La Comunicación titulada «Ahorrar gas para un invierno seguro», adoptada el 20 de julio de 2022, expone las herramientas que ya tiene a su disposición Europa para llevar a cabo una reducción coordinada de la demanda, así como lo que le queda por hacer para estar preparada ante ceses totales o parciales. La iniciativa propuesta responde al aumento de los riesgos derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania y complementa plenamente las normas vigentes en materia de seguridad del suministro. Establece, además, nuevas normas para la reducción coordinada de la demanda e introduce una nueva alerta de la Unión. De hecho, si bien ya existe la posibilidad de que la Comisión declare una emergencia a nivel de la Unión, la legislación vigente no contempla aún la posibilidad de declarar una alerta a ese nivel. Sin embargo, la situación actual muestra que dicha alerta puede ser útil para garantizar que todos los Estados miembros adopten las medidas preventivas necesarias para evitar una emergencia energética.

Sin embargo, las normas vigentes en materia de seguridad del suministro de gas no se adaptan plenamente a la naturaleza y magnitud de los retos a los que se enfrenta la Unión actualmente, que exigen una preparación inmediata para evitar las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de perturbaciones importantes del suministro. Por tanto, el 31 de mayo y el 23 de junio de 2022, el Consejo Europeo, en sus Conclusiones, instó a la preparación, con carácter de urgencia, ante nuevas perturbaciones del suministro de gas y, en particular, a garantizar una coordinación más estrecha con los Estados miembros y entre ellos.

La propuesta de la Comisión relativa a un paquete de descarbonización del mercado del hidrógeno y del gas incluye medidas adicionales para mejorar la preparación frente a las perturbaciones del suministro; en concreto, la revisión del Reglamento (UE) 2017/1938. Además, el Reglamento (UE) 2022/1032, sobre el almacenamiento, recientemente adoptado, introdujo obligaciones de almacenamiento en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, puesto que la escasez de suministro y los picos de los precios pueden deberse no solo a un mal funcionamiento de las infraestructuras o a condiciones meteorológicas extremas, sino también a cambios geopolíticos, como consecuencia de perturbaciones repentinas o prolongadas del suministro. Las obligaciones de llenar sus instalaciones de almacenamiento establecidas en el Reglamento (UE) 2022/1032 contribuyen a preservar la seguridad del suministro de gas para el invierno 2022/23.

No obstante, dado que algunos Estados miembros, debido a su situación geográfica o física específica, como la escasa o inexistente interconexión por gasoducto con otros Estados miembros, no pueden liberar volúmenes significativos de gas de gasoducto a beneficio de la Unión, la propuesta contempla la posibilidad de que los Estados miembros en cuestión soliciten que se limite su obligación de reducción obligatoria de la demanda.

La cantidad de volumen de reducción de la demanda necesario para disminuir el efecto de la perturbación del suministro, aunque no evite todas las repercusiones negativas, debe tener en cuenta el volumen de la demanda de gas que podría correr riesgo en caso de cese total del suministro de gas ruso. Este volumen puede distribuirse entre todos los Estados miembros, sobre la base de una comparación con su consumo medio en los últimos cinco años.

En la última década, la Unión ha realizado constantes esfuerzos por mejorar la situación general de la seguridad del suministro en su territorio, centrándose en particular en la diversificación a través del desarrollo de infraestructuras y en el refuerzo del marco relativo a la seguridad del suministro de gas. Si bien el marco vigente se diseñó, y ha funcionado, para hacer frente a perturbaciones de corta duración y a fenómenos meteorológicos extremos, no resulta adecuado ante perspectivas de suministro altamente inciertas ni cortes prolongados importantes.

No hay motivos para pensar que este deterioro del suministro de gas vaya a detenerse. En la actualidad, la Unión se enfrenta a la posibilidad real de que en cualquier momento tenga lugar un cese total y prolongado del suministro de gas procedente de Rusia. Por tanto, debe prepararse para ello y adoptar medidas preventivas para mitigar los efectos de posibles perturbaciones importantes.

Durante el último año, el suministro de gas procedente de Rusia ha sufrido varias perturbaciones que solo pueden explicarse como un intento deliberado por utilizar la energía como arma política. Rusia ha sido durante muchos años el principal proveedor de gas de la Unión. El año pasado, la Unión confió a Rusia más del 40 % de su suministro de gas. Desde el inicio de la guerra, ese suministro no ha dejado de disminuir. Los flujos de gas de gasoducto procedentes de Rusia son inferiores al 30 % de la media de los años anteriores. Doce Estados miembros han activado el nivel de crisis primero o segundo de la clasificación común de la Unión. Estas perturbaciones del suministro ya están teniendo repercusiones significativas en el precio del gas, en el precio de la electricidad, en la inflación, en la estabilidad financiera y macroeconómica global de la Unión y en todos los ciudadanos.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

La presente propuesta constituye una medida extraordinaria, que debe aplicarse durante un tiempo limitado y es coherente con un conjunto más amplio de iniciativas para mejorar la resiliencia energética de la Unión y prepararse ante posibles situaciones de emergencia. Es, además, plenamente compatible con las normas sobre competencia y mercado, ya que el funcionamiento de los mercados transfronterizos de la energía es fundamental para garantizar la seguridad del suministro en una situación de escasez. La propuesta contiene normas adecuadas para garantizar que las medidas nacionales no obstaculicen la competencia ni comprometan la integridad del mercado interior. Establecer una mayor coordinación de la reducción de la demanda también está en consonancia con los objetivos del Pacto Verde de la Comisión.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

La base jurídica de este instrumento es el artículo 122, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La actual escasez de suministro de gas supone una dificultad grave para el suministro de un producto energético, con arreglo al artículo 122. Los dirigentes de la Unión y la Comisión han constatado la necesidad urgente de adoptar medidas adicionales con vistas a una acción más coordinada ya durante los meses de verano, a fin de estar mejor preparados para posibles nuevas perturbaciones del suministro de gas el próximo invierno. Las medidas que contiene este instrumento permiten a todos los Estados miembros prepararse de manera coordinada ante posibles nuevos recortes de suministro. Por consiguiente, está justificado tomar como base jurídica para el instrumento propuesto el artículo 122, apartado 1, del TFUE.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Las medidas previstas en la presente iniciativa están en plena consonancia con el principio de subsidiariedad. Debido a la magnitud y al efecto significativo de los nuevos recortes en el suministro de gas por parte de Rusia, es necesario adoptar medidas a nivel de la Unión. Para minimizar el riesgo de posibles perturbaciones importantes durante los meses de invierno, en los que el consumo de gas será mayor y los Estados miembros tendrán que depender en parte del gas almacenado durante la temporada de llenado, es necesario adoptar un enfoque coordinado, por medio de la reducción de la demanda a escala de la Unión, con un espíritu de solidaridad.

Habida cuenta de que no existen precedentes de crisis de suministro de gas ni de sus efectos transfronterizos, y en vista del nivel de integración del mercado interior de la energía de la Unión, la intervención a nivel de la Unión está justificada, ya que los Estados miembros por sí solos no pueden hacer frente de manera eficaz, suficiente y coordinada al riesgo de sufrir graves dificultades económicas derivadas del aumento de los precios o de perturbaciones importantes del suministro. Únicamente una intervención de la Unión, motivada por un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, puede garantizar que las perturbaciones del suministro no causen un perjuicio duradero a los ciudadanos y a la economía.

Debido a su magnitud y efectos, el objetivo de la acción puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, por lo que esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

•Proporcionalidad

La iniciativa cumple el principio de proporcionalidad. Entra en el ámbito de aplicación del artículo 122, apartado 1, del TFUE. La intervención es proporcional a la dimensión y naturaleza de los problemas constatados y la consecución de los objetivos establecidos.

Habida cuenta de la situación geopolítica sin precedentes y de la importante amenaza que supone para los ciudadanos y la economía de la Unión, es claramente necesario llevar a cabo una acción coordinada. Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el instrumento en cuestión. Las medidas propuestas se consideran proporcionadas y se basan, en la medida de lo posible, en los enfoques existentes, como los niveles de crisis y planes de emergencia vigentes establecidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1938.

La presente propuesta determina el resultado final que debe alcanzarse, en forma de proceso para establecer una obligación jurídicamente vinculante de reducción del consumo energético para los Estados miembros, al tiempo que concede a estos plena autonomía para elegir el método más eficaz para cumplir dicha obligación en función de sus especificidades nacionales y de las medidas ya previstas en sus planes de emergencia.

•Elección del instrumento

Teniendo en cuenta la dimensión de la crisis energética y la magnitud de su impacto social, económico y financiero, la Comisión considera adecuado intervenir mediante la adopción de un reglamento, al ser este de alcance general y de aplicación directa e inmediata. El resultado sería un mecanismo de cooperación rápido, uniforme y a escala de la Unión.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Consultas con las partes interesadas

Debido al carácter políticamente sensible de la propuesta y a la urgencia de su elaboración para que el Consejo pueda adoptarla a tiempo, no ha podido llevarse a cabo una consulta con las partes interesadas.

•Derechos fundamentales