El Reino Unido presentó una solicitud de contribución financiera del Fondo de Solidaridad el 26 de febrero de 2016, con una estimación total de los daños de 2 300 millones EUR. En la solicitud, las autoridades del Reino Unido señalaron que aún no había concluido la evaluación de los daños y la cantidad comunicada era provisional. La solicitud final con el importe actualizado de 2 412, 042 millones EUR se presentó el 22 de septiembre de 2016. La catástrofe se consideró catástrofe natural regional ya que el total de los daños directos representaba el 5,77 % de la media ponderada del PIB de las once regiones de nivel NUTS 2 afectadas , superando claramente el umbral del 1,5 % de la media regional ponderada del PIB tal y como establece el Reglamento.

3) Croacia, inundaciones de 2012: la contribución financiera del Fondo de Solidaridad ascendió a 286 587 EUR. El informe de ejecución y la declaración de validez se presentaron en junio de 2015. A instancias de la Comisión, Croacia presentó información adicional, tras lo cual se cerró la intervención en julio de 2016.

4) Austria, inundaciones de 2013: la contribución financiera del Fondo de Solidaridad ascendió a 21,662 millones EUR. En agosto de 2015, Austria presentó el informe de ejecución y la declaración de validez. Se concluyó que el informe era exhaustivo y cumplía los requisitos previstos en el Reglamento, por lo que la Comisión cerró la intervención en agosto de 2016.

En 2016 la Comisión también recibió tres nuevos informes de ejecución y tres declaraciones de validez de Rumanía por la sequía y los incendios de 2012, de Alemania por las inundaciones de 2013 y de Chequia por las inundaciones de 2013. El procedimiento de cierre de dichas intervenciones está todavía en curso.

5.Conclusiones

El número de solicitudes nuevas al Fondo de Solidaridad presentadas a la Comisión durante 2016 fue reducido, con dos solicitudes relacionadas con catástrofes que habían sucedido en noviembre y diciembre de 2015 (el terremoto de Léucade y las inundaciones del Reino Unido). Esto parece confirmar una vez más que la revisión y aclaración de los criterios correspondientes a las catástrofes regionales que figuran en el Reglamento modificado en 2014 están dando los resultados esperados, sobre todo, porque ya no se presentan solicitudes que son claramente no subvencionables.

No obstante, en agosto y octubre Italia volvió a sufrir terremotos devastadores que –junto con otro fuerte temblor en enero de 2017– han resultado ser, con diferencia, la mayor catástrofe a la que ha hecho frente el Fondo de Solidaridad desde su creación en 2002. Los daños, por valor de 22 000 millones EUR, fueron casi el doble que los causados por el segundo caso más importante, el terremoto de Emilia-Romaña de 2012. Estos acontecimientos confirman un patrón identificado en ocasiones anteriores: aunque las inundaciones representan el mayor porcentaje de catástrofes por las que se solicita ayuda al Fondo de Solidaridad (unas dos terceras partes de los casos), los terremotos son las catástrofes menos comunes, pero sin duda las más perjudiciales y costosas, por no mencionar el coste humano en términos de personas fallecidas, heridas o desplazadas durante largos periodos.

El reducido número de solicitudes recibidas en 2016 junto con el hecho de que la solicitud correspondiente al terremoto de Italia se completara en 2017, fue una afortunada coincidencia en lo que al presupuesto se refiere. Las movilizaciones realizadas en 2016 se pagaron de la parte no utilizada de la asignación anual de 2015, que se trasladó a 2016. En consecuencia, el importe total de la asignación correspondiente a 2016 estaba intacto y se trasladó a 2017, lo que permitió movilizar en 2017 para Italia la mayor contribución hasta la fecha del Fondo de Solidaridad. Este panorama demuestra que la posibilidad de transferir al año siguiente la cantidad no empleada el año anterior resulta extremadamente útil para mantener el Fondo de Solidaridad operativo en lo que a presupuesto se refiere, aunque su asignación anual se haya reducido para el marco financiero plurianual 2014-2020, de 1 000 millones EUR en precios actuales a 500 millones EUR en precios de 2011. Será importante mantener esta flexibilidad después de 2020. Por otra parte, los acontecimientos de 2016 muestran también que la base financiera del Fondo de Solidaridad es bastante reducida y podría fácilmente encontrarse en dificultades si ocurrieran una serie de catástrofes graves en un periodo de tiempo relativamente breve, en particular si no fuera posible transferir una cantidad importante del año anterior. En ese caso, sería difícil mantener los porcentajes de ayuda establecidos, lo cual menoscabaría el principio del trato equitativo.

La posibilidad de realizar pagos anticipados introducida en el Reglamento en la revisión de 2014, ha resultado ser muy útil. Aunque no todos los Estados solicitantes requirieron un pago anticipado, la Comisión pudo pagar los anticipos solicitados en el plazo de un mes después de que se hubiera presentado el expediente completo de solicitud en todos los casos menos en uno. Merece la pena reflexionar sobre si el aumento de los pagos anticipados por encima del porcentaje actual del 10 % de la contribución final prevista del Fondo de Solidaridad (limitada a un máximo de 30 millones EUR) podría ofrecer una solución viable para mejorar la capacidad de respuesta del Fondo de Solidaridad, cuya plena movilización a través de un procedimiento presupuestario en cada caso todavía requiere muchos meses.