Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Número 1 (punto 14 del artículo 4)

El objeto de esta modificación es aclarar:

- por un lado, que los controles aduaneros deben garantizar la correcta aplicación, no sólo de la legislación aduanera, sino también de las demás disposiciones legales relativas a la importación y exportación de mercancías;

- por otro lado, que también pueden participar en dichos controles otras autoridades (por ejemplo, autoridad veterinaria o policía), por lo que es necesaria una coordinación entre estas autoridades, a fin de instaurar, en definitiva, una «ventanilla única» y de eximir así a los importadores y exportadores de la obligación de ponerse en contacto con distintas autoridades para una misma operación de importación o exportación.

Número 2 (puntos 25 a 27 del artículo 4)

El Código aduanero comunitario no contiene por ahora referencia alguna al «riesgo», a la «gestión de riesgos» o a los «operadores autorizados». El término «operador» engloba a todos aquellos que formen parte de la cadena logística del comercio internacional, como los importadores, los exportadores, los transportistas y los agentes de aduanas. Todos los Estados miembros utilizan en la actualidad estos conceptos, pero lo hacen según sus propios criterios, lo que origina distorsiones en el mercados interior y lagunas en la seguridad. El objeto de estas nuevas disposiciones es hacer posible el establecimiento de criterios comunes a toda la UE. Estas definiciones completan el artículo 13 modificado (véase el número 3).

Número 3 (artículo 13)

Esta modificación obliga a los Estados miembros a recurrir a técnicas de análisis de riesgos. Mientras no existan criterios comunitarios o internacionales, se aplicarán los nacionales (como ocurre en la actualidad). La modificación introducida atribuye a la Comisión el cometido de crear un marco común para la gestión de riesgos con arreglo al procedimiento del Comité, lo que incluye la creación de sistemas automatizados de apoyo coordinados e interconectados. La persecución de las infracciones penales, que dependen del tercer pilar, queda excluida, dado que se aplican otras normas. Seguirán existiendo los sistemas de análisis de riesgos nacionales, los cuales podrán aplicar también criterios nacionales y locales. En general, se considera que los operadores autorizados representan un menor riesgo, por lo que quedan sujetos a menos controles. Se ha introducido la posibilidad de realizar controles aduaneros en terceros países, en el supuesto de que estén previstos en un acuerdo internacional. Esta disposición sólo se aplicaría en circunstancias excepcionales, dado que, en principio, las Aduanas y demás Administraciones deben controlar las mercancías en el territorio sobre el cual son competentes y, en caso de necesidad y según lo estipulado en un acuerdo internacional, intercambiar información con las autoridades de los demás países (véase el número 4).

Número 4 (artículo 15)

Si se exceptúa el caso de los procedimientos judiciales, el artículo 15 no especifica en la actualidad las circunstancias en las que está permitida la transmisión de información confidencial que las autoridades aduaneras de un Estado miembro o la Comisión hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, al amparo de la legislación aduanera. El objeto de esta modificación es aclarar que estará permitido el intercambio de datos confidenciales relativos a operaciones de importación o exportación (incluidos los regímenes suspensivos, como el tránsito y las zonas francas) entre:

- las Administraciones aduaneras de los Estados miembros;

- dichas Administraciones y la Comisión;

- las Administraciones aduaneras y fiscales de un mismo Estado miembro o de distintos Estados miembros (por ejemplo, a efectos del reembolso del IVA o del impuesto especial en la exportación);

- las autoridades aduaneras y otras autoridades (por ejemplo, veterinarias o de policía) de un mismo Estado miembro o de distintos Estados miembros (por ejemplo, para avisar sobre unas mercancías potencialmente peligrosas);

- las Administraciones aduaneras y otras Administraciones (por ejemplo, organismos de seguridad) de terceros países, siempre que este intercambio de información esté previsto en un acuerdo internacional.

Como es natural, las disposiciones vigentes a nivel comunitario y nacional en materia de protección de datos seguirán aplicándose.

Número 5 (artículos 36 bis y 36 ter)

Ésta es la principal innovación de la propuesta: en tanto que, por ahora, la declaración sumaria o la declaración en aduana únicamente deben entregarse cuando las mercancías se presentan en aduana, se propone exigir la presentación de una declaración antes de que lleguen las mercancías. De esta forma será posible la comprobación previa de la carga y la pronta adopción de las medidas oportunas en caso de necesidad. Ciertos Estados miembros, así como algunos de los principales socios comerciales de la Comunidad, exigen ya declaraciones previas a la llegada. Los datos disponibles acerca del funcionamiento de tales sistemas muestran que el sector y los agentes interesados pueden adaptarse a los cambios necesarios de los procesos. Los principales problemas que deben superarse son los siguientes:

- organización de los flujos de datos,

- establecimiento de sistemas informáticos compatibles,

- entregas en tiempo ajustado sin preaviso suficiente.

El Código aduanero comunitario sólo puede ofrecer, por tanto, un marco general y la aplicación práctica de las declaraciones previas a la llegada debe ser regulada por las normas de desarrollo y las autoridades aduaneras competentes, de modo que pueda encontrarse el justo equilibrio entre el aumento de la seguridad y la facilitación del comercio.

En consecuencia, se propone que, como norma general, la declaración previa a la llegada se entregue 24 horas antes de que las mercancías se presenten en aduana. En el supuesto de que un acuerdo internacional fije un plazo distinto, éste habrá de establecerse en las normas de desarrollo. En éstas se precisará también que la citada declaración debe, al igual que una declaración en aduana, reunir determinados requisitos en relación con los datos contenidos y su exactitud. Podrían aplicarse normas especiales, entre otros, en los siguientes casos:

- mercancías transportadas por los viajeros (exentas);

- pequeños envíos (exentos), en tanto no haya sistemas electrónicos de seguimiento y localización ni interfaces operador/aduana;

- transporte terrestre y aéreo, así como marítimo si el viaje dura menos de 24 horas (períodos más breves);

- entregas en tiempo ajustado por operadores autorizados (períodos más breves).

En el período transitorio durante el cual no haya ninguna interfaz común a escala de la UE, o incluso en los distintos Estados miembros, tendrán que aplicarse normas menos restrictivas. Mientras no exista una interfaz operador/aduana a efectos de la información previa a la llegada, los Estados miembros podrán renunciar a imponer tal requisito, salvo que un acuerdo internacional prevea lo contrario, o exigir los documentos en papel. Asimismo, serán necesarias normas más flexibles en el supuesto de que la declaración previa a la llegada se presente en una aduana de entrada y las mercancías lleguen a otra aduana, sin que exista aún una interfaz entre ambas.

Por otra parte, cabe destacar que la entrega de una declaración sumaria (por ejemplo, manifiesto marítimo) o de una declaración en aduana incompleta, simplificada o completa en el momento mismo de la presentación en aduana de las mercancías, tras su entrada en el territorio aduanero, no supondrá el rechazo de la declaración. La principal implicación será que la tramitación de tales declaraciones llevará más tiempo y se tardará más en conceder el levante de las mercancías que si se hubiera respetado el plazo. Los operadores que, sistemáticamente, incumplan los plazos o faciliten información incorrecta podrán también ser objeto de sanciones administrativas o perder su consideración de operadores autorizados (véanse los números 2 y 3). Si, en el momento de llegada de las mercancías, el operador desconoce con qué finalidad han sido importadas (esta situación debería ser excepcional), podrá colocarlas en depósito temporal o incluirlas en el régimen de depósito aduanero al amparo de los datos de transporte. En las propuestas que se presenten en el marco de la Comunicación titulada «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas», está previsto fusionar estos dos regímenes (junto con los demás regímenes suspensivos).

Números 6 a 8 (artículos 40 y 43 a 45 del capítulo 3 del título III)

Las disposiciones relativas a la declaración sumaria (actualmente artículos 43 a 45) se han transferido a los artículos 36 bis y 36 ter, a fin de introducir las declaraciones previas a la llegada. En consecuencia, debe modificarse el capítulo 3 del título III y los artículos 43 a 45 han de ser suprimidos.

La actual formulación del capítulo 40 favorece a las zonas francas, en la medida en que, en determinados casos, no se requiere la presentación en aduana de las mercancías ni la declaración sumaria. La finalidad de la modificación es corregir esta laguna en la seguridad. No obstante, los operadores autorizados pueden quedar exentos de la obligación de presentar en aduana las mercancías, siempre que hayan presentado la declaración contemplada en los artículos 36 bis y 36 ter.

Números 9 y 10 (apartado 2 del artículo 170 y apartado 2 del artículo 176)

La adición de la letra d) en el apartado 2 del artículo 170 permite adaptar las normas sobre las zonas francas a la nueva formulación del artículo 40. La modificación del apartado 2 del artículo 176 introduce la obligación de presentar también una declaración previa a la llegada y una declaración previa a la salida en relación con las mercancías que entren directamente o salgan de una zona franca, con arreglo a lo previsto en los artículos 40, 182 bis y 182 ter (véanse los números 8 y 13).

Número 11 (artículo 181)

En el artículo 181 se ha añadido una referencia al título V, a fin de englobar lo dispuesto en los nuevos artículos 182 bis y 182 ter.

Número 12 (apartado 3 del artículo 182)

Dado que, en todos los casos de reexportación, se exigirá una declaración previa a la salida (salvedad hecha de aquellos casos en que se haya renunciado a este requisito), la notificación mencionada actualmente en el apartado 3 del artículo 182 no es ya necesaria y puede, por tanto, suprimirse.

Número 13 (artículos 182 bis y 182 ter)

Los artículos 182 bis y 182 ter se corresponden con los artículos 36 bis y 36 ter.

La principal diferencia radica en lo siguiente:

- En la importación, la primera aduana que se ocupa de las mercancías es la de entrada (es decir, la primera aduana por la que pasan las mercancías tras haber cruzado la frontera de la Comunidad); esta aduana debe, por tanto, recibir la declaración previa a la llegada para poder determinar si son necesarios controles de seguridad.

- En la exportación, la primera aduana que se ocupa de las mercancías es la de exportación (es decir, la aduana competente del lugar en el que está establecido el exportador o en el que se embalan o cargan las mercancías para exportación; apdo. 5 del artículo 161). Esta aduana debe, por tanto, recibir la declaración previa a la salida (que es, en general, la declaración en aduana incompleta, simplificada o completa) para poder determinar si son necesarios controles de seguridad.

Artículo 2 (entrada en vigor)

Este artículo dispone que las modificaciones entren en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, lo cual no plantea problemas en lo que respecta a las definiciones (art. 4), a la gestión de riesgos en sí misma (art. 13), al intercambio de información (art. 15) y a la ampliación de las normas generales a las zonas francas (arts. 170, 176 y 181). La instrumentación de los sistemas de tratamiento previo a la llegada y a la salida y el establecimiento de sistemas automatizados de apoyo coordinados e interconectados para la gestión de riesgos pueden llevar cierto tiempo en aquellos Estados miembros que aún no utilicen dichos sistemas. En consecuencia, dado que suponen el recurso a sistemas electrónicos, se propone que los artículos 13, 36 bis, 36 ter, 182 bis y 182 ter sean aplicables dos años después de la entrada en vigor del Reglamento.

2003/0167 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 26, 95, 133 y 135,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C [...] de [...], p. [...]

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [2],

[2] DO C [...] de [...], p. [...]

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario [3], cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2700/2000 [4], establece las normas relativas al tratamiento aduanero de las mercancías importadas o destinadas a la exportación.

[3] DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

[4] DO L 311 de 12.12.2000, p. 1.

(2) Resulta oportuno especificar en qué condiciones es posible comunicar la información facilitada por los operadores económicos a las aduanas a otras autoridades del mismo Estado miembro, a otros Estados miembros, a la Comisión o a las autoridades de terceros países.

(3) Es necesario establecer un nivel uniforme de controles aduaneros en la Comunidad y garantizar una aplicación armonizada de los mismos por los Estados miembros. Conviene tener presente que tales controles son fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros. Los controles deben basarse en normas y criterios de riesgo definidos de común acuerdo para la selección de mercancías y operadores económicos, a fin de minimizar los riesgos a que están expuestos la Comunidad y sus ciudadanos. Los Estados miembros y la Comisión deben, por tanto, instaurar en la UE un marco de gestión de riesgos que sustente un planteamiento común, de modo que se asegure una fijación efectiva de las prioridades y una asignación eficiente de los recursos, con vistas a mantener un justo equilibrio entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legal. El citado marco debe, asimismo, establecer criterios comunes y requisitos armonizados en relación con los operadores autorizados y garantizar una aplicación armonizada de tales criterios y requisitos. El establecimiento de un marco de gestión de riesgos común a todos los Estados miembros no debe impedir a estos controlar las mercancías por sondeo.

(4) Las Administraciones competentes de los Estados miembros y la Comisión deben transmitirse mutuamente la información relativa a los riesgos conexos a las mercancías importadas y exportadas. La información que se intercambie vendrá constituida más bien por datos generales sobre el control de las mercancías que por datos específicos sobre los operadores o los envíos. A tal fin, debe establecerse un sistema seguro común que permita a las autoridades competentes acceder a tal información, transferirla e intercambiarla en el momento oportuno y de manera eficaz. Dicha información podrá, asimismo, compartirse con terceros países si así lo prevé un acuerdo internacional.

(5) Al objeto de hacer posible un control adecuado y basado en el riesgo, es necesario establecer la obligación de presentar información previamente a la llegada o a la salida con respecto a todas las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Comunidad o salgan de él, a excepción de aquellas que lo atraviesen por vía aérea o marítima sin hacer escala en él. La citada información debe estar disponible antes de que las mercancías entren en el territorio aduanero comunitario o salgan de él. Dependiendo del tipo de mercancías, del tipo de transporte y del tipo de operador económico, cabe fijar plazos y normas distintas. A fin de evitar posibles lagunas de seguridad, es preciso imponer también la mencionada obligación para las mercancías introducidas en una zona franca o que salgan de ella.

(6) Resulta oportuno, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CEE) nº 2913/92.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CEE) nº 2913/92 queda modificado como sigue:

1. El texto del punto 14 del artículo 4 se sustituye por el siguiente:

«(14) «controles aduaneros»: las actuaciones específicas realizadas por las autoridades aduaneras o en coordinación con las mismas con vistas a garantizar la correcta aplicación de la normativa aduanera y demás disposiciones legales relativas a la importación o exportación de mercancías, tales como la comprobación de las mercancías, el control de la existencia y autenticidad de los documentos, el examen de la contabilidad de las empresas y demás documentos contables, la inspección de los medios de transporte, el control del equipaje y demás mercancías que lleven consigo las personas, y la realización de investigaciones administrativas y otras actuaciones similares, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras y, en su caso, de las demás disposiciones aplicables a las mercancías bajo vigilancia aduanera;»

2. En el artículo 4, se añaden los siguientes puntos:

«(25) «riesgo»: la probabilidad de que pueda producirse, en la circulación y el comercio internacionales de mercancías, un acontecimiento que amenace la seguridad de la Comunidad, al suponer un riesgo para la salud pública, el medio ambiente o los consumidores, incluidos aquellos que impidan la correcta aplicación de las medidas comunitarias o nacionales relativas a las mercancías que entren en la Comunidad o salgan de ella;

(26) «gestión de riesgos»: la determinación y aplicación sistemática de todas las medidas necesarias para limitar la exposición al riesgo, lo que incluye actividades tales como la recogida de datos e información, el análisis y la evaluación de riesgos, la prescripción y adopción de medidas, y el seguimiento y la revisión periódicos del proceso y sus resultados, a partir de fuentes y estrategias internacionales, comunitarias y nacionales;

(27) «operador económico autorizado»: cualquier agente de la cadena de abastecimiento comercial autorizado por las autoridades aduaneras que cumpla los requisitos definidos con arreglo al procedimiento del Comité, entre los que se incluirá el disponer de un historial satisfactorio de observancia de las obligaciones aduaneras y de un sistema adecuado de gestión de sus registros comerciales, y la aplicación de medidas materiales de seguridad apropiadas. De este modo, el operador autorizado ofrecerá todas las garantías necesarias para el desarrollo correcto y seguro de las operaciones y podrá, por tanto, beneficiarse de ciertas simplificaciones, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La condición de operador económico autorizado será otorgada por un período definido y se reexaminará periódicamente.»

3. En el artículo 13, se añade el siguiente párrafo:

«Los controles aduaneros se basarán en un análisis de riesgos, destinado a determinar y cuantificar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para evaluarlos, a partir de criterios definidos a nivel nacional y, en su caso, comunitario o internacional. Con arreglo al procedimiento del Comité, se determinará un marco común de gestión de riesgos, que fijará la estructura organizativa y el procedimiento para el establecimiento de criterios comunes y ámbitos prioritarios de control. Los Estados miembros y la Comisión implantarán sistemas automatizados de apoyo coordinados e interconectados con vistas a hacer efectiva la gestión de riesgos. Cuando un acuerdo internacional así lo prevea, podrán realizarse en un tercer país controles aduaneros con vistas a la correcta aplicación de la normativa comunitaria.»

4. El texto del artículo 15 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 15

1. Cualquier información de naturaleza confidencial, o suministrada con tal carácter, estará amparada por el secreto profesional y no podrá ser divulgada por las autoridades competentes sin la expresa autorización de la persona o de la autoridad que la haya suministrado. No obstante, la transmisión de la información estará permitida cuando las autoridades competentes estén obligadas o autorizadas a hacerlo de conformidad con las disposiciones vigentes, concretamente en materia de protección de datos, o en el marco de un procedimiento judicial.

2. Las autoridades aduaneras, fiscales y demás autoridades competentes podrán comunicarse entre sí los datos obtenidos en el marco de la importación o exportación de mercancías, así como comunicarlos a las de los demás Estados miembros y a la Comisión, cuando resulte necesario a efectos del procedimiento considerado, al objeto de proteger la seguridad de los ciudadanos y las empresas, o con vistas a detectar o prevenir irregularidades. La transmisión de datos confidenciales a las Administraciones de terceros países sólo estará permitida en el marco de un acuerdo internacional.»

5. En el capítulo I (Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad), se añaden los siguientes artículos:

«Artículo 36 bis

1. Antes de la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, deberá presentarse en la aduana de entrada una declaración sumaria. No obstante la obligación legal del declarante de presentar una declaración en aduana, la presentación de una declaración sumaria podrá sustituirse por la presentación de una notificación y el acceso a los datos de la declaración sumaria en el sistema informático del operador económico. Cuando la aduana que reciba tal declaración no sea la de entrada, la transmitirá sin demora y por vía electrónica a esta última.

2. Cuando se exija una declaración en aduana tras la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, la declaración en aduana electrónica sustituirá a la declaración sumaria, siempre que se presente en el plazo fijado para esta última. En el supuesto de que se haga uso de una declaración incompleta o simplificada, deberá contener los datos necesarios.

3. El plazo normal para la entrega de una declaración sumaria concluirá 24 horas antes de que se presenten en aduana las mercancías, salvo si la duración del transporte es inferior o si un acuerdo internacional prevé un plazo distinto. Se aplicará el procedimiento del Comité para determinar:

- un conjunto de datos y un formato comunes para la declaración sumaria, basados, en la medida de lo posible, en las normas internacionales;

- plazos especiales para determinados tipos de tráfico y operadores económicos; y

- las condiciones en las que podrá eximirse del cumplimiento de tal requisito, especialmente en lo que respecta a los operadores económicos autorizados.

4. No podrá concederse el levante de las mercancías en tanto no se haya presentado la declaración sumaria o la declaración en aduana.

Artículo 36 ter

1. La declaración sumaria se presentará en formato electrónico con arreglo a las especificaciones definidas de conformidad con el procedimiento del Comité. Podrá utilizarse información comercial, portuaria o de transporte, siempre que contenga los datos exigidos. Las autoridades aduaneras podrán aceptar las declaraciones sumarias en papel en circunstancias excepcionales y únicamente durante un período de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La declaración sumaria será presentada por:

(a) la persona que introduzca las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad o la persona que se haga cargo de su transporte tras dicha introducción; o

(b) la persona en cuyo nombre actúen las personas a que se refiere la letra a); o

(c) un representante, de acuerdo con lo definido en el artículo 5, de una de las personas a que se refieren las letras a) y b).»

6. El título del capítulo 3 del título III se sustituye por «Descarga de las mercancías presentadas en aduana».

7. El texto del artículo 40 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 40

Las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Comunidad serán presentadas en aduana por la persona que las haya introducido en dicho territorio o, si procede, por la persona que se haga cargo de su transporte tras su introducción, salvo en el caso de los medios de transporte que se limiten a atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del territorio aduanero sin hacer escala en él. Los operadores económicos autorizados podrán quedar exentos de la obligación de presentar las mercancías en aduana, siempre que hayan presentado una declaración sumaria o una declaración en aduana de conformidad con lo previsto en los artículos 36 bis y 36 ter.»

8. Se suprimen los artículos 43 a 45.

9. El texto del apartado 2 del artículo 170 se sustituye por el siguiente:

«2 Deberán presentarse a las autoridades aduaneras y someterse a los trámites aduaneros previstos las mercancías que:

(a) se encuentren incluidas en un determinado régimen aduanero y cuya entrada en zona franca o depósito franco ocasione la liquidación de dicho régimen; sin embargo, no será necesaria esta presentación si en el marco de dicho régimen aduanero se admite la dispensa de la obligación de presentar las mercancías;

(b) hayan sido objeto de una decisión de concesión de devolución o condonación de los derechos de importación que autorice la inclusión de estas mercancías en zona franca o depósito franco;

(c) puedan acogerse a las medidas contempladas en la letra b) del artículo 166;

(d) se introduzcan en zona franca o depósito franco directamente desde el exterior del territorio aduanero de la Comunidad, salvo cuando el operador esté autorizado a no presentar las mercancías y haya presentado una declaración sumaria o una declaración en aduana de conformidad con lo previsto en los artículos 36 bis y 36 ter.»

10. El texto del apartado 2 del artículo 176 se sustituye por el siguiente:

«2. En caso de trasbordo de mercancías en el interior de una zona franca, los documentos relacionados con el mismo deberán mantenerse a disposición de las autoridades aduaneras. El almacenamiento de corta duración de mercancías, inherente a dicho trasbordo, se considerará parte del trasbordo.

Cuando se trate de mercancías introducidas en zona franca directamente desde el exterior del territorio aduanero de la Comunidad, o que abandonen directamente el territorio aduanero de la Comunidad a su salida de una zona franca, deberá presentarse una declaración sumaria de conformidad con los previsto en los artículos 36 bis y 36 ter o 182 bis y 182 ter.»

11. El texto del artículo 181 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 181

Las autoridades aduaneras velarán por que se cumplan las disposiciones en materia de exportación o de reexportación, así como las disposiciones del título V, cuando las mercancías se exporten o reexporten a partir de una zona franca o de un depósito franco.»

12. En la primera frase del apartado 3 del artículo 182, se sustituye «la reexportación o la destrucción se notificarán» por «la destrucción se notificará».

13. En el título V (Mercancías que salgan del territorio aduanero de la Comunidad), se añaden los siguientes artículos:

«Artículo 182 bis

1. Antes de que las mercancías salgan del territorio aduanero de la Comunidad, se presentará una declaración sumaria en la aduana de exportación 24 horas antes de que las mercancías se presenten en la misma, salvo cuando un acuerdo internacional establezca un plazo distinto. No obstante la obligación legal del declarante de presentar una declaración en aduana, la presentación de una declaración sumaria podrá sustituirse por la presentación de una notificación y el acceso a los datos de la declaración sumaria en el sistema informático del operador económico.

2. Cuando se requiera una declaración en aduana para la exportación o reexportación de mercancías, la declaración en aduana electrónica sustituirá a la declaración sumaria, siempre que se presente en el plazo fijado para esta última. En el supuesto de que se haga uso de una declaración incompleta o simplificada, deberá contener los datos necesarios.

3. Se aplicará el procedimiento del Comité para determinar:

- un conjunto de datos y un formato comunes para la declaración sumaria, basados, en la medida de lo posible, en las normas internacionales;

- plazos especiales para determinados tipos de tráfico y para los operadores económicos autorizados; y

- las condiciones en las que deberá presentarse la declaración y aquellas en las que podrá eximirse de tal obligación, en particular en lo que respecta a los operadores económicos autorizados.

Artículo 182 ter

1. La declaración sumaria se presentará en formato electrónico con arreglo a las especificaciones definidas de conformidad con el procedimiento del Comité. Las autoridades aduaneras podrán aceptar las declaraciones sumarias en papel en circunstancias excepcionales y únicamente durante un período de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Reglamento. Podrá utilizarse información comercial, portuaria o de transporte, incluido el acceso al sistema informático del operador, siempre que contenga los datos exigidos.

2. Cuando no se presente una declaración en aduana, deberá presentar una declaración sumaria:

(a) la persona que haga salir las mercancías del territorio aduanero de la Comunidad o la persona que se haga cargo de su transporte; o

(b) la persona en cuyo nombre actúen las personas a que se refiere la letra a); o

(c) un representante de una de las personas a que se refieren las letras a) y b).»

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La declaración electrónica y los sistemas automatizados de apoyo para la implementación de la gestión de riesgos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 36 bis, 36 ter, 182 bis y 182 ter, así como las disposiciones de aplicación del presente Reglamento, deberán ser efectivas dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

>SITIO PARA UN CUADRO>

FICHA DE IMPACTO

IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta :

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (presentada por la Comisión)

Número de referencia del documento

Propuesta

1. El correcto funcionamiento de la unión aduanera es competencia exclusiva de la Comisión. Habida cuenta de la situación política actual y de la amenaza del terrorismo, que van unidas a un endurecimiento de los requisitos de seguridad en lo que al comercio mundial se refiere, y en atención a la oportunidad de negociar un acuerdo satisfactorio con EE.UU. en relación con la Iniciativa de Seguridad de los Contenedores (CSI), es necesario imponer nuevas obligaciones legales a los operadores en el Código aduanero. De esta forma, se establecerá también indirectamente una base creíble con vistas a las negociaciones con EE.UU. en torno a la CSI.

Si bien la Comisión se propone revisar por completo el Código aduanero, en consonancia con lo señalado en la comunicación sobre la iniciativa relativa a las aduanas electrónicas, es preciso tomar urgentemente varias medidas para satisfacer las exigencias de seguridad, dada la actual situación política mundial (y el riesgo de ataques terroristas). La Comisión dispondrá así también de un fundamento jurídico para el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos a escala comunitaria, con objeto de lograr un nivel uniforme de control en los Estados miembros.

La adopción de tales medidas, que son ya necesarias en la actualidad, cobra aún mayor trascendencia ante la perspectiva de la ampliación, puesto que los controles de seguridad en los grandes puertos, como los de Amberes y Rotterdam, dependen igualmente de la calidad y eficacia de los controles aduaneros realizados en los Estados miembros en los que se cumplimentan los trámites de exportación. Si no se toman medidas, la seguridad del comercio podría verse en peligro, lo que tendría efectos negativos para los operadores y los ciudadanos dentro y fuera de la Comunidad.

Su impacto sobre las empresas

2. Precísese qué empresas resultarán afectadas por la propuesta:

Las empresas que importan y exportan mercancías procedentes de terceros países o con destino a ellos.

- De qué sectores: importadores, exportadores, transitarios, agentes de aduanas.

- De qué tamaño (cuál es la concentración de pequeñas y medianas empresas): se estima que más del 30% de las PYME realizan operaciones comerciales internacionales.

- Indíquese si existen zonas geográficas concretas de la Comunidad donde se encuentre este tipo de empresas: en todos los Estados miembros.

3. Especifíquese qué tendrán que hacer las empresas para cumplir los requisitos de la propuesta

Proporcionar a la aduana, con una determinada antelación, información previa a la llegada o salida, antes de importar o exportar mercancías.

4. Efectos económicos probables de la propuesta:

- sobre el empleo: ninguno

- sobre la inversión y la creación de empresas: ninguno

- sobre la competitividad de las empresas:

En el caso de los operadores autorizados hará posible un levante más rápido de las mercancías, reduciendo así el tiempo consumido por los trámites aduaneros. Por otra parte, exigirá a los operadores datos más precisos antes de la importación o exportación, lo que podría suponer una carga administrativa adicional. De ahí que esté prevista una fase transitoria.

5. Señálese si la propuesta contiene medidas especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas (obligaciones menores o diferentes, etc.)

Las facilidades otorgadas dependerán del nivel de cumplimiento; las PYME pueden recurrir a empresas de servicios.

Consultas

6. Cítense los organismos que han sido consultados sobre la propuesta y expóngase la opinión que han dado sobre ella.

A través del Grupo de contacto de comercio, creado con fines de consulta, se ha consultado a las siguientes asociaciones:

- FTA (Foreign Trade Association)

- UNICE

- EUROCOMMERCE

- EUROCHAMBERS

- EUROPEAN SMALL BUSINESS ALLIANCE

- CLECAT

- OCEAN (Organisation des Communautés Européennes des Avitailleurs de Navires)

- Cámara de Comercio de Estados Unidos

- Representantes de las compañías aéreas.

Si bien estas organizaciones no se oponen radicalmente al sistema, los plazos previos a la llegada y a la salida suscitan cierta inquietud, por lo que se han solicitado excepciones en relación con determinados tipos de transporte y de operadores. El debate continúa y las excepciones se incluirán en las disposiciones de aplicación del Código aduanero.