ES Diario Oficial de la Unión Europea C 366/51

P8_TA(2015)0408

Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (2015/2066(INI))

(2017/C 366/06)

El Parlamento Europeo,

— Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

— Vistos los artículos 107, 108, 113, 115, 116, 175 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Vista su Decisión, de 12 de febrero de 2015, sobre el establecimiento de una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, sus competencias, composición numérica y mandato (1),

— Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre resoluciones fiscales y otras prácticas fiscales perniciosas en Luxemburgo, que se conocen como «LuxLeaks»,

— Vistos los resultados de las cumbres del G7, el G8 y el G20 sobre cuestiones fiscales de ámbito internacional, en especial las cumbres celebradas en Elmau (7 y 8 de junio de 2015), Brisbane (15 y 16 de noviembre de 2014), San Petersburgo (5 y 6 de septiembre de 2013), Lough Erne (17 y 18 de junio de 2013) y Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009),

— Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1998 sobre la competencia fiscal perniciosa: un problema mundial emergente,

— Visto el informe titulado «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» de la OCDE de 2013, el Plan de acción de esta organización al respecto (BEPS) y sus publicaciones posteriores,

— Vistas las conclusiones recientes del Consejo Europeo sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (14 de marzo de 2013), la fiscalidad (22 de mayo de 2013), el intercambio automático de información (18 de diciembre de 2014), la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), el intercambio automático de información a escala mundial y las medidas fiscales perniciosas (18 de diciembre de 2014) y la evasión fiscal (27 de junio de 2014),

— Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y su informe al Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales, de 22 de junio de 2015,

— Vistos los informes semestrales del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) sobre el Código de Conducta, dirigidos al Consejo,

— Vistas la Directiva sobre cooperación administrativa (2), la Directiva sobre intereses y cánones (3) y las recientes propuestas legislativas de la Comisión para modificarlas,

— Vista la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (4) («Directiva sobre matrices y filiales»), modificada por última vez en 2015,

— Vista la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (5),

— Visto el Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del TFUE (6),

— Vista la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros (7),

— Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (8),

— Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 26 de febrero de 2007, relativa a las actividades del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia en el ámbito de los procedimientos de prevención y resolución de litigios, y a las Directrices para los acuerdos previos sobre esos precios en la UE (COM(2007)0071),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de diciembre de 1998, relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (9),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2015)0302),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2015)0136),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal» (COM(2012)0722),

— Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva (C(2012)8806),

— Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal (C(2012)8805),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2012, sobre formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros países (COM(2012)0351),

— Vistas la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2011)0121) y la posición del Parlamento al respecto, de 19 de abril de 2012 (10),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

— Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (11), y los informes periódicos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) al Consejo,

— Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de abril de 2014, sobre la protección de los denunciantes de irregularidades,

— Vistos el informe Simmons & Simmons de 1999 sobre las prácticas administrativas a que se refiere el apartado 26 del informe del Grupo «Código de Conducta» de 1999, conocido como informe Primarolo (SN 4901/99,) y la actualización de este informe de 2009,

— Vistas las enmiendas adoptadas por el Parlamento, el 8 de julio de 2015, a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial (12),

— Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo (13),

— Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la fiscalidad (14),

— Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (15),

— Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero (16),

— Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales (17),

— Vista su Resolución, de 19 de abril de 2012, sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales (18),

— Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo — Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (19),

— Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal (20),

— Vistas las distintas audiencias parlamentarias —así como los informes correspondientes sobre esta cuestión—, mantenidas en el seno de los Parlamentos nacionales y, en especial, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Senado de los Estados Unidos y la Asamblea Nacional Francesa,

— Visto el artículo 52 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (A8-0317/2015),

LuxLeaks: hechos y cifras

A. Considerando que el escándalo LuxLeaks, que estalló el 5 de noviembre de 2014 gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual publicó unas 28 000 páginas de documentos confidenciales por los que se establecían más de 500 resoluciones fiscales privadas entre la administración tributaria luxemburguesa y más de 300 empresas multinacionales entre 2002 y 2010, reveló el alcance del recurso a acuerdos secretos que incluían complejas estructuras financieras concebidas para obtener importantes reducciones fiscales; que, en muchos casos, filiales en Luxemburgo gestionaron centenares de millones de euros de empresas que tienen una presencia reducida y ejercen poca actividad económica en este país;

B. Considerando que las cuestiones relativas a la erosión de la base imponible del impuesto sobre sociedades y las prácticas de planificación fiscal agresiva son conocidas y se analizan en el ámbito internacional desde hace, al menos, varias décadas; que LuxLeaks atrajo la atención del público y de los medios de comunicación hacia estas cuestiones, al revelar prácticas fiscales cuestionables fomentadas por empresas de auditoría en un Estado miembro específico; que las investigaciones de la Comisión y la labor del Parlamento por medio de su comisión especial han revelado que no se trata de un caso aislado, sino que la adopción de medidas fiscales para reducir la deuda tributaria global de algunas grandes sociedades a fin de aumentar de forma artificial la base imponible nacional a expensas de otros países, algunos de los cuales están sometidos a medidas de austeridad, es una práctica generalizada en Europa y fuera de ella;

C. Considerando que tales comportamientos, que a menudo resultan en la desvinculación del lugar en que se genera el valor y el lugar en que se gravan los beneficios, no se limitan a las resoluciones fiscales, sino que abarcan un amplio abanico de prácticas fiscales perniciosas que aplican las administraciones tributarias nacionales en la UE y en terceros países;

D. Considerando que someter estas prácticas al control público forma parte de la supervisión democrática; que, teniendo en cuenta sus repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad, solo pueden subsistir si permanecen ocultas o se toleran; que los periodistas de investigación, el sector no gubernamental y la comunidad académica han desempeñado un papel clave a la hora de denunciar casos de elusión fiscal y de informar de ello al público, y que, en la medida en que no pueden evitarse, su denuncia no debe depender del valor y el sentido ético de denunciantes individuales, sino que debe formar parte de mecanismos más sistemáticos de notificación e intercambio de información;

Posición de los Estados miembros ante la fiscalidad de las empresas

E. Considerando que los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en los 28 Estados miembros de la Unión ascendió a una media del 2,6 % del PIB en 2012 (21);

F. Considerando que, de conformidad con el Tratado, la fiscalidad de las empresas es competencia principalmente de los Estados miembros; que, teniendo la UE la competencia en materia de fiscalidad, el ejercicio de esa competencia debe regirse normalmente por la regla de la unanimidad en el Consejo; que esta circunstancia ha motivado que no se hayan adoptado todavía decisiones significativas a escala de la UE en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, a pesar de los avances recientes en la integración de la UE en lo que se refiere al mercado interior y a otros ámbitos cubiertos por los Tratados de la Unión, como los acuerdos comerciales internacionales, la moneda única, la gobernanza económica y fiscal y los principios y la legislación contra el blanqueo de capitales; que los Estados miembros deben respetar la legislación europea en materia de competencia y velar por que su legislación fiscal sea compatible con los principios del mercado interior y no cree distorsiones de la competencia; que, al otorgar el derecho de veto a cada Estado miembro, la regla de la unanimidad en el Consejo reduce los incentivos para pasar del statu quo a una solución más cooperativa; que, salvo que se recurra al procedimiento establecido en el artículo 116 del TFUE, para cambiar el requisito de la unanimidad en asuntos de fiscalidad directa sería necesario modificar el Tratado;

G. Considerando que la situación actual, en virtud de la cual cada Estado miembro tiene un derecho de veto, implica que todos los Estados miembros deben actuar de manera decidida y cooperar en la lucha contra el problema paneuropeo de la evasión y la elusión fiscales;

H. Considerando que, con algunas excepciones loables, los representantes políticos nacionales no han dado muestras, hasta la fecha, de voluntad de querer abordar el problema de la elusión fiscal, incluidas las resoluciones fiscales;

I. Considerando que en el mercado interior europeo los capitales circulan libremente y las grandes empresas facilitan información sobre sus actividades de forma consolidada pero que las autoridades fiscales recaudan los impuestos a nivel nacional e intercambian muy poca información entre sí;

J. Considerando que, en un mercado interior completado, ninguna distorsión artificial debe afectar a las decisiones de inversión y de localización de las empresas; que, no obstante, la globalización, la digitalización y la libre circulación de capitales crean las condiciones para una competencia fiscal más intensa entre Estados miembros y con terceros países, con vistas a atraer inversión y empresas; que es importante mantener las empresas en Europa y atraerlas, pero que estas iniciativas no deben adoptar la forma de regímenes fiscales potencialmente perniciosos, destinados en primer lugar a fomentar la inversión y atraer actividad económica adicional en reacción a medidas similares aplicadas por países vecinos o cuyo objetivo es corregir lo que se consideran desequilibrios preexistentes entre los Estados miembros, en cuanto a riqueza relativa, tamaño o posición periférica; que, por otra parte, en algunas jurisdicciones parece existir una correlación entre unos sistemas de fiscalidad de las empresas atractivos y un elevado nivel de riqueza nacional; que el diseño óptimo de los sistemas fiscales depende de numerosos factores y varía, por consiguiente, de un país a otro; que la competencia fiscal perniciosa entre Estados miembros limita el potencial del mercado único;

K. Considerando que, en lugar de concentrarse meramente en la creación de un entorno empresarial atractivo con, por ejemplo, buenas infraestructuras y una mano de obra de gran calidad, en particular mediante gastos generadores de productividad, y de garantizar la estabilidad y previsibilidad de los sistemas fiscales, cada país, cuando opera en un contexto de competencia fiscal, se sirve de su legislación nacional en conjunción con su red de acuerdos fiscales para promoverse como destino de las inversiones y/o como nodo central por el que se canalicen los flujos financieros o en el que se registran los beneficios, atrayendo de este modo a empresas o sociedades ficticias a costa de otros países socios y creando prácticas desleales hacia ellos; que, considerados por separado, cada país tiene un claro interés en actuar «por libre», esto es, en ser el primero en diseñar y aplicar disposiciones y regímenes fiscales específicos para atraer la base imponible y el último en participar en cualquier acción cooperativa y coordinada con miras a abordar la elusión fiscal;

L. Considerando que existe una competencia fiscal entre los Estados miembros; que en el artículo 4 del TUE se recoge el principio de cooperación leal entre los Estados miembros de la Unión; que los Estados miembros deben aplicar plenamente el principio de cooperación leal en materia de competencia fiscal;

M. Considerando que algunos Estados miembros mantienen posiciones ambivalentes en cuanto a la elusión fiscal, lamentándose por un lado de la erosión de su base imponible nacional y, al mismo tiempo, siendo responsables del diseño de los sistemas fiscales nacionales e internacionales en vigor que la hacen posible, e incluso impidiendo cualquier avance de los sistemas fiscales hacia una solución más coordinada, que, en el marco de una movilidad total del capital dentro de la UE, y atendiendo al objetivo declarado de la Comisión de crear una unión de mercados de capitales, la interdependencia y los efectos mutuos de los sistemas fiscales nacionales y los ingresos fiscales nacionales deben tenerse en cuenta en su conjunto, tomando en consideración los amplios efectos indirectos transfronterizos, positivos y negativos, de las decisiones de cada Estado miembro en materia fiscal, puesto que los incentivos fiscales de un determinado país redundan en la erosión de la base imponible de otro;

N. Considerando que estamos siendo testigos de una paradoja en virtud de la cual la libre competencia entre los Estados miembros en materia fiscal ha dado lugar a conductas anticompetitivas y a distorsiones de la competencia;

O. Considerando que la introducción del mercado único europeo ha demostrado ser muy beneficioso para las economías nacionales, al hacerlas más competitivas y atractivas en una economía globalizada, y que la convergencia fiscal entre los Estados miembros tendrá, en última instancia, el mismo efecto;

P. Considerando que el legislador y las administraciones tributarias, a menudo insuficientemente dotadas, no pueden anticipar sino solo reaccionar, algunas veces con gran retraso, a los regímenes innovadores de elusión fiscal concebidos y fomentados por algunos asesores fiscales, en particular de grandes empresas de auditoría, abogados y empresas intermediarias; que, en particular, la experiencia demuestra que los organismos de la UE que deben impedir la introducción de medidas fiscales perniciosas (por ejemplo el Grupo «Código de Conducta» creado por los Estados miembros en 1998, o la Comisión como guardiana de los Tratados) han dado muestras de su incapacidad para contrarrestar esta evolución indeseable, a veces reaccionando de forma ineficaz o sobre la base de un mandato demasiado limitado, y que se ha introducido en la Unión una multitud de nuevas medidas o acuerdos de elusión fiscal, a menudo agresivos, como el régimen de incentivos sobre las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles («patent box»); que las multinacionales, en la UE y en todo el mundo, confían en la experiencia de un sector bien organizado y competente de asesores fiscales, bancos y otros proveedores de servicios financieros para desarrollar sus regímenes de elusión fiscal; que este sector está representado al mismo tiempo en organismos que asesoran a gobiernos y a instituciones públicas en cuestiones fiscales, como, por ejemplo, la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal de la UE; que existe una preocupación por los conflictos de intereses que podrían surgir ante el hecho de que las mismas empresas faciliten asesoramiento tanto a las autoridades públicas como a las empresas multinacionales privadas;

Q. Considerando que toda planificación fiscal debe realizarse dentro de los límites del Derecho y los Tratados aplicables; que, por consiguiente, la respuesta más adecuada a una planificación fiscal agresiva es una buena legislación y una coordinación internacional orientada a los resultados deseados;

R. Considerando que la aplicación de la legislación es decisiva para la consecución de los objetivos deseados; que esta aplicación corresponde a las administraciones nacionales que, a menudo, tienen pocos incentivos para cooperar entre sí a escala europea; que esta situación se suma a las divergencias derivadas de las diferencias en las legislaciones de toda la Unión y las agrava;

S. Considerando que la troika institucional (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) encargada de supervisar los programas de ajuste financiero y presupuestario en Estados miembros como Portugal y Grecia no intentó impedir amnistías fiscales, resoluciones fiscales, beneficios fiscales y regímenes de exención fiscal que eran y son injustamente discriminatorios, al favorecer a las empresas y personas que eluden el pago de impuestos, causando una gran sangría en los ingresos públicos e incrementando la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los ciudadanos, que ya sufren una carga impositiva excesiva;

T. Considerando que la investigación y la persecución de los delitos fiscales y del blanqueo de capitales, que con frecuencia incluyen operaciones financieras y personas jurídicas en diversas jurisdicciones, constituye un gran reto; que, con frecuencia, el personal de los Estados miembros encargado de las investigaciones y que lleva a cabo las acciones judiciales contra los autores de delitos fiscales y otros delitos financieros no está suficientemente formado ni equipado;

U. Considerando que las políticas de austeridad y contención presupuestaria de los últimos años han reducido significativamente la capacidad de las administraciones tributarias para investigar los delitos fiscales y las prácticas fiscales perniciosas; que estos recortes fueron particularmente perjudiciales en los países objeto de programas de asistencia financiera dirigidos por la troika, en los que el aumento de los ingresos del Estado se logró a costa de la sobrecarga impositiva de las pymes y los ciudadanos, en tanto que, con frecuencia, las grandes sociedades y los ricos defraudadores de impuestos se beneficiaron de amnistías fiscales, resoluciones fiscales y otras exenciones fiscales y regímenes de ventajas fiscales, como ocurrió en Portugal y Grecia;

Resoluciones fiscales y prácticas fiscales perniciosas

V. Considerando que las resoluciones fiscales cubren una amplia gama de prácticas en los Estados miembros, desde una política ad hoc hasta una aplicación de la legislación claramente estructurada, en cuanto al posible ámbito de aplicación y los temas cubiertos, el carácter vinculante, la frecuencia de uso, la publicidad, la duración y el pago de tarifas, y que no existe una definición acordada en común de las resoluciones fiscales en el ámbito internacional, excepto la referencia de la Comisión a ellas como «cualquier comunicación u otros instrumentos o recursos de efectos similares empleados por el Estado miembro o en su nombre en relación con la interpretación o aplicación de la legislación fiscal»;

W. Considerando que las resoluciones fiscales no son en sí mismas problemáticas, dado que —como es su finalidad original— pueden ofrecer seguridad jurídica al contribuyente y reducir los riesgos financieros de las empresas honestas en aquellos casos en que la legislación fiscal o su aplicación concreta no quedan claras o son objeto de interpretaciones divergentes en determinadas circunstancias, especialmente cuando se trata de operaciones complejas, con lo que se evitan futuros litigios entre el contribuyente y las autoridades fiscales;

X. Considerando que la práctica de las resoluciones se ha desarrollado, en el marco de una relación más estrecha y cooperativa entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, como un instrumento para abordar la complejidad creciente del tratamiento fiscal de determinadas transacciones en una economía cada vez más compleja, global y digitalizada; que, a pesar de las afirmaciones de los Estados miembros de que las resoluciones no son discrecionales, sino un mero instrumento para clarificar la legislación fiscal existente, aunque se mantengan en secreto, los trabajos de la comisión especial han confirmado que las resoluciones judiciales pueden emitirse sin ningún marco jurídico mediante acuerdos informales o discrecionales que apoyan estructuras creadas con fines fiscales que dependen de instrumentos de planificación fiscal habitualmente utilizados por las empresas multinacionales con objeto de reducir su contribución fiscal; que este parece ser el caso particular, aunque no exclusivo, de las resoluciones relativas a la fijación de los precios de transferencia entre empresas (los denominados acuerdos previos sobre precios de transferencia); que, al ofrecer seguridad jurídica solo a algunos actores elegidos pueden crear desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado y las empresas del mismo sector que no tienen acceso a ellas;

Y. Considerando que ni la OCDE ni la Comisión Europea han pedido que se ponga fin a la práctica de las resoluciones fiscales como tales;

Z. Considerando que las resoluciones fiscales previas no deben afectar de ninguna manera al tratamiento fiscal de ninguna operación, ni beneficiar a un contribuyente en perjuicio de otro, sino que, en igualdad de condiciones, deben tener el mismo efecto que la aplicación ex post de las disposiciones fiscales subyacentes; que, en consecuencia, este informe no se centra únicamente en las resoluciones fiscales, sino que incluye, en consonancia con el mandato recibido de la comisión especial (TAXE), cualquier medida fiscal de naturaleza o efectos similares, dentro del término genérico de «prácticas fiscales perniciosas», esto es, medidas destinadas a atraer a empresas o transacciones no residentes a expensas de otras jurisdicciones fiscales en las que normalmente deberían gravarse dichas transacciones y/o medidas destinadas a favorecer únicamente a algunas empresas, distorsionando de esa forma la competencia;

AA. Considerando que las prácticas fiscales perniciosas pueden relacionarse, en cierta medida, con uno o varios de los siguientes efectos indeseados: falta de transparencia, discriminación arbitraria, distorsión de la competencia y desigualdad de condiciones dentro y fuera del mercado interior, repercusiones sobre la integridad del mercado único y sobre la equidad, estabilidad y legitimidad del sistema fiscal, una fiscalidad superior en factores económicos menos móviles, mayor desigualdad económica, competencia desleal entre Estados, erosión de la base imponible, descontento social, desconfianza y déficit democrático;

AB. Considerando que debe reconocerse que, si bien las pymes siguen siendo el motor de la economía y del empleo en Europa, las empresas multinacionales desempeñan también una función clave en la generación de inversión, crecimiento económico y empleo; que el pago de la parte de impuestos que les corresponde en el país en el que tiene lugar realmente su actividad económica y la creación de valor sigue siendo una contribución fundamental de esas empresas al bienestar y la sostenibilidad de las sociedades europeas;

La labor de la comisión especial

AC. Considerando que su comisión especial competente, creada el 26 de febrero de 2015, celebró catorce reuniones, durante las cuales oyó al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, al presidente en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, a los ministros de Finanzas de Francia —Michel Sapin—, Alemania —Wolfgang Schäuble—, Italia —Pier Carlo Padoan— y España —Luis de Guindos—, a representantes de la OCDE, denunciantes de irregularidades, periodistas de investigación, expertos, académicos, representantes de las multinacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, así como a miembros de los Parlamentos nacionales de la UE (véase el anexo 1); que delegaciones de la Comisión TAXE visitaron Suiza para examinar aspectos específicos de la dimensión relativa a los terceros países de su mandato, y los siguientes Estados miembros a fin de llevar a cabo misiones de investigación: Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido; que también se organizaron reuniones con representantes de los Gobiernos de Gibraltar y las Bermudas; considerando que todas estas actividades, pese a haber aportado información valiosa de diversa índole sobre los sistemas y prácticas fiscales de la UE, no han aclarado todas las cuestiones pertinentes, en particular las incoherencias que siguen existiendo en las declaraciones del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker en relación con la página del informe Krecké mantenida en secreto durante largo tiempo;

