Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se crea un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la energía»

(96/C 174/15)

El 4 de julio de 1995, de conformidad con el apartado 2 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen adicional el 6 de marzo de 1996 (Ponente: Sr. Schmitz).

En su 334° Pleno de los días 27 y 28 de marzo de 1996 (sesión del 28 de marzo de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 94 votos a favor, 32 en contra y 21 abstenciones el presente dictamen.

1. Resumen

1.1. El Comité se pronuncia en contra del intento de decidir en la actualidad la adopción de un régimen armonizado para un impuesto sobre CO2/energía. Un enfoque de esta clase dificulta la actuación de aquellos Estados que están dispuestos a adoptar tales medidas, puesto que en un futuro próximo no se puede contar con un voto unánime por parte del Consejo en favor de un impuesto sobre CO2/energía. Por tanto, la Comisión debería retirar la presente propuesta de Directiva.

1.2. El Comité pide a la Comisión que, al objeto de incentivar la reducción del CO2 y del consumo de energía, presente una propuesta de Recomendación que incluya:

- medidas fiscales y financieras de apoyo;

- compromisos contraídos por las empresas sobre una base voluntaria; y

- reglamentaciones en el marco de la OMC.

1.3. El Comité recomienda, además, una actuación coordinada por parte de los Estados miembros que estén dispuestos a introducir un impuesto sobre CO2/energía sobre la base de la propuesta de Directiva de la Comisión. Sería necesario que un grupo importante de Estados miembros acordase una actuación conjunta.

1.4. El Comité, no obstante, se pronuncia en contra de un acuerdo interestatal según el modelo del «Acuerdo de Schengen».

1.5. El Comité se pronuncia a favor de una Directiva marco que no contenga propuestas respecto de la estructura del impuesto sobre CO2/energía. La Directiva deberá garantizar que en la introducción del impuesto por parte de un grupo de Estados miembros éste no sea incompatible con la legislación de la Unión Europea en materia de competencia y de impuestos sobre el consumo y, por tanto, sea conforme con el mercado interior.

1.6. El Comité suscribe sin reservas el impuesto sobre la energía, puesto que ya en sí mismo podría tener efectos positivos en beneficio del objetivo de estabilización del CO2. En caso de que en una actuación conjunta se acordase crear un impuesto sobre las emisiones de CO2, el cálculo correspondiente a esta parte debería ser en todo caso inferior a 50 %, debido a los posibles efectos negativos en la estructura del abastecimiento energético a medio y largo plazo. Además, en la determinación de la base imponible del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la energía se deberían incluir las emisiones de metano producidas por el uso del gas.

1.7. El Comité considera que la denominada neutralidad fiscal es un requisito absoluto para la creación del impuesto sobre CO2/energía. La introducción de este impuesto no debería servir de pretexto en ningún caso para aumentar la presión fiscal en su conjunto.

1.8. El Comité propone que, de conformidad con la propuesta del Libro blanco de la UE, por una parte se cree un impuesto ecológico en forma de un impuesto sobre CO2/energía y, por otra, se reduzcan los denominados costes salariales indirectos, con lo cual se conseguiría inducir un efecto adicional en el empleo o una cierta reducción del desempleo.

1.9. Cuanto mayor sea el número de Estados miembros que participen en el régimen del impuesto sobre CO2/energía, cuanto más competitivas sean las industrias de dichos países y mayor precisión alcance la mutua coordinación de las modalidades del impuesto sobre CO2/energía, en tanta menor medida y a un corto plazo tanto menor se podrán temer a escala mundial los posibles perjuicios resultantes para la competitividad de las industrias de estos países de la Unión Europea.

1.10. Las exenciones y deducciones fiscales previstas compensarán en especial, al menos parcialmente, los inconvenientes que puedan originarse en el contexto de la competencia internacional para las empresas con elevado consumo de energía. Además, todas las empresas que realicen inversiones destinadas a reducir las emisiones de CO2 o utilizar la energía de modo racional deberán disponer de la posibilidad de beneficiarse de reducciones fiscales hasta un nivel equivalente al de los costes de inversión.

1.11. El Comité considera que el impuesto sobre energía/CO2 deberá aplicarse a los distintos productos en función de las emisiones de dióxido de carbono y del valor energético. Aunque es consciente de los problemas técnicos, el Comité acoge favorablemente el principio de un impuesto orientado hacia los productos.

2. Introducción

2.1. Aunque una mayoría de Estados miembros se ha expresado favorablemente sobre la propuesta de Directiva presentada por la Comisión, la propuesta no ha experimentado progresos significativos en el Consejo pese a ser objeto de examen en repetidas ocasiones. El obstáculo principal a la adopción de una decisión por parte del Consejo reside en que éste, de conformidad con el artículo 99 y el apartado 2 del artículo 130 S del Tratado CE, sólo puede adoptar una disposición por unanimidad.

2.2. La Comisión intenta ahora desbloquear esta situación presentando su nueva propuesta de 10 de mayo de 1995. Propone en especial un período transitorio hasta el año 2000 durante el cual los Estados miembros estarán facultados para adoptar medidas fiscales nacionales. No obstante, transcurrido este período deberían aplicarse tipos impositivos armonizados en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

2.3. El Comité se pronunció sobre la propuesta inicial de la Comisión en su dictamen de 24 de febrero de 1993 (). En su propuesta modificada, la Comisión sólo ha tenido en cuenta una parte reducida de las objeciones expuestas por el Comité.

2.3.1. Así, por ejemplo, el Comité se preguntaba si también con ayuda del impuesto sobre el CO2 y la energía sería razonable reestructurar la utilización de las diversas energías de modo que a corto plazo se prefiriesen fuentes energéticas menos contaminantes, aunque en caso de un aumento de las necesidades mundiales de consumo todas las energías son finalmente necesarias y, por tanto, la utilización de todas las energías debe organizarse ya desde ahora del modo menos contaminante posible.

2.4. El Comité se ha expresado favorablemente en repetidas ocasiones, y de modo muy especial en su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Crecimiento económico y medio ambiente: implicaciones para la política económica» (), sobre la utilización de «instrumentos basados en el mercado», como impuestos y gravámenes ecológicos. Sin embargo, también en dicho dictamen subrayó que las medidas fiscales sólo podrán obtener sus efectos específicos si se combinan con otros instrumentos de mercado y también con medidas reglamentarias. El Comité señala que ya en la actualidad existe una gama de impuestos (por ejemplo, impuestos especiales sobre el consumo de productos petrolíferos) que tienen una importancia ecológica.

2.5. Los países de la Unión Europea se han comprometido a estabilizar en el año 2000 las emisiones de CO2 de la Comunidad al nivel de 1990.

2.5.1. Pese a algunos resultados favorables en la consecución de este objetivo de estabilización, existen previsiones fundadas () que apuntan a que dicho objetivo autoimpuesto no podrá obtenerse en el contexto de la propia evolución de la economía de mercado y con el crecimiento económico previsto. Por el contrario, cabe temer que el objetivo de estabilización de las emisiones de CO2 para el año 2000 se revele claramente inalcanzable.

2.6. El Comité considera que el objetivo de estabilización del CO2 sólo podrá lograrse con un completo paquete de medidas. Reviste al respecto una importancia especial la adopción de medidas en el sector de los transportes (medidas que contribuyan a reducir el consumo medio -inclusive medidas fiscales-, mejorar la modernización y el control técnico del parque automóvil, y mejorar la fluidez del tráfico, en concreto mediante la aplicación de la telemática) y en el sector del aislamiento térmico (normas para la calefacción doméstica y de locales en general). Es necesario completar y acompañar los actuales instrumentos de política medioambiental (con inclusión de disposiciones reglamentarias y en materia de responsabilidad) con una intensificación de los esfuerzos en los sectores de la investigación y la tecnología y con una serie de instrumentos fiscales que posean un valor educativo y de control potencialmente elevado en materia de medio ambiente. La aplicación de las medidas fiscales implica, además de la creación de nuevos instrumentos, el control de los efectos en el medio ambiente de las disposiciones fiscales actualmente en vigor. Los compromisos voluntariamente contraídos, y que también pueden prestarse a negociaciones con las autoridades nacionales, deberían representar una importante contribución, pero es probable que no sean suficientes para garantizar que el objetivo de estabilización del CO2 se consiga en el plazo previsto.

2.7. El Comité señala que el problema de las emisiones de CO2 sólo puede abordarse globalmente incluyendo a los Estados Unidos y el Japón, a los países de Europa oriental y a los Estados de la CEI, así como a muchos países asiáticos de reciente industrialización, cuyas emisiones de CO2 muestran un considerable aumento.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité acoge favorablemente los esfuerzos realizados por la Comisión para llegar a una solución con su propuesta de período transitorio. Expresa, no obstante, el temor de que, en su deseo de establecer un régimen armonizado en el año 2000, la presente propuesta de la Comisión pueda quedar también paralizada mientras las decisiones de esta índole en materia de política fiscal deban obtenerse en el Consejo por unanimidad.

3.1.1. Además del enfoque propuesto por la Comisión, otras dos actuaciones son posibles:

a) la Comisión retira su propuesta y deja a discreción de los Estados miembros la adopción de medidas de política fiscal;

b) la Comisión retira su propuesta y un grupo de Estados miembros intenta una actuación conjunta.

3.1.2. El Comité se pronuncia en contra del intento de decidir en la actualidad la adopción de un régimen armonizado para un impuesto sobre CO2/energía. Un enfoque de esta clase dificulta la actuación de aquellos Estados que están dispuestos a adoptar tales medidas, puesto que en un futuro próximo no se puede contar con un voto unánime por parte del Consejo en favor de un impuesto sobre CO2/energía. Por tanto, la Comisión debería retirar la presente propuesta de Directiva.

3.1.3. El Comité pide a la Comisión que presente una propuesta de Recomendación que incluya:

- medidas fiscales y financieras de apoyo;

- compromisos contraídos voluntariamente por las empresas;

- acciones de presión por parte de la UE para que la OMC adopte directrices que garanticen la eficacia de las medidas a escala internacional;

- medidas en favor de la conservación y el uso racional de la energía;

- fomento de las fuentes de energía renovables;

- concesión de incentivos para reducir las pérdidas energéticas en el proceso de transformación de la energía.

Estas medidas fomentarían la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el consumo energético.

3.1.4. El Comité recomienda, además, una actuación coordinada por parte de los Estados miembros que estén dispuestos a introducir un impuesto sobre CO2/energía sobre la base de la propuesta de Directiva de la Comisión. Sería necesario que un grupo importante de Estados miembros acordase una actuación conjunta.

3.1.5. El Comité es consciente de que una actuación de esta naturaleza suscita problemas jurídicos. Cabría pensar en dos tipos de actuación:

a) el grupo de Estados miembros suscribe un acuerdo interestatal, sin que las instituciones de la Unión estén incluidas (de modo análogo al Acuerdo de Schengen);

b) la Comisión se pronuncia a favor de una Directiva marco que no contenga propuestas respecto de la estructura del impuesto sobre CO2/energía. La Directiva deberá garantizar que en la introducción del impuesto por parte de un grupo de Estados miembros éste no sea incompatible con la legislación de la Unión Europea en materia de competencia y de impuestos sobre el consumo y, por tanto, sea conforme con el mercado interior.

3.1.6. El Comité se declara a favor de la segunda alternativa, puesto que, por una parte, sólo sobre este fundamento jurídico se podrá garantizar la inclusión de las instituciones de la Unión Europea y, por otra, existen más posibilidades de que los Estados miembros que con posterioridad deseen introducir un impuesto sobre CO2/energía puedan hacerlo también en el marco de una actuación coordinada en el seno de la Unión Europea. Una actuación de este tipo redunda especialmente en favor de las industrias particularmente afectadas por el impuesto sobre CO2/energía, porque les permite evitar desventajas de competitividad, y, además, facilita las negociaciones a escala internacional (OCDE, OMC).

3.2. El Comité mantiene su opinión de que si se le da una forma adecuada, el impuesto sobre el CO2 y la energía podrá contribuir en medida no desdeñable a solucionar el problema de la estabilización de las emisiones de CO2 frenando el aumento del consumo de las energías productoras de CO2 e incluso, llegado el caso, reduciendo en términos absolutos el consumo de energía con un nivel de bienestar similar o incluso superior.

3.2.1. No obstante, si se da una forma errónea a este impuesto, el Comité -habida cuenta de las dificultades prácticas de aplicación del impuesto sobre CO2/energía- duda de que:

- se promueva el objetivo político medioambiental de estabilización de las emisiones de CO2 o su fomento adquiera todo el alcance posible;

- no aumente la carga fiscal de los ciudadanos, pese a las afirmaciones contrarias de la mayor parte de los gobiernos;

- con este impuesto no aumente la carga fiscal de las empresas y éstas no reaccionen con supresión de empleo, con lo cual podría aumentar el desempleo en la Unión Europea;

- no se refuercen las tendencias inflacionistas;

- con el aumento de la presión fiscal resultante del impuesto sobre CO2/energía no se degrade el poder adquisitivo de la población provocando efectos inducidos en el nivel de vida y en el empleo;

- no empeore la competitividad de la industria europea a escala mundial;

- en el seno de la UE, la industria y la economía de los países más débiles no puedan resultar proporcionalmente afectadas de modo excesivamente negativo;

- las regiones en las que están implantadas industrias con elevado consumo de energía no resulten afectadas negativamente;

- no resulten comprometidas las obligaciones que la industria se impone voluntariamente.

3.2.2. Se pueden superar estas objeciones dando una forma racional, tanto desde el punto de vista ecológico como económico, al impuesto sobre CO2/energía y adoptando medidas especiales de compensación que eviten los efectos negativos indeseables, particularmente en el empleo y la competitividad.

3.2.3. El impuesto sobre CO2/energía podría servir para intensificar los esfuerzos de innovación y, por tanto, la competitividad de la industria europea en el sector de las técnicas que a escala mundial son necesarias para reducir la utilización de las fuentes energéticas, como el consumo racional de la energía y la utilización respetuosa con el medio ambiente de todas las clases de energía.

3.2.4. El impuesto sobre CO2/energía permitirá reequilibrar el sistema impositivo y de exacciones en beneficio de una mayor repercusión de dicho sistema en el empleo, en el sentido de las propuestas del Libro blanco de la UE [«Crecimiento, competitividad, empleo» ()], desplazando el peso de las exacciones desde el factor trabajo al factor fuentes de energía, sin que ello represente una carga adicional para el factor capital. Se deberá invertir la actual tendencia al alza de la carga de las exacciones del factor trabajo. La modificación de la carga de las exacciones podría servir para lograr un nivel general de empleo más elevado con un menor consumo de energía y una mínima contaminación general del medio ambiente ().

3.2.5. Dando una forma adecuada al reequilibrio del régimen fiscal, el poder adquisitivo de los trabajadores podría permanecer también estable, al tiempo que sería posible reorientarse hacia producciones menos contaminantes.

4. Observaciones particulares

(Las presentes observaciones se entienden referidas a las medidas fiscales del grupo de Estados dispuestos a una actuación conjunta sobre la base de la propuesta de la Comisión.)

4.1. El Comité suscribe el principio del impuesto sobre la energía, pero recuerda sus objeciones respecto del impuesto sobre las emisiones de CO2.

4.1.1. En el primer caso es evidente que el impuesto contribuye a una doble reducción: de utilización de la energía y, simultáneamente, de las emisiones de CO2. Con el encarecimiento de la energía se podría descender el umbral de rentabilidad para las energías renovables e incentivar a escala mundial innovaciones competitivas en los sectores de la energía y del medio ambiente, al tiempo que se inducirían efectos positivos en el empleo.

4.1.2. Con el impuesto sobre las emisiones de CO2, por el contrario, se pretende prioritariamente transformar la estructura del abastecimiento energético, reorientándola a corto plazo hacia las denominadas energías respetuosas con el medio ambiente, especialmente el gas. El gas natural, en efecto, produce menos CO2 que, por ejemplo, la hulla y el lignito, pero libera emisiones de metano relativamente elevadas cuyo potencial efecto de invernadero no debe subestimarse. Una reestructuración orientada hacia el gas natural no provocaría presumiblemente el efecto pretendido en el medio ambiente, o no lo produciría en la magnitud esperada.

4.1.3. Además, cabe preguntarse si la presión fiscal adicional y la relegación que se impone al carbón europeo, al gravar las emisiones de CO2, provocarán efectivamente a largo plazo una reducción de la contaminación medioambiental. A largo plazo, debido al incremento general de las necesidades energéticas a escala mundial, se necesitarán todas las fuentes de energía, incluidos los yacimientos mundiales de carbón, y todas deberán utilizarse del modo más respetuoso posible con el medio ambiente. Es necesario a tal fin el constante desarrollo de los métodos de extracción del modo más respetuoso posible con el medio ambiente y, al mismo tiempo, de las técnicas de explotación que resulten menos contaminantes, por ejemplo, para la transformación en electricidad.

4.1.4. Es deseable una cierta desaceleración en el incremento del consumo de todas las fuentes de energía, pero no un retroceso unilateral -forzado por el impuesto sobre las emisiones de CO2- de la extracción y explotación del carbón. Además, se debe tener en cuenta la necesidad de una extracción europea del carbón para la seguridad del abastecimiento a largo plazo de los países europeos.

4.1.5. El Comité suscribe sin reservas el impuesto sobre la energía, puesto que ya en sí mismo podría tener efectos positivos en beneficio del objetivo de estabilización del CO2. En caso de que en una actuación conjunta se acordase crear un impuesto sobre las emisiones de CO2, el cálculo correspondiente a esta parte debería ser en todo caso inferior a 50 %, debido a los posibles efectos negativos en la estructura del abastecimiento energético a medio y largo plazo. Además, en la determinación de la base imponible del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la energía se deberían incluir las emisiones de metano producidas por el uso del gas.

4.1.6. Por otra parte, el impuesto sobre CO2/energía deberá adaptarse al proyecto general de la UE de estabilización o, en su caso, reducción de la contaminación producida por el CO2 y de fomento de la utilización racional de la energía. A escala de la UE cabe mencionar al respecto sobre todo los programas THERMIE, JOULE, ALTENER y SAVE, que deberán modularse de tal manera que junto con las medidas nacionales específicas constituyan aportaciones esenciales a la estabilización del CO2.

4.1.7. El impuesto sobre CO2/energía no debería tener ningún efecto estructural en el principio de utilización de la energía nuclear.

4.2. El Comité considera que la denominada neutralidad fiscal es un requisito absoluto para la creación del impuesto sobre CO2/energía. La introducción de este impuesto no debería servir de pretexto en ningún caso para aumentar la presión fiscal en su conjunto.

4.2.1. El Comité considera que la recaudación adicional procedente del impuesto sobre CO2/energía quedará enteramente compensada con la supresión de otros impuestos y exacciones.

4.2.2. Conviene al mismo tiempo seguir desarrollando los regímenes fiscales y la estructura impositiva en pos de un mayor respeto del medio ambiente y un mayor fomento del empleo. Debería preverse que la utilización de una parte de la recaudación del impuesto sobre CO2/energía se destine a reducciones y exenciones fiscales con objeto de fomentar el ahorro y un consumo más racional de la energía.

4.2.3. Convendría igualmente compensar las cargas extraordinarias para los hogares y los pequeños consumidores.

4.2.4. El Comité propone que, de conformidad con la propuesta del Libro blanco de la UE, («Crecimiento, competitividad, empleo») () por una parte se cree un impuesto ecológico en forma de un impuesto sobre CO2/energía y, por otra, se reduzcan los denominados costes salariales indirectos, con lo cual se conseguiría inducir un efecto adicional en el empleo o una cierta reducción del desempleo.

4.3. Cuanto mayor sea el número de Estados miembros que participen en el régimen del impuesto sobre CO2/energía, cuanto más competitivas sean las industrias de dichos países y mayor precisión alcance la mutua coordinación de las modalidades del impuesto sobre CO2/energía, en tanta menor medida y a un corto plazo tanto menor se podrán temer a escala mundial los posibles perjuicios resultantes para la competitividad de las industrias de estos países de la Unión Europea.

4.3.1. Frente al fenómeno de globalización de los mercados, no pueden subestimarse, sin embargo, los riesgos para la competitividad industrial resultantes de una forma inadecuada del impuesto sobre CO2/energía.

4.3.2. Convendría que la Unión Europea aprovechara los esfuerzos de la Comunidad o, en su caso, de diversos Estados miembros de la Comunidad encaminados a reducir el CO2 por medio de impuestos sobre CO2/energía, instando a la adopción a escala mundial de medidas eficaces para reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. En la OMC se debería sancionar con carácter de infracción de las normas internacionalmente vigentes en materia de competitividad el dumping medioambiental, incluido también el provocado por una utilización contaminante de la energía. Además, se deberían adoptar medidas de acompañamiento con el fin de fomentar el ahorro de la energía y la reducción del CO2.

4.3.3. La Unión Europea debería apoyar todas las medidas que los Estados miembros adopten en materia de política de empleo destinadas a amortiguar las reacciones que en forma de supresión de empleo, incluso a corto plazo, puedan tener las empresas frente a la creación del impuesto sobre CO2/energía. Con los recursos de los Fondos estructurales, incluido el Fondo de Cohesión, se podrían contrarrestar los efectos particularmente negativos en las regiones de los objetivos n° 1 y 2.

4.3.4. La capacidad de adaptación de las economías nacionales, de diversos sectores y regiones, empresas y consumidores respecto de los deseables efectos ecológicos y económicos del impuesto CO2/energía debería apoyarse con programas de ayuda específicos para medidas de inversión en la utilización racional de la energía y para acelerar el desarrollo y la utilización de energías renovables.

4.3.5. Las exenciones y deducciones fiscales previstas compensarán en especial, al menos parcialmente, los inconvenientes que puedan originarse en el contexto de la competencia internacional para las empresas con elevado consumo de energía. Además, todas las empresas que realicen inversiones destinadas a reducir las emisiones de CO2 o utilizar la energía de modo racional deberán disponer de la posibilidad de beneficiarse de reducciones fiscales hasta un nivel equivalente al de los costes de inversión.

4.3.6. Estas medidas podrían resultar apropiadas para garantizar la competitividad de sectores que operen a escala internacional en la medida en que proporcionalmente resulten excesivamente afectados. No obstante, también en el caso de estas empresas con elevado consumo de energía se deberá garantizar el mantenimiento de los efectos incentivadores del impuesto CO2/energía para una utilización más racional de la energía y para la reducción del CO2.

4.3.7. Esto rige aún más para aquellas empresas que, sin sufrir un perjuicio competitivo inmediato en el contexto de la competencia internacional, tuviesen derecho a una restitución parcial o incluso total de sus costes de inversión. Además de que de todos modos evitarían la presión fiscal, estas empresas obtendrían una bonificación adicional, y esta bonificación es tanto más importante económicamente cuanto que las inversiones realizadas no sólo se destinarían al ahorro de energía y a la reducción del CO2, sino que al mismo tiempo (debido al carácter integrado de estas inversiones) aumentaría directamente la rentabilidad de las empresas.

4.3.8. Por tanto, en lugar del derecho a la devolución de los costes de inversión, parece oportuno conceder una prima proporcional a la inversión, que no obstante debería ser claramente inferior al volumen total de los costes de inversión.

4.3.9. El Comité no comparte la opinión de que deben excluirse los carburantes de origen agrícola. Su influencia en las emisiones de CO2 es conocida. Además, ello podría fomentar la importación de tales productos a partir de los terceros países.

4.4. El Comité considera que el impuesto sobre energía/CO2 deberá aplicarse a los distintos productos en función de las emisiones de dióxido de carbono y del valor energético. Aunque es consciente de los problemas técnicos, el Comité acoge favorablemente el principio de un impuesto orientado hacia los productos.

4.4.1. Los problemas técnicos de tipo fiscal resultan en particular de la imposición de la energía eléctrica.

4.4.1.1. El Comité propone que para la imposición de la electricidad se cree una estructura de tipos impositivos que

- favorezca la utilización de energías renovables;

- permita incentivar la reducción de las pérdidas energéticas en el proceso de transformación de la energía; y

- no induzca efectos estructurales positivos en beneficio de la energía nuclear.

4.4.2. El Comité suscribe el principio de un incremento progresivo del impuesto sobre la energía/CO2. Con ello se garantiza, a través del efecto inducido por una notificación anticipada, que en la industria y en los hogares se pueda proceder a las necesarias adaptaciones técnicas y modificaciones de comportamiento, al tiempo que se facilita la continuidad estructural.

Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 108 de 19. 4. 1993.

() Véase documento de trabajo de la Comisión SEC(95) 288 final de 1. 3. 1995.

() Doc. COM(93) 700 final.

() Comisión Europea 1994, Economía Europea, n° 56.

() Doc. COM(93) 700 final.

ANEXO al dictamen del Comité Económico y Social

Enmienda rechazada

La siguiente enmienda fue rechazada aunque obtuvo más del 25 % de los votos emitidos.

«1.1. En la Conferencia de Río, la Comisión se comprometió a apoyar las medidas contra el recalentamiento de la Tierra mediante la limitación de las emisiones de dióxido de carbono. Si se hubiese adoptado el proyecto de directiva elaborado por la Comisión en 1992, los Estados miembros se habrían visto obligados a crear un impuesto sobre las emisiones; además, el proyecto establecía unos tipos mínimos. En 1995 se publicó una versión sustancialmente modificada que permitía a cada Estado miembro decidir si quería introducir un impuesto y, en caso afirmativo, determinar el tipo impositivo.

1.2. El CES no está a favor de la introducción de un impuesto para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Aunque reconoce que se trata de un objetivo medioambiental importante, considera que sería mejor emplear otros medios.

1.2.1. El objetivo de la política fiscal es recaudar fondos y actuar como regulador de la economía; la utilización de medidas fiscales para otros propósitos tales como la protección del medio ambiente llevará a distorsiones en el marco de la macroeconomía e impedirá el crecimiento económico. La restricción de las emisiones de dióxido de carbono, que constituye por sí mismo un objetivo muy deseable, se podría lograr mediante el establecimiento de unas normas europeas sobre niveles permitidos que, tras un período razonable en el que las firmas afectadas introducirían las medidas de control necesarias, se aplicarían obligatoriamente; se impondrían multas de carácter disuasorio a cualquier infracción de estas regulaciones. Además, se correría el riesgo de que los tipos impositivos fueran fijados en función de la necesidad del Estado de recaudar dinero en vez de tener en cuenta el verdadero peligro o incidencia de las emisiones, lo cual supondría el fracaso de estas medidas.

1.2.2. El CES considera que el control de las emisiones de dióxido de carbono y la prevención de otras formas de contaminación medioambiental constituye un tema demasiado importante como para que pueda ser confundido con las cuestiones fiscales y la necesidad de recaudar fondos de los Estados miembros. El CES solicita medidas distintas y específicas para lograr una reducción significativa de la contaminación atmosférica y otros tipos de polución mediante el establecimiento de limitaciones obligatorias de las emisiones para todos los países de la Unión Europea. Tales medidas serían mucho más efectivas que un impuesto energético y no comportarían el peligro de crear distorsiones de tipo económico.

1.2.3. La imposición fiscal es una medida indiscriminada que tendría un efecto negativo en muchas actividades que no producen contaminación y al mismo tiempo, permitiría que muchos contaminadores pertinaces siguieran actuando impunemente. Sería absolutamente ineficaz para la reducción de la contaminación medioambiental.

1.2.3.1. Existen claros ejemplos para ilustrar esta afirmación. El petróleo es una forma de energía que ha estado sujeta a tipos impositivos variables en todos los Estados miembros; un 80 % del precio que se paga en la gasolinera se debe a impuestos. Este tipo impositivo con carácter punitivo no ha conseguido detener el constante incremento de vehículos de motor que circulan por las carreteras ni el nivel de consumo de productos derivados del petróleo. Sólo la introducción de controles de las emisiones ha conseguido reducir efectivamente la contaminación atmosférica procedente de esta fuente.

1.2.4. Existe un claro peligro de que las organizaciones industriales sujetas a un impuesto energético, al igual que los productores de petróleo, se limiten a hacer recaer el peso fiscal sobre los consumidores mediante unos precios más altos. Ello incrementaría la inflación e incidiría negativamente en las posibilidades de reducir los índices actuales de paro.

1.3. El CES también manifiesta su preocupación por muchas de las propuestas detalladas en el proyecto de Directiva:

1.3.1. De acuerdo con las propuestas de la Comisión, los Estados miembros podrían reducir o reembolsar el impuesto a las empresas que realizaran una inversión de capital con el fin de mejorar el ahorro energético o limitar las emisiones de dióxido de carbono. Estas medidas pueden dar pie a prácticas abusivas y subsidios encubiertos.

1.3.2. El proyecto de Directiva permitiría recibir ayudas del Gobierno a una empresa que, a causa de la aplicación del impuesto, se encuentra en «seria desventaja» con respecto a otros países con los que compite (dentro o fuera de la UE). Ello podría traducirse en una reducción del tipo impositivo o una exención temporal completa; esto último dependería de que la empresa hubiese realizado «esfuerzos sustanciales» en materia de ahorro de energía o de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Ello podría dar lugar a una situación que provocara un ridículo efecto dominó. Por ejemplo, una empresa holandesa consigue ayudas porque se encuentra en situación de desventaja frente a la competencia desleal de los Estados Unidos, y acto seguido una empresa portuguesa solicita ayudas porque se encuentra en la misma situación frente a la compañía holandesa.

1.3.3. De acuerdo con la propuesta presentada, la introducción de un impuesto supondría unos costes obligatorios inaceptables para la industria.

1.4. El impuesto propuesto no hace nada por reducir otras formas de contaminación medioambiental, algunas de las cuales constituyen una amenaza igual o mayor para el planeta.

1.5. El CES considera que, si este impuesto se introdujera según lo propuesto por el proyecto de Directiva, tanto los gobiernos como las empresas dejarían pronto de lado la intención y el propósito originales, con lo cual acabaría por convertirse simplemente en otro método más de recaudación de fondos para el Estado y se olvidaría su verdadero objetivo.

1.6. El CES respalda el principio de «quien contamina paga», pero cree que sería preferible obtener este dinero mediante multas por exceder los niveles de emisión permitidos que hacerlo por medio de un sistema fiscal.

1.7. El CES considera que el medio ambiente es un tema de extrema importancia. La solución efectiva de estos problemas sólo puede aportarla la adopción de una estrategia coherente, discriminatoria y global dirigida a determinar y controlar los elementos contaminantes. Es fundamental para la conservación de nuestro planeta que esta estrategia se ponga en marcha de manera urgente; las propuestas a favor de un impuesto energético (que no sería efectivo) sólo sirven para distraer la atención de la necesidad de tales medidas y retrasar la introducción de un enfoque sistemático y efectivo de este problema.»

Exposición de motivos

La creación de un impuesto para controlar la contaminación atmosférica no es la forma más efectiva de tratar este problema.

Resultado de la votación

Votos a favor: 47, votos en contra: 93, abstenciones: 14.