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Bruselas, 4.2.2008

COM(2008) 62 final

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Sobre los avances de Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Sobre los avances de Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

INTRODUCCIÓN

Cuando Rumanía se incorporó a la UE, el 1 de enero de 2007, se estableció un Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1] para paliar sus deficiencias en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y hacer un seguimiento de sus avances en los mismos.

El presente informe es el segundo presentado por la Comisión en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación[2]. Los seis meses transcurridos desde el primer informe se consideran un período demasiado corto para que Rumanía palie las deficiencias y para que la Comisión reconsidere la evaluación que realizó el pasado mes de junio. Por ello, el informe contiene una actualización concreta de los avances sin añadir una evaluación detallada de los resultados logrados en relación a cada uno de los indicadores. Además, el presente informe provisional incluye un resumen de la ayuda proporcionada a Rumanía en los ámbitos pertinentes para los indicadores fijados. Y ello con el fin de descubrir fallos posibles en la ayuda y brindar a Rumanía un apoyo lo más completo y ajustado posible.

REFORMA JUDICIAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: SITUACIÓN

Seguimiento de la evaluación de junio de 2007: el Plan de Acción

Desde el último informe de la Comisión, de junio de 2007, se entabló un diálogo estrecho y permanente con las autoridades rumanas en Bruselas y Bucarest. Rumanía ha presentado a la Comisión con regularidad datos actualizados de la situación.

Las autoridades rumanas recogieron la sugerencia de la Comisión de establecer un Plan de Acción de medidas para cumplir los indicadores propuestos. La Comisión proporcionó ayuda a Rumanía en forma de una evaluación metodológica del Plan de Acción. Posteriormente, en octubre de 2007, tras consultar a las partes interesadas, el Gobierno rumano aprobó un Plan de Acción detallado que presentó a la Comisión. La preparación y adopción puntuales del Plan de Acción, que requerían un esfuerzo concertado y la movilización de recursos considerables en un período breve de tiempo, reflejan la seriedad del compromiso de las autoridades rumanas[3].

Actualización de los avances

Indicador 1: Garantizar procedimientos judiciales más transparentes y eficientes, en particular mejorando la capacidad y responsabilidad del Consejo Superior de la Magistratura. Presentar informes y llevar a cabo el seguimiento por lo que se refiere a las consecuencias de los nuevos códigos procesales civil y penal.

- Poner en práctica todas las medidas necesarias, incluidas las dispuestas en el Plan de Acción pertinente del Consejo Superior de la Magistratura adoptado en junio de 2006 para garantizar la interpretación y aplicación coherentes de la ley a todos los niveles de la judicatura y en todo el país después de la oportuna consulta de jueces, fiscales y abogados en ejercicio; evaluar el impacto de las medidas legislativas y administrativas de reciente adopción.

- Diseñar y aplicar un modelo de organigrama del sistema judicial basado en la evaluación actual de necesidades.

- Desarrollar y aplicar un plan de reestructuración del Ministerio Público que dé respuesta a las actuales deficiencias de gestión y al problema de los recursos humanos.

- Evaluar la incidencia en el sistema judicial de las modificaciones de los Códigos de Procedimiento Civil y Penal recientemente adoptadas para que sea posible incorporar las medidas de corrección que se impongan en los nuevos Códigos previstos.

- Comunicar y evaluar los avances realizados en lo que atañe a la adopción de los nuevos Códigos, incluyendo las consultas pertinentes y estudiando su impacto en el sistema judicial.

- Aumentar la capacidad del Consejo Superior de la Magistratura para que desempeñe sus responsabilidades esenciales de una forma sujeta a control. Prevenir, en especial, potenciales conflictos de intereses y actuaciones contrarias a la ética de miembros del Consejo. Contratar inspectores judiciales, con arreglo a los indicadores de objetivos recientemente adoptados, que tengan también una mayor representación regional.

Para impulsar la unificación de la jurisprudencia se han celebrado una serie de sesiones de formación y de reuniones ordinarias de jueces y fiscales de los tribunales de apelación y del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, así como de magistrados regionales o locales. Para 2008 se han planificado actividades similares.

Antes de enero de 2008 se procedió a nombrar una nueva dirección del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), se reforzó el presupuesto del Consejo y se publicaron nuevos planes de gestión para el mismo. En diciembre de 2007 se aprobó una Estrategia de Comunicación del CSM y del sistema judicial[4] con el objetivo de aumentar su transparencia. Se reforzó el organigrama del CSM y se cubrieron 230 de los 270 puestos previstos. En la fiscalía quedan por cubrir 544 puestos. Para poder cubrir con rapidez las vacantes, la mitad aproximadamente de todos los candidatos de la carrera judicial siguió un procedimiento especial[5]. En estos casos, la selección se basó en entrevistas personales y en la experiencia laboral y no se verificaron la cualificación o la formación del nuevo magistrado. Antes de enero de 2009 se espera haber desarrollado una estrategia de recursos humanos para la carrera judicial[6]. En noviembre de 2007, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) abrió una investigación contra varios fiscales por amañar oposiciones a puestos importantes de la fiscalía.

Se ha redactado la parte general del nuevo Código de Procedimiento Penal, que, tras un debate público, se presentó a las comisiones correspondientes del Parlamento y del CSM en diciembre de 2007[7]. Aún no se ha aprobado.

La obligación de los tribunales de publicar (y actualizar) su jurisprudencia en Internet se prevé para finales de 2008,una estrategia de recursos humanos para la carrera judicial se prevé para principios de 2009[8].

Indicador 2: Establecer, tal como está previsto, una Agencia Nacional de Integridad encargada de verificar las declaraciones de patrimonio, las incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses, así como de expedir decisiones preceptivas con arreglo a las cuales se puedan aplicar sanciones disuasorias.

- Aprobar legislación para la creación de una Agencia Nacional de Integridad eficaz e independiente, encargada de verificar las declaraciones de patrimonio, las incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses, así como de expedir decisiones preceptivas con arreglo a las cuales se puedan aplicar sanciones disuasorias.

- Crear dicha Agencia Nacional de Integridad y cuidar de que cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar su cometido.

El marco legal de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) se aprobó en mayo de 2007[9]. Pero la ANI aún no es operativa. Tan sólo se ha elegido su Vicepresidente. Se han iniciado actividades preparatorias (contratación pública), la elaboración del presupuesto y el trabajo sobre el organigrama[10].

Indicador 3: Ampliar los progresos ya realizados, continuar las investigaciones profesionales y no partidistas de las alegaciones de corrupción a alto nivel.

- Continuar ofreciendo un registro de investigaciones profesionales y no partidistas de las alegaciones de corrupción a alto nivel. Garantizar la estabilidad legal e institucional del marco anticorrupción, manteniendo, en especial, el procedimiento actual de nombramiento y destitución del Fiscal General de Rumanía, del Fiscal Jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción y de otros cargos importantes de la oficina del Fiscal General.

El trabajo de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) muestra una trayectoria positiva en los últimos seis meses[11]. En octubre de 2007, la DNA había solicitado autorización para iniciar investigaciones penales contra ocho ministros anteriores o en ejercicio. El Presidente rumano autorizó dicha investigación en enero[12]. La decisión de levantamiento de inmunidad se adoptó tras un intenso debate legal y político. En los últimos seis meses, los tribunales han devuelto a la fiscalía varios casos que implicaban a miembros actuales o antiguos del Gobierno debido a errores procesales. Este hecho, junto con el problema de la inmunidad, ha provocado considerable debate y controversia[13]. No está claro si la justificación del tribunal significa que las pruebas no son admisibles y exigen nuevas investigaciones o si la fiscalía puede resolver la situación sin reiniciar el proceso[14].

