Marco de transparencia: No es posible establecer ni aplicar las normas de transparencia de la negociación para todos los instrumentos financieros (acciones e instrumentos distintos de las acciones). Además, tampoco pueden determinarse los cálculos y los umbrales para la evaluación de la liquidez, las dispensas, los aplazamientos de la publicación y, en el ámbito de las acciones, la doble limitación del volumen (que restringe la negociación no transparente o dark trading).

La falta de datos tiene consecuencias para múltiples áreas del paquete MiFID II. Por lo que se refiere a la regulación del mercado, es evidente que sin la base de los datos de referencia (identificación del instrumento) y las infraestructuras de datos adicionales para los cálculos de la transparencia y la notificación de las posiciones, no será posible aplicar la mayor parte de las normas del mercado. En particular:

Regulación microestructural: Muchos de los requisitos relativos a la negociación algorítmica o de alta frecuencia dependen, por su propia naturaleza, de los datos. En particular, las disposiciones clave sobre el régimen de magnitudes de variación mínima (tick-size regime) y las exigencias relativas a las obligaciones y los sistemas de creación de mercado dependen también de la existencia de un mercado líquido determinado con arreglo al marco de transparencia.

Las normas para la protección del inversor, las normas de conducta y determinados requisitos organizativos asociados en el marco del paquete MiFID II no se verán directamente afectados por la falta de datos. Una excepción importante la constituyen las normas de ejecución óptima (best execution), donde la existencia de un mercado líquido y otros conceptos de transparencia sirven de referencia para la determinación del alcance de la divulgación de información. Por lo que respecta a las demás normas para la protección del inversor, aparte de las cuestiones relativas a la definición de los instrumentos financieros o el ámbito de aplicación de la legislación, en general no existen interrelaciones entre los datos, pues tales normas se refieren directamente a la distribución, no a la negociación. Por lo tanto, se reconoce que un enfoque alternativo consistiría en aplazar la fecha de inicio de la aplicación únicamente para la parte de la normativa directamente relacionada con la recogida de datos.

Sin embargo, tras un análisis detenido de esa opción, parece preferible extender el aplazamiento a todo el paquete, incluidas las normas para la protección del inversor, en lugar de aplicar un planteamiento escalonado:

evita el riesgo de que la aplicación escalonada genere confusión y costes innecesarios para las partes interesadas; el desarrollo simultáneo de las diversas infraestructuras, en lugar de hacerlo por fases, haría el proceso más eficiente en términos de costes; por ejemplo, evita situaciones en que las empresas de inversión que participen en la ejecución de órdenes tengan que establecer requisitos organizativos / normas de conducta por fases, lo cual sería complicado, caro y oneroso;

evita tener que delimitar los ámbitos que pueden ser aplicados inmediatamente y aquellos que no, y, por tanto, evita el riesgo de provocar consecuencias involuntarias que quizá no se hayan previsto o considerado suficientemente; y

evita la necesidad de establecer normas transitorias, que no dejarían de plantear nuevas cuestiones y obligarían a la AEVM, las autoridades nacionales competentes y las partes interesadas a desviar recursos de la construcción del marco permanente.

Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas, el aplazamiento del comienzo de la aplicación del conjunto de las disposiciones de la MiFID II resulta necesario y está justificado.

No obstante, cambiar la fecha de aplicabilidad del paquete MiFID II tiene consecuencias para la aplicabilidad de otros actos legislativos, en particular el Reglamento (UE) n.º 596/2014 («Reglamento sobre el abuso de mercado») y el Reglamento (UE) n.º 909/2014 («Reglamento sobre los depositarios centrales de valores»).

El marco sobre el abuso de mercado será aplicable a determinados conceptos y definiciones del paquete MiFID II. Como el Reglamento sobre el abuso de mercado debería aplicarse desde el 3 de julio de 2016, contiene ya una disposición que garantiza que, antes de la fecha inicialmente prevista para el inicio de la aplicación del paquete MiFID II, se aplicarán los conceptos y las normas de la MiFID I. En aras de la seguridad jurídica durante el período comprendido entre la fecha inicialmente prevista para el comienzo de la aplicación del paquete MiFID II y la nueva fecha a tal efecto, es necesario aclarar en el Reglamento sobre el abuso de mercado que los conceptos y las normas establecidos en la MiFID I deben aplicarse hasta dicha nueva fecha. El Reglamento sobre el abuso de mercado también hace referencia a conceptos que serán introducidos por el paquete MiFID II, tales como los sistemas organizados de contratación («SOC»), los mercados de pequeñas y medianas empresas («PYME») en expansión, los derechos de emisión o los productos subastados basados en ellos. El Reglamento sobre el abuso de mercado establece que sus disposiciones no se aplicarán a esos conceptos hasta la fecha inicialmente prevista de comienzo de la aplicación del paquete MiFID II. Por tanto, también es necesario aclarar en el Reglamento sobre el abuso de mercado que las disposiciones relativas a los SOC, los mercados de PYME en expansión, los derechos de emisión o los productos subastados basados en ellos no se aplicarán hasta la nueva fecha de comienzo de la aplicación del paquete MiFID II.

Por lo que respecta al Reglamento sobre los depositarios centrales de valores, las consecuencias son de dos tipos. En primer lugar, hay consecuencias para la aplicación de las normas sobre disciplina de liquidación a los sistemas multilaterales de negociación («SMN») que soliciten su registro como mercados de PYME en expansión de conformidad con la Directiva 2014/65/UE. En concreto, esas normas permiten que los SMN que cumplan los criterios de un mercado de PYME en expansión en el marco del paquete MiFID II apliquen un período de prórroga más largo para la liquidación de las operaciones mientras no se haya completado su registro como mercado de tal naturaleza. En segundo lugar, a fin de disponer de un marco legislativo claro y coherente para la negociación y la liquidación, el Reglamento sobre los depositarios centrales de valores se basa en muchos de los conceptos y las definiciones del paquete MiFID II. En aras de la seguridad jurídica durante el período comprendido entre la anterior fecha de inicio de la aplicación y la nueva fecha a tal efecto, es necesario aclarar que las normas establecidas en la MiFID I deben utilizarse hasta dicha nueva fecha.

1.4. Duración del aplazamiento

Un aplazamiento de un año proporcionará, en principio, un plazo razonable y suficiente para que la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los operadores puedan establecer la infraestructura de recogida de datos, notificaciones y cálculos de los umbrales de transparencia. El proceso de implementación consta de cinco fases: 1) requisitos para la actividad (en este caso, las necesarias normas técnicas de regulación/ejecución); 2) especificaciones; 3) desarrollo; 4) pruebas, y 5) despliegue. La AEVM estima que habrá completado esas fases para enero de 2018 en relación con los datos de referencia, los cálculos de la transparencia y los sistemas de notificación de las posiciones. Lo anterior parte de la hipótesis de que para mediados de 2016 ya exista claridad jurídica suficiente sobre los requisitos definitivos con arreglo a las normas técnicas de regulación pertinentes. Sobre esta base, por consiguiente, el proyecto de propuesta aplaza durante un año, hasta el 3 de enero de 2018, el comienzo de la aplicación de la totalidad del marco.

El aplazamiento del inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 no debería repercutir en la adopción de actos delegados y normas técnicas en virtud del mismo. La Comisión debe adoptar las medidas expuestas de conformidad con el procedimiento previsto, a fin de que el sector pueda establecer sistemas internos y adaptarlos oportunamente para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos en la fecha de comienzo de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE. Es complementaria de la propuesta de reglamento que aplaza la entrada en vigor de la MiFID.

•Subsidiariedad

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si los objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. La intervención de la UE es necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado interior y evitar el falseamiento de la competencia en el sector de los mercados de valores. A este respecto, la legislación que está siendo modificada ha sido adoptada respetando plenamente el principio de subsidiariedad y cualquier modificación de que sea objeto debe hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

•Proporcionalidad

La intervención de la UE es necesaria para alcanzar el objetivo de una correcta implantación de la infraestructura de recogida de datos, según lo establecido en el paquete MiFID II. El aplazamiento propuesto, en términos de ámbito de aplicación y de duración, es necesario en aras del orden y la eficiencia de la planificación y ejecución por todas las partes interesadas. Por tanto, la presente propuesta garantizará la consecución del propósito original del paquete MiFID II, lograr que el mercado interior de servicios de valores funcione con plena eficacia y tenga un nivel elevado de transparencia y protección de los inversores.