Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Empleo y euro»

(98/C 407/48)

El 27 de enero de 1998, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Empleo y euro».

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 14 de julio de 1998 (ponente: Sr. Geuenich).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 115 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA POLÍTICA DE EMPLEO EN LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA

1. Introducción

1.1. Para evaluar los efectos de la UME sobre el empleo es importante distinguir entre efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Así, por ejemplo, es posible que, en los últimos años, los enormes esfuerzos de ahorro efectuados en el sector público de algunos Estados europeos para cumplir el criterio de un déficit del 3 % hayan disminuido el crecimiento coyuntural de estos mismos países. En consecuencia, también el empleo registró una evolución más desfavorable. Estos efectos negativos a corto plazo sobre el crecimiento bien pudieran todavía empañar el inicio de la UME.

1.2. Sin embargo, la consiguiente disminución de la actividad económica, en un período de reducción de los ingresos fiscales e incremento de los gastos sociales, intensificó la presión sobre los presupuestos públicos, lo que en general llevó a un aumento de los déficit. Se produjo por tanto un conflicto entre los criterios monetarios y los criterios fiscales. Si la política financiera quería alcanzar los objetivos de déficit que se había impuesto, debía frenar el desarrollo coyuntural con las consecuencias importantes que ello implica para el crecimiento y el empleo. Tras el inicio de la UME, los efectos de estas restricciones fiscales deberían remitir.

1.3. También podrían producirse todavía efectos a corto plazo antes de la fijación de las paridades del euro. Éstas deberían seguir siendo neutras desde el punto de vista de la competencia. Ello podría no ser así si se especula a corto plazo con los tipos de cambio, de lo que en la actualidad, sin embargo, no hay ninguna señal. No obstante, una circunstancia agravante podría ser la modificación en ese momento de los tipos de cambio reales a la vez que se mantienen prácticamente estables los tipos de cambio nominales en la UE. De este modo, por ejemplo, la República Federal de Alemania, debido a la reducción de los costes salariales unitarios, mejoraría en el último momento su posición competitiva en detrimento de sus socios de la UE. De acuerdo con las expectativas, hasta el inicio de la UME el 1 de enero de 1999 no deberían introducirse más correcciones en los tipos de cambio. De este modo, los Estados participantes salen en principio con diferentes condiciones de partida en función de su competitividad. Podría por tanto transcurrir algún tiempo hasta que se dejen sentir las repercusiones que de ello se deriven.

1.4. Tradicionalmente, las políticas salariales y las políticas de mercado de trabajo han sido gestionadas de forma tripartita. Los bancos centrales nacionales han sido con frecuencia los responsables de la política monetaria ya que fijaban el tipo de cambio de las divisas y los tipos de interés a corto plazo, mientras que los parlamentos y los gobiernos están a cargo de la política fiscal, incluidos la educación y el sistema de seguridad social. Las retribuciones y salarios son negociados por los empresarios y los sindicatos.

1.5. Por consiguiente, las repercusiones a más largo plazo de la UME sobre el crecimiento y el empleo dependen de la orientación y el comportamiento coordinado de la política salarial, monetaria y financiera en Europa. De este modo se decidirá si los riesgos adicionales que posiblemente resulten de la reducción de la capacidad de adaptación a las perturbaciones del espacio monetario ampliado no exceden las ventajas de la UME que pueden derivarse de la reducción de los costes de las transacciones y de los tipos de interés nominal, así como de la intensificación de la competencia y una mayor transparencia de los precios para el consumidor.

1.6. Del análisis se excluyen los efectos atribuibles al mercado interior europeo y a la libre circulación de mano de obra y capitales. Ello produjo y seguirá produciendo sobre todo una intensificación del comercio intraeuropeo, un incremento de las inversiones directas extranjeras y movimientos migratorios. Por el contrario, en este dictamen sólo se tendrán en cuenta las consecuencias para la situación del empleo que se derivan de la introducción del euro.

2. Observaciones generales

2.1. Evolución de los salarios y convergencia en vísperas de la Unión Monetaria

2.1.1. Desde mediados de los años ochenta, como consecuencia del proceso de convergencia económica europea, se produjo una armonización de las subidas de los salarios nominales en los Estados miembros. A mediados de los años setenta la situación era todavía distinta. En aquel entonces la política monetaria y salarial se comportaba de manera muy dispar en cada uno de los países de Europa Occidental ante el aumento de los precios de las importaciones debido a la crisis provocada por la subida de los precios del petróleo.

2.1.2. Aunque algunas economías nacionales retornaron inmediatamente después a la senda de la estabilidad de los precios, las subidas de los salarios y la inflación siguieron siendo altas. En los países que optaron por imponer la estabilidad de los precios, las diferencias en lo que respecta a la inflación pasaron a ser prácticamente insignificantes inmediatamente después de la subida del precio del petróleo y, después, se produjo rápidamente una convergencia. Reflejo de esta evolución fueron unos tipos de cambio bastante constantes entre las monedas de esos países.

2.1.3. Sólo a comienzos de los años ochenta se produjo un cambio claro de tendencias en toda Europa. Aunque la inflación se acentuó también entonces debido a la nueva subida de los precios del crudo, a partir de 1985 las tasas de inflación se redujeron considerablemente como resultado de una política monetaria restrictiva y de la escasez de la demanda. De este modo, los índices de subida de los precios en Europa fueron aproximándose cada vez más; la dispersión de las tasas de inflación se redujo notablemente. Los años noventa estuvieron marcados por las repercusiones de la unificación alemana y por los esfuerzos comunes de todos los países europeos para cumplir los criterios de Maastricht. Desde principios de los años noventa, ante la perspectiva de la creación de una moneda común, el proceso de convergencia de las tasas de inflación siguió avanzando en lo que se refiere tanto al nivel como a la dispersión. A medio año del inicio previsto de la Unión Monetaria, en la UE apenas existen diferencias entre las tasas de inflación ni entre los incrementos de los ingresos.

2.1.4. En las cifras de desempleo no pudo alcanzarse una equiparación similar a las de las tasas de inflación; el elevado índice de desempleo en Europa podría atribuirse a múltiples causas diferentes. Ante esta situación cabe preguntarse en qué medida se han armonizado realmente los mercados de trabajo en Europa. Para el éxito de la Unión Monetaria, ¿será suficiente a largo plazo la convergencia de las tasas de inflación cuando posiblemente ésta se alcanzará sólo bajo la presión de tasas de desempleo desigualmente altas?

2.1.5. A corto plazo el mantenimiento de niveles diferentes de desempleo puede ser compatible con una moneda única. No obstante, si a largo plazo no se produce una convergencia real, o si, por ejemplo, los mercados de trabajo evolucionaran de forma aún más divergente al producirse un nuevo choque negativo de la oferta, no tardarían en presentarse peticiones de transferencias entre los Estados miembros, y existe la posibilidad de que se produzcan inestabilidades políticas en el seno de la Unión Monetaria. Para evitar esto y la introducción de transferencias adicionales, los mercados de trabajo de los países participantes deben demostrar a largo plazo un grado semejante de flexibilidad laboral. Una situación idéntica se presenta también en los países que no participan en la moneda única.

2.1.6. Extraordinariamente heterogénea se presenta la configuración jurídica del proceso de fijación de salarios en los Estados miembros de la UE. Ello no afecta tanto al nivel de la negociación salarial como a las modalidades de organización sindical (sindicatos con una orientación apoyados en partidos políticos o sindicatos unitarios y agrupaciones sectoriales o profesionales) y al grado de coordinación del conjunto de la economía. En Europa no es posible, por tanto, establecer una clasificación clara de la fijación de salarios.

2.1.7. Con el inicio de la Unión Monetaria Europea la política salarial adquiere un papel decisivo en todos los países de la UE. Debido al reparto de la soberanía sobre la política monetaria y a la pérdida de la propia moneda, en el futuro, si existen divergencias en la orientación hacia la estabilidad de la política salarial, apenas podrán existir diferencias entre las tasas de inflación en el sector de los bienes comerciales en los distintos países. Los bancos centrales nacionales ya no tendrán la potestad de depreciar la moneda para compensar los salarios excesivos y la evolución de los precios, al tiempo que los gobiernos se verán limitados en sus políticas fiscales por los criterios de convergencia de la UME. En consecuencia, los acuerdos salariales por encima del incremento de la productividad y de la tasa de inflación perseguida podrían dar lugar de una manera general a un aumento del desempleo.

2.1.8. Si no se quiere poner en peligro la competitividad regional en un mercado completamente integrado desde el punto de vista monetario, las subidas del salario nominal deberán estar limitadas por los incrementos de productividad esperables en el propio país y el aumento de los costes salariales unitarios en los otros países. La vulneración de la estabilidad por parte de la política salarial acarrea sanciones en forma de un aumento del desempleo, porque la política monetaria europea ya no dispone de una capacidad de maniobra reseñable, diferencia de la política monetaria nacional que primero tolera una tasa de inflación elevada y sólo después impone un curso restrictivo sin provocar inmediatamente pérdidas de competitividad regional. De este modo, se incrementa la presión para llevar a cabo ajustes rápidos.

2.2. Capacidad de adaptación

2.2.1. Una de las exigencias principales con vistas a la creación de una moneda única en Europa es la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. Cuando el tipo de cambio desaparezca como amortiguador entre las diferentes economías nacionales, la política salarial deberá ser lo suficientemente flexible como para poder compensar las perturbaciones que afectan en diferente medida a cada país. Definido de manera muy general, el grado de flexibilidad del mercado de trabajo mide la velocidad con la que una economía es capaz de adaptarse a una perturbación exógena. No obstante, este concepto puede referirse a una multiplicidad de ámbitos como, por ejemplo, la flexibilidad salarial y de tiempo de trabajo, la movilidad espacial y de cualificaciones y la normativa institucional. También la flexibilidad lingüística, es decir, la capacidad de dominar varias lenguas, podría ser en el futuro un factor cada vez más importante. Sin embargo, para la flexibilidad del mercado de trabajo en un espacio monetario común es particularmente importante la capacidad de adaptación de la política salarial en lo que respecta a las perturbaciones reales y nominales, porque las variaciones de los tipos de cambio solo podrán influir ya en los costes salariales relativos entre países.

2.2.2. Un análisis de la fijación de salarios en la UE sigue arrojando diferencias nítidas. Aunque, por lo general, las cifras de desempleados tuvieron un efecto amortiguador en la evolución de los salarios, el grado de capacidad de reacción siguió siendo variable. Diferencias aún más marcadas se dieron en lo que respecta a la orientación de los salarios en función de la evolución de la productividad a largo plazo y a su capacidad de reacción a los cambios de las tasas de inflación. La diferente evolución de los precios y de las cifras de desempleados es el reflejo de estas diferencias entre la capacidad de reacción de los salarios en los distintos países.

2.2.3. A la larga, el futuro económico y político de la Unión Europea, con un mercado interior común y una moneda común, sólo se verá libre de tensiones si las actuales diferencias en las condiciones de vida no sólo no siguen ampliándose, sino que incluso se reducen a largo plazo. Esto se refiere tanto al nivel de empleo como al nivel de ingresos de cada país. Si no se observa una convergencia, e incluso se producen divergencias, a largo plazo serán inevitables las solicitudes de transferencias o los movimientos migratorios procedentes de los países rezagados.

2.2.4. En caso de que el incremento de los salarios en los distintos sectores (ramos) se oriente en función de la evolución de la productividad por sector (ramo), los salarios reales aumentarán a posteriori dado que las cuotas salariales se mantienen constantes con el incremento de la productividad, y los costes salariales unitarios aumentarán con las tasas de inflación toleradas. Sin embargo, por regla general, el proceso de crecimiento no se desarrolla de manera acompasada, sino que la expansión se ve frenada o acelerada por la evolución negativa o positiva de la oferta y la demanda respectivamente. Por consiguiente, la política salarial debe reaccionar con flexibilidad. Si sigue una estrategia orientada en función de la productividad, no corre el riesgo de entrar en conflicto con los bancos centrales que frenan la dinámica de las inversiones. De este modo aumentan las posibilidades de expansión de las empresas pujantes.

