P6_TA(2006)0463

Desplazamiento de trabajadores

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores (2006/2038(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios [1] (Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores),

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE en los Estados miembros (COM(2003) 0458),

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (COM(2006) 0159) (Orientaciones),

- Visto el informe de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE (SEC (2006) 0439 (Informe de los servicios),

- Vista su Resolución, de 15 de enero de 2004, sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE en los Estados miembros [2],

- Vistos los artículos 27 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

- Visto el Convenio no 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores migrantes (Disposiciones complementarias),

- Vista la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias [3],

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de agosto de 1994 en el caso C-43/93, Vander Elst [4], de 23 de noviembre de 1999 en los asuntos acumulados C-369/96 y 376/96, Arblade [5], de 25 de octubre de 2001 en los asuntos acumulados C-49/98, C-50/98, C- 52/98, C-54/98, C-68/98 y C-71/98, Finalarte [6], de 7 de febrero de 2002 en el caso C-279/00, Comisión contra Italia [7], de 12 de octubre de 2004 en el caso C-60/03, Wolff & Müller GmbH [8], de 21 de octubre de 2004 en el caso C-445/03, Comisión contra Luxemburgo [9], y de 19 de enero de 2006 en el caso C-244/04, Comisión contra Alemania [10],

- Vista la Directiva del Consejo 91/533/CEE, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral [11],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0308/2006),

A. Considerando que la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores tiene dos objetivos importantes como son garantizar la libre circulación de las personas y servicios al tiempo que se garantiza que los trabajadores desplazados estén sujetos a los requisitos y las condiciones en materia de salario mínimo, condiciones de empleo, sanidad y seguridad del Estado miembro de acogida, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; que se trata de un importante instrumento para garantizar un trato justo,

B. Considerando que los términos y condiciones que establece el artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores deben considerarse únicamente como normas mínimas; que el artículo 3, apartado 7 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores precisa que las condiciones que establecen los apartados 1 a 6 no impedirán la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables para los trabajadores,

C. Considerando que, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, le corresponde al país de acogida definir lo que es un trabajador; considerando, además, que el informe de los servicios de la Comisión arriba mencionado confirma que la situación laboral de facto en el país de acogida es determinante,

D. Recordando que, en su posición de 16 de febrero de 2006, el Parlamento suprimió los artículos 24 y 25 de la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior [12],

E. Considerando que, en el caso Wolff & Müller, el Tribunal de Justicia afirmó que las medidas del país de acogida para evitar la competencia desleal se consideran justificadas para asegurar que los asalariados desplazados cumplan las normas mínimas establecidas en el artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, y que estas medidas específicas de protección justifican una restricción a la libre prestación de servicios,

F. Considerando que, en este caso Wolff & Müller, el Tribunal de Justicia mantiene que la libertad de prestación de servicios y el mantenimiento de una competencia leal no son necesariamente incompatibles con el objetivo de velar por la protección de los trabajadores,

G. Considerando que el principio de igualdad de trato tiene un doble efecto para la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, por un lado, como igualdad de trato a las empresas en el marco de la libre prestación de servicios y, por otro, como igualdad de trato a los asalariados desplazados en lo que respecta a las disposiciones mínimas vigentes en el país de acogida en materia de condiciones de trabajo y empleo, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva,

H. Considerando que, en las orientaciones de la Comisión, se pide la adopción de medidas para evitar que se eludan las normas y los derechos mínimos de protección, en detrimento de los trabajadores desplazados,

I. Considerando que el número tan escaso de quejas sobre la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores recibidas por la Comisión y el bajo número de procedimientos de infracción incoados por la Comisión demuestran que los ciudadanos no son conscientes de los derechos que les otorga la presente Directiva y que ésta, por lo tanto, no logra sus objetivos,

J. Considerando que los interlocutores sociales desempeñan un importante papel en el éxito de la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, y que, por consiguiente, un fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y una mayor cooperación transfronteriza contribuyen considerablemente al principio de igualdad deseado; reconociendo, no obstante, que en muchos países la mayor parte de los trabajadores no están sindicados y que son con frecuencia esos trabajadores quienes peor informados están sobre sus derechos y obligaciones,

K. Considerando que sería conveniente que los interlocutores sociales de los Estados miembros en los que la Directiva se aplica mediante convenios colectivos tuvieran acceso directo a las informaciones sobre las empresas que desplazan trabajadores, de modo que puedan ejercer el control que en otros Estados miembros realizan las autoridades que tienen acceso a este tipo de información sobre las empresas,

L. Considerando que, gracias a los acuerdos bilaterales y trilaterales celebrados entre Estados miembros y entre interlocutores sociales con vistas al reconocimiento mutuo de las respectivas normas y condiciones de protección del trabajo, se ha podido prevenir eficazmente la elusión de las normas nacionales, y que esta situación ha mejorado gracias a la cooperación entre las oficinas de enlace y el intercambio de información entre sindicatos,

M. Considerando que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores sigue siendo necesaria para proporcionar seguridad jurídica a los trabajadores desplazados y a las empresas afectadas y que es necesaria una posición activa de la Comisión para lograr una cooperación más eficaz y eficiente entre los Estados miembros, sus oficinas de enlace e inspecciones de trabajo, especialmente con el fin de combatir la competencia desleal y el dumping social,

N. Considerando que los Estados miembros de la UE-15 se han comprometido en una cláusula preferencial del Tratado de adhesión a no prestar un trato menos favorable a los nacionales de los diez nuevos Estados miembros en lo que respecta a la libre circulación que a los nacionales de terceros países; que esto sólo será posible si las autoridades competentes tienen conocimiento de la residencia de los nacionales de terceros países; que los Estados miembros de acogida no podrán imponer condiciones adicionales a los trabajadores desplazados de terceros países si han sido empleados legalmente por un proveedor de servicios establecido en un Estado miembro,

1. Constata que, en sus orientaciones, la Comisión reconoce tanto el objetivo social de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores como la plena responsabilidad del país de acogida de realizar este objetivo, garantizando protección y derechos a todos los trabajadores desplazados temporalmente en el exterior; observa que la Comisión pide a los Estados miembros que asuman su responsabilidad garantizando a la vez los derechos de las empresas a prestar servicios transnacionales, de conformidad con el artículo 49 del Tratado;

2. Subraya que las dificultades que plantea la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores están relacionadas, en parte, con el hecho de que no se haya transpuesto en todos los Estados miembros y pide a la Comisión que le mantenga informado del desarrollo de los procedimientos de infracción contra los Estados miembros contraventores; por otra parte, atrae la atención sobre la dificultad de aplicar la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores a causa de las diferencias de interpretación de determinados conceptos clave, como "trabajador", "salario mínimo", "subcontratación", de la dificultad de acceso a la información tanto de los trabajadores como de las PYME, y de la dificultad de llevar a cabo el control del cumplimiento de la Directiva;

3. Toma nota de que las orientaciones de la Comisión intentan mejorar la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores con el fin de reducir las actuales barreras en los Estados miembros que obstaculizan seriamente el desplazamiento eficaz de trabajadores; observa, no obstante, que, en su interpretación jurídica, la Comisión va en determinados casos más allá de lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; toma nota de que, en las conclusiones de sus orientaciones, la Comisión reconoce la necesidad de definir más claramente las medidas de inspección y de mejorar el acceso a la información; espera, no obstante, que se adopten soluciones adecuadas con carácter vinculante para la aplicación de la Directiva;

4. Invita a la Comisión a presentar una propuesta de directiva relativa a los requisitos en lo que concierne a las tripulaciones de los buques que aseguran servicios regulares de pasajeros y de transporte por transbordador entre los Estados miembros;

5. Toma nota de que una de las dificultades prácticas clave para la aplicación con éxito de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores es la cuestión del doble desplazamiento y que para abordarla se precisan una mejor coordinación entre los Estados miembros y mejores procedimientos de notificación;

6. Toma nota de la observación en las orientaciones de la Comisión de que en algunos Estados miembros no se aplica en la práctica la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores y pide a la Comisión que adopte las medidas pertinentes al respecto;

Relaciones laborales y definición de "trabajador"

7. Apoya el análisis que hace la Comisión en sus orientaciones, según el cual, la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores no es el marco adecuado en el que abordar las preocupaciones relativas a la situación jurídica de los trabajadores por cuenta propia; concluye de los informes de ejecución, que una falsa autonomía constituye la estrategia más utilizada para evadir las normas mínimas establecidas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores;

8. Pide a los Estados miembros, con referencia al estudio Perulli "Trabajo económicamente dependiente (parasubordinación): aspectos jurídicos, sociales y económicos", que adapten sus definiciones de "trabajador por cuenta ajena" de manera que se pueda distinguir claramente entre el estatuto de "empresario", que abarca, por una parte, los negocios independientes que trabajan para empresas independientes entre sí, y, por la otra, los "empleados", que trabajan en una dependencia organizativa y económica bajo supervisión y a cambio de remuneración;

9. Observa que el Tribunal de Justicia ha formulado, en reiteradas ocasiones, criterios precisos que permiten distinguir entre "trabajadores" y "autónomos"; teniendo en cuenta la competencia de los Estados miembros para determinar el estatuto según el Derecho laboral, la Comisión debe velar por que ello se haga en el respeto de las directrices fijadas por el Tribunal de Justicia; pide a la Comisión que inicie negociaciones con carácter de urgencia con los Estados miembros, con el objetivo de instaurar criterios transparentes y coherentes para determinar el estatuto de los "trabajadores" y los "autónomos" según el Derecho laboral;

10. Señala que, por el momento, supone un dificultoso y largo proceso demostrar que un trabajador por cuenta propia pro forma es en realidad un asalariado, y que, por lo tanto, para cuando se hubiese establecido la prueba necesaria, el trabajador desplazado podría haber concluido su trabajo y haber vuelto a casa;

11. Pide que se propicien los intercambios entre los servicios de inspección del trabajo de los Estados miembros con el fin de que puedan adherirse a las campañas contra los falsos autónomos, en especial, intercambiando información;

12. Constata que la jurisprudencia existente reconoce el derecho del Estado miembro de acogida a exigir los documentos necesarios para poder verificar el respeto de las condiciones de empleo establecidas en la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; opina que dichos documentos no deben quedar limitados únicamente a los "time sheets" (fichas horarias) o a documentos relativos a las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo siempre y cuando las exigencias sean proporcionadas; señala que el Estado miembro en el que opera la empresa normalmente (el Estado de envío) está obligado a proporcionar al Estado de acogida el formulario E 101, que prueba la afiliación del trabajador desplazado al régimen de seguridad social del Estado de envío;

13. Toma nota de que pueden surgir diferencias en las condiciones de empleo en los Estados miembros que no han previsto disposiciones de conformidad con el artículo 3, apartado 9 de la Directiva para velar por que los trabajadores de las empresas de empleo temporal desplazados estén sujetos a las mismas condiciones aplicables a los trabajadores de las empresas de empleo temporal en el país en el que se desarrolla el trabajo; pide a los Estados miembros en cuestión que adopten las medidas necesarias para poner fin a tal discriminación;

Garantía de los términos y condiciones de trabajo de conformidad con el artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores

14. Reitera que la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores prevé las disposiciones imperativas mínimas de protección del trabajo y el empleo aplicables a los trabajadores desplazados en el territorio de los Estados miembros, lo que no obsta a que estos últimos impongan las condiciones de trabajo y empleo fijadas en los convenios colectivos declarados de aplicación general ni a que se impongan otras condiciones de trabajo y empleo en la medida en que constituyan disposiciones de orden público; se opone a una interpretación restrictiva de la noción de "disposiciones de orden público" por la Comisión, en particular, consistente en integrar en forma de reglamento las disposiciones del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, (COM(2005) 0650);

15. Toma nota de que en muchos Estados miembros los sindicatos desempeñan un papel como interlocutores sociales y que, en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia [13], la Comisión ha declarado que la forma específica de algunas negociaciones nórdicas es conforme al Tratado de la CE y a la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores;

16. Considera que para asegurar la aplicación adecuada de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, es necesaria la disponibilidad de una persona que pudiera actuar como representante de la empresa que realiza el desplazamiento de trabajadores, con objeto de que se puedan aplicar las disposiciones y condiciones de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores;

