ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
9. Solo se permitirán las contribuciones de miembros de un partido político europeo que tengan su sede en un Estado miembro o que sean ciudadanos de un Estado miembro. El valor total de las contribuciones de los miembros no podrá ser superior al 40 % del presupuesto anual de dicho un partido político europeo. El valor de las contribuciones de los partidos miembros que tengan su sede en un país no perteneciente a la Unión no superará el 10 % del total de las contribuciones de los miembros.

9. Se permitirán las contribuciones de miembros de un partido político europeo que tengan su sede en un Estado miembro o que sean ciudadanos de un Estado miembro , o de partidos miembros que tengan su sede en un país que pertenezca al Consejo de Europa . El valor total de las contribuciones de los miembros no podrá ser superior al 40 % del presupuesto anual de dicho un partido político europeo. El valor de las contribuciones de los partidos miembros que tengan su sede en un país no perteneciente a la Unión no superará el 10 % del total de las contribuciones de los miembros.

10. Se permitirán las contribuciones por parte de miembros de una fundación política europea que tengan su sede en un Estado miembro o que sean ciudadanos de un Estado miembro , o de organizaciones miembros que tengan su sede en un país que pertenezca al Consejo de Europa, y del partido político europeo al que esté afiliada. Las contribuciones de los miembros no podrán tener un valor total superior al 40 % del presupuesto anual de la una fundación política europea y no podrán proceder de fondos recibidos por un partido político europeo con cargo al presupuesto general de la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento. El valor de las contribuciones de las organizaciones miembros que tengan su sede en un país no perteneciente a la Unión no superará el 10 % del total de las contribuciones de los miembros.
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recuerda que las RUP son las únicas regiones dependientes de combustibles fósiles, con sistemas energéticos aislados que no pueden ser objeto de interconexión con las redes europeas y lamenta que el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) no se adapte a su situación particular; considera que las RUP deben ser incluidas en el Mecanismo para una Transición Justa y beneficiarse de medidas que apoyen su transición energética hacia combustibles limpios;
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acoge favorablemente la extensión del Pacto de los Alcaldes a la dimensión mundial y el esfuerzo por crear un marco de referencia coherente, y considera el Pacto Mundial un importante instrumento de diplomacia y de diálogo con terceros países; reconoce, además, su papel fundamental a la hora de garantizar que los esfuerzos de la UE no se vean comprometidos por la falta de ambición de los países extranjeros. No obstante, advierte que el esfuerzo de armonización del marco de referencia del Pacto a escala mundial no debe provocar su distanciamiento de las necesidades y las prácticas de los entes locales y regionales de la UE, comprometiendo su futuro éxito;
destaca el importante potencial que representa la política comercial de la UE para la consecución de los objetivos de la Unión, en particular en lo que respecta a crecimiento sostenible, aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creación de puestos de trabajo e inversión en la UE. No obstante, también entiende que la crisis de la COVID-19 no solo supone un serio golpe para las economías de Europa y el mundo, sino que desbaratará las oportunidades del comercio mundial para las pymes europeas. Según un estudio reciente de la DG Comercio, en 2020 se prevé una disminución del comercio mundial de entre el 10 % y el 16 %; para la EU-27, se prevé un descenso de entre el 9 % y el 15 % de las exportaciones a terceros países, lo que representaría una pérdida de entre 282 000 y 470 000 millones de euros ( 1 )
2. Los Estados miembros que hayan establecido la franquicia para las pequeñas empresas podrán conceder asimismo una franquicia en relación con las entregas de bienes o las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por empresas establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) el volumen de negocios anual en la Unión de esas pequeñas empresas no exceda de 100 000 EUR; b) el valor de las entregas y las prestaciones en el Estado miembro donde la empresa no esté establecida no exceda del umbral aplicable en ese Estado miembro para la concesión de la franquicia a empresas establecidas en el mismo.

2. Los Estados miembros que hayan establecido la franquicia para las pequeñas empresas podrán conceder asimismo una franquicia en relación con las entregas de bienes o las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por empresas establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) el volumen de negocios anual en la Unión de esas pequeñas empresas no exceda de 100 000 EUR; b) el valor de las entregas y las prestaciones en el Estado miembro donde la empresa no esté establecida no exceda del umbral aplicable en ese Estado miembro para la concesión de la franquicia a empresas establecidas en el mismo.
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destaca que las barreras lingüísticas siguen siendo un obstáculo importante para la cooperación transfronteriza, especialmente en las zonas fronterizas en las que no existe una tradición arraigada de cooperación. Aunque la política educativa es una competencia nacional, la UE puede influir en ella de forma significativa a través de sus programas de cooperación territorial europea. Por tanto, es particularmente importante ofrecer la flexibilidad suficiente para diseñar programas transfronterizos destinados a financiar actividades educativas, culturales y de otros tipos que unan a los ciudadanos de las regiones fronterizas. El CDR lamenta que no siempre sea así, a la vista de los objetivos de concentración temática y el énfasis en el crecimiento económico y la innovación, lo que subestima el impacto que pueda tener en la realización del proyecto europeo la cooperación entre los ciudadanos; el CDR insiste en que las autoridades encargadas de la ejecución de los programas de cooperación territorial europea deben tener libertad para decidir sobre sus prioridades de inversión, según las propias estrategias regionales de desarrollo, sin verse limitadas por acuerdos de concentración temática que podrían no encajar en su contexto transfronterizo particular;
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señala que un principio fundamental de las EMR es el de los «tres noes»: no a nuevos fondos de la UE, no a estructuras formales de la UE adicionales, no a nueva legislación. Sin embargo, en la práctica este principio ha generado cierta confusión. Por ejemplo, se han creado nuevas estructuras, como plataformas y redes de cooperación, en todas las estrategias macrorregionales, pero no pueden calificarse de estructuras formales de la UE. La aplicación de las estrategias macrorregionales depende en gran medida de fondos de la UE, que técnicamente no son nuevos pero que se han asignado a otros usos. Por otra parte, a pesar de que las EMR no deberían dar lugar a nueva legislación, sí se les debería permitir proponer legislación o modificar la existente a todos los niveles siempre que ello mejore la aplicación de las EMR;
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el estudio «The potential of closing missing links of small scale infrastructure in Europe’s border regions for growth and employment» (2) contiene un gran número de estudios de caso que reafirman esta perspectiva;
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no obstante, señala que la decisión del Consejo Europeo de aumentar el factor anual de reducción de las emisiones permitidas para la industria desde el 1,74 % en el tercer período de comercio (2013-2020) hasta el 2,20 % en el cuarto período de comercio (2021-2030), pese a continuar asignando gratuitamente derechos de emisión sobre la base de un indicador, puede dar lugar a una considerable escasez de derechos de emisión y, con ello, a cargas adicionales para el sector siderúrgico, que aquellos países competidores que no disponen de un sistema de comercio de emisiones no tienen que soportar;
6.

