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Después del artículo 22, se inserta el siguiente capítulo: «CAPÍTULO VII bis AUTORIDADES REGULADORAS NACIONALES Artículo 22 bis Designación e independencia de las autoridades reguladoras nacionales 1. Cada Estado miembro designará a una única autoridad reguladora nacional. 2. Los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades reguladoras nacionales y velarán por que éstas ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al desempeñar las tareas reguladoras que les encomienda la presente Directiva y otra legislación pertinente , la autoridad reguladora: a) sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, b) su personal y los responsables de su gestión actúen con independencia de cualquier interés comercial y c) no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada , al llevar a cabo sus tareas de regulación . 3. A fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora nacional, los Estados miembros se asegurarán especialmente de que: a) la autoridad reguladora nacional tenga personalidad jurídica, autonomía financiera y recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones; b) los miembros del consejo de la autoridad reguladora nacional se nombren para un período fijo y no renovable de, al menos, cinco años, pero no superior a siete años. Para el primer mandato, este período será de dos años y medio para la mitad de los miembros. Los miembros sólo podrán ser destituidos durante su mandato cuando ya no cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo o cuando hayan sido declarados culpables de falta grave, de acuerdo con el Derecho interno; y c) las necesidades presupuestarias de la autoridad reguladora nacional estarán cubiertas por ingresos directos de las operaciones del mercado de la energía Artículo 22 ter Objetivos de la política que debe aplicar la autoridad reguladora nacional Al llevar a cabo las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva, la autoridad reguladora nacional tomará todas las medidas razonables para alcanzar los siguientes objetivos: a) en estrecha cooperación con la Comisión, la Agencia y las autoridades reguladoras nacionales de los demás Estados miembros ║, promover un mercado interior de la electricidad competitivo, seguro y sostenible ambientalmente dentro de la Comunidad, abrir el mercado de manera efectiva a todos los consumidores y suministradores comunitarios y velar por que las redes de suministro de energía funcionen de modo eficaz y fiable, teniendo en cuenta objetivos a largo plazo ; b) desarrollar mercados▐ competitivos y que funcionen adecuadamente dentro de la Comunidad con miras a la consecución del objetivo mencionado en la letra a); c) eliminar las restricciones al comercio de electricidad entre Estados miembros, incluyendo en este objetivo el desarrollo de la capacidad de transporte transfronterizo adecuada para satisfacer la demanda y reforzar la integración de los mercados nacionales a fin de facilitar un flujo de electricidad sin trabas través de la Comunidad; d) garantizar, del modo más eficaz en cuanto a los costes, el desarrollo de redes eficientes, fiables , seguras y orientadas a los consumidores , que promuevan la adecuación de la red a la demanda, velando al mismo tiempo por la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovables a pequeña y gran escala garantizando la generación distribuida tanto en las redes de transporte como en las de distribución ; e) facilitar el acceso a la red de capacidad de nueva generación, en particular eliminado obstáculos que podrían impedir el acceso de nuevas entradas al mercado y de las energías renovables; f) asegurar que se dan a los gestores de redes los incentivos adecuados, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia de las prestaciones de la red y fomentar la integración del mercado; g) asegurar el beneficio de los consumidores mediante el funcionamiento eficiente de sus mercados nacionales , velando por la protección de los consumidores y promoviendo una competencia efectiva en cooperación con las autoridades responsables de la competencia ; h) contribuir a un alto nivel de servicio público y universal en lo que se refiere al suministro de electricidad y a la protección de los clientes vulnerables, así como ayudar a garantizar la efectividad de las medidas de protección del consumidor establecidas en el anexo A; y i) armonizar los procesos necesarios de intercambio de datos Artículo 22 quater Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora nacional 1. La autoridad reguladora nacional tendrá las siguientes obligaciones , que desempeñará, en su caso, en estrecha concertación con otros organismos nacionales y comunitarios relevantes, con los gestores de la red de transporte y con las demás partes interesadas en el mercado, sin perjuicio de competencias específicas de estas últimas : a) establecer o aprobar, con autonomía y en cumplimiento de criterios de transparencia, las tarifas de red reguladas y los elementos de la tarifa de red; b) asegurar el cumplimiento por los gestores de las redes de transporte y distribución, y, en su caso, de los propietarios de las redes, así como de cualquier empresa de electricidad, de las obligaciones impuestas por la presente Directiva y de cualquier otra disposición comunitaria aplicable, entre otras cosas, en lo que se refiere a cuestiones transfronterizas; c) cooperar en cuestiones transfronterizas con la autoridad o autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros y con la Agencia, incluyendo velar por que existan capacidades de interconexión suficientes entre las infraestructuras de transporte para responder satisfactoriamente a una evaluación global y eficaz del mercado y al criterio de la seguridad del suministro, sin discriminación entre las empresas de suministro en los distintos Estados miembros ; d) cumplir, y poner en práctica, cualesquiera decisiones vinculantes de la la Comisión y la Agencia ║; e) informar anualmente de sus actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a la Comisión, las autoridades correspondientes de los Estados miembros y la Agencia ║; Dichos informes cubrirán las medidas tomadas y los resultados obtenidos en cuanto a las tareas enumeradas en el presente artículo; f) controlar el cumplimiento de las exigencias de disociación impuestas por la presente Directiva y por las demás disposiciones jurídicas comunitarias aplicables, y velar por que no haya subvenciones cruzadas entre las actividades de suministro, transporte y distribución, y por que las tarifas de distribución y transporte se fijen antes de los periodos durante los cuales serán de aplicación ; g) revisar los planes de inversión de los gestores de redes de transporte, y presentar en su informe anual una evaluación del plan de inversiones de los gestores de redes de transporte en lo que se refiere a su adecuación al plan de inversión de la red a diez años a escala europea, mencionado en el artículo 2 quater, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1228/2003; el plan de inversión decenal deberá crear incentivos para fomentar las inversiones, y garantizar una mano de obra suficiente y de calidad que le permita cumplir las obligaciones de servicio público; el incumplimiento del plan de inversión decenal por parte del gestor en cuestión será objeto de la imposición de sanciones proporcionadas por la autoridad reguladora al gestor, de conformidad con las recomendaciones elaboradas por la Agencia; h) aprobar el plan de inversión anual de los gestores de redes de transporte; i) controlar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y fiabilidad de la red , establecer o aprobar normas aplicables a la calidad del servicio y del abastecimiento y revisar las normas de calidad del servicio y el abastecimiento prestados y de seguridad y fiabilidad de la red ; j) controlar el nivel de transparencia, velando por que las empresas de electricidad cumplan las obligaciones de transparencia; k) fomentar la elaboración de contratos de suministro interrumpibles en Europa; l) controlar el grado efectivo de apertura del mercado y de competencia a nivel mayorista y minorista, incluidas las bolsas de electricidad, los precios domésticos, los índices de cambio de compañía, las condiciones adecuadas de pago anticipado que reflejen el consumo real, los índices de conexión y desconexión por falta de pago, las tarifas de mantenimiento y las reclamaciones de los consumidores domésticos, en un formato adecuado, así como cualquier falseamiento o restricción de la competencia, cooperando con las autoridades responsables de la competencia, por ejemplo, aportando información al respecto o poniendo en conocimiento de las autoridades competentes los casos a que haya lugar; m) supervisar la aparición de prácticas contractuales restrictivas, incluidas las cláusulas de exclusividad, que puedan impedir o limitar la decisión de los clientes no domésticos de contratar simultáneamente a más de un proveedor; en su caso, informarán a las autoridades nacionales de competencia en relación con tales prácticas; n) Teniendo plenamente en cuenta las disposiciones correspondientes del Tratado, los Estados miembros podrán promover acuerdos a largo plazo entre consumidores y suministradores que contribuyan a mejorar la producción de energía y su distribución permitiendo, al mismo tiempo, a los consumidores participar en los beneficios resultantes, siempre que esos acuerdos también puedan contribuir a un nivel óptimo de inversión en el sector de la energía; o) reconocer la libertad contractual en materia de contratos a largo plazo y la posibilidad de concluir contratos basados en el capital siempre que éstos sean compatibles con el Derecho comunitario; p) controlar el tiempo utilizado por las empresas de transporte y distribución para efectuar conexiones y reparaciones e imponer sanciones de conformidad con las directrices de la Agencia si dichas conexiones y reparaciones se prolongaran sin causa justificada ; q) sin perjuicio de las competencias de otras autoridades reguladoras nacionales, controlar un alto nivel de servicio público y universal en lo que se refiere a la electricidad y la protección de los clientes vulnerables▐; r) velar por la eficacia y la aplicación de las medidas de protección de los consumidores establecidas en el anexo A; s) publicar recomendaciones, al menos con carácter anual, sobre la adecuación de las tarifas de suministro a lo dispuesto en el artículo 3 , teniendo debidamente en cuenta el impacto en el funcionamiento del mercado de los precios regulados, principalmente precios al por mayor y precios a los consumidores finales; ; t) informar a las autoridades nacionales de competencia y a la Comisión de los Estados miembros en los que las tarifas reguladas se sitúan por debajo de los precios de mercado; u) establecer normas estandarizadas que regulen las relaciones entre los consumidores finales y los proveedores, los distribuidores y los gestores del sistema de medición del consumo, que se refieran al menos al acceso de los clientes a los datos de consumo, incluidos los precios y los gastos asociados , la utilización de un formato armonizado y fácilmente comprensible de dichos datos, el pago anticipado adecuado que refleje el consumo real así como el rápido acceso a dichos datos para todos los clientes , con arreglo a la letra h) del anexo A; v) controlar la aplicación de las normas sobre las funciones y responsabilidades de los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución, los suministradores y los clientes y otros participantes en el mercado con arreglo al Reglamento (CE) no 1228/2003; w) controlar las inversiones en capacidad de generación en relación con la seguridad de abastecimiento; x) ejerer, en su caso, derecho de veto sobre las decisiones de nombramiento y cese de las personas encargadas de la dirección general de un gestor de la red de transporte; y) fijar o aprobar las tarifas de acceso a la red y publicar el sistema empleado para establecer dichas tarifas; z) establecer o aprobar normas de calidad de servicio, supervisar su aplicación e imponer sanciones en caso de incumplimiento; a bis) controlar la aplicación de medidas de salvaguardia según lo dispuesto en el artículo 24; a ter) armonizar los procesos de intercambio de datos para los principales procesos de mercado a nivel regional; a quater) imponer precios máximos en mercados no competitivos por un período definido y limitado para proteger a los clientes contra los abusos de mercado, fijando dichos precios máximos a un nivel lo suficientemente elevado como para no desanimar nuevas entradas en el mercado ni la expansión de los competidores existentes; a quinquies) auditar la política de mantenimiento de los gestores de redes de transporte; a sexies) desarrollar, en colaboración con las autoridades de planificación competentes, directrices relativas a un procedimiento de licencia de tiempo limitado para fomentar la entrada en el mercado de los nuevos competidores en el ámbito de la producción y el comercio de electricidad; a septies) asegurar la transparencia de las fluctuaciones de los precios al por mayor; 2. Cuando así lo establezca un Estado miembro, una autoridad distinta a la autoridad reguladora nacional podrá efectuar las obligaciones de vigilancia a que se refiere el apartado 1. En ese caso, la información obtenida en el marco de la supervisión se pondrá cuanto antes a disposición de la autoridad reguladora nacional De conformidad con los principios de una mejor normativa, en el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el apartado 1, la autoridad reguladora nacional consultará, en su caso, a los gestores de la red de transporte y cooperará estrechamente con las demás autoridades nacionales competentes, preservando al mismo tiempo su independencia y sin perjuicio de sus propias competencias específicas. 3. Además de las tareas que le encomienda el apartado 1, cuando un gestor de red independiente haya sido designado en virtud del artículo 10, la autoridad reguladora nacional: a) controlará el cumplimiento por el propietario de la red de transporte y el gestor de red independiente de las obligaciones que les impone el presente artículo, y aplicará sanciones en caso de incumplimiento según lo dispuesto en la letra d) del apartado 5; b) controlará las relaciones y comunicaciones entre el gestor de red independiente y el propietario de la red de transporte, a fin de asegurar que el gestor de red independiente cumpla sus obligaciones, y, en particular, aprobará los contratos y actuará como autoridad de resolución de conflictos entre el gestor de red independiente y el propietario de la red de transporte, cuando uno de ellos lo reclame en virtud del apartado 10; c) sin perjuicio del procedimiento de la letra c) del apartado 2 del artículo 10, aprobará, para el primer plan de desarrollo de la red a diez años, la planificación de las inversiones y el plan plurianual de desarrollo de la red presentado anualmente por el gestor de red independiente; d) se asegurará de que las tarifas de acceso a la red percibidas por el gestor de red independiente incluyan una remuneración al propietario o propietarios de la red de tal manera que se obtenga una remuneración adecuada por los activos de red o por cualquier nueva inversión en estos; e) tendrá poderes para efectuar inspecciones de las instalaciones del propietario de la red de transporte y del gestor de red independiente; y f) controlará el uso de los ingresos derivados de la congestión percibidos por el gestor de red independiente con arreglo al apartado 6 artículo 6 del Reglamento (CE) no 1228/2003 ║. 4. En sus actividades de control de los mercados nacionales de la electricidad con arreglo a la letra l) del apartado 1 incluido el control de precios al por mayor y al por menor, las autoridades reguladoras nacionales adoptarán métodos armonizados consensuados y aprobados por la Agencia. 5. Los Estados miembros se asegurarán de que se dote a las autoridades reguladoras nacionales de las competencias que les permitan cumplir las obligaciones impuestas por los apartados 1 y 2 de manera eficiente y rápida. Con este fin, las autoridades reguladoras nacionales tendrán, como mínimo, las siguientes competencias: a) promulgar decisiones vinculantes para las empresas eléctricas; b) efectuar, en cooperación con las autoridades nacionales de la competencia, investigaciones sobre el funcionamiento de los mercados eléctricos, y decidir▐ cualesquiera medidas necesarias y proporcionadas para promover la competencia efectiva y asegurar el adecuado funcionamiento del mercado▐; c) obtener de las empresas eléctricas cualquier información pertinente para el desempeño de sus tareas , incluidas las justificaciones de rechazo de la concesión de acceso a un tercero, y cualquier información sobre las medidas necesarias para reforzar la red, y, en su caso, cooperar con las autoridades reguladoras del mercado financiero; d) imponer sanciones efectivas, apropiadas y disuasorias a las empresas eléctricas que no cumplan las obligaciones impuestas por la presente Directiva y por cualquier decisión de la autoridad reguladora o de la Agencia; e) disponer de facultades de investigación, así como de las atribuciones necesarias para ║ la resolución de conflictos con arreglo a los apartados 10 y 11; f) aprobar medidas de salvaguardia según lo dispuesto en el artículo 24. 6. Las autoridades reguladoras nacionales se encargarán de fijar o aprobar, antes de su entrada en vigor, las condiciones para: a) la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y distribución y sus metodologías o, de modo alternativo, las metodologías y su mecanismo de control para establecer y aprobar las tarifas de transporte y distribución; estas tarifas reflejarán los costes reales en que se haya incurrido, en tanto en cuanto correspondan a los de un gestor eficiente y deberán ser transparentes; permitirán realizar las inversiones necesarias en las redes de forma que quede garantizada la viabilidad de la red . Estas tarifas no serán discriminatorias respecto a los nuevos actores en el mercado ; b) la prestación de servicios de balance, que deberán, en la medida de lo posible, reflejar los costes reales y ser neutrales en materia de ingresos, proporcionando al mismo tiempo incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo; dichos servicios deberán ser equitativos y no discriminatorios y basarse en criterios objetivos; c) el acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para la asignación de capacidades y de gestión de la congestión; Las autoridades reguladoras nacionales estarán facultadas para exigir a los gestores de redes de transporte que modifiquen dichas condiciones. 7. Al establecer o aprobar los términos y las condiciones o metodologías de las tarifas y los servicios de balance , las autoridades reguladoras se asegurarán de que se conceda a los gestores de redes un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado , garantizar la seguridad del suministro y sostener las actividades de investigación conexas. 8. Las autoridades reguladoras nacionales supervisarán la gestión de la congestión en las redes eléctricas nacionales y en las interconexiones. Los gestores de redes de transporte someterán a la aprobación de las autoridades reguladoras nacionales sus procedimientos de gestión de la congestión, incluida la asignación de capacidad. Las autoridades reguladoras nacionales podrán solicitar que se modifiquen dichos procedimientos antes de aprobarlo 9 Las autoridades reguladoras nacionales estarán facultadas para exigir a los gestores de redes de transporte y distribución que modifiquen, en caso necesario, las condiciones mencionadas en el presente artículo, para garantizar que éstas sean proporcionadas y se apliquen de manera no discriminatoria. En caso de retraso en la fijación de tarifas de transporte y distribución, las autoridades reguladoras nacionales estarán habilitadas para fijar anticipadamente tarifas de transporte y distribución provisionales y podrán decidir las medidas compensatorias apropiadas en caso de que las tarifas finales diverjan de estas tarifas provisionales. 10. Toda parte que desee reclamar contra un gestor de red de transporte o distribución en relación con las obligaciones de dicho gestor con arreglo a la presente Directiva podrá presentar la reclamación ante la autoridad reguladora nacional, quien, en su calidad de autoridad responsable de la resolución de conflictos, emitirá una decisión dentro de los dos meses siguientes a la recepción de la reclamación. Este plazo podrá prorrogarse por dos meses si la autoridad reguladora nacional solicita información adicional, y por más tiempo con el consentimiento del reclamante. La decisión de la autoridad reguladora nacional tendrá efecto vinculante a menos que sea revocada a raíz de un recurso y hasta el momento en que lo sea. 11. Toda parte afectada que tenga derecho a reclamar sobre una decisión relativa a las metodologías adoptadas de conformidad con el presente artículo o, cuando la autoridad reguladora nacional tenga la obligación de consultar, sobre las tarifas o metodologías propuestas, podrá presentar una reclamación para que se proceda a una revisión de las mismas, en un plazo de dos meses como máximo, o en un plazo más breve según dispongan los Estados miembros, a partir de la publicación de la decisión o propuesta de decisión. Dicha reclamación no tendrá efecto suspensivo. 12. Los Estados miembros crearán los mecanismos oportunos y eficaces de regulación, control y transparencia para evitar los abusos de posición dominante, especialmente en detrimento de los consumidores, así como toda práctica abusiva. Estos mecanismos tendrán en cuenta las disposiciones del Tratado, y en particular su artículo 82. 13. La autoridad reguladora nacional establecerá servicios de reclamaciones y mecanismos alternativos de reparación, como un defensor del pueblo independiente en el ámbito de la energía o un organismo de los consumidores. Esos servicios o mecanismos se encargarán de tramitar las reclamaciones de manera eficiente y respetarán los criterios relativos a las mejores prácticas. La autoridad reguladora nacional establecerá normas y directrices sobre las modalidades de tramitación de las reclamaciones por parte de los productores y los gestores de redes. 14. Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas oportunas, incluidas las medidas administrativas o los procedimientos penales previstos en su legislación nacional, contra las personas físicas o jurídicas responsables de que no se hayan respetado las normas de confidencialidad impuestas por la presente Directiva. 15.. Las reclamaciones a que se hace referencia en los apartados 10 y 11 se entenderán sin perjuicio del ejercicio del derecho a interponer recurso en virtud del Derecho comunitario y nacional. 16. Las decisiones adoptadas por las autoridades reguladoras la autoridad reguladora nacionales estarán plenamente razonadas y a disposición del público, con objeto de facilitar el control jurídico . 17. Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos adecuados a nivel nacional que concedan a una parte afectada por una decisión de la autoridad reguladora nacional el derecho a recurrir ante un organismo judicial nacional u otra autoridad nacional independiente de las partes implicadas y de cualquier Gobierno . ▐ Artículo 22 quinquies Régimen regulador de las cuestiones transfronterizas 1. Las autoridades reguladoras nacionales se consultarán y cooperarán estrechamente entre sí; asimismo, cada autoridad pondrá a disposición de las demás y de la Agencia cualquier información necesaria para el desempeño de las tareas que le asigna la presente Directiva. En lo que respecta a la información intercambiada, la autoridad receptora garantizará el mismo nivel de confidencialidad que el que se exige a la autoridad de origen. 2. Para garantizar que la integración de los mercados regionales de la electricidad se refleja en unas estructuras reguladoras adecuadas, las correspondientes autoridades reguladoras nacionales velarán, en estrecha cooperación con la Agencia y bajo la orientación de ésta, por que se lleven a cabo como mínimo las siguientes tareas reguladoras en sus mercados regionales: a) cooperación , al menos a nivel regional, para promover la aplicación de medidas operativas a fin de asegurar una gestión óptima de la red, y promover bolsas conjuntas de intercambio de electricidad y la asignación de capacidad transfronteriza, así como para garantizar un nivel adecuado de capacidad de interconexión , incluso mediante una nueva interconexión, dentro de una región y entre regiones de manera que pueda desarrollarse una competencia efectiva y la mejora de la seguridad del suministro; b) armonización, al menos a la escala regional pertinente, de todos los códigos técnicos y comerciales para los gestores de redes de transporte correspondientes y otros actores del mercado; c) armonización de las normas que regulan la gestión de la congestión y la redistribución equitativa de los ingresos y/o los costes de dicha gestión entre todos los actores del mercado; d) adopción de normas para garantizar que los propietarios y gestores de los intercambios de energía que operan en el mercado regional correspondiente son completamente independientes de los propietarios y gestores de los activos de generación. 3. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán derecho a concluir acuerdos entre sí con el fin de fomentar la cooperación en el ámbito de la regulación, y las acciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se llevarán a cabo, en su caso, en estrecha concertación con otras autoridades nacionales pertinentes, sin perjuicio de sus competencias específicas. 4. La Agencia decidirá el régimen regulador de toda infraestructura que enlace, al menos, dos Estados miembros: a) cuando las autoridades reguladoras nacionales lo soliciten conjuntamente, o b) ║ cuando las autoridades reguladoras nacionales competentes no hayan conseguido llegar a un acuerdo sobre el régimen regulador adecuado dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el expediente se haya presentado a la última de estas autoridades. ▐ Artículo 22 sexies Cumplimiento de las directrices 1. La Comisión o cualquier autoridad reguladora nacional podrán solicitar un dictamen de la Agencia sobre la compatibilidad de cualquier decisión adoptada por una autoridad reguladora con las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) no 1228/2003. 2. La Agencia presentará su dictamen, en el plazo de cuatro meses a partir de la solicitud, a la Comisión o la autoridad reguladora nacional que lo haya solicitado, respectivamente, y también a la autoridad reguladora nacional que haya tomado la decisión en cuestión. 3. Cuando la autoridad reguladora nacional que haya tomado la decisión cuestionada no dé cumplimiento al dictamen de la Agencia en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción, la Agencia informará de ello a la Comisión. 4. Cualquier autoridad reguladora nacional podrá informar a la Comisión cuando considere que una decisión tomada por una autoridad reguladora nacional no se ajusta a las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) no 1228/2003, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la decisión. 5. La Comisión podrá abrir un expediente cuando, en un plazo de dos meses a partir de haber sido informada por la Agencia con arreglo al apartado 3 o por la autoridad reguladora con arreglo al apartado 4, o bien por iniciativa propia en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la decisión, estime que la decisión de la autoridad reguladora suscita graves dudas respecto a su compatibilidad con las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) no 1228/2003. En este caso, la Comisión invitará a la autoridad reguladora nacional y a las partes que hayan recurrido a la autoridad reguladora nacional a presentar sus observaciones. 6. Cuando haya decidido abrir el expediente mencionado, la Comisión, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la decisión, emitirá una decisión firme: a) en la que declare que no presenta objeciones contra la decisión de la autoridad reguladora; o b) en la que requiera a la autoridad reguladora nacional a que modifique o revoque su decisión si considera que no se han cumplido las directrices. 7. Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión de abrir expediente o una decisión firme dentro del plazo fijado en los apartados 5 y 6 respectivamente, se considerará que no presenta objeciones a la decisión de la autoridad reguladora. 8. La autoridad reguladora nacional dará cumplimiento a la decisión de la Comisión por la que deba modificarse o revocarse la decisión de la autoridad en un plazo de dos meses e informará a la Comisión al respecto. ▐ Artículo 22 septies Registros 1. Los Estados miembros obligarán a las empresas de suministro a tener a disposición de la autoridad reguladora nacional, la autoridad nacional de la competencia y la Comisión, durante al menos cinco años, los datos pertinentes sobre todas las transacciones de los contratos de suministro electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte. 2. Los datos especificarán características de las operaciones correspondientes tales como la duración, las normas de entrega y liquidación, la cantidad, las fechas y plazos de ejecución, los precios de la operación y los medios de identificación del cliente mayorista, junto con los datos especificados respecto a todos los contratos de suministro de electricidad o los derivados relacionados con la electricidad no liquidados. 3. La autoridad reguladora nacional informará sobre el resultado de sus investigaciones o sus solicitudes a los participantes en el mercado , velando por que no se divulgue información sensible a efectos comerciales sobre determinados operadores del mercado o determinadas operaciones.▐ ▐ 4. El presente artículo no creará obligaciones adicionales con respecto a las autoridades mencionadas en el apartado 1 para las entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/39/CE. 5. En caso de que las autoridades mencionadas en el apartado 1 necesiten acceder a datos conservados por entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/39/CE, las autoridades responsables con arreglo a esta Directiva facilitarán los datos necesarios a dichas autoridades ║.»