Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien las instituciones europeas son únicas por el papel que desempeñan y el lugar que ocupan en el escenario internacional, no pueden permanecer inmunes a los cambios que tienen lugar a su alrededor. El entorno en el que se desenvuelven se ha modificado en los últimos 40 años, tanto desde el punto de vista político y de organización como desde la óptica del trabajo que a diario se realiza. La evolución social, económica y tecnológica ha revolucionado también las estructuras tradicionales en lo tocante al papel de las jerarquías, la toma de decisiones y los métodos de trabajo.

Ante las crecientes expectativas de los ciudadanos europeos y el considerable aumento de sus funciones, la Comisión, como organización, debe tener en cuenta esa evolución. Mientras que el número de expedientes tratados se ha multiplicado por diez en diez años, sus métodos de control financiero y gestión han permanecido prácticamente invariables y el Estatuto que regula las condiciones de trabajo de su personal no se ha modificado de manera sustancial desde que fue adoptado en 1967.

Frente a esta situación, los Consejos Europeos de Berlín y Colonia encomendaron al Sr. Prodi y a la Comisión la tarea de reformar la Comisión. El Libro Blanco aprobado el 1 de marzo de 2000 (COM(2000)200) traza la estrategia que ha de seguirse y define tres grandes prioridades:

* modernizar profundamente la gestión, el control y la auditoría financieros y establecer un sistema basado en un claro reparto de responsabilidades que sustente la obligación de rendir cuentas;

* introducir un nuevo sistema de planificación estratégica respaldado por una gestión basada en la actividad, con el fin de garantizar una coordinación constante entre las tareas que deben realizarse y los recursos precisos;

* modernizar la política de personal, a fin de asegurar que se utilice, forme, dirija y motive racionalmente a un personal altamente cualificado con vistas a la realización de las tareas prioritarias.

En relación con esta tercera prioridad, la Comisión aprobó el 28 de febrero de 2001 una serie de orientaciones. A partir de las extensas consultas mantenidas, tanto a nivel interno -con los servicios y los representantes del personal- como con las demás instituciones, dichas orientaciones han podido ser concretadas y quedar plasmadas en propuestas específicas.

Algunas de las propuestas (por ejemplo, la modificación de las disposiciones internas relativas a la política de formación y al sistema de evaluación y promoción) pueden llevarse a la práctica en el marco del Estatuto vigente. Otras, por el contrario, requieren que se modifiquen el Estatuto y el régimen aplicable a los otros agentes. La presente propuesta de reglamento contiene dichas modificaciones.

* A través de la aplicación de normas comunes, el Estatuto garantiza la unicidad de la función pública europea. Convendría incluir expresamente las agencias en el ámbito de aplicación del Estatuto, a fin de intensificar la cooperación entre instituciones y agencias en lo tocante a la política de personal, en beneficio del correcto funcionamiento de las Comunidades y de un uso eficaz de los recursos humanos.

* El Estatuto define el conjunto de los derechos y obligaciones de los funcionarios. Con objeto de integrar los avances e innovaciones registrados en el mundo laboral, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la cultura de servicio al ciudadano, es necesario introducir en él ciertos cambios. Los derechos y obligaciones deben determinarse de forma clara y comprensible y permitir establecer criterios concretos en los que la Administración pueda basar sus decisiones. Los siguientes extremos exigen una labor de aclaración y simplificación:

- La imparcialidad es un principio básico del servicio público que ha sido reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Convendría definir mejor las obligaciones de los funcionarios en situaciones que puedan dar lugar a un conflicto de intereses.

- La experiencia adquirida en cargos o puestos públicos puede ser útil tanto al funcionario como a la institución, pero es preciso definir normas claras para aquellos miembros del personal que sean candidatos a tales cargos o los obtengan.

- Otro de los principios esenciales para el buen funcionamiento y la reputación de las Comunidades es la confidencialidad. Las obligaciones y limitaciones que de ella se derivan para los antiguos funcionarios deben definirse mejor.

- Al mismo tiempo, la instituciones están resueltas a respetar el principio de transparencia de la función pública europea y a aplicar una política de apertura hacia el público. Deben, para ello, definirse los límites del secreto profesional.

- La libertad de expresión es un derecho fundamental de todo funcionario. El Estatuto ha de fijar claramente las normas en materia de autorización previa de las publicaciones relacionadas con las políticas comunitarias.

* La Comisión desempeña un papel primordial en la política comunitaria de igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, al combatir las discriminaciones por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. En su calidad de empleador, debe ofrecer a su personal una protección, como mínimo, equivalente. El Estatuto debe adaptarse para garantizar plenamente la aplicación de ese principio, por ejemplo, mediante la concesión (en determinadas condiciones), a los miembros del personal que hayan formado una pareja de hecho reconocida o estable y confirmada, de algunas ventajas inicialmente reservadas para aquellos que estuvieran casados.

* La importancia de la dimensión social en la política de personal vendrá refrendada por varias modificaciones. El Estatuto hará expresamente referencia a la política social. Una serie de nuevas disposiciones (algunas de ellas oficializan prácticas ya vigentes) relacionadas con las licencias por circunstancias familiares (en concreto, la licencia parental), la flexibilización de las condiciones de trabajo y la introducción (en determinadas condiciones) del derecho al trabajo a tiempo parcial contribuirán no sólo a conciliar la vida profesional con la privada, a fomentar la igualdad de oportunidades y a proteger la dignidad de la persona, sino también a aumentar la motivación (y por ende la productividad) del personal y a hacer más atractivas las condiciones ofrecidas a los candidatos al reclutamiento.

* Una serie de nuevas disposiciones permitirán solventar mejor los problemas de acoso sexual y psicológico.

* La mejor manera de preservar la independencia de la función pública europea y de integrar las diferentes culturas de trabajo es un sistema de carrera fijado por el Estatuto. Este sistema de carrera, unido a un nuevo método de evaluación más riguroso que el actual, favorece la cohesión, evitando las disensiones que podría originar un énfasis excesivo en los resultados individuales en detrimento del trabajo de equipo. Este principio debe mantenerse. No obstante, la actual estructura de carreras debe revisarse para atender a los profundos cambios que se han producido en las pautas de empleo y de trabajo: la formación continua ha pasado a ser la norma general en toda Europa; la polivalencia es ahora un requisito ya que la naturaleza del trabajo evoluciona rápidamente; la división en cuatro categorías en función de la formación escolar ha dejado de ser pertinente, habida cuenta de la generalización de la informática y de los demás medios tecnológicos. Las modificaciones del Estatuto propuestas están destinadas a lograr un mayor reconocimiento de la experiencia profesional y del aprendizaje continuo, reorganizando para ello la estructura de carreras y facilitando el paso de una categoría a otra. Dichas modificaciones permitirán conseguir una mayor correlación entre prestaciones y retribuciones al ofrecer más incentivos para recompensar las buenas prestaciones. En lo que respecta al sistema de evaluación, es necesario modificar el Estatuto para crear un marco jurídico que haga posible la evaluación de los directores y directores generales.

* La movilidad persigue dos finalidades: responder a las necesidades de la institución en términos de eficacia y adaptación de su organización a un entorno en evolución, y responder a las necesidades de los funcionarios en lo tocante al interés del trabajo, la realización personal o la evolución de la carrera. La movilidad puede plasmarse en un cambio de funciones dentro de una unidad o en el traslado a otra unidad, dirección, dirección general o, incluso, fuera de la institución. Las instituciones europeas reconocen la importancia de la movilidad externa. Se requiere una modificación del Estatuto para mejorar las condiciones de movilidad externa y modernizar las condiciones para la concesión de excedencias voluntarias. También es necesaria una modificación con vistas a crear un marco apropiado para publicar por separado y de forma transparente los puestos vacantes que pueden proveerse por traslado y los que pueden proveerse por promoción o nombramiento.

* La Administración pública europea debe mantener un nivel de calidad que le permita cumplir su misión de conformidad con el Tratado. Al igual que antes, el Estatuto ha de permitir a las Comunidades poder contar con funcionarios de la más alta consideración en términos de independencia, competencia, rendimiento e integridad, seleccionados en un ámbito geográfico lo más amplio posible dentro de la Unión. Ello implica que se ofrezca a los candidatos condiciones económicas suficientemente atractivas. Un estudio realizado recientemente ha demostrado que la retribución de los funcionarios europeos en Bruselas era globalmente comparable a la de los funcionarios expatriados de los Estados miembros y a la de las categorías similares de personal de las organizaciones internacionales, pero inferior a la de las empresas multinacionales. La competencia en el mercado de trabajo es intensa y hay que evitar que la situación se deteriore en detrimento de la función pública europea. Una de las modificaciones propuestas está destinada a asegurar la competitividad de las instituciones europeas y a mantener el nivel global de retribución, incorporando al Estatuto un método permanente de adaptación anual de los sueldos que garantice, como lo viene haciendo el que caducará en 2003, una evolución del poder adquisitivo paralela a la de los funcionarios nacionales.

* Independientemente del nivel de las retribuciones, son necesarias modificaciones para modernizar y racionalizar el sistema de asignaciones e indemnizaciones. En su mayor parte, su propósito es simplificar las normas y lograr una mayor transparencia. En casos más limitados, suponen el abandono de disposiciones desfasadas. El reembolso de los gastos de viaje y de misión se ajustará más a los gastos reales y será, al mismo tiempo, más fácil de gestionar. La asignación por escolaridad estará vinculada en mayor medida al nivel real de gastos. La reforma de los complementos familiares permitirá mejorar la situación de las familias y se centrará particularmente en las dificultades que experimentan los padres de niños de corta edad. Cuando se transfiera una parte de la retribución al país de origen no se aplicará ya un coeficiente corrector correspondiente a la capital, sino un coeficiente correspondiente al país y ello únicamente en casos limitados en que exista alguna obligación legal.

* En materia de pensiones, la principal modificación consiste en introducir en el Estatuto un procedimiento de control sistemático, objetivo y basado en normas estrictas, mediante el cual se pretende garantizar el equilibrio actuarial del régimen a corto y largo plazo y la financiación íntegra de las pensiones a través de las contribuciones de todas las partes interesadas. Asimismo, están previstas algunas modernizaciones en lo que respecta a las pensiones de jubilación, invalidez y supervivencia, en particular, la aplicación de coeficientes correctores específicos, distintos de los aplicados a las retribuciones del personal en activo, y la búsqueda de una mayor neutralidad en la transferencia de los derechos de pensión.

* La Comisión tiene el deber de cumplir las recomendaciones formuladas por ella misma a los Estados miembros, concretamente en materia de jubilación anticipada. No obstante, en la Comisión, y de forma más general en las instituciones europeas, la cuestión de la jubilación anticipada no se plantea del mismo modo que en los Estados miembros. Así, en la Comisión, el número de jubilaciones anticipadas es extremadamente reducido: diez al año, por término medio, en los últimos diez años. El problema no está, por tanto, en evitar tales jubilaciones, sino, casi al contrario, en que el sistema de jubilación anticipada de las instituciones europeas no funciona. Las disposiciones estatutarias en las que se basa tienen más de treinta años y han de ser revisadas. Las modificaciones del Estatuto propuestas están destinadas a modernizar el sistema, a adaptarlo en mayor medida a la normativa comunitaria en materia de libre circulación de trabajadores, a corregir algunas incoherencias y a introducir mayor flexibilidad.

* La incompetencia profesional no es un problema habitual en las instituciones europeas. Sin embargo, puede ocurrir que algún miembro del personal no tenga el nivel profesional esperado por diversas razones: falta de motivación, dificultad de adaptación a las nuevas actividades o nuevos métodos de trabajo, etc. Se han definido procedimientos para poder detectar, manejar y resolver los casos de incompetencia profesional de forma preventiva y positiva: el objetivo principal consiste en ofrecer a los interesados la posibilidad y los medios de volver a alcanzar un nivel adecuado. El nuevo marco jurídico propuesto va dirigido a aquellos que no puedan alcanzar el nivel de prestaciones deseado.

* Las nuevas disposiciones previstas para mejorar las condiciones de trabajo, la satisfacción profesional, la resolución de los casos de incompetencia profesional y la dirección del personal, tendrán una incidencia positiva en el absentismo. De manera complementaria, otra de las modificaciones del Estatuto simplificará, en principio, los procedimientos de control del absentismo.

* El régimen disciplinario actual presenta ciertas deficiencias: la composición del Consejo de disciplina varía en cada caso, los procedimientos son excesivamente largos, las prácticas administrativas (concretamente, en lo que respecta a la investigación administrativa) han evolucionado, pero no se han plasmado en normas, y la creación de la OLAF ha introducido una nueva dimensión que el Estatuto no tiene en cuenta. Se propone una serie de modificaciones del Estatuto para racionalizar las disposiciones relativas a la apertura y el desarrollo de los procedimientos disciplinarios, estabilizar la composición del Consejo de disciplina y adaptar las condiciones de suspensión de empleo de los funcionarios.

* A fin de ofrecer una protección jurídica a todos aquellos funcionarios que denuncien actos censurables o disfunciones graves dentro de los servicios, está previsto un nuevo marco jurídico y nuevas garantías estatutarias.

* Es preciso introducir modificaciones con vistas a armonizar las disposiciones aplicables a los funcionarios de los servicios científico y técnico. Asimismo, es necesario adaptar y aclarar las disposiciones relativas al personal del Servicio Exterior Unificado.

* El ROA debe modificarse con objeto de armonizarlo con las nuevas disposiciones aplicables a los funcionarios. Por otra parte, está prevista una modificación específica del ROA para mejorar las condiciones de desempleo a las que están sujetos los agentes temporales al terminar sus funciones.

* Uno de los objetivos del ROA consiste en crear un sistema de sustitución y apoyo para los funcionarios. Este régimen debe definir claramente las funciones encomendadas al personal no titular. Es necesario crear un nuevo tipo de contrato, el de "agente contractual". Estos agentes sustituirán a la larga a los funcionarios de la categoría D y trabajarán en todos los niveles en las oficinas de representación y las delegaciones de la Comisión, las agencias, las agencias de ejecución y demás entidades instituidas por un acto jurídico específico. Los agentes contractuales podrán obtener, tras dos contratos de duración limitada, un contrato de duración indefinida. Cabe esperar que este régimen haga posible, asimismo, una simplificación de los diferentes tipos de contratos utilizados en la actualidad. Por lo demás, se mantiene la posibilidad de recurrir a agentes temporales para puestos permanentes.

Finalmente, está previsto un régimen transitorio, a fin de hacer posible una aplicación gradual de las nuevas medidas y disposiciones y de garantizar los derechos adquiridos.

2002/0100 (CNS)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 283,

Visto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas,

Vista la propuesta presentada por la Comisión previo dictamen del Comité del Estatuto [1],

[1] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2],

[2] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Tribunal de Justicia [3],

[3] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas [4],

[4] DO C [...] de [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) Resulta oportuno introducir modificaciones en el actual Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en el actual régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, establecidos inicialmente por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 del Consejo [5], con vistas a adaptarlos a la evolución experimentada en el mundo laboral desde su adopción, así como a los cambios que ha registrado la misión de las instituciones desde entonces y a los que previsiblemente se producirán en un futuro.

[5] DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.

(2) El Estatuto y el régimen antes mencionados garantizan la unicidad de la función pública europea. Su finalidad es alcanzar el máximo grado de eficacia en la gestión de los recursos humanos, en el contexto de una función pública europea caracterizada, en particular, por su competencia, independencia, lealtad, imparcialidad y permanencia. Dichos textos aspiran a mantener la Administración pública europea en un nivel de calidad tal que pueda seguir cumpliendo su función de conformidad con los Tratados y con arreglo a los principios reafirmados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas quedan modificados tal como se indica en el anexo I (en lo que respecta al Estatuto de los funcionarios) y en el anexo II (en lo que respecta al régimen aplicable a otros agentes).

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el [...].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente

[...]

ANEXO I Modificaciones del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas

El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas queda modificado del siguiente modo:

1. El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

El presente Estatuto será de aplicación a los funcionarios de las Comunidades.»

2. El párrafo primero del antiguo artículo 1 se convierte en artículo 1 bis.

3. Se añade el siguiente artículo 1 ter:

«Artículo 1 ter

Salvo disposición en contrario del presente Estatuto,

- el Comité Económico y Social,

- el Comité de las Regiones,

- el Defensor del Pueblo de la Unión Europea,

- el Supervisor Europeo de Protección de Datos y

- los organismos comunitarios a los que sea de aplicación el presente Estatuto en virtud de los actos por los que se establecen (en lo sucesivo denominados «agencias»)

se asimilarán, a efectos de la aplicación del presente Estatuto, a las instituciones de las Comunidades.»

4. Se añade el siguiente artículo 1 quater:

«Artículo 1 quater

«Toda referencia contenida en el presente Estatuto a personas de sexo masculino se entenderá hecha igualmente a personas de sexo femenino, y a la inversa, salvo que el contexto indique claramente lo contrario.»

5. El artículo 1 bis se convierte en artículo 1 quinquies y queda modificado del siguiente modo:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En la aplicación del presente Estatuto, queda prohibida toda discriminación basada, en particular, en el sexo, la raza, el color de piel, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las creencias, las convicciones políticas o de otra índole, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, cualquier discapacidad, la edad o la orientación sexual.

A efectos del presente Estatuto, las uniones no matrimoniales tendrán la misma consideración que el matrimonio, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del anexo VII.»

b) En el apartado 2, tras las palabras «mujeres en la vida laboral» se añade la siguiente oración:

«, lo que constituirá uno de los elementos esenciales que deberán tomarse en consideración al aplicar el presente Estatuto en todos sus aspectos,».

c) Se añaden los apartados 4, 5 y 6 siguientes:

"4. A efectos de lo previsto en el apartado 1, se considerarán discapacitadas aquellas personas que presenten una deficiencia física o psíquica que sea o pueda ser permanente. Esta deficiencia se determinará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 33.

Toda persona discapacitada se considerará apta para ocupar un puesto de trabajo si, una vez realizadas adaptaciones razonables, puede desempeñar las funciones esenciales del mismo.

Por adaptaciones razonables, en relación con las funciones esenciales de un puesto de trabajo, se entenderá el suministro o la modificación de instrumentos, servicios o lugares de trabajo, o la modificación de ciertas prácticas o procedimientos, con vistas a ayudar a una persona discapacitada a ejercer eficazmente sus funciones, sin que ello constituya una carga excesiva para la institución.

5. En lo que respecta al principio de igualdad de trato antes mencionado, cuando una persona a la que se aplique el presente Estatuto exponga hechos que permitan presumir que se ha cometido una discriminación directa o indirecta, corresponderá a la institución demostrar que no ha habido violación del principio de igualdad de trato".

6. Sin perjuicio de los principios de no discriminación y de proporcionalidad, toda limitación de los anteriores principios deberá estar objetiva y razonablemente justificada y responder a objetivos legítimos de interés general en el marco de la política de personal. Dichos objetivos justificarán, en particular, la fijación de una edad obligatoria de jubilación y de una edad mínima para disfrutar de una pensión de jubilación.»

6. Se añade el siguiente artículo 1 sexies:

«Artículo 1 sexies

Las instituciones aplicarán, en beneficio de sus funcionarios, incluidos aquellos que estén jubilados, una política social que comporte una asistencia social, una protección social, la puesta a disposición de infraestructuras sociales y el establecimiento de normas sanitarias y de seguridad adecuadas, en la medida de lo posible de un nivel superior al mínimo previsto por cualesquiera disposiciones nacionales aplicables. Esta política social se instrumentará en estrecha colaboración con el Comité de personal, a través de la elaboración de planes de actuación plurianuales. Basándose en las estimaciones plurianuales de las necesidades, la autoridad presupuestaria facilitará los recursos oportunos.»

7. El artículo 2 queda modificado del siguiente modo:

a) El texto del actual párrafo primero se convierte en apartado 1.

b) Se suprimen los párrafos segundo y tercero.

c) Se añade el siguiente apartado 2:

«2. No obstante, una o varias instituciones podrán encomendar a alguna de ellas o a un organismo interinstitucional el ejercicio de la totalidad o parte de las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.»

7 bis. El artículo 4 queda modificado del siguiente modo:

En el párrafo tercero, se añade la palabra «o» entre «traslado» y «promoción», se suprime «o concurso interno» y se sustituye «tres Comunidades Europeas» por «demás instituciones y/o se organizará un concurso interno».

8. Los artículos 5 y 6 se sustituyen por los siguientes:

«Artículo 5

1. Los puestos de trabajo regulados por el presente Estatuto se clasificarán, según la naturaleza y el nivel de las responsabilidades que comporten, en un grupo de funciones de administradores (en lo sucesivo denominado «AD») y en un grupo de funciones de asistentes (en lo sucesivo denominado «AST»).

2. El grupo de funciones AD comprenderá doce grados correspondientes a funciones de dirección, de concepción y de estudio, así como a funciones lingüísticas o científicas. El grupo de funciones AST comprenderá once grados correspondientes a funciones de ejecución, así como a tareas técnicas y de oficina.

3. Para ser nombrado funcionario se requerirá, como mínimo, lo siguiente:

a) en lo que respecta al grupo de funciones AST:

- contar con un título de estudios superiores; o

- haber cursado la enseñanza secundaria superior y contar con una experiencia profesional adecuada de tres años como mínimo; o

- contar con una experiencia profesional equivalente;

b) en lo que respecta al grupo de funciones AD:

- contar con una titulación universitaria obtenida al término de una formación de tres años, como mínimo, y disponer de una experiencia profesional adecuada de un año, como mínimo, o haber cursado un año suplementario de estudios universitarios; o

- contar con una experiencia profesional equivalente.

4. En la sección A del anexo I figura un cuadro descriptivo de los diferentes tipos de puestos de trabajo. Basándose en dicho cuadro, cada institución aprobará, previo dictamen del Comité del Estatuto, una descripción de las funciones y atribuciones correspondientes a cada puesto de trabajo.

5. Los funcionarios pertenecientes a un mismo grupo de funciones estarán sujetos a condiciones idénticas de reclutamiento y desarrollo de la carrera.»

Artículo 6

1. El número de puestos de trabajo en cada grado se fijará en un cuadro de efectivos que figurará en anexo a la sección del presupuesto correspondiente a cada institución.

2. Dicho cuadro garantizará que, cada año y en cada institución, las posibilidades de promoción de un grado determinado al grado superior se correspondan, como mínimo, con el número obtenido al aplicar el porcentaje establecido, para ese grado determinado, en el cuadro de la sección B del anexo I al número de funcionarios que, el 1 de enero del año precedente, se encontraran en servicio activo, con arreglo a la letra a) del artículo 35, en comisión en interés del servicio, con arreglo al artículo 38, en excedencia por servicio militar, con arreglo a la letra e) del artículo 35 o con licencia parental o familiar, con arreglo a la letra f) del artículo 35.»

9. El artículo 7 queda modificado del siguiente modo:

a) En el apartado 1, se sustituye «de su categoría o de su servicio» por «de su grupo de funciones».

b) En la primera frase del apartado 2, se sustituye

«un puesto de trabajo de una carrera de su categoría o de su servicio, superior a la carrera a la que pertenece»

por:

«un puesto de trabajo de su grupo de funciones correspondiente a un grado superior al suyo».

c) En la segunda frase del apartado 2, se suprime «en el grado inicial».

d) En la segunda frase del apartado 2, se sustituye «para la carrera en la que ocupa el puesto interino» por «en el grado correspondiente a su puesto interino».

10. El artículo 9 queda modificado del siguiente modo:

a) En la letra a) del apartado 1, tras el tercer guión se añade un nuevo guión del siguiente tenor:

«- una Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional, o varias Comisiones paritarias consultivas de incompetencia profesional si el número de funcionarios en los lugares de destino lo hiciera necesario;».

b) El párrafo segundo del apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

«La lista de los miembros que compongan estos órganos será comunicada al personal de la institución.»

c) En el apartado 5 se suprimen la letra

«b) sobre las medidas de separación por incompetencia profesional,»

y la frase

«También velará por la armonización de la calificación del personal en el seno de la institución.»

La letra c) se convierte en letra b) y, al final del apartado 5, se añade la siguiente frase: «La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá encomendarle la labor de velar por la armonización de la calificación del personal dentro de la institución.»

d) Se añade el siguiente apartado 6:

«6. La Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional será consultada a efectos de la aplicación del artículo 51.»

11. En el párrafo primero del artículo 10, después de la primera frase se añade la frase siguiente:

«Las agencias estarán representadas conjuntamente, de conformidad con las normas que se fijen de común acuerdo entre ellas y la Comisión.»

El párrafo segundo se sustituye por el siguiente texto:

«La Comisión consultará al Comité sobre cualquier propuesta de revisión del Estatuto y éste emitirá su dictamen en el plazo fijado por aquélla. Antes de esta consulta, las propuestas de la Comisión serán objeto de concertación sindical con arreglo a normas establecidas por la Comisión previa negociación con las organizaciones sindicales o profesionales. Con independencia de las funciones que le atribuye el presente Estatuto, este Comité podrá formular sugerencias para la revisión del Estatuto. El Comité se reunirá a petición de su presidente, de una institución o del Comité de personal de una institución.»

11 bis. Se añade el siguiente artículo 10 ter:

«Las organizaciones sindicales o profesionales a que se refiere el artículo 24 ter actuarán en interés general del personal, sin perjuicio de las competencias de los Comités de personal.

Basándose en las normas establecidas por una o varias instituciones, previa negociación con las organizaciones sindicales o profesionales a que se refiere el artículo 24 ter, estas últimas podrán negociar y celebrar acuerdos en nombre del personal.»

12. En el artículo 11, se añade al párrafo primero la frase siguiente:

«Realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y cumpliendo con su deber de lealtad hacia las Comunidades.»

13. Se añade el siguiente artículo 11 bis:

«Artículo 11 bis

1. En el ejercicio de sus funciones, y salvo lo dispuesto a continuación, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia.

2. Todo funcionario en el que recaiga, durante el ejercicio de sus funciones, la tramitación de un asunto del tipo mencionado en el apartado 1 lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Ésta tomará las medidas oportunas y podrá, en particular, eximir al funcionario de sus obligaciones en relación con dicho asunto.

3. El funcionario no podrá conservar ni adquirir, directa o indirectamente, en las empresas sujetas al control de la institución a la que pertenezca, o que estén en relación con ella, intereses que, por su índole e importancia, pudieran menoscabar su independencia en el ejercicio de sus funciones.»

14. El artículo 12 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 12

«El funcionario se abstendrá de todo acto o comportamiento que pudiera atentar a la dignidad de su función.»

15. Se añaden los siguientes artículos 12 bis y 12 ter:

«Artículo 12 bis

1. Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual.

2. Por «acoso psicológico» se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.

3. Por «acoso sexual» se entenderá toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto. El acoso sexual se considerará una discriminación por razón de sexo, a efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 1 quinquies.

Artículo 12 ter

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, todo funcionario que se proponga ejercer una actividad ajena al servicio, retribuida o no, o cumplir un mandato fuera del ámbito de las Comunidades solicitará previamente autorización a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Dicha autorización únicamente le será denegada si la actividad o el mandato pudiera, por su naturaleza, obstaculizar el desempeño de sus funciones o fuese incompatible con los intereses de su institución.

2. El funcionario informará a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cualquier modificación de la actividad o el mandato antes señalados que se produzca después de que haya solicitado la autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en aplicación de lo previsto en el apartado 1. La autorización podrá ser revocada si la actividad o el mandato no cumple ya las condiciones mencionadas en la última frase del apartado 1.»

16. Al final del artículo 13, se añade la palabra «o» entre «funciones» y «trasladado» y se suprime «o separado de oficio».

17. Se suprime el artículo 14.

18. El artículo 15 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 15

1. Todo funcionario que se proponga presentarse como candidato a un cargo público lo notificará a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Atendiendo al interés del servicio, ésta decidirá si el interesado:

- debe presentar una solicitud de excedencia voluntaria;

- debe ser autorizado a tomar vacaciones anuales;

- puede ser autorizado a trabajar a tiempo parcial;

- puede seguir desempeñando sus funciones como antes.

2. En caso de ser elegido o nombrado para un cargo público, el funcionario lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Atendiendo al interés del servicio, a la importancia de dicho cargo, a las obligaciones que comporte y a los emolumentos y reembolsos de gastos a que dé derecho, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomará una de las decisiones antes señaladas. En el supuesto de que conceda una excedencia voluntaria o una autorización para trabajar a tiempo parcial, su duración será igual a la del mandato del funcionario.»

19. En el artículo 16, los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:

«Todo funcionario que se proponga ejercer una actividad profesional en los dos años siguientes al cese de sus funciones deberá notificarlo a su institución. En el supuesto de que dicha actividad guarde una relación con el trabajo realizado por el interesado durante los tres últimos años de servicio y pueda resultar incompatible con los intereses de la institución, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, atendiendo al interés del servicio, bien prohibirle que ejerza tal actividad, bien subordinar su autorización a cuantas condiciones considere oportunas. La institución comunicará su decisión en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la recepción de la notificación, previa consulta a la Comisión paritaria, que emitirá su dictamen en el plazo fijado por la institución. En caso de no notificarse decisión alguna en el plazo de treinta días hábiles, se considerará que la decisión es favorable.»

20. El artículo 17 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 17

1. El funcionario estará obligado a observar la mayor discreción con respecto a cualquier hecho o información que no se haya dado ya a conocer al público o que no sea ya de acceso público y que hubiera llegado a su conocimiento en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones. No deberá transmitir en modo alguno a una persona no autorizada para tener conocimiento de ellos ningún documento o información que haya llegado a su conocimiento en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, salvo que dicho documento o información se haya dado ya a conocer al público o sea de acceso público.

2. El funcionario seguirá estando sujeto a estas obligaciones tras el cese de sus funciones.»

21. Se añade el siguiente artículo 17 bis:

«Artículo 17 bis

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 17, todo funcionario que se proponga publicar o hacer publicar, individualmente o en colaboración, cualquier escrito que se refiera a la actividad de las Comunidades lo notificará previamente y por escrito a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Ésta únicamente podrá denegarle su autorización si se halla en condiciones de demostrar plenamente que la publicación puede perjudicar gravemente a los intereses de las Comunidades. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos comunicará su decisión al funcionario en el plazo de treinta días hábiles. En el supuesto de que no se notifique decisión alguna en el plazo especificado, se considerará que se ha concedido autorización.»

22. El artículo 18 queda modificado del siguiente modo:

a) El texto actual se convierte en apartado 1.

b) En el apartado 1 se añade la frase siguiente:

«La Comunidad tendrá derecho a exigir la cesión a su favor de los derechos de autor correspondientes a tales trabajos.»

c) Se añaden los siguientes apartados 2 y 3:

«2. Toda invención realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o en conexión con las mismas pertenecerá de pleno derecho a la Comunidad. La institución podrá, a su costa y en nombre de la Comunidad, solicitar y obtener las correspondientes patentes en cualquier país. Toda invención que guarde relación con la actividad de la Comunidad realizada por un funcionario en el año siguiente al término de sus funciones se considerará, salvo que se demuestre lo contrario, concebida en el ejercicio de sus funciones o en conexión con las mismas. Cuando las invenciones sean patentadas se hará constar el nombre del inventor o inventores.

3. La institución podrá, en su caso, conceder una prima, cuya cuantía será fijada por ella, al funcionario autor de una invención patentada.»

23. En el artículo 20, se añade la frase siguiente:

«Comunicarán a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos su dirección y le notificarán de inmediato cualquier cambio de domicilio.»

24. En el artículo 21, se suprime el último párrafo.

25. Se añade el siguiente artículo 21 bis:

«Artículo 21 bis

1. Cuando estime que existe alguna irregularidad en las órdenes recibidas o que su ejecución puede ocasionar graves inconvenientes, el funcionario lo comunicará a su superior jerárquico, el cual, si la información se ha transmitido por escrito, responderá igualmente por escrito. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, en el supuesto de que este último confirme las órdenes y el funcionario juzgue esta confirmación insuficiente a la luz de sus motivos de preocupación, informará de ello por escrito a la autoridad jerárquica inmediatamente superior. Si ésta confirma las órdenes por escrito, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean contrarias al ordenamiento penal o a las normas de seguridad aplicables.

2. Si su superior jerárquico estima que las órdenes deben cumplirse sin demora, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean contrarias al ordenamiento penal o a las normas de seguridad aplicables. A instancia del funcionario, el superior jerárquico estará obligado a dar este tipo de órdenes por escrito.»

26. Se añaden los siguientes artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater:

«Artículo 22 bis

1. Cuando, en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, el funcionario descubra indicios que lleven a presumir que existe una actividad ilegal, y en particular fraude o corrupción, perjudicial para los intereses de las Comunidades, o que una conducta relacionada con el ejercicio de tareas profesionales puede constituir una falta grave a las obligaciones de los funcionarios de las Comunidades -susceptible de dar lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario o, en su caso, de un procedimiento penal-, o incumplimiento de una obligación similar frente a una institución, y con independencia del responsable -ya sea algún miembro de las instituciones o cualquier otra persona que esté de alguna forma al servicio de una institución o que preste servicios por cuenta de una institución-, informará de inmediato a su jefe de servicio o al Director General o, si lo juzga oportuno, al Secretario General, o las personas de rango equivalente, o directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

2. Todo funcionario que reciba este tipo de información comunicará de inmediato a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude los indicios de que disponga y que permitan presumir que se ha cometido alguna de las irregularidades a que se refiere el apartado 1.

3. Ningún funcionario podrá ser penalizado por la institución por haber comunicado la información a que se refieren los apartados 1 y 2, siempre que haya actuado razonable y honestamente.

4. Los apartados 1 a 3 no serán aplicables, en el Tribunal de Justicia, a los documentos, informes, notas o datos, con independencia de su soporte, que se obtengan o creen con motivo de la tramitación de un caso jurisdiccional, pendiente o concluido.

Artículo 22 ter

1. Ningún funcionario que divulgue la información definida en el artículo 22 bis al Presidente de la Comisión, al Presidente del Tribunal de Cuentas, al Presidente del Consejo, al Presidente del Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo podrá ser penalizado por la institución a la que pertenezca, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) que el funcionario estime, honesta y razonablemente, que la información divulgada y las alegaciones que pueda contener son en sustancia ciertas; y

b) que el funcionario haya comunicado previamente esa misma información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o a su institución y haya dejado transcurrir un plazo razonable para que la Oficina o la institución tome las medidas oportunas.

2. A efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 1, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, se entenderá por plazo razonable el que la Oficina o la institución, según proceda, haya indicado como plazo necesario para llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, tomar las medidas oportunas. El funcionario será debidamente informado de dicho plazo.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 no será de aplicación cuando el funcionario pueda demostrar que el plazo o plazos indicados por la Oficina o por la institución no son razonables a la luz de todas las circunstancias del caso.

4. Los apartados 1 a 3 no serán aplicables, en el Tribunal de Justicia, a los documentos, informes, notas o datos, con independencia de su soporte, que se obtengan o creen con motivo de la tramitación de un caso jurisdiccional, pendiente o concluido.

Artículo 22 quater

La protección conferida por el artículo 22 ter se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad personal en que pudiera incurrir el funcionario que divulgue la información en aplicación de las disposiciones nacionales pertinentes.»

27. En el artículo 23, se sustituye «grado A 1 a A 4» por «grado AD 12 a AD 16».

28. Los dos últimos párrafos del artículo 24 se convierten en un nuevo artículo 24 bis.

29. El antiguo artículo 24 bis se convierte en artículo 24 ter.

30. En el párrafo tercero del artículo 25, se sustituye «serán anunciadas en los edificios de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado y publicados en el Boletín mensual del personal de las Comunidades» por «serán comunicadas al personal de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado».

31. El artículo 26 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo tercero, tras las palabras «correo certificado» se añade el texto siguiente:

«enviado a la última dirección indicada por el funcionario.»

b) En el párrafo cuarto, tras las palabras «de un funcionario» se añade el texto siguiente:

«, a su origen racial o étnico o a su orientación sexual, a menos que esta información haya sido facilitada y aprobada por el interesado.»

c) Al final del párrafo sexto, tras «expediente» se añade «y, en su caso, a hacer copia de los mismos».

d) En el párrafo séptimo, tras «oficinas de la administración» se añade «o en un soporte informático protegido».

En la última frase, se suprime «ante éste».

32. Se añade el siguiente artículo 26 bis:

«Todo funcionario tendrá derecho a consultar su expediente médico en las condiciones que las instituciones determinen.»

33. En el artículo 27 se suprime el párrafo segundo.

34. El artículo 29 queda modificado del siguiente modo:

a) En el apartado 1, las letras a), b) y c) se sustituyen por las siguientes:

«a) las posibilidades de proveer la vacante mediante

i) traslado o

ii) promoción

dentro de la institución;

b) las solicitudes de transferencia de funcionarios del mismo grado de otras instituciones y/o las posibilidades de convocar un concurso interno en la institución abierto exclusivamente a los funcionarios y a los agentes temporales definidos en el artículo 2 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas.»

b) En el apartado 2, se sustituye «los funcionarios de los grados A1 y A2» por:

«los altos funcionarios (directores generales o su equivalente de los grados AD 16 o AD 15 y directores o su equivalente de los grados AD 15 o AD 14)».

35. El artículo 31 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 31

1. Los candidatos así elegidos serán nombrados en el grado del grupo de funciones especificado en la convocatoria del concurso que hayan superado.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29, los funcionarios sólo podrán ser reclutados en los grados AST 1 a AST 4 o AD 5 a AD 8.»

36. En el artículo 32, el párrafo segundo se sustituye por el siguiente:

«La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, atendiendo a la experiencia profesional del interesado, reconocerle una antigüedad adicional de 24 meses, como máximo. Se adoptarán disposiciones generales de aplicación del presente artículo.»

37. En el apartado 1 del artículo 34, el párrafo primero se sustituye por el siguiente:

«Todo funcionario deberá efectuar un período de prácticas de nueve meses antes de poder ser nombrado con carácter definitivo.»

38. En el artículo 35 se añade la siguiente letra f):

«f) licencia parental o licencia familiar.»

39. El artículo 37 queda modificado del siguiente modo:

a) En el segundo guión de la letra a) del párrafo primero, se añade «bajo la dependencia» entre «o» y «de un grupo político del Parlamento Europeo» y, al final del guión, se añade «, del Comité de las Regiones o de un grupo del Comité Económico y Social».

b) Se añade un penúltimo párrafo del siguiente tenor: «Todo funcionario en servicio activo o en excedencia voluntaria podrá presentar una solicitud de comisión de servicio o recibir una propuesta de comisión por interés del servicio.»

40. El artículo 39 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo segundo de la letra d), se sustituye «pensión de invalidez o de supervivencia» por «asignación por invalidez o pensión de supervivencia».

b) La actual letra e) se convierte en letra f).

c) Se añade la siguiente letra e):

«e) Mientras se halle en comisión de servicio, el funcionario conservará sus derechos a la subida de escalón.»

d) En la letra f), se sustituye «categoría o servicio» por «grupo de funciones».

41. El artículo 40 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo segundo del apartado 2, se sustituye «por otros dos períodos de un año» por «varias veces».

b) Se añade la siguiente frase:

«Cada renovación tendrá una duración máxima de un año.»

c) Se suprimen los párrafos tercero y cuarto del apartado 2.

d) En el párrafo segundo del apartado 3, la primera frase se sustituye por el siguiente texto:

«No obstante, si el funcionario no ejerce una actividad profesional retribuida, podrá, siempre que lo solicite a más tardar en el mes siguiente al comienzo de la excedencia voluntaria, seguir disfrutando de la cobertura prevista en dichos artículos, a condición de que sufrague la mitad de las contribuciones necesarias para la cobertura de los riesgos a que se refieren el apartado 1 del artículo 72 y el apartado 1 del artículo 73 durante el primer año de excedencia voluntaria y la totalidad de las mismas durante el período restante de dicha excedencia. Sin embargo, únicamente podrá disfrutar de la cobertura contra los riesgos contemplados en el artículo 73 si está cubierto igualmente contra los riesgos contemplados en el artículo 72. Las contribuciones se calcularán en función del último sueldo base del funcionario.»

e) En la letra d) del apartado 4, se sustituye «categoría o servicio» por «grupo de funciones» y, en la última frase, se sustituye «Hasta el momento de su reincorporación» por «Hasta tanto no se reincorpore o se halle en comisión de servicio».

42. El apartado 3 del artículo 41 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo segundo, se sustituye «de su categoría o de su servicio» por «de su grupo de funciones».

b) En el párrafo sexto, tras «coeficiente corrector» se añade «correspondiente a las pensiones».

43. Tras el artículo 42, se crea una «Sección 6: Licencia parental o familiar» y se añaden los siguientes artículos 42 bis y 42 ter:

«Artículo 42 bis

Todo funcionario tendrá derecho, por cada hijo y en los doce años siguientes al nacimiento o la adopción del mismo, a una licencia parental de una duración máxima de seis meses, sin percepción del sueldo base. La duración de esta licencia podrá duplicarse en el caso de las familias monoparentales reconocidas en virtud de las disposiciones generales de aplicación adoptadas por las instituciones. La licencia podrá concederse por tramos de una duración mínima de un mes.

Durante la licencia parental, el funcionario continuará estando afiliado al régimen de seguridad social. Seguirá adquiriendo derechos a pensión y conservará el beneficio de las asignaciones por hijos a cargo y de escolaridad. Asimismo, conservará su puesto de trabajo y tendrá derecho a la subida de escalón y a la promoción de grado. La licencia podrá consistir en un cese total de actividad o en un trabajo a media jornada. Cuando la licencia parental consista en un trabajo a media jornada, la duración máxima a que se refiere el párrafo primero se duplicará. Durante la licencia parental, el funcionario tendrá derecho a una asignación mensual de [750 euros] [6], que se reducirá en un 50% en caso de trabajo a media jornada, pero no podrá ejercer ninguna otra actividad retribuida. La contribución al régimen de seguridad social previsto en los artículos 72 y 73 será sufragada, en su totalidad, por la institución y se calculará en función del sueldo base del funcionario. No obstante, cuando la licencia se conceda en forma de trabajo a media jornada, esta disposición se aplicará exclusivamente a la diferencia entre el sueldo base íntegro y el sueldo base reducido proporcionalmente. La contribución del funcionario por la parte del sueldo base efectivamente abonada se calculará aplicando los mismos porcentajes que si trabajase a tiempo completo.

[6] Véase la nota a pie de página nº 8.

La asignación será de [1.000 euros] [7] mensuales, o el 50 % de este importe en caso de trabajo a media jornada, para las familias monoparentales a que se refiere el párrafo primero y durante los tres primeros meses de la licencia parental, cuando ésta se conceda al padre en el transcurso de la licencia por maternidad o al padre o la madre inmediatamente después de la licencia por maternidad, durante la licencia por adopción o inmediatamente después de ésta. Los importes antes señalados estarán sujetos a la misma adaptación que las retribuciones.

[7] Véase la nota a pie de página nº 8.

Artículo 42 ter

Cuando su cónyuge, un ascendiente, un descendiente o un hermano se vea afectado por una enfermedad grave o una seria discapacidad, corroboradas por un certificado médico, el funcionario tendrá derecho a una licencia familiar, sin percepción del sueldo base. La duración total de esta licencia no podrá exceder de nueve meses a lo largo de toda la carrera del funcionario.

Será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 bis.»

44. El artículo 43 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, se suprime «, salvo para los grados A1 y A2,».

b) Se añade el siguiente párrafo, que pasa a ser el párrafo segundo:

«En lo que respecta a los funcionarios del grupo de funciones AST, a partir del grado 4, el informe podrá contener, asimismo, un dictamen que indique si, a la luz de las prestaciones realizadas, el interesado posee el potencial necesario para desempeñar funciones de administrador.»

45. En el artículo 44, se añade el siguiente párrafo:

«Cuando un funcionario sea nombrado jefe de unidad, director o director general en el mismo grado, disfrutará de una subida de escalón en dicho grado en el momento en que el nombramiento se haga efectivo. Esta subida implicará un aumento del sueldo base mensual igual al porcentaje de progresión entre el primer y el segundo escalón de cada grado. Si el aumento es inferior o si el funcionario se encuentra ya en el último escalón de su grado, recibirá un suplemento del sueldo base que le permita disfrutar del aumento contemplado hasta que se haga efectiva su próxima promoción.»

46. Los artículos 45 y 46 se sustituyen por los siguientes:

«Artículo 45

La promoción se concederá por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6. Consistirá en el nombramiento del funcionario en el grado inmediatamente superior del grupo de funciones al que pertenezca. Las promociones se efectuarán únicamente mediante libre designación entre funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años y previo examen comparativo de los méritos de los candidatos. A efectos de este examen, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá tomar en consideración las responsabilidades desempeñadas por el funcionario.

Artículo 45 bis

1. A partir del grado 5, todo funcionario del grupo de funciones AST podrá acceder al grupo de funciones AD mediante traslado, con arreglo a lo previsto en el artículo 29, siempre y cuando, en particular, haya superado con éxito una serie de módulos de formación de nivel superior que garanticen que el interesado ha alcanzado un nivel equivalente al exigido en el apartado 3 del artículo 5. Las instituciones adoptarán, a través de disposiciones generales de aplicación, las normas de desarrollo de la presente disposición, en particular en lo referente a la formación y al traslado. Dichas normas deberán tener en cuenta la evolución de la carrera.

2. El mencionado traslado no incidirá en el grado y el escalón correspondientes al funcionario.

Artículo 46

Todo funcionario nombrado en un grado superior, de conformidad con lo previsto en el artículo 45, se clasificará en el primer escalón de dicho grado. No obstante, cuando sean nombrados en un grado superior con arreglo al artículo 45, los funcionarios de los grados AD 9 a AD 13 que ejerzan la función de jefe de unidad se clasificarán en el segundo escalón de su nuevo grado. Lo mismo será de aplicación a los funcionarios:

- promovidos al cargo de director o director general, o

- que ocupen el cargo de director o director general y a los que sea de aplicación lo dispuesto en la última frase del párrafo segundo del artículo 44.»

47. En el artículo 47, se añade una nueva letra g):

«g) cese incentivado;»

La antigua letra g) se convierte en letra h).

48. Se añade el siguiente artículo 47 bis:

«Artículo 47 bis

1. Con objeto de hacer frente a circunstancias excepcionales, entre las que pueden incluirse, en particular, la ampliación de la Unión a nuevos Estados miembros, la reorganización de los servicios o la redistribución de los efectivos como consecuencia de un cambio en las prioridades, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá adoptar, con respecto a un número determinado de funcionarios voluntarios, medidas orientadas al cese definitivo de sus funciones, en lo sucesivo denominado «cese incentivado».

El número de funcionarios que podrán acogerse al cese incentivado habrá de ser determinado y autorizado por la autoridad presupuestaria competente en el marco del procedimiento presupuestario.

El cese incentivado se aplicará exclusivamente a los funcionarios mayores de 50 años que hayan cumplido, como mínimo, diez años de servicio y que lo soliciten voluntariamente.

La selección entre los candidatos será efectuada, atendiendo al interés del servicio, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, previo dictamen de la Comisión paritaria.

2. Los funcionarios en situación de cese incentivado disfrutarán de una indemnización y de la cobertura del régimen común de seguro de enfermedad en las condiciones fijadas en el anexo IV.

En el período en que tengan derecho a la indemnización, y como máximo durante seis años, los funcionarios en situación de cese incentivado seguirán adquiriendo derechos a pensión de jubilación basados en el sueldo correspondiente a su grado y escalón, siempre que, durante dicho período, se abone la contribución prevista en el Estatuto en función de dicho sueldo, y sin que el total de la pensión pueda exceder del importe máximo establecido en el párrafo segundo del artículo 77. A efectos de la aplicación del artículo 5 del anexo VIII, este período se contabilizará como período de servicio.

Los ingresos percibidos por el interesado por cualquier nueva actividad profesional se deducirán de la indemnización prevista en el apartado 1, en la medida en que dichos ingresos, sumados a la indemnización, rebasen la última retribución total del funcionario calculada a partir del cuadro de sueldos vigente el primer día del mes en que deba liquidarse la indemnización.

Será de aplicación lo dispuesto en los párrafos quinto a noveno del apartado 3 del artículo 41.»

49. El artículo 48 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo tercero, se sustituye «de la categoría A y del servicio lingüístico» por «del grupo de funciones AD».

b) En el párrafo tercero, se sustituye «de las demás categorías» por «del grupo de funciones AST».

50. En el párrafo primero del artículo 49, se suprime el número «13».

51. El artículo 50 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, se sustituye «Los funcionarios titulares de puestos de trabajo de los grados A 1 y A 2» por «Los altos funcionarios, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29,».

Se sustituye «tales puestos» por «su cargo».

b) En el párrafo tercero, se suprime «, y que no sea destinado a otro puesto de trabajo de su categoría o servicio, correspondiente a su grado,».

c) En el párrafo sexto, se sustituye «artículo 9 del Anexo VIII» por «artículo 8 del anexo VIII».

52. El título de la Sección 4, «Separación por incompetencia profesional», se sustituye por «Procedimientos por incompetencia profesional».

53. El artículo 51 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 51

1. Cada institución definirá los procedimientos oportunos para poder detectar, gestionar y resolver los casos de incompetencia profesional de forma preventiva y positiva. Una vez agotados estos procedimientos, el funcionario que, a la luz de informes consecutivos de evaluación de carrera, dé pruebas de incompetencia profesional en el desempeño de sus atribuciones podrá ser separado del servicio o clasificado en un grado inferior o en un grupo de funciones inferior, bien con el mismo grado, bien con un grado inferior .

No obstante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá proponer al interesado su clasificación en un grado inferior o en un grupo de funciones inferior.

2. Toda propuesta de separación del servicio o de clasificación en un grado o grupo de funciones inferior de un funcionario deberá exponer las razones que la motivan y será comunicada al interesado.

3. El funcionario tendrá derecho a que se le comunique íntegramente su expediente personal y a hacer copia de todos los documentos relativos al procedimiento. Para preparar su defensa, dispondrá de un plazo mínimo de quince días a contar desde la fecha de recepción de la propuesta. Podrá ser asistido por una persona de su elección. El funcionario podrá presentar observaciones por escrito. Si así lo solicita, será oído por la Comisión paritaria consultiva a que se refiere el apartado 6 del artículo 9. Podrá, asimismo, citar testigos.

4. La institución estará representada ante la Comisión paritaria consultiva por un funcionario designado a tal efecto por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y dispondrá de los mismos derechos que el interesado.

5. A la luz de la propuesta y habida cuenta, en su caso, de las declaraciones presentadas verbalmente y por escrito por el interesado y los testigos, la Comisión paritaria consultiva emitirá, por mayoría, un dictamen motivado en el que indique la actuación que considera apropiada ante los hechos demostrados a instancia suya. Remitirá dicho dictamen a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y al interesado en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que haya sido llamada a pronunciarse. El presidente no participará en las decisiones de la Comisión paritaria consultiva, salvo cuando se trate de cuestiones procedimentales o en caso de empate de los votos.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptará su decisión en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que reciba el dictamen de la Comisión paritaria consultiva y tras haber oído al interesado. Dicha decisión habrá de ser motivada y fijará la fecha a partir de la cual surtirá efecto.

6. Todo funcionario separado del servicio por incompetencia profesional tendrá derecho mensualmente a una indemnización igual al sueldo base mensual correspondiente al primer escalón del grado 1, durante el período definido en el apartado 7. El funcionario tendrá derecho igualmente, durante ese mismo período, a los complementos familiares previstos en el artículo 67. La asignación familiar se calculará en función del sueldo base mensual de un funcionario de grado 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del anexo VII.

La citada indemnización no será abonada cuando el funcionario presente su renuncia tras iniciarse el procedimiento a que se refieren los apartados 1 a 3 o cuando tenga ya derecho al pago inmediato de la pensión íntegra.

7. El período durante el cual se efectuarán los pagos previstos en el apartado 6 se determinará del siguiente modo:

- si, en la fecha en que se adopte la decisión de separación, el interesado no ha cumplido aún cinco años de servicio, será de tres meses;

- si el interesado ha cumplido cinco años de servicio o más, pero menos de diez años, será de seis meses;

- si el interesado ha cumplido diez años de servicio o más, pero menos de veinte años, será de nueve meses;

- si el interesado ha cumplido más de veinte años de servicio, será de doce meses.

8. Cuando un funcionario sea clasificado en un grado o grupo de funciones inferior por incompetencia profesional, podrá, transcurrido un plazo de seis años, solicitar que se suprima de su expediente personal cualquier mención de dicha medida.

9. El interesado tendrá derecho al reembolso de los gastos en que razonablemente incurra en el transcurso del procedimiento, y en particular los honorarios pagados por su defensa a una persona ajena a la institución, cuando el procedimiento a que se refiere el presente artículo finalice sin que recaiga decisión de separación del servicio o clasificación en un grado o grupo de funciones inferior.»

54. El párrafo primero del artículo 52 queda modificado del siguiente modo:

En la parte introductoria, se sustituye «el artículo 50» por «los artículos 47 bis y 50».

55. En el artículo 54, se sustituye «tanto en su propia carrera como en la inmediatamente superior» por «tanto en su propio grado como en el inmediatamente superior».

56. El artículo 55 bis se sustituye por el siguiente:

«Artículo 55 bis

1. Todo funcionario podrá solicitar autorización para trabajar a tiempo parcial.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá conceder dicha autorización si es compatible con el interés del servicio.

La autorización se concederá automáticamente en los casos siguientes:

- para ocuparse de un niño de ocho años de edad, como máximo;

- para ocuparse de un niño de entre ocho y doce años de edad, como máximo, si la reducción del tiempo de trabajo no excede del 10% del tiempo de trabajo normal;

- para ocuparse del cónyuge, de un ascendiente, de un descendiente o de un hermano gravemente enfermo o discapacitado;

- para adquirir una formación complementaria; o

- a partir de la edad de 55 años, durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación.

No obstante, cuando la solicitud de trabajo a tiempo parcial se ampare en lo dispuesto en el cuarto o el quinto guión, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, en casos excepcionales y por motivos imperativos de interés del servicio, denegarla o aplazar la fecha a partir de la cual surtirá efecto la autorización.

Cuando la autorización se conceda por el motivo mencionado en el cuarto guión, la duración total de los períodos de trabajo a tiempo parcial no podrá exceder de cinco años a lo largo de toda la carrera del funcionario.

2. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos responderá a la solicitud del funcionario en el plazo de sesenta días.

3. Las condiciones del trabajo a tiempo parcial y el procedimiento de concesión de la autorización serán los definidos en el anexo IV bis.»

57. Se añade el siguiente artículo 55 ter:

«Artículo 55 ter

Todo funcionario podrá solicitar autorización para trabajar media jornada, con arreglo a la fórmula del empleo compartido, en un puesto que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considere adecuado a esa forma de trabajo. La autorización para trabajar media jornada en régimen de empleo compartido no tendrá una duración limitada; no obstante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá anularla en interés del servicio, notificándolo al funcionario con seis meses de antelación. Asimismo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá anular la autorización a instancia del funcionario interesado, notificándolo con seis meses de antelación, como mínimo. En este caso, el funcionario podrá ser trasladado a otro puesto.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 del anexo IV bis, a excepción de la última frase del párrafo segundo, y en el artículo 59 bis.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá establecer las condiciones de aplicación de las presentes disposiciones.»

58. El artículo 56 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo segundo, se sustituye «de las categorías A y B y del servicio lingüístico» por «del grupo de funciones AD».

b) En el párrafo tercero, se sustituye «de las categorías C y D» por «del grupo de funciones AST».

59. Se añade el siguiente artículo 56 quater:

«Artículo 56 quater

Atendiendo a las condiciones de trabajo penosas, podrá concederse una indemnización a determinados funcionarios.

El Consejo, a la luz de la propuesta que le presente la Comisión previo dictamen del Comité del Estatuto, establecerá las categorías de beneficiarios, las condiciones de otorgamiento y las cuantías de estas indemnizaciones.»

60. El artículo 58 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 58

Además de las vacaciones previstas en el artículo 57, las mujeres embarazadas tendrán derecho, previa presentación de un certificado médico, a una licencia de veinte semanas. La licencia comenzará, como máximo, seis semanas antes de la fecha probable del parto indicada en el certificado y concluirá, como mínimo, catorce semanas después de la fecha del parto. En caso de nacimiento múltiple o prematuro o de nacimiento de un niño discapacitado, la duración de la licencia será de veinticuatro semanas. A efectos de la presente disposición, se considerará prematuro todo nacimiento que tenga lugar antes de que finalice la trigesimocuarta semana de gestación.»

61. El artículo 59 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 59

1. Todo funcionario que justifique su imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente disfrutará automáticamente de licencia por enfermedad.

El interesado deberá notificar a la mayor brevedad su indisponibilidad a su institución, especificando el lugar en que se encuentra. A partir del cuarto día de ausencia deberá presentar un certificado médico. Este certificado deberá enviarse, a más tardar, el quinto día de ausencia, de lo que dará fe el matasellos de correos. En su defecto, y salvo que el certificado no se envíe por motivos ajenos a la voluntad del funcionario, la ausencia se considerará injustificada. El funcionario con licencia por enfermedad podrá, en todo momento, ser sometido a un control médico organizado por la institución. Si dicho control no puede efectuarse por motivos imputables al interesado, su ausencia se considerará injustificada a partir del día en que estuviera previsto el control.

Si estima que las conclusiones del control médico organizado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos carecen de fundamento médico, el funcionario o un médico que actúe en nombre del mismo podrá, en el plazo de dos días hábiles, presentar a la institución una solicitud de arbitraje por un médico independiente. La institución remitirá de inmediato dicha solicitud a otro médico designado de común acuerdo por el médico del funcionario y el médico-asesor de la institución. De no llegarse a tal acuerdo en el plazo de cinco días, la institución elegirá a una de las personas que figuren en la lista de médicos independientes que confeccionarán a tal fin, cada año y de común acuerdo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y el Comité de personal. El funcionario dispondrá de dos días hábiles para impugnar la elección realizada por la institución, en cuyo caso ésta seleccionará a otra persona en la lista; esta nueva elección tendrá carácter definitivo. El dictamen emitido por el médico independiente tras consultar al médico del funcionario y al médico-asesor de la institución será vinculante.

2. Cuando, a lo largo de un período de doce meses, las ausencias por enfermedad sin certificado médico de duración no superior a tres días excedan de un total de doce días, el funcionario deberá presentar un certificado médico por cualquier nueva ausencia por enfermedad.

3. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá someter a la Comisión de invalidez el caso de todo funcionario cuyas licencias por enfermedad acumuladas excedan de doce meses durante un período de tres años.

4. Un funcionario podrá ser obligado a aceptar una licencia de oficio previo examen practicado por el médico-asesor de la institución, si su estado de salud lo exige o si en su domicilio se ha declarado una enfermedad contagiosa.

En caso de discrepancia, será de aplicación el procedimiento previsto en el párrafo tercero del apartado 1.

5. Los funcionarios deberán someterse anualmente a un reconocimiento médico preventivo practicado, bien por un médico-asesor designado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, bien por un médico de su elección.

En este último caso, la institución reembolsará los honorarios del médico hasta un importe máximo fijado, por un período de tres años, como máximo, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, previo dictamen del Comité del Estatuto.»

62. El artículo 59 bis se sustituye por el siguiente:

«Artículo 59 bis

La vacación anual del funcionario que haya sido autorizado a ejercer su actividad a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente mientras dure esta actividad.»

En el artículo 66, el cuadro se sustituye por el siguiente [8]:

[8] Los importes de las retribuciones presentados en los anexos I y II se basan en los indicados en el Estatuto en [julio de 2001]; se adaptarán automáticamente por analogía con los ajustes de dichos importes decididos por el Consejo entre [julio de 2001] y la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto.

>SITIO PARA UN CUADRO>

63. Se suprime el artículo 66 bis.

64. En el párrafo primero del artículo 68, se sustituye «prevista en los artículos 41 y 50» por «prevista en los artículos 41, 47 bis y 50».

65. En el artículo 68 bis, se sustituye «realizar media jornada» por «ejercer su actividad a tiempo parcial».

66. El artículo 70 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, tras «o los hijos a su cargo»

se añade

«en el momento del fallecimiento».

b) En el párrafo segundo, tras «titular de una pensión»

se añade

«o de una asignación por invalidez».

c) En el párrafo segundo, tras «refiere a la pensión» se añade

«o asignación».

67. Se suprime el artículo 70 bis.

68. El artículo 72 queda modificado del siguiente modo:

a) Tras el párrafo primero del apartado 1, se añaden los siguientes párrafos:

«A efectos del régimen de seguro de enfermedad, la pareja reconocida del funcionario tendrá igual consideración que el cónyuge, aun cuando no se cumpla la condición prevista en el último guión de la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del anexo VII.

Las instituciones podrán, a través de la regulación a que se refiere el anterior párrafo primero, conferir a una de ellas competencia para fijar las normas por las que se regirá el reembolso de los gastos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 110.»

b) En la primera frase del apartado 1 bis, se sustituye

«que justifique no poder acogerse a otro régimen público de seguro de enfermedad»

por

«que no ejerza una actividad profesional retribuida».

c) En el apartado 1 ter, se sustituye

«que justifiquen no poder obtener reembolsos por ningún otro régimen de seguro de enfermedad»

por

«siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida».

d) En el apartado 2, se sustituye «pensión de invalidez» por «asignación por invalidez».

e) El apartado 2 bis se sustituye por el siguiente texto:

«2 bis. Tendrán derecho, asimismo, a las prestaciones previstas en el apartado 1, siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida:

- los antiguos funcionarios titulares de una pensión de jubilación que hayan cesado en el servicio de las Comunidades antes de cumplir 60 años;

- los titulares de una pensión de supervivencia causada por el fallecimiento de un antiguo funcionario que hubiese cesado en el servicio de las Comunidades antes de cumplir 60 años.

La contribución a que se refiere el apartado 1 se calculará en función de la pensión del antiguo funcionario, antes de aplicarse, en su caso, el coeficiente de reducción previsto en el artículo 9 del anexo VIII del Estatuto.

No obstante, los titulares de una pensión de orfandad únicamente disfrutarán de las prestaciones previstas en el apartado 1 si así lo solicitan. La contribución se calculará en función de la pensión de orfandad.»

f) Tras el apartado 2 bis, se añaden los siguientes apartados:

«2 ter. En el caso de los titulares de una pensión de jubilación o de supervivencia, la contribución a que se refieren los apartados 2 y 2 bis no podrá ser inferior a la calculada en función del sueldo base correspondiente al primer escalón del grado 1.

2 quater. Los funcionarios separados del servicio de conformidad con el artículo 51 y que no sean titulares de una pensión de jubilación disfrutarán igualmente de las prestaciones establecidas en el apartado 1, siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida y que sufraguen la mitad de la contribución calculada en función de su último sueldo base.»

69. En el Título V, el capítulo 3 pasa a denominarse «Pensiones y asignación por invalidez».

70. El artículo 78 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, se sustituye «carrera» por «grupo de funciones» y «pensión de» por «asignación por».

b) Los párrafos segundo a quinto se sustituyen por los siguientes:

«El artículo 52 será de aplicación por analogía a los beneficiarios de una asignación por invalidez. Si el beneficiario de una asignación por invalidez se jubila antes de cumplir los 65 años sin haber alcanzado el porcentaje máximo de derechos a pensión, se aplicarán las normas generales que regulan la pensión de jubilación. La pensión de jubilación concedida se fijará en función del sueldo correspondiente al grado y escalón en que estuviera clasificado el funcionario en la fecha en que fuera declarado inválido.

La asignación por invalidez será igual al 70% del último sueldo base del funcionario. No obstante, dicha asignación no podrá ser inferior a la renta mínima de subsistencia.

La asignación por invalidez estará sujeta a la contribución al régimen de pensiones.

Cuando la invalidez sea consecuencia de un accidente sufrido por el interesado en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, de una enfermedad profesional, de un acto de abnegación realizado en interés público o del hecho de haber expuesto su vida para salvar la de otra persona, la asignación por invalidez no podrá ser inferior al 120% de la renta mínima de subsistencia. Además, en este caso, la contribución al régimen de pensiones correrá íntegramente a cargo del presupuesto de la institución o el organismo a que se refiere el artículo 1 ter.»

71. El artículo 79 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, se sustituye «la viuda» por «el cónyuge supérstite».

b) En el párrafo primero, se sustituye «de la pensión de jubilación o invalidez» por «de la pensión de jubilación o de la asignación por invalidez».

72. Se suprime el artículo 79 bis.

73. El artículo 80 queda modificado del siguiente modo:

a) En el párrafo primero, se sustituye «de una pensión de jubilación o de invalidez» por «de una pensión de jubilación o de una asignación por invalidez» y «los hijos a su cargo, según el artículo 2 del Anexo VII,» por «los hijos que, según el artículo 2 del Anexo VII, estuvieren a su cargo en el momento del fallecimiento».

b) El párrafo cuarto se sustituye por el siguiente texto:

«En el caso de las personas asimiladas a hijos a cargo en virtud de lo previsto en el apartado 4 del artículo 2 del anexo VII, la pensión de orfandad no podrá rebasar un importe igual al doble de la asignación por hijo a cargo.»

c) Tras el cuarto párrafo se añade el siguiente:

«En caso de adopción, el fallecimiento del progenitor biológico que haya sido sustituido por el padre o la madre adoptivos no podrá dar lugar al pago de una pensión de orfandad.»

d) En el párrafo sexto, se sustituye «al artículo 50» por «a los artículos 47 bis o 50».

e) Se añade el siguiente párrafo:

«El titular de una pensión de orfandad no podrá recibir varias pensiones de orfandad comunitarias. De tener derecho a varias, percibirá la más elevada.»

74. El párrafo primero del artículo 81 queda modificado del siguiente modo:

a) Se suprime «que hubiere adquirido el derecho a la misma a los 60 años o, pasada esta edad».

b) Se sustituye «el beneficiario de una pensión de invalidez» por «, de una asignación por invalidez».

Se añade la siguiente frase:

«El beneficiario de una pensión de supervivencia únicamente tendrá derecho a dichos complementos por los hijos a cargo del funcionario o antiguo funcionario en el momento de su fallecimiento.»

En la letra e) del apartado 1 del artículo 81 bis, se sustituye «al artículo 41 o al artículo 50 del Estatuto» por «a los artículos 41, 47 bis o 50 del Estatuto».

75. El artículo 82 queda modificado del siguiente modo:

a) El apartado 1 queda modificado del siguiente modo:

i. El párrafo segundo queda modificado del siguiente modo:

- Se sustituye «Se les aplicará» por «Se aplicará a tales pensiones».

- Se sustituye «coeficiente corrector fijado por el país» por «coeficiente corrector correspondiente a las pensiones fijado para el país».

- Se sustituye «tener su residencia» por «tener su residencia principal».

- Se añade la siguiente frase: «Dicho coeficiente corrector se determinará con arreglo a lo dispuesto en el anexo XI.»

ii. En el párrafo cuarto, se suprime «en las condiciones dispuestas en el párrafo segundo del artículo 63».

b) El apartado 2 queda modificado del siguiente modo:

i. Se sustituye «Si» por «Cuando».

ii. Se sustituye «aprobase un aumento de las retribuciones» por «apruebe una adaptación de las retribuciones».

iii. Se sustituye «esta misma autoridad aprobará simultáneamente un aumento correlativo de las pensiones, según el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 65.» por «esa misma adaptación se aplicará a las pensiones.»

c) Se añade el siguiente apartado 3:

«3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable por analogía a los beneficiarios de una asignación por invalidez».

76. Se suprime el apartado 4 del artículo 83.

77. Se añade el siguiente artículo 83 bis:

«Artículo 83 bis

«1. El equilibrio del régimen de pensiones quedará garantizado de conformidad con lo previsto en el anexo XII.

2. Los organismos comunitarios descentralizados que no se financien a través del presupuesto de las Comunidades ingresarán en dicho presupuesto la totalidad de las contribuciones necesarias para financiar el régimen de pensiones.

3. Con motivo de la evaluación actuarial quinquenal efectuada de conformidad con el anexo XII, y a fin de garantizar el equilibrio del régimen, el Consejo decidirá el porcentaje de la contribución y modificará, en su caso, la edad de jubilación.

4. La Comisión presentará cada año al Consejo una versión actualizada de la evaluación actuarial, de conformidad con el apartado 2 del artículo 1 del anexo XII. En el supuesto de que en ella quede patente una diferencia de 0,25 puntos, como mínimo, entre el porcentaje de la contribución vigente y el que resulta necesario para mantener el equilibrio actuarial, el Consejo estudiará si es oportuno adaptar el porcentaje con arreglo a las normas fijadas en el anexo XII.

5. A efectos de la aplicación de los apartados 3 y 4 del presente artículo, el Consejo se pronunciará a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, según lo previsto en el primer guión del apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. A efectos de la aplicación del apartado 3, la Comisión presentará su propuesta previo dictamen del Comité del Estatuto.»

78. En el artículo 85, se añade el siguiente párrafo:

«La devolución deberá solicitarse, a más tardar, al término de un plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se haya abonado la cantidad. Este plazo no será oponible a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos cuando ésta pueda demostrar que el interesado ha inducido deliberadamente a error a la Administración con vistas a obtener el pago de la cantidad considerada.»

79. En el sexto guión del apartado 2 del artículo 85 bis, se sustituye «pensión de invalidez» por «asignación por invalidez».

80. Los apartados 2 y 3 del artículo 86 se sustituyen por los siguientes:

«2. Cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude tengan conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de un incumplimiento, a efectos de lo previsto en el apartado 1, podrán iniciar una investigación administrativa con vistas a verificar la existencia de tal incumplimiento.

3. Las normas y procedimientos disciplinarios y las normas y procedimientos relativos a las investigaciones administrativas serán los que se establecen en el anexo IX del Estatuto.»

81. Se suprimen los artículos 87, 88 y 89.

82. En el artículo 90, se suprimen los apartados 3 y 4.

83. Se añaden los siguientes artículos 90 bis, 90 ter y 90 quater:

«Artículo 90 bis

Cualquier persona a la que sea de aplicación el presente Estatuto podrá presentar al Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude una petición, con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 90, en la que le invite a tomar a su favor una decisión relativa a una investigación de la Oficina. Asimismo, podrá presentarle una reclamación, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 90, contra un acto de la Oficina relacionado con una investigación de la misma que le sea lesivo.

Artículo 90 ter

Cualquier persona a la que sea de aplicación el presente Estatuto podrá presentar al Supervisor Europeo de Protección de Datos una petición o una reclamación, con arreglo a lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 90, dentro de su ámbito de competencias.

Artículo 90 quater

Las peticiones y reclamaciones relativas a ámbitos en los que se haya hecho uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 serán presentadas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos delegataria.»

84. En el artículo 91 bis,

se suprime la primera frase;

la segunda frase queda redactada del siguiente modo:

«Los recursos en ámbitos en los que se haya hecho uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 serán interpuestos contra la institución de la que dependa la autoridad facultada para proceder a los nombramientos delegataria.»

85. Los artículos 92, 93 y 94 se sustituyen por los siguientes:

«Artículo 92

El presente Título establece las disposiciones particulares aplicables a los funcionarios de las Comunidades que ocupen puestos de trabajo retribuidos con cargo a los créditos asignados al presupuesto de investigación e inversión y clasificados de conformidad con la sección A del anexo I.

Artículo 93

Atendiendo a las condiciones de trabajo penosas, podrá concederse una indemnización a algunos de los funcionarios a que se refiere el artículo 92.

El Consejo, a propuesta de la Comisión, establecerá las categorías de beneficiarios, las condiciones de otorgamiento y las cuantías de estas indemnizaciones.

Artículo 94

No obstante lo previsto en el párrafo segundo de los artículos 56 bis y 56 ter, y únicamente en circunstancias excepcionales en que ello se justifique por las exigencias del servicio, las normas de seguridad o las obligaciones nacionales o internacionales, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos designará a los funcionarios contemplados en el artículo 92 que podrán acogerse a las disposiciones de los citados artículos.»

86. Se suprimen los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 y 107.

87. Se añade el siguiente artículo 107 bis:

«Artículo 107 bis

Se establecen disposiciones transitorias en el anexo XIII.»

88. El artículo 110 queda modificado del siguiente modo:

a) El párrafo primero se convierte en apartado 1, el párrafo segundo en apartado 3 y el párrafo tercero en apartado 4.

b) En el apartado 1, se añade la siguiente frase:

«Las agencias aprobarán, previa consulta a su Comité de personal respectivo y de común acuerdo con la Comisión, las disposiciones oportunas para la aplicación del presente Estatuto.»

Se añade el siguiente apartado 2:

«2. A efectos de la adopción de las reglamentaciones de común acuerdo entre las instituciones, las agencias no se asimilarán a instituciones. No obstante, la Comisión consultará a las agencias antes de la adopción de dichas reglamentaciones.»

c) En el apartado 4, se añade la siguiente frase:

«Las agencias estarán representadas conjuntamente en tales consultas, de conformidad con las normas fijadas de común acuerdo entre ellas.»

89. El anexo I se sustituye por el siguiente:

«Anexo I: Tipos de puestos de trabajo»

A. Tipos de puestos de trabajo en cada grupo de funciones, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 5

>SITIO PARA UN CUADRO>

B. Porcentajes de promoción mínimos a que se refiere el apartado 2 del artículo 6

>SITIO PARA UN CUADRO>

90. El anexo II queda modificado del siguiente modo:

a) En el artículo 1, tras la primera frase del párrafo segundo, se añade la siguiente frase:

«La institución podrá, no obstante, decidir que las condiciones de elección se determinen según la preferencia expresada por el personal de la institución consultado por referéndum.»

b) En el párrafo cuarto del artículo 1, se sustituye «de todas las categorías y servicios de funcionarios» por «de todos los grupos de funciones».

c) En el artículo 3 bis, se sustituye «el párrafo tercero del artículo 2» por «el apartado 2 del artículo 2».

d) Se suprime la sección 3 («Consejo de disciplina»).

e) En el párrafo primero del artículo 10, tras «anualmente» se añade «, a partes iguales,» y tras «proceder a los nombramientos» se añade «y por el Comité de personal».

f) En el artículo 10, se sustituye «funcionarios superiores» por «funcionarios del grupo de funciones AD».

g) Se añade la siguiente sección 6:

«Sección 6: Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional

Artículo 12

La Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional estará compuesta por un presidente y, al menos, dos miembros, que habrán de ser funcionarios de grado AD 14, como mínimo. La mitad de los miembros serán designados por el Comité de personal y la otra mitad por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. El presidente será nombrado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a partir de una lista de candidatos confeccionada en concertación con el Comité de personal.

Cuando el caso estudiado se refiera a un funcionario de grado AD 14 o inferior, la Comisión paritaria consultiva estará integrada por dos miembros adicionales designados del mismo modo que los miembros permanentes, pertenecientes al mismo grupo de funciones que el funcionario afectado y de su mismo grado.

Cuando la Comisión paritaria consultiva deba examinar el caso de un alto funcionario, según se define en el apartado 2 del artículo 29, se creará una Comisión paritaria consultiva ad hoc especial compuesta por dos miembros nombrados por el Comité de personal y dos miembros nombrados por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, cuyo grado será, como mínimo, igual al del funcionario afectado.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos y el Comité de personal acordarán un procedimiento ad hoc para designar a los dos miembros adicionales a que se refiere el párrafo segundo cuando deba estudiarse el caso de un funcionario destinado a un país no comunitario o de un agente contractual.»

91. El anexo III queda modificado del siguiente modo:

a) El apartado 1 del artículo 1 queda modificado del siguiente modo:

i. En el párrafo tercero, se sustituye «el párrafo tercero del artículo 2» por «el apartado 2 del artículo 2».

ii. En la letra c) del párrafo segundo, se añade «, así como el grupo de funciones y el grado propuestos».

iii. En la letra i) del párrafo segundo, se sustituye «la letra a) del artículo 28» por «la letra a) del apartado 1 del artículo 28».

b) El artículo 3 queda modificado del siguiente modo:

i. El párrafo primero se sustituye por el siguiente:

«El tribunal estará compuesto por un presidente designado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y varios miembros designados a partes iguales por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el Comité de personal.»

ii. En el párrafo segundo, se sustituye «el párrafo tercero del artículo 2» por «el apartado 2 del artículo 2».

iii. En el párrafo cuarto, tras «ser de» se añade:

«un grupo de funciones y».

c) En el artículo 4, se sustituye «las letras a), b) y c) del artículo 28» por «las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 28)».

92. El anexo IV queda modificado del siguiente modo:

a) En el título, tras «artículos 41» se añade:

«, 47 bis».

b) El artículo único queda modificado del siguiente modo:

i. El apartado 2 se sustituye por el siguiente:

«2. Los funcionarios en relación con los cuales se haga uso de lo dispuesto en el artículo 47 bis del Estatuto tendrán derecho, durante un período que se determinará, en función de su edad y del tiempo de servicio prestado, a partir del cuadro que figura en el apartado 5, a una indemnización mensual igual:

- al 70% de su sueldo base durante los cuatro primeros años,

- al 60% de su sueldo base posteriormente.»

ii. En el apartado 3, se sustituye «en los artículos 41 y 50» por «en los artículos 41, 47 bis y 50».

iii. El apartado 1 bis se convierte en apartado 4.

Iv En el párrafo primero de este apartado, tras «funcionario» se añade «al que se aplique lo previsto en los artículos 41, 47 bis y 50 del Estatuto» y se sustituye «no pueda quedar cubierto por otro régimen público contra las mismas contingencias» por «no ejerza una actividad profesional retribuida».

93. El anexo IV bis se sustituye por el siguiente:

«Anexo IV bis

Trabajo a tiempo parcial

Artículo 1

El funcionario presentará su solicitud de autorización para trabajar a tiempo parcial a su superior jerárquico directo, como mínimo, dos meses antes de la fecha de comienzo prevista, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.

La autorización podrá concederse por un período mínimo de un mes y un período máximo de tres años, sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 15 y en el quinto guión del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 55 bis.

La autorización podrá ser renovada en las mismas condiciones. El funcionario interesado deberá presentar la solicitud de renovación, como mínimo, dos meses antes de que expire el período por el cual se haya concedido la autorización. El trabajo a tiempo parcial no podrá tener una duración inferior a la mitad del tiempo de trabajo normal.

Todo período de actividad a tiempo parcial comenzará el primer día de un mes, salvo en casos debidamente justificados.

Artículo 2

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, a instancia del funcionario interesado, anular la autorización antes de que expire el período por el cual se haya concedido. La fecha de anulación no podrá ser posterior a la propuesta por el funcionario en más de dos meses, o en más de cuatro meses si el trabajo a tiempo parcial se autorizó por un período superior a un año.

En casos excepcionales y en interés del servicio, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá anular la autorización antes de que expire el período por el cual se haya concedido, siempre que lo notifique con dos meses de antelación.

Artículo 3

Durante el período en que esté autorizado a trabajar a tiempo parcial, el funcionario tendrá derecho a un porcentaje de su retribución equivalente al porcentaje del tiempo laboral normal trabajado. No obstante, este porcentaje no se aplicará a la asignación por hijos a cargo, al importe base de la asignación familiar y a la asignación por escolaridad.

Las contribuciones al régimen de seguro de enfermedad se calcularán en función del sueldo base de un funcionario que trabaje a tiempo completo. Las contribuciones al régimen de pensiones se calcularán en función del sueldo base de un funcionario que trabaje a tiempo parcial. El funcionario podrá, asimismo, solicitar que las contribuciones al régimen de pensiones se calculen en función del sueldo base de un funcionario que trabaje a tiempo completo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.

Durante el período de trabajo a tiempo parcial, el funcionario no estará autorizado para realizar horas extraordinarias ni para ejercer ninguna otra actividad retribuida.

Artículo 4

No obstante lo dispuesto en la primera frase del párrafo primero del artículo 3, los funcionarios mayores de 55 años autorizados a reducir su actividad a media jornada como fase previa a la jubilación disfrutarán de un sueldo base reducido igual al resultado de aplicar al sueldo base a tiempo completo el más elevado de los dos porcentajes siguientes:

- bien el 60 %,

- bien el porcentaje, calculado al comienzo de la actividad a media jornada, correspondiente a las anualidades perfeccionadas, a tenor de lo previsto en los artículos 2, 3, 4, 5, 9 y 9 bis del anexo VIII, incrementado en un 10%.

Todo funcionario que se acoja a lo dispuesto en el presente artículo estará obligado, al término de su actividad a media jornada, bien a jubilarse, bien a reembolsar los importes que excedan del 50% del sueldo base que haya percibido durante el período de actividad a media jornada.

Artículo 5

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá establecer las condiciones de aplicación de las presentes disposiciones.»

94. El anexo V queda modificado del siguiente modo:

a) El artículo 6 queda modificado del siguiente modo:

i. En el séptimo guión del párrafo primero, se suprime «nacimiento o».

ii. Tras el séptimo guión del párrafo primero, se añaden los siguientes guiones:

«- por nacimiento de un hijo: diez días, que deberán tomarse en las catorce semanas siguientes al nacimiento,

- por fallecimiento de la esposa durante la licencia por maternidad: el número de días restantes de dicha licencia; si la esposa no es funcionaria, el número de días restantes de la licencia por maternidad se determinará aplicando, por analogía, lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto;»

iii. Tras el antiguo octavo guión del párrafo primero, se añade el siguiente:

«- por enfermedad muy grave de un hijo, certificada por un médico, u hospitalización de un hijo de doce años o menos: hasta cinco días,».

iv. Tras el antiguo noveno guión del párrafo primero, se añade el siguiente:

«- por adopción de un hijo: veinte semanas, que pasarán a veinticuatro en caso de adopción de un hijo discapacitado.

Cada hijo adoptado dará derecho a una sola licencia especial, que podrá dividirse entre los padres adoptivos si ambos son funcionarios. La licencia se concederá exclusivamente si el cónyuge del funcionario ejerce una actividad retribuida, al menos a tiempo parcial. En el supuesto de que el cónyuge trabaje fuera de las instituciones europeas y disfrute de una licencia comparable, se deducirá un número de días equivalente del permiso a que tenga derecho el funcionario.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, en caso de necesidad, otorgar una licencia especial suplementaria en el supuesto de que la legislación nacional del país en que se lleve a cabo el procedimiento de adopción, siempre que no sea aquel en que trabaje el funcionario adoptante, exija la estancia in situ de uno de los padres adoptivos o ambos.

Se concederá una licencia especial de diez días si el funcionario no tiene derecho a la licencia especial íntegra de veinte o veinticuatro semanas al amparo de lo dispuesto en la primera frase del presente guión;