En octubre de 2007, el Parlamento rumano aprobó una serie de enmiendas del Código de Procedimiento Penal y del Código Penal. La ley de enmienda del Código de Procedimiento Penal no ha sido aún promulgada por el Presidente, que la ha devuelto para su revisión[15]. Las enmiendas prevén cambios significativos del marco legal de investigación y persecución de los delitos. Disponen, entre otras cosas, que las investigaciones criminales se limiten en principio a seis meses, prohíben los registros y las escuchas telefónicas sin información previa del sospechoso[16] y consideran delito leve, con pena máxima de 5 años, el fraude inferior a 9 millones de euros. Si se adoptaran, dichas enmiendas tendrían un efecto negativo considerable en la eficacia general de las investigaciones penales en Rumanía. Incidirían también en las investigaciones conjuntas realizadas con Estados miembros, en la lucha contra el terrorismo y en la persecución de delitos transfronterizos.

La acusación ya no puede utilizar evaluaciones técnicas del ministerio fiscal sobre la cuantía de los daños[17].

Indicador 4: Tomar medidas complementarias de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales.

- Evaluar los resultados de las campañas de sensibilización concluidas recientemente, proponer actividades de seguimiento centradas en los sectores con elevado riesgo de corrupción.

- Informar del uso de medidas para reducir las posibilidades de corrupción y para hacer más transparentes las administraciones locales, así como de sanciones adoptadas contra funcionarios públicos, en particular de la administración local.

El Ministro del Interior, ha firmado un nuevo protocolo con las ONGs sobre el Centro Nacional de Integridad[18]. El Teléfono Verde, concebido inicialmente como servicio telefónico general anticorrupción, ha ampliado su cometido para dar cabida a preguntas generales de los ciudadanos sobre el trabajo del Ministerio del Interior[19].

Con cierta demora, se ha iniciado el trabajo preparatorio sobre una estrategia nacional anticorrupción centrada en los sectores expuestos y en la administración pública local[20]. Su aprobación por el Gobierno está prevista en marzo de 2008.

ASISTENCIA EN EL MARCO DEL MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

Tanto la UE, a través de programas como Phare y el Mecanismo de Transición, como los propios Estados miembros han brindado un apoyo sustancial a Rumanía en materias de Justicia e Interior[21]. Este ámbito sigue siendo el principal punto de atención de la ayuda posterior a la adhesión: casi la mitad del presupuesto del Mecanismo de Transición para Rumanía se dedica a este sector, incluyendo una partida específica para proyectos que reciben apoyo directo en el marco de los indicadores del MCV.

Los proyectos ejecutados en materia de Justicia e Interior cubren la gama completa de los indicadores. Un análisis más detallado de los proyectos ejecutados desde 2004[22] muestra que algunos ámbitos, como la reforma judicial (Indicador 1) se han beneficiado de una asistencia significativa que puede estar alcanzando un punto de saturación. Otras partidas importantes se han ofrecido a Rumanía para la consolidación de su capacidad de lucha contra la corrupción de alto nivel (I 3) y la corrupción local (I 4). Sin embargo, sectores expuestos como la educación no han recibido hasta ahora apoyo anticorrupción. La nueva Agencia Nacional de Integridad (I 2), que se espera sea operativa en el primer semestre del año en curso, ha recibido de momento escaso apoyo.

La ayuda prestada se ha hecho notar en los avances realizados por Rumanía: la reforma judicial se ha beneficiado de un constante apoyo internacional y es un área en la que se han producido avances relativamente continuos. El Departamento Nacional Anticorrupción, otro receptor importante de fondos, ha podido consolidar su capacidad de investigación y persecución de la corrupción de alto nivel en un período de tiempo relativamente breve.

La ayuda futura debería centrarse en la Agencia Nacional de Integridad y la lucha contra la corrupción. Debería dar respuesta directa a las prioridades y necesidades señaladas en el Plan de Acción establecido por Rumanía. En general, debería darse primacía a misiones de asistencia pequeñas y focalizadas que tengan en cuenta la capacidad de absorción de las instituciones rumanas y les reconozcan la autoría plena en la integración de resultados. Debe buscarse un enfoque interinstitucional: por ejemplo, centrándose en jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción de alto nivel. En ámbitos donde se dé una saturación de la ayuda parece adecuado gestionar la desaparición progresiva de ésta.

Debe continuar prestándose apoyo en forma de intercambio de buenas prácticas, formación y becas. En materia de corrupción local, los proyectos importantes deberían complementarse con proyectos flexibles y bien focalizados a corto o medio plazo que respondan a aspectos específicos de ámbitos y sectores particularmente expuestos.

Se anima a Rumanía a que utilice plenamente el importante presupuesto de ayuda de la UE que sigue disponible a través del Mecanismo de Transición y de TAIEX. Estos fondos permiten la realización de misiones a corto plazo con poca antelación y de proyectos de asistencia a medio plazo de hasta 6 meses (« twinning light» ).

La Comisión recomendaría a los Estados miembros que se plantearan un apoyo más directo y práctico a Rumanía en forma de intercambio de buenas prácticas, acciones de formación y becas y cooperación institucional con departamentos clave como la Agencia Nacional de Integridad o el Departamento Nacional Anticorrupción.

CONCLUSIÓN

EN SU PRIMER AÑO COMO MIEMBRO DE LA UE, RUMANÍA HA CONTINUADO REALIZANDO ESFUERZOS PARA PALIAR CARENCIAS QUE PODRÍAN IMPEDIR UNA APLICACIÓN EFICAZ DE LA LEGISLACIÓN, LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS. SIN EMBARGO, EN ÁMBITOS CLAVE COMO LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE ALTO NIVEL, NO SE HAN EVIDENCIADO AÚN RESULTADOS CONVINCENTES.

La actualización técnica proporcionada en el presente informe no constituye una evaluación en profundidad de los avances logrados en relación a los indicadores, pero la situación sobre el terreno suscita inquietudes a las que debe darse respuesta antes de la evaluación completa que realizará la Comisión en junio. Se han producido retrasos en la ejecución de una estrategia coherente de contrataciones en la carrera judicial (Indicador 1), en el establecimiento de la Agencia Nacional de Integridad (I 2) y en el desarrollo de una estrategia global y en la ejecución de proyectos estrella de lucha contra la corrupción local[23] (I 4). En particular, Rumanía debe redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción a alto nivel (I 3) y reforzar sus esfuerzos por preservar la estabilidad legal e institucional del marco anticorrupcion.

La Comisión reconoce el notable esfuerzo realizado para establecer un Plan de Acción creíble que detalle las actividades, los plazos y las instituciones responsables para cumplir los indicadores de referencia. No obstante, el Plan de Acción necesita más coherencia en algunas partes y suplir algunas carencias[24]. La Comisión propone que Rumanía corrija su Plan de Acción en dichos aspectos.

ANEXO

Overview of EU Assistance provided to Romania in the area of Judicial Reform and the Fight against Corruption [25]

Benchmark 1: Judicial Reform

EU projects have provided institutional capacity building to the Senior Council of Magistracy and the Romanian judiciary training institutions. A substantial budget was reserved for the IT equipment of courts and prosecutors offices. Several larger bilateral projects and a number of smaller initiatives complemented this institution-building effort. Future projects continue to focus on capacity building, on the transparency of the judicial process and address particular areas such as judiciary statistics, probation system or witness protection. Judicial Reform has been a strong focus of assistance.

Phare 2004-2006:

- Institutional Capacity Building and IT and office equipment for the Superior Council of Magistracy (several projects, ongoing: 2.4 MEUR)

- IT and Office Equipment for the Superior Council of Magistracy (Until Nov06: 600,000 EUR)

- Strengthening the institutional and legislative framework in the field of international judicial cooperation (Nov06-May08: 1,2 Mio EUR)

- Institution Building and Equipment for the National Institute of Magistracy and to the National School of Clerks (several projects, ongoing: total 5.24 Mio EUR)

- IT equipment, training and development of case management and documentation software at courts and prosecutors' offices (several projects, ongoing: total 28,72 Mio EUR)

- Assistance to set up an efficient legal aid system (Until Nov06: 1,25 Mio EUR)

- Mediation as an alternative dispute resolution (275.000 EUR until June 2007)

- Increasing the Transparency of Courts' and prosecutors' offices (Nov07-Dec08: 1 Mio EUR)

- Assistance to the High Court of Cassation and Justice: Training and Capacity Building (Nov07-Dec08: 700,000 EUR)

- Further consolidation of the institutional and administrative capacity of the Ministry of Justice (Phare 2006: 0.4 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Unification of the Jurisprudence of Courts and Prosecutor Offices in Romania (600,000 EUR)

- Strengthening the Public Ministry’s institutional capacity (170,000 EUR)

- Improving the System of Romanian Judicial Statistics (560,000 EUR)

- Strengthening the Romanian Probation System and the Inter-Institutional Cooperation on Victim Protection (570,000 EUR)

- Assistance for Enhancing the Respect of Human Rights in Prisons and Improving the Efficiency of the Romanian Penitentiary System (660,000 EUR)

- Improving the Witness Protection Capacity (250.000 EUR)

Main Bilateral Projects:

Consulting Services for Revision of the Penal Procedure Code (Jan-Nov07: 299,500 EUR) Strengthening the functioning of the Romanian Judiciary and its representative body – Superior Council of Magistracy (750,000 EUR) |

Development of Judiciary Training Capacities (Mar-Nov07: 40,000 EUR) |

Several Projects on: Management and media training for magistrates, Increasing Integrity within the Judicial System, Strengthening the Probation Service, Assistance to the Anti-Money Laundering Office, Court Management (635,000 EUR ) |

The implementation of basic procedural rules for protecting the financial interests of the EU (May-Oct07: 82,000 EUR) Support for improving the capacity of the Ministry of Justice (36,000 EUR) Assistance to the National Institute for Magistracy of Romania Improving the Human Rights Situation in Prisons (07-08: 50,000 EUR ) |

Several smaller training projects, internships, organisational audits, study visits, seminars |

- Main Projects with a total budget of at least 45.41 MEUR

Benchmark 2: Integrity Agency

A single large project includes support to the creation of the National Integrity Agency. Two bilateral projects complement the institution-building effort through support in related areas. Given that the National Integrity Agency will become operational only in the course of 2008, follow-up support should be considered.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption – assistance to the National Integrity Agency and the DNA (Aug06-Jan08: 0.6 Mio EUR concerning ANI)

Main Bilateral Projects:

Enhancing the Monitoring Role of Civil Society (88,000 EUR) |

Protection of whistleblower program |

- Main Projects with a total budget of at least 1.6 MEU

Benchmark 3: High-Level Corruption

Several projects supported building-up capacity at the Romanian National Anti-Corruption Prosecution Services (DNA). This support continues through smaller projects.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption – assistance to the National Integrity Agency and the DNA (Aug06-Jan08: 1 Mio EUR concerning DNA)

- Strengthening the institutional capacity of DNA (Sept05-Feb07: 1,2 Mio EUR)

- IT equipment and software for the DNA (Until Nov06: 1,75 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Enhancement of National Anticorruption Direcorate Investigative Capacities (560,000 EUR)

Bilateral Projects:

Several individual advisory missions, seminars and study visits |

- Main Projects with a total budget of at least 6.5 MEUR

Benchmark 4: Local Corruption

Several large EU projects are being implemented or in preparation. Bilateral support shows a particular emphasis on the area of local corruption. Several projects have been implemented with central and local administration.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption: Corruption Awareness among central and local public administration (since Nov06: 1,6 Mio EUR)

- Supply of IT equipment for the General Directorate for Anticorruption / Ministry of the Interior (Phare 2006: 0.3 MEUR)

- Strengthening administrative mechanisms and legislation to better foster and protect the public integrity system in public administration. (Phare 2006: 1.3 MEUR)

- Strengthening the fight against corruption on the preventive side (Phare 2006: 1 MEUR)

- Corruption in the Public Administration (Sept07-: 1,2 Mio EUR)

- Development of the Anti-corruption General Directorate of the Ministry of Interior and Administrative Reform (MIRA) (Jun07-Jul08: 1,1 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Building Civil Society Support against Corruption (2,5 Mio EUR)

- Bringing Anti-Corruption Capacities in the Ministry of Internal Affairs up to EU Standards (250,000 EUR)

- Strengthening the Capacity to Fight Economic and Financial Crime (200.000 EUR)

- Bilateral Projects

Resident adviser on corruption with MoI (until Jun08) |

Improving Transparency and Accountability of Local Government (ended Aug07: 135,000 EUR) Tackling corruption within the Customs Administration (ended Jul07: 52,500 EUR) Reducing corruption within the Health Sector (until Mar08: 58,500 EUR) National Integrity Centre (ended Aug07: 115,000 EUR) |

Romanian Youth Versus Corruption; Together against corruption; Anti-corruption educational campaign (Integrity Centres) Improving Romanian local government integrity (MPP) (04-06: 320,000 EUR) Regional Transparency Councils |

Main Projects with a total budget of at least 9.9 MEUR

[1] Decisión 2006/928/CE de la Comisión, de 13 de diciembre, de 2006 por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO L 354 de 14.12.2006, p. 56).

[2] El primer informe de la Comisión es de 27 de junio de 2007: COM (2007) 378 final.

[3] El Plan de Acción puede consultarse en el siguiente sitio de Internet: http://www.just.ro/Portals/0/Right_Panel/Plan%20de%20actiune/plan_actiune_en_21122007[1].pdf

[4] Esta estrategia será válida hasta 2012 y está recogida en el Plan de Acción. La aplicará un grupo de trabajo nombrado por el CSM.

[5] Con la modificación de la Ley 304 se derogó la condición de que el Consejo del Instituto Nacional de la Magistratura (CNM) sancionara los nombramientos y destituciones de los miembros superiores del INM.

[6] Actividad 1.4. de la parte V del Plan de Acción.

[7] No hay usos establecidos de consulta sistemática previa del CSM por el Ministerio de Justicia sobre legislación clave para el poder judicial. Dicha práctica permitiría al CSM desempeñar mejor su papel de salvaguardia del sistema judicial rumano.

[8] Plan de Acción, parte II, punto 2.1 y parte V, punto 1.4.

[9] Ley 144/207 de 25 de mayo de 2007.

[10] Para agilizar la creación de la Agencia se aprobó el Decreto Urgente del Gobierno nº 138/6.12.2007.

[11] Entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2007, fueron encausadas por la DNA, en 64 casos, 148 personas. Durante el mismo período, los tribunales dictaron sentencia de 31 condenas no firmes en relación a 53 personas demandadas. En relación a 31 personas, los tribunales dictaron fallos firmes. En el mismo período de referencia se absolvió a 10 personas demandadas.

[12] Mediante Decreto del Gobierno nº 95 de 4 de octubre de 2007 promovido por el anterior Ministro de Justicia, se había modificado el procedimiento de levantamiento de la inmunidad de los ministros, sustiyéndose el comité consultivo por un nuevo comité formado por jueces. El Tribunal Constitucional de Rumanía declaró inconstitucional esta Ley. Tras la dimisión del Ministro de Justicia, implicado en una de los ocho causas, y el nombramiento en enero de un ministro interino, el Presidente levantó en enero la inmunidad de todos los encausados.

[13] La razón principal es el no acatamiento por la fiscalía (DNA) de un nuevo fallo del Tribunal Constitucional sobre el levantamiento de la inmunidad de los encausados que requiere también el levantamiento de la inmunidad para los anteriores miembros del Gobierno. El nuevo fallo se hizo público después de que la DNA iniciara los procedimientos correspondientes.

