Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso» () (98/C 129/04)

El 20 octubre de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de febrero de 1998 (Ponente: Sr. Hernández Bataller).

En su 352° Pleno, celebrado los días 25 y 26 de febrero 1998 (sesión del 25 de febrero de 1998), el Comité Económico y Social ha aprobado por 120 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Esta Propuesta de Directiva, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, presentada por la Comisión al objeto de que se evacue el pertinente Dictamen, es consecuencia directa de las reflexiones producidas con ocasión del debate sobre el Libro Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior ().

1.2. Respecto a este Libro Verde, el Comité ha tenido la oportunidad de pronunciarse al emitir su Dictamen de fecha 25 de septiembre de 1996 ().

1.3. La necesidad de asegurar la protección jurídica de los servicios codificados contra la recepción ilícita ya constaba en el Programa estratégico para el mercado interior (), y también en el Libro Verde sobre esta materia que fue anunciado en la Comunicación de la Comisión sobre «Europa en marcha hacia la sociedad de la información. Plan de actuación», de 19 de junio de 1994 ().

1.4. Más recientemente, en la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa europea de comercio electrónico» (), en su apartado 55, se menciona que: «Para que haya una distribución segura de los servicios se requerirá una protección jurídica adecuada de los servicios de acceso condicional en todo el mercado único. Muchos servicios recurrirán a algún tipo de cifrado u otro sistema de acceso condicional para asegurarse una remuneración adecuada. Los prestadores de servicios tendrán que protegerse contra la piratería mediante descodificadores ilícitos, tarjetas inteligentes u otros dispositivos semejantes».

1.5. El Dictamen sobre esta Comunicación ha sido aprobado (CES 1191/97) ().

1.6. En el Dictamen sobre el Libro Verde (), el Comité extraía las conclusiones siguientes:

1.6.1. La codificación de las comunicaciones en general resulta absolutamente necesaria para impedir a toda persona no autorizada tener acceso a ella o alterarla.

1.6.2. Resulta necesaria una acción de protección eficiente en todos los Estados miembros, y tal objetivo sólo puede ser alcanzado eficazmente a través de una armonización comunitaria.

1.6.3. El instrumento legal a utilizar para dicha armonización debería ser un reglamento del Consejo.

1.6.4. Su campo de aplicación debería ampliarse a todos los servicios codificados.

1.6.5. Respecto a su campo de aplicación debería incluirse en el instrumento de armonización la posesión, con conocimiento de causa, de dispositivos de descodificación no autorizados por parte de particulares.

1.6.6. Este instrumento legal debería prever la posibilidad de interposición de una acción judicial por daños y perjuicios, así como establecer medidas civiles de carácter preventivo o cautelar contra actividades preparatorias específicas que faciliten la piratería y con sanciones finales contra la recepción y redistribución ilícita de servicios codificados.

1.6.7. Igualmente, el Comité invitaba a la Comisión a examinar la cuestión en todas sus implicaciones a nivel internacional, especialmente en el marco de los acuerdos bilaterales y de las actividades de la OMC, solicitándole que preparase las condiciones adecuadas para la normalización técnica de los descodificadores.

2. Análisis de la propuesta de la Comisión

2.1. Instrumento legal

2.1.1. De un primer examen de la propuesta de la Comisión se desprende que la Comisión ha optado por una directiva en vez de un reglamento.

2.1.1.1. Con tal opción, la Comisión entiende haber asegurado un «nivel equivalente de protección» en varios Estados miembros, dejando a criterio de éstos los «medios para conseguir dichos objetivos». Así, pues, se ha dejado a los Estados miembros:

a) la definición de las medidas necesarias para prohibir en su territorio las actividades que la Propuesta de Directiva considera ilícitas;

b) las sanciones aplicables a los infractores, las cuales, no obstante, deberán ser

- eficaces,

- disuasorias, y

- proporcionales al impacto potencial de la actividad ilícita.

2.2. Ámbito de aplicación

2.2.1. La Directiva delimita el ámbito de aplicación de los «servicios protegidos por acceso condicional», en la medida que la autorización al acceso del servicio tenga por objeto garantizar la remuneración de los servicios siguientes:

- la «radiodifusión televisiva», según se define en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/552/CEE (),

- la «radiodifusión sonora», que incluye no solamente las señales sonoras sino también las señales de datos que utilizan el mismo canal.

Ambas excluyen la prestación de servicios a petición individual.

- los «servicios de la Sociedad de la Información», definidos como «cualquier servicio prestado a distancia por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

2.3. Objeto de la Propuesta de Directiva

2.3.1. El objeto de la Propuesta de Directiva es la interdicción, en el espacio de la Unión Europea, de las actividades que a continuación se enumeran:

a) la fabricación, importación, venta o posesión, con fines comerciales, de dispositivos ilícitos;

b) la instalación, mantenimiento o sustitución, con fines comerciales, de un dispositivo ilícito; por «dispositivo ilícito» debe entenderse cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso no autorizado a un servicio protegido;

c) el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos.

2.3.1.1. Por «comunicación comercial» debe entenderse todo tipo de comunicación que tenga como finalidad la promoción de los servicios, los productos o la imagen de una empresa u organización entre los consumidores finales o los distribuidores.

2.3.1.2. Sin embargo, en las definiciones del artículo 1 no figura el concepto de «comunicación comercial».

2.3.2. La Comisión centra asimismo el objetivo de su propuesta en la «fabricación y comercialización de los dispositivos ilícitos de descodificación».

2.3.2.1. Esta medida no incluye en su ámbito de aplicación lo siguiente:

a) Los aspectos relacionados con la «recepción no autorizada» de cualquiera de los referidos servicios, ni la adquisición o la posesión privada de cualquier dispositivo ilícito siempre que no tenga finalidad comercial.

b) Igualmente no incluyen en su ámbito de aplicación los derechos relativos a los contenidos de la información transmitida por los dispositivos ilícitos.

c) Los derechos de propiedad industrial en relación con los descodificadores, por ser objeto de otra propuesta en preparación.

d) Finalmente, los aspectos relacionados con la protección del derecho a la privacidad y a la seguridad de las transacciones comerciales, que no tengan como soporte el pago de un servicio codificado de comunicación, tampoco son contemplados.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité acoge con satisfacción la Propuesta de Directiva de la Comisión, al recoger su opinión emitida con ocasión del Libro Verde.

3.2. No obstante, el Comité considera que, ante la actual existencia de lagunas y la distorsión de la competencia que éstas producen, el instrumento jurídico adecuado debería ser el reglamento y no la directiva, por la ventaja de:

- asegurar una armonización más eficaz, ya que sería directamente aplicable en los Estados miembros;

- evitar un largo proceso de transposición de las medidas propuestas en los respectivos Derechos internos.

3.3. Respecto a su ámbito de aplicación, debería ampliarse a la prestación de servicios profesionales, por ejemplo, la telemedicina.

3.4. El objetivo del artículo 2 es garantizar la libre circulación de los servicios protegidos, de los servicios vinculados y de los dispositivos de acceso condicional; sin embargo, su apartado 2 puede resultar superfluo, al limitarse a reproducir principios del Tratado de aplicación genérica y obvia.

3.5. En cuanto a las actividades infractoras, sería conveniente añadir al apartado c) del artículo 3 los «servicios vinculados», que comprenden la instalación, mantenimiento o sustitución de dispositivos de acceso condicional, así como la prestación de servicios de comunicación comercial relacionados con servicios o dispositivos protegidos u otros servicios vinculados.

3.6. El apartado 1 del artículo 4 podría ser sustituido por un precepto que reconozca el tipo de ilícito criminal de las actividades descritas en el artículo 3.

3.7. El apartado 2 del artículo 4 debería contemplar de forma más amplia la legitimación activa, de manera que posibilite el ejercicio de acciones de reparación, de cesación y medidas cautelares ante los tribunales a todos los que ostenten un «interés directo».

3.8. En el artículo 5 debería incluirse la obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión los regímenes de sanciones aplicables, ya que éstas no pueden estar contenidas en los textos legales de transposición.

4. Observaciones específicas

4.1. El Comité considera que deberá incrementarse el nivel de protección de los consumidores que contratan los servicios de acceso condicional, especialmente en los temas relativos a la resolución de reclamaciones y eventuales solicitudes de indemnización; la calidad del servicio y su prueba; y el pago y sus posibles formas en los aspectos no cubiertos por la Directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.

4.2. El Comité considera que la implantación en la sociedad de los servicios de acceso condicional debe garantizar en todo caso la protección de la intimidad y la confidencialidad de los ciudadanos.

4.3. Se deberían adoptar medidas sancionadoras complementarias en el ámbito aduanero similares a las contenidas en el Reglamento (CE) 3295/94 de 22 de diciembre de 1994 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.

4.3.1. De adoptarse medidas sancionadoras en el ámbito aduanero, sería oportuna la creación, a nivel de la Comisión, de un Comité de acompañamiento similar al previsto en el Reglamento (CE) 3295/94 del 22 de diciembre de 1994.

Bruselas, el 25 de febrero de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 314 de 16.10.1997, p. 7.

() COM(96) 76 final.

() DO C 30 de 30.1.1997.

() COM(93) 632 final.

() COM(94) 347 final.

() COM(97) 157 final.

() DO C 19 de 21.1.1998, p. 72.

() DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.