N° C 318/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Dictamen sobre la propuesta de segunda directiva del Consejo para la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio y por la que se modifica la Directiva 77/7S0/CEEÍ1) 
(88/C 318/15) 
El 7 de marzo de 1988, de conformidad con el artículo 57 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta de segunda directiva mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 7 de septiembre de 1988 (ponente: Sr. Pardon). 
En su 258a sesión plenaria (sesión del 29 de septiembre de 1988), el Comité Económico y 
Social adoptó el siguiente dictamen por 105 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. 
1. Observaciones generales 
1.1. Objeto y fundamento de la directiva 
La directiva, basada en el apartado 2 del artículo 57 
del Tratado, tiene como objeto facilitar el ejercicio del 
derecho de establecimiento y del derecho a la libre 
prestación de servicios de las entidades de crédito. A 
tal fin, tiende a armonizar, en la medida necesaria, las 
disposiciones legislativas, reglamentarias y administra­
tivas vigentes en los Estados miembros, con vistas a 
ejercer sobre estas entidades un control prudencial des­
tinado a garantizar la seguridad de los depósitos, la 
protección del ahorro y, de un modo general, el buen 
funcionamiento de estas entidades en interés de todos. 
1.2. Necesidad de dar un carácter coherente y com­
pleto a la protección del ahorro 
Puesto que se trata de llevar a la práctica el principio 
de la aprobación única y el del control ejercido por la 
autoridad competente del país de origen, tanto para las 
sucursales establecidas en otro Estado miembro como 
en materia de prestación de servicios sin estableci­
miento, la reglamentación de la protección del ahorro 
debe constituir necesariamente un conjunto coherente 
y completo en toda la Comunidad y, por consiguiente, 
en cada uno de los Estados miembros por separado. 
1.3. Aspectos de la protección del ahorro 
En cuanto a la protección del ahorro, cabe distinguir 
dos aspectos: 
a) el del control de las entidades de crédito que están 
habilitadas para recurrir permanentemente al aho­
rro público en forma de fondos reembolsables y que 
lo utilizan, por su cuenta, en créditos, inversiones y 
otras operaciones de tipo bancario; 
b) el del control de la recaudación del ahorro público 
en cualquier forma diferente de la anterior, y en 
concreto en forma de valores mobiliarios, sea cual 
fuere al agente económico que recurra a este tipo 
de ahorro. 
(}) DO n° C 84 de 31. 3. 1988, p. 1. 1.4. Objeto de la propuesta de directiva: el control de 
las entidades de crédito 
1.4.1. El control de las entidades de crédito, ejercido 
de modo continuo y permanente en cada uno de los 
Estados miembros, de tal manera que se favorezca la 
correcta gestión de dichas entidades y se prevenga, en 
la medida de lo posible, todo incumplimiento o pérdida 
de confianza, es el único objetivo de la Directiva 
77/780/CEE de la directiva propuesta. 
1.4.2. El reconocimiento mutuo de las aprobaciones 
y de los sistemas de control, que permite la expedición 
de una aprobación bancaria única válida en toda la 
Comunidad y la aplicación del principio de control 
por el país de origen, supone la aplicación simultánea, 
además de la segunda directiva examinada aquí, de: 
— un acto comunitario específico en materia de fondos 
propios: la propuesta de directiva referente a los 
fondos propios de las entidades de crédito, 
— un acto comunitario específico en materia de coefi­
ciente de solvencia: la propuesta de directiva sobre 
el índice de solvencia de las entidades de crédito, 
— un acto comunitario específico en materia de control 
de grandes riesgos: la recomendación de la Comi­
sión de 22 de diciembre de 1986 (87/62/CEE, DO 
n° L 33, p. 10), 
— un acto comunitario específico en materia de 
garantía de depósitos: la recomendación de la 
Comisión de 22 de diciembre de 1986 (87/63/CEE, 
DOn°L33, p. 16). 
El Comité considera que si los Estados miembros no 
aplicaran las dos últimas recomendaciones, éstas debe­
rán sustituirse necesariamente por directivas. 
Según la Comisión, la armonización de las condiciones 
de saneamiento y de liquidación de las entidades de 
crédito no tiene por qué realizarse simultáneamente 
para llegar al reconocimiento mutuo, pero es un obje­
tivo que será perseguido (4o considerando). 
Además, la sección considera que el Consejo debería 
adoptar también y de forma urgente la directiva sobre 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 318/43 
la libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios en materia de créditos hipotecarios. 
1.4.3. La Comisión afirma que la armonización de 
estas diferentes materias es suficiente para garantizar 
la aplicación del control por el país de origen. 
El Comité considera que esta armonización es necesaria 
y que resulta indispensable llevarla a cabo en el plazo 
previsto. 
1.4.4. El control del equilibrio financiero de las enti­
dades de crédito debe abarcar todo lo concerniente a 
la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de estas entida­
des, a fin de garantizar la protección de los acreedores. 
El Comité considera que la aprobación única y el con­
trol por la autoridad competente del Estado de origen 
implica una estrecha colaboración entre las autoridades 
de cada uno de los Estados miembros. Dichas autorida­
des deberán informarse mutuamente; cooperar entre sí, 
en particular para la definición de normas de control; 
coordinar sus acciones y tender a una aproximación de 
las técnicas más adecuadas para garantizar la indispen­
sable seguridad. 
1.5. Medidas que deben tomarse en el sector de los 
valores mobiliarios 
La protección del ahorro debe constituir un todo cohe­
rente. El Comité pide a la Comisión que vele por que 
sea así a fin de que el sistema de protección no presente 
ninguna falla. 
