ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 22.10.2004 
COM(2004) 718 final 
2004/0251 (COD)   
Propuesta de  
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  
sobre ciertos aspectos de la mediac ión en asuntos civiles y mercantiles 
{SEC(2004) 1314} 
(presentada por la Comisión) 
 
ES 2   ES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
1. Á MBITO Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
1.1. Objetivo  
1.1.1. Asegurar un mejor acceso a la justicia  
Mejorar el acceso a la justicia es uno de los objetivos clave de la política de la UE 
para establecer un espacio de libertad, segur idad y justicia en el que particulares y 
empresas no se vean impedidos ni disuad idos de ejercitar sus derechos por la 
incompatibilidad o complejidad de los sistemas legislativos y administrativos en los Estados miembros. En este contexto, el concepto de acceso a la justicia debe incluir la promoción del acceso a procedimientos adecuados de resolución de litigios para particulares y empresas, y no solame nte el acceso al sistema judicial.  
La Directiva propuesta contribuy e a este objetivo al facilitar el acc eso a la resolución 
de litigios a través de dos tipos de disposic iones: en primer lugar, las destinadas a 
asegurar una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial, 
estableciendo unas normas mínimas comunes en  la Comunidad sobre varios aspectos 
claves del procedimiento civil; en se gundo lugar, proporcionando las herramientas 
necesarias para que los órganos jurisdicci onales de los Estados miembros promuevan 
activamente el uso de la mediación, pero sin hacerla obligatoria ni sujetarla a 
sanciones específicas.  
Se han excluido de la Directiva propuesta la s disposiciones relativ as al proceso de 
mediación o a la designación o acreditación de mediadores. Teniendo en cuenta las 
respuestas al Libro Verde de 2002 y los act uales avances a nivel nacional, no está 
claro que la legislación sea la opción política preferida para este tipo de disposición. Al excluir de esta propuesta las medi das reguladoras referentes al propio 
procedimiento de mediación, la Comisión busca  en cambio fomentar las iniciativas 
autorreguladoras e intenta mantener este objetivo también a trav és de la Directiva 
propuesta.  
En las consultas sobre el anteproyecto de  esta propuesta, la mayor parte de los 
consultados respaldaron el planteamiento global del proy ecto en lo relativo a las 
cuestiones que aborda y excluye. En co mparación con el anteproyecto, se han 
introducido determinados cambios, principalm ente de tipo técnico, en disposiciones 
específicas, explicados en detalle en la Sección 3.  
1.1.2. Una relación dinámica entre la mediación y el proceso civil  
Las materias tratadas en esta propue sta son esencialmente las que no pueden 
abordarse adecuadamente a través de las so luciones disponibles en el mercado. Esto 
se refiere especialmente a las normas proces ales civiles que puede n afectar al uso de 
la mediación, así como a su eficacia. La in teracción entre la me diación y el proceso 
civil tradicional puede pr oducirse en diversas ocas iones, por ejemplo:  
– las partes consideran recurrir a la mediación inmediatamente después del 
surgimiento del conflicto, como alterna tiva a la incoación de un proceso civil; si 
 
ES 3   ES las partes optan por la mediación pero no alcanzan un acuerdo, el proceso civil se 
incoa tras la terminación de la mediación;  
– se alcanza un acuerdo a través de la medi ación pero una de las partes lo incumple, 
lo que requiere de todos modos la incoación de un proceso civil; 
– las partes incoan inmediatamente un proces o civil cuando se plantea la disputa, sin 
haber considerado (todavía) la posibilidad de la mediación. 
Actualmente la interacción entre la mediaci ón y el proceso civil adolece de varios 
elementos inciertos, debido a la ausencia de disposiciones procesales nacionales o a 
sus discrepancias, incertidumbres que se  ponen particularmente de manifiesto en 
situaciones que implican componentes tran sfronterizos. Aunque la mediación fuera 
la forma más conveniente de resolución de  litigios en un de terminado caso, estas 
incertidumbres podrían hacer decantarse a las partes por un proceso civil tradicional. 
Un marco jurídico estable y fiable contri buiría a que la mediación se encontrara en 
pie de igualdad con el pro ceso judicial, un marco donde lo s factores relacionados con 
el conflicto específico desempeñaran para las partes un papel determinante a la hora 
de elegir el método de re solución de litigio s. También ayudaría a preservar la 
posibilidad de que las partes resuelvan el conflicto a través de un proceso judicial 
aunque se intente la mediación.  
1.1.3. Promover el recurso a la mediación  
La utilidad de ampliar el recurso a la  mediación la constituyen esencialmente las 
ventajas del propio mecanismo de soluci ón de litigios: una manera más rápida, 
simple y rentable de solucionar conflictos que permite tener en cuenta más aspectos 
de los intereses de las partes. Ello aume nta las posibilidades de alcanzar un acuerdo 
que respetarán voluntariamente y preserva una relación amistosa y sostenible entre 
ellos. La Comisión cree que la mediación es  una cantera sin e xplotar como método 
de resolución de litigios y de dar acceso a la justicia a particulares y empresas.  
Sin embargo, la promoción directa de la mediación por parte de la Comunidad es 
necesariamente limitada y la única medida concreta al respecto contenida en la 
propuesta es la obligación de los Estados miembros de permitir a los órganos jurisdiccionales sugerir la mediación a la s partes. Asegurar una relación dinámica 
entre la mediación y los procedimientos  judiciales, sin embargo, contribuirá 
indirectamente también a promover la mediación.  
La persecución de los objetivos de esta pr opuesta no puede hacerse al margen de la 
prestación misma de los servicios de medi ación. La cuestión de la calidad de los 
servicios de mediación debe, por tanto, trat arse conjuntamente y como una función 
de las demás disposiciones de la Directiva propuesta, y la Directiva debe aplicarse 
con un suficiente nivel de confianza mu tua entre los Estados miembros en las 
situaciones transfronterizas.  
1.1.4. Relación con la organización de los sistemas  judiciales de los Estados miembros  
Uno de los beneficios de la mediación que a menudo se mencionan es que, si se 
recurriera más a ella, se descargaría la presión que pesa sobre los órganos 
jurisdiccionales, lo que reduciría los pl azos, a menudo dilatados, de resolución de 
asuntos y posiblemente ahorraría fondos  públicos. Como la Directiva propuesta 
intenta promover el uso de la mediación, podría efectivamente tener un impacto 
 
ES 4   ES positivo en este sentido. Sin embargo, esto no se persigue como objetivo 
independiente, por varias razones. En prim er lugar, la organización del sistema 
judicial es competencia exclusiva de lo s Estados miembros. En segundo lugar, y lo 
que es más importante, la mediación tiene un valor propio como método de resolución de litigios al que  los ciudadanos y empresas  debieran poder acceder 
fácilmente y merece promoverse independiente mente de su efecto de descarga de la 
presión sobre el sistema judicial. La Co misión no considera la mediación como una 
alternativa a los procesos judiciales, si no como uno de los diversos métodos de 
resolución de litigios disponibles en una sociedad moderna que puede ser el más 
adecuado para algunos litigios, pero ciertamente no para todo s. Por otra parte, cabe 
subrayar que la disponibilidad de métodos ADR ( alternative dispute resolution ) en 
general no puede en modo alguno sustraer la obligación de los Estados miembros de 
mantener un sistema  jurídico eficaz y justo que cump la los requisitos del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, que const ituye uno de los pilares clave de una 
sociedad democrática.  
1.1.5. Evaluación del impacto  
En el contexto de la  estrategia política a nual de la Comisión pa ra 2004 esta propuesta 
fue objeto de una evaluación preliminar del impacto. No se ha seleccionado para una 
evaluación ampliada del impacto. La Directiv a propuesta aspira a aumentar el uso de 
la mediación en la UE, lo que tendrá ef ectos económicos beneficiosos al disminuir 
los costes de transacción para particulares  y empresas, a través de una solución más 
rápida y rentable de los litigios. La me diación también puede contribuir a una mayor 
sostenibilidad de las tendencias económicas y sociales al preservar la relación entre 
las partes tras la soluci ón del litigio, a diferencia  de los efectos a menudo 
perturbadores de la resolución de pleitos a través de un proceso judicial. El proceso 
de consulta y otros pasos preparatorios se  describen en anexo. En cuanto a opciones 
políticas alternativas, la Di rectiva propuesta contiene prin cipalmente normas sobre el 
procedimiento civil y los re sultados no pueden lograrse ut ilizando otro instrumento 
político.  
1.2. Base jurídica  
El objetivo y contenido de la  Directiva propuesta encajan en  el ámbito del artículo 65 
TEC puesto que se refiere a normas procesal es civiles, y su artículo 4, que dispone 
normas sobre la calidad y la formación, está subordinado a las otras disposiciones. La Directiva propuesta es necesaria para el corr ecto funcionamiento del mercado interior 
dada la necesidad de asegurar el acceso a los mecanismos de solución de litigios para los particulares y empresas que ejerciten las cuatro libertades y dada la necesidad de 
asegurar la libertad de prestar y recibir servicios de mediación.  
Como se ha destacado en la descripción de los objetivos de la propuesta, la necesidad 
de acción comunitaria en este ámbito deri va de la necesidad de garantizar la 
seguridad jurídica a lo largo del litigio, independientemente de la presencia de elementos transfronterizos en una u otra  fase. Para asegurar un marco jurídico 
coherente es, por tanto, necesario abordar aspectos claves de toda la cadena de 
posibles acontecimientos que pueden suceder al surgimiento del litigio, teniendo en 
cuenta cualquier posible situación (éxito  o fracaso de la mediación, cumplimiento o 
incumplimiento del acuerdo por las partes, etc.).  
 
ES 5   ES En el contexto de las ADR el impacto de los elementos transfronterizos es 
potencialmente mayor que cuando se consid eran las medidas relativas al proceso 
civil de forma aislada, puesto que es necesa rio tener en cuenta factores pertinentes 
tanto en el momento de la mediación como  en cualquier otro procedimiento civil 
subsiguiente, incluida la circunstancia de que estos factores puedan entretanto 
cambiar. Por ejemplo, los elementos transfr onterizos pueden ser el domicilio o lugar 
de la actividad empresarial de una o ambas partes, el lugar de la  mediación o el lugar 
del órgano jurisdiccional competente. El acuerdo mismo de acudir a la mediación 
puede regirse por una ley distinta de la que rige la relación legal o contractual 
original entre las partes y el subsiguiente  acuerdo puede regirse por la ley de otro 
país tercero. Dicho acuerdo puede tener que ejecutarse en ot ro Estado miembro 
distinto dependiendo, por ejemplo, de la ubi cación de los activos del deudor en el 
momento en que se solicita la ejecución.  Sin embargo, no sería posible restringir el ámbito de la propuesta con el único
 fin de 
eliminar los obstáculos creados por los elementos transfronterizos o de facilitar solamente la resolución de los conflictos que contienen un elemento transfronterizo, 
sea cual sea. Para evaluar la convenienci a de la mediación como mét odo de solución de litigios 
para un conflicto dado, los elementos transf ronterizos constituyen solamente una de 
las diversas circunstancias pertinente s que deben tenerse en cuenta. Otras 
circunstancias incluyen la natu raleza del conflicto y el f ondo del asunto, así como los 
factores relacionados con el coste, la dur ación y las perspectivas de éxito. Promover 
la mediación solamente para los conflictos que presentan un elemento transfronterizo sería, por tanto, arbitrario y podría introduc ir un riesgo de discriminación, puesto que 
los órganos jurisdiccionales  propondrían la mediación sola mente a algunas partes en 
función de su domicilio. Una restricc ión de este tipo también implicará 
indudablemente una reducción sustancial del impacto práctico de la Directiva 
propuesta. Someter la aplicabilidad de las normas procesales civi les de la Directiva 
propuesta a la presencia de elementos tran sfronterizos conduciría más bien a una 
mayor incertidumbre jurídica. Alternativam ente, tal restricción del alcance puede 
dejar la aplicabilidad de la Directiva en las manos de las partes, que podrían 
introducir elementos transfronterizos medi ante su elección del mediador u órgano 
jurisdiccional con el fin de acogerse a la s normas establecidas por la Directiva.  
La Directiva propuesta constituirá una pa rte importante del marco jurídico sobre 
servicios de mediación en la Comunidad, en lo relativo a la libertad de prestación de servicios en otro Estado miembro, así como a la libertad de recibir servicios. Limitar 
el alcance a las situaciones transfronterizas daría lugar a la creación de dos regímenes 
jurídicos paralelos, e incluso posiblement e de normas distintas sobre prestación y 
recepción de servicios de mediación, con el riesgo de efectos discriminatorios para 
usuarios y proveedores de servicios de mediación. Tales efectos contradicen los 
principios del mercado interior, así co mo los esfuerzos de  la Comunidad por 
simplificar el marco regulador pa ra particulares y empresas.  
En conclusión, la Comisión considera que in troducir la condición explícita de una 
implicación transfronteriza inva lidaría los objetivos de la Directiva propuesta y sería 
contraproducente para el correcto funcionami ento del mercado interior. Por tanto, la 
Directiva debe aplicarse a todas las situac iones independientemente de la presencia 
de elementos transfronterizos en el moment o de la mediación o en el momento de los 
procesos judiciales.  
 
ES 6   ES 1.3. Subsidiariedad y proporcionalidad  
Habida cuenta de la necesidad de seguridad jurídica y predictibilidad en situaciones 
donde tenga cabida la relación entre la medi ación y el proceso civil en asuntos que 
presenten un elemento transfronterizo y la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior en lo  referente a la pres tación y recepción de 
servicios de mediación, los objetivos de esta propuesta no pueden lograrse 
satisfactoriamente por los Estados miem bros. Las medidas adoptadas a nivel 
comunitario serán más eficaces que las iniciativas individuales de cada Estado miembro, por razones de coherencia y para ofrecer ciertas normas uniformes básicas 
aplicables a situaciones transf ronterizas y nacionales.  
Las disposiciones de la propuesta se lim itan estrictamente a lo necesario para 
alcanzar los objetivos. Se ha optado por la Directiv a como instrumento idóneo, 
puesto que las disposiciones se proponen logr ar ciertos objetivos específicos pero, al 
mismo tiempo, dejan a la discreción de los Estados miembros los medios para alcanzarlos. La propuesta también se conf ina a los problemas que solamente pueden 
solucionarse a través de la legislación, mi entras que, a la inversa, los problemas que 
se pueden solucionar con las fórmulas dispon ibles en el mercado se han excluido de 
su alcance.  
2. A
NTECEDENTES DE LA PROPUESTA , CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y 
COMENTARIOS SOBRE SUS DI SPOSICIONES PRINCIPALES  
El documento de trabajo de los servicio s anexado a esta propuesta proporciona más 
información sobre estos temas. 
 
ES 7   ES 2004/0251 (COD) 
Propuesta de  
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  
sobre ciertos aspectos de la mediac ión en asuntos civiles y mercantiles  
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Eur opea y, en particular, la letra c) del artículo 
61 y el segundo guión del apartado 5 de su artículo 67,  
Vista la propuest a de la Comisión1,  
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,  
De conformidad con el procedimiento esta blecido en el artículo 251 del Tratado3,  
Considerando lo siguiente:  (1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de 
libertad, seguridad y justicia donde se garan tice la libre circulación de personas. Con 
este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras, las medidas en el ámbito de la 
cooperación judicial en asuntos  civiles necesarias para el correcto funcionamiento del 
mercado interior.  
(2) El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión de 15 y 16 de octubre de 1999, hizo un 
llamamiento a los Estados miembros para que crearan procedimientos alternativos y extrajudiciales destinados a mejorar el  acceso a la justicia en Europa.  
(3) El Consejo adoptó conclusiones sobre métodos alternativos de resolu ción de litigios de 
conformidad con el Derecho civil y mercantil en 2000, declarando que el establecimiento de principios básicos en este ámbito es un paso esencial para permitir 
el desarrollo y correcto funcionamiento de  los procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios en asuntos civiles y me rcantiles a fin de simplificar y mejorar el 
acceso a la justicia.  
(4) La Comisión Europea presentó un Libr o Verde en 2002, en el que examinaba la 
situación de la resolución alternativa de litigios en Europa e iniciaba una amplia 
consulta con Estados miembros y partes interesadas sobre posibles medidas para 
promover el uso de la mediación.  
                                                
 
1 DO C [… ] , [… ] , p. [… ] .  
2 DO C [… ] , [… ] , p. [… ] .  
3 DO C [… ] , [… ] , p. [… ] .  
 
ES 8   ES (5) El objetivo de asegurar un mejor acceso a la  justicia, como parte de la política de la 
Unión Europea de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debería 
abarcar el acceso a métodos de resolución  de litigios tanto judiciales como 
extrajudiciales. Esta Directiva debería contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, en particular, en lo refere nte a la prestación y recepción de servicios 
de mediación.  
(6) La mediación puede proporcionar una resolu ción extrajudicial rent able y rápida de 
conflictos en asuntos civiles y mercantile s a través de procesos adaptados a las 
necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos de resolución alcanzados a través de la mediación se cumplan vol untariamente y también que preserven una 
relación amistosa y viable entre las partes . Estos beneficios son aún más perceptibles 
en situaciones que presentan elementos transfronterizos.  
(7) Por tanto, es necesaria una legislación marc o que aborde en particular aspectos clave 
del proceso civil para promover un mayor uso de la mediación y asegurar que las 
partes que utilizan la mediación puedan basarse en un marco jurídico fiable.  
(8) Esta Directiva deberá abarcar los pr ocedimiento donde dos o más partes en un 
conflicto son asistidas por un mediador pa ra alcanzar un acuerdo amistoso sobre la 
resolución del conflicto, pero excluye lo s procedimientos que tienen una cierta 
naturaleza jurisdiccional como el arbitraje,  el recurso al Defensor del Pueblo, las 
denuncias de consumidores, la determinaci ón por experto o procesos administrados 
por órganos que formulan una recomendación formal, ya sea jurídicamente vinculante 
o no, para resolver el conflicto.  
(9) Es necesario un grado mínimo de compatibil idad de las normas procesales civiles en 
lo referente al efecto de la mediación sobr e la caducidad y la prescripción y al modo 
de protección de la confidencialidad del me diador en todo proces o judicial ulterior. 
Debe también cubrir la posibi lidad de que el órgano jurisdic cional remita a las partes a 
la mediación, sin olvidar el principio de que la mediación es un procedimiento 
voluntario.  
(10) La mediación no debería considerarse co mo una alternativa peor que el proceso 
judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo al canzado depende de la buena 
voluntad de las partes. Por tanto, es ne cesario asegurar que todos los Estados 
miembros prevean un procedimiento por  el que el acuer do alcanzado pueda 
confirmarse mediante una resolución, senten cia, o instrumento auténtico por un órgano 
jurisdiccional o entidad pública.  
(11) Tal posibilidad permitirá que el acuerdo alcanzado se reconozca y ejecute en toda la 
Unión, con arreglo a los requisitos establecidos  en los instrumentos  comunitarios sobre 
reconocimiento mutuo y ejecución de  resoluciones y sentencias.  
(12) Para asegurar la confianza necesaria entr e los Estados miembros sobre el respeto de la 
confidencialidad, la suspensi ón de la caducidad y la pres cripción, y el reconocimiento 
y ejecución de los acuerdos alcanzados, de ben establecerse mecanismos eficaces de 
control de calidad relativos a la prestación de servicios de mediación y a la formación 
de los mediadores.  
 
ES 9   ES (13) Estos mecanismos y medidas, que serán definidos por los Estados miembros y podrán 
incluir el recurso a solucione s disponibles en el mercado, deberán aspirar a preservar 
la flexibilidad del procedimiento de medi ación y la autonomía privada de las partes. 
La Comisión fomentará las medidas autorregul adoras a nivel comunitario a través, por 
ejemplo, del desarrollo de un código de conduc ta europeo que aborde aspectos claves 
del procedimiento de mediación.  
(14) En el ámbito de la protección al  consumidor, la Comisión adoptó en 2001 una 
recomendación formal4 que establece los criterios míni mos de calidad que los órganos 
extrajudiciales implicados en la solución c onsensual de litigios de consumidores deben 
ofrecer a sus usuarios. Es aconsejable que  cualquier mediador u organización afectada 
por la recomendación respete sus principi os. Para asegurar la difusión de la 
información relativa a estos órganos, la Co misión está creando una base de datos de 
sistemas extrajudiciales que, según los Estados miembros, respetan los principios de la 
recomendación.  
(15) Esta Directiva respeta los derechos  fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de  los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Se propone concretamente garantizar  el pleno respeto de l derecho a un juez 
imparcial según lo reconocido en el artículo 47 de la Carta.  
(16) Puesto que los objetivos de esta Direc tiva no pueden alcanzarse de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por tanto, debi do a la dimensión o a los efectos de la 
acción, pueden lograrse mejor a nivel co munitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas conforme al principio de subsidiari edad según lo establecido en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, según lo 
establecido en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.  
(17) [De conformidad con el artículo 3 del Pr otocolo sobre la posici ón del Reino Unido y 
de Irlanda adjunto al Tratado de la Uni ón Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su dese o de participar en 
la adopción y aplicación de esta  Directiva. / De conformida d con los artículos 1 y 2 del 
Protocolo sobre la posición de l Reino Unido y de Irlanda adjunto al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,  el Reino Unido e 
Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y, por  tanto, estos Estados 
miembros no están vinculados por ella.]  
(18) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca 
adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, Dinamarca no participa en la adopc ión de la presente Directiva y, por tanto, 
no está vinculada a ella ni  sujeta a su aplicación.  
                                                 
4 Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos 
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (DO L 109, de 19.4.2001, p. 
56).  
 
ES 10   ES HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
Artículo 1 – Objetivo y alcance  
1. El objetivo de la presente Directiva es f acilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y as egurando una relación dinámica entre la 
mediación y el proceso judicial.  
2. La presente Directiva se aplicará a los asuntos civiles y mercantiles.  
3. En la presente Directiva, "Estado miem bro" significará todos Estados miembros 
salvo Dinamarca.  
Artículo 2 – Definiciones  
A efectos de la presente Di rectiva se entenderá por:  
(a) "Mediación": todo proceso, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas por un tercero para alcanzar un acuerdo sobre la resolución del litigio, independientemente de si el proceso es iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdic cional, o prescrito por el Derecho 
nacional de un Estado miembro.  
No incluirá los intentos del juez por solu cionar el litigio en el curso del proceso 
judicial referente a ese litigio.  
(b) "Mediador": todo tercero que lleva a cabo una mediación, independientemente de su 
denominación o profesión en el Estado miembr o concernido y del modo en que haya 
sido designado o se le haya  asignado la mediación.  
Artículo 3 – Remisión a la mediación  
1. El órgano jurisdiccional que conozca de  un asunto, cuando proceda y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la 
mediación para solucionar el litigio. En todo caso, el órgano jurisdiccional podrá 
requerir que las partes asista n a una sesión informativa sobre el uso de la mediación.  
2. La presente Directiva no afectará a la  legislación nacional que prevea el uso 
obligatorio de la mediación o la sujete a incentivos o sanciones, ya sea antes o 
después de la incoación del proceso judicial, si empre que tal legislación no impida el 
derecho de acceso al sistema judicial, en par ticular cuando una de las partes resida en 
un Estado miembro distinto al del órgano jurisdiccional.  
Artículo 4 – Garantizar la calidad de la mediación  
1. La Comisión y los Estados miembros prom overán y fomentarán el desarrollo y la 
adhesión a códigos de conducta voluntario s por parte de los mediadores y las 
organizaciones que presten servicios de mediación, tanto a nivel comunitario como 
 
ES 11   ES nacional, así como otros mecanismos efectivos  de control de calidad referentes a la 
prestación de servicios de mediación.  
2. Los Estados miembros promoverán y foment arán la formación de los mediadores 
para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo 
una mediación eficaz de la manera esperada por las partes.  
Artículo 5 – Ejecución de los acuerdos alcanzados 
1. Los Estados miembros asegurarán que, a pe tición de las partes, el acuerdo alcanzado 
tras una mediación pueda ser confirmado  por una resoluci ón, sentencia, o 
instrumento auténtico o de cualquier ot ra forma por un órga no jurisdiccional o 
entidad pública que haga ejecutorio el acuerdo de manera similar a una resolución judicial en virtud del Derecho nacional, siempre que el acuerdo no sea contrario al 
ordenamiento europeo ni al ordenamien to nacional del Estado miembro donde se 
formule la solicitud.  
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión qué órganos jurisdiccionales o 
entidades públicas son competentes para re cibir una solicitud de conformidad con el 
apartado 1.  
Artículo 6 – Admisibilidad de las pruebas en los procesos judiciales civiles  
1. Los mediadores, así como las personas im plicadas en la administración de los 
servicios de mediación, no darán testimoni o ni presentarán pruebas en procesos 
judiciales civiles en relación con ninguno de los siguientes extremos:  
(a) la propuesta de una parte de recurrir a la mediación o el hecho de que una parte 
estuviera dispuesta a participar en la mediación;  
(b) opiniones expresadas o s ugerencias propuestas por una parte en una mediación 
relativas a una posible solución del conflicto;  
(c) declaraciones o confesiones hechas por una parte en el curso de la mediación;  
(d) propuestas del mediador;  
(e) el hecho de que una parte hubiera manifestado su deseo de aceptar una 
propuesta de solución del mediador;  
(f) documentos elaborados a los solos efectos de la mediación.  
2. El apartado 1 se aplicará con independencia de la forma de la información o de las 
pruebas en él mencionadas.  
3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna entid ad judicial ordenarán la divulgación de la 
información mencionada en el apartado 1 en un proceso judici al civil y, si tal 
información es presentada como prueba contra riamente a lo dispuesto en el apartado 
1, esas pruebas se consid erarán inadmisibles. Sin embargo, tal información podrá 
revelarse y admitirse como prueba  
 
ES 12   ES (a) en la medida requerida a efectos de  la aplicación o ejecución de un acuerdo 
alcanzado como resultado directo de la mediación;  
(b) para eliminar las consideraciones de orden público, en pa rticular cuando se 
requiera para asegurar la protección de menores o para prevenir el daño a la 
integridad física o psicol ógica de una persona; o  
(c) si el mediador y las partes  están de acuerdo en ello.  
4. Las disposiciones de los apar tados 1, 2 y 3 se aplicarán con independencia de que el 
proceso judicial se refiera o no al litigio que es o ha sido objeto de la mediación.  
5. Con sujeción al apartado 1, las pruebas que de otro modo s ean admisibles en un 
proceso judicial no serán inadmisibles  por haberse recurrido a la mediación.  
Artículo 7 – Suspensión de la caducidad y la prescripción  
1. El transcurso de todo plazo de caducidad  o prescripción relativo a la demanda objeto 
de la mediación se suspenderá  a partir del momento en que , tras el surgimiento del 
conflicto:  
(a) las partes acuerden r ecurrir a la mediación;  
(b) el órgano jurisdiccional orde ne recurrir a la mediación; o 
(c) sea obligatorio recurrir a la mediación  de conformidad con el Derecho nacional 
de un Estado miembro.  
2. Cuando la mediación termine sin lograrse un acuerdo de solución, el plazo volverá a 
correr desde el momento del término de la mediación sin acuerdo de solución, a 
contar desde la fecha en que una o ambas pa rtes o el mediador declaren terminada la 
mediación o se retiren efectivamente de ella. El plazo se ampliará en cualquier caso 
al menos un mes a contar desde la fech a de su reanudación, salvo cuando sea un 
plazo en el que se deba ejercitar una acción  para evitar que una medida provisional o 
similar deje de surtir efecto o se revoque.  
Artículo 8 – Disposiciones de aplicación  
La Comisión publicará la información sobre lo s órganos jurisdiccionales las entidades 
competentes comunicada por los Estados miembr os de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 5.  
Artículo 9 – Transposición  
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas necesarias para cumplir c on esta Directiva a más tardar el 1 de 
septiembre de 2007. Informarán inmedi atamente de ello a la Comisión.  
 
ES 13   ES 2. Cuando los Estados miembros adopten esas disposiciones, contendrán una referencia 
a la presente Directiva o las acompañarán  de tal referencia con ocasión de su 
publicación oficial. Los Estados miembros determinarán en qué modo debe hacerse 
tal referencia.  
Artículo 10 – Entrada en vigor  
Esta Directiva entrará en vi gor el vigésimo día siguiente  al de su publicación en el  Diario 
Oficial de la Unión Europea .  
Artículo 11 - Destinatarios  
Esta Directiva se dirige a los Estados miembros.  
Hecho en Bruselas,  
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente