PropuestamodificadadeDirectivadelConsejosobrenormasmínimasparalosprocedimientosque
deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado
(2002/C 291 E/06)
COM(2002) 326 final — 2000/0238(CNS)
(Presentada por la Comisión el 18 de junio de 2002)
EXPOSICIÓNDE MOTIVOS
1.Antecedentes
El 20 de septiembre de 2000 la Comisión adoptó un proyecto de Directiva del Consejo sobre normas
mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el statusde refugiado (
1).
La propuesta se envió al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.
El Comité Económico y Social emitió un dictamen favorable el 25 y 26 de abril de 2001 (CES 530/2001)
El 20 de septiembre de 2001 el Parlamento Europeo adoptó su dictamen en sesión plenaria, aprobando la
propuesta de la Comisión sujeta a enmiendas e invitando a la Comisión a modificar en consecuencia supropuesta. Sobre la base de un informe presentado en la sesión plenaria por el Sr. Watson, Presidente delComité de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos interiores, el Parlamento Europeoadoptó 106 enmiendas (A5-0291/2001) (
2).
En el Consejo la propuesta ha sido objeto de negociaciones a lo largo de 2001. Durante la Presidencia
belga, el Consejo adoptó en diciembre de 2001 conclusiones por lo que se refiere al planteamiento de lafutura Directiva (
3).
La declaración del Consejo Europeo de Laeken pidió que la Comisión presentara una propuesta modificada.
2.Descripción general de la nueva propuesta
De conformidad con las conclusiones del Consejo, esta propuesta presenta otra estructura para los pro-
cedimientos de asilo en los Estados miembros y modifica un considerable número de las normas mínimaspropuestas por la Comisión.
Además, recoge varias de las enmiendas del Parlamento Europeo, en los considerandos o en el texto de la
propuesta.
Se han realizado los siguientes cambios básicos:
1. Conforme las sugerencias de algunos Estados miembros y del Parlamento Europeo, la mayoría, si no
todas, las garantías del capítulo II han sido modificadas, es decir, se han mejorado en cuanto al grado deprotección concedido a los solicitantes de asilo o cualificado para tener en cuenta circunstancias oexcepciones que se presentan en la práctica, métodos o salvaguardias contra abusos y determinadascondiciones o particularidades nacionales.
2. De conformidad con las conclusiones del Consejo se ha reorganizado la clasificación de procedimientos
de los anteriores capítulos III y IV. En vez de un procedimiento separado de admisibilidad, las solici-
tudes consideradas inadmisibles pueden tramitarse en procedimientos acelerados.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/143
(1) COM(2000) 578 final (DO C 62 E de 27.2.2001, p. 231).
(2) DO C 77 E de 28.3.2002, p. 94.
(3) (15107/1/REV 1). Comunicado de prensa 14581/01 (Presse 444), Reunión 2396 del Consejo de Justicia e Interior y
Protección Civil, Bruselas, 6 y 7 de diciembre de 2001.
3. Siguiendo las sugerencias de algunos Estados miembros se introducen normas especiales en dos nuevos
tipos de procedimientos acelerados: un procedimiento para examinar las solicitudes presentadas en lafrontera o al entrar al territorio y un procedimiento que evalúa la necesidad de iniciar un nuevoprocedimiento para una solicitud subsiguiente.
4. Se introducen nuevos casos de solicitudes admisibles, mientras que otros en los que haya evidencia de
conducta indebida por parte del solicitante o abuso procesal pueden ser tramitados mediante procedi-miento acelerado.
5. Se han suprimido la obligación de establecer un plazo razonable para adoptar una resolución en el
procedimiento ordinario, considerar el incumplimiento de este plazo como decisión negativa contra lacual un solicitante puede recurrir, asícomo la obligación de que el organismo que conozca el recursoadopte decisiones en un plazo razonable.
6. La obligación de introducir un sistema de recursos de dos niveles, en el que un órgano jurisdiccional es
competente por lo menos una vez para revisar una resolución, se substituye, de conformidad con losprincipios generales del Derecho comunitario, por el derecho de todo solicitante de asilo a una tutelajudicial efectiva contra una resolución sobre su solicitud, dejando la solución institucional de revisión orecurso a la discreción nacional.
7. Conforme una enmienda del Parlamento Europeo, se propone que la implementación de esta Directiva
particular de asilo se evalúe en intervalos regulares que no excedan dos años.
Comentario del articulado
Considerandos
Se han modificado los considerandos para adecuarlos con los cambios en el texto. Además, reflejan (partes
de) las enmiendas 2, 3, 4, 5, 8, 11, 17, 21 del Parlamento Europeo.
Capítulo I
Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
En este artículo se define el objetivo de la Directiva.
Artículo 2
Este artículo contiene la definición de los distintos conceptos y términos que se utilizan en las disposi-
ciones de la propuesta. Tras los cambios al capítulo de recursos, las definiciones de «órgano revisor»,«tribunal de recurso» y «decisión» se suprimen como redundantes. Se ha suprimido como redundantes lasreferencias a una autoridad decisoria de carácter «judicial» y a los diversos lugares de detención. Se añade elconcepto del «representante» para definir de forma clara las diversas personas u organizaciones querepresentan a menores no acompañados en los Estados miembros. Adopta la definición de menor noacompañado nacional de un tercer país contenida en la Resolución del Tercer Pilar de 1997. El término«refugiado» se define en la propuesta modificada en conexión con la propuesta de Directiva del Consejopor la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanosde terceros países y apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional[COM(2001) 510 final]. Para mejorar la claridad legal del texto se incluyen definiciones separadas de
«decisión final».
Artículo 3
La referencia al protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anexo al
Tratado constitutivo de la Unión Europea, se traslada a un considerando.ES C 291 E/144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Artículo 4
Para poner de relieve que los Estados miembros son libres de prever normas más favorables de procedi-
miento, pedido por el Parlamento Europeo en su enmienda 18, se ha incluido un nuevo artículo.
Capítulo II
Principios y garantías básicos
Artículo 5
El anterior artículo 4 ha sido modificado principalmente para tener en cuenta varias propuestas debatidas
por expertos en el Consejo.
1. Este apartado asegura que los Estados miembros no rechazarán o no denegarán el examen de una
solicitud de asilo únicamente por no haberse presentado en un plazo prudencial. No se prohiben losplazos en sípara pedir la protección, sino sólo en la medida en que puedan utilizarse para eludir elexamen correcto de una solicitud.
2. Según el segundo apartado los Estados miembros pueden requerir que las solicitudes se hagan perso-
nalmente, lo que significa que en tal caso un asesor jurídico u otro consejero no puede actuar en
nombre de la persona.
3. Aunque se hagan generalmente personalmente de conformidad con el apartado 2, algunos Estados
miembros permiten que las solicitudes se presenten en nombre de otro. basándose en el apartado 4 delanterior artículo 4, que aceptaba esta práctica, la presente propuesta establece varias garantías adicio-nales en este y el siguiente apartado. El apartado 3 establece normas respecto a aquellas personas queno puedan presentar por símismas la solicitud (menores, hasta una edad máxima que deben determinarlos Estados miembros, menores no acompañados en cuyo caso un representante debe hacer la solicitud).
4. Este apartado estipula, por otro lado, un mínimo de garantías en el caso de los Estados miembros que
quieran regular que una solicitud de asilo también pueda ser presentada por un solicitante en nombrede las personas que dependen de él (esposa, menores, etc.) Para prevenir cualquier malentendido oabuso, la persona concernida deberá pedir explícitamente que se haga una solicitud en su favor. Estosupone que esta persona ya no podrá presentar una aplicación separada. Si lo hiciera, los Estadosmiembros podrán rechazarla sobre la base de la aplicación ya hecha.
5. Este apartado quiere garantizar que una vez presentada una solicitud en un Estado miembro, el
procedimiento de determinación de la condición de refugiado debe iniciarse sin dilación, aunque
haya que completar requisitos formales conforme al Derecho nacional (por ej. rellenar un formulario
de solicitud, remitirse a un determinado lugar por razones de identificación).
6. Este párrafo incorpora dos obligaciones que antes estaban en artículos diferentes: la obligación de
asegurarse de que todas las autoridades accesibles en la frontera o en el territorio hayan recibidoinstrucciones de remitir las solicitudes a la autoridad competente para su examen (apartado 3 delanterior artículo 4) y la obligación de instruir al personal de estas autoridades con este fin (letra a)del apartado 1 del anterior artículo 14).
Artículo 6
1. El ámbito del artículo se ha aclarado mediante una referencia para determinar la autoridad. La obliga-
ción se refiere al derecho de estancia hasta que se resuelva el expediente en primera instancia. El
derecho de estancia durante la espera de la revisión o recurso depende de la aplicación de los artículos
39 y 40.
2. El segundo párrafo hace referencia a un nuevo artículo que permite a los Estados miembros tener un
procedimiento especial para las nuevas solicitudes (véanse los artículos 33 y 34). Un examen preliminarpermitirá a los Estados miembros determinar si efectivamente hay causa razonable para «abrir un nuevoprocedimiento de asilo». Desde el momento en que se decide no hacerlo, los Estados miembros tienen lafacultad de expulsar a los solicitantes de su territorio basándose en una resolución anterior. El problemadel efecto suspensivo de la revisión o del recurso se trata en el capítulo IV.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/145
Artículo 7
Los anteriores artículos 6, 13.1 y 14.1 d) se engloban en un artículo bajo el epígrafe «requisitos para el
examen de solicitudes». Las normas reflejan los elementos clave de un procedimiento de resolución justo yeficiente y, por lo tanto, se agrupan juntas. La letra b) del artículo 7.1 divide la obligación prevista en laletra d) del artículo 14 en la obligación de obtener información sobre el país de origen y la de preverpersonal que examine y resuelva las solicitudes con esa información. La obligación contemplada en elsegundo apartado ha experimentado pequeños cambios sustantivos.
Artículo 8
La noción de un procedimiento justo y eficiente debe también reflejarse en las normas relativas a los
requisitos formales y materiales de las propias resoluciones. Estas normas estaban antes incluidas en elartículo sobre las garantías procesales de los solicitantes. Se propone ahora introducir un artículo separado,que recoja, más o menos, la redacción del anterior artículo 7 d).
Artículo 9
Este artículo establece garantías para los solicitantes en el examen de las solicitudes de asilo por parte de la
autoridad decisoria tanto en el procedimiento acelerado como en el ordinario. El anterior artículo 7 haexperimentado varios cambios esenciales como consecuencia de los debates en el Consejo.
El apartado 1 ha sido matizado del siguiente modo.
a) La disposición relativa a la información subraya que ésta debe darse con tiempo suficiente para permitir
que el solicitante ejercite sus derechos y cumpla con sus obligaciones según lo previsto en estaDirectiva. No se prescribe el método. Según sugiere la enmienda 23 del Parlamento Europeo, esto
puede hacerse mediante un folleto; por ejemplo, un documento estándar sobre el procedimiento en una
lengua en que se suponga razonablemente que un solicitante comprenda. La diferencia también estribaen que se subraya que no se necesita proporcionar toda la información de una vez, siempre que se décon tiempo para ejercitar derechos y cumplir con obligaciones.
b) Se aclara ahora que los Estados miembros se asegurarán por lo menos de que cuando se convoque al
solicitante a la audiencia antes de resolver en primera instancia, ya sea la audiencia descrita en losartículos 10 a 12 o cualquier otra en esta fase del procedimiento, se le proporcionen los servicios de unintérprete.
c) En vez de prever que el solicitante tenga la oportunidad de comunicar con (un representante de) el
ACNUR u otra organización que trabaje en nombre del ACNUR, los Estados miembros están sim-plemente obligados a no denegar al solicitante tal oportunidad.
d) Este párrafo introduce el concepto de notificación, subrayando la necesidad de comunicar de forma
oficial al solicitante la resolución. Debe ser parte del grupo de normas mínimas para la armonización dela primera etapa. Se imponen dos obligaciones. Primera se deberá notificar al solicitante de asilo laresolución adoptada en primera instancia en un plazo razonable una vez que sea firme. Segunda, laresolución debe comunicarse en debida forma. La notificación debe asegurarse de que se entreguepersonalmente la resolución. Esto puede hacerse enviándola por correo a la dirección que el solicitantehaya suministrado o entregándola al solicitante en mano (por ejemplo en un centro de recepción donde
esté esperando el resultado del procedimiento). Para introducir cierta flexibilidad en esta obligación, que
puede ser muy amplia, se añade que, en el caso de que un consejero jurídico o de otro tipo representeal solicitante, la resolución puede entregársela a él. Representación a este respecto significa que elconsejero reemplaza al solicitante en ciertos actos jurídicos formales. Si la resolución no puede noti-ficarse según lo descrito anteriormente, por ejemplo porque el solicitante haya desaparecido, deberánotificarse de otra manera apropiada. Dependiendo de la práctica nacional, puede hacerse a través de supublicación en un diario oficial, mediante entrega en la última dirección conocida del solicitante o alultimo asesor jurídico u otro consejero que se sepa que lo ha representando, etc. La desaparición nopuede servir para evitar que se adopte la resolución.ES C 291 E/146 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
e) Como en la primera propuesta, la resolución en síno tiene que ser traducida a una lengua que el
solicitante comprenda. Como los solicitantes en la mayoría si no todos los casos no pueden leer lalengua oficial del Estado miembro, deben ser informados al menos sobre el sentido de la resolución enuna lengua que pueda esperarse razonablemente que comprendan. Los Estados miembros han sugeridoque el texto refleje que el asesor jurídico u otro consejero concernido (con la ayuda de un intérprete) sehaga cargo en principio de este cometido. Sin embargo, si un solicitante no tiene representante, esnecesario que los propios Estados miembros garanticen una comunicación apropiada al solicitante porotros medios de acuerdo con el principio. Los Estados miembros pueden, por ejemplo, adjuntar a la
resolución un prospecto (estándar) de información.
El apartado 2 sustituye al anterior artículo 8.3. El apartado 3 establece que la mayoría de las garantías son
también aplicables en el recurso o la revisión. Sin embargo, no es necesario recogerlo en la lista completade garantías. La obligación de la letra a), informar al solicitante del procedimiento (entero) que debeseguirse, se ha cumplido ya en la primera instancia. En cuanto a la obligación de la letra e), se consideraque el ámbito nacional es el más apropiado para regular la comunicación de las resoluciones de recurso alas personas concernidas.
Artículo 10
Los artículos 10, 11 y 12 contienen normas relativas a la audiencia personal, ofreciendo tanto garantías a
los solicitantes si fuera necesario como flexibilidad a los Estados miembros en su caso. El anterior artículo8 está dividido en tres disposiciones diferentes que resumen respectivamente el alcance personal de laobligación de realizar una audiencia, los requisitos objetivos para la fijarla y la función (resultado) de lamisma, a saber, la transcripción, en el proceso de resolución.
El artículo 10 se refiere a los convocados a una audiencia personal antes de que la autoridad decisoria haya
resuelto. El artículo 10 sustituye a los apartados 1 y 5 del anterior artículo 8. Dependiendo de la etapa ynaturaleza del procedimiento, este artículo hace referencia a la audiencia personal sobre la admisibilidad oel fondo o a la audiencia personal sobre el fondo.
El principio de que todo solicitante de asilo tenga la oportunidad de presentar su caso en una audiencia
personal se mantiene completamente en el apartado 1. Como en todos los procedimientos administrativos,
un intercambio de información es importante para adoptar una resolución sobre la base de hechos
pertinentes. Los procedimientos del asilo difieren generalmente de otros procedimientos administrativosen el sentido de que sus solicitantes no son siempre capaces de proveer a la administración de pruebasinequívocas, escritas, para justificar que se necesita protección internacional. Dado que en la mayoría si noen todos los casos de asilo la autoridad decisoria debe evaluar la credibilidad de las declaraciones o delsolicitante a partir de todos los hechos disponibles, es imperativo para una evaluación correcta que lossolicitantes tengan, en la medida de lo posible, la oportunidad de exponerlos de manera personal, es decir,en una audiencia.
La posibilidad de aplazar las audiencias personales se deja a la discreción nacional.Se constata que una audiencia personal, en la práctica, no es necesaria en un cierto número de casos y que
esto debe regularse en esta Directiva. Las cuatro excepciones al principio previstas en el apartado 2 sebasan en los casos contemplados en el anterior artículo 8.5. Es una lista exhaustiva de casos en los cualeslos Estados miembros no están obligados a ofrecer al solicitante la oportunidad de ser entrevistado. En losdemás casos, los Estados miembros deben garantizar que el solicitante tenga por lo menos la oportunidadde una audiencia. Si el solicitante hace uso o no de esta oportunidad no es importante para los fines en
juego. Por lo tanto el apartado 4, que contempla el hecho de que no haya habido audiencia, no impide que
la autoridad decisoria adopte una resolución, asegurando que el proceso pueda completarse en estos casos.
Para mantener el principio expuesto anteriormente, es necesaria una disposición en caso de que hechos
pertinentes no puedan someterse en la audiencia personal por razones ajenas al solicitante. El apartado 3,por lo tanto, estipula que en los casos contemplados en los apartados 1 b) y 2 b), c) y d), antes de que laautoridad decisoria haya adoptado una resolución, se debe ofrecer al solicitante la oportunidad de hacercomentarios en lugar de una audiencia personal, en su caso mediante un asesor jurídico u otro consejero o,si se trata de un menor, un tutor legal.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/147
Artículo 11
El artículo 11 combina todas las disposiciones sobre los requisitos de organización de la audiencia
personal. El apartado 1 recoge el artículo anterior 8.4 sin cambios en el texto. El apartado 2 determinade modo general que las audiencias personales se lleven a cabo en condiciones que permitan a lossolicitantes presentar los argumentos para su solicitud de manera adecuada, incluyendo la selección deun intérprete. Sustituye al anterior artículo 8.7, que regulaba simplemente la cuestión específica de un
planteamiento que tenga en cuenta el factor de igualdad en la audiencia. El apartado 2 b), última frase,
permite que los Estados miembros por razones económicas elijan un intérprete de una lengua más comúncuando no perjudique los intereses del solicitante.
Artículo 12
Este artículo distingue entre dos situaciones relativas al status de la transcripción de la audiencia personal
en el procedimiento. Une y matiza los apartados 2 y 6 del anterior artículo 8.
1. Este apartado introduce la obligación de hacer una transcripción de toda audiencia personal.
2. Como reflejo del principio de un procedimiento justo y efectivo este apartado fija la norma general de
que los Estados miembros tienen que garantizar que en todos los casos los solicitantes tengan accesooportuno a la transcripción de la entrevista personal en la cual se basa o se basará la decisión. Estopermite al solicitante ejercitar correctamente sus derechos de recurso y, en su caso, a las autoridadescompetentes verificar si la decisión se basa en la información pertinente. Se subraya que la obligaciónya no está restringida al procedimiento ordinario.
3. Esta disposición regula la situación específica en algunos Estados miembros donde se pide el acuerdo
del solicitante sobre el contenido de la transcripción de la audiencia personal. Cuando se pida su
acuerdo, debe garantizarse que el solicitante tenga la oportunidad de pedir o proponer correccionesa causa de errores de traducción o de concepto en la transcripción. Para asegurar la eficacia del procesode toma de decisiones, se propone una disposición complementaria en caso de que el solicitante seniegue a dar su acuerdo al contenido de la transcripción de la audiencia personal. Los Estados miembrosdeberán en tal caso poder adoptar una resolución sobre la solicitud de asilo.
Artículo 13
El anterior artículo 8 (asistencia jurídica) se divide en dos artículos.
El artículo 13 establece el derecho a asistencia jurídica en el procedimiento de asilo y el artículo 14 el
derecho a asesores jurídicos u otros consejeros. Se entiende por asistencia jurídica todo tipo de asistencia orepresentación prestada por una persona en relación con el examen de la solicitud de asilo. Puede ser dadapor un asesor jurídico u otro consejero cualificado para hacerlo de conformidad con el derecho nacional.
En el artículo 13 se añaden otras condiciones respecto al solicitante para cualificarlo para la asistencia
jurídica gratuita tras una decisión negativa.
El apartado 1 establece la norma general en cuanto al derecho a asistencia jurídica y representación. Los
solicitantes deben tener la oportunidad de consultar (en vez de contactar) de manera efectiva a un asesorjurídico o a otro consejero sobre asuntos relativos a sus solicitudes de asilo en todas las fases delprocedimiento.
El apartado 2 establece las normas de la asistencia gratuita tras una decisión denegatoria. A sugerencia de
algunos Estados miembros se han añadido dos nuevos factores que cualifican la posibilidad de asistenciajurídica gratuita después de una decisión adversa adoptada por una autoridad decisoria. Primera, lossolicitantes tienen que pedir tal asistencia. Segunda, los Estados miembros podrán examinar su necesidad.
Dicho examen podrá incluir una prueba de la suficiencia de recursos y del fondo legal. Cuando los Estados
miembros apliquen esta prueba, el Derecho comunitario no debe entrar en el detalle en cuanto a losprincipios y al procedimiento, sino simplemente fijar las garantías procesales. Por tanto, se propone sóloestablecer el modelo adoptado por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UniónEuropea. En tercer lugar, se permite que los Estados miembros restrinjan la asistencia jurídica gratuita aasesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente por el derecho nacional para asistir orepresentar a los solicitantes de asilo. Esto significa que los solicitantes seguirán siendo libres de elegir unasesor jurídico u otro consejero, pero ya no podrán invocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita enestos casos.ES C 291 E/148 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Artículo 14
Este artículo establece tres derechos de los asesores jurídicos u otros consejeros: El derecho al libre acceso
al expediente del solicitante, a visitarlo en las recintos cerrados y a estar presente en la audiencia personal.Los derechos del primeros y tercer apartado son nuevos.
1. El asesor jurídico u otro consejero gozará del acceso a la información en el expediente del solicitante
para poder representar correctamente los intereses de su cliente en todas las fases. Sin embargo, estaregla no significa que tales personas tengan acceso en cualquier momento a toda información. Sepermite que los Estados miembros mantengan acuerdos prácticos a este respecto. En cuanto a lainformación contenida en el expediente del solicitante, los Estados miembros sólo estarán obligadosa conceder el acceso a aquélla que es susceptible de ser examinada por las autoridades a las que serefiere el capítulo IV.
Se ha revisado el anterior artículo 9.2 para expresar mejor el principio subyacente y para determinar las
obligaciones de los Estados miembros en cuanto a la concesión del acceso de asesores jurídicos u otrosconsejeros a los solicitantes de asilo en recintos cerrados. En primer lugar, se propone ahora que losEstados miembros puedan sólo controlar el acceso a los solicitantes de asilo en recintos cerrados cuandosea necesario para la seguridad del lugar o para garantizar un examen eficiente. La referencia a lacalidad de la asistencia jurídica se sustituye por una referencia a la seguridad en estas áreas. Paraasegurar el examen eficiente de las demandas de asilo en recintos cerrados, incluido el cumplimientode plazos para la toma de decisiones establecido en leyes o reglamentos nacionales, los Estados miem-bros pueden decidir establecer normas para la coordinación y la duración del acceso a los solicitantes deasilo por parte de asesores jurídicos u otros consejeros. En segundo lugar, el derecho no está abierto atodo asesor jurídico sino restringido a los asesores jurídicos u otros consejeros que realmente asisten y/orepresentan a los solicitantes que permanecen en recintos cerrados. Finalmente, conforme la enmienda34 del Parlamento Europeo, se añade que las restricciones sobre la base de este apartado deberán ser
estrictamente necesarias para los fines descritos y nunca tendrán como consecuencia la anulación
efectiva del derecho a tener acceso a la asistencia jurídica.
2. Contrariamente al anterior artículo 9.3, esta disposición amplía la presencia de un asesor jurídico o de
un consejero en las audiencias personales al procedimiento acelerado. Además, hay algunas enmiendasen la redacción.
Artículo 15
Este artículo introduce las garantías procesales adicionales necesarias para menores no acompañados de
conformidad con el Plan de Acción de Viena de 1998 y el Marcador.
El apartado 1 especifica las garantías procesales que deben proporcionarse a todos los menores no
acompañados, con independencia de la naturaleza del procedimiento utilizado para tramitar su solicitud.Se ha cambiado la definición (a saber, la introducción de la noción de representante), en tanto que esnecesaria una relación semántica con el artículo 10.3 (la posibilidad de no convocar a un menor a unaaudiencia personal en la solicitud de asilo). Se mantiene en su integridad la idea de la propuesta original deque el representante que asista a un menor no acompañado pueda, en su caso, discutir con él la necesidadde continuar el procedimiento cuando haya otras opciones.
El apartado 2 se centra en las condiciones para examinar y decidir sobre una solicitud hecha por un menor
no acompañado. Los anteriores artículos 10.2, 14.1 c) y d) se unen. Como norma mínima la audienciapersonal debe ser llevada a cabo por una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre lasnecesidades especiales de los menores [letra a)]. Esto también se aplica al funcionario que decide sobrela solicitud [letra b)].
El apartado 3 establece dos normas procesales en el caso de que un Estado miembro haga un examen
médico para determinar la edad de menores no acompañados. La letra a) se ha reducido a lo esencial: la
obligación de informar al menor no acompañado de la posibilidad de dicho reconocimiento médico.Mientras que un menor no acompañado puede negarse a un reconocimiento médico, esta denegaciónno debe impedir que la autoridad decisoria adopte una resolución sobre su solicitud. Para asegurar unaevaluación justa se propone añadir mediante una garantía que el rechazo de la solicitud no puede basarseúnicamente en la negativa del menor. Esta garantía es similar a la relativa a no aceptar la transcripción dela audiencia del artículo 12.2. Ni que decir tiene que los métodos empleados en el reconocimiento médicopara determinar la edad del menor no acompañado deben ser seguros y respetar la dignidad humana. Sesuprime el anterior artículo 10.3 a).ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/149
Artículo 16
Este artículo establece las normas de investigación comunes al examen de todas las solicitudes de asilo. El
anterior artículo 25 ha sufrido principalmente cambios de formulación. Sin embargo, se ha movido delcapítulo sobre procedimientos sustantivos de resolución, sección procedimiento ordinario al capítuloprincipios y garantías básicos pues el examen por procedimiento acelerado debe, de conformidad conlas conclusiones del Consejo, implicar un examen sustantivo a la luz del Convenio de Ginebra. Las normasson por lo tanto también completamente aplicables en el procedimiento acelerado.
Artículo 17
El artículo 17 establece un marco mínimo para evaluar la legitimidad de los casos de detención pero con
un enfoque distinto al del anterior artículo 11. En vez de la exhaustiva enumeración de causas legítimaspara la detención, se propone limitar el ámbito del Derecho comunitario en las de primera etapa delproceso de armonización a fijar garantías por lo que se refiere a las excepciones al principio de que unapersona no debe ser detenida sólo por ser solicitante de asilo. Las garantías enumeradas en apartado 1 sondobles: descripción general del objetivo de la detención en un procedimiento de asilo y garantías proce-
sales. En cuanto al objetivo, los Estados miembros deben basar las razones concretas de la detención en la
necesidad de examinar correctamente una solicitud de asilo o de prevenir la fuga del solicitante. Lasgarantías procesales, por otro lado, consisten en que la detención deber conformarse al procedimientoestablecido por la Ley o reglamentación nacional en el sentido de que toda resolución de detener a unsolicitante debe ser objetivamente necesaria para un correcto examen o, en el caso de riesgo de fuga,basada únicamente en el análisis de la conducta del solicitante. Sin embargo puede haber un controljudicial inicial o subsiguientes a la orden de detención. Los órganos jurisdiccionales deben ser competentespara revocar las órdenes de detención conforme a esta norma.
Conforme a la práctica en algunos Estados miembros, el apartado 2 introduce la opción de que los Estados
miembros mantengan retenidos a los solicitantes al principio del procedimiento para adoptar una resolu-ción rápida. El plazo máximo de dos semanas sirve de garantía básica contra el abuso.
Se subraya que el ámbito de este artículo se limita a la etapa del examen de una solicitud de asilo por la
autoridad decisoria. Se deduce de la redacción del apartado 1 que no afecta a las políticas nacionales dedetención por otras razones (seguridad nacional, procedimientos penales etc.). Por otra parte, los Estadosmiembros son libres de prever la detención en otras etapas del procedimiento, como por ejemplo para
salvaguardar la posibilidad de la expulsión o cuando se rechace la solicitud de asilo.
Artículo 18
Para consolidar el mecanismo para determinar al Estado miembro responsable del examen de una solicitud
de asilo en la UE, se propone que los Estados miembros puedan detener a un solicitante a la espera de sertrasladado a otro Estado miembro. Esta disposición no debe incluirse en el artículo 17 puesto que sualcance temporal es diferente a los casos descritos en ese artículo, pues el traslado a otro Estado miembro
tendrá lugar una vez rechazada la aplicación como inadmisible. La Propuesta de reglamento del Consejo
por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable delexamen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercerpaís [COM(2001) 447 final] estipula que el traslado se efectuará en el plazo de seis meses. En caso de quese detenga a un solicitante, la transferencia debe acelerarse. Por lo tanto se propone limitar la detención enesta situación a un mes.
Artículo 19
Los artículos 19 y 20 suponen un incremento significativo de las normas mínimas en la propuesta original.
Son el resultado de extensos debates entre expertos sobre los principios fijados en el anterior artículo 16.Se considera imperativo por razones de eficiencia fijar normas claras y exactas sobre qué hacer cuando losprocedimientos se suspenden o interrumpen, a consecuencia de una retirada explícita (artículo 19) o porotras razones (artículo 20). Mientras que las normas describen de forma exhaustiva las opciones procesalesde los Estados miembros, también detallan las garantías necesarias para asegurar un examen apropiado delas solicitudes en estos casos.ES C 291 E/150 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Este artículo trata de solicitudes retiradas explícitamente, es decir, por el propio solicitante por escrito o
verbalmente, en persona o por su asesor legal u otro consejero. Los debates de los expertos mostraron lanecesidad de flexibilidad por parte de los Estados miembros en estos casos. Por lo tanto la Directiva ofrecela opción a los Estados miembros de suspender el examen o rechazar la solicitud cuando los solicitantesquieren retirarla. Se asume que una denegación basada en el fondo del caso (es decir, porque el solicitanteno tiene un motivo racional de temor a sufrir persecución según la Convención de Ginebra) sólo es posiblesi la autoridad decisoria tiene suficiente información para hacerlo (en la mayor parte de los casos proba-blemente sólo después de la audiencia personal). Si se suspende el examen después de la denegación sin
una resolución, una nota en el expediente servirá de prueba de la denegación (apartado 2). Esto es
importante en caso de que el solicitante reaparezca más tarde y presente otra solicitud o desee abrir denuevo la anterior. El artículo 18 no especifica lo que sucede en estos casos. Los Estados miembros tendránque examinar la solicitud de conformidad con las otras normas. El artículo 38 (derecho a tutela judicialefectiva) proporciona un posible mecanismo.
Artículo 20
Este artículo trata del caso de un solicitante de asilo que no retira explícitamente su demanda pero da la
impresión de no tener ningún interés en una resolución sobre la misma. Obviamente, el comportamientode un solicitante puede justificar la conclusión de que implícitamente quiere retirar o abandonar susolicitud y esto debe tenerse en cuenta en la Directiva.
El apartado 1 prevé la base para tal suposición de retirada o abandono de una solicitud. En general se
refiere a casos de incumplimiento (respecto a obligaciones o plazos, etc.) o a la falta de cooperación,incluida la desaparición de una persona (sin autorización). Como en el artículo 19.1, los Estados miembrosson libres de suspender el examen de la solicitud o de rechazarla.
El apartado 2 trata de lo que ocurre si el solicitante reaparece. Independientemente de las medidas
nacionales existentes para tratar tales casos, la garantía básica tiene que ser que la persona concernidano puede ser expulsada a su país de origen antes que se establezca que no tiene ningún motivo racional detemor a ser perseguida. Aunque esta idea es la base de toda la Directiva, es especialmente relevante aquícuando no se reabre un caso individual. Si se abre de nuevo un caso, los Estados miembros pueden decidircontinuar el examen en la etapa en que la solicitud se interrumpió o empezar desde el principio. Si lasolicitud fue rechazada en vez de suspendida, y la denegación es firme, los Estados miembros puedenaplicar el procedimiento específico para subsiguientes solicitudes previsto en los artículos 33 y 34.
Artículo 21
Se han introducido cambios menores en la primera frase y en el último párrafo. En el artículo 17 c) se ha
cambiado la redacción original en «presentar su opinión», para evitar la impresión de que los Estadosmiembros están obligados a hacer que el ACNUR participe en los procedimientos de recursos al igual quelo hacen el solicitante y la autoridad decisoria.
Artículo 22
En un considerando se recoge que la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos se aplica a latransmisión de los datos a los que se refiere esta Directiva y se aplica también a las transmisiones de datosal ACNUR. Se han suprimido los apartados 1 y 4 del anterior artículo 15. El uso de los datos por la propiaACNUR no esta sometido al Derecho nacional pero se regula por normas estrictas de confidencialidad porla Asamblea General de las Naciones Unidas.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/151
Capítulo III
Procedimiento en la primera instancia
Artículo 23
El artículo 23, que indica la posibilidad que tienen los Estados miembros de elegir procedimientos, es una
nueva disposición. Tiene en cuenta las conclusiones del Consejo que subrayaron que la Directiva debecontener un procedimiento acelerado para las solicitudes inadmisibles y obviamente infundadas (anteriorescapítulos III y IV sección 2) y un procedimiento ordinario (anterior capítulo IV sección 1) así comoconsultas subsiguientes sobre normas especiales para las solicitudes repetidas y las examinadas en lasfronteras exteriores. A consecuencia del énfasis en los procedimientos acelerados, los ordinarios siguensiendo responsabilidad de los Estados miembros sujetos a las disposiciones del capítulo II (principios debase y garantías) y del capítulo IV (procedimientos de recurso).
Artículo 24
Este artículo, que consiste en elementos de los anteriores artículos 23 y 29, ha sido simplificado y
modificado considerablemente a consecuencia de las conclusiones del Consejo. Los apartados 1 a 3 seciñen a la letra de las conclusiones.
Se inserta en el apartado 2 que una prorroga de un plazo sólo es válida una vez informado el solicitante o
su asesor jurídico u otro consejero, se retoma la redacción del anterior artículo 24.3, segunda frase, y serecogen los cambios introducidos en el anterior artículo 7 sobre el papel de la asistencia jurídica respecto ala información del solicitante. Esta norma responde al propósito legítimo de la seguridad jurídica.
El apartado 3 se ocupa de las consecuencias del incumplimiento de estos plazos. Además, en línea con las
Conclusiones del Consejo se añade que el solicitante no podrá invocar sus consecuencias cuando sea lacausa del incumplimiento de los plazos. Este artículo se reserva a los casos de abuso.
El apartado 4 introduce un mecanismo especial para un grupo particular de casos que pueden, aunque no
necesariamente, haber sido decididos bajo el procedimiento acelerado. Se reconoce que los plazos con-llevan el riesgo, que invitan a ciertos solicitantes a paralizar el examen de su caso, por ejemplo reteniendoinformación pertinente sobre el propósito, para lograr que su caso se examine en procedimiento ordinario,aunque los hechos requieran un procedimiento acelerado. Los Estados miembros deben en algunos de estoscasos poder considerar una decisión sobre la solicitud como tomada bajo el procedimiento acelerado,
aunque no se adopte dentro de los plazos. Con este fin, debe determinarse que el solicitante: a) retiene
información crucial y b) que lo hace sin causa razonable y de mala fe. Una disposición similar se previó enel artículo 37 de la propuesta original, aunque al ser técnicamente diferente estaba en el capítulo de losrecursos. Se subraya que este párrafo no es aplicable si el solicitante no hubiera podido proporcionar antesla información pertinente, por ejemplo por haber recibido la documentación necesaria a los cuatro meses.En tal caso, la ampliación del plazo sería más apropiada.
El apartado 5 deja claro que toda denegación de una solicitud relativa a la propuesta de Reglamento de
Dublín II se considera una resolución tomada conforme al procedimiento acelerado, independientementede cuándo se tomó.
Artículo 25
El artículo 25 enumera los casos en que los Estados miembros pueden denegar una solicitud de asilo como
inadmisible. En la letra a) inadmisibilidad relativa al mecanismo creado por el Convenio de Dublín y quepronto será comunitarizado, se añade una referencia a Noruega e Islandia en vistas de la adopción de laDecisión del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República deIslandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsablede examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega [Decisióndel Consejo de 15 de marzo de 2001 (2001/258/CE)]. Además, se cambia la redacción («ha reconocido laresponsabilidad» en vez de «es responsable») en el espíritu de la enmienda 56 del Parlamento Europeo.ES C 291 E/152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Por otra parte, tras las consultas con los Estados miembros, las categorías del anterior artículo 18 se
complementan con las dos propuestas en el documento de trabajo de la Comisión sobre la Relación entrela salvaguardia de la seguridad interior y el cumplimiento de las obligaciones e instrumentos internacio-nales en materia de protección [COM(2001) 743 final]. Se refiere a dos grupos de casos, a saber: a) cuandoun Tribunal Penal internacional haya procesado a la persona que ha solicitado asilo y b) cuando estépendiente una petición de extradición de un país que no sea el de origen del solicitante. Nuevos debatessobre estos nuevos argumentos pueden ser necesarios.
Artículo 26
El anterior artículo 20 ha sido modificado ligeramente. Se fija que el nivel de protección en el primer país
del asilo debe ser de conformidad con las normas fijadas en el derecho internacional.
Artículo 27
En el anterior artículo 21 sólo se modifica la última letra en el apartado 3. De conformidad con la
enmienda 58 del Parlamento Europeo se añade que los Estados miembros proporcionarán razones paracualquier cambio en la designación de un país como tercer país seguro. Se ha hecho una enmienda similar
al anterior artículo 30 (ahora 30) en la designación de países de origen seguros.
Artículo 28
El anterior artículo 22 ha sufrido algunas modificaciones de menor importancia. Primero, la referencia «a
una estancia previa» en la letra a) se suprime por redundante. En segundo lugar, se añade el término
«admitida» para tener en cuenta la situación de una persona que nunca ha estado en el tercer país antescon el que sólo tiene lazos o estrechas relaciones. Tercero, el anterior artículo 23.5 se traslada a esteartículo, cambiando «puede proporcionar» por «deberá proporcionar», conforme la enmienda 63 delParlamento Europeo. A pesar de estas modificaciones, se espera que se requerirán nuevos debates.
Artículo 29
El anterior artículo sobre solicitudes manifiestamente infundadas se divide en dos artículos: uno sobre
denegación en casos manifiestamente infundados (artículo 29) y otro sobre la denegación en otros casospor razones de fondo en el procedimiento acelerado (artículo 32) La expresión «manifiestamente infun-dada» implica que el solicitante no ha podido justificar que se trataba de un caso evidente de refugiado. Vaunida a la falta de base legal para la pretensión que demanda el solicitante. Las tres situaciones descritas enlos apartados a), b) y c) son ejemplos de este concepto.
Dado el nuevo planteamiento de los artículos 29 y 32, ya no es necesario retener la excepción en el
anterior artículo 28.2 a) (alternativa de huida interna). El cambio en el planteamiento en cuanto a laexcepción del anterior artículo 28.2 b), referida a la revocación de la condición de refugiado, provienedel documento de trabajo de la Comisión sobre la relación entre salvaguardia de la seguridad interior ycumplimiento de las obligaciones e instrumentos internacionales en materia de protección [COM(2001)743 final].
Artículos 30 y 31
Los artículos 30 y 31 (anteriores artículos 30 y 31) establecen conjuntamente el planteamiento común
propuesto respecto a los países de origen seguros. Aunque el texto ha sido ligeramente cambiado, elenfoque no cambia.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/153
Artículo 32
El artículo 32 establece claramente que una solicitud sólo puede rechazarse en cuanto al fondo si se
establece que el solicitante no tiene motivo racional de temor a ser perseguido en los términos de laConvención de Ginebra. Este enfoque proviene de las conclusiones del Consejo. Determinadas actitudes delsolicitante pueden justificar el rechazo en el procedimiento acelerado, si la solicitud es infundada. Sinembargo, esta conducta no implica en símisma el rechazo, pues a pesar de su actitud el solicitante puede
ser un refugiado.
Al mismo tiempo, los debates en el Consejo sobre la naturaleza del procedimiento acelerado han sido tales
que todas las garantías establecidas en el capítulo II de la propuesta ahora también se aplican en elprocedimiento acelerado. Dado el diverso enfoque del concepto solicitud manifiestamente infundada ysu importante modificación en las disposiciones del capítulo II se considera justificado aumentar la listacon cinco nuevos motivos.
Artículos 33 y 34
Las conclusiones del Consejo prevén «la posibilidad tratar en un marco especial las solicitudes de asilo
presentadas después del rechazo de una solicitud anterior por un Estado miembro, para garantizar untratamiento válido de este tipo de solicitud» (II.1.10. Los artículos 33 y 34 de la propuesta permiten que enel caso de subsiguientes solicitudes los Estados miembros decidan la posibilidad de un procedimientoespecial consistente en examinar previamente si se cumplen determinadas condiciones (comparable a laadmisibilidad). Si se cumplen, los Estados miembros examinarán la solicitud de conformidad con lanormativa de esta Directiva tal y como se recoge en el capítulo II (en algunos Estados miembros sedenomina «abrir un nuevo procedimiento»). Cuando un Estado miembro aplique este procedimiento,debe conformarse a las normas establecidas en estos artículos. La idea básica es que los Estados miembrospuedan establecer excepciones en el examen de la primera solicitud (véase el capítulo II) en el examen
preliminar, permitiendo un proceso decisorio más expeditivo, incluida la expulsión (véase artículo 40.3),
siempre que se cumplan determinadas condiciones. Este procedimiento se inspira en la práctica alemana.Se subraya que los Estados miembros no están obligados a adoptar estas normas y pueden continuarexaminando aplicaciones subsiguientes de anteriores solicitantes como cualquier otra aplicación. AlgunosEstados miembros pueden quizás preferir hacerlo asíy rechazar subsiguientes solicitudes de anterioressolicitantes como infundadas en el procedimiento acelerado, cuando se cumplan las condiciones necesariasdel artículo 30.2 d).
Artículo 35
Las conclusiones del Consejo indicaron que «queda pendiente la cuestión de la aplicación de la Directiva a
las solicitudes de asilo presentadas en la frontera de un Estado miembro» (II.1.6). Sobre la base de lasconsultas con los Estados miembros, se propone un planteamiento especial para las solicitudes presentadasen la frontera. Su punto de partida es la primacía del Derecho nacional y la posibilidad de preservarcaracterísticas específicas nacionales de tales procedimientos y acuerdos administrativos.
Sin embargo, dado que este enfoque permite a los Estados miembros quedarse «por debajo» de la norma-
tiva procesal común, es necesario introducir una llamada cláusula de statuqu o . De este modo, sólo los
Estados Miembros que en el momento de la adopción ya tengan una legislación relativa a los procedi-mientos en las fronteras pueden establecer excepciones a los niveles mínimos del capítulo II, excepto en lanormativa explícitamente recogida en este artículo, lo demás Estados miembros no podrán hacerlo. Este
régimen excepcional logra un equilibrio (delicado) entre las necesidades de esos Estados miembros de
mantener un procedimiento especial en los puestos fronterizos y la protección de las garantías básicas deque deben gozar todos los solicitantes de asilo en la UE, independientemente de la naturaleza de losacuerdos prácticos aplicables en los Estados miembros.
Artículos 36 y 37
El anterior artículo 26, que trata el problema de la retirada o anulación de la condición de refugiado en el
sentido del artículo 63.1 d) del Tratado CE se cambia sólo para cubrir la situación de que no sea laautoridad decisoria sino un órgano jurisdiccional u otro organismo el que decide la retirada o anulación.
Los términos «retirada o anulación» cubren también la «finalización» de la condición de refugiado.ES C 291 E/154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Capítulo IV
Recursos
Artículo 38
Las conclusiones del Consejo han sido la principal orientación para una reestructuración completa del
capítulo de recursos. Los Estados miembros no aceptaron el punto de partida de la propuesta original deque el Derecho comunitario relativo a los procedimientos de asilo establezca un sistema de tres niveles, asaber, un órgano revisor cuya naturaleza deben definir los Estados miembros y, para todos los solicitantesen los Estados miembros, la posibilidad de un recurso suplementario ante un órgano jurisdiccional. Asípues, los anteriores artículos 38 a 40 son redundantes. Además, el capítulo de recursos se aligera y sereduce a lo esencial. Asípues, se suprimen las disposiciones que limitan el plazo de toma de decisiones porlos órganos de revisión y las consecuencias del incumplimiento del anterior artículo 35, el procedimientoopcional de revisión automática del anterior artículo 36, las referencias a procedimientos acelerados paralos casos en puestos fronterizos de los anteriores artículos 34.5 y 39.4.
La propuesta modificada se limita a desarrollar el principio del derecho a una tutela judicial efectiva en
lugar del enfoque «institucional» original. Define el principio en el artículo 34.1 y lo desarrolla en losdemás apartados del artículo 34 y en los otros artículos de este capítulo. La noción de tutela efectiva seinspira en el artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que a su vez se basaen el artículo 13 del CPDH. El artículo 13 se refiere «a un recurso efectivo ante una instancia nacional». Elartículo 47 de la Carta hace referencia a un juez independiente e imparcial. Esto debe entenderse como
referencia a un órgano jurisdiccional. En el Derecho comunitario la protección es más extensa que en el
CDPH puesto que garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. El Tribunal de Justicia consagró esteprincipio en su jurisprudencia (asunto 222/84 Johnston contra Chief Constable of the RUC y asunto222/86 Unectef contra Heylens). Según el Tribunal, el principio también se aplica a los Estados miembroscuando aplican el Derecho comunitario. Los elementos «independiente e imparcial» son requisitos formalesde una tutela judicial efectiva y pueden considerarse incluidos en el concepto «órgano jurisdiccional». Lajurisprudencia del Tribunal de Justicia distingue otros requisitos para que la tutela judicial sea efectiva, porejemplo el poder de confirmar o de anular una resolución.
Dada la decisión tomada por el Consejo de no obligar a los Estados miembros a tener un sistema de
recurso de dos niveles en casos de asilo y la jurisprudencia arriba citada, parece que cuando haya sólo unrecurso, por ejemplo en algunos países en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas o inadmisi-bles, éste debe hacerse ante un órgano jurisdiccional. En este sentido, las conclusiones del Consejo, queincluyen la posibilidad de un recurso ante «un órgano cuasi judicial», no pueden ser seguidas por laComisión.
El principio de tutela judicial efectiva no impide que los Estados miembros tengan un organismo adminis-
trativo responsable del estudio que precede al recurso ante un órgano jurisdiccional. Esto significa que latutela judicial efectiva puede consistir en un recurso ante un órgano jurisdiccional o una revisión por unórgano administrativo seguida de un recurso ante un órgano jurisdiccional. Sin embargo, no es necesarioexpresar ésto en el texto.
El apartado 2 establece que independientemente de si la decisión se toma conforme al procedimiento
ordinario o al acelerado, la tutela judicial efectiva debe incluir siempre la posibilidad de un examen tantode los hechos como de las cuestiones de derecho.
El apartado 3 garantiza el recurso cuando las autoridades rechazan la reapertura del caso tras su inte-
rrupción. De igual manera, el recurso es posible contra decisiones relativas a los plazos y su ampliación deconformidad con el artículo 24. La primera frase contempla el derecho de recurrir contra la negativa aseguir examinando un solicitud subsiguiente de conformidad con el capítulo II tal y como se establece enlos artículos 33 y 34.
Artículos 39 y 40
Siguiendo la invitación de la conclusiones del Consejo de diferenciar convenientemente entre el procedi-
miento ordinario y el acelerado, se proponen dos artículos separados para la revisión y el recurso contralas decisiones adoptadas en estos procedimientos.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/155
La distinción principal entre los procedimientos de recurso acelerado y ordinario consiste en el derecho a
permanecer en el territorio, en zonas de tránsito de los puertos o aeropuertos o en la frontera del Estadomiembro concernido, mientras se aguarda el resultado de la revisión o el recurso (denominado más tarde:«efecto suspensivo»). Si se adopta una decisión en el procedimiento ordinario se presume que una revisióno recurso contra la misma tendrá automáticamente un efecto suspensivo (artículo 39.1, pero los Estadosmiembros pueden establecer excepciones sólo en virtud de leyes o reglamentos vigentes en la fecha deadopción de esta Directiva). Mientras que si esta misma presunción se aplica al procedimiento acelerado,no se propone una cláusula de statuqu o y las disposiciones se limitan a requerir a los Estados miembros
que establezcan en el Derecho nacional en qué casos no hay un efecto suspensivo (artículo 40.1).
La otra distinción se refiere a los casos en que cabe una excepción a la norma de que, cuando no hay
efecto suspensivo (automático), antes de que no se puede ejecutar la expulsión antes de que un tribunalfalle sobre la petición de conceder, sin embargo, el efecto suspensivo en un caso individual concreto. Estose deriva del hecho de que en el procedimiento se toman diferentes resoluciones. Las resoluciones relativasa las excepciones en el artículo 40.3 se adoptan siempre bajo procedimientos acelerados.
Artículo 41
Este artículo reagrupa y modifica los apartados 1 a 4 del anterior artículo 34 requiriendo a los Estados
miembros que establezcan por adelantado, por razones de seguridad jurídica, normas sobre los plazos y lascompetencias de los tribunales nacionales o de los organismos administrativos responsables respectiva-mente del recurso y de la revisión de conformidad con el nuevo artículo 38. Se ha añadido un segundo
apartado como consecuencia de los debates sobre retirada de la demanda o abandono en los procedi-
mientos de recurso.
Capítulo V
Disposiciones generales y finales
Artículo 42
El anterior artículo 41 relativo a la aplicación de la Directiva sin discriminación se modifica para tener en
cuenta la redacción del artículo 21 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, solem-nemente proclamada después de la adopción de la propuesta original.
Artículo 43
El anterior artículo 42 relativo a las penas permanece inalterado.
Artículo 44
El anterior artículo 43 relativo al informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva permanece
inalterado, a excepción de algunos cambios menores de redacción y de la periodicidad de información.
Conforme a las enmiendas 8 y 101 del Parlamento Europeo se propone informar regularmente cada dos
años sobre la aplicación de la Directiva. La Comisión apoya esta enmienda, a condición de que no sea unprecedente para toda legislación comunitaria de asilo. Se cree que esta Directiva es de una importanciacapital para el sistema europeo común de asilo puesto que las normas procesales preceden y condicionanel ejercicio de derechos conforme a otras normas comunitarias de asilo, tal como la propuesta de Directivadel Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optarciudadanos de terceros países y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos deprotección internacional [COM(2001) 510 final].
Artículo 45
Se añade una norma sobre la comunicación a la Comisión del texto de las disposiciones de Derecho
nacional que los Estados miembros adopten en el campo cubierto por esta Directiva.ES C 291 E/156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Artículos 46 y 47
Los anteriores artículos 45 y 46 permanecen sin cambios.
Anexo I
El anexo I se modifica en primer lugar a consecuencia de las enmiendas del Parlamento Europeo (números
102, 108, 110). En segundo lugar, el Consejo propuso algunos cambios. El anexo original no tenía encuenta el que un país haya ratificado la Convención de Ginebra sin haber establecido normas apropiadas.Tal país debería poder cualificarse como tercer país seguro si en la práctica observa no obstante conregularidad las normas establecidas en la Convención de Ginebra en cuanto a los derechos de las personasque necesitan protección internacional en el sentido de este Convenio según lo manifestado por el ACNUR.
En cuanto a la parte II del anexo I, se ha añadido un texto para establecer explícitamente en la Directiva
que, para aquellos Estados miembros que evalúan caso por caso la seguridad de un tercer país y no a partirde una lista, no hay ninguna necesidad de motivar la resolución individual de la manera general y públicaresumida en esta parte del anexo. Se añade una disposición similar a la parte II del anexo II.
Anexo II
Los cambios (que reemplazan «generalmente observa» por «observa sistemáticamente» e «instituciones» por
«estructuras») son el resultado de la enmienda 111 del Parlamento Europeo.
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y enparticular la letra d) del punto 1 del párrafo primero de suartículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,Considerando lo siguiente:
(1) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un
sistema europeo común de asilo, es uno de los elementosconstitutivos del objetivo de la Unión Europea de estable-cer progresivamente un espacio de libertad, seguridad yjusticia abierto a los que, impulsados por las circunstan-cias, busquen legítimamente protección en la Comunidad.
(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere
los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar convistas a la creación de un sistema europeo común de asilo,basado en la plena y total aplicación de la Convención deGinebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de juliode 1951, una vez completada por el Protocolo de NuevaYork de 31 de enero de 1967, garantizando con ello queninguna persona sea repatriada a un país en el que sufrapersecución y observando el principio de no devolución.
(3) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un
sistema europeo común de asilo debe incluir a corto plazonormas comunes para procedimientos justos y eficientes
de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo,normas comunitarias que lleven a un procedimiento co-mún de asilo en la Comunidad Europea.
(4) Unas normas mínimas sobre los procedimientos que de-
ben aplicar los Estados miembros para conceder o retirarla condición de refugiado constituyen, por lo tanto, una
primera medida sobre procedimientos de asilo sin perjui-
cio de cualesquiera otras medidas que se adopten con elfin de aplicar la letra d) del apartado 1 del artículo 63 delTratado o el objetivo de un procedimiento de asilo comúnacordado en las conclusiones de Tampere.
(5) El principal objetivo de esta Directiva es introducir un
marco regulador mínimo en la Comunidad Europea rela-tivo a los procedimientos para determinar la condición derefugiado, asegurando que ningún Estado miembro ex-
pulse o repatríe a un solicitante de asilo en ningún caso
a las fronteras de los territorios en donde su vida o liber-tad estén amenazadas debido a su raza, religión, naciona-lidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniónpolítica.
(6) Para alcanzar este objetivo, las Conclusiones del Consejo
sobre los procedimientos que deben aplicar los Estadosmiembros para conceder o retirar el estatuto de refugiadode 7 de diciembre de 2001 (revisadas el 18 de diciembre
de 2001) subraya la necesidad de que los solicitantes de
asilo obtengan suficientes garantías en el proceso de tomade decisiones y que éstas sean de la máxima calidad sinponer en peligro el objetivo de eficacia de los procedi-mientos. Tales disposiciones deben fijar el mínimo nor-mativo de un procedimiento ordinario, haciendo posibleadoptar o retener procedimientos de urgencia, y debenpermitir una diferenciación suficiente entre ambos tiposde procedimiento.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/157
(7) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y observa los principios reconocidos en especial por laCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europeaen tanto que principios generales del Derecho comunita-rio. En particular, esta Directiva pretende garantizar elpleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilode los solicitantes de asilo y los miembros de su familiaque le acompañan, y la protección en caso de deporta-
ción, expulsión o extradición, asícomo promover la apli-
cación de los artículos 1, 18 y 19 de la Carta.
(8) La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las obli-
gaciones internacionales que incumben a los Estadosmiembros con arreglo a los instrumentos sobre derechoshumanos.
(9) La presente Directiva no afectará al Protocolo sobre asilo
a nacionales de los Estados miembros de la Unión Euro-pea, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-pea.
(10) Los procedimientos de asilo no deben ser tan largos que
las personas necesitadas de protección internacional ten-gan que atravesar por un largo período de incertidumbrehasta que se resuelven sus casos, mientras que personasque no tienen ninguna necesidad de protección sino quedesean permanecer en el territorio de los Estados miem-bros vean en la solicitud de asilo un medio de prolongarsu estancia varios años. Al mismo tiempo, los procedi-
mientos de asilo deben contar con las salvaguardias nece-
sarias para garantizar que se determinen correctamente laspersonas necesitadas de protección.
(11) Las normas mínimas establecidas en la presente Directiva
deben, por lo tanto, facilitar a los Estados miembros laaplicación de un sistema rápido y sencillo por el que se
tramiten correcta y rápidamente las solicitudes de asilo de
conformidad con las obligaciones internacionales y lasconstituciones de los Estados miembros.
(12) Un sistema rápido y simple para procedimientos en los
Estados miembros, siempre que existan las salvaguardiasnecesarias, puede consistir de un único recurso contra la
resolución ante un órgano jurisdiccional.
(13) Entre las necesarias salvaguardias requieren que, en aras
del adecuado reconocimiento de las personas necesitadasde protección como refugiados a efectos de la letra A delartículo 1 de la Convención de Ginebra, los solicitantestenga acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad
de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades
competentes para poder presentar los hechos pertinentespara su caso, y las garantías procesales suficientes parapoder proseguir el procedimiento en todas y cada una desus fases.
(14) Por otra parte, en interés de un sistema de reconocimiento
rápido de esos solicitantes que necesitan protección como
refugiados en el sentido de la letra A del artículo 1 de laConvención de Ginebra, es oportuno que los Estadosmiembros apliquen procedimientos acelerados para trami-tar de conformidad con los criterios que se hayan fijadoclaramente por adelantado diversas categorías de solicitu-des, incluidas aquéllas que no requieren que se considerena fondo, las que parecen ser manifiestamente infundadas,subsiguientes solicitudes sin elementos evidentes ni argu-mentos y solicitudes de personas cuyo derecho a entrar en
el territorio de los Estados miembros sea sujeto a examen.
(15) Es esencial que dichos procedimientos de urgencia con-
tengan las necesarias salvaguardias para asegurar que sedisipen dudas previas en cuanto al status de la autoridaddecisoria de manera que se pueda identificar correcta-mente las personas necesitadas de protección. En princi-pio debe contener por tanto las mismas garantías proce-sales y condiciones respecto al proceso decisorio que losprocedimientos ordinarios, siempre que sea necesario paralos fines del proceso concreto. Así, las normas relativas alos procedimientos para considerar solicitudes subsiguien-
tes que no contengan nuevas evidencias o argumentos o
los procedimientos para decidir el derecho de entrada deun solicitante de asilo son proporcionados al fin específicode los mismos.
(16) Como garantías mínimas para todos los solicitantes de
asilo en todos los procedimientos deben ser consideradosentre otros el acceso al procedimiento, el derecho deestancia durante la deliberación de la autoridad decisoria,el derecho a los servicios de un intérprete para presentarel caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad decontactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los refugiados (ACNUR) o con otra organización quetrabaje en su nombre, el derecho a que se le comuniqueen debida forma la decisión junto con su motivación encuanto a elementos de hecho y de derecho, la oportuni-dad de consultar a un asesor jurídico y el derecho a serinformado de su situación en los momentos decisivos delprocedimiento en una lengua que razonablemente sepueda suponer que entiende.
(17) Además, deben establecerse garantías procesales específi-
cas para las personas con necesidades específicas, talescomo menores no acompañados.
(18) Los requisitos mínimos relativos al proceso de toma de
decisiones en todos los procedimientos deben ser que lasdecisiones se tomen sobre la base de los hechos por au-toridades competentes en asilo y refugiados.
(19) Las resoluciones adoptadas sobre una solicitud de asilo
deben ser recurribles en cuanto a sus elementos de hechoy de derecho ante un órgano jurisdiccional independientee imparcial. El solicitante tendrá derecho a no ser expul-sado hasta que un tribunal haya dictaminado en cuanto al
derecho a permanecer a la espera del resultado del re-
curso, excepto en un número limitado de casos fijadosen esta Directiva, incluidas razones de seguridad nacionalo de orden público.
(20) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección delas personas físicas en lo que respecta al tratamiento dedatos personales y a la libre circulación de estos datos (
4)
se aplicará a los datos personales tratados en aplicación dela presente Directiva. La Directiva 95/46/CE también seaplicará a la transmisión de datos de los Estados miem-bros al ACNUR en el ejercicio de su mandato conforme ala Convención de Ginebra. Esta transmisión será sujeta aun nivel de protección de datos personales en el ACNURconsiderado como adecuado.ES C 291 E/158 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(21) De la naturaleza misma de las normas mínimas se des-
prende que los Estados miembros tienen competenciapara introducir o mantener disposiciones más favorablespara las personas que pidan protección internacional a unEstado miembro, siempre que tal petición se entienda quese efectúa por el motivo de ser refugiados a efectos de laletra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra.
(22) En este espíritu, se invita a los Estados miembros a que
apliquen las disposiciones de esta Directiva a los procedi-mientos para decidir sobre solicitudes de tipos de protec-
ción distintas a las derivadas de la Convención de Ginebra
para las personas que no se puede considerar como refu-giados, teniendo en cuenta en especial la propuesta deDirectiva del Consejo . . . [Propuesta de Directiva del Con-sejo por la que se establecen normas mínimas sobre losrequisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos deterceros países y personas apátridas para ser refugiados obeneficiarios de otros tipos de protección internacional].
(23) Los Estados miembros deberán establecer un régimen de
sanciones en caso de violaciones de las disposiciones na-cionales aprobadas de conformidad con la presente Direc-tiva.
(24) La implementación de esta Directiva deberá evaluarse en
intervalos regulares no superiores a dos años.
(25) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y propor-
cionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado, losobjetivos de la acción propuesta, en concreto establecerun mínimo de normas sobre los procedimientos en losEstados miembros para conceder o retirar la condición derefugiado, no pueden ser alcanzados de manera suficientepor los Estados miembros. Por lo tanto, debido a la di-mensión y efectos de la acción puede lograrse mejor porla Comunidad. La presente Directiva se limita a lo estric-
tamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no
excede de lo necesario a tal fin.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Finalidad
El objetivo de la presente Directiva es establecer normas míni-
mas para los procedimientos que deben aplicar los Estadosmiembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «Convención de Ginebra», la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de1951, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 deenero de 1967;b) «solicitud de asilo» significa una solicitud hecha por una
persona que pueda calificarse como petición de proteccióninternacional a un Estado miembro conforme a la Conven-ción de Ginebra. Toda solicitud de protección se suponeque es de asilo, a menos que la persona afectada pidaexplícitamente otra clase de protección que pueda aplicarsepor separado;
c) «Solicitante» o «solicitante de asilo» es la persona que ha
presentado una demanda de asilo sobre la que todavía no
se ha adoptado una resolución;
d) «decisión firme» será una resolución contra la que se hayan
agotado todos los recursos establecidos en la presente Di-rectiva;
e) «Autoridad decisoria», es cualquier organismo cuasi-judicial
o administrativo de un Estado miembro, responsable delexamen de las solicitudes de asilo y competente para tomardecisiones en primera instancia en dichos casos;
f) «Refugiado» es una persona que cumple los requisitos de la
letra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra tal ycomo se establece en la Directiva del Consejo . . . [Pro-puesta de Directiva del Consejo por la que se establecennormas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al quepueden optar ciudadanos de terceros países y personasapátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tiposde protección internacional];
g) «Condición de refugiado», el status concedido por un Estado
miembro a una persona que es un refugiado y, como tal, se
la admite en el territorio de dicho Estado miembro;
h) «menor no acompañado» significa una persona de menos
de dieciocho años que llega al el territorio de los Estadosmiembros sin estar acompañada por un adulto que ejerza,conforme a la ley o a la costumbre, responsabilidad sobreella, mientras no se ha haga cargo de ella tal persona, o unmenor al que se abandona después de haber entrado en elterritorio de los Estados miembros;
i) «Representante» es la persona u organización que repre-
senta al menor no acompañado como tutor legal, una or-ganización nacional que cuida de él o cualquier otro tipode representación designada para velar por sus intereses;
j) «Detención» significa el confinamiento de un solicitante de
asilo por un Estado miembro en un área restringida, dondese limita sustancialmente su libre circulación;
k) «Retirada de la condición de refugiado», la resolución de
una autoridad decisoria de revocar el status de refugiado deuna persona de conformidad con la letra C del artículo 1 odel apartado 2 del artículo 33 de la Convención de Gine-
bra;
l) «Anulación de la condición de refugiado», la resolución de
una autoridad decisoria de anular la condición de refugiadode una persona por haber salido a la luz circunstancias queindican que dicha persona nunca debiera haber sido reco-nocida como refugiado en su momento;
m) «Permanecer en el territorio del Estado miembro» significa
aguardar en la frontera, las zonas de tránsito de aeropuer-tos o puertos o en el territorio del Estado miembro en elque se ha hecho o se examina la solicitud de asilo.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/159
Artículo 3
Destinatarios
1. Esta Directiva se aplicará a todas las solicitudes de asilo
hechas en la frontera, en las zonas de tránsito de puertos o deaeropuertos o en el territorio de los Estados miembros.
2. La presente Directiva no se aplicará a las peticiones de
asilo diplomático o territorial presentadas en las representacio-
nes diplomáticas o consulares de los Estados miembros.
3. Los Estados miembros podrán decidir aplicar las disposi-
ciones de la presente Directiva a los procedimientos para de-cidir sobre solicitudes de otro tipo de protección, distinta de laderivada de la Convención de Ginebra, respecto de personasque resulten no ser refugiados.
Artículo 4
Disposiciones más favorables
Los Estados miembros pueden introducir o mantener normas
más favorables en procedimientos para conceder y para retirarla condición de refugiado, siempre que sean compatibles conesta Directiva
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS BÁSICOS
Artículo 5
Acceso al procedimiento
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las solicitudes
de asilo no se rechacen ni se excluyan del examen sobre laúnica base que no se hayan hecho más pronto.
2. Los Estados miembros pueden requerir que las solicitudes
de asilo se hagan personalmente.
3. Los Estados miembros se asegurarán de que cada persona
tenga el derecho a hacer una solicitud separada de asilo por supropia cuenta.
Sin embargo, los Estados miembros podrán determinar me-
diante Ley:
a) Los casos en que un menor no pueda hacer una solicitud
por símismo y la deba hacer otra persona por él;
b) los casos en que la solicitud de un menor no acompañado
tenga que ser presentada por un representante como estáprevisto en el apartado 1 del artículo 15.
4. Los Estados miembros pueden establecer por Ley que un
solicitante pueda presentar la solicitud en el nombre de laspersonas a su cargo, incluidos menores. En este caso los Esta-dos miembros deben procurar que los familiares adultos y losmenores no cubiertos por la letra a) del apartado 3 consientanen que se haga la solicitud, en caso contrario los familiaresdeberán tener la posibilidad de hacer su propia solicitud.Cuando una persona a cargo presenta una solicitud por sí
misma después de haber consentido en que se hiciera en sunombre, la solicitud subsiguiente puede ser rechazada sobre labase del examen de la primera solicitud.
5. Los Estados miembros deben procurar que los procedi-
mientos establecidos en esta Directiva comiencen los máspronto posible.
6. Los Estados miembros garantizarán que:
a) todas las autoridades pertinentes a las que se pueda dirigir el
solicitante en la frontera o en el territorio del Estado miem-bro tengan instrucciones para tratar solicitudes de asilo,incluyendo enviarlas a la autoridad competente para suexamen y transmitir toda información pertinente;
b) el personal de estas autoridades haya recibido la formación
necesaria para reconocer una solicitud de asilo y saber tra-mitarla de conformidad con estas instrucciones.
Artículo 6
Derecho a permanecer hasta que finalice el examen
de la solicitud
1. Se permitirá que los solicitantes para el asilo permanez-
can en el territorio del Estado miembro hasta que la autoridad
decisoria haya resuelto el caso.
2. Los Estados miembros sólo podrán hacer una excepción
cuando, de conformidad con los artículos 33 y 34, no se vaya aexaminar una solicitud subsiguiente.
Artículo 7
Requisitos para el examen de las solicitudes
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las resolucio-
nes sobre las solicitudes de asilo de la autoridad decisoria setomen después de un examen apropiado. Con este fin, losEstados miembros procurarán que:
a) El examen de las solicitudes y la adopción de las decisiones
se harán de forma individual, objetiva e imparcial;
b) se obtendrá información precisa y actualizada de diversas
fuentes, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Uni-das para los Refugiados (ACNUR), respecto a la situacióngeneral en los países de origen de los solicitantes y, si fueranecesario, en aquellos países por los que hayan pasado, yesta información se pondrá a disposición del personal res-ponsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones
al respecto;
c) el personal que examina las aplicaciones y toma las decisio-
nes conocerá suficientemente las normas pertinentes aplica-bles en el campo de la ley de asilo y de refugiados.
2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades
contempladas en el capítulo IV tengan acceso a la informacióngeneral descrita en la letra b) del apartado 1 necesaria pararealizar su cometido.ES C 291 E/160 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Artículo 8
Requisitos para una resolución de la autoridad decisoria
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las resolucio-
nes sobre las solicitudes de asilo se establezcan por escrito.
2. También procurarán que cuando se desestime una solici-
tud las razones de hecho y de derecho se detallen en la reso-lución y se informe por escrito sobre qué hacer ante unadenegación.
Artículo 9
Garantías para los solicitantes de asilo
1. En todos los procedimientos previstos en el capítulo III de
la presente Directiva, los Estados miembros velarán por quetodos los solicitantes de asilo disfruten de las siguientes garan-tías:
a) Deberán estar informados del procedimiento que debe se-
guirse y de sus derechos y obligaciones durante el procedi-miento, en una lengua que pueda suponerse razonable-mente que comprenden. La información se les dará contiempo suficiente para permitirles que ejerciten los derechosgarantizados en esta Directiva y cumplir con las obligacio-nes descritas en el del artículo 16 y del apartado 1 deartículo 20;
b) deberán poder disponer, en caso necesario, de los servicios
de un intérprete para exponer sus argumentos ante las au-toridades competentes si fuera necesario; los Estados miem-bros considerarán razonable proporcionar estos servicioscuando la autoridad decisoria convoque al solicitante auna audiencia antes de adoptar una resolución sobre la
solicitud. En este caso y en otros cuando las autoridades
competentes hagan uso de un intérprete, los servicios debenpagarse por los fondos públicos;
c) no se les podrá negar que se comuniquen con el ACNUR o
con otra organización que trabaje en nombre del ACNURen el territorio del Estado miembro conforme a un acuerdocon él;
d) se les deberá notificar en tiempo razonable y en debida
forma la resolución de la autoridad decisoria sobre su soli-citud de asilo. Si un asesor jurídico u otro consejero repre-senta legalmente al solicitante, los Estados miembros puedenelegir notificarle la resolución a él en vez de al solicitante deasilo;
e) deberán ser informados de la resolución de la autoridad
decisoria en una lengua que pueda suponerse razonable-mente que comprenden en caso de que no sean ayudadosni representados por un asesor jurídico u otro consejero.
2. Los adultos entre las personas a cargo mencionadas en el
apartado 4 del artículo 5 serán informados en privado de laoportunidad de proporcionar información a las autoridadescompetentes sobre la solicitud de asilo antes de que la autori-dad decisoria tome una resolución.En cuanto a los procedimientos previstos en el capítulo IV, los
Estados miembros se asegurarán de que todos los solicitantesde asilo también disfruten de las garantías enumeradas en lasletras b), c) y d) del apartado 1.
Artículo 10
Personas invitadas a una audiencia personal
1. Antes de que la autoridad decisoria adopte una resolu-
ción, deberá darse al solicitante de asilo la oportunidad demantener una audiencia personal sobre la admisibilidad y elfondo de su solicitud de asilo con un funcionario competentepara ello con arreglo al Derecho nacional.
Los estados miembros podrán, sin embargo, estipular que los
menores por debajo de una determinada edad no necesitan serentrevistados.
2. La audiencia personal puede omitirse cuando partiendo
de una evaluación individual:
a) la autoridad decisoria puede adoptar una resolución positiva
sobre la base de las pruebas disponibles;
b) la autoridad competente considera que el solicitante no está
en condiciones o es incapaz de entrevistarse debido a cir-cunstancias ajenas a su voluntad; en caso de duda, el Estadomiembro puede pedir un certificado médico o psicológico;
c) la autoridad competente no puede proporcionar dentro de
un plazo razonable un intérprete de conformidad con laletra b) del apartado 2 del artículo 11;
d) la autoridad competente no es capaz de llevar a cabo la
audiencia, pues el solicitante, sin razones válidas, ha igno-rado las invitaciones a comparecer ante la audiencia.
3. En los casos contemplados en el segundo guión del apar-
tado 1 y en las letras b), c) y d) del apartado 2, el solicitantedebe tener la posibilidad, antes de que la autoridad decisoriahaya adoptado una resolución, de hacer comentarios en lugarde una audiencia personal, en caso necesario por medio de unasesor jurídico u otro consejero o, si se trata de un menor, un
representante.
Si el solicitante no pudiere tener una audiencia porque la au-
toridad competente no logra en un plazo razonable proporcio-
nar un intérprete de conformidad con la letra b) del apartado 2
del artículo 11, los Estados miembros, antes de que la autori-dad decisoria adopte un decisión, preverán, de forma gratuita,la asistencia de un asesor jurídico u otro consejero o, en el casode un menor no acompañado, un representante para que, enlugar de una audiencia personal, presenten alegaciones en nom-bre del solicitante.
4. El hecho que no se celebre la audiencia por las razones
contempladas en el apartado 2 y que no se hagan comentariosde conformidad con el apartado 3 no impedirá que la autori-dad decisoria adopte una resolución en una solicitud de asilo.
La ausencia de una audiencia personal por las razones mencio-
nadas en los apartados 2 o 3 en síno afectará desfavorable-mente la resolución de la autoridad decisoria.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/161
Artículo 11
Requisitos de una audiencia personal
1. La audiencia personal se realizará normalmente sin la
presencia de miembros de la familia.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas
para asegurarse de que las audiencias personales se lleven acabo en condiciones, que permitan a los solicitantes presentarlas razones de sus solicitudes de manera completa. Con este fin,los Estados miembros deberán:
a) al designar a la persona que lleva a cabo la audiencia y al
intérprete, hacer todo lo posible para que se tengan encuenta las circunstancias personales o generales que rodeanla solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante o lafragilidad del mismo, en la medida en que a priori sea posi-
ble y la autoridad competente tenga conciencia de talescircunstancias;
b) seleccionar a un intérprete que pueda garantizar la comu-
nicación apropiada entre el solicitante y la persona que llevaa cabo la audiencia. La comunicación no necesita necesaria-mente tener lugar en la lengua preferida por el solicitante deasilo si hay otro idioma que se suponga razonablemente quepuede comprender.
Artículo 12
Status de la transcripción de la audiencia personal
en el procedimiento
1. Los Estados miembros deberán procurar que se haga una
transcripción de toda audiencia personal.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que los solicitan-
tes tengan acceso oportuno a la transcripción de la audienciapersonal en la cual se basa o basará la resolución.
3. Los Estados miembros podrán pedir la conformidad del
solicitante con el contenido de la transcripción de la audiencia
personal.
En estos casos, los Estados miembros se asegurarán de que el
solicitante tenga la oportunidad de pedir o proponer correccio-nes por causa de errores de traducción o tergiversaciones en la
transcripción.
La negativa de un solicitante a aprobar el contenido de la
transcripción de la audiencia personal no impedirá que la au-toridad decisoria adopte una resolución sobre su solicitud deasilo.
Artículo 13
Derecho a asistencia jurídica y representación
1. Los Estados miembros permitirán a los solicitantes de
asilo que puedan consultar de manera efectiva a un asesorjurídico o a otro consejero sobre asuntos relativos a sus de-mandas de asilo en todas las etapas del procedimiento.
2. En el caso de una resolución denegatoria por parte de la
autoridad decisoria, los Estados miembros asegurarán que seproporcione a petición del interesado asistencia jurídica gra-
tuita, de conformidad con lo estipulado en este apartado.
Los Estados miembros podrán:
a) decidir que la asistencia jurídica gratuita se proporcione sólo
a aquéllos que carezcan de suficientes recursos y siempreque dicha asistencia sea necesaria para garantizar un accesoefectivo a la justicia;
b) los Estados miembros podrán restringir la asistencia jurídica
gratuita a asesores jurídicos u otros consejeros designadosespecíficamente por el Derecho nacional para ayudar o re-presentar a solicitantes de asilo.
Artículo 14
Derechos del asesor jurídico o consejero
1. Los Estados miembros se asegurarán de que un asesor
jurídico u otro consejero que ayude o represente a un solici-tante de asilo de conformidad con el Derecho nacional puedaacceder a la información contenida en el expediente del solici-tante que sea susceptible de ser examinada por las autoridadesa las que se refiere el capítulo IV.
Los Estados miembros se asegurarán de que el asesor jurídico u
otro consejero que ayude o represente a un solicitante de asilotenga acceso a los recintos cerrados con el fin de visitar a dichosolicitante. Los estados miembros sólo podrán limitar la posi-bilidad de visitar a los solicitantes en los recintos cerradoscuando tal limitación sea, en virtud de Ley o reglamento na-cional, objetivamente necesaria para la seguridad de la zona opara garantizar un examen eficiente de la solicitud, siempre ycuando el acceso del asesor jurídico o consejero no sea exce-sivamente limitado o imposibilitado.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que el asesor
jurídico u otro consejero que ayude o represente a un solici-
tante de asilo sea informado con tiempo suficiente de la fecha y
lugar de la audiencia personal del solicitante, como se estipulaen los artículos 10, 11 y 12, y se le permita asistir.
Los Estados miembros preverán normas relativas a la presencia
de asesores jurídicos u otros consejeros en todas las demásaudiencias en el procedimiento, sin perjuicio de este artículoy de la letra b) del apartado 1 del artículo 15.
Artículo 15
Garantías para menores no acompañados
1. En cuanto a todos los procedimientos contemplados en
esta Directiva y sin perjuicio de lo previsto en los artículos 10y 12 los Estados miembros se asegurarán de que todos losmenores no acompañados gocen de las siguientes garantías:
a) que les sea concedido, cuanto antes, un representante que
actúe en su nombre o ayude en cuanto al examen de la
solicitud;
b) deberán otorgar al representante la posibilidad de ayudarles
a preparar la audiencia personal. Los Estados miembrospermitirán al representante que esté presente en esta audien-cia y que haga preguntas o comentarios.ES C 291 E/162 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
2. Los Estados miembros garantizarán que:
a) cuando se entreviste a un menor no acompañado sobre su
solicitud de asilo de conformidad con lo estipulado en losartículos 10, 11 y 12, la audiencia la haga una persona conel necesario conocimiento de las necesidades especiales delos menores;
b) un funcionario con formación relativa a las necesidades
especiales de los menores adoptará la resolución sobre la
solicitud de un menor no acompañado.
3. Los Estados miembros que utilicen reconocimientos mé-
dicos para determinar la edad de menores no acompañados seasegurarán de que:
a) antes del examen de su solicitud de asilo, se informará a los
menores no acompañados, en una lengua que se supongarazonablemente que comprenden, sobre la posibilidad dedeterminar su edad mediante un reconocimiento médico;
b) la decisión de rechazar una solicitud de asilo de un menor
no acompañado que se hubiere negado a someterse a estereconocimiento médico no deberá basarse sólo en esta ne-gativa.
Artículo 16
Establecimiento de los hechos en el procedimiento
1. Los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas
para permitir que el solicitante para que el asilo cumpla suobligación de cooperación para ayudar a las autoridades com-petentes a establecer los hechos de su caso.
Se considerará que un solicitante ha cumplido esta obligación
si presenta todos los hechos pertinentes de su caso para que se
examinen de la forma más completa posible y los ha acompa-
ñados con todas las pruebas disponibles con tiempo suficientepara que la autoridad de decisoria resuelva el caso.
2. Se considerará que un solicitante para el asilo ha presen-
tado todos los hechos pertinentes de su caso si proporcionadeclaraciones sobre su edad, orígenes, identidad, nacionalidad,rutas de viaje, documentos de identidad y viaje y las razonespor las que teme ser perseguido.
Una vez que el solicitante hubiere hecho un esfuerzo para
apoyar sus declaraciones sobre los hechos relevantes con cual-quier prueba disponible y dado una explicación satisfactoria decualquier falta de pruebas, la autoridad decisoria deberá, me-diante un análisis de la pruebas, dictaminar respecto a la jus-tificación de su temor a ser perseguido.
3. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad
decisoria, a pesar de una posible falta de pruebas en algunas delas declaraciones del solicitante, conceda al solicitante el bene-
ficio de la duda si se cumplen las siguientes condiciones:
a) el solicitante ha hecho un auténtico esfuerzo para justificar
su demanda;
b) se han obtenido todas las pruebas disponibles y, cuando
haya sido posible, comprobado;
c) el examinador considera que las declaraciones del solicitante
son coherentes y plausibles y no contradicen hechos gene-ralmente conocidos pertinentes a su caso.Artículo 17
Detención en espera de una resolución de la autoridad
decisoria
1. Sin prejuicio del artículo 18, los Estados miembros no
mantendrán detenido a un solicitante de asilo por la únicarazón de que haya que examinar su solicitud de asilo antesque la autoridad decisoria dicte una resolución.
Sin embargo, los Estados miembros sólo podrán mantener en
detención a un solicitante de asilo durante el examen de supetición cuando, de conformidad con la Ley o reglamentaciónprocesal nacional, sea objetivamente necesario para un correctoanálisis o cuando, debido a la conducta personal del solicitante,se tengan sospechas de una probable fuga.
2. Los Estados miembros podrán mantener detenido a un
solicitante de asilo durante el examen de su petición si hayargumentos para creer que la restricción en su libre circulaciónes necesaria para adoptar una decisión rápida. La detención poresta razón no excederá dos semanas.
3. Los Estados miembros establecerán por ley la posibilidad
de un recurso judicial inicial, y de subsiguientes recursos ordi-narios, de la orden de detención de los solicitantes de asiloretenidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.
Los Estados miembros se asegurarán de que el órgano jurisdic-
cional ante el que recurre la orden de detención sea compe-tente para examinar la legalidad de la detención de conformi-dad con lo previsto en este artículo.
Artículo 18
Detención tras el acuerdo de hacerse responsable
conforme el Reglamento del Consejo ...
1. Los Estados miembros podrán detener al solicitante para
impedir que se fugue o resida ilegalmente a partir del momentoen que otro Estado miembro haya aceptado tomarlo a cargo oreadmitirlo de conformidad con el Reglamento . . . [por el quese establecen los criterios y mecanismos de determinación delEstado miembro responsable del examen de una solicitud deasilo presentada en uno de los Estados miembros por un na-cional de un tercer país ] hasta se traslade al solicitante al otroEstado miembro. La detención por esta razón no excederá deun mes.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que el órgano
jurisdiccional ante el que se recurra la orden de detención
sea competente para examinar su legalidad de conformidad
con lo previsto en este artículo.
Artículo 19
Procedimiento en caso de retirada de la solicitud
1. Cuando un solicitante de asilo retire explícitamente su
solicitud, los Estados miembros velarán por que la autoridaddecisoria resuelva cerrar el caso o, si hay información que lopermita, rechazar la solicitud por cualquier otra razón de con-formidad con esta Directiva.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/163
2. Los estados miembros podrán también decidir que la
autoridad decisoria suspenda el examen sin adoptar una reso-lución. En este caso, los Estados miembros procurarán que laautoridad decisoria deje constancia de ello en el expediente.
Artículo 20
Procedimiento en caso de retirada implícita o abandono
de la solicitud
1. Cuando haya indicios razonables de que un solicitante de
asilo haya retirado implícitamente o abandonado su solicitudde asilo, los Estados miembros asegurarán que la autoridaddecisoria resuelva interrumpir el examen o, si hay informaciónque lo permita, rechazar la solicitud por cualquier otra razónde conformidad con esta Directiva.
Los Estados miembros pueden asumir que el solicitante ha
retirado o abandonado implícitamente su solicitud de asilo
cuando se determine que:
a) en un plazo razonable no hubiere cumplido el deber pre-
sentarse a las autoridades ni con las demás obligaciones decomunicación, ni respondido a las peticiones de presentarinformación esencial para su solicitud de conformidad conel artículo 16 o no se hubiere presentado a la audienciapersonal como está previsto en los artículos 10, 11 y 12;
b) se hubiere fugado o abandonado sin autorización el lugar
donde vivía o estaba recluido, sin ponerse en contacto conla autoridad competente dentro de un plazo de tiemporazonable.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que el solicitante
que se presente ante la autoridad competente después de que
su caso haya sido interrumpido según lo contemplado en el
apartado 1 tenga derecho a pedir su reapertura.
Los estados miembros velarán porque esta persona no sea
expulsada contraviniendo el principio de no devolución.
Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad de deter-
minación que reanude el examen de la solicitud en la etapa enque se suspendió.
Artículo 21
El papel del ACNUR
1. Los Estados miembros permitirán al ACNUR:
a) tener acceso a los solicitantes de asilo, incluidos a los rete-
nidos y los que se encuentren en las zonas de tránsito deaeropuertos o puertos;
b) acceder a la información relativa a las solicitudes individua-
les de asilo en el curso del procedimiento y tomar decisio-nes, siempre y cuando el solicitante de asilo esté de acuerdo;
c) manifestar su opinión en el ejercicio de sus responsabilida-
des de supervisión, de conformidad con el artículo 35 de laConvención de Ginebra, a toda autoridad competente enrelación con las solicitudes de asilo en cualquier fase delprocedimiento.2. El apartado 1 se aplicará a cualquier organización que
trabaje en el territorio del Estado miembro en nombre delACNUR de conformidad con un acuerdo con dicho Estadomiembro.
Artículo 22
Protección de datos
1. Los Estados miembros no revelarán la información rela-
tiva a las solicitudes individuales de asilo a las autoridades delpaís de origen del solicitante.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas
para garantizar que, a los efectos de examinar una demanda,no se requiera ningún tipo de información a las autoridades del
país de origen del solicitante para evitar que éstas conozcan
que ha solicitado asilo.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN LA PRIMERA INSTANCIA
Sección I
Artículo 23
Finalidad del procedimiento acelerado
1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener un
procedimiento acelerado con el fin de:
a) tramitar solicitudes de asilo consideradas inadmisibles con-
forme la sección II;
b) tramitar solicitudes de asilo consideradas manifiestamente
infundadas conforme la sección III;
c) tramitar solicitudes no fundadas conforme la sección IV;
d) tramitar nuevas solicitudes de asilo dentro del marco de las
disposiciones establecidas en la sección IV;
e) decidir la entrada de solicitantes de asilo en el territorio del
Estado miembro de conformidad con la sección VI.
2. Los Estados miembros considerarán como procedimientos
regulares los demás procedimientos conforme a los cuales setramitan las solicitudes de asilo.
Artículo 24
Plazos del procedimiento acelerado
1. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad
decisoria adopte una resolución en procedimiento acelerado enun plazo de tres meses desde que la persona concernida hayapresentado la solicitud.
2. El plazo del apartado 1 puede prorrogarse tres meses más
por razones legítimas.ES C 291 E/164 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Una extensión del plazo en un caso particular no es válida a
menos que se notifique al solicitante o a su asesor jurídico uotro consejero que le ayude o represente.
3. El no cumplimiento de los plazos establecidos en los
apartados 1 y 2 podrá tener como consecuencia que la solici-tud se tramite conforme al procedimiento ordinario, a menosque el Estado miembro determine que el solicitante no puedeinvocar dicho resultado pues él es la causa del incumplimientoen particular cuando no haya presentado la información querazonablemente se espera de él conforme al artículo 16 o nohaya comparecido a la audiencia de conformidad con los artí-culos 10, 11 y 12.
4. Los Estados miembros podrán decidir que se considere
que se ha tomado una decisión en el procedimiento aceleradocuando se pueda establecer una vez vencidos los plazos con-templados en los apartados 1 y 2 que el solicitante, sin causarazonable y de mala fe, ha retenido información que, si sehubiere conocido en esa etapa del procedimiento, habría su-puesto una decisión en el procedimiento acelerado.
5. Este artículo no se aplicará a partir del momento que un
Estado miembro pida a otro Estado miembro que tome a cargoa un solicitante de conformidad con el Reglamento del Consejo. . . [por el que se establecen los criterios y mecanismos dedeterminación del Estado miembro responsable del examende una solicitud de asilo presentada en uno de los Estadosmiembros por un nacional de un tercer país].
Sección II
Artículo 25
Casos de solicitudes inadmisibles
Los Estados miembros podrán rechazar una solicitud de asilo
concreta como inadmisible si:
a) otro Estado miembro, o Noruega o Islandia, hubiere reco-
nocido su responsabilidad para examinar la solicitud, según
los criterios y mecanismos de determinación del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilopresentada en uno de los Estados miembros por un nacionalde un tercer país o un apátrida;
b) de conformidad con el artículo 26, se considere un país que
no es Estado miembro como primer país de asilo para el
solicitante;
c) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28,
un país distinto de un Estado miembro se considerare tercerpaís seguro para el solicitante;
d) un país, con excepción del país de origen del solicitante,
hubiere hecho una petición de extradición y este país esotro Estado miembro o un país que puede ser consideradotercer país seguro de conformidad con los principios esta-blecidos en el anexo I, a condición de que la extradición aeste país sea legal;
e) hubiere sido procesado por un Tribunal penal internacional.Artículo 26
Aplicación del concepto primer país de asilo
Un país puede ser considerado como primer país de asilo para
un solicitante de asilo si hubiere sido admitido en ese paíscomo refugiado o por otras razones que justifiquen la conce-sión de protección, y pudiere aún recurrir a protección en estepaís de conformidad con las normas ad hoc establecidas en el
Derecho internacional.
Artículo 27
Designación de países como terceros países seguros
1. Los Estados miembros podrán considerar un tercer país
como tercer país seguro, a los efectos del examen de las soli-citudes de asilo, únicamente de conformidad con los principiosestablecidos en el Anexo I.
2. Los Estados miembros podrán introducir o mantener le-
gislación que permita la designación, mediante disposiciones
legales o reglamentarias, de los terceros países seguros. Dicha
legislación o reglamentación deberá ser compatible con el ar-tículo 28.
3. Los Estados miembros en los que, en la fecha de entrada
en vigor de la presente Directiva, estén vigentes disposicioneslegales o reglamentarias por las que se designen países comoterceros países seguros y deseen mantener dichas disposicioneslegales o reglamentarias, las notificarán a la Comisión dentro delos seis meses siguientes a la adopción de la presente Directiva
y notificarán lo más rápidamente posible cualquier modifica-
ción subsiguiente.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión lo más rápi-
damente posible cualquier adopción de disposiciones legales oreglamentarias por las que se designen países como paísesterceros seguros después de la adopción de la presente Direc-tiva, asícomo cualquier modificación subsiguiente.
Los Estados miembros justificarán de forma específica la desig-
nación de países como terceros países seguros y cualquierexclusión o adición subsiguiente de un país.
Artículo 28
Aplicación del concepto tercer país seguro
1. De conformidad con los principios establecidos en el
Anexo I un país sólo podrá ser considerado tercer país seguropara un solicitante de asilo concreto si, con independencia de
cualquier lista:
a) el solicitante tuviere relación o estrechos lazos con dicho
país o hubiere tenido la oportunidad de recurrir a la pro-tección de sus autoridades;
b) hubiere motivos para considerar que este concreto solici-
tante será admitido o readmitido en su territorio;
c) no hubiere motivos para considerar que el país no es un
tercer país seguro en sus circunstancias particulares.
2. Al aplicar una decisión basada en este artículo, los Esta-
dos miembros deberán proporcionar al solicitante un docu-mento en la lengua del tercer país, en el que se informe alas autoridades de dicho país que no se ha examinado la soli-citud en cuanto al fondo.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/165
Sección III
Artículo 29
Casos de solicitudes manifiestamente infundadas
Los Estados miembros podrán rechazar una solicitud de asilo
como manifiestamente infundada si la autoridad decisoria esta-
bleciere que:
a) el solicitante al someter su solicitud y justificar los hechos,
sólo hubiere planteado cuestiones que de forma evidente noson pertinentes en cuanto a la Convención de Ginebra;
b) el solicitante fuere ciudadano de un país de origen seguro a
efectos de los artículos 30 y 31 de la presente Directiva;
c) el solicitante quedare prima facie excluido de la condición de
refugiado en virtud de la Directiva del Consejo . . . [por laque se establecen normas mínimas sobre los requisitos y elstatus al que pueden optar ciudadanos de terceros países yapátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tiposde protección internacional].
Artículo 30
Designación de países como países seguros de origen
1. Los Estados miembros podrán considerar que un tercer
país es un país de origen seguro, a los efectos del examen delas solicitudes de asilo, únicamente de conformidad con losprincipios establecidos en el Anexo II.
2. Los Estados miembros podrán introducir o mantener la
legislación que permita la designación, mediante disposicioneslegales o reglamentarias, de los países de origen seguros. Dichalegislación o reglamentación deberá ser compatible con el ar-tículo 31.
3. Los Estados miembros en los que, en la fecha de entrada
en vigor de la presente Directiva, estuvieren vigentes disposi-ciones legales o reglamentarias por las que se designen paísescomo terceros países de origen seguros y deseen mantenerdichas disposiciones legales o reglamentarias, las notificarán ala Comisión dentro de los seis meses siguientes a la adopciónde la presente Directiva y notificarán lo más rápidamente posi-ble cualquier modificación subsiguiente.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión lo más rápi-
damente posible toda disposición legal o reglamentaria por laque se designen países como países de origen seguros despuésde la adopción de la presente Directiva, asícomo cualquiermodificación subsiguiente.
Los Estados miembros justificarán de forma específica la desig-
nación de países como países seguros de origen y cualquier
exclusión o adición subsiguiente de un país como país segurode origen.
Artículo 31
Aplicación del concepto tercer país seguro
Un país de origen seguro de conformidad con los principios
establecidos en el Anexo II, sólo podrá considerarse país deorigen seguro para un solicitante de asilo concreto cuando
éste tenga la nacionalidad de dicho país o, si fuera apátrida,hubiera tenido en él su residencia habitual anterior y no hu-biere razones para considerar que el país no sea un país deorigen seguro en sus circunstancias particulares.
Sección IV
Artículo 32
Casos de solicitudes infundadas
Los Estados miembros podrán rechazar un solicitud de asilo en
el procedimiento acelerado cuando:
a) el solicitante sin causa válida, hubiere mentido a las autori-
dades en cuanto a su identidad o nacionalidad, mediante lapresentación de información falsa o reteniendo datos perti-nentes que pudieren haber tenido un impacto negativo en laresolución;
b) el solicitante no hubiere presentado información para esta-
blecer con un grado razonable de certeza su identidad onacionalidad, y hubiere razones serias para considerar quede mala fe hubiere destruido o enajenado un documento deidentidad o viaje necesario para establecer su identidad onacionalidad;
c) el solicitante hubiere presentado informes deliberadamente
falsos o falaces de naturaleza material o sustancial en rela-ción con las pruebas presentadas en apoyo de su solicitudde asilo;
d) el solicitante hubiere presentado una subsiguiente solicitud
que no plantee ningún hecho nuevo relevante en cuanto asus circunstancias particulares o la situación en su país deorigen.
e) el solicitante sin causa razonable no hubiere presentado su
aplicación en debido tiempo, habiendo tenido suficientesoportunidades para hacerlo, y la presenta ahora para retra-sar o para frustrar la aplicación de una decisión anterior oinminente que traería consigo su expulsión;
f) el solicitante no hubiere cumplido las obligaciones contem-
pladas en el artículo 16 y en el apartado 1 del artículo 20
de esta Directiva;
g) el solicitante hubiere entrado ilegalmente o prolongado su
estancia ilegalmente en el territorio del Estado miembro y,sin razón plausible, no se hubiere presentado a las autori-dades cuanto antes dadas las circunstancias de su entrada, o
h) el solicitante constituyere un peligro para la seguridad o la
comunidad de ese Estado miembro por haber sido conde-nado en sentencia final por un delito particularmente grave.
La solicitud sólo podrá ser rechazada por la autoridad decisoria
cuando se hubiere establecido que el solicitante no tiene razo-nes válidas para temer ser perseguido, en virtud de la Directivadel Consejo . . . [por la que se establecen normas mínimassobre los requisitos y el status al que pueden optar ciudadanosde terceros países y apátridas para ser refugiados o beneficia-rios de otros tipos de protección internacional].ES C 291 E/166 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
Sección V
Artículo 33
Casos de solicitudes subsiguientes
1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener un
procedimiento específico que contenga un examen preliminar
como se establece en el apartado 2 cuando una persona pre-
sente un solicitud subsiguiente de asilo:
a) después de que la anterior hubiere sido rechazada de con-
formidad con los artículos 19 o 20, o
b) después de que se hubiere dictado una resolución final sobre
su solicitud anterior.
2. Una solicitud subsiguiente de asilo será primero objeto de
un examen preliminar en cuanto a si después del rechazo o laresolución final respecto a la primera solicitud:
a) hubieren cambiado las circunstancias personales o la situa-
ción legal del solicitante;
b) no existiere información que indique que se hubiere tomado
o podido adoptado una resolución más favorable para soli-citante;
c) la resolución sobre una solicitud anterior de asilo se hubiere
adoptado sobre una base incorrecta o infundada, o
d) hubiere otras razones conforme al Derecho nacional para
hacerlo.
Si se dieren alguna de las circunstancias contempladas en las
letras a), b), c) y d) y el solicitante en cuestión no hubierepodido, sin negligencia por su parte, alegar alguna de las ra-zones expuestas en este apartado en el procedimiento anterior,en particular presentando un recurso ante un tribunal de jus-ticia, la solicitud deberá ser examinada de nuevo de conformi-dad con el capítulo II.
Artículo 34
Normas procesales
1. Los Estados miembros velarán por que los demandantes
de asilo cuya solicitud sea objeto de un examen preliminar deconformidad con el artículo 33 gocen de las garantías contem-pladas en el artículo 9.
2. Los Estados miembros deberán adoptar normas legales
nacionales sobre el examen preliminar de conformidad con elartículo 33. Estas normas entre otras cosas podrán:
a) obligar al solicitante en cuestión a indicar los hechos y a
presentar las pruebas que justifican un nuevo procedi-miento;
b) requerir al solicitante en cuestión a presentar nueva infor-
mación dentro de un plazo máximo desde que la hayaobtenido;
c) permitir que el examen preliminar se realice únicamente
mediante documentación escrita sin una audiencia personal.
Las normas no podrán ser de tal naturaleza que hagan imposi-
ble a los solicitantes de asilo acceder a un nuevo procedi-miento, ni suponer la anulación efectiva o recortar seriamente
de tal acceso.
3. Los Estados miembros garantizarán que:a) la autoridad decisoria que hubiere dictado la resolución en
la solicitud anterior sea responsable del examen preliminar;
b) el solicitante sea informado en debida forma del resultado
del examen preliminar y, si la solicitud no hubiere sidoexaminada, de las razones de ello y de la posibilidad pre-sentar una objeción;
c) si se diere alguna de las situaciones contempladas en el
apartado 2 del artículo 33, la autoridad decisoria deberáexaminar la solicitud subsiguiente de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo II a la mayor brevedad posible.
Sección VI
Artículo 35
Casos de los procedimientos fronterizos
1. Sujeto a lo dispuesto en este artículo, los Estados miem-
bros podrán mantener, de conformidad con leyes y reglamen-taciones vigentes al adoptarse esta Directiva, procedimientosespecíficos para decidir en la frontera sobre la entrada en suterritorio de solicitantes de asilo que hubieren llegado y pre-sentado una solicitud de asilo, siempre y cuando dichas leyes yreglamentaciones sean compatibles con los artículos 5, 6, 8.2,
13.1, 14.1. y 2, 15, 17, 21 y 22.
2. Este procedimiento podrá también ser aplicable a los
solicitantes de asilo que lleguen a zonas de tránsito de aero-puertos y puertos.
3. Los estados miembros procurarán que las nuevas leyes y
reglamentaciones establezcan normas para estos casos específi-cos en cuanto al examen y resolución de las solicitudes, elacceso a asistencia jurídica y representación, el procedimiento,duración y condiciones de la detención asícomo los plazos quese apliquen.
4. Los Estados miembros se asegurarán de que la decisión de
rechazar la entrada al territorio de un Estado miembro por unarazón relativa a la solicitud de asilo se tome en el plazo de dossemanas, con una prolongación máxima de otras dos semanasacordadas por un órgano judicial competente mediante proce-dimiento prescrito por ley.
5. El incumplimiento de los plazos previstos en este apar-
tado supondrá que se conceda al solicitante de asilo la entradaal territorio del Estado miembro para que se tramite su solici-tud de conformidad con las otras disposiciones de esta Direc-tiva. Los Estados miembros se asegurarán de que los solicitantes
de asilo, a los que se rechace la entrada de conformidad con
este procedimiento, gocen de las garantías contempladas en elcapítulo IV.
