[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.6.2007

COM(2007)286 final

INFORME DE LA COMISIÓN

“LEGISLAR MEJOR 2006” de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (XIV Informe)

{SEC(2007)737}

INFORME DE LA COMISIÓN

“LEGISLAR MEJOR 2006” de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (XIV Informe)

El presente informe es el décimocuarto informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Incluye también los avances realizados para mejorar el marco regulador de la Unión Europea[1].

LEGISLAR MEJOR

Un medio normativo bien concebido, claro, comprensible y lo más sencillo posible es esencial para la protección del bienestar de los ciudadanos, la salud pública y el medio ambiente. Al mismo tiempo, garantiza un mercado equitativo en el que las empresas europeas pueden competir eficazmente y con productos innovadores. El programa "Legislar mejor" se propone lograr esto, tanto en la UE como a escala nacional, en un esfuerzo concertado de las instituciones de la UE y los Estados miembros, y de forma que se maximicen los beneficios de las políticas públicas, minimizando al mismo tiempo los costes que las normativas imponen a la economía de la UE.

Los objetivos y medidas principales para legislar mejor en las instituciones de la UE se recogen, fundamentalmente, en dos documentos: el Plan de acción de la Comisión para legislar mejor, modificado en marzo de 2005[2], y el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en diciembre de 2003[3].

En noviembre de 2006, la Comisión presentó un Análisis estratégico del programa «Legislar mejor»[4]. En él se exponen los progresos considerables y alentadores ya realizados y se esbozan los retos a que tendrán que enfrentarse las instituciones de la UE y los Estados miembros para que la iniciativa "Legislar mejor" tenga un impacto positivo real y duradero en las empresas y en los ciudadanos. Los principales retos identificados son los siguientes: mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto y utilizar este instrumento para elaborar y adoptar legislación; avanzar por lo que respecta a la medición de los costes administrativos y eliminar cargas innecesarias para la legislación europea y nacional; continuar e intensificar los trabajos para completar el ambicioso programa destinado a modernizar y simplificar la legislación existente; continuar el análisis y la posible retirada de propuestas pendientes para garantizar que los avances del Consejo y el Parlamento siguen en línea con las prioridades de la Comisión y están actualizados; y reforzar el diálogo constructivo entre todos los legisladores a escala comunitaria y nacional y con los interesados.

Iniciativas adoptadas por la Comisión

La Comisión, conforme a su papel institucional de impulsora de la legislación, tiene una responsabilidad especial en alcanzar los objetivos de legislar mejor en los tres niveles de preparación, seguimiento y aplicación de la legislación. La Comisión ha desempeñado un papel primordial en la iniciativa "Legislar mejor", y en 2006:

- realizó 67 evaluaciones de impacto, puso en marcha una evaluación externa de su sistema de evaluación de impacto y creó un Comité de Evaluación del Impacto encargado de aportar una ayuda a la calidad y controlar las evaluaciones de impacto elaboradas por los servicios de la Comisión;

- continuó con la aplicación de su programa de simplificación, informó sobre los progresos realizados, añadió más de 40 nuevos puntos a dicho programa[5], e integró elementos de simplificación en su Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007[6];

- integró el modelo de costes estándar de la UE para la valoración de los costes administrativos en sus directrices de evaluación de impacto y propuso el lanzamiento de un programa de acción ambicioso para reducir la carga administrativa en la UE;

- finalizó el estudio de las propuestas pendientes de Comisiones anteriores y relanzó su programa para la codificación y derogación de la legislación obsoleta.

Muchas de estas actividades se refuerzan mutuamente, lo que contribuye a la coherencia de la iniciativa "Legislar mejor". A título de ejemplo, la medición de los costes administrativos se ha incluido en la metodología de las evaluaciones de impacto; y las propuestas de simplificación que figuran en el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión están sujetas a la evaluación de impacto, para la cual se consulta a los interesados.

Consulta de las partes interesadas

En 2006, el número de consultas realizadas por la Comisión aumentó considerablemente en relación al año anterior, con 217 comunicaciones no legislativas (+ 28 en comparación con 2004) y 129 consultas por Internet (+ 23) a través del portal “Tu Voz en Europa”[7].

En el contexto de la Iniciativa europea en favor de la transparencia[8], la Comisión realizó una consulta pública abierta sobre sus normas mínimas para la consulta de las partes interesadas[9], que puso de manifiesto que los interesados eran generalmente positivos al evaluar la forma en que la Comisión realiza sus consultas[10]. Es preciso introducir nuevas mejoras en relación con la información general sobre los resultados obtenidos de las consultas, la consecución de un mejor equilibrio de los participantes en consultas específicas y la reducción al mínimo de los plazos. Para los Servicios de la Comisión, el cumplimiento de unas normas mínimas para las consultas tiene una repercusión en la carga de trabajo, pero también añade valor a las versiones finales de las iniciativas.

Obtención y utilización de asesoramiento

La Comisión continuará sus esfuerzos en línea con los principios y directrices sobre obtención y utilización de asesoramiento de expertos externos[11]. En particular, se propone promover un mayor uso de SINAPSE ( Scientific INformAtion for Policy Support in Europe ), la interfaz entre los expertos y los responsables de la elaboración de políticas de la UE[12]. Su aceptación inicial ha sido alentadora, y deberá fomentarse en 2007. Las nuevas formas de gobernanza y la creciente complejidad de muchas cuestiones políticas significa que los sistemas consultivos tradicionales necesitan el apoyo de una consulta rápida y a escala comunitaria de científicos y expertos, y una comunicación más eficaz entre los expertos de Europa y fuera de ella. Esto puede facilitarse mediante un mayor desarrollo y un uso más generalizado de la red electrónica SINAPSE.

Evaluación de impacto

En 2006, los servicios de la Comisión efectuaron 67 evaluaciones de impacto, entre las que se incluyeron evaluaciones de impacto para todas las principales iniciativas legislativas y de definición de políticas del Programa legislativo y de trabajo anual, tal como se exige desde 2005, y, además, varias evaluaciones de impacto “voluntarias” para otras iniciativas con importantes impactos potenciales. La experiencia pone de manifiesto que en un número cada vez mayor de casos la evaluación de impacto ha modificado considerablemente el enfoque, la naturaleza del instrumento jurídico, o incluso ha llevado al abandono de una propuesta prevista[13]. La Comisión también ha reforzado su enfoque respecto de la evaluación integrada de los impactos medioambientales, económicos y sociales de sus propuestas, integrando en sus directrices para las evaluaciones de impacto una metodología para medir los costes administrativos[14].

A fin de mejorar la calidad global de sus evaluaciones de impacto también en la práctica, el Presidente de la Comisión ha creado un Comité de Evaluación del Impacto , que opera bajo su autoridad directa e independientemente de los servicios de la Comisión. Este Comité analiza los proyectos de evaluaciones de impacto y emite dictámenes sobre su calidad, ofreciendo asesoría y apoyo a la calidad en caso necesario.

En el marco del seguimiento de la evaluación externa del sistema de evaluación del impacto, que se inició en 2006 y finalizó en la primavera de 2007, es probable que se introduzcan nuevas medidas destinadas a reforzar el enfoque global y aumentar la calidad de las evaluaciones de impacto de la Comisión.

Elección de instrumentos (autorregulación y corregulación)

La Comisión tiene el compromiso de comprobar, al elaborar sus propuestas, si las alternativas al reglamento “clásico” son más adecuadas para alcanzar los objetivos del Tratado[15]. Con objeto de fomentar el uso de instrumentos reguladores alternativos, la Comisión y el Comité Económico y Social europeo (CESE) han desarrollado conjuntamente una base de datos sobre “autorregulación y corregulación en la UE”[16]. Este instrumento facilita el intercambio de información y la identificación de buenas prácticas en las iniciativas de autorregulación y corregulación a escala de la UE (esto es, que impliquen a más de un Estado miembro). Su principal objetivo es fomentar y apoyar a las partes privadas que estén dispuestas a desarrollar o a mejorar los sistemas de autorregulación, y también puede asistir a los reguladores responsables del diseño de la corregulación. Al mismo tiempo, la Comisión consultó a los interesados sobre el uso adecuado de la autorregulación y la corregulación, como parte de sus evaluaciones de impacto, y también a través de mesas redondas y estudios[17].

A nivel sectorial, en 2006 se crearon varios mecanismos importantes de autorregulación y corregulación. La Comisión invitó al desarrollo de códigos de conducta específicos a nivel comunitario y/o de los Estados miembros. Varios actos legislativos también contemplaron una mayor corregulación con las partes interesadas[18]. Sin embargo, en 2006 también hubo casos de peticiones de sectores industriales para convertir sus prácticas autorreguladoras en sistemas de corregulación o incluso en legislación clásica[19]. Al tiempo que insiste en las posibles alternativas normativas, el planteamiento de la Comisión reconoce que, en muchos casos, los reglamentos siguen siendo la forma más sencilla de lograr los objetivos de la UE y de proporcionar a empresas y ciudadanos seguridad jurídica.

Minimizar los costes administrativos resultantes de la legislación de la UE

Basándose en los trabajos preparatorios efectuados en 2005, la Comisión ha introducido una metodología común para evaluar los costes administrativos de la legislación (propuesta). Este modelo de costes estándar de la UE se ha aplicado a varias evaluaciones de impacto elaboradas y/o finalizadas desde marzo de 2006. La Comisión continuará sus esfuerzos para lograr la mayor convergencia metodológica posible con y entre los Estados miembros.

En su Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» y en el documento de trabajo conexo “Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea”, de noviembre de 2006[20], la Comisión anunció para 2007 un plan de acción ambicioso destinado a reducir la carga administrativa, e invitó al Consejo a fijar un objetivo común de reducción del 25%, que deberán lograr conjuntamente la UE y los Estados miembros antes de 2012. Como primer paso, la Comisión ha anunciado su intención de iniciar un ejercicio a gran escala para medir las cargas administrativas en determinados sectores prioritarios y de presentar una serie de acciones rápidas destinadas a demostrar cómo puede reducirse la carga administrativa sin afectar a los objetivos políticos fundamentales de la normativa en cuestión.

Examen y retirada de propuestas pendientes

Como parte de sus esfuerzos para legislar mejor, la Comisión examina regularmente las propuestas legislativas pendientes ante el legislador para comprobar que siguen siendo pertinentes y que están actualizadas. En 2006, la Comisión finalizó el examen de todas las propuestas pendientes adoptadas por las Comisiones anteriores. A resultas del examen efectuado en 2005 de 183 propuestas pendientes de 2004, en 2006 se retiraron 68 propuestas. En el mismo año, la Comisión examinó más de 80 propuestas pendientes adoptadas por la Comisión en 2004 antes de que la actual Comisión tomara posesión, el 22 de noviembre de 2004, y decidió retirar otras 10 propuestas. Estas propuestas se incluyen en el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007[21]. De conformidad con el artículo 32 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión (mayo de 2005), se ha informado al Parlamento acerca de la intención de la Comisión de retirar esas propuestas, y la retirada surtirá efecto cuando se publique en el Diario Oficial.

La Comisión recomienda que las nuevas Comisiones realicen un ejercicio similar en los primeros meses tras la toma de posesión, con el fin de verificar si las propuestas adoptadas anteriormente siguen coincidiendo con sus prioridades, y confirmar la asunción política de estas propuestas.

Simplificación y actualización del acervo comunitario

Del programa de simplificación permanente de tres años presentado en octubre de 2005[22], la Comisión adoptó en 2006 27 puntos previstos para 2006, y 6 puntos transferidos de 2005. Otras 23 iniciativas previstas para 2006 se pospusieron a 2007 a fin de permitir un análisis ulterior en apoyo de estas propuestas.

Como parte de su Análisis estratégico del programa «Legislar mejor», en noviembre de 2006 la Comisión presentó su Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador[23], y anunció 43 nuevas iniciativas que reforzarán el ambicioso programa de simplificación permanente durante el período 2006-2009. Por primera vez se han incluido 47 importantes iniciativas de simplificación en el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007. El informe también presenta un programa actualizado para completar la codificación de la legislación existente antes de 2008.

Sin embargo, aplicar el programa de simplificación con éxito y a su debido tiempo requiere una consulta detallada de los interesados, la evaluación de los probables impactos de las iniciativas, y una responsabilidad compartida con los legisladores a nivel comunitario y nacional. A nivel de la UE, deberá iniciarse un diálogo interinstitucional para acelerar la adopción de medidas de simplificación. En los Estados miembros, deberán desarrollarse programas nacionales de simplificación para impedir que los efectos positivos de la simplificación de la legislación de la UE se vean anulados por unas normas nacionales excesivas que no se han adaptado en consecuencia.

Seguimiento de la aplicación del Derecho de la UE

La aplicación correcta del Derecho de la UE es un elemento importante para lograr los objetivos del programa "Legislar mejor". La simplificación y la mejora del marco regulador sólo puede producir los beneficios esperados para las empresas y los ciudadanos si los Estados miembros transponen el Derecho de la UE rápida y correctamente[24]. Para evitar lagunas en materia de transposición que podrían dar lugar a procedimientos de infracción, las directrices de evaluación de impacto exigen a los servicios de la Comisión que tengan en cuenta las posibles dificultades de transposición durante la preparación de sus propuestas legislativas. Además, la Comisión está trabajando para adaptar sus métodos de seguimiento en cooperación con los Estados miembros. Esto incluye la elaboración de tablas de correspondencia, que relacionen claramente las disposiciones de las directivas y las normas nacionales, así como la plena aplicación del sistema electrónico de notificación de las medidas nacionales de transposición. El sistema está plenamente operativo para todos los Estados miembros desde principios de 2006, y la Comisión fomentó su uso en 2006 mediante diversas actividades.

Medidas adoptadas por las instituciones de la UE, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones

El proyecto "Legislar mejor" y su aplicación constituyeron una prioridad para todas las instituciones en 2006. Aparte de la Comisión, el Parlamento Europeo se mostró particularmente activo. Celebró un debate plenario en abril, y en mayo de 2006 adoptó un paquete de cinco resoluciones sobre legislar mejor, que incluyeron una amplia gama de propuestas de acción, así como mejoras de las herramientas y procedimientos existentes. Éstas se dirigieron principalmente a la Comisión, pero también al Consejo y a los Estados miembros.

En respuesta a la llamada del Parlamento Europeo para un mayor control de calidad de las evaluaciones de impacto de la Comisión, el Presidente de la Comisión anunció que se realizaría un control de calidad independiente bajo su autoridad personal, lo que llevó a la creación por parte de la Comisión del Comité de Evaluación del Impacto en noviembre de 2006.

En 2006 también se produjo el refrendo político por parte del Parlamento Europeo[25] del “Planteamiento común sobre la evaluación de impacto”[26] interinstitucional, que se había negociado en noviembre de 2005. Constituyó una respuesta a una disposición del Acuerdo Interinstitucional “Legislar mejor” de 2003 y establece unas “normas de tráfico” sobre cómo deberían utilizarse las evaluaciones de impacto de la Comisión en el proceso legislativo, y sobre las evaluaciones de impacto del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a las modificaciones de fondo que introducen en las propuestas legislativas.

Tanto el Parlamento como el Consejo han intensificado el uso de las evaluaciones de impacto de la Comisión al examinar las propuestas de la Comisión, consolidando así la evaluación de impacto como herramienta destinada a garantizar que las decisiones políticas se adopten a la luz de la información más fiable sobre su impacto potencial. Durante la Presidencia austriaca, el Consejo elaboró una guía indicativa para los grupos de trabajo sobre el tratamiento de las evaluaciones de impacto en el Consejo[27]. El Parlamento y sus comisiones están solicitando cada vez más que se efectúen estudios y análisis de impacto sobre determinados temas[28] o modificaciones de fondo a propuestas de la Comisión[29]. El Comité de las Regiones (CDR) y el Comité Económico y Social (CESE) también tomaron parte activa en el debate sobre el programa "Legislar mejor" en 2006, especialmente en cuestiones relacionadas con la subsidiariedad. El CDR solicitó que se consulte sistemáticamente y se implique en el trabajo de evaluación de impacto de la Comisión a las autoridades locales y regionales, a fin de garantizar que la carga financiera o administrativa que pesa sobre las autoridades locales y regionales en cuanto a la aplicación de la legislación de la UE sea proporcionada con los objetivos perseguidos por la acción de la UE. Con este fin, el CDR creó en 2006 una red de supervisión de la subsidiariedad[30], como herramienta para el intercambio de información entre los actores territoriales europeos sobre las propuestas de la Comisión que tendrán un impacto en las autoridades locales y regionales y en las políticas de las que son responsables. El Comité Económico y Social adoptó un informe por iniciativa propia sobre “Prácticas y relaciones entre la UE y las administraciones nacionales” en 2006, y su Observatorio del mercado único lanzó el trabajo sobre la integración de los impactos sociales en las evaluaciones de impacto de la Comisión, cuyos resultados se esperan para 2007.

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

La Comisión prosiguió sus esfuerzos para explicar mejor de qué forma las medidas que propone cumplen ambos principios, a través de evaluaciones de impacto y exposiciones de motivos[31]. En mayo de 2006, la Comisión decidió transmitir sus nuevas propuestas y documentos de consulta directamente a los Parlamentos nacionales, invitándoles a reaccionar a fin de mejorar el proceso de formulación de políticas[32]. La iniciativa fue bien acogida por el Consejo Europeo en junio de 2006. Los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la Comisión que tuviera debidamente en cuenta los comentarios de los Parlamentos nacionales, en particular por lo que se refiere a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Como en años anteriores, el Parlamento Europeo y el Consejo introdujeron un número relativamente bajo de enmiendas a las propuestas de la Comisión, relacionadas explícitamente con la subsidiariedad y la proporcionalidad[33]. La gran mayoría de dictámenes del Comité de las Regiones (CDR) y del Comité Económico y Social europeo no contenían ninguna crítica relativa a la aplicación del principio de subsidiariedad. Las cuestiones de la proporcionalidad se suscitaron con una ligera mayor frecuencia. Ésta fue también la conclusión de los dos casos que se sometieron a la red de supervisión de la subsidiariedad del CDR a título de prueba[34]. Varios dictámenes enviados por los Parlamentos nacionales solicitaron que se aclararan los argumentos de la Comisión o que se respaldaran con datos más detallados. Una minoría de ellos concluía que las propuestas transmitidas por la Comisión iban contra los citados principios en algún sentido. La Comisión está respondiendo individualmente a estas observaciones.

Estas divergencias de puntos de vista subrayan la necesidad de una concepción común de las condiciones fijadas por los dos principios, según lo definido en los Tratados. La Comisión espera que la estructura de la serie estándar de preguntas utilizada para elaborar las exposiciones de motivos que acompañan a las propuestas de la Comisión contribuirá a esta concepción común[35]. Una interpretación convergente evitaría la confusión, por ejemplo, con el principio de “atribución de competencias”, y evitaría los equívocos que pueden surgir ocasionalmente en cuanto a la percepción de las infracciones al principio de subsidiariedad.

Por lo que se refiere al control judicial a posteriori en 2006, se hizo referencia al principio de subsidiariedad en dos sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que confirmaron la jurisprudencia anterior. En ningún caso encontró el Tribunal que se había infringido el principio de subsidiariedad[36]. A partir del 31de diciembre de 2006, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia no figura ninguna sentencia en el sentido de que se haya contravenido el principio de subsidiariedad o que no se haya justificado suficientemente el cumplimiento del principio.

Las posibles infracciones al principio de proporcionalidad se analizaron en varias sentencias y, en algunos casos, las medidas comunitarias se anularon total o parcialmente por este motivo. Por ejemplo, en el asunto C-310/04, España contra el Consejo, relativo a un Reglamento del Consejo que modificaba el régimen de ayudas al algodón, el Tribunal estableció que faltaban “los datos de base que debieron tenerse en cuenta para fundamentar las medidas del referido acto que son objeto de impugnación y de los que dependía el ejercicio de su facultad de apreciación [de las instituciones de la UE]”[37]. El Tribunal concluyó que se había infringido el principio de proporcionalidad y anuló el acto impugnado.

ANEXO: Propuestas legislativas de la Comisión, e informes y documentos de consulta:

Situación al 31.12.2006

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[1] La obligación de la Comisión de presentar al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo un informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad quedó consagrada en el Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre 1992. Esta obligación se incluyó en un Protocolo anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) en el marco de las modificaciones realizadas por el Tratado de Ámsterdam de 1997. Desde 1995, el informe se ocupa también de las actividades destinadas a mejorar la calidad y la accesibilidad de la legislación (véase el informe anterior, COM(2005)98 y SEC(2005)364). Algunos elementos que contribuyen a mejorar el marco regulador son estudiados con más detalle en el tercer informe sobre gobernanza europea (2004-2005)(véase http://www.europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm).

[2] «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea», COM(2005)97 de marzo de 2005, en adelante, «Plan de acción». La presente Comunicación actualiza y completa el Plan de acción de 2002 («Simplificar y mejorar el marco regulador», COM(2002)278, de 5 de junio de 2002). Este plan de acción es continuación del Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (COM(2001)727, de 25 de junio de 2001).

[3] DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

[4] COM(2006)689 final.

[5] “Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador” - COM(2006)690.

[6] COM(2006)629.

[7] http://ec.europa.eu/yourvoice/

[8] Véase el Libro Verde - Iniciativa europea en favor de la transparencia, COM(2006)194.

[9] Estas normas se introdujeron en 2003 (COM(2002)704 de 11 de diciembre de 2002).

[10] La Comisión recibió más de 100 contribuciones a la consulta, que están publicadas en: http://ec.europa.eu/comm/eti/contributions.htm

[11] COM(2002)713, de 11 de diciembre de 2002.

[12] http://europa.eu.int/sinapse

[13] A modo de ejemplos, véase el anexo al presente informe, apartado 2.1.3, notas al pie 18-20.

[14] SEC(2005) 791

[15] Las directrices de evaluación de impacto establecen la obligatoriedad, en las evaluaciones de impacto de la Comisión, de comprobar la viabilidad de instrumentos reguladores alternativos.

[16] http://www.eesc.europa.eu/smo/prism/presentation/index.asp

[17] Véase, por ejemplo, “Self-Regulation in the EU Advertising Sector: A report of some discussion among Interested parties” , julio de 2006 (http://ec.europa.eu/consumers/overview/report_advertising_en.pdf); “Self and co-regulatory practices in the European Union” , octubre de 2006

(http://europa_eu.staging.entr.cec.eu.int/enterprise/regulation/better_regulation/docs/simplification/Final-report-SCR2.pdf); o Study on co-regulation measures in the media sector

(http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised).

[18] A modo de ejemplos, véase el anexo al presente informe, apartado 2.1.4.

[19] Éste fue el caso, por ejemplo, de la European Fruit Juice Association (AIJN), que solicitó la inclusión en la legislación de la UE de una norma sobre los zumos de fruta que había sido definida en un código de prácticas voluntario de los miembros de la AIJN, en cumplimiento de la Directiva 2001/112/CE del Consejo.

[20] COM(2006)691

[21] Anexo 4 del documento COM(2006)629, de 24.10.2006.

[22] COM(2005)535

[23] COM(2006)690.

[24] Véase el informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2005), COM(2006)416.

[25] Ya había sido refrendado por el Consejo y la Comisión a finales de 2005.

[26] Documento del Consejo n° 14901/05.

[27] Documento del Consejo nº 9382/06 de 15.5.2006.

[28] Por ejemplo, sobre la inclusión de los impactos sociales en las evaluaciones de impacto de la Comisión.

[29] Por ejemplo, el análisis de impacto de la Comisión ENVI sobre las enmiendas a la propuesta de Directiva sobre la calidad del aire.

[30] http://www.cor.europa.eu/en/activities/sub_mon.htm.

[31] En diciembre de 2003, la Comisión decidió establecer un formato estándar para la exposición de motivos que acompaña a cada una de sus propuestas legislativas, a fin de mejorar su estructura y contenido; véase C(2003)4555 , adoptado por la Comisión el 13.12.2003.

[32] “Una agenda de los ciudadanos - Logrando resultados para Europa”, COM(2006)211.

[33] Por ejemplo, en 2006, el Parlamento hizo referencia explícitamente a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en 11 informes legislativos y en 3 informes por iniciativa propia.

[34] El CDR realizó estas pruebas en la Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (COM(2006)479) y en la Comunicación sobre la Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación (COM(2006)481). El CDR publicará los resultados en 2007.

[35] Véase el anexo 3 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la presente Comunicación.

[36] Véase el asunto T-168/01 GlaxoSmithKline Services c. Comisión, sentencia de 27 de septiembre de 2006, aún no publicada, apartado 196 y ss. y el asunto T-253/02 Chafiq Ayadi c Consejo, sentencia de 12 de julio de 2006, aún no publicada, apartado 105 y ss. (recurso pendiente, asunto C-403/06P).

[37] Sentencia de 7 de septiembre de 2006, apartado 123.