ES Diario Oficial de la Unión Europea C 59/2

Comunicación de la Comisión sobre las agencias de calificación crediticia

(2006/C 59/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. INTRODUCCIÓN

Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel decisivo en los mercados de valores y los mercados bancarios a escala mundial. Es esencial, por tanto, que sus calificaciones sean independientes, objetivas y de la máxima calidad posible.

La Comisión se comprometió a analizar la cuestión de las agencias de calificación crediticia en el Consejo Ecofin informal de Oviedo (abril de 2002), a raíz del escándalo Enron. El Parlamento Europeo aprobó después, en febrero de 2004, una resolución sobre las agencias de calificación crediticia (1), a partir de un informe de propia iniciativa de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (2), en la que pedía a la Comisión que presentara su dictamen sobre la necesidad (en su caso) de propuestas legislativas en este ámbito. En marzo de 2004, tras el escándalo Parmalat, la Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, identificó los principales problemas reglamentarios que se planteaban en relación con las agencias de calificación crediticia. En julio de 2004, la Comisión solicitó al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores («CERV») que le facilitara análisis y asesoramiento técnicos para evaluar la pertinencia de introducir legislación europea u otras soluciones. El CERV transmitió su dictamen a la Comisión en marzo de 2005 (3). Mientras tanto, la UE ha adoptado una serie de medidas legislativas clave, con implicaciones importantes para las agencias de calificación crediticia, en el marco del Plan de acción para los servicios financieros (PASF) de la Comisión. Por otra parte, la Organización Internacional de Comisiones de Valores («OICV») publicó, en diciembre de 2004, sus elementos fundamentales del código de conducta de las agencias de calificación crediticia («Código OICV») (4).

La finalidad de la presente Comunicación es informar al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el enfoque regulador que pretende seguir la Comisión respecto a las agencias de calificación crediticia, teniendo en cuenta estas últimas novedades. Para elaborar este enfoque, la Comisión se ha inspirado en el asesoramiento del CERV y ha procurado también atenerse a los principios de «legislar mejor», que la Comisión se ha comprometido a respetar en sus iniciativas para impulsar el crecimiento y el empleo en la Unión y que constituyen además un componente esencial de su política en el ámbito de los servicios financieros, expuesta recientemente en un Libro Blanco (5).

2. LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA

2.1 Funcionamiento de las agencias de calificación crediticia

Las agencias de calificación crediticia emiten dictámenes sobre la solvencia de un emisor o de un instrumento financiero determinado. Es decir, evalúan la probabilidad de incumplimiento del emisor, ya sea de sus obligaciones financieras en general (calificación del emisor) o del pago de una deuda o título de renta fija en particular (calificación del instrumento).

Estos dictámenes — o calificaciones — se basan en la información relativa al flujo de ingresos y al balance (con especial atención a la deuda) de la entidad evaluada. También se consideran los resultados financieros anteriores. La información refleja únicamente la situación en un momento dado, por lo que debe confirmarse o revisarse periódicamente para tener en cuenta la evolución económica u otros acontecimientos. Las calificaciones del grado de solvencia clasifican a los emisores en distintas categorías, dependiendo del mayor o menor riesgo de incumplimiento. Con este fin, las agencias de calificación emplean amplias escalas de calidad crediticia, con dos bloques fundamentales denominados grado «de inversión» (escaso riesgo) y grado «especulativo» (alto riesgo), para reflejar los riesgos asociados a los valores (es decir, la probabilidad de incumplimiento).

Generalmente son los propios emisores los que solicitan la calificación (y los que pagan por este servicio). En estos casos, las calificaciones se basan tanto en datos públicos como en información que no es pública pero que la entidad evaluada revela voluntariamente (por ejemplo, mediante entrevistas con responsables financieros de la entidad). Sin embargo, las agencias de calificación crediticia otorgan a veces calificaciones por iniciativa propia (es decir, calificaciones no solicitadas por un emisor). Éstas normalmente se preparan sin tener acceso a la información que no es pública.

Aunque la emisión de calificaciones es obviamente su actividad principal, muchas agencias de calificación crediticia aprovechan su experiencia en materia de evaluación de riesgos para prestar otros servicios financieros (por ejemplo, asesoramiento en materia de inversión) a los emisores (directamente o a través de entidades relacionadas).

