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Bruselas, 10.3.2008

COM(2008) 138 final

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2005/321/CE por la que se concluye el procedimiento de consultas abierto con la República de Guinea en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En marzo de 2004, la Unión Europea (UE) decidió abrir consultas con Guinea en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. La decisión se tomaba tras apreciarse un continuo deterioro del clima democrático durante los años anteriores, lo que constituía un incumplimiento de los elementos esenciales definidos en artículo 9 del Acuerdo. En aquel momento, la Unión manifestó asimismo su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y por la ausencia de una buena gobernanza tanto administrativa como política, económica y financiera.

En la reunión de apertura de las consultas, el 20 de julio de 2004, el Gobierno presentó un Memorándum que enumeraba sus compromisos, con una atención especial a los aspectos referentes al diálogo político, la comisión electoral, la liberalización de los medios de comunicación, el refuerzo del Estado de Derecho y la gestión macroeconómica.

Sobre la base de los compromisos adquiridos por el Gobierno guineano, las consultas se cerraron en 2005. Las conclusiones del Consejo de 14 de abril de 2005 reconocían que algunos compromisos habían dado lugar a iniciativas alentadoras pero que varias medidas importantes quedaban aún por aplicar, en particular, en el marco de un diálogo político con las fuerzas de la oposición. Concluidas las consultas, teniendo en cuenta los compromisos cumplidos hasta la fecha y las importantes medidas que aún debían aplicarse, se decidió adoptar, con arreglo al artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Cotonú, las "medidas oportunas". La correspondiente Decisión del Consejo expira el 14 de abril de 2008.

Hasta mediados de 2006, la evolución del diálogo político, sin embargo, ha sido lenta y los resultados bastante pobres. El diálogo se suspendió incluso a raíz de las elecciones locales de diciembre de 2005, caracterizadas por deficiencias e irregularidades, lo que dio lugar a una pérdida de confianza de la oposición en sus interlocutores.

No obstante, la aceleración constatada desde julio de 2006 en las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas permitió obtener a finales de 2006 un consenso sobre el marco electoral y las condiciones operativas para las elecciones legislativas previstas inicialmente para junio de 2007. El Gobierno se comprometió entonces a presentar los correspondientes proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Por otra parte, la liberalización de la radiodifusión entró en vigor en agosto de 2006 con el inicio de las emisiones de las primeras radios privadas autorizadas. A finales de diciembre de 2006, habida cuenta de los progresos constatados en estos ámbitos, la UE decidió poner a disposición de Guinea la dotación A del 9º FED (85,8 millones de euros).

Al mismo tiempo, el deterioro de las condiciones de vida de la población, que ya había provocado dos huelgas generales durante el año 2006, fue la causa de nuevas convocatorias de huelgas en enero y febrero de 2007, aceleradas por la salida de la cárcel de una persona cercana al Presidente. Durante la huelga, tuvieron lugar nuevos casos de violaciones de los derechos humanos (y, en consecuencia, elementos esenciales del Art. 9 de Cotonú) incluidos, en particular, episodios de represión violenta, por las fuerzas del orden y por el ejército, de manifestaciones pacíficas. Los movimientos de rebelión popular de enero/febrero y sus represiones violentas causaron entre 137 y 183 muertes así como más de 1500 heridos. El material de una de las radios privadas fue destruido y una segunda tuvo que suspender sus emisiones como consecuencia de las amenazas. Ante la rápida degradación de la situación en materia de gobernanza, las reivindicaciones del movimiento sobrepasaron rápidamente el marco estrictamente sindical y sólo pudieron encontrar una respuesta política parcial a través de un acuerdo celebrado entre el poder y los sindicatos, a raíz de largos esfuerzos de mediación, entre los cuales, en particular, los de los líderes religiosos guineanos y la CEDEAO.

El nuevo Primer Ministro, el Sr. Lansana Kouyaté, fue nombrado a finales de febrero, y su Gobierno (cuyos miembros no formaban parte de los Gobiernos anteriores) finalmente asumió sus funciones a finales de marzo. Entre las prioridades del nuevo ejecutivo se encuentran: (i) la promoción de una justicia independiente y creíble; (ii) el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos; (iii) el desarrollo de las infraestructuras y la provisión de los servicios sociales básicos; y (iv) la promoción de la buena gobernanza.

Nueve meses después de su llegada al Gobierno, el Sr. Kouyaté se encuentra con un clima de insatisfacción que contrasta con la euforia que había rodeado su nombramiento. Aunque la inflación se ha reducido y los tipos de cambio han mejorado, lo que ha permitido completar un programa trienal con el Fondo Monetario Internacional, el entusiasmo inicial ha dado lugar a la incertidumbre en torno a la capacidad y la voluntad del Gobierno Kouyaté de romper con los errores del sistema Conté. El Presidente sigue siendo el único verdadero jefe del ejecutivo. Sus poderes están garantizados constitucionalmente y firma todos los decretos, lo que le permite paralizar fácilmente la acción del Gobierno. El puesto de Primer Ministro no existe en la Constitución y sólo tiene poderes delegados. De ahí que pueda ser revocado fácilmente por decreto presidencial, como ya se hizo en el pasado en diferentes ocasiones. El escaso apoyo del Presidente a las medidas del Primer Ministro y el descontento creciente de la población son fenómenos inquietantes que podrían conducir a una nueva crisis de grandes proporciones (el 10 de enero se pudo evitar por poco una huelga general indefinida).

