COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 11.05.1999 
COM(1999) 134 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
HACIA UN MERCADO ÚNICO 
DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE 
PENSIONES 
Resultados de la consulta en torno al Libro Verde sobre los 
r 
Sistemas Complementarios de Pensiones en el Mercado Único 
índice 
RESUMEN 
Regulación cautelar de los fondos de pensiones 
Eliminación de los obstáculos que se oponen a la movilidad laboral 
dentro de la Unión 
Coordinación de los regímenes fiscales de los Estados miembros 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Necesidad de un mercado único de sistemas complementarios de 
pensiones 
1.2 Consulta en torno al Libro verde sobre los sistemas complementarios 
de pensiones 
2. NORMAS CAUTELARES APLICABLES A LOS FONDOS DE PENSIONES Y 
COMPATIBLES CON EL MERCADO ÚNICO Y EL EURO 
2.1 Los fondos de pensiones en la zona euro 
2.1.1 Carteras de inversión más seguras 
2.1.2 Carteras de inversión más rentables 
2.1.3 Enfoque cualitativo de la supervisión cautelar 
2.2 Regulación cautelar de los fondos de pensiones 
2.2.1 Conveniencia de adoptar una directiva 
2.2.2 Ámbito de aplicación y contenido 
2.2.3 Aseguramiento contra el riesgo de terminación del plan 
2.2.4 Medios para garantizar la igualdad de trato entre operadores 
2.2.5 Un nuevo contexto 
3. FACILITAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
3.1 Consideraciones generales 
3.2 Resultados de la consulta sobre el Libro Verde 
3.3 Medidas que cabría adoptar 
4. NECESIDAD DE UNA MAYOR COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES FISCALES 
NACIONALES 
4.1 Resultados de las consulta sobre el Libro Verde 
4.2 Medidas que cabría adoptar 
Resumen 
El mantenimiento de un elevado grado de protección social es ün objetivo compartido 
por todos los Estados miembros de la Unión Europea. El control del coste de esa 
protección constituye un desafío permanente, pues debe seguir garantizando la 
cohesión social y, a la vez, contribuir al crecimiento económico. 
Las prestaciones de jubilación son un componente básico de los sistemas de 
protección social de los países de la Unión. El gasto derivado de los sistemas públicos 
de pensiones representa cerca de la mitad del total del gasto en protección social y 
supone entre el 9% y el 15% del producto interior bruto (PIB) de los Estados 
miembros1. Esta proporción podría aumentar considerablemente como consecuencia 
del envejecimiento de la población de la Unión. En 1995, el 23% de la población tenía 
65 o más años, cifra que alcanzará el 40% en el año 2025 . 
Hacer frente a esa evolución es una responsabilidad que compete esencialmente a los 
Estados miembros, pues a ellos corresponde organizar sus sistemas de pensiones. 
Estos sistemas se organizan en general en tres niveles: 
- el primer nivel comprende los regímenes de la seguridad social; 
- el segundo, los sistemas de empleo; 
- el tercero, los planes de pensiones suscritos a título personal. 
Los sistemas del segundo y del tercer nivel constituyen los sistemas complementarios, 
cuya finalidad es completar los sistemas públicos. 
El análisis que se efectúa en la presente Comunicación se refiere a esos sistemas 
complementarios y, más en concreto, a los sistemas de empleo (segundo nivel), para 
los que, actualmente, no existe un verdadero marco jurídico comunitario. Sin olvidar, 
en ningún momento, la aplicación del principio de subsidiariedad en este ámbito, la 
misión de la Comisión es proponer reformas que hagan posible que tales sistemas 
puedan beneficiarse de las libertades consagradas para el mercado único y aprovechar 
las nuevas perspectivas que ofrece el euro, y ello para aumentar su seguridad y 
eficiencia y contribuir al auge de los mercados de capitales europeos. 
Así quedó de manifiesto en el marco de actuación para los servicios financieros 
presentado por la Comisión el 28 de octubre de 1998 . En ese marco de actuación, 
concertado con el sector afectado y los Estados miembros, se formulan propuestas 
dirigidas a culminar la integración de los mercados financieros de la Unión. Una 
mayor apertura de los mercados financieros minoristas ofrecerá más posibilidades de 
elección y flexibilidad a los futuros jubilados. Del mismo modo, una mayor eficiencia 
de los mercados de capitales coadyuvará a incrementar el rendimiento de las 
Cf. European Economy, The Welfare State in Europe, Challenges and reforms (n° 4, 1997). 
Cf. European Economy, Ageing and Pensión Expenditure prospects in the Western World (n° 3, 
1996). 
3 Servicios financieros: establecimiento de un marco de actuación (COM(1998) 625) 
inversiones de los fondos de pensiones, lo que permitirá reducir los costes laborales 
indirectos y crear empleo. Esto podría contribuir a hacer más sólidos los fundamentos 
económicos de la protección social. Con este fin, es conveniente que los sistemas 
complementarios se adapten al mercado único y al euro. Las normas de inversión no 
deberían limitar injustificadamente la política de inversión de los fondos de pensiones. 
Para administrar sus activos, los fondos deberían poder recurrir a cualquier gestor 
autorizado en la Unión. Todos los proveedores de pensiones complementarias 
deberían poder ofrecer sus servicios en todos los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, la protección de los partícipes debe continuar siendo la piedra 
angular de la regulación y del control de los fondos de pensiones. Cualquier medida 
que se adopte deberá garantizar a los futuros jubilados que las prestaciones 
convenidas se harán efectivas. Sin embargo, esas medidas deben limitarse a lo 
objetivamente necesario para la adecuada protección de los partícipes. 
En este análisis coinciden la inmensa mayoría de los Estados miembros y de los 
organismos representativos que han participado en la consulta acerca del Libro verde 
sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único4, lanzada por la 
Comisión en junio de 1997. Aunque subsisten divergencias en relación con 
determinados aspectos, como, por ejemplo, las normas de inversión, existe un amplio 
consenso por lo que se refiere a la necesidad de emprender la elaboración de un marco 
jurídico comunitario, que podría articularse en torno a tres ejes fundamentales: la 
regulación cautelar de los fondos de pensiones, la eliminación de los obstáculos a la 
movilidad laboral y la coordinación de los regímenes fiscales de los Estados 
miembros. 
La regulación cautelar de los fondos de pensiones 
Actualmente, pese a que el valor de los activos de los fondos de pensiones5 del 
segundo nivel establecidos en los Estados miembros equivale a aproximadamente el 
23% del PIB de la Unión6, no existe todavía una norma comunitaria específica que 
garantice la aplicación de los principios de libre circulación de capitales y libre 
prestación de servicios en ese sector. 
Ello es aún más lamentable si tenemos en cuenta que el euro abre a los inversores un 
mercado de capitales más extenso, dotado de mayor liquidez y libre de riesgo de 
cambio. En algunos Estados miembros, la normativa es lo suficientemente flexible 
como para permitir que los fondos de pensiones, en condiciones apropiadas de 
seguridad, modifiquen su política de inversión y la adapten a la nueva realidad. De ese 
modo, los fondos podrán diversificar mejor su cartera de inversión y conseguir, en 
interés de los promotores y partícipes, un mayor equilibrio entre el riesgo y el 
rendimiento de las inversiones. Si se desea facilitar la financiación de las pensiones, 
es conveniente que todos los fondos de pensiones de la Unión Europea gocen de esa 
posibilidad. 
4 COM (1997) 283. Las respuestas a este Libro verde se han resumido en un documento de trabajo 
(CAB/62/98) disponible en las páginas de la DG XV en Internet (http://europa.eu.int/comm/dgl5). 
5 En este contexto, por fondos de pensiones se entenderán los proveedores de planes de pensiones 
vinculados a un empleo. 
6 Fuente: European Federation for Retirement Provisión (EFRP). Esta cifra es igual al 20% si se 
descuentan los activos de las reservas contables y de los seguros de vida colectivos. 
La experiencia demuestra que imponer a la inversión restricciones demasiado severas 
daña notablemente el rendimiento de los fondos de pensiones, sin aumentar la 
seguridad. Esto se traduce en menores prestaciones, o aportaciones más elevadas que 
van en detrimento de los costes laborales. Pero, además, al afectar, sobre todo, a la 
inversión en acciones, esas restricciones limitan también las posibilidades de 
financiación del sector privado y obstaculizan la apertura e integración de los 
mercados de capitales de la Unión. Sin embargo, unos mercados de capitales más 
eficientes, con mercados de acciones y de deuda del sector privado líquidos y muy 
desarrollados, pueden contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo 
en la Unión e, indirectamente, facilitar la financiación de la protección social en las 
próximas décadas. 
Con el fin de favorecer ese proceso, parece conveniente adoptar una directiva. La gran 
mayoría de las partes consultadas en relación con el Libro verde y la elaboración de 
un marco de actuación para los servicios financieros considera que esa directiva 
debería responder a los cuatro objetivos siguientes: 
i) Garantizar a los partícipes el grado más alto de protección posible. Esto 
implica insertar la libertad de gestión y de inversión en un marco cautelar 
global. 
ii) Permitir que los fondos de pensiones se beneficien plenamente del mercado 
único y del euro. La política de inversión de los fondos de pensiones sólo debe 
limitarse por razones cautelares. Además, estos fondos deben poder contratar 
los servicios de cualquier gestor o depositario debidamente autorizados en la 
Unión. 
iii) Garantizar la igualdad de trato entre los proveedores de pensiones 
complementarias vinculadas a un empleo. Los fondos de pensiones tienen 
características propias, que justifican un marco jurídico específico. Sin 
embargo, al mismo tiempo, es preciso evitar introducir elementos de 
falseamiento de la competencia frente a otros proveedores, tales como las 
entidades de seguro de vida . Esto comporta la instauración de un verdadero 
marco cautelar, tal y como ya existe para las entidades de seguro de vida. 
Puede comportar también el establecimiento de normas similares para 
productos claramente delimitados. 
iv) Permitir el reconocimiento mutuo de las normas cautelares . Actualmente, los 
fondos de pensiones no pueden tener partícipes en diversos Estados miembros 
de la Unión. Dadas las especiales características de los sistemas 
complementarios de pensiones, y su vinculación con los sistemas públicos, 
sólo deben contemplarse determinadas formas de afiliación (por ejemplo, 
dentro de una misma empresa). Por otra parte, la afiliación transfronteriza sólo 
puede considerarse un objetivo a largo plazo, pues son muchas las condiciones 
que han de darse previamente: por ejemplo, una mayor coordinación entre los 
7 Estas entidades están presentes en el mercado de los sistemas complementarios de pensiones 
vinculados a un empleo a través de contratos colectivos. En algunos Estados miembros, los organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) ofrecen también productos ligados a la 
jubilación de ese tipo. 
regímenes fiscales de los Estados miembros. Además, es necesario el 
reconocimiento mutuo de las normas cautelares de los Estados miembros. Si 
mediante una propuesta de directiva se lograra el reconocimiento mutuo, ya se 
estaría dando un primer paso hacia la afiliación transfronteriza. Esta afiliación 
presentaría numerosas ventajas: para los trabajadores migrantes, que no 
correrían ya el riesgo de perder sus derechos a una pensión complementaria, y 
también para las empresas y los propios fondos de pensiones. Estos últimos 
podrían realizar economías de escala en su gestión administrativa y financiera, 
limitando así los costes laborales. 
De acuerdo con el análisis efectuado hasta el momento, la propuesta de directiva 
podría contener tres conjuntos de normas: 
i) Normas cautelares básicas. En concreto, referidas a la autorización de los 
fondos de pensiones por una autoridad competente; la necesidad de que la 
autorización esté supeditada al cumplimiento de rigurosos criterios sobre la 
responsabilidad, idoneidad y honorabilidad de los gestores de los mismos; la 
definición de las facultades de intervención de las autoridades de supervisión; 
la instauración de mecanismos de información periódica a los partícipes y a las 
autoridades supervisoras. 
ii) Normas sobre inversión de las aportaciones. La libertad de inversión de los 
fondos de pensiones no puede ser absoluta. Las inversiones han de ser acordes 
con la naturaleza y duración de los compromisos, y debidamente 
diversificadas (por moneda, zona geográfica y sector económico). HHh Habrá 
que analizar la pertinencia de imponer un requisito de congruencia monetaria. 
En cualquier caso, el marco jurídico debe ser plenamente compatible con la 
libre circulación de capitales. Cabe señalar que, en general, estos aspectos 
deberán ser consultados en detalle con los Estados miembros y el sector. 
iii) Normas sobre el pasivo de los fondos de pensiones y la relación activo-
pasivo-. Las inversiones deben realizarse basándose en una evaluación precisa 
de los compromisos del fondo. En esa evaluación ha de incluirse el cálculo de 
provisiones técnicas, con arreglo a un método actuarial prudente y reconocido. 
En este sentido, habrá que plantearse la posibilidad de que las cuentas de los 
fondos de pensiones vayan firmadas por un actuario independiente. Asimismo, 
parece necesario establecer un nivel mínimo de financiación, que garantice 
plenamente los derechos adquiridos en materia de prestaciones. 
El objetivo debería ser lograr una armonización mínima de todos esos extremos. La 
gran disparidad existente entre los fondos de pensiones de la Unión hace que no quepa 
aspirar sino a establecer un marco general que recoja los principios que habrá que 
respetar para garantizar la protección de los partícipes y la eficacia económica. Por 
otra parte, parece indispensable que las autoridades de supervisión de los fondos de 
pensiones cooperen entre sí. Una vez aprobada la directiva, podría ser conveniente 
crear un foro que reúna a las autoridades competentes. 
Esto afecta sobre todo a los sistemas de prestación definida. 
La eliminación de los obstáculos que se oponen a la movilidad laboral 
Principio fundamental del mercado único, la movilidad laboral adquiere aún mayor 
importancia con la instauración de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Está en 
juego la credibilidad de la UEM entre los ciudadanos. Europa se ha dotado ya de 
normas que coordinan con eficacia, en beneficio de los trabajadores migrantes, los 
sistemas de pensiones del primer nivel. Sin embargo, la inexistencia de una 
coordinación del mismo tipo para las sistemas complementarios supone una auténtica 
barrera a la libre circulación de los trabajadores cubiertos por esos sistemas. Si los 
Estados miembros optan por recurrir más a los sistemas complementarios, esa barrera 
afectará cada vez a mayor número de personas y limitará la capacidad de circulación 
de la mano de obra. 
En consecuencia, sería preciso reflexionar sobre lo siguiente: 
i) Requisitos para la adquisición de derechos a pensión complementaria. Si los 
requisitos para la adquisición de derechos son demasiado complejos, o los 
períodos de carencia demasiado largos, ello puede constituir un obstáculo 
x significativo a la libre circulación de personas. Es necesario intensificar la 
reflexión al respecto, con los Estados miembros y los agentes sociales. 
ii) Métodos aplicados en la transferencia de derechos. Es un hecho que la 
inexistencia de una norma actuarial común aplicable a la transferencia de 
capital penaliza a los trabajadores migrantes, frente a los que permanecen en 
un mismo Estado. La Comisión, a la luz de los trabajos técnicos que 
emprenderá, en colaboración con todos los interesados, se planteará la 
posibilidad de elaborar una propuesta legislativa al respecto. 
iii) Requisitos para la afiliación transfronteriza a fondos de pensiones. La 
afiliación transfronteriza exigirá el reconocimiento mutuo de los sistemas de 
supervisión y una mayor coordinación de los regímenes fiscales. Pero, además, 
los sistemas complementarios de pensiones vinculados a un empleo se rigen 
también por normas sociales específicas en el plano nacional (régimen 
aplicable a los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, forma de 
hacer efectivas las prestaciones, etc.). Parece necesario efectuar un estudio 
técnico, con el fin de decidir qué curso debe darse a esas normas en el contexto 
de la afiliación transfronteriza. 
iv) Creación de un foro de pensiones. La constitución de un foro de pensiones 
podría servir para promover el debate sobre los problemas que plantea la 
movilidad laboral dentro de la Unión. Ese foro, que facilitaría la realización de 
los trabajos técnicos necesarios en este ámbito y reuniría a representantes de 
los Estados miembros, los fondos de pensiones y los agentes sociales, podría 
también ocuparse del seguimiento de la legislación comunitaria, presente y 
futura. 