2.2 Impacto en los mercados financieros

Las calificaciones crediticias influyen considerablemente en los mercados financieros, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, aunque se basan en evaluaciones complejas, pueden ser asimiladas de manera fácil e inmediata por los inversores, con independencia de su experiencia o perfil. En segundo lugar, las agencias de calificación crediticia gozan de buena reputación y los participantes en el mercado consideran que proporcionan análisis objetivos.

La importancia adquirida por las agencias de calificación crediticia estos últimos años puede observarse tanto en la práctica empresarial como en los requisitos reglamentarios. Por una parte, el éxito comercial de la mayoría de las emisiones de títulos de deuda depende en gran medida de la calificación obtenida. La calificación se ha convertido en un requisito indispensable para conseguir financiación externa en los mercados de valores (en particular cuando los emisores no tienen una presencia firme en los mercados de deuda). La calificación del grado de solvencia de un emisor determina los tipos de interés que tendrá que ofrecer para obtener financiación externa. Por otra parte, las calificaciones se utilizan cada vez con más frecuencia en las disposiciones contractuales relativas a la interrupción de la disponibilidad de crédito, a la aceleración del reembolso de la deuda o a la modificación de otras condiciones de crédito.

Al mismo tiempo, varias jurisdicciones establecen actualmente que determinados tipos de productos de inversión solamente pueden venderse si el emisor puede demostrar un grado de solvencia determinado, reflejado en la calificación asignada por una agencia de calificación crediticia reconocida. Las agencias también intervienen cada vez más en la evaluación de los riesgos asociados a los activos de entidades financieras que están sujetas a exigencias de adecuación del capital.

El papel que las agencias de calificación crediticia desempeñan en los mercados es generalmente muy positivo tanto para los inversores como para los emisores. Proporcionan a los inversores información que les ayuda a evaluar los riesgos relacionados con un valor. Y, en el caso de los emisores, contribuyen a rebajar los costes de obtención de capital (al menos en el caso de los emisores que reciben una calificación favorable).

2.3 Problemas planteados

La Resolución del Parlamento Europeo no discute el papel positivo que las agencias de calificación crediticia pueden desempeñar y, de hecho, desempeñan. No obstante, hace hincapié en una serie de cuestiones problemáticas que merecen especial atención si se quiere garantizar que todas estas agencias ejerzan sus funciones de modo responsable en todo momento (6).

La principal cuestión es la calidad de las calificaciones crediticias que otorgan las agencias. Éstas deben basar sus calificaciones en un análisis diligente de la información disponible y controlar continuamente la integridad de sus fuentes de información. Ello significa que las calificaciones deben actualizarse periódicamente en caso necesario. Asimismo, las agencias deben explicar más abiertamente los métodos que emplean para obtenerlas. Por otro lado, es importante que las agencias sean independientes y plenamente objetivas en su enfoque. Su posición no debe verse comprometida por las relaciones que mantengan con los emisores. Otra cuestión que preocupa es el acceso de las agencias a información privilegiada de los emisores. Es preciso evitar que utilicen esta información para otras actividades. Por último, el Parlamento Europeo manifiesta su preocupación por el grado de concentración del mercado en el sector de la calificación crediticia y sus posibles efectos anticompetitivos.

3. NORMATIVA PERTINENTE

Todos los problemas que se plantean en relación con las agencias de calificación crediticia son importantes y deben resolverse. Es lo que intentan el nuevo marco legislativo comunitario y el Código OICV. La legislación de la UE se aplica únicamente a las agencias de calificación que operan en la UE; en cambio, el Código está destinado a ser aplicado por las agencias en todas las jurisdicciones en las que operen. En lo que respecta al contenido, el Código complementa la legislación comunitaria. Mientras que las Directivas son jurídicamente vinculantes, el Código funciona según el principio «cumplir o explicar», es decir, las agencias de calificación crediticia deben incorporar todas las disposiciones del Código OICV a sus propios códigos de conducta internos. En caso de que decidan no hacerlo, deben explicar cómo sus códigos aplican, no obstante, las disposiciones del Código OICV.

