·los acuerdos entre los Estados miembros y terceros países en relación con el intercambio automático de información sobre cuentas financieras sobre la base del Estándar común de comunicación de información de la OCDE.

Es preciso aclarar que los actuales instrumentos en el ámbito de la fiscalidad a escala de la UE no incluyen disposiciones explícitas que exijan a los Estados miembros que intercambien información en caso de que haya llegado a su conocimiento la existencia de sistemas de elusión o evasión fiscales. La DCA impone la obligación general de que las autoridades tributarias nacionales comuniquen espontáneamente información a sus homólogas dentro de la UE en determinadas circunstancias, entre las que cabe citar la pérdida de ingresos fiscales en un Estado miembro o el ahorro fiscal derivado de las transferencias ficticias de beneficios dentro de los grupos de empresas. La presente iniciativa tiene por objeto detectar, sirviéndose de la revelación por parte de los intermediarios, mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva y someterlos al intercambio automático y obligatorio de información.

•Coherencia con otras políticas de la Unión (posibilidad de futuras iniciativas pertinentes para el ámbito estratégico)

El efecto disuasorio de la revelación temprana de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva que se ha propuesto podría reforzarse si esta obligación de revelar información a las autoridades tributarias se hiciese extensiva a los auditores que se dispongan a aprobar los estados financieros del contribuyente. Dichos auditores tienen que procesar un volumen de datos considerable en el ejercicio de sus funciones profesionales. En este contexto, pueden descubrir mecanismos susceptibles de ser calificados de prácticas de planificación fiscal agresiva. Los posibles beneficios de la revelación de estos mecanismos a las autoridades constituirían de hecho un complemento a la revelación obligatoria de sistemas similares por los intermediarios, es decir, los ideadores, promotores, asesores, etc. Así pues, podría preverse proseguir tal iniciativa en el futuro mediante la adopción de legislación.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

•Subsidiariedad

La experiencia ha demostrado que las disposiciones destinadas a atajar la planificación fiscal agresiva adoptadas a escala nacional no pueden ser plenamente eficaces. Ello se debe a la dimensión transfronteriza de un número considerable de estructuras concebidas para evitar el pago de impuestos y, al mismo tiempo, a la creciente movilidad de las personas y capitales, sobre todo en un mercado integrado como el mercado interior de la UE. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de emprender una acción colectiva a nivel de la UE para mejorar la situación actual que podría complementar provechosamente las iniciativas existentes en este ámbito, especialmente en el contexto de la DCA. Ello es tanto más cierto cuanto que se ha demostrado que, a la hora de aumentar la transparencia, los instrumentos existentes a nivel nacional solo son parcialmente eficaces.

En este contexto, el mercado interior requiere un mecanismo sólido para abordar estas lagunas de manera uniforme y corregir las distorsiones existentes, garantizando que las autoridades tributarias reciban información adecuada, en el momento oportuno, respecto de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva con implicaciones transfronterizas.

Teniendo en cuenta que la revelación obligatoria de información tiene por objeto poner en conocimiento de las autoridades tributarias los mecanismos cuya dimensión rebasa una única jurisdicción, es necesario poner en marcha esta iniciativa a través de una acción a escala de la UE, con el fin de garantizar un enfoque uniforme de los problemas detectados. Una actuación descoordinada de los Estados miembros emprendida por propia iniciativa crearía un mosaico de normas relativas a la revelación de los mecanismos por los intermediarios. Como consecuencia de ello, persistiría la posibilidad de que se produjera una competencia fiscal desleal entre los Estados miembros.

Aun en el caso de que sea un único Estado miembro el que participe en un mecanismo o una serie de mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva con un tercer país, existe un elemento transfronterizo que puede crear un riesgo de falseamiento del funcionamiento del mercado interior. La estructura del mercado interior se basa concretamente en el principio de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y está asociada a los beneficios derivados de las Directivas sobre el impuesto de sociedades. Como consecuencia de ello, el nivel real de protección que brinda el mercado interior se determina, de forma general, por referencia al Estado miembro más débil. Por consiguiente, un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal potencialmente agresiva que implique a un Estado miembro afectará en realidad a todos los demás.

Hacer depender las decisiones en este ámbito de iniciativas nacionales adoptadas a título individual conduciría una situación en las que unos países actuarían y otros no. Esto es tanto más cierto cuanto que la acción 12 del proyecto BEPS no es una norma mínima y que por tanto su aplicación en la UE podría diferir notablemente entre Estados miembros. En efecto, 39 de los 131 participantes en la consulta pública respondieron que, en caso de que no existiera una acción de la UE, no se introducirían requisitos de transparencia y 107 afirmaron que era probable o muy probable que los requisitos que se introdujeran en materia de transparencia fueran divergentes. Por todas estas razones, la introducción de un requisito de comunicación de información a través de la legislación de la UE relacionado con el intercambio de información resolvería los problemas detectados y contribuiría a mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Además, una acción en materia de revelación de información emprendida a nivel de la UE aportará un valor añadido frente a las iniciativas en este ámbito adoptadas por cada Estado miembros por separado. Ello se debe a que, especialmente si se combina con el intercambio de información, la revelación de mecanismos sobre planificación fiscal potencialmente agresiva permitirá a las administraciones tributarias obtener un panorama completo de la incidencia de las operaciones transfronterizas sobre la base imponible global. Así pues, la UE se encuentra en una posición mejor que la de cualquier Estado miembro por separado para asegurar la eficacia y la exhaustividad del sistema de intercambio de información.