de dicho 
mínimo. 
3. La presente Directiva no será obstáculo para 
que los Estados miembros mantengan o introduz­
can disposiciones legales, reglamentarias o adminis­
trativas, que prevean la aprobación de estatutos y la 
transmisión de todo documento necesario para el 
ejercicio normal del control. 
No obstante, los Estados miembros no establecerán 
disposiciones que exijan la aprobación previa o la 
comunicación sistemática de las condiciones gene­
rales y especiales de las pólizas de seguro, las tarifas 
y los cuestionarios u otros impresos que la empresa 
tenga previsto utilizar en sus relaciones con los 
tomadores del seguro. Con objeto de controlar el 
respeto de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas relativas a los contratos de segu­
ros, los Estados miembros sólo podrán exigir la 
comunicación no sistemática de dichas condiciones 
y demás documentos, sin que tal exigencia pueda 
constituir para la empresa una condición previa al 
ejercicio de su actividad. 
Los Estados miembros sólo podrán mentener o 
introducir la notificación previa o la aprobación de 
la subida de las tarifas propuestas, dentro de un sis­
tema general de control de precios. 
La presente Directiva no será obstáculo para que 
los Estados miembros sometan las empresas que 
soliciten o hayan obtenido autorización para el 
ramo n° 18 de la sección A del Anexo a un control 
de los medios directos o indirectos de que dispo­
nen, tanto en lo que se refiere al personal como al 
material, incluidos los conocimientos profesionales 
de los equipos médicos y la calidad de los equipos 
de que disponen, para hacer frente a compromisos 
que se derivan de dicho ramo. 
4. Las anteriores disposiciones no podrán estable­
cer que la solicitud de autorización sea examinada 
en función de las necesidades económicas del mer­
cado. 
(') DO n° ... 
(2) DO n° ...». 
Artículo 6 bis 
El artículo 9 de la Primera Directiva será sustituido por 
el texto siguiente: 
«Artículo 9 
El programa de actividades contemplado en la letra 
c) del apartado 1 del artículo 8 deberá contener 
indicaciones o justificaciones relativas a: 
^9^ Diario Coticial de las comunidades Europeas ^C^44BÓ^ 
a^ lanaturalezadelosriesgosque laempresa se 
propone cubrirá 
b^ los principios rectores en materia de reaseguros 
c^ los elementos constitutivos del t^ondo mínimo de 
garantían 
d^ lasprevisionesdegastosdeinstalacióndelos 
servicios administrativosyde la red de produc 
clónalos medios financieros destinadosabacer 
trenteadicbosgastosy^ cuando los riesgos que 
se nayan de cubrir estén comprendidos en el 
ramo n^ 1^ de la sección A del Ane^o^ los 
medios de que dispone la empresa para prestar 
la asistencia prometidas 
y^además^ para los tres primeros e^ercicios^ 
e^ las previsiones relativasalos gastos de gestión 
que no sean los gastos de instalación^ en partid 
cular los gastos generales corrientesylascomP 
sienes^ 
t^ las previsiones relativasalasprimasocuotasya 
los siniestros^ 
g^ la situación probable de tesorerías 
h^ las previsiones relativasalos medios tlnancieros 
destinadosala cobertura de los compromisosy 
del margen de solvencias 
Lasautoridadescompetentesdel Estadomiembrode 
origen no concederán la autorización que permita el 
accesoala actividad de seguros antes de que les naya 
sido comunicada la identidad de los accionistas o 
socios^directosoindirectos^ personas tisicaso^urídi-
cas^ que nosean una participación cualificadas y el 
importe de diclia participación. Dichas autoridades 
denegarán la autorización si^liabida cuenta de la nece-
sidad de garantizar una gestión sanayprudente de la 
empresa de seguros^ no estuvieren satisfechas de la ido­
neidad de dicnosaccionistasosocios. 
A^G^z^ó^det^ce^d^G^e^dee^ck^o através de sucursalesyen régimen de prestación de 
servicios^ será de la exclusiva competencia del 
Estado miembro de origen, 
^, El control tlnanciero consistirán en particular 
enlacomprobación^paraelcon^unto de activida­
des de la empresa de seguros^ del estado de solved 
ciayde la constitución de provisiones técnicas^ así 
como de los activos que las representan con arreglo 
a las normas o a las prácticas establecidas en el 
Estado miembro de origen^ en virtud de lo disD 
puesto en los artículosl^a^de la presente Direc 
tiva, 
cuando se trate de empresas autorizadas para 
cubrir los riesgos clasificados ba^o el ramo n^l^ de 
la lección A del Ane^o^ el control se entenderá 
tambiénalos medios técnicos de que dispongan las 
empresas para llevaracabo las operaciones de asis­
tencia que se hayan comprometidoaefectuar^ siem­
pre que la legislación del Estado miembro de origen 
prevea dicho control, 
^, Las autoridades competentes del Estado miem­
bro de origen eligirán que las empresas de seguros 
dispongan deunabuenaorganizaciónadministra^ 
tiva y contable y de procedimientos de control 
interno adecuados,^ 
Elartículo 14 delaPrimeraDirectiva será sustituido 
por el te^to siguientes 
1, Los Estados miembrosdelasucursal dispone 
dránque^cuandounaempresadesegurosautori-
zada en otroEstados miembros ejerza su actividad 
através de una sucursal^ las autoridades competen 
tes del Estado miembro de origen^ tras haber infor 
mado previamente a las autoridades competentes 
del Estado miembro de la sucursal^ puedan proce­
derá por sí mismasopor medio de nersonasaquie-
nesbayan otorgado un mandato para ello^alaverP 
ticación ^ ^r^ de la información necesaria para 
poder realizar el control financiero de la empresas 
B^^c^^ 
CACiTULOt 
Elartículo 1^ déla ^rimeraDirectiva será sustituido 
por el te^to siguientes 
P El control financiero de una empresa de segu 
rosmncluido el control de las actividades que ejerza En la Primera Directiva se insertará el artículo 19^ 
siguientes 
^^c^^bis 
Sin perjuicio de los procedimientos para la revocad 
ción de autorizaciónode las disposiciones de Dere 
cho pénala losEstados miembros preverán que sus 
respectivas autoridades competentes puedan impo­
ner sanciones contra las empresas de seguros— o 
sus directivos responsables — que infrinjan las disD 
posiciones legales^ reglamentariasoadministrativas 
N° C 244/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
en materia de control o de ejercicio de la actividad, 
o bien puedan adoptar, en lo que a ellos se refiere, 
medidas destinadas a poner fin a las infracciones 
comprobadas o a las causas de estas infracciones.» 
Artículo 11 
1. Queda derogado el artículo 11 de la Segunda 
Directiva. 
2. En las condiciones previstas por la legislación 
nacional, los Estados miembros autorizarán a las 
empresas de seguros con domicilio social en su territo­
rio para ceder, en su totalidad o en parte, la cartera de 
contratos, suscritos en régimen de derecho de estableci­
miento o en régimen de libre prestación de servicios, a 
un cesionario establecido en la Comunidad, si las auto­
ridades de control del Estado miembro de origen del 
cesionario certifican que éste posee, habida cuenta de 
la cesión, el margen de solvencia necesario. 
3. Cuando una sucursal tenga previsto ceder toda o 
parte de la cartera de contratos, suscritos en régimen de 
derecho de establecimiento o en régimen de libre pres­
tación de servicios, el Estado miembro de la sucursal 
deberá ser consultado. 
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, 
las autoridades de control del Estado miembro de ori­
gen de la empresa cedente autorizarán la cesión, una 
vez recibida la conformidad de las autoridades de con­
trol de los Estados miembros en el que estén localiza­
dos los riesgos. 
5. En el curso de los tres meses siguientes a la recep­
ción de la solicitud de dictamen, las autoridades de 
control de los Estados miembros consultados darán a 
conocer su dictamen a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de la empresa de seguros 
cedente; si al término de dicho plazo no se hubiere 
obtenido una respuesta, se entenderá que el dictamen 
de las autoridades competentes es favorable. 
6. La cesión autorizada con arreglo al presente artí­
culo será publicada en el Estado miembro en el que 
esté localizado el riesgo, en las condiciones previstas en 
la legislación nacional. Dicha cesión será oponible de 
pleno derecho a los tomadores de seguros, a los asegu­
rados y a toda persona que posea derechos u obligacio­
nes derivados de los contratos cedidos. 
Dicha disposición no afectará al derecho de los Esta­
dos miembros de prever la posibilidad de que los toma­
dores de seguros rescindan el contrato en un plazo 
determinado a partir de la cesión. Artículo 12 
1. El artículo 20 de la Primera Directiva será susti­
tuido por el texto siguiente: 
«Articulo 20 
1. Cuando una empresa no cumpla las disposicio­
nes previstas en el artículo 15, la autoridad de con­
trol del Estado miembro de origen de la empresa 
podrá prohibir la libre disposición de los activos, 
una vez haya informado de su intención a las auto­
ridades de control de los Estados miembros en los 
que esté localizado el riesgo. 
2. Con miras al restablecimiento de la situación 
financiera de una empresa cuyo margen de solven­
cia deje de alcanzar el mínimo prescrito en el apar­
tado 3 del artículo 16, la autoridad de control del 
Estado miembro de origen exigirá un plan de 
saneamiento, que deberá ser sometido a su aproba­
ción. 
3. Cuando el margen de solvencia deje de alcan­
zar el fondo de garantía definido en el artículo 17, 
la autoridad de control del Estado miembro de ori­
gen exigirá a la empresa un plan de financiación a 
corto plazo, que deberá ser sometido a su aproba­
ción. 
Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposi­
ción de los activos de la empresa. Informará de ello 
a las autoridades de los Estados miembros en cuyo 
territorio ejerza, dicha empresa, alguna actividad, 
las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas 
medidas. 
4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 
3, las autoridades de control competentes podrán 
adoptar, asimismo, las medidas oportunas para pro­
teger los intereses de los asegurados. 
5. A instancia del Estado miembro de origen de la 
empresa, cada uno de los Estados miembros adop­
tará también las disposiciones oportunas para pro­
hibir la libre disposición de los activos que se hallen 
en su territorio.» 
Artículo 13 
El artículo 22 de la Primera Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Articulo 22 
1. La autorización concedida a la empresa de 
seguros por la autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá ser revocada por ésta 
cuando la empresa: 
a) no haga uso de la autorización en un plazo de 
doce meses, renuncie a ella expresamente o cese 
de ejercer su actividad por un período superior a 
seis meses, a menos que el Estado miembro 
haya previsto la caducidad de la autorización en 
estos supuestos; 
28. 9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 244/35 
b) no cumpla los requisitos de acceso; 
c) no haya podido llevar a efecto, en el plazo 
fijado, las medidas previstas en el plan de 
saneamiento o en el plan de financiación con­
templados en el artículo 20; 
d) incumpla de manera grave las obligaciones que 
le incumben en virtud de la regulación que le 
sea aplicable. 
Cuando la autorización sea revocada, la autoridad 
de control del Estado miembro de origen informará 
a las autoridades de control de los restantes Estados 
miembros, que adoptarán las medidas oportunas 
para impedir que la empresa inicie nuevas operacio­
nes en su territorio, en régimen de derecho de esta­
blecimiento o en régimen de libre prestación de ser­
vicios. Asimismo, en colaboración con las mencio­
nadas autoridades, la autoridad de control del 
Estado miembro de origen adoptará las medidas 
que resulten oportunas para salvaguardar los intere­
ses de los asegurados y, en particular, restringirá la 
libre disposición de los activos de la empresa, en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 y en el 
párrafo segundo del apartado 3 del artículo 20. 
2. Toda decisión de revocar una autorización 
deberá motivarse de una manera precisa y notifi­
carse a la empresa interesada. 
Los Estados miembros preverán la posibilidad de 
recurrir tal decisión ante un órgano jurisdiccional.» 
Artículo 14 
1. Los Estados miembros establecerán que toda per­
sona física o jurídica que se proponga tener, directa o 
indirectamente, en una empresa de seguros, una parti­
cipación cualificada deberá informar de ello previa­
mente a las autoridades competentes del Estado miem­
bro de origen y comunicar la cuantía de dicha partici­
pación. Calquier persona física o jurídica deberá asi­
mismo informar a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen si se propone incrementar 
su participación cualificada de tal manera que la pro­
porción de derechos de voto o de participaciones de 
capital poseídas por la misma sea igual o superior a los 
límites del 20 %, 33% o 50 %, o que la empresa de segu­
ros se convierta en su filial. 
Las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a 
partir de la fecha de información prevista en el párrafo 
primero, para oponerse a dicho proyecto si, a fin de 
tener en cuenta la necesidad de garantizar una gestión 
sana y prudente de la empresa de seguros, no se halla­
ren satisfechas de la idoneidad de la persona contempla­
da en el párrafo primero. Cuando no haya oposición, 
las autoridades podrán fijar un plazo máximo para la 
ejecución del proyecto contemplado en el párrafo pri­
mero. 2. Los Estados miembros dispondrán que toda per­
sona física o jurídica que se proponga dejar de tener, 
directa o indirectamente, una participación cualificada 
en alguna empresa de seguros, deberá informar de ello 
previamente a las autoridades competentes y comuni­
car la cuantía prevista de su participación. Cualquier 
persona física o jurídica deberá también informar a las 
autoridades competentes si se propone disminuir su 
participación cualificada de tal manera que la propor­
ción de derechos de voto o de participaciones de capi­
tal poseídas por la misma sea inferior a los límites del 
20 %, 33 % o 50 %, o que la empresa deje de ser su filial. 
3. Las empresas de seguros comunicarán a las autori­
dades competentes del Estado miembro de origen, tan 
pronto como tengan conocimiento de ello, las adquisi­
ciones o cesiones de participación en su capital que 
hagan remontar o descender alguno de los límites con­
templados en los apartados 1 y 2. 
Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la 
identidad de los accionistas o socios que posean parti­
cipaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas 
participaciones, tal como resulta, en particular, de los 
datos obtenidos en la junta general anual de accionis­
tas o socios, o de la información recibida en virtud de 
las obligaciones a que están sujetas las sociedades 
admitidas a negociación en una bolsa de valores. 
4. Los Estados miembros dispondrán que, cuando las 
personas a las que se refiere el apartado 1 ejerzan su 
influencia de tal manera que pueda resultar en detri­
mento de una gestión prudente y sana de las activida­
des de la empresa de seguros, las autoridades compe­
tentes del Estado miembro de origen adopten las medi­
das oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas 
medidas podrán consistir, en particular, en requeri­
mientos, sanciones a los directivos o la suspensión del 
ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las 
acciones que posean los accionistas o socios de que se 
trate. 
Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o 
jurídicas que incumplan la obligación de proporcionar 
información previa, tal como dispone el apartado 1. En 
el caso de que se adquiera una participación a pesar de 
la oposición de las autoridades competentes, los Esta­
dos miembros, con independencia de cualquier otra 
sanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la sus­
pensión del ejercicio de los correspondientes derechos 
de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posi­
bilidad de anularlos. 
CAPÍTULO 2 
Artículo 15 
El artículo 15 de la Primera Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Artículo 15 
1. El Estado miembro de origen impondrá a las 
empresas de seguros la obligación de constituir pro-
N° C 244/36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
visiones técnicas suficientes para el conjunto de sus 
actividades. 
La cuantía de dichas provisiones técnicas se deter­
minará con arreglo a las normas previstas en los 
artículos 21 a 26,40, y 52 a 57 de la Directiva ... del 
Consejo (') relativa a las cuentas anuales y consoli­
dadas de las empresas de seguros. 
2. El Estado miembro de origen exigirá a las 
empresas de seguros que sus provisiones técnicas 
relativas al conjunto de sus actividades estén repre­
sentadas por activos congruentes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6 de la Segunda Direc­
tiva. Siempre que se trate de actividades ejercidas 
en la Comunidad, dichos activos deberán locali­
zarse en uno de los Estados miembros de la Comu­
nidad. El Estado miembro de origen podrá permitir, 
no obstante, una cierta flexibilidad de las normas 
en lo que se refiere a la localización de los activos.. 
(') DO n°...». 
Artículo 16 
Queda derogado el artículo 23 de la Segunda Directiva. 
Artículo 17 
Los activos representativos de las provisiones técnicas 
se invertirán, teniendo en cuenta el tipo de operaciones 
efectuadas, la naturaleza y duración de los activos y, en 
particular, las posibles futuras variaciones de rendi­
miento y valor. 
Artículo 18 
1. El Estado miembro de origen podrá autorizar a las 
empresas de seguros para que cubran las provisiones 
técnicas con las siguientes categorías de activos: 
a) bonos, obligaciones y otros instrumentos del mer­
cado monetario, emitidos por la Administración 
central o local; préstamos a la Administración cen­
tral o local, o garantizados por una de estas Admi­
nistraciones; 
b) bonos, obligaciones y otros instrumentos del mer­
cado monetario, emitidos por empresas; préstamos 
garantizados otorgados a empresas o garantizados 
por éstas; 
c) préstamos garantizados a personas físicas que no 
sean las contempladas en la letra h); 
d) acciones negociables y otros títulos negociables de 
renta variable; 
e) participaciones en organismos de inversión colec­
tiva en valores negociables y otros fondos comunes 
de inversión; f) instrumentos de cobertura, y en particular opciones, 
futuros financieros y swaps; 
g) terrenos y edificios; 
h) préstamos garantizados por hipotecas sobre terre­
nos, edificios, buques o aeronaves; 
i) efectivo en bancos, efectivo en caja, depósitos en 
entidades de crédito; 
j) importes de reaseguro relativo a las provisiones téc­
nicas, fijados con arreglo a las cláusulas de los con­
tratos de reaseguro; 
k) depósitos en empresas cendentes y créditos frente a 
éstas; 
1) créditos frente a los tomadores de seguro e interme­
diarios nacidos de operaciones de seguro directo y 
de reaseguro, hasta el 30 % de las primas devenga­
das en el correspondiente ejercicio; 
m) intereses y rentas devengados, y otros pagos antici­
pados e ingresos devengados; 
n) gastos de adqusición diferidos; 
o) importes por cobrar como resultado de operaciones 
de rescate y subrogación; 
p) recuperación de impuestos (reconocida); 
q) créditos contra fondos de garantía; 
r) inmovilizado material fijo, que no sea ni terrenos ni 
edificios; 
s) derechos de reversión. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en 
determinadas circunstancias, y a instancia de la 
empresa de seguros, el Estado miembro de origen 
podrá, mediante decisión debidamente motivada, auto­
rizar otras categorías de activos como cobertura de las 
provisiones técnicas, con sujección a lo dispuesto en el 
artículo 17. 
Artículo 19 
1. El Estado miembro de origen exigirá a las empre­
sas de seguros que no inviertan más del: 
a) 50 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en las catego­
rías de activos que se enumeran en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 18; 
b) el 50 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en las catego­
rías de activos que se enumeran en las letras g) y h) 
del apartado 1 del artículo 18, tomados en su con­
junto; 
c) el 80 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en las catego-
28. 9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 244/37 
rías de activos que se enumeran en las letras d), e) y 
f) del apartado 1 del artículo 18, tomados en su con­
junto, y de los cuales no podrá corresponder más de 
un 10 % a la categoría de activos que se enumeran 
en la letra f) del apartado 1 del artículo 18, o a 
acciones negociables no cotizadas en bolsa u a otras 
participaciones en títulos negociables y de renta 
variable, tomados en su conjunto; 
d) 5 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en la categoría 
de activos que se enumeran en la letra c) del apar­
tado 1 del artículo 18; 
e) 10 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en un solo 
terreno o edificio o en varias piezas de un edificio; 
f) 10 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en préstamos 
garantizados por hipotecas sobre un terreno, un edi­
ficio, un buque o una aeronave; 
g) 10 % del total de las provisiones técnicas, una vez 
deducidos los importes de reaseguro, en acciones 
negociables, otras participaciones en títulos nego­
ciables de renta variable, obligaciones y otros bonos 
de una misma empresa, o préstamos a una misma 
empresa, tomados en su conjunto. 
2. Los Estados miembros no podrán exigir a las 
empresas de seguros que inviertan en determinadas 
categorías de activos ni que localicen sus activos en un 
Estado miembro determinado. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en 
determinadas circunstancias y a instancia de la 
empresa de seguros, el Estado miembro de origen 
podrá, mediante decisión debidamente motivada, auto­
rizar excepciones a las normas establecidas en las letras 
a) a g) del apartado 1, con sujección a lo dispuesto en 
el artículo 17. 
Artículo 20 
Cuando la empresa de seguros así lo solicite y justifi­
que, el Estado meimbro de origen podrá admitir las 
reservas ocultas resultantes de la infravaloración de 
activos para la cobertura de las provisiones técnicas, en 
la medida en que tales reservas no tengan carácter 
excepcional. 
Si se admiten las reservas ocultas para la cobertura de 
las provisiones técnicas, se deducirá un importe ade­
cuado de cargas fiscales latentes y gastos de venta. 
Artículo 21 
Los puntos 8 y 9 del Anexo 1 de la Segunda Directiva 
serán sustituidos por el texto siguiente: «8. Las empresas de seguros podrán tener activos 
no congruentes para cubrir un importe no superior 
al 20 % de sus compromisos en una determinada 
moneda. 
9. Los Estados miembros podrán establecer que, 
cuando en virtud de las anteriores disposiciones, un 
compromiso deba cubrirse con activos denomina­
dos en la moneda de un Estado miembro, se consi­
derará que se cumple igualmente este requisito si 
los activos se expresan en ecus.» 
Artículo 22 
El apartado 1 del artículo 16 de la Primera Directiva 
será sustituido por el texto siguiente: 
«1. El Estado miembro de origen exigirá a las 
empresas de seguros que constituyan un margen de 
solvencia suficiente con respecto al conjunto de sus 
actividades. 
El margen de solvencia será igual al patrimonio de 
la empresa, libre de todo compromiso previsible, y 
con deducción del activo inmaterial. Comprenderá, 
en particular: 
— el capital social desembolsado o, si se trata de 
mutuas, el fondo inicial efectivo; 
— la mitad de la fracción no desembolsada del 
capital social o del fondo inicial, cuando la 
parte desembolsada alcance el 25 % de dicho 
capital o fondo; 
— las reservas (legales y libres) que no estén adscri­
tas al cumplimiento de los compromisos; 
— los beneficios acumulados; 
— las derramas de cuotas que las mutuas y las 
sociedades mutuas con cuotas variables pueden 
exigir a sus socios con cargo al ejercicio hasta la 
mitad de la diferencia entre las cuotas máximas 
y las efectivamente percibidas; no obstante, las 
posibilidades de derrama no podrán representar 
más del 50 % del margen; 
— cuando la empresa así lo solicite y justifique, las 
reservas ocultas resultantes de la infravaloración 
de los elementos del activo, en la medida en que 
no tengan carácter excepcional; 
— el capital de préstamos subordinados hasta un 
límite máximo del 25 % del margen, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: 
— que exista acuerdo vinculante, en virtud del 
cual, en caso de quiebra o liquidación de la 
empresa de seguros, el capital de préstamos 
N° C 244/38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
subordinados tenga un rango inferior al de 
los créditos de los demás acreedores y no sea 
reembolsado hasta tanto no se hayan pagado 
las restantes deudas pendientes en ese 
momento, 
que únicamente se tomen en consideración 
los fondos efectivamente desembolsados, 
que el vencimiento inicial sea de cinco años 
como mínimo, período tras el cual podrá ser 
reembolsado el capital de préstamos subordi­
nados; cuando el vencimiento no sea fijo, 
será necesario un preaviso de cinco años 
antes de proceder al reembolso de dicho 
capital, salvo en el caso de que hayan dejado 
de considerarse fondos propios o cuando, 
para su reembolso anticipado, se exija de 
manera expresa la autorización previa del 
Estado miembro de origen. Este último 
podrá autorizar el reembolso anticipado de 
tales préstamos siempre que la solicitud se 
haga a iniciativa del emisor y la solvencia de 
la empresa de seguros no se vea alterada por 
ello, 
que la cuantía hasta la cual el capital de 
préstamos subsidiarios pueda considerarse 
fondos propios sea objeto de una reducción 
progresiva durante al menos los cinco años 
anteriores a la fecha de reembolso acordada, 
que el contrato de préstamo no incluya cláu­
sulas que prevean que, en determinadas cir­
cunstancias, que no sean la liquidación de la 
empresa de seguros, la deuda deberá reem­
bolsarse antes de la fecha de reembolso acor­
dada.» 
Artículo 23 
El artículo 18 de la Primera Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Articulo 18 
1. Los Estados miembros no establecerán norma 
alguna en lo que se refiere a la elección de los acti­
vos que superen aquellos que representen las provi­
siones técnicas contempladas en el artículo 15. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 15, los apartados 1, 3 y 5 del artículo 20, 
y el párrafo último del apartado 1 del artículo 22, 
los Estados miembros no restringirán la libre dispo­
sición de los activos, ya se trate de bienes muebles o 
inmuebles, que formen parte del patrimonio de las 
empresas autorizadas. 
3. Estas disposiciones no serán un obstáculo para 
las medidas que los Estados miembros, al tiempo 
de salvaguardar los intereses de los asegurados, 
estén autorizados para adoptar en su calidad de 
propietarios, miembros o socios de las empresas de 
que se trate.» CAPÍTULO 3 
Artículo 24 
El apartado 1 del artículo 7 de la Segunda Directiva 
será sustituido por el texto siguiente: 
«1. La ley aplicable a los contratos de seguros 
contemplados en la presente Directiva, que cubran 
riesgos localizados en los Estados miembros se 
determinará con arreglo a las siguientes disposicio­
nes: 
a) cuando el tomador del seguro tenga su residen­
cia habitual o su administración central en el 
territorio del Estado miembro en el que esté 
localizado el riesgo, la ley aplicable al contrato 
de seguro será la de dicho Estado miembro; 
b) cuando el contrato cubra un riesgo localizado en 
un Estado miembro que no sea aquél en el que 
el tomador tenga su residencia habitual o su 
administración central, o en el que el contrato 
cubra dos o más riesgos localizados en distintos 
Estados miembros, la libertad de elección de la 
ley aplicable al contrato se extenderá a las leyes 
de tales Estados miembros y del país donde el 
tomador tenga su residencia habitual o su admi­
nistración central; 
c) no obstante lo dispuesto en las letras a) y b), 
cuando los Estados miembros a que se hace 
referencia en las mencionadas letras otorguen 
mayor libertad de elección en lo que respecta a 
la ley aplicable al contrato, las partes podrán 
hacer uso de esa facultad; 
d) no obstante lo dispuesto en las letras a) y b), 
cuando los riesgos cubiertos por el contrato se 
limiten a siniestros que puedan producirse en un 
Estado miembro distinto de aquél en el que se 
localice el riesgo, las partes podrán elegir, en 
todo momento, la ley del primero de estos Esta­
dos; 
e) para los riesgos contemplados en la letra d) del 
artículo 5 de la Primera Directiva, las partes 
podrán elegir la ley aplicable; 
f) en los supuestos contemplados en la letra a) o 
e), la elección por las partes de una ley, cuando 
los demás elementos de la situación estén locali­
zados en el momento de la elección, en un solo 
Estado miembro, no podrá contravenir las nor­
mas imperativas de dicho Estado, es decir, las 
disposiciones respecto de las cuales la ley de 
dicho Estado no permite establecer excepciones 
por contrato; 
g) la elección contemplada en las letras preceden­
tes deberá ser explícita o desprenderse clara­
mente de los términos del contrato o de las cir­
cunstancias del caso. Si no fuere ese el caso o si 
^,^0 L^iarioCoficial délas 
nosehubierehechoningunaelección,el con^ 
trato se regirá por la lev del país, entre los consi­
derados en las letras precedentes, con el que 
dicho contrato presente una vinculación más 
estrechado obstante, si una pane del contrato 
fuera escindióle del resto del contratovr^resenD 
tare una vinculación más estrecha con algún 
otro de los considerados en las letras preceden^ 
tes, a título excepcional podrá aplicarse a esa 
ruarte delcontrato la levde ese país^ Se presu-
miráqueel contrato nresentauna vinculación 
más estrecha con el Estado miembro en el que 
esté localizado el riesgos 
h^ cuando en un Estado existan varias unidades 
territoriales con normas jurídicas propias en 
materia de obligaciones contractuales, cada uni­
dad será considerada como un paísaetectos de 
determinación de la lev aplicable en virtud de la 
presente directiva. 
Los Estados miembros donde existan diferentes 
unidades territoriales con normas jurídicas pro­
pias en materia de obligaciones contractuales no 
estarán obligadosaaplicar las disposiciones de 
la presente L^irectivaalos conflictos que surjan 
entre las leves de dichas unidades^ 
El Estado miembro en el que esté localizado el riesgo 
no podrá impedir que el tomador del seguro suscriba 
un contrato con arreglo a la normativa del Estado 
miembro de origen, siempre que no contravenga las 
disposiciones legales de interés generalenvigor en el 
mencionado Estado miembro en el que esté localizado 
el riesgo. 
Los Estados miembros no establecerán disposiciones 
por las cuales se requiera la aprobación previaocomu 
nicación sistemática de las condiciones generales v 
especiales de las pólizas de seguro, de las tarifasvde 
los cuestionariosvdemás impresos que una empresa de 
seguros se proponga utilizar en sus relaciones con los 
tomadores. 
Con el Un de controlar si se respetan las disposiciones 
legales, administrativasoreglamentariasrelativasalos 
contratos de seguros, los Estados miembros sólo 
podrán exigir la comunicación no sistemática de dichas 
condiciones v demás documentos, sin quedichaexP 
genciar^ueda constituir para la empresa una condición 
previa al ejercicio de su actividad. 
LosEstadosmiembrossólopodránmantenerointro 
ducir la notificación previa o la aprobación de la 
subida délas tarifas propuestas dentro deun sistema 
general de control de precios. comunidades Europeas ^C^tBÓ^ 
B^c^^ 
1. Se suprimirá la letrab^delapartado^del artículos 
de la Segunda directiva. 
^. ^lo obstante cualquier otra disposiciónencontra^ 
rio, un Estado miembro que imponga la obligación de 
suscribir un seguro podrá exigir la comunicaciónala 
autoridad de centroide dichoEstado miembro, antes 
de su aplicación,de las condiciones generalesvespeD 
cíales de los seguros obligatorios. 
r^rt^o^ 
^^^e^c^e^^ee^e^^^e^^ddee^t^ec^eBtov^ 
^nc^^ 
El artículo 10 de la Primera directiva será sustituido 
por el texto siguientes 
L l^oda empresa de seguros que se proponga esta­
blecer una sucursal enel territorio de otroEstado 
miembro lo notificará a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen. 
^. Los Estados miembros exigirán que la empresa 
de seguros que se proponga establecer una sucursal 
en otro Estado miembro presente^unto con la noti-
tlcaciónaque se refiere el apartado 1,1a siguiente 
información^ 
a^ el Estado miembro en cuvo territorio se propone 
establecer la sucursal^ 
b^ un programa de actividades, en el que se indicad 
rán, en particular, el tipo de operaciones prevís-
tasvla estructura orgánicia de la sucursal^ 
c^ la dirección en el Estado miembro de acogida en 
la que pueden reclamarle los documentos^ 
d^ el nombre del apoderado general de la sucursal, 
que deberá estar dotado de poderes sutlcientes 
para obligarala empresa frenteatercerosvpara 
representarla ante las autoridades v órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la sucur 
sal.En lo que se refiereaLlovd^s, un eventual 
litigio en el país de acogida que tenga su origen 
en los compromisos suscritos no deberá suponer 
para los asegurados dificultades mavores que en 
el caso de los litigios entre empresas de tipo clá­
sico. Atal fin,entrelasfacultadosdel apode 
rado general deberá figurar, en particular, la de 
N° C 244/40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
intervenir en juicio en calidad de tal con poder 
de obligar a los suscriptores interesados de 
Lloyd's. 
3. A menos que, a la vista del correspondiente 
proyecto, la autoridad competente del Estado 
miembro de origen tenga razones para dudar de la 
idoneidad de las estructuras administrativas o la 
situación financiera de la empresa de seguros, dicha 
autoridad comunicará la información contemplada 
en el apartado 2, en el plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de recepción de dicha información, a la 
autoridad competente del Estado miembro de la 
sucursal, e informará de ello a la empresa de que se 
trate. 
La autoridad competente del Estado miembro de 
origen comunicará, asimismo, la cuantía del fondo 
de garantía y del margen de solvencia de la empresa 
de seguros, calculado con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 16 y 17. 
Cuando la autoridad competente del Estado miem­
bro de origen se niegue a comunicar la información 
contemplada en el apartado 2 a la autoridad com­
petente del Estado miembro de la sucursal, deberá 
poner en conocimiento de la correspondiente 
empresa, en el plazo de los tres meses siguientes a 
la recepción de toda la información, las razones de 
dicha negativa. Esta negativa, o la falta de res­
puesta, podrán dar lugar a un recurso ante un 
órgano jurisdiccional del Estado miembro de ori­
gen. 
4. Antes de que la sucursal de la empresa de segu­
ros comience a ejercer sus actividades, la autoridad 
competente del Estado miembro de la sucursal dis­
pondrá de un plazo de dos meses, a partir de la 
recepción de la comunicación contemplada en el 
apartado 3, para indicar, en su caso, las condiciones 
en las que, por razones de interés general, deberán 
ser ejercidas dichas actividades en el Estado miem­
bro de la sucursal. 
5. A partir del momento en que se reciba la comu­
nicación de la autoridad competente del Estado 
miembro de la sucursal, o en caso de silencio por 
parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo previsto en el apartado 4 podrá establecerse la 
sucursal y comenzar sus actividades. 
6. En caso de modificación del contenido de 
alguno de los datos notificados con arreglo a lo dis­
puesto en las letras b), c) o d) del apartado 2, la 
empresa de seguros notificará por escrito dicha 
modificación a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y del Estado miembro de 
la sucursal, por lo menos un mes antes de efectuar 
la modificación, a fin de que la autoridad compe­
tente del Estado miembro de origen pueda pronun­
ciarse, de conformidad con lo dispuesto en el apar­
tado 3, y la autoridad competente del Estado miem­
bro de la sucursal pueda pronunciarse sobre esa 
modificación de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 4.» 
Artículo 29 
Queda derogado el artículo 11 de la Primera Directiva. Artículo 30 
El artículo 14 de la Segunda Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Artículo 14 
Toda empresa que se proponga efectuar por vez pri­
mera actividades en régimen de prestación de servi­
cios deberá informar previamente de ello a las auto­
ridades competentes del Estado miembro donde 
tenga su domicilio social, indicando el Estado o 
Estados miembros en cuyo territorio se proponga 
efectuar tales prestaciones de servicios y la natura­
leza de los riesgos que se proponga cubrir.» 
Artículo 31 
El artículo 16 de la Segunda Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Artículo 16 
1. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de la notificación prevista en el artículo 14, comuni­
carán al Estado o a los Estados miembros en cuyo 
territorio se proponga la empresa desarrollar sus 
actividades en régimen de libre prestación de servi­
cios: 
a) la cuantía del margen de solvencia, calculado 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 16 y 
17 de la Primera Directiva; 
b) los ramos a que la empresa interesada puede 
dedicarse; 
c) la naturaleza de los riesgos que la empresa se 
proponga cubrir en el Estado miembro de pres­
tación de servicios. 
Asimismo, informarán de ello a dicha empresa. 
2. Cuando la autoridad competente del Estado 
miembro de origen no comunique la información 
contemplada en el apartado 1 en el plazo previsto, 
deberá poner en conocimiento de la empresa, en ese 
mismo plazo, las razones de la negativa. Esta nega­
tiva podrá dar lugar a recurso ante los órganos juris­
diccionales del Estado miembro de origen. 
3. La empresa podrá iniciar su actividad a partir 
de la fecha certificada en que haya sido informada 
de la comunicación prevista en el párrafo primero 
del apartado 1.» 
Artículo 32 
El artículo 17 de la Segunda Directiva será sustituido 
por el texto siguiente: 
«Artículo 17 
Toda modificación que la empresa tenga previsto 
introducir en la información contemplada en el 
28. 9.90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 244/41 
artículo 14 estará sujeta al procedimiento previsto 
en los artículos 14 y 16 de la presente Directiva.» 
Artículo 33 
Quedan derogados los apartados 2 y 3 del artículo 12, y 
los artículos 13 y 15 de la Segunda Directiva. 
Artículo 34 
1. Queda derogado el apartado 1 del artículo 18 de la 
Segunda Directiva. 
2. El Estado miembro de la sucursal o de la presta­
ción de servicios no establecerá disposiciones que exi­
jan la aprobación previa de las condiciones generales y 
especiales de las pólizas de seguro, las tarifas y de los 
demás impresos que la empresa se proponga utilizar. 
Con el fin de controlar el cumplimiento de las disposi­
ciones nacionales, únicamente podrá exigir a toda 
empresa que desee realizar actividades de seguro en 
régimen de derecho de establecimiento o en régimen de 
libre prestación de servicios en su territorio la comuni­
cación no sistemática de las condiciones que tenga pre­
visto aplicar, sin que esta exigencia pueda constituir 
para la empresa un requisito previo al ejercicio de su 
actividad.. 
3. El Estado miembro de la sucursal o de la presta­
ción de servicios sólo podrá mantener o introducir la 
notificación previa o la aprobación de la subida de las 
tarifas propuestas dentro de un sistema general de con­
trol de precios. 
Artículo 35 
1. Queda derogado el artículo 19 de la Segunda 
Directiva. 
2. Toda empresa que realice operaciones en régimen 
de derecho de establecimiento o en régimen de libre 
prestación de servicios deberá presentar a las autorida­
des competentes del Estado miembro de la sucursal 
y/o del Estado miembro de la prestación de servicios 
todos los documentos que le sean exigidos para la apli­
cación del presente artículo, en la medida en que dicha 
obligación se aplique asimismo a las empresas que ten­
gan su domicilio social en dichos Estados miembros. 
3. Si las autoridades competentes de un Estado 
miembro comprueban que una empresa que tiene una 
sucursal o que opera en régimen de libre prestación de 
servicios en su territorio no respeta las normas jurídicas 
de este Estado que le sean aplicables, dichas autorida­
des invitarán a dicha empresa a que ponga fin a esta 
situación irregular. 
4. Si la empresa no adopta las medidas necesarias, las 
autoridades competentes del Estado miembro de que 
se trate informarán a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen. Estas últimas adoptarán, 
con la mayor brevedad, las medidas oportunas para 
que la empresa ponga fin a esta situación irregular. La 
naturaleza de dichas medidas será comunicada a las autoridades competentes del Estado miembro intere­
sado. 
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de origen o debido a que estas medidas no 
resultan adecuadas o en ausencia de tales medidas en 
dicho Estado miembro, la empresa sigue infringiendo 
las normas jurídicas en vigor en el Estado miembro 
interesado, este último podrá adoptar, tras informar de 
ello a las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen, las medidas oportunas para prevenir o repri­
mir nuevas irregularidades y, si fuere absolutamente 
necesario, impedir que la empresa siga celebrando con­
tratos de seguros en su territorio. Los Estados miem­
bros velarán por que sea posible notificar en su territo­
rio a las empresas de seguros los documentos necesa­
rios para la adopción de tales medidas. 
6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la 
facultad de los Estados miembros interesados de adop­
tar, en casos de urgencia, las medidas oportunas para 
prevenir o reprimir las irregularidades cometidas en su 
territorio. Ello implica la posibilidad de impedir que 
una empresa de seguros siga celebrando nuevos contra­
tos de seguros en su territorio. 
7. Si la empresa que ha cometido la infracción posee 
un establecimiento o bienes en el estado miembro 
interesado, las autoridades de control de este último 
podrán proceder, con arreglo a la legislación nacional, 
a la ejecución de las sanciones administrativas previs­
tas para tal infracción, en lo que se refiere a dicho esta­
blecimiento o dichos bienes. 
8. Toda medida adoptada en aplicación de las dispo­
siciones de los apartados 4 a 7, que implique sanciones 
o restricciones al ejercicio de la actividad de seguros 
deberá estar debidamente motivada y se notificará a la 
empresa afectada. Dicha medida podrá ser objeto de 
recurso ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que la haya adoptado. 
9. La Comisión presentará al Consejo cada dos años 
un informe en el que se resuman el número y el tipo de 
casos en que, en cada Estado miembro, se haya regis­
trado una negativa con arreglo a las disposiciones del 
artículo 28, o en que se hayan adoptado medidas en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 4. Los Estados 
miembros cooperarán con la Comisión facilitándole los 
datos necesarios para la elaboración de dicho informe. 
Artículo 36 
La presente Directiva no será obstáculo para que las 
empresas de seguros con domicilio social en un Estado 
miembro hagan publicidad de sus servicios por todos 
los medios de comunicación disponibles en el Estado 
miembro de la sucursal o de prestación de servicios, 
siempre y cuando se respeten las normas que regulen la 
N° C 244/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
forma y el contenido de tal publicidad, adoptadas por 
razones de interés general. 
Artículo 37 
1. Queda derogado el artículo 20 de la Segunda 
Directiva. 
2. En caso de liquidación de una empresa de seguros, 
los compromisos derivados de los contratos suscritos a 
través de una sucursal o en régimen de libre prestación 
de servicios se ejecutarán de la misma forma que los 
compromisos derivados de los demás contratos de 
seguros de dicha empresa, sin distinción de nacionali­
dad por la que a los asegurados y beneficiarios se 
refiere. 
Artículo 38 
1. Queda derogado el artículo 21 de la Segunda 
Directiva. 
2. Cuando un seguro se presente en régimen de dere­
cho de establecimiento o de libre prestación de servi­
cios, antes de asumir un compromiso, se deberá infor­
mar al tomador del seguro del nombre del Estado 
miembro en el que esté establecido el domicilio social 
o la sucursal con el que vaya a celebrarse el contrato. 
Si se facilitan documentos al tomador del seguro, la 
información a que se refiere el párrafo primero deberá 
figurar en los mismos. 
Las obligaciones contempladas en los párrafos primero 
y segundo no se refieren a los riesgos a que se refiere la 
letra d) del artículo 5 de la primera Directiva. 
3. El contrato o cualquier otro documento por el que 
se acuerde la cobertura, así como la propuesta de 
seguro en caso de que vincule al tomador, deberán 
indicar el domicilio social o, en su caso, de la sucursal 
de la empresa de seguros que proporcione la cobertura. 
Artículo 39 
1. Queda derogado el artículo 22 de la Segunda 
Directiva. 
2. Las empresas de seguros deberán comunicar a la 
autoridad de control del Estado miembro de origen, 
separadamente para las operaciones realizadas en régi­
men de derecho de establecimiento y las realizadas en 
régimen de libre prestación de servicios, el importe de 
las primas emitidas, sin deducción del reaseguro, por 
Estado miembro y por grupo de ramos. 
Los grupos de ramos se clasifican del siguiente modo: 
— accidentes y enfermedad (1 y 2), 
— seguro de automóviles (3, 7 y 10) las cifras corres­
pondientes al ram° no 10 se mencionan por sepa­
rado), — incendio y otros daños a la propiedad (8 y 9), 
— seguro de aviación, marítimo y de transporte (4, 5, 
6,7, 11 y 12), 
— responsabilidad civil general (13), 
— crédito y caución (14 y 15), 
— otros ramos (16, 17 y 18). 
La autoridad de control del Estado miembro de origen 
comunicará dicha información a las autoridades de 
control de los Estados miembros interesados que así lo 
soliciten. 
Artículo 40 
1. Queda derogado el artículo 24 de la Segunda 
Directiva: 
2. La presente Directiva no afectará al derecho de los 
Estados miembros de imponer a las empresas que ope­
ren en su territorio, en régimen de derecho de estableci­
miento o de libre prestación de servicios, la afiliación a 
un régimen o la participación en el mismo, en las mis­
mas condiciones que las empresas en él autorizadas, 
cuyo objeto sea garantizar el pago de las solicitudes de 
indemnización a los asegurados y a terceros perjudica­
dos. 
Artículo 41 
1. Queda derogado el artículo 25 de la Segunda 
Directiva. 
2. Sin perjuicio de una posterior armonización, los 
contratos de seguros estarán sujetos exclusivamente a 
los impuestos indirectos y exacciones parafiscales que 
graven las primas de seguro en el Estado miembro en 
que esté localizado el riesgo, definido en la letra d) del 
artículo 2 de la Segunda Directiva, así como, en el caso 
de España, a los impuestos extraordinarios fijados 
legalmente en favor del organismo español «Consorcio 
de compensación de seguros» para sus fines en materia 
de compensación de las pérdidas ocasionadas por 
sucesos excepcionales acaecidos en dicho Estado 
miembro. 
No obstante lo dispuesto en el primer guión de la letra 
d) del artículo 2 de la Segunda Directiva y a efectos de 
la aplicación del presente apartado los bienes muebles 
contenidos en un inmueble situado en el territorio de 
un Estado miembro, salvo los bienes en tránsito comer­
cial, constituirán un riesgo localizado en dicho Estado 
miembro, incluso cuando el inmueble y su contenido 
no estén cubiertos por una misma póliza de seguros. 
La ley aplicable al contrato en virtud del artículo 7 de 
la Segunda Directiva no afectará al régimen fiscal apli­
cable. 
Sin perjuicio de una armonización posterior, los Esta­
dos miembros aplicarán a las empresas que cubran ries­
gos en su territorio sus disposiciones nacionales relati-
2D.990 Diario COt^cial de las Comunidades europeas 1^C^2^B^ 
vasalas medidas destinadasagarantizar la percepción 
de los impuestos indirectosylas exacciones paratísca^ 
les debidos en virtud del párrafo primero. 
^^^GBe^B^e^ 
L Las adaptaciones técnicas que hayan de efectuarse 
en la PrimeraySegunda Directivas, así como en la pre-
senteDirectiva,enlos guiones queacontinuación se 
indican, se efectuarán con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo ... de la Directiva .m 
^Comité de seguros^ 
— modificaciones delalistacontempladaenelartP 
culo I y en el Ane^o de la Primera Directiva, o 
adaptación de la terminología de la lista para tener 
en cuenta las innovaciones de los mercados de 
seguros, 
— especificación de los elementos constitutivos del 
margen de solvencia, enumerados en el apartado 1 
del artículo lúdela Primera Directiva, para tener 
en cuenta la creación de nuevos instrumentos finan 
cieros, 
— modificación de la cuantíamínima del fondo de 
garantía, previsto en el apartado2del artículo 17 de 
la Primera Directiva, para tener en cuenta la evolu^ 
cióneconómicayfinanciera, 
modificación de la lista de los activos admitidos como 
cobertura de las provisiones técnicas, prevista en el 
artículo l^delapresente Directiva,ydelasnormas 
sobre dispersión, establecidasen el artículo 19 de la 
presente Directivas 
— modificación de las excepciones al principio de 
congruencia, previstas en el Aneroide la Segunda 
Directiva, para tener en cuenta el desarrollo de nueD 
vos instrumentos de cobertura del riesgo de cambios 
— aclaración de las definiciones, con mirasaasegurar 
la aplicación uniforme de la primera y Segunda 
Directivas, así como de la presente Directiva, en el 
conjunto de la C^omunidad^ 
— coditlcación de la Primerayla Segunda Directivas, 
así como de la presente Directiva. 
1. Las sucursales que hayan iniciado su actividad, 
con arregloalas disposiciones del astado miembro de 
establecimiento, antes de la entrada en vigor de las dis posicionesdeaplicación delapresente Directiva, se 
considerarán que han sido objeto del procedimiento 
previsto en los apartadosla^del artículo lOde la PriD 
mera Directiva. Apartir del momento en que se pro­
duzca la mencionada entrada en vigor, se regiránpor 
lasdisposicionesdelosartículoslo,19^,20y22de 
la Primera Directiva, así como por el artículo ^5 de la 
presente Directiva. 
2. Los artículos Ó^Oy^l no afectaránalos derechos 
adquiridos délas empresas de seguros que operenen 
régimen de libre prestación de servicios antes de la 
entrada en vigor de las disposiciones de aplicación de 
presente Directiva. 
^nc^^bis 
^o obstante toda disposición en contrario, los astados 
miembros en los que esté autorizada la suscripciónde 
contratosrelativosalramon^ 2dela sección A del 
Ane^odela Primera Directiva,en sustitucióndeun 
régimen legal de la seguridad social, podrán aplicara 
dichos contratoselrégimen previstoparalosseguros 
obligatorios enelartículo^dela Segunda Directiva, 
modificado por el artículo 27 de la presente Directiva. 
^nc^^ter 
Los^stadosmiembrosvelaránporquelas decisiones 
adoptadas en relación con una empresa de seguros, en 
aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias 
yadministrativas adoptadas con arregloalo dispuesto 
en la presente Directiva, puedan ser recurridas ante un 
órgano jurisdiccional. 
Los ^stadosmiembros moditicaránsusdisposiciones 
nacionalescon arregloalodispuestoen la presente 
Directiva,amástardar,el ... informaráninmediata^ 
mente de elloala comisión. 
Las disposiciones moditicadas de conformidad con el 
párrafo primero se aplicarán,amás tardar, el... 
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo prP 
merosereferirán e^plícitamentealapresente Direc­
tiva. 
Apartirde la notificación de la presente Directiva, los 
astados miembros comunicaránalaóeomisión el te^to 
de las disposiciones legales, reglamentariasyadminis-
trativas que adopten en el ámbito regulado por la pre­
sente Directiva. 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los 
astados miembros.