INFORME DE LA COMISIÓN Respuestas de los Estados miembros al informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2010 /* COM/2012/080 final */





ÍNDICE 1. Ámbito del informe 2 2. Presentación del Informe y constataciones de la DAS 2010 .......................................... 2 2.1 Presentación del Informe del Tribunal relativo al ejercicio 2010 ................................... 2 2.2 Constataciones de la DAS de 2010 para los grupos de políticas ................................... 3 3. Mejoras introducidas en la gestión compartida por los Estados miembros - Ingresos y agricultura y recursos naturales. 4 3.1 Ingresos 5 3.2 Agricultura y recursos naturales 6 4. Mejoras introducidas por los Estados miembros en gestión compartida, cohesión, energía y transporte 7 4.1 Mejoras en las orientaciones y la formación .................................................................. 7 4.2 Simplificación 10 5. Conclusión 11 INFORME DE LA COMISIÓN respuestas de los Estados miembros al informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2010 1. Ámbito del informe El Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea establece en su artículo 143, apartado 6, que tan pronto como el Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, el Tribunal) le remita el informe anual, la Comisión comunicará inmediatamente a los Estados miembros afectados los elementos de dicho informe relativos a la gestión de los fondos sobre los cuales tengan competencia en virtud de la normativa aplicable. Tras la recepción de dicha comunicación, los Estados miembros remitirán sus respuestas a la Comisión en un plazo de 60 días, y ésta enviará una síntesis al Tribunal de Cuentas, al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 28 de febrero del año siguiente[1]. Tras la publicación el 10 de noviembre de 2011 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2010, la Comisión informó a los Estados miembros de los detalles del informe. Tal información se presentó en forma de una carta y tres cuestionarios (incluidos como anexos) que los Estados miembros debían rellenar: el anexo I era un cuestionario sobre los apartados del informe que se refieren a los distintos Estados miembros; el anexo II era un cuestionario sobre las constataciones de la fiscalización que se refieren a cada Estado miembro y el anexo III era un cuestionario sobre las constataciones de índole general relacionadas con las políticas y los programas aplicados en el marco de la gestión compartida. El presente informe constituye un análisis de las respuestas de los Estados miembros y va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que incluye las respuestas de los Estados miembros a los anexos I y III. 2. Presentación del Informe y constataciones de la DAS 2010 2.1 Presentación del Informe del Tribunal relativo al ejercicio 2010 En su informe de 2010, el Tribunal introdujo nuevos cambios en la presentación. En primer lugar, se han producido modificaciones en los grupos de políticas y en los capítulos correspondientes, y se ha añadido un nuevo capítulo sobre la obtención de resultados (capítulo 8) que refleja la importancia de la economía, la eficiencia y la eficacia del gasto de la UE. En segundo lugar, el Tribunal ha hecho también nuevas recomendaciones, informando con detalle sobre el seguimiento de sus recomendaciones anteriores respecto a cada grupo de políticas. Por último, los resultados de la verificación de las operaciones se han notificado con mayor claridad y el Tribunal ha indicado el porcentaje de error estimado de cada grupo de políticas, así como de la totalidad del presupuesto. Por lo que se refiere a los porcentajes de error, en su metodología de fiscalización para la DAS del año 2010, el Tribunal ha establecido una clara definición de la terminología utilizada: "El porcentaje de error más probable (EMP) es la media ponderada de los porcentajes de error encontrados en la muestra. El Tribunal también estima, volviendo a servirse de técnicas estadísticas normalizadas y con una confianza del 95 %, el intervalo dentro del cual se sitúa el porcentaje de error que afecta a la población objeto de cada evaluación específica (y de la totalidad del gasto). Este es el intervalo situado entre el límite inferior (LIE) y el límite superior de error (LSE)"[2]. El cuadro 1 indica con detalle el EMP, el LIE y el LSE por capítulo de la DAS del año 2010. Fuente: informe del TCE relativo a 2010, cuadro 1.2 Síntesis de las constataciones relativas a la regularidad de las operaciones, p. 18 2.2 Constataciones de la DAS de 2010 para los grupos de políticas Por lo que se refiere a la DAS de 2010, el Tribunal constató que las cuentas presentaban adecuadamente la posición financiera de la Unión Europea, los resultados de sus operaciones y sus flujos de tesorería y que estaban exentas de errores materiales. Con respecto a los ingresos (capítulo 2), el Tribunal observó también que las operaciones estaban libres de errores materiales y que los sistemas de control eran eficaces. Los compromisos estaban también libres de errores materiales en todos los grupos de políticas[3]. El Tribunal concluyó que, en conjunto, los pagos de la política de gastos administrativos y otros gastos (capítulo 7), no contenían errores materiales y que los sistemas eran eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. En cuanto a la investigación y las políticas internas (capítulo 6), así como a la ayuda exterior, el desarrollo y la ampliación (capítulo 5), la fiscalización del Tribunal declaró que ambas políticas están en general libres de errores materiales y que los sistemas de control eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. No obstante, en el capítulo 6, el Tribunal señaló que los pagos intermedios y finales para los PM de investigación contenían errores materiales. También en el capítulo 5, los pagos intermedios y finales contenían errores materiales[4]. En el ámbito de la política de Cohesión, energía y transporte (capítulo 4), y en el de la Agricultura y los recursos naturales (capítulo 3), el Tribunal concluyó que los pagos contenían errores materiales, aunque en el caso de la política de Agricultura y recursos naturales, los pagos directos a los agricultores cubiertos por el SIGC[5], están libres de errores importantes. En ambas políticas los sistemas eran parcialmente eficaces[6]. Globalmente, como se demuestra en el gráfico del Tribunal que figura a continuación, en el curso de los cinco últimos años, la tendencia en el porcentaje de error más probable de la totalidad del presupuesto ha ido continuamente a la baja. Sin embargo, en 2010, el progreso en una serie de ámbitos no se ha visto compensado con un aumento moderado en la política de Cohesión, lo que tuvo como consecuencia un pequeño incremento global en todo el presupuesto[7]. Fuente: informe del TCE relativo a 2010, gráfico 1.1 Evolución de la estimación del Tribunal del porcentaje de error más probable respecto de la población de pagos auditada (2006-2010) 3. Mejoras introducidas en la gestión compartida por los Estados miembros - Ingresos y agricultura y recursos naturales. Tal como se indica en la introducción, además de la carta, la Comisión facilitó debidamente a cada Estado miembro tres anexos: el anexo I era un cuestionario sobre los apartados del informe que se refieren a cada Estado miembro; el anexo II era un cuestionario sobre las constataciones de la fiscalización que hacen referencia a cada Estado miembro y el anexo III un cuestionario sobre las constataciones de índole general relacionadas con la gestión compartida de la DAS de 2010. Por lo que se refiere a los anexos I y II, se solicitó a los Estados miembros que, en su caso, ofrecieran detalles de las medidas adoptadas para corregir los errores así como el calendario, el contenido y el resultado esperado. En la presente sección del informe se ofrece un análisis de las respuestas facilitadas por los Estados miembros a los anexos I y II, así como a la pregunta 1 del anexo III, que se refiere a la política de Agricultura y recursos naturales (capítulo 3). En general, todas las respuestas de los Estados miembros se recibieron dentro del calendario previsto y, aun cuando la calidad variaba considerablemente de un Estado miembro a otro, en algunos casos las respuestas eran de muy alto nivel. En conjunto, en sus respuestas de este año, casi todos los Estados miembros incluían y exponían iniciativas de mejora ya adoptadas o que iban a adoptar en el futuro. También manifestaban su compromiso de garantizar una buena gestión financiera[8]. Los Estados miembros reconocían su responsabilidad en la mejora de la gestión de los fondos de la UE y presentaban propuestas para un funcionamiento más transparente del procedimiento de aprobación de la gestión, sugiriendo, por ejemplo, que podría intercambiarse una información completa sobre las mejores prácticas de los Estados miembros[9]. 3.1 Ingresos En sus respuestas a observaciones específicas del Tribunal en el ámbito de la política de ingresos (capítulo 2), los Estados miembros indicaban que se habían adoptado medidas correctoras cuando era necesario. Por ejemplo, el Tribunal detectó algunas deficiencias en los procedimientos y sistemas que afectan a los importes incluidos en la contabilidad B en tres países: el Reino Unido, Italia y los Países Bajos[10]. Las autoridades del Reino Unido declararon que habían aceptado las conclusiones del Tribunal, que se había abordado cada constatación específica y que habían informado al Tribunal en consecuencia. Dichas autoridades informaron también de que habían rectificado el saldo de la contabilidad B y que habían adoptado nuevos procedimientos y directrices para evitar las carencias mencionadas[11]. Con respecto a los recursos propios basados en el IVA, según el informe del Tribunal: "aún existen reservas pendientes de larga duración, pero se va reduciendo el retraso acumulado"[12]. A 31.12.2010 había 152 reservas para todos los Estados miembros frente a 167 un año antes. Diecisiete Estados miembros resumían, a diversos niveles de detalle, las acciones que ellos y la Comisión estaban llevando a cabo para levantar las reservas. Ocho de esos Estados miembros (Chipre, Finlandia, Austria, la República Checa, Polonia, España, Lituania y Letonia) indicaban que, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo desde 2010, se había suprimido al menos una reserva respecto a su Estado miembro[13]. Dinamarca, Malta, Polonia, Lituania, Italia, Grecia, Francia y Finlandia esperan el levantamiento de nuevas reservas, ya sea como resultado de las inspecciones de 2011 o de las previstas en 2012. 3.2 Agricultura y recursos naturales En el ámbito de la política de Agricultura y recursos naturales (capítulo 3), el Tribunal señaló carencias y deficiencias en el Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIP) [14], una base de datos en la que está registrado todo el terreno agrario (parcelas de referencia) del Estado miembro, incluido el uso facultativo de ortofotografías[15]. En España (Castilla-La Mancha y Extremadura), Grecia y Rumanía, el Tribunal constató casos de pastos permanentes registrados en el SIP como subvencionables al 100 % a pesar de que solo eran parcialmente subvencionables. En los tres casos, los Estados miembros de que se trata facilitaron su respuesta. España informó de que existía actualmente un plan de acción para mejorar la actualización del SIP-SIG, incluida una nueva metodología para establecer el coeficiente de admisibilidad de los pastos[16]. Grecia indicó que existen medidas en vigor destinadas a garantizar que sólo los pastos permanentes tuvieran derecho a los pagos[17]. En respuesta a las observaciones del Tribunal, Rumania contestó que había ultimado un plan de acción sobre la calidad del sistema de identificación de parcelas. Además, declaró que la APIA –Agencia de Intervenciones y Pagos Agrícolas– garantiza ya que las zonas no agrícolas no se incluyen en la zona de referencia del SIP y que los casos aislados detectados son el resultado de errores en la interpretación de las fotografías. Según la APIA, "cuando se efectúan pagos indebidos, se recuperan utilizando el procedimiento vigente»[18]. En cinco Estados miembros (Bulgaria, los Países Bajos, Grecia, Rumania y España), el Tribunal detectó también dificultades específicas para mantener actualizado el SIP[19]. Cuatro de los cinco países mencionados por el Tribunal indicaron que la actualización de la base de datos formaba parte integrante de su programa de mantenimiento, y Grecia y Rumania informaron que llevan a cabo actualizaciones anuales regulares[20]. En respuesta a una pregunta del anexo III del cuestionario sobre las iniciativas adoptadas para mejorar los sistemas de gestión y control de los gastos agrarios, especialmente en el ámbito del desarrollo rural, otros Estados miembros han destacado el hecho de que la mejora del SIP sigue siendo una prioridad. De los 22 países que contestaron a la pregunta, 13 ofrecieron ejemplos concretos de iniciativas adoptadas para mejorar el SIP. Entre esos países estaban Irlanda, Italia, el Reino Unido, Portugal, Luxemburgo y Polonia. Además de las mejoras en el sistema de identificación de parcelas en varios Estados miembros, la mayoría de ellos contestaron que, en el último año, habían adoptado iniciativas destinadas a mejorar aún más los sistemas de gestión y control de los gastos agrícolas y a aumentar la eficacia de los controles llevados a cabo, en particular, en el ámbito del desarrollo rural. Entre esas mejoras cabe señalar el desarrollo y refuerzo de los diferentes sistemas informáticos en muchos países. Eslovenia, por ejemplo, afirmaba que el órgano de gestión de su programa de desarrollo rural para el período 2007-2013 ha elaborado el proyecto piloto «e-PRP» de presentación electrónica para la medida 121 -Modernización de las explotaciones agrícolas en 2010- a fin de acelerar y hacer más eficaz la gestión de las solicitudes. Ahora los solicitantes cometen menos errores al preparar sus solicitudes por vía electrónica y, por lo tanto, se gasta menos tiempo en la realización de los controles administrativos, lo que, a su vez, reduce la carga de trabajo del organismo pagador, garantizando al mismo tiempo unos controles eficaces.[21] Letonia informó también de mejoras en sus sistemas de TI; por ejemplo, se ha establecido un catálogo de precios en el sistema de información del programa de desarrollo rural, con el fin de ayudar a evaluar y comparar los precios entre las solicitudes de proyecto presentadas[22]. 4. Mejoras introducidas por los Estados miembros en gestión compartida, cohesión, energía y transporte 4.1 Mejoras en las orientaciones y la formación El anexo III del cuestionario incluía principalmente preguntas sobre Cohesión, energía y transporte (capítulo 4) y la presente subsección del informe ofrece un análisis detallado de las respuestas de los Estados miembros a esas preguntas. El Tribunal señala en su informe que en el ámbito de la política de Cohesión, energía y transporte, los Estados miembros podrían haber detectado y corregido al menos algunos de los errores (antes de certificar los gastos a la Comisión) en el 58 % de las operaciones con errores[23]. En el anexo III se pidió a los Estados miembros sus respuestas a esa conclusión. Casi todos los Estados miembros contestaron y el 63 % de ellos señaló que el modo más eficaz de prevenir que se produzcan irregularidades consiste en mejorar las orientaciones a los beneficiarios. Otros medios de mejora son la intensificación de los controles documentales y el aumento de las verificaciones sobre el terreno. Entre las demás sugerencias formuladas por los Estados miembros cabe señalar la simplificación y aclaración de las normas y reglamentos tanto a escala nacional como de la UE (véase en la sección 4.2, Simplificación, un análisis en profundidad de la simplificación propuesta por los Estados miembros). El cuadro que figura a continuación ofrece los detalles del número de Estados miembros que han elegido una opción en particular. Algunos Estados miembros eligieron más de una opción y hubo una preferencia mayoritaria por una combinación de (a) mejora de las orientaciones a los beneficiarios y b) refuerzo de los controles documentales. P2 - Cohesión, energía y transporte En el capítulo relativo a la cohesión (apartado 4.25), el Tribunal considera que se disponía de suficiente información para que las autoridades de los Estados miembros detectasen y corrigiesen al menos alguno de los errores (antes de certificar el gasto a la Comisión) en el 58 % de las operaciones afectadas por algún error. En su opinión, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? || Número de Estados miembros || % de Estados miembros (a) mejorar las orientaciones a los beneficiarios para evitar que se produzcan irregularidades || 18 || 67 % (b) reforzar los controles documentales de las solicitudes presentadas por los beneficiarios || 15 || 56 % (c) aumentar las verificaciones sobre el terreno de las operaciones antes de la certificación || 11 || 41 % (d) cualquier otra sugerencia || 7 || 26 % En el ámbito de la política de Cohesión, el Tribunal constató también que los proyectos y los gastos no subvencionables en absoluto representaban el 35 % y el 33 %, respectivamente, del porcentaje de error estimado del capítulo. Además, el Tribunal observó también que se habían producido graves infracciones de las normas de contratación nacional y de la UE y que tales deficiencias representaban el 22 % del porcentaje de error estimado[24]. Los Estados miembros citaron los programas de formación como el mejor medio de abordar estas cuestiones clave. En el caso de proyectos no subvencionables en absoluto, el 78 % de los Estados miembros declararon que era necesaria una mejor formación para el personal nacional y regional, así como para las autoridades de gestión y los organismos intermedios y el 56 % de ellos subrayó la necesidad de que la formación fuera selectiva. En su respuesta, Irlanda destacó asimismo la importancia del problema, indicando que la manera más eficaz de beneficiarse de estos programas de formación sería garantizar que fueran: “selectivos y estuvieran adaptados a los diversos niveles de la cadena de gestión financiera y de control con cursos periódicos de reciclaje y seguimiento»[25]. Además, Alemania destacó los retos de la formación, afirmando que "cubrir con la formación y la orientación todos los ámbitos en los que pueden producirse infracciones, puede plantear dificultades considerables"[26]. Al igual que en lo que se refiere a los gastos no subvencionables, la mayoría de los Estados miembros (el 78 %) destacó como solución, la orientación y la formación a los beneficiarios. En el caso de la contratación pública, un número incluso mayor de países (el 81 %) señaló la formación para el personal nacional y regional, así como para las autoridades de gestión y los organismos intermedios, como el medio más eficaz de mejorar la situación. Letonia y Francia declararon que están actualmente adoptando iniciativas destinadas a complementar la formación ya facilitada. Letonia declara en su respuesta que: "las instituciones que participan en la gestión de los fondos de la UE trabajan con la Oficina de Contratación Pública (OCP) y el Tesoro Público a fin de organizar actividades regulares de formación para los beneficiarios en materia de contratación pública. A partir de 2012, además de la OCP, la institución responsable y la institución de cooperación efectuarán comprobaciones previas al proceso de contratación pública, a fin de reducir o prevenir las infracciones en ese ámbito"[27]. Francia declaró que, a partir del primer trimestre de 2012, el Ministerio del Interior francés organizará programas de formación sobre temas específicos (p. ej., admisibilidad y gastos). Dichos programas de formación se pondrán a disposición del personal de las autoridades de gestión tanto nacionales como regionales[28]. En el capítulo relativo a la Cohesión, el Tribunal pone también de relieve varias deficiencias detectadas en las autoridades de auditoría de los Estados miembros[29]. Los Estados miembros demostraron una clara preferencia por dos mejoras: (1) la utilización de listas de control detalladas que cubran todos los riesgos en el ámbito de la regularidad de los gastos y (2) orientaciones específicas de la Comisión respecto al alcance de las verificaciones y de los controles de auditoría que deban llevarse a cabo, así como a la notificación de los resultados. Sólo el 7 % de los Estados miembros eligieron el uso de la metodología estándar de muestreo y la reestructuración de la formación para las autoridades de auditoría. Aparte de las medidas sugeridas en el cuestionario (anexo III), los Estados miembros formularon también algunos comentarios adicionales al respecto. Algunos Estados miembros expresaron su preocupación respecto al funcionamiento de las autoridades de auditoría. Por ejemplo, Alemania destacó en su respuesta los "rigurosos requisitos" exigidos a las autoridades de auditoría, pero afirmó que, al mismo tiempo, en algunos ámbitos había cierta incertidumbre, por ejemplo, en el muestreo de las poblaciones pequeñas. Las autoridades alemanas concluían que: "La Comisión debería trabajar, en particular, en colaboración (con las autoridades de auditoría) y examinar con más detalle experiencias específicas de las autoridades de auditoría en lo que se refiere a la práctica y al contexto».[30] Las autoridades lituanas indicaron que la escasez de personal constituye un problema para sus autoridades de auditoría, y afirmaron que lo que se requería era "mejorar el nivel de cualificación de la institución de auditoría y aplicar las medidas oportunas a fin de garantizar que disminuya la rotación del personal"[31]. Por el contrario, Francia confirmó que sus autoridades de auditoría no tenían carencias que constituyeran un problema[32]. 4.2 Simplificación Respecto al tema de la simplificación, un número significativo de Estados miembros ha adoptado iniciativas destinadas a simplificar la aplicación de los programas de la UE durante el período actual de programación 2007-2013. Estonia y Portugal han reconocido la importancia de la simplificación en el contexto del Fondo Social Europeo (FSE). Estonia declaró que «en Estonia se han aplicado doce índices diferentes para el reembolso de los gastos por el FSE sobre la base de los precios unitarios normalizados[33]. Portugal también señaló que "el Sistema de Información del FSE (SIIFSE) era un instrumento clave de simplificación aplicado en Portugal en este periodo de programación»[34]. La mayoría de los países (20 en total) declararon que la normativa de la UE ofrece más posibilidades de simplificación que la normativa nacional. No obstante, un número significativo (11 en total) estaba de acuerdo en que había también posibilidades de simplificar las normas nacionales. Asimismo, tal como se indica en sus respuestas y se ilustra en el gráfico siguiente, la mayor parte de los Estados miembros recurriría al menos en una mínima medida a las cantidades a tanto alzado. Algunos Estados miembros expusieron en sus respuestas los retos de la simplificación. Por ejemplo, Irlanda manifestó que: "Una parte importante de cualquier simplificación para los gestores y los beneficiarios consiste en permitir cierta flexibilidad en la medida de lo posible. Por tanto, cualquier propuesta de simplificación de las normas de la Comisión debe ser opcional, no obligatoria. No obstante, a nivel de los Estados miembros, es necesario un equilibrio, pues un enfoque más flexible de las operaciones específicas podría suponer una simplificación para los beneficiarios pero no forzosamente una simplificación de la gestión, ya que sería necesario un mayor número de personal de gestión antes de fijar las normas generales nacionales"[35]. 5. Conclusión Las conclusiones del Informe Anual 2010 del Tribunal ofrecen el alentador resultado de que el porcentaje general de error más probable en todos los gastos de la UE es inferior al 4 %. Los resultados son particularmente positivos en el caso de las políticas gestionadas directamente por la Comisión. Políticas como investigación y otras políticas internas, ayuda exterior, desarrollo y ampliación, así como gastos administrativos y otros gastos indican una mejora continua. En el ámbito de la política de Agricultura y recursos naturales, la situación permaneció relativamente estable, con un nivel de error próximo al umbral de importancia relativa del 2 %. En el ámbito de la política de Cohesión, energía y transporte, es importante subrayar que el porcentaje de error era aún inferior a los porcentajes de la DAS de los años 2006 – 2008. Esto es un indicio de que los sistemas de gestión y control en ese ámbito político, aunque aún parcialmente eficaces, funcionan de modo más eficiente en el actual período de programación que en el período anterior. Las respuestas de los Estados miembros al informe indican que existe una tendencia constante a la mejora de la gestión de los fondos de la UE. En dichas respuestas, los Estados miembros exponen varias iniciativas adoptadas y manifiestan su compromiso de introducir nuevas mejoras. La simplificación y la formación a todos los niveles siguen siendo de la máxima importancia. Además, algunos Estados miembros presentan sugerencias complementarias con vistas a garantizar una gestión eficaz de los fondos de la UE y un procedimiento más transparente de aprobación de la gestión. [1] DO L 390 de 30.12.2006 – Artículo 143, apartado 6, del Reglamento financiero. [2] Anexo 1.1, parte 2.13. [3] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 1.11, p. 17 . [4] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 5.35, p, 149, y punto 6.48, p. 183. [5] Sistema integrado de gestión y control. [6] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 1.13, p. 17. [7] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, puntos 1.15 y 1.16, p. 19. [8] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, parte B, p. 89. [9] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, parte B, p. 90. [10] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, p. 6. [11] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, pp. 6 y 7. [12] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 2.22, p. 49. [13] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, pp. 11 a 21. [14] La Comisión observa que la mayor parte de los errores cuantificables detectados por el Tribunal eran relativamente pequeños en términos financieros y afectaban principalmente a pequeñas diferencias en la nueva medición de parcelas efectuada por el Tribunal (Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 3.19, p. 78). [15] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 3.31, p. 83. [16] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, p. 31. [17] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, pp. 31 y 32. [18] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, p. 29. [19] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, punto 3.32, p. 84. [20] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, pp. 31 y 32 [21] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 83 y 84. [22] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 71 y 72. [23] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, capítulo 4.25, p. 109. [24] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010, capítulos 4.20, 4.29, 4.26, pp. 107 a 109. [25] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 70 y 71. [26] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 65 y 66. [27] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III P 71 y 72. [28] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, p. 65. [29] Informe del TCE relativo al ejercicio de 2010 el punto 4.38, p. 115. [30] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 65 y 66. [31] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 76 y 77. [32] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, p. 65. [33] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, p. 64. [34] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 79 a 81. [35] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, anexo III, pp. 70 y 71.