Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos", y

- la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se extiende la libre prestación de servicios transfronterizos a los nacionales de un tercer Estado establecidos dentro de la Comunidad"(1)

(1999/C 209/02)

El 25 de mayo de 1999, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de mayo de 1999 (ponente: Sr. Liverani).

En su 364o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 1999 (sesión del 26 de mayo) el Comité Económico y Social ha aprobado por 70 votos a favor y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos, presentada por la Comisión, se basa en el apartado 2 del artículo 57 del Tratado CE, al que se hace referencia expresa en el artículo 66 del mismo Tratado en relación con la prestación de servicios (procedimiento de codecisión). La propuesta de Directiva del Consejo, presentada también por la Comisión, que extiende a los nacionales de un tercer Estado que se hallen establecidos dentro de la Comunidad la libertad de prestar servicios transfronterizos, se basa, por su parte, en el segundo párrafo del artículo 59 del Tratado CE (procedimiento de consulta).

1.2. Ambas propuestas tienen por objeto la introducción de la "tarjeta de prestación de servicios - CE": un instrumento que se utilizará cuando los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en un Estado miembro para realizar una actividad asalariada o independiente deban desplazarse para prestar servicios en otro Estado miembro y esta prestación se vea obstaculizada por problemas de visado, permisos de estancia o de trabajo. En la medida en que estas propuestas guardan relación con la libre circulación de los servicios, no se puede ignorar su valor social en relación con la libre circulación de los trabajadores -incluidos los nacionales de terceros países-, cuestión que el Comité ha abordado recientemente en un Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión relativa al Plan de Acción para la libre circulación de los trabajadores"(2).

1.3. La primera propuesta de Directiva afecta a las empresas comunitarias prestadoras de servicios transfronterizos que desplacen a sus trabajadores asalariados nacionales de un tercer Estado. Se prevé que el prestador de servicios pueda desplazar "en cualquier momento" a su empleado mediante una simple declaración previa que deberá dirigirse a las autoridades del Estado miembro donde vaya a tener lugar la prestación. Esta declaración se inscribe en el marco de un sistema concreto de garantías por parte del Estado miembro donde esté establecido el prestador de servicios, a través de una "tarjeta de prestación de servicios - CE", documento que deberá ser uniforme en todos los Estados miembros, tendrá una duración limitada (doce meses como máximo) y no será renovable automáticamente.

1.4. La segunda propuesta de Directiva se refiere a la libertad de prestación de servicios de nacionales de terceros países establecidos como trabajadores autónomos dentro de la Comunidad. Su objetivo es impedir que un trabajador autónomo nacional de un tercer país se vea obligado, para poder prestar un servicio en otro Estado miembro, a residir en este último. Se prevé también para ello la expedición de una "tarjeta de prestación de servicios - CE".

1.5. La "tarjeta de prestación de servicios - CE", de duración temporal limitada, será expedida por el Estado miembro donde esté establecido el prestador de servicios y garantizará la regularidad del empresario o del trabajador asalariado o independiente de un tercer país. Este procedimiento, por una parte, libera al prestador de servicios de la obligación de efectuar largos trámites administrativos para cada Estado miembro donde desee prestar servicios y, por otra, aclara que un desplazamiento para prestar servicios constituye una actividad ajena al derecho a la libre circulación o al trabajo dentro de la Comunidad, simplificando al mismo tiempo los procedimientos administrativos para el Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación. La "tarjeta de prestación de servicios - CE" garantiza que el Estado miembro en el que esté establecido el nacional de un tercer Estado vuelva a acogerlo al término de la prestación.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité acoge favorablemente las propuestas de la Comisión, que se aplican a un tipo de actividad económica y laboral muy difundido y que no había sido objeto, hasta ahora, de ninguna disposición comunitaria. Las propuestas completan de manera muy oportuna un marco legislativo al que dan forma importantes actos comunitarios relativos tanto a la igualdad de trato de los ciudadanos de terceros países como a la supresión de obstáculos a la libre circulación de los servicios, objeto principal de la iniciativa que se examina.

2.2. Entre ellos cabe citar la Directiva 96/71/CE(3) que impone -en relación con las condiciones laborales de los trabajadores asalariados desplazados a otro Estado miembro (con especial referencia a los mínimos salariales)- el respeto de un "núcleo duro" de normas mínimas vinculantes en vigor en el Estado en que tiene lugar la prestación de servicios.

2.3. Conviene mencionar también el Reglamento (CEE) nº 1408/71(4), ampliado recientemente a nacionales de terceros países(5) y sobre el cual el Comité se pronunció favorablemente(6).

2.4. El Comité recuerda el interés de la Unión por definir una posición común que precise en qué medida los nacionales de terceros países que viven en situación legal y de manera permanente en el territorio comunitario deben beneficiarse de un trato idéntico al dispensado a los ciudadanos de la Unión(7); se destaca, además, que la ampliación de la libertad de prestación de servicios a trabajadores autónomos nacionales de terceros países estaba ya prevista, aunque hasta ahora no se había puesto en práctica, en el apartado 2 del artículo 59 del Tratado de Roma de 1957.

2.5. No obstante, es cierto que las iniciativas que se examinan tienen su origen no sólo en las discriminaciones de que son objeto los nacionales de terceros países, sino también y sobre todo en los considerables obstáculos a la libre circulación de los servicios que la situación actual conlleva, lo que induce al Comité a suscribir el principio según el cual las condiciones de una prestación de servicios no dependen de la política de inmigración, principio confirmado de manera expresa en una reciente recomendación(8).

2.6. En efecto, las disposiciones legales actualmente en vigor en los diferentes Estados miembros presentan muy poca homogeneidad. Algunos Estados miembros consideran estos desplazamientos como si fueran peticiones de acceso a empleos ofrecidos por empresarios establecidos en su territorio, lo que no corresponde en absoluto a la situación real del caso examinado; en otros, la legislación vigente es menos rígida pero impone, no obstante, la solicitud de un nuevo permiso de trabajo -o de un documento ad hoc concebido para los desplazamientos- a las autoridades de la región donde tiene lugar la prestación; algunos Estados miembros exigen que el trabajador asalariado haya trabajado al menos un año para el mismo empresario antes de poder efectuar un desplazamiento, norma que en algunos casos sitúa a la empresa establecida en la Unión Europea en desventaja respecto a la empresa establecida en un tercer país, que no tiene esta obligación.

2.7. Los prestadores de servicios establecidos en un Estado miembro que no sea el Estado en el que se presta el servicio se encuentran con dos desventajas: en primer lugar, la duración de los trámites burocráticos necesarios para la obtención, entre otras cosas, de una autorización expedida por las autoridades del país en el que tiene lugar la prestación es tal que puede obstaculizar seriamente, o incluso impedir, la ejecución de la prestación por parte del prestador de servicios en caso de que el personal implicado esté integrado por nacionales de terceros países; en segundo lugar, los controles efectuados por el Estado miembro en el que tiene lugar la prestación representan un trámite por partida doble, pues se añaden a los controles ya efectuados por el Estado miembro en el que está establecido el prestador de servicios.

2.8. Las medidas introducidas por la propuesta que se examina beneficiarían sin duda alguna a las propias administraciones nacionales, obligadas actualmente a controlar la regularidad de situaciones cuyos elementos dependen en realidad, en su mayoría, del Estado miembro en el que está establecido el prestador de servicios. Por otra parte, las administraciones conservan inalterable el derecho a efectuar controles donde lo consideren necesario. Sin embargo, no queda suficientemente claro si un empresario nacional de un tercer Estado con certificados de aptitud profesional expedidos por un tercer Estado podrá prestar sus servicios en todos los Estados miembros si al menos un Estado miembro reconoce dichos certificados. Por consiguiente, hay que formular de manera más precisa las disposiciones al respecto en las propuestas de Directiva.

2.9. La introducción de una "tarjeta de prestación de servicios - CE" elimina la necesidad, para las administraciones nacionales, de exigir un visado de entrada, en la medida en que certifica la regularidad de la situación en el Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios, Estado al que se impone la obligación de readmitir en cualquier momento al nacional de un tercer país a quien se haya expedido una "tarjeta de prestación de servicios - CE". Para que dicha tarjeta pueda cumplir efectivamente el mencionado requisito, el Comité considera indispensable que su expedición se supedite al criterio de que el beneficiario esté empleado de manera regular y estable en la empresa que lo desplaza, según las modalidades establecidas por la Comisión Europea y el Consejo. El Comité pide que se tomen todas las medidas necesarias para impedir la falsificación de dichas tarjetas con fines ilícitos, tanto a través del intercambio de información eficiente y oportuno entre las administraciones, como mediante la utilización de tecnologías adecuadas para la fabricación del propio documento.

2.10. La introducción de una "tarjeta de prestación de servicios - CE" acarrearía ventajas similares para los trabajadores autónomos que sean nacionales de terceros países y estén establecidos en la Unión Europea. De esta manera, el mercado de referencia en la búsqueda de agentes -personas físicas en general- para subcontrataciones se ampliaría a toda la Comunidad. Vista la propuesta de Directiva relativa a los trabajadores asalariados nacionales de terceros países, resulta imposible no permitir una libertad análoga de prestación de servicios a los trabajadores autónomos sin causar discriminaciones y distorsiones en el mercado interior. No se puede justificar que un trabajador autónomo nacional de un tercer país se vea obligado a crear una empresa en un Estado miembro para poder beneficiarse de la libertad de prestación de servicios.

2.11. Sin embargo, el Comité señala que la incorporación y aplicación de las directivas propuestas debe evaluarse a su debido tiempo en la perspectiva de la ampliación prevista de la UE, en particular desde el punto de vista de los períodos de transición. Por consiguiente, el Comité solicita a la Comisión que evalúe las repercusiones de las propuestas la directiva en el mercado de trabajo de la Unión Europea.

3. Conclusiones

3.1. El Comité destaca que las propuestas que se examinan tienen el mérito de adelantarse, por el espíritu que encierran, a las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam. En efecto, el Tratado de Amsterdam, vigente desde el 1 de mayo de 1999, añade un capítulo dedicado a los visados, al derecho de asilo, a la inmigración y a las demás políticas relacionadas con un espacio de libertad, seguridad y justicia. El estatuto de un nacional de un tercer país legalmente admitido como tal en un Estado miembro formará parte del futuro acervo comunitario, en particular en el marco de las medidas previstas en el apartado 4 del artículo 63 del nuevo Tratado CE.

3.2. No obstante, en el marco de la libre circulación de servicios, los ciudadanos de terceros Estados legalmente admitidos en un Estado miembro para llevar a cabo una actividad asalariada o no asalariada estaban ya vinculados al acervo comunitario (al igual que, por ejemplo, los familiares de los trabajadores comunitarios) incluso antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. En este sentido, las propuestas examinadas se inscriben, por su naturaleza, en el marco del mercado único.

Bruselas, el 26 de mayo de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) DO C 67 de 10.3.1999, p. 12-17.

(2) Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Comunicación de la Comisión relativa al Plan de Acción para la libre circulación de los trabajadores" (COM(97) 586 final, DO C 235 de 27.7.1998, p. 82).

(3) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

(4) Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo de 14 de junio de 1971 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (versión consolidada DO L 28 de 30.1.1997).

(5) Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71, en lo relativo a su ampliación a nacionales de terceros países (DO C 6 de 10.1.1998, p. 15).

(6) Dictamen CES de 25 de marzo de 1998 (DO C 157 de 25.5.1998, p. 30).

(7) Véase la Comunicación de la Comisión "Hacia un espacio de libertad, seguridad y justicia" de 14 de julio de 1998, COM(1998) 459 final, p. 6.

(8) Recomendación del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros estados (DO C 304 de 14.10.1996, p. 1, punto I, "ámbito de aplicación").