ES COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 18.11.2003 COM(2003) 721 final 2002/0100(CNS) Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2

del artículo 250 del Tratado CE) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Libro Blanco de 5 de abril de 2000 sobre la reforma de la Comisión ponía en marcha un ambicioso programa de modernización de la institución. Dicho programa trataba de garantizar un nivel de calidad de la Administración pública europea que le permitiera continuar desempeñando las tareas que le asignan los Tratados con la máxima eficiencia y eficacia, y hacer frente a los retos inminentes de la mundialización y la ampliación. En consecuencia, el 24 de abril de 2002, la Comisión adoptó y remitió al Consejo y al Parlamento Europeo una propuesta global y ambiciosa de Reglamento modificativo, con vistas a reformar el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Dicha propuesta de Reglamento, con respecto a la cual la Comisión consultó a las demás instituciones interesadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Tratado CE y que incorpora los resultados de la concertación con los representantes del personal, constituye una de la principales iniciativas de la Comisión a fin de modernizar la función pública europea en su conjunto. El 5 de diciembre de 2002, el Tribunal de Cuentas emitió su dictamen sobre la propuesta, mientras que el Tribunal de Justicia no consideró oportuno realizar comentario alguno al respecto en esa fase. El 19 de mayo de 2003, el Consejo logró un acuerdo político sobre una propuesta de compromiso presentada por la Presidencia en relación con el contenido fundamental del paquete de reformas. Las conclusiones del Consejo abarcaban aspectos de la modernización del régimen de pensiones que no figuraban en la propuesta inicial. El 19 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, en sesión plenaria, adoptó formalmente una Resolución legislativa sobre la propuesta. El 26 de junio de 2003, se reunió el Comité Consultivo compuesto por representantes del personal, delegados de los Estados miembros y un representante de la administración de cada institución con objeto de examinar la propuesta de la Comisión a la luz de las conclusiones del Consejo. Su dictamen fue aprobado por el Consejo el 29 de septiembre de 2003. En su propuesta revisada adjunta, que incluye los elementos mencionados, la Comisión ha tenido en cuenta el informe del Comité Consultivo. El 27 de octubre de 2003, el Comité del Estatuto, de carácter interinstitucional, aprobó un dictamen favorable.

Las concertaciones con las organizaciones sindicales y profesionales en torno a la introducción de una exacción interinstitucional finalizaron el 12 de noviembre de 2003, con el apoyo de las mismas. 2002/0100 (CNS) Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 283, Visto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, y, en particular, su artículo 13, Vista la propuesta presentada por la Comisión previo dictamen del Comité del Estatuto , Visto el dictamen del Parlamento Europeo , Visto el dictamen del Tribunal de Justicia , Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas , Considerando lo siguiente: (1)Desde 1962, año en el que se adoptó por vez primera el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, se han producido importantes avances e innovaciones en la sociedad, que deben quedar reflejados en la normativa aplicable a la función pública europea a fin de responder a la evolución de las necesidades de las instituciones y el personal de las mismas, respetando al mismo tiempo la cultura y la tradición administrativa de la Comunidad, basadas en el principio de servicio al ciudadano. (2)Así pues, las Comunidades Europeas deben contar con una Administración pública de elevada calidad, capaz de desempeñar las tareas que le competen con el mayor nivel de calidad posible, de conformidad con los Tratados, y de hacer frente a los retos internos y externos que se le planteen en el futuro. (3)Por consiguiente, es necesario establecer un marco que permita a las Comunidades contar con personal de gran valía en términos de productividad e integridad, seleccionado de acuerdo con un criterio geográfico lo más amplio posible entre los ciudadanos de los Estados miembros, y que permita a dicho personal llevar a cabo sus tareas en unas condiciones que garanticen un servicio óptimo. (4)Como objetivo más general, es preciso garantizar una gestión de los recursos humanos lo más eficaz posible en el seno de una función pública europea caracterizada por su competencia, independencia, imparcialidad y permanencia, así como por su diversidad cultural. (5)Resulta oportuno garantizar la unicidad de la función pública europea y aplicar normas comunes a todas las instituciones y agencias. La existencia de un Estatuto de los funcionarios único supondrá un instrumento eficaz para el desarrollo de la cooperación entre las instituciones y agencias en materia de política de personal, lo que redundará en el buen funcionamiento de las Comunidades y en una utilización eficiente de los recursos humanos. (6)Conviene que las agencias queden inscritas en el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al personal con objeto de lograr una aplicación armoniosa de las normas y, en particular, para garantizar la movilidad de los funcionarios. (7)Es preciso respetar el principio de no discriminación consagrado por el Tratado, y, a tal fin, resulta necesario seguir desarrollando una política de personal que garantice la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo, la capacidad física, la edad, la raza o identidad étnica, la orientación sexual y el estado civil.

(8)Los funcionarios que forman parte de una unión no matrimonial reconocida como estable por un Estado miembro y que no pueden contraer matrimonio legalmente deben tener derecho a gozar de las mismas ventajas que las parejas casadas, mientras que las parejas en la misma situación que pueden contraer matrimonio legalmente deben beneficiarse de un número de ventajas más limitado. (9)Es preciso contemplar expresamente medidas de carácter social y condiciones laborales que se ajusten a las normas sanitarias y de seguridad apropiadas; dichas medidas tienen por objeto contribuir a conciliar la vida profesional y la privada, fomentar la igualdad de oportunidades y proteger la salud y la seguridad de las personas. (10)Se ha hecho patente la necesidad de consolidar el principio de carrera profesional basada en el mérito, vinculando más estrechamente rendimiento y retribución mediante una mayor incentivación del rendimiento profesional a través de la introducción de cambios estructurales en el sistema de carreras, y garantizando al mismo tiempo la equivalencia de los perfiles de carrera medios en la antigua y la nueva estructura, en consonancia con el cuadro de efectivos y en el respeto de la disciplina presupuestaria. (11)La modernización del sistema de carreras implica un mayor reconocimiento de la experiencia profesional del funcionario y del principio de formación continua. De acuerdo con este planteamiento, resulta oportuno sustituir las actuales categorías de personal, reclasificar a los funcionarios en dos nuevos grupos de funciones integrados por administradores (AD) y asistentes (AST), y facilitar el paso de un grupo al grupo superior mediante la aplicación de un nuevo procedimiento de certificación. (12)Es necesario crear un sistema que garantice la equivalencia de los perfiles de carrera medios, y que, considerado globalmente, compense justa y razonablemente el incremento del número total de grados, por un lado, y la reducción del número de escalones dentro de cada grado, por otro. (13)Con objeto de preservar el carácter multilingüe de las instituciones, a efectos de reclutamiento y promoción, habrá que poner mayor énfasis en la competencia lingüística y en la capacidad de trabajar en una tercera lengua de la Comunidad. (14)La imparcialidad es un principio básico del servicio público que ha sido reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, resulta esencial definir mejor las obligaciones de los funcionarios en situaciones que den o puedan dar lugar a un conflicto de intereses, antes y después de abandonar el servicio. (15)Es preciso establecer un marco legal más adaptado para la resolución de los problemas de acoso psicológico y sexual, y, a tal fin, conviene definir expresamente tales fenómenos. (16)Resulta oportuno establecer el derecho a la libertad de expresión, puesto que se halla consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constituye un derecho básico de los funcionarios, imponiendo unos límites razonables a su ejercicio. Al mismo tiempo, es preciso adoptar normas claras en materia de publicación de documentos relacionados con el trabajo de la Comunidad, siempre que exista una amenaza a sus legítimos intereses. (17)Conviene prever un nuevo marco jurídico y garantías estatutarias a fin de ofrecer protección jurídica a todos aquellos funcionarios que denuncien actos censurables o disfunciones graves dentro de los servicios ante órganos o personas claramente definidos. (18)Resulta adecuado racionalizar y hacer más coherentes las condiciones de incoación y desarrollo de los procedimientos disciplinarios. Asimismo, conviene estabilizar la composición de los Consejos de disciplina y modificar las normas relativas a la suspensión de empleo de los funcionarios. (19)Es preciso clarificar los procedimientos de control de ausencias y de presentación de certificados médicos. (20)Es necesario introducir un procedimiento global para tratar los casos de incompetencia profesional, que garantice el derecho de defensa de los funcionarios afectados. Dentro de este nuevo marco legal deberán abordarse los casos de aquellos funcionarios que no puedan alcanzar el nivel de prestaciones requerido en un plazo razonable. (21)Es preciso flexibilizar las condiciones laborales y, en particular, en determinadas circunstancias, prever el derecho a trabajar a tiempo parcial, a disfrutar del régimen de empleo compartido y a obtener excedencias voluntarias de larga duración. Asimismo, resulta oportuno introducir disposiciones relacionadas con las licencias por motivos familiares y, en particular, el derecho a una licencia por maternidad más flexible, a una licencia por paternidad, a una licencia por adopción, a una licencia parental, así como a una licencia en caso de enfermedad grave de un pariente próximo. (22)A fin de garantizar una evolución del poder adquisitivo de los funcionarios comunitarios paralela a la de los funcionarios de los Estados miembros, resulta fundamental preservar el principio de un mecanismo plurianual de adaptación de los sueldos. Dicho mecanismo, denominado previamente "el Método" y aplicable hasta el 30 de junio de 2004, se prorroga por nueve años y se revisará al cabo de cuatro, a fin de garantizar su coherencia con la disciplina presupuestaria. (23)La ventaja que supone para los funcionarios la aplicación de un mecanismo plurianual de adaptación de los salarios debe equilibrarse mediante la introducción de una exacción especial que refleje los costes de la política social, de la mejora de las condiciones laborales y de las Escuelas Europeas, exacción que se irá incrementando cada año y que será de aplicación a todos los funcionarios durante un periodo idéntico al del mecanismo. (24)Habida cuenta de las desproporcionadas dimensiones que han cobrado los costes derivados de la aplicación de coeficientes correctores a las transferencias de una parte de la retribución a otros Estados miembros, es preciso limitar las transferencias en las que se aplica un coeficiente corrector a una parte más reducida del sueldo y a los casos en que sean necesarias para que el funcionario cubra los gastos derivados de obligaciones legales con respecto a miembros de su familia en otros Estados miembros. (25)El requisito que han de cumplir los antiguos funcionarios para seguir acogiéndose al régimen común de seguro de enfermedad ha resultado difícil de aplicar en la práctica y, por consiguiente, es conveniente proceder a su simplificación. (26)Es preciso llevar a cabo una racionalización de las distintas asignaciones e indemnizaciones, mediante su revisión o supresión, a fin de simplificar las disposiciones administrativas y dotarlas de mayor transparencia. Así por ejemplo, el reembolso de los gastos de viaje y de misión debe ajustarse en mayor medida al coste real, y su gestión debe simplificarse. Asimismo, en el futuro, la asignación por escolaridad debe estar vinculada en mayor medida al nivel real de gastos. (27)Es preciso llevar a cabo una reforma del sistema de complementos familiares a fin de introducir mejoras en favor de las familias y, en particular, abordar los problemas que experimentan los padres de niños de corta edad.

(28)Dado que las pensiones se expresan como porcentaje del último sueldo percibido, resulta oportuno asegurar que, en el futuro, los sueldos y las pensiones se adapten de forma paralela, preservando al mismo tiempo la base actuarial del régimen y manteniendo los respectivos porcentajes de contribución del funcionario y del empleador y el principio según el cual las pensiones constituyen un gasto a cargo del presupuesto comunitario, cuyo pago está garantizado por los Estados miembros. (29)El cumplimiento de este objetivo exige la creación de un mecanismo que garantice el equilibrio actuarial del régimen a corto y largo plazo. (30)No obstante, los cambios demográficos registrados y la modificación de la estructura de edades de la población afectada suponen una creciente carga para el régimen de pensiones comunitario, que exige la elevación de la edad de jubilación y una reducción marginal del porcentaje anual de acumulación de derechos a pensión, sin perjuicio de las medidas transitorias que se adopten en relación con los funcionarios ya en activo. (31)Con la mayor integración de la Unión Europea y la libre elección por los pensionistas de su lugar de residencia en la Unión Europea, el sistema de coeficientes correctores aplicable a las pensiones ha quedado desfasado. Asimismo, este sistema ha generado problemas para la supervisión del lugar de residencia de los pensionistas que conviene resolver. En consecuencia, resulta oportuno suprimir este sistema, estableciendo medidas transitorias adecuadas en favor de los pensionistas y los funcionarios reclutados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. (32)Dado que las circunstancias que determinaron la adopción de las actuales disposiciones en materia de pensiones de invalidez y de supervivencia han evolucionado, resulta oportuno actualizar y simplificar dichas disposiciones. (33)Es preciso reformar las condiciones de empleo de los funcionarios para ajustarlas en mayor medida a las normas comunitarias sobre libre circulación de trabajadores y protección de los trabajadores migrantes. A tal fin, resulta oportuno corregir ciertas incoherencias e introducir una mayor flexibilidad. (34)Conviene establecer nuevas medidas en materia de flexibilización de las condiciones de jubilación, que tengan en cuenta tanto los intereses de los funcionarios como de las instituciones. Dichas medidas deben tener carácter voluntario e ir acompañadas de las condiciones financieras apropiadas. La jubilación anticipada sólo constituye una alternativa factible si se mantienen el seguro de enfermedad y los complementos familiares; no obstante, dichas ventajas deben compensarse fijando la edad mínima en 55 años e introduciendo la posibilidad de trabajar una vez superada la edad de jubilación vigente. (35)Es preciso que el nivel general de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes sea tal que permita seguir atrayendo y conservando a los mejores candidatos del conjunto de los Estados miembros, en el contexto de una función pública europea independiente y permanente. (36)Resulta oportuno adaptar, clarificar y aproximar a las disposiciones generales, las normas aplicables a los funcionarios de los servicios científico y técnico, y a aquellos que presten servicio en terceros países. (37)Es preciso establecer una nueva categoría de personal no titular, esto es, la de agente contractual. A esta categoría de personal, cuyas responsabilidades son más limitadas, se le asignarán generalmente tareas que no sean esenciales, que realizarán bajo la supervisión de funcionarios o agentes temporales. A la larga, este personal sustituirá a los auxiliares y funcionarios de la categoría D en las instituciones, en las oficinas de representación y las delegaciones de la Comisión, en las agencias, así como en las agencias de ejecución y demás organismos instituidos por un acto jurídico específico. Los derechos y obligaciones del personal contractual deben definirse de forma análoga a los de los agentes temporales, en particular, por lo que respecta a la seguridad social, las asignaciones e indemnizaciones y las condiciones laborales. (38)Es necesario prever el establecimiento de medidas transitorias de forma que las nuevas disposiciones se vayan aplicando gradualmente, sin perjuicio de los derechos adquiridos del personal y en el respeto de sus legítimas expectativas. (39)Resulta oportuno modificar en consecuencia el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas quedan modificados tal como se indica en el anexo I (en lo que respecta al Estatuto de los funcionarios) y en el anexo II (en lo que respecta al régimen aplicable a otros agentes). Artículo 2 El presente Reglamento entrará en vigor el [...]. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el [...] de 2002 Por el Consejo

El Presidente Anexo I

Modificaciones del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas queda modificado del siguiente modo: 1.El artículo 1 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 1 El presente Estatuto será de aplicación a los funcionarios de las Comunidades.» El artículo 1 bis se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 1 bis 1. Son funcionarios de las Comunidades, con arreglo al presente Estatuto, las personas que hayan sido nombradas, en las condiciones previstas en este Estatuto, para un puesto de trabajo permanente en una de las instituciones de las Comunidades, mediante un acto escrito de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de dicha institución. 2. Esta definición englobará, asimismo, las personas nombradas por los organismos comunitarios a los que sea de aplicación el presente Estatuto en virtud de los actos por los que se establecen (en lo sucesivo denominados «agencias»). Toda referencia a las instituciones contenida en el presente Estatuto será aplicable a las agencias, salvo disposición en contrario del mismo.» 2.Se añade el siguiente artículo 1 ter: «Artículo 1 ter Salvo disposición en contrario del presente Estatuto, - el Comité Económico y Social, - el Comité de las Regiones, - el Defensor del Pueblo de la Unión Europea, y - el Supervisor Europeo de Protección de Datos se asimilarán, a efectos de la aplicación del presente Estatuto, a las instituciones de las Comunidades.» 3.Se añaden los siguientes artículos: «Artículo 1 quinquies

Toda referencia contenida en el presente Estatuto a personas de sexo masculino se entenderá hecha igualmente a personas de sexo femenino, y a la inversa, salvo que el contexto indique claramente lo contrario.» 4.El antiguo artículo 1 bis se convierte en artículo 1 sexies y queda modificado del siguiente modo: a)El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: “1. En la aplicación del presente Estatuto, queda prohibida toda discriminación por razones tales como el sexo, la raza, el color de piel, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las creencias, las convicciones políticas o de otra índole, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, la fortuna, el nacimiento, la edad, cualquier discapacidad o la orientación sexual. A efectos del presente Estatuto, las uniones no matrimoniales tendrán la misma consideración que el matrimonio, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del anexo VII.» b)En el apartado 2, tras las palabras «mujeres en la vida laboral» se añade la siguiente oración: «, lo que constituirá uno de los elementos esenciales que deberán tomarse en consideración al aplicar el presente Estatuto en todos sus aspectos,». c)Se añaden los apartados 4, 5 y 6 siguientes: “4. A efectos de lo previsto en el apartado 1, se considerarán discapacitadas aquellas personas que presenten una deficiencia física o psíquica que sea o pueda ser permanente. Esta deficiencia se determinará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 33. Se considerará que una persona discapacitada cumple las condiciones a que se refiere la letra e) del artículo 28 si, una vez realizadas adaptaciones razonables, puede desempeñar las funciones esenciales del puesto de trabajo. Por adaptaciones razonables, en relación con las funciones esenciales de un puesto de trabajo, se entenderán las medidas apropiadas que, en su caso, resulten necesarias para permitir a una persona con discapacidad acceder a un empleo, ejercerlo, progresar en él, o adquirir una formación, salvo que dichas medidas representen una carga desproporcionada para el empleador. 5. Cuando alguna de las personas a las que se aplique el presente Estatuto se considere perjudicada por no haberle sido aplicado el principio de igualdad de trato antes enunciado, y exponga hechos que permitan presumir que se ha cometido una discriminación directa o indirecta, corresponderá a la institución probar que no ha habido violación del principio de igualdad de trato. Esta disposición no se aplicará en los procedimientos disciplinarios. 6. Sin perjuicio de los principios de no discriminación y de proporcionalidad, toda limitación de los anteriores principios deberá estar objetiva y razonablemente justificada y responder a objetivos legítimos de interés general en el marco de la política de personal. Dichos objetivos justificarán, en particular, la fijación de una edad obligatoria de jubilación y de una edad mínima para disfrutar de una pensión de jubilación.» 5.Se añade el siguiente artículo 1 septies: «Artículo 1 septies 1.Los funcionarios en servicio activo tendrán acceso a las medidas de carácter social adoptadas por las instituciones y a los servicios prestados por los órganos de carácter social a que se refiere el artículo 9. Los antiguos funcionarios podrán tener acceso a medidas de carácter social específicas y limitadas. 2.Los funcionarios en servicio activo tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo que se ajusten a normas sanitarias y de seguridad apropiadas y, como mínimo, equivalentes a los requisitos mínimos aplicables con arreglo a las medidas adoptadas en estos ámbitos en virtud del Tratado. 3.Las medidas de carácter social adoptadas de conformidad con lo previsto en el presente artículo serán aplicadas por cada institución en estrecha colaboración con el Comité de personal, sobre la base de propuestas de actuación plurianuales. Estas propuestas de actuación serán comunicadas cada año a la autoridad presupuestaria, con motivo del procedimiento presupuestario.» 6.El artículo 2 queda modificado del siguiente modo: a)El texto del actual párrafo primero se convierte en apartado 1.

b)Se suprimen los párrafos segundo y tercero. c)Se añade el siguiente apartado 2: “2. No obstante, una o varias instituciones podrán encomendar a alguna de ellas o a un organismo interinstitucional el ejercicio de la totalidad o parte de las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, con la salvedad de las decisiones relativas a nombramientos, promociones y traslados de funcionarios.» 7 bis) El artículo 4 queda modificado del siguiente modo: En el párrafo tercero, se sustituye «traslado, promoción o concurso interno» por «traslado, nombramiento en un puesto de conformidad con el artículo 45 bis o promoción», y «tres Comunidades Europeas» por «demás instituciones y/o se organizará un concurso interno». 7.Los artículos 5 y 6 se sustituyen por los siguientes textos: «Artículo 5 1. Los puestos de trabajo regulados por el presente Estatuto se clasificarán, según la naturaleza y el nivel de las responsabilidades que comporten, en un grupo de funciones de administradores (en lo sucesivo denominado «AD») y en un grupo de funciones de asistentes (en lo sucesivo denominado «AST»). 2. El grupo de funciones AD comprenderá doce grados correspondientes a funciones de dirección, de concepción y de estudio, así como a funciones lingüísticas o científicas. El grupo de funciones AST comprenderá once grados correspondientes a funciones de ejecución, así como a tareas técnicas y de oficina. 3. Para ser nombrado funcionario se requerirá, como mínimo, lo siguiente:



a) en lo que respecta al grupo de funciones AST: *un nivel de estudios superiores acreditado por un título, o *un nivel de educación secundaria acreditado por un título que dé acceso a los estudios superiores, así como una experiencia profesional adecuada de tres años como mínimo; o *cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional o experiencia profesional de nivel equivalente. b) en lo que respecta a los grados 5 y 6 del grupo de funciones AD: *un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos de una duración mínima de tres años y acreditados por un título, o *cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional de nivel equivalente. c) en lo que respecta a los grados 7 a 16 del grupo de funciones AD: *un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos acreditados por un título, cuando la duración normal de la enseñanza universitaria sea de cuatro años o más, o *un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos acreditados por un título y una experiencia profesional adecuada de un año, como mínimo, cuando la duración normal de la enseñanza universitaria sea inferior a cuatro años, o *cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional de nivel equivalente.

4. En la sección A del anexo I figura un cuadro descriptivo de los diferentes tipos de puestos de trabajo. Basándose en dicho cuadro, cada institución aprobará, previo dictamen del Comité del Estatuto, una descripción de las funciones y atribuciones correspondientes a cada tipo de puesto de trabajo. 5. Los funcionarios pertenecientes a un mismo grupo de funciones estarán sujetos a condiciones idénticas de reclutamiento y desarrollo de la carrera. 6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y con sujeción a un máximo global de 90 puestos, el Parlamento Europeo podrá crear un grupo de funciones para sus ujieres que comprenderá cuatro grados equivalentes a los grados 1 a 4 del grupo AST. Artículo 6 1. El número de puestos de trabajo en cada grado y grupo de funciones se fijará en un cuadro de efectivos que figurará en anexo a la sección del presupuesto correspondiente a cada institución. 2. A fin de garantizar la equivalencia de la carrera media en la estructura anterior al 1 de mayo de 2004 (antigua estructura de carreras) y en la posterior al 1 de mayo de 2004 (nueva estructura de carreras), y sin perjuicio del principio de promoción por mérito establecido en el artículo 45 del presente Estatuto, dicho cuadro de efectivos asegurará que, en cada institución, el número de puestos vacantes en cada grado del cuadro de efectivos, a 1 de enero, se corresponda con el número de funcionarios del grado inferior que, el 1 de enero del año anterior, se encontraran en servicio activo, multiplicado por los porcentajes establecidos en la sección B del anexo I en relación con dicho grado. Dichos porcentajes se aplicarán durante un período medio de cinco años, a partir del [1 de mayo de 2004]. 3. La Comisión, basándose en el método definido en el apartado 5, presentará cada año a la autoridad presupuestaria un informe sobre la evolución de la carrera media, en los dos grupos de funciones y en todas las instituciones, en el que se indicará si se ha respetado el principio de equivalencia y, en caso negativo, la medida en que se ha quebrantado. En el supuesto de que no se haya respetado, la autoridad presupuestaria podrá tomar las medidas correctoras de salvaguarda que resulten oportunas para restablecer la equivalencia. 4. A fin de garantizar que este sistema siga siendo coherente con el cuadro de efectivos, la equivalencia entre la antigua y la nueva estructura de carreras, y la disciplina presupuestaria, los porcentajes establecidos en la sección B del anexo I se revisarán al término del período de cinco años que comienza el 1 de mayo de 2004, sobre la base de un informe presentado por la Comisión al Consejo y de una propuesta de la Comisión. El Consejo decidirá de conformidad con el artículo 283 del Tratado CE. 5. La equivalencia entre la carrera media antes del 1 de mayo de 2004 y la carrera media de los funcionarios reclutados con posterioridad se evaluará en función del resultado de las promociones y la antigüedad durante un período de referencia dado, suponiendo que el número de efectivos no varíe.» 8.El artículo 7 queda modificado del siguiente modo: a)En el apartado 1, se sustituye «de su categoría o de su servicio» por «de su grupo de funciones». b)En la primera frase del apartado 2, se sustituye «un puesto de trabajo de una carrera de su categoría o de su servicio, superior a la carrera a la que pertenece» por: «un puesto de trabajo de su grupo de funciones correspondiente a un grado superior al suyo». c)En la segunda frase del apartado 2, se suprime «en el grado inicial». d)En la segunda frase del apartado 2, se sustituye «para la carrera en la que ocupa el puesto interino» por «en el grado correspondiente a su puesto interino». 9.El artículo 9 queda modificado del siguiente modo: a)En la letra a) del apartado 1, tras el tercer guión se añade un nuevo guión del siguiente tenor: «- una Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional, o varias Comisiones paritarias consultivas de incompetencia profesional si el número de funcionarios en los lugares de destino lo hiciera necesario;».

b)El párrafo segundo del apartado 2 se sustituye por el siguiente texto: «La lista de los miembros que compongan estos órganos será comunicada al personal de la institución.» c)En el apartado 5 se suprimen la letra «b) sobre las medidas de separación por incompetencia profesional,» y «También velará por la armonización de la calificación del personal en el seno de la institución.» La letra c) pasa a ser la letra b), y al final del apartado 5 se añade la siguiente frase: «La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá encomendarle la tarea de velar por la armonización de la calificación del personal en el seno de la institución.» d)Se añade el siguiente apartado: «6. La Comisión paritaria consultiva de incompetencia profesional será consultada a efectos de la aplicación del artículo 51.» 10.En el párrafo primero del artículo 10, después de la primera frase se añade la frase siguiente: «Las agencias estarán representadas conjuntamente, de conformidad con las normas que se fijen de común acuerdo entre ellas y la Comisión.» El párrafo segundo se sustituye por el siguiente texto: «La Comisión consultará al Comité sobre cualquier propuesta de revisión del Estatuto y éste emitirá su dictamen en el plazo fijado por aquélla. Con independencia de las funciones que le atribuye el presente Estatuto, este Comité podrá formular sugerencias para la revisión del Estatuto. El Comité se reunirá a petición de su presidente, de una institución o del Comité de personal de una institución.» 11 bis. Se añaden los siguientes artículos 10 ter y 10 quater: «Artículo 10 ter Las organizaciones sindicales o profesionales a que se refiere el artículo 24 ter actuarán en interés general del personal, sin perjuicio de las competencias estatutarias de los Comités de personal. Las propuestas de la Comisión a que se refiere el artículo 10 podrán ser objeto de consultas por las organizaciones sindicales y profesionales representativas. Artículo 10 quater Cada institución podrá celebrar acuerdos relativos a su personal con sus organizaciones sindicales y profesionales representativas. Dichos acuerdos no podrán suponer una modificación del Estatuto de los funcionarios ni compromisos presupuestarios, y tampoco podrán afectar al funcionamiento de la institución considerada. Las organizaciones sindicales y profesionales representativas signatarias actuarán en cada institución con sujeción a las competencias estatutarias del Comité de personal.» 11.En el artículo 11, se añade al párrafo primero la frase siguiente:

«Realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y cumpliendo con su deber de lealtad hacia las Comunidades.» 12.Se añade el siguiente artículo 11 bis: «Artículo 11 bis 1. En el ejercicio de sus funciones, y salvo lo dispuesto a continuación, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia. 2. Todo funcionario en el que recaiga, durante el ejercicio de sus funciones, la tramitación de un asunto del tipo mencionado en el apartado 1 lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Ésta tomará las medidas oportunas y podrá, en particular, eximir al funcionario de sus obligaciones en relación con dicho asunto. 3. El funcionario no podrá conservar ni adquirir, directa o indirectamente, en las empresas sujetas al control de la institución a la que pertenezca, o que estén en relación con ella, intereses que, por su índole e importancia, pudieran menoscabar su independencia en el ejercicio de sus funciones.» 13.El artículo 12 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 12 «El funcionario se abstendrá de todo acto o comportamiento que pudiera atentar a la dignidad de su función.» 14.Se añaden los siguientes artículos 12 bis y 12 ter: «Artículo 12 bis 1. Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual. 2. Ningún funcionario que haya sido víctima de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución. Ningún funcionario que haya facilitado pruebas de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado honestamente. 3. Por «acoso psicológico» se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. 4. Por «acoso sexual» se entenderá toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto. El acoso sexual se considerará una discriminación por razón de sexo. Artículo 12 ter 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, todo funcionario que se proponga ejercer una actividad ajena al servicio, retribuida o no, o cumplir un mandato fuera del ámbito de las Comunidades solicitará previamente autorización a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Dicha autorización únicamente le será denegada si la actividad o el mandato pudiera, por su naturaleza, obstaculizar el desempeño de sus funciones o fuese incompatible con los intereses de su institución. 2. El funcionario informará a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cualquier modificación de la actividad o el mandato antes señalados que se produzca después de que haya solicitado la autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en aplicación de lo previsto en el apartado 1. La autorización podrá ser revocada si la actividad o el mandato no cumple ya las condiciones mencionadas en la última frase del apartado 1.» La autorización podrá ser revocada si la actividad o el mandato no cumple ya las condiciones mencionadas en la última frase del apartado 1.» 15.Al final del artículo 13, se añade la palabra «o» entre «funciones» y «trasladado» y se suprime «o separado de oficio». 16.Se suprime el artículo 14.

17.El artículo 15 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 15 1. Todo funcionario que se proponga presentarse como candidato a un cargo público lo notificará a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Atendiendo al interés del servicio, ésta decidirá si el interesado: - debe presentar una solicitud de excedencia voluntaria; - debe ser autorizado a tomar vacaciones anuales; - puede ser autorizado a trabajar a tiempo parcial; - puede seguir desempeñando sus funciones como antes. 2. En caso de ser elegido o nombrado para un cargo público, el funcionario lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Atendiendo al interés del servicio, a la importancia de dicho cargo, a las obligaciones que comporte y a los emolumentos y reembolsos de gastos a que dé derecho, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomará una de las decisiones antes señaladas. En el supuesto de que se exija al funcionario que solicite una excedencia voluntaria o de que se le conceda autorización para trabajar a tiempo parcial, la duración de dicha excedencia o actividad a tiempo parcial será igual a la del mandato del funcionario.» 18.En el artículo 16, los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente: «Todo funcionario que se proponga ejercer una actividad profesional, retribuida o no, en los dos años siguientes al cese de sus funciones deberá notificarlo a su institución. En el supuesto de que dicha actividad guarde una relación con el trabajo realizado por el interesado durante los tres últimos años de servicio y pueda resultar incompatible con los intereses legítimos de la institución, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, atendiendo al interés del servicio, bien prohibirle que ejerza tal actividad, bien subordinar su autorización a cuantas condiciones considere oportunas. La institución, previa consulta a la Comisión paritaria, comunicará su decisión en los treinta días hábiles siguientes a la citada notificación. Se considerará que la ausencia de comunicación de decisión alguna al término de dicho plazo equivale a una aceptación implícita.» 19.El artículo 17 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 17 1. El funcionario se abstendrá de divulgar sin autorización cualquier información que haya recibido en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, salvo que dicha información se haya hecho ya pública o sea de acceso público. 2. El funcionario seguirá estando sujeto a esta obligación tras el cese de sus funciones.» 20.Se añade el siguiente artículo 17 bis: «Artículo 17 bis 1.Todo funcionario tendrá derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de su obligación de atenerse a los requisitos de lealtad e imparcialidad. 2.Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 17, todo funcionario que se proponga publicar o hacer publicar, individualmente o en colaboración, cualquier escrito que se refiera a la actividad de las Comunidades lo notificará previamente a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se halla en condiciones de demostrar que la publicación puede perjudicar gravemente a los intereses legítimos de las Comunidades, comunicará por escrito su decisión al funcionario en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la recepción de la notificación. En el supuesto de que no se notifique decisión alguna en el plazo especificado, se considerará que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no opone objeción alguna.» 21.El artículo 18 queda modificado del siguiente modo:

a)El texto actual pasa a ser el apartado 1. b)En el apartado 1, se añade la siguiente frase: «Las Comunidades tendrán derecho a exigir la cesión a su favor de los derechos de autor correspondientes a tales trabajos.» c)Se añaden los siguientes apartados 2 y 3: «2. Toda invención realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o en conexión con las mismas pertenecerá de pleno derecho a las Comunidades. La institución podrá, a su costa y en nombre de las Comunidades, solicitar y obtener las correspondientes patentes en cualquier país. Toda invención que guarde relación con la actividad de las Comunidades realizada por un funcionario en el año siguiente al término de sus funciones se considerará, salvo que se demuestre lo contrario, concebida en el ejercicio de sus funciones o en conexión con las mismas. Cuando las invenciones sean patentadas se hará constar el nombre del inventor o inventores. 3. La institución podrá, en su caso, conceder una prima, cuya cuantía será fijada por ella, al funcionario autor de una invención patentada.» 22.En el artículo 20, se añade la frase siguiente: «Comunicarán a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos su dirección y le notificarán de inmediato cualquier cambio de domicilio.» 23.En el artículo 21, se suprime el último párrafo. 24.Se añade el siguiente artículo 21 bis: «Artículo 21 bis 1. Cuando estime que existe alguna irregularidad en las órdenes recibidas o que su ejecución puede ocasionar graves inconvenientes, el funcionario lo comunicará a su superior jerárquico, el cual, si la información se ha transmitido por escrito, responderá igualmente por escrito. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, en el supuesto de que este último confirme las órdenes y el funcionario juzgue esta confirmación insuficiente a la luz de sus motivos de preocupación, informará de ello por escrito a la autoridad jerárquica inmediatamente superior. Si ésta confirma las órdenes por escrito, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean manifiestamente contrarias a la legalidad o a las normas de seguridad aplicables. 2. Si su superior jerárquico estima que las órdenes deben cumplirse sin demora, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean manifiestamente contrarias a la legalidad o a las normas de seguridad aplicables. A instancia del funcionario, el superior jerárquico estará obligado a dar este tipo de órdenes por escrito.» 25.Se añaden los siguientes artículos 22 bis y 22 ter: «Artículo 22 bis 1. Cuando, en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, el funcionario tenga conocimiento de hechos que lleven a presumir que existe una posible actividad ilegal, y en particular fraude o corrupción, perjudicial para los intereses de las Comunidades, o que una conducta relacionada con el ejercicio de tareas profesionales puede constituir una falta grave a las obligaciones de los funcionarios de las Comunidades, informará de inmediato a su superior jerárquico o a su Director General o, si lo juzga oportuno, al Secretario General, o las personas de rango equivalente, o directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Cualquier información sobre la presunción de posibles actividades ilegales se comunicará por escrito. Lo anterior será aplicable igualmente en caso de incumplimiento grave de una obligación similar por parte de un miembro de alguna institución o de cualquier otra persona que esté al servicio de una institución o que preste servicios por cuenta la misma. 2. Todo funcionario que reciba este tipo de información comunicará de inmediato a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude los indicios de que disponga y que permitan presumir que se ha cometido alguna de las irregularidades a que se refiere el apartado 1. 3. Ningún funcionario podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución por haber comunicado la información a que se refieren los apartados 1 y 2, siempre que haya actuado razonable y honestamente.

4. Los apartados 1 a 3 no serán aplicables a los documentos, informes, notas o datos, con independencia de su soporte, obtenidos a efectos de la tramitación de un caso jurisdiccional, pendiente o concluido, o creados o divulgados al funcionario en el curso de dicha tramitación. Artículo 22 ter 1. Ningún funcionario que divulgue la información definida en el artículo 22 bis al Presidente de la Comisión, al Presidente del Tribunal de Cuentas, al Presidente del Consejo, al Presidente del Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución a la que pertenezca, siempre que concurran las dos circunstancias siguientes: a) que el funcionario estime, honesta y razonablemente, que la información divulgada y las alegaciones que pueda contener son en sustancia ciertas; y b) que el funcionario haya comunicado previamente esa misma información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o a su institución y haya dejado transcurrir el plazo fijado por la Oficina o la institución, atendiendo a la complejidad del caso, para tomar las medidas oportunas. El funcionario será debidamente informado de dicho plazo. 2. El plazo a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando el funcionario pueda demostrar que no es razonable a la luz de todas las circunstancias del caso. 3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a los documentos, informes, notas o datos, con independencia de su soporte, obtenidos a efectos de la tramitación de un caso jurisdiccional, pendiente o concluido, o creados o divulgados al funcionario en el curso de dicha tramitación.» 26.En el artículo 23, se sustituye «grado A 1 a A 4» por «grado AD 12 a AD 16». 27.Los artículos 24 y 24 bis quedan modificados del siguiente modo:



a) Los párrafos tercero y cuarto del artículo 24 pasan a ser el artículo 24 bis. b) [Esta modificación no afecta a la versión española.] 28.El antiguo artículo 24 bis se convierte en artículo 24 ter. 29.El artículo 25 queda modificado del siguiente modo:



a) En el párrafo primero, tras «demandas» se añade «relativas a aspectos regulados por el presente Estatuto».



b) En el párrafo tercero, se sustituye «serán anunciadas en los edificios de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado y publicados en el Boletín mensual del personal de las Comunidades» por «serán publicadas en la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado. Todo el personal tendrá acceso a la publicación durante un período adecuado.» 30.El artículo 26 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo tercero, tras las palabras «correo certificado» se añade el texto siguiente: «enviado a la última dirección indicada por el funcionario.» b)El párrafo cuarto se sustituye por el siguiente texto: «En el expediente personal de un funcionario no podrá constar ninguna mención de sus actividades y opiniones políticas, sindicales, filosóficas o religiosas, de su origen racial o étnico o de su orientación sexual. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá incluir en el expediente actos administrativos y documentos de los que el funcionario tenga conocimiento y que resulten necesarios para la aplicación del presente Estatuto.» c)Al final del párrafo sexto, tras «expediente» se añade «y a hacer copia de los mismos». d)En el párrafo séptimo, tras «oficinas de la administración» se añade «o en un soporte informático protegido».

En la última frase, se suprime «ante éste».

31.Se añade el siguiente artículo 26 bis: «Artículo 26 bis Todo funcionario tendrá derecho a consultar su expediente médico en las condiciones que las instituciones determinen.» 32.En el artículo 27 se suprime el párrafo segundo. 33.El artículo 29 queda modificado del siguiente modo: a)En el apartado 1, las letras a), b) y c) se sustituyen por las siguientes: «a) las posibilidades de proveer la vacante mediante i) traslado o ii) nombramiento con arreglo al artículo 45 bis, o iii) promoción dentro de la institución; b) las solicitudes de transferencia de funcionarios del mismo grado de otras instituciones y/o las posibilidades de convocar un concurso interno en la institución abierto exclusivamente a los funcionarios y a los agentes temporales definidos en el artículo 2 del régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas.» b)En el apartado 2, se sustituye «los funcionarios de los grados A1 y A2» por: «los altos funcionarios (directores generales o su equivalente de los grados AD 16 o AD 15 y directores o su equivalente de los grados AD 15 o AD 14)». c)Se añaden los siguientes apartados: «3. Cada institución podrá organizar concursos internos, para cada grupo de funciones, basados en cualificaciones, en pruebas o en ambas y correspondientes a los grados AST 6 o superiores y AD 9 o superiores. Dichos concursos estarán abiertos a los agentes temporales de la institución contratados de conformidad con el artículo 2 del régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Las instituciones exigirán como cualificaciones mínimas para la participación en dichos concursos haber prestado, al menos, diez años de servicio en calidad de agente temporal y haber sido contratado como agente temporal al término de un procedimiento de selección que garantice la aplicación de las mismas normas que en la selección de funcionarios, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 bis del artículo 12 del citado régimen. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 29, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la institución que haya contratado al agente temporal deberá, antes de proveer una vacante en esa institución, examinar las posibilidades de traslados de funcionarios paralelamente a los candidatos que hayan superado los citados concursos internos. 4. Cada cinco años, y por cada grupo de funciones, el Parlamento Europeo organizará, como mínimo, dos concursos internos basados en las cualificaciones y correspondientes a los grados AST 6 o superiores y AD 9 o superiores, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 3.» 34.El artículo 31 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 31 1. Los candidatos así elegidos serán nombrados en el grado del grupo de funciones especificado en la convocatoria del concurso que hayan superado. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29, los funcionarios sólo podrán ser reclutados en los grados AST 1 a AST 4 o AD 5 a AD 8. La institución determinará el grado de la convocatoria de concurso con arreglo a los siguientes criterios: *el objetivo de reclutamiento de funcionarios que posean las más altas cualidades a tenor de lo dispuesto en artículo 27; *la calidad de la experiencia profesional requerida. A fin de responder a necesidades específicas de las instituciones, podrán igualmente tomarse en consideración en el reclutamiento de funcionarios las condiciones del mercado de trabajo en la Comunidad. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la institución podrá, si procede, autorizar la organización de concursos en los grados AD 9, AD 10, AD 11 o, excepcionalmente, AD 12. El número total de candidatos nombrados en puestos vacantes, en tales grados, no podrá exceder del 20% del número total de nombramientos realizados anualmente, en el grupo de funciones AD, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30.» 35.En el artículo 32, el párrafo segundo se sustituye por el siguiente: «La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá, atendiendo a la experiencia profesional del interesado, reconocerle una antigüedad adicional de 24 meses, como máximo. Se adoptarán disposiciones generales de aplicación del presente artículo.» 36.En el apartado 1 del artículo 34, el párrafo primero se sustituye por el siguiente: «Todo funcionario deberá efectuar un período de prácticas de nueve meses antes de poder ser nombrado con carácter definitivo.» 37.En el artículo 35 se añade la siguiente letra f): «f) licencia parental o licencia familiar.» 38.El artículo 37 queda modificado del siguiente modo: a)En el segundo guión de la letra a) del párrafo primero, se añade «bajo la dependencia» entre «o» y «de un grupo político del Parlamento Europeo» y, al final del guión, se añade «, del Comité de las Regiones o de un grupo del Comité Económico y Social». b)Tras el párrafo final se añade el siguiente párrafo: «Todo funcionario en servicio activo o en excedencia voluntaria podrá presentar una solicitud de comisión de servicio o recibir una propuesta de comisión por interés del servicio. Una vez que el funcionario pase a estar en comisión de servicio, la excedencia voluntaria se dará por terminada. 39.El artículo 39 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo segundo de la letra d), se sustituye «pensión de invalidez o de supervivencia» por «asignación por invalidez o pensión de supervivencia». b)La letra e) se convierte en letra f) y se sustituye «categoría o servicio» por «grupo de funciones». c)Se añade la siguiente letra e):

«e) Mientras se halle en comisión de servicio, el funcionario conservará sus derechos a la subida de escalón.» 40.El artículo 40 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo segundo del apartado 2, se sustituye «por otros dos períodos de un año» por «varias veces». b)En el párrafo segundo del apartado 2, se añade el siguiente texto: «Cada renovación tendrá una duración máxima de un año. La duración total de la excedencia voluntaria no podrá exceder de quince años a lo largo de toda la carrera del funcionario. Sin embargo, cuando la excedencia se solicite para permitir al funcionario: - educar a un hijo que se considere que está a su cargo con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del anexo VII, que esté afectado por una discapacidad psíquica o física grave, reconocida por el médico-asesor de la institución y que exija una vigilancia o cuidados permanentes; o - seguir a su cónyuge, también funcionario o agente de las Comunidades, que esté obligado, a causa de sus funciones, a establecer su residencia habitual a una distancia tal del lugar de destino del interesado que el establecimiento de la residencia conyugal común en este lugar sea para el interesado fuente de inconvenientes para el ejercicio de sus funciones, la excedencia podrá renovarse sin ninguna limitación, siempre que, en el momento de cada renovación, subsistan las condiciones que hayan justificado la concesión de la excedencia.» c) Se suprimen los párrafos tercero y cuarto del apartado 2. d)En el párrafo segundo del apartado 3, la primera frase se sustituye por el siguiente texto: «No obstante, si el funcionario no ejerce una actividad profesional retribuida, podrá, siempre que lo solicite a más tardar en el mes siguiente al comienzo de la excedencia voluntaria, seguir disfrutando de la cobertura prevista en dichos artículos, a condición de que sufrague la mitad de las contribuciones necesarias para la cobertura de los riesgos a que se refieren el apartado 1 del artículo 72 y el apartado 1 del artículo 73 durante el primer año de excedencia voluntaria y la totalidad de las mismas durante el período restante de dicha excedencia. Sin embargo, únicamente podrá disfrutar de la cobertura contra los riesgos contemplados en el artículo 73 si está cubierto igualmente contra los riesgos contemplados en el artículo 72. Las contribuciones se calcularán en función del último sueldo base del funcionario.» Las contribuciones se calcularán en función del último sueldo base del funcionario.» e)En la letra d) del apartado 4, se sustituye «categoría o servicio» por «grupo de funciones» y, en la última frase, se sustituye «Hasta el momento de su reincorporación» por «Hasta tanto no se reincorpore o se halle en comisión de servicio». 41.El apartado 3 del artículo 41 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo segundo, se sustituye «de su categoría o de su servicio» por «de su grupo de funciones». b)Los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se sustituyen por los siguientes párrafos: «No se aplicará coeficiente corrector alguno a la indemnización. No obstante, la indemnización y la última retribución global a la que se refiere el párrafo cuarto estarán sujetas al coeficiente, mencionado en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 3 del anexo XI, que corresponda al país de las Comunidades en el que el interesado demuestre tener su residencia, siempre y cuando ese país sea su último lugar de destino. En tal caso, si la moneda del país no es el euro, la indemnización se calculará con arreglo a los tipos de cambio previstos en el artículo 63 del presente Estatuto.» 42.Tras el artículo 42, se crea una «Sección 6: Licencia parental o familiar» y se añaden los siguientes artículos 42 bis y 42 ter: «Artículo 42 bis

Todo funcionario tendrá derecho, por cada hijo y en los doce años siguientes al nacimiento o la adopción del mismo, a una licencia parental de una duración máxima de seis meses, sin percepción del sueldo base. La duración de esta licencia podrá duplicarse en el caso de las familias monoparentales reconocidas en virtud de las disposiciones generales de aplicación adoptadas por las instituciones. La licencia podrá concederse por tramos de una duración mínima de un mes. Durante la licencia parental, el funcionario continuará estando afiliado al régimen de seguridad social. Seguirá adquiriendo derechos a pensión y conservará el beneficio de las asignaciones por hijos a cargo y de escolaridad. Asimismo, conservará su puesto de trabajo y tendrá derecho a la subida de escalón y a la promoción de grado. La licencia podrá consistir en un cese total de actividad o en un trabajo a media jornada. Cuando la licencia parental consista en un trabajo a media jornada, la duración máxima a que se refiere el párrafo primero se duplicará. Durante la licencia parental, el funcionario tendrá derecho a una asignación mensual de [750 euros] , que se reducirá en un 50% en caso de trabajo a media jornada, pero no podrá ejercer ninguna otra actividad retribuida. La contribución al régimen de seguridad social previsto en los artículos 72 y 73 será sufragada, en su totalidad, por la institución y se calculará en función del sueldo base del funcionario. No obstante, cuando la licencia se conceda en forma de trabajo a media jornada, esta disposición se aplicará exclusivamente a la diferencia entre el sueldo base íntegro y el sueldo base reducido proporcionalmente. La contribución del funcionario por la parte del sueldo base efectivamente abonada se calculará aplicando los mismos porcentajes que si trabajase a tiempo completo. La asignación será de [1.000 euros] mensuales, o el 50 % de este importe en caso de trabajo a media jornada, para las familias monoparentales a que se refiere el párrafo primero y durante los tres primeros meses de la licencia parental, cuando ésta se conceda al padre en el transcurso de la licencia por maternidad o al padre o la madre inmediatamente después de la licencia por maternidad, durante la licencia por adopción o inmediatamente después de ésta. Los importes antes señalados estarán sujetos a la misma adaptación que las retribuciones. Artículo 42 ter Cuando su cónyuge, un ascendiente, un descendiente o un hermano se vea afectado por una enfermedad grave o una seria discapacidad, corroboradas por un certificado médico, el funcionario tendrá derecho a una licencia familiar, sin percepción del sueldo base. La duración total de esta licencia no podrá exceder de nueve meses a lo largo de toda la carrera del funcionario. Será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 bis.» 43.El artículo 43 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo primero, se suprime «, salvo para los grados A1 y A2,» y, tras la primera frase, se añade la siguiente: «Las instituciones establecerán disposiciones que otorguen el derecho a presentar un recurso con motivo del procedimiento de calificación, el cual habrá de ejercerse antes de presentar una reclamación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90.» b)Se añade el siguiente párrafo, que pasa a ser el párrafo segundo: «En lo que respecta a los funcionarios del grupo de funciones AST, a partir del grado 4, el informe podrá contener, asimismo, un dictamen que indique si, a la luz de las prestaciones realizadas, el interesado posee el potencial necesario para desempeñar funciones de administrador.» 44.En el artículo 44, se añade el siguiente párrafo: «Cuando un funcionario sea nombrado jefe de unidad, director o director general en el mismo grado, y siempre que haya desempeñado sus nuevas funciones satisfactoriamente durante los nueve primeros meses, disfrutará de una subida de escalón en dicho grado en el momento en que el nombramiento se haga efectivo. Esta subida implicará un aumento del sueldo base mensual igual al porcentaje de progresión entre el primer y el segundo escalón de cada grado. Si el aumento es inferior o si el funcionario se encuentra ya en el último escalón de su grado, recibirá un suplemento del sueldo base que le permita disfrutar del aumento entre el primer y el segundo escalón hasta que se haga efectiva su próxima promoción.» 45.Los artículos 45 y 46 se sustituyen por los siguientes textos: «Artículo 45 1. La promoción se concederá por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6. Consistirá en el nombramiento del funcionario en el grado inmediatamente superior del grupo de funciones al que pertenezca. Las promociones se efectuarán únicamente mediante libre designación entre funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años y previo examen comparativo de los méritos de los candidatos. A efectos del examen comparativo de los méritos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomará en consideración, en particular, los informes de los funcionarios, la utilización de lenguas distintas de aquella de la que hayan justificado tener un conocimiento en profundidad, de conformidad con la letra f) del artículo 28, y, cuando proceda, las responsabilidades por ellos desempeñadas. 2. Antes de su primera promoción con posterioridad al reclutamiento, los funcionarios deberán demostrar su capacidad para trabajar en un tercera lengua entre las mencionadas en el artículo 314 del Tratado CE. Cada institución adoptará disposiciones generales de aplicación del presente apartado de conformidad con el artículo 110, en las que se preverá el acceso de los funcionarios a la formación en una tercera lengua y se establecerán los procedimientos para verificar la capacidad de trabajo en una tercera lengua. Artículo 45 bis 1) No obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 5, todo funcionario del grupo de funciones AST podrá, a partir del grado 5, ser nombrado en un puesto del grupo de funciones AD, siempre que: a) haya sido seleccionado, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3, para participar en un programa de formación obligatoria conforme a lo dispuesto en la letra b); b) haya llevado a cabo un programa de formación determinado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y que comprenda una serie de módulos de formación obligatorios; y

c) figure en la lista, confeccionada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de candidatos aptos que han superado un examen oral y escrito, que demuestre que ha seguido con éxito el programa de formación mencionado en la anterior letra b). El contenido de este examen se determinará con arreglo a lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 7 del anexo III. 2) La autoridad facultada para proceder a los nombramientos elaborará un proyecto de lista de funcionarios AST seleccionados para participar en el programa de formación antes mencionado, basándose en los informes periódicos de los mismos a que se refiere el artículo 43 y en su nivel de educación y formación, y teniendo en cuenta las necesidades de los servicios. Este proyecto se someterá al dictamen de una Comisión paritaria. Dicha Comisión podrá oír a los funcionarios que hayan solicitado participar en el citado programa de formación y a los representantes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Emitirá por mayoría un dictamen motivado sobre el proyecto de lista presentado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Esta autoridad adoptará la lista de los funcionarios que tendrán derecho a participar en el citado programa de formación. 3) El nombramiento en un puesto del grupo de funciones AD no afectará al grado y al escalón que correspondan al funcionario en el momento del nombramiento. 4) El número de nombramientos en puestos del grupo de funciones AD, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 4, no podrá exceder del 20% del número total de nombramientos realizados anualmente de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30. 5) Las instituciones adoptarán las disposiciones generales de aplicación del presente artículo de conformidad con el artículo 110. Artículo 46 Todo funcionario nombrado en un grado superior, de conformidad con lo previsto en el artículo 45, se clasificará en el primer escalón de dicho grado. No obstante, cuando sean nombrados en un grado superior con arreglo al artículo 45, los funcionarios de los grados AD 9 a AD 13 que ejerzan la función de jefe de unidad se clasificarán en el segundo escalón de su nuevo grado. Lo mismo será de aplicación a los funcionarios: - promovidos al cargo de director o director general, o - que ocupen el cargo de director o director general y a los que sea de aplicación lo dispuesto en la última frase del párrafo segundo del artículo 44.» 46.El artículo 48 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo tercero, se sustituye «de la categoría A y del servicio lingüístico» por «del grupo de funciones AD». b)En el párrafo tercero, se sustituye «de las demás categorías» por «del grupo de funciones AST». 47.En el párrafo primero del artículo 49, se suprime el número «13». 48.El artículo 50 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo primero, se sustituye «Los funcionarios titulares de puestos de trabajo de los grados A 1 y A 2» por «Los altos funcionarios, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29,». b)En el párrafo tercero, se suprime «de su categoría o servicio,». c)El párrafo quinto se sustituye por los siguientes párrafos: «El interesado deberá presentar las pruebas escritas que le sean solicitadas y comunicar a su institución cualquier circunstancia que pueda alterar su derecho a percibir la indemnización. No se aplicará a la indemnización ningún coeficiente corrector.

Será de aplicación, por analogía, lo dispuesto en los párrafos tercero a quinto del artículo 45 del anexo VIII.» 49.El título de la Sección 4, «Separación por incompetencia profesional», se sustituye por «Procedimientos por incompetencia profesional». 50.El artículo 51 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 51 1. Cada institución definirá los procedimientos oportunos para poder detectar, gestionar y resolver los casos de incompetencia profesional de forma preventiva y positiva. Una vez agotados estos procedimientos, el funcionario que, a la luz de informes consecutivos de evolución de la carrera, dé pruebas de incompetencia profesional en el desempeño de sus atribuciones podrá ser separado del servicio o clasificado en un grado inferior o en un grupo de funciones inferior, bien con el mismo grado, bien con un grado inferior . 2. Toda propuesta de separación del servicio o de clasificación en un grado o grupo de funciones inferior de un funcionario deberá exponer las razones que la motivan y será comunicada al interesado. La propuesta de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos será remitida a la Comisión paritaria consultiva a que se refiere el apartado 6 del artículo 9. 3. El funcionario tendrá derecho a que se le comunique íntegramente su expediente personal y a hacer copia de todos los documentos relativos al procedimiento. Para preparar su defensa, dispondrá de un plazo mínimo de quince días a contar desde la fecha de recepción de la propuesta. Podrá ser asistido por una persona de su elección. El funcionario podrá presentar observaciones por escrito. Será oído por la Comisión paritaria consultiva. Podrá, asimismo, citar testigos. 4. La institución estará representada ante la Comisión paritaria consultiva por un funcionario designado a tal efecto por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y dispondrá de los mismos derechos que el interesado. 5. A la luz de la propuesta y habida cuenta, en su caso, de las declaraciones presentadas verbalmente y por escrito por el interesado y los testigos, la Comisión paritaria consultiva emitirá, por mayoría, un dictamen motivado en el que indique la actuación que considera apropiada ante los hechos demostrados a instancia suya. Remitirá dicho dictamen a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y al interesado en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que haya sido llamada a pronunciarse. El presidente no participará en las decisiones de la Comisión paritaria consultiva, salvo cuando se trate de cuestiones procedimentales o en caso de empate de los votos. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptará su decisión en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que reciba el dictamen de la Comisión paritaria consultiva y tras haber oído al interesado. Dicha decisión habrá de ser motivada y fijará la fecha a partir de la cual surtirá efecto. 6. Todo funcionario separado del servicio por incompetencia profesional tendrá derecho mensualmente a una indemnización igual al sueldo base mensual correspondiente al primer escalón del grado 1, durante el período definido en el apartado 7. El funcionario tendrá derecho igualmente, durante ese mismo período, a los complementos familiares previstos en el artículo 67. La asignación familiar se calculará en función del sueldo base mensual de un funcionario de grado 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del anexo VII. La citada indemnización no será abonada cuando el funcionario presente su renuncia tras iniciarse el procedimiento a que se refieren los apartados 1 a 3 o cuando tenga ya derecho al pago inmediato de la pensión íntegra. Si tiene derecho a una prestación por desempleo al amparo de un régimen de desempleo nacional, el importe de la misma será deducido de la indemnización antes mencionada. 7. El período durante el cual se efectuarán los pagos previstos en el apartado 6 se determinará del siguiente modo: - si, en la fecha en que se adopte la decisión de separación, el interesado no ha cumplido aún cinco años de servicio, será de tres meses; - si el interesado ha cumplido cinco años de servicio o más, pero menos de diez años, será de seis meses; - si el interesado ha cumplido diez años de servicio o más, pero menos de veinte años, será de nueve meses; - si el interesado ha cumplido más de veinte años de servicio, será de doce meses. 8. Cuando un funcionario sea clasificado en un grado o grupo de funciones inferior por incompetencia profesional, podrá, transcurrido un plazo de seis años, solicitar que se suprima de su expediente personal cualquier mención de dicha medida. 9. El interesado tendrá derecho al reembolso de los gastos en que razonablemente incurra en el transcurso del procedimiento, y en particular los honorarios pagados por su defensa a una persona ajena a la institución, cuando el procedimiento a que se refiere el presente artículo finalice sin que recaiga decisión de separación del servicio o clasificación del funcionario en un grado o grupo de funciones inferior.» 51.El párrafo primero del artículo 52 queda modificado del siguiente modo:

a) En el segundo guión, se sustituye «al menos, 60» por «al menos, 63» y «entre 50 y 60» por «entre 55 y 63». b) El párrafo segundo pasa a ser la última frase del segundo guión del párrafo primero. c) Se añade el siguiente nuevo párrafo segundo: «No obstante, todo funcionario podrá, si así lo solicita y siempre que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considere que la solicitud redunda en interés del servicio, seguir en activo hasta la edad de 67 años, en cuyo caso será jubilado de oficio el último día del mes en que cumpla dicha edad.» 52.En el artículo 54, se sustituye «tanto en su propia carrera como en la inmediatamente superior» por «tanto en su propio grado como en el inmediatamente superior».3] 53.El artículo 55 bis se sustituye por el siguiente: «Artículo 55 bis 1. Todo funcionario podrá solicitar autorización para trabajar a tiempo parcial. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá conceder dicha autorización si es compatible con el interés del servicio. 2. La autorización se concederá automáticamente en los casos siguientes: - para ocuparse de un hijo de menos de nueve años de edad; - para ocuparse de un hijo de entre nueve y doce años de edad, si la reducción del tiempo de trabajo no excede del 20% del tiempo de trabajo normal; - para ocuparse del cónyuge, de un ascendiente, de un descendiente o de un hermano gravemente enfermo o discapacitado; - para adquirir una formación complementaria; o - a partir de la edad de 55 años. Cuando el trabajo a tiempo parcial se solicite para adquirir una formación complementaria, o a partir de la edad de 55 años, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sólo podrá denegar la autorización o aplazar la fecha a partir de la cual surtirá efecto en casos excepcionales y por motivos imperativos de interés del servicio. Cuando el derecho a trabajar a tiempo parcial se ejerza a fin de ocuparse del cónyuge, de un ascendiente, de un descendiente o de un hermano gravemente enfermo, o para adquirir una formación complementaria, la duración total de los períodos de trabajo a tiempo parcial no podrá exceder de cinco años a lo largo de toda la carrera del funcionario. 3. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos responderá a la solicitud del funcionario en el plazo de sesenta días. 4. Las condiciones del trabajo a tiempo parcial y el procedimiento de concesión de la autorización serán los definidos en el anexo IV bis.»

54.Se añade el siguiente artículo 55 ter: «Artículo 55 ter Todo funcionario podrá solicitar autorización para trabajar media jornada, con arreglo a la fórmula del empleo compartido, en un puesto que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considere adecuado a esa forma de trabajo. La autorización para trabajar media jornada en régimen de empleo compartido no tendrá una duración limitada; no obstante, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá anularla en interés del servicio, notificándolo al funcionario con seis meses de antelación. Asimismo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá anular la autorización a instancia del funcionario interesado, notificándolo con seis meses de antelación, como mínimo. En este caso, el funcionario podrá ser trasladado a otro puesto. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 59 bis y, a excepción de la tercera frase del párrafo segundo, en el artículo 3 del anexo IV bis. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá establecer las condiciones de aplicación de las presentes disposiciones.» 55.El artículo 56 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo segundo, se sustituye «de las categorías A y B y del servicio lingüístico» por «del grupo de funciones AD y de los grados 5 a 11 del grupo de funciones AST».

b)En el párrafo tercero, se sustituye «de las categorías C y D» por «de los grados AST 1 a AST 4». 56.Se añade el siguiente artículo 56 quater: «Artículo 56 quater Atendiendo a las condiciones de trabajo penosas, podrá concederse una indemnización a determinados funcionarios. El Consejo, a la luz de la propuesta que le presente la Comisión previo dictamen del Comité del Estatuto, establecerá las categorías de beneficiarios, las condiciones de otorgamiento y las cuantías de estas indemnizaciones.» 57.El artículo 58 se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 58 Además de las vacaciones previstas en el artículo 57, las mujeres embarazadas tendrán derecho, previa presentación de un certificado médico, a una licencia de veinte semanas. La licencia comenzará, como máximo, seis semanas antes de la fecha probable del parto indicada en el certificado y concluirá, como mínimo, catorce semanas después de la fecha del parto. En caso de nacimiento múltiple o prematuro o de nacimiento de un niño discapacitado, la duración de la licencia será de veinticuatro semanas. A efectos de la presente disposición, se considerará prematuro todo nacimiento que tenga lugar antes de que finalice la trigesimocuarta semana de gestación.» 58.El artículo 59 se sustituye por el siguiente texto: “1. Todo funcionario que justifique su imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente disfrutará automáticamente de licencia por enfermedad. El interesado deberá notificar a la mayor brevedad su indisponibilidad a su institución, especificando el lugar en que se encuentra. A partir del cuarto día de ausencia deberá presentar un certificado médico. Este certificado deberá enviarse, a más tardar, el quinto día de ausencia, de lo que dará fe el matasellos de correos. En su defecto, y salvo que el certificado no se envíe por motivos ajenos a la voluntad del funcionario, la ausencia se considerará injustificada. El funcionario con licencia por enfermedad podrá, en todo momento, ser sometido a un control médico organizado por la institución. Si dicho control no puede efectuarse por motivos imputables al interesado, su ausencia se considerará injustificada a partir del día en que estuviera previsto el control. Si el control revela que el funcionario se halla en condiciones de ejercer sus funciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, su ausencia se considerará injustificada a partir del día del control. Si estima que las conclusiones del control médico organizado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos carecen de fundamento médico, el funcionario o un médico que actúe en nombre del mismo podrá, en el plazo de dos días hábiles, presentar a la institución una solicitud de arbitraje por un médico independiente. La institución remitirá de inmediato dicha solicitud a otro médico designado de común acuerdo por el médico del funcionario y el médico-asesor de la institución. De no llegarse a tal acuerdo en el plazo de cinco días, la institución elegirá a una de las personas que figuren en la lista de médicos independientes que confeccionarán a tal fin, cada año y de común acuerdo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y el Comité de personal. El funcionario dispondrá de dos días hábiles para impugnar la elección realizada por la institución, en cuyo caso ésta seleccionará a otra persona en la lista; esta nueva elección tendrá carácter definitivo. El dictamen emitido por el médico independiente tras consultar al médico del funcionario y al médico-asesor de la institución será vinculante. En el supuesto de que el dictamen del médico independiente confirme las conclusiones del control organizado por la institución, la ausencia se considerará injustificada a partir del día de dicho control. En el supuesto de que el dictamen del médico independiente no confirme las conclusiones del control, la ausencia se considerará, a todos los efectos, justificada. 2. Cuando, a lo largo de un período de doce meses, las ausencias por enfermedad sin certificado médico de duración no superior a tres días excedan de un total de doce días, el funcionario deberá presentar un certificado médico por cualquier nueva ausencia por enfermedad. Su ausencia se considerará injustificada a partir del decimotercer día de ausencia por enfermedad sin certificado médico.

3. Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas del régimen disciplinario, toda ausencia que se considere injustificada en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 2 se deducirá de las vacaciones anuales del funcionario. En el supuesto de que el funcionario haya agotada ya su saldo de vacaciones, perderá el beneficio de su retribución por el período correspondiente. 4. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá someter a la Comisión de invalidez el caso de todo funcionario cuyas licencias por enfermedad acumuladas excedan de doce meses durante un período de tres años. 5. Un funcionario podrá ser obligado a aceptar una licencia de oficio previo examen practicado por el médico-asesor de la institución, si su estado de salud lo exige o si en su domicilio se ha declarado una enfermedad contagiosa. En caso de discrepancia, será de aplicación el procedimiento previsto en el párrafo tercero del apartado 1. 6. Los funcionarios deberán someterse anualmente a un reconocimiento médico preventivo practicado, bien por el médico-asesor de la institución, bien por un médico de su elección. En este último caso, la institución reembolsará los honorarios del médico hasta un importe máximo fijado, por un período de tres años, como máximo, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, previo dictamen del Comité del Estatuto.» 59.El artículo 59 bis se sustituye por el siguiente texto: «Artículo 59 bis La vacación anual del funcionario que haya sido autorizado a ejercer su actividad a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente mientras dure esta actividad.» 59 bis. En el artículo 66, el cuadro se sustituye por el siguiente : Grados Escalones 1 2 3 4 5 16 13 917,93 14 502,78 15 112,21 15 12 301,13 12 818,04 13 356,67 13 728,27 13 917,93 14 10 872,14 11 329,00 11 805,06 12 133,50 12 301,13 13 9 609,16 10 012,95 10 433,70 10 723,99 10 872,14 12 8 492,89 8 849,77 9 221,65 9 478,21 9 609,16 11 7 506,29 7 821,72 8 150,40 8 377,16 8 492,89 10 6 634,31 6 913,09 7 203,59 7 404,01 7 506,29 9 5 863,62 6 110,02 6 366,77 6 543,90 6 634,31 8 5 182,46 5 400,24 5 627,16 5 783,72 5 863,62 7 4 580,43 4 772,91 4 973,47 5 111,84 5 182,46 6 4 048,34 4 218,45 4 395,72 4 518,01 4 580,43 5 3 578,05 3 728,41 3 885,08 3 993,17 4 048,34 4 3 162,40 3 295,29 3 433,76 3 529,29 3 578,05 3 2 795,03 2 912,48 3 034,87 3 119,31 3 162,40 2 2 470,34 2 574,15 2 682,32 2 756,95 2 795,03 1 2 183,37 2 275,12 2 370,72 2 436,68 2 470,34 60.El artículo 66 bis se sustituye por el siguiente: 1. Con carácter temporal y durante un período que dará comienzo el [1 de mayo de 2004] y terminará el [31 de diciembre de 2012], se establece una medida, denominada en lo sucesivo «exacción especial», que afectará, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68, a las retribuciones pagadas por las Comunidades a los funcionarios en activo. 2. a) El porcentaje de la referida exacción especial, que se aplicará a la base definida en el apartado 3, será el siguiente: Del 1.5.2004 al 31.12.2004 2,50% Del 1.1.2005 al 31.12.2005 2,93% Del 1.1.2006 al 31.12.2006 3,36% Del 1.1.2007 al 31.12.2007 3,79% Del 1.1.2008 al 31.12.2008 4,21%

Del 1.1.2009 al 31.12.2009 4,64% Del 1.1.2010 al 31.12.2010 5,07% Del 1.1.2011 al 31.12.2012 5,50% b) Con arreglo al procedimiento del artículo 283 del Tratado CE, y previa consulta con las otras instituciones interesadas, el Consejo podrá, en su caso, con ocasión de la evaluación prevista en el apartado 2 del artículo 15 del anexo XI del Estatuto, reajustar el porcentaje de la exacción especial a que se refiere la letra a), basándose en un informe y una propuesta de la Comisión. 3. a) La base del cálculo de la exacción especial será el sueldo base utilizado para determinar la retribución, previa deducción: – de las contribuciones a los regímenes de seguridad social y pensiones, así como del impuesto que grave, antes de la aplicación de la exacción especial, a un funcionario del mismo grado y escalón, sin personas a su cargo en el sentido del artículo 2 del anexo VII, y – de un importe igual al sueldo base correspondiente al escalón 1 del grado 1. b) Los elementos tomados en consideración para determinar la base de la exacción especial se expresarán en euros y se les aplicará el coeficiente corrector 100. 4. La exacción especial se percibirá cada mes mediante retención en origen; su producto se consignará como ingreso en el presupuesto general de las Comunidades. 61.En el artículo 68 bis, se sustituye «realizar media jornada» por «ejercer su actividad a tiempo parcial». 62.El artículo 70 queda modificado del siguiente modo: a) En el párrafo segundo, tras «titular de una pensión» se añade «o de una asignación por invalidez». b)En el párrafo segundo, tras «refiere a la pensión» se añade «o asignación». 63.Se suprime el artículo 70 bis. 64.El artículo 72 queda modificado del siguiente modo: a)Tras el párrafo primero del apartado 1, se añaden los siguientes párrafos: «La pareja no casada del funcionario tendrá la consideración de cónyuge a efectos del régimen de seguro de enfermedad, siempre que se cumplan las tres primeras condiciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del anexo VII. Las instituciones podrán, a través de la regulación a que se refiere el párrafo primero, conferir a una de ellas competencia para fijar las normas por las que se regirá el reembolso de los gastos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 110.»

b)En la primera frase del apartado 1 bis, se sustituye «que justifique no poder acogerse a otro régimen público de seguro de enfermedad» por «que no ejerza una actividad profesional retribuida». c)En el apartado 1 ter, se sustituye «que justifiquen no poder obtener reembolsos por ningún otro régimen de seguro de enfermedad» por «siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida». d)El apartado 2 queda modificado del siguiente modo:



- Se sustituye «pensión de invalidez» por «asignación por invalidez».

- Se sustituye «60» por «63». e)El apartado 2 bis se sustituye por el siguiente texto: «2 bis. Tendrán derecho, asimismo, a las prestaciones previstas en el apartado 1, siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida: - los antiguos funcionarios titulares de una pensión de jubilación que hayan cesado en el servicio de las Comunidades antes de cumplir 63 años; - los titulares de una pensión de supervivencia causada por el fallecimiento de un antiguo funcionario que hubiese cesado en el servicio de las Comunidades antes de cumplir 63 años. La contribución a que se refiere el apartado 1 se calculará en función de la pensión del antiguo funcionario, antes de aplicarse, en su caso, el coeficiente de reducción previsto en el artículo 9 del anexo VIII del Estatuto. No obstante, los titulares de una pensión de orfandad únicamente disfrutarán de las prestaciones previstas en el apartado 1 si así lo solicitan. La contribución se calculará en función de la pensión de orfandad.» f)Tras el apartado 2 bis, se añaden los siguientes apartados: «2 ter. En el caso de los titulares de una pensión de jubilación o de supervivencia, la contribución a que se refieren los apartados 2 y 2 bis no podrá ser inferior a la calculada en función del sueldo base correspondiente al primer escalón del grado 1. 2 quater. Los funcionarios separados del servicio de conformidad con el artículo 51 y que no sean titulares de una pensión de jubilación disfrutarán igualmente de las prestaciones establecidas en el apartado 1, siempre que no ejerzan una actividad profesional retribuida y que sufraguen la mitad de la contribución calculada en función de su último sueldo base.» 64 bis. En el artículo 76, tras «grave o prolongada» se añade «, debido a una discapacidad». 64 ter. Se añade el siguiente artículo 76 bis: «Artículo 76 bis Cuando el cónyuge supérstite esté afectado por una enfermedad grave o prolongada o padezca una discapacidad, podrá recibir, como complemento de su pensión, una ayuda económica de la institución por la duración de la enfermedad o discapacidad, a la luz del examen de las condiciones sociales y médicas del interesado. Las normas de aplicación del presente artículo serán determinadas de común acuerdo entre las instituciones, previa consulta al Comité del Estatuto.»

65.En el título V, el capítulo 3 pasa a denominarse «Pensiones y asignación por invalidez». 65 bis. El artículo 77 queda modificado del siguiente modo: a) En el párrafo primero, se sustituye «60» por «63». b) En el párrafo segundo, la segunda y la tercera frase se sustituyen por la siguiente: «Por cada año de servicio contabilizado de conformidad con el artículo 3 del anexo VIII, el funcionario tendrá derecho a percibir el 1,90% de este último sueldo base.» c) En el párrafo quinto, se sustituye «60» por «63». 66.El artículo 78 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo primero, se sustituye «carrera» por «grupo de funciones» y «pensión de» por «asignación por». b)Los párrafos segundo a quinto se sustituyen por los siguientes: «El artículo 52 será de aplicación por analogía a los beneficiarios de una asignación por invalidez. Si el beneficiario de una asignación por invalidez se jubila antes de cumplir los 65 años sin haber alcanzado el porcentaje máximo de derechos a pensión, se aplicarán las normas generales que regulan la pensión de jubilación. La pensión de jubilación concedida se fijará en función del sueldo correspondiente al grado y escalón en que estuviera clasificado el funcionario en la fecha en que fuera declarado inválido. La asignación por invalidez será igual al 70% del último sueldo base del funcionario. No obstante, dicha asignación no podrá ser inferior a la renta mínima de subsistencia. El beneficiario de una asignación por invalidez pagará una contribución al régimen de pensiones, calculada en función de dicha asignación. Cuando la invalidez sea consecuencia de un accidente sufrido por el interesado en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, de una enfermedad profesional, de un acto de abnegación realizado en interés público o del hecho de haber expuesto su vida para salvar la de otra persona, la asignación por invalidez no podrá ser inferior al 120% de la renta mínima de subsistencia. Además, en este caso, la contribución al régimen de pensiones correrá íntegramente a cargo del presupuesto de la institución o el organismo a que se refiere el artículo 1 ter.» 67.El artículo 79 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo primero, se sustituye «la viuda» por «el cónyuge supérstite». b)En el párrafo primero, se sustituye «de la pensión de jubilación o invalidez» por «de la pensión de jubilación o de la asignación por invalidez». 68.Se suprime el artículo 79 bis. 69.El artículo 80 queda modificado del siguiente modo: a)En el párrafo primero, se sustituye «de una pensión de jubilación o de invalidez» por «de una pensión de jubilación o de una asignación por invalidez» y «los hijos a su cargo, según el artículo 2 del Anexo VII,» por «los hijos que, según el artículo 2 del Anexo VII, estuvieren a su cargo en el momento del fallecimiento». b)En el párrafo tercero, se sustituye «de una pensión de jubilación o de invalidez» por «de una pensión de jubilación o de una asignación por invalidez». c)El párrafo cuarto se sustituye por el siguiente texto:

«En el caso de las personas asimiladas a hijos a cargo en virtud de lo previsto en el apartado 4 del artículo 2 del anexo VII, la pensión de orfandad no podrá rebasar un importe igual al doble de la asignación por hijo a cargo.» d)Tras el párrafo cuarto se añade el siguiente, que pasa a ser el nuevo párrafo quinto: «En caso de adopción, el fallecimiento del progenitor biológico que haya sido sustituido por el padre o la madre adoptivos no podrá dar lugar al pago de una pensión de orfandad.» e)El párrafo quinto se convierte en párrafo sexto. En este párrafo se sustituye «60» por «63». f)Se añade el siguiente párrafo séptimo: «El titular de una pensión de orfandad no podrá recibir varias pensiones de orfandad comunitarias. De tener derecho a varias, percibirá la más elevada.» 70.El párrafo primero del artículo 81 queda modificado del siguiente modo: a)Se suprime «que hubiere adquirido el derecho a la misma a los 60 años o, pasada esta edad».

b)Se sustituye «el beneficiario de una pensión de invalidez» por «, de una asignación por invalidez». c)Entre «como base la pensión» y «del beneficiario» se añade «o la asignación». Se añade la siguiente frase: «El beneficiario de una pensión de supervivencia únicamente tendrá derecho a dichos complementos por los hijos a cargo del funcionario o antiguo funcionario en el momento de su fallecimiento.» 70 bis. El artículo 81 bis queda modificado del siguiente modo: a) El apartado 1 queda modificado del siguiente modo: i. En la letra c), se sustituye «o de invalidez» por «o de una asignación por invalidez». ii. En la letra d), se sustituye «60» por «63». b) En el párrafo segundo del apartado 3, se sustituye «tercero y cuarto» por «segundo y tercero». 71.El artículo 82 queda modificado del siguiente modo: a)El apartado 1 queda modificado del siguiente modo: i.Los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el siguiente párrafo: «No se aplicará coeficiente corrector alguno a las pensiones.»

ii.En el párrafo cuarto, se suprime «en las condiciones dispuestas en el párrafo segundo del artículo 63». b)El apartado 2 queda modificado del siguiente modo: i.Se sustituye «Si» por «Cuando». ii.Se sustituye «aprobase un aumento de las retribuciones» por «apruebe una adaptación de las retribuciones». iii.Se sustituye «esta misma autoridad aprobará simultáneamente un aumento correlativo de las pensiones, según el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 65.» por «esa misma adaptación se aplicará a las pensiones.» c)Se añade el siguiente apartado 3: «3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable por analogía a los beneficiarios de una asignación por invalidez». 72.El artículo 83 queda modificado del siguiente modo: a) En el apartado 2, se sustituye «8,25%» por «9,25%». b) Se suprime el apartado 4. 73.Se añade el artículo 83 bis siguiente: «Artículo 83 bis 1. El equilibrio del régimen de pensiones quedará garantizado de conformidad con lo previsto en el anexo XII. 2. Los organismos comunitarios descentralizados que no se financien a través del presupuesto de las Comunidades ingresarán en dicho presupuesto la totalidad de las contribuciones necesarias para financiar el régimen de pensiones. 3. Con motivo de la evaluación actuarial quinquenal efectuada de conformidad con el anexo XII, y a fin de garantizar el equilibrio del régimen, el Consejo decidirá el porcentaje de la contribución y modificará, en su caso, la edad de jubilación. 4. La Comisión presentará cada año al Consejo una versión actualizada de la evaluación actuarial, de conformidad con el apartado 2 del artículo 1 del anexo XII. En el supuesto de que en ella quede patente una diferencia de 0,25 puntos, como mínimo, entre el porcentaje de la contribución vigente y el que resulta necesario para mantener el equilibrio actuarial, el Consejo estudiará si es oportuno adaptar el porcentaje con arreglo a las normas fijadas en el anexo XII. 5. A efectos de la aplicación de los apartados 3 y 4 del presente artículo, el Consejo se pronunciará a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, según lo previsto en el primer guión del apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. A efectos de la aplicación del apartado 3, la Comisión presentará su propuesta previo dictamen del Comité del Estatuto.» 74.En el artículo 85, se añade el siguiente párrafo: «La devolución deberá solicitarse, a más tardar, al término de un plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se haya abonado la cantidad. Este plazo no será oponible a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos cuando ésta pueda demostrar que el interesado ha inducido deliberadamente a error a la Administración con vistas a obtener el pago de la cantidad considerada.»

75.En el sexto guión del apartado 2 del artículo 85 bis, se sustituye «pensión de invalidez» por «asignación por invalidez».

76.Los apartados 2 y 3 del artículo 86 se sustituyen por los siguientes: «2. Cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude tengan conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de un incumplimiento, a efectos de lo previsto en el apartado 1, podrán iniciar una investigación administrativa con vistas a verificar la existencia de tal incumplimiento. 3. Las normas, los procedimientos y las medidas disciplinarios, y las normas y los procedimientos relativos a las investigaciones administrativas serán los que se establecen en el anexo IX del Estatuto.»

77.Se suprimen los artículos 87, 88 y 89. 78.Se suprime el apartado 3 del artículo 90. 79.Se añaden los siguientes artículos 90 bis, 90 ter y 90 quater: «Artículo 90 bis Cualquier persona a la que sea de aplicación el presente Estatuto podrá presentar al Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude una petición, con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 90, en la que le invite a tomar a su favor una decisión relativa a una investigación de la Oficina. Asimismo, podrá presentar al Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude una reclamación, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 90, contra un acto de la Oficina relacionado con una investigación de la misma que le sea lesivo. Artículo 90 ter Cualquier persona a la que sea de aplicación el presente Estatuto podrá presentar al Supervisor Europeo de Protección de Datos una petición o una reclamación, con arreglo a lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 90, dentro de su ámbito de competencias. Artículo 90 quater Las peticiones y reclamaciones relativas a ámbitos en los que se haya hecho uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 serán presentadas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos delegataria.» 80.En el artículo 91 bis, se suprime la primera frase; la segunda frase queda redactada del siguiente modo: «Los recursos en ámbitos en los que se haya hecho uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 serán interpuestos contra la institución de la que dependa la autoridad facultada para proceder a los nombramientos delegataria.» 81.Los artículos 92, 93 y 94 se sustituyen por los siguientes textos: «Artículo 92 El presente título establece las disposiciones particulares aplicables a los funcionarios de las Comunidades que ocupen puestos de trabajo retribuidos con cargo a los créditos asignados al presupuesto de investigación e inversión y clasificados de conformidad con la sección A del anexo I. Artículo 93

Atendiendo a las condiciones de trabajo penosas, podrá concederse una indemnización a algunos de los funcionarios a que se refiere el artículo 92. El Consejo, a propuesta de la Comisión, establecerá l