Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea - Cooperación policial y judicial en materia penal

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2002 expiran los cinco programas de financiación bianuales del Título VI del Tratado de la Unión Europea, que son los siguientes:

* Decisión 2001/512/JAI, de 28.06.2001, por la que se aprueba la segunda fase del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación destinado a los profesionales de la Justicia (Grotius II penal)

* Decisión 2001/513/JAI, de 28.06.2001, por la que se establece una segunda fase del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación de las autoridades policiales y aduaneras (OISIN II)

* Decisión 2001/514/JAI, de 28.06.2001, por la que se establece una segunda fase del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación destinado a los responsables de la acción contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (STOP II).

* Decisión 2001/515/JAI de 28.06.2001, por la que se establece el programa de fomento, intercambios, formación y cooperación para la prevención de la delincuencia (Hippokrates).

* Acción Común 1998/245/JAI, de 19 de marzo de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establece un programa de intercambio, formación y cooperación destinado a los responsables de la lucha contra la delincuencia organizada (Falcone).

Estos programas cuentan con un importe de referencia financiera, para los dos años, de, respectivamente, 4 millones de euros (Grotius), 4 millones de euros (Stop) 8 millones de euros (Oisin), 2 millones de euros (Hippokrates). Para Falcone, la dotación quinquenal es de 10 millones de euros, con una media de 2 millones por año.

Cada año se han aprobado, y publicado en el Diario Oficial, los programas de trabajo anuales, en los que se han establecido los objetivos y las prioridades temáticas, fijado los procedimientos e invitado a los organizadores a presentar proyectos que fueran aptos para recibir cofinanciación, habiéndose aceptado y cofinanciado numerosos proyectos, más de 720 para los cinco programas en cinco años. Los comités instituidos para asistir a la Comisión en la gestión de los programas, compuestos de representantes de cada Estado miembro, se reunieron, en general, dos veces al año durante el período de ejecución de los programas con el fin de debatir los programas anuales y las propuestas de la Comisión sobre los proyectos que debían ser cofinanciados y emitir su dictamen al respecto.

Según ha demostrado una evaluación externa [1], la eficacia de los programas, respecto de los recursos utilizados, ha sido satisfactoria. Los programas han alcanzado sus objetivos y aportado una contribución positiva, a escala europea, en los ámbitos de la represión, la prevención y la cooperación judicial en materia penal.

[1] Franklin Advisory Services S.A. de 31 de marzo de 2000.

Dicha evaluación externa ha puesto, no obstante, de relieve diversas pistas que pueden explorarse para mejorar el efecto de los proyectos cofinanciados, como, por ejemplo, la disminución del número de seminarios y conferencias en beneficio de un incremento de los intercambios y metodologías de formación, una mejor preparación de los proyectos y una difusión más amplia de los resultados. Estas conclusiones se han tenido en cuenta en las decisiones de renovación de los programas, así como en la presente propuesta.

Del examen de los resultados de los programas actuales es posible concluir que resulta necesaria una reorganización estratégica de todos los programas que apoyen acciones en los ámbitos de la prevención, la represión y la cooperación policial y judicial en materia penal. La estructuración de estos instrumentos parece efectivamente justificarse por la evolución recientemente ocurrida en los ámbitos de la justicia y asuntos de interior, así como por las prioridades de la Unión Europea, tal como se definieron en Tampere.

A raíz de la aprobación del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, se creó una nueva línea presupuestaria para las acciones preparatorias de un programa de lucha contra el tráfico de drogas (B5 831). Esta línea presupuestaria se integra asimismo en el programa marco, habida cuenta de la importancia del capítulo específicamente destinado a la lucha contra el tráfico de drogas.

La Comisión ha decidido, por lo tanto, proponer la creación de un programa marco único, regido por las disposiciones del Título VI, que venga a sustituir los instrumentos existentes anteriormente citados.

Esta propuesta, que responde a las orientaciones generales de la Comisión de concentrar los esfuerzos en programas de mayor amplitud, ha de facilitar una mejor utilización de los recursos disponibles. Un programa marco de este tipo se propone, asimismo, simplificar los procedimientos presupuestarios, incrementar la visibilidad de las actividades y reforzar las sinergias entre les cinco programas del Título VI, que hasta la fecha eran independientes.

El Parlamento Europeo había llegado a la misma conclusión, al haber impulsado a la Comisión a presentar una propuesta de programa consolidado antes de finales del año 2001 después de haber emitido un dictamen favorable sobre la renovación de los programas [2].

[2] Informe Kessler aprobado en pleno por el PE el 5.4.2001 (PE 303.051).

El Consejo ha invitado igualmente a la Comisión a presentar, antes de finales de 2001, una propuesta de programa marco que venga a remplazar los programas existentes cuando lleguen a término, en la que figuren propuestas sobre el ejercicio de las competencias de ejecución [3].

[3] Declaración del Consejo de 28.6.2001 (Interinstitutional file 2000/0339 (CNS) 9311/1/01 REV 1)

2. PROPUESTAS DE DECISIÓN DEL CONSEJO: EVOLUCIÓN

La reorientación estratégica de todos los programas du Título VI afecta a los cinco programas actuales.

Lo que se pretende es agrupar y fundir todas las acciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea en un contexto legislativo u operativo armonizado para lograr una mayor coherencia global e incrementar, aún más, la eficacia de las acciones a las que se preste apoyo.

Los principales objetivos de estos programas son ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad, prevenir y luchar contra la delincuencia y contribuir a la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia de conformidad con el Tratado.

Los programas Grotius, Oisin, Stop, Hippokrates y Falcone se dirigen, en primer lugar, a determinadas profesiones especializadas, como jueces, fiscales, profesionales de la Justicia, agentes de los servicios policiales y aduaneros, funcionarios públicos y personas/organismos encargados de prestar asistencia a las víctimas. Sin embargo, pueden asimismo presentar proyectos los institutos de formación, las universidades, los centros de investigación, las asociaciones profesionales del sector privado e igualmente las organizaciones no gubernamentales.

El programa marco persigue también los objetivos de los programas precedentes, garantizando al mismo tiempo un grado de racionalización, interacción y economía de escala más altos, al tiempo que se esfuerza por poner en práctica, de una manera más flexible, las prioridades políticas de la Unión Europea.

Su objetivo es intensificar la cooperación entre los profesionales de la Justicia y entre los servicios de prevención y represión de la delincuencia de los Estados miembros y entre éstos y otros interlocutores públicos, de la sociedad civil y de los medios empresariales, en particular, en materia de lucha y prevención de determinadas formas de delincuencia. Por último, el programa marco se dirige a favorecer acciones relacionadas con la asistencia a las víctimas de actividades criminales.

Los instrumentos propuestos son los siguientes:

- acciones de formación sobre legislación, procedimientos operativos y buenas prácticas en los Estados miembros, incluida la formación de magistrados

- programas de intercambio y movilidad entre organismos de los Estados miembros

- seminarios, coloquios y conferencias

- investigaciones y estudios sobre el Derecho y los nuevos métodos de cooperación entre Estados miembros

- acciones de difusión de la información y explotación de los resultados.

Las estructuras propuestas reflejan la evolución de los programas comunitarios en general y la experiencia de cinco años sobre le terreno.

La reestructuración, que continúa la línea de las decisiones de 2001, ha permitido asimismo la introducción de una nueva terminología y de nuevos tipos de acciones:

- la propuesta parte de un programa de trabajo anual con la posibilidad de desarrollar proyectos de una duración de hasta dos años

- la propuesta prevé acciones específicas y medidas complementarias en los ámbitos indicados en el programa de trabajo anual

- la propuesta define con mayor claridad los criterios que deben aplicarse para evaluar y seleccionar las acciones.

En razón del interés cada vez mayor suscitado por las acciones de cooperación en este ámbito y de la asignación de objetivos más ambiciosos al programa marco, es necesario contar con una dotación financiera adecuada. Por un lado, es preciso tener en cuenta el deseo del Parlamento Europeo de garantizar a la Comisión un apoyo presupuestario más elevado para las acciones en favor de la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Por otro, se había observado que, en los programas precedentes, sólo el 25%, como media, de los proyectos presentados pudo beneficiarse de la cofinanciación comunitaria, habiendo tenido por ello que desestimarse proyectos interesantes, al no disponer de medios financieros suficientes. La dotación prevista deberá asimismo facilitar que se tenga en cuenta la evolución observada en materia de cooperación policial y judicial .

La cofinanciación de las acciones se limita a un máximo del 70 % (aunque puede ser inferior), excepto para las acciones específicas y las medidas complementarias, que pueden financiarse hasta el 100%, ya que el objetivo es llegar a una mayor precisión en los cálculos de los costes de los organizadores e impulsar la cofinanciación nacional del programa.

La participación de los países candidatos en las acciones organizadas en el marco de esto programa constituye asimismo uno de los grandes objetivos cara a la ampliación, cuya primera fase se desarrollará en el transcurso del programa. Hasta entonces, conviene fomentar la participación en los proyectos de las organizaciones y los servicios públicos de los países candidatos en calidad de socios. Además, la Comisión propone llevar a cabo acciones específicas (más abajo descritas) en ámbitos en los que los países candidatos han manifestado un interés explícito, aun cuando, en todo caso, un organismo de un Estado miembro conservaría la responsabilidad formal de la formulación de la propuesta y la buena ejecución de la acción adoptada.

Con objeto de que los países candidatos estén plenamente informados de las prioridades del programa anual, la Comisión propone organizar unas reuniones informativas para representantes de dichos países (apartado 3 del artículo 7 de la Decisión), que se celebrarán después de las reuniones oficiales del comité instituido para la gestión del programa, pudiéndose asimismo recurrir a expertos de dichos países (artículo 8 del Reglamento interno de los comités actuales).

Esta información facilitará el trabajo preparatorio relativo a los acuerdos que deberán celebrarse con cada uno de los países candidatos sobre su contribución al presupuesto del programa.

La experiencia acumulada en la ejecución de los programas anteriores demuestra que pueden existir lagunas en los temas abordados por las propuestas presentadas a la Comisión, por ejemplo, respecto de las prioridades políticas fijadas por la Unión Europea y las prioridades temáticas indicadas en los programas anuales. Podrán proponerse acciones específicamente orientadas a responder a necesidades concretas en ámbitos particulares.

Por lo tanto, se propone que el programa de trabajo pueda indicar acciones específicas, precisando su naturaleza (campaña informativa, conferencias, formación, programas de intercambios, investigación, evaluación de los instrumentos legislativos), los temas que deben abordarse y los objetivos a alcanzar.

Estas acciones específicas podrán recibir financiación del 100%. Las propuestas recibidas en este marco se evaluarán de acuerdo con los mismos criterios que los aplicados a otras propuestas.

De la experiencia adquirida por la Comisión y las conclusiones de la evaluación externa se desprende que el programa debería prever medidas complementarias para poder alcanzar sus objetivos de manera más eficaz.

Se conciben estas medidas como un apoyo a acciones ya cofinanciadas en el marco del programa. En otros términos, la Comisión podrá indicar en su programa de trabajo anual algunos temas y materias (como el desarrollo de sitios Internet o bases de datos con informaciones extraídas de las acciones del programa o, por ejemplo, la organización de reuniones de expertos sobre una cuestión determinada) en los que la financiación puede llegar al 100%. La propuesta limita el porcentaje de los créditos anuales que pueden utilizarse para las acciones específicas al 10% del presupuesto anal. Puede asimismo preverse un 10% para las medidas complementarias.

Los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión en la aplicación del programa se inspiran en la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 [4] (conocida como «Decisión comitología»). Aunque la aplicación de esta Decisión de 1999 sólo presenta carácter obligatorio respecto de los comités que operan en la parte comunitaria de los Tratados, los procedimientos en ella definidos, que se recogen en la presente propuesta, ya se propusieron por la Comisión, y aprobaron por el Consejo, en la adopción de los actos por los que se renovaron los programas en 2001.

[4] Véase DO L 184 de 17.7.1999, pp.23 y 26.

Se propone, por consiguiente, que las medidas de ejecución del programa se adopten según dos procedimientos diferentes, el procedimiento de gestión y el procedimiento consultivo.

La aprobación del programa de trabajo anual, de las acciones específicas y las medidas complementarias se realizará según el procedimiento de gestión ya que se trata de definir los temas prioritarios para las entidades que pueden participar en los concursos y de configurar el marco de la aplicación del programa.

El procedimiento de gestión prevé que la Comisión puede aplazar la medida si el Comité se opone a ella por mayoría cualificada, sometiéndose entonces el proyecto al Consejo.

Las decisiones de cofinanciación se adoptarán según el procedimiento consultivo, en el que la Comisión es responsable de seleccionar los proyectos y se solicita al Comité que emita un dictamen sobre cada proyecto.

El procedimiento consultivo impone a la Comisión la obligación de tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el Comité y de informar al Comité de la manera en que ha desempeñado este cometido.

3. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO: ARTICULADO

Artículo 1

En el artículo 1º se establece el programa, indicándose que éste será aplicable durante un período de cinco años a partir del 1º de enero de 2003 y podrá reconducirse.

Artículo 2

En el artículo 2 se fijan los objetivos generales del programa, indicándose el estrecho vínculo existente entre el objetivo general fijado en el Tratado de Amsterdam, así como, por consiguiente, también con los planes de acción dirigidos a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los objetivos específicos del programa se definen a continuación en el contexto de este objetivo general. Se hace particular referencia a la participación de los países candidatos.

Artículo 3

El artículo 3 se refiere a las entidades que pueden optar a la cofinanciación en virtud del programa. Define las organizaciones cuyas actividades caen dentro del ámbito de aplicación del programa, fijando de este modo los grupos destinatarios. Indica asimismo lo que conviene entender por "dimensión europea", precisando el número de socios de diferentes Estados miembros o países candidatos que deben participar.

El artículo 3 contempla igualmente las acciones específicas y medidas complementarias que pueden financiarse hasta el 100 % para poder realizar plenamente los objetivos del programa, dentro de una dotación del 10% del presupuesto anual asignado al programa en cada una de estas dos categorías.

Artículo 4

En el artículo 4 se definen las acciones del programa y se enumeran las acciones en el marco de las que se ejecuta el programa actual.

Artículo 5

El apartado primero del artículo 5 se refiere a las modalidades presupuestarias que se aplican al programa, mientras que en los apartados siguientes se especifican los principios de base que se aplican a la financiación de las acciones.

Artículo 6

El artículo 6 trata de la ejecución del programa. El primer apartado dispone que la ejecución debe llevarse a cabo en el marco de una cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. Les dos apartados siguientes definen una regla de base, así como las tres etapas que la Comisión debe respetar para ejecutar el programa. Se indica que la duración de los proyectos puede llegar a los dos años. El apartado 4 señala las medidas sobre las que el comité instituido por el artículo 7 realiza su examen y emite un dictamen.

El apartado 5 fija los criterios generales que deben aplicarse para evaluar y seleccionar las acciones que deban financiarse en virtud del programa. La Comisión recoge los criterios ya utilizados que han demostrado su utilidad, considerando que es esencial para los organizadores candidatos a la subvención conocer sobre qué base se han de evaluar sus propuestas (criterio de la transparencia).

Artículo 7

El primer apartado del artículo 7 dispone que la Comisión estará asistida en la gestión del programa por un comité compuesto de representantes de los Estados miembros. El apartado 2 se refiere al reglamento interno. El apartado 3 prevé la posibilidad de que la Comisión invite a representantes de los países candidatos a participar en reuniones informativas.

Artículo 8

En el artículo 8 se describe el procedimiento consultivo El apartado 4 del artículo 6 especifica que se aplica este procedimiento a la aprobación de las acciones propuestas por los organizadores enumerados en el artículo 3.

Artículo 9

En el artículo 9 se describe el procedimiento de gestión El apartado 4 del artículo 6 especifica que se aplica este procedimiento a la aprobación del programa de trabajo anual y a la aprobación de las acciones específicas y medidas complementarias contempladas en el apartado 4 del artículo 3 en el marco del presente programa.

Artículo 10

El artículo establece la coherencia y la complementariedad de las acciones con las restantes políticas comunitarias.

Artículo 11

El artículo 11 impone a la Comisión la obligación de garantizar el seguimiento, así como la de evaluar y controlar el programa. Asimismo dispone que la Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de estas actividades.

Artículo 12

El artículo 12 indica que la Decisión de establecer el programa entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2001/0262 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea - Cooperación policial y judicial en materia penal

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34,

Vista la propuesta de la Comisión [5],

[5] DO C...

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [6],

[6] DO C...

Considerando lo que sigue:

(1) El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea establece el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia, elaborando una acción en común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y mediante la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

(2) En las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se hace un llamamiento a intensificar la cooperación en la prevención y la lucha contra la delincuencia, incluida la que utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con vistas a la creación de un auténtico espacio de justicia europeo.

(3) La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [7] proclama la protección de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos, así como de cualquier persona que viva en el territorio de la Unión Europea.

[7] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

(4) Conviene ampliar la dimensión europea de los proyectos a tres Estados miembros o dos Estados miembros y un país candidato a la adhesión para favorecer la concertación y el intercambio de información y buenas prácticas nacionales.

(5) Los programas Grotius II Penal [8], Stop II [9], Oisin II [10], Hippokrates [11] y Falcone [12], creados por el Consejo, han contribuido a reforzar la cooperación entre los servicios policiales y judiciales de los Estados miembros y a mejorar la comprensión recíproca de los sistemas policiales y judiciales, jurídicos y administrativos de los mismos.

[8] DO L 287 de 8.11.1996, p.3 (Grotius) y DO L 186 de 7.7.2001, p. 1 (Grotius II Penal).

[9] DO L 322 de 12.12.1996, p. 7 y DO L 186 de 7.7.2001, p. 7.

[10] DO L 7 de 10.1.1997, p. 7 y DO L 186 de 7.7.2001, p. 4.

[11] DO L 186 de 7.7.2001, p. 11.

[12] DO L 287 de 8.11.1996, p. 3.

(6) A raíz de la aprobación del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, en el programa marco se contemplan igualmente acciones de lucha contra el tráfico de drogas.

(7) El establecimiento de un programa marco único, en respuesta al deseo expresamente formulado por el Parlamento Europeo [13] y el Consejo en el momento de la aprobación de los programas precedentes, permitirá mejorar, aún más, esta cooperación mediante un enfoque coordinado y multidisciplinario, en el que estén implicados los diferentes responsables de la prevención y de la lucha contra la delincuencia a escala de la Unión Europea.

[13] Resolución legislativa aprobada por el Parlamento Europeo el 5.4.2001. Aún no publicada en el DO.

(8) Es conveniente garantizar la continuidad de las acciones subvencionadas por el programa, contemplando su coordinación en un marco único de referencia, que permita una racionalización de los procedimientos, una mejora de la gestión y economías de escala.

(9) Es necesario hacer el programa marco accesible a los países candidatos a la adhesión, tanto en calidad de socios como de participantes en los proyectos subvencionados por el programa.

(10) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben adoptarse de conformidad con los procedimientos que en la misma se contemplan, con la asistencia de un comité.

(11) Conviene, para incrementar el valor añadido de las acciones llevadas a cabo en el marco de la presente Decisión, garantizar la coherencia y complementariedad entre dichas acciones y las restantes intervenciones comunitarias.

(12) Es preciso prever un seguimiento y una evaluación regulares del presente programa para facilitar la valoración de la eficacia de las acciones llevadas a cabo respecto de los objetivos, así como la eventual introducción de los ajustes oportunos en las prioridades.

DECIDE

Artículo 1 - Establecimiento del programa

1. Por la presente Decisión se establece un programa marco relativo a la cooperación policial y judicial en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El programa se establece por el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007, pudiéndose reconducir una vez transcurrido dicho plazo.

Artículo 2 - Objetivos del programa

1. El programa contribuirá al objetivo general de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En este marco, se propone, en particular:

a) desarrollar, aplicar y evaluar las políticas europeas en este ámbito

b) fomentar y reforzar la constitución de redes, la cooperación recíproca sobre temas generales de interés común para los Estados miembros, el intercambio y la difusión de información, las experiencias y buenas prácticas, la cooperación local y regional, así como la mejora y la adaptación de la formación y la investigación científica y técnica

c) fomentar la intensificación de la cooperación de los Estados miembros con los países candidatos a la adhesión, otros terceros países y las organizaciones internacionales y regionales competentes.

2. El programa apoyará proyectos en los siguientes ámbitos:

a) cooperación judicial general y penal, incluida la formación continua de los magistrados

b) cooperación entre las autoridades policiales y aduaneras

c) cooperación entre estos servicios y otros organismos públicos y privados de los Estados miembros implicados en la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o de otro tipo

d) asistencia a las víctimas de las actividades criminales.

Artículo 3 - Acceso al programa

1. El programa cofinanciará proyectos, de una duración máxima de dos años, presentados por instituciones y organismos públicos o privados, incluidos organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, organizaciones representativas de los medios económicos, institutos de investigación, formación inicial y continua y autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros y los países candidatos, en beneficio de los destinatarios indicados en el apartado 2.

2. El programa se dirigirá a los siguientes destinatarios:

a) profesionales de la Justicia: jueces, fiscales, abogados, funcionarios ministeriales, funcionarios de la policía judicial, agentes judiciales, expertos, intérpretes de los juzgados y otras profesiones relacionadas con la administración de la Justicia

b) funcionarios y agentes de las autoridades policiales y aduaneras: los organismos públicos responsables en los Estados miembros, en virtud de la legislación nacional, de la prevención, la detección y la lucha contra la delincuencia

c) funcionarios de otros órganos públicos, representantes del mundo asociativo, de las organizaciones profesionales, de la investigación y del mundo empresarial, implicados en la lucha y la prevención de la delincuencia, organizada o de otro tipo

d) Representantes de los servicios encargados de la asistencia a las víctimas, incluidos los services públicos responsables en materia de inmigración y servicios sociales.

3. Para poder optar a la cofinanciación, los proyectos deberán asociar, al menos, tres Estados miembros o dos Estados miembros y un país candidato, y perseguir los objetivos mencionados en el artículo 2.

4. El programa podrá también financiar:

a) proyectos específicos presentados de conformidad con el apartado 1 y que presenten un interés particular en relación con las prioridades del programa o la cooperación con los países candidatos a la adhesión

b) medidas complementarias, tales como seminarios, reuniones de expertos u otras acciones de difusión de los resultados obtenidos en el marco del programa.

Artículo 4 - Acciones del programa

El programa comprenderá los siguientes tipos de acciones:

a) formación

b) creación y puesta en marcha de programas de intercambios y prácticas

c) estudios e investigación

d) difusión de los resultados obtenidos en el marco del programa.

e) ayuda a la creación de redes

f) conferencias y seminarios.

Artículo 5- Financiación del programa

1. Los créditos anuales serán autorizados por la autoridad presupuestaria ajustándose a las perspectivas financieras.

2. La cofinanciación de un proyecto por el programa será incompatible con cualquier otra financiación por otro programa financiado por el Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

3. Las decisiones de financiación darán lugar a acuerdos de financiación entre la Comisión y los organizadores. Estas decisiones y acuerdos estarán sujetos al control financiero de la Comisión y a las comprobaciones del Tribunal de Cuentas.

4. La aportación financiera del Presupuesto General de las Comunidades Europeas no superará el 70 % del coste total del proyecto.

5. No obstante, los proyectos específicos y las acciones complementarias mencionados en el apartado 4 del artículo 3 podrán financiarse al 100%, dentro del límite del 10% de la dotación financiera anual asignada en el programa a cada una de estas dos categorías.

Artículo 6 - Ejecución del programa

1. La Comisión será responsable de la gestión y ejecución del programa, en cooperación con los Estados miembros.

2. El programa se gestionará por la Comisión de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

3. Para la ejecución del programa, la Comisión :

a) preparará un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y, eventualmente, una lista de acciones específicas y medidas complementarias

b) evaluará y seleccionará los proyectos presentados y garantizará su gestión.

4. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento consultivo mencionado en el artículo 8. El examen del programa anual de trabajo, de las acciones específicas y de las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con el procedimiento de gestión mencionado en el artículo 9.

5. La Comisión evaluará y seleccionará, siempre que sean compatibles con las políticas apropiadas, los proyectos presentados por los organizadores; para ello se guiará por los siguientes criterios:

a) conformidad con los objetivos del programa

b) dimensión europea y apertura a los países candidatos

c) compatibilidad con los trabajos emprendidos o previstos en el marco de las prioridades políticas de la Unión Europea en materia de cooperación judicial general y penal

d) complementariedad con otros proyectos de cooperación, anteriores, en curso o futuros;

e) capacidad del organizador para ejecutar el proyecto;

f) calidad del propio proyecto por lo que se refiere a su concepción, organización, presentación y resultados esperados;

g) importe de la subvención solicitada al programa y su adecuación a los resultados esperados;

h) incidencia de los resultados esperados en los objetivos del programa.

Artículo 7- Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, en lo sucesivo, 'el Comité'.

2. El Comité aprobará su Reglamento interno, a propuesta de su presidente, basándose en el Reglamento interno estándar publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. La Comisión podrá invitar a representantes de los países candidatos a la adhesión a reuniones informativas posteriores a las reuniones del Comité.

Artículo 8 - Procedimiento consultivo

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia, procediendo, cuando sea necesario, a una votación.

2. El dictamen del Comité constará en acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en acta.

3. La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

Artículo 9 - Procedimiento de gestión

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para las decisiones que el Consejo deba adoptar a propuesta de la Comisión. Con ocasión de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El Presidente no tomará parte en la votación.

2. La Comisión adoptará las medidas que serán de aplicación inmediata. No obstante, cuando no sean conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas que haya acordado durante un plazo de tres meses desde la fecha de su comunicación.

3. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el apartado 3.

Article 10 - Coherencia y complementariedad

La Comisión garantizará, en cooperación con los Estados miembros, la coherencia y la complementariedad de las acciones con las restantes políticas comunitarias.

Artículo 11 - Seguimiento y evaluación

1. La Comisión llevará a cabo un seguimiento regular del presente programa y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) a más tardar el 30 de junio de 2005, un informe de evaluación provisional sobre la ejecución del presente programa

b) a más tardar el 30 de septiembre de 2006, una comunicación sobre la continuación del presente programa, si fuere necesario, acompañada de la correspondiente propuesta

c) a más tardar el 30 de junio de 2008, un informe de evaluación final sobre el conjunto del programa.

2. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución del programa. El primer informe se presentará antes del 30 de junio de 2005.

Artículo 12- Entrada en vigor

La presente Decisión surtirá efecto en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Ámbito(s) político(s): Justicia y Asuntos de Interior (JAI)

Actividad(es): Cooperación policial y aduanera, delincuencia organizada, cooperación judicial en materia penal.

Denominación de la acción: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea - Cooperación policial y judicial en materia penal

1. LÍNEA(S) PRESUPUESTARIA(S) + DENOMINACIÓN

B5-820

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1 Dotación total de la medida (Parte B): Millones de EUR en CC: 65 (sesenta y cinco)

2.2 Período de aplicación:

2003-2007

2.3 Cálculo global plurianual de los gastos:

a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1)

En millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

b) Gastos de apoyo (GA) (cf. punto 6.1.2)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (cf. puntos 7.2 y 7.3.

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.4 Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

|X| Propuesta compatible con la programación financiera existente

| | Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,

| | incluido, en su caso, un recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5 Incidencia financiera en los ingresos

|X| Ninguna implicación financiera (se refiere a aspectos técnicos relacionados con la aplicación de una medida)

O

| | Incidencia financiera. El efecto en los ingresos es el siguiente:

- Nota: todas las precisiones y observaciones relativas al método de cálculo del efecto en los ingresos deben consignarse en una hoja separada adjunta a la presente ficha de financiación.

Millones de EUR (cifra aproximada al primer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículos 31 y 34 TUE

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1 Necesidad de una intervención comunitaria

5.1.1 Objetivos perseguidos

Los programas existentes, Grotius, Oisin, Stop, Falcone e Hippocrates han empezado a preparar a sus destinatarios en cuanto a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Las lecciones adquiridas por la experiencia sobre el terreno han enseñado que existe una necesidad cada vez mayor de formación, información y comunicación entre los agentes de la justicia y la policía de los Estados miembros, sobre todo, para poder hacer frente a la actuación de la delincuencia organizada, cuyo carácter transfronterizo cada vez es más evidente. Por otro lado, los intercambios de experiencias ha sido muy fructíferos en los ámbitos del Título VI TUE, tanto por lo que se refiere a la delincuencia general como a la pequeña delincuencia. Nos encontramos ante un campo en el que sigue siendo preponderante el enfoque nacional: son raros los magistrados, juristas o funcionarios de un Estado miembro que conocen la legislación en materia penal y policial de, por lo menos, otro Estado miembro distinto del suyo o que dominan otra lengua o la terminología especializada de carácter jurídico o administrativo. Puede cifrarse este porcentaje en aproximadamente el 3% de los efectivos de las autoridades judiciales y policiales de los Estados miembros, es decir, 90.000 personas en la UE que poseen -parcialmente- este tipo de conocimientos comparados.

Si se considera que cuatro de los programas precedentes en su primera fase quinquenal han participado en la cofinanciación de aproximadamente 720 proyectos, cada uno de los cuales ha tenido, como media, una difusión limitada básicamente a los participantes y especialistas, puede calcularse que los resultados de los programas han afectado a una población de entre 50.000 y 100.000 destinatarios, sin contar las publicaciones dirigidas a un público más amplio.

Puede, por lo demás, calcularse en aproximadamente unos 300 los proyectos que se cofinanciarán por la segunda fase (2001-2002) de estos programas, con entre 45.000 y 50.000 nuevos destinatarios.

Respecto de la situación anteriormente mencionada y las necesidades de los agentes de la justicia, la policía y otras instituciones y organizaciones afectadas, incluidos los países candidatos que entrarán en la Unión en 2004, pueden calcularse en 900 o 1000 aproximadamente los proyectos que podrá cofinanciar el programa, con entre 120.000 y 150.000 nuevos destinatarios.

De este modo, se piensa poder duplicar el porcentaje de destinatarios actualmente formados en las distintas formas de cooperación judicial, policial y para la prevención y lucha contra la delincuencia a escala europea, es decir, pasar del 3% al 6%. Estos resultados contribuirán a que se alcancen los objetivos de creación de un espacio judicial europeo, prevención de la delincuencia organizada o de otro tipo y lucha contra este fenómeno a escala de la Unión fijados por el Consejo Europeo de Tampere.

Con el aumento del número de expertos en cooperación judicial, policial y para la prevención y lucha contra la delincuencia, se podrá, por otro lado, perseguir más eficazmente a los autores de los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual de los niños, delitos cometidos por vía informática, racismo o xenofobia, al tiempo que se podrá contribuir a la prevención de los mismos. La cooperación en este campo se ha de traducir en una disminución del número de estos delitos al nivel europeo, que no puede evaluarse en este estadio.

A raíz de la aprobación del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, se creó una nueva línea presupuestaria para las acciones preparatorias de un programa de lucha contra el tráfico de drogas (B5 831). Esta línea presupuestaria temporal, que ya no será necesaria después de 2002, se ha integrado asimismo en el programa marco, habida cuenta de la importancia del capítulo específicamente destinado a la lucha contra el tráfico de drogas.

Por último, el programa permitirá difundir y poner a prueba las nuevas medidas legislativas adoptadas o propuestas por la Comisión y los Estados miembros como, por ejemplo, el mandamiento de detención europeo, la lucha contra el terrorismo, el funcionamiento de la Academia Europea de Policía y de la red europea de formación judicial, facilitando, de este modo, su aplicación.

El programa se inserta en el marco de los siguientes instrumentos políticos:

- Plan de Acción del Consejo y de la Comisión, presentado al Consejo Europeo de Viena del 11 y 12 de diciembre de 1998, sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, cuyo apartado 84 reza "el Consejo Europeo ha hecho un llamamiento para que se preste especial atención a la creación de un espacio judicial europeo, de conformidad con el Tratado de Amsterdam y dotado de los necesarios instrumentos para una cooperación judicial y policial eficaz...";

- Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999; en el marco de la parte C, lucha contra la delincuencia a escala de la Unión, en particular, su apartado 42 que reza "debe desarrollarse el intercambio de mejores prácticas, hay que reforzar la red de autoridades nacionales competentes en materia de prevención del delito y la cooperación entre los organismos nacionales competentes en la materia...".

5.1.2 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación a priori

La evaluación a priori se ha basado fundamentalmente en los informes de evaluación anual de los programas, presentados al Parlamento Europeo y al Consejo, así como en el informe de evaluación externa de estos programas de la firma Franklin Advisory Services realizado el 31 de marzo de 2000, cuyo informe puede solicitarse en la DG JAI.

Ésta ha tenido igualmente en cuenta las orientaciones y deliberaciones de los comités de los programas, compuestos de expertos nacionales y miembros de las Representaciones Permanentes de los EM, así como el dictamen de la comisión LIBE du Parlamento Europeo sobre la renovación de los programas.

La principal consecuencia de estas evaluaciones es la fusión de los cinco programas existentes, cuyo objetivo es concentrar la financiación en las prioridades políticas de la Unión Europea, aglutinar los medios financieros con vistas a una mejor asignación de las subvenciones y una mayor incidencia en los sistemas de los Estados miembros y crear economías de escala mediante la puesta en común de los recursos humanos y la racionalización de la gestión de los programas. La fusión de los programas constituye, por lo tanto, una respuesta eficaz a las deficiencias observadas en el ejercicio precedente y se completará por medidas de organización interna para racionalizar aún más la gestión, de manera compatible con la reforma de los circuitos financieros de la DG JAI en vigor desde el 15 de junio de 2001.

5.1.3 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación a posteriori

En cuanto a la evaluación a posteriori, se han tenido en cuenta las observaciones del informe e Franklin de reducir los seminarios y conferencias, que en el pasado representaban hasta dos tercios de las acciones. Si bien fueron de utilidad en una fase inicial, en el futuro deben irse gradualmente sustituyendo por acciones estructurales, de mayor valor añadido, como la movilidad de los agentes (intercambios, comisiones de servicio, visitas de estudios), las acciones de investigación y los estudios, la creación de redes, las acciones de formación dirigidas a segmentos muy específicos o la difusión de los resultados.

Por otra parte, se han definido los procedimientos de selección de los proyectos a partir de criterios de transparencia, elaborándose guías para los candidatos y formularios estándar de solicitud y de evaluación, disponibles en el sitio Web. Asimismo, está previsto asociar a expertos nacionales a la evaluación.

La contractualización de los proyectos, el control y seguimiento se efectuarán en unidades operativas, con la asistencia y supervisión de expertos financieros, que estarán asociados desde el comienzo a la evaluación de los proyectos, con objeto de garantizar un control continuo del ciclo de vida del proyecto.

5.2 Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria

Uno de los puntos puestos de manifiesto en la gestión de los programas precedentes fue la parte relativamente pequeña de las acciones operativas de formación de los agentes interesados respecto de los seminarios y las conferencias. Se reorientará el programa marco para reducir la parte de éstos con el propósito de llevarlos, ya en los dos primeros años de gestión del programa a menos del 50% de las acciones y al 40% al final de la gestión del programa. Al mismo tiempo, la movilidad de los expertos (intercambios, comisión de servicio, etc.), que prácticamente no se aplicó en la gestión de los precedentes programas, debería alcanzar gradualmente el 15% de las acciones financiadas. El programa marco deberá, además, facilitar al máximo la realización de proyectos operativos (ex. operaciones aduaneras comunes, ejercicios policiales), proyectos piloto y de formación, que han de suponer, a finales del ejercicio, como mínimo, el 25% de las acciones. Otras acciones de gran valor añadido, como las actividades de formación específica, la creación de redes y los estudios y la investigación representarán conjuntamente el 20% de la dotación anual. Cabe, no obstante, señalar que el programa marco, como sus predecesores, debería tener como finalidad la financiación de proyectos de carácter experimental que puedan dar lugar a textos legislativos, acciones de cooperación o prácticas nacionales armonizadas.

Objetivos específicos :

- Incrementar el conocimiento del lenguaje específico, y la comprensión de la terminología, en materia judicial y policial en los Estados miembros y países candidatos

- Promover la conciencia de los valores comunes de los sistemas de prevención y de lucha contra la delincuencia de los Estados miembros.

- Familiarizarse con las instituciones y los sistemas jurídicos, judiciales y policiales de los restantes Estados miembros y países candidatos.

- Establecer relaciones de trabajo y de confianza recíproca entre las personas implicadas a todos los niveles en la prevención y la lucha contra la delincuencia.

- Favorecer los debates sobre la mejora de la cooperación policial y judicial y sobre los métodos de trabajo utilizados sobre bases experimentales.

- Comparar recíprocamente las tendencias sobre la reforma de los sistemas de prevención, de lucha contra la delincuencia y de ejecución de las sanciones penales.

- Facilitar la aplicación de los instrumentos de cooperación adoptados por el Consejo

- Aumentar el grado de comunicación y el intercambio de datos entre los expertos de los Estados miembros y los países candidatos.

Destinatarios

El programa se dirige a:

- Los organismos que trabajan en la prevención de la delincuencia, organizada o de otro tipo, y la lucha contra este fenómeno, por ejemplo, el terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción y el fraude, así como contra la delincuencia juvenil y la delincuencia urbana.

- Los profesionales de la Justicia: jueces, fiscales, abogados, funcionarios ministeriales, funcionarios de la policía judicial, agentes judiciales, expertos, intérpretes de los juzgados y otras profesiones relacionadas con la justicia, así como los investigadores.

- Las autoridades policiales y aduaneras: los organismos públicos responsables en los Estados miembros, en virtud de la legislación nacional, de la prevención, la detección y la lucha contra la delincuencia

- Las personas y los servicios encargados de la asistencia a las víctimas, incluidos los services públicos responsables en materia de inmigración y servicios sociales.

Necesidad de la intervención presupuestaria comunitaria, habida cuenta del principio de subsidiariedad:

La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, objetivo asignado a la Unión Europea por el Tratado de la Unión Europea, supone enfrentarse a problemas cuya dimensión transfronteriza suele ser preponderante (delincuencia basada en el tráfico de personas o de bienes). Las respuestas meramente nacionales, tanto policiales como judiciales, resultan normalmente insuficientes, ya que las diferencias entre legislaciones o sistemas de lucha contra el crimen constituyen excelentes oportunidad de escapar a la persecución pública para los criminales. Por otro lado, como consecuencia de los intercambios de información o de experiencias entre Estados miembros se incrementa la eficacia de los servicios en cuestión y se facilita la aproximación de los métodos, de una manera gradual, y no contraria a la actual configuración de los sistemas legislativos, judiciales o policiales de los Estados miembros. De este modo, las acciones de cooperación subvencionadas por el programa se justifican en términos de subsidiariedad, tanto por lo que respecta a su oportunidad como a su proporcionalidad.

Selección de las modalidades de intervención

* ventajas frente a otras medidas alternativas (ventajas comparativas): la ejecución de programas de financiación mediante los que se pueden conceder subvenciones a proyectos de cooperación es el único método eficaz de promoción de las acciones de cooperación mencionadas por el TUE y las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere.

* análisis de acciones similares llevadas eventualmente a cabo a escala comunitaria o a escala nacional: a escala comunitaria no existen otras acciones específicas y, a escala nacional, las acciones son limitadas, en ausencia de un marco general y de financiación, y no permiten alcanzar el efecto de red ni la difusión de las buenas prácticas en el espacio europeo.

* efectos derivados y multiplicadores esperados: sinergia y valor añadido a escala europea.

Principales factores de incertidumbre que pueden afectar a los resultados específicos de la acción.

La experiencia de acciones precedentes demuestra que no existen tales factores. Al contrario, hay una creciente demanda por parte de instituciones, servicios y organismos públicos y privados y una mayor sensibilidad al nivel europeo hacia este tipo de acciones con vistas a la creación un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa.

5.3 Modalidades de ejecución

Las acciones se ejecutarán por la Comisión (gestión directa) con personal estatutario.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el período de programación)

6.1.1 Intervención financiera CC en MioEUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.2. Cálculo de los costes por medida prevista en la Parte B (para todo el período de programación) [14]

[14] Para mayor información, véase el documento de orientación separado.

CC en millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Incidencia en los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

7.3 Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

(1) Precisar el tipo de comité, así como el grupo al que pertenece.

I. Total anual (7.2 + 7.3)

II. Duración del programa

III. Coste total de la acción (I x II)

// EUR

Años

EUR

Las necesidades en recursos humanos y administrativos deben cubrirse con la dotación asignada a la DG gestora.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 Sistema de seguimiento

- Indicadores de resultados

* indicadores de resultados (medida de las actividades desplegadas): 1) número de proyectos realizados, 2) número de personas formadas en las nuevas medidas de cooperación judicial y policial, así como en el conocimiento de los sistemas policiales y judiciales de los Estados, incluidos la terminología específica, las formas de comunicación y la sensibilización hacia la comprensión de las diferentes prácticas y mentalidades nacionales, 3) número de documentos publicados, 4) número de destinatarios de la difusión de resultados, 5) número de nuevas redes establecidas, 6) número de personas que han disfrutado de movilidad, 7) número de estudio se investigaciones finalizados.

* implantación de métodos para la recogida de datos. 1) constitución de bases de datos de proyectos para seguimiento y control (con indicación de los promotores, socios, destinatarios y grupos objetivo, resultados, informe finales, realización de gastos, compromisos y pagos), 2) constitución de una base de datos de productos de los proyectos (documentos, soportes informáticos, publicaciones para su difusión), 3) contribución al sitio web para la difusión de la información a las redes y a las listas de direcciones de expertos en los Estados miembros.

8.2 Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista

- Evaluación interna anual sobre la base de los proyectos ejecutados, que de manera regular son objeto de seguimiento y control, y adaptación de los objetivos y medios en el programa anual de trabajo, aprobado por el comité del programa y publicado en el DOCE.

- Informe anual sobre los resultados del programa a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo.

- Evaluación externa independiente provisional a mitad del ciclo de vida del programa e informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

- Evaluación externa independiente final al finalizar el programa e informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

(Apartado 4 del artículo 3 del Reglamento Financiero: « La Comisión, al objeto de prevenir los riesgos de fraudes e irregularidades, incluirá en la ficha de financiación información sobre las medidas de prevención y protección existentes o previstas ».)

En el documento informativo sobre las financiaciones efectuadas por la Comisión y en el Vademécum sobre la gestión de las subvenciones figuran informaciones para los promotores.

Además, en las líneas directrices sobre la gestión de proyectos y en el formulario contractual se ofrece información sobre las medidas de protección existentes. Por ejemplo, el beneficiario se compromete a conferir al personal de la Comisión el oportuno derecho de acceso a los sitios en los que se realice la acción, así como a cualquier documento relacionado con la gestión técnica y financiera de la misma.

El beneficiario aceptará que la Comisión y el Tribunal de Cuentas puedan controlar la utilización que se hace de la subvención, durante toda la duración del acuerdo, así como durante un período de 5 años a partir de la fecha de finalización del acuerdo.

Está previsto la realización de controles in situ por sondeo por parte de la Comisión.