La celebración de elecciones legislativas, inicialmente prevista para junio de 2007, se ha aplazado en varias ocasiones y aún no se ha fijado ninguna fecha oficial. El Presidente Conté firmó el 28 de noviembre el Decreto por el que se establece la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) y se han nombrado los 25 miembros de la misma. Un miembro de la sociedad civil, Ben Sékou Sylla, fue elegido Presidente de la CENI. Este órgano, indispensable para la buena organización de las próximas elecciones legislativas, permite iniciar el proceso para establecer el censo, que supone el principio del proceso electoral. Éste debería conducir a la celebración, como pronto, de elecciones legislativas en otoño 2008.

El período de seguimiento de 36 meses debería terminarse automáticamente el 14 de abril de 2008. Es importante tomar una decisión sobre la oportunidad de prorrogar la Decisión del Consejo dada la situación de inestabilidad que vive Guinea y el retraso en la celebración de las elecciones. En efecto, una prórroga del período de seguimiento hasta la celebración de las elecciones parece coincidir con el espíritu de la Decisión del Consejo. La celebración de elecciones legislativas consideradas libres y transparentes debería idealmente señalar el final del procedimiento del artículo 96 y de las medidas oportunas.

Las acciones emprendidas por las autoridades guineanas han sido, en general, positivas. Entre otras cosas, los movimientos de rebelión popular de enero y febrero de 2007 impidieron mantener el calendario inicialmente previsto, pero la dinámica actualmente adoptada permite prever que se respeten estos compromisos en un plazo de 12 meses.

A la luz de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú, la Comisión propone al Consejo prorrogar 12 meses el período de validez de la Decisión del Consejo de 14 de abril de 2005 y de adoptar, por lo tanto, la Decisión adjunta.

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2005/321/CE por la que se concluye el procedimiento de consultas abierto con la República de Guinea en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000[1], y el Acuerdo revisado y firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005[2], y, en particular, su artículo 96,

Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE[3] y, en particular, su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión 2005/321/CE del Consejo, de 14 de abril de 2005[4], por la que se concluye el procedimiento de consultas abierto con la República de Guinea en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, prevé un período de validez de 36 meses a partir de su fecha de adopción para el seguimiento de las medidas pertinentes.

(2) Tras este período de seguimiento, muchos de los compromisos se han cumplido y los principales compromisos restantes se han plasmado en iniciativas concretas. Sin embargo, aún deben aplicarse varias medidas importantes respecto a los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú.

DECIDE:

Artículo 1

Queda prorrogada 12 meses la validez de la Decisión 2005/321/CE por la que se concluye el procedimiento de consultas abierto con la República de Guinea en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. La Decisión se reexaminará periódicamente cada seis meses.

Artículo 2

No se modifican las medidas adoptadas en la Decisión 2005/321/CE en virtud de las medidas pertinentes previstas en el artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Cotonú.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

A la atención del Primer Ministro, Jefe del Gobierno de la República de Guinea

Excmo. Señor Primer Ministro:

La Unión Europea concede gran importancia a las disposiciones del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú. El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en los que se asienta la Asociación ACP-UE, son elementos esenciales de dicho Acuerdo y constituyen, por lo tanto, la base de nuestras relaciones.

En 2004, la Unión Europea consideró que la situación política en Guinea constituía una violación de estos elementos esenciales y abrió, en julio de ese mismo año, consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo. Estas consultas dieron lugar a conclusiones que se comunicaron al Jefe de Gobierno en una carta fechada el 14 de abril de 2005.

Las medidas oportunas prevén un período de seguimiento de 36 meses que finaliza el 14 de abril de 2008. Durante este período, ha sido posible celebrar un diálogo político reforzado, del que son reflejo, entre otras cosas, las tres misiones de seguimiento conjuntas del Consejo y la Comisión en mayo de 2005, febrero de 2006 y mayo de 2007, así como la visita del Comisario Michel en octubre de 2006. A finales de diciembre de 2006, habida cuenta de los progresos realizados, la Unión Europea decidió poner a disposición de Guinea la dotación A del 9º FED con un importe de 85,8 millones de euros.

Las acciones emprendidas por las autoridades guineanas han sido, en general, positivas. No obstante, aún no se ha ultimado la organización de las elecciones legislativas, incluida la fecha de las elecciones, que es uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno guineano. La dinámica actualmente adoptada permite prever el respeto de estos compromisos en el plazo de 12 meses.

Consciente de la dinámica positiva que se ha puesto en marcha en Guinea y del camino que queda por recorrer, la Unión Europea ha decidido prolongar el período de seguimiento de la Decisión de 14 de abril de 2005 a un total de 48 meses, de tal modo que permita a las autoridades guineanas cumplir la totalidad de los compromisos asumidos.

A este respecto, siguen siendo aplicables las medidas oportunas que se le comunicaron en nuestra anterior correspondencia de 14 de abril de 2005.

Atentamente

Hecho en Bruselas, el

Por la Comisión Por el Consejo

[1] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

[2] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[3] DO L 317 de 15.12.2000, p. 376.

[4] DO L 104 de 23.04.2005, p. 33.