(3)El informe específico de 2017 sobre Francia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Francia se caracteriza por su débil competitividad y el elevado y creciente nivel de la deuda pública, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria, es especialmente grande.

(4)El 28 de abril de 2017, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(5)La recomendaciones específicas pertinentes por país han sido tenidas en cuenta en los programas de los Estados miembros con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020. Según lo previsto en la legislación relativa a los Fondos EIE, cuando sea necesario contribuir a la aplicación de recomendaciones específicas por país, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas correspondientes en el marco de los Fondos EIE. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas.

(6)Francia se encuentra actualmente sujeta al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015, con un déficit global del 2,8 % del PIB. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,3 % del PIB en 2020. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2019. Sin embargo, se prevé que el saldo estructural recalculado alcance el -1,2 % del PIB en 2020, de modo que el objetivo a medio plazo no se alcanzaría durante el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la proporción del PIB que representa el endeudamiento de las administraciones públicas baje del 95,9 % del PIB en 2018 al 93,1 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

(7)El 10 de marzo de 2015, el Consejo recomendó a Francia que pusiera fin a la situación de déficit excesivo de aquí a 2017 y que limitara el déficit de las administraciones públicas al 2,8 % del PIB, coherente con una mejora del saldo estructural del 0,9 % del PIB, en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,0 % del PIB en 2017, por encima del objetivo recomendado por el Consejo. Para 2018, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global se sitúe en el 3,2 % del PIB, rebasando así el valor de referencia del Tratado y poniendo en riesgo la corrección duradera del déficit excesivo. Además, no se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice durante el período cubierto por el procedimiento de déficit excesivo, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades.

(8)Para el ejercicio de 2018, en el caso de que se lograra una corrección oportuna y duradera, Francia quedaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. A la luz de su situación presupuestaria y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Francia realice nuevos ajustes con vistas a su objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 0,4 del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en la necesidad de una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 1,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación importante respecto de este requisito en 2018. También existe un riesgo de que Francia no cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018, ya que se prevé que empeore el saldo estructural en un 0,5 % del PIB, frente al ajuste estructural lineal mínimo del 0,4 % del PIB. En general, el Consejo considera que Francia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2017 y que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. En este contexto, la Comisión tiene la intención de hacer uso de su margen de apreciación a la luz de la situación cíclica de Francia.

(9)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE. Está previsto que el ratio de gasto se sitúe en el 56,2 % del PIB en 2017, 9,7 puntos porcentuales más que en la UE. Francia ha seguido una estrategia de saneamiento centrada en los gastos que se ha sustentado principalmente en una reducción de los tipos de interés y recortes en la inversión pública. Sin embargo, no es probable que el entorno de bajos tipos de interés se prolongue a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Frente a ello, las revisiones de gastos han identificado una serie de posibles mejoras de eficiencia que no han sido ejecutadas. Las revisiones de gastos reflejaron una parte — menos del 2 % — del total de los ahorros de gastos previstos por valor de 50 000 millones EUR durante el período 2015-2017. Sin embargo, solo una parte de ellos se han traducido en medidas concretas en el presupuesto de 2016, mientras que la Ley presupuestaria de 2017 se basó en los ya identificados en la revisión del gasto del ejercicio 2015. El ahorro derivado de revisiones de gastos podría aumentar significativamente mediante la ampliación de los ámbitos de gasto y la ejecución de una estrategia plurianual con el fin de convertir plenamente el ahorro identificado en medidas presupuestarias concretas.

(10)Las elevadas cargas sociales y los altos niveles de impuestos a los que deben hacer frente las empresas pueden desalentar la inversión privada y dificultar el crecimiento de las empresas y nuevas contrataciones. Se han seguido aplicando medidas para reducir los costes laborales y a principios de abril de 2016 se inició la segunda fase de las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social previstas en el Pacto de Solidaridad y Responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno ha aumentado, en 2017, el crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE), pasando del 6 % al 7 %. Estas medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo han mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En 2015, en relación con el salario medio, Francia poseía el nivel más alto de cotizaciones empresariales a la seguridad social en el conjunto de la UE, cuantificado como porcentaje del total de los costes salariales pagados por el empleador, pese a que existe una tendencia a la baja. Las recientes evaluaciones de estas medidas pusieron de manifiesto su efecto positivo en el empleo y los márgenes de beneficio de las empresas, pero es necesario llevar a cabo más evaluaciones a fin de valorar plenamente su impacto en la inversión, el empleo, los salarios y los márgenes de las empresas. Las recientes evaluaciones muestran también que la consolidación de todos los planes de reducción de costes laborales y su transformación en reducciones permanentes en las cotizaciones sociales permitiría optimizar sus efectos sobre el empleo y la inversión.

(11)Situado en el 38,4 % en 2016, el tipo impositivo medio efectivo era el más elevado de la UE. Paralelamente, los otros impuestos sobre la producción son también especialmente elevados. Para frenar esta tendencia, Francia ha anunciado medidas con el fin de reducir el tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020. Al mismo tiempo, sigue disminuyendo la presión fiscal sobre el consumo, pero en menor medida que en otros Estados miembros de la UE. En 2014, Francia ocupaba el puesto 27.º en la UE en relación con los ingresos fiscales ligados al consumo en porcentaje de la carga fiscal total. El sistema del IVA se caracteriza por un tipo impositivo normal intermedio y unos bajos tipos reducidos aplicados a una base amplia. La complejidad del sistema fiscal constituye un obstáculo para el buen funcionamiento del entorno empresarial. Francia cuenta con una elevada presión fiscal combinada con muchos tipos reducidos y desgravaciones fiscales y un gran número de regímenes fiscales que dan lugar a un aumento de los costes de cumplimiento y generan incertidumbre. El total de los gastos fiscales en Francia asciende a más del 3 % del PIB. Los costes administrativos que supone la recaudación de impuestos por parte de las autoridades fiscales también es alto y superior a la media de la UE.

(12)La tasa de desempleo, que en 2016 descendió hasta situarse en el 10,1 %, es superior entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los no nacidos en la UE. Las reformas en curso son esenciales para la adaptación de las oportunidades de formación a las perspectivas de empleo y a las necesidades económicas. Paralelamente, los demandantes de empleo, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes se enfrentan a dificultades persistentes para acceder a la formación. Garantizar su participación y la pertinencia de la formación impartida podría exigir un refuerzo de las medidas existentes y el reequilibrio de los recursos. Los jóvenes y, entre ellos, los menos cualificados, se enfrentan a dificultades para entrar en el mercado laboral. En este contexto, las medidas adoptadas para apoyar la formación de los aprendices se han plasmado, por el momento, en unos resultados positivos. Pero la educación y formación profesional inicial, concretamente cuando se ofrece en algunos sectores terciarios y en el marco de centros de enseñanza, no está suficientemente vinculada a las oportunidades de empleo. Por otra parte, los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos son dirigidos con más frecuencia hacia la formación profesional inicial, lo que explica igualmente el número mayor de abandonos escolares precoces y contribuye a incrementar las desigualdades educativas. La incidencia del estatus socioeconómico sobre los resultados de los estudiantes es de las más elevadas de la OCDE.

(13)En 2016, solo el 54,5 % de las personas en edad de trabajar que no habían nacido en la UE tenían empleo. La actividad laboral de las mujeres (45,4 %) figuraba entre las más bajas de la UE. La diferencia entre la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE y los nacidos franceses aumentó hasta el 17,5 % en 2016 (23,7 % en el caso de las mujeres). Los pobres resultados de las personas que no han nacido en la UE rebajan la tasa global de empleo y representan una infrautilización crónica de la mano de obra. Los inmigrantes de segunda generación también se enfrentan a unos datos negativos en materia de empleo que no se explican por las diferencias de edad, educación y cualificaciones. Por otra parte, las deficiencias en los resultados educativos son persistentes, y los inmigrantes de segunda generación ganan terreno sólo en parte. Para afrontar este reto, se requiere una estrategia que incluirá, en particular, medidas específicas sobre competencias lingüísticas, la mejora de las competencias y la formación, la orientación profesional y otras políticas específicas activas del mercado de trabajo. El acceso eficaz a los servicios constituye un factor clave para promover la participación en el mercado laboral, así como medidas contra las prácticas discriminatorias en la contratación de los inmigrantes que no han nacido en la UE y de segunda generación.

(14)Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación que le son aplicables. En un contexto de debilidad de la inflación y de ralentización del crecimiento de los salarios, su crecimiento ha sido inferior al salario de referencia. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra que recibe el salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para la mayoría de las categorías de trabajadores y el riesgo de crear un efecto de compresión al alza de los salarios. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación podría contribuir a retrasar el necesario ajuste general de los salarios. Además, en el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene las oportunidades de empleo de las personas poco cualificadas. El grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo en Francia y elabora dictámenes no vinculantes sobre su desarrollo. Su dictamen sobre las subidas ad hoc siempre se ha respetado hasta ahora y está desempeñando un papel importante para controlar el uso de dichos aumentos ad hoc.

(15)Con la Ley sobre el trabajo, el diálogo social y las trayectorias profesionales de julio de 2016, Francia introdujo medidas destinadas a mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir la segmentación. La ley clarifica las normas en materia de despido individual por razones económicas, amplía el ámbito de aplicación de la mayoría de los acuerdos de empresa y aumenta la eficacia de la negociación colectiva. La persistencia de elevados niveles de desempleo ha afectado de manera significativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones por desempleo. A este respecto, los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en marzo de 2017 sobre un nuevo convenio de prestaciones por desempleo que deberá ser aprobado por el Gobierno y que tiene por objeto reducir el déficit anual en 1 200 millones EUR.

(16)Si bien Francia ha mejorado su marco normativo general, el entorno empresarial sigue situándose en niveles intermedios en comparación con sus principales competidores. En particular, pese a los esfuerzos de simplificación, las empresas deben hacer frente a una pesada carga normativa y unos rápidos cambios en la legislación. Este constituye uno de los principales obstáculos para la inversión privada. Con el programa de simplificación, Francia ha tomado medidas para reducir la carga administrativa que grava a las empresas, pero un número considerable de medidas adoptadas antes de 2016 todavía no han sido aplicadas. Al mismo tiempo, los efectos de umbral siguen afectando al desarrollo de las empresas con implicaciones para su resultados económicos y en términos de mercado. El aumento de las obligaciones sociales y fiscales aplicables a las empresas por encima de un determinado número de trabajadores puede disuadirlas de crecer lo suficiente para poder exportar e innovar. Estos efectos de umbral pueden, a su vez, afectar a la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas. De hecho, según datos empíricos, los umbrales de 10 y 50 empleados son especialmente costosos para los empresarios y la economía francesa se caracteriza por un número desproporcionadamente bajo de empresas por encima de estos umbrales, lo que da a entender que existe un vínculo entre estos dos fenómenos.

(17)La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero algunos de ellos, importantes desde el punto de vista económico, como la contabilidad, la arquitectura, la asistencia a domicilio, los servicios de alojamiento y comida, los servicios de taxi y los de alquiler de vehículos privados, se caracterizan todavía por un bajo nivel de competencia y/o por obstáculos normativos. Siguen existiendo barreras para estos servicios y, en particular, unos requisitos normativos excesivos, y este hecho desalienta la entrada o limita la competencia efectiva. Reducir estas barreras podría permitir que las empresas existentes o nuevas que utilizan los nuevos avances tecnológicos y digitales aumenten su competitividad y/o accedan a los mercados, y aporten beneficios a los consumidores a través de unos precios más bajos y una mejor calidad en los servicios. A este fin, como parte de un paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios, en enero de 2017 la Comisión puso en marcha un ejercicio de evaluación mutua en el que invita a los Estados miembros de la UE a que consideren cuáles son las barreras que, en cada uno de ellos, limitan el acceso a determinadas profesiones.

(18)La innovación en Francia ha quedado rezagada con respecto a los resultados de los líderes en innovación en Europa. Sigue habiendo un alto grado de complejidad y está pendiente una coordinación global. La diferencia entre el importe de la ayuda pública concedida y el rendimiento en materia de innovación en Francia suscita cuestiones acerca de la eficiencia de los mecanismos de apoyo público. En particular, la cooperación entre la investigación y las empresas públicas está por debajo del nivel óptimo y afecta negativamente a la producción económica del sistema de innovación.

(19)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones, a escala de la UE, con un impacto en las futuras decisiones nacionales.

(20)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(21)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de: