A4-0274/97

Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación (COM(96)0570 - C4-0639/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(96)0570 - C4-0639/96),

- Vistos los artículos 130 U a 130 Y del Tratado CE,

- Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, de la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A4- 0274/97),

A. Recordando su apoyo al Convenio de Lomé y subrayando que el espíritu y la política de Lomé constituyen elementos fundamentales de la identidad política de la Unión Europea y que los distintos Convenios de Lomé representan el instrumento más avanzado de cooperación internacional Norte-Sur y que, como tales, son un patrimonio común que hay que defender,

B. Considerando que la mundialización económica se traduce a la vez por la mayor presencia de países en desarrollo y por el aumento de las disparidades y la pobreza, así como por el aumento del peligro de marginación de países y poblaciones, especialmente en los países en desarrollo, pero también en los países desarrollados,

C. Considerando que los seres humanos están cada vez más relacionados los unos con los otros, lo que se traduce a la vez en el surgimiento de valores comunes a toda la humanidad y en reacciones de repliegue y de rechazo por parte quienes se consideran excluidos,

D. Considerando que en los países ACP la mujer sigue siendo objeto de graves discriminaciones porque no tiene derechos legales, ni igualdad de acceso a la educación, a la formación profesional y a las oportunidades de trabajo; considerando que con frecuencia la mujer queda excluida de los procesos de toma de decisiones y considerando asimismo que no existen las instalaciones necesarias para la protección de la higiene reproductiva;

E. Considerando que todo no depende de una mano invisible, que más allá del mercado existen mujeres, hombres y valores humanos, y que la mundialización de los mercados de capitales y mercancías debe completarse en términos de regulación económica, medioambiental, política y social,

F. Considerando que las políticas de cooperación al desarrollo, y en particular los acuerdos de Lomé constituyen elementos esenciales de esta regulación, y que la Unión Europea debe tener como objetivo una actuación que permita a los países menos desarrollados beneficiarse de la mundialización de los mercados de capitales y mercancías, y que es lamentable que, en este contexto, los países subsaharianos revistan una importancia cada vez menor para las transacciones comerciales europeas,

G. Considerando que la única posibilidad de luchar eficazmente contras las raíces del desempleo y la exclusión social sólo puede consistir en la creación de puestos de trabajo productivos en los sectores formales e informales,

H. Considerando que a fin de obtener los mejores resultados posibles de toda la ayuda europea, es necesario que la Unión Europea logre orientar de manera adecuada las políticas de ayuda al desarrollo de sus diferentes Estados miembros y conseguir una buena coordinación entre la política de ayuda y las otras políticas,

I. Considerando que existen mejores condiciones para la eficacia de las políticas de cooperación al desarrollo y de lucha contra la pobreza desde que han desaparecido los efectos perversos inducidos por el apoyo, dentro del contexto de la guerra fría, a dictaduras y regímenes corruptos, pero que la situación en algunos países ACP sigue siendo lamentable,

J. Deplorando la disminución del compromiso de Europa con respecto al Sur, que es inversamente proporcional a su creciente compromiso en favor de la Europa oriental y el Mediterráneo,

K. Subrayando las recientes evoluciones positivas que se han observado en África y, en particular, los progresos de la democracia y del Estado de derecho, la mejora del rendimiento económico y los nuevos comportamientos y aspiraciones de las jóvenes generaciones, así como de las mujeres, que con razón desean desempeñar una función cada vez más importante en el desarrollo político, social y económico de su país; subrayando asimismo el carácter positivo de estas circunstancias, ya que permiten hacer uso de los recursos que anteriormente se destinaban con fines policiales y militares para mejorar los sistemas de salud y asistencia sanitaria, la educación y las reformas sociales,

L. Subrayando que la Unión Europea tiene un deber y un interés en apoyar con convicción las evoluciones democráticas, sociales y económicas de determinados países ACP,

M. Considerando que la UE ha de desarrollar una política ambiciosa y voluntaria frente a los países ACP y en particular frente al África subsahariana y que debe proponer a los interlocutores que lo deseen un nuevo acuerdo, no sólo para preservar y continuar el acervo de 25 años de una cooperación Norte-Sur que, si bien no ha sido ejemplar, al menos ha sido única en su género, sino también para incrementar la eficacia y ampliar el alcance del mismo; considerando que dicho acuerdo deberá perseguir el desarrollo duradero y humano, la lucha contra la pobreza, la inserción de los países ACP en la economía mundial, la profundización y el refuerzo de la relación política entre la UE y los países ACP; considerando que dicha nueva forma de cooperación supondrá unas relaciones diferenciadas entre la UE y los países ACP según las regiones, las subregiones y los países, es decir, una arquitectura diferente de los acuerdos y convenios anteriores; considerando que la renovación del cuarto Convenio de Lomé representa una oportunidad para las partes para volver a elaborar, a la luz del nuevo sistema de relaciones internacionales, los motivos de una asociación de mutuo interés que mantenga y evalúe el principio paritario fundamental que ha hecho de la política de Lomé una política única en su género,

N. Tomando nota, a la espera de la cumbre de Jefes de Estado ACP, de la voluntad manifestada por representantes de estos países de mantener el marco geográfico del grupo ACP,

O. Considerando que diversos países y territorios de ultramar y regiones comunitarias ultraperiféricas están presentes en el seno de agrupaciones regionales de África, el Caribe y el Pacífico y que, por consiguiente, conviene estimular la cooperación entre socios ACP, países y territorios de ultramar y regiones ultraperiféricas de la Unión,

P. Considerando que, en un mundo globalizado, se precisan también unos principios globales en la política de desarrollo de la Unión Europea,

Q. Considerando que tanto los compromisos contraídos por los Gobiernos en las conferencias de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990), Medio Ambiente y Desarrollo (1992), Derechos Humanos (1993), Población y desarrollo (1994), Desarrollo social (1995), la Mujer (1995), el Hábitat (1996) y Alimentación (1996), como la Carta Africana para la participación popular y el desarrollo (1990) contribuyen a un desarrollo sostenible y destacan las relaciones entre todos estos factores; considerando que el futuro convenio ha de estar basado en dichos compromisos,

1. Se pronuncia, en el marco de V Convenio de Lomé (2000-2010), a favor de la renovación y el refuerzo de la cooperación ACP-UE;

2. Se pronuncia por un quinto convenio compuesto en primer lugar por un acuerdo global que establezca conforme a una base única, válida para todos los países ACP, las finalidades y los principios políticos, económicos, financieros, comerciales y sociales de la cooperación ACP-UE, con un solo conjunto de instituciones únicas para el fomento de los valores de la democracia, del respeto de los derechos humanos y del diálogo parlamentario y político, y que además incluya instrumentos de cooperación diversificada de acuerdo con el nivel de desarrollo de los países que integran el Grupo ACP, sin que ello comprometa su identidad y su historia política;

3. Considera que el nuevo convenio ha de comprender varios niveles, además del nivel nacional:

- un primer nivel en el que se sitúan los países que comparten los mismos objetivos de desarrollo social y duradero, de paz, de democracia y de respeto de los derechos humanos, que suscriben los mismos grandes compromisos mundiales y que se conforman a las mismas normas de cooperación,

- un segundo nivel que favorezca la cooperación regional y permita tratar cuestiones de seguridad, la limitación del comercio de armas, la prohibición del uso de minas terrestres, y la prevención y solución de conflictos,

- un tercer nivel subregional, propio de África, destinado a favorecer la integración regional y que permita tratar las cuestiones comerciales y monetarias (zona del franco);

4. Subraya la importancia de estructuras democráticas, del respeto de los derechos humanos, de la seguridad jurídica y de una administración eficaz;

5. Considera que la composición del grupo ACP únicamente puede ampliarse o modificarse de mutuo acuerdo con los países ACP y que debe salvaguardarse la coherencia del grupo ACP;

6. Subraya que, debido a su proximidad geográfica y a su responsabilidad histórica, la Unión Europea debe hacer frente a una obligación particular con respecto a África;

7. Recomienda que esta nueva orientación de las relaciones UE-ACP no impulse a la UE a disminuir el esfuerzo realizado en favor de sus interlocutores del sur y que ha logrado mantener durante la negociación del 8º FED;

8. Considera que los principios «sui generis» del Convenio de Lomé (contractualidad, previsibilidad, seguridad, asociación), más vigentes ahora que en 1975, deben mantenerse en el próximo convenio;

9. Subraya, por otra parte, que la asociación se considera, incluso en la OCDE y también por el G8, como elemento incontestable de toda política de cooperación al desarrollo;

Por lo que se refiere a la asociación

10. Se pronuncia a favor de un refuerzo de la asociación, elemento clave del porvenir de la cooperación ACP-UE, en particular a través de:

- el mantenimiento de la Asamblea Paritaria ACP-UE, que constituye un elemento esencial en el diálogo Norte-Sur,

- la primacía de la dimensión política, incluyendo la prevención de crisis y situaciones de riesgo, las migraciones y los asuntos que se traten en las conferencias internacionales relacionadas con el ámbito de la cooperación ACP-UE,

- la consiguiente transformación de las instituciones ACP-UE, en particular mediante la inclusión del aspecto regional, teniendo también en cuenta la posición de los países y territorios de ultramar,

- la sustitución del contrato en caso de acumulación de múltiples condiciones, siempre que los países afectados respeten los principios democráticos y los derechos humanos;

- la prioridad a la promoción del Estado de derecho y del buen uso de los recursos,

- la eficacia de la ejecución,

- la diversificación de los agentes, tanto en el plano de la decisión como de la ejecución,

- la sistematización de las posibilidades de cooperación de los agentes (administraciones nacionales y locales, sector privado, agentes sociales) tanto al nivel de la adopción de decisiones como al nivel de ejecución,

- el nuevo equilibrio de la asociación en favor de los países ACP, de manera que puedan, lo antes posible, gestionar ellos mismos su proceso de desarrollo;

11. Considera que el debate político y la asociación entre la Unión Europea y los países ACP deberán estar dotados de un carácter estratégico para que ambas partes puedan afrontar conjuntamente los retos de la globalización, tanto a nivel político como económico y comercial;

12. Toma nota de las conclusiones del Consejo del 2 de junio de 1997 en materia de prevención de conflictos, y le insta a que desarrolle su acción en este sentido, teniendo plenamente en cuenta al respecto la importante función de la mujer por lo que se refiere a la prevención y solución de conflictos;

13. Insta a la Comisión a que establezca en todos los programas indicativos nacionales y regionales un dispositivo de prevención de conflictos, que garantice una rápida liberación de fondos en situaciones posteriores a los conflictos a fin de prestar ayuda como parte de los programas de pacificación en los países ACP;

14. Pide a la Comisión que proceda a una evaluación del impacto de los conflictos en regiones de poca estabilidad para determinar cómo el conjunto de las políticas de la UE en materia de desarrollo, comercio y asuntos exteriores puede contribuir a reducir el riesgo de conflictos violentos y a la protección de los grupos vulnerables;

15. Desea que las disposiciones sobre la seguridad del continente africano comprendan:

- una prohibición del uso de minas terrestres,

- un control y una limitación de las ventas de armas,

- una limitación de los presupuestos militares al 1% del PNB, so pena de disminución del esfuerzo de cooperación,

- un dispositivo regionalizado de evaluación de las tensiones y de preparación para la mediación;

- una puesta a disposición de los Estados ACP de las informaciones transmitidas vía satélite que puedan contribuir a la prevención de crisis,

16. Considera que, antes de cualquier actividad de desarrollo, se ha de proceder a la limpieza de minas en los países afectados por este problema;

17. Pide la elaboración y aplicación, para la Unión Europea y los países ACP, de un código de conducta destinado a impedir el comercio de armas con países situados en regiones con conflictos o en las que exista el riesgo de conflictos y a impedir cualquier suministro de armas a estos países;

18. Apoya la propuesta de la Comisión de diferenciar la cooperación según las necesidades y los méritos, a condición de que la actitud de la UE se base únicamente sobre los valores y objetivos comunes y excluya todo tipo de discriminación; pide que la diferenciación se conciba velando por no disminuir la cohesión global del grupo ACP ni socavar las solidaridades regionales preexistentes;

19. Considera que la inclusión efectiva de las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de defensa de los derechos humanos, de jóvenes, de mujeres, de la población rural, ONG, sindicatos, interlocutores económicos y sociales, iglesias, organizaciones religiosas y filosóficas, etc.), del sector privado, de las universidades y establecimientos de educación y formación y de colectividades descentralizadas y locales debe ser una condición imperativa de Lomé V;

20. Estima que se han de garantizar los derechos humanos fundamentales para permitir la participación democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones y con el fin de formular propuestas alternativas de desarrollo sostenible;

21. Desea en particular que se desarrolle la cooperación entre las colectividades locales de los países ACP y de los países de la Unión Europea, dado que dicha cooperación descentralizada se refiere a acciones y proyectos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, refuerza el proceso de descentralización a nivel local en los países ACP y favorece la sensibilización de los habitantes de las colectividades locales europeas a los problemas de los países en desarrollo;

22. Considera que se deberán reforzar las instituciones ACP-UE con la inclusión en las mismas de los actores no estatales cuya participación sea preciso alentar en lo relativo a la concepción, realización y evaluación de los proyectos y los programas de desarrollo ACP-UE;

23. Considera que es necesario impulsar y apoyar los mecanismos de participación y de encuentro de los actores de la sociedad civil a nivel nacional, regional y en el marco ACP-UE;

24. Subraya, en particular, la función de las mujeres en el desarrollo y pide que se tenga en cuenta la dimensión femenina en la formulación y realización de las políticas y estrategias comunes;

25. Espera que el «mainstreaming» se introduzca de forma contractual en todos los ámbitos de la futura cooperación ACP-UE y que se creen los instrumentos necesarios para reforzar el derecho de la mujer a acceder en igualdad de condiciones a la educación, a la formación, a las oportunidades de trabajo y a participar en todos los procesos de toma de decisiones en los ámbitos económico, social y político;

26. Pide que la cooperación ACP-UE tenga plenamente en cuenta la situación de los niños;

27. Pide que la nueva asociación se caracterice por que el beneficio de la cooperación recaiga en la población, lo que presupone la transparencia de los programas y su accesibilidad;

28. Insiste, por tanto, en la necesidad de colocar las necesidades y los intereses de las personas, especialmente de los grupos de población más pobres, en el centro de interés de la ejecución del Convenio;

Por lo que se refiere a los objetivos

29. Está convencido de la complementariedad de los objetivos de lucha contra la pobreza, de desarrollo sostenible y de inserción progresiva en la economía mundial y destaca al respecto que dichos objetivos no pueden alcanzarse si no se mejora considerablemente la posición de la mujer en los países en desarrollo para que pueda participar plenamente en el alcance de los objetivos mencionados;

30. Está convencido de que, para ser eficaces, las políticas de lucha contra la pobreza y de prevención de las crisis han de tener en cuenta el fenómeno de urbanización rápida que ha aparecido en los países ACP y la inestabilidad política y social que provoca; propone, en consecuencia, que se introduzca un capítulo dedicado al desarrollo urbano en el Convenio de Lomé;

31. Subraya que el crecimiento económico no basta para garantizar la erradicación de la pobreza, pide que se realicen en el marco ACP-UE los compromisos adoptados en la Cumbre Mundial sobre el desarrollo social y que en lo sucesivo la cooperación esté orientada hacia la realización de los objetivos del Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) sobre la reducción de la pobreza, en particular la reducción a la mitad de la pobreza extrema en los países ACP en el año 2015;

32. Subraya que:

- la lucha contra la pobreza deberá estar presente en todos los aspectos de la cooperación,

- centrar la atención en los más pobres lleva inevitablemente a pensar en África,

- la lucha contra la pobreza no implica una cooperación únicamente con los países más pobres, ya que son las poblaciones pobres las que merecen ser objeto de la cooperación al desarrollo;

33. Subraya que el desarrollo de la población constituye un factor decisivo en la lucha contra la pobreza, que además afecta en gran medida a las condiciones de vida de las mujeres y los niños; considera que la UE ha de otorgar, conjuntamente con los países ACP, una gran importancia a las recomendaciones adoptadas en el Cairo y Pekín.

34. Pide, con vistas al desarrollo sostenible, que la protección del medio ambiente se integre en la concepción, la ejecución y la evaluación de todas las políticas, programas y proyectos, de acuerdo con los compromisos adoptados por la Cumbre de la Tierra, especialmente por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, el acceso a agua limpia y la solución de los problemas sanitarios;

35. Pide una política medioambiental común ACP-UE sobre los aspectos siguientes, entre otros:

- la conservación de la biodiversidad y el reconocimiento de sus fuentes como propiedad intelectual de los Estados y sus habitantes,

- la creación de bancos genéticos regionales con el fin de preservar las especies vegetales y animales locales;

- el desarrollo y fomento de las fuentes energéticas sostenibles y renovables y la promoción de acciones al respecto,

- la paralización del proceso de desertificación y sequía,

- la protección de bosques (tropicales), zonas costeras y húmedas,

- la definición de una política medioambiental urbana referente a la contaminación atmosférica, la gestión de los desechos, etc.,

- la lucha contra la desertificación,

- la protección de los recursos naturales;

36. Insiste en la importancia de mejorar la competitividad de las economías de los países ACP, de crear un entorno favorable a la inversión interior y exterior, de respetar las normas medioambientales y las normas sociales fundamentales definidas por los Convenios de la OIT, y subraya que la participación al respecto de hombres y mujeres reviste una importancia primordial;

37. Pide por lo tanto un refuerzo decisivo de la contribución de la Unión a la estabilidad, a la competitividad y al desarrollo del sector privado que constituyen elementos esenciales de la inserción de los países ACP en el sistema económico mundial;

38. Insiste por ello en la importancia de mejorar la competitividad de las empresas de los países ACP y de crear un entorno favorable a las inversiones internas y externas;

39. Subraya la importancia de la promoción de la cultura y subraya la necesidad, en lo que se refiere al diálogo y la comprensión recíproca, de estimular la cooperación cultural, pero a fin de evitar que dicho diálogo se convierta en monólogo en beneficio exclusivo de los países desarrollados, urge que los países ACP puedan salvaguardar su memoria audiovisual mediante el refuerzo y la creación de centros regionales especializados y la formación de personal;

40. Pide que se conceda una atención especial a la situación de los pequeños países insulares ACP mediante la adopción de medidas específicas, en particular en materia de comercio (normas de origen) y de medio ambiente (cambio climático) y de transportes;

Por lo que se refiere a los instrumentos

41. Considera que es indispensable avanzar en la cooperación e integración regional para alcanzar los objetivos propuestos, y pide que la UE conceda un apoyo prioritario a estos procesos;

42. Subraya que la Comisión debe revisar la decisión relativa a los PTU en el año 2000 y pide a la Comisión que presente con tiempo sus propuestas al respecto, dado que, entre otros aspectos, la decisión debe coordinarse con el V Convenio de Lomé;

43. Considera que debería ser posible, cuando resulte oportuno, invitar a los diputados de los parlamentos de los PTU a participar en la Asamblea Paritaria ACP-UE;

44. Desea que las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar estén asociados a los procesos de cooperación y de integración regional promovidos por la Unión, con el fin de aprovechar las sinergias existentes entre ACP, países y territorios de ultramar y regiones comunitarias tanto en el Caribe como en el Pacífico o en el Océano Índico;

45. Hace suya la propuesta de la Comisión de apoyar prioritariamente la dimensión institucional y el refuerzo de las capacidades de los países en cuestión y sus ciudadanos tanto hombres como mujeres; en especial los poderes públicos locales y nacionales deben disponer, en ámbitos como la educación, la salud y la administración laboral, de administraciones competentes y de probada capacidad al servicio de la colectividad;

46. Pide que se refuerce la educación básica de amplias capas de la población, así como una formación del futuro personal directivo;

47. Aboga, en materia de comercio, por la opción de la Comisión relativa a la diferenciación dentro de un marco único;

48. Recuerda la importancia decisiva de los protocolos relativos a productos específicos (plátanos, ron, azúcar, carne de vacuno) para el desarrollo socioeconómico de numerosos países ACP y para su inserción armoniosa en los intercambios internacionales; pide, por consiguiente, que el V Convenio de Lomé acentúe los efectos beneficiosos de estos protocolos en los flujos comerciales tradicionales de los países o regiones afectados;

49. Pide que se revisen los instrumentos específicos de la cooperación ACP-UE, en particular Stabex y Sysmin, que deberían tener por objeto poner fin a la dependencia exclusiva de diversos países ACP con respecto a un pequeño número de productos básicos, y que se potencie la competitividad de los productores ACP en lo que se refiere a los productos básicos; recomienda una modernización de Sysmin y el relanzamiento de la cooperación minera, a fin de eliminar las dificultades relacionadas con la falta de adaptación de las reglamentaciones y de las estructuras, la falta de competencias y conocimientos, la falta de redes de transporte y a fin de impulsar la reanudación de las inversiones privadas en un sector en el que la participación de África está en declive, mientras que no faltan ni recursos, ni demanda, ni capitales;

50. Aboga por el refuerzo de la cooperación comercial, por la promoción de una utilización óptima de las preferencias comerciales y por la supresión de los obstáculos remanentes (en particular, mediante la simplificación y una aplicación más flexible de las normas de origen);

51. Pide que se prevean todas las medidas que favorezcan la inserción de los países ACP en la economía mundial, en particular en los ámbitos siguientes:

- la constitución de espacios económicos regionales,

- la diversificación de la producción,

- la adaptación progresiva a las normas del comercio internacional,

- la reanudación de las inversiones,

- la contribución de la cooperación ACP-UE a la estabilización monetaria (papel del Euro),

- la reducción de la deuda mediante reembolso en moneda local;

52. Propone la creación de un observatorio de prácticas económicas, comerciales y sociales y la creación de un sello de calidad ACP;

53. Pide la integración continua de la ayuda y el comercio a fin de crear una capacidad comercial, con la inclusión de formación, sanidad y enseñanza, infraestructuras y transferencia tecnológica;

54. Pide que el comercio equitativo sea considerado como un instrumento válido y positivo de las relaciones ACP-UE y que se establezcan instrumentos específicos para eliminar todo obstáculo a la práctica del mismo;

55. Considera oportuna la conclusión de acuerdos regionales de inversión que compensen la necesidad de proteger las inversiones con una obligación por parte de los inversores de cumplir las normas internacionales en relación con los derechos de los trabajadores, las comunidades afectadas y la protección del consumidor y del medio ambiente y considera imprescindible que los países y territorios de ultramar correspondientes participen en el proceso;

56. Recuerda que el peso de la deuda que afecta a la mayoría de los países ACP obstaculiza gravemente dicho objetivo de reducción de la pobreza y dificulta el desarrollo socioeconómico de dichos países; considera por lo tanto indispensable que la Unión Europea continúe e intensifique sus esfuerzos de reducción o anulación de la deuda de los países ACP y considera que el futuro acuerdo de cooperación de carácter asociativo ha de definir nuevas soluciones para abordar este problema crucial;

57. Pide a la Unión, siguiendo la línea de la iniciativa sobre la deuda de los países pobres lanzada por el Consejo Europeo de Lyon, y en concertación con los principales proveedores de fondos internacionales, que examine las condiciones de una refinanciación de las deudas que aún ha de cobrar a los países ACP, y concretamente a los menos avanzados entre ellos;

58. Considera urgente la adopción de medidas de reducción, transformación y cancelación de la deuda extranjera de los países ACP, así como un mayor compromiso del capital privado en la financiación de infraestructuras, mediante los fondos de garantía, sin que esto suponga un aumento de la carga de la deuda de los propios países ACP;

59. Recuerda que la investigación científica y el desarrollo tecnológico constituyen instrumentos determinantes del desarrollo económico, social y cultural de los países ACP; opina por lo tanto que es indispensable una mayor ayuda para su investigación científica y técnica, así como su preparación para la sociedad de la información, en particular en materia de telecomunicaciones y propone la creación de una fundación europea para el apoyo a largo plazo de laboratorios de investigación en los países en desarrollo con vistas a mejorar el conocimiento del medio, los recursos y las sociedades de estos países;

60. Considera que el próximo Convenio debería prever los medios de protección de la propiedad intelectual en los países ACP, cuyos inventos son objeto de robo en el mismo país, o bien son las multinacionales las que compran los pocos resultados de sus institutos de investigación, porque estos países, debido al coste, no tienen acceso a las patentes de los países desarrollados;

61. Subraya la importancia del apoyo a la investigación y a la utilización de lo que se denomina tecnologías de primera línea y que son tecnologías de uso sencillo que permiten salir de la pobreza, especialmente en los ámbitos de la higiene, el tratamiento de las aguas, el tratamiento y reciclado de residuos, la irrigación a pequeña escala y el artesanado;

62. Se pronuncia a favor de medidas de apoyo a la economía popular, concretamente en las grandes zonas urbanas, en particular por lo que se refiere a la formación y la ayuda a la comercialización de los productos;

63. Destaca la importancia de la ayuda y la atención que se ha de prestar al sector privado, pero a condición de que este apoyo no consista en subvencionar empresas cuya creación y el éxito sólo necesitan seguridad jurídica, financiación bancaria, personal formado y buenas infraestructuras; el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea ha de hacerse extensivo a empresarios del sector «informal», que ocupa a más de la mitad de la población de la mayor parte de los países del Sur, remedia las carencias del Estado en esos sectores y crea empleo; es a los empresarios de esta verdadera economía popular que conviene ayudar para que se agrupen, se formen, se administren, se financien y se equipen y encuentren una relación sana con los poderes públicos, en particular en cuanto a fiscalidad y legislación laboral;

64. Considera que los micro-créditos y el acceso al crédito por parte de la población representan una cuestión fundamental que debe caracterizar el nuevo convenio de Lomé; solicita a la Comisión que se fomente el acceso al crédito en el marco de las negociaciones sobre Lomé V, principalmente a través de una cooperación financiera ACP-UE que redunde en beneficio de los agentes de la economía popular y las medianas empresas;

65. Considera fundamental favorecer el desarrollo de la pequeña empresa, de las cooperativas y de las actividades artesanales, mediante la aplicación de formas de cooperación económica descentralizada entre entidades europeas y entidades homólogas ACP (asociaciones empresariales, zonas industriales, centros tecnológicos y de investigación), apoyando las actividades de formación, de investigación científica y tecnológica y la formación de empresas en participación;

66. Pide que las políticas de gestión de las ciudades, el hábitat, el urbanismo, la gestión de los servicios públicos se revisen para garantizar que no agravan la condición de los más pobres, en particular, que no suprimen sus puestos de trabajo y no provocan dejaciones sin realojamiento;

67. Destaca la importancia de las monedas convertibles y pide que se adopten medidas para ayudar a los países en desarrollo en la implantación de sistemas monetarios más productivos y estables;

68. Destaca la necesidad de una mejor cooperación entre la UE y los países ACP en el sector alimenticio y agrícola, para perseguir un mejor nivel de seguridad alimentaria en todos los países afectados;

69. Pide que se vuelva a poner en actividad el Centro interafricano de prevención de catástrofes naturales;

Por lo que se refiere a la cooperación financiera y técnica

70. Considera que debe realizarse una simplificación drástica para que la cooperación sea transparente, eficaz y visible;

71. Considera que el grado de previsión en las reglas del juego reviste una importancia fundamental y que los programas por países deberán basarse en las necesidades y los deseos de cada país ACP y reforzar las sinergias para un desarrollo regional;

72. Apoya, entre las opciones propuestas, la de mantener tres dotaciones financieras (largo plazo, corto plazo, agentes no gubernamentales) y reagrupar en ellas los instrumentos existentes;

73. Reitera su petición de que el FED se incluya en el presupuesto de la UE;

74. Aboga, cuando existan condiciones favorables, por un apoyo presupuestario y sectorial en lugar de la ayuda por proyecto, siempre y cuando este apoyo esté condicionado por la aplicación del programa social establecido en la conferencia de las Naciones Unidas organizada en Copenhague;

75. Apoya, en materia de gestión de la cooperación, la opción relativa a la gestión autónoma por parte de los países beneficiarios, que, en particular, favorece un refuerzo de sus capacidades;

76. Recuerda que el desarrollo es en primer lugar labor de los interesados, de los hombres y de las mujeres que deben decidirlo, organizarlo, realizarlo y que, en consecuencia, la dimensión social debe ser reforzada e insertada plenamente en el diálogo sobre las políticas, lo que favorecerá las adaptaciones necesarias de los sistemas de educación, en particular para las jóvenes, de sanidad, también en materia de reproducción, y de mejora de las condiciones de vida y de trabajo;

77. Expresa su convicción de que todas las políticas han de ser examinadas en función de sus repercusiones en la pobreza; opina que los programas de desarrollo y las políticas comerciales se han de someter a una evaluación sobre su impacto en las cuestiones de pobreza y de discriminación por razones de sexo; afirma que tal evaluación ha de ser tan rigurosa como el procedimiento aplicado por la UE en el caso de la evaluación del impacto medioambiental;

78. Pide que las ONG hagan de su compromiso en favor de los pobres una prioridad y que la Unión Europea les ayude

- a salir del marco de los proyectos para reforzar las capacidades autóctonas de las asociaciones de barrio, de las agrupaciones campesinas y rurales y para permitirles apropiarse de la concepción y la ejecución de las acciones que les afectan,

- a desarrollar la información, la comunicación y los medios de expresión en el interior y hacia el exterior de los grupos con los que trabajan,

- a recurrir a las tecnologías punta basadas en las capacidades y en los recursos técnicos y culturales de las poblaciones, así como en el aporte tecnológico exterior de bajo coste y de fácil difusión;

79. Destaca la necesidad de incluir en los programas criterios sociales que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la población en su totalidad; considera conveniente que se realice un peritaje social a nivel de los países ACP; estima que la cooperación descentralizada constituye una de las grandes innovaciones de Lomé IV, pero censura su aún insuficiente aplicación, especialmente por los agentes sociales, y destaca en este contexto su elevado potencial futuro en cuanto a las iniciativas locales; considera que deben lograrse incentivos especiales para los países que corresponden al requisito del 20% de la Cumbre social de Copenhague;

80. Considera que los elementos que corresponden al estado de Derecho (condiciones de funcionamiento de la policía, de la gendarmería, de los tribunales) el respeto de los derechos humanos, la libertad de asociación así como la existencia de una prensa libre y responsable deberían integrarse también en el diálogo sobre las políticas;

81. Pide a la Comisión que garantice que los programas de ajuste estructural proporcionan una ayuda mayor, y no menor, a los servicios sociales básicos;

82. Pide a la Comisión que cree un mecanismo independiente de quejas para individuos y comunidades que consideran que han sido perjudicados por la cooperación en el marco de Lomé V;

83. Considera que la Comisión no dispone en estos momentos, como consecuencia de reducciones injustificadas de personal, de los medios humanos necesarios para asumir misiones que aumentan tanto cuantitativa como cualitativamente, y considera que los objetivos propuestos no podrán realizarse sin una nueva evaluación de los recursos humanos;

84. Considera que los delegados de la Comisión en los países ACP no están en condiciones de funcionar con eficacia, a causa de la insuficiencia de personal y la centralización excesiva de las decisiones en los comités del Consejo y pide que se corrija urgentemente esta situación a fin de que la cooperación pueda desarrollarse con eficacia en el marco de Lomé V;

85. Considera que la reforma prevista por la Comisión para la gestión de la cooperación permitiría concentrar la actividad de la Comisión sobre la ejecución de las nuevas orientaciones propuestas;

