8.8.88 foiario oficial de las Comunidades Europeas 1^C^8B11 
Dictamen sobre lapropuesta modificada deun Reglamento (CEE^ del Consejo sobreel 
cotitrol de las operaciones de conceatraciónemtre empresas^ 
(88^C208B0^ 
El éóde mayo de!988, de conformidad conel articulo 198delfratadoCEE,elConsejo 
decidió consultar al Comité Económicoysocial sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesaniayser^icios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el^de mayo de 1988 (ponente^Sr.l^etersen^ 
El Comité EconómicoySocial adoptó el siguiente dictamen en su 2é^^ sesión plenaria (sesión 
del^dejuniode 1988^ por unanimidad salvo^abstenciones. 
L Introducción 
1.1. El Comité se congratula de que la Comisión 
haya presentado enmarco de 1988 una propuesta modP 
ficada de Reglamento (CEE^ del Consejo relativa al 
control de las operaciones de concentración entre 
empresas. LaComisiónabordópor primera ve^hace 
quince años la introducción de un control europeo de 
lasconcentraciones.Peseanumerosasmodificaciones 
de la propuesta de Reglamento, la decisión del Consejo 
se fue aplacando continuamente, por rabones principad 
lemente políticas. 
El ^0 de noviembre de!98^,e!Consejo de ministros 
competente en materia de mercado interior dejó de 
practicar supolítica de bloqueo quehabíapracticado 
hasta entonces, lo que biloque aumentara la posibilP 
dad de introducir un control de las concentracionesa 
nivel europeo.El Comité insta al Consejoaque examine 
sin demora la propuesta de Reglamento presentada por 
la Comisiónpara queentreen vigor cuanto antes el 
control europeo de las concentraciones. 
1.2. En los últimos años, ha ido aumentando la nece 
sidad de un control europeo de las operaciones de 
concentración. Es importante observar, no sólo que 
los EstadosUnidosy]apón han adaptado desde hace 
tiempo su política de competenciaalos mercados interD 
nacionalesymundiales sino que también en Europa, la 
interdependencia actual de las economías nacionales 
requiere, en el momento de la evaluación de concentrad 
clones de empresas, que se tenga en cuenta, por lo 
menos, la dimensión europea de los mercados. Esta es 
la ra^ón por la que elComitéhabíaestipulado clarad 
mente en su dictamen sobre el ^CV^ informe de la 
Comisión relativoala política de competencia, que el 
mantenimiento de los espacios económicos nacionales 
en todas susformasera anacrónico si se buscaba un 
nivel suficiente de verdadera competitividad. El CES 
añadía que el espacio geográfico comunitario constP 
tuía, de ahora en adelante, el parámetro mínimo de 
referencia, sin perder nunca de vista la dimensión munD 
dial. 
1.2.1. Al ratificar el Acta Única Europea, los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas se compróme^ 
tieronareali^ar progresivamente para 1992 un mercado 
interior que garantice la libre circulación de bienes, 
^oo^emo^L^m^D^ personas y capitales, así como la libreprestación de 
servicios. En el ámbito de la política europea de compeD 
tencia, este objetivo implica simultáneamente la necesi 
dad de un control délas concentraciones de empresas 
basado en criterios europeos. Esto es tanto más necesa 
rio cuanto que la realización del mercado interior conD 
llevará importantes reestructuracionesen la ComunP 
dad. A este respecto, las concentraciones constituyen 
unadelasformasdeadaptar laeconomíaeuropeay 
fortalecer su presencia en los mercados. 
Conviene también tener presente el hecho de que la 
creación del mercado interior más grandes del mundo, 
con ^2t^ millones de consumidores, atraerá cada vez 
másalas empresas de terceros países.Ello podría tener 
comoconsecuenciaprevisibleenEuropauna boleada 
de concentraciones^en los prójimos diez años. 
1.2.2. La necesidad de un control europeo de las 
concentraciones de empresas se desprendió, por última 
ve^, de la sentencia dictada por elTribunal europeo de 
justicia en el asunto^^hilipAiorris^del^ de noviembre 
de 1988. En esta sentencia, el Tribunal de justicia 
afirma,porprimerave^, que la prohibición relativaa 
lacreacióndeacuerdosprevistaenelartículo8^del 
Tratado CEE podrá aplicarse, bajo determinadas condP 
ciones,ala adquisición contractual de participaciones 
minoritarias. 
Incluso teniendo en cuenta la sentencia delTribunal de 
justicia en el asunto ^Continental Can^, existe una 
situacióndeinseguridad jurídica. l^orconsiguiente,el 
Comité considera que incumbealaComunidadEuro^ 
pea proporcionar cuanto antes un marco jurídico claro 
y bien estructurado para las concentraciones de 
empresas. 
m3. El Comité recuerda que ha emitido ya varios 
dictámenes detallados sobre la propuesta inicial de 
Reglamento (CEE^ delConsejorelativaalcontrolde 
las concentraciones de empresas presentada por la 
Comisión, y que se ha pronunciado muy claramente 
sobre las modificaciones presentadas ulteriormente. 
