Dictamen sobre el Libro Blanco « Política Social Europea - Un paso adelante para la Unión »

(94/C 397/14)

El 3 de agosto de 1994, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Libro Blanco « Política Social Europea - Un paso adelante para la Unión ».

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de noviembre de 1994 (Ponente : Sr. Vasco Cal).

En su 320o Pleno de los días 23 y 24 de noviembre de 1994 (sesión del 23 de noviembre de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría, 6 votos en contra y 6 abstenciones, el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. El Libro Blanco sobre la Política Social Europea de la Comisión « establece un marco para la actuación de la Unión (...) pretende consolidar los logros pasados y apoyarse en ellos, en particular en lo relativo a legislación laboral, salud y seguridad, libre circulación e igualdad de trato entre hombres y mujeres (...) pretende generar una dinámica nueva, haciendo nuevas propuestas en éstas y otras áreas, como la protección social, la igualdad de oportunidades para todos y la salud pública. » ().

1.1.1. El Libro Blanco « se basa en el principio de que Europa necesita una política social de amplia base, innovadora y progresista para hacer frente a los retos que le esperan ». En este sentido, la Comisión pretende « estimular una nueva relación de cooperación dentro del proceso de cambio entre los Estados miembros, los interlocutores sociales, las organizaciones ciudadanas y de voluntarios, los ciudadanos europeos y los organismos internacionales () ». No obstante, se subraya el papel de los interlocutores sociales : « a partir de ahora la normativa social europea puede basarse en la iniciativa legislativa de las instituciones de la Unión y en los convenios colectivos suscritos por los interlocutores sociales ».

1.1.2. La Comisión subraya que el empleo debe seguir teniendo la máxima importancia y que el objetivo ha de ser, según la Comisión, « preservar y desarrollar el modelo social europeo (...) para dar a las gentes de Europa la mezcla única de bienestar económico, de cohesión social y de alta calidad global de vida... » (). El progreso económico y el progreso social deben ir a la par. Para que la construcción europea se vea coronada por el éxito, es preciso tener en cuenta tanto la competitividad como la solidaridad ().

1.2. El presente Libro Blanco de la Política Social Europea surge en el marco del seguimiento de la presentación y los debates sobre el Libro Verde que sobre el mismo tema se publicó en noviembre de 1993.

1.2.1. Las contribuciones que recoge, tanto de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros como de las organizaciones de empresarios, sindicatos y otras instituciones de la sociedad civil, confirman la existencia de una serie de valores comunes, que constituyen la base del modelo social europeo (véase la síntesis de las contribuciones - parte B del Libro Blanco).

1.2.2. El amplio procedimiento de consulta y el elevado número de contribuciones enviadas permitirán confirmar el empeño puesto en la dimensión social como elemento indispensable de la construcción europea.

1.3. El Comité Económico y Social, por su parte, emitió un extenso dictamen, en el que se daba respuesta a las cuestiones planteadas por el Libro Verde, y muchos de los miembros del Comité participaron en los debates realizados a nivel comunitario y en los Estados miembros.

1.3.1. En febrero de 1989 el Comité aprobó un Dictamen sobre Derechos Sociales Fundamentales Comunitarios (Ponente : François Staedelin). En diciembre de 1989 once Jefes de Estado o de Gobierno aprobaron una declaración solemne sobre la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales en la que se hacía referencia al Programa de Acción de la Comisión a efectos de su aplicación práctica. En noviembre de 1993 se publicó un Libro Verde sobre la Política Social Europea - Opciones para la Unión, al que el Comité respondió extensamente en su Dictamen de marzo de 1994 ().

1.4. El presente dictamen trata de los fundamentos de la política social europea teniendo en cuenta su evolución en los próximos años (1995-1999). Por esa razón, en lo relativo al contenido de cada una de las propuestas presentadas en los diferentes capítulos del Libro Blanco, se hace referencia a dictámenes anteriores del Comité.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité da su acuerdo a la elaboración de un Programa de Acción de Política Social, a nivel de la Unión y a nivel de los Estados miembros, que permita dar a la política social la estabilidad y previsión necesarias.

El programa de acción deberá tener en cuenta :

2.1.1. El balance de las medidas ya aprobadas, previstas en el Programa de Acción de 1989, su transposición por parte de los Estados miembros, las medidas adoptadas para su cumplimiento y su aplicación en la práctica (lo que deberá conducir a la consulta de los interlocutores sociales involucrados, no limitándose a la elaboración de informes formales por parte de los Estados miembros).

2.1.2. Una nueva evaluación y, si es preciso, un ajuste de las medidas ya presentadas pero aún no aprobadas, con vistas a una rápida aprobación a nivel comunitario, en particular en lo que se refiere al trabajo atípico, a los permisos parentales por motivos familiares, a la modificación de la carga de la prueba, a la subcontratación transfronteriza, a los derechos de los trabajadores en caso de transferencia de empresas, a la revisión del Reglamento no 1612 sobre la libre circulación de los trabajadores, a la aplicación del Reglamento no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y al IV Programa de Lucha contra la Pobreza.

2.1.3. La idea de ampliar la « base de disposiciones mínimas vinculantes, como instrumento apropiado para ir gradualmente progresando hacia la convergencia social y económica en la Unión, teniendo en cuenta la fuerza económica y la capacidad de los distintos Estados miembros » podría llevar a proponer, por ejemplo, la inclusión de propuestas de legislación a nivel comunitario en una serie de ámbitos, como la protección contra el despido individual, la protección de la vida privada de los trabajadores (en particular, por lo que se refiere al tratamiento, recogida y transmisión de datos personales), a la igualdad de trato en caso de trabajo a tiempo parcial y de trabajo por contrato de duración determinada, la prohibición de la discriminación contra los trabajadores que reclaman sus derechos o se niegan a realizar tareas ilegales, el derecho al pago de salarios en días festivos y durante una enfermedad, y el derecho del trabajador a ser escuchado en asuntos internos de la empresa que le afectan personalmente.

2.1.4. La continuación de los esfuerzos de adaptación y actualización legislativa a ámbitos como el de la protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo, la libre circulación de trabajadores, el reconocimiento de cualificaciones, la convergencia de los regímenes de seguridad social, incluyendo las transferencias de las pensiones de ocupación, así como la promoción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que la función de la mujer en el proceso de toma de decisiones es fundamental para el progreso social.

2.1.5. La ampliación del ámbito tradicional de la política social europea, de forma que permita combatir de manera eficaz los crecientes fenómenos de marginación y exclusión social, y que pasa, en especial, por las iniciativas propuestas (pobreza, deficientes, emigrantes, grupos sociales más vulnerables -como ancianos y jóvenes- y niveles sanitarios).

2.1.6. La consagración de los derechos de los ciudadanos en el Tratado debería conllevar « una disposición del Tratado que prohibiese la discriminación basada en el sexo, la raza, las opiniones y las creencias » [Dictamen del Comité Económico y Social sobre una Europa de los Ciudadanos (DO no C 313 de 30. 11. 1992), Ponente : Sra. Rangoni Machiavelli].

2.1.7. El balance de la experiencia adquirida en los últimos años, incluyendo los resultados de la última Conferencia Intergubernamental, de manera que se prepare con cuidado, en asociación no sólo con el Parlamento Europeo, sino también con la participación del Comité Económico y Social, la próxima revisión de los Tratados en materia social, con objeto de permitir su aplicación uniforme y no discriminatoria a todos los ciudadanos de la Unión.

2.2. El Comité reconoce que el Libro Blanco sobre Política Social Europea permite tener una visión más amplia, sistemática y coordinada de las propuestas de la Comisión para los próximos años en un ámbito de tal importancia.

2.2.1. Las propuestas sobre política social europea deberían ser coherentes con las iniciativas en curso para la aplicación del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, y, en particular, con el plan de acción que se presentará en la Cumbre de Essen, en diciembre del presente año.

2.2.2. La eficiencia económica y la capacidad de prestación social son interdependientes. Por tanto, la ampliación de la dimensión social debería constituir un requisito indispensable para unir la libertad económica del mercado a un equilibrio social. Dicho equilibrio también puede estimular la competitividad de la Comunidad. En la Cumbre europea de Bruselas, de diciembre de 1993, se sistematizaron las acciones necesarias a nivel nacional y hoy es ya posible constatar la adopción de muchas medidas en materia de política de empleo, educación y formación, protección social, etc., y que dichas medidas se han inspirado ampliamente en las sugerencias expuestas en el Libro Blanco de la Comisión, si bien siguen adoptándose de manera puntual más bien que a través de un programa amplio de cambios estructurales en el que deberían participar los interlocutores sociales.

2.2.3. De ahí la importancia de reforzar la coordinación entre los diferentes planes de acción, y de que las medidas sean coherentes con los objetivos, como parte integrante de un proceso de reformas estructurales.

2.3. El Comité reconoce que la Política Social Europea debe contribuir a la creación de puestos de trabajo estables y de alta calidad, como primera fuente de seguridad financiera y factor esencial de integración social.

2.3.1. Sin embargo, el esfuerzo de las reformas estructurales del mercado de trabajo podrá revelarse infructuoso si las grandes orientaciones en materia de política económica (artículo 103 del Tratado) no apuntan claramente al crecimiento económico, a la creación de empleos y a la mejora de la competitividad como prioridades de la política macroeconómica a nivel de la Unión.

2.3.2. En este contexto, más que la sugerencia () -positiva pero insuficiente- de que el Consejo de Asuntos Sociales establezca relaciones con el Consejo de Economía y Hacienda, es preciso dar una mayor coherencia al objetivo y las políticas anunciadas a nivel de la Unión, en el seguimiento también del enfoque desarrollado en el Libro blanco de la Comisión sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, en el que se establece que lo económico y lo social deben ir a la par.

2.3.3. La credibilidad del modelo europeo en su conjunto está ligada al éxito en la utilización del potencial de empleo y a las perspectivas concretas dadas a los desempleados. Es fundamental potenciar la confianza de los agentes económicos de manera que los signos de incipiente recuperación se transformen en una revitalización sostenible y permanente.

2.4. El Comité manifiesta su acuerdo con el respeto del principio de subsidiariedad en la ejecución de las acciones de política social, aplicando este principio de manera vertical (UE, Estados miembros, regiones, etc.) y horizontal (interlocutores sociales).

2.4.1. Así, los instrumentos de ámbito comunitario deberían concentrarse, en la medida de lo posible, en la definición de los resultados a alcanzar, dejando al mismo tiempo a las instancias nacionales las competencias en lo relativo a formas y medios. El principio de subsidiariedad no debe, sin embargo, servir de disculpa a la inacción o ni, por supuesto, al retroceso en materia social.

2.4.2. El Comité considera también que, además de la subsidiariedad vertical citada, se deberían crear las condiciones para que pueda desarrollarse de forma eficaz la subsidiariedad horizontal, sacando pleno partido de las posibilidades que se ofrecen a los interlocutores sociales, en particular a través de los acuerdos alcanzados a nivel comunitario. Los interlocutores sociales tienen un papel especial no sólo a la hora de ayudar a formular una política social y del empleo, sino también participando en su aplicación a nivel nacional y sectorial.

2.5. El Comité apoya los esfuerzos de la Comisión para aproximar la política social de los Estados miembros a través de la convergencia y no de la armonización de cada uno de los sistemas nacionales. Los patrones sociales mínimos, en particular, permitirán progresar con prudencia y gradualmente hacia la convergencia económica y social.

2.6. En las actuales condiciones que prevalecen en los mercados internacionales, la cooperación con las instituciones internacionales competentes (en particular la OIT y la OMC) es fundamental para garantizar el respeto de unas condiciones de vida y trabajo dignas en todos los países. El Comité se ha pronunciado ya sobre la necesidad de una « cláusula social » en los acuerdos comerciales internacionales, y espera que las instituciones comunitarias actúen con firmeza en ese sentido.

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() Véase el Prefacio del Libro Blanco.

() Véase la Introducción del Libro Blanco.

() DO no C 148 de 30. 5. 1994, p. 35.

() Punto 23 del Capítulo I del Libro Blanco sobre Política Social Europea.

ANEXO al dictamen del Comité Económico y Social

En el transcurso de los debates se rechazó la siguiente enmienda, tras recibir al menos una cuarta parte de los votos emitidos :

« 2.1. El año 1996 será decisivo para el desarrollo de la Unión Europea, ya que probablemente se dará un nuevo paso hacia una mayor cooperación económica mejorándose y ampliándose el mercado interior.

2.1.1. Con respecto a la legitimidad de la Unión Europea ante los ciudadanos, será determinante que las modificaciones del Tratado garanticen un equilibrio entre el ámbito social y el económico. Por ello, también resulta decisivo que las propuestas que presente la Comisión en el Libro Blanco en lo relativo a garantizar normas mínimas de política social y a la regulación por medio de una combinación de legislación y negociación colectiva constituyan la primera prioridad en el futuro debate sobre la regulación del mercado de trabajo en la Unión Europea.

2.1.2. Si se quiere que las propuestas de la Comisión acerca de un modelo regulador que se base en la legislación y en la negociación colectiva se vean coronadas por el éxito, es esencial que los fundamentos de dicho modelo se fijen de una vez por todas en los derechos fundamentales del Tratado. La ventaja de incluirlo en el Tratado es dejar precisado de una vez por todas el marco regulador de la UE, de modo que corresponda a la Comisión y a los interlocutores sociales europeos legislar u organizar negociaciones colectivas basándose en los derechos fundamentales ».

(El antiguo párrafo 2.1 pasa a ser 2.2 y los siguientes se vuelven a numerar en consecuencia).

Exposición de motivos

Se justifica por sí misma.

Resultado de la votación

Votos a favor : 30; votos en contra : 68; abstenciones : 9.