3.

Considera urgente y apropiado que la Comisión: a) adopte iniciativas urgentes para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, como los derechos de protección diplomática y consular y de libertad de movimientos y de residencia; b) desarrolle un mecanismo que garantice una participación más amplia de los ciudadanos en la definición del contenido de la ciudadanía de la Unión elaborando mecanismos de consulta y redes de apoyo de terceros interesados; c) presente un genuino programa de medidas comunitarias de fortalecimiento de los derechos procesales del acusado y de garantías necesarias en las fases previa y posterior al juicio, en particular cuando se trate de alguien que no sea ciudadano del país en cuestión, y, más generalmente, que desarrolle el control de la justicia penal de la Unión Europea y de medidas de seguridad en lo que respecta a la protección de los derechos de los ciudadanos; d) recoja y divulgue con regularidad todos los datos neutrales relevantes sobre la evolución de las principales políticas del ELSJ, como los flujos migratorios, la evolución de la delincuencia organizada y, en particular, del terrorismo (véase la Evaluación por la UE de la amenaza que representa la delincuencia organizada (EU Organised Crime Threat Assessment 2008 (EADO) y el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (EU Terrorism Situation and Trend Report 2008 (TE-SAT) de Europol); e) presente cuanto antes los instrumentos legales pendientes sobre otras categorías de «tarjeta azul de la UE» de trabajadores de terceros países, como los temporeros, los transferidos dentro de las mismas empresas y los becarios remunerados, así como sobre el mandato de Frontex; en particular, que garantice que Frontex disponga de los recursos adecuados para cumplir sus objetivos, y que mantenga plenamente informado al Parlamento sobre las negociaciones en materia de acuerdos en el ámbito de la inmigración con terceros países; f) elabore una política de seguridad interior europea, que debería complementar los planes nacionales de seguridad para que los ciudadanos de la Unión y los Parlamentos nacionales tengan una idea clara del valor añadido de la acción de la Unión Europea; en particular, que refuerce la política de la Unión Europea sobre la lucha contra ciertos tipos de delincuencia organizada, como la ciberdelincuencia, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de menores y la corrupción, tomando medidas eficaces y usando todos los instrumentos de cooperación disponibles para lograr resultados medibles, incluidas las medidas destinadas a adoptar un instrumento legislativo sobre el embargo de activos financieros y bienes de las organizaciones criminales internacionales y sobre su nuevo uso con fines sociales; g) siga aplicando el principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales tanto en el ámbito de la justicia civil como en el de la justicia penal, en todas las etapas del procedimiento judicial, en particular en lo que respecta a la justicia penal, para garantizar a escala de la Unión Europea un sistema de reconocimiento y aceptación mutua de pruebas teniendo plenamente en cuenta el respeto de los derechos fundamentales; h) complete el desarrollo del reconocimiento mutuo mediante una serie de medidas de refuerzo de la confianza mutua, en particular mediante el desarrollo de una cierta armonización del Derecho penal material y procesal, los derechos procesales, la mejora de la evaluación mutua del funcionamiento de los sistemas judiciales y la mejora de los medios para desarrollar la confianza mutua dentro de la carrera judicial, como el fomento de la formación judicial y el apoyo a la creación de redes; i) elabore una estrategia exterior de la Unión Europea transparente y eficaz en el marco del ELSJ, sobre la base de una política creíble, en particular en los supuestos en que la Comunidad tiene competencia exclusiva, por ejemplo en materia de acuerdos de readmisión, protección de las fronteras exteriores y políticas de visado (como ocurre en el caso de la exención de visado para los EE.UU.); j) pida al Consejo que consulte al Parlamento con regularidad, incluso en el caso de los acuerdos internacionales relativos a la cooperación judicial y policial en materia penal, ya que la actual negativa del Consejo a hacerlo es contraria al principio de cooperación leal y de responsabilidad democrática de la Unión Europea; pide a la Comisión que presente, en particular, criterios sobre el desarrollo de una política europea apropiada sobre los acuerdos con terceros países en materia de cooperación judicial o de extradición en materia penal, teniendo en cuenta el principio de no discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos del país tercero en cuestión; k) introduzca una legislación específica que garantice la concesión de la protección diplomática y consular a todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de que el Estado miembro en cuestión esté representado o no en el territorio del tercer país; l) presente nuevas propuestas a fin de cumplir con las sentencias del TJCE sobre la protección de los derechos fundamentales en caso de congelación de activos de personas físicas y jurídicas, también con referencia a la jurisprudencia del TJCE referente a las personas incluidas en los anexos a la Decisiones del Consejo por las que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (7); m) fortalezca la confianza mutua y la solidaridad entre las administraciones de los Estados miembros: — fijando, en cooperación con el Consejo de Europa, unos mayores niveles de calidad de la justicia (8) y de cooperación policial; — fortaleciendo y democratizando los mecanismos de evaluación mutua ya previstos en el contexto de la cooperación Schengen y en la lucha contra el terrorismo; — ampliando el modelo de evaluación y asistencia mutua entre los Estados miembros establecido para Schengen a todas las políticas en el ámbito del ELSJ que afectan a ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países (por ejemplo, para las políticas de migración e integración, pero también para la aplicación de los programas de lucha contra el terrorismo y contra la radicalización); n) estableciendo una mayor coordinación y complementariedad entre las agencias actuales y futuras de la Unión Europea como Europol, Eurojust, FRONTEX y CEPOL, ya que estos organismos deben superar su cooperación todavía incipiente e incierta y establecer vínculos más estrechos con los correspondientes servicios nacionales, alcanzando mayores niveles de eficacia y seguridad y siendo más responsables y transparentes ante el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; o) continúe desarrollando y reforzando, de manera permanente, la política común de la Unión sobre gestión de fronteras, destacando al mismo tiempo la necesidad de definir, cuanto antes, una estructura global para la estrategia fronteriza de la Unión, así como la manera en que todos los programas y proyectos relacionados deberían actuar recíprocamente y funcionar en su conjunto, con vistas a optimizar las relaciones entre ellos, evitando todo solapamiento o inconsistencia;