AD. Considerando que parte del trabajo de la comisión se vio obstaculizado por el hecho de que varios Estados miembros y el Consejo no respondieron a su debido tiempo (véase el anexo 2) y, al final, no remitieron toda la documentación solicitada o simplemente dieron respuestas de cortesía que apenas incidían en la sustancia de las solicitudes formuladas; que, de las diecisiete multinacionales invitadas, solo cuatro aceptaron comparecer ante la comisión en junio y julio de 2015 la primera vez que fueron invitadas; que otras once empresas multinacionales solo aceptaron comparecer ante la comisión después de la votación del informe en la Comisión TAXE y tras repetidas invitaciones, de modo que hubo de convocarse una nueva reunión extraordinaria poco después de la votación en el Pleno (véase el anexo 3); que la Comisión no cooperó plenamente tampoco y no envió todos los documentos de sesión y notas de las reuniones informales referentes al Código de Conducta, ofreciendo solo, debido a la intransigencia de algunos Estados miembros, un procedimiento limitado de consulta; que, por ello, fue necesario prolongar el mandato de la comisión;

AE. Considerando que varias investigaciones de la Comisión sobre ayudas públicas en relación con acuerdos previos de precios de transferencia, validados por resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, que afectan a los beneficios imponibles atribuidos a determinadas filiales de multinacionales seguían todavía en curso en el momento de la aprobación del presente informe;

Visión general de las prácticas en materia de fiscalidad de las empresas en los Estados miembros

1. Recuerda que los modelos de fiscalidad de las empresas en vigor en los países industrializados fueron concebidos en la primera mitad del siglo XX, una época en que la actividad transfronteriza era limitada; señala que la globalización y la digitalización de la economía han modificado radicalmente la cadena de valor mundial y el funcionamiento de los mercados y que las empresas de mayor tamaño cuentan en la actualidad con una estructura transnacional que forzosamente rebasa las normas fiscales nacionales; hace hincapié en que las normas nacionales e internacionales en el ámbito fiscal no han seguido el ritmo de las transformaciones del entorno empresarial;

2. Destaca la necesidad de formular una política fiscal equilibrada y justa como parte integrante de la reforma estructural en los Estados miembros;

3. Señala que, al tiempo que el cumplimiento de los distintos sistemas fiscales resulta cada vez más complejo para las empresas con operaciones transfronterizas, la globalización y la digitalización facilitan la organización de sus actividades por medio de centros financieros extraterritoriales y la creación de estructuras sofisticadas cuya finalidad es reducir la contribución impositiva global; expresa su preocupación por el hecho de que, debido a la crisis económica y de la deuda y al saneamiento presupuestario, la mayor parte de los Estados miembros hayan reducido considerablemente el personal de sus administraciones tributarias; subraya que conviene dotar a las administraciones tributarias nacionales de suficientes efectivos, en particular recursos humanos, para permitirles que funcionen de forma efectiva a la hora de prevenir, detectar y combatir la planificación fiscal agresiva, la evasión fiscal y la elusión fiscal, que generan una importante erosión de su base imponible, y garantizar una recaudación de impuestos más satisfactoria y equitativa y la credibilidad del sistema fiscal; toma nota de que algunos estudios realizados han puesto de manifiesto que unos efectivos competentes en las administraciones tributarias suponen unos ingresos para el Estado significativamente superiores a los gastos conexos,, ya que la eficacia de las administraciones tributarias tiene repercusiones directas positivas en los ingresos fiscales;

4. Recalca la diferencia entre, por un lado, las prácticas perniciosas de determinadas administraciones tributarias y nacionales que permiten que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a fin de evitar la tributación en los territorios donde se generaron dichos beneficios y, por otro, la competencia entre los gobiernos a la hora de atraer la inversión extranjera directa (IED) o de mantener las actividades económicas dentro del país respetando plenamente la legislación de la UE;

5. Destaca que el Tratado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, permite a los Estados miembros determinar sus propios tipos del impuesto de sociedades y la base imponible en tanto no se hayan acordado medidas de mayor calado en materia de convergencia fiscal en consonancia con el Tratado; destaca asimismo que, no obstante, las normas excesivamente complejas de los sistemas fiscales nacionales, junto con las diferencias entre estos sistemas, crean lagunas que las multinacionales aprovechan para una planificación fiscal agresiva, lo que provoca la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios, una carrera competitiva a la baja y, en última instancia, un resultado económico no óptimo; subraya que este tipo de elusión fiscal es un juego de suma negativa para todos los presupuestos nacionales considerados en su conjunto, dado que los aumentos en los ingresos fiscales resultantes de prácticas perniciosas en un Estado miembro (gracias a excepciones, deducciones específicas o lagunas) no compensan las reducciones de los ingresos fiscales en otros; observa que solo un enfoque conjunto y más coordinado por parte de los Estados miembros, que debe conducir a un marco común en el que los Estados miembros fijen sus tipos impositivos, puede impedir que prosiga la erosión de la base imponible y la competencia fiscal perniciosa y se produzca una carrera de tipos impositivos a la baja;

6. Recuerda que algunos Estados miembros tienen, formalmente, unos impuestos sobre sociedades más elevados que otros, pero que, en realidad, debido a las deducciones y lagunas que benefician a las empresas nacionales, los tipos impositivos de los primeros son sustancialmente más bajos, con lo que el tipo impositivo en la práctica resulta más bajo que el de los Estados miembros con un tipo impositivo formalmente bajo;

7. Destaca el hecho de que un impuesto sobre sociedades más reducido en algunos Estados miembros puede dar lugar a unos ingresos fiscales relativamente más altos de los que producirían unos tipos impositivos más altos;

8. Señala que, de acuerdo con la Comisión (22), entre 1995 y 2014 se han reducido en 12 puntos porcentuales —del 35 % al 23 %— los tipos oficiales del impuesto sobre sociedades en la UE; hace hincapié en que este descenso de los tipos impositivos viene acompañado por una ampliación de la base imponible para mitigar las pérdidas de ingresos, y que los ingresos relativamente estables procedentes de los impuestos a empresas en el mismo periodo también pueden explicarse por una importante tendencia a la «incorporación», esto es, el paso de determinadas formas jurídicas de la actividad empresarial, como la propiedad (individual), al estatuto de sociedad, que comportan un cambio similar de la base imponible sobre las personas físicas a la base imponible sobre las sociedades;

9. Toma nota de que la mayoría de los Estados miembros desembolsan grandes sumas de dinero en incentivos fiscales destinados a ofrecer a las pymes una ventaja competitiva, pero que, según la Comisión (23), estos intentos se ven socavados por el efecto de la planificación fiscal internacional en tres de cada cuatro Estados miembros examinados en un estudio reciente; observa que dichos efectos colocan a las pymes en una situación de desventaja competitiva pese a los elevados costes asociados a los gastos fiscales para apoyarlas y que estos resultados socavan las intenciones de los responsables políticos nacionales;

10. Resalta la distancia creciente entre los tipos impositivos oficiales y los efectivos, en especial para las empresas que operan a escala mundial, lo cual refleja, al menos en parte, varias excepciones y exenciones del régimen fiscal general, bien sea perseguidas por el legislador para alcanzar objetivos específicos o bien como resultado de una planificación fiscal agresiva, esto es, de la creación de acuerdos puramente artificiales con fines exclusivamente fiscales;

11. Hace hincapié en que las disparidades entre los distintos sistemas fiscales a escala mundial contribuyen a una erosión significativa de la base imponible y a la evasión fiscal, pero que una actuación a escala de la UE no bastará por sí sola para abordar estos problemas;

12. Toma nota de la gran diversidad de los 28 sistemas fiscales de la UE, tanto por lo que se refiere a la definición de la base imponible como al nivel de los tipos impositivos, que es aún mayor si se tienen en cuenta aquellas jurisdicciones especiales con regímenes tributarios autónomos vinculadas a Estados miembros de la UE (territorios de ultramar y territorios dependientes de la Corona británica); lamenta que las nociones y los elementos básicos, como el equilibrio entre la fiscalidad de origen y de residencia, el establecimiento permanente y las entidades fiscales, la sustancia económica y las normas contra los abusos, la definición de intereses y cánones, el tratamiento de los activos inmateriales, y el tratamiento de la deuda y los fondos propios, por no hablar de lo que puede o no puede deducirse de la base imponible, no sean hoy objeto de ninguna definición conjunta ni de orientaciones de la UE, lo cual deja a los Estados miembros con sistemas fiscales no coordinados; subraya la necesidad de armonizar estas definiciones;

13. Destaca que los regímenes preferenciales nacionales y los desajustes entre los distintos sistemas fiscales dentro del mercado único crean oportunidades para la elusión fiscal; observa que estos efectos no deseados se ven agravados por la interacción de un gran número de acuerdos fiscales bilaterales entre Estados miembros y terceros países, y la insuficiencia en dichos acuerdos de cláusulas contra los abusos;

14. Señala que este marco fiscal no coordinado dentro de la Unión también adolece de una evidente falta de cooperación entre los Estados miembros; destaca, en este mismo contexto, que los Estados miembros no tienen necesariamente en cuenta los efectos de sus medidas fiscales para otros Estados miembros, no solo al concebir dichas medidas, sino también al compartir información relativa a la aplicación de las mismas, lo que provoca, de facto, una política fiscal basada en perjudicar al vecino, algo que es contrario a las propias bases del proyecto europeo; observa que un intercambio de información automático, sistemático y eficiente entre los Estados miembros permitiría tener en cuenta el tratamiento fiscal de flujos de ingresos específicos o de las transacciones en otros Estados miembros; señala que esta situación contribuye también a crear una situación inaceptable en la que los beneficios generados por las multinacionales en un Estado miembro a menudo se gravan en la Unión con tipos muy bajos o ni siquiera se gravan;

15. Opina que la política fiscal y la política de competencia deben interpretarse como las dos caras de una misma moneda en el mercado interior, y pide a la Comisión que vuelva a examinar y que refuerce los mecanismos y los recursos de la política de competencia y las ayudas públicas;

16. Destaca que la convergencia entre los sistemas fiscales nacionales en el seno de la Unión ha sido muy limitada a pesar de una profundización sin precedentes del proceso de integración de la UE en los últimos 30 años, en especial en relación con el mercado único y la unión económica y monetaria; lamenta que la coordinación de los sistemas fiscales nacionales esté muy rezagada con respecto a los esfuerzos de coordinación llevados a cabo en otros ámbitos a escala de la UE, en especial en el marco del Semestre Europeo, a pesar de que, además de la importancia de las medidas sobre los gastos, una parte importante de la combinación de políticas para garantizar el saneamiento presupuestario afecta a los ingresos; opina que este aspecto debería haberse mencionado en el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa, de junio de 2015;

17. Destaca que la falta de voluntad política para conseguir la convergencia de las políticas fiscales nacionales hace que los Estados miembros opten por un enfoque bilateral, cuando un enfoque común sería más eficaz; recuerda la posibilidad de trabajar sobre la convergencia fiscal utilizando la cooperación reforzada; se felicita, en este sentido, de la voluntad de algunos Estados miembros de crear un impuesto sobre las transacciones financieras;

Los instrumentos para una planificación fiscal agresiva y sus efectos

18. Destaca que la elusión fiscal de algunas multinacionales puede resultar en unos tipos impositivos efectivos próximos a cero para los beneficios generados en jurisdicciones europeas, y señala que tales multinacionales, al tiempo que se benefician de diversos bienes y servicios públicos en los lugares donde operan, no pagan la parte que les correspondería, con lo que contribuyen a la erosión de la base imponible nacional y a unas mayores desigualdades; subraya asimismo que la posibilidad de trasladar los beneficios solo está al alcance de las empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas, lo cual supone una penalización para los competidores cuya actividad se limita a un solo país;

19. Señala con preocupación que la elusión fiscal de las empresas tiene repercusiones directas en los presupuestos nacionales y en el reparto del esfuerzo tributario entre las diferentes categorías de contribuyentes y entre los factores económicos (en beneficio de los factores más móviles como el capital en forma de IED; lamenta que, además de las distorsiones de la competencia y la desigualdad de condiciones, ello provoque una situación extremadamente preocupante en la que, en un contexto de intensos esfuerzos de saneamiento presupuestario y reformas estructurales, algunos de los contribuyentes con la mayor capacidad contributiva aporten muchísimo menos que los más afectados por la crisis económica, financiera y de la deuda, como los ciudadanos corrientes y las empresas que no utilizan una planificación fiscal agresiva, que frecuentemente se encuadran en la categoría de pymes y a menudo no son capaces de competir con las multinacionales debido a estas desventajas fiscales comparativas; destaca que esta situación puede fomentar la desconfianza en la democracia y afectar al cumplimiento general de las obligaciones fiscales, en particular en los países sometidos a programas de ajuste; lamenta el hecho de que los denunciantes de irregularidades, que brindan a las autoridades nacionales, por el interés público, información clave sobre comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades o prácticas ilegales, puedan ser objeto de acciones judiciales y sufrir graves repercusiones personales y económicas; observa con gran preocupación que incluso los periodistas que descubren prácticas ilegales o ilegítimas se han enfrentado en ocasiones a consecuencias análogas;

20. Señala que una investigación del FMI (24) relativa a 51 países deduce que el traslado de beneficios entre jurisdicciones fiscales genera, por término medio, una pérdida de ingresos de un 5 % en la actual recaudación de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, y de casi un 13 % en los países que no pertenecen a la OCDE; observa por otra parte que, según la Comisión, existen pruebas econométricas que muestran que la sensibilidad de la IED a la fiscalidad sobre las empresas ha aumentado con el tiempo; destaca que, según un estudio, se estima que cada año deja de recaudarse en la UE aproximadamente un billón de euros de ingresos fiscales potenciales debido a los efectos combinados del fraude, la evasión fiscal, incluida la economía sumergida, y la elusión fiscal (25), y que las estimaciones señalan unas pérdidas anuales para los presupuestos nacionales debidas a la elusión fiscal de entre 50 000 y 70 000 millones de euros, pero que estas pérdidas de ingresos en toda la Unión podrían en realidad ascender a aproximadamente 160 000-190 000 millones de euros si se tuvieran en cuenta las disposiciones fiscales especiales, las deficiencias en la recaudación y otras actividades similares (26); que la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas ha calculado que los países en desarrollo pierden alrededor de 100 000 millones de dólares al año en ingresos debido a la elusión fiscal de las multinacionales; señala que estas cifras deben valorarse con prudencia y pueden subestimar las pérdidas reales para los presupuestos nacionales, teniendo en cuenta la transparencia limitada y los distintos marcos conceptuales y de contabilidad en el mundo, que afectan a la disponibilidad de datos comparables y significativos y a la fiabilidad de las estimaciones;

21. Observa que las estrategias de planificación fiscal pueden basarse en la estructuración de las sociedades, los acuerdos de financiación para sus filiales o la fijación de precios de transferencia sin relación alguna con las actividades económicas reales, lo que permite el traslado artificial de beneficios entre jurisdicciones con el fin de reducir la contribución fiscal global de las empresas; señala con gran preocupación el creciente número de sociedades ficticias en la UE, que constituyen «sociedades» solo de manera nominal y se usan exclusivamente para fines de evasión fiscal; señala el ejemplo concreto de McDonald's, cuyas prácticas fiscales les habrían ocasionado a los países europeos, según un informe elaborado por una agrupación de sindicatos, unas pérdidas en la recaudación superiores a los 1 000 millones de euros entre 2009 y 2013 (27);

22. Considera que los regímenes preferenciales nacionales y el bajo nivel de coordinación o convergencia entre los sistemas fiscales de los Estados miembros, a pesar de las interconexiones económicas existentes y las interrelaciones en el mercado interior, tienen como consecuencia una serie de desajustes que permiten la planificación fiscal agresiva, las deducciones dobles y la doble no imposición, por ejemplo mediante una o varias de las prácticas siguientes: fijación abusiva de los precios de transferencia, localización de las deducciones en países de alta imposición, transferencias de fondos obtenidos mediante créditos por medio de sociedades interpuestas, transferencias de riesgos, productos financieros híbridos, aprovechamiento de los desajustes normativos, arbitraje fiscal, acuerdos sobre cánones, elección abusiva de los acuerdos más favorables y localización de las ventas de activos en países de baja imposición;

23. Destaca que, durante sus misiones de investigación en cinco Estados miembros y Suiza, su comisión especial observó que una serie de medidas fiscales nacionales, utilizadas a menudo de manera combinada por las multinacionales, podían constituir prácticas fiscales perniciosas, en especial las siguientes (en una lista que no debe considerarse exhaustiva): — uso abusivo de las resoluciones fiscales o de los acuerdos de resolución para ir más allá de una mera aclaración de la legislación vigente y obtener un trato fiscal preferente; — definiciones divergentes de establecimiento permanente y de domicilio fiscal; — escasa o nula atención a la sustancia económica que permite la creación de entidades con fines especiales (por ejemplo, sociedades ficticias, compañías registradas en un paraíso fiscal,…) con un trato fiscal favorable; — deducciones de intereses teóricos (lo que permite a las empresas deducir de sus ingresos imponibles un interés ficticio calculado sobre la base de sus fondos propios); — prácticas de resolución de beneficios extraordinarios (mediante las cuales una empresa puede obtener una confirmación escrita de la administración tributaria de que sus ingresos imponibles no incluyen aquellos beneficios que no se habrían conseguido en una situación intrínseca); — disposiciones poco claras o no coordinadas en materia de precios de transferencia; — una serie de regímenes preferenciales, en especial en relación con intangibles (regímenes preferenciales en el ámbito de las patentes («patent boxes»), el conocimiento («knowledge boxes») o la propiedad intelectual («IP boxes»)); — devolución o exención de la retención fiscal en origen sobre los intereses, dividendos y cánones mediante convenios fiscales bilaterales o en virtud de la legislación nacional; — diferencias entre las calificaciones jurídicas entre Estados miembros (entidades híbridas o créditos híbridos, en los que los gastos de los intereses se transforman en dividendos exentos); — en el caso de Suiza, regímenes fiscales especiales a escala cantonal para las empresas bajo control extranjero que no se conceden a empresas bajo control nacional (denominados «regímenes de delimitación»); — ausencia de unas normas generales o específicas eficaces contra los abusos, o una aplicación o interpretación débiles de las mismas; — y estructuras que pueden ocultar al titular real de los activos y no estar sujetas a los regímenes de intercambio de información, como los fideicomisos y los denominados «puertos francos»;

24. Toma nota de que, según la Comisión (28), el 72 % de los traslados de beneficios se producen en la Unión mediante los precios de transferencia y la ubicación de la propiedad intelectual;

25. Destaca que varios Estados miembros han desarrollado en los últimos años regímenes fiscales específicos para reducir los impuestos sobre sociedades a fin de atraer activos intangibles móviles de empresas, por ejemplo los ingresos resultantes de la propiedad intelectual; observa la variedad de reducciones del tipo impositivo y deducciones y en el ámbito de los regímenes propuestos en el ámbito de la innovación («innovation boxes»), de la propiedad intelectual («intellectual property boxes»), del conocimiento («knowledge boxes»), de las patentes («patent boxes»), etc.; hace hincapié en que, en algunos Estados miembros, los contribuyentes no tienen que generar propiedad intelectual ellos mismos o dentro del país a fin de acceder a beneficios fiscales; basta adquirirla a través de una empresa que tenga su domicilio fiscal en la jurisdicción; resalta, por lo tanto, que todo incentivo fiscal a la investigación y el desarrollo debe estar vinculado a gastos reales en la jurisdicción declarada;

26. Subraya además que, en los sistemas fiscales nacionales, la inversión en investigación y desarrollo puede ya deducirse, incluso si no existen regímenes fiscales favorables a las patentes («patent boxes»), por lo que tales regímenes contribuyen a la elusión fiscal y van en contra del sistema;

27. Considera que tales regímenes son ejemplos de competencia fiscal perniciosa entre Estados, puesto que, si bien su relación con la economía real y sus efectos en esta son, en la mayoría de los casos, inexistentes, provocan una reducción de los ingresos fiscales de otros países, incluidos algunos Estados miembros; toma nota de que, en una revisión de los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo, la Comisión concluye que parece más probable que los regímenes de incentivos fiscales «patent box» trasladen los beneficios de las sociedades y no que estimulen la innovación (29);

28. Subraya que, en un entorno económico caracterizado por activos más intangibles, los precios de transferencia se ven influidos a menudo por la falta de transacciones comparables y de referencias, lo que convierte la aplicación consistente del principio de plena competencia, según el cual el precio de las transacciones entre entidades pertenecientes al mismo grupo corporativo deben valorarse de la misma manera que entre entidades independientes, en un ejercicio complejo;

29. Observa que las orientaciones en vigor para los precios de transferencia conceden a las multinacionales un importante margen de apreciación a la hora de elegir y aplicar los métodos de evaluación; destaca la ausencia de una norma común efectiva para los precios de transferencia y las múltiples derogaciones, excepciones y alternativas previstas que aprovechan las multinacionales, contradiciendo el espíritu de dichas orientaciones, para calcular sus beneficios imponibles según la jurisdicción y reducir su deuda tributaria global mediante, por ejemplo, costes incrementados abusivos, una definición arbitraria de los márgenes de beneficio o la exclusión cuestionable de determinados gastos en sus cálculos; hace hincapié en que la mejor manera de resolver la cuestión de los precios de transferencia a escala de la UE es mediante una base imponible consolidada común, que elimina la necesidad de dichos precios;

30. Subraya que los expedientes de precios de transferencia presentados por las multinacionales o sus representantes no pueden ser objeto de un seguimiento adecuado por parte de las administraciones tributarias, que a menudo no cuentan con los medios y el personal suficientes para examinar de manera crítica y exhaustiva todos estos análisis y sus resultados o consecuencias;

31. Lamenta que, en un contexto económico en el que el 60 % del comercio mundial tiene lugar a nivel de intragrupo (30), las directrices para la aplicación de este concepto puramente económico estén fragmentadas a escala nacional y, con ello, sometidas a incoherencias entre Estados miembros y a contenciosos jurídicos;

32. Destaca, por otra parte, que a pesar del importante número de contenciosos jurídicos en la UE debidos a interpretaciones distintas de los mismos principios de fijación de los precios de transferencia, no existe un mecanismo de resolución de litigios eficiente a escala europea; señala que la resolución de casos sometidos al convenio de arbitraje de la Unión en materia de precios de transferencia puede demorarse hasta ocho años, lo que contribuye a la inseguridad jurídica para las empresas y las administraciones tributarias;

33. Pone de relieve el importante papel de las grandes empresas de auditoría, incluidas las «cuatro grandes», en la concepción y la difusión de resoluciones y regímenes de elusión fiscal que aprovechan los desajustes entre las legislaciones nacionales; destaca que estas empresas, que parecen obtener una parte importante de sus ingresos de los servicios fiscales, dominar los mercados de auditoría de la mayor parte de Estados miembros y prevalecer en los servicios de asesoramiento fiscal a nivel mundial, constituyen un oligopolio restringido; considera que una situación como esta no puede perdurar sin resultar perjudicial para el funcionamiento del mercado único en los ámbitos de actividad de las «cuatro grandes»; llama la atención sobre el conflicto de intereses derivado de la yuxtaposición, en las mismas empresas, de las actividades de asesoramiento y consultoría en asuntos fiscales destinadas, por una parte, a las administraciones tributarias y, por otra, a los servicios de planificación fiscal de las multinacionales, que explotan las debilidades de las legislaciones nacionales en el ámbito fiscal; opina que deben promoverse las buenas prácticas a este respecto y mejorarse los códigos de conducta existentes; cuestiona, no obstante, la eficacia de los códigos de conducta para las empresas y de las políticas de responsabilidad social de las empresas a la hora de abordar esta cuestión; destaca que las resoluciones fiscales se han convertido, en la Unión y en todo el mundo, en una práctica empresarial habitual, no solo para obtener seguridad jurídica o acuerdos fiscales ventajosos, sino también en casos en los que las disposiciones legislativas no dejan espacio a la interpretación; expresa su preocupación por las estimaciones del sector de la asesoría fiscal en el sentido de que una probabilidad de solo un 50 % de legalidad sea suficiente para recomendar un régimen de planificación fiscal a los clientes (31);

34. Pide a las autoridades tributarias que optimicen y diversifiquen sus fuentes de conocimientos y mejoren de un modo sustancial el proceso de evaluación del impacto para reducir los riesgos de las consecuencias inesperadas de las nuevas medidas fiscales; recuerda a los Estados miembros que no solamente las diferencias entre los sistemas fiscales, sino también la desmesurada complejidad de los sistemas fiscales nacionales y su escasa estabilidad debido a la excesiva frecuencia de los cambios contribuyen de manera importante a la creación de déficits tributarios, a las injusticias de los sistemas fiscales y a la escasa credibilidad de la política fiscal; subraya a este respecto el obstáculo que supone la fragmentación fiscal para la creación de una unión de los mercados de capitales;

Situación actual y análisis de las medidas de la UE, internacionales y nacionales

35. Reconoce que, desde la crisis económica y, además, desde el escándalo LuxLeaks, la reacción ante la planificación fiscal agresiva de las multinacionales ocupa un lugar destacado en la agenda política de los Estados miembros, la UE, la OCDE y el G20, pero lamenta que hasta ahora no se hayan hecho progresos significativos en términos prácticos, salvo el proyecto de la OCDE patrocinado por el G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que acaba de ser completado y no ha sido aún puesto en marcha por los países;

36. Observa, en este contexto, que muchos Estados miembros han introducido o tienen la intención de adoptar medidas para atajar la elusión fiscal, en particular, en relación con la limitación de la deducibilidad de los intereses, las normas contra los abusos, una mejor definición del concepto de establecimiento permanente (incluida la preparación de pruebas de la sustancia económica para determinar más eficazmente la presencia tributaria de las empresas), la posible exclusión de las empresas responsables de abusos de la participación en licitaciones públicas o la publicación de regímenes de planificación fiscal que puedan ser útiles para restaurar la credibilidad del sistema fiscal y reducir el lapso de tiempo que transcurre entre el establecimiento de regímenes específicos y la adopción de medidas correctoras, incluidas las legislativas;

37. Expresa su preocupación, no obstante, ante la posibilidad de que, en ausencia de un planteamiento de cooperación, las medidas unilaterales tomadas por los Estados miembros contra la erosión de la base imponible contribuyan a aumentar la complejidad, generando nuevas asimetrías y, por ende, más oportunidades de elusión fiscal en el mercado interior; destaca que las divergencias en la aplicación por los Estados miembros de directrices internacionales o de la UE podría tener el mismo efecto;

38. Acoge con satisfacción las diversas iniciativas y propuestas legislativas presentadas por la Comisión en estos últimos veinte años, en particular la más reciente, para avanzar hacia una coordinación más estrecha entre los regímenes del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros, con miras a reforzar el mercado interior, resolver las cuestiones de doble imposición o doble no imposición y preservar la facultad de los Estados miembros de aplicar una política fiscal eficaz; lamenta, no obstante, que el Consejo hasta ahora no haya adoptado más que un reducido número de ellas, debido al requisito de unanimidad y a que determinados Estados miembros persisten en considerar que individualmente tienen más que ganar de las lagunas de un sistema fiscal descoordinado que colectivamente de uno coordinado;

39. Se felicita de la publicación de una nueva serie medidas de política fiscal, y pide a la Comisión que intente garantizar un sistema fiscal justo basado en el principio de que los impuestos se han de pagar en el Estado miembro en el que se han generado los beneficios, evitando de este modo la distorsión del mercado interior y la competencia desleal;

40. Destaca que el Grupo «Código de Conducta» sobre la fiscalidad de las empresas (en lo sucesivo, «el Grupo»), constituido en 1998 por los Estados miembros, hizo posible a finales de los años noventa y en los primeros años del nuevo siglo eliminar las prácticas fiscales más perniciosas entonces mediante el enfoque dual de Derecho indicativo consistente en retirar progresivamente medidas fiscales vigentes generadoras de competencia fiscal perniciosa y abstenerse de introducir tales medidas en el futuro (statu quo);

41. Deplora que el Grupo parezca haber perdido ímpetu en su trabajo; observa que algunas de las más de cien medidas retiradas a consecuencia de su actividad han sido sustituidas en determinados Estados miembros por medidas fiscales con efectos perniciosos análogos; observa que las autoridades tributarias han contrarrestado las recomendaciones del Grupo estableciendo estructuras nuevas con los mismos efectos perniciosos que las retiradas por el Grupo; deplora que no hayan tenido éxito hasta ahora los intentos de reforzar su gobernanza y su mandato y de ajustar y ampliar los métodos de trabajo y los criterios fijados en el Código con el objetivo de combatir nuevas prácticas fiscales perniciosas en el actual entorno económico; respalda las propuestas más recientes de la Comisión a este respecto, incluidas en el plan de acción de la Comisión de 17 de junio de 2015 para una fiscalidad de las empresas equitativa y eficiente en la UE;

42. Lamenta, a pesar de los ambiciosos objetivos anunciados desde 1997, la persistencia de la competencia fiscal entre Estados miembros, que se debe menos a una diferencia en los tipos impositivos que a la heterogeneidad de las normas nacionales que rigen el cálculo de la base fiscal de los beneficios imponibles, algo que demuestran invariablemente desde hace varias décadas las disparidades entre tipos nominales y tipos reales de los impuestos sobre sociedades que aplican los Estados miembros;

43. Deplora asimismo que el estatuto y las disposiciones de gobernanza originarios del Grupo dejasen un margen excesivo para negociaciones políticas y compromisos para llegar a un «consenso amplio» (es decir, en la práctica, la cuasi unanimidad, con posibilidad de manifestar desacuerdos en notas a pie de página) sobre la apreciación de las prácticas perniciosas, lo que afectaba a la fiabilidad y la integridad de su trabajo, llevando en ocasiones a que voluntariamente no se publicasen los informes o no se les diese curso, como en el caso del informe de Simmons & Simmons de 1999 sobre prácticas administrativas; considera lamentable que la retirada de medidas vigentes sufriera retrasos políticos y, en algunos casos, permitiera la incorporación de nuevos beneficiarios tras la expiración del plazo, lo que también se debe a la extrema debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento del Grupo;

44. Insiste en el aspecto más fundamental de que el enfoque caso por caso seguido por el Código, aparte de haber dado lugar a que ahora los Estados miembros compitan más bien con medidas generales, no aborda las deficiencias sistémicas del marco fragmentario de imposición sobre sociedades en la UE, lo que hace necesaria una reforma de más calado;

45. Toma nota asimismo de los esfuerzos hechos mediante la creación de la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, que agrupa en torno a una misma mesa a diferentes partes interesadas con el objetivo de establecer un consenso sobre la cuestión de la elusión fiscal, en particular en un contexto internacional, y del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia, que emite directrices sobre aspectos técnicos en relación con los precios de transferencia; destaca que, hasta ahora, estos órganos han contribuido a introducir correcciones de alcance limitado en el marco del impuesto sobre sociedades; lamenta que las orientaciones emitidas por el Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia hasta ahora no hayan abordado lo suficiente la cuestión de la elusión fiscal; deplora profundamente que la composición del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia, a pesar de la reciente renovación de sus miembros, siga estando desequilibrado; se muestra contrario además a que expertos fiscales contribuyan a la elaboración de directrices sobre precios de transferencia al mismo tiempo que pueden estar asesorando a sus clientes sobre estrategias de planificación fiscal agresiva basadas en la fijación de precios de transferencia, con la consiguiente situación de conflicto de intereses;

46. Destaca que la legislación de la UE (las Directivas sobre sociedades matrices y filiales, sobre intereses y cánones, sobre fusiones y sobre cooperación administrativa), aunque cubre aspectos limitados vinculados con la fiscalidad de las empresas, ha logrado abordar cuestiones específicas que afectaban a los Estados miembros y a empresas activas en varios países; pone de relieve que estas medidas, concebidas en un principio para eliminar la doble imposición, tienen algunos efectos contraproducentes en la elusión fiscal y en algunos casos dan lugar a doble no imposición; acoge con satisfacción la reciente adopción por el Consejo de modificaciones de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales orientadas a introducir una cláusula general contra los abusos y a resolver asimetrías en los préstamos híbridos, que entrarán en vigor a finales de 2015, confiando en que ello ayude a eliminar algunas de las oportunidades de elusión fiscal existentes en la UE;

47. Recuerda las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa destinadas a la puesta en práctica del intercambio de toda la información financiera pertinente; opina que un intercambio automático, inmediato y exhaustivo y un tratamiento eficiente de la información fiscal tendrían un intenso efecto disuasorio de la evasión fiscal y de la introducción de prácticas fiscales perniciosas y permitirían a los Estados miembros y a la Comisión disponer de toda la información pertinente para actuar ante ellas;

48. Deplora que no sea eficaz el marco legislativo y de control vigente para el intercambio de información sobre medidas fiscales, habida cuenta de las pruebas de que no se cumplen los requisitos vigentes para los intercambios de información espontáneos o previa solicitud; deplora que prácticamente ningún Estado miembro intercambie información que pueda tener efectos en países socios de la UE; lamenta la falta de coordinación entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros;

49. Lamenta que casi nunca se intercambie espontáneamente información fiscal entre los Estados miembros; acoge con satisfacción el intercambio automático de información ya no basado en la reciprocidad; llama la atención sobre los problemas estructurales de concepción de un sistema basado en la discrecionalidad en cuanto a lo que debe o no comunicarse y acompañado de unos deficientes sistemas de control, por todo lo cual resulta muy difícil detectar violaciones del requisito de intercambio de información;

50. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de impulsar el intercambio automático de información sobre asuntos fiscales como futura norma europea e internacional de transparencia; insta a la Comisión a que, como primer paso, cumpla con su deber como guardiana de los Tratados y tome todas las medidas necesarias para garantizar el debido respeto de la legislación vigente de la UE y del principio de cooperación leal entre los Estados miembros consagrado en los Tratados; acoge con satisfacción la propuesta del grupo de expertos sobre un intercambio automático de información sobre cuentas financieras de que se examinen las posibilidades de apoyar a los países en desarrollo con intercambio automático de información aceptando acuerdos de intercambio no recíprocos;

51. Observa que las normas en materia de ayudas estatales y sanciones son útiles como medio para atajar las prácticas fiscales perniciosas más abusivas y distorsionadoras, y pueden tener un efecto disuasorio significativo;

52. Acoge con satisfacción el paquete de medidas de transparencia fiscal de la Comisión sobre el intercambio automático de información entre los Estados miembros en relación con sus resoluciones fiscales previas, de marzo de 2015, y el plan de acción para una fiscalidad de las empresas más justa y eficaz en la UE, de junio de 2015; destaca, no obstante, que estos textos solamente pueden considerarse como primeros pasos en la dirección correcta y que es de urgente necesidad un marco coherente de disposiciones legislativas y coordinación administrativa, entre otros fines, en beneficio de las pymes y de las multinacionales que están contribuyendo a crear un crecimiento económico genuino y pagan la parte de los impuestos que les corresponde en justicia en el mercado interior;

53. Celebra el reciente acuerdo sobre el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) que, tras sucesivas peticiones de actuación formuladas en cumbres del G7 y el G20, trata de abordar cuestiones específicas que afectan al funcionamiento del sistema internacional de fiscalidad de las empresas para presentar una acción global y sistemática para abordarlas; deplora la tardía y desigual inclusión de los países en desarrollo en el proceso BEPS de la OCDE, en el que deben participar equitativamente; lamenta asimismo que algunos resultados del Plan de acción BEPS, no vayan más allá en ámbitos como los regímenes fiscales perniciosos, la economía digital y la transparencia;

54. Observa que, a raíz de un análisis sistemático de los «puntos de presión» del sistema fiscal internacional, el Plan de acción BEPS se estructuró en torno a quince puntos de actuación, de los que el G20 refrendó siete en noviembre de 2014, mientras que a los restantes se les dio curso en octubre de 2015; destaca que, en el contexto de un entorno empresarial en evolución, estas medidas tratan de abordar cuestiones de transparencia, por ejemplo, emitiendo directrices sobre la presentación de información por países, la falta de sustancia de determinadas disposiciones sobre elusión fiscal y con miras a una mayor coherencia de las normas internacionales;

55. Advierte, no obstante, contra compromisos que podrían ser de alcance inferior a las ambiciones iniciales o dar lugar a interpretaciones divergentes en el ámbito nacional; destaca asimismo que, hasta ahora, apenas ha habido un control efectivo de la aplicación de las directrices de la OCDE en los países que las han respaldado, y que ni siquiera las soluciones mejor diseñadas podrán ser eficaces si no son objeto de un seguimiento y una aplicación adecuados;

56. Destaca el carácter complementario de la actividad de la UE y de la OCDE en este ámbito; opina que, en vista de su grado de integración, la UE debe ir más lejos que las propuestas del Plan de acción BEPS en términos de coordinación y convergencia con miras a evitar todas las formas de competencia fiscal perniciosa en el mercado interior; expresa su convencimiento de que, sin dejar de velar por que su competitividad no se vea afectada negativamente, la UE podría establecer instrumentos más eficaces para garantizar una competencia fiscal leal y el derecho de los Estados miembros a aplicar una fiscalidad efectiva sobre los beneficios generados en sus territorios;

Investigaciones de la Comisión sobre ayudas estatales: visión general y resultados

57. Destaca que, en el mercado interior, los nuevos actores y empresas, incluidas las pymes, que no recurren a prácticas fiscales agresivas, resultan penalizados en comparación con las multinacionales, que son capaces de trasladar beneficios o aplicar otras modalidades de planificación fiscal agresiva mediante una variedad de instrumentos y decisiones de los que solamente ellas disponen debido a su tamaño y a su capacidad para organizar las actividades de negocio a escala internacional; observa con preocupación que, en igualdad de condiciones por lo demás, la inferior deuda tributaria restante deja a las multinacionales con mayores beneficios después de impuestos, creándose por ello una desigualdad de condiciones de competencia en relación con los competidores en el mercado único que no pueden recurrir a la planificación fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre el lugar en el que generan el beneficio y el lugar de imposición; señala que esta distorsión de la igualdad de condiciones en favor de las multinacionales está en contradicción con el principio fundamental del mercado único;

58. Destaca que la OCDE (32) apunta al recurso por parte de algunas multinacionales a estrategias que les sirven para pagar porcentajes tan reducidos como un 5 % como impuesto sobre sociedades cuando empresas más pequeñas pagan hasta el 30 %, y se muestra especialmente preocupado ante el hecho de que, según algunos estudios (33), la contribución de las empresas transfronterizas por el impuesto sobre sociedades es hasta un 30 % inferior de media a la de las empresas nacionales que operan solo en un país; considera inaceptable que, como resultado de dichas estrategias, algunas multinacionales puedan pagar un tipo impositivo real extremadamente bajo en el impuesto de sociedades, mientras que las pymes han de abonar toda la parte de impuestos que les corresponde;

59. Destaca que esta distorsión de decisiones de los operadores económicos, tomadas sobre la base del rendimiento esperado después de impuestos, da lugar a una asignación de recursos en la UE que dista de ser óptima y tiende a reducir el nivel de competencia, lo que afecta al crecimiento y al empleo;

60. Subraya que algunas prácticas fiscales perniciosas podrían entrar en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales relativas a la fiscalidad, en particular en la medida en que pueden, de la misma manera, ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar distorsiones de la competencia en el mercado interior; observa que, anteriormente, los procesos relativos a las ayudas estatales y al Grupo «Código de Conducta» se han apoyado mutuamente, en particular en 1999 y en el primer semestre de 2000; destaca que el cumplimiento de las normas de competencia de la UE ha añadido una presión jurídica como complemento del proceso de adopción de decisiones de Derecho indicativo en el seno del Grupo, compensando así en parte la falta de instrumentos efectivos para remediar la cuestión de la elusión fiscal a nivel de la UE;

61. Reconoce las importantes novedades que se han producido en los últimos veinte años en relación con el marco analítico de la Comisión para las ayudas estatales relativas a la fiscalidad, que han hecho posible avanzar hacia una mayor claridad de la definición y el análisis de las ayudas estatales mediante medidas fiscales, así como una actuación más sistemática contra dichas medidas; toma nota, en particular, de las Directrices de la Comisión de 1998 sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la imposición directa sobre las empresas, el informe de 2004 al respecto y diferentes sentencias importantes dictadas desde el año 2000; acoge con satisfacción, en el marco del proceso de modernización de las ayudas estatales promovido por la Comisión, el inicio en 2014 de una consulta pública sobre el proyecto de directrices para aclarar el concepto de ayudas estatales con arreglo al artículo 107 del TFUE, que comprende elementos sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad y, en particular, las resoluciones fiscales;

62. Observa que estas últimas décadas se ha podido observar la progresiva consolidación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas fiscales de los Estados miembros, y que el último ejemplo de ello ha sido el asunto de Gibraltar en 2011 (34);

63. Señala que el Tribunal de Justicia hace hincapié en el principio del fondo sobre la forma, y que, por consiguiente, las repercusiones económicas de una medida se convierten en el criterio de referencia para evaluarla;

64. Observa por tanto que, de la prohibición de ayudas estatales, el Tribunal de Justicia ha concluido que se derivan requisitos con consecuencias de amplio alcance en cuanto a la responsabilidad legislativa de los Estados miembros en materia fiscal;

65. Observa que el concepto de «naturaleza y estructura del sistema nacional» es una referencia central para evaluar si las medidas fiscales directas o indirectas de que se trate son selectivas o no, y por lo tanto compatibles o no con el mercado interior, y que toda ayuda estatal debe juzgarse en relación con el equilibrio preexistente; destaca que, al ser el sistema nacional de referencia el criterio de la UE para evaluar distorsiones potenciales (35), no todas las distorsiones de la competencia y prácticas fiscales perniciosas en el mercado interior pueden subsumirse en las normas de competencia vigentes; observa, por consiguiente, que el cumplimiento cabal de estas normas no permitiría por sí solo resolver la cuestión de la elusión fiscal por las empresas en la UE;

66. Observa que, de acuerdo con los datos facilitados a su comisión especial competente (36) por la Comisión, desde 1991 la Comisión solo ha examinado formalmente 65 casos de ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad, de los que siete eran resoluciones fiscales y solamente diez procedían de notificaciones formales de Estados miembros;

67. Destaca que la Comisión solamente ha tramitado un número reducido de casos en el ámbito de las ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad en la segunda mitad del periodo transcurrido desde 2000, y que entre los procedimientos más recientes incoados por ayudas estatales destacan: — la iniciación, en junio de 2013, de una investigación sobre prácticas de resoluciones fiscales en siete Estados miembros, extendida a todos los Estados miembros en diciembre de 2014, — la apertura, en octubre de 2013, de una investigación sobre si el régimen del impuesto sobre sociedades de Gibraltar favorece a determinadas empresas, investigación que en octubre de 2014 se amplió para examinar también las resoluciones fiscales en ese territorio; — la iniciación en paralelo de una investigación separada sobre los regímenes fiscales aplicables a la propiedad intelectual («patent boxes»), — la apertura, en junio de 2014, de investigaciones formales sobre tres casos: Apple en Irlanda, Fiat Finance and Trade en Luxemburgo y Starbucks en los Países Bajos, concluidas en octubre de 2015, seguidas, en octubre de 2014, por Amazon en Luxemburgo, — la apertura, en febrero de 2015, de una investigación formal sobre un régimen fiscal en Bélgica (sistema de resolución de beneficios extraordinarios);

68. Destaca que las investigaciones de la Comisión en curso y concluidas y los casos revelados por LuxLeaks indican que algunos Estados miembros no cumplen su obligación legal de comunicar a la Comisión todos los expedientes relativos a posibles ayudas estatales (37);

69. Destaca que estas investigaciones han arrojado luz solamente sobre una muestra muy limitada de algunas prácticas típicas que afectan a los beneficios imponibles atribuidos a filiales de algunas multinacionales mediante precios de transferencia; expresa su preocupación ante la posibilidad de que los recursos actuales de los servicios competentes de la Comisión puedan limitar su capacidad de tratar simultáneamente un número significativamente mayor de casos y de realizar controles sistemáticos para determinar si otras prácticas en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, aparte de las basadas en la fijación de precios de transferencia, pueden estar en conflicto con la legislación relativa a las ayudas estatales;

70. Apoya vivamente el enfoque de la Comisión, consistente en dedicar el tiempo necesario a examinar casos en curso en profundidad y con la diligencia debida; cree que los resultados de las investigaciones contribuirán a establecer unas directrices más precisas y más eficaces sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad y los precios de transferencia y a obligar a los Estados miembros a ajustar sus prácticas en consecuencia; pide a la Comisión, no obstante, que concluya esas investigaciones en curso sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad lo antes posible desde un punto de vista práctico y sin que ello vaya en perjuicio de su calidad y credibilidad, y espera con gran interés sus resultados; pide asimismo a la Comisión que informe regularmente al Parlamento Europeo sobre dichas investigaciones; pide a la Comisión que, en caso de que durante las investigaciones en curso se confirme la existencia de ayudas estatales ilegales, solicite la devolución de todos y cada uno de los euros desaparecidos;

71. Destaca que las investigaciones en curso podrían dar lugar, en caso de infracción de las normas de la UE, a la recuperación por el Estado miembro que aprobó la medida fiscal en cuestión del importe correspondiente a la ayuda estatal ilegal concedida a las empresas beneficiarias; destaca que, aunque ello podría tener un efecto negativo acusado para la reputación del Estado miembro de que se trate, constituye de hecho una recompensa por incumplimiento, pues es poco probable que desaliente a los Estados miembros, en caso de duda, de adoptar prácticas ilegales en materia de ayudas estatales y de conceder beneficios fiscales abusivos, y, en su lugar, los descargará de su responsabilidad de respetar las normas de la UE sobre ayudas estatales y no reparará el quebranto económico para el presupuesto de los Estados miembros afectados; considera, en términos más generales, que las normas en materia de ayudas estatales deben prever sanciones que constituyan un elemento de disuasión eficaz contra las ayudas estatales ilegales;

72. Apunta asimismo a la posibilidad, en caso de fijación abusiva de precios de transferencia entre filiales transfronterizas, de que no solo vea ajustados sus ingresos fiscales (recuperación de la ayuda) el Estado miembro de origen del trato fiscal ventajoso sino que ocurra lo mismo a los otros países en los que tuvo lugar la transacción (ajuste ex post de los precios de transferencia y, por consiguiente, de los ingresos imponibles); destaca que, en algunos casos, ello podría dar lugar a doble imposición;

73. Recuerda que las resoluciones fiscales deben orientarse a proporcionar seguridad jurídica y crear expectativas legítimas para sus beneficiarios; destaca, en un contexto en el que las resoluciones fiscales nacionales pueden verse impugnadas invocando las normas en materia de ayudas estatales al nivel de la UE, que existe un riesgo de que se produzcan notificaciones masivas de solicitudes individuales de resolución fiscal de los Estados miembros a fin de anticipar la aprobación por parte de la Comisión con miras a evitar situaciones de inseguridad jurídica a administraciones tributarias y empresas; señala que, para tratar un mayor flujo de notificaciones y el mayor grado de transparencia exigido a los Estados miembros en materia fiscal, lo apropiado es incrementar la capacidad de la Comisión y mejorar los procesos de transmisión de la información;

Terceros países

74. Expresa su preocupación ante la posibilidad de que los efectos indirectos negativos de las prácticas fiscales perniciosas de algunas multinacionales sean mucho más importantes en los países en desarrollo que en los países desarrollados (38), pues los primeros obtienen una proporción mayor de sus ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades y tienen unos sistemas de finanzas públicas, unos entornos reguladores y una capacidad administrativa más débiles para velar por el cumplimiento de las normas tributarias y atajar estas prácticas fiscales perniciosas; observa que, según el FMI, por culpa de la planificación fiscal agresiva los países en desarrollo pierden tres veces más ingresos, en términos relativos, que los países desarrollados (39); observa que el artículo 208 del TFUE obliga a los Estados miembros a adaptar sus políticas a fin de apoyar el desarrollo en los países en desarrollo; destaca que análisis exhaustivos ex post de los efectos indirectos de las prácticas fiscales de los Estados miembros, cuyos resultados deben hacerse públicos, ayudarían a orientar la elaboración de políticas a fin de garantizar que tales prácticas no erosionen la base imponible de otros Estados miembros o de terceros países;

75. Destaca que, al mismo tiempo, los pocos «ganadores» de la competencia fiscal mundial, que son los países con políticas de fiscalidad de las empresas muy atractivas dentro y fuera de la UE, presentan algunos indicadores económicos fundamentales desproporcionados con respecto a su tamaño y su actividad económica real, especialmente si se observa, por ejemplo, el número de sociedades residentes por número de habitantes, el importe de los beneficios extranjeros registrados, la inversión extranjera directa o los flujos financieros salientes en relación con el PIB, etc.; observa que ello demuestra el carácter artificial de su base imponible y sus flujos financieros entrantes y la desconexión que los actuales sistemas fiscales permiten entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde se aplica la imposición;

76. Destaca que la competencia fiscal dista mucho de limitarse a los Estados miembros, incluidos sus territorios dependientes o asociados, y que la mayoría de estas prácticas tienen una dimensión internacional con motivo del traslado de beneficios a jurisdicciones con regímenes de imposición baja o nula o con secreto fiscal, donde a menudo no se lleva a cabo ninguna actividad económica sustancial; lamenta la ausencia de un enfoque coordinado de los Estados miembros en relación con todas estas jurisdicciones, no solo en términos de acción o reacción conjunta contra sus prácticas perniciosas, sino también, y a pesar de los esfuerzos de la Comisión, por lo que se refiere a su identificación y a la definición de criterios pertinentes; apoya firmemente, por lo tanto, la propuesta de 2012 de la Comisión, que incluye criterios concretos para garantizar una competencia leal, además de la transparencia y el intercambio de información, así como la reciente publicación, en el paquete fiscal de la Comisión de 17 de junio de 2015, de una lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, establecida aplicando un enfoque de «denominador común» a listas existentes a escala nacional; subraya que la elaboración de esta lista es un requisito previo para emprender las acciones adecuadas contra estas jurisdicciones; opina que dicha lista debe ser el primer elemento de un proceso que desemboque en una definición rigurosa y objetiva de la noción de paraíso fiscal que sirva para futuras listas, establecidas sobre la base de criterios claros y conocidos de antemano; insta a la Comisión a analizar si las jurisdicciones europeas cumplen estos criterios;

