Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2001

(presentada por la Comisiòn)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

1. El proyecto de propuesta de directrices para el empleo forma parte del «paquete de medidas para el empleo» que la Comisión adopta cada año y presenta al Consejo Europeo de otoño para su aprobación final. El paquete está formado por el Informe conjunto sobre el empleo en 2000, las directrices para el empleo y las recomendaciones específicas para cada país en 2001. El Informe conjunto sobre el empleo hace un balance sobre la situación del empleo y evalúa las medidas adoptadas por los Estados miembros en respuesta a las directrices y las recomendaciones para 2000. Las directrices contienen orientaciones políticas para todos los Estados miembros, mientras que las recomendaciones van dirigidas a cada país en concreto. Las nuevas orientaciones deben guardar relación con el análisis llevado a cabo en el Informe conjunto sobre el empleo. No obstante, en el caso de las directrices se ha procedido a una revisión más minuciosa para tener en cuenta las nuevas prioridades acordadas en la cumbre de Lisboa, si bien se mantiene intacta la estructura de cuatro pilares.

El contexto del Tratado

2. La presente propuesta de directrices para el empleo será la cuarta versión anual desde que la Cumbre extraordinaria sobre el empleo, celebrada en Luxemburgo en 1997, llevara a la práctica las nuevas disposiciones del título sobre el empleo del Tratado. Desde 1999, año en que entró en vigor el artículo 128 del Tratado, la Comisión está oficialmente obligada a presentar una propuesta de directrices para el empleo, y los Estados miembros tienen que tener en cuenta dichas directrices al formular sus políticas de empleo y deben informar sobre su aplicación; esta información se facilitará durante la primavera de 2001, con el fin de preparar el siguiente ciclo anual del denominado «proceso de Luxemburgo».

3. La propuesta de directrices para 2001 ha de ser presentada para dictamen al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Comité de Empleo. Antes de que el Consejo adopte formalmente las directrices para 2001, el Consejo Europeo debe revisar el Informe conjunto sobre el empleo, el cual, tras el debate del proyecto de la Comisión por parte del Consejo, reflejará la valoración conjunta de la Comisión y del Consejo sobre la aplicación de las directrices anteriores por los Estados miembros y establecerá la base objetiva para las nuevas directrices.

4. Para lograr el progreso necesario se requiere un política macroeconómica sólida, una evolución salarial adecuada y reformas estructurales en la dirección de las orientaciones generales de política económica, así como una aplicación firme de las directrices para el empleo basadas en los cuatro pilares: empleabilidad, espíritu de empresa, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. Tal como se establece en el artículo 126 del Tratado, los Estados miembros deben aplicar sus políticas de empleo de forma compatible con las orientaciones generales de política económica.

Características principales de las directrices para 2001

5. El enfoque de la Comisión y el contenido de las directrices para 2001 se han visto influidos por cuatro factores principales: las conclusiones de la cumbre de Lisboa, la revisión intermedia del proceso de Luxemburgo, llevada a cabo basándose en el mandato otorgado en las conclusiones de la cumbre de Lisboa, el análisis del Informe conjunto sobre el empleo y la necesidad de simplificación en algunos ámbitos. A continuación se expone un resumen de cómo se han tenido en cuenta dichos elementos en la revisión de las directrices para 2001.

Mantenimiento de los cuatro pilares

6. La revisión intermedia del proceso de Luxemburgo se llevó a cabo recientemente en el Comité de Empleo apoyándose en el mandato establecido por la Cumbre de Lisboa. La conclusión fue que el título sobre el empleo del Tratado y el proceso de Luxemburgo derivado del mismo, mediante el «método abierto de coordinación» basado en la elaboración de directrices para el empleo a escala comunitaria y su traspaso a los planes nacionales de acción para el empleo, han obtenido resultados satisfactorios, tanto en lo que se refiere a su efecto político como a la reducción del desempleo.

7. La revisión intermedia confirmó que existe un amplio consenso en torno a la idea de que la estructura de cuatro pilares de las directrices ha demostrado su validez y que, por tanto, no debería alterarse hasta que se haya evaluado plenamente la repercusión de la estrategia hacia finales del actual ciclo quinquenal, más precisamente en 2002. La revisión intermedia ofreció también la posibilidad de determinar la forma más adecuada para incorporar las orientaciones de la Cumbre de Lisboa en las directrices.

Nuevas prioridades generales derivadas de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa

8. La Cumbre de Lisboa acordó una nueva estrategia global dirigida al empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de la sociedad basada en el conocimiento, y adoptó el compromiso de crear las condiciones para el pleno empleo. También suscribió el objetivo general de aumentar la tasa de empleo, que en 1999 se situaba en el 62,2%, hasta alcanzar el 70% en 2010 (más del 60% para las mujeres). El objetivo del pleno empleo, al que debería contribuir la actuación emprendida en todos los pilares, y los objetivos para 2010 merecen que se les dedique especial atención en las directrices. La Comisión ha optado por una sección horizontal introductoria, reiterando este objetivo global y el fundamento institucional que subyace en la estrategia (también establece una definición más clara de las funciones de los diferentes agentes y aborda la necesidad de seguir elaborando objetivos y métodos de evaluación comparativa).

9. Otras dos cuestiones horizontales derivadas de los Consejos de Lisboa y Feira se abordan en la sección horizontal, con el fin de subrayar su importancia para los pilares. La primera es el papel de los interlocutores sociales, a los que el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira invitó a asumir con mayor firmeza su función en la aplicación y supervisión de las directrices que dependen de ellos. La segunda se refiere a la formación permanente, cuya importancia se resalta especialmente en las conclusiones de Lisboa. Los Estados miembros y la Comisión han definido la formación permanente como «todas las actividades formales o informales de aprendizaje con un fin determinado, realizadas de manera continua con el objetivo de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las competencias». Tiene una importancia fundamental para los pilares de empleabilidad y adaptabilidad, en los que la acción necesaria deberá ser luego reproducida dentro de la directriz correspondiente, según el nivel de acción necesario y los órganos de los que dependa (educación y formación en la escuela y en el trabajo, para jóvenes y para adultos).

10. En consecuencia, las directrices para la formación permanente dentro del pilar de empleabilidad (directrices 4 a 6) han sido agrupadas para una mejor articulación del enfoque integrado del aprendizaje permanente, mientras que los cometidos respectivos de los interlocutores sociales y los Estados miembros se han precisado dentro del pilar de adaptabilidad (directrices 14 a 16).

Prioridades específicas derivadas de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa

11. El ámbito de aplicación de la directriz sobre el fomento del empleo en los servicios se ha ampliado para incluir los servicios personales, de acuerdo con las conclusiones de la Cumbre de Lisboa (directriz 11).

12. Se ha prestado especial atención al tratamiento de los aspectos discriminatorios del mercado de trabajo, con el fin de reforzar los vínculos con la inclusión social (directriz 8).

13. Como respuesta a las conclusiones de la cumbre de Lisboa (véase la directriz 7 sobre formación, la 8 sobre discriminación y la 19 sobre igualdad de oportunidades), se han incorporado a las directrices objetivos comunes actualizados en materia de educación (directrices 4 y 5) y peticiones para que se establezcan más objetivos nacionales.

Cambios derivados del análisis del Informe conjunto sobre el empleo

14. El análisis de los informes nacionales de aplicación incluidos en el borrador del Informe conjunto sobre el empleo revela que, gracias a un clima económico más saneado, han empezado a mejorar problemas persistentes como el alto desempleo y la escasa participación de las mujeres en el empleo. No obstante, los índices de participación de las personas de más edad siguen siendo bajos en muchos Estados miembros, y algunos factores problemáticos se destacan con mayor nitidez que en el pasado, en concreto la escasez de mano de obra, las carencias de cualificaciones y las disparidades regionales.

15. Como consecuencia de la situación del mercado de trabajo, y en parte en aras de la simplificación, se han introducido los siguientes cambios en las directrices:

-las directrices sobre prevención del desempleo, capítulo en el que, en la práctica, los Estados miembros abordaban el caso del desempleo de los jóvenes y adultos como parte de un conjunto integrado de medidas, se han agrupado en la directriz 1.

-La antigua directriz 3 sobre políticas activas del mercado de trabajo se ha actualizado y dividido en dos directrices (las nuevas directrices 2 y 6); el nivel común de referencia establecido en el 20% (ahora en general alcanzado) se ha sustituido por nuevos objetivos en términos de gasto per cápita en medidas activas y una referencia comparativa más ambiciosa y concreta el que se refiere a las medidas de formación.

-la directriz sobre los trabajadores de más edad (ahora directriz 3) ya no se circunscribe al aspecto de bonificación fiscal, sino que se ha ampliado a un conjunto más amplio de políticas en apoyo de una prolongación de la vida activa.

-la directriz 7 trata de las deficiencias en el mercado de trabajo y la escasez de cualificaciones.

-dos directrices anteriores sobre igualdad de oportunidades se han agrupado en una nueva directriz 19.

2000/0225 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2001

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 128,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C [...], [...], p. [...]

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2],

[2] DO C [...], [...], p. [...]

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [3],

[3] DO C [...], [...], p. [...]

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [4],

[4] DO C [...], [...], p. [...]

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Considerando lo siguiente:

(1) El proceso de Luxemburgo, fundamentado en la aplicación de una estrategia europea coordinada en materia de empleo, se puso en marcha en la reunión extraordinaria sobre empleo del Consejo Europeo de 20 y 21 de noviembre de 1997. La Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1997, sobre las Directrices para el empleo en 1998 [5], confirmada por el Consejo Europeo, ha iniciado un proceso caracterizado por una gran visibilidad, un firme compromiso político y una amplia aceptación de todas las partes interesadas.

[5] DO C [...], [...], p. [...]

(2) La Decisión del Consejo, de 13 marzo de 2000, sobre las Directrices para el empleo en 2000 [6], ha permitido la consolidación del proceso de Luxemburgo mediante la aplicación de dichas directrices.

[6] DO C [...], [...], p. [...]

(3) El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, estableció un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. El logro de este objetivo permitirá a la Unión recuperar las condiciones para un pleno empleo.

(4) Es preciso garantizar la coherencia y la sinergia entre las directrices para el empleo y las orientaciones generales de política económica.

(5) Al aplicar las directrices para el empleo, los Estados miembros deberán tender hacia un alto grado de coherencia con las otras dos prioridades destacadas por la Cumbre de Lisboa, esto es, la modernización de la protección social y la promoción de la integración social, asegurándose de que trabajar sea rentable, y la garantía de que los sistemas de protección social sean sostenibles a largo plazo.

(6) El Consejo Europeo de Lisboa destacó la necesidad de adaptar los sistemas de educación y formación europeos tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo, e instó a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión a alcanzar un aumento anual considerable de la inversión per cápita en recursos humanos.

(7) El Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2000, invitó a los interlocutores sociales a desempeñar un papel más destacado en la definición, aplicación y evaluación de las directrices para el empleo que dependen de ellos, centrándose en particular en la modernización de la organización del trabajo, la educación permanente y el aumento del índice de empleo, especialmente del empleo femenino.

(8) El Informe conjunto sobre el empleo de 2000, elaborado por el Consejo y la Comisión, describe la situación del empleo en la Comunidad y examina las medidas adoptadas por los Estados miembros para la aplicación de sus políticas de empleo con arreglo a las Directrices para el empleo de 2000 y la Recomendación del Consejo de 14 de febrero de 2000 [7] sobre la aplicación por los Estados miembros de las políticas de empleo.

[7] DO C [...], [...], p. [...]

(9) El (....) el Consejo adoptó otra Recomendación sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros.

(10) La revisión intermedia del proceso de Luxemburgo realizada en 2000 a petición del Consejo Europeo de Lisboa deberá tenerse en cuenta para la revisión de las directrices para el empleo en 2001, sin modificar la estructura básica de cuatro pilares, y para la mejora de la eficacia del proceso de Luxemburgo.

(11) Los Estados miembros deberán intensificar sus esfuerzos para integrar y hacer más visible la dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los pilares.

(12) La aplicación de las directrices puede variar según su naturaleza, los destinatarios de las mismas y las distintas situaciones en los Estados miembros; dicha aplicación deberá ajustarse al principio de subsidiariedad y a las competencias de los Estados miembros en materia de empleo.

(13) Al aplicar las directrices para el empleo, los Estados miembros deberán ser capaces de tener en cuenta las situaciones regionales, respetando al mismo tiempo plenamente los objetivos nacionales que hayan de alcanzarse y el principio de la igualdad de trato.

(14) Es preciso llevar a cabo un seguimiento de la Directiva 1999/85/CE [8], que prevé la posibilidad de aplicar a título experimental un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los servicios que utilizan gran cantidad de mano de obra, con el fin de examinar, en particular, la incidencia de las iniciativas nacionales por lo que respecta al potencial de empleo.

[8] DO L 277 de 28.10.1999, p.34.

(15) Cabe destacar la contribución de los Fondos Estructurales, y en particular del Fondo Social Europeo, a la estrategia europea de empleo en el nuevo período de programación.

(16) El desarrollo sostenible y la integración de las preocupaciones medioambientales en las demás políticas comunitarias son objetivos del Tratado; por consiguiente, se invita a los Estados miembros a hacer efectiva esta integración en sus respectivas estrategias nacionales para el empleo, fomentando la creación de puestos de trabajo en el sector medioambiental.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se aprueban las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2001 que figuran en el anexo. Los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus respectivas políticas de empleo.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

DIRECTRICES PARA EL EMPLEO EN EL AÑO 2001

OBJETIVOS HORIZONTALES - CREAR LAS CONDICIONES IDÓNEAS PARA EL PLENO EMPLEO EN UNA SOCIEDAD BASADA EN EL CONOCIMIENTO

La creación meticulosa de un marco macroeconómico favorable a la estabilidad y el crecimiento en el curso de los diez últimos años, unida a esfuerzos coherentes de reforma de los mercados de trabajo, de capitales y de servicios, así como las perspectivas favorables de la economía mundial, han creado un horizonte económico favorable para la Unión Europea que pondrá a su alcance la realización de algunos de sus objetivos fundamentales. Ahora bien, el progreso posterior no será automático, sino que exige liderazgo, compromiso y una acción concertada.

Por ello, el Consejo Europeo declaró que el pleno empleo es un objetivo fundamental de la política social y de empleo de la Unión Europea. Asimismo, instó a los Estados miembros a alcanzar el objetivo estratégico de hacer que la Unión Europea se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. El logro de estos objetivos exige esfuerzos simultáneos de la Comunidad y de los Estados miembros. Exige, además, la aplicación continua de un conjunto eficaz y bien equilibrado de medidas que se refuercen entre sí, basadas en una política macroeconómica, en reformas estructurales que promuevan mercados de trabajo adaptables y flexibles, en la innovación y en la competitividad, así como un Estado del bienestar activo que favorezca el desarrollo de los recursos humanos, la participación, la integración y la solidaridad.

Preparar la transición a una economía basada en el conocimiento, aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en recursos humanos y la lucha contra la exclusión social, y promocionar la igualdad de oportunidades, son retos esenciales para el proceso de Luxemburgo Para alcanzar el nuevo objetivo del pleno empleo fijado en Lisboa, los Estados miembros deberán articular su respuesta a las directrices en torno a los cuatro pilares mediante una estrategia global coherente que tenga en cuenta los objetivos horizontales que se exponen a continuación:

A. Mejorar las posibilidades de empleo y proporcionar incentivos adecuados para todas las personas dispuestas a emprender una actividad remunerada, con el fin de avanzar hacia al pleno empleo. Para ello, los Estados miembros deberán fijar objetivos nacionales de incremento de la tasa de empleo, de forma que contribuyan a los objetivos europeos globales que pretenden que en el 2010 se haya alcanzado una tasa de empleo total del 70% y una tasa de empleo para las mujeres de al menos un 60%. Para la realización de estos objetivos también deberá tenerse en cuenta el objetivo de aumentar la calidad de los empleos.

B. Los Estados miembros deberán determinar estrategias globales y coherentes para el aprendizaje permanente, con el fin de que los ciudadanos puedan adquirir y actualizar las competencias necesarias para adaptarse a los cambios económicos y sociales durante todo su ciclo de vida. En particular, las estrategias deberán englobar el desarrollo de sistemas de enseñanza inicial, secundaria y superior, de formación complementaria y de formación profesional para jóvenes y adultos, a fin de mejorar su empleabilidad, su adaptabilidad y sus competencias, así como su participación en la sociedad basada en el conocimiento. Estas estrategias deberán coordinar la responsabilidad compartida de las autoridades públicas, las empresas, los interlocutores sociales y los individuos con una contribución apropiada de la sociedad civil, para así contribuir a la realización de una sociedad basada en el conocimiento. En este contexto, los interlocutores sociales deberán negociar y adoptar medidas para mejorar la formación complementaria y la formación de adultos, a fin de aumentar las posibilidades de adaptación de los trabajadores y la competitividad de las empresas. Con este objeto, los Estados miembros deberán fijar objetivos nacionales dirigidos a aumentar la inversión en recursos humanos y la participación en la educación y la formación complementarias (tanto si son oficiales como no regladas) y supervisar regularmente los progresos obtenidos en la realización de estos objetivos.

C. Los Estados miembros establecerán una asociación global con los interlocutores sociales para la aplicación, el control y el seguimiento de la estrategia para el empleo. Se alienta a los interlocutores sociales a que intensifiquen su acción y el apoyo al proceso de Luxemburgo a todos los niveles. Dentro del marco general y los objetivos establecidos por estas directrices, se insta a los interlocutores sociales a que, en función de sus tradiciones y prácticas nacionales, establezcan su propio proceso de aplicación de las directrices que sean principalmente de su competencia, determinen los temas sobre los que vayan a negociar e informen regularmente sobre los progresos realizados y la incidencia de sus acciones sobre el empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo. Se invita a los interlocutores sociales a escala europea a que definan su propia contribución y a que sigan muy de cerca, alienten y apoyen los esfuerzos desplegados a escala nacional.

D. Al trasladar las directrices de empleo a las políticas nacionales, los Estados miembros prestarán la atención debida a los cuatro pilares y a los objetivos horizontales, estableciendo sus prioridades de forma equilibrada, de forma que se respete el carácter integrado y la equivalencia de las directrices. Los planes nacionales de acción desarrollarán la estrategia para el empleo, incluyendo un inventario de las medidas basadas en los cuatro pilares y los objetivos horizontales, que deberá exponer la forma en que las iniciativas correspondientes a las diferentes directrices se estructuran para alcanzar los objetivos a largo plazo.

E. Los Estados miembros y la Comisión intensificarán el establecimiento de indicadores cuantitativos comunes para evaluar convenientemente los progresos realizados en cada uno de los cuatro pilares y para reforzar la fijación de criterios de evaluación comparativa y la determinación de buenas prácticas. Los interlocutores sociales establecerán indicadores y criterios de evaluación adecuados, así como las bases de datos estadísticas de apoyo para medir el progreso en las acciones que dependen de ellos.

I. MEJORAR LA CAPACIDAD DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Combatir el desempleo juvenil y prevenir el desempleo de larga duración

Para influir sobre la evolución del desempleo de los jóvenes y del desempleo de larga duración, los Estados miembros intensificarán sus esfuerzos dirigidos a desarrollar estrategias preventivas y orientadas hacia la capacitación para el empleo, basándose en la detección precoz de las necesidades individuales; en un plazo fijado por cada Estado miembro, que no podrá superar los dos años pero que podrá ser más largo en los Estados miembros afectados por un paro especialmente alto, los Estados miembros se asegurarán de que:

1. se ofrezca a cada desempleado una nueva oportunidad antes de que alcance seis meses de paro en el caso de los jóvenes, y doce meses en el caso de los adultos, en forma de formación, reconversión, prácticas laborales, un puesto de trabajo u otra medida destinada a favorecer su inserción profesional y, en caso necesario, orientación y asesoramiento profesional individual, a fin de garantizar su integración eficaz en el mercado de trabajo.

Estas medidas preventivas y de inserción deberán combinarse con medidas para reducir el número de desempleados de larga duración, fomentando su reinserción en el mercado de trabajo.

En este contexto, los Estados miembros deberán seguir modernizando sus servicios públicos de empleo y su cooperación con otros proveedores de servicios, de tal modo que estén en condiciones de llevar a cabo la estrategia de prevención y activación lo más eficazmente posible.

Un planteamiento más favorable al empleo: sistemas de protección social, regímenes fiscales y sistemas de formación

En caso necesario, habrán de revisarse y adaptarse los sistemas de prestaciones sociales, de imposición y de formación, a fin de que fomenten activamente la capacidad de inserción profesional de los desempleados. Además, dichos sistemas deberán funcionar de forma interactiva para alentar el retorno al mercado de trabajo de las personas inactivas que quieran y puedan ocupar un empleo. Deberá prestarse una atención particular a la promoción de incentivos para que los desempleados o inactivos busquen y acepten un empleo, así como a las medidas destinadas a actualizar sus cualificaciones y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular para los que experimentan mayores dificultades.

2. A tal fin, cada Estado miembro,

-revisará y, cuando sea necesario, reformará sus regímenes fiscales y de protección social para eliminar las trampas de pobreza y ofrecer incentivos a los desempleados o a las personas inactivas para que busquen y acepten las oportunidades de empleo;

-se esforzará por aumentar sensiblemente el número de personas que se benefician de medidas activas para mejorar su empleabilidad, al objeto de garantizar su integración efectiva en el mercado de trabajo, y aumentará, en función de su situación inicial, su gasto per cápita dedicado a las medidas activas, teniendo en cuenta la relación coste eficacia y el equilibrio presupuestario general.

Desarrollar una política para prolongar la vida activa

Para alcanzar el pleno empleo, garantizar la equidad y viabilidad a largo plazo de los regímenes de seguridad social y aprovechar la experiencia de los trabajadores de más edad, se precisan profundos cambios en las actitudes sociales predominantes frente a dichos trabajadores, así como una revisión de los sistemas fiscales y de protección social.

3. En consecuencia, los Estados miembros establecerán políticas destinadas a prolongar la vida activa, a fin de mejorar la capacidad de los trabajadores de más edad y aumentar los incentivos para que sigan perteneciendo a la población activa durante el mayor tiempo posible, en particular a través de las siguientes medidas:

-adoptando medidas positivas para mantener la capacidad laboral y las competencias de los trabajadores de más edad, para introducir fórmulas flexibles de trabajo y para sensibilizar a los empresarios sobre el potencial de estos trabajadores;

-garantizando que los trabajadores de más edad tengan acceso suficiente a la educación y formación complementarias, a fin de que puedan participar en condiciones igualitarias en un mercado de trabajo basado en el conocimiento, y

-revisando los regímenes fiscales y de protección social a fin de suprimir los efectos disuasorios y crear nuevos incentivos para que estos trabajadores sigan activos en el mercado de trabajo.

Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto del aprendizaje permanente

Unos sistemas de educación y formación eficaces, que funcionen correctamente y que respondan a las necesidades del mercado de trabajo son esenciales para el desarrollo de la economía basada en el conocimiento y para la mejora del nivel y la calidad del empleo. Son, asimismo, fundamentales para la aplicación de la educación permanente, puesto que permiten una transición fluida de la escuela a la vida laboral, constituyen los cimientos de recursos humanos productivos equipados con competencias básicas y específicas, y hacen que las personas se adapten positivamente a los cambios económicos y sociales. La creación de una mano de obra apta para el empleo supone también dotar a las personas de la capacidad de acceder a una sociedad basada en el conocimiento y disfrutar de sus beneficios, actuar sobre las carencias de cualificaciones y prevenir la erosión de las competencias derivada del desempleo, la no participación y la exclusión durante el ciclo vital.

4. Por lo tanto, los Estados miembros habrán de mejorar la calidad de sus sistemas de educación y formación, así como de los programas correspondientes, sobre todo mediante la modernización de los sistemas de formación en calidad de aprendiz y la creación de centros locales de adquisición de conocimientos polivalentes, a fin de:

-dotar a los jóvenes de las competencias básicas, sobre todo en tecnologías de la información y en lenguas extranjeras, útiles para el mercado de trabajo y necesarias para participar en el aprendizaje durante toda la vida;

-erradicar el analfabetismo y reducir sustancialmente el número de jóvenes que abandonan prematuramente el sistema escolar, especialmente introduciendo las ayudas adecuadas para los jóvenes con dificultades de aprendizaje; en este contexto, los Estados miembros adoptarán medidas destinadas a reducir a la mitad hasta 2010 el número de jóvenes de 18 a 24 años que no hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza secundaria y no prosigan sus estudios o su formación;

-favorecer las condiciones para facilitar un mejor acceso de los adultos a la formación permanente, incluidos los que trabajen con contratos atípicos, con el fin de aproximarse gradualmente a la proporción de la población adulta en edad de trabajar (25-64 años) que participa en la educación y formación en los Estados miembros con mejores resultados a este respecto, duplicar para el año 2005 los niveles existentes y alcanzar al menos un 10% en 2010.

-garantizar que los sistemas educativos impartan un conjunto de cualificaciones básicas permanentemente actualizadas.

Con el fin de facilitar la movilidad y promover el aprendizaje permanente, los Estados miembros deberán mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y de los conocimientos y competencias adquiridos.

5. Los Estados miembros deberán poner al alcance de todos los ciudadanos el aprendizaje informático. En particular, garantizarán que todos los centros de educación y formación tengan acceso a internet y a los recursos multimedios antes de finales del año 2001, y que todos los profesores y formadores a quienes corresponda cuenten con las competencias necesarias para el uso de estas tecnologías a finales de 2002, a fin de que puedan facilitar a todos los alumnos una amplia cultura digital.

6. Los Estados miembros promoverán medidas para que los desempleados adquieran competencias o las actualicen, en particular en tecnologías de la información y la comunicación, a fin de facilitarles el acceso al mercado de trabajo y reducir los desfases de cualificaciones. Para lograrlo, cada Estado miembro fijará un objetivo a fin de que las medidas activas de formación propuestas a los desempleados se acerquen progresivamente a la media de los tres Estados miembros más avanzados en este terreno y, como mínimo, a un 20 %.

Políticas activas para adaptarse a la demanda de puestos de trabajo y luchar contra los nuevos desfases

En todos los Estados miembros, el paro y la exclusión del mercado de trabajo coexisten con falta de mano de obra en algunos sectores, profesiones y regiones. Con la mejora de la situación del empleo y la aceleración del cambio tecnológico, estos desajustes se incrementan. Una insuficiencia de las políticas activas destinadas a prevenir la aparición de escasez de mano de obra y luchar contra la misma será perjudicial para la competitividad, aumentará las presiones inflacionistas y mantendrá el paro estructural en un nivel alto.

7. Los Estados miembros, si fuera necesario junto con los interlocutores sociales, intensificarán sus esfuerzos para detectar y prevenir los desfases, en particular:

-desarrollando la capacidad de los servicios de empleo para responder a la demanda de mano de obra;

-elaborando políticas para prevenir la escasez de competencias;

-fomentando la movilidad profesional y geográfica;

-mejorando el funcionamiento de los mercados de trabajo mediante el perfeccionamiento de las bases de datos sobre empleos y oportunidades de formación, que deberán estar conectadas a escala europea, y la utilización de las modernas tecnologías de la información y de la experiencia ya disponible a escala europea.

Luchar contra la discriminación y promover la integración social mediante el acceso al empleo

Muchos grupos e individuos se enfrentan a dificultades particulares para adquirir las cualificaciones necesarias, acceder al mercado de trabajo y mantenerse en el mismo, lo que puede aumentar el riesgo de exclusión. Por lo tanto, es necesario adoptar un conjunto coherente de políticas que faciliten la integración social mediante el apoyo a la inclusión de los grupos y los individuos desfavorecidos en el mundo del trabajo y permitan luchar contra la discriminación en el acceso al mercado de trabajo y dentro de él.

8. A tal fin, cada Estado miembro,

-abrirá vías consistentes en medidas eficaces de prevención y de política activa para promover la integración en el mercado de trabajo de grupos e individuos en situación de riesgo o de desventaja, a fin de evitar la marginación, la aparición de «trabajadores pobres» y la deriva hacia la exclusión;

-desarrollará medios para detectar y luchar contra la discriminación por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, en el acceso al mercado de trabajo y a la educación y la formación;

-establecerá las medidas apropiadas para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, de las minorías étnicas y de los trabajadores migrantes en lo que se refiere a su integración en el mercado de trabajo, y fijará objetivos nacionales a este respecto, teniendo en cuenta la situación nacional.

II. DESARROLLAR EL ESPÍRITU DE EMPRESA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

Facilitar la creación y gestión de empresas

La creación de nuevas empresas en general, y la contribución al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en particular, son factores esenciales para la creación de empleo y de oportunidades de formación para los jóvenes. Este proceso debe alentarse mediante el fomento de una mayor conciencia empresarial en la sociedad y en los programas de enseñanza a través de una normativa clara, estable y fiable, y deben mejorarse las condiciones para el desarrollo de los mercados de capital de riesgo y el acceso a los mismos. Los Estados miembros deberían también aligerar y simplificar las cargas administrativas y fiscales que recaen sobre las PYME. Estas políticas deberán reforzar la prevención del trabajo no declarado.

9. Los Estados miembros velarán de manera especial por reducir sustancialmente los gastos generales y las cargas administrativas de las empresas, en particular en el momento de creación de una empresa y cuando se contraten más trabajadores; por lo tanto, al elaborar nuevas normas, los Estados miembros deberán evaluar su posible incidencia sobre las cargas administrativas y los gastos generales de las empresas.

10. Los Estados miembros favorecerán el acceso a la actividad empresarial a través de las siguientes medidas:

-examinando los obstáculos que puedan entorpecer el paso a la actividad autónoma y a la creación de pequeñas empresas, especialmente los existentes en los regímenes fiscales y de seguridad social, con el fin de reducir su incidencia;

-fomentando la educación en el espíritu de empresa y la actividad por cuenta propia, los servicios de apoyo directamente relacionados con las empresas, y la formación de los empresarios y los futuros jefes de empresa;

-luchando contra el trabajo no declarado y fomentando la transformación de este trabajo en empleo legal, recurriendo a todos los medios de acción adecuados, incluidas las disposiciones reglamentarias, los incentivos y la reforma de los sistemas fiscales y de protección social, en colaboración con los interlocutores sociales.

Nuevas posibilidades de empleo en la sociedad basada en el conocimiento y en los servicios

Si la Unión Europea desea triunfar en su lucha contra los problemas de empleo, deberá explotar eficazmente todas las fuentes potenciales de puestos de trabajo y las nuevas tecnologías. Las empresas innovadoras deben hallar un entorno favorable, ya que su contribución puede ser esencial para movilizar el potencial de creación de empleo de la sociedad basada en el conocimiento. El sector de los servicios, en particular, encierra un potencial considerable, por lo que, con este fin:

11. Los Estados miembros eliminarán las barreras para el suministro de servicios y desarrollarán las condiciones marco que permitan explotar plenamente el potencial del sector terciario para crear más y mejores puestos de trabajo, tanto en los servicios tradicionales como en los no tradicionales, los relacionados con las empresas y los servicios personales. Conviene explotar especialmente el potencial de empleo de la sociedad del conocimiento y del sector medioambiental.

Acción local para el empleo

Todos los agentes a escala regional y local deben movilizarse para llevar a la práctica la estrategia europea para el empleo, determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a nivel local y reforzando la colaboración con este objetivo.

12. A tal fin, los Estados miembros:

-alentarán a las autoridades locales y regionales a establecer estrategias para el empleo, a fin de explotar plenamente las posibilidades que ofrece la creación de empleo a nivel local;

-favorecerán las asociaciones entre todos los agentes interesados, especialmente los interlocutores sociales, para la aplicación de dichas estrategias a nivel local;

-promoverán medidas para impulsar el desarrollo competitivo y la capacidad de creación de puestos de trabajo de la economía social, especialmente el suministro de bienes y servicios relacionados con necesidades aún no satisfechas por el mercado, y examinarán, con objeto de reducirlos, los obstáculos que pudieran trabar dichas medidas;

-reforzarán a todos los niveles el papel de los servicios públicos de empleo en la detección de las oportunidades de empleo locales y en la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo locales.

Reformas fiscales en favor del empleo y la formación

Es importante profundizar el examen de la incidencia de la presión fiscal sobre el empleo, y hacer que el sistema impositivo sea más favorable para la creación de puestos de trabajo invirtiendo la tendencia a largo plazo dirigida a gravar el trabajo con mayores impuestos y cargas fiscales. Las reformas fiscales también deberán tener en cuenta la necesidad de incrementar la inversión en recursos humanos por parte de las empresas, las autoridades públicas y los propios individuos, debido a su impacto a largo plazo sobre el empleo y la competitividad.

13. A tal fin, cada Estado miembro:

-se fijará el objetivo, en la medida necesaria y en función de su nivel actual, de reducir progresivamente la carga fiscal total y, cuando proceda, el objetivo de reducir gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes no salariales del trabajo, en particular sobre el trabajo poco cualificado y mal retribuido; estas reformas deberán abordarse sin poner en entredicho el saneamiento de la hacienda pública ni el equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social;

-introducirá incentivos y eliminará las trabas fiscales a la inversión en recursos humanos;

-estudiará la conveniencia de recurrir a otras fuentes de ingresos fiscales, como la energía y las emisiones contaminantes, teniendo en cuenta las tendencias de los mercados, y en particular del mercado del crudo.

III. FOMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE SUS TRABAJADORES

Las posibilidades que ofrece la economía basada en el conocimiento y la perspectiva de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo exigen una adaptación consecuente de la organización del trabajo y la participación de todos los agentes, incluidas las empresas, en la aplicación de las estrategias de aprendizaje permanente, a fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores y los empresarios.

Modernizar la organización del trabajo

Para fomentar la modernización de la organización del trabajo y de las formas de trabajo, deberá desarrollarse una asociación sólida a todos los niveles adecuados (europeo, nacional, sectorial, local y empresarial).

14. Se insta a los interlocutores sociales a negociar y a poner en práctica, en todos los niveles apropiados, acuerdos para modernizar la organización del trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, con el fin de lograr que las empresas sean productivas y competitivas, de alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad, y aumentar la calidad de los puestos de trabajo. Entre los temas que podrían tratarse se encuentran, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo ( por ejemplo, el teletrabajo) y las cuestiones relacionadas con la jornada laboral, como el cómputo anual del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias, el fomento del trabajo a tiempo parcial y el acceso a la interrupción temporal de la actividad profesional. En el contexto del proceso de Luxemburgo, se invita a los interlocutores sociales a que informen anualmente sobre los aspectos de la modernización de la organización del trabajo que hayan sido abordados en las negociaciones, así como la situación de su aplicación y sus repercusiones sobre el empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo.

15. Los Estados miembros deberán realizar las siguientes tareas, cuando proceda en colaboración con los interlocutores sociales:

-revisar el marco reglamentario existente y examinar las propuestas de nuevas disposiciones e incentivos para asegurarse de que contribuyan a reducir los obstáculos para el empleo, a facilitar la introducción de una organización del trabajo modernizada y a aumentar la capacidad del mercado de trabajo para adaptarse a los cambios estructurales de la economía;

-esforzarse por garantizar una mejor aplicación en el lugar de trabajo de la legislación existente en materia de salud y seguridad, intensificando y reforzando el control de la aplicación, proporcionando una orientación que ayude a las empresas, especialmente a las PYME, a ajustarse a la legislación existente, mejorando la formación en el terreno de la salud y la seguridad en el trabajo y fijando objetivos de reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en los sectores tradicionalmente de alto riesgo;

-al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la creciente diversidad de las formas de trabajo, examinarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional tipos de contrato más flexibles y velarán por que los que trabajen con nuevos contratos flexibles se beneficien de una seguridad adecuada y de un estatuto profesional más elevado, compatibles con las necesidades de las empresas.

