Siguen estudiándose la cuantía de las costas judiciales y el sistema de asistencia jurídica gratuita, lo que podría traducirse en una mejora del acceso a la justicia. En octubre de 2020 se publicó el Informe sobre la administración de justicia civil , con recomendaciones dirigidas a mejorar el acceso a la justicia civil, promover la resolución temprana de litigios, reducir el coste de los litigios, crear un sistema más receptivo y proporcionado y garantizar mejores resultados para los justiciables. El informe recomendaba la elaboración de directrices no vinculantes sobre las costas judiciales. El Gobierno ha comenzado a estudiar la propuesta, en particular la cuestión de si las costas judiciales deben fijarse de manera vinculante. Se esperan recomendaciones al respecto para finales de 2021. El Gobierno también se ha comprometido a iniciar este año una revisión del régimen de asistencia jurídica gratuita civil. Estas iniciativas podrían ayudar a solucionar las preocupaciones sobre el acceso a la justicia y, en particular, al sistema de asistencia jurídica gratuita civil. Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita en materia penal, el Gobierno tiene previsto transferir la gestión del régimen al Consejo de Asistencia Jurídica Gratuita. Aunque, en general, se considera que el régimen de asistencia jurídica gratuita en materia penal funciona correctamente, la Abogacía de Irlanda ha expresado su preocupación por el bajo nivel de remuneración previsto para los barristers en dicho régimen. Para mejorar el acceso a la justicia es importante reforzar los sistemas de asistencia jurídica gratuita y limitar las costas judiciales. Asimismo, podría mejorarse aún más el fomento e incentivos para el uso de métodos alternativos de resolución de litigios.

El número de jueces sigue siendo bajo y los recursos disponibles para la formación de jueces parecen limitados. El índice de jueces por población sigue siendo el más bajo de la UE, lo que también podría afectar a la eficiencia del sistema judicial irlandés. Si bien el Gobierno se ha comprometido a revisar el número y los tipos de jueces necesarios para garantizar una administración eficaz de la justicia en los próximos cinco años, las medidas más inmediatas podrían abordar las preocupaciones señaladas también por las partes interesadas. El presupuesto per cápita para el sistema judicial ha aumentado constantemente en los últimos años y es uno de los más elevados de la UE, mientras que el presupuesto en porcentaje del PIB se ha estancado y se ha mantenido por debajo de la media de la Unión. Por lo que se refiere a la formación judicial, en 2020 se nombró a un director a tiempo parcial de Estudios Judiciales (que es un juez en servicio). No ha sido posible ampliar el programa de formación, aunque recientemente se ha avanzado en la obtención del apoyo administrativo necesario para facilitar el desarrollo del programa. En 2021 se llevó a cabo un estudio de las necesidades de formación judicial.

El procedimiento previsto para los nombramientos y promociones judiciales suscita preocupación. En el sistema actual, para el acceso a la carrera judicial, el JCDJ propone al Ministro de Justicia e Igualdad al menos siete candidatos por cada vacante. Los candidatos preseleccionados no se ordenan por un criterio de preferencia, y el Gobierno no está obligado a seleccionar de la lista. Las promociones de jueces las decide el presidente de Irlanda siguiendo las recomendaciones del Gobierno y no están sujetas al procedimiento tramitado por el JCDJ. Se han formulado dudas en cuanto a la amplia discrecionalidad que el sistema actual deja al poder ejecutivo. El Anteproyecto de ley establece que todos los nombramientos y promociones judiciales deben someterse al nuevo procedimiento previsto, con lo que se reforzaría la independencia judicial. El Anteproyecto de ley establece que la Comisión presentará al Gobierno cinco candidatos sin orden de preferencia, limitando así la discrecionalidad del Gobierno en comparación con el sistema actual: lista de siete candidatos. Sin embargo, el proyecto de ley de 2017 preveía una limitación aún mayor, pues se proponía una lista de solo tres candidatos ordenados por preferencia. El número de candidatos propuestos y la ausencia de orden de preferencia con arreglo al nuevo Anteproyecto de ley confieren al Gobierno un amplio margen de apreciación en lo que respecta a los nombramientos judiciales, lo que ha suscitado críticas. Este margen de apreciación se ve reforzado por la posibilidad de que el Gobierno opte por un candidato que no figure en la lista elaborada por la Comisión, sin necesidad de motivación. El Gobierno considera que este margen de apreciación viene exigido por las disposiciones constitucionales que establecen que los jueces son nombrados por el presidente. No obstante, es importante que esta reforma tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a la necesidad de que el poder ejecutivo siga en la práctica las recomendaciones de autoridades independientes.

