Posición Común (CE) no 19/2004

aprobada por el Consejo el 7 de enero de 2004

con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° .../2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

(2004/C 79 E/03)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el guión segundo del apartado 5 de su artículo 67,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin la Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(4) (el Plan de acción de Viena).

(3) El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como la piedra angular para la creación de un verdadero espacio judicial.

(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(5). Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequatur, es decir, la creación de un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados.

(5) El concepto de "créditos no impugnados" debe abarcar todas aquellas situaciones en que un acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobada de conflicto por parte del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra ese deudor o un documento ejecutorio que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva.

(6) La ausencia de impugnación con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 puede consistir en la incomparecencia en la vista o en la omisión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccional a comunicar por escrito la intención de presentar alegaciones.

(7) El presente Reglamento debe aplicarse a las resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados y a las decisiones dictadas tras la impugnación de resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva certificados como Títulos Ejecutivos Europeos.

(8) En sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo estimó que conviene acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba tomarse antes de la ejecución en el Estado miembro en el que se persiga la misma. Una resolución que haya sido certificada como Título Ejecutivo Europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, el registro de una resolución extranjera certificada seguirá las mismas normas que el registro de una resolución de otra parte del Reino Unido, y no implica el examen de la resolución extranjera en cuanto al fondo. Las condiciones de la ejecución de las resoluciones deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional.

(9) El procedimiento así obtenido debe ofrecer importantes ventajas con respecto al procedimiento de exequatur contenido en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(6), en el sentido de que no haya necesidad alguna de aprobación por parte de la judicatura en un segundo Estado miembro, con las consiguientes demoras y gastos.

(10) Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa.

(11) El presente Reglamento trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En especial, tiene por fin garantizar el pleno respeto del derecho a un juicio justo, reconocido en el artículo 47 de la Carta.

(12) Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que conducen a la resolución, con objeto de que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra él, de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito y de las consecuencias que acarree su no participación.

(13) Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas del procedimiento civil y especialmente las que regulan la notificación de escritos, es necesario establecer de manera específica y pormenorizada una definición de estas normas mínimas. En especial, ningún método de notificación que se base en una ficción legal del cumplimiento de estas normas mínimas puede considerarse suficiente para la certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo.

(14) Todos los métodos de notificación enumerados en los artículos 13 y 14 se caracterizan por ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien un alto grado de probabilidad (artículo 14) de que el documento notificado ha sido recibido por su destinatario. En la segunda categoría, sólo debe certificarse una resolución como Título Ejecutivo Europeo si el Estado miembro de origen dispone de un mecanismo adecuado para brindar al deudor el derecho a solicitar la revisión plena de la resolución en las condiciones contempladas en el artículo 19 en los casos excepcionales en que, no obstante el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, el documento no haya sido recibido por el destinatario.

(15) Sólo debe considerarse que la notificación personal a personas distintas del propio deudor con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 14 cumple los requisitos previstos en ellas si dichas personas han recibido efectivamente el documento en cuestión.

(16) El artículo 15 debe aplicarse a las situaciones en que el deudor no pueda representarse a sí mismo ante un órgano jurisdiccional, como es el caso de las personas jurídicas, y cuando la persona que debe representarlo está determinada por ley, así como a las situaciones en que el deudor haya autorizado a otra persona, en especial a un abogado, para representarlo en el procedimiento judicial específico de que se trate.

(17) Los órganos jurisdiccionales competentes para comprobar el pleno cumplimiento de las normas mínimas procesales deben, si ésas se cumplen, expedir un certificado de Título Ejecutivo Europeo normalizado, que haga transparente este examen y su resultado.

(18) El principio de confianza recíproca en la Administración de justicia en los Estados miembros justifica que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que se cumplen todas las condiciones de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para permitir que una resolución resulte ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin que los órganos jurisdiccionales de aquel en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han cumplido las normas mínimas procesales.

