INFORME DE LA COMISIÓN - Protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude - informe anual 2001

ÍNDICE

Resumen

Título 1 - Actividades de la Comunidad encaminadas a la protección de los intereses financieros de las comunidades y a la lucha contra el fraude

1. Principales aspectos de la evolución de la política comunitaria en 2001

2. Ejemplos de Cooperación y Asociación internas y externas con las autoridades nacionales

2.1. Exportación de azúcar a los PTUMM y reimportación de azúcar y mezclas de azúcar a la Comunidad Europea

2.2. Abuso de los regímenes de cuotas lácteas

2.3. Investigación por falsificación, uso de documentos falsificados y estafa, contra un grupo de ONG (organizaciones no gubernamentales)

2.4. La experiencia anterior en los países candidatos: Polonia

3. Seguimiento del plan de acción 2001-2003

Título II: Medidas adoptadas por los Estados miembros para la aplicación del artículo 280 del Tratado CE

4. Textos coadyuvantes a la aplicación del artículo 280 del Tratado CE - principales evoluciones legislativas

4.1. Recursos propios: principales evoluciones legislativas

4.2. Gastos agrícolas: principales evoluciones legislativas

4.3. Acciones estructurales: principales evoluciones legislativas

5. Textos complementarios con vistas a la protección de los intereses financieros comunitarios

5.1. ¿Cuál es el estado de la ratificación, por Estado miembro, del Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios y de sus protocolos-

5.2. ¿Tomó el Estado miembro, en su caso, medidas para transponer el Convenio y los Protocolos- (Esto se refiere a las medidas adoptadas después de la aprobación del Informe anual de 2000 en mayo de 2001)

6. Coordinación de los servicios responsables de la protección de los intereses financieros en cada Estado miembro

6.1 Recursos propios: mecanismos de coordinación y cooperación y posibles dificultades en el ámbito legislativo o reglamentario

6.2. Gastos agrícolas: mecanismos de coordinación y cooperación y posibles obstáculos en el ámbito legislativo o reglamentario

6.3. Acciones estructurales: mecanismos de coordinación y cooperación y posibles obstáculos en el ámbito legislativo o reglamentario

7. Observaciones sobre el funcionamiento de la colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros (apartado 3 del artículo 280 del Tratado CE)

8. Recuperación

8.1. Mecanismos legislativos y disposiciones administrativas para comunicación por las autoridades judiciales a la Administración del resultado de los procedimientos penales, a efectos de la recuperación

8.2. Medidas dirigidas a mejorar la recuperación de los recursos y de los gastos indebidos - relación entre los servicios de control e investigación y los servicios responsables de la recuperación

8.3. Conexión diaria entre los servicios de control y los servicios de recuperación

Título III: ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 101

INTRODUCCIÓN

9. LA SITUACIÓN EN 2001

9.1. Recursos propios tradicionales

9.2. Gasto agrícola (FEOGA Garantía)

9.3. Medidas estructurales

9.4. Casos investigados por la OLAF

10. ANÁLISIS ESPECÍFICO

10.1. Recursos propios tradicionales

10.2. Gasto agrícola (FEOGA Garantía)

10.3. Medidas estructurales

11. SEGUIMIENTO FINANCIERO

11.1. Recursos propios tradicionales

11.2. Gastos del FEOGA Garantía

11.3. Fondos estructurales

11.4. Gastos directos (incluida la ayuda exterior)

INFORME DE LA COMISIÓN

Protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude - informe anual 2001

Resumen

Con arreglo al apartado 5 del artículo 280 del Tratado CE, la Comisión presenta su tercer informe anual sobre la protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude. Para dar cuenta de la responsabilidad compartida de los Estados miembros y de la Comunidad, el informe presenta sucesivamente:

- el balance de la actividad legislativa y de regulación de la Comunidad en 2001 junto con varios ejemplos de cooperación con los Estados miembros, los terceros países candidatos y los terceros países (Título I);

- las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación del artículo 280 del Tratado CE, en particular desde del punto de vista legislativo y de la organización de los servicios de control (Título II);

- el balance estadístico de los resultados de las medidas de protección de los intereses financieros y de lucha contra el fraude aplicadas en 2001 por los Estados miembros y por los servicios de la Comisión (Título III).

El objetivo de este documento es presentar la acción combinada de quienes intervienen en la protección de los intereses financieros de la Comunidad, y concretar los objetivos de responsabilidad global y compartida entre los Estados miembros y la Comunidad. A este respecto, el informe tiene en cuenta las acciones emprendidas por el conjunto de las autoridades nacionales y por los servicios de la Comisión, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la lucha contra la delincuencia económica y financiera perjudicial a los intereses de la Comunidad. El informe se atiene al enfoque ampliado del plan de Acción [1], en el sentido de que no se limita estrictamente a las acciones basadas en el artículo 280 del Tratado.

[1] Comunicación de la Comisión - Protección de los intereses financieros de las Comunidades - lucha contra el fraude: plan de acción para el período 2001-2003 (COM(2001) 254 final.

El informe responde, por último, a la exigencia de una política de evaluación permanente y transparente de las políticas comunitarias, que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo y el Consejo [2] consideran esencial. Además, la Comisión reúne periódicamente a los representantes de las Administraciones nacionales y a los de sus propios servicios con el fin de seguir mejorando esta evaluación de la protección de los intereses financieros [3].

[2] Apartado 13 de las Conclusiones del Consejo ECOFIN de 7 de mayo de 2002 y apartado 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 2000.

[3] En 2001, el Comité Consultivo de Coordinación de la Lucha contra el Fraude se reunió tres veces, así como el Grupo de trabajo Artículo 280. Los servicios de la Comisión también se reunieron dos veces con el mismo fin.

Título 1 - Actividades de la Comunidad encaminadas a la protección de los intereses financieros de las comunidades y a la lucha contra el fraude

1. Principales aspectos de la evolución de la política comunitaria en 2001

La Comisión definió sus objetivos políticos generales, en cuanto a protección de los intereses financieros, en el Enfoque Estratégico Global de alcance plurianual (2001 - 2005) adoptado por la Comisión el 28 de junio de 2000 [4]. El enfoque comunitario en este ámbito tiene por objeto desarrollar un marco legislativo y regulador que abarque todas las políticas comunitarias y permitir el intercambio y la cooperación entre quienes actúan en el terreno, tanto en la Comisión como en los Estados miembros, con arreglo al principio de responsabilidad compartida que se destaca en el artículo 280 del Tratado CE. Tanto el Consejo ECOFIN de 17 de julio de 2000 como el Parlamento Europeo en su Resolución de 13 de diciembre de 2000 [5], aprobaron este enfoque.

[4] Las cuatro orientaciones estratégicas son las siguientes: fomentar una política global de lucha contra el fraude; fomentar nuevos hábitos de cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros; favorecer un planteamiento interinstitucional destinado a la prevención y la lucha contra la corrupción y para reforzar la credibilidad de las instituciones europeas; reforzar la dimensión judicial penal de conformidad con las nuevas obligaciones que imponen los Tratados (COM(2000) 358 final de 28.6.2000).

[5] Conclusiones del Consejo, de 17.7.2000, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude: un enfoque estratégico global (documento 10344/00 FIN 273). Resolución del Parlamento Europeo, de 13.12.2000, sobre el "Enfoque Estratégico Global" (documento A5-0376/2000).

El 15 de mayo de 2001, la Comisión aprobó el Plan de acción 2001-2003, destinado a aplicar los objetivos políticos definidos en la estrategia global y permitir la presentación de resultados tangibles y mensurables. El Parlamento Europeo y el Consejo acogieron favorablemente el método del Plan de acción para la aplicación de la Estrategia y aprobaron la fórmula de evaluación periódica y de seguimiento propuesta [6].

[6] Conclusiones del Consejo ECOFIN de 15.6.2001 (documento 9720 FIN 169). En su Resolución de 29.11.2001 sobre el Informe anual 2000, el Parlamento Europeo considera que "el blindaje contra el fraude" de la nueva normativa es una de las cuatro medidas principales que pudieran aportar un fuerte incremento de la calidad del esfuerzo en la lucha contra el fraude (documento A5-2001-393).

1.1. La prevención es la clave de una política global y coherente de lucha contra el fraude. Por eso, para poder tener en cuenta la protección de los intereses financieros desde la fase de elaboración de las propuestas legislativas, la Comisión ha desarrollado medidas preventivas, orientación que el Parlamento Europeo y el Consejo acogieron muy favorablemente. En el marco del Libro Blanco sobre la reforma [7] (Acción 94) la Comisión expuso un enfoque orientado a permitir el "blindaje contra el fraude" de los textos o medidas relacionados con la administración de los fondos comunitarios. El objetivo de esta medida es buscar en la normativa comunitaria y en los dispositivos contractuales los puntos débiles de que se aprovechan algunos operadores externos [8]. Estos puntos débiles se corrigen en un examen previo de los proyectos legislativos delicados, a la luz de las enseñanzas de la práctica, y para los cuales se consulta sistemáticamente a la OLAF [9].

[7] Reforma de la Comisión - Libro Blanco (COM(2000) 200 final/2 de 5.4.2000).

[8] Comunicación de la Comisión sobre el blindaje de la normativa y de la gestión de contratos contra el fraude, adoptada el 7.11.2001 (SEC(2001)2029 final).

[9] Tanto el Parlamento Europeo (Resolución sobre el Informe anual 200) como el Consejo (Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de junio de 2001) se refieren a la plusvalía que la asociación de la OLAF aporta a las medidas de prevención del fraude en el ámbito legislativo.

Este enfoque se centra principalmente en las iniciativas horizontales que recorren todas las políticas comunitarias e interesan a todos los protagonistas de su aplicación. Entre éstas, los contratos públicos son un ámbito en el que la Comisión y los Estados miembros tienen un interés solidario por un dispositivo de disuasión y de alerta eficaz. Este es uno de los envites de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos y de la iniciativa específica relativa a un sistema de intercambio de información entre los Estados miembros [10]. Los trabajos relativos a estas propuestas continúan en el Consejo. Por otra parte, la Comisión propuso determinadas disposiciones específicas contra el fraude con miras a la Refundición del Reglamento Financiero que se adoptó el 25 de junio de 2002.

[10] Con arreglo al programa de medidas contra la delincuencia organizada elaborado por el Grupo de Alto Nivel que se creó en diciembre de 1996 en el Consejo Europeo de Dublín, y a la orientación política nº13 (adoptada por el Consejo el 28 de abril de 1997, Diario Oficial nº C 251 de 15.08.1997).

Con el fin de proteger la autenticidad y la credibilidad de la moneda común y a propuesta de la Comisión, el Consejo aprobó el 28 de junio de 2001 los Reglamentos 1338/2001 y 1339/2001 [11]. Estos Reglamentos constituyen una base legislativa que permite la cooperación entre todas las Instituciones interesadas (BCE, Europol, Comisión/OLAF [12]), las oficinas centrales y las demás autoridades competentes de los Estados miembros y de los terceros países. En cuanto al marco penal de la protección del euro, la Comisión presentó al Consejo un primer informe relativo a la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones de la Decisión Marco [13]. En general, los Estados miembros se ajustaron a las obligaciones establecidas. En diciembre de 2001, el Consejo aprobó el programa Pericles [14]. Mediante este programa se cofinancian proyectos transnacionales y pluridisciplinares referentes a intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsa acuñación de moneda.

[11] Reglamento (CE) 1338/2001 del Consejo de 28 de junio de 2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación - DO L 181 de 4.7.2001; y Reglamento (CE) 1339/2001 del Consejo de 28 de junio de 2001 por el que se amplían los efectos del Reglamento 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única - DO L 181 de 4.7.2001

[12] Con arreglo al canje de notas entre el Presidente del Consejo y el Ministro de Hacienda francés, se ha creado un Centro Técnico y Científico Europeo (CTSE) en relación con la falsificación del euro, que administran dos agentes de la Comisión/OLAF.

[13] Informe de la Comisión en virtud del artículo 11 de la Decisión Marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, encaminada a reforzar mediante sanciones penales y de otro tipo la protección contra la falsificación de moneda con miras a la puesta en circulación del euro (COM(2001) 771 final de 13.12.2001).

[14] Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de acción para la protección del euro en cuanto a intercambios, asistencia y formación contra la falsa acuñación de moneda (programa "Pericles") (Decisión 2001/923/CE, DO L 339 de 21.12.2001).

Otro hecho relevante de 2001 fue la aprobación de la Directiva sobre prevención de la utilización del sistema financiero a efectos de blanqueo de capitales [15]. Esta Directiva tiene por objeto actualizar la Directiva de 1991 y ampliar su cobertura mediante determinadas modificaciones, entre las cuales las principales son las siguientes: por una parte, ampliar la prohibición del blanqueo de capitales con el fin de cubrir no sólo el tráfico de drogas, sino también la delincuencia organizada y, por otra parte, extender las obligaciones de la Directiva a ciertas actividades y profesiones no financieras.

[15] Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - DO L 344 de 28.12.2001.

La adecuada globalidad del enfoque para una protección eficaz de los intereses financieros requiere la implicación de los Estados candidatos a la adhesión en la política de la Comunidad, con una óptica de prevención. Desde este punto de vista, 2001 constituyó un año de consolidación de los esfuerzos emprendidos por la Comisión para preparar la ampliación, favoreciendo la creación de estructuras de gestión financiera y de control, incluso de control interno, en las Administraciones centrales y regionales. El objetivo de 2001 fue constituir unidades de auditoría interna tanto en todos los centros de gestión de fondos comunitarios, como en las Administraciones centrales y regionales.

La utilización correcta, el control, seguimiento y evaluación de la financiación de la Comunidad para la preadhesión (en particular, a través de los programas PHARE, ISPA y SAPARD) constituyen, en efecto, el indicador clave de la capacidad de los países candidatos para aplicar el acervo comunitario en cuanto a control financiero. En el ámbito de la lucha contra el fraude, desde principios de 2001 se constituyó en Polonia una Oficina específica encargada de la protección de los intereses financieros de la Comunidad. La experiencia de este año se aprovechará para la creación de estructuras similares en todos los países candidatos.

Por otra parte, se definió como una prioridad la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y los Estados miembros con Suiza que abarque la totalidad del ámbito de la lucha contra el fraude, destinado principalmente a remediar las dificultades de la asistencia judicial en materia de infracciones fiscales y aduaneras. El 14 de diciembre de 2000 se concedió un mandato a la Comisión autorizándola a negociar con las autoridades suizas. Las negociaciones tuvieron lugar a lo largo de todo el año 2001, pero aún no se han conseguido resultados.

En cuanto al aspecto relativo al refuerzo de los instrumentos jurídicos de detección, control y sanciones, en el ámbito interno, cabe destacar que la mayoría de las decisiones de principio tomadas a finales de 2000, en 2001 se aplicaron en la Comisión especialmente con el fin de mejorar la gestión financiera [16]. A raíz de la Comunicación sobre la acción 96 del Libro Blanco (Gestión más eficaz de la recuperación de los fondos pagados indebidamente, en el ámbito de los gastos directos), tanto en el ámbito de la gestión directa por la Comisión como en el de la gestión de los fondos comunitarios por los Estados miembros se destacó el principio de la responsabilización de los ordenadores de pagos y de los contables. La Comisión está preparando las disposiciones de aplicación para garantizar la correcta articulación de las tareas entre ordenadores de pagos, contables, Servicio Jurídico y OLAF.

[16] Se trata esencialmente del capítulo V - XXIV del Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, relativo a la renovación de los circuitos financieros y del control financiero así como a la creación de un servicio interno de auditoría.

El sector de los fondos estructurales (Acción 97 del Libro Blanco) se dotó con un marco regulador para la gestión financiera mejorado mediante la aprobación, en marzo de 2001, de dos Reglamentos aplicables al nuevo período de programación [17]. En estos textos se especifican las obligaciones de los Estados miembros en cuanto al seguimiento de los proyectos y de los pagos. El refuerzo del control financiero para la nueva programación así como la finalización de los protocolos interservicios, prevista en las recomendaciones del Libro Blanco sobre la Reforma de la Comisión, deberán aportar la respuesta a las observaciones del Tribunal de Cuentas [18], en particular en lo referente a comunicación y seguimiento de los casos de irregularidades.

[17] Reglamentos (CE) n°438/2001 y (CE) n°448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001 (DO L 63 de 3.3.2001 y DO L 64 de 6.3.2001) por los que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo sobre los sistemas de gestión y de control, por una parte y, por otra, sobre el procedimiento de aplicación de las correcciones financieras.

[18] Informe 10/2001 sobre el Control Financiero de los Fondos Estructurales (DO C 314 de 8.11.2001). En su Resolución sobre el Informe anual 2000 de la Comisión, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el carácter muy incompleto de la información proporcionada a la Comisión sobre las irregularidades en determinados ámbitos de los Fondos Estructurales.

1.2. El objetivo de los esfuerzos por desarrollar nuevos hábitos de cooperación con los Estados miembros es llevar hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad compartida entre la Comunidad y los Estados miembros en cuanto a protección de los intereses financieros. El concepto de la OLAF como plataforma de servicios tiene por finalidad establecer de modo duradero una verdadera asociación con los Estados miembros [19] para facilitar la sinergia entre el ámbito comunitario y el nacional, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y eficacia.

[19] En sus Conclusiones sobre la Estrategia Global, el Consejo ECOFIN destacó la importancia de este aspecto.

Desde el punto de vista comunitario, la OLAF debe poder responder a las peticiones de los Estados miembros destinadas a mejorar la lucha contra el fraude. Con el fin de realizar este objetivo, sin prejuzgar sus prerrogativas comunitarias, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude se está organizando para plasmar en la realidad la "plataforma comunitaria de servicios", mediante la traducción, en términos de organización, de sus responsabilidades y misiones y dando mayor visibilidad a la distribución interna de sus cometidos. Formalizado de esta manera, el valor añadido que puede aportar la intervención comunitaria será más explícito y resultará más fácil satisfacer la necesidad de las autoridades nacionales de disponer de una interfaz.

En 2001 se dio un paso importante para la consolidación de la OLAF con la instauración de una Dirección de Inteligencia que, mediante el desarrollo del análisis estratégico y operativo, podrá actuar para mejorar la estrategia operativa de la Comisión y ayudar a las Administraciones nacionales a definir sus prioridades en el ámbito de la lucha contra el fraude. Por lo que se refiere a la información sobre la detección de los fraudes e irregularidades procedentes de los Estados miembros, esta nueva Dirección debiera permitir a largo plazo mejorar la calidad de la información proporcionada por los Estados miembros. Como se explica en el Título III del presente informe, la instauración de nuevos módulos informáticos para la comunicación de fraudes e irregularidades se acompañó con medidas de formación a los Estados miembros a lo largo de 2001. Además, conjuntamente con las Administraciones nacionales, la OLAF organizó una veintena de seminarios/cursos de formación sobre distintos aspectos de la lucha contra el fraude, con el fin de aumentar el intercambio de buenas prácticas y de responder a necesidades específicas.

En la Oficina se constituyó además una unidad de magistrados y asesores judiciales encargados principalmente del seguimiento de las consecuencias que se derivan de las investigaciones de la OLAF. Esta capacidad pericial, al integrar la dimensión administrativa y judicial, debiera facilitar la inserción de la Oficina en la red más amplia de autoridades nacionales implicadas. Esencialmente, se trata de las administraciones aduanera y fiscal o de las autoridades policiales y de las encargadas de las diligencias judiciales, cuya ayuda solicita la Oficina y a quienes es necesario prestar asistencia para mayor eficacia de la protección de los intereses financieros, incluso desde el punto de vista penal.

Por otra parte, la OLAF mantiene la reflexión común con los Estados miembros para dar su plena dimensión al Comité Consultivo para la Coordinación en el Ámbito de la Lucha contra el Fraude (CoCoLaF). La periodicidad de las reuniones y la estructuración de los trabajos de este Comité aumentaron notablemente en 2001, especialmente con objeto de profundizar el diálogo con las autoridades nacionales. De este modo, el grupo ad hoc "artículo 280" permitió reunir bajo el tema específico del informe anual a los expertos de los Estados miembros, con el fin de hacer más transparente el procedimiento de elaboración del Informe previsto por el artículo 280 del Tratado y valorizar más aún la participación de los Estados miembros en el procedimiento. Por otra parte, el grupo ad hoc de expertos nacionales en materia de falsa acuñación de moneda permitió reforzar la capacidad pericial de la Comisión hasta conseguir un dispositivo legislativo común en este ámbito.

Recientemente la Comisión pudo asociarse con diez Estados miembros para iniciar un procedimiento judicial ante los tribunales de los Estados Unidos, con el fin de hacer frente al intento masivo de contrabando de cigarrillos y al blanqueo de dinero por parte de la delincuencia organizada en la Unión Europea. Estas actividades ilegales comprometen seriamente los intereses vitales comunes de la Comunidad y de los Estados miembros. En el caso en cuestión, la Comisión (OLAF) funciona como una plataforma de servicios, al ofrecer su asistencia a los Estados miembros en los procedimientos judiciales en los Estados Unidos y facilita, por consiguiente, la iniciativa conjunta por parte de los Estados miembros. En estos procedimientos la Comisión actúa como representante de los Estados miembros y asume la responsabilidad de coordinar la acción de los Estados miembros y los contactos con los abogados estadounidenses que representan a la Comunidad y a los 10 Estados miembros ante los tribunales de los Estados Unidos.

Además, en el marco de sus controles en materia de recursos propios, en 2001 la Comisión efectuó varias misiones de control en el conjunto de los Estados miembros sobre el tema específico del Tratamiento de los mensajes de asistencia mutua. El objetivo de dichos controles era comprobar que los sistemas nacionales y los procedimientos aplicados por los Estados miembros garantizan efectivamente una protección suficiente de los recursos propios tradicionales en este ámbito a la vez que se contribuye a una colaboración eficaz con la Comisión. El informe temático elaborado sobre este tema permite alcanzar conclusiones positivas.

Por otra parte, en el ámbito de los recursos propios tradicionales, la Comisión y, en particular, la Dirección General de Presupuesto, continua sus trabajos en el marco del Joint Audit Arrangement [20], en estrecha colaboración con los servicios de auditoría interna de los Estados miembros. Éstos participan activamente en los trabajos del subgrupo Auditoría y algunos de ellos se han implicado de modo consecuente en la elaboración de módulos de auditoría. En cuanto a la aplicación de la metodología mediante auditorías conjuntas efectuadas por los Estados miembros, el balance de 2001 es muy positivo, sobre todo a la vista de los resultados que confirman el enfoque. En particular, Dinamarca y Austria llevaron a cabo una "auditoría asociada" sobre el régimen de tránsito externo y los Países Bajos prosiguieron la acción iniciada en 2000 sobre el tema del despacho en libre práctica. Estos temas se decidieron de común acuerdo sobre la base de los módulos de auditoría acordados por los Estados miembros y por la Comisión.

[20] Véase el informe sobre protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude del ejercicio 2000.

Al término de la auditoría y a partir de los informes de auditoría que le enviaron estos Estados miembros, la Comisión procedió a examinar in situ el conjunto del trabajo realizado, con especial atención hacia la evaluación del sistema de análisis de riesgo y la validez de las conclusiones y recomendaciones propuestas habida cuenta de las anomalías señaladas o de las observaciones efectuadas. La Comisión pudo asimismo beneficiarse de las conclusiones de los informes sobre las repercusiones en términos de recursos propios. La Comisión velará por que dichos resultados lleven a consecuencias en el plano financiero. Naturalmente, las consecuencias financieras han recibido idéntica sanción a la que hubiese correspondido de tratarse de un control efectuado sólo por la Comisión. Dinamarca, Austria y los Países Bajos repetirán la experiencia en 2002.

1.3. En 2001, la dimensión judicial penal de la política de protección de los intereses financieros de la Comunidad se vio reforzada desde el punto de vista operativo. En efecto, la unidad de magistrados presta asistencia, asesoramiento y experiencia judicial a la función de investigación administrativa y al seguimiento de las consecuencias que se derivan de las investigaciones, en particular para asegurar una cooperación eficaz con las autoridades judiciales y policiales nacionales.

En el ámbito legislativo, considerando que el Consejo Europeo de Niza no dio curso a su primera propuesta [21], la Comisión reactivó la reflexión sobre la creación de una Fiscalía Europea encargada de la protección penal de los intereses financieros comunitarios mediante la aprobación de un Libro Verde [22]. La función del Fiscal Europeo financiero sería coordinar y dirigir las investigaciones y la investigación por delitos que afectan a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, bajo el control de los jueces nacionales, con el fin de paliar el fraccionamiento del espacio judicial europeo y la relativa impunidad para los delincuentes que de ello se deriva. El objetivo del Libro Verde es suscitar un debate público amplio, cuyos resultados se presentarán en la Convención sobre el futuro de Europa con miras a la próxima Conferencia Intergubernamental. El Parlamento Europeo respalda desde hace tiempo esta iniciativa [23]. En el marco de una modificación del Tratado, el Parlamento expresó su deseo de que en el esfuerzo de lucha contra el fraude se produzca "un salto cualitativo" con la creación de un Fiscal Europeo financiero que disponga de competencias más amplias. El Comité de vigilancia de la Oficina emitió por su parte dictámenes de apoyo que completan las propuestas de la Comisión.

[21] Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales - La protección penal de los intereses financieros comunitarios: el Fiscal Europeo, 29.9.2000, COM(2000) 608 final. Esta contribución completa el dictamen de la Comisión en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea sobre la reunión de una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con el fin de modificar los Tratados, Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito, de 26.1.2000 (COM (2000) 34).

[22] Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, de 11.12.2001, (COM (2001) 715 final). El sitio web sobre el Libro Verde es el siguiente: http://europa.eu.int/olaf/livre_vert.

[23] Resolución de 16.5.2000, sobre el Informe anual 2000 de la Comisión (DO C 59 de 23.02.2001), y Resolución de 14 marzo de 2001, sobre el Informe anual 1999 de la Comisión (DO C 343 de 5.12.2001) por las que se invita a la Comisión a presentar esta propuesta antes del 1 de junio de 2001.

Por otra parte, a pesar de los reiterados llamamientos del Consejo [24], la ratificación del Convenio, de 26.07.1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [25] y de sus Protocolos adicionales sufre retrasos, lo que perjudica la eficacia de la cooperación en la Unión. Con el fin de acelerar la entrada en vigor de estas disposiciones, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad [26]. Ésta tiene por objeto recoger en un instrumento basado en el nuevo artículo 280 del Tratado CE todas las disposiciones del convenio PIF y de sus Protocolos que se refieren a imputación, responsabilidad, sanciones y cooperación con la Comisión. El Parlamento [27] aprobó la propuesta de la Comisión, que también apoya el Tribunal de Cuentas Europeo [28] y que el Consejo está examinando actualmente.

[24] Igual que en sus Conclusiones de 17.07.2000 y en sus Conclusiones con motivo de la aprobación de la gestión de 2000.

[25] Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995).

[26] Doc. COM (2001) 272 final (DO C 240 E de 28.08.01) adaptado el 23.05.01.

[27] Resolución legislativa, de 29.11.2001, a propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad (Doc. A5-390/2001, por publicar en el DO).

[28] Dictamen n° 9/2001, de 8.11 2001, sobre una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad (DO C 14 de 17.1.2002)

Se estableció una estructura permanente de cooperación judicial (EUROJUST [29]) mientras se decidía [30] la ampliación del mandato de EUROPOL a las formas graves de delincuencia internacional. La articulación de las competencias de EUROPOL con las de la OLAF en la lucha contra determinadas modalidades de delincuencia económica y financiera debería plasmarse en un acuerdo de cooperación entre ambos organismos. En cuanto a la dirección de las investigaciones y la simplificación de las actuaciones judiciales ante los órganos jurisdiccionales nacionales, las instituciones se congratularon por la creación de Eurojust. En cuanto al fondo, la Comisión se expresó claramente en las instancias del Consejo sobre la importancia de articular la cooperación estrecha y periódica que establece el Tratado (artículo 280) con las autoridades nacionales encargadas de la acusación por una parte y, por otra, la cooperación con Eurojust [31]. La unidad de magistrados de la OLAF se encarga, en particular, de esta articulación.

[29] Decisión del Consejo n°2002/187/JAI, de 28.02.2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002) y, en particular, el artículo 11.

[30] Decisión del Consejo de 6.12.2001 (DO C 362 de 18.12.2001).

[31] Declaración 39/02 de la Comisión en relación con el 2º guión del párrafo b) del apartado 1 del artículo 4, y el apartado 3 del artículo 26 de la Decisión 2002/187/JAI.

Por otra parte, se han superado algunas etapas importantes para el refuerzo de la cooperación en materia judicial y, especialmente, penal. Se alcanzó, en particular, un acuerdo político sobre la aplicación de los principios de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales (civiles y penales) y sobre el de la aproximación del Derecho Penal en los ámbitos prioritarios que se definieron en la Cumbre de Tampere (punto 48 de las conclusiones). Esto permitió a la Comisión presentar varias propuestas de decisión-marco, una sobre la orden de detención europea [32] y otras varias sobre la aproximación del Derecho Penal en cuanto a tráfico de drogas [33] y terrorismo [34] (definición de la acusación y sanciones comunes). Además, en el contexto de las medidas contra la financiación del terrorismo y la delincuencia financiera, cabe destacar la Decisión-marco sobre embargo preventivo y aseguramiento de pruebas [35].

[32] Propuesta de Decisión-marco del Consejo sobre el mandamiento de detención europeo y los procedimientos de entrega entre Estados miembros [COM(2001) 522 final - DO C 332 E de 27.11.2001]. El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre este tema en diciembre de 2001.

[33] Propuesta de Decisión-marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas [COM(2001) 259 final, DO C 304 E de 30.10.2001].

[34] Propuesta de Decisión-marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [COM(2001) 521 final, DO C 33 de 27.11.2001].

[35] Iniciativa de los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una Decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas (DO C 75 de 7.3.2001).

1.4. En cuanto a la lucha contra la corrupción en el ámbito interinstitucional, es importante mantener una buena articulación de las misiones esenciales de la OLAF previstas en la legislación, y de la reforma en curso en el ámbito disciplinario (Estatuto) y financiero (Refundición del Reglamento Financiero). En este contexto, el dispositivo de investigación y disciplina no estará completo hasta después del ejercicio 2001: aunque la Comisión creó una Oficina de Investigación y Disciplina a principios de 2002, las modificaciones necesarias de las normas de disciplina del Estatuto de los funcionarios no se adoptarán hasta 2003 [36]. La Refundición del Reglamento Financiero, que se adoptó el 25 de junio de 2002, establece la creación de una instancia especializada en materia de irregularidades financieras [37] que proporcionará asistencia complementaria a las investigaciones sobre posibles irregularidades financieras sin menoscabo de la función específica de la OLAF en materia de fraude y de comportamientos que atenten gravemente contra las obligaciones profesionales.

[36] Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (COM (2002) 213/3 final de 24.4.2002, secciones 1 y 2 del Anexo IX). Creación de una Oficina de investigación y disciplina en la Comisión (Decisión de la Comisión sobre el desarrollo de las investigaciones administrativas y los procedimientos disciplinarios, aprobada el 19 de febrero de 2002 (doc. C (2002) 540).

[37] Apartado 4 del artículo 66 del nuevo Reglamento Financiero y creación de una Oficina de Investigación y Disciplina en la Comisión.

En adelante, la asociación de los magistrados debiera reforzar las investigaciones administrativas internas y garantizar la protección de los derechos de las personas. Por consiguiente, todas las instituciones deberían estar en condiciones de cumplir plenamente el artículo 7 del Reglamento n°1073/99 sobre el intercambio de información [38]. Estas medidas pudieran constituir una respuesta al Parlamento Europeo y al Consejo [39]. Además, el juez comunitario clarificó el alcance de las investigaciones internas [40].

[38] DO L 136 de 31.5.1999.

[39] Resolución sobre el Informe anual 2000 de la Comisión. En su Resolución sobre el Informe anual 1999 de la Comisión, el Parlamento Europeo se refirió a la necesidad para la OLAF de "obtener la cooperación incondicional del personal y de las instituciones de la Unión Europea, así como de las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros". Conclusiones del Consejo ECOFIN de 7.5.2002, Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de junio de 2001 (doc. 9270 FIN169) y del Consejo ECOFIN de 17.7.2000 (doc. 10344/00 FIN273).

[40] Véase la sentencia del TPI en el asunto T -17/00 (Rothley y al./Parlamento) de 26.2.2002.

2. Ejemplos de Cooperación y de Asociación internas y externas con las autoridades nacionales

La plusvalía resultante de la sinergia entre fuentes de información diferentes y dispersas en la Comunidad y el extenso ámbito de acción ampliado de la OLAF se ilustran a continuación mediante ejemplos de investigaciones y por la acción de la Comisión en el contexto de la preparación a la ampliación.

2.1. Exportación de azúcar a los PTUM [41] y reimportación de azúcar y mezclas de azúcar a la Comunidad Europea

[41] Países y Territorios de Ultramar no europeos que mantienen relaciones específicas con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido (como, por ejemplo, Groenlandia, Aruba, etc.). Véase el Anexo II del Tratado CE.

La Comisión inició investigaciones con el fin de prevenir los riesgos de disfunción de la organización común del mercado azucarero y de desvío de los objetivos de la política comercial común con algunos PTUM.

En noviembre de 1999, la OLAF y las autoridades competentes de los Países Bajos y de Bélgica realizaron una investigación en Aruba. La investigación se refería a exportaciones de azúcar originario de la Comunidad Europea, que gozaba de restituciones, y sobre la reimportación de Aruba a la Comunidad Europea, menos de dos años después, de azúcar y mezcla de azúcar y polvo de cacao.

Durante la investigación se comprobó que se habían exportado 4.500 toneladas de azúcar beneficiario de restituciones de Bélgica y Francia hacia Aruba. Las operaciones de transformación en Aruba (limpieza del azúcar y mezcla con el cacao en polvo) no constituyen una transformación sustancial que pueda justificar el pago de restituciones a la exportación.

Por consiguiente, con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, la Comisión invitó a las autoridades belgas y francesas competentes a iniciar los procedimientos de recuperación de las restituciones a la exportación que se habían pagado indebidamente (2 millones de euros en Bélgica y 300.000 euros en Francia).

Por otro lado, la OLAF inició investigaciones sobre la exportación hacia los PTUM de azúcar C (se trata del azúcar exportado sin derecho a restitución).

Las conclusiones de estas investigaciones llevaron a la Comisión a adoptar cláusulas de salvaguardia sobre las normas que regulan la importación a la Comunidad de azúcar originario de los PTUM [42].

[42] Reglamento (CE) de la Comisión n°2423/1999, de 15.11.1999 (DO L 294 de 16.11.1999) y Reglamento (CE) de la Comisión n°465/2000 de 29.2.2000 (DO L 65 de 1.3.2000)

2.2. Abuso de los regímenes de cuotas lácteas

La OLAF tuvo conocimiento de ciertas alegaciones sobre un posible abuso del sistema de cuotas lácteas en España, así como de información relativa a varias sociedades españolas que parecen estar implicadas en esta actividad irregular. Sobre la base de esta información y en virtud del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n° 2185/96, se inició una investigación externa y se decidió un plan de acción para efectuar una serie de controles administrativos in situ entre determinados operadores económicos.

Durante las comprobaciones, algunas de estas empresas se negaron a acceder a la petición de la OLAF de que se le proporcionase copia de los datos informáticos almacenados en sus discos duros. En virtud del artículo 9 del Reglamento n°2185/96, por el que se establece la obligación del Estado miembro afectado, con arreglo a sus disposiciones nacionales, de ofrecer a la OLAF la asistencia necesaria para llevar a cabo sus funciones, se pidió al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que adoptase las medidas procedentes.

Tras obtener la autorización legal de las autoridades judiciales españolas, se llevó a cabo la operación de duplicación de los datos informáticos completos que dio acceso, sobre todo, a las cifras reales de producción y venta de leche y productos lácteos de estas empresas.

A partir de las pruebas objetivas que se obtuvieron y se presentaron en el informe final de investigación de la OLAF, el fraude contra el presupuesto de la Comunidad pudo estimarse en más 6 millones de euros. El informe se envió al FEGA para que éste iniciase los procedimientos administrativos de recuperación de este importe, así como a la fiscalía especial anticorrupción de España, sobre la base de sospechas de falsas declaraciones por parte de las empresas interesadas sobre la producción y venta de leche. El informe indica también que otras empresas españolas tienen prácticas similares por lo que se pidió a las autoridades españolas que revisaran sus controles de rutina con el fin de remediar estos fallos del sistema general de control.

Este caso es un ejemplo muy claro del valor añadido que la OLAF aporta a un Estado miembro en la lucha contra el fraude, gracias a su experiencia multidisciplinar (investigaciones, análisis informático de pruebas, asesoramiento judicial), en un caso de fraude con varias facetas. A este respecto, el asesoramiento de la unidad de magistrados fue vital para obtener la orden judicial adecuada en el Estado miembro que permitió acceder a los archivos informáticos de las empresas. Gran parte del mérito corresponde también a las autoridades españolas, cuya ayuda en este expediente fue inestimable, aportando así la prueba inequívoca de lo que es posible realizar cuando la OLAF y los Estados miembros colaboran y sacan todo el partido posible de las obligaciones y posibilidades de control que se desprenden de la normativa europea.

2.3. Investigación por falsificación, uso de documentos falsificados y estafa, contra un grupo de ONG (organizaciones no gubernamentales)

El éxito de las investigaciones de la Oficina, especialmente de las realizadas en el ámbito de los gastos directos, depende por una parte de la información recogida y, por otra y en gran medida, del grado de cooperación con los Estados miembros. El caso siguiente es un ejemplo característico de las dificultades en este ámbito y, en particular, en el de la cooperación judicial entre Estados miembros.

En agosto de 1999, un Estado miembro comunicó a la OLAF una sospecha de doble financiación, nacional y comunitaria, de determinados proyectos en países en vías de desarrollo. Distintas organizaciones no gubernamentales establecidas en dos Estados miembros presentaban las mismas solicitudes de financiación a distintos donantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó haber presentado una denuncia en el juzgado competente.En otoño del mismo año, la OLAF inició la investigación e identificó una primera serie de 16 proyectos que presentaban indicios de doble financiación (en Asia, África y Sudamérica) y para los cuales las solicitudes se estaban tramitando en EuropeAid o ya se habían concedido.

En noviembre de 1999, tal como lo autoriza el Reglamento (CE) n°1073/99, el Director General de la OLAF presentó una denuncia en el juzgado competente del Estado miembro interesado. Los registros efectuados por las autoridades judiciales locales en febrero de 2000, indicaron que la ONG actuaba siguiendo instrucciones de su ONG "madre", situada en un tercer Estado miembro.

El registro que se llevó a cabo a principios de diciembre de 2000 en la sede de la ONG "madre", en presencia de la OLAF, permitió confirmar las sospechas. El importe de la doble financiación de los 16 proyectos identificados inicialmente ascendía a 4.262.633 USD (sin contar las financiaciones concedidas por la Comunidad que quedaron bloqueadas a raíz de la investigación de la OLAF). Por otra parte, las autoridades del tercer Estado miembro hicieron saber que no podían perseguir judicialmente a causa de ciertas dificultades legales.

Además de la intensidad del propio esfuerzo de cada una de las autoridades nacionales implicadas, cabe destacar el papel que la OLAF tuvo que asumir, a partir de 1999, para:

- analizar e identificar los proyectos multilingües sospechosos de sobrefinanciación, incluso ante otros organismos donantes, a veces situados fuera de la Unión Europea (Worldbank, BAD [43], Noruega...), al tiempo que movilizaba a las delegaciones de la Comisión en los terceros países; e identificar los documentos durante el registro de la ONG "madre"

[43] Banco Africano de Desarrollo

- sensibilizar a las autoridades judiciales nacionales, garantizar la coordinación entre ellas, proporcionar el asesoramiento jurídico y la asistencia técnica necesarios (traducciones de informes, proyectos...)

- garantizar la coordinación en el interior de la Comisión con respecto a la evolución del expediente para a la constitución como acusación particular.

En este caso, la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de investigación criminal permitió perseguir un fraude a escala de la Unión, a pesar de las dificultades jurídicas que surgieron en el país donde tenía su sede la asociación "madre". No obstante, la OLAF tuvo que sugerir que se centralizasen las actuaciones judiciales en uno de los Estados miembros afectados y que las autoridades judiciales de éste aceptasen el expediente previo acuerdo y con el apoyo de las otras autoridades nacionales, sin lo cual la investigación no hubiese podido seguir adelante. Este caso demuestra la necesidad de poner remedio a la dispersión de las investigaciones y de las actuaciones judiciales en la Comunidad Europea y a los obstáculos que supone la parcelación del espacio penal europeo. A la luz de esta experiencia y de muchas otras, la Comisión considera necesario seguir avanzando con firmeza en la reflexión contenida en el Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y en la creación de la figura de un Fiscal Europeo.

2.4. La experiencia en los países candidatos: Polonia

La OLAF preparó, junto con Polonia, un proyecto Phare encaminado a prestar ayuda para la constitución de una estructura antifraude interministerial en dicho país. El proyecto empezó a aplicarse en enero de 2001. El primer objetivo consistía en crear un servicio de coordinación de la lucha contra el fraude especializado, independiente y multidisciplinar con el fin de reforzar la capacidad operativa de las autoridades polacas. Además, las actividades iniciadas durante el primer año de esta iniciativa semestral incrementaron la sensibilidad hacia la lucha contra el fraude entre las autoridades responsables de Polonia. Esto coincide con los objetivos globales del Gobierno de reforzar la transparencia y la integridad del sector público polaco así como de garantizar una protección eficaz de los fondos comunitarios.

La complejidad de la administración polaca, la adaptación permanente de su estructura con miras a la adhesión y las enmiendas sucesivas aportadas a las disposiciones legales y administrativas polacas no facilitan una rápida aplicación del proyecto. No obstante, el apoyo financiero de la Unión es un elemento importante para permitir a las autoridades polacas aumentar su capacidad de lucha contra el fraude al presupuesto comunitario. Por consiguiente, se han previsto varias medidas de seguimiento del proyecto polaco.

Estas dificultades, la mayoría de carácter local, no son demasiado generalizables al conjunto de los países candidatos. Sin embargo, la experiencia polaca destaca una vez más la necesidad de una inversión continua en formación y de condiciones de trabajo adecuadas en los países candidatos, incluido el desarrollo de sistemas informáticos eficaces para apoyar las actividades contra el fraude, cuyo objetivo es proteger los intereses financieros de las Comunidades. Además, esta experiencia demostró que la protección efectiva y equivalente de los intereses financieros de las Comunidades en los países candidatos no puede garantizarse sino mediante una coordinación interna bien rodada entre todas las autoridades interesadas en la gestión, la aplicación o el control de las financiaciones de la Unión Europea.

3. Seguimiento del plan de acción 2001-2003

La Comisión presenta a continuación un informe sobre el estado de la aplicación del Plan de acción sobre la Protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude para los años 2001-2003. El objetivo de este informe es destacar la realización efectiva de las acciones previstas para 2001 a la par que se respetan las etapas de la realización de los grandes objetivos del Enfoque Estratégico de junio de 2000.

El progreso de las medidas del Plan de acción se presenta en forma de cuadro [44]. Éste indica los elementos pertinentes en términos de ajuste al calendario de previsiones, de servicios piloto y, si procede, de identificación de los instrumentos jurídicos o no jurídicos.

[44] El cuadro no incluye las medidas para las que no se ha previsto ningún trámite en 2001. Las columnas del cuadro se desglosan como sigue:

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Título II: Medidas adoptadas por los Estados miembros para la aplicación del artículo 280 del Tratado CE

Por segunda vez, la colaboración con los Estados miembros, a un nivel no operativo, se refleja en el Informe Anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades.

De conformidad con el artículo 280 del Tratado CE, esta segunda parte del Informe da cuenta de los esfuerzos conjuntos de las administraciones de los Estados miembros en el año 2001 con vistas a la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Se ha elaborado sobre la base de un cuestionario establecido en cooperación con los Estados miembros. La Comisión reconoce que la evaluación de las actividades de los Estados miembros no constituye aún un auténtico análisis comparativo, según lo solicitado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, la Comisión depende en gran parte de la información que recibe, no obstante proporcionar los elementos interpretativos necesarios para una buena comprensión por los Estados miembros de sus obligaciones normativas.

La complementariedad de este trabajo con el efectuado en materia de buena gestión financiera en el procedimiento anual de aprobación de la ejecución del presupuesto. A este respecto, la Comisión presenta un Informe a la autoridad presupuestaria sobre la base de las respuestas de los Estados miembros a las observaciones del Tribunal de Cuentas [45].

[45] Respuestas de los Estados miembros a las observaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe anual y en sus informes especiales. Este procedimiento existe desde el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996. En abril de 2002, en el momento del voto para la aprobación de la gestión presupuestaria de 2000, el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Cuentas evaluar el coste total de los controles internos y externos de los fondos comunitarios, distinguiendo los referentes al presupuesto comunitario de los referentes a los presupuestos nacionales.

Esta segunda parte del Informe se abre con una descripción de los avances legislativos que han tenido lugar en 2001 en los Estados miembros para la aplicación del artículo 280 del Tratado, seguido por dos secciones dedicadas al estado de la ratificación y aplicación del Convenio de 26 de julio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y de sus Protocolos [46].

[46] Convenio de 26 de julio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.95, p.48) y sus Protocolos adicionales (DO C 313 de 23.10.1996, p.1; DO C 221 de 19.7.1997, p.11; DO C 151 de 20.5.1997, p.1).

Se proporciona información sobre los mecanismos existentes para la coordinación interna de la acción de los órganos de control y de investigación en cada Estado miembro, así como para la cooperación entre las autoridades competentes de los diversos Estados miembros y entre éstas y la Comisión.

Las informaciones transmitidas por los Estados miembros revelan que su organización es generalmente coherente con el objetivo común de la protección de los intereses financieros de las Comunidades, basada en el principio de equivalencia fijado por el artículo 280 de lo Tratado CE. Sin embargo, un planteamiento parcial según el ámbito de la acción, la entidad administrativa o el Estado miembro, puede reducir la eficacia de la prevención y de la lucha contra el fraude. A este respecto, algunos Estados miembros han señalado que la coordinación podría aún mejorarse.

Por último, como en el informe anterior, existe una sección específica dedicada a la recuperación de los fondos. En este contexto, la Comisión aspira a verificar que existe una buena colaboración entre las autoridades judiciales y administrativas en los Estados miembros con el fin de asegurar la recuperación efectiva de las deudas pendientes de pago.

La Comisión es plenamente consciente de que un auténtico análisis comparativo de las actividades de los Estados miembros requeriría, según lo subrayado en los informes anteriores, una mayor armonización de los conceptos de control y sanción. A este respecto, la Comisión ha emprendido, en el marco del CoCoLaF, la tarea de una mejor definición de estos conceptos.

4. Textos coadyuvantes a la aplicación del artículo 280 del Tratado CE - principales evoluciones legislativas

El cuadro siguiente recoge las principales evoluciones legislativas que han contribuido a la aplicación del artículo 280 del Tratado, que se produjeron durante 2001. Por tanto, puede que no se mencione a algunos Estados miembros por la sola razón de que en 2001 adoptaron medidas de carácter administrativo o que tuvieron una abundante actividad legislativa en los años anteriores.

4.1. Recursos propios: principales evoluciones legislativas

Estado miembro // Medida

EL // El nuevo Código Aduanero (Ley 2960/2001) armoniza la legislación nacional con la legislación comunitaria por lo que se refiere, en particular, a las infracciones de la normativa aduanera.

F // En el transcurso del mes de diciembre de 2001 comenzó a aplicarse el apartado 1 del artículo 28 del Código de procedimiento penal, que habilita a algunos agentes de aduanas a efectuar investigaciones judiciales, en particular en los ámbitos relativos al fraude a los intereses financieros comunitarios (infracciones previstas por el Código Aduanero y en concreto recursos propios tradicionales y gastos agrícolas). Este dispositivo facilitará las investigaciones relativas a varios Estados miembros.

En total, 73 agentes han sido habilitados por decreto ministerial para efectuar investigaciones judiciales.

IRL // La Ley de marzo de 2001 sobre aduanas e impuestos especiales sobre el consumo (asistencia mutua) da efecto en materia aduanera, entre otros, al Convenio CIS y al Convenio sobre la asistencia mutua.

I // Promulgación de un nuevo Decreto Legislativo (19 de marzo de 2001, n° 68 "Adaptación de las tareas de la Guardia di Finanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley n° 78, de 31.3.2000"). El decreto se promulgó en el marco de la reforma de las tareas de las fuerzas de policía, de acuerdo con la ley n° 78, de 31.3.2000. Reformula la misión institucional de la Guardia di Finanza como "policía económica y financiera para la protección del presupuesto público, de las regiones, de los organismos locales y de la Unión Europea". El decreto en cuestión confirma los particulares poderes de investigación de los agentes de la Guardia di Finanza a efectos de la prevención, investigación y represión de las infracciones en materia de recursos y gastos del presupuesto de la Unión Europea.

// Promulgación de una nueva Ley (n° 92, 19 de marzo de 2001) por la que se modifican las normas en materia de represión del contrabando de cigarrillos. Con arreglo a esta ley,

- el contrabando es un delito castigado con privación de libertad durante un período de 2 a 5 años, cuando la cantidad de tabaco objeto de contrabando es superior a 10 kilos;

- Las circunstancias siguientes conllevan la agravación de las penas:

- utilización de medios de transporte modificados a fin de obstaculizar la acción de las autoridades policiales o de causar un peligro;

- utilización de personas jurídicas o medios financieros en países que no hayan ratificado el Convenio de Estrasburgo sobre el blanqueo.

- Se ha previsto la cooperación de los productores de tabaco con el fin de definir la procedencia de esta mercancía.

- La gestión de los bienes incautados o confiscados se ha hecho más fácil y económica.

Se ha introducido una nueva incriminación consistente en la organización de una agrupación que tenga por objeto el contrabando de tabaco, castigada con privación de libertad por un período de 3 a 8 años y que es competencia de las direcciones de departamento de lucha contra la mafia.

NL // Aprobación por la segunda Cámara del Parlamento de la Ley sobre el control de las subvenciones comunitarias. Esta Ley instituye las tres competencias ministeriales correspondientes: derecho a recibir información del órgano de gestión; derecho a proporcionar indicaciones al órgano de gestión y la recuperación de los fondos del órgano de gestión.

P // Nuevo régimen general relativo a las infracciones fiscales y nueva estructura de los delitos fiscales: distinción entre delitos fiscales comunes, delitos aduaneros, delitos fiscales y delitos contra la seguridad social.

Las investigaciones relativas a estas infracciones económicas y financieras son competencia de la policía judicial, siempre que estas infracciones revistan un carácter organizado y/o una dimensión internacional o transnacional.

En materia de controles, la DGAIEC (aduanas portuguesas) adoptó las disposiciones de aplicación para las aduanas locales, tras las reformas aportadas al Código Aduanero de la CE y a las disposiciones de aplicación.

Por lo que se refiere al sello especial para sellar el tabaco manufacturado, se ha adoptado un código que permite a la DGAIEC trazar su origen.

FIN // La Ley 875/2001, por el que se modifica el Código Penal, actualizó las disposiciones relativas a la confiscación de bienes.

S // La ley sueca que penaliza el contrabando fue sustituida el 1 de enero de 2001 por la Ley 2000/1225. Las infracciones del derecho aduanero pueden castigarse con dos años de prisión. Para las infracciones graves, las sanciones pueden ser de hasta seis años.

// Suecia dispone desde hace tiempo de un tribunal penal en el ámbito aduanero que responde a las exigencias del artículo 280. La nueva Ley de 1 de enero de 2001 (2000/1225) ha reforzado los poderes del fiscal aduanero.

4.2. Gastos agrícolas: principales evoluciones legislativas

Estado miembro // Medida

B // Real Decreto de 15 de mayo de 2001 relativo a las multas administrativas: si el fiscal, en el plazo de tres meses a partir de la recepción del acta, no ha notificado a la administración si conviene o no aplicar sanciones, la administración decide si procede o no imponer una multa administrativa.

EL // La nueva Ley 2945/2001 contiene disposiciones en materia de lucha contra el fraude que afectan al FEOGA-Garantía:

- poder de la agencia de pago (EPAA) para efectuar controles in situ y controles cruzados en caso de sospecha de irregularidades;

- posibilidad de suspensión de los pagos y de recuperación;

- transmisión de las pruebas a los órganos disciplinarios y a las autoridades judiciales en caso de irregularidades;

- poderes de la agencia de pago y de inspección (OPEKEPE) en materia de prevención y represión de las irregularidades;

- posibilidad de imponer sanciones sobre la base de una decisión del Ministerio de Agricultura;

- asistencia jurídica concedida al OPEKEPE por otros órganos.

E // Ley 24/2001, por la que se modifica la Ley General Presupuestaria:

- designación del órgano competente y definición de las funciones que debe ejercer el servicio específico mencionado por el Reglamento 4045/89;

- designación de los servicios, a escala nacional y regional, competentes para realizar los controles previstos en el Reglamento 4045/89.

F // En el transcurso del mes de diciembre de 2001 comenzó a aplicarse el apartado 1 del artículo 28 del Código de procedimiento penal, que habilitaba a algunos agentes de aduanas a efectuar investigaciones judiciales, en particular en los ámbitos relativos al fraude a los intereses financieros comunitarios (infracciones previstas por el Código Aduanero y, en particular, recursos propios tradicionales y gastos agrícolas. Véase también el punto 4.1 supra).

// Se elaboró un proyecto de decreto relativo al control de la producción de leche de vaca y a las modalidades de recuperación de una exacción suplementaria.

I // El Decreto legislativo n° 223 de 14.05.2001 introdujo nuevas sanciones en el ámbito de la ayuda comunitaria a la producción de aceite de oliva y a la transformación de las aceitunas de mesa. El Departamento de políticas de mercado del Ministerio de política agrícola y bosques dio el visto bueno al proyecto de Decreto legislativo relativo al sistema de sanciones basado en el Reglamento n° 4045/89.

// El Decreto legislativo n° 68 de 19 de marzo:

- atribuye a la Guardia di Finanza la misión de "policía económica y financiera para la protección del presupuesto público, de las regiones, de los organismos locales y de la Unión Europea";

- reconoce a los agentes de la Guardia di Finanza el derecho a efectuar registros, investigaciones, inspecciones e investigaciones bancarias en el ámbito en cuestión, con los mismos derechos de que disponía en materia de IVA e impuestos directos.

// En el Ministerio de política agrícola se ha creado una célula de control en materia de agricultura, alimentación y protección de los bosques (NAF).

IRL // La Ley de marzo de 2001 sobre las enfermedades de los animales concede poderes suplementarios a los agentes autorizados para el control de los comerciantes y aumenta las sanciones.

NL // Aprobación, por las cámaras primera y segunda del Parlamento, de la ley que modifica por octava vez la "Ley neerlandesa relativa a las cuentas del Estado" y de la Ley sobre el seguimiento de las subvenciones comunitarias (que entraron en vigor el 1 de mayo de 2002):

- enunciación de las competencias de control del Tribunal de Cuentas por lo que se refiere a la utilización de las subvenciones comunitarias (hasta el beneficiario final);

- establecimiento de una competencia paralela para el Ministro en materia de derecho de ser informado, derecho a dar instrucciones y derecho a recuperar los fondos ante la agencia de gestión.

P // Para el período de 2001 a 2006 se establecieron nuevas normas generales de aplicación del plan de desarrollo rural, denominado RURIS:

- el pago de las ayudas sólo se realiza si el beneficiario ha regularizado su situación deudora frente a los organismos pagadores;

- los organismos pagadores pueden proceder a la compensación de créditos del beneficiario;

- la resolución del contrato implica la obligación de devolver las ayudas concedidas y la suspensión del derecho a obtener ayudas;

- los certificados de deuda emitidos por los organismos pagadores constituyen título ejecutorio.

FIN // Medida general: la Ley 688/2001 sobre las ayudas estatales cubre, entre otras cosas, la recuperación y el control de las ayudas públicas, incluidas las ayudas comunitarias.

S // Medida general: desde marzo de 2001, la protección de los intereses financieros comunitarios y las relaciones con la OLAF se coordinan en una Oficina de delitos económicos y un Consejo relativo al fraude comunitario (véase el punto 4.1).

UK // (Inglaterra) Nuevas normativas sobre las estructuras pesqueras y de acuicultura: regula las condiciones de concesión de subsidios nacionales y comunitarios (IFOP), así como las medidas de control y de recuperación (SI 2001 nº 117).

Se adoptaron disposiciones equivalentes pero diferenciadas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

4.3. Acciones estructurales: principales evoluciones legislativas

Estado miembro // Medida

DK // Decreto n° 132, de 1 de marzo de 2001, relativo a la distribución de competencias para la administración de las ayudas del Fondo Social Europeo:

Composición y misiones de los Comités de seguimiento para el Objetivo 3 y EQUAL; medidas del FSE de conformidad con el Objetivo 2; comisiones centrales y regionales para la aprobación de proyectos; organización de las administraciones centrales y regionales de proyectos, responsabilidad y misiones; utilización del sistema informático (basado en Internet); control y auditoría, en particular, obligación de comunicación de irregularidades; exigencia de que la administración de los proyectos efectúe al menos una visita de vigilancia y control a cada proyecto durante el período de subvención.

Decreto n° 133, de 1 de marzo de 2001, relativo a las ayudas del FSE: condiciones de las ayudas; control y seguimiento; utilización del sistema informático (basado en Internet); acceso a la justicia; recuperación y sanciones.

Se impone una garantía bancaria a todos los beneficiarios de ayuda privados e independientes.

Para que la ayuda a un proyecto pueda pagarse, se exige que un auditor haya declarado la conformidad de los procedimientos y sistemas de registro del proyecto.

EL // La Ley 2860/2000 creó nuevos órganos de gestión y control, y en particular el Comité para el seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo, el Comité de seguimiento de los programas operativos, el órgano central de gestión del MCA, los órganos de gestión de los programas operativos, la agencia de pago y el Comité de control financiero externo (EDEL).

E // Real Decreto legislativo n° 1098/200: desarrolla el marco jurídico actual en materia de contratación pública.

// Ley 24/2001, que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

- exige nuevas garantías en materia de solvencia de los licitadores;

- regula la adjudicación de los contratos de servicios en el ámbito de la gestión de los sistemas de información.

I // Promulgación de un nuevo Decreto Legislativo (19 de marzo de 2001, n° 68 "Adaptación de las tareas de la Guardia di Finanza", con arreglo al artículo 4 de la Ley n° 78, de 31.3.2000).

NL // Aprobación de la ley que modifica por octava vez la Ley neerlandesa relativa a las cuentas del Estado y de la ley sobre el seguimiento de los subsidios europeos: véase el punto 4.2 supra.

A // Se ha celebrado un convenio entre el Estado Federal y los Estados federados (este convenio incluye a todos los organismos austríacos afectados y responsables de la gestión de las intervenciones y de los proyectos estructurales que implican directa o indirectamente la protección de los intereses financieros de la Comunidad).

P // En aplicación de los Reglamentos n° 1260/99, 438/2001 y 448/2001, se ha establecido un marco legislativo nacional específico para el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) III:

- un decreto ley que regula el funcionamiento del sistema nacional de control (SNC), del MCA III;

- con arreglo a este decreto ley, la Inspección general de finanzas (IGF) es la autoridad competente para realizar la declaración y coordinar las comunicaciones de irregularidades;

- un decreto ley regional por el que se crea el Instituto de Gestión de los Fondos Comunitarios (IGFC) en la región autónoma de Madeira.

FIN // Medida general: véase el punto 4.2.

// Se han adoptado las siguientes leyes:

- Ley 1268/2000, que modifica la gestión de los fondos estructurales y que entró en vigor el 1 de enero de 2001: disposiciones de gestión y control por lo que se refiere a las iniciativas comunitarias y el FSE;

- Ley 574/2001 sobre las medidas de desarrollo regional: normas en materia de aplicación de las iniciativas comunitarias y de recuperación de las financiaciones estructurales y nacionales;

- Ley 1113/2001 que modifica las medidas en materia de empleo: directrices sobre las inversiones públicas (FEDER).

// Nuevas normativas:

- Decretos gubernamentales (943/2001 y 1466/2001) que modifican el decreto sobre el empleo (FEDER);

- Decreto del Ministerio de Educación (933/2001): competencias del Consejo Nacional de Educación y de las oficinas provinciales por lo que se refiere a la gestión, el seguimiento y la auditoría de los proyectos financiados por INTERREG y el FSE.

S // Adaptación de la normativa sueca y de las medidas de aplicación relativas a la gestión de los fondos estructurales, así como de normas específicas por lo que se refiere al FEOGA-Orientación, el IFOP y el FSE, con el fin de:

- dar curso a la nueva normativa comunitaria para 2000-2006;

- clarificar y reforzar las disposiciones en materia de recuperación.

- Medidas que permiten a los programas INTERREG administrarse según lo convenido con la Comisión y los otros Estados miembros.

5. Textos complementarios con vistas a la protección de los intereses financieros comunitarios

5.1. ¿Cuál es el estado de la ratificación, por Estado miembro, del Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios y de sus protocolos-

Estado de las ratificaciones

notificadas a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea a 11.04.2002

>SITIO PARA UN CUADRO>

5.2. ¿Tomó el Estado miembro, en su caso, medidas para transponer el Convenio y los Protocolos- (Esto se refiere a las medidas adoptadas después de la aprobación del Informe anual de 2000 en mayo de 2001)

Estado miembro //

DK // El Convenio y sus protocolos se transpusieron al Derecho danés en 2000.

D // Existe un proyecto de ley para la ratificación del segundo Protocolo de 19 de junio de 1997 del Convenio. Las modificaciones que deben realizarse en el Derecho interno con vistas a la incorporación dependen de una ley de aplicación particular que también está en proceso de elaboración. Se ha previsto introducir una disposición suplementaria al artículo 261 del Código penal (blanqueo de capitales y ocultación de activos ilegales) y ampliar el ámbito de aplicación del artículo 30 de la Ley en lo referente a las infracciones, con el fin de poder imponer multas a personas jurídicas y a asociaciones de personas.

EL // El nuevo Código Aduanero (Ley 2960/01) tiene en cuenta las disposiciones del Convenio de 1995 y sus Protocolos.

IRL // La parte 6 de la Ley de 19 de diciembre de 2001 sobre justicia penal (robos y fraudes) incorpora el Convenio de 1995 y sus protocolos. Entrará en vigor con efecto a partir del 1 de agosto de 2002.

I // Las disposiciones del Protocolo del Convenio PIF firmado el 19.6.97 y relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, la confiscación, el blanqueo de capitales y la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión a efectos de la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y la protección de los datos de carácter personal relacionados con estos intereses se recogen en gran parte en el Decreto legislativo n° 231/01 relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de desvío fraudulento o percepción indebida de fondos y estafa que afecten al presupuesto del Estado.

Por otra parte, el Ministro de Trabajo ha adoptado medidas administrativas relativas a los controles de las actividades co-financiadas por el FSE.

L // El contenido del Convenio y los Protocolos ratificados se han incorporado en una Ley de 30 de marzo de 2001.

A // Ya se ha cumplido la obligación de incorporación contenida en estos cuatro actos jurídicos de la UE (incluido el segundo Protocolo) en las disposiciones actuales y, salvo una excepción (véase a continuación), por medio de la modificación de la ley penal, en particular gracias a:

- la introducción de la infracción denominada "abuso de ayuda";

- la ampliación de las disposiciones relativas a la corrupción de funcionarios a los funcionarios comunitarios y a los funcionarios de otros Estados miembros;

- la ampliación de la lista de infracciones en el ámbito del blanqueo de dinero.

Algunas modificaciones introducidas en la Ley sobre represión de los delitos financieros y en la Ley sobre restituciones a la exportación por la Ley de 1998 que modifica la fiscalidad también contribuyen a la incorporación de los actos jurídicos antes citados.

La única medida pendiente de incorporación es la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas prevista en el segundo Protocolo. Por lo que se refiere a la incorporación de esta obligación, el segundo Protocolo prevé en el apartado 2 de su artículo 18, para Austria, un plazo de cinco años a partir de la adopción del acto jurídico.

P // El Convenio y los Protocolos respectivos son directamente aplicables, sin perjuicio de las adaptaciones legislativas realizadas en el Derecho interno.

En este contexto se publicó la Ley 108/2001 por la que se modificaba el Código penal portugués por lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, corrupción pasiva para actos ilícitos, corrupción pasiva para actos legales y, finalmente, al concepto de funcionario.

Paralelamente, el 26 de noviembre de 2001 se publicó la Resolución 163/2001 del Consejo de Ministros que aprobó un conjunto de medidas y orientaciones sobre la lucha contra el fraude y la evasión fiscal: prevención, controles, refuerzo de la UCLEFA y medidas de lucha contra la delincuencia, refuerzo del control externo y mayor utilización de los sistemas de información (proyectos nacionales y comunitarios).

FIN // Se realizaron algunas enmiendas legislativas exigidas por el segundo Protocolo en 2001 (Ley 369/2001 que modifica el Código Penal): ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a las situaciones en que la persona jurídica haya participado en el delito o haya permitido su comisión.

// (Åland) El Parlamento provincial dio el visto bueno al Convenio de 1995 en 2001.

S // La legislación por la que se incorporan las disposiciones del segundo Protocolo (1997) al Derecho sueco entró en vigor el 1 de enero de 2002. Se tipificaron la tentativa, la preparación o la conspiración de blanqueo grave o corrupción grave. Se ampliaron las disposiciones relativas a las sentencias penales extranjeras: las sentencias de los tribunales penales extranjeros relativas a los actos cubiertos por el Protocolo pueden impedir la persecución del mismo acto en Suecia.

UK // El Reino Unido señala que la mayoría de las disposiciones del Convenio y sus Protocolos ya existían en el Derecho nacional antes de la firma del Convenio y sus Protocolos. La parte 1 de la Ley sobre la justicia penal de 1993, que entró en vigor el 1 de junio de 1999, permitió al Reino Unido ratificar el Convenio. La competencia requerida por el primer guión del apartado 1 del artículo 4 del Convenio (casos de fraude cometidos en el territorio del Estado miembro, incluidos los casos en que el beneficio se haya obtenido dentro del territorio) fue establecida por estas disposiciones.

6. Coordinación de los servicios responsables de la protección de los intereses financieros en cada Estado miembro

El sistema de control de las finanzas comunitarias, tanto de los gastos como de los ingresos, se basa en gran medida en la competencia principal de los Estados miembros, que administran el 80% de los fondos. Estos controles previstos por los reglamentos sectoriales implican a una multiplicidad de actores y agentes de distintos niveles de la Administración nacional (agencias de pago, autoridades de gestión, servicios nacionales centrales y descentralizados y servicios de los entes públicos locales).

El conjunto de estos controles constituye el sistema de protección de los intereses financieros comunitarios, por cuanto los Estados miembros están obligados a llevar a cabo una acción eficaz y equivalente a la que aplican en defensa de sus propios intereses.

A estos efectos, una buena coordinación entre los diferentes actores implicados en los controles a todos los niveles reviste una importancia estratégica.

Los reglamentos sectoriales prevén que las Administraciones nacionales efectúan controles llamados "de regularidad" y controles más específicos relativos a la lucha contra el fraude. Los primeros consisten en comprobaciones documentales, llamadas "de primer nivel", relativas al cumplimiento de los procedimientos y los criterios establecidos en la normativa para la concesión de financiaciones o ventajas (por ejemplo, circulación con exención de derechos aduaneros).

Los controles de regularidad incluyen también comprobaciones a posteriori (por ejemplo, después del pago de los fondos) cuyo objeto es asegurarse de la realidad de las prestaciones, de los proyectos financiados o de la fiabilidad de un sistema de control.

Por otra parte, se realizan controles sobre la base de sospechas de fraude presentadas por administraciones diferentes, según los Estados miembros: aduanas, policía, administraciones de Hacienda y autoridades judiciales en una fase avanzada. La organización de los servicios es competencia exclusiva de los Estados miembros.

A raíz de la petición del Consejo por una parte, y del informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre los fondos estructurales [47] por otra, se ha proporcionado información sobre los mecanismos establecidos para coordinación de los servicios de control y de investigación que efectúan los diferentes controles en el interior de los Estados miembros.

[47] Informe especial n° 4/2001 sobre la auditoría relativa a la sección de Garantía del FEOGA - aplicación del sistema integrado de gestión y control (SIGC) acompañado de las respuestas de la Comisión.

La información proporcionada se desglosa por ámbitos de control, a saber: recursos propios tradicionales, gastos agrícolas y acciones estructurales.

6.1 Recursos propios: mecanismos de coordinación y cooperación y posibles dificultades en el ámbito legislativo o reglamentario

Estado miembro //

B // Los controles y las investigaciones antifraude se realizan en la misma administración (Administración de aduanas e impuestos especiales). Esta administración tiene asimismo competencia para la persecución de las infracciones aduaneras.

// Por lo que se refiere al intercambio de información con la policía, la situación es la siguiente:

- los protocolos de acuerdo están en curso de negociación;

- se han destinado cinco funcionarios de las administraciones fiscales a la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia (Policía federal), en aplicación del Real Decreto de 22 de diciembre de 2000.

// Para la comunicación de los presuntos fraudes a las autoridades judiciales, existen las siguientes disposiciones:

- siete funcionarios de la Administración fiscal se han puesto a disposición del Fiscal o del Auditor de Trabajo;

- la percepción del impuesto por los servicios fiscales es posible en la fase de información judicial, cuando esta última arroja indicios de fraude (ley de 18 de abril de 1999);

- celebración de un acuerdo de colaboración entre los Departamentos belgas de Justicia y Finanzas.

DK // Observaciones generales con respecto a la coordinación entre los servicios y el impacto de la nueva Ley sobre la protección de datos:

En lo que respecta á la comunicación por las autoridades administrativas, de los casos de fraude presunto a las autoridades judiciales, los controles se efectúan conforme a la Comunicación nº 4/1998 de Fiscal General. Esta comunicación establece asimismo los procedimientos para informar a la autoridad administrativa del resultado del caso.

Están en curso adaptaciones legislativas o administrativas para ejecutar la Ley del 31 de mayo de 2000 relativa a la protección de los datos personales en las medidas de control.

Un Comité para las cuestiones vinculadas a la delincuencia económica y a la delincuencia informática ("Comité de infracciones") ha iniciado, bajo la dirección del Ministerio de Justicia, un trabajo de gran envergadura destinado a revisar las disposiciones penales aplicables a distintas formas de delincuencia económica.

La Comisión sobre la Delincuencia Económica constituye un foro transministerial, bajo la dirección de la autoridad aduanera y fiscal, destinado a luchar contra la delincuencia económica que afecta al interés común. Esta Comisión concede tanta importancia a la lucha contra la delincuencia económica que afecta a los recursos comunitarios como a la que afecta a los recursos y gastos nacionales.

D // En el ámbito de los recursos propios tradicionales, el procedimiento de coordinación de los controles externos/aduaneros y de las medidas de control fiscal/vigilancia aduanera en las empresas que disponen de establecimientos en varias zonas bajo la competencia de una oficina de aduanas principal, se rige por los apartados 59 a 64 de la instrucción de servicio DA-AO. Las normas sobre el contenido y el volumen de los intercambios de datos incluyen: leyes sobre protección de datos del Estado Federal y de los Estados federados, leyes presupuestarias del Estado Federal y de los Estados federados, ley en materia de subvenciones, artículo 15 del Código Aduanero, artículo 30 del Código fiscal (secreto profesional) y Código penal.

EL // Las autoridades griegas no han observado graves solapamientos, dado que es el servicio aduanero el que administra las sanciones y la recuperación, incluso en los casos en que la denuncia haya sido sometida por otros servicios policiales (SDOE, Policía o Guardia portuaria).

E // La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha establecido tres mecanismos de coordinación, basados en los distintos planes de aplicación del Plan General de Control Tributario (2001):

- coordinación de actuaciones relativas a contribuyentes objeto de actuaciones inspectoras.

- Mejoras en el intercambio de información.

- coordinación específica entre el servicio de recuperación de los fondos y el servicio de aduanas e impuestos especiales.

El Programa especial de calidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para 2001 prevé las siguientes medidas:

- medidas destinadas a mejorar la coordinación interdepartamental en la lucha contra el fraude: transmisión de fichas de información a los órganos encargados de la recuperación de los fondos, actividades de comprobación coordinada, así como investigaciones destinadas a detallar el número y la importancia de las medidas preventivas (judiciales y otras) contra el fraude;

- colaboración entre el servicio de Aduanas e Impuestos Especiales y otras Administraciones públicas en la lucha contra el fraude (Corporaciones Locales, Comunidades y Ciudades Autónomas);

- coordinación interna en el seno del servicio de aduanas: actividades de investigación interterritorial.

F // La DGDDI efectúa todos los controles e investigaciones administrativas en este ámbito, lo que no requiere coordinación con otras administraciones sino solamente una coordinación interna.

La aduana francesa, que dispone de una acción específica para imponer sanciones en el ámbito fiscal, tiene la posibilidad de dirigirse a las autoridades judiciales y de perseguir las infracciones comprobadas mediante denuncia ante el Fiscal de la República o citación directa ante un tribunal penal.

La reciente habilitación de los funcionarios de aduanas para efectuar investigaciones judiciales debe reforzar la cooperación en materia económica y financiera con las autoridades judiciales.

Por otra parte, el Código aduanero nacional obliga a las autoridades judiciales a informar a la aduana de cualquier hecho susceptible de constituir una infracción aduanera.

IRL // Existen sistemas muy desarrollados para los controles tradicionales, las investigaciones antifraude y las actividades de coordinación horizontales y multidisciplinares: sistema de tratamiento automatizado de datos (AEP), equipos de auditoría aduanera, oficina de investigaciones (IB), equipos de lucha contra la evasión de los derechos de aduanas e impuestos especiales y la unidad de inteligencia nacional en materia de cargas aduaneras (CNFIU).

// La reestructuración de la oficina de interventores de cuentas (marzo de 2002), que engloba el servicio aduanero nacional, prevé la creación de una división de procesamiento, responsable de la coordinación de las diligencias penales para todos los casos de evasión fiscal, incluso en materia aduanera.

I // La coordinación entre los servicios competentes (Agencia de aduanas y Guardia di Finanza) está garantizada a escala nacional por disposiciones legales y a escala local por instrucciones operativas dictadas por el Jefe de Aduanas y por el Comandante provincial de la Guardia di Finanza.

En general, cada vez que una agencia de control constata una irregularidad, envía simultáneamente una copia del acta al Ordenador, para la recuperación de los importes indebidamente percibidos y para la imposición de sanciones administrativas, y una copia a la autoridad judicial en caso de sospecha de delito.

En la mayoría de los casos, la administración deberá esperar a la conclusión de los procedimientos penales antes de iniciar una acción civil de recuperación. El fundamento jurídico para las acciones de recuperación es ya una orden judicial (para las infracciones penales), o ya una orden administrativa que imponga sanciones y cierre el procedimiento.

NL // El Centro de información aduanera (DIC) organiza una vez al mes una reunión de coordinación operativa, con la participación de todos los servicios implicados en el control y, en su caso, en las investigaciones relativas a los recursos propios tradicionales, a saber: el Servicio de Aduanas, los Servicios de Información e Investigaciones Fiscales y de Control Económico (FIOD-ECD) y la Inspección General del Ministerio de Agricultura (AID).