3.1 Legislación de la UE

El objetivo del PASF era crear en la UE mercados financieros abiertos, integrados y eficientes, en los que las fuerzas competitivas optimizaran los rendimientos de los inversores, pero sin exponer a éstos a riesgos excesivos. Intentaba de esta forma reducir al mínimo la carga normativa para las empresas, manteniendo al mismo tiempo un control reglamentario eficaz y un elevado nivel de protección de los inversores.

Son tres las Directivas PASF que resultan pertinentes para las agencias de calificación crediticia. La más importante es la Directiva sobre abuso del mercado («DAM»), que, junto con sus Directivas y Reglamento aplicación (7), trata el problema de las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) para garantizar la integridad de los mercados financieros comunitarios y aumentar la confianza de los inversores en estos mercados. Las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado impiden la total transparencia de los mercados, que es un requisito previo de negociación para todos los agentes económicos que participan en los mercados financieros integrados. En el ámbito de los conflictos de intereses, la presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y el acceso a información privilegiada, los preceptos de las Directivas sobre abuso del mercado constituyen un marco jurídico completo para las agencias de calificación crediticia, reconociendo al mismo tiempo su papel específico y las diferencias entre calificaciones crediticias y recomendaciones de inversión.

Para evitar las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, la Directiva 2003/125/CE aborda la presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de intereses. Las calificaciones del grado solvencia no constituyen una recomendación en el sentido de dicha Directiva, sino que se consideran dictámenes sobre la solvencia de un emisor o de un instrumento financiero concreto. No obstante, la Directiva establece que las agencias deben plantearse la adopción de políticas y procedimientos internos concebidos para garantizar que las calificaciones del grado de solvencia que publiquen se presenten de manera fiable y se revelen adecuadamente los intereses o conflictos de intereses importantes relacionados con los instrumentos financieros o con los emisores a que se refieren sus calificaciones del grado de solvencia (8). Además, de la Directiva 2003/6/CE se desprende que, en caso de que una agencia de calificación crediticia supiera, o hubiera debido saber, que la calificación era falsa o engañosa, la prohibición de difundir la información falsa o engañosa, que constituye manipulación de mercado, podría aplicarse a las calificaciones del grado de solvencia (9). A la luz de estas disposiciones, no hay duda de que las agencias de calificación deben adoptar políticas y procedimientos internos que garanticen calificaciones objetivas, independientes y exactas y gocen así de la confianza de los inversores. Para la Comisión reviste suma importancia que las agencias de calificación apliquen de manera efectiva procedimientos para garantizar unas calificaciones crediticias de alta calidad.

En cuanto al tratamiento jurídico del acceso de las agencias de calificación crediticia a información privilegiada, la Directiva 2003/6/CE prohíbe a cualquier persona que posea información privilegiada utilizar dicha información adquiriendo o cediendo instrumentos financieros a que se refiera dicha información. La información privilegiada se define como la información de carácter concreto, que no se haya hecho pública, y que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros, y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre la cotización de esos instrumentos financieros o sobre la cotización de instrumentos financieros derivados relacionados con ellos (10). Por regla general, un emisor debe hacer pública cuanto antes la información privilegiada. Por tanto, sólo en pocos casos podrá un emisor estar legítimamente en posesión de información privilegiada que no se haya revelado ya al mercado. Si un emisor decide permitir a una agencia de calificación el acceso a información privilegiada, la agencia tendrá un deber de confidencialidad, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2003/6/CE.

Por consiguiente, está prohibido que las agencias de calificación crediticia o los empleados que tengan acceso a información privilegiada de cualquier tipo la utilicen con fines de negociación. Por otra parte, no están autorizados a revelar esta información a terceros salvo en el normal ejercicio de su trabajo, su profesión o sus funciones. A este respecto, el artículo 6, apartado 3, párrafo tercero, de la Directiva 2003/6/CE establece que los emisores, o las personas que actúan en su nombre o por cuenta de aquellos, confeccionarán una lista de las personas que trabajan para ellas y que tienen acceso a información privilegiada. Esta disposición permite a los Estados miembros exigir a las agencias de calificación crediticia elaborar listas de personas informadas. Estas listas deben actualizarse periódicamente y remitirse a la autoridad competente cada vez que ésta lo solicite.

Además de tener acceso a información privilegiada del emisor, existe la posibilidad de que la propia calificación crediticia constituya información privilegiada, en particular cuando la agencia de calificación tiene acceso a información no pública del emisor. Esto significa que la agencia no puede utilizar con fines de negociación la calificación no publicada o revelar esta información a un tercero, excepto en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones. No obstante, estaría autorizada a comunicar de manera confidencial al emisor una calificación cuya publicación fuera inminente, con el fin de comprobar la exactitud de la información en que se basa.

La Comisión considera que los preceptos de las Directivas sobre abuso del mercado ofrecen un conjunto completo de normas para las actividades de las agencias de calificación crediticia en el ámbito del abuso del mercado. El papel específico de estas agencias en los mercados financieros requiere una aplicación diligente de dichos preceptos. Por tanto, la Comisión supervisará activamente la aplicación y ejecución de las Directivas sobre abuso del mercado en relación con las agencias de calificación crediticia.

El segundo elemento de la legislación de la UE que afecta a las agencias de calificación crediticia es la Directiva sobre exigencias de capital («DEC»), que introduce un nuevo marco en relación con las exigencias de capital para bancos y empresas de inversión (11). La DEC se basa en la nueva normativa internacional en la materia acordada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea («Basilea II») en 2004.

La DEC prevé el recurso a evaluaciones externas del crédito a la hora de determinar las ponderaciones por riesgo (y las exigencias de capital consiguientes) aplicadas a las posiciones de un banco o empresa de inversión. Las autoridades competentes únicamente aceptarán la utilización de evaluaciones realizadas por agencias de calificación externas («ECAI»), principalmente las agencias de calificación crediticia. En la Directiva también se expone un mecanismo de reconocimiento.

La DEC enumera una serie de requisitos que las ECAI deben cumplir para ser reconocidas por las autoridades competentes. Por ejemplo, sus calificaciones deberán asignarse de forma objetiva e independiente y revisarse periódicamente. Además, sus procedimientos de calificación deberán ser suficientemente transparentes. Al mismo tiempo, las autoridades competentes comprobarán que las calificaciones de crédito individuales realizadas por las ECAI gocen de reconocimiento en el mercado y se consideren creíbles y fiables entre los usuarios de las mismas, y que todas las partes interesadas tengan acceso a ellas en igualdad de condiciones.

Inspirándose en la DEC, el Comité de Supervisores Bancarios Europeos («CSBE») está trabajando actualmente para promover la convergencia de los procedimientos de reconocimiento de las ECAI en toda la UE, mediante una interpretación común de los criterios necesarios para aplicar los requisitos de reconocimiento establecidos en la DEC (12).

Indudablemente, la DEC no constituye una forma de regulación de la actividad de las agencias de calificación crediticia, sino que se centra básicamente en la ponderación de las exigencias de capital. Por consiguiente, el proceso de reconocimiento de las ECAI no aborda cuestiones más generales, como las normas de conducta, que se plantean en relación con las agencias de calificación crediticia en general. Por otra parte, estas agencias pueden decidir no convertirse en ECAI en el marco de la DEC y quedar así fuera de su ámbito de aplicación. No obstante, los objetivos y efectos del sistema de reconocimiento de las ECAI no pueden considerarse independientemente de los objetivos de otros actos jurídicos y normas de supervisión aplicables a las agencias de calificación crediticia, puesto que la DEC confirma la valiosa función de estas últimas. Con este fin, la Comisión supervisará de cerca los avances en el reconocimiento de las ECAI y evaluará si las agencias de calificación crediticia desempeñan debidamente su importante papel en el marco de la DEC. Las autoridades competentes deberán garantizar por tanto que los efectos del reconocimiento se compartan con todos los interesados, con el fin de evaluar si los criterios de reconocimiento de las ECAI podrían utilizarse en el futuro, en caso necesario, para regular las normas de conducta de las agencias de calificación crediticia.

El último elemento legislativo pertinente es la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros («DMIF») (13). Esta Directiva y sus futuras medidas de aplicación no son aplicables al proceso de calificación de las agencias de calificación crediticia cuando este proceso no implica la realización de las actividades y servicios de inversión definidos en la DMIF. Es decir, que una agencia otorgue calificaciones crediticias no significa normalmente que preste también «asesoramiento en materia de inversión», en el sentido del anexo I de la DMIF. Pero las agencias deben ser conscientes de los límites precisos de esta actividad para seguir operando fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva. Sin embargo, las agencias de calificación crediticia que también ofrecen servicios y actividades de inversión con carácter profesional pueden requerir autorización. En estos casos, las disposiciones de la DMIF relativas a las normas de conducta y los requisitos de organización se aplicarán a la agencia y a sus servicios y actividades de inversión. Si, por ejemplo, una agencia de calificación crediticia presta servicios de inversión (como asesoramiento en materia de inversión) a clientes que pertenecen al ámbito de aplicación de la DMIF, se aplicarán las disposiciones sobre conflictos de intereses para proteger los intereses de los destinatarios de estos servicios. Estas disposiciones pueden exigir un nivel adecuado de separación entre servicios de inversión, por un lado, y actividades de calificación, por otro, de forma que la prestación de servicios auxiliares no comprometa la calidad y la objetividad de las calificaciones crediticias (14).

Los Estados miembros están trabajando en el establecimiento de este marco jurídico. Todas las Directivas deberán transponerse correctamente. La Comisión supervisa activamente las tareas de transposición. En caso necesario, puede incoar procedimientos de infracción por transposición incorrecta o por no transposición.

Otro ámbito del Derecho comunitario que es potencialmente importante para las agencias de calificación crediticia es el Derecho de competencia. La Comisión no comparte las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo sobre el grado de concentración del mercado en el sector de la calificación crediticia. No hay indicios de prácticas anticompetitivas en este sector, aunque cualquier prueba en contrario se examinará a fondo. Por consiguiente, la Comisión no estima necesario en este momento actuar en este campo. Por otra parte, cabe imaginar que en este sector la excesiva fragmentación del mercado podría tener consecuencias adversas (por ejemplo, presión excesiva sobre las agencias para que concedan calificaciones favorables y atraer así a clientes).

3.2 El Código OICV

En septiembre de 2003, la OICV publicó sus principios relativos a las actividades de las agencias de calificación crediticia («principios OICV») (15), en los que establece objetivos de alto nivel que las agencias de calificación crediticia, los reguladores de los mercados de valores, los emisores y otros participantes en el mercado deben respetar para mejorar la protección del inversor, la imparcialidad, eficacia y transparencia de los mercados y para reducir el riesgo sistémico. En respuesta a los comentarios formulados sobre estos principios, la OICV elaboró sus «elementos fundamentales del código de conducta de las agencias de calificación crediticia» (véase el anexo).

Habida cuenta de la naturaleza internacional del mercado de las agencias de calificación crediticia, el Código OICV se ha concebido para ser aplicado por las agencias de todos los tamaños y modelos empresariales y en todas las jurisdicciones. La Comisión observa que el Código OICV no se ha incorporado a la legislación nacional de los Estados miembros. No obstante, las agencias de calificación crediticia deben dar pleno efecto a las disposiciones del Código OICV –siempre que sean coherentes con las Directivas de la UE. Esto significa que las agencias deben incorporar las normas de la OICV a sus procedimientos. La evolución reciente del mercado muestra que varias agencias han creado sus propios códigos de conducta inspirándose en el Código OICV, lo que demuestra que este último proporciona una serie de normas útiles para la autorregulación del sector.

Es muy importante que las agencias de calificación crediticia no sólo incorporen el Código OICV a sus propios códigos de conducta, sino también que respeten plenamente el Código OICV aplicando sus códigos de conducta en la práctica cotidiana. En los próximos años, las agencias deberán informar regularmente a todos los interesados sobre el cumplimiento de estos códigos. Con este fin, la Comisión recomienda analizar periódicamente el impacto del Código OICV.

4. CONCLUSIÓN

A raíz de la petición del Parlamento Europeo, la Comisión ha estudiado con gran detenimiento si efectivamente se requieren nuevas propuestas legislativas para regular las actividades de las agencias de calificación crediticia.

Su conclusión es que actualmente no es precisa ninguna nueva iniciativa legislativa. Uno de los principios básicos de «regular mejor» es que sólo se recurra a soluciones legislativas cuando sea estrictamente necesario para la consecución de objetivos de políticas públicas. La Comisión considera que sigue sin demostrarse la pertinencia de nueva legislación en este ámbito.

En el sector de los servicios financieros existen ya tres nuevas Directivas que afectan a las agencias de calificación crediticia. La Comisión está convencida de que estas Directivas –combinadas con la autorregulación de las propias agencias sobre la base del Código OICV recién adoptado– darán respuesta a todas las cuestiones importantes que preocupan al Parlamento Europeo.

En su asesoramiento a la Comisión, el CERV también señaló que se había conseguido un equilibrio adecuado entre legislación y autorregulación y que, de momento, no era necesaria ninguna otra iniciativa legislativa.

Sin embargo, la Comisión sigue muy de cerca la evolución de la situación en este campo. Obviamente, las nuevas disposiciones solamente producirán los resultados deseados si las agencias de calificación crediticia asumen con seriedad suficiente la tarea de la autorregulación. Deberán ser escrupulosas a la hora de aplicar las disposiciones del Código OICV, y hacerlo de forma abierta y transparente.

Es alentador observar que muchas agencias de calificación crediticia han elaborado sus propios códigos de conducta basándose en el Código OICV. Pero no basta con elaborarlos; también es necesario cumplirlos en la práctica diaria. La Comisión se propone pedir al CERV que supervise el cumplimiento del Código OICV y que le informe al respecto cada año. También estudiará los medios más adecuados para tener en cuenta las opiniones de los participantes en el mercado, especialmente las de aquellos que adquieren instrumentos financieros complejos. Para ello podría ser conveniente crear un grupo informal de expertos. El sector de la calificación crediticia debería ser consciente de que la Comisión podría tener que adoptar medidas legislativas si se observase que el cumplimiento de las normas de la UE o del Código es insatisfactorio y perjudicial para los mercados de capitales de la UE.

La Comisión también se planteará la introducción de propuestas legislativas si surgen nuevas circunstancias, por ejemplo en caso de que aparezcan graves problemas de deficiencias del mercado.

Por último, la Comisión se propone supervisar la evolución de la actividad de la calificación crediticia a nivel mundial. Si se registran cambios significativos en las normas que regulan las agencias de calificación crediticia en otras partes del mundo, la Comisión podría verse obligada a reconsiderar su enfoque.

(1) Resolución del Parlamento Europeo sobre la función y los métodos de las agencias de calificación crediticia (2003/2081(INI)), disponible en:

http://www.europarl.eu.int/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2004/02-10/0080/P5_TA(2004)0080_ES.pdf.

(2) Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A5-0040/2004); ponente: Giorgos Katiforis.

(3) CESR's technical advice to the European Commission on possible measures concerning credit rating agencies, CESR/05/139b, marzo de 2005, disponible en: http://www.cesr-eu.org.

(4) Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, Comité técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, diciembre de 2004, véase el anexo sobre el Código de conducta OICV.

(5) Libro Blanco sobre la política de los servicios financieros (2005-2010), COM(2005) 629 final.

(6) Véase la nota a pie de página 1.

(7) Directiva 2003/6/CE de 28.1.2003 (DO L 96 de 12.4.2003, p. 16); Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22.12.2003 (DO L 339 de 24.12.2003, p. 70); Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22.12.2003 (DO L 339 de 24.12.2003, p. 73); Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29.4.2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 70) y Reglamento (CE) no 2273/2003 de la Comisión, de 22.12.2003 (DO L 336 de 23.12.2003, p. 33).

(8) Véase el artículo 1, apartado 8, y el considerando 10 de la Directiva 2003/125/CE.

(9) El artículo 1, apartado 2, letra c) establece lo siguiente: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «manipulación de mercado: difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y noticias falsas o engañosas, cuando la persona que las divulgó supiera o hubiera debido saber que la información era falsa o engañosa. (…)»

(10) Artículo 1, apartado 1, y artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/6/CE.

(11) Por las que se refunden la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito.

(12) CEBS Consultation Paper on the recognition of External Credit Assessment Institutions, 29 de junio de 2005, disponible en http://www.c-ebs.org/pdfs/CP07.pdf

(13) Directiva 2004/39/CE de 21.4.2004 (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

(14) Véanse el artículo 13, apartados 3 y 10, y el artículo 18 de la DMIF.

(15) IOSCOS's Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies, disponible en www.iosco.org/IOSCOPD151.