COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(94) 430 final 
Bruselas, 12.10.1994 
94/ 0236(CNS) 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
sobre la cooperación con los Estados Unidos de América en cuanto a la 
aplicación de sus normas de competencia 
Propuesta de 
DECISION DEL CONSEJO 
por la que se concluye el Acuerdo entre las (Comunidades Huropeas y el Gobierno 
de los Lisiados Unidos de América relativo a la aplicación de 
sus normas de competencia 
(presentada por la Comisión) 
Comunicación de la Comisión al Consejo 
sobre la cooperación con los Estados Unidos de América en cuanto a la 
aplicación de sus normas dé competencia 
Introducción 
La internationalization cada vez mayor de la economía, que supone un incesante 
aumento del volumen de intercambios de bienes y servicios, tiene repercusiones 
para la política de competencia. Cada vez con mayor frecuencia determinadas 
prácticas ocurridas en el extranjero pueden tener repercusión en la Comunidad y 
puede llegar a ser difícil abarcarlas con arreglo a las normas comunitarias. Así, 
según el derecho comunitario, el criterio de aplicación de los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE consiste en que las conductas restrictivas de la competencia a que se 
refieren dichas disposiciones deben "afectar al comercio entre los Estados 
miembros". En su sentencia "Pasta de madera", el Tribunal de Justicia reconoció 
que las normas de competencia comunitarias podrían aplicarse a empresas situadas 
fuera de la Comunidad, siempre que su actividad se efectuase, en la Comunidad. 
Este enfoque ño permite, no obstante, perseguir y sancionar con eficacia todas las 
conductas restrictivas ocurridas en el extranjero. 
Por otra parte, la presencia de las mismas empresas ("las multinacionales") a 
escala mundial supone que los problemas a los que deben hacer frente estas 
empresas tienen a menudo una dimensión mundial y que los acuerdos que aquéllas 
firman pueden ser examinados por distintas autoridades responsables de la 
competencia. 
Para hacer frente a estas situaciones cada vez más internacionales, es necesario 
instaurar unos mecanismos de cooperación entre las autoridades de competencia 
que permitan al mismo tiempo una mejor coordinación cuando un mismo asunto 
>/¿t 
compete a varias autoridades así como perseguir aquellas conductas acaecidas en 
el extranjero y que tengan repercusiones en otro Estado. 
Este enfoque permite resolver con eficacia los problemas, sin crear situaciones 
conflictivas como podría crearlas una reacción unilateral basada en la 
extraterritorialidad. Por este motivo, la Comisión considera que es necesario 
firmar acuerdos de cooperación entre las autoridades de competencia. 
II. Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América sobre la aplicación de sus normas de competencia 
1. En 1991, la Comisión negoció con el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, representado por sus autoridades responsables de competencia (el 
Department of Justice - "DoJ" - y la Federal Trade Commission - FTC -), un 
Acuerdo referente a la aplicación de las normas de competencia americanas y 
comunitarias. Este Acuerdo tiene como objetivo favorecer la cooperación entre las 
autoridades de competencia fomentando el intercambio de informaciones y el 
diálogo entre las autoridades con arreglo a una Recomendación de la OCDE, de 
1986, sobre cooperación en materia de competencia. 
Sin embargo, el Acuerdo es más amplio que dicha Recomendación ya que, por 
ejemplo, incorpora determinados principios desarrollados por la jurisprudencia 
americana para limitar los excesos en la aplicación extraterritorial de las normas 
de competencia de los Estados Unidos ("negative comity") y dado que desarrolla 
por vez primera el concepto de la "positive comity". 
Sin embargo, el Acuerdo tiene ante todo un valor simbólico. Puesto que se trataba 
de un texto firmado por la Comisión, ésta estaba vinculada por las obligaciones 
recogidas en el Tratado y en los reglamentos adoptados por el Consejo. En el 
presente caso esta reserva es especialmente importante teniendo en cuenta la 
obligación de confidencialidad que pesa sobre la Comisión con arreglo al 
Reglamento n° 17 (primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE), que la Comisión debe respetar. 
El acto de conclusión de este Acuerdo ha sido anulado recientemente por el 
Tribunal de Justicia que ha considerado que la competencia para concluir 
semejante acto correspondía al Consejo, salvo, no obstante, los aspectos 
correspondientes al Tratado CECA, en cuyo caso la competencia corresponde a 
la Comisión. El Tribunal no anuló el Acuerdo en sí mismo, que continúa siendo 
válido con arreglo al derecho internacional. En electo, en virtud del Convenio de 
Viena sobre el derecho de los tratados (artículo 46), un Acuerdo internacional 
concluido por una autoridad que no sea "manifiestamente incompetente" vincula 
al Estado de que se trate. En este caso, la Comisión no era "manifiestamente 
incompetente, puesto que ha sido necesario presentar un recurso ante el Tribunal 
de Justicia y casi tres años de procedimiento para que éste, finalmente, declarase 
que era competente el Consejo. Por consiguiente, cabe afirmar que, con arreglo 
al derecho internacional, las Comunidades Europeas se han comprometido con 
los Estados Unidos. 
En cambio, desde el punto de vista del derecho comunitario, el Acuerdo no ha 
sido concluido por la institución competente. Por lo tanto, se trata de tomar 
rápidamente las medidas comunitarias necesarias para poner fin a este 
incumplimiento del derecho comunitario. En este sentido, caben dos soluciones: 
o bien poner fin al Acuerdo o bien proponer al Consejo que lo concluya. La 
Comisión habrá de firmarlo también por lo que se refiere a los aspectos 
relacionados con la CECA. Teniendo en cuenta las ventajas derivadas de la 
cooperación internacional en materia de competencia antes descritas, la Comisión 
propone al Consejo optar por la segunda posibilidad. Para ello, en el Anexo 1 de 
la presente Comunicación figura una propuesta de decisión del Consejo y de la 
Comisión por la que se concluye el Acuerdo firmado entre las Comunidades 
europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación 
de sus normas de competencia. 
La Comisión considera que el hecho de que el Consejo firme también el texto no 
modifica el absoluto el alcance de los compromisos suscritos con anterioridad. En 
efecto, aunque el Consejo pueda, al firmar un Acuerdo internacional, establecer 
excepciones implícita o explícitamente a los reglamentos adoptados por él mismo, 
la Comisión piensa que no es pertinente hacerlo en este momento mediante la 
modificación del texto del Acuerdo. Por otra parte, éste recoge, en su artículo XI, 
una disposición que permite ampliar su ámbito de aplicación. La Comisión 
considera que podría invocarse esta disposición en el futuro para que la 
Comunidad concluya un Acuerdo más ambicioso (que, por ejemplo, podría 
contemplar, en determinadas condiciones, el intercambio de informaciones 
confidenciales), en función de la experiencia extraída del Acuerdo vigente. 
Probablemente, el Congreso americano adoptará en fecha próxima una legislación 
que permita la conclusión de Acuerdos entre autoridades de competencia con 
intercambio de informaciones confidenciales. 
Anexo 1 
Exposición de motivos 
A. Introducción 
1. El 23 de septiembre de 1991, la Comisión negoció un Acuerdo con el Gobierno 
de los EE.UU. relativo a la aplicación de sus normas de competencia (denominado 
en lo sucesivo "el Acuerdo"). Mediante sentencia de 9 de agosto de 1994, el 
Tribunal de Justicia consideró que la competencia para firmar dicho Acuerdo no 
correspondía a la Comisión sino al Consejo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia 
no anuló el Acuerdo, que continúa siendo válido con arreglo al derecho 
internacional. En efecto, en virtud del Convenio de Viena sobre el derecho de los 
tratados (artículo 46), un Acuerdo internacional firmado por una autoridad que no 
sea "manifiestamente incompetente" vincula al Estado de que se trate. En el 
presente caso, la Comisión no era "manifiestamente incompetente" ya que ha sido 
necesario un recurso ante el Tribunal de Justicia y casi tres años de procedimiento 
para que el Tribunal, finalmente, declarase que el Consejo era competente. Por lo 
tanto, cabe afirmar que, con arreglo al derecho internacional, las Comunidades 
Europeas están comprometidas con los listados Unidos. 
En cambio, desde el punto de vista del derecho comunitario, el Acuerdo no ha 
sido firmado por la institución competente. Para solucionar esta situación es 
necesario, por lo tanto, tomar medidas con objeto de remediar el defecto de 
procedimiento de que adolece la conclusión del Acuerdo. En este sentido, cabían 
dos soluciones: o bien se ponía fin al Acuerdo utilizando el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 11, o bien era necesario que lo aprobase 
la autoridad competente con arreglo al derecho comunitario. Teniendo en cuenta 
la cooperación eficaz entre las autoridades de competencia, se propone al Consejo 
optar por la segunda solución. Sin embargo, hay que destacar que el ámbito de 
'l 
aplicación del Acuerdo abarca también las norams de competencia establecidas en 
el Tratado CECA. Puesto que la competencia para firmar Acuerdos internacionales 
en este ámbito corresponde a la Comisión, el Acuerdo deberá ser firmado 
conjuntamente por el Consejo y por la Comisión. 
La política de competencia de la Comunidad abarca las restricciones de la 
competencia que afectan al comercio entre Estados miembros, salvo aquellas que 
afecten a los mercados de terceros países. La progresiva reducción y, en algunos 
casos, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los 
intercambios a partir de los años 60, así como otras medidas de liberalization 
tales como las relativas a la circulación de capitales, han supuesto un enorme 
crecimiento del comercio internacional. Este hecho ha tenido importantes 
consecuencias para la aplicación de las normas de competencia: cada vez más a 
menudo las empresas no comunitarias actúan de forma contraria a la competencia 
en el mercado común. Por lo general, se puede decir que las prácticas contrarias 
a la competencia en la Comunidad están frecuentemente vinculadas con prácticas 
similares en otros mercados, o que estas últimas producen efectos en el mercado 
común. Otro tanto ocurre con las modificaciones estucturales: una fusión que 
sobrepasa los umbrales contemplados en el Reglamento sobre control de las 
operaciones de concentración produce a menudo efectos fuera del mercado común. 
Por consiguiente, es muy probable que surjan conflictos entre las actividades de 
las distintas autoridades de competencia por lo que es muy útil que exisla una 
comunicación mínima entre las autoridades a la hora de aplicar sus respectivas 
normas. 
B. Descripción del Acuerdo 
1. El objetivo principal del Acuerdo no estriba en establecer un marco en el que 
puedan resolverse los conflictos que pudieran producirse entre la Comisión de las 
Comunidades Europeas por una parte y el Departamento de Justicia ("DoJ") y la 
Federal Trade Commission ("FTC") (Comisión federal de comercio) por otra. El 
C 
objetivo consiste más bien en evitar que surjan dichos conflictos mediante la 
instauración de un sistema de cooperación entre las autoridades antes 
mencionadas. 
El Acuerdo contiene en primer lugar una definición de su ámbito de aplicación 
(artículo 1). Por parte comunitaria, se trata de los artículos 85, 86, 89 y 90 del 
Tratado CEE, el Reglamento (CEE) n° 4064/89 sobre el control de las operaciones 
de concentración entre empresas, los artículos 65 y 66 del Tratado CECA así 
como los reglamentos de ejecución de estas disposiciones. 
Por parte americana se trata de la Sherman Act, la Clayton Act, la Wilson Tariff 
Act y parte de la Federal Trade Commission Act (artículo 1.2.ii). 
Dado que el alcance de estas distintas normas no es el mismo a ambos lados del 
Atlántico, los intercambios de información no están perfectamente equilibrados: 
así, los artículos 85 y 86 del Tratado CE abarcan sectores que no entran en el 
ámbito de aplicación de las leyes americanas antes citadas; en cambio, el 
Reglamento n° 4064/89 sólo abarca las operaciones de concentración más 
importantes (que responden a los criterios de los umbrales permitidos en el 
mismo), lo cual reduce proporcionalmente el volumen de la información que la 
Comisión puede comunicar a las autoridades americanas1. 
Considerándolo globalmente y teniendo en cuenta las disposiciones del apartado 5 
del artículo II (véase más adelante), el equilibrio del Acuerdo es satisfactorio. 
El artículo II establece una obligación de notificación a la otra autoridad de 
competencia cuando se vean afectados "intereses importantes" de dicha parte. El 
Acuerdo incluye una descripción de algunas situaciones en las que se cumple esta 
condición. Además, define el momento en el que deberá producirse la 
De hecho, la mayor parte de las informaciones intercambiadas desde la entrada 
en vigor del Acuerdo correspontlía a operaciones de concentración (véase más 
adelante, punto C). 
^ 
notificación. La filosofía general consiste en que dicha notificación debe 
efectuarse en una fase del procedimiento que permita tener todavía en cuenta la 
opinión de la otra Parte. 
El apartado 5 de este artículo merece ser aclarado. En efecto, impone una 
obligación de notificación cuando una autoridad de competencia interviene en una 
procedimiento ante una autoridad reglamentaria o en un procedimiento judicial. 
Esta disposición se introdujo a petición de la Comisión, ya que se trataba de 
compensar el desequilibrio antes mencionado, debido al amplio alcance de los 
artículos 85 y 86 del Tratado CE que se aplican a todos los sectores económicos, 
mientras que en los EE.UU., existen distintos sectores sujetos al control de 
organismos reglamentarios específicos. El DoJ o la FTC pueden intervenir, no 
obstante, ante estos organismos y, en este caso, deberán notificarlo a la Comisión, 
siempre que se cumplan las demás condiciones de esta disposición. Otro tanto 
ocurrirá cuando el DoJ o la FTC intervengan en un procedimiento judicial, 
mientras que esta intervención de la Comisión ante las jurisdicciones nacionales 
es imposible. 
Por último, el apartado 6 del artículo II, debe leerse en conexión con los 
artículos VIII y IX de los que se hablará más adelante. 
4. El artículo III tiene un alcance general y prevé un intercambio de información 
entre las autoridades de competencia, así como la celebración de reuniones 
bilaterales en otros casos distintos de los contemplados en el artículo II. No 
obstante, se trata también en este caso de una disposición sujeta a lo dispuesto en 
los artículos VIII y IX. 
5. El artículo IV es más innovador. Según el mismo, las partes se coordinan no sólo 
para prestarse ayuda recíproca cada vez que sus leyes, sus principales intereses y 
sus recursos disponibles lo permitan, sino también, algunas veces, cuando sea de 
interés para ambas para aplicar conjuntamente sus normas, teniendo en cuenta 
cada situación. Esta disposición ilustra, con mayor claridad aún que el resto del 
Acuerdo, la situación antes mencionada, en la que una conducta contraria a la 
? 
competencia en el mercado de una de las partes puede estar vinculada a una 
conducta idéntica en el mercado de la otra parte. En estos casos, sería útil que las 
autoridades de competencia de ambas partes coordinasen sus actividades y se 
ayudasen recíprocamente, siempre dentro de los límites autorizados por sus 
respectivas leyes y por sus principales intereses y en la medida en que sus 
recursos lo permitan. 
Esta coordinación podría incluso abarcar aquellos casos en los que una de las 
partes tomase la iniciativa de aplicar sus normas mientras que la otra se abstendría 
de aplicar las suyas, o podría incluir el reparto entre las partes de las actividades 
relacionadas con la aplicación, teniendo en cuenta las posibilidades de acción de 
cada una de ellas. Tal y como lo recuerda el artículo IX del Acuerdo, esta 
posibilidad sólo existe siempre que se respete la legislación nacional. Así, con 
arreglo a las obligaciones estrictas contempladas en el Reglamento sobre el control 
de las operaciones de concentración, queda excluida la posibilidad de este tipo de 
coordinación cuando se pretenda estudiar una fusión. Las disposiciones sobre 
confidencialidad añaden una limitación más a esta coordinación. 
El Acuerdo es el primero de este tipo en codificar en un instrumento legal las 
disposiciones relacionadas con la "Comity". Así, el artículo VI establece que "en 
el marco de su propia legislación y en la medida en que sea compatible con sus 
principales intereses", cada parte "intentará, en cualquier fase de aplicación de sus 
medidas de ejecución, tener en cuenta los intereses esenciales de la otra parte". 
Según este concepto, la parte A puede decidir no ejercer sus poderes o ejercerlos 
parcialmente si goza del poder discrecional para actuar de esta manera y dentro 
de los límites establecidos por su legislación. Se trata de los casos en los que los 
intereses de B se verían más afectados por el ejercicio de los poderes de la parte 
A que los intereses de esta última si no se ejercieran dichos poderes. 
No obstante, cabe también imaginar el caso contrario en el que, en principio, se 
diesen las condiciones necesarias para actuar pero en el que la parle afectada no 
ejerciera sus poderes, y esta falta de aplicación de las normas pudiese afectar a 
un interés importante de la otra parte. Esta es la hipótesis descrita en el 
3 
artículo V. Esta disposición de "positive comity" permite a una parte, cuyos 
intereses importantes se vean afectados por la otra parte, informar a esta última 
de la situación. Esta parte podría haber sido inconsciente del problema o no 
haberlo considerado como prioritario. Tras tener conocimiento de la situación y 
de que ésta afecta a intereses importantes de la otra parte, la primera podría 
decidir, de forma discrecional, proceder a aplicar sus normas teniendo en cuenta 
dicho problema. 
La noción de interés importante se define en el artículo VI del Acuerdo. Este 
concepto debe interpretarse teniendo en cuenta el objeto del Acuerdo, que consiste 
en establecer una cooperación efectiva en materia de derecho de competencia. Por 
lo tanto, estos intereses importantes deben corresponder a este objetivo. Sin 
embargo, cabe señalar que el punto e) menciona la posibilidad de un conflicto con 
una política económica claramente articulada de la otra parte. Esta disposición 
tiene como objetivo evitar que la aplicación (extraterritorial o no) de las normas 
de competencia afecte a un objetivo manifiesto de la otra parte. 
7. El artículo VII, que establece un mecanismo de consulta, no requiere explicación 
alguna. 
8. El artículo VIII es una disposición fundamental que subyace bajo el Acuerdo en 
su conjunto. En efecto, esta disposición señala que todas las informaciones 
intercambiadas en el marco del Acuerdo sólo podrán ser objeto de dicho 
intercambio siempre que éste no infrinja las normas de confidencialidad de ambas 
partes. 
En el caso de la Comunidad, se trata fundamentalmente del artículo 20 del 
Reglamento n° 17 y de las disposiciones equivalentes recogidas en los demás 
reglamentos de aplicación de las normas de competencia. Estas disposiciones 
establecen que las informaciones obtenidas por la Comisión en el ejercicio de los 
poderes que se derivan del Reglamento son confidenciales. Dicho de otra manera, 
y más concretamente, significa que las informaciones procedentes de las empresas, 
ya sea expontáneamente mediante notificación, ya sea a raíz de una investigación 
o de peticiones de información de la Comisión, no podrán ser transmitidas a las 
autoridades americanas de competencia. 
Sin embargo, esto no quiere decir que el Acuerdo quede vacío de contenido. En 
efecto, la Comisión dispone a menudo de informaciones distintas de las obtenidas 
con arreglo al Reglamento 17 que pueden ser intercambiadas con efectos útiles 
con las autoridades americanas de competencia. Así, por ejemplo, el hecho de que 
se esté efectuando una investigación contra determinadas empresas es, de por sí, 
una información que no ha sido obtenida por la Comisión en el ejercicio de sus 
poderes de investigación y que por lo tanto no está sujeta a la obligación del 
artículo 20. Es pues a este tenor como debe interpretarse el apartado 2 de este 
artículo VIII que obliga a las partes a mantener la confidencialidad de las 
informaciones que reciban. 
El artículo IX, al evocar el principio general según el cual el Acuerdo no podrá 
contradecir las normas vigentes, constituye una confirmación de este aspecto. Se 
justifica por que el Acuerdo lúe inicialmenle lirmado por la Comisión, que no 
dispone del poder de establecer excepciones a los reglamentos vigentes, al 
contrario que el Consejo. 
Por último, el apartado 3 del artículo XI establece la posibilidad de revisar el 
Acuerdo en los 24 meses siguientes a su entrada en vigor. Hasta este momento, 
esta disposición no se ha aplicado debido a la presentación del recurso ante el 
Tribunal de Justicia. Sin embargo, la Comisión tiene previsto invocar esta 
posibilidad en el futuro con objeto de profundizar el contenido de este Acuerdo 
con arreglo a la experiencia obtenida, así como a la necesidad de consolidar la 
cooperación entre las autoridades de competencia para tratar con eficacia los 
problemas de competencia que tienen, cada vez más, una dimensión internacional. 
Evolución de la aplicación del Acuerdo 
/!/ 
1. La evolución de la aplicación desde la conclusión del Acuerdo puede sintetizarse 
de la siguiente manera: (desde el 23.09.1991 hasta el 9.08.1994). 
La Comisión ha enviado a los EE.UU. 61 notificaciones de las cuales 45 
correspondían a operaciones de concentración y 16 a otros asuntos. En 
virtud de la obligación de confidencialidad que tiene la Comisión, las 
notificaciones se efectúan con arreglo a un modelo tipo en el que se 
menciona la denominación de las empresas afectadas, los motivos por los 
que son objeto de un procedimiento, y la fase del mismo. 
Los EE.UU. han enviado 112 notificaciones de las cuales 77 corresponden 
a operaciones de concentración y 35 a otros asuntos. 
2. I lasla el presente momento, no se lia establecido ningún mecanismo de 
información a los Estados miembros. En el nuevo contexto, la Comisión prevé la 
creación del siguiente mecanismo: 
comunicación de las notificaciones enviadas o recibidas de los EE.UU. al 
Estado o Estados miembros cuyos intereses se vean afectados según el 
criterio definido en el artículo II del Acuerdo, 
información sobre la aplicación del Acuerdo durante las reuniones 
bianuales de un comité de expertos gubernamentales en materia de 
competencia. Estas reuniones se celebrarían después de las reuniones 
bilaterales con las autoridades de competencia americanas. 
Estos principios se recogen en una declaración de la Comisión que se adjunta 
como Anexo a la presente propuesta. 
/> 4 u. 
D. Fundamento jurídico 
Teniendo en cuenta que este Acuerdo se refiere a las normas de competencia 
recogidas en el Tratado CE, la base jurídica es el artículo 87 en conexión con el 
primer párrafo del apartado 3 del artículo 228 del Tratado CE. En efecto, el 
objetivo del Acuerdo consiste en garantizar el respeto de los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE, que es uno de los objetivos descritos en el apartado 2 del artículo 87 
del Tratado CE. Esta base supone que se habrá de consultar con el Parlamento 
Europeo. Por lo que se refiere a los aspectos abarcados por el Tratado CECA, éste 
determina la competencia exclusiva de la Comisión para la aplicación de sus 
normas de competencia, incluyendo sus aspectos externos, en virtud de la 
jurisprudencia AETR. 
E. Conclusión 
En conclusión, la Comisión propone al Consejo que concluya, juntamente con la 
Comisión, el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de 
competencia. 
AA 
Propuesta de Decisión del Consejo 
por la que se concluye el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de 
sus normas de competencia 
El Consejo de la Unión Europea, 
La Comisión de las Comunidades Europeas, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en 
particular, sus artículos 65 y 66, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 87, 
en conexión con el primer párrafo del apartado 3 de su artículo 228, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el Dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que, habida cuenta de la dimensión internacional cada vez mayor de los 
problemas de competencia, conviene consolidar la cooperación nacional en este ámbito. 
Considerando que, en este sentido, la Comisión ha negociado un Acuerdo con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de las normas de 
competencia de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos de América, 
Considerando que conviene aprobar este Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, 
Decide: 
11 
Artículo 1 
Queda aprobado en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la 
Comunidad Europea el Acuerdo negociado entre las Comunidades Europeas y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de 
competencia. 
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión. 
Artículo 2 
El Presidente del Consejo presenta en nombre de la Comunidad Europea la notificación 
a que se refiere el artículo XI del Acuerdo. El Presidente de la Comisión presenta dicha 
notificación en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
Hecho en Bruselas 
Por el Consejo Por la Comisión 
El Presidente El Presidente 
Al 
Declaración de la Comisión 
Con objeto de poder facilitar una información suficiente a los Estados miembros sobre 
el contenido de las informaciones intercambiadas en el marco del Acuerdo entre las 
Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la 
aplicación de sus normas de competencia, la Comisión comunicará al Estado o Estados 
miembros cuyos intereses se vean afectados las informaciones transmitidas a las 
autoridades americanas de competencia o procedentes de éstas. A efectos de la presente 
Declaración, se considerará que posee dichos intereses cualquier Estado miembro en el 
que tenga su sede social una de las partes (o una de las empresas que controlen a una de 
dichas partes) intervinientes en una práctica que sea objeto de notificación. 
Asimismo, la Comisión informará durante la reunión bianual de un comité de expertos 
gubernamentales a todos los listados miembros las informaciones intercambiadas en virtud 
del Acuerdo. Esta reunión se celebrará después de las reuniones bilaterales previstas con 
las autoridades americanas de competencia con arreglo al Acuerdo. 
PCD/jos 
3/10/1994 
1^'h-
AGREEMENT 
BETWEEN 
THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA REGARDING THE APPLICATION OF THEIR COMPETITION 
LAWS 
The European Coal and Steel Community, and the European Community on the one hand, 
(hereinafter "the European Communities") 
and 
The Government of the United States of America, on the other hand, 
Recognizing that the world's economies are becoming increasingly interrelated, and in 
particular that this is true of the economies of the European Communities and the United 
States of America; 
Noting that the European Communities and the Government of the United States of America 
share the view that the sound and effective enforcement of competition law is a matter of 
importance to the efficient operation of their respective markets and to trade between them; 
Noting that the sound and effective enforcement of the Parties' competition laws would be 
enhanced by cooperation and, in appropriate cases, coordination between them in the 
application of those laws; 
Noting further that from time to time differences may arise between the Parties concerning 
the application of their competition laws to conduct or transactions that implicate significant 
interests of both Parties; 
Having regard to the Recommendation of the Council of the Organization for Economic 
Cooperation and Development Concerning Cooperation Between Member Countries on 
Restrictive Business Practices Affecting International Trade, adopted on June 5, 1986; 
and 
Having regard to the Declaration on US-EC Relations adopted on November 23, 1990; 
Have agreed as follows; 
jé 
Article I 
PURPOSE AND DEFINITIONS 
1. The purpose of this Agreement is to promote cooperation and coordination and lessen 
the possibility or impact of differences between the Parties in the application of their 
competition laws. 
2. For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following 
definitions; 
A. "Competition law(s) " shall mean 
(i) for the European Communities, Articles 85, 86, 89 and 90 of the 
Treaty establishing the European Economic Community, Regulation 
(EEC) no. 4064189 on the control of concentrations between 
undertakings, Articles 65 and 66 of the Treaty establishing the 
European Coal and Steel Community (ECSC), and their implementing 
Regulations including High Authority Decision no. 24-54, and 
(ii) for the United States of America, the Sherman Act (15 U. S. C. §§ 1-7), 
the Clayton Act (15 U.S.C. §§ 12-27), the Wilson Tariff Act (15 
U.S.C §§ 8-11), and the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 
§§ 41-68, except as these sections relate to consumer protection 
functions), 
as well as such other laws or regulations as the Parties shall jointly agree in 
writing to be a "competition law" for purposes of this Agreement; 
B. "Competition authorities" shall mean (i) for the European Communities, the 
Commission of the European Communities, as to its responsibilities pursuant to the 
competition laws of the European Communities, and (ii) for the United States, the 
Antitrust Division of the United States Department of Justice and the Federal Trade 
Commission; 
C. "Enforcement activities" shall mean any application of competition law by way of 
investigation or proceeding conducted by the competition authorities of a Party; 
and 
D. "Anticompetitive activities" shall mean any conduct or transaction that is 
impermissible under the competition laws of a Party. 
<n 
Article II 
NOTIFICATION 
1. Each Party shall notify the other whenever its competition authorities become aware 
that their enforcement activities may affect important interests of the other Party. 
2. Enforcement activities as to which notification ordinarily will be appropriate include 
those that: 
a) Are relevant to enforcement activities of the other Party; 
b) Involve anticompetitive activities (other than a merger or acquisition) carried 
out in significant part in the other Party's territory; 
c) Involve a merger or acquisition in which one or more of the parties to the 
transaction, or a company controlling one or more of the parties to the 
transaction, is a company incorporated or organized under the laws of the 
other Party or one of its states or member states; 
d) Involve conduct believed to have been required, encouraged or approved by 
the other Party; or 
e) Involve remedies that would, in significant respects, require or prohibit 
conduct in the other Party's territory. 
3. With respect to mergers or acquisitions required by law to be reported to the 
competition authorities, notification under this Article shall be made: 
a) In the case of the Government of the United States of America, 
(i) not later than the time its competition authorities request, 
pursuant to 15 U.S.C. § 18a(e), additional information or 
documentary material concerning the proposed transaction, 
(ii) when its competition authorities decide to file a complaint 
challenging the transaction, and 
(Hi) where this is possible, far enough in advance of the entry of a consent 
decree to enable the other Party's views to be taken into account; and 
b) In the case of the Commission of the European Communities, 
(i) when notice of the transaction is published in the Official 
Journal, pursuant to Article 4(3) of Council Regulation no. 
4064/89, or when notice of the transaction is received under 
/!$ 
Article 66 of the ECSC Treaty and a prior authorization from 
the Commission is required under that provision, 
(ii) when its competition authorities decide to initiate proceedings 
with respect to the proposed transaction, pursuant to Article 
6(1 )(c) of Council Regulation no. 4064/89, and 
(Hi) far enough in advance of the adoption of a decision in the case to 
enable the other Party's views to be taken into account. 
4. With respect to other matters, notification shall ordinarily be provided at the 
stage in an investigation when it becomes evident that notifiable circumstances 
are present, and in any event far enough in advance of 
(a) the issuance of a statement of objections in the case of the Commission 
of the European Communities, ora complaint or indictment in the case 
of the Government of the United States of America, and 
(b) the adoption of a decision or settlement in the case of the Commission 
of the European Communities, or the entry of a consent decree in the 
case of the Government of the United States of America, 
to enable the other Party's views to be taken into account. 
5. Each Party shall also notify the other whenever its competition authorities 
intervene or otherwise participate in a regulatory or judicial proceeding that 
does not arise from its enforcement activities, if the issues addressed in the 
intervention or participation may affect the other Party's important interests. 
Notification under this paragraph shall apply only to 
a) regulatory or judicial proceedings that are public, 
b) intervention or participation that is public and pursuant to formal 
procedures, and 
c) in the case of regulatory proceedings in the United States, only 
proceedings before federal agencies. 
Notification shall be made at the time of the intervention or participation or 
as soon thereafter as possible. 
6. Notifications under this Article shall include sufficient information to permit an 
initial evaluation by the recipient Party of any effects on its interests. 
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Article III 
EXCHANGE OF INFORMATION 
1. The Parties agree that it is in their common interest to share information that will (a) 
facilitate effective application of their respective competition laws, or (b) promote 
better understanding by them of economic conditions and theories relevant to their 
competition authorities ' enforcement activities and interventions or participation of the 
kind described in Article II, paragraph 5. 
2. In furtherance of this common interest, appropriate officials from the competition 
authorities of each Party shall meet at least twice each year, unless otherwise agreed, 
to (a) exchange information on their current enforcement activities and priorities, (b) 
exchange information on economic sectors of common interest, (c) discuss policy 
changes which they are considering, and (d) discuss other matters of mutual interest 
relating to the application of competition laws. 
3. Each Party will provide the other Party with any significant information that comes 
to the attention of its competition authorities about anticompetitive activities that its 
competition authorities believe is relevant to, or may warrant, enforcement activity by 
the other Party's competition authorities. 
4. Upon receiving a request from the other Party, and within the limits of Articles VIII 
and DC, a Party will provide to the requesting Party such information within its 
possession as the requesting Party may describe that is relevant to an enforcement 
activity being considered or conducted by the requesting Party's competition 
authorities. 
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Article IV 
COOPERA TION AND COORDINA TION 
IN ENFORCEMENT A CTIVITIES 
1. The competition authorities of each Party will render assistance to the competition 
authorities of the other Party in their enforcement activities, to the extent compatible 
with the assisting Party's laws and important interests, and within its reasonably 
available resources. 
2. In cases where both Parties have an interest in pursuing enforcement activities with 
regard to related situations, they may agree that it is in their mutual interest to 
coordinate their enforcement activities. In considering whether particular enforcement 
activities should be coordinated, the Parties shall take account of the following 
factors, among others: 
a) the opportunity to make more efficient use of their resources devoted to the 
enforcement activities; 
b) the relative abilities of the Parties' competition authorities to obtain 
information necessary to conduct the enforcement activities; 
c) the effect of such coordination on the ability of both Parties to achieve the 
objectives of their enforcement activities; and 
d) the possibility of reducing costs incurred by persons subject to the enforcement 
activities. 
3. In any coordination arrangement, each Party shall conduct its enforcement activities 
expeditiously and, insofar as possible, consistently with the enforcement objectives of 
the other Party. 
4. Subject to appropriate notice to the other Party, the competition authorities of either 
Party may limit or terminate their participation in a coordination arrangement and 
pursue their enforcement activities independently. 
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Article V 
COOPERATION REGARDING ANTICOMPETITIVE ACTIVITIES IN 
THE TERRITORY OF ONE PARTY THAT 
ADVERSELY AFFECT THE INTERESTS OF THE OTHER PARTY 
1. The Parties note that anticompetitive activities may occur within the territory of one 
Party that, in addition to violating that Party's competition laws, adversely affect 
important interests of the other Party. The Parties agree that it is in both their 
interests to address anticompetitive activities of this nature. 
2. If a Party believes that anticompetitive activities carried out on the territory of the 
other Party are adversely affecting its important interests, the first Party may notify 
the other Party and may request that the other Party's competition authorities initiate 
appropriate enforcement activities. The notification shall be as specific as possible 
about the nature of the anticompetitive activities and their effects on the interests of 
the notifying Party, and shall include an offer of such further information and other 
cooperation as the notifying Party is able to provide. 
3. Upon receipt of a notification under paragraph 2, and after such other discussion 
between the Parties as may be appropriate and useful in the circumstances, the 
competition authorities of the notified Party will consider whether or not to initiate 
enforcement activities, or to expand ongoing enforcement activities, with respect to the 
anticompetitive activities identified in the notification. The notified Party will advise 
the notifying Party of its decision. If enforcement activities are initiated, the notified 
Party will advise the notifying Party of their outcome and, to the extent possible, of 
significant interim developments. 
4. Nothing in this Article limits the discretion of the notified Party under its competition 
laws and enforcement policies as to whether or not to undertake enforcement activities 
with respect to the notified anticompetitive activities, or precludes the notifying Party 
from undertaking enforcement activities with respect to such anticompetitive activities. 
Article VI 
AVOIDANCE OF CONFLICTS OVER ENFORCEMENT ACTIVITIES 
Within the framework of its own laws and to the extent compatible with its important interests, 
each Party will seek, at all stages in its enforcement activities, to take into account the 
important interests of the other Party. Each Party shall consider important interests of the 
other Party in decisions as to whether or not to initiate an investigation or proceeding, the 
scope of an investigation or proceeding, the nature of the remedies or penalties sought, and 
in other ways, as appropriate. In considering one another's important interests in the course 
of their enforcement activities, the Parties will take account of, but will not be limited to, the 
following principles: 
1. While an important interest of a Party may exist in the absence of official involvement 
by the Party with the activity in question, it is recognized that such interests would 
normally be reflected in antecedent laws, decisions or statements of policy by its 
competent authorities. 
2. A Party's important interests may be affected at any stage of enforcement activity by 
the other Party. The Parties recognize, however, that as a general matter the 
potential for adverse impact on one Party's important interests arising from 
enforcement activity by the other Party is less at the investigative stage and greater 
at the stage at which conduct is prohibited or penalized, or at which other forms of 
remedial orders are imposed. 
3. Where it appears that one Party's enforcement activities may adversely affect 
important interests of the other Party, the Parties will consider the following factors, 
in addition to any other factors that appear relevant in the circumstances, in seeking 
an appropriate accomodation of the competing interests: 
a) the relative significance to the anticompetitive activities involved of conduct 
within the enforcing Party's territory as compared to conduct within the other 
Party's territory; 
b) the presence or absence of a purpose on the part of those engaged in the 
anticompetitive activities to affect consumers, suppliers, or competitors within 
the enforcing Party \\ territory; 
c) the relative significance of the effects of the anticompetitive activities on the 
enforcing Party's interests as compared to the effects on the other Party's 
interests; 
d) the existence or absence of reasonable expectations that would be furthered or 
defeated by the enforcement activities; 
e) the degree of conflict or consistency between the enforcement activities and the 
other Party's laws or articulated economic policies; and 
«o 
f) the extent to which enforcement activities of the other Party with respect to the 
same persons, including judgments or undertakings resulting from such 
activities, may be affected. 
Article VII 
CONSULTATION 
1. Each Party agrees to consult promptly with the other Party in response to a request 
by the other Party for consultations regarding any matter related to this Agreement 
and to attempt to conclude consultations expeditiously with a view to reaching 
mutually satisfactory conclusions. Any request for consultations shall include the 
reasons therefor and shall state whether procedural time limits or other considerations 
require the consultations to be expedited. 
These consultations shall take place at the appropriate level, which may include 
consultations between the heads of the competition authorities concerned. 
2. In each consultation under paragraph 1, each Party shall take into account the 
principles of cooperation set forth in this Agreement and shall be prepared to explain 
to the other Party the specific results of its application of those principles to the issue 
that is the subject of consultation. 
Article VIII 
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION 
1. Notwithstanding any other provision of this Agreement, neither Party is required to 
provide information to the other Party if disclosure of that information to the 
requesting Party (a) is prohibited by the law of the Party possessing the information, 
or (b) would be incompatible with important interests of the Party possessing the 
information. 
u 
Each Party agrees to maintain, to the fullest extent possible, the confidentiality of any 
information provided to it in confidence by the other Party under this Agreement and 
to oppose, to the fullest extent possible, any application for disclosure of such 
information by a third party that is not authorized by the Party that supplied the 
information. 
Article IX 
EXISTING LAW 
Nothing in this Agreement shall be interpreted in a manner inconsistent with the existing laws, 
or as requiring any change in the laws, of the United States of America or the European 
Communities or of their respective states or member states. 
Article X 
COMMUNICATIONS UNDER THIS AGREEMENT 
Communications under this Agreement, including notifications under Articles II and V, may 
be carried out by direct oral, telephonic, written or facsimile communication from one Party's 
competition authority to the other Party's authority. Notifications under Articles II, V and 
XI, and requests under Article VII, shall be confirmed promptly in writing through diplomatic 
channels. 
Article XI 
ENTRY INTO FORCE, TERMINATION AND REVIEW 
1. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their respective 
internal procedures. 
The Parties shall notify one another of the completion of those procedures. 
2. This Agreement shall remain in force until 60 days after the date on which either 
Party notifies the other Party in writing that it wishes to terminate the Agreement. 
\.< 
3. The Parties shall review the operation of this Agreement not more than 24 months 
from the date of its entry into force, with a view to assessing their cooperative 
activities, identifying additional areas in which they could usefully cooperate and 
identifying any other ways in which the Agreement could be improved. 
The Parties agree that this review will include, among other things, an analysis of 
actual or potential cases to determine whether their interests could be better served 
through closer cooperation. 
The undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement. 
Done at Washington, in duplicate, this twenty-third day of September 1991, in the 
English language 
FOR THE COUNCIL OF THE EUROPEAN FOR THE GOVERNMENT OF 
UNION THE UNITED STATES OF AMERICA: 
FOR THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES : 
LC* 
• 
ISSN 0257-9545 
COM(94) 430 final 
DOCUMENTOS 
ES il 08 
N° de catálogo : CB-CO-94-457-ES-C 
ISBN 92-77-81107-2 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo