[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.11.2007

COM(2007) 650 final

2007/0236 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo

(presentada por la Comisión) {SEC(2007) 1424}{SEC(2007) 1425}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

- Motivación y objetivos de la propuesta

El terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la democracia, para el libre ejercicio de los derechos humanos y para el desarrollo económico y social.

El objetivo de la Unión, establecido en el Tratado de la Unión Europea, es garantizar un alto nivel de seguridad para los ciudadanos en un espacio de libertad, seguridad y justicia; por ello, es sumamente importante que los Estados miembros de la Unión cuenten con legislaciones penales efectivas para lograr dicho objetivo en el contexto de la lucha contra el terrorismo y también resulta crucial adoptar medidas para reforzar la cooperación internacional en este ámbito.

Las tecnologías modernas de información y comunicación desempeñan un papel importante en la propagación de la amenaza terrorista, especialmente internet, que es barata, rápida, fácilmente accesible y tiene un alcance prácticamente mundial. Todas estas ventajas, muy apreciadas por los ciudadanos respetuosos de las leyes, que se benefician de internet en su vida cotidiana, también son aprovechadas, desgraciadamente, por los terroristas, que utilizan internet como medio de difundir propaganda para movilizar y reclutar adeptos, así como instrucciones y manuales en línea destinados al adiestramiento y la planificación de atentados, todo ello dirigido tanto a partidarios actuales como potenciales.

Internet actúa así como uno de los principales impulsores de los procesos de radicalización y reclutamiento y también sirve como fuente de información sobre medios y métodos terroristas, funcionando como un "campo de entrenamiento virtual". La difusión de propaganda y experiencias terroristas a través de internet complementa y refuerza el adoctrinamiento y el adiestramiento de tipo tradicional y contribuye a desarrollar una base más sólida y extensa de activistas y partidarios del terrorismo.

La prevención de esta creciente amenaza es urgente. El terrorismo moderno y su nuevo modus operandi deben ser combatidos por la UE con la misma determinación y fuerza demostradas en la lucha contra el terrorismo tradicional. La presente propuesta actualiza la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo [DO L 164 de 22.6.2002, pp. 3-7] y la adecua al Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo, mediante la inclusión en el concepto de terrorismo de la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y del reclutamiento y el adiestramiento de terroristas.

También es importante incluir estos delitos en la Decisión marco principalmente por las siguientes razones:

- conlleva las ventajas del marco institucional más integrado de la Unión Europea (en especial: evita el larguísimo procedimiento de firma y ratificación propio de los convenios del Consejo de Europa, aplica mecanismos apropiados de seguimiento, y supone interpretación común por el Tribunal de Justicia);

- la Decisión marco establece un régimen jurídico específico, en especial en lo relativo al tipo y nivel de las penas y las normas obligatorias sobre jurisdicción, que también será aplicable a los nuevos delitos incorporados;

- la Decisión marco es un instrumento clave en la política antiterrorista de la UE y la inclusión explícita de estos actos preparatorios específicos activa por tanto los mecanismos de cooperación de la Unión previstos en la Decisión marco.

El valor añadido de incluir la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas en el concepto de terrorismo aplicado por la UE se detalla en la evaluación de impacto.

La Decisión marco también se aplica a conductas que podrían contribuir a la comisión de delitos terroristas en terceros países, lo que refleja el compromiso de la Comisión de luchar contra el terrorismo tanto en la Unión Europea como en todo el mundo. La presente propuesta mantiene este planteamiento y subraya la importancia de la cooperación internacional en el marco de las organizaciones y mecanismos de cooperación existentes.

La Unión Europea y sus Estados miembros se basan en el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la garantía de la dignidad del ser humano y la protección de estos derechos, tanto por lo que se refiere a los individuos como a las instituciones.

- Contexto general

Unión Europea

La Decisión marco aproxima la definición de los delitos de terrorismo en todos los Estados miembros y garantiza que a las personas físicas y jurídicas que hayan cometido o sean responsables de tales delitos se les imponen penas y sanciones proporcionadas a su gravedad. Determina los casos en que los Estados miembros están obligados a entender de los delitos de terrorismo para que puedan ser eficazmente enjuiciados e incluye medidas específicas sobre protección y ayuda a las víctimas de delitos de terrorismo, que son especialmente vulnerables.

El primer informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión marco [COM(2004) 409 final, de 8.6.2004 y documento de trabajo de la Comisión SEC (2004) 688, de 8.6.2004] examinó la aplicación en los distintos Estados miembros. Un segundo informe, adoptado simultáneamente a la presente propuesta, actualiza dicho examen e incorpora una evaluación completa y original con respecto a los Estados miembros que son evaluados por primera vez. Ambos informes reflejan el nivel de armonización logrado en la Unión tras la adopción de la Decisión marco y facilitan directrices de interpretación útiles así como una valiosa descripción de la legislación antiterrorista en los Estados miembros.

En el Programa de La Haya, el Consejo Europeo subraya que para prevenir y combatir el terrorismo con eficacia, respetando al mismo tiempo plenamente los derechos fundamentales, es preciso que los Estados miembros no limiten sus actividades a mantener la seguridad propia, sino que se planteen también la seguridad de la Unión en su conjunto.

De conformidad con la Estrategia y Plan de acción de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, adoptada por el Consejo JAI de diciembre de 2005, la UE insta a la adopción de medidas para combatir el uso de internet con fines terroristas y también pone de relieve que las actividades de los Estados miembros deben ir acompañadas por acciones que abarquen a toda la UE.

En sus conclusiones del 15 y 16 de junio de 2006, el Consejo Europeo instó expresamente al Consejo y a la Comisión a elaborar medidas de lucha contra el uso ilícito de internet con fines terroristas, respetando siempre los principios y derechos fundamentales.

Ámbito internacional

El Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo (Varsovia, 16 de mayo de 2005) requiere que los Estados parte garanticen que la inducción pública para cometer un delito de terrorismo, el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas sean punibles.

Además, la Resolución 1624 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 14 de septiembre de 2005 y la Estrategia mundial de lucha contra el terrorismo de la ONU (8 de septiembre de 2006) son especialmente pertinentes y también deben tenerse en cuenta la Cumbre del G-8 (San Petersburgo, Rusia, 16 de julio de 2006) y la Decisión n° 7/06 del Consejo Ministerial de la OSCE sobre la lucha contra el uso de internet con fines terroristas (5 de diciembre de 2006).

- Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

El artículo 4 de la Decisión marco establece que los Estados miembros tipificarán como delito la inducción o la complicidad para cometer delitos terroristas y el artículo 2 requiere que los Estados miembros consideren responsables a quienes dirijan un grupo terrorista o participen en sus actividades delictivas. Sin embargo, estas disposiciones no cubren explícitamente la difusión de propaganda y conocimientos terroristas, en especial a través de internet.

Los artículos 5 a 7 del Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo requieren que los Estados parte tipifiquen como delitos la inducción pública para la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, cuando sean cometidos ilícita e intencionadamente (artículos 5 a 7). Además, el artículo 9 requiere que los Estados parte establezcan cuáles son los delitos conexos a los citados en los artículos 5 a 7.

- Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta sigue la línea de la Estrategia y Plan de acción de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, actualizando y complementando el marco jurídico antiterrorista de la UE, y se atiene a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [DO C 364 de 18.12.2000, p. 1].

Las medidas antiterroristas deben ir asociadas con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La presente propuesta aborda asuntos que están en la frontera entre el ejercicio legítimo de libertades tales como la de expresión, asociación o religión, y comportamientos criminales. Por lo tanto, se ha elaborado teniendo plenamente en cuenta estos derechos humanos y libertades fundamentales. Particularmente, las restricciones impuestas a la libertad de expresión por el nuevo delito de incitación pública a la comisión de delitos de terrorismo se atienen al artículo 10 de la Carta.

2. CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

- Consulta a las partes interesadas

Métodos de consulta, principales sectores afectados y perfil general de los consultados

En 2006, la Comisión envió tres cuestionarios distintos. Uno a los Estados miembros, el 26 de junio de 2006. Otro a los medios de comunicación; sectores industriales; organizaciones sociales; ONG nacionales, europeas e internacionales que se ocupan de los derechos humanos; asociaciones de abogados; editores; empresas de comunicación y asociaciones de periodistas; prestadores de servicios de internet; empresas de telecomunicaciones; y otros sectores industriales afectados, el 20 de noviembre de 2006. Y finalmente, un tercero a Europol, Escuela Europea de Policía y Eurojust, el 11 de diciembre de 2006. Además se organizaron debates y reuniones con representantes de medios de comunicación europeos y prestadores de servicios de internet. Finalmente, el 20 de marzo de 2007 se celebró un encuentro en el que participaron representantes de los Estados miembros, Europol, Eurojust y la Escuela Europea de Policía, con el fin de presentar los resultados de los cuestionarios y de discutir posibles soluciones para luchar contra el uso de internet con fines terroristas.

Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta

Las respuestas a los tres cuestionarios se resumen en los anexos I, II y III de la evaluación de impacto anexa a la presente propuesta.

La reunión celebrada el 20 de marzo de 2007 confirmó que existe un apoyo suficiente para modificar la Decisión marco con el fin de incluir los nuevos delitos de incitación pública a la comisión de delitos de terrorismo y de reclutamiento y adiestramiento de terroristas, incluso cuando se cometen a través de internet, en la medida en que la tipificación no rompe el equilibrio logrado en el Convenio del Consejo de Europa.

La presente propuesta constituye un planteamiento equilibrado que toma en consideración las respuestas a los tres cuestionarios y las opiniones expresadas en el proceso de consulta y que se apoya en la evaluación de impacto anexa. En especial, la propuesta incluye delitos paralelos a los introducidos en el Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo. Así, prevé medidas legales adecuadas para abordar la incitación pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, incluso cuando se cometen a través de internet, pero respeta plenamente los derechos humanos y no altera el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios establecido de conformidad con la Directiva sobre comercio electrónico.

- Obtención y utilización de asesoramiento técnico

No ha sido necesario recurrir a asesoramiento técnico externo.

- Evaluación de impacto

1. No se produce ningún cambio de política (statu quo discutible debido a la existencia del Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo).

2. Prohibir a los prestadores de servicios de internet dar acceso a material destinado a inducir públicamente a la comisión de delitos de terrorismo o al reclutamiento o el adiestramiento de terroristas.

3. Reforzar las capacidades policiales y la experiencia de las autoridades para impedir el uso de internet con fines terroristas (mediante una formación adecuada, el apoyo de expertos y equipos eficaces, posiblemente financiados por la Comisión).

4. Exhortar a los Estados miembros a firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo (mediante una declaración política).

5. Revisar la Decisión marco para introducir en el ordenamiento penal delitos paralelos a los previstos en el Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo y tipificar la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, también a través de internet.

Después de un examen cuidadoso del impacto en la seguridad, la economía y los derechos humanos de cada una de las opciones. y sopesadas sus ventajas y desventajas, la combinación de las opciones 5 y 3 parece ser la política más efectiva para impedir el uso de internet con fines terroristas pero respetando plenamente los derechos humanos.

La Comisión realizó la evaluación de impacto prevista en el programa de trabajo, que puede consultarse en www.europa.eu.int.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

- Resumen de la acción propuesta

La modificación propuesta de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, tiene como finalidad armonizar las disposiciones nacionales sobre la inducción pública para la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, de modo que estas actividades sean punibles en la UE, incluso cuando se efectúen a través de internet, y para garantizar que las disposiciones existentes sobre penas, responsabilidad de las personas jurídicas, jurisdicción y procesamiento aplicables a los delitos de terrorismo, se apliquen también a tales actos.

- Base jurídica

Artículos 29, 31.1.e) y 34.2.b) del Tratado de la Unión Europea.

- Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad se aplica a las acciones de la Unión.

Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por los motivos que se exponen a continuación.

El terrorismo moderno es eminentemente mundial. La difusión de propaganda con fines de movilización y reclutamiento así como de instrucciones y manuales en línea destinados a el adiestramiento o planificación de atentados vía internet tienen intrínsecamente un carácter internacional y transfronterizo. La amenaza es internacional y así debe ser por lo menos parte de la respuesta.

Tanto las políticas antiterroristas de la UE como las relativas a delitos informáticos requieren esfuerzos coordinados de los Estados miembros y cooperación a nivel internacional para lograr sus objetivos. Las diferencias de tratamiento jurídico en los Estados miembros dificultan los esfuerzos coordinados requeridos al nivel de la UE y la cooperación internacional.

La actuación de la Unión cumplirá mejor los objetivos de la propuesta por los motivos que se exponen a continuación.

Existe una clara necesidad de ampliar al nuevo modus operandi de los terroristas los esfuerzos complementarios actuales a nivel nacional y de la UE en la lucha contra el terrorismo. La extensión de la actual definición común de terrorismo impedirá que los terroristas se beneficien de las lagunas y divergencias de las legislaciones nacionales y facilitará considerablemente el trabajo operativo policial contra actividades criminales transfronterizas. Una base común compartida por todos los Estados miembros también facilitará la cooperación internacional, consolidando la posición de la UE en los foros internacionales.

Una mayor cooperación policial en la UE e internacional supondrá investigaciones y procesamientos más eficaces e incrementará la seguridad.

La propuesta se atiene, pues, al principio de subsidiariedad.

- Principio de proporcionalidad

La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación.

La propuesta no va más allá de lo requerido y lo que supone el valor añadido de la UE. Al tratarse de una Decisión marco, es vinculante para los Estados miembros en cuanto a su resultado, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos de lograrlo.

Las disposiciones de la Directiva sobre comercio electrónico y de la Directiva sobre conservación de datos no sufren cambios para no imponer ninguna nueva obligación a los prestadores u operadores de servicios de telecomunicaciones. La propuesta no impone a la industria la carga de la creación de nuevos mecanismos de cooperación sino que simplemente supone un mayor uso de mecanismos existentes en ambas Directivas. Los costes indirectos resultantes de la presente propuesta se limitan a la carga de trabajo adicional resultante de las investigaciones relacionadas con los nuevos delitos. Considerando el número anual de procesamientos por actos de terrorismo en la UE, parece que tales costes no son significativos.

- Instrumentos elegidos

Instrumentos propuestos: Decisión marco basada en el artículo 34.2.b) del TUE. Como el objetivo es aproximar la legislación de los Estados miembros, no se precisan otros instrumentos.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto comunitario.

2007/0236 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 29, su artículo 31, apartado 1, y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[2],

Considerando lo siguiente:

(1) El terrorismo constituye una de las violaciones más graves de los valores universales de dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad, y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los que se basa la Unión Europea. También representa uno de los ataques más graves contra los principios de democracia y del Estado de Derecho, principios comunes a los Estados miembros y en los cuales se basa la Unión Europea.

(2) La Decisión marco 2002/745/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el terrorismo, constituye la base de la política antiterrorista de la Unión Europea. El logro de un marco jurídico común a todos los Estados miembros, y en especial, de una definición armonizada de los delitos de terrorismo ha permitido que la política antiterrorista de la Unión Europea se desarrolle y amplíe respetando los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

(3) La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente durante estos últimos años, con cambios en el modus operandi de los terroristas y sus simpatizantes, incluida la sustitución de grupos estructurados y jerárquicos por grupúsculos semiautónomos ligados entre ellos con flexibilidad, que forman redes internacionales y que utilizan de forma creciente nuevas tecnologías, en especial internet.

(4) Internet es utilizada para inspirar y movilizar a las redes terroristas locales y a terroristas individuales en Europa y también sirve de fuente de información sobre medios y métodos terroristas, por lo que funciona como un "campo de entrenamiento virtual". Por ello, las actividades de inducción pública a la comisión de actos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas se han multiplicado con un coste y unos riesgos muy bajos.

(5) El Programa de La Haya hace hincapié en que la prevención eficaz y la lucha contra el terrorismo dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales exige que los Estados miembros no sólo se centren en su propia seguridad sino más bien en la seguridad del conjunto de la Unión.

(6) El plan de acción relativo a la ejecución del Programa de La Haya recuerda que es precisa una respuesta general al terrorismo y que no puede ignorarse lo que los ciudadanos esperan de la Unión y que la Unión no puede dejar de darles respuesta. Además, afirma que la atención debe centrarse en distintos aspectos de la prevención, la preparación y la respuesta con objeto de mejorar, y en caso necesario complementar, las capacidades de los Estados miembros para luchar contra el terrorismo, concentrándose particularmente en el reclutamiento, la financiación, el análisis de riesgos, la protección de infraestructuras vitales y la gestión de las consecuencias.

(7) La presente propuesta prevé la tipificación de delitos terroristas para contribuir al objetivo de una política más general de prevención del terrorismo mediante la reducción de la difusión de materiales que podrían inducir a las personas a cometer ataques terroristas.

(8) La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1624 (2005) pide a los Estados que adopten las medidas necesarias, apropiadas y de acuerdo con sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, para prohibir por ley la inducción a la comisión de actos terroristas y para impedirlos. El informe del Secretario General de la ONU "Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo", de 27 de abril de 2006, interpreta dicha Resolución como la base para tipificar la inducción a la comisión de atentados y al reclutamiento de terroristas, incluso a través de internet. La Estrategia mundial de lucha contra el terrorismo de la ONU (8 de septiembre de 2006) afirma que los Estados miembros de la ONU han decidido estudiar los medios para coordinar los esfuerzos internacionales y regionales para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones en internet.

(9) El Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo establece las obligaciones de los Estados parte en dicho Convenio de tipificar la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, cuando se comete ilícita e intencionadamente.

(10) La definición de los delitos de terrorismo, incluidos los ligados a actividades terroristas, debería ser más similar en todos los Estados miembros, de modo que cubra la incitación pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas, cuando se cometan intencionadamente.

(11) Deberían establecerse penas y sanciones para personas físicas y jurídicas que hayan cometido delitos de terrorismo o de inducción pública para la comisión de delitos de terrorismo y de reclutamiento y adiestramiento de terroristas, cuando se cometen intencionadamente. Estos comportamientos deberían ser igualmente punibles en todos los Estados miembros con independencia de que sean cometidos o no a través de internet.

(12) Deben establecerse normas adicionales sobre competencia para garantizar que las jurisdicciones de los Estados miembros puedan perseguir efectivamente la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas cuando tengan por objetivo la comisión de un delito de terrorismo o hayan resultado en la comisión del mismo.

(13) Dado que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros unilateralmente y, por consiguiente, dada la necesidad de normas armonizadas a escala europea, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Unión puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la presente Decisión marco no excede lo necesario para lograr esos objetivos.

(14) La Unión observa los principios reconocidos en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en sus capítulos II y VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar derechos o libertades fundamentales tales como la libertad de expresión, reunión, asociación, ni el derecho al respeto de la vida privada y familiar, incluido el derecho a la confidencialidad de la correspondencia.

(15) La inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo y el reclutamiento y el adiestramiento de terroristas son delitos dolosos. Por lo tanto, nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar la difusión de información con fines científicos, académicos o informativos. La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo, queda fuera del ámbito de la presente Decisión marco y, en especial, de la definición de inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

La Decisión marco de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo queda modificada como sigue:

1. El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

" Artículo 3 - Delitos ligados a actividades terroristas

1. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

2. "inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo" la distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la comisión de cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1, letras a) a h), cuando dicha conducta, independientemente de que promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo, conlleva el riesgo de comisión de uno o más de tales delitos.

3. "reclutamiento de terroristas" la petición a otra persona de que cometa cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1, o en el artículo 2, apartado 2.

4. "adiestramiento de terroristas" impartir instrucciones sobre la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos, con el fin de cometer cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1, a sabiendas de que las enseñanzas impartidas se utilizarán para dichos fines.

5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que entre los delitos de terrorismo se incluyan los siguientes actos dolosos:

6. inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo;

7. reclutamiento de terroristas;

8. adiestramiento de terroristas;

9. hurto o robo con agravantes cometido con el fin de llevar a cabo cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1);

10. chantaje con el fin de cometer cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1;

11. libramiento de documentos administrativos falsos con el fin de llevar a cabo cualesquiera de los actos citados en el artículo 1, apartado 1, letras a) a h), y en el artículo 2, apartado 2, letra b).

12. Para que un acto sea punible según lo expuesto en el apartado 2, no será necesario que se cometa realmente un delito de terrorismo.

2. El artículo 4, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:

"Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delito la tentativa de cometer cualesquiera de los delitos citados en el artículo 1, apartado 1, y en el artículo 3, excepto la tenencia prevista en el artículo 1, apartado 1, letra f), y de los delitos previstos en el artículo 1, apartado 1, letra i), y en el artículo 3, apartado 2, letras a) a c).".

3. En el artículo 9, apartado 1, se añade la letra a) siguiente:

"1a. Los Estados miembros también establecerán su competencia sobre los delitos citados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a c), cuando el delito tenga como fin o hubiera resultado en uno de los delitos citados en el artículo 1 y sea competencia del Estado miembro con arreglo a cualquiera de los criterios establecidos en el apartado 1, letras a) a e) del presente artículo.".

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco el [31 de diciembre de 2008], a más tardar.

2. Los Estados miembros comunicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2008 a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que incorporen en su Derecho nacional las obligaciones que la presente Decisión marco les impone. Tomando como base un informe escrito de la Comisión, el Consejo evaluará, antes del [31 de diciembre de 2009], si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco.

Artículo 3

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo,

El Presidente

[1] […]

[2] […]