N°C 12/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 1.91 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo sobre la responsabilidad del prestador de servicios 
COM(90) 482 final — SYN 308 
(Presentada por la Comisión el 9 de noviembre de 1990) 
(91/C 12/11) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 100A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando el carácter prioritario, subrayado por la 
resolución del Consejo de 9 de noviembre de 1989, de la 
aplicación a nivel comunitario de instrumentos destina­
dos a promover la seguridad de los servicios en el marco 
del relanzamiento de la política de protección de los 
consumidores, 
Considerando la dimensión comunitaria del mercado de 
servicios; 
Considerando que, aunque las legislaciones de los Esta­
dos miembros en materia de responsabilidad del presta­
dor de servicios por los daños causados por su servicio se 
orientan hacia una mayor protección de los destinatarios 
de servicios y de los terceros, estas legislaciones difieren, 
sin embargo, en cuanto al contenido y al alcance de di­
cha protección; que tales desigualdades pueden crear 
obstáculos a los intercambios y condiciones desiguales en 
el mercado interior de los servicios; que no garantizan el 
mismo nivel de protección de las víctimas contra todos 
los daños causados a su persona ni de los consumidores 
contra los daños causados a sus bienes muebles o inmue­
bles por un servicio; 
Considerando que, habida cuenta de estas divergencias y 
de la dimensión comunitaria de los servicios, resulta más 
apropiado una acción a nivel comunitario; 
Considerando que el principio de inversión de la carga 
de la prueba de la culpa del prestador del servicio defec­
tuoso es el más apropiado si se tiene en cuenta el nivel 
de protección garantizado por los Derechos nacionales 
de los Estados miembros; que aunque ya existe un prin­
cipio de este tipo en varias legislaciones y jurisprudencias 
nacionales, debería formalizarse y aplicarse de forma ho­
mogénea; 
Considerando que las características de los servicios, en 
particular su carácter «único», a veces intangible, y el he­
cho de que el servicio ha «desaparecido» en el momento en que se produce el daño, así como las situaciones res­
pectivas de la víctima, que no posee conocimientos técni­
cos específicos, y del profesional, que sí cuenta con ellos, 
justifica la inversión de la carga de la prueba de la culpa 
del prestador del servicio a favor de la víctima; 
Considerando que la culpa del prestador del servicio 
debe apreciarse en relación con la expectativa legítima de 
que el servicio no debe perjudicar la integridad física de 
las personas y de los bienes muebles e inmuebles, entre 
los que se incluyen los bienes que han sido objeto de la 
prestación; 
Considerando que la mera existencia o posibilidad de un 
servicio más perfeccionado en el momento de la presta­
ción del servicio o posteriormente no constituye, de por 
sí, culpa; 
Considerando que, vista la diversidad de los servicios, 
por una parte, y la existencia de la Directiva 
85/374/CEE del Consejo ('), relativa a la responsabili­
dad derivada de productos defectuosos por otra, con­
viene contemplar una definición amplia del servicio, en el 
sentido de la distinción clásica entre servicios y fabrica­
ción de bienes, servicios y transferencia de derechos rea­
les, que los servicios públicos destinados a mantener la 
seguridad pública deben excluirse de la presente Direc­
tiva, habida cuenta de su carácter particular; que los ser­
vicios de los viajes combinados y los servicios relaciona­
dos con los residuos, que son objeto de regulaciones co­
munitarias específicas, han de quedar también excluidos; 
que lo mismo ocurre con los daños que ya están cubier­
tos por regímenes de responsabilidad sujetos a convenios 
internacionales ratificados por los Estados miembros o 
por la Comunidad; 
Considerando que el objetivo de protección de los con­
sumidores y de indemnización de las víctimas de servi­
cios defectuosos no justifica una distinción entre presta­
dores de servicios privados y públicos; que, por otra 
pane, deben cubrirse únicamente las prestaciones realiza­
das por profesionales y no los servicios entre particula­
res; 
(') DO n° L 210 de 7. 8. 1985, p. 29. 
18. 1.91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 12/9 
Considerando que la protección de la víctima exige la 
reparación de los daños sufridos como consecuencia de 
un atentado contra la salud y la integridad física de las 
personas; que la protección de los consumidores exige la 
reparación de los daños sufridos como consecuencia de 
un atentado contra la integridad física de sus bienes 
muebles e inmuebles; que deberán repararse también to­
dos los daños materiales debidos a estos perjuicios; 
Considerando que corresponde a la víctima aportar la 
prueba del daño y de la relación de causalidad entre este 
daño y la prestación del servicio; 
Considerando que las situaciones respectivas de las par­
tes justifican que la responsabilidad del prestador no se 
reduzca cuando el daño sea causado conjuntamente por 
culpa del prestador y por la intervención de un tercero, 
pero que sí pueda reducirse (o incluso anularse) en caso 
de culpa concurrente de la víctima; 
Considerando que la protección de la víctima implica 
que el prestador no puede limitar o declinar su responsa­
bilidad con respecto a ella; 
Considerando que, cuando varias personas son responsa­
bles del mismo daño, la protección de la víctima exige 
que la responsabilidad de aquéllas sea solidaria; 
Considerando que la situación del consumidor con res­
pecto al franquiciador que da su nombre a la empresa de 
servicios y del franquiciado al que se dirige justifica una 
responsabilidad solidaria del franquiciador, del franqui­
ciado y del franquiciado principal; 
Considerando que la presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la aplicación de la Directiva 89/391/CEE 
del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplica­
ción de medidas para promover la mejora de la seguri­
dad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (l), ni 
de las Directivas particulares que se deriven de ella; 
Considerando que el sistema de responsabilidad estable­
cido por la presente Directiva y la naturaleza de los ser­
vicios justifican plazos de prescripción de la acción de 
reparación y de extinción de la responsabilidad razona­
blemente breves, salvo en lo que respecta a los servicios 
relacionados con el diseño y la construcción de edificios, 
(') DO n° L 183 de 29. 6. 1989, p. 1. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
Principio 
1. El prestador de servicios será responsable del daño 
causado por su culpa, en el marco de la prestación del 
servicio, a la salud y a la integridad física de las personas 
o a la integridad física de los bienes muebles o inmue­
bles, incluidos los que sean objeto de la prestación. 
2. La carga de la prueba de la ausencia de culpa in­
cumbirá al prestador de servicios. 
3. Para apreciar la culpa, debe tenerse en cuenta el 
comportamiento del prestador de servicios, quien garan­
tizará, en condiciones normales y razonablemente previ­
sibles, la seguridad que cabe esperar legítimamente. 
4. La mera existencia o posibilidad de un servicio más 
perfeccionado, en el momento de la prestación o poste­
riormente, no constituirá de por sí culpa. 
Artículo 2 
Definición del servicio 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «ser­
vicio» cualquier prestación realizada a título profesional 
o de servicio público, de forma independiente, a título 
oneroso o no, que no tenga por objeto directo y exclu­
sivo la producción de bienes o la transferencia de dere­
chos reales o de propiedad intelectual. 
La presente Directiva no se aplicará a los servicios públi­
cos destinados a mantener la seguridad pública. Tam­
poco se aplicará a los viajes combinados ni a los servicios 
relacionados con los residuos. 
La presente Directiva tampoco se aplicará a los daños 
cubiertos por regímenes de responsabilidad sujetos a 
convenios internacionales ratificados por los Estados 
miembros o por la Comunidad. 
Artículo 3 
Definición de prestador 
1. Se entenderá por «prestador de servicio» toda per­
sona física o jurídica, sometida al Derecho privado o pú­
blico que, en el marco de sus actividades profesionales o 
de servicio público, proporciona una de las prestaciones 
contempladas en el artículo 2. 
2. La persona que proporciona un servicio utilizando, 
para prestarlo, los servicios de un representante o de 
cualquier otro intermediario jurídicamente dependiente 
seguirá siendo considerada como prestador de servicios a 
efectos de la presente Directiva. 
N° C 12/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 1. 91 
3. Sin embargo, si el prestador de servicio contem­
plado en el apartado 1 no estuviere establecido en la Co­
munidad, y sin perjuicio de su responsabilidad, el repre­
sentante o el intermediario jurídicamente dependiente 
que preste el servicio en la Comunidad será considerado 
también prestador de dicho servicio a efectos de la pre­
sente Directiva. 
Artículo 4 
Definición de daño 
1. Se entenderá por «daño»: 
a) el daño directo causado por la muerte o por cualquier 
atentado contra la salud o la integridad física de las 
personas; 
b) el daño directo causado por cualquier atentado contra 
la integridad fiísica de los bienes muebles o inmue­
bles, incluidos los animales, siempre que estos bienes: 
i) sean de un tipo que normalmente se destina al uso 
o al consumo particular y 
ii) hayan sido destinados o utilizados por la víctima, 
principalmente para su uso o consumo particular; 
c) todos los daños materiales de carácter económico de­
rivados directamente de los daños contemplados en 
las letras a) y b). 
Artículo 5 
Pruebas 
La víctima deberá probar la existencia del daño y la rela­
ción de causalidad entre la prestación del servicio y el 
daño. 
Artículo 6 
Intervención de terceros y culpa concurrente 
1. La responsabilidad del prestador de servicios no 
será menor cuando el daño sea causado conjuntamente 
por culpa suya y por intervención de un tercero. 
2. La responsabilidad del prestador podrá reducirse, o 
incluso anularse, cuando el daño sea causado conjunta­
mente por culpa suya y por culpa de la víctima o de una 
persona de quien sera responsable la víctima. 
Artículo 7 
Cláusulas de exclusión de la responsabilidad 
El prestador de servicios no podrá limitar o declinar la 
responsabilidad que le incumbe con respecto a la víctima, 
en aplicación de la presente Directiva. Artículo 8 
Solidaridad 
1. Si, con arreglo a la presente Directiva, varias perso­
nas son responsables del mismo daño, su responsabilidad 
será solidaria, sin perjuicio de las disposiciones de Dere­
cho nacional relativas al derecho de reclamación recí­
proca de los prestadores. 
2. El franquiciador, el franquiciado principal y el 
franquiciado en el sentido del Reglamento (CEE) n° 
4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado a categorías de acuerdos de franquicia ('), se 
asimilarán a las personas solidariamente responsables en 
el sentido del apartado 1. 
No obstante, el franquiciador y el franquiciado principal 
podrán estar exentos de su responsabilidad si pueden 
demostrar que el daño se debe a un producto que, de 
conformidad con el Reglamento (CEE) n° 4087/88, ellos 
mismos no habían podido suministrar o imponer. 
Artículo 9 
Extinción de los derechos 
Los Estados miembros dispondrán en su legislación que 
los derechos que se confieren a la víctima en aplicación 
de la presente Directiva se extingan al expirar un plazo 
de cinco años a partir de la fecha en la que el prestador 
haya suministrado el servicio que ha causado el daño, a 
menos que durante este período la víctima haya iniciado 
un procedimiento judicial, administrativo o arbitral con­
tra el prestador. 
Dicho plazo se ampliará a 20 años cuando el servicio se 
refiera al diseño o a la construcción de edificios. 
Artículo 10 
Prescripción de la acción 
1. Los Estados miembros dispondrán en su legislación 
que la acción de reparación contemplada en la presente 
Directiva prescriba en el plazo de tres años a partir de la 
fecha en la que el demandante haya tenido o debería ha­
ber tenido conocimiento del daño, del servicio y de la 
identidad del prestador. 
Dicho plazo se ampliará a 10 años cuando el servicio se 
refiera al diseño o a la construcción de edificios. 
2. La presente Directiva no afectará a las disposiciones 
de los Estados miembros, que regulan la suspensión o la 
interrupción de la prescripción. 
O DO n° L 359 de 28. 12. 1988, p. 46. 
18. 1.91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 12/11 
Artículo 11 
Disposición transitoria 
La presente Directiva no se aplicará a los servicios pres­
tados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
las disposiciones contempladas en el apartado 1 del artí­
culo 12. 
Artículo 12 
Disposiciones de transposición 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva antes del 31 de diciembre 
de 1992. Informarán inmediatamente de ello a la Comi­
sión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio­
nes, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi­
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades 
de la mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
la disposiciones de Derecho interno que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva. 
Artículo 13 
Disposición final 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros.