Como primer paso, el presente informe se incorporará a las deliberaciones del Consejo Europeo de primavera, orientando a los Estados miembros a efectos de sus programas nacionales de reforma. En dichos programas, los Estados miembros deberán detallar las opciones que hayan elegido. En caso necesario, la Comisión propondrá al Consejo la adopción de recomendaciones relativas al empleo para hacer frente a aspectos no suficientemente abordados.

–Reducción de los costes no laborales / subvenciones a la contratación

Por ejemplo, la reducción de los regímenes de jubilación anticipada (primer punto en la casilla superior izquierda) requiere menos inversiones públicas y se puede prever que tendría un efecto a más largo plazo sobre el empleo. Por otro lado, reducir los costes laborales no salariales (casilla inferior derecha) requerirá inversiones públicas más importantes y tendrá efectos a más corto plazo en la reducción del desempleo. El examen del cuadro puede dar una idea de cuáles son las prioridades más apropiadas para los Estados miembros, habida cuenta de las restricciones de las finanzas públicas y de la situación del mercado laboral.

Las nuevas reformas en los sistemas de prestaciones por desempleo y otras prestaciones sociales deben tener como objetivo combinar una mayor eficiencia con la equidad. En particular, deben encaminarse a ajustarlos al ciclo económico: al aumentar la duración y la cobertura en época de crisis e inversamente en los repuntes, las redes de seguridad se refuerzan en los momentos en que más se necesitan.

Reformas fiscales combinadas con un mayor acceso a los servicios y un uso más amplio de prestaciones vinculadas al ejercicio de un empleo pueden tener un impacto importante en la reducción de las trampas del desempleo y la inactividad. En concreto, unas prestaciones en el trabajo más efectivas y créditos fiscales asociados con la remisión más rápida de los jóvenes en paro a programas de formación o planes de aprendizaje adecuados puede hacer que el trabajo sea más atractivo para ellos. El empleo femenino podría también ser estimulado con una mayor ayuda en especie, combinada con un descenso del tipo impositivo marginal efectivo aplicable a los ingresos del segundo trabajador de la familia reduciendo la fiscalidad de la familia y los beneficios extralaborales o las prestaciones concedidas en función de los recursos. En términos más generales, interconectar impuestos y beneficios de tal forma que los beneficiarios de prestaciones no laborales obtengan un crédito fiscal para los ingresos derivados del trabajo puede atraer a un empleo a los inactivos.

Reducciones temporales específicas en las contribuciones patronales de seguridad social, particularmente en caso de nuevos contratos para jóvenes, mujeres o padres que se reincorporen al trabajo, desempleados mayores o personas con bajos ingresos, que puedan facilitar la transición al empleo con un menor coste financiero que los costes asociados con el desempleo y los beneficios sociales que recibirían si no estuviesen empleados.

El apoyo a la participación en el mercado laboral de los padres, incluso de las familias monoparentales y del segundo trabajador de la familia, es crucial para luchar contra la pobreza infantil. Sin embargo, estos esfuerzos tienen que formar parte de estrategias más amplias de apoyo a la infancia y a la familia, incluidas inversiones en la calidad de las guarderías (normas adecuadas, profesionalización del personal, etc.), intervenciones durante los primeros años de vida del niño en aspectos como salud y educación, y mantenimiento o mejora de las ayudas a los ingresos de las familias a través de una mejor orientación y diseño y de la combinación de beneficios específicos y universales. Sin embargo, algunos países informan de que las medidas de saneamiento presupuestario también afectan negativamente a las prestaciones por hijos y familiares y a otras ventajas que son importantes para las familias (vivienda).

La mayoría de los Estados miembros afirman que las medidas de saneamiento presupuestario tendrán un impacto en los sistemas de protección social. Medidas tales como unas condiciones más estrictas, el acortamiento de la duración o la reducción de los niveles, o el cambio de las normas de indexación de los regímenes de prestaciones pueden afectar a la suficiencia. En cuanto a la financiación, las exenciones de la seguridad social y otras contribuciones a la seguridad social pueden debilitar la viabilidad de los regímenes, mientras que las medidas para ampliar la base de la seguridad social podrían ayudar. En estas condiciones, la eficacia del gasto social puede optimizarse a través de una mejor aplicación (por ejemplo, simplificación de normas, reducción de costes administrativos, indicadores de rendimiento, lucha contra el fraude y los errores de gestión), pero se precisan estrategias más amplias para mejorar la eficiencia y efectividad en todos los ámbitos de la protección social, en particular mediante un mayor énfasis en la prevención, la prestación integrada de servicios y una mejor calidad de la intervención.

Un empleo es la mejor protección contra la pobreza. Los desempleados y los inactivos (adultos no jubilados) representan respectivamente el 10 % y el 21 % de la población en situación de riesgo de pobreza o de exclusión (los desempleados tienen un riesgo del 58 %, contra el 13,5 % para los empleados). Sin embargo, los trabajadores pobres suponen el 24 % de las personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión en la UE. Por tanto, es importante que las políticas del mercado de trabajo tengan por objeto garantizar salarios dignos para quienes trabajan, abordando la segmentación del mercado laboral, las pobres cualificaciones, los bajos salarios y el subempleo (incluido el trabajo a tiempo parcial involuntario), y facilitar el acceso al mercado de trabajo para las familias monoparentales y el segundo trabajador de la familia.

En muchos Estados miembros, la inversión en educación superior es muy baja o incluso ha sufrido severos recortes debido a la crisis económica. Para contar con un sistema universitario moderno y eficaz, una inversión del 2 % del PIB (sumando financiación privada y pública) constituye el mínimo para las economías basadas en el conocimiento. Debe acelerarse la modernización de los sistemas de educación superior, con currículos a medida, prácticas y formas de aprendizaje orientadas a los resultados, una mejor gobernanza y financiación. Sigue constituyendo un reto incentivar a las instituciones de enseñanza superior para que cooperen con las empresas y la sociedad en general y la apertura de las instituciones de educación superior a las necesidades de la sociedad, en particular a los grupos insuficientemente representados.

El abandono escolar es un fenómeno complejo causado por múltiples factores socioeconómicos, educativos e individuales. Muchos Estados miembros lo combaten centrándose en mejorar la calidad de la educación y la formación, incluso a través de innovadores métodos de enseñanza y aprendizaje, y un apoyo más específico a los alumnos en situación de riesgo. Algunos prevén también cambios estructurales para mejorar la flexibilidad de los itinerarios de aprendizaje y ofrecer programas que combinen aprendizaje y trabajo. Sin embargo, el impacto de estas medidas a menudo sigue siendo bajo, ya que no siempre se complementan con políticas de intervención precoz, en particular un mejor acceso a la educación preescolar y medidas compensatorias que faciliten el retorno a la educación para quienes abandonaron la escuela. A menudo faltan unos planteamientos de conjunto estrechamente coordinados con otros sectores relevantes con el fin de hacer frente a todos los múltiples factores relacionados.

Por otra parte, la compleja estructura de financiación y una amplia gama de proveedores dificultan aplicar estrategias coherentes para coordinar y disponer las actividades de capacitación públicas, de las empresas y de los individuos. Las múltiples esferas de responsabilidad, la superposición de financiación y la falta de una dirección genuina debilitan la gobernabilidad del sistema. El acceso desigual a la formación permanente, en particular, sigue siendo una cuestión clave: puesto que gran parte de la formación continua es impartida por las empresas, los empleados con contratos indefinidos tienen un mejor acceso a ella que las personas con contratos temporales o que los parados. Las personas poco cualificadas participan cinco veces menos en la educación para adultos que las que tienen niveles altos de cualificación. Unos itinerarios de aprendizaje más flexibles, incluso mediante la validación del aprendizaje no formal e informal, y medidas específicas como la capacitación en el lugar de trabajo y las alianzas con empresas y organizaciones del sector social destinadas a personas poco cualificadas, adultos en paro, inmigrantes, minorías étnicas y discapacitados, no están suficientemente desarrolladas para atraer a quienes abandonaron la formación. Determinadas medidas complementarias específicas también serían útiles para los trabajadores de sectores en declive.

