RESOLUCIÓN (UE) 2020/1969 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 14 de mayo de 2020

que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III — Comisión y agencias ejecutivas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión,

— Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2018,

— Vistos el artículo 99 y el anexo V de su Reglamento interno,

— Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0069/2020),

A. Considerando que el gasto de la Unión es un instrumento importante para la consecución de los objetivos políticos y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros;

B. Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos políticos;

Prioridades políticas

1. Recuerda que cuando la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, ejecuta el presupuesto de la Unión, e independientemente del método que se utilice —gestión compartida, directa o indirecta—, el respeto de la legalidad es una condición previa esencial para cumplir el principio de buena gestión financiera, consagrado en el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); señala que todos los agentes deben esforzarse por utilizar los fondos de la manera más transparente, efectiva y eficiente posible; muestra su preocupación por las pérdidas financieras provocadas por las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en varios Estados miembros y defiende que la Unión debe poder imponer medidas apropiadas, incluidas la suspensión, reducción y restricción del acceso a la financiación de la Unión en tales casos; acoge con satisfacción, por consiguiente, la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros y pide que se dé prioridad a la adopción de dicha propuesta;

2. Hace hincapié en que, en el contexto de escasez de recursos financieros en un presupuesto de la Unión que ha de atender al incremento de prioridades y responsabilidades de la Unión, la protección de los intereses financieros de la Unión reviste la máxima importancia y en que son necesarios esfuerzos más enérgicos a todos los niveles para prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y el uso indebido de fondos de la Unión; subraya que la creación de la Fiscalía Europa supone un avance fundamental en la protección de los intereses financieros de la Unión; critica la falta de financiación y la falta de personal de la Fiscalía Europea durante la fase de desarrollo, así como la subestimación de sus necesidades por parte de la Comisión; subraya que la Fiscalía Europea tiene que tramitar hasta 3 000 asuntos al año; hace hincapié en que la Fiscalía Europea necesita, por lo menos, 76 puestos adicionales y 8 millones de euros para poder funcionar a pleno rendimiento, tal como estaba previsto, antes de que termine 2020; insta vivamente a la Comisión a que presente un proyecto de presupuesto rectificativo; reitera que el Parlamento se opone firmemente a la reducción, en 45 puestos, del personal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

3. Recuerda que el artículo 61 del Reglamento Financiero, que entró en vigor el 2 de agosto de 2018, ha ampliado la definición de conflicto de intereses; pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que luche contra todas las formas de conflicto de intereses y que evalúe periódicamente las medidas preventivas adoptadas por los Estados miembros para evitarlos; pide a la Comisión que proponga directrices comunes para evitar los conflictos de intereses que afecten a políticos con un perfil destacado; insta al Consejo a que adopte normas deontológicas comunes sobre todas las cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses y a que cree un entendimiento común en todos los Estados miembros; subraya que, habida cuenta de los problemas generalizados de conflictos de intereses en la distribución de los fondos agrícolas de la Unión, no conviene que los miembros del Consejo Europeo, los ministros de Agricultura, los funcionarios o sus familiares tomen decisiones sobre el apoyo a la renta;

4. Celebra la intención del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») de adoptar una metodología de certificación mediante la cual el Tribunal recabe pruebas suficientes y adecuadas para llegar a una conclusión sobre la garantía manifestada por la entidad responsable; recuerda la conclusión del Tribunal de que es necesario mejorar rápidamente la calidad y la fiabilidad de las autoridades nacionales y de que la metodología de certificación debería tener en cuenta estos hechos; recomienda al Tribunal que complemente sus controles aleatorios con un enfoque basado en riesgos, de forma que sus informes sobre los índices de error presten más atención a los ámbitos en que es más probable que surjan problemas;

5. Pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, precisos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única; pide a la Comisión que vele por que se utilice una metodología transparente y una terminología coherente y que racionalice su presentación de informes, en particular por lo que respecta a los índices de error, a fin de evitar la confusión y la falta de transparencia;

6. Observa que es complicado medir los logros de las prioridades, las políticas y los programas de la Unión; observa, sin embargo, que es esencial efectuar un seguimiento eficaz del rendimiento para entender la situación, identificar los problemas emergentes y adoptar medidas correctoras cuando no se cumplen los objetivos o en los casos en que los efectos de una política de la Unión puedan afectar negativamente a la consecución de los objetivos fijados de otra política;

7. Pide a la Comisión que: — aumente la coherencia entre los objetivos generales de alto nivel y los objetivos y programas políticos específicos; — defina indicadores clave de rendimiento más sólidos que reflejen el impacto y los resultados de los programas de gasto y las políticas de la Unión en lugar del rendimiento de las autoridades que los aplican; — utilice información actualizada sobre el rendimiento, de manera que los objetivos y los indicadores puedan adaptarse de forma oportuna; — haga mayor hincapié en los resultados y el valor añadido de la financiación de la Unión más allá de las meras realizaciones;

8. Acoge con satisfacción la intención del Tribunal de proporcionar a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión una evaluación, para cada política de la Unión, que abarque tanto los aspectos de cumplimiento como de rendimiento, siguiendo las líneas presupuestarias de cada capítulo en su Informe Anual;

9. Anima a la Comisión y al Tribunal a que aceleren el proceso de aprobación de la gestión a n+1;

10. Reitera la manifiesta necesidad de reforzar la cooperación entre los servicios aduaneros de los Estados miembros, a fin de evitar el perjuicio a los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular por lo que se refiere a las pérdidas de IVA, comercio electrónico y productos falsificados;

11. Insta a la Comisión a que revise, junto con los Estados miembros, cómo se pueden recaudar de manera más eficaz los derechos de aduana, así como recuperar los importes cuyo pago haya sido fraudulentamente evitado; y considere las mejoras que pueden introducirse en la recuperación de los ingresos aduaneros;

12. Expresa su preocupación por el riesgo de infravaloración de las entregas de mercancías adquiridas a través del comercio electrónico desde terceros países y pide a la Comisión que lleve a cabo actividades de control y vigilancia suficientes en los Estados miembros para garantizar una mejor cooperación;

13. Toma nota de que el cuadro europeo de indicadores de la innovación ha revelado una tendencia positiva en los últimos años en la mayoría de los Estados miembros;

14. Pide a la Comisión que preste mayor atención a la distribución geográfica de los fondos de investigación, con el fin de contribuir a la difusión de la investigación al máximo nivel de excelencia en toda la Unión y a la creación de igualdad de condiciones en el ámbito del crecimiento y el empleo; sugiere que los fondos estructurales deberían utilizarse en mayor medida para promover la innovación y la excelencia; subraya que los programas marco han de financiar todas las etapas de la investigación y la innovación; recuerda que aunque los proyectos de investigación básica a menudo solo producen resultados tangibles después de un plazo de tiempo más prolongado, resultan indispensables para garantizar la excelencia de la Unión en el ámbito de la investigación y la innovación, así como para atraer a los mejores científicos; señala con inquietud que algunos terceros países que participan en proyectos de investigación conjunta ponen en riesgo la protección de los intereses financieros de la Unión;

15. Reitera su preocupación por el elevado nivel de compromisos pendientes de liquidación causado principalmente por el retraso en el comienzo de la financiación de los proyectos y programas de las perspectivas financieras 2014-2020 y por una lenta aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»); pide a los respectivos Estados miembros que aceleren la ejecución de los programas de la política de cohesión y los correspondientes pagos, sin reducir los controles necesarios, y que aumenten la transparencia para los solicitantes y reduzcan la complejidad, con vistas a reducir la duración del período de ejecución; anima a la Comisión a que proponga una vuelta a la norma n+2; solicita a la Comisión que siga de cerca la ejecución de los Estados miembros en caso de infraejecución y tasas de absorción bajas;

16. Llama la atención sobre la importancia crucial de la política de cohesión y los Fondos EIE para reducir las diferencias entre Estados miembros y regiones, para promover el crecimiento económico y el empleo, para luchar contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, para mejorar la vida de los ciudadanos europeos;

17. Pide la Comisión que incremente el apoyo técnico (sesiones de formación, comunicación, etc.) prestado a las autoridades nacionales, regionales o locales para mejorar las tasas de absorción;

18. Observa que, de conformidad con el Derecho de la Unión, los beneficiarios con derecho a pagos directos de la política agrícola común (PAC) son los que explotan las tierras; pide a la Comisión que vele por que se adopten normas destinadas a evitar una situación en la que las subvenciones de la Unión se distribuyan a los beneficiarios que hayan adquirido los terrenos en cuestión por medios ilegales o fraudulentos, tal como se ha observado en algunos Estados miembros; subraya, teniendo en cuenta casos como los notificados por la OLAF en Eslovaquia e Italia, que la Comisión debe elaborar propuestas que indiquen claramente que los contratos de arrendamiento o propiedad de tierras han de basarse en el Estado de Derecho, y que ha de cumplirse la legislación nacional relativa a los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos relativos a la renta de los trabajadores agrícolas; pide a la Comisión que, en cooperación con las agencias nacionales, presente un formato normalizado y accesible al público (respetando la decisión pertinente del Tribunal de Justicia) para indicar los beneficiarios finales de la PAC;

19. Muestra su profunda preocupación por las investigaciones realizadas recientemente por las autoridades italianas, que han revelado la existencia de un fraude de 5,5 millones de euros y de estructuras mafiosas que usan indebidamente las subvenciones agrícolas de la Unión para sus fines delictivos, amenazan a agricultores honrados que participan en subastas de tierras de propiedad pública, e ignoran el Derecho laboral nacional; considera que los intereses financieros de la Unión y el dinero de los contribuyentes en toda la Unión corren el riesgo de verse socavados por la delincuencia organizada y pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para impedir que redes delictivas se hagan con dinero de la Unión; subraya la necesidad de un mejor intercambio de información a nivel nacional, así como entre los niveles nacional y de la Unión, a fin de identificar rápidamente a las organizaciones delictivas que intentan obtener beneficios ilegales; pide a la Comisión que refuerce los sistemas de control con el fin de evitar que tal situación se repita; pide a la Comisión que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier novedad;

20. Pide a la Comisión que promueva un mejor equilibrio de género y la presupuestación con perspectiva de género en todos los fondos asignados;

21. Anima a la Comisión a que emprenda la digitalización de sus servicios;

22. Pide a la Comisión que emprenda una simplificación administrativa a fin de atraer estructuras pequeñas, como, por ejemplo, pymes, para que participen en los programas de la Unión y en las licitaciones públicas;

23. Insiste en que la Comisión proponga un mecanismo de denuncia específico a escala de la Unión para apoyar a los agricultores o a los beneficiarios que se enfrentan, por ejemplo, a malas prácticas de apropiación de tierras, conductas indebidas por parte de las autoridades nacionales, presiones de estructuras delictivas o de la delincuencia organizada, o a personas sometidas al trabajo forzoso o esclavo, dándoles la oportunidad de presentar rápidamente una denuncia ante la Comisión, que debe comprobarla con carácter urgente;

24. Lamenta que la mayoría de pagos directos de la PAC se concentren en manos de unos pocos beneficiarios en algunos Estados miembros; reprueba enérgicamente la creación y el establecimiento de estructuras oligárquicas en algunos Estados miembros; se muestra profundamente preocupado por que los miembros de estas estructuras oligárquicas se valen de los fondos de la Unión, especialmente en el ámbito de la agricultura y la cohesión, para fortalecer su posición de poder; opina que, por el contrario, los fondos de la Unión deben beneficiar a la mayoría de los ciudadanos de la Unión;

25. Se muestra profundamente preocupado por los recientes informes sobre los fondos agrícolas que, supuestamente, benefician a las estructuras oligárquicas; reitera que esto supone una grave injusticia para los contribuyentes de la Unión y, en especial, para los pequeños agricultores y las comunidades rurales; pide a la Comisión que presente una propuesta para modificar las normas de la PAC y de la política de cohesión en favor de una asignación más equitativa de los fondos de la Unión, evitando una distribución sesgada por la cual una pequeña minoría de beneficiarios (personas físicas y jurídicas) reciben la inmensa mayoría de las subvenciones de la Unión en los dos ámbitos; estima que es necesario modificar las normas del MFP para evitar situaciones en las que una persona física que posea varias empresas tenga la posibilidad de recibir subvenciones de la Unión en concepto de la PAC y la política de cohesión por importes que excedan los cien millones de euros durante un solo MFP;

26. Señala los requisitos de transparencia de la política de cohesión y la PAC, que obligan a las autoridades responsables de los Estados miembros, en virtud de las normas de gestión compartida, a mantener una lista de acceso público con los beneficiarios finales; pide a los Estados miembros que publiquen dichos datos de manera uniforme y garanticen la interoperabilidad de la información; pide a la Comisión que recopile y agregue los datos y publique listas de los cincuenta beneficiarios principales de cada fondo en cada Estado miembro, así como de los cincuenta beneficiarios principales de la PAC y la política de cohesión (personas físicas y jurídicas) en todos los Estados miembros para obtener una clara visión de conjunto de la distribución de las subvenciones de la Unión;

27. Pide a la Comisión, en plena observancia del principio de gestión compartida, que: — establezca un sistema de información uniforme y normalizado para que los Estados miembros comuniquen información sobre los beneficiarios finales de los fondos de la Unión en el ámbito de la agricultura y la cohesión; hace hincapié en que la información relativa a los beneficiarios finales debe incluir la especificación de los titulares efectivos de las empresas (personas físicas y jurídicas); — proponga un reglamento para el establecimiento de un sistema informático que permita una información uniforme y normalizada en tiempo real por las autoridades de los Estados miembros y vele por la interoperabilidad con los sistemas de los Estados miembros, con el fin de garantizar una mejor transparencia y cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, de mejorar la rendición de cuentas de los pagos y, en particular, de contribuir a una detección más temprana de errores y usos indebidos sistémicos; — preste asistencia a los Estados miembros en la adaptación de sus sistemas informáticos a un nuevo sistema de notificación o en su desarrollo; — supervise la calidad y la exhaustividad de los datos recopilados por los Estados miembros; — garantice una mayor eficacia y puntualidad y una menor carga burocrática con la ayuda de sistemas digitalizados modernos;

28. Reconoce que la creación y el establecimiento de tal sistema informático llevará tiempo; reconoce plenamente que la facilitación de información sobre los beneficiarios bajo gestión compartida es responsabilidad de los Estados miembros; pide, al mismo tiempo, un intercambio más rápido y transparente de información y datos relacionados con subvenciones de la Unión en el ámbito de la cohesión y la PAC; pide a la Comisión que proporcione a la autoridad de aprobación de la gestión una lista de los cincuenta mayores beneficiarios individuales (personas físicas como titulares efectivos de una empresa o de varias empresas) por Estado miembro, así como una lista de los cincuenta mayores beneficiarios (personas físicas y jurídicas, además de personas físicas como propietarios de varias empresas) de subvenciones de la Unión agregadas entre todos los Estados miembros; pide a la Comisión que facilite esta información a la autoridad de aprobación de la gestión con carácter anual;

29. Pide a la Comisión que evalúe las propuestas de la PAC que se están examinando actualmente y que proponga modificaciones para adaptar el futuro régimen al Pacto Verde Europeo;

30. Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en sus propuestas sobre el MFP y el Pacto Verde Europeo, las conclusiones críticas del Tribunal en cuanto a la falta de eficacia y efectividad de la ecologización del régimen de la PAC;

31. Expresa su particular preocupación por la alarmante información facilitada por la prensa y las ONG sobre la dramática situación de los migrantes más vulnerables en los puntos críticos, en particular los niños migrantes y las mujeres refugiadas; pide a la Comisión que tome medidas específicas en cooperación con las autoridades de los Estados miembros, con el fin de prevenir el uso indebido de los fondos de la Unión y evitar el abuso y la trata de seres humanos, y que vele por que los fondos de la Unión se utilicen para proteger los derechos fundamentales;

32. Destaca que el creciente uso de instrumentos financieros y fondos fiduciarios, junto con el presupuesto de la Unión, para la ejecución de las políticas de la Unión en terceros países puede comprometer el nivel de rendición de cuentas y de transparencia con respecto a la acción de la Unión; insta a la Comisión a que vele por que la prestación de ayuda exterior esté sujeta al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos en los países beneficiarios; destaca, en particular, la necesidad de garantizar que ningún fondo de la Unión apoye formas de trabajo forzoso o infantil; manifiesta su preocupación por las recientes alegaciones aparecidas en la prensa sobre proyectos en Eritrea; insta a la Comisión a que investigue sin demora estas acusaciones e informe del resultado de manera oportuna a la autoridad de aprobación de la gestión;

33. Celebra la extraordinaria labor realizada por el Tribunal, puesto que tanto su trabajo como sus informes especiales son un instrumento esencial para la transparencia y buena gobernanza de Europa; señala todas las recomendaciones formuladas por el Tribunal en los informes especiales de 2018 y pide a las instituciones europeas que las pongan en práctica rápidamente;

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

34. Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2018, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que en 2018 los ingresos estaban exentos de errores significativos;

35. Observa con satisfacción que los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

36. Acoge con satisfacción la tendencia positiva del porcentaje de error más probable en los pagos establecido por el Tribunal en comparación con el de los últimos años, ya que en 2018 los pagos presentan un porcentaje de error más probable del 2,6 % ( 1 )

37. Observa que en 26 años, el Tribunal ha emitido en tres ocasiones consecutivas una opinión con reservas (en vez de una desfavorable) sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas, lo que significa que, en opinión del Tribunal, los errores significativos se limitan principalmente a gastos basados en reembolsos, lo que representa cerca de la mitad de la población auditada;

38. Lamenta que, por vigesimosexto año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles a que la eficacia de los sistemas de supervisión y control no era total; pone de relieve que los Estados miembros disponían de suficiente información para prevenir, detectar y corregir una parte significativa de los errores antes de declarar el gasto a la Comisión y que, de haberse utilizado dicha información, el porcentaje de error estimado habría sido considerablemente inferior; pide a la Comisión que introduzca los instrumentos necesarios para que la detección de errores por parte de las autoridades de los Estados miembros siga mejorando;

39. Señala que para los pagos efectuados sobre la base de los reembolsos de gastos, el Tribunal estima el porcentaje de error en el 4,5 % (frente al 3,7 % en 2017 y el 4,8 % en 2016), mientras que el porcentaje de error para los pagos de derechos ( 2 ) se situaba por debajo del umbral de importancia relativa del 2 % excluyendo algunos regímenes de desarrollo rural; lamenta que el porcentaje de error no se cuantifique claramente para los pagos de derechos;

40. Señala que el Tribunal constató el nivel de error estimado más elevado en el gasto destinado a la «cohesión económica, social y territorial» (5,0 %), mientras que el porcentaje de error material más bajo del gasto destinado a la «competitividad para el crecimiento y el empleo» se situó por debajo del umbral de importancia relativa (2,0 %);

41. Señala que el Tribunal considera que el gasto en investigación sigue siendo un ámbito de mayor riesgo y la principal fuente de error en la rúbrica de «competitividad»;

42. Toma nota de que el Tribunal proporcionó en 2018 porcentajes de error específicos sobre cuatro rúbricas del MFP: «Competitividad», «Cohesión», «Recursos naturales», y «Gastos administrativos»;

43. Señala que, para 2018, el Tribunal presentó un porcentaje de error por ámbito de actividad pero no estimó los niveles de error para los ámbitos de gasto de las rúbricas 3 «Seguridad y ciudadanía» y 4 «Una Europa Global» del MFP; pide al Tribunal de Justicia que examine si la auditoría de una muestra representativa de estas dos partidas podría resultar útil para la evaluación de las transacciones financieras; observa, asimismo, que el Tribunal no emitió porcentajes de error específicos en relación con el desarrollo rural y las operaciones de mercado en el marco de la PAC, ni tampoco porcentajes de error individuales para el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión; sugiere al Tribunal que considere revisar su estrategia de muestreo, a fin de garantizar una mejor comparabilidad de un año a otro;

44. Lamenta que el Tribunal no estimase los niveles de error para los ámbitos de gasto de las rúbricas 3 «Seguridad y ciudadanía» y 4 «Una Europa Global» del MFP; considera que, si bien las cifras de estas rúbricas son relativamente modestas, revisten una especial importancia política; subraya que la fiscalización de una muestra representativa de estas dos rúbricas es esencial para una evaluación rigurosa e independiente de las transacciones financieras, así como para un mejor control del Parlamento sobre el uso de los fondos de la Unión, y pide al Tribunal que facilite datos sobre el porcentaje de error en los pagos de estas rúbricas en sus próximos informes anuales;

45. Toma nota de que el Tribunal examinó operaciones por un valor total de 120 600 millones de euros y que la rúbrica «Recursos naturales» representa la mayor parte de la población global (48 %), mientras que el peso de la subrúbrica 1b del MFP «Cohesión» es relativamente pequeño (alrededor del 20 %); toma nota de esta distribución de la población de auditoría, habida cuenta del elevadísimo índice de error correspondiente a la subrúbrica «Cohesión»; sugiere que el Tribunal atienda tanto al porcentaje del gasto total de la Unión como al riesgo asociado al error a la hora de decidir la división del próximo porcentaje de auditoría de la población global;

46. Manifiesta su sorpresa por que el Tribunal haya decidido que los recursos naturales deben representar la parte más importante de toda la población de auditoría del Tribunal para su auditoría financiera y de conformidad anual, mientras que los pagos directos de la PAC no son proclives a errores; señala, no obstante, que en el ámbito de los pagos directos han salido a la luz varios casos de conflictos de intereses, crimen organizado y corrupción que posteriormente han sido fiscalizados por la Comisión; pide que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas más adecuadas para prevenir y solucionar los casos que suponen un riesgo para la PAC;

47. Señala que la población de auditoría del Tribunal correspondiente a la rúbrica de cohesión difiere de ejercicios anteriores y consiste en pagos finales para el período 2007-2013 y en gastos cubiertos por cuentas aceptadas anualmente por la Comisión para el período 2014-2020; sugiere que esto significa que el Tribunal ha verificado operaciones a las que se han aplicado todas las acciones correctoras pertinentes en el Estado miembro; lamenta que a pesar de este enfoque de auditoría, el porcentaje de error se cuantificó en un 5 %, un nivel muy elevado;

48. Señala que, como en ejercicios anteriores, los errores de subvencionabilidad (es decir, los costes no subvencionables en las declaraciones de gastos y los proyectos, actividades o beneficiarios no subvencionables) son los que contribuyeron en mayor medida al nivel estimado de error en gastos de alto riesgo para 2018;

49. Señala, no obstante, que el impacto de los errores de subvencionabilidad fue inferior al de 2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %); lamenta que en 2018, el Tribunal hallara un número más elevado de errores en relación con la contratación pública, las normas sobre ayudas estatales y los procedimientos de adjudicación de subvenciones; pide a la Comisión que preste especial atención a estas categorías de errores y valore si suponen un riesgo para la libre competencia o incluso si apuntan a posibles casos de corrupción; opina que, en este último caso, la Comisión no debe vacilar en adoptar medidas correctoras e informar a la Fiscalía Europea;

50. Pide a la Comisión que racionalice y simplifique los marcos estratégicos que rigen la ejecución del presupuesto de la Unión, reforzando de ese modo la rendición de cuentas sobre los resultados y aumentando la claridad y la transparencia para todas las partes interesadas;

Informe anual de gestión y rendimiento: logros en materia de gestión

Fiabilidad de los datos comunicados por la Comisión

51. Deplora que el Tribunal no haya auditado el Informe anual de gestión y rendimiento; señala, no obstante, que el Tribunal examinó algunos informes anuales de actividades y, en particular, los de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo, la DG de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y la DG de Política Regional y Urbana;

52. Señala que, en el capítulo relativo a la síntesis de la gestión financiera del Informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión informa de un riesgo estimado en el momento del pago del 1,7 %, y confirma que «el riesgo en el momento del pago es el más próximo al porcentaje de error más probable del Tribunal» ( p. 152 del Informe anual de gestión y rendimiento de 2018 ( 3 ) );

53. Toma nota de que, en 2018, la Comisión insistió en que los progresos se debieron principalmente a la buena puntuación en el ámbito de la cohesión, que fue del 1,1 % ( 4 ) ; observa con sorpresa que, para el mismo año natural de 2017, la DG de Política Regional y Urbana hace referencia en su informe anual de actividades de 2018 (p. 70) a otro porcentaje de error del 1,95 %;

54. Señala que el director general de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión explica en su informe anual de actividades de 2018, p. 83, que: — «en los informes anuales de actividades de 2017, los directores generales de la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión decidieron hacer una estimación del riesgo mediante la proyección de un porcentaje de error residual total provisional para el gasto del año natural de 2017 que todavía no habían aceptado y confirmado»; — «el Tribunal considera que los informes anuales de actividades deben racionalizarse más y adaptarse al nuevo marco de control y fiabilidad. Este marco establece que la Comisión necesita casi dos años desde que finaliza el período contable de que se trate para poder notificar por primera vez sus conclusiones sobre la fiabilidad de los porcentajes de error residual de las autoridades de auditoría para un ejercicio contable determinado»;

55. Solicita a la Comisión que se asegure de que el Informe anual de gestión y rendimiento es totalmente fiable y no se basa en previsiones;

56. Observa que, por lo que se refiere a las relaciones exteriores, la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo utilizan en sus informes anuales de actividades porcentajes de error residual que son producto de estudios del porcentaje de error residual realizados por empresas externas;

57. Señala que el porcentaje de error residual se calcula sobre operaciones de contratos cerrados únicamente entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 (véase el recuadro 9.5 del Informe Anual del Tribunal de 2018), a los que se han aplicado todos los controles y comprobaciones;

58. Señala que el porcentaje de error residual de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación no solo incluye los pagos realizados en 2018;

59. Recuerda que, en el caso del Fondo de asilo, migración e integración/ Fondo de seguridad interna (FAMI/ISF), la DG de Migración y Asuntos de Interior señaló en 2018 que solo informa del porcentaje de error residual, puesto que, como prevé la base jurídica, las autoridades de auditoría nacionales no tienen que informarle de los porcentajes de error detectado (véase la respuesta a la pregunta 14, audiencia Avramopoulos de 18 de octubre de 2018); señala, por consiguiente, que el porcentaje de error declarado es el residual, es decir, el porcentaje de error estimado menos los importes correspondientes a las medidas correctivas adoptadas que ya han reducido eficazmente la exposición ( 5 )

60. Comparte la opinión expresada por el Tribunal (apartado 6.74 del Informe Anual del Tribunal de 2018) de que, en el Informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión presenta un riesgo estimado en el momento del pago para la cohesión económica, social y territorial relacionado con gastos que aún no han pasado por todo el ciclo de control; lamenta comprobar que esto implica que la Comisión evalúa el porcentaje de error de la rúbrica «Cohesión» a partir de simples estimaciones en comparación con el ejercicio contable 2017-2018 y no de cifras verificadas para el ejercicio fiscal 2018 en sí;

61. Destaca que, por esta razón, el Tribunal señaló que los datos facilitados por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento relativos a la cohesión social y territorial no son fiables (véase el apartado 6.74 del Informe Anual del Tribunal de 2018);

62. Destaca, además, que, dado que los porcentajes de error emitidos por la Comisión con respecto a la cohesión, las relaciones exteriores y algunos de los ámbitos de la política interna se basan en el riesgo residual, no está justificado comparar el riesgo en el momento del pago comunicado por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento con el nivel de error estimado por el Tribunal;

63. Señala que, si el riesgo en el momento del pago comunicado por la Comisión ya integra correcciones financieras, la capacidad correctora de la Unión puede estar sobrestimada; lamenta observar que esto podría repercutir en la fiabilidad;

64. Lamenta que los errores encontrados sean señal de deficiencias persistentes en la regularidad de los gastos declarados por las autoridades de gestión y que el Tribunal haya identificado deficiencias en los métodos de muestreo de las autoridades de control;

65. Opina que, si los ordenadores delegados, al divulgar los ámbitos específicos de su gasto para los que formulan una reserva, se refieren al umbral de importancia relativa del 2 % expresado como porcentaje de error residual, finalmente corren el riesgo de no proteger adecuadamente el presupuesto de la Unión;

66. Lamenta que las estimaciones de las direcciones generales sobre el nivel de gasto irregular no se basen en una metodología coherente;

67. Señala que los informes anuales de actividades de las direcciones generales y el Informe anual de gestión y rendimiento utilizan una terminología compleja e incoherente que dificulta la comparación de los resultados notificados entre las direcciones generales y a lo largo del tiempo;

68. Observa, en particular, que el Tribunal considera que la Comisión presenta en los informes anuales de actividades de la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión al menos trece porcentajes diferentes para los dos períodos de programación como una medida del gasto sujeto a riesgo; observa que un número tan elevado de porcentajes provoca una falta de claridad y una potencial confusión con respecto a su relevancia y su fiabilidad (informe anual de actividades de 2018 de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, p. 83);

69. Toma nota de que, en lugar de hacer referencia, como en 2017, al concepto de porcentaje de error residual, la Comisión utiliza en su Informe anual de gestión y rendimiento para 2018 el término de «porcentaje de error al cierre»; observa que este consiste en el riesgo en el momento del pago menos la estimación de las futuras correcciones y recuperaciones que esperan efectuar los gestores de los fondos de la Unión con respecto a los gastos de 2018 durante los próximos años de los actuales programas; señala que este porcentaje de error es solo una estimación;

70. Observa que, según el Informe anual de gestión y rendimiento para el presupuesto de la Unión en 2018, 30 ordenadores delegados (igual que en 2017) presentaron una declaración de fiabilidad sin reservas, mientras que se formularon veinte declaraciones (igual que en 2017) con 40 reservas para 2018 (38 en 2017 y 37 en 2016);

71. Señala que la Comisión formuló 40 reservas para 2018: 2 reservas eran nuevas y 38 recurrentes; observa que 5 reservas recurrentes se han actualizado, pasando de cuantificadas a no cuantificadas (o viceversa) o sufriendo un cambio en su alcance, y que en el caso de todas las reservas se calculó o se volvió a calcular el impacto en los gastos de 2018; indica, por tanto, que el importe en situación de riesgo en los informes de los gastos de 2018 objeto de reservas se estima en 1 078 millones de euros (frente a 1 053 millones de euros en 2017, 1 621 millones de euros en 2016 y 1 324 millones de euros en 2015);

72. Lamenta que, a pesar de las mejoras introducidas en la metodología de su análisis de los efectos de las medidas correctoras, la Comisión no haya eliminado el riesgo de que estos efectos estén sobreestimados; señala que, en tal caso, todos los porcentajes de error residual incluidos en el Informe anual de gestión y rendimiento carecen de fiabilidad;

73. Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2018, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en situación de riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividades de las direcciones generales de la Comisión correspondientes (DG de Agricultura y Desarrollo Rural, DG de Política Regional y Urbana y DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión), la calidad y la fiabilidad de los controles de varios Estados miembros siguen siendo problemáticas;

74. Reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que establezcan procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y presenten información que concilie, en la medida de lo posible, el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

75. Señala que en un total de 208 casos, la OLAF formuló entre 2012 y 2018 recomendaciones respecto a las cuales las autoridades nacionales no adoptaron ninguna decisión ( 6 ) ; observa que en determinados Estados miembros llega a ser incluso mayoritario el número de casos en los que las recomendaciones de la OLAF no se traducen en acciones por parte de las autoridades de los Estados miembros, lo que podría provocar perjuicios directos para los intereses financieros de la Unión y de losciudadanos;

76. Observa con preocupación los nueve casos de presunto fraude que fueron comunicados a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por el Tribunal en 2018;

77. Pide a la Comisión que simplifique y armonice las prácticas y los métodos de las direcciones generales para poder cumplir plenamente los requisitos del artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, su apartado 1, letra b), que establece que: «... el Informe anual de gestión y rendimiento incluye información sobre las principales disposiciones en materia de gobernanza de la Comisión, así como: i) una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión sobre la base de una metodología coherente y una estimación de las correcciones futuras...»;

78. Pide a la Comisión, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento Financiero, que adapte su metodología a la utilizada por el Tribunal y que facilite a la autoridad de control presupuestario un único porcentaje de error correspondiente al riesgo en el momento del pago (porcentaje de error en el momento del pago); pide a la Comisión que publique por separado una estimación de las correcciones futuras (porcentaje de error residual); insta a la Comisión a que aplique una terminología coherente en todas las direcciones generales a la hora de comunicar estas dos estimaciones; pide que se informe al Parlamento sobre los avances realizados en el asunto en cuestión el 30 de junio de 2021 a más tardar;

79. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para obtener de los Estados miembros datos fiables sobre el porcentaje de error en el momento del pago; solicita a la Comisión que realice los ajustes apropiados de manera oportuna en caso de que se detecten deficiencias en los controles de los Estados miembros;

80. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para obtener de los Estados miembros datos fiables sobre el porcentaje de error en el momento del pago;

81. Insta al Tribunal a que: a) examine y revise ambas partes del Informe anual de gestión y rendimiento en su Informe Anual; y b) examine si, en los informes anuales de actividades de las direcciones generales, el umbral de importancia relativa utilizado para activar los mecanismos de reserva no debe expresarse como riesgo en el momento del pago en lugar de porcentaje de error residual;

Gestión presupuestaria y financiera

82. Toma nota de que en 2018 los créditos de compromiso y de pago disponibles en el presupuesto final se utilizaron casi en su totalidad: el 99,5 % de los créditos de compromiso y el 98,6 % de los créditos de pago;

83. Señala que en 2018 se produjo un incremento significativo en las solicitudes de pago de los Estados miembros con cargo a los Fondos EIE;

84. Observa con preocupación que, debido principalmente a retrasos, grandes cantidades de prefinanciación anual no utilizadas de los Fondos EIE fueron devueltas al presupuesto de la Unión: 8 100 millones de euros en 2018 (frente a 5 400 millones de euros en 2017), lo que incrementó significativamente los ingresos afectados en esos dos años;

85. Destaca que, en 2018: — no fue necesario realizar pagos adicionales, y no se necesitaron los 5 300 millones de euros del margen global para pagos (MGP) disponible de ejercicios anteriores; — los 5 300 millones de euros no pudieron transferirse porque se habían alcanzado los límites máximos del MGP de 2019 y de 2020; — no pudo transferirse a 2019 o 2020 un importe adicional de 11 200 millones de euros en créditos de pago no utilizado en 2018;

86. Señala que, según las previsiones del Tribunal (puntos 2.15 y 2.16 del Informe del Tribunal), para 2020 podrá quedar sin utilizar un total de 44 900 millones de euros; recuerda que la flexibilidad ofrecida por el MGP termina con el actual MFP en 2020;

87. Constata con preocupación que: — los compromisos pendientes de liquidación han seguido creciendo, alcanzando los 281 200 millones de euros a finales de 2018 (frente a 267 300 millones de euros en 2017), y han aumentado en un 36 % (73 700 millones de euros) en los últimos siete años desde 2011, el año correspondiente del MFP anterior; — sobre la base de las previsiones a largo plazo de la Comisión (7), los compromisos pendientes de liquidación alcanzarán los 313 800 millones de euros en 2023, cifra que se acerca a las previsiones del Tribunal;

88. Se muestra sumamente preocupado por que los compromisos pendientes hayan seguido creciendo en 2018 hasta registrar cifras nunca vistas; esto representa un grave riesgo; pide a la Comisión que, a fin de reducir los compromisos actuales y evitar nuevos compromisos pendientes, mejore sus previsiones financieras y, en caso necesario, ayude a los países a encontrar proyectos subvencionables, especialmente aquellos con un claro valor añadido europeo;

89. Recuerda que el elevado nivel de compromisos pendientes obedece principalmente a la lentitud en la ejecución de los Fondos EIE, pero también a la diferencia anual entre compromisos y pagos, así como al aumento de magnitud del presupuesto de la Unión (análisis rápido del Tribunal, «Compromisos pendientes de pago en el presupuesto de la UE – Análisis detallado»);

90. Comparte la preocupación del Tribunal por la existencia de un alto riesgo de no disponer de suficientes créditos de pago para cubrir todas las cantidades adeudadas en los primeros años del nuevo MFP y por que esto pueda ser especialmente válido para 2021, el primer año del MFP para 2021-2027 (apartado 2.20 del Informe anual del Tribunal);

91. Señala que el riesgo de que los créditos de pago sean insuficientes es mayor que nunca, ya que la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han sufrido retrasos todavía mayores que en el anterior MFP; observa, en este sentido, que en nueve de los trece Estados miembros que se unieron a la Unión a partir de 2004 los compromisos pendientes representan más del 15 % de su gasto anual de las administraciones públicas y que, en caso de que no se disponga de suficientes créditos de pago para cubrir todos los importes, esta situación podría plantear serios desafíos financieros y políticos, tanto en estos países como dentro de la Unión;

92. Señala que, según el Tribunal, en general la absorción de los Fondos EIE por los Estados miembros fue inferior a la del año correspondiente del anterior MFP (apartados 2.22 a 2.24 del Informe Anual del Tribunal de 2018);

93. Señala, en particular, que solo Bulgaria, Luxemburgo, Austria, Rumanía y Finlandia tienen una mayor tasa de absorción durante el actual MFP que en el anterior;

94. Señala que las garantías respaldadas por el presupuesto de la Unión han aumentado en los últimos años, debido principalmente a la adición del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible; toma nota de que entre otras garantías figuran las garantías del mandato de préstamos exteriores otorgadas al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las concedidas a las actividades de empréstitos y de préstamos respaldados por garantías de la Unión, principalmente a los Estados miembros;

95. Toma nota con preocupación de que el aumento de las garantías aumenta la exposición al riesgo del presupuesto de la Unión, dado que el nivel de pérdidas previsto por la Comisión está cubierto por los fondos de garantía, que el nuevo MFP reunirá en un fondo de provisión común;

96. Señala que, en los últimos años, la Unión ha incrementado su uso de instrumentos financieros y garantías presupuestarias otorgadas al Grupo BEI, y que este mantiene una compleja relación con el presupuesto de la Unión y sus dispositivos de rendición de cuentas son diferentes a los de las instituciones de la Unión;

97. Recuerda que, en la actualidad, las operaciones del Grupo BEI que no son financiadas por el presupuesto de la Unión, pero persiguen los mismos objetivos que la Unión, no están incluidas en el mandato de auditoría del Tribunal; señala que esto significa que el Tribunal no puede ofrecer una visión global de todos los vínculos entre las operaciones del Grupo BEI y el presupuesto de la Unión; se suma, en particular, a la petición del Tribunal de auditar las operaciones del BEI ajenas al presupuesto de la Unión; pide que la renovación del acuerdo tripartito entre la Comisión, el BEI y el Tribunal, prevista para 2020, incluya disposiciones que garanticen un mayor acceso del Tribunal a las auditorías de operaciones del BEI con vistas a mejorar el control externo; pide, además, al Grupo BEI que sean más transparentes: las operaciones económicas, su utilización de la garantía del presupuesto de la Unión, la adicionalidad de las operaciones del BEI y los posibles planes futuros de un desarrollo subsidiario del BEI; solicita un memorando de entendimiento entre el BEI y el Parlamento que permita mejorar el acceso de este último a los documentos y datos del BEI relacionados con la orientación estratégica y las políticas de financiación, con objeto de reforzar la rendición de cuentas por parte del BEI;

98. Respalda las principales recomendaciones formuladas por el Tribunal en el capítulo 2 de su Informe Anual de 2018;

99. Pide a la Comisión que tome medidas para evitar presiones indebidas sobre el nivel de los créditos de pago en los primeros años del MFP para el período de programación 2021-2027; pide que dichas medidas consistan en: a) mejorar la precisión de las previsiones de las necesidades de pago; b) instar a la autoridad presupuestaria a: i) prever un equilibrio ordenado entre los créditos de compromiso y de pago presupuestados para el próximo MFP por medio del aumento de los créditos de pago, la modificación de las normas de liberación de créditos de compromiso o la reducción de los créditos de compromiso; ii) tener en cuenta, al hacerlo, la posibilidad de que se registre una gran cantidad de solicitudes de pago en 2021 y 2022, y el hecho de que los créditos de pago no utilizados no pueden transferirse al siguiente MFP; c) facilitar la adopción oportuna de los marcos jurídicos, y la promoción de la planificación temprana de los proyectos por los Estados miembros;

100. Pide a la Comisión que garantice, en cuanto se establezca el fondo de provisión común, la gestión eficaz y el control actualizado de la exposición del presupuesto de la Unión a las garantías correspondientes; pide, en este contexto, a la Comisión que fundamente su cálculo de la tasa de provisión efectiva en una metodología prudente basada en buenas prácticas reconocidas;

101. Pide a la Comisión que presente anualmente a la autoridad presupuestaria el importe total y un desglose de los fondos transferidos desde el presupuesto de la Unión a instrumentos financieros gestionados por el Grupo BEI, así como que facilite información sobre el grado de ejecución de dichos fondos;

Obtención de resultados a partir del presupuesto de la Unión

102. Destaca que el objetivo de la información sobre el rendimiento es indicar si las políticas y los programas de la Unión están logrando sus objetivos de manera eficiente y efectiva; sugiere que, de ser necesarias mejoras, la información sobre resultados debe utilizarse para servir de base al proceso de diseño de las medidas correctoras necesarias y que se haga un seguimiento continuo de su aplicación;

103. Celebra el hecho de que el Tribunal haya analizado en 2018 la información sobre el rendimiento publicada por la Comisión y, en particular, de que haya revisado los indicadores de rendimiento en: — las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto de 2019; — el resumen del rendimiento de los programas del presupuesto de la Unión 2014-2020, publicado por primera vez en mayo de 2018;

104. Insiste en que las auditorías de conformidad y rendimiento representan dos caras de la misma moneda; señala que combinar las dos dimensiones, es decir, evaluar los resultados alcanzados y garantizar al mismo tiempo la legalidad y la regularidad del gasto, debería permitir a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión garantizar el valor añadido de la Unión y controlar la ejecución del presupuesto de la Comisión;

105. Lamenta, nuevamente, que los informes anuales de actividades de los directores generales de la Comisión no incluyan una declaración acerca de la calidad de los datos de rendimiento firmada por ellos y que, por lo tanto, al aprobar el Informe anual de gestión y rendimiento, el Colegio de Comisarios asuma una responsabilidad política general por la gestión financiera del presupuesto de la Unión, pero no por la información sobre el rendimiento y los resultados;

106. Celebra y sigue con gran interés la intención del Tribunal de actualizar su evaluación del rendimiento del gasto de la Unión en su Informe Anual y, en particular, de presentar para cada rúbrica del MFP un capítulo sobre cumplimiento y rendimiento;

107. Acoge con satisfacción que el Tribunal haya incluido en el capítulo 3 de su Informe Anual de 2018, bajo el epígrafe «La obtención de resultados a partir del presupuesto», un resumen de los principales informes especiales publicados durante el ejercicio por rúbricas del MFP; observa que, en 2018, las respuestas publicadas a los informes del Tribunal muestran que los auditados aceptaron plenamente el 78 % de las 388 recomendaciones emitidas por el Tribunal (frente al 68 % en 2017) y que, en el 18 % de los casos, las recomendaciones solo se aplicaron en algunos aspectos, persistiendo importantes deficiencias; observa que solo dejaron de aplicarse el 6 % de las recomendaciones;

108. Expresa su preocupación por el hecho de que en algunos Estados miembros la capacidad administrativa pueda ser insuficiente;

109. Muestra su preocupación por que, en general, los datos incluidos en las fichas de programa sugieren que el avance hacia los objetivos de rendimiento es moderado, lo que puede explicarse por el inicio tardío y lento de los programas de cohesión y de desarrollo rural;

110. Destaca que, según el Tribunal, los indicadores no siempre han ofrecido una imagen fidedigna del progreso real;

111. Insiste en que tanto el cálculo del progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia como el cálculo del progreso con respecto a la meta comunicado por la Comisión en el resumen del rendimiento de los programas deberían ser tratados con cautela porque muchos indicadores no se eligieron bien o no se pudo calcular el progreso en relación con una serie de indicadores; observa que en casi la mitad de los indicadores no fue posible calcular el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia;

112. Observa con preocupación que, en el caso de algunos programas, los datos disponibles eran de calidad insuficiente y que algunos programas incluyen objetivos que no son suficientemente ambiciosos;

113. Pide a la Comisión que fomente la inclusión, en las fichas de programa, de indicadores que: a) ofrezcan más información pertinente sobre los logros de los programas de gasto de la Unión, por medio de un mayor equilibrio entre recursos, realizaciones, resultados e impactos; b) tengan una relación clara con las acciones financiadas por los programas de gasto de la Unión; c) reflejen los logros de los programas de gasto de la Unión en lugar del rendimiento de la Comisión y de otros organismos que los ejecutan; y d) cubran los objetivos de los programas;

114. Insiste en que, para poder calcular el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión debería proponer, para todos los programas, marcos de rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las características que se indican a continuación, y que, si la Comisión no lo considera pertinente para un indicador específico, debería explicar su elección en las fichas de programa: a) valores de referencia cuantitativos con la indicación del año; b) hitos cuantitativos; c) metas cuantitativas con la indicación del año; d) datos con el nivel de calidad necesario para poder calcular fácilmente el progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia;

115. Pide a la Comisión que vele por recibir puntualmente información sobre el rendimiento de todos los indicadores de rendimiento, por ejemplo, introduciendo nuevas herramientas de notificación en plataformas de internet;

116. Pide a la Comisión que documente las metas propuestas de manera mensurable para que la autoridad presupuestaria pueda evaluar su nivel de ambición y los resultados en la consecución de las metas;

117. Subraya la importancia de realizar un seguimiento estricto, en el caso de los proyectos de infraestructura a gran escala, del posible riesgo de corrupción y fraude; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones ex ante y ex post minuciosas e independientes respecto al proyecto que se vaya a financiar;

118. Pide a la Comisión que siga mejorando el resumen del rendimiento de los programas, especialmente: a) utilizando un método de cálculo del progreso con respecto a la meta a partir del valor de referencia y, si la Comisión considera que esto no es viable para un indicador específico, explicando su enfoque en el resumen del rendimiento de los programas; b) explicando los motivos de la selección de los indicadores de rendimiento de cada programa;

119. Pide a la Comisión que siga apoyando a los Estados miembros en su mejora tanto de la calidad como del número de los controles y que comparta las mejores prácticas de lucha contra el fraude;

Ingresos

Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2018

120. Observa con satisfacción que el Tribunal indica que el nivel de error de los ingresos no era significativo y que los sistemas relacionados con los ingresos eran, en general, eficaces;

121. Señala que, por tercer año consecutivo, la DG de Presupuestos emitió una reserva sobre el valor de los recursos propios tradicionales recaudados por el Reino Unido, debido a que este no aportó al presupuesto de la Unión los derechos de aduana sobre importaciones de textiles y calzado eludidos;

122. Observa con preocupación que el alcance de la reserva del Tribunal de este año se ha ampliado para incluir posibles pérdidas de recursos propios tradicionales de otros Estados miembros, como consecuencia de la infravaloración antes citada, que aún no ha sido estimada;

123. Lamenta que, tras pedir al Reino Unido en 2011 que estableciera perfiles de riesgo para importaciones infravaloradas de productos textiles y calzado procedentes de China, la Comisión tardara más de siete años en incoar un procedimiento de infracción;

124. Acoge con satisfacción que, en 2018, la Comisión enviara un dictamen motivado al Reino Unido, habiendo estimado las pérdidas totales (principal e intereses) para el presupuesto de la Unión en 2 800 millones de euros, y que, en marzo de 2019, la Comisión remitiera el asunto al Tribunal de Justicia;

125. Lamenta que los controles internos clave de los recursos propios tradicionales examinados por el Tribunal en la Comisión y en algunos Estados miembros fueran parcialmente eficaces;

126. Observa con preocupación que el Tribunal halló en España deficiencias en los sistemas de control para la elaboración de las declaraciones mensuales de derechos de aduana;

127. Toma nota con preocupación de que, en la muestra aleatoria de tres países seleccionados, el Tribunal observó insuficiencias en la gestión de derechos constatados pendientes de recaudación; observa que estas deficiencias estaban relacionadas en particular con retrasos en la ejecución del cobro de deudas aduaneras y en el registro o la cancelación de deudas en la contabilidad; observa insuficiencias en las verificaciones realizadas por la Comisión de las declaraciones de recursos propios tradicionales de los Estados miembros;

128. Lamenta que el programa de control de 2018 de la Comisión en relación con la eficacia de los sistemas de los Estados miembros para recaudar, notificar y poner a disposición los importes adecuados de recursos propios tradicionales no estaba suficientemente justificado mediante una evaluación de riesgos documentada y estructurada y que no clasificaba a los Estados miembros por nivel de riesgo ni presentaba el impacto y la probabilidad de riesgos;

129. Observa con preocupación que la Comisión, al recibir las declaraciones de recursos propios tradicionales mensuales o trimestrales, no efectuaba un análisis sistemático de las modificaciones inusuales en las declaraciones ni recababa información al respecto que explicara el motivo de tales modificaciones;

130. Señala que, en general, el número de reservas de la RNB y del IVA no ha cambiado, pero que han aumentado las observaciones pendientes de los recursos propios tradicionales en un 14 % ( 8 )

131. Lamenta que el examen efectuado por el Tribunal de observaciones pendientes seleccionadas de los recursos propios tradicionales con un impacto financiero pusiera de manifiesto algunos retrasos en el seguimiento y en el cierre de estas observaciones por parte de la Comisión; toma nota, además, de que el Tribunal observó que el 27 % de las observaciones pendientes llevaban más de cinco años en esa situación;

132. Observa que el IVA representa un 12 % de los ingresos de la Unión, que ascendieron a 145 000 millones de euros en 2018; pone de relieve, en este contexto, que la Comisión calcula que la «brecha» del IVA, que es la diferencia entre los ingresos previstos en concepto de IVA para el presupuesto de los Estados miembros y el importe total del IVA recaudado realmente en los Tesoros Públicos, ascendió, en 2017, a 137 500 millones de euros ( 9 ) ; señala que la brecha del IVA cubre las pérdidas de IVA que afectan principalmente a los presupuestos nacionales; señala, asimismo, que entre otros motivos, las pérdidas pueden deberse a insolvencias, quiebras, errores administrativos, optimización fiscal y también a posibles actividades ilícitas o fraudulentas;

133. Toma nota con preocupación de que en 2018 la Comisión formuló una reserva general relativa a la estimación realizada por Francia de su RNB porque Francia había proporcionado insuficiente información sobre la elaboración de su RNB;

134. Observa que, en relación con las cinco recomendaciones formuladas por el Tribunal en su Informe Anual de 2015, la Comisión solo había aplicado plenamente una recomendación completa, una solamente de manera parcial y tres en su mayor parte;

135. Pide a la Comisión que aplique una evaluación de riesgos más estructurada y documentada para su planificación de la inspección de los recursos propios tradicionales, además de un análisis del nivel de riesgo y de los riesgos de cada Estado miembro en relación con la elaboración de las contabilidades A y B;

136. Pide a la Comisión que refuerce el alcance de sus controles mensuales y trimestrales de los estados de las contabilidades A y B de los recursos propios tradicionales mediante la realización de un análisis más profundo de los cambios inusuales a fin de garantizar una reacción rápida ante anomalías potenciales;

137. Reitera su posición sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión, que representa un componente de los ingresos muy positivo para el MFP 2021-2027; acoge con satisfacción, por consiguiente, la propuesta de introducir tres nuevos recursos propios de la Unión y la simplificación de los actuales recursos propios basados en el IVA para el MFP 2021-2027 ( 10 )

Informe especial n.o 12/2019 del Tribunal titulado «Comercio electrónico: quedan por resolver muchas de las dificultades de la recaudación del IVA y los derechos de aduana»

138. Observa que no se dispone de estimaciones de las pérdidas de IVA a escala de la Unión en las prestaciones transfronterizas de servicios, aunque la Comisión calcula que las pérdidas por las entregas de mercancías de escaso valor desde terceros países ascienden a 5 000 millones de euros anuales;

139. Destaca el papel de los Estados miembros en la aplicación de los acuerdos de cooperación administrativa, la eficacia de los controles, la ejecución de la recogida de datos y el control del cumplimiento del marco reglamentario por los operadores;

140. Es consciente de que la ejecución de la recaudación del IVA es una competencia nacional;

141. Destaca la gran importancia del uso de los intercambios de información entre los Estados miembros y con terceros países;

