[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 1.7.2005

COM(2005) 303 final

2003/0139 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos

2003/0139 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓNAL PARLAMENTO EUROPEOcon arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251del Tratado CEacerca de la

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos

1. ANTECEDENTES

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2003)379 final – 2003/139(COD): | 30 de junio de 2003. |

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: | 19 de noviembre de 2003. |

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: | 28 de enero de 2004. |

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: | 9 de marzo de 2004. |

Fecha de adopción de la posición común: | 24 de junio de 2005. |

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta tiene cuatro objetivos básicos:

- Incorporar la Decisión C(2001) 107 del Consejo de la OCDE, de 14 de junio de 2001, al Derecho comunitario.

- Resolver los problemas surgidos en la aplicación, administración y ejecución del Reglamento de 1993 y lograr una mayor claridad jurídica.

- Impulsar la armonización mundial en materia de traslados transfronterizos de residuos.

- Estructurar mejor los artículos del Reglamento.

Para alcanzar estos objetivos, la revisión modifica varias partes y aspectos del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo. Son los siguientes:

- Cambios de estructura.

- Modificaciones y aclaraciones con respecto a las definiciones y al ámbito de aplicación (Título I).

- Modificaciones y aclaraciones relativas a los procedimientos aplicables a los traslados de residuos (Títulos II-VI): entre Estados miembros (Título II); en el interior de los Estados miembros (Título III); importados o exportados de la Comunidad (Títulos IV, V y VI).

- Modificaciones relativas a otras disposiciones del Reglamento (Título VII).

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Comentarios generales

En su propuesta modificada, la Comisión acepta íntegramente, en parte o en cuanto al fondo 43 de las 103 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su primera lectura. En la posición común se incorporan 41 enmiendas, ya sea al pie de la letra o en cuanto al fondo.

La Comisión no puede aceptar determinados aspectos de la posición común. Los más importantes son los siguientes:

La Comisión sigue siendo de la opinión de que el fundamento jurídico compartido que se había propuesto para el Reglamento, es decir, medio ambiente y política comercial (arts. 175 y 133 del Tratado CE) es el correcto, y no puede aceptar el fundamento jurídico único propuesto por el Consejo (art. 175 del Tratado CE).

Por otro lado, la Comisión no puede refrendar la posición común en cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros presenten objeciones a los traslados destinados a la valorización de residuos alegando la existencia de una normativa menos exigente en el país de destino. La Comisión considera que una disposición de este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la valorización, sin por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE.

El Consejo ha modificado el artículo 1, apartado 6, con el fin de excluir totalmente los subproductos animales del ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento. La Comisión considera que es preferible adelantar el análisis de la relación entre este Reglamento y el Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, de forma que los resultados del mismo se hagan públicos antes de la entrada en vigor del Reglamento. De este modo se atendería a las inquietudes expresadas por algunos Estados miembros en cuanto al peligro de duplicación de procedimientos, y permitiría a la Comisión mantener su propuesta.

3.2 Observaciones específicas

3.2.1 Enmiendas parlamentarias aceptadas íntegramente, en parte o en cuanto al fondo por la Comisión e incorporadas en la posición común

Se han incorporado las enmiendas 8 y 108, relativas a los considerandos.

La enmienda 9, que trataba de la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento de los residuos generados por las fuerzas armadas de un Estado miembro en determinadas situaciones, ha sido parcialmente incorporada en el artículo 1, apartado 3, letra g).

Se ha atendido a la enmienda 10, relativa a las disposiciones aplicables a los residuos del anexo III destinados a la valorización. Se ha suprimido enteramente un apartado propuesto por la Comisión (5.1) con el fin de evitar confusiones por la selección de determinadas disposiciones. Ha quedado incorporada en cuanto al fondo.

La enmienda 12 se refiere a mezclas de residuos para las que no existe categoría específica. Ha quedado incorporada en el artículo 2, apartado 3.

Las enmiendas 13 y 14, relativas a determinadas operaciones que constituyen una valorización o una eliminación provisionales, han sido aceptadas en cuanto al fondo, hecho que se refleja en el artículo 2, apartados 5 y 7. Sin embargo, se han confirmado las definiciones de la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.

Las enmiendas 15 y 22 establecen la definición de notificador, que ha sido incorporada en el artículo 2, apartado 15.

La enmienda 113, relativa a la definición de «país de tránsito» ha sido aceptada, lo que se refleja en el artículo 2, apartado 24.

La enmienda 79, que propone que los traslados de mezclas de residuos municipales procedentes de hogares privados (categoría de residuos 20 03 01) estén sujetos a notificación y autorización previas, ha quedado incorporada en el artículo 3, apartado 5. La enmienda 81 ha sido aceptada parcialmente y en cuanto al fondo, lo que se refleja en el artículo 3, apartado 5.

La enmienda 24, que permite que todas las autoridades competentes soliciten información y documentación adicional en un determinado plazo de tiempo, ha sido parcialmente incorporada en el artículo 4, apartado 3, y en el artículo 8, apartado 1.

Las enmiendas 96 y 97, que tratan de cuándo deberá constituirse la fianza o seguro equivalente y cuándo deberá acreditarse la existencia de la misma, han sido aceptadas parcialmente y en cuanto al fondo en el artículo 4, apartado 5, y en el artículo 6, apartado 2.

Las enmiendas 29 y 30, que tratan de la solicitud de información y documentación y de la aceptación y transmisión de notificaciones en un determinado plazo de tiempo, han sido aceptadas parcialmente y en cuanto al fondo en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 8, apartados 1 y 2.

La enmienda 115, relativa a las mayores facultades de los Estados miembros para formular objeciones a traslados de residuos destinados a la eliminación, puede ser aceptada. Se ha incorporado en el artículo 11, apartado 1, letra e).

La enmienda 45, relativa a la formulación de objeciones al traslado de residuos destinados a valorización cuando resulte que la finalidad del traslado no es la valorización sino la eliminación, ha sido aceptada. Se ha incorporado en el artículo 12, apartado 1, letra h).

La enmienda 52, que establece los procedimientos que deberán aplicarse en caso de notificación general, ha sido aceptada en cuanto al fondo, lo que se refleja en el artículo 4.

La enmienda 100, relativa a la información remitida por el notificador a las autoridades competentes y al destinatario, ha sido aceptada. Se ha incorporado en el artículo 16, letra b), y en el artículo 17, apartado 1.

La enmienda 84 rev., relativa al momento en que se considera concluida la valorización o la eliminación, ha sido aceptada en cuanto al fondo, lo que se refleja en el artículo 16, letra e).

La enmienda 57, que pone de relieve la necesidad de cooperación entre autoridades en caso de traslados ilícitos, añadiendo «en particular» cuando la responsabilidad de dichos traslados no pueda imputarse ni al notificador ni al destinatario, ha sido aceptada. Ha sido incorporada en el artículo 23, apartado 5.

Las enmiendas 58 y 101, relativas al intercambio electrónico de datos, han sido aceptadas. Se han incorporado en el artículo 25, apartado 4 y en el artículo 58, apartado 1, letra f).

Se ha aceptado la enmienda 60, relativa a los acuerdos sobre zonas fronterizas. Se ha incorporado en el artículo 29.

La enmienda 61, relativa al requisito de gestión ambientalmente racional, ha sido aceptada en cuanto al fondo. Se ha incorporado en el artículo 48, apartado 2.

Las enmiendas 62-65, relativas a las situaciones de crisis o guerra, han sido aceptadas. Se han incorporado en el artículo 40, apartado 1, letra d), artículo 41, apartado 2, letra b), artículo 42, apartado 1, letra e) y en el artículo 43, apartado 2, letra c).

La enmienda 103, relativa a la modificación de los anexos del Reglamento, ha sido aceptada. Se ha incorporado en el artículo 57, apartado 1.

La enmienda 28, relativa al método de cálculo de las fianzas, ha sido parcialmente aceptada en los considerandos.

Las enmiendas 82 y 46, relativas a las directrices que deberán seguirse en la aplicación de la disposición sobre valorización ficticia, han sido parcialmente aceptadas. Se han incorporado en el artículo 58, apartado 1, letra b).

Las enmiendas 75, 76 y 77, relativas a los anexos, han sido aceptadas. Se han incorporado en el anexo VIII, partes II-IV.

3.2.2 Enmiendas parlamentarias rechazadas por la Comisión y el Consejo y no incorporadas en la posición común

Las enmiendas 2-7, 107, 109 y 110-111, relativas a los considerandos, no han sido juzgadas pertinentes para la propuesta, y no han sido aceptadas. Por otro lado, las enmiendas 4-5 no han sido aceptadas porque violarían el derecho de iniciativa de la Comisión.

La enmienda 11, por la que se suprimía el artículo 1, apartado 6, que contempla una posible exclusión de los subproductos animales del ámbito de aplicación del Reglamento, ha sido rechazada. La Comisión considera que es importante mantener esta disposición con el fin de evitar una duplicación, con la carga que ello supone para los operadores, derivada de la aplicación simultánea de este Reglamento con el Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. La Comisión prefiere mantener su propuesta y adelantar la revisión de las relaciones entre los dos reglamentos de forma que los resultados se hagan públicos antes de la entrada en vigor del Reglamento (véase apartado 3.2.5, que trata de los cambios adicionales efectuados por el Consejo en la propuesta).

La enmienda 112, relativa a la obligación de la Comisión de establecer directrices, no puede ser aceptada, fundamentalmente porque viola el derecho de iniciativa de la Comisión.

Las enmiendas 17 y 18 proponen que los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III estén sujetos a una notificación previa por escrito. Esto no puede aceptarse, ya que entra en conflicto con la Decisión de la OCDE.

La enmienda 19, que suma los traslados destinados a «fines experimentales» a los traslados excluidos del procedimiento de notificación, no puede aceptarse. Este tipo de traslados presenta el mismo peligro que los demás y deben seguir los trámites normales.

La enmienda 20, relativa a la obligación de establecer valores límite en un determinado plazo, no puede aceptarse porque violaría el derecho de iniciativa de la Comisión. Además, no se ha considerado necesario mantener en la propuesta una disposición específica para los traslados de residuos que contengan o estén constituidos o contaminados por las sustancias químicas recogidas en los anexos A, B y C del Convenio de Estocolmo de 22 de mayo de 2001, relativo a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), ya que se ha adoptado un reglamento específico sobre este punto (Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CE, Diario Oficial L 158, 30.4.2004, p.7-49).

La enmienda 44, relativa a las objeciones a traslados de residuos destinados a la valorización en virtud de los principios de autosuficiencia y proximidad, crearía obstáculos en el mercado europeo del reciclado y la valorización de residuos, sin por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. Por lo tanto, no puede ser aceptada.

Las enmiendas 21, 26-27, 34, 41, 85 rev. y 91 rev., relativas a las operaciones provisionales, no pueden aceptarse. La Comisión no ha considerado conveniente prohibir tales operaciones. Sin embargo, podría hacerse que las autoridades competentes pudieran rastrear el curso seguido por los residuos en el traslado hasta que se concluyera la valorización o eliminación.

Las enmiendas 86 rev., 87 rev. y 88 rev. entran en conflicto con los plazos de la Decisión de la OCDE, por lo que no pueden aceptarse.

Las enmiendas 32 y 33, relativas al registro y comprobación de la conformidad subsiguiente de la notificación, deberían regularse mediante el artículo 49 sobre la ejecución y no pueden aceptarse.

La enmienda 35 añade nuevas razones para formular objeciones a traslados de residuos destinados a la eliminación no aceptables. También hay que rechazar la enmienda 37, que suprime la referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria y que sólo contempla por tanto la autosuficiencia a escala nacional. La cooperación entre países vecinos o pequeños sigue necesitando un apoyo, por ejemplo a través de una referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria. La enmienda 38 añade que pueden plantearse objeciones a un traslado de residuos destinados a la eliminación de conformidad con el Derecho nacional si no existen obligaciones en materia de eliminación a nivel comunitario. Esta disposición podría aplicarse incorrectamente, por lo que no puede aceptarse.

La enmienda 80, relativa a los traslados de mezclas de residuos municipales procedentes de hogares privados no ha sido incorporada, pero hay que señalar que el artículo 3, apartado 5, establece que en todo caso, el tratamiento de dichos residuos será el mismo que para la eliminación.

Las enmiendas 116-117 añaden nuevas razones para formular objeciones a traslados de residuos destinados a la eliminación que no son compatibles con la Decisión de la OCDE. Por otro lado, la enmienda 116 crearía un obstáculo al mercado interior de la valorización de residuos. Por lo tanto, no puede ser aceptada.

La enmienda 49, relativa a determinados criterios en materia de valorización, no puede aceptarse. Sin embargo, en el artículo 58, apartado 1, letra b), se ha incorporado una disposición relativa a la adopción de directrices que deberán seguirse en caso de valorización ficticia.

Las enmiendas 40 y 50 suprimen la posibilidad de que las autoridades competentes interesadas puedan acordar con el notificador no exigir una nueva notificación cuando los problemas que motiven las objeciones no se hayan resuelto en un plazo determinado. No parece ni necesario ni justificado insistir en una notificación si todas las partes interesadas han llegado a un acuerdo en sentido contrario. La enmienda no puede aceptarse.

Se considera que la enmienda 51 no es necesaria (véase artículo 4, primera frase, y artículo 9).

La enmienda 99, relativa a la aplicación del procedimiento de notificación general a la retirada voluntaria de residuos, no se puede aceptar por ser demasiado impreciso su ámbito de aplicación.

La enmienda 54, relativa a los plazos aplicables a los certificados de eliminación o valorización, no pueden aceptarse por no ser conciliables con los plazos de la OCDE.

La enmienda 55, relativa a la información previa a las autoridades competentes en caso de residuos de tipo verde, no puede aceptarse, ya que se considera suficiente la información que acompaña a los traslados. Esto coincide con lo dispuesto en la Decisión de la OCDE.

La enmienda 105, que suprime la obligación para la persona que organiza el traslado de facilitar una copia del contrato si así lo solicita la autoridad competente en relación con los traslados de residuos no peligrosos destinados a la valorización, no puede aceptarse. A efectos de control, es esencial que pueda exigirse un contrato. Hay que hacer hincapié en que la información confidencial del contrato está protegida, si esta es la inquietud real subyacente a esta enmienda.

La enmienda 121, que añade otra condición en relación con las importaciones en la Comunidad de residuos destinados a la valorización consistente en que, cuando se trate de residuos peligrosos, la autoridad competente de expedición fuera de la Comunidad habrá de presentar previamente una solicitud debidamente justificada en la que deberá alegar que «no disponen ni pueden adquirir de forma razonable la capacidad técnica o las instalaciones necesarias para valorizar los residuos de forma medioambientalmente racional», no puede aceptarse. En el caso de los países de la OCDE, esta disposición infringiría la Decisión de la OCDE. En el caso de países que no sean Partes en el Convenio de Basilea ni sean miembros de la OCDE ya se aplica este requisito. Tratándose de Partes del Convenio de Basilea que no son miembros de la OCDE, no se considerarían justificadas más restricciones por razones medioambientales. Por lo tanto, se rechaza la enmienda.

No se ha incorporado la enmienda 67, relativa a las actas de adhesión, ya que éstas no pueden cambiarse mediante un procedimiento de comitología (véase nuevo artículo 62).

Las enmiendas 68, 71-73, 78 y 106 se refieren todas a cambios en las categorías específicas de las listas de residuos adjuntas en anexo a la propuesta y no pueden aceptarse. No se trata de que la Comisión discrepe en cuanto al fondo, sino más bien de que no es el lugar apropiado para las enmiendas. Los cambios en las listas de residuos deben introducirse en la legislación de donde procedan (el Convenio de Basilea, la Decisión de la OCDE y la lista comunitaria de residuos). Además, estas enmiendas se opondrían a uno de los objetivos básicos de la propuesta, la armonización internacional de las listas de residuos.

3.2.3 Enmiendas parlamentarias aceptadas por el Consejo y rechazadas por la Comisión

Las enmiendas 1 y 83 rev, que se proponen cambiar el fundamento jurídico, que pasaría de medio ambiente y política comercial (arts. 175 y 133 del Tratado CEE) a medio ambiente únicamente (art. 175 del Tratado CE), fueron aceptadas por el Consejo pero rechazadas por la Comisión. El objetivo principal del Reglamento propuesto es la protección del medio ambiente. Pero dado que las disposiciones de los Títulos IV, V y VI sobre exportaciones de la Comunidad, importaciones a la Comunidad y tránsito por la Comunidad con destino y procedencia en terceros países, también son normas de comercio internacional, el fundamento jurídico de estas disposiciones concretas es el artículo 133 del Tratado CE. La Comisión sigue siendo de la opinión de que el fundamento jurídico compartido que se había propuesto para el Reglamento, es decir, medio ambiente y política comercial (arts. 175 y 133 del Tratado CE) es el correcto y no puede aceptar un fundamento único.

Las enmiendas 42, 47 y 48, relativas a la formulación de objeciones al traslado de residuos destinados a valorización sobre la base de normas u obligaciones nacionales, no pueden ser aceptadas por la Comisión. La Comisión considera que una disposición de este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la valorización, sin por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. La Comisión quisiera recordar que en su Comunicación COM(2003) 301 final «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos», que se centraba en el desarrollo de las normas europeas de gestión de residuos, ya fueron propuestas soluciones al problema potencial del dumping de las normas. Por otro lado, la Comisión advierte que el artículo 12, apartado 1, letra c) es a la vez vago y complejo y puede llevar a un aumento de traslados ilícitos y a la interposición de numerosas causas judiciales.

3.2.4 Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión pero no incorporadas en la posición común

La enmienda 92, que pretende dejar más clara la definición de «país de expedición», puede aceptarse en cuanto al fondo por la Comisión, porque puede resultar útil en relación con los traslados en alta mar. Sin embargo, la Comisión considera que debería completarse con un párrafo que enumere por orden de prioridad los elementos por los que un Estado debe considerarse país de expedición en caso de conflicto.

La enmienda 126, que añade las palabras «reglamentos específicos establecidos por y en el Estado miembro de expedición» a las palabras «autoridad competente», fue aceptada por la Comisión en su propuesta modificada, pero posteriormente ha sido considerada superflua y rechazada en aras, entre otras cosas, de la simplicidad.

La enmienda 122, relativa a ciertas excepciones reconocidas a determinadas empresas públicas, fue aceptada por la Comisión en su propuesta modificada, pero posteriormente ha sido considerada contraria al Convenio de Basilea. Ha sido, por lo tanto, rechazada.

La enmienda 31 establece que las autoridades competentes de destino y tránsito harán constar su autorización por escrito remitiendo una declaración por escrito a las demás autoridades competentes así como al notificador. Esto fue aceptado por la Comisión en su propuesta modificada, pero posteriormente ha sido considerado innecesario. Por ello, ha sido rechazado en aras, entre otras cosas, de la simplicidad.

La enmienda 53, que suprime todo el artículo relativo a las plantas de valorización con autorización previa, ha sido aceptado por la Comisión porque sus ventajas son limitadas, ya que las autoridades tienen de todas maneras que evaluar otros elementos de las notificaciones, por lo que todavía podrían presentar objeciones a residuos destinados a plantas de valorización con autorización previa.

La enmienda 56, que limita el ámbito de aplicación del artículo 20 en la propuesta de la Comisión, no ha sido incorporada.

La enmienda 59, que dispone que la Comisión podrá decidir establecer una cuantía máxima de los costes administrativos cobrados al notificador, ha sido aceptada en cuanto al fondo por la Comisión.

La enmienda 74, que pretende aclarar el ámbito de aplicación de las directrices, ha sido aceptada por la Comisión.

La enmienda 39, que introduce la palabra «específicos» después de «residuos peligrosos» ha sido aceptada en cuanto al fondo por la Comisión.

La enmienda 66, relativa al acceso público a las notificaciones, ha sido aceptada en cuanto al fondo por la Comisión, siempre que las obligaciones se establezcan en un artículo independiente y hagan referencia a la observancia de las normas de confidencialidad vigentes en la legislación nacional o comunitaria.

Las enmiendas 69 y 70, relativas al orden de las listas de residuos del anexo V (en relación con la prohibición de la exportación de residuos peligrosos), y que establece que la lista de residuos peligrosos de la UE prevalezca sobre la lista de Basilea de residuos no peligrosos (ambas presentes en el anexo), han sido aceptadas en cuanto al fondo por la Comisión.

3.2.5 Cambios adicionales incluidos por el Consejo en la propuesta

El Consejo ha introducido un cierto número de cambios adicionales en la propuesta. El más importante ha consistido en modificar el artículo 1, apartado 3, letra d), con el fin de excluir totalmente los subproductos animales del ámbito de aplicación del Reglamento. La Comisión no puede aceptar este aspecto de la posición común y considera que es preferible adelantar el análisis de la relación entre este Reglamento y el Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, de forma que los resultados del mismo se hagan públicos antes de la entrada en vigor del Reglamento. Por ello, la Comisión considera que no debe cambiarse la versión propuesta del artículo 1, apartado 6.

4. CONCLUSIÓN

La posición común representa un avance significativo en la claridad del Reglamento y en la calidad de sus disposiciones, en función de los objetivos a seguir, expuestos en la propuesta de la Comisión. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar determinados aspectos de la posición común, de los cuales los más importantes quedan reflejados en la declaración presentada en anexo. Entre ellos están el fundamento jurídico del Reglamento, la posibilidad de los Estados miembros de formular objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización y la exclusión total de los subproductos animales del ámbito de aplicación del Reglamento.

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión ha podido comprobar la unanimidad que existe en el Consejo respecto a la sustitución del fundamento jurídico compartido propuesto por la Comisión (arts. 133 y 175, apartado 1, del Tratado CE) por un fundamento jurídico único (art. 175, apartado 1, del Tratado CE). La Comisión considera que su propuesta incluía el fundamento jurídico correcto y se reserva el derecho de utilizar los instrumentos jurídicos de que dispone.

Por otro lado, la Comisión subraya que, merced al artículo 12, apartado 1, letra c), el Consejo permite que los Estados miembros presenten objeciones a los traslados destinados a la valorización de residuos alegando la existencia de una normativa menos exigente en el país de destino. La Comisión considera que una disposición de este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la valorización, sin por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. La Comisión quisiera recordar que en su Comunicación COM(2003) 301 final «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos», que se centraba en el desarrollo de las normas europeas de gestión de residuos, ya fueron propuestas soluciones al problema potencial del dumping de las normas. Por otro lado, la Comisión advierte de que el artículo 12, apartado 1, letra c), es a la vez vago y complejo y puede llevar a un aumento de traslados ilícitos y a la interposición de numerosas causas judiciales.

Finalmente, la Comisión quisiera señalar que el Consejo excluye del ámbito de aplicación del Reglamento los traslados que se ajustan a los requisitos de aprobación del Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Debido a las diferencias entre ambos Reglamentos por lo que se refiere a sus procedimientos, la Comisión considera que es preferible adelantar el análisis de la relación entre ellos, de forma que los resultados de dicho análisis se hagan públicos antes de la entrada en vigor del Reglamento relativo a los traslados de residuos. De este modo se atendería a las inquietudes expresadas por algunos Estados miembros en cuanto al peligro de duplicación de procedimientos, y permitiría a la Comisión mantener su propuesta.