DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOque acompaña a la Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOsobre el embargo preventivo y decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea /* SWD/2012/0032 - COD/2012/0036 */





DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO que acompaña a la Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el embargo preventivo y decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea Cláusula de exención de responsabilidad: El presente resumen compromete exclusivamente a los servicios de la Comisión Europea que han participado en su elaboración y no prejuzga la forma definitiva de cualquier decisión que adopte la Comisión 1. Definición del problema Para desbaratar las actividades de la delincuencia organizada es esencial despojar a los delincuentes de los productos del delito. La delincuencia organizada se mueve esencialmente por ánimo de lucro. La incautación de cuantos beneficios sea posible obstaculiza las actividades delictivas, disuade a los delincuentes al demostrar que «el delito no resulta provechoso» y aporta fondos para reinvertirlos en actividades policiales o en iniciativas de prevención de la delincuencia. El problema que aborda esta evaluación de impacto es el de la insuficiente recuperación de activos de origen delictivo en la UE. Hasta la fecha, las estimaciones del dinero no recuperado de la delincuencia organizada en los Estados miembros, así como los datos sobre el éxito en la recuperación de activos, siguen siendo escasos. Algunos informes recientes y fuentes no oficiales estiman que los productos anuales de la delincuencia organizada en algunos Estados miembros son muy elevados[1]. Las cifras presentan un claro contraste con los importes recuperados anualmente en la Unión[2]. Aunque solo algunos Estados miembros tienen estadísticas sobre los importes recuperados anualmente de la delincuencia, en la actualidad el número de procedimientos de embargo preventivo y decomiso en la UE y los importes recuperados de la delincuencia organizada parecen insuficientes si se comparan con los ingresos estimados de los grupos de la delincuencia organizada o con el número de condenas penales dictadas por los órganos jurisdiccionales en delitos graves. Las actividades de la delincuencia organizada tienen a menudo naturaleza transnacional y los activos de los grupos de delincuentes se invierten cada vez más en otros Estados miembros. Las medidas contra los activos situados en el extranjero son invariablemente más problemáticas, debido a las mayores dificultades para su localización y a los obstáculos jurídicos para obtener pruebas y ejecutar las resoluciones de embargo o decomiso. Aunque el decomiso de activos se basa en el Derecho internacional, la legislación de la UE y las leyes de los Estados miembros, estas normativas siguen estando infradesarrolladas e infrautilizadas. Es improbable que un Estado miembro decomise una proporción importante de activos delictivos y que las leyes consigan el fin que persiguen. 2. Análisis de la subsidiariedad La UE ya ha adoptado medidas relativas al decomiso y recuperación de activos de origen delictivo. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la base jurídica que respalda las medidas en este ámbito puede encontrarse en el artículo 82, apartados 1 y 2, y en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. La base jurídica más adecuada y el alcance del poder armonizador de la UE dependerán de que una determinada disposición se refiera a la armonización o al reconocimiento mutuo. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del TUE, la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. El artículo 67 del TFUE dispone que la Unión garantizará a los ciudadanos un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia y de lucha contra ella. Cada vez se reconoce más la importancia del decomiso de activos delictivos como herramienta esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, que muy a menudo es de carácter transnacional y, por lo tanto, debe abordarse en común. Esto es aún más cierto en la UE, donde la supresión de las fronteras interiores hace que sea más sencillo cometer delitos transfronterizos. Tal como reconoce el Programa de Estocolmo 2010-2014, la Unión debe reducir el número de posibilidades a disposición de la delincuencia organizada como consecuencia de la globalización de la economía, en especial durante una crisis que está exacerbando la vulnerabilidad del sistema financiero. Por consiguiente, la UE está mejor situada que los Estados miembros individuales para utilizar más eficientemente una de las herramientas más eficaces para luchar contra la delincuencia organizada. La dimensión transfronteriza de los activos de la delincuencia organizada (que cada vez con mayor frecuencia se invierten fuera de su país de origen y a menudo en varios países) justifica aún más la acción paneuropea. 3. Objetivos El objetivo global a largo plazo es reducir de forma sustancial los ingresos y los productos de la delincuencia organizada acumulados en la UE. Los objetivos generales son luchar contra la delincuencia organizada, ofrecer justicia a las víctimas y aumentar la confianza pública en el sistema de justicia penal. En consonancia con los componentes subyacentes del problema, cabe definir cuatro objetivos políticos concretos: i) aumentar la armonización de las normas que permiten confiscar los activos de origen delictivo, con el debido respeto de los derechos fundamentales; ii) disponer de unas normas armonizadas mínimas que permitan a los Estados miembros embargar/incautar y administrar los activos delictivos a la espera de su decomiso, con el debido respeto de los derechos fundamentales; iii) facilitar a los Estados miembros el embargo/incautación y decomiso transfronterizos de activos; y iv) incrementar el uso de las herramientas de embargo preventivo y decomiso por parte de los agentes de los Estados miembros. 4. Opciones políticas Con el fin de solucionar las deficiencias detectadas gracias a la definición del problema, se identificaron 21 medidas políticas a escala de la UE (algunas de ellas complementarias). Dado el gran número de medidas políticas contempladas, en primer lugar se examinaron individualmente las 21 medidas a escala de la UE en relación con los posibles obstáculos para su ejecución, tales como: i) la existencia de una adecuada atribución de competencias a la UE, ii) la proporcionalidad; y iii) la compatibilidad con los principios fundamentales constitucionales o del Derecho penal de los Estados miembros. También se analizó en detalle el impacto en los derechos fundamentales, basándose en la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se descartaron cuatro medidas políticas tras dicho examen en relación con los obstáculos. Las restantes medidas políticas se agruparon en opciones políticas que representan distintos grados de intervención a escala de la UE: una opción no legislativa, una opción legislativa mínima (corrección de las deficiencias del vigente marco jurídico de la UE que le impiden funcionar según lo previsto) y una opción legislativa máxima (que va más allá de los objetivos del actual marco jurídico de la UE). Dentro de esta última, se analizaron dos subopciones legislativas máximas, una con y otra sin una actuación a escala de la Unión relativa al reconocimiento mutuo. 4.1. Opción política 1 – Statu quo Esta opción no implica ninguna medida nueva a escala de la UE, sino que constituye la continuación de las actividades existentes. El no adoptar ninguna medida nueva a escala de la UE no significa que no se produzca ningún cambio a escala de la UE. Con arreglo al Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2014 el vigente marco jurídico de la UE tendrá fuerza ejecutoria para los Estados miembros a través del procedimiento de infracción. 4.2. Opción política 2 – Opción no legislativa Con arreglo a la opción política no legislativa, se utilizan talleres para fomentar la aplicación de las actuales obligaciones de decomiso (medida política 1) y promover la aplicación de las actuales obligaciones de reconocimiento mutuo (medida política 12). Talleres de utilización, dirigidos a los responsables gubernamentales de la toma de decisiones en algunos Estados miembros, relativos a la rentabilidad de la actividad de decomiso de activos (medida política 15) pueden incrementar la utilización de estos instrumentos y proporcionar un foro para el intercambio de conocimientos y experiencias de los profesionales. 4.3. Opción política 3 – Opción legislativa mínima Esta opción consiste en talleres sobre transposición y utilización junto con medidas políticas adicionales que aborden las deficiencias detectadas en el actual marco jurídico en materia de reconocimiento mutuo. Por lo que respecta a la ejecución de las resoluciones de decomiso, esta opción prevé la simplificación del marco jurídico mediante la consolidación de la Decisiones Marco 2006/783/JAI y 2005/214/JAI y la ampliación de su ámbito de aplicación para incluir todas las resoluciones de compensación dictadas en el contexto de un proceso penal (medida política 14). Esta opción incluye también la introducción de formularios consolidados de reconocimiento mutuo (medida política 19). Esta opción supone también la aplicación de la primacía del reconocimiento mutuo sobre los convenios de asistencia judicial por lo que se refiere a las solicitudes entre Estados miembros (medida política 20). 4.4. Opción política 4.1 – Opción legislativa máxima sin reconocimiento mutuo Esta opción consta de todas las medidas políticas que no suponen una acción legislativa en relación con el reconocimiento mutuo. Para mejorar los poderes de decomiso, esta opción prevé la posibilidad de decomisar todos los beneficios de valor, incluidos los productos indirectos (medida política 2), mediante la introducción de una definición amplia de «productos del delito». Esta opción prevé, como forma de resolver la limitación de las actividades de decomiso cuando el proceso penal ha concluido, la separación del procedimiento de decomiso y el procedimiento penal (medida política 4), a fin de poder efectuar investigaciones financieras y ejecutar las resoluciones pendientes también en una fecha ulterior, una vez concluido el proceso penal. Esta opción también refuerza el decomiso ampliado (medida política 5) ampliando el ámbito de las infracciones a las que se aplica y permitiéndolo, al menos cuando un órgano jurisdiccional concluya que es sustancialmente más probable que los activos de una persona condenada por una infracción penal incluida en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, procedan de actividades delictivas similares. Con objeto de despejar los obstáculos para el enjuiciamiento, esta opción puede incluir la introducción en circunstancias limitadas del decomiso no basado en condena (medida política 6). Esto haría posible el decomiso cuando no se pueda obtener una condena debido al fallecimiento, incomparecencia en el proceso o fuga del sospechoso, o si este no puede comparecer en juicio de resultas de una enfermedad mental. A menudo, en cuanto se empieza a investigar a los delincuentes, estos transfieren sus activos a terceros con su conocimiento con el fin de evitar el decomiso. Esta opción incluye también el decomiso de terceros (medida política 7) para los activos recibidos a cambio de un valor inferior al del mercado, cuando una persona razonable en la posición del tercero habría sospechado eran de origen delictivo. Por lo que respecta al embargo preventivo/incautación de los activos de origen delictivo, esta opción prevé la introducción de normas mínimas armonizadas (medida política 8). También prevé mecanismos para garantizar el embargo preventivo (medida política 9), de manera que los Estados miembros deberían disponer de mecanismos adecuados para garantizar que los activos que corran el riesgo de ser ocultados o trasladados fuera de su jurisdicción pueden embargarse/incautarse inmediatamente por las autoridades no judiciales incluso antes de solicitar una resolución judicial. En lo que se refiere a la preservación de los activos, esta opción otorga poderes para ejecutar los activos embargados al menos cuando estos puedan perder valor o su mantenimiento sea costoso (medida política 10). En el ámbito de la utilización de poderes, esta opción impone a los Estados miembros obligaciones de informar (medida política 16) que contribuirán a elaborar estadísticas que puedan utilizarse con fines de evaluación. 4.5. Opción política 4.2 – Opción legislativa máxima con reconocimiento mutuo Esta opción abarca todas las medidas políticas previstas (si bien las medidas políticas 19 y 20 se solapan parcialmente). En comparación con la opción 4.1, también incluye el reconocimiento mutuo de todos los tipos de resolución (medida política 13). Esta opción supone también el reconocimiento mutuo de las resoluciones de compensación (medida política 14) consolidando las Decisiones Marco 2006/783/JAI y 2005/214/JAI y ampliando su ámbito de aplicación para abarcar todas las resoluciones formuladas en el contexto de un proceso penal. Esta opción prevé también unos formularios consolidados de reconocimiento mutuo (medida política 19) y medidas de aplicación de la primacía del reconocimiento mutuo (medida política 20). 5. Evaluación de los impactos 5.1. Análisis de la opción 1 – Statu quo Con la opción de «no hacer nada» cabe predecir que se avanzará con lentitud en la consecución de los objetivos concretos. Su impacto económico será previsiblemente escaso, conforme a la progresión natural de los activos recuperados. Es probable un aumento del desequilibrio entre los activos cuya propiedad tiene un origen delictivo y los recuperados por los gobiernos. Su impacto social es probable que sea insignificante, tras un ligero incremento de los activos de origen delictivo recuperados en beneficio de las víctimas de la delincuencia. Esta opción no tendría ningún impacto en las conductas delictivas. Sin medidas adicionales a escala de la UE, es probable que los delincuentes sigan invirtiendo sus activos en otros Estados miembros, lo que incrementa la necesidad de que las actividades de decomiso tengan una dimensión transfronteriza. En general, subsistirían importantes deficiencias, los instrumentos de reconocimiento mutuo seguirían infrautilizados y el importe de los activos de origen delictivo decomisados en la UE seguiría siendo pequeño en comparación con las estimaciones de los beneficios de la delincuencia organizada. Aunque sin la intervención de la UE la situación no se estancaría, el ritmo del cambio sería demasiado lento. Así pues, esta opción no alcanzaría el objetivo de incrementar la recuperación de activos de origen delictivo en la Unión. Es poco probable que los Estados miembros apoyen esta opción. El Parlamento Europeo no estaría en absoluto satisfecho con esta solución. 5.2. Análisis de la opción 2: – Opción no legislativa Esta opción tendría un escaso impacto económico. Los talleres sobre transposición podrían implicar una ligera incidencia positiva en la transposición para aquellos Estados miembros que aún no han transpuesto plenamente los textos pertinentes. Los costes de talleres de utilización serían insignificantes y su utilidad dependería de su alcance. Teniendo en cuenta la infrautilización de los procedimientos de decomiso, los talleres de utilización podrían tener una mayor incidencia en la utilización y evitar que se sigan tomando las decisiones basándose en la presunción de que el trabajo de confiscación de activos no es rentable. El impacto social sería insignificante y el impacto en las conductas delictivas bastante limitado. En general, es probable que el valor añadido de la opción no legislativa sea escaso y su aspecto más prometedor son los talleres de utilización. Esta opción difícilmente alcanzaría el objetivo de incrementar la recuperación de activos de origen delictivo en la Unión y recibiría graves críticas del Parlamento Europeo. 5.3. Análisis de la opción 3 – Opción legislativa mínima Además de los impactos económicos de los talleres sobre transposición y utilización, al mejorar los instrumentos de reconocimiento mutuo se incrementaría claramente el número de procedimientos de aplicación transfronteriza de la normativa y, en cierta medida, el valor de los activos recuperados. Sin embargo, es difícil evaluar el valor añadido económico de un aumento, incluso significativo, de la utilización de dichos instrumentos. Ese aumento de la utilización de instrumentos de reconocimiento mutuo trasladaría los costes administrativos de las autoridades centrales a las autoridades judiciales locales y, en principio, el coste administrativo de tramitación de las solicitudes procedentes de otros Estados miembros disminuiría. El ahorro de tiempo resultante de un uso más extenso del reconocimiento mutuo (en contraposición con la asistencia jurídica mutua) permitiría una ejecución transfronteriza más rápida y aumentaría las probabilidades de éxito de la recuperación al limitar los riesgos de desaparición de los activos. La consolidación prevista de los formularios de reconocimiento mutuo podrá requerir una cierta formación inicial de los profesionales, cuyos costes probablemente se verían compensados por los beneficios. Un aumento moderado del número y el valor de los activos recuperados implicaría lógicamente un aumento moderado del impacto social en forma de compensación para las víctimas. La mejor aplicación de los procedimientos transfronterizos suscitaría probablemente una mayor confianza en los sistemas nacionales de justicia penal y en el Espacio de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE. Por lo que respecta a los derechos fundamentales se prevé que la propuesta tenga un pequeño impacto sobre el derecho a la propiedad. Cabe esperar un ligero impacto en la conducta delictiva. Una mejor aplicación de los procedimientos transfronterizos puede tener algunos efectos desplazamiento, que darían lugar a una evasión neta de la UE de capital de origen delictivo, con un ligero impacto negativo sobre la economía ilícita y las economías de terceros países. En general, es probable que el valor añadido de la opción legislativa mínima sea moderado. Esta opción apenas permitiría alcanzar el objetivo de incrementar la recuperación de activos de origen delictivo en la Unión y probablemente el Parlamento Europeo consideraría que no es una respuesta adecuada al problema. 5.4. Análisis de la opción 4.1 – Opción legislativa máxima sin reconocimiento mutuo Además de los talleres sobre transposición y utilización, la mayor parte de las medidas políticas, consideradas por separado, tendrían, como mínimo, un impacto económico moderado. Debido al número de medidas políticas y la grave falta de datos sobre los importes embargados, decomisados y recuperados y a los costes de la realización de las actividades relacionadas con el decomiso, no es posible cuantificar los costes de esta opción. Además, en muchos casos los costes de aplicación pueden variar en función de las características de los Estados miembros. Con el fin de resolver la falta de datos, el principal análisis económico presentado es una estimación de rentabilidad en la EU27 basada en un modelo que utiliza indicadores sustitutivos para extrapolar a partir de un análisis detallado de los ingresos y de gastos en el Reino Unido (el único Estado miembro en el cual se pueden calcular los ingresos y costes de todos los elementos del sistema de decomiso de activos y que tiene un sistema de decomiso que constituye una aproximación razonable de la subopción legislativa máxima). Aunque solo sean indicativos, los resultados de ese ejercicio son alentadores: según el modelo, en 21 de 27 Estados miembros esta opción es rentable (en muchos de ellos muy rentable). El hecho de que las actividades de decomiso de activos parezcan poder ser rentables en la mayoría de los Estados miembros aboga en favor de una intervención a nivel de la UE. Cabe asumir que el hecho de recuperar más activos en beneficio del Estado tendrá un importante impacto social ya que, al menos en algunos Estados miembros, llevará emparejada la recuperación de más activos en beneficio de las víctimas de la delincuencia. El decomiso de activos delictivos producirá un aumento de la confianza de los ciudadanos en la justicia penal. Las medidas que tienen un impacto positivo significativo en las herramientas de decomiso (por ejemplo, la medida 5 sobre decomiso ampliado, la medida 6 sobre decomiso no basado en condena o la medida 7 sobre decomiso de terceros) son también las que tienen mayor impacto en los derechos fundamentales. La limitación del derecho a la propiedad y el derecho del demandado a un juicio justo debe estar justificada, respetar la proporcionalidad e ir acompañada de las garantías adecuadas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado muchas resoluciones, respaldando sistemáticamente su aplicación de decisiones de regímenes de decomiso no basado en condena en casos concretos. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la cuestión de principio de su compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los casos de inversión de la carga de la prueba relativa a la legitimidad de los activos han superado hasta ahora el control del TEDH, siempre que se aplicaran equitativamente en el asunto considerado, existiendo las garantías adecuadas para permitir a la persona afectada impugnar esas presunciones refutables. Si bien el TEDH ha respaldado sistemáticamente los regímenes de decomiso ampliado en casos concretos, su compatibilidad con el Convenio se evalúa caso por caso. También en este supuesto, el grado de garantías procesales concedidas al demandado desempeña un papel determinante a la hora de evaluar la proporcionalidad de la medida. Un argumento poderoso para justificar el decomiso de terceros es el caso en que tanto un tercero como una víctima reclamen los activos. Si el autor de un delito carece de activos suficientes para satisfacer una reclamación (lo que suele ocurrir), las medidas en favor del tercero debilitarían la posición de la víctima. Las medidas de carácter temporal como las resoluciones de embargo preventivo pueden, debido a su carácter provisional, justificar otras limitaciones de determinados derechos y principios del proceso justo, siempre que se prevean suficientes garantías o soluciones y que esas limitaciones respeten el contenido esencial de dichos derechos y principios. Si se aplican con proporcionalidad y se complementan con las garantías adecuadas, establecidas en las propuestas legislativas de la UE, las medidas incluidas en esta opción política respetarían los derechos fundamentales. El impacto en la conducta delictiva de esta opción sería significativo, ya que el decomiso no basado en condena (incluso en circunstancias limitadas) y el decomiso de terceros obligarían a los delincuentes a modificar sus prácticas y haría que fuera más difícil para ellos ocultar sus activos. Esta opción podría producir una evasión moderada de capital procedente de actividades delictivas hacia países no pertenecientes a la UE y tendría un impacto negativo considerable en la economía ilícita y en las economías de terceros países. En general, es probable que el valor añadido de esta opción sea importante. Entre los impactos inmediatos de la aplicación de esta opción se incluyen unos sistemas más sólidos de decomiso, embargo preventivo y administración de activos. Sin embargo, esta opción también tendría un impacto importante en la utilización. Aunque los talleres sobre utilización informen a los responsables de los Estados miembros acerca de la posible rentabilidad del trabajo de decomiso de activos, facultándolos así para introducir cambios, unos instrumentos legislativos más poderosos fomentarían la utilización, incrementando concretamente las posibilidades de éxito de la intervención. Por otra parte, la armonización de las normas de decomiso puede también promover de facto el reconocimiento mutuo garantizando que las resoluciones recibidas sean compatibles con el sistema judicial del Estado miembro de ejecución. Esta opción permitiría alcanzar el objetivo de incrementar la recuperación de activos de origen delictivo en la Unión. Lo más probable es que el Parlamento Europeo la acogiese con satisfacción moderada. 5.5. Análisis de la opción 4.2 – Opción legislativa máxima, con reconocimiento mutuo En términos de impacto económico, si se añaden medidas a escala de la UE en materia de reconocimiento mutuo, los resultados del análisis de rentabilidad en la EU27 serían aún mejores. Sin embargo, dada la escasez de datos sobre el número y el importe de las resoluciones que se deben ejecutar en otros Estados miembros, no es posible realizar una estimación detallada de la rentabilidad de esta opción en cada país. Los costes adicionales para los Estados miembros que podrían recibir muchas órdenes de ejecución extranjeras no basadas en condena se compensarían plenamente gracias a la disposición vigente (en la Decisión marco 2006/783/JAI) con arreglo a la cual el Estado miembro que ejecuta una resolución de decomiso está autorizado a conservar el 50 % del valor recuperado. El impacto social sería significativo. Además de los impactos de la opción máxima sin reconocimiento mutuo, cabe esperar que las mejoras en materia de reconocimiento mutuo den lugar a un aumento de la confianza en el Espacio de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE. El impacto en la conducta delictiva también sería importante. Es probable que las medidas de la opción legislativa máxima, acompañadas de una aplicación considerablemente mejor de los procedimientos transfronterizos obliguen a los delincuentes a modificar sus prácticas y podrían producir efectos de desplazamiento, que darían lugar a una evasión neta de la UE de capital de origen delictivo. Esto produciría un impacto aún mayor en la economía ilícita y en las economías de terceros países. En general, es probable que el valor añadido de esta opción sea muy significativo. Los efectos combinados de la rentabilidad económica, los importantes impactos sociales y la mayor utilización se ven reforzados por las medidas en materia de reconocimiento mutuo, que tienen más alcance que las de la opción legislativa mínima. Esta opción sería totalmente coherente con el objetivo de incrementar la recuperación de activos de origen delictivo en la Unión. Es probable que el Parlamento Europeo la acoja con satisfacción. 6. Comparación de las opciones La opción política preferida es la opción máxima con medidas en materia de reconocimiento mutuo, mientras que la opción legislativa máxima sin reconocimiento mutuo y la opción legislativa mínima se emparejan en segundo lugar. La opción preferida respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pues no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos descritos, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales. Mejoraría considerablemente la armonización de las normas y la ejecución de resoluciones en los Estados miembros, mediante, entre otras cosas, la modificación de las disposiciones vigentes sobre decomiso ampliado y la introducción de nuevas disposiciones sobre decomiso no basado en condena y decomiso de terceros, al introducir el reconocimiento mutuo de todos los tipos de resoluciones (incluidas las no basadas en condena). Sus medidas políticas están calibradas para ser proporcionales y no afectar indebidamente a los derechos fundamentales. Con el fin de responder a las preocupaciones expresadas por los abogados de la defensa, se prevén unas garantías mínimas a nivel de la UE para atenerse plenamente a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Seguimiento y evaluación La implantación de la opción preferida debe someterse en el futuro a supervisión y evaluación. Debido a la falta de datos estadísticos sobre decomiso de activos y a la escasa calidad de los datos disponibles, en la mayoría de los países no es posible actualmente efectuar una evaluación adecuada basada en pruebas del impacto de las nuevas políticas/normativas a escala de la UE o de los Estados miembros. Además, no se dispone de información sobre hasta qué punto el reconocimiento mutuo facilita la aplicación transfronteriza. Por esta razón, la opción preferida incluye la introducción de obligaciones de información que incumben a los Estados miembros en relación con la actividad de decomiso de activos. Las autoridades judiciales (órganos jurisdiccionales, ministerio fiscal), los organismos de gestión de activos y demás autoridades responsables de la realización de activos recopilarán los datos, al menos con una periodicidad anual. Los datos así obtenidos se utilizarán en las actividades de seguimiento y evaluación y permitirán a la Comisión evaluar hasta qué punto la legislación propuesta logra sus objetivos. Debe prestarse especial atención a los Estados miembros en los que la recopilación de datos esté relativamente poco desarrollada. Con objeto de supervisar la implantación efectiva de la legislación propuesta, la Comisión preparará un plan de ejecución y elaborará periódicamente informes de ejecución basados en consultas con los Estados miembros y los interesados. El primer informe está en principio previsto a los tres años de la entrada en vigor de la normativa. La cartografía de la legislación sobre decomiso de activos en los Estados miembros, realizada en el marco de la preparación de la presente evaluación de impacto, se podría utilizar como base de referencia para supervisar la evolución de la legislación y la utilización en los Estados miembros. Las evaluaciones se efectuarán también de forma periódica: el primer informe está previsto a los cinco años de la entrada en vigor de la normativa. Los informes de evaluación podrán incluir una modelización de costes y beneficios para evaluar la rentabilidad actual y futura de las actividades de decomiso. Asimismo, se organizarán talleres sobre transposición y reuniones de expertos para debatir los problemas de ejecución. La Plataforma de Organismos de Recuperación de Activos de la UE seguirá siendo el marco para intercambiar mejores prácticas en todas las fases del proceso de decomiso. [1] En Italia los productos de la delincuencia organizada blanqueados en 2011 se estiman en 150 mil millones EUR (Banco de Italia, 2011). En el Reino Unido, según una estimación oficial de 2006, los ingresos de la delincuencia organizada ascendían a 15 mil millones GBP al año. [2] Por ejemplo, en 2009 se recuperaron 189 millones EUR en el Reino Unido y 60 millones EUR en los Países Bajos.