Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La política de empleo y el papel de las organizaciones socioeconómicas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria»

(1999/C 40/12)

El 29 de enero de 1998, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «La política de empleo y el papel de las organizaciones socioeconómicas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria».

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de octubre de 1998 (ponente: Sr. Thierry Dock)

En su 359° Pleno de los días 2 y 3 de diciembre de 1998 (sesión del 2 de diciembre) el Comité Económico y Social ha aprobado por 94 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Nuevo contexto creado por la unión monetaria

1.1. La instauración de la moneda única constituye una etapa esencial en la construcción europea. Crea un nuevo contexto que puede modificar el comportamiento de numerosos agentes, incluidas las organizaciones socioprofesionales. Este cambio de comportamiento es, en algunos casos, esencial y condiciona el pleno éxito de la construcción de una unión monetaria en Europa.

1.2. Uno de los cambios fundamentales derivados de la desaparición de las monedas nacionales es que los Estados pierden la posibilidad de ejercer una política cambiaria.

1.3. Asimismo, la tercera fase de la unión económica y monetaria (UEM) determina el nacimiento o la consolidación de nuevos agentes.

1.3.1. Banco Central Europeo

1.3.1.1. En el artículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se establece el objetivo del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC):

«El objetivo principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 2.»

1.3.1.2. Por otro lado, entre los objetivos enunciados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, modificado en la cumbre de Amsterdam, se precisa que la Unión tiene por misión «promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado».

1.3.2. Coordinación de la política económica por parte del Consejo

1.3.2.1. A la vez que establece la arquitectura y los fundamentos jurídicos de la moneda única, el Tratado también prevé una serie de disposiciones relativas a la integración económica de los Estados miembros.

1.3.2.2. En el artículo 99, tras la reforma de Amsterdam (antiguo artículo 103), se prevé explícitamente que «Los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo (...)».

Se trata en concreto de:

- establecer las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad;

- supervisar la evolución económica de cada uno de los Estados miembros y de la Comunidad;

- formular recomendaciones a los Estados que no se ajusten a estas orientaciones generales.

1.3.2.3. Esta coordinación de las políticas económicas es uno de los mecanismos esenciales que permitirán a la unión monetaria cumplir sus objetivos. Si los Estados no logran establecer una coordinación suficiente, existe el riesgo de que la moneda única provoque desilusiones considerables. En la cumbre europea de Luxemburgo de diciembre de 1997, los Estados determinaron de forma más concreta las modalidades de la coordinación de las políticas económicas.

1.3.2.4. En la Resolución del Consejo Europeo sobre la coordinación de las políticas económicas durante la tercera fase de la UEM se señala que las políticas económicas y la determinación de los salarios seguirán siendo responsabilidad nacional. Al mismo tiempo, se afirma que son indispensables una coordinación y una supervisión reforzadas en la medida en que la evolución económica nacional tendrá repercusiones en un marco más amplio.

1.3.3. Papel fundamental de las organizaciones socioprofesionales en materia salarial

1.3.3.1. En la tercera fase de la UEM, la política monetaria y la política económica deberían seguir unas pautas fijadas sobre todo a escala europea. Para que la unión monetaria sea un éxito debe utilizarse de forma adecuada un tercer instrumento: las políticas de empleo y de mercado de trabajo incluida la política salarial.

1.3.3.2. En estos ámbitos, el papel de las organizaciones socioprofesionales y, más concretamente, el de los interlocutores sociales siempre ha sido esencial. Su responsabilidad podría ser aún mayor en la unión monetaria.

1.4. Los bancos centrales, el Consejo y las organizaciones socioprofesionales constituirán los pilares del edificio de la UEM. Cada uno deberá asumir la responsabilidad de la gestión de un ámbito específico: política monetaria, económica y de empleo, respectivamente.

1.4.1. Es evidente que, si se quiere que la UEM logre los objetivos fijados, los distintos agentes no podrán actuar de forma desordenada. Deberá organizarse una coordinación suficiente, que requiere sobre todo una buena circulación de la información.

