A4-0201/96

Resolución referente al informe del Grupo de Expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa en la Comunidad («desreglamentación») (COM(95)0288 - C4-0255/95 - SEC(95)1379)

El Parlamento Europeo,

- Vistos el informe de 21 de junio de 1995 del Grupo de Expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa, constituido por la Comisión en septiembre de 1994 para estudiar el impacto de la legislación comunitaria y nacional en el empleo y la competitividad con vistas a la posible reducción y simplificación de ésta, y las reservas expresadas por diversos miembros del Grupo de Expertos,

- Visto el apoyo a este proyecto expresado por el Consejo Europeo (reuniones de Corfú y Essen),

- Vistos los comentarios de la Comisión al informe del Grupo de Expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa (COM(95)0596 - SEC(95)2121),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo Europeo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación («Legislar mejor») (COM(95)0580),

- Vistas sus numerosas resoluciones sobre la técnica legislativa, la transparencia, la codificación y la aplicación del Derecho comunitario,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4- 0201/96),

A. Considerando que en la actual situación del mercado laboral de la Comunidad debe fomentarse, de manera prioritaria y agotando todas las posibilidades, la creación de puestos de trabajo,

B. Considerando que en vista de la difícil situación que atraviesa la economía de la Comunidad debe reforzarse su competitividad frente a la competencia extraeuropea,

C. Considerando que los proyectos legislativos a nivel de la Comunidad no pueden contemplarse exclusivamente desde el punto de vista de sus repercusiones sobre la economía sino que han de integrarse en un marco político global de orientación, que, entre otros, debe tener en cuenta los derechos de cada uno de los ciudadanos europeos, los derechos de los trabajadores y los intereses en materia de protección tanto del medio ambiente como de la salud,

D. Considerando que la noción de simplificación legislativa también debe entenderse en el sentido de que el Derecho comunitario debe hacerse accesible a los ciudadanos europeos, ocupando a ese respecto el primer plano la claridad y la legilibilidad y con ello también la mayor comprensibilidad de las disposiciones jurídicas como importante factor para su aceptación por los ciudadanos,

E. Considerando que la simplificación y la reducción de los textos legislativos no debe conducir a un cuestionamiento encubierto del acervo comunitario,

F. Considerando que el grado y la forma en que las disposiciones de la Comunidad sobrecargan a la economía dependen en gran medida de la manera en que se transpongan las disposiciones comunitarias al Derecho de los Estados miembros, lo que escapa, sin embargo, a la influencia de las Instituciones comunitarias,

G. Considerando que ha de introducirse una «lista de criterios» para la adopción de disposiciones legislativas como componente obligatorio de la preparación de todo nuevo proyecto legislativo con objeto de impedir las tendencias hacia un exceso de reglamentación, lo que permitirá configurar el procedimiento legislativo de manera más abierta y al mismo tiempo más efectiva y establecer simultáneamente unas normas jurídicas que garanticen la máxima coherencia y aplicabilidad,

H. Considerando que el asunto de la encefalopatía espongiforme bovina muestra que una desreglamentación apresurada y poco pensada, que en este caso afecta al funcionamiento de los servicios veterinarios, puede tener a cierto plazo consecuencias graves e inesperadas,

I. Considerando que la aplicación del principio de subsidiariedad no debería llevar a un debilitamiento de la legislación comunitaria que garantiza las normas mínimas en materia de seguridad y salud de los consumidores, sus derechos, sus intereses económicos o su información,

J. Considerando que debe contemplarse una «lista de criterios» que sirva de criterio de revisión de las disposiciones comunitarias ya existentes,

1. Se pronuncia sobre las propuestas generales del informe del Grupo de Expertos independientes de la forma siguiente:

1. 1. Debe reconocerse que el Grupo de Expertos ha elaborado propuestas generales, es decir independientes de los distintos ámbitos, con objeto de reflejar la «concepción metódica» que debe seguir la actuación comunitaria de las instituciones de la Comunidad así como de los Estados miembros;

1. 2. En los capítulos 2 a 5 del Informe del Grupo de Expertos independiente se someten a un examen separado diversos sectores que revisten importancia para la economía europea. Exceptuando la referencia al escaso margen de tiempo del que disponía el Grupo para concluir sus trabajos, en el informe no se incluye ninguna justificación convincente de la selección de dichos sectores. Sin embargo, hubiera sido deseable que figurara tal justificación en vista del mandato que le otorgó la Comisión, en particular, respecto a la elección de la política social y de medio ambiente;

1. 3. El informe parte sin más de una interacción entre la simplificación legislativa, de una parte, y el reforzamiento de la competitividad y el crecimiento de la economía europea, creando así nuevos puestos de trabajo, por otra, sin abordar, sin embargo, las interrelaciones existentes entre estos factores;

1. 4. El Grupo de Expertos no ha abordado la cuestión de la relación entre la simplificación legislativa a escala comunitaria y la simplificación legislativa a nivel de los Estados miembros y, en particular, no ha examinado los efectos de aquella desreglamentación a nivel europeo que puede implicar una renacionalización de las disposiciones aplicables y tener consecuencias sobre el empleo y el funcionamiento del mercado único;

1. 5. El informe adolece en lo esencial de nuevas propuestas de soluciones. Esto vale, en particular para la «lista de criterios» contenida en las propuestas generales 4 y 6 para los actos legislativos comunitarios;

1. 6. Otras propuestas (como, por ejemplo, la propuesta 7 relativa a la publicación de los estudios realizados por expertos, la propuesta 11 que se refiere a las repercusiones de los actos legislativos en la práctica y la propuesta 17 que hace referencia al programa legislativo de la Comisión) corresponden a la práctica ya habitual de la Comisión. Por lo demás, la publicación de todas las medidas preparatorias o complementarias de un acto jurídico no va a beneficiar obligatoriamente a la simplificación legislativa (la cuestión clave es la posibilidad de acceso de los ciudadanos europeos a las normas comunitarias;

1. 7. La propuesta 1 del informe, en la que se pide que se acelere la codificación de las normas comunitarias, debe ser acogida con satisfacción; la codificación es la forma de simplificación más urgente y la que puede realizarse de manera más sencilla. Facilita la determinación del acto legislativo comunitario pertinente en cada caso, permite ahorrar con ello gastos y fomenta la confianza no sólo del sector económico sino también de los ciudadanos en la comunidad jurídica europea;

1. 8. También debe acogerse por principio con satisfacción la exigencia de un programa de simplificación que abarque las disposiciones nacionales resultantes de la transposición (propuesta 2 del informe). Sin embargo, para la realización de este proyecto, la Comisión necesita recibir el mandato correspondiente del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo;

1. 9. En relación con la verificación del Derecho comunitario en vigor (del acervo comunitario) con vistas a la simplificación legislativa debe garantizarse el mantenimiento de la coherencia de cada ámbito reglamentario y que no se generen inseguridades y desigualdades jurídicas;

1. 10. Los proyectos legislativos comunitarios deben estar basados en un diálogo lo más amplio posible (como también se pide en la propuesta 8 del informe). Debe celebrarse una audiencia en cada fase de la configuración conceptual y en cualquier caso ya antes de la elaboración del primer proyecto legislativo Sólo una consulta configurada en este sentido posibilita una valoración de los aspectos de la subsidiariedad y de la proporcionalidad. Debería tener lugar por principio de manera abierta (= «Libros Blancos» o «Libros Verdes»). Cuando se necesiten unos conocimientos técnicos particulares, los afectados deberían participar directamente en la elaboración de las iniciativas legislativas. Han de reforzarse las consultas específicas a los Estados miembros;

1. 11. La simplificación y la aplicación de los textos reglamentarios debe hacerse en el estricto respeto de los procedimientos previstos por los Tratados y de las prerrogativas del Parlamento Europeo, en particular, en lo que respecta a los fundamentos jurídicos y a los procedimientos de modificación de los textos en cuestión;

1. 12. No puede aceptarse la propuesta 15 del informe. La elección entre el reglamento o la directiva en cuanto forma jurídica de una medida que se pretende establecer sólo existe en los casos en que el fundamento jurídico pertinente permite estas dos formas jurídicas. De acuerdo con el principio de la proporcionalidad, la necesidad y la intensidad de una reglamentación deben examinarse siempre tomando en consideración el objetivo al que se aspira. Por ello, las directivas deberían ser siempre prioritarias en aquellos casos en que resulten suficientes para los objetivos de la Comunidad;

1. 13. Toda propuesta legislativa a nivel comunitario debería ser en el futuro examinada según los criterios siguientes:

a) ¿Es absolutamente indispensable intervenir o puede confiarse la solución del problema o de la situación a la autorregulación o a otros mecanismos de orientación o solución? (= examen de la motivación, la razón de la actuación estatal en el sentido de una justificación de la actuación legislativa);

¿Resulta esta justificación de un análisis jurídico comparativo de las disposiciones jurídicas nacionales existentes?

b) Una vez que se ha contestado positivamente a la pregunta relativa a la necesidad de actuar: ¿qué posibilidades de actuación existen? (por ejemplo, la actuación estatal);

- ¿Qué nivel debe actuar en aplicación del principio de subsidiariedad?

- ¿Es sólo la lay el único modelo de solución? ¿Cabe eventualmente considerar como alternativas una actuación informal del legislador o unas medidas de los afectados tomadas bajo su propia responsabilidad?¿No sería superflua una nueva reglamentación si se introdujeran mejoras en la ejecución?

- En caso de que se requiera un acto legislativo, ¿es necesario un reglamento o basta una directiva?

- ¿Existe una necesidad inmediata de actuar? ¿Puede fijarse un plazo para la medida? ¿Es adecuado el plazo? ¿Es oportuno revisar la medida en un plazo apropiado?

c) Posteriormente deben sopesarse los costes y los beneficios que cabe esperar de la reglamentación planeada tanto para el Estado como para los círculos afectados por ella (análisis costes-beneficios). ¿Justifica también el resultado de este análisis la medida planeada si los costes superan a los beneficios? Además de los beneficios de tipo económico, este análisis deberá tener en cuenta, también, otras consideraciones como, en particular, las repercusiones sobre un desarrollo ecológico sostenido así como aspectos jurídicos de tipo social.

d) Finalmente ha de llevarse a cabo una valoración con vistas a determinar si sobre la base de los pasos efectuados hasta entonces está justificado o no presentar el proyecto en forma de proyecto legislativo;

1. 14. El objetivo primordial de la simplificación y de la mejora legislativa es impulsar el empleo y la creación de puestos de trabajo mediante el aumento de la rentabilidad y la competitividad, especialmente de las PYME, lo que podría lograrse gracias a un marco jurídico de la UE claro, conciso, comprensible, consolidado y sostenible de forma realista, cuya meta fuera la creación de un ambiente estable para las inversiones y el crecimiento, garantizando una aplicación y ejecución uniformes que contribuyeran a la realización del mercado único;

1. 15. Aunque importantes, la simplificación y la mejora legislativas no son los problemas más importantes a los que se enfrentan el empleo, la rentabilidad y la competitividad en Europa;

1. 16. Debe rechazarse toda definición de la simplificación y de la mejora legislativas que incluya el concepto de desreglamentación o la idea de que la mejor ley es la que está abolida; opina, sin embargo, que el exceso de trámites burocráticos está sofocando a las pequeñas y medianas empresas y a la creación de puestos de trabajo;

1. 17. Las cargas normativas recaen con más peso en las PYME que en las grandes empresas y, por lo tanto, afectan a la competencia;

1. 18. La Comisión advertirá que su encomiable compromiso con la subsidiariedad y la proporcionalidad con miras a la simplificación y a una mejor legislación no puede permitir que el proteccionismo nacional socave el mercado interior;

1. 19. Se acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión y del Consejo de consolidar la legislación europea y de mejorar la legislación en 1996;

1. 20. Se pide, por lo tanto, a la Comisión que sea más vigilante, que intensifique su control sobre la aplicación de la legislación europea por parte de los Estados miembros y que no dude en hacer uso de los poderes que le confiere el artículo 171 del Tratado CE si se plantean esos casos;

1. 21. Se pide al Presidente que garantice que el «modus vivendi» del procedimiento de codecisión funcione con eficacia y se pide a los presidentes de comisión que asuman seriamente sus responsabilidades para supervisar el ejercicio de los poderes ejecutivos de la Comisión;

1. 22. El Parlamento Europeo debería tener la facultad de modificar o vetar las propuestas legislativas elaboradas por la Comisión con arreglo a los acuerdos de la «comitología» cuando el comité competente no haya emitido dictamen en el plazo señalado por su presidente;

1. 23. Se reconoce una vez más que la Unión Europea está realizando actualmente la mayor campaña de simplificación en la historia económica moderna al intentar sustituir 15 reglamentos y normas diferentes por una sola;

1. 24. Se pide a la Comisión que examine el papel que puede desempeñar en el futuro la Agencia Europea de Medio Ambiente en el ámbito de la aplicación y del respeto de la legislació comunitaria, así como que aplique de forma consecuente los artículos 169 y 171, a fin de garantizar una aplicación y un respeto uniformes del Derecho comunitario en la totalidad de los Estados miembros;

2. Se pronuncia sobre las propuestas concretas de cada ámbito del informe del Grupo de Expertos independientes de la forma siguiente:

2. 1. Las propuestas en el ámbito del Derecho laboral tendentes a disminuir el nivel de protección de los trabajadores a nivel europeo son inaceptables, en particular, las denunciadas por la Comisión en sus comentarios críticos; lo anterior es particularmente cierto en lo que respecta a la reglamentación en materia de higiene y seguridad, ámbitos en los que una reducción del nivel de protección es inaceptable;

2. 2. Una desreglamentación de las disposiciones de la UE en materia de Derecho laboral no tiene por qué favorecer necesariamente la competitividad de la industria europea, ya que existen otros factores que influyen también considerablemente en la competitividad más bien pone en peligro la paz social y perjudica la salud y la seguridad de los trabajadores;

2. 3. Desde el punto de vista de la competitividad y del empleo así como del proceso de aproximación de los Estados miembros, es sumamente importante para las disposiciones laborales que sigan unas normas mínimas armonizadas, tal como se resalta en los informes de la UNICE y de la CES; juzga por lo tanto, que la Comisión debería examinar si no hay otras cuestiones del ámbito social que deberían incluirse en la legislación comunitaria;

2. 4. Las propuestas de desreglamentación en materia social no pueden aceptarse, pues tendrían como consecuencia el fomento del «dumping» social en el seno de la Unión Europea así como una disminución de la protección de los trabajadores;

2. 5. Pide a la Comisión que haga un análisis de las causas por las que no se incorporan las directivas comunitarias al Derecho nacional; a pesar de que, en su Libro Blanco sobre la política social, la Comisión hace hincapié en el problema de la aplicación, en el ámbito social, principalmente en lo que respecta a la salud y seguridad en el trabajo, se han adoptado pocas decisiones que mejoren su aplicación; se recuerdan a la Comisión sus obligaciones como guardiana de los Tratados y se pide que se mejore la aplicación haciendo uso del artículo 171 en aquellos casos en que proceda; se pide asimismo que se proceda a un análisis de las diferencias en la aplicación, por Estado miembro;

2. 6. La Comisión debería presentar propuestas legislativas lo bastante detalladas como para lograr una mejora y un fomento efectivos de las prácticas y disposiciones legales en materia de salud y seguridad, de conformidad con el artículo 118 A del Tratado CE y la legislación vigente;

2. 7. La Comisión debería aclarar cómo se lleva a cabo en los diferentes Estados miembros el control de la aplicación de las disposiciones en vigor (control en el mercado y en el lugar de trabajo) y cómo se podría armonizar y apoyar el control mediante medidas comunes de la UE;

2. 8. Se pide a la Comisión que establezca los derechos sociales fundamentales para todos los trabajadores independientemente de su categoría. Los derechos deberán ser de aplicación directa en los Estados miembros, si bien deberá contemplarse la posibilidad de que la legislación comunitaria los complete en caso necesario; además, los derechos deberán ser claros y de fácil interpretación;

2. 9. No deberán ponerse en entredicho las normas en materia de Derecho laboral y de salud y seguridad en el puesto de trabajo y éstas deberán configurarse de manera más transparente para los interesados; la tesis que se defiende en el informe (y que expresa la opinión mayoritaria del Grupo de Expertos) de que la desreglamentación en este ámbito mejora la competitividad y el empleo no está en absoluto demostrada;

2. 10. Las pequeñas y medianas empresas, y no las grandes, son los principales creadores de empleo en el mercado interior europeo, y debe lamentarse, en particular, que el sector de las PYME no cuente con una representación más importante entre los miembros del Grupo de Expertos;

2. 11. Se pide a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que el sector de las PYME participe plenamente en el proceso de consulta permanente;

2. 12. Se pide a la Comisión que, con la plena participación de los agentes sociales, estudie las posibilidades de un enfoque diferenciado y minimalista para las PYME y la legislación, un procedimiento específico para evaluar el impacto en las PYME y una prueba del impacto de la legislación en las PYME;

2. 13. Deben rechazarse gran parte de las recomendaciones básicas recogidas en el informe del Grupo de Expertos en su versión actual, ya que son poco diferenciadas y tienen como objetivo una revisión de la política en materia de medio ambiente, revisión contraria a los principios contractuales recogidos en los artículos 130 R a 130 T del Tratado CE, en particular, en la medida en que se renuncia a una normativa jurídica vinculante y europea en materia de medio ambiente;

2. 14. Las medidas de desregularización son contrarias a la necesaria armonización de las disposiciones en materia de medio ambiente;

2. 15. Queda excluida la posibilidad de reducir los niveles en el ámbito del medio ambiente, de la salud pública y de la protección del consumidor, y el principio de la prevención debe mantenerse y aplicarse como principio básico de la legislación de la UE en materia de medio ambiente;

2. 16. Se rechaza la afirmación que se recoge en el informe de que la legislación anterior de la UE en materia de medio ambiente ha sido ineficiente e ineficaz, pues ha desempeñado más bien un papel de primer orden en la mejora de las condiciones medioambientales en Europa;

2. 17. Se subraya la importancia que siguen teniendo los mecanismos de reglamentación como medios para influir en el comportamiento orientado al respeto del medio ambiente;

2. 18. Se recuerda a la Comisión que la introducción de normas basadas en un «principio de rentabilidad» puede entrar muy fácilmente en conflicto con el principio comunitario de la prevención en el ámbito del medio ambiente;

2. 19. Se comparte la opinión de la Comisión de que la propuesta 12 sobre la Directiva relativa a los residuos tendría como consecuencia el desmantelamiento del nivel de protección del medio ambiente existente y el fomento de la transferencia salvaje de residuos;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.