El Comité considera que el Consejo debería adoptar 
urgentemente la directiva referente a la prestación de 
servicios de inversiones ofrecidos al público. Se debe 
poner especial cuidado para que todas las disposiciones 
que afecten a ambas directivas sean coherentes y perti­
nentes en cada caso. 
Es fundamental que bajo ningún concepto puedan recu­
rrir al ahorro público los agentes que no estén autoriza­
dos y controlados a esos efectos. Si los instrumentos 
jurídicos existentes resultaran insuficientes, la Comisión 
debería formular propuestas destinadas a proteger de 
manera absolutamente completa el ahorro público. 
1.6. Principios fundamentales que deben respetarse en 
la propuesta de directiva 
En cuanto al proyecto de directiva, su aplicación debe 
necesariamente preservar y fomentar ciertos principios 
fundamentales referentes en concreto a: 
— la protección del ahorro, 
— la igualdad de las condiciones de competencia, 
— la lealtad de las transacciones comerciales, 
— la protección de los consumidores, 
— el respeto de la legislación social vigente en cada 
uno de los Estados miembros. 1.6.1. La protección del ahorro - San­
ciones 
Convendría precisar en el texto de la directiva que sólo 
las entidades de crédito controladas y reconocidas en 
uno de los Estados miembros están habilitadas para 
recaudar el ahorro público en forma de fondos reembol-
sables. 
A tal fin, los Estados miembros deberán estar obligados 
a prever sanciones penales contra toda infracción a esta 
norma, a partir del momento en que haya solicitación 
del ahorro. 
1.6.2. Igualdad de condiciones de la 
competencia 
La directiva permite a los Estados miembros dictar 
normas más rigurosas que las señaladas en los artículos 
3, 4, 9, 10 y 14 en lo que concierne a las entidades 
aprobadas por sus propias autoridades competentes 
(6o considerando). Esta facultad puede dar lugar a 
«discriminaciones a la inversa» en detrimento de las 
entidades de crédito autorizadas en estos Estados. 
La situación tiende a falsear la competencia entre las 
empresas. No parece que sea compatible con la idea de 
un gran mercado único sin fronteras interiores. Se 
podría evitar mediante una mayor armonización. 
1.6.3. La lealtad en las transacciones 
comerciales 
1.6.3.1. En los Estados miembros existen general­
mente disposiciones legales que tienen por objeto garan­
tizar la lealtad en las transacciones comerciales. El 
objetivo perseguido es, por una parte, impedir que la 
competencia entre los agentes económicos sea falseada 
y, por otra parte, garantizar la protección de los consu­
midores. 
1.6.3.2. En particular, se piensa aquí en las dispo­
siciones legales que imponen la publicidad de los precios 
y, de un modo más general, la transparencia de las 
condiciones de venta o de prestación de servicios; la 
prohibición de ventas o prestaciones ligadas a primas, 
etc.; la prohibición de la publicidad engañosa; la prohi­
bición de la venta ambulante y a domicilio para determi­
nados productos, etc. 
1.6.3.3. Las disposiciones de esta naturaleza, si bien 
pueden representar un obstáculo a la libre prestación 
de servicios, están no obstante justificadas por conside­
raciones de interés general. Constituyen la expresión 
de las necesidades y de las aspiraciones de un medio 
socioeconómico determinado. A falta de coordinación, 
de armonización y de aproximación de las legislaciones 
de esta naturaleza, siguen estando en vigor y pueden 
oponerse no sólo a la sucursal de una entidad de crédito 
establecida en el Estado miembro donde se aplican, 
sino también al prestatario del servicio, aunque esté 
autorizado en su Estado miembro de origen y la presta­
ción figure en la lista anexada a la propuesta de direc­
tiva. 
N° C 318/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1.6.3.4. El único objeto de la directiva en preparación 
es aproximar las legislaciones de los Estados miembros 
en lo referente al control del agente económico « entidad 
de crédito » : coordinación de las condiciones que permi­
ten el acceso a la profesión y coordinación de las 
normas mínimas que afectan al control administrativo 
permanente del agente económico en el ejercicio de sus 
actividades, desde el punto de vista de su liquidez, de 
su solvencia, de la honorabilidad de sus dirigentes y 
principales accionistas, de la limitación de los riesgos 
incurridos en materia de reinversión (artículo 10, régi­
men de participaciones) y de su buena organización 
administrativa y contable. 
1.6.3.5. En estas condiciones, la directiva en prepara­
ción no puede tener por efecto, ni tampoco es éste su 
objetivo, desviar la aplicación, en cada uno de los 
Estados miembros, de su propia legislación sobre la 
lealtad de las transacciones comerciales, no poner 
obstáculos a lo que constituyen prácticas honestas en 
materia comercial, reconocidas como tales por la ley o 
por la jurisprudencia. 
1.6.4. Protección de los consumidores 
1.6.4.1. El derecho privado de los Estados miembros 
contiene generalmente normas de protección relaciona­
das con el orden público: régimen de incapacidades; 
derecho familiar y regímenes matrimoniales que garan­
tizan en determinados casos la protección del patrimo­
nio familiar; prohibición o reglamentación del juego y 
de las apuestas; prohibición de la usura, etc. Algunas de 
estas medidas pueden ser objeto de sanciones penales. 
1.6.4.2. Existen también disposiciones legales de 
carácter imperativo o prohibitivo que tienen por objeto 
garantizar, en los contratos, la protección de los « con­
sumidores» y más generalmente de las personas en el 
ejercicio de actividades sin fines profesionales. Dichas 
legislaciones tienen en cuenta el medio socioeconómico 
en el que se aplican, y por lo tanto presentan diferencias 
sensibles cuya legitimidad reconoce la Comisión, dado 
que la directiva relativa a los créditos al consumo (!) 
permite a los Estados miembros, en su artículo 15, 
prever disposiciones más rigurosas. 
1.6.4.3. La noción de interés público, que compete a 
la policía económica y que los Estados miembros sólo 
podrán invocar de ahora en adelante contra un agente 
económico no autorizado como entidad de crédito o 
contra una prestación de servicio que no figure en la 
lista aneja a la directiva (considerando n° 11), es ajena 
a la noción de orden público en derecho privado y en 
derecho penal y a la noción de leyes imperativas o 
prohibitivas también llamadas de aplicación inmediata 
en derecho internacional privado. Las disposiciones de 
esta naturaleza, pertenecientes al derecho contractual, 
imponen obligaciones a los contratantes a fin de prote-
í1) Directiva 87/102/CEE de 22 de diciembre de 1986 relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros en materia de 
créditos al consumo. ger los intereses de la parte considerada más vulnerable 
o peor informada. Si bien es cierto que pueden constituir 
un obstáculo a la libre prestación de servicios, los 
intereses que están en juego exigen no obstante que 
permanezcan vigentes las normas de derecho sustancial 
de los Estados miembros destinadas, en materia con­
tractual, a proporcionar obligatoriamente la protección 
prevista a la parte reputada más vulnerable o peor 
informada. 
1.6.4.4. La única solución consiste en aplicar, en 
todos los Estados miembros y a más tardar en el 
momento de la entrada en vigor de la directiva en 
preparación, las disposiciones del convenio sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales, firmado en 
Roma el 19 de junio de 1980 por los Estados miembros. 
Estas disposiciones tienen concretamente por objeto 
impedir que el consumidor pueda verse privado de la 
protección que le garantizan las disposiciones imperati­
vas de la ley del país en el que tiene su residencia 
habitual (artículo 5 del convenio), entendiendo que, en 
la misma situación, sólo podrá comparecer ante el juez 
competente en razón de su residencia (convenio entre 
los Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea relativo a la jurisdicción y a la ejecución de 
las decisiones en materia civil y comercial, firmado 
en Bruselas el 16 de septiembre de 1968, artículo 13 
modificado por el artículo 10 del convenio de 9 de 
octubre de 1978). 
1.6.5. El respeto de la legislación social 
de los Estados miembros 
En lo que concierne a las condiciones de trabajo, el 
Comité entiende que la aplicación de la Directiva y en 
concreto la aplicación del principio del control por la 
autoridad competente del país de origen no afectará, 
en el estado actual del derecho comunitario, a la aplica­
ción de la legislación social del país de acogida. Así, a 
título de ejemplo, si la legislación social de un Estado 
miembro instituye consejos de empresas y prescribe que 
se le deben proporcionar determinadas informaciones, 
la sucursal de un banco que tiene su sede en otro Estado 
miembro y está sometida por consiguiente al control 
de las autoridades de este Estado en lo que respecta al 
control bancario, seguirá estando sujeta a todas las 
disposiciones de la legislación social del país de acogida. 
1.7. Carácter indispensable de los principios evocados 
La directiva sólo puede aprobarse si se respetan y se 
ponen en práctica de modo efectivo los principios aquí 
evocados. 
Corresponde a la Comisión proporcionar todas las 
garantías a este respecto y modificar convenientemente 
tanto los considerandos como el dispositivo de la direc­
tiva, a fin de que en un asunto tan delicado no persista 
ninguna duda al respecto. 
Una vez que la directiva entre en vigor, sólo tendrá por 
efecto, de acuerdo con su propio objetivo, obligar a que 
los Estados miembros reconozcan el carácter equiva-
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 318/45 
lente del control que compete a la policía económica y 
que es ejercido por cada uno de ellos sobre las entidades 
de crédito e impedirles invocar, contra una entidad, 
cuyos servicios figuren en la lista aneja, su reglamenta­
ción nacional justificada por el interés público y aplica­
ble, sólo en el ámbito del control del agente económico 
como tal, a toda persona o empresa que ejerce esta 
misma actividad en su territorio. Con la adopción de la 
directiva por el Consejo, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta de una vez por todas, respecto de las 
entidades de crédito autorizadas y de los servicios que 
figuran en la lista, que el interés público tal como ellos 
lo conciben en su derecho administrativo interno para 
el control del agente económico « entidades de crédito » 
queda salvaguardado por las normas, por hipótesis 
equivalentes, que se hallan en vigor en el ámbito así 
precisado y limitado en los otros Estados miembros. 
1.8. Aspectos sociales 
1.8.1. Independientemente de la cuestión del respeto 
de la legislación social de los Estados miembres (véase 
apartado 1.6.5 supra), el Comité manifiesta especial 
preocupación por la incidencia que esta directiva puede 
tener en el empleo dentro del sector de las entidades de 
crédito. 
No obstante, observa que el problema del empleo se 
plantearía con independencia de la directiva en prepara­
ción. El derecho de establecimiento y el derecho a la 
libre prestación de servicios son principios aplicables 
desde este momento, la directiva examinada no tiene 
otro objeto que regularizar y reglamentar, en aras de 
la seguridad jurídica, la puesta en práctica de estos 
principios directa e inmediatamente aplicables. 
El examen de la presente propuesta brinda no obstante 
la ocasión de abordar este problema que preocupa a 
los medios interesados. 
1.8.2. En lo que respecta al empleo, la Comisión 
afirma que cabe esperar efectos muy favorables en el 
sector bancario, inducidos por la proliferación de las 
actividades transfronterizas de las entidades de crédito. 
Sin duda alguna tendrán que llevarse a cabo reestructu­
raciones; probablemente habrá que racionalizar; no hay 
duda de que se necesitarán grados más elevados de 
cualificación. 
Cabría adoptar, en concertación, programas de forma­
ción profesional a fin de dar paso a cualificaciones 
mejor adaptadas. 
1.8.3. Ello no impide que sea indispensable, en opi­
nión del Comité, que los interlocutores sociales sean 
informados y consultados y que se fortalezca el diálogo 
social, a fin de buscar la mejor manera de resolver los 
problemas de empleo que puedan plantearse i1). 
(') Véase el dictamen del CES de 27 de abril de, 1988 sobre la 
«creación de un área financiera europea», en particular el 
apartado 3.6.2 (DO n° C 175 de 4. 7. 1988, p. 1). 1.9. Aspectos fiscales 
En su dictamen del 12 de abril de 1988 sobre el docu­
mento relativo a la «creación de un área financiera 
europea » el Comité puso de relieve su inquietud por el 
desplazamiento de determinadas actividades financieras 
en razón únicamente de las diferencias existentes en 
los sistemas fiscales de los Estados miembros. Con la 
aplicación de la presente directiva, estos desplazamien­
tos se verían facilitados aún más. 
Se impone un esfuerzo para armonizar el conjunto de 
la fiscalidad. En espera de ello, el Comité reitera el 
dictamen expresado anteriormente: considera que, a 
priori, una solución podría ser la introducción de una 
retención generalizada, en la fuente aplicada a todos 
los ingresos financieros con un tipo uniforme para todos 
los Estados miembros. 
1.10. Conclusión 
Garantizado el respeto de los principios y condiciones 
enumerados anteriormente, y sin perjuicio de las obser­
vaciones que se formulan a continuación, la directiva 
propuesta, una vez modificada de modo conveniente 
para tenerlas en cuenta, constituirá un instrumento 
adecuado para la realización del mercado interno en el 
ámbito del control de las entidades de crédito, en interés 
de los depositantes y del ahorro. 
2. Observaciones particulares 
2.1. Artículo 1: Definición 
La directiva adopta la definición de la primera directiva 
(77/780/CEE): una entidad de crédito es « una empresa 
cuya actividad consiste en recibir del público depósitos 
u otros fondos reembolsables y conceder créditos por 
cuenta propia». 
Habida cuenta de la aparición de nuevos productos 
financieros y de nuevas formas de intermediación finan­
ciera, convendría, en aras de la protección de los ahorra­
dores y de los consumidores y para preservar la equidad 
de las condiciones de competencia, elaborar una defini­
ción más completa que la de 1977. Tal definición 
debería en particular tener en cuenta las empresas que 
conceden créditos sin recibir del público depósitos u 
otros fondos reembolsables. 
De una manera general, convendría consagrar el princi­
pio según el cual todas las empresas que efectúen opera­
ciones idénticas deben estar sometidas, en cuanto a 
estas operaciones, a normas pertinentes idénticas. 
2.2. Artículo 3: Capital inicial 
2.2A. Los elementos constitutivos del «capital» no 
están determinados. La Comisión debería proponer una 
armonización en este sentido. 
N° C 318/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
2.2.2. El texto propuesto parece reflejar las dificulta­
des para la determinación del capital inicial. 
El apartado 1 fija un montante de capital relativamente 
elevado, cuya cuantía resulta sin embargo bastante 
arbitraria. 
El apartado 2 establece una excepción cuyo objetivo es 
comprensible: tener en cuenta, so pena de provocar 
dificultades sociales y económicas, las entidades cuyo 
ámbito de operaciones está limitado por cláusulas lega­
les o estatutarias, sin privarles del derecho de estableci­
miento ni de la libre prestación de servicios que les 
confiere el Tratado. 
No obstante, resulta difícil discernir los límites de la 
excepción. 
2.2.3. La solución podría consistir en fijar el capital 
inicial de una manera objetiva teniendo en cuenta espe­
cialmente : 
— el programa de actividades previstas por la entidad 
de crédito, 
— la importancia de la organización necesaria para 
poner en práctica este programa, 
— el plazo necesario para que la empresa sea operativa 
y para que los resultados compensen los gastos 
iniciales. 
2.2.4. La ampliación del programa de actividades y 
el crecimiento de la organización podrían justificar un 
aumento correspondiente del capital. 
2.2.5. A efectos de lo que precede, es conveniente 
que las autoridades de control colaboren estrechamente 
para establecer criterios de determinación del capital 
mínimo necesario y que, bajo los auspicios de la Comi­
sión, coordinen las normas que aplican en este campo, 
de modo que se llegue a una armonización de las 
mismas. 
2.3. Artículo 4: Identidad y honorabilidad de los accio­
nistas o socios que poseen una participación cua­
lificada {l) 
La definición del criterio de honorabilidad —que ya 
figuraba en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 
77/780/CEE— es competencia de los Estados miem­
bros. 
(*) Véase artículo 1: participación cualificada: el hecho de poseer 
en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10% 
del capital o de los derechos de voto o una influencia notable, 
según se define en el artículo 33 de la Directiva 83/349/CEE 
del Consejo. 
