En su dictamen inicial, el Comité de Control Reglamentario afirmó que la evaluación de impacto no dejaba lo suficientemente claro «el modo en que el análisis del problema evalúa la inadecuación de los salarios mínimos en los diferentes Estados miembros» y no justificaba «con más detalle cómo la iniciativa legislativa se ajusta a la base jurídica elegida y a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad».

En 2020, realizó cinco exámenes iniciales de evaluaciones de impacto de la Comisión, una evaluación de impacto, trece evaluaciones ex post de la implementación a escala europea, tres documentos de aplicación en acción, otras dos evaluaciones ex post, dos listas de verificación, dos informes sobre el coste de la no Europa, nueve evaluaciones del valor añadido europeo, cinco documentos sobre el valor añadido de las políticas vigentes en la UE, un análisis del valor añadido europeo y seis evaluaciones de la implementación. Además, puso en marcha una nueva serie de publicaciones sobre los Parlamentos nacionales y los asuntos europeos, con el fin de proporcionar una visión general de cómo están estructurados los Parlamentos nacionales, cómo tramitan y analizan la legislación de la UE y cómo participan en su desarrollo, y publicó los dos primeros informes de esta serie.

Posteriormente, la evaluación de impacto se revisó para mejorar estos aspectos. El Comité de Control Reglamentario afirma que la actuación a nivel de la UE es más eficaz para reforzar los sistemas de fijación de salarios mínimos que las intervenciones a nivel nacional. Esta actuación contribuirá a garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado único al subsanar grandes divergencias en la cobertura y la adecuación de los salarios mínimos que no están justificadas por las condiciones económicas subyacentes, un objetivo que las acciones descoordinadas de los Estados miembros no pueden conseguir por sí solas.

El Tribunal no solo tuvo en cuenta el contexto jurídico en el que se adoptó la Directiva impugnada, sino que también señaló que el legislador de la Unión no había incurrido en un error manifiesto, ya que había tenido en cuenta todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que la Directiva pretendió regular.

3. APLICACIÓN DEL MECANISMO DE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD POR LOS PARLAMENTOS NACIONALES

La Comisión recibió nueve dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales en 2020. Este número supera al de 2019, año en el que, por primera vez desde que se introdujo el mecanismo de control de subsidiariedad, no se recibió ningún dictamen motivado. También es inferior al de años anteriores, tanto en cifras absolutas como en proporción al número total de dictámenes enviados por los Parlamentos nacionales o al número total de dictámenes sobre propuestas de la Comisión sujetas al mecanismo de control de subsidiariedad (véase también el cuadro de «Tipos de dictámenes» en la sección 4).

De los nueve dictámenes motivados recibidos en 2020, tres de ellos —procedentes del Bundesrat austriaco, del Sénat francés y del Eerste Kamer neerlandés— aludían a la propuesta de Reglamento por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática («Ley del Clima Europea»), adoptada por la Comisión el 4 de marzo de 2020.

Los objetivos de esta propuesta eran: i) consagrar el objetivo de neutralidad climática de 2050 establecido en el Pacto Verde Europeo en la legislación; ii) establecer un camino a largo plazo; iii) dar previsibilidad a los inversores; y iv) garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Contenía medidas para evaluar periódicamente los avances y adaptar las medidas en consecuencia y abordaba la trayectoria para alcanzar el objetivo de 2050, en particular mediante el establecimiento de un objetivo intermedio para 2030 que se establecería sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva.

La Comisión recibió nueve dictámenes de siete Cámaras sobre esta propuesta inicial, entre ellos tres dictámenes motivados, y posteriormente tres dictámenes de otras tres Cámaras sobre la propuesta modificada que se presentó en septiembre para establecer como objetivo climático de la Unión para 2030 la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos el 55 % en comparación con 1990. Otra Cámara respondió a la consulta pública puesta en marcha por la Comisión de marzo a junio sobre el nivel de ambición del objetivo de 2030.

Las tres cámaras que enviaron dictámenes motivados rechazaron el uso propuesto de actos delegados para establecer la trayectoria entre el objetivo de 2030 para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el objetivo de neutralidad climática de 2050. Además, el Eerste Kamer opinaba que el uso del artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el procedimiento legislativo ordinario) en lugar del artículo 192, apartado 2 (unanimidad) no era proporcional a la importancia y el alcance de la propuesta.

Aunque en términos generales apoyaban los objetivos de la propuesta, la mayoría de los dictámenes enviados en el marco del diálogo político compartían las inquietudes expresadas en los dictámenes motivados acerca del uso de actos delegados para establecer la trayectoria entre los objetivos de 2030 y 2050. Algunas Cámaras también solicitaron que se tuvieran en cuenta la combinación energética y el potencial de ajuste de cada Estado miembro o que se dejaran en manos de los Estados miembros el calendario y la manera de alcanzar los objetivos de 2050. Otras instaron a que el camino se basara en la consecución de objetivos relacionados con el uso de energías renovables, más que con la energía nuclear, o a que se estableciera otro objetivo intermedio para 2040. Otra petición era que se adaptara el apoyo financiero de la UE a la capacidad financiera de cada Estado miembro.

En sus respuestas, la Comisión explicó que utilizaría la trayectoria como herramienta para evaluar los avances hacia la consecución del objetivo de neutralidad climática y para evaluar la eficacia de las políticas vigentes. Los puntos iniciales y finales de esta trayectoria, así como los criterios tenidos en cuenta para establecerla, debían determinarlos los colegisladores, de manera que la delegación no introdujo ningún «elemento esencial» en el sentido del artículo 290 del TFUE. La Comisión también indicó que la base jurídica correcta era el artículo 192, apartado 1, del TFUE, habida cuenta de los objetivos de la propuesta. Reiteró que, para el procedimiento legislativo, la base jurídica del artículo 192, apartado 2, del TFUE es una excepción a la norma del artículo 192, apartado 1, del TFUE y, por consiguiente, debe interpretarse de forma restringida y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal.

La Comisión también aclaró que el desarrollo de un sector de la energía basado en gran medida en las fuentes de energía renovables constituía una parte importante del Pacto Verde Europeo, pero que la propuesta respetaba plenamente los derechos de los Estados miembros de determinar su propia combinación energética, ya que no establecía un camino específico para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática. Hizo hincapié en el firme apoyo que recibirían los objetivos climáticos de la UE a través del futuro presupuesto a largo plazo de la Unión, impulsado temporalmente por el nuevo Instrumento Europeo de Recuperación, «NextGenerationEU». Asimismo, destacó que el Mecanismo para una Transición Justa proporcionaría apoyo específico para las regiones y sectores más afectados por la transición a la economía verde, de manera que la transición se produciría de forma equitativa e inclusiva, sin dejar a nadie al margen.

Otros dos dictámenes motivados, del Folketing danés y el Riksdag sueco, estaban relacionados con la propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, adoptada el 28 de octubre de 2020 por la Comisión. Tanto el Folketing como el Riksdag consideraron que la propuesta sobrepasaba las competencias de la UE en este ámbito y que las medidas para la fijación de los salarios se regulan mejor a escala nacional. En su opinión, el objetivo de la propuesta, a saber, garantizar que los trabajadores tengan acceso a unos salarios mínimos que les proporcionen un nivel de vida digno independientemente del lugar de la Unión en el que trabajen, podía alcanzarse de forma satisfactoria a escala nacional. El Folketing consideró que la propuesta no respetaba la libertad contractual de los interlocutores sociales, además de que se conseguían mejores resultados en términos de salarios superiores o de un menor número de trabajadores con salarios bajos cuando las autoridades nacionales no participaban en la determinación de los criterios para los convenios colectivos y en su cumplimiento. El Riksdag opinaba que no existía una dimensión transfronteriza clara, ya que las condiciones y los sistemas de fijación de salarios diferían considerablemente de unos países a otros y que la intervención de la UE en este ámbito no aportaba valor añadido.

El Senát checo no envió un dictamen motivado, pero sí que compartía las mismas preocupaciones que el Folketing y el Riksdag en cuanto a las competencias de la UE y puso en duda la proporcionalidad de la propuesta, considerando que una recomendación del Consejo sería más adecuada que una Directiva.

La Comisión respondió que el objetivo de la propuesta era promover la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados miembros, sin poner en duda las características específicas de las tradiciones y los sistemas nacionales. Respetó plenamente las competencias nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales, sin pretender armonizar el nivel de los salarios mínimos en toda la Unión ni establecer un mecanismo uniforme para la fijación de salarios mínimos en todos los Estados miembros. Por lo tanto, respetó las limitaciones establecidas en su base jurídica, el artículo 153 del TFUE. La Comisión también explicó que una Directiva era más eficaz que una recomendación, dado que aportaba seguridad en cuanto a la naturaleza vinculante de los requisitos que debían aplicar los Estados miembros a la vez que les dejaba margen para decidir las formas y los métodos de implementación, en particular, confiando esta implementación a los interlocutores sociales, previa solicitud conjunta de estos.

Los otros cuatro dictámenes motivados hacían referencia a la propuesta modificada de Decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, adoptada por la Comisión el 28 de mayo de 2020, (dictamen motivado enviado por el Riksdag sueco), a la propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo de Transición Justa, adoptada por la Comisión el 14 de enero de 2020 (dictamen motivado enviado por la Poslanecká sněmovna checa), a la propuesta modificada de Reglamento relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (texto refundido), adoptada por la Comisión el 22 de septiembre de 2020 (dictamen motivado enviado por la Kamra tad-Deputati maltesa) y al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo adoptado por la Comisión el 23 de septiembre de 2020 (dictamen motivado enviado por la Országgyűlés) húngara.

Por lo que respecta a los recursos propios, el Riksdag consideró que, si bien las medidas económicas adoptadas por la Unión Europea en respuesta a la crisis de la COVID-19 debían ser temporales, específicas y proporcionadas, la propuesta de la Comisión conllevaba préstamos significativos de los mercados para incrementar los programas de la Unión y no dejaba claro si estos fondos se utilizarían fundamentalmente para mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19. Por tanto, el Riksdag opinaba que las medidas eran demasiado amplias para alcanzar los objetivos de la propuesta y que la Comisión no había justificado de forma clara por qué debía recurrirse a este tipo de préstamos a escala de la UE en vez de a escala nacional.

La Comisión respondió que el plan de recuperación «NextGenerationEU» era un instrumento de emergencia puntual establecido para un período de tiempo determinado y que se utilizaría exclusivamente para la respuesta a la crisis y las medidas de recuperación. Además, dada la naturaleza de la crisis, procede utilizar el artículo 122 del TFUE, que brinda la posibilidad de utilizar medidas que se adecuen a la situación económica y se decidan con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros. Los Estados miembros a nivel individual no alcanzan lo suficiente los objetivos que persigue el plan de recuperación de la Comisión debido a la escala de las medidas necesarias. La Comisión añadió que gran parte del apoyo extraordinario tuvo que proporcionarse mediante subvenciones a los Estados miembros, ya que los préstamos por sí solos no permitían que los países altamente endeudados implementaran las reformas y realizaran las inversiones absolutamente necesarias para garantizar una recuperación rápida y una economía más resiliente en toda la UE.

En cuanto al Fondo de Transición Justa, la Poslanecká sněmovna consideró que exigir a los Estados miembros que elaboraran planes de transformación justa territoriales y exhaustivos, que detallaran el apoyo previsto para las grandes empresas, formaba parte de la microgestión e interfería con sus competencias en la gestión compartida. Además, no se definieron claramente los criterios para justificar las inversiones, como la protección de «un número significativo de puestos de trabajo» o «una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero».

La Comisión respondió que exigir a los Estados miembros que proporcionen información detallada de los planes que le permitiera verificar si se cumplían las condiciones aplicables para poder recibir subvenciones no es ninguna novedad, dado que ya ha formado parte de otros marcos de programación anteriores y respeta el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros podían decidir fomentar inversiones productivas en empresas distintas de las pequeñas y medianas empresas siempre que las inversiones propuestas cumplieran ciertas condiciones, en particular, la creación de empleo. El cumplimiento de los requisitos para reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger un número significativo de puestos de trabajo debía evaluarse caso por caso, dado el elevado número de valores de referencia aplicables en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y la necesidad de tener en cuenta la situación específica del mercado laboral a escala regional y la importancia relativa del sector en cuestión.

Por lo que respecta al Cielo Único Europeo, la Kamra tad-Deputati se mostró en desacuerdo con la ampliación del ámbito de responsabilidad de la Comisión y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA). Además de señalar que los servicios de tráfico aéreo en el aeropuerto de Malta estaban controlados íntegramente por el Gobierno, consideró que efectuar cambios estructurales tales como permitir que la AESA, en calidad de organismo de evaluación del rendimiento, imponga medidas correctivas, como delegar esos servicios en otro proveedor, iría en contra de las políticas nacionales de defensa y seguridad. En su opinión, para acelerar la implementación del Cielo Único Europeo debían elegirse otros instrumentos menos intrusivos, que respetaran las características territoriales de cada Estado miembro.

En su respuesta, la Comisión hizo hincapié en que el tráfico aéreo europeo funciona como una red. Como consecuencia de ello, los objetivos del Cielo Único Europeo solo pueden lograrse mediante acciones a escala de la UE, que regulen la posición, conducta y cooperación de diversas partes interesadas en todos los Estados miembros, incluidos los usuarios del espacio aéreo europeo, los proveedores de servicios de navegación aérea y los aeropuertos. Aclaró que la prestación exclusiva de servicios de tráfico aéreo por designación de un Estado miembro ya conlleva, de acuerdo con el sistema de evaluación del rendimiento actual, una regulación del rendimiento en términos económicos, medioambientales y de seguridad de los proveedores designados. A tal fin, un órgano consultivo brinda apoyo a la Comisión, y las tareas que se propone que se asignen a la EASA no implican facultad de apreciación política. La Comisión también señaló que, con el fin de garantizar que los planes y objetivos en materia de rendimiento fueran efectivamente vinculantes, el organismo de evaluación del rendimiento tenía que estar facultado para imponer medidas correctivas cuando los planes no se implementaran o los objetivos no se alcanzaran.