2.2.5. Junto a la configuración de la política salarial existen otros parámetros de acción relevantes para la competencia. Entre ellos están las medidas que afectan directamente al mercado de trabajo, ya se trate de mejoras de las cualificaciones de los trabajadores o reglamentaciones institucionales del mercado de trabajo (protección contra los despidos, protección de las madres, permisos de formación, trabajadores discapacitados, subsidio de enfermedad, etc.) No cabe duda de que todas las medidas encaminadas a mejorar el capital humano facilitan la adaptación a un cambio estructural rápido en una economía. Ello se refleja en aumentos de la productividad y en incrementos salariales proporcionalmente elevados. En un mercado de trabajo único, la competitividad de una persona o de un grupo de personas con cualificaciones similares depende principalmente de: a) si poseen las cualificaciones adecuadas a la demanda del mercado, b) si los sueldos y salarios, etc., que piden son competitivos, y c) si están dispuestas a moverse.

2.2.6. La diversidad de las respectivas reglamentaciones en Europa pone de manifiesto claramente un riesgo considerable de la Unión Monetaria: en concreto, que los países con disposiciones reglamentarias o sistemas de seguridad social más rígidos sufrirán permanentemente los inconvenientes de la competencia. Sin embargo, al menos en los inicios de la UME, no existirá ningún problema porque, al fijar las paridades neutrales a efectos de la competencia, estos elementos ya se tuvieron en cuenta. Si la fijación de los salarios sigue orientándose en función de la productividad, el refuerzo de las disposiciones de protección, que llevarán después a un incremento menor de los salarios reales, tampoco perjudicará posteriormente al desarrollo económico.

2.2.7. Entre los componentes específicos del mercado de trabajo que no tienen relación con los salarios se hallan asimismo las reglamentaciones sobre el tiempo de trabajo y los horarios de servicio. En este sentido, la duración de los tiempos de trabajo individuales, cuyos «costes» ya están integrados en los costes salariales unitarios, desempeña un papel menos importante que la flexibilización del tiempo de trabajo. Una flexibilización del tiempo de trabajo que no entrañe un cambio del salario por hora permite adaptar mejor los tiempos de trabajo a las necesidades de la empresa. De este modo se ahorran costes salariales y se reducen los costes de capital, por ejemplo, mediante la ampliación de los períodos de trabajo generales. De esta manera pueden obtenerse las ventajas de la competencia. Por ello, la flexibilización del tiempo de trabajo podría constituir en el futuro un importante factor de competitividad en Europa.

2.2.8. Las inversiones en infraestructuras deben recibir el mismo tratamiento que las inversiones en capital humano. Si un país opta por reforzar las inversiones en insfraestructuras y dispone de los medios necesarios, en buena lógica también deberá obtener beneficios en forma de un aumento de la productividad y un mayor crecimiento.

2.2.9. Más difícil resulta la gestión de los costes externos. En principio, los costes externos de la producción deben ser imputados a las actividades que los originan. En este orden de cosas, tras el inicio de la UME, para algunos países podría resultar difícil seguir realizando avances en materia de protección del medio ambiente, ya que las posibles pérdidas de competitividad ya no pueden compensarse mediante ajustes del tipo de cambio. Es decir, o los países que desean normas medioambientales más altas consiguen introducirlas de manera que no afecten al crecimiento o las normas medioambientales experimentarán en general pocos avances en la UE.

3. Requisitos que debe cumplir la política

3.1. Política monetaria en la UME

3.1.1. La convergencia monetaria es desde hace mucho tiempo uno de los puntos centrales de la política económica europea. Desde hace algún tiempo esto ha implicado una profunda remodelación del papel asignado a la política económica en los países que se esforzaron por estar presentes en la tercera fase, puesto que, para alcanzar la convergencia monetaria, era imprescindible la armonización de la política monetaria europea. A este respecto, Alemania, un país con tasas de inflación bajas y la mayor economía de Europa, representó de hecho el objetivo de estabilidad en los años ochenta. Dado que el marco alemán, junto con el dólar estadounidense, funcionaba como moneda de reserva mundial, la armonización se planteó fundamentalmente como una adaptación a la política monetaria alemana, que no se centraba incondicionalmente en los intereses europeos y que, además, estaba muy orientada hacia la estabilidad de los precios. De otro modo, los demás países hubieran corrido el riesgo de perder su competitividad habida cuenta de la inmovilidad de los tipos de cambio requerida.

3.1.2. En los países en los que, por sus tasas de inflación claramente más elevadas que en Alemania, tenían una mayor necesidad de convergencia, la armonización, debido a la pérdida de empleos y a las tensiones internas causadas por estas condiciones generales, suscitó de manera permanente en los mercados la expectativa de que se llevaran a cabo devaluaciones de las monedas respectivas. Con la estrategia de adaptación, la orientación uniforme de la política monetaria en toda Europa creó anticipadamente las condiciones para una Unión Monetaria.

3.1.3. ¿Qué estrategia seguirá ahora el Banco Central Europeo (BCE)? De conformidad con el Tratado de Maastricht, el objetivo «primordial» del Banco Central Europeo será mantener la estabilidad interna y externa de los precios. Ello contradice, al menos en el Tratado de Maastricht, el planteamiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que considera la estabilidad de los precios y el crecimiento como objetivos del mismo rango. No obstante, sería deseable que, en la configuración de su política monetaria -de conformidad con el artículo 105 del Tratado CE-, el BCE persiguiera los objetivos de «crecimiento económico» y de «eliminación del desempleo», de manera paralela a la estabilidad de los precios.

3.1.4. La ventaja de una limitación al objetivo de la estabilidad de los precios es que puede atribuirse claramente a quien compete la responsabilidad de alcanzar el objetivo. No obstante, de acuerdo con el pensamiento keynesiano, al preferir como objetivo prioritario la estabilidad de los precios, Europa correría el riesgo de que, aunque hubiera un banco central responsable de la estabilidad de los precios, este banco ejercería también al mismo tiempo una influencia decisiva en el crecimiento y el empleo en Europa. Ello podría conducir a que la responsabilidad del crecimiento y el empleo se transfiriera a la política financiera y a que, en períodos de prosperidad, la política monetaria, sin más consideraciones para con estos objetivos, buscara demasiado pronto una reducción de los precios y, en períodos de crisis, impulsara, en caso necesario, la expansión demasiado tarde y en medida insuficiente. A esto se añadirían los problemas de la transición.

3.1.5. Es necesario que en el receptor de una señal de la política monetaria exista tanto el incentivo para percibir la señal como la capacidad de reaccionar de alguna manera (). Que ello sea así depende en primer lugar de los objetivos de las instituciones. Esto se explica claramente con el ejemplo de las relaciones entre los bancos centrales y los interlocutores sociales. Si los bancos centrales persiguen la estabilidad de los precios, los sindicatos pretenden conseguir los máximos ingresos posibles para sus afiliados y las empresas aspiran a los beneficios más altos posibles, existirán los incentivos para una reacción alternante ante la señal. Estas consideraciones hablan a favor de la utilización de un objetivo intermedio, como la tasa de inflación, que emite señales claras y fiables a los operadores de los mercados que sean receptivos. Basándose en los principios de una política salarial orientada en función de la productividad y de la estabilidad de los precios, el BCE puede y debe seguir una política de tipos de interés bajos que fomente la demanda de inversiones.

3.2. Política financiera en la UME

3.2.1. El debate político-financiero sobre el cumplimiento de los criterios fijados en el Tratado de Maastricht suscita la cuestión fundamental de cuál es el papel que la política financiera nacional puede y debe desempeñar en una Unión Monetaria. Para ello, tiene que clarificarse cuál es la contribución que la política financiera podría aportar a la estabilización de la actividad económica. Por otro lado, debe examinarse si, dada la pérdida de los instrumentos de la política monetaria destinados a la estabilización de las perturbaciones asimétricas, debería asignarse ese papel a la política financiera. Sin embargo, un reparto de papeles de estas características choca también con algunas reservas.