77. Destaca que el trabajo de la OCDE a este respecto ha logrado algunos resultados significativos en términos de transparencia e intercambio de información; celebra, en particular, la firma por cerca de 100 países en junio de 2015 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, que establece disposiciones para la cooperación administrativa entre Estados por lo que respecta a la determinación y la recaudación de impuestos, en particular con miras a combatir la elusión y la evasión fiscales;

78. Destaca, no obstante, que la labor de la OCDE en relación con su anterior lista de paraísos fiscales no cooperadores se basaba en un proceso político que condujo a compromisos arbitrarios ya desde la definición de los criterios para la elaboración de listas, como el requisito de concluir acuerdos fiscales con otros doce países, y llevó a que ninguna jurisdicción figurase como paraíso fiscal no cooperador; destaca que su enfoque actual sigue basándose en criterios que hacen referencia a la transparencia fiscal y al intercambio de información, y no tienen la amplitud suficiente para hacer frente a los efectos perniciosos de algunas prácticas fiscales; observa que, independientemente de sus méritos, esto limita la pertinencia del enfoque de la OCDE para identificar a aquellas jurisdicciones fiscales que resultan indispensables para las prácticas de elusión fiscal y la competencia fiscal perniciosa a escala mundial; destaca, en particular, que este enfoque no hace referencia a ningún indicador cualitativo para la evaluación objetiva del cumplimiento de las prácticas de buena gobernanza ni toma en consideración datos cuantitativos como los beneficios contables o los flujos financieros entrantes y salientes, ni su conexión o desconexión con la realidad económica en una jurisdicción determinada;

79. Subraya, asimismo, que estas listas pueden utilizarse a escala nacional para aplicar las normas nacionales de protección y contra la elusión fiscal con respecto a terceros países (como la limitación de beneficios, la aplicación de la prueba del propósito principal, normas sobre empresas bajo control extranjero, etc.), por lo que las limitaciones de estas listas también podrían restringir el alcance y la eficacia de las medidas nacionales destinadas a atajar las prácticas fiscales perniciosas;

80. Está convencido de que garantizar una competencia leal en el mercado interior y proteger las bases imponibles de los Estados miembros depende en gran medida de que se aborde el eslabón más débil en las interacciones con jurisdicciones con regímenes de imposición baja o nula o con secreto fiscal, teniendo presente que los tipos impositivos son competencia de los Estados miembros, pues la existencia de pasarelas fiscales (por ejemplo, la ausencia de retención en origen) a terceros países, con independencia de sus prácticas fiscales, aumenta considerablemente las oportunidades de elusión fiscal en la UE;

81. Destaca que un enfoque coordinado entre los Estados miembros tanto respecto de los países en desarrollo como de los países desarrollados podría resultar mucho más eficaz a la hora de hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas y promover una mayor reciprocidad en materia fiscal;

82. Destaca que, en respuesta a presiones de la UE y del G20 sobre la cuestión de la transparencia fiscal y en el contexto de la crisis financiera, económica y de la deuda, algunos terceros países han firmado por fin acuerdos de intercambio de información fiscal con la UE, lo que debería mejorar la cooperación con estos países; señala que, en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en mayo de 2015 tras un prolongado periodo «transitorio» durante el cual este importante socio comercial de la UE se beneficiaba de un acceso privilegiado al mercado único, pero, al mismo tiempo, no cooperaba en otros ámbitos, en particular en la fiscalidad;

83. Observa que, a pesar de las negociaciones en curso, se sigue avanzando lentamente en la firma de acuerdos de cooperación similares con San Marino, Mónaco, Liechtenstein y Andorra; lamenta que la Comisión carezca de un mandato europeo similar para negociar acuerdos de intercambio automático de información con los territorios de ultramar que están cubiertos actualmente por la Directiva de la UE en materia de fiscalidad del ahorro;

84. Señala con preocupación que muchos países en desarrollo resultan particularmente vulnerables ante las actividades de elusión fiscal de las multinacionales, y que la causa principal de la pérdida de ingresos por parte de los presupuestos nacionales de los países en desarrollo reside en las prácticas de fijación de los precios de transferencia de las multinacionales (40); destaca, además, que estos países se encuentran en una posición de negociación muy débil ante determinados inversores extranjeros directos o multinacionales que practican el turismo de mercados en busca de subvenciones y exenciones fiscales; denuncia que, según estimaciones realizadas, las pérdidas anuales en ingresos fiscales sufridas por los presupuestos nacionales oscilan entre los 91 000 (41) y los 125 000 (42) millones de euros;

85. Recuerda a los Estados miembros que, en virtud del Tratado de Lisboa, tienen la obligación de respetar el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y han de garantizar que sus políticas fiscales no socavan los objetivos de la UE en materia de desarrollo; anima a los Estados miembros a analizar los efectos indirectos de sus políticas fiscales y su impacto en los países en desarrollo, tal como propone el FMI;

Conclusiones y recomendaciones

86. Concluye, considerando el mandato que confirió a su comisión especial y pese a las diferentes restricciones y obstáculos encontrados durante sus misiones de investigación, así como de parte de otras instituciones europeas, algunos Estados miembros y multinacionales, que: — sin perjuicio de los resultados de las investigaciones en curso de la Comisión sobre las ayudas estatales, la información recopilada indica que, en varios casos, los Estados miembros no cumplieron lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, pues adoptaron resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares que, al favorecer a determinadas empresas, distorsionaron la competencia en el mercado interior; — algunos Estados miembros no aplicaron cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues no notificaron formalmente a la Comisión todos sus planes de conceder ayudas relativas a la fiscalidad, infringiendo asimismo con ello las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo; destaca que, a consecuencia de ello, la Comisión no pudo examinar permanentemente, como establece el artículo 108 del TFUE, todos los regímenes de ayudas existentes, pues no disponía de acceso a toda la información pertinente, al menos antes de 2010, periodo no cubierto por las investigaciones en curso; — los Estados miembros no cumplieron las obligaciones establecidas en las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pues no intercambiaron espontáneamente información fiscal y siguen sin hacerlo, ni siquiera en casos en los que había motivos claros, a pesar del margen de discrecionalidad que dejan ambas Directivas, para augurar que podrían producirse pérdidas de ingresos fiscales en otros Estados miembros o que podrían derivarse ahorros fiscales de traslados artificiales de beneficios entre grupos; — algunos Estados miembros conculcaron el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE, pues no adoptaron todas las medidas generales o particulares apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones; — no fue posible efectuar un análisis de casos individuales de violaciones del Derecho de la UE en relación con los apartados anteriormente mencionados debido a la falta de información detallada presentada por los Estados miembros, el Consejo y la Comisión; — por último, la Comisión no cumplió su función de guardiana de los Tratados, establecida en el artículo 17, apartado 1, del TUE, al no actuar al respecto ni tomar todas las medidas necesarias para velar por que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, en particular las previstas en las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pese a haberse demostrado lo contrario; la Comisión ha incumplido sus obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 108 del TFUE sobre el funcionamiento del mercado interior al no haber iniciado investigaciones sobre las ayudas estatales en el pasado;

87. Condena el hecho de que varios documentos fiscales de las reuniones del Grupo «Código de Conducta» que se habían solicitado no hayan sido revelados o se hayan revelado solo de forma parcial a la comisión, si bien algunos de ellos ya habían sido transmitidos a ciudadanos que lo habían solicitado a través del procedimiento relativo al acceso a los documentos, lo que implica que el Parlamento Europeo está peor informado que los ciudadanos europeos con respecto a la posición de los Estados miembros en relación con las cuestiones fiscales; lamenta, además, que la Comisión solo haya dado a conocer menos del 5 % del número total de documentos solicitados, que serían unos 5 500; lamenta la falta de cooperación con la comisión por parte de la Comisión y del Consejo, lo que le impide cumplir con su mandato;

88. Pide a la Comisión y al Consejo que, teniendo en cuenta que en la actualidad el Parlamento carece de competencias de investigación, den inmediatamente su aprobación a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo (43), con el fin de conferirle una auténtica competencia de investigación necesaria para poder ejercer su derecho de investigación parlamentario;

89. Pide a la Comisión que examine si todavía cabe interponer recursos ante el Tribunal de Justicia por las infracciones mencionadas anteriormente;

90. Pide a los Estados miembros que respeten el principio de imposición sobre los beneficios en el lugar en que se generan;

91. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE, que comparten la responsabilidad política de la situación actual, que pongan fin a la competencia fiscal perniciosa y cooperen plenamente para eliminar las asimetrías entre regímenes fiscales —y se abstengan de crear otras— y las medidas fiscales perniciosas, que crean condiciones propicias para una elusión fiscal masiva por parte de las multinacionales y para la erosión de la base imponible en el mercado interior; pide, a este respecto, a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión y a los demás Estados miembros cualquier cambio importante introducido en su legislación sobre fiscalidad de las empresas que pudiera influir en sus tipos impositivos efectivos o en los ingresos fiscales de cualquier otro Estado miembro; subraya que los Estados miembros que desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la elusión fiscal deben asumir su responsabilidad y encabezar los esfuerzos por mejorar la cooperación fiscal dentro de la UE;

92. Pide a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que contraigan nuevos compromisos políticos inequívocos para tomar medidas urgentes que permitan hacer frente a esta situación, que no puede tolerarse por más tiempo, entre otras cosas, por su impacto en los presupuestos nacionales, ya sujetos a medidas de consolidación presupuestaria, y en las contribuciones fiscales de otros contribuyentes, incluidos pymes y ciudadanos; destaca, en este contexto, que tiene la intención de desempeñar plenamente la función que le corresponde y está dispuesto a establecer un control político más eficaz, en estrecha colaboración con los Parlamentos nacionales;

93. Pide a la Comisión que cumpla con su deber como guardiana de los Tratados gar