La mayoría de las microempresas parecen no conocer la existencia del régimen supersimplificado o, si lo conocen, no lo ponen en práctica por inercia. Puede que los contables( ) no hayan desempeñado su papel de sensibilización o de puesta en marcha de la simplificación, lo que ha dado lugar a que las microempresas no aprovechen todas las ventajas de la simplificación, por ejemplo, al no reducirse significativamente los honorarios de los contables externos().

Desde 2013, la Directiva sobre contabilidad protege en gran medida a las microempresas de la sobrecarga. Esto se debe a que no se les puede exigir más información que a las pequeñas empresas. Actualmente, el 78 % de las microempresas están reconocidas como tales en la UE. Esto significa que se benefician de un régimen de información aún más simplificado. Esto ha sido posible gracias a que la mayoría de los Estados miembros han aprovechado las oportunidades de simplificación que ofrece la Directiva. El grado de simplificación puede variar considerablemente en función de cada Estado miembro. Esto explica en parte por qué el ahorro de costes ha alcanzado solo una parte de su pleno potencial. Por lo demás, parece que las propias empresas no son conscientes de los cambios o se resisten a ellos. Esto debilita el impacto de la simplificación. La Comisión insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que reconozcan plenamente a todas las microempresas de la UE como tales, a que simplifiquen su régimen de información en la medida de lo posible y a que den a conocer las posibilidades de hacerlo.

En esta categoría, en torno a 4 000 grandes empresas se convertirían en medianas(). Se estima que solo experimentarían efectos marginales en su régimen de información: un menor número de notas, tal vez; una posible exención de la exigencia de llevar cuentas consolidadas; probablemente ningún cambio para las empresas sujetas a la obligación de informar por país en el sector extractivo, ni cambio del régimen de información aplicable a las entidades de interés público, incluida la información no financiera. Por tanto, no se ha evaluado el ahorro de costes, considerado insignificante.

El microrrégimen es una opción para los Estados miembros. Se estima que el ajuste de los criterios de tamaño no tendría ninguna repercusión en los Estados miembros de la zona del euro que no tienen categoría o régimen de microempresas (Chipre, España, Luxemburgo y Malta). En cuanto a los demás Estados miembros de la zona del euro, el ajuste en función de la inflación de los criterios de tamaño de las microempresas daría lugar a que unas 77 000 empresas (límite más elevado) dejasen de ser consideradas pequeñas empresas y pasaran a ser microempresas. El ahorro potencial de costes se resume a continuación.

La inclusión de la información adicional sugerida en la cláusula de revisión, es decir, el número medio de empleados, el uso de subcontratistas y cualquier sanción pecuniaria administrada por un país, no parece tener un amplio apoyo público según una encuesta de VVA. En principio, la sociedad civil estaría a favor de una mayor transparencia, pero estos puntos no son sus principales prioridades. Las empresas suelen ser reacias a añadir cualquier requisito de información, sobre la base de la relación coste-beneficio. Las autoridades nacionales tampoco suelen estar convencidas de que estos elementos adicionales permitan alcanzar mejor los objetivos de los requisitos de información. La Comisión incluyó el número de empleados en su propuesta de IPP público por parte de las grandes empresas multinacionales en 2016().

·Empresas en participación – las empresas en participación son frecuentes en el sector extractivo. Las empresas tienden a asociarse con otras empresas, incluidas las estatales, para compartir inversiones y operaciones. Normalmente, una de las empresas se encarga de llevar los registros de las operaciones de todas las empresas. A falta de instrucciones claras en la legislación de la UE, existen varias formas de informar sobre los pagos: i) de forma proporcional a la propia participación en la empresa conjunta, ii) el 100 % de los pagos de la empresa en participación declarados por la empresa responsable (en cuyo caso otras empresas pueden considerar no informar a pesar de tener la obligación legal de hacerlo), o iii) otras formas. Por consiguiente, los resultados de los informes no son totalmente comparables, o no existen.

·Identificación de las administraciones públicas por su nombre; el nombre de la entidad gubernamental que recibió el pago no siempre está claramente expuesto en los informes. Muchas empresas solo mencionan el nombre del país o de la administración pública «nacional», «regional/local» o «municipal». En consecuencia, no es fácil detectar a las entidades gubernamentales correctas y pedirles cuentas.

Un estudio sobre el cumplimiento realizado por los consultores de VVA mostró() que en el sector extractivo se realiza una cantidad considerable de informes, sin pruebas de incumplimiento generalizado. No obstante, en algunos casos el contratista no pudo obtener el IPP de una serie de empresas y lo atribuyó principalmente a la reciente fase de aplicación, al acceso desigual de las empresas a los sitios web o a los registros de empresas, o a los retrasos en la presentación.

Un análisis aproximado de la situación a 31 de julio de 2017 —sin tener en cuenta el margen de maniobra del 5 %— muestra que los ajustes en función de la inflación en los respectivos países no pertenecientes a la zona del euro producirían, en general, resultados desiguales de un país a otro. En general, los ajustes no serían exactamente proporcionales a las respectivas tasas de inflación, y solo unos pocos Estados miembros estarían en condiciones de realizar ajustes con arreglo a su propia inflación. Unos pocos Estados miembros podrían verse obligados a aumentar los criterios de tamaño en varios puntos porcentuales por encima del efecto acumulativo de su propia inflación. En el otro extremo del espectro, algunos Estados miembros podrían permitirse no ajustar determinados criterios de tamaño (especialmente los de tamaño pequeño).

Un aumento de los criterios de tamaño expresados en euros conllevaría obligaciones divergentes de ajustar (o no) los criterios de tamaño para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro. Además de ajustarse en función de la inflación, los respectivos criterios de tamaño nacionales expresados en moneda nacional también tendrían que ajustarse sobre la base de los respectivos tipos de cambio frente al euro() observados en la fecha de entrada en vigor del acto jurídico de modificación de la UE. Estos tipos futuros no pueden predecirse por completo y, en cualquier caso, la Directiva deja un margen de maniobra del 5 % para que sea posible determinar criterios de tamaño redondos en las monedas nacionales. Esta prerrogativa de los Estados miembros añade posibles efectos imprevisibles, especialmente porque el margen de maniobra y la tasa de inflación pueden sumarse o anularse mutuamente.

Evolución internacional, repercusiones de otros regímenes internacionales

Canadá, Suiza, el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo cuentan con una legislación eficaz para garantizar los IPP por parte de sus respectivas industrias extractivas ( ). Canadá adoptó la legislación IPP ( ) a partir del 1 de junio de 2015. La UE considera que la norma canadiense es equivalente a la suya ( ). Asimismo, el ministro canadiense de Recursos Naturales está facultado para permitir que las entidades informantes sustituyan los informes elaborados en otra jurisdicción (cuyos requisitos se consideran un sustituto aceptable) para cumplir los requisitos de Canadá en la UE, así como en el Espacio Económico Europeo. De este modo, la UE y Canadá evitan la presentación de múltiples informes y, por tanto, una carga excesiva para las empresas. La UE y el Reino Unido son las únicas jurisdicciones que exigen un IPP público para las industrias de explotación maderera.

Paralelamente, la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) es una iniciativa privada cuyo objetivo es que el sector extractivo rinda cuentas. La ITIE es una asociación internacional sin ánimo de lucro registrada con arreglo a la ley noruega. Reúne a miembros de gobiernos, empresas petroleras, gasísticas y mineras, inversores institucionales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de mejorar la apertura y la gestión responsable de los ingresos procedentes de recursos naturales. Actualmente cuenta con cincuenta y dos países que la aplican. Los informes de la ITIE —publicados bajo la autoridad gubernamental de los países miembros— contienen los pagos recibidos por las administraciones públicas de las empresas extractivas activas en su jurisdicción. Los informes elaborados en el marco de esta iniciativa son públicos y legibles electrónicamente. Muestran los pagos desglosados por proyecto en un país determinado, en la misma línea que la política de la UE.

La ITIE y el IPP de la UE se complementan. Desde el principio, el IPP de la UE ha exigido la divulgación de los tipos de pagos de acuerdo con los requisitos de la ITIE. Asimismo, los requisitos de la UE han influido en cierta medida en los requisitos de la ITIE, por ejemplo, en lo que respecta a la presentación de informes por proyecto. En un país determinado, es probable que la ITIE presente información más completa en relación con ese país que el IPP de la UE. Esto se debe a que los informes de la ITIE no solo abarcan las operaciones controladas por la UE o las industrias canadienses, sino también por otras empresas extranjeras y nacionales, incluidas las estatales. No obstante, los informes de la ITIE están limitados geográficamente, ya que un informe solo cubre un país. Además, los informes de la ITIE suelen publicarse más de un año después del IPP de la UE correspondiente a un año determinado. El número de miembros de la ITIE ha aumentado desde que se adoptó la Directiva sobre contabilidad. No existe una correlación clara o directa entre ambos, pero eso no resta valor al objetivo declarado en el considerando 45 de la Directiva sobre contabilidad de que el IPP debe ayudar a las administraciones públicas de los países ricos en recursos a aplicar los principios y los criterios de la ITIE. Varios factores impiden, al menos por ahora, que los requisitos de la ITIE prevalezcan sobre los de la UE, y al contrario.

La sociedad civil y la industria piden a la Comisión que siga reafirmando el compromiso de la UE con el fomento de la transparencia en el sector extractivo en los foros internacionales, con el fin de animar a sus socios internacionales a que introduzcan requisitos de información similares en todo el mundo.

Efectos sobre la competitividad y la seguridad del abastecimiento energético

La UE depende en gran medida de unos pocos países para el suministro de petróleo y gas. Cualquier limitación de las operaciones de las empresas de la UE en países socios estratégicos ricos en recursos debido a los requisitos de información tendría un impacto en la seguridad energética.

VVA no encontró pruebas de que los competidores de países no pertenecientes a la UE tengan ventajas competitivas significativas al no estar obligados a informar sobre los pagos efectuados a las administraciones públicas. Tampoco encontró ningún caso en el que los países no pertenecientes a la UE hayan limitado las operaciones de las empresas de la UE debido a los requisitos de información. No obstante, las empresas siguen preocupadas por la falta de igualdad de condiciones, ya que los competidores estadounidenses, chinos, entre otros, no tienen las mismas obligaciones de transparencia. La industria está preocupada por los riesgos de competitividad a largo plazo debido a esta falta de igualdad de condiciones. Un estudio académico ( ) parece respaldar esta afirmación, al determinar que las empresas que divulgan los IPP tienden a aumentar sus pagos a las administraciones públicas anfitrionas y a disminuir y reasignar las inversiones en comparación con los competidores que no divulgan la información en esos países.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido efectos tangibles en el suministro energético de la UE. La política de IPP tiene apenas dos años de antigüedad. Esto es mucho menos que los ciclos de la industria, normalmente mucho más largos, en la minería, el petróleo, etc., desde la exploración y la inversión hasta el cierre. Por ello, es necesario seguir de cerca la situación desde el punto de vista del riesgo.

Ampliación de los requisitos de información a sectores industriales adicionales

Para la sociedad civil, ampliar el IPP a sectores industriales adicionales (por ejemplo, telecomunicaciones o construcción) podría ayudar a mitigar los riesgos para la sociedad y los inversores, así como prevenir e impedir la ilegalidad, la corrupción y la mala gestión fiscal. Sin embargo, los expertos y las ONG tienden a reconocer la inviabilidad de una solución universal —sencillamente transfiriendo al por mayor las normas del IPP para las industrias extractivas a otras industrias, por ejemplo, simplemente ampliando el alcance de la Directiva—. Se necesitarían requisitos personalizados para cualquier sector adicional. Otra preocupación es que la eficacia de tal medida también depende en gran medida del tamaño de la empresa y la internacionalidad del sector. Esto significa que podría resultar poco práctico definir un ámbito de aplicación apropiado en la legislación de la UE para determinados sectores, ya que dependería de la cantidad de industrias de la UE en las que se invierte en el extranjero a nivel local en el sector pertinente, que sean lo suficientemente grandes por derecho propio y que paguen cantidades significativas a las administraciones públicas. Además, mientras que el objetivo del IPP es principalmente capacitar a las poblaciones locales que se enfrentan a la explotación de sus recursos naturales y no renovables, este tipo de informes puede no ser adecuado para lograr objetivos similares en sectores en los que los factores ambientales y de vecindad no son partes intrínsecas.

Auditoría

La auditoría no es un requisito obligatorio de información. No obstante, algunas grandes empresas multinacionales recurren voluntariamente a los servicios de auditores independientes para ofrecer una garantía adicional, con el fin de aumentar la credibilidad y la fiabilidad de sus informes para los usuarios.

Si la auditoría fuese obligatoria, las partes interesadas desearían que se especificara más el tipo de encargo, el nivel de garantía, el calendario, el contenido de los informes y su publicación. Asumiendo un encargo de auditoría tradicional, VVA situó los costes anuales estimados entre 450 000 y 1 500 000 EUR por empresa. Asumiendo un encargo de revisión más simple con garantía limitada, esto se reduciría a entre 250 y 450 000 EUR. No se han evaluado los costes de otros tipos de encargos, con o sin servicios de verificación.

La auditoría de los IPP no es una prioridad esencial para la sociedad civil, como usuarios, aunque reconocen que una auditoría de los IPP aumentaría la confianza y agilizaría la aplicación de las normas. Las expectativas de que la función de auditoría pueda ayudar a remediar los puntos débiles de las normas, como los expuestos en este informe, pueden en cualquier caso ser erróneas. Las empresas y los reguladores tienden a no apoyar (o al menos a cuestionar) la auditoría desde una perspectiva de coste-beneficio.

IPP público aplicable a las empresas multinacionales en general

En 2016, la Comisión propuso una legislación para exigir a las grandes empresas que presenten anualmente un IPP para cada Estado miembro y los países no pertenecientes a la UE en los que operan, que contenga información sobre los beneficios obtenidos y los impuestos sobre beneficios pagados ( ).

Obtención de minerales (diligencia debida)

La UE ha aprobado legislación sobre las obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro en relación con la obtención de minerales [Reglamento (UE) 2017/821] ( ).

Conclusión