P6_TA(2006)0089

Protección e inclusión sociales

Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección social y la inclusión social (2005/2097(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada: "Proyecto de Informe Conjunto sobre Protección Social e Inclusión Social" (COM(2005)0014),

- Visto el documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión titulado "Anexo al Proyecto de Informe Conjunto sobre Protección Social e Inclusión Social" (SEC(2005)0069),

- Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la Inclusión Social en los nuevos Estados miembros. Síntesis de los memorandos conjuntos sobre la inclusión social (SEC(2004)0848),

- Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo de 2005,

- Vista su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión a medio plazo de la Estrategia de Lisboa [1],

- Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira celebrado los días 19 y 20 de junio de 2000 y, en particular, el acuerdo sobre el hecho de que convendría establecer indicadores que sirvan de referencia común en la lucha contra la exclusión social y la erradicación de la pobreza,

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

- Vista la Decisión del Consejo 2005/600/CE de 12 de julio de 2005, sobre las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros [2],

- Vista la Decisión no 50/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, por la que se aprueba un programa de acción comunitaria a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social [3],

- Visto el apartado 1 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el que se establece que los países signatarios "reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social",

- Vistos los apartados 2 y 3 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en los que se hace hincapié en la responsabilidad prioritaria de los padres en relación con la educación de sus hijos y el papel de los poderes públicos a la hora de adoptar las "medidas apropiadas para ayudar a los padres (…) a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, [proporcionar] asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda",

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Refuerzo de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social" (COM(2003)0261),

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Modernizar la protección social para el desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del "método abierto de coordinación"" (COM(2004)0304),

- Visto el Libro Verde de la Comisión titulado "Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones" (COM(2005)0094),

- Vista su Resolución de 11 de junio de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Proyecto de informe conjunto sobre la integración social [4],

- Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre la aplicación del método abierto de coordinación [5],

- Vista su Resolución de 24 de septiembre de 2003 sobre el Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones [6],

- Vista su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la modernización de la protección social y el desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad [7],

- Vista su Resolución de 26 de mayo de 2005 sobre la Agenda Social para el período 2006-2010 [8],

- Vista su Resolución de 9 de junio de 2005 sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros [9],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0028/2006),

A. Considerando que en marzo del año 2000, en el Consejo Europeo de Lisboa, la Unión Europea definió una amplia estrategia para el crecimiento económico a largo plazo, el pleno empleo, la cohesión social y el desarrollo sostenible en una sociedad del conocimiento basada en el conocimiento técnico y la innovación; considerando que hoy, después de cinco años, estamos aún lejos de lograr los objetivos fijados,

B. Considerando que, durante el Consejo Europeo de Niza en el año 2000, los Estados miembros asumieron el compromiso de lograr para el año 2010 una sensible reducción de la pobreza y la exclusión social,

C. Considerando que la inclusión social constituye un derecho fundamental y es consustancial a la dignidad humana,

D. Considerando que la inclusión social, en determinadas condiciones, puede contribuir directa y eficazmente a un mayor desarrollo económico,

E. Considerando que la inclusión social es cuestión de cohesión social, un valor fundamental de la Unión Europea y un instrumento para combatir la exclusión social y la discriminación, que implica luchar contra el derroche de recursos humanos y las graves consecuencias de los cambios demográficos,

F. Considerando que, según las estadísticas procedentes de fuentes de la OCDE, la población de los países miembros de dicha organización está envejeciendo y que, si bien en la actualidad la relación existente es de 38 jubilados por cada 100 trabajadores, esta cifra podría aumentar hasta los 70 jubilados por cada 100 trabajadores si no se modifica la política laboral,

G. Considerando que la modernización de los sistemas de protección social no es únicamente una cuestión de garantizar la sostenibilidad financiera, sino de compartir riesgos que los individuos no pueden afrontar solos y de favorecer el crecimiento económico y el empleo para hacerlos sostenibles,

H. Reafirmando en consecuencia que la protección social, basada en la universalidad, la igualdad y la solidaridad, constituye un elemento esencial del modelo social europeo,

Aspectos generales

1. Manifiesta su satisfacción por el informe conjunto antes mencionado, que aborda por primera vez a escala de la Unión Europea de 25 tanto los sistemas de inclusión social como la protección social y se interesa en particular por los progresos de los Estados miembros en la aplicación práctica de los objetivos acordados en el Consejo Europeo de Lisboa; observa que el informe se propone abordar en particular el problema de la lucha contra la exclusión social y la erradicación de la pobreza de aquí a 2010 y de ayudar a los Estados miembros a reformar sus sistemas de protección social con miras a garantizar unos servicios con altas prestaciones, así como su adecuación y sostenibilidad futuras;

2. Observa que el informe conjunto hace particular hincapié en el hecho de que la lucha contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo uno de los retos principales a que deben enfrentarse la Unión y sus Estados miembros, teniendo en cuenta que las cifras relativas a la pobreza y a la exclusión social en la Unión, en términos de nivel de renta, son bastante elocuentes: más de 68 millones de personas —el 15 % de la población de la UE— viven en condiciones rayanas en la pobreza, según datos del año 2002;

3. Observa que, no obstante las mejoras estructurales que se han registrado en el mercado laboral de la UE durante la última década, los niveles de empleo y participación en la UE continúan siendo insuficientes, con niveles de desempleo altos en una serie de Estados miembros, especialmente entre ciertas categorías de ciudadanos, como los jóvenes, los trabajadores de más edad, las mujeres y las personas con una discapacidad particular; constata asimismo que la exclusión del mercado de trabajo, además de una dimensión nacional, tiene una dimensión local y regional;

4. Llama la atención sobre el hecho de que la reciente ralentización económica, aparejada a un aumento del desempleo y una disminución de las oportunidades de empleo, coloca a un mayor número de personas al borde de la pobreza y la exclusión y agrava la situación de los que ya viven en esa situación; es el caso de algunos Estados miembros, donde el desempleo de larga duración y la desocupación son particularmente acuciantes;

5. Subraya que el empleo debe considerarse como la protección más eficaz contra la pobreza y, en consecuencia, considera conveniente mantener el interés financiero del trabajo mediante medidas de incentivación del empleo para mujeres, fijando objetivos cualitativos para los puestos de trabajo que se propongan;

La inclusión social

6. Considera, a este respecto, que el esfuerzo de superación de la pobreza y la exclusión social debe mantenerse y ampliarse para mejorar la situación de las personas que mayor riesgo corren de quedar sumidas en la pobreza y la exclusión, como los trabajadores ocasionales, los desempleados, las familias monoparentales (en la mayoría de los casos bajo la responsabilidad de mujeres), las personas mayores que viven solas, las mujeres, las familias con varias personas a cargo, los niños desfavorecidos, así como las minorías étnicas, las personas enfermas o discapacitadas, las personas sin hogar, las víctimas de tráfico de personas, y las personas dependientes de las drogas o del alcohol;

7. Considera esencial que se conozcan las dificultades a las que tienen que hacer frente las personas desfavorecidas, incluidos los discapacitados, los inmigrantes y las personas pertenecientes a minorías étnicas, a la hora de encontrar trabajo o de mantenerlo; pide a los Estados miembros que presten apoyo a la inclusión de las personas desfavorecidas, a fin de prevenir y/o de luchar contra situaciones de exclusión social, impulsar la formación, fomentar la creación de empleo, la formación y la progresión profesional, la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar, así como el derecho a un acceso en igualdad de condiciones a la atención sanitaria y a una vivienda digna y garantizar la sostenibilidad de los regímenes de protección social; subraya la necesidad de mejorar, a este respecto, la calidad de los datos comparables;

8. Destaca que la mejor forma de luchar contra el desempleo es subsanar las deficiencias en materia de educación y formación y mejorar la cualificación de los trabajadores independientemente de la edad, tanto hombres como mujeres, así como respecto de las minorías étnicas y nacionales; destaca asimismo que la subsanación de estos desajustes tendría una importancia clave a la hora de alcanzar los objetivos de empleo, calidad laboral e inclusión social de Lisboa;

9. Subraya en este contexto que, en el caso de la minoría romaní, es conveniente que los miembros de dicha minoría tengan todo tipo de motivos para estar interesados en que sus hijos tengan un mayor nivel de formación, en el desarrollo de las cualidades y habilidades positivas de sus hijos;

10. Pide a los Estados miembros que intercambien las mejores prácticas para conseguir que los jóvenes no abandonen su formación prematuramente, sino que mejoren sus niveles de formación, en especial en idiomas y nuevas tecnologías, facilitándoles después el paso de la escuela al trabajo y ampliando, en general, el acceso a la educación y la formación de los grupos desfavorecidos, entre ellos, las personas con un modesto nivel de formación o los trabajadores de cierta edad, por lo que pide que creen las condiciones necesarias para permitir el acceso de todos al aprendizaje a lo largo de toda la vida; subraya que esas estrategias deben implicar a todas las instancias interesadas: interlocutores sociales, sociedad civil y proveedores de formación, correspondiéndole, sin embargo, al Estado desempeñar una función fundamental en cuanto a garantizar una escuela pública de calidad;

11. Recomienda a los Estados miembros que, a fin de reducir las situaciones de exclusión de los mayores de 50 años y facilitar su permanencia en el mercado laboral, se prevengan los riesgos de exclusión del mundo laboral mediante el desarrollo del acceso al aprendizaje permanente;

12. Considera, en este contexto, que, teniendo en cuenta las ventajas que una mano de obra cualificada supone para los empresarios, es obvio que la participación de los trabajadores en el proceso del aprendizaje a lo largo de toda la vida debería ser mayor;

13. Señala, no obstante, que, en algunos casos, ni un nivel suficiente de formación ni una recualificación repetida garantizan el empleo; subraya por consiguiente, la necesidad de recurrir en mayor medida a los trabajos de servicio público sin ánimo de lucro;

14. Señala que en 14 de 17 Estados miembros para los que existen datos [10], la pobreza de los niños ha aumentado durante los años 90; llama la atención sobre la circunstancia de que la persistencia de la pobreza infantil se concentra de manera especial en las familias monoparentales, las familias numerosas, con tres o más hijos a cargo, los inmigrantes y las personas pertenecientes a minorías étnicas, las familias sin trabajo o con trabajo precario; destaca la necesidad, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, de prevenir y eliminar la transmisión de la pobreza de una generación a otra, debiéndose destinar a ello los recursos financieros adecuados (como una mayor utilización de los Fondos Estructurales, especialmente del Fondo Social Europeo); destaca la necesidad de enfocar estos indicadores desde la perspectiva de los niños y de las personas que viven solas, si bien se sabe que no puede reducirse la pobreza infantil si no se reduce la pobreza de las familias y si no se garantiza el acceso de todos a servicios públicos de calidad;

15. Señala que, según fuentes de Eurostat, una tercera parte de los nacimientos que se registran en la UE en la actualidad tienen lugar fuera de la institución del matrimonio y que esta cifra aumenta cada año; considera que esta tendencia demuestra la necesidad de contar con mecanismos eficaces de apoyo al funcionamiento de los diferentes tipos de familia como institución;

16. Considera que los servicios sociales de atención y cuidado de niños son una condición previa importante a la hora de prevenir y de reducir la pobreza infantil y la exclusión social y las discriminaciones, puesto que ayudan a conciliar la vida familiar y el trabajo; subraya la necesidad de que todos los niños gocen de un acceso fácil e igual al sistema educativo; reconoce el importante papel que desempeñan los operadores privados en la prestación de servicios en este ámbito;

17. Pide a la Comisión que presente un Libro Verde sobre la pobreza infantil en el que se expongan objetivos claros y medidas adecuadas para eliminar la pobreza infantil, en tanto que pasos indispensables para la inclusión social de niños pobres;

18. Pide a la Comisión que acelere los trabajos relacionados con una "Carta del niño" con vistas a progresar en la defensa de los derechos del niño en el marco de la política interior y exterior de la UE;

19. Llama la atención sobre las necesidades específicas de los jóvenes, que se enfrentan a problemas de integración en el entramado económico y social, al pasar del mundo de la enseñanza al del trabajo, y que son más susceptibles de ser víctimas de la exclusión social; pide a los Estados miembros que garanticen que el desempleo juvenil sea objeto de una atención específica, en tanto que prioridad de derecho propio, mediante medidas políticas específicas y acciones de formación, con el fin de favorecer, entre otros, el espíritu de iniciativa y el desarrollo del espíritu empresarial;

20. Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias globales destinadas a promover el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental de las zonas geográficamente alejadas y subdesarrolladas, ya sean urbanas, insulares o rurales, con objeto de hacer frente a los problemas de exclusión y pobreza y evitar que se transmitan de una generación a otra;

21. Subraya la necesidad de una mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral, debiéndose suprimir los obstáculos que les impiden acceder a él y, en particular, alentar a las mujeres de más edad a que permanezcan más tiempo en el mercado laboral;

22. Recomienda a los Estados miembros que apoyen la política de crecimiento y de empleo femenino, facilitando el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de calidad y fomentando la igualdad de trato en materia salarial;

23. Subraya que el aumento de la tasa de actividad de las mujeres debe considerarse no sólo como una protección necesaria ante el riesgo de pobreza, que afecta principalmente a las mujeres sino, también, como un medio para preservar el equilibrio entre la tasa de activos e inactivos, amenazado por el envejecimiento de la población;

24. Hace un llamamiento a este respecto a los Estados miembros para que centren su atención en la eliminación de las desigualdades en el mundo del trabajo, como las diferencias según el género en el trabajo, el desempleo y el empleo atípico, la segregación por sexos en ciertos sectores y empleos, las diferencias de remuneración y estatus entre personas de uno y otro sexo, la escasa participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones; considera que, al hacerlo, los Estados miembros deberían facilitar las opciones personales en términos de conciliación de trabajo y vida familiar y garantizar un acceso de calidad y abordable a servicios de cuidado de niños y otras personas a cargo; considera también esencial que se integre en todas las políticas y programas la dimensión de género;

25. Pide, por otro lado, a los Estados miembros que adopten medidas para que los ceses de actividad profesional por maternidad y permisos parentales dejen de ser penalizados en el cálculo de los derechos a pensión de las mujeres;

26. Pide a los Estados miembros que, en su lucha contra los altos niveles de exclusión social a que se enfrentan los inmigrantes y las minorías étnicas, desarrollen y apliquen medidas, incluso a nivel de concienciación, para facilitar la integración de estos grupos de personas en el mercado laboral oficial, fomentar la aplicación efectiva de la legislación contra quienes trafican con personas y de lucha contra la no discriminación y facilitar su inclusión social mediante medidas especiales y un sistema de programas educativos especiales y mediante condiciones de vida y alojamiento aceptables, a fin de promover su adecuada inclusión social;

27. Pide a la Comisión que presente propuestas para crear un marco jurídico adecuado para erradicar la discriminación de las personas con discapacidad y que favorezca la igualdad de oportunidades y la plena participación laboral, social y política de dichas personas, en particular una propuesta de directiva basada en el artículo 13 del Tratado CE en relación con los ámbitos que aún no están cubiertos;

28. Subraya la necesidad de mejorar las condiciones de alojamiento, en especial las de accesibilidad, de los grupos desfavorecidos, particularmente expuestos a la pobreza, como las personas con discapacidad o las personas de edad que no pueden valerse por sí mismas; pide que se atiendan en mayor medida las necesidades de las personas sin hogar, proporcionándoles cuidados, conocimientos básicos y fomentando su integración social, lo cual exige políticas públicas, principalmente en materia de vivienda, salud y educación, que les garanticen su acceso;

29. Considera, en este contexto, asimismo, que esta enseñanza de conocimientos básicos, que no sólo debería tener como objetivo cultivar las habilidades que las personas necesitan para valerse por sí mismas sino que también generaría solidaridad con las personas menos capacitadas, debería seguirla de forma continua la sociedad europea en su conjunto, a partir de la educación primaria;

30. Apoya plenamente la intención de la Comisión de declarar el año 2007 Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos; estima que ello ayudará a destacar la importancia de este tema, a evaluar los progresos alcanzados en la UE y a facilitar un marco para nuevas medidas e iniciativas políticas con objeto de reforzar la legislación de la UE en materia de discriminación, bien sea directa o indirecta, incluida la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos;

31. Se congratula de que se reconozca que la mayoría de las personas con carencias sociales viven generalmente en las peores condiciones socioambientales y que esto debe tomarse debidamente en consideración a la hora de abordar la exclusión social;

32. Pide a la Comisión que adopte acciones legales contra los Estados miembros que no apliquen o no hayan transpuesto en el plazo fijado las Directivas en materia de antidiscriminación con arreglo al artículo 13 del Tratado de la CE;

33. Subraya una vez más la necesidad de mejorar y armonizar la recogida y procesamiento de datos y el desarrollo de indicadores comunes que tengan en cuenta las diferencias de edad y género, ya que este tipo de indicadores permite apreciar y evaluar el resultado de las políticas en materia de pobreza y exclusión social;

34. Considera que una auténtica política de inserción social debería aplicarse mediante el establecimiento de evaluaciones políticas sistemáticas ex ante y ex post, tanto a escala nacional como comunitaria;

35. Considera imprescindible integrar en el proceso de inclusión social a los actores locales o regionales, como las autoridades locales responsables de las políticas de inclusión social, los interlocutores sociales, las ONG y las personas que viven en situación de pobreza y de exclusión social;

36. Respalda la intención de la Comisión de prestar especial atención a la tarea de luchar contra la pobreza mediante la organización del Año Europeo de la lucha contra la exclusión y la pobreza;

Protección social

37. Considera que el rápido cambio impuesto por la mundialización y el amplio uso de las tecnologías de la información y la comunicación aumentan la vulnerabilidad con respecto al riesgo social y obligan a adoptar medidas más eficaces de protección social a fin de que todos puedan gozar de esa protección;

38. Señala que los regímenes de seguridad social y de prestaciones sociales resultan a menudo lentos a la hora de responder a formas más flexibles de empleo y de autoempleo y no ofrecen el apoyo adecuado, lo cual puede suponer un obstáculo para las personas que aceptan un empleo; considera, por lo tanto, que esto debería tenerse en cuenta a la hora de modernizar los sistemas;

39. Considera que las tendencias demográficas actuales, con una fuerza laboral en proceso de envejecimiento y un declive de la población en edad de trabajar, constituyen un reto a medio y largo plazo para la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social;

40. Destaca, a este respecto, la necesidad de fomentar el desarrollo y la aplicación de estrategias globales en materia de envejecimiento de la población a fin de que los trabajadores puedan permanecer más tiempo en la vida activa, y de alentar a los patrones a contratar y mantener un mayor número de trabajadores de edad;

41. Insta a la Comisión a que presente propuestas destinadas al establecimiento de un marco jurídico adecuado para erradicar la discriminación contra las personas por razones de edad;

42. Considera a este respecto que el Fondo Social Europeo puede desempeñar un importante papel en relación con la integración o reintegración de los trabajadores de cierta edad en el mercado laboral y, de manera más general, en la inclusión social de los grupos vulnerables y/o excluidos socialmente;

43. Considera que, a fin de que los regímenes de pensiones sean sostenibles desde el punto de vista financiero a largo plazo, es necesario un crecimiento económico, una productividad suficiente, un elevado nivel de empleo, un fomento activo del aprendizaje a lo largo de toda la vida, puestos de trabajo de calidad y un entorno laboral sano y seguro;

44. Recomienda que los sistemas de pensiones no se limiten exclusivamente a ser un amplio abanico de seguros sociales y complementarios (independientemente de que estén previstos por ley o de que sean de naturaleza privada), sino que aseguren un máximo de justicia social en materia de pensiones;

45. Considera que, para prevenir efectos adversos sobre el empleo, las reformas de los sistemas de pensión no deberían gravar aún más la mano de obra, sino alcanzar un equilibrio razonable entre las cargas que gravan la mano de obra y los gravámenes sobre otros recursos;

46. Pide a los Estados miembros que refuercen su capacidad administrativa e institucional, incluida la mejora de un acceso equitativo a servicios de alta calidad, en particular, en el ámbito de la atención sanitaria y de los cuidados de larga duración, la seguridad social, los servicios sociales que prestan también asesoramiento en materia de derechos sociales, los servicios de atención a la población infantil, los servicios de transporte o de movilidad, los servicios de reinserción orientados en particular a la integración en el mercado laboral y los servicios de formación profesional;

47. Espera el documento de la Comisión sobre una renta mínima como una contribución potencialmente útil al debate sobre la inclusión social y la protección social;

48. Acoge con satisfacción la Decisión del Consejo relativa a la aplicación del método abierto de coordinación en el ámbito de la asistencia sanitaria y de larga duración; indica que la atención sanitaria es y debe seguir siendo un ámbito de competencia de los Estados miembros; corrobora su apoyo a los tres objetivos fundamentales en el ámbito de la atención sanitaria y los cuidados de larga duración: acceso generalizado independiente de la renta o del patrimonio, calidad elevada y sostenibilidad financiera;

49. Subraya que debería prestarse particular atención a la situación de las personas que necesitan cuidados de larga duración o particularmente costosos, y a las que tengan dificultades especiales para acceder a estos cuidados; destaca que los servicios de salud, para promover y proteger la salud, deben estar basados no sólo en el principio de seguridad sino también en el principio de solidaridad;

50. Considera que deben incrementarse asimismo aquellos servicios sociales que sean precisos para la atención de las personas dependientes, es decir, quienes carezcan de autonomía personal para actos básicos de la vida ordinaria;

51. Observa que, sin perjuicio de que los regímenes públicos de pensión deban seguir siendo una fuente importante de la renta de los jubilados, los regímenes privados, bien sean planes de empresa o seguros privados, pueden desempeñar un papel complementario para obtener derechos de pensión adicionales;

52. Destaca en este contexto la necesidad de coordinar los sistemas de información y supervisión globales, debiéndose poner de relieve las consecuencias que tienen para los niveles de ingresos y la vida de los particulares;

53. Subraya la importancia de evaluar de forma continua la eficacia de los sistemas de pensiones con respecto a su viabilidad económica, así como la consecución de los objetivos sociales;

54. Pide al Consejo Europeo que, en aras de la racionalización y de la simplificación del método abierto de coordinación, adopte, en la Cumbre de primavera de 2006, un marco integrado en los ámbitos de la protección social y de la inclusión social y una lista única de objetivos comunes en los ámbitos de la inclusión social, de las pensiones y de la asistencia sanitaria y de larga duración;

55. Considera que la adopción de un marco integrado y la racionalización de la coordinación en los ámbitos de la protección social y de la integración social supone una posibilidad, en el contexto de la Agenda de Lisboa, de fomentar la importancia que tiene, en términos socioeconómicos la dimensión social de la protección social, como algo distinto de la coordinación de la política económica y de empleo;

56. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, al aplicar el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y de la integración social, presten mayor atención en el futuro a las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, centrando la atención en el acceso a los cuidados a los menores, a la situación de las familias en términos de renta, y a los porcentajes de empleo de las madres;

57. Pide a los Estados miembros que hagan un uso óptimo del potencial ofrecido por el proceso del método abierto de coordinación, en tanto que instrumento político de toma de decisiones en materia de empleo, protección social, inclusión social, pensiones y salud;

58. Pide a los Estados miembros, en particular a los nuevos Estados miembros, que examinen sus sistemas de pensiones, teniendo en cuenta, en particular, la esperanza de vida media significativamente más corta de los hombres y la gran diferencia de remuneración entre hombres y mujeres, que se refleja en el importe de la pensión de las viudas, que se ven arrastradas a menudo a vivir por debajo del umbral de pobreza;

59. Destaca que el desarrollo y la conservación de los sistemas de seguridad social están íntimamente ligados a los objetivos de Lisboa y pueden ser una contribución importante a un mayor empleo y crecimiento, a una mayor solidaridad, y a una mejor integración social;

60. Subraya su convencimiento de que debe clarificarse y reforzarse su papel, en su calidad de órgano de representación directa de los ciudadanos de Europa, con respecto a la aplicación del método abierto de coordinación, de modo que el proceso se legitimice democráticamente;

61. Insta al Consejo y a la Comisión a que entablen negociaciones con el Parlamento sobre un acuerdo interinstitucional que fije las normas para escoger los ámbitos políticos en los que se aplicará el método abierto de coordinación y prevea una aplicación coherente del método con la participación incondicional y en pie de igualdad del Parlamento Europeo;

62. Considera que un acuerdo de esta naturaleza debe incluir normas relativas a la participación del Parlamento en la fijación de objetivos e indicadores así como al acceso a documentos, la participación en reuniones, la observación y el control de los avances, la información sobre informes y las mejores prácticas, y un procedimiento de desarrollo del método abierto de coordinación como método comunitario;

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63. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de Protección Social, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, de los países adherentes y de los países candidatos.

[1] DO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.

[2] DO L 205 de 6.8.2005, p. 21.

[3] DO L 10 de 12.1.2002, p. 1.

[4] DO C 261 E de 30.10.2003, p. 136.

[5] DO C 68 E de 18.3.2004, pp. 604.

[6] DO C 77 E de 26.3.2004, p. 251.

[7] DO C 45 E de 23.2.2006, p. 134.

[8] Textos Aprobados, P6_TA(2005)0210.

[9] Textos Aprobados, P6_TA(2005)0244.

[10] UNICEF, Report Card No. 6 "Pobreza Infantil en Países Ricos 2005".

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