2. El Banco Central Europeo en la tercera fase de la unión monetaria

2.1. Las disposiciones del Tratado de Maastricht sobre la independencia del BCE en el ejercicio de sus funciones son sumamente claras.

2.2. El Comité no tiene intención de poner en entredicho esta independencia, sino que quiere analizar la mejor manera de lograr que el diálogo necesario entre el Banco Central Europeo y los medios socioeconómicos sea lo más eficaz y democrático posible. En efecto, el Banco Central Europeo no sólo deberá construir y consolidar su reputación para evitar tendencias inflacionistas, sino que, ante todo, deberá conseguir que la opinión pública europea acepte su política. El diálogo y la transparencia han sido las cualidades que han permitido que, en el pasado, los objetivos de varios bancos centrales nacionales se consideraran legítimos y, además, eficaces desde el punto de vista económico a medio y largo plazo.

2.2.1. Ahora bien, dada la existencia en esta fase de una elevada tasa de desempleo en distintos Estados miembros y la actitud de desconfianza de algunas opiniones públicas frente a la construcción europea, esta labor no será fácil.

2.3. Asimismo, hay que destacar que la unión monetaria se realizará, por lo menos inicialmente, sin una verdadera unión económica y política y que el BCE estará especialmente expuesto a las críticas. Esta situación carece de precedentes y no deben subestimarse las consecuencias. A este respecto, el diálogo con el Consejo y el Parlamento Europeo es esencial.

2.3.1. Por todo ello, aprobamos y consideramos satisfactoria la creación del Euro-11, que permitirá un diálogo fructífero entre el BCE y las autoridades políticas.

2.3.2. Por lo demás, en el Tratado también se prevén audiencias regulares en el Parlamento Europeo. El artículo 113 (antiguo artículo 109 B) dispone que, además de la presentación del informe anual al Consejo y el Parlamento, «El Presidente del BCE y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por propia iniciativa, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo».

2.3.2.1. Habida cuenta del carácter democrático del Parlamento Europeo, el Comité no puede sino desear una aplicación completa de este artículo.

2.4. Los miembros del Comité, en su calidad de representantes de los medios socioeconómicos, consideran indispensable que el BCE también presente las líneas maestras de su política en el Comité Económico y Social.

2.4.1. En efecto, el Comité es la institución clave para el encuentro de los distintos medios económicos y sociales. En consecuencia, son necesarios intercambios regulares de información entre el BCE y las organizaciones representadas en el CES.

2.4.1.1. En noviembre de 1997 se celebró en Frankfurt una primera reunión entre el Instituto Monetario Europeo y la Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios. Esta experiencia resultó muy interesante y merece la pena repetirla en el futuro.

2.4.2. Para el Banco Central Europeo, los contactos con el Comité Económico y Social constituyen un canal privilegiado que le permite dialogar con las organizaciones socioprofesionales y escuchar sus preocupaciones.

2.4.3. Ya existe un intercambio similar, con distintos mecanismos, en determinados Estados miembros. Con la creación de una verdadera unión monetaria, sería útil aplicar esta fórmula a nivel europeo.

2.4.4. En la UEM, una de las funciones útiles del Comité Económico y Social debería ser la elaboración anual de un dictamen sobre la política monetaria y la política cambiaria seguidas en la zona euro. Este trabajo persigue un objetivo doble. Además de servir para informar a las diferentes instituciones europeas sobre la evaluación que hace el CES de la política monetaria y cambiaria, sería también una ocasión única para introducir aclaraciones y fomentar el debate en el seno de las diferentes organizaciones representadas en el Comité.

2.5. Asimismo, independientemente de los contactos con el CES, resulta evidente la conveniencia de reuniones entre el BCE y los representantes de los interlocutores sociales.

2.5.1. En efecto, los interlocutores sociales han desempeñado tradicionalmente un papel destacado en la negociación de la evolución salarial. Por lo tanto, sin cuestionar la independencia del Banco Central Europeo, la celebración de reuniones periódicas con el BCE permitiría establecer una coordinación suficiente entre la política monetaria y la evolución de los salarios negociada por los interlocutores sociales.

2.5.2. Será necesario procurar que el diálogo entre el BCE y los interlocutores sociales alcance el mismo nivel que el que se lleva a cabo a nivel nacional en varios Estados miembros. De lo contrario, existe un grave riesgo de incomprensión que conduciría a decisiones poco satisfactorias. Ello tendría como consecuencia un menor crecimiento inferior y un aumento del desempleo.

2.5.3. Este diálogo no será fácil de establecer dado que los sistemas de negociación varían de un Estado miembro a otro. En función de las diversidades nacionales, será necesario demostrar imaginación para que los contactos entre el Banco Central Europeo y los interlocutores sociales sean lo más fructíferos posible.

2.6. En conclusión, el Banco Central Europeo está llamado a asumir una función extremadamente delicada en la tercera fase de la UEM. Para hacerlo, goza de una independencia total sancionada en el Tratado de Maastricht.

2.6.1. El Comité considera que el BCE desempeñará esta misión con mucha más eficacia si es capaz de entablar un diálogo fructífero no sólo con las autoridades políticas, sino también con los representantes de los interlocutores sociales.

3. Negociaciones salariales en la UEM

3.1. La particularidad del mercado del empleo es que la negociación de las condiciones laborales es, en gran medida, de carácter colectivo. Esta negociación puede efectuarse en varios niveles: interprofesional, a nivel sectorial o a nivel de las empresas. De hecho, suelen coexistir distintos niveles de negociación.

3.2. Existen abundantes estudios científicos () en los que se examinan los vínculos entre las formas de la negociación colectiva y los resultados económicos.

3.2.1. Los estudios no ofrecen resultados unánimes, aunque pueden establecerse dos tipos de conclusiones.

3.2.1.1. Algunos trabajos de investigación ponen de relieve el hecho de que los mejores resultados en materia de empleo corresponden a los sistemas en que la negociación está o bien muy centralizada o bien muy descentralizada:

- en un modelo descentralizado (el centro de gravedad de la negociación se establece en la empresa) la competencia entre los agentes puede expresarse con fuerza. El mercado marca la pauta de forma que los niveles de salario y empleo se determinan de forma competitiva;

- en un modelo centralizado las organizaciones socioprofesionales asumen más fácilmente las repercusiones macroeconómicas de las reivindicaciones respectivas. Durante la negociación, los agentes incorporan las consecuencias de las decisiones tomadas y realizan un arbitraje entre salario, empleo y mantenimiento de la competitividad.

3.2.1.2. Existe una segunda tesis en la que, más que el alcance de la centralización de la negociación, lo que se destaca sobre todo es el grado de coordinación existente entre los distintos niveles de negociación. En la misma línea que con un sistema centralizado, un elevado grado de coordinación permite a las organizaciones socioprofesionales tener en cuenta las consecuencias macroeconómicas de las decisiones que contribuyen a elaborar. Los negociadores asumen más fácilmente la preocupación de evitar que los costes y la inflación se disparen.

3.2.1.2.1. Las tensiones inflacionistas pueden surgir del aumento excesivo de los costes salariales en relación con los incrementos de productividad conseguidos. Se produce entonces un aumento de los costes de producción que puede dar lugar a una subida de los precios. Ésta, a su vez, suscita la demanda de nuevos aumentos salariales, con el riesgo de impulsar una espiral inflacionista. Por lo tanto, para evitar las presiones inflacionistas es importante que en la negociación colectiva se tenga en cuenta la necesidad de no conceder aumentos de los salarios reales que superen la evolución de la productividad.

3.2.1.2.2. Los sistemas en los que existe una coordinación suficiente entre los distintos niveles en los que se lleva a cabo la negociación colectiva muestran sus ventajas cuando la coyuntura económica es favorable. No cabe duda entonces de que el control de las tensiones inflacionistas es más fácil.

3.2.1.2.3. En un sistema en el que la coordinación sea insuficiente los interlocutores sociales tienen muchas más dificultades para lograr ese resultado. Las reivindicaciones se producen de manera dispersa y no incluyen las repercusiones macroeconómicas de las decisiones adoptadas a nivel microeconómico.

3.2.1.2.4. Existe por tanto el riesgo -sobre todo, en caso de coyuntura favorable- de que la acción de organizaciones socioprofesionales no permita evitar las presiones inflacionistas. En tal caso, las autoridades monetarias pueden verse obligadas a intervenir, en concreto, a través de los tipos de interés. La conjunción de estos factores es peligrosa ya que puede dar lugar a un empeoramiento de la coyuntura, con peores resultados en términos de crecimiento y creación de empleo.

3.3. Los costes salariales están lejos de ser el único factor determinante que explica la evolución del empleo. Tan fundamentales como este factor son otros parámetros como la formación de la mano de obra, el proceso de innovación, el dinamismo de la demanda de bienes y servicios, etc. No es menos cierto que una evolución divergente de los costes, especialmente salariales, puede generar en un país problemas de competitividad que podrían provocar una pérdida de empleo. Los Estados miembros que participen en la moneda única ya no podrán efectuar devaluaciones para compensar una pérdida de competitividad.

3.3.1. El control de la evolución de los costes salariales en la UEM adquiere, pues, una nueva dimensión.

3.3.2. Las organizaciones socioprofesionales, que son las primeras que deberán negociar la evolución salarial, tienen diferentes opciones. Es posible que, en cada país, las opciones se orienten hacia una mayor centralización o, a la inversa, hacia una mayor descentralización de las negociaciones colectivas. Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes.

3.3.2.1. Lo esencial en la UEM es que, cualquiera que sea el sistema adoptado, haya una coordinación suficiente entre los diferentes escalones y las diferentes instancias en los que se llevan a cabo las negociaciones colectivas, sobre todo las salariales. Se trata, en efecto, de evitar que unas negociaciones desordenadas contribuyan a alimentar las tensiones inflacionistas. El riesgo es particularmente elevado en los períodos de coyuntura favorable.

3.3.2.2. Al mismo tiempo que las organizaciones socioprofesionales deberían procurar que se consolide la coordinación de la negociación colectiva debería añadirse una dimensión adicional. En efecto, la evolución salarial en los países vecinos -especialmente, si se adhieren a la UEM-, adquiere aún más importancia que antes. Ya no basta una buena coordinación entre los distintos niveles de negociación a nivel nacional, sino que debe tenerse en cuenta el marco europeo.

3.3.3. La forma de la negociación colectiva evoluciona de manera diferente en los países de la Unión Europea. Según los estudios llevados a cabo sobre el asunto, algunos países están inmersos en un proceso de descentralización mientras que en otros se intenta aumentar el grado de coordinación en las relaciones laborales colectivas.

3.3.4. En el segundo caso, el método seguido es el de acuerdos tripartitos o incluso pactos sociales (Portugal, Italia, Irlanda, España); en algunos casos, la dimensión europea o transnacional se tiene en cuenta de forma explícita (Bélgica).

3.3.4.1. Las transformaciones son complejas. En algunos países se da al mismo tiempo, sin que exista una contradicción subyacente, una intensificación del diálogo en el nivel intersectorial y, para determinados asuntos, un mayor grado de responsabilidad de los interlocutores económicos y sociales en el plano de la empresa.

3.3.4.2. Junto a las organizaciones socioprofesionales la intervención del sector público a través de un diálogo tripartito facilita en algunos casos la formación del consenso.

3.3.4.3. Diversos acuerdos tripartitos recientes han permitido en varios Estados miembros fomentar políticas en favor del empleo y del crecimiento. Tales acuerdos son necesarios porque contribuyen a optimizar los efectos de la coyuntura a la vez que la consolidan.

4. Prevención necesaria respecto de las crisis asimétricas

4.1. La desaparición de las monedas nacionales puede plantear a los Estados una nueva dificultad en caso de crisis asimétrica en la unión monetaria.

4.1.1. Por crisis asimétrica se entiende un acontecimiento no anticipado que tiene una repercusión directa o indirecta en los parámetros socioeconómicos: empleo, producción, inflación.

