(3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías y está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales y causando volatilidad en los mercados financieros, alteraciones en la demanda de los consumidores y efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para los empleos y la renta de los trabajadores y para la actividad empresarial. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o han introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión comparte la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la crisis económica grave que se prevé como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que con ello no se ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo que respecta al componente corrector, el Consejo puede asimismo decidir, previa recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente a la vez que faculta a la Comisión y el Consejo a adoptar las medidas necesarias de coordinación de políticas dentro del marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas en los lugares de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La actual crisis ha puesto de relieve la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para el desarrollo de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes con el fin de facultar a los Estados miembros para movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de forma que puedan hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, además de simplificar y racionalizar los procedimientos. Para aliviar las tensiones de tesorería, los Estados miembros pueden además beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión durante el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a los Países Bajos a aprovechar plenamente estas posibilidades para prestar apoyo a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

(9)El 28 de abril de 2020, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 29 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

(10)Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y están sujetos a la norma en materia de deuda.

(11)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario global se deteriore desde un superávit del 1,7 % del PIB en 2019 hasta un superávit del 0,1 % en 2020. Según las previsiones, el superávit se reduciría hasta alcanzar un 0,0 % del PIB en 2023. Tras descender hasta el 48,6 % del PIB en 2019, se estima que la ratio deuda pública / PIB seguirá reduciéndose hasta el 46,3 % en 2020, acorde a lo indicado en el Programa de Estabilidad de 2020. Sin embargo, la hipótesis macroeconómica en la que se sustentan estas previsiones presupuestarias ya no resulta realista, y el Programa no tiene en cuenta un significativo número de las medidas anunciadas por los Países Bajos en respuesta a la pandemia de COVID-19. En el memorándum presupuestario de primavera se presenta una actualización de las previsiones presupuestarias. Con arreglo al memorándum, se calcula que el saldo global de las Administraciones públicas se deteriorará hasta un déficit del 11,8 % del PIB en 2020, mientras que la ratio deuda pública / PIB aumentará hasta el 65,2 % ese mismo año. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por una gran incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

(12)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un planteamiento coordinado de la Unión, los Países Bajos han adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar alivio a las personas y los sectores particularmente afectados. Según lo indicado en el Programa de Estabilidad de 2020 y el memorándum presupuestario de primavera, esas medidas presupuestarias representan el 2,7 % del PIB. Las medidas consisten en un refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para los sectores en dificultades y apoyo a la renta de los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena. Además, los Países Bajos han anunciado medidas que, si bien no tienen efectos presupuestarios directos, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas. Entre esas medidas están la moratoria del pago del impuesto de sociedades (del 4,6 % al 5,9 % del PIB) y garantías de préstamo (1,8 % del PIB). En general, las medidas adoptadas por los Países Bajos se ajustan a las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida por una reorientación de las políticas presupuestarias con el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria prudente a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a mantener la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

(13)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, siempre que no se produzca un cambio de políticas, se prevé que el saldo presupuestario de las Administraciones públicas de los Países Bajos se sitúe en el -6,3 % del PIB en 2020 y en el -3,5 % en 2021. La diferencia de 5,5 puntos porcentuales entre las previsiones del memorándum presupuestario de primavera y las de la Comisión se debe a una diferente contabilidad de la moratoria del pago de impuestos (del 4,6 % al 5,9 % del PIB), que las previsiones de la Comisión no consideran reducciones de los ingresos en 2020. Se estima que la deuda de las Administraciones públicas alcanzará el 62,1 % del PIB en 2020 y el 57,6 % en 2021.

(14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en vista de las previsiones que indicaban que los Países Bajos no cumplirían con el umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit, según se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997, no se cumple.

(15)Tras un fuerte crecimiento en los últimos años, la pandemia de COVID-19 ha puesto un brusco fin a seis años consecutivos de expansión económica en los Países Bajos. Este año, se espera que la economía neerlandesa sufra su mayor contracción desde la posguerra. Se prevé que todos los elementos de la demanda, excepto el consumo público, desciendan este año de forma acusada, con una depresión de la actividad económica en el segundo trimestre. En 2021, es probable que la economía se recupere a un ritmo sensiblemente superior al del crecimiento tendencial, reflejando una normalización gradual de la actividad económica y la recuperación de la demanda interna y del comercio mundial desde niveles de depresión. No obstante, se estima que los niveles de actividad seguirán siendo inferiores a los de 2019. De acuerdo con las previsiones de la Comisión, el desempleo aumentaría hasta el 5,9 % en 2020, principalmente por los cierres obligatorios de empresas y el acusado descenso general de la actividad económica, pero se recuperaría en 2021, al descender hasta el 5,3 %. Las medidas de protección del empleo, en particular la medida temporal de emergencia para el mantenimiento del empleo y el apoyo adicional a la renta para los trabajadores por cuenta propia, deben servir para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo. No obstante, se espera que el deterioro del mercado de trabajo se acelere en los próximos meses al resultar inevitable que las empresas de los sectores fuertemente afectados reduzcan su número de trabajadores, especialmente los que tienen contratos flexibles y temporales.

(16)En respuesta al fuerte declive económico y la evaporación de la demanda en sectores concretos, el Gobierno neerlandés ha adoptado un paquete global de medidas de emergencia para ayudar a evitar daños estructurales a la economía. Esta sólida respuesta va orientada a los ámbitos más afectados por la crisis, y en particular se centra en la protección del empleo y del poder adquisitivo de los hogares, en compensaciones económicas directas para las industrias gravemente afectadas y en la moratoria del pago de impuestos y garantías de préstamo que sirvan de apoyo al flujo de crédito al sector privado. Con ello debería evitarse que las dificultades temporales de liquidez se transformen en problemas de insolvencia. Además, los estabilizadores automáticos deben ayudar a mitigar la dureza de la crisis. El banco central de los Países Bajos también ha reducido los colchones de capital sistémico de los bancos de mayor magnitud, y está retrasando una medida consistente en introducir una ponderación de riesgo mínima para las hipotecas, lo que libera capital de los bancos y les permite aumentar de forma significativa el crédito para los hogares y las empresas.

(17)El sistema sanitario neerlandés está funcionando comparativamente bien en cuanto a su contribución a la salud general de la población y a la garantía de accesibilidad a los servicios sanitarios. Como parte de la respuesta inmediata a esta crisis, los Países Bajos han puesto en marcha una estrategia de control que incluye medidas generales de salud pública y han adoptado medidas específicas de financiación de la sanidad. Sin embargo, el inicio de la COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia del sistema sanitario. A este respecto, se han puesto de manifiesto preocupaciones que existían previamente. La capacidad de los trabajadores podría aumentar si se hiciera frente a la actual escasez, en particular de enfermeros y en la asistencia primaria. La gobernanza general de los sistemas sanitarios y su capacidad de garantizar una prestación de servicios integrada en toda la cadena asistencial podrían mejorarse con un mayor refuerzo de la gobernanza de datos y una mayor utilización de las herramientas de sanidad electrónica. La pandemia de COVID-19 ha mostrado a las claras, por tanto, la necesidad de continuar con la mejora de la resiliencia y la preparación ante las crisis del sistema sanitario, abordando esas deficiencias estructurales.

(18)Aunque en 2019 y a principios de 2020 el mercado de trabajo continuó mejorando y funcionando bien en términos generales, la crisis de la COVID-19 ha reducido el crecimiento económico, y se prevé que conduzca a un considerable aumento del desempleo. Se han adoptado una serie de medidas económicas sin precedentes para proteger los empleos y modos de vida de las personas y minimizar los efectos para los trabajadores por cuenta propia y las empresas, tanto las pequeñas y medianas como las grandes. Para conservar el empleo, los empleadores que prevean perder al menos el 20 por ciento de su facturación debido a la crisis pueden solicitar una indemnización (de hasta el 90 por ciento de la masa salarial de la empresa, dependiendo de la pérdida de volumen de negocios) que les permitirá pagar los salarios de sus trabajadores durante tres meses. Los trabajadores por cuenta propia podrán recurrir a un procedimiento acelerado que les permite solicitar un apoyo a la renta adicional por un importe de hasta el salario mínimo social, lo que les ayudará a hacer frente al costo de la vida durante un período de tres meses.

(19)La mitigación de las repercusiones sociales y para el empleo de la crisis para aquellos más duramente afectados debe ser una parte de la estrategia de recuperación. A pesar del paquete de medidas adoptado para mantener los niveles de empleo, las personas en una situación menos favorable dentro del mercado de trabajo o en una situación social vulnerable han sufrido más duramente los efectos. Ha aumentado el desempleo, en particular el de las personas que trabajan con contratos flexibles, como los jóvenes, los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y las personas con un contexto de migración. La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en lo que respecta al acceso a una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia, que sufren con mayor frecuencia unos niveles de protección bajos (o no tienen ninguna protección) en casos de enfermedad, incapacidad, desempleo y vejez.

(20)El apoyo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, ha tenido una importancia capital. La distribución del apoyo de liquidez a las empresas debe aplicarse de manera efectiva y rápida por intermediarios, al tiempo que se apuntala la resiliencia de esas empresas. Permitir la moratoria del pago de impuestos y cotizaciones sociales y acelerar los pagos de los contratos por parte de las autoridades públicas puede ayudar también a mejorar la situación de tesorería de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas emergentes y empresas en expansión de creación reciente pueden requerir apoyo específico, por ejemplo en forma de participaciones de capital de las instituciones públicas e incentivos a los fondos de capital riesgo para que aumenten sus inversiones en ellas. Con ello puede contribuirse a evitar las ventas forzosas de empresas europeas de importancia estratégica. Tal como permite el Marco Temporal para las ayudas estatales, y en las condiciones establecidas en él, el apoyo de capital o de cuasicapital debe garantizarse para todas las empresas y no solo para aquellas que entren en la definición de pequeñas y medianas empresas formulada por la Comisión. También deben mantenerse los esfuerzos para ofrecer a las personas y las empresas acceso a unos servicios públicos digitales eficientes.

(21)Para fomentar la recuperación económica, será importante concentrar en su fase inicial los proyectos maduros de inversión pública y promover la inversión privada, en particular mediante reformas pertinentes. Una acción estratégica enfocada, que incluya la inversión en los sectores con mayores posibilidades de impulsar un crecimiento potencial para la economía en general, puede contribuir a abordar las dificultades que la actual crisis ha acelerado. En particular, las inversiones en I+D incluidas en la «política de sectores de máxima prioridad e innovación dirigida a una misión» y en capital humano pueden servir para apoyar el crecimiento de la productividad a largo plazo y mantener una fuerte capacidad de innovación. En particular, este es el caso para las empresas emergentes, las empresas en expansión y las pymes innovadoras, que son cruciales para reforzar la competitividad y la creación de empleo. La inversión en iniciativas recogidas en el Acuerdo sobre el Clima y el Acuerdo Nacional sobre la Energía y el Clima de los Países Bajos con objeto de hacer frente al cambio climático y promover la transición energética puede constituir una contribución clave a unos objetivos sociales más amplios, incluida la necesidad de garantizar un crecimiento económico sostenible y eficiente en términos de recursos. Además, aunque los Países Bajos son pioneros en la descarbonización del sector del transporte, el uso de energías renovables en el transporte es inferior a la media de la UE. Finalmente, es necesario invertir en nuevas viviendas para aliviar la actual escasez. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a los Países Bajos a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe específico de país. Con ello, los Países Bajos podrían optimizar la utilización de ese Fondo.

(22)Las capacidades técnicas y digitales y unos profesionales cualificados son cruciales para la capacidad de innovación de la economía neerlandesa y para un crecimiento sostenible e inclusivo de la productividad. La inversión en capacidades básicas y digitales, educación y formación, incluidas unas oportunidades de reciclaje y recapacitación que alcancen a todos, también sigue siendo crucial para mejorar el acceso al mercado de trabajo, en particular para mejorar la empleabilidad de quienes se encuentran en los límites del mercado de trabajo (entre ellos las personas con un contexto de migración y las personas con discapacidad), a la vez que se promueven la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.