Dictamen de Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1006/2008 del Consejo

[COM(2015) 636 final — 2015/0289 (COD)]

(2016/C 303/16)

El Parlamento Europeo y el Consejo decidieron, el 17 y el 22 de diciembre de 2015, respectivamente, de conformidad con los artículos 43, apartado 2, y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1006/2008 del Consejo

[COM(2015) 636 final — 2015/0289 (COD)].

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de mayo de 2016.

En su 517.o pleno de los días 25 y 26 de mayo de 2016 (sesión del 25 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 146 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones

No obstante, el Comité considera que la propuesta, tal y como está redactada, es susceptible de generar una carga burocrática y administrativa excesiva para la Comisión Europea, los Estados miembros y los operadores que, de no ponerse los medios técnicos, materiales y humanos necesarios, minaría el ejercicio de simplificación que se pretende y provocaría consecuencias socioeconómicas negativas para los empresarios y trabajadores del sector pesquero.

2. Antecedentes

La Comisión considera que debe revisarse el reglamento en vigor sobre las autorizaciones de pesca con el fin de incluir adecuadamente los objetivos de la nueva PPC y garantizar la coherencia con los reglamentos (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC.

La propuesta amplía el ámbito de aplicación a cuestiones como la expedición de autorizaciones directas en los casos en los que no exista un acuerdo de colaboración de pesca sostenible en vigor con el tercer país en cuestión, la autorización y notificación de los buques de apoyo de los buques pesqueros, el control de los cambios de pabellón, la reasignación de las posibilidades de pesca no utilizadas y la necesidad de establecer un marco jurídico que permita a la Unión mejorar el control de las actividades de los buques pesqueros fletados en la Unión con arreglo a las disposiciones adoptadas por la organización regional de ordenación pesquera competente.

3. Observaciones generales

No obstante, el Comité considera que la propuesta, tal y como está redactada, sin precisar los instrumentos apropiados para la simplificación del sistema, es susceptible de generar una carga burocrática y administrativa excesiva que, de no ponerse los medios técnicos, materiales y humanos necesarios, minaría el ejercicio de simplificación que se pretende. Es necesario establecer un procedimiento de expedición de licencias que sea efectivo y que garantice la legalidad de las mismas, pero que sea simple y rápido a la vez. Si no fuera así, afectaría seriamente a los operadores de la UE, que sufrirían las consecuencias de los retrasos en la entrega de las licencias y, por tanto, perderían días de pesca y se verían afectados negativamente desde el punto de vista socioeconómico.

4. Observaciones particulares

El artículo 5, apartado 1, letra d), de la propuesta establece que el Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca si el operador y el buque pesquero no han sido objeto de una sanción por una infracción grave durante los doce meses anteriores a la solicitud de la autorización. El CESE estima que este criterio de admisibilidad debería eliminarse por poder dar lugar a una doble sanción desproporcionada y discriminatoria. El Comité considera que los Reglamentos (CE) n.o 1224/2009 (de control) y (CE) n.o 1005/2008 (INDNR) prevén ya el procedimiento y las sanciones para infracciones graves cometidas tanto dentro como fuera de las aguas de la UE.

El artículo 8 establece que los buques pesqueros de la Unión solo podrán llevar a cabo actividades pesqueras en aguas de un tercer país si este es parte contratante o cooperante no contratante de una ORP. El CESE llama la atención sobre la situación de Guinea-Bisáu, país con el que la UE tiene un acuerdo sostenible de colaboración pesquera pero que no es parte contratante ni cooperante no contratante de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés). Por ello, el Comité considera que la UE no debe entrar en cuestiones que afecten a la soberanía de los terceros países. Por otro lado, un requisito así pondría a la flota de la UE en una situación de desventaja competitiva con flotas de terceros países que no tienen por qué cumplir con dicho requisito. En cualquier caso, el CESE anima a la Comisión Europea a que prosiga sus esfuerzos, a través del Acuerdo de colaboración de pesca, para que Guinea-Bisáu participe en los trabajos de la CICAA, con el objetivo de una explotación sostenible de los recursos.

ANEXO

El siguiente punto del dictamen de la sección fue modificado al aprobar la Asamblea las enmiendas correspondientes, pero obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos (artículo 54, apartado 4, del Reglamento interno):

Punto 4.2

El artículo 5.1.d) de la propuesta establece que el Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca si el operador y el buque pesquero no han sido objeto de una sanción por una infracción grave durante los doce meses anteriores a la solicitud de la autorización. El CESE estima que es necesario sancionar adecuadamente al operador que comete alguna infracción grave; denegar la autorización de pesca no constituye una doble sanción sino la aplicación de un criterio de admisibilidad. Así mismo, el Comité considera que, en su caso, esta medida debería aplicarse exclusivamente en el caso de sentencias firmes.

Exposición de motivos

Puede dar lugar a una doble sanción, que sería desproporcionada, puesto que el operador y el capitán del buque se verían sometidos no solo a las sanciones previstas en los artículos 90 a 92 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC, y en los artículos 42 a 47 del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sino también a la no elegibilidad para conseguir la autorización.

Los mencionados artículos ya prevén importantes sanciones para los operadores que cometan infracciones graves que van desde la sanción económica (como mínimo del quíntuplo del valor de los productos de la pesca obtenidos cometiendo la infracción grave) a las siguientes accesorias:

1) el embargo del buque infractor;

2) la inmovilización temporal del buque;

3) el decomiso de los artes, las capturas y los productos prohibidos;

4) la suspensión o retirada de la autorización para faenar;

5) la reducción o anulación de los derechos de pesca;

6) la exclusión temporal o permanente del derecho a obtener nuevos derechos de pesca;

7) la inhabilitación temporal o definitiva para recibir ayudas o subvenciones públicas;

8) la suspensión o retirada del estatuto de operador económico autorizado otorgado en virtud del artículo 16, apartado 3.

Así mismo, el artículo 92 del Reglamento (CE) n. o 1224/2009 establece un sistema de puntos para las infracciones graves. Cuando el total de puntos sea igual o superior a un determinado número, la licencia de pesca quedará automáticamente suspendida durante un período mínimo de dos meses. Ese período se elevará a cuatro meses si la licencia de pesca queda suspendida por segunda vez, a ocho meses si la licencia de pesca queda suspendida por tercera vez y a un año si la licencia de pesca queda suspendida por cuarta vez por haberse asignado al titular el número de puntos especificado. Si al titular de la licencia se le asigna por quinta vez el número de puntos especificado, la licencia de pesca se retirará con carácter definitivo.

Por otro lado, consideramos que atenta contra el principio de no discriminación porque ante las mismas infracciones no se aplicarían las mismas sanciones dentro y fuera de las aguas de la UE. Ante las mismas infracciones, los que pescan fuera de la UE tendrían una sanción adicional como sería la no elegibilidad durante 12 meses para obtener la autorización de pesca. Se estaría creando un doble estándar para infracciones similares.

Resultado de la votación: