COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA DE 2002 (presentada de conformidad con el apartado 3 del artículo 99 del Tratado) {SEC (2003) 33}

PARTE I

Evaluación general(1)

1) Comunicación de la Comisión

ÍNDICE

RESUMEN

1. Introducción

2. Descripción de los principales ámbitos de actuación

2.1 Garantizar unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

2.2 Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

2.3 Robustecer los mercados laborales

2.4 Reavivar la reforma estructural de los mercados de productos.

2.5 Promover la eficacia y la integración del mercado de los servicios financieros de la UE

2.6 Fomentar el espíritu empresarial

2.7 Estimular la economía del conocimiento

2.8 Potenciar la sostenibilidad medioambiental

3. Evaluación por Estados miembros - resumen

3.1 Bélgica

3.2 Dinamarca

3.3 Alemania

3.4 Grecia

3.5 España

3.6 Francia

3.7 Irlanda

3.8 Italia

3.9 Luxemburgo

3.10 Países Bajos

3.11 Austria

3.12 Portugal

3.13 Finlandia

3.14 Suecia

3.15 Reino Unido

// RESUMEN

Las OGPE 2002 confirmaron la estrategia económica ya asentada. // La presente Comunicación expone los avances realizados en respuesta a las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) adoptadas en 2002, año marcado por la introducción de los billetes y monedas en euros. Las OGPE de 2002 establecieron y confirmaron la estrategia económica destinada a facilitar la realización de los objetivos fundamentales del Tratado y de la agenda política acordada por los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo. Es una estrategia establecida en los últimos años y bien asentada. Unas políticas macroeconómicas sanas, unidas a un esfuerzo constante de mejora del funcionamiento de nuestras economías mediante grandes reformas estructurales de los mercados de trabajo, de productos y de capital, contribuirán a afianzar la recuperación a corto plazo, aumentar el potencial de crecimiento a medio plazo y responder a los problemas estructurales y de sostenibilidad a largo plazo. Contribuirán, además, a reforzar la cohesión económica y social. La presente Comunicación ofrece una evaluación general de la aplicación de las recomendaciones formuladas en las OGPE 2002, acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que analizan la situación país por país. De conformidad con el acuerdo del Consejo sobre modernización de los procedimientos de coordinación de 3 de diciembre de 2002, el presente "Informe de Aplicación" apoya y completa el Informe de Primavera de la Comisión, formando así el primer Paquete de Aplicación.

Las principales conclusiones del informe son las siguientes :

La recuperación no cobra fuerza. // Tras la caída registrada en 2001, la recuperación iniciada a principios de 2002 no se aceleró en meses sucesivos. La demanda interna, ya débil, se deprimió ante un nuevo deterioro de la confianza debido a los escándalos contables en los EEUU, al descenso de las cotizaciones bursátiles y a las crecientes tensiones internacionales. A pesar del flojo crecimiento, prosiguió la creación de empleo, aunque a débil ritmo, y el aumento de la tasa de desempleo, por primera vez desde 1996, ha sido puramente marginal. La inflación bajó con lentitud, reflejando la abrupta subida de los precios de la energía y de los alimentos frescos, pero también, lo que es más importante, la persistencia de una elevada inflación subyacente, debida especialmente al sector servicios

Las políticas macroeconómicas fueron correctas en líneas generales, pero la inflación las complica. // Aunque a principios de 2002 se esperaba un endurecimiento de la política monetaria para frenar las presiones inflacionistas resultantes de la reactivación prevista, las autoridades monetarias, ante la lenta bajada de la presión inflacionista y el escaso crecimiento, se mantuvieron a la expectativa hasta bien entrado el otoño y sólo a finales de año relajaron su política. En el conjunto de la UE, la orientación de la política presupuestaria fue globalmente neutra, cuando no ligeramente expansionista. A pesar de la debilidad de la actividad económica y del poco crecimiento de la productividad laboral, no se observaron signos de reducción de salarios. Pese a beneficiar al poder adquisitivo de las familias, el sostenido aumento de los salarios contribuye también a la pervivencia de una elevada inflación subyacente y a la erosión de los márgenes de beneficio, lo que podría lastrar la inversión si la tendencia no llegara a invertirse mediante una recuperación cíclica posterior de la productividad.

Las situaciones presupuestarias se deterioraron por efecto de los estabilizadores automáticos, pero también por una relajación discrecional en algunos Estados miembros. // Las situaciones presupuestarias se deterioraron claramente en 2002 por la acción de los estabilizadores automáticos, pero también, en algunos casos, por una relajación discrecional. Estados miembros con déficits estructurales aún elevados dejaron de avanzar hacia presupuestos equilibrados o con superávit, o incluso retrocedieron, lo que obligó a la Comisión a tomar medidas en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tras publicar recomendaciones de alerta rápida a Alemania y Portugal a principios de 2002, la Comisión abrió en otoño el procedimiento de déficits excesivos a estos dos Estados. También en otoño, se publicó una recomendación similar a Francia. Algunos Estados miembros (Irlanda y Austria) que habían alcanzado posiciones presupuestarias estructurales próximas al equilibrio o con superávit no las mantuvieron.

Calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas: algunos progresos, pero escasas garantías de futuro. // A pesar de las tensiones presupuestarias, la inversión pública se mantuvo o aumentó ligeramente, excepto en Alemania, Grecia y Portugal. Alemania, España, Italia y Portugal adoptaron medidas destinadas a mejorar el control del gasto público. Las reformas de los sistemas de pensiones iniciadas en 2002 por Portugal, Grecia, Finlandia y el Reino Unido son un buen paso, pero en la mayor parte de los Estados miembros (y en particular en Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal) la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública no está nada segura. En particular, Alemania, Grecia, Francia, Italia y Portugal no avanzan con suficiente decisión hacia posiciones presupuestarias sanas, lo que es muy preocupante. Grecia e Italia no logran reducir su elevado coeficiente de deuda, dato igualmente alarmante.

Mercados de trabajo: las reformas comienzan a dar resultados en términos de resistencia de los mercados, pero es indispensable acelerar el ritmo de las reformas para cumplir los objetivos de Lisboa. // Las reformas de la segunda mitad de los años 90 contribuyeron a estimular el empleo, a través, entre otras cosas, del aumento de contenido de empleo del crecimiento, y a fortalecer la economía de la UE. Teniendo en cuenta el escaso vigor del crecimiento económico, los mercados de trabajo se han comportado relativamente bien en 2002, pues ha seguido creciendo el empleo y la subida del desempleo ha sido sólo marginal. En alguna medida, estos resultados relativamente positivos pueden obedecer a ciertas reservas de empleo, y podrían tener un impacto negativo este año. Con todo, se trata de los primeros signos de la eficacia de las reformas de los últimos años. En este contexto, es lamentable el escaso avance de las reformas en 2002 y la práctica ausencia de cualquier signo de atención a las OGPE 2002, que pedían una aceleración de la reforma para cumplir los objetivos de Lisboa, mensaje reiterado posteriormente en el proyecto de Informe Común sobre el Empleo (ICE). Aunque la mayoría de los Estados miembros han adaptado sus regímenes fiscales y de prestaciones para incentivar la búsqueda de empleo y hacerlo más atractivo, las medidas han sido parciales y generalmente centradas en los impuestos, sin atender a los efectos combinados de impuestos y prestaciones. Al llamamiento del Consejo Europeo de Barcelona a subir en aproximadamente 5 años la edad media real de jubilación para 2010 no ha respondido una reforma decidida de los sistemas de pensiones y de jubilación anticipada. Suecia, Dinamarca y Finlandia, y en menor medida Alemania, España y el Reino Unido, adoptaron medidas para reforzar el seguimiento de la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, generalmente poco desarrolladas. Se observan pocas iniciativas en los Estados miembros para suprimir obstáculos a la movilidad geográfica. Algunos (Francia, Italia y Portugal) han introducido nuevas medidas de flexibilidad en los mercados laborales, y en este contexto crece la tendencia a buscar un mayor equilibrio entre seguridad y flexibilidad. Los Estados miembros han respondido a los desajustes entre oferta y demanda de cualificaciones adaptando sus sistemas de formación profesional y sus estrategias de formación continua. Del mismo modo, y con objeto de fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, varios Estados miembros adoptaron medidas de mejora de los servicios de guardería (Alemania, España, Irlanda y Luxemburgo) o de incremento de los incentivos financieros (Bélgica, España e Irlanda).

Mercados de productos: culminación laboriosa del mercado interior, pero avances en la armonización de las políticas de competencia, aunque ésta sigue siendo insuficiente en las industrias de red liberalizadas. // El avance en el perfeccionamiento del mercado interior ha sido decepcionante, puesto que sólo cinco Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido) cumplieron el objetivo del Consejo Europeo de reducir el déficit de transposición de la legislación del mercado interior por debajo del 1,5% para la primavera de 2003, y tres (Francia, Grecia y Portugal) presentaban un déficit superior al 3 %. Además, la gran cantidad de procedimientos de infracción de las normas del mercado interior, en particular en Francia e Italia, muestra que aún queda mucho por hacer en este terreno. La eliminación de las barreras que aún se oponen a los intercambios y a los servicios transfronterizos también sigue siendo muy lenta. En cambio, se ha avanzado bien en el refuerzo de las autoridades reguladoras y de competencia. Las ayudas estatales siguen bajando (excepto en Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos), y aumenta la proporción de ayudas horizontales frente a las ayudas sectoriales e individuales. Prosigue la liberalización de las industrias de red, pero los operadores históricos mantienen importantes cuotas de mercado. La competencia es aún insuficiente, aunque las ventajas de la liberalización de las telecomunicaciones y de la energía comienzan a llegar a los consumidores. El Consejo llegó a finales de año a un acuerdo político sobre el paquete de la electricidad y el gas, el acceso a los servicios portuarios y el cielo único europeo, pero es de lamentar que no se ponga de acuerdo sobre la revisión de la normativa financiera y las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transporte, sobre los contratos de servicio público en el transporte de viajeros y sobre la asignación de franjas horarias en los aeropuertos.

Mercados de capital: los avances en la aplicación del PASF desde Barcelona deben consolidarse; es necesaria una aceleración similar del PACR. // Son alentadores los avances de la integración de los mercados financieros, que permitirá cumplir en gran medida los ambiciosos objetivos del Consejo Europeo de Barcelona para 2002. Es preciso mantener el impulso con objeto de culminar el Plan de Acción en materia de Servicios Financieros en 2005. La aplicación del Plan de Acción del Capital de Riesgo continúa, pero debería acelerarse en todos sus ámbitos. Varios Estados miembros se esforzaron por consolidar la vigilancia financiera transectorial, pero es indispensable mejorar la coordinación transfronteriza. Se han puesto en marcha estudios para la supresión de barreras a los pagos y compensaciones transfronterizos. Deberán dar paso a propuestas y decisiones concretas.

Promoción de la capacidad empresarial: el entorno mejora lentamente, pero con resultados muy variables por países y sectores. // Se han adoptado medidas, tanto comunitarias como nacionales, para mejorar el entorno empresarial y que fomentar la capacidad emprendedora. El entorno regulador mejora en todos los Estados miembros. Algunos (entre ellos Francia, Italia, Austria y Portugal) adoptaron medidas para reducir los plazos y gastos de establecimiento de nuevas empresas, reducir la carga administrativa y fomentar la competencia en determinados sectores. En Bélgica, Dinamarca, Portugal y Suecia se han puesto en marcha reformas destinadas a aumentar la eficiencia del sector público, y son cada vez más numerosas las administraciones que ofrecen servicios en línea. Francia, Irlanda, Países Bajos y Portugal redujeron los tipos del impuesto de sociedades, y Grecia simplificó su régimen. La aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresas está bien encaminada en todos los Estados miembros.

Economía del conocimiento: lenta convergencia en el uso de las TIC, pero con deficiencias importantes en I+D y patentes en el sector privado. // La UE recupera lentamente su retraso con los EEUU en el uso de las TIC, pero los retrasos de las empresas en materia de patentes e I+D siguen siendo importantes y tenaces. Cabe lamentar que el Consejo aún no se ponga de acuerdo sobre la patente comunitaria, a pesar de los reiterados llamamientos del Consejo Europeo. La utilización de Internet siguió creciendo. Algunos Estados miembros han actuado en materia de educación, en particular para reforzar la formación profesional y responder así a los cambios de las necesidades de cualificación. Se adoptaron iniciativas para facilitar la transferencia de cualificaciones y competencias con fines universitarios y profesionales.

Desarrollo sostenible: medidas adoptadas. // La intensificación de la competencia en los mercados de la electricidad y el gas contribuirá a reforzar la eficacia de los instrumentos de mercado, pero se avanza poco en la apertura del mercado del transporte ferroviario de mercancías. Alemania y Suecia aumentaron sus impuestos sobre la energía y/o el carbono, mientras que los Países Bajos, Francia y el Reino Unido adoptaron otras medidas de protección del medio ambiente. Se registran sólidos avances hacia la aprobación de la propuesta de la Comisión sobre comercio de derechos de emisión en la CE; entró en vigor el régimen británico de comercio de derechos de emisión para los gases de efecto invernadero y se avanza en un sistema similar en los Países Bajos. En cambio, no hay avances en la reducción de subvenciones y exenciones fiscales dañinas para el medio ambiente.

En lugar de redoblar de esfuerzos para relanzar la economía, hay demasiadas inercias y retrocesos. // A pesar de los avances, el cuadro global que se desprende del Informe es bastante decepcionante. La reacción ante la desaceleración del crecimiento se caracteriza por inercias y retrocesos. Una vez más, se paga el precio de no haber saneado más la hacienda pública en la fase de crecimiento. Y de nuevo, los gobiernos se resisten a impulsar reformas estructurales que dinamicen la economía para avanzar decididamente hacia los objetivos de Lisboa. Es preciso pasar de las palabras a los hechos y reconocer la urgencia de la situación. En vez de confiar en una reactivación económica impulsada desde fuera, la UE debería contar mucho más con sus fuerzas internas. Debe reforzar urgentemente, del lado de la oferta, el marco necesario para el crecimiento. Las reformas estructurales pueden favorecer el crecimiento también a corto plazo, ya que tienen efectos positivos sobre la confianza.

1. Introducción

La estrategia política económica a medio plazo de la UE se fija en las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), cuya última actualización se efectuó en junio de 2002 [1]. Además de alcanzar unas políticas macroeconómicas sanas, su objetivo es una reforma estructural completa. A corto plazo debería facilitar respuestas flexibles a los cambios de las condiciones económicas, y a medio plazo consolidar la capacidad productiva de la economía. Sin embargo, la estrategia política solamente puede dar fruto si su ejecución es completa.

[1] Véase la Recomendación del Consejo sobre las OGPE, de 21 de junio de 2002, publicada en el Diario Oficial nº L 182, de 11 de julio de 2002.

La presente Comunicación valora el grado en que se han tomado medidas políticas eficaces en respuesta a las directrices. Su aportación es pues fundamental para la vigilancia multilateral de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, según prevé el apartado 3 del artículo 99 del Tratado . Supone también un paso importante para la preparación de las próximas OGPE. En la línea del acuerdo del Consejo de 3 de diciembre de 2002 sobre el enfoque racionalizado, el presente "Informe de ejecución" se presenta en enero dentro del primer Paquete de ejecución, en apoyo y conjuntamente con el informe de primavera de la Comisión. Su pronta presentación debería permitir un mejor seguimiento de la aplicación antes del Consejo Europeo de primavera, que se celebrará en marzo y se centrará en el seguimiento de la estrategia de Lisboa. A tenor de las orientaciones políticas generales de ese consejo, la Comisión presentará nuevas directrices políticas a principios de abril en su Paquete de orientaciones, que comprenderá las OGPE, las Orientaciones sobre empleo y las correspondientes recomendaciones sobre empleo.

Estrategia de las OGPE

1. Garantizar unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad.

2. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

3. Vigorizar los mercados laborales.

4. Reavivar la reforma estructural de los mercados de productos.

5. Promover la eficacia y la integración del mercado de los servicios financieros de la UE.

6. Fomentar el espíritu de empresa.

7. Estimular la economía del conocimiento.

8. Incrementar la sostenibilidad medioambiental.

La presente Comunicación se complementa con un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que efectúa una evaluación a fondo de la aplicación de las recomendaciones país por país. La evaluación recoge los resultados de otros procesos de coordinación y utiliza los

indicadores estructurales elaborados para supervisar el progreso según la estrategia de Lisboa. Sin embargo, el presente documento no trata cuestiones de sostenibilidad medioambiental debido a la ausencia de documentación sistemática y comparable sobre la situación en los Estados miembros.

Con todo, las conclusiones presentadas deben interpretarse con cautela. Las directrices fueron adoptadas recientemente, por lo que se dispone de relativamente poca información, y la que se posee es parcial o provisional [2]. Aún así, cuando se ha considerado lo bastante fiable, se ha incorporado toda la nueva información que ha sido posible. Ello explica por qué existen en ocasiones pequeñas diferencias con los datos y valoraciones de anteriores informes, como el proyecto de la Comisión de Informe conjunto sobre el empleo. La temprana presentación del Informe de ejecución ha acentuado este problema. Además, muchas de las recomendaciones de las OGPE son a medio y largo plazo, sobre todo las relativas a las reformas estructurales. Su puesta en práctica no puede evaluarse todavía de manera definitiva, ya que el resultado de la acción política tardará algún tiempo en materializarse.

[2] El informe se basa en las previsiones económicas de la Comisión de otoño de 2002 y en los datos económicos disponibles el 20 de diciembre de 2002.

2. Descripción de los principales ámbitos de actuación

2.1 Garantizar unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

2.1.1 Situación económica

Dado que la recuperación no cobra impulso...

Tras una prometedora recuperación del crecimiento en el primer trimestre de 2002, las OGPE de 2002 reconocían que, con un nuevo fortalecimiento de la recuperación, la tasa de crecimiento de la economía de la UE se situaría en la segunda mitad de 2002 y en 2003 en valores próximos o superiores al potencial. Sin embargo, parte de los riesgos de desaceleración del principal escenario de crecimiento se han materializado de hecho. La creciente incertidumbre, alimentada por las continuas pérdidas del mercado de valores y las tensiones de la política mundial, parece haber socavado la confianza necesaria para impulsar la recuperación del consumo privado y del comercio internacional que se esperaba sostuviera la aceleración del crecimiento económico. A causa de ello, el crecimiento previsto en el conjunto de 2002 se reduce en medio punto, quedando en un escuálido 1 por ciento. La aún esperada aceleración del crecimiento en 2003 será también mucho menos pronunciada.

Pese a este débil crecimiento, los mercados laborales siguieron mostrando una notable resistencia. Aun cuando se ralentizó considerablemente, la creación de empleo continuó superando las pérdidas de puestos de trabajo, de modo que, en promedio, el empleo seguirá creciendo. Por ello, y en contra de las expectativas anteriores, se estima que en 2002 el desempleo en la UE sólo aumentó ligeramente en 0,2 puntos, situándose en el 7,6 por ciento de la masa laboral.

La inflación ha tardado en bajar y sigue habiendo disparidades entre los Estados miembros. En ello han influido también los aumentos de los precios del petróleo y de los alimentos frescos, ligados respectivamente a las tensiones internacionales y al mal tiempo. Pero la inflación de base también ha sido bastante resistente, sobre todo debido a los aumentos de los precios de los servicios. Los factores de estos aumentos son las secuelas de las últimas subidas de los precios de importación, un menor incremento de la productividad y una presión competitiva menor en el sector de servicios que en el sector industrial de productos no energéticos, un cambio gradual de la estructura de la demanda, el incremento de los precios administrados, el declive de la incidencia de la desregulación en la tendencia a la baja, un cierto impacto atribuido al cambio al euro en determinados servicios específicos, y el aumento cíclico de los costes laborales unitarios [3].

[3] Eurostat calcula los efectos del cambio al euro en la inflación de la zona del euro (primer semestre de 2002) en 0,0-0,2%. Las estimaciones de los institutos estadísticos nacionales indican que en algunos Estados miembros las repercusiones pueden haber sido ligeramente superiores.

... las políticas macroeconómicas se han mantenido en general neutrales.

Las políticas macroeconómicas han sido acomodaticias en vista de las débiles condiciones del crecimiento económico.

Después de los cuatro rebajas de los tipos de interés en 2001, debido a que los riesgos inflacionarios persistían dada la desaceleración del crecimiento económico, la política monetaria en la zona euro se mantuvo controlada en la mayor parte de 2002. A principios de 2002, se esperaba en general que el siguiente paso del BCE sería de firmeza a la vista de la reactivación de la presión inflacionista y de las perspectivas de aceleración del crecimiento. Sin embargo, la recuperación no cobró impulso, y las progresivas consecuencias del impacto de baches anteriores contribuyeron a disminuir los riesgos inflacionistas. En esta situación, sólo a principios de diciembre de 2002 decidió el BCE recortar sus principales tipos de interés en 50 puntos básicos. El fortalecimiento del euro en relación con los principales socios comerciales desde el segundo trimestre contribuye a controlar la inflación, sostiene la renta familiar disponible y desvía la demanda final al ámbito nacional. Fuera de la zona euro, el banco central de Dinamarca imitó al BCE, primero controlando su política monetaria y luego rebajando los tipos de interés en 50 puntos básicos a principios de diciembre. En Suecia, el incremento de los tipos de interés en 50 puntos básicos en la primavera de 2002 se invirtió posteriormente a mediados de noviembre y principios de diciembre. En el Reino Unido se tuvo controlada la política monetaria a lo largo de todo 2002.

Aunque la situación presupuestaria general se ha mantenido neutral en la zona euro, la falta de consolidación presupuestaria en el pasado, y la franca laxitud actual en algunos de los Estados miembros que no pueden afrontarla ha puesto bajo presión el marco de la política macroeconómica, y seguramente ha impedido una concepción más apropiada de la política a seguir. Las políticas claramente expansionistas de Dinamarca, Suecia y el Reino Unido hacen que lo sea también en cierto grado la política presupuestaria general de la UE. Las posiciones presupuestarias nominales se deterioraron cuando entraron en acción los estabilizadores automáticos para amortiguar la débil actividad económica. Los aumentos salariales, aun cuando han sido relativamente altos a tenor del escaso crecimiento, han sostenido el poder adquisitivo doméstico. Si los recientes incrementos de los costes laborales unitarios se invierten gracias a la posterior recuperación cíclica de la productividad, la actual tendencia salarial seguirá siendo coherente con el mantenimiento de la estabilidad de los precios y la creación de empleo a medio plazo.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

2.1.2 Evolución presupuestaria

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) alcanzar o mantener posiciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit a lo largo del ciclo económico, y asegurar el respeto de estos objetivos a medio plazo, a más tardar antes de 2004; ii) asegurar la financiación apropiada de las reformas fiscales, evitar las políticas fiscales procíclicas y permitir que los estabilizadores automáticos actuaran íntegramente, asegurando al mismo tiempo una ejecución rigurosa de sus presupuestos; y iii) seguir consolidando las finanzas públicas con vistas a asegurar su viabilidad a largo plazo.

Evolución presupuestaria en 2002

En contra de lo esperado, las posiciones presupuestarias se deterioraron en 2002 por segundo año consecutivo. Esto se debió en parte al funcionamiento de los estabilizadores automáticos en respuesta a una recuperación macroeconómica más lenta que la prevista en las OGPE de 2002, pero también porque el exceso de gasto y/o los cambios fiscales flotantes en varios países (por ejemplo, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, y Finlandia) motivaron el deterioro de su posición presupuestaria subyacente. A causa de ello, el déficit presupuestario real de la zona euro para 2002 se calcula en el 2,3 por ciento del PIB.

Para todos los Estados miembros, con excepción de Finlandia, España, Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido, el resultado presupuestario fue sustancialmente peor que el proyectado en los programas de estabilidad y convergencia presentados al final de 2001, cuando el déficit gubernamental para 2002 de la zona euro se estimó en el 1,1 por ciento del PIB (véase el gráfico 1). Portugal y Alemania no pudieron cumplir el valor de referencia del 3% en 2001 y 2002, respectivamente, por lo que la Comisión ha iniciado el procedimiento de déficit excesivo. El déficit del Gobierno portugués, aunque se ha reducido, puede seguir por encima del límite del 3% también en 2003. Otros países no pudieron avanzar sustancialmente para alcanzar (como Francia, Italia o Grecia) o mantener (como Irlanda o Austria) posiciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit.

Dada la persistencia y gravedad de la ralentización de 2001 y 2002 y la desviación presupuestaria en varios Estados miembros, que arrojaron unos déficits presupuestarios mayores que los previstos en las OGPE, se hizo evidente al final de 2002 que la realización del objetivo a medio plazo a más tardar en 2004 (según lo acordado en las OGPE sólo unos meses antes) era muy difícil de conseguir sin arriesgar la recuperación. La Comisión y los ministros acordaron en octubre de 2002 que los Estados miembros que no hubieran alcanzado el objetivo de presupuesto próximo al equilibrio o con superávit, debían introducir un ajuste continuo de la balanza subyacente de al menos un 0,5 por ciento anual del PIB en los próximos años.

Presupuestos para 2003

Para adoptar sus disposiciones presupuestarias para 2003, los Estados miembros se guiaron por su compromiso de evitar déficits excesivos y de alcanzar y mantener el objetivo a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por consiguiente, se espera que el equilibrio nominal y subyacente para la zona euro mejore en 2003, aunque marginalmente. Sin embargo, entre los Estados miembros con déficits públicos importantes, la previsión económica de la Comisión de otoño de 2002 indica que el ajuste del equilibrio subyacente podría quedarse corto en un 0,5 por ciento para Grecia, Francia, Italia, y Austria, señalando la necesidad de acelerar la consolidación, también para asegurar su viabilidad a largo plazo. Debido a la significativa divergencia de objetivos presupuestarios en 2002 y a causa de un déficit nominal del 2,9 por ciento del PIB

previsto para 2003 en las previsiones económicas de la Comisión de otoño de 2002, peligrosamente próximo al 3% del valor de referencia de déficit excesivo, la Comisión recomendó al Consejo que enviara un aviso a Francia.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.1.3 Evolución salarial

Las OGPE de 2002 recomendaban: i) que el aumento salarial nominal fuera compatible con la estabilidad de los precios; ii) que el aumento de los salarios reales no excediera el crecimiento de la productividad laboral; y iii) que las instituciones laborales y los sistemas nacionales de negociación permitieran una evolución de los salarios en función de los diferenciales de productividad y de cualificaciones.

Evolución de la masa salarial

En conjunto, el aumento de los salarios nominales de alrededor del 3 por ciento en 2002 coincide en general con la estabilidad de los precios a medio plazo. Sin embargo, al igual que en 2001, junto con la ralentización cíclica del crecimiento aparente de la productividad laboral, se estima que contribuyó a un mayor incremento de los costes laborales unitarios. Aun cuando fue inferior al de 2001, el aumento, todavía alto, de alrededor del 2,5 por ciento, ha contribuido a una inflación básica persistentemente elevada.

El aumento relativamente sostenido de los salarios nominales, que en parte refleja los convenios multianuales previamente celebrados, ha permitido también un aumento bastante firme de los salarios reales y del poder adquisitivo de la renta doméstica. Sin embargo, debido a su lentitud de respuesta ante la ralentización de la productividad, el crecimiento de los salarios reales ha venido siendo superior al de la productividad laboral. El mayor aumento resultante de los costes unitarios laborales reales ha afectado a la rentabilidad.

Por países, los aumentos salariales nominales han sido relativamente firmes en Grecia, Irlanda, los Países Bajos y Portugal, es decir, países con mercados laborales relativamente rígidos y/o una inflación bastante alta. Los costes laborales unitarios reales se incrementaron especialmente en Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Finlandia.

Diferenciación de salarios

En 2002 no se han adoptado nuevas iniciativas políticas importantes a fin de promover instituciones laborales y sistemas nacionales de negociación que permitan que los salarios evolucionen de manera más ajustada a los diferenciales de productividad.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2 Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) hacer que los regímenes fiscales y de prestaciones sociales sean más favorables al empleo; ii) promover la calidad del gasto público; iii) aumentar la eficacia del gasto público; iv) mejorar la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas; v) reformar las políticas de pensiones para salvaguardar la adecuación de las pensiones, mantener la sostenibilidad financiera y atender a las variaciones de las necesidades sociales; y vi) emprender la coordinación fiscal y aplicar el acuerdo del Consejo de noviembre de 2000 sobre el paquete fiscal.

Regímenes fiscales y de prestaciones sociales

Se siguió progresando para adecuar más al empleo los regímenes fiscales y de prestaciones sociales (véase la sección 2.3).

Calidad y reorientación del gasto público

El gasto público puede potenciarse de manera más eficaz a través de la reducción de la carga de intereses y de redirección del gasto primario, entre otras cosas, para incrementar la inversión en áreas clave (como I+D y capital humano) y apoyar las perspectivas futuras de competitividad y crecimiento. En 2002, los pagos de intereses continuaron cayendo en varios Estados miembros, pero no al mismo ritmo que en los primeros años de la UME. En algunos países (Alemania, Francia) se espera que se mantengan al mismo nivel que el pasado año y serán probablemente más altos para Austria.

La inversión pública se ha mantenido muy estable en la UE en los últimos años (véase el gráfico 3) en una situación de cambio cíclico de la inversión privada. No obstante, pese a las aportaciones recibidas de los fondos estructurales o de cohesión de la Comunidad, parece que se ha producido un declive significativo en algunos países con posiciones presupuestarias no muy sólidas, como Portugal, Grecia y Alemania. En cambio, en los países con posiciones presupuestarias sólidas siguió en aumento la inversión pública en función del PIB.

>SITIO PARA UN CUADRO>

La estructura del gasto público no cambió mucho en 2002. Las transferencias sociales siguen representando la mayor parte (34,5 por ciento del gasto total de la zona euro, véase el gráfico 4), sin cambios desde el año anterior. Refleja en parte el papel de los stabilizadores automáticos, puesto que las transferencias relacionadas con el desempleo han aumentado algo en la actual coyuntura económica. Sin embargo, esto reflejaría para algunos países un gasto público estructural relativamente alto en pensiones que absorbería parcialmente otras transferencias sociales y/o inversiones públicas en capital físico y humano. En la zona euro en conjunto, la inversión pública (como porcentaje del gasto público total) disminuyó marginalmente, pasando del 4,9 por ciento en 2001 al 4,8 por ciento en 2002, por primera vez después desde hace varios años. La proporción de pagos de intereses disminuyó marginalmente, del 7,6 por ciento de 2001 al 7,4 por ciento en 2002.

Una evaluación completa de la calidad del gasto público se ve obstaculizada por la ausencia de datos puntuales y completos. Los Estados miembros deberían mejoar la calidad de los datos, mediante una clasificación detallada del destino del consumo público.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Eficacia y control del gasto público

Los Estados miembros siguieron aplicando normas y procedimientos presupuestarios para mejorar la eficacia y el control. Estas normas son variables, y constan de presupuestos plurianuales, normas de gasto con límites explícitos sobre la tasa de crecimiento anual y acuerdos entre los distintos niveles de Gobierno. Sin embargo, la desviación observada de los objetivos fiscales muestra que la aplicación de estas normas es insuficiente. El mecanismo para controlar el gasto público a nivel subnacional sigue siendo una cuestión clave para varios Estados miembros. Alemania introdujo este año un pacto nacional de estabilidad, en el que un Consejo intergubernamental (entre distintos niveles de Gobierno) puede formular recomendaciones sobre el método para alcanzar la disciplina fiscal. En Portugal, la ley de estabilidad presupuestaria (en vigor a partir de 2003) establece límites más rigurosos (aunque temporales) al préstamo neto a todos los niveles de la Administración, y en caso de no observarse los topes de préstamo, la ley presupuestaria puede sancionar una reducción automática de las transferencias del Estado proporcional a la desviación real. En España, las nuevas normas se aplicarán a partir de 2003. Las cuentas deberían estar equilibradas por lo menos a todos los niveles de la Administración, y la posibilidad de tener déficits se limita a situaciones temporales y excepcionales. Italia está mejorando el control de la dinámica del gasto en los distintos organismos de la Administración.

Se hace difícil evaluar la incidencia del gasto público en los objetivos económicos y sociales. La eficacia del gasto depende de los vínculos entre las entradas (sobre todo, pero no sólo en efectivo) y la producción. Una evaluación apropiada exige tener mejor información, especialmente sobre las medidas de las entradas (políticas y gasto) y de los resultados (objetivos conseguidos), y una evaluación microeconómica detallada de las políticas concretas.

Continuidad a largo plazo y reforma de las políticas de pensiones

Todos los Estados miembros se han comprometido a adoptar las medidas necesarias, y en especial la reforma del régimen de pensiones, para asegurar la viabilidad a largo plazo. A lo largo de 2002, algunos Estados miembros aplicaron reformas que se espera reduzcan el impacto del envejecimiento de la población en el gasto público (Portugal) o que fortalezcan la base contributiva (Finlandia). Otros países han seguido acelerando los procesos de reforma iniciados en los últimos años, como los dirigidos a mejorar los incentivos para prolongar la vida activa, disminuyendo los futuros índices de sustitución de los regímenes públicos y fomentando el desarrollo de prestaciones privadas de jubilación a través de incentivos y concesiones fiscales.

Sin embargo, estas reformas no parecen bastar por sí solas para garantizar la viabilidad a largo plazo en todos los países de la UE. La viabilidad a largo plazo de la hacienda pública está lejos de estar garantizada en la mayoría de los países (especialmente en Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Austria y Portugal). Es también fundamental incrementar la tasa de ocupación y adoptar políticas sanas de hacienda pública para estar preparados ante el impacto del envejecimiento. Varios Estados miembros aún no han alcanzado las posiciones presupuestarias próximas al equilibrio, y todo nuevo retraso en el cumplimiento el requisito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tendrá consecuencias a largo plazo para la continuidad de las finanzas públicas.

Sería necesario, al parecer, adoptar un compromiso más firme para reducir los niveles de deuda de varios Estados miembros que muestran un elevado índice de deuda del Estado, como Italia y Grecia. En Italia se ha detenido el lento ritmo de reducción de la deuda, que se espera que se mantenga alrededor del 110 por ciento del PIB. La deuda del Gobierno griego estaría próxima al 106 por ciento de PIB, el mismo nivel que en 1998. Estas tendencias no muestran un índice satisfactorio de reducción, que podría hacer que los niveles de deuda cayeran por debajo del 60% del valor de referencia antes de que se produzca el impacto del envejecimiento (es decir, dentro de 15 ó 20 años).

Paquete fiscal

La fiscalidad sigue siendo fuente de fragmentación en el mercado interior. La obligación de respetar 15 regímenes fiscales diferentes tiene costes y dificulta el crecimiento y el empleo. Por ello es lamentable que, tras su acuerdo de noviembre de 2000 sobre el paquete fiscal, el Consejo no pudo llegar a un pleno acuerdo sobre el paquete fiscal antes de finales de diciembre de 2002. El Grupo del código de conducta continuó su trabajo sobre la eliminación de regímenes fiscales perjudiciales de las empresas y pronto procederá a una evaluación inicial de la adecuación de las propuestas para desmantelarlos. Tras el acuerdo político sobre el texto de la Directiva sobre la tributación del ahorro en la Comunidad en diciembre de 2001, se ha alcanzado un acuerdo sobre el formato estándar que debe utilizarse para el intercambio de información.

2.3 Robustecer los mercados laborales

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) adaptar los regímenes fiscales y de prestaciones sociales para rentabilizar el trabajo; ii) mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral; iii) suprimir los obstáculos a la movilidad geográfica; iv) salvaguardar la posibilidad de empleo y facilitar la movilidad profesional; v) promover una organización flexible del trabajo y revisar las normativas sobre los contratos laborales; y vi) eliminar barreras a la participación de la mujer en el trabajo.

El mercado laboral ha dado muestras de una cierta resistencia en la actual ralentización. El empleo continuó aumentando en 2002 en el conjunto de la UE, si bien a un ritmo muy inferior al de los cinco años anteriores. Mientras que el impacto de la ralentización se hizo notar en todos los Estados miembros, el crecimiento del empleo varió considerablemente, del 2,8 por ciento en Luxemburgo al 1,3 por ciento en España e Irlanda, mientras que en Alemania se reducía un 0,5 por ciento. Hasta ahora, el desempleo se ha recuperado moderadamente en la UE, mostrando el típico desfase con respecto al crecimiento del PIB. Aquí también son importantes las diferencias entre los Estados miembros. Para casi la mitad de los Estados miembros, la tasa media de desempleo en 2002 no fue superior a la de 2001. Los índices reducidos de desempleo a largo plazo desde 1999 (véase el gráfico 3) siguen reflejando las mejoras estructurales del mercado laboral. En 2001 (no se dispone aún de datos de 2002), el índice general de empleo fue del 64 por ciento, 1,7 puntos más que en 1999, antes de iniciarse la estrategia de Lisboa; y aumentó durante el período 1999-2001 en todos los Estados miembros excepto en uno (véanse los gráficos 4 y 5). En el mismo período, el nivel de empleo femenino subió 2,1 puntos, situándose en el 54,9 por ciento. El nivel de empleo de los trabajadores de mayor edad se incrementó en 1,5 puntos, hasta el 38,6 por ciento (véase el gráfico 7). Sin embargo, casi todos los Estados miembros que registraron un descenso en 2001 tenían ya unos índices inferiores a la media de la UE, hecho que indica claramente los problemas estructurales que deben superarse para lograr el objetivo de Estocolmo del 50% antes de 2010.

En conjunto, los Estados miembros hicieron ciertos progresos con la reforma del mercado laboral en 2002, aunque el impulso de la reforma no parece haber aumentado con respecto al año pasado. Sin embargo, en las débiles condiciones económicas actuales, existe la necesidad específica de dedicarse enérgicamente a conseguir estas reformas, sobre todo porque sigue siendo un desafío formidable alcanzar los objetivos intermedios de nivel de empleo para la UE (67% en conjunto y 57% para la mujer antes de 2005).

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Regímenes fiscales y de prestaciones sociales

La mejora de los incentivos para conseguir empleo o para permanecer en él sigue siendo un reto importante en la mayor parte de los Estados miembros, en especial en vista de los bajos niveles de empleo de los trabajadores de mayor edad y del envejecimiento de la población. Aunque se avanzó algo en 2002, las medidas adoptadas fueron, por lo general, fragmentarias; no se emprendió una reforma a fondo de los impuestos y de las prestaciones para hacer rentable el trabajo. La mayor parte de los Estados miembros siguieron apostando por medidas de tipo fiscal, en lugar de adoptar intervenciones combinadas entre impuestos y prestaciones. Las prestaciones sociales y los regímenes de jubilación anticipada recibieron sorprendentemente poca atención, habida cuenta del acuerdo del Consejo Europeo de Barcelona de aumentar, antes de 2010, la edad preceptiva para tener derecho a la pensión efectiva en unos cinco años. Una importante reforma del régimen de pensiones se introdujo en Grecia, y Finlandia adoptó también nuevas medidas sobre la reforma de las pensiones, si bien con largos períodos de transición, lo cual implica que su incidencia en el mercado laboral será probablemente lenta. Varios Estados miembros recortaron los impuestos sobre el trabajo (Francia, Dinamarca, Italia), mientras que otros siguieron aplicando las reformas fiscales acordadas anteriormente. Bélgica tomó medidas para simplificar los distintos incentivos fiscales para contratar grupos específicos de trabajadores. Italia decidió autorizar los servicios privados de búsqueda de empleo; y el Reino Unido combinó el servicio de empleo con la administración de prestaciones para las personas en edad laboral. En Alemania, la Comisión "Hartz" ha emprendido reformas similares del servicio de empleo. En España se consolidaron los requisitos de obligatoriedad de búsqueda de trabajo y de movilidad ligados a los subsidios de desempleo, y en Luxemburgo se endureció el acceso a las prestaciones de incapacidad.

Políticas activas del mercado laboral (ALMP)

Las medidas de activación que están bien dirigidas a las necesidades de las personas y del mercado laboral pueden ser una aportación importante para evitar que el desempleo cíclico se convierta en paro de larga duración. El gasto en ALMP supuso una media de alrededor del 1 por ciento del PIB de los Estados miembros en 2000 aunque, salvo algunas excepciones, no se supervisa con regularidad la eficacia de estas medidas. Se lograron mejoras significativas en este ámbito en los países que poseen ya una sólida cultura de control de la eficacia del gasto en ALMP, como por ejemplo Suecia, Dinamarca y Finlandia. Unos pocos países tomaron también medidas limitadas en este campo (Alemania, España y el Reino Unido).

Movilidad geográfica y profesional y cualificaciones

Varios Estados miembros tienen que hacer frente a importantes disparidades regionales en el rendimiento del mercado laboral. Se tomaron pocas medidas nuevas para fomentar la movilidad regional de los trabajadores. España ha empezado a abordar la falta de incentivos motivada por incoherencias del régimen de prestaciones sociales. No se ha prestado ninguna atención especial a otros obstáculos a la movilidad, como la rigidez de los mercados inmobiliarios.

El desajuste entre las cualificaciones ofrecidas y las requeridas en el mercado laboral sigue también frenando el empleo. En general, los Estados miembros siguieron respondiendo al desafío de los embotellamientos con ajustes de sus sistemas de formación profesional y con estrategias de formación continua, y la ralentización ha aliviado en cierta medida la rigidez del mercado laboral. En los dos Estados miembros (Grecia y Portugal) a los que se habían formulado recomendaciones directas para mejorar las cualificaciones y la productividad de su mano de obra se alcanzaron ciertos progresos con esas reformas.

Flexibilidad y modernización

En muchos Estados miembros, siguen siendo una prioridad los horarios flexibles y a tiempo parcial, y la organización del trabajo, normalmente aplicados por los agentes sociales. En Francia, las nuevas disposiciones de horario laboral flexible compensan en parte las reducciones globales de la jornada laboral. Italia y Portugal esperan próximamente aprobar legislación que, respectivamente, introduzca nuevas formas de contratos laborales y amplíe las posibilidades del empleo a plazo fijo, mientras que España está intentando hacer menos atractivos los contratos a muy corto plazo, y existe a este respecto una tendencia cada vez más clara a equilibrar seguridad y flexibilidad en los mercados de trabajo. Las reformas de la legislación de protección del empleo (EPL) han recibido poca o ninguna atención. En Austria se amplió el sistema de indemnización, reduciendo su nivel, para fomentar una mayor movilidad. También se adoptaron en España y se anunciaron en Francia medidas parciales relativas a los costes de la EPL y del despido.

Obstáculos a la participación de la mano de obra femenina

Siguen pesando en la participación femenina en el mercado laboral las dificultades para compaginar las actividades de trabajo y atención a la familia, así como su regreso al mercado laboral después de las interrupciones de su trabajo profesional. Varios Estados miembros han adoptado medidas para mejorar la disponibilidad de instalaciones de atención a la infancia, y diez de ellos se han fijado objetivos en este sentido. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a la atención a otras personas a cargo. Otros han dirigido las reformas fiscales y de las prestaciones a la mejora de los incentivos para que las mujeres consigan empleo (Bélgica, España e Irlanda) y varios Estados miembros (Bélgica, Alemania, Austria y el Reino Unido) están aplicando gradualmente una alineación de la edad preceptiva de jubilación de los trabajadores de sexo femenino y de sexo masculino para tener derecho a la pensión legal. Pese a la mayor concienciación sobre estos temas, no hay muestras de que los Estados miembros hayan abordado los factores subyacentes que posibilitan la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres.

2.4 Reavivar la reforma estructural de los mercados de productos.

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) aplicar plenamente el mercado interior (incrementar los niveles de transposición, eliminar los obstáculos técnicos al comercio, crear un mercado interior eficaz de servicios y abrir más el mercado de contratación pública); ii) asegurar la competencia efectiva (asegurar la eficacia de la competencia y de las autoridades reguladoras, asegurar una ayuda estatal menor y mejor); y iii) acelerar las reformas en las industrias de red (fomentar la entrada en el mercado, asegurar la libertad de elección del proveedor energético, construir nueva infraestructura y abrir los mercados del transporte).

El progreso en el último año sobre la plena aplicación del mercado interior ha sido bastante decepcionante, con un leve declive del ritmo de transposición y lentitud en la eliminación de los obstáculos que persisten a las actividades transfronterizas de comercio y servicios. Por otra parte, se ha avanzado a buen paso en la armonización de las políticas de competencia en toda Europa. Ha continuado el proceso de liberalización de las industrias de red, pero la cuota de mercado de los operadores tradicionales sigue siendo alta. La competencia es aún insuficiente, pero se ha avanzado en particular en los sectores de telecomunicaciones y de la energía, y en otros sectores en los que empiezan ya a notarse las ventajas que la liberalización tiene para los consumidores.

Puesta en práctica del mercado interior

Por primera vez desde 1992, descendieron en 2001 tanto la ratio comercio total/PIB como la proporción de los flujos de inversión extranjera directa con respecto al PIB, lo cual indicaría una ralentización del proceso de integración económica europea. El grado de dispersión de los precios en los Estados miembros de la UE pasó del 15,3 por ciento en 2000 al 14,8 por ciento en 2001, nivel comparable al observado a finales de los años 90. La dispersión de precios en la zona euro, sin embargo, se mantuvo constante alrededor del 12 por ciento.

El índice de transposición de las Directivas del mercado interior ha experimentado un ligero descenso, del 98 por ciento en noviembre de 2001 al 97,9 por ciento en noviembre de 2002, lo que indica que los Estados miembros han reducido sus esfuerzos en este campo (véase el gráfico 8). Solamente son 5 los Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) que de momento han cumplido el objetivo del 98,5 por ciento. Considerando la aplicación de la legislación del mercado interior, el número total de procedimientos de infracción del mercado interior sigue siendo alto, sobre todo en Francia e Italia

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No ha aumentado perceptiblemente el ritmo al que se elaboran las normas sobre nuevos productos y la eficacia con que se aplica el principio de reconocimiento mutuo. La persistente falta de concienciación sobre el principio de reconocimiento mutuo y los costes que se atribuyen a su aplicación práctica siguen retrasando la entrada en el mercado en la mayoría de los Estados miembros, si no en todos.

La Comisión publicó recientemente un inventario completo de los obstáculos a empresas y consumidores en la realización de servicios transfronterizos [4]. Entre estos obstáculos pueden mencionarse, por ejemplo, la duración, complejidad y duplicación de trámites administrativos y la existencia y el ejercicio de facultades discrecionales por parte de las autoridades locales. Sobre la base del inventario, que muestra los problemas que afectan a todos los Estados miembros, la Comisión pretende proponer medidas para eliminar los obstáculos identificados.

[4] Estado del mercado interior de servicios, COM (2002) 441 final.

El valor de los anuncios de licitación publicados en 2001 en el Diario Oficial con respecto al valor total de la contratación pública (15 por ciento) se mantuvo sin cambios con respecto al año anterior. Alemania continuó rezagada, con una proporción del 6 por ciento. La contratación pública se está utilizando cada vez más. En 2002, Dinamarca, Alemania e Irlanda han avanzado particularmente en este sentido. Además, se ha alcanzado un acuerdo político sobre los principales puntos del paquete legislativo sobre la contratación pública, pero no se ha adoptado todavía formalmente.

Competencia y políticas reguladoras

Se han tomado medidas para mejorar la eficacia de las políticas de competencia. En todos los Estados miembros, a excepción de Luxemburgo y Finlandia, las autoridades nacionales de competencia tienen ahora poderes para hacer cumplir los artículos 81-82 del Tratado CE, relativos a los acuerdos entre empresas y al abuso de posición dominante. Algunos Estados miembros (incluidos Grecia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido) han adoptado medidas para aumentar los recursos y la capacidad de actuación de sus autoridades de competencia, mientras que otros (Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda y Portugal) han reforzado sus autoridades reguladoras. A nivel de la UE, han avanzado a buen paso las acciones para modernizar la aplicación de las normas sobre la competencia. En noviembre de 2002 se adoptó un nuevo Reglamento por el que se modernizan los mecanismos de ejecución de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, y en diciembre de 2002, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de modificación del Reglamento sobre fusiones.

La ayuda estatal (excluidas las ayudas a la agricultura y a la pesca) superó en 2000 el 1 por ciento del PIB en Bélgica, Dinamarca, Alemania y Luxemburgo. Sin embargo, los niveles de ayuda como porcentaje del PIB siguieron bajando en todos los Estados miembros de la UE, a excepción de Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. Al mismo tiempo, la evolución de las ayudas para objetivos horizontales sube en todos los Estados miembros excepto en Austria. El marcador y el registro de ayudas estatales de la Comisión contribuyen a la transparencia de las políticas de ayuda estatal. La Comisión está estudiando métodos para evaluar la eficacia de las ayudas estatales como instrumento político.

Reformas estructurales en las industrias de red

Se han adoptado las normas para un sector competitivo de la comunicación, habiéndose llegado a un acuerdo sobre todos los elementos del paquete normativo de telecomunicaciones. Sin embargo, en muchos Estados miembros la cuota de mercado de los operadores tradicionales en llamadas locales sigue siendo alta (es decir, superior al 80 por ciento), lo que contribuye a explicar el descenso de precios marginal para tales llamadas. En algunos países, la cuota de mercado de los operadores tradicionales se ha mantenido alta incluso para las llamadas de larga distancia. Pese a estas cifras, la situación competitiva está mejorando, pues la preselección de operadores está en pleno funcionamiento para las llamadas locales.

En 2002 prosiguió la liberalización del mercado de la electricidad, con un aumento del grado de apertura legal en Bélgica, Grecia, España, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. En cuanto al gas, el grado de apertura legal del mercado se incrementó en Austria, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y España. Sin embargo, sigue siendo limitada la competencia en el sector de la energía, según lo medido por la cuota de mercado del operador tradicional o por el grado de transferencia por parte de los usuarios de gas y electricidad (véanse los gráficos 5 y 6).

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Una de las razones es que los mercados de la energía no están todavía lo bastante integrados a nivel de la Unión. Sin embargo, se ha alcanzado en el Consejo un acuerdo político sobre el paquete de la electricidad y el gas, en el que se ha fijado una fecha para la apertura de los mercados de clientes particulares, así como sobre un sistema arancelario transparente y no discriminatorio para las operaciones transfronterizas. Por otra parte, se ha avanzado en el aumento del nivel de interconexiones eléctricas entre Estados miembros.

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Se han observado también algunas mejoras y ha mejorado la eficacia de utilización de las infraestructuras de interconexión (entre Francia y el Reino Unido, Grecia e Italia y, en cierta medida, entre Dinamarca y Alemania) con mecanismos basados en el mercado que se utilizan cada vez más para su asignación. Sin embargo, la capacidad de asignación y los mecanismos de fijación de aranceles siguen siendo muy ineficaces, y siguen restringiendo la competencia. Dinamarca, Alemania, Italia, los Países Bajos, Austria, Suecia y el Reino Unido han abierto a la competencia su red de transporte de mercancías por ferrocarril para los servicios nacionales. No obstante, es probable que la mayoría de Estados miembros no hayan traspuesto el primer paquete de infraestructura ferroviaria en su fecha de entrada en vigor (15 de marzo de 2003). Además, no hay todavía ningún acuerdo en el Consejo y en el Parlamento sobre el reglamento financiero y las directrices revisadas para redes transeuropeas de transporte, el segundo paquete ferroviario, los contratos de servicio público para el transporte de pasajeros y la asignación de franjas horarias (slots) en los aeropuertos. Para terminar con una nota positiva, se alcanzó un acuerdo en el Consejo sobre la Directiva de los servicios postales, sobre el cielo único europeo y sobre una posición común sobre el acceso a los servicios portuarios.

2.5 Promover la eficacia y la integración del mercado de los servicios financieros de la UE

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) intensificar los esfuerzos de todas las partes para asegurar la plena ejecución del PASF en 2005 a más tardar, y en 2003 para la legislación de los mercados de valores; ii) intensificar esfuerzos para aplicar el PACR antes de 2003; iii) seguir mejorando los acuerdos en pro de una cooperación transfronteriza e intersectorial eficaz a efectos cautelares; y iv) promover la supresión de los obstáculos a una compensación y liquidación transfronteriza eficaces.

Aplicación del PASF

El proceso de integración financiera está avanzando. De las 42 medidas legislativas y de otro tipo inicialmente previstas en el Plan de acción en materia de servicios financieros (PASF), pieza central en los esfuerzos de la Comunidad para integrar los mercados financieros europeos, se han realizado ya 32. Los ambiciosos objetivos fijados por el Consejo Europeo de Barcelona para 2002 se conseguirán en gran parte. De entre las ocho medidas señaladas para su adopción antes de fin de año, seis han sido adoptadas (el Reglamento sobre las Normas Internacionales de Contabilidad, las Directivas sobre garantías, comercialización a distancia de servicios financieros, intermediarios de seguros, conglomerados financieros, y abuso del mercado). Las Directivas propuestas sobre prospectos y fondos de pensiones se han retrasado ligeramente y la adopción de la Directiva sobre fondos de pensiones se prevé para marzo, y la Directiva sobre prospectos para junio de 2003. Las medidas legislativas adoptadas por el Consejo deben transponerse ahora al derecho de los Estados miembros. Debe mantenerse el ritmo actual de ejecución del PASF si se quiere cumplir el plazo de 2005 para su plena aplicación. Todas las medidas excepcionales deben ser adoptadas a nivel de la UE a mediados de 2004 a más tardar, para que haya suficiente tiempo para su transposición a los Estados miembros. Para supervisar el impacto de las medidas del PASF que se hayan introducido, la Comisión está elaborando un grupo de indicadores que se centrará en la cuantificación de las tendencias de integración y eficacia dentro del mercado financiero de la UE.

