Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. NORMAS MÍNIMAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN APLICAR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CONCEDER O RETIRAR EL ESTATUTO DE REFUGIADO: primera medida EN LA conFIGURACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO Común de asilo

Según las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere, de octubre de 1999, el sistema europeo común de asilo debería incluir, a corto plazo, la determinación clara y viable del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo, normas comunes para un procedimiento de asilo eficaz y justo, condiciones mínimas comunes para la acogida de los solicitantes de asilo y la aproximación de las normas sobre reconocimiento y contenido del estatuto de refugiado. Ello debería completarse con medidas relativas a formas de protección subsidiarias que ofrezcan un estatuto adecuado a toda persona que necesite protección. El 24 de mayo de 2000 la Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Consejo sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, basada en la solidaridad entre Estados miembros, como instrumento al servicio del sistema europeo común de asilo.

La Comisión propone, en este otoño de 2000, un proyecto de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado como medio de establecer un procedimiento de asilo eficaz y justo, tal como se señalaba en el Marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea aprobado por el Consejo el 27 de marzo de 2000.

En marzo de 1999, la Comisión comenzó a trabajar sobre los procedimientos de asilo en su documento de trabajo "Para establecer unas normas comunes sobre los procedimientos de asilo". Este documento se discutió en el Consejo tanto al nivel ministerial como entre funcionarios. Trece Estados miembros presentaron posteriormente comentarios al mismo por escrito. El Parlamento Europeo adoptó la resolución A5-0123/2000 sobre el documento de trabajo en la sesión plenaria del 13 al 16 de junio de 2000. La Comisión, por su parte, en la elaboración del documento de trabajo consultó específicamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados (ECRE), Amnistía Internacional y "Save the Children". Las cuatro organizaciones presentaron comentarios por escrito, al igual que otras tres ONG (Centro de asistencia jurídica del refugiado, Fundación médica para la atención de las víctimas de la tortura y Asociación de juristas en materia de Derecho de inmigración). Después de analizar dichas respuestas, la Comisión ha elaborado su propuesta teniendo en cuenta, siempre que ha sido preciso, el Derecho no vinculante ("soft law") existente, fundamentalmente la Resolución del Consejo de 1995 sobre garantías mínimas para procedimientos de asilo, las Resoluciones del Consejo de Londres de 1992 sobre solicitudes manifiestamente infundadas, países terceros de acogida y países en los que en general no hay riesgo grave de persecución y la Resolución del Consejo de 1997 sobre menores no acompañados nacionales de terceros países.

La propuesta tiene en cuenta el enfoque de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, según el cual, el sistema europeo común de asilo, si bien a corto plazo debe incluir las medidas en materia de asilo previamente mencionadas, basadas en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y otros Tratados pertinentes, a largo plazo, debería dar lugar a un procedimiento de asilo común y a un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo.

2. ÁMBITO DE LA PROPUESTA

Como primera medida de importancia sobre procedimientos de asilo, a los efectos de alcanzar una política común de asilo sobre la base del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, una vez modificado por el Tratado de Amsterdam, la propuesta establece los requisitos de un sistema rápido y sencillo de tramitación de las solicitudes de asilo. Se centra en los diversos mecanismos legislativos que pueden ser utilizados por los Estados miembros para aplicar un sistema que resuelva los casos rápida y correctamente. Se establecen normas y plazos comunes para denegar rápidamente los casos inadmisibles y manifiestamente infundados, de modo que cada sistema nacional pueda funcionar adecuadamente en beneficio de los refugiados de la Convención de Ginebra. Mediante el ajuste de sus sistemas nacionales a estas normas, los Estados miembros podrán instaurar en el futuro procedimientos de asilo eficaces en el marco de un sistema europeo común de asilo.

La presente medida no impondrá a los Estados miembros la aplicación de procedimientos uniformes. Tampoco los obligará a adoptar conceptos y prácticas comunes que no deseen aplicar. Por ejemplo, si un Estado miembro no desea aplicar el concepto de país tercero seguro para denegar solicitudes de asilo, la medida no obligará a este Estado miembro a adoptar el concepto. Además, todas las normas para aplicar un procedimiento eficaz y justo se fijan sin perjuicio de la discrecionalidad de los Estados miembros para dar preferencia a casos prioritarios en función de políticas nacionales.

La medida permite asimismo a los Estados miembros establecer excepciones a la aplicación de determinadas normas, si así lo desean, ya que se trata de la primera medida sobre procedimientos de asilo. Por ejemplo, se propone que los Estados miembros puedan establecer una excepción a la aplicación del principio de los efectos suspensivos del recurso, entre otros, en los casos manifiestamente infundados. El tema de los efectos suspensivos es complejo y parece que los Estados miembros mantienen puntos de vista muy divergentes sobre las ventajas y desventajas de los efectos suspensivos. La Comisión vería con agrado que aquellos países que opten por acogerse a estas u otras excepciones introduzcan salvaguardas adicionales, tales como la aprobación de dichas excepciones por ley, o garantías procesales suplementarias para casos concretos.

Además, la propuesta se limita a las normas mínimas necesarias para conceder o retirar el estatuto de refugiado. Por lo tanto, no incluye normas mínimas para determinar si las personas pueden optar a la protección con arreglo a otros instrumentos internacionales o necesitan protección por otro motivo. No obstante, la Comisión vería con agrado que los Estados miembros aplicaran las normas de esta propuesta en las decisiones sobre solicitudes de otro tipo de protección distinta de la de Convención de Ginebra. Por consiguiente, la propuesta contempla que los Estados miembros puedan decidir aplicar las disposiciones de la presente Directiva a estos otros procedimientos.

La propuesta no prejuzga otras medidas de política común de asilo según lo establecido en el Plan de Acción de Viena y el Marcador. Los apartados 1 y 2 del artículo 63 prevén la adopción de medidas en materia de asilo relativas a los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo, normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo, normas mínimas para la concesión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros países y medidas relativas a las personas que por otro motivo necesitan protección internacional. La Comisión presentará propuestas en estos ámbitos concretos de conformidad con el Marcador.

Tampoco prejuzga esta propuesta concreta cualquier medida que no se haya previsto en el Plan de Acción de Viena y el Marcador. Dentro del ámbito de aplicación de la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 del Tratado CE podrían considerarse otras medidas relacionadas con procedimientos de admisión de refugiados en los Estados miembros de la Unión Europea. En resumen, la presente propuesta se limita a los procedimientos aplicables en los supuestos de solicitantes espontáneos en la frontera o en el territorio de los Estados miembros de Europa. Se entiende, por lo tanto, sin perjuicio de cualquier posible medida sobre procedimientos de admisión en los Estados miembros de ciudadanos de terceros piases que, pudiendo optar al estatuto de refugiado de la Convención de Ginebra, todavía no hayan podido alcanzar las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La Comunicación sobre los procedimientos de asilo común y el estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo resumirá qué medidas podrían adoptarse a continuación en materia de procedimiento de asilo con el fin de lograr una política común de asilo sobre la base del Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, una vez modificado por el Tratado de Amsterdam, incluidos las que pudieran adoptarse sobre la base de la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63.

3. Objetivos de la propuesta

Con la presente propuesta de Directiva, la Comisión persigue los siguientes objetivos:

1. Aplicar la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 del Tratado, el inciso iii) de la letra b) del apartado 36 del Plan de Acción de Viena, la Conclusión 14 del Consejo Europeo de Tampere y la primera parte del apartado sobre el procedimiento de asilo eficaz y justo del Marcador presentado al Consejo y al Parlamento en marzo de 2000.

2. Instaurar medidas que resultan esenciales para la eficacia de los procedimientos de los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado.

3. Establecer definiciones comunes de los casos inadmisibles y manifiestamente infundados, así como requisitos comunes para dichos casos, incluidos los conceptos de país seguro, para llegar a un enfoque común entre los Estados miembros que apliquen estos conceptos y prácticas.

4. Fijar plazos para resolver estos casos en primera instancia y en apelación, facultando a los Estados miembros para tramitarlos eficazmente lo más rápidamente posible.

5. Aumentar con ello la capacidad de los Estados miembros de examinar las solicitudes de asilo de las personas que pueden ser refugiados de la Convención de Ginebra.

6. Establecer un nivel mínimo de garantías procesales para los solicitantes de asilo en los procedimientos de los Estados miembros, asegurando un nivel común de equidad procesal en la Unión Europea.

7. Establecer garantías específicas para asegurar procedimientos equitativos respecto de personas con necesidades especiales.

8. Fijar requisitos mínimos para las decisiones y las autoridades de adopción de decisiones, con objeto de reducir las disparidades en los procedimientos de examen de los Estados miembros y garantizar unos niveles de adopción de decisiones adecuados en toda la Comunidad Europea.

4. RESUMEN DE LAS NORMAS DE LA PROPUESTA

La propuesta contiene básicamente tres series de disposiciones distintas.

La primera serie trata de las garantías procesales para los solicitantes de asilo. Estas disposiciones se refieren a distintas situaciones que se producen en todas las fases de los procedimientos de asilo y su objetivo es aproximar las nociones de equidad procesal entre los Estados miembros. Cada solicitante de asilo debe:

* tener derecho a interponer recurso contra una decisión en primera instancia, con independencia de la naturaleza de la decisión;

* ser informado, en una lengua que entienda, en las fases decisivas del procedimiento, de su situación jurídica para poder considerar todos los pasos que puedan darse a continuación. Por ejemplo, al serle notificada la decisión en primera instancia, el solicitante debe ser informado de su contenido y de las posibilidades de recurrir dicha decisión.

Además, se establecen garantías específicas para personas con necesidades especiales, como los menores no acompañados.

La segunda serie de disposiciones se refiere a los requisitos mínimos del proceso de adopción de decisiones. Si bien los Estados miembros pueden conservar sus sistemas nacionales, la adopción de decisiones debe reunir ciertos requisitos mínimos en aras del desarrollo de una política europea común de asilo de carácter global. Bastará generalmente con que los Estados miembros cuenten con un sistema tripartito: una autoridad que decida el estatuto de refugiado, una autoridad que resuelva los recursos administrativos o jurisdiccionales y un tribunal de apelación. Además, las autoridades de adopción de las decisiones deberán tener acceso a la información sobre el país de origen y poder obtener asesoramiento de los expertos pertinentes siempre que fuere necesario. El personal deberá haber recibido la formación inicial indispensable, la adopción de decisiones deberá obedecer a ciertos criterios de verificación, las decisiones se adoptarán individualmente, de forma objetiva e imparcial, y las decisiones adversas deberán estar debidamente motivadas.

