Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objetivo

El Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 definió los derechos de visita como una de las prioridades en materia de cooperación judicial. [1] Se trata de responder a una auténtica necesidad social. Dado que las personas cambian cada vez más a menudo de Estado miembro de residencia y que las familias se separan y se recomponen, es importante que los niños cuenten con un marco jurídico seguro que les permita mantener la relación con las personas que ejercen su responsabilidad parental y que pueden residir en distintos Estados miembros.

[1] Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, apartado 34.

Tomemos, por ejemplo, el siguiente caso hipotético: tras una resolución de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro X que concede la custodia a la madre y un derecho de visita al padre del niño, el padre se instala en el Estado miembro Y. Si no tiene la garantía de que la resolución se reconocerá efectivamente y se ejecutará en el Estado miembro Y, la madre dudará en permitir que el niño salga del país para visitar a su padre. O bien, la madre permite finalmente que el niño salga, pero dado que se obstruyó el ejercicio del derecho de visita del padre, éste retiene al niño y recurre a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro Y con el fin de obtener la modificación de la resolución relativa al derecho de custodia. Se trata de un ejemplo desafortunado pero por desgracia demasiado frecuente en la Comunidad hoy en día.

En este contexto, el objetivo de la acción comunitaria consiste en proteger el interés superior del niño y, en particular, plasmar de forma concreta su derecho fundamental a mantener periódicamente relaciones personales y contactos directos con sus dos padres, recogido en el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por una parte, la resolución por la que se regulan las relaciones entre el niño y las personas que ejercen su responsabilidad parental siempre puede, por su propia naturaleza, ser objeto de revisión con objeto de proteger mejor el interés superior del niño cuando su situación cambia. Por otra parte, tal resolución debe poder circular libremente y ser revisada (y las relaciones entre el niño y las personas que ejercen su responsabilidad parental deben poder evolucionar) en un contexto de seguridad jurídica que limite los conflictos y ofrezca al niño la estabilidad necesaria. Conviene llegar a un equilibrio entre garantizar que las resoluciones responden siempre al interés superior del niño y hacer posible que las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocen en toda la Comunidad.

A tal efecto, la Comisión propone ampliar el principio del reconocimiento mutuo al conjunto de las resoluciones relativas a la responsabilidad parental (permitiendo así a todos los niños beneficiarse de estas normas). Con el fin de reforzar la confianza mutua necesaria entre Estados miembros, la presente propuesta define una serie de normas claras y coherentes de atribución de competencias, así como un mecanismo de cooperación entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades. El objetivo final es suprimir el procedimiento de exequátur sin el cual hasta ahora una resolución dictada en un Estado miembro no puede ejecutarse en otro Estado miembro.

Simultáneamente, la Comisión prepara una propuesta de adhesión al Convenio de La Haya de 1996 en materia de responsabilidad parental, de tal modo que este importante instrumento internacional pueda coexistir con las normas comunitarias y regular situaciones que presenten aspectos extracomunitarios.

2. Contexto

La presente propuesta se inscribe en el marco de los trabajos en curso en la Comunidad Europea destinados a crear un verdadero espacio judicial basado en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales [2].

[2] Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, apartado 33.

Su fundamento jurídico radica en la letra c) del artículo 61 y en el apartado 1 del artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Con arreglo a la letra c) del artículo 61 y al artículo 65 del Tratado, la Comunidad adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil que tenga repercusiones transfronterizas y en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. Estas medidas incluyen la mejora y simplificación del reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil. El instrumento básico en este ámbito es el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, que sin embargo no se aplica a algunas materias bien definidas, entre las que se incluye el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones [3].

[3] Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12, 16.1.2001, p 1, punto a) del apartado 2 del artículo1.

En el ámbito del derecho de familia, el Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo establece normas que regulan la competencia, el reconocimiento automático y la ejecución simplificada de determinadas resoluciones dictadas en un divorcio o una separación [4]. Por lo que se refiere, en particular, a las resoluciones en materia de responsabilidad parental, su ámbito de aplicación se limita a las resoluciones en materia de responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con ocasión de las acciones en materia matrimonial. El Reglamento entró en vigor el 1 de marzo de 2001.

[4] Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, DO L 160, 30.6.2000, p 19.

Basándose en el Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, Francia presentó, el 3 de julio de 2000, una iniciativa destinada a facilitar, suprimiendo el exequátur, el ejercicio de los derechos de visita transfronterizos para los niños de padres separados o divorciados [5]. Con el fin de equilibrar el carácter directamente ejecutorio de las resoluciones en materia de derechos de visita, la iniciativa francesa establece una garantía de que, después de su estancia en el extranjero, el hijo volverá con el padre que ejerce la custodia.

[5] Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de los hijos, DO C 234, de 15.8.2000, p 7.

En su reunión de 30 de noviembre de 2000, el Consejo de Justicia y Asuntos de interior adoptó un programa de supresión progresiva del exequátur en cuatro ámbitos de actividad [6]. En el ámbito 2, el programa incluye, para la primera etapa, una ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1347/2000, así como la supresión del exequátur para el derecho de visita. En esta misma reunión, el Consejo concluyó que los trabajos sobre la iniciativa francesa sólo podían proseguir si se desarrollaban de forma simultánea a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1347/2000. Esto garantiza la igualdad de trato de todos los niños al tener en cuenta realidades sociales tales como la diversificación de las estructuras familiares.

[6] Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO C 12, 15.1.2001, p 1. El proyecto se refiere a los cuatro ámbitos de trabajo siguientes: i) Bruselas I; ii) Bruselas II y situaciones familiares resultantes de relaciones distintas del matrimonio; iii) regímenes matrimoniales y efectos económicos de la separación de una pareja no casada; y iv) testamentos y sucesiones. En la tercera (y última) etapa del programa, se prevé la supresión del procedimiento de exequátur en los cuatro ámbitos.

Con carácter preparatorio, la Comisión presentó, el 27 de marzo de 2001, un documento de trabajo sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia de responsabilidad parental. El documento contiene una serie de consideraciones preliminares relativas a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1347/2000, las normas de competencia correspondientes y una serie de cuestiones conexas.

Con el fin de garantizar el seguimiento del documento de trabajo, el 27 de junio de 2001 se celebró una audición pública.

Habida cuenta de las respuestas de los Estados miembros y de otras partes interesadas que participaron en la audición, la Comisión propone un Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental. La propuesta completa el Reglamento (CE) n° 1347/2000 al mejorar la libre circulación de todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, basada en una serie de normas comunes de competencia que deben establecerse a escala comunitaria y en una mayor cooperación entre las autoridades. La propuesta no va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de simplificación del reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental, y satisface pues las exigencias de subsidiariedad y proporcionalidad recogidas en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En conjunción con la iniciativa francesa destinada a suprimir el procedimiento de exequátur para las resoluciones en materia de derecho de visita, constituye la aplicación de la primera etapa del segundo ámbito del programa de reconocimiento mutuo.

3. Artículos

Capítulo I - Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1- Ámbito de aplicación

La propuesta abarca el mismo tipo de procedimientos ante el mismo tipo con autoridades que el Reglamento (CE) n° 1347/2000. Los términos "procedimiento civil" engloban pues no sólo los procedimientos judiciales, sino también los procedimientos administrativos cuando el Derecho nacional prevea tales procedimientos.

La diferencia con el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (artículo 1), estriba en que no existe el vínculo con las acciones en materia matrimonial, de modo que la propuesta de Reglamento abarca todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental sobre un niño, independientemente de su situación familiar.

La propuesta no se aplica a Dinamarca, de acuerdo con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Irlanda y el Reino Unido pueden ejercer su posibilidad de participación en el plazo de tres meses, de acuerdo con el Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Artículo 2 - "Titular de la responsabilidad parental"

El concepto de "titular de la responsabilidad parental" abarca las personas físicas y jurídicas que ejercen la responsabilidad parental sobre un niño por resolución judicial o por ministerio de la ley. Con arreglo al apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CE) n° 1347/2000, se entiende por "resolución" no sólo las resoluciones judiciales y administrativas, sino también los documentos públicos y las transacciones celebradas ante un órgano jurisdiccional. Los términos "titular de la responsabilidad parental" se utilizan también en los artículos 4, 5, 6, 13 y 17 (su consentimiento es necesario para aceptar la competencia de un órgano jurisdiccional y puede pedir la devolución del asunto o la asistencia de una autoridad central).

Las legislaciones nacionales difieren considerablemente por lo que se refiere a los posibles titulares de la responsabilidad parental (desde los padres del niño, pasando por otros miembros de su familia, hasta incluso terceros). La Comisión considera que cualquier problema relativo a la ejecución de resoluciones que atribuyan la responsabilidad parental a determinadas personas que no estarían facultadas para ejercerlo en virtud de la legislación del Estado miembro de ejecución se resolverá más fácilmente una vez se haya suprimido el procedimiento de exequátur para el derecho de visita.

Responsabilidad parental

No se define el concepto de "responsabilidad parental", pero se espera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permita llegar a una cierta convergencia. Además, un considerando especifica que este concepto abarca el derecho de visita y excluye los alimentos, que están regulados por el Reglamento (CE) n° 44/2001. Con el fin de mantener la coherencia entre los dos instrumentos, debería preverse una modificación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 44/2001 para garantizar que existe una jurisdicción competente en todos los casos en materia de alimentos cuando estos casos son subsidiarios de un procedimiento en materia de responsabilidad parental.

Puede también ser necesario establecer una "lista negra" de medidas adoptadas en el marco de "procedimientos civiles", pero demasiado estrechamente vinculadas al ejercicio del poder público (acogida de un niño en una institución, por ejemplo) para que esté justificada su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento. La Comisión optó por no limitar la propuesta en este sentido y por dejar que los Estados miembros manifestasen las preocupaciones que puedan tener con arreglo a su Derecho nacional.

Ley aplicable

La ley que debe aplicarse para determinar quienes son los titulares de la responsabilidad parental se deja a discreción del órgano jurisdiccional competente. A efectos de valorar si el traslado o retención de un niño son ilícitos, el artículo 5 se remite a la ley del Estado miembro en el cual el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Generalmente, el programa de reconocimiento mutuo no prejuzga de la cuestión de la ley aplicable. Aunque la presente propuesta no contiene disposiciones sobre la ley aplicable (al igual que en el Reglamento (CE) n° 1347/2000), la Comisión considera que el papel que la armonización de la elección de las normas jurídicas tanto en materia de divorcio como en materia de responsabilidad parental podría desempeñar para facilitar el reconocimiento mutuo merece más amplia reflexión.

Capítulo II - Competencia

Con el fin de reforzar la seguridad jurídica, la propuesta establece un sistema completo de criterios destinado a evitar los conflictos de competencia, inspirado en gran parte en las normas correspondientes del Convenio de La Haya de 1996 [7]. El criterio básico de la residencia habitual del niño (artículo 3) se matiza en algunos casos de cambio del lugar de residencia habitual del niño o en virtud de un acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental (artículos 4, 5 y 6) y también se incluye un mecanismo de flexibilidad (artículo 13). El objetivo estriba en que, en todos los casos, la atribución de la competencia responda al interés superior del niño.

[7] XXXIV Convenio sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de la infancia (19 de octubre de 1996). El Convenio aún no ha entrado en vigor.

Está claro que la norma básica en materia de competencia (artículo 3) no se aplica hasta que el niño interesado tiene su lugar de residencia habitual en la Comunidad. No obstante, los artículos 4 a 6 se aplican independientemente de que el lugar de residencia habitual del niño esté situado o no en la Comunidad. Lo mismo ocurre por lo que se refiere al ejercicio de la competencia residual en virtud del Derecho nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Además, la Comunidad prevé adherirse al Convenio de La Haya de 1996. Esta adhesión no afectaría a la aplicación de las normas adoptadas a escala comunitaria a los niños que residen habitualmente en la Comunidad. No obstante, las normas de competencia establecidas en el Convenio primarían sobre las normas comunitarias cuando el niño interesado no resida en la Comunidad sino en un tercer país Parte Contratante del Convenio.

Sección I

Artículo 3 - Competencia judicial general

Al igual que en el Convenio de La Haya de 1996, la competencia está basada en primer lugar en la residencia habitual del niño. Por lo tanto, en caso de cambio del lugar de residencia habitual del niño, la competencia se transfiere a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de su nueva residencia habitual.

De acuerdo con la práctica de la Conferencia de La Haya, en el marco de la cual se desarrolló el concepto de "lugar de residencia habitual", no se define este concepto sino que es el juez quien lo examina individualmente en la valoración de los hechos. No obstante, se espera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrolle una cierta convergencia.

Dado que el lugar de residencia habitual de un niño puede cambiar repentinamente a causa de un acto ilícito o por otras razones, existen situaciones en las que el interés superior del niño resulta mejor protegido si los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la antigua residencia habitual del niño siguen siendo competentes. Estas situaciones se contemplan en los artículos 4 y 5.

Artículo 4 - Competencia del Estado miembro de la última resolución

Con arreglo al artículo 4, la competencia puede seguir atribuida durante cierto tiempo al Estado miembro en el que se dictó la última resolución si el niño se encuentra desde hace poco tiempo en su nuevo lugar de residencia habitual y si una de las personas que ejercen la responsabilidad parental sigue residiendo en el Estado miembro de la última resolución. Se pretende así garantizar una determinada continuidad sin que ello suponga modificar la definición de la "residencia habitual". Además es la jurisdicción más cercana al niño en el momento del traslado la que modifica su resolución previa para tener en cuenta la evolución de la situación. Por otra parte, el titular de la responsabilidad parental que permanece en el Estado donde residía el niño no tiene que recurrir a una jurisdicción de un entorno que no le es familiar a menos que se acoja a esta posibilidad. Transcurridos seis meses, la competencia se transfiere a los órganos jurisdiccionales del lugar de residencia habitual del niño, ya que son los más cercanos al niño a partir de esa fecha.

Consideremos, por ejemplo, el caso siguiente: una resolución dictada en el Estado miembro X concede el derecho de custodia a la madre y un derecho de visita al padre un fin de semana de cada dos, los tres residentes en el Estado miembro X. La madre decide posteriormente instalarse con el niño en el Estado miembro Y. La resolución deberá modificarse, puesto que el padre ya no puede ejercer su derecho de visita un fin de semana de cada dos. El artículo 4 permite al padre dirigirse a los órganos jurisdiccionales del Estado X con objeto de obtener tal modificación aunque, con arreglo a la resolución aplicable, no sea necesario hacerlo antes del traslado. Los órganos jurisdiccionales de Y podrán inhibirse durante los seis meses siguientes al traslado, a menos que el padre acepte la competencia de éstos.

Para poder aplicar el artículo 4 deben cumplirse tres condiciones: el niño no debe residir en el Estado de su nueva residencia habitual desde más de seis meses (punto a)); uno de los titulares de la responsabilidad parental debe seguir residiendo en el Estado miembro donde se dictó la última resolución (punto b)); y esta persona no debe haber aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de residencia habitual del niño (punto c)).

Artículo 5 - Sustracción de menores

El hecho de que la competencia siga automáticamente a todo cambio de la residencia habitual del niño presenta también el riesgo de que se utilice la fuerza para atribuir una competencia artificial con el fin de obtener la custodia de un hijo.

En el ámbito internacional, el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores tiene por objeto restablecer el statu quo mediante la restitución inmediata de los niños que sean objeto de un traslado o una retención ilícitos [8]. El traslado o retención de un niño se considera ilícito cuando infringe un derecho de custodia ejercido efectivamente. Por otra parte, el Convenio admite la necesidad de prever un número limitado de excepciones a la obligación de restituir al niño, entre ellas cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable (letra b) del artículo 13). Se desprende, en materia de competencia, que en caso de secuestro, los órganos jurisdiccionales de la nueva residencia habitual no son competentes, a menos que se haya dictado una resolución por la que se establezca la no restitución del niño o que no se haya presentado una solicitud de restitución del niño en un plazo razonable.

[8] XXVIII Convenio sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños (del 25 de octubre de 1980). El convenio está en vigor en todos los Estados miembros.

En la Comunidad, por una parte, esta nueva situación de hecho creada por el secuestro de un niño debería producir efectos en materia de competencia cuando todos los titulares de la responsabilidad parental hayan aceptado esta situación (por ejemplo, cuando no se haya presentado una solicitud de restitución del niño). Por otra parte, la Comisión considera que en un espacio judicial ninguna otra situación justifica una transferencia permanente de competencias, como una situación del tipo previsto en el punto b) del artículo 13. En realidad, el Convenio de La Haya de 1980 exhorta a las Partes Contratantes a limitar aún más las excepciones a la restitución establecidas en la misma o a aplicar otros instrumentos para facilitar la restitución [9].

[9] Véanse los artículos 34 y 36 del convenio de La Haya de 1980.

La siguiente solución sería posible en la Comunidad: en virtud de una resolución dictada en el Estado miembro X, la madre residente en dicho Estado miembro tiene el derecho de custodia y el padre que reside en Y tiene un derecho de visita. Con ocasión de una visita del niño al Estado miembro Y, el niño se halla en peligro. El padre solicita entonces en el Estado miembro Y medidas provisionales destinadas a proteger al niño y, en el plazo de un mes, se dirige a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro X con el fin de obtener la modificación de la resolución de custodia. En todos los casos, son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro X dónde reside el niño los que tienen la última palabra. Eso significa que si llegan a la conclusión que las alegaciones de riesgo son infundadas, las medidas provisionales adoptadas en Y dejarán de aplicarse y el niño deberá ser restituido. En este caso, las autoridades centrales de los dos Estados miembros cooperarían para adoptar cualquier medida de protección necesaria para acompañar la restitución del niño.

Esta solución está basada en un nivel de confianza inherente a un espacio judicial común, en el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro pueden garantizar la misma protección del niño. Para facilitar la cooperación judicial, se establecerán una serie de mecanismos que permitirán, por ejemplo, que las declaraciones tomadas al niño por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro Y se utilicen en el Estado miembro X [10] . Se pretende que el hecho de que la resolución sobre el fondo siempre sea dictada por los órganos jurisdiccionales competentes tenga un efecto disuasorio en la medida en que no sería interesante retener al niño para lograr una transferencia de competencia. Las disposiciones de la iniciativa francesa sobre el derecho de visita en materia de restitución estaban basadas en estas mismas consideraciones.

[10] Véase el Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de las pruebas en materia civil o mercantil, DO L 174, 27.6.2001, p 1.

El apartado 1 establece una norma general, que aparece también en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1347/2000, según la cual los órganos jurisdiccionales ejercerán su competencia de acuerdo con el Convenio de La Haya de 1980. El apartado 2 sólo permite a los órganos jurisdiccionales de la nueva residencia habitual del niño ejercer su competencia si todos los titulares de la responsabilidad parental aceptan la situación. El apartado 3 constituye el corolario indispensable del apartado 2 y prevé que los órganos jurisdiccionales soliciten la restitución del niño cuando no puedan ejercer la competencia de conformidad con el apartado 2 y sin perjuicio de toda medida provisional que puede tomarse en virtud del artículo 9. El apartado 4 da la misma definición de los conceptos "traslado y retención ilícitos" que el Convenio de La Haya de 1980.

Artículo 6 - Prórroga de la competencia

Con arreglo a este artículo, los titulares de la responsabilidad parental pueden decidir de común acuerdo recurrir a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro con el que el niño tiene un vínculo sustancial. Esta solución tiene por objeto favorecer un acuerdo entre las partes, aunque sólo sea ante el órgano jurisdiccional que debe pronunciarse. Este órgano conservaría el poder discrecional de valorar si el hecho de que ejerza la competencia beneficia al interés superior del niño.

La jurisdicción que falla el divorcio de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1347/2000, puede considerarse un caso particular de prórroga de la competencia según el artículo 6. Por ejemplo, otros foros posibles son el del Estado miembro de la residencia habitual de uno de los titulares de la responsabilidad parental o el del Estado miembro en el que el niño tuviese una residencia habitual anteriormente.

Artículo 7 - Competencia basada en la presencia del niño

Este artículo establece que cuando no se pueda determinar la residencia habitual del niño, será competente por defecto el Estado miembro en el que aquél esté presente. Esta situación puede producirse en el caso de niños refugiados y también cuando los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro consideran que el niño ha perdido su residencia habitual mientras que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro consideran que aún no se cumplen las condiciones de adquisición de una nueva residencia habitual.

Para evitar cualquier aplicación abusiva de este artículo, éste tiene carácter subsidiario con relación a los artículos 3 a 6 (es decir sólo se aplicará si ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede ejercer la competencia con arreglo a estos artículos).

Artículo 8 - Competencia residual

El derecho nacional se aplicará con carácter residual cuando ninguna jurisdicción de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3 a 7. En la mayor parte de los casos, estos asuntos se referirán a niños que tienen una conexión sustancial con un Estado miembro sin residir en él de manera habitual. Obviamente, la adhesión al Convenio de La Haya de 1996 excluiría el ejercicio de la competencia respecto a los niños que residen habitualmente en otra Parte Contratante del Convenio, a menos que esto se ajuste a lo dispuesto en dicho Convenio, por ejemplo aplicando sus artículos 8 y 9.

Tal como establece el Reglamento (CE) n° 1347/2000, cualquier resolución dictada en virtud de competencias residuales se beneficiaría del mismo régimen de reconocimiento y ejecución en todos los demás Estados miembros.

Artículo 9 - Competencia para adoptar medidas provisionales destinadas a proteger al niño

En caso de urgencia, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que está presente el niño deberían poder adoptar las medidas necesarias para protegerle.

Conviene no obstante velar por que estas medidas no se mantengan indefinidamente, lo que impediría efectivamente que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del fondo ejerciesen esta competencia en la práctica. Así pues se propone lo siguiente: en primer lugar, estas medidas dejarán de aplicarse salvo si hubiera presentado un recurso, en el plazo de un mes, ante los órganos jurisdiccionales competentes para pronunciarse sobre el fondo y, en segundo lugar, estas medidas podrán entonces ser anuladas por una resolución (en primera instancia) de la jurisdicción competente para conocer del fondo.

Por lo que se refiere a estas medidas, es importante que los órganos jurisdiccionales cooperen directamente o por medio de las autoridades centrales (por ejemplo, en la obtención de pruebas).

Artículo 10 - Competencia para organizar el ejercicio de la responsabilidad parental

Procede distinguir las resoluciones que asignan derechos derivados de la responsabilidad parental de las resoluciones que organizan el ejercicio de éstos. Por lo que se refiere a estos últimos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ejercen estos derechos deberían disponer de un cierto margen de maniobra para decidir las modalidades prácticas necesarias, siempre que no se establezcan en la resolución inicial.

Conviene también velar por no modificar el fondo de la resolución. Para evitar todo abuso de esta índole, el apartado 3 prevé que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del fondo puedan cancelar dichas modalidades prácticas.

Es importante que los órganos jurisdiccionales cooperen directamente o por medio de las autoridades centrales para la aplicación de este artículo.

Sección II

Artículos 11 y 12 - Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad

Tal como establecen los artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) n° 1347/2000, la jurisdicción que dicta la resolución debe comprobar que es competente y que se han respetado los derechos de la defensa.

Artículo 13 - Devolución a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del asunto

La estructura de las normas de competencia descritas en la sección I pretende instituir un sistema exhaustivo y racional que proteja el interés superior del niño. No obstante, pueden existir algunas situaciones (aunque excepcionales), en las que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro estén mejor situados para conocer del asunto. Por este motivo se ha incluido una disposición que permite la devolución de los asuntos, tanto para reconocer como para fomentar en mayor medida la confianza mutua existente entre los Estados miembros en materia de cooperación judicial. El Convenio de La Haya de 1996 prevé un dispositivo similar de devolución.

El sistema propuesto es menos amplio y se basa en criterios mejor adaptados al contexto comunitario. Conviene destacar que este artículo sólo debería aplicarse en circunstancias excepcionales. El requisito de conexión con el Estado miembro al cual puede confiarse el asunto se basa en que el niño tuviera anteriormente su residencia en dicho Estado miembro o uno de los titulares de la responsabilidad parental tuviera su residencia habitual en dicho Estado miembro. Además, la devolución debe ser solicitada por un titular de la responsabilidad parental y no puede producirse a iniciativa del órgano jurisdiccional. Como garantía suplementaria se prevé que el órgano jurisdiccional que propone la devolución y el que la acepta deben valorar si dicha devolución redunda en beneficio del interés superior del niño.

Convendría examinar con más detalle la posibilidad de realizar una devolución y un intercambio de opiniones directos entre órganos jurisdiccionales. Mientras esto no sea posible, las autoridades centrales desempeñarán un importante papel.

Artículo 14 - Litispendencia

Se incluye una norma sobre litispendencia para las acciones relativas a cuestiones de responsabilidad parental sobre un mismo niño pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes. Sin embargo, el recurso a esta norma no debería ser frecuente dado que el régimen de competencia del Reglamento no se basa en otros criterios de competencia.

Capítulo III - Reconocimiento y ejecución

Artículo 15

Este artículo remite al régimen instaurado en el Reglamento (CE) n° 1347/2000.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones pertinentes a efectos de los Anexos I a III del Reglamento (CE) n° 1347/2000 (órganos jurisdiccionales y vías de recurso), que se publicarán en el Diario Oficial. Además el certificado que figura en el Anexo V del Reglamento (CE) n° 1347/2000 debería modificarse según el procedimiento de comitología previsto, con objeto de incluir a todos los titulares de la responsabilidad parental (sección 3), así como una breve descripción de sus derechos y obligaciones.

Capítulo IV - Cooperación entre las autoridades centrales

Artículos 16 a 18

El sistema de cooperación entre las autoridades centrales constituye uno de los elementos esenciales de la estructura del Reglamento.

Las autoridades centrales pueden desempeñar una función general de información y coordinación y adoptar medidas en casos particulares.

En primer lugar, en su calidad de miembros de la Red Judicial Europea [11], las autoridades centrales elaborarán un sistema de información y examinarán aspectos de interés común así como sus métodos de coordinación. Las estructuras de la Red podrán también servir para convocar las reuniones de las autoridades centrales.

[11] Decisión del Consejo 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001 relativa a la creación de una red judicial europea en materia civil y mercantil, DO L 174, de 27.6.2001, p. 25.

Más importante todavía, las autoridades centrales deberían desempeñar un papel activo (y de iniciativa) para garantizar el ejercicio efectivo de la responsabilidad parental en algunos casos particulares, dentro de los límites del marco de acción definido por su Derecho nacional. Sus actividades consisten, en particular, en proporcionar un apoyo para la ejecución de las resoluciones (incluida la restitución del niño), así como en promover la mediación cuya importancia se destacó en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 30 de noviembre de 2000. No se puede ser demasiado imperativo en esta materia pero convendría fomentar el desarrollo de una cultura de cooperación estrecha que puede partir de los mecanismos de cooperación existentes, por ejemplo, entre las autoridades designadas de acuerdo con el Convenio de La Haya de 1980.

Capítulo V - Disposiciones generales, transitorias y finales

Artículo 19 - Relación con el Reglamento (CEE) Nº 1347/2000 del Consejo

Aunque el objetivo es ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1347/2000, este artículo tiene por objeto no obstante reforzar la seguridad jurídica en al establecer que las disposiciones del presente Reglamento prevalecerán sobre las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo. Convendría reunir las disposiciones del Reglamento propuesto, las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, así como la iniciativa francesa sobre el derecho de visita, con el fin de que los jueces y a los profesionales del derecho puedan disponer de un único instrumento.

Artículo 20 - Estados miembros con sistemas no unificados

Este artículo reproduce esencialmente el artículo 41 del Reglamento CE nº 1347/2000.

Artículo 21 - Disposiciones transitorias

El mismo enfoque adoptado en el artículo 42 del Reglamento (CE) n° 1347/2000 permite también aplicar el presente Reglamento en ciertos casos en que se ejercitaron las acciones judiciales antes de su entrada en vigor.

Artículo 22 - Listas de las autoridades centrales y órganos jurisdiccionales y vías de recurso

Sobre la base de las informaciones comunicadas por los Estados miembros, la Comisión actualizará los datos de las autoridades centrales y pondrá esta información a disposición del público.

Los Estados miembros notificarán también a la Comisión la lista de los órganos jurisdiccionales y vías de recurso contemplados en los Anexos I a III del Reglamento (CE) n° 1347/2000 en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento, con el fin de poderlos publicar en el Diario Oficial mucho antes de que el Reglamento sea aplicable.

Artículo 23 - Comité

Este artículo se refiere al Comité instituido en el artículo 45 del Reglamento (CE) n° 1347/2000.

Artículo 24- Entrada en vigor

Se prevé que el Reglamento se aplique un año después de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, el artículo 22 será aplicable a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial, dado que los Estados miembros deberán comunicar en el plazo de tres meses las informaciones mencionadas en dicho artículo.

2001/0204 (CNS)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67,

Vista la propuesta de la Comisión [12],

[12] DO C ...

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [13],

[13] DO C ...

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [14],

[14] DO C ...

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Que a tal efecto, la Comunidad adopta, entre otras, medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El Consejo Europeo de Tampere ha corroborado el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial.

(3) El Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo establece normas que regulan la competencia, el reconocimiento automático y la ejecución simplificada de resoluciones dictadas en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con ocasión de acciones en materia matrimonial.

(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo y la Comisión adoptaron un programa para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil; que este programa incluye, como primera etapa, una ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1347/2000, así como un proyecto específico de supresión del exequátur para el derecho de visita.

(5) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Concretamente, tiene por objetivo garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del niño reconocidos en el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(6) Con el fin de garantizar la igualdad para todos los niños, el presente Reglamento abarca todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluido el derecho de visita, salvo las obligaciones alimentarias que se regulan en el Reglamento (CE) n° 44/2001.

(7) Los criterios de atribución de la competencia establecidos en el presente Reglamento se conciben en función del interés superior del niño; que, por lo tanto, son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño tiene su residencia habitual los que deberían ser competentes en primer lugar, excepto en algunos casos de cambio de residencia habitual del niño o de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.

(8) Concretamente, en casos de traslado o retención ilícitos del niño, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que se trasladó o en el que se retuvo al niño deberían poder adoptar las medidas necesarias para protegerlo, pero remitiendo a continuación el asunto a los órganos jurisdiccionales competentes para dictar una resolución en cuanto al fondo.

(9) Las normas sobre competencia no deberían excluir la posibilidad de que se adopten medidas en el Estado miembro donde se encuentra el niño para protegerle en caso de urgencia o para organizar el ejercicio de la responsabilidad parental. No obstante, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes en cuanto al fondo deberían tener la última palabra, incluida la posibilidad de anular dichas medidas.

(10) Las resoluciones se reconocerán y se ejecutarán de acuerdo con el régimen establecido en el Reglamento (CE) n° 1347/2000.

(11) En este contexto, la cooperación entre las autoridades centrales es indispensable tanto con carácter general como en casos particulares, incluso con el fin de favorecer la resolución de mutuo acuerdo de los conflictos familiares.

(12) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [15], es conveniente que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento se adopten con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la citada Decisión.

[15] DO C 184, 17.7.1999, p. 23.

(13) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, los objetivos del presente Reglamento no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, sólo pueden lograrse a nivel comunitario. El presente Reglamento se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

(14) [El Reino Unido e Irlanda, con arreglo a los artículos 1 y 2 del Protocolo relativo a la posición del Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participan en la aprobación del presente Reglamento y éste no vincula al Reino Unido ni a Irlanda y no les es aplicable] / [El Reino Unido e Irlanda, con arreglo al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han manifestado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento].

(15) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la Posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Decisión, que por tanto ni le vincula ni le es aplicable,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplica a todos los procedimientos civiles relativos a la responsabilidad parental.

2. Se equipararán a los procedimientos judiciales los demás procedimientos que reconozca oficialmente cualquiera de los Estados miembros. El término "órgano jurisdiccional" englobará a todas las autoridades competentes en la materia en los Estados miembros.

3. A efectos del presente Reglamento, se entiende por "Estado miembro" todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca, [Irlanda y el Reino Unido].

Artículo 2 Titular de la responsabilidad parental

A efectos del presente Reglamento, se entiende por "titular de la responsabilidad parental", toda persona física o jurídica que ejerza la responsabilidad parental sobre un niño en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley.

Capítulo II

competencia judicial

Sección I

Artículo 3 Competencia general

Sin perjuicio de lo dispuesto en artículos 4, 5 y 6, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un niño que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.

Artículo 4 Competencia del Estado miembro de la última resolución

Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual se hubiera dictado la última resolución en materia de responsabilidad parental respecto a un niño, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 8 del presente Reglamento, seguirán siendo competentes cuando:

(a) el niño haya residido en su Estado de residencia habitual por un periodo inferior a seis meses en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional; y

(b) uno de los titulares de la responsabilidad parental resida habitualmente en el Estado miembro de la última resolución; a menos que

(c) el niño resida habitualmente en otro Estado miembro y que el titular de la responsabilidad parental contemplado en el punto b) haya aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el niño tenga su residencia habitual.

Artículo 5 Sustracción de menores

1. Los órganos jurisdiccionales competentes con arreglo al artículo 3 ejercerán su competencia a tenor de lo dispuesto en el Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de traslado o retención ilícitos de un niño, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o su retención conservarán su competencia hasta que el niño haya adquirido residencia habitual en otro Estado, y que

(a) cada titular de la responsabilidad parental haya consentido al traslado o retención; o que

(b) el niño haya residido en este otro Estado durante un período mínimo de un año después de que el titular de la responsabilidad parental haya tenido conocimiento del paradero del niño o hubiera debido tenerlo, que ninguna solicitud de restitución se haya presentado durante este período y que el niño se haya integrado en su nuevo entorno.

3. No obstante lo dispuesto en las excepciones a la obligación de restitución del niño previstas en el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en caso de traslado o retención ilícitos de un niño y previa solicitud presentada por un titular de la responsabilidad parental o por una autoridad central, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se trasladó o retuvo al niño ordenarán la restitución inmediata del niño al Estado miembro que sigue siendo competente de acuerdo con el apartado 2, sin perjuicio de cualquier medida provisional adoptada a tenor del artículo 9 que consideren necesaria.

4. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos

(a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y

(b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.

Artículo 6 Prórroga de la competencia

1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes:

(a) cuando sea aplicable el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo; o

(b) cuando todos los titulares de la responsabilidad parental acepten su competencia, el niño esté estrechamente vinculado a este Estado miembro y dicha competencia responde al interés superior del niño.

2. A efectos del apartado 1, punto b), se considerará que los titulares de la responsabilidad parental han aceptado la competencia de un órgano jurisdiccional cuando comparezcan ante él, a menos que su comparecencia tenga por objeto únicamente impugnar la competencia de dicho tribunal.

Artículo 7 Competencia basada en la presencia del niño

Cuando no puede determinarse la residencia habitual del niño y ninguna jurisdicción de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3 a 6, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que está presente el niño serán competentes para pronunciarse en cuanto a las cuestiones de responsabilidad parental sobre el niño.

Artículo 8 Competencia residual

Si de los artículos 3 a 7 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.

Artículo 9 Competencia para adoptar medidas provisionales destinadas a proteger el niño

1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales previstas en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro para proteger a un niño presente en este Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

2. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que está presente el niño fijarán un plazo durante el cual deberá plantearse el asunto ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competente para conocer del fondo, ya que, de lo contrario, las medidas dejarán de aplicarse. Este plazo no será superior a un mes.

3. A efectos del apartado anterior, se considerará que se ha planteado un asunto a un órgano jurisdiccional

(a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para que se entregue al demandado el emplazamiento, o

(b) en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación, si dicho documento debe notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para presentar el documento al tribunal.

4. Estas medidas dejan de aplicarse en cuanto los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competente para conocer del fondo hayan dictado una resolución de conformidad con el apartado 2.

Artículo 10 Competencia para organizar el ejercicio de la responsabilidad parental

1. Las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ejerce la responsabilidad parental o en el se que solicita la ejecución de una resolución sean competentes al único efecto de decidir las modalidades prácticas de organización del ejercicio de la responsabilidad parental, cuando éstas no estén establecidas en la resolución del Estado miembro competente para conocer del fondo.

2. En ningún caso podrá dictarse resolución sobre el fondo del asunto.

3. Estas modalidades prácticas dejarán de ser aplicables una vez haya recaido una resolución posterior dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competente para conocer del fondo.

4. A efectos del presente artículo, la autoridad central del Estado miembro en el que se ejerce la responsabilidad parental o en el que se solicita la ejecución de una resolución, designada en aplicación del artículo 16, cooperará estrechamente con la autoridad central del Estado miembro competente para conocer del fondo.

Sección II

Artículo 11 Comprobación de la competencia

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que hubiera de conocer a título principal de un procedimiento para el que el presente Reglamento no establezca su competencia y para el que, en virtud del presente Reglamento, fuere competente un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se declarará de oficio incompetente.

Artículo 12 Comprobación de admisibilidad

1. Cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito de demanda o documento equivalente o que se han practicado todas las diligencias a tal fin.

2. Las disposiciones del artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, se aplicarán en lugar de las del apartado 1 del presente artículo, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de remitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento.

3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n°1348/2000, se aplicarán las disposiciones del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de remitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 13 Devolución a una jurisdicción mejor situada para conocer del asunto

1. A petición de un titular de la responsabilidad parental, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competente para conocer del fondo podrán, en los casos excepcionales en que ello redunde en el interés superior del niño, remitir el asunto a los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en el que el niño tuviera antes su residencia habitual o en el que resida habitualmente un titular de la responsabilidad parental.

2. A tal efecto, suspenderán el procedimiento y fijarán un plazo durante el cual debe presentarse el asunto ante los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro.

3. Los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro podrán, si ello redunda en el interés superior del niño, aceptar la competencia durante el plazo fijado en el apartado 2. En este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó el asunto inicialmente deberá inhibirse.

4. Los órganos jurisdiccionales cooperarán estrechamente con el fin de facilitar la devolución e intercambiar opiniones sobre el asunto, ya sea por vía directa o por medio de las autoridades centrales.

Artículo 14 Litispendencia

1. Cuando se incoe un procedimiento relativo a cuestiones de responsabilidad parental sobre un mismo niño ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, la jurisdicción ante la que se presentó el asunto en segundo lugar suspenderá de oficio el procedimiento hasta que no se establezca la competencia del primer órgano jurisdiccional.

2. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél. En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primer órgano jurisdiccional.

3. Se considerará que se ha planteado un asunto a un órgano jurisdiccional:

(a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para que se entregue al demandado el emplazamiento, o

(b) en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación, si dicho documento debe notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para presentar el documento al tribunal.

Capítulo III

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 15

1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros de acuerdo con las disposiciones aplicables del capítulo III del Reglamento (CE) n° 1347/2000.

2. Los Anexos I a III del Reglamento (CE) n° 1347/2000 se competarán en aplicación del artículo 22 del presente Reglamento.

3. Cualquier modificación del Anexo V a efectos del presente Reglamento se adoptará de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 23.

Capítulo IV

Cooperación entre las Autoridades Centrales

Artículo 16 Designación

1. Cada Estado miembro designará una autoridad central encargada de asistirlo en la aplicación del presente Reglamento.

2. Además de la autoridad central designada de acuerdo con el apartado 1, un Estado miembro en el que se apliquen dos o más sistemas de derecho o conjuntos de normas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento en unidades territoriales diferentes podrá designar una autoridad para cada unidad territorial especificando su competencia territorial. En este caso, las comunicaciones podrán dirigirse directamente a la autoridad competente territorialmente o a la autoridad central que se encargará de transmitirlas a la autoridad competente territorialmente y de informar al remitente.

Artículo 17 Funciones

1. Las autoridades centrales establecerán un sistema de información sobre las legislaciones y los procedimientos nacionales y adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación, recurriendo a tal efecto a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

2. Las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos vinculados a la responsabilidad parental sobre un niño. A tal efecto y de acuerdo con su legislación:

(a) intercambiarán informaciones relativas a la situación del niño;

(b) adoptarán medidas para facilitar la ejecución de las resoluciones en su territorio, incluidas las resoluciones que ordenan la restitución del niño en aplicación del apartado 3 del artículo 5;

(c) adoptarán las medidas de protección que consideren necesarias, cuando éstas no puedan tomarse en el Estado miembro competente, o interpondrán una acción a tal efecto;

(d) recomendarán a la autoridad del Estado miembro competente o en el cual está presente el niño que adopte las medidas de protección que estime necesarias o inicie un procedimiento a tal efecto;

(e) velarán por la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental recurriendo a la mediación o a otros medios y organizarán a tal efecto la cooperación transfronteriza.

3. Todo titular de la responsabilidad parental podrá enviar una solicitud de asistencia a la autoridad central del Estado miembro en el que reside habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el niño tiene su residencia habitual o está presente. Si la solicitud de asistencia hace referencia a una resolución dictada en aplicación del presente Reglamento, el titular de la responsabilidad parental deberá adjuntar el certificado que figura en el Anexo V del Reglamento (CE) n° 1347/2000.

Artículo 18 Reuniones

La Comisión convocará las reuniones de las autoridades centrales por medio de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Capítulo V

Disposiciones generales, transitorias y finales

Artículo 19 Relaciones con el Reglamento (CE) n° 1347/2000

El presente Reglamento prevalecerá sobre el Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes.

Artículo 20 Estados miembros con sistemas no unificados

Respecto de un Estado miembro en el que se apliquen dos o más regímenes jurídicos o normativas relacionadas con las cuestiones reguladas por el presente Reglamento en unidades territoriales distintas:

(a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado miembro se entenderá hecha a la residencia habitual en una unidad territorial;

(b) toda referencia a la nacionalidad o, en el caso del Reino Unido, al "domicile", se entenderá hecha a la unidad territorial designada por la legislación de dicho Estado;

(c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá hecha a autoridad de una unidad territorial del Estado miembro en cuestión;

(d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido se entenderá hecha a las normas de la unidad territorial en la que se pretenda la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 21 Disposiciones transitorias

1. Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a las transacciones celebradas ante el juez durante un proceso con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III, si las normas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el capítulo II o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

Artículo 22 Listas de las autoridades centrales y órganos jurisdiccionales y vías de recurso

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento:

(a) los nombres y direcciones de las autoridades centrales designadas en aplicación del artículo 16, así como los medios técnicos y las lenguas aceptados para las comunicaciones entre autoridades;

(b) las listas de los órganos jurisdiccionales y vías de recurso contempladas en los Anexos I a III del Reglamento (CE) n° 1347/2000.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación de estas informaciones.

3. La Comisión pondrá a disposición del público las informaciones citadas en la letra a) del apartado 1. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la información contemplada en la letra b) del apartado 1.

Artículo 23 Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité instituido en el artículo 45 del Reglamento (CE) n° 1347/2000.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, respetándose las disposiciones del apartado 3 del artículo 7 de la misma.

Artículo 24 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento se aplicará un año después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a excepción del artículo 22 que será aplicable el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente