Los actores públicos son los principales inversores en determinados sectores, especialmente en los de infraestructuras y servicios públicos. En muchos casos, es necesario que los poderes públicos desempeñen una función de orientación y coordinación con respecto a la inversión sostenible. Asimismo, puede resultar necesario que los poderes públicos inviertan cuando los actores de mercado no puedan intervenir, especialmente cuando los beneficios sociales y medioambientales no generen beneficios privados o cuando se considere que los proyectos son demasiado arriesgados. En los casos en que sea frecuente que estas inversiones sean de naturaleza transfronteriza y tengan repercusiones en varios Estados miembros, será necesario que la Comisión asuma una función coordinadora a escala de la UE.

En estas circunstancias, las actuales normas de ayuda estatal se aplicarán con flexibilidad, centrándose en determinados ámbitos que se antojan cruciales para lograr la transformación en una economía climáticamente neutra.

4.3.1.Una mayor flexibilidad de las ayudas estatales para adoptar procesos de producción climáticamente neutros

La Comisión aprobará las ayudas de los Estados miembros a las empresas cuando el objetivo consista en descarbonizar o electrificar los procesos de producción, siempre que los incentivos económicos no justifiquen ya la inversión de que se trate y que las empresas reduzcan su impacto sobre el medio ambiente más allá de lo exigido por las normas o valores de referencia de la Unión.

A fin de minimizar los costes para el Estado, las ayudas públicas deben limitarse a lo estrictamente necesario. Lo habitual es que las Directrices actuales establezcan un importe máximo de ayuda en función de los costes adicionales de la inversión de que se trate con respecto a una inversión alternativa teórica que sea menos respetuosa con el medio ambiente. De cara al futuro, la Comisión evaluará si, en vez de esto, sería posible determinar los costes subvencionables de las inversiones compatibles con la transición hacia la neutralidad climática tomando como referencia el déficit de financiación, especialmente en aquellos casos en que no exista una inversión alternativa hipotética. Esto podría justificarse en virtud de los objetivos del Pacto Verde y por el hecho de que tales inversiones son una manera importante de reducir la huella de carbono de las instalaciones de que se trate y de ayudar a lograr la neutralidad climática.

4.3.2.Ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios

Se dará a los Estados miembros un mayor margen para invertir en la eficiencia energética de los edificios con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En particular, se concederá a los Estados miembros una mayor flexibilidad para apoyar las modalidades de financiación que sean ventajosas para los consumidores de electricidad como, por ejemplo, los contratos de rendimiento energético. Esta modalidad de financiación consiste en que las empresas de servicios energéticos inviertan en la modernización de los edificios para hacerlos más energéticamente eficientes y sean remuneradas mediante el ahorro energético en la factura de la electricidad del consumidor.

Asimismo, los Estados miembros gozarán de una mayor flexibilidad a la hora de apoyar mejoras que redunden en una mayor eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, inviertan en la generación de energías renovables para el autoconsumo.

A la hora de identificar los costes subvencionables de dichos proyectos, la Comisión podrá tener en cuenta el hecho de que, en muchos casos, no existe una inversión hipotética de contraste.

4.3.3.Ayudas para la calefacción urbana

En determinadas circunstancias, cabe considerar que el apoyo —limitado a las redes de distribución de calefacción urbana— queda fuera del ámbito de control de las ayudas estatales por tratarse de una medida de infraestructura que no afecta ni a la competencia ni al comercio. Este podría ser el caso, en particular, cuando las redes de distribución de calefacción urbana se gestionan de la misma manera que otras infraestructuras energéticas, a través de la separación entre la generación de la calefacción, el acceso de terceros y las tarifas reguladas.

En todos los demás casos en que se concedan ayudas estatales, las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía fijan una serie de condiciones en las que pueden aprobarse las ayudas a los proyectos de calefacción urbana. En particular, las normas exigen que la inversión favorezca un sistema de calefacción urbana energéticamente eficiente, según la definición de la Directiva relativa a la eficiencia energética. Por lo que respecta a los importes que pueden concederse, las Directrices diferencian entre las intensidades de la ayuda para los costes de la inversión en las instalaciones de calefacción urbana y el llamado método de déficit de financiación para la financiación de la construcción o de las mejoras de la red de distribución.

En el futuro, a fin de aprovechar el potencial de la calefacción urbana para contribuir a la transición a una economía climáticamente neutra, los Estados miembros podrán también emplear un enfoque basado en el déficit de financiación en el caso de la generación de calefacción urbana como alternativa a las intensidades de ayuda máximas fijadas en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía.

También podría permitirse a los Estados miembros conceder ayudas estatales para las redes de calefacción urbana que no formen parte de sistemas de calefacción urbana energéticamente eficientes cuando se vayan a realizar inversiones para lograr que la generación de calefacción sea eficiente en un plazo de 3 años a partir de la modernización de la red.

4.3.4.Ayudas para el cierre de las centrales de carbón

La combustión de lignito es una de las formas de generar electricidad más contaminantes y que más CO2 producen. Si bien el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE conducirá a una disminución de la producción de energía de alto consumo en carbono, una serie de Estados miembros planean acelerar el cierre progresivo de las centrales que emplean antracita y lignito. Los Estados miembros que opten por conceder ayudas para el cierre de las centrales de carbón en este contexto, por ejemplo para compensar a los operadores por el lucro cesante irrogado al no poder estos seguir vendiendo electricidad en el mercado, deberán notificar estos planes a la Comisión. La Comisión evaluará las ayudas estatales relacionadas con tales proyectos directamente en virtud del tratado.

En este contexto, la Comisión examinará especialmente la proporcionalidad de tales ayudas con el fin de evitar las compensaciones excesivas. Esto significa que los Estados miembros habrán de demostrar que la compensación no va más allá del lucro cesante irrogado a las instalaciones por su cierre anticipado. Asimismo, es importante garantizar que la medida esté estructurada de forma que limite al mínimo cualquier posible falseamiento de la competencia en el mercado.

Cabe recordar que cualquier ayuda concedida por el Estado que no esté relacionada con una actividad económica, en particular aquellas que beneficien a particulares (como las ayudas sociales o de reciclaje profesional) o estén destinadas a la financiación de infraestructuras de uso público, no están sometidas a las normas sobre ayudas estatales, siempre y cuando no confieran ventajas indirectas a ninguna empresa.

4.3.5.Ayudas a la economía circular

Se concederá a los Estados miembros un mayor margen para apoyar las medidas necesarias para la transición desde una economía lineal a una economía circular: el reciclaje de residuos, la reutilización del calor residual, la reutilización del CO2 o la recogida separada de los flujos de residuos. Esta flexibilidad sería aplicable siempre que el importe de la ayuda se determine teniendo en cuenta cualquier ingreso adicional que pueda derivarse de la economía circular.