Se prevén propuestas legislativas complementarias para finales de 2016 con el fin de ayudar a alcanzar los objetivos acordados por el Consejo Europeo: al menos un 27 % de energía renovable consumida en la UE en 2030 y una mejora de la eficiencia energética en 2030 de al menos un 27 % (que se revisará antes de 2020, teniendo en mente un nivel del 30 % para la UE). Estas propuestas deben facilitar la consecución de los objetivos climáticos de los sectores no incluidos en el RCDE, en particular en el de la construcción. Además, una Comunicación de la Comisión relativa a la descarbonización del sector del transporte aborda medidas para reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero en ese sector.

Conforme al enfoque adoptado en la vigente Decisión de reparto del esfuerzo y a las orientaciones del Consejo Europeo de octubre de 2014, el enfoque global para la fijación de los objetivos nacionales de reducción se basa en el PIB per cápita relativo. En el caso de los Estados miembros cuyo PIB per cápita sea superior a la media de la UE, los objetivos se ajustan aún más para reflejar la rentabilidad dentro de este grupo. Este planteamiento equilibra las consideraciones de equidad y rentabilidad, tal como lo ha confirmado el Consejo Europeo.

Noruega e Islandia han manifestado su intención de participar en la actuación conjunta de la Unión y de sus Estados miembros. Las condiciones por las que se regirá la eventual participación de esos dos países se establecerán en una legislación complementaria. Para el periodo comprendido entre 2021 y 2030, Noruega ha dejado claro que se propone participar plenamente en el esfuerzo de reducción en los sectores no sujetos al RCDE. Como los objetivos de los Estados miembros oscilan entre el 0 % y el -40 %, según el producto interior bruto (PIB) per cápita, a Noruega se le atribuiría un objetivo de reducción numérico estimado del 40 % con respecto a los niveles de 2005; por otro lado, tanto Noruega e Islandia como los Estados miembros dispondrán de mecanismos de flexibilidad. Los objetivos finales no se determinarán hasta que se adopte la propuesta. La presente propuesta se entiende sin perjuicio de la forma en que Noruega e Islandia participen en la actuación conjunta.

Teniendo en cuenta las políticas que se aplican actualmente, no se prevé que las emisiones de GEI disminuyan lo suficiente para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de lograr reducciones de al menos un 40 % de aquí a 2030 con respecto a 1990 y, de manera más específica, una reducción del 30 % de las emisiones de GEI en los sectores no incluidos en el RCDE en comparación con 2005. De acuerdo con las tendencias actuales y mediante la plena aplicación de los objetivos jurídicamente vinculantes vigentes y de las políticas adoptadas relativas, entre otras cosas, a la eficiencia energética, el rendimiento energético de los edificios, las reducciones de CO2 de los vehículos de carretera, las energías renovables, los vertederos, la economía circular o los gases fluorados de efecto invernadero, se prevé que las emisiones reguladas por la Decisión de reparto del esfuerzo solo disminuyan en torno al 24 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2005. Por lo tanto, son necesarios objetivos nacionales que ofrezcan incentivos para aplicar nuevas políticas que promuevan mayores reducciones. La presente propuesta define los objetivos nacionales de acuerdo con una reducción a escala europea del 30 % de aquí a 2030 en comparación con 2005 en los sectores no incluidos en el RCDE, que sea equitativa y a la vez rentable, según lo aprobado por el Consejo Europeo. Los Estados miembros contribuirán a la reducción global de la UE en 2030 con objetivos que oscilan entre un 0 % y un – 40 % por debajo de los niveles de 2005. Las reducciones previstas en el presente Reglamento promueven mejoras, especialmente en la construcción, la agricultura, la gestión de los residuos y el transporte.

Con arreglo a la legislación vigente, las pequeñas y medianas empresas u otras empresas no tienen obligaciones de información directa. La propuesta no modifica esta situación.

La evaluación de impacto muestra que los nuevos mecanismos de flexibilidad de los sectores incluidos en el RCDE y de los sectores UTCUTS tienen que limitarse para garantizar que se sigan tomando verdaderas medidas adicionales en los sectores no sujetos al RCDE, con arreglo a los objetivos de reducción a largo plazo. Al mismo tiempo, ambos mecanismos de flexibilidad permiten tener en cuenta determinadas circunstancias específicas de los Estados miembros. En el caso del mecanismo de flexibilidad único, se refiere generalmente a consideraciones sobre la rentabilidad de los Estados miembros con los objetivos más elevados. En cuanto al sector UTCUTS, se refiere a consideraciones sobre el limitado potencial de mitigación de las emisiones distintas del CO2 en el sector de la agricultura, que es de la mayor importancia para los Estados miembros con un alto porcentaje de emisiones agrícolas. Los mecanismos de flexibilidad existentes no se han probado y ofrecen un gran margen de maniobra para reducir costes y alcanzar la rentabilidad. Toda mejora requiere tener en cuenta las posibles consecuencias administrativas. Los costes administrativos para los Estados miembros y la Comisión Europea se limitan y se reducen más actualmente por la transición a una comprobación del cumplimiento quinquenal.

La evaluación de impacto aborda de nuevo la metodología para fijar objetivos basados en el PIB per cápita que garanticen la equidad y actualiza este extremo basándose en datos de 2013. En la evaluación se analiza hasta qué punto podrían ajustarse los objetivos en el grupo de Estados miembros que tienen un PIB per cápita superior a la media y para qué Estados miembros la consecución rentable de los objetivos puede ser un motivo de especial preocupación. Con respecto al punto de partida de la trayectoria lineal del objetivo, una metodología similar a la de la vigente Decisión de reparto del esfuerzo, basada en emisiones recientes, se considera deseable desde el punto de vista de la integridad medioambiental, siempre que sea administrativamente factible.

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

(1)En las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 se aprobó un objetivo vinculante de reducción interna del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala del conjunto de la economía, de aquí a 2030, en comparación con 1990, y se confirmó de nuevo en su reunión de marzo de 2016. El Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015 aprobó oficialmente esta contribución de la Unión y sus Estados miembros como su contribución prevista determinada a nivel nacional.

(2)Según las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, la Unión debe cumplir colectivamente el objetivo del modo más rentable posible, con reducciones en los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y en los sectores no incluidos en ese régimen que asciendan al 43 % y al 30 %, respectivamente, en 2030 en comparación con 2005, y distribuyendo los esfuerzos en función del producto interior bruto (PIB) per cápita relativo. Conviene que todos los sectores de la economía contribuyan a la consecución de esas reducciones de las emisiones y que todos los Estados miembros participen en este esfuerzo, conciliando consideraciones de equidad y solidaridad, y procede que los objetivos nacionales del grupo de Estados miembros cuyo PIB per cápita es superior a la media de la Unión se ajusten relativamente atendiendo a la rentabilidad de modo justo y equilibrado. La consecución de estas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero debe aumentar la eficiencia y la innovación en la economía europea y en particular debe fomentar mejoras, especialmente en la construcción, la agricultura, la gestión de residuos y el transporte, en la medida en que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(3)El 10 de junio de 2016, la Comisión presentó la propuesta para que la UE ratifique el Acuerdo de París. Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución del compromiso de la UE en el marco del Acuerdo de París. El compromiso de la Unión con la reducción de las emisiones de toda la economía se confirmó en la contribución prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros que se presentó a la Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo de 2015.

(4)El Acuerdo de París sustituye al planteamiento adoptado en el Protocolo de Kioto de 1997, que no seguirá vigente después de 2020.

(5)La transición a la energía limpia exige cambios en el comportamiento inversor e incentivos en todo el espectro político. Una de las prioridades clave de la Unión es establecer una Unión de la Energía resiliente para ofrecer a sus ciudadanos una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Para lograr este objetivo es necesario proseguir la ambiciosa actuación climática con el presente Reglamento y conseguir avances en los demás aspectos de la Unión de la Energía, tal como se establece en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva.

(6)El presente Reglamento se aplica a las emisiones de las categorías del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de energía, procesos industriales y utilización de productos, agricultura y residuos, determinadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, excluidas las emisiones resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El presente Reglamento no comprende las actividades reguladas por el Reglamento [ ] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030].

(7)Los datos notificados actualmente en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y en los registros nacionales y de la Unión no son suficientes para determinar, a escala de cada Estado miembro, las emisiones de CO2 del sector de la aviación civil a nivel nacional que no están reguladas por la Directiva 2003/87/CE. Al adoptar las obligaciones de notificación, la Unión no debe imponer a los Estados miembros ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes) cargas desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. Las emisiones de CO2 procedentes de los vuelos no contemplados en la Directiva 2003/87/CE constituyen tan solo una parte muy poco relevante del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la creación de un sistema de notificación para estas emisiones sería excesivamente gravoso, a la luz de los requisitos existentes para el resto del sector, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE. Por lo tanto, las emisiones de CO2 derivadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» deben tratarse como si fueran iguales a cero a efectos de la aplicación del presente Reglamento.

(8)La reducción para 2030 de cada Estado miembro debe determinarse en relación con su nivel de emisiones revisadas de gases de efecto invernadero de 2005 contempladas en el presente Reglamento, con excepción de las emisiones verificadas de las instalaciones que ejercían su actividad en 2005, que solo se incluyeron en el RCDE UE después de ese año. Las asignaciones anuales de emisiones para el periodo de 2021 a 2030 debe determinarse sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros y revisados por la Comisión.

(9)El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo debe mantenerse de 2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2020 de la media de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 2016 y 2018 y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Se ofrece un ajuste de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo conforme a la Decisión n.º 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.