Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

La presente propuesta de Directiva pretende sustituir a la actual Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones [1], adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 10 de abril de 1997 y que debía aplicarse antes del 1 de enero de 1998.

[1] DO L 117, de 7.5.1997, p. 15.

Los elementos clave de la Directiva actualmente vigente son la prohibición de cualquier limitación del número de nuevos operadores (salvo en la medida necesaria para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias), la prioridad concedida a las autorizaciones generales frente a las licencias individuales y la definición de unos principios armonizados, incluyendo una lista exhaustiva de las condiciones que pueden asociarse a las licencias.

No obstante, el quinto informe de la Comisión sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [2] expresa grandes reservas sobre el modo en que se ha aplicado esta Directiva en la Comunidad.

[2] COM(1999)537, 10.11.1999.

La Comunicación de la Comisión sobre los resultados de la consulta pública sobre la revisión de 1999 de las comunicaciones y orientaciones para el nuevo marco regulador (COM(2000) 239) ha puesto de manifiesto el decidido respaldo con que contaría una mayor armonización y simplificación de las normas nacionales sobre autorización.

2. Finalidad y objetivos

En consonancia con los objetivos y principios políticos del nuevo marco regulador, la presente propuesta de modificación de los actuales regímenes de autorización y concesión de licencias se basa en la necesidad de fomentar un mercado de servicios de comunicaciones dinámico y competitivo, consolidar el mercado interior en el contexto de la convergencia, restringir la reglamentación al mínimo necesario, y conseguir la neutralidad tecnológica, tomando nota de la convergencia de los mercados.

A raíz de tres estudios efectuados por la Oficina Europea de Telecomunicaciones a instancias de la Comisión Europea [3], ha quedado claro que en la Comunidad no existe actualmente un enfoque armonizado en materia de autorización de la entrada en el mercado de los prestadores de servicios de comunicaciones, sino un mosaico de quince regímenes nacionales que divergen enormemente tanto en su planteamiento básico como en los detalles concretos.

[3] Categorías de autorizaciones, Información necesaria para la comprobación, Cánones, publicados en www.eto.dk.

Las categorías de licencias creadas por los Estados miembros oscilan entre sólo dos y no menos de dieciocho, cada una de ellas con sus propios procedimientos, condiciones, tasas y cánones. En respaldo de la segmentación así creada, los Estados miembros exigen muchos tipos de información distinta a los prestadores de servicios, desde nada en absoluto, en el caso del régimen menos exigente, a los 49 elementos que se solicitan en uno de los más prolijos. Como consecuencia de ello, la carga administrativa que supone la gestión del régimen de autorización y licencias resulta muy leve en unos casos y extremadamente pesada en otros, por lo cual las tasas administrativas impuestas a los operadores son nulas en algunos Estados miembros y excesivas en otros.

Como han demostrado los regímenes más sencillos, no está justificado objetivamente distinguir en las autorizaciones tantísimas categorías de servicio, y conviene abandonar este enfoque. Aun cuando algunos Estados miembros han demostrado que los regímenes poco exigentes son viables, practicables y satisfactorios, la actual Directiva de licencias no ha impedido a otros elaborar una reglamentación del acceso al mercado bastante exigente. Esta práctica no se ajusta al objetivo político de fomentar el desarrollo de un mercado de servicios de comunicaciones competitivo y dinámico, ni tiene en cuenta la convergencia entre servicios, redes y tecnologías. Por consiguiente, es necesario introducir reajustes en el marco regulador de la UE.

Además, aunque en la realidad económica actual los mercados de servicios de comunicaciones sigan estando fragmentados en función de las fronteras nacionales tradicionales, está cuajando ya el desarrollo de servicios paneuropeos, proceso de conviene fomentar activamente. Es evidente que las divergencias actuales en nada favorecen a este proceso.

Puede conseguirse un mercado único europeo que funcione de modo eficiente y efectivo a través de una rigurosa simplificación de los actuales regímenes nacionales, tomando como modelo los regímenes menos exigentes que existen hoy en día. Sólo si se reducen a lo estrictamente necesario los procedimientos y condiciones de autorización de los servicios de comunicaciones electrónicas parecerá innecesario el recurso a una autorización europea única o al reconocimiento mutuo de las autorizaciones para hacer posible y propiciar el desarrollo de un mercado interior dinámico y competitivo.

3. Soluciones propuestas

Sustituir las autorizaciones generales por licencias individuales

Aunque la actual Directiva de licencias establece la prioridad de las autorizaciones generales, deja un margen muy amplio a los Estados miembros para el uso de licencias individuales. La mayor parte de los Estados miembros ha utilizado liberalmente este margen hasta el punto de que las licencias individuales constituyen más la regla que la excepción en la mayor parte de los regímenes nacionales. Este hecho dificulta la entrada del mercado y genera un obstáculo que se opone al desarrollo de los servicios transfronterizos.

- La presente propuesta pretende incluir la totalidad de los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas en una autorización general y limitar el uso de los derechos específicos a la asignación de radiofrecuencias y números. En este contexto, los números objeto de la propuesta son los números de teléfono incluidos en el plan nacional de numeración.

Aclarar las distintas categorías de condiciones

La Directiva de licencias contenía una lista exhaustiva de las condiciones que podían asociarse a las autorizaciones generales y a las licencias individuales. Sin embargo, en la práctica, da la sensación de que se ha visto en ella la lista de las condiciones que tenían que imponerse. Además, las licencias individuales incluyen a menudo condiciones que no hacen sino repetir disposiciones contenidas en la reglamentación general sobre telecomunicaciones o en la legislación general. De esta manera, se crean condicionamientos y vínculos inoportunos entre el derecho a suministrar redes o servicios y distintos requisitos que figuran en la legislación nacional, por lo cual las autorizaciones resultan menos transparentes de lo que podrían ser.

- La Directiva propuesta limita todavía más el número de condiciones que pueden imponerse a los prestadores de servicios y exige una separación estricta entre las condiciones contenidas en la legislación general, aplicables a todas las empresas, las condiciones derivadas de la autorización general y las condiciones asociadas a los derechos de uso de radiofrecuencias y números. Además, deja claro que la sanción consistente en retirar el derecho a suministrar redes o servicios sólo debe utilizarse en última instancia, y no como amenaza permanente ante cualquier tipo de incumplimiento de cualquier condición aplicable.

Simplificar los procedimientos

Pese a la existencia de unas normas comunes sobre procedimientos de concesión de licencias, los operadores consideran que los trámites actuales a nivel nacional resultan innecesariamente incómodos. Algunos Estados miembros imponen requisitos engorrosos en cuanto a la información que debe facilitarse con anterioridad a la entrada en el mercado. En ocasiones hay que demostrar el cumplimiento de todas las condiciones antes de iniciar la prestación del servicio. No resulta objetivamente necesario exigir una comprobación previa tan amplia del cumplimiento de las condiciones exigidas, y conviene aquí tomar como modelo a los regímenes reguladores nacionales menos exigentes, que han demostrado su efectividad en la práctica.

- Por ello, la presente propuesta pretende garantizar que no se exija ninguna información como condición previa para la entrada en el mercado y que la comprobación sistemática del cumplimiento de las condiciones asociadas a las autorizaciones se limite a las condiciones para las que esté objetivamente justificado, según se estipula en la misma propuesta de Directiva.

Reducir los cánones y tasas, así como sus discrepancias en la UE

La actual Directiva de licencias exige ya que las tasas administrativas y cánones que se impongan a los operadores se limiten a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la expedición, gestión, control y ejecución de los regímenes de autorización y concesión de licencias aplicables. No obstante, en la consulta pública se han criticado las prácticas de algunos Estados miembros por su falta de transparencia y lo elevado de los cánones exigidos. Las amplísimas divergencias entre los cánones aplicados en los distintos países no puede explicarse exclusivamente por las distintas cargas administrativas.

- La Directiva propuesta reduce considerablemente las tasas administrativas al simplificar los regímenes de autorización, según se ha descrito, y reducir de esta manera la carga administrativa y los correspondientes gastos. Además, crea la necesaria transparencia al exigir que las autoridades nacionales de reglamentación publiquen resúmenes anuales de los gastos y de las tasas. De igual manera, exige a las autoridades nacionales de reglamentación que ajusten el nivel de las tasas al año siguiente si el importe total de lo recaudado excede de los gastos administrativos.

Reforzar el mercado interior

En algunas respuestas a la consulta pública se solicitaba la creación de una licencia única europea para servicios de comunicaciones electrónicas o el reconocimiento mutuo de las autorizaciones. La industria de satélites, transfronteriza por naturaleza, abogaba por una mayor armonización de los regímenes de autorización. Sin embargo, la mayoría coincidía implícitamente con la propuesta de la Comisión de tratar de conseguir un mercado interior efectivo a través de una drástica simplificación de los regímenes nacionales con arreglo a los criterios antes descritos.

El mecanismo de armonización de las condiciones y procedimientos de concesión de licencias a través de la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones) previsto en la actual Directiva de licencias no ha tenido éxito. Ni siquiera el formato de armonización mínimo, el procedimiento de ventanilla única, ha llegado a realizarse, con la posible excepción del sector de los satélites, en el que está prevista la puesta en marcha de un procedimiento de este tipo en julio de 2000. Vistas las cosas desde nuestra perspectiva actual, lo cierto es que no era demasiado realista esperar que, si la armonización no había sido posible mediante los procedimientos supranacionales de adopción de decisiones de la Comunidad, iba a poder serlo a través del marco intergubernamental de la CEPT.

