ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.4.

La Estrategia señala con carácter general que «las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia se deben, principalmente, a una falta de información, y a un apoyo y protección insuficientes». Cabe destacar que deben incluirse más detalles en la Estrategia, en cuanto a la necesidad de que las disposiciones y mecanismos existentes no solo sean más conocidos, sino más accesibles en general (desde la denuncia y la autoidentificación hasta el acceso a mecanismos de apoyo o reparación). A menudo pueden ser necesarios servicios de apoyo a este respecto, por ejemplo, trabajadores comunitarios, personal de protección de menores para migrantes no acompañados o menores solicitantes de asilo o para menores en los sistemas de protección de menores, personal médico, trabajadores especializados en salud mental e intérpretes para quienes no hablan el idioma local, etc. Estos servicios de apoyo deberían beneficiarse igualmente de formación, pero actualmente, la mayoría de las referencias a la formación sobre los derechos de las víctimas se centran en los cuerpos de seguridad y judiciales.
2.4.

No obstante, el CESE desea hacer hincapié en algunos aspectos técnicos relacionados con los métodos de producción de semillas que difieren entre Ucrania y la Unión Europea, en particular, en lo que se refiere al acceso a los productos fitosanitarios. Ciertamente, los productores ucranianos tienen acceso a una gama más amplia de productos fitosanitarios que los productores de la UE y tienen acceso a determinadas moléculas prohibidas en la Unión Europea. Estas diferencias provocan una distorsión de la competencia y podrían dar lugar a la introducción en el territorio de la Unión Europea de productos que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales de la UE. Entre las diferencias más significativas, cabe mencionar el acceso a sustancias activas utilizadas para la eliminación de malas hierbas como la atrazina (prohibida en la UE desde 2003) o el acetocloro (prohibido en la UE desde 2012). Además de las repercusiones para la salud, el acceso a estas sustancias de amplio espectro, que tienen un carácter persistente, una gran eficiencia técnica en la eliminación de las malas hierbas y un bajo coste, confiere una clara ventaja competitiva a los productores ucranianos. En lo que respecta a la protección contra plagas, los productores ucranianos siguen teniendo acceso a sustancias activas de la familia de los neonicotinoides, algunas de las cuales, como la clotianidina, el tiametoxam o (en breve) el tiacloprid, están prohibidas en la UE.
los empresarios, los trabajadores y otros representantes resultan fundamentales para la aplicación

Al solicitar el presente Dictamen, la Comisión Europea (en lo sucesivo, la CE) declaró que en la sociedad civil organizada «» de la normativa objeto de estudio. El CESE se muestra de acuerdo con esta apreciación y, como ya hizo anteriormente en varios Dictámenes ( 1 ) ( 2 ) , destaca que la legislación medioambiental no se aplica de modo correcto debido a una falta de voluntad política en todos los niveles institucionales. Esta circunstancia no guarda ninguna relación con el hecho de que la sociedad civil no cumpla su función de manera suficiente o constructiva.
Por último, el CESE no puede dejar de manifestar su sorpresa por el hecho de que, por primera vez, tanto en el informe objeto de examen como en el documento de trabajo SWD(2019)297 final que lo acompaña, y al contrario que en todos sus informes de los últimos años, la Comisión haya omitido toda referencia a la falta de avances en las acciones de representación —que no están cubiertas por la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5 ) relativa a acciones por daños y perjuicios por incumplimiento de las normas antimonopolio— como forma de promover la reparación efectiva de los daños causados a los consumidores por las infracciones de las normas de defensa de la competencia, en particular teniendo en cuenta el Dictamen del CESE ( 6 ) relativo a la propuesta de la Comisión sobre el nuevo marco para los consumidores ( 7 ) y la decisión del Consejo de excluir de la Directiva que se acaba de adoptar toda la parte relativa a las acciones de representación ( 8 ) , que, sin embargo, el CESE considera manifiestamente deficiente.
3.2.7.

ex post del impacto de la legislación de la UE sobre el funcionamiento del mercado interior constituye la garantía de buena gobernanza. La cláusula de revisión permite verificar la correcta aplicación de la legislación pertinente y reforzar, modificar o adaptar una determinada legislación en relación con los conocimientos científicos, las constataciones sobre el terreno o la consulta de los interlocutores sociales. Sin embargo, varios ejemplos recientes demuestran que dichas cláusulas de revisión no siempre están redactadas a fin de que la Comisión y los Estados miembros realicen una evaluación integrada del impacto de la legislación pertinente. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo subraya que el contenido de las cláusulas de revisión no siempre resulta claro, en particular cuando se trata de determinar las realizaciones solicitadas y el momento oportuno para realizar la revisión ex post ( 10 ). La evaluacióndel impacto de la legislación de la UE sobre el funcionamiento del mercado interior constituye la garantía de buena gobernanza. La cláusula de revisión permite verificar la correcta aplicación de la legislación pertinente y reforzar, modificar o adaptar una determinada legislación en relación con los conocimientos científicos, las constataciones sobre el terreno o la consulta de los interlocutores sociales. Sin embargo, varios ejemplos recientes demuestran que dichas cláusulas de revisión no siempre están redactadas a fin de que la Comisión y los Estados miembros realicen una evaluación integrada del impacto de la legislación pertinente. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo subraya que el contenido de las cláusulas de revisión no siempre resulta claro, en particular cuando se trata de determinar las realizaciones solicitadas y el momento oportuno para realizar la revisión
1.3.

El CESE comparte los objetivos generales de la propuesta y es consciente de que los aspectos específicos de funcionamiento serán objeto de un análisis posterior. No obstante, al tratarse de un Reglamento, considera que algunos aspectos sensibles relativos a la gobernanza, la financiación y la consecución de los objetivos fijados deberían definirse por anticipado. Es importante que, en la medida de lo posible, la Red y el Centro futuros se apoyen en las cibercapacidades y los conocimientos especializados de los Estados miembros y que las competencias no se concentren en el Centro que se cree. Además, deberá evitarse que los ámbitos de actividad de la Red y el Centro futuros no se solapen con los mecanismos de cooperación y las instituciones existentes.
2.4.

La bioeconomía puede ofrecer opciones que pueden tanto ayudar a reducir las emisiones de CO 2 como reducir la dependencia de los recursos fósiles importados. Por ejemplo, los bosques de la UE absorben una cantidad de carbono correspondiente al 10 % de las emisiones anuales de la UE, a la vez que proporcionan un suministro sostenible y constante de biomasa para crear energía renovable. Además, se estima que 100 000 sustancias químicas que se producen actualmente pueden, en teoría, obtenerse a partir de materias primas renovables. Esto no significa que todas ellas deban fabricarse de este modo, pero es teóricamente posible. Así, no solo se ofrecerá la oportunidad de producir nuestros artículos de uso cotidiano de forma local y renovable, sino que también se ayudará a crear empleo (especialmente en las zonas costeras y rurales) y crecimiento en Europa, donde la ventaja tecnológica sigue siendo sólida. Según las estimaciones del sector, en 2030 podría crearse un millón de nuevos puestos de trabajo en las bioindustrias.
4.8.

El Comité recomienda un enfoque específico para los productos plásticos destinados a ser transformados en materias primas secundarias. En particular, es importante que el plástico no contenga aditivos químicos tóxicos que podrían impedir su reciclaje, causando daños a las personas, las empresas y el medio ambiente. Además, es importante establecer un « fin de vida» ya que no pueden ser sometidos a reciclajes infinitos.
1.11.

El CESE considera que la Comisión debería no solo formular propuestas legislativas, sino también facilitar y apoyar la aplicación de la legislación, y velar también por que los textos vigentes sean más coherentes entre sí y más acordes con el progreso científico y los compromisos internacionales a fin de proteger la salud pública y de restaurar el buen funcionamiento de los ecosistemas, sin los cuales no son posibles ni el desarrollo económico ni la justicia social. En particular, la aplicación de la legislación medioambiental es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la puesta en la práctica de los acuerdos sobre el clima. Por consiguiente, el CESE llama la atención de las autoridades competentes sobre varios ejemplos de mejora de la legislación medioambiental en materia de calidad del aire, agua y residuos recogidos en el presente dictamen.
1.8.

El CESE destaca la importancia del factor de coste para las microempresas y las pymes, dado que estas no tienen ni la capacidad ni los instrumentos necesarios para hacer frente a la sociedad digital. Un registro sencillo y una movilidad transfronteriza les ayudará a beneficiarse plenamente del mercado único digital y reducirá sus cargas administrativas. El CESE apoya la iniciativa de que los documentos y la información emitidos por los registros mercantiles sean equivalentes a «copias auténticas». No obstante, los costes administrativos reales que deben pagarse en el registro mercantil deberán ser transparentes, razonables y no deberán afectar a la accesibilidad.
No obstante, el CESE lamenta que la política de cohesión todavía no ofrezca soluciones integrales a los problemas de los territorios específicos mencionados en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 5 ) . Hay estudios que muestran que las autoridades centrales no siempre se ocupan de estas zonas específicas a que se refiere el artículo 174. En consecuencia, el CESE considera que la Comisión debería fomentar la participación de las partes interesadas regionales y locales en la manera en que los Estados miembros se ocupan de sus territorios, respetando al mismo tiempo los marcos institucionales y jurídicos vigentes en los territorios respectivos.
2.2.4.

Medición del grado Plato de la cerveza edulcorada o aromatizada: el impuesto especial se aplica a la cerveza con referencia al grado Plato del « producto acabado » en catorce Estados miembros. Once Estados miembros lo miden al final del proceso de elaboración de la cerveza, mientras que los tres restantes lo hacen antes de que se añadan las sustancias aromáticas o el jarabe de azúcar. (Los demás Estados miembros no utilizan la metodología Plato, sino que aplican la medición del grado alcohólico volumétrico adquirido.) En la Directiva no se define el concepto de « producto acabado », lo que ha generado tres interpretaciones diferentes. Esto da lugar a una medición no uniforme y, por tanto, a divergencias en el impuesto especial aplicado a productos que pueden tener la misma graduación alcohólica. Además, se afirma que los procedimientos de control son onerosos, dados los diversos requisitos para medir el grado Plato en las tres interpretaciones diferentes (por ejemplo, el control requerido en la fábrica de cerveza en lugar de en la botella). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea producto acabado ». el impuesto especial se aplica a la cerveza con referencia al grado Plato del «» en catorce Estados miembros. Once Estados miembros lo miden al final del proceso de elaboración de la cerveza, mientras que los tres restantes lo hacen antes de que se añadan las sustancias aromáticas o el jarabe de azúcar. (Los demás Estados miembros no utilizan la metodología Plato, sino que aplican la medición del grado alcohólico volumétrico adquirido.) En la Directiva no se define el concepto de «», lo que ha generado tres interpretaciones diferentes. Esto da lugar a una medición no uniforme y, por tanto, a divergencias en el impuesto especial aplicado a productos que pueden tener la misma graduación alcohólica. Además, se afirma que los procedimientos de control son onerosos, dados los diversos requisitos para medir el grado Plato en las tres interpretaciones diferentes (por ejemplo, el control requerido en la fábrica de cerveza en lugar de en la botella). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( 4 ) ha interpretado la Directiva actual en el sentido de que el grado Plato debe medirse antes del proceso final, excluyendo por tanto las sustancias añadidas. La Comisión propone clarificar la disposición relativa a la medición del grado Plato de la cerveza y, en particular, cuándo debe realizarse tal medición ( 5 ) . Para ello, se prevé realizar la medición al final del proceso (esto es, teniendo en cuenta las sustancias añadidas). Esto aclarará efectivamente la definición de «».
1.6.

El CESE considera que las reformas estructurales son necesarias no solo a nivel de cada uno de los Estados miembros, sino también a escala de la UE en su conjunto, ya que estas reformas tienen un impacto transfronterizo y a menudo paneuropeo. Dado que el programa está concebido como un programa de gestión centralizada, el CESE lamenta que no permita abordar, en particular, los proyectos de carácter estructural que son importantes para toda Europa, por lo que recomienda que las posibilidades que ofrece el programa se amplíen a este tipo de reformas.
3.2.1.

2 requiere un crecimiento de biomasa sostenible. Una gestión de los bosques y un uso de la madera activos y sostenibles son elementos clave para alcanzar las metas climáticas (como se señaló ya en el los dictámenes NAT/655 2 . Dado que solo una biomasa creciente tiene la capacidad de absorber CO 2 , resulta vital no fijar límites en lo que se refiere al uso de los bosques, siempre que el ritmo de aprovechamiento no supere el ritmo de replantación y crecimiento de los bosques y se apliquen prácticas de gestión forestal sostenible. Una absorción eficaz del COrequiere un crecimiento de biomasa sostenible. Una gestión de los bosques y un uso de la madera activos y sostenibles son elementos clave para alcanzar las metas climáticas (como se señaló ya en el los dictámenes NAT/655 ( 4 ) , sobre las implicaciones de la política energética y climática, y NAT/696 ( 5 ) , sobre el reparto del esfuerzo y el sector UTCUTS). Un metro cúbico de madera captura aproximadamente 1000 kg de CO. Dado que solo una biomasa creciente tiene la capacidad de absorber CO, resulta vital no fijar límites en lo que se refiere al uso de los bosques, siempre que el ritmo de aprovechamiento no supere el ritmo de replantación y crecimiento de los bosques y se apliquen prácticas de gestión forestal sostenible.
1.4.

