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Autoridades nacionales competentes

con arreglo a la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo

(2002/C 173/02)

El Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo, por el que se fijan las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación, prevé la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las listas de autoridades nacionales competentes.

El Reglamento (CE) n° 1339/2001 del Consejo amplió los efectos del Reglamento (CE) n° 1338/2001 a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única.

Con arreglo a estos Reglamentos, los Estados miembros han designado las autoridades nacionales competentes en el ámbito de la lucha contra la falsificación.

La Comisión, en colaboración con el BCE, procedió a la compilación de las listas de autoridades nacionales competentes. Estas listas de autoridades se presentan a continuación con arreglo a los cuatro guiones de la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001.

Autoridades designadas por los Estados miembros para la detección de billetes y monedas falsificados

[con arreglo al primer guión de la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001]

>SITIO PARA UN CUADRO>

Autoridades designadas por los Estados miembros para la recogida y el análisis de los datos técnicos y estadísticos relativos a los billetes falsos

(Centros nacionales de análisis)

[con arreglo a la definición del segundo guión de la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001]

>SITIO PARA UN CUADRO>

Autoridades designadas por los Estados miembros para la recogida y el análisis de los datos técnicos y estadísticos relativos a las monedas falsas

(Centros nacionales de análisis de monedas)

[con arreglo a la definición del tercer guión de la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001]

>SITIO PARA UN CUADRO>

Autoridades designadas por los Estados miembros para la recogida de los datos relativos a la falsificación del euro, así como el análisis de los mismos

[con arreglo a la definición del cuarto guión de la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001]

>SITIO PARA UN CUADRO>
7.

El BCE observa que el proyecto de decisión no aborda varios asuntos importantes que deberían tratarse del modo siguiente: 7.1. En otros acuerdos monetarios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano encargado de resolver las controversias que los acuerdos susciten. En el proyecto de decisión debe aclararse que lo mismo se aplica en este caso. El BCE considera que la competencia del Tribunal de Justicia respecto de este tipo de acuerdos no es cuestión obvia, y remite concretamente a varios dictámenes del Tribunal donde este establece una clara distinción entre los acuerdos celebrados por Estados miembros y los acuerdos celebrados por Estados miembros por cuenta de sus dependencias territoriales, es decir, no actuando en su calidad de Estados miembros (3). 7.2. Uno de los elementos más importantes de este acuerdo monetario debe ser la necesidad de velar por la continua aplicación a San Bartolomé de los actos jurídicos pertinentes de la Unión, presentes y futuros, de eficacia directa inmediata, como los reglamentos. El BCE entiende que Francia pretende abordar el asunto modificando la ley orgánica francesa correspondiente. El BCE observa que, a diferencia de otros acuerdos monetarios, el proyecto de decisión no dispone la creación de un comité mixto que evalúe la marcha de las modificaciones legislativas. El BCE considera que la falta de un comité de esta clase donde la UE, como uno de los firmantes del acuerdo, participe en la debida aplicación del acervo pertinente de la Unión en el país o territorio de ultramar y la vigile, es insatisfactoria, en particular cuando el sistema bancario local utiliza el euro. El BCE considera esencial que la aplicación concreta de la normativa pertinente de la UE se efectúe de común acuerdo con la Comisión y el BCE (4), por ejemplo, adjuntando los actos jurídicos pertinentes de la UE y del BCE como anexo del acuerdo monetario y publicando este anexo y sus modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea. Otra solución sería que en el proyecto de decisión se exigiera a Francia informar al BCE antes de adoptar actos jurídicos destinados a San Bartolomé y comprendidos en el ámbito de las competencias del BCE. Además, debe facultarse a las instituciones de la UE para solicitar a Francia información sobre esos actos jurídicos. 7.3. El BCE entiende que, cuando San Bartolomé cambie su estatuto el 1 de enero de 2012, dejarán de afectarle las que son disposiciones del derecho de la UE directamente aplicables que facultan a los organismos competentes de la UE, como Europol, para combatir la falsificación de billetes de banco en euros. También este asunto tiene que abordarse en el acuerdo monetario, por lo que el proyecto de decisión debe asignar a la UE la inclusión de una disposición al efecto en el acuerdo monetario. En el anexo del presente dictamen figuran las propuestas de redacción específicas, acompañadas de explicaciones, correspondientes a las recomendaciones del BCE encaminadas a modificar el proyecto de decisión.
1.3

El BCE celebra asimismo que el apartado 3 del artículo 20 del reglamento propuesto regule la cuestión del intercambio de datos confidenciales, a los solos efectos estadísticos, entre el SEE y el SEBC. Es comúnmente admitido que es cada vez más necesario un mayor intercambio de información confidencial entre el SEE y el SEBC a fin de garantizar la calidad y compatibilidad de las estadísticas europeas y, al mismo tiempo, reducir la carga informadora. Esto puede lograrse pidiendo unos mismos datos una sola vez y, sin perjuicio de normas de confidencialidad estrictas, distribuyéndolos entre las autoridades estadísticas que los necesiten. Sin embargo, y en contra de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, el BCE considera que el referido intercambio de información estadística confidencial no debería supeditarse a la adopción de otras normas sectoriales que expresamente lo autoricen. Para garantizar de manera eficiente y eficaz el intercambio de la información estadística necesaria, el marco jurídico debería disponer que esta transmisión pueda llevarse a cabo siempre que sea necesaria para la eficiente preparación, elaboración o difusión de las estadísticas europeas, siguiendo así el ejemplo del apartado 1 del artículo 20 de la propuesta de reglamento relativo al intercambio de información estadística confidencial dentro del SEE.
2.2.1.

De acuerdo con el vigente Reglamento (CE) no 974/98, el «período transitorio» es el período de tres años comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, salvo para Grecia, para la cual el período transitorio es el año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 (6). Es decir, el vigente Reglamento (CE) no 974/98 establece un período determinado en el que se aplican las disposiciones transitorias. En cambio, cuando el reglamento propuesto define el «período transitorio» no establece su duración específica o máxima. En lugar de eso, la duración del período transitorio específica para cada Estado miembro se establecería en el anexo del reglamento propuesto, lo cual significa que dicha duración tendría que renegociarse íntegramente al suprimirse la excepción de cada Estado miembro interesado (7).
XII.

El Tribunal observa, que en los demás ámbitos de gastos, los pagos siguen estando significativamente afectados por errores, si bien en niveles diversos, y la Comisión y los Estados miembros, así como otros países beneficiarios necesitan aumentar los esfuerzos para poner en práctica sistemas de control y supervisión adecuados, con el fin de mejorar la gestión de los riesgos asociados. Se trata, en concreto, de los ámbitos siguientes: política agrícola común, acciones estructurales, políticas internas y acciones exteriores; a) con respecto a los gastos de la PAC, el Tribunal constató una clara reducción de la estimación del nivel global de error de las operaciones subyacentes, si bien continúa situado justo por encima del umbral de materialidad. Los sistemas de liquidación y los controles posteriores al pago en el caso de las ayudas de la PAC no cubiertas por el SIGC ofrecen escasas garantías del cumplimiento de la legislación comunitaria. Además, las solicitudes de ayuda comunitaria no suelen ser objeto de controles sobre el terreno por las entidades independientes encargadas de la certificación de las cuentas de los organismos pagadores; b) en el ámbito de las acciones estructurales, el Tribunal detectó que los sistemas de control son, por lo general, ineficaces o moderadamente eficaces, y que la supervisión efectuada por la Comisión para mitigar el riesgo de que los sistemas de control de los Estados miembros no impidan los gastos excesivos o no subvencionables, es solo de una eficacia moderada. En consecuencia, el reembolso de los gastos relativos a los proyectos de las políticas estructurales está expuesto a errores importantes; c) en el ámbito de las políticas internas, los trabajos del Tribunal mostraron que los sistemas de control y supervisión no mitigan suficientemente el riesgo inherente del reembolso de gastos excesivos, con el consiguiente nivel importante de errores en los pagos a los beneficiarios; d) por lo que atañe a las acciones exteriores, pese a las mejoras de los sistemas de control y supervisión de la Comisión, se detectó un nivel importante de errores en los organismos de ejecución, debido a la persistencia de debilidades en los sistemas concebidos para garantizar la legalidad y regularidad de las operaciones en este nivel.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 401/19

Informe Especial n.o 15/2017

«Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces»

(2017/C 401/07)

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial n.o 15/2017 «Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces».

El Informe puede consultarse o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: http://eca.europa.eu.
36.

Si bien el Tribunal no pretende que las solicitudes rechazadas debieran haberse aceptado, ha observado dos casos en los que falta claridad en los criterios aplicados o en la justificación presentada al Estado miembro (véase el recuadro 3). En un caso, las condiciones exigidas para acceder a las ayudas en lo que se refiere al nivel de población afectada no se aplicaron como en casos equivalentes. Recuadro 3Algunos criterios de subvencionabilidad aplicados a catástrofes regionalesEn relación con una solicitud de ayuda por incendios forestales rechazada en 2005, la Comisión alegó como argumento que no había afectado a una parte importante de la población (véanse las condiciones en el apartado 2). Sin embargo, no recurrió al mismo argumento para rechazar un caso similar en 2003, sino que explicó en su informe anual sobre el Fondo relativo al período 2002-2003 la razón por la que no era aplicable esta condición en aquel caso, aunque la condición no tuviera mucho sentido en ninguna de las dos solicitudes relativas a los incendios forestales que fueron rechazadas.Una de las razones de la Comisión para rechazar un caso de inundaciones en 2004 fue que no se había activado el Mecanismo Comunitario de Protección Civil, lo que significa que las inundaciones tuvieron un alcance limitado. No obstante, la activación de tal mecanismo no es un requisito obligatorio, conforme al Reglamento. Este caso se comparó con otro relativo a unas inundaciones rechazado en 2005, en el que la Comisión también se refirió al Mecanismo de Protección Civil, afirmando sin embargo que este elemento no era pertinente.
14.

La Empresa Común ECSEL llegó a acuerdos con las autoridades financieras nacionales dentro de los límites establecidos en los Reglamentos (CE) no 72/2008 (1) y (CE) no 74/2008 (2) del Consejo que encomiendan la tarea de definir los costes totales a las autoridades financieras nacionales en base a sus acuerdos de subvenciones «de conformidad con sus normas nacionales, en particular en lo relativo a los criterios de subvencionabilidad y otros requisitos jurídicos». Estos Reglamentos no establecen la competencia de la Empresa Común para definir las reglas de las autoridades financieras nacionales, y no la facultan para llevar a cabo controles y auditorias entre las autoridades financieras nacionales. Se han reconocido y paliado estas lagunas en el Reglamento (UE) no 561/2014 del Consejo por el que se crea la Empresa Común ECSEL, que faculta a la Empresa Común para conceder las subvenciones de la UE en estricto cumplimiento de los procedimientos de Horizonte 2020.
12.

Tras las observaciones formuladas el ejercicio anterior por el Tribunal (véase el anexo I), la Agencia intensificó los controles de la subvencionabilidad y exactitud de los gastos de personal declarados en los programas de subvenciones, al constituir estos la mayor fuente de costes. En particular, para la comprobación de los gastos salariales declarados de una muestra de beneficiarios, se obtuvieron justificantes del tiempo trabajado, pero no las nóminas. El control ex post de los beneficiarios sobre el terreno en relación con los gastos es muy poco habitual.
19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 16 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 797 407 euros. En 2013 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2013, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (296 477 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (294 793 euros).
11.

Dada la falta de efectividad de las verificaciones ex ante y ex post, no hay garantías sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de 2012 referentes a las subvenciones. El Tribunal no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre estas operaciones.
15-16-17.

Reconocemos la importancia de la estrategia de auditoría ex post y la pertinencia de las observaciones del Tribunal. Sin embargo, desearíamos aportar la siguiente información adicional: 1. Los diferentes planes financieros y las reglamentaciones nacionales en vigor en los diferentes Estados miembros implican que la auditoría ex post es factible únicamente sobre proyectos concluidos. Por este motivo, en diciembre de 2012 se presentó al Consejo de Administración una nueva modificación de la estrategia de auditoría ex post de Artemis, finalmente aprobada en enero de 2013. 2. Hemos recibido informaciones de 15 Estados miembros acerca de su estrategia de auditoría ex post correspondiente a más del 95 % de la financiación de la EC pagada desde el principio hasta finales de 2012. 3. Los informes de auditoría ex post y los «Certificados de final de proyecto» recibidos de los Estados miembros se han analizado desde dos diferentes puntos de vista; a) Desde el punto de vista técnico, su consistencia con el informe final de revisión técnica del proyecto. b) Desde el punto de vista financiero, su congruencia con el marco presupuestario y los registros históricos de pagos. 4. El criterio rector principal de las operaciones de Artemis han sido el principio de subsidiariedad y de división de tareas que asigna la verificación final de acuerdo con la normativa nacional a los Estados miembros, y la verificación técnica de acuerdo con la normativa a Artemis. Sin embargo, comprendemos la preocupación del Tribunal y llevaremos a cabo un análisis más en profundidad de los informes de auditoría ex post de los Estados miembros.
El presupuesto de 2011 de la Oficina, aprobado por el Comité de Gestión, presentaba los créditos por títulos y capítulos únicamente, y no se subdividió en artículos y partidas. Esta situación contraviene el principio de especialización.

El Tribunal detectó 21 casos, por un valor total de 94 120 euros, en los que los créditos prorrogados a 2012 no correspondían a compromisos jurídicos. Se trata por tanto de prórrogas irregulares.

2011

La Oficina todavía no ha aprobado ni aplicado la totalidad de las normas de control interno; en particular, no se ha implantado un registro central de facturas ni un registro de excepciones.
c)

[conforme al Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Reglamento (UE) no 838/2010 de la Comisión y en el Reglamento (UE) no 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo]

Productos y servicios facilitados en 2012
24.

Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 400 493 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 1 772 390 euros y la partida presupuestaria 2100 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 430 152 euros. Las prórrogas representan compromisos para los que existen obligaciones jurídicas, pero todavía no se habían recibido las facturas correspondientes al final del ejercicio (servicios prestados pero todavía no facturados, proyectos en curso todavía no facturados y adquisición de material todavía no entregado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior (2 785 661 euros, de los cuales 2 762 096 se pagaron a lo largo de 2010).
16.

En su fiscalización, el Tribunal encontró insuficiencias en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos: no se respetó el anonimato en las pruebas escritas, se entrevistó a candidatos que no cumplían con los criterios previamente establecidos y no se aplicó criterio sistemático alguno para seleccionar a los candidatos. Estas prácticas ponen en peligro la transparencia de los procedimientos de selección.
15.

