COMISIÓN EUROPEA Estrasburgo, 13.11.2018 COM(2018) 851 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los progresos realizados por Rumanía en el ámbito del Mecanismo de Cooperación y Verifiación {SWD(2018) 551 final}



1. Introducción En enero de 2017, la Comisión realizó una evaluación global .de los progresos realizados por Rumanía a lo largo de los diez años transcurridos desde la creación del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) en 2007.Sobre la base de esta perspectiva a más largo plazo y de los significativos progresos realizados en los 10 años anteriores a enero de 2017, la Comisión presentó 12 recomendaciones clave que, de seguirse, pondrían fin al proceso del MCV, en consonancia con el objetivo fijado por el Presidente Juncker de concluir el proceso aplicable en el marco del MCV durante el mandato de la Comisión actual. Así pues, las recomendaciones formuladas en enero de 2017 se consideraron suficientes para poner fin al MCV, a no ser que la evolución de la situación lleve a revertir claramente el curso de los progresos logrados. También se subrayó que la celeridad del proceso dependería de la rapidez con que Rumanía pudiese alcanzar dichos objetivos de manera irreversible. En particular, las recomendaciones se centraron en la responsabilidad y la rendición de cuentas de las autoridades rumanas y en el establecimiento de salvaguardias internas con el fin de garantizar la irreversibilidad de los resultados, para demostrar que se proseguirían los proyectos en curso, incluso sin el MCV. Como ha subrayado el Consejo, el MCV finalizará cuando se cumplan satisfactoriamente los cuatro objetivos de referencia que aplicables a Rumanía. En el informe de noviembre de 2017, la Comisión observó progresos en una serie de las recomendaciones establecidas en el informe de enero de 2017, «en especial [en] la recomendación n.º 8, que se ha aplicado de forma satisfactoria, y, sin perjuicio de la aplicación práctica, [en] las recomendaciones 2, 7 y 12. Aunque los progresos en el cumplimiento de algunas recomendaciones prosiguen a buen ritmo, el impulso general de las reformas se perdió en el transcurso de 2017, lentificando la consecución general de las restantes recomendaciones y planteando el riesgo de reabrir asuntos que el informe de enero de 2017 había considerado como cerrados. Los retos y el cuestionamiento a los que se ha tenido que enfrentar la independencia judicial también han sido una fuente continua de preocupación». De esto se hacía eco del Consejo en sus conclusiones, en las que invitaba a Rumanía a centrar sus esfuerzos en seguir consolidando los progresos, a fin de evitar cualquier retroceso, y abordar plenamente las preocupaciones y todas las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe». El presente informe hace balance de la situación desde el mes de noviembre de 2017. Una serie de medidas tomadas por Rumanía desde el último informe de enero de 2017 han obligado a la Comisión a volver a examinar la base para su evaluación general, teniendo en cuenta también el hecho de que la Comisión de Venecia ha emitido recientemente dos dictámenes sobre las modificaciones legislativas realizadas en Rumanía. Por consiguiente, además de evaluar los progresos en el seguimiento de las recomendaciones, el presente informe también indica los casos en que la evolución ha invertido claramente el curso de los progresos logrados sobre cuestiones que la Comisión consideró positivamente en enero de 2017. Se trata de progresos sobre el primer objetivo de referencia (independencia judicial y reforma judicial) y el tercer objetivo de referencia (lucha contra la corrupción de alto nivel). Como consecuencia de ello, las 12 recomendaciones del informe de enero de 2017 ya no bastan para poner fin al Mecanismo de Verificación y Cooperación, y a tal efecto figuran en el presente informe recomendaciones adicionales. Como en años anteriores, el informe es el resultado de un minucioso proceso de análisis por parte de la Comisión, basado en una estrecha cooperación con las instituciones rumanas y en las aportaciones de la sociedad civil y de otras partes interesadas, incluidos otros Estados miembros. 2. SITUACIÓN GENERAL El informe de enero de 2017 constataba que existían factores sociales, jurídicos y políticos que, aunque no entren en el ámbito de aplicación del MCV y no estén cubiertos por sus recomendaciones, tienen una incidencia directa sobre la capacidad para acometer las reformas y, en particular, hacen más difícil que Rumanía demuestre que las reformas han arraigado de manera permanente. Entre estos factores cabe señalar una práctica legislativa que aún debe incorporar principios encaminados a elaborar una mejor reglamentación, la confrontación entre distintos organismos estatales y un difícil entorno de los medios de comunicación social. Mientras que estos factores generales van más allá del ámbito de aplicación directa del MCV, está claro que tienen un impacto sobre el avance de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Ninguno de estos factores ha experimentado una mejora desde el último informe de enero de 2017. Se han tramitado a toda prisa importantes modificaciones legislativas, utilizando procedimientos de urgencia con un mínimo de consulta. Los jueces y los fiscales han seguido afrontando ataques personales en los medios de comunicación, y los mecanismos de reparación son insuficientes. Los diferentes poderes del Estado han estado en conflicto y han estado implicados en varios procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, la sociedad civil, que según el informe desempeña un papel clave en la reforma, se ve sometida a una presión creciente. La situación ha provocado una serie de manifestaciones públicas y la reacción de las autoridades ha suscitado más polémica. Al mismo tiempo, unos medios de comunicación social libres y pluralistas desempeñan un importante papel en la exigencia de rendición de cuentas a las instancias de poder, por ejemplo sacando a la luz posibles casos de corrupción. Debe quedar claro que la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos va acompañada de la obligación de los Estados miembros de garantizar la protección de la libertad de expresión e información en los medios de comunicación. Uno de estos factores más amplios han sido las alegaciones, objeto de debate público, según las cuales los acuerdos de cooperación entre instituciones judiciales, especialmente la Fiscalía, y los servicios de inteligencia de Rumanía provocaron abusos sistémicos, en particular en asuntos de corrupción. Estos acuerdos clasificados se han citado como la razón de repentinas modificaciones y fuertes críticas de la Magistratura. El funcionamiento de los servicios de inteligencia no es competencia de la UE y queda al margen de los objetivos de referencia del MCV. Es competencia de los tribunales establecer si están fundadas las acusaciones específicas de abusos y si sería necesario una investigación abierta e imparcial para determinar si existen deficiencias sistémicas, tales como la recopilación ilegal de pruebas o la influencia ilegal sobre los magistrados, y si deben reforzarse las salvaguardias legales vigentes. Es claramente importante garantizar un marco en el que los servicios de inteligencia sean sometidos a una supervisión adecuada, los delitos sean investigados y sancionados de forma eficaz, respetando al mismo tiempo plenamente los derechos fundamentales, y los ciudadanos puedan confiar en que está garantizada la independencia judicial. La experiencia de otros Estados miembros podría ser valiosa a la hora de establecer un sistema más sólido para las medidas de vigilancia empleadas por la Fiscalía y para la colaboración entre los servicios de inteligencia y la Fiscalía, que es esencial para el procesamiento de delitos graves tales como los delitos de terrorismo y los delitos informáticos. 3. EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE ENERO DE 2017 3.1. Primer objetivo de referencia: Independencia y reforma del poder judicial Antes de analizar las recomendaciones específicas, este apartado trata de la evolución de la situación en dos ámbitos que han obligado a la Comisión a volver a examinar la base para la evaluación de enero de 2017. Leyes sobre el poder judicial y garantías legales de la independencia judicial Las tres leyes del poder judicial, que datan de 2004, regulan el estatuto de jueces y fiscales y la organización y el funcionamiento de los tribunales, las fiscalías y el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Las Leyes sobre el poder judicial constituyeron una base fundamental para la evaluación positiva de los progresos de Rumanía en relación con el mecanismo de cooperación y verificación en enero de 2017. El informe de noviembre de 2017 destacaba ya la necesidad de que el Gobierno y el Parlamento garantizasen un procedimiento legislativo abierto, transparente y constructivo, en el que se valore y se tenga debidamente en cuenta la opinión del poder judicial . El informe también recordó la importancia de inspirarse en el dictamen de la Comisión de Venecia, como la mejor forma de garantizar la sostenibilidad de la reforma y cumplir los objetivos de referencia del MCV. Ya están en vigor las leyes del poder judicial modificadas . Dichas leyes contienen una serie de medidas que debilitan las garantías legales de la independencia judicial y que pueden minar la independencia efectiva de los jueces y los fiscales, y, de ahí, la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Son principalmente estos aspectos los que han suscitado reacciones negativas de la judicatura y la sociedad civil. Las principales situaciones problemáticas incluyen, en particular: la creación de una sección de la fiscalía especializada en la investigación de delitos cometidos por magistrados, nuevas disposiciones relativas a la responsabilidad material de los magistrados respecto de sus decisiones, un nuevo régimen de jubilación anticipada, restricciones de la libertad de expresión de los magistrados y nuevos motivos de destitución de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura. Ninguna de estas modificaciones se corresponde con las recomendaciones del MCV. La recomendación que solicitó específicamente una modificación legislativa de las leyes sobre el poder judicial se refería al procedimiento de nombramiento de los fiscales de alto rango . Dicha recomendación no se ha seguido, y el efecto acumulado de las modificaciones legislativas debilita más bien el sistema de contrapoderes subyacente a la independencia operativa de los fiscales, lo que refuerza aún más la función del Ministro de Justicia . Las modificaciones también plantean cuestiones relativas a la capacidad de la Fiscalía para proseguir la lucha contra la corrupción de alto nivel con el mismo grado de independencia. El riesgo de que estos elementos —considerados aisladamente o de forma acumulada— puedan generar presión sobre los jueces y fiscales, y, en última instancia, menoscabar la independencia, así como la eficacia y la calidad del poder judicial, también ha sido subrayado por algunos observadores externos: tales como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO),otros Estados miembros y socios internacionales. Estas evaluaciones también ponen de relieve que, aunque son importantes, los controles de constitucionalidad no son la única cuestión en juego: dichos controles no sustituyen la necesidad de un debate sobre las opciones estratégicas subyacentes a los principales cambios. La Comisión de Venecia emitió un dictamen preliminar en julio, pero, no obstante, las leyes se promulgaron en la versión del momento. Además, el Gobierno adoptó varios decretos con carácter de urgencia que acentuaron algunos de los problemas detectados, por ejemplo reforzando la autoridad del Ministro de Justicia sobre los fiscales, particularmente por medio de la incoación de procedimientos disciplinarios . La decisión del Gobierno de modificar las disposiciones de creación del servicio especializado en la investigación de los magistrados y de imponer nuevos procedimientos sobre el modo en que este organismo sería creado por el Consejo Superior de la Magistratura ha planteado nuevos interrogantes sobre la independencia de dicho servicio . También planteó cuestiones sobre la propensión del Gobierno a seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia solo de manera selectiva. En este sentido se perdió una oportunidad. Destitución del Fiscal Jefe de la DNA (Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción) y presión política sobre las instituciones judiciales

Al mismo tiempo que las modificaciones legislativas, algunas decisiones han puesto de relieve las consecuencias de la concentración del poder en las manos del Ministro de Justicia. Esto ocurrió, en primer lugar, con la destitución del Fiscal Jefe de la DNA (Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción) a petición del Ministro de Justicia. En una primera fase, el Presidente de Rumanía rechazó la destitución propuesta, de conformidad con el dictamen negativo del Consejo Superior de la Magistratura. Sin embargo, una decisión del Tribunal Constitucional del mes de mayo sobre el procedimiento de destitución reforzó la tendencia al aumento del poder del Ministro de Justicia. Como consecuencia de esta decisión, el Presidente debía firmar el decreto de destitución en el mes de julio. La concentración de poder en las manos del Ministro de Justicia se hizo más patente por la decisión de este de proponer el nombramiento de un nuevo Fiscal Jefe de la Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción, a pesar de un dictamen negativo del Consejo Superior de la Magistratura en el que se declaraba que el candidato no cumplía numerosos criterios fundamentales. Estos hechos también tienen repercusiones sobre el carácter irreversible de la lucha contra la corrupción. Además, el procedimiento aplicado al Fiscal Jefe de la Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción se ha reflejado en otras medidas adoptadas contra instituciones judiciales esenciales. Siguiendo las mismas pautas que el proceso de destitución del Fiscal Jefe de la DNA, el 24 de octubre, el Ministro de Justicia inició el procedimiento de destitución del Fiscal General. Anteriormente, en el mismo mes de octubre, la Cámara de los Diputados ya había llevado al Fiscal General ante el Tribunal Constitucional en relación con los acuerdos de cooperación celebrados con los servicios de inteligencia. El Gobierno también adoptó la decisión de llevar al Alto Tribunal de Casación y Justicia ante el Tribunal Constitucional . La convergencia de las acciones contra estas instituciones judiciales esenciales tiene claras implicaciones sobre la independencia judicial. También existen preocupaciones en relación con el trabajo de la Inspección Judicial. Los sucesivos informes MCV hasta enero de 2017 habían considerado positivamente los progresos en materia de independencia y profesionalidad de la Inspección Judicial. Sin embargo, en noviembre de 2017 se plantearon interrogantes y las relaciones con el Consejo Superior de la Magistratura se hicieron más difíciles. El informe de noviembre de 2017 se refirió explícitamente a la Inspección Judicial en el contexto de la necesidad de reforzar más la cooperación entre las instituciones judiciales. La Inspección Judicial ha empezado ahora a ser objeto de serias críticas. Se han iniciado investigaciones disciplinarias contra los responsables de importantes instituciones judiciales . Muchos de los magistrados investigados también fueron considerados muy críticos con respecto a los procedimientos legislativos en curso. Debe observarse que el Consejo consultivo de jueces europeos y la Comisión de Venecia han subrayado la importancia de que los jueces tengan libertad para expresar sus comentarios en los debates públicos pertinentes , . La Inspección Judicial también inició una serie de controles en la oficina del Fiscal General y en la Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Fue motivo de particular controversia el hecho de que en al menos dos casos la información llegara a la prensa antes de la finalización del control. Además, el Consejo Superior de la Magistratura no organizó un procedimiento de concurso para nombrar una nueva dirección de la Inspección Judicial, aunque el mandato del equipo de dirección en ejercicio expiraba al final de agosto de 2018. La decisión del Gobierno de resolver la situación adoptando un decreto con carácter de urgencia para prorrogar de forma provisional el equipo actual, en lugar de dejar esta tarea al Consejo distrital superior, no disminuyó en absoluto las preocupaciones suscitadas. El Consejo Superior de la Magistratura no ha sido capaz de actuar como contrapoder eficaz en la defensa de la independencia de las instituciones judiciales sometidas a presión, lo que representa una importante función constitucional puesta de relieve en el informe de enero de 2017. Las divisiones dentro del Consejo puestas de manifiesto en sus reuniones con los servicios de la Comisión han hecho cada vez más difícil para el Consejo actuar eficazmente como portavoz del sistema judicial, especialmente cuando es consultado sobre aspectos legislativos, y como director del sistema judicial. Incluso cuando el Consejo ha manifestado una opinión unánime, esta ha no ha sido tenida en cuenta en asuntos importantes . Aunque en 2018 algunas funciones judiciales y algunos jueces y fiscales han sido objeto de críticas públicas particularmente fuertes procedentes del Gobierno y de representantes del Parlamento, el Consejo se ha mostrado reticente a adoptar de oficio decisiones para responder a los ataques sobre la independencia del poder judicial. Por ello se corre el riesgo de que los magistrados sean disuadidos de jugar su papel normal de un poder del Estado a la hora de expresar sus puntos de vista sobre cuestiones pertinentes para el sistema judicial. Independencia judicial Recomendación n.º 1: Se debe instaurar un sistema independiente y sólido de nombramiento de los altos cargos de la Fiscalía, que se base en criterios claros y transparentes, y cuente con el apoyo de la Comisión de Venecia. Recomendación n.º 2: Garantizar que el código de conducta de los parlamentarios que se está tramitando actualmente en el Parlamento incluya disposiciones claras sobre el respeto mutuo entre instituciones y deje claro que los parlamentarios y el proceso parlamentario deben respetar la independencia del poder judicial. Un código de conducta similar podría ser adoptado para los ministros. Nombramientos En enero de 2017, la Comisión reiteró su recomendación de implantar un sistema de nombramiento por méritos y transparente de los fiscales de mayor rango que ofrezca suficientes garantías contra la politización. Los sucesivos informes MVC han subrayado la debilidades de los contrapoderes en el procedimiento, señalando el grado de discrecionalidad del Ministro de Justicia en la selección de los candidatos, la limitada función del Consejo Superior de la Magistratura y la medida en que el mismo procedimiento de nombramiento y destitución se aplicarían dentro de la Fiscalía en niveles inferiores de dirección. El informe de noviembre 2017 constató la falta de progreso, y puso de relieve que las enmiendas de las leyes sobre el poder judicial que se estaban tramitando ofrecían la oportunidad de abordar este problema. El informe también recordó la necesidad de pedir el asesoramiento de la Comisión de Venecia. Las autoridades rumanas no siguieron esta recomendación, pero la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa llevó el asunto ante la Comisión de Venecia . El dictamen de la Comisión de Venecia subraya específicamente la necesidad de modificaciones que garanticen unos procedimientos de nombramiento y destitución neutrales y objetivos, que respeten un equilibrio entre las funciones de las diferentes instituciones . Sin embargo, las modificaciones de las leyes sobre el poder judicial han debilitado el papel del Consejo Superior de la Magistratura y la función del Presidente de Rumanía en el proceso de nombramiento de fiscales de alto rango, reforzando el papel del Ministro de Justicia. Esta mayor concentración de poder en las manos del Ministro de Justicia se aparta de esta recomendación. Códigos de conducta Desde el último informe en el marco del MCV han proseguido las críticas del sistema judicial y de los magistrados en los medios de comunicación social y por parte del Gobierno y de representantes del Parlamento. A lo largo de 2018, hubo regularmente críticas dirigidas al sistema judicial en su conjunto, y particularmente a las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción de alto nivel y a determinados magistrados. Esto entraña un claro riesgo para la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, y confirma la necesidad de actuar para disuadir de atacar abiertamente la independencia de la justicia y la autoridad de las decisiones judiciales. Ha habido intentos de interponer recursos a través del Consejo Superior de la Magistratura y por parte de algunos magistrados, que han llevado sus casos a título individual ante los tribunales. La recomendación del MCV relativa a un código de conducta para los parlamentarios pretendía obtener un reconocimiento institucional del problema e iniciar un proceso encaminado a la adopción de medidas para remediarlo. El informe de noviembre de 2017 indicó la adopción de sendos códigos de conducta por el Parlamento y el Gobierno. Se esperaba que de esta forma se dispondría de un instrumento práctico para abordar el problema. Sin embargo la realidad ha mostrado que, a falta de disposiciones explícitas relativas al respeto de la independencia del poder judicial, los códigos siguen sin cumplir su función. La Comisión no ha sido informada de ningún caso en que se hayan iniciado procedimientos en el seno del Parlamento en respuesta a una declaración de interferencia en la independencia judicial. Reforma judicial Recomendación n.º 3: Debe concluir la fase actual de reforma de los «códigos penales» (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) de Rumanía, para lo cual el Parlamento ha de presentar sus planes con vistas a adoptar las modificaciones presentadas por el Gobierno en 2016, previa consulta a las autoridades judiciales. El Ministro de Justicia, el Consejo Superior de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Casación y Justicia deben ultimar un plan de acción a fin de garantizar que pueda cumplirse el nuevo plazo para la aplicación de las demás disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recomendación n.º 4: Con el fin de mejorar aún más la transparencia y la predictibilidad del proceso legislativo, así como de reforzar las garantías internas en interés de la irreversibilidad, el Gobierno y el Parlamento deben velar por la plena transparencia y tener debidamente en cuenta las consultas con los interesados y las autoridades competentes en el proceso de toma de decisiones y en la actividad legislativa en relación con el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las leyes en materia de corrupción y de integridad (incompatibilidades, conflictos de intereses y enriquecimiento injustificado), las leyes sobre el poder judicial (relativas a la organización del sistema judicial) y el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, inspirándose en la transparencia en la toma de decisiones adoptada por el Gobierno en 2016. Ley de Enjuiciamiento Civil La Recomendación n.º 3 se refiere a la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la evolución muestra la falta de estabilidad en el desarrollo de esas disposiciones legislativas esenciales. En diciembre de 2016, se estableció el nuevo plazo de enero de 2019 para la entrada en vigor de las restantes disposiciones de esta Ley. En el informe MCV de noviembre de 2017 se observó que estaban en marcha medidas encaminadas a proporcionar la infraestructura necesaria para encajar el nuevo sistema. Sin embargo, el Parlamento adoptó en junio enmiendas sustanciales a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabiendo destacar la supresión de la etapa de «Cámara del Consejo» en el procedimiento civil. Algunas de esas modificaciones fueron impugnadas con éxito ante el Tribunal Constitucional por el Alto Tribunal de Casación y Justicia. Por consiguiente, debe revisarse la Ley en el Parlamento y este proceso debe tener en cuenta particularmente la carga de trabajo del Alto Tribunal de Casación y Justicia.

«Códigos penales» (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) El informe MCV de noviembre de 2017 señalaba que la recomendación de concluir la fase actual de la reforma de los «códigos penales» (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) de Rumanía seguía sin cumplirse. La recomendación se basaba en el hecho de que se había establecido un proceso progresivo para elaborar modificaciones legislativas mediante consulta y reflejar así la necesidad de adaptarse a las decisiones recientes del Tribunal Constitucional y a la transposición de las Directivas de la UE . El Gobierno adoptó un proyecto de ley en noviembre de 2017. Sin embargo, cuando los debates se iniciaron en abril de 2018 en una comisión parlamentaria, se basaron en proyectos completamente nuevos y en un gran número de enmiendas. Ello quedó reflejado en los proyectos finales adoptados por el Parlamento en junio y julio. Las modificaciones legislativas constituyen una profunda revisión de los Códigos de 2014, particularmente en lo que se refiere a los aspectos de procedimiento de las investigaciones y procesos penales y al equilibrio entre el interés público en sancionar los delitos, los derechos de las víctimas y los derechos de los sospechosos. Las modificaciones también reducen el alcance del delito de corrupción, lo que, si se confirma cuando la Ley vuelva al Parlamento tras la sentencia del Tribunal Constitucional, conllevaría la necesidad de reevaluar los progresos realizados hasta la fecha en el marco del MCV. Las modificaciones no han entrado en vigor al haber sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Este Tribunal falló en octubre que un gran número de estas enmiendas son inconstitucionales. Además de las cuestiones de constitucionalidad, estas modificaciones han formulado un gran número de preocupaciones de índole jurídica y en relación con las políticas vigentes, subrayadas por las autoridades con funciones coercitivas y la sociedad civil de Rumanía, así como por muchos socios de fuera de Rumanía. El 20 de octubre, la Comisión de Venecia adoptó un dictamen sobre las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Las conclusiones de este dictamen son muy críticas, señalando problemas asociados al Estado de Derecho, en cuanto que algunos delitos quedan sin castigo, y la falta de calidad de la legislación y las deficiencias en su elaboración, así como contradicciones con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales del país, especialmente en relación con la lucha contra la corrupción. Por consiguiente la Comisión de Venecia recomienda que las autoridades rumanas realicen una reevaluación global de las enmiendas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de un proceso de consulta amplio y eficaz, con el fin de elaborar una propuesta legislativa sólida y coherente que cuente con un amplio apoyo de la sociedad rumana y tenga plenamente en cuenta las normas aplicables. Transparencia y predictibilidad del proceso legislativo en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción El informe de noviembre de 2017 había señalado el potencial de la comisión parlamentaria especial sobre sistematización, unificación y garantía de la estabilidad legislativa en el poder judicial para establecer un proceso de enmienda predecible que garantice el debate y la consulta pública. Esta comisión se ha ocupado de las reformas de las leyes sobre el poder judicial y de los «códigos penales». Podría considerarse que algunos aspectos del procedimiento legislativo abordados en la comisión representan un progreso respecto del pasado: los debates se transmiten por los medios de radiodifusión, los proyectos de ley suelen estar a disposición del público, y las instituciones judiciales son invitadas a los debates, lo que les permite dar su opinión. Sin embargo la elección de los procedimientos de urgencia ha limitado considerablemente la eficacia y credibilidad de estos signos de apertura. Sigue siendo difícil comprender las razones objetivas de los procedimientos de urgencia, como también el hecho de que el carácter de urgencia no se revalúe posteriormente, habida cuenta de las dudas fundamentales derivadas de los proyectos presentados. Estas dudas fueron expresadas por instituciones rumanas tales como el Alto Tribunal de Casación y Justicia, y por socios exteriores tales como la Comisión Europea y otros Estados miembros. La ausencia de debate era particularmente llamativa dado que, tras los procedimientos acelerados aplicados en comisión, el debate sobre estas importantes cuestiones ha sido inexistente o poco relevante en las dos cámaras parlamentarias. Incluso una vez completado el proceso relativo a las leyes sobre el poder judicial, en octubre el Gobierno introdujo nuevas modificaciones mediante decretos de urgencia, dejando aún menos oportunidad de consulta. Este proceso plantearía un enorme reto en materia de aplicación a las autoridades judiciales y constituiría un riesgo real para la administración de justicia, que no parece haberse tenido en consideración en el proceso. Algunos miembros del Parlamento han argumentado que el proceso legislativo es transparente y tiene en cuenta la opinión de la magistratura. Es verdad que las leyes incluyen enmiendas propuestas por los propios magistrados. Sin embargo no ocurre lo mismo con la mayoría de las disposiciones más controvertidas, que se han plasmado en leyes con una claridad nula o escasa en relación con las razones por las que se han rechazado las opiniones de la judicatura. La amplitud de las cuestiones planteadas por el Tribunal Constitucional —únicamente sobre temas de constitucionalidad—subraya además la escasa preparación de estas enmiendas y las consecuencias de los servicios de la experiencia de las principales instituciones judiciales. Como también señaló la Comisión de Venecia y el GRECO, cuando se contemplan modificaciones legislativas tan importantes cabría esperar que el Parlamento emprenda un auténtico debate sobre las necesidades de la sociedad y las repercusiones de las modificaciones legislativas sobre la base de amplias consultas: se trata de cuestiones de política general, y no puede considerarse que las únicas cuestiones relevantes son las cuestiones de constitucionalidad sometidas al Tribunal Constitucional. El hecho de que el dictamen de la Comisión de Venecia acerca de las leyes sobre el poder judicial haya detectado la persistencia de problemas en las leyes, y la preocupación de que las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal puedan no ser coherentes con las obligaciones legales de Rumanía a nivel de la UE y a nivel internacional, ilustran los riesgos que encierran los procedimientos acelerados. No puede considerarse que este proceso siga la recomendación. Recomendación n.º 5: El Gobierno debe poner en marcha un plan de acción adecuado para abordar el problema de la ejecución de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y la aplicación de la jurisprudencia de estos por parte de las administraciones públicas, incluido un mecanismo para proporcionar estadísticas precisas que permitan un futuro seguimiento. Además, se debe desarrollar un sistema de supervisión interna con el concurso del Consejo Superior de la Magistratura y el Tribunal de Cuentas con el fin de garantizar la correcta ejecución del plan de acción. Recomendación n.º 6: Las instancias estratégicas de dirección del sistema judicial, es decir, el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Magistratura, el Tribunal Superior de Casación y Justicia y el Fiscal General, deben garantizar la ejecución del plan de acción adoptado y exigir la publicación de informes periódicos sobre su ejecución, sin olvidar buscar soluciones a los problemas de la escasez de secretarios judiciales, la excesiva carga de trabajo y los retrasos en la motivación de las resoluciones. Observancia de las resoluciones judiciales La observancia y la ejecución de las resoluciones judiciales son una parte esencial de la eficiencia del sistema judicial, como se establece en el primer objetivo de referencia . A raíz de una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2016, Rumanía propuso al Comité de Ministros del Consejo de Europa un plan de acción para abordar los problemas estructurales derivados de la no aplicación de las funciones judiciales contra el Estado. Este plan de acción y las medidas adicionales requeridas por el dicho Comité son directamente relevantes para abordar esta recomendación. Se están tramitando medidas para hacer avanzar el plan de acción, y en septiembre se sometieron al Gobierno una lista de medidas. Entre las propuestas presentadas figuran modificaciones del marco jurídico con el fin de garantizar una ejecución oportuna y un mecanismo de supervisión y prevenir la ejecución tardía de sentencias en las que el Estado es deudor. El Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura también están avanzando con la elaboración de un registro informatizado de resoluciones judiciales en las que el Estado sea deudor o acreedor. Reformas estructurales del sistema judicial El informe de noviembre de 2027 observó que estaba en marcha el plan de acción global adoptado en 2016, que establecía las medidas de reforma estructural que habrá que adoptar hasta 2020 para el desarrollo del sistema judicial , y que el mismo constituiría una herramienta que proporcionaría importantes beneficios a los justiciables y mejoraría la confianza de los ciudadanos. Desarrollado y ajustado durante 2018, este plan de acción recibe una ayuda financiera de los Fondos Estructurales de la UE, y sigue las orientaciones recibidas en las reuniones del Consejo de Instancias de Dirección Estratégicas. También aborda cuestiones tales como la creación de un mecanismo permanente de diálogo entre los representantes de los tres poderes públicos y la actualización del sistema informático en materia de protección de datos. Sin embargo, el Consejo de Instancias de Dirección Estratégicas no se ha convertido en un foro capaz de resolver cuestiones estratégicas importantes para el sistema judicial. Por ejemplo, no parece haber participado en los debates acerca de las modificaciones de las leyes sobre el poder judicial y del Código Civil y el Código Penal, lo que tendrá consecuencias fundamentales para el funcionamiento y la organización del sistema judicial. Como se ha señalado más arriba, la aplicación de las leyes sobre el poder judicial se ha realizado más por medio de decretos de carácter urgente unilaterales que mediante decisiones consensuadas del Consejo de instancias de dirección estratégicas . Recomendación n.º 7: El nuevo Consejo Superior de la Magistratura debe preparar un programa colectivo para su mandato, que incluya medidas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. Este programa debe incluir una estrategia de difusión, que incluya la celebración de reuniones regulares abiertas de asambleas de jueces y fiscales en todos los niveles, así como con la sociedad civil y las organizaciones profesionales, y establecer la obligación de presentar informes anuales para que sean debatidos en las asambleas generales de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías. Transparencia y rendición de cuentas del Consejo Superior de la Magistratura (CSM)

El informe de noviembre de 2017 señaló que el Consejo Superior de la Magistratura había establecido sus prioridades para su mandato (2017-2022), proporcionando una primera base para fomentar la rendición de cuentas de la institución. El informe también observó que, a pesar de las difíciles circunstancias, el CSM había sido capaz de adoptar decisiones difíciles, por ejemplo, rechazando las proposiciones de enmienda a las leyes sobre el poder judicial. El informe concluyó que «El Consejo debería seguir consolidando su trabajo para defender la reputación de la magistratura de forma coherente y eficaz, y contribuir a un diálogo transparente y constructivo con el Gobierno y el Parlamento». Desde entonces, las circunstancias han hecho cada vez más difícil para el CSM mantener el enfoque expuesto en sus prioridades, al haber sido rebatidas por el Gobierno algunas de sus opiniones . El CSM se encontraba dividido sobre la forma de reaccionar frente a las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del GRECO acerca de las leyes sobre el poder judicial, incluso en ámbitos más cercanos a la gestión, tales como el análisis de las repercusiones de modificaciones legislativas como las relativas al régimen de jubilación anticipada y a la entrada tardía en la profesión. Se pidió al CSM que expusiera su punto de vista sobre las enmiendas a los «códigos penales». El CSM consultó a la totalidad de los tribunales y las fiscalías y transmitió una opinión resumida a la comisión parlamentaria. Los miembros del CSM asistieron a los debates del Parlamento, presentando enmiendas y haciendo comentarios. Sin embargo tras la adopción de las leyes por el Parlamento, el CSM no emitió un dictamen sobre las modificaciones, ni analizó las repercusiones de las mismas sobre el sistema judicial. El informe de enero de 2017 puso de relieve en particular el valor de la información transmitida por el CSM a los ciudadanos en relación con las acciones que había realizado para defender la independencia de la justicia y la protección de la reputación, la independencia y la imparcialidad de los magistrados. Sin embargo, el CSM no logró ofrecer una posición firme en este ámbito, a pesar de la situación general de crítica de los magistrados y de las instituciones judiciales por parte de la opinión pública. En enero de 2017, la Comisión pudo constatar «progresos sustanciales» en relación con el primer objetivo de referencia. La situación actual es que, aunque se ha avanzado respecto de la recomendación n.