señala que muchas personas desplazadas de su lugar de origen se ven obligadas a vivir en campamentos de refugiados, con frecuencia en un país vecino. No todos disponen de los recursos necesarios para seguir el viaje, por ejemplo hacia Europa, independientemente de que la calidad de la acogida en ese lugar sea o no suficiente. Muchos esperan poder volver a su país o poder llevar una vida digna en un campamento de refugiados. Esto último implica servicios básicos adecuados (vivienda, alimentación, sanidad, etc.), enseñanza para los niños, trabajo e ingresos y una convivencia pacífica en el entorno nuevo;
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La idea de la educación a lo largo de toda la vida (educación permanente) constituye actualmente el punto central de la política europea de educación y empleo y, por ende, es esencial para la inclusión. En este sentido, el reconocimiento y la validación de competencias y conocimientos adquiridos a través de la educación no formal e informal constituyen uno de los postulados más importantes, cuyo efecto debe ser la flexibilización de los procesos educativos, lo que, a su vez, conducirá a una mayor movilidad laboral y empleabilidad, en particular de los jóvenes, y a la inclusión de los inmigrantes, así como a la reformulación del concepto general de educación (en particular la educación de adultos). Gracias a la validación del aprendizaje no formal e informal, la persona obtiene no solo la certificación de un determinado nivel de competencias adquiridas fuera del sistema formal, sino que también, en determinadas situaciones y manteniendo los marcos acreditativos correspondientes, obtiene la garantía de transición a otro nivel educativo.
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apunta que las estrategias macrorregionales deberán centrarse de ahora en adelante en aquellos desafíos regionales a los que los Estados miembros no puedan o tengan serias dificultades para dar respuesta en sus territorios; o que sean tan característicos de una macrorregión determinada que exijan un examen particular en el marco de una política más amplia de la UE. Por ello, las estrategias macrorregionales no deben ocuparse únicamente de intereses regionales comunes, sino que también deben proporcionar estrategias de respuesta a medida para reflejar desafíos regionales específicos. Una condición fundamental para la cooperación reside en la funcionalidad de las vías de comunicación internas de una macrorregión, un tema al que el Comité de las Regiones pide que se preste atención en la elaboración de las nuevas estrategias; otro asunto de vital importancia para el futuro de muchos territorios europeos es el reto demográfico, cuyos problemas específicos afectan a ámbitos geográficos macrorregionales;
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opina que conviene adoptar un enfoque más amplio de los criterios políticos con el fin de tener debidamente en cuenta el equilibrio y las interacciones que son necesarias entre los criterios políticos establecidos por la UE y los fijados por otros niveles de carácter nacional. La experiencia previa en el marco del programa Phare ha puesto de manifiesto que una parte de las ayudas prestadas para cumplir los criterios políticos resultó ser ineficaz por su excesiva estrechez de miras. Las ayudas no han reflejado de modo suficiente la necesidad de comprender la realidad de las interacciones existentes entre ámbitos clave, como las reformas del sector público, el desarrollo de la sociedad civil, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Además, el sistema de ayudas hacía caso omiso de la importante cuestión de que muchos de los aspectos de los criterios políticos no pueden concretarse sin que ello repercuta en los criterios económicos; por ello es importante hacer participar a los niveles locales y regionales en la determinación de prioridades del IPA de modo que las ayudas surjan de las necesidades reales; señala asimismo en este contexto que, como lo demuestra la experiencia de Croacia, si no se produce un ajuste entre las estrategias nacionales de desarrollo y las estrategias externas de los donantes pueden surgir problemas;
7.

propone que se excluya de los requisitos de notificación a los aeropuertos de las categorías C y D y que, si sólo se excluye a los de la categoría D, ésta abarque los aeropuertos que registren hasta dos millones de pasajeros anuales. La letra c del punto 92 de las directrices debe hacer referencia expresa a las exigencias específicas de cohesión territorial de los aeropuertos de las categorías C y D situados en las regiones insulares;
i)

La reducción de las emisiones atmosféricas podría lograrse no solo mediante sumideros naturales o de otro tipo, sino también con inversiones ecológicas y sostenibles. ii) La mejora de la capacidad de adaptación y de la resiliencia al cambio climático concierne a más zonas vulnerables, como las zonas costeras, etc. Por lo tanto, cabe afirmar que se trata de una cuestión esencialmente regional y local. iii) La mayoría de los ámbitos mencionados en la letra f) —en particular, los de la energía, la industria o las infraestructuras— están sujetos al procedimiento de concesión de licencias medioambientales. Este puede garantizar, en cierta medida, su concepción y funcionamiento sostenibles. Por lo tanto, es esencial disponer de un mecanismo para el seguimiento permanente y la mejora continua de su comportamiento medioambiental.
Estas transferencias no afectarán a años anteriores.

Estas transferencias no afectarán a años anteriores.

Se considerará que no son significativas y no requerirán una decisión de la Comisión por la que se modifique el programa Interreg. No obstante, deberán cumplir todos los requisitos reglamentarios. La autoridad de gestión presentará a la Comisión el cuadro revisado a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 4, letra g), inciso ii).
Los Estados miembros emprenderán en particular las acciones admisibles para un mayor porcentaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV. En caso de circunstancias nuevas o imprevistas, o a fin de garantizar la ejecución efectiva de la financiación, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 32 que modifiquen la lista de acciones admisibles para un mayor porcentaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV.

Los Estados miembros emprenderán en particular las acciones admisibles para un mayor porcentaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV. Los Estados miembros que no emprendan este tipo de acciones incluirán una explicación detallada en los programas nacionales sobre cómo piensan garantizar que su decisión no comprometa los objetivos específicos del Reglamento FAMI. En caso de circunstancias nuevas o imprevistas, o a fin de garantizar la ejecución efectiva de la financiación, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 32 que modifiquen la lista de acciones admisibles para un mayor porcentaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV.
2.

apoya los tres objetivos principales del paquete de energía limpia para todos los europeos: 1) dar preferencia a la eficiencia energética; 2) alcanzar el liderazgo mundial en fuentes de energía renovables, y 3) proporcionar condiciones equitativas a los consumidores; sin embargo, lamenta que estos objetivos no puedan alcanzarse plenamente con la legislación complementaria y las iniciativas no legislativas y que no se haya puesto énfasis suficiente en reducir el factor de dependencia de las importaciones, que refleja la proporción de todas las fuentes de energía limpia autóctonas (renovables y convencionales) en la combinación energética;
No se examinará el fundamento de la solicitud en los casos en que la solicitud no se examine de conformidad con el Reglamento (UE) n.o XXX/XXX (Reglamento de Dublín), incluido el caso de que otro Estado miembro haya concedido protección internacional al solicitante o el caso de que la solicitud sea denegada por considerarse inadmisible con arreglo al apartado 1.

No se examinará el fundamento de la solicitud en los casos en que la solicitud no se examine de conformidad con el Reglamento (UE) n.o XXX/XXX (Reglamento de Dublín), incluido el caso de que otro Estado miembro haya concedido protección internacional al solicitante o el caso de que la solicitud sea denegada por considerarse inadmisible con arreglo al apartado 1 , ni cuando, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) XXX/XXX (Reglamento de Dublín), el solicitante haya manifestado su preferencia por uno o varios Estados miembros de destino en los que, según los datos proporcionados trimestralmente por la EASO, no se haya alcanzado el umbral previsto en los artículos 7 y 35 del citado Reglamento .
Cada Estado miembro adoptará un marco de acción nacional para el desarrollo comercial de los combustibles alternativos y para sus infraestructuras, que deberá incluir la información que figura en el anexo I y contener, al menos, los siguientes elementos: — una evaluación de la situación actual de los combustibles alternativos y de su evolución futura; — una evaluación de la continuidad transfronteriza de la cobertura de las infraestructuras para los combustibles alternativos; — el marco reglamentario de apoyo para la creación de infraestructura de combustibles alternativos; — las medidas destinadas a apoyar la aplicación del marco de acción nacional; — las medidas destinadas a apoyar el desarrollo y la fabricación; — el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración; — los objetivos de desarrollo de los combustibles alternativos; — el número de vehículos impulsados por combustibles alternativos previsto de aquí a 2020, — la evaluación de la necesidad de instalar puntos de repostaje de GNL en puertos no pertenecientes a la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) principal, pero que revisten importancia para barcos que no realizan operaciones de transporte, en particular los buques pesqueros, — en su caso, los acuerdos de cooperación con otros Estados miembros de conformidad con el apartado 2.

