Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los traslados de residuos

(presentada por la Comisión)

ÍNDICE

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los traslados de residuos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

2. Antecedentes de la revisión

3. Fundamento jurídico

4. Objetivos y principales elementos de esta propuesta

4.1. Objetivos

4.2. Elementos principales

4.2.1. Marco de procedimiento general de la propuesta

4.2.2. Principales cambios de la estructura del Reglamento

4.2.3. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a las definiciones y al ámbito de aplicación (Título I).

4.2.4. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a los traslados en el interior de la Comunidad (Título B).

4.2.5. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a los traslados en el interior de los Estados miembros (Título III).

4.2.6. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a las importaciones y exportaciones de la Comunidad (Títulos IV, V y VI).

4.2.7. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a otras disposiciones (Título VII)

5. Aspectos ambientales

6. Aspectos económicos

7. Aspectos relacionados con el mercado interior

8. Aspectos internacionales

9. Aspectos comerciales

10. Subsidiariedad y proporcionalidad

11. Consultas con las partes interesadas

12. Anexos

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los traslados de residuos

TÍTULO I Ámbito de aplicación y definiciones

TÍTULO II Traslados entre Estados miembros en el interior de la Comunidad o con tránsito por terceros países

TÍTULO III Traslados en el interior de los Estados miembros

TÍTULO IV Exportaciones de la Comunidad a terceros países

TÍTULO V Importaciones a la Comunidad desde terceros países

TÍTULO VI Tránsito por la Comunidad con origen y destino en terceros países

TÍTULO VII Disposiciones diversas 100

ANEXO 1A

ANEXO 1B

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO IV A

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

ANEXO IX

ANEXO X

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

La Comunidad adoptó en 1984 ciertas medidas relativas a la supervisión y al control de los traslados de residuos, en virtud de la Directiva 84/631/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1984 [1]. Esta Directiva, que entró en vigor el 1 de octubre de 1985, se refería a los traslados de residuos peligrosos; establecía un requisito de notificación previa a los países implicados, que les permitía oponerse a un determinado traslado.

[1] DO L 326, 13.12.1984, p. 31.

La Directiva 84/631/CEE fue modificada por la Directiva 86/279/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986 [2], que introdujo disposiciones adicionales para mejorar el seguimiento de las exportaciones de residuos de la Comunidad. Posteriormente, en virtud del correspondiente procedimiento de Comité, la Comisión adoptó varias modificaciones técnicas de las Directivas mencionadas [3].

[2] DO L 181, 4.7.1986, p. 13.

[3] Con respecto a la Directiva del Consejo 84/631/CE de 6.12.1984: Directiva de la Comisión 85/469/CE de 22.7.1985, DO L 272, 12.10.1985, p.1 y Directiva del Consejo 86/121/CE de 8.4.1986, DO L 100, 16.4.1986, p. 20. Con respecto a la Directiva del Consejo 86/279/CE de 12.6.1986: Directiva de la Comisión 87/112/CE de 23.12.1986, DO L 048, 17.2.87, p. 31.

En 1990, en vista de la evolución de los acontecimientos en el ámbito internacional en el contexto del Convenio de Basilea y de la OCDE, la Comisión presentó la propuesta [4] del vigente Reglamento (CEE) nº 259/93, de 1 de febrero de 1993, relativo a los traslados de residuos, ya que se consideró que para asegurar una aplicación simultánea y armonizada en todos los Estados miembros era preciso adoptar un Reglamento en lugar de una Directiva. De este modo, la transposición y aplicación de las Directivas de 1984 y 1986 en algunos Estados miembros sufrió un retraso considerable o ni siquiera llegó a consumarse.

[4] COM(1990) 415 final, 26 de octubre de 1990.

El Reglamento de 1993 entró en vigor el 9 de febrero de 1993 y comenzó a aplicarse a partir del 6 de mayo de 1994. Desde entonces, se ha sometido a modificaciones técnicas mediante el correspondiente procedimiento de Comité [5].

[5] Concretamente, las siguientes:

2. Antecedentes de la revisión

Obligación legal

El Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación [6] -en su versión modificada- y la Decisión C(92) 39/final de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización -en su versión modificada- son los principales pilares del Reglamento de 1993.

[6] El 1 de febrero de 1993, el Consejo aprobó el Convenio de Basilea en nombre de la Comunidad Europea (véase la Decisión 93/98/CEE del Consejo, DO L 39, 16.2.93, p. 1).

Los cambios recientes en relación con el Convenio de Basilea, en particular la adopción en noviembre de 1998 de dos listas detalladas de residuos en forma de nuevos anexos VIII y IX al Convenio, llevaron a la OCDE a revisar su Decisión de 1992 con objeto de armonizar las listas y otros requisitos con el Convenio de Basilea. Esta revisión dio lugar a la adopción de la Decisión C(2001)107 del Consejo de la OCDE, de 14 de junio de 2001 [7]. A fin de aplicar esta Decisión modificada en la Comunidad, se impone la obligación legal de revisar el Reglamento.

[7] Decisión C(2001)107 final del Consejo de la OCDE por la que se revisa la Decisión C(1992)39 final sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización. El 28 de febrero de 2002, el Consejo adoptó un adéndum a esta Decisión, C(2001)107/ADD1, que incluye los documentos de notificación y movimiento y las instrucciones para cumplimentarlos. Por último, este adéndum se incorporó a la Decisión en forma de Sección C del Apéndice 8 y la versión completa de la Decisión se publicó en mayo de 2002 con la referencia C(2001)107 final.

En las Conclusiones del Consejo [8] por las que se autoriza a los Estados miembros a votar en representación de la Comunidad a favor de la Decisión modificada de la OCDE, recogida en el documento C(2001)107, se establece que la mencionada Decisión sólo será vinculante para los Estados miembros y la Comunidad una vez concluidos los procedimientos comunitarios necesarios. Por tanto, la Comunidad está obligada por ley a revisar el Reglamento actual a fin de aplicar la Decisión [9] modificada de la OCDE.

[8] Véanse las Conclusiones del Consejo en el documento 9458/01, adoptado el 11 de junio de 2001.

[9] En las Conclusiones del Consejo de 11 de junio de 2001 se establece además que, una vez finalizados los procedimientos comunitarios necesarios, la Comisión presentará ante la OCDE una declaración en la que hará constar que se han llevado a cabo dichos procedimientos.

Ocasión para la mejora

Desde que entró en vigor el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, han surgido varias dificultades en relación con su aplicación, administración y ejecución.

Estos problemas son materia de discusión con los Estados miembros y las partes interesadas desde 1999. A la luz de estas discusiones, se ha considerado necesario revisar el Reglamento. De este modo, la necesidad legal de proceder a dicha revisión ofrece una oportunidad para resolver otras cuestiones además de las relacionadas directamente con la incorporación de la modificación de la OCDE y tratar de establecer la claridad jurídica con respecto a las mismas.

La Comisión también ha intentado alcanzar la máxima armonización mundial en relación con los traslados de residuos, sin comprometer la finalidad última de proteger el medio ambiente. Por consiguiente, la transposición de las disposiciones y los principios del Convenio de Basilea también es una prioridad de esta propuesta.

Por último, se ha reestructurado y racionalizado el Reglamento para que transmita de manera más eficaz la lógica de las obligaciones que impone y conseguir así una mayor claridad.

3. Fundamento jurídico

El objetivo principal del Reglamento de 1993 es la protección del medio ambiente. Este objetivo se mantiene en la nueva propuesta, cuyo fundamento jurídico es, por lo tanto, el medio ambiente, artículo 175 del Tratado CE, lo que está en consonancia con la decisión del Consejo de basar el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo en el artículo 130S (ahora artículo 175) y con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-187/93, que confirmó que el Reglamento se basaba correctamente en el artículo 130S, y no en el artículo 100 (ahora artículo 94, mercado interior).

Sin embargo, en lo que respecta a las disposiciones de los Títulos IV, V y VI sobre exportaciones de la Comunidad, importaciones a la Comunidad y el tránsito por la Comunidad a y desde terceros países, puede aducirse que éstas son normas que persiguen un objetivo ambiental global y general, y al mismo tiempo normas sobre el comercio internacional; por lo tanto, las normas ambientales también se aplican al régimen comercial y, así, están vinculadas al mismo. Por consiguiente, el fundamento jurídico de las disposiciones específicas de estos tres Títulos es el artículo 133 del Tratado CE.

4. Objetivos y principales elementos de esta propuesta

4.1. Objetivos

Como ya se ha explicado en el punto 2, la propuesta tiene cuatro objetivos básicos:

- Incorporar la Decisión C(2001)107 del Consejo de la OCDE, de 14 de junio de 2001, al derecho comunitario.

- Resolver los problemas surgidos en la aplicación, administración y ejecución del Reglamento de 1993 y lograr una mayor claridad jurídica.

- Impulsar la armonización mundial en materia de traslados transfronterizos de residuos.

- Estructurar mejor los artículos del Reglamento.

Para alcanzar estos objetivos, la revisión modifica varias partes y aspectos del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo:

- Cambios de estructura.

- Modificaciones y aclaraciones con respecto a las definiciones y al ámbito de aplicación (Título I).

- Modificaciones y aclaraciones relativas a los procedimientos aplicables a los traslados de residuos (Títulos II-VI):

- entre Estados miembros (Título II);

- en el interior de los Estados miembros (Título III);

- importados o exportados de la Comunidad (Títulos IV, V y VI).

- Modificaciones relativas a otras disposiciones del Reglamento (Título VII).

4.2. Elementos principales

4.2.1. Marco de procedimiento general de la propuesta

El marco de procedimiento propuesto consta de los siguientes elementos: los traslados de residuos han de regirse por distintos procedimientos y regímenes de control, según el tipo de residuos de que se trate y el tipo de tratamiento que se les vaya a aplicar en destino. El régimen de control aplicado dependerá del riesgo que supongan los residuos y de su tratamiento (valorización o eliminación).

Procedimiento de notificación y autorización previa por escrito:

Los traslados de todos los residuos destinados a la eliminación y los traslados de residuos peligrosos y semipeligrosos destinados a la valorización están sujetos al requisito de notificación y autorización previa por escrito.

Si el productor o recogedor de los residuos --el notificante-- desea realizar un traslado de los residuos peligrosos o semipeligrosos enumerados en el anexo IV, destinados a la valorización o eliminación, o un traslado de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III, destinados a la eliminación, deberá notificarlo previamente por escrito a las autoridades competentes de expedición.

Para ello, el notificante cumplimentará los llamados documentos de notificación y movimiento, en los que consignará toda la información y documentación necesaria para evaluar la notificación.

En el momento de la notificación, el notificante formalizará además un contrato con el destinatario en relación con la valorización o eliminación de los residuos notificados y establecerá una fianza o seguro equivalente que cubra el traslado hasta la conclusión de la operación de valorización o eliminación.

A la recepción de la notificación debidamente cumplimentada, la autoridad competente de expedición transmitirá copias de la misma a las demás autoridades competentes implicadas y al destinatario, y comunicará al notificante que ha efectuado la transmisión. La autoridad competente de expedición transmitirá la notificación en un plazo de tres días laborables desde su recepción.

Cuando la autoridad competente de destino reciba la copia de la notificación, y si considera que ha sido debidamente complementada, enviará un acuse de recibo al notificante.

Este acuse de recibo marcará el inicio de un plazo de treinta días para que las autoridades competentes de destino, de expedición y de tránsito manifiesten su consentimiento o su oposición al traslado notificado.

Los conceptos «debidamente cumplimentada» y «debidamente complementada» se definen con mayor precisión en los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Reglamento.

Las autoridades competentes de destino y de expedición deben manifestar por escrito al notificante su consentimiento al traslado. Sin embargo, el consentimiento de la autoridad competente de tránsito puede ser tácito. Es decir, se presumirá que la autoridad competente de tránsito otorga su consentimiento si no formula objeción alguna en el plazo de treinta días.

Antes de comenzar el traslado, el notificante debe contar con:

1) la autorización escrita de la autoridad competente de expedición,

2) la autorización escrita de la autoridad competente de destino y

3) la autorización escrita de la autoridad competente de tránsito o su consentimiento tácito, que, por lo tanto, se presumirá otorgado cuando se agote el plazo de treinta días sin que haya formulado objeciones de forma expresa.

Todo traslado de residuos debe ir acompañado de una copia de los documentos de notificación y movimiento, con copia de las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes.

Se propone además que las importaciones y exportaciones de la Comunidad Europea se rijan por este marco de procedimiento, con las modificaciones que sean necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio de Basilea.

Requisito de información general:

Los traslados de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III y destinados a valorización no están sujetos al procedimiento de notificación previa por escrito, sino únicamente al requisito general de acompañamiento de determinada información y documentación.

No obstante, también deberá formalizarse un contrato entre la persona que organice el traslado y el destinatario en relación con la valorización de los residuos que son objeto del traslado, que deberá ir acompañado de una prueba acreditativa de dicho contrato.

Conviene señalar que los traslados de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III y destinados a valorización en países no sujetos a la Decisión de la OCDE están y seguirán estando sujetos a un régimen diferente, tal y como dispone el artículo 38 (véase el punto 4.2.6).

4.2.2. Principales cambios de la estructura del Reglamento

La estructura de la revisión propuesta se mantiene básicamente igual que la del Reglamento de 1993, en particular la división en títulos según el destino de los residuos:

Título II: Traslados entre Estados miembros en el interior de la Comunidad o con tránsito por terceros países. Título III: Traslados en el interior de los Estados miembros. Título IV: Exportaciones de la Comunidad a terceros países. Título V: Importaciones a la Comunidad desde terceros países. Título VI: Tránsito por la Comunidad con origen y destino en terceros países. Título VII: Disposiciones diversas.

El principal cambio es que todos los artículos que contiene el actual Título VII, sobre disposiciones communes, y algunos de los artículos que contiene el actual Título VIII, sobre disposiciones diversas, han pasado al Título II sobre traslados intracomunitarios. Esto ha sido posible porque se ha cambiado la lógica de las disposiciones relativas a las importaciones y exportaciones de la Comunidad para que las disposiciones del Título II puedan aplicarse mutatis mutandis (véase el punto 4.2.6), si bien con ciertas modificaciones y disposiciones adicionales para cumplir los requisitos del Convenio de Basilea.

Por este motivo, ha dejado de ser necesario un Título específico sobre disposiciones comunes (de procedimiento), ya que se entiende que las disposiciones que contiene el Título II en relación con los traslados intracomunitarios constituyen la base del Reglamento. El Título II, por consiguiente, también contiene las disposiciones comunes.

El Título II contiene seis capítulos:

Capítulo 1 sobre el procedimiento de notificación y autorización previa por escrito, Capítulo 2 sobre el procedimiento para un requisito de información general, Capítulo 3 sobre requisitos generales, Capítulo 4 sobre las obligaciones de retirada de los residuos, Capítulo 5 sobre disposiciones administrativas generales, y Capítulo 6 sobre los traslados en el interior de la Comunidad y con tránsito por terceros países.

Los Títulos IV y V contienen tres capítulos cada uno:

Capítulo 1 sobre los residuos destinados a eliminación, Capítulo 2 sobre los residuos destinados a valorización y Capítulo 3 sobre disposiciones generales.

El Título VII consta de disposiciones que no afectan al elemento de procedimiento del Reglamento. Así, el capítulo 1 contiene otras disposiciones que afectan a los Estados miembros en relación con la ejecución, la información, la cooperación internacional y la designación de las autoridades competentes, los delegados y las oficinas de aduana con arreglo al Reglamento. El capítulo 2 contiene otras disposiciones relativas a la Junta de delegados, modificación de los anexos, medidas adicionales, derogaciones, normas de transición y entrada en vigor y aplicabilidad.

4.2.3. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a las definiciones y al ámbito de aplicación (Título I).

1. Ámbito de aplicación: se ha acortado el artículo 1 y se han trasladado las disposiciones no estrictamente relacionadas con el ámbito de aplicación a los artículos pertinentes.

En el apartado 4 se propone aclarar que los traslados procedentes de la Antártida en tránsito por la Comunidad estarán sujetos a las prohibiciones de exportación recogidas en el Convenio de Basilea e incorporadas al Reglamento (véase el apartado 2 del punto 4.2.6).

Las letras c) y d) del apartado 3 del vigente artículo 1, referentes a «casos excepcionales» en relación con el control de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo II (anexo III de la propuesta), se han trasladado al artículo 3 (nuevo artículo de introducción al marco de procedimiento general).

Por último, se ha aclarado el ámbito de aplicación del Reglamento en lo que respecta a los residuos enumerados en el anexo III.

2. Definiciones: los términos «notificante», «destinatario», «expedición» y «destino», contrapuestos a «exportador», «importador», «exportación» e «importación», respectivamente, no se han armonizado con los del Convenio de Basilea y la Decisión de la OCDE de 2001. Para ello sería necesario utilizar una terminología diferente para los traslados intracomunitarios y para las importaciones y exportaciones de la Comunidad. Por esta razón también se ha conservado el término «traslado».

Se han incorporado algunas definiciones nuevas: «residuos peligrosos», «mezclas de residuos», «gestión ambientalmente racional», «productor», «poseedor», «recogedor», «documento de notificación y movimiento», «autoridad competente», «países y territorios de ultramar», «oficina de aduana de exportación de la Comunidad», «oficina de aduana de salida de la Comunidad» y «oficina de aduana de entrada en la Comunidad», así como «Comunidad», «importación» y «traslado transfronterizo».

Se propone una definición general modificada de «autoridad competente» --que se corresponde con la del Convenio de Basilea--, entre otras razones para dar respuesta a los problemas relacionados con la reimportación a la Comunidad de los residuos militares generados por las fuerzas armadas de los Estados miembros. Por este motivo, en caso de que no se haya designado ninguna autoridad competente, se considerará como tal al organismo regulador del Estado o región que tenga jurisdicción sobre un traslado transfronterizo de residuos, que puede ser una autoridad militar.

Se ha añadido la definición del término «gestión ambientalmente racional», que se corresponde con la definición del Convenio de Basilea y se utiliza en relación con las importaciones y exportaciones de la Comunidad. En lo que respecta a los traslados intracomunitarios, se aplica el objetivo de garantizar que los residuos sean valorizados o eliminados sin poner en peligro la salud humana o dañar el medio ambiente, tal como se establece en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE [10].

[10] DO L 194, 25.7.1975, p. 39.

Por último, la definición de «notificante» ha sido eliminada de las definiciones del artículo 4 y ha sido clarificada. Así pues, se propone que las tres primeras categorías de notificantes que integran la jerarquía de notificantes --concretamente el productor inicial, el nuevo productor y el recogedor (de pequeñas cantidades de diferentes procedencias), véase apartado 2 del artículo 4-- queden en pie de igualdad.

Por consiguiente, el notificante será:

a) la persona cuyas actividades han producido los residuos; o

b) la persona que ha llevado a cabo, con autorización, el tratamiento previo, la mezcla u otras operaciones para modificar la naturaleza o la composición de los residuos antes de su traslado; o

c) un recogedor autorizado que, a partir de varias cantidades pequeñas del mismo tipo de residuo recogido de diferentes procedencias, ha agrupado el traslado.

Solamente en el caso de que estas personas sean desconocidas, insolventes o inaccesibles, el notificante podrá ser un recogedor autorizado o un representante o agente registrado. Por último lugar, en la tercera categoría, el poseedor podrá ser notificante.

4.2.4. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a los traslados en el interior de la Comunidad (Título B).

Las disposiciones más importantes del Reglamento son las que contiene el Título II. Como ya se ha mencionado, este cambio se ha efectuado porque, en primer lugar, estas disposiciones se aplican mutatis mutandis a las importaciones y exportaciones de la Comunidad, aunque con ciertos cambios y disposiciones adicionales, y, en segundo lugar, cerca del 79% de todos los traslados que afectan a Estados miembros tienen lugar entre Estados miembros sin salir de la Comunidad [11].

[11] Cálculo basado en los informes de los Estados miembros relativos a traslados de residuos peligrosos de 1997 a 1999: alrededor del 15% tienen lugar desde y entre países de la AELC y Estados miembros y alrededor del 7% entre Estados miembros y países de la OCDE y otros países.

La propuesta incorpora algunos cambios fundamentales con respecto al Reglamento de 1993:

1. Listas: reducción del número de listas de tres a dos.

Las listas actuales son un reflejo de la clasificación que contiene la Decisión de la OCDE de 1992 y agrupan los residuos en las siguientes categorías:

- Residuos no peligrosos, enumerados en el anexo II (lista verde de residuos).

- Residuos semipeligrosos, enumerados en el anexo III (lista ámbar de residuos).

- Residuos peligrosos, enumerados en el anexo IV (lista roja de residuos).

En consonancia con la Decisión de la OCDE de 2001, se propone fusionar los actuales anexos III y IV en un solo anexo --el anexo IV-- y mantener el actual anexo II como anexo III.

También en consonancia con la Decisión de la OCDE de 2001, se propone incluir los anexos II y VIII del Convenio de Basilea en el anexo IV del Reglamento e incluir el anexo IX del Convenio de Basilea en el anexo III del Reglamento.

