N° C 337/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 88 
Dictamen sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las 
entidades de crédito (!) 
(88/C 337/04) 
El 11 de mayo de 1988, de conformidad con el artícolo 57 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
(CES) sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 5 de octubre de 1988 (ponente: Sr. Pardon). 
En su 259a sesión plenaria (sesión del 27 de octubre de 1988) el Comité Económico y Social 
ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión, sin 
perjuicio de las observaciones siguientes. 
1. Observaciones generales 
1.1. Paralelamente a la segunda directiva de coordi­
nación bancaria, la Comisión propone un proyecto de 
directiva sobre el coeficiente de solvencia de las entida­
des de crédito. Considera que la elaboración de normas 
comunes relativas a la proporción que debe existir entre 
los fondos propios, por una parte, y el valor ajustado 
al riesgo de los activos y las operaciones fuera de 
balance, por otra, constituye un elemento esencial de 
la armonización necesaria para lograr el reconocimiento 
mutuo de las autorizaciones expedidas por las autorida­
des nacionales. 
1.2. La aplicación de la presente directiva implica 
necesariamente la adopción y puesta en práctica de una 
directiva sobre la definición de los fondos propios de las 
entidades de crédito (2), puesto que los fondos propios 
constituyen el numerador del coeficiente de solvencia 
propuesto. 
1.3. La aplicación de la presente propuesta de direc­
tiva, al mismo tiempo que la relativa a los fondos 
propios y las disposiciones comunitarias relativas al 
control de los riesgos elevados y a la garantía de los 
depósitos, condiciona la adopción de la segunda direc­
tiva para la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, 
como destacara el CES en su dictamen del 29 de septiem­
bre de 1988. 
1.4. El coeficiente propuesto expresa la proporción 
entre los fondos propios de cada entidad de crédito y 
el valor ajustado al riesgo de sus activos y de las 
operaciones fuera de balance. 
La Comisión recuerda que este tipo de método de 
«ponderación en función del riesgo» fue desarrollado 
a lo largo de varios años de trabajo por el Comité 
Consultivo Bancario, instaurado por la primera direc­
tiva de coordinación bancaria de 1977. 
(!) DO n° C 135 de 25. 5. 1988, p. 4. 
(2) DO n° C 243 de 27. 9. 1986, p. 4, cuyas modificaciones 
presentadas el 15 de enero de 1988 se hallan actualmente ante 
el Consejo de ministros. El Comité manifiesta su deseo de que los resultados de 
los cálculos que se están realizando actualmente se 
hagan públicos antes de que se adopte de forma defini­
tiva la decisión relativa al nivel previsto del 8% para 
el coeficiente. 
1.5. La Comisión considera, con razón, que la enver­
gadura y la consideración de los riesgos ligados a los 
tipos de interés y de cambio y otros riesgos del mercado 
son de gran importancia para una adecuada supervisión 
de las entidades de crédito (considerando n° 7). La 
Comisión anuncia, por consiguiente, que estudiará, más 
adelante las técnicas apropiadas y que formulará pro­
puestas dirigidas a una mayor armonización de las 
normas prudenciales relativas a tales riesgos. 
En su dictamen del 29 de septiembre de 1988 sobre la 
propuesta de segunda directiva para la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrati­
vas relativas al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a su ejercicio, el CES señalaba que el 
control reservado a las autoridades competentes del 
país de acogida para hacer frente a los riesgos de 
mercado constituía una importante excepción al princi­
pio del control ejercido sobre las sucursales por las 
autoridades competentes del Estado de origen y que­
brantaba la unidad conceptual de dicha directiva (punto 
2.10.3). 
Afirmaba el Comité que hubiera sido preferible estable­
cer desde ese momento que el coeficiente de solvencia 
cubriera también los riesgos de mercado. 
El CES reitera su opinión al respecto e insta a la 
Comisión a que formule cuanto antes propuestas en la 
materia. 
1.6. La definición de normas aplicables a los fondos 
propios reviste tal importancia para la actividad banca­
ria que su armonización viene estudiándose desde hace 
varios años en Basilea por un Comité formado bajo la 
égida de los gobernadores de los bancos centrales del 
Grupo de los 10. La Comisión ha participado de forma 
muy activa en estos trabajos. El CES hace constar que 
las soluciones adoptadas en Basilea el pasado mes de 
julio son afines a las previstas por la presente directiva. 
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El CES está a favor de que exista convergencia entre 
las soluciones adoptadas por la Comisión y las que 
adopten los gobernadores de los bancos centrales. En 
primer lugar, para facilitar el trabajo de las entidades 
de crédito, pero sobre todo para evitar que los bancos 
de la Comunidad se encuentren en desventaja frente a 
sus competidores de otros países, como Estados Unidos 
o Japón. 
No obstante, la mayor homogeneidad de las cuentas 
bancarias que resultará de la aplicación de la Directiva 
86/635/CEE del 8 de diciembre de 1986 (DO n° L 372 
de 31. 12. 1986), podría permitir, especialmente en lo 
que concierne a los fondos propios, ciertas adaptacio­
nes, autorizando por ejemplo un tratamiento apropiado 
para las reservas de revaluación y las provisiones por 
riesgos generales. 
Concretamente, el CES manifiesta su deseo de que los 
dos textos sean suficientemente próximos, en lo que a 
su forma se refiere, para evitar en la medida de lo 
posible toda diferencia de interpretación. 
2. Observaciones específicas 
2.1. Artículo 1 - Ámbito de aplicación y definiciones 
En su dictamen del 29 de septiembre de 1988 sobre la 
propuesta de segunda directiva para la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrati­
vas relativas al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a su ejercicio, el CES declaraba que, en 
aras de la protección de los ahorradores y de los consu­
midores y para preservar la equidad de las condiciones 
de competencia, convendría elaborar una definición de 
las entidades de crédito más completa que la de la 
primera Directiva 77/780/CEE. 
El CES considera que debe respetarse dicho dictamen, 
modificando en consecuencia el primer apartado del 
artículo 1. 
2.2. Artículo 2 - Entidades de crédito nacionales/ 
extranjeras 
Esta distinción reviste gran importancia para la ponde­
ración de los riesgos prevista en el artículo 6. Ahora 
bien, las definiciones establecidas en este artículo impli­
can que los riesgos sobre los gobiernos o entidades de 
crédito (si se trata de préstamos a más de un año o de 
garantías) de países que disponen de un crédito de 
primerísima calidad (Estados Unidos, Canadá, Suiza o 
Japón, por citar algunos) conllevan un coeficiente 5 
respecto a los riesgos sobre entidades de los países 
comunitarios. Esta situación sería gravemente perjudi­
cial, en general, para todas las transacciones en el 
mercado internacional de capitales; afectaría especial­
mente a las actividades de las sucursales de las entidades 
comunitarias establecidas fuera de la Comunidad. Por consiguiente, habría que asimilar los países de la 
Organización de cooperación y de desarrollo económi­
cos (OCDE) en su conjunto a los de la CEE. 
2.3. Artículo 3 - Principios generales 
Los coeficientes se calcularán sobre una base consoli­
dada de acuerdo con la Directiva 83/350/CEE y la 
Directiva 86/635/CEE. 
No obstante este requisito, se calcularán también coefi­
cientes no consolidados para todas las entidades de 
crédito. 
El control sobre una base consolidada responde induda­
blemente a la compleja estructura de importantes gru­
pos bancarios. No obstante, un control de este tipo 
debería evitar que las empresas matrices y la filiales en 
las que poseen todo o casi todo el capital estén someti­
das simultáneamente a un control sobre una base no 
consolidada. 
Para satisfacer esta exigencia, varios grupos se verían 
obligados a emprender una reestructuración profunda 
y fiscalmente gravosa que difícilmente podría conside­
rarse como una mejora de la solvencia del conjunto. 
En consecuencia, el CES es partidario de que la obliga­
ción de un control sobre base no consolidada se limite 
a las filiales en las que la empresa matriz posea menos 
del 90%. 
De hecho, ese parece ser el espíritu del proyecto de 
directiva cuando declara: 
« Sin embargo, las autoridades competentes podrán 
exigir coeficientes subconsolidados en lugar de no 
consolidados para las entidades de crédito filiales. » 
Asimismo, el CES aboga por una cierta flexibilidad en 
las condiciones de verificación de los coeficientes, y 
desea que esta verificación se haga una vez por año y 
no «como mínimo dos veces al año». 
2.4. Artículo 4 - Fondos propios: el numerador 
A falta de una información detallada sobre las normas 
definitivas, el CES no puede por el momento pronun­
ciarse. 
La propuesta de directiva sobre los fondos propios de 
las entidades de crédito [doc. COM(86) 169 final] ha 
sufrido en efecto modificaciones sustanciales. 
Habida cuenta de la importancia del numerador para 
el cálculo del coeficiente de solvencia, el CES se reserva 
el derecho de examinar esa nueva versión con el fin 
de verificar, entre otras cosas, si existe la necesaria 
convergencia entre dicha directiva y las soluciones 
adoptadas en Basilea, tal como lo propugna el CES. 
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2.5. Artículo 6 - Ponderación de riesgos 
En términos generales, el CES aprueba el principio 
de la ponderación de riesgos y comprende que esta 
ponderación sólo pueda ser global. No obstante, consi­
dera que es necesario evitar distorsiones excesivas y 
recuerda al respecto el problema planteado por las 
nociones de «nacional» y «extranjero». 
Como no desea entrar en los detalles de una reglamenta­
ción necesariamente compleja, el CES se ciñe a las 
observaciones siguientes: 
— Respecto de los préstamos con hipoteca, el CES 
lamenta que el tratamiento favorable se limita a los 
préstamos a personas físicas para viviendas utiliza­
das para uso propio; en efecto, el hecho de dar un 
destino locativo a un bien, circunstancia que además 
no puede ser verificada en el transcurso del crédito 
hipotecario, no parece que aumente de suyo el 
riesgo; asimismo, parece difícil justificar la diferen­
cia entre un inmueble para uso profesional y un 
inmueble para vivienda. Por último, sería conve­
niente asimilar las operaciones de crédito de arren­
damiento inmobiliario a los préstamos con hipoteca. 
— Respecto de los activos tangibles, el CES considera 
que su posesión constituye generalmente una 
garantía para los depositantes, lo cual justificaría 
una ponderación nula. Por otra parte, ello permitiría 
evitar que se establezcan diferencias según las moda­
lidades de su adquisición, dado que, en el supuesto 
de que estos activos se hubiesen cedido en lease-
back a un tercero, no estarían comprendidos en el 
coeficiente. 
El Comité es partidario de que en lo tocante a las 
cuentas de los bancos exista concordancia entre la 
recomendación del Comité de gobernadores de Basilea 
y la directiva sobre cuentas bancarias en lo relativo 
al modo de contabilizar los activos en función de su 
duración. 
2.6. Artículo 7 - Administración 
El CES se pregunta si no podrían darse interpretaciones 
diferentes al término «administraciones», por ejemplo 
en lo que respecta al estatuto de entidades incorporadas 
en el sector público y que probablemente no se corres­
pondan con el concepto de « administración » de que se 
trata aquí. 
Por otra parte, es de temer que el artículo 7 permita a 
determinados Estados miembros favorecer, sin mayores 
dificultades, el endeudamiento de las administraciones 
regionales y locales que de ellos dependan. Lo anterior es tanto más cierto por cuanto los préstamos 
y los elementos fuera de balance explícitamente garanti­
zados por una administración regional y local están 
afectados de la misma ponderación que los préstamos 
que se concederían a una tal administración regional o 
local. 
Es éste un sistema de reconocimiento mutuo de las 
ponderaciones consideradas apropiadas por las autori­
dades de control de cada Estado miembro respecto 
de sus propias administraciones regionales y locales. 
Convendría establecer un procedimiento que permita 
cuestionar esta determinación por el Estado miembro. 
2.7. Artículo 8 - Modificaciones técnicas 
Conforme a este artículo, la Comisión podrá aportar 
«modificaciones técnicas» a la directiva en curso de 
elaboración, de acuerdo con el procedimiento previsto. 
Dichas « modificaciones técnicas » se enumeran a conti­
nuación: 
— el coeficiente mínimo establecido en el artículo 9, 
— las ponderaciones y las partidas de activo del artí­
culo 6, 
— la lista y la clasificación de las partidas no registra­
das en balance a que se refieren los Anexos 2 y 4 y 
su intervención en el cálculo del coeficiente con­
forme se establece en el artículo 5 y en los Anexos 
iy3, 
— la extensión a países extranjeros de las mismas 
ponderaciones aplicadas a las administraciones cen­
trales, bancos centrales y entidades de crédito nacio­
nales, siempre que los riesgos sean considerados 
equivalentes, especialmente en el caso de entidades 
de crédito cuando existan acuerdos en el ámbito 
internacional, 
— la extensión de la ponderación del 50% aplicable a 
los préstamos hipotecarios destinados a la compra 
de un inmueble en países extranjeros. 
El CES considera necesario que las normas, general­
mente técnicas, de la presente directiva puedan modifi­
carse rápidamente para adaptarse a la evolución de la 
coyuntura económica y a las modalidades de funciona­
miento de los mercados financieros. En consecuencia, 
se pregunta si no sería posible, por una parte, simplificar 
los procedimientos previstos y, por otra, dar una defini­
ción menos restrictiva de su ámbito de aplicación. El 
Comité al que se alude en el artículo 8.3 debería estar 
integrado por personas que ejerzan la función de control 
bancario en sus respectivos Estados miembros. 
2.8. Artículo 9 
Las autoridades competentes podrán establecer coefi­
cientes superiores al 8 % si lo consideran apropiado. 
El CES se remite en la materia al apartado 1.6.2 de su 
dictamen del 29 de septiembre de 1988 sobre la propues­
ta de segunda directiva para la coordinación de las 
31. 12.88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 337/11 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
relativas al acceso a la actividad de las entidades de 
Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1988. 
1. Observaciones preliminares 
1.1. En los últimos años, el Consejo de ministros ha 
elaborado ya cuatro directivas relativas a la regulación 
del horario de verano. El 22 de diciembre de 1987 el 
Consejo estableció el horario de verano para el año 
1989 de tal manera que éste empiece para toda la 
Comunidad el 26 de marzo de 1989 a la 1.00 de la 
madrugada y termine —con la exclusión de Irlanda y 
el Reino Unido— el 24 de septiembre de 1989 a la 1.00 
de la madrugada (en Irlanda y en el Reino Unido, el 29 
de octubre de 1989 a la 1.00 de la madrugada). 
1.2. Desde un principio, el Comité Económico y 
Social ha insistido en todos sus dictámenes para que 
haya una armonización del comienzo y del final del 
horario de verano en toda la Comunidad, por vez última 
en su dictamen del 16 de noviembre de 1987. 
(') DOn°C201 de 2. 8. 1988, p. .5. crédito y a su ejercicio, por la que se modifica la 
Directiva 77/780/CEE. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
1.3. La Comisión presenta de nuevo una propuesta 
que prevé la continuación del status quo para los años 
1990, 1991 y 1992 —es decir, una terminación diferente 
del horario de verano para los países continentales de 
la Comunidad, por un lado, y para Irlanda y el Reino 
Unido por el otro— y de acuerdo con la cual se ofrece 
a estos dos últimos países miembros la posibilidad de 
unirse al régimen comunitario antes de 1992. 
2. Observaciones generales 
En consonancia con sus anteriores dictámenes, el 
Comité celebra que también la Comisión muestre una 
clara tendencia a tomar en consideración este objetivo 
cuya consecución el Comité Económico y Social siempre 
ha apoyado, a saber, la unificación del comienzo y del 
final del horario de verano en todo el territorio de la 
Comunidad. Dictamen sobre la propuesta para una quinta directiva del Consejo relativa a las disposiciones 
sobre la hora de verano (*) 
(88/C 337/05) 
El 2 de agosto de 1988, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
Le Sección de transportes y comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en la materia, 
adoptó su dictamen el 12 de octubre de 1988 (ponente: Sr. Haas). 
En su 259a sesión plenaria (sesión del 27 de octubre de 1988), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.