Existe un potencial para desarrollar nuevas medidas e instrumentos para anticipar y preparar las proyecciones de los futuros déficit de capacitaciones y necesidades a escala de los Estados miembros, regional y sectorial (previsión de capacitaciones, encuestas a empresas, estudios sectoriales, mejora de la calidad de los datos estadísticos). Esto se refiere tanto a la forma en que estos esfuerzos se llevan a cabo, al método de difusión de sus resultados entre los afectados clave (servicios de orientación profesional, servicios estadísticos, ONG, organismos sectoriales, etc.) o al uso que se hace de ellos al concebir los currículos.

La insuficiente calidad de la formación y la educación obstaculizan las transiciones en el mercado laboral puesto que un gran número de personas de todas las edades y niveles de cualificación no poseen la combinación adecuada de capacitación profesional y competencias. La capacidad de respuesta de los sistemas de formación sigue siendo insuficiente para responder al reto de dotar a los trabajadores y a los solicitantes de empleo con las capacitaciones profesionales básicas y las competencias transversales clave. Esto es síntoma de una limitada cooperación en el desarrollo de currículos en el que participen los interlocutores sociales y los servicios públicos de empleo.

Desde una perspectiva macroeconómica, la evolución de los salarios también es importante para corregir los desequilibrios internos y externos. En particular, en algunos países de la zona euro, una corrección duradera de los grandes déficit por cuenta corriente acumulados y la absorción de las grandes bolsas de parados requieren una dinámica de costes laborales nominales que induzca a medio plazo un adecuado ajuste de la competitividad de los precios. En este sentido, la dinámica de los costes laborales nominales en otros países de la zona euro es un punto de referencia pertinente.

A raíz de la crisis, el desempleo de larga duración y estructural constituye ahora un problema urgente para muchos Estados miembros. Los sistemas de prestaciones de desempleo y otras prestaciones sociales deberían facilitar los incentivos adecuados para trabajar, con objeto de evitar la dependencia de las prestaciones, pero al mismo tiempo deberían garantizar el muy necesario apoyo a los ingresos y la capacidad de adaptación al ciclo económico. En muchos Estados miembros no existen criterios adecuados relativos al respeto de esta obligación por los beneficiarios de prestaciones aptos para el trabajo, acompañados de sanciones temporales y parciales en caso de incumplimiento. Además, en varios Estados miembros no se identifica a quienes no están dispuestos a trabajar, ni tampoco existen unas políticas adecuadas para orientarles.

El trabajo a tiempo parcial involuntario de las mujeres sigue siendo un problema en algunos Estados miembros, como resultado de la inexistencia de unos adecuados servicios de guardería durante las horas de trabajo o postescolares y también a la falta de servicios para niños y otras personas dependientes. Por otra parte, el cuidado de ancianos y personas discapacitadas se está convirtiendo en un reto importante al envejecer la población, tanto para la sociedad como para las mujeres. En algunos Estados miembros, la reintegración de la mujer en el mercado laboral se ve obstaculizada debido a que el mercado no facilita la interrupción temporal de la carrera y al desequilibrio entre las responsabilidades de los padres. En algunos países, los permisos parentales (financiados) de larga duración pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo profesional e imponen grandes cargas fiscales al presupuesto público y a la productividad debido a la pérdida de cualificaciones.

El desarrollo del trabajo por cuenta propia y del espíritu empresarial sigue siendo bajo en los Estados miembros y menos de la mitad de las empresas así creadas sobreviven más allá de tres años. Los beneficios netos del trabajo por cuenta propia no se perciben como suficientemente superiores a otras alternativas para que sean considerados una opción profesional atractiva para las personas mejores y más brillantes. Las medidas siguen desalentando el trabajo por cuenta propia y es aún muy limitada la combinación de iniciativas de política económica y del mercado de trabajo para crear un entorno en el que pueda prosperar la iniciativa empresarial.

Los mercados de trabajo resultantes de la crisis están cambiando y muchos Estados miembros estudian la creación de economías más respetuosas del medio ambiente, con mayor valor añadido y sostenibles, que son esenciales para la creación de más puestos de trabajo y para alcanzar los objetivos en materia de clima y energía. Al mismo tiempo, es necesario apoyar la adaptabilidad de los trabajadores, pero todavía no se han establecido sinergias entre las políticas para asegurar su fortalecimiento mutuo y lograr una solución beneficiosa para la economía, el medio ambiente y el empleo. Los sectores que más sufren la pérdida de empleo están fuertemente dominados por los hombres (gas, electricidad, carbón, petróleo). Mientras que algunos puestos de trabajo en estos sectores quedarán obsoletos, otros exigen nuevas competencias, lo que provoca una redistribución de puestos dentro del mismo sector o hacia otros sectores. También se precisan nuevas cualificaciones en los sectores «de cuello blancos», como la salud, donde la demanda aumenta y la escasez es marcada y creciente como consecuencia del envejecimiento de la población.

Muchos Estados miembros han reducido temporalmente los costes laborales no salariales en respuesta a la crisis. Otros recortes permanentes promoverán el empleo, especialmente el destinado a personas poco cualificadas y en los países en los que éstas representan un alto potencial de mano de obra. La neutralidad fiscal se puede lograr pasando de la imposición del trabajo a la de la energía o la propiedad. En muchos Estados miembros, ya se ha abierto el debate sobre la fiscalidad actual de la mano de obra y de otros recursos.

Diferentes Estados miembros también experimentan un importante nivel de trabajo no declarado, de tal forma que una parte importante de su mano de obra no está registrada debido al incumplimiento de las normas existentes y a sistemas fiscales que desincentivan la obtención de beneficios. El resultado es una tasa artificialmente baja de empleo oficial o de horas trabajadas y un mercado doble o paralelo en el que una de las partes está sujeta a normas y condiciones muy deficientes que reducen la productividad y los ingresos fiscales e incrementan los riesgos de exclusión.

En muchos mercados de trabajo, las grandes diferencias en los niveles de la legislación de protección del empleo resultan en una división entre trabajadores bien protegidos con contrato indefinido y trabajadores menos protegidos con contratos atípicos, sobre todo temporales. El impacto de la crisis ha subrayado este aspecto: las pérdidas de empleo fueron cuatro veces superiores entre los trabajadores temporales que entre los que disfrutaban de contratos indefinidos. Si bien el trabajo temporal no es un fenómeno intrínsecamente negativo, su limitada función como trampolín hacia relaciones de trabajo más permanentes obstaculiza la productividad y las perspectivas de una mejor carrera y de mayores ingresos, en particular para los jóvenes.

Muy pocos jóvenes se incorporan al mercado laboral. La falta de vías adaptadas que combinen servicios de orientación profesional, oportunidades de mejora de las cualificaciones, aprendizaje de calidad y prácticas obstaculiza la transición de los jóvenes al trabajo. La falta de información clara sobre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral conduce así a las empresas a dudar en cubrir las vacantes ya que puede no estar claro desde el principio qué saben hacer y sus niveles de productividad y si se adaptarán a los requisitos del trabajo. Muchos Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que los jóvenes estén bien preparados para el mercado laboral.