4.1.2. Mientras que una crisis simétrica afecta de forma similar a las economías de los Estados miembros, una crisis asimétrica sólo afecta a un país o a un grupo de países.

4.1.3. Una crisis asimétrica puede deberse a un fenómeno natural (terremoto, etc.) o a un hecho económico que provoque el alejamiento de un país del ciclo coyuntural de los demás Estados miembros. Por consiguiente, una crisis asimétrica puede deberse a causas tanto externas como internas. Puede, de este modo, ser el resultado de una decisión inapropiada.

4.2. En la situación anterior, la devaluación era uno de los instrumentos que podían utilizarse en caso de crisis asimétrica. Pero, como se ha dicho, los países miembros de la unión monetaria ya no tendrán esta posibilidad.

4.2.1. Por su parte, el BCE no podrá tener en cuenta las particularidades de los ciclos económicos de cada país participante. Por lo tanto, deberán utilizarse instrumentos alternativos a la devaluación. Con algunos de ellos, la responsabilidad recae en gran medida sobre los interlocutores sociales.

4.3. Otras vías apuntan directamente a las autoridades públicas.

4.3.1. La vía más arriesgada es la que llevaría, en caso de que se produjera una crisis asimétrica, a que cada Estado miembro se lanzara a una competencia salvaje en detrimento de sus vecinos. El terreno de juego podría ser la fiscalidad, el medio ambiente o las condiciones de trabajo. No quedaría excluido el riesgo de que se produjera una escalada. Por ello, en el contexto de la Unión Monetaria, son todavía más pertinentes los procesos de armonización, como por ejemplo los proyectos en materia de fiscalidad del ahorro o de las sociedades.

4.3.2. En el «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» se fijaron los principios que deberán guiar la política presupuestaria de los Estados. En caso de crisis asimétrica, un Estado, sin dejar de respetar el límite máximo del 3 % de déficit, siempre podrá utilizar el margen presupuestario disponible. En caso de crisis asimétrica, los gastos sociales y, de modo más amplio, los presupuestos públicos son uno de los primeros instrumentos en los que podrían apoyarse los Estados miembros. Por ello, es esencial que se cuente con unas finanzas públicas saneadas. En la actualidad es preciso constatar que son pocos los Estados miembros que disponen de verdaderos márgenes presupuestarios.

4.3.3. El volumen restringido del presupuesto europeo en relación con el producto interior bruto de la Unión ofrecerá pocas posibilidades para utilizar estabilizadores automáticos. Esta es una diferencia fundamental entre la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, en el Tratado se faculta al Consejo para adoptar disposiciones específicas en favor de un Estado.

4.3.3.1. En efecto, el apartado 2 del artículo 100 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, prevé que «En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá decidir la concesión, en determinadas condiciones, de una ayuda financiera comunitaria al Estado miembro en cuestión.»

4.3.4. Un aspecto de la unión monetaria que se suele descuidar con demasiada frecuencia es la movilidad. Distintos estudios han puesto de manifiesto que la movilidad geográfica permite en Estados Unidos una buena parte de los ajustes en una crisis propia de una región (crisis asimétrica). En Europa, esta movilidad es claramente inferior. No obstante, el último informe sobre el empleo de la Comisión pone de manifiesto que la movilidad en Europa no es tan baja como parece. Sin embargo, subsisten importantes obstáculos que dificultan la movilidad de los migrantes no comunitarios, las personas dependientes de la asistencia social y, en menor medida, los parados.

4.3.5. En el pasado, Europa vivió importantes migraciones de mano de obra que se dirigía hacia las zonas en las que existía demanda de mano de obra exterior. En el contexto de un nivel elevado de desempleo, existe en la actualidad el riesgo de que la migración dé pie a fenómenos de racismo.

4.3.6. Este riesgo no debe infravalorarse, pero su toma en consideración no debe llevar a cerrar apresuradamente el debate. A juicio del Comité, el tema de la movilidad debería ser una de las prioridades de la agenda comunitaria. La integración europea no puede conducir a una unión política en la que los pobres y los extranjeros sean los únicos que no puedan circular libremente.

4.4. La aplicación de los distintos instrumentos antes mencionados incumbe ante todo al conjunto de las autoridades políticas. En cambio, otras vías que pueden explorarse en caso de crisis asimétrica conciernen en primer término a las organizaciones socioprofesionales.

4.4.1. A menudo se habla de la flexibilidad salarial como una necesidad en la unión monetaria, ya que podría paliar la supresión de la fluctuación de los tipos de cambio, sobre todo, cuando se produzca una crisis asimétrica.

4.4.1.1. A causa de las exacciones fiscales y parafiscales, existe una divergencia sustancial en los países de la Unión Europea entre el coste del trabajo y el salario nominal percibido por los trabajadores.

4.4.1.2. Por lo tanto, el interés por tener una determinada flexibilidad salarial no presupone automáticamente debilitar el poder adquisitivo de la mano de obra. En caso de necesidad, la parte del coste salarial deducida para financiar prestaciones colectivas y de seguridad social podría servir temporalmente de amortiguador. Esta política permitiría a los países que han de hacer frente a una crisis asimétrica lograr efectos similares a los de una devaluación.

4.4.1.3. Por supuesto, existe un riesgo: debilitar la financiación de la protección social y de las prestaciones colectivas.

4.4.2. Las organizaciones socioprofesionales, con el apoyo de las autoridades públicas, según las especificidades nacionales, deben desempeñar una función de anticipación. Se trataría de constituir reservas en fases de coyuntura favorable. Los fondos se utilizarían en caso de crisis para compensar una merma de los ingresos. Este procedimiento permite cumplir un triple objetivo:

- generar una flexibilidad adecuada del coste salarial para hacer frente a una crisis asimétrica;

- proteger el poder adquisitivo de los trabajadores;

- garantizar la estabilidad de la financiación de las prestaciones sociales.

4.4.3. Ciertas experiencias aplicadas en los Estados miembros se basan ya en tal esquema.

4.5. En cualquier caso, es evidente que las organizaciones socioprofesionales no disponen por sí mismas de instrumentos que permitan a un Estado miembro afrontar una crisis asimétrica. Debe existir la posibilidad de utilizar otras herramientas como la política presupuestaria o la política fiscal.

5. Conclusiones

5.1. El establecimiento de la Unión Monetaria en Europa puede modificar en muchos aspectos el comportamiento de numerosos actores, entre ellos los interlocutores sociales.

5.2. La labor del Banco Central Europeo no resultará fácil sin una verdadera unión económica y política. Para desempeñar su cometido eficazmente, goza de una independencia total. El Comité está convencido de que para el BCE es interesante entablar un diálogo instructivo con las autoridades políticas (Consejo, Parlamento Europeo, etc.) y con los representantes de los interlocutores sociales, sobre todo, por intermedio del Comité Económico y Social.

5.3. Las organizaciones socioprofesionales asumirán responsabilidades importantes en la Unión Monetaria. Se verán directamente confrontadas con la negociación de la evolución salarial. Para evitar la aparición de tensiones inflacionistas, los interlocutores económicos y sociales deberán intentar incrementar la coordinación entre los diferentes niveles e instancias en las que se lleva a cabo la negociación salarial. En una unión monetaria, un Estado miembro ya no tiene la posibilidad de devaluar su moneda para corregir una desventaja competitiva.

5.4. Finalmente, las organizaciones socioprofesionales deben reflexionar eficazmente sobre qué mecanismos permitirán hacer frente a la aparición de una crisis asimétrica. Si los interlocutores económicos y sociales disponen de determinadas herramientas, también recaen importantes responsabilidades sobre los poderes públicos de los Estados miembros que, en caso de necesidad, deben ser capaces de poner en funcionamiento estabilizadores, principalmente mediante una política presupuestaria o fiscal.

Bruselas, el 2 de diciembre de 1998.

La Presidenta del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() Véase en especial «Négociation collective et performance économique» en «Perspectives de l'emploi», OCDE, julio de 1997, París.