ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/11

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999

2011/C 279/02

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el artículo 28, apartado 2,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1. INTRODUCCIÓN

1. El 17 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 (en adelante, «la propuesta»).

1.1. Consulta al SEPD

2. La propuesta fue enviada por el Consejo al SEPD el 8 de abril de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»]. El SEPD acoge con satisfacción la referencia explícita a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.

3. La propuesta tiene por objeto modificar los artículos 1 a 14 y suprimir el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1073/1999. Se prevé la derogación del Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

4. De manera previa (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. El SEPD recibe con agrado la apertura del proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. De hecho, algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta.

5. Este nuevo texto es el resultado de un largo proceso de revisión. En 2006, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1073/1999 que pretendía esencialmente «lograr una mayor eficiencia operativa y una mejor gobernanza de la Oficina».

6. Dicha propuesta previa se debatió tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo en virtud del procedimiento de codecisión. El SEPD emitió un dictamen en abril de 2007, en el que se incluían muchos comentarios destinados a hacer que el texto de la propuesta fuera más coherente con las normas de protección de datos consagradas en el Reglamento (CE) no 45/20 (4). El Parlamento aprobó el 20 de noviembre de 2008 (5) una resolución en primera lectura que incluía aproximadamente unas cien enmiendas a la propuesta.

7. A petición de la Presidencia checa del Consejo (enero-junio de 2009), en julio de 2010 la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un Documento de reflexión sobre la reforma de la Oficina. En octubre de 2010, el Parlamento Europeo acogió favorablemente el documento de reflexión y solicitó a la Comisión que reiniciase el procedimiento legislativo. El 6 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre el documento de reflexión presentado por la Comisión. El Comité de Vigilancia de la OLAF contribuyó al debate con sus opiniones a propósito del documento de reflexión y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales en las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF. Posteriormente, la Comisión presentó la nueva propuesta.

1.2. Importancia de la propuesta y de la asesoría del SEPD

8. La propuesta incluye disposiciones que tienen una fuerte repercusión en los derechos de las personas. La OLAF seguirá recogiendo y posteriormente tratando datos sensibles relativos a sospechas, infracciones, condenas penales, así como información destinada a excluir a personas de un derecho, una prestación o un contrato en la medida en que dicha información representa un riesgo particular para los derechos y las libertades de los interesados. El derecho fundamental de la protección de datos personales no solo es relevante por sí mismo sino que también está fuertemente vinculado con otros derechos fundamentales, como la no discriminación y el derecho a un juicio justo, incluido el derecho de defensa en las investigaciones de la OLAF. El respeto del derecho a un juicio justo tiene repercusiones sobre la validez de la prueba y debe ser considerado una prioridad por la OLAF con el fin de reforzar su responsabilidad. Por tanto, resulta fundamental asegurarse de que, al llevar a cabo las investigaciones, estén correctamente garantizados los derechos a la protección de datos y a la intimidad de las personas implicadas en tales investigaciones.

1.3. Principales elementos de la propuesta

9. El objetivo declarado de la propuesta es aumentar la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad de la OLAF al tiempo que se salvaguarda la independencia en sus investigaciones. Este objetivo podría alcanzarse principalmente: i) aumentando la cooperación y el intercambio de información con otras instituciones, oficinas, organismos y agencias de la Unión, así como con los Estados miembros, ii) ajustando el enfoque de minimis (6) a las investigaciones, iii) reforzando las garantías procedimentales para las personas que estén siendo investigadas por la OLAF, iv) incluyendo la posibilidad de que la OLAF celebre acuerdos administrativos que faciliten el intercambio de información con Europol, Eurojust, las autoridades competentes de terceros países, así como con organizaciones internacionales, y v) aclarando la función de control del Comité de Vigilancia.

10. El SEPD apoya los objetivos de las modificaciones propuestas y, en este sentido, recibe con agrado la propuesta. El SEPD aprecia especialmente la introducción del nuevo artículo 7 bis, que está dedicado a las garantías procedimentales reconocidas a las personas físicas. Respecto de los derechos de las personas físicas a la protección de sus datos personales y de la intimidad, el SEPD considera que, en general, la propuesta incluye mejoras en relación con la situación actual. En particular, el SEPD recibe con agrado el reconocimiento expreso de la importancia de los derechos de los interesados en virtud de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 (7).

11. Sin embargo, a pesar de la impresión general positiva, el SEPD considera que, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, la propuesta todavía podría ser mejorada, sin que ello comprometa el objetivo perseguido por la misma. En especial, el SEPD ve con preocupación, dada la falta de coherencia en determinados aspectos, que la propuesta pueda considerarse como una lex specialis que regula el tratamiento de datos personales recogidos en el ámbito de las investigaciones de la OLAF, que estaría por encima de la aplicación del marco general de protección de datos contenido en el Reglamento (CE) no 45/2001. De este modo, existe el riesgo de que las normas relativas a la protección de datos incluidas en la propuesta pudieran ser interpretadas, por el contrario, como menos exigentes que las contenidas en el Reglamento, sin que ello quede aparentemente justificado ni en la propuesta ni en la exposición de motivos.

