El respeto de los derechos fundamentales y constitucionales se garantiza de diversas formas. La constitucionalidad está sujeta a control tanto en la Administración federal como en los Länder. En el ámbito federal, la Ley fundamental contempla una serie de diferentes procedimientos que hacen posible el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional Federal , entre ellos el control judicial abstracto de los estatutos, el control judicial específico de los estatutos, los conflictos entre el Gobierno federal y los Länder, los conflictos entre órganos constitucionales y las reclamaciones de personas físicas, que en casos excepcionales también pueden incluir el control constitucional de los estatutos. El Tribunal Constitucional Federal también puede dictar requerimientos judiciales provisionales. La constitucionalidad también está sujeta a control en el ámbito de los Länder. En relación con las leyes estatales, se ejerce por los tribunales constitucionales de los distintos Länder. El régimen general establecido para el control de constitucionalidad se considera eficaz en términos generales. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 5 de mayo de 2020 ha suscitado dudas en cuanto al alcance de su control de constitucionalidad en relación con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea . Las partes interesadas también señalaron aspectos concretos relacionados con los mecanismos establecidos para controlar que las sentencias del Tribunal Constitucional Federal se aplican de forma satisfactoria. Existe cierta inquietud con respecto a la inexistencia de un mecanismo eficaz que garantice que las sentencias se apliquen en un período de tiempo determinado, como atestigua la falta de continuidad legislativa en la aplicación de una sentencia doctrinal sobre la ley del impuesto de sucesiones de 2014 o en el ámbito de algunos Länder donde el Ejecutivo no ha aplicado sentencias de lo contencioso-administrativo relacionadas con legislación de la Unión relativa a la calidad del aire . Otro aspecto que se plantea es la falta de una vía rápida de control constitucional de nuevas leyes cuando se ponga en duda su constitucionalidad y cuando existan razones para creer que el legislador no está aplicando plenamente sentencias anteriores del Tribunal Constitucional Federal. El único recurso disponible en este caso concreto es presentar una nueva reclamación, lo cual puede suponer una carga significativa para la parte reclamante . En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Tribunal Constitucional Federal ha conocido asuntos relacionados con algunas de las medidas adoptadas para combatir la pandemia y ha dictado requerimientos provisionales contra algunas de dichas medidas. Ademas, los tribunales alemanes de lo contencioso-administrativo han conocido procedimientos para dictar órdenes o requerimientos judiciales contra algunas de las medidas públicas adoptadas en relación con la pandemia de COVID-19, a veces con éxito, si bien los procedimientos principales continúan su curso .

Existe un marco regulador de la protección de los periodistas, aunque hay cierta preocupación por el aumento de los ataques contra periodistas. El marco regulador de la protección de los periodistas está definido por la libertad de prensa y la libertad de radiodifusión garantizadas por la Ley fundamental y se complementa con las leyes pertinentes sobre prensa y medios de comunicación de los Länder. Los periodistas tienen derecho a proteger sus fuentes y negarse a testificar en asuntos penales, civiles y contencioso-administrativos. Siempre que exista un interés legítimo, la Constitución garantiza el derecho de acceso a la información y la Ley de libertad de información regula el acceso a la información del Gobierno federal. Trece Länder han establecido marcos reguladores similares. La protección de los periodistas contra delitos penales está recogida en la legislación penal aplicable a todos los ciudadanos. Actualmente no existe ninguna ley alemana específica para proteger a los periodistas contra delitos o para investigar los delitos pertinentes. Las estadísticas de delitos de la policía no evalúan por separado las agresiones contra periodistas, sino que tienen en cuenta los delitos contra los medios de comunicación en general. No obstante, las autoridades alemanas consideran que no parece necesario adoptar una ley específica para la protección de los periodistas ni establecer un registro de ataques independiente teniendo en cuenta las estadísticas disponibles sobre el alcance del problema . En Alemania, la difamación puede sancionarse con penas de prisión, si bien hay que señalar que esto ocurre muy raramente en la práctica . De acuerdo con el MPM 2020, el indicador de protección básica relativo a la profesión, las normas y la protección de los periodistas refleja un riesgo bajo. Sin embargo, el indicador de seguridad física del MPM 2020 refleja un riesgo alto. Según Reporteros Sin Fronteras, en 2018 se denunciaron al menos 22 ataques violentos contra periodistas y en 2019 al menos 13 . En 2019 y 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó cinco alertas sobre Alemania, en relación con casos de ataques contra la seguridad física, acoso e intimidación de periodistas y otros actos con estremecedores efectos para la libertad de prensa .

Alemania tiene salvaguardias operativas para impedir el control formal de los medios de comunicación por los partidos políticos. El indicador de independencia política de los medios obtiene una puntuación de bajo riesgo . El Tratado interestatal sobre radiodifusión y medios en línea prohíbe con carácter general la publicidad de índole política, ideológica o religiosa en los servicios de vídeo a la carta, la radio y la televisión . La publicidad política solo está permitida en periodos electorales, durante los cuales es obligatorio asignar tiempo de emisión a todos los partidos participantes en las elecciones con arreglo al principio de igualdad de oportunidades . El tiempo dedicado a la emisión de anuncios políticos es gratuito y no está permitido comprar tiempo adicional. La distribución de publicidad política en línea (más allá de los servicios de vídeo a la carta) no está regulada en la actualidad. Sin embargo, el nuevo Tratado interestatal sobre medios de comunicación incluirá una disposición de transparencia con respecto a la publicidad política. Los políticos y los partidos no suelen declarar lo que gastan en publicidad en plataformas electrónicas.

La actividad de los grupos de presión se rige por distintas normas que regulan los contactos con terceros por parte de los diputados al Parlamento Federal, los ministerios federales y los funcionarios de la Administración federal. En lo que respecta a los contactos entre los diputados al Parlamento Federal y los grupos de presión, Alemania todavía no dispone de un registro de grupos de presión. El presidente del Parlamento Federal mantiene una lista pública en la que deben inscribirse los representantes de las asociaciones para poder defender sus intereses ante el Parlamento o el Gobierno Federales, ya que de lo contrario no son recibidos por las comisiones parlamentarias. Sin embargo, el registro es de carácter voluntario y solo se contempla la obligatoriedad para los representantes de asociaciones, que no incluyen empresas, profesionales autónomos y otras categorías . En lo que respecta a los funcionarios de la Administración federal, la Estrategia de prevención de la corrupción incluye directrices para los contactos mantenidos por funcionarios con terceros.

Se han revisado las normas relativas a conflictos de intereses y a las declaraciones de bienes de los diputados federales. La comunicación de las actividades complementarias remuneradas y otros vínculos externos de los diputados al Parlamento Federal se rige por la Ley de diputados al Parlamento Federal , el Código de Conducta de los diputados al Parlamento Federal y las normas de desarrollo de dicho código . La mayoría de los Länder obligan a los parlamentarios a comunicar sus actividades remuneradas, que no están prohibidas, pero algunos Länder todavía carecen de legislación en esta materia . En cuanto a los intereses financieros y la formalización de contratos con autoridades estatales, no existe ninguna prohibición o restricción que afecte a los diputados al Parlamento Federal en este sentido . Los diputados al Parlamento Federal deben comunicar las participaciones accionariales que poseen, pero solo si sobrepasan el 25 % de los derechos de voto de una sociedad. La administración del Parlamento Federal responsable del control de los conflictos de intereses y las declaraciones de bienes incrementó su plantilla en 2019. El GRECO señaló la necesidad de reforzar los recursos para que fuera posible controlar la aplicación de las normas de manera efectiva . En lo que respecta a los miembros del Gobierno Federal, la Ley que regula su estatuto jurídico contiene las disposiciones pertinentes . En virtud de dicha Ley, los miembros del Gobierno Federal no pueden tener empleos complementarios y deben declarar todo regalo que reciban en el ámbito de su mandato . La declaración de bienes no está regulada. Del mismo modo, los diputados al Parlamento Federal no tienen obligación de notificar los bienes o intereses financieros que poseen.

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