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Bruselas, 23.6.2008

COM(2008) 380 final

2008/0122 (COD)

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1.1 Introducción

El 28 de mayo de 2001, el Consejo adoptó la Decisión nº 2001/470/CE por la que se creaba una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil entre los Estados miembros, excepto Dinamarca, (en lo sucesivo «la Decisión»)[1] aplicable desde el 1 de diciembre de 2002.

La creación de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (en lo sucesivo la «Red») tiene su origen en la idea de que la instauración progresiva de un espacio de libertad, seguridad y justicia requería mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial entre los Estados miembros. La Red debía también favorecer el acceso de los ciudadanos a la justicia en el marco de litigios con incidencia transfronteriza mediante la instauración progresiva de un sistema de información destinado al público.

A principios de 2008, la Red contaba con 437 miembros, distribuidos en cuatro categorías, lo que representa 102 puntos de contacto, 140 autoridades centrales (artículo 2, apartado 1, letra b), 12 magistrados de enlace y otras 181 autoridades judiciales que ejercen actividades en materia de cooperación judicial.

La Comisión se encarga de la organización, la presidencia y las tareas de secretaría de las reuniones. Las reuniones de los puntos de contacto se celebran una vez cada semestre como mínimo. Entre el 11 de febrero de 2003 y el 31 de enero de 2008, se celebraron diecinueve reuniones de puntos de contacto lo que representa un promedio de cuatro reuniones anuales. Desde 2002, el conjunto de los miembros de la red se ha reunido cada año.

1.2 Contexto general de la propuesta y consultas

El artículo 19 de la Decisión establece que la Comisión presente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre su aplicación que podrá acompañarse con propuestas destinadas a adaptar la Decisión. Este informe debe examinar las cuestiones relacionadas con el acceso y la asociación de las profesiones jurídicas a sus trabajos, así como un posible acceso directo del público a los puntos de contacto de la Red.

La presente propuesta se basa en amplias consultas de los distintos agentes interesados, en particular en la propia Red. En el marco de la preparación del informe anteriormente mencionado, la Comisión encargó un estudio sobre el funcionamiento de la Red (en lo sucesivo «el estudio»), realizado entre diciembre de 2004 y mayo de 2005[2].

Basándose en este estudio y en consultas realizadas desde 2004 en la Red, la Comisión presentó, el 16 de mayo de 2006, un informe sobre la aplicación de la Decisión[3]. En este informe, basado en el artículo 19 de la Decisión, la Comisión concluyó que, en general, la Red había mejorado la cooperación judicial entre los Estados miembros.

El informe, no obstante, constató deficiencias en el funcionamiento de la Red. La Comisión tuvo en cuenta que ésta dista mucho de haber desarrollado todas sus potencialidades y que es esencial que disponga de los medios necesarios para la ejecución de sus tareas. La Comisión destacó, sin embargo, la importancia de la Red como herramienta esencial para la consecución de un verdadero espacio judicial europeo.

En reacción a este informe de la Comisión, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 19 y 20 de abril de 2007 adoptó conclusiones relativas a la Red Judicial Europea[4].

1.3 Objetivo general de la propuesta

El objetivo general de la propuesta consiste en reforzar el papel de la Red en sus tareas de cooperación judicial entre los Estados miembros y, en particular, la aplicación efectiva y concreta por los jueces y los demás profesionales del Derecho de los actos comunitarios y de los convenios en vigor entre los Estados miembros. Tiene por objeto también consolidar el papel de la Red en materia de acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia en el marco de litigios transfronterizos.

Estos objetivos se derivan de la realización del Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004[5], (en lo sucesivo denominado «Programa de La Haya») en el que se dispone que deben realizarse esfuerzos adicionales para facilitar en el futuro el acceso a la justicia y la cooperación judicial en materia civil. La propuesta de revisión de la Decisión por la que se crea la Red figura en el Plan de Acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya, de 2 de junio de 2005[6].

Conviene insistir en que desde la entrada en vigor de la Decisión por la que se creó la Red, se han adoptado, son aplicables o lo serán en breve[7], varios instrumentos comunitarios en materia de justicia civil. La aplicación concreta y eficaz de todos estos instrumentos requiere el refuerzo del papel de la Red con el fin, en particular, de hacer frente al previsible aumento de solicitudes de información y cooperación.

Además, con el fin de aplicar eficazmente los actos comunitarios e internacionales relativos a ley aplicable, la Red deberá desarrollar progresivamente sus actividades de asistencia a los órganos jurisdiccionales y demás autoridades para la aplicación de la ley extranjera.

Por consiguiente, el objeto de esta propuesta es dotar a la red con un marco jurídico renovado, una organización más eficaz y medios consolidados con el fin de que, en el futuro, pueda imponerse en el espacio judicial europeo como el mecanismo esencial de cooperación entre todos los agentes de la justicia civil.

2. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

2.1 Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 61, letra c), del Tratado, que otorga a la Comunidad competencias para adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil contempladas en el artículo 65, adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67, apartado 5, segundo guión, según el procedimiento de codecisión regulado en el artículo 251 del Tratado.

Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. [Tampoco se aplica al Reino Unido ni a Irlanda, excepto si manifiestan su deseo de participar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.]

2.2 Principio de subsidiariedad

Dado que los objetivos de la presente Decisión, es decir, la consolidación de la cooperación judicial entre los Estados miembros y el acceso efectivo a la justicia de las personas confrontadas a litigios con una incidencia transfronteriza, no pueden ser alcanzados de manera coordinada y suficiente por los Estados miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. La elección de un acto comunitario vinculante, en forma de una Decisión, se justifica por la necesidad de que sus disposiciones sean aplicadas de manera uniforme por todos los Estados miembros para alcanzar los objetivos que se pretenden.

2.3 Principio de proporcionalidad

El principal objetivo de la Decisión propuesta es reforzar, de manera coordinada y homogénea, la cooperación judicial entre los Estados miembros, principalmente por medio de las estructuras existentes de la Red. La Decisión no interfiere, en particular, en los mecanismo de cooperación existentes en los Estados miembros como los contemplados en el artículo 2, apartado 1, letras b) a d), y se basa en la mejora de la cooperación entre los distintos componentes de la Red. La participación de las profesiones jurídicas en la Red se hará por designación en los Estados miembros y contribuirá a incrementar los medios de acción de que dispone la Red.

Por lo tanto, con arreglo al principio de proporcionalidad tal como se enuncia en el artículo 5 del Tratado, la presente propuesta de Decisión no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

3. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

La propuesta se basa, en gran medida, en una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión, y en los recursos financieros en beneficio de la mejora de la cooperación judicial otorgados mediante la Decisión 1149/2007/CE, de 25 de septiembre de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Justicia civil, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia. Uno de los objetivos específicos del programa Justicia civil es facilitar el funcionamiento de la Red. A este respecto, la incidencia financiera de la gestión y el funcionamiento de la Red se tiene en cuenta en la dotación financiera plurianual de 109 300 000 euros otorgada al programa Justicia civil. En el programa de trabajo de 2007 relativo al programa Justicia civil se previó un importe de 3 250 000 euros para la gestión y el funcionamiento de la Red. En el programa de trabajo para 2008, que se está finalizando, se ha previsto un importe de 3 150 000 euros para la gestión y el funcionamiento de la Red. En cuanto a las subvenciones para actuaciones , el programa de trabajo concede la prioridad a los proyectos centrados en la mejora del conocimiento de la red por los jueces y los demás profesionales del sector judicial, así como en la mejora del buen funcionamiento de los puntos de contacto nacionales de la Red y la cooperación entre éstos y los profesionales del Derecho. Sobre un presupuesto indicativo de subvenciones para actuaciones en 2007 de 3 500 000 euros, podrá dedicarse un importe de un millón de euros a la cofinanciación de proyectos nacionales destinados a mejorar el funcionamiento de la Red Judicial.

4. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

4.1 Acceso de los profesionales del Derecho a los trabajos de la Red

Artículo 2, apartado 1, letra e)

Esta disposición tiene por objeto abrir la red a los profesionales del Derecho directamente implicados en la cooperación judicial civil.

La posible colaboración de los profesionales del Derecho en los trabajos de la Red estuvo precedida, por iniciativa de la Comisión, por consultas en profundidad tanto de los miembros de la Red como de los profesionales interesados. Teniendo en cuenta el resultado de dichas consultas, en su informe de mayo de 2006, la Comisión recomendó que la Red se abriera progresivamente a otros profesionales del Derecho activos en el funcionamiento de la justicia. Como el desarrollo del proceso civil depende, en gran medida, de las partes ante los tribunales de los Estados miembros, las distintas profesiones del sector judicial intervienen inevitablemente en la cooperación judicial civil. Esta participación puede aportar un valor añadido a la práctica jurídica en la Unión Europea y permitir a la Red alcanzar sus objetivos.

Algunos Estados miembros ya han designado como miembros de la Red a Cámaras nacionales de agentes judiciales o a Colegios nacionales de Notarios[8].

