EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 395, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «la Directiva del IVA»), el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede autorizar a cualquier Estado miembro a que introduzca medidas especiales de excepción a lo dispuesto en dicha Directiva para simplificar el procedimiento de cobro del IVA o evitar ciertos tipos de evasión o elusión fiscal.

Mediante carta registrada en la Comisión el 31 de marzo de 2021, la República Italiana solicitó autorización para seguir aplicando una excepción a los artículos 218 y 232 de la Directiva del IVA a fin de seguir imponiendo la obligación de facturación electrónica. La presente excepción expira el 31 de diciembre de 2021. Además, en la misiva se solicitaba una ampliación del alcance de la medida de excepción en vigor, otorgada por la Decisión de Ejecución (UE) 2018/593 del Consejo, para incluir a los sujetos pasivos que se benefician de la franquicia para pequeñas empresas contemplada en el artículo 282 de la Directiva del IVA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 395, apartado 2, de la Directiva del IVA, la Comisión, mediante carta de 10 de septiembre de 2021, informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República Italiana. Mediante carta de 13 de septiembre de 2021, la Comisión notificó a la República Italiana que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

A raíz de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/593, la República Italiana introdujo un sistema generalizado de facturación electrónica obligatoria, denominado Sistema di Interscambio (SdI), de conformidad con la Recomendación del Consejo de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia y por la que se emitió un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia.

Italia alega que la medida, destinada a luchar contra el fraude y la evasión fiscales, a simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a mejorar la recaudación tributaria y a modernizar la producción italiana, reduciendo así los costes administrativos para las empresas, ha conseguido alcanzar plenamente sus objetivos.

En cuanto a la lucha contra el fraude y la evasión del IVA, la medida ha reforzado las capacidades de la administración tributaria, reduciendo los tiempos de detección y reacción ante casos de fraude y evasión del IVA, y mejorando las posibilidades de análisis de riesgos. Además, la medida ha demostrado su eficacia también en el sentido de la prevención, ya que ha disuadido los comportamientos evasivos y fraudulentos de los contribuyentes.

A pesar de que no es posible cuantificar con exactitud el importe de la recaudación directamente imputable a la aplicación de la facturación electrónica obligatoria, Italia ha facilitado algunas estimaciones. Según estos cálculos, alrededor de 2 000 millones EUR podrían atribuirse directamente a la mejora del cumplimiento del IVA tras la introducción de la medida en cuestión, mientras que alrededor de 580 millones EUR de ingresos adicionales en la recaudación de impuestos directos podrían atribuirse indirectamente a la medida. En el ámbito del control y de la ejecución, la identificación y cese de falsos créditos del IVA permitió la recuperación de 945 millones EUR en 2019. Además, el uso de los datos de la facturación electrónica a lo largo de todo el 2019 también ha sido esencial para identificar a los sujetos pasivos que no cumplían con los requisitos para acogerse a la condición de «exportador habitual» (más de 1 300 millones EUR de falsos límites máximos declarados). Están en curso otros procesos basados en el control cruzado de los datos de facturación electrónica con fuentes de información antifraude transfronterizas (incluida EUROFISC, la red europea de lucha contra el fraude del IVA). También ha sido posible identificar a las empresas implicadas en mecanismos de fraude intracomunitario llevados a cabo entre los últimos meses de 2019 y a lo largo de 2020, a partir de flujos de facturación de transacciones inexistentes por un importe aproximado de 1 000 millones EUR.

En lo que se refiere a la simplificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la aplicación de la facturación electrónica obligatoria ha permitido a la autoridad tributaria poner a disposición de los contribuyentes los registros de compras y ventas precumplimentados, la programación de la liquidación periódica del IVA, las declaraciones anuales del IVA precumplimentadas y los formularios de pago precumplimentados, incluidos los impuestos que deben pagarse, compensarse o para los que hay que solicitar la devolución (dándose prioridad a los que utilizan la facturación electrónica). La facturación electrónica ha permitido eliminar una serie de obligaciones, como, por ejemplo, la obligación de comunicación de los datos de facturas de régimen interior, de presentación de declaraciones Intrastat para las compras, la obligación de facilitar detalles de los contratos celebrados con empresas de arrendamiento financiero y arrendamiento-venta, y la obligación de notificar las operaciones relativas a las entregas de bienes desde la República de San Marino a Italia.

Según Italia, la aplicación de la facturación electrónica obligatoria ha aportado otros beneficios, ya que ha simplificado el proceso de facturación, tanto para los emisores como para los destinatarios, y ha permitido el desarrollo de servicios conexos que permiten supervisar el rendimiento de las empresas en tiempo real, incluida, por ejemplo, la gestión de los flujos de tesorería. Por otra parte, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los datos de la facturación electrónica obligatoria han sido de gran utilidad a la hora de analizar los cambios en la economía asociados a la crisis sanitaria y para poner en marcha las medidas de apoyo más adecuadas.

La Decisión de Ejecución (UE) 2018/593 se aplica hasta el 31 de diciembre de 2021, y por esta razón Italia ha solicitado renovar la excepción a los artículos 218 y 232 de la Directiva del IVA a fin de seguir imponiendo la obligación de facturación electrónica.

Además, la solicitud también pide que se amplíe el ámbito de aplicación de la medida a los sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia para pequeñas empresas contemplada en el artículo 282 de la Directiva del IVA. Italia considera que esta ampliación reforzará la lucha contra el fraude y la evasión del IVA, ya que proporcionará a las autoridades tributarias una visión completa de las operaciones realizadas por todos los contribuyentes. Por otra parte, las autoridades tributarias podrán controlar que el volumen de negocios de los sujetos pasivos que se benefician de la antedicha franquicia se mantiene por debajo del umbral, y combatir así la evasión relacionada con el acceso y la permanencia en este régimen de aquellos contribuyentes que infrinjan, de forma sustancial, las condiciones y requisitos establecidos por la ley.

A juicio de Italia, la ampliación requerida del alcance de la medida no debería suponer una carga administrativa significativa para estos sujetos pasivos. Más del 10 % de los contribuyentes que se benefician de la franquicia para pequeñas empresas contemplada en el artículo 282 de la Directiva del IVA ya emiten sus facturas a través del SdI. Además, la Agencia Tributaria italiana ha puesto a disposición de todos los operadores del IVA, de forma gratuita, distintas soluciones para preparar y transferir facturas. Entre ellas cabe destacar un paquete de programas informáticos que puede instalarse en un ordenador y utilizarse para preparar los expedientes de facturación electrónica, incluso en ausencia de conexión a internet, y transferirlos sencillamente cargándolos, y una aplicación que puede instalarse en cualquier dispositivo móvil para preparar y transferir facturas electrónicas. La Agencia Tributaria italiana también ha puesto a disposición gratuitamente un servicio de almacenamiento digital que permite archivar los expedientes de facturación, cumpliendo con los requisitos de autenticidad, integridad y legibilidad de los mismos durante quince años.

Las pymes se beneficiarían de la eliminación de los costes de impresión y archivo de las facturas y de la reducción del riesgo de cometer errores en la preparación de las mismas, y tendrían acceso a una serie de servicios en línea, ofrecidos por la Agencia Tributaria italiana, que permiten a los contribuyentes explotar los datos de facturación para analizar el desarrollo de sus actividades.

Habida cuenta del amplio alcance de la excepción y de su ampliación a los sujetos pasivos que se benefician de la franquicia para las pequeñas empresas prevista en el artículo 282 de la Directiva del IVA, es importante garantizar el correcto seguimiento de esta medida y, en particular, de su repercusión en la lucha contra el fraude y la evasión del IVA y sobre los sujetos pasivos, con particular atención a las pymes. En caso de que Italia desee prorrogar la medida de excepción, deberá presentar un informe sobre su funcionamiento, junto con la solicitud de prórroga. El informe deberá incluir la evaluación de la medida en términos de su eficacia en la lucha contra el fraude y la evasión del IVA y en la simplificación de la percepción de impuestos. El informe deberá incluir también una evaluación del efecto de la medida sobre los sujetos pasivos, en particular las pymes, con una explicación en detalle del incremento de sus costes de cumplimiento y de las cargas administrativas.

Se propone prorrogar la autorización hasta el 31 de diciembre de 2024.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El artículo 218 de la Directiva del IVA equipara las facturas en papel con las electrónicas, al establecer que los Estados miembros deben aceptar como factura tanto los documentos o mensajes en papel como en forma electrónica. De conformidad con el artículo 232 de la Directiva del IVA, el uso de la factura electrónica se supedita a su aceptación por el receptor. La facturación electrónica obligatoria aplicada por Italia constituye efectivamente una excepción a estas dos disposiciones.