La coordinación de los regímenes fiscales de los Estados miembros 
Las disparidades existentes entre los regímenes fiscales nacionales aplicados a los 
seguros de vida y a los productos vinculados a la jubilación, así como su complejidad 
y sus características específicas, constituyen importantes obstáculos a la movilidad 
laboral y la libre prestación de servicios dentro de la Unión. Descartando, por el 
momento, la posibilidad de armonizar y guardando en mente la necesidad de no 
deteriorar los ingresos fiscales de los Estados miembros, parece necesario esforzarse 
por suprimir toda discriminación nacional de índole fiscal frente a los productos 
ofrecidos por entidades (aseguradoras, fondos de pensiones) establecidas en otros 
Estados miembros. 
Dé acuerdo con este planteamiento de coordinación flexible, la Comisión y los 
Estados miembros han comenzado ya a colaborar para estudiar la manera de eliminar 
los principales obstáculos en este terreno. Un problema prioritario y urgente para 
numerosos trabajadores migrantes y las empresas que los emplean es el del régimen 
fiscal aplicable a las aportaciones y las primas pagadas a entidades establecidas en un 
Estado miembro que no sea el de residencia del partícipe o el tomador de la póliza. 
Este tema está siendo estudiado por el Grupo de Política Fiscal, que sirve de instancia 
para el diálogo de alto nivel entre la Comisión y los Estados miembros en el ámbito 
fiscal. Los trabajos continuarán en los próximos meses; existe un amplio consenso 
sobre la necesidad de que prosigan. Ante la diversidad y complejidad de los 
problemas, en general se acepta un planteamiento por etapas como método más 
apropiado. A la luz de estos trabajos, cabría plantearse la posibilidad de emprender 
una iniciativa legislativa sobre el régimen fiscal aplicable a las aportaciones 
transfronterizas de los trabajadores migrantes a los fondos de pensiones. 
Conclusión 
Estas posibles iniciativas, que se resumen en el anexo 1, se desarrollarían, en cierta 
medida, de forma independiente. Sin embargo, estarían muy interconectadas. Así, por 
ejemplo, la afiliación transfronteriza exigiría, a un tiempo, el reconocimiento mutuo 
de las normas cautelares, la coordinación de los regímenes fiscales y la adaptación de 
la normativa en materia de seguridad social. 
Por otro lado, cabe señalar que todas estas iniciativas favorecen una mayor 
integración de los servicios financieros en la Unión. En este sentido, el objetivo 
perseguido es doble: favorecer la integración de los servicios financieros, en beneficio 
del crecimiento y del empleo, y mejorar la calidad de las prestaciones de los futuros 
jubilados. 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Necesidad de un mercado único de sistemas complementarios de pensiones 
1. Los sistemas de pensiones constituyen el núcleo de la protección social en los Estados 
miembros. El envejecimiento de la población y sus consecuencias presupuestarias 
plantean el problema de la viabilidad financiera de esos sistemas. Por lo general, el 
principal proveedor de pensiones es el Estado, a través de los regímenes que 
conforman el primer nivel y que, habitualmente, funcionan con arreglo al método de 
reparto. Por ello, las previsiones demográficas hacen que quepa esperar un alza 
significativa del gasto público en concepto de pensiones. Aunque los Estados 
miembros, a quienes compete decidir la estructura de los sistemas de pensiones, ya 
han iniciado un proceso activo de reformas, para garantizar la estabilidad financiera 
de los sistemas de forma duradera (véase el recuadro 2), será necesario realizar aún 
múltiples y constantes esfuerzos. En diversas ocasiones, la Comisión ha manifestado 
que, a este respecto, es primordial elevar las tasas de actividad y la productividad. 
Asimismo, la Comisión ha indicado que es preciso estudiar también cómo tratar los 
numerosos casos de jubilaciones anticipadas, que tanto pesan sobre los sistemas . Esta 
necesidad de aumentar la capacidad de empleo de las personas de cierta edad que aún 
no han alcanzado la edad legal de jubilación ha sido confirmada también 
recientemente por el Consejo en las Directrices para el empleo10. En parte, la solución 
para atenuar el peso que recae sobre el gasto público puede residir en un mayor 
recurso a los sistemas complementarios de empleo que sigan el modelo de 
capitalización. Por ello, es esencial, desde el punto de vista financiero y social, 
implantar un marco comunitario que impulse dichos sistemas. 
9 Cf. la Comunicación "Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea", 
COM(97) final y el proyecto de Comunicación "Una Europa para todas las edades", actualmente en 
fase de aprobación. 
10 Resolución del Consejo, de 9 de febrero de 1999, relativa a las Directrices para el empleo (5530/99). 
Recuadro 1 
Los diferentes tipos de sistemas de pensiones 
Tradicionalmente, se considera que los sistemas de pensiones se organizan en tres niveles: 
nivel 1, que comprende los sistemas públicos de la seguridad social, y niveles 2 y 3, que 
comprenden los sistemas complementarios. 
Nivel 1: Se trata del régimen básico de seguro de jubilación, en el que, por lo general, la 
participación es obligatoria. En su .mayoría, estos sistemas se financian siguiendo el modelo 
de reparto, con arreglo al cual las cotizaciones de los trabajadores en activo sirven para 
financiar las pensiones de las personas jubiladas. Esas pensiones están garantizadas por el 
Estado y el sistema lo gestiona un organismo público. En el plano comunitario, estos sistemas 
se coordinan a través del Reglamento 1408/71. 
Nivel 2: Los sistemas del nivel 2 se caracterizan por su vinculación al empleo, al ejercicio de 
una profesión. Se conocen, por ello, como "sistemas de empleo". Habitualmente siguen el 
modelo de capitalización: la empresa y los trabajadores generan un ahorro que se invierte y 
servirá para financiar las pensiones en el futuro. Estos sistemas ofrecen, a menudo, cobertura 
de los riesgos biométricos (muerte, invalidez, longevidad). Pueden organizarse de distintas 
formas: 
Creación o participación en un fondo de pensiones, independiente de la empresa: El 
fondo recibe las aportaciones, las invierte y hace efectivas las prestaciones. Cabe 
distinguir entre fondos "abiertos" (en ellos pueden participar empresas de diversos 
sectores) o "cerrados" ( en ellos participa una sola empresa o empresas pertenecientes 
a un mismo sector). Estos sistemas pueden ser de prestación definida (la empresa 
garantiza una determinada prestación) o de aportación definida (las prestaciones 
dependen del rendimiento del fondo). 
Suscripción de un contrato de seguro de vida colectivo: Las cotizaciones se pagan a 
una entidad de seguro de vida, que las invierte y hace efectivas las prestaciones. 
Dicha entidad garantiza normalmente el pago de las prestaciones. Estas entidades ya 
están reguladas en el plano comunitario". 
Adquisición de participaciones en un organismo de inversión colectiva: Las 
cotizaciones sirven para adquirir valores mobiliarios a través de un organismo de 
inversión colectiva. Las prestaciones dependen del rendimiento de los valores. Los 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios ya están regulados en el 
plano comunitario12. 
Reservas contables: La empresa se compromete a facilitar determinadas prestaciones 
a los empleados y constituye provisiones para los compromisos en el pasivo del 
balance. 
Nivel 3: Se trata de contratos suscritos a título personal con el proveedor del servicio, por lo 
general una entidad de seguro de vida o un organismo de inversión colectiva. 
" Véanse las Directivas 79/267/, 90/619, 92/96. 
12 Véanse las Directivas 85/611, 85/612, 88/220. 
La presente Comunicación aborda los siguientes extremos. 
El capítulo 2 se ocupa de la normativa cautelar aplicable a los fondos de pensiones que son 
independientes de la empresa y de la manera de garantizar la igualdad de trato entre esos 
fondos y los restantes proveedores fundamentales de pensiones de empleo. 
El capítulo 3 analiza los obstáculos que se oponen a la movilidad laboral y que se derivan de 
las normas sociales aplicables a los fondos de pensiones y a los sistemas de reservas 
contables. 
El capítulo 4 se refiere a la fiscalidad de las pensiones complementarias de forma más 
general: sistemas de empleo y contratos de seguro de vida. Se prevé la posibilidad de 
emprender una primera iniciativa legislativa en relación con los sistemas de empleo. 
2. Ahora bien, los sistemas complementarios de capitalización no son una panacea frente 
al envejecimiento de la población. Con independencia del método de financiación 
(reparto o capitalización), las prestaciones de jubilación formarán siempre parte del 
producto nacional al hacerse efectivas. Así pues, son siempre los trabajadores en 
activo quienes financian las prestaciones de las personas que, en ese mismo momento, 
están jubiladas. Sin embargo, los sistemas complementarios pueden ofrecer la 
posibilidad de una inversión productiva de carácter internacional, dentro y fuera de la 
Comunidad, frente a los sistemas de reparto, circunscritos al plano nacional. Esta es la 
razón por la cual los sistemas complementarios, siempre y cuando no existan 
restricciones a las inversiones transfronterizas, ofrecen mayor flexibilidad que los 
sistemas de reparto para abordar la crisis demográfica a que se enfrentan los sistemas 
de pensiones. 
3. Por tanto, no deben subestimarse las ventajas del ahorro destinado a la jubilación. Si 
ese ahorro se invierte de forma productiva, de manera que contribuya al incremento 
de la renta nacional, podrá facilitar la financiación de las pensiones. A este respecto, 
puede desempeñar un papel determinante la renta procedente de inversiones 
realizadas en el exterior de la Unión, en economías necesitadas de capital. 
4. Dadas las elevadas tasas de ahorro que se registran en muchos Estados miembros, el 
crecimiento de los fondos de pensiones podría no provocar sino un desplazamiento 
entre distintas formas de ahorro; pero podría servir también para evitar, en 
determinados países, un descenso del ahorro. Por otro lado, el ahorro destinado a la 
jubilación tiene la ventaja de ser a muy largo plazo, por lo que contribuye de manera 
estable a la financiación de la economía. 
10 
Recuadro 2 
Previsiones demográficas, consecuencias financieras y posibles soluciones 
Solucionar el problema que suponen las pensiones de jubilación como consecuencia del 
envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a que se enfrentan todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. La gravedad de la situación puede variar de un 
Estado miembro a otro, en función de su propia estructura demográfica. Sin embargo, en 
general, los Estados miembros tendrán que adoptar decisiones políticas importantes. En la 
actualidad, existen cuatro trabajadores por cada persona jubilada, mientras que en el 2040 la 
proporción será sólo de dos trabajadores por persona jubilada. Si no se efectúan reformas, el 
gasto de los sistemas públicos básicos alcanzará en algunos Estados miembros entre el 15% y 
el 20% del PIB (1997: alrededor del 10%). Es preciso señalar la magnitud del problema 
presupuestario: en algunos Estados miembros, los compromisos en concepto de pensiones sin 
un capital de respaldo podrían equivaler al 200% del PIB. 
Los sistemas públicos básicos desempeñan una función primordial en los sistemas de 
protección social de los Estados miembros y siguen marcándose el objetivo de facilitar gran 
parte de las prestaciones de jubilación; pero, para poder cumplir esa misión sin minar la 
solidez de las cuentas públicas, los Estados miembros deberán adaptar la financiación de esos 
sistemas a la evolución demográfica. Tienen ante sí dos posibilidades, desarrollar los sistemas 
complementarios o seguir confiando esencialmente en los sistemas públicos, en cuyo caso 
tendrían que plantearse, por ejemplo, el aumento de los períodos de cotización y/o una 
reducción de las prestaciones. El aumento de la tasa de empleo y de la empleabilidad de las 
personas de cierta edad sería también una respuesta eficaz a la evolución en curso. 
5. El Libro Verde de la Comisión sobre los sistemas complementarios de pensiones en el 
mercado único13, de junio de 1997, relanzó el debate en un ámbito en el que, hasta el 
momento, la UE no ha logrado aprovechar las ventajas potenciales que ofrece el 
mercado único. Si no se adoptan medidas, también el potencial del euro se 
desaprovechará. La inexistencia de un marco comunitario sobre los sistemas 
complementarios de pensiones perjudica gravemente tanto a los futuros pensionistas 
como al sector de los fondos de pensiones. Aquéllos buscan, para el momento de la 
jubilación, una pensión segura y elevada, y estos últimos disponen ya de activos, 
equivalentes al 23% del PIB de la UE, que necesitan invertir14. Esta cifra está en 
constante aumento, como consecuencia de las reformas efectuadas por los Estados 
miembros y que, como en Italia desde 1995, muy a menudo buscan desarrollar los 
fondos de pensiones. En Francia se discuten actualmente proyectos semejantes. Es 
esencial que esta evolución vaya acompañada de un marco comunitario apropiado. 
6. El objetivo del Libro Verde era fomentar un debate lo más amplio posible sobre la 
mejor manera de abordar los retos de orden demográfico y económico que se 
avecinan, y explicar de qué modo el mercado único y el euro pueden contribuir a 
aumentar la eficacia de los sistemas complementarios. La función de la Comisión es 
hacer que el mercado único constituya una baza a favor de los Estados miembros, con 
independencia de la solución que ellos adopten. Corresponde a los Estados miembros 
13 COM (97) 283 final. 
14 Fuente: European Federation for Retirement Provisión (EFRP). 
11 
decidir el papel específico que han de desempeñar los fondos de pensiones. Sin 
embargo, las decisiones de los Estados miembros deben inscribirse en un marco 
comunitario coherente y respetar los principios básicos del mercado interior, a saber: 
7. - libre prestación de servicios 
libre circulación de trabajadores 
libertad de inversión, supeditada exclusivamente a las oportunas restricciones 
de índole cautelar. 
8. Además, la Comisión ha de atender a lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado CE, que 
establece como uno de los objetivos de la Comunidad el mantenimiento de un elevado 
nivel de empleo y de protección social. Esto ha de hacerse respetando el principio de 
subsidiariedad, en virtud del cual los Estados miembros son responsables de sus 
sistemas de pensiones. 
1.2 Consulta en torno al Libro verde sobre los sistemas complementarios de 
pensiones en el mercado único 
9. La Comisión recibió aproximadamente un centenar de respuestas al Libro Verde, 
procedentes de los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Comité Económico 
y Social, las organizaciones de consumidores, los sindicatos, el sector directamente 
afectado y todos los sectores de servicios financieros. Se preparó un resumen de las 
respuestas15, que se utilizó como base del debate que tuvo lugar en la audiencia 
celebrada el 21 de abril de 1998, a la que fueron invitados todos los interesados. 
10. La Comisión está muy satisfecha por el gran interés demostrado en esta fase de 
consulta y, asimismo, por el hecho de que, en su mayoría, todas las partes implicadas 
se han mostrado firmemente partidarias de la intervención comunitaria en este ámbito. 
11. No obstante, el Libro Verde ha sido objeto de críticas con respecto a dos aspectos de 
carácter horizontal importantes. Algunos de los interesados consideran que la 
Comisión debería haber puesto mayor acento en los aspectos sociales de los fondos de 
pensiones y, asimismo, que se otorga demasiada importancia a dichos fondos como 
vehículo para la creación del mercado de capitales de la Unión. Ciertamente, los 
mercados de capitales han de estar al servicio de los pensionistas, y no al contrario. 
Por ello, la política que la Comisión propone en la presente Comunicación tiene como 
objetivo primordial la protección de los derechos de los partícipes y la creación de 
condiciones que les permitan disfrutar de un elevado nivel de prestaciones. Sin 
embargo, no debe menospreciarse el valor de la integración de los mercados de 
capitales de la UE de cara al crecimiento y el empleo: unos mercados financieros 
transparentes y eficientes pueden facilitar el acceso al capital y aumentar su 
rentabilidad. 
12. En segundo lugar, algunos interesados plantean la necesidad de prestar más atención a 
la seguridad de las pensiones. Así, algunos insisten, por ejemplo, en que es necesario 
que los sistemas de empleo cuenten con un mecanismo de garantía que proteja los 
derechos adquiridos de los partícipes en el supuesto de que la empresa promotora 
15 Documento CAB/62/98, que puede consultarse en las páginas de la DG XV en Internet: 
(http://europa.eu.int/comm/dgl5). 
12 
entre en quiebra y los activos del fondo sean insuficientes para hacer frente a los 
compromisos. Es obvio que los futuros pensionistas desean un máximo de seguridad 
para sus pensiones. Se trata de un aspecto de la mayor importancia, que la Comisión 
debería tener muy en cuenta en sus futuros trabajos, ofreciendo un auténtico marco 
cautelar para los fondos de pensiones. 
13. Sin perjuicio de estas críticas, una aplastante mayoría de las contribuciones recibidas 
apoya plenamente el análisis efectuado por la Comisión en el Libro Verde. Los 
restantes extremos planteados en la consulta se examinan en los siguientes capítulos 
de la presente Comunicación. 
14. Asimismo, en la presente Comunicación se exponen las conclusiones que cabe extraer 
de la consulta, al objeto de empezar a delimitar las etapas necesarias para avanzar 
hacia la consecución de un mercado único de sistemas complementarios de pensiones. 
13 
2. Normas cautelares aplicables a los fondos de pensiones 
y compatibles con el mercado único y el euro 
15. En este capítulo se explica en qué medida el euro y el mercado único pueden 
aumentar la seguridad y la rentabilidad de los fondos de pensiones. A 
continuación, se hacen propuestas de cara a la elaboración de una directiva para 
la regulación cautelar de los fondos de pensiones independientes de la empresa y 
que funcionan con arreglo al modelo de capitalización 
2.1 Los fondos de pensiones en la zona euro 
2.1.1 Carteras de inversión más seguras 
16. La primera razón de ser de una normativa cautelar es la de garantizar la protección de 
los consumidores, en este caso los partícipes de los fondos de pensiones. El euro por 
sí solo contribuye ya a intensificar la seguridad, pues con él desaparecen los riesgos 
de cambio y, en consecuencia, los requisitos de congruencia monetaria dentro de la 
zona euro. De este modo, tanto los fondos de pensiones como las entidades 
aseguradoras disponen de un mercado de capitales más amplio que les permite 
diversificar más las inversiones y, por tanto, los riesgos. Sin embargo, ello no basta: 
para garantizar realmente la protección de los partícipes, la diversificación de los 
activos debe hacerse evaluando con precisión la duración y el coste de los 
compromisos. Los fondos de pensiones han de disponer, en todo momento, de activos 
suficientemente líquidos y denominados en las mismas monedas que los 
compromisos, con el fin de poder hacer frente al pago de las prestaciones que lleguen 
a vencimiento. Al mismo tiempo, la actividad de los fondos de pensiones debe 
desarrollarse dentro de un marco cautelar general: en particular, los fondos deben 
estar debidamente autorizados y supervisados por una autoridad competente. 
Asimismo, debe facilitarse a los partícipes la mejor información posible sobre la 
gestión del fondo. 
2.1.2 Carteras de inversión más rentables 
17. Si los Estados miembros optan por desarrollar los sistemas complementarios de los 
sistemas públicos básicos de seguridad social, y en la medida en que esos sistemas 
complementarios sigan el modelo de capitalización, el euro y un mercado de capitales 
europeo unificado pueden aumentar la eficiencia de los fondos acumulados mediante 
un mayor rendimiento de las inversiones. Esto puede dar lugar a pensiones más 
elevadas y, en consecuencia, contribuir a sostener los sistemas públicos básicos, 
reducir las cotizaciones sociales necesarias para una pensión dada y, de ese modo, 
influir positivamente en la situación de empleo. En cualquier caso, la proporción entre 
los distintos sistemas de pensiones es una decisión que compete siempre a cada 
Estado miembro. 
18. El euro contribuye a hacer más eficaz la gestión de la cartera de inversiones. -Los 
inversores pueden aprovechar mejor las ventajas de unos mercados de capitales más 
líquidos y profundos como consecuencia de la eliminación del riesgo de cambio, la 
reducción de los costes de las operaciones y el incremento de la competencia entre los 
14 
operadores del mercado. En su mayor parte, las observaciones realizadas señalan que 
un mercado de capitales europeo unificado tendrá más capacidad para absorber el 
previsible aumento de los activos de los fondos de pensiones. Los mercados de renta 
variable y de deuda del sector privado de la UE están aún poco desarrollados, por lo 
que encierran un enorme potencial de crecimiento. Esto es particularmente cierto en 
lo que se refiere a la deuda del sector privado, que ofrecerá una amplia gama de tipos 
de interés, frente a la deuda pública, cuya gama de tipos va a limitarse. Por tanto, las 
inversiones en deuda del sector privado podrían constituir una importante fuente de 
ingresos para los fondos de pensiones. 
19. Los fondos de pensiones pueden desempeñar también un papel fundamental en la 
creación de mercados paneuropeos de capital riesgo, puesto que las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) del ámbito de las tecnologías básicas, tales como los 
sectores de telecomunicaciones, biotecnología, sanidad, servicios financieros y 
energía están permanentemente a la búsqueda de capitales, mediante la emisión de 
títulos. Podrían, por ejemplo, contribuir a financiar los proyectos de Redes 
Transeuropeas, cuyo objetivo es facilitar la movilidad dentro de la Unión y que 
pueden recibir fondos en forma de capital riesgo.16 Dada la necesidad de mantener 
siempre una cartera de inversión diversificada, los fondos de pensiones invertirán en 
los mercados de capital riesgo sólo una parte de las aportaciones recibidas. Ahora 
bien, si tan sólo un 2% de los activos de todos los fondos de pensiones europeos 
fueran participaciones en capital riesgo, el impacto sobre el crecimiento de las PYME 
sería, sin lugar a dudas, muy significativo17. 
16 Decisión 1692/96, de 23 de julio de 1996. 
Las propuestas de la Comisión sobre los fondos de pensiones han de ponerse en relación con los 
trabajos emprendidos en el ámbito del capital riesgo. Véase el documento "El capital de riesgoxlave de 
la creación de empleo en la Unión Europea" (SEC 98 (552)). 
15 
Recuadro 3 
Ventajas que presenta un mercado único de pensiones complementarias 
para la economía y el empleo 
Un mercado único de sistemas complementarios de pensiones no beneficiaría únicamente a 
los pensionistas y los proveedores de pensiones. De forma genérica, podría conllevar las 
siguientes ventajas: 
- si se autorizara a los fondos de pensiones a invertir en toda la Unión y aumentar la inversión 
en acciones, ello podría incrementar sus rendimientos y contribuir así, indirectamente, a 
reducir los costes laborales, que, a menudo, obstaculizan la creación de empleo; 
- si se autorizara a los fondos de pensiones a que aumentaran su inversión en acciones, ello 
elevaría la oferta de capital a disposición de las empresas europeas. Esto acercaría los 
inversores a los prestatarios, favoreciendo el proceso de desintermediación bancaria; 
- los fondos de pensiones pueden desempeñar un papel esencial en el desarrollo de las PYME, 
en particular las PYME de carácter innovador en el ámbito de las nuevas tecnologías. En la 
Unión, entre 1991 y 1995, el empleo aumentó un 15% en las empresas receptoras de capital-
riesgo; 
- si se autorizara a los fondos de pensiones a administrar planes en diversos Estados de la 
Unión, podrían realizar economías de escala en la gestión administrativa y financiera, lo que 
se reflejaría en los costes laborales indirectos. En el caso, por ejemplo, de una empresa o un 
grupo de empresas, un sólo fondo para toda la Unión podría sustituir a quince fondos de 
pensiones distintos. 
2.1.3 Enfoque cualitativo de la supervisión cautelar 
20. El euro genera un inmenso volumen de capital denominado en una sola moneda. 
Aumenta el volumen y la liquidez del mercado, lo que permite a las empresas 
europeas disfrutar de una reducción del coste del capital y tomar dinero en préstamo 
en mejores condiciones. Al mismo tiempo, el constante esfuerzo realizado por los 
Estados miembros, en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento, para mantener 
los déficit presupuestarios en niveles reducidos y disminuir la deuda pública 
conllevará el aflujo de capital del sector privado. 
21. Esto puede comportar ventajas para los futuros jubilados y para el conjunto de la 
economía de la Unión. Sin embargo, existen obstáculos que se oponen a este 
escenario de color rosa, cuya materialización podría ser un gran estímulo para la 
inversión y favorecería, en consecuencia, la creación de empleo y el crecimiento. 
22. Algunos de esos obstáculos se deben a las normas en materia de inversión. Las rígidas 
normas cuantitativas en materia de inversión de activos que aplican algunos Estados 
miembros suponen un gran impedimento para que los fondos de pensiones puedan 
extender sus operaciones a todo el mercado de capitales de la Unión. En particular, los 
estrictos límites impuestos en cuanto a la proporción de acciones que puede figurar en 
la cartera de inversiones de los fondos pueden reducir sus tasas de rendimiento (véase 
16 
el recuadro 4), sin que aumente la seguridad de las inversiones. En realidad, esa 
seguridad puede incluso peligrar como consecuencia de restricciones cuantitativas 
demasiado estrictas, que pueden impedir que los inversores aprovechen la zona euro 
para diversificar mejor sus riesgos. Por otro lado, la experiencia demuestra que las 
inversiones en acciones son menos volátiles y, por tanto, comportan menos riesgo que 
la deuda pública para el período de duración que suponen los compromisos por 
pensiones (véase el recuadro 4). Sólo un enfoque cualitativo de la supervisión dotará a 
los fondos de la suficiente flexibilidad para lograr la mejor combinación posible entre 
el riesgo y el rendimiento, atendiendo a los grandes cambios demográficos y las 
oportunidades que ofrecen los mercados de capitales. Al mismo tiempo, tal y como se 
dijo precedentemente, será preciso adoptar cuanta medida sea necesaria para otorgar a 
los partícipes la mayor protección posible. Por ello, la libertad de inversión ha de 
supeditarse de manera permanente a la diversificación de activos. Esa es también la 
razón por la cual la libertad de inversión ha de encuadrarse dentro de un marco 
cautelar general. 
23. Este enfoque flexible permitirá también a los fondos de pensiones participar en el 
desarrollo de sociedades de capital riesgo. Es sabido que, en Estados Unidos, a finales 
de los años setenta, la eliminación de las restricciones a la inversión que pesaban 
sobre los fondos de pensiones fue esencial para el auge de las PYME innovadoras en 
el ámbito de la tecnología, que, por su parte, han proporcionado a los inversores tasas 
de rendimiento muy elevadas (véase el anexo 5). Un mayor recurso a la deuda pública 
para seguir financiando las pensiones tendría, por el contrario, el efecto de privar al 
sector empresarial y, en particular a las PYME, de la inversión privada, que les es 
necesaria si han de desempeñar un papel positivo en el crecimiento y la creación de 
empleo. 
17 
Recuadro 4: 
Cómo aumentar la seguridad y el rendimiento de los fondos de pensiones 
En los países en los que los fondos de pensiones están muy extendidos, y en los que obtienen 
buenos rendimientos, no existen restricciones cuantitativas en cuanto a la composición de la 
cartera de inversión (acciones cotizadas y no cotizadas en bolsa, bonos, bienes inmuebles, 
préstamos, etc.). En el anexo 2 se ilustra el hecho de que aquellos fondos de pensiones que no 
se ven limitados por restricciones a la inversión tienen rendimientos más elevados. Ello se 
debe sobre todo a que la proporción de acciones en la cartera de inversión puede ser más 
importante que en los países que imponen límites cuantitativos. Se benefician del hecho de 
que, en estas últimas décadas, las acciones han arrojado en general rendimientos más elevados 
que la deuda pública (véase el anexo 4). 
^Algunos Estados miembros imponen rigurosos límites cuantitativos a los fondos de pensiones 
en relación con determinado tipo de activos (en especial, acciones). Aparte del hecho de que 
los límites cuantitativos, por lo general, reducen el rendimiento, se considera más prudente 
invertir una porción significativa de la cartera en acciones, pues son instrumentos más 
apropiados para los compromisos vinculados al pago de pensiones, que son a largo plazo. A 
ese respecto, es importante señalar que, según se indica en el anexo 4, a largo plazo las 
acciones son menos volátiles que la deuda pública, debido al constante crecimiento de la 
productividad y de la economía real a largo plazo, lo que se refleja en las cotizaciones 
bursátiles de las empresas. La deuda pública, aunque más estable a corto plazo, está sujeta a 
las variaciones de las tasas de inflación y los tipos de interés. Además, la inversión en 
acciones se considera una herramienta eficaz para limitar los efectos de la inflación sobre las 
futuras prestaciones de jubilación. 
Así pues, reduciendo las restricciones cuantitativas, dentro de un marco cautelar apropiado, se 
dotará al gestor de los activos de la suficiente flexibilidad para que, si lo juzga oportuno, 
pueda incrementar la inversión en acciones, de manera que aumente el rendimiento de los 
fondos de pensiones y, al mismo tiempo, se preserve la seguridad. 
2.2 La regulación cautelar de los fondos de pensiones 
2.2.1 Conveniencia de adoptar una directiva 
24. Las consultas relativas al Libro Verde sobre los sistemas complementarios de 
pensiones han demostrado que diversos Estados miembros y agentes sociales, así 
como la práctica totalidad del sector financiero, consideran que la inexistencia de un 
marco de actuación para los fondos de pensiones es una laguna grave de la legislación 
europea en el ámbito de los servicios financieros . De igual opinión es el Comité 
Económico y Social, que en su dictamen de 10 de diciembre de 1997 manifestó que, 
a su juicio, sería apropiado disponer de una directiva que contuviera principios 
fundamentales. Por último, también opina lo mismo el Parlamento Europeo, que, en 
su resolución de 3 de diciembre de 1998 sobre el Libro Verde, pidió a la Comisión 
18 En este sentido, cabe recordar que los activos en poder de los fondos de pensiones de los 15 Estados 
miembros representan alrededor del 23% del PIB de la Unión. A título comparativo, los activos de las 
entidades aseguradoras representan alrededor del 35% del PIB de la Unión y se benefician de un 
mercado interior que se fundamenta en una treintena de actos reglamentarios o legislativos. 
I9CES 1403/97 
18 
que aprobara una propuesta de directiva que, entre otras cosas, "garantice para los 
fondos de pensiones la libertad de inversión, que fije los ámbitos y límites de 
operatividad en materia de inversiones comunitarias y no comunitarias ..." y permita 
"la libre prestación de servicios de gestión para los operadores autorizados en uno de 
los Estados miembros ...". 
25. El euro contribuye en sí a ampliar las posibilidades de inversión de los fondos de 
pensiones. Al mismo tiempo, las posibles restricciones contrarias al Tratado podrían 
eliminarse mediante procedimientos de infracción. Sin embargo, de la consulta 
realizada se deduce que, en opinión de los agentes afectados, sociales y económicos, 
la combinación de esas dos circunstancias no ofrece las mismas ventajas que un 
marco jurídico claro que armonice los principios cautelares fundamentales. 
26. Por otra parte, el reconocimiento mutuo de los regímenes de supervisión, necesario 
para la afiliación transfronteriza a un fondo de pensiones, parece exigir una directiva. 
En muchas de las observaciones efectuadas se insiste en la necesidad de establecer las 
condiciones precisas de esa afiliación, en particular dentro de una misma empresa o 
grupo de empresas, y ello pese a que no es posible liberalizar plenamente el mercado 
de los sistemas complementarios de pensiones, pues éstos están muy vinculados a los 
sistemas públicos básicos. De un lado, la afiliación transfronteriza facilitaría la 
movilidad de los trabajadores en el territorio de la Unión; a través de la consulta ha 
quedado demostrado sin ambages que la imposibilidad de toda afiliación 
transfronteriza constituye un grave impedimento para tal movilidad. De otro lado, esa 
afiliación permitiría a los fondos de pensiones realizar economías de escala en la 
gestión administrativa y financiera. 
27. El hecho de que no exista reconocimiento mutuo de los regímenes cautelares no es, 
sin duda, el único obstáculo que impide la afiliación transfronteriza. Otros obstáculos 
son, fundamentalmente, de índole fiscal y han de tratarse dentro del Grupo de Política 
Fiscal21. Los obstáculos derivados de disposiciones legislativas o reglamentarias 
específicas en vigor en determinados Estados miembros (por ejemplo, la obligación 
de contribuir a un sistema de empleo nacional) deberían abordarse también en 
colaboración con los Estados miembros afectados. Por consiguiente, la directiva que 
la Comisión propone constituye sólo la primera fase de cara a la eliminación de los 
diversos obstáculos que, actualmente, impiden la afiliación transfronteriza . 
2.2.2 Ámbito de aplicación y contenido 
28. Al objeto de que el ámbito de aplicación de la directiva sea homogéneo, únicamente 
podrían incluirse en él las instituciones que se consideren personas jurídicas de pleno 
derecho, no dependan de la seguridad social y funcionen con arreglo al sistema de 
capitalización . La opción de una directiva que regule la instauración de fondos de 
20 Apartado 3 de la resolución A4-0400/98. 
21 cf infra, sección 4. 
22 Es conveniente que toda posible medida que se decida al respecto se base en estadísticas que reflejen 
la realidad económica del sector. Por ello, Eurostat ha puesto en marcha un sistema común para la 
recogida, compilación, transmisión y evaluación de los datos relativos a la estructura, actividades y 
resultados de los fondos de pensiones establecidos en los Estados de la Unión. Ese sistema, que se 
explica en anexo del Reglamento 58/97 del Consejo podría adoptarse en el curso del año 2000. 
23 Las instituciones que apliquen el modelo dé reparto y los sistemas de reservas contables, que no 
prevén la creación de un fondo independiente de la empresa, nó se verán, pues, afectadas. Carecería de 
19 
pensiones, y no el conjunto de productos de jubilación vinculados a un empleo, sería 
coherente con la legislación europea sobre los servicios financieros adoptada hasta la 
fecha. Los productos ofrecidos por las entidades de seguro de vida y los organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios no estarían afectados, pues ya están 
regulados por normas comunitarias. 
29. A fin de garantizar la consecución de los objetivos antes señalados y proteger a los 
futuros jubilados de la mejor manera posible, la futura propuesta de directiva podría 
articularse en torno a los siguientes elementos: 
• Requisitos cautelares fundamentales 
- separación entre los activos del fondo de pensiones y la entidad 
•promotora; 
- autorización de los fondos de pensiones por una autoridad competente y 
existencia de un régimen de sanciones; 
- necesidad de supeditar dicha autorización a condiciones estrictas de 
responsabilidad, competencia y honorabilidad de los gestores; 
- definición de las facultades de intervención de la autoridad supervisora; 
- establecimiento de declaraciones periódicas destinadas a los partícipes. 
La transparencia es absolutamente indispensable para la protección de 
los partícipes, que deben poder conocer, en todo momento, la situación 
financiera del fondo, especialmente en el caso de los sistemas de 
aportación definida, en los que, por lo general, el trabajador asume los 
riesgos de inversión. 
- establecimiento de declaraciones periódicas destinadas a las autoridades 
supervisoras. Estas declaraciones podrían completarse periódicamente 
con la presentación de la estrategia global de inversión a la luz de los 
compromisos contraídos. 
• Normas de inversión 
30. La consulta ha puesto de manifiesto la existencia de un amplio consenso en torno a la 
aplicación del criterio del "buen padre de familia" (véase el recuadro 5), que 
constituye la norma más adaptada al principio de libre circulación de capitales, al 
permitir a los gestores hacer coincidir de la mejor manera posible los activos con la 
naturaleza y la duración de los compromisos, atendiendo a un tiempo a la evolución 
de las circunstacias económicas y financieras. Este método se adapta al perfil habitual 
de los compromisos en concepto de pensiones: los plazos a los que el gestor ha de 
hacer frente se extienden a lo largo de varias décadas, por lo que es esencial que 
pueda recurrir a activos variados, de mayor o menor liquidez. Cualquier restricción 
toda lógica, por ejemplo, establecer normas de inversión en relación'con mecanismos cuya razón de ser 
es, entre otras, la de constituir una fuente de autofinanciación para la empresa promotora del plan. 
Además, será sin duda necesario elaborar una lista de organismos de la seguridad social que quedarán 
excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. 
20 
cuantitativa por categorías de activos debería estar convenientemente justificada por 
motivos de orden exclusivamente cautelar. En el supuesto de que algunos Estados 
miembros manifiesten tal deseo, podría considerarse la posibilidad de facultar a las 
autoridades nacionales para establecer límites cuantitativos, siempre que éstos no 
restrinjan de forma abusiva la libertad de inversión (por ejemplo, un tope del 70% 
para las inversiones en acciones) y no impidan a los fondos de pensiones realizar una 
gestión activo-pasivo adecuada. No obstante, debe evitarse imponer la obligación 
legal de invertir en determinadas categorías de activos y multiplicar los umbrales 
cuantitativos, que, de hecho, restringen considerablemente la libertad de inversión. 
Más en concreto, en la zona euro, cualquier privilegio que se otorgue a los activos 
nacionales frente a activos equivalentes de otros Estados miembros no puede 
justificarse por motivos cautelares. Las limitaciones que se impongan a las 
inversiones por emisor y, en particular, en la entidad promotora, deberían fijarse en un 
nivel prudente (por ejemplo, el 5% o el 10%). 
Recuadro 5: 
Aplicación práctica del principio del buen padre de familia y de las técnicas modernas 
de gestión activo-pasivo 
Principio del buen padre de familia 
Las normas basadas en el principio del buen padre de familia son orientaciones válidas para 
los responsables de la gestión de los fondos de pensiones y de las actividades de inversión 
(p.ej., agentes fiduciarios, depositarios, gestores de activos). Se trata de normas cualitativas, 
cuya finalidad es que las personas responsables actúen como profesionales cautos a la hora de 
adoptar decisiones de inversión, pero, al mismo tiempo, conscientes de la necesidad de 
obtener un rendimiento adecuado de las inversiones. El principio del buen padre de familia 
exige que el fondo no asuma riesgos innecesarios y comporta la disminución del riesgo a 
través de la diversificación. 
El principio del buen padre de familia no es meramente un concepto abstracto, sino que 
funciona en la práctica. Varios Estados miembros lo han aplicado con éxito durante largos 
períodos. Ha quedado demostrado que aporta la misma seguridad que otras normas de 
inversión, pero hace posible la obtención de mayores rendimientos. Un excesivo acento en la 
seguridad puede tener por efecto una innecesaria reducción de los rendimientos de la cartera 
de inversión. Sin embargo, el abuso de la libertad de inversión es claramente contrario al 
principio del buen padre de familia. Ambas situaciones conducen a resultados subóptimos, 
por lo que deben evitarse. 
Técnicas modernas de gestión activo-pasivo (GAP) 
La gestión activo-pasivo se emplea para administrar la cartera de inversiones y asegurarse de 
que los activos se invierten atendiendo a la naturaleza y duración de los correspondientes 
compromisos. Puede decirse que el principio del buen padre de familia es un componente 
esencial de las citadas técnicas y, por ende, de la gestión del riesgo financiero de las entidades 
financieras. Las técnicas GAP permiten conocer el riesgo de volatilidad de los mercados 
financieros y sus repercusiones sobre el activo y el pasivo. 
Esas técnicas son especialmente eficaces en los casos en que los gestores y los depositarios de 
los fondos no están sujetos a restricciones cuantitativas para satisfacer la necesidad de 
21 
diversificar apropiadamente la cartera y, en consecuencia, los riesgos. Esta diversificado!! 
tiene por objeto mejorar la relación existente entre el rendimiento y el riesgo de la cartera de 
inversión. En las respuestas a la consulta sobre el Libro verde procedentes de los 
profesionales del sector, se apoya firmemente la idea de que la diversificación de las 
inversiones que permite la aplicación de las técnicas GAP aumenta la protección de los 
inversores, pues no sólo no incrementa el riesgo, sino que reduce al mínimo la exposición a 
los problemas vinculados a un determinado país o inversión. 
Por ahora, las técnicas GAP basadas en modelos matemáticos se utilizan sobre todo en las 
grandes entidades, debido a los costes que suponen. Las entidades de pequeña y mediana 
dimensión emplean métodos más convencionales de planificación de la liquidez. No obstante, 
la prestación de servicios en el campo de la medición y gestión del riesgo es un mercado en 
expansión. 
Los fondos de pensiones ya maduros deben asegurarse de que exista siempre la suficiente 
liquidez. Frente a los fondos con pocos años de vida, en los que los compromisos son a largo 
plazo y las entradas de efectivo procedente de las aportaciones son más elevadas que las 
salidas de efectivo por el pago de pensiones, los fondos ya maduros tendrán compromisos 
más a corto plazo y una mayor aversión al riesgo. Por ello, la proporción de efectivo y activos 
líquidos en su cartera, con vistas a la cobertura de compromisos a corto plazo, ha de ser más 
elevada que en los fondos de pensiones aún poco maduros. Así pues, las restricciones 
cuantitativas pueden resultar apropiadas para determinados fondos de pensiones, pero no para 
todos. Sólo un enfoque cualitativo de la supervisión cautelar puede ser válido para la gran 
diversidad de estructuras de los compromisos de los diferentes fondos de pensiones. 
22 
Recuadro 6 
Una supervisión adecuada 
La experiencia de los Estados miembros que aplican el principio del buen padre de familia y 
las modernas técnicas de gestión activo-pasivo demuestra que es necesario un riguroso marco 
de supervisión. La aplicación por sí sola del citado principio no es suficiente, sino que ha de 
inscribirse en un sistema cautelar general en el que exista un control tanto interno como 
externo, a través de: 
• El actuario del sistema y el gestor y depositario del fondo, internamente. 
• Un auditor externo. 
• Las autoridades de supervisión competentes. 
Control interno del actuario del sistema y el gestor y depositario del fondo 
El actuario del sistema debe asegurarse de que los compromisos por pensiones se calculen de 
forma prudente y garantizar que los activos reflejen la naturaleza y duración de los 
compromisos. La estructura establecida por el actuario es la primera garantía de seguridad de 
las pensiones. El actuario fija las pautas de actuación del gestor y el depositario, que deben 
asegurarse de que esa política se lleve a cabo lo más eficazmente posible. 
Los procedimientos de control interno comprenden habitualmente: 
• medidas estructurales (p. ej., estricta separación de las operaciones de inversión y las de 
tipo administrativo, con verificaciones periódicas) 
• la medición y gestión de los riesgos de inversión y del sistema de información 
Auditor externo 
El auditor externo debe comprobar si el sistema de control interno aplicado en un fondo de 
pensiones es eficaz con vistas a garantizar un elevado nivel de seguridad a los partícipes. Por 
tanto, debe verificar si los procedimientos de control interno establecidos por la dirección son 
suficientemente rigurosos y si los gestores de las inversiones siguen realmente los 
procedimientos prescritos. 
Autoridades de supervisión competentes 
Los fondos de pensiones presentan generalmente información acerca de la estructura de su 
pasivo y su plan de inversión en las cuentas anuales, que las autoridades de supervisión 
competentes pueden examinar. De este modo, los supervisores tienen la posibilidad de 
comprobar si los procedimientos de diversificación del riesgo y de control interno aplicados 
son adecuados. Si lo consideran necesario, los supervisores pueden imponer medidas 
correctoras y sanciones. Dado el papel clave que desempeñan los gestores de los activos, los 
depositarios y los actuarios en la aplicación del principio del buen padre de familia, en 
general suelen estar sujetos a criterios específicos de idoneidad y honorabilidad. 
La mayor parte de los interesados que han formulado observaciones en respuesta al Libro 
Verde consideran que una aplicación más generalizada del principio del buen padre de familia 
y de las técnicas modernas de gestión activo-pasivo supone un cambio sustancial y un 
importante desafío para aquellas autoridades de supervisión que actualmente imponen límites 
cuantitativos estrictos. El abandono de un planteamiento cuantitativo en beneficio de una 
supervisión cualitativa puede llevar tiempo, pero las ventajas de este cambio superarán con 
creces sus inconvenientes. 
23 
• Requisito de congruencia monetaria 
31. Las negociaciones sobre la propuesta de directiva de 1991 fracasaron, 
fundamentalmente, por las divergencias observadas en relación con la congruencia 
monetaria. Ahora bien, la introducción de la moneda única limita considerablemente 
la incidencia de estas dificultades, al hacer innecesarias las exigencias de congruencia 
monetaria dentro de la zona euro. En el caso de los países que no participan de 
momento en la UEM, podría aplicarse la mismo solución que en el ámbito 
asegurador: los Estados miembros no participantes podrán considerar que existe 
congruencia entre los activos denominados en euros y los compromisos denominados 
en moneda nacional24. No obstante, habrá que determinar si debe imponerse un 
requisito de congruencia en relación con los activos denominados en monedas de 
terceros países. La legislación europea impone a las entidades aseguradoras una 
norma de congruencia del 80%. Algunos Estados miembros consideran que este 
requisito debe exigirse también a los productos de los fondos dé pensiones. En 
cambio, otros Estados miembros consideran que dado que los compromisos suscritos 
por los fondos de pensiones son a muy largo plazo, éstos pueden despreocuparse en 
mayor medida de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Además, cabe pensar que 
el rendimiento de determinadas inversiones realizadas fuera de la Unión Europea, en 
países que necesitan capital y en los que la proporción de población activa es mayor 
que en la Unión, podría contribuir, en las próximas décadas, a financiar las 
prestaciones de jubilación en los países de la Unión. Este aspecto requiere una mayor 
concertación entre la Comisión y los Estados miembros. 
• Libre elección de los gestores 
32. Sería oportuno que, en toda posible propuesta de directiva, se estableciera el derecho 
de los fondos de pensiones a recurrir, en el conjunto de la Unión, a cualquier 
proveedor de servicios de gestión -depositario, administrador de activos- debidamente 
autorizado. 
•ye 
• Vinculación activo/pasivo 
33. A fin de proteger a los partícipes, la libertad de inversión debe basarse en una 
evaluación precisa de los compromisos contraídos por el fondo (véase el recuadro 7), 
la cual supone concretamente el cálculo de provisiones técnicas con arreglo a un 
método actuarial prudente y reconocido. El cálculo correcto de las provisiones 
técnicas constituye la primera garantía de seguridad para los partícipes; al objeto de 
ofrecerles una mayor seguridad, cabe contemplar la posibilidad de exigir que un 
actuario independiente firme las cuentas del fondo de pensiones. Una segunda 
garantía de seguridad puede venir dada por la imposición al fondo de pensiones de un 
nivel mínimo de financiación, mediante el cual se asegure la cobertura íntegra de los 
derechos a pensión adquiridos. Finalmente, una tercera garantía de seguridad radica 
~4 Véase punto 5 del Anexo 1 de la Directiva 92/96/CEE (Tercera Directiva sobre seguro de vida). 
Cabe observar la siguiente asimetría: las entidades de seguro de vida establecidas en Estados 
participantes en la UEM no tienen la posibilidad de considerar que los activos denominados en 
monedas de Estados miembros no participantes son congruentes con sus compromisos en euros. 
25 Estas observaciones se refieren sobre todo a los sistemas de prestación definida. En los de aportación 
definida, la prestación a la que tiene derecho el partícipe se basa en el importe agregado de las 
aportaciones realizadas y las rentas generadas por la inversión de las mismas. En este caso, el partícipe 
asume íntegramente el riesgo de inversión. 
24 
en la evaluación prudente de los activos representativos de las provisiones técnicas. 
La tenencia de activos por un valor superior al de las provisiones técnicas puede 
también proteger a los partícipes frente al riesgo de un súbito descenso de las 
cotizaciones de aquéllos. No obstante, ese excedente de los activos frente a las 
provisiones técnicas debe ser moderado (por ejemplo, del orden del 5%), a fin de 
limitar la pérdida de ingresos fiscales. 
Recuadro 7: 
Naturaleza de los compromisos en concepto de pensiones 
La seguridad de las pensiones futuras exige, en primer lugar, que los compromisos futuros se 
calculen con la suficiente prudencia. Disponer de una provisión para compromisos suficiente 
es el punto de partida para la aplicación de las técnicas de gestión activo-pasivo; puede 
decirse que este procedimiento es un elemento clave de la seguridad. A continuación, es 
preciso que los activos se seleccionen apropiadamente, de manera que guarden correlación 
con los compromisos. 
En lo que respecta a la variedad de los planes de pensiones existentes, cabe distinguir entre 
los de compromiso en firme (en general, de prestación definida) y aquellos otros en los que 
los compromisos dependen de los resultados (en general, de aportación definida). 
En los de prestación definida, la prestación a que tiene derecho el trabajador viene 
determinada por una fórmula que, habitualmente, vincula el importe anual de la pensión a los 
años de servicio y al historial salarial del empleado. Pueden ser de reparto (no existe un fondo 
aparte), infracapitalizados (el valor del fondo es inferior al valor corriente de las prestaciones 
garantizadas), sobrecapitalizados (el valor del fondo es superior al valor corriente de las 
prestaciones garantizadas) o simplemente de capitalización (el capital acumulado es igual al 
valor corriente de las prestaciones garantizadas). La empresa promotora corre con el riesgo de 
inversión y establece las garantías necesarias para hacer frente a la posible insuficiencia del 
fondo. 
En los sistemas de aportación definida, la prestación a que tiene derecho el trabajador se basa 
en las aportaciones acumuladas y el rendimiento obtenido de la inversión de esas 
aportaciones. Un rasgo esencial de este tipo de sistemas es el hecho de que el partícipe asume 
todo el riesgo de inversión y, por definición, la cuenta de ahorro-pensión se basa siempre 
íntegramente en la capitalización. 
Todo marco cautelar que se establezca para los sistemas complementarios de pensiones 
deberá tomar en consideración las distintas consecuencias que conllevan las modalidades de 
prestación y de aportación definida, respectivamente. En este sentido, dos aspectos clave son 
las garantías dadas al trabajador y quién soporta el riesgo de inversión. Es preciso guardar en 
mente también que existen sistemas mixtos, que combinan rasgos de ambos tipos, esto es, de 
prestación y de aportación definida. 
25 
2.2.3 Aseguramiento contra el riesgo de terminación del plan (recuadro 7) 
34. Otra medida de seguridad puede ser el aseguramiento contra los riesgos de 
terminación del plan. En un sistema de prestación definida, ese aseguramiento, que 
puede adoptar diversas formas (garantía aportada por un tercero, fondo de garantía, 
garantía del Estado, etc.), permitiría hacer frente a la eventualidad de que la entidad 
promotora del fondo de pensiones entre en quiebra y los activos en poder del fondo 
resulten insuficientes para satisfacer los compromisos adquiridos. Asimismo, puede 
ser útil, tanto en los sistemas de prestación definida como en los de aportación 
definida, en caso de actividad fraudulenta de los gestores. Con todo, debe soslayarse 
el obstáculo que supone el riesgo moral. Al tener la certeza de que los derechos 
adquiridos se harán efectivos en cualquier caso, algunos gestores podrían dejarse 
llevar hacia una estrategia de inversión arriesgada. Esto se cree que podría evitarse 
restringiendo la cobertura a los supuestos de actuación ilícita (fraude, malversación y 
robo, concretamente). 
35. Sería conveniente que los Estados miembros reflexionaran sobre la utilidad de este 
método, en particular a la hora de hacer frente a los problemas derivados de 
operaciones fraudulentas. Es fundamental que se informe debidamente a los afiliados 
potenciales, en particular una vez que la afiliación transfronteriza sea posible, de si 
existe o no ese seguro. 
26 
Recuadro 8 
Situación de algunos países en lo que respecta al riesgo de terminación del plan 
• Alemania: En 1996, alrededor del 57% de las pensiones del sistema de empleo de 
Alemania se cubrían mediante reservas contables. Con arreglo a este método, las 
empresas deben constituir una reserva contable para hacer frente a las prestaciones de 
jubilación ya causadas. No existe separación jurídica entre los activos que sirven de 
cobertura de Ios-compromisos por pensiones y los restantes activos de la empresa. Para 
garantizar las prestaciones de jubilación prometidas, en caso de quiebra de la empresa 
promotora, el sistema de reservas contables va acompañado de un seguro obligatorio de 
insolvencia. Este seguro se contrata con la entidad Pension-Sicherungs-Verein auf 
Gegenseitigkeit (PSVaG), una mutua de seguros. Además del rendimiento de la inversión 
de los activos de PSVaG, las empresas están obligadas por ley a hacer aportaciones 
suficientes para costear el seguro de insolvencia, con arreglo a un sistema de reparto. 
• Reino Unido: En virtud del Mínimum Funding Requirement (MFR), se establece un 
nivel mínimo obligatorio de financiación que deben respetar la mayoría de los planes de 
pensiones del sistema de empleo y de prestación definida del sector privado. El MFR 
constituye un test de alarma; su finalidad es garantizar que el fondo cuente en todo 
momento con capital suficiente para satisfacer las prestaciones, como salvaguarda ante el 
supuesto de que la empresa promotora esté en situación de insolvencia. Aparte del MFR, 
todos los fondos de pensiones están adheridos al Pensions Compensation Scheme 
(sistema de garantía de pensiones), que indemniza a sus miembros, en determinadas 
circunstancias específicas, si los activos del fondo no bastan para hacer efectivas las 
prestaciones (debe darse, a un mismo tiempo, la insolvencia de la empresa promotora, una 
infradotación de las provisiones para compromisos, en más del 10%, y la reducción de 
activos como consecuencia de robo o fraude). La indemnización se financia mediante 
contribuciones que deben desembolsar todos los fondos adheridos al sistema de garantía. 
• Estados Unidos: La entidad Pensión Benefit Guaranty Corporation (PBGC) garantiza las 
pensiones de los sistemas de prestación definida, que, en ese país, están obligados a 
contratar un seguro con la misma; a su vez, esta última debe facilitar cobertura para 
proteger a los partícipes de tales sistemas. La PBGC se financia con las primas de los 
fondos de pensiones asegurados, el rendimiento de la inversión de sus propios activos, los 
activos en poder de los fondos cuando éstos terminan y los importes recuperados de las 
empresas que ponen fin a fondos infracapitalizados. 
27 
2.2.4 Medios para garantizar la igualdad de trato entre operadores 
• Observaciones generales 
36. La consulta sobre el Libro Verde ha puesto de manifiesto que todos aquellos 
productos de jubilación que sean similares deben quedar sujetos a regímenes 
cautelares equivalentes, con independencia de las entidades que los ofrezcan 
(entidades de seguro de vida, fondos de pensiones u organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios). Los principales operadores que proponen en la 
actualidad productos del segundo nivel son los fondos de pensiones, abiertos o 
cerrados (véase el recuadro 9), y las entidades de seguro de vida. En el anexo 3 se 
muestran, a título indicativo y de forma esquemática, algunas diferencias existentes 
entre tales entidades, así como entre los productos que ofrecen. 
37. De forma general, la Comisión considera oportuno definir un marco cautelar 
específico para los fondos de pensiones. La aplicación de normas idénticas a las 
impuestas en el ámbito del seguro de vida no parece conveniente, puesto que existen 
algunas diferencias institucionales y de funcionamiento. No obstante, es 
absolutamente esencial garantizar a los partícipes de los fondos de pensiones la mayor 
seguridad posible, lo que implica que se tome en consideración la diversidad de los 
fondos de pensiones establecidos en la Unión y que se definan normas concretas y 
estrictas que regulen a un tiempo, al igual que se hizo ya anteriormente con las 
entidades de seguros, el activo y el pasivo del balance de los fondos de pensiones. Se 
cumplirán así las condiciones cautelares precisas para la igualdad de trato. 
• Igualdad de trato desde el punto de vista institucional 
38. En el plano institucional, la quiebra de una entidad de seguro de vida y la terminación 
de un fondo de pensiones tienen consecuencias muy distintas para los beneficiarios. 
En caso de cese de funcionamiento de un fondo de pensiones, que puede deberse, en 
particular, a la quiebra de la empresa promotora, en general, se considera que los 
partícipes son propietarios de los activos en poder del fondo. Por el contrario, en caso 
de quiebra de una entidad de seguro de vida, los tomadores de pólizas suscritas con 
dicha entidad forman con frecuencia un grupo de acreedores que no puede hacer valer 
sus derechos sino después de muchos otros acreedores (liquidador, empleados de la 
entidad, autoridades fiscales, organismos de la seguridad social). Ello podría justificar 
la aplicación de regímenes cautelares no totalmente equivalentes. 
39. Igualmente en el plano institucional, cabe recordar que la mayor parte de los fondos 
de pensiones que operan en la Unión son fondos cerrados que ofrecen sus servicios a 
una sola empresa o a un solo grupo de empresas de un mismo sector económico26. 
Este es concretamente el tipo de entidades que predomina en el Reino Unido y los 
Países Bajos, los dos Estados miembros de la Unión donde los fondos de pensiones 
están más extendidos. En los objetivos de dichas entidades no entra ofrecer sus 
productos a otras empresas, lo que las diferencia de las entidades de seguro de vida. 
No obstante, pueden plantearse problemas de competencia, especialmente antes del 
establecimiento de un plan de pensiones del sistema de empleo. En ese momento, la 
empresa promotora o los agentes sociales deberán elegir entre los servicios de una 
26 Véase el recuadro n° 6 y el anexo n° 2. 
28 
entidad de seguro de vida, la creación de un fondo cerrado, la participación en un 
fondo abierto o, incluso, otros mecanismos. 
• Igualdad de trato desde el punto de vista del producto 
40. En lo que respecta al producto, resulta oportuno destacar que, en la mayoría de los 
casos, los fondos de pensiones no son los garantes del pago de la pensión. En los 
planes de prestación definida, la garantía la aporta, en la mayoría de los casos, la 
empresa promotora. En los de aportación definida, el riesgo de inversión lo asume el 
partícipe. Por el contrario, las entidades de seguro de vida se comprometen, por lo 
común, a ofrecer un tipo de interés fijo garantizado, con la salvedad de los contratos 
vinculados a un fondo de inversión, en relación con los cuales están sujetas a 
requisitos cautelares mucho menos estrictos si no asumen ningún riesgo de inversión 
(margen de solvencia equivalente al 1 % de las provisiones matemáticas, en lugar del 
4%)27. Ello parece abogar también por la aplicación de regímenes cautelares distintos. 
41. No obstante, podría haber un riesgo de falseamiento de la competencia si el fondo de 
pensiones, al igual que las entidades aseguradoras, se constituye también en garante 
del pago de las prestaciones. En este caso, cabría plantearse la conveniencia de exigir 
un margen de solvencia, que podría ser del 4% de las provisiones matemáticas, al 
igual que en el sector asegurador. De hecho, así es como está regulado en varios 
Estados miembros de la Unión, como Alemania o España. 
• Igualdad de trato y normas de inversión 
42. Cabría alegar también disparidad de trato en lo que respecta a las normas de 
inversión. Éste sería el caso, concretamente, si las normas de inversión propuestas en 
una futura directiva fuesen menos restrictivas que las adoptadas por algunos Estados 
miembros al incorporar a su ordenamiento jurídico interno las normas de inversión de 
la Tercera Directiva sobre seguro de vida. Este problema podría ser resuelto de dos 
maneras distintas: bien unilateralmente por los Estados miembros afectados, que, sin 
apartarse de lo dispuesto en la Tercera Directiva, podrían flexibilizar sus normas de 
inversión, bien, en su caso, de forma multilateral, ideando normas de inversión ad hoc 
para la cobertura de las provisiones técnicas ligadas a los contratos colectivos 
suscritos con entidades de seguro de vida. 
27 Véase artículo 19.e) de la Primera Directiva sobre seguro de vida (79/267/CEE). 
29 
Recuadro 9 
Aspectos que deben considerarse con vistas a garantizar la igualdad de trato entre los 
proveedores de planes de pensiones del sistema de empleo 
Para resolver el problema de la igualdad de trato es preciso realizar un análisis completo de 
los productos vinculados a la jubilación que ofrecen los distintos tipos de proveedores. A tal 
fin, deben examinarse los siguientes aspectos: 
• Tipo de prestación ofrecida : Habrá que distinguir entre los productos que suponen un 
compromiso en firme (por lo general, planes de prestación definida) y aquellos otros en 
los que la satisfacción del compromiso no está garantizada, pues depende de los 
resultados obtenidos (por lo general, planes de aportación definida). El plan podrá 
financiarse de distintas formas, por ejemplo, mediante fondos de pensiones, programas de 
seguro, etc.; 
• Tipo de garantías ofrecidas: Habrá que distinguir entre los fondos de pensiones 
promovidos por una empresa (la responsabilidad final de hacer efectivas las prestaciones 
recae, en general, sobre la empresa o los agentes sociales) y los fondos de pensiones 
abiertos o autónomos (entidades que soportan ellas mismas la responsabilidad de hacer 
efectivas las prestaciones o en las que el partícipe asume todos los riesgos); 
• Tipo de riesgos: Habrá que distinguir entre los riesgos técnicos (los vinculados a los 
compromisos por pensiones, tales como los cálculos actuariales y las proyecciones 
implícitas) y los riesgos financieros (riesgos derivados de los activos que respaldan los 
compromisos por pensiones, como, por ejemplo, los de inversión, tipo de interés e 
inflación); 
• Tipo de gestión de los activos: Habrá que distinguir entre la autogestión (la propia entidad 
gestiona el activo y el pasivo del fondo), la gestión financiera simple28 y la gestión 
financiera con garantía29; 
• Derechos de los partícipes en caso de insolvencia: Habrá que distinguir entre los fondos 
de pensiones, en los que los futuros pensionistas son los únicos acreedores, y las 
entidades de seguro de vida, en las que los futuros pensionistas forman parte de una lista 
de acreedores cuyo orden de preferencia se rige por lo dispuesto en la legislación 
nacional. 