Hay una clara necesidad de fomentar una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. La tasa de empleo de las mujeres en Europa no supera el 62,4 % (20-64). El inadecuado tratamiento fiscal del segundo trabajador de la familia (mayores impuestos efectivos para las mujeres casadas que para las solteras) se considera en algunos países un obstáculo que impide una participación femenina continua en el mercado laboral o la reincorporación al mismo. Los elevados tipos marginales de imposición efectivos resultantes de los elementos de imposición basados en la familia, la eliminación progresiva de las prestaciones con comprobación de recursos o basadas en los ingresos (como las prestaciones por hijo o ayuda para vivienda), junto con la no aplicación de prestaciones vinculadas al ejercicio de una actividad profesional, son obstáculos potenciales para la reincorporación de las mujeres al mercado laboral en algunos Estados miembros.

La tasa de empleo de los trabajadores mayores (55 a 64 años) es baja, ya que solo alcanza un 46,4 %. Este es el resultado de la política de gestión de la edad en los mercados de trabajo y en las empresas, pero también, en parte, el resultado de diversas formas de regímenes de jubilación anticipada o por incapacidad. El mal funcionamiento de los mercados laborales para las personas de edad avanzada (baja demanda de las empresas, bajos niveles de mejora de las cualificaciones, falta de ayuda para la búsqueda de empleo, remisión a las prestaciones por jubilación anticipada, e insuficiencia de la reintegración y la formación tras el despido) pueden provocar un abandono prematuro del mercado laboral. Además, en algunos países la relación entre cotizaciones, duración del empleo y valor de los derechos a pensión es limitada o no suficientemente visible.

Asimismo, los Estados miembros han hecho esfuerzos para reducir los costes laborales no salariales, que se reflejan en la presión fiscal. Durante la crisis, en varios Estados miembros se acordaron descuentos en las cotizaciones de seguridad social destinados a impulsar la demanda laboral, pero condicionados a la creación neta de empleo (es decir, limitados en gran medida a nuevas contrataciones). Varios países también decidieron una reducción general de las cotizaciones de seguridad social de las empresas, en general de carácter permanente. Los recortes de costes salariales no laborales se dirigieron en gran medida a las personas más difíciles de emplear, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, los parados de larga duración y los trabajadores mayores.

Los costes unitarios reales en la UE aumentaron abruptamente desde el tercer trimestre de 2008 hasta mediados de 2009, pero cayeron con la misma rapidez desde entonces, y en el segundo trimestre de 2010 se situaron en un – 2 % anual, lo que sugiere que no deberían plantear una amenaza para la competitividad de la UE en su conjunto. Sin embargo, en el caso de algunos países, podría ser necesaria una mayor reducción de los costes laborales totales por trabajador para restaurar la competitividad fuera de la UE a los niveles previos a la crisis.

Sin embargo existe una preocupación creciente con respecto a un desajuste entre oferta y demanda. Durante el último año, hemos presenciado un aumento en las tasas de desempleo y de puestos laborales no cubiertos, lo que podría indicar un desajuste entre las cualificaciones de los solicitantes de empleo y las competencias requeridas para los puestos de trabajo disponibles. Esto debe ser objeto de un seguimiento cuidadoso en los próximos trimestres con el fin de comprobar si la tendencia al alza observada durante el último año no es más que temporal o si amenaza con convertirse en estructural. De hecho, los sectores que se están recuperando más rápidamente no son los que eliminaron más puestos de trabajo al inicio de la crisis, lo que probablemente refleja un cambio en las capacitaciones profesionales y las necesidades sectoriales durante la misma.

Tras el aumento continuo del paro, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo siguió creciendo entre junio de 2009 y junio de 2010 en la mayoría de los Estados miembros. El número de beneficiarios de regímenes de asistencia social (no contributivos) también se incrementó significativamente en la mayoría de los Estados miembros y en algunos países estos regímenes amortiguaron la mayoría de los efectos sociales de la crisis. No se observó una fuerte presión sobre los regímenes del seguro de invalidez y los beneficiarios de los regímenes de jubilación anticipada aumentaron en pocos países.

La tasa de desempleo, actualmente del 9,6 %, no ha sufrido cambios desde febrero de 2010, habiéndose estabilizado en términos generales; el paro se cifra ahora en 23,1 millones de personas, aunque el de larga duración es cada vez mayor en todos los grupos de población, pero en diferente medida: del total de parados, casi 5 millones lo fueron por un período de 6 a 11 meses. La crisis ha agravado el riesgo para los inmigrantes de fuera de la UE y poco cualificados. Con 5,2 millones de personas, el desempleo juvenil ha crecido en cerca de 1,2 millones en comparación con el mínimo de la primavera de 2008 (equivalente a un incremento de casi el 30 %). A pesar de ello, el mercado laboral para los jóvenes en la UE ha mejorado desde el pasado otoño y el desempleo juvenil ha disminuido en general desde septiembre de 2009. La tasa de desempleo juvenil en la UE se cifra ahora en el 20,4 %, equivalente a un descenso de 0,1 puntos porcentuales con respecto a hace un año.





ES COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 12.1.2011 COM(2011) 11 final ESTUDIO PROSPECTIVO ANUAL SOBRE EL CRECIMIENTO



ANEXO I

INFORME DE EVOLUCIÓN SOBRE EUROPA 2020 ESTUDIO PROSPECTIVO ANUAL SOBRE EL CRECIMIENTO



ANEXO I

INFORME DE EVOLUCIÓN SOBRE EUROPA 2020 La presentación del presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marca el inicio del primer «semestre europeo», se produce en un momento de inflexión para la Unión Europea. Después de dos años de turbulencias, Europa está emergiendo lentamente de la recesión. Sin embargo, aunque la recuperación cobra ritmo y vigor, subsisten incertidumbres sobre los mercados soberanos y prosigue el saneamiento y la reforma del sector financiero. Ahora que las perspectivas empiezan a ser más halagüeñas ha llegado el momento de actuar de forma decidida. Nadie puede pensar que sacar a Europa de la crisis significa solo un retorno sin sobresaltos a la situación anterior. La crisis ha dejado al descubierto debilidades esenciales de la economía europea y ha puesto de manifiesto desequilibrios internos cada vez mayores. Una recuperación basada en un crecimiento sostenible y generador de empleo solo será posible si se corrigen las debilidades estructurales subyacentes y si Europa sabe sacar partido de la crisis para acometer una profunda transformación de su estructura económica. Con todo, si bien es cierto que Europa ha sabido contener y absorber los efectos de la crisis relativamente mejor que otras partes del mundo, su recuperación de las turbulencias globales podría ser más lenta. Con la crisis se ha agravado el desfase con los EE.UU. por lo que hace a la productividad de la mano de obra. La competitividad en términos de precios y de costes sigue suscitando preocupación. Las economías emergentes están volviendo a crecer a un ritmo más rápido que la UE, aunque algunas de ellas se enfrentan también a importantes retos en el plano económico. Europa 2020 es la agenda que la UE y sus Estados miembros han acordado para «que Europa se recupere de la crisis y salga más reforzada, tanto en el ámbito interno como en el internacional». La salida de la crisis requiere un programa de reformas coordinado y global, que abarque el saneamiento presupuestario, la vuelta a unas condiciones macroeconómicas saneadas y la puesta en primer plano de medidas que propicien el crecimiento. Es responsabilidad conjunta de la UE y de sus Estados miembros emprender las reformas estructurales y con perspectivas de futuro necesarias —pero no por ello menos difíciles—, al tiempo que ponen orden en la situación presupuestaria y proceden al saneamiento de las condiciones macroeconómicas. Europa ha de acelerar la coordinación de las reformas y las políticas económicas a fin de asegurar que los ajustes macroeconómicos, el saneamiento presupuestario y las reformas políticas vayan de la mano. El saneamiento presupuestario es una condición esencial, pero no suficiente, para el crecimiento. Si no se adoptan políticas proactivas, es probable que el crecimiento potencial siga siendo débil durante la próxima década. El crecimiento dependerá esencialmente del entorno industrial y empresarial, en particular de las PYME. Sin crecimiento, el saneamiento presupuestario será aún más difícil. El Consejo Europeo de junio de 2010 introdujo el concepto de «semestre europeo» para cotejar la evolución de las políticas macroeconómicas y las reformas estructurales en el marco de la estrategia Europa 2020. El «semestre europeo» es un periodo, en la primera mitad de cada año, en el que se cotejan los informes presentados en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el marco de la estrategia Europa 2020 por los Estados miembros y se les dan orientaciones y recomendaciones antes de que completen sus presupuestos nacionales. Se refuerza así la dimensión ex ante de la coordinación y la supervisión de las políticas económicas en la UE, lo que hace posible combinar las ventajas de una agenda común a nivel de la UE y de una actuación adaptada a escala nacional. De esta forma, la UE puede extraer a tiempo lecciones de la evolución de la situación en los Estados miembros y estos pueden incorporar la perspectiva y las orientaciones europeas en sus políticas nacionales para el año siguiente. En el marco de este nuevo ciclo de coordinación política, la Comisión presentará cada año, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, su apreciación de los principales retos económicos a que se enfrenta la UE y recomendará acciones prioritarias para abordarlos. Sobre esta base, el Consejo Europeo de primavera ofrecerá orientaciones relativas a los grandes desafíos que se perfilan en el horizonte. Habida cuenta de estas orientaciones, los Estados miembros procederán a elaborar sus estrategias presupuestarias a medio plazo en sus programas de estabilidad o de convergencia e incluirán en sus programas nacionales de reforma las medidas necesarias para avanzar en pos de la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020 y para superar los obstáculos al crecimiento. Ambos documentos se presentarán simultáneamente, a más tardar a mediados de abril. En la fase final del «semestre», antes del verano, y basándose en las recomendaciones de la Comisión, el Consejo emitirá orientaciones políticas específicas para cada país. De esta manera, los Estados miembros estarán en condiciones de aprovechar estas contribuciones al preparar sus presupuestos para el año siguiente. En este primer «semestre europeo», el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se centra en mensajes clave relativos a las acciones que los Estados miembros deberían abordar con carácter prioritario. Los elementos de análisis que sustentan estos mensajes se presentan en tres informes anexos. 1.Poner en primera plano iniciativas que propicien el crecimiento La actuación a nivel de los Estados miembros es crucial para evitar una «década perdida»

El análisis de la situación macroeconómica y del mercado de trabajo en la UE pone de manifiesto la necesidad de que los Estados miembros actúen en 2011 y 2012 para evitar una deriva hacia un crecimiento tibio y con escasa generación de empleo (la hipótesis llamada «década perdida»). La tarea más apremiante consiste en romper el círculo vicioso de deuda insostenible, perturbaciones en los mercados financieros y débil crecimiento económico que se registra en algunos Estados miembros. La primera prioridad consiste en volver a encarrilar las políticas presupuestarias, protegiendo al mismo tiempo las políticas que favorecen el crecimiento, y en sanear rápidamente el sector financiero para encontrar la vía de la recuperación. La segunda prioridad es reducir rápidamente el desempleo y emprender reformas efectivas del mercado de trabajo, con vistas a la creación de más y mejores empleos. Estas prioridades solo podrán abordarse eficazmente si al mismo tiempo se despliegan esfuerzos considerables con miras a relanzar el crecimiento. Para que las reformas lleguen a buen término es indispensable mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo y de productos, estimular la innovación y mejorar las condiciones marco para hacer negocios en Europa. De esta manera se atraerá más inversión del sector privado, lo que a su vez contribuirá a mejorar la calidad de las finanzas públicas. En lo tocante al mercado trabajo, los esfuerzos de reforma deberían apuntar sobre todo a corregir la baja participación en el mismo de ciertos colectivos y su mal funcionamiento. Estas políticas tendrían asimismo una incidencia positiva en el saneamiento presupuestario, ya que generarían más ingresos fiscales, facilitarían la disminución del gasto público en transferencias sociales y contribuirían a reducir el riesgo de desequilibrios macroeconómicos en el futuro. Las reformas estructurales pueden reportar, incluso a corto plazo, importantes beneficios. La mejora de las condiciones marco y las reformas de los mercados de productos y de trabajo estimularán la producción y el empleo. Es preciso movilizar las iniciativas emblemáticas y los instrumentos de la UE en apoyo de los esfuerzos desplegados a nivel nacional Las acciones a escala de la UE contribuirán igualmente a potenciar el crecimiento de manera inteligente, sostenible e inclusiva. La Comisión ha diseñado una ambiciosa agenda, que se materializará a través de siete iniciativas emblemáticas, así como de acciones paralelas en las políticas horizontales en que se sustenta la estrategia. La Comisión presentó las siete iniciativas emblemáticas recogidas en la estrategia Europa 2020. Cada una de ellas aborda cuestiones concretas y contempla medidas consagradas a ámbitos políticos específicos. Su importancia real estriba en el hecho de que están estrechamente interrelacionadas y se apoyan unas a otras. Así, algunas medidas clave, como la necesidad de un nuevo sistema de derechos de propiedad intelectual e industrial, atañen a distintas iniciativas emblemáticas, en este caso la Unión por la Innovación, la Política Industrial y la Agenda Digital. El éxito de la estrategia Europa 2020 pasa asimismo por la movilización y la reorientación efectivas en apoyo de las reformas de todos los instrumentos y herramientas de la UE. A tal fin, la estrategia insta a actuar para mejorar el mercado único, el presupuesto de la UE y las herramientas de acción económica exterior y a orientarlos en pos de la consecución de los objetivos de Europa 2020: –en consonancia con este compromiso, la Comisión ha abierto un debate sobre una futura acta del mercado único, con vistas a su revitalización y a la explotación de nuevas fuentes de crecimiento; –la Comunicación sobre la revisión del presupuesto de la UE da orientaciones de carácter general y baraja distintas opciones sobre la forma en que el presupuesto puede contribuir a la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020, teniendo más en cuenta las prioridades de la estrategia en las políticas de gasto de la UE; –por último, la Comunicación titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales. La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» define la manera en que la política comercial y de inversión puede ser un factor clave para el crecimiento. Prioridades para el crecimiento a nivel de la UE La estrategia Europa 2020 presenta una amplia gama de reformas políticas integradas que habrá que poner en práctica en los años venideros. Vistas la magnitud y la urgencia del reto que supone acelerar la recuperación económica y la creación de empleo, en 2011 y 2012 los esfuerzos de la UE tendrán que concentrarse en la adopción de medidas que permitan respaldar de forma más directa las reformas de los Estados miembros, que no requieran grandes inversiones públicas y que tengan mayor incidencia en el crecimiento y la creación de empleo. La Comisión va a centrarse pues en una serie de medidas prioritarias a nivel de la UE para impulsar el crecimiento. Estas medidas, seleccionadas entre las políticas vinculadas a las iniciativas emblemáticas, deberían reportar beneficios económicos claros a corto y medio plazo y prestarse a una adopción relativamente rápida. Así, por ejemplo, una de las prioridades debería ser impulsar una nueva fase del mercado único aprovechando todo el potencial que encierra el sector de los servicios, atrayendo capital privado para financiar empresas innovadoras de rápido crecimiento, modernizando los regímenes de normalización y de propiedad intelectual e industrial y ofreciendo un acceso a la energía con una buena relación coste/eficacia. La Comisión también propondrá medidas en el ámbito del IVA, una base común consolidada para el impuesto de sociedades y una fiscalidad común de la energía para mejorar el entorno fiscal de las empresas, combatirá la doble imposición y pondrá en práctica la agenda sobre energía y clima de la UE. Dada la importancia de los sectores de servicios, por sí mismos y como proveedores de otros sectores, un mercado interior de los servicios reforzado constituye un importante factor de crecimiento y de creación de empleo para las economías de la UE. La plena aplicación de la Directiva sobre servicios reforzará la competencia, modernizará el marco regulatorio e impulsará reformas estructurales importantes. Convendría adoptar nuevas medidas para potenciar el mercado interior de los servicios. La adopción de medidas destinadas a promover una contratación pública más abierta y eficiente puede reducir considerablemente los costes para el sector público y estimular la competencia en los mercados pertinentes. El uso eficiente de las economías que resultarían de esta medida podría reportar grandes ventajas en el plano macroeconómico. También podría resultar beneficioso para Europa un mejor acceso a la contratación pública en terceros países. La mejora de las infraestructuras en los campos de la energía sostenible, el transporte y las tecnologías de la información (en particular las tecnologías de banda ancha) podría contribuir a potenciar el crecimiento y el empleo, en consonancia con los objetivos de «descarbonización» a largo plazo. Desde esta perspectiva, el recurso a modalidades de financiación innovadoras, incluidos los bonos para la financiación de proyectos de la UE, podrían contribuir a mejorar la capacidad de ajuste de la economía. A nivel microeconómico, una mayor competencia en los sectores del transporte y de la energía podría conllevar un incremento de la eficiencia económica como consecuencia de la entrada de nuevos proveedores y de la bajada de precios, así como un uso más racional de la mano de obra y del capital gracias a la innovación. A nivel macroeconómico, estas medidas podrían dar lugar a un aumento de la actividad económica, ya que los beneficios obtenidos en los sectores del transporte y de la energía podrían extenderse al resto de la economía, dada la importancia de estos insumos en los costes de producción de otras actividades. La industria y el sector manufacturero son una fuente importante de innovación y desarrollo tecnológico en el sector privado y representan la mayoría de las exportaciones de la UE. Su recuperación es crucial para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, un mercado único de bienes y servicios medioambientales que funcione bien ofrece grandes posibilidades de crecimiento, innovación y empleo. En lo tocante a la normalización, es crucial que la UE desempeñe un papel de pionera a nivel mundial. En este sentido, la Comisión va a proponer medidas para acelerar y modernizar la normalización en Europa, en particular en materia de TIC. En este sector, que registra una rápida evolución y que está muy interconectado, este aspecto constituye en efecto un reto de primer orden. La Comisión va a elaborar asimismo normas específicas a escala de la UE para contribuir a la emergencia de un mercado de tecnologías y productos innovadores, eficientes desde el punto de vista de los recursos y con pocas emisiones de carbono. Además, para facilitar las operaciones transfronterizas en el mercado único, la Comisión va a presentar en 2011 un instrumento jurídico de fácil utilización en el ámbito del Derecho contractual europeo, que podrán usar las empresas y los consumidores cuando lleven a cabo una operación, y un reglamento que simplificará el cobro transfronterizo de deudas, por ejemplo por medio de embargos de activos bancarios. De esta forma se debería superar la actual situación, en la que solo se recupera el 37 % de las deudas transfronterizas en la UE. Con el fin de desbloquear la situación actual, en la que no siempre es posible acceder legalmente a contenidos en línea en otros países de la Unión, la Comisión va a proponer un marco europeo de propiedad intelectual e industrial que potenciará, en particular, el comercio en línea y las industrias digitales. Por lo que hace al acceso a la financiación, especialmente para las PYME y las empresas emergentes e innovadoras, un conjunto de medidas, entre otras el pasaporte de capital riesgo, destinadas a suprimir los obstáculos transfronterizos, en particular los obstáculos fiscales que resultan de las divergencias entre las regulaciones nacionales, podría contribuir a reducir los costes de financiación para las empresas emergentes gracias a primas de riesgo más bajas, favoreciendo así la innovación. La Comisión va a abordar asimismo la cuestión de cómo atraer de forma duradera a inversores extranjeros a la UE.

2.Primeros pasos hacia la consecución de las objetivos de Europa 2020 El Consejo Europeo de junio de 2010, que adoptó la estrategia Europa 2020 y sus cinco objetivos principales de la UE, instó a los Estados miembros a actuar ahora para «aplicar estas prioridades políticas a su nivel. En estrecho diálogo con la Comisión deben ultimar rápidamente sus objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus relativas posiciones de partida y circunstancias nacionales, y con arreglo a sus procedimientos decisorios nacionales. Asimismo, deben detectar los principales obstáculos al crecimiento e indicar, en sus programas nacionales de reforma, de qué modo se proponen hacerles frente. Los avances hacia los objetivos principales se evaluarán periódicamente.». Durante el otoño de 2010, los Estados miembros trabajaron, en estrecha cooperación con la Comisión, en la fijación de los objetivos nacionales y en la elaboración de estrategias con miras a su consecución. Se les invitó a presentar, a más tardar a mediados de noviembre, sus borradores de programas nacionales de reforma (PNR), en los que deberían indicar sus objetivos nacionales previstos y las reformas necesarias para alcanzarlos y para suprimir los tradicionales obstáculos al crecimiento. El hecho de que cada Estado miembro fije su propio compromiso en relación con los objetivos generales de Europa 2020 constituye un elemento importante de esta estrategia, asegurando así la «apropiación política» de los objetivos nacionales, es decir, que estos sean objeto de un debate político interno. Todos los Estados miembros, salvo dos, se han marcado objetivos nacionales. En algunos casos, solo presentaron objetivos provisionales o cualitativos. Por otra parte, dado el carácter preliminar de la reflexión, ciertos objetivos se presentan en forma de horquilla o de «objetivos mínimos», sobre la base de las políticas actuales. Aunque de las cifras preliminares facilitadas en los borradores de PNR no pueden extraerse conclusiones definitivas, cabe constatar algunas tendencias generales. Existe el riesgo de que los objetivos nacionales se fijen de forma poco ambiciosa y se centren demasiado en el corto plazo, sin prestar la debida atención al diseño de planes de reforma que abarquen la totalidad del periodo, hasta 2020. El propósito de los objetivos no es meramente numérico: se trata de generar una dinámica para que cada Estado miembro se comprometa a realizar progresos mensurables en ámbitos clave que se resumen en los cinco objetivos principales. En la mayoría de los casos, la agregación de los objetivos nacionales provisionales muestra que a la UE aún le queda camino por recorrer para alcanzar sus principales objetivos acordados por el Consejo Europeo. Es comprensible que a determinados Estados miembros les resulte difícil asumir compromisos ambiciosos en una coyuntura económica incierta. No obstante, en la lógica de los programas nacionales de reforma a largo plazo, lo importante es establecer una trayectoria que, sin olvidar las circunstancias actuales, apunte al logro de los resultados previstos al final del periodo. La Comisión, consciente de que este planteamiento se aplica este año por primera vez y que para muchos Estados miembros asumir compromisos más ambiciosos en tiempos de saneamiento presupuestario constituye un reto difícil, propone que se proceda a un examen intermedio, en 2014. De esta forma, la UE podrá analizar si es posible alcanzar el nivel de progreso deseado y tomar en su caso nuevas medidas. En la sección siguiente se recoge una descripción preliminar de los proyectos de objetivos nacionales en su estado actual, presentados en un cuadro en anexo. De aquí a abril de 2011, todos los Estados miembros deberían fijarse objetivos nacionales precisos en relación con cada uno de los cinco objetivos principales de la UE. A partir del año que viene, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento supervisará más de cerca los avances registrados en pos de los objetivos principales e informará de los objetivos nacionales alcanzados. 2.1.Empleo El objetivo principal de la UE para 2020 es una tasa de empleo del 75 % para hombres y mujeres de entre 20 y 64 años, que se alcanzará sobre todo gracias a una mayor participación de los jóvenes, de los trabajadores de más edad y de los trabajadores pocos cualificados, así como a una mejor integración de los migrantes legales. La baja participación en el mercado de trabajo es desde hace tiempo una de las principales debilidades estructurales de Europa. Antes de la crisis, las tasas de empleo de Europa eran inferiores en varios puntos porcentuales a las de los Estados Unidos y Japón. La crisis ha provocado un dramático empeoramiento del desempleo, mientras que la evolución demográfica amenaza con hacer disminuir aún más la mano de obra disponible. El aumento de la participación en el mercado de trabajo tendría una incidencia significativa en el crecimiento de Europa en el futuro. El análisis de los borradores de PNR revela que los Estados miembros se han «apropiado» de este objetivo y se han puesto, en gran medida, manos a la obra para luchar contra los cuellos de botella en el mercado de trabajo. La mayoría de los Estados miembros han elegido un objetivo puntual, pero Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia e Italia han fijado los suyos en forma de horquilla. Los Países Bajos y el Reino Unido aún no han fijado un objetivo nacional oficial. Las tasas propuestas van desde un 62,9 % (Malta) a un 80 % (Suecia). Si todos los Estados miembros consiguieran alcanzar su objetivo nacional o el valor inferior de la horquilla, la tasa media de empleo para el conjunto de los que han fijado un objetivo nacional sería del 72,4 %. Si todos alcanzaran el valor superior de la horquilla, la tasa media de empleo sería del 72,8 %. En otras palabras, tomando como base los objetivos nacionales en materia de tasa de empleo, a la UE en su conjunto le faltarían entre 2,2 y 2,6 puntos porcentuales para alcanzar su objetivo del 75 %. 2.2.Investigación y desarrollo Por lo que hace tanto a los recursos invertidos, en particular los del sector privado, como a la eficacia del gasto, Europa va claramente a la zaga de los Estados Unidos y otras economías avanzadas. Este desfase afecta negativamente a las perspectivas de crecimiento, sobre todo para los sectores con un mayor potencial. La realización del objetivo de la estrategia Europa 2020 pasa por una mejora de las condiciones de la inversión en I+D a fin de elevar el nivel de inversión (sumadas las inversiones pública y privada) al menos hasta el 3 % del PIB. El nivel agregado obtenido para el conjunto de los objetivos nacionales provisionales es de 2,7 o 2,8 % del PIB, cifra que, siendo inferior al objetivo previsto (3 % del PIB invertido en I+D), representa no obstante un notable esfuerzo, especialmente en una coyuntura presupuestaria como la actual. Algunos Estados miembros han tomado medidas para incrementar considerablemente la inversión pública en investigación, innovación y educación, conscientes de que estas inversiones impulsarán el crecimiento en el futuro. Algunos de ellos han fijado objetivos ambiciosos, pero realistas, pese a la dificultad que entraña asumir compromisos en relación con el componente privado de su objetivo en materia de inversión en I+D. Otro aspecto que guarda estrecha relación con la actuación de la UE en materia de innovación es la parte que corresponde en la economía a las empresas innovadoras de rápido crecimiento. Los Estados miembros han de empezar a orientar sus reformas hacia la supresión de los obstáculos al crecimiento de las empresas innovadoras, en particular mejorando las condiciones marco y el acceso a la financiación. 2.3.Acción por el clima y política energética Lograr un crecimiento sostenible quiere decir transformar Europa en una economía y una sociedad competitivas, que aprovechan eficientemente los recursos y con bajas emisiones de carbono. Esta visión sustenta el triple objetivo fijado en la estrategia Europa 2020: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, o en un 30 % si se dan las condiciones al efecto; incrementar hasta el 20 % la parte correspondiente a las fuentes de energía renovables en el consumo energético final de la UE; y aumentar en un 20 % la eficiencia energética. Ya existen objetivos nacionales en lo que respecta a las fuentes de energía renovables y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cambio, por lo que hace a la eficiencia energética, el análisis de los borradores de PNR muestra que, por el momento, la «apropiación» de este objetivo por parte de los Estados miembros ha sido limitada. Algunos de ellos no mencionan este objetivo, mientras que otros se sirven de diferentes metodologías para expresar sus objetivos nacionales. Como consecuencia de estas diferencias y del carácter incompleto de la información disponible, es acuciante clarificar los objetivos que debe alcanzar cada Estado miembro. Con todo, una apreciación preliminar deja patente que los esfuerzos acumulados estarían lejos de permitir alcanzar el objetivo global de la UE, consistente en reducir el consumo de energía en un 20 % de aquí a 2020 (la reducción sería inferior al 10 %). Se trata de una previsión preocupante, porque la eficiencia energética es la manera más rentable de reducir las emisiones, mejorar la seguridad energética y la competitividad y hacer el consumo de energía más asequible, además de crear empleo. La situación es similar en lo que respecta a la mitigación del cambio climático: las medidas existentes y previstas aún no son suficientes para alcanzar los objetivos principales previstos para 2020. 2.4.Educación y formación

La promoción de la innovación y el crecimiento pasa asimismo por disponer de una oferta apropiada de trabajadores formados y cualificados. Una población altamente cualificada es igualmente esencial para superar los retos que plantean la evolución demográfica y la inclusión social en Europa. Invertir en una enseñanza, una formación y un aprendizaje permanente de calidad constituye pues una dimensión clave para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La estrategia Europa 2020 fija un doble objetivo principal en materia de educación: reducir al 10 % el porcentaje de abandono escolar entre los jóvenes de entre 18 y 24 años e incrementar hasta al menos el 40 % el de los jóvenes adultos (30-34 años) con estudios superiores completos o un nivel de estudios equivalente. El análisis de los borradores de PNR pone de manifiesto que, en general, se presta más atención al análisis de los retos actuales y las posibles respuestas que a definir planes y medidas de reforma concretos. En la mayoría de los borradores de PNR no está claro si las medidas descritas se han puesto en marcha en respuesta a las prioridades de la estrategia Europa 2020 o, al menos, ajustándose a las mismas. Todos los borradores de PNR han fijado objetivos nacionales en materia de reducción del abandono escolar y de aumento del número de personas con estudios superiores completos, salvo los del Reino Unido (que no ha fijado objetivos) y los Países Bajos (que lo han hecho en materia de abandono escolar, pero no de enseñanza superior). En lo que respecta al abandono escolar, aunque algunos Estados miembros se han marcado objetivos extremadamente ambiciosos, en general es poco probable que se pueda alcanzar el objetivo del 10 % para 2020. Con los objetivos indicados en los borradores de PNR y sin incluir a los países que aún no han definido los suyos (el Reino Unido para ambos objetivos y los Países Bajos para la enseñanza superior), en 2020 la tasa de abandono escolar sería del 10,5 %, por encima del objetivo común europeo del 10 %. En cifras absolutas, ello significa que en 2020, alrededor de 200 000 jóvenes europeos más habrían abandonado la enseñanza y la formación. De la misma manera, los objetivos nacionales que se han presentado en relación con la enseñanza superior no serán suficientes para alcanzar el objetivo global fijado para 2020. Con una tasa total de personas que han completado estudios superiores del 37,3 % para 2020, no se alcanzaría el objetivo europeo común del 40 %. En cifras absolutas, ello significa que en 2020, habría alrededor de 800 000 personas de entre 30 y 34 años con estudios superiores completos menos que si se hubiese alcanzado la tasa del 40 %. 2.5.Inclusión social/lucha contra la pobreza Solo se puede hablar de crecimiento sostenible si sus beneficios repercuten en todos los segmentos de la sociedad. Sin embargo, en la década pasada, las desigualdades se hicieron más pronunciadas en toda Europa y aumentó el número de personas víctimas de la pobreza y la exclusión social. La crisis económica ha incrementado dramáticamente el número de personas que viven o corren el riesgo de vivir por debajo del umbral de pobreza. Invertir esta tendencia y velar por que crecimiento y cohesión social vayan de la mano es un objetivo clave de la estrategia Europa 2020. El objetivo principal de la UE es reducir el número de europeos que viven por debajo de los umbrales de pobreza en un 25 %, rescatando así a más de 20 millones de personas de la pobreza. El objetivo se define atendiendo a tres indicadores que reflejan las múltiples facetas de la pobreza y la exclusión en Europa. Amplía el concepto original de pobreza económica relativa para tener en cuenta la dimensión no económica de la pobreza y situaciones de exclusión del mercado de trabajo. Refleja asimismo la diversidad de situaciones y de prioridades en los Estados miembros. El análisis preliminar muestra que la pobreza relativa sigue siendo un reto importante en la mayoría de los países de la UE. La mejora de los niveles de vida puede contribuir significativamente a reducir la pobreza y la exclusión en los países con un PIB per cápita más bajo y elevadas tasas de privación material. La lucha contra la exclusión del mercado de trabajo constituye una prioridad para todos les países, también para aquellos que cuentan con sofisticados regímenes de asistencia social que protegen relativamente bien a la población de la pobreza económica, pero que ofrecen escasos incentivos o poco respaldo a las personas más alejadas del mercado de trabajo para que se reincorporen a él. En sus borradores de PNR, la mayoría de los países ha fijado objetivos en este campo, aunque estos todavía no alcanzan el nivel de ambición acordado por el Consejo Europeo. La mayoría de los Estados miembros han utilizado los tres indicadores acordados para definir el objetivo de la UE, reconociendo así la necesidad de confeccionar estrategias a gran escala para luchar contra la pobreza en todas sus dimensiones. Convendría no obstante elevar el nivel de ambición para tener en cuenta la interacción entre los objetivos, en particular el vínculo entre participación en el mercado de trabajo y pobreza. Algunos países aún no han fijado sus objetivos. Es imperioso que ultimen rápidamente el proceso. 3.Programas nacionales de reforma 3.1.Borradores de los programas nacionales de reforma Los objetivos de Europa 2020 son un elemento esencial de los programas nacionales de reforma, que deberían representar una agenda de reforma mucho más amplia y exhaustiva. Los Estados miembros habían sido invitados a transmitir sus borradores de PNR a más tardar el 12 de noviembre de 2010 y a incluir los cuatro componentes siguientes: –un escenario macroeconómico a medio plazo: todos los borradores de PNR contienen un escenario macroeconómico y dedican particular atención a los obstáculos macroestructurales al crecimiento, en particular en el ámbito fiscal; –los objetivos nacionales que traducen los objetivos principales de Europa 2020: la mayoría de los borradores de PNR los han incluido (véase más arriba); –une descripción de los principales obstáculos al crecimiento y al empleo; la mayoría de los borrados de PNR han confirmado la existencia de los obstáculos al crecimiento constatados en junio de 2010 por el Comité de Política Económica y en octubre de 2010 por el Comité de Empleo; en algunos casos, se incluyeron unos pocos retos adicionales; –las principales medidas destinadas a poner en primera plano iniciativas que propicien el crecimiento. En casi ningún borrador se hacía mención a la conveniencia de poner en primer plano reformas estructurales destinadas a potenciar el crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Les borradores de PNR varían en cuanto al nivel de detalle y al grado de preparación, siendo algunos más exhaustivos y avanzados que otros. De manera general, no tienen plenamente en cuenta las presiones ejercidas sobre el crecimiento y el empleo potenciales. Los escenarios macroeconómicos presentados por los Estados miembros tienden a ser bastante más optimistas que la apreciación de la Comisión. Al mismo tiempo, los escenarios en materia de empleo son demasiado pesimistas, ya que en ellos inciden factores negativos a corto plazo. Un examen preliminar de los borradores de PNR pone de manifiesto los siguientes aspectos: –la gran mayoría de los Estados miembros se enfrenta a importantes retos fiscales a la hora de reducir sus déficits estructurales y un endeudamiento a menudo elevado y de contener los costes del envejecimiento de la población; en numerosos países, el refuerzo de la calidad de las finanzas públicas y del marco institucional por medio de un mayor control fiscal contribuiría a la sostenibilidad; –la mayoría de los Estados miembros han destacado la necesidad de asegurar un sector financiero estable y eficaz, capaz de prestar servicios de intermediación financiera sin el respaldo del Estado; entre los retos en este ámbito cabe destacar el sobreendeudamiento de los hogares y la necesidad de asegurar una supervisión regulatoria eficiente y de disponer de un sector bancario eficaz; –corregir los desequilibrios en materia de competitividad y de balanza por cuenta corriente es pertinente para todos los Estados miembros, en particular para el buen funcionamiento de la UEM; en la zona euro, este aspecto se refleja en acciones destinadas a reducir los desequilibrios internos, reforzando, por ejemplo, las condiciones de la demanda interna, procediendo a ajustes de los precios y los salarios relativos, aumentando la flexibilidad de los salarios y reasignando recursos del sector de los bienes no comercializables al de los bienes comercializables;

–todos los Estados miembros han destacado igualmente la necesidad de mejorar la participación en el mercado de trabajo y las condiciones de empleo y de corregir el mal funcionamiento y la segmentación de los mercados de trabajo, la insuficiente movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, la falta de incentivos para trabajar y la exclusión de diferentes grupos de edad; –la mayoría de los Estados miembros también han reconocido que se enfrentan a retos en lo tocante a la mejora de la productividad y a la facilitación de la transición hacia una producción y exportaciones de mayor valor añadido; estos retos atañen al aumento de la inversión en capital, a la necesidad de velar por un entorno regulatorio de las empresas y por una administración más eficientes y a la promoción de una mayor competencia; –por último, los Estados miembros reconocen la necesidad de promover su capacidad de innovación y de reforzar la inversión en capital humano, a fin de aumentar su potencial de crecimiento y de reducir los desajustes del mercado de trabajo. Sin embargo, en este momento, las políticas presentadas en los borradores de PNR distan de dar una respuesta clara a los importantes retos macroeconómicos y a los cuellos de botella que frenan el crecimiento. Las acciones suelen hacer referencia, más que a medidas concretas, a vías que podrían servir para abordar estos retos. Mientras que el grado de detalle era mayor en relación con las medidas de saneamiento presupuestario, apenas se ha prestado atención a las reformas estructurales que podrían estimular el crecimiento a medio y largo plazo. Muchos borradores de PNR dan una visión general de las medidas planeadas para que los Estados miembros puedan alcanzar sus objetivos nacionales. A menudo, sin embargo, la lista incluía medidas ya aplicadas o que se encontraban en una fase avanzada. Además, con frecuencia las acciones políticas previstas se presentaban en términos más bien vagos, facilitándose pocos detalles sobre la naturaleza precisa de las medidas, los plazos de puesta en práctica, el impacto esperado, el riesgo de ejecución incompleta o fracaso, el coste presupuestario y el uso de los Fondos Estructurales de la UE. Escapan a esta tendencia general los programas presentados por los Estados miembros que reciben ayuda financiera, que presentaron sus medidas de forma más pormenorizada. 3.2.Cooperación con miras a los programas nacionales de reforma definitivos El tiempo que transcurra entre la presentación de los borradores de PNR y los PNR definitivos servirá para proceder a un intercambio entre la Comisión y los Estados miembros, así como a una evaluación inter pares en el Consejo. En noviembre de 2010, los aspectos de los borradores de los PNR relacionados con el empleo fueron objeto de un examen inter pares en el Comité de Empleo y, en diciembre, sus aspectos macroeconómicos fueron examinados horizontalmente por el Comité de Política Económica. Tras la adopción del presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que ofrece a los Estados miembros una orientación general con miras a la finalización de sus PNR, la Comisión se pondrá de nuevo en contacto bilateralmente con ellos para estudiar la finalización de estos programas a la luz de las orientaciones dadas y de las circunstancias particulares. Paralelamente, deberían concluirse las consultas nacionales, a fin de garantizar una fuerte «apropiación» de los PNR. En los preparativos de estas consultas deberían participar agentes políticos (parlamentos nacionales, autoridades regionales y locales), así como los interlocutores sociales y otros interesados. Solo en un número reducido de casos, los borradores de PNR ya han sido objeto de consultas a diferentes niveles. Si bien algunos Estados miembros han anunciado que emprenderán consultas antes de completar sus PNR, la mayoría de ellos no han facilitado información al respecto. Es preocupante la insuficiente atención prestada a las reformas estructurales que podrían estimular el crecimiento a medio y largo plazo. A falta de tales políticas, las estrategias de saneamiento podrían estar condenadas al fracaso. De lo que se trata es de que los PNR definitivos correspondan a un programa de reforma específicamente orientado, del que se hayan «apropiado» los Estados miembros y diferentes agentes dentro de ellos, siguiendo al mismo tiempo ciertos criterios comunes que permitan generar sinergias y hagan posible un mejor seguimiento. En particular, se espera que los PNR definitivos recojan los siguientes aspectos: –estimaciones de crecimiento potencial y real de la producción a medio plazo durante un periodo de (al menos) cuatro años; los escenarios macroeconómicos presentados en los programas de 2011 deberían abarcar pues hasta 2014; –objetivos ambiciosos y realistas que abarquen los cinco objetivos principales de la UE, acompañados de trayectorias hasta 2020 con miras a la consecución de los objetivos, y un reexamen intermedio en 2014; –más precisiones sobre las medidas a largo plazo, sin circunscribirse a las que ya están en preparación, en particular un plan coherente de reforma de los sistemas de investigación e innovación, basado en un análisis de los puntos fuertes y débiles de los distintos Estados miembros; –efectos presupuestarios de las reformas, en particular, cuando proceda, indicaciones más claras sobre los planes relacionados con la utilización de los Fondos Estructurales en apoyo a una inversión propicia al crecimiento y sobre los progresos registrados al efecto a nivel nacional; –medidas destinadas a suprimir los cuellos de botella que frenan el crecimiento con detalles sobre los plazos, los efectos esperados y las consecuencias presupuestarias; estas medidas abordarán los factores o las condiciones marco para el crecimiento y podrían incluir, por ejemplo, medidas destinadas a respaldar el mercado interior, el entorno empresarial, el crecimiento y la internacionalización de las PYME, las reformas estructurales en los mercados de servicios (p. ej. la Directiva sobre servicios), la implantación de una sociedad y una economía digitales, mejores condiciones para los consumidores, etc.; los beneficios, especialmente en términos de productividad, de un uso más generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación son bien conocidos, por lo que es conveniente en muchos casos la adopción de medidas estratégicas específicas; –información sobre la participación y las contribuciones de los diferentes interesados; a este respecto, cabe destacar asimismo los esfuerzos desplegados para aproximar los programas de reforma a los interesados y a los ciudadanos, así como los mecanismos establecidos en los Estados miembros para supervisar la puesta en práctica de las reformas. 4.Conclusiones Para este primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, el seguimiento y la evaluación de los progresos registrados plantea un reto particular, dado que la estrategia Europa 2020 es muy reciente. En los meses siguientes a la adopción de la estrategia y a su aprobación por el Consejo Europeo en junio de 2010, la actuación a nivel de la UE se centró naturalmente en fijar el marco y en poner en marcha las siete iniciativas emblemáticas. Los Estados miembros, por su parte, han dado los primeros pasos de cara a sus propios programas de reforma. Habida cuenta del carácter novedoso del primer ciclo de puesta en práctica de la estrategia Europa 2020, los Estados miembros presentaron borradores de programas nacionales de reforma que prefiguran los documentos definitivos que se presentarán en abril de 2011. El examen temático muestra que mientras existe un consenso general sobre la urgencia de proceder a un saneamiento presupuestario y sobre la necesidad de restablecer el orden en los sectores bancario y financiero, se ha consagrado mucha menos energía a la definición de las reformas necesarias para corregir los desequilibrios y relanzar el crecimiento y la creación de empleo. Así ocurre igualmente en relación con los objetivos nacionales preliminares, de cuyo análisis se desprende la probabilidad de que la UE no pueda alcanzar los principales objetivos definidos a su nivel. Con todo, los datos preliminares revelan que los desfases no son tan grandes que no se puedan colmar mediante una acción decidida durante los próximos años. Lo que importa en los primeros años es generar una dinámica en pro de la consecución de objetivos que movilice los recursos de los distintos Estados miembros, sea cual sea su punto de partida. En los próximos meses, convendría avanzar sobre todo en las reformas estructurales tomando medidas a nivel nacional y poniendo en primer plano medidas propicias al crecimiento en el marco de las iniciativas emblemáticas, conforme a los mensajes clave del presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Los principales temas para el «semestre europeo» serán gestionar el retorno a la disciplina presupuestaria y a la estabilidad macroeconómica, emprendiendo al mismo tiempo reformas estructurales. A la luz de las conclusiones del Consejo Europeo de marzo, la Comisión evaluará los PNR y los programas de estabilidad o de convergencia de aquí a junio de 2011 y formulará a cada Estado miembro recomendaciones integradas específicas, sobre la base de las directrices integradas «Europa 2020», dando orientaciones al mismo tiempo en materia de política presupuestaria en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las recomendaciones y los dictámenes del Consejo sobre los programas de estabilidad y convergencia serán adaptados por el Consejo en julio de 2011. Corresponderá entonces a la UE y a los Estados miembros transformar estas recomendaciones y dictámenes en decisiones concretas en el momento de establecer sus presupuestos nacionales para 2012 en el transcurso del segundo semestre del presente año.