Se ha modificado la composición de la futura Comisión de Nombramientos Judiciales. El nuevo anteproyecto prevé la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales compuesta por nueve miembros, en sustitución de la actual Junta Consultiva de Designaciones Judiciales (JCDJ). Formarán la Comisión el presidente del Tribunal Supremo (como presidente), dos jueces nombrados por el Consejo Judicial (uno que haya sido solicitor en ejercicio y otro que haya sido barrister en ejercicio), un presidente de tribunal (el presidente del tribunal para el que la Comisión debe recomendar el nombramiento) y cuatro miembros legos (tres de ellos, seleccionados en concurso abierto por el Servicio Público de Nombramientos, y el otro, designado por la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad). El Fiscal General intervendrá de oficio en la Comisión sin derecho a voto. La composición de la futura Comisión no prevé una clara mayoría de jueces elegidos por sus homólogos, aunque tiene en cuenta ciertas preocupaciones formuladas respecto al plan anterior de mayoría y presidencia de legos. La integración, aun sin derecho a voto, del Fiscal General, que es también el asesor jurídico principal del Gobierno y participa en las reuniones del gabinete, puede suscitar dudas respecto a la independencia de la Comisión frente al Gobierno, como señalan la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad y el Colegio de Abogados. El anteproyecto de ley también prevé un Comité Consultivo de Altos Nombramientos Judiciales para recomendar a candidatos a los cargos de presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal de Apelación y presidente del Tribunal Superior. Este Comité estará compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, un miembro lego y el Fiscal General. Por lo tanto, se prevé para el Fiscal General un papel significativo en los nombramientos de los cargos más altos del poder judicial, lo que también podría suscitar dudas en cuanto a su independencia. Es importante que la reforma final garantice la independencia judicial, en consonancia con el Derecho de la Unión y teniendo en cuenta las normas europeas, y que se lleve a cabo en plena consulta con las partes interesadas pertinentes y la Comisión de Venecia. En particular, según las recomendaciones del Consejo de Europa, dicho organismo independiente de nombramientos debe estar compuesto en una parte sustancial por el poder judicial y debe estar facultado para emitir recomendaciones o dictámenes que la autoridad competente para proceder a los nombramientos pertinente siga en la práctica.

Irlanda es una jurisdicción de Derecho consuetudinario (common law), cuyo poder judicial se divide en una rama civil y otra penal. El sistema judicial comprende un tribunal de última instancia (el Tribunal Supremo), un Tribunal de Apelación y tribunales de primera instancia que incluyen un Tribunal Superior con plena jurisdicción en todos los asuntos penales y civiles y tribunales de jurisdicción limitada: el Tribunal regional y el Tribunal de Distrito organizado sobre una base regional. Los Tribunales Penales Especiales con tribunales sin jurado con competencias para delitos paramilitares, subversivos y de delincuencia organizada. Además, varios tribunales especializados operan en diferentes áreas, incluidas las relaciones laborales. En 2019 se creó un Consejo Judicial. Los nombramientos judiciales los realiza el presidente de Irlanda, que actúa siguiendo el asesoramiento del Gobierno. La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales se encarga de seleccionar a los candidatos adecuados para el nombramiento. El Ministerio Público no forma parte del poder judicial. El Fiscal General es el asesor jurídico del Gobierno. La profesión jurídica cuenta con dos tipos de abogados: los solicitors (asesores jurídicos), representados por el Colegio de Abogados (Law Society), y los barristers (abogados especiales en asuntos litigiosos), representados por la Abogacía de Irlanda (Bar of Ireland). La Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos, organismo independiente establecido en 2016, es la autoridad reguladora estatutaria nacional de Irlanda para ambas ramas de la profesión jurídica.

El sistema judicial irlandés, caracterizado por un alto nivel de independencia percibida, está experimentando importantes avances. Un nuevo proyecto de ley tiene por objeto reformar el sistema de nombramientos y promociones judiciales, mitigando algunas preocupaciones existentes. Sin embargo, la reforma seguiría dejando un amplio margen de apreciación al Gobierno, dado que no existe una clasificación de los candidatos y el Gobierno no está obligado a seleccionarlos de esta lista, aunque deben publicarse sus decisiones. Es importante que esta reforma garantice la independencia judicial, teniendo en cuenta las normas europeas. Se está estableciendo un régimen disciplinario para mejorar la rendición de cuentas de los jueces y el Comité de Conducta Judicial está preparando un proyecto de directrices sobre conducta y ética y un procedimiento de denuncias. De conformidad con la Constitución, la decisión final sobre la destitución de los jueces, que solo se contempla en casos de conducta indebida o incapacidad, sigue siendo una prerrogativa del Parlamento, lo que puede suscitar dudas en cuanto a la politización del procedimiento. El recientemente creado Consejo Judicial ha seguido trabajando en una serie de directrices. Se está estudiando la limitación de las costas judiciales y la mejora de los regímenes de asistencia jurídica gratuita, lo que podría beneficiar al acceso a la justicia. Se están tomando medidas para resolver los problemas de digitalización, el bajo índice de jueces por población y la larga duración de los procedimientos.

Persisten algunas deficiencias en cuanto a la capacidad de hacer cumplir las normas sobre los grupos de presión y las puertas giratorias. La Ley de los grupos de interés de 2015 estableció el requisito de registro de los grupos de presión. La Segunda reforma de la Ley de grupos de presión de 2015 se publicó en febrero de 2020. El Registro, de carácter electrónico, está supervisado por la SIPO. Actualmente hay más de 2 100 organizaciones y personas inscritas en él. El sipo tiene determinados poderes coercitivos en virtud de la ley, incluida la capacidad de llevar a cabo investigaciones cuando cree que una persona puede haber cometido una infracción. Además, tiene la facultad de perseguir y enjuiciar delitos específicos, incluso cuando una persona que ejerce presión no se haya registrado. La Ley también establece un período de «congelación» tras la baja en el cargo, durante el cual determinados funcionarios públicos no pueden llevar a cabo actividades específicas de presión. Aparte del Reglamento, contienen restricciones a las actividades posteriores al cese en el cargo el Código de conducta para los cargos públicos y el Código de normas y comportamiento de la función pública. La SIPO, que trabaja con recursos limitados (que comparte con la Oficina del Defensor del Pueblo), no puede perseguir de forma proactiva el cumplimiento de los códigos de conducta. Por lo que se refiere a las puertas giratorias, las restricciones posteriores al cese en el cargo se recogen en la Ley de grupos de presión de 2015, en el Código de conducta para los cargos públicos y el Código de normas y comportamiento de la función pública. Sin embargo, la SIPO carece de las competencias necesarias para controlar las irregularidades.

Existen medidas de prevención de la corrupción y promoción de la integridad; sin embargo, siguen existiendo problemas en lo que respecta a la aplicación de las normas. Las normas y procedimientos generales relativos a las declaraciones patrimoniales se establecen en las leyes deontológicas. Todos los miembros de ambas Cámaras del Parlamento, el Fiscal General y los altos cargos públicos deben presentar a la Comisión de Normas de la Función Pública (SIPO) una declaración de intereses y deben acreditar el cumplimiento de las normas pertinentes. La SIPO sigue supervisando el cumplimiento de la legislación, pero se han detectado desafíos, ya que los intereses sujetos a declaración no incluyen los pasivos (hipotecas, préstamos, etc.) y la divulgación pública solo afecta a los diputados al Parlamento. La SIPO carece de competencias para investigar las acciones de los cargos públicos y los funcionarios si las medidas se adoptan después de que estos hayan abandonado el cargo.

Las competencias y responsabilidades en materia de lucha contra la corrupción, así como de detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción, se reparten entre distintos organismos policiales especializados. La Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Polícia Nacional (GNECB) y, en particular, su unidad especializada en la lucha contra la corrupción, es responsable de investigar todos los delitos de corrupción, incluido el soborno extranjero. Aunque recientemente se han asignado recursos sustanciales a la policía, no se ha producido un aumento proporcional de los recursos para la Oficina del Fiscal General (ODPP), aunque el aumento de los recursos de otras partes del sistema (policía, tribunales, jueces) repercute en la carga de trabajo de la ODPP, ya que el aumento del número de policías, detecciones e investigaciones crea más expedientes de enjuiciamiento para la ODPP.Dentro de la policía, también entró en funcionamiento una nueva unidad anticorrupción encargada de las investigaciones internas sobre corrupción. La ODPP se centra exclusivamente en la persecución de los delitos denunciados por las autoridades investigadoras, y no tiene función preventiva alguna. La ODPP cuenta con una Unidad Especial de Delitos Financieros, que colabora directamente con la Unidad Anticorrupción en los casos de corrupción pertinentes. La Policía está adherida a la iniciativa «Integridad en el trabajo» de Transparencia Internacional en Irlanda e intenta promover un entorno de trabajo favorable a la denuncia de las irregularidades. La Unidad Anticorrupción de la GNECB gestiona una línea telefónica confidencial y gratuita para las denuncias de corrupción y soborno.

Se está revisando el régimen jurídico del regulador independiente de los medios de comunicación. El nuevo régimen, que se establecerá en el próximo proyecto de ley sobre seguridad en línea y regulación de los medios de comunicación, prevé la disolución de la Autoridad de Radio y Televisión de Irlanda (ARTI) y la asignación de todas sus funciones a la nueva Comisión de Medios de Comunicación. Esta también recibirá nuevas competencias en materia de supervisión y sanción, con la facultad de solicitar la imposición de multas administrativas, a fin de controlar el respeto de la nueva legislación sobre servicios en línea. La Comisión de Medios de Comunicación estará compuesta por un máximo de seis comisarios, nombrados tras un concurso abierto dirigido por el Servicio Público de Nombramientos. Actualmente la ARTI cuenta con nueve miembros, cinco de los cuales han sido nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Turismo, Cultura, Arte, Gaeltacht, Deporte y Medios de Comunicación. La nueva Comisión estará dirigida por un presidente ejecutivo con funciones de gestión. El anteproyecto de ley propone mantener la financiación de las actividades reguladoras de la nueva Comisión de Medios de Comunicación mediante la introducción de tasas industriales, al igual que el actual sistema de financiación de la ARTI. El anteproyecto confirma que la Comisión debe ser independiente en el desempeño de sus funciones. Se espera que la nueva normativa se adopte a finales de 2021. Como en 2020, el Media Pluralism Monitor (MPM) de 2021 calificó de nivel bajo los riesgos para la independencia y la eficacia del regulador irlandés de los medios de comunicación, destacando que las garantías jurídicas existentes restringían efectivamente el alcance de posibles injerencias externas.

Irlanda cuenta con un sistema consolidado de organismos autorreguladores en el sector de los medios de comunicación. El sistema se basa en las actividades del Consejo de Prensa de Irlanda (PCI) y de la Oficina del Defensor del Lector (PO) y abarca periódicos (impresos y en línea), revistas y publicaciones de noticias exclusivamente en línea adscritos al Consejo de Prensa. Según el informe anual de 2020, el año pasado se presentaron 346 denuncias al PIC y 25 fueron analizadas por el OP, lo que constituye un aumento en comparación con las 252 denuncias presentadas en 2019 . En 2021, el OP ya examinó diez casos

Se han adoptado diversas medidas para garantizar el carácter abierto y plural de los servicios de radiodifusión en Irlanda. El 11 de noviembre de 2020 se puso en servicio una base de datos con motor de búsqueda sobre la información relativa a la propiedad de empresas de medios de comunicación irlandeses. Esta base de datos será objeto de actualizaciones periódicas cada seis meses. En virtud de la Ley de competencia y defensa del consumidor de 2014, el Ministro de Turismo, Cultura, Arte, Gaeltacht, Deporte y Medios de Comunicación es competente para evaluar los efectos que las transmisiones de propiedad (fusiones) en el sector de los medios de comunicación pueden tener en la pluralidad mediática en Irlanda. Además, cada tres años, la ARTI está obligado a llevar a cabo una revisión de la propiedad de las empresas de medios de comunicación en Irlanda, centrándose, en particular, en los cambios en la propiedad y sus consecuencias para la pluralidad de los medios de comunicación. Las dos primeras revisiones se llevaron a cabo en 2015 y en 2018. Como preparación de la próxima revisión, prevista para 2021, la ARTI ha organizado una consulta pública entre las partes interesadas, que concluyó el 30 de abril de 2021. Estas medidas de transparencia son importantes, teniendo en cuenta el alto nivel de concentración en el sector irlandés de los medios de comunicación, especialmente a nivel local. El MPM de 2021 hace referencia a la falta de datos para poder evaluar la concentración de los medios de comunicación.

El Gobierno ha adoptado algunas medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19.Tal como ha informado Periodistas sin Fronteras, muchas publicaciones regionales se encontraban al borde del colapso financiero en 2020. Una serie de periódicos gratuitos también suspendieron sus operaciones como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y solo un pequeño aumento de la publicidad estatal, relacionada con las medidas de la COVID-19, impidió que algunas emisoras de radio hubiesen de cerrar. Asimismo, el Régimen Estatal de Subvenciones por Desempleo durante la Pandemia estaba abierto a todos los empleados, incluidos los periodistas, lo que contribuyó a mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el sector. Los trabajadores autónomos también tenían acceso a ciertas ayudas financieras.

El Gobierno está analizando el futuro del sector de los medios de comunicación. El Gobierno irlandés decidió emprender un debate sobre posibles medidas a largo plazo para apoyar al sector de los medios de comunicación y, en octubre de 2020, constituyó una Comisión independiente sobre el futuro de los medios de comunicación. Las reflexiones de la Comisión se han centrado, en particular, en los retos a los que se enfrentan todos los agentes de los medios de comunicación en relación con la evolución de sus fuentes de ingresos, el comportamiento de los usuarios y los nuevos modelos técnicos de consumo de medios de comunicación. Entre el 12 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021, la Comisión organizó una consulta pública que generó más de 800 contribuciones escritas de grupos interesados y del público en general. La Comisión está participando actualmente en una serie de diálogos temáticos con vistas a elaborar un informe y recomendaciones antes del verano de 2021.

Se está debatiendo la modificación del régimen de protección de los periodistas. Tras el anuncio de los planes de revisión de la Ley de difamación de 2009, el Gobierno irlandés está revisando la legislación vigente. El nuevo régimen para la difamación podría presentarse a finales de 2021. Como han destacado las partes interesadas, el régimen actual permite imponer indemnizaciones desproporcionadas por difamación, lo que puede tener un impacto negativo en la libertad periodística. La última consulta sobre la revisión de esta legislación tuvo lugar a finales de 2016 y no dio lugar a ningún cambio legislativo. En 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas registró una alerta en relación con Irlanda. Fue la primera alerta relativa a este Estado desde 2015. La alerta se refería a una demanda presentada por un activista político mencionado en una noticia del Dublin Inquirer. En la demanda se hacía referencia a una supuesta negligencia en la conducta periodística del periódico. En 2021 no se han registrado alertas. En cuanto a la seguridad digital de los periodistas, el MPM de 2021 reitera los riesgos legislativos derivados de la Ley de conservación de datos, en particular su falta de garantías específicas para la protección de las fuentes periodísticas. Aunque el Gobierno irlandés anunció en 2020 su intención de revisar la Ley de comunicaciones, actualmente no figura en su agenda de prioridades.

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Irlanda dispone de un sistema parlamentario bicameral: el Parlamento (Oireachtas) está compuesto por una Cámara Baja (Dáil Éireann) y una Cámara Alta (Seanad Éireann). Los ministros del Gobierno y los diputados al Parlamento gozan de iniciativa legislativa. El control de constitucionalidad lo lleva a cabo el Tribunal Superior, con posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. La Comisión Irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad (IHREC) es la institución nacional irlandesa de derechos humanos e igualdad.

Para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se ha aplicado el procedimiento legislativo ordinario, pero se han planteado dudas acerca del control de las medidas de emergencia por el Parlamento. La respuesta de Irlanda a la pandemia de COVID-19, que se ha basado en todo momento en el procedimiento legislativo ordinario, se ha valido en gran medida de instrumentos legales firmados por el Ministro de Sanidad, habilitado al efecto por el Derecho primario. Con arreglo a una cláusula de caducidad, las competencias conferidas en virtud de estas leyes debían permanecer en vigor hasta el 9 de noviembre de 2020, a menos que se prorrogaran. Una moción presentada en octubre de 2020 las prorrogó hasta el 9 de junio de 2021, a lo que se opusieron varios diputados del Parlamento, partidarios de prórrogas más breves. El escaso tiempo dedicado al debate sobre esta moción ha sido objeto de críticas. Un informe del IHREC, entre otros puntos conflictivos, recomendaba prórrogas más breves y que la legislación estableciese la duración máxima de cualquier prórroga. Las organizaciones de la sociedad civil se hicieron eco de estas preocupaciones. Debido a las elecciones generales celebradas en enero y al retraso en el nombramiento de un gobierno, entre enero y octubre de 2020 no se produjeron reuniones ordinarias de las comisiones, si bien un Comité Especial sobre la Respuesta a la COVID-19 se reunió entre el 6 de mayo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020. En junio de 2021, se ampliaron las cláusulas de extinción contenidas en cuatro actos de Derecho primario, introducidos para hacer frente a la COVID-19. Como consecuencia de ello, las medidas seguirán en vigor hasta el 9 de noviembre de 2021 y podrán prorrogarse por un período único de tres meses mediante una resolución de ambas Cámaras.

El proceso legislativo se ha caracterizado, desde el inicio de la pandemia, por la reducción de los debates en el Parlamento. Se ha recurrido con frecuencia, principalmente en relación con la legislación relacionada con la COVID-19, los instrumentos destinados a acortar el debate y conseguir la rápida consideración por parte del Parlamento. Entre dichos instrumentos figuran la dispensa del requisito de examinar el proyecto de ley antes de su publicación («control previo») , el uso de las denominadas «mociones guillotina» para acortar el tiempo dedicado al debate, y las mociones de firma temprana para garantizar que el presidente examine rápidamente un proyecto de ley aprobado por el Parlamento. En 2020 se presentaron «mociones guillotina» en 30 de los 32 proyectos de ley aprobados, y 19 de ellas se utilizaron para acortar el debate sobre 17 proyectos legislativos diferentes. En 2020 se acordaron mociones de firma temprana en 18 ocasiones, lo que permitió que el examen del proyecto por parte del presidente tuviera lugar en un plazo de 5 días. Durante la suspensión de las sesiones de las comisiones de la Cámara Baja hasta septiembre de 2020, se acordó renunciar al requisito de control previo en relación con 17 de los proyectos de ley tramitados. En 2020, una comisión de toda la Cámara Baja realizó labor de comisión en relación con 26 leyes. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado el escaso tiempo dedicado a las consultas.

La acreditación de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad se revisará en 2021. En noviembre de 2015, el Defensor del Pueblo fue calificado con la nota «A» por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (GANHRI). En febrero de 2021, el IHREC publicó un informe sobre las facultades de emergencia en Irlanda durante la pandemia de COVID-19. En él se llegaba a la conclusión de que las principales medidas introducidas hasta ahora para controlar la pandemia (principalmente, restricciones de la movilidad y de las reuniones en el hogar y obligaciones de utilizar mascarilla) estaban justificadas por la obligación del Estado de proteger la salud pública. El informe también formuló una serie de conclusiones, como la recomendación de que el Gobierno irlandés mantuviese en todo momento una clara distinción entre medidas jurídicamente obligatorias y las recomendaciones sanitarias, o que todas las medidas adoptadas como parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19 estuviesen sujetas a caducidad.

Irlanda tiene una sociedad civil dinámica y diversa, aunque las restricciones de financiación siguen suscitando cierta preocupación. Además de los 45 millones EUR del Fondo de Estabilidad COVID-19 creado por el Gobierno en 2020 para proporcionar inyección de efectivo a organizaciones comunitarias y de voluntariado, organizaciones benéficas y empresas sociales que prestan servicios esenciales de primera línea, se han puesto a disposición 10 millones EUR adicionales para 2021. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron expresando su preocupación por el impacto de las prohibiciones establecidas en el Acta Electoral de conceder donaciones para «fines políticos» por encima de un determinado importe, así como por parte de no ciudadanos residentes fuera de Irlanda. La Comisión de Normas de la Función Pública, encargada de supervisar la aplicación de la Ley, también ha pedido una profunda revisión de la Ley electoral. Recientemente se ha publicado un anteproyecto de ley de reforma electoral, cuyo objetivo es crear una Junta Electoral independiente y de origen legal. La intención del Gobierno es que la Junta Electoral lleve a cabo una revisión exhaustiva de la Ley electoral de 1997, abordando también las preocupaciones cuya solución han urgido las organizaciones de la sociedad civil.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Abogacía de Irlanda (2021), Observaciones dirigidas al Ministerio de Justicia en relación con el Anteproyecto de ley de la Comisión de Nombramientos Judiciales de 2020 ( https://www.lawlibrary.ie/media/lawlibrary/media/Secure/Submission-to-DOJ-with-Appendix.pdf ).

Autoridad de Radio y Televisión de Irlanda (2019), Aportación a la Consulta Pública del Departamento de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente sobre el Reglamento de contenido nocivo en las plataformas en línea y la transposición de la nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual ( https://www.bai.ie/en/bai-publishes-submission-on-regulation-of-harmful-online-content-implementation-of-new-audiovisual-media-services-directive/ ).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros/Sąd Najwyższy, CP/Sąd Najwyższy y DO/Sąd Najwyższy (asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18, EU:C:2019:982).

Council of the Bar of Ireland (2021), Aportación del Council of the Bar of Ireland al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Council of the Bar of Ireland (2021), Observaciones dirigidas al Ministerio de Justicia en relación con el Anteproyecto de ley de la Comisión de Nombramientos Judiciales de 2020 ( https://www.lawlibrary.ie/News/reports-and-submissions.aspx ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades ( https://www.coe.int/en/web/cdcj/judicial-independence-and-impartiality ).