Apoyar la adaptabilidad en las empresas como un componente del aprendizaje permanente

Con el fin de renovar los niveles de cualificación dentro de las empresas, como factor integrante del aprendizaje permanente:

16. se insta a los interlocutores sociales a todos los niveles pertinentes a que:

-celebren acuerdos sobre la educación permanente para facilitar la capacidad de adaptación y de innovación, en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación; a tal fin, deberán establecerse las condiciones necesarias para que cada trabajador pueda adquirir unos conocimientos suficientes sobre la sociedad de la información hasta el año 2003;

-impulsen a las empresas a determinar y difundir las mejores prácticas en materia de educación y formación permanentes y a organizar un premio europeo para las empresas especialmente innovadoras.

IV. REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Integración en las políticas generales de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Para alcanzar la meta de la igualdad de oportunidades y realizar el objetivo de una tasa de empleo de las mujeres más elevada conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, los Estados miembros deben reforzar sus políticas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y actuar sobre todas las condiciones que ejercen una influencia sobre las mujeres a la hora de decidir el ejercicio de una actividad.

Las mujeres siguen teniendo problemas especiales de acceso al empleo, de ascenso profesional, de retribución y de conciliación de la vida profesional y la vida familiar. Por ello es importante, entre otras cosas:

-poner a disposición de las mujeres medidas activas de política laboral proporcionalmente a su tasa de desempleo;

-prestar especial atención al impacto de los sistemas fiscales y de protección social sobre la igualdad de hombres y mujeres: estas estructuras deberán revisarse cuando se detecte que inciden negativamente sobre la participación de las mujeres en la población activa;

-prestar especial atención al respeto de la aplicación del principio de igualdad de remuneración;

-prestar especial atención a todos los obstáculos que impiden a las mujeres crear nuevas empresas o hacerse autónomas;

-garantizar que las mujeres puedan acogerse a formas flexibles de organización del trabajo, de forma voluntaria y sin pérdida de la calidad del empleo.

17. En consecuencia, los Estados miembros adoptarán un enfoque favorable a la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la aplicación de las directrices en sus cuatro pilares:

-desarrollando y reforzando los sistemas de consulta con los organismos encargados de la igualdad de oportunidades;

-aplicando procedimientos para la evaluación de las repercusiones sobre las mujeres y los hombres para cada directriz;

-elaborando indicadores destinados a medir los progresos realizados en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres para cada directriz.

Con el fin de poder evaluar concretamente los progresos realizados, los Estados miembros deberán desarrollar sistemas y procedimientos adecuados para la recogida de datos.

Combatir la discriminación por razones de sexo

Los Estados miembros y los interlocutores sociales deberán estar atentos al desequilibrio en la representación de la mujer o del hombre en determinados sectores de actividad y profesiones, así como a la mejora de las oportunidades de promoción profesional de las mujeres.

18. Los Estados miembros deberán realizar las siguientes tareas, colaborando con los interlocutores sociales cuando proceda:

-redoblar sus esfuerzos para reducir la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres, apoyando activamente el aumento de la tasa de empleo de las mujeres;

-adoptar medidas para conseguir una representación equilibrada de mujeres y de hombres en todos los sectores y profesiones;

-tomar medidas positivas para promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y reducir las diferencias de ingresos entre las mujeres y los hombres: la acción contra las diferencias salariales es necesaria tanto en el sector público como en el privado, y habrá de determinarse y abordarse la incidencia de las políticas sobre la diferencia de retribución entre mujeres y hombres;

-tener en cuenta una utilización más frecuente de medidas dirigidas a mejorar la condición de las mujeres, a fin de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Conciliar la vida laboral con la vida familiar

Las políticas sobre interrupción temporal de la actividad profesional, permiso parental, trabajo a tiempo parcial y horarios de trabajo flexibles, que redundan en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores, revisten especial importancia para mujeres y hombres. Habría que acelerar y supervisar regularmente la aplicación de las diversas directivas y de los acuerdos entre los interlocutores sociales sobre este tema. Es necesaria una oferta suficiente de servicios de calidad de guardería y de asistencia a otras personas a cargo, a fin de favorecer la incorporación y continuidad de hombres y mujeres en el mercado laboral. En este sentido, es esencial alcanzar un reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Las personas que se reincorporan al mercado de trabajo después de una ausencia pueden también tener cualificaciones que hayan quedado obsoletas y experimentar dificultades a la hora de acceder a actividades de formación. Debe facilitarse la reinserción de las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo tras una ausencia. Con el fin de reforzar la igualdad de oportunidades,

19. los Estados miembros y los interlocutores sociales:

-elaborarán, aplicarán y promoverán políticas de apoyo a la familia, incluidos servicios de cuidado de los niños y otras personas dependientes, que sean asequibles, de fácil acceso y de elevada calidad, así como sistemas de permiso parental o de otro tipo;

-estudiarán el establecimiento de un objetivo nacional, en función de su situación particular, para incrementar la disponibilidad de los servicios asistenciales;

-prestarán especial atención a la situación de las mujeres y de los hombres que desean reincorporarse a la vida activa remunerada tras una ausencia y, a tal fin, estudiarán la manera de suprimir progresivamente los obstáculos que dificultan la reincorporación.