Los principios que aquí se presentan incluyen a los ciudadanos de la UE y a los nacionales de terceros países que residen legalmente, formen parte o no de la población activa, en consonancia con la redacción de cada principio. Provisionalmente, a efectos de esta consulta, el término «trabajador» designa a toda persona que, durante un cierto período de tiempo, presta servicios a otra a cambio de una retribución y actúa bajo la dirección de esa otra persona por lo que se refiere, en particular, a la determinación del tiempo, el lugar y el contenido de su trabajo.

La mejora de las aptitudes requiere inversión por parte de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad. Algunos derechos de protección social, como las pensiones de trabajo, las prestaciones por desempleo, el seguro de enfermedad o el derecho a la formación, no siempre pueden transferirse con facilidad al cambiar de puesto de trabajo, ni pueden valorizarse o acumularse al iniciar una actividad autónoma. A la inversa, algunos de los derechos de los demandantes de empleo y las personas inactivas no deberían convertirse en desincentivos para volver al trabajo o para crear una empresa propia.

El acceso de los autónomos o de los trabajadores que no trabajan a tiempo completo o no tienen contratos fijos a permisos retribuidos en relación con la familia o a regímenes de seguro sigue siendo irregular. Por otro lado, no se ofrecen a los hombres posibilidades ni alicientes suficientes para hacer uso de los permisos y ello afianza el papel de las mujeres como cuidadoras primarias, con los consiguientes efectos negativos sobre el empleo femenino.

La discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual es ilegal en toda la Unión. Sin embargo, algunos grupos encuentran dificultades para acceder al mundo laboral. En particular, los nacionales de terceros países y las minorías étnicas están infrarrepresentados en el empleo y corren un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Es importante abordar los obstáculos que se oponen a su participación, como pueden ser las barreras lingüísticas o las deficiencias en el reconocimiento de las aptitudes y las cualificaciones. Por lo que se refiere a la discriminación por razón de nacionalidad u origen étnico, la experiencia sobre el terreno pone de manifiesto que ni los empleadores son conscientes de las prácticas de contratación no discriminatorias ni las personas objeto de tal discriminación lo son de sus derechos.

15.Renta mínima

La mayoría de los Estados miembros, aunque no todos, proporcionan una renta mínima a las personas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza y que carecen de otros medios de subsistencia. Sin embargo, entre los desafíos actuales cabe citar la inadecuación de la cuantía de las prestaciones —que no permite a los beneficiarios salir de la pobreza—, la escasa cobertura y la falta de aprovechamiento de esta ayuda de renta mínima debido a lo complejo que resulta acceder a estas medidas. En el caso de las personas en edad de trabajar, la escasa conexión con el apoyo activo y con los servicios sociales, así como la no reducción gradual de las prestaciones una vez que se retorna al empleo, pueden hacer que una persona prefiera percibir las prestaciones y no vea aliciente en trabajar. La renta garantizada no cubre suficientemente a quienes agotan sus prestaciones por desempleo, y la coordinación entre las prestaciones por desempleo y las prestaciones de renta mínima es escasa. En el caso de las personas de edad, las disposiciones sobre renta mínima son insuficientes en la mayoría de los Estados miembros como para sacar de la pobreza a quienes carecen de cualquier otro recurso.

a.Deberán garantizarse unas prestaciones de renta mínima adecuadas a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar un nivel de vida digno. En el caso de las personas en edad de trabajar, estas prestaciones deberán llevar aparejada la exigencia de participar en medidas de apoyo activo para fomentar la (re)integración en el mercado de trabajo.





El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales dice así: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El artículo 151 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros tendrán como objetivo la lucha contra las exclusiones. El artículo 153 del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la lucha contra la exclusión social y la integración de las personas en el mercado laboral.

16.Discapacidad

Las personas con discapacidad corren un riesgo de pobreza y exclusión social mucho mayor que la población en general. Se enfrentan a la falta de una accesibilidad adecuada en el lugar de trabajo, a la discriminación y a los desincentivos de los sistemas fiscales y de prestaciones. El diseño de las prestaciones por discapacidad puede hacer que se prefiera percibir estas antes que trabajar, por ejemplo si se retiran por completo tras la (re)incorporación al empleo. La disponibilidad de servicios de apoyo también puede influir en la capacidad de participación en el empleo y la vida en la comunidad.

a.Las personas con discapacidad deberán tener garantizados servicios de capacitación y una renta básica que les permita llevar un nivel de vida digno. Las condiciones de percepción de las prestaciones no deberán crear obstáculos al empleo.