A4-0392/98

Resolución sobre la comunicación de la Comisión titulada «Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria» (COM(98)0322 - C4-0513/98)

El Parlamento Europeo,

- Vista la comunicación de la Comisión (COM(98)0322 - C4-0513/98),

- Visto el artículo 118 B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- Vistos los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre la política social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, con la excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y vista la declaración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ((En lo sucesivo «Acuerdos sobre la política social».)) realizada en el marco de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam por la que se adhiere a este Acuerdo,

- Vista su Resolución de 18 de julio de 1997 ((DO C 286 de 22.9.1997, pág. 338)) sobre la comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria,

- Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A4-0392/98),

A. Considerando que el diálogo social constituye un instrumento adecuado que debe seguir desarrollándose para establecer y desarrollar la cohesión económica y social en la Comunidad,

B. Considerando que las competencias y responsabilidades de los interlocutores sociales son cada vez más amplias como consecuencia, en particular, de la inclusión del Protocolo sobre la política social en el proyecto de Tratado de Amsterdam, y en virtud del papel que se les confiere en el marco de la estrategia europea de empleo y de su imprescindible vinculación a la política económica en el marco de la UEM,

C. Considerando que debe revalorizarse el papel de los interlocutores sociales modernizando, y sistematizando las estructuras de información, consulta y negociación existentes en el marco del diálogo social,

D. Considerando que en las futuras negociaciones que se celebren de conformidad con los artículos 3 y 4 del acuerdo sobre la política social también debería preverse la participación adecuada de otros interlocutores sociales representativos, además de la UNICE, el CEEP y el CES,

E. Considerando que es indispensable definir con exactitud las partes que participarán en el procedimiento legislativo de conformidad con el acuerdo sobre la política social con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la representatividad y la legitimidad,

F. Considerando que la necesidad de que las estructuras de consulta existentes en la actualidad sean más rigurosas no debería servir como pretexto para recortar los recursos destinados al diálogo social ni para vaciar de contenido las competencias de la Dirección General V de la Comisión,

G. Considerando que, incluso tras la inclusión del Protocolo Social en el Tratado de Amsterdam, sigue siendo insatisfactorio el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo previsto en el que participarán los interlocutores sociales (futuro artículo 139 del Tratado de Amsterdam),

H. Considerando que el desarrollo del diálogo social en los Estados de la Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión desempeña un papel central en el marco de la estrategia de preadhesión y que, por consiguiente, debería tener carácter prioritario,

1. Considera que, en beneficio de una organización adecuada y de la participación de todas las organizaciones europeas interesadas de interlocutores sociales, debe definirse urgentemente, sobre la base de criterios claros, el acceso y las funciones de los interlocutores sociales en el diálogo social a fin de evitar retrasos innecesarios en la conclusión imprescindible de acuerdos sobre asuntos sociales europeos de relevancia;

2. Considera deseable, en aras de la cohesión social, que constituye uno de los pilares fundamentales de la Unión, que se clarifique y concrete el nuevo papel de los interlocutores sociales europeos, a la vista de la realización de la Unión Económica y Monetaria y sus repercusiones sobre la política macroeconómica, la política salarial y la organización y financiación de la seguridad social; pide a la Comisión Europea que, con este fin, proponga una plataforma clara de concertación;

3. Considera necesario alentar y garantizar una participación lo más amplia posible de las organizaciones de los interlocutores sociales, en particular de las organizaciones representativas de las PYME, en los ámbitos de la información y de la consulta general mediante la aplicación de todos los recursos técnicos apropiados;

4. Apoya las medidas centrales previstas por la Comisión para impulsar el intercambio de información, en particular porque se inscriben en el marco de su Resolución antes citada de 18 de julio de 1997;

5. Repite su exitencia en el sentido de que, junto a los criterios de representatividad recogidos en la Comunicación de la Comisión de diciembre de 1993 (COM(93)0600) relativa a la puesta en práctica del Protocolo sobre la política social, se conceda prioridad absoluta a la participación voluntaria de los Estados miembros; considera, no obstante, que debería permitirse, como excepción, que en el diálogo social participe la Cámara de Comercio de Austria;

6. Considera que el examen caso por caso previsto por la Comisión en el marco del procedimiento legislativo que se desprende de los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre la política social, en virtud del cual debe examinarse el grado de representatividad de los signatarios teniendo en cuenta la importancia del objeto de negociación, también puede servir para conceder mayor importancia a los intereses específicos de las PYME y de otras organizaciones representativas de los interlocutores sociales; espera, sin embargo, que el examen caso por caso se realice de acuerdo con criterios controlables y previamente establecidos;

7. Expresa sus dudas de que, de conformidad con el Acuerdo sobre la política social, sea oportuno crear «comités consultivos» para asistir a los interlocutores sociales durante las negociaciones;

8. Considera que un diálogo social real sólo puede desarrollarse entre interlocutores independientes que hayan tomado la decisión de negociar entre ellos, por lo que opina que es importante establecer una distinción entre la información y la consulta en las distintas comisiones y comités consultivos con participación de la Comisión, el Consejo o los Gobiernos nacionales, por una parte, y las negociaciones colectivas propiamente dichas entre interlocutores autónomos, por otra;

9. Considera positiva en principio la revalorización del diálogo sectorial mediante los «nuevos comités» propuestos por la Comisión, siempre y cuando la Comisión también los utilice de modo eficaz, eficiente y focalizada, como órganos de información y asesoramiento, si bien deberá reducirse el número de miembros de los comités; en lo que se refiere la realización de tareas de secretaría y al desempeño de la presidencia, hay que garantizar que estas tareas y funciones sólo podrán transferirse de la DG V de la Comisión a otra Dirección General si lo decide así la Dirección General V expresamente;

10. Opina que, en los comités sectoriales, ha de distinguirse claramente cuándo se trata de deliberaciones tripartitas y cuándo se trata de negociaciones propiamente dichas entre interlocutores autónomos;

11. Celebra expresamente las medidas centrales de reforma del Comité permanente de empleo, y, en particular, la cooperación prevista entre los interlocutores sociales en este Comité y el grupo directivo del Comité de empleo y del mercado de trabajo del Consejo; critica, sin embargo, a la Comisión por no haber consultado a las organizaciones de interlocutores sociales antes de adoptar la decisión de sustituir los actuales comités paritarios por comités de diálogo sectorial;

12. Pide que, además de las directrices para el empleo, también se examinen en el Comité Permanente de Empleo las orientaciones económicas; espera asimismo que se transmitan al Consejo Ecofin los resultados de las deliberaciones antes de que éste adopte una posición definitiva;

13. Considera que la reducción del número de representantes de los interlocutores sociales en el reformado Comité permanente de empleo a doce personas hace necesario que la Comisión aumente su apoyo a los representantes de las organizaciones de trabajadores, de modo que las consultas internas entre las organizaciones y los representantes en el seno del Comité puedan realizarse adecuadamente;

14. Pide a la Comisión que, por su parte, aumente el grado de transparencia de la planificación y la utilización de los recursos destinados al dialogo social, de modo que las organizaciones participantes y el Parlamento Europeo puedan saber los recursos que se prevén o se destinan para las distintas actividades del diálogo social;

15. Pide a la Comisión que elabore un Libro Blanco sobre las repercusiones de la Unión Económica y Monetaria sobre la evolución de los salarios y sobre las demás condiciones de trabajo, así como sobre la evolución cualitativa y cuantitativa del empleo en la Comunidad;

16. Se congratula de que la Comisión esté dispuesta a seguirle informando exhaustivamente y con la suficiente antelación en el marco del procedimiento legislativo previsto en el Acuerdo sobre la política social, así como de que le brinde la oportunidad de emitir un dictamen antes de que el Consejo adopte una decisión oficial;

17. Celebra el anuncio de la Comisión de querer debatir interinstitucionalmente, entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, el papel de las instituciones europeas (y, por lo tanto, también del Parlamento Europeo) en el procedimiento legislativo previsto en el Acuerdo sobre la política social incluido en el Tratado de Amsterdam, y lo considera una expresión loable de la voluntad de la Comisión de cooperar con el Parlamento Europeo y un acto de previsión política; también espera que el Consejo demuestre su voluntad de celebrar negociaciones interinstitucionales;

18. Reitera, por ello, su solicitud de un acuerdo interinstitucional para aplicar los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre la política social, en el que se regule el marco jurídico e institucional de los procedimientos de decisión de los interlocutores sociales a escala comunitaria;

19. Considera que tales debates deberán comenzar a la mayor brevedad y concluirse antes de que finalice la presente legislatura y que el objetivo de los mismos no debe ser únicamente solucionar el problema de informar al Parlamento Europeo sobre las negociaciones entre los interlocutores sociales sino satisfacer, en particular, su petición de estar en igualdad de condiciones con el Consejo;

20. Se congratula de que la Comisión haya tenido en cuenta su llamamiento en favor del establecimiento y de la promoción de un diálogo social en los Estados candidatos a la adhesión;

21. Confía en que la Comisión preste una atención mayor al diálogo social a nivel transfronterizo y regional, que cada vez es más importante, y que le presente próximamente una evolución de estas actividades;

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.