28 Seguros de vida gestionados por entidades de seguro de vida, con arreglo a lo establecido en la letra 
c) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE. 
Seguros de vida gestionados por entidades de seguro de v 
d) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE.. 2 Seguros de vida gestionados por entidades de seguro de vida, con arreglo a lo establecido en la letra 
30 
2.2.5 Un nuevo contexto 
43. La retirada de la propuesta de directiva presentada por la Comisión en 1991 y 
modificada en 1993 , y los problemas relacionados con la Comunicación de 1994 
han puesto de relieve lo difícil que resulta conciliar los puntos de vista de los Estados 
miembros en lo referente a la adaptación de la supervisión cautelar de los fondos de 
pensiones a los principios del mercado interior. Con todo, a la luz de las respuestas al 
Libro Verde y de las consultas que han conducido al marco de actuación para los 
servicios financieros, la Comisión considera que es conveniente actuar nuevamente en 
ese sentido. 
44. Aun siendo fiel a los objetivos fundamentales de libre inversión y gestión, esta nueva 
iniciativa debería diferenciarse en numerosos aspectos de las propuestas anteriores. 
Atendiendo a las conclusiones extraídas del proceso de consulta, la nueva propuesta 
debería conceder mayor importancia a la seguridad de los fondos y a la observancia 
de requisitos cautelares fundamentales. Así pues, no debería poner poner el énfasis 
exclusivamente en la distribución de los activos y debería tener más en cuenta las 
limitaciones inherentes al pasivo del balance de los fondos de pensiones, así como la 
necesidad de no provocar un falseamiento de la competencia entre las principales 
entidades que operan en el ámbito de los sistemas complementarios de pensiones del 
segundo nivel. Finalmente, esta propuesta debería ser más ambiciosa y constitutir un 
primer paso hacia la creación de una de las condiciones necesarias para la afiliación 
transfronteriza. Es probable que, en el futuro, surjan productos transnacionales que 
hagan necesaria la cooperación entre los supervisores nacionales de los fondos de 
pensiones de la Unión. Sería oportuno estudiar, en un futuro próximo, las formas 
concretas que debe revestir esa cooperación. 
45. Por otra parte, la propuesta de directiva se inscribiría en un contexto muy distinto al 
de 1991. Además del euro, que ofrece una mayor seguridad y nuevas posibilidades de 
inversión a los fondos de pensiones, existe hoy un consenso mucho más amplio sobre 
la necesidad de reformar los sistemas de pensiones para hacer frente a las previsiones 
presupuestarias y demográficas que se resumen en el primer capítulo del Libro Verde. 
Estas previsiones obligan a todos los poderes públicos, en su respectivo ámbito de 
competencias, a tomar cuanta medida sea necesaria para garantizar de forma duradera 
la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones. Ésta sería la finalidad de 
permitir que los sistemas complementarios aprovechen las ventajas del mercado 
interior y del euro. 
30 9 l/C 312/04 
3,94/C 360/08 
31 
3. FACILITAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
46. En este capítulo se analizan los problemas que plantean los sistemas 
complementarios vinculados a un empleo para la libre circulación de 
trabajadores dentro de la Unión 
47. Principio fundamental del mercado único, la movilidad laboral adquiere aún, 
potencialmente, mayor importancia con la instauración de la Unión Económica y 
Monetaria. Europa se ha dotado ya de normas que coordinan con eficacia, en 
beneficio de los trabajadores migrantes, los sistemas de pensiones del primer nivel. 
Gracias a ellas, millones de trabajadores eurqpeos han podido desplazarse dentro de la 
Unión durante una parte o la totalidad de su vida profesional, con la seguridad de que 
gozarán de prestaciones de jubilación basadas en los años de trabajo acumulados en 
toda la Unión. En cambio, la inexistencia de una coordinación del mismo tipo para las 
sistemas complementarios supone una auténtica barrera a la libre circulación de los 
trabajadores cubiertos por esos sistemas. Si los Estados miembros optan por recurrir 
más a los sistemas complementarios, esa barrera afectará cada vez a mayor número de 
personas y limitará la capacidad de circulación de la mano de obra. 
48. Diversos Consejos Europeos han subrayado que es de suma importancia crear en los 
Estados miembros las condiciones precisas para conseguir una mano de obra con gran 
capacidad de adaptación y mercados de trabajo flexibles y con capacidad de respuesta 
ante los cambios económicos. Sin embargo, algunos problemas que plantean los 
sistemas complementarios de pensiones constituyen verdaderos obstáculos a la libre 
circulación de los trabajadores y a su capacidad de adaptación. Los objetivos de la 
Estrategia Europea para el Empleo exigen la intervención activa de los Estados 
miembros y la Unión Europea. 
3.1 Consideraciones generales 
49. El artículo 51 del Tratado de la Comunidad Europea estipula que el Consejo, por 
unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, en materia de seguridad social, 
las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de trabajadores. 
50. Basándose en el citado artículo, la Comunidad ha aprobado legislación (Reglamentos 
CEE 1408/71 y 574/72) 2 orientada a eliminar los obstáculos que se oponen a la 
movilidad de los trabajadores en el ámbito de los sistemas públicos obligatorios. Esta 
legislación se establece sin perjuicio del derecho que asiste a los Estados miembros de 
decidir la organización de sus sistemas públicos de pensiones; su objetivo es 
garantizar que los trabajadores no vean obstaculizados sus desplazamientos entre 
Estados miembros por trabas en materia de pensiones (o de otros derechos propios de 
la protección social). 
51. Esos Reglamentos comunitarios no se aplican a los sistemas complementarios de 
pensiones vinculados al empleo. 
32 Las versiones actualizadas de estos Reglamentos están publicadas en el DO L 28 de 30.01.1997. Al 
hacerse extensivo el ámbito de aplicación a los trabajadores autónomos, es preciso añadir como 
fundamento jurídico adicional el artículo 308 del Tratado. 
32 
52. Ya en la Comunicación presentada al Consejo en julio de 1991, la Comisión 
abordaba este tema y definía las líneas directrices aplicables en las futuras actuaciones 
en la materia. Al tiempo que insistía en la función positiva de los sistemas 
complementarios de cara a la protección social de los trabajadores, señalaba también 
diversos obstáculos a la libre circulación de trabajadores y, por tanto, a la plena 
realización del mercado único. 
53. El Tratado exige la eliminación de toda discriminación por razón de nacionalidad, y, 
además, la eliminación de cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o 
impedir que los trabajadores ejerzan los derechos fundamentales garantizados por el 
Tratado y posteriormente interpretados en diversas sentencias del Tribunal de 
Justicia33. Por ello, es preciso adoptar medidas encaminadas a eliminar esos 
obstáculos y favorecer la movilidad transfronteriza en Europa, atendiendo en todo 
momento a las características propias de los sistemas complementarios de pensiones 
54. En el Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado 
único, la Comisión plantea toda una serie de extremos a los interesados (en particular, 
gobiernos, agentes sociales y representantes de los fondos de pensiones), con el fin de 
profundizar en el análisis de los problemas que aún subsisten de cara a la libre 
circulación. En especial, cabe citar los prolongados períodos de carencia, las 
dificultades para la transferencia de los derechos adquiridos y los problemas fiscales 
que plantea la adquisición de derechos en más de un Estado miembro. 
3.2 Resultados de la consulta sobre el Libro Verde 
55. En el ámbito de la seguridad social, el Reglamento 1408/71 ha permitido coordinar 
los regímenes de pensión de los trabajadores por cuenta ajena y propia y sus familias. 
La diversidad de regímenes nacionales existentes sólo permitía la coordinación, y no 
una armonización. Este mismo enfoque, basado en la coordinación y no en la 
armonización, sería también válido en el caso de los sistemas complementarios. 
56. Las respuestas al Libro Verde han puesto de manifiesto la existencia de un amplio 
consenso en torno al planteamiento propuesto por la Comisión para la supresión de 
los obstáculos a la libre circulación en el ámbito de los sistemas complementarios de 
pensiones. Esta supresión será, en principio, progresiva, por lo que la Directiva 
98/49/CE, aprobada el 29 de junio de 1998, debería servir de base para las medidas 
que se adopten en el futuro. Esta directiva constituye un primer paso hacia la 
eliminación de las barreras que dificultan la libre circulación de los trabajadores. En 
virtud de la misma, los trabajadores destinados por su empresa a otro país tienen 
ahora la posibilidad de seguir cotizando al sistema de pensiones al que estén afiliados 
en su Estado miembro de origen. 
57. La mayoría de los Estados miembros cree que aún es prematuro adoptar nuevas 
medidas legislativas. Sin embargo, en su mayor parte, los demás interesados (agentes 
sociales, fondos de pensiones) reconocen que los problemas señalados en la 
Comunicación de la Comisión de 1991 y en su Libro Verde sobre los sistemas 
complementarios de pensiones son reales e impiden la libre circulación de personas en 
33 Véanse los asuntos c-279/93, Finanzamt Koln-Altstadt c. Schumacher, sentencia de 14 de febrero de 
1995, RTJ p. 1-225; C-19/92, Kraus, sentencia de 31 de marzo de 1993, RTJ p.I-1663; C-80/94, 
Wielockx, sentencia de 11 de agosto de 1995, RTJ p. 1-2493; C-107/94, Asscher, sentencia de 27 de 
junio de 1996, RTJ p. 1-3089. 
33 
la Unión Europea. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social 
consideran igualmente que los problemas a los que han de hacer frente los 
trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea son significativos y que la 
Comunidad debería tomar medidas adicionales para erradicarlos, pues son 
incompatibles con el concepto de mercado único. 
58. Se ha señalado también que, antes de tomar ninguna iniciativa, la Comisión debería 
reflexionar con mayor detenimiento sobre las posibles respuestas a aspectos tales 
como la transferibilidad de los derechos a pensión, los prolongados períodos de 
carencia y la doble imposición. 
59. La afiliación transfronteriza, al menos para determinadas categorías de trabajadores 
que se desplazan de un Estado miembro a otro durante un corto período —podría ser 
útil para evitar los cambios de un sistema a otro y la pérdida de derechos a pensión. 
No obstante, esa afiliación será muy difícil de poner en práctica. Aparte de la 
armonización de las normas cautelares a que se refería el anterior capítulo, exigirá el 
reconocimiento mutuo de las disposiciones fiscales pertinentes de los Estados 
miembros, así como una serie de modificaciones de la normativa laboral vigente en 
los mismos. Sin embargo, la afiliación transfronteriza facilitaría considerablemente la 
movilidad de los trabajadores en la Unión y es reivindicada por los representantes del 
sector. Por consiguiente, debe considerarse un objetivo a medio o largo plazo para la 
Unión Europea. 
60. La idea de crear un Foro de Pensiones, tal como sugirió el Grupo de Alto Nivel sobre 
la Libre Circulación, ha sido, en general, bien acogida por los agentes sociales; no así 
por los representantes de los gobiernos, en opinión de los cuales es preferible que la 
Comisión recurra a órganos comunitarios ya existentes, como el Comité Consultivo 
para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes. Ésta ha sido también la 
propuesta del Comité Económico y Social. El Parlamento Europeo, por su parte, se ha 
mostrado favorable a la creación de dicho Foro. 
3.3 Medidas que cabría adoptar 
61. Las respuestas al Libro verde permiten apreciar la posibilidad de adoptar medidas en 
diversos terrenos. 
• Requisitos necesarios para la adquisición de derechos a pensión 
complementaria 
62. De las respuestas al Libro Verde se desprende claramente que no existe consenso 
alguno entre los Estados miembros a este respecto. Por ahora, parece prematuro 
elaborar disposiciones legislativas. No obstante, no cabe duda de que los requisitos 
impuestos para la adquisición de derechos a pensión pueden constituir, en términos 
generales, un obstáculo a la movilidad de los trabajadores. 
63. Disponer, en el próximo siglo, de una mano de obra europea capacitada y adaptable es 
un elemento esencial de la Estrategia Europea para el Empleo y, en consecuencia, un 
objetivo clave de la Unión. Los prolongados períodos de carencia de los sistemas 
complementarios tienden a limitar las posibilidades de los trabajadores para 
34 
desplazarse en función de la evolución del mercado de trabajo, algo que podría 
revestir gran importancia en el futuro mundo laboral. 
64. Además, cabe argüir que los largos períodos de carencia son indirectamente una 
fuente de discriminación para la población activa de sexo femenino, puesto que es 
más frecuente que las mujeres cambien de empleo o interrumpan su vida laboral. Los 
agentes sociales y el Parlamento Europeo han insistido reiteradamente en este aspecto. 
65. La Comisión considera que sería oportuno entablar un debate con los agentes sociales 
a nivel europeo, a fin de estudiar las posibles maneras de superar este obstáculo a la 
libre circulación. 
66. La Comisión velará también de manera especial por que se eliminen las 
discriminaciones por razón de sexo en el ámbito de los sistemas complementarios de 
pensiones. 
• Afiliación transfronteriza de los trabajadores que se desplacen dentro 
de la Unión Europea durante breves períodos sin haber sido destinados 
por una empresa 
67. La Directiva .98/49/CE, de 29 de junio de 1998, permite a los trabajadores destinados 
por su empresa en otro Estado miembro seguir afiliados al sistema complementario de 
pensiones del Estado miembro donde trabajaban con anterioridad. Todos los demás 
trabajadores que se trasladen por un tiempo limitado a otro Estado miembro carecen 
de esta opción. Al igual que los trabajadores enviados por su empresa, éstos esperan 
regresar a su Estado miembro de origen sin que haya una ruptura en la acumulación 
de sus derechos a pensión. En consecuencia, sería beneficioso para ellos seguir 
realizando aportaciones al sistema complementario de pensiones de su Estado 
miembro de origen. 
68. En todas las observaciones recibidas por la Comisión se señala que la afiliación 
transfronteriza, tal como se ha descrito anteriormente, representaría un paso 
importante en la supresión de los obstáculos que dificultan la libre circulación de los 
trabajadores en la Unión Europea, si bien sería difícil de llevar a la práctica. A tal fin 
sería necesario eliminar una serie de trabas que se oponen a que el trabajador siga 
siendo partícipe de su anterior sistema de pensiones. Un acuerdo entre su antigua 
empresa en el Estado miembro de origen, su nueva empresa en el Estado de acogida, 
el propio trabajador y, en su caso, el pertinente sistema complementario de pensiones 
no siempre es fácil de lograr. 
69. La Comisión realizará un estudio con el fin de analizar detenidamente la forma de 
superar los obstáculos que impiden la afiliación transfronteriza de esta categoría de 
trabajadores. A la luz de los resultados de ese estudio, la Comisión tomará las 
medidas procedentes para resolver este problema. 
35 
• Posibilidad de transferir los derechos a pensión 
70. Son sobre todo los sindicatos y los representantes de los fondos de pensiones los que 
han hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas en este ámbito. 
Indiscutiblemente, todo cálculo de los valores de transferencia que penalice a quienes 
abandonan un sistema y la inapropiada conservación de los derechos "latentes" 
suponen serios obstáculos a la movilidad laboral. 
71. Las enormes variaciones existentes en los métodos de financiación de los sistemas 
complementarios de pensiones, el cálculo actuarial de los valores de transferencia y el 
régimen fiscal dificultan la transferibilidad de un Estado miembro a otro. 
Técnicamente, en todos los países es posible aceptar las transferencias de otros 
Estados miembros, pero esta posibilidad es más bien teórica o inexistente en el caso 
de determinados sistemas, por ejemplo, los basados en reservas contables o los de 
reparto, que no disponen de activos financieros representativos de los compromisos 
por pensiones. Así pues, la transferencia sólo sería factible en los sistemas de 
capitalización, que, por su naturaleza, permiten ese procedimiento. 
