La reducción del consumo de energía y el aumento de la cuota de energías renovables requieren la movilización de mayores niveles de inversión pública y privada. Es probable que las estimaciones anteriores de las necesidades adicionales de inversión para la transición ecológica de 520 000 millones EUR anuales estén en el rango inferior de las necesidades reales, como consecuencia de la necesidad de adelantar la transición energética a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La inversión pública y privada en la energía debe centrarse en reducir el consumo en consonancia con el principio de «la eficiencia energética primero», apoyar a los hogares en situación de pobreza energética, potenciar la participación activa de los consumidores en la transición energética, aumentar la cuota de energías renovables, y promover la movilidad sostenible y la descarbonización de la industria, al tiempo que, de forma prioritaria, deben eliminarse progresivamente las subvenciones directas e indirectas a las energías fósiles. Las inversiones en investigación e innovación serán esenciales para acelerar la transición ecológica. La inversión en infraestructuras energéticas, en particular en un contexto transfronterizo, también será necesaria para diversificar las fuentes del suministro de energía, centrado en la energía limpia, y para garantizar la seguridad energética. En particular, el desarrollo de interconectores transfronterizos contribuirá a aumentar la seguridad del suministro, ya que ofrecen a los Estados miembros acceso a fuentes de energía adicionales y más diversificadas y aumentan la flexibilidad y la resiliencia de sus mercados de la energía. Los Estados miembros deben movilizar todas las fuentes de financiación pública y privada disponibles para financiar estas inversiones, en particular mediante la asignación de un mayor porcentaje de los ingresos del RCDE. Las nuevas inversiones en infraestructuras y redes relacionadas con el gas pueden desempeñar un papel en la diversificación del suministro de energía y el aumento de la seguridad del suministro. Se recomienda que estén preparadas para el futuro, en la medida de lo posible, con el fin de facilitar su sostenibilidad a largo plazo mediante su readaptación futura a los combustibles sostenibles.

Dado el carácter global de los planes de recuperación y resiliencia, las nuevas recomendaciones específicas por país abordan un número limitado de retos adicionales en materia de reforma e inversión. Los Estados miembros deben centrarse principalmente en la aplicación oportuna de los planes de recuperación y resiliencia. Por lo tanto, la Comisión propone al Consejo que dirija a todos los Estados miembros con un plan de recuperación y resiliencia aprobado: una recomendación sobre política presupuestaria, en particular sobre reformas presupuestarias estructurales, cuando proceda; una recomendación sobre la aplicación del plan de recuperación y resiliencia y los programas de la política de cohesión; una recomendación sobre la política energética en consonancia con los objetivos de REPowerEU; cuando proceda, una recomendación adicional sobre los retos estructurales pendientes o de nueva aparición, a partir del análisis de deficiencias. El alcance de las recomendaciones es mayor para los Estados miembros que no han aprobado planes de recuperación y resiliencia.

El MRR es el instrumento principal para cumplir con las prioridades políticas de la UE en el marco del Semestre Europeo y, junto con REPowerEU, para hacer frente a los nuevos retos. El Mecanismo, con su sólido sistema de seguimiento basado en el rendimiento, está proporcionando un importante apoyo financiero para la ejecución de reformas e inversiones clave, lo que supone un impulso presupuestario y de reforma financiado por la Unión. Un año después de su introducción, se han realizado importantes avances que han dado lugar a efectos indirectos positivos en toda la UE, al tiempo que se apoya la convergencia, en particular en toda la zona del euro. La aplicación de los ambiciosos planes de recuperación y resiliencia es clave para fomentar la doble transición y aumentar la resiliencia de los Estados miembros. En consonancia con el Reglamento sobre el MRR, los planes nacionales de recuperación y resiliencia abarcan la totalidad o un subconjunto significativo de las recomendaciones específicas por país pertinentes. Por lo tanto, el Semestre Europeo y el MRR seguirán estando estrechamente interrelacionados para garantizar la complementariedad de las prioridades políticas que se han fijado, y evitar así los solapamientos y minimizar la carga administrativa. La invasión rusa de Ucrania ha alterado el contexto geopolítico y económico. La Declaración de Versalles pedía nuevas medidas decisivas para construir la soberanía europea, mediante la reducción de las dependencias estratégicas de la UE, el aumento de la seguridad del suministro, en particular en el ámbito de las materias primas esenciales, y la eliminación progresiva de nuestra dependencia de los combustibles fósiles procedentes de Rusia. El MRR desempeñará un papel central en la movilización y orientación de los recursos disponibles a escala europea para alcanzar estos objetivos, como también se indica en REPowerEU.

La contundente respuesta política de la UE tras la pandemia de COVID-19 respaldó la resiliencia de la Unión, como también ha quedado demostrado en el actual entorno geopolítico y económico sin precedentes. La acción política coordinada a escala nacional y de la UE amortiguó el impacto de la pandemia en las economías de los Estados miembros y abrió el camino a una fuerte recuperación. La economía de la UE alcanzó su nivel de producción previo a la pandemia en el otoño de 2021 y las perspectivas antes de la invasión rusa de Ucrania apuntaban a una fase de expansión prolongada y sólida. Sin embargo, la guerra rusa de agresión contra Ucrania ha creado un nuevo entorno, y ha exacerbado los vientos en contra del crecimiento ya existentes, que hasta ahora se esperaba que amainaran. Los nuevos aumentos de los precios de las materias primas, las reanudadas interrupciones de la oferta y el aumento de la incertidumbre están mermando el crecimiento e implican importantes riesgos de revisión a la baja. También plantea nuevos retos para las economías de la UE relacionados con la seguridad del suministro energético y la dependencia de los combustibles fósiles procedentes de Rusia. La expansión de las presiones inflacionistas más allá de los precios de la energía, junto con la gran afluencia de personas que huyen de la guerra, están teniendo un impacto directo en las sociedades europeas. Sin embargo, la economía de la UE está mostrando su resiliencia, y se prevé que siga creciendo en el período 2022-2023. Los efectos residuales de la dinámica de reapertura, un mercado laboral en continua mejora y una respuesta política contundente a la perturbación provocada por la pandemia siguen respaldando el crecimiento. Las acciones a corto plazo, en particular el Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, REACT-UE o el marco temporal de ayudas estatales, así como el despliegue en curso de NextGenerationEU, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como eje central, han dado sus frutos. Al mismo tiempo, las previsiones de crecimiento están rodeadas de una incertidumbre excepcional y sujetas a unos importantes riesgos de revisión a la baja.

Los engorrosos procedimientos administrativos dificultan el despliegue de los proyectos de energías renovables. Las partes interesadas han señalado reiteradamente que los procedimientos administrativos de varios Estados miembros son un obstáculo clave para el despliegue de proyectos de energías renovables e infraestructuras conexas, lo que repercute en la seguridad de los inversores, la planificación de proyectos y los porcentajes globales de aprobación de proyectos. Los esfuerzos deben centrarse, en particular, en la transposición completa de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y en la aplicación rigurosa de la Recomendación sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos adoptada el 18 de mayo. Los Estados miembros también deben definir sin demora las «zonas propicias para las renovables», tal como se establece en la propuesta de modificación de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, y abordar los obstáculos que siguen existiendo para el despliegue de las energías renovables y las infraestructuras conexas. Los nuevos proyectos de energías renovables y de infraestructuras energéticas deben beneficiarse de procedimientos simplificados de planificación y concesión de permisos. En este sentido, desde marzo de 2022, la Comisión también ha colaborado con las autoridades de los Estados miembros en el marco del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único para hacer frente a los obstáculos relacionados con la concesión de permisos. Los Estados miembros también tendrán que centrarse en abordar los cuellos de botella relacionados con la escasez de mano de obra y ofrecer oportunidades adicionales de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, en particular para las autoridades responsables de la concesión de permisos a escala nacional, regional y local, como parte de sus esfuerzos más amplios para garantizar la disponibilidad de las capacidades necesarias para los objetivos del Pacto Verde, en particular la oleada de renovación.

La preocupación por la disponibilidad de materias primas pone de relieve la necesidad y la urgencia de avanzar en nuestra transición hacia una economía circular. Junto con el replanteamiento estratégico del abastecimiento de materias primas, en particular de tierras raras necesarias para la doble transición, que incluya el estudio de la extracción y la transformación sostenibles de materias primas en la UE, la ampliación de las soluciones circulares e innovadoras mejorará la disponibilidad de las materias primas y contribuirá a reducir la demanda de energía. La economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos y las medidas de gestión de residuos tienen beneficios medioambientales, climáticos y económicos. Deben ser prioritarias para aquellos Estados miembros cuyas políticas actuales en estos ámbitos aún no alcancen todo su potencial. Esto requiere el establecimiento de marcos reguladores más sólidos para promover la economía circular, con incentivos para las prácticas innovadoras.

4.2 Productividad

Garantizar el buen funcionamiento del mercado único sigue siendo clave para el crecimiento de la productividad, la prosperidad económica y la convergencia. El efecto combinado de la crisis de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania ha agravado las perturbaciones de las cadenas de suministro y las empresas deberán diversificarlas para gestionar los riesgos relacionados con los precios, la calidad y los suministros de las materias primas. Las medidas de contención en curso y la escasez prolongada de mano de obra también pueden lastrar la actividad económica y perjudicar el funcionamiento de las cadenas de suministro esenciales durante más tiempo de lo previsto. Dado que un mercado único que funcione correctamente es la principal fuente de crecimiento de la productividad, creación de empleo y resiliencia de la UE, es necesario abordar cualquier distorsión dentro del mercado único y los obstáculos al mismo que restrinjan la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Esto requiere un esfuerzo constante por parte de los Estados miembros para abordar los cuellos de botella con el fin de fomentar las inversiones, en particular en infraestructuras de transporte, y la estabilidad de las cadenas de suministro en todos los ecosistemas. Es necesario adoptar medidas para mitigar el impacto en las empresas viables de la UE tanto de la subida de los precios de la energía como de los riesgos derivados de la invasión rusa de Ucrania en cuanto a las interrupciones de la cadena de suministros, la logística y las inversiones. Aprovechar la diversidad de las regiones de la UE y ayudarlas a liberar todo su potencial contribuirá a un mercado único más integrado, dinámico y resiliente. Un mercado único más integrado mejorará la capacidad de las empresas de la UE para reunir capital en toda la UE, lo que fomentará las inversiones a largo plazo que apoyen la innovación y financien las transiciones digital y ecológica. A este respecto, también es importante seguir avanzando en la realización de la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria.

Las inversiones adicionales deben ir acompañadas de ambiciosas reformas dirigidas a mejorar el entorno empresarial, las capacidades administrativas y la resiliencia institucional. Con el fin de aplicar reformas estructurales que mejoren la productividad e inversiones a gran escala, es necesario un enfoque político global orientado a mejorar las capacidades administrativas y unas condiciones marco adecuadas a escala nacional y subnacional. Una serie de Estados miembros siguen enfrentándose al reto de mejorar el entorno empresarial, en particular las profesiones reguladas, la eficiencia de la administración pública, la contratación pública, el acceso a la financiación, y la reducción de la carga administrativa de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, los continuos esfuerzos para reforzar el Estado de Derecho, en particular unos sistemas judiciales independientes, de calidad y eficientes, y unos marcos anticorrupción que funcionen correctamente, son fundamentales para la solidez de la resiliencia institucional de los Estados miembros y para un buen entorno empresarial.

La investigación e innovación (I+i) sigue siendo una herramienta esencial para fomentar la competitividad de los Estados miembros, así como fundamental para la doble transición y para la autonomía estratégica abierta de la UE. En el contexto actual, son esenciales unos instrumentos de investigación e innovación eficaces y bien coordinados, junto con esfuerzos adicionales para salvar la brecha entre la innovación y el mercado, para acelerar las transiciones ecológica y digital y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en todos los países y regiones de la UE. Si bien el importante conjunto de reformas e inversiones en I+i contenidas en los planes de recuperación y resiliencia deben contribuir significativamente a reforzar los sistemas de I+i de los Estados miembros, varios países deberán adoptar nuevas medidas para reforzar su panorama de la innovación y abordar los retos a los que se enfrentan en el ámbito de la I+i. Estas medidas incluyen la mejora de los vínculos entre ciencia y empresa, la facilitación de las transferencias de conocimientos, la construcción de la excelencia, el fomento de la innovación empresarial, en particular mediante el apoyo a las pymes, las empresas emergentes y las empresas sociales, la ampliación de la base regional de su ecosistema nacional público y privado de I+i y la atracción de talento. Para ello, es fundamental una asignación financiera adecuada, junto con unos objetivos claramente articulados en materia de investigación e innovación y metas de financiación.

Las inversiones en tecnologías digitales, las personas y sus capacidades son los motores de nuestra transformación digital. Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), los avances de los Estados miembros en el despliegue de las redes 5G y en la digitalización del sector de los servicios públicos y privados son dispares. Sin embargo, los avances en el ámbito digital están estrechamente interrelacionados con otros factores facilitadores como la I+i, la financiación, el mercado laboral y las reformas de la educación y la formación, así como la necesidad de señales claras de inversión para facilitar la integración de las soluciones digitales en los sectores pertinentes (por ejemplo, energía, movilidad y salud). Las inversiones en infraestructuras y tecnologías digitales son importantes elementos posibilitadores de las transiciones ecológica y digital de nuestras economías y sociedades y deben complementarse con inversiones en educación digital, en las personas y sus capacidades, en particular en apoyo de la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, con especial hincapié en abordar las disparidades regionales, especialmente mediante el abordaje de los retos constituidos por la fuga de cerebros, la brecha entre las zonas urbanas y rurales y la despoblación de regiones concretas. Esto también contribuirá a estimular el aumento de la productividad de las empresas europeas, las incentivará, en particular a las pymes, a avanzar hacia una mayor digitalización de sus actividades y contribuirá a la recuperación económica en general.

4.3 Equidad

El pilar europeo de derechos sociales es el marco rector general para garantizar la equidad en la Unión; su plena aplicación es esencial para lograr una convergencia social y económica al alza. Los planes de recuperación y resiliencia incluyen una amplia gama de reformas e inversiones que contribuirán a apoyar una participación más amplia en el mercado laboral, el aumento de la productividad a través de medidas educativas y de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, así como la inclusión social y la resiliencia. Junto con los fondos de la política de cohesión y el Mecanismo para una Transición Justa, el MRR apoya una recuperación justa e inclusiva de la UE en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales. El plan de acción de la Comisión para seguir aplicando el pilar propuso nuevos objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza de aquí a 2030, así como un cuadro de indicadores sociales revisado, todos ellos acogidos favorablemente en la Cumbre Social de Oporto de 2021. Los Estados miembros están en proceso de establecer objetivos nacionales en consonancia con las ambiciones de los objetivos principales de la UE. La aplicación del pilar, y su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales, se ha integrado en el ciclo del Semestre Europeo y se refleja en los análisis que sustentan las recomendaciones específicas por país pertinentes.

La pandemia de COVID-19 ha afectado de forma desigual a los distintos grupos de población y regiones y ha puesto de manifiesto vulnerabilidades y desigualdades subyacentes. Gracias a una rápida respuesta política, en la mayoría de los Estados miembros, las desigualdades globales de renta y el riesgo de pobreza o exclusión social se mantuvieron en general estables entre 2019 y 2020. Sin embargo, los efectos a medio plazo de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad siguen siendo inciertos. La crisis de la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a algunas regiones, sectores y grupos de población que ya se enfrentaban a peores condiciones sociales y de empleo, en particular: los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y temporales, las personas con discapacidades, las personas de origen migrante y los gitanos. También amplió las desigualdades educativas y los déficits de capacidades y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los niveles, así como de una cobertura adecuada por medio de redes de seguridad social y de regímenes de reducción del tiempo de trabajo, en particular los apoyados por el Fondo Social Europeo y SURE, que ayudaron a mantener el empleo. El acceso a las prestaciones sociales, su adecuación y eficacia varían entre los Estados miembros, lo que apunta a deficiencias en los sistemas de protección social. En varios Estados miembros está justificado el aumento de la disponibilidad de viviendas sociales asequibles. La pandemia también ha puesto de relieve la importancia de contar con sistemas sanitarios eficaces, resilientes y sostenibles. Varios Estados miembros siguen enfrentándose al reto de mejorar la resiliencia, la calidad y la accesibilidad de sus sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración, en particular la necesidad de abordar la escasez de personal sanitario, al tiempo que se vela por su sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

Las recientes subidas de los precios de la energía y los alimentos afectaron más duramente a los hogares más pobres. El aumento de los precios de los combustibles fósiles, la electricidad y las materias primas, ya perceptible en el segundo semestre de 2021, se ha visto agravado por la invasión de Ucrania. Esto afecta especialmente a los hogares más vulnerables, que deben gastar un mayor porcentaje de su renta disponible en bienes básicos, como la energía y los alimentos. La Comunicación de la Comisión sobre los precios de la energía incluye un «conjunto de medidas» que la UE y sus Estados miembros pueden utilizar para abordar el impacto inmediato del aumento de los precios de la energía y reforzar en mayor medida la resiliencia frente a futuras perturbaciones. Las medidas nacionales a corto plazo incluyen las ayudas de emergencia para los hogares, las ayudas estatales a las empresas y algunas rebajas impositivas. El «conjunto de medidas» se complementó en la Comunicación REPowerEU que contiene orientaciones adicionales sobre las intervenciones en la fijación de precios. La aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, el plan REPowerEU, los programas de cohesión, así como las políticas de acompañamiento que tienen en cuenta las repercusiones distributivas y sociales, son aún más necesarias para garantizar una transición ecológica justa para todos los ciudadanos y territorios . Las políticas de apoyo deben ser temporales y estar dirigidas a los más vulnerables para que sean más eficaces, al tiempo que se mantienen los incentivos para reducir el consumo de combustibles fósiles y se limita su impacto presupuestario.

A medida que los mercados laborales se recuperan, observamos cambios en el empleo debidos a las transformaciones digital, ecológica, geopolítica y demográfica, que provocan una escasez de mano de obra. Para muchos empleadores, es posible que la superposición de las transformaciones digital, ecológica y geopolítica dé lugar a cambios profundos en las operaciones y en los modelos de negocio. En muchos Estados miembros se está registrando una escasez de mano de obra, especialmente en sectores como la construcción, la asistencia sanitaria y las tecnologías de la información y la comunicación. Dotar a la mano de obra de las capacidades adecuadas sigue siendo un reto importante, no solo para hacer frente a la escasez de mano de obra, sino también para desbloquear las inversiones de las empresas y posibilitar las transiciones ecológica y digital. Esto pone de relieve el papel de las medidas eficaces de la política activa del mercado de trabajo y de los servicios públicos de empleo, la educación y formación pertinentes para el mercado laboral, y de los profesores y formadores cualificados, en unos mercados laborales y sociedades con un nivel cada vez más elevado de conocimientos, tal como se destaca en la Recomendación sobre un apoyo activo eficaz para el empleo (EASE). En un contexto de escasez de la mano de obra y de brechas de empleo, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular mediante la mejora del acceso a la atención y educación de la primera infancia, y de los grupos infrarrepresentados, como las personas con discapacidades, los migrantes y los gitanos, sigue representando una gran oportunidad para un crecimiento inclusivo y sostenible y para la igualdad.

La invasión rusa de Ucrania ha provocado que millones de personas huyan de su país en busca de seguridad. Estas personas, principalmente mujeres y niños, necesitan recibir apoyo a través de los sistemas sociales, educativos y sanitarios de los Estados miembros . A la oleada de personas desplazadas procedentes de Ucrania le ha seguido una oleada de solidaridad sin precedentes en toda Europa. El 4 de marzo de 2022, se activó por primera vez la Directiva de protección temporal, que reconoce a las personas desplazadas de Ucrania el derecho a permanecer legalmente en la UE, así como a acceder a la atención y educación de la primera infancia, la educación y la formación, al mercado laboral, a la atención médica, a alojamiento y a la asistencia social . Es fundamental que las vidas de las personas desplazadas no se interrumpan durante la guerra para que puedan continuar con su educación, trabajar y adquirir nuevas competencias. Para ello es necesario que los Estados miembros presten asistencia destinada a atender las necesidades inmediatas de las personas que huyen de Ucrania, pero también deben equipar a las administraciones nacionales en sus esfuerzos por ayudar a las personas desplazadas a acceder a la asistencia sanitaria, los cuidados de la infancia, la vivienda, la protección social, la participación en la educación y la formación y la búsqueda de empleo. Para ayudar financieramente a los Estados miembros a acoger a quienes huyen de Ucrania, la Comisión emprendió una serie de iniciativas en marzo de 2022 y seguirá prestando asistencia como parte de un esfuerzo coordinado de la UE.

Las continuas reformas e inversiones de los Estados miembros serán fundamentales para apoyar la creación de un empleo de calidad, el desarrollo de capacidades y unas transiciones fluidas en el mercado laboral, tal como se destaca en la propuesta de la Comisión sobre las orientaciones para las políticas de empleo. Las orientaciones para las políticas de empleo proponen soluciones para modernizar las instituciones del mercado laboral, la educación y la formación, así como la protección social y los sistemas sanitarios, con vistas a hacerlos más inclusivos y justos. También contienen orientaciones específicas destinadas a abordar el aumento de la escasez de capacidades y mano de obra, y lograr unas transiciones ecológica y digital socialmente justas. En 2022, la Comisión propone adaptar las orientaciones para las políticas de empleo a fin de reflejar mejor el panorama posterior a la COVID-19, las iniciativas políticas más recientes y los elementos políticos pertinentes relativos a la agresión rusa contra Ucrania.

4.4 Estabilidad macroeconómica

La acción política coordinada amortiguó el impacto de la pandemia en las economías de la UE y abrió el camino hacia una fuerte recuperación en 2021. La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, junto con el marco temporal de ayudas estatales, posibilitó un apoyo presupuestario a gran escala en todos los Estados miembros. Paralelamente, la UE movilizó su presupuesto, en particular mediante SURE, para mitigar el impacto de la crisis en los trabajadores y las empresas. El despliegue de NextGenerationEU, en particular el MRR, está dando un fuerte impulso a la recuperación. Se estima que la orientación de la política fiscal en el conjunto de la UE (en particular, el gasto público financiado mediante subvenciones del MRR y otros fondos de la UE) ha sido ampliamente neutral en 2020 y expansiva en cerca del 1 % del PIB en 2021.

Las medidas políticas discrecionales, en particular el aumento de la inversión, contribuyen a una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 para el conjunto de la UE. Esta orientación expansiva en 2022 se estima en torno al 1¾ % del PIB. La composición de las medidas discrecionales ha evolucionado a lo largo del tiempo a la vista de los retos emergentes, en particular las políticas dirigidas a mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía en las empresas y los hogares, y las medidas de apoyo a quienes huyen de la agresión militar rusa contra Ucrania. Las medidas fiscales discrecionales adoptadas desde el otoño de 2021 para reducir el impacto de los elevados precios de la energía se estiman actualmente en el 0,6 % del PIB de la UE en 2022. Entre ellas se incluyen rebajas temporales de los impuestos indirectos sobre los productos energéticos, las subvenciones a la producción de energía y los consumidores de energía, las transferencias sociales (vinculadas directamente al consumo de energía) a los hogares vulnerables y los precios regulados a nivel minorista. Aunque la mayoría de estas medidas se han anunciado como temporales, de no existir medidas compensatorias, los costes asociados aumentarían en consecuencia si se prorrogaran en el tiempo o se ampliara su ámbito de aplicación. Además, es importante señalar que el impacto del aumento de los precios de la energía en las finanzas públicas va más allá de las medidas discrecionales adoptadas. Se prevé que la desaceleración de la actividad económica consecuencia de la perturbación de los precios de la energía dé lugar a una desaceleración en la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales. Esto, junto con un posible aumento del gasto público derivado de los ajustes a la inflación de los salarios, las prestaciones sociales y otros gastos, repercute en el déficit y la deuda pública. A fin de contener los costes presupuestarios, maximizar sus repercusiones económicas y sociales, y mantener los incentivos para la transición ecológica, las medidas de política destinadas a abordar el aumento de los precios de la energía deben ser temporales y estar dirigidas a los hogares vulnerables, para los que la factura energética representa una parte significativa de su cesta de consumo, así como a las industrias específicamente expuestas. Estas medidas también deben ir acompañadas de incentivos para aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía fósil.

La política presupuestaria debe ser prudente en 2023 y estar preparada para reaccionar ante la evolución de la situación económica. La naturaleza específica de la perturbación macroeconómica provocada por la invasión rusa de Ucrania, así como sus implicaciones a largo plazo para las necesidades de seguridad energética de la UE, exigen que, en 2023, la política presupuestaria se diseñe con cautela. Sobre la base las previsiones de la primavera de 2022, que prevén que el crecimiento del PIB se mantenga en niveles positivos a lo largo del horizonte de previsiones, si bien en un contexto de elevada incertidumbre y de riesgos a la baja, no parece justificado un impulso fiscal generalizado a la economía en 2023. La política fiscal debe combinar una mayor inversión con el control del crecimiento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional, al tiempo que se posibilita el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y se ofrecen medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética y proporcionar asistencia humanitaria a las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania. La aplicación plena y oportuna de los planes de recuperación y resiliencia es fundamental para lograr mayores niveles de inversión. Además, los planes presupuestarios de los Estados miembros para el próximo año deben estar anclados en unas trayectorias de ajuste prudentes a medio plazo que reflejen los retos de sostenibilidad de las finanzas públicas asociados con unos niveles elevados de deuda sobre PIB que han aumentado en mayor medida como consecuencia de la pandemia. Para reducir los riesgos derivados del cambio climático, se anima a los Estados miembros a que tengan sistemáticamente en cuenta sus implicaciones en la planificación presupuestaria, junto con políticas e instrumentos que ayuden a prevenir, reducir y prepararse de manera justa para los efectos relacionados con el clima. Las prácticas de presupuestación ecológica de los Estados miembros deben continuar y fomentarse para garantizar la coherencia de los gastos e ingresos públicos con los objetivos medioambientales.

Las políticas presupuestarias deben seguir diferenciándose de forma adecuada entre los Estados miembros (véase también el recuadro 1). Los Estados miembros fuertemente endeudados deben garantizar una política fiscal prudente, en particular mediante la limitación del aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas (sujeto a las normas sobre ayudas estatales) más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Los Estados miembros de deuda baja o media deben velar en concreto por que el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutral de la política, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas (sujeto a las normas sobre ayudas estatales) más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Todos los Estados miembros deben ampliar la inversión pública en las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, en particular mediante la utilización del MRR, otros fondos de la UE y REPowerEU.

El aumento de la incertidumbre y los importantes riesgos a la baja para las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro justifican la prórroga de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2023. El 3 de marzo de 2021, la Comisión concluyó que la desactivación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe estar supeditada al estado de la economía de la UE y de la zona del euro, y reconoció que la economía tardará un tiempo en volver a unas condiciones más normales, así como que la decisión sobre la desactivación o el mantenimiento de la cláusula general de salvaguardia debe considerarse como una evaluación general del estado de la economía cuyo criterio cuantitativo clave es el nivel de actividad económica de la UE o de la zona del euro en comparación con los niveles anteriores a la crisis. En el contexto de la guerra en Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro, la economía de la UE y de la zona del euro no ha vuelto a unas condiciones más normales. Además, la decisión sobre el mantenimiento o la desactivación de la cláusula general de salvaguardia también debe tener en cuenta la necesidad de que la política presupuestaria pueda responder adecuadamente a las repercusiones económicas de la agresión militar rusa contra Ucrania, en particular las perturbaciones del suministro de energía. El mantenimiento de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia en 2023 proporcionará un margen para que la política presupuestaria nacional reaccione rápidamente cuando sea necesario, al tiempo que se garantiza una transición fluida desde el apoyo generalizado a la economía durante la pandemia hacia un enfoque cada vez mayor en las medidas temporales y específicas y la prudencia fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad a medio plazo. La cláusula general de salvaguardia no suspende el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite una desviación temporal de los requisitos presupuestarios habituales, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas. En otoño de 2022, la Comisión volverá a evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2021. En la primavera de 2023, la Comisión evaluará la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2022, en particular teniendo en cuenta el cumplimiento de las recomendaciones presupuestarias específicas por país dirigidas por el Consejo a los Estados miembros. Sobre la base de las consideraciones anteriores, y habida cuenta de las implicaciones del aumento de la incertidumbre y de los importantes riesgos a la baja para las perspectivas económicas de la UE y de la zona del euro en su conjunto, la Comisión considera que la Unión aún no ha salido de un período de grave recesión económica. Sobre esta base, se cumplen las condiciones para mantener la cláusula general de salvaguardia en 2023 y para desactivarla a partir de 2024. La Comisión invita al Consejo a respaldar esta conclusión a fin de aclarar la situación para los Estados miembros. La Comisión proporcionará orientaciones sobre los posibles cambios en el marco de gobernanza económica tras las vacaciones de verano y a tiempo para 2023.