[14] Las sanciones de nulidad relativa se refieren a violaciones en el proceso que no han causado perjuicios graves a los derechos fundamentales y que pueden ser reparadas. En los casos de nulidad absoluta y de violación, por ejemplo, de los derechos fundamentales del acusado, no es posible la reparación y el caso se devuelve a la fiscalía para que ésta rehaga la investigación

[15] En caso de que la ley de modificaciones reciba un voto favorable por segunda vez, se hace obligatoria su promulgación por el Presidente en virtud del artículo 77 de la Constitución rumana.

[16] La no conformidad implicaría la nulidad de la investigación.

[17] Decreto del Gobierno nº 47 de 28 de agosto de 2007.

[18] El acuerdo pone fin a un período de enfrentamientos, desde mediados de 2007, entre los socios del proyecto (ONG y Ministerio del Interior) que ha demorado notablemente su aplicación.

[19] No se ha podido determinar en qué medida dichos cambios permitirán un acuerdo con la sociedad civil y mantendrán su utilidad en el seguimiento de las denuncias por corrupción.

[20] Esta iniciativa es la medida principal propuesta en el Plan de Acción para el indicador 4, véase la actividad número 5.

[21] Sólo Phare ha puesto a disposición de Rumanía desde 2004 más de 187 millones de euros para Justicia e Interior. El Mecanismo de Transición se ejecutará hasta 2010. En el marco de los fondos estructurales, se han prestado atención y ayuda específicas a la gestión correcta y transparente de los fondos comunitarios, un proceso vinculado a la lucha contra la corrupción. Se prestará ayuda técnica para seguimiento, evaluación y control de los proyectos y para el desarrollo de un sistema único de información de gestión que proporcione información transparente sobre intervenciones y contribuciones de los fondos. TAIEX ha organizado un número importante de actividades en asuntos de Justicia e Interior en Rumanía y aún dispone de presupuesto para actividades futuras.

[22] Para identificar posibles carencias y garantizar un abanico completo de ayudas, se han resumido las principales ayudas la UE y la ayuda bilateral proporcionadas a Rumanía desde 2004 en una lista adjunta al presente informe. La lista se ha establecido con la información disponible en la Comisión y la comunicada por los Estados miembros. Al no ser posible enumerar todos los datos de proyectos específicos, se ha preferido presentar datos de conjunto para facilitar la lectura. No obstante, todas las informaciones se han comunicado a Rumanía y las sugerencias que se hacen en el presente capítulo se han discutido con las autoridades rumanas.

[23] Plan de Acción: Indicador 4, actividad 5.

[24] Algunas iniciativas legales y políticas proseguidas contradicen los objetivos previstos en el Plan de Acción. Además, el Plan de Acción no menciona el asunto clave de la estabilidad legal e institucional del marco anticorrupción (Indicador 3). El Plan tampoco indica cuándo, si fuera el caso, estarán listas las estrategias sectoriales que sustituirán a las recientemente expiradas sobre reforma judicial y anticorrupción. Sobre corrupción local (I 4), el Plan no da detalles suficientes. El Plan de Acción introduce además actividades e indicadores que no parecen estar suficientemente bien enfocados para obtener el resultado apetecido. Esto afecta en especial a indicadores como la filtración a los medios de información confidencial (I 3; capítulo I, punto 1.2). Un estudio sobre individualización de las penas por delitos de corrupción (I 3; capítulo II, punto 1) sólo representa un primer paso para corregir el problema de la eventual falta de severidad en las sentencias de corrupción a alto nivel, tal como menciona el informe MCV de la Comisión de junio de 2007. El Plan de Acción debe actualizarse continuamente y sus resultados en relación a los indicadores deben controlarse estrictamente con un sólido mecanismo de coordinación central operativa.

[25] PHARE: Budgetary figures include Romanian national co-financing. Bilateral Projects: Only larger bilateral projects are taken up in this list. In addition, various assistance missions, study visits and smaller activities have taken place.