P6_TA(2004)0065

Defensor del Pueblo Europeo — Informe anual 2003

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003 (2004/2091(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003,

- Visto el artículo 195 del Tratado CE,

- Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 1993, sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad y el Acuerdo Interinstitucional sobre los procedimientos para la aplicación del principio de subsidiariedad; el estatuto del Defensor del Pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus funciones; las modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación previsto en el artículo 189 B [1] y, en particular, la parte relativa al Estatuto del Defensor del Pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus funciones,

- Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones [2] y, en particular, el apartado 8 del artículo 3,

- Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

- Vistos el apartado 1 del artículo 112 y el apartado 2 del artículo 195 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0030/2004),

A. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales forma parte del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado por los Jefes de Estado o de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, el 29 de octubre de 2004, en Roma,

B. Considerando que el artículo 41 (Derecho a una buena administración) del Capítulo V (Ciudadanía) de la Carta establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable,

C. Considerando que el artículo 42 (Derecho de acceso a los documentos) establece que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,

D. Considerando que el artículo 43 (Defensor del Pueblo) establece que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,

E. Considerando que el Informe anual fue presentado oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 19 de abril de 2004 y que el Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó el informe a la Comisión de Peticiones el 26 de abril de 2004,

F. Considerando que en 2003, una vez más, el número de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo aumentó sustancialmente y que se prevé un aumento incluso mayor tras la reciente ampliación,

G. Considerando que el número de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo en las que los ciudadanos tenían razón en tratar de remediar la falta de apertura y transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas es un hecho preocupante en materia de responsabilidad democrática de la Unión,

H. Considerando que el Informe anual cita ejemplos de casos en los que no se detectó mala administración, en los que las autoridades europeas han aplicado las recomendaciones del Defensor del Pueblo tras haber sido informadas de la reclamación o en los que se ha llegado a una solución amistosa, pero subrayando asimismo que hay reclamaciones cuyo examen ha concluido con comentarios críticos del Defensor del Pueblo,

I. Considerando que el Defensor del Pueblo también ha actuado de forma proactiva, realizando investigaciones de oficio,

J. Considerando que en su Resolución, del 6 de septiembre de 2001, sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación por iniciativa propia sobre la existencia y el acceso público a un Código de buena conducta administrativa en las instituciones y órganos comunitarios [3], el Parlamento Europeo expresó unánimemente su apoyo al Código de Buena Conducta Administrativa de la Unión Europea, recomendado por el Defensor del Pueblo, y que la Comisión no ha adoptado este Código,

K. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa contiene el fundamento jurídico para una futura ley en materia de buena administración,

L. Considerando que, en una contribución presentada el 23 de enero de 2003 a la Convención, el Defensor del Pueblo afirmaba que "sustituir el Tratado por una Constitución, en particular por una Constitución en la que se incluyan los derechos fundamentales, exige una profunda reflexión sobre el papel de la Comisión como guardiana del Tratado",

M. Considerando que el Defensor del Pueblo, en su Decisión sobre la reclamación 995/98/OV, ya hizo hincapié en que, si bien la Comisión disfruta de poderes discrecionales en relación con la apertura de procedimientos por infracción, estos poderes están, no obstante, sujetos a los límites jurídicos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que requiere, por ejemplo, que las autoridades administrativas actúen con coherencia y de buena fe, eviten las discriminaciones, se atengan a los principios de proporcionalidad, equidad y expectativas legítimas y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales,

N. Considerando que ya en diciembre de 1999 el Parlamento Europeo recibió una solicitud del Defensor del Pueblo Europeo para que se modificasen las disposiciones del Estatuto del Defensor del Pueblo relativas a su derecho de acceso a los documentos y audiencias de los testigos, que el Parlamento Europeo recomendó la modificación de dichas disposiciones y que estas disposiciones aún no se han modificado debido a las reservas de la Comisión y del Consejo,

O. Considerando que el Defensor del Pueblo, lamentando los pareceres negativos sobre esta propuesta, propuso, mediante carta de 17 de diciembre de 2002 al Presidente del Parlamento Europeo, que los servicios del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo examinasen conjuntamente la cuestión de la revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo,

P. Considerando que el Informe anual refleja los esfuerzos que ha realizado el Defensor del Pueblo para seguir desarrollando la red de Defensores del Pueblo nacionales y regionales, con especial atención a los países candidatos,

Q. Considerando que el Informe anual señala que tanto el anterior Defensor del Pueblo, Jacob Söderman, como el actual, Nikiforos Diamandouros, han presionado en favor del reconocimiento en la Constitución de la función de los Defensores del Pueblo y otros recursos extrajudiciales,

1. Aprueba el Informe anual para 2003 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo, en el que se ofrece una visión global y detallada de las actividades realizadas durante el año y una descripción de los asuntos tramitados;

2. Felicita a Jacob Söderman, primer Defensor del Pueblo Europeo, por el cumplimiento, el 31 de marzo de 2003, de un mandato fructífero y cargado de retos y porque, durante los siete años y medio en los que ha ejercido el cargo, ha consolidado plenamente los fundamentos de la institución y ha ayudado a más de 11000 ciudadanos a obtener satisfacción para sus reclamaciones;

3. Elogia los esfuerzos de Nikiforos Diamandouros, quien, desde su entrada en funciones en abril de 2003, ha avanzado en la consecución de los objetivos de mejorar la eficacia de la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo y de promover la buena administración pública, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

4. Considera que la función del Defensor del Pueblo en la mejora de la apertura y de la rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones y la administración de la Unión Europea es una contribución esencial en la vía de lograr una Unión en la que realmente las decisiones se tomen "de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible", como requiere el segundo párrafo del artículo 1 del Tratado de la Unión Europea;

5. Reconoce los esfuerzos realizados por el Defensor del Pueblo para dar a conocer su institución al público e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos a través de distribución de material, visitas a los Estados miembros y conferencias;

6. Toma nota de que la Comisión ha respondido positivamente a la propuesta del Defensor del Pueblo de informar de forma sistemática a los solicitantes y beneficiarios de subvenciones y ayudas acerca de la posibilidad de presentar una reclamación por mala administración;

7. Toma nota de que el número de reclamaciones ha aumentado de forma sustancial, lo que pone de relieve el éxito obtenido por el Defensor del Pueblo al conseguir que los ciudadanos que están en contacto con las instituciones de la UE sean cada vez más conscientes de sus derechos a este respecto;

8. Señala, sin embargo, que aún reina una cierta confusión entre el público en cuanto a las competencias exactas del Defensor del Pueblo, pues alrededor del 75 % de las reclamaciones presentadas no inciden en sus competencias; señala, sin embargo, con satisfacción que, en estos casos, el Defensor del Pueblo trata de ayudar a los demandantes indicándoles que se dirijan a otros órganos, en particular la Comisión de Peticiones o los Defensores del Pueblo nacionales y locales, sin dejar de insistir en la información correcta de los ciudadanos por los diferentes medios mencionados;

9. Toma nota con satisfacción de que, en numerosos casos, las autoridades europeas han emprendido acciones para solucionar una reclamación tras haber sido informadas del problema en cuestión y de que, en otros casos, se ha alcanzado una solución amistosa; insta a las autoridades comunitarias competentes a que apliquen los proyectos de recomendación del Defensor del Pueblo para solucionar los casos de mala administración detectados tras una investigación, y a que tengan en cuenta los comentarios críticos formulados por el Defensor del Pueblo, con el fin de evitar que en el futuro se produzcan casos similares de mala administración;

10. Constata con satisfacción que, en cuatro casos, el Defensor del Pueblo ha mediado con éxito y ha conseguido soluciones amistosas, con un resultado positivo y satisfactorio para ambas partes, y que otras siete propuestas de solución amistosa estaban en trámite al final del año;

11. Señala que, también en 2003, el Defensor del Pueblo ha formulado comentarios críticos con respecto a las instituciones, en particular el Consejo, en relación con las reclamaciones relativas a la dificultad para acceder a los documentos; recuerda que la Comisión de Peticiones examinó este asunto en un informe sobre una reclamación de la ONG "Statewatch", y que, en este contexto, el Consejo le aseguró que en el futuro respetará las normas relativas al acceso a los documentos;

12. Pide a todas las instituciones y órganos de la UE que apliquen el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión [4], con el ánimo de reconocer que el acceso a los documentos de las instituciones y órganos europeos es un derecho fundamental de conformidad con el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales y con el objetivo sincero de tomar decisiones "de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible"; subraya que las instituciones y órganos de la UE deberían examinar cada solicitud con extremo cuidado antes de que se apliquen, si procede, las disposiciones sobre derogación del principio de libre acceso;

13. Acoge con satisfacción la Decisión del Defensor del Pueblo relativa al acceso público a los órdenes del día y las actas del Praesidium antes de la conclusión de los trabajos de la Convención Europea; señala que, a pesar de la inaplicabilidad del Reglamento (CE) no 1049/2001, el Defensor del Pueblo vela con éxito por el respeto de los principios de la buena administración;

14. Recuerda su Resolución, de 14 de marzo de 2002, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 [5], en la que lamenta que la Comisión siga sustrayendo al examen parlamentario el procedimiento de infracción en su integridad, incluida la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros, en detrimento de la eficacia de la legislación comunitaria;

15. Apoya la solicitud de que la Comisión presente propuestas para modificar el Reglamento (CE) no 1049/2001, especialmente en relación con el acceso a los documentos legislativos;

16. Constata que también en 2003 gran número de reclamaciones se referían a la falta de apertura y transparencia en los concursos para la contratación de funcionarios, ámbito al que el Defensor del Pueblo ha concedido una elevada prioridad a lo largo de los años, teniendo en cuenta el gran número de ciudadanos que entran en contacto con las instituciones en relación con un procedimiento de contratación; señala que algunas de estas reclamaciones han concluido con un comentario crítico del Defensor del Pueblo;

17. Toma nota con satisfacción de que el Consejo, tras dos reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo, ha seguido la recomendación del Defensor del Pueblo y ha permitido a los candidatos de concursos de reclutamiento acceder a sus exámenes corregidos, conforme a la práctica del Parlamento y de la Comisión;

18. Insta a la EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal), órgano interinstitucional que en el futuro organizará la mayor parte de los concursos de reclutamiento para las instituciones de la UE, a que respete las normas y prácticas relativas a la apertura y la transparencia en los procedimientos de contratación que se han establecido a lo largo de los años, sobre todo gracias a las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo y las recomendaciones formuladas por éste;

19. Toma nota de que muchas de las reclamaciones que han concluido con un comentario crítico del Defensor del Pueblo se refieren al retraso en contestar la correspondencia, a la falta de respuesta o a respuestas insuficientes o descorteses; recuerda, por tanto, a las instituciones y a los órganos que una comunicación adecuada y correcta con los ciudadanos redunda en su propio interés;

20. Toma nota con satisfacción de que durante 2003 se iniciaron cinco investigaciones de oficio, entre ellas una relativa a la integración de las personas con discapacidad, con vistas a garantizar que no sean discriminadas en sus relaciones con las instituciones europeas, de conformidad con el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

21. Recuerda que el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Código de Buena Conducta Administrativa de las instituciones y los órganos de la UE y que, desde entonces, ha insistido reiteradamente en que todos los órganos e instituciones lo apliquen; lamenta que hasta ahora la Comisión no haya adoptado ni aplique plenamente este Código;

22. Recuerda que el 25 de septiembre de 2003, con ocasión del debate en sesión plenaria del Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2002, Loyola de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, hizo referencia al hecho de que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa contiene un fundamento jurídico para una futura legislación en materia de buena administración, que debería aplicarse de forma vinculante a todos los órganos e instituciones de la Unión; manifiesta que está de acuerdo con el Defensor del Pueblo en que la Comisión debe iniciar los trabajos preparatorios con vistas a la aprobación de dicha legislación;

23. Pide al Defensor del Pueblo que, hasta la aplicación de la legislación en materia de buena administración, trabaje con la Comisión de Peticiones para seguir desarrollando —y asegurando su aplicación por parte de la Comisión— los criterios de buena conducta administrativa referentes al procedimiento de infracción establecido en la Decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 995/98/OV;

24. Opina que el Defensor del Pueblo debe tener un acceso ilimitado a los documentos que necesite inspeccionar en el marco de sus investigaciones; señala que han pasado casi seis años desde que el Defensor del Pueblo propuso cambios en el apartado 2 del artículo 3 de su Estatuto en relación con el acceso a los documentos y las audiencias de los testigos y que, el 6 de septiembre de 2001, el Parlamento aprobó una Resolución al respecto [6]; lamenta que no haya sido posible aprobar esta Resolución por mayoría cualificada en el Consejo [7];

25. Está de acuerdo en que es necesaria una revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, tal y como se aprobó el 9 de marzo de 1994, a la luz de los acontecimientos de la pasada década, incluyendo las competencias de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o la aprobación del Reglamento (CE) no 1049/2001, como propuso Jacob Söderman, en su carta de 17 de diciembre de 2002, al Presidente Pat Cox;

26. Reconoce las buenas relaciones de trabajo que existen entre la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones, incluido un proceso de transferencia recíproca de los asuntos, cuando proceda, por el que seis reclamaciones se han transmitido directamente a esta comisión y se ha indicado a otros 142 demandantes que presenten una petición;

27. Elogia al Defensor del Pueblo por la creación de una red de Defensores del Pueblo y otros órganos nacionales y locales, a los que se transmiten las reclamaciones que no inciden en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo; opina que sería útil que la Comisión de Peticiones tuviera acceso a esta red o que creara una red similar en colaboración con la Secretaría del Defensor del Pueblo;

28. Anima al Defensor del Pueblo a que prosiga sus esfuerzos por establecer, en cooperación con los Defensores del Pueblo nacionales y regionales, un sistema general y eficiente de recursos extrajudiciales en beneficio de los ciudadanos europeos que consideren que se han violado los derechos de que disfrutan en virtud de la legislación comunitaria;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, así como el informe de la Comisión de Peticiones, al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los Defensores del Pueblo u órganos equivalentes de los Estados miembros.

[1] DO C 329 de 6.12.1993, p. 132.

[2] DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

[3] DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331.

[4] DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

[5] DO C 47 E de 27.2.2003, p. 483.

[6] DO C 72 E de 21.3.2002, p. 336.

[7] Nota del Consejo 14872/02 Ombuds 29 de 26 de noviembre de 2002.

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