º 1 (ejecución de las sentencias), otras medidas adoptadas por Rumanía han contrarrestado los progresos alcanzados. Las recomendaciones 1, 3 y 4 no se han seguido. Con respecto a las recomendaciones 2, 6 y 7 no se han observado progresos hacia unos resultados significativos. De forma general, unas modificaciones legislativas que minan las salvaguardias para la independencia judicial y dotan de mayor poder al Ministro de Justicia y una serie de medidas que ejercen presión sobre las principales instituciones judiciales constituyen un retroceso de las autoridades rumanas respecto de la situación evaluada en enero de 2017. Las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en curso también entrañan serios riesgos de retroceso. Por ello, la Comisión considera que el primer objetivo de referencia no puede considerarse cumplido y, que para cumplirlo, se requieren recomendaciones adicionales, como se expone en las conclusiones del presente informe. 3.2. Segundo objetivo de referencia: Marco de Integridad y Agencia Nacional de Integridad Recomendación n.º 8: Garantizar la puesta en marcha del sistema PREVENT. La Agencia Nacional de Integridad y la Agencia Nacional de Contratación Pública deben establecer mecanismos de presentación de informes sobre los controles ex ante de los procedimientos de contratación pública y su seguimiento, incluidos controles a posteriori, así como en los casos de conflicto de intereses o de corrupción que se descubran y organizar debates públicos en los que se invite a responder al Gobierno, las autoridades locales, las autoridades judiciales y la sociedad civil. Recomendación n.º 9: El Parlamento deberá ser transparente en su toma de decisiones respecto al seguimiento de las resoluciones firmes e irrevocables en materia de incompatibilidades, conflictos de intereses y enriquecimiento injustificado dictadas contra sus miembros. Sistema PREVENT El sistema PREVENT está diseñado para prevenir los conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública mediante la creación de un mecanismo de verificación previa que permita a los poderes adjudicadores solucionar estas situaciones antes de la adjudicación del contrato. El sistema está ahora plenamente operativo y la Agencia Nacional de Integridad (ANI) comunica resultados positivos.Además de formular advertencias, el sistema PREVENT también ha fomentado la concienciación entre las partes contratantes. Globalmente, parece que el enfoque preventivo está ganando en importancia y la voluntad de la gran mayoría de las partes contratantes de eliminar posibles conflictos de intereses antes de la firma de los contratos muestra el valor de este enfoque. Se ha introducido una modificación legislativa que prevé la posibilidad de imponer una multa a una autoridad contratante en caso de no reaccionar frente a las alertas procedentes del sistema PREVENT, pero no está claro su valor añadido. De forma más general, la Agencia mantiene un sólido historial de investigación de incompatibilidades o conflictos de intereses.Sin embargo, la estabilidad del marco legal en materia de integridad sigue siendo problemática. En julio, el Parlamento adoptó dos propuestas legislativas, a pesar de un dictamen negativo de la ANI. La primera establecería un plazo de prescripción de tres años para los actos que establezcan la existencia de un conflicto de intereses o una incompatibilidad. La segunda propuesta modificaría el régimen sancionador aplicable a los conflictos de intereses de los cargos electos locales. Ambas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.Otras propuestas se encuentran pendientes de tramitación en el Parlamento. Otro reto guarda relación con los recursos financieros de la ANI. Tras una pronunciada reducción del presupuesto en 2017, las nuevas reducciones hacen que la Agencia pueda encontrar dificultades financieras para pagar los salarios y a sus contratistas. Es esencial que la Agencia disponga de los recursos necesarios para seguir cumpliendo sus tareas de conformidad con el segundo objetivo de referencia. Seguimiento de las resoluciones judiciales que afectan a miembros del Parlamento Los anteriores informes en el marco del MCV han puesto de relieve el retraso y la incoherencia aparente en la aplicación de sanciones a miembros del Parlamento con problemas de incompatibilidad o que presentaban un conflicto de intereses según una resolución firme de un órgano jurisdiccional en relación con un informe de la Agencia. Por consiguiente, la Comisión ha recomendado más transparencia en el proceso decisorio, presentando algunas propuestas concretas a tal efecto en el informe de noviembre de 2017. Desde octubre de 2016, se han fallado cinco resoluciones judiciales firmes e irrevocables contra miembros del Parlamento. En dos casos, al igual que en otros casos relacionados con las elecciones de diciembre de 2016, el Parlamento ha comunicado por escrito a la ANI que no se aplicarían sanciones disciplinarias. El Parlamento aún no ha reaccionado sobre los otros casos. Aunque las cartas enviadas a la Agencia suponen un paso adelante en términos de transparencia, el razonamiento del Parlamento podría crear un vacío jurídico en cuanto al carácter disuasorio de las sanciones. El argumento era que no se había actuado debido a que el incidente de integridad en cuestión se produjo durante un mandato o cargo anterior. Esta interpretación no ha sido aplicada hasta la fecha por los tribunales o por otras instituciones públicas. Ello sugiere la necesidad de clarificar las normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de forma que se cumpla el objetivo de referencia del MCV de garantizar «unas decisiones obligatorias sobre cuya base puedan imponerse sanciones disuasorias». La Comisión considera que se han estancado los significativos progresos constatados en noviembre de 2017 en relación con el segundo objetivo de referencia. La recomendación n.º 8 se cumple en la medida en que el sistema PREVENT se ha consolidado como una eficaz herramienta de prevención. Los progresos en el seguimiento de la recomendación n.º 9 requieren que se ponga fin a la actual falta de claridad de las normas. 3.3. Tercer objetivo de referencia: Lucha contra la corrupción de alto nivel Viabilidad de la Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción e irreversibilidad de la lucha contra la corrupción El informe de enero de 2017 constató los substanciales progresos realizados en la lucha contra la corrupción de alto nivel. También subrayó que cualquier medida que debilite o menoscabe el alcance del delito de corrupción o que plantee un problema importante para la independencia y la eficacia de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción constituiría un retroceso. La evolución registrada desde el informe MCV de noviembre de 2017 ha requerido que la Comisión vuelva a considerar su evaluación. Las presiones ejercidas sistemáticamente sobre las principales instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción llevan a poner en entredicho cada vez más la capacidad de acción de estas en la actualidad y, por ello, el carácter irreversible de la lucha contra la corrupción. La Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción (DNA) ha sido objeto de presiones, lo que puede afectar a su independencia. Además de las fuertes críticas expresadas públicamente y en los medios de comunicación social por los altos responsables políticos, el hecho de que tanto la destitución del Fiscal Jefe de la DNA como la propuesta de nombramiento de un nuevo Fiscal Jefe no tuvieron en cuenta el dictamen negativo del Consejo Superior de la Magistratura suscitaron importantes dudas en torno al proceso (véase más arriba). El ministro de Justicia también ha lanzado procedimientos para el nombramiento de nuevos jefes de sector y jefes de sector adjuntos siguiendo el mismo procedimiento. Las leyes sobre el poder judicial modificadas también pueden crear posibles dificultades que podrían obligar a algunos miembros del personal a abandonar la DNA. En octubre, el Gobierno adoptó un nuevo decreto con carácter de urgencia que modificaría los requisitos de antigüedad de los fiscales de la DNA, lo que podría tener nuevos efectos negativos sobre la capacidad operativa de esta. La presión ha alcanzado al Alto Tribunal de Casación y Justicia (ATCJ), y en particular a los jueces de la sección penal. Como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno ha llevado al Alto Tribunal de Casación y Justicia ante el Tribunal Constitucional. Esto ha añadido presión desde dentro del sistema judicial, habiendo surgido una controversia cuando el Consejo Superior de la Magistratura no renovó el mandato del Presidente de la sección penal de la DNA, que se ocupa de muchos casos de corrupción de alto nivel, y cuando a la Inspección Judicial se le remitieron asuntos que afectaban al Presidente de la DNA (véase más arriba).

Las medidas tomadas por el Gobierno también pueden verse reflejadas en una reducción aparente de la cooperación con la DNA, habiéndose informado de que numerosas instituciones públicas, tales como ministerios, el Tribunal de Cuentas y otras instancias de control, se muestran se muestran más reacias a notificar posibles casos de fraudes y corrupción. La creación de la nueva sección de investigación de delitos cometidos por magistrados, contemplada en las leyes sobre el poder judicial modificadas, causa una inquietud especifica en relación con la lucha contra la corrupción, ya que una nueva estructura podía ser más vulnerable desde el punto de vista de la independencia judicial de lo que ha sido hasta ahora la DNA, en la medida en que esto podría utilizarse como instrumento adicional para intimidar a los magistrados y ejercer presión sobre ellos. Por otro lado, como sección generalista encargada de tramitar todos los delitos de los magistrados, también carecerá de experiencia para investigar delitos de corrupción específicos, y los efectos se verían acentuados si las investigaciones realizadas sobre todas las personas relacionadas con un asunto en el que esté implicado un magistrado también se sacaran de la jurisdicción de la DNA. En cuanto al marco legal, las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal adoptadas por el Parlamento antes del verano también podrían minar la lucha contra la corrupción (véase más arriba). Las críticas generalizadas dirigidas contra estas enmiendas han puesto de relieve los efectos sobre la corrupción. Además del hecho de que estas enmiendas han entorpecido seriamente las investigaciones, el enjuiciamiento y el pronunciamiento de sentencias, se han despenalizado parcialmente algunos delitos de corrupción. Esto también constituiría un importante elemento del dictamen emitido por la Comisión de Venecia sobre los «Códigos»y podría plantear cuestiones relativas a la compatibilidad con los convenios internacionales ratificados por Rumanía. La Comisión de Venecia pone de relieve que «consideradas por separado, pero especialmente teniendo en cuenta su efecto acumulado, muchas enmiendas afectarán seriamente a la eficacia del sistema de justicia penal de Rumanía en la lucha contra diversas formas de delincuencia, en particular los delitos relacionados con la corrupción, los delitos con violencia y la delincuencia organizada». No hay indicaciones de que esta cuestión de compatibilidad con las obligaciones internacionales haya sido objeto de debate en el Gobierno o en el Parlamento. Algunas de esas modificaciones han sido declaradas inconstitucionales. Recomendación n.º 10: Adoptar criterios objetivos para decidir y motivar la suspensión de la inmunidad de los miembros del Parlamento con objeto de contribuir a garantizar que la inmunidad no se utilice para eludir la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El Gobierno también podría estudiar la posibilidad de modificar la ley para limitar la inmunidad de los ministros al periodo en que desempeñen su cargo. Estas medidas podrían contar con la colaboración de la Comisión de Venecia y el GRECO . El Parlamento debe establecer un sistema para informar periódicamente sobre las decisiones adoptadas por sus cámaras en respuesta a las solicitudes de levantamiento de la inmunidad y podría organizar un debate público con el fin de que el Consejo Superior de la Magistratura y la sociedad civil puedan manifestar sus puntos de vista. La Recomendación n.º 10 se refiere a la rendición de cuentas del Parlamento por sus decisiones en relación con solicitudes de la Fiscalía para autorizar medidas preventivas, tales como registros o detenciones, y con las solicitudes para autorizar la investigación de parlamentarios que ocupen o hayan ocupado el cargo de ministro. Se trata de un poder conferido por la Constitución, similar al existente en numerosos sistemas parlamentarios, en los que existen inmunidades para proteger a los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato electoral. La recomendación no se refiere a la existencia de dicha inmunidad, sino a la forma en la que se ejerce. Informes MCV anteriores han subrayado la importancia de la existencia de criterios transparentes para ayudar al Parlamento a demostrar que está ejerciendo este poder de modo objetivo. Ello ha también contribuiría a mostrar la relación existente entre la denegación de las solicitudes de la Fiscalía y la protección de los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato electoral, y no a limitar o evitar la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción. El informe de noviembre de 2017 acogió favorablemente que se hubiese considerado la necesidad de más transparencia en el curso dado a las demandas de enjuiciamiento. No obstante, consideró que era necesario seguir trabajando sobre la recomendación n.º 10 y reiteró su consejo de pedir la ayuda de la Comisión de Venecia y del GRECO. La comisión jurídica de la Cámara de Diputados ha declarado su predisposición a atenerse a los criterios vigentes establecidos por la Comisión de Venecia, pero esto no ha sido así hasta la fecha y esta declaración no se ha formalizado en las normas de la Cámara o del Senado. En 2018 no se ha seguido la invitación al Gobierno a considerar una modificación de la ley para clarificar que la inmunidad ministerial solo afecta a las acciones de los ministros durante el ejercicio de su cargo. En el año anterior a agosto de 2018, el Presidente de Rumanía aceptó dos peticiones de incoar procedimientos penales contra antiguos ministros que no son miembros del Parlamento. La recomendación también hacía referencia a la presentación de información sobre las decisiones y a la celebración de un debate público. El hecho de que los debates de las comisiones parlamentarias y de las asambleas plenarias se transmitan en directo y también puedan visionarse en línea posteriormente constituye un primer paso en esta dirección. Sobre la base de un análisis del tercer objetivo de referencia, la Comisión puede confirmar su conclusión de noviembre de 2017 de que se requieren nuevos esfuerzos en relación con la recomendación n.º 10. Por otra parte, Rumanía ha vuelto a considerar las razones que justificaban la evaluación positiva realizada respecto del tercer objetivo de referencia en enero de 2017. Por consiguiente, ya no puede considerarse que la recomendación n.º 10 baste para finalizar el objetivo de referencia y, a tal fin, se incluyen regulaciones adicionales en las conclusiones del presente informe 3.4 Cuarto objetivo de referencia: Lucha contra la corrupción a todos los niveles Recomendación n.º 11: Seguir aplicando todos los aspectos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, respetando los plazos fijados por el Gobierno en agosto de 2016. El Ministro de Justicia debe establecer un sistema de información sobre la aplicación efectiva de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción (que incluya estadísticas sobre incidentes en materia de integridad en la Administración Pública, datos sobre procedimientos disciplinarios y sanciones e información sobre las medidas estructurales aplicadas en ámbitos vulnerables). Recomendación n.º 12: Velar por que la Agencia Nacional para la Gestión de los Activos Confiscados sea plenamente operativa y eficaz, a fin de que pueda elaborar un primer informe anual con información estadística fiable sobre la confiscación de activos de origen delictivo. La Agencia debe implantar un sistema para presentar información regularmente sobre el desarrollo de la capacidad administrativa, los resultados del proceso de confiscación y la gestión de activos de origen delictivo. Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción En el pasado año se ha observado la continuación de ciertos progresos en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. En marzo de 2018, la Secretaría técnica, integrada en el Ministerio de Justicia, publicó su primer informe de seguimiento . La Secretaría técnica ha seguido realizando evaluaciones temáticas de las instituciones públicas, con el fin de verificar cómo las mismas definen los riesgos de corrupción en ámbitos fundamentales y controlar las medidas vigentes para prevenir incidentes. Evaluaciones basadas en una revisión inter pares serán apoyadas por los fondos de la UE. La ejecución de la estrategia parece haber avanzado en algunos sectores vulnerables importantes, especialmente en el sector educativo, en el Ministerio del Interior y a nivel local, pero los progresos han sido evidentemente menores en el sector sanitario. Uno de los objetivos de la estrategia es mejorar los resultados de la lucha contra la corrupción imponiendo sanciones penales y administrativas. Durante el pasado año, la Agencia Nacional de Integración y la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción prosiguieron sus trabajos, y la Fiscalía General prosiguió el enjuiciamiento de delitos de corrupción que no entraban en el ámbito de competencias de la DNA.Sin embargo, como se ha indicado más arriba, la eficacia de estas grandes instituciones se ha puesto en tela de juicio, y varias iniciativas legislativas en curso plantean inquietudes en cuanto a su posible impacto en la ejecución de la estrategia y ofrecen una señal contradictoria en términos de apoyo político a la continuación de la prevención de la corrupción y de la imposición de sanciones a los delitos de corrupción. Esto incluye las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y al marco de integridad, existiendo el riesgo de repercusiones en cada nivel de la Administración Pública. Organismo nacional para la Gestión de Activos Confiscados El Organismo nacional para la Gestión de Activos Confiscados (ANABI) ya es plenamente operativo y ha continuado desarrollando su labor, estableciéndola claramente en sus informes anuales. El Organismo también ha progresado en el desarrollo de un sistema nacional integrado de seguimiento de las medidas adoptadas por las autoridades en cada fase del proceso de recuperación de activos. No obstante, el ANABI tiene un potencial de mayor desarrollo. Sería importante desarrollar sus actividades relacionadas con la redistribución de los activos confiscados con fines sociales y en favor de los ciudadanos, cuando la legislación permite la ayuda a proyectos de la sociedad civil, por ejemplo en los sectores de la formación jurídica, la prevención de la delincuencia, la asistencia a las víctimas y otros proyectos de interés público. Debido a su insuficiente capacidad administrativa, el Organismo no ha sido capaz hasta la fecha de organizar una convocatoria de propuestas en este ámbito. En octubre de 2018, realizaba sus actividades con un personal de únicamente 20 personas, de las 35 previstas, lo que lo obligaba a centrarse en las actividades fundamentales. Sobre la base del análisis del cuarto objetivo de referencia, la Comisión puede confirmar su conclusión de noviembre de 2017 de que se requieren más esfuerzos para avanzar hacia el cumplimiento de dicho objetivo. La prevención de la corrupción está siendo frenada por acontecimientos políticos, que minan la credibilidad de los progresos (recomendación n.º 11). En cuanto a la recomendación n.º 12, la Comisión puede concluir que la misma se cumple, pero será importante garantizar unos recursos humanos eficientes para el Organismo nacional para la Gestión de Activos Confiscados. 4. CONCLUSIONES Durante los doce meses transcurridos desde noviembre de 2017, Rumanía ha adoptado algunas medidas para aplicar las recomendaciones que figuran en el informe de enero de 2017. En consonancia con la evaluación expuesta en ese Informe, la Comisión estima que las recomendaciones 8 y 12 pueden considerarse cumplidas, y que se han realizado nuevos progresos en relación con las recomendaciones 5 y 9. Sin embargo, la evaluación presentada en el informe de enero de 2017 siempre estaba condicionada a la ausencia de medidas negativas que pusieran en entredicho los progresos realizados en los 10 últimos años. La entrada en vigor de las leyes sobre el poder judicial modificadas, la presión ejercida sobre la independencia judicial en general sobre la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción en particular, y otras medidas que minan la lucha contra la corrupción han anulado o puesto en tela de juicio la irreversibilidad de los progresos realizados, particularmente en relación con los objetivos de referencia primero y tercero.