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2.4

El temor, a veces expresado, de que la futura modificación de los Tratados conduzca a nuevos cambios de competencias y, por tanto y en consecuencia, de la legislación, la cual carecería así de estabilidad y seguridad, no parece justificado, ni desde del punto de vista de la situación institucional actual ni si se hubiese aplicado el Tratado de Lisboa. En cualquier caso, los Estados miembros no parecen dispuestos a abandonar sus competencias en el ámbito penal, ámbito que consideran una competencia de soberanía perteneciente al «núcleo duro» de las competencias estatales. Ni siquiera una evolución —que no sería radical, como fácilmente cabe imaginar— de las competencias respectivas de las instituciones legisladoras sería automáticamente una justificación para una modificación fundamental del derecho.
7.6

El CESE aprueba la propuesta de reducir a 130 g/km las emisiones de CO2 mediante mejoras en la tecnología de los motores, aunque lamenta que ya no parezca viable aspirar al objetivo más estricto de 120 g de CO2/km inicialmente previsto para 2012. Reconoce que la Comisión propone lograr ahora los 120 g/km de distinta manera a través de un enfoque integrado, que incluye la mejora de las normas para los neumáticos, el fomento de la concienciación de los consumidores e incentivos para una conducción ecológica (1), en particular mediante un mayor uso de los biocarburantes. No obstante, en vista de las dudas crecientes sobre la viabilidad y la conveniencia del objetivo sobre el uso de biocarburantes en el sector del transporte, el Comité no considera satisfactoria esta alternativa.
4.3

La Comisión menciona sólo el principio general de que los países con un PIB per cápita elevado deben asumir el compromiso de una mayor reducción, mientras que los países con un PIB per cápita más bajo no tendrán tantas restricciones. Sin embargo, es muy posible que incluso si tienen un PIB per cápita similar, en términos relativos, distintos países precisen esfuerzos distintos para conseguir los mismos resultados en la reducción de sus emisiones. En las disposiciones para compartir esfuerzos es preciso valorar las circunstancias concretas de cada país, los costes que supone la reducción de las emisiones y el impacto en la competitividad y el desarrollo de ese país. La Decisión para un esfuerzo compartido debe lograr que el coste sea proporcional al PIB de cada país.
2.5.1.1

El actual ámbito de aplicación se centra especialmente en instalaciones industriales y de tratamiento de residuos, y no incluye muchas actividades que están reguladas por la legislación comunitaria de medio ambiente. En particular, la recomendación no prevé criterios para la inspección de traslados de residuos. Los traslados transfronterizos de residuos están regulados en la UE por el Reglamento sobre traslados de residuos (2). La aplicación de ese reglamento reviste la máxima prioridad para la Comisión.
10.2.1

Desde este punto de vista, el CESE lamenta la ausencia en la propuesta de la Comisión de un marco más detallado sobre los trabajos efectuados anteriormente por las plataformas tecnológicas europeas (PTE); no se hace ningún balance, los resultados obtenidos no se mencionan y no hay referencia bibliográfica alguna. Un balance serio para establecer con precisión las causas de las posibles dificultades encontradas por las PTE habría podido evitar dificultades en el nuevo dispositivo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 162/86

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (Versión refundida)»

COM(2007) 848 final — 2007/0287 (COD)

(2008/C 162/20)

El 22 de enero de 2008, de conformidad con los artículos 37 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento (CE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (Versión refundida)»

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y que, además, ésta había sido examinada en su Dictamen CESE 413/1996, aprobado el 27 de marzo de 1996 (1), el Comité, en su 442o Pleno de los días 13 y 14 de febrero de 2008 (sesión del 13 de febrero), decidió por 131 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta y remitirse a la posición mantenida en el documento mencionado más arriba.