Se trata de la séptima directiva del Consejo de 13 de junio de 
1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del 
Tratado y referente a las cuentas consolidadas: «Artículo 
33, apartado 1. Cuando una empresa comprendida en la 
consolidación ejerza una influencia notable en la gestión y en 
la política financiera de una empresa no comprendida en 
la consolidación (empresa asociada), en la cual posea una 
participación según se define en el artículo 17 de la Directiva 
78/660/CEE, esta participación será inscrita en el balance 
consolidado en una rúbrica particular con el título correspon­
diente. Se considerará que una empresa ejerce una influencia 
notable en otra emprese cuando disponga del 20% o más de 
los derechos de voto de los accionistas o socios de esta 
empresa ...». Sería conveniente que los criterios adoptados por los 
Estados miembros fuesen objeto de coordinación y que, 
entre tanto, las autoridades de control se comunicasen 
entre sí los criterios que adopten, en el contexto de la 
cooperación que deben mantener. 
2.4. Artículo 5: Aprobación bancaria única y abolición 
del capital de dotación 
El Comité quiere recordar aquí que la aprobación ban­
caria única sólo es aceptable si se aplican, además de 
la presente directiva, los actos comunitarios relativos a 
los fondos propios, a los coeficientes de solvencia, al 
control de los grandes riesgos y a la garantía de depó­
sitos. La economía de este acto comunitario relativo a 
la garantía de depósitos deberá tener en cuenta el nuevo 
reparto de competencias de las autoridades de control 
bancario. 
2.5. Artículo 7: Entidades de países terceros 
2.5.1. Cuando una entidad de crédito de un Estado 
tercero crea una filial en un Estado miembro, esta filial 
es una sociedad sometida al derecho de este Estado 
miembro y, por consiguiente, al derecho comunitario. 
Puede por lo tanto beneficiarse del derecho de estableci­
miento y del derecho de libre prestación de servicios en 
toda la Comunidad. 
Por tanto, la aprobación en un solo Estado miembro 
da a esta filial acceso a todo el mercado europeo. 
Esta situación es opuesta a la de las entidades de crédito 
europeas que encuentran dificultades, a menudo insu­
perables, para acceder al mercado bancario de determi­
nados Estados terceros o cuya aprobación se limita 
a entidades territoriales restringidas o a un número 
reducido de operaciones. 
2.5.2. La Comisión propone que se le permita diferir 
el examen de la solicitud de aprobación de una filial de 
una entidad de crédito de un Estado tercero (o la 
participación en una entidad de crédito comunitaria 
por parte de intereses de un Estado tercero) hasta que 
haya podido comprobar si dicho Estado ofrece un trato 
recíproco. Si así no fuera, el examen de la solicitud de 
aprobación o de la participación quedará en suspenso. 
Este procedimiento pretende provocar la apertura de 
negociaciones con el Estado o los Estados terceros de 
que se trate, a fin de llegar a un sistema equitativo de 
reciprocidad. 
Habida cuenta del efecto comunitario de la aprobación 
única y de su considerable importancia económica para 
el conjunto de la Comunidad, el Comité aprueba el 
dispositivo propuesto. 
2.5.3. En cuanto a las filiales de entidades de crédito 
dependientes de un Estado tercero y aprobadas ya en 
un Estado miembro, convendría mantener su aproba-
1212.88 Oiario Oficial de las comunidades Europeas ^C^18^B 
ciónen los términosdelartículo^de la L^irectiva^^80^ 
C^EEydene^arles el beneficio de la directiva propuesta 
mientrasnoselle^ueauna situación de reciprocidad. 
2.^. A^^A^^.C^^^^^^^^o^o^^o^o^ 
2.^.1. Esmdispensablequeunaentidadde crédito 
disponga permanentemente de fondos propios suficien^ 
tes en relación con los riesgos incurridos. 
2.Ó.2. tiestos fondos propios son suficientes respecto 
de los coeficientes de solvencia, parece inútil, en lo que 
se refiere al control bancano, que su montante sea i^ual 
al del capital inicial, especialmente cuando se haya 
restringido el programa de actividades y reducido la 
organización revéase 2B2B^, 
2a^. En el transcurso de las actividades de la 
empresa, la cuestión del mantenimiento del capital 
iniciales competenciadelderecho de sociedadesyno 
del control bancano. 
En lo que concierne al criterio de honorabilidad, el 
comité se remiteasus observaciones del apartado 2,^, 
artículos 
La definición de^^estiónprudenteysana^plantea el 
mismo problema, convendría que los criterios adopta 
dos por los Estados miembros fuesen objeto de coordi^ 
naciónyque, entre tanto, las autoridades de control se 
comunicasen entre sí los criterios que adoptan, dentro 
del contento de la cooperación que deben mantener, 
2.8.1, ^e trata aquí de participaciones cualificadas 
cuyo montante sobrepasa el leúdelos fondos propios 
en una empresa que no es ni una entidad de crédito, ni 
una entidadfmanciera, ni la fihaldeunaentidadde 
crédito,ycuya actividad se sitúa en la prolongación de 
la actividad bancanaodepende de servicios auxiliares 
de la misma, 
2.8.2, La posesión de tales participaciones perma 
nentesatítulo de inversión es permitida por la legisla 
ción de determinados Estados miembros, mientras que 
la de otros la prohiben, 
2,8,^, El objetivo del articulóles imponer el reco 
nocimiento, por todos los Estados miembros, de la 
aprobación dada por un Estado miembro cuya legisla 
ción permite la posesión de participaciones—siempre 
queestén dentrode los límitesdel artículo l^de la 
directiva—, pero no e^i^eque los Estados miembros 
cuya legislación prohibe la posesión de participaciones 
la autoricen en favor de las entidades de crédito someta 
dasasu control. 
