Sin embargo, algunos de los efectos directos en 2020 pueden compensarse tomando medidas oportunas y efectivas que podrían mitigar la incidencia negativa en el PIB real. Las instituciones de la UE y de los Estados miembros están poniendo en marcha políticas para mitigar el impacto económico de la crisis. Las medidas políticas no podrán proteger a la UE de los efectos negativos de la crisis procedentes de China, y solo podrán hacerlo de forma muy limitada —si es que lo hacen— de la perturbación de la oferta de trabajo. No obstante, pueden desempeñar un papel importante a la hora de compensar las repercusiones negativas del descenso de la demanda por parte de los consumidores y de las empresas con problemas de liquidez. Estos dos canales, combinados, representan algo más más de la mitad del impacto estimado potencial sobre el crecimiento, con lo que existe un margen importante para mitigar la incidencia económica. En resumidas cuentas: según el escenario de base, el crecimiento real del PIB en 2020 será de cero o, incluso, considerablemente negativo como resultado del COVID-19. Una respuesta coordinada de las instituciones de la UE y de los Estados miembros será decisiva para la mitigación de las repercusiones económicas.

El mercado único de equipos médicos y de protección individual está sólidamente integrado, al igual que sus cadenas de valor y redes de distribución. Entre los productos esenciales cabe citar las gafas de protección, las mascarillas, los guantes y las batas y pijamas quirúrgicos. Por lo tanto, una buena organización de todo el mercado en lo tocante al suministro de productos críticos es la única forma de prevenir situaciones de escasez para quienes más los necesitan, a saber, los sistemas públicos de asistencia sanitaria y, en particular, los profesionales sanitarios, los equipos de intervención sobre el terreno y los pacientes.

En consecuencia, es preciso aportar una respuesta a nivel europeo. Todos los Jefes de Estado y de Gobierno europeos se han comprometido a ello y, en las conclusiones del Presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia celebrada el 10 de marzo de 2020, han confiado a la Comisión Europea la tarea de centralizar el análisis de las necesidades y proponer iniciativas para evitar que se produzcan carestías. Se debe garantizar que el mercado interior funcione adecuadamente y se soslayen obstáculos que no estén justificados, especialmente en el caso de las mascarillas y los respiradores.

En este espíritu, la Comisión ya ha organizado un procedimiento de licitación de equipos de protección individual para veinte Estados miembros en el marco del Acuerdo de adquisición conjunta puesto en marcha el 28 de febrero de 2020 y, en función de la disponibilidad en el mercado y la información facilitada por los Estados miembros, podría llevar a cabo nuevos procedimientos de adquisición conjunta.

En segundo lugar, la Comisión, junto con los Estados miembros y la Agencia Europea de Medicamentos, ha creado un grupo director encargado de vigilar las posibles carestías de medicamentos en relación con el COVID-19. La Comisión también está realizando un seguimiento de la situación en el contexto del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) y de sus subgrupos, en lo relativo, por ejemplo, a la disponibilidad y eficacia de los distintos dispositivos de diagnóstico y a la cooperación que puede establecerse entre los diferentes enfoques nacionales en materia de pruebas diagnósticas. Por último, también se están manteniendo contactos con las principales organizaciones profesionales de fabricantes y con otros agentes económicos, pacientes, usuarios, etc.

En tercer lugar, la Comisión está analizando las necesidades y las capacidades de producción que se requieren en Europa, a efectos de asegurarse de que los equipos de protección y los medicamentos estén disponibles allí donde más se necesiten. En esta perspectiva, está prestando apoyo a la industria en los esfuerzos que lleva a cabo para poder responder a esta situación excepcional.

En cuarto lugar, cabe señalar que puede resultar necesario adoptar medidas para garantizar que, de producirse situaciones de escasez, los equipos médicos y de protección individual se reserven en el mercado y se hagan llegar a quienes más los precisen. A tal efecto, es posible que se requieran medidas nacionales. Toda medida nacional prevista que restrinja el acceso a los equipos médicos y de protección debe ser comunicada a la Comisión, que informará de ello a los demás Estados miembros para que puedan manifestarse al respecto. La Comisión establecerá un grupo operativo conjunto a fin de posibilitar una respuesta coordinada. También seguirá proporcionando toda la coordinación que resulte precisa para facilitar el intercambio de información, identificar todas las sinergias necesarias y contribuir a una aplicación efectiva y coherente de las medidas nacionales. Cualquier medida nacional de carácter restrictivo no podrá impedir ni disuadir de participar en procedimientos de adquisición conjunta a nivel de la UE a las empresas establecidas en el territorio nacional.

Algunos Estados miembros ya han adoptado, o están elaborando, medidas nacionales que afectan a la disponibilidad de productos esenciales. Si no están adecuadamente concebidas, se corre el peligro de que tales medidas exacerben los problemas, en lugar de mitigarlos, especialmente si con ellas se limita el abastecimiento transfronterizo de los productos en cuestión, en lugar de facilitar que tales productos se proporcionen a quienes más lo necesiten, tanto en el territorio nacional como en el resto de Europa, evitando el acaparamiento, las compras motivadas por el miedo y el desperdicio debido a una utilización no prioritaria o incluso contraproducente dentro del Estado miembro de que se trate. Es probable que estos efectos negativos se agudicen todavía más en caso de imposición de restricciones por parte de los Estados miembros que son líderes u ocupan una posición central de mercado en el ámbito de la producción, importación y distribución de equipos de protección individual y de productos sanitarios. Las recientes decisiones por las que algunos Estados miembros han prohibido o restringido drásticamente las exportaciones –que, en un caso, afectan a 1 324 productos, incluidos el paracetamol y productos sanitarios– contribuyen al riesgo de que se produzcan desabastecimientos en otros Estados miembros, poniendo en peligro la salud de las personas que viven en Europa, y deben ser rectificadas con urgencia.

La Comisión recapitula a continuación las disposiciones legales pertinentes y los objetivos comunes que deben perseguir todas las medidas nacionales, de manera que no solo se ajusten a la legalidad, sino que ante todo contribuyan a respaldar al conjunto de los Estados miembros en la intensa labor que llevan a cabo para mitigar los riesgos y los efectos de la crisis del virus COVID-19.

2.MARCO JURÍDICO Y MEDIDAS NACIONALES RESTRICTIVAS

El artículo 35 del TFUE prohíbe las restricciones nacionales a las exportaciones. Los Estados miembros pueden adoptar medidas que estén justificadas con vistas a la «protección de la salud y vida de las personas», de conformidad con su artículo 36. Estas medidas individuales deben ajustarse al principio de proporcionalidad, es decir, deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas para alcanzar su objetivo, garantizando un adecuado suministro a las personas con mayores necesidades e impidiendo que se produzcan (o se agraven) situaciones de escasez de artículos que se consideran esenciales –como los equipos de protección individual, los productos sanitarios o los medicamentos– en toda la UE. En particular, esto significa lo siguiente:

1.Una simple prohibición de exportación no cumple por sí sola el requisito legal de proporcionalidad. Una medida de este tipo no garantiza por sí misma que los productos vayan a llegar a las personas que más los necesitan. En consecuencia, no sería apropiada para lograr el objetivo de proteger la salud de las personas que viven en Europa. Una prohibición de exportación no impediría, por ejemplo, el acaparamiento o la compra de artículos por parte de personas cuyas necesidades objetivas de tales artículos son escasas o nulas y no garantizaría el suministro de los productos esenciales a quienes más los necesitan, es decir, las personas infectadas o el personal y los establecimientos sanitarios.

2.Las medidas sin un ámbito claramente definido y circunscrito a necesidades reales y sin una justificación sólida y/o una duración limitada pueden incrementar el riesgo de escasez y, por lo tanto, es muy probable que sean desproporcionadas.

3.Las medidas de regulación de los mercados afectados a través de mecanismos apropiados para suministrar los productos donde más se necesiten, tanto dentro de los Estados miembros como a compradores cualificados de otros Estados miembros, pueden contribuir de forma positiva al enfoque general coordinado a nivel europeo para ayudar a salvar vidas.

4.La regulación de precios puede resultar útil para poner coto a las fuertes alzas y a los precios abusivos, siempre que las normas al respecto se apliquen por igual a todos los operadores pertinentes, sin discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento, y vayan acompañadas de otras disposiciones adecuadas para que los productos lleguen a quienes más los necesiten.





ANEXO 3 — AYUDAS ESTATALES

Ayudas a empresas que se enfrentan a necesidades de liquidez acuciantes o a la quiebra a causa del brote de COVID-19

Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, es decir, las Directrices de salvamento y de reestructuración de la Comisión basadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, los Estados miembros pueden conceder ayuda urgente y temporal en forma de préstamos o de garantías de préstamos a empresas de cualquier tipo que se encuentren en crisis. Tales ayudas cubrirían las necesidades operativas previstas de las empresas durante un período de seis meses.

Además, las empresas que no están (aún) en crisis también pueden recibir este apoyo si se enfrentan a necesidades de liquidez acuciantes debido a circunstancias excepcionales e imprevistas, como el brote de COVID-19, de conformidad con las condiciones pertinentes, en particular en lo que se refiere al nivel de remuneración que el beneficiario debe pagar por la garantía o el préstamo estatal.

Por norma general, las empresas que ya han recibido este apoyo en los últimos diez años no pueden optar a nuevas ayudas a fin de evitar que las empresas inviables desde el punto de vista económico continúen en el mercado de forma artificial (principio de «ayuda única»). No obstante, tras una notificación individual, la Comisión está dispuesta a admitir excepciones a esta regla en circunstancias excepcionales e imprevisibles como el brote de COVID-19.