Cabe lamentar que la Comisión aún no haya tenido 
tiempo para examinar detalladamente estos dictámenes. 
N° C 208/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 8. 88 
1.3.1. En su primer dictamen de febero de 1974 (*), 
el Comité aprobaba, globalmente, la propuesta de la 
Comisión que destacaba la necesidad de controlar 
determinadas concentraciones de empresas para mante­
ner el buen funcionamiento del sistema europeo de 
competencia. 
1.3.2. En junio de 1982 (2), el Comité no había aún 
tomado una decisión positiva respecto de la propuesta 
de Reglamento presentada por la Comisión. Se remitía, 
al respecto, a su dictamen de abril de 1981 (3) sobre la 
política comunitaria de competencia, en el que desta­
caba que la propuesta de Reglamento que está exami­
nando el Consejo puede constituir un marco de referen­
cia satisfactorio en la medida en que tiene en cuenta de 
forma realista los diferentes aspectos del problema. 
1.3.3. En su dictamen sobre el XVo informe de la 
Comisión relativo a la política de competencia, el 
Comité instó nuevamente al Consejo a que adoptase 
rápidamente la propuesta de la Comisión, teniendo 
en cuenta las reservas y propuestas de modificación 
presentadas por el Comité. 
1.3.4. Por último, en su dictamen sobre el XVIo 
informe de la Comisión relativo a la política de compe­
tencia, el Comité reiteró su voluntad de que, en cuanto 
el Consejo de Ministros (noviembre de' 1987) hubiese 
superado la situación de bloqueo persistente, se proce­
diese inmediatamente a una nueva reflexión sobre 
dichos problemas. 
2. El control de las concentraciones como elemento 
necesario de la política comunitaria 
2.1. Como ya se mencionó anteriormente, la aproba­
ción de la propuesta inicial de la Comisión iba acompa­
ñada por numerosas reservas y propuestas de modifica­
ción. En primer lugar, conviene destacar la exigencia 
según la cual, en el marco de un control de las concen­
traciones, se deben cumplir a la vez las exigencias 
derivadas de la política industrial y social. El Comité 
subrayó por última vez esta exigencia en su dictamen 
sobre el XVIo informe de la Comisión sobre la compe­
tencia: cada caso de concentración deberá examinarse 
a la luz de una política global a nivel comunitario, que 
deberá tener en cuenta todos los demás factores que 
intervienen en el mercado internacional, pero salvaguar­
dando los valores sociales. El mantenimiento del empleo 
merece especial atención, la cual podría plasmarse en 
unas medidas comunitarias de reconversión dirigidas a 
facilitar el paso del período de transición. 
2.2. Evidentemente, el Comité es consciente de que 
los numerosos problemas ligados a la organización 
económica y social de los diferentes Estados miembros 
que podría derivarse de las concentraciones no se resol­
verán todos mediante un reglamento sobre el control 
de las concentraciones basado en la política de compe­
lí DO n° C 88 de 26. 7. 1974. 
(2) DO n° C 252 de 9. 9. 1982. 
(3) DO n° C 322 de 10. 12. 1981. tencia. Por lo tanto, es urgente armonizar la legislación 
sobre la competencia con otros sectores como la política 
de estructuras regionales y sectoriales, la política de 
investigación y desarrollo o la de consumo. El Consejo 
y la Comisión, por su parte, también deberían intensifi­
car sus trabajos —ya retrasados— en el ámbito del 
derecho de sociedades y organizarlos satisfactoria­
mente. Concretamente, se deberá tener en cuenta la 
necesidad de información y consulta de los trabajadores 
afectados, sin olvidar los legítimos derechos de los 
socios minoritarios y de los acreedores. 
2.2.1. A este respecto, el Comité lamenta que el 
Consejo aún no haya adoptado ninguna decisión sobre 
la propuesta de la Comisión referente a una décima 
Directiva de derecho de sociedades sobre fusiones trans-
fronterizas de sociedades anónimas (Directiva de dere­
cho de sociedades sobre fusiones) así como la propuesta 
de Directiva del Consejo referente al régimen fiscal 
común aplicable a las fusiones, escisiones y aportes de 
activos que se produzcan, entre sociedades de Estados 
miembros diferentes (Directiva de derecho fiscal sobre 
fusiones). 
2.2.2. Independientemente de lo anterior, conviene 
garantizar en las operaciones de concentración de 
empresas europeas la salvaguardia de aquellos derechos 
de los trabajadores que se han acreditado en la práctica. 
Ello implica que para determinar las concentraciones, 
en particular las fusiones de racionalización, la Comi­
sión pueda conceder también una exención de la prohi­
bición en caso de que sea indispensable para el manteni­
miento de puestos de trabajo. 
3. Derecho comunitario y derecho nacional 
3.1. Con la firma del Acta Única y el compromiso 
que implica de realizar plenamente el mercado interno 
para 1992, la relación entre el derecho comunitario y 
el derecho nacional ha adquirido una nueva dimensión. 
También el Comité, en su dictamen sobre el XVIo 
informe sobre la competencia, destacó una vez más el 
deber de la Comisión « de afirmar y hacer que se respete 
el principio de la primacía del derecho comunitario» 
sobre el derecho nacional. 
3.2. Dicho deber se extiende también al control 
comunitario de las concentraciones. Esto significa que 
las competencias que la presente propuesta de Regla­
mento atribuye a la Comisión no deben ser obstaculiza­
das por disposiciones de derecho nacional. Según el 
Comité, ello implica que todas las concentraciones que 
estén dentro del ámbito del presente Reglamento, se 
examinen sobre la base de la legislación europea y estén 
libres de todo tipo de control suplementario a nivel 
nacional. 
3.3. Es deplorable que la presente propuesta de 
Reglamento no traiga consigo una solución satifactoria 
al problema de la delimitación entre el derecho comuni­
tario y derecho nacional. 
3.3.1. De acuerdo con el presente planteamiento, es 
necesario partir del principio según el cual, para al 
mayor parte de las operaciones de concentración de 
8. 8. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 208/13 
dimensión comunitaria notificadas a la Comisión, ésta, 
una vez analizado el proyecto, no inicio el procedi­
miento correspondiente debido a que la operación de 
concentración en cuestión no da lugar a un cambio 
«sustancial de la estructura de la competencia», y por 
lo tanto, «no procede intervenir» (artículo 6, párrafo 
1). El Comité considera que, en esas condiciones, el 
proyecto de concentración no plantea objeción alguna 
desde el punto de vista de la competencia. La conexión 
tiene tan sólo la intención de «informar » sobre ello a las 
empresas interesadas y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros. Ahora bien, se observa aqui la 
ausencia, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal 
europeo de justicia, de una decisión positiva de la 
Comisión que podría sustituir al derecho nacional. 
3.3.2. Según el Comité, esta falta de decisión positiva 
está en contradicción con el objetivo de realización 
del mercado interno comunitario y no es conforme al 
principio de la primacía del derecho comunitario. Por 
esta razón, el Comité propone establecer con claridad 
en el Reglamento que las operaciones de concentración 
de dimensión comunitaria no estén sometidas a un 
control suplementario a nivel nacional. 
4. Reglamento relativo al control de las concentracio­
nes y artículo 85 del Tratado CEE 
4.1. Sería conveniente, por razones de seguridad jurí­
dica, que en el Reglamento se indicara de un modo 
evidente que las concentraciones de dimensión comuni­
taria están sometidas sólo a las disposiciones del mismo, 
y que por lo tanto no se les aplican las reglas de 
competencia contenidas en el artículo 85 del Tratado. 
4.2. El Comité admite que la Comisión intente resol­
ver este problema estipulando que el Reglamento de 
aplicación n° 17 relativo a las reglas de competencia 
del Tratado CEE no es aplicable a las concentraciones 
que son objeto del presente reglamento (art. 22) y 
que la Comisión tenga competencias exclusivas para la 
aplicación de las disposiciones en él contenidas (art. 
21). Sin embargo, sugiere que se precise sin equívocos 
que las concentraciones de dimensión comunitaria noti­
ficadas a la Comisión, y contra las cuales ésta no haya 
intervenido, se eximan también de la aplicación de las 
reglas de competencia contenidas en el artículo 85 del 
Tratado CEE. 
5. Concretar los criterios de intervención 
5.1. En su propuesta inicial de Reglamento, en 
1973 (!), la Comisión se basaba en el principio de que 
sólo eran incompatibles con el Mercado Común las 
operaciones de concentración que creaban o fortalecían, 
para las empresas interesadas, la posibilidad de poner 
obstáculos a una competencia real. 
5.2. Actualmente, el Comité observa que también en 
su nueva propuesta la Comisión considera incompati­
bles con el Mercado Común las operaciones de concen­
tración que dan lugar a la creación o al fortalecimiento 
de una posición dominante, al menos en una parte 
(!) DO n° C 92 de 31. 10. 1973. sustancial de la Comunidad (artículo 2, párrafo 2). De 
este modo, la Comisión vuelve a endurecer el control de 
las concentraciones que hasta el presente se examinaban 
únicamente sobre la base del artículo 86 del Tratado y 
que sólo se prohiben en casi de abuso originado por 
una posición dominante. El Comité subraya que la 
creación o el fortalecimiento de una posición dominante 
no tiene por qué conducir de suyo a una incompatibili­
dad entre la operación de concentración y el Mercado 
Común. Antes bien, la Comisión sólo puede denegar 
tales concentraciones cuando éstas no contribuyan en 
modo alguno a la realización de los objetivos generales 
mencionados en el artículo 2.4. 
5.3. La Comisión introduce al mismo tiempo un 
nuevo criterio de apreciación, a saber, la presencia o 
ausencia de « un cambio sustancial de la estructura de 
la competencia dentro de la Comunidad» (artículo 6, 
párrafo 1 y 2). Es precisamente este elemento el que 
determinará en el futuro si la Comisión debe iniciar el 
procedimiento «a fin de establecer si la operación de 
concentración puede o no ser autorizada». 
5.4. Dada la considerable importancia que reviste 
este criterio, es absolutamente necesario definir de 
modo concreto la noción de «cambio sustancial de la 
estructura de la competencia ». El Comité considera que 
sólo se produce un « cambio sustancial de la estructura 
de la competencia » cuando la concentración pertenece 
al ámbito de aplicación del artículo 2.2 (véase el apar­
tado 6.6.5 infra). Por consiguiente, en el Reglamento se 
debería precisar que las operaciones de concentración 
de dimensión comunitaria que no den lugar a la creación 
o el fortalecimiento de una posición dominante suscep­
tible de restringir de modo acusado el ejercicio de una 
competencia eficaz, son compatibles con el Mercado 
Común y autorizadas sin restricciones, o consideradas 
como tales, por parte de la Comisión. 
6. Observaciones sobre las diferentes disposiciones de 
la propuesta de Reglamento 
6.1. Artículo 1 (Ámbito de aplicación) 
6.1.1. El Comité acoge favorablemente que el control 
de las operaciones de concentración previsto a nivel 
comunitario sólo deba extenderse a las operaciones 
«de dimensión europea», mientras que los procesos de 
concentración de efecto principalmente nacional se­
guirán siendo competencia de los Estados miembros. 
Este mismo Reglamento se propone abarcar asimismo 
las operaciones de concentración de dimensión comuni­
taria que pueden entrar en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado, 
en la aplicación de las normas generales de competencia. 
En efecto, la propuesta de Reglamento no facilita indi­
cación alguna respecto a las bases jurídicas concretas 
en las que se basa. A este respecto, los considerandos 
son poco reveladores: por una parte, se hace referencia 
al hecho de que: «las normas de competencia existentes 
y principalmente el artículo 87 constituyen una base 
jurídica que permite el control de ciertos tipos y formas 
N° C 208/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 8. 88 
de concentración» (considerando n° 11); y por otra, el 
considerando n° 13 remite al artículo 235 del Tratado, 
en virtud del cual la Comunidad puede adoptar las 
« disposiciones pertinentes ». 
Según el Comité, convendría precisar en mayor medida 
la base jurídica. Ello parece necesario por diferentes 
razones, pues la opción de la base jurídica tiene una 
incidencia decisiva sobre la amplitud de las competen­
cias legislativas de que se podrá disponer. 
6.1.2. El Comité percibe claramente las dificultades 
que plantea la definición de la expresión « de dimensión 
comunitaria», si queremos que la misma sea satisfacto­
ria desde el punto de vista de la política de competencia. 
En principio, el Comité acoge favorablemente el punto 
de vista de la Comisión, según el cual esta definición 
debería abarcar, por una parte, las operaciones de con­
centración entre empresas de diferentes Estados miem­
bros, y por otra, las concentraciones a nivel nacional, 
siempre que las empresas interesadas desarrollen un 
volumen sustancial de actividades en varios Estados 
miembros de la Comunidad. Sin embargo, dada la 
importancia de la cuestión de saber si una operación 
de concentración pertenece o no al ámbito de aplicación 
del Reglamento, es indispensable, en aras de la seguri­
dad jurídica, elaborar la más clara definición posible. 
Además, sería conveniente especificar que las operacio­
nes de concentración en las que participan empresas de 
terceros países, susceptible de comprometer la compe­
tencia en el seno de la Comunidad, están también 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Regla­
mento. 
Asimismo, sería necesario examinar la conveniencia de 
hacer extensivo el Reglamento a las concentraciones 
que afectan solamente a sociedades establecidas fuera 
de la Comunidad pero con filiales dentro de ella. 
6.1.3. Tal como se presenta actualmente, la pro­
puesta de Reglamento no responde a esta necesidad. 
Así, en primer lugar, no indica claramente a qué se 
refieren los términos « su principal campo de activida­
des», que figuran en los subapartados a) y b) del 
apartado 2 del artículo 1. Estos términos pueden refe­
rirse tanto a la empresa como a la Comunidad, e incluso 
a los Estados miembros. En cualquier caso debería 
sustituirse la expresión «su principal campo de activida­
des » por «la mayor parte de su volumen de negocios ». 
Por otra parte, no se aprecia claramente qué debe 
entenderse por « empresas que llevan a cabo la concen­
tración» (apartado 2 y letra c) del apartado 3 del 
artículo 1) y por «empresas interesadas» (letras a) y b) 
del apartado 3 del artículo 1). Por último, no especifica 
si la no intervención prevista en la letra c) del apartado 
3 del artículo 1 (cuando las empresas realizan más del 
15 % de su total volumen de negocios en otros Estados 
miembros de la Comunidad) significa automáticamente 
que la operación en cuestión es « de dimensión comuni­
taria», o si se debe verificar si las empresas «que 
proceden a la operación de concentración » despliegan 
un volumen sustancial de actividades también en otros 
Estados miembros. Por consiguiente, el Comité propone 
que se concretice y simplifique la redacción de los 
apartados 2 y 3 del artículo 1. 
6.1.4. El Comité admite la necesidad de limitar el 
ámbito de aplicación del Reglamento mediante la intro­
ducción de una franquicia. Observa, sin embargo, que el umbral previsto para el volumen de negocios se 
ha visto considerablemente elevado desde la primera 
propuesta de la Comisión en 1973. No obstante, consi­
dera adecuado el límite de mil millones de ECU previsto 
en las letras a) y b) del apartado 3 para el volumen de 
negocios. Por otra parte, el Comité pone de relieve 
que la adopción del Reglamento se traducirá en un 
considerable aumento de trabajo para la Comisión. Por 
consiguiente, incluso antes de la entrada en vigor del 
Reglamento, la Comusión debería contratar un perso­
nal suficientemente cualificado para poder llevar a buen 
término sus nuevas tareas con la rapidez y eficacia 
requeridas. 
6.1.5. En opinión del Comité, las concentraciones 
sólo deberían figurar en el ámbito de aplicación del 
Reglamento cuando las empresas interesadas registren 
un volumen de negocios mínimo en el interior de la 
Comunidad, pues de lo contrario podría darse el caso 
de que ciertas operaciones de concentración, sobre todo 
extranjeras, que sean prácticamente ajenas a la Comuni­
dad, se vieran sometidas, sin embargo, a la notificación 
obligatoria y eventualmente prohibidas. Por ello, el 
Comité propone la introducción de una cláusula de 
franquicia. 
6.2. Artículo 2 (Apreciación de las concentraciones) 
6.2.1. Según el Comité, conviene establecer con clari­
dad en el Reglamento que una operación de concentra­
ción no es incompatible con el Mercado Común por el 
solo hecho de que dé lugar a la creación o consolidación 
de una posición dominante. Por el contrario, una opera­
ción de concentración sólo deberá ser considerada como 
incompatible con el mercado común cuando restrinja 
o amenace restingir de forma importante y duradera el 
ejercicio de una competencia eficaz y no contribuya en 
absoluto a la realización de los objetivos fundamentales 
del Tratado. Por otra parte, convendría precisar que 
las operaciones de concentración no previstas en el 
apartado 2 del artículo 2 son automáticamente compa­
tibles con el Mercado Común en el sentido del 
apartado 4 del artículo 2. Por consiguiente, el Comité 
propone recoger explícitamente estas ideas básicas en 
el artículo 2 del Reglamento. 
6.2.2. En cuanto a los criterios que permiten apreciar 
si una operación de concentración da lugar a la creación 
o consolidación de una posición dominante y restrinje 
el ejercicio de una competencia eficaz, son ante todo 
cualitativos y difícilmente se ofrecen a un definición 
cuantitativa en el marco de un Reglamento del Consejo. 
Lo mismo puede decirse especialmente respecto a la 
consideración de la competencia internacional, que en 
numerosos casos impide desde el principio la emergen­
cia de posiciones dominantes en la Comunidad. Por 
consiguiente, el Comité hace hincapié en la necesidad 
de que la Comisión, en la aplicación de los criterios 
cualitativos previstos en el apartado 2, se abstenga de 
toda rigidez y evite en particular toda fijación en deter­
minadas características, a fin de considerar debida­
mente la dimensión económica de la operación de con­
centración sometida a su apreciación. A ese respecto, 
el Comité subraya que —de cara a la apertura mundial 
del Mercado Común— conviene tener en cuenta la 
competitividad de la competencia extranjera en el mer­
cado europeo a la hora de calibrar la situación competi­
tiva de las empresas europeas. 
8. 8. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 208/15 
6.2.3. El Comité comprende el planteamiento de la 
Comisión consistente en facilitar a las empresas puntos 
de referencia a modo de criterio basado en la participa­
ción en el mercado, a fin de poder determinar hasta 
qué punto puede considerarse una operación de concen­
tración como compatible con el Mercado Común. Preci­
samente desde este punto de vista, el Comité ya se había 
pronunciado en favor de tal criterio en su dictamen de 
junio de 1982 sobre la anterior propuesta de Regla­
mento. Sin embargo, el Comité concede gran importan­
cia al hecho de que la superación del umbral no debe 
presuponer la incompatibilidad de una concentración 
dada con el Mercado Común. Una apreciación esque­
mática de estas características queda ya excluida en 
vista de los otros criterios cualitativos indicados en el 
apartado 2 que relativizan considerablemente la impor­
tancia de la participación en el mercado. Al margen de 
la competencia internacional, esta afirmación es sobre 
todo válida para la existencia de «barreras legales o 
reales al acceso al mercado». 
6.2.4. El Comité aprueba el principio previsto en el 
apartado 4 de conceder la autorización a las operacio­
nes de concentración que, aunque afecten a la compe­
tencia en el sentido del segundo apartado, contribuyan 
sin embargo a la realización de los objetivos fundamen­
tales del Tratado. Asimismo, acoge favorablemente 
que, entre los criterios de autorización, se mencionen 
expresamente «la promoción del progreso técnico y 
económico», así como «la mejora de la estructura 
de competencia en el interior del Mercado Común, 
teniendo en cuenta la competencia internacional de 
las empresas interesadas». La consideración de estos 
factores es necesaria a fin de que la economía europea 
pueda construir en los mercados mundiales una estruc­
tura competitiva frente a sus principales competidores. 
Asimismo, constituye una condición esencial para el 
refuerzo de la dinámica de crecimiento del conjunto de 
la economía y, por consiguiente, una contribución a la 
salvaguardia y desarrollo del empleo en la Comunidad. 
6.2.5. El Comité recuerda que ya ha insistido en 
repetidas ocasiones acerca de la necesidad de apreciar 
cada proceso de concentración desde la perspectiva 
de una política global a nivel comunitario velando 
especialmente por la salvaguardia de los valores sociales 
y del empleo (dictamen sobre el XVIo informe de la 
Comisión sobre la política de competencia). A este 
respecto, el Comité toma nota de que la propuesta de 
Reglamento ha facilitado las autorizaciones acordadas 
en el sentido del apartado 4 relativo a las condiciones 
e imposiciones (apartado 4 del artículo 8). El Comité 
aprueba esta disposición porque puede servir igual­
mente para negociar ciertos acuerdos con las empresas 
en materia de salvaguardia de los puestos de trabajo y 
de los lugares de implantación, con el objetivo, por 
ejemplo, de compensar las debilidades estructurales 
endémicas de ciertas regionas de la Comunidad. 
6.3. Artículo 3 (Definición de concentración) 
El Comité propone modificar de la manera siguiente la 
última parte del apartado 5 del artículo 3: 
«... con ocasión de la creación de una empresa o de 
la ampliación de su capital o en el marco de la 
explotación de un negocio, participaciones en otra 
empresa con el fin de venderlas en el mercado, 
siempre que no ejerzan el derecho de voto inherentes 
a dichas participaciones.» 6.4. Artículo 4 (Notificación previa) 
6.4.1. La propuesta de Reglamento establece que 
todas las operaciones de concentración de dimensión 
comunitaria deben ser notificadas a la Comisión antes 
de su realización. El Comité señala que la anulación de 
una concentración tras su realización puede dar lugar 
a considerables dificultades, y por lo tanto considera 
que el sistema de la notificación previa presenta grandes 
ventajas. 
6.4.2. Sin embargo, es preciso garantizar que las 
empresas se puedan beneficiar en una medida suficiente 
de derogaciones a la prohibición de concentración 
cuando ello parezca necesario, con el fin de preservar 
el empleo en el caso de fusiones de saneamiento. 
6.5. Artículo 5 (Cifra de negocios) 
La propuesta de Reglamento prevé un régimen especial, 
en lo relativo al cálculo de la cifra de negocio, para las 
instituciones bancarias y financieras y las empresas de 
seguros, lo que parece apropiado. No obstante, el 
Comité destaca que la inserción de estos sectores econó­
micos en el Reglamento puede plantear problemas a los 
nuevos Estados miembros de la Comunidad, de tal 
modo que se hace necesario establecer disposiciones 
transitorias a fines de adaptación. 
El Comité estima asimismo conveniente incluir una 
cláusula específica sobre la cifra de negocio para el 
comercio, con el fin de tener en cuenta el carácter 
específico del valor añadido en este sector. 
6.6. Artículo 6 (Procedimiento) 
6.6.1. En el marco del sistema que preconiza la pro­
puesta de Reglamento, el criterio de « cambio sustancial 
de la estructura de la competencia en el interior de 
la Comunidad» reviste una importancia decisiva. Sin 
embargo, este aspecto no viene explicado en ninguna 
parte de la propuesta, ni siquiera de un modo aproxi­
mado; tampoco viene delimitado, especialmente en lo 
que hace a la noción de «posición (dominante) en el 
mercado» que se menciona en el párrafo 2 del 
artículo 2. Por ello las empresas no disponen de ningún 
índice que les permita conocer el método que seguirá 
la Comisión para decidir sobre un proyecto de concen­
tración. En interés de la seguridad jurídica, se impone 
de un modo imperativo definir de un modo concreto 
este criterio. En opinión del Comité, sólo se puede 
hablar de «cambio sustancial de la estructura de la 
competencia » cuando una operación de concentración 
cae dentro del ámbito de aplicación del artículo 2.2. 
Por lo tanto, la Comisión sólo debería aplicar el proce­
dimiento previsto en el artículo 6.2 cuando exista la 
sospecha fundada de que se cumplen las condiciones 
del artículo 2.2. 
6.6.2. La propuesta de Reglamento precisa que la 
Comisión rechaza la puesta en práctica de una procedi­
miento de control cuando una operación de concentra­
ción no dé lugar a un « cambio sustancial de la estruc­
tura de la competencia ». Como se ha dicho más arriba, 
ello se halla en contradicción con el principio de priori­
dad del derecho comunitario. Las operaciones de con-
certación de dimensión comunitaria deberían ser con­
troladas únicamente por la Comisión y no ser sometidas 
después a controles nacionales, que comportan el riesgo 
de decisiones divergentes. 
N° C 208/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 8. 88 
6.63. Con independencia del medio jurídico que se 
utilice para establecer la prioridad del derecho comuni­
tario, la Comisión debería comunicar a los Estados 
miembros, inmediantamente tras la introducción de la 
notificación, si la operación de concentración se inscribe 
en el marco del Reglamento y si responde, al mismo 
tiempo, a la definición de operación de concentración 
en el sentido del artículo 3 del Reglamento. Una comu­
nicación obligatoria de este tipo se ha hecho y necesaria 
por la necesidad de aplicar con toda certidumbre las 
consecuencias jurídicas del artículo 22 (aplicación 
exclusiva de los artículos 85 y 86 del Tratado). 
6.6.3.1. El plazo de dos meses previsto para la inicia­
ción del procedimiento parece adecuado; no obstante, 
en lugar de establecer de manera vaga la posibilidad de 
prorrogarlo previo acuerdo de las empresas interesadas, 
parece indicado prever la posibilidad, sin excepción, de 
prorrogarlo en un mes. 
6.6.4. El Comité recuerda que en todos sus dictáme­
nes sobre la propuesta de Reglamento inicial otorgó 
una gran importancia al hecho que los plazos necesarios 
para la evaluación de una operación de concentración 
fuesen lo más cortos posible. Ello es indispensable 
siquiera para despejar cualquier incertidumbre y para 
evitar sus efectos para la programación de las activida­
des de las empresas así como sobre los proyectos que 
afecten al terreno social. Por lo tanto, el Comité acoge 
favorablemente el hecho que la nueva propuesta de 
Reglamento preconice fundamentalmente la aplicación 
de plazos de la máxima brevedad; asimismo, suscribe 
la posibilidad de prorrogar el plazo. Esta posibilidad 
debería limitarse sin embargo a casos excepcionales, 
con una prórroga no superior a un mes. Por otro lado, 
la obligación que pretende establecer la Comisión para 
los plazos sólo puede ser efectiva cuando los informes 
que deben proporcionar las empresas en el momento 
de la notificación tengan un grado de concreción que 
excluya en gran medida el riesgo de una información 
incompleta. De otro modo, la Comisión podría iniciar, 
incluso después del plazo de dos meses, un procedi­
miento motivado por el carácter incompleto de la notifi­
cación. 
6.6.5. El Comité considera que sería necesario modi­
ficar el texto de la propuesta de Reglamento incluyendo 
un nuevo apartado 1 redactado como sigue: 
« Cuando la Comisión considere que una operación 
de concentración no entra en el ámbito de aplicación 
del Reglamento, informará inmediatamente a las 
empresas interesadas así como a las autoridades 
competentes de los Estados miembros.» 
El Comité propone igualmente redactar los antiguos 
apartados 1 y 2 del artículo 6 del modo siguiente: 
« Cuando la Comisión considere que en el caso de 
una operación de concentración contemplada en el 
Reglamento no existen sospechas fundadas de que 
sea de aplicación el artículo 2.2, autorizará la opera­
ción e informará inmediatamente a las empresas 
interesadas, así como a las autoridades competentes 
de los Estados miembros. 
Cuando la Comisión considere que en el caso de 
una operación de concentración existen sospechas fundadas de que sea de aplicación el artículo 2.2, 
iniciará inmediatamente el procedimiento con 
objeto de establecer: 
a) si la operación no cae dentro del ámbito de 
aplicación del apartado 2 del artículo 2, y por 
lo tanto debe ser autorizada; 
b) si aún hallándose incluida en el ámbito del apar­
tado 2 del artículo 2, puede ser autorizada en 
virtud del apartado 4 del artículo 2.» 
6.7. Artículo 9 (Clausura del procedimiento) 
El Comité estima que esta disposición no es compatible 
con el principio de primado del derecho comunitario 
teniendo en cuenta que abre —como el párrafo 1 del 
artículo 6— la posibilidad de un posterior control 
nacional, incluso cuando la operación de concentración 
haya sido ya verificada por la Comisión y ésta haya 
considerado que no presenta ningún riesgo. 
6.8. Artículo 10 a 12 (Solicitud de informes, verifica­
ciones) 
6.8.1. El Comité lamenta que no se haya precisado 
en qué condiciones se haya capacitado a la Comisión 
para hacer uso del derecho reconocido de informarse y 
de proceder a verificaciones. La expresión (todos los 
informes o verificaciones necesarios) es demasiado vaga 
y otorga a la Comisión un gran poder discrecional. 
6.8.2. La Comisión desear cumplir las tareas que le 
son encomendadas en estrecha cooperación «con las 
autoridades competentes de los Estados miembros». 
El Comité expresa su opinión sobre este punto. No 
obstante, la propuesta de Reglamento no precisa quién, 
en cada uno de los Estados miembros, encarna esta 
autoridad competente. Según el Comité, es necesario 
que los Estados miembros comuniquen con tiempo 
suficiente antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, qué órgano representa en su caso a «la 
autoridad competente». Además, sería deseable que la 
autoridad en cuestión fuese asimismo competente en 
materia de problemas de competencia. 
6.8.3. El Comité recuerda que había planteado ya 
dudas respecto al artículo correspondiente de la primera 
propuesta de reglamento, al tiempo que recomendaba 
una nueva formulación que limitada las competencias 
de la Comisión a la hora de requerir informaciones de 
terceros, especialmente de las asociaciones profesio­
nales. 
6.9. Artículo 13 (Multas) 
Para el cálculo de las multas, el párrafo 5 se refiere al 
« valor de los activos agrupados ». Ahora bien, teniendo 
en cuenta la gran disparidad de métodos de apreciación 
existentes en los diferentes Estados miembros, esta apre­
ciación será muy difícilmente realizable sobre bases 
objetivas, de utilización sencilla y reconocida de un 
modo general. Por lo tanto el Comité propone precisar 
más la base de cálculo. 
6.10. Artículo 16 (Secreto profesional) 
6.10.1. El Comité destaca la necesidad de cubrir 
todas las informaciones y conocimientos recogidos por 
la Comisión en aplicación del presente Reglamento bajo 
un estricto secreto profesional. El examen confidencial 
D5D.D^ diario Codicia! de las Comunidades Europeas ^c^BiB 
de las informaciones cubiertas por el secreto profesional 
debe tener absolutaprioridad.Ello es válidonosolaD 
mente paralasinformacionesreco^idas en aplicación 
de los artículos 10^ liyi^ sino igualmente para todo 
otro informe presentado voluntariamente. 
^.10.^. El Comité subiere completar el articulóla de 
unmodoconsecuente.Proponeademásintroducirun 
procedimiento especifico que emane del derecho comuD 
nitario y que permita garantizar la protección de la 
confidencialidad^ ampliada al nivel de las autoridades 
nacionales. 
D.11. Arr^A^BAA^A^ó^ 
^.11.1. El Comité deploraque^ sibien seprevéla 
audición de ^terceros^ la propuesta de Reglamento 
no prevea la de los asalariados de las empresas que 
participen en la operación de concentración. Se^ún el 
Comités su consulta se impone en particular en los casos 
en que la Comisión pretenda otorgar una autorización 
enel sentido que establece el párrafo^del articulo^. 
Sin ello^ no será posible dar satisfacción al Comité 
ensuconstante empeño deque la apreciacióndelas 
concentraciones ten^a en cuenta la salvaguarda de los 
valores sociales y del empleo. En consecuencias seria 
conveniente precisaren el Ralamente que entre las 
personas que deban ser escuchadas figuren igualmente 
lostrabajadores délas empresas que participenenla 
operacióndeconcentración^obien sus representantes. 
^.11.^. Es preciso ^aranti^ar el secreto profesionaly 
comercial en las audiciones previstas en el articulóla. 
Idecho en Bruselas^ el^deiunio de 19^. ^.1^. Arr^o^ 
El Comité se felicita de que las autoridades competentes 
de los Estados miembros—aún por designar—se hallan 
habilitadas para emitir un juicios que sin embarco 
deberá apoyarse exclusivamente en consideraciones 
relacionadas con las disposiciones del presente Re^la 
mento^yque no deberá revestir sino un carácter consuL 
tivoparalaComisión. Se deberían hacer públicaslas 
conclusiones principales del comité asesor en el 
momento de la publicación de la decisión de la ComP 
sión^ señalando—si fuera necesario— los puntos de 
vista de los Estados miembros que no estén de acuerdo. 
D.L3. Ar^^o^^^o^^^^^ó^ 
La propuestade Reglamento prevé la posibilidadde 
pro^on^ar el pla^o^meses en caso de acuerdo entre las 
empresas interesadas. En interés de acelerar el procedi 
miento^el Comitéestima necesario fijara comoenel 
articulo^un limite en el tiempoaesta posibilidad de 
prolongar el pla^o. 
^.1^. Arr^^o^^^^^ó^^^^^^o^^ 
ElComité comprueba que si laComisión desea infor^ 
mar^inmediatamente^alas empresas afectadas por la 
clausura del procedimiento ^art.^y^^ no está previsto 
un compromiso de este tipo en los casos enque deba 
tomar una decisiónen el sentidodel articulo^ de la 
propuesta de Reglamento.En consecuenciagyaefectos 
de precisión^ seria conveniente completar el Reglamento 
incluyendo una notificación formal de la decisión adop^ 
tada.