Sin embargo, en el área de las radiofrecuencias, la coordinación en el marco de la CEPT ha tenido relativo éxito, por ejemplo en la asignación de frecuencias a los sistemas de comunicaciones personales por satélite. Lamentablemente, la asignación común europea de frecuencias para los prestadores de S-PCS no ha tenido continuidad a nivel nacional.

- La presente propuesta prevé que la CEPT siga desempeñando su papel en la armonización de la asignación de radiofrecuencias. Se reforzará la obligación de que los Estados miembros apliquen los acuerdos sobre asignación armonizada de espectro a que se llegue en la CEPT. Aun cuando la propuesta se apoye en el principio de simplificación de los regímenes nacionales de autorización para desmantelar todos los obstáculos importantes que se opongan al mercado único europeo, podrán introducirse cuando proceda, mediante un procedimiento de comitología, medidas de armonización en materia de condiciones, procedimientos o cánones.

4. Descripción de los artículos propuestos

Artículo 1 - Objeto y ámbito de aplicación

Realización del mercado único, facilitación de la entrada en el mercado. Afecta a todas las autorizaciones relativas al suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2 - Definiciones

Las definiciones contenidas en la Directiva marco se aplicarán a la presente Directiva.

Artículo 3 - Autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

Estipula que el suministro de todas las redes y servicios de comunicaciones electrónicas puede estar sujeto a una autorización general que exija, como máximo, la notificación o el registro, pero nunca una decisión explícita. Limita la información que pueden solicitar las autoridades con arreglo el procedimiento de notificación al mínimo imprescindible (identificación de la empresa, personas de contacto y descripción del servicio).

Artículo 4 - Lista mínima de derechos derivados de la autorización general

Establece los derechos generales básicos de los operadores amparados en la autorización general, a saber, el derecho de prestar servicios de comunicaciones electrónicas al público y negociar la interconexión con otros prestadores de servicios públicos, establecer redes de comunicaciones electrónicas y solicitar los derechos de paso necesarios.

Artículo 5 - Derechos de uso de radiofrecuencias y números

Establece que las empresas pueden solicitar derechos de uso de radiofrecuencias y números. Exige que los procedimientos de atribución y asignación sean abiertos, no discriminatorios y transparentes, y que queden claras las posibilidades de cesión y comercio secundario de derechos de uso. Prohibe la restricción de los derechos de uso salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias (pero no en el caso de los números, ya que no deben ser escasos). Establece plazos para los procedimientos de otorgamiento de derechos de uso.

Artículo 6 - Lista máxima de condiciones impuestas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números

Limita y armoniza las condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso, aportando una lista exhaustiva de tales condiciones.

Establece el principio de que todas las condiciones deben estar justificadas objetivamente, no ser discriminatorias y ser proporcionadas y transparentes.

Exige una separación estricta entre a) las condiciones no sectoriales (fiscalidad, derecho de sociedades, etc.), b) las condiciones impuestas por la autorización general y c) las condiciones asociadas a los derechos de uso, para reforzar la transparencia e impedir la vinculación inadecuada y no equitativa de diferentes categorías de derechos y obligaciones.

Artículo 7 - Procedimiento de otorgamiento restringido de derechos de uso de radiofrecuencias

Impone unas condiciones estrictas en materia de limitación de derechos de uso de radiofrecuencias (motivos de la restricción, criterios de selección, tipos de procedimiento y plazos correspondientes, reconsideración periódica).

Artículo 8 - Asignación armonizada de radiofrecuencias

Garantiza la correcta aplicación de los acuerdos de asignación armonizada de radiofrecuencias (p. ej., para S-PCS) a nivel nacional sin restricciones, alteraciones ni demoras.

Artículo 9 - Declaraciones para facilitar el ejercicio de los derechos de paso y derechos de interconexión

Otorga a las empresas el derecho de obtener una confirmación de la autoridad nacional de reglamentación sobre su derecho a obtener derechos de paso y/o sus derechos a negociar la interconexión cuando lo soliciten tales empresas, que pueden tener que negociarla con otras autoridades (p. ej., municipales) u otras empresas (especialmente en otros Estados miembros).

Artículo 10 - Cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso

Establece salvaguardias procedimentales (plazos, derecho de las empresas a exponer su opinión y presentar recurso) en caso de incumplimiento de las condiciones. Exige que los Estados miembros adopten medidas proporcionadas (retirando el derecho a suministrar servicios o redes o los derechos de uso sólo en casos excepcionales para los que está previsto un procedimiento de urgencia).

Artículo 11 - Información exigida por la autorización general y los derechos de uso

Limita la información que puede solicitarse a las empresas a lo estrictamente necesario y proporcionado (no se comprobará sistemáticamente el cumplimiento de las condiciones, sino sólo en caso de duda); se permite solicitar información para la publicación de panorámicas comparativas de la calidad y el precio de los servicios en el interés de los consumidores, para fines estadísticos claramente descritos y para los procedimientos de licitación comparativa de frecuencias.

Estipula que no podrá solicitarse ninguna información previa al acceso al mercado o como condición para el mismo.

Artículo 12 - Tasas administrativas

Limita las tasas impuestas a los prestadores de servicios a solamente los gastos administrativos, exigiendo que los Estados miembros publiquen tales gastos y prevé un ajuste de las tasas durante el año siguiente cuando su importe total exceda de los gastos administrativos. Garantiza que las tasas se distribuirán, además, en proporción al volumen de negocios de las empresas y exime de ellas a las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 13 - Cánones por derechos de uso y derechos de paso

Permite recaudar cánones por el uso del espectro y de los números, con sujeción a los principios de no discriminación, transparencia, justificación objetiva y proporcionalidad, así como a los objetivos políticos sobre desarrollo de servicios innovadores y de la competencia.

Artículo 14 - Modificación de derechos y obligaciones

Exige que los Estados miembros notifiquen oportunamente cualquier modificación prevista de los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones y permita a las partes interesadas manifestar su opinión.

Artículo 15 - Publicación de información

Exige que los Estados miembros publiquen y actualicen toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones que afecten a las autorizaciones generales, derechos de uso de radiofrecuencias y números y derechos de paso, de manera fácil de utilizar.

Artículo 16 - Funcionamiento del mercado único europeo

Exige que la Comisión presente informes periódicos sobre la situación del mercado interior y prevé nuevas medidas de armonización si persisten los obstáculos al mercado interior.

Artículo 17 - Autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva

Prevé mecanismos que faciliten la transición del régimen antiguo al nuevo sin limitar derechos ni ampliar obligaciones.

Artículo 18 - Transposición

Cláusula habitual. Propone el 31 de diciembre de 2001 como fecha límite para la transposición de la Directiva al Derecho interno.

Artículo 19 - Entrada en vigor

Cláusula habitual.

Artículo 20 - Destinatarios

Cláusula habitual.

Anexo

Contiene una lista exhaustiva de las condiciones que se pueden incluir en la autorización general o asociar a los derechos de uso. Vincula estas condiciones con otras Directivas.

5. Conclusión

La Directiva relativa la autorización de la redes y los servicios de comunicaciones electrónicas que se propone tiene en cuenta los resultados de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del actual marco regulador de las telecomunicaciones. La propuesta presenta un sistema de autorizaciones menos exigente y más armonizado en toda la Comunidad, reduciendo al mínimo los obstáculos reglamentarios que se oponen a la entrada en el mercado para así fomentar el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y hacer posible que los prestadores de servicios y los consumidores se beneficien de las economías de escala que aporta el mercado único europeo.

2000/0188 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [4],

[4] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [5],

[5] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [6],

[6] DO C [...], [...], p. [...].

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [7],

[7] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) El resultado de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, según se refleja en la Comunicación de la Comisión de 26 de abril de 2000 [8], ha confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas esté más armonizada y resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

[8] COM(2000) 239.

(2) La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un régimen de autorización en el que todos los servicios similares reciban un trato similar, con independencia de las tecnologías utilizadas.

(3) Debe aplicarse el régimen menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas para estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y hacer posible que prestadores de servicios y consumidores puedan beneficiarse de las economías de escala del mercado único.

(4) La mejor manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes y todos los servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación.

(5) Es necesario incluir expresamente en tales autorizaciones los derechos de las empresas al amparo de las mismas para garantizar la igualdad de condiciones en toda Comunidad y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes públicas de comunicaciones.

(6) Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos específicos para el uso de radiofrecuencias y números, incluidos códigos abreviados, del plan nacional de numeración. Los derechos a los números pueden también atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual "3883" que se ha atribuido a los países miembros de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de uso no deben restringirse salvo cuando resulte inevitable dada la escasez de frecuencias radioeléctricas y la necesidad de garantizar el uso eficiente de éstas.

(7) Las condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso específicos deben limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y las obligaciones impuestas por la legislación comunitaria.

(8) Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de conformidad con la legislación comunitaria, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su peso significativo en el mercado según se define en la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [9]] deben imponerse separadamente de los derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

[9] DO L

(9) La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe someterse a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica de dicho sector.

(10) Cuando la demanda de radiofrecuencias en determinado intervalo exceda de su disponibilidad, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación de tales frecuencias, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos recursos escasos.

(11) Cuando se haya acordado a nivel europeo la asignación armonizada de radiofrecuencias a empresas particulares, los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales acuerdos a la hora de asignar derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(12) Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación de sus derechos con arreglo a la autorización general en materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles regionales o locales de la administración o con los prestadores de servicios de otros Estados miembros. A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar declaraciones a las empresas que lo soliciten, o automáticamente en respuesta a una notificación al amparo de la autorización general.

(13) Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la autorización general deben guardar proporción con la infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no sería proporcionado retirar el derecho a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o el derecho a utilizar radiofrecuencias o números a una empresa que no cumpla una o más de las condiciones de la autorización general. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que los Estados miembros puedan verse obligados a adoptar en caso de amenaza grave para la seguridad o la salud públicas o para los intereses económicos y operativos de otras empresas. La Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de cualquier demanda de indemnización por daños y perjuicios entre empresas al amparo de la legislación nacional.

(14) Someter a los prestadores de servicios a obligaciones de notificación e información puede resultar engorroso tanto para las empresas como para la autoridad nacional de reglamentación afectada. Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, justificarse objetivamente y limitarse a lo estrictamente necesario. No es necesario exigir de manera sistemática y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la autorización general o los derechos de uso. Las empresas tienen derecho a conocer para qué fines se utilizará la información que deben facilitar. La aportación de información no debe ser condición para el acceso al mercado. La Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la información necesaria para la defensa de los intereses comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales.

(15) Pueden imponerse tasas administrativas a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación en la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación deben hacerse transparentes mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas se equilibran. Las tasas administrativas no deben constituir un obstáculo a la entrada en el mercado. Por consiguiente, deben distribuirse en proporción al volumen de negocios de la empresa afectada en los servicios correspondientes calculado sobre el ejercicio contable que precede al año de la tasa administrativa. No debe exigirse el pago de tasas administrativas a las pequeñas y medianas empresas.

(16) Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado.

(17) A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relacionados con las autorizaciones generales y derechos de uso cuando esté objetivamente justificado. Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas.

(18) El objetivo de transparencia exige que los prestadores de servicios, consumidores y otras partes interesadas puedan acceder fácilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, planes nacionales de uso de frecuencias y planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de facilitar tal información, mantenerla actualizada y centralizar toda la información pertinente relativa a los derechos de paso cuando tales derechos los administren otros niveles de la administración.

(19) Debe efectuarse un seguimiento del adecuado funcionamiento del mercado único sobre la base de los regímenes nacionales de autorización con arreglo a la presente Directiva. Sobre la base de los resultados de dicho seguimiento, pueden revelarse necesarias nuevas medidas de armonización cuando persistan los obstáculos al mercado único. La Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] prevé el marco procedimental para tales medidas.

(20) La sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de conformidad con la presente Directiva no debe suponer un incremento de las obligaciones de los prestadores de servicios que operan con arreglo a una autorización existente ni una reducción de sus derechos, salvo que ello tuviera efectos negativos sobre los derechos y obligaciones de otras empresas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva tiene por objeto la realización de un mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas mediante la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización para facilitar el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Comunidad.

2. La presente Directiva se aplicará a todas las autorizaciones relativas al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones contenidas en la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 3

Autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. Los Estados miembros no impedirán a una empresa el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas salvo cuando resulte necesario para proteger la seguridad o la salud públicas.

2. El suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sólo podrá someterse a una autorización general. Se podrá exigir a la empresa afectada que presente una notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita u otro acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, la empresa podrá iniciar su actividad comercial, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso contenidas en los artículos 5, 6 y 7.

3. El procedimiento de notificación a que se refiere el apartado 2 comportará solamente la declaración por parte de una persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación de su intención de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y la entrega de la información mínima necesaria para que la autoridad nacional de reglamentación pueda mantener un registro de suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información deberá limitarse a lo necesario para la identificación del suministrador y de sus personas de contacto, su domicilio y una breve descripción del servicio que prestará.

Artículo 4

Lista mínima de derechos derivados de la autorización general

Las empresas autorizadas en virtud del artículo 3 estarán habilitadas para:

a) prestar servicios de comunicaciones electrónicas al público y negociar la interconexión con otros prestadores de servicios de comunicaciones disponibles al público habilitados por una autorización general en cualquier lugar de la Comunidad, de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] [10];

[10]

b) establecer redes de comunicaciones electrónicas y verse otorgar los derechos de paso necesarios, de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas];

c) tener oportunidad de ser designadas para suministrar elementos de una obligación de servicio universal en parte del territorio nacional o en su totalidad, de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] [11].

[11]

Artículo 5

Derechos de uso de radiofrecuencias y números

1. Cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no someterán el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general.

2. Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos a cualquier empresa que preste servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 y a las normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Tales derechos de uso se otorgarán mediante procedimientos abiertos, no discriminatorios y transparentes. Cuando otorguen derechos de uso, los Estados miembros especificarán si se pueden ceder estos derechos y en qué condiciones, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]. Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate.

3. Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y publicarán lo antes posible y en cualquier caso dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la solicitud por la autoridad competente en el caso de los números, y dentro de las seis semanas siguientes en el caso de las radiofrecuencias.

4. Los Estados miembros no limitarán el otorgamiento de derechos de uso salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias y de conformidad con el artículo 7. Los Estados miembros otorgarán derechos de uso de frecuencias siempre que estén disponibles.

Artículo 6

Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y a los derechos de uso de números

1. La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso de radiofrecuencias y derechos de uso de números sólo estará sometida a las condiciones enumeradas respectivamente en las partes A, B y C del anexo. Dichas condiciones deberán justificarse objetivamente en relación con el servicio de que se trate y deberán ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.

2. Las obligaciones específicas que puedan imponerse a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con peso significativo en el mercado con arreglo al artículo 8 de la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] o a los designados para la prestación de un servicio universal con arreglo a la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], serán jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones generales derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia a las empresas, deberán mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de tales obligaciones específicas a las empresas.

3. La autorización general contendrá solamente condiciones que sean específicas para el sector de que se trate, según se establece en la Parte A del anexo, y no repetirá condiciones que ya sean aplicables a las empresas en virtud de otra legislación nacional.

4. Los Estados miembros no repetirán las condiciones de la autorización general cuando otorguen el derecho a usar radiofrecuencias o números.

Artículo 7

Procedimiento de otorgamiento limitado de derechos de uso de radiofrecuencias

1. Cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de limitar el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, deberá:

a) tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia,

b) dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, suficiente oportunidad y un plazo de al menos 30 días para que puedan manifestar su punto de vista sobre cualquier limitación,

c) publicar su decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso, exponiendo los motivos de la misma,

d) reconsiderar la limitación a intervalos razonables o a petición de las empresas, y

e) invitar a presentar solicitudes de derechos de uso.

2. Cuando un Estado miembro compruebe que pueden otorgarse nuevos derechos de uso de radiofrecuencias, hará pública dicha circunstancia e invitará a presentar nuevas solicitudes de derechos.

3. Cuando deba limitarse el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarán tales derechos sobre la base de unos criterios de selección que deberán ser objetivos, no discriminatorios, detallados, transparentes y proporcionados. Toda selección deberá tener debidamente en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo de la competencia y los servicios innovadores y de conseguir los máximos beneficios para los usuarios.

4. Cuando vayan a utilizarse procedimientos de licitación comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de seis meses.

Estos plazos máximos se entenderán sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso de las radiofrecuencias y las posiciones orbitales.

Artículo 8

Asignación armonizada de radiofrecuencias

Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias y se hayan acordado condiciones y procedimientos de acceso, de conformidad con la Decisión [relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad] [12] y otras normas comunitarias, los Estados miembros otorgarán el derecho de usar las radiofrecuencias de conformidad con ello. No impondrán condiciones, criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la asignación armonizada de radiofrecuencias .

[12] DO L

Artículo 9

Declaraciones para facilitar el ejercicio de derechos de paso y derechos de interconexión

A petición de una empresa, los Estados miembros emitirán, en el plazo de una semana, una declaración que confirme que la empresa está autorizada a solicitar derechos de paso y/o a negociar la interconexión en virtud de la autorización general, para así facilitar el ejercicio de estos derechos a otros niveles de la administración o en relación con otras empresas. Cuando proceda, estas declaraciones se podrán también emitir de forma automática tras la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 3.

Artículo 10

Cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso

1. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas habilitadas por la autorización general o que disfrutan de derechos de uso de radiofrecuencias o números que faciliten la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, de conformidad con el artículo 11.

2. Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o más de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, notificará a la empresa esta circunstancia y concederá a la misma una oportunidad razonable de manifestar su opinión o subsanar los posibles incumplimientos en el plazo de un mes a partir de la mencionada notificación o en cualquier otro plazo que se acuerde entre la empresa afectada y la autoridad nacional de reglamentación.

3. Si la empresa interesada no subsana los incumplimientos en el plazo a que se refiere el apartado 2, la autoridad nacional de reglamentación adoptará medidas adecuadas y proporcionadas con el fin de garantizar el cumplimiento. Estas medidas, junto con las razones en que se basan, se comunicarán a la empresa afectada en el plazo de una semana a partir de su adopción y al menos una semana antes de que surtan efecto.

4. Cuando el incumplimiento de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública, o cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros podrán adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la situación. Deberá ofrecerse posteriormente a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de vista y proponer posibles soluciones.

5. Las empresas tendrán derecho a recurrir las medidas adoptadas por los Estados miembros en virtud del presente artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 4 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 11

Información exigida en virtud de la autorización general y los derechos de uso

1. Sin perjuicio de las obligaciones de información y notificación contenidas en la legislación nacional aplicable, distintas de la autorización general, los Estados miembros no exigirán a las empresas que faciliten en virtud de la autorización general más información de la que resulte proporcionada y pueda justificarse objetivamente para:

a) la comprobación sistemática del cumplimiento de las condiciones 1 y 2 de la Parte A, 6 de la Parte B y 5 de la Parte C del Anexo y del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;

b) la comprobación caso por caso del cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad nacional de reglamentación tenga motivos para creer que determinada condición no se está cumpliendo;

c) los procedimientos de licitación comparativa de radiofrecuencias;

d) la publicación de panorámicas comparativas de la calidad y el precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;

e) fines estadísticos claramente definidos;

f) análisis del mercado para los fines de la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su interconexión] o de la Directiva [sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

No podrá exigirse la información a que se refieren las letras a), b), d), e) y f) del párrafo primero antes del acceso al mercado ni como condición para el mismo.

2. Cuando los Estados miembros soliciten a las empresas que faciliten la información a que se refiere el apartado 1, les informarán asimismo de los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.

Artículo 12

Tasas administrativas

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio al amparo de la autorización general:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general aplicable y del otorgamiento de derechos de uso y

b) se distribuirán entre las empresas en proporción al volumen de negocios de cada empresa en el último ejercicio contable, en relación con los servicios cubiertos por la autorización general o para los cuales se han otorgado los derechos de uso y prestados en el mercado nacional del Estado miembro que impone la tasa.

2. Las empresas cuyo volumen de negocios anual para los servicios correspondientes a que se refiere la letra b) del apartado 1 sea inferior a 10 millones de euros quedarán exentas del pago de tasas administrativas.

3. Cuando los Estados miembros impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. Si el importe total de las tasas excede de los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados en el ejercicio siguiente.

Artículo 13

Cánones por derechos de uso y derechos de paso

Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad asignadora imponer cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de paso que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Estos cánones no serán discriminatorios, serán transparentes, estarán justificados objetivamente, guardarán proporción con el fin previsto y habrán de tener en cuenta, en especial, la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia.

Artículo 14

Modificación de derechos y obligaciones

Los Estados miembros podrán modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relativos a las autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de paso en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada. Los Estados miembros deberán notificar adecuadamente su intención de efectuar tales modificaciones y dar a las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente no inferior a cuatro semanas para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas.

Artículo 15

Publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se publique y mantenga actualizada de manera adecuada toda la información pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de autorizaciones generales y derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

2. Cuando los cánones, tasas, procedimientos y condiciones en materia de derechos de paso se determinen a distintos niveles de la administración, los Estados miembros publicarán y mantendrán actualizado un registro de todos estos cánones, tasas, procedimientos y condiciones de manera adecuada para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

Artículo 16

Funcionamiento del mercado interior

Cuando las divergencias entre los cánones, tasas, procedimientos o condiciones nacionales aplicables a una autorización general o al otorgamiento de derechos de uso creen obstáculos al mercado interior, la Comisión podrá adoptar medidas para armonizar tales tasas, cánones, procedimientos o condiciones de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Para detectar tales obstáculos al mercado único, la Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de los sistemas nacionales de autorización y el desarrollo de la prestación de servicios transfronterizos en la Comunidad y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 17

Autorizaciones existentes

1. Los Estados miembros adaptarán las autorizaciones ya existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva a lo dispuesto en ella a más tardar el 31 de diciembre de 2001.

2. Cuando la aplicación del apartado 1 implique una reducción de los derechos o una ampliación de las obligaciones que se deriven de autorizaciones ya existentes, los Estados miembros podrán prorrogar la validez de las condiciones precedentes hasta el 30 de junio de 2002 a más tardar, siempre que no se vean por ello afectados los derechos de otras empresas con arreglo a la legislación comunitaria. Los Estados miembros notificarán a la Comisión tales prórrogas, señalando las razones que las justifican.

Artículo 18

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 19

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 20

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO

El presente anexo contiene la lista máxima de condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones generales (Parte A), los derechos de uso de radiofrecuencias (Parte B) y los derechos de uso de números (Parte C) a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 6 y la letra a) del apartado 1 del artículo 11.

A. Condiciones que se pueden imponer por una autorización general

1. Aportaciones financieras a la financiación del servicio universal de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

2. Tasas administrativas de conformidad con el artículo 12 de la presente Directiva.

3. Interoperabilidad de los servicios e interconexión de las redes de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su interconexión].

4. Accesibilidad de los números del plan nacional de numeración a los usuarios finales de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

5. Requisitos en materia de medio ambiente y de ordenación urbana y del territorio, incluidas las condiciones referentes a la concesión de acceso a terrenos públicos o privados y las condiciones relacionadas con la coubicación y el uso compartido de instalaciones de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Transmisión obligatoria de radiodifusiones sonoras y televisivas especificadas de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

7. Protección de los datos personales y la intimidad específica del sector de las comunicaciones electrónicas de conformidad con la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas].

8. Normas de protección del consumidor específicas del sector de las comunicaciones electrónicas, incluidas las condiciones de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

9. Obligaciones en relación con los contenidos radiodifundidos, en particular las relativas a la protección de los menores de conformidad con la letra a) del artículo 2bis de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

10. Información que debe facilitarse con arreglo a un procedimiento de notificación de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de la presente Directiva y para otros fines con arreglo al artículo 11 de la presente Directiva.

11. Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes de conformidad con la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas] y la Directiva 95/46/CE.

12. Condiciones de uso con motivo de catástrofes importantes para garantizar las comunicaciones entre los servicios de urgencia y las autoridades y las emisiones radiodifundidas a la población en general.

13. Medidas relativas a la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos causados por las redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho comunitario.

B. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de radiofrecuencias

1. Designación del servicio para el que se utilizará la frecuencia, incluidas condiciones relativas a los contenidos que se suministrarán.

2. Uso eficiente de las frecuencias de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

3. Evitación de interferencias perjudiciales.

4. Duración máxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.

5. Cesión de derechos y condiciones e ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

7. Cualquier compromiso contraído por la empresa que ha obtenido el derecho de uso en el curso de un procedimiento de licitación comparativa.

C. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de números

1. Designación del servicio para el que se utilizará el número.

2. Uso eficiente de los números de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

3. Exigencias en materia de conservación del número de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

4. Duración máxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.

5. Cesión de derechos y condiciones a ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

FICHA DE FINANCIACIÓN

Las repercusiones financieras de la presente Directiva se incluyen en la Ficha de financiación de la Directiva relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA EN LAS EMPRESAS CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

Número de referencia del documento

La propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, expóngase la necesidad de un acto legislativo comunitario en este campo y sus principales objetivos

La Directiva constituye un elemento de un nuevo marco regulador que pretende garantizar que el sector de las comunicaciones electrónicas siga desarrollándose como mercado competitivo que genera beneficios a todas las empresas y particulares de la Comunidad que utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas.

Existe un amplio consenso sobre la importancia de consolidar el mercado único en esta área, reconociéndose que la adaptación de las actuales medidas comunitarias constituye la manera más eficaz de conseguirlo.

Impacto sobre las empresas

2. Precísese qué empresas se verán afectadas por la propuesta

Las empresas usuarias de todos los tamaños se beneficiarán de la mayor competencia, las ofertas innovadoras en el mercado y mejor relación calidad/precio que propiciará el nuevo marco regulador en su conjunto.

La propuesta facilitará la entrada en el mercado de los suministradores de redes electrónicas al reducir al mínimo los obstáculos administrativos, y fomentará el desarrollo de la prestación de servicios paneuropea.

3. Explíquese qué tendrán que hacer las empresas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la propuesta

Esta propuesta impone obligaciones principalmente a los Estados miembros o a las autoridades nacionales de reglamentación. Ninguno de sus artículos afecta directamente a las empresas.

4. Efectos económicos probables de la propuesta

El objetivo de la propuesta es estimular el crecimiento del sector, generando empleo de esta manera tanto en el sector como en los mercados asociados.

La propuesta garantizará que el mercado europeo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas siga ofreciendo buenas oportunidades de inversión a nivel mundial.

La propuesta reforzará la competitividad de las empresas del sector y, al hacerlas más eficientes, resultará beneficiosa para el conjunto de la economía, ya que todas las empresas necesitan unas infraestructuras de comunicaciones eficientes.

5. Señálese si la propuesta contiene alguna medida especialmente diseñada para las pequeñas y medianas empresas (requisitos menos estrictos o diferentes, etc.)

En términos generales la finalidad de esta propuesta es reducir la carga que representa la regulación para todas las empresas del sector de las comunicaciones electrónicas. Como la carga que suponen, p. ej., las licencias individuales resulta desproporcionadamente grande para las PYME, serán éstas las que más beneficio obtengan de la supresión de las licencias individuales y del recurso más habitual a las autorizaciones generales. Además, el artículo 12 exige que, si se aplican tasas administrativas a la autorización, éstas guarden proporción con el volumen de negocios de la empresa afectada, y que queden exentas del pago de tasas administrativas las empresas cuyo volumen de negocios anual sea inferior a 10 millones de euros.

Consultas

6. Cítense las organizaciones que han sido consultadas sobre la propuesta y expóngase la opinión que han dado sobre ella

La Comisión consultó numerosos aspectos de estas propuestas con motivo de la Comunicación sobre la revisión de 1999 en noviembre de dicho año (COM(1999) 539). Se recibieron respuestas de 229 organizaciones o particulares, enumerados en la lista que se encontrará en la siguiente dirección de Internet:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html.

Sus opiniones principales se resumen en la Comunicación en la que se informa sobre los resultados de la consulta pública (COM(2000) 239). Además, el 28 de abril se publicó un documento de trabajo en el que se resumían las disposiciones clave de esta propuesta. Se recibieron respuestas de 128 organizaciones o particulares, enumerados en la lista que se encontrará en la siguiente dirección de Internet:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/nrfwd/comments.html.