Ayudas estatales - Italia

(Artículos 87 a 89 del Tratado CE)

Comunicación de la Comisión, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a los demás Estados miembros y otros interesados, relativa a una ayuda notificada por Italia (Región de Sicilia) en favor de los consorcios de garantía agraria (consorzi fidi). Ley regional n° 23/95 y artículo 5 del Proyecto de Ley n° 975-955 en la medida en que se aplica a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas del anexo I

(2002/C 1/04)

Mediante la carta que se reproduce a continuación, de 19 de septiembre de 2001, la Comisión informó a Italia de su decisión de concluir el procedimiento incoado de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

"La Comisión se complace en comunicar a Italia que, tras examinar la retirada de la notificación que presentaron sus autoridades con respecto a la medida arriba mencionada, ha decidido concluir el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 659/1999(1).

I

Mediante carta de 9 de marzo de 1995, registrada el 14 de marzo de 1995, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, el proyecto de Ley regional de Sicilia n° 839 (ayuda N 271/95) relativa a las ayudas que la región se proponía conceder a las PYME de distintos sectores (agricultura, pesca, industria, transportes, turismo, comercio y servicios) para la constitución y el funcionamiento de consorcios de garantía colectiva que tuvieran como objeto facilitar el acceso al crédito y a distintos tipos de servicios financieros por parte de los socios.

Mediante carta de 28 de abril de 1995, registrada el 7 de junio de 1995, las mismas autoridades notificaron a la Comisión el texto de la Ley regional n° 23/95 (por la que se aprobaba el Proyecto de Ley antes citado, con algunas modificaciones) y del Proyecto de Ley regional n° 975-955, cuyo artículo 5 modificaba las disposiciones de la Ley n° 23/95 (régimen de ayuda N 518/95).

Habida cuenta de que la segunda notificación (registrada como ayuda N 518/95) comprendía el ámbito de la primera notificación (registrada como ayuda N 271/95) y la sustituía, se suprimió esta última del registro de notificaciones.

La Comisión decidió proceder a un examen separado de los textos de referencia, en función de los distintos sectores de producción de que se tratase. Por ello, el expediente de ayuda quedó dividido como sigue:

N 518/B/95: sector agrícola,

N 518/C/95: transportes,

N 518/D/95: pesca,

N 518/A/95: otros sectores.

Con respecto a la ayuda n° 518/B/95 (sector agrícola), tras la solicitud de información por parte de los servicios de la Comisión transmitida por télex con fecha de 2 de agosto de 1995 y con el número 1995/VI/029959, y el posterior recordatorio transmitido asimismo por télex el 8 de noviembre del mismo año con el número 1995/VI/041218, las autoridades competentes enviaron información adicional mediante carta de 20 de noviembre de 1995, registrada el 23 de noviembre del mismo año. A raíz de la solicitud de los servicios de la Comisión mediante carta de 15 de enero de 1996, las autoridades competentes aceptaron prorrogar el plazo para examinar el expediente mediante télex de 31 de enero de 1996.

II

Mediante carta de 16 de abril de 1996 con número SG(96) D/3905, la Comisión informó a Italia de que había decidido incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con las ayudas establecidas por la Ley regional de Sicilia n° 23/95(2) y por el artículo 5 del Proyecto de Ley n° 975-955(3) con respecto a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas.

Concretamente, el régimen de ayuda establecido mediante las disposiciones sometidas a examen contemplaba un nuevo mecanismo de apoyo a las empresas agrícolas, destinado a facilitar el acceso de éstas al crédito y a determinados servicios financieros (factoring, leasing, garantía colectiva, operaciones de crédito subvencionadas, etc.) que las pequeñas empresas habían utilizado poco. El régimen aplicaba al sector agrícola el modelo implantado para las PYME de otros sectores productivos (con la aceptación de la Comisión en virtud de la aplicación de la regla de minimis).

Se fomentaba a tal fin la formación de agrupaciones de empresas mediante la creación de una persona jurídica, que revestiría la forma de cooperativas o consorcios de cooperativas (denominados consorzi fidi), que dispondrían de uno o varios fondos propios distintos, destinados a garantizar determinadas operaciones financieras efectuadas por los socios, o a reducir el coste de las mismas.

Se trataba concretamente de 'fondos para cubrir riesgos' (fondi rischi) destinados a garantizar operaciones de crédito, de leasing y de factoring, y de un 'fondo de garantía' (monte fideiussioni) destinado a garantizar operaciones de crédito.

El apoyo público se concretaba en ayudas (en general, en forma de subvenciones) concedidas a los consorcios de garantía en distintos momentos de su existencia. A través de estas subvenciones, dichos consorcios podían ofrecer a sus socios ayudas en forma de garantía para sus operaciones financieras y en forma de reducciones del coste financiero de tales operaciones.

Las medidas de ayuda en cuestión eran concretamente las siguientes:

- aportación pública a los fondos de garantía y a los fondos de riesgo,

- ayuda inicial para fundar los consorcios de garantía,

- reducción de los costes de factoring y leasing,

- crédito subvencionado destinado a operaciones de gestión y consolidación de la deuda,

- cobertura de pérdidas al hacer uso de las garantías.

La Comisión tenía dudas sobre la compatibilidad de estas medidas de ayuda con las disposiciones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, ya que, a partir de la información disponible, no parecían cumplir los requisitos establecidos por las normas de las ayudas estatales aplicables al examen de este tipo de medidas de ayuda. Dichas normas quedaban especificadas en la decisión de la Comisión por la que se incoaba el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado con respecto a las medidas de ayuda en cuestión, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(4).

A raíz de dicha decisión de la Comisión, Italia presentó sus observaciones mediante carta de 17 de marzo de 1997, registrada el 26 de marzo de 1997. Tras la publicación de la decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(5), no se recibió observación alguna de terceras partes.

III

Mediante carta de 25 de abril de 2001, las autoridades italianas solicitaron la retirada de la notificación registrada como ayuda C 9/96 (Ley regional de 28 de marzo de 1995, n° 23: ayudas a los consorcios de garantía en el sector agrícola) y especificaron que las medidas en cuestión no se habían aplicado(6).

Habida cuenta de la carta de las autoridades italianas anunciando la retirada de la parte impugnada de las medidas de ayuda, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 659/1999(7), la Comisión ha decidido concluir el presente procedimiento."

(1) Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).

(2) Ley de 28 de marzo de 1995, n° 23. Normas para los consorcios financieros de garantía colectiva constituidos por PYME. Disposiciones que interpretan y modifican las disposiciones contempladas en las Leyes regionales n° 36/1991, n° 15/1993 y n° 25/1993.

(3) El mencionado artículo 5 (Integración en la ley regional sobre consorcios de garantía) establece lo siguiente: "Las disposiciones recogidas en el artículo 1 y siguientes de la Ley aprobada por la Asamblea Regional el 16 de marzo de 1995, que establece "Normas para los consorcios financieros de garantía colectiva constituidos por PYME. Disposiciones que interpretan y modifican las disposiciones contempladas en las Leyes regionales n° 36/1991, n° 15/1993 y n° 25/1993" son también aplicables a las empresas que soliciten financiación para la consolidación de deudas bancarias a corto plazo, entendido éste como un período que no supere los siete años.".

(4) DO C 150 de 24.5.1996.

(5) DO C 150 de 24.5.1996.

(6) En dicha carta las autoridades competentes precisaban asimismo que el artículo 99 de la Ley regional n° 32/2000 había introducido un nuevo régimen de ayuda para el establecimiento de consorcios de garantía (consorzi fidi) que afectaban también al sector agrícola, y que dicha Ley regional se hallaba en fase de notificación. Además, debe observarse que el artículo 13 de la Ley regional n° 23/95 supeditaba la financiación prevista al cumplimiento de las medidas comunitarias vigentes en materia de ayudas estatales y a la conclusión del procedimiento contemplado en los apartados 2 y 3 del artículo 93 (actualmente artículo 88) del Tratado CE.

(7) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.