6. La denegación de la entrada en el territorio no puede
invalidar la resolución sobre la solicitud de asilo, a menosque se base en un rechazo de la solicitud de asilo tras unexamen del fundamento de los hechos del caso por parte delas autoridades competentes en materia del derecho de asilo yrefugiados.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/167
Sección VII
Artículo 36
Retirada o anulación de la condición de refugiado
Los Estados miembros se asegurarán de que pueda iniciarse un
examen para retirar o anular la condición de refugiado de una
determinada persona cuando surja información que indique
que hay razones para reconsiderar la validez de su condiciónde refugiado.
Artículo 37
Normas procesales
1. En los casos en que en un Estado miembro una autoridad
decisoria reconsidere la calificación de un refugiado, la anula-ción o retirada de la condición de refugiado se examinará enprocedimiento ordinario de conformidad con las disposicionesde esta Directiva.
Cuando en un Estado miembro un órgano jurisdiccional u otro
organismo reconsidere la cualificación de un refugiado, la anu-lación o denegación de la condición de refugiado será exami-nada bajo los mismos presupuestos que la revisión de resolu-ciones hecha conforme al procedimiento ordinario.
2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la
aplicación de los artículos 9 a 12 cuando sea técnicamenteimposible que la autoridad competente cumpla dichas disposi-ciones.
CAPÍTULO IV
RECURSOS
Artículo 38
El derecho a una tutela judicial efectiva
1. Los estados miembros procurarán que los solicitantes de
asilo tengan derecho a una tutela judicial efectiva respecto a ladecisión adoptada sobre su solicitud de asilo.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que la tutela
judicial efectiva mencionada en el apartado 1 incluya la posi-bilidad de un examen tanto de los hechos como de los elemen-tos de Derecho.
3. Los Estados miembros garantizarán que:
a) la negativa a reabrir el examen de una solicitud después de
su interrupción de conformidad con los artículos 19 y 20, y
b) prórroga del plazo máximo de conformidad con el artículo
24 puedan ser objeto de examen mediante un procedi-miento de recurso ante un órgano jurisdiccional.
Artículo 39
Procedimientos de revisión o recurso contra resoluciones
adoptadas en procedimiento ordinario
1. Los Estados miembros permitirán a los solicitantes de
asilo que interpongan recurso ante un órgano jurisdiccionalcontra una resolución adoptada en procedimiento ordinario
relativa a la permanencia en el territorio del Estado miembroen cuestión a la espera del resultado. Los Estados miembrospermitirán a los solicitantes de asilo que, previamente al re-curso ante un órgano jurisdiccional, soliciten que un órganoadministrativo reexamine una resolución adoptada en procedi-miento ordinario relativa a la permanencia en el territorio delEstado miembro en cuestión a la espera del resultado.
2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones al
apartado 1 en virtud de leyes o reglamentaciones vigentes en la
fecha de adopción de esta Directiva.
3. Cuando el Derecho nacional estipule que no se permite
que un solicitante de asilo permanezca en el territorio delEstado miembro concernido mientras espera el resultado desu recurso o revisión, los Estados miembros se asegurarán deque un órgano jurisdiccional tenga la competencia para fallar, apetición del solicitante o ex oficio, si efectivamente este solici-tante de asilo puede, dadas las circunstancias particulares de sucaso, permanecer en el territorio del Estado miembro concer-nido.
4. No se hará efectiva ninguna expulsión hasta que el ór-
gano jurisdiccional haya fallado en el caso contemplado en elapartado 3. Los Estados miembros podrán establecer una ex-cepción cuando se haya decidido que razones de seguridadnacional o de orden público impiden que solicitante de asilopermanezca en el territorio del Estado miembro concernido.
Artículo 40
Revisión o recurso contra resoluciones adoptadas en el
procedimiento acelerado
1. Los Estados miembros fijarán en el Derecho nacional en
qué casos pueden permanecer en el territorio del Estado miem-bro concernido los solicitantes de asilo que hayan interpuestorecurso o presentado reclamación contra una resolución adop-tada en procedimiento acelerado mientras esperan el resultado.
2. En tales casos, los Estados miembros procurarán que un
órgano jurisdiccional, actuando a petición del interesado o deoficio, sea competente para fallar si un solicitante de asilo
puede permanecer, dadas sus circunstancias particulares, en el
territorio del Estado miembro concernido.
3. No se hará efectiva ninguna expulsión hasta que el ór-
gano jurisdiccional haya fallado en el caso contemplado en elapartado 2. Los Estados miembros podrán prever una excep-ción en los siguientes casos:
a) cuando se haya resuelto que una solicitud de asilo es inad-
misible de conformidad con lo estipulado en el artículo 25;
b) cuando un órgano jurisdiccional haya desestimado ya una
petición del solicitante de asilo en cuestión para permaneceren el territorio del Estado miembro concernido y se hubieredecidido que no hay ningún nuevo hecho relevante respectoa las circunstancias particulares del solicitante o de su paísde origen después de dicha desestimación;ES C 291 E/168 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
c) cuando una subsiguiente solicitud no será examinada de
nuevo de conformidad con el Capítulo II tal y como sedispone en el artículo 33;
d) cuando se hubiere decidido que razones de seguridad na-
cional o de orden público impiden que el solicitante de asilopermanezca en la frontera, las zonas de tránsito de aero-puertos o puertos o en el territorio del Estado miembroconcernido.
Artículo 41
Plazos y alcance del examen en la revisión o recurso
1. Los Estados miembros fijarán:
a) plazos razonables para interponer recurso y, en su caso,
solicitar una revisión; estos plazos serán más cortos parainterponer recurso y solicitar revisión de resoluciones adop-tadas en procedimiento acelerado;
b) todas las demás disposiciones necesarias para interponer
recurso y, en su caso, solicitar una revisión;
c) competencias por las que un órgano jurisdiccional pueda
confirmar o anular la resolución de la autoridad decisoria;
d) disposiciones que establezcan si el órgano jurisdiccional, en
caso de que anule la resolución, deberá reenviar el caso a laautoridad decisoria para que resuelva de nuevo o decidir élmismo sobre el fondo de la solicitud.
2. Los Estados miembros fijarán las condiciones conforme a
las cuales puede asumirse que un solicitante ha retirado oabandonado implícitamente su revisión o recurso así comolas normas procesales que hay que observar en estos casos.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
Artículo 42
No discriminación
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente
Directiva sin discriminación alguna por razón de sexo, raza,
nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, salud,color, origen social o étnico, características genéticas, lengua,religión o convicciones, opiniones políticas u de otro tipo,fortuna, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexualo país de origen.
Artículo 43
Sanciones
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones
aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionalesadoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán
todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Lassanciones asíprevistas deberán ser efectivas, proporcionadas ydisuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposi-ciones a la Comisión, a más tardar, en la fecha prevista en elartículo 45, así como cualquier modificación posterior de lasmismas a la mayor brevedad.
Artículo 44
Informe
A más tardar dos años después de la fecha prevista en el
artículo 45, la Comisión elaborará un informe sobre la aplica-ción de la presente Directiva en los Estados miembros y lotransmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo, proponiendo,en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miem-
bros enviarán a la Comisión toda la información apropiada
para elaborar ese informe. Tras la presentación del informe,la Comisión informará, como mínimo cada 2 años, al Parla-mento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presenteDirectiva en los Estados miembros.
Artículo 45
Incorporación al Derecho nacional
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-plimiento a la presente Directiva, a más tardar el 1 de enero de2005. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa-ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estadosmiembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-rencia.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de
las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 46
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas .
Artículo 47
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/169
ANEXO I
PRINCIPIOS DE LA DESIGNACIÓN DE TERCEROS PAÍSES SEGUROS
I.Requisitos para la designación
Un país se considera tercer país seguro si cumple los dos siguientes requisitos respecto de aquellos extranjeros o
apátridas o los que se aplicaría la designación:
A. Observa sistemáticamente las normas de Derecho internacional sobre protección de los refugiados;B. observa sistemáticamente las normas fundamentales de Derecho internacional sobre derechos humanos que no
pueden derogarse en tiempo de guerra ni de otras crisis públicas que amenacen la vida de la nación.
A.Normas de Derecho internacional sobre protección de los refugiados
1. Un tercer país seguro es cualquier país que haya ratificado la Convención de Ginebra, observe las disposiciones de
esta Convención en cuanto a los derechos de las personas que se reconocen y admiten como refugiados y aplique a
las personas que deseen ser reconocidas y admitidas como refugiados un procedimiento de asilo que responda a los
siguientes principios:
— El procedimiento de asilo se establece por ley.
— Las decisiones sobre las solicitudes de asilo se adoptan de forma objetiva e imparcial.
— Se permite a los solicitantes de asilo permanecer en la frontera o en el territorio del país mientras no se haya
decidido sobre su solicitud de asilo.
— Los solicitantes de asilo tendrán derecho a una audiencia personal, en caso necesario, con la asistencia de un
intérprete.
— Se dará a los solicitantes de asilo la oportunidad de comunicarse con el ACNUR u otras organizaciones que
trabajen en nombre del ACNUR de conformidad con un acuerdo con este país.
— Se preverá la posibilidad de recurrir ante un autoridad administrativa de mayor rango o un tribunal de justicia
cualquier decisión sobre una solicitud de asilo o habrá una posibilidad efectiva de revisión.
— El ACNUR u otras organizaciones que operen en nombre del ACNUR, conforme a un acuerdo con dicho país,
tendrá, en general, acceso a los solicitantes de asilo y a las autoridades para pedirles información relativa asolicitudes concretas, el curso del procedimiento y las decisiones tomadas y, en el ejercicio de sus responsabi-
lidades de supervisión de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra, podrá presentar informes
a estas autoridades relativos a solicitudes concretas de asilo.
2. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, un país que no haya ratificado la Convención de Ginebra podrá, no obstante,
ser considerado tercer país seguro si:
— Observa sistemáticamente el principio de no devolución según lo establecido en la Convención de la OUA por la
que se regulan los aspectos específicos de los problemas de refugiados en África, de 10 de septiembre de 1969, yaplica, respecto de las personas que soliciten asilo con este fin, un procedimiento que responde a los principios
previamente mencionados; o
— ha dado curso a las conclusiones de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, de 19-22 de noviembre de
1984, garantizando que los principios y criterios de la Convención de Ginebra se reflejan en las disposicioneslegales o reglamentarias nacionales y se establecen unas normas mínimas para el trato de los refugiados; o
— no obstante, observa sistemáticamente en la práctica las normas establecidas en la Convención de Ginebra en
cuanto a los derechos de las personas necesitadas de protección internacional a efectos de dicha Convención yaplica a las personas que desean obtener dicha protección un procedimiento conforme con los principiospreviamente mencionados; o
— según testimonio del ACNUR cumple de otra manera con la necesidad de protección internacional de estas
personas, a través de la cooperación con la oficina del ACNUR o de otras organizaciones que trabajen en sunombre o por otros medios que el ACNUR considere adecuados a este fin.
Para los objetivos de la parte A, un tercer país seguro es también aquél que ha ratificado la Convención de Ginebra y,
aunque no haya (todavía) adoptado un procedimiento de conformidad con los principios del punto 1), observa noobstante sistemáticamente en la práctica las normas fijadas en la Convención de Ginebra en cuanto a los derechos delas personas necesitadas de protección internacional en el sentido de este Convenio según testimonio del ACNUR.
B.Normas básicas de Derecho internacional sobre derechos humanos
1. Cualquier país que haya ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de 1950 (en lo sucesivo, «Convenio Europeo») o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosde 1966 (en lo sucesivo, «Pacto Internacional») y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de 1984 (en lo sucesivo, «Convención contra la Tortura») y observe sistemáticamente las
normas establecidas en dichos instrumentos en cuanto al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratoscrueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la prohibición de leyes penalesretroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición del encarcelamiento por el sólo
hecho de no poder cumplir una obligación contractual y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión.ES C 291 E/170 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.11.2002
2. El cumplimiento de las normas a los efectos de la designación de un país como tercer país seguro comprende
también que ese país establezca vías eficaces por las que se garantice que no se expulsa a dichos extranjeros o
apátridas contraviniendo el artículo 3 del Convenio Europeo o el artículo 7 del Pacto Internacional y del artículo 3del Convenio contra la Tortura.
II.Procedimiento de designación
Cualquier evaluación general de la observancia de estas normas a los efectos de designar un país como tercer país
seguro, en general, o en cuanto a determinados extranjeros o apátridas, en particular, deberá basarse en una variedad de
fuentes de información, entre las que se pueden incluir informes de misiones diplomáticas, organizaciones internacio-
nales y no gubernamentales y comunicados de prensa. En concreto, los Estados miembros podrán tomar en conside-ración la información procedente del ACNUR.
El informe de evaluación general deberá hacerse público.Cuando los Estados miembros sólo evalúen en una decisión individual la seguridad de un tercer país en relación con un
solicitante concreto, no habrá que motivar la decisión sobre la base de una evaluación general como la anterior.
ANEXO II
PRINCIPIOS DE LA DESIGNACIÓN DE PAÍSES DE ORIGEN SEGUROS
I.Requisitos para la designación
Un país se considera país de origen seguro si observa sistemáticamente las normas básicas de Derecho internacional
sobre derechos humanos que no pueden suspenderse en tiempo de guerra ni de otras crisis públicas que amenacen lavida de la nación y si:
A. tiene estructuras democráticas y en él se respetan sistemáticamente los siguientes derechos: derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión pacífica, derecho aasociarse libremente con otras personas, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos y derecho aparticipar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
B. permite que organizaciones internacionales y ONG supervisen si se observan los derechos humanos;C. constituye un Estado de Derecho y sistemáticamente se observan en él los siguientes derechos: el derecho a la
libertad y a la seguridad personales, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de los seres humanos y
a la igualdad ante la ley;
D. prevé recursos efectivos en general contra las violaciones de estos derechos civiles y políticos y, en caso necesario,
recursos extraordinarios;
E. es un país estable.
II.Procedimiento de designación
Cualquier evaluación general de la observancia de estas normas a los efectos de designar un país como país de origen
seguro deberá basarse en una variedad de fuentes de información, entre las que se pueden incluir informes de misiones
diplomáticas, organizaciones internacionales y no gubernamentales y comunicados de prensa. En concreto, los Estadosmiembros podrán tomar en consideración la información procedente del ACNUR.
El informe de evaluación general deberá hacerse público.Cuando los Estados miembros sólo evalúen en una decisión individual la seguridad de un país de origen en relación con
un solicitante concreto, no habrá que motivar la decisión sobre la base de una evaluación general como la anterior.ES 26.11.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 291 E/171