Según lo dispuesto en la presente propuesta, se entenderá por profesionales del Derecho interesados solamente los que participen directamente en la aplicación concreta de los actos comunitarios e internacionales en materia de justicia civil con motivo de procedimientos judiciales o extrajudiciales como, por ejemplo, abogados, procuradores, solicitors, barristers , notarios y agentes judiciales.

Habida cuenta del carácter privado de la relación entre los profesionales del Derecho y sus clientes, que no debe afectar al funcionamiento de la Red ni verse afectada por su participación en ésta, la propuesta no prevé el acceso directo e individual a la Red de los profesionales del Derecho. Sólo los Colegios profesionales que representen a las distintas profesiones jurídicas en cada Estado miembro podrán formar parte como miembros de la Red, en virtud del artículo 2 de la Decisión. En efecto, a raíz de las consultas en favor de la apertura de la Red a las organizaciones que representan a estas profesiones surgió un amplio consenso.

- En el apartado 3 del artículo 2 se especifica que cuando en un Estado miembro hay varios órganos representativos de una profesión jurídica, incumbirá a este Estado organizar la adecuada representación en la Red de la profesión de que se trate.

- El artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, relativo a las funciones de los puntos de contacto, se ha modificado con el fin de que éstos puedan estar también a disposición de las autoridades contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra e) (órganos que representan a los profesionales del sector judicial), para los mismos fines que para las otras autoridades, según las modalidades que cada Estado miembro decida.

4.2 Consolidación del marco jurídico de los puntos de contacto

Las relaciones entre los puntos de contacto de la Red y las autoridades centrales contempladas en el artículo 6 formaban parte de las cuestiones incluidas en la evaluación de la Red. Este aspecto de la revisión implica varios aspectos clave para mejorar el funcionamiento de la red.

- El artículo 2, apartado 2, de la Decisión se ha modificado con el fin de establecer que cuando un Estado miembro designe varios puntos de contacto, designe entre éstos un punto de contacto principal. Este punto de contacto principal deberá dedicar su actividad en totalidad a la Red, con exclusión de cualquier otra función y, en particular, de aquéllas que ejerzan en la Red las autoridades mencionadas en las letras b), c), d) (y nueva letra e)) del apartado 1.

Se establece que un juez pueda asistir a este punto de contacto principal si, por su parte, éste último no es juez como ocurre en varios Estados miembros, los cuales conservan la libertad de designar a cualquier otra persona para las funciones de punto de contacto. Esta propuesta puede facilitar la circulación de la información hacia los tribunales, reducir las reticencias aún perceptibles entre los jueces para con la Red y dar a los puntos de contacto más legitimidad ante la magistratura.

4.3 Cometido de la Red en materia de aplicación del Derecho de otro Estado miembro

Se han completado los cometidos de la Red para que en el futuro pueda desempeñar un papel clave en la información de los órganos jurisdiccionales sobre el contenido de la Ley extranjera. El artículo 3, apartado 2, letra b), se ha modificado con el fin de establecer que cuando sea aplicable la Ley de otro Estado miembro los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes puedan recurrir a la Red para obtener información sobre su contenido.

Se añade un segundo apartado al artículo 5, apartado 2, letra a), por el que se establece que, en adelante, los puntos de contacto deberán proporcionar información a los órganos jurisdiccionales de su Estado miembro con el fin de facilitar la aplicación del Derecho de otro Estado miembro. A tal efecto, el punto de contacto requerido se basará en todos los componentes de la Red en su Estado miembro. Para preservar la independencia de las autoridades solicitantes, la información contenida en la respuesta no vinculará ni a las distintas autoridades de la Red que intervengan, ni al órgano jurisdiccional que formuló la pregunta.

4.4 Relaciones entre puntos de contacto y autoridades centrales

Para que la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Decisión, sea más efectiva, un nuevo párrafo establece un número mínimo de reuniones anuales entre los puntos de contacto de la Red y las autoridades centrales en cada Estado miembro. En efecto, es esencial desarrollar intercambios de opiniones y contactos regulares entre estas dos categorías de miembros de la Red en los Estados miembros.

4.5 Consolidación de las actividades de los puntos de contactos

En el artículo 5, apartado 2, relativo a las funciones de los puntos de contacto, se añade una letra f), con el fin de prever que presenten un informe semestral sobre sus actividades.

- El artículo 8, inicialmente limitado a los medios de comunicación utilizados por los puntos de contacto, se modifica con miras a un tratamiento rápido de las peticiones de cooperación judicial en la Red. Según las cifras comunicadas por algunos puntos de contacto[9], el plazo medio para tramitar las peticiones en 2007 fue de siete días laborables. Pero existen disparidades entre los distintos puntos de contacto y se indicaron algunos plazos bastante dilatados para tramitar ciertas peticiones. Ahora bien, la intervención de la Red con relación a las estructuras de cooperación preexistentes, en particular las autoridades centrales o la vía diplomática, se justifica por el valor añadido que puede aportar en términos de rapidez y fluidez de circulación de las peticiones.

