La recesión económica de 2020 y la respuesta fiscal a la pandemia de COVID-19 dieron lugar a un fuerte aumento del déficit y la deuda de las administraciones públicas. En 2020, el déficit se situó por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado en 25 Estados miembros, con un déficit agregado para la UE del 6,8 % del PIB. En 2021, la fuerte recuperación económica contribuyó a una mejora del déficit y la deuda de las administraciones públicas, y quince Estados miembros registraron déficits superiores al 3 % del PIB, mientras que el déficit agregado para la UE disminuyó hasta el 4,7 % del PIB. En marzo de 2020, la Comisión Europea, con el consentimiento de los ministros de Hacienda de la UE, activó la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El 23 de mayo de 2022, en su Comunicación sobre el paquete de primavera de 2022 del Semestre Europeo, la Comisión consideró que la Unión aún no había salido de un período de grave recesión económica y que se cumplían las condiciones para mantener la cláusula general de salvaguardia en 2023 y desactivarla en 2024. La Comisión invitó al Consejo a respaldar esta conclusión para aportar claridad a los Estados miembros. En la primavera de 2020, 2021 y 2022, la Comisión consideró que no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros, teniendo en cuenta las extraordinarias repercusiones macroeconómicas y fiscales de la pandemia de COVID-19 que, junto con la situación geopolítica de la primavera de 2022, generan una incertidumbre excepcional, en particular para diseñar una senda detallada de la política fiscal. Estas conclusiones tienen implicaciones directas para la evaluación del criterio relativo a la situación presupuestaria de las Administraciones públicas presentada en este informe.

El 23 de mayo de 2022, la Comisión presentó su paquete de primavera de 2022 del Semestre Europeo. Los Estados miembros deben centrarse principalmente en la aplicación oportuna de los planes de recuperación y resiliencia. Por consiguiente, la Comisión propone al Consejo que dirija a todos los Estados miembros con un plan de recuperación y resiliencia aprobado: una recomendación sobre política fiscal, en particular sobre las reformas presupuestarias estructurales cuando proceda; una recomendación sobre la aplicación del plan de recuperación y resiliencia y de los programas de la política de cohesión; una recomendación sobre la política energética, en consonancia con los objetivos de REPowerEU; cuando proceda, una recomendación adicional sobre los retos estructurales pendientes o de nueva aparición. El ámbito de las recomendaciones es mayor para los Estados miembros que no han aprobado planes de recuperación y resiliencia.

Bulgaria cumple el criterio relativo a las finanzas públicas. Actualmente, Bulgaria no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit excesivo. El saldo de las administraciones públicas permaneció en general estable con un déficit del 4,0 % del PIB en 2020 y un déficit del 4,1 % del PIB en 2021. Tras un período de superávit presupuestario, estos déficits son el resultado de la perturbación provocada por la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno búlgaro en respuesta a la misma. Las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión prevén que el saldo de las administraciones públicas mejore hasta el – 3,7 % del PIB en 2022. Los costes presupuestarios asociados a las personas que huyen de la guerra en Ucrania, así como las medidas adoptadas a la luz del aumento de los precios de la energía, afectan a la senda de recuperación del déficit. Se espera que el déficit alcance el – 2,4 % del PIB en 2023 en un supuesto de mantenimiento de la política económica actual. El 23 de mayo de 2022, la Comisión aprobó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de dieciocho Estados miembros, entre ellos Bulgaria. En general, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el análisis del informe sugería que Bulgaria no cumplía el criterio de déficit. En consonancia con su Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso la apertura de nuevos procedimientos de déficit excesivo. Esta señaló que la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto macroeconómico y fiscal extraordinario, que, combinado con la invasión rusa de Ucrania, genera una incertidumbre excepcional, en particular a la hora de diseñar una trayectoria detallada para la política fiscal. Por estas razones, la Comisión consideró que en la primavera de 2022 no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros. La ratio de deuda pública/PIB aumentó desde algo menos del 25 % en 2020 hasta el 25,1 % en 2021, y se espera que se mantenga prácticamente igual en 2022, antes de aumentar lentamente hasta el 26 % en 2023. A pesar del bajo nivel de deuda previsto para 2032 (37 % del PIB), los riesgos para la sostenibilidad de la deuda de Bulgaria parecen ser medios a medio plazo. La previsión está sujeta a una considerable incertidumbre. Bulgaria ha desarrollado un sólido marco fiscal en los últimos años y hoy tiene un mejor historial de cumplimiento. Sin embargo, el sistema de normas parece complejo, lo que aumenta la necesidad de racionalizar el proceso.

La tasa media de inflación anual medida por el IPCA fue del 1,2 % en 2020 y se aceleró hasta el 2,8 % en 2021. La inflación IPCA anual disminuyó del 1,3 % en abril de 2020 hasta el – 0,3 % en enero de 2021. A continuación, la inflación general aumentó a lo largo de 2021, antes de acelerarse bruscamente en los primeros meses de 2022 hasta alcanzar el 12,1 % en abril de 2022. La deflación de los precios de los alimentos no transformados y las bajas tasas de inflación de los precios de los alimentos transformados hicieron descender la inflación entre abril de 2020 y enero de 2021. La posterior aceleración de la inflación en 2021 se debió a las fuertes contribuciones de todas las categorías generales. En particular, los precios de los combustibles contribuyeron 3,5 puntos porcentuales a la tasa de inflación anual de diciembre de 2021. En la primera parte de 2022, la inflación general siguió aumentando como consecuencia de la subida de los precios de la energía y de otras subidas generalizadas de los precios. Las tasas de inflación anual medida por el IPCA en 2020 y 2021 fueron, de media, superiores a las de la zona del euro.

La legislación de Bulgaria —en particular, la Ley sobre el Banco Central de Bulgaria— no es plenamente compatible con la obligación prevista en el artículo 131 del TFUE. Existen incompatibilidades e imperfecciones en los ámbitos de la independencia del banco central, la prohibición de financiación monetaria y la integración del banco central en el SEBC en el momento de la adopción del euro en lo que respecta a las funciones del SEBC establecidas en el artículo 127, apartado 2, del TFUE y en el artículo 3 de los Estatutos del SEBC y del BCE.

El período de dos años pertinente para evaluar la estabilidad del tipo de cambio en el presente informe es el comprendido entre el 19 de mayo de 2020 y el 18 de mayo de 2022. En su evaluación del criterio de estabilidad del tipo de cambio, la Comisión tiene en cuenta la evolución de los indicadores auxiliares, como la evolución de las reservas de divisas y los tipos de interés a corto plazo. También tiene en cuenta el papel de las medidas de política adoptadas, en particular las intervenciones en mercados de divisas y la ayuda financiera internacional, cuando proceda, en el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio. Dos de los Estados miembros acogidos a una excepción evaluados en el presente informe participan actualmente en el mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC II), en concreto, Bulgaria y Croacia. La entrada en el MTC II se decide, a petición de un Estado miembro, por mutuo acuerdo de todos los participantes en el mecanismo . El presente informe no guarda relación con el proceso de entrada en el MTC II ni ofrece ninguna evaluación de la capacidad de un Estado miembro para entrar en el MTC II.

El artículo 3 del Protocolo sobre los criterios de convergencia establece lo siguiente: «El criterio relativo a la participación en el mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario europeo, […] se entenderá en el sentido de que el Estado miembro de que se trate haya observado, sin tensiones graves y durante por lo menos los dos años anteriores al examen, los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario europeo. En particular, no habrán devaluado, durante el mismo período, por propia iniciativa, el tipo central bilateral de su moneda respecto del euro» .

En el caso de Portugal, los factores específicos de cada país que se reflejan en la tasa media de inflación comparativamente muy baja incluyen una inflación energética comparativamente baja y la situación cíclica más débil del país en comparación con la mayoría de los demás Estados miembros de la UE. En la inflación de la energía influyó una combinación de factores, en particular una amplia gama de medidas reglamentarias que mantuvieron el crecimiento de los precios al por menor de la electricidad y el gas natural muy por debajo de la media de la UE. Además, la crisis de la COVID-19 tuvo un impacto negativo prolongado en la actividad y la inflación portuguesas. La actividad del país se vio más gravemente afectada que en la mayoría de los demás Estados miembros de la UE durante las primeras fases de la pandemia y, desde entonces, su recuperación ha sido comparativamente lenta. En el cuarto trimestre de 2021, el PIB de Portugal seguía estando muy por debajo del máximo alcanzado antes de la crisis y la brecha era la segunda mayor de la UE. Esto refleja principalmente la gran exposición de Portugal al turismo y, en particular, al turismo basado en la aviación, que se ha visto afectado de forma importante y duradera por la pandemia. La relativa debilidad de la recuperación de Portugal ha tenido un efecto moderador duradero sobre la inflación en los servicios, especialmente en sectores relacionados con el turismo.

La aplicación efectiva de las reformas y la inversión establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de Chequia abordará los principales retos macroeconómicos. Entre ellos se incluyen los cambios tecnológicos, como los que plantean la automatización y la transición ecológica, la inversión en investigación y desarrollo, nuevas guarderías y las medidas de reciclaje y mejora profesional. Se incluyen inversiones clave en la eficiencia energética de los edificios, las capacidades digitales y el acceso de las empresas a la financiación. Las principales reformas están dirigidas a abordar la calidad de la administración pública (en particular, la digitalización), ampliar la capacidad de las guarderías, mejorar el acceso al sector sanitario y su resiliencia, mejorar los programas educativos, actualizar los servicios del mercado laboral, apoyar las actividades de investigación e introducir de la innovación en las empresas. El entorno empresarial se está mejorando mediante varias medidas de administración electrónicas, reformas anticorrupción, en particular el refuerzo del marco institucional y administrativo vinculados a la prevención de conflictos de intereses y una reforma exhaustiva del procedimiento de concesión de permisos de construcción, que en la actualidad representan importantes obstáculos a la inversión en Chequia.

La Comisión también examinó factores adicionales, en particular la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados. El saldo exterior de Chequia (la suma de la balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital) registró un superávit excepcionalmente elevado del 3,6 % del PIB en 2020 debido al efecto de la crisis de la COVID-19 en los equilibrios comerciales y de renta primaria. La economía checa tiene una relación de gran integración con la zona del euro, gracias a los vínculos que representan el comercio y la inversión. Una selección de indicadores relativos al entorno empresarial muestra que los resultados de Chequia se sitúan aproximadamente en la media de los Estados miembros de la zona del euro. Los retos están relacionados con el marco institucional, en particular la eficiencia de la administración y el marco de lucha contra la corrupción, por ejemplo, en relación con la prevención de conflictos de interés. El sector financiero de Chequia es más pequeño y está menos desarrollado que el de la zona del euro. La financiación basada en el mercado está menos desarrollada, lo que se refleja en el muy reducido tamaño de los mercados de renta variable y deuda del sector privado. El sector financiero checo está muy integrado en el sector financiero de la zona del euro, particularmente debido a una participación elevada de capitales extranjeros en los intermediarios financieros.

Chequia no cumple el criterio relativo al tipo de cambio. La corona checa no participa en el MTC II. Chequia aplica un régimen de tipo de cambio flotante de iure, que permite al banco central realizar intervenciones en el mercado de divisas. Tras las medidas de confinamiento adoptadas en las primeras fases de la pandemia de COVID-19, la corona se depreció considerablemente, en torno al 6 %, en el mes de abril de 2020 (interanual). A partir de junio, fluctuó a niveles ligeramente superiores hasta diciembre de 2020, cuando entró en una fase de apreciación que finalizó abruptamente a principios de 2022. La apreciación estuvo impulsada principalmente por un fuerte endurecimiento monetario por parte del ČNB. Sin embargo, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, la corona checa experimentó fuertes presiones de depreciación, que provocaron intervenciones estabilizadoras a corto plazo del ČNB en el mercado de divisas a principios de marzo de 2022. En abril de 2022, la corona checa era aproximadamente un 12 % más fuerte frente al euro que dos años antes. Los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo frente a la zona del euro aumentaron desde alrededor de 90 puntos básicos en mayo de 2021 a alrededor de 580 puntos básicos en abril de 2022, tras el ciclo de fuerte endurecimiento que el ČNB inició en agosto de 2021.

Chequia cumple el criterio relativo a las finanzas públicas. Actualmente, Chequia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit excesivo. El saldo de las administraciones públicas empeoró ligeramente desde un déficit del 5,8 % en 2020 a un déficit del 5,9 % del PIB en 2021. Las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión prevén que el saldo de las administraciones públicas mejore hasta el – 4,3 % del PIB en 2022, a pesar del impacto negativo de la invasión rusa de Ucrania. Esto dio lugar a la aplicación de medidas de emergencia e integración para ayudar a aquellos que huyen de Ucrania, así como de medidas para reducir los costes de la energía. Se prevé que el saldo de las administraciones públicas alcance el – 3,9 % del PIB en 2023 en un supuesto de mantenimiento de la política económica actual. El 23 de mayo de 2022, la Comisión aprobó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de dieciocho Estados miembros, entre ellos Chequia. En general, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el análisis del informe sugería que Chequia no cumplía el criterio de déficit. En consonancia con su Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso la apertura de nuevos procedimientos de déficit excesivo. La Comisión señaló que la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto macroeconómico y fiscal extraordinario, que, combinado con la invasión rusa de Ucrania, genera una incertidumbre excepcional, en particular a la hora de diseñar una trayectoria detallada para la política fiscal. Por estas razones, la Comisión consideró que en la primavera de 2022 no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros. La ratio de deuda pública/PIB aumentó desde aproximadamente el 38 % en 2020 al 41,9 % en 2021, y se prevé que aumente hasta el 42,8 % en 2022 y al 44,0 % en 2023. Los riesgos para la sostenibilidad de la deuda de Chequia parecen ser medios a medio plazo, en concreto porque se prevé que la deuda de las administraciones públicas aumente hasta aproximadamente el 61 % del PIB en 2032. Esta previsión está sujeta a una considerable sensibilidad a una evolución macrofinanciera adversa. El marco fiscal nacional checo está bien desarrollado. Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, el Parlamento aceleró las enmiendas legislativas que permiten un mayor déficit a lo largo del período 2021-2027 y una trayectoria de ajuste más larga (corrección de 0,5 puntos porcentuales al año, en términos estructurales).

La legislación de Chequia —en particular, la Ley n.º 6/1993 del Consejo Nacional Checo sobre el Banco Nacional checo (Česká národní banka, ČNB)— no es plenamente compatible con la obligación prevista en el artículo 131 del TFUE. Las incompatibilidades se refieren a la independencia del banco central y su integración en el SEBC en el momento de la adopción del euro en lo que respecta a los objetivos del Česká národní banka (ČNB) y a las funciones del SEBC establecidas en el artículo 127, apartado 2, del TFUE y en el artículo 3 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Además, la Ley sobre el ČNB también contiene imperfecciones en relación con la prohibición de financiación monetaria y las funciones del SEBC.

La Comisión también ha examinado factores adicionales, en particular la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados. El saldo exterior de Bulgaria (la suma de la balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital) se ha mantenido excedentario, en un 1,5 % del PIB en 2020 y un 0,3 % en 2021. La economía búlgara mantiene una buena relación de integración con la zona del euro, gracias a los vínculos que representan el comercio y la inversión. Una selección de indicadores relativos al entorno empresarial muestra que los resultados de Bulgaria se sitúan por debajo de los de muchos Estados miembros de la zona del euro. Los retos están también relacionados con el marco institucional e incluyen la corrupción y la eficiencia de la administración. Sin embargo, en el contexto de una participación satisfactoria en el MTC II y de conformidad con el plan de recuperación y resiliencia, Bulgaria está tomando medidas para mejorar el entorno empresarial y mantener la estabilidad del sector financiero, en los cuatro ámbitos cubiertos por los compromisos asumidos después de la integración en el MTC II mencionados anteriormente. El sector financiero de Bulgaria es más pequeño y está menos desarrollado que el de la zona del euro, con una proporción de préstamos dudosos superior a la media que ha disminuido muy gradualmente en los últimos años. La banca domina el sector financiero búlgaro, y el sector bancario está bien integrado en el sector financiero de la UE, particularmente gracias a una participación elevada de capitales extranjeros. Sin embargo, la financiación basada en el mercado está menos desarrollada, lo que se refleja en el tamaño muy pequeño de los mercados de renta variable y deuda del sector privado. En el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, la Comisión concluyó en su informe sobre el mecanismo de alerta de 2022 que no era necesario llevar a cabo un análisis en profundidad de Bulgaria.

En consonancia con su régimen de caja de conversión, el tipo de cambio del lev búlgaro frente al euro se ha mantenido estable desde el anterior Informe de Convergencia. El período de dos años pertinente para la evaluación de la estabilidad de los tipos de cambio abarca del 19 de mayo de 2020 al 18 de mayo de 2022. El lev búlgaro se incorporó al MTC II el 10 de julio de 2020 y registra un tipo central de 1,95583 frente al euro con un margen normal de fluctuación de ± 15 %. El Banco Central de Bulgaria persigue su objetivo prioritario de estabilidad de precios mediante el establecimiento de un tipo de cambio fijo con una moneda ancla como parte de un régimen de caja de conversión. Bulgaria introdujo su régimen de caja de conversión en 1997, vinculando el lev al marco alemán y posteriormente al euro. Bulgaria se adhirió al MTC II con su régimen de caja de conversión en vigor, como un compromiso unilateral, por lo que no impone obligaciones adicionales al BCE. El tipo de cambio del lev se ha mantenido estable durante el período de evaluación de dos años sin indicios de tensiones o devaluación frente al euro. Los indicadores adicionales, como la evolución de las reservas de divisas y los tipos de interés a corto plazo, apuntan a que la percepción del riesgo por parte de los inversores con respecto a Bulgaria se ha mantenido favorable. Un elevado volumen de reservas oficiales sigue sosteniendo la resiliencia del régimen de caja de conversión. Tras la adhesión al MTC II, Bulgaria se comprometió a aplicar una serie de medidas de política, los denominados compromisos asumidos después de la integración, para garantizar que su participación en el mecanismo es sostenible y que el país alcanza un alto grado de convergencia económica antes de adoptar el euro. Las medidas abarcan cuatro ámbitos políticos: el sector financiero no bancario, el marco de insolvencia, el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la gobernanza de las empresas públicas. Bulgaria está trabajando actualmente en el cumplimiento de estos compromisos asumidos después de la integración, en estrecha colaboración con la Comisión, que supervisa sus avances.

La legislación de Hungría —en particular la Ley sobre el Banco Central de Hungría (Magyar Nemzeti Bank, MNB)— no es plenamente compatible con la obligación prevista en el artículo 131 del TFUE. Las incompatibilidades más destacables se refieren a la independencia del MNB, la prohibición de financiación monetaria y la integración del banco central en el SEBC en el momento de la adopción del euro con respecto a las funciones del SEBC establecidas en el artículo 127, apartado 2, del TFUE y en el artículo 3 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Además, la Ley sobre el MNB también contiene otras imperfecciones en relación con su integración en el SEBC.

La Comisión también examinó factores adicionales, en particular la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados. El saldo exterior de Croacia (la suma de la balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital) disminuyó hasta el 2,1 % del PIB en 2020 desde el 4,6 % del PIB en 2019 debido a las consecuencias económicas de la COVID-19. Al beneficiarse de un elevado superávit por cuenta corriente como resultado de la fuerte recuperación de las exportaciones de servicios turísticos, aumentó significativamente hasta el 5,5 % del PIB en 2021. La economía croata mantiene una buena relación de integración con la zona del euro gracias a los vínculos que representan el comercio y la inversión. Una selección de indicadores relativos al entorno empresarial muestra que los resultados de Croacia se sitúan por debajo de los de muchos Estados miembros de la zona del euro. Los retos están relacionados, entre otros, con el marco institucional y, en concreto, con la calidad de la normativa y la corrupción. Sin embargo, como parte de los compromisos asumidos después de la integración en el MTC II se ha renovado el esfuerzo de mejora del entorno empresarial, en particular para reducir la carga administrativa y las restricciones reglamentarias (véase también el apartado sobre las medidas relacionadas con el plan de recuperación y resiliencia). El sector bancario croata está muy integrado en el sistema financiero de la zona del euro, particularmente debido a un elevado porcentaje de capitales extranjeros en los intermediarios financieros. En julio de 2020, el BCE adoptó la decisión de establecer una estrecha cooperación con el Banco Nacional de Croacia en el ámbito de la supervisión bancaria. El BCE es ahora responsable de la supervisión de las principales instituciones bancarias croatas, y Croacia se ha adherido efectivamente a la unión bancaria. El sector financiero croata es más pequeño que el de la zona del euro en términos de PIB. Está dominado por el sector bancario, que está muy integrado en el sector bancario de la zona del euro, particularmente gracias a la participación de capitales extranjeros. Al mismo tiempo, el sector de los seguros y los fondos de pensiones también es relativamente importante en Croacia. Sin embargo, la financiación basada en el mercado está menos desarrollada, lo que se refleja en el muy reducido tamaño de los mercados de renta variable y deuda del sector privado. En el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, la Comisión concluyó en su informe sobre el mecanismo de alerta de 2022, que estaba justificado un examen exhaustivo de Croacia. En el cuadro de indicadores actualizado, que incluye cifras hasta 2020, los indicadores de la posición de inversión internacional neta (PIIN), del crecimiento de los costes laborales unitarios (CLU), del crecimiento del precio de la vivienda y de la deuda bruta de las administraciones públicas rebasaban sus umbrales indicativos. Sin embargo, las conclusiones del examen exhaustivo de 2022 de la Comisión indican que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos se reanudó en 2021, tras un deterioro relativamente contenido en 2020. Sobre la base de este examen exhaustivo, la Comisión estimó que Croacia ya no presenta desequilibrios macroeconómicos.

A más largo plazo, las perspectivas de inversión dependerán, en particular, de que los salarios crezcan en consonancia con la productividad. Los ciclos de inflación de Croacia ya están muy sincronizados con el ciclo de inflación de la zona del euro y se espera que la evolución de los salarios siga respaldando esta sincronización. Sin embargo, aunque las reformas del mercado laboral de 2013 y 2014 aumentaron significativamente su nivel de flexibilidad, la fijación de salarios sigue sin adaptarse completamente a la evolución de la productividad. Esta está relacionada en parte con el papel del sector público como líder salarial. No se espera que los riesgos asociados a la evolución de los salarios aumenten con la adhesión al euro. Además, las reformas relacionadas con el plan de recuperación y resiliencia (por ejemplo, la reducción de la carga administrativa y las tasas parafiscales, la desregulación de los servicios, etc.) deben mejorar la competencia del mercado y reducir los costes para las empresas, lo que a la larga supone una presión a la baja sobre los precios de los productos finales. En concreto, dos reformas podrían contribuir a armonizar mejor los salarios de productividad a medio plazo. La primera consiste en un nuevo modelo salarial y laboral en la función y la administración pública, que debe introducir un sistema salarial más justo, transparente y sostenible en la administración estatal y los servicios públicos. La segunda consiste en una modificación de la Ley del Trabajo (Labour Act) que, entre otros, aborda el empleo temporal no justificado e incentiva a los trabajadores para que permanezcan activos. Además, aunque existe un potencial para el aumento de la convergencia del nivel de precios a largo plazo, cabe señalar que, al situarse en torno al 67 % de la media de la zona del euro en 2020, el nivel de precios registrado en Croacia ya ha alcanzado un nivel de convergencia de precios con la zona del euro superior al de otros Estados miembros en el momento de su respectiva adhesión a la zona del euro.

El requisito de sostenibilidad implica que el respeto del valor de referencia es el resultado de los principales indicadores económicos, y no de factores coyunturales. El análisis de los principales indicadores económicos y el hecho de que en los próximos meses se siga alcanzando el valor de referencia respaldan una evaluación positiva en cuanto al cumplimiento del criterio de estabilidad de precios. Aunque se espera que las inversiones y reformas relacionadas con el plan de recuperación y resiliencia tengan un efecto moderado, si no de reducción de la inflación, a largo plazo, las inversiones también deben apoyar la demanda agregada a corto plazo (véase el apartado siguiente). Según las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión, se prevé que la inflación disminuya significativamente durante el período de previsión, lo que sugiere que cualquier posible efecto inflacionista a corto plazo de las inversiones relacionadas con el plan de recuperación y resiliencia debe seguir siendo limitado.

Según las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión, se prevé que la inflación aumente hasta el 9,0 % en 2022 y que disminuya al 4,1 % en 2023. Se espera que la inflación esté impulsada principalmente por los precios de la energía y las materias primas, pero también por aumentos salariales relativamente importantes. El nivel de precios relativamente bajo registrado en Hungría (alrededor del 63 % de la media de la zona del euro en 2020) parece indicar que existe potencial para el aumento de la convergencia del nivel de precios a largo plazo.

Hungría cumple el criterio relativo a las finanzas públicas. Actualmente, Hungría no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit excesivo. El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 7,8 % del PIB en 2020, antes de disminuir hasta el 6,8 % del PIB en 2021. Las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión prevén que el déficit de las administraciones públicas disminuirá hasta el 6,0 % del PIB en 2022 gracias a un crecimiento de la producción mejor de la esperado, y a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el impacto económico y social del aumento de los precios de la energía y del coste de la asistencia a quienes huyen de Ucrania. Se prevé que siga disminuyendo hasta el 4,9 % del PIB en 2023, en un supuesto de mantenimiento de la política económica actual. El 23 de mayo de 2022, la Comisión adoptó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de dieciocho Estados miembros, entre ellos Hungría. En general, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el análisis del informe sugería que Hungría no cumplía el criterio de déficit. En consonancia con su Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo. En su evaluación de todos los factores pertinentes, la Comisión consideró que el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda conllevaría un esfuerzo fiscal concentrado en las fases iniciales excesivamente exigente, que podría poner en riesgo el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales que concurren actualmente. La Comisión señaló que la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto macroeconómico y fiscal extraordinario, que, combinado con la invasión rusa de Ucrania, genera una incertidumbre excepcional, en particular a la hora de diseñar una trayectoria detallada para la política fiscal. Por estas razones, la Comisión consideró que en la primavera de 2022 no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros. La ratio de deuda pública/PIB disminuyó desde aproximadamente el 80 % en 2020 al 76,8 % en 2021, y se prevé que aumente hasta el 76,4 % en 2022 y que disminuya hasta el 76,1 % en 2023. Los riesgos para la sostenibilidad de la deuda de Hungría parecen ser medios a medio plazo. La previsión está sujeta a una incertidumbre particularmente importante y es sensible a una evolución macrofinanciera adversa. El marco fiscal húngaro se ha mejorado a través de reformas que comenzaron en 2011, pero aún queda margen de mejora. Podría reforzarse el papel del consejo presupuestario en la elaboración de la política fiscal, y aún podría reducirse más la volatilidad del marco a medio plazo.

Hungría no cumple el criterio relativo al tipo de cambio. El forint húngaro no participa en el MTC II. Hungría aplica un régimen de tipo de cambio flotante de iure, que permite la intervención del banco central en el mercado de divisas. En conjunto, el forint se depreció frente al euro durante el período abarcado por el informe, como consecuencia de los movimientos oscilantes de depreciación y apreciación. En particular, se produjo una fuerte depreciación inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, que se redujo parcialmente gracias a una política monetaria restrictiva. En abril de 2022, el forint era aproximadamente un 5 % más débil frente al euro que dos años antes. Los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo respecto de la zona del euro aumentaron significativamente desde el inicio de la crisis de la COVID-19, cuando se acentuó la anterior tendencia al alza de los tipos húngaros. El diferencial aumentó primero en invierno y a principios de la primavera de 2020, cuando se elevaron los tipos monetarios para sostener el tipo de cambio en el momento álgido de la crisis. Tras una estabilización alrededor de los 130 puntos básicos entre enero y junio de 2021, el diferencial comenzó a aumentar con fuerza debido al endurecimiento de la política monetaria. El diferencial alcanzó los 705 puntos básicos en abril de 2022.

Hungría no cumple el criterio de convergencia de los tipos de interés a largo plazo. El tipo de interés medio a largo plazo se situó en el 4,1 % en abril de 2022, superior, por tanto, al valor de referencia del 2,6 %. El tipo de interés a largo plazo de Hungría, que se situó en torno al 2,5 % en abril de 2020, disminuyó hasta finales de 2020, lo que refleja la relajación de la política monetaria llevada a cabo por los principales bancos centrales. El tipo de interés a largo plazo de Hungría empezó a aumentar de nuevo en 2021, en concreto a partir de septiembre de 2021, como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, hasta superar el 4 % en noviembre de 2021. El aumento de los tipos de interés a largo plazo continuó y se aceleró aún más en marzo de 2022, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. A pesar del aumento de los tipos del bono de referencia alemán durante el mismo período, la diferencia a largo plazo con respecto al bono alemán de referencia ha aumentado en los dos últimos años y alcanzó los 584 puntos básicos en abril de 2022.

La Comisión también ha examinado factores adicionales, tales como la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados. El saldo exterior (la suma de la balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital) se deterioró en 2020 y 2021, debido principalmente al fuerte crecimiento de las importaciones no compensado por las exportaciones, que se vieron afectadas por las perturbaciones provocadas por la COVID-19. El saldo exterior se deterioró desde el 1,0 % del PIB en 2020 al – 0,4 % en 2021. La economía húngara tiene una relación de gran integración con la zona del euro, gracias a los vínculos que representan el comercio y la inversión. Una selección de indicadores relativos al entorno empresarial muestra que los resultados de Hungría se sitúan por debajo de los de muchos Estados miembros de la zona del euro. Hungría se enfrenta, entre otros, a retos en ámbitos como el control de la corrupción, la independencia judicial y la calidad de la toma de decisiones. El sistema financiero de Hungría se caracteriza por una gran presencia de conglomerados extranjeros que no ejercen ninguna intermediación financiera en la economía nacional. Si se excluyen, el sistema financiero de Hungría está menos desarrollado que el de la zona del euro. El sector bancario de Hungría tiene un peso importante y relativamente estable en el sector financiero y está bien integrado en el sistema financiero de la zona del euro debido a un porcentaje relativamente elevado de capitales extranjeros. Los mercados de renta variable y deuda son pequeños y están relativamente menos desarrollados.

Hungría presentó su plan de recuperación y resiliencia el 11 de mayo de 2021. La Comisión está evaluando el plan para asegurarse de que se cumplen todos los criterios de evaluación. El plan propone inversiones y reformas para reforzar la atención primaria y los hospitales, aumentar la capacidad del sistema de cercanías y aumentar la producción de energías renovables a nivel residencial.

6.POLONIA

A la luz de su evaluación de la compatibilidad de la legislación y del cumplimiento de los criterios de convergencia, y teniendo en cuenta los factores adicionales pertinentes, la Comisión estima que Polonia no cumple las condiciones para la adopción del euro.

La legislación de Polonia —en particular la Ley sobre el Banco Central de Polonia (Narodowy Bank Polski, NBP) y la Constitución de la República de Polonia— no es plenamente compatible con la obligación prevista en el artículo 131 del TFUE. Las incompatibilidades están relacionadas con la independencia del banco central, la prohibición de financiación monetaria y la integración del banco central en el SEBC en el momento de la adopción del euro. Además, la Ley sobre el NBP también contiene algunas imperfecciones en relación con la independencia del banco central y su integración en el SEBC en el momento de la adopción del euro.

Polonia no cumple el criterio relativo a la estabilidad de precios. La tasa media de inflación en Polonia durante los 12 meses anteriores a abril de 2022 fue del 7,0 %, muy superior, por tanto, al valor de referencia del 4,9 %. Se prevé que se mantenga muy por encima de este valor de referencia en los próximos meses.

La inflación IPCA anual de Polonia siguió una tendencia alcista durante la mayor parte de 2020 y 2021, con una media del 3,7 % en 2020 y del 5,2 % en 2021, debido principalmente a la inflación en los servicios y la energía. El IPCA anual cayó hasta el 2,9 % en abril de 2020, tras el efecto de reducción de la inflación de la primera ola de la pandemia en Polonia. Se recuperó hasta el 3,8 % en junio de 2020 y se mantuvo prácticamente constante hasta febrero de 2021. A continuación, la inflación anual aumentó bruscamente a lo largo de 2021 y principios de 2022, impulsada por el aumento de los precios de la energía y de los alimentos, así como por la aceleración de la inflación subyacente (impulsada por los bienes industriales no energéticos y los servicios). En abril de 2022, alcanzó el 7,0 %. Las tasas de inflación anual medidas por el IPCA de Polonia en 2020 y 2021 fueron, de media, superiores a las de la zona del euro.

Según las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión, se prevé que la inflación aumente hasta el 11,6 % en 2022 y hasta el 7,3 % en 2023. Se espera que los precios de la energía aumenten considerablemente en un contexto de incremento de los precios regulados de la energía a principios de 2022, aunque el aumento se verá contrarrestado en cierta medida por un paquete de medidas adoptado por el Gobierno para reducir los tipos impositivos pagados sobre la energía y los productos alimenticios. El nivel de precios relativamente bajo registrado en Polonia (alrededor del 56 % de la media de la zona del euro en 2020) parece indicar la existencia de un potencial importante de convergencia del nivel de precios a largo plazo.

Polonia cumple el criterio relativo a las finanzas públicas. Actualmente, Polonia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit excesivo. El déficit de las administraciones públicas aumentó bruscamente hasta el 6,9 % del PIB en 2020 y cayó al 1,9 % en 2021. Las previsiones económicas de la primavera de 2022 de la Comisión prevén que la ratio déficit/PIB se deteriore hasta el 4,0 % en 2022, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el impacto económico y social del aumento de los precios de la energía y del coste de la asistencia a quienes huyen de Ucrania. Se prevé que alcance el 4,4 % en 2023 en un supuesto de mantenimiento de la política económica actual. El 23 de mayo de 2022, la Comisión aprobó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de dieciocho Estados miembros, entre ellos Polonia. En general, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el análisis del informe sugería que Polonia no cumplía el criterio de déficit. En consonancia con su Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión no propuso la apertura de nuevos procedimientos de déficit excesivo. La Comisión señaló que la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto macroeconómico y fiscal extraordinario, que, combinado con la invasión rusa de Ucrania, genera una incertidumbre excepcional, en particular a la hora de diseñar una trayectoria detallada para la política fiscal. Por estas razones, la Comisión consideró que en la primavera de 2022 no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros. La ratio deuda pública/PIB disminuyó de alrededor del 57,1 % en 2020 al 53,8 % en 2021, y se prevé que siga disminuyendo hasta el 50,8 % en 2022 y el 49,8 % en 2023. El análisis de la sostenibilidad de la deuda de Polonia apunta a un riesgo bajo a medio plazo, principalmente por que se prevé que la deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB hasta 2032. El marco fiscal polaco es sólido en general y las reglas presupuestarias numéricas ocupan un lugar central. Recientemente, el marco se relajó ligeramente para tener en cuenta las presiones derivadas de la pandemia de COVID-19.

