l^Cleó9A^ Diario COhcial de las Comunidades Europeas 1B.6.91 
pero no aclara qué es lo quedeberá entenderse por 
modificación sustancial. 
2.2.2.Ó5 El Comité subraya la importancia que rev^sD 
tenias situaciones querequiereeldesplazamiento de 
los trabajadores al extranjero (y no sólo hacia terceros 
paises), importancia que podrá justificarla adopción 
de una normativa autónom^yespeciñcayelComité 
encarecea 1^ Comisiónqueaclare este aspecto de su 
propuesta. 
2BÓ. A^^o^ 
La declaración escrita prevista no es obligatoria en caso 
de que exista uncontrato de trabajo establecidopor 
escrito, una carta de contratación o cualquier otro 
flecho en Bruselas, el 24de abril de 1991. 
1. Introducción ^ 
El Comité aco^e favorablemente la propuesta presen ^ 
tadaporlaComisión,por constituir una importante ^ 
contribución al funcionamientodel mercado interior 
para los consumidores, que tienen un importante papel 
quedesempeñar en elprocesode inte^racióneconó 
mica.Asimismo, la propuesta respondealos principios ^ 
^no^er^^^^m^D.^ ( documento por el que se remitaaun convenio colectivo 
oaotra normativa laboral. 
l^o parecen suficientemente claros ni los conceptos 
jurídicos ni las consecuencias prácticasaque dará lu^ar 
esta norma. 
2.4. Ar^^o^ 
Anteladiferentetradiciónde losEstados miembros 
respecto al contenido de los documentos escritos para 
formalizar unarelación de trabajo,podrá disponerse 
quecada Estado puedadeterminar quéelementoso 
condiciones esenciales deberán formar parte del docuD 
mentó mencionado en el apartado2delarticulo2de 
la propuesta (punto 2.2.2.1 del dictamen). 
^Co^^éE^o^ó^^ov^o^^ 
aprobados por las^esolucíonesdelConsejo sobre la 
política comunitaria del consumidora,así coméalos 
manifestados en la resolución del Parlamento Europeo 
del21defebrerodel986(^). Dictamen sobre la propuesta de Direcnvadel Consejo sobreclausulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores^) 
(91BC1^9Blóa 
El2de octubre de 1990, de conformidad con el artículolOOAdelPratado constitutivo de 
laComunidad Económica Europea, elConsejo decidió consultar alComitéEconómicoy 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de medio ambiente, sanidadyconsumo, encardada de preparar los trabajos en la 
materia, adoptó su dictamen e!2de abril de 1991 (ponente^Sr.r^ilkens). 
En su 286° pleno (sesión del 24 de abril de 1991),el Comité EconómicoySocial ha aprobado 
por mayoría,4votos en contray6abstenciones el siguiente dictamen. 
17^1 Diario ricial de las Comunidades europeas l^CL^eó 
2. Observaciones ^ene^es 
2.1. O^r^ov^^e^^^^ro^^^ 
2.LL La propuesta de Directiva sobr^ cláusulas abu^ 
sivas en los contratos celebrados con consumidores 
establece el principio de una norma diri^idaaprote^r 
alos consumidores contra las cláusulas abusivas en los 
contratos en toda la Comunidad europea, l^sta norma 
constituve, en efecto, un requisito básico para la aceptad 
bilidad de un mercado europeo único de los consumido 
res, al permitirles reali^artransaccionestransfronteri^as 
con toda confianza ^raciasaciertas normas comunes, 
por lo que aumentará la confianza del consumidor en 
dichas transacciones^ 
2.1.2. El Comité reconoce que para obtener la con 
fianza de los consumidores ^s necesario aproximar los 
sistemas que reculan las cláusulas abusivas en los conD 
tratos celebrados con consumidores pero reconoce tam 
bien que no ^sd^seable ni ^s la intención d^ la propuesta 
aproximar las legislaciones que reculan dichos contrae 
tos. El Comité subrava asimismo elvalor limitado de 
la aproximación de las disposiciones l^alesvre^lamen 
tariasv^lmavor riesgo de inccrtidumbrc jurídica, para 
los consumidoresvlos proveedores, vaquean materia 
d^ derecho contractual, se concede un papel prioritario 
alostribunales.En realidad, aunque sebasen^n un 
instrumento legislativo armonizado, los tribunales 
nacionales interpretarán de forma diferente disposición 
nes idénticas, teniendo en cuenta el desarrollo del dere 
cho contractual vdelderechodelconsumidor en sus 
respectivos Estados miembros,vdc forma más general, 
basándose en su culturavtradición jurídicas. 
2.1.Ó5 El Comité llama la atención, en materiade 
contratos, acerca de la importancia de los instrumentos 
de derecho internacional reguladoras de la cuestión del 
derecho aplicablcen los contratos transfronterizos v 
subrava la entrada en vi^or el dialde abril del^l 
del Convenio d^ Roma de 1^ de junio de l^tl. 
EsteConvenio,cuvoarticuloéóestableceque,en los 
casos previstos, el consumidor no podrá verse privado 
d^ la protección que le brindan lasdisposiciones impera 
tivas de la l^v del pais en que tiene su residencia habi 
tual,d^be relacionarse con el Convenio de Bruselas del 
2^de septiembre del^^,cuvo articulóla establece, 
en los mismos casos, que sólo podrá entablarse un 
proceso contraun consumidor ante los tribunales del 
Estado contratante sobr^cuvotcrritorioestádomiciD 
liado el consumidorvqueeleonsumidor que entabla 
el proceso podrá elegir entre el tribunal de su domicilio 
vcl del domicilio de su adversarios 
2.1Bt. Afin de que esta Directiva teníala máxima 
eficacia ^n la práctica, el Comité propone obli^aralas 
autoridades competentes de los Estados miembros a 
establecer en sujurisdicciónun sistema que posibilite 
lanotificación a la Comisióndetodaslas decisiones 
judicialesoadministrativas adoptadas inaplicación de las disposiciones de la Directiva propuesta. Estesistema 
de notificación permitiría a la Comisión, a la hora 
d^ elaborar el informe sobre el funcionamiento de la 
Directiva, identificar los sectoresolos ámbitos en los 
que s^ manifiesta frecuentemente una diversidad de 
intcrpretaciónv,si fuere necesario, proponer una redac 
ción más adecuada de las disposiciones existentes en la 
Directiva. 
2.1.^. Además, elComité destaca la necesidad,en 
aras de la protección del consumidor, de procedimien­
tos de control eficacesvcolectivos. Por consiguiente, el 
Comité pideala Comisión que, en lo que se refiere al 
articulo ^,especifiqueal^unasobli^acionesparaque 
los Estados miembros impongan sanciones eficaces. 
2.1.^. ElComité también haconsideradoelpapel 
esencial que debe desempeñar el Tribunal de^usticia 
d^ las Comunidades EuTopeasala hora de clarificar la 
noción comunitaria de no conformidadaderecho en las 
disposiciones preliminares solicitadas por los tribunales 
nacionales. 
2.1.^. ^in embarco, el Comité no se muestra favora-
blcaaceptar la idea de crear un ór^anoanivel europeo 
encardado del control de las cláusulas abusivas en los 
contratos, va qu^ ello constituiría una manifestación de 
burocraciavuna redundancia con relaciónalos órga­
nos e^istentesanivel nacional. 
2.2. ^^^^vr^^^^o^^^^^^^D^e^^^o^ 
^^^^^^^^^^^^o^r^o^^e^^o^^o^ 
^o^^^^or^ 
2.2.1. La Directiva tienepor objeto restablecer el 
equilibrio en los contratos celebrados con consumidor 
res. La exposición de motivos de la propuesta presenta 
una descripción lógica de los numerosos desequilibrios 
qu^ caracterizan los contratos celebrados con consumi-
doresvque contradicen totalmente^l tradicional princi-
pió de libertad de contrato, basado en el supuesto de 
la igualdad de poderne^ociador de las partescontratan-
tes. Como quiera que con mucha frecuencia en las 
negociaciones con consumidores no existe una igualdad 
de poder ne^ociador,la propuesta de Directiva pretende 
garantizar este poder ne^ociadorocorre^ir los desequi 
librios. 
2.2.2. El Comité reconoce la necesidad de crear un 
instrumento europeo con objeto de restablecer el equili­
brio en los contratos celebrados con consumidores. 
Algunos sectores temen las negativas repercusiones de 
la Directivaenel ámbito industrialvcomercialv^n 
otros sectores profesionales. La reacción del Comitéa 
este respecto es la si^uient^ 
— la Directiva no constituirá una importante desvia­
ción del derecho contractual de nueve Estados 
miembros ^eino Unido, Erancia, Alemania, Paises 
Bajos, España, Portugal, Irlanda, Dinamarca v 
Lu^cmbur^cuvasle^islacionesen materia decláu 
sulas abusivas en los contratos meluven unos princi­
pios muvpró^imosalos presentados en la Directiva 
vque va se están aplicandoalas partes contratantes 
en dichos Estados, 
N° C 159/36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 91 
— la Directiva tampoco introducirá cambios radicales 
en el derecho contractual de los tres Estados miem­
bros (Bélgica, Italia y Grecia) en tos que no existe 
legislación específica en la materia, dado que en 
dichos países un cuerpo de jurisprudencia penaliza, 
aunque a veces con algunas dudas, las cláusulas 
abusivas en los contratos. 
2.2.3. En consecuencia, el Comité estima que la 
Directiva, más que introducir nuevos principios jurídi­
cos en los sistemas jurídicos nacionales, constituye, 
al menos parcialmente, una «aproximación» de las 
legislaciones nacionales existentes y de las prácticas 
vigentes, al tiempo que armoniza los planteamientos 
técnicos del problema de las cláusulas abusivas en con­
tratos. 
2.3. Ámbito de aplicación de la Directiva 
2.3.1. Según la propuesta de la Comisión, la presente 
Directiva se aplica a todas las cláusulas de contratos 
celebrados con consumidores, ya se trate de contratos 
tipo o negociados individualmente. Si bien el Comité 
reconoce que la oferta de cláusulas tipo por parte de los 
proveedores puede constituir efectivamente un posible 
riesgo de desequilibrio para los consumidores, consi­
dera que la Directiva debería ofrecer un tratamiento 
diferente a las cláusulas de contratos negociados indivi­
dualmente. En efecto, las cláusulas de contratos auténti­
camente negociadas podrían evaluarse sobre una base 
diferente de las cláusulas tipo, ya que éstas reflejan 
situaciones con un mayor peligro de desequilibrio, 
mientras que es posible que éste no sea el caso para 
las primeras. Por consiguiente, el Comité insta a la 
Comisión a que modifique el apartado 5 del artículo 2 
de su propuesta, a fin de aclarar que la conformidad 
o no conformidad de una cláusula contractual será 
determinada con referencia a las circunstancias que lo 
acompañen en el momento en que se celebre el contrato, 
y en particular teniendo en cuenta las cláusulas contrac­
tuales negociadas individualmente. 
2.3.2. Sin embargo, el Comité reconoce el problema 
que plantea la prueba en caso de litigio y la dificultad 
de establecer límites entre la noción de cláusula tipo 
y cláusula negociada individualmente. En efecto, la 
introducción de esta distinción puede plantear proble­
mas prácticos y puede hacer más difícil la protección de 
algunas categorías de consumidores menos informados 
contra cláusulas abusivas. Por consiguiente, en caso de 
duda, una cláusula contractual debería ser considerada 
como cláusula tipo. 
2.3.3. En términos más generales, el Comité insta a 
la Comisión a que considere en un futuro muy próximo 
la posibilidad de prohibir las cláusulas abusivas en 
todos los contratos, independientemente de que éstos 
se celebren con consumidores o no, teniendo particular­
mente en cuenta los problemas experimentados por las 
PYME. 
2.3.4. Tras la adopción de la Directiva, los interme­
diarios afrontarían el problema de que los consumido­
res se acogerán a la protección brindada por la Directiva 
sin que ellos puedan, a su vez, acogerse a esta misma protección de cara a los importadores o productores. 
El Comité considera que en el artículo 3, la última parte 
del primer guión no ofrece ninguna seguridad jurídica 
a los intermediarios, por lo que solicita que este pro­
blema sea tratado explícitamente en la Directiva. 
2.4. Redacción de la Directiva 
2.4.1. El Comité sugiere que la Comisión preste espe­
cial atención a la redacción de la Directiva, con objeto 
de garantizar su conformidad con los principios legales 
y de asegurar un equilibrio general de los contratos. 
2.5. Un enfoque negativo 
2.5.1. El enfoque de la Comisión consiste en prohibir 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, pero no impone a los proveedores nin­
guna obligación positiva con respecto al consumidor. 
No obstante, para evitar desequilibrios en los contratos 
celebrados con consumidores, es esencial que éstos pue­
dan conocer las cláusulas del contrato (por ejemplo, 
mediante la entrega del documento del contrato, carte­
les en los establecimientos, etc.) y que se hallen en 
situación de comprenderlas. 
2.5.2. Por lo tanto, el Comité propone incluir en la 
Directiva, de acuerdo con varias legislaciones naciona­
les o prácticas vigentes, la obligación de que el provee­
dor informe al consumidor sobre las cláusulas del con­
trato antes de proceder a su firma. Esta obligación 
también sería interesante en el caso de tas cláusulas 
negociadas individualmente, a fin de que el consumidor 
pueda ser consciente de la importancia que revisten las 
excepciones a las condiciones tipo impuestas por el 
proveedor. 
2.5.3. El Comité propone considerar abusiva tam­
bién la falta de transparencia en las cláusulas de los 
contratos. No obstante, este criterio debería redactarse 
de forma tal que permitiese la evaluación sobre la base 
del criterio objetivo de «administración prudente», de 
acuerdo con la experiencia adquirida en la materia por 
varios Estados miembros. 
2.5.4. Por otra parte, un importante problema al que 
los consumidores tendrán que enfrentarse en el mercado 
interior —diversidad de garantías y de servicios post­
venta— ha sido abordado por la Directiva mediante la 
prohibición, en el Anexo, de las cláusulas restrictivas. 
Sin embargo, el Comité invita a la Comisión a que 
entable en un futuro próximo un debate más amplio 
con todas las partes interesadas a fin de evaluar la 
necesidad de medidas comunitarias en el ámbito de los 
servicios postventa y de las condiciones de garantía. 
El problema de la falta de confianza por parte del 
consumidor en las transacciones transfronterizas, como 
consecuencia de la diversidad de servicios postventa y 
de las condiciones de garantía constituye al parecer un 
importante obstáculo para el comercio transfronterizo. 
17. 6. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 159/37 
2.6. ¿Norma mínima o armonización total? 
La propuesta no expone de forma explícita el vínculo 
existente entre su contenido y las legislaciones naciona­
les actuales y futuras en lo que respecta a las cláusulas 
abusivas en los contratos. El Comité propone dejar bien 
claro que los Estados miembros podrán, en cualquier 
caso, mantener o adoptar toda legislación existente que 
brinde una protección superior a la ofrecida por la 
Directiva. 
2.7. Relación de la Directiva con otros instrumentos 
legislativos 
La propuesta no hace mención alguna de su relación 
con: 
— otros instrumentos legislativos comunitarios que 
también incluyen referencias a cláusulas contractua­
les y contenido de los contratos (como, por ejemplo, 
la Directiva sobre la responsabilidad de los produc­
tos, la Directiva relativa a los viajes combinados); 
y, 
— los instrumentos legislativos internacionales que 
existen en muchos ámbitos (véase a título de ejem­
plo la limitación y restricción de la responsabilidad 
de terceros aceptada por convenios internacionales 
bajo los auspicios del Comité Marítimo Internacio­
nal y de la Organización Consultiva Marítima ínter-
gubernamental de Naciones Unidas) (OCMI). 
Es de suma importancia que se expongan explícita­
mente las relaciones entre esos diferentes instrumentos 
legislativos. 
2.8. Anexo relativo a las cláusulas contractuales abu­
sivas 
2.8.1. Si bien el Comité reconoce el esfuerzo efec­
tuado de la Comisión por confeccionar una lista que 
constituya una base suficiente para una lista común de 
cláusulas abusivas en Europa, formula algunas sugeren­
cias para completar y mejorar la redacción del Anexo. 
2.8.2. El alcance del Anexo plantea varías cuestiones. 
Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 1991. El Comité considera que es preciso aclarar que el Anexo 
no es exhaustivo y que permite que los Estados miem­
bros puedan adoptar disposiciones más rigurosas que 
las cláusulas contenidas en el mismo. Además, es nece­
sario que quede bien claro si el Anexo es absoluto 
(sin posibilidad alguna de eximir una cláusula de la 
prohibición) o si aún deja libertad a las autoridades 
nacionales para evaluar las cláusulas contractuales que 
enumera en relación con el contexto. 
2.8.3. El Comité destaca la necesidad de un plantea­
miento sistemático dado que el Anexo se refiere a 
cláusulas relativas a todo tipo de contratos y a cláusulas 
relativas a contratos específicos, como la propiedad 
compartida de usufructo temporal. Tampoco se enume­
ran las cláusulas de forma sistemática, ya que cuestiones 
relativas a la responsabilidad aparecen tanto en la letra 
a) como en la e), y las cláusulas de modificación unilate­
ral se recogen en las letras b) y d). 
2.8.4. El Comité invita a la Comisión a que revise 
detenidamente la redacción de las diferentes versiones 
lingüísticas del Anexo, ya que muchas de las nociones 
no están suficientemente claras y dan lugar a considera­
bles dificultades de interpretación. 
2.8.5. He aquí algunas de las cuestiones que, en 
opinión del Comité, plantean dificultades: 
— la cláusula b) se refiere sólo al debe y al haber, 
— el período de garantía que establece el quinto guión 
de la cláusula c) (1) debería tener en cuenta períodos 
más cortos para los artículos usados, 
— el primer guión de la cláusula c) (2) no debería 
hacer referencia a la valoración subjetiva sino a una 
valoración más objetiva, 
— la cláusula d) también precisa una clarificación y 
una valoración objetiva: ¿quién va a decidir si el 
precio final es o no demasiado alto con relación al 
precio contractual ? 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran^ois STAEDELIN