El informe se basa principalmente en la evaluación de los informes nacionales de 2020 realizada por los servicios de la Comisión. No obstante, para garantizar un panorama más amplio de la seguridad nuclear en la UE, el informe también tiene en cuenta fuentes adicionales, en particular las medidas nacionales adoptadas por los Estados miembros para transponer la Directiva; los resultados de las evaluaciones completas del riesgo y de la seguridad («pruebas de resistencia de la UE») de las centrales nucleares en la UE y de la primera revisión temática por homólogos; los resultados de las revisiones internacionales por homólogos; las cuestiones planteadas por los ciudadanos de la UE y otras instituciones de la UE a través de reclamaciones, peticiones y preguntas; y las conclusiones de los estudios encargados.

Este segundo informe de situación, realizado más de diez años después del accidente nuclear de Fukushima, reconoce los avances realizados por los Estados miembros en la aplicación de la Directiva. Al mismo tiempo, identifica ámbitos en los que aún no se ha logrado plenamente el cambio escalonado de la carga en el marco regulatorio ni en la práctica, que estaba previsto por la Directiva. Es deseable introducir nuevas mejoras en estos ámbitos y, a este respecto, el presente informe presenta una serie de observaciones dirigidas a los Estados miembros (secciones II y III, relativas a gobernanza de la seguridad nuclear y seguridad de las instalaciones nucleares, respectivamente), derivadas de las buenas prácticas y los retos detectados en la evaluación y que corresponden a los ámbitos temáticos de la Directiva, con la debida atención a las especificidades nacionales. Teniendo en cuenta estas observaciones, el informe formula recomendaciones clave específicas (sección IV, relativa a las conclusiones y el camino a seguir) en las que hay margen de actuación futura a escala de la UE para mejorar de forma continua la seguridad nuclear en su territorio.

-adoptar requisitos específicos para la gestión de accidentes y la preparación y respuesta a las emergencias in situ;

Todos los Estados miembros disponen de marcos nacionales para llevar a cabo las actividades contempladas por la Directiva, cuyo ámbito de aplicación y nivel de detalle varían considerablemente en función de los perfiles nucleares nacionales.

Una revisión de la asignación de responsabilidades revela que, aunque una única autoridad reguladora concentra las competencias en materia de seguridad nuclear en la mayoría de los Estados miembros, en otros las competencias reguladoras fundamentales (potestad reglamentaria, concesión de licencias, evaluación, inspección y ejecución) se comparten entre varias entidades. Además, los reguladores trabajan en coordinación con los ministerios y otras autoridades, y cooperan con las autoridades regionales o locales. Sin embargo, en algunos informes nacionales la asignación clara de las responsabilidades en materia de seguridad nuclear entre los distintos organismos nacionales no es del todo evidente.

Los Estados miembros tienen requisitos nacionales de seguridad nuclear, ya sean autónomos o vinculados a disposiciones en materia de protección frente a la radiación. En la mayoría de los casos, estos requisitos se incorporan a actos jurídicamente vinculantes, mientras que los instrumentos posteriores no vinculantes jurídicamente (por ejemplo, recomendaciones o directrices) suelen servir para proporcionar detalles adicionales y orientaciones de aplicación. Por lo general, estos requisitos hacen referencia a todas las etapas del ciclo de vida de las instalaciones nucleares, tal como exige la Directiva.

Todos los Estados miembros cuentan con sistemas de concesión de licencias en vigor y está prohibido explotar instalaciones nucleares sin licencia. Los procesos de concesión de licencias varían de un país a otro; las principales diferencias radican en la función de la autoridad reguladora, los tipos de documentos necesarios para la solicitud y las etapas del ciclo de vida que cubren la(s) licencia(s). También se describen los procedimientos de modificación y renovación de licencias.

Los Estados miembros disponen de sistemas de control regulador, aplicados por las autoridades reguladoras de forma continua, con el apoyo de procedimientos, estrategias, planes y mecanismos de seguimiento. Este seguimiento está respaldado por mecanismos de ejecución que abordan las infracciones detectadas. Además de los reguladores, pueden participar otros organismos encargados de la ejecución del Derecho. Por lo que respecta a las sanciones, la mayoría de los Estados miembros siguen un planteamiento gradual, que va desde la emisión de una advertencia hasta la suspensión o revocación de la licencia, o incluso multas o sanciones penales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Observaciones

·Cuando son varias las autoridades que participan en la aplicación y ejecución de los requisitos de la Directiva, una asignación de responsabilidades clara, racionalizada y bien documentada mejoraría la claridad sobre el reparto de las tareas, a fin de evitar omisiones o duplicaciones indebidas.

·Aunque la Directiva no lo exige explícitamente, el refuerzo de la colaboración entre las autoridades reguladoras en materia de prácticas de concesión de licencias podría aportar beneficios a todos al detectar posibles puntos comunes y promover así la coherencia y un mejor uso de los recursos.

2.2. AUTORIDAD REGULADORA COMPETENTE (artículo 5)

Contar con una autoridad reguladora sólida que goce de una independencia efectiva respecto de influencias indebidas a la hora de tomar decisiones reguladoras es un requisito fundamental para lograr un alto nivel de seguridad nuclear. La Directiva exige que se garantice la independencia reguladora mediante la independencia funcional, la ausencia de instrucciones externas, decisiones sólidas y transparentes, unos recursos financieros y humanos adecuados y la prevención de conflictos de intereses.

El estatuto jurídico y la estructura de las autoridades reguladoras difieren de un Estado miembro a otro, y se identifican tres regímenes organizativos principales, a saber, los reguladores como autoridades independientes dotadas de personalidad jurídica y que actúan como canales de información para el Gobierno/presidente/primer ministro; los reguladores como autoridades independientes supervisadas por un ministerio que no se ocupa del fomento ni de la utilización de la energía nuclear; y los reguladores como parte integrante de un ministerio que no se ocupa del fomento ni de la utilización de la energía nuclear, pero que cuenta con un mandato preciso y responsabilidades claras. De lo anterior se desprende que los Estados miembros que optaron por el primer régimen se beneficiaron no solo de la independencia funcional, sino también de la separación jurídica de cualquier otra estructura gubernamental.

La ausencia de instrucciones resulta, o bien de prohibiciones expresas en este sentido, o bien, implícitamente, de la arquitectura reguladora general.

Las decisiones reguladoras se basan en disposiciones en materia de seguridad nuclear que incorporan requisitos internacionales y europeos, así como enseñanzas extraídas de la experiencia operativa. La transparencia se garantiza a través de una amplia gama de instrumentos de comunicación, como sitios web; informes anuales de actividad; publicaciones de documentos relacionados con la seguridad, como decisiones reguladoras e informes de inspección; medios sociales; comunicados de prensa; reuniones con las partes interesadas, en particular con las autoridades locales, y consultas públicas.

En cuanto a los recursos financieros de los reguladores, existen dos modelos de financiación principales, que se basan, o bien en el presupuesto del Estado, o bien en una combinación de fondos presupuestarios y de la recuperación de los costes en que han incurrido los operadores. La participación de los reguladores se produce, principalmente, en la fase de planificación de las necesidades y en la ejecución autónoma de los fondos asignados. La mayoría de los Estados miembros se basan en los procedimientos presupuestarios nacionales generales. A veces se especifican las posibilidades de solicitar recursos adicionales o cláusulas de flexibilidad. En algunos casos, también se informa de la transparencia de los gastos presupuestarios mediante la publicación de informes anuales o conclusiones de auditoría. Sin embargo, tan solo unos pocos Estados miembros establecen disposiciones específicas que exigen que los recursos financieros asignados sean adecuados para el cumplimiento de las obligaciones reguladoras. Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento adicional de esta cuestión para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva.

Por lo que respecta a los recursos humanos de los reguladores, estos suelen desempeñar un papel fundamental en la evaluación de sus propias necesidades y, en caso necesario, en la solicitud de recursos adicionales. En cuanto a las cualificaciones del personal, podrían señalarse varias tendencias comunes, como las condiciones en cuanto a educación y conocimientos técnicos en el momento de la contratación, la formación inicial para los recién llegados y la formación continua mediante una combinación de fuentes internas y externas. Por lo general, se recurre a expertos externos para apoyar las decisiones reguladoras. Varios Estados miembros ponen de relieve las dificultades a las que se enfrentan a la hora de atraer y mantener a personal suficiente o cualificado. De forma similar a lo que sucede con los recursos financieros, los requisitos según los cuales los reguladores deben disponer de una cantidad suficiente de personal, debidamente calificado y capacitado, podrían especificarse mejor en algunos Estados miembros, por lo que la aplicación de dichos requisitos requiere un mayor seguimiento. Un mayor atractivo de las condiciones de empleo en las autoridades reguladoras podría mejorar la situación relativa a la contratación y el mantenimiento de personal con las cualificaciones y los conocimientos técnicos adecuados.

Los Estados miembros cuentan, en general, con normas sobre prevención y resolución de conflictos de intereses incluidas en el marco general de medidas para todos los funcionarios. Aunque muchos Estados miembros adoptaron requisitos más específicos aplicables a las autoridades reguladoras, la fuerza jurídica y el nivel de detalle de estos requisitos varían. En particular, las normas específicas no suelen abordar de manera particular las situaciones de rotación del personal con responsabilidad ejecutiva entre la industria nuclear y los reguladores, ni tampoco el recurso a expertos externos.

La difusión de información relacionada con la seguridad nuclear por parte de las autoridades reguladoras sin autorización de otros organismos se especifica explícitamente en la legislación nacional o puede inferirse de la estructura institucional.

En cuanto a sus principales tareas reguladoras, los reguladores participan, en distinta medida, en la formulación de los requisitos nacionales de seguridad nuclear, en función de la arquitectura del sistema jurídico nacional. Los reguladores son responsables de supervisar la aplicación de estos requisitos sobre el terreno ejerciendo sus competencias para llevar a cabo evaluaciones normativas y adoptar medidas de ejecución.

Observaciones

·Disponer de unas autoridades reguladoras que sean entidades jurídicas independientes, jurídicamente separadas de cualquier otro organismo público o privado, representaría, en aquellos casos donde no existen todavía, un paso adelante en el fortalecimiento de la independencia reguladora.