17. Constata que, en ausencia de convenios colectivos específicos tal como los define la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el apartado 8 de su artículo 3, rigen las condiciones de trabajo y empleo determinadas por las disposiciones legislativas nacionales, incluida la obligación de pago de un salario mínimo;

18. Constata que todas las medidas que sirvan para informar a los trabajadores de sus derechos, incluidos los salarios a los que tienen derecho, contribuyen a la aplicación eficaz de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; considera que la información y el conocimiento de los derechos y las expectativas que les confiere la Directiva deben mejorarse para todas las partes implicadas; pide a la Comisión que apoye activamente esas medidas; acoge con satisfacción, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión de crear un sitio Internet dedicado al desplazamiento de trabajadores, que contenga enlaces directos a la legislación nacional pertinente; señala que la información debe facilitarse en las lenguas apropiadas;

19. Opina que la aplicación eficaz de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores no se conseguirá con una burocracia enorme, sino, por el contrario, mediante una mayor información y procedimientos sencillos, que permitan a los ciudadanos conocer sus derechos; pide, por consiguiente, a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín que desarrolle orientaciones sobre las mejores prácticas para la elaboración de información para trabajadores y empresarios;

20. Destaca la importancia de preservar el derecho de los Estados miembros de acogida a establecer el salario mínimo, de conformidad con el artículo 3, apartado 1 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, pero pide a los Estados que fijan el salario mínimo mediante convenio colectivo que ofrezcan acceso a la información sobre los niveles del salario mínimo a las empresas que proyectan establecerse en otro Estado miembro;

21. Lamenta la colaboración deficiente entre las distintas instancias, tanto a nivel europeo como nacional, con los interlocutores sociales sectoriales que juegan un papel muy importante, y espera de la Comisión que estimule la colaboración entre las oficinas de enlace nacionales y los interlocutores sociales sectoriales afectados; a escala europea, se impone la colaboración en cuanto al contenido entre los servicios de la Comisión, incluido el grupo de expertos y los interlocutores sociales sectoriales;

22. Pide medidas efectivas para proteger a los trabajadores que comunican violaciones de sus derechos en el lugar de trabajo;

23. Toma nota de que la participación en fondos de vacaciones de conformidad con los acuerdos arancelarios generales supone una protección adicional de los trabajadores desplazados en algunos Estados miembros y que el pago directo a los trabajadores es razonable de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Finalarte, lo que significa que las empresas que desplazan a sus trabajadores pueden estar obligadas a pagar contribuciones a los fondos de vacaciones que también deberán estar abiertos a los trabajadores desplazados de forma que éstos también puedan beneficiarse de dichos fondos; considera necesario que los trabajadores desplazados sean informados detalladamente de las reglamentaciones de dichos fondos de vacaciones;

24. Toma nota de que los interlocutores sociales han desarrollado herramientas de información con explicaciones sobre las condiciones aplicables a los trabajadores desplazados en ciertos sectores; pide a los Estados miembros que susciten la recopilación de esa información en otras áreas de actividad económica para facilitar el acceso a esa información tanto a los trabajadores como a los empleados y para mejorar el cumplimiento de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores;

25. Destaca que actualmente hay expertos elaborando documentos por país que enriquecerán el contenido de las orientaciones de la Comisión; recomienda que en las orientaciones de la Comisión se tengan plenamente en cuenta esas contribuciones para subsanar las deficiencias de información;

26. Constata que los poderes públicos tienen una responsabilidad clara y deben contribuir considerablemente a paliar la competencia desleal adjudicando contratos (supresión) sólo a las empresas que cumplan la totalidad de las disposiciones vigentes en el país de acogida en lo que respecta al artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; hace referencia en este contexto al artículo 55 de la Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos [14], que establece que la entidad adjudicadora puede solicitar información sobre la protección del trabajo y las condiciones de empleo cuando las ofertas son inusualmente bajas en relación con las prestaciones;

27. Considera que las empresas que desplazan trabajadores y las empresas generales, cuando se trata de contratos a empresas subcontratadas desplazadas, deben considerarse responsables conjuntamente de las condiciones de vida de los trabajadores desplazados en el país de acogida, para asegurar que éstas sean decentes;

28. Evoca en este contexto el caso Wolff & Müller, en el que el Tribunal de Justicia estableció que el sistema jurídico de la responsabilidad general de los empresarios contribuye a asegurar la protección del trabajador y, por consiguiente, constituye un factor indispensable del interés general; pide a los Estados miembros que aún no cuentan con una legislación nacional de ese tipo, que colmen sin demora dicha laguna; pide a la Comisión que regule la responsabilidad solidaria para las empresas generales o principales con el fin de abordar los abusos en la subcontratación y el desplazamiento de trabajadores transfronterizos y de establecer un mercado interior transparente y competitivo para todas las empresas;

Garantía de un control eficaz

29. Constata que, según la jurisprudencia existente, las autoridades nacionales pueden tomar las medidas apropiadas para asegurar el control del respeto de las condiciones de empleo establecidas en el artículo 3 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; respalda la conclusión de la Comisión, según la cual, el Estado miembro de acogida debe poder exigir una declaración previa por parte del proveedor de servicios que le permita verificar el respeto de las condiciones de empleo;

30. Opina que un esfuerzo común en materia de control del cumplimiento de las normas tiene ventajas administrativas importantes por encima de los contactos bilaterales entre los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión que coordine los esfuerzos de los Estados miembros para controlar que las empresas del país de acogida cumplan con la Directiva;

31. Constata que las medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores sólo serán eficaces si se pueden imponer sanciones; señala que esto presupone que se puedan enviar las multas a los representantes de las empresas en virtud del derecho nacional, puesto que, en el marco del reconocimiento mutuo de sanciones, éstas sólo pueden ser objeto de procedimiento penal si éste se inicia legalmente en el país de acogida;

32. Toma nota de la observación de la Comisión relativa la ineficacia de las oficinas de enlace nacionales; constata además que el objetivo de hacer operativas las oficinas de enlace nacionales es una de las prioridades fundamentales de la Comisión y los Estados miembros y que el funcionamiento de las oficinas de enlace nacionales es una responsabilidad que comparten la Comisión y los Estados miembros;

33. Apoya decididamente la petición de la Comisión a los Estados miembros de que doten a sus oficinas de enlace y a las autoridades de control del equipamiento y los recursos necesarios para poder responder con eficacia a las solicitudes de información y de cooperación; pide a los Estados miembros que refuercen la cooperación transfronteriza entre las autoridades de control; pide a la Comisión que respalde activamente la estrecha cooperación entre los Estados miembros mejorando la información disponible en su sitio Internet creando un punto de contacto obligatorio con los interlocutores sociales de los países de acogida para los trabajadores desplazados y creando posteriormente una estructura europea permanente de cooperación transfronteriza;

34. Toma nota de que la Comisión elaborará, en los 12 meses siguientes a la adopción de sus orientaciones arriba mencionadas, un informe que describa la situación en todos los Estados miembros con respecto a todos los aspectos mencionados en las orientaciones, a fin de evaluar los avances conseguidos; insiste en que en ese informe también se examinen las medidas adoptadas para resolver las cuestiones jurídicas mencionadas en el informe de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores; pide que se consulte adecuadamente al Parlamento sobre ese informe, con vistas a elucidar si resulta necesario revisar la presente Directiva;

35. Pide a la Comisión que presente con carácter bianual al Parlamento y al Consejo datos concretos sobre la transposición en legislación nacional de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, centrándose en los casos de infracciones de la Directiva;

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36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y al Comité Económico y Social.

[1] DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

[2] DO C 92 E de 16.4.2004, p. 404.

[3] DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.

[4] Rec. 1994I-3803.

[5] Rec. 1999 I-8453.

[6] Rec. 2001 I-7831.

[7] Rec. 2002 I-1425.

[8] Rec. 2004 I-9553.

[9] Rec. 2004. I-10191.

[10] Rec. 2006. I-885.

[11] DO L 288 de 18.10.1991, p. 32.

[12] "Textos Aprobados", P6_TA(2006)0061.

[13] Caso C-341/05, Laval, procedimiento pendiente.

[14] Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 114).

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