Cada Estado miembro adoptará un marco de acción nacional para el desarrollo comercial de los combustibles alternativos y para sus infraestructuras, que deberá incluir la información que figura en el anexo I y contener, al menos, los siguientes elementos: — una evaluación de la situación actual de los combustibles alternativos y de su evolución futura; — una evaluación de la continuidad transfronteriza de la cobertura de las infraestructuras para los combustibles alternativos; — el marco reglamentario de apoyo para la creación de infraestructura de combustibles alternativos; — las medidas destinadas a apoyar la aplicación del marco de acción nacional; — las medidas destinadas a apoyar el desarrollo y la fabricación; — el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración; — los objetivos de desarrollo de los combustibles alternativos; — el número de vehículos impulsados por combustibles alternativos previsto de aquí a 2020, — la evaluación de la necesidad de instalar puntos de repostaje de GNL en puertos no pertenecientes a la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) principal, pero que revisten importancia para barcos que no realizan operaciones de transporte, en particular los buques pesqueros, — en su caso, los acuerdos de cooperación con otros Estados miembros de conformidad con el apartado 2, — los resultados que cabe esperar de la reducción de las emisiones y de la dependencia del petróleo, así como las repercusiones del uso de combustibles alternativos.
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defiende firmemente, no obstante, que los fallos de mercado no son los únicos o indispensables factores subyacentes de dichas acciones y que las intervenciones también pueden estar motivadas principalmente por un objetivo de política pública más amplio como, por ejemplo, centrarse en objetivos a largo plazo en lugar de en ganancias a corto plazo, en la consecución de objetivos medioambientales (por ejemplo, la energía limpia) o sociales (reducir la pobreza, afrontar la exclusión social), aunque tales inversiones pueden a su vez generar mercados nuevos y actividades económicas distintas (por ejemplo, el desarrollo del sector de la energía renovable, la regeneración urbana, etc.);
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sugiere, no obstante, que los representantes de otros territorios (que, sin embargo, compartan similares limitaciones y características) también podrían prestar su asistencia, si así se les pidiera, durante los análisis ex ante y evaluaciones ex post, a la Dirección General de la Comisión Europea para Política Regional, subrayando constructivamente y comparando prácticas, políticas y soluciones similares, así como generando nuevas ideas basadas en las mejores prácticas seguidas en otros territorios similares (pero no regiones ultraperiféricas);
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constata que en la propuesta que persigue ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir bibliotecas (incluidas las de las facultades universitarias), archivos y museos se debe tener en cuenta el cometido particular de estas instituciones, cuyos contenidos son de libre acceso al público; señala que al ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva se deben limitar las posibles consecuencias financieras sin imponer una importante carga administrativa a estas instituciones ni gastos adicionales significativos; subraya que, si bien las instituciones culturales no habrían de verse obligadas a digitalizar, el modelo propuesto para la fijación de tarifas superiores a los costes marginales no debería menoscabar los esfuerzos de digitalización y archivado a largo plazo desarrollados por dichas instituciones, debido a los elevados costes de la digitalización y el almacenamiento de datos, y porque reduce las posibilidades de generar beneficios;
10.

reconoce que también en el futuro próximo será inevitable contar con una cuota de combustibles fósiles en la combinación energética europea, aun cuando su cuota esté llamada a disminuir paulatinamente. Durante este tiempo, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC) pueden contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono, siempre y cuando puedan concretarse en un sistema técnicamente factible que pueda funcionar a un coste razonable y ofrecer garantías de seguridad. No obstante, sigue siendo necesario profundizar la investigación y el desarrollo en las pruebas in situ, en particular en lo que respecta a los aspectos técnicos y económicos, así como a sus repercusiones medioambientales. Con todo, el desarrollo futuro de una red transfronteriza para el transporte de dióxido de carbono exigiría que se desde ahora se adoptaran medidas a nivel europeo;
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que la eliminación de las desigualdades que aún persisten en diversas regiones de la Unión Europea y, en particular, en las regiones ultraperiféricas entre ciudadanos en materia de acceso y equipamiento es un requisito fundamental para un uso mejor de las TIC. Esto es especialmente cierto en el caso de los entes locales y regionales, puesto que no sólo existen diferencias marcadas entre las distintas regiones de un país, sino también entre los entes locales en función de su tamaño. Las ciudades pequeñas y los pueblos tienden a estar muy a la zaga en lo que se refiere a los recursos técnicos, organizativos y humanos que se requieren para ampliar el uso de las TIC. Esta es la razón por la que se ha de empezar a ofertar plataformas unificadas para la prestación de servicios locales y municipales mediante software de servicios (software as a service – SaaS). Para ello, deberán aprovecharse los últimos avances en TI como, por ejemplo, la virtualización y la computación en nube, que reducirán los costes y el tiempo necesarios para realizar proyectos. En lo esencial, esta evolución debería basarse en las plataformas ya existentes y aprovechar los programas de código abierto;