72. En general, dentro de un mismo Estado miembro existen normas actuariales comunes 
para calcular los valores de las transferencias de capital de un sistema a otro, siempre 
que ambos sean de carácter similar. En cambio, como no existe una metodología 
normalizada a efectos de las transferencias de capital entre sistemas complementarios 
de distintos Estados miembros, los trabajadores que se trasladan a otro Estado 
miembro están en desventaja frente a los que cambian de fondo de pensiones sin 
abandonar su país de origen. 
73. Un mínimo denominador común para el cálculo del importe de las transferencias de 
capital y su traducción en futuras prestaciones de jubilación podría ayudar a resolver 
parte del problema. 
74. En aquellos casos en que no fuera posible la transferencia del capital, la única opción 
sería la conservación de los derechos adquiridos. En tales circunstancias, debería 
garantizarse que los titulares de los denominados "derechos latentes" recibirán las 
prestaciones que proporcionalmente les correspondan de su sistema de pensiones 
complementarias. Es evidente que alcanzar todos estos objetivos llevará tiempo. 
75. La Comisión, con la ayuda de todos los interesados (representantes de los gobiernos, 
agentes sociales y fondos de pensiones), redoblará sus esfuerzos para resolver ciertos 
problemas técnicos relacionados con la transferibilidad de los derechos a pensión, 
tales como la transferencia de derechos únicamente a sistemas complementarios de 
pensiones autorizados, la armonización de las normas actuariales y los valores de 
transferencia. 
76. Ello servirá de base para estudiar la necesidad de un marco jurídico que regule la 
transferencia de los derechos a pensión adquiridos. 
77. La Comisión proseguirá también sus trabajos sobre los sistemas complementarios de 
pensiones y publicará cada dos años un informe acerca de la situación en los 
diferentes Estados miembros. Este informe se elaborará en colaboración con una red 
de expertos nacionales de alto nivel especializados en este ámbito. 
36 
• Foro de Pensiones 
78. El Grupo de Alto Nivel sobre la Libre Circulación ha propuesto crear un Foro de 
Pensiones. Ese Foro podría ser la instancia adecuada para reunir a los representantes 
de todas las partes interesadas (gobiernos, agentes sociales y fondos de pensiones), 
con el objetivo de analizar cómo eliminar los obstáculos que se oponen a la movilidad 
laboral entre los países de la Unión Europea. El Foro podría asistir a la Comisión en la 
búsqueda de soluciones a los restantes problemas observados, así como en el 
seguimiento de la legislación comunitaria vigente. 
79. La Comisión respalda esta propuesta, por lo que ha decidido convocar un Foro de 
Pensiones, que se reunirá dos veces al año y estará integrado por representantes de los 
gobiernos, los agentes sociales y los fondos de pensiones y, en su caso, otras 
instituciones activas en este ámbito. 
37 
4. NECESIDAD DE UNA MAYOR COORDINACIÓN DE LOS 
REGÍMENES FISCALES NACIONALES 
80. El Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones analizaba 
simultáneamente los sistemas del segundo y del tercer nivel. En realidad, los 
problemas fiscales fundamentales que se plantean son idénticos en ambos casos. 
Sin embargo, por razones prácticas, la primera fase de la actuación comunitaria 
podría abarcar únicamente el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas 
efectuadas por trabajadores migrantes a sistemas del segundo nivel. 
4.1 Resultados de la consulta sobre el Libro Verde 
81. La diversidad, complejidad y especificidad de las normas fiscales nacionales que se 
han ido desarrollando a lo largo de muchos años se consideran importantes obstáculos 
a la libre circulación de las personas y la libre prestación de servicios en el ámbito de 
los sistemas complementarios de pensiones y los seguros de vida. Básicamente, los 
problemas vienen planteados por el régimen aplicable a los pagos transfronterizos a 
fondos de pensiones y entidades de seguro de vida, y el hecho de que los trabajadores 
migrantes se enfrenten a dos o más sistemas de pensiones y fiscales que no son 
necesariamente compatibles. 
38 
Recuadro 11 
Resumen de los problemas que plantea la heterogeneidad de los regímenes fiscales 
En muchos Estados miembros, el régimen fiscal aplicable a los planes de pensiones y las 
pólizas de seguro de vida suscritos con entidades no residentes es menos favorable que el 
correspondiente a los planes y pólizas suscritos con entidades residentes. En general, no 
existe reconocimiento mutuo, por lo que es poco probable que un plan de pensiones 
aprobado en un Estado miembro cumpla los requisitos fiscales impuestos a los planes de 
otro Estado miembro. En consecuencia, las personas que desean recibir una pensión 
complementaria y beneficiarse de desgravaciones fiscales se ven obligadas, en la práctica, 
a adquirir los productos ofrecidos por los proveedores nacionales. Para poder competir 
con éstos en el mercado nacional, los proveedores de planes de pensiones y las entidades 
de seguro de vida extranjeros se ven obligados a establecerse en él. Esto obstaculiza la 
libre prestación de servicios y limita la posibilidad de elección del consumidor. 
En muchos casos, un trabajador que se traslada a otro Estado miembro no puede mantener 
el plan o la póliza suscrita en el Estado miembro de origen, ya que el de acogida no le 
permite deducir las aportaciones o primas pagadas o grava las aportaciones de la empresa, 
pese a que esas mismas aportaciones no estén sujetas a impuestos si se abonan a una 
entidad local. 
El problema más general en este contexto es el que encuentran aquellas personas que se 
trasladan de un Estado miembro en el que se aplica el sistema EEG (aportaoionesexentas, 
crecimiento de la póliza exento y prestaciones gravadas) a otro en el que impera el 
sistema GEE (aportaciones gravadas, crecimiento de la póliza exento, prestaciones 
exentas), o a la inversa. Esta discordancia entre los sistemas puede dar lugar a situaciones 
de doble exención (posibilidad de deducir las aportaciones y exención de las prestaciones) 
o de doble imposición (sujeción a impuestos tanto de las aportaciones como de las 
prestaciones). 
En el transcurso de la consulta, muchos han afirmado que el sistema EEG es el más 
adecuado y debería, a la larga, aplicarse de forma generalizada. Su principal ventaja 
radica en que no se cobra impuesto alguno por una prestación futura de carácter incierto, 
dado que las pensiones no pueden heredarse y el beneficiario puede fallecer antes de su 
jubilación (en cuyo caso, dentro del sistema GEE, pagaría impuestos a través de sus 
aportaciones por una pensión que no llegaría a percibir). 
Los fondos de pensiones y las entidades de seguro de vida pueden también tropezar con 
obstáculos fiscales, sobre todo al realizar inversiones transfronterizas. Algunos de estos 
obstáculos se derivan de que los fondos de pensiones disfrutan, con frecuencia, de 
exención fiscal. En las observaciones enviadas en respuesta al Libro Verde se menciona, 
a modo de ejemplo, la imposición por un Estado miembro de las plusvalías realizadas por 
entidades no residentes sobre los activos ubicados o negociados en dicho Estado, mientras 
que los fondos de pensiones residentes están exentos. Esto falsea las decisiones sobre la 
distribución de los activos dentro del mercado único. En lo que respecta a los beneficios 
acumulados por los fondos de pensiones, con frecuencia sólo se conceden desgravaciones 
fiscales por las inversiones nacionales. 
39 
Obviamente, ios problemas antes señalados se ven exacerbados cuando entran en juego 
más de dos países: por ejemplo, en el caso de un emigrante que trabaja para una empresa 
establecida en otro Estado miembro y cotiza a un fondo de pensiones de un tercer Estado 
miembro. Así, en algunas de las observaciones recibidas se hace hincapié en la necesidad 
de hallar soluciones a escala europea, y en particular de definir un plan de pensiones que 
se beneficie de las mismas desgravaciones fiscales en todos los Estados miembros. Se 
considera que esto podría dar lugar a la creación de fondos de pensiones con auténtica 
vocación paneuropea, que puedan actuar sin trabas fiscales en toda Europa y beneficiarse 
así de las economías de escala resultantes. 
82. La consulta se centró también en las posibles soluciones a estos problemas. Algunos 
opinan que la Comisión debería elaborar una serie de directrices, basadas en 
principios y prácticas comunes a algunos de los convenios bilaterales existentes. En 
los debates realizados se ha señalado que, sin duda, sería más fácil llegar a un acuerdo 
sobre medidas no vinculantes, pero su utilidad práctica podría ser limitada. Una de las 
ventajas de los convenios bilaterales de doble imposición es que pueden adaptarse a 
las características particulares de los sistemas de pensiones de los países 
considerados. Ahora bien, la renegociación de 105 convenios34 constituiría para los 
Estados miembros una labor extremadamente ardua y prolongada, sin que, por otra 
parte, quedaran garantizadas la igualdad de trato y la no discriminación. El valor 
práctico inmediato de las directrices podría ser, por tanto, escaso, puesto que su 
integración en los convenios bilaterales en vigor supondría varias décadas. 
83. Otros consideran que la solución más razonable sería una norma comunitaria. Entre 
las características de una posible iniciativa al respecto se han mencionado el 
reconocimiento mutuo de los sistemas de pensiones, disposiciones para impedir la 
doble imposición, así como para garantizar un nivel adecuado de gravamen, un 
sistema eficaz de intercambio de información y un mecanismo apropiado de asistencia 
mutua en el proceso recaudatorio. Los interesados han manifestado que un texto 
jurídicamente vinculante, como un convenio multilateral o una directiva, ofrecería la 
necesaria seguridad jurídica y crearía condiciones de competencia equitativas. 
4.2 Medidas que cabría adoptar 
84. Lo acabado de señalar es especialmente válido en el caso de los trabajadores que se 
desplazan de un Estado miembro a otro y que corren el riesgo de perder los derechos 
adquiridos en el Estado en el que ya cotizaban a un sistema de pensiones. En la 
actualidad no existe ninguna normativa comunitaria que regule la asignación del 
derecho a gravar las prestaciones de jubilación o el régimen fiscal aplicable a los 
valores de transferencia representativos de derechos adquiridos en un sistema de 
pensiones anterior. Sin embargo, los Estados miembros deben velar por que los 
trabajadores que ejerzan su derecho a la libre circulación no sean objeto de 
restricciones o discriminaciones indebidas, según lo dispuesto en los artículos 39 y 43 
del Tratado CE y en el Reglamento 1612/6835. 
En la Unión existen 105 relaciones bilaterales posibles, de las cuales 98 se recogen actualmente en 
un convenio fiscal bilateral o multilateral de doble imposición. Sólo unos pocos contienen ya 
disposiciones completas en este ámbito. En una Unión integrada por 20 Estados miembros, el número 
de relaciones bilaterales sería de 190. 
35 Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Comunidad, DO L 257, de 19.10.68, p. 2-12. 
40 
85. Si bien es necesario que los trabajadores o pensionistas migrantes no puedan eludir 
por completo los impuestos, los Estados miembros deberían garantizar también que 
los trabajadores que ejerzan el derecho a la libre circulación no sean objeto de una 
doble imposición. La mayor parte de los convenios fiscales bilaterales contienen ya 
disposiciones en ese sentido, redactadas con frecuencia de manera análoga al artículo 
18 del Convenio Fiscal Modelo de la OCDE sobre rentas y capital, en el que el 
derecho a gravamen se atribuye al país de residencia. Si no existe ningún convenio 
bilateral, la manera de evitar la doble imposición dependerá de las normativas 
nacionales de los respectivos Estados miembros. 
86. En una declaración consignada en el acta del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 
1997, la Comisión se comprometió a estudiar, con la ayuda del Grupo de Política 
Fiscal, los problemas que plantea la imposición de los seguros de vida y los los planes 
de pensiones, con vistas a elaborar posiblemente una propuesta de directiva. El 
objetivo último es garantizar la libre circulación a los trabajadores por cuenta ajena y 
propia (art. 39 y 43 del Tratado CE) y la libre prestación de servicios (art. 49 del 
Tratado CE), según se establece también en la Tercera Directiva 94/96/CE sobre 
seguro de vida. Esta labor ya ha comenzado. 
• Pautas para un planteamiento coordinado 
87. En opinión de la Comisión, el Libro Verde sobre los sistemas complementarios de 
pensiones, las reacciones suscitadas por su publicación y las audiencias celebradas 
posteriormente han demostrado que existe un amplio consenso sobre la necesidad de 
una actuación coordinada por etapas. Tras examinar los resultados de la consulta, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que ese planteamiento coordinado debe 
basarse en los siguientes principios: 
- El propósito no es una armonización de los regímenes fiscales aplicados por 
los Estados miembros a los planes complementarios de pensiones y los 
seguros de vida. Cualquier planteamiento coordinado debe ser lo 
suficientemente flexible para dar cabida a la diversidad de normas vigentes 
en los Estados miembros. Este enfoque se ha adoptado con éxito en el 
ámbito de la seguridad social, en virtud del Reglamento 1408/71. 
- La libre prestación de servicios y la libre circulación de personas no deben 
verse restringidas por la aplicación de un régimen fiscal desfavorable a los 
planes de pensiones y los seguros de vida transfronterizos. 
- Todo planteamiento coordinado debe permitir que los Estados miembros 
preserven los ingresos fiscales que tienen derecho a recaudar (y ayudar a 
ello), con arreglo a su legislación fiscal. Dicho planteamiento debe dar lugar 
a un sistema que pueda realmente aplicarse, que incite a los contribuyentes a 
cumplir con sus obligaciones fiscales, convenciéndoles de que no pueden 
eludirlas, residan donde residan e inviertan donde inviertan. 
41 
• Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
88. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las restricciones derivadas de 
diferencias injustificadas en el régimen fiscal de los planes de pensiones y los seguros 
de vida transfronterizos son contrarias al Tratado CE, y en particular a los artículos 
39, 43, 49 y 56. En la sentencia dictada en el asunto Safir el Tribunal declaró que las 
normas por las que se establezca una diferenciación del régimen fiscal aplicado a las 
pólizas de seguros extranjeras que pueda disuadir a los interesados de suscribir pólizas 
de seguro con entidades situadas en otros Estados miembros son, en principio, 
contrarias a lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado.. Además, el Tribunal rechazó 
categóricamente todas las alegaciones presentadas para justificar esa restricción y, en 
especial, las referidas a la coherencia fiscal. Cabe señalar que, con posterioridad a la 
sentencia Bachmann37, el Tribunal no ha aceptado nunca esa justificación en el 
ámbito de la política fiscal. 
• Situación de los trabajos del Grupo de Política Fiscal 
89. En la reunión celebrada por el Grupo de Política Fiscal el 3 de julio de 1998, se pidió 
a sus miembros que dieran su opinión sobre los principales aspectos de un 
planteamiento coordinado para la imposición de los planes de pensiones y los seguros 
de vida. Los delegados convinieron de forma unánime en la necesidad de seguir 
estudiando el tema, siendo la mayoría de ellos partidarios de un planteamiento 
coordinado. Los principios antes enunciados (ni armonización, ni discriminación, ni 
pérdida de ingresos fiscales) recibieron un amplio respaldo. Se ratificó la necesidad de 
resolver urgentemente los problemas relacionados con los trabajadores migrantes. 
Asimismo, se abogó en favor de explorar nuevas vías para mejorar el intercambio de 
información. Algunos delegados se manifestaron a favor de medidas jurídicamente 
vinculantes -la opción más apoyada fue la de un convenio multilateral-, en tanto que 
otros se declararon abiertamente en contra de tal solución y se mostraron dispuestos a 
aceptar tan sólo directrices. Ciertos miembros del Grupo abogaron por que se 
estudiaran también los problemas sociales y jurídicos, y no sólo los aspectos fiscales. 
90. En la reunión celebrada por el Grupo de Política Fiscal el 8 de marzo de 1998, se 
acordó que era preferible abordar de manera gradual los problemas tan difíciles y 
variados que se plantean. Asimismo, los componentes del Grupo acordaron que la 
primera etapa debía centrarse, en la medida de lo posible, en el régimen fiscal de las 
aportaciones transfronterizas efectuadas por los trabajadores migrantes a sistemas del 
segundo nivel. Quedarían excluidos los sistemas basados en reservas contables, pues 
36 Asunto C-118/96 {1998} RTJ 1-1897. 
J Asunto C-204/90 [1992] RTJ 1-249. El Tribunal consideró que la negativa de Bélgica a permitir la 
deducción de las aportaciones a los fondos de pensiones y las primas de los seguros de vida constituía 
una discriminación, en virtud de los artículos 39 y 49. Sin embargo, manifestó también que, dadas las 
características del sistema tributario belga, esa discriminación estaba justificada por razones de 
coherencia fiscal. Cabe recordar que, en el sistema tributario belga, los compromisos por pensiones 
suscritos fuera de Bélgica no están exentos, sino que se difiere el pago del impuesto. De este modo, la 
negativa a otorgar una exención a las primas pagadas a entidades de seguros de otros países se 
equilibraba por el hecho de no exigir imposición sobre las prestaciones de un seguro equivalente, 
contrariamente a lo que sería el caso de pólizas suscritas en Bélgica. El razonamiento del Tribunal en 
relación con la coherencia fiscal ha quedado expuesto en la sentencia Wielockx C-80/94 {1995} RTJ 
2493. 
42 
en ellos los trabajadores no hacen aportaciones, existiendo sólo el compromiso de la 
empresa. 
• Futuros trabajos 
91. La Comisión opina que el Grupo de Política Fiscal es el foro más adecuado para 
poder consultar a los Estados miembros sobre la manera de profundizar en este tema. 
Dada su complejidad, se ha decidido crear un subgrupo técnico que asistirá a dicho 
Grupo. 
92. La Comisión confía en que los trabajos del Grupo de Política Fiscal y del subgrupo le 
permitrán formular la oportuna propuesta legislativa en 1999 o en el año 2000. De lo 
anterior se desprende que esta iniciativa no sería sino la primera etapa de un proceso 
más ambicioso. En esa primera etapa podría resultar oportuno centrarse en el régimen 
fiscal de las aportaciones transfronterizas efectuadas por trabajadores migrantes a 
fondos de pensiones complementarias. 
43 
ANEXO 1 
Medidas que cabría adoptar, según se desprende de la consulta relativa al Libro 
Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único 
Medidas 
Propuesta de 
directiva para la 
regulación 
cautelar de los 
fondos de 
pensiones 
Coordinación de 
los regímenes 
fiscales de los 
Estados 
miembros en 
materia de 
pensiones 
complementarias 
y seguros de vida 
Consultas sobre 
las condiciones 
de adquisición 
de derechos a 
pensión 
complementaria 
Estudio de 
viabilidad sobre 
la afiliación 
transfronteriza 
Creación de un 
Foro de 
Pensiones 
Trabajos 
técnicos sobre la 
transferibilidad 
de los derechos a 
pensión 
complementaria Objetivos 
Proteger los 
derechos de los 
partícipes, garantizar 
la libertad de 
inversión y gestión, 
y facilitar la 
afiliación 
transfronteriza 
Facilitar el ejercicio 
del derecho a la 
movilidad laboral y 
la libre prestación de 
servicios en el 
ámbito de las 
pensiones 
complementarias y 
los seguros de vida 
Definir medios para 
facilitar la movilidad 
laboral 
Analizar en 
profundidad los 
obstáculos que 
impiden la afiliación 
transfronteriza. 
Determinar la forma 
de suprimirlos. 
Crear un órgano 
específico de diálogo 
sobre las pensiones y 
la movilidad laboral 
Examinar la 
posibilidad de una 
propuesta legislativa Instituciones o 
instancias implicadas 
Comisión, partes 
interesadas y, 
posteriormente, 
Consejo, Parlamento y 
Comité Económico y 
Social 
Estados miembros y 
Comisión dentro del 
Grupo de Política 
Fiscal. Consejo, 
Parlamento y Comité 
Económico y Social en 
el caso de que la 
Comisión presente una 
propuesta de directiva. 
Comisión y agentes 
sociales 
Comisión 
Comisión 
Comisión, en 
colaboración con los 
Estados miembros, el 
sector de los fondos de 
pensiones y los agentes 
sociales Posibles plazos 
Adopción por la 
Comisión a finales de 
1999 o principios del 
2000. Negociaciones 
en el Consejo y el 
Parlamento a partir del 
2000. 
Continuación de las 
consultas en 1999. 
Posibilidad de una 
propuesta de directiva a 
finales de 1999 o 
principios del 2000. 
En el transcurso de 
1999/2000 
En el transcurso de 
1999/2000 
En el transcurso de 
1999 o el año 2000. 
En el transcurso de 
1999/2000. Posibilidad 
de una propuesta 
legislativa en el 2000. 
44 
ANEXO 2 
Rendimientos de las carteras de inversión de los fondos de pensiones 1984-1996 
(% medio de rendimiento total real en moneda local) 
Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Irlanda . 
Japón 
Países Bajos 
España 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Sin límites cuantitativos 
Límites cuantitativos 1984-1993 
8,8 
6,3 
7,2 
10,3 
6,5 
7,7 
7,0 
8,1 
4,4 
10,2 
9,7 
9,5 
6,9 1984-1996 
9,0 
6,0 
7,0 
11,0 
0,0 
8,0 
-
-
4,0 
10,0 
9,0 
9,5 
5,2 
Fuentes: Informe EFRP, junio de 1996; Pragma Consulting; y cálculos de los 
servicios de la OCDE 
45 
ANEXO 3 
Comparación indicativa entre las entidades de seguro de vida (como proveedoras 
de seguros colectivos), los fondos de pensiones abiertos y los fondos de pensiones 
cerrados 
Entidades de seguro 
de vida Fondos de 
pensiones abiertos Fondos de 
pensiones 
cerrados 
Naturaleza 
de la 
actividad Actividad comercial 
basada en una 
multiplicidad de 
productos Actividad comercial 
basada en un solo 
servicio Actividad, por lo 
general no 
comercial basada 
en un solo servicio 
Relación con 
los demás 
operadores 
financieros Proveedor de servicios A un tiempo 
proveedor y 
consumidor de 
servicios A un tiempo 
proveedor y 
consumidor de 
servicios 
Situación en 
caso de 
terminación 
del plan Los asegurados 
forman, en general, 
una categoría de 
acreedores entre 
otras . El conjunto de 
acreedores debe hacer 
valer sus derechos en 
un determinado orden. Se considera que los 
partícipes son, en 
general, propietarios 
de los activos en 
poder del fondo de 
pensiones. Se considera que 
los partícipes son, 
en general, 
propietarios de los 
activos en poder 
del fondo de 
pensiones. 
Corresponde, en 
general, al fondo de 
pensiones en los 
planes de prestación 
definida, o riesgo de 
inversión asumido 
por el empleado en 
los de aportación 
definida Garantía de 
pago de las 
prestaciones 
complementa 
rias 
vinculadas a 
un empleo Corresponde a la 
aseguradora, salvo en 
los contratos ligados a 
un fondo de inversión 
en los que se estipule 
que aquélla no asume 
el riesgo de inversión. Corresponde, en 
general, a la 
empresa promotora 
en los planes de 
prestación definida, 
o riesgo de 
inversión asumido 
por el empleado en 
los de aportación 
definida. 
Relación con 
los partícipes 
del plan de 
pensiones de 
vinculación 
laboral Indirecta, a través de 
la empresa Indirecta, a través de 
la empresa Colaboración 
frecuente de los 
partícipes en la 
gestión del plan. 
J Véase a este respecto la propuesta de directiva de la Comisión sobre la liquidación de las empresas 
de seguros (89/C253/04, DO de 6.10.1989). 
46 
ANEXO 4 
«O 
O) 
O 
Y-
o 
00 
,5 
o 
a> 
c 
« 
•8 
o. 
V) 
O 
'C 
2 
2 
a c 
CU 
S 
=5 
c I 
es (/> ,0) 
'C 
c •2 u •2 a> 
o: f 
o. 
|E3J oipaui |BnuE oiuouuipuay 
Del presente anexo se deduce que, para períodos superiores a los 10 años, una cartera 
compuesta de acciones en un 100% mostró igual volatilidad (esto es, igual grado de 
seguridad) que otra cartera compuesta de bonos en un 100%; sin embargo, el 
rendimiento de las acciones fue de aproximadamente el 7%, frente a los bonos, que 
registraron un rendimiento de tan sólo el 3-4%. Durante toda una vida laboral, una 
diferencia del 3% anual es enorme. El nivel mínimo de riesgo presenta el menor grado 
posible de volatilidad, que podría haberse obtenido con la mejor combinación posible 
de y acciones. 
47 
ANEXO 5 
Estados Unidos: Rentabilidad anual total, por categoría de activos (1926-1995): 
Letras del Tesoro EE.UU. 
Bonos del Estado a medio plazo 
Bonos del Estado a largo plazo 
Bonos de empresa a largo plazo 
Acciones pequeñas empresas 
Acciones grandes empresas 
10 15 
Fuente: Morgan Stanley Dean Witter 
48 
ANEXO 6 
Mercados de acciones frente a mercados de bonos 
Diferencial de rendimiento entre las acciones y los bonos 
Monedas locales 
Datos anuales 
Alemania 
Bélgica 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza Período de 15 años 
1984-1998 
4,36 % 
9,09 % 
5,29 % 
3,12 % 
0,95 % 
7,18% 
3,67 % 
4,32 % 
9,88 % Período de 10 años 
1989r-1998 
3,71 % 
1,98% 
7,08 % 
0,17 % 
-3,47 % 
7,95 % 
1,40% 
2,94 % 
12,08 % 
Fuente: Pragma Consulting NV/SA 
<\$ 
ANEXO 7 
Distribución de activos 
País 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza Acciones 
nacionales 
% 
6 
18 
17 
9 
9 
8 
24 
2 
13 
5 
14 
53 
20 
10 Bonos 
nacionales 
% 
71 
31 
65 
65 
69 
75 
26 
56 
60 
47 
72 2) 
9 
64 
25 Acciones 
extranjeras 
% 
3 
24 
7 
2 
1 
5 
33 
— 
6 
19 
4 
22 
8 
5 Bonos del 
exterior 
% 
4 
12 
1 
1 
1 
10 
4 
— 
6 
10 
1 
6 
-
7 Bienes 
inmuebles 
% 
13 
5 
8 
7 
— 
6 
40 
7 
7 
2 
2 
8 
16 Activos 
líquidos/ 
otros 
% 
3 
10 
2 
23 
13» 
2 
7 
2 
8 
2 
7 
8 
— 
373) 
[) instrumentos del mercado monetario 
2) 50/50 % fij os y variables 
incluidos los préstamos a las empresas, los créditos hipotecarios y otros 
préstamos a corto plazo 3) 
Fuente: European Pensión Fund Managers Guide, Volume I - The Marketplace, 
1998; WilliamM. Mercer 
50 
ANEXO 8 
Población y activos fondos de pensiones 
País 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
Espagna 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza Población en 
millones 
82,0 
10,2 
5,3 
39,3 
5,1 
58,6 
3,6 
57,4 
4,4 
15,6 
9,9 
59,0 
8,9 
7,1 Ratio de 
dependencia 
o 
21,7 
24,2 
22,4 
23,5 
20,9 
22,7 
19,0 
23,2 
25,0 
18,8 
22,4 
24,6 
28,6 
22,4 Valor de los 
activos de 
los fondos 
de pensiones 
en miles de 
millones $ 
. 310 
25 
148 
22 
40 
95 
29 
91 
35 
502 
10 
1015 
142 
288 Activos de 
los fondos 
de pensiones 
en % del 
PIB 
14 
11 
84 
4 
35-
7 
42 
7 
23 
127 
9 
77 
66 
117 Activos de 
los fondos 
de pensiones 
per cápita 
($000) 
3,8 
2,5 
27,9 
0,6 
7,9 
1,6 
8,0 
1,6 
7,9 
32,2 
1,0 
17,2 
16,0 
40,6 
' Proporción de la población de más de 65 años de edad frente a la de edades 
comprendidas entre los 15 y los 64 años. 
Fuente: Population Concern 30 junio 1997 , European Pensión Fund Managers Guide, 
Volume I - The Marketplace, 1998 ; William M. Mercer 
51 
GLOSARIO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES 
Aportación definida (sistema de) : Sistema en el que se fijan sólo las aportaciones. 
Las prestaciones varían en función del importe de las aportaciones y del rendimiento 
de los activos. Por lo general, el riesgo de inversión lo asume el trabajador. 
Cálculo actuarial: Cálculo efectuado por un actuario con la finalidad de comprobar 
si un plan de pensiones cuenta con activos suficientes para hacer frente a sus 
compromisos (pasivo). El actuario debe asegurarse también de que las provisiones 
técnicas se hayan calculado correctamente. 
Congruencia monetaria : Requisito en virtud del cual los activos que sirven de 
cobertura de los compromisos deben invertirse en la moneda en que estén expresados 
esos compromisos. 
Depositario : Persona a la que se confía la custodia de los activos y de los títulos 
representativos de los activos del fondo, por lo general una entidad de crédito. 
Distribución de activos : Reparto de los activos de un fondo por categorías de activos 
y/o de mercados. 
Empresa promotora del fondo : La empresa o grupo de empresas que utilizan los 
servicios del fondo para ofrecer prestaciones de jubilación a sus empleados. 
Gestión activo-pasivo : Método cuya finalidad es reducir al máximo los riesgos, 
mediante el mantenimiento y control de una apropiada coherencia entre los 
compromisos, la financiación, la liquidez y la política de inversión del fondo. 
Gestor de activos : Persona que puede recibir del fondo el encargo de gestionar los 
activos del mismo. Puede ser una entidad de crédito, una entidad aseguradora o un 
organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. No obstante, algunos fondos 
se ocupan ellos mismos de gestionar sus activos. 
Gestores del fondo : Personas responsables de la política general del fondo, en sus 
aspectos financieros (decisiones sobre la distribución de los activos) y 
administrativos. Los gestores son en general representantes de los partícipes y de la 
empresa. La gestión puede confiarse también en régimen fiduciario a gestores que se 
encarguen de administrar el fondo con arreglo a su mejor saber y entender. 
Nivel mínimo de financiación : Requisito con arreglo al cual los activos de un fondo, 
destinados a cubrir los compromisos, no deben tener un valor inferior al de los 
compromisos contraídos. 
Prestación definida (sistema de) : Sistema en el que las prestaciones se definen de 
antemano (por ejemplo, como porcentaje sobre el último salario), con independencia 
de cuál sea el importe de la aportación y el rendimiento de los activos. Por lo general, 
la empresa se erige en garante del pago de la pensión. 
Provisiones técnicas : Partida del pasivo del balance de los fondos de pensiones que 
representa los compromisos contraídos por el fondo. Las provisiones técnicas deben 
5¿L 
tener como contrapartida un conjunto de activos cuyas características, en términos de 
liquidez, seguridad (diversificación) y rendimiento, guarden coherencia con los 
compromisos. 
55 
ISSN 0257-9545 
COM(1999) 134 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 05 06 01 
N° de catálogo : CB-CO-99-242-ES-C 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo