A4-0361/96

Resolución sobre el informe de la Comisión con arreglo al apartado 8 del artículo 189 B del Tratado CE sobre el ámbito de aplicación de la codecisión (SEC(96)1225 - C4-0464/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el informe de la Comisión con arreglo al apartado 8 del artículo 189 B del Tratado CE sobre el ámbito de aplicación de la codecisión (SEC(96)1225 - C4-0464/96),

- Vista su Resolución de 18 de abril de 1991 ((DO C 129 de 20.5.1991, pág 136)) sobre la naturaleza de los actos comunitarios,

- Vistas sus Resoluciones de 17 de mayo de 1995 ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 56)) sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 1996 - Realización y desarrollo de la Unión y de 13 de marzo de 1996 ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77)) que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evolución de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4- 0361/96),

A. Reafirmando la necesidad de extender la codecisión a todos los actos legislativos:

- para garantizar la democratización del proceso legislativo europeo,

- para simplificar los procedimientos legislativos a nivel europeo, eliminando el procedimiento de cooperación y reduciendo la posibilidad de conflictos inútiles sobre los fundamentos jurídicos,

B. Considerando que la extensión de la codecisión a todos los actos legislativos plantea el problema de la definición de estos actos,

C. Señalando que el establecimiento de una jerarquía de las normas de Derecho comunitario podría resolver este problema y que la Declaración nº 16 relativa a la jerarquía de los actos comunitarios anexa al Tratado de la Unión Europea prevé que la Conferencia Intergubernamental estudiará «la medida en que sería posible revisar la clasificación de los actos comunitarios, con vistas a establecer una adecuada jerarquía entre las distintas categorías de normas»,

D. Reafirmando que la extensión de la votación por mayoría cualificada al conjunto de los actos legislativos debe ser uno de los objetivos de la CIG para garantizar la eficacia de una UE ampliada; subrayando, sin embargo, que la extensión de la codecisión a los actos adoptados por mayoría cualificada no permitiría resolver el problema de la definición de un acto legislativo,

E. Considerando que la extensión de la codecisión a todos los actos actualmente sometidos al procedimiento de cooperación constituiría un progreso, pero mantendría fuera de la esfera de la codecisión a ámbitos de gran importancia política como la ciudadanía, la fiscalidad, la política agrícola o determinados aspectos del medio ambiente,

F. Considerando que la extensión de la codecisión caso por caso sin ningún criterio conduciría a un compromiso mínimo entre los Estados miembros y carecería de toda coherencia,

G. Considerando que todo enfoque basado en la lógica del caso por caso y que, por lo tanto, sería empírico, no estará en condiciones de resolver el grave problema de confusión e incertidumbre que padece el orden jurídico comunitario,

1. Formula las observaciones siguientes sobre el documento de la Comisión:

2. Apreciación global

2. 1. El documento de la Comisión, al proponer la extensión de la codecisión a la totalidad del ámbito legislativo y al esforzarse por establecer criterios detallados para la definición de este ámbito, tiene el gran mérito de ser, si se exceptúan las propuestas del Parlamento Europeo, el único enfoque políticamente coherente que se ha presentado hasta la fecha del problema planteado.

2. 2. El documento de la Comisión presenta, sin embargo, tres puntos débiles:

- los criterios seleccionados mejorarían en algunos casos si se precisaran;

- la definición de la ley tiene algunas lagunas y requiere complementos necesarios;

- la determinación del ámbito legislativo tal como resulta de la aplicación de los criterios es al mismo tiempo problemática y restrictiva.

3. Las imprecisiones

En los criterios propuestos por la Comisión aparecen ciertas imprecisiones importantes:

3. 1. El criterio de los «elementos esenciales de la acción de la Comunidad en un ámbito preciso» parece extremadamente subjetivo en su forma y su aplicación actuales, pero, si se definiera mejor, podría ser útil para la definición del ámbito legislativo en casos precisos que se refieren al impacto y la calidad de la legislación.

3. 2. Lo mismo ocurre con el concepto de «ámbito técnico» que la Comisión no presenta explícitamente como criterio, pero que utiliza «de facto» como criterio «negativo» para el establecimiento en el Anexo 4 de las materias que quedan fuera del ámbito de la codecisión.

3. 3. El concepto de «alcance general» mejoraría si se precisara, debido a los múltiples conflictos interinstitucionales que se han producido. Este concepto debe definirse por oposición tanto al de «medida individual» como al de «acto de gestión».

4. Los complementos necesarios

4. 1 Debe precisarse que los actos legislativos son de naturaleza normativa, programática o presupuestaria ((Para esta última categoría, la de las leyes de finanzas, la aplicación de la codecisión exige procedimientos particulares.)). Todo acto no presupuestario que comprenda la inscripción de «importes estimados necesarios» y tenga por ello una incidencia en el desarrollo del procedimiento presupuestario anual debe ser considerado legislativo.

4. 2 El documento de la Comisión debería incluir los actos que, según sus propios criterios, son de naturaleza legislativa y dependen, en el marco actual, del tercer pilar. Así, los Gobiernos no podrían seguir sustrayéndose a todo control parlamentario real, nacional o europeo, en los ámbitos particularmente sensibles de los derechos humanos y de las libertades públicas.

5. Restricciones injustificadas en la aplicación

La aplicación de los criterios determinados por la Comisión lleva a considerar que otros ámbitos y actos deben depender de la codecisión, entre ellos los siguientes:

5.1. Ciudadanía

Artículo 8 B, apartado 2: derecho a ser elector y elegible en las elecciones europeas para todo ciudadano de la Unión en el Estado miembro en el que resida: las elecciones municipales figuraban en el documento de la Comisión y es difícil imaginar la razón por la que las elecciones europeas quedan excluidas.

Artículo 8 E: responde a los criterios de la Comisión.

5.2. Competencia

Artículo 87: en lo que respecta a las reglas generales de aplicación de los principios del Tratado;

Artículo 92, apartado 3, letra e): en el que actualmente no se contempla ningún papel para el Parlamento Europeo, pero que determina las nuevas categorías de ayudas estatales consideradas compatibles con el mercado interior.

Artículo 94: en lo que respecta a las reglas generales de aplicación de los principios del Tratado en materia de ayudas estatales.

5.3. Visados

Artículo 100 C: debe hacerse una distinción entre las reglas generales, que son actos legislativos, que afectan a los derechos de las personas y que deben depender de la codecisión, y los actos de naturaleza ejecutiva, como el establecimiento o la modificación de las listas de países afectados, que no dependen de la codecisión.

5.4. Unión Económica y Monetaria

- Artículos 103, apartado 5, 104 A, apartado 2 y 104 B, apartado 2: debe aplicarse la codecisión porque las modalidades de aplicación del procedimiento de supervisión multilateral, de la prohibición de acceso privilegiado y del régimen de anticipos al Estado constituyen reglas generales y no son ámbitos «técnicos».

- Por el contrario, el artículo 105 A, apartado 2, podría pasar con esta redistribución al procedimiento de consulta.

5.5. Redes transeuropeas

El conjunto de las medidas contempladas en el artículo 129 C: la división actual entre medidas sometidas o no a la codecisión no corresponde a ninguna lógica.

5.6. Industria

Artículo 130, apartado 3: estas medidas tienen un «alcance general» y cubren un ámbito que podría llegar a ser mucho más importante en el futuro.

5.7. Investigación

Artículo 130 I, apartado 3: la práctica ha demostrado que este programa supera el marco de las medidas estrictamente ejecutivas. La codecisión será por ello necesaria, aunque parezca preferible suprimir este apartado e incluir todas las decisiones clave en los apartados 1 y 2 de este mismo artículo.

Artículo 130 J: en lo que respecta a las reglas generales para la aplicación del programa marco.

Artículo 130 N.

5.8. Tribunal de Primera Instancia

Artículo 168 A, apartado 2: en lo que respecta a las decisiones generales en materia de atribución de nuevas competencias al Tribunal o de cambios en su composición.

5.9. Lucha contra el fraude

Artículo 209 A: si se refuerza el fundamento jurídico actual, tal como lo desea el Parlamento Europeo.

5.10. Tratado Euratom

Varios fundamentos jurídicos contenidos en este Tratado permiten la adopción de actos de importancia política. Véanse los artículos 7, 31, 47, 85, 96, etc. La mayoría de estos fundamentos jurídicos exigen la votación por mayoría cualificada en el Consejo.

Otros asuntos

5.11. En determinados ámbitos debe revisarse el Tratado con vistas a distinguir los actos de naturaleza legislativa o ejecutiva, en particular, el artículo 43 relativo a la política agrícola y el artículo 113 referente a la política comercial, para lo cual podría preverse un artículo 113 bis para los acuerdos internacionales y un artículo 113 ter para las medidas legislativas.

5.12. El control democrático a escala europea también se ha de reforzar para ciertos actos y ámbitos que no dependen directamente de la codecisión. Por ejemplo, en el ámbito de la UEM, los debates estratégicos (grandes orientaciones de las políticas económicas, etc.) han de ser objeto de un control democrático al nivel europeo, sin que por ello el Parlamento Europeo esté implicado en las decisiones ejecutivas.

5.13. El incremento del ámbito legislativo resultante del futuro Tratado debe ser tomado en consideración y debe conducir a una extensión del campo de aplicación del procedimiento de codecisión.

6. Conclusión

Aunque apreciando la contribución de la Comisión a la democratización de los procedimientos legislativos de la Unión Europea, es necesario señalar las lagunas y las imprecisiones del documento de la Comisión y sobre todo la distancia que separa la definición de los criterios de su aplicación demasiado restrictiva.

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.