Estas reuniones sirven para discutir las irregularidades y para determinar las competencias de los distintos servicios afectados.

// También se realizan consultas regulares entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura (LNV). Se ha designado un fiscal específico para la coordinación nacional de las investigaciones penales y los aspectos reglamentarios de las diligencias penales. Regularmente se realizan intercambios de opiniones con los distintos servicios implicados en las diligencias penales.

// El Director General de impuestos y el colegio de fiscales generales han acordado unas directrices relativas a la notificación, la transacción y la persecución de los delitos fiscales y aduaneros (directrices ATV). Con ayuda de indicadores específicos, las autoridades aduaneras discuten regularmente el tratamiento de los presuntos hechos delictivos con, por una parte, los Servicios de Información e Investigaciones Fiscales y de Control Económico (FIOD-ECD) y, por otra parte, la Fiscalía. Este acuerdo se evalúa anualmente.

// No se ha detectado ningún obstáculo por lo que se refiere a la coordinación entre los servicios implicados en el control de los recursos propios tradicionales. Las directrices del Servicio de impuestos (VIV) prevén suficientes posibilidades para intercambiar información, tanto en la fase de control como en la fase de investigación. No obstante, cuando se trata de investigaciones penales, es el fiscal competente quien decide la manera en que se divulgará la información.

A // La administración de aduanas utiliza, para los dictámenes de irregularidades, un formulario electrónico normalizado.

// Las irregularidades constatadas son también objeto de análisis de riesgos, tanto en el marco del Reglamento n° 386/90 como en el marco del Reglamento n° 4045/89.

P // El Decreto por el que se establece la Administración General Tributaria (AGT) prevé un servicio de control interno así como una estructura común de administración fiscal, que tiene por misión realizar las medidas de inspección y control de la gestión con el fin de ejercer el control del cumplimiento de los objetivos fijados y la aprobación de las medidas correctoras adecuadas.

// Por otra parte, el Servicio de Aduanas (DGAIEC) realiza la constatación, la percepción y el asiento contable de los derechos de importación, así como la gestión del sistema de liquidación de los recursos propios comunitarios correspondientes a esta Dirección General, y más concretamente a la Dirección de los servicios de ingresos nacionales y recursos propios comunitarios.

// El organismo de control comunica las sospechas de fraude en los tres ámbitos en cuestión (recursos propios, FEOGA-Garantía, fondos estructurales y Fondo de Cohesión) a la Fiscalía.

De esta manera se comunican, conjuntamente con el informe de control, al interlocutor financiero/autoridad de pago/organismo de pago, no sólo a efectos del apoyo al proceso desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista administrativo, a fin de recuperar las ayudas, proceso que se desarrolla independientemente de que el procedimiento penal haya concluido o no.

Las autoridades judiciales y las autoridades administrativas tienen la obligación de informarse mutuamente de los procedimientos existentes, garantizando así una buena colaboración entre ellas.

En el ámbito de estos delitos, las autoridades judiciales y policiales extranjeras pueden desplazarse (previa obtención de la autorización del Ministro de Justicia) por el territorio nacional, con el fin de participar en investigaciones penales y crear equipos encargados de las investigaciones penales conjuntas.

FIN // Medida general:

El programa antifraude sobre la delincuencia económica y financiera ha seguido aplicándose en 2001. El Gobierno tomó una decisión de principio sobre la iniciación de un nuevo programa para los años 2002-2005.

En 2001, el Ministerio de Hacienda inició un proyecto destinado a desarrollar el control de las actividades de la administración (VIRKE).

Aduanas:

La administración de aduanas utiliza varios sistemas de intercambio de información. Ha desarrollado un proyecto de investigación sobre la cooperación administrativa y judicial en materia de delincuencia aduanera.

S // La Administración Aduanera y la Fiscalía acordaron las modalidades de tratamiento de los casos de sobrecarga aduanera (leyes 2000:1225 y 2000:1281).

Por otra parte, la Administración Aduanera participa también en grupos de cooperación regionales (SABEM) y nacionales (Consejo Económico), que incluyen entre otros a representantes de la policía, de las autoridades fiscales, de las autoridades judiciales, del Consejo de Delitos Económicos, de la Oficina de Vigilancia de la Delincuencia Financiera, de la Oficina de Marcas y de la Seguridad Social.

La Administración Aduanera coopera también con el Banco nacional, y tiene acceso al registro de infracciones presuntas de la policía.

// Medida general: desde marzo de 2001, la protección de los intereses financieros comunitarios y las relaciones con la OLAF están coordinadas por una Oficina de Delitos Económicos y un Consejo sobre el Fraude Comunitario (véase el punto 4.1).

UK // Un punto de contacto único en el servicio aduanero gestiona la comunicación entre el servicio de control aduanero y los investigadores. Este punto de contacto coordina también la comunicación con los organismos externos.

// Periódicamente se celebran reuniones entre los investigadores aduaneros y la Agencia de Pagos Rurales (RPA). Los debates sobre un acuerdo administrativo revisado deberían finalizar en 2002.

6.2. Gastos agrícolas: mecanismos de coordinación y cooperación y posibles obstáculos en el ámbito legislativo o reglamentario

Estados miembros //

B // En el ámbito de los programas operativos para las frutas y verduras, la Oficina Belga de Intervenciones y Restituciones (BIRB) firmó protocolos de cooperación con la Aduana y la Región valona.

// Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión y de los controles, y teniendo en cuenta la regionalización progresiva de la aplicación de la Política Agrícola Común, el organismo pagador se reúne regularmente con los servicios de control.

// En el ámbito de los gastos agrícolas en general se han creado varios órganos de coordinación: la célula multidisciplinar de lucha contra el fraude en el sector de la carne (MVC), la célula de prevención interdepartamental (IPC), así como la comisión interdepartamental para la coordinación de la lucha contra el fraude en los sectores económicos y para la aplicación del Reglamento (CE) 595/91.

// La Oficina Belga de Intervenciones y Restituciones (BIRB) transmite mensualmente a la aduana una lista de deudores, en aplicación de los Reglamentos (CE) 3665/87 y 800/1999.

Se está preparando una adaptación de la Ley de protección de datos de carácter personal (8 de diciembre de 1992)

// Mecanismos de coordinación entre la administración de las aduanas y los servicios de control de primera línea:

- la célula de coordinación de la Administración central de aduanas e impuestos especiales sobre el consumo es informada trimestralmente, por los servicios de control de primera línea y los organismos de pago, de todas las constataciones de infracciones o de irregularidades comunicadas a estos organismos, incluidas las infracciones o irregularidades de un importe inferior a 4.000 Euros. Estas comunicaciones permiten a la administración de aduanas realizar anualmente un análisis de riesgos de conformidad con el Reglamento (CE) 4045/89;

- inversamente, la célula de coordinación comunica a los organismos de control de primera línea y a los organismos de pago los casos de infracciones o de irregularidades constatados a posteriori y que pueden tener un impacto en los controles de primera línea.

// Los casos de fraude presunto o de irregularidades se discuten también en los órganos de coordinación interministeriales e interdepartamentales siguientes: Célula Interdepartamental de Prevención (CIP), Comisión Económica Interministerial (CEI) y Comisión Interdepartamental para la Coordinación de la Lucha contra el Fraude en los sectores económicos para la aplicación del Reglamento (CE) 595/91 (CICF).

DK // Comentarios generales relativos a la coordinación entre los servicios y el impacto de la Ley sobre protección de datos: véase el punto 6.2.1. supra.

// La Dirección de Alimentación, Pesca e Industria Agraria (organismo pagador) celebró acuerdos con las autoridades en las que ha delegado misiones de control. Estos acuerdos fijan las directrices de orientación general relativas a las tareas de las autoridades, de conformidad, en particular, con las exigencias del Reglamento (CE) 1663/95. Estos acuerdos se evalúan de nuevo cada año.

Las reuniones periódicas que se celebran entre los departamentos en cuestión garantizan la calidad de la cooperación en materia de control y la realización de los posibles ajustes que fueren necesarios.

D // En el ámbito del FEOGA Garantía, los servicios de control son regulados por las disposiciones del apartado 12 de la instrucción de servicio DA-AWiMO y por el punto 5.2 de la guía relativa a los controles.

Para la ejecución de los controles contemplados en el Reglamento (CEE) n° 4045/89 se han establecido directrices especiales que:

- regulan con todo detalle el intercambio de información entre el servicio de control de la administración aduanera y los otros servicios y administraciones;

- forman parte del software de control "PROFIT", que se utiliza de forma generalizada desde principios del año 2000 para los controles a posteriori en el ámbito de las restituciones a la exportación, en el seno del servicio de control de la administración de aduanas;

- regulan la difusión de los informes elaborados en el marco de los controles a posteriori, así como de otras informaciones. De esta manera, además de las autoridades administrativas competentes, la autoridad de pago (también en los otros Estados miembros), la ZKA (Oficina de Represión de las Infracciones Aduaneras) o el Servicio Central de Análisis de obtienen también en principio un ejemplar de los informes.

// Dentro de la autoridad de pago de la UE (Aduana principal Hamburgo-Jonas), la coordinación de la lucha contra el fraude da lugar a un tratamiento de las solicitudes y de los expedientes conforme a las normas establecidas; sus actividades se someten por otro lado al control permanente del servicio de auditoría interno y del organismo de certificación (control de la legalidad de los pagos y de la aplicación de las normas en materia de recuperación y sanciones).

// La autoridad de pago y el Servicio Central de Análisis de Riesgo de la Administración de Aduanas (ZORA) comunican también información en forma de perfiles de riesgo a los servicios encargados de los controles e investigaciones. Estos últimos están obligados a comunicar los resultados de sus trabajos, en el marco de un contacto permanente y de una coordinación regular con la autoridad de pago (recuperación) y la ZORA (acciones preventivas antifraude).

Los servicios de control e investigación y la ZORA tienen acceso a los datos del sistema informático central AIDA de la autoridad de pago.

// No existe en principio un intercambio de datos directo entre la autoridad de pago/ZORA y las autoridades policiales y judiciales. No obstante, la información y los expedientes se comunican en el marco de las normas de procedimiento penal vigentes.

// En el marco de su función de coordinación, el Ministerio Federal de Protección de los Consumidores, Alimentación y Agricultura organiza entrevistas regulares con las autoridades de los Estados Federados con el fin de garantizar una transposición del Derecho europeo lo más uniforme posible por los Estados Federados y, en su caso, por las instituciones federales.

// Ha tenido lugar una coordinación intensiva destinada a hacer plenamente operativa la base de datos electrónica en el marco del sistema HIT y a garantizar la puesta en funcionamiento del sistema. Se han celebrado acuerdos administrativos entre las autoridades de pago y de certificación y los servicios de auditoría interna.

// En el ámbito legislativo o reglamentario habrá que proceder a det