POSICIÓN COMÚN (CE) N° 28/1999

aprobada por el Consejo el 28 de junio de 1999

con vistas a la adopción de la Directiva 1999/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica

(1999/C 243/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

(1) Considerando que, el 16 de abril de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la Comunicación "Iniciativa europea de comercio electrónico";

(2) Considerando que, el 8 de octubre de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la Comunicación "El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica: hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado";

(3) Considerando que, el 1 de diciembre de 1997, el Consejo invitó a la Comisión a que presentara lo antes posible una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firma digital;

(4) Considerando que la comunicación y el comercio electrónicos requireren firmas electrónicas y servicios conexos de autenticación de datos; que la heterogeneidad normativa en materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y acreditación de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados miembros puede entorpecer gravemente el uso de las comunicaciones electrónicas y el comercio electrónico; que, por otro lado, un marco claro comunitario sobre las condiciones aplicables a la firma electrónica aumentará la confianza en las nuevas tecnologías y la aceptación general de las mismas; que la legislación de los Estados miembros en este ámbito no debería obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior;

(5) Considerando que es preciso promover la interoperabilidad de los productos de firma electrónica; que, de conformidad con el artículo 14 del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías; que deben satisfacerse los requisitos esenciales específicos de los productos de firma electrónica a fin de garantizar la libre circulación en el mercado interior y fomentar la confianza en la firma electrónica, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos de doble uso(5) y en la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, relativa a la Acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea referente al control de las exportaciones de productos de doble uso(6);

(6) Considerando que la presente Directiva no armoniza la prestación de servicios por lo que respecta a la confidencialidad de la información cuando sean objeto de disposiciones nacionales en materia de orden público y seguridad pública;

(7) Considerando que el mercado interior garantiza también la libre circulación de personas, por lo cual es cada vez más frecuente que los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tengan que tratar con autoridades de Estados miembros distintos de aquel en el que residen; que la disponibilidad de la comunicación electrónica puede ser de gran utilidad a este respecto;

(8) Considerando que los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de Internet hacen necesario un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios de autenticación electrónica de datos;

(9) Considerando que la firma electrónica se utilizará en muy diversas circunstancias y aplicaciones, dando lugar a una gran variedad de nuevos servicios y productos relacionados con ella o que la utilicen; que la definición de dichos productos y servicios no debe limitarse a la expedición y gestión de certificados, sino incluir también cualesquiera otros servicios o productos que utilicen firmas electrónicas o se sirvan de ellas, como los servicios de registro, los servicios de estampación de fecha y hora, los servicios de guías de usuarios, los de cálculo o asesoría relacionados con la firma electrónica;

(10) Considerando que el mercado interior permite a los proveedores de servicios de certificación llevar a cabo sus actividades transfronterizas para acrecentar su competitividad y, de ese modo, ofrecer a los consumidores y a las empresas nuevas posibilidades de intercambiar información y comerciar electrónicamente de una forma segura, con independencia de las fronteras; que, con objeto de estimular la prestación de servicios de certificación en toda la Comunidad a través de redes abiertas, los proveedores de servicios de certificación deben tener libertad para prestar sus servicios sin autorización previa; que la autorización previa implica no sólo el permiso que ha de obtener el proveedor de servicios de certificación interesado en virtud de una decisión de las autoridades nacionales antes de que se le permita prestar sus servicios de certificación, sino también cualesquiera otras medidas que tengan ese mismo efecto;

(11) Considerando que los sistemas voluntarios de acreditación destinados a un nivel reforzado de prestación de servicios pueden aportar a los proveedores de servicios de certificación un marco apropiado para aproximarse a los niveles de confianza, seguridad y calidad exigidos por un mercado en evolución; que dichos sistemas deben fomentar la adopción de las mejores prácticas por parte de los proveedores de servicios de certificación; que debe darse a los proveedores de servicios de certificación libertad para adherirse a dichos sistemas de acreditación y disfrutar de sus ventajas;

(12) Considerando que los servicios de certificación pueden ser prestados tanto por entidades públicas como por personas físicas o jurídicas cuando así se establezca de acuerdo con el Derecho nacional; que los Estados miembros no deben prohibir a los proveedores de servicios de certificación operar al margen de los sistemas de acreditación voluntaria; que ha de velarse por que los sistemas de acreditación no supongan mengua de la competencia en el ámbito de los servicios de certificación;

(13) Considerando que los Estados miembros pueden decidir cómo llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva; que la presente Directiva no excluye el establecimiento de sistemas de supervisión basados en el sector privado; que la presente Directiva no obliga a los proveedores de servicios de certificación a solicitar ser supervisados con arreglo a cualquier sistema de acreditación aplicable;

(14) Considerando que es importante alcanzar un equilibrio entre las necesidades de los consumidores y las de las empresas;

(15) Considerando que el anexo III abarca los requisitos de los dispositivos seguros de creación de firmas electrónicas para garantizar la funcionalidad de las firmas electrónicas avanzadas; que no abarca la totalidad del sistema en cuyo entorno operan dichos dispositivos; que el funcionamiento del mercado interior exige que la Comisión y los Estados miembros actúen con celeridad para hacer posible la designación de los organismos encargados de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de firma con el anexo III; que, con objeto de subvenir a las necesidades del mercado, la evaluación de la conformidad ha de producirse oportunamente y ser eficaz;

(16) Considerando que la presente Directiva contribuye al uso y al reconocimiento legal de la firma electrónica en la Comunidad; que no se precisa un marco reglamentario para las firmas electrónicas utilizadas exclusivamente dentro de sistemas cerrados; que, no obstante, deben reconocerse legalmente las firmas electrónicas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Directiva y que se utilicen dentro de grupos cerrados de usuarios; que, en la medida en que lo permita la legislación nacional, ha de respetarse la libertad de las partes para concertar de común acuerdo las condiciones en que aceptarán las firmas electrónicas;

(17) Considerando que la presente Directiva no pretende armonizar las legislaciones nacionales sobre contratos, en particular por lo que respecta al perfeccionamiento y eficacia de los mismos, ni tampoco otras formalidades de naturaleza no contractual relativas a la firma; que, por dicho motivo, las disposiciones sobre los efectos legales de la firma electrónica deberán entenderse sin perjuicio de los requisitos de forma establecidos por las legislaciones nacionales en materia de celebración de contratos, ni de las normas que determinan el lugar en que se considera celebrado un contrato;

(18) Considerando que el almacenamiento y la copia de los datos de creación de la firma pueden poner en peligro la validez jurídica de la firma electrónica;

(19) Considerando que la firma electrónica se utilizará en el sector público en el marco de las administraciones nacionales y comunitaria y en la comunicación entre dichas administraciones y entre éstas y los ciudadanos y agentes económicos, por ejemplo, en la contratación pública, la fiscalidad, la seguridad social, la atención sanitaria y el sistema judicial;

(20) Considerando que unos criterios armonizados en relación con la eficacia jurídica de la firma electrónica mantendrán un marco jurídico coherente en toda la Comunidad; que las legislaciones nacionales establecen requisitos divergentes con respecto a la validez jurídica de las firmas manuscritas; que se pueden utilizar certificados para confirmar la identidad de la persona que firma electrónicamente; que las firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados reconocidos pretenden lograr un mayor nivel de seguridad; que las firmas electrónicas avanzadas relacionadas con un certificado reconocido y creadas mediante un dispositivo seguro de creación de firma únicamente pueden considerarse jurídicamente equivalentes a las firmas manuscritas si se cumplen los requisitos aplicables a las firmas manuscritas;

(21) Considerando que, para contribuir a la aceptación general de los métodos de autenticación electrónica, debe garantizarse la admisibilidad de la firma electrónica como prueba en procedimientos judiciales en todos los Estados miembros; que el reconocimiento legal de la firma electrónica debe basarse en criterios objetivos y no estar supeditado a la autorización del proveedor de servicios de certificación de que se trate; que la legislación nacional rige el uso de los documentos electrónicos y de la firma electrónica; que la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la facultad de los tribunales nacionales para dictar resoluciones acerca de la conformidad con los requisitos de la presente Directiva y no afecta a las normas nacionales en lo que se refiere a la libertad de la valoración judicial de las pruebas;

(22) Considerando que los proveedores de servicios de certificación al público están sujetos a la normativa nacional en materia de responsabilidad;

(23) Considerando que el desarrollo del comercio electrónico internacional requiere acuerdos transfronterizos que implican a terceros países;

(24) Considerando que, para incrementar la confianza de los usuarios en la comunicación y el comercio electrónicos, los proveedores de servicios de certificación deben observar la normativa sobre protección de datos y el respeto de la intimidad;

(25) Considerando que las disposiciones relativas al uso de seudónimos en los certificados no deben impedir a los Estados miembros exigir la identificación de las personas de conformidad con el Derecho comunitario o nacional;

(26) Considerando que, para la aplicación de la presente Directiva, conviene que la Comisión esté asistida por un comité de gestión;

(27) Considerando que, transcurridos dos años desde su aplicación, la Comisión procederá a una revisión de la presente Directiva a fin de cerciorarse de que los avances tecnológicos y los cambios del entorno jurídico no han creado obstáculos al logro de los objetivos formulados en la presente Directiva; que la Comisión debe estudiar la incidencia de ámbitos técnicos afines y presentar un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo;

(28) Considerando que, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de crear un marco jurídico armonizado para la prestación del servicio de firma electrónica y de servicios conexos no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva tiene por finalidad facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su reconocimiento jurídico. La presente Directiva crea un marco jurídico para la firma electrónica y para determinados servicios de certificación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

La presente Directiva no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan requisitos de forma establecidos en las legislaciones nacionales o comunitaria, ni afectan a las normas y límites, contenidos en las legislaciones nacionales o comunitaria, que rigen el uso de documentos.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "firma electrónica": los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación;

2) "firma electrónica avanzada": la firma electrónica que cumple los siguientes requisitos:

a) estar vinculada al firmamente de manera única,

b) permitir la identificación del firmante,

c) haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control, y

d) estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable;

3) "firmante": la persona que está en posesión de un dispositivo de creación de firma y que actúa en su propio nombre o en el de la entidad o persona física o jurídica a la que representa;

4) "datos de creación de firma": los datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica;

5) "dispositivo de creación de firma": un programa informático configurado o un apartado informático configurado que sirve para aplicar los datos de creación de firma;

6) "dispositivo seguro de creación de firma": un dispositivo de creación de firma que cumple los requisitos enumerados en el anexo III;

7) "datos de verificación de firma": los datos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica;

8) "dispositivo de verificación de firma": un programa informático configurado o un aparato informático configurado que sirve para aplicar los datos de verificación de firma;

9) "certificado": la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a una persona y confirma la identidad de ésta;

10) "certificado reconocido": el certificado que cumple los requisitos establecidos en el anexo I y es suministrado por un proveedor de servicios de certificación que cumple los requisitos establecidos en el anexo II;

11) "proveedor de servicios de certificación": la entidad o persona física o jurídica que expide certificados o presta otros servicios en relación con la firma electrónica;

12) "producto de firma electrónica": el programa informático o el material informático, o sus componentes específicos, que se destinan a ser utilizados por el proveedor de servicios de certificación para la prestación de servicios de firma electrónica o que se destinan a ser utilizados para la creación o la verificación de firmas electrónicas;

13) "acreditación voluntaria": todo permiso que establezca derechos y obligaciones específicas para la prestación de servicios de certificación, que se concedería, a petición del proveedor de servicios de certificación interesado, por el organismo público o privado encargado del establecimiento y supervisión del cumplimiento de dichos derechos y obligaciones, cuando el proveedor de servicios de certificación no esté habilitado para ejercer los derechos derivados del permiso hasta que haya recaído la decisión positiva de dicho organismo.

Artículo 3

Acceso al mercado

1. Los Estados miembros no condicionarán la prestación de servicios de certificación a la obtención de autorización previa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán establecer o mantener sistemas voluntarios de acreditación destinados a mejorar los niveles de provisión de servicios de certificación. Todas las condiciones relativas a tales sistemas deberán ser objetivas, transparentes, proporcionales y no discriminatorias. Los Estados miembros no podrán limitar el número de proveedores de servicios de certificación acreditados amparándose en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que se establezca un sistema adecuado que permita la supervisión de los proveedores de servicios de certificación establecidos en su territorio que expiden al público certificados reconocidos.

4. La conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma con los requisitos fijados en el anexo III será determinada por los organismos públicos o privados pertinentes, designados por los Estados miembros. La Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 9, establecerá criterios para que los Estados miembros determinen si procede designar un determinado organismo.

La conformidad con los requisitos del anexo III establecida por dichos organismos será reconocida por todos los Estados miembros.

5. La Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 9, podrá determinar, y publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los números de referencia de las normas que gocen de reconocimiento general para productos de firma electrónica. Los Estados miembros presumirán que los productos de firma electrónica que se ajusten a dichas normas son conformes con lo prescrito en la letra f) del anexo II y en el anexo III de la presente Directiva.

6. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para promover el desarrollo y la utilización de los dispositivos de creación de firma, a la luz de las recomendaciones para la verificación segura de firma que figuran en el anexo IV y en interés del consumidor.

7. Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica en el sector público a posibles prescripciones adicionales. Tales prescripciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sólo podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate. Estas prescripciones no deberán obstaculizar los servicios transfronterizos al ciudadano.

Artículo 4

Principios del mercado interior

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que adopten en cumplimiento de la presente Directiva a los proveedores de servicios de certificación establecidos en su territorio y a los servicios prestados por ellos. Los Estados miembros no podrán restringir la prestación de servicios de certificación en los ámbitos regulados por la presente Directiva que procedan de otro Estado miembro.

2. Los Estados miembros velarán por que los productos de firma electrónica que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva puedan circular libremente en el mercado interior.

Artículo 5

Efectos jurídicos de la firma electrónica

1. Los Estados miembros procurarán que la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro de creación de firma:

a) satisfaga el requisito jurídico de una firma en relación con los datos en forma electrónica del mismo modo que una firma manuscrita satisface dichos requisitos en relación con los datos en papel; y

b) sea admisible como prueba en procedimientos judiciales.

2. Los Estados miembros velarán por que no se niegue eficacia jurídica, ni la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales, a la firma electrónica por el mero hecho de que:

- ésta se presente en forma electrónica, o

- no se base en un certificado reconocido, o

- no se base en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación acreditado, o

- no esté creada por un dispositivo seguro de creación de firma.

Artículo 6

Responsabilidad

1. Los Estados miembros garantizarán, como mínimo, que el proveedor de servicios de certificación que expida al público un certificado presentado como certificado reconocido o que garantice al público tal certificado será responsable por el perjuicio causado a cualquier entidad o persona física o jurídica que confíe razonablemente en el certificado por lo que respecta a:

a) la veracidad, en el momento de su expedición, de toda la información contenida en el certificado reconocido;

b) la garantía de que, en el momento de la expedición del certificado, obraban en poder del firmante identificado en el certificado reconocido los datos de creación de firma correspondientes a los datos de verificación de firma que constan o se identifican en el certificado;

c) la garantía de que los datos de creación y de verificación de firma pueden utilizarse complementariamente, en caso de que el proveedor de servicios de certificación genere ambos;

salvo que el proveedor de servicios de certificación demuestre que no ha actuado con negligencia.

2. Los Estados miembros garantizarán como mínimo que el proveedor de servicios de certificación que haya expedido al público un certificado presentado como certificado reconocido será responsable por el perjuicio causado a cualquier entidad o persona física o jurídica que confíe razonablemente en dicho certificado por no haber registrado la revocación del certificado, salvo que el proveedor de servicios de certificación pruebe que no ha actuado con negligencia.

3. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en un certificado reconocido límites en cuanto a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles para terceros. El proveedor de servicios de certificación no deberá responder de los daños y perjuicios causados por el uso de un certificado reconocido que exceda de los límites indicados en el mismo.

4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reconocido un valor límite de las transacciones que puedan realizarse con el mismo, siempre y cuando los límites sean reconocibles para terceros.

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 se aplicarán sin perjuicio de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores(7).

Artículo 7

Aspectos internacionales

1. Los Estados miembros velarán por que los certificados expedidos al público como certificados reconocidos por un proveedor de servicios de certificación establecido en un tercer país sean reconocidos como jurídicamente equivalentes a los expedidos por un proveedor de servicios de certificación establecido en la Comunidad si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) que el proveedor de servicios de certificación cumpla los requisitos establecidos en la presente Directiva y haya sido acreditado en el marco de un sistema voluntario de acreditación establecido en un Estado miembro;

b) que un proveedor de servicios de certificación establecido en la Comunidad, que cumpla las prescripciones de la presente Directiva, avale el certificado;

c) que el certificado o el proveedor de servicios de certificación estén reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Comunidad y terceros países u organizaciones internacionales.

2. Para facilitar tanto la prestación de servicios transfronterizos de certificación con terceros países como el reconocimiento legal de las firmas electrónicas avanzadas originarias de estos últimos, la Comisión presentará, en su caso, propuestas para lograr el efectivo establecimiento de normas y acuerdos internacionales aplicables a los servicios de certificación. En particular, y en caso necesario, solicitará al Consejo mandatos para la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros países y organizaciones internacionales. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

3. Cuando la Comisión sea informada de cualquier dificultad encontrada por las empresas comunitarias en relación con el acceso al mercado en terceros países, podrá, en caso necesario, presentar propuestas al Consejo para obtener un mandato adecuado para la negociación de derechos comparables para las empresas comunitarias en dichos terceros países. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Las medidas tomadas en virtud del presente apartado se entenderán sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros con arreglo a los acuerdos internacionales pertinentes.

Artículo 8

Protección de datos

1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de certificación y los organismos nacionales competentes en materia de acreditación y supervisión cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(8).

2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de certificación que expidan al público certificados únicamente puedan recabar datos personales directamente del titular de los datos o previo consentimiento explícito de éste, y sólo en la medida necesaria para la expedición y el mantenimiento del certificado. Los datos no podrán obtenerse o tratarse con fines distintos sin el consentimiento explícito de su titular.

3. Sin perjuicio de los efectos jurídicos concedidos a los seudónimos con arreglo al Derecho nacional, los Estados miembros no impedirán al proveedor de servicios de certificación que consigne en el certificado un seudónimo del firmante en lugar de su verdadero nombre.

Artículo 9

Comité

1. Se crea el Comité de la firma electrónica, denominado en lo sucesivo "el Comité", compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. La Comisión estará asistida por el Comité.

3. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El Presidente no tomará parte en la votación.

4. La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente aplicables. No obstante, cuando no sean conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso:

- la Comisión aplazará la aplicación de las medidas que haya decidido durante tres meses a partir de la fecha de la comunicación,

- el Consejo por mayoría cualificada podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el primer guión.

Artículo 10

Funciones del Comité

El Comité procederá a la clarificación de los requisitos establecidos en los anexos, los criterios a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 y las normas para los productos de firma electrónica que gocen de reconocimiento general establecidas y publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 3, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo 11

Notificación

1. Los Estados miembros interesados notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros lo siguiente:

a) información sobre los sistemas voluntarios de acreditación de ámbito nacional, incluidos cualesquiera requisitos adicionales con arreglo al apartado 7 del artículo 3;

b) el nombre y dirección de los organismos nacionales competentes en materia de acreditación y supervisión, así como de los organismos a que se refiere el apartado 4 del artículo 3; y

c) el nombre y dirección de todos los proveedores nacionales de servicios de certificación acreditados.

2. Toda la información facilitada en virtud del apartado 1 y cualquier modificación de su contenido serán notificadas por los Estados miembros a la mayor brevedad.

Artículo 12

Revisión

1. La Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente Directiva y presentará el oportuno informe al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el ...(9)

2. Dicho examen permitirá, entre otras cosas, determinar si conviene modificar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en vista de la evolución tecnológica y comercial y del contexto jurídico. El informe incluirá, en particular, una valoración de los aspectos de armonización, basada en la experiencia adquirida. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

Artículo 13

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del...(10). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 14

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 15

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C 325 de 23.10.1998, p. 5.

(2) DO C 40 de 15.2.1999, p. 29.

(3) Dictamen emitido los días 13 y 14 de enero de 1999 (DO C 93 de 6.4.1999, p. 33).

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de enero de 1999 (DO C 104 de 14.4.1999, p. 49), Posición común del Consejo de 28 de junio de 1999 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 367 de 31.12.1994, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 837/95 (DO L 90 de 21.4.1995, p. 1).

(6) DO L 367 de 31.12.1994, p. 8; Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 99/193/CE (DO L 73 de 19.3.1999, p. 1).

(7) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.

(8) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(9) Transcurridos tres años y seis meses desde la entrada en vigor de la presente Directiva.

(10) Transcurrido un año y seis meses desde la entrada en vigor de la presente Directiva.

ANEXO I

Requisitos de los certificados reconocidos

Los certificados reconocidos habrán de contener:

a) la indicación de que el certificado se expide como certificado reconocido;

b) la identificación del proveedor de servicios de certificación y el Estado en que está establecido;

c) el nombre del firmante o un seudónimo que conste como tal;

d) un atributo específico del firmante, en caso de que fuera significativo en función de la finalidad del certificado;

e) los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma bajo control del firmante;

f) una indicación relativa al comienzo y fin del período de validez del certificado;

g) el código identificativo del certificado;

h) la firma electrónica avanzada del proveedor de servicios de certificación que expide el certificado;

i) los límites de uso del certificado, si procede; y

j) los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado, si procede.

ANEXO II

Requisitos de los proveedores de servicios de certificación que expiden certificados reconocidos

Los proveedores de servicios de certificación deberán:

a) demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación;

b) garantizar la utilización de un servicio rápido y seguro de guía de usuarios y de un servicio de revocación seguro e inmediato;

c) garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y hora en que se expidió o revocó un certificado;

d) comprobar debidamente, de conformidad con el Derecho nacional, la identidad y, si procede, cualesquiera atributos específicos de la persona a la que se expide un certificado reconocido;

e) emplear personal que tenga los conocimientos especializados, la experiencia y las cualificaciones necesarias correspondientes a los servicios prestados, en particular, competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma electrónica y familiaridad con los procedimientos de seguridad adecuados; deben poner asimismo en práctica los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conformes a normas reconocidas;

f) utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procedimientos con que trabajan;

g) tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en caso de que el proveedor de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar la confidencialidad durante el proceso de generación de dichos datos;

h) disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, por ejemplo contratando un seguro apropiado;

i) registrar toda la información pertinente relativa a un certificado reconocido durante un período de tiempo adecuado, en particular para adoptar pruebas de certificación en procedimientos judiciales. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos;

j) no almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona a la que el proveedor de servicios de certificación ha prestado servicios de gestión de claves;

k) antes de entrar en una relación contractual con una persona que solicite un certificado para apoyar a partir del mismo su firma electrónica, informar a dicha persona utilizando un medio de comunicación no perecedero de las condiciones precisas de utilización del certificado, incluidos los posibles límites de la utilización del certificado, la existencia de un sistema voluntario de acreditación y los procedimientos de reclamación y solución de litigios. Dicha información deberá hacerse por escrito, pudiendo transmitirse electrónicamente, y deberá estar redactada en un lenguaje fácilmente comprensible. Las partes pertinentes de dicha información estarán también disponibles a instancias de terceros afectados por el certificado;

l) utilizar sistemas fiables para almacenar certificados de forma verificable, de modo que:

- sólo personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones,

- pueda comprobarse la autenticidad de la información,

- los certificados estén a disposición del público para su consulta sólo en los casos en los que se haya obtenido el consentimiento del titular del certificado, y

- el agente pueda detectar todos los cambios técnicos que pongan en entredicho los requisitos de seguridad mencionados.

