Dictamen del Comité de las Regiones sobre "La importancia de las entidades públicas de crédito para el desarrollo equilibrado de las regiones, ciudades y municipios de Europa"

(2001/C 148/04)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Informe de la Comisión al Consejo sobre los servicios de interés económico general en el sector bancario (aprobado el 17 de junio de 1998);

vistos los artículos 2, 5, 16, 86, 87, 158 y 295 del Tratado CE (versión de 2 de octubre de 1997);

visto el Protocolo 19 sobre la cohesión económica y social y el Protocolo 21 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

vistas la "Declaración de Amsterdam" (n° 37) sobre entidades públicas de crédito en Alemania adoptada por el Consejo en la Cumbre de Amsterdam de 1997, así como la Declaración de Austria y Luxemburgo sobre las entidades de crédito (n° 1), presentada a la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam de 1997;

vistas la "Comunicación de la Comisión - Los servicios de interés general en Europa" (COM(2000) 580 final);

visto el documento del Comité de los consumidores sobre el concepto de servicio universal en los servicios de interés general (aprobado el 6 de diciembre de 1999);

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Decisión del Consejo sobre medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) generadoras de empleo - Iniciativa para el crecimiento y el empleo", de 13 y 14 de mayo de 1998 (CDR 46/98 fin)(1);

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Informe del Grupo Operativo BEST: Simplificación del entorno empresarial" y la "Comunicación de la Comisión 'Fomento del espíritu empresarial y la competitividad': Respuesta de la Comisión al Informe del Grupo Operativo BEST y sus recomendaciones" (CDR 387/99 fin)(2);

visto el Dictamen del CDR relativo a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al CES y al CDR "La competitividad de las empresas europeas frente a la mundialización - Cómo fomentarla", de 18 de noviembre de 1999 (CDR 134/99 fin)(3);

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en el año 2000", de 18 de noviembre de 1999 (CDR 360/99 fin)(4);

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el principio de subsidiariedad "Hacia una verdadera cultura de la subsidiariedad: un llamamiento del Comité de las Regiones", de 11 de marzo de 1999 (CDR 302/98 fin)(5);

vista la Decisión de su Mesa de 11 de abril de 2000 de emitir, de conformidad con el quinto párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este asunto y encargar su elaboración a la Comisión de Política Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1), estando prevista una contribución de la Comisión de Empleo, Política Económica, Mercado Único, Industria y PYME (Comisión 6);

visto el proyecto de Dictamen complementario aprobado por la Comisión 6 el 30 de junio de 2000 (CDR 53/2000 rev. 1) [ponente: Sra. Coleman (UK, ELDR)];

visto el proyecto de Dictamen aprobado por la Comisión 1 el 14 de septiembre de 2000 (CDR 180/2000 rev. 1) [ponente: Sr. Mernizka (D, PSE)];

considerando que, en vista del proceso de mundialización, las regiones y los entes locales deberán desempeñar un papel cada vez más importante en la política relativa a la localización de empresas, el crecimiento y el empleo;

considerando que, en atención al principio de subsidiariedad (segundo párrafo del artículo 5 del Tratado CE), la preservación de la diversidad en Europa es un objetivo importante de todas las políticas de la Comunidad;

considerando que las estructuras descentralizadas fortalecen la idea de una Europa de las regiones y de la subsidiariedad;

considerando que los servicios de interés económico general son indispensables para la economía y la sociedad; que en virtud del artículo 16 del Tratado CE cobran una gran importancia en la Unión Europea y desempeñan un importante papel en el fomento de la cohesión social y territorial;

considerando que la decisión de incluir los servicios de interés económico general entre los servicios de interés general corresponde exclusivamente a los Estados miembros;

considerando que, en vista de los objetivos generales de desarrollo de la Unión Europea, se deberá tratar también con todos los medios aplicables de promover la cohesión económica y social (artículo 2 del Tratado CE) y el desarrollo de las regiones y zonas rurales menos favorecidas (artículo 158 del Tratado CE), para contribuir así al desarrollo positivo de todas las regiones de la Comunidad;