La Agencia no elaboró un programa de trabajo plurianual que contuviera indicadores de resultados como requiere el reglamento financiero. Su programa de trabajo anual no está vinculado con su presupuesto de compromisos sino que en gran medida se basa en previsiones de pagos. Las modificaciones presupuestarias no se acompañan de una adaptación simultánea del programa de trabajo aun cuando tengan una incidencia significativa. La introducción de un sistema de presupuestación por actividades permitiría vincular más nítidamente el programa de trabajo con las previsiones financieras.
11.25.

l Tribunal no observó errores de importancia significativa que pongan en duda la fiabilidad de las cuentas examinadas (escuelas de Karlsruhe y Mol y Oficina Central), que fueron elaboradas con arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero de 24 de octubre de 2006 aplicable al presupuesto de las Escuelas Europeas, y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. No obstante, el examen del Tribunal reveló que las cuentas consolidadas no se presentaron de manera equitativa y transparente, en todos sus aspectos significativos, con arreglo a las normas de contabilidad pertinentes, debido a: a) la aplicación insatisfactoria del principio de contabilidad de ejercicio, y b) la inclusión del excedente del ejercicio anterior como ingresos del actual ejercicio.»,
27.

El Tribunal no recibió el informe anual de actividades hasta septiembre de 2009, o sea, tres meses después del plazo establecido. Aunque contiene información financiera y de gestión, dicho informe no cumple todos los requisitos que figuran en los reglamentos de aplicación. La explicación relativa a la ejecución del programa de trabajo no incluye una evaluación extensa de los resultados en relación con los objetivos y el calendario fijados ni una valoración de la eficiencia y eficacia del sistema de control interno como lo exige el reglamento financiero.
12.

En un procedimiento de licitación (4), la complejidad del sistema de evaluación de las ofertas y la falta de criterios de adjudicación claros y completos, y de su ponderación respectiva, hicieron que la situación no resultara transparente a los licitadores. En el caso de un contrato marco (5), el Centro no publicó suficientes datos sobre el valor de mercado estimado ni en la convocatoria ni en los documentos de la licitación. Un contrato de servicios de mantenimiento informático (6) que había sido firmado en diciembre de 2003 por una persona no autorizada estuvo en vigor hasta el final de 2006, pese a las imprecisiones que contenía sobre la cantidad y el precio de los servicios requeridos.
4.

La estructura del programa que figura en la ficha financiera legislativa está expresada en objetivos operativos, a su vez desglosados por actividades. A primera vista, esta estructura responde a los requisitos del artículo 27, apartado 3, del Reglamento financiero. No obstante, la estructura presentada en la ficha legislativa no corresponde a la estructura de gestión del programa (que consta de tres componentes diferenciados). No es probable que el nombramiento de un coordinador del programa pueda aclarar la consecución de unos objetivos que son a la vez formales y diversos, o unas actividades que no corresponden a la realidad práctica de la gestión. Por lo tanto, sería deseable que los objetivos fijados se reformularan y se vincularan más estrechamente a los fines realmente perseguidos por los gestores. De no hacerse así, probablemente resultará muy difícil establecer unos indicadores de resultados.
Dictamen no 5/2003

del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por el que, con motivo de la adhesión de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa, se establecen medidas especiales y temporales para la contratación de funcionarios de las Comunidades Europeas

(2003/C 224/02)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 17 de junio de 2003, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Consejo por el que, con motivo de la adhesión de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa, se establecen medidas especiales y temporales para la contratación de funcionarios de las Comunidades Europeas(1).

El Consejo solicitó al Tribunal, mediante carta recibida por éste el 24 de junio de 2003, que emitiera dictamen sobre dicha propuesta.

El objeto de la misma consiste en que, a la hora de contratar funcionarios de los nuevos Estados miembros, se establezcan excepciones temporales a las disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios.

El Tribunal ha examinado la propuesta y emitido el presente Dictamen.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en particular, su artículo 283,

Vista la propuesta de la Comisión de 17 de junio de 2003,

Vista la solicitud de dictamen sobre esta propuesta enviada por el Consejo al Tribunal de Cuentas y recibida por éste el 24 de junio de 2003,

HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

El Tribunal no tiene nada que comentar acerca de la propuesta de la Comisión.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, en su reunión del día 17 de julio de 2003.

Por el Tribunal de Cuentas

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente

(1) COM(2003) 351 final, de 13 de junio de 2003.