(19) El presente Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas procesales establecidas en él. Ofrece un incentivo hacia esta finalidad facilitando una ejecución más eficaz y rápida de resoluciones en otros Estados miembros solamente si se cumplen estas normas mínimas.

(20) La solicitud de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados debe ser opcional para el acreedor, que puede elegir, en su lugar, el sistema de reconocimiento y ejecución con arreglo al Reglamento (CE) n° 44/2001 u otros instrumentos comunitarios.

(21) Cuando un documento deba remitirse de un Estado miembro a otro para su notificación en este último, el presente Reglamento, y en particular las normas sobre notificación previstas en el mismo, debe aplicarse juntamente con el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil(7), y en especial con su artículo 14 en conjunción con la información comunicada por los Estados miembros con arreglo a su artículo 23.

(22) Dado que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(23) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento, deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(8).

(24) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(25) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo tanto, no está vinculada a él ni sujeta a su aplicación.

(26) En virtud del guión segundo del apartado 5 del artículo 67 del Tratado, el procedimiento de codecisión es aplicable desde el 1 de febrero de 2003 para las medidas establecidas en el presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

La finalidad del presente Reglamento es crear un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ("acta iure imperii").

2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes económicos matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

b) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c) la seguridad social;

d) el arbitraje.

3. En el presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca.

Artículo 3

Títulos ejecutivos que se certificarán como Título Ejecutivo Europeo

1. El presente Reglamento se aplicará a las resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados.

Se considerará no impugnado un crédito si:

a) el deudor ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el mismo, mediante su admisión o mediante transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional; o bien

b) el deudor nunca lo ha impugnado, con cumplimiento de los pertinentes requisitos procesales de la ley del Estado miembro de origen, en el marco de un procedimiento judicial; o bien

c) el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la vista relativa a dicho crédito después de haber impugnado inicialmente el crédito en el transcurso del procedimiento judicial, siempre que dicho comportamiento equivalga a una aceptación tácita del crédito o de los hechos alegados por el acreedor de acuerdo con la legislación del Estado miembro de origen; o bien

d) el deudor lo ha aceptado expresamente en un documento público con fuerza ejecutiva.

2. El presente Reglamento se aplicará también a las decisiones dictadas en vía de recurso interpuesto contra resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva certificados como Títulos Ejecutivos Europeos.

Artículo 4

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) "resolución", cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso;

2) "crédito", una pretensión referida al pago de un importe de dinero determinado que haya vencido o cuya fecha de vencimiento se indique en la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva;

3) "documento público con fuerza ejecutiva":

a) un documento formalizado o registrado como documento público con fuerza ejecutiva, y cuya autenticidad:

i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y

ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada con este fin por el Estado miembro de donde provenga;

o bien

b) un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las autoridades administrativas o formalizado por ellas;

4) "Estado miembro de origen", el Estado miembro en el que se haya dictado la resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial o se haya formalizado o registrado el documento público con fuerza ejecutiva, que debe certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

5) "Estado miembro de ejecución", el Estado miembro en el que se persiga la ejecución de la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva que deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

6) "órgano jurisdiccional de origen", el órgano jurisdiccional o tribunal que conozca del asunto en el momento de cumplirse los requisitos previstos en las letras a), b) ó c) del apartado 1 del artículo 3;

7) en Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago (betalningsföreläggande), el término "órgano jurisdiccional" comprenderá el Servicio público sueco de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet).

CAPÍTULO II

TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

Artículo 5

Supresión del exequatur

Una resolución que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

Artículo 6

Requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo

1. Una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro será certificada como Título Ejecutivo Europeo, previa petición presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, cuando:

a) la resolución sea ejecutoria en el Estado miembro de origen; y

b) la resolución no sea incompatible con las normas en materia de competencias establecidas en las secciones 3 y 6 del capítulo II del Reglamento (CE) n° 44/2001; y

c) en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 3, los procedimientos judiciales en el Estado miembro de origen cumplan los requisitos establecidos en el capítulo III; y

d) la resolución se haya dictado en el Estado miembro en que esté domiciliado el deudor con arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) n° 44/2001, si:

- es un crédito no impugnado a efectos de las letras b) ó c) del apartado 1 del artículo 3, y

- se refiere a un contrato celebrado por una persona, el consumidor, para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, y

- el deudor sea el consumidor.

2. Cuando una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo haya cesado de ser ejecutable o se haya suspendido o limitado su ejecutoriedad, se emitirá, previa solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, un certificado en el que se indique la falta o la limitación de ejecutoriedad, utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo IV.

3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 12, cuando se dicte una decisión como consecuencia de un recurso contra una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se emitirá, previa solicitud presentada en cualquier momento, un certificado sustitutorio utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo V, siempre que la decisión como consecuencia de un recurso sea ejecutoria en el Estado miembro de origen.

Artículo 7

Costas procesales

Cuando una resolución incluya una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, con inclusión de los tipos de interés aplicables, se certificará como Título Ejecutivo Europeo también por lo que se refiere a las costas, a no ser que el deudor de forma expresa se haya opuesto judicialmente a soportar dichas costas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen.

Artículo 8

Certificado de Título Ejecutivo Europeo parcial

Si únicamente determinadas partes de la resolución cumplen los requisitos del presente Reglamento, se emitirá un certificado de Título Ejecutivo Europeo parcial respecto de dichas partes.

Artículo 9

Expedición del certificado de Título Ejecutivo Europeo

1. El certificado de Título Ejecutivo Europeo se expedirá con arreglo al impreso normalizado que figura en el Anexo I.

2. El certificado de Título Ejecutivo Europeo se cumplimentará en la misma lengua que la resolución.

Artículo 10

Rectificación y revocación del certificado de Título Ejecutivo Europeo

1. Previa solicitud ante el órgano jurisdiccional de origen, el certificado de Título Ejecutivo Europeo:

a) se rectificará cuando, debido a un error material, haya discrepancias entre la resolución y el certificado;

b) se revocará cuando la emisión del certificado sea manifiestamente indebida a tenor de los requisitos del presente Reglamento.

2. Se aplicará el Derecho del Estado miembro de origen a la rectificación y revocación del certificado de Título Ejecutivo Europeo.

3. La solicitud de rectificación o de revocación de un Título Ejecutivo Europeo podrá presentarse utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo VI.

4. No cabrá recurso alguno contra la expedición de un certificado de Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 11

Efecto del certificado de Título Ejecutivo Europeo

El certificado de Título Ejecutivo Europeo surtirá efecto únicamente dentro de los límites de la fuerza ejecutoria de la resolución.

CAPÍTULO III

NORMAS MÍNIMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE CRÉDITOS NO IMPUGNADOS

Artículo 12

Ámbito de aplicación de las normas mínimas

1. Una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 3 podrá certificarse como Título Ejecutivo Europeo únicamente si los procedimientos judiciales del Estado miembro de origen cumplen los requisitos procesales contemplados en el presente capítulo.

2. Se aplicarán los mismos requisitos a la expedición de un certificado de Título Ejecutivo Europeo o a un certificado sustitutorio en el sentido del apartado 3 del artículo 6 en el caso de una decisión dictada tras la impugnación de una resolución cuando, en el momento de dictarse la decisión, se cumplan los requisitos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 3.

Artículo 13

Notificación con acuse de recibo por parte del deudor

1. El escrito de incoación o documento equivalente podrán haberse notificado al deudor mediante:

a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado por el deudor;

b) notificación personal acreditada por un documento firmado por la persona competente que la haya realizado en el que declare que el deudor recibió el documento o que se negó a recibirlo sin justificación legal y en el que conste la fecha de la notificación;

c) notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor;

d) notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor.

2. Toda citación para una vista podrá haberse notificado al deudor con arreglo al apartado 1 o verbalmente en una vista anterior sobre la misma demanda y constará en el acta de dicha vista previa.

Artículo 14

Notificación sin acuse de recibo por parte del deudor

1. La notificación al deudor del escrito de incoación o documento equivalente y, en su caso, la citación para una vista se podrá haber realizado asimismo de alguna de las siguientes formas:

a) notificación personal, en el domicilio del deudor, a personas que vivan en la misma dirección que éste, o estén empleadas en ese lugar;

b) en caso de un deudor que es trabajador por cuenta propia, o de una persona jurídica, notificación personal, en el establecimiento comercial del deudor a personas empleadas por él;

c) depósito del escrito en el buzón del deudor;

d) depósito del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del deudor, si en la notificación escrita consta claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes;

e) notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el deudor esté domiciliado en el Estado miembro de origen;

f) por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una confirmación automática de entrega, siempre que el deudor haya aceptado expresamente con anterioridad este medio de notificación.

2. A efectos del presente Reglamento, no será admisible la notificación con arreglo al apartado 1 si no se conoce con certeza el domicilio del deudor.

3. Dará fe de la notificación realizada con arreglo a las letras a) a d) del apartado 1:

a) un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la notificación en el que consten:

i) la forma utilizada para la notificación; y

ii) la fecha de la notificación; y

iii) cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el nombre de dicha persona y su relación con el deudor;

o bien

b) un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos de las letras a) y b) del apartado 1.

Artículo 15

Notificación a los representantes del deudor

La notificación con arreglo a los artículos 13 y 14 se podrá haber realizado asimismo al representante del deudor.

Artículo 16

Información debida del deudor acerca del crédito

Con el fin de garantizar la debida información del deudor en relación con el crédito, en el escrito de incoación o en el documento equivalente deberán constar las indicaciones siguientes:

a) los nombres y las direcciones de las partes;

b) el importe del crédito;

c) si se reclaman intereses sobre el crédito, el tipo de interés y el periodo respecto del cual se exijan dichos intereses, a menos que se añada automáticamente un interés legal al principal, con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen;

d) una motivación de la acción.

Artículo 17

Información debida del deudor respecto de los requisitos procesales para impugnar el crédito

Deberán haberse especificado claramente en el escrito de incoación, el documento equivalente o, en su caso, la citación para una vista, o adjuntarse a éstos:

a) los requisitos procesales para impugnar el crédito, incluido el plazo para impugnar el crédito por escrito o la fecha para la vista, según proceda, el nombre y la dirección de la institución a la que deba responder o ante la que deba comparecer, según proceda, y si es obligatoria la presencia de un letrado;

b) las consecuencias de la ausencia de impugnación o de la incomparecencia, en particular, si procede, la posibilidad de una resolución contraria al deudor y su ejecución, así como la responsabilidad del pago de las costas procesales.

Artículo 18

Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas

1. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en los artículos 13 a 17, este incumplimiento se subsanará y la resolución podrá ser certificada como Título Ejecutivo Europeo siempre que:

a) la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 13 ó 14; y

b) el deudor haya tenido la posibilidad de impugnar la resolución mediante su revisión plena y el deudor haya sido debidamente informado en la resolución o junto con ella acerca de los requisitos procesales para la impugnación, incluido el nombre y la dirección de la institución ante la que hay que incoar el procedimiento de impugnación y, si procede, el plazo; y

c) el deudor no haya impugnado la resolución con arreglo a los requisitos procesales pertinentes.

2. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en los artículos 13 y 14, este incumplimiento se subsanará si el comportamiento del deudor durante las actuaciones judiciales demuestra que ha recibido personalmente el documento que se le debía notificar con el tiempo suficiente para preparar su defensa.

Artículo 19

Normas mínimas para la revisión en casos excepcionales

1. Además de los artículos 13 a 18, sólo podrá certificarse una resolución como Título Ejecutivo Europeo si el deudor puede solicitar, conforme a la legislación del Estado miembro de origen, la revisión de la resolución, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) i) que el documento por el que se incoa el procedimiento o un documento equivalente o, en su caso, la citación para una vista se hubiere notificado a través de uno de los métodos establecidos en el artículo 14, y

ii) la notificación no se hubiere efectuado con la suficiente antelación para permitirle organizar su defensa sin que pueda imputársele responsabilidad por ello,

o

b) que el deudor no hubiere podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad,

siempre, en ambos casos, que actuare con prontitud.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros garanticen el acceso a la revisión de la resolución en condiciones más ventajosas que las mencionadas en el apartado 1.

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN

Artículo 20

Procedimiento de ejecución

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución.

Las resoluciones certificadas como Títulos Ejecutivos Europeos se ejecutarán en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución.

2. Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades ejecutivas competentes del Estado miembro de ejecución:

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b) una copia del certificado de Título Ejecutivo Europeo que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

c) en caso de que sea necesario, la transcripción del certificado de Título Ejecutivo Europeo o una traducción del certificado de Título Ejecutivo Europeo en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en caso de que dicho Estado miembro tenga varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales para los procedimientos judiciales en el lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad Europea distintas de las propias que pueda aceptar para cumplimentar el certificado; la traducción será certificada por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros.

3. No podrá exigirse a la parte que solicite en un Estado miembro la ejecución de una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo expedido en otro Estado miembro caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 21

Denegación de ejecución

1. A instancia del deudor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si la resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer país, siempre que:

a) la resolución anterior se refiera al mismo objeto y a las mismas partes, y

b) la resolución anterior se haya dictado en el Estado miembro de ejecución o cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución, y

c) no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar el crédito durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen.

2. El Título Ejecutivo Europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 22

Acuerdos con terceros países

El presente Reglamento no afectará a los acuerdos en virtud de los cuales los Estados miembros se hayan comprometido, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 44/2001, en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a no reconocer una resolución dictada, concretamente, en otro Estado contratante de dicho Convenio contra un demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en el artículo 4 del Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia tal como se indica en el párrafo segundo del artículo 3 de dicho Convenio.

Artículo 23

Suspensión o limitación de la ejecución

Si el deudor hubiere:

- impugnado una resolución, certificada como Título Ejecutivo Europeo, incluida una solicitud de revisión a tenor del artículo 19, o

- solicitado la rectificación o la revocación de un certificado de Título Ejecutivo Europeo con arreglo al artículo 10,

el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del deudor:

a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, o bien

b) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinarán dicho órgano jurisdiccional u autoridad competente, o bien

c) en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.

CAPÍTULO V

TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA

Artículo 24

Transacciones judiciales

1. Las transacciones relativas a créditos en el sentido del apartado 2 del artículo 4 aprobadas por un órgano jurisdiccional o celebradas en el curso de un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional, que sean ejecutorias en el Estado miembro en el que se hayan aprobado o celebrado, serán certificadas como Título Ejecutivo Europeo, previa solicitud ante el órgano jurisdiccional que las haya aprobado o ante el cual se hayan celebrado, cumplimentando el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo II.

2. Una transacción judicial que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado miembro de origen será ejecutada en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su ejecutoriedad.

3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo IV, con excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22.

Artículo 25

Documento público con fuerza ejecutiva

1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos en el sentido del apartado 2 del artículo 4, que sean ejecutivos en un Estado miembro, previa petición a la autoridad designada por el Estado miembro de origen, serán certificados como Título Ejecutivo Europeo cumplimentando el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo III.

2. Un documento público con fuerza ejecutiva que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado miembro de origen será ejecutado en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su ejecutoriedad.

3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo IV, con excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 26

Disposición transitoria

Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las resoluciones dictadas, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS COMUNITARIOS

Artículo 27

Relación con el Reglamento (CE) n° 44/2001

El presente Reglamento no afectará a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y la ejecución de conformidad con el Reglamento (CE) n° 44/2001, de una resolución, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva sobre un crédito no impugnado.

Artículo 28

Relación con el Reglamento (CE) n° 1348/2000

El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1348/2000.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 29

Información sobre los procedimientos de ejecución y sobre las autoridades

Los Estados miembros colaborarán para proporcionar al público en general y a los círculos profesionales, información sobre:

a) los métodos y procedimientos de ejecución en los Estados miembros, y

b) las autoridades competentes de ejecución en los Estados miembros,

en particular a través de la red judicial europea en materia civil y mercantil creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil(9).

Artículo 30

Información sobre los procedimientos de recurso, lenguas y autoridades

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a) los procedimientos de rectificación y revocación a que se refiere el apartado 2 del artículo 10 y de revisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 19;

b) las lenguas aceptadas en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 20;

c) las listas de las autoridades a que se refiere el artículo 25;

y sus posibles modificaciones.

2. La Comisión pondrá a disposición del público la información comunicada de conformidad con el apartado 1 mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como por cualquier otro medio adecuado.

Artículo 31

Modificación de los Anexos

Cualquier modificación de los impresos normalizados que figuran en los Anexos se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 32.

Artículo 32

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 75 del Reglamento (CE) n° 44/2001.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 33

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el ...

El Reglamento será aplicable a partir del ...(10), con excepción de sus artículos 30, 31 y 32, que serán aplicables a partir del ...(11).

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 203 E de 27.8.2002, p. 86.

(2) DO C 85 de 8.4.2003, p. 1.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 8 de abril de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 6 de febrero de 2004 y Posición del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(5) DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

(6) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).

(7) DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.

(8) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(9) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

(10) 18 meses después de la adopción del presente Reglamento.

(11) Fecha de entrada en vigor.

ANEXO I

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ANEXO II

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ANEXO III

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ANEXO IV

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ANEXO V

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ANEXO VI

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), el Consejo alcanzó, el 27 de noviembre de 2003, una orientación general que desembocó en la adopción, el 6 de febrero de 2004, mediante procedimiento escrito, de una Posición Común sobre el proyecto de Reglamento por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados. El Consejo adoptó su decisión por mayoría cualificada, con el voto en contra de la Delegación de los Países Bajos.

Cuando adoptó su Posición, el Consejo tuvo en cuenta el dictamen del Comité Económico y Social del 11 de diciembre de 2002, así como el dictamen emitido por el Parlamento Europeo en primera lectura el 8 de abril de 2003.

El Reglamento en proyecto tiene como objetivo contribuir a suprimir las condiciones previas al reconocimiento y ejecución, en otro Estado miembro, de cualquier decisión judicial ejecutoria dictada en relación con una deuda cuyo carácter y cuantía no hayan sido objeto de impugnación por parte del deudor; suprime los obstáculos al reconocimiento, en otro Estado miembro, de la decisión dictada, así como las medidas de control de la ejecución actualmente vigentes, denominadas comúnmente "procedimiento de exequatur". El Reglamento se aplicará asimismo a las transacciones judiciales y a los actos auténticos que se refieran a un crédito que se considere no impugnado.

Con ello, el Reglamento en proyecto constituye una aplicación concreta del principio de mutuo reconocimiento, necesario para la libre circulación de las resoluciones judiciales.

II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Generalidades

La Posición Común del Consejo se atiene ampliamente al contenido de la propuesta inicial de la Comisión, enmendada por la propuesta modificada transmitida al Consejo el 18 de junio de 2003.

Las principales modificaciones introducidas en dicho texto son las siguientes:

1. En la propuesta inicial de Reglamento, únicamente las sentencias con fuerza de cosa juzgada en el Estado miembro de origen podían ser objeto de una certificación como Título Ejecutivo Europeo. En el texto de la Posición Común adoptada por el Consejo, se suprime esta condición: es necesario y suficiente, para dar lugar a la certificación, que la resolución sea ejecutoria en el Estado miembro de origen. A su vez, y por razones de coherencia y eficacia del sistema, si la resolución certificada es objeto posteriormente de un recurso, la sentencia dictada sobre el recurso podrá ser certificada a su vez, incluso en el supuesto de que el recurso hubiese sido interpuesto por el deudor.