El Comité reconoce la considerable reducción del número de buques de pesca en los últimos años pero lamenta, no obstante, que esos esfuerzos del sector pesquero no hayan permitido reducir la mortalidad por pesca real de las poblaciones clave, sobre todo a causa del exceso de capacidad estructural de algunos segmentos de la flota, en particular de arrastre, y al aumento de la eficiencia de la pesca mediante la modernización de los motores, los artes y las tecnologías de pesca.
3.12.

El CESE señala que la orden afecta también a los derechos de los proveedores de servicios, en particular, la libertad de empresa. El CESE acoge con satisfacción que la propuesta incluya el derecho del proveedor de servicios a presentar determinadas alegaciones en el Estado miembro emisor, por ejemplo, en caso de que la orden no haya sido emitida o confirmada por una autoridad judicial. En caso de que la orden se transmita para su ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución podrá decidir, después de consultar a la autoridad emisora, no reconocer o ejecutar la orden si, tras su recepción, considera que se da alguno de los motivos permitidos para rechazarla.
2.3.

El Comité solo emite una reserva sobre la propuesta de reconocer a Moldavia la equivalencia de las semillas de hortalizas. Esas semillas, reguladas por la Directiva 2002/55/CE, se comercializan exclusivamente como categoría «estándar», que no requiere la certificación oficial para poder comercializarse, sino la autocertificación expedida por el productor, para pasar al eventual control de las características y calidad del producto solo después de la fase de comercialización. Este sistema se basa en la asunción de responsabilidad por parte del productor, que está bien identificado y localizado por estar establecido en el territorio de la UE. Por supuesto, la trazabilidad y el control no serán fáciles en el caso de los productores no establecidos en la UE. Sobre tal problemática objetiva se ha basado hasta ahora la decisión de la UE de no conceder el reconocimiento de la equivalencia de las semillas de hortalizas de algún tercer país. Por ello, el Comité emite ciertas críticas y aboga por una revisión más precisa por parte de la Comisión.
4.4

La formación de aprendices tiene el potencial de ayudar a los jóvenes, así como a los adultos, a ser plenamente competentes y capaces en un determinado puesto u oficio y de aumentar su empleabilidad. No obstante, en muchos casos, dicho potencial no se aprovecha, debido a que la formación carece de calidad, no se otorga prioridad a su valor pedagógico y no se respetan suficientemente los derechos de los aprendices.
1.6

La eficacia del programa Copernicus no ha de evaluarse únicamente en función del rendimiento económico. Su mayor valor procede de los aspectos medioambientales y sociales. Se trata de una herramienta indispensable para combatir el cambio climático, alimentar a la población mundial de forma sostenible, salvar vidas en el mar, etc. Es un servicio que no puede adquirirse a terceros por razones de seguridad nacional y por la actual ausencia de servicios de calidad similares en cualquier otro lugar. Así, representa nuestra respuesta ante estos desafíos globales y nuestra voluntad de afrontarlos como una sociedad global madura.
3.1.4.

La solución preferida, tal y como han destacado una y otra vez las partes interesadas, consiste en un acuerdo de arrendamiento con tripulación entre la UE y los EE. UU. que cumpla plenamente con el ATA y no contravenga las disposiciones nacionales o de la UE. Desde enero de 2014 se han venido debatiendo todas las cuestiones relacionadas con los detalles de dicho acuerdo, y cabe esperar que se llegue rápidamente a un consenso. Se entiende que un acuerdo técnico de estas características se basaría en los derechos de tráfico vigentes en virtud de la ATA y no crearía derechos nuevos ni modificaría los ya existentes. La Comisión debería aclarar debidamente que la intención de la modificación no es cambiar, modificar o añadir nuevos derechos de tráfico entre la UE y los Estados Unidos. Este tipo de acuerdo haría necesaria, no obstante, una modificación del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1008/2008, que impone un límite de 7 + 7 meses a las compañías aéreas de la UE que arrienden aeronaves con tripulación de compañías aéreas registradas en terceros países. La formulación prevista se ajusta plenamente a la necesidad de reflejar que el artículo 13 se aplicará única y exclusivamente cuando las condiciones enunciadas en la letra b) no contradigan lo estipulado en un acuerdo internacional.
3.2.2

La necesidad de establecer un plazo límite para la nueva revisión del RCDE UE. Esto es comprensible en la medida en que las sucesivas modificaciones que abogan por «detener el reloj» no pueden convertirse en una vía reglamentaria definitiva. Al mismo tiempo, aún no se conoce la forma definitiva que adoptará CORSIA, y en un período cercano a 2020 deberá reevaluarse la forma en que Europa integra este plan en las políticas de la UE. Sin embargo, existe un riesgo inherente de que la seguridad de planificación se resienta si las partes interesadas saben que un Reglamento se limita a un plazo determinado, pero no saben si será sustituido por otro nuevo o si se aplicará una disposición que recuperará normas anteriores, lo cual reactivaría las controversias comerciales a nivel internacional que muchas de las partes interesadas no desean revivir. La ausencia de un plazo límite tiene la ventaja particular de que la Comisión puede finalizar sus evaluaciones de impacto y sus revisiones antes de presentar una modificación de la Directiva sobre el RCDE UE.
1.10.

En cambio, por lo que se refiere a las repercusiones en la regulación de la necesaria diversidad en el sector financiero europeo, el Comité considera que no se tiene debidamente en cuenta la situación de los bancos pequeños o de poca complejidad. Las actuales propuestas no tienen aún suficientemente en cuenta las especificidades y el potencial de este tipo de entidades. Esto se aplica, en particular, al principio de proporcionalidad . En lugar del actual planteamiento fragmentario y limitado, el Comité considera que debería adoptarse en enfoque más estructurado y detallado, que beneficie a más entidades y sectores. No se deben imponer a este tipo de entidades obligaciones o cargas excesivas.
3.2.4

El CESE considera, no obstante, que se habría ganado en simplicidad y certidumbre jurídicas si, en vez de elegir la opción —por lo demás no debidamente justificada— de una Directiva tan amplia y extensa y con tantos aspectos dejados a la regulación nacional, se hubiese optado por un reglamento marco, de aplicación directa inmediata y uniforme en todos los Estados miembros, como llegó a proponer la Comisión, declinado en directivas específicas para algunas de las materias abarcadas, sujetas a distintos grados de armonización en función de las condiciones de los mercados y la naturaleza de las materias. El tiempo de tramitación (no menos de dieciocho meses), transposición (no menos de dos años) y aplicación aplaza la entrada en vigor de este nuevo régimen a no antes de 2021/2022.
3.13.

Este informe de Eurofound se completa con dos estudios recientes relacionados con una movilidad más justa en el mercado laboral: Brief analysis of the EU Member States transposition of the «Enforcement» Directive 2014/67/EU improving enforcement of Directive 96/71/EC on the Posting of workers y Fraudulent forms of contracting work and self-employment (14).
4.5.

Dado que el plan de acción BEPS es un acuerdo alcanzado por consenso sin ninguna disposición vinculante, y que no todos los Estados miembros de la Unión pertenecen a la OCDE, el CESE valora positivamente el apoyo de los Estados miembros que no pertenecen a la OCDE a la coordinación y ejecución del proyecto BEPS. No obstante, el CESE recomienda que se preste especial atención al proceso de aplicación en tales países, por lo que respecta tanto a la Directiva como a la propia Directiva de lucha contra la elusión fiscal.
—

En caso de que no se presente la solicitud en el Estado miembro donde tiene autorizada la estancia, o en el Estado miembro por el que se entró de forma irregular, el estudio de la solicitud se realizará mediante el procedimiento acelerado, según el artículo 31, apartado 8, de la Directiva 2013/32/UE. Sin embargo, en dicho artículo no se contempla este supuesto, lo que supone una ampliación de los casos en los que se aplica un procedimiento que, en la práctica, supone una reducción de los plazos en el estudio del fondo de la solicitud, disminución de las garantías y mayores dificultades de, en estos breves plazos, identificar perfiles vulnerables. Esto cobra especial relevancia con la obligación que establece el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE de no aplicar procedimientos acelerados en casos de solicitantes especialmente vulnerables.