EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.Contexto de la recomendación

De conformidad con el artículo 126, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos. Los datos de déficit público y de deuda pública pertinentes para la aplicación de los artículos 121 y 126 del TFUE, o la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo a los Tratados, constituyen un elemento esencial para la coordinación de las políticas económicas en la Unión.

El Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro, establece un sistema de sanciones para reforzar la ejecución de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. En este contexto, para evitar la tergiversación, intencional o por negligencia grave, de los datos relativos al déficit público y a la deuda pública, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento establece que el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, puede decidir la imposición de una multa al Estado miembro responsable.

El artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1173/2011 permite a la Comisión realizar todas las investigaciones necesarias cuando considere que hay indicios serios de la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de una tergiversación de los datos de déficit público y de deuda pública. El 11 de julio de 2014, la Comisión inició una investigación relativa a la manipulación de estadísticas en España conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011.

Las conclusiones preliminares de la investigación relativa a la manipulación de estadísticas en España conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011 se enviaron a España el 19 de febrero de 2015 para que presentara sus observaciones al respecto, tal como exige el artículo 6 de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión. La Comisión invitó a España a presentar sus observaciones por escrito sobre las conclusiones preliminares a más tardar el 19 de marzo de 2015. España presentó sus observaciones el 24 de marzo de 2015.

El [xx] de mayo de 2015, la Comisión adoptó su informe sobre la investigación relativa a la manipulación de estadísticas en España conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011 (el informe), teniendo en cuenta las observaciones de España.

El informe concluye que una entidad del sector de la Administración general del Reino de España, la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV), incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio del devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público de España a Eurostat en marzo de 2012. Concluye, además, que no se rectificó la ausencia de registro de gastos a pesar de que los informes de la Sindicatura de Cuentas informaban públicamente de la existencia del problema y de su magnitud.

Se dan las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1173/2011 para recomendar que el Consejo imponga una multa al Estado miembro a propósito de la tergiversación de los datos de déficit cuando España transmitió datos incorrectos a Eurostat en marzo de 2012, esto es, después de la entrada en vigor del Reglamento, el 13 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento, la cuantía de la multa no debe ser superior al 0,2 % del último producto interior bruto (PIB) del Estado miembro interesado.

2.Cálculo de la multa

De conformidad con el artículo 14 de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, de 29 de junio de 2012, relativa a las investigaciones y las multas relacionadas con la manipulación de las estadísticas conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011, la Comisión debe asegurarse de que la multa que recomiende sea eficaz, proporcionada y disuasoria. La multa se establece siguiendo un método en dos fases. En primer lugar, la Comisión determina el importe de referencia. En segundo lugar, puede aumentar o disminuir el importe de referencia en función de las circunstancias específicas del caso.

De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el importe de referencia de la multa que se imponga debe ser igual al 5 % de la mayor repercusión de la tergiversación del déficit de las administraciones públicas de España correspondiente a los años contemplados en la notificación en el marco del procedimiento de déficit excesivo (PDE). La revisión de los gastos notificados por el Reino de España para la notificación del PDE de abril de 2012, correspondiente (principalmente) a gastos sanitarios no pagados, fue de 1 893 millones EUR. Por tanto, el importe de referencia es de 94,65 millones EUR.

Considerando los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, letra a), de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el informe concluye que la tergiversación de los datos no tuvo un impacto significativo en el funcionamiento de la gobernanza económica reforzada de la Unión, debido a su limitado impacto en el déficit del Reino de España en su conjunto. Además, teniendo en cuenta que la notificación de las cifras correctas se produjo poco después de la publicación, en abril de 2012, de los datos de déficit incorrectos de España, lo que permitió revisar los datos de déficit de España todavía en 2012, la Comisión considera que, a la vista de las circunstancias específicas, se puede conceder a España una reducción de la multa impuesta por esta cuestión.

Considerando los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el informe indica que la tergiversación fue el resultado de una negligencia grave. El informe no concluye que la tergiversación fuera intencionada, y no se aplica ningún aumento o disminución por esta cuestión atendiendo a las circunstancias específicas.

Considerando los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, letra c), de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el informe concluye que la tergiversación de los datos fue obra esencialmente de una entidad del sector de la Administración general del Reino de España (véase, en particular, el punto 3 del informe). La Comisión considera que se puede conceder una reducción de la multa al Reino de España por esta cuestión atendiendo a las circunstancias específicas.

Aunque el informe concluye también que los informes de la Sindicatura de Cuentas informaron públicamente y durante años de la existencia del problema y de su magnitud, no se ha tomado en consideración esta circunstancia de cara a un aumento de la multa porque durante la mayor parte del período investigado, a saber, hasta el 13 de diciembre de 2011, fecha de la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 1173/2011, no se establecían sanciones por la tergiversación de los datos de déficit público y de deuda pública de los Estados miembros.

Considerando los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, letra d), de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el punto de partida es que el importe de referencia debe ser el mayor importe detectado de entre los cuatro años de la última notificación, que se multiplicará por el número de años en que se produjo la tergiversación. La investigación ha revelado una tergiversación de los datos de déficit público de España durante años, nada menos que desde 1988 (véanse, en particular, los puntos 2.3 y 3 del informe). No obstante, dado que el Reglamento (UE) nº 1173/2011 no entró en vigor hasta el 13 de diciembre de 2011 y que no se establecían sanciones por la tergiversación de los datos de déficit público y de deuda pública antes de esa fecha, no se aplica ningún aumento o disminución por esta cuestión atendiendo a las circunstancias específicas.

Considerando los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, letra e), de la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión, el informe concluye que las autoridades estadísticas españolas y todas las entidades implicadas han mostrado un alto grado de cooperación en el transcurso de la investigación, suministrando a la Comisión la información solicitada que necesitaba para la investigación (véase, en particular, el punto 3 del informe). La Comisión considera que se puede conceder una reducción de la multa al Reino de España por esta cuestión atendiendo a las circunstancias específicas. A este respecto, la Comisión ha tenido en cuenta en cierto modo su práctica en el ámbito de la competencia, en el que las multas pueden reducirse en hasta un 50 % si se coopera con la Comisión en el transcurso de una investigación.

Globalmente, teniendo en cuenta la cooperación del Reino de España en el transcurso de la investigación, así como otras circunstancias atenuantes en este caso concreto, tal como se han mencionado anteriormente, la Comisión recomienda al Consejo que se imponga a España una multa de 18,93 millones EUR, que corresponde al 20 % del importe de referencia.