Esta enmienda permite evitar que la interposición por parte del deudor de un recurso baste para privar al acreedor del beneficio que le confiere el título ejecutivo.

2. La Posición Común mantiene el principio según el cual la expedición del certificado de título ejecutivo no puede ser objeto de recurso. Sin embargo, prevé la posibilidad de interponer una solicitud de rectificación del certificado en caso de error material o una solicitud de retirada cuando de manera manifiesta se haya expedido el certificado de manera indebida.

3. De esta manera, se concede al consumidor una protección particular: la resolución sobre un crédito no impugnado reclamado a un deudor consumidor únicamente podrá certificarse como título ejecutivo europeo si ha sido dictada en el Estado miembro en que esté domiciliado el deudor.

4. En lo que se refiere a las normas mínimas exigidas en lo referente a los procedimientos relativos a los créditos no impugnados, la propuesta inicial establecía una jerarquía entre los modos de notificación del escrito de incoación. El texto de la Posición Común suprime dicha jerarquía pero distingue los modos de notificación en función de que se haya suministrado o no la prueba de que el deudor ha recibido efectivamente la notificación. Además, en lo sucesivo se admite, con determinadas condiciones, la simple notificación por correo.

Sin embargo, la Posición Común prevé que los modos de notificación que no vayan acompañados de la prueba de la recepción del acto por parte del deudor únicamente se admitirán a efectos de la certificación de la resolución si, con arreglo al Derecho nacional del Estado de origen, el deudor goza de un derecho de solicitar la revisión de la resolución cuando no haya recibido el escrito de demanda con suficiente antelación para preparar su defensa.

Otras modificaciones, más formales, confieren mayor claridad al texto.

2. Enmiendas del Parlamento

El Consejo ha intentado recoger, en la medida de lo posible, las enmiendas del Parlamento.

Se ha tenido en cuenta la enmienda 1 en lo referente al fondo (véase el considerando 26).

Se ha tenido en cuenta parcialmente la enmienda 2; el Consejo ha considerado que la segunda parte del texto propuesto por el Parlamento en dicha enmienda no era necesaria (artículo 3).

La Comisión no ha recogido la enmienda 3 en su propuesta modificada y el Consejo no la ha incluido en su Posición Común.

La enmienda 4 ha perdido todo su sentido, dado que la Posición Común ya no considera una condición de certificación el carácter definitivo de la resolución judicial.

Se ha recogido la enmienda 5, en su intención, en el texto de la propuesta modificada y ha sido aceptada por el Consejo en su Posición Común (artículo 5).

No se aceptaron como tales las enmiendas 6, 7, 8 y 16, referentes a la admisibilidad de un recurso contra la expedición o la denegación de expedición de un certificado, pero se respetaron sus principios generales. El artículo 10 de la Posición Común dispone que la expedición del certificado no puede ser objeto de recurso, pero autoriza sin embargo la acción de rectificación y de retirada.

Se incorporó la enmienda 9 [letra b) del apartado 1 del artículo 13].

Se desestimó la enmienda 10 por considerarla innecesaria.

La enmienda 11 carece ahora de sentido, dado que el texto de la Posición Común abandona cualquier jerarquía entre los modos de notificación del escrito de incoación.

Se desestimaron las enmiendas 12 y 13.

Se aceptó, en lo referente al fondo, la enmienda 14 [letra d) del artículo 16].

No se introdujo la enmienda 15, destinada a suprimir el apartado 2 del artículo 19 de la propuesta inicial, pero el apartado 2 del artículo 18 establece ahora la mejora de la protección del demandado en las circunstancias que contempla dicha disposición.

III. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que el texto de su Posición Común por la que se establece un título ejecutivo para créditos no impugnados garantiza el equilibrio que se pretendía entre la protección de los derechos del deudor, por una parte, y, por otra, la eficacia del sistema de certificación establecido para permitir una libre circulación de las resoluciones judiciales mediante la supresión de los obstáculos al reconocimiento y ejecución en el Estado miembro de ejecución.