86. Considera que convendría prever la presencia, rotativa y en plazos definidos, de representantes de los países ACP en las oficinas de la Comisión encargadas de gestionar las relaciones UE-ACP con el fin de mejorar el conocimiento de los mecanismos y de las capacidades de gestión de los países ACP;

Por lo que se refiere a las responsabilidades de la Unión Europea

87. Exige que se mantenga el compromiso de la UE con respecto al Sur, y no acepta su reciente reducción;

88. Muestra su alarma por el proceso de renacionalización de las políticas de cooperación para el desarrollo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, como demuestran el malogrado intento por parte de los Estados miembros de proponer una mayor coordinación de las políticas nacionales en algunos países ACP y la drástica reducción de los fondos para el desarrollo del presupuesto de 1998;

89. Subraya que los resultados del V Convenio de Lomé también dependerán de la capacidad de la UE para:

- coordinar mejor las políticas de los Estados miembros con la política europea,

- aumentar la coherencia de sus políticas, como por otra parte se ha destacado en las conclusiones del Consejo de 2 de junio de 1997, en particular en materia de prevención de conflictos, de seguridad alimentaria, de pesca y de migraciones,

- elaborar estrategias propias de desarrollo en materia de ajuste estructural, de comercio, de deuda, de agricultura, de seguridad alimentaria, de medio ambiente, de igualdad entre hombres y mujeres, de demografía, de acciones destinadas específicamente a las mujeres, de sanidad, de política social, etc., indispensables para permitir el diálogo sobre las políticas,

- actuar en los ámbitos apropiados (G8, instituciones de Bretton Woods, conferencias de las Naciones Unidas, etc.) de acuerdo con los objetivos y los compromisos de su política de desarrollo,

- afirmar su identidad en todos los ámbitos internacionales (por ejemplo, OMS, OIT);

90. Toma nota con gran pesar de los escasos resultados de carácter político de la Cumbre de Amsterdam y de la reforma del Tratado de Maastricht que, en especial por lo que respecta a la política de cooperación para el desarrollo, no han producido cambios significativos; muestra su profunda desilusión por los resultados de la Cumbre, principalmente por lo que respecta a la incapacidad del Consejo Europeo para incorporar la cooperación para el desarrollo como elemento integrante de la política exterior y de seguridad común, y para dotarle de una dignidad propia que permitiera fomentar el diálogo político de mutuo interés que se debería haber inscrito en el nuevo Tratado;

91. Insiste en la necesidad de llevar a cabo una mayor coordinación in situ de acuerdo con las prioridades de cada país ACP, que tome también en consideración las actividades de otros donantes; considera asimismo que el país ACP deberán ser responsables en materia de coordinación y que, en caso de que no dispusiera de capacidad para asumir esta responsabilidad, los donantes deberían contribuir para potenciar dicha capacidad;

92. Insiste, en particular, en la urgencia de hacer coherentes con la política de desarrollo la política agrícola común, la política comercial y la política de pesca;

93. Considera que la UE, que no ha respetado sus compromisos con los países en desarrollo en la negociación de la ronda Uruguay, debe utilizar todos los medios para hacer reconocer que las preferencias no recíprocas y los protocolos son instrumentos de desarrollo hasta la consecución de los objetivos fijados;

94. Pide en particular que la UE recurra en todas las vías de apelación contra el resultado del grupo de expertos de la OMC sobre el plátano;

95. Muestra su seria preocupación por el hecho de que la Organización Mundial del Comercio haya comprometido los regímenes comerciales preferenciales de Lomé, como en el caso del «Grupo de expertos del plátano»; solicita a la Comisión que se oponga con todos los medios jurídicos a este verdadero intento de liquidación de Lomé por parte de la OMC y pide al Consejo que otorgue un mandato a la Comisión para negociar con la OMC un trato diferenciado de los regímenes comerciales para los países ACP en lo relativo a las producciones sensibles desde los puntos de vista económico y social;

96. Pide a la Comisión que, con motivo de la revisión de la reforma de la PAC desde la perspectiva de la ampliación, vele por que se garantice la coherencia de la PAC con los objetivos de cooperación equitativa del Convenio de Lomé;

97. Recuerda la propuesta negativa de modificación de la «directiva sobre el cacao» adoptada por la Comisión y señala que ésta constituye un ejemplo de política para el desarrollo incoherente;

98. Acoge muy favorablemente la propuesta de la Comisión de una estrategia europea global con respecto a los países ACP y pide que se ponga en práctica;

99. Toma nota y se congratula del inicio de la cooperación de la UE con la OUA;

100. Pide, en la perspectiva de la cumbre Europa-África, que se elabore una política de la Unión respecto de África, en la que contemplen todas la dimensiones, incluyendo la seguridad;

101. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros y de los Estados ACP.