La Comisión llevará un registro electrónico seguro de los intercambios de cooperación judicial entre puntos de contacto a partir de sus contribuciones. De este modo, la Comisión podrá proporcionar con regularidad a la Red estadísticas sobre las peticiones de cooperación judicial. Esto permitirá mejorar el registro de las solicitudes, reunir datos fiables y completos sobre las peticiones y sobre los temas correspondientes tratados por la Red, e identificar la naturaleza exacta de los problemas y los instrumentos implicados.

El artículo 9 se ha modificado para que los Estados miembros puedan enviar seis representantes, en lugar de cuatro, a las reuniones de los puntos de contacto. Por consiguiente, podrán incluir en sus delegaciones un número mayor de jueces y de profesionales cuando se celebren las reuniones temáticas previstas en el artículo 10, apartado 1, letras b) y c).

4.6 Consolidación del acceso de los ciudadanos a la justicia

El artículo 3, apartado 1, letra b), integra en los cometidos y actividades de la Red el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia. En efecto, si el Considerando 9 estipulaba como objetivo de la Decisión « el acceso efectivo a la justicia de las personas confrontadas a litigios con una incidencia transfronteriza », según el Considerando 14 y el artículo 3, este esfuerzo se limitaba al establecimiento a escala europea de un sistema de información destinado al público.

El Programa de La Haya insistió en la mejora del acceso a la justicia para los ciudadanos y, desde 2002, se han adoptado varios actos comunitarios en este sentido[10]. Esta propuesta permitirá a la Red aplicar de forma más eficaz estos nuevos instrumentos.

En el artículo 5, apartado 2, se inserta una letra c) bis que especifica que los puntos de contacto deberán informar directamente al público sobre los instrumentos comunitarios e internacionales pertinentes y sobre el Derecho nacional de los Estados miembros, haciendo hincapié en el acceso a la justicia en materia civil. En adelante, esta tarea se ejercerá directamente bajo la responsabilidad de los puntos de contacto en los Estados miembros, es decir, al nivel más cercano del ciudadano.

La redacción del título III de la Decisión se modifica con el fin de plasmar la nueva prioridad de la Red en materia de información del público.

Se comprobó que había obstáculos, en particular en términos de recursos disponibles, que impedían el acceso directo del público a los puntos de contacto de la Red, como se había previsto en el artículo 19 de la Decisión. Por consiguiente, en el artículo 13 bis la Comisión propone para empezar que los puntos de contacto no se hagan progresivamente accesibles al público en los Estados miembros más que utilizando los medios tecnológicos más adecuados. Esta propuesta permitirá sin embargo a la Red aplicar eficazmente estos nuevos instrumentos de cara al público.

El artículo 17, apartado 4, letra b), relativo al papel de la Comisión en el sistema de información de la Red destinado al público, se modifica. La Comisión se encargará de la traducción en las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad, de la información sobre los aspectos pertinentes del Derecho y de los procedimientos comunitarios, incluida la jurisprudencia comunitaria, introducidos en el sistema de información con arreglo al artículo 14, así como de todas las páginas generales del sistema. Además por razones de relación coste-eficacia, la Comisión traducirá en las mismas lenguas, en función de los recursos disponibles, las fichas de información contempladas en el artículo 15. La experiencia adquirida desde 2003 ha demostrado, en efecto, que el mercado carece de recursos disponibles para traducir estas fichas en todas las lenguas en plazos razonables. Esta cuestión deberá integrarse en el contexto del desarrollo de la iniciativa eJusticia , en el marco de la cual habrá que prever medidas para facilitar la traducción de la información destinada al público.

4.7 Relaciones con otras redes y con determinadas organizaciones internacionales

Se añade un artículo 12 bis con el fin de establecer relaciones de intercambio y cooperación entre la Red y las demás redes europeas destinadas a facilitar la cooperación entre los sistemas judiciales o el acceso a la Justicia.

En el informe anteriormente mencionado de la Comisión, ésta consideró que era necesario desarrollar las sinergias existentes entre la Red Judicial y los Centros Europeos de Consumidores (Red ECC - European Consumer Centers.NET ) de modo que, por ejemplo, un consumidor cuyo litigio no haya podido resolverse en el marco de la Red ECC pueda beneficiarse de la ayuda concreta de la Red Judicial en materia de acceso a la justicia. Esta propuesta es tanto más necesaria cuanto que el Reglamento nº 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía será aplicable a partir del 1 de enero de 2009.

El párrafo tercero de este artículo establece que la Red podrá tener intercambios con las otras redes de cooperación judicial creadas por Estados terceros, así como con las organizaciones internacionales que desarrollen actividades de cooperación judicial. Se trata, por ejemplo, de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial Internacional, (IberRed)[11] en la que participan España y Portugal, pero podría tratarse de otras redes judiciales regionales. Entre las organizaciones internacionales contempladas por este artículo figura la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado a la que la Comunidad se adhirió en abril de 2007.

4.8 Posición del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca

El Reino Unido e Irlanda no participan en la cooperación desarrollada en los ámbitos cubiertos por el título IV del Tratado a menos que manifiesten su deseo de participar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. No obstante, se crea un nuevo artículo 11 bis con el fin de consagrar una práctica según la cual Dinamarca puede participar en calidad de observador en las reuniones de la Red, aunque no participe en la aplicación de la Decisión. Desde el 1 de julio de 2007, está en vigor el Acuerdo entre la Comunidad y Dinamarca por el que se amplían a este Estado miembro las disposiciones de dos Reglamentos comunitarios en materia de justicia civil[12], lo que hace más necesaria todavía la estrecha colaboración de Dinamarca en los trabajos de la red.

4.9 La Red y la cooperación internacional

Por otra parte, el nuevo artículo 11 bis , apartado 2, en relación con una práctica establecida desde 2002[13], permitirá invitar a los países en vías de adhesión a que asistan como observadores a las reuniones de la Red, a partir de la firma del Acta de adhesión. Esta medida les permitirá preparar provechosamente su plena integración en la Red. La propuesta la extenderá a los países candidatos.

4.10 Evaluación

El nuevo artículo 19 establece que la Comisión presente cada tres años al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre las actividades de la Red.

2008/0122 (COD)

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión,

Vista la propuesta de la Comisión[14],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[15],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) La creación de una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil entre los Estados miembros por la Decisión 2001/470/CE del Consejo[16] se deriva de la idea de que la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Comunidad requiere que se mejore, simplifique y acelere la cooperación judicial efectiva entre los Estados miembros, así como el acceso efectivo a la justicia de las personas confrontadas a litigios con una incidencia transfronteriza. La Decisión entró en vigor el 1 de diciembre de 2002.

(2) El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004[17], postula que, en el futuro, habrá que realizar esfuerzos suplementarios con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y la cooperación judicial en materia civil. En particular, hace hincapié en la ejecución efectiva de las disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en materia civil, así como en el fomento de la cooperación entre los profesionales del Derecho destinada a definir las mejores prácticas.

(3) Con arreglo al artículo 19 de la Decisión 2001/470/CE, la Comisión presentó, el 16 de mayo de 2006, un informe sobre el funcionamiento de la Red[18]. Este informe concluyó que aunque, en general, la Red había alcanzando los objetivos fijados en 2001, todavía distaba mucho, sin embargo, de haber desarrollado todas sus potencialidades.

(4) Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos del Programa de La Haya en materia de consolidación de la cooperación judicial y acceso de los ciudadanos a la justicia, y de hacer frente al previsible aumento de las tareas de la Red en los próximos años, es necesario que ésta disponga de un marco jurídico renovado destinado a otorgarle más medios de acción.

(5) En primer lugar, es indispensable conseguir una mejor estructuración del funcionamiento de la Red en los Estados miembros en torno a un punto de contacto nacional y, por consiguiente, reforzar el papel de éste tanto en la Red como ante a los jueces, los profesionales del Derecho y la sociedad civil.

(6) Para alcanzar este objetivo, es necesario que en cada Estado miembro un punto de contacto principal dedique la totalidad de sus actividades a los cometidos de la Red y ejerza así plenamente las atribuciones previstas por la Decisión 2001/470/CE.

(7) En caso de que un acto comunitario o una convención internacional designen la Ley de otro Estado miembro, los puntos de contacto de la Red deberán desempeñar en el futuro un papel importante en materia de información de las autoridades judiciales y extrajudiciales de los Estados miembros sobre el contenido de la Ley extranjera.

(8) El trámite de las peticiones de cooperación por los puntos de contacto debe efectuarse con una celeridad compatible con los objetivos generales que persigue la Decisión.

(9) Con el fin de alcanzar los objetivos de la Decisión 2001/470/CE en materia de mejora de la cooperación judicial en la Unión y de acceso de los ciudadanos a la justicia, los profesionales del Derecho que contribuyen directamente a la aplicación de los instrumentos comunitarios e internacionales relativos a la justicia civil deben pasar a ser miembros de derecho de la Red a través de sus organizaciones nacionales.

(10) Con el fin de desarrollar en mayor medida los cometidos de la Red en materia de acceso a la justicia, procede, además, que los puntos de contacto de los Estados miembros se hagan progresivamente accesibles al público a través de los medios modernos de comunicación.

(11) Con el fin de mejorar la confianza mutua entre los jueces en la Unión y las sinergias entre las redes europeas en este sentido, es necesario que la Red pueda mantener relaciones asiduas con las otras redes europeas que comparten los mismos objetivos y, en particular, con las redes de instituciones judiciales y de magistrados.

(12) Con el fin de contribuir a promover la cooperación judicial internacional, es necesario que la Red pueda desarrollar contactos con las demás redes de cooperación judicial del mundo, así como con las organizaciones internacionales que fomentan la cooperación judicial internacional.

(13) Para permitir un seguimiento regular de los progresos realizados en la consecución de los objetivos de la presente Decisión, procede que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo informes sobre las actividades de la Red.

(14) La Decisión 2001/470/CE debe ser modificada en consecuencia.

(15) Dado que los objetivos de la presente Decisión, es decir, la consolidación de la cooperación judicial entre los Estados miembros y el acceso efectivo a la justicia de las personas confrontadas a litigios con una incidencia transfronteriza, no pueden ser alcanzados de manera coordinada y suficiente por los Estados miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad consagrado en el mencionado artículo la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(16) [El Reino Unido e Irlanda, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han comunicado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.]

(17) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participa en la adopción de la presente Decisión, que por tanto no la vincula ni le es aplicable.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión 2001/470/CE se modifica como sigue:

1) El artículo 2 se modifica como sigue:

a) El apartado 1 se modifica como sigue:

i) en la letra c) los términos «cooperación civil y mercantil» se sustituyen por los términos siguientes: «cooperación judicial civil y mercantil»; ii) se añade la letra e) siguiente:

«e) Colegios profesionales que representen a escala nacional en los Estados miembros a los abogados, los notarios, los agentes judiciales y demás profesionales del Derecho que contribuyen directamente en la aplicación de los actos comunitarios e instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil.»

a) El apartado 2 se modifica como sigue:

i) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Cuando un Estado miembro designe a varios puntos de contacto, debe designar entre éstos a un punto de contacto principal y garantizar el funcionamiento de mecanismos de coordinación adecuados entre todos ellos. La persona designada como punto de contacto único o como punto de contacto principal de un Estado miembro ejercerá exclusivamente las funciones de punto de contacto establecidas por la presente Decisión, con exclusión de cualquier otra función y, en particular, de las mencionadas en el apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Decisión.»

ii) se añade el párrafo siguiente:

«Si el punto de contacto designado en virtud del apartado 2 no fuera un juez, el Estado miembro en cuestión designará a un juez con el fin de asistirlo en sus tareas de enlace con las autoridades judiciales locales. Este juez será miembro de pleno derecho de la Red.»

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Los Estados miembros identificarán a las autoridades mencionadas en las letras b), c) y e) del apartado 1. A efectos del apartado 1, letra e), cuando en un Estado miembro existan varios colegios profesionales representativos a escala nacional de una profesión jurídica, corresponderá a dicho Estado miembro garantizar una representación adecuada de la profesión en la Red.»

d) En el apartado 5 los términos «en el apartado 1» se sustituyen por los términos siguientes: «en los apartados 1 y 2».

2) El artículo 3 se modifica como sigue:

a) En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) facilitar el acceso efectivo del público a la justicia, en particular, mediante campañas de información sobre el funcionamiento de los actos comunitarios y de los instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil.»

b) En el apartado 2, en la letra b) se añade el texto siguiente:

«en particular, cuando es aplicable la Ley de otro Estado miembro, los órganos jurisdiccionales o autoridades consultados podrán dirigirse a la Red para obtener información sobre su contenido.»

3) El artículo 5 se modifica como sigue:

a) En el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Los puntos de contacto estarán también a disposición de las autoridades judiciales locales de su Estado miembro y de las autoridades contempladas en del artículo 2, apartado 1, letra e), para los mismos fines, con arreglo a las modalidades que decida cada Estado miembro.»

b) El apartado 2 se modifica como sigue:

i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) proporcionar toda la información necesaria para la buena cooperación judicial entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 3, a los otros puntos de contacto, a las autoridades mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letras b) a d) y a las autoridades judiciales locales de su Estado miembro, para que puedan presentar de manera eficaz una solicitud de cooperación judicial y establecer los contactos directos más adecuados; en particular, proporcionar cualquier información destinada a facilitar la aplicación del Derecho de otro Estado miembro que sea aplicable al litigio o a la situación en virtud de un acto comunitario o de un instrumento internacional. A tal efecto, el punto de contacto al que se presente tal solicitud podrá recabar la ayuda de las otras autoridades de su Estado miembro mencionadas en el artículo 2 con el fin de proporcionar la información requerida. La información contenida en la respuesta no será vinculante ni para los puntos de contacto, ni para estas autoridades, ni para la autoridad que presente la solicitud.»

ii) se añade la letra c) bis siguiente:

«c) bis informar al público sobre la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la Unión Europea, sobre los instrumentos comunitarios e internacionales pertinentes y sobre el Derecho interno de los Estados miembros, en particular por lo que se refiere al acceso a los sistemas judiciales;»

iii) se añade la letra f) siguiente:

«f) preparar un informe semestral sobre sus actividades y presentarlo en una reunión de los miembros de la Red.»

4) En el artículo 6, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«A tal efecto, en cada Estado miembro, el punto o los puntos de contacto de la Red y estas autoridades competentes se reunirán una vez al año, como mínimo, según las modalidades que decida cada Estado miembro.»

5) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Tramitación rápida de las solicitudes de cooperación judicial

1. Los puntos de contacto responderán sin demora a todas las solicitudes que se les presenten y a más tardar en un plazo de diez días después de su recepción. Si un punto de contacto no está en condiciones de responder a una solicitud en el plazo de diez días después de su recepción, informará de ello sucintamente al solicitante y le indicará el plazo que considere necesario para responder.

2. Con el fin de responder con la mayor eficacia y cuanto antes a las solicitudes que se mencionan en el apartado 1, los puntos de contacto utilizarán las tecnologías más adecuadas puestas a su disposición por los Estados miembros.

3. La Comisión llevará un registro electrónico seguro y de acceso limitado de las solicitudes de cooperación judicial y de las respuestas contempladas en el artículo 5, apartado 2, letras a), b), c) y c) bis , y en el artículo 13 bis . Los puntos de contacto velarán por que la información necesaria para la constitución y el funcionamiento de este sistema se proporcione con regularidad a la Comisión.

4. La Comisión proporcionará a los puntos de contacto información sobre las estadísticas relativas a las solicitudes de cooperación judicial y a las respuestas que se mencionan en el apartado 3, una vez por semestre como mínimo.»

6) En el artículo 9, apartado 2, el término «cuatro» se sustituye por el término «seis».

7) Se añade el artículo 11 bis siguiente:

«Artículo 11 bis

Participación de observadores en las reuniones de la Red

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, Dinamarca podrá hacerse representar en las reuniones mencionadas en los artículos 9 y 11.

2. Los países en vías de adhesión y los países candidatos podrán ser invitados a participar en estas reuniones en calidad de observadores. Los Estados terceros que sean Partes del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 30 de octubre de 2007, también podrán asistir en calidad de observadores a determinadas reuniones de la Red.

3. Cada Estado observador podrá hacerse representar en estas reuniones por una o más personas, sin exceder en ningún caso de tres representantes por Estado.»

8) Se añade el artículo 12 bis siguiente:

«Artículo 12 bis

Relaciones con las otras redes y las organizaciones internacionales

1. La Red mantendrá relaciones con las otras redes europeas que compartan los mismos objetivos, en particular con la Red Judicial Europea en materia penal y la Red Europea de Formación Judicial.

2. La red mantendrá relaciones con la Red de Centros Europeos de Consumidores (Red ECC). En particular, con el fin de proporcionar cualquier información necesaria para facilitar el acceso de los consumidores a la justicia, los puntos de contactos de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil estarán a disposición de los puntos de contacto de la Red ECC.

3. Para cumplir los cometidos contemplados en el artículo 3 en cuanto a los instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil, la Red mantendrá contactos y procederá al intercambio de experiencias con las otras redes de cooperación judicial establecidas entre Estados terceros y con las organizaciones internacionales que fomentan la cooperación judicial internacional.

4. La Comisión, en estrecha cooperación con la Presidencia del Consejo y los Estados miembros, se encargará de la aplicación de las disposiciones del presente artículo. "

9) La denominación del título III se sustituye por la siguiente:

«Título III

Información disponible en la Red e información del público»

10) En el artículo 13, apartado 1, se añade la letra c) siguiente:

«c) la información mencionada en el artículo 8.»

11) Se añade el artículo 13 bis siguiente:

«Artículo 13 bis

Información del público por los puntos de contacto

Los puntos de contacto de la Red se harán progresivamente accesibles al público mediante las tecnologías más adecuadas con el fin de proporcionar información sobre el contenido y la aplicación de los instrumentos comunitarios o internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil y, si fuere necesario, de orientar hacia las autoridades encargadas de su aplicación concreta y, en particular, las mencionadas en el artículo 6.»

12) En el artículo 17, apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) dispondrá que, dentro de los límites de los recursos disponibles, la información sobre los aspectos pertinentes del Derecho y los procedimientos comunitarios, incluida la jurisprudencia comunitaria, así como las páginas generales del sistema de información y las fichas de información mencionadas en el artículo 15 se traduzcan a las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad, y las pondrá a disposición en el sitio dedicado a la Red.»

13) El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19

Evaluación

A más tardar el […] [ tres años después de la fecha de aplicación de la presente Decisión ], y a continuación cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre las actividades de la Red. Este informe irá acompañado, si procede, de propuestas destinadas a adaptar la presente Decisión.»

14) El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 20

Notificación

A más tardar el […] [ seis meses antes de la fecha de aplicación de la presente Decisión ], los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información citada en el artículo 2, apartado 5.»

Artículo 2

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el […]

Será aplicable a partir del […], excepto los artículos 2 y 20 que se aplicarán a partir de la fecha de la notificación de la Decisión a los Estados miembros destinatarios.

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

[1] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

[2] http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[3] COM(2006) 203 final, SEC(2006) 579.

[4] Doc. 7152/07 JUSTCIV 48

[5] DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.

[6] DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.

[7] Directiva sobre la asistencia judicial aplicable desde el 30 de noviembre de 2004; Reglamento «Bruselas II bis», el 1 de marzo de 2005; Directiva sobre la indemnización de las víctimas de la delincuencia, el 1 de enero de 2006; Reglamento sobre el título ejecutivo europeo, el 21 de octubre de 2005; Reglamento por el que se establece un proceso monitorio europeo, aplicable a partir del 12 de diciembre de 2008; Reglamento por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, aplicable a partir del 1 de enero de 2009; Reglamento Roma II sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, a partir del 11 de enero de 2009; Reglamento por el que se revisa el Reglamento sobre transmisión de documentos, a partir del 13 de noviembre de 2008; así como la Directiva sobre determinados aspectos de la mediación en materia civil y mercantil, de 21 de mayo de 2008, y el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, en curso de adopción.

[8] En el caso de Bélgica se trata de la Chambre nationale des huissiers de justice para los fines del Reglamento nº 1348/2000 y, para Francia, del Conseil supérieur du notariat para el Convenio de La Haya destinado a facilitar el acceso internacional a la justicia de 1980 y del Convenio CIEC sobre intercambio de información en materia de adquisición de nacionalidad.

[9] Cifras comunicadas por seis puntos de contacto de la Red solamente.

[10] Se trata esencialmente de las Directivas sobre la asistencia judicial y la indemnización de las víctimas de la delincuencia y de los Reglamentos sobre el Proceso Monitorio Europeo y el proceso europeo de escasa cuantía, cuyas disposiciones hacen referencia de forma expresa al papel de la Red con el fin de garantizar su correcta aplicación (artículo 28 y artículo 24).

[11] La IberRed, creada en octubre de 2004, es una estructura formada por puntos de contacto de 23 países iberoamericanos cuyo objetivo es la mejora de la asistencia judicial civil y penal, y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre estos países.

[12] Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca por el que se extienden a Dinamarca las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca por el que se extienden a Dinamarca las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, DO 2006 L 120, pp. 22 y 23.

[13] Por países en vías de adhesión, se entenderá aquellos para los cuales han terminado las negociaciones y ya se ha firmado el Tratado de adhesión (como, por ejemplo, Rumania y Bulgaria en 2006). Por países candidatos, se entenderá aquellos con los cuales las negociaciones ya se han iniciado y están en curso (Turquía, Croacia, ARYM [Antigua República Yugoslava de Macedonia]). Los 10 Estados miembros que se adhirieron el 1 de mayo de 2004 fueron invitados a las reuniones de la Red en calidad de observadores a partir de diciembre de 2002. Desde abril de 2005, Bulgaria y Rumania participan en calidad de observadores en las reuniones de la red.

[14] DO C […], […], p. […].

[15] DO C […], […], p. […].

[16] DO L 174 de 27.6.2001, p.25

[17] DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.

[18] Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Decisión del Consejo nº 2001/470/CE por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, COM(2006) 203 final.