ES Diario Oficial de la Unión Europea C 88/76

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Orientaciones generales de política económica 2005-2008»

(2006/C 88/16)

El 10 de febrero de 2005, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Orientaciones generales de política económica 2005-2008»

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de enero de 2006 (ponente: Sr. METZLER).

En su 424o Pleno de los días 14 y 15 de febrero de 2006 (sesión del 15 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 79 votos a favor, 18 votos en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

Conclusiones y recomendaciones

En vísperas de la cumbre de primavera de 2006 el CESE decidió elaborar un dictamen de iniciativa a fin de facilitar a los actores de la política económica de la UE propuestas derivadas de los distintos intereses de la sociedad civil, para sus acciones futuras.

Dada la persistencia de un crecimiento débil en la zona euro y en la UE y dados los retos que plantean en particular la mundialización y los cambios demográficos, en su dictamen de iniciativa sobre las «Orientaciones generales de política económica 2005-2008», el Comité defiende la idea de que, en el marco de la estrategia de Lisboa es indispensable una política macroeconómica coordinada que favorezca activamente el crecimiento y el empleo para superar las actuales dificultades coyunturales y los problemas en materia de empleo. Además, la crisis de confianza generalizada en las grandes economías de la zona euro sólo podrá superarse guiándose por los principios fundamentales de la sostenibilidad financiera y social. Por consiguiente, el Comité comparte con la Comisión la opinión de que los Estados miembros de la UE deben practicar una política presupuestaria conforme a los compromisos asumidos en cada caso.

El Comité sostiene la petición de la Comisión para que se modernicen los sistemas de seguridad social de forma sostenible. Por otro lado, debe mejorarse la capacidad de adaptación de los mercados de trabajo para reducir el desempleo. Al mismo tiempo, hay que mantener la seguridad social, en la que muchas personas tienen puesta con razón su confianza. Al mismo tiempo, hay que movilizar el potencial de mano de obra disponible. A este respecto, se pide a los interlocutores sociales y a los gobiernos de los Estados miembros que establezcan un equilibrio entre flexibilidad y seguridad que sea propicio a la innovación.

El Comité considera que, además de una política macroeconómica adecuada para estimular el crecimiento y el empleo, es preciso introducir reformas microeconómicas destinadas a aumentar el potencial de crecimiento. Se trata no sólo de aumentar la competencia y aplicar medidas de desburocratización, sino también de proseguir el desarrollo del mercado interior europeo. A juicio del Comité, sería erróneo equiparar en cada caso el grado máximo de integración de los mercados con el grado óptimo de integración.

Por lo que respecta a la sociedad del conocimiento, el Comité considera que es muy importante fijar las orientaciones adecuadas en el ámbito del aprendizaje permanente, la igualdad de oportunidades, las ayudas a la familia, la educación, la investigación y la innovación. Por consiguiente, deberán mejorarse las condiciones marco y los mecanismos de incentivación a fin de crear un clima propicio a la innovación. Además, el Comité destaca en términos generales que el fomento del espíritu empresarial merece especial atención.

1. Observaciones preliminares

1.1 El presente Dictamen de iniciativa sobre las «Orientaciones generales de política económica (2005-2008)» de las «Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008)» debe considerarse complementario del Dictamen sobre las «Directrices para el empleo (2005-2008) (1)». El Comité insiste en su crítica de las modalidades del procedimiento de consulta, que no se justifican desde el punto de vista de la coherencia propia de ambos dictámenes. Un examen conjunto de las orientaciones generales y de las directrices para el empleo reflejaría mejor las diversas interdependencias existentes entre ambos ámbitos.

1.1.1 Con vistas a una mejor aplicación de la Estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo de Primavera decidió interrelacionar las orientaciones económicas y las directrices para el empleo e integrarlas en el Proceso de Lisboa.

1.1.2 En su Dictamen sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003–2005» (2), el Comité pidió que se reorientase la política económica hacia el crecimiento y el pleno empleo. Tal recomendación no ha perdido nada de su actualidad.

1.2 El Banco Central Europeo, en el marco de las obligaciones que le impone el Tratado, debe tomar en consideración, además de la estabilidad de los precios, las exigencias que plantea la economía real en materia de crecimiento y empleo. Como consecuencia de la coordinación definida en el proceso de Colonia para el ámbito único de la macropolítica, debe participar en un diálogo constructivo con los responsables de la toma de decisiones en materia de política presupuestaria y política salarial.

1.3 Las directrices integradas deben entenderse como recomendaciones para las políticas económicas de los Estados miembros, cuya aplicación responsable, no obstante, compete en virtud del principio de subsidiariedad a los Estados miembros. «En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario» (artículo 5 del Tratado CE). Sin perjuicio de ello, la política económica sigue siendo una cuestión de interés común (artículo 99.1 del Tratado CE).

1.4 En el presente dictamen se examina la economía paneuropea sin perjuicio de la heterogeneidad de las distintas economías nacionales de los Estados miembros.

2. Problemas planteados

Situación de partida: desarrollo económico actual

2.1 Tras cuatro años de crecimiento económico decepcionante de la UE, en 2005 éste se situó de nuevo en sólo un 1,5 % (UE-25) y un 1,3 % (en la zona euro). Existen, no obstante, diferencias significativas en la evolución de los distintos Estados miembros. Pese al crecimiento económico, la economía europea no pudo beneficiarse por completo de la reactivación económica mundial. La distancia respecto de otros países y regiones industrializados fuera de Europa ha seguido aumentando.

2.1.1 La depreciación del euro ha hecho también que las repercusiones de los intercambios comerciales sobre la actividad económica hayan sido finalmente considerables. Por el contrario, la confianza del consumidor europeo no ha mejorado más que de modo titubeante desde 2003 e incluso empeoró de nuevo durante muchos meses en 2005, lo cual ha tenido por efecto que la demanda del consumidor sólo haya crecido ligeramente. Todavía no se puede hablar de una vigorosa demanda interior que dé paso a una reactivación económica. Dentro del contexto internacional, la inseguridad siempre presente del consumidor europeo se hace patente también en las elevadas tasas de ahorro.

2.1.2 Las inversiones en capital inmovilizado, que desde principios de la recesión de 2001 bajaron prácticamente de modo ininterrumpido, volvieron a subir el pasado año. Las posibilidades de financiación favorables, con intereses bajos y beneficios empresariales en aumento, permiten el mantenimiento de unas condiciones generales propicias a la inversión, pero más a la inversión financiera con un elevado beneficio bursátil que a la inversión productiva. El Comité está también preocupado por los flujos de capitales hacia los Estados Unidos, que son un indicio más del debilitamiento de la inversión en Europa. Un elemento fundamental para lograr un aumento sostenible de la inversión es la mejora de las condiciones locales. La razón principal del bajo nivel de inversión es la debilidad actual de la demanda de los consumidores. Al mismo tiempo, pese al aumento constante de los precios energéticos, la tasa de inflación se mantiene a un nivel tolerable. Ello vale en particular para la inflación básica (que no incluye los precios de la energía ni los de los alimentos no elaborados) que sigue estando por debajo de la inflación global. No obstante, es posible que los riesgos geopolíticos y estrangulamientos de la capacidad en el sector de la explotación del crudo entrañen futuras presiones inflacionistas. Más adelante se abordará de nuevo el reto que plantea la evolución de los precios del crudo.

2.1.3 El Comité manifiesta su sorpresa por el hecho de, pese a la situación financiera favorable y al buen nivel de resultados, el auge de los beneficios de las grandes empresas en 2003 y 2004 no se haya traducido en inversiones en investigación y en inversiones productivas, que permitirían a la UE paliar la competencia a la que tiene que hacer frente. En vez de ello, los activos líquidos acumulados se utilizan para pagar beneficios extraordinarios a los accionistas, comprar acciones propias para aumentar su cotización en bolsa o realizar fusiones o adquisiciones que dan lugar a reestructuraciones. El Comité se muestra particularmente preocupado por el «cortoplacismo» que impide las inversiones empresariales necesarias a largo plazo.

2.1.4 Uno de los problemas principales de la economía europea es, además de la debilidad actual de la demanda, y del menor crecimiento económico en el contexto internacional, las altas tasas de desempleo estructural. Así pues, la reciente reactivación coyuntural sólo ha llevado en muy escasa medida a una mejora del mercado laboral. La tasa de desempleo, de un 9 % aproximadamente, sigue estando situada en un nivel demasiado elevado, por lo que el valor añadido del conjunto de la economía europea sigue rezagado con respecto a su potencial. A ello se añade que el debilitamiento actual de la inversión sigue poniendo en peligro las posibilidades de crecimiento futuras.

2.1.5 Esta tendencia a la recuperación sin creación de empleo se observó también de modo semejante en los mercados laborales de otros países y regiones industrializados comparables. Con todo, la situación del mercado laboral es en ellos considerablemente más halagüeña. Según estimaciones de la Comisión (3), el crecimiento para 2005 y 2006 se traducirá en la UE en una cifra de nuevos puestos de trabajo que puede superar los tres millones. No obstante, el efecto en la tasa de desempleo será de poca monta, porque habrá que contar con un incremento de la población activa estimulado por la reincorporación al mercado de trabajo debido a la mejora de la situación económica.

2.1.6 Por ello, el empleo del potencial inutilizado de la mano de obra sigue siendo uno de los principales desafíos que debe afrontar la UE. Deberían ponerse en marcha programas específicos para facilitar el acceso de las mujeres y de los jóvenes al mercado de trabajo y otros para reintegrar a los trabajadores de edad avanzada.

Otros desafíos: La mundialización y los cambios demográficos

2.2 Además de los actuales problemas de política económica y financiera, como la situación insatisfactoria del mercado laboral, el desempleo en particular, y los déficits crecientes de los presupuestos públicos, la UE tiene planteados otros desafíos que, aunque ya conocidos, sólo llegarán a ser de plena actualidad en el futuro.

2.2.1 Por una parte, la UE tendrá que afrontar una mayor competencia económica. Con el vigoroso crecimiento de las economías de China y la India, han entrado en liza nuevos competidores que hace diez años no desempeñaban papel alguno desde un punto de vista económico. El potencial mundial de la mano de obra se ha duplicado, las relaciones entre capital y trabajo se han modificado en todo el mundo. Debido a su desarrollo económico, los países muy poblados como China y la India disponen de cada vez menos capital por trabajador en comparación con los países industrializados tradicionales.

2.2.2 Debe hacerse todo lo posible para que las actuales consecuencias de la mundialización y del aumento de la división internacional del trabajo puedan verse también como una oportunidad para el futuro de Europa. Aunque la competencia en materia de inversiones es mayor tras la apertura económica de China y otros países del Sudeste asiático, las empresas europeas han visto abrirse también enormes mercados que entrañan un potencial considerable con el incremento del bienestar en dichos países. La política económica debe acompañar adecuadamente las transformaciones estructurales de que irán acompañados. Ello incluye también el establecimiento de condiciones marco mundiales en lo que respecta a normas mínimas sociales y medioambientales así como a los derechos de propiedad intelectual.

2.2.3 La UE tiene que hacer frente también al aumento espectacular del precio del petróleo consecuencia de la mundialización y del constante incremento internacional de la demanda de crudo. Precisamente en la UE, el ahorro en el consumo y un mayor recurso a otras fuentes de energía han permitido reducir considerablemente la dependencia del petróleo respecto a épocas anteriores. Y son precisamente los países industrializados competidores como China los más afectados. La UE podría también sacar mayor provecho de la situación recuperando los ingresos de los países exportadores de petróleo a través de los gastos de éstos en importaciones.

2.2.4 El segundo gran desafío para las economías europeas será la evolución demográfica y el envejecimiento de la población de que irá acompañada. La Comunidad, no obstante, sólo podrá influir de modo limitado en este asunto, porque, tal como la Comisión señala con razón en otro lugar, muchas cuestiones relacionadas con los cambios demográficos son competencia exclusivamente de los Estados miembros o de sus interlocutores sociales. Además, el cambio demográfico constituye un fenómeno social que puede abordarse sólo de forma limitada con medidas de política económica. De ahí que sea muy importante encauzarlo para poder efectuar las adaptaciones necesarias a su debido tiempo.

2.2.5 Las causas principales de los cambios demográficos son la prolongación continua de la duración de la vida, el incremento de las generaciones de más de 60 años y la persistencia de una baja tasa de natalidad. El cambio de la estructura de edad influirá en todos los mercados de una economía: a partir de 2020 el mercado laboral carecerá cada vez más de población activa joven, los mercados de productos tendrán que acomodarse a una nueva clientela y en el mercado de capitales cambiarán los patrones de ahorro y la demanda de inversiones de capital. Además, cabe suponer que la mayor intensidad de la competencia general resultante de la mundialización se plasmará en el mercado laboral y necesitará una organización del trabajo diferente en el marco del diálogo social. La noción de aprendizaje permanente se justifica precisamente en tal contexto (4). También el diálogo social y la sociedad civil saldrán beneficiados de la respuesta que se dé a los cambios demográficos.

2.2.6 Para poder realizar el objetivo de creación de una economía competitiva, basada en el conocimiento, las empresas deberán estar en condiciones de fomentar y desarrollar el cambio tecnológico y organizativo, la productividad y la innovación. Esto sólo se puede conseguir con una adaptación continua de las cualificaciones de los asalariados a la demanda cambiante y con estrategias activas de las empresas. Para ello, las empresas deberán integrar la formación como inversión a medio y largo plazo y no como una acción que justifique una vuelta a las inversiones rápidas o incluso inmediatas. La formación profesional, la formación y la educación permanentes no deben considerarse por separado. Han de formar parte de la gestión de carrera de los trabajadores. Se trata de garantizar, a través de la formación, la motivación en todas las edades valorizando las competencias y dinamizando las carreras profesionales. Desde este punto de vista, los balances de competencia y la validación de los conocimientos adquiridos son otros tantos instrumentos que deberán desarrollarse en el marco de proyectos profesionales individuales articulados con el proyecto de empresa (5).

Estrategia de Lisboa

2.3 La evolución de la economía mundial en los últimos cinco años corrobora los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa: mejorar de forma continua la competitividad y garantizar los puestos de trabajo. Convendría interiorizar los principios de la Agenda de Lisboa. Sólo con confianza en las propias fuerzas y valentía para el cambio podrá convertirse la UE –de conformidad con su objetivo– en la economía basada en el conocimiento más importante del mundo, capaz de crecer con puestos de trabajo mejores y seguros. Sin embargo, los dictámenes del Comité (6) y del Grupo de alto nivel (Informe Kok (7)) sobre la evaluación de los actuales resultados en relación con la Estrategia de Lisboa presentados al Consejo Europeo consideran que la realización de los objetivos fijados se va posponiendo. El crecimiento económico de la UE, encorsetado por las exigencias de una política monetarista que no le concede medios para reactivar la demanda mediante el gasto, se ha quedado en definitiva notablemente rezagado con respecto al de Estados Unidos. El promedio de la tasa de crecimiento de la UE para los años 2001-2004 es apenas de 1,5 %. La distancia en términos de producto interior bruto por habitante de la UE y de crecimiento de la productividad con respecto a otros países y regiones industrializados comparables no ha podido acortarse.

2.3.1 La Agenda de Lisboa ofrece al respecto muchas perspectivas para fortalecer el dinamismo económico interior de la UE y de sus Estados miembros (8).

2.3.2 En la mayoría de los Estados miembros se puede explotar el potencial para un mayor crecimiento incrementando la tasa de ocupación laboral.

2.4 Algunas de las causas del débil crecimiento de Europa y de la evolución, por el momento decepcionante, del mercado laboral también residen en los problemas estructurales aún pendientes de solución con los que tienen que enfrentarse sobre todo las grandes economías de la zona euro. Además, en todos los gobiernos de los Estados miembros se está de acuerdo en que es necesario consolidar la hacienda pública y superar la debilidad del crecimiento.

2.4.1 Para no seguir perdiendo terreno frente a otros espacios económicos pujantes y llegar a realizar los ambiciosos objetivos fijados en el marco de la Estrategia de Lisboa, la UE debe convertirse por propia iniciativa en el motor del crecimiento.

2.4.2 A juicio del Comité los interlocutores sociales y otras organizaciones representantes de la sociedad civil tienen un papel importante a este respecto. El Comité se remite una vez más a su Dictamen sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa» (9) que es complementario del presente dictamen.

Superación de la crisis de confianza

2.5 La inseguridad sobre la situación del empleo ha conducido en varios Estados miembros a que los consumidores desechen o aplacen las decisiones en materia de consumo. Se origina así un mecanismo de espera (actitud expectante) que debilita la demanda interior, se posponen transacciones con efecto a largo plazo y se estanca el crecimiento económico. Es motivo de preocupación que en algunos Estados miembros la reducción de los gastos de consumo inducida por una recesión coyuntural (2001-2003) no haya ido seguida de un aumento significativo a raíz de la coyuntura inversa. Lo mismo cabe decir de las decisiones de las empresas en materia de inversiones. Existe el peligro de que las expectativas autocumplidas se consoliden y se instale un persistente desequilibrio coyuntural. Este peligro debe evitarse con ayuda de las medidas apropiadas.

2.5.1 La crisis de confianza de trabajadores y consumidores se refuerza en muchos países de la Comunidad Europea con la difusión a la opinión pública de disfunciones e irregularidades por parte de directivos y estructuras completas de dirección. El Comité considera importante que los países europeos, apoyados por la Comunidad Europea, presten mayor atención a los déficit de cualificación e integridad en el sector del personal directivo y adopten medidas en consonancia. Además, es necesario reflexionar sobre el modo de incitar a los que asumen responsabilidades a observar un estricto cumplimiento de sus funciones y responsabilidad social, aumentando a tal fin la transparencia y también, en su caso, el rigor de los criterios en materia de responsabilidad.

2.5.2 La superación, por tanto, de la crisis de confianza en las grandes economías de la zona euro es una de las principales tareas. Sólo una estrategia de sostenibilidad en política presupuestaria y social conservará y fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la capacidad de actuación de sus gobiernos nacionales y de las instituciones de la UE (10).

2.5.3 Reducir las cargas de los presupuestos públicos y reforzar los sistemas de seguridad social serán objetivos posibles únicamente en conexión con una mejora perdurable de la situación del mercado laboral. Las reformas del mercado laboral que tengan en cuenta las transformaciones económicas, cada vez más rápidas, y al mismo tiempo la seguridad social deberán integrarse como aspectos esenciales en una política económica sostenible. De conformidad con la Estrategia de Lisboa, el Estado podrá asumir funciones de supervisión para, a modo de respuesta positiva a la mundialización, apoyar las correspondientes inversiones y la creación de puestos de trabajo en nuevos sectores.

2.5.4 Es, por tanto, sumamente importante orientarse con precisión hacia los nuevos sectores y las oportunidades que estos brinden mejorando la coordinación de las medidas en los ámbitos de comercio, competencia, industria, innovación, educación y formación y, por último, empleo. La sociedad civil en su conjunto debería asumir su responsabilidad en este ámbito.

2.5.5 Es indispensable que la política monetaria y fiscal también estimule el crecimiento y el empleo (11). No obstante, será necesario prestar especial atención a que las medidas de política coyuntural encaminadas a reactivar la demanda no pongan en peligro la confianza en la estabilidad.

3. Políticas macroeconómicas para el crecimiento y el empleo

Política presupuestaria

3.1 Las reformas estructurales sin una demanda suficiente tienen repercusiones negativas en el empleo Ya en la actualidad ha de tenerse en cuenta la alta presión del gasto a largo plazo resultante del envejecimiento de la población. Bajo estas circunstancias, en el marco de una política macroeconómica equilibrada, la política fiscal podría contribuir también a reforzar la demanda real (12).

3.1.1 A tal fin, los Estados miembros deben partir de una programación presupuestaria más realista y más transparente. Una evaluación crítica de los objetivos y una mayor disciplina del gasto serían pruebas de la calidad del gasto público y contribuirían a un mayor crecimiento. Esto vale también para todos los niveles de la UE. Se necesitan mecanismos de ejecución más estrictos dentro de los distintos países al objeto de atacar en su raíz los riesgos de déficit. Las previsiones del otoño de 2005 de la Comisión sobre el grado de déficit de los presupuestos públicos subrayan la necesidad de una consolidación. Pese a una reactivación persistente (aunque poco vigorosa), la Comisión estima que el nuevo déficit presupuestario de la UE-25 en 2005 y 2006, con 2,7 % respectivamente, se situará de modo poco significativo por detrás del valor de referencia del 3 %.

3.1.2 La disciplina presupuestaria es una importante condición para que el sistema europeo de bancos centrales pueda garantizar la estabilidad de los precios con unos tipos de interés relativamente bajos. El BCE debería seguir manteniendo una actitud vigilante frente a los riesgos alcistas para la estabilidad de los precios, como, por ejemplo, los relacionados con el exceso de liquidez al nivel mundial o efectos secundarios del alza de los precios de la energía. El Comité, por tanto, suscribe la observación de la Comisión de que el respeto de la estabilidad de los precios es el objetivo principal del BCE. El Comité manifiesta su reserva con respecto a las conclusiones sobre el pacto de estabilidad y crecimiento, de marzo del presente año.

Sostenibilidad de los sistemas sociales

3.2 Las fuertes presiones a que se ven sometidos los sistemas de seguridad social con miras a una adaptación no proceden primordialmente de la mundialización, sino principalmente del elevado desempleo estructural y de los importantes cambios demográficos resultantes del retroceso de la tasa de natalidad y prolongación de la esperanza de vida, que puede llevar a períodos cada vez más largos de pago de pensiones. El Comité apoya a la Comisión en todo cuanto hace en favor del empleo, así como en la petición de una modernización sostenible de los sistemas de seguridad social, ya que un nivel elevado de seguridad social es imprescindible para garantizar el equilibrio entre competitividad, demanda y cohesión social (13). Al mismo tiempo, hay que mantener la seguridad social, en la que muchas personas tienen puesta con razón su confianza.

3.2.1 Una reforma de los sistemas de seguridad social tiene que estar también estrechamente relacionada con planes específicos para facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo; por este motivo, también se deberían garantizar servicios de cuidado infantil, escuelas, etc. Se deben fomentar medidas que posibiliten una mejor conciliación entre vida familiar y profesional, como, por ejemplo, reforzar la asistencia a niños de corta edad en régimen de jornada completa (14). En países con insuficiente oferta de asistencia infantil, la tasa de empleo de la mujer es relativamente baja. Inversamente, en países con alta tasa de empleo femenino se dispone de un buen acceso a centros de asistencia infantil. Existen análisis que revelan una considerable discrepancia en la UE entre el número de hijos deseados (2,3) y efectivos (1,5). Una tasa de natalidad de 2,1 bastaría ya para poner fin al descenso de la población europea. Es probable que la creación de infraestructuras adecuadas y una adaptación de la organización del trabajo con garantías para los trabajadores –haciendo más atractivo para trabajadores y empresarios el trabajo a tiempo parcial y facilitando, sin alicientes particulares, las interrupciones de la ocupación laboral y las reglamentaciones flexibles sobre la jornada laboral– aumente claramente al menos en algunos Estados miembros los incentivos para la reincorporación al mercado del empleo después de un período dedicado al cuidado de los hijos. Además, una reforma sostenible del mercado de trabajo que lleve a un aumento de la demanda de mano de obra reforzaría también la posición de los trabajadores y, con ello, la disposición de los empresarios a contribuir a una mejor conciliación entre vida familiar y profesional.

3.2.2 También se pide a los gobiernos y los interlocutores sociales que apoyen la creación mediante acuerdos colectivos de nuevas posibilidades de empleo y un equilibrio entre flexibilidad y seguridad que sea, sobre todo, propicio a la innovación. A este efecto, y tratándose de «trabajadores de edad avanzada», el Comité ha apoyado las recomendaciones y el análisis realizados por la Comisión en su Comunicación (COM(2004) 146 final), en donde se indica que «...los interlocutores sociales deberían amplificar e intensificar sus esfuerzos, tanto a nivel nacional como de la UE, por establecer una nueva cultura del envejecimiento y de la gestión del cambio. Con demasiada frecuencia, las empresas siguen concediendo prioridad a los regímenes de jubilación anticipada». A este respecto, el CESE considera que para aumentar la tasa de empleo global, o la de la franja de edad comprendida entre los 55 y los 64 años, es necesario aumentar la tasa de empleo de las categorías de trabajadores potenciales cuya presencia en ella es insuficiente. Desde este punto de vista, deben adoptarse medidas importantes para movilizar todas las reservas de mano de obra existentes en la Unión, ya se trate, en particular, de jóvenes que permanecen con demasiada frecuencia en un desempleo que les desmotiva, lo que resulta preocupante para el futuro de la tasa de empleo global, o de mujeres y personas con discapacidades (15).

Reducción del desempleo, movilización de la mano de obra

3.3 El Comité subraya la necesidad, expresada por la Comisión, de aumentar claramente las tasas de empleo, especialmente en las grandes economías, y elevar de modo sostenible la oferta de la mano de obra. Con vistas a la sostenibilidad a largo plazo de la economía europea, la lucha contra el desempleo masivo debe ser de suma prioridad.

3.3.1 El elevado desempleo estructural y la extensión de los intercambios comerciales a escala mundial plantean exigencias adicionales por lo que respecta a una capacidad de adaptación eficiente y dinámica de los mercados laborales. Especialmente en los mercados de la exportación, pero también en el sector de los servicios, surgen numerosas nuevas oportunidades a raíz de unos intercambios comerciales mundiales en fuerte expansión. A la capacidad de adaptación de los mercados de trabajo se le plantean retos completamente nuevos, cuya respuesta presupone no obstante un marco estable.

3.3.2 Los mercados laborales europeos deben ser capaces de responder mejor y de modo más dinámico a tendencias como la subcontratación y la deslocalización. Los sistemas de seguro de desempleo, regímenes de seguridad social y agencias de empleo deberían funcionar de manera tal que cubran no sólo el paso del desempleo al empleo (e inversamente), sino que también faciliten el cambio entre diversas situaciones de empleo, como, por ejemplo, trabajo, formación, interrupciones de la actividad laboral o trabajo por cuenta propia. Como la Comunidad sólo dispone en este ámbito de un mandato limitado, corresponde a los Estados miembros gestionar de esta forma las instituciones del mercado laboral.

3.3.3 Por otra parte, siguen existiendo graves obstáculos a la movilidad de los trabajadores en la actividad laboral transfronteriza dentro de la UE. El Comité pide que se renuncie a aquellas reglamentaciones que siguen limitando en la actualidad la libre circulación de los trabajadores en la UE. Tal como ya señaló la Comisión en otro lugar, las reformas en este ámbito deberían debatirse y ponerse en marcha en estrecha colaboración con los agentes sociales. Por otra parte, siguen existiendo obstáculos temporales a la movilidad de los trabajadores en la actividad laboral transfronteriza dentro de la UE. El Comité insta a los Estados miembros a que verifiquen de manera pormenorizada si no se puede dar término a los periodos de transición. Para ello es necesario la correspondiente participación y consulta de los interlocutores sociales en todos los niveles relevantes (16). En cualquier caso, el mantenimiento de los plazos de transición deberán justificarse con argumentos objetivos y de peso.

3.3.4 Dado que la tasa de desempleo de personas con escasa formación profesional o sin formación profesional alguna se sitúa muy por encima de la media, el fomento de la formación profesional y permanente es uno de los principales instrumentos de la política en materia de mercado laboral. Educación y formación son inversiones en el capital humano. Aumentan las posibilidades de las personas de acceder a un empleo y amplían las posibilidades de producción de las empresas. El factor de la educación es un importante componente de la evolución de la productividad y de la competitividad internacional. En los convenios colectivos y en todas las relaciones contractuales determinantes para ellos, los interlocutores sociales deberían llegar a un acuerdo sobre el hecho de que el empleado y el trabajador debe mantener y aumentar su capital humano mediante la formación permanente y la promoción profesional.

3.3.5 Entre los jóvenes en particular se considera con razón que la formación profesional es una condición necesaria para el futuro empleo, aunque no sea una condición suficiente para una demanda específica de empleo. Las personas de edad avanzada, entre las cuales la tasa de desempleo, al igual que entre los adolescentes y los jóvenes, es superior a la media, también se ven obligadas a adquirir nuevos conocimientos gracias a acciones de formación permanente y en materia de cualificación. Si el potencial de productividad de los trabajadores de más edad no se ve deteriorado por la edad sino por la obsolescencia de las cualificaciones, a lo que es posible poner remedio mediante la formación, no basta con seguir una política para las categorías de edad a partir de los 40-50 años (17).

3.4. A juicio del Comité, las altas cargas que pesan sobre el factor trabajo a través de impuestos y cuotas sociales son un problema grave.

4. Reformas microeconómicas para incrementar el potencial de crecimiento

El mercado interior de la UE

4.1 El Comité comparte la opinión de la Comisión de que un mercado interior más amplio y más integrado debe ser un importante componente de una política económica orientada al empleo y al crecimiento. El Comité, sin embargo, no considera que los problemas planteados en la aplicación de la Estrategia de Lisboa se deban primordialmente a un mercado interior insuficientemente integrado.

4.1.1 La integración de los mercados de servicios, insuficientemente realizada hasta la fecha, mal puede considerarse la causa de la baja eficacia de los mercados laborales y el crecimiento económico. Una gran parte de los desempleados pertenece al grupo de baja cualificación, y se beneficiarían en muy escasa medida de la integración de un mercado interior europeo de servicios. Es cierto que la eliminación de las barreras fiscales puede mejorar el clima de inversiones y facilitar la superación de los obstáculos a la movilidad para algunos empresarios y trabajadores. Pero esto contribuirá apenas a aligerar de manera sustancial los mercados de empleo nacionales. Sin embargo, un mayor desarrollo del mercado interior con el objetivo de crear un mercado interior de los servicios auténtico y equilibrado puede suponer una contribución importante.

4.1.2 A juicio del Comité, sería erróneo equiparar en cada caso el grado máximo de integración de los mercados con el grado óptimo de integración. En particular, en el caso de mercados típicamente regionales o locales –como sucede con muchos prestadores de servicios–, el volumen de los servicios transfronterizos se mueve siempre dentro de un marco estrictamente limitado. En tales casos precisamente llevar más adelante la armonización podría suscitar la impresión de que la política de la UE no tiene en cuenta suficientemente las peculiaridades regionales y, por tanto, lleva a un endurecimiento de las condiciones actuales. Por ello, es necesario como mínimo designar con claridad los frenos que existen actualmente y ponderarlos frente a reglamentaciones que, por particularidades de los Estados miembros, seguirán manteniéndose y a las que tendrán que adaptarse los operadores del mercado. En esta tarea debe darse la prioridad a una ponderación cuidadosa por mercados y sectores.

4.1.3 El Comité suscribe también la recomendación de la Comisión de suprimir ayudas de Estado que obstaculicen la competencia o reorientar en mayor medida las ayudas hacia los sectores de la investigación, innovación y política de formación, que están en conexión con el Programa de Lisboa. Así se obtendría también, junto con el objetivo pretendido de una mayor intensidad de competencia, una reducción de las cargas de los presupuestos públicos o, en su caso, un refuerzo de inversiones públicas con perspectivas de futuro.

4.1.4 La integración de los mercados europeos de capitales tiene importancia para reactivar el crecimiento en la UE. En los últimos años se hicieron esfuerzos considerables para crear condiciones marco reguladoras para un mercado integrado de capitales y servicios financieros. En tal contexto, el Comité toma nota de las quejas que ha suscitado una actividad de armonización demasiado rápida y demasiado costosa.

4.1.5 Antes de dar curso a nuevos proyectos de armonización y reglamentación se necesita una atenta revisión recurriendo a criterios de necesidad y urgencia. A corto plazo, los proyectos de directiva cuya necesidad no sea inmediata deberían aplazarse. Resulta oportuno, por el contrario, concentrarse por el momento en una aplicación y consolidación –orientadas al mercado y eficientes en cuanto a costes– de diversas iniciativas legislativas muy recientes aún insuficientemente concluidas. El Comité suscribe las posiciones que al respecto también se mantienen en el «Libro Verde sobre la política para los servicios financieros (2005-2010)»presentado por la Comisión.

Competencia y desburocratización

4.2 El Comité acoge favorablemente el objetivo previsto por la Comisión de una mayor libertad de intercambios comerciales. Una administración ágil y moderna concentrada en competencias primarias tiene potencial de ahorro, pero puede dejar a los Estados miembros desamparados al carecer de instrumentos de intervención en caso de crisis. En los Estados miembros se debería prestar mayor atención, confiriéndole valor de ejemplo, a la concentración en el cumplimiento de las misiones primordiales que se reservan al Estado, como formación, infraestructura pública, seguridad interior y exterior, protección social y un alto nivel de salud pública. En este contexto, el Comité suscribe especialmente las afirmaciones de la Comisión en favor de la importancia económica de una mejor legislación. La consulta más frecuente a las partes interesadas en los procedimientos legislativos aumentará la transparencia del proceso decisorio con vistas a la legislación y a los agentes del mercado.

4.2.1 Una mayor intensidad de competencia tendrá también efectos inducidos en el fomento de las innovaciones. Se deberían mejorar las condiciones generales en materia de innovación y, de manera más amplia, en materia de investigación. Sobre este punto, el Comité recuerda que en numerosos dictámenes ha presentado propuestas que siguen siendo de actualidad, y que vuelve a confirmar aquí (18).

4.2.2 El CESE observa que en las orientaciones generales no se ha prestado suficiente atención al tema de la desburocratización. De ahí que una vez más se subraye la importancia del proyecto comunitario para mejorar la legislación, aunque el Comité lamente en líneas generales que no se haga un vigoroso llamamiento a los Estados miembros para que adopten medidas tendentes a la simplificación de la legislación, como, por ejemplo, la simplificación del sistema de impuestos y tasas. Lo mismo cabe decir de la legislación al nivel de la UE y su aplicación a escala nacional. Los costes se reducirían y se disminuirían las cargas de los presupuestos públicos no sólo acortando los procedimientos decisorios, sino también simplificando las condiciones por las que se rigen.

4.2.3 Es necesario ponderar con atención, en materia precisamente de regulación, desregulación y liberalización de los mercados, los intereses relativos a la protección del consumidor y del medio ambiente y los objetivos de política social frente a las posibilidades de crecimiento macroeconómico. Las futuras actividades legislativas y de supervisión deberían someterse en mayor medida que hasta ahora a una evaluación de las consecuencias de la actividad legisladora (19).

4.2.4 Es precisamente la productividad de las PYME y de otros trabajadores por cuenta propia la que se ve limitada de manera desproporcionada por una reglamentación demasiado amplia, ya que sólo cuentan con estructuras de dirección y administración de poca envergadura. Por consiguiente, el Comité reitera una vez más su demanda de que se cree un estatuto especial para las PYME (20).

4.2.5 El Comité considera que la colaboración reforzada entre el sector público y el sector empresarial es una gran oportunidad para la gestión de los contratos públicos (public-private-partnership, colaboraciones público-privadas). Esta modalidad reciente de cooperación entre los Estados miembros de la UE y la propia Comunidad en materia de ejecución y adjudicación de contratos públicos debería garantizar condiciones equitativas entre los sectores público y privado con el fin de maximizar el beneficio para la población. Debería considerarse la posibilidad de endeudarse con el sector privado cuando sea rentable, independientemente de la manera en que los proyectos se diseñen, realicen o gestionen.

Aprendizaje y educación

4.3 La noción de aprendizaje permanente –en particular, mediante métodos de aprendizaje flexibles– desempeña un importante papel en el contexto de la sociedad basada en el conocimiento. Para llevar a cabo el aprendizaje permanente se necesita una cultura social de aprendizaje y una infraestructura que le sirva de apoyo. Los interlocutores sociales y la sociedad civil deberían fomentar la idea del aprendizaje permanente. Además, también en el ámbito de la educación y la formación profesional habría que pensar en recurrir con más frecuencia a la opción de las colaboraciones público-privadas. Para financiar la estructura es necesario que actualmente se intensifique aún más la ayuda estatal, lo que por el momento se hace en medida insuficiente. El gasto total en educación y formación profesional en la UE-25 ascendía hace poco (en 2002) a 5,2 % del PIB y de este modo se situaba más o menos en el mismo nivel que el de otras regiones económicas comparables. Sin embargo, sólo un 0,6 % del PIB procedía del sector privado; este porcentaje está muy por debajo de las regiones de referencia, y podría incrementarse en aquellos casos en que sea rentable a lo largo de la duración del proyecto o durante el período del préstamo.

4.3.1 En un dictamen anterior se expresó ya el Comité sobre la relación entre intercambio cultural y jóvenes en el marco de un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (21). Cabe destacar de nuevo en el presente contexto la importancia de esta relación para la creación de una sociedad basada en el conocimiento. El fomento del intercambio cultural (sobre todo entre los adolescentes) despierta el interés por otros ámbitos culturales y contribuye así positivamente a un intercambio mutuo de conocimientos.

4.3.2 El Comité se congratula de que la aprobación de la Directiva relativa al reconocimiento de los diplomas haya permitido suprimir importantes obstáculos para la movilidad de los trabajadores por cuenta ajena y propia. El Comité pide a los Estados miembros que procuren que se aplique con prontitud. Además, las comparaciones y evaluaciones periódicas de resultados de universidades y escuelas –tal como, por ejemplo, se realizan en el marco del estudio de Pisa y del proceso de Bolonia– ejercerán sin duda una influencia positiva en la ambición de los participantes y en su disponibilidad para rendir al máximo (22).

4.3.3 Por otra parte, el sistema europeo de educación superior no está suficientemente orientado al objetivo de convertirse en un espacio modélico a escala mundial para la investigación avanzada. Convendría prestar mayor atención al nivel nacional y europeo a la noción de centros y sectores de excelencia allí donde la situación aún lo requiera. Así se podría contrarrestar la emigración transatlántica de investigadores europeos en los sectores más avanzados.

Investigación e innovación

4.4 La reducción y envejecimiento previsibles de la población en Europa requieren cada vez más innovaciones tecnológicas para asegurar el futuro bienestar de la sociedad europea en su conjunto. La Comisión, no obstante, ha comprobado y ha advertido con razón que hasta la fecha no se han hecho suficientes esfuerzos para mejorar la capacidad de innovación en la UE (23).

4.4.1 Para incrementar la actividad de la innovación a escala de la UE, el Comité estima imprescindible suprimir los obstáculos que se oponen a su difusión transfronteriza. La actividad en materia de innovación, que sigue estando por detrás de sus posibilidades, es, junto con la situación insatisfactoria del mercado laboral, uno de los factores determinantes de la desaceleración del crecimiento de la productividad en la zona euro. Para obtener mejores resultados en materia de innovación, sin embargo, se deben suprimir las causas de la fragmentación de los mercados, que impiden actualmente la difusión de nuevas tecnologías.

4.4.2 El Comité comparte la opinión de la Comisión de que la mejora de las condiciones marco y de los mecanismos de incentivación sigue siendo necesaria para la creación de un clima productivo y propicio a la innovación.

4.4.3 La utilización de la ayuda pública a la innovación debería ser más eficaz y específica, con el fin de evitar una incentivación inadecuada para inversores privados y, por tanto, la asignación inadecuada de recursos públicos. Convendría poner en marcha en mayor medida proyectos en estrecha consulta con la universidad y las empresas, sin perjuicio de la necesidad de investigación básica, al objeto de reforzar la conexión de la investigación con el sector privado.

4.4.4 Las reglamentaciones sobre medidas de ayuda por parte del Estado deberían ser más transparentes, para facilitar el acceso a recursos públicos destinados a la investigación. El Comité valora positivamente una mayor cooperación también dentro de los servicios de la Comisión. El Comité subraya su petición, ya formulada en varias ocasiones, de que las condiciones generales de la ayuda se organicen también de modo accesible y utilizable para las PYME y microempresas.

4.4.5 Otro elemento que fomentaría la innovación sería también la existencia de una patente comunitaria en toda la UE. Deberían poderse superar los obstáculos (por ejemplo, el problema de los idiomas). El Comité pide una vez más expresamente que se cree una patente comunitaria europea lo antes posible.

Pequeñas y medianas empresas

4.5 Tal como ya destacó el Comité en un dictamen anterior, el fomento del espíritu empresarial merece especial atención (24). Las PYME en particular disponen en cuanto a posibilidades de innovación de un potencial específico. Para compensar su desventaja en el capítulo de los costes frente a empresas de mayor implantación tienen que afirmarse mediante productos y servicios innovadores. El CESE, por tanto, acoge con satisfacción la petición de la Comisión de conseguir en Europa un acceso libre de obstáculos a la financiación para todos, y a los mercados de capital riesgo para las jóvenes empresas (25).

Bruselas, 15 de febrero de 2006. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)” (DO C 286, p. 38, de 17.11.2005).

(2) Véase el Dictamen del CESE sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005», (DO C 80, p. 120, de 30.3.2004). El presente dictamen debe considerarse como un dictamen complementario.

(3) Previsiones del otoño de los servicios de la Comisión, 2005.

(4) Véase el Dictamen del CESE sobre «Crecimiento económico, fiscalidad y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la UE» (DO C 48 de 21.2.2002, p. 89).

(5) Véase el Dictamen del CESE «La competitividad de las empresas europeas» (DO C 120 de 20.5.2005, p. 89, puntos 5.4.6.3 y 5.4.6.4) y el Dictamen del CESE «Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo» (DO C 157 de 28.6.2005, p. 120, punto 4.3.5.4).

(6) Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa» (DO C 120 de 20.5.2005, p. 79).

(7) «Hacer frente al desafío – La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo», Informe del grupo de alto nivel presidido por Wim Kok, noviembre de 2004.

(8) Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia (19255/2005 de 18.6.2005), en particular los puntos 9-11 y la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa (COM(2005) 330 final de 20.7.2005).

(9) Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa» (DO C 120 de 20.5.2005, p. 79).

(10) Véase también el Dictamen de la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social sobre «El refuerzo de la gobernanza económica – La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (ECO/160 – CESE 780/2005 fin de 31.1.2006).

(11) Así lo ha reivindicado el CESE en repetidas ocasiones y por última vez en su Dictamen sobre el tema «Política de empleo: papel del CESE tras la ampliación y en la perspectiva del proceso de Lisboa» (DO C 221 de 8.9.2005, p. 94).

(12) Véase también el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005» (DO C 80, de 30.3.2004, p. 120, punto 1.4).

(13) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005»DO C 80 de 30.3.2004, p. 120, punto 1.5.3).

(14) Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)» (DO C 286, p. 38, de 17.11.2005). En el punto 3.2.3. se señala lo siguiente: «El CESE pide a los Estados miembros que impulsen más la posibilidad de conciliar la vida familiar con la profesional. Se trata de una tarea para la sociedad en su conjunto.»

(15) Véase el Dictamen del CESE «Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo» (DO C 157 de 28.6.2005. p. 120, puntos 6.3.2 y 4.4.4).

(16) Dimensión social de la globalización, COM(2004) 383 final, 18.5.2004.

(17) Véase el estudio internacional de la OCDE sobre la alfabetización de adultos (International Adult Literacy Survey – IALS) y el Dictamen del CESE «Trabajadores de edad avanzada» (DO C 14 de 16.1.2001) y el Dictamen del CESE «Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo» (DO C 157 de 28.6.2005, p. 120, punto 4.3.5).

(18) Véanse los Dictámenes del CESE «Los investigadores en el espacio europeo de la investigación», (DO C 110 de 30.4.2004, p. 3),«Modificación programa específico IDT Fortalecimiento del espacio europeo de la investigación», (DO C 32 de 5.2.2004, p. 81), «El Espacio Europeo de Investigación: un nuevo impulso – Reforzar, reorientar, abrir nuevas perspectivas» (DO C 95 de 24.4.2003, p. 48) y «Reforzar la cohesión y la competitividad a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación» (DO C 40 de 15.2.1999, p. 12).

(19) A este respecto el Comité Económico y Social Europeo había abogado anteriormente por el establecimiento de un sistema fiscal y un marco reglamentario nacional sencillos. Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005» (DO C 80, de 30.3.2004, p. 120, punto 4.4.2.4).

(20) Véase el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)» (DO C 286, p. 38, de 17.11.2005).

(21) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente» de 10.2.2005, (DO C 221 de 8.9.2005, p. 134).

(22) También en otro lugar el CESE ya destacó «la importancia que revisten la transparencia y la armonización de las cualificaciones en toda Europa y a escala internacional.» Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)» (DO C 286, p. 38, de 17.11.2005, punto 3.8.1).

(23) La UE gasta actualmente alrededor del 2 % de su PIB en I+D. Véase la «Recomendación de Comisión relativa a las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (en virtud del artículo 99 del Tratado CE)» (2005-2008) (COM (2005) 141 final, punto B.2.) Se trata de un porcentaje que está apenas por encima del nivel registrado cuando se puso en marcha la estrategia de Lisboa y muy lejos del objetivo de la UE de elevar la inversión en investigación al 3 % del PIB. El Comité recuerda que dos tercios deben ser financiados por el sector privado.

(24) Véase el Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo sobre el fomento del espíritu empresarial en Europa: prioridades para el futuro» (DO C 235 de 27.7.1998) y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)» (DO C 286, p. 38, de 17.11.2005).

(25) El Comité Económico y Social Europeo ya había abogado anteriormente por el fomento del espíritu empresarial y la creación de empresas. Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005» (DO C 80, de 30.3.2004, p. 120, punto 4.4.2.4).