2.

Decide que la comisión de investigación se encargue de: — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar efectivamente la Directiva 2005/60/CE, teniendo en cuenta la obligación de garantizar la aplicación oportuna y efectiva de la Directiva (UE) 2015/849; — investigar la presunta omisión por las autoridades de los Estados miembros de imponer sanciones administrativas y otras medidas administrativas a las entidades declaradas responsables de infringir gravemente las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva 2005/60/CE, tal como exige la Directiva 2013/36/UE; — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por las autoridades de los Estados miembros de aplicar efectivamente la Directiva 2011/16/UE, y en particular su artículo 9, apartado 1, sobre la comunicación espontánea de información tributaria a otro Estado miembro en los casos en que existen motivos para presumir que existe una pérdida de ingresos fiscales, teniendo en cuenta la obligación de garantizar la aplicación y la ejecución oportunas y efectivas de la Directiva 2014/107/UE; a tal efecto y a los fines de la investigación sobre otras bases jurídicas con respecto a las alegaciones mencionadas de infracción o de mala administración, hacer uso del derecho de acceso a todos los documentos pertinentes, incluidos todos los documentos pertinentes del Grupo «Código de conducta» obtenidos por las comisiones especiales TAXE 1 y TAXE 2; — investigar la presunta omisión por los Estados miembros de ejecutar los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la medida en que inciden en el ámbito de investigación a que se refiere la presente Decisión; — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar la Directiva 2014/91/UE; — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar la Directiva 2011/61/UE y el Reglamento Delegado (UE) n.o 231/2013 de la Comisión; — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar la Directiva 2009/138/CE; — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar efectivamente la Directiva 2006/43/CE, teniendo en cuenta la obligación de garantizar la aplicación oportuna y efectiva del Reglamento (UE) n.o 537/2014 y la Directiva 2014/56/UE; — investigar la presunta omisión por los Estados miembros de transponer la Directiva 2013/34/UE. — investigar la presunta omisión por la Comisión de ejecutar y por los Estados miembros de aplicar y ejecutar efectivamente la Directiva 2012/17/UE; — investigar el potencial incumplimiento del deber de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea por parte de los Estados miembros y sus territorios dependientes y asociados, en la medida en que incida en el ámbito de la investigación prevista en la presente decisión; evaluar a tal fin, en particular, si dicho incumplimiento puede ser resultado de la presunta omisión de adoptar medidas apropiadas dirigidas a impedir el funcionamiento de instrumentos que faciliten que sus titulares finales efectivos puedan ocultar su identidad a las entidades financieras y a otros intermediarios, abogados, prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos, o el funcionamiento de cualesquiera otros instrumentos e intermediarios que faciliten el blanqueo de capitales y la evasión y la elusión fiscales en otros Estados miembros (incluido el análisis del papel que desempeñan los fideicomisos, las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada y las monedas virtuales), teniendo en cuenta asimismo los programas de trabajo que se llevan a cabo actualmente a nivel de los Estados miembros con el fin de abordar esos problemas y atenuar sus efectos; — formular todas las recomendaciones que considere necesarias al respecto, en particular sobre la aplicación por los Estados miembros de las mencionadas Recomendaciones de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal y sobre la planificación fiscal agresiva, y evaluar la evolución más reciente de la estrategia exterior de la Comisión para una imposición efectiva y los vínculos existentes entre el marco jurídico de la Unión y los Estados miembros, por una parte, y los regímenes fiscales de terceros países, por otra (por ejemplo, los convenios sobre doble imposición, los acuerdos de intercambio de información y los acuerdos de libre comercio), así como los esfuerzos desplegados para fomentar a escala internacional la transparencia de la información sobre la titularidad efectiva (a nivel de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el G-20, el Grupo de acción financiera y las Naciones Unidas);