12. Para evitar esto, los apartados siguientes ofrecen un análisis de la propuesta en el que, por una parte, se describen sus deficiencias y, por otra, se sugieren maneras específicas de subsanarlas. El alcance de este análisis se limita a las disposiciones que tienen repercusiones en la protección de los datos personales, en concreto el artículo 1, apartados 8, 9, 10, 11 y 12, con arreglo al cual se modifican o añaden los artículos 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10 y 10 bis.

2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

2.1. Contexto general

13. La OLAF fue creada en 1999 (8) para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y el dinero de los contribuyentes frente al fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. La Oficina está vinculada a la Comisión pero es independiente de la misma. La OLAF efectúa investigaciones que pueden ser externas (9) (en concreto, investigaciones que pueden tener lugar en los Estados miembros o en terceros países) e internas (10) (investigaciones dentro de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea) con el fin de luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que pueda dañar los intereses financieros de la Unión.

14. Además, la OLAF también podrá i) transmitir a las autoridades nacionales competentes la información descubierta durante las investigaciones externas, ii) transmitir a los organismos judiciales nacionales la información encontrada con ocasión de investigaciones internas sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales, y iii) transmitir a la institución, órgano u organismo interesado la información obtenida durante las investigaciones internas (11).

15. La OLAF también podrá cooperar estrechamente con Eurojust (12) y Europol (13) para dar cumplimiento a su obligación legal de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión. En este contexto, Europol (14) y Eurojust (15) podrán intercambiar información operativa, estratégica o técnica con la OLAF, incluidos datos personales.

16. Sobre la base del Reglamento (CE) no 1073/1999, la Oficina también podrá investigar en terceros países, de conformidad con los diversos acuerdos de cooperación vigentes entre la Unión Europea y dichos terceros países. Las actividades fraudulentas que atenten contra el presupuesto de la Unión también podrán tener lugar fuera del territorio de la Unión Europea, por ejemplo, en relación con la ayuda externa concedida por la Unión Europea a los países en vías de desarrollo, los países candidatos u otros países beneficiarios, o en relación con violaciones de la legislación de aduanas. Para detectar eficazmente y hacer frente a estas infracciones la OLAF precisa, por tanto, llevar a cabo inspecciones y controles in situ también en los terceros países. Para ilustrar la importancia de la cooperación internacional y, por tanto, también del intercambio de datos, la Unión Europea tiene actualmente más de 50 acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas, incluidos con grandes socios comerciales como China, los Estados Unidos de América, Japón, Turquía, la Federación de Rusia y la India.

17. La aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001 en las actividades de la OLAF ha sido objeto de una serie de intervenciones por parte del SEPD en los últimos años. En relación con el punto central de la propuesta (las investigaciones de la OLAF), cabe destacar el Dictamen de 23 de junio de 2006 sobre la notificación de control previo relativo a las investigaciones internas de la OLAF (16); el Dictamen de 4 de octubre de 2007 sobre cinco notificaciones de control previo relativo a las investigaciones externas (17) y el Dictamen de 19 de julio de 2007 sobre la notificación de control previo relativo al control regular de la implantación de la función de investigación (18), que se refiere a las actividades del Comité de Supervisión.

2.2. Intimidad y evaluación de impacto

18. Ni la propuesta ni la exposición de motivos adjunta a la misma hacen referencia a las repercusiones de la propuesta sobre las normas en materia de protección de datos, ni tampoco hacen referencia a una evaluación de impacto sobre la protección de datos y la intimidad. La evaluación general de la propuesta vería aumentada su transparencia si incluyera una explicación sobre el modo en que se han tratado las repercusiones en materia de protección de datos en la misma. El SEPD expresa su sorpresa por el hecho de que en la exposición de motivos falte un capítulo relativo a los «Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto».

2.3. Aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001

19. Como se mencionó en el anterior dictamen sobre la propuesta de 2006 (19), el SEPD acoge con satisfacción que la propuesta reconozca que el Reglamento (CE) no 45/2001 se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo por la OLAF. En concreto, la nueva redacción del artículo 8, apartado 4 (20), menciona claramente el papel del Reglamento en el contexto de las diversas actividades de la OLAF. Esto constituye una actualización del texto del Reglamento (CE) no 1073/1999, el cual solo mencionaba la Directiva 95/46/CE como referencia para las obligaciones en materia de protección de datos.

20. La última frase del artículo 8, apartado 4, introduce la aplicación del requisito de designar un responsable de la protección de datos: «La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 45/2001.». El SEPD también recibe con agrado esta inserción, que formaliza la actual designación del responsable de la protección de datos de la OLAF.

21. Sin embargo, el SEPD expresa su preocupación por el hecho de que la aplicación de las normas de protección de datos en el texto propuesto no es completamente conforme con los requisitos del Reglamento, lo cual podría ser fuente de preocupaciones en lo que a la coherencia se refiere. Este aspecto se analizará detalladamente a continuación.

3. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

3.1. OLAF y el respecto de los derechos fundamentales, incluidos los principios de la protección de datos

22. Las investigaciones de la OLAF pueden tener graves repercusiones sobre los derechos fundamentales de las personas físicas. Como indicó el Tribunal de Justicia en la sentencia Kadi (21), estos derechos están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. De manera más precisa, en la sentencia Schecke (22), el Tribunal haciendo referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») (23), y en particular a los artículos 8 y 52, destaca que las limitaciones al derecho de protección de los datos de carácter personal solo podrán estar justificadas si están previstas por ley, si respetan la esencia del derecho y si son proporcionadas y cumplen los objetivos del interés general de la Unión Europea. El SEPD concede un peso considerable al respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de actividad de la OLAF.

23. El considerando 13 de la propuesta aclara que deberá garantizarse en todo momento, en particular durante la transmisión de información sobre investigaciones en curso, el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las investigaciones. El considerando destaca la necesidad de respetar la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales y, en última instancia, las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos. Se especifica que el intercambio de información deberá regirse por los principios de proporcionalidad y de «necesidad de conocer».

24. Este considerando parece introducir una limitación a la aplicabilidad de los derechos fundamentales tanto ratione personae (limitada a las personas afectadas por la investigación) como ratione materiae (limitada al intercambio de información), lo que podría conducir a una interpretación incorrecta del texto con arreglo a la cual los derechos fundamentales en el ámbito de las actividades de la OLAF se aplicarían de un modo «restrictivo» (24).

25. El SEPD sugiere, por tanto, que se modifique el texto del considerando a fin de evitar que sea malinterpretado, ya que en el mismo se menciona que deberá garantizarse en todo momento los derechos fundamentales de las «personas afectadas por una investigación». Como la OLAF no solo trata con las personas afectadas por una investigación («sospechosos») sino que también trata con informadores (personas que facilitan información sobre el hecho de un caso posible o real), denunciantes (25) (personas de las instituciones de la UE que informan a la OLAF sobre hechos relacionados con un caso posible o real), y testigos, la disposición debería definir de manera más amplia las categorías de «personas» a las que se deben garantizar los derechos fundamentales.

26. Asimismo, el considerando 13 se refiere al respeto de los derechos fundamentales en especial en el contexto del «intercambio de información». El considerando menciona, además de los derechos fundamentales y la confidencialidad, que «la información transmitida u obtenida durante las investigaciones será tratada de conformidad con las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos». La ubicación de esta frase podría resultar confusa, por lo que debería colocarse en un considerando separado que aclarase que el respeto de la legislación en materia de protección de datos es un elemento autónomo e independiente, que no solo guarda relación con el intercambio de información.

27. El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 7 bis esté especialmente dedicado a las garantías procedimentales durante las investigaciones. Esta nueva disposición está en consonancia con el objetivo descrito en la propuesta de reforzar la responsabilidad de la OLAF. El artículo también hace referencia a la Carta, que incluye disposiciones que son pertinentes para las investigaciones de la OLAF, en concreto el artículo 8 («Protección de los datos personales») y todo el Capítulo VI («Justicia»).

28. El artículo 7 bis, apartado 1, de la propuesta exige que la Oficina investigue a cargo y descargo y recuerda el deber de que las investigaciones se lleven a cabo de manera objetiva e imparcial. Estos principios tienen un impacto positivo en el principio de «calidad de los datos» (26) establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001, en la medida en que el criterio exige que los datos sean precisos, conformes con la realidad objetiva, completos y actualizados. Por ello, el SEPD recibe con agrado la inserción de este apartado.

Derecho a la información, de acceso y de rectificación

29. Los apartados siguientes del artículo 7 bis se refieren a las distintas fases de las investigaciones de la OLAF. Dichas fases pueden resumirse de la siguiente manera: i) entrevistas con los testigos o con las personas implicadas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) la persona está implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis), iii) conclusiones de la investigación en las que se mencione el nombre de una persona (apartado 4 del artículo 7 bis).

30. El SEPD señala que la obligación de proporcionar información con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 se menciona (únicamente) en relación con la fase iii) indicada anteriormente. El SEPD comprueba con satisfacción que la propuesta ha incorporado las recomendaciones que el SEPD estableció en su dictamen legislativo de 2006 (27).

31. Sin embargo, esta mención selectiva de los derechos de los interesados respecto de una única fase procedimental podría interpretarse de un modo que no garantizara que se facilita la misma información al interesado (testigo o persona implicada) cuando se le convoca a una entrevista que cuando se informa al miembro del personal de que está implicado en la investigación. Por razones de seguridad jurídica, el SEPD sugiere por tanto que se incluya la referencia a los artículos pertinentes en relación con las tres situaciones mencionadas en los incisos i), ii) y iii). Sin embargo, una vez que se haya proporcionado al interesado la información a la que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, no será necesario facilitar la misma información en las fases siguientes.

