EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

Entre los cometidos de la UE se encuentra el de desarrollar un espacio europeo de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo de las sentencias. La cooperación judicial transfronteriza es vital en el ámbito de la justicia. Con este fin y para el facilitar el buen funcionamiento del mercado interior, la UE ha adoptado actos legislativos sobre la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y sobre la cooperación en el ámbito de la obtención de pruebas. Estos instrumentos revisten suma importancia en la regulación del auxilio judicial en materia civil y mercantil entre los Estados miembros. Comparten el objetivo de constituir un marco eficiente para la cooperación judicial transfronteriza. Han sustituido al sistema internacional anterior, y más complicado, de los Convenios de La Haya entre los Estados miembros.

Estos actos legislativos sobre cooperación judicial tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE, sea como particulares o como empresarios. Se aplican en los asuntos judiciales con repercusión transfronteriza, y su sustanciación adecuada es indispensable para garantizar el acceso a la justicia y un juicio justo (por ejemplo, la falta de notificación o traslado adecuados del escrito de incoación es con diferencia el motivo más utilizado para denegar el reconocimiento y la ejecución de sentencias). La eficiencia del marco jurídico del auxilio judicial internacional condiciona la manera en que los ciudadanos implicados en este tipo de litigios transfronterizos perciben el funcionamiento del poder judicial y del Estado de Derecho en los Estados miembros.

Que la cooperación entre los órganos jurisdiccionales sea expedita es otro factor necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. En 2018, aproximadamente 3,4 millones de causas judiciales civiles y mercantiles en la UE tienen repercusión transfronteriza. En la mayoría de estas causas (es decir, aquellas en las que al menos una de las partes reside en un Estado miembro distinto del Estado en que se celebra el proceso), los órganos jurisdiccionales suelen aplicar el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos varias veces en el transcurso del proceso. Esto es así porque, a menudo, la documentación adicional también se tiene que notificar o trasladar de forma oficial (por ejemplo, las resoluciones que ponen fin a un proceso), y no solo el escrito de incoación. Por otra parte, la aplicación del Reglamento sobre notificación y traslado de documentos no se limita a los procedimientos judiciales civiles, dado que su ámbito de aplicación también es extensivo a los «documentos extrajudiciales», respecto de los que puede surgir la necesidad de notificarlos o trasladarlos en diversos procedimientos extrajudiciales (por ejemplo, en sucesiones formalizadas ante notario o en casos de Derecho de familia que resuelva una autoridad pública) o incluso sin traer causa de un procedimiento judicial subyacente.

El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 establece vías aceleradas y procedimientos uniformes para la transmisión de documentos de un Estado miembro a otro, a efectos de cumplir la obligación de notificarlos o trasladarlos en este último. El Reglamento incluye algunas normas mínimas de protección de los derechos de defensa (artículo 8 y 19) y fija condiciones jurídicas uniformes para la notificación o el traslado transfronterizos por correo

La Comisión adoptó un informe sobre el funcionamiento en la práctica del Reglamento sobre notificación y traslado de documentos en diciembre de 2013. Este informe llegó a la conclusión de que el Reglamento había sido aplicado correctamente, en general, por las autoridades de los Estados miembros. Sin embargo, también llegó a la conclusión de que la creciente integración judicial de los Estados miembros, por la cual la supresión del exequátur (proceso intermedio) se ha convertido en norma general, ha puesto de manifiesto algunas de sus limitaciones. Por consiguiente, el informe trató de impulsar un debate público amplio sobre la función del Reglamento en el ámbito de la justicia civil de la UE y sobre el modo en que la notificación o traslado de documentos pueda mejorarse aún más. De acuerdo con estas ideas, la aplicación del Reglamento ha sido objeto de evaluaciones pormenorizadas en los últimos años en estudios e informes de la Comisión y en los debates entablados en la Red Judicial Europea. En 2017, con el fin de contribuir a realizar análisis y obtener conclusiones pertinentes, exhaustivos y actualizados sobre el funcionamiento en la práctica del Reglamento (que complementen las conclusiones de otros ejercicios de evaluación), la Comisión llevó a cabo una evaluación de la adecuación de la normativa (REFIT, por su acrónimo en inglés), en consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, con el objetivo de valorar el funcionamiento de dicho instrumento en relación con los cinco criterios obligatorios de evaluación clave: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE.

Las conclusiones del informe de la evaluación REFIT sirvieron de base para la definición de los problemas en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta. Las conclusiones principales se exponen a continuación.

En cuanto a la vía tradicional de la transmisión de un documento a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado en este (la transmisión a través de los denominados organismos transmisores y receptores), la evaluación puso de manifiesto que los resultados de este procedimiento fueron pobres en la medida en que aún funciona más lentamente y menos eficientemente de lo esperado. Si bien las nuevas estructuras creadas mediante el instrumento de la UE en 2000 supusieron una mejora visible en cuanto al tiempo que lleva tramitar las solicitudes con respecto a los procedimientos anteriores con arreglo a los convenios de La Haya, los plazos propuestos en el Reglamento se incumplen repetidamente. En particular, no se está aprovechando todo el potencial de los últimos avances tecnológicos. Aunque al redactar el Reglamento se usaron términos «tecnológicamente neutros», en la práctica no se utilizan los canales modernos de comunicación. Esto se debe en parte a las prácticas ya consolidadas, en parte a los obstáculos jurídicos y en parte a la falta de interoperabilidad de los sistemas informáticos nacionales. La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que, en este contexto, podría lograrse una mejora sustancial con poca inversión recurriendo a las realizaciones y las normas jurídicas de la UE que ya existen.

Por lo que se refiere a los métodos alternativos de transmisión, notificación y traslado de documentos que ofrecen vías directas para la notificación o el traslado de documento en el territorio de otro Estado miembros, la evaluación concluyó que, aunque ofrecen soluciones más ágiles para facilitar las causas judiciales transfronterizas, existen formas en que podrían mejorarse: la notificación o traslado por correo (artículo 14) en virtud del Reglamento es un modo generalizado, rápido y relativamente barato de enviar documentos al interesado, pero no es muy fiable y tiene un porcentaje elevado de casos en que no se lleva a cabo la notificación o el traslado. La denominada solicitud directa de notificación o traslado a que se refiere el artículo 15 del Reglamento ofrece una solución fiable, pero el acceso a la misma es limitado. Sobre esta cuestión, la propuesta realiza una contribución específica con el objetivo de mejorar la eficiencia de los métodos existentes. Además, el Reglamento complementa la lista de métodos alternativos de transmisión y notificación o traslado transfronterizos de documentos con la notificación o el traslado electrónicos, método que introduciría un equivalente virtual a la disposición del Reglamento sobre la notificación o traslado por correo.

La mejora de las vías actuales de transmisión y notificación o traslado del Reglamento se llevará a cabo de forma paralela al refuerzo de la protección de los derechos de defensa del destinatario. Habrá una serie de intervenciones específicas que contribuirán a poner fin a la incertidumbre sobre el ejercicio del derecho a negarse a aceptar un documento (artículo 8) o la disposición relativa a las sentencias dictadas en rebeldía (artículo 19).

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente propuesta está estrechamente vinculada a la propuesta de modificación del Reglamento sobre la obtención de pruebas. La Comisión presenta ambas propuestas a la vez, puesto que constituyen un paquete para la modernización de la cooperación judicial en materia civil y mercantil.

La propuesta es coherente con los instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. En efecto, el Reglamento contribuye a la eficacia de estos instrumentos al garantizar la circulación expedita de las sentencias dentro de la UE: dado que estos Reglamentos de la UE consideran que la correcta notificación o traslado del escrito de incoación es una condición imprescindible para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en otros Estados miembros, el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos establece un marco para que dicha notificación o traslado se realicen debidamente.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

La agenda de justicia de la UE para 2020 hace hincapié en que, para mejorar la confianza recíproca entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, debe valorarse si es necesario reforzar los derechos procesales civiles, por ejemplo en lo que se refiere a la notificación y el traslado de documentos. El objetivo de mejorar el marco de la cooperación judicial en la UE también está en consonancia con los objetivos fijados por la Comisión en la estrategia para el mercado único digital: en materia de administración electrónica, la estrategia insiste en la necesidad de tomar más medidas para modernizar la Administración Pública (incluida la judicial), lograr la interoperabilidad transfronteriza y facilitar la interacción con los ciudadanos. De acuerdo con estas ideas, la Comisión se ha comprometido en su programa de trabajo para 2018 a elaborar propuestas de revisión del Reglamento sobre obtención de pruebas y el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD