1.INTRODUCCIÓN

El diálogo social es un elemento fundamental del modelo social europeo. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo constituye uno de los objetivos clave de la UE. El diálogo social y la negociación colectiva son dos formas fundamentales de lograrlo, pues contribuyen a alcanzar una mayor productividad al tiempo que garantizan la equidad social, un entorno laboral de calidad y la democracia en el trabajo. Una Europa social fuerte requiere unos interlocutores sociales fuertes. El diálogo social es, por ende, uno de los principios clave del pilar europeo de derechos sociales.

Para lograr una gestión eficaz y equilibrada del cambio, es esencial contar con unos interlocutores sociales fuertes. El cambio climático, la digitalización y las tendencias demográficas están cambiando el mundo con gran rapidez, en particular el mundo laboral, y algunos de estos cambios se han visto acelerados por la pandemia de COVID-19. El diálogo social es fundamental para hallar fórmulas equilibradas que permitan hacer frente a los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. En el conjunto de la UE, el diálogo social encabezó el diseño y la implementación de políticas para limitar el impacto de la pandemia. En el ámbito sectorial y de las empresas, los interlocutores sociales establecieron rápidamente nuevos protocolos de seguridad y salud en el trabajo u organizaron formación. En al ámbito nacional, ayudaron a las autoridades a apoyar financieramente a los trabajadores y a las empresas. Los interlocutores sociales también desempeñan un papel clave a la hora de abordar las grandes consecuencias de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, al facilitar la integración en el mercado laboral de las personas desplazadas procedentes de Ucrania, así como de otros refugiados y migrantes, y buscar soluciones sostenibles para ajustar los salarios y los convenios colectivos en respuesta a la crisis del coste de la vida y a los elevados niveles de inflación.

La participación de los interlocutores sociales mejora la elaboración de políticas y la legislación. Los interlocutores sociales tienen unos conocimientos y experiencia sin igual acerca de la situación social y del empleo «sobre el terreno». Su contribución puede lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de los trabajadores y los empleadores, además de mejorar la aceptación y eficacia de las políticas y la legislación. Los interlocutores sociales desempeñan un papel único en comparación con otras partes interesadas. El Tratado [artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] obliga a la Comisión a consultar a los interlocutores sociales sobre las propuestas en el ámbito de la política social (es decir, que entren en el ámbito de aplicación del artículo 153 del TFUE), a fin de permitirles que negocien acuerdos, si así lo desean. Los acuerdos de los interlocutores sociales pueden aplicarse sobre la base del Derecho de la UE (artículo 155 del TFUE). En el marco del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas y de empleo, se organizan regularmente diálogos estructurados a nivel de la UE con los interlocutores sociales en todos los momentos clave del ciclo.

La UE promueve el papel de los interlocutores sociales e insta a mejorar el diálogo social. La promoción del diálogo social, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales, es un objetivo común de la UE y de sus Estados miembros. Es preciso realizar más esfuerzos, tanto a nivel nacional como de la UE, para apoyar la cobertura de la negociación colectiva y desarrollar la capacidad de los interlocutores sociales, fomentar su participación y salvaguardar su autonomía. En el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, de marzo de 2021, la Comisión anunció que presentaría una iniciativa para apoyar el diálogo social nacional y de la UE tras consultar a los interlocutores sociales. Asimismo, con el Compromiso Social de Oporto firmado por la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, los interlocutores sociales y la Plataforma Social, se instaba, al más alto nivel político, a fortalecer el diálogo social a todos los niveles. La iniciativa en favor del diálogo social, mencionada también en la Comunicación de la Comisión «Conferencia sobre el Futuro de Europa: Transformar la visión en acciones concretas», de junio de 2022, contribuye de forma significativa a dar seguimiento a la Conferencia.