142. Pide a los Estados miembros que refuercen el intercambio de información sobre las empresas y transacciones supuestamente fraudulentas a través de Eurofisc;

143. Pide a las autoridades fiscales de los Estados miembros que refuercen sus actividades de control en relación con el Sistema de Mini Ventanilla Única ( 11 )

144. Insta a la Comisión a que lleve a cabo actividades de control y vigilancia suficientes en los Estados miembros;

145. Expresa su preocupación por el riesgo de infravaloración de las entregas de mercancías adquiridas a través del comercio electrónico desde terceros países; acoge con satisfacción las medidas adoptadas para resolver el problema del fraude del IVA en el comercio electrónico;

146. Pide la rápida adopción de la legislación propuesta sobre el IVA para el comercio electrónico con el fin de abordar las deficiencias del régimen de ventas a distancia;

147. Pide a la OLAF que informe al Parlamento de los resultados de sus investigaciones relacionadas con la importación de prendas de vestir de escaso valor a través del comercio electrónico y la supuesta importación a través de operaciones de comercio electrónico de posibles mercancías sensibles por transporte aéreo;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

148. Observa que la subrúbrica 1a del MFP titulada «Competitividad para el crecimiento y el empleo» representa el 13,7 %, o 21 400 millones de euros, del presupuesto de la Unión; de este importe, 11 700 millones de euros (54,3 %) se destinan a la investigación y la innovación, 2 400 millones de euros (11,1 %) a educación, formación, juventud y deporte, 2 200 millones de euros (10,4 %) al transporte y la energía, 1 500 millones de euros (7,2 %) al espacio, y el resto a otras acciones;

Contribución al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020

149. Expresa su satisfacción por que el cuadro europeo de indicadores de la innovación reveló una tendencia positiva en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, en particular Malta, Países Bajos y España, y que Suecia sigue siendo el líder en la Unión en materia de innovación;

150. Lamenta, sin embargo, que la mayoría de los Estados miembros siga estando a la zaga en relación con el logro del objetivo de invertir el 3 % del producto interior bruto (PIB) en investigación y desarrollo; destaca que la Dirección General de Investigación e Innovación da tres razones principales para esta lenta evolución, a saber: a) la falta de inversión pública y privada en este ámbito; b) la limitada calidad y eficiencia de los sistemas nacionales de investigación e innovación; y c) las deficiencias del mercado relacionadas con la decisión de inversión de las empresas en I+D;

151. Acoge con satisfacción que el grado de participación de las pymes en el componente «Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación» y en el pilar «Restos sociales del programa Horizonte 2020» siga estando por encima del objetivo del programa, reflejando los considerables esfuerzos realizados para atraer a las pymes al programa y las simplificaciones aportadas para facilitar su participación;

152. Acoge con satisfacción, asimismo, que el porcentaje de nuevos participantes en Horizonte 2020 haya alcanzado el 61,4 %, superando así el valor de referencia del 55 % fijado para 2018;

153. Lamenta que el porcentaje de la contribución de la Unión a las acciones por el clima a través de Horizonte 2020 no alcance sus objetivos de gasto en materia de clima y sostenibilidad fijados ni, por tanto, para la totalidad del MFP 2014-2020; destaca que, tras el compromiso contraído por la Unión en virtud del Acuerdo de París y a la luz del Pacto Verde Europeo, debe incrementarse sin más demora el gasto relacionado con el clima;

Alcance y enfoque de la fiscalización

154. Toma nota de que el Tribunal examinó una muestra de 130 transacciones, concebida para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a esta subrúbrica del MFP: 81 operaciones de investigación e innovación (22 del Séptimo Programa Marco y 59 de Horizonte 2020), además de otras 49 de otros programas y actividades, principalmente de Erasmus+, el Mecanismo «Conectar Europa» y programas espaciales cuyos beneficiarios estaban ubicados en 19 Estados miembros y 4 terceros países;

155. Acoge con satisfacción que el nivel de error estimado por el Tribunal para la totalidad de la rúbrica 1a del MFP ascendía al 2 % y que este porcentaje es inferior al de los dos últimos ejercicios, en los que el nivel de error estimado se situó ligeramente por encima del 4 %;

156. Lamenta, no obstante, que en ocho casos de error cuantificable de los beneficiarios, la solicitud de reembolso contenía suficiente información para que la Comisión, las autoridades nacionales o el auditor independiente hubieran evitado, detectado y corregido los errores antes de aceptar el gasto; señala que, si la Comisión hubiera utilizado adecuadamente toda la información de que disponía, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido 0,3 % puntos porcentuales más bajo;

157. Observa que, tal y como fue el caso en ejercicios anteriores, muchos errores cuantificables se referían a costes de personal; y que, además, los costes de equipamiento y de infraestructuras constituyeron también una fuente de errores;

158. Expresa su sorpresa por saber que la verificación ex ante de la contribución de la Unión a los programas de grandes infraestructuras de investigación no solo fueron lentas y costosas (en términos de mano de obra y desplazamientos), sino que a menudo tuvieron escasas repercusiones en la prevención de errores;

159. Toma nota de que el Tribunal examinó los expedientes de auditoría (documentos de trabajo y documentación justificativa) en el Servicio Común de Auditoría y en las empresas de auditoría privadas y que en once casos el Tribunal tuvo que aplicar procedimientos adicionales de auditoría, debido principalmente a la necesidad de obtener documentación justificativa o a discrepancias en los documentos de trabajo;

160. ex post tratan de abarcar al máximo los costes aceptados, pero rara vez los cubren en su totalidad. El porcentaje de error se calcula como proporción del total de costes aceptados, en lugar del importe efectivamente auditado, lo que significa que el denominador en el cálculo del error es más alto y de ese modo el porcentaje de error queda subestimado. Cuando los errores observados son de naturaleza sistémica, el error se extrapola, lo que compensa parcialmente la subestimación mencionada. Sin embargo, puesto que no se efectúa una extrapolación para los errores no sistémicos, el porcentaje global de error sigue estando subestimado» Muestra su preocupación por los errores metodológicos constatados por el Tribunal para el cálculo del porcentaje de error en el programa Horizonte 2020: «las auditoríastratan de abarcar al máximo los costes aceptados, pero rara vez los cubren en su totalidad. El porcentaje de error se calcula como proporción del total de costes aceptados, en lugar del importe efectivamente auditado, lo que significa que el denominador en el cálculo del error es más alto y de ese modo el porcentaje de error queda subestimado. Cuando los errores observados son de naturaleza sistémica, el error se extrapola, lo que compensa parcialmente la subestimación mencionada. Sin embargo, puesto que no se efectúa una extrapolación para los errores no sistémicos, el porcentaje global de error sigue estando subestimado» ( 12 )

161. Observa que la DG de Investigación e Innovación calculó porcentajes de error para el Séptimo Programa Marco y para Horizonte 2020: — la DG de Investigación e Innovación calculó que el porcentaje de error representativo común del Séptimo Programa Marco, calculado sobre una base plurianual, es algo superior al 5 %; se calcula que el porcentaje de error residual asciende al 3,36 %; — el porcentaje de error residual en el ámbito de investigación e innovación se sitúa en el 2,22 % (2,24 % para la DG de Investigación e Innovación), y se espera que aumente hasta cerca del 2,45 % (2,48 % para la DG de Investigación e Innovación), si se tienen en cuenta los proyectos de informe de auditoría;

162. Observa que, en el caso de la DG de Investigación e Innovación, el importe global estimado en situación de riesgo en el momento del pago para los pagos efectuados en 2018 oscila entre 97,6 y 101,1 millones de euros y que el importe total en situación de riesgo al cierre para los gastos efectuados en 2018 oscila entre 69,1 y 72,7 millones de euros, lo que representa entre el 2,21 % y el 2,33 % de los gastos totales;

163. Señala que los conceptos de «riesgo en el momento del pago» y «riesgo al cierre» se introdujeron para el ejercicio de auditoría de 2018;

164. Acoge con satisfacción que las conclusiones del Tribunal (basadas en la subrúbrica del MFP) y de la Comisión sean similares;

Gestión financiera y controles internos

165. Señala que en el caso del Séptimo Programa Marco se mantuvo una reserva horizontal sobre el reembolso de las declaraciones de gastos;

166. Especifica que en 2018 la DG de Investigación e Innovación gestionó directamente el 56 % (frente al 58 % en 2017) de su presupuesto en lo que respecta a los pagos y que el 44 % de los pagos se destinó a otros organismos habilitados encargados de su ejecución;

167. Toma nota de que la DG de Investigación e Innovación confió el 15,05 % de su presupuesto de 2018 al BEI/FEI para Innovfin, de que Innovfin tenía por objeto apoyar la investigación y la innovación a través de instrumentos financieros, y que el importe transferido al BEI/FEI en 2018 ascendió a 472,9 millones de euros;

168. Considera que todos los programas, acciones o proyectos en el ámbito del BEI cofinanciados por el presupuesto de la Unión deben ser auditados por el Tribunal;

169. Observa con preocupación que, aunque 4 740 de los 4 934 proyectos del período de financiación 2007-2013 están cerrados, sigue habiendo un número de créditos de compromiso pendientes («pendientes de liquidación» o RAL) por valor de 157 300 millones de euros y que la Comisión no está en condiciones de indicar cuándo se habrán liquidado ( 13 )

170. Pone de relieve con preocupación el gran desequilibrio de la asignación de fondos a los investigadores entre los Estados miembros a través de Horizonte 2020;

171. Señala que en el caso del período de programación actual 2014-2020 se ejecutó el 64,26 % del presupuesto;

172. Anima a la DG de Investigación e Innovación a que prosiga sus esfuerzos de simplificación en consonancia con el Informe Especial n. o 28/2018 del Tribunal, pero sin comprometer la seguridad jurídica y sin convertir los controles ex post en controles ex ante ;

173. Considera que la DG de Investigación e Innovación debe prestar mayor atención a medir el valor añadido de las inversiones de la Unión en I&I; destaca que la medición del rendimiento en el ámbito de la investigación y la innovación no debe basarse exclusivamente en efectos a corto plazo e indicadores monetarios, sino que debe tener en cuenta la naturaleza específica de la investigación; anima a la Comisión a que desarrolle vías para mejorar el apoyo de los proyectos de investigación e innovación de alto riesgo de manera transparente;

174. Recomienda encarecidamente que la DG de Investigación e Innovación preste mayor atención a medir el valor añadido de las inversiones de la Unión en I+I;

HUAWEI

175. Reconoce que las filiales HUAWEI solicitaron cofinanciación de la Unión en el marco del programa Horizonte 2020;

176. Señala, no obstante, que los participantes procedentes de Brasil, China, India, México y Rusia ya no estaban financiados en el marco de Horizonte 2020 ( 14 )

177. Recuerda que las normas de participación y difusión de Horizonte 2020 regulan la explotación de los resultados y transmiten a la Comisión el derecho a oponerse a las transferencias de propiedad o a la concesión de licencias exclusivas establecidas en un tercer país no asociado a Horizonte 2020;

178. Toma nota de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, en este contexto, analizó la información sobre presuntas infracciones y ha decidido iniciar una nueva evaluación;

179. Observa con preocupación la existencia de un peligro de uso indebido intencionado de los fondos de la Unión por parte de terceros países en proyectos de investigación conjunta; recuerda que estos terceros países deben respetar las normas de integridad y protección de los intereses financieros de la Unión al igual que hacen los Estados miembros;

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)

180. Expresa su preocupación por la constatación del Tribunal en el sentido de que en los sistemas de control interno de la Agencia es necesario introducir importantes mejoras y de que, por segundo año consecutivo, la Comisión ha emitido una reserva sobre dicho sistema;

Recomendaciones

181. Pide a la DG de Investigación e Innovación que: — haga un seguimiento de las recomendaciones del Tribunal relativas a esta subrúbrica; — aplique las 26 recomendaciones pendientes del Servicio de Auditoría Interna; — preste mayor atención y sea más ambiciosa al fomentar las acciones por el clima (uno de los indicadores claves de rendimiento); — preste una atención especial al respecto de las normas de aplicación y difusión de Horizonte 2020; — promueva una asignación más equilibrada de los recursos entre los Estados miembros en el contexto de Horizonte 2020 y siga prestando asistencia a los Estados miembros y los investigadores, concretamente en su solicitud de financiación; — publique todas sus propuestas de recomendaciones específicas por país en el marco de la estrategia del Semestre Europeo en sus informes anuales de actividad; — reconsidere la forma de llevar a cabo la verificación ex ante de las grandes infraestructuras de investigación con el fin de que sean más eficaces y eficientes; — elabore, conjuntamente con la EACEA, un informe para la comisión competente del Parlamento, a más tardar en julio de 2020, sobre las reformas introducidas para encontrar una solución a esta situación; — preste especial atención a la distribución de fondos por el coordinador del proyecto al beneficiario; — invierta en la evaluación del rendimiento y del valor añadido de la Unión;

182. Solicita al Tribunal que en su informe anual dedique más espacio al rendimiento, sobre el cual los informes especiales del Tribunal son una fuente importante de información; acoge con satisfacción, en este contexto, las propuestas presentadas el 19 de noviembre de 2019 en Luxemburgo durante la visita de la Comisión de Control Presupuestario;

Cohesión económica, social y territorial

183. Observa la información presentada por el Tribunal según la cual los pagos en virtud de la subrúbrica 1b del MFP titulada «Cohesión económica, social y territorial» representa el 34,8 %, o 54 500 millones de euros, del presupuesto de la Unión; observa, asimismo, que de este importe, 30 100 millones de euros (55,1 %) se destinan al FEDER, 9 300 millones de euros (17 %) al Fondo de Cohesión, 13 900 millones de euros (25,6 %) al FSE y el resto, a otras acciones;

184. Observa que, respecto a 2018, la DG de Política Regional y Urbana comunicó el pago de 39 500 millones de euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 98,52 % de los créditos de pago autorizados para 2018, y que la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión comunicó el pago de 14 600 millones de euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 94,42 %;

Contribución al logro de los objetivos de la Unión para 2020

185. Toma nota de que la Comisión, en relación con los indicadores clave de rendimiento, alega que, por lo que se refiere a: — el empleo, el crecimiento y la inversión, cada euro gastado generó 2,7 euros de producto interior bruto adicional (PIB) y que, como consecuencia de ello, se crearon alrededor de 1,3 millones de puestos de trabajo durante el último período de programación; — el refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el número previsto de proyectos de cooperación entre empresas e instituciones de investigación se ha doblado prácticamente en comparación con los proyectos seleccionados a finales de 2017; — la competitividad de las pymes, el número previsto de empresas que reciben ayuda aumentó un 40 % en comparación con los proyectos seleccionados a finales de 2017; — la economía hipercarbónica, el número previsto sobre la base de los proyectos seleccionados a finales de 2017 es más del doble y alcanzó el 69,2 % del objetivo de 6 708 megavatios de capacidad adicional para finales de 2023;

186. o 1303/2013 Señala que el Reglamento sobre disposiciones comunes para el período 2014-2020 (artículo 71 del Reglamento (UE) n.1303/2013 ( 15 ) ) no contempla disposiciones que definan la consecución de resultados y su sostenibilidad como criterios de durabilidad de las inversiones productivas del FEDER; toma nota de las observaciones del Tribunal sobre la sostenibilidad ( 16 ) y la calidad de estas inversiones y reitera su petición de que se incluya la consecución de resultados como una consideración clave para evaluar la durabilidad de los proyectos que permitirá valorar la medida en que una evolución económica positiva se ve favorecida por una recuperación económica general o por los fondos de la Unión;

Alcance y enfoque de la fiscalización

187. Toma nota de que el Tribunal examinó una muestra de 220 operaciones, concebida para que fuera estadísticamente representativa del conjunto de gastos con cargo a la subrúbrica 1b del MFP, que las autoridades de auditoría habían comprobado previamente;

188. Observa con preocupación que en esas 220 operaciones el Tribunal identificó y cuantificó 36 errores que no habían sido detectados por las autoridades de auditoría y que, teniendo en cuenta los 60 errores previamente hallados por las autoridades de auditoría y las correcciones realizadas por las autoridades responsables de los programas (por un valor total de 314 millones de euros para ambos períodos de programación), el Tribunal estimó que el nivel de error es del 5,0 %;

189. Señala que la Comisión no comparte la valoración del Tribunal respecto a tres errores significativos en el período de programación 2014-2020 y a dos errores en el correspondiente a 2007-2013; señala que la Comisión hace referencia a las diferentes interpretaciones de las normas nacionales o de la Unión aplicables que afectan al porcentaje de error calculado ( 17 )

190. Expone con detalle que las principales fuentes de error se referían a los costes no subvencionables (37) y a la contratación pública (18), seguidas de la ausencia de justificantes esenciales (3);

191. Señala, asimismo, que hasta el final del ejercicio contable 2016-2017, se abonaron 2 900 millones de euros en concepto de anticipos para instrumentos financieros, de los cuales 2 300 millones de euros fueron declarados entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 (17 % del importe total de cofinanciación de la Unión abonado) y que, durante el ejercicio contable 2016-2017, se desembolsaron a los beneficiarios finales 1 300 millones de euros (43 %);

192. Pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de quién se beneficia de los intereses acumulados sobre los 1 600 millones de euros aún no abonados a los beneficiarios y que a partir de ahora incluya esta información en sus informes anuales;

193. Observa que la auditoría del Tribunal abarcó desembolsos en favor de cinco instrumentos financieros (dos del período de programación 2014 a 2020 y tres del período de programación 2007 a 2013); toma nota de que el Tribunal examinó 30 garantías y 100 préstamos relacionados con estos cinco instrumentos a escala de los intermediarios financieros y detectó 14 casos de pagos no subvencionables a beneficiarios finales, relativos a tres de los instrumentos examinados por el Tribunal: se trataba de préstamos no admisibles o de beneficiarios finales no admisibles, y de desembolsos cancelados que el Estado miembro había registrado incorrectamente como abonados;

194. Observa que la DG de Política Regional y Urbana confirmó un porcentaje de error residual del 1,96 % para el ejercicio contable de 2016 a 2017, tras la finalización del ciclo de control nacional y de la Comisión, en todas las pruebas de auditoría disponibles en esta fecha y en los procedimientos contradictorios pendientes (planteamiento más prudente) y que la DG de Política Regional y Urbana calculó al mismo tiempo que el porcentaje confirmado podría alcanzar un máximo del 2,74 %;

195. Observa con preocupación la diferencia marcada entre los porcentajes de error estimados por el Tribunal y por la Comisión;

196. Observa, asimismo, que, para 2018, la Comisión ha introducido dos nuevos conceptos: «importe en situación de riesgo en el momento del pago» ( 18 ) e «importe en situación de riesgo al cierre»;

197. Señala que el «importe en situación de riesgo en el momento del pago» se basa en las cuentas transmitidas por los Estados miembros una vez que han deducido las correcciones financieras; expone, por consiguiente, que parece que la Comisión no dispone de información de primera mano sobre el importe en situación de riesgo en el momento del pago;

198. Señala, por otra parte, que el «importe en situación de riesgo al cierre» es una extrapolación basada en la experiencia de la Comisión;

199. Considera útil, en este contexto, recordar el artículo 247, apartado 1, letra b), inciso i), que obliga a la Comisión a presentar «una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión sobre la base de una metodología coherente y una estimación de las correcciones futuras; (...)»;

200. Expresa su preocupación por la conclusión del Tribunal de que, en la actualidad, la confianza en el trabajo realizado por varias autoridades de auditoría es limitada debido a las deficiencias en el método de muestreo aplicado por las autoridades de auditoría, la documentación de la pista de auditoría y el tratamiento de los errores; muestra su preocupación, asimismo, por que el Tribunal no pueda confiar en el porcentaje de error presentado por la Comisión, ya que se basa en gastos que aún no han superado el ciclo de control completo y estos gastos no coinciden con los auditados por el Tribunal;

201. Considera insatisfactorio que el Tribunal y la Comisión utilicen metodologías diferentes para elaborar sus opiniones respectivas en relación con la legalidad y la regularidad de las operaciones financieras; llegan, por consiguiente, a resultados distintos en relación con el porcentaje de error residual: > 2 % (DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión & DG de Política Regional y Urbana), 5 % (Tribunal); solicita, en este sentido, que el Tribunal no facilite un porcentaje de error residual, sino un porcentaje de error en el momento del pago (antes de la aplicación de correcciones) a fin de mejorar la evaluación y el control del Parlamento;

202. Señala, por otra parte, que, además, la base de datos de ambas instituciones es diferente: mientras el Tribunal sigue un enfoque anual, la Comisión, en 2018, solo pudo verificar las cuentas 2016-2017 y sigue un enfoque plurianual;

Gestión financiera y controles internos

203. Señala que la DG de Política Regional y Urbana formula 30 reservas en relación con 30 programas operativos en el período de programación actual; para el período de programación 2007-2013 seguía habiendo 18 reservas;

204. Señala que, a final de 2018, la DG de Política Regional y Urbana notificó una finalización del 99 % de los planes de acción para cumplir las condiciones ex ante y que los planes de acción sin completar se redujeron a seis en 2018 (ocho en 2017); observa con preocupación que se adoptaron dos decisiones de suspensión y se enviaron dos cartas previas a la suspensión respecto a los planes que no se habían completado, lo que puede poner en riesgo la oportuna ejecución de los programas operativos, la mayoría de ellos en el sector medioambiental;

205. Pide a la Comisión que proceda a una simplificación real del procedimiento, en particular en lo que atañe a la documentación requerida para acceder a la financiación, sin perder de vista los principios de control y seguimiento;

206. Observa con preocupación que la aplicación de los Fondos Estructurales se está quedando rezagada y que la situación es incluso peor que en el momento comparable del período de programación anterior: que, en la actualidad, la tasa media de absorción es inferior al 40 %, y que este porcentaje se sitúa por debajo del 60 % en el mismo momento del período de programación 2007-2013 ( 19 )

207. Observa que el informe anual de actividades de 2018 de la DG de Política Regional y Urbana afirma que actualmente está previsto asignar 18 000 millones del FEDER y el Fondo de Cohesión, equivalentes al 7,2 % del total de las asignaciones, a través de instrumentos financieros;

208. Lamenta que el informe anual correspondiente a 2018 sobre los instrumentos financieros de los Fondos EIE no se haya publicado hasta enero de 2020; observa que, a finales de 2018, las contribuciones de los Fondos EIE a los instrumentos financieros ascendieron a 16 900 millones de euros, se pagaron 7 000 millones de euros a los instrumentos financieros de los Fondos EIE (en torno al 41 %) y 3 700 millones de euros se invirtieron en beneficiarios finales; pide a la Comisión que publique el informe anual de 2019 a más tardar en octubre de 2020, a fin de que sus conclusiones puedan integrarse en el informe sobre la aprobación de la gestión de 2019;

209. Recuerda su petición de que se permita que las autoridades de auditoría nacionales auditen los instrumentos financieros del presupuesto de la Unión, reduzcan el número de instrumentos financieros e introduzcan normas más estrictas en materia de elaboración de informes por parte de los gestores de los fondos, incluidos el grupo BEI y otras entidades financieras internacionales, en lo referente al rendimiento y los resultados logrados, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas ( 20 )

210. Pone de relieve la necesidad de aumentar la transparencia, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la comunicación de información sobre el rendimiento y la sostenibilidad respecto de los instrumentos financieros ejecutados dentro y fuera de la Unión; pide a la Comisión que se asegure de que sus homólogos que ejecutan instrumentos financieros respaldados por el presupuesto de la Unión garanticen el máximo nivel de transparencia y rendición de cuentas;

211. Subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas ( 21 )

212. Expresa su preocupación por que los compromisos atrasados al final del período de programación sean considerablemente más numerosos que al final del ejercicio anterior, provocando así posiblemente una nueva crisis de pagos;

213. Toma nota de que la DG de Política Regional y Urbana confirmó, para el ejercicio contable de 2016-2017, que las autoridades de auditoría indicaron unos porcentajes de error residual (incluso, en algunos casos, tras introducir ajustes sin un impacto importante) por debajo del umbral de importancia relativa en el caso de 135 programas operativos, y que hubo que revisar 29 por encima del 2 %;

214. Toma nota, asimismo, de que la DG de Política Regional y Urbana aceptó 242 de las 258 cuentas certificadas correspondientes al ejercicio 2017-2018; y no aceptó 16; subraya, en este contexto, que el Tribunal no examinó las cuentas correspondientes a dicho período, ya que las verificaciones no se completaron;

215. Observa que los ámbitos más expuestos al fraude en la política estructural y de cohesión son las infraestructuras (34 %), el medio ambiente (13 %) y la investigación (13 %), y que los casos de fraude se refieren a las normas de contratación pública (52 %), los gastos irregulares (14 %) y los conflictos de intereses (8 %);

Irregularidades graves y malversación de fondos en los Estados miembros

216. Toma nota de que el informe final de auditoría de la DG de Política Regional y Urbana sobre la República Checa se filtró a los medios sin autorización; fue informado de que la Comisión llevó a cabo auditorías exhaustivas relativas a la aplicación del Derecho de la Unión y del Derecho nacional, comprobando exhaustivamente no solo la regularidad de las operaciones, sino también el cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión en materia de conflictos de intereses; señala que la Comisión informó a la comisión competente del Parlamento en una reunión a puerta cerrada celebrada en diciembre de 2019 sobre los resultados de las auditorías llevadas a cabo por la DG de Política Regional y Urbana y la DG de Empleo; pide a la Comisión que mantenga informada sin demora a la autoridad de aprobación de la gestión y a la comisión o comisiones competentes del Parlamento acerca de cualquier novedad, y que garantice un seguimiento adecuado de las conclusiones;

217. Lamenta que los auditores hayan detectado deficiencias graves en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control en el ámbito de los fondos regionales y de cohesión y sugiere, por tanto, una corrección financiera de casi el 20 %; pide a la Comisión que evalúe de forma crítica si estos casos constituyen un uso indebido sistémico de los fondos de la Unión; espera que la Comisión adopte un mecanismo adecuado para evitar futuras deficiencias;

218. Lamenta asimismo las indicaciones iniciales de que los auditores de la Comisión habían detectado graves casos de conflictos de intereses relacionados con el Gobierno checo; entiende, no obstante, que la legislación nacional checa en materia de conflictos de intereses no sanciona la concesión de fondos públicos a funcionarios públicos antes de febrero de 2017; observa que hasta el momento no se ha declarado ningún gasto para 2018; espera que la Comisión haga todo lo que esté a su alcance para concluir el proceso de manera eficiente y oportuna y que adopte sin dudar todas las medidas correctoras necesarias; a la luz de los informes sobre las graves preocupaciones por los conflictos de intereses relacionados con el Gobierno checo detectados en las auditorías llevadas a cabo por la Comisión, insta a la Comisión a que informe con detalle al Parlamento y al Consejo sobre la situación;

219. Acoge con satisfacción que la Comisión haya informado a su comisión competente de que la DG de Política Regional y Urbana introdujo correcciones financieras de más de 1 500 millones de euros de programas del período 2007-2013 en Hungría en los que detectó irregularidades y que este importe afecta a los siguientes programas operativos: — 2007HU161PO001 Desarrollo económico 275 millones de euros — 2007HU161PO002 Medio ambiente y energía 254 millones de euros — 2007HU161PO007 Transporte 371 millones de euros — 2007HU161PO008 Infraestructura social 120 millones de euros — Siete programas operativos regionales 473 millones de euros — 2007HU161PO010 Ejecución 75 millones de euros

220. Reconoce el excelente trabajo de auditoría realizado por la Comisión para detectar riesgos sistémicos y fuentes de error; celebra las correcciones financieras impuestas; señala con preocupación la considerable cantidad de tiempo que hace falta para recuperar fondos desembolsados irregularmente; pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre sus conclusiones respecto a los riesgos sistémicos y las estructuras oligárquicas en mayor detalle;

221. Lamenta que los auditores de la Comisión hayan detectado deficiencias graves en el funcionamiento del sistema de gestión y control en el ámbito de los Fondos EIE por lo que respecta al control de los procedimientos de contratación pública;

222. Recuerda que se ha aplicado una corrección financiera a tanto alzado del 10 % en relación con todos los programas operativos;

223. Recuerda la corrección financiera del 25 % en los contratos marco del sector hídrico en el programa operativo Ambiente y Eficiencia Energética como consecuencia de irregularidades en la contratación pública;

224. Recuerda la corrección financiera a tanto alzado del 10 % en el programa operativo Desarrollo Territorial y de Asentamientos como consecuencia de deficiencias durante la selección de proyectos;

225. Toma nota, asimismo, de que la DG de Política Regional y Urbana aún no ha cerrado preliminarmente los programas relativos a la administración electrónica, lo que podría implicar correcciones adicionales;

226. Señala con preocupación que el nivel de irregularidades apuntan a la existencia de un problema sistémico en los programas operativos de Hungría que se remonta a 2007; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al público en general de su propia valoración de la razón que explica este nivel de irregularidades; indica que la sanción a tanto alzado del 10 % por la mala gestión de los programas operativos no es una solución a largo plazo al elevado nivel de irregulares detectadas y que sin mecanismos de control y vigilancia mejorados y adecuados este nivel no puede reducirse;

227. Pide a la Comisión que, en el caso de los programas señalados anteriormente, fije un calendario claro desde el inicio del proyecto hasta la recuperación de los fondos, explicando las distintas etapas;

228. Pregunta a la Comisión cómo se consignarán estas recuperaciones en el presupuesto, ya que afectan a programas del período de programación anterior 2007-2013;

229. Recuerda su posición favorable al establecimiento de un mecanismo en virtud del cual los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) pueden sufrir consecuencias jurídicas y financieras significativas;

Recomendaciones

230. Pide a la Comisión que: — amplíe la información sobre el impacto y la sostenibilidad de las inversiones de la Unión para mostrar el valor añadido de la Unión derivado de los fondos de la Unión; — redoble esfuerzos para mejorar los actuales marcos de control y garantía con vistas al establecimiento de una cadena de auditoría única; — presente en su informe anual de gestión y rendimiento una cifra correspondiente al nivel de error en el momento del pago (antes de ser corregido a escala nacional) y calcule la corrección futura; — continúe su cooperación con el Tribunal para seguir armonizando las metodologías de auditoría y la interpretación de los textos jurídicos; — publique sus propuestas de recomendaciones específicas por país en el marco de la estrategia del Semestre Europeo; — preste mayor atención y asigne más apoyo técnico a los Estados miembros cuyos sistemas de gestión y control solo son parcialmente fiables o nada fiables, cuando haya un mayor riesgo de fraude y corrupción asociado a los fondos, y especialmente a los Estados miembros que no se adhirieron a la Fiscalía Europea; — anime encarecidamente a los Estados miembros a que se adhieran a la Fiscalía Europea; — preste especial atención a los contratos marco adjudicados a través de procedimientos de contratación pública, ya que el fraude y la corrupción asociados a ellos representan un riesgo cada vez mayor para los intereses financieros de la Unión; — reduzca los compromisos atrasados en el plazo más breve posible; — reduzca la liberación automática de créditos para el período de programación 2021-2027 de n+3 años a n+2 años a fin de presionar a los Estados miembros para que apliquen rápidamente los programas; — imponga correcciones financieras por los errores detectados por el Tribunal de acuerdo con las disposiciones jurídicas pertinentes; — especifique en los informes anuales de actividad cómo se reutilizaron los importes efectuados mediante las correcciones financieras a posteriori impuestas por los Estados miembros y por la Comisión, especialmente en los casos en que se detectaron fraude, corrupción u otra actividad delictiva; — especifi