Aplicación del PACR

El mercado de los capitales de riesgo ha experimentado una severa corrección desde mediados de 2000. En un nivel estructural, el mercado de capitales de riesgo de la UE debe afrontar un abanico de restricciones reguladoras, fiscales, y legales/administrativas. El Plan de acción del capital del riesgo (PACR) se concibió para abordar estos obstáculos, y su aplicación ha seguido avanzando en 2002. Además de los avances en la creación de un marco regulador para toda la UE según los aspectos pertinentes del PASF, los Estados miembros han emprendido varias reformas a nivel nacional. En algunos Estados miembros (Dinamarca, Alemania) la regulación de las inversiones de inversores institucionales se ha venido basando menos en los obstáculos cuantitativos, apoyándose más en un principio de prudencia. Varios Estados miembros (Italia, Países Bajos, y España) han reducido el plazo para la condonación de la deuda residual por quiebra y han facilitado otros reglamentos que niegan una segunda oportunidad a los empresarios en quiebra. En cuanto a la mejora del marco fiscal para la inversión de capital de riesgo, la mayor parte de los Estados miembros han ejecutado medidas fiscales que deben estimular, entre otras cosas, el mercado de capitales de riesgo. Estas medidas incluyen la reducción de los tipos del impuesto de sociedades, incentivos fiscales para los que establecen nuevas empresas, reducción fiscal para gastos de investigación y desarrollo y costes de inversión globales. Varios Estados miembros también han tomado medidas para adaptar el marco fiscal en favor de regímenes de participación financiera de los empleados (Dinamarca, Reino Unido). Sin embargo, a pesar de la adopción de algunas medidas, los regímenes fiscales de la mayoría de Estados miembros siguen discriminando en el tratamiento de los costes de intereses y pagos de dividendos. En general se ha hecho mucho para eliminar los obstáculos existentes para tener en la UE un mercado eficaz de capitales de riesgo, pero al parecer hay que avanzar más rápidamente en todas las principales áreas políticas definidas en el PACR.

Disposiciones para la cooperación transfronteriza/intersectorial a efectos cautelares

Varios Estados miembros han reformado en 2002 sus disposiciones para la supervisión financiera con el fin de acrecentar la cooperación intersectorial. En Austria, la recientemente establecida autoridad de supervisión del mercado financiero (FMA) supervisará todas las entidades y mercados financieros. En Alemania, los tres oficinas de supervisión de las actividades bancarias, el seguro y la negociación de valores se han combinado en un solo organismo, el organismo federal de supervisión financiera (BAFin). En Irlanda se ha creado una autoridad reguladora única para el sector financiero dentro del banco central reformado. En Bélgica se reorganizarán las tres autoridades supervisoras actuales, que serán dirigidas por una autoridad de los servicios financieros. En los Países Bajos se está reorganizando la supervisión en función de objetivos políticos y no por sectores. En Francia se ha reactivado la propuesta de combinar las dos autoridades de los mercados financieros. Dado que los Estados miembros siguen diversos modelos de supervisión financiera consolidada, y a medida que avanza la integración de los mercados financieros, será fundamental mejorar la cooperación transfronteriza. Uno de los objetivos de la propuesta del Consejo Ecofin de ampliar el planteamiento regulador a cuatro niveles (llamado 'procedimiento Lamfalussy') a los sectores bancarios y de seguros, es precisamente impulsar la convergencia reguladora entre los Estados miembros.

Compensación y liquidación transfronteriza eficaz

A pesar de las continuas muestras de consolidación de mercado (por ejemplo: la anunciada fusión entre Crest y Euroclear), los dispositivos actuales de compensación y liquidación transfronteriza son complejos y fragmentarios, e imponen a los inversores unos costes y unos riesgos innecesarios. La Comisión publicó en mayo de 2002 una Comunicación consultiva dirigida a recoger puntos de vista sobre las prioridades de acción. Un segundo informe Giovannini (actualmente en preparación) se centrará en la eliminación de los obstáculos definidos en el primer informe, en examinar la incidencia en la política pública de la posible evolución de la estructura de compensación y liquidación, y estudiar más adelante algunos de los posibles "modelos" de compensación y liquidación.

2.6 Fomentar el espíritu empresarial

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) crear un entorno favorable a la actividad empresarial (mejorar el ámbito fiscal y normativo, aumentar la eficacia de los servicios públicos, reducir los obstáculos a la actividad económica transfronteriza); ii) tomar medidas en relación con la Carta europea de las pequeñas empresas; y iii) mejorar el acceso a las finanzas.

Se han adoptado varias iniciativas tanto a nivel comunitario como nacional para mejorar el entorno empresarial y fomentar el espíritu de empresa. Sin embargo, las realizaciones varían según los países y las diversas áreas afectadas.

Entorno empresarial

El entorno reglamentario está mejorando en todos los Estados miembros, aunque hay que seguir trabajando para que se sienta el impacto acumulativo de muchas pequeñas mejoras. A nivel de la UE, la Comisión está introduciendo su nuevo sistema de evaluación de impacto y está aplicando su plan de acción para una mejor normativa. Varios Estados miembros (Francia, Italia, Austria y Portugal) han tomado medidas para reducir el tiempo y el coste que habitualmente se requiere para crear una nueva empresa, aliviar las cargas administrativas, y estimular la competencia en ciertos sectores.

Se han emprendido reformas significativas para aumentar la eficacia del sector público en Bélgica (nuevas normas para directivos y evaluación comparativa, administración electrónica), Dinamarca (uso cada vez mayor de la licitación pública), Portugal (racionalización de la estructura del Gobierno central) y Suecia (desarrollo y empleo de la base de datos de evaluación comparativa). Cada vez es más frecuente tener acceso por conexión directa a los servicios de las administraciones públicas (véase la sección 2.7).

Se publicó el informe final del Grupo de alto nivel de expertos en derecho de sociedades sobre las normas contables y las normas de gestión de sociedades. Este informe constituirá la base de las reformas del derecho de sociedades a nivel de la UE. Además, la Comisión inició un debate con los Estados miembros sobre las soluciones globales a largo plazo para el régimen fiscal de las sociedades en la Unión Europea. En 2002 se bajaron los tipos legales del impuesto de sociedades en Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, y en Grecia se simplificó el régimen del impuesto de sociedades. Por último, la adopción de la Directiva sobre el IVA en el comercio electrónico contribuirá a mejorar las condiciones para el comercio electrónico (véase también la sección 2.7).

Carta europea de las pequeñas empresas

En 2002, todos los Estados miembros progresaron en la aplicación de las recomendaciones de la Carta europea de las pequeñas empresas. La mayor parte de los Estados miembros adoptaron medidas destinadas a reducir el tiempo y los costes requeridos para crear nuevas empresas, a seguir desarrollando la educación y la formación para el espíritu emprendedor, a facilitar el comercio electrónico y a mejorar el entorno normativo y jurídico de la actividad empresarial (véase más arriba). Sin embargo, poco se hizo para mejorar la representación de los intereses de las pequeñas empresas.

Acceso a la financiación

El acceso a las finanzas sigue siendo problemático para las pequeñas y medianas empresas en particular. El problema se ha visto acentuado por un declive de la inversión en capital de riesgo y por las dificultades financieras que atraviesan algunos bancos. Dentro del marco del Plan de acción para el capital del riesgo la mayoría de Estados miembros han desarrollado programas para promover el espíritu emprendedor y la innovación.

2.7 Estimular la economía del conocimiento

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) estimular la I+D y la innovación (mejorar las condiciones del marco, fomentar la transferencia de conocimientos de las universidades, acrecentar la colaboración en toda Europa, adoptar el 6º Programa marco de investigación); ii) promover el acceso a las TIC y su utilización (acelerar el desarrollo de la red europea de banda ancha, fomentar el uso de Internet); y iii) potenciar los esfuerzos de educación y formación (para mejorar los niveles de estudios, la capacidad de adaptación del sistema de educación y formación, y la transparencia de diplomas y cualificaciones).

Aunque sigue rezagada con respecto a los EE.UU. en cuanto a la economía basada en el conocimiento, hay signos de que la UE está recuperando terreno (por ejemplo, en el uso de las TIC). Sin embargo, las diferencias en relación con la I+D empresarial y con las patentes parecen persistentes. Sigue en aumento el uso de Internet en la UE. Ahora el desafío es acelerar la implantación de la banda ancha. La mejora de la eficacia del sistema educativo sigue siendo prioritaria. Además, los Estados miembros han reforzado la vertiente de formación profesional en la educación para responder adecuadamente a los cambios en los requisitos de formación.

Investigación, desarrollo e innovación

La Comisión ha iniciado un debate con los Estados miembros y con la empresa sobre cómo incrementar el gasto en I+D, desde el actual 1,9 por ciento del PIB al objetivo del 3% fijado en el Consejo Europeo de Barcelona. El principal aspecto consiste en la mejora de las condiciones del marco para la I+D y la innovación. Al mismo tiempo, se está estudiando más a fondo cómo se pueden utilizar con mayor eficacia los actuales recursos financieros en pro de la I+D y la innovación. Estos esfuerzos seguirán traduciéndose en un incremento de los niveles de productividad (véase el gráfico 9).

En el marco de la iniciativa del Espacio europeo de la investigación, se ha avanzado en la coordinación de las actividades nacionales de investigación, por ejemplo en las ayudas a la investigación del SIDA/VIH. El recientemente adoptado 6º Programa marco de investigación debe reforzar esta tendencia. Por otra parte, no se ha alcanzado todavía el Acuerdo sobre la patente comunitaria. Grecia, Italia, Austria, Portugal, Suecia y el Reino Unido han tomado medidas para mejorar los vínculos entre la universidad y la empresa.

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Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

La competencia local en el mercado de las telecomunicaciones es esencial para el futuro desarrollo del sector de las TIC en Europa. En términos jurídicos, el bucle local se ha desagregado en todos los Estados miembros. No obstante, es aún deficiente en la práctica la competencia real en los servicios de telecomunicaciones que utilizan la red local del operador tradicional (véase la sección 2.4). El desarrollo de los "servicios de banda ancha" -es decir, la transmisión a alta velocidad de señales de voz, datos y vídeo- ha sido más lento de lo que se esperaba, y su mercado al por mayor sigue caracterizándose por una importante posición dominante de los operadores tradicionales. En 2001, la penetración de la banda ancha fue relativamente importante en Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia. El Plan de acción e-Europa 2005, aprobado en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002, pretende fomentar el desarrollo de los servicios de banda ancha y el uso de Internet en general.

A consecuencia del incremento del gasto de las TIC y del descenso de los costes de acceso a Internet, los índices de acceso a Internet han seguido en aumento pese a arrojar un índice inferior al de 2001. A mediados de 2002, el 40 por ciento de los hogares de la UE tenían acceso a Internet, contra el 36 por ciento en 2001. Sin embargo, había aún importantes diferencias entre los Estados miembros. España, Francia y Portugal se acercaban a la media de la UE, pero no Italia y Grecia. Se incrementó también el acceso a Internet en las escuelas. Mejoró también la proporción de estudiantes por cada ordenador, de 25 en 2001 a 17 en 2002, pero hay importantes diferencias entre los Estados miembros. La penetración de Internet en la empresa es mucho más alta que el índice doméstico. Sin embargo, la cantidad de operaciones realmente realizadas por Internet sigue siendo escasa. En abril de 2002, el cincuenta y cinco por ciento de los servicios públicos básicos estaban disponibles por conexión directa, contra el 45 por ciento en octubre de 2001. En este ámbito, los rezagados son los países del Benelux, Alemania y Austria.

Educación y formación

Para la UE en conjunto, el gasto público en educación disminuyó ligeramente, del 5,2 por ciento del PIB en 1995 al 5,1 por ciento en 2000. Sin embargo, su incidencia en el gasto público total se incrementó en 1 punto durante ese mismo período. En comparación con los EE.UU., el nivel de inversión privada en la educación es muy bajo. Por ejemplo, el gasto privado en la educación de tercer grado en la UE es tan solo del 0,2% del PIB, contra el 1,6% en los EE.UU. El gasto privado en instituciones educativas está por debajo del 0,5 por ciento del PIB en todos los Estados miembros a excepción de Alemania, Grecia y España. Las políticas de educación y formación de algunos Estados miembros parecen centrarse más en la necesidad de reformar los sistemas de educación y formación para aumentar la eficacia, que en incrementar el gasto. En efecto, algunos Estados miembros que invierten menos que otros en educación y formación consiguen mejores resultados. La mayor parte de los Estados miembros han reforzado la rama de formación profesional de la educación, entre otras cosas para proporcionar alternativas a estudiantes que podrían quedar fuera del sistema educativo. La UE ha introducido varios instrumentos dirigidos a facilitar la transferencia de conocimientos y cualificaciones a efectos académicos o profesionales. El Sistema europeo de transferencia de créditos, que facilita la movilidad de los estudiantes, sigue en expansión, incluso fuera de Europa. Por otra parte, se están tomando medidas para introducir las titulaciones universitarias europeas de primer y segundo ciclo en el marco del proceso de Bolonia.

2.8 Potenciar la sostenibilidad medioambiental

Las OGPE de 2002 recomendaban a los Estados miembros: i) proporcionar análisis de impacto sobre las consecuencias sociales y ambientales de las medidas políticas; ii) aumentar la competencia para hacer más eficaces los instrumentos basados en el mercado; iii) introducir y consolidar políticas basadas en instrumentos económicos que permitan integrar adecuadamente las externalidades y reflejar la utilización de recursos; iv) prepararse para la introducción del comercio de derechos de emisión a nivel de la UE de manera general, preparar medidas y políticas apropiadas para cumplir las obligaciones de Kioto, en especial dirigidas a una gestión más eficaz de la demanda energética y del transporte; v) fomentar la difusión de información sobre el medio ambiente en las cuentas anuales de las empresas; iii) reducir las subvenciones sectoriales, las exenciones fiscales y demás medidas que tengan consecuencias negativas para el medio ambiente; vii) acordar un marco adecuado en materia de impuestos energéticos a nivel europeo. viii) aplicar medidas sobre la utilización de la energía, incluidos los transportes, para mejorar la eficacia energética.

Evaluaciones de impacto

La Comisión ha definido en su Programa de trabajo para 2003 varias propuestas importantes para las que realizará, antes de presentarlas al Consejo y al Parlamento, una evaluación de sus

consecuencias económicas, sociales y para el medio ambiente. Para ayudar a los Estados miembros a ejecutar la evaluación ambiental estratégica de acuerdo con la Directiva 2001/42, la Comisión se propone publicar en 2003 un documento de orientación.

Consolidación de la eficacia de los instrumentos basados en el mercado

Las reformas estructurales de los mercados de productos, sobre todo las relacionadas con la liberalización de las industrias de red (véase la sección 2.4), se espera que propicien una mayor capacidad de respuesta de las empresas a los precios de los insumos y de competir por los precios, la calidad y la innovación, y no tanto por las rentas de protección o de procedencia pública. Además, estas reformas deberían también potenciar la capacidad de elección del cliente. Estos dos aspectos deberían contribuir a que los agentes económicos respondieran de manera más flexible a las indicaciones de precios y cambiaran a unas fuentes de energía y/o medios de transporte menos agresivos para el medio ambiente. Sin embargo, los progresos en las reformas estructurales y en el establecimiento de las adecuadas señales de precio han sido escasos en 2002, habida cuenta de la magnitud de los desafíos medioambientales.

Valoración en costes ambientales

Alemania y Suecia aumentaron sus actuales impuestos sobre la energía y/o el carbón dentro de su política de traslado de impuestos. Austria planea introducir medidas similares. Bélgica, los Países Bajos, Italia y España ajustaron sus regímenes de impuestos de vehículos en función de criterios medioambientales, y Francia ofreció recortes fiscales por adquirir vehículos más limpios y para el aislamiento de viviendas. Finlandia ha anunciado un aumento escalonado de sus impuestos sobre los residuos destinados a vertederos municipales. Suecia aumenta sus impuestos sobre residuos y gravas. La recaudación británica sobre agregados de materias primas entró en vigor, al igual que su sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunas de las características de este régimen voluntario no son compatibles con el futuro sistema de comercio de derechos de emisión de la CE (véase a continuación).

Varios Estados miembros (Francia, Italia, Suecia, Reino Unido) introdujeron un tipo reducido de impuesto especial para los combustibles alternativos para vehículos, principalmente el biodiesel. Estas medidas nacionales deben contemplarse en el contexto de la propuesta de la Comisión para reducir los impuestos sobre combustibles biológicos, sobre la cual el Consejo alcanzó un acuerdo político. Luxemburgo y los Países Bajos se unieron al grupo de países que ofrecían reducciones fiscales a los combustibles sin azufre, anticipándose a la introducción de normas obligatorias en toda la UE a partir de 2005. Bélgica adopta una acción similar para reducir el contenido de azufre del combustible empleado en la calefacción doméstica.

España y Dinamarca anunciaron reducciones del nivel de subvención a la electricidad generada de fuentes renovables, y Dinamarca suprimió también algunos de sus impuestos medioambientales. Los Países Bajos están reestructurando su apoyo a los renovables para mejorar sus objetivos y evitar una "sobreestimulación" de algunos tipos de producción de energía renovable.

Comercio de derechos de emisión

Tras la ratificación del protocolo de Kioto, el Consejo y el Parlamento progresaron con firmeza hacia la adopción de la propuesta de la Comisión para un sistema de comercio de derechos de emisión en la CE, concluyendo la primera lectura a finales de 2002. Con la próxima propuesta de

la Comisión de incorporar las ventajas de la Aplicación conjunta y del Mecanismo de desarrollo limpio al sistema de comercio de derechos de emisión de la CE, se conseguirá de manera rentable una parte importante de la reducción de emisiones requerida. Para preparar la aplicación del sistema de comercio de derechos de emisión de la CE, los Países Bajos empezaron a estudiar el modo de distribuir a cada empresa las cuotas de emisión.

Divulgación de información sobre el medio ambiente

En general, los Estados miembros han tomado medidas para informar a las empresas sobre la recomendación de la Comisión de revelar información sobre el medio ambiente en la contabilidad de las empresas. Por lo general esto se ha hecho a través de asociaciones industriales u organismos de contabilidad, pero algunos países (Dinamarca, España) han incluido la recomendación completa o parcialmente en el derecho nacional, y podrían hacerlo también otros (Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Reino Unido).

Reducción de subvenciones y exenciones fiscales con consecuencias negativas para el medio ambiente

Alemania sigue reduciendo las subvenciones a la minería del carbón y ha anunciado su intención de reducir las exenciones de algunos impuestos ecológicos para la industria. Hasta ahora, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna iniciativa de otros Estados miembros para reducir las subvenciones sectoriales, exenciones fiscales y otras medidas que tengan consecuencias negativas para el medio ambiente.

Marco comunitario para impuestos energéticos

Finalmente, el Consejo ha continuado debatiendo el proyecto de directiva para reestructurar el marco comunitario para los impuestos de los productos energéticos, para el que no se llegó a un acuerdo antes de diciembre de 2002. Los principales temas pendientes son la posibilidad de establecer niveles nacionales inferiores a los nuevos niveles mínimos de imposición, los mecanismos fiscales sobre el gasóleo comercial y la duración de los períodos transitorios para otros productos energéticos.

Medidas dirigidas al fomento de la eficacia energética

La mejora de la eficacia energética ha sido desde hace varios años una parte importante de la agenda de política energética de la UE, y lo sigue siendo. La reciente legislación de la UE sobre la eficacia energética en los edificios, y la propuesta sobre generación combinada calor-electricidad potenciarán en los próximos años la eficacia energética, particularmente en Estados miembros que hasta la fecha no han prestado demasiada atención a las posibilidades que ofrecen estos campos. Alemania introdujo normas energéticas más severas para los edificios nuevos.

3. Evaluación por Estados miembros - resumen

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se acompaña presenta una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones específicas para cada país. En líneas generales, Dinamarca y Suecia son los países que mejor siguen esta parte de las OGPE.

Bélgica, Grecia, España, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido figuran a continuación, y cierran la lista Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria y Finlandia.

Por políticas, Dinamarca y Suecia son los países que mejor han seguido las recomendaciones relativas a las finanzas públicas, mientras que Alemania, Francia, Italia y Austria ofrecen la otra cara de la medalla. En cuanto al mercado laboral, los mejores resultados son igualmente los de Suecia, mientras que el seguimiento de Alemania y Austria es menos satisfactorio. En lo que respecta a los mercados de bienes, espíritu emprendedor y economía del conocimiento, Dinamarca y el Reino Unido exhiben el mejor seguimiento de las recomendaciones, en contraste con Luxemburgo y Finlandia. Los demás países ocupan una posición intermedia.

El cuadro 7 ofrece un resumen de la evaluación de los avances logrados en respuesta a las recomendaciones específicas de las OGPE. Debe interpretarse con cautela. Las recomendaciones específicas, que se basan en la situación particular de cada Estado miembro, pueden ser más exigentes en unos casos que en otros. Pueden ser, por tanto, más difíciles de cumplir en unos casos que en otros. Por otra parte, conviene señalar que la evaluación de la respuesta de los Estados miembros a estas recomendaciones permite establecer comparaciones directas de los resultados absolutos ni de las mejoras alcanzadas. Para ello sería preciso un análisis mucho más profundo y sobre la base de datos mucho más actualizados.

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3.1 Bélgica

Bélgica está en el grupo de Estados miembros que ocupan, en general, una posición intermedia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances parciales en materia de finanzas públicas, y en particular, el mantenimiento de una posición presupuestaria equilibrada. Actualmente no se espera la reanudación del saneamiento presupuestario en 2003 que recomendaban las OGPE. Aunque la reducción del cociente de deuda prosiguió en 2002, las medidas adoptadas para consolidar las finanzas públicas frente al impacto del envejecimiento de la población (en particular mediante la asignación de ingresos fiscales al fondo para el envejecimiento) son insuficientes para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

También se registran avances en la aplicación de las recomendaciones relativas al mercado de trabajo. Se adoptaron medidas, en particular, para incitar a los trabajadores de más edad a seguir en actividad, pero serán necesarias medidas más enérgicas para frenar las prejubilaciones. Se adoptaron también algunas medidas para aumentar las tasas de empleo de las mujeres Poco se hizo, en cambio, para fomentar la movilidad geográfica o para lograr un buen equilibrio entre flexibilidad y seguridad. El impacto del sistema de licencias temporales (créditos-tiempo) sobre la tasa de empleo aún no está claro.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. En particular, se adoptaron medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas y mejorar la eficacia de la administración pública. El Gobierno designó oficialmente al operador independiente de la red de transporte con objeto de aumentar la competencia en los mercados del gas y la electricidad. Poco se hizo, en cambio, para remediar las distorsiones de competencia derivadas de la presencia de los entes locales en los sectores de servicios.

3.2 Dinamarca

Dinamarca es uno de los Estados miembros que, en general, mejor siguen las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran buenos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas, en particular la aplicación y el respeto de la congelación de impuestos en todos los niveles de las administraciones y de la limitación del crecimiento real del consumo público.

La aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral registra avances parciales. Se adoptaron medidas para reducir la fiscalidad del trabajo y se presentó una propuesta de reforma del mercado laboral destinada a reforzar la eficacia de las políticas de empleo.

Por último, cabe señalar buenos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. En particular, se adoptaron medidas para reducir el número de sectores con poca competencia, reformando la legislación. El Gobierno presentó una estrategia destinada a aumentar la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. El mercado del gas y la electricidad sólo estará liberalizado plenamente en 2004 y 2003, respectivamente, pero se remodelaron las ayudas a la electricidad de fuentes renovables para facilitar la competencia en este sector.

3.3 Alemania

Alemania es uno de los Estados miembros que, en general, han hecho un seguimiento menos eficaz de las recomendaciones específicas de las OGPE. Los avances son limitados en cuanto a las recomendaciones sobre finanzas públicas, sobre todo por el incumplimiento del límite de déficit del 3% del PIB, por las incertidumbres sobre la cuantía del saneamiento presupuestario en 2003, y por la escasa eficacia, hasta ahora, de las medidas destinadas a frenar el aumento de los gastos de salud. Es alentador constatar, sin embargo, que las modificaciones de la ley de procedimientos presupuestarios entraron en vigor a mediados de 2002, y no a partir de 2005.

Las recomendaciones relativas al mercado laboral tuvieron igualmente un seguimiento limitado. Se observan esfuerzos en respuesta a las recomendaciones de hacer atractiva la participación en el mercado de trabajo, de mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, de promover la flexibilidad de la organización del trabajo y de suprimir obstáculos al empleo de las mujeres, pero con avances, hasta ahora, claramente insuficientes. No ha habido nuevas medidas para fomentar una diferenciación salarial en función de la productividad y las cualificaciones. El seguimiento y la evaluación de la eficacia de las políticas activas deben mejorar urgentemente.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. En particular, se adoptaron medidas para mejorar los resultados de los estudiantes y promover el acceso a las universidades. En los mercados del gas y la electricidad, las medidas adoptadas para asegurar una competencia efectiva siguen siendo insuficientes. Por último, el índice de transposición de las directivas del mercado interior no mejora, como tampoco el volumen de las licitaciones anunciadas en el Diario Oficial.

3.4 Grecia

Grecia está en el grupo de Estados miembros que ocupan, en general, una posición intermedia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances parciales en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas. Se puso en marcha una moderada reforma del sistema de pensiones, pero es dudoso que resulte suficiente para hacer frente a los retos a medio plazo. Se consideran insuficientes las medidas adoptadas para asegurar que la posición presupuestaria no contribuya a las presiones inflacionistas, para controlar los gastos primarios y para garantizar una reducción constante de la deuda pública.

Se registran asimismo avances parciales en la aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral. El avance más importante es la mejora de los sistemas de educación y formación profesional para reforzar las cualificaciones y responder a las necesidades del mercado. Se adoptaron medidas para reformar los regímenes públicos de pensiones con objeto de animar a los trabajadores más antiguos a seguir en actividad y mejorar los incentivos al trabajo mediante reformas de los sistemas fiscales y de prestaciones, pero se trata de medidas aún insuficientes.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. Son relativamente satisfactorios los esfuerzos de promoción del paso a una economía del conocimiento y de mejora del entorno empresarial. Se ha avanzado menos en la apertura del sector energético a la competencia, y nada en la transposición de las directivas del mercado interior.

3.5 España

España está en el grupo de Estados miembros que ocupan, en general, una posición intermedia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances en cuanto a las recomendaciones sobre finanzas públicas. El presupuesto sigue equilibrado merced a las restricciones de gastos y a un aumento imprevisto de los ingresos fiscales. Además, se considera que la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas aumenta los incentivos al trabajo y al ahorro, sin poner en peligro la consolidación presupuestaria. En cambio, no ha habido medidas significativas en respuesta a la recomendación de reexaminar a fondo el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Se registran avances parciales en el cumplimiento de las recomendaciones sobre el mercado laboral. En particular, se fomenta una mayor participación de las mujeres, por ejemplo a través de la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y del aumento de la financiación de guarderías. Se adoptaron también medidas, aunque insuficientes, para mejorar las políticas activas del mercado laboral, reducir obstáculos a la movilidad de la mano de obra y lograr un buen equilibrio entre flexibilidad y seguridad. En cambio, no se han tomado nuevas medidas para que los salarios reflejen mejor las diferencias regionales de productividad y de cualificaciones.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. Algunas iniciativas destinadas a mejorar las cualificaciones y fomentar la adopción de las nuevas tecnologías en las empresas dieron resultados relativamente satisfactorios. Por otra parte, se adoptaron medidas para asegurar una competencia efectiva en los sectores de las telecomunicaciones y del gas, y algunas otras que deben preparar al sector de la electricidad para su plena liberalización. Se anunciaron, aunque sin adoptarlas hasta ahora, medidas destinadas a reducir la carga administrativa de las empresas. No se han eliminado normas que limitan la competencia en el sector de la distribución minorista.

3.6 Francia

Francia es uno de los Estados miembros que, en general, han hecho un seguimiento menos eficaz de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones sobre las finanzas públicas. Aunque el déficit no parece haber superado el valor de referencia del 3% del PIB en 2002, y se adoptaron medidas para limitar los aumentos de gastos, no se apunta a una reducción suficiente del déficit en 2003. Hasta ahora, el Gobierno no ha procedido a la amplia reforma del sistema de pensiones recomendada. Sin embargo, se ha comprometido a hacerlo en el primer semestre de 2003.

Se registra algún avance en la aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral. Se adoptaron medidas, en particular, para corregir los efectos negativos a medio plazo de la semana de 35 horas y, en menor medida, para consolidar las reformas de los sistemas fiscales y de prestaciones. Se anunció una reforma de la legislación de protección del empleo. Por otra parte, la aplicación de una política coherente de envejecimiento activo sigue pendiente.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. Se adoptaron medidas para reducir la carga administrativa de las empresas y facilitar el uso de Internet en las escuelas. En cambio, medidas de liberalización del sector de la energía parecen insuficientes, y tampoco mejoró el índice de transposición de las directivas del mercado interior, el más bajo de toda la UE.

3.7 Irlanda

Irlanda está en el grupo de Estados miembros que ocupan, en general, una posición intermedia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas. Aunque la posición fiscal en 2002 habría sido más bien expansionista, y no globalmente neutra como se le había recomendado, se adoptaron medidas para reforzar el control del gasto y se anunciaron otras a finales de año.

En cambio, se registran avances en el mercado laboral. Se adoptaron medidas para aumentar la participación de las mujeres, pero, aunque se ha establecido el objetivo de ajustar los salarios a la productividad, este no siempre se ha logrado.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. Se adoptaron medidas para aumentar la competencia en las industrias de red, aunque serán necesarias nuevas reformas, en particular para reducir la cuota de mercado de los operadores establecidos. También se adoptaron medidas para corregir normativas que pudieran obstaculizar la competencia, pero no hubo avances en el índice de transposición de las directivas del mercado interior.

3.8 Italia

Italia es uno de los Estados miembros que, en general, han hecho un seguimiento menos eficaz de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas, sobre todo porque no hay una senda clara de reducción del déficit y subsisten dudas sobre la compatibilidad de las medidas de reforma fiscal con el objetivo de equilibrio presupuestario. No hay ninguna medida nueva para remediar los problemas críticos del sistema de pensiones.

Se avanzó en la aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral, con medidas de aplicación de la reciente reforma y de reducción de la presión fiscal sobre el empleo. En cambio, no se tomó medida alguna para aumentar la participación de las mujeres y de los trabajadores más antiguos.

Por último, cabe señalar algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. En particular, prosiguieron los esfuerzos de reducción de la carga administrativa de las empresas, de apoyo a la innovación y el uso de las TI y de fortalecimiento de la competencia en los sectores de los servicios y de la energía. No hubo avances en el índice de transposición de las directivas del mercado interior.

3.9 Luxemburgo

Luxemburgo es uno de los Estados miembros que, en general, han hecho un seguimiento menos eficaz de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran algunos avances en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas, Las previsiones de crecimiento de los gastos en 2003 se ajustan a las recomendaciones, pero se observan algunas rigideces en el gasto corriente siguen siendo problemáticas.

La aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral avanzó merced a la aprobación de medidas destinadas a aumentar la tasa de empleo, sobre todo de los trabajadores de más edad y de las mujeres.

Se registran avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones sobre mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento. No se avanza, en particular, en las reformas de la legislación de competencia y de contratos públicos. Se aplicaron algunas medidas para reducir la carga administrativa de las empresas, que sigue siendo relativamente elevada, y para desarrollar la administración electrónica, pero no aumentó el índice de transposición de las directivas del mercado interior.

3.10 Países Bajos

Los Países Bajos está en el grupo de Estados miembros que ocupan, en general, una posición intermedia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones específicas de las OGPE. Se registran avances parciales en el seguimiento de las recomendaciones sobre finanzas públicas. Se estima que la posición presupuestaria de 2002 no contribuyó a las presiones inflacionistas, a pesar del aumento de los salarios del sector público, y se adoptaron medidas para evitar un deterioro presupuestario en 2003.

Se avanzó asimismo en la aplicación de las recomendaciones relativas al mercado laboral. Están previstas nuevas