COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Dictamen sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia

ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN

a) Prefacio

b) Relaciones entre la Unión Europea y Croacia

B. CRITERIOS DE ADHESIÓN

1. Criterios políticos

1.1. Democracia y Estado de Derecho

1.1.1. El Parlamento

1.1.2. El Ejecutivo

1.1.3. El Poder Judicial

1.1.4. Medidas anticorrupción

1.2. Derechos humanos y protección de las minorías

1.2.1. Derechos civiles y políticos

1.2.2. Derechos económicos, sociales y culturales

1.2.3. Derechos de las minorías, protección de las minorías y los refugiados

1.3. Otras obligaciones definidas en las conclusiones del Consejo de la UE de 29 de abril de 1997

1.3.1. Cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia

1.3.2. Cooperación regional

1.4. Evaluación general

2. CRITERIOS ECONÓMICOS

2.1. Evolución económica

2.2. Evaluación con arreglo a los criterios de Copenhague

2.3. Evaluación general

3. CAPACIDAD PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE LA ADHESIÓN

Capítulo 1: Libre circulación de mercancías

Capítulo 2: Libre circulación de personas

Capítulo 3: Libre prestación de servicios

Capítulo 4: Libre circulación de capitales

Capítulo 5: Derecho de sociedades

Capítulo 6: Política de competencia

Capítulo 7: Agricultura

Capítulo 8: Pesca

Capítulo 9: Transportes

Capítulo 10: Fiscalidad

Capítulo 11: Unión Económica y Monetaria

Capítulo 12: Estadísticas

Capítulo 13: Política social y de empleo

Capítulo 14: Energía

Capítulo 15: Política industrial

Capítulo 16: Pequeñas y medianas empresas

Capítulo 17: Ciencia e investigación

Capítulo 18: Educación y formación

Capítulo 19: Telecomunicaciones y tecnologías de la información

Capítulo 20: Cultura y política audiovisual

Capítulo 21: Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales

Capítulo 22: Medio ambiente

Capítulo 23: Protección de los consumidores y de la salud

Capítulo 24: Cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior

Capítulo 25: Unión aduanera

Capítulo 26: Relaciones exteriores

Capítulo 27: Política Exterior y de Seguridad Común

Capítulo 28: Control financiero

3.1.1.1. Capítulo 29: Disposiciones financieras y presupuestarias

C. RESUMEN Y CONCLUSION

1. Criterios Políticos

2. Criterios Económicos

3. Capacidad de asumir las demás obligaciones de la adhesión

A. INTRODUCCIÓN

a) Prefacio

Solicitud de adhesión

Croacia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 21 de febrero de 2003 y el Consejo de Ministros decidió el 14 de abril de 2003 aplicar el procedimiento establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, en el que se estipula que "Cualquier Estado europeo que respete los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen."

El apartado 1 del artículo 6 dispone: "La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros."

Este es el marco jurídico en el que la Comisión presenta este dictamen.

Contexto del dictamen

La solicitud de adhesión de Croacia forma parte de un proceso histórico en el que los países de los Balcanes Occidentales están superando la crisis política de la región y se orientan hacia el área de paz, estabilidad y prosperidad creada por la Unión. En el "Programa de Tesalónica para los Balcanes Occidentales", adoptado por el Consejo Europeo en junio de 2003, se subrayaba que el ritmo de aproximación de los países de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea estaba en manos de esos países y que dependería de los resultados de cada uno de ellos en la aplicación de las reformas, respetándose así los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y de las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación.

El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 concluía que:

"Los países asociados de la Europa Central y Oriental que lo deseen se conviertan en miembros de la Unión Europea. El ingreso tendrá lugar en cuanto un país asociado pueda asumir las obligaciones de adhesión cuando cumpla con las condiciones económicas y políticas requeridas.

La adhesión requiere:

- que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías;

- la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer rente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión;

- la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria.

La capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea, es también una consideración importante en el interés general tanto de la Unión como de los países candidatos".

En esa declaración, se detallaban los criterios políticos y económicos para analizar las solicitudes de adhesión de los países candidatos.

El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 hacía referencia a la necesidad de "crear las condiciones para una integración progresiva y armoniosa de estos Estados gracias especialmente al desarrollo de la economía de mercado, a la adaptación de sus estructuras administrativas y a la creación de un entorno económico y monetario estable".

Las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación fueron definidas por el Consejo el 29 de abril de 1997 e incluían la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) y la cooperación regional. Estas condiciones son un elemento fundamental del proceso de estabilización y asociación y se integran en el Acuerdo de Estabilización y Asociación firmado con Croacia.

Por lo tanto, en el presente dictamen la Comisión analiza la solicitud de Croacia sobre la base de la capacidad del país para asumir las obligaciones de cumplir con los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y las condiciones fijadas para el proceso de estabilización y asociación, en particular las condiciones definidas por el Consejo en sus Conclusiones de 29 de abril de 1997.

Contenido del dictamen

La estructura del dictamen tiene en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague y:

* describe las relaciones entre Croacia y la Unión hasta la fecha, en particular en el marco del acuerdo existente;

* analiza la situación respecto de las condiciones políticas mencionadas por el Consejo Europeo (democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, protección de las minorías), incluido el cumplimiento de las condiciones del proceso de estabilización y asociación;

* hace una valoración de la situación y las perspectivas de Croacia respecto de las condiciones económicas mencionadas por el Consejo Europeo (economía de mercado, capacidad de hacer frente a la presión competitiva);

* aborda la cuestión de la capacidad de Croacia para asumir las obligaciones de adhesión, es decir, el acervo de la Unión tal como se expone en el Tratado, el derecho derivado y las políticas de la Unión;

* y, por último, hace una evaluación general de la situación y las perspectivas de Croacia respecto de las condiciones de adhesión a la Unión y formula una recomendación sobre las negociaciones de adhesión.

Al evaluar a Croacia respecto de los criterios económicos y su capacidad para asumir el acervo, la Comisión ha incluido una evaluación prospectiva; ha tratado de evaluar los progresos que cabría esperar razonablemente de Croacia en los próximos años, antes de la adhesión, teniendo en cuenta el hecho de que el acervo en sí mismo va a seguir desarrollándose. Para ello, y sin anticipar la fecha real de adhesión, el dictamen se basa en unas perspectivas a medio plazo de aproximadamente cinco años.

Durante la preparación del dictamen, la Comisión ha obtenido de las autoridades de Croacia abundante información sobre la situación del país y ha recurrido a otras muchas fuentes de información, entre ellas los Estados miembros, organizaciones internacionales (Consejo de Europa, OSCE, ACNUR, TPIY, Pacto de Estabilidad, FMI, Banco Mundial, BERD, BEI, etc.) y ONG.

b) Relaciones entre la Unión Europea y Croacia

Ante el aumento de la tensión dentro de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, Croacia declaraba su independencia el 25 de junio de 1991. La independencia se suspendió durante un periodo de tres meses, siendo confirmada el 8 de octubre de 1991 (por una decisión del Parlamento sobre la derogación de los vínculos estatales jurídicos con la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia). Posteriormente, estalló un conflicto armado, a consecuencia del desplazamiento de grupos étnicos y algunas partes del país fueron ocupadas por los rebeldes locales serbios y por el Ejército Popular yugoslavo. La UE reconoció a Croacia como Estado soberano en enero de 1992 y en mayo de 1992 el país fue admitido en las Naciones Unidas. En mayo y agosto de 1995, las operaciones "Flash" y "Storm" permitieron a las fuerzas croatas"hacerse con el control de todos los territorios ocupados, con excepción de la región croata del Danubio (Eslavonia Oriental) que siguió bajo la protección de las Naciones Unidas.. Croacia pasó a ser parte en el Acuerdo de Paz de Dayton/París de diciembre de 1995, que reconoce las fronteras internacionales de Bosnia y Herzegovina y confirma el derecho de todos los refugiados a volver a su hogar. El Acuerdo de Erdut de noviembre de 1995 preveía la reintegración pacífica de Eslavonia Oriental a Croacia, que se completó en enero de 1998. No obstante, durante ese periodo los progresos en áreas como la democratización, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, y el Estado de Derecho no fueron suficientes para justificar una intensificación de las relaciones con la UE.

Las elecciones parlamentarias de enero de 2000 y la elección de Stjepan Mesic como Presidente de la República en febrero de ese mismo año dieron un giro a las relaciones entre la UE y Croacia. Los nuevos dirigentes croatas mostraron su determinación por consolidar los valores y principios democráticos e hicieron rápidos y considerables progresos en las principales cuestiones políticas pendientes, en especial el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, la democratización de los medios de comunicación, el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Dayton/Erdut, la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y la mejora de las relaciones con los países vecinos.

Este compromiso se reflejó en un rápido desarrollo de las relaciones con la Unión Europea. En mayo de 2000, la Comisión adoptó un "Informe de Viabilidad" [1] en el que se proponía la apertura de negociaciones para concluir un "Acuerdo de Estabilización y Asociación". Desde noviembre de 2000, Croacia se beneficia de medidas comerciales autónomas otorgados unilateralmente por la Unión Europea a los países integrados en el Proceso de Estabilización y Asociación. El Acuerdo de Estabilización y Asociación se firmó en octubre de 2001 y desde marzo de 2002 está en vigor un Acuerdo Provisional.

[1] COM (2000) 311 de 24 de mayo de 2000.

Una resolución adoptada en diciembre de 2002 por todos los partidos políticos del Parlamento de Croacia definía la adhesión del país a la UE como un objetivo estratégico nacional y pedía al Gobierno que presentara una solicitud de adhesión a la UE. El Gobierno presentó esta solicitud en febrero de 2003. El consenso entre los partidos sobre el objetivo político de la adhesión a la Unión Europea se mantuvo también tras el cambio de Gobierno a consecuencia de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2003. La adhesión a la Unión Europea y la OTAN, las relaciones con los vecinos, el desarrollo de una diplomacia económica y el cambio de la imagen internacional de Croacia son las cinco prioridades de política exterior proclamadas por el nuevo Gobierno.

Relaciones contractuales

El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Croacia se rubricó el 14 de mayo de 2001 y fue firmado el 29 de octubre de 2001. El proceso de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación no se ha completado todavía. Una vez que entre en vigor, el Acuerdo será el marco jurídico de las relaciones con la Unión Europea para todo el periodo anterior a la futura adhesión de Croacia. Ofrecerá un marco para el diálogo político y una cooperación regional reforzada, prevé la expansión de las relaciones comerciales y económicas entre las partes y establece una base para la asistencia técnica y financiera de la Comunidad. El marco institucional del Acuerdo ofrecerá un mecanismo para la aplicación, la gestión y el seguimiento de todas las áreas de las relaciones entre las partes. Los subcomités analizarán los problemas a nivel técnico. El Comité de Estabilización y Asociación se encargará de las conversaciones a nivel de altos funcionarios y deberá encontrar las soluciones a los problemas derivados del Acuerdo. El Consejo de Estabilización y Asociación analizará la situación general y las perspectivas de las relaciones y ofrecerá la oportunidad de revisar los progresos de Croacia en el proceso de estabilización y asociación.

A la espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación, desde el 1 de enero de 2002 se ha aplicado provisionalmente un Acuerdo Provisional que entró en vigor el 1 de marzo de 2002. El Acuerdo Provisional aplica las disposiciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación relativas al comercio de mercancías, así como en materia de competencia y de derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial. El Acuerdo establece un área de libre comercio entre las Partes en el Acuerdo con las disposiciones de la OMC pertinentes. Sitúa las medidas comerciales autónomas de amplio espectro de la UE, vigentes desde noviembre de 2000, sobre una base contractual (con excepción del "sistema de precio de entrada" para algunas frutas y hortalizas, que fue suprimido en virtud de las medidas comerciales autónomas). Estas medidas otorgan a Croacia libre acceso al mercado de la UE para prácticamente todos los productos, con contingentes arancelarios preferenciales para vinos, terneros y algunos productos pesqueros. El Acuerdo Provisional es asimétrico en favor de Croacia, que debe liberalizar progresivamente su comercio de importaciones procedentes de la UE a lo largo de un periodo transitorio que acabará el 1 de enero de 2007. Para esa fecha, Croacia habrá eliminado todos los aranceles aplicados a las importaciones de bienes industriales y a varios productos agrícolas y pesqueros, al tiempo que se mantendrán los derechos y las cuotas arancelarias para algunos productos agrícolas y pesqueros más sensibles.

En abril de 2002 y en abril de 2003 se celebraron dos reuniones del Comité Provisional. Empezó a funcionar un sistema de cinco subcomités, que son unos foros útiles para las discusiones técnicas sobre todas la cuestiones relacionadas con la aplicación del Acuerdo y con el proceso de aproximación legislativa. En general, Croacia ha aplicado correctamente el Acuerdo Provisional y ha contribuido a que las diferentes instituciones conjuntas funcionen sin tropiezos. Sin embargo, durante los dos primeros años de aplicación, se han planteado algunos problemas en el ámbito del comercio de productos agrícolas.

Desde marzo de 2002 está en vigor un Protocolo adicional del Acuerdo Provisional / Acuerdo de Estabilización y Asociación relativo al comercio de vinos y bebidas espirituosas y a reconocimiento recíproco, protección y control de denominaciones de vinos y de designaciones de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas.

Desde enero de 2001 se ha aplicado un Acuerdo sobre comercio de productos textiles entre la Comunidad Europea y la República de Croacia.

Están en marcha las negociaciones de un Protocolo para adaptar el Acuerdo de Estabilización y Asociación y el Acuerdo Provisional para tomar en consideración la próxima adhesión a la Unión de diez nuevos Estados miembros. Mientras que el Acuerdo Provisional será aplicable a la UE ampliada a partir del 1 de mayo de 2004, el Protocolo es necesario para que los diez nuevos Estados miembros puedan formalmente convertirse en Partes en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. También son necesarias adaptaciones técnicas en varias áreas, incluida la adaptación de las preferencias comerciales del Acuerdo de Estabilización y Asociación / Acuerdo Provisional para productos agrícolas, tanto básicos como transformados, así como para productos pesqueros, con objeto de evitar una interrupción del comercio tradicional entre Croacia y la Unión ampliada. Hay que recordar que los Acuerdos de Libre Comercio entre los nuevos Estados miembros y Croacia se darán por terminados el 1 de mayo de 2004, cuando los nuevos Estados miembros apliquen la Política Comercial Común.

El Ministerio de Integración Europea coordina la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación de manera muy eficiente y profesional. El Gobierno ha designado coordinadores para la integración europea en todos los organismos de la administración del Estado, así como una serie de grupos de trabajo interministeriales para la armonización de la legislación.

En octubre de 2001, Croacia adoptó un Plan de Aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación para la planificación y el seguimiento de las medidas legislativas y no legislativas relacionadas con obligaciones derivadas del Acuerdo. Croacia presenta informes periódicos sobre la ejecución de ese plan. En diciembre de 2002, se adoptó el primer "Programa Nacional para la Integración de la República de Croacia en la UE". Ese documento estratégico expone las ambiciones y las tareas de Croacia respecto de los criterios políticos y económicos, la armonización del marco legislativo de Croacia con el acervo, el refuerzo de la capacidad administrativa y una estrategia de información dirigida a la opinión pública croata. El programa prevé la adopción de 83 leyes y actos de derecho derivado para adelantar la armonización del marco legislativo de Croacia en 13 capítulos del acervo. En general, estas medidas se adoptaron dentro del plazo previsto. En enero de 2004 se adoptó un segundo Programa Nacional que abarca todos los capítulos del acervo.

Croacia ha trabajo de forma intensiva en pro de la adaptación de su legislación al acervo comunitario y el Parlamento ha adoptado muchos textos legislativos importantes, en especial durante 2003. No obstante, el establecimiento de las estructuras administrativas necesarias y, en líneas más generales, la consolidación de la capacidad administrativa y judicial no se han desarrollado al mismo ritmo, poniendo así en peligro la aplicación y puesta en vigor efectiva de la nueva legislación. Croacia tiene que dar prioridad en particular a la consolidación de la capacidad administrativa y judicial e integrar plenamente esa dimensión en sus Programas Nacionales.

Relaciones comerciales

La UE es el principal socio comercial de Croacia. Entre 1998 y 2002, el comercio entre la UE y Croacia aumentó sustancialmente. Las importaciones de la UE procedentes de Croacia aumentaron un 38%, pasando de 1.800 millones de euros en 1998 a 2.500 millones en 2002. Las exportaciones de la UE a Croacia aumentaron un 47% en ese mismo periodo, pasando de 4.400 millones a 6.500. La evolución respectiva de las importaciones y las exportaciones condujo a un empeoramiento del déficit comercial de Croacia con la UE, que aumentó más del 50%, pasando de 2.600 millones de euros en 1998 a 4.000 millones en 2002. Además, Croacia tiene un déficit comercial de aproximadamente 1.000 millones de euros con los países que se van a adherir a la UE en mayo de 2004. Mientras que las exportaciones de Croacia representan en torno al 23% del PIB, aproximadamente el 54% de su comercio exterior en 2002 se realizó con la UE. Esta cifra sube a cerca del 70% si se tienen en cuenta los intercambios comerciales con los países que se adherirán a la UE en mayo de 2004. La cuota croata de comercio exterior de la UE se situó en 2002 en el 0,45%.

En 2002, las exportaciones de Croacia a la UE consistieron fundamentalmente en productos textiles (22% del total) y maquinaria y equipos eléctricos (18% del total). Las exportaciones de la UE a Croacia fueron sobre todo maquinaria y equipos eléctricos (25% del total), vehículos, aeronaves, buques y equipos relacionados con los transportes (17% del total) y productos químicos (10% del total).

Croacia es miembro de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio. Participa activamente en el Grupo de Trabajo de Comercio del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. En este contexto, ha negociado una red de acuerdos bilaterales de libre comercio con todos los países vecinos.

Asistencia de la Comunidad

En líneas generales, entre 1991 y 2003 Croacia recibió 550 millones de euros de asistencia de la UE. Entre 1991 y 2000, esta asistencia se centró en ayuda de emergencia a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO) y del Programa Obnova. La UE consolidó su asistencia en 2002 en virtud del Programa de la Comunidad para asistencia, reconstrucción, desarrollo y estabilización (CARDS), al tiempo que lanzaba el proceso de estabilización y asociación. En 2001, se asignaron a Croacia 60 millones de euros a través del programa CARDS.

De acuerdo con el Reglamento CARDS, en diciembre de 2001 se adoptó un informe estratégico sobre el país en el que se definían las principales áreas de cooperación para el periodo 2002-2006. El Programa indicativo plurianual correspondiente fija más detalladamente las prioridades para el periodo 2002-2004. En el marco de los Programas Nacionales CARDS, la asignación financiera total para el periodo 2001-2004 asciende a 257 millones de euros para las cinco prioridades siguientes: estabilización democrática, desarrollo económico y social, justicia y asuntos de interior, consolidación de la capacidad administrativa y medio ambiente y recursos naturales.

Croacia está directamente implicada en la programación de CARDS, incluidas las conversaciones sobre estrategias actuales y el acuerdo sobre el Programa Indicativo Plurianual. En estas conversaciones participan no solo el Coordinador nacional de la ayuda, sino también los ministerios pertinentes, beneficiarios potenciales, instituciones financieras internacionales y el sector no gubernamental.

Croacia también es beneficiaria del Programa Regional CARDS, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, Life - países terceros, el Programa Juventud - Cooperación con países terceros, Cooperación regional de lucha contra las minas en el Sudeste de Europa y algunos otros programas especializados.

La aplicación de la asistencia CARDS ha sido lenta, pero hay señales de mejora debido al aumento de la capacidad de absorción de la administración croata. Desde enero de 2002, la Delegación de Zagreb es responsable de la gestión de la asistencia y la aplicación se ha agilizado considerablemente. Para utilizar de manera efectiva los fondos de preadhesión, Croacia tendrá que desarrollar la capacidad administrativa necesaria.

Están en marcha varios proyectos de hermanamiento (Policía de fronteras, Aduanas, Agencia estadística y Asilo) y se están planeando otros en los sectores de gestión fronteriza integrada, de agricultura y judicial.

La administración croata tiene que seguir haciendo un esfuerzo para cumplir las condiciones de proyecto acordadas (decisiones políticas, establecimiento y consolidación de instituciones, asignación de recursos humanos y financieros), pero cabe señalar algunos progresos.

Desde 2001 se ha implantado un mecanismo de coordinación Comisión-Estados miembros de la UE en materia de asistencia, para obtener el máximo impacto de CARDS y de la ayuda bilateral de los Estados miembros.

También hay una cooperación efectiva con otros donantes. Desde 1993, el Banco Mundial ha financiado 21 proyectos con un total de 1.064 millones de dólares y ha proporcionado subvenciones por un valor de 20 millones de dólares. Los préstamos se han centrado en inversiones en infraestructuras, salud, agricultura y silvicultura, reforma de la empresa y del sector financiero, desarrollo del mercado de capitales, así como a la reforma del poder judicial y del régimen de pensiones. Desde 1994, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha hecho inversiones por un total de 1.326 millones de euros, incluidos más de 300 millones de euros en 2002. La inversión se ha centrado en el sector empresarial (industria farmacéutica, alimentación, cemento y comunicaciones), el sector financiero y las infraestructuras municipales. En 2002, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó préstamos por valor de 130 millones de euros para desarrollo regional (infraestructuras de transporte y comunicaciones), cohesión económica y social y protección del medio ambiente.

B. CRITERIOS DE ADHESIÓN

1. Criterios políticos

El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 decidió una serie de criterios "políticos" que los países candidatos debían cumplir para la adhesión. El país candidato debe haber alcanzado "una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías". En el caso de los Balcanes Occidentales, las condiciones definidas por el proceso de estabilización y asociación constituyen también un elemento fundamental de la política de la UE, que se evaluará en el presente dictamen.

Mientras tanto, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999, los criterios políticos definidos en Copenhague se han consagrado como un principio constitucional en el Tratado de la Unión Europea. El apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada estipula lo siguiente: "La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho". En consecuencia, el artículo 49 de dicho Tratado dispone que "Cualquier Estado europeo que respete los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar su ingreso como miembro en la Unión". Estos principios fueron destacados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

Para realizar la evaluación requerida en relación con este aspecto, la Comisión Europea ha utilizado diversas fuentes de información: respuestas de las autoridades croatas al cuestionario que les había enviado la Comisión en julio de 2003, reuniones bilaterales de seguimiento, conversaciones con embajadas de los Estados miembros, evaluaciones de organizaciones internacionales (Consejo de Europa, OSCE, ACNUR, Pacto de Estabilidad), informes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, representantes de las minorías, etc.

En la evaluación que se expone a continuación se incluye un análisis sistemático de las principales formas de organización y funcionamiento de las autoridades públicas y de las medidas que han adoptado para proteger derechos fundamentales. No se limita a una descripción formal, sino que trata de evaluar hasta qué punto funcionan realmente la democracia y el Estado de Derecho. Esta evaluación se refiere a la situación existente a finales de febrero de 2004. No se examinan en detalle los cambios que se hayan producido en el pasado o que puedan realizarse en el futuro, pero en general se tienen en cuenta las declaraciones sobre el propósito de reformar un sector particular.

1.1. Democracia y Estado de Derecho

La democracia parlamentaria en Croacia se estableció tras las elecciones celebradas en la primavera de 1990. La nueva Constitución se adoptó en diciembre de 1990, en vísperas del estallido de la guerra en la antigua Yugoslavia. Croacia alcanzó la independencia en 1991; desde entonces se han realizado algunos cambios constitucionales. Los cambios constitucionales de 2000 y 2001 se introdujeron para abolir la Cámara Alta del Parlamento y reforzar el papel del Parlamento y del Gobierno respecto del Presidente de la República. El 3 de enero de 2000, las elecciones pusieron fin a los 11 años de gobierno de la Unión Democrática de Croacia (HDZ), el partido del Presidente Tudjman. Durante el periodo 2000-2003, Croacia, gobernada por una coalición de 6 partidos (inicialmente), alcanzó logros significativos en áreas relacionadas con el Estado de Derecho y la democracia. El sistema constitucional fue respetado y las instituciones funcionaron con normalidad.

El Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo para un periodo renovable de cinco años. El Presidente convoca elecciones al Parlamento y referendos, otorga el mandato de formar gobierno a la persona que cuenta con la confianza de la mayoría de los miembros del Parlamento y realiza otras tareas que se especifican en la Constitución. En cooperación con el Gobierno, participa también en la formulación y la ejecución de la política exterior. Es el Jefe Supremo de las fuerzas armadas y nombra y destituye a los mandos militares. En circunstancias muy precisas, el Presidente puede disolver el Parlamento si el Gobierno no supera un voto de confianza o si el presupuesto del estado no se adopta en un plazo de 120 días a partir de la fecha de presentación. Es responsable de las posibles violaciones de la Constitución que pueda cometer en el desempeño de sus funciones presidenciales. El procedimiento para determinar su responsabilidad se inicia a propuesta de una mayoría de dos tercios de todos los miembros del Parlamento. El Tribunal Constitucional adopta una decisión sobre la cuestión mediante una mayoría de dos tercios de sus jueces.

El actual Presidente de la República es Stjepan Mesi, elegido en febrero de 2000 en la segunda ronda; las próximas elecciones se deben celebrar en febrero de 2005.

La Constitución fue adoptada el 22 de diciembre de 1990, tras las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas celebradas en la primavera de ese mismo año. Ha sido modificada en 1997, 2000 y 2001 por mayoría de dos tercios de todos los miembros del Parlamento, tal como dispone la Constitución. Croacia queda establecida como una democracia parlamentaria. Sin embargo, el funcionamiento de las instituciones croatas ha experimentado algunos problemas en la primera década tras la independencia. La revisión de la Constitución de noviembre de 2000 hizo que Croacia pasara de un régimen semipresidencial a un régimen estrictamente parlamentario. Esto ha conducido a una reformulación positiva de las relaciones y el equilibrio de poderes entre el Presidente, el Parlamento y el Gobierno.

1.1.1. El Parlamento

Papel y estructura

El Parlamento (Sabor) tiene una sola cámara, la Cámara de Representantes. De acuerdo con la Constitución, esta cámara está formada por 100 representantes como mínimo y 160 como máximo elegidos por cuatro años. La Ley electoral prevé una representación proporcional a través de listas de partidos en diez circunscripciones electorales. Ocho escaños del Parlamento están reservados para las minorías, que forman la decimoprimera circunscripción. La minoría serbia tiene garantizados tres escaños, la italiana y la húngara tienen cada una un escaños, eslovacos y checos tienen un representante y las otras minorías están divididas en dos grupos con un representante para cada grupo. La diáspora croata, que constituye la decimosegunda circunscripción electoral, también tiene derecho a representación parlamentaria. El número de representantes electos de la diáspora depende de la cuota denominada "no fija", es decir, el número de miembros electos de la circunscripción de la diáspora se calcula dividiendo el número total de votos en el extranjero por el promedio de votos necesarios para conseguir un escaño en las diez circunscripciones de Croacia.

El Parlamento puede ser disuelto por su propia decisión o por decisión del Presidente de la República si el Gobierno pierde una votación de confianza en el Parlamento o si el presupuesto del Estado no se adopta en un plazo de 120 días a partir del momento en que se ha propuesto al Gobierno.

Los miembros del Parlamento disfrutan de inmunidades parlamentarias. El papel de la oposición y su participación en el trabajo de las instituciones del país están reconocidos. La minoría parlamentaria puede proponer a su candidato para la función de vicepresidente del Parlamento. Los representantes de la oposición en el Parlamento también son miembros de 25 comisiones parlamentarias, de las que 12 están presididas por el HDZ y 13 por los otros partidos.

Croacia tiene un régimen multipartidista. Hay registrados 94 partidos políticos. No hay obstáculos para la creación de partidos, que reciben financiación pública proporcionalmente al número de escaños obtenidos en las elecciones anteriores.

El Parlamento ejerce el poder legislativo y comparte el derecho de iniciativa legislativa con el Gobierno. Habitualmente, todas las leyes pasan por un largo procedimiento parlamentario con tres lecturas. Sin embargo, la Constitución permite utilizar un procedimiento de urgencia con dos lecturas. Recientemente se han adoptado muchas leyes mediante el procedimiento de urgencia.

Con una quinta parte de los representantes parlamentarios se puede iniciar el procedimiento para un voto de confianza del Gobierno.

El Parlamento puede convocar referendos sobre propuestas de enmienda de la Constitución, sobre cualquier propuesta legislativa o sobre toda cuestión que se considere importante.

Funcionamiento del Parlamento

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron el 23 de noviembre de 2003. La Unión Democrática de Croacia (HDZ), el partido del antiguo Presidente Tudjman, consiguió 66 escaños de un total de 152, incluidos 4 escaños de la diáspora. El nuevo Gobierno del HDZ contó con el apoyo del Partido Social Liberal de Croacia (HSLS) y de la coalición de Centro Democrático (DC), el Partido de Pensionistas de Croacia (HSU) y los representantes de las minorías.

El nuevo Parlamento se constituyó el 22 de diciembre de 2003 y el nuevo Gobierno del Primer Ministro Ivo Sanader recibió un voto de confianza el 23 de diciembre de 2003 (con 88 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones).

La Unión Democrática de Croacia (HDZ), que estuvo en la oposición en la anterior legislatura (2000-2003), ha mostrado una firme determinación de convertirse en un partido democrático con vocación proeuropea. No obstante, algunas declaraciones hechas recientemente, cuando el HDZ estaba en la oposición, son motivo de inquietud para la Comisión. Sigue teniéndose que demostrar si todos los miembros electos se han distanciado realmente del nacionalismo radical.

Desde que Croacia se convirtió en un Estado independiente, se han celebrado elecciones parlamentarias en 1992, 1995, 2000 y 2003. Ha habido una mejora evidente del proceso electoral durante las dos últimas elecciones generales que se evaluaron en general como libres y equitativas. Ésas dos elecciones han dado lugar a la formación de gobiernos de coalición.

El Parlamento funciona de manera satisfactoria, se respetan sus poderes y la oposición cumple con su papel. En ocasiones el Parlamento padece de falta de quórum, que puede prolongar indebidamente el proceso legislativo.

1.1.2. El Ejecutivo

Papel y estructura

La decisión sobre el nombramiento del Primer Ministro corresponde al Presidente de la República, quien la firma conjuntamente con el Presidente del Parlamento una vez que esta institución haya dado un voto de confianza al Gobierno. Los ministros también deben recibir la aprobación del Parlamento, previa propuesta del Primer Ministro. El Gobierno es responsable ante el Parlamento. El Primer Ministro y los miembros del Gobierno son responsables conjuntamente de las decisiones del Gobierno, mientras que cada uno de los ministros es responsable de su área de competencias.

A petición del Parlamento, el Gobierno tiene la obligación de informarle de su política, de la ejecución de las leyes y otras reglamentaciones y asuntos de su ámbito de competencias. El procedimiento de interpelación, previsto en la Constitución, regula la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento y la cuestión de la confianza en el Primer Ministro, cada uno de los miembros del Gobierno o el Gobierno en su conjunto. En el periodo comprendido entre 1999 y 2004 ha habido 9 interpelaciones.

De acuerdo con la Constitución, el Gobierno tiene facultades reglamentarias autónomas que le permiten emitir decretos para la aplicación de las leyes. El Parlamento le puede autorizar a regular determinadas cuestiones mediante decreto, al margen de las relacionadas con los derechos humanos y las libertades, los derechos de las minorías, el sistema electoral y la organización y el funcionamiento de las entidades autónomas locales y regionales. Sin embargo, tales decretos no pueden tener una vigencia de más de un año. Además, el Gobierno está autorizado a emitir decretos con fuerza de ley respecto de la política económica existente que está bajo el ámbito de autoridad original del Parlamento cuando este último no se encuentra en periodo de sesiones o durante el periodo en el que queda disuelto por la celebración de elecciones. No obstante, estos decretos se deben someter a aprobación parlamentaria tan pronto como el Parlamento se reúna.

El Gobierno es responsable del trabajo de todas las entidades de la Administración estatal, que incluyen ministerios, organizaciones de la Administración estatal y oficinas de la Administración pública. Los ministerios y las organizaciones de administración estatal son organismos centrales de la Administración estatal, pero también se establecen oficinas de la Administración estatal en las entidades autónomas locales (regionales). Además, para determinadas tareas, se pueden crear delegaciones de las oficinas a nivel de condado, municipio o ciudad.

La estructura y las funciones de la administración del Estado se han revisado y definido mediante la Ley sobre la organización y el ámbito de actividad de los ministerios y las organizaciones de administración estatal adoptada el 22 de diciembre, por la que se crean 14 ministerios y 5 organizaciones de administración estatal. En diciembre de 2003, se creó también una Oficina Estatal Central de la Administración, que todavía no es totalmente operativa. La Ley del Gobierno regula el trabajo y la autoridad del Gobierno y la Ley de Obligaciones y Derechos de los Funcionarios del Estado estipula los derechos y obligaciones de los funcionarios estatales.

La Constitución define la estructura de la administración local. Las unidades de la administración autónoma local están constituidas por "municipios" y "ciudades". Las unidades de la administración autónoma regional están constituidas por "condados". Se han establecido por ley 426 municipios, 121 ciudades y 20 condados (incluida la ciudad de Zagreb que tiene categoría de condado). Las responsabilidades de las administraciones locales se definen en la Ley de Administraciones Locales de 2001 e incluyen cuestiones como el abastecimiento de agua y el alcantarillado, la asistencia sanitaria primaria, la enseñanza preescolar y primaria, etc. La financiación local está regulada por la Ley de Financiación de las Administraciones Locales. Se basa principalmente en el reparto de impuestos y varios ingresos no fiscales. La administración autónoma local recauda ingresos de fuentes propias (ingresos procedentes de sus propios activos, impuestos de condados y municipios, multas, tasas y gastos), impuestos compartidos (impuesto sobre la renta, impuesto sobre beneficios, impuesto sobre transacciones inmobiliarias, impuesto sobre juegos de azar) y subvenciones.

El ejército y la policía están bajo control civil. Se está realizando una reforma del ejército, que conducirá a una reducción considerable del volumen de personal militar. El ejército está bajo control del Parlamento y del Ejecutivo. La ley prevé el control civil de los Servicios Secretos por el Consejo de Supervisión de los Servicios Secretos, cuyos miembros han sido nombrados recientemente.

También la policía está siendo reestructurada. En abril de 2003, el Ministerio del Interior anunció un plan estratégico de reforma, que está en curso. Croacia ha decidido claramente pasar de un sistema de periodo de guerra a un sistema compatible con las normas de la UE. Sin embargo, sigue siendo necesario un esfuerzo sostenido para llevar a cabo un cambio tan significativo.

El nivel general de seguridad en Croacia sigue siendo satisfactorio. Ha habido solo unos pocos incidentes de carácter étnico.

Funcionamiento del Ejecutivo

La Ley de la Función Pública y Empleados de la Administración Pública de 2001 es el fundamento jurídico de la situación de los funcionarios y otros empleados de la administración pública. La ley no hace diferencias entre funcionarios estatales (de designación política) y funcionarios civiles, por lo que deja sin resolver cuestiones tales como la categoría, el papel y las obligaciones del personal de designación política en la función pública, la presencia de personal de designación política dentro de la función pública o las modalidades y procedimientos para pasar de la categoría de personal de designación política a la de funcionario.

El número actual de estatutos (es decir, documentos internos de cada ministerio donde se definen los puestos de trabajo, el volumen de plantilla, etc.) y las incoherencias entre ellos dan lugar a la existencia de una multitud de normas de administración de la función pública. La Ley tiene también otras deficiencias, especialmente respecto a sistema de ascensos, movilidad, separación del servicio y medidas disciplinarias. También se podrían mejorar las normas de contratación y selección de candidatos. Se considera que los salarios de los funcionarios son demasiado bajos para atraer a un número adecuado de profesionales jóvenes con formación para trabajar en la administración estatal, especialmente porque se les pide una formación igual o superior a la exigida a los que trabajan en otros sectores.

Las acciones y decisiones de los funcionarios cuando deciden sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos, se basan en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Toda decisión administrativa puede ser recurrida ante una instancia administrativa de segundo nivel. Si este recurso no prospera, se puede recurrir ante el Tribunal Administrativo. No obstante, como se ha establecido mediante decisión del Tribunal Constitucional [2], por lo que se refiere a derechos y obligaciones civiles, el Tribunal Administrativo no es una instancia con plena jurisdicción en los términos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque [véase el punto 1.1.3. sobre el Poder Judicial].

[2] Decisión nº U-I-745/1999 del Tribunal Constitucional, de 8 de noviembre de 2000, Diario Oficial 112/00.

Además, se puede recurrir al Defensor del Pueblo, elegido por el Parlamento para un mandato de 8 años. Este largo mandato ayuda a reforzar la independencia del puesto respecto de la presión política. En los últimos años se le han presentado muchos casos. En 2002, recibió 1.588 reclamaciones. En 104 de esas reclamaciones, envió una recomendación a la administración implicada y solo 72 reclamaciones obtuvieron una respuesta favorable. El Defensor del Pueblo investiga las reclamaciones de los ciudadanos respecto de abusos burocráticos por parte de las autoridades estatales y de funcionarios públicos concretos. Además de investigar casos concretos, el Defensor del Pueblo estudia otras cuestiones relacionadas con la protección de derechos legales y constitucionales que pongan en su conocimiento desde otras fuentes (como los medios de comunicación), informando sobre las irregularidades en el trabajo de organismos y agencias de la administración estatal. El Defensor del Pueblo presenta un informe anual al Parlamento.

El Reglamento General del Gobierno de la República de Croacia ofrece desde 2000 el marco legal de formulación política y cubre también las consultas interministeriales. No hay un organismo único responsable de proporcionar una panorámica política coordinada a los encargados de la toma de decisiones. Como hay múltiples estructuras, la planificación y coordinación política tiende a estar bastante politizada y fragmentada.

El Ministerio de Integración Europea es responsable de la coordinación respecto de las cuestiones de integración europea. Todos los ministerios tienen una red de coordinadores europeos y en varios ministerios se han creado unidades específicas de integración europea.

No hay una institución central de formación para los funcionarios ni un programa de formación del Gobierno. La reorganización del Ministerio de Justicia, Administración y Administración Local Autónoma, realizada en noviembre de 2003, preveía la creación de un Centro de Formación de Funcionarios dependiente del Ministerio de Justicia. Tras la adopción de la Ley sobre la organización y el ámbito de actividad de los ministerios y las organizaciones de administración estatal, de 22 de diciembre de 2003, el Gobierno adoptó el 22 de enero de 2004 un Decreto sobre la Estructura Interna de la Oficina Estatal Central de Administración. El Decreto prevé 11 unidades organizativas, incluido el Centro de formación y enseñanza para los empleados estatales. Actualmente, el Ministerio de Integración Europea organiza cursos de formación sobre la UE para los funcionarios.

El desarrollo de la administración está en marcha. La descentralización prevista en el programa del Gobierno para 2000-04 ha sido más lenta de lo esperado y se debería acelerar. Desde julio de 2001, la reforma de la administración local se ha aplicado a nivel de condados y en 32 ciudades. Se han transferido del presupuesto estatal a los presupuestos de los condados las áreas de enseñanza elemental y secundaria, centros y residencias de asistencia social y mantenimiento de la inversión en centros hospitalarios, y a los presupuestos de las ciudades la enseñanza elemental. Desde el principio de 2002, el mantenimiento de los centros hospitalarios y la fundación y financiación de centros y residencias de asistencia social para ancianos y personas desfavorecidas se han transferido a los condados. La transferencia de personal y salarios en el sector de la enseñanza no se ha realizado. La situación financiera, aun estando regulada por la Ley de Financiación de la Administración Local, debería aclararse en mayor medida.

1.1.3. El Poder Judicial

Papel y estructura

El sistema judicial de Croacia está organizado jerárquicamente en tres instancias. 122 juzgados municipales, 114 juzgados de faltas, 12 juzgados comerciales y 21 juzgados de condado actúan como tribunales de primera instancia. Los juzgados de condado también deciden sobre los recursos contra las decisiones de los juzgados municipales. Croacia garantiza el derecho de recurso (juzgados de condado, Juzgado Superior de Faltas, Juzgado Superior de Comercio, Tribunal Supremo). El Tribunal Supremo es la máxima instancia en Croacia.

El Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal del Estado son elegidos por el Parlamento y nombrados por el Presidente de la República.

El Tribunal Administrativo deberá garantizar la protección judicial respecto de las decisiones finales de la Administración. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó en noviembre de 2000 que el Tribunal Administrativo no es una instancia de plena jurisdicción de conformidad con el artículo 6 (derecho de audiencia) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en especial por su capacidad limitada de establecer de forma independiente los hechos de un caso y celebrar audiencias orales y contradictorias.

El Tribunal Constitucional decide sobre los conflictos de intereses entre los tres poderes del Gobierno y está autorizado a evaluar la conformidad de las leyes con la Constitución y la conformidad de los reglamentos con la Constitución y las leyes. También está facultado para adoptar decisiones sobre peticiones constitucionales presentadas por particulares que consideren que los hechos finales de las autoridades estatales y de organismos de las autoridades autónomas locales o regionales violan sus derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional hace frente a un aumento constante del número de peticiones de particulares. También es la instancia de recurso competente en los procedimientos relativos a la adopción de decisiones sobre destitución o responsabilidad disciplinaria de los jueces. Según el sistema croata, el Tribunal Constitucional no se considera parte del Poder Judicial.

La independencia del poder judicial de Croacia está garantizada por la Constitución y por la Ley del Poder Judicial. Los jueces son confirmados en sus puestos y nombrados con carácter permanente tras haber trabajado en el puesto durante un periodo de prueba de cinco años. Su permanencia está garantizada por la Constitución. Los jueces son nombrados por el Consejo del Poder Judicial del Estado sobre la base de dictámenes de los consejos del Poder Judicial constituidos en cada tribunal. El Ministerio de Justicia examina si los candidatos cumplen con los requisitos formales, mientras que la comisión parlamentaria pertinente y el presidente del tribunal de que se trate pueden manifestar también su opinión. Los fiscales son nombrados por el Consejo Estatal de Fiscales mediante un procedimiento similar. Ambos consejos son entidades autónomas e independientes. En cuanto a la selección de candidatos a jueces, no se organizan oposiciones. Para convertirse en juez, un jurista debe cumplir dos criterios de elegibilidad: pasar el examen ante el colegio de abogados y tener un número determinado de años de experiencia profesional, número que varía según la categoría del tribunal al que se presenta. Según la Ley del Poder Judicial, los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos ni desempeñar otras actividades que puedan influir en su autonomía, imparcialidad o independencia.

De acuerdo con la Constitución y la Ley del Poder Judicial, los jueces disfrutan de inmunidad. Para poder levantar la inmunidad de un juez y aprobar la apertura de un procedimiento penal en su contra, la Oficina Estatal de la Fiscalía competente debe presentar una propuesta al Consejo Estatal del Poder Judicial. Es este último quien decide sobre la responsabilidad de los jueces por conducta indebida o por infracción de las normas profesionales de procedimiento disciplinario. No obstante, la evaluación de las actuaciones de los jueces por el Consejo Estatal del Poder Judicial sigue siendo en gran medida teórica. Salvo un caso pendiente de corrupción, ha habido pocas decisiones del Consejo Estatal del Poder Judicial sobre procedimientos disciplinarios contra los jueces. Sin embargo, la Asociación de Jueces de Croacia (ONG local) ha adoptado un código deontológico para sus miembros.

Las funciones de los consejeros y funcionarios de los tribunales se describen en las Normas de Procedimiento de organización interna del poder judicial. Los jueces realizan muchas tareas que podrían ser desempeñadas por la plantilla de funcionarios. En enero de 2004, el Parlamento adoptó cambios legislativos para liberar a los jueces de tareas administrativas.

El sistema judicial se está recuperando de un periodo de movimientos y carencias importantes de personal. Las vacantes se están cubriendo progresivamente con jueces, fiscales y funcionarios jóvenes, pero en principio está previsto un aumento general de la plantilla. Sin embargo, Croacia tiene ya un número elevado de jueces respecto del número de ciudadanos en comparación con los países de la UE y los países adherentes. A finales de 2003, había 1.868 jueces, 513 fiscales estatales, 378 consejeros de los tribunales y 6.023 funcionarios de tribunales (2,8 por magistrado).

El presupuesto del Poder Judicial en 2003 (incluidos los fiscales y el sistema penitenciario) ascendía a 231 millones de euros, en comparación con los 192 millones de euros de 2002. Esta cifra incluía 10,2 millones de euros para inversión en edificios y equipos de oficina, frente a 5,5 millones en 2002. Para 2004 se ha aprobado un aumento adicional del presupuesto destinado al Poder Judicial de aproximadamente un 10%.

Los equipos e infraestructuras siguen siendo un problema grave. La informatización de los tribunales de comercio y el catastro y los registros de tierras no han hecho sino empezar y se necesitan grandes inversiones. En los últimos años se han puesto en servicio 3.300 ordenadores y se han previsto otros 2.500 más para 2004-2005. Los tribunales no tienen aún acceso a bases de datos de agencias de aplicación de la ley. La automatización del sistema de gestión de los tribunales debería haberse finalizado para 2008. No hay todavía redes informatizadas de conexión entre diferentes tribunales. Los edificios son en su mayoría viejos y están muy deteriorados, por lo que deben ser rehabilitados o reconstruidos.

En 1999 se creó el Centro de Formación Profesional de Jueces y otros Funcionarios del Poder Judicial, que solo ha empezado a ser parcialmente operativo en 2003. Aunque oficialmente es un servicio autónomo del Ministerio de Justicia y ofrece formación continuada a jueces y fiscales, en la práctica no dispone aún de capacidad suficiente para cumplir con sus funciones. Tiene una plantilla de solo cuatro personas, incluido el Director, y carece de un presupuesto permanente. En la actualidad, los responsables de la formación no se seleccionan mediante oposición ni son evaluados en función de sus resultados. El Centro tiene que preparar urgentemente una estrategia de formación, crear un equipo de formadores y empezar a ofrecer formación a largo plazo e iniciativas de formación en las regiones. Aunque el Centro ha organizado seminarios sobre cuestiones puntuales (en su mayoría financiados por donantes internacionales), como por ejemplo sobre procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jurisprudencia y otros temas, la formación sobre Derecho de la UE no ha empezado todavía. El Centro deberá establecer también una cooperación institucionalizada con el Tribunal Supremo, que, según la Ley del Poder Judicial, se supone que supervisa la formación de los jueces. Un problema adicional es que los tribunales carecen de recursos presupuestarios para formación. Se deberían proseguir los planes para reforzar el Centro o crear una Academia del Poder Judicial.

Funcionamiento del Poder Judicial

En la segunda mitad de la década de 1990, el sistema judicial de Croacia carecía de independencia y eficacia y no tenía suficiente personal. Aunque se han realizado importantes mejoras y la independencia del poder judicial ha quedado establecida, se tienen que afrontar aún importantes desafíos. Los principales problemas son la ineficacia generalizada del sistema judicial y el tiempo necesario para emitir y aplicar las sentencias, así como las carencias relacionadas con la selección y la formación de los jueces. Por otra parte, se llevan ante los tribunales demasiadas cuestiones que, en principio, se podrían resolver por otros medios. La combinación de todos estos factores da lugar a un volumen muy elevado de casos pendientes. Un problema adicional es que los tribunales y departamentos de la administración estatal no siempre respetan o ejecutan en el momento oportuno las decisiones de los tribunales superiores. En consecuencia, los derechos de los ciudadanos siguen sin estar plenamente protegidos por el Poder Judicial con arreglo a las disposiciones de la Constitución.

Hay aproximadamente 1,38 millones de casos pendientes, lo que indica graves limitaciones de la capacidad del Poder Judicial para hacer frente a la carga de trabajo. Recientemente se han anunciado algunas medidas para abreviar los procedimientos ante los tribunales y aliviar su carga de trabajo: Se han modificado los Códigos de Procedimiento Penal y Civil para simplificar y agilizar los procedimientos, pero falta por ver el impacto real de esas modificaciones. Se necesitan medidas adicionales en este sector. En los casos penales, la autoridad de investigación principal debería pasar de los tribunales a la Fiscalía del Estado. Sería preferible que los casos de herencia sin diferencias los resolvieran los notarios públicos y no los tribunales. Con la adopción de la Ley de Herencia se han dado los primeros pasos en esta dirección. La Ley de Modificación de la Ley de Registros de los Tribunales pretende simplificar, agilizar y reducir el coste del procedimiento de registro en el Registro de los Tribunales. Por último, la Ley de Mediación prevé un mecanismo alternativo de solución de diferencias, pero los ciudadanos croatas todavía no están familiarizados con la institución de la mediación, por lo que no cabe esperar próximamente resultados tangibles.

La reforma estructural del sistema judicial croata empezó con la adopción por el Gobierno, en noviembre de 2002, de un documento de estrategia sobre la "Reforma del Sistema Judicial" y un Plan Operativo adoptado en julio de 2003. La estrategia identificaba una serie de medidas para abordar algunas debilidades estructurales. Incluía propuestas para el establecimiento de un sistema de formación profesional, La reducción de la carga de trabajo en los tribunales y la simplificación de los procedimientos. Preveía la adopción de nuevas leyes, la adquisición de equipos y la cobertura de las vacantes, aunque el calendario previsto era poco realista. La reforma propuesta en 2002 no abordaba la cuestión de las modificaciones de la Ley de Tribunales que haría posible la movilidad de los jueces, dispondría una formación obligatoria y vincularía los resultados profesionales con la promoción.

En enero de 2004, el Parlamento dio un nuevo impulso a la continuación de la reforma del Poder Judicial adoptando un bloque de modificaciones de la Ley de Tribunales. Las modificaciones, destinadas a reducir la carga de casos pendientes, preveía la redistribución de casos de los tribunales sobrecargados a tribunales de la misma jurisdicción pero con una carga menor de casos, ampliar las competencias de los consejeros judiciales para llevar a cabo determinados actos de procedimiento, liberando así a los jueces, y ampliar la posibilidad de transferir a los jueces, con su consentimiento, de un tribunal a otro. Además, las modificaciones proporcionaban una descripción precisa de las obligaciones de los jueces un sistema de evaluación mejor. El Gobierno también ha adoptado propuestas para confiar los procedimientos de ejecución a funcionarios responsables de la ejecución investidos de autoridad pública. Sin embargo, esta medida requiere modificaciones de la Ley de Aplicación que todavía no han sido adoptadas por el Parlamento. Además, se debería hacer pleno uso de los cambios del Código de Procedimiento Civil, vigente desde diciembre de 2003, que introducían límites de tiempo y otras medidas para prevenir el abuso de posibilidades de procedimiento. La aplicación de todas estas medidas necesitará esfuerzos sustanciales por parte de las autoridades croatas.

La ejecución de las sentencias en el área penal está bajo la autoridad de jueces de ejecución y se rige por una normativa independiente de la de la ejecución de otros tipos de sentencias relacionadas con diferentes reclamaciones, especialmente las de carácter financiero. La mayor parte de casos pendientes en el sistema judicial de Croacia está relacionada con casos de registro y la aplicación de sentencias civiles, en especial las relacionadas con la imposición de obligaciones financieras a deudores o las que les exigen determinados tipos de acción. Por lo tanto, se deben proseguir los planes de reforma de la Ley de Ejecución.

1.1.4. Medidas anticorrupción

Croacia ha ratificado los Convenios de Derecho Penal y Derecho Civil del Consejo de Europa y ha adaptado en consecuencia la legislación nacional. La corrupción se define como delito penal. Croacia se adhirió al Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO) en diciembre de 2000. En la sesión plenaria del GRECO se trataron dieciséis Recomendaciones a las autoridades croatas en mayo de 2002. Esas recomendaciones se refieren a medidas legislativas y administrativas. Croacia debe presentar un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del GRECO en un futuro próximo.

Croacia no es miembro de la OCDE, pero participa en el grupo de trabajo de Estados no miembros y es un miembro activo de la Red Anticorrupción. Están en marcha los preparativos para la adhesión al Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

Los informes y sondeos internacionales indican que la corrupción sigue siendo un problema en Croacia y afecta a diversos aspectos de la sociedad. A pesar de los significativos esfuerzos desplegados en los últimos años para intensificar la lucha contra la corrupción, se deben adoptar medidas adicionales.

A escala nacional, Croacia ha adoptado y aplicado varias leyes de lucha contra la corrupción. Por otra parte, hay un plan general de acciones y medidas, así como un programa nacional anticorrupción. No obstante, hasta la fecha no se ha hecho un seguimiento de la aplicación del programa nacional, aunque muchos de los plazos del programa concluían en 2001. La legislación nacional se ha adaptado parcialmente con las disposiciones del Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y sus protocolos, aunque sigue siendo necesario introducir mejoras adicionales. Varios actos jurídicos, en particular la Ley sobre la prevención de conflictos de intereses en la ejecución de trabajos públicos, contienen disposiciones para prevenir conflictos de intereses en el sector público y el sector privado.

Con la creación de la Oficina para la eliminación de la corrupción y el crimen organizado (USKOK), existe un organismo especializado para investigar y perseguir la corrupción. La Oficina funciona como una unidad especial de la Fiscalía del Estado. Se prevé una estrecha cooperación con la Oficina para la prevención del blanqueo de dinero. Sin embargo, la USKOK todavía no es plenamente operativa y se debe mejorar considerablemente su capacidad administrativa y operativa. Se prevé formación a distintos niveles y a través de organizaciones y programas diferentes.

Hay varias fuentes estadísticas sobre la corrupción. El Fiscal del Estado publica un informe anual con estadísticas sobre casos de corrupción que se discute ante el Parlamento de Croacia. Además, el Ministerio del Interior prepara otras estadísticas sobre delitos de corrupción y la Oficina Estadística de Croacia recoge información pertinente de organismos de la administración estatal, incluidas la Oficina de la Fiscalía del Estado y la USKOK.

Se están adoptando medidas para mejorar las capacidades del personal y las condiciones de trabajo y proporcionar instalaciones y equipos de TI adecuados a los tribunales, las oficinas del Fiscal del Estado y el USKOK. No obstante, se requieren medidas adicionales. Por otra parte, se debería hacer más por sensibilizar a la opinión pública sobre el hecho de que la corrupción en un delito penal.

1.2. Derechos humanos y protección de las minorías

Croacia ha establecido una serie de disposiciones legislativas para garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos de las minorías. La Constitución trata de las libertades y los derechos fundamentales. Estos derechos también pueden estar recogidos por determinados convenios internacionales, de los que el principal es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y sus principales protocolos adicionales. En conjunto, en virtud del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, forma parte del acervo que cualquier Estado que desee adherirse a la Unión Europea debe haber ratificado antes esos textos.

Croacia es miembro del Consejo de Europa desde 1996 y ha ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los protocolos adicionales en 1997. Los ciudadanos pueden presentar su caso ante el Tribunal Europeo si consideran que se han violado sus derechos en virtud de este Convenio.

Entre otros convenios internacionales de protección de los derechos humanos y las minorías, Croacia ha ratificado el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, pero tiene que firmar la Carta Social Europea de 1996. Ha ratificado los principales convenios de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos y sus protocolos.

De conformidad con el artículo 140 de la Constitución, los Tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno de la República de Croacia y tienen preeminencia sobre la legislación nacional ordinaria.

1.2.1. Derechos civiles y políticos

La Constitución garantiza el acceso a la justicia. En los casos penales hay asistencia jurídica disponible. En los casos civiles, solo la Asociación de Abogados proporciona asistencia jurídica gratuita. Los extranjeros no pueden recibir asistencia jurídica en casos civiles. No hay asistencia jurídica gratuita para los apátridas (el caso de muchos miembros de la comunidad gitana). La Asociación de Abogados fija sus propios costes por la prestación de servicios jurídicos. No hay asistencia jurídica en casos civiles organizada por el Estado ni control estatal sobre los criterios de elegibilidad para la asistencia jurídica ofrecida por la Asociación de Abogados de la Fiscalía. La Ley de Costes Judiciales exime a los retornados y las personas desplazadas del interior de la obligación de pagar costes jurídicos. La Ley de Asilo, sin embargo, no especifica cómo se ha de prestar la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. La pena de muerte ha sido abolida y Croacia ha firmado el Protocolo 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias; entró en vigor el 1 de julio de 2003. La tortura y los tratos inhumanos y degradantes están prohibidos por la Constitución. Tampoco están permitido el trabajo forzoso u obligatorio.

En octubre de 2002, Croacia adoptó un Plan Nacional para la eliminación del tráfico de seres humanos, de acuerdo con las normas internacionales. Actualmente, en virtud del Código Penal de 1997, el tráfico de seres humanos sólo está penalizado en virtud del artículo 175, que condena la esclavitud sin hacer referencia específica al tráfico de seres humanos [3].

[3] Las enmiendas del Código Penal de julio de 2003 modificaban el artículo 175 adaptándolo al Convenio Internacional que hace referencia específica al tráfico de seres humanos. Sin embargo, por razones formales de procedimiento, el Tribunal Constitucional anuló, el 27 de noviembre de 2003, las enmiendas del Código Penal adoptadas por el Parlamento el 9 de julio y que debían entrar en vigor el 1 de diciembre de 2003. El Tribunal Constitucional estimó que las enmiendas se habían adoptado sin el quórum oportuno.

La Constitución croata prohíbe todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos étnicos. El Código Penal estipula la responsabilidad penal de quienes infrinjan la igualdad de los ciudadanos por razones étnicas; prevé la responsabilidad penal de quienes, por motivos de raza, sexo, color, nacionalidad u origen étnico, violen derechos humanos y libertades básicos. Ninguna disposición penal específica prohíbe los actos de xenofobia.

La Constitución prohíbe el arresto arbitrario. Nadie puede ser detenido o arrestado sin una orden judicial escrita. Toda persona arrestada tiene derecho a recurrir al tribunal que decide sobre la legalidad de la privación de libertad y debe ser informada inmediatamente de las razones del arresto. Además, la Constitución prevé la compensación que se debe pagar a una persona detenida injustamente. La duración de la detención preventiva se define con precisión en la ley, así como garantías para toda persona privada de libertad que se ajustan a las normas internacionales.

La Constitución garantiza y define el derecho de voto para todos los ciudadanos que tengan 18 años de edad. Esta disposición también es aplicable a los ciudadanos que se encuentren en el extranjero en el momento de las elecciones.

La libertad de asociación y de reunión está garantizada por la Constitución. La ley correspondiente, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, se ha aplicado sin problemas. El número de organizaciones de la sociedad civil registradas en Croacia está creciendo rápidamente y se está diversificando cada vez más. En 1999 sólo se habían registrado 15.375 ONG, pero el número total llegó a 23.740 en agosto de 2003. También se han registrado 70 fundaciones, 6 fondos y 120 ONG internacionales. Con el paso de los años, el papel de las ONG ha sido extremadamente importante para el avance de los derechos humanos, en especial en áreas como los problemas de los refugiados y el control de las elecciones.

La Constitución garantiza la libertad de expresión. Antes de 2000, las presiones abiertas, el acoso, la extorsión económica y las persecuciones arbitrarias eran práctica común. La situación ha mejorado considerablemente desde entonces. Los medios de comunicación están en gran medida desreglamentados y, en general, están sujetos a las normas del libre mercado. Sin embargo, existe una inquietud particular de que pueda haber influencias políticas a nivel local.

Los medios de comunicación escritos se caracterizan por una gran variedad de periódicos. Hay cinco diarios nacionales, más publicaciones diarias locales o regionales. Hay tres semanarios políticos. Menos dos diarios nacionales, los otros periódicos han sido privatizados y los periodistas no encuentran ya obstáculos importantes para el ejercicio de su profesión. Hay un alto grado de diversidad política. No obstante, se deberían adoptar medidas adicionales para garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. La posición dominante de un grupo en el sector de la distribución podría conducir a un trato no equitativo de los competidores (en concreto, algunos de los mayores editores controlan más del 50% de la mayor red de distribución de Croacia).

En el sector audiovisual, hay más de 130 estaciones de radio y emisoras extranjeras que difunden sus programas. La Televisión estatal (HTT) ha perdido el monopolio. La privatización del tercer canal nacional de televisión que ha pasado a un consorcio RTL croata podría promover el desarrollo del sector de la teledistribución privada e introducir la competencia y el pluralismo en el mercado de la televisión. Además de los tres canales de televisión que cubren todo el país, hay varias redes de televisión regionales. No hay restricciones respecto del acceso a fuentes de información extranjeras. Se dispone de canales de televisión extranjeros por satélite y por cable.

El marco jurídico y administrativo actualmente en vigor en Croacia se adoptó con la intención de armonizar la legislación croata con las normas europeas. Sin embargo, hay inquietud por la posibilidad de que se ejerzan aún influencias políticas sobre los organismos de reglamentación que se han creado.

En el sector de los medios de comunicación hay cuatro leyes importantes: i) La Ley de la Radio-Televisión de Croacia (HRT), de marzo de 2003, regula el funcionamiento de la emisora estatal, HRT, y dispone los principios y obligaciones de programación. El procedimiento para la designación de los miembros del Consejo de HRT no ofrece la transparencia necesaria ni garantiza la independencia política y la pluralidad de opiniones requerida de los organismos reglamentarios de difusión. Los miembros del Consejo se eligieron [4], tras un largo retraso, más sobre la base de las preferencias políticas que de la experiencia en la materia. Los representantes de la sociedad civil deberán desempeñar un mayor papel en la designación y el nombramiento de los miembros del Consejo. ii) La Ley de Medios Electrónicos de Comunicación, adoptada en julio de 2003, regula las emisiones electrónicas de radio y televisión, así como las publicaciones electrónicas. También define el procedimiento para la atribución de licencias a las emisoras públicas y privadas de radio y televisión. Un Consejo de Medios Electrónicos de Comunicación (entidad reglamentaria de supervisión) será responsable de la concesión y cancelación de licencias para la atribución de frecuencias, la supervisión y la recepción de reclamaciones. El procedimiento para la designación de los miembros del Consejo no prevé la transparencia necesaria ni garantiza la independencia política y la pluralidad de opiniones, la adecuada financiación y la dotación de personal requerida para las emisoras. La ley adoptada no se ajusta plenamente con el Convenio Europeo de Televisión Transfronteriza y la Directiva sobre la televisión sin fronteras (véase también el Capítulo 20 - Cultura y medios audiovisuales). iii) La Ley de Telecomunicaciones, adoptada en julio de 2003, aspira a abrir el camino a la liberalización en el campo de los servicios de telecomunicaciones creando las condiciones necesarias para el establecimiento de nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. La Ley establece una Agencia de Telecomunicaciones como autoridad reglamentaria independiente, que se ocupará de la atribución de frecuencias y de otos aspectos técnicos. Sin embargo, las relaciones entre la Agencia de Telecomunicaciones y el Consejo de Medios Electrónicos de Comunicación no se definen claramente, lo cual podría conducir a puntos muertos en el trabajo de los dos organismos. La ley se ajusta en general con las normas internacionales, pero los aspectos relacionados con la difusión necesitan una reforma urgente. iv) La Ley de Medios de Comunicación (antes denominada "Ley de Información Pública"), adoptada en octubre de 2003, regula los principios básicos del trabajo de los medios de comunicación no electrónicos (es decir, principalmente de los medios de comunicación escritos), como la libertad de expresión, el derecho del público a la información, la protección de la privacidad y la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, en enero de 2004, el Tribunal Constitucional derogó la ley por razones procedimentales (no había sido adoptada por mayoría absoluta, a pesar de que trataba de derechos humanos fundamentales). De acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la Ley de Medios de Comunicación se puede aplicar con carácter provisional hasta el 30 de abril de 2004. Croacia deberá asegurarse de que la Ley modificada tenga plenamente en cuenta el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como otras Recomendaciones pertinentes adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

[4] El 17 de octubre de 2993, el Parlamento llegó a un acuerdo sobre la selección de los miembros del Consejo. Seis miembros han sido designados por la coalición gobernante anterior y cinco, por la oposición. El Consejo tiene 11 miembros, procedentes de grupos diferentes de la sociedad civil.

La Ley de Enmiendas del Código Penal, adoptada en julio de 2003, que penalizaba la difamación por parte de los periodistas, fue anulada por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2003 porque no había sido adoptada por mayoría absoluta. Ahora es importante que en la nueva ley la legislación sobre la difamación refleje las normas europeas (tal como se definen en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

En conclusión, se deben introducir cambios para adaptar las leyes antes citadas a las normas europeas, de conformidad con las recomendaciones formuladas en febrero de 2004 por la misión conjunta de expertos del Consejo de Europa, la Comisión Europea y la OSCE.

La Constitución reconoce el derecho de propiedad. Sin embargo, los extranjeros siguen estando sujetos a determinadas limitaciones definidas por la ley, en especial por lo que se refiere a la propiedad de terrenos agrícolas, bosques, zonas naturales protegidas (parques nacionales, reservas naturales, etc.). Las personas físicas y jurídicas extranjeras pueden convertirse en propietarios inmobiliarios en Croacia siempre que haya reciprocidad y previa aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores. En caso de herencia, los extranjeros también están sujetos al requisito de reciprocidad.

El proceso de restitución de propiedades confiscadas durante el régimen comunista yugoslavo ha sido regulado por una ley que entró en vigor en enero de 1997. El proceso avanza muy lentamente. Tras 7 años de aplicación solo en un 34% de los casos (se presentaron más de 51.000 casos) se ha llegado a una decisión jurídicamente válida y sólo un 21% de las reclamaciones ha recibido una respuesta positiva. La ley prevé la posibilidad de que solo los descendientes de primera línea puedan solicitar compensación a condición de que cumplan con determinados requisitos de elegibilidad. El Gobierno es incapaz de predecir el tiempo que se necesitará para completar el procedimiento.

El respeto de la privacidad está garantizado. La Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y la libertad y privacidad de la correspondencia. Solo un tribunal puede autorizar el registro de un domicilio o de otros locales mediante una orden motivada.

De acuerdo con la información disponible, no hay registradas personas apátridas en Croacia a consecuencia de la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

1.2.2. Derechos económicos, sociales y culturales

En 1999, Croacia ratificó la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1999, y ambos entraron en vigor en marzo de 2003. En febrero de 2003, Croacia ratificó también el Protocolo de 1991 por el que se modifica la Carta Social Europea. No ha firmado todavía la Carta Social Europea de 1996.

La Constitución croata define los derechos económicos, sociales y culturales. Las libertades de empresa y mercado están garantizadas y el Estado se compromete a asegurar a todos los empresarios una categoría jurídica igual. También está reconocido el derecho al trabajo con pleno acceso a todos los puestos de trabajo y obligaciones en las mismas condiciones para todo el mundo, incluido el derechos de los empleados y los miembros de sus familias a la seguridad social. La Constitución incluye una serie de derechos de bienestar social diferentes. Dispone el derecho universal a la asistencia sanitaria y a una asistencia especial para las personas enfermas, desasistidas y discapacitadas, haciendo hincapié en los programas de integración social. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias reducen el ámbito de estos derechos. Las familias disfrutan de una protección especial. La maternidad y la infancia están protegidas por el Estado.

Croacia, como heredera de Yugoslavia, aplica el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños. Deberá presentar el segundo informe inicial sobre el avance de la aplicación del Convenio en mayo de 2004. En el verano de 2003, creó la institución del Defensor del Menor.

No hay obstáculos para el establecimiento de sindicatos. El derecho a la huelga está garantizado, con algunas restricciones en el caso de las fuerzas armadas, la policía, la administración pública y los servicios públicos (por ejemplo, el personal sanitario).

Hay derecho a la enseñanza primaria gratuita y libre acceso a la enseñanza secundaria y superior, así como libertad de establecimiento de escuelas e instituciones de enseñanza privadas.

La libertad religiosa está garantizada. Aunque hay separación de la Iglesia y el Estado, un acuerdo entre Croacia y la Santa Sede ofrece un marco favorable respecto del trabajo y la actividad de la Iglesia Católica en la sociedad. La enseñanza religiosa no es obligatoria, pero se imparte dentro del sistema educativo estatal. Croacia ha firmado acuerdos similares con las principales creencias presentes en el país (católicos, ortodoxos y musulmanes), excepto con la comunidad judía. La devolución de los bienes judíos es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo en este sentido.

Las relaciones homosexuales están reconocidas por ley. La Ley de Igualdad de Sexos prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.

1.2.3. Derechos de las minorías, protección de las minorías y los refugiados

Minorías

Según el censo de 2001, un 7,5% de la población de Croacia forma parte de 16 minorías nacionales. Los más numerosos son los serbios, con un 4,5% de la población total, seguidos por bosnios (0,47%), italianos (0,44%), húngaros (0,37%), albaneses (0,34%) y eslovenos (0,3%). De acuerdo con las últimas estadísticas nacionales, la proporción correspondiente de gitanos era de un 0,21%, pero probablemente la cifra real es considerablemente superior.

Croacia ha ratificado todos los convenios del Consejo de Europa que ha firmado, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, así como el Convenio de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos. Además, ha celebrado acuerdos bilaterales sobre protección de las minorías nacionales con Hungría e Italia. Se está preparando un acuerdo bilateral con Serbia y Montenegro.

La Ley Constitucional sobre los Derechos de las Minorías Nacionales, adoptada el 13 de diciembre de 2002, define el marco jurídico nacional de los derechos de las minorías en Croacia. A las minorías nacionales se les garantiza el derecho a tener hasta ocho representantes en el Parlamento. A nivel local, las minorías tienen derecho a tener representantes en los organismos electos, así como en los organismos judiciales y administrativos de municipios y ciudades. La Ley prevé también la representación de las minorías en los organismos judiciales y administrativos a nivel estatal y local.

Además, se ha creado un Consejo consultivo de las minorías nacionales a nivel nacional y entidades consultivas locales en los consejos de ciudades y municipios. El Gobierno deberá trabajar en estrecha colaboración con el Consejo consultivo de las minorías nacionales para aplicar la Ley Constitucional sobre los Derechos de las Minorías Nacionales.

Por otra parte, hay un marco jurídico especial para los derechos de la minoría serbia en la región del Danubio, establecido por el Acuerdo de Erdut y la Carta de Intenciones del Gobierno de 1997. Aunque la mayoría de los derechos garantizados en virtud del Acuerdo de Erdut se han incorporado a la Ley Constitucional sobre los Derechos de las Minorías Nacionales, otros como la representación proporcional en la policía y el poder judicial y los derechos de las minorías en materia de escolaridad derivan de la Carta de Intenciones.

Los miembros de las minorías nacionales de Croacia ejercen su derecho a utilizar su lengua materna oficialmente en pie de igualdad en el territorio de ciudades, municipios y condados si representan al menos un 30% de la población o si se ha dispuesto así en acuerdos internacionales. También tienen derecho a la enseñanza en su lengua materna desde la fase preescolar (hasta la enseñanza media) de conformidad con la Constitución, la Ley Constitucional sobre los Derechos de las Minorías Nacionales (2002), la Ley sobre la Utilización Oral y Escrita de la Lengua de las Minorías Nacionales (2000) y la Ley sobre la Enseñanza Oral y Escrita en la Lengua de las Minorías Nacionales (2000).

Una institución educativa con enseñanza oral y escrita en la lengua de una minoría nacional puede ser un centro público, financiado con cargo al presupuesto del Estado, o una institución privada establecida por una persona física o jurídica en las mismas condiciones que se aplican para el establecimiento de cualquier centro de enseñanza. Los principios de igualdad y no discriminación, protección de la identidad nacional, integración social, libertad de establecimiento de instituciones de enseñanza, programas de enseñanza y formación adecuada del profesorado están incorporados en la legislación de Croacia. Estos principios son coherentes con los principios básicos del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

El Defensor del Pueblo podría desempeñar un importante papel en la protección de los derechos de las minorías, pero se encuentra con graves limitaciones presupuestarias. Existe una Oficina del Gobierno para las Minorías Nacionales. En el presupuesto nacional de 2003, se asignaron 20 millones de HRK (2,6 millones de euros) para las minorías que se debían distribuir a través de la citada Oficina.

En las elecciones parlamentarias de 23 de noviembre de 2003 fueron elegidos ocho representantes de minorías nacionales, lo que representa un aumento respecto de las elecciones de 2000, en las que fueron elegidos cinco representantes de las minorías nacionales.

Según el último censo, 331.383 ciudadanos croatas que forman parte de 16 minorías nacionales tienen derecho a elegir 471 Consejos de las Minorías con 6.662 consejeros y 143 representantes a nivel local (municipios) y regional (condados). Se celebraron elecciones para los Consejos de las Minorías consultivos locales el 18 de mayo de 2003. Sin embargo, debido al corto periodo de preparación, al poco apoyo del Gobierno y a la escasa organización a nivel de las organizaciones de las minorías, se ha elegido a menos de la mitad de los Consejos a los que las minorías tienen derecho en virtud de la Ley Constitucional sobre las Minorías Nacionales. El 15 de febrero de 2004 se celebraron elecciones adicionales a miembros de los Consejos de las Minorías Nacionales en 15 condados, 64 ciudades y 132 municipios. La participación se situó en torno al 8% del total de la población de las minorías. Sigue habiendo falta de comprensión y de sensibilización respecto del establecimiento formal de los Consejos locales no solo entre las autoridades locales sino también entre los propios colectivos minoritarios.

Según la Ley Constitucional sobre las Minorías Nacionales, debían celebrarse nuevas elecciones en los condados o los municipios en los que no se había podido designar a representantes de las minorías a través de listas de partidos. Tales elecciones no se celebraron hasta el 15 de febrero de 2004, aunque según la Ley hubieran debido tener lugar para el 23 de marzo de 2003. Cabe señalar que, según la Ley de Elecciones Locales de 2001, esas elecciones hubieran debido celebrarse ya en septiembre de 2002.

En cuanto a la representación de las minorías en los organismos administrativos y judiciales del Estado, como prevé la Ley Constitucional sobre las Minorías Nacionales, éstas siguen estando infrarrepresentadas. El Gobierno, alegando dificultades prácticas, las limitaciones del presupuesto nacional y, en el caso del Poder Judicial, la independencia de los tribunales en la selección de jueces, no ha desarrollado un programa para remediar esta infrarrepresentación a largo plazo. Aunque se ha publicado un número significativo de puestos en la administración estatal y judicial, no se sabe si entre los nuevos empleados hay miembros de las minorías nacionales. También se debe adaptar a la Ley Constitucional sobre las Minorías Nacionales parte de la legislación, como la Ley de Administración Estatal, la Ley de Tribunales, la Ley del Consejo del Poder Judicial Estatal y la Ley de la Oficina del Fiscal del Estado. En consecuencia, se deben adoptar las medidas necesarias para abordar y remediar esta situación.

Respecto de los medios de comunicación, tanto electrónicos como la prensa, el tema de las minorías y las cuestiones conexas ha sido cubierto en los últimos años cada vez en mayor medida, aunque todavía no de manera adecuada. A pesar de que el discurso de odio decrece, se sigue percibiendo y presentando a las minorías nacionales como entidades distintas y no como parte integrante de la sociedad. Siguen sin aplicarse las disposiciones de la Ley Constitucional sobre las Minorías Nacionales sobre la obligación de las estaciones públicas de radio y televisión a nivel nacional y local de producir y/o difundir programas para las minorías en sus respectivas lenguas.

En cuanto a los procedimientos de los tribunales en materia de no discriminación de las minorías, no hay indicios de veredictos en los que se haya establecido discriminación de las minorías o culpabilidad penal por manifestaciones de odio racial.

La minoría serbia se encuentra en una situación diferente. En primer lugar, aunque sigue siendo la minoría con mayor número de miembros, su cuota de población se ha reducido espectacularmente de un 13% (censo de 1991) a un 4,5% (censo de 2001) de la población. En segundo lugar, las relaciones entre el Estado croata y la minoría serbia están lastradas por el legado de la reciente guerra, a saber, el retorno de los refugiados y la restitución de su propiedad [véase más adelante el apartado sobre los "refugiados"]. Con la independencia de Croacia, su situación cambió pasando de ser parte constitutiva de la antigua Yugoslavia a una minoría nacional. En diciembre de 2003, el nuevo Gobierno firmó un acuerdo con los representantes de las minorías serbias y les ofreció varios puestos en la administración. Sin embargo, cabe señalar que las instituciones existentes de la minoría serbia (partidos políticos, centros de enseñanza, organizaciones culturales) pueden trabajar sin obstáculos. En la región del Danubio, se ha puesto en vigor la mayoría de las disposiciones del Acuerdo de Erdut y de la Carta de Intenciones del Gobierno, con la importante excepción de la representación proporcional de los serbios en el sector judicial. El Estado sigue teniendo que hacer un esfuerzo adicional para integrar a la comunidad serbia en la sociedad croata a todos los niveles.

La minoría gitana merece una atención especial. La comunidad gitana representa oficialmente un 0,21% de la población (9.463 personas, según el censo de 2001). Sin embargo, según las estimaciones la cifra es considerablemente superior (30.000 ó 40.000), ya que los gitanos se declaran a menudo miembros del colectivo mayoritario o no se registran. La mayoría de los gitanos no está integrada en la sociedad croata y es discriminada en todos los ámbitos de la vida pública, como el acceso al empleo, la salud y la representación política.

A la vista de la grave exclusión social en la que se encuentra la mayor parte de la comunidad gitana en Croacia, el 16 de octubre de 2003, el Gobierno, apoyado por el Consejo de Europa y la OSCE, adoptó un Programa Nacional para el Pueblo Gitano. El programa prevé una serie de medidas para garantizar la inclusión social de los gitanos, preservando al mismo tiempo sus tradiciones y su cultura. Aborda cuestiones como la situación, la representación política a nivel local, el empleo, los derechos de los niños, la educación, la asistencia sanitaria, el bienestar social, la vivienda y la protección del medio ambiente. No obstante, falta por ver si los fondos asignados a esta iniciativa en el presupuesto de 2004 son adecuados para aplicar el programa.

Hay un gran número de casos pendientes contra Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto parece reflejar i) problemas de procedimiento en el sector judicial croata, incluida la medida en que el Tribunal Constitucional puede actuar como una solución nacional efectiva en problemas de derechos humanos, y ii) inquietudes fundamentales en materia de derechos humanos, relacionadas con algunas leyes, en particular las leyes que regulan problemas de propiedad relacionados con la guerra.

Refugiados

Croacia ha ratificado el Convenio de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados. A algunos refugiados de Bosnia y Herzegovina se les ha concedido la categoría de refugiados en virtud de la Ley croata sobre el estatus de las personas desplazadas y los refugiados. La definición de refugiado en virtud de dicha ley difiere considerablemente de la del Convenio de Ginebra. Aunque la Ley sobre circulación y estancia de extranjeros prescribe procedimientos para la concesión de asilo, no se han adoptado decisiones positivas de concesión de asilo. El 1 de julio de 2004 debe entrar en vigor la nueva Ley de Asilo.

En el periodo 1991-1997, el número total de refugiados y personas desplazadas de dentro y fuera de Croacia era aproximadamente de 950.000.

A consecuencia de la reciente guerra, 550.000 croatas [5] pasaron a ser personas desplazadas. El número de refugiados serbo-croatas, generado principalmente por las operaciones Flash y Storm de 1995 con las que Croacia se hizo con el control de todas las áreas ocupadas, fue de 370.000 (330.000 en Serbia y Montenegro y 40.000 en Bosnia y Herzegovina). Además, 32.000 serbios se registraron como personas a finales de 1997 en la región de Eslavonia Oriental. Además de los 950.000 refugiados y personas desplazadas había también bosnio-croatas que se habían establecido ocasionalmente en Croacia (aproximadamente 130.000) o que atravesaban Croacia para dirigirse a otro país.

[5] Los términos croata (croat) y serbio indican la afiliación étnica, mientras que croata (croatian) indica la ciudadanía de la República de Croacia.

A finales de 2003, el número de refugiados serbo-croatas era aproximadamente de 209.000 (189.500 en Serbia y Montenegro y 19.500 en Bosnia y Herzegovina). El número de personas desplazadas de afiliación étnica serbia era de 1.700. A finales del mismo periodo, 108.000 refugiados serbo-croatas habían retornado a Croacia.

Fundamentalmente como resultado del largo desplazamiento y de los obstáculos al retorno, muchos de los actuales refugiados serbios parecen haber optado por la integración local en el país en el que residen. El censo realizado en la segunda mitad de 2000 por los Gobiernos de la República Federal de Yugoslavia y Bosnia Herzegovina en colaboración con ACNUR indicaba que el potencial máximo para el retorno de los refugiados restantes se situaba en torno a un 30%, es decir, aproximadamente algo menos de 38.000 personas (76.500 de Serbia y Montenegro y 6.500 de Bosnia y Herzegovina). Un sondeo realizado para la Misión de la OSCE en Croacia en el segundo semestre de 2003 situó el potencial de retorno de un 15% de los refugiados actuales en Serbia y Montenegro y en Bosnia y Herzegovina, que representa una cifra de unas 30.000 personas.

Los problemas principales a los que se enfrentan los refugiados para el retorno son la vivienda, las minas, la reintegración económica, el acoso potencial por acusaciones de "crímenes de guerra" y el ambiente poco hospitalario de las comunidades locales que los reciben. Además, hay problemas administrativos, como el no reconocimiento de los derechos de pensión por los años trabajados en las áreas controladas antes por los serbios. En términos de reintegración económica, el Gobierno ha establecido medidas para el desarrollo económico de las áreas de retorno, pero no hay medidas específicas para los retornados. Se han dispuesto los recursos presupuestarios necesarios y está previsto completar la limpieza de minas para 2010.

Durante la guerra y después de ella, muchas casas o apartamentos fueron destruidos u ocupados. Así, el problema de la vivienda se puede dividir en tres partes: i) reconstrucción; ii) devolución de la propiedad, y iii) viviendas para los antiguos titulares de derechos de propiedad.

Reconstrucción: hasta ahora, el Gobierno ha reconstruido 130.000 de las 200.000 casas y apartamentos destruidos. El siete por ciento de este programa ha sido financiado por la comunidad internacional. No parece que haya demoras importantes en la ejecución del programa de reconstrucción de las 16.000 casas restantes previstas y se esperar completarlo para finales de 2005. Esto facilitaría el retorno de unas 48.000 personas. Con las modificaciones de 2000 de la Ley de Reconstrucción, se han eliminado las últimas disposiciones jurídicas discriminatorias. El plazo para solicitar la reconstrucción era finales de 2001. En marzo de 2004, de conformidad con el acuerdo firmado con representantes serbios, el Gobierno volvió a abrir el plazo para la presentación de nuevas solicitudes de reconstrucción desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2004. Esto significa que, probablemente, el programa de reconstrucción tendrá que continuar hasta 2006.

Devolución de la propiedad: La devolución de propiedad residencial adjudicada a usuarios temporales en virtud de la Ley de ocupación temporal y administración de propiedades especificadas está regulada por las modificaciones de 2002 de la Ley sobre Áreas de Atención Especial del Estado. La Ley de Propiedad y Otros Derechos de los Propietarios regula la devolución de otros tipos de propiedades, como por ejemplo empresas y terreno agrícola, que también podían atribuirse a usuarios temporales en virtud de la Ley de ocupación temporal y administración de propiedades especificadas. El Gobierno ha previsto fondos para proporcionar alojamiento alternativo. Para finales de 2003, de un total de aproximadamente 20.000 solicitudes de devolución de casas [6], se habían devuelto algo menos de 16.000 (de las que 4.000 seguían vacías porque no se conoce el paradero de los propietarios). No obstante, el ritmo de devolución de las propiedades es muy lento. Los motivos principales son i) la tarea autoimpuesta de ofrecer alojamiento alternativo a los ocupantes como condición previa para la devolución (lo que significa que los derechos de los propietarios no son plenamente reconocidos); ii) la falta de urgencia en el nivel inferior de a administración del Estado por proporcionar alojamiento alternativo a los ocupantes [7], y iii) el fracaso de los tribunales a la hora de ordenar expulsiones y la no aplicación de las decisiones de expulsión de ocupantes ilegales. Originalmente, el Gobierno preveía finalizar la restitución de propiedades para finales de 2002. Este plazo se pospuso hasta finales de 2003. Sin embargo, el nuevo plazo no se ha cumplido. A finales de 2003, seguían estando ocupadas 3.500 casas para las que se habían presentado en torno a 2.200 solicitudes de devolución. El acuerdo del Gobierno con los representantes serbios estipula que este proceso debería completarse para fines de 2004.

[6] Esta cifra se refiere a casas que fueron adjudicadas para su ocupación en virtud de la Ley de ocupación temporal y administración de propiedades especificadas de 1995.

[7] La restitución de la propiedad al propietario se prevé sólo después de que se haya proporcionado vivienda alternativa al ocupante temporal. Esto significa que el interés de los ocupantes temporales tiene preferencia sobre los derechos legales de los propietarios.

Vivienda para los antiguos titulares de derechos de propiedad: Hasta hace poco, los refugiados que vivían en casas de propiedad social con derecho de ocupación/tenencia no tenían acceso a la vivienda si decidían retornar a Croacia. Esta falta de solución afectaba de forma discriminatoria a los refugiados de áreas urbanas. En julio de 2002, las modificaciones de la Ley de Áreas de Atención Especial del Estado [8] abrían una posibilidad para resolver la cuestión d