ANEXO III

Requisitos de los dispositivos seguros de creación de firma electrónica

1. Los dispositivos seguros de creación de firma garantizarán como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que:

a) los datos utilizados para la generación de firma sólo pueden producirse una vez en la práctica y se garantiza razonablemente su secreto;

b) existe la seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser hallados por deducción y la firma está protegida contra la falsificación mediante la tecnología existente en la actualidad;

c) los datos utilizados para la generación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante legítimo contra su utilización por otros.

2. Los dispositivos seguros de creación de firma no alterarán los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes del proceso de firma.

ANEXO IV

Recomendaciones para la verificación segura de firma

Durante el proceso de verificación de firma, deberá garantizarse, con suficiente certeza, que:

a) los datos utilizados para verificar la firma corresponden a los datos mostrados al verificador;

b) la firma se verifica de forma fiable y el resultado de esa verificación figura correctamente;

c) el verificador puede, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de los datos firmados;

d) se verifican de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado exigido al verificarse la firma;

e) figuran correctamente el resultado de la verificación y la identidad del firmante;

f) consta claramente la utilización de un seudónimo; y

g) puede detectarse cualquier cambio pertinente relativo a la seguridad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 16 de junio de 1998, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco común para la firma electrónica.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 13 de enero de 1999, mientras que el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron el suyo el 3 de diciembre de 1998 y el 14 de enero de 1999, respectivamente.

3. El 28 de junio de 1999, el Consejo adoptó su Posición común con arreglo al artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

La presente propuesta pretende garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la firma electrónica creando un marco jurídico armonizado.

Dicho marco, que consiste en una serie de criterios que servirán de base al reconocimiento jurídico de la firma electrónica, facilitará la utilización de dicha firma y permitirá de este modo que los consumidores y las empresas en Europa se beneficien plenamente de las posibilidades que ofrecen las comunicaciones electrónicas.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. OBSERVACIONES GENERALES

Si bien el Consejo hizo propios el planteamiento y las finalidades propuestos por la Comisión y respaldadas por el Parlamento, al elaborar su Posición común consideró necesario introducir algunas modificaciones en el fondo y en la redacción del texto de la propuesta de Directiva.

El Consejo, al proceder a dichos cambios, perseguía los siguientes objetivos:

- aclarar y facilitar la lectura de las disposiciones de la nueva Directiva,

- garantizar mayor seguridad en las comunicaciones electrónicas,

- tomar mejor en cuenta las distintas tecnologías y servicios que permiten autentificar los datos transmitidos por vía electrónica,

- considerar en mayor medida la diversidad de las situaciones nacionales.

B. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

1. Principales modificaciones introducidas en la propuesta de la Comisión

a) Distinción entre firma electrónica avanzada y demás tipos de firma electrónica

Según el enfoque elegido por el Consejo, la firma electrónica avanzada es una firma que ofrece un alto nivel de seguridad y que, por ello, adquiere una validez equivalente a la de una firma manuscrita (véanse el apartado 2 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 5).

En efecto, dicha firma debe basarse, por una parte, en un certificado reconocido elaborado y expedido observando determinados requisitos (véanse los requisitos que figuran en el anexo I, en lo referente al certificado reconocido, y los que aparecen en el anexo II, referentes a los proveedores de servicios) y, por otra, ser generada por un dispositivo seguro de creación de firma electrónica (véanse los requisitos que figuran en el anexo III).

Por su parte, las demás firmas electrónicas deberán beneficiarse, al menos, del principio de no discriminación y, por lo tanto, no podrá considerarse que carecen de efecto jurídico únicamente porque aparezcan en forma electrónica o porque no respondan a los requisitos previstos para las firmas electrónicas avanzadas (véanse el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 5).

b) Medidas adicionales destinadas a mejorar el nivel de servicio de certificación facilitado por los proveedores del servicio

La Posición común, aun consagrando el principio de prohibición de cualquier autorización previa a la prestación de servicios de certificación, apoya, por una parte, la creación a nivel nacional de regímenes voluntarios de acreditación destinados a mejorar el nivel de dichos servicios y, por otra, obliga a los Estados miembros a establecer un sistema adecuado de supervisión de los proveedores de servicios que expidan certificados reconocidos al público (véanse los apartados 2 y 3 de artículo 3).

Por otra parte, la Posición común amplía la responsabilidad de los proveedores de servicios en lo que se refiere a la validez del contenido de los certificados reconocidos que expiden, para aumentar la confianza de los usuarios de dichos certificados (véase el artículo 6). Dicha responsabilidad se refiere especialmente a la revocación de dichos certificados (véase el apartado 2 del artículo 6).

c) Comité que asiste a la Comisión

El Consejo ha optado para este Comité por un procedimiento reglamentario de tipo II b) debido a la importancia de los cometidos que se le encomiendan (véanse los artículos 9 y 10).

En efecto, dicho Comité tendrá por cometido:

- clarificar los requisitos contemplados en los anexos de la Directiva,

- definir los criterios de designación de los organismos nacionales encargados de comprobar la conformidad con la Directiva de los dispositivos seguros de creación de firmas utilizados para las firmas avanzadas (véase el apartado 4 del artículo 3),

- determinar las normas reconocidas generalmente para los productos de firmas electrónicas, cuya observancia presupondrá que dichos productos se atienen a los requisitos de la Directiva (véase el apartado 5 del artículo 3).

d) Recomendaciones relativas a los dispositivos de verificación de firmas

La Posición común formula una serie de recomendaciones encaminadas a hacer que resulte lo más seguro posible el proceso de verificación de la firma electrónica avanzada y exhorta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan conjuntamente, partiendo de dichas recomendaciones, la elaboración y utilización de dispositivos seguros de firmas (véanse el apartado 6 del artículo 3 y el anexo IV).

2. Posición del Consejo sobre las enmiendas del Parlamento Europeo

a) Enmiendas recogidas total o parcialmente en la Posición común

El Consejo ha recogido textualmente las enmiendas 3, 11, 12, 14, 18, 20, 31, 32, 33 y 34, y, en principio, las enmiendas 2, 13, 21, 22 y 25.

El Consejo ha recogido parcialmente las enmiendas 4, 9 y 17, sumándose a este respecto a la posición de la Comisión.

b) Enmiendas no recogidas en la Posición común

Al decidir no recoger las enmiendas 1, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 26, 28 y 29, el Consejo se ha atenido al dictamen negativo de la Comisión.

Al decidir no recoger las enmiendas 5, 16, 27 y 30, el Consejo se ha basado en las consideraciones siguientes:

- Enmienda 5, relativa al acceso simplificado de los ciudadanos de la Unión Europea a los servicios administrativos de un Estado miembro distinto de aquel en el que residan (nuevo considerando).

El Consejo ha considerado que el apartado 7 del artículo 3, que estipula que los Estados miembros, al reglamentar el uso de las firmas electrónicas en el sector público, no pueden crear obstáculos a los servicios transfronterizos para los ciudadanos, tenía en cuenta la inquietud del Parlamento Europeo a este respecto.

- Enmienda 16, relativa al reconocimiento de los regímenes de acreditación gestionados por organismos no gubernamentales (apartado 2 del artículo 3).

El Consejo ha considerado que la inquietud del Parlamento Europeo se tiene en cuenta en la definición de la acreditación voluntaria incluida en el apartado 13 del artículo 2.

- Enmienda 27, relativa a la transmisión a los poderes públicos de los datos relativos a la identidad de las personas que utilicen un seudónimo (apartado 4 del artículo 8).

El Consejo ha considerado que resultaba especialmente restrictiva la propuesta de que únicamente se autorice dicha transmisión en caso de una investigación penal o de un recurso judicial y que ello podría conllevar en particular que se fomentase el uso ilegal de las comunicaciones electrónicas.

- Enmienda 30, destinada a que se haga referencia a los organismos nacionales "reconocidos" en lo referente a notificación de los organismos responsables de la acreditación y de la supervisión (artículo 11).

El Consejo ha considerado que los términos "organismos reconocidos", sobre los que no existe definición alguna ni otra referencia en el resto de la Directiva, podrían plantear problemas de interpretación.