Polonia no cumple el criterio relativo al tipo de cambio. El zloty polaco no participa en el MTC II. Polonia aplica un régimen de tipo de cambio flotante de iure, que permite la intervención del banco central en el mercado de divisas. El zloty se depreció considerablemente tras el inicio de la crisis de la COVID-19 a principios de 2020. Posteriormente atravesó un período de fluctuaciones, pero no mostró una tendencia clara hasta febrero de 2022. El NBP intervino activamente en el mercado de divisas para estabilizar el zloty durante este período. El estallido de la invasión rusa de Ucrania debilitó el zloty. En abril de 2022, el zloty era aproximadamente un 2 % más débil frente al euro que dos años antes. Los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo respecto de la zona del euro fluctuaron significativamente en 2020 y 2021, lo que refleja las diferencias entre las políticas monetarias de Polonia y la zona del euro. Se redujo a niveles históricamente bajos tras el inicio de la crisis de la COVID-19 como consecuencia de la relajación de la política monetaria del NBP. A partir de octubre del 2021, el diferencial de los tipos de interés a corto plazo se amplió rápidamente a medida que el NBP endurecía su política, y el tipo de referencia alcanzó el 5,25 % en mayo de 2022. Las reservas internacionales mantenidas por el NBP aumentaron y, a finales de 2021, ascendían a 147 000 millones EUR (alrededor del 26 % del PIB).

Polonia no cumple el criterio de convergencia de los tipos de interés a largo plazo. El tipo de interés medio a largo plazo durante los 12 meses anteriores a abril de 2022 fue del 3,0 %, superior, pues, al valor de referencia del 2,6 %. La relajación de la política monetaria tras el inicio de la pandemia en 2020 contribuyó a una disminución significativa de los tipos de interés a largo plazo, que se mantuvieron en el 1,3 % hasta finales de 2020. En enero de 2021, el tipo de interés a largo plazo alcanzó su nivel más bajo registrado (1,2 %) antes de iniciar un ascenso moderado hasta el verano. El endurecimiento de la política monetaria, que comenzó en octubre de 2021, contribuyó pues a un considerable aumento del tipo de interés a largo plazo, que alcanzó el 3,0 % en abril de 2022. El diferencial del tipo de interés a largo plazo frente al bono de referencia alemán disminuyó considerablemente durante los primeros meses de la crisis de la COVID-19 y fluctuó en torno a 180 puntos básicos hasta abril de 2021. A mediados de 2021, empezó a aumentar ligeramente y, en octubre de 2021, el diferencial había empezado a ampliarse. A finales de 2021, el diferencial del tipo de interés a largo plazo se situó en torno a los 373 puntos básicos y continuó ampliándose hasta los 521 puntos básicos en abril del 2022.

La Comisión también examinó factores adicionales, en particular la evolución de la balanza de pagos y la integración de los mercados. El saldo exterior del Polonia (la suma de la balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital) se ha mantenido excedentario en 2020 y 2021, pero se debilitó a finales de 2021 y principios de 2022 debido al aumento del precio de las importaciones de materias primas. La economía polaca mantiene una buena relación de integración con la zona del euro, gracias a los vínculos que representan el comercio y la inversión. Una selección de indicadores relativos al entorno empresarial muestra que los resultados de Polonia se sitúan por debajo de los de muchos Estados miembros de la zona del euro, en concreto en lo que se refiere a los indicadores sobre el Estado de Derecho y la eficacia de las administraciones públicas. El sector financiero de Polonia es más pequeño y está menos desarrollado que el de la zona del euro. Está muy dominado por la banca, que están bien integrada en el sistema financiero de la zona del euro. La financiación basada en el mercado está menos desarrollada, lo que se refleja en el muy reducido tamaño de los mercados de renta variable y deuda del sector privado.

Polonia presentó su plan de recuperación y resiliencia el 3 de mayo de 2021. El plan propone inversiones y reformas para descarbonizar la economía polaca, hacer que el sector del transporte sea más sostenible, abordar los retos relacionados con el clima de inversión, en particular en lo que respecta al sistema judicial polaco y a los procesos legislativos y de toma de decisiones, mejorar la conectividad informática y aumentar la resiliencia del sistema sanitario.