3.2.2. Junto con el escepticismo de base sobre la capacidad de una política financiera anticíclica para alcanzar una estabilidad coyuntural () -que hunde sus raíces en los modelos teóricos neoclásicos-, cundió la preocupación de que algunos Estados se endeuden excesivamente en perjuicio de todos los participantes (). Por ese motivo, en el Tratado de Maastricht se introdujeron valores de referencia para los déficit fiscales que deberían servir de orientación a las políticas financieras nacionales. Además, el Tratado contiene una cláusula de «no asunción de compromisos» según la cual cada Estado debe responder de su deuda.

3.2.3. La imposición de límites al déficit encierra para el conjunto de la UE el peligro de una «policy mix» contraproducente en sí misma. Especialmente perjudiciales se revelan los recortes de la inversión pública en capital material y capital humano. En resumen, puede afirmarse que la combinación de una política monetaria expansiva que cree buenas condiciones de crecimiento con una política que utilice el aumento de los ingresos fiscales derivado del crecimiento, no para financiar gastos adicionales, sino para asegurar la consolidación, produciría los mayores efectos de consolidación.

3.2.4. En el futuro la política financiera no debería ser el ámbito político que asuma todo el peso de los ajustes en caso de perturbaciones que afectan en diferente medida a cada país. Esta tarea sí debe recaer en parte en la política salarial. De ahí que sea aún más importante una reforma de los sistemas fiscales e impositivos que fomente la creación de empleo. Ésta debería, sobre todo, financiar una reducción de los costes salariales adicionales mediante un aumento de los impuestos indirectos, especialmente el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos sobre la energía.

3.3. Política salarial en la UME

3.3.1. Para que después del inicio de la UME se instale un desarrollo estable en Europa, la política salarial precisa un anclaje doble. Por un lado, es necesario un anclaje monetario que defina el margen de maniobra para la subida de los precios. Sólo la política monetaria, es decir, el Banco Central Europeo, puede crear este anclaje. Con la fijación de una tasa de inflación tolerada definirá el marco en el que puede moverse en su conjunto la política salarial europea sin imponer restricciones monetarias.

3.3.2. Además del objetivo de la inflación, la política salarial requiere otro anclaje, en concreto uno real para poder cumplir sus cometidos. El segundo anclaje para la política salarial se lo proporcionará, independientemente de en qué nivel o con qué grado de centralización se lleve a cabo, la orientación con la que pueda configurarse sin entrar en conflicto con la política monetaria y fomentando al mismo tiempo el crecimiento, el empleo y la convergencia real.

3.3.3. Sería óptimo que, en todos los países, la fijación de los salarios se orientara en función de la productividad potencial respectiva de cada sector (ramo).

3.3.3.1. Una orientación de estas características permitiría que en algunos países como, por ejemplo, Portugal, que se hallan en una fase de recuperación y tienen un crecimiento de la productividad mayor que en el resto de Europa, se dejara margen para un aumento relativamente alto de los salarios y se diera a la población activa la posibilidad de equiparar sus salarios reales al resto de Europa.

3.3.3.2. En segundo lugar, esta orientación impediría la aparición de los riesgos de la inflación, ya que, en el caso ideal, ninguna repercusión sobre los precios de la evolución de los salarios excedería el objetivo de inflación.

3.3.3.3. No obstante, tiene que haber excepciones a esta regla. Los países con una tasa de desempleo superior a la media (por ejemplo, España y Finlandia), en la medida en que no se inclinen exclusivamente por un «reparto del trabajo» mediante la reducción del tiempo de trabajo, deberían fijarse el objetivo de que sus economías crecieran por encima de la media para alcanzar la «convergencia» de sus tasas de desempleo. Si en estos países no se logra un crecimiento mayor, los salarios nominales deberían mantenerse durante cierto tiempo por debajo del aumento de la productividad nacional para mejorar la competitividad internacional de estos países. Sin embargo, este incremento en su capacidad competitiva internacional debería ser aceptado por el resto de los países.

3.3.4. Por consiguiente, el marco institucional de la fijación de los salarios debería permitir que su aplicación se orientara en función de la productividad. Es determinante que los interlocutores sociales estén en condiciones tanto de percibir las señales del Banco Central como de acordar una orientación basada en la productividad. Para ello se dispone de diversas estrategias. En algunos países europeos, las señales del Banco Central llegan a los interlocutores sociales que, debido a su organización centralizada, tienen intereses en el conjunto de la economía. También podría fomentarse el recurso al mecanismo conocido como consejos tripartitos (por ejemplo, en los Países Bajos).

3.3.5. Teóricamente, para los países europeos más pequeños existiría también la posibilidad de orientarse en función de los resultados de la fijación de los salarios en cada uno de los sectores de los países vecinos importantes. No obstante, para ello sería necesario mejorar la información sobre los acuerdos salariales y las condiciones de los convenios colectivos en los países europeos vecinos. La Comisión Europea podría/debería actuar en este ámbito. Si la constitución de los mecanismos de la política salarial es sometida a un proceso de prueba carente de coordinación, existe el peligro de que se produzcan efectos externos derivados de comportamientos que atentan contra la estabilidad. En tal caso, las consecuencias serían probablemente el surgimiento de profundas diferencias regionales, es decir, lo opuesto al objetivo de la convergencia, y la solicitud de transferencia para subsanar estos desequilibrios. Si se cediera a las solicitudes de transferencia, los desequilibrios regionales se mantendrían, y los países que hubieran seguido un proceso de estabilización de la fijación de los salarios se verían lastrados de forma permanente por los pagos de las transferencias.

3.3.6. El peligro más real en estos momentos no es superar los objetivos de estabilidad, sino no llegar a cumplirlos. Desde el punto de vista europeo, la carrera de la reducción de salarios no es una estrategia sólida ya que perjudica a los países europeos vecinos. De este modo, aunque algunos países aumenten sus exportaciones, ello irá fundamentalmente en detrimento de sus socios comerciales europeos. De este modo apenas se fomentaría el crecimiento europeo y no avanzaría el proceso de convergencia. Incluso si se aceptan las ideas neoclásicas sobre el proceso de producción con sus posibilidades de substitución características, los resultados son decepcionantes. La disminución de los salarios reales implica una caída del consumo, ya que los ingresos reales se reducirán forzosamente si disminuye la productividad laboral, y entrañan también una caída de la inversión porque la colocación de capital resulta demasiado cara en relación con el trabajo.

3.3.7. Las consideraciones en torno a una política salarial para el conjunto de Europa encierran un mensaje fundamental para el desarrollo económico. Aunque el progreso económico es inseparable de la competitividad, no puede tratarse de una competitividad cualquiera. Sólo será posible impulsar el crecimiento en toda Europa y la recuperación de los países más pobres si la competitividad tiene un carácter empresarial. Esto es, en el sector privado debe centrarse en la utilización de nuevas tecnologías, en una coordinación más eficiente de los factores de producción y en el desarrollo de nuevos productos a fin de que crear ventajas competitivas para las empresas. En el sector público, la mejora de las infraestructuras y del capital humano, junto con un aumento de la eficiencia de los sistemas educativos y fiscales, podrían ser los elementos en los que se basaran las ventajas competitivas de una región. El tipo de competitividad produce crecimiento mediante la creatividad económica.

3.3.8. En el lado opuesto está una forma de competitividad que pretende crear empleo mediante la rebaja de los salarios, la supresión de las prestaciones sociales o la reducción de los impuestos. Considerado desde el punto de vista de un único país, una única empresa o, de manera muy general, de una única economía nacional, este planteamiento resulta prometedor. Sin embargo, las ventajas competitivas que de él se derivan se fundamentan no en la creación de algo nuevo, sino exclusivamente en la «depreciación» de lo existente. Desde el punto de vista del conjunto de la economía, no se abren nuevas posibilidades económicas adicionales, sino que, en el mejor de los casos, se trata de un juego de «todo o nada» en el que el que pierde es el que se queda fuera de la carrera de reducción de salarios. Desde el punto de vista europeo, deben rechazarse las carreras de reducción de salarios y el desmantelamiento de las prestaciones sociales, ya que van aparejadas a pérdidas de bienestar. Sin embargo, la política europea no puede garantizar un elevado nivel de protección social uniforme ya que el nivel sólo puede guiarse por el respectivo nivel económico de cada uno de los países. No obstante, la política europea debería contrarrestar también las fuerzas que, tomando como modelo el nivel más bajo del país vecino, impulsan un desmantelamiento de la protección social en el propio país. Esta consideración no afecta a las reformas de los sistemas de protección social que centran sus esfuerzos más en los impulsos activos que en la reacción pasiva.

3.4. Política estructural europea

3.4.1. No obstante, a la UE y, en particular, a los Estados miembros, compete además la tarea de equiparar, mediante una política estructural activa, las condiciones de las regiones europeas como enclaves económicos. Se trata sobre todo de inversiones en infraestructura (transporte, telecomunicaciones), recursos humanos (formación profesional y formación continua), investigación y tecnología, y valorización del medio ambiente, pero también ayudas específicas para los inversores privados (fomento de la economía). Las inversiones destinadas a fortalecer los enclaves económicos menos desarrollados contribuyen a reducir las diferencias de productividad. Sería una pretensión exagerada que la política salarial equilibrara las diferencias estructurales entre las regiones.

3.4.2. El instrumento más eficaz de la política estructural de la UE son los fondos estructurales de la Comunidad que, para el período 1994-1999, con 141 000 millones de ecus, representan una tercera parte del presupuesto comunitario general; es decir, apenas el 1,97 % del PIB europeo para 1997. Para responder al continuo aumento de los cometidos de la política estructural que se producirán sobre todo con las ampliaciones futuras de la CE, la Comisión ha elaborado propuestas de reforma de los fondos estructurales. Estos fondos contribuyen a recuperar los atrasos en la productividad de las regiones menos desarrolladas y a reducir allí el desempleo. En resumen, constituyen el complemento adecuado de una política monetaria, financiera y salarial coordinada en Europa. Aparte de esto, para los Estados miembros con un PIB por debajo del 90 % del PIB medio de la UE, están previstos recursos del Fondo de Cohesión.

3.4.3. No obstante, la responsabilidad principal en la mejora de las diferencias estructurales regionales compete a los Estados miembros, ya que parte de esas diferencias se da menos entre diferentes Estados que dentro de los propios Estados (por ejemplo, en Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido).

4. Conclusión

El comportamiento coordinado de la política salarial, monetaria y financiera permitiría que la UME tuviera repercusiones positivas sobre el crecimiento y el empleo. Éstas se centran fundamentalmente en la reducción de los costes de las transacciones y de los tipos de interés nominal, así como en la intensificación de la competencia. En los diferentes sectores (ramos) de cada país, la política salarial debería orientarse en función del aumento medio de la productividad en el sector y de las tasas de inflación objetivo fijadas por el BCE. Por ello, deben rechazarse tanto los acuerdos salariales que se desvíen por lo alto de estos objetivos como las carreras de reducción de salarios entre los diferentes países europeos. De este modo, se crearían también las condiciones de un crecimiento económico no inflacionista que permitiría al BCE apoyar, con su política monetaria, la erradicación del desempleo en Europa. La política financiera podría también limitar los déficit públicos mediante un aumento automático de los ingresos del Estado, sin desencadenar efectos restrictivos.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Véase Hall, Franzese (1996): Mixed Signals: Central Bank Independence, Coordinated Wage-Bargaining and European Monetary Union, 15.7, manuscrito pendiente de publicación.

() El escepticismo sería menor ante una política financiera coordinada.

() Véase Baumgartner et al. (1997): Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion, Manuscrito WIFO.