Bruselas, 13 de febrero de 2008. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Dimitris DIMITRIADIS

(1) Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 1601/91 por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas» — COM(1995) 570 final — (DO C 174 de 17.6.1996, p. 30).
5.10

Al margen de cuáles sean las definiciones, éstas deberían incluirse de manera íntegra en esta propuesta, sin tomarse únicamente del SAM o necesitar una referencia a otros documentos. Esto sería una buena oportunidad para definir la palabra inglesa chemical («producto químico») por primera vez, tanto como sustantivo como adjetivo. Si equivale a «sustancia», lo que probablemente es el caso, se debería clarificar. Esto también arrojaría luz al ámbito de aplicación de esta y otras Directivas y Reglamentos que se aplican de manera mucho más amplia que a los productos de la industria calificada, de manera más precisa, de «industria química». Asimismo, aclararía que la traducción del sustantivo inglés chemical como «producto químico» en lenguas que no cuentan con una palabra equivalente no implica la existencia de «productos no químicos» alternativos (¿y, probablemente, no tóxicos?). Es de esperar que esto podría reducir el uso de frases bienintencionadas pero sin significado como, por ejemplo «la mayoría de los artículos contienen productos químicos» (1) (¿qué contiene el resto?), o «los productos químicos se utilizan en prácticamente todos los lugares de trabajo» (2) (¿qué podría utilizarse si no en otros lugares de trabajo?). Naturalmente, el CESE comprende que cualquier definición que se utilice debe ser coherente con toda la legislación. No obstante, el CESE no acepta que una normativa sea mucho más «importante» que otra (o, si lo es, la propuesta examinada pertenece a este tipo) y, ciertamente, tampoco acepta que todas las partes interesadas deban leer la totalidad de la legislación relacionada solamente para determinar lo que una palabra significa o no. Esto tiene su importancia ya que la traducción a distintas lenguas crea diferencias que no existían en el original — o elimina distinciones capitales. Por ejemplo: la palabra «producto» se utiliza aquí en un sentido neutro para los bienes que pueda comprar un consumidor o hayan de utilizarse en el lugar de trabajo, y no pretende en absoluto ser sinónimo de la palabra «objeto», que tiene un significado especial en la legislación de la UE y de otro tipo. Esto está suficientemente claro en inglés pero podría estarlo menos en otras lenguas. Independientemente de cuál sea la situación, se debe mantener la distinción. Además, se deberían identificar y evitar otras confusiones lingüísticas y culturales. Por ejemplo: en Europa tal vez habría que entender que un «entorno libre de sustancias» se refiere al espacio exterior. En los EE UU esta expresión remite a escuelas en las que se prohíbe beber alcohol y fumar. En la prensa popular de muchas culturas se asume que cualquier persona cuyas manos o ropas presenten huellas de «productos químicos» es un terrorista.
—

y sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) no … sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) no 1907/2006»
4.2

Los Reglamentos (CEE) no 4056/86 y (CEE) no 954/79 constituyen un conjunto jurídico y la adopción de este último se debió a la ratificación del Código de conducta de la UNCTAD por determinados Estados miembros de la UE. Por lo tanto, la derogación del Reglamento (CEE) no 4056/86 ha obligado a hacer lo mismo con el Reglamento (CEE) no 954/79. En consecuencia, el CESE — que se opuso inicialmente a la derogación del Reglamento (CEE) no 4056/86 pero que se vio obligado a aceptarla más tarde alertando sobre sus repercusiones — sólo puede apoyar la derogación propuesta del Reglamento (CEE) no 954/79 en aras de la simplificación de la legislación comunitaria. No obstante, al igual que con la derogación del Reglamento (CEE) no 4056/86, el CESE desea subrayar de nuevo que es necesario considerar en profundidad toda posible repercusión jurídica o política (también los efectos negativos potenciales) que pueda acarrear la derogación propuesta del Reglamento (CEE) no 954/79. Sin embargo, el CESE señala que no parece que la propuesta de derogar el Reglamento (CEE) no 954/79 incluya, una vez más, una evaluación de los potenciales problemas políticos, jurídicos y prácticos que puedan derivarse de la derogación. Aunque no se pone en duda la necesidad de la derogación, dado que es inevitable al derogarse el Reglamento (CEE) no 4056/86, el CESE mantiene su opinión, que vuelve a repetir, de que la UE debería analizar de forma adecuada toda posible repercusión (política, jurídica y práctica).
1.3

Es urgente que la Comisión y los Estados miembros asuman la responsabilidad de garantizar las condiciones para el desarrollo de los distintos modos de transporte, no sólo mediante la puesta en marcha de infraestructuras que faciliten la intermodalidad, sino también colmando la laguna que la industria no ha sabido llenar, como es la falta de una verdadera cooperación complementaria con vistas a lograr una sostenibilidad no sólo económica, sino también social y medioambiental.
3.2

Para poder cumplir estos objetivos la Comisión adoptará cada año un programa de trabajo. Este programa se desarrollará mediante la operatividad de los sistemas de comunicación e intercambio de información, que la Comisión garantiza a todos los países participantes. Los sistemas de comunicación englobarán diversas redes y sistemas comunes (CCN/CSI, VIES, EMCS, etc.). Los elementos no comunitarios de los sistemas de comunicación e intercambio de información serán las bases de datos nacionales que formen parte de dichos sistemas, las conexiones de red entre los elementos comunitarios y no comunitarios y los soportes lógicos y físicos que cada país participante considere apropiados para la plena explotación de dichos sistemas en el conjunto de su administración. Los países participantes se asegurarán de que los elementos no comunitarios se mantengan operativos y garantizarán la interoperabilidad de estos elementos con los elementos comunitarios. La Comisión coordinará, en cooperación con los países participantes, los aspectos del establecimiento y funcionamiento de los elementos comunitarios y no comunitarios de los sistemas y de la infraestructura.
2.2.4

Los objetivos que se ha marcado la Unión en el contexto de la Estrategia de Lisboa no serán alcanzables si no se potencia la cohesión social con una política social activa, se aumenta el crecimiento de la productividad utilizando cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, en relación con ello, se mejoran la calidad del trabajo, la motivación y la satisfacción profesional de los trabajadores como una condición indispensable para llevar a cabo innovaciones. La innovación no es únicamente un fenómeno técnico que se releja en los nuevos productos y procedimientos de producción. La innovación es por el contrario un proceso social que depende de las personas, sus conocimientos, sus cualificaciones y sus capacidades. La obtención de estos objetivos, por tanto, requiere nuevas formas de organización del trabajo en las que las personas puedan aportar sus conocimientos y sus capacidades y puedan participar en la toma de decisiones, como, por ejemplo, la introducción del trabajo en grupo y en equipo y la mejora de la cooperación entre ejecutivos y trabajadores. La evolución demográfica supone un reto particular que llevará a un cambio en la estructura demográfica de las plantillas de trabajadores. Por una parte, habrá que conseguir, a través de ofertas de cualificación específicas para personas mayores, las condiciones para una adaptación a los nuevos requisitos de trabajo que aparecen por los cambios técnicos y de organización. Por otra parte, es necesaria una configuración del trabajo adaptada a la edad, que tenga en cuenta el cambio experimentado en las prestaciones de los trabajadores de más edad. Ambos casos implican una redefinición de la política de personal de las empresas que ofrezca a los trabajadores de más edad más posibilidades de empleo (5).
5.3

Tras el fracaso de la cumbre de junio de 2005, la revisión de los gastos y de los recursos propios del presupuesto comunitario pasó a ser una cuestión crucial. No obstante, los recursos propios aún no han sido objeto de un debate en profundidad. Por iniciativa de la Presidencia británica, se aprobó una cláusula de revisión tomando como base la propuesta presentada por la Comisión Europea en junio de 2005, que la Presidencia luxemburguesa ya había incluido en sus propuestas finales. El contenido de la cláusula de revisión y el plazo previsto para las reformas que habrían de aplicarse dividieron a los Estados miembros. En el debate sobre el futuro del presupuesto comunitario celebrado en el marco de la revisión se presentaron nuevamente opiniones opuestas dominadas por las posiciones de los Estados miembros en calidad de contribuyentes. Estaba claro que las grandes reformas no se producirían antes de 2013.
4.5

No obstante, cabe lamentar que la Comisión no haya contemplado el papel que deberían desempeñar los entes locales, en particular las ciudades, en el sector de los transportes (política de modos de transporte alternativos, transporte público, desviación del tráfico de camiones, etc.). Además, en la práctica, los entes locales y en particular los municipios desempeñan un papel determinante en la aplicación concreta de las disposiciones adoptadas a escala europea, especialmente en lo que atañe a las medidas.
6.2.1

Cuando una empresa/sujeto pasivo presta un servicio a una persona que no sea sujeto pasivo no se aplica en principio el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Si se aplicase el impuesto en el lugar de consumo, la empresa sita en otro Estado de la UE se tendría que registrar en el país en el que se suministra el servicio y tendría que satisfacer las obligaciones fiscales del IVA vigentes en dicho país. Para reducir al mínimo esta carga administrativa y, por tanto, también los obstáculos que puedan existir en los intercambios comerciales intracomunitarios, se precisan normas no burocráticas.
—

el instrumento financiero para el medio ambiente LIFE (Financial Instrument for the Environment) (41),
—

Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, DO L 174, de 27.6.2001. Dictamen del Sr. RETUREAU, DO C 139, de 11.5.2001.
2.2.2

Medidas para facilitar la transición a una economía del conocimiento, en particular para mejorar la calidad de los empleos y la productividad laboral. En efecto, el Comité está convencido de que no se ha comprendido realmente el alcance del paso a una nueva era económica (desarrollo de los servicios, evolución de la industria, etc.) y de que la ineficacia de ciertas políticas de empleo se debe a que no integran suficientemente los cambios que están produciéndose a la vista de todos. La transición hacia una economía del conocimiento precisa un compromiso más riguroso y mejor orientado en formación profesional y aprendizaje permanente, además de una adaptación continua encaminada al conocimiento de las nuevas tecnologías. En este marco es preciso cuestionar la distinción clásica entre sectores y categorías de empleos cualificados o subcualificados, que datan de la era industrial y no son ya válidas en una sociedad del conocimiento.
1.5.1

El marco regulador de todos ellos se simplifica considerablemente, ya que la presente propuesta de Reglamento reemplaza o modifica las disposiciones de los actuales Reglamentos (CE) no 1260/1999 (2), (CE) no 1263/1999 (3), (CE) no 2792/1999 (4) y (CE) no 366/2001 (5).
2.3

No obstante, el Comité quiere reiterar su anterior recomendación al respecto, esto es, que si resultara imposible alcanzar un acuerdo unánime a escala internacional sobre normas comunes de gestión de los riesgos, la UE deberá aceptar las consecuencias e introducir las normativas necesarias sin tener en cuenta las complicaciones que resultarían en la OMC para el comercio con terceros países. La no aceptación a nivel internacional y lo prolongado de las negociaciones no deberán retrasar la aplicación de estas normas que son necesarias para la cooperación en la UE.
4.9

El CESE considera que la exigencia a los países o territorios que deseen beneficiarse del REE para el desarrollo sostenible de presentar una solicitud a tal efecto en un plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento es un tanto onerosa y probablemente resulte contraproducente porque limita el grado de captación. Podría muy bien darse el caso de que en ese momento algunos países no cumplan los criterios exigidos y, por lo tanto, consideren que no tiene sentido presentar una solicitud. Tras la expiración del plazo de tres meses, esos países no tendrían ningún incentivo para ratificar y aplicar efectivamente los convenios internacionales que figuran en los anexos 1 y 2. El CESE considera que es preferible dejar la puerta abierta a la admisión de estos países en una fecha posterior a condición de que entonces cumplan los criterios correspondientes.
3.1.1

Los trabajos preparatorios han sido muy complejos y se han articulado en torno a una serie de grupos de trabajo y reuniones que se sucedieron a un ritmo rápido durante el último año. El CESE se congratula del esfuerzo realizado y reconoce el valor del trabajo llevado a cabo por los participantes, en particular por los expertos que han participado en las distintas fases técnicas. No obstante, el CESE constata que, debido al limitado tiempo disponible, no ha sido posible analizar de forma detallada estas cuestiones tan complejas y aún poco conocidas. Por consiguiente, en líneas generales, la Comunicación no consigue presentar un conjunto articulado y completo de acciones concretas ni definir unos plazos precisos para su realización.
2.9

El CESE comprende que la Comunicación se concentre exclusivamente en las admisiones y que, por lo tanto, los investigadores de terceros países que ya se encuentran en la Unión Europea, algunos de los cuales son líderes en su especialidad, no entren en el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva ni de las recomendaciones. Sugiere, no obstante, la necesidad de una futura directiva que se ocupe del problema específico del acceso de este grupo a puestos de trabajo altamente cualificados, ya que ayudaría a alcanzar el objetivo de 700 000 investigadores adicionales. Algunos de estos investigadores disfrutan del estatuto de refugiados en la UE y, por desgracia, su talento y su contribución están infrautilizados en la actualidad. No se prevé de forma sistemática ayudar a estos investigadores en la UE si no es mediante becas concedidas por organizaciones de voluntariado o benéficas. Si se facilita una financiación moderada para ayudar a estas personas es probable que el número de investigadores en la UE aumente como mínimo en 40 000 (3). Por lo tanto, el Comité recomienda encarecidamente que la Comisión establezca un procedimiento para que pueda identificarse a estos investigadores y considerárseles como tales a fin de que puedan acceder más fácilmente a puestos de trabajo de investigación.
5.4

En cuanto al debate sobre la doble imposición económica, el Comité considera que no es ilegítimo establecer una distinción entre las personas físicas y jurídicas, independientemente de los métodos y tipos impositivos que se les apliquen. La parte distribuida a los accionistas constituye para éstos unos ingresos disponibles, pero no se distribuye forzosamente la totalidad de los resultados. Parte de ellos se emplea en autofinanciar la sociedad, lo cual revaloriza el título y el haber de los accionistas; en las hipótesis que tiene en cuenta la Comisión Europea, dicha parte de los resultados está sujeta al impuesto sobre sociedades y no al IRPF. Por consiguiente, convendría comprobar también si dichas plusvalías se gravan o no en el momento en que se realizan y en qué condiciones; la Comunicación no analiza esta cuestión, que a juicio del Comité es importante.
3.2.2

El Comité entiende que la nueva propuesta consistente en que el particular tendría que ocuparse personalmente de que las mercancías sean entregadas en otro Estado miembro (y en que estos trámites no podría realizarlos el vendedor) es conforme a las normas generales vigentes en materia de IVA aplicadas a las ventas a distancia. No obstante, resulta difícil encontrar la manera de garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, probablemente, los vendedores podrían recomendar a un agente local que se haría cargo del transporte, satisfaciendo así el requisito legal de no hacer ellos mismos los trámites; pero el efecto sería el mismo. Ha de quedar claro que, con arreglo a la Directiva modificada, este tipo de recomendación no sería una infracción de la normativa.
3.3.3

Se pide que en las etiquetas se evite el genérico «Made in UE» y se sustituya por una fórmula más explícita como «Made in Italy/UE», «Made in France/UE», etc. Actualmente más del 60 % de los productos comercializados se etiquetan ya voluntariamente con la indicación de origen. Si esta fórmula fuese obligatoria se producirían también controles y sanciones, mientras que hoy en día el amplio margen de discrecionalidad permite numerosos fraudes y falsificaciones, que resultan doblemente perjudiciales para la industria europea. Además, el consumidor europeo se encuentra en situación de desventaja con respecto al consumidor norteamericano, japonés, chino o australiano. No se entiende por qué no puede disponer de la misma información que se proporciona a los demás a través de la etiqueta obligatoria. Si el consumidor europeo conociera la procedencia del producto podría juzgar mejor no sólo la adecuación del precio sino también la relación precio-calidad con respecto a sus propias necesidades.
4.3

Artículo 4 Apartado 1. El Comité elogia el hecho de que este artículo sobre perfiles nutricionales no se presentara en el proyecto original de la propuesta. A pesar de contar con el apoyo de la OMS y los Estados miembros, la industria alimentaria lo califica como inútil e innecesariamente restrictivo por considerar que los propios consumidores deberían ser responsables de lo que seleccionan para su propia dieta. No obstante, el Comité está de acuerdo con el hecho de que los consumidores se dejan influir tan fácilmente por las alegaciones de las ventajas específicas probadas de los alimentos del tipo bajo en grasas, azúcar o sal, que pueden ignorar que dichos productos también pueden tener un alto contenido en otras determinadas sustancias no recomendables (p. ej. se compra nata para postres porque tiene un 98 % exento de grasa y sin embargo contiene grandes cantidades de azúcar que los consumidores no identifican). La propuesta de la Comisión señala que el hecho de que se destaque una «cualidad» probada de un producto y se omitan otros «defectos» puede ser cierto y preciso pero, sin embargo, induce a error a los consumidores.