La presente Comunicación de la Comisión establece una serie de medidas concretas para seguir reforzando el diálogo social de la UE y va acompañada de una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la manera de reforzar el diálogo social y la negociación colectiva a nivel nacional. La Comisión ha preparado esta iniciativa con la estrecha participación de los interlocutores sociales y también ha mantenido intercambios con el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.

2.DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL

Los mecanismos y procesos de diálogo social varían de un Estado miembro a otro: por lo que respecta a las relaciones laborales colectivas, al papel de la negociación colectiva en la determinación de las condiciones de trabajo, a la capacidad y la afiliación de las organizaciones, a las estructuras formales para la participación de los interlocutores sociales en la elaboración e implementación de las políticas, así como en lo relativo a su importancia política. Además, los sistemas de negociación colectiva de los Estados miembros difieren en cuanto a su grado de centralización o descentralización.

La mayoría de los Estados miembros cuentan con una o varias estructuras nacionales formales de diálogo social en las que los representantes de los empleadores, los sindicatos y la Administración Pública pueden debatir cuestiones económicas y sociales generales. El papel y las competencias de estos órganos varían considerablemente, pero suelen desempeñar un papel asesor y consultivo en los proyectos de legislación y políticas, especialmente en ámbitos relacionados con el empleo, y, en ocasiones, pueden servir de foro para la negociación de acuerdos. Muchos Estados miembros cuentan además con organismos tripartitos que se ocupan de cuestiones específicas, como la seguridad social, el empleo, la formación y la salud y seguridad en el trabajo. Un diálogo social tripartito productivo, en el que participen las autoridades públicas, depende de un diálogo social bipartito sólido.

El diálogo social está sometido a presión para lograr resultados en un mundo laboral cambiante. Mientras que la densidad de los empleadores (proporción de empleadores que son miembros de organizaciones patronales) se ha mantenido relativamente estable, la densidad sindical ha disminuido (por término medio) en todos los Estados miembros. El cambio de la actividad económica de la industria manufacturera a los servicios del sector privado y un mundo laboral cambiante dificultan que las organizaciones sindicales y patronales capten nuevos miembros. Muchos trabajadores activos en la mayoría de las formas de empleo más recientes, en particular el número creciente de trabajadores por cuenta propia, no están representados. Lo mismo cabe decir de los trabajadores con contratos de duración determinada, que cada vez son más, pero con menos probabilidades de sindicarse. La flexibilidad en cuanto al horario y el lugar en que se realiza el trabajo dificulta que los representantes de los trabajadores organicen a una mano de obra tan fragmentada. En los últimos años, las organizaciones de interlocutores sociales han puesto en marcha iniciativas para atraer a nuevos miembros o para dar más voz a determinados grupos infrarrepresentados (en particular, a los jóvenes y los trabajadores de plataformas) a través de estrategias específicas y esfuerzos para incrementar la afiliación, así como mediante la creación de estructuras concretas dentro de las organizaciones. En lo que respecta a la igualdad de género, la proporción de mujeres en las organizaciones sindicales varía enormemente en el conjunto de la UE, con una tendencia generalizada hacia el crecimiento de la afiliación entre las mujeres, pese al descenso de la afiliación sindical en general. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo.

La proporción de trabajadores cubiertos por convenios colectivos ha disminuido significativamente en los últimos treinta años. Se ha reducido de una media estimada de la UE de alrededor del 66 % en 2000 hasta alrededor del 56 % en 2019, con descensos especialmente acusados en Europa central y del este [gráfico 1]. En el conjunto de los Estados miembros se ha observado una marcada transición hacia la negociación descentralizada a nivel de las empresas. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cobertura de la negociación colectiva solo es elevada (superior al 50 %) en los países que cuentan al menos con alguna forma de negociación sectorial. En los países en los que las negociaciones tienen lugar predominantemente a nivel de las empresas, la cobertura de la negociación colectiva suele ser baja. La coordinación entre sectores y equipos negociadores, así como el nivel de coordinación, son dimensiones especialmente importantes de la negociación colectiva.

El grado y la calidad de la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Aunque la calidad de la participación de los interlocutores sociales se ha mantenido estable en los últimos años en la mayoría de los Estados miembros, hay diferencias significativas entre los distintos países en lo que respecta a la conveniencia e importancia de su participación. Esto se debe, en parte, a los diferentes marcos, procedimientos y prácticas institucionales . En su «revisión anual del diálogo social», el Comité de Empleo evalúa específicamente la calidad y la eficacia del diálogo social en los Estados miembros. Las últimas conclusiones aprobadas por el Consejo en junio de 2022 destacan, entre otras cosas, la importancia de asignar tiempo suficiente para las consultas a lo largo de todo el proceso de elaboración de las políticas, garantizar marcos institucionales adecuados y abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo de capacidades y la reducción de la cobertura de la negociación colectiva . El Parlamento Europeo también ha destacado que unos sistemas de negociación colectiva sólidos aumentan la resiliencia de los Estados miembros en tiempos de crisis económica y que los Estados miembros deben adoptar medidas para promover una elevada densidad sindical e invertir la disminución de la cobertura de la negociación colectiva.

Gráfico 1: Cobertura de la negociación colectiva en la UE, 2000-2019

Número de empleados cubiertos por convenios colectivos, dividido por el número total de asalariados (en %, 2000 y 2019).

Nota: 1) los últimos datos disponibles son de: 2019 (AT, BE, CZ, HU, IT, LT, NL, PL, PT), 2018 (BG, DE, DK, ES, FR, LU, LV, SE), 2017 (EL, FI, IE, SI, RO), 2016 (CY, MT), 2015 (SK) y 2014 (HR). 2) Para IT, la cobertura se ha revisado al 100 %, lo que refleja el hecho de que los tribunales laborales utilizan los salarios base fijados en convenios colectivos como referencia para la aplicación del principio constitucional de una remuneración proporcional y suficiente. El nivel de cobertura del 100 % de la negociación colectiva en RO y EL en 2000 se explica por la existencia de mecanismos que hacían extensivos los convenios colectivos a todas las empresas mientras que el descenso se debe principalmente a la abolición de dichos mecanismos de extensión y otros cambios conducentes a la descentralización de la negociación colectiva.

Fuente: datos correspondientes al año 2000 o más cercanos a dicho año: base de datos ICTWSS, versión 6.1, Universidad de Ámsterdam. Variable AdjCov (n.º 111). Últimos datos disponibles: base de datos OCDE/AIAS (2021).

La UE dispone de una serie de instrumentos destinados a reforzar el diálogo social nacional. La Directiva sobre salarios mínimos exige a los Estados miembros que adopten medidas orientadas a ayudar a los interlocutores sociales a desarrollar sus capacidades para participar en la negociación colectiva sobre la fijación de salarios y que promuevan negociaciones salariales constructivas, significativas e informadas. Asimismo, la Directiva insta a los Estados miembros en los que la tasa de la cobertura de la negociación colectiva sea inferior al 80 % de los trabajadores a que establezcan un marco que favorezca la negociación colectiva y un plan de acción para promoverla. Los cambios tecnológicos que se están produciendo y la creciente automatización se manifiestan rápidamente como factores de reestructuración en toda la economía. En este contexto, el marco de calidad de la UE para la reestructuración, de 2013, ayuda a las empresas a anticipar el cambio y mitigar los efectos sociales y laborales de las reestructuraciones. Un marco integral de Directivas sobre información y consulta de los trabajadores también establece, tanto a nivel nacional como transnacional, normas para proteger los derechos de los trabajadores en las empresas, en particular en los procesos de reestructuración. El Parlamento Europeo está estudiando una Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión de la Directiva sobre comités de empresa europeos. Las Directivas de la UE sobre contratación pública exigen a los Estados miembros que respeten el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de conformidad con el Convenio n.º 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio n.º 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.