A4-0155/97

Resolución sobre los informes de la Comisión al Consejo Europeo - sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en 1994(COM(94)0533 - C4-0215/95),- «Legislar mejor», sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación - 1995(CSE(95)0580 - C4-0561/95),- «Legislar mejor», sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación - 1996(CSE(96)0007 - C4-0015/97) y- sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (informe provisional)(CSE(96)0002 - C4-0355/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 3 B del Tratado CE y el artículo B del Tratado de la Unión Europea,

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992,

- Visto el Acuerdo interinstitucional de 25 de octubre de 1993 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre los procedimientos de aplicación del principio de subsidiariedad ((DO C 329 de 6.12.1993, pág. 135)),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo Europeo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en 1994 (COM(94)0533 - C4-0215/95),

- Visto el informe titulado «Legislar mejor» de la Comisión al Consejo Europeo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación (CSE(95)0580 - C4-0561/95),

- Visto el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de 12 de junio de 1996 (CSE(96)0002 - C4-0355/96),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo Europeo titulado «Legislar mejor» 1996, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación, de 27 de noviembre de 1996 (CSE(96)0007 - C4-0015/97),

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0155/97),

A. Considerando que el principio de subsidiariedad tiene una dimensión política, en la medida en que tiene por objeto que las decisiones comunitarias se ejecuten lo más cerca posible de los ciudadanos, pero que la inclusión del principio de subsidiariedad en los Tratados tiene por objeto específico regular la definición y ejecución de las acciones comunitarias en función de las competencias que le han sido atribuidas por los Estados miembros, no afectando en absoluto al reparto de competencias en el interior de los Estados miembros,

B. Recordando que la Comunidad está basada en la atribución explícita de competencias, en la medida en que éstas no se dan por supuestas, pero que siguen siendo la excepción en relación con las competencias de los Estados miembros,

C. Considerando que el respeto del principio de atribución explícita implica la no injerencia de las Instituciones comunitarias en los asuntos que son de la competencia de los Estados miembros, pero que corresponde a dichas instituciones emprender todas las acciones necesarias para cumplir su misión, alcanzar sus objetivos y ejecutar las obligaciones que los Tratados les imponen,

D. Considerando que el ejercicio de las competencias compartidas requiere, en el marco comunitario, un criterio de atribución que garantice su legitimidad, así como la eficacia de la acción comunitaria en los casos en que resulte necesario actuar en común,

E. Considerando que la inclusión del principio de subsidiariedad en los Tratados tiene por objeto estimular la intervención comunitaria en aquellos sectores que no son de su exclusiva competencia, en la medida en que los objetivos de la acción prevista no pueden ser alcanzados adecuadamente por los Estados miembros pero que, por sus dimensiones o repercusiones de la propia acción, pueden ser realizados con más eficacia a nivel comunitario,

F. Considerando que el principio de subsidiariedad es un concepto dinámico que debe aplicarse a la luz de los objetivos fijados en los Tratados, que, por su parte, evolucionan,

G. Considerando que las instituciones comunitarias deben adoptar una técnica jurídica adecuada en la redacción de los actos legislativos, con objeto de garantizar la claridad y coherencia del Derecho comunitario,

1. Recuerda que el principio de subsidiariedad constituye una norma jurídica vinculante de rango constitucional, a la que han de ajustarse las instituciones de la Unión y los Estados miembros y que no puede obstaculizar el ejercicio legítimo, por parte de la Comunidad, de las competencias compartidas que le han sido atribuidas por los Tratados ni mucho menos impedir el desarrollo de acciones en las que la Comunidad dispone de competencias exclusivas;

2. Manifiesta su acuerdo con la postura de la Comisión de que no se debe, «bajo pretexto de subsidiariedad o de proporcionalidad, cuestionar el acervo comunitario o volver de nuevo al método intergubernamental, que sigue siendo ineficaz y poco democrático» ((CSE(96)002 - C4-0015/97, conclusiones, pág. 11));

3. Considera que los conflictos en torno a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deberían resolverse preferentemente a nivel político sobre la base del citado Acuerdo interinstitucional de 25 de octubre de 1993, pero recuerda que la aplicación concreta de ambos principios jurídicos debe someterse a la interpretación del Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 164 del Tratado CE;

4. Constata que la Comisión ha considerado oportuno extender sus últimos informes sobre la subsidiariedad, que titula «Legislar mejor», a las medidas previstas en materia de simplificación y de codificación del Derecho comunitario; pero constata, asimismo, con preocupación la confusión que nace de este enfoque, e insiste en la diferencia esencial entre la simplificación y la codificación - y la consiguiente claridad -, que son criterios de una buena técnica legislativa, y la subsidiariedad y proporcionalidad, que son principios de naturaleza jurídica;

5. Insta a las Instituciones comunitarias a que reflexionen sobre la eficacia de un informe anual específico sobre el principio de subsidiarieda, o si los mismos objetivos pueden lograrse mediante un anexo al informe legislativo anual que incluya una evaluación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de una parte, y de la simplificación de la legislación, de otra;

6. Subraya que la Comisión, cuando prevé una iniciativa en aplicación del principio de subsidiariedad, debe probar la legitimidad de su acción, exponiendo la dimensión comunitaria del asunto, así como la mayor eficacia de la acción comunitaria respecto a la acción de los Estados miembros realizadas individualmente;

7. Considera que, en su estudio de una mayor eficacia, la Comisión debe tener en cuenta sobre todo el coste de la acción comunitaria proyectada, las consecuencias para la competitividad de la economía de la Unión, el impacto en las PYME/PYMI, las repercusiones en el empleo y los aspectos relativos a la igualdad de oportunidades y al medio ambiente, por citar sólo algunos de los aspectos más importantes;

8. Toma nota, con preocupación, de la tendencia de la Comisión a presentar, debido al fracaso de iniciativas más ambiciosas y/o a la política del Consejo, «directivas marco» (p. ej., impuesto de circulación de camiones de gran tonelaje, ofertas públicas de adquisición, nueva estrategia para la política de aguas) y códigos de conducta; subraya el riesgo de crear así un Derecho de naturaleza incierta, menos vinculante («soft-law») y menos seguro, que se traduce en una armonización ficticia y una incorporación aleatoria a los ordenamientos jurídicos nacionales;

9. Considera que, en los casos en los que los Tratados prevén el procedimiento de codecisión, la Comisión debe cuidar de no modificar el equilibrio entre las instituciones y de hacer así una Unión más transparente y democrática;

10. Toma nota, con preocupación, de la falta de progresos, durante el período 1994-1996, en ámbitos esenciales del mercado interior, como la libre circulación de las personas y la sociedad anónima europea, y denuncia la influencia que tiene en esta situación la utilización contraria al Tratado del principio de subsidiariedad;

11. Se muestra preocupado por que, durante el período 1994-1996, el tema de la subsidiariedad haya sido invocada sistemáticamente a propósito de iniciativas tomadas en el marco de nuevas políticas, concretamente en los sectores de la cultura, los medios audiovisuales, la energía, la investigación, la protección de la salud, los consumidores, el medio ambiente, el trabajo y la lucha contra el desempleo, y subraya que la aplicación del principio de subsidiariedad no puede traducirse en ningún caso en un debilitamiento del Derecho comunitario;

12. Pide a la Comisión que se comprometa a demostrar en su próximo informe de manera más detallada, que el principio de subsidiariedad no se ha aplicado en detrimento del acervo comunitario;

13. Manifiesta su acuerdo con el principio expuesto por la Comisión de que Europa debe «actuar menos para actuar mejor», pero observa con preocupación la profusión de documentos preparatorios presentados en 1996 (13 «Libros verdes», 2 «Libros blancos», gran número de informes, comunicaciones y programas de acción); teme que esta inversión de tiempo y de recursos por parte de la Comisión se haga en detrimento de la actividad en materia legislativa, donde tiene el monopolio de iniciativa;

14. Constata que la Comisión ha retirado gran número de propuestas legislativas pendientes (48 en el año 1996) por considerarlas ya obsoletas y pide que, en el futuro, la Comisión tenga en cuenta el parecer del Parlamento antes de tomar tales decisiones;

15. Considera necesario introducir en el Derecho comunitario una jerarquía coherente de normas con el fin de fomentar la transparencia y la coherencia del sistema jurídico; señala asimismo la necesidad de establecer una clara distinción entre normas vinculantes, por un lado, y documentos preparatorios y declaraciones, por otro;

16. Considera deseable que las propuestas legislativas y los documentos preparatorios (Libros verdes, Libros blancos, informes, comunicaciones) sean puestos a disposición de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros con tiempo suficiente para que éstos puedan adoptar una posición al respecto y reforzar, de este modo, las relaciones de cooperación con el Parlamento Europeo;

17. Se muestra fuertemente preocupado por la costumbre de los Gobiernos de los Estados miembros de «suavizar» las directivas comunitarias a la hora de incorporarlas a sus legislaciones nacionales;

18. Lamenta que los Parlamentos nacionales con frecuencia no controlen efectivamente la incoporación de las directivas comunitarias a su legislación nacional;

19. Acoge con satisfacción la consolidación informal de los instrumentos jurídicos comunitarios, hecho muy importante y condición previa para hacer una Unión accesible a los ciudadanos y las empresas, y subraya la importancia de recurrir a la nueva tecnología de la información tanto en la consolidación como en la publicación de la legislación;

20. Estima conveniente que, en el marco de la CIG, no sea revisada la formulación del artículo 3 B pero desea emprender con el Consejo y la Comisión una reflexión destinada a lograr una mejor aplicación del código de conducta establecido sobre la base del citado Acuerdo interinstitucional de 25 de octubre de 1993;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, al Comité de las Regiones, al Tribunal de Justicia y al Consejo Europeo.