DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair y por la que se refunden y modifican las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE /* SWD/2013/078 final */





1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO POLÍTICO El artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confía a la UE la tarea de desarrollar una política común de inmigración destinada a garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios y un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros. La Directiva 2004/114/CE establece disposiciones obligatorias sobre la admisión de estudiantes que sean nacionales de terceros países. Se dejó a la discreción de los Estados miembros aplicar la Directiva a los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados. Si se cumplen las condiciones, los estudiantes tienen derecho a un permiso de residencia, así como determinados derechos en materia de empleo o trabajo por cuenta propia, lo que les permite sufragar parte del coste de sus estudios y desplazarse entre diferentes Estados miembros para cursar los mismos. La Directiva 2005/71/CE establece un procedimiento rápido de admisión de los investigadores de los terceros países que hayan firmado un convenio de acogida con un organismo de investigación autorizado por el Estado miembro. El convenio de acogida confirma que existe un proyecto de investigación válido y que el investigador tiene las cualificaciones científicas necesarias para llevarlo a cabo, así como recursos suficientes y un seguro de enfermedad. Los investigadores pueden permanecer en otro Estado miembro como parte de su proyecto de investigación y ejercer actividades docentes de conformidad con el Derecho nacional. La Comisión presentó informes sobre la aplicación de estas dos Directivas al Parlamento Europeo y al Consejo en 2011. Tales informes ponen de manifiesto que las Directivas presentan algunas deficiencias. Las Directivas vigentes, que adoptó el Consejo previa simple consulta con el Parlamento Europeo, no abordan algunas de las dificultades a que se enfrentan los solicitantes que desean venir a la UE, especialmente en lo relativo a los visados. Las disposiciones actuales no siempre se ajustan plenamente a los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad, y prevén escasas garantías procedimentales. No son lo insuficientemente vinculantes o claras, sobre todo para los estudiantes. En consecuencia, los informes de aplicación concluyeron que las Directivas requerían mejoras. Abunda en esta conclusión el hecho de que el contexto actual es muy distinto al predominante en la época en que se adoptaron las Directivas. El capital humano es uno de los activos cruciales de Europa en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y de la necesidad de garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La inmigración procedente de terceros países aporta personas altamente cualificadas y existe una demanda creciente de grupos como los estudiantes y, en especial, los investigadores nacionales de terceros países. Cualquier iniciativa en el ámbito de la migración también debe considerarse en el contexto más amplio del diálogo y la cooperación de la UE con terceros países desde el punto de vista de sus objetivos de política exterior y de migración exterior, según lo definido en el nuevo Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM). El fomento de los contactos entre los ciudadanos y el estímulo de las medidas de educación son aspectos importantes de esta política en todo el mundo, especialmente en los países vecinos colindantes con la UE y los socios estratégicos. Esto representa un enriquecimiento mutuo gracias a los beneficios de los intercambios lingüísticos, culturales y sociales. Los acontecimientos producidos en los países del sur del Mediterráneo en los últimos meses confirman, en especial, la importancia de reforzar los contactos entre los ciudadanos y de ofrecer oportunidades de intercambios, sobre todo para los jóvenes. La UE también debe conciliar su objetivo de fomentar la movilidad hacia la Unión de los investigadores y estudiantes con su compromiso de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la fuga de cerebros en sectores cruciales. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El mayor problema de las dos Directivas se refiere a las autorizaciones para que los nacionales de terceros países puedan entrar y permanecer en la UE (visados para estancias de larga duración y/o permisos de residencia). Los disposiciones legales suelen ser complejas y confusas. Los trámites son largos y no siempre se aplican de forma equitativa o coherente. En el caso de los grupos para los cuales el procedimiento de inmigración exige que una organización inicie y facilite la admisión (sobre todo de alumnos, aprendices y voluntarios), la fragmentación de la UE entraña invertir una gran cantidad de recursos y trabajo, porque hay que tener en cuenta normativas que a veces difieren. Aunque los derechos de los nacionales de terceros países interesados han evolucionado gracias a la adopción de la Directiva sobre el permiso único, algunos grupos corren el riesgo de no poder acogerse plenamente a sus disposiciones debido a las limitaciones existentes. Las disposiciones vigentes en materia de inmigración no tienen en cuenta lo suficiente los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad como Erasmus Mundus o Marie Curie, lo que puede dar lugar a problemas con los trámites de admisión y movilidad dentro de la UE. La movilidad dentro de la Unión no solo es un problema para los beneficiarios de los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad, sino, más en general, para los estudiantes, los investigadores y los aprendices remunerados, porque las disposiciones de las Directivas sobre movilidad dentro de la UE no son suficientes. También se han detectado deficiencias en las garantías procedimentales. Una de ellas es que no haya ninguna disposición sobre los plazos en los que los Estados miembros deben evaluar las solicitudes de admisión y tomar una decisión al respecto. En cuanto al mercado laboral, faltan oportunidades para que los licenciados universitarios de terceros países puedan localizar posibilidades de trabajo tras su titulación y para que los investigadores hagan lo mismo tras finalizar su proyecto de investigación. No se garantiza a los familiares de los investigadores la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Los estudiantes tienen limitado ese acceso durante sus estudios, lo que les dificulta poder financiarse adecuadamente y aportar su contribución económica. Por último, el ámbito de aplicación personal de la normativa actual es limitado. Esta es facultativa para los alumnos, los aprendices no remunerados y los voluntarios, lo que da pie a grandes variaciones en la cobertura de los distintos grupos según los Estados miembros. Ninguna legislación de la UE contempla los aprendices remunerados y los au pair, pese a que se enfrentan a problemas similares y participan en intercambios parecidos. Estos grupos necesitan poder acogerse a una mayor protección, especialmente los au pair, habida cuenta de su especial vulnerabilidad en relación con el ámbito familiar en cuyo seno trabajan. En 2010, unos 220 000 nacionales de terceros países entraron en la UE con fines de enseñanza y estudios y en torno a 7 000, por motivos de investigación. No hay datos cuantitativos completos sobre el número de nacionales de terceros países en la Unión que sufren los problemas expuestos o el número de nacionales de terceros países que optan por destinos distintos a la UE debido a tales problemas. No obstante, es evidente que muchas personas que entran en el marco de las disposiciones vigentes resultan afectadas por las deficiencias de dicho marco, cuando no hay disposiciones nacionales para subsanarlas. La información disponible sobre el carácter de los problemas detectados, junto con el alto número de permisos expedidos anualmente en virtud de las Directivas vigentes indican que ha de corregirse la situación. En conjunto, las deficiencias detectadas pueden mermar la capacidad de la UE para atraer a estudiantes, investigadores altamente cualificados y otros grupos de nacionales de terceros países en un momento en que otras partes del mundo son cada vez más atractivas para ellos. 2. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA UE? El artículo 79 del TFUE confía expresamente a la Unión la tarea de formular una política de inmigración común, dejando a los Estados miembros la responsabilidad de determinar el número de inmigrantes que admiten con fines de trabajo por cuenta propia o ajena. Un sistema eficaz de inmigración que atraiga a inmigrantes con talento precisa una serie común de condiciones y requisitos de admisión. La movilidad dentro de la UE solo podrá lograrse mediante la implantación de un sistema común a todos los Estados miembros. La normativa de la UE puede cubrir las condiciones de entrada y de residencia, los visados para estancias de larga duración y los permisos de residencia, los derechos de los nacionales de países terceros que residan legalmente y las condiciones aplicables a la movilidad y la residencia dentro de la Unión. El artículo 79, apartado 2, del TFUE establece que tales disposiciones se adoptan con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y que las deciden el Consejo y el Parlamento. El valor de las Directivas vigentes ha quedado demostrado a lo largo de los años, y el nuevo instrumento seguirá mejorando la situación. Un marco jurídico transparente que incluya salvaguardias para garantizar una verdadera transferencia de capacidades, facilitaría los intercambios internacionales entre los Estados miembros y los países remitentes. Una legislación de la UE que aclare los derechos y las condiciones de residencia también contribuiría a la mejor protección de los derechos fundamentales. 3. OBJETIVOS El principal objetivo general es mejorar el marco jurídico aplicable a los nacionales de terceros países que deseen desplazarse a la UE y permanecer temporalmente en ella durante más de tres meses con fines de investigación y estudio y para adquirir experiencia o participar en diversas actividades dirigidas a mejorar sus capacidades y competencias como alumnos, voluntarios, aprendices remunerados o no y au pair. A la luz de los problemas expuestos anteriormente, se han determinado varios objetivos concretos: · mejorar las condiciones de admisión mediante una mayor conexión entre la obtención de las autorizaciones pertinentes y los procesos de toma de decisiones en relación con las mismas; · formular disposiciones más claras y vinculantes para los demás grupos a los que se apliquen; · reforzar los vínculos entre las distintas disposiciones relativas a los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad como las becas Erasmus Mundus y Marie Curie; · mejorar las garantías procedimentales, tales como los plazos de las decisiones sobre las solicitudes; · mejorar el acceso a la búsqueda de empleo y al mercado de trabajo para los estudiantes durante sus estudios, y brindar a los investigadores y los estudiantes la posibilidad de permanecer en el territorio correspondiente bajo determinadas condiciones después de finalizar sus estudios o investigación a fin de determinar posibilidades de trabajo; · facilitar la movilidad dentro de la Unión; · establecer disposiciones que garanticen la protección coherente de los au pair y los aprendices remunerados. 4. OPCIONES DE ACTUACIÓN Se han estudiado cuatro opciones estratégicas. Opción 1 (situación de referencia): Mantener la situación actual sin cambios Esta opción dejaría sin resolver una serie de problemas. Al actuar independientemente los unos de los otros, los Estados miembros seguirían aplicando disposiciones diversas en materia de condiciones de admisión, especialmente de visados. Seguiría existiendo una falta de claridad y de transparencia a este respecto y los solicitantes potenciales y las organizaciones participantes deberían seguir teniendo en cuanta todas las distintas normativas vigentes. Las condiciones para ejercer la movilidad dentro de la UE (en particular, de los estudiantes) seguirían siendo restrictivas, mientras que los aprendices remunerados no entrarían en el ámbito de aplicación de la normativa de la UE, con lo que seguirían encontrando obstáculos y dependiendo de las legislaciones nacionales, que difieren según los Estados miembros. Habida cuenta de la propuesta de Directiva sobre el traslado dentro de una misma empresa (actualmente en fase de negociación con el Consejo y el Parlamento), que contempla también disposiciones de movilidad en el interior de la UE por parte de los aprendices, la persistencia de la falta de disposiciones para ese colectivo, al margen de su traslado dentro de su misma empresa, generaría incoherencias en la normativa de la UE sobre este grupo. También persistiría la falta de coherencia entre los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad y las medidas de inmigración, al igual que el riesgo de que algunos grupos no puedan acogerse plenamente a las disposiciones sobre derecho a la igualdad de trato de la Directiva sobre el permiso único. Si bien algunos Estados miembros han introducido nuevos cambios en sus normativas sobre la aplicación de las disposiciones relativas a los estudiantes y los investigadores, otros no lo han hecho, lo que supone que la situación es ya la de una mayor fragmentación entre los Estados miembros. No hay señales de que esto vaya a cambiar en el futuro. De esta manera, no se haría realidad la apertura de la UE a los terceros países defendida en importantes estrategias políticas como las Directivas vigentes, el Espacio Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Opción 2. Mejor comunicación (sobre todo en el caso de los investigadores) y mejor aplicación de las disposiciones vigentes Esta opción incluye facilitar mejor información y acceso a la misma para que las disposiciones vigentes queden más claras y se apliquen más correctamente. También se podría hacer más por divulgar las mejores prácticas de los Estados miembros a la hora de admitir y proteger los grupos no contemplados actualmente en la Directiva 2004/114/CE, es decir, los au pair y los aprendices remunerados. Se procedería a controlar más sistemáticamente que los Estados miembros entiendan y observen sus obligaciones en virtud de las Directivas. Opción 3. Mejorar las condiciones de admisión, los derechos y las garantías procedimentales Esta opción contempla sobre todo mejoras para los estudiantes, los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados, al fijar condiciones de admisión para estos grupos (facilidades para obtener un visado) comparables a las aplicadas a los investigadores. Haría obligatorias las disposiciones que son facultativas actualmente para los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados. Los Estados miembros estarían obligados a conceder todo tipo de facilidades para que los nacionales de terceros países (estudiantes u otros grupos) que hayan presentado una solicitud y cumplan las condiciones de admisión puedan conseguir los visados necesarios. También cambiarían las garantías procedimentales, sobre todo mediante la introducción de plazos que obliguen a las autoridades de los Estados miembros a tomar una decisión sobre la solicitud en sesenta días como máximo. Esto se considera proporcionado al carácter provisional de estas estancias. En circunstancias excepcionales, el plazo podría prorrogarse por un período de treinta días. Esta opción también ampliaría el derecho de los estudiantes a trabajar por un mínimo de quince horas semanales desde el primer año de residencia. Para garantizar la coherencia con los instrumentos de la UE en materia de migración legal, tales como la Directiva sobre el permiso único y la jurisprudencia reciente sobre la adecuación de las tasas, esta opción incluiría también una disposición que recuerde que, si los Estados miembros imponen el pago de tasas por la tramitación de las solicitudes, las mismas deberán ser proporcionadas. Opción 4. Mejorar todavía más las condiciones de admisión, los derechos relativos a la movilidad dentro de la Unión y las garantías procedimentales; ofrecer a los estudiantes y los investigadores la posibilidad de buscar trabajo tras finalizar sus estudios o proyecto de investigación; ampliar el ámbito de aplicación a los au pair y los aprendices remunerados Esta opción pretende ser más ambiciosa en lo relativo a la mejora de las condiciones y los derechos de los grupos afectados. Ampliaría el ámbito de aplicación de la normativa a los au pair y los aprendices remunerados y establecería unas condiciones de admisión específicas para garantizar una mejor protección de esos nacionales de terceros países. La inclusión de los au pair en el ámbito de aplicación de la Directiva se considera proporcionada teniendo en cuenta su vulnerabilidad, que es relativamente elevada en comparación con otros grupos de nacionales de terceros países. Esto se debe principalmente a que trabajan en el ámbito familiar, que no está sujeto normalmente a inspecciones. La inclusión de los aprendices remunerados se considera razonable, porque las cuestiones que afectan a los aprendices son muy parecidas, estén o no remunerados, y vengan o no a la UE en virtud de un traslado dentro de una misma empresa, como se establece en la propuesta de propuesta de Directiva sobre este tipo de traslados. Los Estados miembros tendrían la posibilidad de expedir visados para estancias de larga duración o permisos de residencia. De expedirse ambas clases de autorizaciones, haría falta únicamente cumplir las condiciones de admisión previstas en la Directiva, de forma que esas condiciones serían las mismas independientemente del tipo de autorización. Si los nacionales de un tercer país permanecieran en el territorio en cuestión durante más de un año, los Estados miembros que expidieran visados para estancias de larga duración tendrían que emitir permisos de residencia tras el primer año. La movilidad dentro de la UE, que exige disposiciones europeas comunes debido a su carácter transfronterizo, sería más fácil y sencilla para los estudiantes, los investigadores y sus familiares e incluiría por primera vez a los aprendices remunerados. En concreto, se aplicarían disposiciones más favorables a los beneficiarios de los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad como Erasmus Mundus o Marie Curie. Siguiendo el ejemplo de los puntos de contacto establecidos en la Directiva sobre la tarjeta azul y la propuesta de Directiva relativa a las personas trasladadas dentro de una misma empresa, los Estados miembros deberían crear puntos de contacto para recibir y dar la información necesaria a efectos de la aplicación de la movilidad en interior de la UE. En cuanto al derecho a la igualdad de trato, esta opción permitiría un trato más favorable a los investigadores nacionales de terceros países en lo relativo a las ramas de la seguridad social, incluidas las prestaciones familiares, por añadidura a los derechos conferidos en virtud de las disposiciones sobre el permiso único. También aseguraría el acceso a los bienes y servicios que están a disposición de los ciudadanos a aquellos grupos que no podrían disfrutar de ellos en virtud del permiso único. Como ya ocurre en algunos Estados miembros, los estudiantes tendrían derecho a trabajar durante un mínimo de veinte horas por semana desde el primer año de residencia a fin de permitirles financiarse mejor y contribuir a la economía de los Estados miembros. Se permitiría a los Estados miembros seguir teniendo en cuenta el mercado laboral nacional. Después de finalizar sus estudios o proyectos de investigación, se autorizaría a los estudiantes e investigadores residir en el territorio correspondiente por un período de doce meses para encontrar trabajo. Varios Estados miembros ya lo contemplan en su normativa. Dado el tiempo que se tarda en culminar con éxito el proceso de búsqueda de empleo, doce meses se consideran un plazo proporcionado. En lo que respecta a las garantías procedimentales, las autoridades de los Estados miembros tendrían que tomar una decisión sobre las solicitudes en un plazo de sesenta días para todos los grupos y de treinta días para los becarios de Erasmus Mundus y Marie Curie. Al igual que la opción 3, esta opción incluiría también una disposición que recuerde que, si los Estados miembros imponen el pago de tasas por la tramitación de las solicitudes, las mismas deben ser proporcionadas. 5. ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES Las repercusiones de las opciones de actuación 2, 3 y 4 se han evaluado respecto a la hipótesis de referencia, atendiendo a su pertinencia y eficacia a la hora de alcanzar los objetivos clave, a su viabilidad (dificultad o riesgos en materia de incorporación, incluidas su proporcionalidad, simplificación o carga administrativas e incidencia financiera), a sus consecuencias económicas, sociales y exteriores y a su incidencia en los derechos fundamentales. Aunque el análisis de las posibles repercusiones de las opciones de actuación incluye algunos elementos cuantitativos, se basa principalmente en una evaluación cualitativa con criterios múltiples. Si bien la opción 2 tendría algunos efectos positivos, estos guardarían relación sobre todo con un mejor conocimiento de las disposiciones vigentes, tales como las condiciones de admisión, y los beneficios que podrían sacarse de ello al atraer a más estudiantes e investigadores a la UE. Como los instrumentos jurídicos actuales no se modificarían, sus deficiencias persistirían. Como no mejoraría el acceso al mercado de trabajo de estos nacionales de terceros países, esta opción pondría a la UE en una situación de creciente desventaja a la hora de atraer personas talentudas con fines de estudio o investigación. La incidencia en los otros tres grupos (facultativos) contemplados en la Directiva 2004/114/CE sería muy limitada. Las repercusiones económicas y la carga administrativa de esta opción serían limitadas y no irían más allá de los esfuerzos necesarios para aplicar mejores actividades de comunicación en la medida en que los Estados miembros lo juzguen necesario. La opción 3 facilitaría el acceso de estudiantes, alumnos, aprendices no remunerados y voluntarios a la UE, con lo que tendría algunos efectos positivos, sobre todo de carácter social. Permitiría a los estudiantes solicitar desde el territorio de un Estado miembro poder trasladarse a otro, con el aumento consiguiente de la movilidad dentro de la UE y el refuerzo de la diversidad cultural y lingüística de la UE. Las disposiciones sobre igualdad de trato también contribuirían a fortalecer los derechos de los estudiantes y a alinearlos en mayor medida con los de los ciudadanos de la UE. Esta opción permitiría incrementar la reserva de la UE de estudiantes e investigadores nacionales de terceros países. Algunos de ellos podrían contribuir luego al crecimiento y desarrollo económicos de la UE si un Estado miembro les concede un permiso de trabajo. Un mejor acceso al mercado de trabajo durante los estudios permitiría a los estudiantes financiarse de forma más adecuada y contribuir a la economía durante sus estudios. La introducción de plazos obligatorios para la tramitación de las solicitudes aumentaría la transparencia y facilitaría que los posibles solicitantes pudieran hacer sus planes con antelación. Los esfuerzos y costes de incorporación variarían según los Estados miembros, en función del grado en que cuenten ya con disposiciones en los ámbitos correspondientes y de que hayan o no incorporado a su ordenamiento las disposiciones relativas a los grupos que tienen carácter facultativo en la Directiva 2004/114/CE. Las garantías procedimentales adicionales supondrían más trabajo, por ejemplo, cuando la autoridad competente del Estado miembro deba motivar la denegación de la solicitud en la decisión por escrito correspondiente. La opción 4 es la que tendría el mayor impacto económico positivo, porque permitiría que los estudiantes y los investigadores permanecieran en el territorio de un Estado miembro doce meses después de haber finalizado sus estudios o proyectos de investigación para determinar sus posibilidades de trabajo. En los Estados miembros en los que no pueden hacerlo actualmente, esto aportaría una nueva reserva de talento que podría contribuir al crecimiento y la competitividad de la UE si el Estado miembro decide conceder el necesario permiso de trabajo. Así se originaría una situación definida por la demanda, de forma que los nacionales de terceros países podrían trabajar si sus cualificaciones resultasen necesarias en el mercado laboral nacional. Algunos Estados miembros tendrían que introducir esta posibilidad, mientras que otros habrían de ajustar sus disposiciones para que el plazo fuera de doce meses, como mínimo. Una mejora sustancial de las condiciones de admisión debe facilitar el acceso de los investigadores y los estudiantes cuyos conocimientos, aptitudes, y competencias tengan ya durante su estancia inicial un efecto positivo en el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Unas mejores disposiciones sobre la movilidad dentro de la UE facilitaría generalizar en mayor medida esa ventaja en toda la Unión. La inclusión de los au pair y los aprendices remunerados con arreglo a esta opción reforzaría la protección de esos grupos vulnerables de inmigrantes, que son con frecuencia víctimas de abusos. Un vínculo más sólido entre los requisitos para obtener permisos y visados supondría ajustes a nivel de los Estados miembros, pero no debería haber ninguna dificultad grave en materia de incorporación. Incorporar estas disposiciones al ordenamiento jurídico costaría más a corto plazo, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de admisión. Sin embargo, a medio y largo plazo, los Estados miembros pueden esperar ahorrar gracias a una conexión más fluida entre los distintos tipos de autorizaciones. La introducción y la aplicación de las garantías procedimentales entrañarán costes adicionales. 6. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES La opción 2 subsanaría una importante deficiencia de la normativa actual (suministro de información). No obstante, tendría en conjunto escasas repercusiones positivas, ya que no modificaría de forma substancial el fondo de los instrumentos jurídicos actuales. Por lo tanto, persistirían sus demás deficiencias. La opción 3 sería un paso adelante en la mejora de las condiciones de admisión en relación con la expedición de visados y/o de permisos de trabajo. Tendría efectos positivos sobre todo para los estudiantes y, hasta cierto punto, los alumnos, los aprendices no remunerados y los voluntarios. La fijación de plazos reportaría ventajas muy limitadas a los investigadores y ninguna a los grupos no contemplados actualmente por ninguna de las Directivas. La opción 4 tendría efectos positivos mucho mayores en materia de acceso a la UE, no solo para los grupos cubiertos por las Directivas, sino también para los au pair y los aprendices remunerados. Los cambios introducidos por la opción 4 aclararían mucho más los requisitos que deben cumplirse en las diferentes fases del procedimiento de admisión y la conexión entre ellas. En lo que respecta a la igualdad de trato, y frente a las demás opciones, solo la opción 4 facilitaría un trato más favorable a los investigadores nacionales de terceros países en relación con las ramas de la seguridad social, incluidas las prestaciones familiares, más allá de los derechos conferidos en virtud de las disposiciones del permiso único. También aseguraría el acceso a los bienes y servicios a disposición de los ciudadanos a los grupos que no podrían disfrutar de ellos en virtud del permiso único. En cuanto a la movilidad dentro de la UE, la opción 3 solo mejoraría las condiciones para los estudiantes. La opción 4 también mejoraría las condiciones para los investigadores y sus familiares, así como para los aprendices remunerados, y formularía disposiciones específicas para los beneficiarios de los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad. En materia de garantías procedimentales, la introducción de plazos de tramitación obligatorios de las solicitudes con arreglo a la opción 3 aumentaría la transparencia y facilitaría a los solicitantes potenciales hacer sus planes por anticipado. Los plazos más estrictos que se proponen en la opción 4 incrementarían aún más las ventajas para los solicitantes potenciales. En cuanto a la necesidad de mejorar el acceso al mercado laboral, la opción 3 mejoraría notablemente la situación actual de los estudiantes al aumentar el número mínimo de horas de trabajo y suprimir la posibilidad de limitar el acceso al mercado de trabajo durante el primer año de residencia. La opción 4 aumentaría todavía más el número mínimo de horas de trabajo de los estudiantes. También haría más atractivo el marco jurídico para los estudiantes e investigadores, ya que podrían permanecer en el territorio de un Estado miembro para encontrar trabajo y se permitiría a los familiares de los investigadores acceder al mercado laboral. Solo la opción 4 permite alcanzar el objetivo de proporcionar disposiciones coherentes para velar por la protección de los au pair y los aprendices remunerados. La estrategia contempla una serie coherente de condiciones y derechos de admisión que garantizaría que no corrieran peligro los objetivos de realización de prácticas y colocación au pair en la UE. Opción preferida El análisis y la comparación de las opciones indican que hay problemas que no se pueden resolver simplemente mediante una mejor comunicación y que las Directivas se deben actualizar. Aunque sus costes de aplicación son los más bajos, la opción 2 solo contribuiría de forma limitada a que se alcancen los objetivos. Los verdaderos problemas en juego quedarían sin resolver en gran parte. Por lo tanto, la opción 2 se considera la menos rentable. La opción 3 es más eficaz y efectiva que la opción 2. Sin embargo, la opción 4 es, globalmente, la más eficaz y efectiva. Aunque su aplicación es más cara que la de las demás, sus costes se consideran proporcionados a los objetivos y necesarios para que se puedan materializar los beneficios más sustanciales. Puesto que los problemas señalados son similares en el caso de ambas Directivas y a fin de conferir mayor coherencia y claridad a las normas de la UE, la manera más eficaz de aplicar la opción preferida sería combinar las dos Directivas en un único instrumento legislativo, lo que se haría mediante la refundición de ambas, fundiéndolas en un único acto legislativo, y proponiendo cambios de fondo. 7. CONTROL Y EVALUACIÓN En la actualidad, el principal indicador es el número de permisos concedidos a los nacionales de terceros países que vienen a la UE para investigar y estudiar. En virtud del nuevo instrumento, podría hacerse un esfuerzo para distinguir más claramente entre los distintos grupos, incluidos los aprendices remunerados y los au pair, independientemente de si acceden a la UE con un permiso o un visado para estancias de larga duración. El registro del número de autorizaciones concedidas permitiría controlar la situación a lo largo del tiempo. Para evaluar mejor su movilidad dentro de la UE, el número de beneficiarios de los programas de movilidad financiados por la UE podría consignarse por separado. También podrían elaborarse estadísticas para controlar el número de estudiantes e investigadores que buscan empleo, en comparación con el número global de los que sean nacionales de terceros países y obtengan un permiso de trabajo. El tiempo empleado por los Estados miembros en tomar una decisión sobre las solicitudes se consignaría y compararía con los plazos actualmente en vigor. Como con cualquier instrumento jurídico de la UE, la Comisión es responsable de garantizar que los Estados miembros apliquen la Directiva o las Directivas correctamente y en los plazos fijados. En el ámbito de la migración, la Comisión se comunica con los Estados miembros a través del Comité de Contacto sobre Migración. Se trata de un foro de debate cuya tarea es contribuir a anticipar los problemas y resolverlos más eficazmente, sobre todo durante el periodo de aplicación. La Comisión seguirá comprobando que las medidas de incorporación se ajusten a la Directiva y que los Estados miembros las incorporen oportunamente a sus ordenamientos jurídicos. Incoará procedimientos de infracción en caso necesario. La propuesta incluirá la obligación de que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evalúe la aplicación de la nueva Directiva por parte de los Estados miembros cinco años después del plazo de incorporación. Ese informe también podría abarcar los efectos de la Directiva, por lo que podría incluir recomendaciones.