^ V^^m^nD^a^^ 2,8,4, Esta situación constituye un nuevo ejemplo 
criticable de discnmmaciónala inversa ^véase 1,^,2^, 
2.9, A^^o^.^^^^o^^^^^ó^^^^^r^^^^^ 
^^r^o 
Esta disposición debe leerseen relación con el apar 
tado^delartículo^delaL^irectiva^^8^C^EE,que 
establecequela solicitudde aprobacióndeberáestar 
acompañada de un programa de actividades en el que 
se indiquenenconcretoel^énerode lasoperaciones 
previstasyla estructura organizativa de la entidad. 
Como ya quedó indicado anteriormente ^2,^ y 2,^ 
los criterios de valoración deberían serobjeto de una 
aproximación y,entre tanto, ser examinados en coop 
eración por las autoridades de control competentes, 
2.10, Arr^^o^2,C^o^^^^^^^^^^^o^^ 
2,10,P El apartadoldelarticulol2 incrementa las 
informaciones que las autoridades competentes debían 
intercambiarse en virtud del apartado Idel artículos 
delaPoirectiva^^8^(SEE 
El comité se congratula por la ampliación de su colabo^ 
ración, 
2,lóm2, A pesar del principio del control ejercido 
por la autoridad competente del Estado de origen, 
las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida son responsables, en virtud del apartado2del 
artículo 12, de la vigilancia de la liquiden de una entidad 
de créditohastaunaultenorcoordmación. El Estado 
miembro de acogida conserva la totalidad de sus compe^ 
tencias en cuantoalas medidas resultantes de la aplicad 
ción de la política monetaria, 
2,1^,2,1, El comité se remite al dictamen del comité 
Económico y social sobre la ^creación de un área 
financiera europeas y en particular al apartado 2, 
Observaciones ^enerales^, 
2,lo,2,2, El comité considera que la disposición 
examinada tiene un carácter provisional^ 
— hasta que se procedaala coordinación de los instru^ 
mentos de medida de la liquiden, cuando se trate de 
la vigilancia de esta última, 
— hasta que se instaure una política monetaria común 
basada en la existencia de un organismo central, 
cuando se trate de medidas resultantes de la puesta 
en práctica de las políticas monetarias, 
2,1(^,2,^, El vomite manifiesta su satisfacción por el 
hecho de que las medidas que siguen siendo competen^ 
ciadelEstadomiembrodeaco^idanopuedanprever 
tratamientos discriminatonosorestrictivos por el hecho 
de que la entidad de crédito esté autorizada en otro 
Estado miembro, 
2,10,^, Envirtuddelapartado^delarticulol2las 
autoridades competentes del país de acogida pueden 
también tomar las medidas necesariasafin de e^i^ira 
lasentidades decrédito autor^adasen otros Estados 
N° C 318/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
miembros la adopción de medidas apropiadas para 
hacer frente a los riesgos de mercado en que incurran 
como consecuencia de sus intervenciones en los merca­
dos de valores mobiliarios que existen en su territorio. 
2.10.3.1. Se trata aquí de una importante excepción 
al principio del control ejercido sobre las sucursales por 
la autoridad competente del Estado de origen. 
2.10.3.2. Corresponde a la Comisión estudiar las 
técnicas de regulación de las posiciones en valores mobi­
liarios, divisas, riesgos de intereses, etc., coordinar los 
trabajos de las autoridades competentes a fin de alcan­
zar, con el tiempo, una armonización de las técnicas de 
vigilancia que permitan el ejercicio del control global 
por parte de la autoridad competente del Estado de 
origen. 
2.10.3.3. En cualquier caso, convendría precisar en 
el texto de la directiva que las medidas que pudieran 
adoptar en este ámbito las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida no pueden prever trata­
mientos discriminatorios restrictivos por el hecho de 
que la entidad de crédito esté autorizada en otro Estado 
miembro. 
2.11. Artículo 14: Secreto profesional 
Esta disposición consolida las disposiciones que figuran 
en el artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE. 
Las disposiciones de la directiva relativas al secreto 
profesional no constituyen ningún obstáculo, en nin­
guno de los Estados miembros, para las competencias 
reconocidas en materia penal a las autoridades judici­
ales. 
De un modo general, la directiva no podrá tener por 
efecto modificar la legislación penal de los Estados 
miembros, en particular en lo que respecta a las sancio­
nes de infracciones a la legislación fiscal. El derecho 
penal, el derecho de procedimiento penal y el derecho 
fiscal vigentes en cada uno de los Estados miembros 
deben continuar aplicándose a todo agente económico 
que opere, con establecimiento o sin él, en el ámbito 
jurídico del Estado miembro en el que se aplica ese 
derecho. 
2.12. Artículo 15: Sanciones 
Las autoridades competentes que impongan sanciones 
de conformidad con el artículo 15, deberían informar 
a las autoridades competentes de los Estados donde 
están establecidas las sucursales de la entidad de crédito 
sancionada. 
2.13. Artículo 16: Ámbito de aplicación del reconoci­
miento mutuo 
2.13.1. Podrán beneficiarse del reconocimiento 
mutuo las entidades de crédito que cumplan los dos 
requisitos siguientes: 
— estar autorizadas y vigiladas por las autoridades 
competentes de sus Estados miembros de origen, 
de acuerdo con las disposiciones de las directivas 
relativas al sector bancario, — haber emprendido actividades recogidas en la lista 
que figura en el anexo a la propuesta de directiva. 
2.13.2. Esta lista parece bastante completa. Enumera 
las operaciones que constituyen el núcleo de la actividad 
bancaria. 
2.13.3. No obstante, en opinón del Comité esta dis­
posición no afecta a las autolimitaciones legales o esta­
tutarias que los propietarios o garantes privados o 
públicos impongan a sus entidades de crédito en lo 
relativo a la libertad de prestación de los servicios 
enumerados en la lista. También debe considerarse 
como autolimitación, en el sentido de la presente direc­
tiva, las disposiciones que la legislación o las normas 
estatutarias permiten a un Estado miembro establecer 
en benefició de personas jurídicas públicas autónomas 
en el marco de la organización del Estado o de sus 
empresas públicas, por ejemplo para garantizar la salva­
guardia del presupuesto del Estado o el objetivo de sus 
empresas, como el principio de la limitación de la 
competencia territorial y las restricciones operacionales 
de las cajas de ahorro municipales. 
2.13.4. La existencia de la lista no obliga a todas las 
entidades de crédito a ejercer las actividades que en ella 
se enumeran. 
En sí misma, tampoco tiene por efecto prohibir a las 
entidades de crédito el ejercicio de cualquier otra activi­
dad. No cabe duda de que si esa otra actividad elegida 
es objeto de una reglamentación específica, tendrá que 
respetar esta reglamentación. Asimismo, esa otra activi­
dad no podrá eludir la vigilancia de la autoridad de 
control bancario competente si su ejercicio puede poner 
en peligro los haberes confiados a la entidad de crédito, 
que es precisamente la razón de ser de este control 
prudencial. 
2.13.5. Una entidad de crédito que, autorizada en un 
Estado miembro realiza operaciones no reconocidas en 
la lista, no podrá beneficiarse del reconocimiento mutuo 
según la directiva en preparación, pero su derecho de 
establecimiento y su derecho de libre prestación de 
servicios no se ven por lo demás afectados. Una entidad 
no autorizada que realice operaciones que aparecen en 
la lista se encontraría en el mismo caso. 
En estas situaciones, el Estado miembro de acogida, en 
aplicación del derecho de establecimiento y de la liber­
tad de prestación de servicios, podrá también imponer 
el respeto de las disposiciones específicas de su propia 
legislación y de su propia reglamentación nacional a las 
entidades no autorizadas como entidades de crédito en 
el Estado miembro de origen o a las actividades que no 
figuran en la lista, siempre que, por una parte, tales 
disposiciones sean compatibles con el derecho comuni­
tario y motivadas por el interés público y, por otra 
parte, dichas entidades o actividades no estén sometidas 
a reglas equivalentes en función de la legislación o de 
la reglamentación del Estado miembro de origen (ver 
11° considerando). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las 
La situación así creada puede tener como consecuencia 
paradójica el que una entidad no autorizada se vea 
sometida a menos formalidades (ver artículos 17 y 18) 
que una entidad autorizada. 
2.13.6. El apartado 2 del artículo 16 introduce el 
concepto de «grupo bancario». 
2.13.6.1. La Comisión ha previsto la situación en la 
que determinadas actividades sean ejercidas por filiales 
especializadas (arrendamiento financiero, factoring, 
comercialización de valores mobiliarios, crédito hipote­
cario, etc.). 
2.13.6.2. Estas filiales entran en el ámbito de aplica­
ción de la directiva de vigilancia sobre base consolidada 
83/350/CEE, pero no tienen la calidad de entidad de 
crédito en el sentido de la Directiva 77/780/CEE. 
2.13.6.3. Sin embargo, la aprobación única y el con­
trol por la autoridad competente del Estado de origen, 
principio instituido por la directiva en preparación, 
puede extenderse a estas filiales con las siguientes condi­
ciones: 
— que la o las empresas matrices estén aprobadas 
como «entidades de crédito» en el mismo Estado 
miembro a cuyo derecho está sometida la filial, 
— que la o las empresas matrices posean el 90% o 
más de las participaciones o acciones de la filial, 
— que la o las empresas matrices se hayan declarado 
garantes solidarias de las obligaciones asumidas por 
la filial, 
— que la filial esté incluida en la vigilancia sobre 
base consolidada a la que está sometida su empresa 
matriz o cada una de sus empresas matrices, en 
conformidad con la Directiva 83/350/CEE. 
2.13.6.4. En lo que concierne a la primera condición, 
cabe preguntarse qué sucede si las empresas matrices 
están autorizadas cada una en un Estado miembro 
diferente. 
2.14. Artículo 17: Condiciones necesarias para poder 
beneficiarse del reconocimiento mutuo en mate­
ria de derecho de establecimiento. Procedimiento 
relativo a las autoridades del país de origen y 
entre las autoridades del país de origen y del país 
de acogida 
2.14.1. Una entidad de crédito que desee establecer 
una sucursal en el territorio de otro Estado miembro 
debe notificarlo a su propia autoridad, en su Estado 
miembro. 
Esta autoridad valora el proyecto, y si su valoración es 
positiva, en un plazo de 3 meses a partir del momento 
de la notificación debe comunicar las informaciones 
transmitidas por la entidad de crédito con ocasión de 
dicha notificación. 
