Si bien existe una clara necesidad de medidas más enérgicas contra las infracciones de la PI, al mismo tiempo, la UE debería tener políticas para garantizar que el respeto de los DPI se concilie con la necesidad de un desarrollo fluido de nuevas e innovadoras tecnologías. Esto es de particular importancia cuando tales tecnologías se incorporan a normas. En el mundo cambiante e interconectado de hoy en día, las normas generalizadas basadas en tecnologías protegidas de PI, conocidas como patentes esenciales para normas (PEN), son necesarias para la interoperabilidad, y en particular para un despliegue efectivo del internet de las cosas. Un marco equilibrado, eficiente y sostenible para PEN es esencial para garantizar el acceso justo a tecnologías normalizadas, al tiempo que asegura que los titulares de patentes sean recompensados por sus inversiones en actividades de I+D y normalización, y por lo tanto se les incentiva a ofrecer sus mejores tecnologías para su inclusión en normas.

En consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, la Comisión ha finalizado una evaluación exhaustiva del funcionamiento de la DRDPI. Los resultados muestran que esta Directiva ha llevado a la creación de un marco jurídico común, en el que se aplica el mismo conjunto de herramientas en los tribunales civiles de toda la UE, lo que garantiza en general un alto nivel de protección en el mercado interior. La Directiva también ha dado lugar a estrategias paneuropeas de garantía de cumplimiento de las empresas y ha alentado a los jueces y profesionales del Derecho a intercambiar experiencias de litigios. Además, la evaluación mostró que la DRDPI ha sido rentable y coherente con otras intervenciones de la UE con objetivos similares y ha generado un valor añadido a nivel de la UE. Por lo tanto, la evaluación concluyó que la DRDPI sigue siendo adecuada para su propósito.

Sin embargo, la evaluación también concluyó que hay diferencias en la forma en que se implementan y se aplican en la práctica ciertas disposiciones de la DRDPI (por ejemplo, sobre mandamientos judiciales, daños y perjuicios y costas procesales). Estas diferencias a menudo se derivan de incertidumbres y puntos de vista divergentes sobre cómo deben entenderse las disposiciones, especialmente debido a los desafíos relacionados con el nuevo entorno digital. También pueden deberse al carácter de armonización mínima de la DRDPI. Lo que probablemente es más importante, las divergencias se derivan del hecho de que la DRDPI funciona en un contexto de marcos de garantía de cumplimiento civil y tradiciones judiciales nacionales muy diversos. En consecuencia, los resultados pueden ser muy diferentes en función de donde se inicien los procedimientos judiciales, tanto en términos de fondo como en términos de eficiencia o efectividad. Esto puede obstaculizar la previsibilidad y dificultar la garantía de cumplimiento, en particular en un contexto transfronterizo.

Los resultados de la consulta pública sobre la evaluación de la DRDPI confirman estas conclusiones. Si bien la mayoría de las partes interesadas opinó que las reglas existentes han ayudado efectivamente a proteger la PI y prevenir las infracciones en este ámbito, muchos pidieron más claridad sobre la forma en que se debería aplicar la DRDPI en la práctica. Los titulares de derechos e intermediarios, en particular, consideraron que las medidas, procedimientos y recursos de la DRDPI no se aplicaban de la misma forma en todos los Estados miembros, lo que daba lugar a diferentes niveles de protección dentro de la UE. Si bien el respeto de la PI es en sí un derecho fundamental, los ciudadanos, por su parte, expresaron su preocupación por el respeto de sus derechos fundamentales en los procedimientos de garantía de respeto de los DPI.

Directrices sobre la DRDPI

Para garantizar una aplicación más coherente y efectiva de la DRDPI, la Comisión publica, mediante una Comunicación separada, directrices sobre la interpretación y aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos por la DRDPI. Basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en las mejores prácticas disponibles, este documento expone los puntos de vista de la Comisión sobre las disposiciones de la DRDPI que han causado problemas de interpretación. Como reflejo de los resultados de la evaluación, incluida la consulta pública, las directrices abordan aspectos clave de la DRDPI, en particular:

·su ámbito de aplicación;

·el significado del requisito de que esas medidas, procedimientos y recursos deben ser, entre otras cosas, «justos y equitativos»;

·las normas sobre pruebas, sobre el derecho de información, sobre el derecho a medidas provisionales y cautelares y sobre mandamientos judiciales;

·compensación por el perjuicio sufrido (daños y perjuicios); y

·el reembolso de las costas procesales.

El documento también proporciona directrices sobre cómo aplicar las medidas establecidas en la DRDPI de modo que se garantice un equilibrio justo entre los diferentes derechos fundamentales que pueden estar en el centro de un litigio sobre PI , al tiempo que se eviten resultados desproporcionados y litigios abusivos.

Los litigios sobre PI, en particular en la era digital, podrían tener lugar de forma simultánea en varios Estados miembros. Por ejemplo, los titulares de derechos de autor que buscan luchar contra los contenidos ilegales en línea pueden tener que presentar reclamaciones en varios Estados miembros en relación con la misma infracción, al mismo tiempo. No obstante, solicitar la misma reparación para la misma infracción en más de una jurisdicción implica generalmente costes significativos y largos procedimientos, en particular cuando no existe un título de PI de la UE uniforme, debido a las diferencias de Derecho sustantivo, excepciones y limitaciones que pueden aplicarse de forma distinta en diversos Estados miembros. Aunque no abordan ni pueden abordar todos los desafíos que existen a este respecto , al ayudar a lograr una interpretación y aplicación más coherente de la DRDPI, las directrices, en principio, deben facilitar los litigios transfronterizos a los titulares de derechos.

Las directrices se entienden sin perjuicio de la acción de garantía de cumplimiento que la Comisión podría adoptar en virtud del artículo 258 del TFUE, y que se ajustará a la interpretación establecida en las directrices.

Las funciones y responsabilidades de intermediarios, en particular los intermediarios en línea, aparecieron como una preocupación importante para las partes interesadas tanto en la evaluación como en la consulta pública. Como aclaran las directrices, la posibilidad de dictar un mandamiento judicial contra un intermediario sobre la base de la DRDPI no depende de la responsabilidad del intermediario por la (supuesta) infracción en cuestión. De hecho, la Directiva de comercio electrónico rige las condiciones en que ciertos intermediarios en línea están exentos de responsabilidad. Si bien en su Comunicación de 2016 sobre plataformas en línea la Comisión consideró que este marco provisto por esta última Directiva sigue siendo adecuado, emitió recientemente una directriz concreta diseñada para combinar una eliminación rápida y efectiva de contenido ilegal en línea, incluido el contenido que infringe la PI, con las garantías legales necesarias, por ejemplo, a través de los denominados procedimientos de notificación y acción. En su propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital también ofrece herramientas y mecanismos específicos para lograr un mercado de los derechos de autor que funcione bien y propuso, en particular, la adopción de medidas apropiadas por pare de determinados proveedores de servicios en línea para evitar, en cooperación con los titulares de los derechos, la disponibilidad de contenido protegido por derechos de autor sin el consentimiento de dichos titulares.

Desarrollar una «comunidad del conocimiento de la garantía de cumplimiento de la PI» más sólida: mejorar la ejecución judicial en la UE

La evaluación ha mostrado que muchos titulares de derechos se quejaron de las dificultades con respecto al acceso a la justicia, de los procedimientos largos y costosos así como de los resultados inciertos. La evaluación reveló además una falta aparente de transparencia y previsibilidad sobre la forma en que se gestionan los procedimientos judiciales y los resultados (probables) de estos. En general, parece que factores como las diferencias en las tradiciones del Derecho civil nacional y las prácticas judiciales siguen impidiendo el desarrollo de un sistema predecible y coherente para hacer respetar los DPI en la UE.

En este contexto, además de proporcionar directrices sobre la DRDPI, la Comisión insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para proporcionar una reparación civil efectiva y previsible contra las infracciones de la PI en la UE de conformidad con la DRDPI, y apoyará dichos esfuerzos. De hecho, una mayor transparencia y previsibilidad serían de gran beneficio, en particular para las pymes. Facilitaría su acceso a la justicia y ayudaría a promover la implantación de regímenes de seguro ante posibles litigios de PI asequibles.

Como primer paso, la Comisión trabajará estrechamente con los Estados miembros y las partes interesadas para tratar de complementar las directrices mencionadas anteriormente, cuando sea necesario y apropiado, con directrices más desarrolladas y específicas para apoyar una aplicación homogénea y efectiva de los DPI en la UE. Con este fin, identificará, junto con los expertos nacionales, incluidos los jueces nacionales y otras partes interesadas, algunas cuestiones concretas y áreas problemáticas en las que serían útiles directrices específicas adicionales basadas en experiencias de mejores prácticas. Un caso concreto a este respecto podría ser el cálculo de los daños y las pruebas necesarias para compensar el daño causado por las vulneraciones de los DPI.

La Comisión tiene la intención de publicar todas las directrices sobre la garantía de respeto de los DPI en línea mediante, entre otras cosas, el portal «Tu Europa» para que la información práctica sobre la ejecución judicial de los DPI en la UE esté disponible tanto para jueces y profesionales del Derecho como para todos los interesados.

Además, como ha demostrado la evaluación de la DRDPI, contar con jueces especializados en DPI y, en particular, en la garantía de su respeto, es muy importante para el uso eficaz y eficiente de las medidas, los procedimientos y los recursos de la DRDPI. Dicha especialización puede aportar ventajas considerables: decisiones más rápidas, más eficientes y más coherentes, que conducen a una mayor seguridad jurídica. Por lo tanto, la Comisión hace un llamamiento a los Estados miembros para que aumenten dicha especialización.