P9_TA(2022)0264

Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/2251(INI))

(2023/C 32/06)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (1) (Reglamento del MRR),

— Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (2) (Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho),

— Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre el derecho de información del Parlamento en relación con la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (3),

— Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (4),

— Vistas sus Resoluciones, de 7 de abril de 2022, sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas (5), y de 19 de mayo de 2022, sobre las consecuencias sociales y económicas para la Unión de la guerra librada por Rusia en Ucrania: refuerzo de la capacidad de actuación de la Unión (6),

— Vista su Resolución, de 9 de junio de 2022, sobre el Estado de Derecho y la posible aprobación del plan nacional de recuperación polaco (MRR) (7),

— Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia (8),

— Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2105 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante la determinación de una metodología para informar sobre los gastos sociales (9),

— Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 2021 (10),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022» (COM(2021)0740),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Evaluación general de los proyectos de planes presupuestarios para 2022» (COM(2021)0900),

— Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulado «Análisis de la economía de la zona del euro», que acompaña al documento «Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro» (SWD(2021)0362),

— Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 1 de diciembre de 2021, sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (11),

— Visto el primer informe anual de la Comisión sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (COM(2022)0075) publicado el 1 de marzo de 2022,

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible Igualdad» (COM(2022)0108),

— Visto el análisis conjunto del Comité Europeo de las Regiones y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) sobre la participación de los municipios, las ciudades y las regiones en la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, y los resultados de su consulta específica, de 27 de abril de 2022, titulada «Implementation of the Recovery and Resilience Facility: the perspective of local and regional authorities» (Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: perspectiva de las autoridades locales y regionales),

— Vistas sus Resoluciones, de 10 de marzo de 2022, sobre el Estado de Derecho y las consecuencias de la sentencia del TJUE (12), y de 5 de mayo de 2022, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) relativas a Polonia y Hungría (13),

— Vistos el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia y sus análisis temáticos, así como las presentaciones al Parlamento (14),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de febrero de 2021, titulada «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (C(2021)1054),

— Vistos los análisis y las sesiones informativas de sus servicios de investigación sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (15),

— Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

— Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Cultura y Educación,

— Vistas las cartas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

— Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0171/2022),

A. Considerando que el MRR es el principal componente del paquete de estímulo Next Generation EU;

B. Considerando que se ponen a disposición 672 500 000 000 EUR en subvenciones y préstamos destinados a financiar medidas nacionales diseñadas para aliviar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 (en lo sucesivo, «pandemia»); que el Parlamento abogó inicialmente por un mayor porcentaje de subvenciones en el MRR;

C. Considerando que los fondos del MRR respaldan áreas políticas fundamentales, como la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión económica, social y territorial, la resiliencia institucional y la preparación ante estados de crisis, así como las políticas relativas a la infancia y la juventud, como la educación y las competencias;

D. Considerando que la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha llevado a la Unión imponer sanciones económicas sin precedentes; que el conflicto provocado por Rusia ha hecho que un elevado número de ciudadanos ucranianos haya abandonado su país, desplazándose y asentándose en Estados de la Unión; que la invasión militar generará consecuencias económicas y sociales que afectarán a todo el continente europeo, en particular a los países de Europa Oriental, también en relación con la urgente necesidad de reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles importados;

E. Considerando que la Unión está sufriendo dificultades para acceder a determinadas materias primas fundamentales, con posibles consecuencias para la aplicación del MRR;

F. Considerando que la pandemia ha tenido un efecto devastador en la situación económica y social de las personas y las empresas en Europa; que la economía de la Unión experimentó una contracción significativa durante la pandemia; que las empresas de la Unión, y en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), se vieron afectadas por la pandemia, lo que tuvo consecuencias negativas para el crecimiento y la competitividad de la Unión, así como para su productividad y su capacidad para crear empleo; que el mercado único de la Unión es el principal motor de crecimiento en la Unión y que debe reforzarse y protegerse de los efectos negativos de la pandemia, al tiempo que deben promoverse las inversiones en investigación e innovación; que algunos países volvieron a registrar un aumento del desempleo superior a la media durante la pandemia; que las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y las familias numerosas corren mayor peligro de verse afectadas por este aumento; que el sector sanitario de la Unión se ha esforzado al máximo de sus posibilidades durante la pandemia y que su resiliencia se ha puesto seriamente a prueba y se ha visto gravemente afectada; que la tasa de desempleo juvenil sigue siendo superior a la tasa general de desempleo; que los jóvenes se exponen a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, así como a un riesgo considerable en cuanto a su acceso a empleos de calidad;

G. Considerando que el desarrollo constante de las competencias digitales, así como el desarrollo de las competencias con potencial económico, como son las competencias ecológicas o empresariales, es fundamental para un mercado laboral europeo competitivo, sano, inclusivo y orientado al futuro, y debería garantizar a todos los europeos un acceso a empleos de calidad y oportunidades en este sentido; que lo mismo se aplica a la formación profesional y a las capacidades para el desempeño de oficios y para la vida; que la Unión debe superar cualquier forma de desajuste en materia de capacidades para hacer un uso eficaz de su capital humano; que el acceso a una infraestructura digital adecuada y a la formación sobre competencias digitales debe estar a disposición de todos con el fin de evitar que se amplíe la brecha entre las personas en materia de alfabetización digital, y de garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el sistema educativo y en el mercado laboral;

H. Considerando que, para poder optar a la financiación, los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben incluir las reformas e inversiones que se incluyan en el ámbito de aplicación de los seis pilares de Reglamento del MRR y respetar sus objetivos generales y específicos, los principios horizontales y los once criterios de evaluación establecidos en el Reglamento del MRR;

I. Considerando que el diálogo y la transparencia entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros es esencial para aplicar el MRR de la mejor forma posible;

J. Considerando que la Comisión, que es responsable de supervisar la aplicación del MRR, debe informar periódicamente al Parlamento acerca del estado de la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, y sobre cómo los Estados miembros han aplicado los objetivos e hitos, incluida su contribución para que se cumplan los objetivos en materia ecológica y digital; que la Comisión debe tener en cuenta las opiniones del Parlamento;

K. Considerando que los Estados miembros deben implantar y mantener sistemas de control sólidos y llevar a cabo las auditorías necesarias para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión a lo largo de toda la vida del Mecanismo;

L. Considerando que los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho sirven para determinar los retos relacionados con el Estado de Derecho y a ayudar a los Estados miembros a encontrar soluciones con el apoyo de la Comisión y de los demás Estados miembros;

M. Considerando que el Reglamento ofrece la posibilidad de que un Estado miembro presente una solicitud razonada para modificar su plan nacional de recuperación y resiliencia durante el período de aplicación, en caso de que existan circunstancias objetivas que lo justifiquen;

N. Considerando que el control democrático y el control parlamentario con respecto a la aplicación del MRR solo es posible con la plena participación del Parlamento y la consideración de todas sus recomendaciones en todas las etapas, y que el Parlamento seguirá ejerciendo control sobre la aplicación del MRR;

O. Considerando que la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo un informe de revisión sobre la aplicación del MRR el 31 de julio de 2022 como fecha límite;

Mitigar el impacto social y económico de la crisis

1. Destaca que el MRR es un instrumento de solidaridad sin precedentes y una piedra angular del instrumento Next Generation EU, que finaliza en 2026, y constituye el principal instrumento de la respuesta de la Unión a la pandemia para preparar las economías de la Unión a los nuevos retos;

2. Recuerda que la respuesta de la Unión a la pandemia ha sido enérgica, coordinada, completa, oportuna y basada en la solidaridad, y ha dado lugar a un uso generalizado de los instrumentos existentes y a la implantación de más instrumentos de financiación; recuerda, asimismo, que los Estados miembros han adoptado importantes medidas presupuestarias en respuesta a la pandemia y para impulsar la recuperación (5,2 % del PIB en 2021 y 2,8 % del PIB en 2022);

3. Destaca el efecto estabilizador del MRR para los Estados miembros en un momento de gran incertidumbre económica, conteniendo la crisis y mitigando sus consecuencias económicas y sociales negativas, y apoyando a los gobiernos a mantener los niveles de inversión, respondiendo a la vez a la inmensa presión sobre los presupuestos nacionales;

4. Subraya, además, el papel fundamental del MRR en el fomento de la cohesión económica, social y territorial, evitando la fragmentación del mercado interior y la profundización de las divergencias macroeconómicas;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que, aunque los efectos económicos del MRR no puedan disociarse totalmente de otros acontecimientos, parece justo concluir que, hasta la fecha, el MRR ha tenido efectos positivos en el PIB y que su aplicación efectiva será clave para el crecimiento económico de la Unión; destaca el papel del MRR a la hora de proteger el espacio presupuestario de los Estados miembros frente al importante impacto económico que ha supuesto la pandemia; reconoce que, si bien se prevé que el impacto principal del crecimiento del PIB se produzca durante los siguientes años, el MRR ya ha contribuido a amortiguar los efectos más graves de la pandemia en las economías y los ciudadanos de la Unión y está contribuyendo positivamente a la recuperación y la resiliencia de la Unión, en particular a la cohesión económica y social, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior funcional con pymes sólidas; destaca que existen divergencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a la resiliencia económica, social e institucional, lo que repercute en la desigual dinámica de la recuperación; señala que el MRR cataliza las transiciones ecológica y digital y desempeña un papel fundamental en la mejora de la transición sostenible y el bienestar de las personas en aras de una economía resiliente, justa, inclusiva, competitiva y preparada para el futuro en relación con la aplicación de reformas e inversiones ambiciosas;

6. Observa la considerable repercusión del instrumento Next Generation EU, según las estimaciones de la Comisión, el BCE y el FMI, en particular, un crecimiento del PIB más elevado, de hasta 1,5 puntos porcentuales más que sin las inversiones procedentes del instrumento Next Generation EU, siempre que este se aplique de manera efectiva;

7. Observa, además, que la Comisión prevé que las subvenciones del MRR financiarán el 24 % del total de las medidas de apoyo a la recuperación en 2022; destaca los positivos efectos indirectos macroeconómicos y el potencial de unas reformas e inversiones bien orientadas; señala que las subvenciones del MRR seguirán proporcionando un apoyo presupuestario sustancial a los Estados miembros y, por tanto, pueden permitirles llevar a cabo reformas estructurales e inversiones con efectos duraderos en la recuperación y la resiliencia de sus economías y sociedades; pide a los Estados miembros que aprovechen esta oportunidad;

8. Señala que una aplicación satisfactoria y transparente del MRR contribuiría a que las economías y sociedades de la Unión sean más sostenibles, inclusivas y resilientes, más competitivas a largo plazo, más autónomas desde el punto de vista estratégico y a que estén mejor preparadas para los retos actuales y futuros; destaca que una aplicación satisfactoria de los planes nacionales de recuperación y resiliencia fomentará la convergencia económica y social y la cohesión territorial, y reducirá las desigualdades sociales;

9. Considera que, para que el MRR alcance sus objetivos generales y ayude a la Unión a dejar atrás la crisis, y para maximizar el efecto a largo plazo sobre la economía y la sociedad de la Unión, es ineludible que los Estados miembros apliquen de manera efectiva y oportuna las reformas e inversiones acordadas; recuerda que el MRR es un mecanismo basado en los resultados, en virtud del cual la financiación se desembolsa exclusivamente una vez que se han cumplido los hitos y objetivos relacionados con las medidas; recuerda que la participación de las autoridades locales, regionales y nacionales y de los responsables de desarrollar estas políticas es crucial para el éxito del MRR, tal como se establece en el artículo 28 del Reglamento del MRR;

10. Advierte que el MRR solo mitigará el impacto social y económico de la crisis si los fondos se absorben y gastan de manera eficaz, para que lleguen a la economía real y a las personas; pide a los Estados miembros que tomen las decisiones correspondientes relativas a las estructuras administrativas y a los recursos humanos dedicados a garantizar que los fondos del MRR se gasten de forma oportuna;

11. Subraya que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la autonomía estratégica de la Unión en las cadenas de suministro esenciales y en las infraestructuras y servicios críticos; señala que las inversiones del MRR en la transición ecológica y la transformación digital deben contribuir a aumentar la autonomía estratégica y la independencia de la Unión, en particular a reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados; observa que, según la Comisión, se espera que el MRR dé un gran impulso a la aplicación de la estrategia industrial de la Unión y que, de esta forma, contribuya a seguir desarrollando las industrias de la Unión;

12. Hace hincapié en que los paquetes de reformas e inversiones, en particular las que fomentan el crecimiento en el marco del MRR, también deben generar un valor añadido de la Unión; observa que, según la Comisión, los efectos del PIB en el conjunto de la Unión son aproximadamente un tercio mayores si se tienen en cuenta de forma explícita los efectos indirectos de las medidas adoptadas en cada país; hace hincapié en que los paquetes de reformas e inversiones en el marco del MRR también deben contribuir a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a las prioridades del Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital, así como a la promoción y la integración de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos;

13. Pide a la Comisión que evalúe si se ha producido una duplicación innecesaria de las inversiones en los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros vecinos y que ayude a los Estados miembros a evitar solapamientos innecesarios;

14. Lamenta que las mujeres ( 16 ) , los niños ( 17 ) , los jóvenes, las personas mayores y los grupos vulnerables hayan sido los más afectados por la crisis de la COVID-19; recuerda que debe garantizarse la inclusión para que la Unión no deje a nadie atrás y para que aborde las repercusiones socioeconómicas específicas en función del género en su camino hacia la recuperación, y que algunas de estas repercusiones no se han tratado en los planes nacionales de recuperación y resiliencia; acoge con satisfacción la mejora de la accesibilidad y la calidad de las instalaciones asistenciales, pero lamenta que sigan siendo demasiado limitadas;

15. Reitera la importancia de los seis pilares a la hora de dotar a los Estados miembros de una estructura para proponer y aplicar reformas e inversiones que aborden las transiciones ecológica y digital, la economía, la productividad y la competitividad, la cohesión social y territorial, la salud y la resiliencia institucional, y medidas para los niños y los jóvenes; destaca que el Reglamento del MRR obliga a todos los Estados miembros a incluir en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia medidas que aborden todos los pilares; lamenta el hecho de que no todos los Estados miembros hayan decidido respetar la estructura de pilares del Reglamento, lo que habría facilitado la supervisión;

Aspectos financieros del MRR

16. Observa que, en los 26 planes nacionales de recuperación y resiliencia presentados hasta la fecha, los Estados miembros han solicitado un total de 331 700 000 000 EUR en concepto de subvenciones de los 338 000 000 000 EUR disponibles; observa, además, que no todos los Estados miembros han solicitado, en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia actuales, el importe total de las subvenciones de que disponen en virtud del artículo 11 del Reglamento del MRR;

17. Expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que solo siete Estados miembros hayan solicitado préstamos por un importe total de 166 000 000 000 EUR de los 385 800 000 000 EUR disponibles para préstamos, dejando una cantidad considerable disponible en caso de que los Estados miembros requieran préstamos en una fase posterior; expresa su preocupación por el hecho de que el interés limitado por el componente de préstamo pueda dar lugar a la pérdida de oportunidades e impedir que el MRR alcance todo su potencial; subraya que, en caso de que los Estados miembros cuyos planes nacionales de recuperación y resiliencia ya han sido aprobados deseen solicitar préstamos, será necesario modificar el correspondiente plan nacional de recuperación y resiliencia, cuando proceda, con el conjunto adicional de reformas e inversiones, hitos y objetivos, sin anular las medidas ya aplicadas; anima a los Estados miembros a que utilicen todo el potencial del MRR, incluidos los préstamos, para contrarrestar los efectos de la pandemia y los retos por venir;

18. Encarga a la Comisión que analice las razones por las que los Estados miembros no han solicitado préstamos en toda la medida en que les han sido asignados, lo que podría provocar que el MRR no alcance su pleno potencial; recuerda que un Estado miembro puede solicitar ayudas en forma de préstamo cuando presenta su plan de recuperación y resiliencia o en cualquier otro momento hasta el 31 de agosto de 2023, de conformidad con el Reglamento del MRR vigente;

19. Recuerda que, en virtud del artículo 21 del Reglamento del MRR, por circunstancias objetivas, un Estado miembro puede presentar una solicitud motivada a la Comisión con una propuesta para modificar o sustituir el plan aprobado; recuerda que si la Comisión considera que los motivos alegados por el Estado miembro en cuestión justifican la modificación del correspondiente plan de recuperación y resiliencia, examinará la versión modificada o nueva del plan de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 19 y formulará una propuesta de una nueva Decisión de Ejecución del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de dicho Reglamento; recuerda que dicha solicitud de modificación implica un procedimiento de evaluación y aprobación idéntico al primer procedimiento de evaluación y aprobación de los planes; invita a los Estados miembros a tener plenamente en cuenta que esto puede provocar retrasos en la aplicación general de sus planes de recuperación y resiliencia; observa que, hasta ahora, ningún Estado miembro ha solicitado que se modifique o sustituya el plan aprobado; anima a los Estados miembros a que hagan uso del artículo 21 del Reglamento del MRR y señala que el posible aumento de los costes de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a consecuencia de la significativa inflación podrá llevar a los Estados miembros a solicitar actualizaciones de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

20. Observa que actualmente se prevé que la evolución del PIB de los Estados miembros difiera de la previsión de la Comisión de otoño de 2020, por lo que se esperan variaciones en las cuantías de las subvenciones disponibles para los Estados miembros para la segunda tanda de financiación del 30 % del MRR; señala que, para que se produzcan cambios significativos en la parte de la subvención asignada, puede ser necesario modificar los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

21. Destaca que el apoyo del MRR debe respetar el principio de adicionalidad a que se refiere el artículo 9 del Reglamento del MRR; espera con interés datos más detallados y desglosados que permitan una mejor comprensión de los efectos de adicionalidad del MRR; insta a los Estados miembros a que faciliten información detallada, transparente y oportuna a la Comisión con el fin de garantizar una notificación eficaz del efecto del MRR; reitera la importancia del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia para proporcionar información básica a los ciudadanos sobre el avance general en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; pide a la Comisión que aumente el nivel de transparencia y visualización de datos en el cuadro de indicadores, y que elabore informes más detallados, centrándose en los indicadores de resultados y de impacto en lugar de en los de ejecución, y que garantice un análisis cualitativo de las reformas e inversiones propuestas;

22. Observa que hasta mediados de junio de 2022 solo se han firmado doce acuerdos operativos entre la Comisión y los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que firmen lo antes posible acuerdos operativos y pide a la Comisión que los comunique al Parlamento; insta, además, a todos los Estados miembros a que publiquen puntualmente sus acuerdos operativos, de financiación y de préstamo, con el fin de garantizar una mayor transparencia y reforzar la rendición de cuentas;

23. Observa que veintiún Estados miembros han recibido una prefinanciación de hasta el 13 % de su asignación total, que un Estado miembro no ha solicitado prefinanciación y que siete han solicitado, hasta la fecha, el primer pago del MRR, mientras que un Estado miembro ya ha solicitado el segundo pago;

24. Reitera que los retrasos en la aplicación del Mecanismo y de los planes nacionales de recuperación y resiliencia no deben ralentizar el proceso de recuperación tras la pandemia ni disminuir el nivel de resiliencia de la Unión;

25. Recuerda que el Reglamento del MRR prevé la posibilidad de incluir en los planes nacionales de recuperación y resiliencia las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 y que algunos Estados miembros han hecho uso de esta posibilidad;

26. Acoge con satisfacción el diálogo temprano entre la Comisión y los Estados miembros en la preparación de las solicitudes de pago y la disposición de la Comisión a la hora de evaluar las solicitudes de pago; le anima a seguir evaluando exhaustivamente que los hitos y objetivos se cumplan puntualmente, consultando a los expertos pertinentes, cuando proceda; insta a la Comisión a que garantice la rápida distribución de los pagos y a que realice un estrecho seguimiento de la aplicación de las reformas e inversiones;

27. Recuerda la necesidad de proceder rápidamente a introducir un conjunto de nuevos recursos propios para cubrir el reembolso del instrumento Next Generation EU, y en particular del MRR, en 2058 a más tardar, de conformidad con la hoja de ruta establecida en el acuerdo interinstitucional celebrado en diciembre de 2020 por el Parlamento, el Consejo y la Comisión; toma nota de la emisión de «bonos verdes europeos» para financiar la parte del gasto relacionado con el clima en el MRR; observa que, por lo que respecta a las primeras ofertas de bonos verdes, la demanda superó ampliamente la oferta inicial de la Comisión;

El papel del MRR en la mitigación de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania

28. Destaca la necesidad de mejorar la contribución de los instrumentos de financiación de la Unión, en particular el MRR, para hacer frente a los retos actuales, incluidos los causados por la agresión e invasión militares no provocadas e injustificadas de Rusia contra Ucrania;

29. Expresa su preocupación por que esta agresión contra Ucrania y las sanciones justificadas que la Unión ha adoptado como respuesta contra Rusia y Bielorrusia afecten gravemente a la estrategia de recuperación económica y social y resiliencia de la Unión; observa que su impacto en los Estados miembros es heterogéneo; manifiesta su preocupación por los efectos desiguales en la economía de la Unión, las consecuencias económicas y sociales e incluso el aumento de la desigualdad social, debido en particular al aumento de los precios de la energía y de los alimentos; hace hincapié en que la inflación también puede producir un cambio negativo en los resultados esperados del MRR y en los costes estimados de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros; espera que no decaigan la determinación, la unidad y la rapidez de la respuesta de la Unión ante esta nueva crisis;

30. Subraya, una vez más, su llamamiento en favor de nuevas sanciones, como un embargo total e inmediato sobre diversas importaciones de energía rusas y el abandono de las infraestructuras correspondientes, de conformidad con su Resolución de 7 de abril de 2022, y en favor de un plan para seguir garantizando la seguridad del abastecimiento energético de la Unión, lo que requerirá, entre otras cosas, recalibrar la política energética europea, teniendo en cuenta los diferentes grados de dependencia energética de las importaciones de combustibles fósiles rusos en los distintos Estados miembros;

31. Expresa su preocupación por el hecho de que la situación actual en Ucrania esté repercutiendo de manera importante en los precios de la energía y hace hincapié en la necesidad de reforzar la independencia y la seguridad energéticas, diversificar las fuentes de energía, también a través de las fuentes de energía de la Unión, y acelerar la transición energética; destaca el papel del MRR en el despliegue de RePowerEU y subraya que los préstamos disponibles en el marco del MRR podrían utilizarse en gran medida para complementar la iniciativa RePowerEU y para impulsar las inversiones en la transición energética, incluido el desarrollo de energías limpias; espera, por tanto, que el MRR contribuya significativamente a la soberanía energética de la Unión a través de la eficiencia energética, la diversificación y las inversiones en una transición ecológica justa;

32. Acoge con satisfacción, a este respecto, las diversas medidas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia destinadas a mejorar la transición y la seguridad energéticas, así como las medidas para aumentar la autonomía estratégica, reducir la dependencia de los Estados miembros de la energía procedente de combustibles fósiles importados y acelerar la diversificación de las fuentes de energía, la eficiencia energética y el desarrollo de energías limpias; destaca que deben promoverse proyectos transfronterizos, la mejora de la interconexión de las redes energéticas europeas y la plena sincronización de las redes eléctricas en toda la Unión para mejorar las sinergias y la cooperación entre los países de la Unión y tener en cuenta preocupaciones comunes y prioridades compartidas;

33. Toma nota de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento del MRR en el contexto de la iniciativa REPowerEU y expresa su compromiso de adoptar sin demora su posición sobre la propuesta; insta a los Estados miembros a que, en caso de que no tengan intención de utilizar plenamente el importe de su asignación máxima de préstamos del MRR, informen oficialmente a la Comisión; celebra, en este contexto, la propuesta de incentivar el uso óptimo de los préstamos disponibles en el marco del MRR, en particular proponiendo una reasignación de los préstamos a otros Estados miembros que se enfrentan a otros retos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y permitiendo a los Estados miembros solicitar préstamos superiores al 6,8 % de su renta nacional bruta (RNB), con vistas, en particular, a mitigar las consecuencias económicas, sociales y energéticas de la invasión rusa de Ucrania para la Unión, así como los efectos colaterales de las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia y Bielorrusia;

34. Reconoce la necesidad de adoptar medidas para ayudar a los refugiados de Ucrania, en particular mediante el alojamiento, el cuidado social e infantil, la educación, la atención sanitaria y la vivienda, contribuyendo así a aliviar su situación socioeconómica; subraya, por tanto, que debe garantizarse un mayor nivel de inversión a este respecto;

Planes nacionales de recuperación y resiliencia

35. Acoge con satisfacción que se hayan aprobado veinticuatro planes nacionales de recuperación y resiliencia y observa que, a mediados de junio de 2022, un Estado miembro aún no había presentado su plan nacional de recuperación y resiliencia; observa, además, que un plan nacional de recuperación y resiliencia está pendiente de evaluación por parte de la Comisión; insta al país con un plan nacional de recuperación y resiliencia pendiente de evaluación a que inicie conversaciones constructivas con la Comisión para que este plan esté en condiciones de aprobarse sin más demora; pide a la Comisión que aplique con diligencia el Reglamento del MRR para garantizar el cumplimiento de los once criterios de evaluación establecidos en el Reglamento al evaluar los planes restantes;

36. Observa que las evaluaciones de la Comisión concluyeron que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados abordan los seis pilares del MRR, cumplen satisfactoriamente todos los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento del MRR y representan un paquete equilibrado de reformas e inversiones; considera que los Estados miembros podrían haber adaptado mejor sus planes nacionales de recuperación y resiliencia a los seis pilares del MRR y a los requisitos del Reglamento del MRR;

37. Recuerda a la Comisión que el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento del artículo 2 del TFUE son requisitos previos para tener acceso al Fondo y que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es plenamente aplicable al MRR; pide a la Comisión y al Consejo que se abstengan de aprobar el proyecto de plan nacional de recuperación y resiliencia de Hungría mientras persistan las preocupaciones en lo que respecta a la observancia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la prevención, detección y lucha contra el fraude, los conflictos de intereses y la corrupción; insiste en que los hitos y objetivos relativos a la protección de los intereses financieros de la Unión, el establecimiento de un sistema de control adecuado, la independencia del poder judicial y la prevención y detección del fraude, los conflictos de intereses y la corrupción y la lucha contra estos son condiciones previas y tienen que cumplirse antes de la presentación de una primera solicitud de pago, y recuerda que no puede efectuarse ningún pago en el marco del MRR hasta que se hayan cumplido estos hitos y objetivos; recuerda a los Estados miembros que el incumplimiento, incluso parcial, de las disposiciones del Reglamento del MRR y los consiguientes retrasos en la aprobación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia afectan gravemente a la capacidad de las autoridades locales y regionales para hacer frente de manera adecuada a los efectos de la pandemia en sus comunidades, empresas y ciudadanos, y pueden dar lugar a un agravamiento a largo plazo de la situación económica local y regional; lamenta que, debido a las acciones del Gobierno polaco y el Gobierno húngaro, la financiación del MRR aún no haya llegado a los ciudadanos y regiones de Polonia y Hungría;

38. Recuerda que no debería financiarse ningún proyecto con cargo al MRR si es contrario a los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; insta a la Comisión a que haga un seguimiento muy atento de los riesgos para los intereses financieros de la Unión en la aplicación del MRR y de toda violación o posible violación de los principios del Estado de Derecho, y a que adopte medidas inmediatas si los intereses financieros de la Unión pudieran verse perjudicados; pide a la Comisión, por tanto, que, de conformidad con el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, sea especialmente rigurosa con los Estados miembros en cuanto al cumplimiento de la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión contemplada en el artículo 22 de dicho Reglamento;

39. Recuerda, además, que la observancia del Estado de Derecho y la correcta gestión financiera de los fondos de la Unión deben evaluarse de forma continua a lo largo del ciclo de vida del MRR y que la Comisión se abstendrá de desembolsar la financiación y, si procede, recuperará los fondos, en caso de que dejen de cumplirse estas condiciones;

40. Observa que en la evaluación de la Comisión se afirma que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados esperan alcanzar el objetivo ecológico de al menos el 37 % establecido en el Reglamento del MRR, y que el gasto climático global de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados alcanza casi los 220 000 000 000 EUR; señala, no obstante, que las revisiones externas del gasto apuntan a cifras inferiores en relación con el gasto en materia ecológica; destaca, a este respecto, que los hitos y objetivos asociados a las medidas relacionadas con el clima deberían haber sido definidas de tal forma que se garantizara que las medidas aplicadas estén tan dirigidas a la protección del clima como se ha anunciado; subraya que los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben contribuir a la transición ecológica, incluida la biodiversidad; toma nota de las preocupaciones existentes en cuanto a si todas las medidas pertinentes contribuyen eficazmente a la consecución de los objetivos;

41. Recuerda que los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben ser coherentes con los planes nacionales integrados de energía y clima y las actualizaciones de estos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 ( 18 ) ; pide a la Comisión que evalúe la contribución de las inversiones reservadas para la transición ecológica en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a la consecución de los nuevos objetivos climáticos y energéticos para 2030 que se establecen en los respectivos planes nacionales integrados de energía y clima revisados;

42. Recuerda que el MRR debe contribuir a la integración de la acción en materia de biodiversidad en las políticas de la Unión; observa que varios planes nacionales de recuperación y resiliencia contribuyen a la biodiversidad, pero insiste en que los Estados miembros podrían haber utilizado en mayor medida el MRR para la mejora de la biodiversidad;

43. Advierte del riesgo de «blanqueo ecológico» en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en particular en lo que se refiere a algunas medidas clasificadas como medidas que contribuyen a los requisitos de gasto en materia de ecología, como las relativas a la renovación eficiente de los edificios desde el punto de vista energético;

44. Observa que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados esperan alcanzar el objetivo digital de al menos el 20 % establecido en el Reglamento del MRR, mientras que algunos Estados miembros han destinado incluso más de la mitad de los fondos obtenidos en el marco del MRR a medidas enmarcadas dentro del objetivo digital, y que el gasto digital global de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados alcanza casi el 29 %, es decir, 130 000 000 000 EUR; acoge con satisfacción la gran importancia que se da en los planes nacionales de recuperación y resiliencia a apoyar a las pymes y a la digitalización de los servicios públicos, incluido el sector sanitario, y a las competencias digitales, la digitalización de las empresas, la conectividad, el I+D digital y las tecnologías avanzadas; observa que dos tercios de los Estados miembros incluyeron en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia una autoevaluación de la seguridad para las inversiones en capacidades digitales y conectividad;

45. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que, según el Reglamento del MRR, las inversiones en tecnologías digitales deberían respetar los principios de interoperabilidad, eficiencia energética y protección de los datos personales, permitan la participación de pymes y empresas emergentes y promuevan el uso de soluciones de código abierto; destaca que las convocatorias de contratación digital deben diseñarse cuidadosamente, en particular para garantizar el acceso de las pymes a la inversión pública pertinente;

46. Observa que varios planes nacionales de recuperación y resiliencia contienen propuestas de inversión para la conectividad 5G; recuerda que los Estados miembros deben garantizar la coherencia y la complementariedad en el despliegue de la conectividad 5G, la banda ancha móvil y las infraestructuras en todas las zonas, de manera que nadie se quede atrás;

47. Subraya la importancia de que los planes nacionales de recuperación y resiliencia dediquen casi el 50 % del gasto total, o sea 203 000 000 000 EUR, a medidas que favorezcan el buen funcionamiento del mercado único, mejorando el entorno empresarial y promoviendo las inversiones privadas; reitera la importancia del sector privado en el éxito de la aplicación del MRR; insta a los Estados miembros a que faciliten las inversiones privadas en relación con los proyectos financiados por el MRR eliminando todos los obstáculos innecesarios que impedirían a las pymes acceder a la financiación pertinente del MRR, y, a tal fin, pide a la Comisión que facilite análisis detallados del acceso del sector privado a la financiación del MRR; pide a los Estados miembros que apliquen los planes nacionales de recuperación y resiliencia conforme a un calendario transparente para que el sector privado pueda planificar sus actividades y proyectos en función de las medidas pertinentes;

48. Observa que la Comisión estima que el gasto social en los planes nacionales de recuperación y resiliencia representa alrededor del 20 % de las subvenciones y préstamos solicitados; observa que este gasto se centra en los incentivos al empleo para grupos desfavorecidos específicos, en las reformas de la legislación en materia de protección del empleo y en la regulación de los contratos laborales; recuerda que las consecuencias sociales de la pandemia han sido muy diversas y han afectado de manera desigual y desproporcionada a los grupos con menores rentas y vulnerables, al mismo tiempo que han incrementado la necesidad de los servicios públicos; lamenta que las medidas de inversión social se hayan limitado bastante a las infraestructuras sociales y que solo algunos planes nacionales de recuperación y resiliencia contengan medidas para el desarrollo de unos servicios asistenciales adecuados y medidas temporales de apoyo;

49. Apoya el objetivo de la Comisión, a través del MRR, de construir un mercado laboral más resiliente e inclusivo, y observa al mismo tiempo que se deberían adoptar medidas pertinentes que fomenten el empleo de calidad;

50. Señala que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados hasta la fecha abordan retos sociales y de empleo, inclusive a través de medidas destinadas a mejorar la participación en el mercado laboral, promover el reciclaje y el perfeccionamiento profesional, y modernizar las instituciones y los servicios del mercado laboral, así como de los sistemas de protección social y de salud; lamenta que algunos Estados miembros se estén quedando rezagados a la hora de reforzar la dimensión social de sus planes;

51. Subraya la importancia de las reformas y las inversiones en resiliencia sanitaria, económica, social e institucional para aumentar la preparación ante las crisis y la capacidad de respuesta a las crisis, que representan más del 17 % de las asignaciones totales de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, lo que representa 76 000 000 000 EUR; destaca que, según la Comisión, en el marco de este pilar del MRR los Estados miembros tienen que aplicar 789 medidas vinculadas a 1 900 hitos y objetivos; hace hincapié en que la COVID-19 ha demostrado la importancia de mejorar la resiliencia de las instituciones públicas frente a las perturbaciones;

52. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados prevén un gasto en medidas relacionadas con la asistencia sanitaria de 37 000 000 000 EUR, lo que corresponde al 8 % del gasto total de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; observa que la mayor contribución se destina a la renovación y ampliación de la infraestructura hospitalaria, seguida del refuerzo de la atención primaria y la prevención, la transición digital en la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración; espera que estas medidas relacionadas con la asistencia sanitaria contribuyan a aumentar la capacidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios y su preparación frente a futuras crisis; expresa su preocupación por el hecho de que muchos Estados miembros no hayan incluido medidas suficientes para que la salud mental sea accesible y asequible para todos los grupos de edad, y destaca que la salud mental debería ser un elemento integral de la recuperación socioeconómica de la Unión tras la pandemia y una prioridad en el ámbito de la salud laboral; expresa su preocupación por el hecho de que algunos Estados miembros no hayan incluido suficientes medidas para abordar los retos continuados a los que se enfrenta la sanidad pública;

53. Observa que la modernización de la administración pública ocupa un lugar destacado en muchos planes nacionales de recuperación y resiliencia, con una inversión prevista de unos 1 800 000 000 EUR para la mejora de la administración pública; destaca que los planes nacionales de recuperación y resiliencia podrían contribuir a aumentar la capacidad de las administraciones públicas para gestionar con eficacia los fondos europeos en los ámbitos nacional, regional y local; subraya que los beneficios de las reformas van más allá de sus costes asociados, lo que debería tener efectos positivos concretos para los ciudadanos;

54. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados prevén un gasto de 49 000 000 000 EUR destinado a niños y jóvenes, incluida la educación y los cuidados de la primera infancia, el desempleo juvenil y la capacitación, lo que corresponde aproximadamente al 11,5 % del gasto total de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; observa que esta cuantía representa un primer paso para garantizar que las medidas coordinadas dedicadas a la próxima generación se apliquen en los veintisiete Estados miembros; expresa su preocupación por el hecho de que muchos PNRR no reflejen adecuadamente las ambiciones establecidas por la Garantía Infantil Europea y por el hecho de que solo reflejen parcialmente las de la Garantía Juvenil reforzada; lamenta que dos Estados miembros hayan decidido no incluir en sus planes medidas específicamente destinadas a los niños y a los jóvenes, sino que hayan preferido presentar medidas que fomentan las capacidades generales y las competencias digitales de todos los ciudadanos;

55. Observa que casi todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados contienen inversiones en educación digital, que representan en torno al 30 % del gasto total en educación; acoge favorablemente la importancia que se concede a la modernización de las infraestructuras y los equipamientos educativos en los Estados miembros;

56. Observa que, en total y hasta la fecha, los Estados miembros han presentado 228 medidas encaminadas a apoyar a la infancia y la juventud; observa que el 74 % de las medidas se centra en la capacidad en materia de educación y formación generales, profesionales y superiores, así como la accesibilidad, asequibilidad, calidad e inclusividad, incluidas la digitalización y las infraestructuras; observa además que el 14 % de las medidas están relacionadas con la educación y atención infantil, el abandono escolar y la pobreza infantil; observa que el 12 % de las medidas están dirigidas a abordar el desempleo juvenil mediante la creación de puestos de trabajo, la contratación, los incentivos a la transición entre puestos de trabajo y la ayuda al autoempleo; hace hincapié en que el Parlamento ha pedido a los Estados miembros que destinen al menos el 2 % del presupuesto de cada PNRR a la cultura y el 10 % a la educación; observa que apenas dieciséis Estados miembros han incluido medidas relacionadas con la cultura en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia; considera que los Estados miembros podrían haber utilizado más el MRR para apoyar a estos sectores;

57. Pide a la Comisión que continúe supervisando la aplicación de los seis pilares y que garantice la disponibilidad de datos detallados en el cuadro de indicadores del MRR; pide a la Comisión que facilite más métodos regionales para supervisar la aplicación a través del cuadro de indicadores y acoge favorablemente las iniciativas de supervisión en los ámbitos de la Unión y nacional que mejoran la supervisión de la aplicación del MRR; observa de forma positiva que varios Estados miembros proporcionan datos de carácter regional e invita a los demás Estados miembros a que hagan lo mismo;

58. Hace hincapié en que el MRR no debe utilizarse para sustituir al gasto presupuestario nacional recurrente, a menos que esté debidamente justificado; observa que la Comisión solo ha aprobado planes nacionales de recuperación y resiliencia para cubrir los costes iniciales de establecimiento y puesta en marcha de reformas; recuerda a los Estados miembros que el MRR debe aplicarse de tal forma que no socave su propia responsabilidad en cuanto a la gestión de las finanzas públicas; pide a la Comisión que facilite detalles sobre la evaluación del cumplimiento de este principio horizontal y cualquier justificación relacionada;

59. Señala que la Comisión evaluó el principio de «no causar un perjuicio significativo» para cada medida de conformidad con su guía técnica; destaca que la aplicación de los criterios del principio de «no causar un perjuicio significativo» tal y como se exponen en la nota orientativa de la Comisión debe evitar la adopción de medidas perjudiciales para el medio ambiente; pide a la Comisión que divulgue las evaluaciones de «no causar un perjuicio significativo» presentadas, y subraya que la Comisión debe examinar atentamente y supervisar el pleno respeto de este principio durante la fase de ejecución; observa que, para cumplir este principio, algunos Estados miembros tuvieron que mejorar determinadas medidas; observa que el cumplimiento del principio ha supuesto además la aparición de incoherencias iniciales entre los requisitos de la Comisión y los del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones en aquellos países que aprovisionaron sus dotaciones de InvestEU con fondos del MRR, lo que puede haber generado retrasos en el proceso de aplicación;

60. Observa que una gran mayoría de los planes nacionales de recuperación y resiliencia incluyen una sección específica en la que se explica cómo aborda el plan las preocupaciones y los retos relacionados con el género; observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia contienen medidas orientadas a la participación de las mujeres en el mercado laboral y a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero expresa su decepción por el hecho de no incluyan una explicación detallada de la manera en que se abordan las preocupaciones y retos relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; subraya la importancia de que existan servicios asistenciales públicos de calidad para aliviar la carga del trabajo asistencial no remunerado, que en la actualidad asumen en gran medida mujeres, con repercusiones negativas para el PIB; pide a la Comisión que presente un estudio para comprobar en qué medida el MRR contribuye a la creación de empleo en sectores con presencia predominante de un sexo y las medidas de acompañamiento contribuyen suficientemente a aumentar la presencia del sexo menos representado en dichos sectores;

61. Observa que veinte Estados miembros prevén proyectos transfronterizos en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, orientados en su mayor parte a las infraestructuras, como conexiones ferroviarias o eléctricas, hidrógeno, tecnología cuántica, conectividad 5G, servicios en la nube y centros de innovación; expresa su decepción por el hecho de que los PNRR no incluyan un mayor número de proyectos transfronterizos con el fin de aumentar los efectos indirectos y contribuir al valor añadido de la Unión; observa que veinte Estados miembros prevén proyectos transfronterizos como proyectos importantes de interés común europeo en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, orientados en su mayor parte a las infraestructuras; pide a los Estados miembros que aclaren el papel de las partes interesadas pertinentes en el despliegue y la aplicación de los proyectos multinacionales, cuando corresponda; considera que deberían haberse incluido otras medidas transfronterizas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia para aumentar el efecto indirecto e impulsar su valor añadido en la Unión;

62. Observa, en particular, la importancia de los proyectos transfronterizos relacionados con la transmisión de energía entre los Estados miembros; considera que, en el contexto actual, los planes nacionales de recuperación y resiliencia se habrían beneficiado más de otros proyectos transfronterizos, en particular en el ámbito de la energía; destaca que estas inversiones son cruciales para lograr la soberanía energética y la transición ecológica; subraya que la situación actual muestra hasta qué punto es crucial la diversificación de las fuentes de energía de la UE y el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad entre los Estados miembros; pide la mejora de la interconexión de las redes energéticas europeas y la plena sincronización de las redes eléctricas en toda la Unión; destaca, además, la importancia de redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética con el fin de limitar el crecimiento previsto de la demanda de electricidad;

63. Observa que ningún Estado miembro ha propuesto transferir fondos estructurales a su plan nacional de recuperación y resiliencia, que solo dos Estados miembros cuentan con aprovisionar sus dotaciones de InvestEU con fondos del MRR y que apenas cuatro Estados miembros pretenden incorporar los costes de asistencia técnica en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia; lamenta que no se haya aprovechado en todo su potencial la disposición para transferir fondos del MRR a los compartimentos nacionales del programa InvestEU; recuerda que las sinergias entre los diferentes fondos de la Unión son esenciales para una recuperación adecuada y una resiliencia consolidada de la Unión y recuerda a los Estados miembros que el uso de esta disposición contribuye a potenciar las sinergias;

64. Recuerda que, según el Reglamento sobre el MRR, los planes de recuperación y resiliencia también deben ser coherentes con la información incluida por los Estados miembros en sus acuerdos de asociación y programas operativos con cargo a los fondos de la Unión; reitera que esta disposición no solo es importante para evitar la doble financiación o el solapamiento de objetivos, sino también para garantizar una estrategia coordinada y maximizar los beneficios de la financiación de la Unión; pide que la Comisión presente un análisis sobre cómo se garantiza esta coordinación; toma nota de que la adopción de los planes nacionales de recuperación y resiliencia ha provocado en algunos casos retrasos en la aprobación de los acuerdos de asociación, y se muestra preocupado por las consecuencias de estos retrasos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que eviten nuevos retrasos en la elaboración y la adopción de los acuerdos de asociación y pide que estos retrasos se resuelvan cuanto antes;

65. Destaca que las sinergias y la coherencia entre el MRR y otros programas de financiación de la Unión resultan esenciales para garantizar una recuperación adecuada y la resiliencia consolidada de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las sinergias entre los planes nacionales de recuperación y resiliencia y otros programas de financiación de la Unión, en particular los acuerdos de asociación; se pregunta cómo ha animado la Comisión a los Estados miembros a que impulsen sinergias con los planes nacionales de recuperación y resiliencia de otros Estados miembros;

66. o 1176/2011 Recuerda a los Estados miembros que los planes nacionales de recuperación y resiliencia están diseñados para contribuir a hacer frente de manera efectiva a la totalidad o a una parte significativa de los retos determinados en las correspondientes recomendaciones específicas por país dirigidas al Estado miembro en cuestión, incluidos sus aspectos presupuestarios y, en su caso, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.1176/2011 ( 19 ) , o a los retos determinados en otros documentos pertinentes adoptados oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo; toma nota de la evaluación de la Comisión de que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia abordan al menos un subconjunto significativo de retos identificados en las recomendaciones pertinentes del Semestre Europeo, pero que no se abordan todos los retos;

67. Reconoce el impacto positivo de las reformas fiscales necesarias en los Estados miembros que se incluyen en algunos planes nacionales, mientras lamenta que ninguno de los Estados miembros a los que les atañen las recomendaciones específicas por país en torno a la planificación fiscal agresiva, la elusión fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero hayan abordado esos retos en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia;

68. Pide a la Comisión que evalúe adecuadamente el cumplimiento de todos los hitos y objetivos, incluidos los relacionados con las recomendaciones específicas por país en los planes nacionales de recuperación y resiliencia en la fase de desembolso del Mecanismo, y que reduzca de manera proporcional los pagos, en función de la importancia de los hitos y objetivos, si los hitos y objetivos acordados no se cumplen de manera satisfactoria, lo que incluye no retroceder en los hitos y objetivos ya alcanzados; además, pide a la Comisión que, si resulta necesario, recurra a las disposiciones del Reglamento, que le permiten recuperar las subvenciones o pedir el reembolso anticipado de los préstamos en caso de incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros con arreglo a los acuerdos de financiación;

69. Observa que, según la evaluación de la Comisión, todos los Estados miembros han recibido una calificación A en la práctica totalidad de los criterios expuestos en el Reglamento del MRR; recuerda que, según la evaluación de la Comisión, todos los Estados miembros recibieron una calificación B para los criterios que evalúan si los costes totales estimados de los planes nacionales de recuperación y resiliencia son razonables; pide a la Comisión que se asegure de que los costes sean creíbles y de que se lleve a cabo un análisis de costes adecuado para hacer frente al fraude y la corrupción; insta a la Comisión a que evalúe a fondo que se cumplen de forma satisfactoria los hitos y objetivos antes de aceptar las solicitudes de pago, y a que se asegure también de que no se hayan revertido los hitos y objetivos ya alcanzados;

Mecanismos de transparencia, vigilancia y control

70. Destaca la importancia de la transparencia de una buena gestión de procedimientos a lo largo de todos los procesos y en todas las prácticas de contratación pública; pide, a este respecto, a los Estados miembros que se garanticen la igualdad y la equidad, y en particular un acceso para todos, incluidas las microempresas y pymes, en el proceso de contratación pública;

71. Insta a los Estados miembros a que pongan en marcha de forma oportuna el proceso de contratación pública para la aplicación de medidas en tiempo oportuno con el fin de garantizar que este finalice conforme al calendario de hitos y objetivos;

72. Destaca que la transparencia es fundamental para un sistema de seguimiento sólido de los planes nacionales de recuperación y resiliencia que haga posible una participación pública significativa; lamenta una vez más que el Consejo haya rechazado la creación, apoyada por el Parlamento y la Comisión, de una plataforma en línea en la que se dé publicidad a los beneficiarios finales; observa que, por la propia naturaleza de los instrumentos utilizados, el control se centra en la consecución de resultados y efectos más que en la verificación de los costes; observa que este planteamiento puede simplificar la aplicación y contribuir a la consecución del resultado deseado; advierte de que la falta de un correcto seguimiento podría dificultar la detección del uso indebido de los fondos de la Unión; insta a la Comisión, no obstante, a que adopte las medidas adecuadas para garantizar la detección temprana de malversaciones de los fondos de la Unión; pide a la Comisión que supervise rigurosamente cualquier posible caso de doble financiación y que, de confirmarse tales casos, proceda sin demora a la recuperación de los fondos;

73. Pide a la Comisión que informe a la autoridad presupuestaria sobre el uso de los sistemas informáticos establecidos por la Comisión para que los Estados miembros comuniquen la información pertinente sobre la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

74. Insta a los Estados miembros a que recopilen y registren datos sobre los destinatarios finales y los beneficiarios de la financiación de la Unión en un formato electrónico normalizado e interoperable y a que utilicen la herramienta única de extracción de datos y puntuación de riesgos facilitada por la Comisión; insta a la Comisión a que insista en el uso del sistema de seguimiento integrado e interoperable con una única herramienta de extracción de datos y puntuación de riesgos (ARACHNE) para todos los gastos del MRR, y a que garantice que ARACHNE sea interoperable con todos los programas informáticos y conjuntos de datos pertinentes para mantener la carga administrativa lo más baja posible; además, reitera la importancia de digitalizar todos los trámites de informes, supervisión y auditoría;

75. Recuerda que los Estados miembros deben recopilar y garantizar el acceso a los datos sobre el beneficiario (o beneficiarios) del destinatario de los fondos y los beneficiarios del programa, y reitera la importancia de garantizar la transparencia en cuanto a los beneficiarios finales, sin generar una carga adicional para la labor de información; pide a la Comisión y a los Estados miembros que publiquen periódicamente los datos actualizados sobre los beneficiarios finales y los fondos transferidos, en aras de la confianza pública y la transparencia; pide a la Comisión para que establezca un sistema integrado, interoperable y de fácil uso que contenga información sobre todos los proyectos cofinanciados por la Unión, los beneficiarios y los titulares reales, los contratistas y los subcontratistas, y que permita agregar todos los importes recibidos por un mismo beneficiario o titular real;

76. Recuerda a la Comisión que en la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y de las solicitudes de pago puede contar con la ayuda de expertos, y le pide que aproveche plenamente esta disposición, cuando resulte pertinente, sobre todo si carece de la capacidad interna para controlar a fondo los planes o el cumplimiento de los hitos y objetivos; plantea dudas con respecto a si el Consejo posee la capacidad suficiente para analizar de manera adecuada los planes nacionales de recuperación y resiliencia o las solicitudes de pago, y pide garantías de que se evalúan adecuadamente;

77. Insta a la Comisión a que garantice que la evaluación de los hitos y objetivos alcanzados por los Estados miembros en el marco de su plan nacional de recuperación y resiliencia se base en una evaluación exhaustiva y transparente de los hitos y objetivos en todas sus dimensiones, en particular su calidad;

78. Recuerda que los Estados miembros están obligados a establecer sistemas de control y auditoría sólidos para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión y a prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y garantizar la transparencia, y que la Comisión es responsable de garantizar que estos sistemas se implanten y estén en pleno funcionamiento antes de que se aprueben los primeros pagos; recuerda que los pagos deben desembolsarse una vez que se alcancen los hitos y objetivos;

79. Observa que la Comisión depende en gran medida de los Estados miembros para auditar a fondo la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; insta a la Comisión a que garantice el seguimiento, auditoría y cumplimiento efectivos de estos requisitos y a que supervise el cumplimiento continuado de cualquiera de estas medidas durante todo el ciclo de vida de los MRR; pide a la Comisión que garantice un mecanismo sólido de auditoría periódica de los sistemas de control de los Estados miembros;

80. Reitera el importante papel que desempeñan el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, así como otros organismos y agencias pertinentes de la Unión, a la hora de asistir a los Estados miembros y a la Comisión en la protección de los intereses financieros de la Unión durante la aplicación de Next Generation EU, y pide a estas instituciones y organismos que hagan pleno uso de sus prerrogativas en virtud del Reglamento del MRR y otros instrumentos legislativos relevantes para prevenir, detectar, corregir e investigar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses con el fin de controlar exhaustivamente todo el gasto del MRR; recuerda que estos organismos y agencias de la Unión deben disponer de los recursos adecuados para llevar a cabo sus tareas; pide a la Comisión que coopere con estas instituciones y organismos y que garantice la existencia de capacidades de control adecuadas y que los Estados miembros les concedan pleno acceso a toda la información pertinente para ejercer sus prerrogativas;

81. Acoge con satisfacción el Foro de Aplicación de la Ley del Instrumento Europeo de Recuperación, así como la Operación Centinela, que de forma cooperativa ayudará a prevenir y contrarrestar las amenazas contra los fondos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y en general contra el bienestar financiera de la Unión, y a identificar las vulnerabilidades que presenten los sistemas nacionales de asignación;

82. Reitera la importancia de que la Comisión realice una supervisión continua, también ex-post, de los gastos, la aplicación y la gestión del MRR, garantizando la plena transparencia junto con los Estados miembros con el fin de analizar los resultados del MRR, y que aborde cualquier deficiencia al respecto;

83. Recuerda que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el MRR estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento;

Gobernanza, transparencia y visibilidad de la aplicación del MRR

84. Reafirma el papel del Parlamento en el control de la aplicación del MRR, en particular a través de cinco debates plenarios celebrados en 2021, dos resoluciones aprobadas, cuatro diálogos sobre recuperación y resiliencia celebrados con la Comisión en 2021, 20 reuniones del grupo de trabajo específico sobre el control del MRR, preguntas parlamentarias y el flujo regular de información y solicitudes ad hoc de información a la Comisión; recuerda que el artículo 25 del Reglamento del MRR pide a la Comisión que transmita los documentos y la información pertinentes de forma simultánea y en igualdad de condiciones al Parlamento Europeo y al Consejo; toma nota del lento inicio del adecuado proceso de flujo de documentos y de las dificultades encontradas por el Parlamento en relación con el acceso a la información recibida por la Comisión y transmitida por los Estados miembros; acoge con satisfacción el hecho de que se hayan puesto en marcha desde entonces mejores procedimientos de comunicación, y pide que se mantenga este flujo de información;

85. Invita a la Comisión a seguir un planteamiento abierto, transparente y constructivo durante los diálogos de recuperación y resiliencia y a observar lo dispuesto en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento del MRR en lo que respecta a las interacciones habituales con el Parlamento; recuerda que la cooperación interinstitucional establecida a través del MRR debería convertirse en una norma mínima en todos los programas de financiación;

86. Pide a los Parlamentos nacionales y a las partes interesadas pertinentes que, de conformidad con los marcos jurídicos nacionales, sigan el ejemplo del Parlamento y controlen la aplicación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia de manera abierta, transparente y democrática;

87. Lamenta que en todos los Estados miembros los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales, el mundo académico u otras partes interesadas no hayan participado suficientemente en el diseño y la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, de conformidad con el marco jurídico nacional, y pide que participen, en base a unos principios claros y transparentes, en la aplicación de estos planes en la mayor medida posible con arreglo a la legislación nacional;

88. Recuerda que los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y las demás partes interesadas pertinentes están en primera línea de la aplicación local de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la participación y la coordinación adecuadas con los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y las demás partes interesadas pertinentes en la aplicación y supervisión de los planes son decisivas para el éxito de la recuperación en la Unión y esenciales para la efectividad y la amplia asunción de los citados planes; pide a la Comisión que estudie formas de entablar un diálogo con los representantes a escala de la Unión de las partes interesadas relevantes del MRR;

89. Pide a los Estados miembros que garanticen la claridad en el reparto de responsabilidades y unos sistemas de gestión adecuados de los fondos del MRR para tener en cuenta las necesidades específicas de los ciudadanos en el ámbito regional y local, respetando los principios de no discriminación e igualdad de trato; recuerda que la aplicación de las medidas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberá respetar todas las leyes pertinentes de conformidad con los marcos jurídicos nacionales;

90. Confía en que el informe de revisión sobre la aplicación del MRR elaborado por la Comisión proporcione datos y análisis completos sobre las contribuciones de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, incluido el impacto de género de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y su contribución efectiva a la igualdad de género, así como su apoyo a las pymes y a la autonomía estratégica;

91. Pide a la Comisión que evalúe si resulta probable que los objetivos de gasto legalmente especificados del 37 % de gasto en materia ecológica y del 20 % de gasto en materia digital se alcancen según lo previsto durante la fase de aplicación del MRR, y, cuando proceda, pide a los Estados miembros que adopten las medidas que entiendan necesarias para alcanzar dichos objetivos cuando prevean la posibilidad que ello no ocurra, con el apoyo de la Comisión en caso necesario;

92. Espera que el informe de revisión sobre la aplicación del MRR elaborado por la Comisión proporcione información sobre los cuellos de botella, si tal es el caso, que impiden la aplicación adecuada de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

93. Acoge con satisfacción la puesta en marcha, en diciembre de 2021, del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia, que permitirá a todos los ciudadanos supervisar la aplicación del MRR; observa que, conforme al acto delegado sobre indicadores comunes, los Estados miembros deberán informar sobre varios indicadores, como la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y las pymes a las que se presta ayuda; invita a la Comisión a mejorar y potenciar las capacidades del cuadro de indicadores para garantizar un alto grado de visibilidad y rendición de cuentas del MRR; acoge favorablemente el hecho de que el cuadro de indicadores contenga datos desglosados por género para los indicadores expresados con un recuento de personas;

94. Insta a la Comisión a que haga cumplir la disposición de que los Estados miembros deben proporcionar los datos necesarios para informar sobre los avances con respecto a los seis pilares del Reglamento del MRR, permitiendo con ello que todos los ciudadanos puedan supervisar la aplicación del MRR; lamenta, no obstante, que los Estados miembros se hayan mostrado reacios a proporcionar datos más detallados para completar el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia; observa que unos datos más detallados habrían hecho que los ciudadanos estuvieran en mejor disposición para pedir cuentas a sus Gobiernos;

95. Destaca que uno de los objetivos del Reglamento MRR es contribuir a la consecución de los objetivos sociales de la UE y destaca la importancia de disponer de metodologías para mostrar el progreso en su aplicación y cómo ello contribuye al pilar europeo de derechos sociales; expresa su preocupación por que el acto delegado sobre el gasto social y sobre el cuadro de indicadores de resiliencia no sea suficiente para hacer un seguimiento e informar sobre las dimensiones social y de género y los efectos del MRR; pide a la Comisión que refleje mejor el seguimiento de la aplicación de los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales a través de indicadores sociales y de género complementarios incluidos en el análisis temático del cuadro de indicadores;

96. Pide a la Comisión que presente indicadores complementarios incluidos en el análisis temático del cuadro de indicadores para hacer un seguimiento de los resultados de los Estados miembros en materia de biodiversidad y cohesión y competitividad;

97. Recuerda que, según el Reglamento del MRR, la Comisión deberá llevar a cabo acciones de información y comunicación en relación con el Mecanismo; anima a la Comisión, a través de sus oficinas de representación en los Estados miembros y en cooperación con las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo en los Estados miembros, a poner en marcha actos en los Estados miembros que promuevan el cuadro de indicadores y presenten los diferentes análisis realizados por la Comisión, incluidos los relativos a los seis pilares; anima a la Comisión a publicar un análisis detallado de los efectos positivos del MRR, destacando las buenas prácticas en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y las recomendaciones para superar los obstáculos de aplicación y mejorar la eficacia en el uso de los fondos;

98. Señala que las administraciones públicas nacionales se enfrentan a un reto considerable a la hora de absorber toda la financiación del MRR en un espacio de tiempo tan corto; insta a la Comisión Europea a que apoye activamente a los Estados miembros para en la absorción de dichos fondos, de manera que los fondos del MRR se desembolsen con éxito en toda la Unión;

99. Mantiene su compromiso y pretende aprovechar al máximo el abanico de posibilidades que ofrece el Reglamento del MRR para evaluar, supervisar y promover el MRR, incluso a través de eventos y actividades de ámbito local, regional y nacional;

100. Acoge favorablemente la iniciativa del Defensor del Pueblo Europeo de elaborar unos principios de buenas prácticas para la transparencia de la gobernanza en el uso de los fondos de recuperación;

101. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros informan sobre sus estrategias de comunicación; lamenta, no obstante, que, sin una norma clara, es previsible que dichas campañas de comunicación sean muy diferentes, lo que limita la visibilidad del MRR y de la financiación global de la Unión; acoge con satisfacción que la mayoría de los Estados miembros hayan seguido las recomendaciones de la Comisión de diseñar sitios web específicos en los que se muestre la información relacionada con el MRR, pero lamenta que existan grandes diferencias en los detalles de la información disponible en ellos;

102. Pide una mayor armonización de la información disponible para los ciudadanos sobre la aplicación nacional y sobre las estrategias nacionales de comunicación relacionadas con el MRR con el fin de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando así la apropiación de la aplicación; invita a la Comisión a que recomiende un enfoque y una norma armonizados para la presentación de información sobre la aplicación del MRR en el ámbito nacional y regional, y pide a los Estados miembros que se adhieran a esta norma o expliquen las desviaciones respecto a la misma;

Experiencia adquirida hasta la fecha en relación con el MRR

103. Reitera la importancia de una aplicación exitosa del MRR por parte de los Estados miembros para garantizar un impacto a largo plazo en la economía y la sociedad de la Unión; destaca que la revisión del marco de gobernanza económica de la Unión será la oportunidad de extraer lecciones de los éxitos, pero también de las deficiencias, del MRR; insta a la Comisión a que estudie y presente diferentes escenarios sobre la manera en que las lecciones aprendidas del diseño y la aplicación del MRR podrían inspirar la revisión del marco de gobernanza macroeconómica de la Unión, en particular en lo que se refiere al logro de una mayor transparencia, democracia, participación, coordinación y supervisión;

104. Subraya que el MRR ha demostrado la importancia que revise una robusta participación del Parlamento Europeo, junto con el Consejo, en la definición de las prioridades comunes de la Unión, la respuesta a los nuevos retos y el diseño de directrices políticas y mecanismos de gobernanza subyacentes, así como en el control de la ejecución para lograr una fuerte apropiación europea; reafirma que el Parlamento debe estar en pie de igualdad con el Consejo a la hora de controlar la aplicación del Mecanismo y pide a la Comisión que garantice la igualdad de trato para ambas instituciones en futuras iniciativas de la Unión; destaca la importancia de los actos delegados para reforzar la rendición de cuentas democrática y la legitimidad del proceso;

105. Observa con satisfacción que el apoyo de la Unión, prestado a las reformas e inversiones en forma de paquetes junto con incentivos, desempeñó un papel fundamental en el refuerzo de la apropiación nacional del MRR y del Semestre Europeo sobre la base de las prioridades comunes de la Unión; destaca, además, que unos diálogos sociales y territoriales significativos, con un alto nivel de participación de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, dentro del marco jurídico nacional, son esenciales para la apropiación nacional, el éxito de la aplicación y la rendición de cuentas democrática, y que deben reforzarse y aplicarse con mayor diligencia y podrían inspirar futuras iniciativas y mecanismos en la Unión y sus Estados miembros;

106. Reconoce, sobre la base del buen ejemplo del MRR, como parte del instrumento Next Generation EU, el fuerte valor añadido de una respuesta común, moderna y eficaz de la Unión que pueda movilizarse rápidamente para hacer frente a las crisis y los nuevos retos;

107. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta los puntos de vista del Parlamento en el próximo informe de revisión sobre la aplicación del MRR, que la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo a más tardar el 31 de julio de 2022; pide a la Comisión que también tenga en cuenta las aportaciones de todas las partes interesadas relevantes a la hora de elaborar dicho informe;

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108. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y a los Parlamentos y Gobiernos nacionales y regionales de los Estados miembros.

(1) DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.

(2) DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.

(3) DO C 15 de 12.1.2022, p. 184.

(4) DO C 67 de 8.2.2022, p. 90.

(5) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0121.

(6) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0219.

(7) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0240.

(8) DO L 429 de 1.12.2021, p. 83.

(9) DO L 429 de 1.12.2021, p. 79.

(10) DO C 155 de 30.4.2021, p. 45.

(11) DO C 97 de 28.2.2022, p. 21.

(12) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0074.

(13) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0204.

(14) https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/

(15) https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/research/advanced-search?textualSearch=RRF&startDate=01%2F07%2F2019&endDate=&firstCameToPage=false

(16) Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty — Insights from 5 European Countries (La COVID-19 y su impacto económico en las mujeres y la pobreza de las mujeres — Perspectivas de cinco países europeos), mayo de 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU (2021) 693183_EN.pdf

(17) Eurochild, Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19 (Crecer en confinamiento: Los niños de Europa en tiempos de la COVID-19), 17 de noviembre de 2020. https://www.eurochild.org/resource/growing-up-in-lockdown-europes-children-in-the-age-of-covid-19/

(18) Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

(19) Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).