considerando que, en este contexto, la protección y ulterior desarrollo de las infraestructuras desempeñan un papel fundamental;

considerando que los servicios financieros (en particular, el acceso universal a una cuenta bancaria) desempeñan un papel cada vez más importante para la participación de los consumidores en la vida económica;

considerando que los servicios de interés general se prestan en interés de la colectividad y que debe garantizarse el acceso de todos los sectores de población a estos servicios básicos de alta calidad;

considerando que la prestación de estos servicios exclusivamente a través del mercado no siempre está garantizada;

considerando que se requieren medidas nacionales para garantizar la prestación de servicios de interés general y para evitar que determinados sectores de la sociedad -en particular los más débiles- queden marginados desde el punto de vista social y económico;

considerando que la protección de los consumidores debe ser un principio irrenunciable de acción de la Comunidad para hacer realidad una Europa de los ciudadanos;

considerando que la prestación de servicios financieros a escala regional y local para todos los sectores de población y, en particular, para los entes regionales y locales y las pequeñas y medianas empresas resulta indispensable y también debe garantizarse con vistas al futuro;

considerando que el pluralismo y el funcionamiento de la competencia en el mercado bancario -la coexistencia de entidades públicas de crédito y de bancos cooperativos y privados- son garantes de un sistema financiero estable y respetuoso del consumidor;

considerando que el objetivo empresarial de las entidades públicas de crédito no reside prioritariamente en obtener un máximo de beneficios, sino en desempeñar tareas de utilidad pública;

considerando que las entidades públicas de crédito apoyan a los entes regionales y locales en las transformaciones estructurales y el fomento activo de la localización de empresas;

considerando que son sobre todo las entidades públicas de crédito las que participan en la prestación de servicios financieros en los territorios y regiones periféricos y ultraperiféricos de Europa;

considerando que las empresas públicas y aquellas empresas a las que se concedan derechos especiales o exclusivos, de conformidad con el apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE, o que estén encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, en virtud del apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE, prestan una importante contribución al fomento de la cohesión social y al desarrollo equilibrado de las regiones en Europa,

en su 37o Pleno celebrado los días 14 y 15 de febrero de 2001 (sesión del 14 de febrero) ha aprobado el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones

1. destaca el papel decisivo que desempeñan unas regiones prósperas y con oportunidades equivalentes para lograr un mayor crecimiento, empleo y justicia social en la Comunidad Europea;

2. subraya que un sistema bancario estable y que funcione adecuadamente es muy importante para lograr un desarrollo equilibrado y sano de las regiones, ciudades y municipios;

3. observa que, por encima de todo, no puede renunciarse a una cobertura amplia y generalizada de todos los sectores de población con productos y servicios financieros de alta calidad en condiciones favorables, en el marco de la protección de los consumidores o del interés económico general;

4. subraya el principio de transparencia del mercado y el derecho del consumidor a una información veraz, eficaz y suficiente sobre las condiciones de las transacciones y las características de los productos y servicios financieros;

5. señala que la prestación de servicios financieros tiene una importancia fundamental para la participación de los ciudadanos en la economía y que, por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que, en el contexto del interés económico general, de acuerdo con las propuestas del Comité de los Consumidores, se garantice el acceso generalizado de todos los sectores de población a estos servicios bancarios en condiciones convenidas (principio de igualdad de acceso);

6. reconoce que un sistema crediticio orientado sobre todo a obtener beneficios puede conducir a que los sectores de la población, las ciudades, los municipios y las regiones con rentas bajas, así como las PYME, en particular en las zonas con deficiencias estructurales, tengan un acceso insuficiente a los servicios financieros;

7. se pronuncia a favor de actuaciones públicas que mejoren las condiciones de acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación otorgada por el sistema bancario y otras entidades financieras, compensando así la penalización que sufren al acceder a la misma en condiciones de mercado;

8. considera que una evolución semejante entra en contradicción con los objetivos de interés general del Tratado CE y del imperativo de un desarrollo equilibrado;

9. pide a la Comisión que elabore un informe detallado sobre la situación de los servicios financieros a escala regional y local en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos a la adhesión, tomando en especial consideración a los entes regionales y locales, a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores, y estudie las repercusiones y las posibilidades de los nuevos instrumentos para la prestación de servicios financieros;

10. subraya que, en particular en las zonas marcadas por su carácter periférico o ultraperiférico o escasamente pobladas, en las regiones y distritos urbanos menos prósperos, así como en las zonas con deficiencias estructurales, a menudo sólo puede garantizarse una prestación suficiente de servicios financieros a través de ayudas públicas o iniciativas especiales;

11. considera que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea debe seguir dejando margen para las medidas públicas que sean necesarias para garantizar la prestación territorial generalizada de servicios financieros cuando el mercado tenga dificultades para hacerlo;

12. considera que la intervención pública para contrarrestar situaciones de este tipo no debería recurrir a una regulación intensiva del sector bancario privado;

13. señala que en el mercado interior europeo debe existir una competencia saludable que redunde en beneficio de los ciudadanos y que han de adoptarse medidas políticas para reforzar la confianza de los consumidores;

14. recomienda, por tanto, la diversidad y el pluralismo en Europa para evitar una evolución negativa del mercado bancario;

15. se declara también favorable al pluralismo empresarial, en cuyo marco coexisten y compiten entre sí, en igualdad de derechos y en un contexto de competencia, entidades de crédito privadas y públicas con distintas formas jurídicas y objetivos diversos, ya que esto proporciona una competencia saludable en la prestación de servicios financieros e insiste en la necesidad de reforzar la confianza de los consumidores para que estas empresas tengan éxito;

16. señala que las ayudas públicas deben seguir siendo la excepción y que nunca podrán excluir la sana competencia, que resulta ventajosa para los ciudadanos. Por consiguiente, apoya las medidas de la Comisión destinadas a reducir las ayudas estatales, tal como se expone en el XXIX Informe sobre ayudas estatales. No obstante, reconoce que la Comisión debe mostrarse flexible con aquellas ayudas justificables desde el punto de vista económico y/o social;

17. subraya que las ayudas estatales pueden otorgarse para garantizar la prestación de servicios de interés general, pero no deberían beneficiar indirectamente a otras actividades comerciales;

18. observa que en numerosos países de Europa existen entidades públicas de crédito a las que el Estado ha encomendado importantes cometidos de interés económico general para apoyar y fomentar la pequeña y mediana empresa, la protección del consumidor, así como las ciudades, los municipios y las regiones;

19. señala que las responsabilidades públicas en los servicios de interés económico general deben poder garantizarse a través de entidades de crédito, principalmente públicas, orientadas hacia objetivos específicos;

20. señala que las entidades públicas de crédito prestan una importante contribución garantizando y prestando servicios financieros en regiones enteras en beneficio de los entes regionales y locales y de todos los sectores de la población;

21. reconoce que las entidades públicas de crédito, debido a su orientación hacia el interés general y su implantación regional, contribuyen de manera importante al desarrollo equilibrado de las regiones, al fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de importantes sectores de la sociedad, e igualmente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos;

22. se congratula de la existencia de estas entidades, ya que desempeñan importantes funciones en el marco de la protección del consumidor y del desarrollo regional, contribuyendo así a incrementar la aceptación de la integración europea en su conjunto.

Bruselas, 14 de febrero de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 251 de 10.8.1998, p. 41.

(2) DO C 293 de 13.10.1999, p. 48.

(3) DO C 57 de 29.2.2000, p. 23.

(4) DO C 57 de 29.2.2000, p. 17.

(5) DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.