A4-0263/96

Resolución sobre el curso que debe darse a la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto comunitario (23 y 24 de abril de 1996): por una acción concertada de la Unión y de los Estados miembros

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A4-0263/96),

A. Recordando que la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto comunitario de los días 23 y 24 de abril de 1996 se convocó para establecer las bases de una necesaria cooperación entre las autoridades nacionales y comunitarias basada en:

- el interés común de la Unión y de los Estados miembros, también afectados por los daños financieros y políticos de este fraude;

- el reparto descentralizado de responsabilidades y competencias entre ambos niveles,

B. Constatando que esta conferencia ha detectado lagunas importantes en los mecanismos destinados tanto a nivel nacional como comunitario a proteger las finanzas de la Unión,

C. Considerando que procede dar curso a esta constatación formulando propuestas concretas inspiradas en estos principios y constataciones,

D. Considerando que la Conferencia Intergubernamental debería encargarse del problema de dotar al Tratado de los medios para proteger los intereses financieros comunitarios a un nivel equivalente y de forma eficaz, proporcionada y disuasoria,

E. Considerando que se han registrado avances importantes en materia de legislación sobre las sanciones administrativas y los controles, pero que debe completarse la legislación sobre los instrumentos jurídicos y jurisdiccionales para la protección de las finanzas comunitarias,

F. Lamentando no obstante que se haya relegado al tercer pilar la protección penal contra los fraudes,

G. Considerando que la lucha contra el fraude transnacional y la corrupción deben conducirla organismos multidisciplinarios, vinculados recíprocamente por relaciones privilegiadas,

H. Recordando que la cooperación transnacional entre los Estados miembros y con la Comisión constituye el único medio eficaz para luchar contra el fraude de las grandes organizaciones criminales que se aprovechan de la globalización de los mercados y de la disparidad de los ordenamientos jurídicos nacionales,

Armonizar responsabilidades y competencias

1. Pide a los protagonistas de la CIG que creen en el Tratado los instrumentos indispensables para una persecución eficaz del fraude, como por ejemplo:

a) un fundamento jurídico que permita adoptar normativas contra el fraude en el marco de un procedimiento de codecisión;

b) una obligación de proteger las finanzas comunitarias en los diferentes Estados miembros de forma equivalente;

c) la comunitarización de determinados ámbitos que forman parte integrante del título VI del TUE (Justicia y Asuntos de Interior), como los contemplados en el artículo K1, 7), 8) y 9), en la medida en que tratan de la protección de los intereses financieros comunitarios;

d) la consagración expresa de la «lucha contra la corrupción» como una cuestión de interés común en el Tratado de la Unión Europea;

Completar la legislación

2. Pide a la Comisión que revise los instrumentos jurídicos sectoriales para armonizarlos con el Reglamento (CEE) nº 2988/95 sobre las sanciones administrativas y los controles, especialmente por lo que se refiere a la exclusión o a la retirada del beneficio en caso de irregularidad;

3. Recomienda a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo que, en el contexto de la lucha contra el fraude y la corrupción, creen unas normas eficaces a nivel preventivo, destinadas a aumentar la transparencia (y, con ello, la capacidad de control) de los ingresos y gastos importantes en términos presupuestarios así como de los correspondientes procesos decisorios;

4. Solicita al Consejo que lleve adelante con rapidez las deliberaciones sobre el segundo protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (referido a la responsabilidad de las personas jurídicas) y que, en este contexto, tenga debidamente en cuenta los dictámenes que aún ha de emitir el Parlamento Europeo;

5. Recuerda que, si resultara imposible obtener una ratificación unánime del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y de los protocolos que podrían seguir al mismo, retomaría su libertad de acción y podría solicitar a la Comisión que propusiera una iniciativa comunitaria;

6. Recomienda a los Estados miembros y a la Comisión que cooperen para homogeneizar aún más los instrumentos jurídicos y jurisdiccionales siguientes, que pueden influir en la protección de las finanzas comunitarias en la fase de la actuación judicial y de la recuperación:

- la transacción: esta práctica podría admitirse como excepción, pero nunca para los importes adeudados o para las irregularidades intencionadas y siempre sobre la base de un visado previo de la autoridad comunitaria, a la que se debería informar previamente con carácter sistemático;

- la constitución en parte civil, que debería ser sustituida, en los Estados que no cuentan con este instrumento, por mecanismos de protección equivalentes;

- las instancias especializadas en fraudes comunitarios que podrían crearse en las fiscalías y tribunales nacionales;

- el cobro y la recuperación, de la que deberían encargarse organismos responsables con prioridad que actúen en el marco de procedimientos armonizados (comunicación obligatoria a la Comisión, equivalencia de los privilegios de los créditos del Tesoro y los comunitarios; plazos de prescripción uniformes), y de cuyo seguimiento se ocupara un servicio comunitario centralizado;

Consolidar la organización contra el fraude

7. Pide:

a) a los Estados miembros que establezcan estos organismos multidisciplinarios, proporcionándoles personal especializado;

b) a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para la aplicación de un vasto programa de formación de investigadores y para la definición de un instrumento jurídico que confiera a los investigadores nacionales poderes de investigación comparables;

c) a la Comisión que defina mejor la función de la Unidad de Coordinación de la Lucha Contra el Fraude (UCLAF), que debería basarse en cuatro pilares:

- información sistemática sobre el conjunto del fraude;

- coordinación de las investigaciones nacionales;

- investigaciones por iniciativa de la UCLAF en caso de fraudes transnacionales o que afectan a la eficacia de la protección;

- acciones de recuperación/cobro en caso de insuficiencia nacional grave o de ejemplaridad de la intervención comunitaria;

Crear las bases de la cooperación

8. Pide a la Comisión:

a) que presente las propuestas normativas que considere necesarias para reforzar la cooperación administrativa;

b) que proponga, en el marco de una reflexión concertada con los Estados miembros:

- un instrumento jurídico que regule la cooperación represiva prejudicial;

- una iniciativa para implantar una auténtica cooperación judicial, mediante la eliminación de las barreras jurídicas existentes, la atribución a un único país de la competencia para ejercer acciones judiciales y la reglamentación de los actos rogatorios y de su valor probatorio;

9. Recomienda al Consejo que fusione los dos actos jurídicos contra la corrupción (primer protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y Convenio sobre la lucha contra la corrupción que afecta a los funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea) y que estudie si, a este respecto, no sería más adecuada una medida común vinculante para permitir una entrada en vigor más rápida de la normativa deseada;

10. Considera que una cooperación transnacional eficaz debe basarse en una función de centralización de la información y de coordinación de los actos por parte de un organismo comunitario, como la UCLAF; pide, por lo tanto, a la Comisión que tenga en cuenta esta función de la Unidad en las iniciativas tendentes a reglamentar la cooperación administrativa, represiva y judicial;

11. Considera que la creación de comisiones rogatorias se vería facilitada con la asignación de una competencia específica a una instancia comunitaria que operara a petición del Estado miembro competente para la actuación y en aplicación de la ley de este último y pide a la Comisión y a los Estados miembros que reflexionen sobre esta futura evolución;

12. Pide a la Comisión que someta a estudio la cuestión de la puesta en marcha de acciones penales en caso de delito que atente contra los intereses financieros de la UE, especialmente debido a la corrupción de funcionarios;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, así como a todos los participantes en la Conferencia interparlamentaria y a los Presidentes de las diferentes Cámaras de los Parlamentos de los Estados miembros.