ES    ES 
 
 
 COMISIÓN  
EUROPEA   
Bruselas, 26.2.2015  
COM(2015) 89 final  
  
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO  
Respuestas de los Estados miembros al Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas  
{SWD(2015) 18 final}   
 
 ÍNDICE  
Respuestas de los Estados miembros al Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas  ..... 2 
Resumen  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2 
Respuestas de los Estados miembros al informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas  ..... 4 
1 ÁMBITO DEL INFORME  ................................ ................................ ................................ ..... 4 
2 CARACT ERÍSTICAS PRINCIPALE S DEL INFORME DE 2013  DEL TRIBUNAL DE CUENTAS  4 
3 RESUMEN DE LAS RESPUE STAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS  ................................ .........  6 
3.1 principales errores cuantificables en el ámbito de la gestión compartida  ..................  6 
3.2 Rendición de cuentas de los Estados miembros/ buena gestión financiera  .................  9 
3.3 Rendición de cuentas reforzada de los Estados miembros / una auténtica cultura de 
resultados  ................................ ................................ ................................ ................................  11 
4. CONCLUSIÓN  ................................ ................................ ................................ ...............  13 
 
 3 INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO  
RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL INFORME ANUAL 2013  DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS  
RESUMEN  
El presente informe constituye un análisis de las respuestas de los Estados miembros 
al informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo (en los sucesivo, «el Tribunal») 
para el ejercicio presupuestario 2013 y cumple las o bligaciones que se definen en el 
artículo 162, apartado 5, del Reglamento Financiero1. 
El informe anual 2013 del Tribunal indicaba que las cuentas consolidadas estaban 
libres de errores significativos y que los ingresos y compromisos en su conjunto eran 
legales y regulares. La auditoría del Tribunal llegó asimismo a la conclusión de que, 
en general, los pagos contenían errores y que los sistemas de control y supervisión 
resultaron, por lo general, parcialmente eficaces. Los resultados de la auditoría 
pusier on de manifiesto que, en general, el porcentaje de error estimado se situó en el 
4,7 %, lo que supone un descenso del 0,1  % con respecto al año anterior, pero sigue 
estando por encima del umbral de importancia relativa. El Tribunal también ha 
destacado que  un factor positivo importante en 2013 fue el aumento del impacto de 
las medidas correctoras aplicadas por los Estados miembros y la Comisión. Además, 
la fiscalización del Tribunal también puso de manifiesto que para un gran porcentaje 
de operaciones afect adas por errores en el ámbito de la gestión compartida, las 
autoridades de los Estados miembros disponían de suficiente información para 
detectar y corregir los errores antes de reclamar el reembolso a la Comisión. Las 
políticas de desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud, así como las de política 
regional, energía y transporte tienen el mayor porcentaje de error estimado: -6,7 % y 
6,9 %, respectivamente.  
En su auditoría de 2013, el Tribunal identificó las categorías específicas de errores 
cuantifica bles en la gestión compartida que han contribuido en gran medida a la tasa 
de error más probable para las políticas en cuestión. Por lo que se refiere a la política 
«Agricultura: Medidas de mercado y ayudas directas» (capítulo 3), la diferencia entre 
el nú mero de hectáreas o animales subvencionables y el beneficiario/actividad/gasto 
no subvencionable supusieron el 80  % de la tasa de error más probable.  
En política regional, transportes y energía se han producido errores graves en la 
contratación pública qu e han supuesto el 45  % del total de los errores cuantificables 
y aproximadamente el 39  % del porcentaje de error estimado para la política en 
cuestión. En el caso de la política de empleo y asuntos sociales los errores relativos a 
infracciones en la contra tación pública representan el 7  % de todos los errores, lo que 
pone de manifiesto que sigue siendo importante el riesgo de incumplimiento de las 
normas sobre contratación pública.  
En el capítulo 3 de su informe anual, el Tribunal informó sobre las deficien cias 
sistemáticas en el sistema de identificación de parcelas (SIP) derivadas de su 
incorrecta evaluación de las tierras subvencionables en las bases de datos SIP. Por 
tanto, se solicitó a los Estados miembros concernidos que facilitasen información 
sobre si las bases de datos estaban actualizadas y sobre las medidas adicionales 
adoptadas para resolver los problemas recurrentes. Todos los Estados miembros 
                                                 
1  Reglamento (UE, Euratom) nº  966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de  la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) nº  1605/2002 del Consejo, DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.  
 
 4 afectados respondieron que no podían garantizar que las bases de datos SIP se 
actualizan periódicamente  y que el SIP garantiza una correcta evaluación de la 
subvencionabilidad de las tierras y detecta sistemáticamente las declaraciones 
excesivas.  
Se preguntó a los Estados miembros si estaban en condiciones de afirmar que su 
sistema de control ya había abor dado las deficiencias recurrentes detectadas por el 
Tribunal en relación con: los compromisos agroambientales, los beneficiarios no 
subvencionables, el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la no 
subvencionabilidad de la ayuda para la j ubilación anticipada. Los Estados miembros 
interesados declararon que habían abordado todas o casi todas las deficiencias 
recurrentes identificadas.  
En cuanto a la cuestión relativa a las infracciones en materia de contratación pública, 
casi la mitad de l os Estados miembros respondieron que habían detectado problemas 
sistémicos relacionados con la contratación pública y que habían adoptado medidas 
preventivas en este contexto.  
El informe examinará las respuestas a las preguntas sobre la rendición de cuenta s de 
los Estados miembros con especial atención a las declaraciones nacionales de 
gestión, los controles de la gestión y la función e importancia de las evaluaciones del 
Tribunal.  
El 76  % de Estados miembros declararon que las declaraciones  de gestión 
obligatorias podrían tener un impacto positivo en la prevención, detección y 
corrección de errores por parte de los Estados miembros. Una proporción importante 
de los Estados miembros (86  %) considera los resultados de las evaluaciones del 
Tribunal útiles y qu e contribuyen a sus propias garantías del uso legal y regular de 
los fondos de la UE. En relación con el asunto de la utilidad de las declaraciones 
nacionales, algo más de la mitad de los Estados miembros respondieron 
favorablemente.  
Por último, en su info rme de 2013, el Tribunal constató que, por lo general, en la 
programación 2007 -2013, el centro de atención se puso más en la necesidad de gastar 
los fondos de la UE de conformidad con las normas y que el enfoque centrado en los 
resultados fue limitado. En este mismo año, en el cuestionario dirigido a los Estados 
miembros, se les preguntó cómo garantizaban que los resultados constituyen un 
elemento esencial en la utilización de los fondos de la UE y qué medidas se habían 
establecido para supervisar la ejecuc ión de los programas y proyectos. Una gran 
mayoría de los Estados miembros aportaron respuestas completas a estas dos 
cuestiones. Un elemento clave en este contexto lo constituye la utilización de 
criterios, indicadores y evaluaciones como medio empleado p or muchos países para 
garantizar los resultados. En términos de seguimiento del rendimiento, los informes 
de situación, las medidas de control, las evaluaciones y el seguimiento de los 
indicadores son algunas de las medidas más comunes utilizadas por los E stados 
miembros.  
 
 5 INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO  
RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL I NFORME ANUAL 2013  DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS  
 
1 Ámbito del informe  
El artículo 162, apartado 5, del Reglamento Financiero dispone que tan pront o como 
el Tribunal de Cuentas le remita el informe anual, la Comisión comunicará 
inmediatamente a los Estados miembros afectados los elementos de dicho informe 
relativos a la gestión de los fondos sobre los cuales tengan competencia. Los Estados 
miembros r emitirán sus respuestas en un plazo de 60 días, y la Comisión enviará 
posteriormente un resumen al Tribunal, al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 
28 de febrero del ejercicio siguiente.  
Tras la publicación del informe anual del Tribunal relativo al ejercicio presupuestario 
de 2013, la Comisión informó debidamente a los Estados miembros de los detalles 
del informe. Esta información se presentó en forma de una carta y tres anexos que 
deberán ser cumplimentados para cada uno de los Estados miembros, así  como las 
correspondientes directrices sobre la preparación y la presentación de las respuestas a 
los cuestionarios. El anexo I contenía un cuestionario sobre los apartados del informe 
referidos a cada Estado miembro; el anexo II contenía un cuestionario s obre las 
constataciones de la fiscalización que hacen referencia a cada Estado miembro y el 
anexo III recogía un cuestionario sobre las constataciones de actualidad relacionadas 
con la gestión compartida de la DAS de 2013.  
En el informe de este año, se han  identificado tres temas principales. Son los 
siguientes: 1) los principales errores cuantificables en la gestión compartida, 2) 
reforzar la rendición de cuentas de los Estados miembros y la buena gestión 
financiera, y 3) una mejora de la rendición de cuen tas de los Estados con el fin de 
lograr una verdadera cultura de resultados. Además, el informe viene acompañado 
por un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que incluye las 
respuestas de los Estados miembros a los anexos I y III.  
 
2 Caracte rísticas principales del informe de 2013 del Tribunal de Cuentas  
El informe anual 2013 del Tribunal indicaba que las cuentas consolidadas carecían 
de errores significativos y que los ingresos y compromisos en su conjunto cumplían 
los criterios de legalidad  y regularidad. La auditoría del Tribunal llegó asimismo a la 
conclusión de que, en general, los pagos contenían errores y que los sistemas de 
control y supervisión resultaron, por lo general, sólo parcialmente eficaces2. Los 
resultados de la auditoría pus ieron de manifiesto que, en general, el porcentaje de 
error estimado se situó en el 4,7  %, lo que supone un descenso del 0,1 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, pero sigue estando por encima del umbral 
de importancia relativa. El Tribunal tam bién ha destacado que un factor positivo 
importante en 2013 fue el aumento del impacto de las medidas correctoras aplicadas 
por los Estados miembros y la Comisión. De acuerdo con el informe del Tribunal, si 
estas medidas no hubieran sido aplicadas a las op eraciones de la muestra, el 
porcentaje estimado de error habría sido superior en un 1,6  %3. 
                                                 
2 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 23.  
3 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 23.  
 
 6 Las políticas de desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud, así como las 
políticas regional, de energía y transporte tienen el mayor porcentaje de error 
estim ado: -6,7 % y 6,9  %, respectivamente. Además, la fiscalización del Tribunal 
también puso de manifiesto que para un gran porcentaje de operaciones afectadas por 
errores en el ámbito de la gestión compartida, las autoridades de los Estados 
miembros disponían  de suficiente información para detectar y corregir los errores 
antes de reclamar el reembolso a la Comisión4.  
El gráfico siguiente muestra el desglose de la contribución por política al porcentaje 
total de error estimado5. 
 
  
 
Por lo que se refiere a los tipos de errores, el informe del Tribunal constata que los errores de 
subvencionabilidad han contribuido significativamente al porcentaje global de error estimado. 
Los errores graves en la contratación pública y las declaraciones incorrectas por parte de los 
agricultores también representan una gran proporción del conjunto de errores. El gráfico 
siguiente muestra el desglose de la contribución de los diferentes tipos de error al porcentaje 
total de error estimado.  
 
 
                                                 
4 Informe anual 2013 del Tribunal  de Cuentas, pp. 83, 111 y 153.  
5 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 26.  
23%
15%
44%7%2%7%2%Capítulo 3 - Agricultura: medidas de
mercado y ayudas directas
Capítulo 4 - Desarrollo rural, medio
ambiente, pesca y salud
Capítulo 5 - Política regional,
transportes y energía
Capítulo 6 - Empleo y asuntos
sociales
Capítulo 7 - Relaciones exteriores,
ayuda y ampliación
Capítulo 8 - Investigación y otras
políticas internas
Capítulo 9 - Gastos administrativos y
otros gastos
39%
22%21%14%4% Costes no subvencionables incluidos en las
declaraciones de gastos
Proyectos, actividades o beneficiarios no
subvencionables
Errores graves en la contratación pública
Declaraciones incorrectas de superficies agrícolas
Otros tipos de errores
 
 7 3 Resumen de las respuestas de los Estados miembros  
3.1 PRINCIPALES ERRORES CUANTIFICABLES EN EL  ÁMBITO DE LA GESTIÓN  
COMPARTIDA  
En su auditoría de 2013, el Tribunal identificó las categorías específicas de errores 
cuantificables en el ámbito de la gestión compartida que contribuyeron 
significativamente a la tasa de error más probable para la política en cuestión. En el 
ámbito de la política de agricultura: medidas de mercado y ayudas directas, la 
diferencia entre el número de hectáreas o animales subvencionables y el 
beneficiario/actividad /gasto no subvencionables supuso el 80  % de la tasa de error 
más probable.  
En el caso de la política regional, transportes y energía se han producido errores 
graves en la contratación pública que han supuesto el 45  % del total de los errores 
cuantificables y aproximadamente el 39  % del porcentaje de error estimado para la 
política en cuestión6. En el caso de la política de empleo y asuntos sociales, los 
errores relativos a infracciones en la contratación pública representan el 7  % de todos 
los errores, lo que pone de manifiesto que el riesgo de incumplimiento de la 
contratación pública sigue siendo importante7. 
En el capítulo 3 de su informe anual, el Tribunal informó sobre las deficiencias 
sistemáticas en el sistema de identificación de parcel as (SIP) derivadas de su 
incorrecta evaluación de las tierras subvencionables en las bases de datos SIP8. Por 
tanto, se solicitó a los Estados miembros concernidos que facilitasen información 
sobre si las bases de datos estaban actualizadas y sobre las med idas adicionales 
adoptadas para resolver los problemas recurrentes. Todos los Estados miembros 
afectados respondieron que no podían garantizar que las bases de datos SIP se 
actualizan periódicamente y que el SIP ofrezca una correcta evaluación de la 
subven cionabilidad de las tierras y detecte sistemáticamente las declaraciones 
excesivas.  
Polonia informó que desde 2009 «ha procedido de manera constante y gradual a la 
reorganización del método de actualización de los datos SIP. El principal cambio lo 
constitu yó la introducción en el sistema de producción de las actualizaciones de las 
bases de datos de referencia en línea por los técnicos de ARiMR9 mediante un 
instrumento específico GIS IT10». Además, las autoridades polacas señalaron que 
«por lo que se refiere a las irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas en 
2013 en relación con el SIP, no es cierto que la irregularidad sea de naturaleza 
sistémica» y que el Tribunal ha establecido incorrectamente una parte de una parcela 
inundada en 2013 como no s ubvencionable en 201211. 
Irlanda indicó que un examen de la base de datos del SIP es un proceso iterativo en 
curso12, mientras que Francia ha declarado que el plan de acción aprobado por la 
Comisión y actualmente en fase de ejecución en 2015 se ha establecid o con el fin de 
actualizar el SIP13. Rumanía señaló que sería necesaria la financiación de nuevas 
ortoimágenes, así como nuevo personal y formación, para mejorar la situación.  
                                                 
6 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 148.  
7 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 177.  
8 Informe anual 2013 Tribunal de Cuentas, recuadros 3.1 y 3.4.  
9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).  
10 Documento de trabajo, p. 143.  
11 Documento de trabajo, p. 143.  
12 Documento de trabajo, p. 118.  
13 Documento de trabajo, anexos I y III, pp. 33 y 106.  
 
 8 Por último, Alemania destacó el hecho de que, en su caso, la declaración excesiva  
identificada constituía un caso individual «sin ninguna incidencia financiera» y que 
siempre se han realizado esfuerzos para garantizar que el SIP se actualiza 
correctamente y de forma periódica14. 
En el ámbito del desarrollo rural, el Tribunal detectó gra ves casos de incumplimiento 
de los requisitos de subvencionabilidad para los proyectos de inversión, lo que hizo 
que determinados tipos de gastos dejaran de ser subvencionables.  
Se preguntó a los Estados miembros si estaban en condiciones de afirmar que s u 
sistema de control ya había resuelto las deficiencias recurrentes detectadas por el 
Tribunal en relación con: los compromisos agroambientales, los beneficiarios no 
subvencionables, el incumplimiento de las normas de contratación pública y la no 
subvencio nabilidad de la ayuda para la jubilación anticipada.  
Los Estados miembros interesados declararon que habían abordado todas o casi todas 
las deficiencias recurrentes identificadas. Los gráficos que figuran a continuación 
ofrecen una visión de conjunto de l as respuestas recibidas:  
 
 
 
 
 
Grecia destacó dos áreas en las que había realizado importantes mejoras: una 
modificación en los pagos agroambientales que rediseñaba el sistema de sanciones 
para determinadas acciones y una modificación de la legislación  nacional en el 
ámbito de la contratación pública15. 
Las autoridades polacas informaron de que, con respecto a la no subvencionabilidad 
de la ayuda a la jubilación anticipada, estaban en desacuerdo con el Tribunal y con la 
Comisión en que «la ejecución de l a medida pensiones estructurales  supuso fraude o 
cualquier otra actividad ilegal en perjuicio de los intereses financieros de la Unión». 
A raíz de ello, se presentaron diversas aclaraciones y las autoridades tomaron 
                                                 
14 Documento de trabajo, p. 118.  
15 Documento de trabajo, p. 112.  
11%
89%Compromisos en materia agroambiental
sin respuesta
SÍ
6%
27%
67%Subvencionabilidad de los beneficiarios 
NO
sin respuesta
SÍ
16%
17%
67%Normas sobre contratación pública
NO
sin respuesta
SÍ
100%Cálculo del apoyo a la jubilación 
anticipada
SÍ
 
 9 medidas correctoras. La Comisión ha soli citado una recuperación de los importes 
indebidamente pagados.  
En cuanto a la cuestión relativa a las infracciones en materia de contratación pública, 
casi la mitad de los Estados miembros respondieron que habían detectado problemas 
sistémicos relacionados  con la contratación pública y que habían adoptado medidas 
preventivas en este contexto.  
Escocia (RU) declaró que: «Aunque hemos sido activos en el promoción del 
cumplimiento de los procedimientos de contratación pública, aún necesitamos hacer 
más para inf ormar a las autoridades de gestión y a los beneficiarios sobre la 
importancia de la conformidad de los procedimientos y el impacto que puede tener».  
Eslovenia informó de los tres ámbitos susceptibles de mejora 1) un grupo de 
proyectos concebido en noviembr e de 2014 para abordar de manera específica las 
cuestiones relacionadas con el ámbito de la contratación pública, 2) un análisis de los 
contratos públicos, y 3) la competencia administrativa (empleo y formación 
adicionales en el ámbito de la contratación p ública) ha sido y será ejecutado como 
parte de la asistencia técnica16. 
Otros Estados miembros han tomado algunas medidas para tratar de limitar y 
prevenir las infracciones en materia de contratación pública. Rumanía ha establecido 
medidas legislativas y basadas en sistemas y la República Checa ha tomado medidas 
preventivas y correctoras nacionales. Croacia ha tomado numerosas medidas 
preventivas, incluidos seminarios y un programa de formación de 50 tipos diferentes 
que da lugar a la obtención de un títul o en el ámbito de la contratación pública, con 
un período de validez de tres años17. Portugal y Hungría han establecido planes de 
acción con el fin de mejorar la contratación pública, mientras que en Estonia el 
sistema de gestión y control de las contrataci ones se ha «mejorado sensiblemente» en 
los últimos años18. 
Algunos Estados miembros, sin embargo, afirmaron que había muy pocos problemas 
sistémicos en lo que se refiere a la contratación pública. España afirmó lo siguiente:  
«Si bien se han detectado varios  problemas con respecto a la contratación pública, el 
tipo de problema varía de un organismo a otro y, por lo general, afecta a contratos 
específicos [...] Por otra parte, los problemas detectados en la contratación pública no 
se consideran sistémicos y en  todos los casos en los que se han detectado 
irregularidades en materia de contratación pública, los gastos correspondientes se han 
retirado, de forma que el presupuesto de la UE no se verá afectado»19. 
Finlandia señaló que «el cumplimiento de las normas re lativas a la contratación 
pública es objeto de un seguimiento más estrecho en el caso de las ayudas 
cofinanciadas con cargo a fondos de la UE que en los programas de ayuda 
nacionales.»20. 
Por último, Alemania declaró que no había «detectado ningún problema relativo al 
sistema en relación con el Fondo Social Europeo (FSE) vinculado a los contratos 
públicos», pero, sin embargo, en algunos casos, adoptó «medidas preventivas»21. 
                                                 
16 Documento de trabajo, p. 173.  
17 Documento de trabajo, p. 90.  
18 Documento de trabajo, p. 103.  
19 Documento de trabajo, p. 177.  
20 Documento de trabajo, p. 104.  
21 Documento de trabajo, p. 110.  
 
 10 Las respuestas de los Estados miembros a las cuestiones relacionadas con los 
principa les errores cuantificables subrayan el hecho de que se han emprendido una 
serie de medidas preventivas y correctoras. Además, parece haber un compromiso 
para resolver las deficiencias sistémicas y, por tanto, reducir el número de errores 
cuantificables.  
3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS / BUENA GESTIÓN FINANC IERA  
En su informe de 2013, en el marco de la gestión compartida, el Tribunal observó 
que, en muchos casos, las autoridades nacionales disponían de información suficiente 
para prevenir, d etectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la 
Comisión22. El Tribunal ha puesto de relieve el hecho de que la UE gasta su 
presupuesto, pero todavía queda mucho margen para mejorar la forma en que se 
gastan los fondos. Los fondos deben gas tarse en conformidad con las normas y, al 
mismo tiempo, lograr los resultados esperados23. Esta subsección del informe 
examina las respuestas a las preguntas sobre la rendición de cuentas de los Estados 
miembros con especial atención a las declaraciones nacionales de gestión, los 
controles de la gestión y la función e importancia de las valoraciones del Tribunal.  
El 76  % de los Estados miembros manifestaron que las declaraciones de gestión 
obligatorias podrían tener un impacto positivo en la prevención, l a detección y la 
corrección de errores por parte de los Estados miembros. Hungría afirmó que se han 
puesto en práctica declaraciones de gestión y que las declaraciones se enviarán al 
Ministro responsable del presupuesto estatal24. 
Escocia (Reino Unido) y Le tonia han respondido que las declaraciones de gestión 
tendrían un impacto positivo con el consiguiente incremento de la responsabilidad de 
los Estados miembros.  
Al ser preguntados en relación con el asunto de la utilidad de las declaraciones 
nacionales, a lgo menos de la mitad de los Estados miembros respondieron 
favorablemente. Dinamarca y el Reino Unido, que participan por igual en el grupo de 
trabajo interinstitucional sobre las declaraciones nacionales, mostraron su apoyo a las 
declaraciones nacionales.  Dinamarca señaló que:  
«Una de las conclusiones fue que el objeto de las declaraciones nacionales es 
garantizar una mayor responsabilidad política para garantizar la corrección de errores 
en los pagos nacionales de los fondos de la UE. En Dinamarca conside ráramos que 
este es un concepto importante para difundir y las recomendaciones constituyen un 
buen punto de partida para los países que no disponen aún de un modelo previsto 
para ello. En Dinamarca existe una obligación de rendición de cuentas por parte de l 
poder político, y la Comisión de Cuentas Públicas presenta anualmente un informe 
sobre la utilización de los fondos de la UE en Dinamarca [...] El modelo danés, por lo 
tanto, garantiza la rendición de cuentas en relación con la utilización de los fondos de 
la UE en el marco de las políticas nacionales»25. 
El Reino Unido declaró que apoyaba las recomendaciones del grupo de trabajo y 
además:  
«Acogemos con satisfacción que estas recomendaciones sean suficientemente 
flexibles para tener en cuenta las circunsta ncias nacionales y los procesos, lo que 
                                                 
22 Informe anual 2013 del Tribun al de Cuentas, pp. 83 y 153.  
23 Discurso - Presentación de los informes anuales 2013 a la Comisión de Control Presupuestario  
del Parlamento Europeo - presidente Caldeira.  
24 Documento de trabajo, p. 117.  
25 Documento de trabajo, p. 102.  
 
 11 significa que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación a la hora 
de elaborar un documento que tiene carácter voluntario. Acogemos asimismo con 
satisfacción que estas recomendaciones ponen de relieve la importancia de una buena 
información para mejorar la gestión de los fondos de la UE»26. 
No obstante, las críticas de las declaraciones de gestión se han centrado en el hecho 
de que éstas no aportaron ningún valor añadido, ya que los sistemas existentes e ran 
los adecuados y existía la posibilidad de que se produjese un aumento de las cargas 
administrativas27. 
Los Estados miembros que no estaban a favor de la idea de las declaraciones 
nacionales (Letonia y Estonia, por ejemplo) se refirieron al hecho de que puede 
existir solapamiento con otros informes anuales y una mayor burocracia28. Además, 
en países descentralizados (Francia) y federales (Alemania) las declaraciones 
nacionales se consideraron ineficaces.  
Una proporción importante de los Estados miembros (8 4 %) considera los resultados 
de las valoraciones del Tribunal útiles y que contribuyen a sus propias garantías del 
uso legal y regular de los fondos de la UE. Eslovaquia declaró:  
«Las evaluaciones por el Tribunal de Cuentas Europeo pueden suponer estímulo s 
pertinentes para revisar las normas nacionales aplicadas por las entidades 
individuales que aportan contribuciones procedentes de los fondos de la UE. En 
relación con la evaluación de los resultados en lo que se refiere a las cuestiones 
horizontales o si stémicas, este es un recurso valioso y directo para la aplicación de 
las medidas correctoras y los ajustes necesarios a nivel nacional»29. 
Croacia declaró: «Se tienen en cuenta los resultados de la evaluación del Tribunal y 
consideramos que contribuyen a la  mejora de la legislación en vigor y de los 
procedimientos prescritos para el uso de los fondos de la UE30». 
Sobre el tema de la mejora de los controles de la gestión, el 72  % de los Estados 
miembros han respondido positivamente. La República Checa y España31 declararon 
que habían elaborado planes de acción con objeto de mejorar los controles de la 
gestión y, en el caso de España, «como resultado de la aplicación de estos planes, los 
porcentajes de error indicados en los informes anuales de control de la auto ridad de 
auditoría se han reducido de manera significativa».  
Luxemburgo elaboró una lista de las medidas mejoradas, entre las que se incluían: 
grupos de trabajo con los beneficiarios, elaboración de directrices y de control al 
100 % de todos los documentos  justificativos por la autoridad de gestión antes de 
presentar una solicitud de pago a la Comisión32. 
Letonia indicó que la autoridad de gestión emite periódicamente un certificado para 
la autoridad de certificación y que el sistema de control existente es sólido. Como 
consecuencia de ello, se han podido retener las declaraciones de gastos de dos 
beneficiarios e informar sobre sus casos respectivos a la Oficina de Lucha contra el 
Fraude nacional33. 
                                                 
26 Documento de trabaj o, p. 181.  
27 Documento de trabajo - Alemania, Irlanda, Bélgica - pp. 82, 111 y 119.  
28 Documento de trabajo - Letonia y Estonia, pp. 123 y 103.  
29 Documento de trabajo, p. 169.  
30 Documento de trabajo, p. 90.  
31 Documento de trabajo, pp. 93 y 177.  
32 Documento de trabajo, p. 131.  
33 Documento de trabajo, p. 121.  
 
 12 Otros Estados miembros han declarado que sus sistemas de cont rol eran los 
correctos, como pone de manifiesto el bajo índice de error y, por consiguiente, no 
hay necesidad de mejora. Este fue el caso de los Países Bajos y Austria34. 
En lo que se refiere a la rendición de cuentas, las respuestas de los Estados miembros  
ponen de manifiesto una mayor sensibilización respecto de la necesidad de rendir 
cuentas, lo que se refleja en acciones como las medidas adoptadas para mejorar los 
controles de la gestión. Sin embargo, subsisten dudas sobre el valor añadido y la 
excesiva carga administrativa de las declaraciones de gestión y nacionales.  
 
3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS REFORZADA DE LOS ESTADOS MIEMBROS / UNA 
AUTÉNTICA CULTURA DE  RESULTADOS  
En su informe de 2013, el Tribunal constató que, por lo general, en la programación 
2007 -2013, el foco de atención se puso más en la necesidad de gastar los fondos de la 
UE de conformidad con las normas y que el enfoque centrado en los resultados fue 
limitado35. 
 
En este año, en el cuestionario dirigido a los Estados miembros se les  preguntó cómo 
garantizaban que el rendimiento constituía un elemento esencial en la utilización de 
los fondos de la UE y qué medidas se habían establecido para supervisar la ejecución 
de los programas y proyectos. Una gran mayoría de los Estados miembros aportaron 
respuestas completas a estas dos cuestiones.  
 
Constituye un elemento clave la utilización de criterios, indicadores y evaluaciones  
como el medio por el que muchos países garantizan los resultados. Los Países Bajos 
informaron de que, en el marco d el FEDER, se utilizaban criterios de evaluación con 
vistas a la selección de los proyectos. Entre ellos: «contribución al PO, grado de 
innovación, calidad de los argumentos y /o plan de actividades, calidad del proyecto 
y sostenibilidad. Las listas de cont rol son también elaboradas conjuntamente con esta 
finalidad»36. 
 
 
Polonia comunicó que utiliza «criterios ponderados» en virtud del programa de 
desarrollo rural 2007 -2013, y «que la aplicación de los criterios de selección se hace 
con el fin de garantizar q ue se seleccionan para su financiación los proyectos con 
mayores posibilidades de contribuir a la consecución de los objetivos y resultados 
establecidos en el programa de desarrollo rural». Para el período 2020 -2014, los 
proyectos se elegirán mediante la a plicación de los «criterios de selección».  
 
Rumanía (AM POSCCE ) ha combinado evaluación con una plantilla de selección y 
un sistema de puntuación, garantizando así que reciban financiación los proyectos 
con los mejores resultados37. Bélgica (Valonia) ha cr eado un grupo de trabajo de 
expertos independientes procedentes del mundo académico y empresarial para 
evaluar la calidad de los proyectos propuestos. Los resultados de estos proyectos son 
también analizados a través de los objetivos SMART38. 
 
                                                 
34 Documento de trabajo, pp.78 y 136.  
35 Informe anual 2013 del Tribunal de Cuentas, p. 257.  
36 Documento de trabajo, p. 136.  
37 Documento de trabajo, p. 152.  
38 Documento de trabajo, p. 80.  
 
 13 Varios Estado s miembros utilizan indicadores. La República Checa ha establecido 
normas de base armonizadas/horizontales comunes a varios programas operativos y 
una lista de códigos nacionales de indicadores, que contiene indicadores para todos 
los programas, al objeto de realizar un seguimiento de sus progresos; España hace 
referencia al Reglamento (UE) nº  1306/2013, que establece los indicadores 
necesarios para la evaluación y el seguimiento del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), así como a la financi ación del Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA).  
 
Luxemburgo describe claramente cómo garantiza que la ejecución sigue siendo una 
cuestión central. Señala que la autoridad de gestión lleva a cabo el seguimiento del 
programa operativo sobre la base de indicadores claros, que se actualizan 
periódicamente. Estos indicadores se recogen en un Informe ejecutivo. Además, el 
formulario de solicitud para los proyectos está concebido para comprobar si, incluso 
en la primera fase de la presentación, el proyecto e stá en condiciones de cumplir los 
objetivos del programa operativo del FSE.  
 
En términos de seguimiento, los informes de situación, las medidas de control, las 
evaluaciones y el seguimiento de los indicadores  son algunas de las medidas más 
comunes utilizadas por los Estados miembros.  
 
Malta pone de manifiesto claramente las medidas que utiliza para el seguimiento. 
Son las siguientes: 1) base de datos de los Fondos Estructurales periódicamente 
actualizada por los beneficiarios, 2) informes de situación del proyecto presentados 
semestralmente a la autoridad de gestión, 3) controles físicos sobre el terreno, y 4) 
reuniones para evaluar los avances en los proyectos con la participación de todas las 
partes interesa das39. 
 
Los Países Bajos, Austria, Letonia y Eslovenia hacen referencia a informes de 
situación o informes anuales y a las evaluaciones como medio esencial de control de 
los resultados40. 
 
Dinamarca (Agencia Agricultura y Pesca) se remite a sus medidas de co ntrol 
globales en relación con el pago de los fondos de la UE en favor de los regímenes de 
ayuda por superficie y regímenes que no tienen en cuenta la superficie. Estas 
medidas de control incluyen tanto un control administrativo como físico41. 
 
Bulgaria (OP RD) enumera las medidas de control y declara que las condiciones 
generales previstas en los acuerdos para la concesión de la ayuda financiera son las 
siguientes: 1), el beneficiario deberá llevar a cabo y documentar tres inspecciones 
sobre la condición fís ica de las inversiones, 2) el beneficiario deberá informar de los 
resultados de tales controles a la autoridad contratante, y 3) el beneficiario no podrá 
transferir su propiedad de las instalaciones construidas con las inversiones en virtud 
del presente Ac uerdo.  
 
La República Checa declara que al menos un indicador de proyecto deberá ser objeto 
de seguimiento y no se aceptan proyectos sin indicadores.  
 
                                                 
39 Documento de trabajo, pp. 133 -134. 
40 Documento de trabajo, pp. 77, 120, 136, 171.  
41 Documento de trabajo, p. 98.  
 
 14 En general, los Estados miembros han manifestado su compromiso con los 
resultados. La experiencia adquirid a y las mejores prácticas del período de 
programación anterior ya se están llevando a cabo durante el nuevo período de 
programación. La República Checa declara que podrá poner en marcha un «nuevo 
desarrollo» para el período 2014 -2020 que requiere una descr ipción más detallada 
del proyecto en la que se reflejarán claramente los resultados previstos más 
probables, mientras que Estonia prestará «especial atención» a los indicadores de 
resultados en el nuevo período de programación.  
 
4. CONCLUSIÓN  
En su informe  sobre la DAS de 2013, el Tribunal sigue siendo crítico en relación con 
el elevado número de errores cuantificables detectados en la gestión compartida. Al 
igual que en 2012, el Tribunal ha subrayado una vez más el hecho de que para una 
gran parte de las o peraciones afectadas por errores, las autoridades de los Estados 
miembros disponían de suficiente información para detectar y corregir estos errores 
antes de reclamar un reembolso. Además, el Tribunal ha hecho hincapié en la 
necesidad de que se preste mayo r atención al logro de los mejores resultados posibles 
a pesar de contar con unos fondos limitados. El Tribunal recomienda un mayor 
énfasis en los resultados.  
En sus respuestas a los tres cuestionarios, los Estados miembros aportaron pruebas de 
sus accion es continuadas con el fin de reducir el número de errores en la gestión 
compartida. Los planes de acción tanto en la política agrícola y de Cohesión han sido 
establecidos por varios Estados miembros en colaboración con la Comisión. Por lo 
que respecta a la  contratación pública, muchos Estados miembros admitieron haberse 
visto afectados por problemas sistémicos, pero también pusieron de relieve que se 
habían llevado a cabo numerosas acciones preventivas y correctivas.  
En general, los Estados miembros han he cho suya la idea de una mayor 
responsabilidad. Se considera que, en general, las declaraciones de gestión tienen un 
impacto positivo, mientras que las declaraciones nacionales, aunque menos 
populares, se han considerado beneficiosas.  
Por último, el comprom iso con la ejecución en los Estados miembros puede quedar 
bien ilustrado con la observación final de Dinamarca:  
«Dinamarca considera que un aspecto fundamental de la ejecución satisfactoria del 
presupuesto de la UE es que se alcancen los resultados fijados . Por lo tanto, es 
importante que se cree un marco para un sistema orientado hacia los resultados que 
se centre en mayor medida en el rendimiento y los efectos de los proyectos de la UE. 
En Dinamarca también creemos que es importante ser transparentes en r elación con 
el valor añadido que generan los fondos de la UE. Dinamarca desea que se abra un 
debate sobre la consecución de resultados para ayudar a reforzar el vínculo entre las 
evaluaciones de los resultados y los aspectos relacionados con el presupuesto  y la 
regulación jurídica de las diversas políticas»42. 
 
                                                 
42 Documento de trabajo, p. 182.