32. Asimismo, el texto no introduce ninguna especificación en relación con los derechos de acceso y de rectificación de los datos de los interesados, según lo dispuesto en el artículo 13 y 14 del Reglamento (CE) no 45/2001. Estos derechos están protegidos por el artículo 8, apartado 2, de la Carta y, por tanto, ocupan un lugar destacado entre los derechos de los interesados. El SEPD ya había solicitado (28) que se introdujera una especificación más clara de los derechos de acceso y de rectificación del interesado con el fin de evitar el riesgo de que se interprete que el texto introduce un «nivel menos exigente» de protección de datos para las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF. El SEPD lamenta que no hayan sido tratados estos aspectos en la propuesta.

33. El SEPD también desea señalar la posibilidad de limitar los derechos a la información, de acceso y de rectificación en casos específicos, tal como establece el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Por tanto, el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos por parte de la OLAF puede coexistir con la necesidad de preservar la confidencialidad de sus investigaciones. Este aspecto se analizará en detalle en los siguientes apartados.

Confidencialidad de la investigación y derechos del interesado

34. Como observación general, el SEPD reconoce que la función de investigación de la OLAF requiere la capacidad de proteger la confidencialidad de sus investigaciones a fin de hacer frente a las actividades fraudulentas e ilícitas que debe perseguir. Sin embargo, el SEPD destaca que esta capacidad tiene repercusiones sobre determinados derechos de los interesados, y que el Reglamento (CE) no 45/2001 establece las condiciones específicas en que dichos derechos podrán limitarse en este contexto (artículo 20).

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, los derechos establecidos en los artículos 4 (calidad de los datos) y 11 a 17 (información que se debe proporcionar, derecho de acceso, rectificación, bloqueo, supresión, derecho de notificación a terceros) podrá limitarse en la medida en que sea necesaria para, entre otros: «a) la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales» o «b) la salvaguardia de un interés económico o financiero importante de un Estado miembro o de las Comunidades Europeas» y «e) una misión de seguimiento, inspección […] relacionada con el ejercicio de los poderes públicos en los casos contemplados en las letras a) y b)». El mismo artículo establece que se comunicará al interesado las razones principales que justifican una limitación y que dicho interesado debe ser consciente de la posibilidad de recurrir al SEPD (artículo 20, apartado 3). Asimismo, el apartado 5 del artículo 20 establece que podrá aplazarse dicha comunicación mientras deje sin efecto la limitación impuesta.

36. El texto de la propuesta introduce esencialmente excepciones a los derechos de los interesados por razones de confidencialidad de las investigaciones. El artículo 7, apartado 4, establece que «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 6, apartado 5» (29), no se podrán extraer conclusiones en las que se mencione por el nombre a una persona implicada «una vez finalizada la investigación sin que se ofrezca a dicha persona la oportunidad de presentar, por escrito o en una entrevista […] y sin que se le facilite la información que establecen los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001». El texto parece sugerir, por tanto, que en los casos establecidos en el artículo 4, apartado 6, podrían limitarse el derecho a ser oído y el derecho a la información del interesado.

37. La propuesta también establece que, si es necesario para preservar la confidencialidad de la investigación y en los casos que comporten el recurso a investigaciones que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, el Director General de la OLAF podrá decidir que se difiera la posibilidad de que la persona implicada exprese su punto de vista. El texto no especifica si en este contexto también debe diferirse la información requerida por los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001.

38. El texto no está redactado de una manera clara. En primer lugar, no queda nada clara la conexión entre las posibles limitaciones de los derechos de la persona que está siendo investigada en relación con las conclusiones vinculadas al nombre de la misma y el tipo de información que la OLAF deberá comunicar a la correspondiente entidad de la UE en la investigación real. En segundo lugar, no están claras las categorías de derechos del interesado que son objeto de una potencial limitación. En tercer lugar, el artículo no consigue introducir la garantía necesaria contemplada en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001.

39. La consecuencia podría ser que, en algunos casos, las personas podrían enfrentarse a las conclusiones de la investigación sin haber sido conscientes de que estaban siendo investigadas y sin haber recibido información alguna respecto de las razones por las que se les ha limitado su derecho a ser oídos y su derecho a la información, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001.

40. Si se respeta lo dispuesto en el artículo 20, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 45/2001, este escenario no entraría en conflicto con el Reglamento. Sin embargo, la falta de una referencia clara a los artículos del Reglamento en el texto no parece ser coherente con el fin de la propuesta de reforzar las garantías procedimentales de las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF y aumentar la responsabilidad de la OLAF.

41. El SEPD sugiere, por tanto, que debería introducirse explícitamente la posible limitación del derecho del interesado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Asimismo, las garantías procedimentales del artículo 20, apartado 3, deberán ser mencionadas en el texto, así como la posible excepción incluida en el apartado 5 del mismo artículo. Una disposición así de clara aumentaría la seguridad jurídica para el interesado así como la responsabilidad de la OLAF.

42. Como conclusión, para establecer un conjunto claro de derechos de los interesados e introducir posibles excepciones debido a la confidencialidad de la investigación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD sugiere que el texto indique de manera clara: — la información que debe facilitarse a los interesados para cumplir con la legislación en materia de protección de datos [los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001] en el contexto de las diversas fases de la investigación de la OLAF (30): i) en las entrevistas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) al proporcionar información cuando la persona pueda resultar implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis) y iii) al final de la investigación (apartado 4 del artículo 7 bis), — el tipo de información que la OLAF podrá diferir por razones de confidencialidad de la investigación, estableciendo de manera clara las condiciones y las categorías de interesados afectados por dicho aplazamiento, — la información que deberá facilitarse al interesado para cumplir con la legislación en materia de protección de datos en caso de que se difiera la comunicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12, o si se limitan los derechos de acceso y rectificación [en concreto, la información en virtud de lo establecido en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001], incluida la excepción relativa a la posibilidad de un mayor aplazamiento de la información, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001.

3.2. Política de información

43. El SEPD destaca que cualquier información relativa a las investigaciones que la OLAF pueda publicar puede implicar datos personales sensibles, y que es necesario que dicha publicación deba evaluarse de manera cuidadosa. El Tribunal de Primera Instancia (actualmente el Tribunal General), en su sentencia en el asunto Nikolaou de 2007 (31), estableció que la OLAF había violado lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1073/1999 (32) y el Reglamento (CE) no 45/2001 al no aplicar correctamente su obligación de garantizar la protección de los datos personales en el contexto de una «filtración» (33) y de la publicación de una nota de prensa (34).

44. Por ello, el SEPD recibe con satisfacción la introducción del apartado 5 en el artículo 8, el cual establece de manera explícita que el Director General velará por que toda información pública se ofrezca «de manera neutra e imparcial» y respetando los principios establecidos en el artículo 8 y en el artículo 7 bis. A la luz de las observaciones realizadas anteriormente sobre el artículo 7 bis respecto de su enfoque restrictivo de las normas del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD recibe con especial agrado la referencia del artículo 8, apartado 5, a una disposición más general del artículo 8, lo cual implica que cualquier tratamiento de datos personales en el contexto de la información al público deberá realizarse de conformidad con los principios establecidos en dicho Reglamento.

3.3. Confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores

45. El SEPD desea insistir, en el contexto de la presente revisión, en la necesidad de introducir una disposición específica que garantice la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores. El SEPD subraya el hecho de que los denunciantes están en una posición delicada. A las personas que facilitan la información se les debe garantizar que se mantendrá la confidencialidad de su identidad, en particular respecto de la persona a quien se imputa la irregularidad (35). Las actuales garantías (Comunicación SEC/2004/151/2 de la Comisión) no parecen suficientes desde un punto de vista jurídico). El SEPD señala que tal disposición estaría en consonancia con lo dispuesto en el Dictamen del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 relativo a los sistemas internos de denuncia de irregularidades (36).

46. El SEPD recomienda modificar la actual propuesta y garantizar que se mantiene la confidencialidad de la identidad de los denunciantes e informadores durante la investigación, siempre que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales. En concreto, la persona objeto de las alegaciones que se investigan podría estar facultado para conocer la identidad del denunciante y/o informador para iniciar acciones legales contra el mismo, si ha quedado acreditado que presentó maliciosamente una declaración falsa contra la persona denunciada (37).

3.4. Transmisión de datos personales por parte de la OLAF

Cooperación con Eurojust y Europol

47. El SEPD recibe con satisfacción las especificaciones realizadas en el considerando 6 y en el artículo 10 bis, apartado 6, y en particular, la introducción del requisito de una base jurídica clara que rija la cooperación con Eurojust y Europol, la cual está totalmente en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, la propuesta debería ser más detallada a fin de reflejar los distintos sistemas de protección de datos para Eurojust y Europol.

48. Hasta la fecha, la OLAF aplica un acuerdo práctico con Eurojust (38) en el que se establecen las condiciones en que pueden tener lugar las transmisiones de datos personales. La cooperación entre la OLAF y Eurojust incluye, en especial, el intercambio de pliegos de cargos, de información estratégica y operativa relacionada con los asuntos, la participación en reuniones y la asistencia mutua, lo cual puede ser útil para el cumplimiento efectivo y eficaz de sus respectivas funciones. El Acuerdo práctico (39) define principalmente las modalidades de funcionamiento para el intercambio de información, incluidos los datos personales y, en algunos casos, también destaca determinados elementos del marco jurídico existente.

49. En lo que a Europol se refiere, no existe un acuerdo similar con la OLAF (40), aunque la Decisión de Europol permite a ésta recibir, utilizar y transmitir información, incluidos los datos personales de, entre otros, la OLAF, también antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio, siempre que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones de Europol y la OLAF (41). El intercambio también queda sujeto a la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre las dos entidades. El artículo 24 de la Decisión de Europol especifica algunas garantías que Europol deberá respetar en relación con cualquier transmisión de datos que tenga lugar antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio: «la responsabilidad de que la transmisión de datos sea lícita recaerá en Europol. Europol deberá dejar constancia de todas las transmisiones realizadas en virtud del presente artículo y de los motivos que las justifican. La transmisión solo se realizará si el destinatario se compromete a utilizar los datos únicamente para el fin que ha motivado la transmisión.». El artículo 29 de la misma decisión también especifica los casos en que Europol asume la responsabilidad de los datos transmitidos por parte de terceros.

50. El SEPD apoya firmemente la celebración de un acuerdo específico con Europol sobre transmisión de datos y, el hecho de que todavía no se haya celebrado, refuerza la necesidad de establecer garantías específicas en el texto de la propuesta. Dada la existencia de distintos sistemas de protección de datos relacionados con la transmisión de datos personales desde la OLAF a Eurojust y Europol y viceversa, el SEPD considera que la propuesta debería tratar de forma más clara las garantías y las normas necesarias que deberían regular la cooperación entre OLAF y dichos organismos y tenerse en cuenta en los arreglos de trabajo actuales y futuros entre ellos.

51. Para reforzar la necesidad de la celebración de un acuerdo administrativo, la disposición del artículo 10 bis, apartado 2, debe modificarse y tener la siguiente redacción «La Oficina podrá celebrar acuerdos administrativos […]». De este modo, sería un reflejo de la disposición similar de la Decisión de Europol (42), que establece que Europol podrá celebrar acuerdos o arreglos de trabajo con otras instituciones, órganos y agencias de la Unión. Asimismo, la propuesta podría aclarar en el artículo 10 bis que, como principio general, el intercambio de datos personales con Eurojust y Europol deberá limitarse y no superar lo que sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones confiadas a la OLAF, Europol y Eurojust. La propuesta también deberá introducir la obligación para la OLAF de conservar un registro de todas las transmisiones de datos y de los motivos de dichas transmisiones, con el fin de reforzar la responsabilidad de la OLAF respecto de la aplicación de las obligaciones impuestas por el Reglamento (CE) no 45/2001 relativas a las transmisiones de datos personales.

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales

52. El apartado 3 del artículo 10 bis menciona que «la Oficina [también] podrá celebrar, cuando proceda, acuerdos administrativos con los servicios competentes de los terceros países y organizaciones internacionales. La Oficina se coordinará con los servicios competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior.».

53. El SEPD recibe con agrado el hecho de que se vincule la cooperación de la OLAF con terceros países con la celebración de acuerdos administrativos. Sin embargo, la propuesta debe tratar de manera más específica las repercusiones en materia de protección de datos derivadas del posible intercambio de datos con terceros países.

54. La propuesta debería ser más precisa en relación con los requisitos y las condiciones específicas de las posibles transmisiones de datos desde y a terceros países y organizaciones. El SEPD recomienda que el texto del artículo 10 bis, apartado 3, incluya también lo siguiente: «En la medida en que la cooperación con las organizaciones internacionales y los terceros países implique la transmisión de datos personales de la OLAF a otras entidades, dicha transmisión deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001».

Acceso a los datos personales por parte del Comité de Vigilancia

55. El SEPD recibe con agrado la redacción del artículo 11 de la propuesta, de acuerdo con la cual «en situaciones debidamente justificadas, el Comité de Vigilancia podrá solicitar a la Oficina datos adicionales sobre las investigaciones, sin interferir, sin embargo, en su desarrollo», ya que tal redacción expresa el principio de necesidad en relación con cualquier transmisión de datos posible desde la OLAF al Comité de Vigilancia.

56. La cuestión del acceso a los datos personales de las personas implicadas o posiblemente implicadas en una investigación por parte del Comité de Vigilancia también debería aclararse en el contexto del reglamento interno que el Comité deberá adoptar sobre la base del nuevo artículo 11, apartado 6. El SEPD agradecería que se le implicara en el proceso que conduzca a la adopción del reglamento interno del Comité. En el texto de la propuesta podría asimismo incluirse una referencia a la consulta del SEPD como requisito para la adopción del reglamento interno.

4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

57. Además de todos los puntos específicos mencionados anteriormente, el SEPD desea animar a la Comisión a que proponga un enfoque más abierto para el sistema de protección de datos de la Unión por parte de la OLAF. Este sería el momento oportuno para que la OLAF desarrollase una planificación estratégica de su cumplimiento en materia de protección de datos, aclarando de forma voluntaria cuál es el enfoque práctico del tratamiento de los numerosos expedientes que incluyen datos personales. La OLAF podría explicar de manera pública y proactiva el modo en que trata los datos personales durante sus distintas actividades. El SEPD considera que un enfoque tan global y explícito reforzaría la transparencia del tratamiento de los datos personales por parte de la OLAF y facilitaría el uso de sus procesos de investigación.

58. Por tanto, el SEPD sugiere que las disposiciones de la propuesta atribuyan al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se incluya una explicación sobre la necesidad de la misma en un considerando. Dicha exposición general —cuyos resultados deberán ser transparentes mediante, por ejemplo, un informe anual o a través de otras opciones— no solo mejoraría la eficacia de las distintas actividades de la OLAF y la interacción de las mismas, si no que además animaría a la OLAF a adoptar un enfoque más global sobre la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento. Asimismo, también sería útil para la OLAF que demostrase mejor el hecho de que aplica de manera adecuada los principios de intimidad mediante el diseño y de responsabilidad.

5. CONCLUSIÓN

59. En conclusión, el SEPD recibe con agrado las modificaciones introducidas en el texto que mejoran el cumplimiento del sistema en materia de protección de datos de la Unión por parte de la propuesta.

60. Sin embargo, el SEPD también desea destacar una serie de deficiencias que deberán resolverse mediante la modificación del texto y, lo que es más importante: — la propuesta debería mencionar de forma clara el derecho a la información de las distintas categorías de interesados, así como el derecho de acceso y de rectificación en relación con todas las fases de la investigación llevada a cabo por la OLAF, — la propuesta debería aclarar la relación entre la necesidad de confidencialidad de la investigación y el sistema de protección de datos aplicable durante la misma. El SEPD sugiere que tanto los derechos de los interesados como las posibles excepciones debidas a los requisitos de confidencialidad, se definan de manera clara y por separado, y que se introduzca de manera explícita las garantías establecidas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, — la propuesta debería aclarar la política de información al público de la OLAF en relación con la protección de datos, — la propuesta debería introducir disposiciones específicas relacionadas con la confidencialidad de los denunciantes y los informadores, — la propuesta debería aclarar los principios generales en materia de protección de datos sobre la base de los cuales la OLAF podrá transmitir y recibir información, incluidos los datos personales, de otros organismos y agencias de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales, — las disposiciones de la propuesta deberán atribuir al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se explique la necesidad de la misma en un considerando.

Hecho en Bruselas, el 1 de junio de 2011. Giovanni BUTTARELLI Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3) En enero de 2011.

(4) Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1.

(5) Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), P6_TA(2008) 553.

(6) Es decir, la OLAF debería definir sus prioridades de investigación y centrarse en las mismas para utilizar eficientemente sus recursos.

(7) Véanse en la propuesta el nuevo artículo 7 bis y el artículo 8, apartado 4.

(8) Decisión 1999/352/CE de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136 de 31.5.1999, p. 20. Véase también el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136 de 31.5.1999, p. 1

(9) Véase el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

(10) Véanse el artículo 1 y 4 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

(11) Véase el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

(12) Eurojust se creó por la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (modificada posteriormente por la Decisión 2003/659/JAI del Consejo y la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust) como órgano de la Unión, con personalidad jurídica propia, para fomentar y mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. En concreto, el artículo 26, apartado 4, de esta última Decisión establecía que «la OLAF podrá contribuir a los trabajos de Eurojust que tengan por objeto coordinar las investigaciones y actuaciones judiciales sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, bien a iniciativa de Eurojust, bien a su propia iniciativa, siempre que no se opongan las autoridades competentes de los Estados miembros.». En 2008, Eurojust y la OLAF firmaron un acuerdo administrativo de cooperación (Acuerdo práctico sobre las modalidades relativas a los acuerdos de cooperación entre Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de 24 de septiembre de 2008) con el fin de fomentar la cooperación entre las dos entidades, el cual incluye una disposición específica sobre la transferencia de datos personales.

(13) Europol es la Agencia Europea de Policía que tiene como fin mejorar la eficacia y la cooperación de las autoridades competentes de prevenir y luchar con el terrorismo, el tráfico ilegal de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia organizada. El artículo 22 de la Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI) establece que «En la medida en que ello sea útil para el ejercicio de sus funciones, Europol podrá establecer y mantener relaciones de cooperación con […] la OLAF». El artículo también establece que Europol podrá, antes de la entrada en vigor de los acuerdos o arreglos de trabajo con diversas entidades de la Unión Europea con las que Europol está llamada a cooperar, «recibir y utilizar directamente información, incluidos los datos personales, de las entidades […] en la medida en que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de sus funciones, y podrá transmitir directamente […] información, incluidos los datos personales, a dichas entidades, en la medida en que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones de la entidad receptora.».

(14) Véase el artículo 22 de la Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI), DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

(15) Véase el artículo 1, apartado 26, de la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI.

(16) Expediente 2005-418, disponible en http://www.edps.europa.eu

(17) Expedientes 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72, disponible en http://www.edps.europa.eu

(18) Expediente 2007-73, disponible en http://www.edps.europa.eu

(19) El Dictamen del SEPD sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1.

(20) «La Oficina solo tratará los datos personales necesarios para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento. Este tratamiento de los datos personales se hará de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001, incluida la facilitación de información pertinente para el interesado exigida por los artículos 11 y 12 de dicho Reglamento. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, en las instituciones de la Unión o en los Estados miembros, les corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. […]».

(21) Sentencia de 3 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Kadi/Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, ap. 283: «[…] los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. A este respecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El CEDH reviste en este contexto un significado particular.». Véase también el ap. 304.

(22) Sentencia de 9 de noviembre de 2010 en asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Volker und Markus Schecke, ap. 44 y ss.

(23) Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el CEDH es aplicable a todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.

(24) Véase también el apartado 36 infra.

(25) Véase el Dictamen sobre la notificación de control previo recibido del responsable de protección de datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre las investigaciones internas de la OLAF, de 23 de junio de 2006, expediente 2005/0418, disponible en http://www.edps.europa.eu

(26) Véase la nota a pie de página 25.

(27) Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1, puntos 14 y ss.

(28) En su dictamen de 2006, véase la nota a pie de página no 19 supra.

(29) El artículo 4, apartado 6 (Investigaciones internas) tiene la siguiente redacción: «Cuando las investigaciones revelen que un miembro o miembro del personal podría verse implicado personalmente en una investigación interna, se informará al respecto a la institución, órgano u organismo al que pertenezca. En casos excepcionales en los que se pueda garantizar la confidencialidad de la investigación, la Oficina utilizará los canales alternativos de información apropiados». El artículo 6, apartado 5 (Procedimiento de la investigación) tiene la siguiente redacción: «En caso de que las investigaciones pongan de manifiesto que podría ser oportuno adoptar medidas cautelares administrativas para proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina informará sin demora a la institución, órgano u organismo afectado de la investigación en curso. La información transmitida deberá incluir los siguientes elementos: a) la identidad del miembro o miembro del personal afectado así como un resumen de los hechos; b) cualquier información que pudiera ayudar a la institución, órgano u organismo a decidir si es oportuno adoptar medidas cautelares administrativas con el fin de proteger los intereses de la Unión; c) cualesquiera medidas especiales de confidencialidad recomendadas en casos específicos que impliquen el uso de medidas investigadoras bajo la competencia de una autoridad judicial nacional o, en el caso de una investigación externa, bajo la competencia de una autoridad nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables a las investigaciones. […]», el subrayado es nuestro.

(30) Como se ha mencionado anteriormente, una vez que se facilita la información al interesado, no será necesario repetir la misma información en las siguientes fases.

(31) Asunto T-259/03, Nikolaou/Comisión, 12 de julio de 2007, DO C 247 de 20.10.2007, p. 23.

(32) El artículo se refiere específicamente a la legislación en materia de protección de datos.

(33) Nikolaou, apartado 213.

(34) Nikolaou, apartado 232.

(35) El SEPD ya subrayó la importancia de conservar la confidencialidad de la identidad del denunciante en una carta enviada al Defensor del Pueblo Europeo el 30 de julio de 2010, en el expediente 2010-0458, que puede consultarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu). Véanse también el Dictamen de Control Previo del SEPD, de 23 de junio de 2006, relativo a las investigaciones internas de la OLAF (expediente 2005-0418), y el Dictamen de Control Previo, de 4 de octubre de 2007, relativo a las investigaciones externas de la OLAF (expedientes 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(36) Véase el Dictamen 1/2006 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 1 de febrero de 2006, relativo a la aplicación de las normas sobre protección de datos de la UE a los sistemas internos de denuncia de irregularidades en los ámbitos de la contabilidad, controles de auditoría internos, cuestiones de auditoría, lucha contra la corrupción y delitos financieros y bancarios, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(37) Véase el dictamen relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión, de 15 de abril de 2011, disponible en http://www.edps.europa.eu

(38) Acuerdo práctico sobre las modalidades relativas a los acuerdos de cooperación entre Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de 24 de septiembre de 2008. Véase la nota a pie de página no 12 supra.

(39) Acuerdo práctico Eurojust-OLAF, apartado 4.1.

(40) El Acuerdo Administrativo de 8 de abril de 2004 se limita al intercambio de información estratégica y excluye expresamente el intercambio de datos personales, dejando que un futuro acuerdo entre Europol y la OLAF especifique esta cuestión.

(41) Decisión de Europol, artículo 22, apartado 3; véase la nota a pie de página no 14 supra.

(42) Decisión de Europol, artículo 22, apartado 2; véase la nota a pie de página no 14 supra; «Europol podrá celebrar acuerdos o arreglos de trabajo con las entidades mencionadas en el apartado 1» (en concreto, Eurojust, OLAF, Frontex, CEPOL, el BCE y el OEDT).