ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

subraya la necesidad de integrar la capacidad de reducir significativamente el riesgo y las consecuencias de las catástrofes en todas las estrategias que orientan las políticas de la UE en materia de inversiones, de forma que el dinero público ayude a las comunidades a ser más resilientes a los efectos negativos de las catástrofes y no ponga en peligro la vida de los ciudadanos. Lamenta que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en general y el Fondo de Cohesión en particular no exijan una evaluación del riesgo de catástrofe como condición para la ejecución de los proyectos de infraestructura financiados por la UE;
18.

subraya el papel positivo que han desempeñado determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG) para hacer frente a los acuciantes problemas de alojamiento, alimentación, atención sanitaria, etc. de los refugiados y migrantes, en especial en aquellas regiones que acogen los mayores flujos. Apoya, no obstante, la necesidad de coordinar mejor la actuación de las ONG en estrecha cooperación con los entes locales y regionales, con el fin de que su contribución sea, por una parte, más racional y eficaz y, por la otra, compatible con las necesidades y condiciones locales, sin dejar por ello de estar sujetas a los necesarios requisitos de transparencia y responsabilidad social; considera que en colaboración con ONG o administraciones públicas el papel del servicio de voluntariado europeo podría ser fundamental en la acogida de refugiados y migrantes;
19.

los estudios de caso sobre la naturaleza de las asociaciones urbano-rurales muestran que su éxito no depende únicamente de las intervenciones públicas de los niveles superiores, como las medidas legislativas o financieras, ya sean nacionales o europeas. Sin embargo, este tipo de medidas puede influir de manera decisiva en la evolución de las asociaciones, su motivación, sostenibilidad, eficiencia y eficacia en la consecución de los resultados deseados. Asimismo, existen situaciones en las que la creación y la gestión de las asociaciones suponen gastos a los que los socios no pueden hacer frente de manera equitativa. En estos casos, para obtener una asociación cohesionada es necesario respaldar la financiación o la asistencia técnica. Para la UE supone un reto determinar aquellas medidas de intervención que pueden catalizar y respaldar a las asociaciones sin crear una dependencia de las subvenciones financieras y evitando unas asociaciones puramente formales, que no sirvan al interés público de la comunidad;
42.

recomienda prestar atención a las especificidades de la Región de Kaliningrado, que no está incluida en la política de vecindad, pese a su situación particular. No obstante, es un territorio especialmente importante y sensible, no solo situado en la frontera de la UE, sino rodeado de hecho por todas partes por territorio de la UE. No pueden ignorarse las características específicas de esta región a la hora de desarrollar la política de vecindad en la zona más próxima a la UE;
31.

remite a este respecto a convenios como el Convenio sobre la cooperación para la protección y utilización sostenible del Danubio (Convenio para la protección del Danubio) (5), que entró en vigor en 1998 y que creó la Comisión Internacional para la Protección del Danubio (ICPDR), y el Convenio para la protección y el desarrollo sostenible de los Cárpatos (Convenio de los Cárpatos). Constituye ya un buen ejemplo de esta cooperación la declaración conjunta sobre las directrices de desarrollo de la navegación interior y la protección del medio ambiente en la cuenca del río Danubio («Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin») (6);
22.

subraya, no obstante, que los problemas de movilidad urbana no pueden resolverse solo con un planteamiento sectorial, y que debe tenerse en cuenta el vínculo entre la dimensión urbana de la política de transporte y el concepto más amplio de la ordenación del territorio; se trata no solo de mejorar el transporte y las infraestructuras urbanos, sino también de luchar contra la expansión urbana y replantearse la relación entre las ciudades y el entorno que las rodea;
30.

subraya que la legislación, en consonancia con las disposiciones de la Directiva de servicios, no afecta a la definición ni a la organización de los servicios de interés económico general, no se aplica a los servicios no económicos de interés general –que suelen prestarse en la esfera local y regional– y no afecta a la legislación laboral o las condiciones de empleo;
9.

pide a la Comisión Europea que revise las políticas de la UE para desarrollar un sector de la calefacción y la refrigeración sostenible y eficiente. Un ejemplo que ilustra la falta de coherencia entre los distintos elementos de la legislación de la UE es el Reglamento Delegado (UE) n.o 244/2012 de la Comisión (2), que completa la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. El Reglamento Delegado permite deducir la energía térmica y eléctrica renovable de la eficiencia energética de un edificio si se produce in situ, pero no si procede de una producción centralizada de energía. Esta incoherencia corre el peligro de minar los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración así como la producción combinada de calor y electricidad y, por consiguiente, podría resultar contraproducente para el objetivo de promover el uso de energías renovables, los sistemas de calefacción de calor residual y la reducción del CO2; considera que el aspecto esencial de la eficiencia energética de los edificios debe ser el consumo y/o las necesidades de energía del edificio;
11.

llama la atención sobre el hecho de que la Decisión de reparto del esfuerzo prevé muchas posibilidades de impulsar la flexibilidad y el comercio con el fin de ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de aquí a 2030. Tales medidas disminuyen los costes de reducción de las emisiones, aunque es necesario hacer gala de realismo y prudencia y prestar atención a que la flexibilidad no conduzca, en algunos Estados miembros, a aumentar las emisiones o manipular los objetivos y hacerlos menos estrictos, ya sea antes de la entrada en vigor de las disposiciones o al aplicar el mecanismo de flexibilidad, puesto que la existencia de mecanismos de flexibilidad distintos podría, en última instancia, causar que no se alcanzaran los objetivos de reducción de las emisiones. El reto consiste en tener en cuenta no solo los problemas económicos y estructurales de los Estados miembros y su nivel de vida sino también las diferencias regionales dentro cada Estado, con el fin de cumplir los ambiciosos objetivos;
Documento de referencia

Comunicación de la Comisión — Adecuación de la normativa de la UE COM(2012) 746 final. Teniendo en cuenta: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Review of the Commission Consultation Policy» SWD(2012) 422 final. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU — Final Report». SWD(2012) 423 final.
Condiciones ex ante 1. En las normas específicas de los Fondos se definirán condiciones ex ante aplicables a cada Fondo del MEC. 2. Los Estados miembros deberán evaluar si se cumplen las condiciones ex ante aplicables. 3. Si no se cumplen las condiciones ex ante en la fecha de transmisión del contrato de asociación, los Estados miembros deberán incluir en este un resumen de las medidas que han de tomarse a nivel nacional o regional, así como el calendario para su aplicación, a fin de garantizar el cumplimiento de esas condiciones en el plazo de dos años tras la adopción del contrato de asociación, o no más tarde del 31 de diciembre de 2016, si esta fecha es anterior. 4. Los Estados miembros deberán exponer en los programas pertinentes las medidas detalladas relacionadas con el cumplimiento de las condiciones ex ante, incluido el calendario para su aplicación. 5. La Comisión evaluará la información aportada sobre el cumplimiento de las condiciones ex ante en el marco de su evaluación del contrato de asociación y de los programas. Al adoptar un programa, podrá decidir suspender la totalidad o parte de los pagos intermedios al programa a la espera de que se completen satisfactoriamente las medidas encaminadas a cumplir una condición ex ante. Si no se completan las medidas encaminadas a cumplir una condición ex ante en el plazo fijado en el programa, la Comisión podrá suspender los pagos. 6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a los programas en el marco del objetivo de «cooperación territorial europea».

Condiciones ex ante 1. En las normas específicas de los Fondos se definirán condiciones ex ante aplicables a cada Fondo del MEC. 2. Los Estados miembros deberán evaluar si se cumplen las condiciones ex ante aplicables. 3. Si no se cumplen las condiciones ex ante en la fecha de transmisión del contrato de asociación, los Estados miembros deberán incluir en este un resumen de las medidas que han de tomarse a nivel nacional o regional, así como el calendario para su aplicación, a fin de garantizar el cumplimiento de esas condiciones en el plazo de años tras la adopción del contrato de asociación, o no más tarde del 31 de diciembre de 2016, si esta fecha es anterior. 4. Los Estados miembros deberán exponer en los programas pertinentes las medidas relacionadas con el cumplimiento de las condiciones ex ante, incluido el calendario para su aplicación. 5. La Comisión evaluará la información aportada sobre el cumplimiento de las condiciones ex ante en el marco de su evaluación del contrato de asociación y de los programas. Si no se completan las medidas encaminadas a cumplir una condición ex ante en el plazo fijado en el programa, la Comisión podrá suspender los pagos. 6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a los programas en el marco del objetivo de «cooperación territorial europea».
12.

recuerda que la movilidad se ve más obstaculizada entre los jóvenes que no cursan estudios universitarios y que proceden de grupos sociales menos favorecidos, y entre aquellos que por la situación geográfica de su región de pertenencia no tienen igualdad de acceso a la movilidad. Recuerda que la UE debe garantizar que estos programas de movilidad sean accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes, por lo que recomienda apoyar a las regiones con especiales características geográficas, como las regiones ultraperiféricas, o las islas donde el desarrollo de las estas políticas de movilidad está seriamente dificultada por su lejanía y aislamiento geográfico del continente. Por tanto, deberán tomarse medidas voluntaristas específicas para que estos jóvenes también puedan aprovechar al máximo los programas de movilidad europeos. En concreto, no sólo deberían emprenderse acciones de comunicación adaptadas a diferentes destinatarios, sino también concederse ayudas financieras adaptadas, para que la falta de recursos financieros deje de ser un obstáculo a la movilidad;
10.

observa, no obstante, el éxito de algunas acciones aisladas, como los planes para la conservación de ciertas especiales vegetales o animales (alimoche, nutria, ganso (Branta bernicla), etc.) y hábitats (bosques aluviales de Renania, Támesis, etc.), así como planes de gestión aplicados en algunos espacios determinados;
32.

insiste en los problemas que surgen cuando las ayudas dependen de un sistema unilateral y de un enfoque de arriba abajo, que es el más utilizado en la concesión de ayudas, incluso por la Comisión Europea. No hay una auténtica colaboración ni participan el ámbito local ni las organizaciones que lo representan (asociaciones de entes territoriales), por lo que las ayudas no tienen efecto a nivel local. Paralelamente, los efectos de las ayudas procedentes de las ONG, que normalmente tienen carácter local, no siempre se extienden a las autoridades públicas, los entes territoriales y los mecanismos institucionales, lo que, a su vez, limita los resultados a largo plazo y la eficacia de las ayudas;
16.

lamenta no obstante que no se haya llevado a cabo un análisis cruzado de estos proyectos, su evolución y las sinergias desarrolladas entre ellos y recomienda que la Comisión elabore los futuros análisis tomando como base los datos estadísticos más actuales y relevantes que se hayan recogido de forma adecuada en los Estados miembros. Aun cuando la Comunicación hace hincapié en la necesidad de coordinar al máximo los proyectos, a fin de conseguir, con el tiempo, una realización óptima de la red RTE-T, no se ha llevado a cabo todavía ningún análisis en este sentido, pero podría hacerse en el seno del grupo director de las RTE. Un análisis de esta índole podría ofrecer un elemento suplementario para clarificar la asignación, muy restringida, de las ayudas europeas para el periodo 2007-2013.
1.2

opina no obstante que la simplificación de la normativa es una de las condiciones esenciales para reducir el número de recursos. La simplicidad de las disposiciones facilita su cumplimiento y limita el número de malentendidos. Lamentablemente, las nuevas directivas en materia de contratación no van en este sentido, pues sus complicadas normas de procedimiento hacen que los poderes adjudicadores puedan cometer errores fácilmente. Esto afecta especialmente a los entes locales y regionales de menor talla, que no disponen de especialistas jurídicos en materia de contrataciones. Recuerda también a la Comisión Europea que la mayor parte de las contrataciones públicas no se llevan a cabo a nivel nacional, sino que son competencia de los entes locales y regionales;
1.16

señala la anomalía creada por la nueva propuesta de que un empleado que firma un contrato de no aplicación, cuando haya un acuerdo colectivo que lo permita, no pueda en ningún caso exceder las 65 horas de trabajo en el transcurso de una semana, al mismo tiempo que se reconoce que se trata de un número de horas inusualmente elevado que en ningún caso constituiría la norma; esta propuesta implicaría que, mientras que un empleado que opta por la no aplicación no puede trabajar más de 65 horas en una semana, un empleado que no hace uso de esta opción, y por lo tanto está sujeto a la media máxima de 48 horas semanales, sí puede. Además, la propuesta incita a creer que el empleado de un lugar de trabajo que no cuente con acuerdo colectivo ni representación sindical y que firme un acuerdo de no aplicación a título individual no estaría sujeto al límite máximo de 65 horas de trabajo en el transcurso de una misma semana;
1.4

considera apropiado que para la entrada y la estancia de los investigadores no se requiera un permiso de trabajo, sino que sea suficiente con el permiso de residencia. No obstante, además de los procedimientos contemplados en la Directiva, las modalidades habituales de admisión resultan importantes por ejemplo para los doctorandos que realizan su investigación en calidad de estudiantes, ya que la Directiva no se aplica a estos últimos (considerando 7);
1.2

observa que las medidas de protección contra las inundaciones en una región pueden afectar a las inundaciones en otras regiones situadas río arriba o río abajo. Por consiguiente, es importante que los efectos de las medidas se determinen para la totalidad de la cuenca hidrográfica. No obstante, este planteamiento no debería conducir a modelos prescritos, planes normalizados o una mayor burocracia, ya que los entes regionales y locales saben que están vinculados en la diversidad, y no en la uniformidad;
Dictamen del Comité de las Regiones "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo"

(1999/C 293/05)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la lista de la Comisión con las propuestas pendientes a 1 de mayo de 1999 en las que se produce un cambio de fundamento jurídico o de procedimiento debido a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (SEC(1999) 581 final);

vista la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo" [COM(1998) 131 final - 98/0115 (COD), antiguo 98/0115 (SYN)](1);

vista la decisión del Consejo comunicada mediante carta de 3 de mayo de 1999 de consultar al Comité de las Regiones sobre el tema de acuerdo con el primer párrafo del artículo 265 y el artículo 148 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de la Mesa, de 7 de mayo de 1999, de designar como ponentes generales a la Sra. Matthews y al Sr. Correia, con el fin de elaborar un dictamen al respecto de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Interno del Comité de las Regiones;

visto su anterior Dictamen sobre la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo" [COM(1998) 131 final - 98/0115 (SYN)] (CDR 155/98 fin)(2) aprobado en el Pleno del 19 de noviembre de 1998 (ponentes: Sra. Matthews y Sr. Correia),

ha aprobado, en su 29o Pleno, celebrado los días 2 y 3 de junio de 1999 (sesión del 3 de junio), el presente Dictamen.

1. El Comité de las Regiones reitera el contenido del Dictamen sobre la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo" aprobado en el Pleno del 19 de noviembre de 1998.

2. El Comité de las Regiones lamenta profundamente que el Consejo no haya respetado el procedimiento previsto en el artículo 265 del Tratado, en el que se establece que el plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación que, a tal fin, se curse al Presidente del Comité de las Regiones. La carta del Consejo relativa a esta consulta, con fecha de 3 de mayo de 1999, en la que se fijaba la fecha del 3 de junio de 1999 para emitir el dictamen no entró en el registro del CDR hasta el 5 de mayo.

Bruselas, el 3 de junio de 1999.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER

(1) DO C 176 de 9.6.1998, p. 39.

(2) DO C 51 de 22.2.1999, p. 48.
7.1.

La Unión Europea se basa en valores europeos comunes que no son negociables bajo ningún concepto, a saber, el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Estos valores no pueden pasarse por alto cuando la UE y sus Estados miembros se enfrentan a una emergencia y sus repercusiones económicas y sociales. Si bien la respuesta a la crisis actual debe ser rápida y requiere ciertas medidas excepcionales y limitadas en el tiempo, estas no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. El CESE insiste en que todas las medidas políticas correspondientes deben estar en plena sintonía con nuestros valores comunes, tal como se establecen en el artículo 2 del TUE.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las redes telemáticas entre administraciones para las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros - EDICOM - (Electronic Data Interchange for Commerce)»

(96/C 295/10)

El 15 de mayo de 1996, de conformidad con el artículo 129 D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Mobbs la preparación de los trabajos en este asunto como Ponente general.

En su 337° Pleno (sesión del 10 de julio de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 70 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. El 30 de junio de 1993 el Comité aprobó por unanimidad un dictamen () sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las redes telemáticas entre administraciones para las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros - COMEDI - (Commerce Electronic Data Interchange)», de conformidad con el artículo 100 A del Tratado, en el que se aprobaba la propuesta de la Comisión.

1.2. El Consejo, tras haber cambiado el fundamento jurídico al artículo 235 del Tratado, aprobó su Decisión el 11 de julio de 1994 (94/445/CE) ().

1.3. El Parlamento Europeo impugnó el fundamento jurídico y apeló al Tribunal de Justicia, que decidió que el tercer párrafo del artículo 129 D debería ser el fundamento jurídico, anulando al mismo tiempo la Decisión del Consejo.

1.4. Entretanto se ha cambiado el acrónimo «COMEDI» por «EDICOM» (Electronic Data Interchange for Commerce) y la Comisión vuelve a someter su propuesta original con el único cambio del fundamento jurídico para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia.

2. Observaciones generales

A la luz de lo mencionado arriba, el Comité confirma su dictamen original del 30 de junio de 1993.

Bruselas, el 10 de julio de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social Carlos FERRER

() DO n° C 249 de 13. 9. 1993.

() DO n° L 183 de 19. 7. 1994.
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/686/CEE sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual (EPI)

(96/C 97/02)

El 29 de enero de 1996, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 1996 (Ponente: Sr. Wright).

En su 332° Pleno (sesión del 31 de enero de 1996), el Comité Económico y Social aprobó por unanimidad el presente dictamen.

1. Observaciones generales

El Comité emitió en su momento un dictamen () sobre los aspectos fundamentales de la Directiva relativa a los equipos de protección individual (EPI).

El presente proyecto de directiva presentado por la Comisión tiene como objetivo derogar la obligación de indicar en cada EPI el año de colocación del marcado «CE». No se reducen las disposiciones sobre seguridad y salud de los usuarios; además, la Comisión ha llevado a cabo una exhaustiva consulta técnica de las partes interesadas (que dieron su aprobación).

Por lo tanto, el Comité aprueba esta propuesta destinada a simplificar los costosos requisitos administrativos impuestos a los fabricantes.

Hecho en Bruselas, el 31 de enero de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 337 de 31. 12. 1988.
N°C34/22 DiarioOficialdelasComunidades Europeas 2,2.94
DictamensobrelapropuestadeDecisióndelConsejoporlaqueseestablecenlosgruposde
aditivosutilizadosenlaalimentaciónanimalquesonobjetodeunaautorizaciónvinculada
alresponsabledesupuestaencirculación(*)
(94/C34/09)
El22dejuliode1993,deconformidadconlosartículos43y198delTratadoconstitutivo
delaComunidadEconómicaEuropea,elConsejodecidióconsultaralComitéEconómicoy
Socialsobrelapropuestamencionadaarriba.
LaSeccióndeAgriculturayPesca,encargadadeprepararlostrabajosenesteasunto,aprobó
sudictamenel4denoviembrede1993(Ponente:Sr.Gardner).
Ensu310°Pleno(sesióndel24denoviembrede1993),elComitéEconómicoySocialha
aprobadoporunanimidadelsiguientedictamen.
1.Introducción
1.1.EnlaPropuestadeDirectivadelConsejoque
modificalaDirectiva70/524/CEEsedisponequepor
motivosdeseguridadparalasaludpúblicaydelos
animalesyparaelmedioambientelaautorizaciónde
losaditivosquepertenezcanadeterminadosgrupos
estarávinculadaenelfuturoalosresponsablesdesu
puestaencirculación .2.Observaciones generales
2.1.ElComitéapoyalasugerenciadelaComisión
desepararlosaditivoscubiertosporlaDirectiva
70/524/CEEendosgrupos:«genéricos»y«dealta
tecnología».Esteúltimogrupoconstituyeelobjetode
laPropuestarecogidaeneldocumentoCOM(93)250.
2.2.ElComitéapruebaplenamenteelaumentode
loscontrolesparalosaditivosdealtatecnología,pero
habríapreferidoquesehicieramedianteunadirectiva
ounreglamentoynoconunaDecisióndelConsejo. C1)DOn°C211de5.8.1993,p.21,
HechoenBruselas,el24denoviembrede1993.
ElPresidente
delComitéEconómicoySocial
SusanneTIEMANN