Tras la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, la UE publicó su plan REPowerEU con el objetivo de reducir rápidamente la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos. El plan REPowerEU propone un conjunto adicional de medidas para ahorrar energía, diversificar los suministros y sustituir rápidamente los combustibles fósiles, acelerando la transición de Europa hacia una energía limpia. Para cumplir dicho plan, será necesario reforzar y adelantar el despliegue de las energías renovables, además de transformar los procesos industriales para sustituir el gas, el petróleo y el carbón. Como parte del plan REPowerEU, la Comisión presentó una nueva propuesta de modificación de la DFER II. En ella, la Comisión propone elevar el objetivo de energías renovables para 2030 al 45 % como mínimo. Mediante una mayor simplificación y reducción de los procedimientos administrativos para la autorización, la planificación estratégica llevada a cabo por los Estados miembros y el fomento de proyectos en ámbitos especialmente adecuados para el despliegue de las energías renovables, la propuesta tiene por objeto garantizar una implantación más rápida de los proyectos de energías renovables.

Por lo que respecta a la oferta, en términos generales, la producción de fuentes de energía renovables se vio menos afectada que otras fuentes. Las centrales eléctricas que funcionan con energía solar, eólica e hidroeléctrica pura pudieron funcionar, ya que su capacidad para generar electricidad depende de las condiciones meteorológicas y no de la demanda. Del mismo modo, la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables despachables como la biomasa apenas se vio afectada, ya que su funcionamiento está impulsado en gran medida por el apoyo a las fuentes de energía renovables (que, en general, no se vio afectado por la pandemia de COVID-19). Sin embargo, en el caso de los biocarburantes en el transporte o la biomasa utilizada para calefacción, la crisis asociada a una menor demanda tuvo repercusiones visibles.

Los demás mecanismos de cooperación permanecieron en gran medida sin utilizar, si bien los sistemas de apoyo conjuntos ya establecidos entre Alemania y Dinamarca y entre Suecia y Noruega siguieron dando resultados. No obstante, se espera que la colaboración transfronteriza en forma de proyectos conjuntos siga incentivándose tras la aplicación de los nuevos instrumentos establecidos a escala de la UE, en particular el mecanismo de financiación de energías renovables y el componente de energías renovables del Mecanismo «Conectar Europa».

Tal como se especifica en la refundición de la Directiva sobre fuentes de energía renovables [Directiva (UE) 2018/2001] (DFER II), las garantías de origen tienen la función de demostrar al consumidor final la cuota o cantidad de energía determinada a partir de fuentes renovables en la combinación energética de un proveedor determinado y en la energía suministrada en virtud de contratos. Los Estados miembros velarán por que el origen de la energía procedente de fuentes renovables pueda garantizarse como tal en el sentido de la Directiva, con arreglo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

En general, el número de garantías de origen emitidas ha aumentado de forma constante desde 2011. Algunos Estados miembros presentaron un crecimiento más rápido de las garantías de origen; por ejemplo, España pasó del 3 % del total de garantías emitidas en la Europa de los Veintisiete en 2011 al 17 % en 2020. Austria pasó del 2 % en 2011 al 9 % en 2020; y Francia, del 7 % al 12 % en 2020.

Gráfico 11. Emisión anual de certificados de garantía de origen por país Fuente: Estadísticas de AIB.

El artículo 19 de la DFER II establece, además, que los Estados miembros velarán por que, cuando un productor reciba ayuda financiera de un régimen de apoyo, el valor de mercado de la garantía de origen para la misma producción se tenga debidamente en cuenta en el régimen de apoyo pertinente. Por lo tanto, los Estados miembros tienen diferentes maneras de contabilizar la electricidad subvencionada y, en general, diferentes formas de establecer sus sistemas de garantías de origen.

Sobre la base del informe de asistencia técnica, algunos Estados miembros emiten garantías de origen también para apoyar las energías renovables. Es el caso de Chequia, Grecia, Estonia, Chipre, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Finlandia. Por ejemplo, en Chipre, «la emisión de garantías de origen a los productores de FER es independiente de cualquier ayuda recibida, por ejemplo, ayudas a la inversión o primas arancelarias. Así pues, los ingresos procedentes de las garantías de origen supondrán un beneficio adicional para los productores, que deben obtener la aprobación del Fondo de FER para comerciar con dichas garantías».

Una segunda estrategia consiste en no emitir garantías de origen para la electricidad apoyada, o en emitirlas, pero anularlas de inmediato. Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Malta, Austria y Eslovenia. En Austria, por ejemplo, se emiten para energías renovables subvencionadas y no subvencionadas, pero solo aquellas procedentes de centrales de energía renovable no subvencionadas pueden comercializarse internacionalmente, mientras que las garantías de origen apoyadas deben utilizarse para divulgación de información de Austria .

En tercer lugar, los Estados miembros pueden optar por la emisión de garantías de origen para las energías renovables apoyadas, pero estas se subastan de forma centralizada para compensar los costes de apoyo. En esta categoría encontramos a Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Portugal y Eslovaquia. Por ejemplo, en Italia, las garantías de origen para las energías renovables subvencionadas se subastan desde 2013. Los ingresos generados por tales subastas se utilizan para compensar el coste de las energías renovables subvencionadas.

4.4.3.Simplificación de los procedimientos administrativos

La DFER II estableció requisitos para que los Estados miembros racionalizaran y simplificaran los procedimientos administrativos. Aunque la DFER II no tuvo que transponerse hasta el 30 de junio de 2021, algunos Estados miembros ya contaban con una serie de medidas de simplificación en vigor en 2020 o antes.

Según sus informes, diez Estados miembros han establecido algún tipo de enfoque de ventanilla única o punto de contacto nacional. Por ejemplo, en Finlandia, el Centro para el Desarrollo Económico, el Transporte y el Medio Ambiente (Centro ELY) de Ostrobotnia Meridional fue designado como punto de contacto para el proceso de autorización para todo el territorio en 2020. Los puntos de contacto orientarán y facilitarán, a petición del solicitante, todo el procedimiento de solicitud y autorización. No se exigirá del solicitante contactar con más de un punto de contacto para todo el procedimiento. El procedimiento de autorización deberá englobar los correspondientes permisos administrativos para construir, repotenciar y poner en servicio instalaciones para la producción de energía a partir de fuentes renovables y los activos necesarios para su conexión a la red.

En algunos casos, la falta de respuesta de la administración en un plazo determinado da lugar a la aprobación automática de los permisos. Por ejemplo, los Países Bajos han establecido normas para los permisos para aspectos físicos en las que se afirma que «el plazo para el proceso de toma de decisiones en el marco del procedimiento estándar es de ocho semanas, que pueden prorrogarse una vez por un máximo de seis semanas. La inobservancia del plazo dará lugar automáticamente a la expedición de un permiso (con arreglo al principio de lex silencio positivo)».

Algunos Estados miembros cuentan con medidas específicas de ordenación del territorio en materia de energías renovables, como mapas que indican las zonas en las que podrían desarrollarse las fuentes de energía renovables. Esta ordenación puede ayudar a reducir la oposición de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, así como abordar el problema de la escasez de tierras. Por ejemplo, España elaboró dos mapas de energía eólica y solar, que clasifican el suelo en cinco clases de sensibilidad ambiental para cada tipo de proyecto analizado (máximo, muy alto, alto, moderado y bajo). Sin embargo, los mapas son meramente informativos y no sustituyen a las medidas administrativas necesarias, como la necesidad de una evaluación de impacto ambiental.

La situación de los procedimientos de solicitud en línea y la digitalización de los documentos es desigual en toda la UE. Aunque algunos Estados miembros ya ofrecen procedimientos en línea fiables y amplios, la mayoría de los Estados miembros solo han empezado a introducir más herramientas digitales para facilitar el proceso.

La mayoría de los Estados miembros han aplicado algún tipo de simplificación para proyectos a pequeña escala, como la energía solar fotovoltaica instalada en tejados para facilitar el autoconsumo y las comunidades de energía. Además, quince Estados miembros adoptaron un procedimiento de notificación simplificado para las conexiones a la red de pequeñas instalaciones.

4.5.Ejemplos de mejores prácticas

Al analizar los Estados miembros que han tenido buenos resultados, pueden extraerse algunas lecciones para el próximo decenio:

·Un contexto político estable, con cierta previsibilidad de los sistemas de apoyo, calendarios de subastas y un presupuesto disponible, proporciona a las partes interesadas previsibilidad de la inversión.