En los anexos II, VIII y IX del Convenio de Basilea figuran, respectivamente, listas de «categorías de desechos que requieren una consideración especial» (II), residuos peligrosos (VIII) y residuos no peligrosos (IX).

2. Procedimientos: reducción del número de procedimientos correspondientes de tres a os.

El Reglamento de 1993 establece tres procedimientos en función de la clasificación y el destino de los residuos notificados:

- Los residuos no peligrosos enumerados en el anexo II y destinados a la valorización sólo están sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información.

- Los residuos semipeligrosos enumerados en el anexo III y destinados a la valorización están sujetos a un procedimiento de notificación previa y consentimiento tácito.

- Los residuos peligrosos enumerados en el anexo IV, los residuos no mencionados y destinados a la valorización y todos los residuos destinados a la eliminación están sujetos a un procedimiento de notificación previa con autorización por escrito.

Para simplificar el Reglamento, se propone reducir el número de procedimientos a dos. Por un lado, se aplica el requisito de información a los residuos enumerados en el anexo II y destinados a la valorización. [12] Por otro, se aplica el requisito de notificación previa con autorización por escrito a todos los demás traslados --concretamente a todos los residuos destinados a eliminación y a los residuos enumerados en el anexo IV y destinados a valorización--. No obstante, se admite el consentimiento tácito en lo que respecta a la autoridad competente de tránsito.

[12] Que la obligación de que los residuos enumerados en el anexo III vayan acompañados de determinada información se considere o no un requisito de procedimiento es una mera cuestión de palabras --y de gustos--. Sin embargo, dado que la Decisión de la OCDE utiliza la terminología «procedimiento de control verde» en relación con los traslados de residuos enumerados en el anexo III (Apéndice 3 de la Decisión de la OCDE de 2001) y dado que, desde un punto de vista descriptivo, queda más claro hablar de procedimiento, se considera oportuno utilizar una «terminología de procedimiento» en relación con este requisito de información. En determinados contextos, se utiliza el término «transacción comercial normal».

En este punto, la propuesta no se corresponde con la Decisión de la OCDE de 2001, que exige el consentimiento tácito y la posibilidad de autorización escrita para los residuos peligrosos y semipeligrosos enumerados en el anexo IV y destinados a valorización (lista o procedimiento ámbar). Dado que las listas (rojas) de residuos peligrosos y la lista (ámbar) de residuos semipeligrosos se han fusionado, el procedimiento actual de notificación previa con autorización escrita que se aplicaba a los residuos peligrosos (lista o procedimiento rojo) ha quedado derogado en la Decisión de la OCDE de 2001. Hay que señalar que la Decisión de la OCDE sólo se refiere a los residuos destinados a valorización.

Son varias las razones por las que no existe correspondencia con la Decisión de la OCDE de 2001 en este punto y que, en su lugar, exigen una autorización por escrito. En primer lugar, no se considera conveniente, desde el punto de vista ambiental, permitir el consentimiento tácito de las autoridades competentes de destino y de expedición en lo que respecta a los traslados de todos los residuos peligrosos ahora enumerados en el anexo IV. En segundo lugar, el Convenio de Basilea exige que todas las autoridades competentes implicadas autoricen por escrito los traslados de residuos peligrosos. En tercer lugar, la simplificación del procedimiento perdería sentido, porque aunque se admitiese el consentimiento tácito para los traslados destinados a la valorización, seguiría siendo necesaria la autorización escrita para todos los residuos destinados a eliminación. Y en cuarto lugar, la autorización escrita supone mayor claridad jurídica para todas las partes implicadas; por este motivo, es claramente preferible desde el punto de vista del control y ejecución de la norma.

El marco de procedimiento simplificado que recoge la propuesta puede resumirse de la manera siguiente:

- Los traslados de residuos no peligrosos enumerados en el anexo III y destinados a su valorización deben ir acompañados de determinada información.

- Los traslados de todo tipo de residuos destinados a su eliminación, peligrosos y semipeligrosos enumerados en el anexo IV y residuos no enumerados destinados a su valorización requieren notificación previa y autorización escrita (o consentimiento tácito del país de tránsito).

3. Autorización individual de las autoridades competentes: se propone que las autoridades competentes otorguen su autorización de manera individual y en un plazo máximo de treinta días.

Como ya se ha indicado en el apartado 2, la propuesta no se corresponde con la Decisión de la OCDE de 2001 en relación con el elemento de consentimiento tácito: se propone la autorización escrita como norma básica (aunque no para la autoridad competente de tránsito).

La Decisión de la OCDE de 2001 también establece que las autoridades competentes deben otorgar su autorización de forma individual. Así ocurre en el actual Reglamento de 1993 en relación con los residuos destinados a valorización. Sin embargo, en relación con los residuos destinados a eliminación, el régimen actual establece que la autoridad competente sólo pueda otorgar su autorización a un traslado notificado si ninguna de las demás autoridades competentes implicadas han formulado objeciones. Por lo tanto, cada una de las autoridades competentes tiene que cumplir un plazo máximo diferente, ya que la autoridad competente de destino ha de «esperar» a conocer la reacción de las demás autoridades.

Se propone como norma básica y general que las autoridades competentes otorguen su autorización de forma individual por las siguientes razones: primero, de esta manera es posible establecer el mismo plazo para todas las autoridades competentes (treinta días desde el acuse de recibo de la autoridad competente de destino). Y segundo, permite mantener otro elemento necesario para racionalizar la propuesta: concretamente, que las disposiciones intracomunitarias se apliquen mutatis mutandis a las importaciones y exportaciones. Sin la autorización individual, hubiera sido necesario establecer disposiciones específicas para los países sujetos a la Decisión de la OCDE.

4. Tramitación de la notificación por la autoridad competente de expedición: se propone que el notificante envíe la notificación a la autoridad competente de expedición, que deberá remitirla a las demás autoridades competentes implicadas y al destinatario.

Actualmente, los Estados miembros pueden decidir si una notificación se envía a los países implicados a través de la autoridad competente de expedición o si la envía el notificante a todas las autoridades competentes implicadas.

Se propone derogar esa opción y establecer que la notificación se envíe a través de la autoridad competente de expedición. El Convenio de Basilea exige que las notificaciones las tramite la autoridad competente de expedición, mientras que en la Decisión de la OCDE de 2001 se trata de una cuestión opcional.

A fin de asegurar la aplicación uniforme del Reglamento, se considera más eficaz derogar la posibilidad de elegir procedimiento que contempla el Reglamento vigente. Además, se considera que aumentará la eficacia del proceso si se tramitan las notificaciones a través de la autoridad competente de expedición. En lo que respecta al control de los requisitos básicos de información y documentación en relación con una notificación, en la mayoría de los casos lo podrá ejercer la autoridad competente de expedición.

5. Salvaguardias de procedimiento para el notificante: si la autoridad competente de expedición tramita la notificación, cabe la posibilidad de que se abuse del sistema para bloquear traslados. A fin de evitar estos abusos, se introducen varias salvaguardias de procedimiento.

En primer lugar, se establece el concepto de formulario de notificación «debidamente cumplimentado» para determinar en qué momento preciso deberá la autoridad competente de expedición entregar la notificación a las demás autoridades competentes y al destinatario.

En segundo lugar, se establece el concepto de notificación «debidamente complementada» para determinar en qué momento preciso comienza a contar el plazo de treinta días para otorgar el consentimiento o formular objeciones.

A efectos de estos dos conceptos, se establece una distinción entre a) información y documentación que debe incorporarse o adjuntarse a los documentos de notificación y movimiento y b) información y documentación adicional que pueden solicitar las autoridades competentes implicadas en el momento en que reciben la notificación del traslado.

En tercer lugar, se establece un anexo que especifica la información y documentación que puede solicitarse y en qué fase de la notificación.

En cuarto lugar, el notificante tiene la posibilidad de solicitar --dentro de un plazo determinado-- que la autoridad competente de destino explique de forma razonada por qué considera que la notificación no está debidamente complementada y debe rechazarla. El notificante podrá basarse en esta motivación explícita y razonada para impugnar la decisión mediante un recurso administrativo o por la vía judicial.

6. Objeciones a los traslados: se propone una explicación más clara de las posibilidades de oponerse a los traslados destinados a la valorización y la eliminación, de modo que también sea posible formular objeciones en las siguientes situaciones:

- cuando los residuos vayan a ser tratados en plantas contempladas en la Directiva 96/61/CEE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación pero que no apliquen las mejores técnicas disponibles definidas en el apartado 4 del artículo 9 de esta Directiva (cuando su destino sea tanto la valorización como la eliminación);

- para asegurar que los residuos en cuestión sean tratados de conformidad con las normas de protección ambiental legalmente vinculantes en relación con las operaciones de eliminación o valorización establecidas en el derecho comunitario (cuando su destino sea la eliminación y la valorización); y

- para asegurar que los residuos en cuestión sean tratados de conformidad con los planes de gestión de residuos preparados de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 75/442/CE a fin de garantizar que se aplican las obligaciones legalmente vinculantes en materia de valorización o reciclado establecidas en el derecho comunitario (cuando su destino sea la valorización).

La Directiva marco relativa a los residuos [13] contempla el objetivo general de promover la prevención y la valorización de los residuos. Varias normas europeas, como la Directiva de envases [14], la Directiva de aceites usados [15], la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil [16] y la Directiva de vertederos [17], así como la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [18], establecen prioridades y objetivos de valorización y reciclado, junto con otros requisitos relativos al tratamiento de residuos que son vinculantes para los Estados miembros. Por consiguiente, se considera conveniente aclarar en el Reglamento que cuando los residuos sujetos a estas obligaciones europeas atraviesen fronteras, podrán formularse objeciones a estos traslados en dos casos. El primer caso es que se vayan a incumplir requisitos técnicos obligatorios en el ámbito de la UE. El segundo caso es que los residuos en cuestión no vayan a tratarse de acuerdo con los planes de gestión de residuos elaborados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco relativa a los residuos, a fin de garantizar que se cumplan las obligaciones legalmente vinculantes en materia de valorización o reciclado establecidas en el derecho comunitario. Esto está en consonancia con el Sexto Programa de Acción Medioambiental, que exige medidas adicionales para fomentar el reciclado y valorización de acuerdo con los principios que rigen la jerarquía de residuos.

[13] Directiva 75/442/CE del Consejo de 15.7.1975, DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

[14] Directiva 94/62/CE del Consejo de 20.12.1994 en su versión modificada, DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

[15] Directiva 75/439/CE del Consejo de 16.6.1975, DO L 194 de 25.7.1975, p. 23.

[16] Directiva 2000/53/CE del Parlamento y del Consejo de 18.9.2000, Declaraciones de la Comisión, DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

[17] Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26.4.1999, DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

[18] Directiva 2002/96/CE del Parlamento y del Consejo de 27.01.2003, DO L 37 de 13.02.2003, p. 24

La Comunidad y los Estados miembros desarrollan políticas encaminadas a promover la valorización y el reciclado de residuos. Sin embargo, son muy pocos los requisitos ambientales que impone la Comunidad en las operaciones de valorización de residuos, con la notable excepción de la incineración. Por lo tanto, es posible que se estén aplicando a los residuos soluciones de mínimo coste y, en consecuencia, quizá también de baja calidad. No obstante, se dispone de escasa información material sobre estos residuos en cuestión. En esta situación específica, la suma de dos factores como el libre comercio y la ausencia de normas ambientales comunitarias podría dar lugar a la exclusión del mercado de las instalaciones y los métodos de tratamiento más ecológicos, así como socavar los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar normas ambientales rigurosas en el sector de valorización de residuos. Por lo tanto, la Comisión reconoce la necesidad de establecer unas reglas de juego comunes para el reciclado y de garantizar un alto grado de protección ambiental y rendimiento económico. La Comisión incorporará propuestas a este respecto en el contexto de la estrategia temática sobre el reciclado.

7. Operaciones provisionales de valorización y eliminación: se proponen disposiciones especiales relativas a las operaciones provisionales de valorización y eliminación que se corresponden con las previstas en la Decisión de la OCDE de 2001.

Se propone pues aclarar que las instalaciones provisionales de valorización y eliminación estén sujetas a las mismas obligaciones que las instalaciones definitivas --lo que significa que también deberán confirmar por escrito la recepción de los residuos y certificar la conclusión de la operación provisional de valorización o eliminación-- y los mismos plazos. Además, se propone que si una instalación provisional entrega residuos a otra instalación para su posterior y definitiva valorización o eliminación, la primera deberá obtener lo antes posible, en un plazo máximo de un año civil desde la fecha de entrega, un certificado de la segunda que confirme que ha concluido la operación de valorización o eliminación definitiva.

En relación con el requisito de constitución de una fianza o seguro equivalente, se propone además que si un traslado está destinado a una operación provisional, ese requisito se pueda cumplir mediante la constitución de una fianza o seguro equivalente adicional por parte del destinatario, que cubra el mencionado traslado hasta la conclusión de la operación de valorización o eliminación definitiva. Por lo tanto, se hace hincapié en que la fianza o seguro equivalente debe cubrir todo el traslado, hasta la valorización o eliminación definitiva.

8. Requisitos de información relativos a los traslados de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III: se propone ampliar y aclarar la lista de información y documentación que debe acompañar a los traslados de los residuos enumerados en el anexo III y destinados a valorización.

Por lo tanto, se propone que sea obligatorio consignar el nombre y domicilio del productor inicial, nuevo productor o recogedor, de la persona que organice el traslado, del destinatario y del o de los poseedores de los residuos. Actualmente, sólo se exige el nombre y domicilio del poseedor. Además, se propone que sea obligatorio consignar el código de identificación de los residuos, de conformidad con el código de la OCDE recogido en el anexo III del Reglamento y con el código de la Lista Europea de Residuos recogido en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en su versión modificada [19].

[19] DO L 226, 6.9.2000, p. 3.

Además, se introduce un anexo que contiene el formulario que deberá utilizarse para consignar la información que habrá de acompañar a los traslados de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III. Actualmente no existe ningún formulario. De este modo, se propone un formulario prefijado para asegurar que la industria no tenga que cumplir diferentes requisitos de cada uno de los Estados miembros en lo relativo a los formularios y a la información.

Se proponen requisitos adicionales para facilitar igualmente un mayor control de residuos no peligrosos. Recientemente se ha dado un caso de contaminación de piensos y de la cadena alimentaria con residuos de azúcar que contenían hormonas (MPA), que demuestra que también es necesario controlar los traslados de residuos supuestamente no peligrosos. No deben subestimarse las consecuencias que puede tener la clasificación incorrecta de un flujo de residuos a efectos del Reglamento de traslados (CEE) nº 259/93 [20].

[20] Se calcula que los costes ocasionados a tan sólo uno de los Estados miembros afectados (Países Bajos) ascienden a una cifra que oscila entre 107 y 132 millones de euros en total (sector primario: 43 millones EUR; sector de piensos: 33 millones EUR; mataderos: 25-50 millones EUR; gobierno: 6 millones EUR).

Por último, se propone que sea obligatorio facilitar pruebas del contrato formalizado entre la persona que organice el traslado y el destinatario para la valorización de los residuos, y que el contrato incluya la obligación de la primera de retirar nuevamente los residuos en caso de que el traslado no se lleve a cabo de acuerdo con lo previsto o se haya efectuado contaviniendo el Reglamento.

Este último requisito debe contemplarse en relación con la aclaración relativa a las obligaciones de retirada de los residuos establecidas en los artículos 24 y 26 (véase subapartado 13 más abajo). En consecuencia, se propone que la obligación de retirada de los residuos cuando el traslado no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto o cuando se considere ilícito se aplique igualmente a los traslados de los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III del Reglamento (véase el apartado 13).

9. Residuos destinados a análisis de laboratorio: en consonancia con la Decisión de la OCDE de 2001, los traslados de residuos expresamente destinados a análisis de laboratorio no están sujetos al procedimiento de notificación y autorización previa por escrito.

En su lugar, se propone que la persona que organice este tipo de traslados esté obligada a informar sobre ellos a las autoridades competentes con tres días laborables de antelación al comienzo del traslado, el cual deberá ir acompañado de determinada información.

10. Norma administrativa relativa a los residuos que contienen productos químicos contaminantes orgánicos persistentes (COP): se propone que los residuos que contengan o estén constituidos o contaminados por los productos químicos mencionados en los anexos A, B y C del Convenio de Estocolmo o en el anexo VIII del Reglamento, estén sujetos a las mismas disposiciones que los traslados de residuos destinados a la eliminación.

Sin prejuzgar la implantación técnica del Convenio de Estocolmo, este artículo establecerá una clara norma administrativa en el contexto de los traslados. Sobre todo en lo que respecta a las exportaciones de la Comunidad, quedará claro que este tipo de traslados están prohibidos, salvo que su destino sea un país de la AELC. En aplicación del principio de cautela, es importante controlar de forma rigurosa todos los traslados de residuos que contengan o estén constituidos o contaminados por COP, a fin de evitar la gestión inadecuada de estas sustancias.

11. Norma administrativa para aclarar las discrepancias en cuestiones de clasificación: se propone establecer una norma de procedimiento relativa a las discrepancias entre autoridades competentes con respecto a la clasificación de un residuo como tal, a la clasificación de un residuo en una determinada lista y a la clasificación de determinadas operaciones como valorización o eliminación.

Por lo tanto, se propone establecer una norma de procedimiento clara y precisa al efecto de que, en caso de discrepancia, se aplique el procedimiento más estricto. Hay que destacar que la norma se aplica exclusivamente a efectos del presente Reglamento y sin perjuicio de las acciones legales que puedan entablar las autoridades competentes para resolver este tipo de discrepancias entre ellas.

12. Fianza o seguro equivalente: se propone aclarar que la fianza o seguro equivalente que constituya el notificante debe ser obligatoria y legalmente vinculante en el momento de la notificación y debe aplicarse al traslado notificado, a más tardar al comienzo del mismo.

Se propone además aclarar que el importe de la cobertura de la fianza o seguro equivalente deberá ser aprobado por la autoridad competente de expedición, que todas las autoridades competentes deberán tener acceso al mismo y que deberá cubrir también los posibles costes de almacenamiento.

Además, se aclara que la fianza deberá ser válida y amparar un traslado notificado durante todo el transcurso del mismo, hasta la conclusión de la operación de valorización o eliminación definitiva. Por último, se dispone que si un traslado está destinado a operaciones de valorización o eliminación consideradas provisionales, este requisito podrá cumplirse mediante la constitución de una fianza o seguro equivalente adicional por parte del destinatario, que cubra el mencionado traslado hasta la conclusión de la operación de valorización o eliminación definitiva.

13. Obligaciones de retirada de los residuos: se propone aclarar que la obligación de retirada de los residuos --tanto en caso de que el traslado no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto como de que se considere ilícito-- se aplica igualmente a los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III del Reglamento y destinados a la valorización. También se proponen aclaraciones en relación con la obligación de emitir nuevas notificaciones en caso de que deban retirarse los residuos. Por este motivo, se considera pertinente exigir la retirada de todos los residuos y no sólo de los residuos sujetos a notificación y autorización previa por escrito.

14. Función de la Comisión como medio de transmisión de información de los Estados miembros: se propone que cuando los Estados miembros deban comunicar información relacionada con aspectos legislativos, plantas con autorización previa, etc., a otros Estados miembros, sea el propio Estado miembro quien realice dicha comunicación.

Actualmente, cuando la Comisión recibe este tipo de información de un Estado miembro, la transmite a los demás Estados miembros. Sin embargo, habida cuenta de los modernos métodos de comunicación que existen en la actualidad, se considera preferible que sea el propio Estado miembro quien realice esta función. Por consiguiente, se propone que los Estados miembros comuniquen esta información a la Comisión y a los demás Estados miembros.

15. Comunicación mediante intercambio electrónico de datos: anticipando los (futuros) avances en el ámbito de la comunicación mediante intercambio electrónico de datos con firma electrónica, se propone ofrecer la posibilidad de comunicarse por esta vía. No obstante, sólo se permitirá este tipo de comunicación por decisión de las autoridades competentes implicadas.

Si se permite este tipo de comunicación, la autoridad competente de expedición podrá optar por encargarse de presentar la comunicación mencionada. En caso contrario, la obligación de presentar la comunicación recaería en el notificante y el destinatario. Esto podría suponer una pesada carga técnica y financiera para algunos notificantes y destinatarios y no para otros. Por consiguiente, la autoridad competente de expedición asumirá la función de comunicación de acuerdo con las demás autoridades competentes implicadas y con el notificante.

16. Nota a pie de página en el Anexo III, categoría GC 030: en relación con la categoría GC 030 del Anexo III y las embarcaciones destinadas al desguace, se ha incluido una nota a pie de página para aclarar que es preciso alcanzar un equilibrio entre la necesidad de garantizar que estas embarcaciones no contienen material peligroso a bordo y el hecho de que algunos materiales clasificados de peligrosos son esenciales para un funcionamiento seguro de las embarcaciones. La nota indica la conveniencia de que este equilibrio se logre teniendo en cuenta las normas y directrices reconocidas sobre reciclaje de barcos, especialmente las que se han establecido al amparo de la OMI y del Convenio de Basilea.

4.2.5. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a los traslados en el interior de los Estados miembros (Título III).

No se han propuesto cambios en relación con el traslado de residuos en los Estados miembros. Las disposiciones de los Títulos II y VII siguen sin aplicarse a los traslados de residuos que se ha previsto tengan lugar en su totalidad en un Estado miembro. Sin embargo, los Estados miembros siguen estando obligados a establecer un sistema de control adecuado en relación con estos traslados y pueden seguir aplicando el sistema previsto en el presente Reglamento.

4.2.6. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a las importaciones y exportaciones de la Comunidad (Títulos IV, V y VI).

1. Lógica general: este título se ha racionalizado con carácter general siguiendo la lógica de que se basa en las disposiciones del Título II relativo a los traslados intracomunitarios, que se aplica mutatis mutandis. Por lo tanto, sólo se mencionan las modificaciones y disposiciones adicionales introducidas en el Título II. Estas modificaciones y disposiciones adicionales están relacionadas sobre todo con la aplicación de los requisitos de procedimiento del Convenio de Basilea que no se corresponden con los aplicables a los traslados intracomunitarios.

Actualmente existen varios procedimientos relacionados con las importaciones y exportaciones:

1) Exportaciones para la eliminación a los países de la AELC (artículo 15).

2) Exportaciones a países sujetos a la Decisión de la OCDE para la valorización de los residuos mencionados en los anexos III y IV (artículo 17, como los traslados intracomunitarios).

3) Importaciones para la eliminación provenientes de los países de la AELC y del Convenio de Basilea (artículo 20).

4) Importaciones para la valorización procedentes de países sujetos a la Decisión de la OCDE (artículo 22, como los traslados intracomunitarios).

5) Importaciones para la valorización procedentes de países no sujetos a la Decisión de la OCDE (artículo 20).

Mediante la aplicación mutatis mutandis de las disposiciones del Título II a las importaciones y las exportaciones de la Comunidad, el número de procedimientos se reduce a los dos previstos en el Título II, a saber, el requisito de notificación y consentimiento previos por escrito y el requisito de que el traslado venga acompañado de cierta información.

Las disposiciones de procedimiento especiales que exige el Convenio de Basilea son las siguientes:

- Todo traslado notificado debe ser autorizado por escrito por todos los países implicados, que tienen un plazo de sesenta días para ello.

- El país de expedición sólo tomará la decisión de autorizar un traslado previa recepción de la confirmación por escrito de los demás Estados implicados.

- El país de tránsito deberá acusar recibo de la notificación, momento a partir del cual comenzará a contar el plazo de sesenta días para otorgar la autorización.

Asimismo, se explicita que un traslado solamente podrá comenzar si se cumplen determinadas condiciones (autorización, contrato, fianza, gestión ambiental racional / protección del medio ambiente). Esta especificación no es jurídicamente necesaria pero se considera importante para asegurar el cumplimiento.

Por último, se han actualizado las normas relativas a las oficinas de aduana y se ha añadido un apartado en el que se especifica que si una oficina de aduanas observa un traslado que no cumple las disposiciones del Reglamento, informará de ello a la autoridad competente implicada dentro de la Comunidad y garantizará la inmovilización del residuo hasta que se tome otra decisión. Por consiguiente, también los traslados que contravengan las prohibiciones estipuladas en el Reglamento estarán sujetos al requisito de inmovilización. Asimismo, el o los Reglamentos futuros establecidos de conformidad con el artículo 38 deberían contener disposiciones relativas a la inmovilización de residuos por parte de las oficinas aduaneras.

2. Prohibición por el Convenio de Basilea de las exportaciones destinadas a la valorización - anexo V: el 22 de septiembre de 1995, la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea adoptó la Decisión III/1, que introducía un nuevo preámbulo 7 bis, un nuevo apartado a) del artículo 4 y un nuevo anexo VII en el Convenio. El objetivo de la Decisión consiste en prohibir con carácter inmediato que las Partes enumeradas en el anexo VII exporten residuos peligrosos destinados a su eliminación definitiva a Partes que no figuren en dicho anexo, y en prohibir, a partir del 1 de enero de 1998, que las Partes enumeradas exporten residuos peligrosos destinados a su valorización a Partes no enumeradas en el anexo VII. Esta prohibición está recogida en la legislación comunitaria en los artículos 35 y 37 de la propuesta (artículo 14 y 16 del Reglamento actual). El artículo 35 contiene la parte de la eliminación de la prohibición y el artículo 37 la parte que afecta a la valorización.

En relación con la parte de la prohibición que afecta a la valorización, en primer lugar se propone aclarar que la prohibición afecta a los residuos peligrosos y mezclas de residuos peligrosos no mencionados en ninguna lista y a los residuos que el país de destino haya notificado que son peligrosos o cuya importación haya prohibido. En segundo lugar --y de conformidad con la Decisión de la OCDE de 2001--, se propone incluir los residuos enumerados en el anexo II del Convenio de Basilea en la lista A de la parte 3 del anexo V. Se trata de los residuos domésticos (Y46) y de los residuos generados por la incineración de residuos domésticos (Y47). Evidentemente, la Comunidad no debe exportar residuos domésticos ni residuos de la incineración a países ajenos a la OCDE. Este requisito se corresponde con el principio de autosuficiencia establecido en el artículo 5 de la Directiva 75/442/CE, en su versión modificada.

La parte de la prohibición relativa a la eliminación recogida en el artículo 35 permanece igual. Por tanto, las exportaciones de residuos peligrosos destinados a la eliminación siguen estando prohibidas a menos que estén destinadas a países de la AELC que hayan suscrito el Convenio de Basilea.

3. Requisito de gestión ambientalmente racional y protección del medio ambiente: como ya se ha explicado en el punto 4.2.2, los Títulos IV y V contienen un capítulo que recoge las disposiciones generales del título respectivo. Estos capítulos contienen un artículo relativo al requisito de gestión ambientalmente racional aplicable a las exportaciones de la Comunidad y al requisito de protección del medio ambiente comunitario aplicable a las importaciones de la Comunidad. El concepto de gestión ambientalmente racional está tomado del Convenio de Basilea y se refiere a la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos.

En lo que respecta al requisito de gestión ambientalmente racional, se propone además que se pueda presumir cumplido si, entre otras cosas, se demuestra que la directriz de tratamiento mencionada en el anexo IX con respecto al flujo de residuos en cuestión se aplica en la instalación situada en el país tercero de destino. No obstante, hay que señalar que esta presunción no prejuzga una evaluación general de la gestión ambientalmente racional durante todo el transcurso del traslado hasta la conclusión de la operación de valorización o eliminación definitiva en el país tercero de destino.

El anexo IX se refiere a tres directrices, todas ellas adoptadas por la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea:

- Directrices técnicas sobre la gestión ambientalmente racional de residuos biomédicos y sanitarios (Y1; Y3),

- Directrices técnicas sobre la gestión ambientalmente racional de residuos de acumuladores de plomo y

- Directrices técnicas sobre la gestión ambientalmente racional del desmantelamiento total y parcial de barcos.

El Anexo IX deberá desarrollarse más a través del Comité de adaptación al progreso técnico y científico de la legislación comunitaria en materia de residuos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE, en su versión modificada. Además, en el anexo IX pueden figurar las directrices aprobadas por la OCDE o en el marco de otros organismos, véase artículo 61. Ello deberá hacerse teniendo cuidado de que las directrices sean concretas y no genéricas. Deben orientar específicamente sobre diversos métodos preferentes para la eliminación y estar actualizadas tanto en términos técnicos como de solución de problemas ambientales. Por obvio que pueda parecer, finalmente hay que destacar que el requisito de gestión ambientalmente racional deberá cumplirse sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 35 y 38 que aplican la prohibición del Convenio de Basilea de las exportaciones de residuos peligrosos desde países de la OCDE a países ajenos a la OCDE.

4. Países y territorios de ultramar: se proponen dos artículos para explicitar en el Reglamento las normas que afectan a las importaciones y exportaciones de residuos con origen y destino en países y territorios de ultramar. De este modo, las normas establecidas son una transposición del artículo 39 de la Decisión 2001/822/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea. [21]

[21] DO L 314, 30.11.2001, p. 1.

5. Régimen específico para las exportaciones de residuos no peligrosos a países ajenos a la OCDE: bajo la responsabilidad de la DG Comercio, se aplica un régimen específico a las exportaciones de residuos no peligrosos destinados a la valorización en países no sujetos a la Decisión de la OCDE, es decir, los residuos mencionados en el anexo III.

Este régimen tendrá continuidad, si bien en una versión modificada y simplificada con arreglo a las disposiciones del artículo 38.

Se ha preguntado a todos los países no sujetos a la Decisión de la OCDE qué procedimientos desean aplicar a las importaciones de los residuos mencionados provenientes de la Comunidad destinados a la valorización. Actualmente se puede responder a esta pregunta con alguna de las cinco opciones siguientes: a) prohibición; b) notificación con autorización por escrito; c) notificación con consentimiento tácito; d) un procedimiento especial basado en la autorización por escrito; y e) eliminación del control en el país de destino. En esta propuesta se esboza una simplificación del procedimiento, concretamente la reducción del número de opciones de respuesta disponibles para los países no sujetos a la Decisión de la OCDE a tan sólo tres: a) prohibición; b) notificación con autorización por escrito; y c) eliminación del control en el país de destino.

En relación con la aplicación de esta disposición, la Comisión enviará una «nota verbal» a los países implicados para preguntarles qué procedimientos es preciso aplicar a las exportaciones destinadas a la valorización en su país de los residuos no sujetos a la prohibición de exportación. A fin de asegurar el máximo nivel de armonización de las listas de residuos a escala mundial, la Comisión utilizará el anexo III para esta consulta, corregido según proceda, de modo que se utilice lo máximo posible la terminología del Convenio de Basilea y se asegure la coherencia con su prohibición de exportación.

Este futuro Reglamento de la Comisión, que entraría en vigor el día de aplicación del presente Reglamento, derogaría tanto el Reglamento (CEE) 1420/1999 del Consejo [22] como el Reglamento (CEE) 1547/1999 de la Comisión [23] que regulan actualmente las mencionadas exportaciones.

[22] Reglamento 1420/1999/CEE del Consejo de 29.4.1999, DO L 166, 1.7.1999, p. 6.

[23] Reglamento 1547/1999/CEE de la Comisión de 12.7.1999, DO L 185, 17.7.1999, p. 1.

4.2.7. Principales modificaciones y aclaraciones relativas a otras disposiciones (Título VII)

Como ya se ha explicado, se propone reestructurar y acortar el Título VII, que contiene la mayoría de los artículos actualmente recogidos en el Título VIII sobre otras disposiciones del Reglamento actual. Véase la explicación en el punto 4.2.2.

Aparte de estos cambios estructurales, se proponen las siguientes modificaciones:

1. Uso de la página web como alternativa a la publicación en el Diario Oficial: Se propone hacer uso de la página web de la Comisión como alternativa a la publicación en el Diario Oficial.

De conformidad con el Reglamento, la Comisión ha de publicar las listas de oficinas de aduana en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La Comisión también ha publicado la lista de autoridades competentes en el DOCE. Sin embargo, habida cuenta los avances de los sistemas de comunicación, se considera más eficaz y fácilmente accesible la publicación en la página web.

2. Adopción de medidas adicionales: se propone encargar a la Comisión que adopte medidas adicionales relativas a la ejecución, aplicación, administración y cumplimiento del Reglamento. Asmismo, se establece que estas medidas se acordarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE, en su versión modificada, y con el llamado procedimiento regulador establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CEE [24]. El Reglamento actual no confiere estas competencias a la Comisión.

[24] DO L 184, 17.7.1999, p. 23.

5. Aspectos ambientales

El reconocimiento de que «es importante regular la vigilancia y el control de los traslados de residuos de forma que se tenga en cuenta la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente», expresado en el sexto Considerando del preámbulo del Reglamento de 1993, sigue siendo plenamente válido a fecha de hoy, casi diez años después de su adopción. Por consiguiente, es necesario mantener y mejorar el sistema de notificación y autorización previa por escrito, que permite y obliga a las autoridades competentes a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Comunidad.

En la Comunidad, el productor y el notificante adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos que pretenden trasladar en el interior de la Comunidad no ponga en peligro la salud humana y se lleve a cabo sin utilizar procesos o métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, tal como exige el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE en su versión modificada y de conformidad con la legislación comunitaria en materia de residuos, durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación definitiva en el Estado de destino. En el exterior de la Comunidad, el productor y el notificante y demás empresas implicadas en un traslado deberán garantizar que la gestión de los residuos que pretendan trasladar se realice de manera ambientalmente racional durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación definitiva en el país tercero de destino. [25]

[25] El concepto de gestión ambientalmente racional se define como en el Convenio de Basilea, a saber, «la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos».

6. Aspectos económicos

Desde un punto de vista general, se considera que la propuesta no impondrá cargas económicas adicionales sobre el sector. El sistema de notificaciones y requisitos de información con respecto a los traslados de residuos está perfectamente establecido en toda la Comunidad y es de esperar que el requisito de que las notificaciones sean tramitadas a través de la autoridad competente de expedición libere de cierta carga económica a los notificantes, en comparación con la obligación de entregar la notificación a todas las partes implicadas. La aclaración de que la fianza o seguro equivalente debe constituirse y ser legalmente vinculante en el momento de la notificación podría comportar costes extraordinarios para las industrias que realicen notificaciones en los Estados miembros, donde este requisito no existe actualmente.

Sin embargo, en algunos Estados miembros cabe prever que la propuesta generará costes adicionales. Por este motivo, en la propuesta se establece que las notificaciones deberán tramitarse a través de la autoridad competente de expedición. Este sistema no impondrá mayores costes a los Estados miembros que dispongan de un sistema avanzado y elaborado para la tramitación, el control y la supervisión de notificaciones y traslados. En los demás Estados miembros, es probable que la propuesta comporte ciertos costes adicionales. No obstante, también es preciso tener en cuenta que el sistema de tramitación de las notificaciones a través de la autoridad competente de expedición propiciará una mayor eficacia en términos de reducción de los trámites burocráticos y de control que debían llevar a cabo las autoridades de destino y de tránsito. De este modo, cabe considerar que el sistema en conjunto resulta económicamente neutro.

7. Aspectos relacionados con el mercado interior

Algunos miembros del sector han manifestado que pese al hecho de que el Reglamento es aplicable directamente en los Estados miembros, en ciertos aspectos se aplica de manera muy diferente en una o otra parte de la Comunidad, y ello provoca una distorsión del mercado interior. Por ejemplo, se observan diferencias con respecto a los requisitos de información y documentación para las notificaciones y traslados, a los sistemas de tramitación de notificaciones, a los requisitos aplicables a la fianza y su constitución, cálculo, liberación y acceso, y a los requisitos de información y formato relativos a los residuos sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información. La propuesta aborda estas cuestiones, así como otros casos de falta de claridad jurídica. Por lo tanto, se considera que la propuesta promoverá una aplicación más uniforme del Reglamento en beneficio del mercado interior, en el ámbito de la valorización de los residuos.

8. Aspectos internacionales

Como ya se ha mencionado en el punto 2, el Reglamento se basa en gran medida en el Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación [26] --en su versión modificada-- y en la Decisión C(1992)39 final de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización --en su versión modificada--.

[26] El 1 de febrero de 1993, el Consejo aprobó el Convenio de Basilea en nombre de la Comunidad Europea (véase la Decisión 93/98/CEE del Consejo, DO L 39, 16.2.93, p. 1).

El 14 de junio de 2001, el Consejo de la OCDE modificó la Decisión C(1992)39 final. A fin de incorporar esta modificación, se impone la necesidad legal de realizar una revisión del Reglamento.

Incorporar la Decisión de la OCDE de 2001 requiere tener en cuenta su dimensión global y la aplicabilidad internacional. Ello implica la interpretación y la decisión de la Comunidad de aplicar diferentes normas, lo que permite la Decisión de la OCDE de 2001. Tal como se ha indicado en el punto 3 y en el punto 4.2, uno de los objetivos de la presente propuesta es la armonización global.

Además, en una Comunidad ampliada, la armonización global y la claridad jurídica adquieren una importancia todavía mayor.

9. Aspectos comerciales

La propuesta no modifica el sistema actual de importaciones y exportaciones de la Comunidad, sino que se limita a cambiar el marco de procedimiento. En relación con las exportaciones de los residuos enumerados en el anexo III (residuos no peligrosos) y destinados a la valorización en países no sujetos a la Decisión de la OCDE, el artículo 38 establece el marco de procedimiento básico para los Reglamentos que se adopten en el futuro en este ámbito específico.

10. Subsidiariedad y proporcionalidad

La presente propuesta de modificación del Reglamento de 1993 tiene en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La propuesta sólo recoge los elementos necesarios para un funcionamiento adecuado y uniforme del Reglamento, al tiempo que asegura la protección del medio ambiente y el correcto funcionamiento del mercado interior. Además, introduce mayor claridad jurídica donde es necesario.

Resulta difícil conciliar la sencillez con los distintos intereses de diversas partes interesadas, en especial si se desea garantizar una aplicación más uniforme del Reglamento. No obstante, se ha intentado que esta propuesta mantenga el máximo grado de sencillez posible.

11. Consultas con las partes interesadas

El anexo C contiene una lista de las entidades que han participado en las consultas realizadas entre 2001 y 2002 (Estados miembros, países candidatos, representantes sectoriales, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales).

12. Anexos

A) Repaso del contenido artículo por artículo.

B) Lista paralela de los artículos propuestos y de los artículos correspondientes del Reglamento de 1993.

C) Lista de Estados miembros, países candidatos, representantes sectoriales, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales que han participado en las consultas realizadas entre 2001 y 2002.

ANEXO A Descripción por artículos

TÍTULO I - Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1 - Ámbito de aplicación

El artículo 1 establece el ámbito de aplicación del Reglamento y especifica sus exclusiones.

Artículo 2 - Definiciones

El artículo 2 contiene una serie de definiciones pertinentes a efectos del Reglamento. Si una definición ya está establecida en la Directiva 75/442/CEE en su versión modificada, dicha definición se aplica igualmente a efectos del presente Reglamento.

TÍTULO II - Traslados entre Estados miembros en el interior de la Comunidad o con tránsito por terceros países.

Artículo 3 - Marco de procedimiento general

El artículo 3 describe a grandes rasgos el marco de procedimiento general y define qué residuos están sujetos a qué procedimientos. También establece disposiciones especiales en relación con los residuos expresamente destinados a análisis de laboratorio y con los residuos que contienen determinados productos químicos.

Capítulo 1 - Procedimiento de notificación y autorización previa por escrito

Artículo 4 - Procedimiento de notificación y autorización previa por escrito

El artículo 4 define el notificante y establece la obligación del notificante de entregar una notificación previa por escrito a la autoridad competente de expedición, en caso de que pretenda trasladar residuos de un Estado miembro a otro o hacerlos pasar por uno o varios Estados miembros.

El artículo establece además que antes de comenzar el traslado, el notificante debe contar con:

- la autorización escrita de las autoridades competentes de expedición y de destino y

- la autorización escrita o tácita de la autoridad competente de tránsito.

Artículo 5 - Requisitos de la notificación

El artículo 5 establece los requisitos que debe cumplir una notificación.

El notificante debe utilizar los documentos de notificación y movimiento que recogen los anexos 1A y 1B, suministrar la información y documentación relacionada en el anexo II, partes 1, 2 y 3, formalizar un contrato con el destinatario para la valorización o eliminación de los residuos notificados y constituir una fianza o seguro equivalente.

Este artículo también establece los conceptos «debidamente cumplimentada» y «debidamente complementada». A la recepción de la notificación «debidamente cumplimentada», la autoridad competente de expedición está obligada a transmitir la notificación a las demás autoridades competentes y al destinatario (véase el artículo 8). A la recepción de la notificación «debidamente complementada», la autoridad competente de destino está obligada a emitir un acuse de recibo (véase el artículo 9). Este acuse de recibo marca el inicio del plazo de treinta días que tienen las autoridades competentes para otorgar su consentimiento.

Artículo 6 - Contrato

El artículo 6 establece los requisitos específicos aplicables al contrato formalizado por el notificante y el destinatario para la valorización o eliminación de los residuos notificados. El artículo establece que el contrato debe formalizarse y ser legalmente vinculante en el momento de la notificación y que debe incluir determinadas obligaciones por parte del notificante y del destinatario.

Artículo 7 - Fianza

De manera similar, el artículo 7 establece los requisitos específicos relativos a la fianza o seguro equivalente que cubra los costes de transporte, de eliminación o valorización definitiva y de almacenamiento, inclusive los casos en que un traslado no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto o se considere ilícito.

La fianza o seguro equivalente debe constituirse y ser legalmente vinculante en el momento de la notificación y debe aplicarse al traslado notificado, a más tardar, en el momento de su inicio.

El artículo también establece que la fianza o seguro equivalente debe ser válida y cubrir el traslado hasta el momento del tratamiento definitivo y que, en relación con los residuos destinados a operaciones de valorización o eliminación provisional, este requisito puede cumplirse mediante la constitución de una fianza o seguro equivalente por el destinatario.

Por último, el artículo establece que todas las autoridades competentes implicadas tendrán acceso a la fianza o seguro equivalente y estipula el momento en que se pueda proceder a su liberación.

Artículo 8 - Transmisión de la notificación por la autoridad competente de expedición

El artículo 8 establece que cuando la autoridad competente de expedición recibe la notificación «debidamente cumplimentada» descrita en el apartado 2 del artículo 5, está obligada a transmitir copias de la misma a las demás autoridades competentes implicadas y al destinatario.

Si la autoridad competente de expedición considera que la notificación no está debidamente cumplimentada, podrá solicitar información y documentación adicional al notificante en el plazo de tres días laborables desde la recepción de la notificación.

El artículo 8 establece además que el notificante tendrá derecho a exigir una explicación razonada a la autoridad competente de expedición en caso de que ésta no cumpla con su obligación de transmitir la notificación a las demás autoridades competentes y al destinatario en el plazo estipulado.

Artículo 9 - Acuse de recibo por la autoridad competente de destino

El artículo 9 establece que, a la recepción de la notificación «debidamente complementada» descrita en el apartado 3 del artículo 5, la autoridad competente de destino enviará un acuse de recibo al notificante y copias del mismo a las demás autoridades competentes implicadas y al destinatario y que lo hará en el plazo de tres días desde la recepción de la notificación.

Se establece además que el notificante tendrá derecho a exigir una explicación razonada a la autoridad competente de destino en caso de que ésta no acuse recibo de la notificación en el plazo estipulado.

Artículo 10 - Autorización por la autoridad competente de destino, de expedición y de tránsito

El artículo 10 establece que las autoridades competentes de destino, de expedición y de tránsito tienen treinta días de plazo desde la fecha de envío del acuse de recibo por parte de la autoridad competente de destino para tomar la decisión de autorizar u oponerse al traslado notificado.

El artículo establece además normas relativas a la validez de la autorización.

Artículo 11 - Condiciones para un traslado

El artículo 11 establece el derecho de las autoridades competentes de expedición, de destino y de tránsito a establecer condiciones en relación con su autorización a un traslado notificado.

Artículo 12 - Objeciones a los traslados destinados a la eliminación

El artículo 12 señala las razones que pueden justificar la objeción a un traslado destinado a la eliminación por parte de las autoridades competentes de expedición, de destino o de tránsito.

Artículo 13 - Objeciones a los traslados destinados a la valorización

De manera similar, el artículo 13 señala las razones que pueden justificar la objeción a un traslado destinado a la valorización por parte de las autoridades competentes de expedición, de destino o de tránsito.

Artículo 14 - Notificación general

El artículo 14 establece la posibilidad de utilizar una notificación general en lugar de varias notificaciones individuales, cuando se vayan a realizar periódicamente traslados de residuos que tengan las mismas características físicas y químicas para el mismo destinatario y la misma instalación y siguiendo el mismo itinerario y rutas.

Artículo 15 - Plantas de valorización con autorización previa

El artículo 15 establece que las autoridades competentes de destino que tengan competencia sobre determinadas plantas de valorización podrán tomar la decisión de otorgar una autorización previa a dichas plantas. Además, se establece que las autoridades competentes que decidan otorgar una autorización previa a una instalación con arreglo a lo dispuesto en este artículo deberán facilitar determinada información a la Comisión, a la Secretaría de la OCDE y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros, y que para este fin podrá utilizarse el formulario que recoge el anexo VI. Por último, se ha incorporado una cláusula facultativa que permite imponer condiciones y requisitos adicionales en relación con las plantas de valorización con autorización previa.

Artículo 16 - Disposiciones relativas a las operaciones provisionales de valorización y eliminación

El artículo 16 establece disposiciones especiales relativas a los traslados de residuos destinados a operaciones provisionales de valorización o eliminación (homogenización o mezcla, reembalaje, intercambio, almacenamiento u otras operaciones de valorización o eliminación que se consideren provisionales y no definitivas).

Artículo 17 - Requisitos posteriores a la autorización del traslado

El artículo 17 recoge el requisito aplicable al período posterior a la autorización del traslado notificado: cumplimentación del documento de movimiento por todas las partes implicadas y por el notificante, información previa en relación con el inicio efectivo del traslado, confirmación escrita de la recepción de los residuos por el destinatario y certificado de eliminación o valorización definitiva por el destinatario.

Artículo 18 - Cambios en el traslado después de la autorización

El artículo 18 establece que si se realiza algún cambio sustancial que afecte a los pormenores o condiciones de un traslado autorizado, deberá emitirse una nueva notificación, a menos que todas las autoridades competentes implicadas estén de acuerdo en que los cambios propuestos no requieren una nueva notificación.

Capítulo 2 - Requisitos de información general

Artículo 19 - Residuos que deben ir acompañados de determinada información

El artículo 19 establece que los traslados de los residuos definidos en los apartados 2 y 4 del artículo 3 --es decir, los residuos enumerados en el anexo III y los residuos expresamente destinados a análisis de laboratorio-- están sujetos al requisito de procedimiento de ir acompañados de determinada información, la cual deberá incluir, entre otras cosas, una prueba del contrato formalizado entre la persona que organiza el traslado y el destinatario para la valorización de los residuos y legalmente vinculante en el momento de iniciarse el traslado.

Este artículo establece además que la mencionada información será facilitada por la persona que organice el traslado en el formulario que recoge el anexo VII y que los Estados miembros podrán exigir, a efectos de inspección, ejecución, planificación y estadística, información relativa a los traslados sujetos a este artículo y de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 20 - Residuos sujetos a información previa

El artículo 20 establece que, en relación con los residuos definidos en el apartado 4 del artículo 3 --residuos expresamente destinados a análisis de laboratorio--, la persona que organiza el traslado deberá informar del mismo a las autoridades competentes implicadas con tres días laborables de antelación a su inicio.

Se establece además que, a estos efectos, se facilitará la información mencionada en el apartado 1 del artículo 19 y se utilizará el formulario que recoge el anexo VII para facilitar la información.

Capítulo 3 - Requisitos generales

Artículo 21 - Prohibición de mezclar residuos durante el traslado

El artículo 21 establece que durante el traslado los residuos que sean objeto de diferentes notificaciones no podrán mezclarse entre sí o con otros residuos no sujetos a notificación.

Artículo 22 - Protección del medio ambiente en la Comunidad

Este artículo establece que el productor y el notificante adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos que pretenden trasladar en el interior de la Comunidad no ponga en peligro la salud humana y se lleve a cabo sin utilizar procesos o métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, tal como exige el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE en su versión modificada y de conformidad con la legislación comunitaria en materia de residuos. Esta obligación persistirá durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación definitiva en el país de destino.

Artículo 23 - Conservación de documentos e información

El artículo 23 establece que todos los documentos enviados o recibidos por las autoridades competentes en relación con un traslado notificado deberán conservarse en la Comunidad por las autoridades competentes, por el notificante y por el destinatario durante un plazo mínimo de tres años y que la información facilitada con arreglo al apartado 1 del artículo 19, en lo que respecta a los residuos enumerados en el anexo III, deberá conservarse en la Comunidad por la persona que organice el traslado y por el destinatario durante un plazo mínimo de tres años.

Capítulo 4 - Obligaciones de retirada de los residuos

Artículo 24 - Retirada de los residuos cuando el traslado no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto

El artículo 24 establece las normas que rigen la obligación de la autoridad competente de expedición de garantizar la retirada de los residuos cuando un traslado autorizado por las autoridades competentes implicadas no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto. De este modo, se establece que la autoridad competente de expedición deberá asegurarse de que los residuos en cuestión sean devueltos a su ámbito de jurisdicción o a cualquier otra parte del país de expedición por el notificante, o bien, en su defecto, por la propia autoridad competente, y que ello deberá hacerse en un plazo máximo de noventa días.

Además, se establece que las disposiciones de este artículo también se aplicarán a los traslados de residuos sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información con arreglo al artículo 19 y que la persona que organice el traslado en tales casos estará sujeta a las mismas obligaciones que establece este artículo para el notificante.

Artículo 25 - Costes de retirada de los residuos cuando no pueda llevarse a cabo el traslado

El artículo 25 establece el criterio de imputación de los costes generados por la devolución de residuos de un traslado que no pueda llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto, concretamente al notificante, o bien, en su defecto, a la autoridad competente de expedición, o bien, en su defecto, según acuerden las partes y las autoridades competentes implicadas.

Además, se establece que este artículo también se aplicará a los traslados de residuos enumerados en el anexo III y sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información, que no puedan llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto. Por lo tanto, se establece que, en situaciones de este tipo, la persona que organiza el traslado estará sujeta a las mismas obligaciones que establece este artículo para el notificante.

Artículo 26 - Retirada de los residuos cuando el traslado sea ilícito

El artículo 26 indica cuándo es ilegal un traslado y establece las normas que rigen la obligación de la autoridad competente de expedición de garantizar la retirada de los residuos de un traslado que se considere ilícito y que ello deberá hacerse en un plazo máximo de treinta días.

Se establece además que si el tráfico ilícito no es responsabilidad del notificante sino del destinatario, será la autoridad competente de destino la que deberá asegurarse de que los residuos en cuestión sean eliminados o valorizados por el destinatario, o bien, en su defecto, por la propia autoridad competente, y que ello deberá hacerse igualmente en un plazo máximo de treinta días.

Por último, se establece que cuando la responsabilidad del tráfico ilícito no pueda imputarse ni al notificante ni al destinatario, las autoridades competentes colaborarán para garantizar la eliminación o valorización de los residuos en cuestión.

Al igual que en el artículo 24, se establece que las disposiciones de este artículo también se aplicarán a los traslados de residuos enumerados en el anexo III y sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información con arreglo al artículo 19 y que la persona que organice el traslado en tales casos estará sujeta a las mismas obligaciones que establece este artículo para el notificante.

Artículo 27 - Costes de retirada de los residuos cuando el traslado sea ilícito

El artículo 27 establece el criterio de imputación de los costes generados por la devolución, etcétera, de los residuos de un traslado que se considera ilícito.

Además, se establece que este artículo también se aplicará a los traslados de residuos, enumerados en el anexo III y sujetos al requisito de ir acompañados de determinada información, que no puedan llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto. Por lo tanto, se establece que, en situaciones de este tipo, la persona que organiza el traslado estará sujeta a las mismas obligaciones que establece este artículo para el notificante.

Capítulo 5 - Disposiciones administrativas generales

Artículo 28 - Entrega de comunicaciones

El artículo 28 establece que las comunicaciones mencionadas podrán entregarse por uno de los siguientes medios: correo ordinario, fax, correo electrónico con firma digital o correo electrónico sin firma digital seguido de correo ordinario.

Y establece además que, de acuerdo con la decisión tomada por la autoridad competente implicada, las comunicaciones mencionadas podrán entregarse mediante intercambio electrónico de datos con firma electrónica o autenticación electrónica, de conformidad con la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica [27], o con un sistema equivalente de autenticación electrónica que ofrezca el mismo grado de seguridad y siempre que sea aceptado por las autoridades competentes implicadas.

[27] DO L 13, 19.1.2000, p. 12.

Artículo 29 - Lengua

El artículo 29 establece que cualquier notificación, información, documentación u otra comunicación entregada con arreglo a las disposiciones del Título II habrá de entregarse en una lengua aceptable para las autoridades competentes implicadas y que éstas podrán solicitar al notificante que les facilite una traducción o traducciones autorizadas a una lengua que consideren aceptable.

Artículo 30 - Discrepancias en cuestiones de clasificación

El artículo 30 establece una norma administrativa relativa a los casos en que las autoridades competentes de expedición y de destino mantengan discrepancias en cuestiones de clasificación, ya sea en lo que respecta a la distinción entre residuos o no residuos, en lo que respecta a la clasificación de los residuos notificados mencionados en los anexos III o IV o en lo que respecta a la clasificación de las operaciones de tratamiento de residuos notificados como eliminación o valorización. Por lo tanto, se establece que la materia objeto de discrepancia deberá considerarse residuo, que el residuo deberá considerarse perteneciente al anexo IV y que deberán aplicarse las disposiciones relativas a los residuos destinados a eliminación, respectivamente. Hay que destacar que esta norma administrativa sólo es aplicable a efectos del presente Reglamento y sin perjuicio de los derechos que asisten a las partes interesadas de resolver cualquier conflicto relacionado con estas cuestiones ante un tribunal.

Artículo 31 - Costes administrativos

El artículo 31 establece que podrán imputarse al notificante los costes administrativos correspondientes y proporcionales generados por la aplicación del procedimiento de notificación y supervisión, así como los costes habituales de los análisis e inspecciones correspondientes.

Capítulo 6 - Traslados intracomunitarios con tránsito por terceros países

Artículo 32 - Traslados destinados a la eliminación

El artículo 32 establece las normas aplicables a los traslados intracomunitarios destinados a la eliminación que pasen por terceros países. De este modo, se establece que la autoridad competente de expedición preguntará a la autoridad competente del país tercero si tiene intención de otorgar su autorización escrita al traslado previsto.

Artículo 33 - Traslados destinados a la valorización

El artículo 33 establece que cuando un traslado intracomunitario de residuos destinados a la valorización pase por uno o varios países terceros no sujetos a la Decisión de la OCDE, se aplicará el artículo 32.

En lo que respecta a los traslados intracomunitarios de residuos destinados a la valorización que pasen por uno o varios países terceros sujetos a la Decisión de la OCDE, se establece que la autorización del traslado podrá otorgarse de forma tácita.

TÍTULO III - Traslados en el interior de los Estados miembros

Artículo 34 - Aplicación del presente Reglamento a los traslados realizados en el interior de los Estados miembros

El artículo 34 establece la aplicación del Reglamento a los traslados realizados en el interior de los Estados miembros.

TÍTULO IV - Exportaciones de la Comunidad a terceros países

Capítulo 1 - Residuos destinados a la eliminación

Artículo 35 - Prohibición de exportación, salvo a los países de la AELC

El artículo 35 establece que están prohibidas todas las exportaciones de residuos desde la Comunidad destinados a la eliminación, con excepción de las destinadas a países de la AELC.

Se establece que este tipo de exportaciones también estarán prohibidas si el país de la AELC prohíbe la importación de este tipo de residuos o si la autoridad competente de expedición tiene motivos para creer que los residuos no van a ser gestionados de manera ambientalmente racional en el país de destino implicado.

Artículo 36 - Procedimientos aplicables a las exportaciones a países de la AELC

El artículo 36 establece el procedimiento aplicable a las exportaciones de residuos de la Comunidad destinados a la eliminación en países de la AELC. De este modo, se establece que las disposiciones del Título II se aplican mutatis mutandis, aunque con determinadas modificaciones y disposiciones adicionales, que se especifican en el artículo. [28]

[28] En realidad, el artículo 36 sólo afecta a Suiza. El resto de países de la AELC --Noruega, Liechtenstein e Islandia-- también son países del EEE.

Capítulo 2 - Residuos destinados a la valorización

Exportaciones a países no sujetos a la Decisión de la OCDE

Artículo 37 - Prohibición a las exportaciones de los residuos enumerados en el anexo V

El artículo 37 incorpora la prohibición que establece el Convenio de Basilea con respecto a la exportación de residuos destinados a la valorización y prohíbe las exportaciones de residuos peligrosos de la Comunidad destinados a la valorización en países no sujetos a la Decisión de la OCDE. De este modo, se establece que están sujetos a la prohibición: los residuos peligrosos enumerados en el anexo V, los residuos peligrosos no clasificados en una categoría específica del anexo V, las mezclas de diferentes residuos peligrosos y las mezclas de residuos peligrosos y residuos no peligrosos no clasificadas en una categoría específica del anexo V, los residuos que el país de destino haya notificado como peligrosos con arreglo al artículo 3 del Convenio de Basilea, los residuos cuya importación haya sido prohibida por el país de destino o que la autoridad competente de expedición tenga motivos para creer que no serán gestionados de manera ambientalmente racional en el país de destino implicado.

Artículo 38 - Procedimientos aplicables a las exportaciones de los residuos enumerados en el anexo III

El artículo 38 establece el marco en que deberá basarse la futura legislación relativa a la exportación de los residuos enumerados en el anexo III destinados a la valorización en países no sujetos a la Decisión de la OCDE y no afectados por la prohibición del artículo 37. De este modo, se establece que la Comisión deberá notificar a cada país no sujeto a la Decisión de la OCDE y solicitar que le confirmen por escrito si los residuos pueden ser exportados a operaciones de valorización y qué procedimientos de control entre los siguientes deberán aplicarse: prohibición, procedimiento de notificación y autorización previa por escrito que se describe en el artículo 36, o ningún control en el país de destino. Este futuro Reglamento de la Comisión, que entraría en vigor el día de aplicación del presente Reglamento, derogaría tanto el Reglamento (CEE) nº 1420/1999 del Consejo como el Reglamento (CEE) nº 1547/1999 de la Comisión que regulan actualmente las mencionadas exportaciones.

Exportaciones a países sujetos a la Decisión de la OCDE

Artículo 39 - Exportaciones de los residuos mencionados en los anexos III, IV y IV A

El artículo 39 establece qué procedimientos se aplican a las exportaciones de la Comunidad de los residuos mencionados en los anexos III, IV y IV A destinados a la valorización o en tránsito en países sujetos a la Decisión de la OCDE. De este modo, se establece que las disposiciones del Título II se aplican mutatis mutandis, aunque con determinadas modificaciones y disposiciones adicionales, que se especifican en el artículo.

Capítulo 3 - Disposiciones generales

Artículo 40 - Exportaciones a la Antártida

El artículo 40 establece de forma explícita que está prohibida la exportación de todo tipo de residuos de la Comunidad a la Antártida.

Artículo 41 - Exportaciones a países o territorios de ultramar

El artículo 41 establece que están prohibidas las exportaciones de todo tipo de residuos de la Comunidad destinados a la eliminación a países o territorios de ultramar y que las exportaciones de residuos destinados a la valorización están sujetas a la prohibición del artículo 37 mutatis mutandis. Además, se aclara que las disposiciones del Título II se aplican mutatis mutandis a las exportaciones de residuos destinados a la valorización a países o territorios de ultramar no afectados por esta prohibición.

Este artículo recoge las normas que establece el artículo 39 de la Decisión 2001/822/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2001 relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea.

Artículo 42 - Garantizar una gestión ambientalmente racional en países terceros

El artículo 42 establece que el productor y el notificante y demás empresas implicadas en un traslado deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos que pretendan trasladar se realice de manera ambientalmente racional durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación definitiva en el país tercero de destino. Además, establece que la autoridad competente de expedición de la Comunidad exigirá y garantizará que los residuos exportados sean gestionados de manera ambientalmente racional durante todo el transcurso del traslado hasta la valorización o eliminación definitiva en el país tercero de destino, y que se prohibirán las exportaciones específicas que incumplan las normas.

El artículo 42 también estipula que el requisito de gestión ambientalmente racional se podrá presumir cumplido en lo que respecta al flujo de residuos y a la operación de valorización implicados si, entre otras cosas, se demuestra que la directriz de tratamiento mencionada en el anexo IX con respecto al flujo de residuos en cuestión se aplica en la instalación situada en el país tercero de destino. El Anexo IX se desarrollará ulteriormente por obra del Comité de adaptación al progreso técnico y científico de la legislación comunitaria en materia de residuos, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE en su versión modificada y mediante el Reglamento de la Comisión (véase el artículo 61).

TÍTULO V - Importaciones a la Comunidad

Capítulo 1 - Importaciones de residuos destinados a la eliminación

Artículo 43 - Prohibición de importación salvo que el origen sea un país de la AELC o un país que sea Parte del Convenio de Basilea o que exista un acuerdo específico

El artículo 43 establece que están prohibidas todas las importaciones de residuos destinados a la eliminación en la Comunidad salvo que provengan de países de la AELC o de otros países que sean Partes del Convenio de Basilea o de otros países con los que la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, hayan formalizado acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales.

El artículo 43 también establece los requisitos que deberán cumplirse para formalizar acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales, que incluyen, entre otros, el requisito de que los acuerdos o sistemas bilaterales o multilaterales formalizados con arreglo a este artículo estén basados en el procedimiento de control del artículo 44.

Artículo 44 - Requisitos de procedimiento aplicables a las importaciones que provengan de un país de la AELC o de un país que sea Parte del Convenio de Basilea

El artículo 44 establece qué procedimiento habrá de aplicarse a las importaciones de residuos destinados a la eliminación en la Comunidad que provengan de países de la AELC o de otros países que sean Partes del Convenio de Basilea. De este modo, se establece que las disposiciones del Título II se aplican mutatis mutandis, aunque con determinadas modificaciones y disposiciones adicionales que se especifican en el artículo.

Capítulo 2 - Importaciones de residuos destinados a la valorización

Artículo 45 - Prohibición de importación salvo que el origen sea un país sujeto a la Decisión de la OCDE, que pertenezca al AELC o que sea Parte del Convenio de Basilea o que exista un acuerdo especí