COMISIÓN EUROPEA Luxemburgo, 13.7.2022 SWD(2022) 509 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2022





























Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España que acompaña al documento Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones Informe sobre la situación del Estado de Derecho en 2022





Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2022) 500 final} - {SWD(2022) 501 final} - {SWD(2022) 502 final} - {SWD(2022) 503 final} - {SWD(2022) 504 final} - {SWD(2022) 505 final} - {SWD(2022) 506 final} - {SWD(2022) 507 final} - {SWD(2022) 508 final} - {SWD(2022) 510 final} - {SWD(2022) 511 final} - {SWD(2022) 512 final} - {SWD(2022) 513 final} - {SWD(2022) 514 final} - {SWD(2022) 515 final} - {SWD(2022) 516 final} - {SWD(2022) 517 final} - {SWD(2022) 518 final} - {SWD(2022) 519 final} - {SWD(2022) 520 final} - {SWD(2022) 521 final} - {SWD(2022) 522 final} - {SWD(2022) 523 final} - {SWD(2022) 524 final} - {SWD(2022) 525 final} - {SWD(2022) 526 final} - {SWD(2022) 527 final}



Resumen El sistema judicial español ha seguido experimentando importantes cambios. El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 continúa siendo motivo de preocupación. Ante esa situación, se han reiterado los llamamientos para que se modifique el sistema de nombramiento de sus vocales en consonancia con las normas europeas, de forma que al menos la mitad de los jueces y magistrados que lo componen sean elegidos por sus homólogos. Se han aprobado enmiendas legislativas que aumentan la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, pero persiste cierta inquietud ante la coincidencia temporal en el mandato de ambos. La Comisión de Ética Judicial emitió un dictamen sobre las obligaciones deontológicas de los jueces y magistrados que retoman sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político. Se está avanzando en cuanto a la calidad del sistema judicial gracias, por ejemplo, a medidas que facilitan el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Sigue avanzando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley reguladora del derecho de defensa. La digitalización de la justicia ha progresado a muy buen ritmo y se están subsanando las deficiencias existentes. Prosiguen los esfuerzos para hacer frente a las dificultades relacionadas con los recursos del poder judicial. La duración de los procesos judiciales sigue suponiendo un problema, pero se están elaborando proyectos legislativos destinados a aumentar la eficiencia del sistema judicial. España sigue aplicando una serie de medidas para enfrentarse a la corrupción y prevenirla. Se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y disminución de la corrupción. Pese a que se han ampliado los recursos de la Fiscalía, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel no han dejado de ser motivo de preocupación, pues los procesos siguen siendo largos y complejos. Por lo que se refiere a la prevención de la corrupción, España sigue desarrollando un sólido marco de integridad para la Administración Pública con el que se aspira, en particular, a prevenir los conflictos de intereses y fijar normas de incompatibilidad. El Gobierno está ultimando el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de interés y el proyecto de Ley sobre Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público. Se espera, además, que el Gobierno apruebe el proyecto de Ley sobre la protección de los alertadores. La Oficina de Conflictos de Intereses ha reforzado su papel, proporcionando directrices e impartiendo actividades de formación sobre ética a los funcionarios públicos. El marco legislativo general de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable. Se ha promulgado una ley dirigida a transponer la modificación de 2018 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que incluye nuevas disposiciones legislativas sobre la transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales. Sin embargo, persisten ciertos escollos en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación escritos y a la autonomía operativa y los recursos del organismo regulador del sector audiovisual. Se está trabajando para reforzar el acceso a la información. El Gobierno ha seguido aplicando un acuerdo con el que se persigue facilitar el trabajo de los profesionales de la información, pese a lo cual los periodistas han seguido enfrentándose a ciertos problemas. Las Cortes nombraron a los miembros de algunos órganos constitucionales con peso en el sistema de contrapoderes institucionales, incluido el Defensor del Pueblo, lo que puso fin a los importantes retrasos acumulados. El Tribunal Constitucional dictó dos sentencias en las que anulaba las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19. Están en curso varias iniciativas destinadas a aumentar la participación pública en la elaboración de políticas y a reforzar la cooperación entre la Administración Pública y la sociedad civil. Se está tramitando en las Cortes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sigue suscitando preocupación, particularmente entre la sociedad civil. Se han emprendido actividades destinadas a promover una cultura de primacía de la ley, como la organización de un programa de formación sobre el sistema de justicia español destinado a periodistas. Recomendaciones Además de recordar los compromisos realizados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuanto a ciertos aspectos del sistema judicial, se recomienda a España que: ·refuerce el estatuto del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal; ·proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación, una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia; ·continúe las labores necesarias para presentar una iniciativa legislativa sobre los grupos de presión, con especial atención a la creación de un registro público obligatorio de dichos grupos; ·tome medidas para hacer frente al problema de la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, para así aumentar la eficiencia de la sustanciación de los casos de corrupción de alto nivel; ·garantice que la autoridad reguladora de los medios de comunicación audiovisuales disponga de recursos suficientes, para así reforzar su eficacia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los reguladores de los medios de comunicación, especialmente en lo que se refiere a que cuenten con recursos adecuados a sus funciones; ·mejore el acceso a la información, especialmente mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales. I.Sistema judicial El sistema judicial español está compuesto por órganos jurisdiccionales de competencia genérica y especializados y se estructura en consonancia con la organización territorial del Estado. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes del Derecho. El Consejo General del Poder Judicial, establecido por la Constitución Española, es el órgano de autogobierno del poder judicial y garantiza la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces y magistrados. No forma parte, en sí mismo, del sistema judicial. Ejerce una función disciplinaria y es competente para nombrar, trasladar y ascender a los jueces y magistrados, así como responsable de su formación y designación. El Ministerio Fiscal está integrado en el poder judicial pero dispone de autonomía funcional; su misión es promover la justicia en defensa de la ley, los derechos de los ciudadanos y el interés general. El fiscal general del Estado es nombrado por el jefe del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. España participa en la Fiscalía Europea. La abogada general del Estado es una alta funcionaria del Ministerio de Justicia encargada de dirigir el Servicio Jurídico del Estado y su relación con organismos, entidades y órganos nacionales y extranjeros. Los colegios de abogados son corporaciones de Derecho público que agrupan a estos profesionales, actúan con independencia respecto de la Administración Pública, no dependen de los presupuestos públicos y su patrimonio no es público. Tienen competencias para la organización de la profesión y la deontología profesional, y aprueban su propio código deontológico. Independencia La valoración de la independencia judicial en España sigue siendo baja entre la ciudadanía y es actualmente media entre las empresas. En total, el 38 % de la ciudadanía y el 41 % de las empresas perciben que el nivel de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces es «bastante bueno o muy bueno» en 2022. De los datos del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 no se desprende una tendencia clara en la evolución del nivel percibido de independencia desde 2016. La percepción de la independencia judicial entre la ciudadanía se mantiene en el mismo nivel que en 2021. La valoración de la independencia judicial entre las empresas ha aumentado en comparación con 2021 (39 %), así como con 2016 (33 %). El retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial continúa siendo motivo de preocupación. El Consejo General del Poder Judicial viene ejerciendo sus funciones ad interim desde diciembre de 2018. Esta situación suscita preocupación ante la posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización, como ya se indicaba en los Informes sobre el Estado de Derecho en 2020 y 2021. Se han reiterado los llamamientos para proceder a su renovación con carácter urgente y la actual situación ha sido descrita por las principales partes interesadas como insostenible y anómala. Tras la reforma de marzo de 2021, en la que se especifica el régimen provisional del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo en funciones no puede nombrar a los cargos judiciales de mayor rango. El 24 de junio de 2022, el Gobierno presentó una reforma que permite al Consejo General del Poder Judicial proceder al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo publicó el 18 de octubre de 2021 un informe sobre las consecuencias de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Ese informe concluye que el Tribunal Supremo está ejerciendo sus funciones con un 14 % menos de magistrados de lo que requiere la ley, lo que podría suponer unas 1 000 sentencias menos al año y, por tanto, socavaría la eficiencia de la justicia. En el contexto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se han reiterado los llamamientos para que se modifique el proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, de forma que sean sus homólogos quienes los elijan. También han reiterado las partes interesadas sus llamamientos para que se modifique el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en consonancia con las normas europeas, de modo que al menos la mitad de ellos sean jueces y magistrados elegidos por sus homólogos. En una declaración conjunta de 13 de septiembre de 2021, las cuatro asociaciones judiciales principales coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de modo que la mayoría de ellos sea elegida por sus homólogos, aunque discreparon en cuanto al calendario de dicha reforma. La proposición de ley sobre la reforma del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en la que se proponía que sus vocales jueces y magistrados fueran elegidos directamente por sus homólogos, no obtuvo en las Cortes el apoyo suficiente para iniciar la andadura legislativa.

Se ha establecido un nuevo régimen disciplinario para los fiscales, aunque persisten dudas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía con respecto al Gobierno. En mayo de 2022, el Gobierno aprobó el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal. En él se establece un marco reglamentario para los procedimientos disciplinarios de los fiscales, atendiendo la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El régimen es similar al aplicable a los jueces y magistrados. El procedimiento disciplinario se basa en los principios de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, de contradicción, de proporcionalidad y de culpabilidad. Contempla también las causas de abstención y recusación y establece la obligación de notificar la resolución de apertura a quien haya presentado la denuncia o queja correspondiente. Además, introduce el cargo de fiscal promotor de la acción disciplinaria. En abril de 2022 se presentó a las Cortes un conjunto de enmiendas legislativas que establecen una mayor regulación de las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. De aplicarse, podrían introducir un cambio positivo que respondería tanto a las preocupaciones planteadas en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 como a las expresadas por el GRECO. Las partes interesadas han señalado que sigue siendo necesaria una reforma más amplia del estatuto del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a la coincidencia temporal entre su mandato y el del Gobierno. Este último aspecto ha recibido algunas críticas provocadas, en particular, por el hecho de que el mandato del fiscal general del Estado finalice al mismo tiempo que el del Gobierno, lo que puede afectar a la percepción de la independencia. La propia fiscal general del Estado ha insistido públicamente en la necesidad de reformar el Estatuto de la Fiscalía. La Comisión de Ética Judicial emitió un dictamen sobre las obligaciones deontológicas de los jueces y magistrados que retoman sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político. Si bien es cierto que existen normas que requieren que el juez o magistrado notifique su nueva adscripción temporal a un órgano específico y normas generales sobre las causas de abstención y recusación de los jueces y magistrados, no existen reglas específicas que establezcan salvaguardias relativas a la adscripción temporal de los jueces y magistrados a los poderes ejecutivo o legislativo. Según lo dispuesto, los jueces y magistrados siguen adquiriendo antigüedad en el escalafón mientras ocupan cargos políticos. Como ya reflejaba el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, algunas partes interesadas han criticado esta situación, ya que plantea dudas desde el punto de vista de la separación de poderes y en relación con la independencia e imparcialidad requeridas de los jueces y magistrados, tanto en el fondo como en la forma. A este respecto, la Comisión de Ética Judicial ha publicado un dictamen no vinculante sobre los deberes éticos de jueces y magistrados que retornan al ejercicio de la jurisdicción tras el desempeño de cargos de naturaleza política. El dictamen se centra en las funciones como parte de las cuales llevan a cabo actuaciones en las que se les puede reconocer como jueces y magistrados, no solo en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino también en todas las demás facetas del cargo. También indica que, cuando los jueces y magistrados retoman sus funciones judiciales, es preciso hacer un esfuerzo explicativo o pedagógico suplementario que refuerce la confianza en el sistema judicial, con el fin de evitar la percepción de que los poderes ejecutivo o legislativo se inmiscuyen en las decisiones del poder judicial. Algunas partes interesadas han expresado su preocupación ante las declaraciones públicas efectuadas por políticos, algunos de ellos diputados, senadores y miembros del Gobierno, en relación con determinados miembros del poder judicial. En noviembre de 2021, las cuatro asociaciones judiciales principales publicaron un comunicado conjunto en el que solicitaban a los políticos que se abstuvieran de cualquier comentario que pudiera menoscabar la independencia judicial. En él se destacaba, en particular, que se ha pasado de criticar sentencias concretas a criticar a los jueces y magistrados que las dictan. El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 18 de marzo de 2022, argumentó que, si bien este tipo de declaraciones públicas está protegido por el derecho a la libertad de expresión, es importante que los representantes electos que ejerzan responsabilidades institucionales den muestra de prudencia a la hora de expresar sus opiniones. De acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. Calidad Se han aplicado nuevas medidas que facilitan el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. En septiembre de 2021 entró en vigor una ley para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La ley establece un nuevo sistema más respetuoso con la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y ofrece garantías jurídicas para evitar posibles abusos. Las partes interesadas consideraron que esta reforma es un paso hacia adelante que contribuye a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Además, el 13 de enero de 2022 se creó una unidad dentro del Centro Documental del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) que garantiza el acceso de las personas con discapacidad a las aplicaciones digitales del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española impartió un curso para abogados sobre la protección jurídica de las personas con discapacidad, con el fin de promover la creación de turnos de asistencia jurídica gratuita para estas personas. Prosigue la labor de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En julio de 2021, la Fiscalía General del Estado publicó un informe técnico sobre el proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se había presentado el 24 de noviembre de 2020. El informe aplaude esa reforma y, en particular, los cambios en el sistema de instrucción judicial, cuya dirección correspondería a los fiscales y no a los jueces de instrucción como ocurre en la actualidad. Sin embargo, el informe también señalaba algunos aspectos que quizá contribuyan a dilatar la duración de los procesos. Ante esa situación, el Ministerio de Justicia suspendió los debates sobre el proyecto de ley presentado y creó un grupo de trabajo especial para debatir un nuevo proyecto de ley que suscite un amplio consenso entre las partes interesadas. Está previsto que el grupo de trabajo publique sus conclusiones en junio de 2022. Se están aplicando medidas para cubrir las necesidades de recursos del sistema judicial. El número de jueces y magistrados por habitante sigue siendo uno de los más bajos de la UE. Dada esta situación, el Gobierno tiene programada la creación de 70 nuevas plazas para finales de 2022. Además, el presupuesto total asignado al sistema de justicia ha aumentado un 7 % en comparación con 2020. Por otra parte, se ha expresado cierta inquietud ante la dificultad que supone cubrir las plazas vacantes en algunas Comunidades Autónomas españolas, para las que a menudo se recurre a jueces sustitutos y magistrados suplentes. En diciembre de 2021, el Gobierno anunció un programa para opositores de las carreras judicial y fiscal, que ofrece 245 becas y tiene un presupuesto total de 1 619 940 EUR. El principal objetivo de ese programa es reducir los efectos de las barreras socioeconómicas que limitan el acceso a dichas carreras. El uso de herramientas informáticas está bien asentado y se están tratando de resolver algunas deficiencias de la digitalización de la justicia, como las que afectan a la interoperabilidad. Como ya reflejaba el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, el uso de herramientas informáticas en el sistema judicial está muy extendido. El Gobierno está trabajando en una ley de eficiencia digital que promovería el uso de expedientes electrónicos, la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y el uso de soluciones digitales para sustanciar y seguir los procesos judiciales. Las deficiencias relativas a la interoperabilidad de los sistemas de gestión utilizados en las distintas Comunidades Autónomas, que se mencionaban en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, se están abordando en el contexto de la mejora del ecosistema digital de la Administración Pública. En particular, es ya posible la transmisión de expedientes entre las Comunidades Autónomas donde la gestión del sistema judicial corre a cargo del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias y Madrid. Actualmente, este proceso se efectúa a través de una herramienta independiente en el marco del proyecto denominado «hub de Interoperabilidad Judicial»; las próximas fases del proyecto supondrán una mayor interoperabilidad entre los sistemas informáticos. Están previstas nuevas inversiones en digitalización de la justicia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. El Gobierno está elaborando un proyecto de ley sobre el derecho de defensa. El Gobierno está elaborando un proyecto de ley sobre el derecho de defensa que recoge, en un único documento, los diferentes aspectos del derecho de defensa, actualmente dispersos en una serie de leyes especializadas. También establece garantías adicionales al derecho a una tutela judicial efectiva e incorpora sugerencias del Consejo General de la Abogacía Española y otras partes interesadas. Eficiencia Están aumentando los retos que afectan a la eficiencia del sistema judicial, como, por ejemplo, los debidos a la pandemia de COVID-19. El plazo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos en primera instancia aumentó de 274 días en 2019 a 349 días en 2020, posiblemente como resultado de la citada pandemia. Además, el plazo de tramitación de los asuntos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo ha aumentado considerablemente desde 2019, llegando a 888 días (en 2019 eran 681 días). La tasa de resolución de los contenciosos civiles y mercantiles disminuyó en 2020 al 89,8 % y actualmente es una de las más bajas de la UE. Como dato positivo, la tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles en segunda instancia ha aumentado del 93,0 % al 116,9 % y el plazo de tramitación se ha reducido de 279 a 227 días. Además, la tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia ha aumentado del 92,2 % al 99,5 %. No obstante, el número de asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos pendientes de resolución sigue siendo muy elevado y ha seguido aumentando de forma constante. Algunas partes interesadas expresaron su preocupación por la eficiencia del sistema de justicia español, especialmente en lo que respecta a las deficiencias del sistema procesal vigente. El Gobierno ha presentado varias iniciativas legislativas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial. En abril de 2022, las Cortes iniciaron los debates sobre las Leyes de Eficiencia Organizativa y Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Como refleja el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, ambos proyectos de ley tienen por objeto reducir la duración de los procedimientos en los cuatro órdenes jurisdiccionales, sin menoscabo de las garantías procesales de los ciudadanos. La aprobación de estas propuestas legislativas son hitos que figuran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. II.Marco de lucha contra la corrupción En España, la Fiscalía Especial contra la Corrupción es responsable de la investigación, detección y enjuiciamiento de los delitos de corrupción con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todas las unidades adjuntas —de la Policía Nacional y de la Guardia Civil— y las unidades de apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contribuyen con el trabajo analítico. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hace un seguimiento de las medidas de lucha contra el fraude y lleva a cabo investigaciones a escala nacional, aunque varias Comunidades Autónomas disponen de sus propias oficinas de lucha contra el fraude en sus respectivos territorios. La Oficina de Conflictos de Intereses supervisa las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos y los cargos políticos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa las normas de transparencia, acceso a la información pública y buena gobernanza, papel que en algunas Comunidades Autónomas desempeñan Consejos autonómicos. El Tribunal de Cuentas se encarga de la auditoría de la actividad financiera y económica y de la contabilidad regular de los partidos políticos, así como de las contribuciones recibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Los expertos y la comunidad empresarial perciben que la corrupción en el sector público se mantiene en un nivel relativamente bajo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 de Transparencia Internacional, España obtuvo una puntuación de 61/100, de forma que ocupa el 10.º lugar en la Unión Europea y el 34.º en todo el mundo. Esta percepción ha mejorado durante los últimos cinco años. Según el Eurobarómetro especial sobre corrupción de 2022, el 89 % de los encuestados considera que la corrupción está extendida en su país (la media de la UE es del 68 %), y el 46 % de ellos cree que la corrupción afecta personalmente a su vida diaria (la media de la UE es del 24 %). Por lo que respecta a las empresas, el 86 % de ellas opina que la corrupción está muy extendida (la media de la UE es del 63 %) y el 59 % considera que la corrupción supone un problema para la actividad empresarial (la media de la UE es del 34 %). Además, el 32 % de los encuestados considera que el número de condenas de corrupción tiene un efecto disuasorio suficiente (la media de la UE es del 34 %), mientras que el 11 % de las empresas cree que los particulares y las empresas procesados por cohecho activo de un funcionario superior son castigados con la pena adecuada (la media de la UE es del 29 %). Se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y disminución de la corrupción. También se está aplicando un conjunto de medidas en el marco de la Estrategia contra el Crimen Organizado 2019-2023. La Estrategia tiene por objeto minimizar los riesgos de corrupción mediante el aumento de la transparencia y la eficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de investigación de los delitos relacionados con la corrupción. Con este fin, dos planes estratégicos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, actualmente en curso de ejecución, incluirán objetivos específicos de mejora de los indicadores de riesgos de corrupción que permitan detectar y combatir mejor este tipo de delitos, por ejemplo, el porcentaje de investigaciones que han desembocado en un juicio sobre el total de investigaciones públicas de corrupción. En marzo de 2022, el Ministerio del Interior aprobó el Tercer Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, de lucha contra el narcotráfico, centrado en la represión de la corrupción y otros delitos económicos. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en estrecha colaboración con la autoridad de auditoría, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), está elaborando una Estrategia Nacional de Lucha contra el Fraude. La preparación de esta Estrategia se apoya en un proyecto financiado por la UE con la asistencia técnica de la OCDE y centrado en la mejora de la rendición pública de cuentas, la promoción del uso de datos y el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas . Además, se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y reducción de la corrupción. Están en fase de aplicación varias iniciativas destinadas a aumentar la integridad en el sector público. Incluyen directrices de conducta para los empleados públicos y los altos funcionarios, modelos de mapas de riesgo dentro de las organizaciones, modelos de evaluación del carácter ético del entorno, modelos de comités éticos, guías para el establecimiento de canales internos de denuncia, guías para la gestión de «buzones éticos» institucionales, actividades y medios de formación y difusión y mecanismos de seguimiento, evaluación y reforma del sistema. El Gobierno está evaluando actualmente los sistemas de integridad de la Administración Pública con el propósito de elaborar y aplicar códigos de conducta que fijen normas comunes para prevenir la corrupción en los cargos públicos. El enfoque escogido consiste en implantar códigos elaborados en función de las características, los riesgos y las especificidades de cada servicio público, con el objetivo de desarrollar estrategias de seguimiento. Además, para reforzar la integridad en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en febrero de 2022 se creó una nueva Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos. Esa Oficina tiene por objeto promover la integridad profesional y ética de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la aplicación de las normas por las que se rige el personal general de la Administración y, en particular, de sus respectivos códigos deontológicos. La duración de los procedimientos de investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción sigue siendo motivo de preocupación, en particular en lo que se refiere a los casos de corrupción de alto nivel. Los delitos de cohecho y fraude y el tráfico de influencias en la Administración Pública siguen suponiendo los principales riesgos de corrupción grave en España. El número de procesos incoados por corrupción ascendió a 53 en 2021. Además, de todos los juicios por delitos de corrupción sustanciados en el transcurso de 2021, 44 dieron lugar a condenas o condenas parciales y 21 a absoluciones. El Gobierno ha asignado nueve puestos adicionales a la Fiscalía Anticorrupción, que es competente para dos grandes ámbitos delictivos, a saber, los delitos económicos y los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones oficiales. Con este aumento, la Oficina ha alcanzado un total de 29 fiscales a nivel nacional, así como 30 fiscales delegados a nivel autonómico. Además, se organizaron sesiones de formación específicas sobre corrupción para mejorar la investigación de los delitos económicos y la corrupción. Sin embargo, como ya destacaba el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel siguen siendo procesos largos y dilatados, lo cual es motivo de preocupación. Esta falta de eficiencia en la resolución de los casos de corrupción de alto nivel se debe en gran medida a la falta de fondos y de conocimientos especializados adecuados, a pesar de los esfuerzos realizados en materia de formación . La falta de comunicación entre los distintos fiscales anticorrupción también se considera una deficiencia. El Gobierno confía en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contribuya a resolver estas cuestiones. Se han reforzado los recursos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, el acceso público a la información y la buena gobernanza, ha recibido financiación adicional y su presupuesto para 2021 aumentó un 4,7 % en comparación con 2020. En términos de recursos humanos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también ha contratado a cuatro técnicos adicionales y a dos administrativos. Además, se ha instalado ya un nuevo sistema de gestión de documentos que agilizará el procedimiento de reclamación gracias a una relación más fluida entre todas las partes implicadas (como los ciudadanos y las instancias autonómicas y locales de transparencia) y a una reducción de los trámites. Aunque ha acogido con satisfacción el refuerzo de los recursos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha subrayado que, ante la tendencia de aumento de la carga de trabajo que se experimenta desde 2019, se requerirán esfuerzos adicionales para garantizar el correcto desempeño de sus funciones, observación que también ha realizado el GRECO. Las normas de ética e integridad de los funcionarios están siendo modificadas con el fin de mejorar las reglas sobre conflictos de intereses. Como ya reflejaba el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, uno de los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto es reforzar el sistema de prevención de conflictos de intereses e incompatibilidades de los empleados de todas las administraciones públicas. Actualmente, el Gobierno está ultimando el proyecto de ley sobre incompatibilidades que afina las normas sobre conflictos de intereses. De prosperar ese proyecto, la ley se aplicaría a todos los funcionarios y demás empleados públicos. Aunque la Oficina de Conflictos de Intereses sigue supervisando y aplicando las normas sobre conflictos de intereses y el sistema de declaración de patrimonio por parte de altos funcionarios y miembros del Gobierno, el GRECO ha insistido en el refuerzo de la independencia y la autonomía de la Oficina. Se está preparando, además, un proyecto de ley relativo al régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil , cuya adopción está prevista para 2023. Esta nueva norma actualizará y ampliará el régimen vigente . Por lo que respecta al patrimonio, anualmente se realiza una publicación sistemática de las declaraciones de patrimonio por medios digitales. La información se recoge en nuevos formularios que contienen un mayor número de categorías y permiten indicar importes globales de bienes inmuebles, depósitos bancarios, acciones y participaciones en sociedades, seguros de vida y planes de jubilación, otros activos financieros y derechos de propiedad, y pasivos. A continuación, los formularios individuales se reúnen en un documento único que se publica en el BOE y que también está disponible en línea. El GRECO acogió con satisfacción estas novedades.

Se está avanzando en la preparación de un proyecto de ley sobre los grupos de presión, que contribuiría a reforzar la transparencia de los contactos entre los funcionarios de alto nivel y estos grupos. En la actualidad, la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en España. El Gobierno ha progresado recientemente en su empeño de promulgar legislación en la materia. A raíz de los resultados de la consulta pública mencionada en el Informe de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Integridad del Foro de Gobierno Abierto ha avanzado en la elaboración del proyecto de ley, que está previsto presentar a las Cortes en los próximos meses de 2022. Un logro esencial de ese proyecto sería el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de interés. [Se espera que el proyecto de ley abarque, entre otros aspectos, los relacionados con la definición de grupos de interés; los deberes y las obligaciones de los miembros y representantes de estos grupos; un código de conducta aplicable a los miembros de los grupos de presión; limitaciones de las «puertas giratorias» entre altos funcionarios y grupos de interés, y sanciones. La aprobación de este proyecto de ley vendría a complementar otras medidas positivas ya aprobadas por las Cortes, como la publicación de los contactos de los diputados con terceros. Está pendiente de aprobación por el Gobierno una nueva ley de protección de informantes que, se espera, armonice la legislación nacional con el régimen del Derecho de la Unión. España no dispone aún de legislación específica que garantice la protección de quienes denuncian delitos (como la corrupción). El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros recibió un informe sobre el proyecto de ley que transpone la Directiva (UE) 2019/1937, para lo cual aumenta los niveles de protección de quienes denuncian casos de corrupción y otras irregularidades. El ámbito de aplicación de esta ley incluye las vulneraciones de la normativa nacional, lo que trasciende del ámbito de aplicación material de la Directiva (UE) 2019/1937. El Tribunal de Cuentas ha formulado recomendaciones destinadas a reforzar el marco jurídico que regula la financiación de los partidos políticos. El 27 de julio de 2021, el Tribunal de Cuentas publicó un dictamen sobre la financiación y las actividades económicas y financieras de los partidos políticos. Ese dictamen incluye una serie de recomendaciones relacionadas, entre otros aspectos, con las donaciones privadas, las nuevas formas de financiación de los partidos —como la microfinanciación participativa y los micropréstamos— y los avances en materia de localización del origen y el destino de la financiación privada, así como aclaraciones sobre la categorización de los gastos electorales sujetos a reembolso; recomienda, por ejemplo, garantizar la debida aplicación de las normas sobre donaciones para actividades electorales y ordinarias o limitar las donaciones en efectivo para poder documentar el origen de las donaciones. Además, el 27 de enero de 2022, el Tribunal de Cuentas solicitó formalmente a las Cortes que reformaran la Ley Orgánica que regula la financiación de los partidos políticos, en particular en lo que respecta a los umbrales aplicables a las sanciones y al impacto desproporcionado en los partidos políticos pequeños, que actúan principalmente a nivel local. Se han realizado esfuerzos para sopesar los riesgos de fraude y enfocar con mayor precisión las actividades de control relacionadas con el gasto. En 2021, la Inspección General de la Administración del Estado llevó a cabo un proyecto específico, con el apoyo de la OCDE, sobre la evaluación de los riesgos de fraude y la orientación específica de las actividades de control del gasto destinado a la financiación de la recuperación económica, que se espera también contribuya a la lucha contra la corrupción, ya que ambos aspectos están interrelacionados. De forma global, el proyecto debería también reforzar la supervisión y el control de las actividades relacionadas con la corrupción. Desde un punto de vista más concreto, el proyecto desarrolló técnicas de aprendizaje automático para mejorar las evaluaciones de riesgo de fraude existentes, aprovechando el uso de datos para detectar riesgos de fraude vinculados a ayudas y subvenciones públicas. El proyecto dio lugar a un modelo de detección de riesgos, desarrollado mediante series de datos específicas, y a una cartografía de las series de datos que deben utilizarse en el futuro. El proyecto evaluó también las condiciones previas para la adopción, por parte de la IGAE, de métodos avanzados de análisis y evaluación de riesgos basados en datos que incluyan formas de mejorar la gobernanza y la gestión de datos . III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación La Constitución consagra los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación. El marco legislativo general relativo a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable en España. Un organismo regulador independiente múltiple, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), asume la función de regulador audiovisual. Se ha aprobado la Ley de Comunicación Audiovisual, que atribuye nuevas competencias a la autoridad reguladora del sector audiovisual, aunque persiste cierta inquietud en cuanto a sus recursos. El proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual fue aprobado por las Cortes el 26 de mayo de 2022. Según establece esa Ley, se atribuirán nuevas competencias a la Subdirección de Audiovisual de la CNMC. Entre estas nuevas competencias se incluyen la supervisión de las plataformas de intercambio de vídeos, el control del cumplimiento de la misión de servicio público del organismo público de radiodifusión nacional, las nuevas obligaciones de información en materia de alfabetización mediática y la supervisión de los servicios de radio a la carta («pódcast»). Sin embargo, la Ley no atiende el requisito de adecuación de los recursos que establece la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Las partes interesadas, incluida la propia CNMC, han señalado que es una cuestión problemática, como también indicaba el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. También subsisten ciertas dudas en cuanto a la autonomía operativa de la CNMC en los aspectos organizativos y funcionales como la contratación, los salarios o el número de empleados. Tres comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña y Valencia) han establecido entidades reguladoras independientes, mientras que otras han optado por otros mecanismos de regulación, como la inserción de esas entidades en las Consejerías y los Departamentos. La Ley incluye disposiciones por las que se crea un grupo de autoridades reguladoras del sector audiovisual, compuestas por representantes a nivel nacional y autonómico, con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos especializados y prácticas idóneas de aplicación de la legislación en materia de comunicación audiovisual. Aunque se han adoptado nuevas disposiciones legales sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, persisten ciertos problemas. Como se indicaba en los Informes sobre el Estado de Derecho en 2020 y 2021, los datos sobre la propiedad son públicos pero no exhaustivos (se dispone solo de los correspondientes a la radio y la televisión) y no es fácil determinar la titularidad de cada empresa. España dispone de un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, al que los ciudadanos pueden acceder gratuitamente y que recoge información sobre los titulares de participaciones significativas en el capital social de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En consonancia con las disposiciones de la última versión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, la Ley de Comunicación Audiovisual establece que las plataformas de intercambio de vídeos deben registrarse en dicho Registro Estatal, indicando las participaciones significativas en el capital social de los prestadores de servicios, y exige que estos publiquen en sus páginas web la información relativa a las cuotas de propiedad y la responsabilidad editorial. La supervisión del cumplimiento de estas obligaciones se ha encomendado a la CNMC. Sin embargo, el Registro no es responsabilidad del regulador, sino del Ministerio de Economía. El marco jurídico de la publicidad institucional es variado y complejo, y se ha reclamado una distribución más equitativa de la publicidad institucional. Además de la legislación relativa a la Administración Estatal de la que habla el Informe de 2020, trece leyes autonómicas regulan la publicidad institucional en las CC. AA. Los principios básicos comunes aplicables a todas las administraciones se establecen en la Ley nacional de Publicidad y Comunicación Institucional, Los medios de comunicación independientes han instado al Gobierno a que proteja la pluralidad y la calidad de la información mediante una distribución más equitativa de la publicidad institucional, garantizando que esta beneficie a los medios que proporcionan información de servicio público con arreglo a criterios profesionales de calidad. El entorno regulador vigente sustenta unos medios de comunicación de servicio público independientes e imparciales. La emisora de radio y televisión estatal, RTVE (Radio Televisión Española), coexiste con numerosos medios de comunicación públicos autonómicos y locales. La Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal determina las competencias, el sistema de designación de cargos y otros aspectos del funcionamiento de RTVE, mientras que los medios de comunicación públicos autonómicos y locales se rigen por la legislación pertinente a esos niveles. La Ley define los medios de comunicación de servicio público como «un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas» entre cuyos objetivos figura el de «promover el pluralismo». La gestión de RTVE es responsabilidad de un Consejo de Administración de diez miembros elegidos por las Cortes, por mayoría de dos tercios, con un mandato de seis años no renovable. Los candidatos deben ser profesionales suficientemente cualificados. El Tribunal de Cuentas es responsable del control financiero de RTVE. La Ley establece también las incompatibilidades y los motivos del cese de los miembros del Consejo de Administración, quienes deben abstenerse de actuar siguiendo instrucciones de otras instituciones o intereses políticos. Otros dos órganos completan la estructura de gobierno de RTVE: el Consejo Asesor, con dieciséis representantes de organizaciones de la sociedad civil, que representan los intereses plurales de la sociedad, y el Consejo de Informativos, un órgano interno en cuyo seno los periodistas de RTVE supervisan la independencia, la objetividad y la veracidad de las noticias. Durante la pandemia de COVID-19 se desembolsó una ayuda financiera especial a las televisiones digitales terrestres. La ayuda se concedió excepcionalmente a las televisiones digitales terrestres, que son las que cubren las zonas rurales. La ayuda fue aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo de Ministros tras la notificación de las ayudas estatales a la Comisión. Se sigue trabajando en varias iniciativas para ampliar el acceso a la información. La Comisiónpara revisar la Ley sobre secretos oficialesprosiguió su labor, que prevé culminar al final de 2022. Se espera que la actualización de esa Ley facilite el acceso a la información oficial a los periodistas y al público en generalConvenio de Tromsø Los periodistas han seguido enfrentándose a ciertas dificultades en el ejercicio de su actividad profesional. Como ya se indicaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, el Gobierno ha seguido aplicando el Convenio firmado en diciembre de 2020 entre el Ministerio del Interior, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. El objetivo de ese Convenio es facilitar el trabajo de los profesionales de la información en lugares y tras acontecimientos que puedan dar lugar a situaciones de violencia. La aplicación del Convenio ha recibido una valoración global positiva.Se ha expresado cierta inquietud en relación con las llamadas «demandas estratégicas contra la participación pública» , ya que algunos delitos afectan a los principios de la libertad de expresión y se está haciendo un uso posiblemente indebido del delito de revelación de secretos contra quienes denuncian casos de corrupción.. IV.Otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales España es una monarquía parlamentaria con un parlamento bicameral. Es, además, un Estado unitario descentralizado en el que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas y competencias compartidas. El Tribunal Constitucional es exclusivamente competente para controlar la constitucionalidad de las leyes, así como para resolver los recursos de amparo por vulneración de los derechos fundamentales y para conocer de los posibles conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Las dos Cámaras de las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, tienen competencias legislativas, que pueden delegar en el Gobierno con determinados límites. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, el Congreso y el Senado, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y los grupos formados como mínimo por 500 000 ciudadanos. Las Cortes designaron a los miembros de diversos órganos constitucionales, poniendo con ello fin a un importante retraso. En octubre y noviembre de 2021, las Cortes procedieron al nombramiento de los miembros de una serie de órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo, un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional y la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas. El nombramiento de estos cargos ha sido acogido con satisfacción tras una larga demora. La Comisión de Venecia destacó la importancia de exigir mayorías cualificadas para el nombramiento de los miembros de las instituciones constitucionales, pero advirtió del riesgo de bloqueo y recomendó el diseño de mecanismos eficaces y sólidos para minimizarlo. El Tribunal Constitucional se pronunció en cuanto a la constitucionalidad de las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19. Como ya se señalaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, el Tribunal Constitucional dictó el 14 de julio de 2021 una sentencia sobre el Real Decreto por el que se declaraba el primer estado de alarma. El Tribunal no cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, declaró inconstitucionales algunas disposiciones que imponían limitaciones a la libertad de circulación, al considerar que tales limitaciones podrían haberse impuesto en un «estado de excepción» y no en un estado de alarma. En su sentencia, el Tribunal aclaró que la declaración de inconstitucionalidad de dichas disposiciones no implicaba automáticamente un derecho de indemnización derivado de la responsabilidad del Estado. El 27 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional dictó otra sentencia relacionada con la prórroga del estado de alarma por parte del Congreso. El Tribunal consideró que las razones aducidas por el Congreso para prorrogar el estado de alarma durante seis meses no estaban justificadas, ya que no había certeza alguna sobre las medidas que se disponía a adoptar el Gobierno. Además, consideró inconstitucional la delegación en los Gobiernos autonómicos de la competencia para aplicar las medidas de emergencia. Según el Tribunal Constitucional, la decisión del Congreso de prorrogar el estado de alarma durante seis meses —sin estudiar las medidas que podría adoptar el Gobierno— y la consiguiente delegación de competencias difuminaban la responsabilidad del presidente del Gobierno y del Ministerio de Sanidad ante el Congreso, ya que los presidentes de los Gobiernos autónomos no están sujetos a su control político. El Defensor del Pueblo siguió tramitando numerosas quejas. El Defensor del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos acreditada de clase «A» con arreglo a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). El número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en 2021 fue similar al de 2020, que había sido considerablemente superior a los anteriores a la pandemia de COVID-19, como puso de relieve el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. El plazo de respuesta de las administraciones públicas a los requerimientos de información de dicho organismo siguió una tendencia positiva, ya que disminuyó de una media de 63 días en 2020 a 51 días en 2021. El uso de Pegasus y otros tipos de programas informáticos espía o de vigilancia fue objeto de una investigación por parte del Defensor del Pueblo y de procesos judiciales. El 24 de abril de 2022, la oficina del Defensor del Pueblo anunció una investigación pública sobre el uso de Pegasus y otros programas espía o de vigilancia similares. Se reveló que diversos representantes políticos, incluidos prominentes miembros del Gobierno, así como varios abogados, habían sido presuntamente espiados mediante los programas mencionados. Se han iniciado también dos investigaciones judiciales al respecto. Según la normativa española, el uso de mecanismos como la intervención de los teléfonos por parte de los servicios de inteligencia requiere una autorización judicial previa, a la que se añaden otras garantías legales que garantizan el derecho a la intimidad. A 1 de enero de 2022 estaban pendientes de ejecución en España veintitrés sentencias principales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esa fecha, el porcentaje de sentencias principales dictadas durante los últimos diez años y pendientes de ejecución en España era del 61 %, y el período medio durante el que las sentencias habían estado pendientes de ejecución era de tres años y un mes. La sentencia principal más antigua pendiente de ejecución, que adquirió carácter firme hace diez años, se refiere a la falta efectiva de investigación de una denuncia de maltrato físico por motivos raciales infligido por agentes de policía al demandante. A 1 de julio de 2022, el número de sentencias principales pendientes de ejecución había disminuido a veintidós .

El Gobierno ha emprendido varias iniciativas para aumentar la participación ciudadana en la elaboración de políticas. Como se indicaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, se ha iniciado ya la aplicación del IV Plan de Gobierno Abierto. Se ha llevado a cabo un proyecto piloto que establece una plataforma de participación abierta a todos los ciudadanos. Está previsto que la plataforma entre en funcionamiento el 1 de noviembre de 2022 y permita organizar consultas a la ciudadanía, recabar las contribuciones sobre los planes y proyectos del Gobierno abiertos a la participación, publicar contribuciones anónimas e informar sobre los procesos participativos en curso. Prosigue, además, la creación de «laboratorios de innovación» que reunirán a representantes de la Administración y de la sociedad civil para explorar nuevas ideas sobre la promoción, el diseño y la puesta en práctica de la participación pública. Estas iniciativas se complementan con la creación de una comunidad de expertos con miras al intercambio de información y buenas prácticas. Además, el Gobierno publicó en julio de 2021 una Carta de Derechos Digitales que consagra el derecho a la participación ciudadana por medios digitales en la elaboración de políticas y en otras relaciones con la Administración. Se está actuando para reforzar la cooperación entre la Administración Pública y la sociedad civil. Se considera que el espacio que ocupa la sociedad civil en España es aún reducido. Se han adoptado diversas medidas para promover la cooperación entre la Administración Pública y las organizaciones de la sociedad civil. El 10 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Plataforma del Tercer Sector para la comunicación inclusiva del gobierno abierto. Este acuerdo se centra en el desarrollo de iniciativas para una comunicación inclusiva de los valores de un gobierno abierto principalmente dirigida a las personas en situación de pobreza, riesgo de exclusión social o afectadas por la brecha digital por su especial vulnerabilidad. Un estudio realizado por la Coordinadora de las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo incluye una serie de recomendaciones en materia de buenas prácticas en las relaciones entre el Gobierno y las ONG, como el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para controlar la aplicación del acuerdo de colaboración entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Por lo que respecta a la financiación, el estudio recomienda, por ejemplo, que el Gobierno proporcione a las organizaciones de la sociedad civil una mayor estabilidad mediante la publicación de un programa financiero plurianual. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue en fase de debate en las Cortes. El 8 de febrero de 2022, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa envió a las Cortes una carta sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en la que manifestaba su satisfacción ante el procedimiento de revisión en curso y señalaba la oportunidad de adaptar plenamente esa Ley a las normas europeas y, en particular, a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Venecia en marzo de 2021. Concretamente, la carta admitía que varias de las enmiendas propuestas parecen abordar algunas de las cuestiones de derechos humanos suscitadas hasta la fecha. Sin embargo, también indicaba que la reforma todavía no resuelve importantes aspectos que afectan a los derechos de libertad de expresión y de reunión y formulaba una serie de recomendaciones para abordarlos. Las partes interesadas han seguido manifestando su preocupación ante esa Ley, como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Esa preocupación se refiere, entre otras cuestiones, a las infracciones en el contexto de reuniones y manifestaciones y al uso de imágenes o datos por parte de la policía. En diciembre de 2021, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados inició el debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se han emprendido actividades destinadas a promover una cultura de la primacía de la ley, como la organización de un programa anual de formación sobre el sistema judicial español destinado a periodistas. El Consejo General del Poder Judicial y la Asociación de la Prensa de Madrid llegaron en agosto de 2021 al acuerdo de poner en marcha un programa anual de formación sobre el sistema judicial español destinado a periodistas. El objetivo de ese programa es familiarizar a los periodistas con las funciones y competencias del órgano de gobierno de los jueces, magistrados y órganos jurisdiccionales para que puedan informar adecuadamente sobre el funcionamiento del sistema de justicia, para así contribuir a la creación de una opinión pública informada y fomentar la confianza del público en la Administración de Justicia. La primera edición de este curso de formación anual tuvo lugar del 15 al 26 de noviembre de 2021. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el contexto de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 está disponible en https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en . Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (2020), Memoria Anual 2019. Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (2021), Memoria Anual 2020. Artículo 19 (2022), Aportación de «Artículo 19» al Informe sobre el Estado de Derecho en 2022. Asociaciones judiciales (2021), Comunicado conjunto de 13 de septiembre de 2021, ante las declaraciones de responsables políticos sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial ( http://www.juecesdemocracia.es/2021/09/13/comunicado-conjunto-las-aajjff-ante-las-declaraciones-responsables-politicos-renovacion-cgpj/ ). Asociaciones judiciales, 2021, Comunicado conjunto de 21 de noviembre de 2021, ante las manifestaciones de responsables políticos sobre resoluciones judiciales. ( https://www.forojudicialindependiente.es/2021/11/15/las-asociaciones-judiciales-ante-las-manifestaciones-de-responsables-politicos-sobre-resoluciones-judiciales/ ). Asociación de Fiscales (2022), Aportación de la Asociación de Fiscales al Informe sobre el Estado de Derecho en 2022. Asociación de Fiscales (2022), Aportación de la Asociación de Fiscales en el contexto de la visita a España. Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (2022), Media Pluralism Monitor 2022, Informe sobre España. Plataforma cívica para la Independencia Judicial (2022), Aportación de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial al Informe sobre el Estado de Derecho en 2022. Civicus, Seguimiento del espacio cívico, España ( https://monitor.civicus.org/country/spain/ ). Tribunal Constitucional, Sentencia 148/2021 de 14 de julio de 2021. Tribunal Constitucional, Sentencia 183/2021 de 27 de octubre de 2021. Coordinadora de las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo en España (2022), Claves para una relación estratégica Gobierno-ONGD en la promoción de la justicia global ( https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/04/Claves-relacion-Gob-ONGD.pdf#:~:text=Claves%20para%20una%20relaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20Gobierno%20%E2%80%93ONGD%20en,y%20los%20donantes%20de%20referencia%20%2849%25%29%20es%20significativa ). 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·Consejo General de la Abogacía Española ·Consejo General del Poder Judicial ·IGAE ·Foro Judicial Independiente ·Asociación de Jueces y Magistrados «Francisco de Vitoria» ·Juezas y Jueces para la Democracia ·Asociación de la Prensa de Madrid ·Ministerio de Economía ·Ministerio de Asuntos Exteriores ·Ministerio del Interior ·Ministerio de Justicia ·Ministerio de Hacienda ·Ministerio de la Presidencia ·Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ·Policía Nacional ·Oficina de Conflictos de Intereses ·Gabinete del Defensor del Pueblo ·Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ·Plataforma «Tercer Sector» ·Asociación Profesional de la Magistratura

·Unión Progresista de Fiscales ·Representantes del Congreso y del Senado ·Rights International Spain ·RTVE ·Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ·Tribunal Supremo ·Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado ·Consejo para la Transparencia ·Transparencia Internacional España * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Artículo 19 ·Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Sociedad Civil Europa ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo ·Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·Foro Europeo de la Juventud