Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Las negociaciones relativas al Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) en el seno de la OMC: su repercusión para los entes locales y regionales"

(2003/C 256/14)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa, de 8 de abril de 2003, de conformidad con el quinto párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de atribuir a la Comisión de Relaciones Exteriores la elaboración de un dictamen sobre "Las negociaciones relativas al Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) en el seno de la OMC: su repercusión para los entes locales y regionales";

visto el Acuerdo por el que se establece la OMC y el Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) de 1994(1);

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El planteamiento de la UE sobre la Ronda del Milenio de la OMC" (COM(1999) 331 final);

visto el informe del Parlamento Europeo que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones celebradas en la OMC sobre la agenda incorporada (2028/2001 (INI), A5-0076/2001, de 28 de febrero de 2001);

visto su Dictamen sobre "La posición de la UE en la Ronda de negociacionescomerciales de la OMC en relación con la agricultura" (CDR 527/1999 fin)(2);

vista la Declaración, de 18 de octubre de 2002, de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) sobre el tema "El AGCS y la diversidad cultural";

visto el programa de desarrollo de Doha para una nueva ronda mundial de acuerdos comerciales, aprobado el 14 de noviembre de 2001;

vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en el marco de la OMC, incluida la diversidad cultural (PE T5-0087/2003 de 12 de marzo de 2003);

visto su Dictamen, de 9 de abril de 2003, sobre "La posición de la UE en la Ronda de negociaciones comerciales de la OMC en el sector de la agricultura" (CDR 181/2002 fin);

visto el proyecto de dictamen (CDR 103/2003 rev.) aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores el 23 de mayo de 2003 (ponente: Sr. Axel Eindlein, Presidente de la Asamblea de distritos alemanes (D-PSE)),

ha aprobado por unanimidad, en su 50o Pleno celebrado los días 2 y 3 de julio de 2003 (sesión del 3 de julio) el presente Dictamen.

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones

Puntos de vista generales

El Comité de las Regiones

1.1. Observa que, desde la perspectiva regional y local, las negociaciones del AGCS revisten una enorme importancia, debido tanto a los intereses de las economías regionales (los intereses de las empresas establecidas en su territorio para acceder con mayor facilidad a los mercados extracomunitarios) como a los intereses de los entes regionales y locales, que en gran medida son los responsables de la prestación de servicios.

1.2. Señala que las recomendaciones siguientes están destinadas en primer lugar a la Comisión, que es la que conduce las negociaciones de la OMC. Pide además que las regiones y los municipios de la Unión y las asociaciones nacionales y europeas que los representan participen activamente en los debates sobre la liberalización internacional de los servicios.

1.3. Considera indispensable efectuar un seguimiento permanente de la marcha de las negociaciones de la OMC y someter a evaluación crítica los resultados de las negociaciones solicita la difusión pública de las actuales negociaciones dentro de la OMC y aboga por que se profundice el debate europeo sobre el AGCS contando con la plena participación de los entes regionales y locales y de la población que representan.

1.4. Observa al respecto que los servicios públicos -que son un derecho adquirido de los ciudadanos europeos-, sobre todo en el ámbito de la educación y la cultura, han surgido de la asunción responsable por parte de los entes locales y regionales de sus cometidos y obligaciones para con sus ciudadanos y que, por ello, debe garantizarse la continuación del control democrático, y la continuidad, accesibilidad y calidad de los servicios.

1.5. Señala que, en razón de la vinculación al propio territorio, para las empresas bajo la responsabilidad de las regiones y los municipios no es viable el principio de reciprocidad del acceso a los mercados y que esta situación debe tenerse en cuenta en las negociaciones de la OMC.

Puntos de vista sobre el fondo

1.6. Observa que no puede vulnerarse el derecho de prestar servicios públicos en cualquier nivel bajo la propia responsabilidad o a través de una empresa propia. A este respecto se remite a las normas de la OMC, de conformidad con las cuales las medidas de liberalización no justifican ninguna obligación de privatización o de desregulación. Lo mismo vale para la especificación de las condiciones de la prestación de servicios, que debe seguir estando en su totalidad en manos de los entes locales y regionales, teniendo en cuenta sus objetivos y las circunstancias territoriales de los Estados.

1.7. Suscribe la oferta de negociación presentada por la Comisión, pero no comparte plenamente la afirmación de la Dirección General responsable en el sentido de que ello no afectará al sector público. Por el contrario, señala que son previsibles repercusiones mediatas e inmediatas sobre la administración y la financiación de los entes regionales y locales -sobre todo en lo que se refiere a los servicios de interés general- y pide que no se adopte ningún compromiso vinculante en los AGCS antes de efectuar una evaluación independiente que analice sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales.

