2.18.8.

aprobar programas de acción plurianuales, con los suficiente apoyos financieros y demás recursos, en materia de igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, en cuya elaboración, gestión, ejecución y evaluación participen las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. En atención a las necesidades y demandas perentorias de las personas con discapacidad, estos programas deberían centrarse en los siguientes aspectos: — en materia de formación y empleo, incluir como eje de acción particular medidas de promoción de la empleabilidad de las personas con discapacidad en las políticas y planes de desarrollo local que lleven a cabo los entes regionales y locales. Asimismo, compromiso para aplicar, dentro de su esfera de competencias, los contenidos de la Directiva 78/2000/CE sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación. El desarrollo de las medidas tendentes a mejorar el acceso al empleo en el ámbito local ofrece múltiples posibilidades. Entre ellas cabría destacar el establecimiento de cláusulas sociales en las bases de contratación que discriminen de forma favorable a las empresas y entidades que incluyan en su plantilla a personas con discapacidad, — en materia de sociedad de la información y acceso a las nuevas tecnologías, desarrollar programas dirigidos a favorecer la infoinclusión de las personas con discapacidad en la nueva sociedad del conocimiento. De igual modo, establecer sistemas públicos de ayudas técnicas y tecnologías asistivas que contribuyan a la vida independiente y una mayor calidad de vida de las personas con discapacidad, — en materia de accesibilidad y diseño para todos, adoptar planes universales de accesibilidad que incorporen como presupuesto previo la estrategia del diseño para todas las personas, en todas las esferas de competencia de los poderes regionales y locales (edificación, urbanismo, infraestructuras, redes de transporte, espacios virtuales, telecomunicaciones, medios de comunicación, bienes y servicios a disposición del público, servicios públicos, etc.), — en lo referente a las personas con discapacidades más graves, es decir, las personas que no son autónomas, el objetivo es que, en aplicación del principio de igualdad de oportunidades, puedan mantener una vida autónoma en su domicilio e integrarse física y socialmente en su comunidad local. Esto implica que dispongan de una asistencia y una ayuda que les permitan seguir viviendo con sus padres o personas allegadas y vivir solas al llegar a la edad adulta. En caso de que se vean imposibilitadas para vivir en familia o en su propia vivienda deberán ponerse a su disposición estructuras residenciales de acogida que correspondan a sus necesidades, — en relación con la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el territorio, incorporar a los planes regionales y locales de inclusión social como grupo preferente de atención a las personas con discapacidad en situación de precariedad social; — el desarrollo de programas y actuaciones en el marco local y regional a favor de las personas con discapacidad adquiere una dimensión plena en cuanto a la promoción y apoyo de la autonomía personal y social de estas personas. En este sentido, deberá ser un objetivo fundamental facilitar el acceso a la vivienda a través de diversas alternativas, como son las viviendas comunitarias, los pisos tutelados y la reserva y adaptación de vivienda de promoción pública, tanto en el concepto de alquiler como de compra;