La última serie de disposiciones se refiere a unas normas comunes para la aplicación de ciertos conceptos y prácticas. Estos conceptos o prácticas ('solicitudes inadmisibles', 'solicitudes manifiestamente infundadas', 'país de origen seguro'; 'país tercero seguro') ya están vigentes en muchos Estados miembros, pero su aplicación e interpretación varían considerablemente. Con objeto de limitar los movimientos secundarios entre Estados miembros, la Comisión propone que se sujeten a unas normas comunes. Cada Estado miembro puede decidir si es o no oportuno aplicar un concepto o una práctica pero, en caso afirmativo, su aplicación nacional deberá seguir el modelo común para todos los Estados miembros. Por consiguiente, si bien no hay ninguna obligación de aplicar un procedimiento acelerado para denegar las solicitudes manifiestamente infundadas, los Estados miembros tendrán que respetar las definiciones comunes y los plazos máximos si lo aplican. Del mismo modo, en caso de que los Estados miembros deseen denegar una solicitud por inadmisible sobre la base del concepto de país tercero seguro, deberán obedecer los principios comunes de designación como país tercero seguro establecidos en el Anexo I de la propuesta y los requisitos comunes de la aplicación del concepto a los casos concretos.

Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes por inadmisibles si:

* otro Estado miembro asume la responsabilidad del examen de la solicitud, según los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad

* un país se considera primer país de asilo para el solicitante

* un país se considera país tercero seguro para el solicitante.

Puesto que un procedimiento para determinar si otro Estado miembro asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo puede tener lugar paralelamente a, o en el contexto de, un examen más completo de la solicitud de asilo en los Estados miembros, las garantías procesales generales de la propuesta también se aplicarán a aquel procedimiento. Sin embargo, la única garantía incluida en la propuesta que está específicamente relacionada con el procedimiento para determinar si otro Estado miembro asume la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo es una que se basa en un principio de equidad procesal, que constituye el eje de la presente propuesta: el principio de que el solicitante es informado de su situación jurídica en todas las fases decisivas del procedimiento. La Comisión presentará, a principios de 2001, una propuesta de instrumento comunitario relativo a una determinación clara y efectiva del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.

Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes por ser manifiestamente infundadas si:

* el solicitante, sin causa razonable, ha presentado una solicitud con informaciones falsas en cuanto a su identidad o nacionalidad.

* el solicitante no ha presentado ningún documento de identidad o viaje y no ha aportado a la autoridad decisoria información suficiente o suficientemente convincente para determinar su identidad o nacionalidad, y existen serios motivos para considerar que el solicitante de mala fe ha destruido o se ha deshecho del documento de identidad o viaje que facilitaría la determinación de su identidad o nacionalidad

* se presenta una solicitud en la última fase de un procedimiento para deportar a la persona, que podría haberse presentado con anterioridad

* al presentar y explicar su solicitud, el solicitante no plantea las cuestiones que justifican la protección internacional sobre la base de la Convención de Ginebra o el artículo 3 del Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;

* el solicitante es de un país de origen seguro

* el solicitante ha presentado una nueva solicitud en la que no hace constar ningún o hecho nuevo relevante en cuanto a sus circunstancias particulares o la situación en su país de origen.

Finalmente, la propuesta establece un enfoque común para los conceptos tanto de país tercero seguro como de país de origen seguro sobre la base de un análisis de las posiciones de los Estados miembros, la Resolución del Parlamento Europeo y los puntos de vista expresados por el ACNUR y otras organizaciones pertinentes. Este enfoque consiste en:

* el uso de principios comunes para determinar lo que estos conceptos deben significar

* listas nacionales de países seguros para los Estados miembros que así lo deseen, previa notificación a la Comisión;

* requisitos comunes para la aplicación de los conceptos a casos individuales

* intercambios regulares de puntos de vista entre Estados miembros sobre la designación de países seguros, listas nacionales y la aplicación de los conceptos a casos individuales bajo la cobertura de un procedimiento comunitario en un llamado Comité de Contacto.

La Comisión, por su parte, prevé el establecimiento de un Comité de Contacto. Dicho comité facilitará la incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales de la Directiva, y la subsiguiente aplicación armonizada de la misma, mediante consultas regulares sobre todos los problemas prácticos que puedan surgir en la aplicación de la misma. Contribuirá a que se evite la duplicación del trabajo al establecer normas comunes, especialmente en cuanto a la situación en países terceros seguros y países de origen seguros. En segundo lugar, el Comité facilitará la consulta entre los Estados miembros sobre garantías adicionales o más estrictas u otras obligaciones que puedan establecer al nivel nacional. Con ello se prepararía el camino para un procedimiento de asilo común, tal como se contempla en las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999. Por último, el Comité asesorará a la Comisión, en caso de necesidad, sobre cualquier suplemento o modificación de la presente Directiva o sobre cualquier ajuste que se considere necesario.

5. elección de la base jurídica

La elección de la base jurídica es coherente con las modificaciones introducidas en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor 1 de mayo de 1999. La letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 CE establece que el Consejo adoptará medidas en materia de asilo, con arreglo a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y otros tratados pertinentes, en el ámbito de las normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. El artículo 63 es, en consecuencia, la base jurídica apropiada para que una propuesta establezca normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado.

El Título IV del Tratado CE no es aplicable al Reino Unido e Irlanda, a menos que estos dos países decidan lo contrario, según las modalidades indicadas en el Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anejo a los Tratados. El título IV del Tratado CE tampoco se aplica a Dinamarca, en virtud del Protocolo sobre la posición de la Dinamarca anejo a los Tratado.

6. Subsidiariedad y proporcionalidad: justificación y valor añadido

Subsidiariedad

La inserción en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del nuevo Título IV sobre las políticas de visado, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas demuestra la voluntad de las Altas Partes Contratantes de atribuir competencias a la Comunidad Europea en estos ámbitos. La Comunidad Europea, sin embargo, no tiene competencias exclusivas en este ámbito. Por lo tanto, incluso con la voluntad política de aplicar una política común en materia de asilo e inmigración, debe intervenir de conformidad con el artículo 5 TCE, es decir, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. La propuesta de Directiva responde a estos criterios.

La instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia implica la aprobación de medidas relativas al asilo. El objetivo específico de esta iniciativa consiste en instaurar normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. Las normas establecidas en la presente propuesta deben poder aplicarse mediante medidas mínimas en todos los Estados miembros. La situación en cuanto a las garantías procesales para los solicitantes de asilo, los requisitos de la adopción de decisiones y las normas para la aplicación de conceptos y prácticas como los procedimientos acelerados varía considerablemente de un Estado miembro al otro. La fijación de unas normas mínimas comunitarias debe llevarse a cabo mediante una acción como la propuesta. La fijación de normas mínimas ayudará a que disminuyan los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo derivados de disparidades en los procedimientos de los Estados miembros. Por consiguiente, los solicitantes de asilo decidirán sobre su país de destino menos frecuentemente que hasta la fecha sobre la base de las normas y prácticas procesales vigentes en los países. El que siga sin haber una normativa europea sobre los procedimientos para conceder o retirar el estatuto de refugiado ha de repercutir negativamente en la eficacia de los restantes instrumentos en materia de asilo. En sentido contrario, una vez implantadas normas mínimas sobre los procedimientos de asilo, se justifica plenamente el funcionamiento, entre otras cosas, de un sistema eficaz para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo.

Proporcionalidad

La forma de la acción comunitaria debe ser la más simple que permita la consecución del objetivo de la propuesta y una aplicación eficaz de la misma. Con este espíritu, el instrumento jurídico elegido es la Directiva, que permite fijar las normas mínimas dejando al mismo tiempo a los Estados miembros destinatarios la elección de la forma y los medios más adecuados para aplicarla en su marco jurídico y contexto nacional. La propuesta se concentra en un conjunto de normas mínimas y estrictamente necesarias a la coherencia de la acción prevista, sin establecer normas relativas a otros aspectos del asilo.

COMENTARIOS DE LOS ARTÍCULOS

Capítulo I: Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

En este artículo se define el objetivo de la Directiva. Todos los procedimientos de asilo en los Estados miembros quedan sujetos a las normas mínimas establecidas en la Directiva, con la excepción de los procedimientos mencionados en el artículo 3.

Artículo 2

Este artículo contiene la definición de los distintos conceptos y términos que se utilizan en las disposiciones de la propuesta.

a) A lo largo de la presente propuesta, incluidos los Anexos, el término "Convención de Ginebra" hace referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, una vez completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. Todos los Estados miembros son parte sin ninguna limitación temporal ni geográfica.

b) "Solicitud de asilo" se define mediante una referencia a la definición de refugiado en la Convención de Ginebra. Se entenderá que cualquier petición de protección efectuada por una persona en la frontera o en el territorio de los Estados miembros se realiza en los términos de la Convención de Ginebra, a menos que la persona pida explícitamente otra forma de protección para la que el Estado miembro tenga un procedimiento separado a tal efecto.

c) La condición de solicitante de asilo se define en relación con el proceso hasta alcanzar una decisión firme de determinación del estatuto de refugiado.

d) "Autoridad decisoria del estatuto de refugiado" (en lo sucesivo, 'autoridad decisoria') es cualquier organismo oficial que sea, a la vez, responsable del examen de la admisibilidad o del fondo de las solicitudes de asilo y competente para tomar decisiones en primera instancia en dichos casos. La definición implica que cualquier autoridad de un Estado miembro que sea responsable de una medida particular de examen no es necesariamente una autoridad decisoria. Los funcionarios de policía que llevan a cabo una primera entrevista con el solicitante acerca de sus documentos de identidad y viaje y posteriormente tienen que referir el caso a otra autoridad para que ésta adopte una decisión, no son autoridad decisoria del estatuto de refugiado de acuerdo con los términos de esta definición. Por otra parte, la definición no impide a un Estado miembro tener más de una autoridad decisoria (por ejemplo si las decisiones sobre la admisibilidad y el fondo se toman por organismos distintos). Ni tampoco impide a los Estados miembros establecer que una autoridad decisoria sea enteramente independiente del Ejecutivo. Se hace hincapié en que las autoridades responsables del control de la entrada en el territorio no pueden considerarse autoridades decisorias a los efectos de la presente Directiva.

e) "Órgano revisor" puede ser un organismo administrativo de mayor rango, un consejo de refugiados, un comité de composición interministerial o un tribunal, mientras sea diferente e independiente de la autoridad decisoria. La definición no impide a un Estado miembro tener más de un órgano revisor (por ejemplo, efectuando una distinción en función de la naturaleza del procedimiento en el que se tramite la solicitud de asilo).

f) "Tribunal de Apelación" es el órgano judicial de un Estado miembro responsable de un recurso ulterior contra la decisión de cualquiera de los órganos revisores. La naturaleza del recurso ulterior dependerá de la configuración del órgano revisor por la que opten los Estados miembros. Si el órgano revisor fuere un organismo administrativo, el Tribunal de Apelación será el primer órgano judicial que conozca del caso y el recurso ulterior versará tanto sobre los hechos como sobre las cuestiones de Derecho. Si el órgano revisor fuere un órgano judicial, el recurso ulterior podrá limitarse a las cuestiones de Derecho. De la definición se infiere que sólo puede haber en el Estado miembro un Tribunal de Apelación responsable de asegurar la uniformidad del Derecho en materia de procedimientos de asilo.

g) El término "decisión" en las disposiciones de la presente Directiva abarca cualquier conclusión (oficial) sobre una solicitud de asilo en cuanto a su admisibilidad o el fondo de la misma adoptada por una autoridad decisoria o un órgano revisor de un Estado miembro. Consecuentemente, todas las disposiciones sobre las decisiones se aplican a las decisiones de ambos tipos de autoridad. Sin embargo, en su caso, el término se relacionará específicamente con un tipo de autoridad.

h) "Refugiado" es una persona que cumple los requisitos de la letra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra.

i) De acuerdo con la redacción de la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 del Tratado CE, el término "estatuto de refugiado" se entiende como el estatuto concedido por un Estado miembro a una persona que es un refugiado y como tal se admite en el territorio de ese Estado miembro.

j) El concepto de "menor no acompañado" se extrae de la definición de la Resolución del Consejo de 26 de julio de 1997 sobre menores no acompañados nacionales de terceros países.

k) "Retención" cubre cualquier confinamiento de un solicitante de asilo por un Estado miembro en un espacio restringido donde la libre circulación del solicitante se vea sustancialmente reducida.

l) "Retirada del estatuto de refugiado" a los efectos de la presente Directiva es la decisión de una autoridad decisoria de un Estado miembro de retirar el estatuto de refugiado de una persona sobre la base de la letra C del artículo 1 de la Convención de Ginebra o del apartado 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra.

m) "Anulación del estatuto de refugiado" normalmente se produce cuando salen a la luz circunstancias que indican que una persona nunca debería haber sido reconocida como refugiado en su momento.

Artículo 3

1) Al utilizar el término 'persona' en vez de extranjero, este apartado deja claro que las disposiciones de la Directiva se aplican a nacionales de terceros países, apátridas y ciudadanos de la UE. En cuanto a la última categoría, vale la pena recordar que existe un Protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anexo al Tratado constitutivo de la Unión Europea.

Conforme a este párrafo, también se aplican las disposiciones de la Directiva cuando se adoptan decisiones sobre la admisibilidad y el fondo de una solicitud de asilo en el contexto de un procedimiento para decidir sobre el derecho de los solicitantes a entrar legalmente en el territorio de un Estado miembro. Por lo tanto, los llamados procedimientos fronterizos están plenamente cubiertos por la presente propuesta.

2) La Directiva no se aplica a las peticiones de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros. Ni la concesión de asilo diplomático (generalmente en el país de origen del solicitante de asilo) ni la selección (preliminar) del asilo territorial (generalmente en un país tercero) cuando se presentan peticiones en las representaciones de los Estados miembros tienen por qué estar sujetas a las normas mínimas para procedimientos relativos a solicitudes de asilo en la frontera o el territorio de los Estados miembros.

3) Conforme a este párrafo, los Estados miembros pueden también aplicar las disposiciones de la Directiva a procedimientos de protección distintos del procedimiento para conceder o retirar el estatuto de refugiado. En la actualidad, varios Estados miembros cuentan con procedimientos diferenciados para otras clases de protección. El documento de trabajo concluyó que parecía en esta fase sensato restringir el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva a las solicitudes de protección conforme a la Convención de Ginebra, puesto que todavía era necesario mucho trabajo sobre la definición de los casos cubiertos por la protección subsidiaria. Este trabajo empezará pronto. Por otra parte, la cuestión de un procedimiento único se tratará más detalladamente en la comunicación sobre un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo. En la presente propuesta no se establece ninguna norma mínima, sino que los Estados miembros pueden decidir aplicar las disposiciones de la Directiva a cualquier otro procedimiento que pueda existir para determinar la necesidad de protección por otro motivo.

Capítulo II: Principios y garantías básicos

Artículo 4

1) Este apartado prohibe utilizar plazos de solicitud de protección para negar el acceso al procedimiento de asilo. Esto significa, en primer lugar, que no se debe exigir a los solicitantes de asilo que formulen su petición en el momento de la llegada o dentro de un plazo después de la entrada. En segundo lugar, el incumplimiento de esta formalidad no debe llevar a excluir del examen a la solicitud de asilo. La disposición no impide a los Estados miembros aplicar el artículo 31 de la Convención de Ginebra. Por otra parte, como se refiere a formalidades previas solamente, la disposición no impide que los Estados miembros extraigan consecuencias, a los efectos del examen de la solicitud de asilo, de una negativa del solicitante a cumplir las formalidades durante el procedimiento.

2) Los solicitantes de asilo deben tener acceso al procedimiento de asilo lo más rápidamente posible. Las normas sobre procedimientos de asilo carecen de sentido si las personas que desean protección de un Estado miembro no consiguen acceder al procedimiento de asilo o quedan abandonados en el territorio del Estado miembro por un tiempo innecesariamente largo porque las autoridades no reconocen dichas peticiones como solicitudes de asilo. Cualquier declaración en la que se exprese el deseo de una persona de obtener protección frente a la persecución, o cualquier manifestación o expresión de la persona indicando que teme ser devuelto a su país, debe, por consiguiente, ser tratada como una solicitud de asilo. Si bien los Estados miembros pueden exigir a las personas que llegan a la frontera o al territorio de un Estado miembro y desean pedir protección a ese Estado miembro que presenten (= con carácter oficial) su solicitud de asilo en una lugar concreto o ante una autoridad específica, una vez que una persona ha hecho saber su petición, las autoridades pertinentes a las que se haya dirigido tienen forzosamente que tomar medidas para permitir que esta persona llegue al lugar apropiado dentro de un plazo de tiempo razonable ('oportunidad efectiva de presentar su solicitud tan rápidamente como sea posible'). Así pues, cualquier autoridad a la que es probable que se dirijan estas personas en la frontera o el territorio de un Estado miembro, debería tener instrucciones para poder cumplir con esta obligación. A tal fin, los Estados miembros deben cursar a dichas autoridades instrucciones en las que se especifique claramente lo que deben, y lo que no deben, hacer al encontrarse con personas que desean pedir protección y, en particular, a qué autoridades deben dirigirse para que se hagan cargo del asunto.

3) Este apartado impone a los Estados miembros la obligación de asegurarse de que las privado sobre la cuestión de una solicitud separada e independiente. autoridades responsables del control en la entrada de su territorio remiten las solicitudes formuladas en la frontera a la autoridad competente para su examen tan rápidamente como sea posible. Puede tratarse del funcionario de policía que lleva a cabo una primera entrevista con el solicitante sobre sus documentos de identidad y viaje como primera medida de examen y, consiguientemente, tiene que remitir el caso a la autoridad decisoria competente o puede ya tratarse de la autoridad decisoria competente, presente en la frontera o en cualquier otra parte del país.

4) En algunos Estados miembros las solicitudes de asilo pueden formularse en nombre de personas a cargo. Este apartado introduce una norma mínima por lo que se refiere a su tramitación. Debe darse a las personas a cargo que se consideren adultas a los efectos de formular una solicitud de asilo, de conformidad con la legislación del Estado miembro, la oportunidad de expresarse en

Artículo 5

Para garantizar efectivamente el principio de no devolución ("non-refoulement"), este artículo establece el derecho de cualquier solicitante de asilo a permanecer en la frontera o en el territorio del Estado miembro mientras no se haya decidido acerca de su solicitud.

Artículo 6

Este artículo fija unos requisitos mínimos para la adopción de decisiones. Las decisiones sobre las solicitudes de asilo deben adoptarse individualmente, de forma objetiva e imparcial. En este contexto, "individualmente" se entiende sobre la base de una evaluación individual que impide instrucciones para rechazar el caso sin previa consideración. "De forma objetiva" se entiende sobre la base de los hechos del caso, lo que debe hacerse evidente en la motivación de la decisión. Por último, "de forma imparcial" se entiende sin discriminación entre casos similares, por ejemplo, por razones políticas.

Artículo 7

Este artículo establece garantías procesales para cualquier solicitante de asilo. No se hace ninguna diferencia en función de la naturaleza del procedimiento (admisibilidad, procedimiento ordinario o acelerado), la fase del procedimiento (primera o segunda instancia, garantías a las que se refieren las letras b) y c) respecto de la última instancia o la forma de tramitar la solicitud (procedimiento previo a la entrada legal o no).

a) Los Estados miembros deben informar a los solicitantes, con carácter previo al examen de su solicitud de asilo, en una lengua que entiendan, acerca del procedimiento que debe seguirse, así como de sus derechos y obligaciones durante el procedimiento. Ello puede hacerse entregando al solicitante un documento estándar sobre el procedimiento en una lengua que pueda leer, dándole tiempo suficiente para leerlo, o explicándole el procedimiento en una película en una lengua que entienda. También puede ser informado oralmente por las autoridades o por organizaciones a las que se haya asignado esta tarea.

b) Según esta letra los solicitantes dispondrán, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Estos servicios de interpretación se sufragarán con fondos públicos, siempre que sean las autoridades competentes las que hayan convocado al intérprete.

c) Esta letra impone a los Estados miembros la obligación de dar al solicitante la posibilidad de ponerse en contacto por teléfono, fax o correo electrónico con un representante de los servicios del ACNUR o de otras organizaciones que operen en nombre del ACNUR.

d) Esta letra fija normas para las decisiones sobre las solicitudes de asilo. La decisión debe comunicarse al solicitante por escrito. La decisión debe contener por lo menos un breve resumen de los hechos en cuestión, una referencia al fundamento jurídico de la denegación y una explicación de cómo los hechos llevan a esta conclusión. Por otra parte, cualquier decisión adversa debe contener información sobre las posibilidades de recurso. Los términos 'en su caso' se refieren a la posibilidad de revisión automática (artículo 36).

e) Las letras e) y f) garantizan que se informe al solicitante de asilo, en una lengua que comprenda, del contenido de la decisión que le concierne, así como acerca de lo que puede o debe suceder a continuación, en el momento en que se le comunique la decisión o poco tiempo después. Es ésta una garantía adicional para que los solicitantes, que, en general, no entienden el lenguaje en el que se redactan las decisiones, puedan comprender rápidamente el núcleo esencial de la decisión de modo que puedan considerar cuáles son los pasos que se pueden dar a continuación sin retrasos injustificados. Para cumplir esta obligación, los Estados miembros podrían, por ejemplo, adjuntar a la decisión un folleto (estándar) informativo en una lengua que el solicitante entienda.

f) En caso de decisión positiva, se debe informar al solicitante, en una lengua que entienda, de cualquier nuevo paso que deba dar. Un paso imperativo podría ser la obligación de presentarse ante las autoridades para proporcionarles la información o el material necesario para el documento de identidad u obtener este documento.

Artículo 8

El artículo 8 se refiere a las garantías procesales de la entrevista personal en primera instancia. No se refiere a las otras entrevistas que tengan lugar durante el examen, según lo descrito anteriormente de conformidad con la letra e) del artículo 2 y el apartado 4 del artículo 4. En función de la fase y naturaleza del procedimiento en primera instancia, el artículo 8 hace referencia a la entrevista personal sobre la admisibilidad y el fondo o la entrevista personal sobre el fondo.

1) Este apartado establece la garantía procesal de que el solicitante tiene derecho a una entrevista personal con un funcionario competente conforme al Derecho nacional antes de que se adopte una decisión en primera instancia, a menos que decline tal oportunidad, por ejemplo, mediante una declaración explícita o mediante sus actos (por ejemplo, ha desaparecido). Este funcionario no tiene que trabajar para la autoridad decisoria, pero debe haber recibido la formación adecuada para tal fin, de conformidad con las letras a), b) y, en su caso, c) del apartado 1 del artículo 14.

2) Este apartado establece que si se pide al solicitante que ratifique la descripción de las declaraciones efectuadas por él durante la entrevista personal, deberá serle leída la transcripción como garantía procesal mínima.

3) Los apartados 3 y 4 se refieren al problema de los miembros de la familia y personas a cargo. Las normas mínimas deberían ser que cada miembro de la familia tiene derecho a ser entrevistado por separado, incluso si se trata de personas a cargo a efectos del apartado 4 del artículo 4. Pueden hacerse excepciones en los casos a los que se refiere el apartado 5.

4) Con el término 'normalmente' se pretende expresar que la entrevista personal se realiza en presencia de miembros de la familia sólo en situaciones en las que el funcionario entrevistador lo considera oportuno para los fines perseguidos, y todos los respectivos miembros de la familia dan su consentimiento por separado.

5) El apartado 5 describe dos situaciones específicas en las que los Estados miembros pueden abstenerse de llevar a cabo una entrevista personal. Hace referencia a personas y no a solicitantes de asilo ya que puede también referirse a personas a cargo.

6) El apartado 6 establece el derecho del solicitante de asilo cuya solicitud se tramita en un procedimiento ordinario a consultar la transcripción de su propia entrevista personal.

7) El último apartado establece una norma mínima sobre la actuación adecuada en situaciones en las que hay razones para pensar que el entrevistado se siente inhibido para exponer los motivos de la solicitud de asilo de manera coherente. El artículo se refiere a personas, y no a solicitantes de asilo, porque puede también hacer referencia a las personas a cargo. Es aplicable a la situación de cualquier solicitante o persona, varón o hembra, menor o adulto que haya sido víctima de tortura o abuso sexual y para quien resulte difícil exponer los motivos de la solicitud debido a dichas experiencias, a menos que se designen para realizar la entrevista un entrevistador y un intérprete del sexo escogido por el entrevistado.

Artículo 9

Este artículo establece las garantías procesales relativas a la asistencia jurídica durante el procedimiento de asilo. Se entiende asistencia jurídica cualquier forma de asistencia prestada por cualquier persona en relación con el examen de la solicitud de asilo. Puede prestarse por un abogado u otro tipo de asesor, por ejemplo, una persona elegida por el solicitante para representarlo con este fin.

1) Este apartado establece la regla general de que el solicitante debe tener la oportunidad de ponerse en contacto con organizaciones o personas que presten asistencia jurídica en todas las fases del procedimiento.

2) El apartado 2 reconoce el interés de los Estados miembros por regular el acceso a recintos cerrados destinados al examen de solicitudes de asilo. Estos recintos pueden ser centros en el interior del territorio o centros en las zonas de tránsito de los aeropuertos, puertos de entrada etc.... El examen en estos recintos puede, pero no tiene que, tener lugar en el contexto de un procedimiento fronterizo (apartado 2 del artículo 3). La Directiva propone que los Estados miembros puedan solamente controlar el acceso con dos fines específicos: calidad de la asistencia jurídica y eficacia del examen de las solicitudes de asilo. Para asegurar la calidad de la asistencia jurídica en estos recintos, los Estados miembros pueden optar por limitar el acceso de (representantes de) organizaciones a estos recintos a los que reúnan las cualificaciones profesionales necesarias. No se puede negar el acceso a los abogados debidamente cualificados sobre la base de esta disposición. Para asegurar el examen eficaz de las solicitudes de asilo en estos recintos, incluido el cumplimiento de los plazos para la adopción de decisiones establecidos en las disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales, los Estados miembros pueden optar por establecer normas sobre los plazos y la duración del acceso a los clientes. Las medidas tomadas por Estados miembros deben ser las estrictamente necesarias para los fines descritos en este apartado y, en ningún caso, deben dar lugar, de hecho, a la anulación del derecho al acceso a la asistencia jurídica.

3) Este apartado define la norma mínima por lo que se refiere a la presencia de un abogado u otro tipo de asesor en las entrevistas personales. Por lo menos en el procedimiento ordinario, donde se suelen ventilar cuestiones más difíciles, el abogado o el asesor debe tener la oportunidad de estar presente en la entrevista personal sobre el fondo de la solicitud de asilo de su cliente. Otra norma mínima es la existencia de normas nacionales por las que se clarifique la posición jurídica de los abogados o asesores en las entrevistas que se celebren con arreglo a otros procedimientos distintos del procedimiento ordinario.

4) El último apartado de este artículo exige a los Estados miembros que garanticen que se proporciona por la autoridad decisoria asistencia jurídica gratuita al solicitante después de una decisión adversa, si éste carece de medios para pagarla.

Artículo 10

Este artículo introduce las garantías procesales adicionales necesarias para menores no acompañados de conformidad con el Plan de Acción de Viena y el Marcador de marzo de 2000.

1) El primer apartado especifica las garantías procesales que deben proporcionarse a todos los menores no acompañados, con independencia de la naturaleza del procedimiento utilizado para tramitar su solicitud.

a) La norma mínima es la asistencia en el procedimiento por un tutor legal u otro asesor. Con el término asesor se pretende incluir a un representante de la organización que sea responsable del cuidado y bienestar de los menores o de cualquier otra organización competente en estos asuntos.

b) Este apartado explica que la designación de un tutor legal u otro asesor 'tan rápidamente como sea posible' significa que esta persona debe poder ayudar al menor no acompañado que represente a prepararse para la entrevista personal sobre admisibilidad y/o fondo de la solicitud de asilo. En el transcurso de esta acción, el tutor legal u otro asesor podrá, si fuere oportuno, discutir con el menor no acompañado la necesidad de proseguir el procedimiento en el caso de que parezcan viables otras opciones. Además, este apartado establece la norma mínima de que el tutor legal u otro asesor tendrá la oportunidad de estar presente en la entrevista personal del menor no acompañado que represente y (al igual que el entrevistador) de hacerle preguntas y formular comentarios (que deberán incluirse en la transcripción de la entrevista). El principio del interés superior del menor prevalece sobre las normas nacionales generales sobre presencia en las entrevistas personales de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9.

2) El segundo apartado establece la norma mínima de que la entrevista personal sobre admisibilidad y el fondo de la solicitud de asilo de un menor no acompañado debe ser realizada por un funcionario con la necesaria cualificación en cuanto a las necesidades especiales de los menores, de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 14.

3) El último artículo establece dos normas mínimas en relación con el reconocimiento médico para determinar la edad de los menores no acompañados: a) los métodos utilizados deben ser seguros y respetuosos de la dignidad humana y b) se debe informar adecuadamente al menor no acompañado sobre el reconocimiento que va a sufrir en una lengua que entienda.

Artículo 11

1) El primer apartado de este artículo establece un marco mínimo para evaluar la legitimidad de los casos de retención que se basen en la necesidad de proceder a un examen eficaz y adecuado de las solicitudes de asilo. Por una parte, una norma básica debe ser que los solicitantes, como regla general, no deben ser retenidos por la única razón de ser solicitantes. Por otra parte, se reconoce la necesidad de los Estados miembros de retener a algunos de estos solicitantes con el fin de determinar la identidad y verificar los hechos. La descripción de los casos que responden a este propósito se extrae de la Conclusión EXCOM 44 (XXXVII). El artículo, en modo alguno, interfiere en las políticas nacionales de retención de extranjeros con otros fines ni en el trato de los retenidos en general.

2) De conformidad con el segundo apartado, los Estados miembros deben establecer por ley la posibilidad de una revisión inicial, y de subsiguientes revisiones ordinarias, de la orden de retención a la que se refiere el primer apartado.

Artículo 12

Este artículo exige a los Estados miembros adoptar las medidas oportunas para que todas las autoridades competentes (autoridades decisorias, órganos revisores y Tribunal de Apelación) cuenten con el personal y el equipo adecuados para poder cumplir con sus obligaciones, tal como se establecen en la presente Directiva.

Artículo 13

1) El apartado 1 exige a cada Estado miembro que garantice que sus autoridades decisorias tengan personal a su disposición, acceso a la información y un derecho a recabar asesoramiento.

2) El objetivo del apartado 2 es garantizar que, en la medida de lo posible, los órganos revisores reciban el mismo trato que las autoridades decisorias en cuanto a la información referente a la situación existente en los países de origen de los solicitantes de asilo y los países de tránsito.

Artículo 14

1) Este artículo detalla los requisitos mínimos de la formación del personal responsable de poner en práctica las obligaciones establecidas en la Directiva. En principio, para aplicar la Directiva, se considera suficiente un curso de formación inicial. Por supuesto, los Estados miembros pueden prever formación adicional en oportunos intervalos de tiempo. En aras de una mayor exactitud, se relacionan los tipos de personal de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones desarrolladas.

a) Esta letra se refiere al personal responsable de las obligaciones establecidas en el artículo 4.

b) Esta letra se refiere al personal responsable de realizar las entrevistas personales tal como se señala, entre otros, en el artículo 8 y otras entrevistas que respondan a los términos del examen de una solicitud de asilo, tal como se describe en la Directiva.

c) Ésta es una forma específica de formación relacionada con la obligación establecida en el apartado 2 del artículo 10.

d) Esta clase de formación debe impartirse tanto al personal mencionado en la letra b) como al personal de las autoridades decisorias responsable de la adopción de decisiones sobre la admisibilidad y/o el fondo de las solicitudes de asilo. Ambos tipos de personal necesitan familiarizarse con todas las cuestiones (jurídicas) que pueden surgir al examinar una solicitud de asilo en el correcto desarrollo de sus obligaciones.

e) Este apartado se refiere al personal responsable de las obligaciones establecidas en el artículo 11.

2) El objetivo de este apartado es garantizar que el personal pertinente de las órganos revisores reciba el mismo trato que las autoridades decisorias en cuanto a la formación necesaria para desarrollar sus obligaciones. Puede resultar necesario extender la formación de la letra c) al personal de los órganos revisores si a los menores no acompañados se les concede una audiencia en segunda instancia. La formación conforme a la letra d) se considera formación básica a los efectos de la adopción de decisiones, por lo que lógicamente debe extenderse al personal de los órganos revisores que desempeñen estas tareas.

Artículo 15

Este artículo exige a los Estados miembros adoptar las medidas apropiadas para garantizar el secreto de la información relativa a las solicitudes de asilo. Estas medidas deberían tener en cuenta las normas específicas de los apartados 2 y 3 sobre el intercambio de información con el país de origen y el papel del ACNUR, tal como se hace hincapié en el apartado 4.

1) Las medidas apropiadas podrían incluir cualquier norma necesaria para garantizar un intercambio seguro de información entre las diversos servicios de la Administración del Estado miembro responsables del examen de las solicitudes de asilo, normas para el intercambio de información entre estos servicios y otros servicios y normas mediante las que se permita a determinadas instituciones independientes (por ejemplo, el Defensor del Pueblo) investigar el intercambio de información entre estos servicios de la Administración o normas para facilitar a terceras partes el acceso al estudio y a la investigación.

2) La información relativa a una solicitud individual de asilo no debe compartirse con el país de origen del solicitante.

3) Los Estados miembros pueden, sin embargo, necesitar obtener cierta información en los países de origen para decidir sobre una solicitud. Conforme a este apartado deben asegurarse de que los métodos utilizados no llevan a que las autoridades del país de origen llegan a tener conocimiento de los solicitantes. Las autoridades responsables del examen de la solicitud pueden, por ejemplo, pedir al departamento competente del Ministerio de Asuntos Exteriores que lleve a cabo o inicie investigaciones en el país de origen del solicitante que, en caso necesario, pueden incluir la consulta de documentos oficiales de ciertas autoridades del país de origen. Sin embargo, hay que tener el máximo cuidado para evitar que, como consecuencia de estas investigaciones, el que esta persona haya solicitado el asilo llegue a ser conocido por cualquier persona que esté de alguna manera relacionada con las autoridades del país de origen.

4) Cualquier norma relativa a este asunto debe tener en cuenta el mandato específico del ACNUR conforme a la Convención de Ginebra, según lo establecido en el artículo 17 de la presente propuesta.

Artículo 16

Este artículo se refiere al archivo del caso cuando el solicitante voluntariamente ha retirado su solicitud de asilo o ha desaparecido. Para adoptar un planteamiento estándar de este problema en todos los Estados miembros, si bien no se obliga a los Estados miembros a adoptar una decisión oficial en estos casos, el artículo propone que, por lo menos, se deje constancia en los archivos de la autoridad decisoria de la interrupción del examen para poner fin al procedimiento desde un punto de vista administrativo y jurídico. Serviría de fecha de clausura del procedimiento. Permitiría a los Estados miembros recuperar la información necesaria en situaciones en las que reapareciera el solicitante en el mismo u otro Estado miembro y se planteara el problema de la responsabilidad del examen de una nueva solicitud. El tercer apartado permite a los Estados miembros denegar una solicitud de este tipo como solicitud manifiestamente infundada de conformidad con la letra d) del apartado 1 del artículo 28, cuando no se presente ningún hecho pertinente en cuanto a su situación particular o la situación en el país de origen del solicitante.

Artículo 17

Este artículo establece tres ámbitos diferentes de responsabilidad del ACNUR: acceso a los solicitantes de asilo (apartado 1); acceso a la información relativa a solicitudes individuales de asilo (apartado 2) y poder de presentar informes en los procedimientos de asilo (apartado 3), habida cuenta de su mandato de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra.

Capítulo III: Admisibilidad

Artículo 18

El artículo 18 enumera los casos en que los Estados miembros pueden denegar una solicitud de asilo por inadmisible. En el documento de trabajo se propuso establecer una clara distinción entre la decisión de no considerar el fondo de una solicitud de asilo porque el solicitante podría ser devuelto a un país tercero y la decisión de denegar una solicitud de asilo por razones de fondo. Por consiguiente, el concepto de admisibilidad en el documento de trabajo se limitó a la determinación de si el Estado miembro en cuestión debería considerar el fondo de la solicitud, o si el solicitante debería ser enviado a un tercer país. Se distinguen dos tipos de concepto de país tercero seguro de conformidad con las conclusiones EXCOM n° 15 (XXX) de 1979 y 58 (XL) de 1989. Por lo tanto, en el artículo 18 se establece que los Estados miembros podrán denegar una solicitud particular de asilo por inadmisible si:

a) Otro Estado miembro es responsable del examen de la solicitud según los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo. Ello hace referencia a la aplicación del Convenio de Dublín así como de cualquier instrumento jurídico comunitario basado en la letra a) del apartado 1 del artículo 63 del Tratado CE. En cuanto a las condiciones de la aplicación puede hacerse referencia tanto al convenio de Dublín como, a su debido tiempo, a este instrumento futuro.

b) Un país se considera primer país de asilo para el solicitante. Este país no puede ser un Estado miembro ya que una norma de este tipo se opondría al Convenio de Dublín o el instrumento que le suceda. En el artículo 20 figuran otras condiciones de aplicación.

c) Un país se considera país tercero seguro para el solicitante. También en este caso este país no puede ser un Estado miembro ya que una norma de este tipo se opondría al Convenio de Dublín o el instrumento que le suceda. En los artículos 21 y 22, así como en el Anexo mencionado en el apartado 1 del artículo 21 figuran otras condiciones de aplicación.

Artículo 19

El artículo 19 establece una garantía procesal específica en el supuesto de que un Estado miembro esté considerando la aplicación del Convenio de Dublín o, en su momento, del instrumento que le suceda. Cuando un Estado miembro formule a otro Estado miembro la petición de que asuma la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo, el Estado miembro requirente debe informar al solicitante en cuestión tan rápidamente como sea posible de esta petición, su contenido y los plazos pertinentes en una lengua que comprenda. Esta garantía procesal específica responde al enfoque general de la presente propuesta de proporcionar, siempre que sea necesario, garantías para que el solicitante se mantenga al corriente de la situación en que se encuentra su solicitud: véanse las letras a), e) y f) del apartado 1 del artículo 7, que se aplican igualmente a la decisión de los órganos revisores, y el apartado 4 del artículo 24.

Artículo 20

Este artículo define un país como primer país de asilo para un solicitante de asilo si este solicitante particular ha sido admitido en dicho país como refugiado o por otras razones que justifiquen la concesión de protección y todavía puede valerse de esta protección. Esta definición se ajusta al apartado (k) de la conclusión EXCOM n° 15 (XXX) de 1979 en la que se solicita a los Estados que acojan favorablemente las solicitudes de asilo en las que el solicitante alegue tener razones imperiosas para salir del primer país de asilo por miedo a ser perseguido.

Artículo 21

De conformidad con el apartado 1 del artículo 21 los Estados miembros pueden utilizar el concepto de país tercero seguro para denegar las solicitudes por inadmisibles si la designación de un país como país tercero seguro es conforme a los principios fijados en el Anexo I. Estos principios se componen de dos capítulos. En el primero se establecen los requisitos materiales de la designación. Un país tiene que observar ciertas normas para poder considerarse país tercero seguro. En el segundo se establece el procedimiento de designación. En resumen, cualquier designación debería basarse en información pública. Estos principios se aplican independientemente de la existencia de una lista nacional en la que se designen determinados países como países terceros seguros por se. Por lo tanto, si un Estado miembro desea denegar una solicitud de asilo específica por inadmisible porque el solicitante haya estado en un tercer país concreto y hasta la fecha no haya habido ningún precedente en cuanto a la seguridad de este país para un solicitante de su nacionalidad, el primer paso de la autoridad decisoria de dicho Estado miembro tendría que ser investigar si estos principios generales se aplican a este país tercero específico respecto de personas con la nacionalidad y otras características fundamentales del solicitante. No necesita llevarse a cabo esta parte específica de la investigación si dicho Estado miembro ya ha designado el tercer país como país tercero seguro en casos anteriores, de conformidad con los principios del Anexo I, o ha publicado una declaración política con este fin, por ejemplo incluyendo al país en su lista de países terceros seguros. Con el fin de evitar la duplicación en estas investigaciones, se sugiere que se haga uso del Comité de Contacto.

Artículo 22

En este artículo se establecen los requisitos para denegar una solicitud por inadmisible sobre la base del concepto de país tercero seguro. El primer requisito es que el tercer país sea, de hecho, 'un país tercero seguro', es decir, un país considerado país tercero seguro de conformidad con los principios del Anexo I. El segundo requisito es que este país tercero seguro pueda ser considerado país tercero seguro para el solicitante en cuestión. Esto ocurre sólo si, con independencia de cualquier lista, en su caso concreto, se reúnen las tres condiciones establecidas en las letras (a) a (c).

a) El solicitante deberá tener un vínculo con el país tercero. El asilo no debe rechazarse por el único motivo de que podría buscarse en otro Estado. La conclusión EXCOM n° 15 (XXX) de 1979 hace referencia a una conexión (por ejemplo la emisión de un visado, una estancia previa) y estrechos vínculos (por ejemplo, presencia de miembros de la familia). También sería un vínculo una estancia previa que le hubiera permitido valerse de la protección de las autoridades. Todo ello debería evaluarse individualmente por cada Estado miembro de conformidad con su jurisprudencia nacional, probablemente teniendo en cuenta, entre otras cosas, la duración y naturaleza de la estancia.

b) Hay motivos para considerar que se readmitirá al solicitante en el país tercero. Aunque en la presente propuesta no se impone ninguna garantía explícita de (re)admisión del solicitante individual, cualquier consideración de la aplicación del concepto de país tercero seguro debe tener en cuenta cómo las autoridades del tercer país responderán a la llegada del solicitante. Este aspecto debería también ser evaluado individualmente por cada Estado miembro sobre la base de todas pruebas pertinentes relacionadas con, entre otras cosas, las experiencias previas, la información del ACNUR y de otros Estados miembros y la existencia de acuerdos de readmisión. Una vez más, los intercambios de impresiones y experiencias en el Comité de Contacto contribuirán a que los Estados miembros se mantengan informados de la evolución de los acontecimientos y a evitar la innecesaria duplicación de investigaciones.

c) Finalmente, la decisión tendrá que demostrar que la autoridad decisoria ha considerado y evaluado la información que el solicitante haya podido suministrar, indicando que el país tercero seguro no sería país tercero seguro en sus circunstancias particulares. Aunque en ese país, en general, se trate bien a sus compatriotas, puede que el solicitante corra una suerte diferente habida cuenta de sus particulares antecedentes. En cualquier aplicación del concepto de país tercero seguro subyace esta presunción iuris tantum.

Artículo 23

El artículo 23 establece plazos para el examen de los casos de primer país de asilo y país tercero seguro, equiparándolos a los plazos para el examen de solicitudes manifiestamente infundadas. Para las razones de estos plazos, véanse los comentarios sobre el artículo 29. Los plazos para este tipo de caso se proponen, en primer lugar, como garantía procesal para los solicitantes. Un plazo para un procedimiento de admisibilidad garantiza que no se pueda tener durante un período indebidamente largo de tiempo en suspenso al solicitante en cuanto a si las autoridades decisorias admitirán o no su caso en el procedimiento sustantivo de decisión. En segundo lugar, un plazo constituye un requisito mínimo para la adopción de decisiones. Como, lógicamente, cualquier investigación sobre la inadmisibilidad precede a cualquier otra forma de examen, adoptar una decisión no ha de llevar mucho tiempo.

Capítulo IV: Procedimientos sustantivos de decisión

Sección 1: Procedimiento ordinario

Artículo 24

El artículo 24 establece las normas mínimas referentes al examen de solicitudes de asilo en el procedimiento ordinario. Su principal objetivo es introducir mecanismos equitativos y eficientes para superar lagunas o rigideces del sistema.

1) El primer apartado hace hincapié en la libertad de los Estados miembros para determinar los plazos en este tipo de casos, aunque exige que sean razonables. Los plazos no deben ampliarse, en los casos difíciles, más allá de lo que sea práctica habitual.

2) El objetivo del segundo apartado es permitir al solicitante de asilo al que no se comunique a tiempo una decisión recordar a las autoridades competentes la obligación impuesta por su Gobierno y pedir una decisión rápida. Los Estados miembros deben determinar por ley si las decisiones del órgano revisor sobre este tipo de petición resolverán sobre el fondo del caso, determinando el estatuto de refugiado en vez de la autoridad decisoria, o establecerán un plazo para que la autoridad decisoria adopte la decisión. Una decisión sobre el fondo del caso contribuiría a evitar retrasos en los procedimientos pero requeriría que el órgano revisor tuviera facultad para determinar la estatuto de refugiado.

3) Es concebible que la autoridad decisoria pueda tener razones legítimas para no adoptar a tiempo la decisión. Por lo tanto, el tercer apartado permite una ampliación del plazo de seis meses si, por ejemplo, la autoridad decisoria aguarda una clarificación por parte del órgano revisor o del Tribunal de Apelación sobre una cuestión que pueda afectar a la naturaleza de la decisión sobre la solicitud.

Para poder ampliar efectivamente el plazo en las circunstancias descritas en el apartado 3 en un caso individual, la autoridad decisoria debe informar correctamente al solicitante en cuestión de la situación.

Artículo 25

En este artículo se fijan los criterios de verificación del examen de los casos ordinarios. Se establece que los Estados miembros han de tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que se da a los solicitantes la oportunidad de cooperar con las autoridades competentes con este fin (apartado 1), se define lo que constituye cooperación suficiente por parte del solicitante (apartado 2) y se establecen las obligaciones subsiguientes de las autoridades decisorias de examinar los hechos del caso (apartado 3). El último apartado describe las consecuencias cuando un caso coherente y plausible no concuerda con hechos generalmente conocidos: aplicación del principio del beneficio de la duda al solicitante.

Artículo 26

Este artículo trata el problema de la retirada del estatuto de refugiado a efectos de la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 del Tratado CE. Se ha incluido la anulación del estatuto de refugiado.

1) Un sistema creíble de examen de las solicitudes de asilo debe también poder subsanar errores previos. En este apartado se establece el requisito de que la autoridad decisoria competente debe poder iniciar el examen para retirar o anular el estatuto de refugiado de una persona concreta tan pronto como salga a la luz información de la que se desprenda que hay razones para reconsiderar la validez de su estatuto de refugiado.

2) La anulación o la retirada del estatuto de refugiado podría tener consecuencias muy graves para la persona en cuestión. Las decisiones deben elaborarse cuidadosamente y la persona en cuestión debe ser confrontada en una entrevista personal con la información que ha salido a la luz de la que se desprenda que hay razones para reconsiderar la validez de su estatuto de refugiado. Por otra parte, dicha persona debería poder reflexionar sobre la información y expresar sus opiniones tras la entrevista personal ya que la información y los puntos de vista de la autoridad decisoria pueden no responder plenamente a la situación real del solicitante. Estas garantías procesales apuntan hacia un procedimiento ordinario, habida cuenta de la garantía establecida en apartado 6 del artículo 8 de la presente Directiva. Si bien la propuesta establece, por lo tanto, que cada anulación o retirada del estatuto de refugiado debe examinarse en un procedimiento ordinario, no impide a los Estados miembros dar prioridad a estos casos.

3) El último apartado de este artículo establece que, en estos casos, los Estados miembros pueden establecer una excepción a la aplicación de los artículos 7 (garantías de ser informado, de que se le explique la decisión en una lengua que entienda) y 8 (derecho a una entrevista personal) de la presente Directiva cuando éstos sean imposibles de aplicar. Así ocurre cuando la persona en cuestión se ha reinstalado voluntariamente en el país donde temía ser perseguido. En este supuesto estas garantías parecen innecesarias y, de hecho, son imposibles de aplicar.

Sección 2: Procedimiento acelerado

Artículo 27

El artículo 27 establece que los Estados miembros podrán adoptar o mantener un procedimiento acelerado para tramitar los casos que se supone son manifiestamente infundados de conformidad con las definiciones que figuran en la propuesta.

Artículo 28

1) La redacción de las letras a) y b) de apartado 1 del artículo 28 se inspira en la de la conclusión EXCOM n° 30 (XXXIV) de 1983, en la que se definen como solicitudes manifiestamente infundadas las que sean claramente fraudulentas o no guarden relación con los criterios de concesión del estatuto de refugiado establecidos en la Convención de Ginebra. Se añaden otras cuatro definiciones de acuerdo con la práctica de algunos Estados miembros. Todas las definiciones tienen en común que describen las razones para no investigar una solicitud más a fondo porque hechos claros y evidentes lo hacen innecesario.

a) En la primera letra se describe las solicitudes con informaciones falsas en cuanto a la identidad y la nacionalidad. La petición de un solicitante no debe investigarse más si, sin causa razonable, se proporciona una información falsa sobre su identidad o nacionalidad, lo que minará fundamentalmente la credibilidad de una petición. Éste no es necesariamente el caso de declaraciones no ciertas o información falsa sobre las experiencias del solicitante en su país de origen o la situación general de ese país. Estas inconsistencias o contradicciones deberían examinarse a la luz de todas las circunstancias del caso.

b) En esta letra se describe la situación de un solicitante indocumentado que haya comunicado a la autoridad decisoria cierta información sobre su identidad o nacionalidad, que, sin embargo, no ha sido suficiente para determinar plenamente su identidad o nacionalidad. Así ocurre si la petición no es convincente y la información aportada sobre la identidad y los itinerarios de viaje contiene contradicciones. En estos casos puede denegarse la solicitud como manifiestamente infundada si, además, hay razones serias para considerar que de mala fe ha destruido o se ha deshecho del documento de identidad o viaje que hubiera podido facilitar la determinación de su identidad o nacionalidad.

c) El objetivo de la tercera letra es evitar el abuso del procedimiento de asilo por una persona que esté a punto de ser deportada.

d) La cuarta letra abarca los casos en que un solicitante ha alegado razones que no justifican la protección o, al explicar su petición, ha descrito hechos que no justifican la protección. Esta definición abarcaría dos situaciones: (1) los motivos de la solicitud caen fuera del ámbito de la Convención de Ginebra; el solicitante ha alegado razones como la búsqueda de trabajo o mejores condiciones de vida; (2) la solicitud carece totalmente de contenido ya que el solicitante no proporciona ninguna indicación de estar expuesto al temor a la persecución o su historia no contiene ningún detalle de índole circunstancial o personal.

e) La quinta letra establece la posibilidad de denegar una solicitud por ser manifiestamente infundada si el solicitante es de un país de origen seguroa efectos de los artículos 30 y 31.

f) La letra final establece la posibilidad de denegar una solicitud por ser manifiestamente infundada si el solicitante presenta una nueva solicitud que no plantee ningún hecho nuevo pertinente en cuanto a sus circunstancias particulares o la situación en su país de origen. A los efectos de esta letra nuevas solicitudes pueden ser solicitudes segundas o múltiples ('solicitudes repetidas') que se presenten antes o después de que se haya adoptado una decisión firme en el procedimiento de asilo, solicitudes formuladas en relación con hechos ocurridos después de que el solicitante hubiera salido de su país de origen (refugiados 'in situ') o solicitudes en las que se solicite la reconsideración de una decisión firme por haber surgido posteriormente nuevos hechos que arrojen una luz diferente sobre dicha decisión.

2) De acuerdo con las sugerencias del documento de trabajo, el apartado 2 del artículo 28 excluye explícitamente considerar como manifiestamente infundada cualquier solicitud que pueda rechazarse sobre la base de la letra F del artículo 1 de la Convención de Ginebra o sobre la base de que exista una alternativa de huida interna.

Artículo 29

Este artículo fija unos plazos como parte integrante del marco común del procedimiento acelerado. Se introducen dos plazos. El primer exige que la entrevista personal se lleve a cabo en el plazo de 40 días hábiles después de que se haya formulado la solicitud (apartado1). El segundo exige una decisión sobre la entrevista personal en el plazo de 25 días hábiles (apartado 2). La razón principal para establecer un plazo para los procedimientos acelerados es que el examen de una solicitud que sea manifiestamente infundada no debe requerir mucho tiempo. La Resolución de 1992 sobre solicitudes manifiestamente infundadas estableció que las decisiones iniciales deberían adoptarse lo más rápidamente posible y, como muy tarde, en el plazo de un mes. Este plazo se ha considerado demasiado ambicioso, por lo que se ha establecido uno menos riguroso. Se introducen dos plazos por razones de equidad y eficiencia. En primer lugar, no es razonable que se entreviste a un solicitante de asilo después de un considerable lapso de tiempo y, sin embargo, se le aplique una decisión que se ha adoptado en un procedimiento denominado acelerado. Por lo tanto, se propone un plazo para la entrevista personal. En segundo lugar, no es razonable que una autoridad decisoria decida denegar una solicitud por ser manifiestamente infundada después de haber pasado un considerable lapso de tiempo examinando el resultado de una entrevista personal. Las autoridades decisorias ya deben haber empezado el examen del caso antes de la entrevista personal, mientras que, desde el punto de vista del solicitante, la entrevista personal aumenta sus expectativas de que se esté examinando su caso y de que pronto se alcance una decisión. En los casos en los que no se ha realizado ninguna entrevista personal, el plazo para adoptar una decisión a los efectos del presente artículo será la suma de ambos plazos, es decir, 65 días hábiles.

Artículo 30

Los artículos 30, 31 y 41 establecen conjuntamente el enfoque común propuesto de países de origen seguros. El enfoque es idéntico al del de los países terceros seguros, tal como se describe en los comentarios sobre el artículo 21.

Artículo 31

Este artículo fija los requisitos para denegar una solicitud por ser manifiestamente infundada por el motivo de que el país de origen es seguro. El primer requisito es que el país de origen del solicitante sea, de hecho, 'un país de origen seguro' de conformidad con los principios del Anexo correspondiente. El segundo requisito es que el país pueda ser considerado como país de origen seguro para el solicitante concreto. Esto sólo ocurre si (a) tiene la nacionalidad de este país o, si es apátrida, es su país de residencia habitual anterior y (b) no hay razones para considerar que el país no sea un país de origen seguro en sus circunstancias particulares. Este último elemento constituye, de hecho, la presunción iuris tantum que subyace en cualquier supuesto de aplicación del concepto de país de origen seguro.

Capítulo V: Recursos

Artículo 32

El párrafo primero de este artículo establece el derecho a recurrir; el segundo contiene una disposición sobre el alcance de ese derecho. El artículo se aplica a las decisiones sobre solicitudes inadmisibles y manifiestamente infundadas y a las decisiones adoptadas en el procedimiento ordinario.

En el párrafo primero se declara que los solicitantes de asilo tienen derecho a recurrir cualquier decisión que se adopte sobre la admisibilidad o el fondo de su solicitud.

En el párrafo segundo se establece que el recurso puede, pero no necesariamente tiene que, versar tanto sobre cuestiones de hecho como de Derecho. El órgano revisor no puede por sí mismo limitarse a cuestiones de Derecho, a menos que no haya controversia entre las partes sobre los hechos.

Cuando en este artículo, o en otros artículos de este capítulo, se hace referencia a casos inadmisibles, se incluyen los casos que se deniegan por inadmisibles sobre la base del Convenio de Dublín o el instrumento que le suceda. El instrumento que suceda al Convenio de Dublín podrá establecer normas sobre recurso en primera o ulterior instancia que sustituyan a las de los artículos de este capítulo en dichos casos.

Artículo 33

Este artículo establece normas sobre los efectos suspensivos de todos los casos de recurso. La Comisión propone que el recurso tenga efectos suspensivos, excepto en un número limitado de casos. El artículo se aplica tanto a las decisiones sobre solicitudes inadmisibles y manifiestamente infundadas como a las decisiones adoptadas en el procedimiento ordinario.

1) El primer apartado establece que el recurso tendrá efectos suspensivos, como consecuencia de lo cual el solicitante podrá permanecer en el territorio o en la frontera del Estado miembro de que se trate a la espera de la decisión del órgano revisor.

2) El segundo apartado permite a los Estados miembros establecer una excepción a la aplicación de la regla general de que el recurso tiene efectos suspensivos en los casos de país tercero seguro, casos manifiestamente infundados y en los casos relacionados con los conceptos de orden público y seguridad nacional. Respecto del último caso, estos términos se toman de la Convención de Ginebra, en cuyo artículo 32 se estipula que los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes.

3) El tercer apartado establece la norma mínima de que en cada supuesto de denegación de los efectos suspensivos, el solicitante tiene derecho a dirigirse a la autoridad competente solicitándole autorización para permanecer en el territorio o en la frontera del Estado miembro durante el procedimiento de revisión o recurso. No puede tener lugar ninguna expulsión mientras la autoridad competente no haya adoptado una decisión sobre dicha petición.

4) El último apartado exige a la autoridad competente que tramite la petición lo más rápidamente posible.

Artículo 34

Este artículo se refiere al marco general de adopción de las decisiones sobre los recursos en todos los casos. Los primeros cuatro párrafos se aplican tanto a las decisiones sobre solicitudes inadmisibles y manifiestamente infundadas como a las adoptadas en el procedimiento ordinario.

1) Conforme a este apartado, los Estados miembros fijarán, mediante disposiciones legislativas o reglamentarias, plazos razonables para la interposición del recurso y la exposición de los motivos del mismo. Aunque los plazos pueden variar considerablemente, se considera razonable que, en general, los plazos para recurrir en casos inadmisibles o manifiestamente infundados sean más cortos que los de los supuestos ordinarios. Sólo se propone que el plazo para la exposición de los motivos del recurso en los casos ordinarios no deba ser inferior a 20 días hábiles. La Comisión prevé discutir en el Comité del Contacto qué son plazos razonables.

2) Conforme a este apartado, los Estados miembros establecerán todas las demás normas necesarias para la interposición del recurso, incluidas normas sobre la ampliación, por una causa razonable, del plazo para la exposición de los motivos de recurso.

3) En este apartado la propuesta introduce dos posibilidades de adopción de decisiones en la resolución del recurso. Los Estados miembros decidirán si el órgano revisor tiene capacidad para confirmar o anular la decisión de la autoridad decisoria o si debe adoptar una decisión sobre el fondo del caso.

4) Si los Estados miembros deciden que el órgano revisor tiene capacidad para confirmar o anular la decisión de la autoridad decisoria, el órgano revisor deberá, por consiguiente, remitir el caso a dicha autoridad cuando anule una decisión.

5) El último apartado faculta a los Estados miembros en los que se apliquen procedimientos fronterizos, tal como se describen en el apartado 2 del artículo 3, para prever una decisión muy rápida sobre el recurso en estos casos.

Artículo 35

Ningún procedimiento acelerado sería realmente práctico si la decisión de un órgano revisor en un caso acelerado llevara (casi) tanto tiempo como en un caso ordinario. En este artículo, por lo tanto, se establece un plazo para las decisiones de los órganos revisores en casos inadmisibles y manifiestamente infundados. El primer apartado establece que la decisión de un órgano revisor en un caso inadmisible o manifiestamente infundado debe adoptarse en el plazo de los 65 días hábiles posteriores a la interposición del recurso. El segundo apartado indica que los Estados miembros podrían establecer plazos en otros casos. Con ello se incrementaría la seguridad jurídica sobre la duración del procedimiento desde el punto de vista de los solicitantes. De acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del artículo 38 se podría también facultar a los solicitantes para responsabilizar de los retrasos a los órganos revisores mediante un procedimiento similar al del apartado 2 del artículo 24. El apartado tercero se refiere a unas normas mínimas, similares a las establecidas en el apartado 3 del artículo 24.

Artículo 36

Este artículo permite a Estados miembros introducir, en vez del recurso, un procedimiento de revisión automática de las decisiones de las autoridades decisorias en casos inadmisibles y manifiestamente infundados. En algunos Estados miembros ya existe la revisión automática. El sistema se describe en la Resolución del Consejo de 1995 relativa a las garantías mínimas como una alternativa al recurso. Con la revisión automática se ahorra tener que esperar a que el solicitante interponga el recurso ya que se requiere inmediatamente al órgano revisor para que confirme o anule la decisión adoptada por la autoridad decisoria, lo que permite al Estado miembro aplicar rápidamente una decisión adversa cuando ésta no se anula.

1) Este apartado da a los Estados miembros la opción de introducir la revisión automática en casos inadmisibles y manifiestamente infundados.

2) El segundo apartado impone a esos Estados miembros que introduzcan tal procedimiento el establecimiento de plazos razonables para que el solicitante presente sus comentarios por escrito. Así pues, estos procedimientos incluyen la garantía de que los solicitantes de asilo pueden formular sus objeciones a una decisión adversa como en un procedimiento de impugnación ordinario. Dada la naturaleza de la revisión automática como salvaguardia adicional para la adopción de decisiones asumida por las propias autoridades, este plazo puede ser breve.

3) El objetivo del tercer apartado es garantizar que la revisión automática está sujeta a las mismas normas mínimas que el recurso en cuanto a la adopción de decisiones, con excepción de las normas sobre plazos.

Artículo 37

Esta disposición establece la posibilidad de introducir el recurso acelerado (artículo 35) o la revisión automática (artículo 36) a algunos casos ordinarios. El recurso acelerado garantizaría que el órgano revisor considerara prioritario adoptar una decisión en estos casos. Del mismo modo, algunos Estados miembros pueden entender que ciertos casos ordinarios son de naturaleza sensible y, con independencia del deseo del solicitante de recurrir, requieren una revisión Podrían estar en juego ciertos principios jurídicos; la Administración podría sentirse más confiada si está respaldada por el órgano revisor a la hora de aplicar una decisión adversa. Como con los casos inadmisibles y manifiestamente infundados, la aplicación de la revisión automática podría verse, de esta manera, como una salvaguardia adicional en el proceso de adopción de decisiones de las autoridades.

a) El primer motivo es que el solicitante, sin causa razonable y de mala fe, haya ocultado información en una primera fase del procedimiento, lo que habría dado lugar a que se denegara la solicitud por ser inadmisible o manifiestamente infundada. La autoridad decisoria puede desear dar prioridad a estos casos y pedir que el órgano revisor adopte un enfoque similar.

b) El segundo motivo es que el solicitante haya cometido un delito grave en el territorio del Estado miembro o de otro Estado miembro. El recurso acelerado o la revisión automática en estos casos, y en los casos descritos en las letras c), d) y e) refleja la voluntad de la autoridad decisoria de asegurar una decisión rápida.

c) El tercer motivo es que manifiestamente existan razones graves para considerar que los motivos de la letra F del artículo 1 de la Convención de Ginebra se aplican al solicitante. No todos los supuestos de la letra F del artículo 1 merecerían este trato, habida cuenta de la complejidad del tema de la exclusión.

d) El cuarto motivo es que haya motivos razonables para considerar al solicitante como un peligro para la seguridad del Estado miembro en que ese encuentre. Este motivo se basa en el apartado 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra.

e) El solicitante que haya sido condenado en sentencia firme por un delito particularmente grave constituye un peligro para la comunidad del Estado miembro en que se encuentre. Este motivo se basa también en el apartado 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra.

f) El motivo final es que se el solicitante esté retenido. Este podría ser el tipo de caso al que hay que dar prioridad en cualquier circunstancias.

Artículo 38

En este artículo se establece el derecho a un recurso ulterior y se configura el marco general de resolución de tales recursos.

1) En este apartado se establece que, en todos los casos, los solicitantes de asilo tienen derecho a un recurso ulterior contra las decisiones de los órganos revisores.

2) En este apartado se establece que el Tribunal de Apelación tiene competencia para examinar las decisiones tanto en cuanto a los hechos como en cuanto a los fundamentos de Derecho, a menos que ya haya habido una revisión judicial tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho. Por consiguiente, si el órgano revisor es un órgano judicial, los estados miembros pueden limitar el examen del Tribunal de Apelación a las cuestiones de Derecho.

3) En este apartado se establece que, en los casos inadmisibles y manifiestamente infundados, los Estados miembros pueden facultar al Tribunal de Apelación para denegar el recurso y, en caso de aceptación del recurso, para examinar las cuestiones de Derecho pertinentes en un procedimiento sumario o acelerado. Un procedimiento sumario podría ser uno en el que no se celebrara vista. Una razón para denegar el recurso pudiera ser que se alegara un fundamento de Derecho que, según la jurisprudencia existente, no invalide la decisión.

4) En este apartado se faculta a los Estados miembros que así lo deseen para introducir el derecho de los solicitantes y las autoridades decisorias de pedir una resolución al Tribunal de Apelación en los casos en que los órganos revisores no hayan adoptado una decisión a su debido tiempo. Se podrá pedir al Tribunal de Apelación que adopte una resolución en la que se fije un plazo para la decisión del órgano revisor.

5) En este apartado se establecen normas mínimas para el recurso ulterior, que son similares a las establecidas en el apartado 1 del artículo 35 para el recurso.

6) En el apartado final se establecen normas mínimas para el recurso ulterior, que son similares a las establecidas en el apartado 2 del artículo 35.

Artículo 39

En este artículo se establecen normas mínimas sobre los efectos suspensivos del recurso ulterior.

1) Conforme al primer apartado los Estados miembros deben establecer, mediante ley, normas sobre los efectos suspensivos del recurso ulterior a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación. Los Estados miembros pueden optar por no prever ningún efecto suspensivo como regla general.

2) En el segundo apartado se establece la norma mínima de que, en caso de que se niegue el efecto suspensivo de un recurso ulterior, el solicitante tiene derecho a solicitar al Tribunal de Apelación autorización para permanecer en el territorio o en la frontera del Estado miembro mientras dure el procedimiento en la instancia ulterior. No puede tener lugar ninguna expulsión mientras el Tribunal de Apelación no haya dictado una resolución sobre esta petición.

3) En el tercer apartado se establece que los Estados miembros podrán decidir que el Tribunal de Apelación adopte una resolución lo más rápidamente posible.

4) El último apartado faculta a los Estados miembros que aplican procedimientos fronterizos, tal como se describe en el apartado 2 del artículo 3, para prever una resolución muy rápida del recurso ulterior en estos casos.

Artículo 40

De conformidad con este artículo, los Estados miembros pueden decidir que el derecho a interponer un recurso ulterior en los casos ordinarios y el derecho a interponer un recurso ulterior en los casos inadmisibles y manifiestamente infundados pueden también ampliarse a las autoridades decisorias. Los Estados miembros pueden querer hacer uso de esta opción si deciden, de conformidad con el apartado 3 del artículo 34 o el apartado 3 del artículo 36 que los órganos revisores han de adoptar una decisión sobre el fondo del caso.

Capítulo V: Disposiciones generales y finales

Artículo 41

Se incluye una disposición estándar sobre no discriminación. Su redacción se basa en el artículo 3 de la Convención de Ginebra y el artículo 13 del Tratado CE.

Artículo 42

Este artículo es una disposición normal en Derecho comunitario, por la que se establecen sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, dejando a los Estados miembros la competencia discrecional de determinar las sanciones aplicables en caso de violación de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la Directiva.

Artículo 43

Se encarga a la Comisión la elaboración de un informe sobre el estado de la aplicación de la Directiva por los Estados miembros, de conformidad con el papel que le corresponde de velar por la aplicación de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud del Tratado. Se le encarga también la propuesta de eventuales modificaciones de la Directiva. Debe presentarse un primer informe, como muy tarde, dos años después de la incorporación de la Directiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros. Tras este primer informe, se encarga a la Comisión la elaboración de un informe sobre la aplicación de la Directiva, al menos, cada cinco años

Artículo 44

Los Estados miembros están obligados a incorporar la presente Directiva en sus ordenamientos jurídicos antes del 31 de diciembre del 2002. Se trata del mismo plazo que el fijado en la Directiva relativa a unas normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida. Informarán a la Comisión de las modificaciones de sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativa e incluirán una referencia a la presente Directiva en la aprobación de dichas disposiciones.

Artículo 45

En este artículo se fija la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

Artículo 46

Los Estados miembros son el únicos destinatario de la Directiva.

Anexo I

El anexo I contiene los principios de la designación de países terceros seguros.

Anexo II

El anexo II contiene los principios de la designación de países de origen seguros.

2000/0238 (CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra d) del punto 1) del párrafo primero de su artículo 63,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C [... ], [... ], p. [... ].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2],

[2] DO C [... ], [... ], p. [... ].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [3],

[3] DO C [... ], [... ], p. [... ].

Considerando lo siguiente:

(1) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Comunidad.

(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, una vez completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución, lo que significa que se observe el principio de no devolución.

(3) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo común del asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas comunitarias que lleven a un procedimiento común de asilo en la Comunidad.

(4) Unas normas mínimas sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado constituyen, por lo tanto, una primera medida sobre procedimientos de asilo sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que se adopten con el fin de aplicar la letra d) del punto 1) del párrafo primero del artículo 63 del Tratado y el objetivo de un procedimiento de asilo común acordado en las conclusiones de Tampere.

(5) Los procedimientos de asilo no deben ser tan largos que las personas necesitadas de protección tengan que atravesar por un largo período de incertidumbre hasta que se resuelven sus casos, y que personas que no tienen ninguna necesidad de protección sino que desean permanecer en el territorio de los Estados miembros vean en la solicitud de asilo un medio de prolongar su estancia en varios años. Al mismo tiempo, los procedimientos de asilo deben contar con las salvaguardias necesarias para garantizar que se determinen correctamente las personas necesitadas de protección.

(6) Las normas mínimas establecidas en la presente Directiva deben, por lo tanto, facilitar a los Estados miembros la aplicación de un sistema rápido y sencillo por el que se tramiten correcta y rápidamente las solicitudes de asilo de conformidad con las obligaciones internacionales y las constituciones de los Estados miembros.

(7) Un sistema rápido y sencillo para los procedimientos en los Estados miembros podría consistir, siempre que existieran las necesarias salvaguardias, en una revisión inicial de la decisión y en la posibilidad de un recurso ulterior.

(8) Entre las necesarias salvaguardias debe incluirse, en aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos de la letra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra, que cada solicitante tenga acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, y las garantías procesales suficientes para poder proseguir el procedimiento en todas y cada una de sus fases.

(9) Por otro lado, en aras de un sistema de reconocimiento rápido de los solicitantes necesitados de protección como refugiados a efectos de la letra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra, es oportuno que los Estados miembros apliquen procedimientos específicos en la tramitación de aquellas solicitudes respecto de las que no sea necesario considerar el fondo y que se sospeche sean manifiestamente infundadas.

(10) Los Estados miembros son libres de decidir si aplican o no dichos procedimientos a los casos inadmisibles y manifiestamente infundados, pero si así lo deciden, deben cumplir las normas comunes establecidas en la presente Directiva en cuanto a la definición de dichos casos y los restantes requisitos de aplicación de los procedimientos, incluidos los plazos para el proceso de adopción de decisiones.

(11) Es esencial que dichos procedimientos contengan las necesarias salvaguardias para que puedan disiparse dudas previas y definirse correctamente las personas necesitadas de protección. En principio, deben contener, en la medida de lo posible, los mismos requisitos y garantías procesales en cuanto al proceso de adopción de decisiones que los procedimientos ordinarios. No obstante, dada la naturaleza de los casos en cuestión, se puede, y debe, dar prioridad a la adopción de decisiones en ambas instancias, pudiendo restringirse el recurso ulterior.

(12) Como garantías procesales mínimas para todos los solicitantes, en todos los procedimientos, deben considerarse, entre otras, el derecho a una entrevista personal antes de que se adopte una decisión, la posibilidad de acudir al ACNUR, la posibilidad de ponerse en contacto con organizaciones o personas que presten asistencia jurídica, el derecho a una decisión formulada por escrito y adoptada dentro de los