1.8. Apoya en principio la inclusión de servicios medioambientales, los cuales, sin embargo, deberán definirse individualmente, y a este respecto suscribe expresamente la posición de la Comisión de excluir de las negociaciones la explotación y distribución de los recursos hídricos. También deberá garantizarse que las inversiones ya realizadas por los entes regionales y locales en medidas de protección del medio ambiente e higiene no resultarán perjudicadas económicamente.

1.9. Apoya expresamente la opinión de la Comisión en el sentido de que los ámbitos de la salud, la educación y los medios audiovisuales no deben ser incluidos en ninguna oferta de liberalización. Esta posición deberá mantenerse a lo largo de todas las negociaciones del AGCS.

1.10. Se declara partidario de que las negociaciones no incluyan el ámbito de la cultura y señala en particular que la oferta de negociación de la Comisión sobre los servicios de esparcimiento no puede presentarse de tal manera que en ella pueda incluirse todo el ámbito cultural.

1.11. Se declara expresamente a favor de la protección de la propiedad intelectual y observa que se trata de un ámbito normativo especialmente complejo.

1.12. Expresa su preocupación por las negociaciones sobre disciplinas de reglamentación nacional con arreglo al artículo VI.4 del AGCS en virtud del cual puede considerarse que las prescripciones constituyen "obstáculos innecesarios al comercio" a través del procedimiento de solución de diferencias de la OMC basándose en que son "más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio" y no cumplen el criterio de "obstaculizar menos el comercio". En efecto, la OMC, a través de sus grupos especiales de solución de diferencias, puede clasificar prescripciones decretadas por gobiernos democráticamente elegidos a todos los niveles -en aras de la protección del público en general y del medio ambiente- como "barreras comerciales no arancelarias" ilegítimas. Sin embargo, también es importante que las prescripciones no se utilicen como cobertura para restringir la competencia o denegar el acceso a lo mercados especificando condiciones exorbitantes.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. Pide a la Comisión que, en su calidad de parte en las negociaciones de la OMC, tome en consideración las recomendaciones siguientes:

- deberá tenerse en cuenta que la liberalización debe entenderse no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para aumentar el bienestar y que, por consiguiente, la liberalización no debe desarrollarse de forma unidimensional, sino que debe incluir todo el ámbito social, económico e institucional;

- en las negociaciones de la OMC deberán tenerse en cuenta los principios de autonomía regional y local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de la UE y las propuestas formuladas por la Convención para destacar aun más dichos principios en la futura Constitución;

- no deberá formularse ninguna oferta en ámbitos que no estén liberalizados en el marco de la UE;

- en las negociaciones de la OMC no deberá adoptarse ninguna posición que pueda ir en detrimento de las actuales negociaciones en el seno de la UE para el establecimiento de una legislación comunitaria sobre los servicios de interés general;

- habrá que velar por que los principios de la OMC, en particular el carácter voluntario y la no obligación de privatización y desregulación, no se pongan en entredicho en las negociaciones -ni en la aplicación- por no respetarse en el procedimiento de solución de litigios;

- deberá velarse por que la legislación y los reglamentos establecidos por los entes locales y regionales no puedan clasificarse como "barreras comerciales no arancelarias";

- habrá que intentar evitar que la razón última que mueva a los inversores extranjeros a intervenir sea la percepción de subvenciones.

2.2. Subraya la necesidad de que se mantenga el principio de prestación del servicio universal en los servicios públicos y los servicios de interés general.

2.3. Apoya la intención de la Comisión de facilitar el intercambio de mano de obra cualificada.

Participación de los entes regionales y locales y del CDR en la información y coordinación interna de la UE

2.4. Observa que las regiones y los municipios son los principales responsables de los servicios públicos y que, por ello, deben participar de manera adecuada, junto con el CDR, en la coordinación interna de la UE.

2.5. Valora positivamente los esfuerzos de la Comisión para mejorar la trasparencia y la participación de los grupos de interés en todos los sectores de los servicios afectados, la sociedad civil y las diferentes categorías socioeconómicas. No obstante, subraya que los entes regionales y locales no pueden ser incluidos bajo esa rúbrica, ya que agrupan toda la gama de los servicios públicos, los cuales derivan sobre todo de su propia iniciativa sobre la base del principio de decisión democrática en el marco de sus competencias.

2.6. Aboga, habida cuenta de la inclusión de los servicios en la liberalización internacional, por que en el capítulo de política comercial de la futura Constitución se prevea la participación obligatoria del CDR.

Bruselas, 3 de julio de 2003.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO L 336 de 23.12.1994, p. 3

(2) DO C 317 de 6.11.2000, p. 12.