Tal valoración no debería representar un obstáculo al 
derecho fundamental de libre establecimiento recogido 
en el Tratado. Comunidades Europeas N° C 318/49 
El plazo de 3 meses parece demasiado largo. 
2.14.2. Antes de que la sucursal pueda comenzar a 
ejercer sus actividades en el país de acogida, la autori­
dad competente de éste dispone de 3 meses, a partir de 
la recepción de la comunicación, para organizar la 
vigilancia de la entidad de crédito (ver artículo 19) y 
para pronunciarse, llegado el caso, sobre la imposibili­
dad, por razones de interés público, de que ejerza deter­
minadas actividades aprobadas por el país de origen 
pero que no figuren en la lista del anexo. 
También aquí convendría que ese poder de valoración 
de que dispone la autoridad del país de acogida no sea 
un obstáculo al derecho fundamental de libre estableci­
miento que recoge el Tratado. 
2.15. Artículo 18: Condiciones necesarias para poder 
beneficiarse del reconocimiento mutuo en mate­
ria de libre prestación de servicios. Procedimiento 
con relación a las autoridades del país de origen 
La entidad de crédito que desee ejercer por primera vez 
sus actividades en el territorio de otro Estado miembro, 
en el marco de la libre prestación de servicios, sólo tiene 
que notificar a su autoridad competente qué activida­
des, entre las que figuran en la lista en anexo, pretende 
ejercer. 
2.16. Artículo 20: Poderes de la Comisión en materia 
de modificaciones de carácter técnico 
2.16.1. Se reconoce a la Comisión el poder, con 
arreglo a determinadas modalidades, de introducir 
«modificaciones técnicas» en la directiva en prepara­
ción. Dichas modificaciones son enumeradas limitativa­
mente : 
— la ampliación del contenido de la lista mencionada 
en el artículo 16 y que figura en el anexo, 
— el importe del capital inicial requerido en el apar­
tado 1 del artículo 3, 
— la lista de las categorías de entidades contempladas 
en el apartado 2 del artículo 3, 
— el importe de los límites fijados en el artículo 10, 
— los ámbitos en los que las autoridades competentes 
deben intercambiar informaciones, enumerados en 
el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 77/780/ 
CEE. 
2.16.2. La Comisión somete su proyecto a un comité 
de representantes de los Estados miembros. Adopta las 
medidas previstas cuando estén en conformidad con el 
dictamen del Comité. 
2.16.3. Si no hay conformidad, la Comisión presenta 
su propuesta al Consejo. 
N° C 318/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
2.16.4. Si este último se pronuncia en un plazo fijado 
por el Consejo pero no superior a tres meses, las medi­
das son adoptadas por la Comisión. 
Observaciones generales 
1. El grupo de estudio «GATT/Ronda Uruguay» 
ha seguido estos últimos meses la evolución de las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay a través de 
contactos informales de los funcionarios de la Comisión 
de la CEE sobre los temas tratados por los grupos de 
negociación, recabando la opinión de los representantes 
de algunos países contratantes como India, Brasil y 
Estados Unidos, mediante contactos del ponente y el 
presidente del grupo de estudio con el director general 
del Acuerdo general sobre las tarifas advaneiras y el 
comercio (GATT) y su secretaría y, por último, a través 
de las reuniones del CES con los países de la Asociación 
europea de libre cambio (AELC), y de una audiencia 
pública de la comisión de Relaciones exteriores del 
Parlamento Europeo. Además, la secretaría de la sec­
ción de Relaciones exteriores, política comercial y des­
arrollo ha facilitado continualmente a los miembros del 
grupo de estudio una amplia documentación con los 
artículos publicados en la prensa especializada. 2.16.5. Parece excesivo este poder así otorgado a la 
Comisión para estatuir por sí sola. 
2. En el período transcurrido desde la declaración de 
Punta del Este sobre los objetivos generales de la nueva 
Ronda y durante las negociaciones sectoriales llevadas a 
cabo en 1987, se han registrado progresos satisfactorios, 
tanto por el volumen de trabajo efectuado como por la 
activa contribución de muchas delegaciones en cuanto 
a la definición de objetivos y metodologías que deberán 
seguirse para resolver los innumerables problemas 
específicos de la negociación. 
La fase actual, que se inició en enero de 1988, se 
caracteriza por la presentación de solicitudes y ofertas 
de adjudicación entre las partes contratantes. Esta fase 
resulta la más difícil de la negociación en sí. 
Se ha previsto una reunión ministerial denominada Mid 
Tertn Review (evaluación a medio plazo) que tendrá 
lugar a principios del próximo mes de diciembre, para 
hacer una evaluación del camino recorrido y dar un 
impulso político al proseguimiento de las negociaciones, 
que en principio deberán concluir a finales de 1990. Hecho en Bruselas, el 29 de septiembre de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre el estado actual y las perspectivas futuras de las negocaciones GATT/Ronda 
Uruguay desde el punto de vista de las relaciones entre la Comunidad Europea y los principales 
países industrializados, los países en vías de desarrollo y los países con comercio de Estado 
(88/C 318/16) 
El 31 de mayo de 1988, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 del reglamento 
interno, el Comité Económico y Social decidió emitir un dictamen sobre el estado actual y 
las perspectivas futuras de las negociaciones GATT/Ronda Uruguay. 
La Sección de relaciones exteriores, política comercial y desarrollo, encargada de preparar 
los trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 16 de septiembre de 1988 (ponente: 
Sr. Romoli). 
En su 258a sesión plenaria (sesión del 29 de septiembre de 1988), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.