ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
36.

En tres de los proyectos (19) examinados, los recursos y capacidades asignados a su ejecución eran suficientes. Los tres restantes, en cambio, se vieron confrontados a un problema de falta de suficientes recursos especializados en el momento requerido. En el caso del proyecto MDP, los usuarios no siempre se encontraban disponibles a raíz de que también debía concluirse un proyecto similar durante el mismo período. Ello condujo a retrasos en la ejecución del proyecto. En el proyecto MPIDS, el equipo no contó con un analista comercial y no siempre era posible recurrir al personal de la DG-SI en caso de necesidad. La contratación pública de un promotor externo originó un retraso de tres meses. Una vez contratado, el promotor fue sustituido con frecuencia, lo que acarreó problemas de ejecución del proyecto. Así, debido a su complejidad, este se ejecutó en varias fases (20). La transferencia de conocimientos entre la segunda y la tercera fase no tuvo lugar según lo previsto, ya que la mayor parte de los principales miembros del equipo del proyecto anterior, incluido el jefe de proyecto, no participaron en la tercera fase.
11.

En lo que atañe a los procedimientos de adjudicación de contratos se observaron las irregularidades siguientes: el procedimiento de evaluación financiera de los contratos marco no estaba claramente especificado en los documentos de licitación (5); la adjudicación de contratos específicos y las órdenes de adquisición de servicios no estaban cubiertas por los correspondientes contratos marco (6); las evaluaciones técnicas que se basaban en criterios de calidad y ponderaciones no se explicaban con claridad en los documentos de licitación (7). Estas debilidades restaron transparencia al procedimiento y pudieron influir negativamente en la selección final.
8.

No se respetó el principio de separación de funciones porque el mismo ordenador de pagos subdelegado no solo llevó a cabo los controles ex ante, sino también se ocupaba de gestionar los derechos de acceso al sistema informático de contabilidad presupuestaria.
8.

El programa informático de contabilidad del Centro (FIBUS) no permite el bloqueo de los compromisos que hayan sobrepasado su límite de validez y la firma electrónica de las órdenes de pago no se ajusta a las disposiciones vigentes, por lo que no se puede realizar un rastreo adecuado de las intervenciones en el sistema FIBUS. El Centro debería poner remedio a las debilidades identificadas y considerar, sin demora, la sustitución del actual programa informático por el nuevo sistema propuesto por la Comisión a las Agencias.
9.

En materia de contratación de personal, las decisiones relativas al rechazo de candidaturas no están fundamentadas y los informes finales de los procedimientos de selección están a menudo incompletos o incluso son inexistentes cuando se trata de agentes auxiliares. La aplicación informática utilizada durante las primeras fases de la selección de los candidatos no garantiza la integridad de los datos registrados. Con frecuencia, la clasificación de los agentes contratados no está fundamentada ni certificada con justificantes.
11.

Por lo que se refiere a los contratos 2002/0117 (22 483 euros), 2002/01143 (25 000 euros) y 2003/0069 (32 257,50 euros), Cedefob quiere señalar que: a) los contratos 2002/0117 y 2002/0143 interesan al ejercicio 2002, b) los contratos 2002/0117 y 2003/0069 fueron adjudicados al mismo contratista, y c) todos los contratos a los que se hace mención aquí son contratos de escasa entidad. Los listados de aquellas manifestaciones de interés que llevaron a la adjudicación de los tres contratos mencionados anteriormente se basaban en el grupo íntegro de posibles contratistas cualificados resultante de la convocatoria de manifestación de interés Cedefop no AMI/VET/2000-1. Como corroboran los datos proporcionados por los auditores, estas invitaciones a licitar fueron enviadas a organizaciones/individuos seleccionados sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios adaptados a la naturaleza de cada contrato, como se prevé en las normas aplicables, y no a todos los posibles contratistas del grupo anteriormente mencionado. Los contratistas en cuestión, como demuestran juri et facto los datos proporcionados por el Tribunal de Cuentas, fueron aceptados como contratistas cualificados en el marco de la convocatoria de expresiones de interés antes mencionada. Aunque sus denominaciones no figuraban en la lista presentada a los auditores (a causa de las dificultades existentes en ese momento en relación con las operaciones descentralizadas), su condición de contratistas en potencia es indiscutible. El Centro quiere subrayar que los procedimientos que llevaron a la concesión de los contratos en cuestión eran conformes con la normativa vigente.
Informe

sobre las cuentas elaboradas por el Secretario General de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2002 (iniciado el 21 de febrero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de 2002), acompañado de las observaciones del Secretario General de la Convención

(2003/C 122/01)

1. El presente informe se refiere al Fondo destinado a la financiación de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea, creado mediante la Decisión n° 2002/176/UE(1) (de 21 de febrero de 2002) de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo.

2. De conformidad con el artículo 248 del Tratado, el Tribunal ha examinado las cuentas, que se resumen en los cuadros 1 y 2, correspondientes a la gestión del Fondo durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002. Según el apartado 1 del artículo 13 de la Decisión n° 2002/176/UE, la ejecución del presupuesto es competencia del Secretario General de la Convención. Dicha competencia incluye la elaboración y presentación de los estados financieros(2).

3. El Tribunal ha realizado la fiscalización de acuerdo con sus políticas y normas de auditoría, que resultan de la adaptación de las normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas para reflejar las características específicas del ámbito comunitario. El Tribunal examinó los documentos contables y aplicó los procedimientos de control que estimó necesarios con arreglo a las circunstancias. Mediante esta fiscalización, el Tribunal obtuvo una base razonable para formular la opinión que sigue.

4. El examen ha permitido al Tribunal obtener garantías suficientes de que las cuentas correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002 son fiables y de que las operaciones subyacentes son, en su conjunto, legales y regulares.

El presente informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión del día 10 de abril de 2003.

Por el Tribunal de Cuentas

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente

(1) DO L 60 de 1.3.2002, p. 56.

(2) El Parlamento, el Consejo y la Comisión prestaron una parte importante de los recursos humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de la Convención. Además, los gobiernos y parlamentos nacionales corrieron con los gastos de sus representantes ante la Convención.

Cuadro 1

Balance financiero al 31 de diciembre de 2002Fuente:

Resumen efectuado por el Tribunal de Cuentas a partir de los estados financieros elaborados por el Secretario General de la Convención.

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Cuadro 2

Cuenta de gestión del ejercicio 2002Fuente:

Resumen efectuado por el Tribunal de Cuentas a partir de los estados financieros elaborados por el Secretario General de la Convención.

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Comentarios del Secretario General de la Convención

El Secretario General no tiene ningún comentario que formular a las observaciones del Tribunal.
Artículo 3, apartado 2, letra e)

«las referencias a» línea(s) presupuestaria(s)« (‘budget line’ o ‘line in the budget’ en la versión inglesa] recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o [el nuevo Reglamento Financiero] se entenderán hechas al “11.o FED” en el presente Reglamento;»

El término «line in the budget» [en la versión inglesa] no se utiliza en el Reglamento financiero general de 2018 y por tanto, se debería suprimir.
3.

La nueva estructura del SEAE y las funciones del jefe de delegación de la Unión hacen que dependa de dos entidades diferentes a la vez. Como ya indicó en su Dictamen no 4/2010, el Tribunal hace constar que al gestionar esta nueva estructura deberá prestarse atención a una serie de aspectos, como el de evitar un conflicto de prioridades, y manifiesta una vez más su preocupación acerca de la existencia de: a) importantes excepciones al Reglamento financiero aplicable al décimo FED, dado que las funciones de ejecución de la Comisión respecto de los FED se subdelegan a ordenadores de pagos (jefes de delegación) que ya no pertenecen a los servicios de esta institución; b) una mayor complejidad en la gestión financiera, en las visitas destinadas a la elaboración de informes y en las operaciones de las delegaciones, y c) una incertidumbre considerable acerca de la gestión por las delegaciones de la Unión de los recursos previstos como gastos de apoyo destinados al FED en el artículo 6 del Acuerdo interno, una cuestión que queda sin aclarar en la propuesta.
4.

La segunda excepción a la «norma de no producir beneficios» limita el importe de recursos propios que deben tenerse en cuenta para determinar si el excedente obtenido supera el 15 % de los costes subvencionables del partido, siempre que las «reservas financieras» del partido no superen el 100 % de sus ingresos medios anuales. Las normas contables comúnmente aplicadas en la Unión Europea no proporcionan una definición de «reservas financieras», por lo que esta cuestión podría interpretarse de forma diferente en función del marco de información financiero adoptado por el partido político para hacer públicos anualmente sus ingresos y sus gastos y una declaración relativa a su activo y su pasivo. Tampoco el término «ingresos medios anuales» está suficientemente definido para permitir su cálculo, por ejemplo no se menciona ningún período de tiempo.
Dictamen no 4/2002

del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre una propuesta modificada de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del segundo párrafo del artículo 13 y el artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades

(asunto: imposición a los beneficiarios de la indemnización por el cese definitivo)

(2002/C 225/01)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 248,

Visto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas y, en particular su artículo 16,

Vista la propuesta modificada de la Comisión, de 25 de marzo de 2002(1),

Vista la petición de dictamen, formulada por el Consejo al Tribunal y recibida por éste el 11 de abril de 2002, sobre dicha propuesta,

Considerando lo siguiente:

(1) El objeto de la propuesta modificada de la Comisión consiste en aplicar el artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas a los beneficiarios de la indemnización por cese definitivo que contempla la Comisión en sus propuestas de reglamentos de 25 de marzo de 2002 por las que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de los funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas, de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de los agentes temporales de los Grupos Políticos del Parlamento Europeo.

(2) El mencionado artículo 13 tiene por objeto someter a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades, en beneficio de estas últimas, a un impuesto sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonados por ellas y eximir a dichos agentes de los impuestos nacionales sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonados por las Comunidades,

HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

La modificación propuesta, que contempla aplicar el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 a los beneficiarios de la indemnización prevista en caso de cese definitivo de los funcionarios, no constituye objeto de comentarios por parte del Tribunal.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de los días 10 y 11 de julio de 2002.

Por el Tribunal de Cuentas

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente

(1) COM(2002) 136 final, de 20 de marzo de 2002.
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1), y en particular, su artículo 53, letras b) y h), y su artículo 227, apartado 5,
K.

Considerando que los actos imputados no se refieren a opiniones expresadas o a votos emitidos por el diputado al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones en el sentido del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea y que, por tanto, no guardan relación directa o manifiesta con el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Jørn Dohrmann;
—

Vistos el artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (2); el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (3), y el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (4),
P6_TA(2005)0265

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ashley Mote

Decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ashley Mote (2005/2037(IMM))

El Parlamento Europeo,

- Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ashley Mote, transmitido por la Representación Permanente del Reino Unido ante la Unión Europea, a petición del Fiscal General, comunicado en el Pleno del 23 de febrero de 2005,

- Tras haber oído a Ashley Mote, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento,

- Vistos los artículos 8, 9, 10 y 19 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Vistos el apartado 2 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0213/2005),

1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Ashley Mote;

2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la correspondiente autoridad del Reino Unido.

[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

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—

Visto el kit de recursos de ONU-Mujeres y la Alianza de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicado en 2021, titulado «Intersectionality Resources and Toolkit: An Intersectional Approach to Leave No One Behind» (Recursos y herramientas para la interseccionalidad: un enfoque interseccional para no dejar a nadie atrás) (15),
49.

Subraya la urgente necesidad de acelerar la investigación del fraude bancario destapado en 2014, que todavía no ha dado resultados significativos en lo que respecta a llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los activos perdidos; subraya que esta falta de progreso tiene un grave efecto negativo en la reputación internacional de Moldavia y, en particular, en la credibilidad del sistema judicial, no solo entre el pueblo de Moldavia, sino también entre los socios internacionales del país; pide la intensificación del proceso de llevar a término los casos penales contra las personas implicadas en el escándalo de la «lavandería rusa» y el fraude bancario; pide, en este sentido, una cooperación reforzada entre los Estados miembros de la Unión y las autoridades moldavas en la investigación del fraude bancario, con el fin de garantizar la recuperación oportuna de los activos robados;
B.

Considerando que se ha reconocido la importancia de conservar y gestionar de forma sostenible los recursos biológicos marinos y los ecosistemas marinos sobre la base del mejor asesoramiento científico disponible y de promover una acuicultura responsable y sostenible, así como el papel clave que desempeñará el comercio en la consecución de estos objetivos, en particular mediante una acción coherente dentro del respeto de los acuerdos internacionales pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluido el esfuerzo por prevenir y erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y excluir la comercialización de los productos pesqueros procedentes de esta nociva actividad;
BZ.

Considerando que algunos países son especialmente activos en el ámbito de la captación y el reclutamiento de élites, en particular, Rusia y China, pero también Arabia Saudí y otros países del Golfo, y que, por ejemplo, el excanciller alemán Gerhard Schröder y el ex primer ministro de Finlandia Paavo Lipponen se incorporaron a Gazprom para agilizar el proceso de solicitud de Nord Stream 1 y 2, que la ex ministra austriaca de Asuntos Exteriores Karin Kneissl fue nombrada miembro del consejo de Rosneft, que el ex primer ministro de Francia François Fillon fue nombrado miembro del consejo de Zaroubejneft, que el ex primer ministro de Francia Jean-Pierre Raffarin ha participado activamente en la promoción de los intereses chinos en Francia, que el excomisario checo Štefan Füle ha trabajado para CEFC China Energy, que el ex primer ministro de Finlandia Esko Aho ahora se sienta en el consejo del Sberbank —controlado por el Kremlin—, que el exministro francés de Relaciones con el Parlamento Jean-Marie Le Guen es actualmente miembro del Consejo de Administración de Huawei France, que el ex primer ministro de Bélgica Yves Leterme fue designado copresidente del fondo de inversión chino ToJoy, y que otros muchos políticos y funcionarios de alto nivel ocupan actualmente puestos parecidos;
—

Visto el estudio de 2021 encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento a petición de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM), titulado «Gender equality: economic value of care from the perspective of the applicable EU funds» (Igualdad de género: el valor económico de los cuidados desde la perspectiva de los fondos aplicables de la Unión),
8.

Lamenta, no obstante, que las medidas para abordar el acoso sexual no sean lo suficientemente sólidas y no incluyan todas las acciones solicitadas en resoluciones anteriores, por lo que: a) pide a los servicios del Parlamento que ofrezcan formación en materia de lucha contra el acoso en todas las lenguas oficiales o con interpretación, y que dirijan las actividades de divulgación a las distintas delegaciones y grupos políticos; b) pide a los servicios del Parlamento que creen una lista pública de diputados que hayan participado en estas sesiones de formación en materia de lucha contra el acoso, que se publicará en el sitio web del Parlamento Europeo como un ejemplo positivo para otros diputados; c) pide una vez más (11) que se adopten medidas más estrictas para prevenir todas las formas de acoso, en particular el acoso sexual, y pide, en particular, la introducción de una formación en materia de lucha contra el acoso que sea obligatoria para todos los diputados a la mayor brevedad y desde el comienzo mismo de los mandatos de los diputados recién elegidos en consonancia con el asesoramiento jurídico recibido, ya que la formación voluntaria en materia de prevención del acoso ha demostrado ser insuficiente; d) pide a los servicios del Parlamento que evalúen las posibles consecuencias en caso de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 8, letra c), de la presente Resolución, cuando un diputado se niegue a participar en una formación obligatoria en materia de lucha contra el acoso, como la posibilidad de limitar la contratación de personal sin vulnerar el derecho de los diputados a la cobertura de la asistencia parlamentaria, entre otras medidas posibles;
—

Visto el discurso de la presidenta de la JUR, Elke König, de enero de 2021, titulado «The crisis management framework for banks in the EU: what can be done with small and medium-sized banks?» (El marco de gestión de crisis para los bancos en la UE: ¿qué puede hacerse con los bancos de pequeño y mediano tamaño?) (24),
24.

Acoge con satisfacción las recientes rondas de sanciones impuestas por el Consejo contra miembros del Tatmadaw y sus empresas, y pide al Consejo que siga imponiendo sanciones selectivas y enérgicas, con el objetivo de cortar el soporte vital a los miembros de la junta, garantizando al mismo tiempo que no se perjudique al pueblo de Myanmar/Birmania; opina que la comunidad internacional debe seguir tomando medidas adicionales contra el ejército y sus dirigentes e imponiéndole un coste hasta que den marcha atrás y faciliten el retorno a la democracia; destaca la necesidad de que todos los Estados miembros de la UE refuercen y apliquen las sanciones impuestas a las empresas estatales de Myanmar/Birmania, en particular en la industria de la madera y las piedras preciosas; insta a la Comisión a que garantice la efectividad de las sanciones nacionales impuestas a los Estados miembros y los países asociados por el incumplimiento de las sanciones de la UE; subraya que esto requeriría la imposición de inmovilizaciones de activos específicos y prohibiciones concretas de transferencias financieras internacionales a los dos bancos de propiedad estatal (Myanmar Foreign Trade Bank y Myanmar Investment and Commercial Bank), a través de los cuales se recauda la totalidad de la moneda extranjera, así como la incorporación a la lista de sanciones de Myanmar Oil and Gas Enterprise, empresa que genera el principal flujo de moneda extranjera de la junta;
R.

Considerando que, según las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la Unesco, los programas de educación sexual integral que cuentan con un plan de estudios pueden ayudar a los niños y los jóvenes a desarrollar conocimientos precisos y actitudes y capacidades adecuadas, incluidos el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad, que fomentan las relaciones seguras, sanas y respetuosas; que esta educación capacita a niños y jóvenes, ya que proporciona pruebas e información sobre la sexualidad acordes con la edad, abordando las cuestiones de salud sexual y reproductiva, en particular, aunque no exclusivamente: la anatomía y la fisiología sexuales y reproductivas; la pubertad y la menstruación; la reproducción, la anticoncepción moderna, el embarazo y el parto; las infecciones de transmisión sexual (ITS), en particular el VIH y el sida; y las prácticas nocivas, tales como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina; que la mayoría de los adolescentes de todo el mundo no tiene acceso a una educación sexual integral;