COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.4.2019 COM(2019) 198 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de indicadores de la justicia en la EU de 2019



«La Unión Europea es una comunidad de Derecho. El respeto de la norma jurídica y el respeto de las resoluciones judiciales no son una opción, sino una obligación» Presidente de la Comisión, Jean–Claude Juncker, discurso sobre el estado de la Unión de 2018 ( ) «El respeto del Estado de Derecho no es solo una condición previa para la protección de todos los valores fundamentales enumerados en el artículo 2. También es una condición previa para defender todos los derechos y obligaciones derivados de los Tratados y para desarrollar la confianza mutua de los ciudadanos, las empresas y las autoridades nacionales en los ordenamientos jurídicos de todos los demás Estados miembros» ( ) Vicepresidente primero, Frans Timmermans, debate del pleno del Parlamento Europeo, 28 de febrero de 2018 «Estamos trabajando para aumentar la confianza en la justicia. Proporcionar suficientes recursos financieros al sistema de justicia no es un coste, sino una inversión. […] Un país cuyo sistema judicial funciona bien tiene más probabilidades de atraer a los inversores». () Comisaria Jurová, Viena, 30 de noviembre de 2018



1. Introducción La independencia, la calidad y la eficacia, como elementos esenciales de un sistema judicial eficaz, son cruciales para sostener el Estado de Derecho y los valores en los que se basa la UE. Un sistema judicial eficaz es esencial para la aplicación del Derecho de la Unión. Los tribunales nacionales actúan como tribunales de la UE cuando aplican el Derecho de la Unión. Son los tribunales nacionales los que, en primer lugar, garantizan que los derechos y obligaciones previstos en el Derecho de la Unión se apliquen de manera efectiva ( ). Como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la existencia misma de una protección judicial efectiva por parte de tribunales independientes es la esencia del Estado de Derecho ( ). La Comunicación Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión – Situación actual y posibles próximas etapas, adoptada el 3 de abril de 2019, señala que el cuadro de indicadores de la justicia en la UE forma parte del conjunto de herramientas del que dispone la UE para reforzar el Estado de Derecho mediante su contribución al fomento de la reforma judicial y de las normas sobre el Estado de Derecho (). El respeto del Estado de Derecho, incluida la independencia de los sistemas judiciales, tiene un impacto considerable en las decisiones para invertir y atraer empresas. Por ello, la mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad del Semestre Europeo (el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas). El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2019, que define las prioridades económicas y sociales para la UE y sus Estados miembros para el año siguiente, reitera el vínculo entre, por una parte, el Estado de Derecho y los sistemas judiciales eficaces y, por otra parte, un entorno favorable para las empresas y el crecimiento económico ( ). Para supervisar las reformas de la justicia y su impacto en los Estados miembros, desde 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE («el cuadro de indicadores») presenta un resumen anual de indicadores pertinentes relativos a la independencia, la calidad y la eficiencia de la justicia, parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz. La edición de 2019 sigue desarrollando los indicadores de estos tres elementos y, por primera vez, presenta indicadores sobre: -el gasto detallado de los recursos financieros de cada sistema judicial; -las normas aplicadas para mejorar la calidad de las sentencias de los tribunales superiores; -las competencias de gestión respecto de las fiscalías nacionales, así como el nombramiento y la destitución de los fiscales nacionales;

-las autoridades que intervienen en los procedimientos disciplinarios relativos a los jueces; -las normas y prácticas sobre la gestión de la carga de trabajo y los retrasos de los tribunales.



¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta de información comparativa que tiene como objetivo ayudar a la UE y a sus Estados miembros, con una periodicidad anual, a lograr una justicia más eficaz facilitando datos objetivos, fiables y comparables sobre diversos indicadores pertinentes para la evaluación de la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales en todos los Estados miembros. El cuadro no presenta una clasificación única, sino una visión general del funcionamiento de los sistemas judiciales sobre la base de indicadores que son de interés común para todos los Estados miembros. El cuadro de indicadores no favorece un tipo concreto de sistema judicial y trata a todos los Estados miembros en pie de igualdad. La independencia, la calidad y la eficiencia son parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz, independientemente del modelo de sistema judicial nacional o de la tradición jurídica en que se fundamente. Las cifras sobre estos tres parámetros deben interpretarse conjuntamente, ya que un sistema judicial eficaz no puede prescindir de ninguno de los tres aspectos citados, que están a menudo interrelacionados (las iniciativas encaminadas a mejorar uno de ellos pueden influir en los otros). El cuadro se centra principalmente en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por crear un entorno más favorable para la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores es una herramienta comparativa que evoluciona en el marco de un diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo ( ). Su objetivo es determinar los parámetros esenciales de un sistema de justicia eficaz y proporcionar anualmente los datos pertinentes. ¿Qué metodología sigue el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. Gran parte de los datos cuantitativos es aportada por la Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), con la que la Comisión ha suscrito un contrato para realizar un estudio anual específico. Estos datos cubren el periodo comprendido entre 2010 y 2017 y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ. Asimismo, el estudio proporciona comentarios detallados y fichas informativas específicas de cada país que ofrecen más contexto. Deben leerse junto con los gráficos ( ). Los datos sobre la duración de los procedimientos recabados por la CEPEJ muestran el «tiempo de tramitación», que es la duración calculada de los procedimientos judiciales (basada en la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos). Los datos sobre la eficacia de los órganos jurisdiccionales al aplicar la legislación europea en ámbitos específicos muestran que la duración media de los procedimientos está directamente relacionada con el plazo de resolución de los asuntos judiciales. Cabe señalar que la duración de los procedimientos judiciales puede variar a nivel geográfico dentro de un mismo Estado miembro, en particular en el caso de los centros urbanos en los que la actividad comercial puede generar un número de asuntos más elevado. Otras fuentes son: el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales ( ), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ) ( ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (NPSJC) ( ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europa) ( ), la Red Europea de Competencia (REC) ( ), el Comité de Comunicaciones (COCOM) ( ), el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual ( ), el Grupo de expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ( ), Eurostat ( ), la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) ( ) y el Foro Económico Mundial (FEM) ( ). La metodología del cuadro de indicadores se ha seguido desarrollando en estrecha cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales, en particular mediante un cuestionario y la recopilación de datos sobre determinados aspectos del funcionamiento de dichos sistemas. La disponibilidad de datos, en particular de indicadores sobre la eficacia de los sistemas judiciales, sigue mejorando, ya que muchos Estados miembros han invertido en su capacidad para elaborar mejores estadísticas judiciales. En los casos en los que aún existen dificultades para recopilar o proporcionar datos, estas se deben a una capacidad estadística insuficiente o al hecho de que las categorías nacionales para las que se obtienen datos no corresponden exactamente a las utilizadas en el cuadro de indicadores. Solo en muy pocos casos puede atribuirse la insuficiencia de datos a la falta de voluntad de cooperación por parte de determinadas autoridades nacionales. La Comisión sigue animando a los Estados miembros a reducir aún más esta insuficiencia de datos y a participar activamente en el intercambio de mejores prácticas. ¿Cómo aporta información el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al Semestre Europeo? El cuadro de indicadores ofrece elementos para evaluar la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales nacionales y, por tanto, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia de dichos sistemas. Se facilita de este modo la identificación de las deficiencias y las mejores prácticas, así como el seguimiento de los desafíos y progresos. Las evaluaciones por país se llevan a cabo en el contexto del Semestre Europeo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Esta evaluación se refleja en los informes anuales de los países en el marco del Semestre y combina el análisis del cuadro de indicadores con un análisis cualitativo, teniendo en cuenta las características de los ordenamientos jurídicos y el contexto más amplio de los Estados miembros afectados. El análisis del Semestre puede conducir a que la Comisión proponga al Consejo que adopte recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales. ¿Por qué son importantes unos sistemas judiciales eficaces para un entorno favorable a la inversión? Desde hace tiempo se ha determinado que unos sistemas judiciales eficaces que defienden el Estado de Derecho tienen un impacto económico positivo. Cuando los sistemas judiciales garantizan el ejercicio de los derechos, es más probable que los acreedores presten, que las empresas se disuadan de tener comportamientos oportunistas, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las empresas innovadoras sean más propensas a invertir. El impacto beneficioso del buen funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la economía ha sido respaldado en diversos documentos e investigaciones, en particular del Fondo Monetario Internacional ( ), el Banco Central Europeo ( ), la OCDE ( ), el Foro Económico Mundial ( ) y el Banco Mundial ( ). Un estudio reciente ha descubierto que la reducción de la duración de los procedimientos judiciales en un 1 % [medido en tiempo de tramitación ( )] puede aumentar el crecimiento de las empresas ( ) y que un aumento del 1 % en el porcentaje de empresas que perciben que el sistema judicial es independiente tiende a asociarse con un mayor crecimiento de la facturación y la productividad ( ). Otro estudio ha indicado una correlación positiva entre la independencia judicial percibida y los flujos de inversión extranjera directa en Europa Central y Oriental ( ). Además, varias encuestas han puesto de relieve la importancia que la eficacia de los sistemas judiciales nacionales tiene para las empresas. Por ejemplo, en una encuesta, el 93 % de las grandes empresas respondieron que, de forma sistemática y continuada, examinaban las condiciones del Estado de Derecho (incluida la independencia de los tribunales) en los países en los que invertían ( ) y, en otra, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas respondió que el coste y la duración excesiva de los procedimientos judiciales, respectivamente, se encontraban entre las principales razones para no iniciar un procedimiento judicial por infracción de los derechos de propiedad intelectual (DPI) ( ).



2. Contexto: Principales acontecimientos en el ámbito de las reformas de la justicia en 2018 2.1. Relación de las reformas en el ámbito de la justicia En 2018, un gran número de Estados miembros continuaron sus esfuerzos para seguir mejorando la eficacia de sus sistemas judiciales. En el gráfico 1 se presenta una visión general de las medidas adoptadas y previstas en las distintas áreas funcionales de los sistemas de justicia de los Estados miembros. Gráfico 1: Actividad legislativa y reglamentaria en relación con los sistemas judiciales en 2018 (medidas adoptadas/iniciativas anunciadas por Estado miembro) [fuente: Comisión Europea ( )] En 2018, el Derecho procesal siguió siendo un área de especial atención en muchos Estados miembros y una parte importante de la actividad legislativa estaba en curso o prevista para un futuro próximo. El estatuto de los jueces, las reformas en el ámbito de los profesionales del derecho, el desarrollo de las TIC, la asistencia jurídica gratuita y las medidas para optimizar los mapas judiciales también fueron objeto de una gran actividad. Una comparación con el cuadro de indicadores anterior muestra que el nivel de actividad cobró un nuevo impulso en determinadas áreas, ya que los Estados miembros siguieron los planes de reforma anunciados con anterioridad, mientras que en algunas áreas se esperan nuevas reformas en un futuro próximo. Esto confirma la observación de que las reformas judiciales llevan tiempo−, a veces varios años, desde el anuncio inicial de nuevas reformas hasta la adopción de medidas legislativas y reglamentarias y su aplicación efectiva.



2.2. Seguimiento de las reformas judiciales En 2018, la Comisión continuó el seguimiento de las actividades de reforma llevadas a cabo por los Estados miembros. −Resultados del Semestre Europeo 2018– La mejora de la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales es una prioridad bien establecida de las reformas estructurales que se fomentan a través del Semestre Europeo. El ciclo del Semestre Europeo arranca cada año en noviembre cuando la Comisión presenta sus prioridades para el año siguiente (Comunicación sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento). En febrero, los servicios de la Comisión presentan evaluaciones específicas por país en los informes por país que abarcan todos los asuntos tratados en el semestre. En mayo o junio, la Comisión presenta sus propuestas de recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros. El Consejo adopta estas recomendaciones en julio, tras haber sido refrendadas por el Consejo Europeo. En el Semestre Europeo de 2018, a partir de una propuesta de la Comisión, el Consejo formuló recomendaciones específicas a cinco Estados miembros relativas a sus sistemas judiciales ( ). Además de los Estados miembros que recibieron recomendaciones específicas, otros once Estados miembros se enfrentan a problemas concretos en relación con sus sistemas de justicia, incluidos el Estado de Derecho y la independencia de la justicia, que están siendo objeto de seguimiento por parte de la Comisión a través del Semestre Europeo ( ). − Informes de 2018 en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación – El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) se creó en el momento de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea en 2007 ( ) para subsanar las deficiencias en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción y, para Bulgaria, también en el ámbito de la delincuencia organizada. Desde entonces, en los informes relativos al MCV se ha tratado de ayudar a centrar la labor de las autoridades búlgaras y rumanas mediante recomendaciones específicas y se han descrito los avances conseguidos ( ). En los informes del CVM de noviembre de 2018, la Comisión presentó un balance de los avances logrados en relación con las recomendaciones que figuraban en los informes anteriores. En el informe sobre Rumanía se señalaba que, si bien el país había adoptado algunas medidas para aplicar las recomendaciones finales, recientes acontecimientos habían invertido el curso de los avances y ponían en tela de juicio la evaluación positiva realizada en enero de 2017. En el caso de Bulgaria, el informe llegaba a la conclusión de que ya se habían aplicado varias recomendaciones y que otras estaban a punto de aplicarse. La Comisión ha dado un seguimiento adecuado a ambos informes. 2.3. Apoyo a las reformas judiciales − Fondos Estructurales y de Inversión Europeos − La Comisión apoya financieramente determinadas reformas de la justicia mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Desde 2007, dieciséis Estados miembros han utilizado tanto el Fondo Social Europeo (FSE) como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales ( ). Entre 2007 y 2020, se habrán comprometido más de 900 millones EUR para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de los sistemas judiciales en estos Estados miembros ( ). Entre las actividades financiadas se incluyen las siguientes: ·El desarrollo y la mejora de los procesos relacionados con empresas en los tribunales y la introducción de sistemas de gestión de asuntos o el desarrollo o la mejora de los procesos de gestión de los recursos humanos.

·La digitalización de los servicios judiciales y la compra de sistemas de tecnología de la información y la comunicación (TIC). ·Impartir formación a jueces, fiscales, personal de los tribunales, agentes judiciales, notarios públicos, abogados y concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos. La Comisión presta especial atención a velar por que los fondos de la UE se utilicen adecuadamente para las reformas apropiadas que se ajusten al Estado de Derecho. La Comisión hace hincapié en la importancia de adoptar un enfoque orientado a los resultados al aplicar las prioridades de financiación, y pide a los Estados miembros que evalúen el impacto del apoyo de los Fondos EIE. − Asistencia técnica − Los Estados miembros también están recurriendo al apoyo técnico de la Comisión a través del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales en el marco del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales ( ), que cuenta con un presupuesto total de 222,8 millones EUR para el período 2017-2020. Desde 2017, 16 Estados miembros ( ) ya han recibido o han solicitado apoyo técnico para una amplia variedad de ámbitos. Esto incluye, por ejemplo, el apoyo técnico para mejorar la eficiencia del sistema judicial, la reforma del mapa judicial, la organización de los tribunales, el diseño o la aplicación de programas de justicia electrónica y justicia cibernética, los sistemas de gestión de asuntos, el proceso de selección y promoción de los jueces, la formación de los jueces y la resolución extrajudicial de litigios de consumo. En mayo de 2018, la Comisión también presentó sus propuestas para el siguiente período de financiación plurianual 2021-2027 y, en particular, para un nuevo Programa de Apoyo a las Reformas con un presupuesto global de 25 000 millones EUR destinado a proporcionar apoyo financiero y técnico a todos los Estados miembros para proseguir y aplicar reformas destinadas a modernizar sus economías, en particular las prioridades de reforma definidas en el contexto del Semestre Europeo ( ). 2.4. Garantizar la independencia judicial Existen varios instrumentos que la UE utiliza para hacer respetar la independencia judicial en los Estados miembros con el fin de proteger el funcionamiento de la Unión. − Procedimientos de infracción y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – La Comisión tiene el compromiso de incoar procedimientos de infracción en los casos en los que la legislación nacional impide que los sistemas judiciales nacionales garanticen que la legislación de la UE se aplique de manera efectiva en consonancia con los requisitos del Estado de Derecho y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ( ). En septiembre de 2018, la Comisión decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la irrevocabilidad de los jueces y la independencia judicial en virtud de la Ley del Tribunal Supremo ( ). Las preocupaciones de la Comisión se refieren a la abrupta reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y a la facultad discrecional otorgada al presidente de la República para prorrogar el servicio activo de estos jueces sin que se indiquen criterios claros y sin control judicial de la decisión final adoptada a este respecto, lo que la Comisión considera una violación del artículo 19, apartado 1, del TUE, leído conjuntamente con el artículo 47 de la Carta ( ). El 17 de diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó medidas provisionales, a petición de la Comisión, ordenando a Polonia que restableciera la situación del Tribunal Supremo anterior al 3 de abril de 2018, fecha de entrada en vigor de la ley impugnada, hasta que se dictara la sentencia definitiva del asunto ( ). El 1 de enero de 2019 entró en vigor una ley aprobada por el Parlamento polaco para aplicar la orden del Tribunal. El 11 de abril de 2019, el Abogado General del Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal debía declarar que las disposiciones de la legislación polaca relativas a la reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo son contrarias al Derecho de la UE, ya que violan los principios de independencia e inamovilidad de los jueces (). El 3 de abril de 2019, la Comisión inició un procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en relación con el nuevo régimen disciplinario de los jueces de los tribunales ordinarios, alegando que socava su independencia judicial al no ofrecer las garantías necesarias para protegerlos del control político (). La importancia de que los Estados miembros garanticen la independencia de los tribunales nacionales como una cuestión de Derecho de la Unión ha sido resaltada por la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( ). En particular, el Tribunal aclaró que el requisito de independencia judicial también significa que el régimen disciplinario que rige a quienes tienen la tarea de resolver un litigio debe contar con las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que se utilice como sistema de control político del contenido de las decisiones judiciales ( ). En 2018, varios tribunales nacionales recurrieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco del mecanismo de reenvío prejudicial (artículo 267 del TFUE), solicitando aclaraciones sobre los requisitos jurídicos de la UE en materia de independencia judicial. En concreto, el Tribunal Supremo de Polonia reenvió seis de estos asuntos ( ), el Tribunal Superior Administrativo uno ( ) y los tribunales ordinarios tres ( ) ( ). − Procedimientos del artículo 7 del TUE y el marco del Estado de Derecho − El artículo 7, apartado 1, del TUE establece un mecanismo preventivo que puede activarse en caso de «riesgo claro de violación grave» de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y el artículo 7, apartado 2, del TUE prevé un mecanismo de sanción únicamente en caso de «violación grave y persistente por parte de un Estado miembro» de dichos valores. La Comisión estableció el Marco del Estado de Derecho en 2014 ( ), y su función ha sido reconocida por el Tribunal ( ). Proporciona un proceso de diálogo por etapas con un Estado miembro, que se estructura a través de los dictámenes y recomendaciones de la Comisión. El objetivo es evitar la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho, momento en el que se requeriría un procedimiento contemplado en el artículo 7 del TUE. La primera –y hasta ahora única– ocasión en que se ha utilizado el Marco del Estado de Derecho se produjo con el inicio de un diálogo con Polonia en enero de 2016 ( ). El diálogo ayudó a identificar los problemas y a enmarcar el debate, pero no resolvió las deficiencias detectadas en materia de Estado de Derecho y la Comisión puso en marcha el procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE en diciembre de 2017 ( ). El Consejo celebró tres reuniones sobre Polonia en el marco del artículo 7, apartado 1, del TUE el 26 de junio, el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2018. El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento Europeo presentó una propuesta motivada, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, para que el Consejo determinara que existe un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores fundamentales de la UE ( ).

3. Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 Eficiencia, calidad e independencia son los principales parámetros de un sistema judicial eficaz, y el cuadro de indicadores presenta indicadores de estos tres parámetros. 3.1. Eficiencia de los sistemas judiciales

El cuadro presenta indicadores de la eficiencia de los procedimientos en los ámbitos generales del Derecho civil, mercantil y administrativo y en ámbitos específicos en los que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas y los tribunales aplican la legislación de la UE ( ). 3.1.1. Evolución de la carga de trabajo La carga de trabajo de los sistemas judiciales de los Estados miembros es elevada y permanece estable, aunque varía considerablemente según el Estado miembro (gráfico 2). Esto demuestra la importancia de continuar esforzándose por garantizar la eficacia del sistema judicial. Gráfico 2: Número de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros asuntos presentados* (primera instancia/por cada 100 habitantes) [fuente: estudio de la CEPEJ ( )] * Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos contenciosos y no contenciosos civiles y mercantiles, asuntos no contenciosos de propiedad de la tierra y registro de empresas, otros asuntos de registro, otros asuntos no contenciosos, asuntos de Derecho administrativo y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Gráfico 3: Número de asuntos civiles y mercantiles contenciosos entrantes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos son litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 4: Número de asuntos administrativos entrantes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos de Derecho administrativo se refieren a litigios entre ciudadanos y autoridades locales, regionales o nacionales. Cambios de metodología en EL y SK. DK e IE no registran los asuntos administrativos por separado.

3.1.2. Datos generales sobre la eficiencia Los indicadores sobre la eficiencia de los procedimientos en los ámbitos generales de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos son: la duración de los procedimientos (plazo de resolución), la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes. −Duración de los procedimientos – La duración de los procedimientos expresa el tiempo estimado necesario (en días) para resolver un asunto ante un tribunal, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El indicador «plazo de resolución» representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al cabo de un año, multiplicado por 365 días ( ). Las cifras se refieren en su mayoría a procesos en tribunales de primera instancia, cotejando, si están disponibles, los datos de 2010, 2015, 2016 y 2017 ( ). Dos gráficos muestran el tiempo de tramitación en 2017 en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles y los asuntos administrativos en todas las instancias judiciales. Gráfico 5: Tiempo necesario para resolver asuntos civiles, comerciales, administrativos y otros asuntos*

(primera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos contenciosos y no contenciosos civiles y mercantiles, asuntos no contenciosos de propiedad de la tierra y registro de empresas, otros asuntos de registro, otros asuntos no contenciosos, asuntos de Derecho administrativo y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK.

Gráfico 6: Tiempo necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles* (primera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contenciosos civiles y mercantiles son litigios entre partes, por ejemplo en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 7: Tiempo necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles* en todas las instancias judiciales en 2017 (primera, segunda y tercera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos sobre los tribunales de primera y segunda instancia de BE, BG e IE, los de segunda y tercera instancia de NL y AT, ni los de tercera instancia de HR. No hay tribunales de tercera instancia en MT. El acceso al tribunal de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros. Gráfico 8: Tiempo necesario para resolver asuntos administrativos* (primera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos de Derecho administrativo se refieren a litigios entre ciudadanos y autoridades locales, regionales o nacionales. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos administrativos por separado. Gráfico 9: Tiempo necesario para resolver asuntos administrativos* en todas las instancias judiciales en 2017

(primera y, cuando proceda, segunda y tercera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. Información no disponible: sobre los tribunales de primera instancia de LU, los de segunda instancia de MT y RO y los de tercera instancia de NL. El Tribunal Supremo u otro órgano jurisdiccional más elevado es la única instancia de recurso en CZ, IT, CY, AT, SI y FI. No existe tribunal de tercera instancia para este tipo de asuntos en HR, LT, LU y MT. El Tribunal Administrativo más alto es la primera y única instancia para determinados asuntos en BE. El acceso al tribunal de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros. DK e IE no registran los asuntos administrativos por separado. − Tasa de resolución – La tasa de resolución es la ratio entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos entrantes. Permite valorar si un tribunal despacha con solvencia su carga de trabajo. Cuando la tasa de resolución es de prácticamente del 100 % o superior, significa que el sistema judicial puede resolver, como mínimo, todos los asuntos que entran. Cuando la tasa de resolución es inferior al 100 %, significa que los tribunales resuelven menos asuntos de los que entran. Gráfico 10: Tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros asuntos*

(primera instancia/en % – los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más asuntos de los que entran, mientras que valores inferiores indican que se resuelven menos asuntos de los que entran) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología. Gráfico 11: Tasa de resolución de asuntos contenciosos civiles y mercantiles* (primera instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en EL y SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 12: Tasa de resolución de asuntos administrativos* (primera instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ)

* Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (MT en 2015=411 %; IT en 2010=316 %); cambio de metodología en EL y SK. DK e IE no registran los asuntos administrativos por separado. − Asuntos pendientes – El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del año correspondiente. Influye también en el plazo de resolución. Gráfico 13: Número de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros asuntos pendientes* (primera instancia/por 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. Gráfico 14: Número de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes* (primera instancia/por 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 15: Número de asuntos administrativos pendientes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (EL en 2010=3,7). Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos administrativos por separado.



3.1.3. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la UE Esta sección complementa los datos generales sobre la eficiencia de los sistemas judiciales y presenta la duración media de los procedimientos ( ) en ámbitos específicos de aplicación del Derecho de la UE. El cuadro de indicadores de 2019 se basa en datos anteriores en los ámbitos de la competencia, las comunicaciones electrónicas, la marca de la UE y la lucha contra el blanqueo de capitales. Los ámbitos han sido seleccionados debido a su pertinencia para el mercado único, la economía y la actividad empresarial. Por lo general, los grandes retrasos en los procedimientos judiciales pueden tener consecuencias negativas sobre los derechos derivados del Derecho de la Unión, por ejemplo, cuando ya no es posible recurrir o cuando se han producido graves perjuicios financieros irrecuperables. – Competencia – La aplicación efectiva de la legislación sobre competencia garantiza la igualdad de condiciones para las empresas y, por tanto, es esencial para una actividad empresarial atractiva. El gráfico 16 presenta el tiempo medio necesario para resolver recursos judiciales contra decisiones de autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del TFUE ( ). Gráfico 16: Competencia: Duración media de los recursos judiciales* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia) * EE: no ha notificado ningún asunto. IE y AT: no procede en este contexto ya que las autoridades no tienen competencias para adoptar las decisiones respectivas. AT: los datos incluyen todos los asuntos resueltos por el Kartellgericht (Tribunal de Competencia) que supongan una infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE, pero no están basados en recursos contra una autoridad nacional de competencia. En BG e IT se aplicó una estimación de la duración. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. El número limitado de asuntos (menos de cinco al año) de muchos Estados miembros puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve. Algunos de los asuntos más largos en el conjunto de datos incluyen el tiempo necesario para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por ejemplo, LT), un examen de constitucionalidad (por ejemplo, SK), o determinados retrasos en el procedimiento (por ejemplo, CZ, EL, HU). –Comunicaciones electrónicas– El objetivo de la legislación sobre comunicaciones electrónicas de la UE es hacer que los mercados sean más competitivos, contribuir al desarrollo del mercado interior y generar inversión, innovación y crecimiento. Los efectos positivos para los consumidores pueden alcanzarse mediante una aplicación eficaz de esta legislación, que puede dar lugar a unos precios más bajos para los consumidores y mayor calidad de los servicios. El gráfico 17 indica el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican el Derecho de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas ( ). Abarca un amplio espectro de asuntos, que van desde revisiones de «análisis de mercado» más complejas hasta asuntos centrados en el consumidor.

Gráfico 17: Comunicaciones electrónicas: Duración media de los recursos judiciales* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones) * El número de asuntos por Estado miembro varía. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año (excepto PT en 2017: no hay datos disponibles). En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (LV, LT, MT, SK y SK) puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. DK: un órgano cuasijudicial responsable de los recursos en primera instancia. ES, AT y PL: diferentes órganos jurisdiccionales se encargan en función del objeto del asunto. MT: en 2016 se notificó un asunto excepcionalmente largo, de 2 500 días, relativo a un problema complejo en el que una autoridad local, junto con varios residentes, presentó una demanda en relación con supuestas emisiones nocivas de las estaciones base de telefonía móvil. – Marca de la UE – La aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual es esencial para estimular la inversión en innovación. La legislación europea sobre marcas de la UE ( ) concede un papel importante a los órganos jurisdiccionales nacionales, que actúan como órganos jurisdiccionales de la UE y toman decisiones que afectan al mercado único. El gráfico 18 muestra la duración media de los asuntos de infracción de marcas de la UE en litigios entre particulares.



Gráfico 18: Marca de la UE: Duración media de los asuntos de infracción de marca de la UE* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual) * FR, IT, LT, LU: para los datos de algunos años se ha utilizado una muestra de asuntos. BG: para 2016 se han utilizado estimaciones de los tribunales. PL: para 2015 se han utilizado estimaciones de los tribunales. Se notificaron asuntos particularmente largos que afectan a la media en EE, IE, LV y SE. EL: los datos se basan en la duración media ponderada de dos tribunales. ES: los asuntos relativos a otros títulos de propiedad intelectual de la UE se incluyen en la duración media. DK: datos de todos los asuntos de marcas, no solo en la UE, en tribunales superiores mercantiles y marítimos. – Blanqueo de capitales – Además de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es fundamental para la solidez, la integridad y la estabilidad del sector financiero, la confianza en su funcionamiento y la existencia de una competencia leal en el mercado único ( ). Como subraya el Fondo Monetario Internacional, el blanqueo de capitales puede desalentar la inversión extranjera, distorsionar los flujos internacionales de capital y tener consecuencias negativas para los resultados macroeconómicos de un país, en detrimento del Estado de bienestar y detrayendo recursos de los sectores económicos más productivos ( ). La Directiva contra el blanqueo de capitales exige que los Estados miembros mantengan estadísticas sobre la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ( ). En cooperación con los Estados miembros, un cuestionario actualizado recogió datos relativos a las fases judiciales de los regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. El gráfico 19 muestra la duración media de los asuntos judiciales en primera instancia en el ámbito de los delitos por blanqueo de capitales. Gráfico 19: Blanqueo de capitales: Duración media de los asuntos judiciales* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) * No hay datos disponibles para 2017: LU, AT, CY, PL y FR. ES: duración estimada. LV: debido al relativamente reducido número de asuntos en 2016, existen varios elementos que podrían afectar a la duración del procedimiento, por ejemplo, una suspensión en un asunto por razones objetivas. PL: el cálculo de la duración correspondiente a 2016 se basa en una muestra aleatoria de asuntos. SE: el cálculo de 2017 se basa en una muestra de asuntos resueltos. IT: los datos se refieren a los tribunales que respondieron, que abarcaban alrededor del 91 % de los procedimientos de 2015 y alrededor del 99 % en 2016 y 2017; los datos se refieren tanto a juicios como a audiencias preliminares. 3.1.4. Resumen sobre la eficiencia de los sistemas judiciales Un sistema judicial eficiente gestiona su carga de trabajo y los retrasos, y dicta sus decisiones sin dilación indebida. Los principales parámetros que utiliza el cuadro de indicadores de justicia en la UE para hacer el seguimiento de la eficiencia de los sistemas judiciales son, por tanto, la duración del procedimiento (tiempo estimado o medio, en días necesarios para resolver un asunto), la tasa de resolución (la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos entrantes) y el número de asuntos pendientes (que aún deben resolverse al final del año). Datos generales sobre la eficiencia El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 contiene datos sobre la eficiencia que abarcan un período de ocho años (2010-2017). Este lapso de tiempo permite identificar ciertas tendencias y tener en cuenta que, a menudo, las reformas de la justicia llevan tiempo para mostrar su impacto. Si se examinan los datos disponibles desde 2010 sobre asuntos civiles, mercantiles y administrativos, la eficiencia ha mejorado o se ha mantenido estable en once Estados miembros, mientras que ha disminuido, aunque a menudo de forma marginal, en diez Estados miembros. En la mayoría de los Estados miembros se observa una evolución positiva que, en el contexto del Semestre Europeo, se enfrentan a problemas específicos ( ): ·Desde 2010, en casi todos estos Estados miembros, la duración de los procedimientos judiciales de primera instancia en la categoría amplia de «todos los asuntos» (gráfico 5) y en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 6) se ha reducido o se ha mantenido estable. En los asuntos administrativos (gráfico 8), desde 2010, la duración disminuyó o se mantuvo estable en la mayoría de estos Estados miembros. No obstante, algunos Estados miembros que se enfrentaron a los retos más serios registraron un aumento de la duración de los procedimientos en 2017. ·El cuadro de indicadores presenta datos relativos a la duración de los procedimientos en todas las instancias judiciales en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 7) y los asuntos administrativos (gráfico 9). Los datos muestran que en varios Estados miembros que se enfrentan a desafíos en cuanto a la duración de los procedimientos en los tribunales de primera instancia, los tribunales de instancias superiores son más eficientes en sus actuaciones. Por el contrario, en algunos Estados miembros que se enfrentan a desafíos, la duración media de los procedimientos en tribunales de instancias superiores es incluso mayor que en los tribunales de primera instancia. ·En la categoría amplia de «todos los asuntos» y en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráficos 10 y 11), el número total de Estados miembros donde la tasa de resolución es inferior al 100 % se ha reducido desde 2010. En 2017, casi todos los Estados miembros, incluidos aquellos que se enfrentan a desafíos, notificaron una elevada tasa de resolución (superior al 97 %), lo que significa que, por lo general, los órganos jurisdiccionales son capaces de hacer frente a los asuntos entrantes en estas categorías. En los asuntos administrativos (gráfico 12), puede observarse una mayor variación de la tasa de resolución de un año a otro y mientras que, en conjunto, sigue siendo inferior a otras categorías de asuntos, algunos Estados miembros han realizado avances importantes. ·Desde 2010, los avances continúan en todos los Estados miembros con los retos más importantes en cuanto a su retraso, con independencia de la categoría de los asuntos. A menudo, los avances más importantes en la reducción de los asuntos pendientes se han logrado tanto en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 14) como en los asuntos administrativos (gráfico 15). A pesar de estas mejoras, la diferencia significativa entre los Estados miembros con relativamente pocos asuntos pendientes y aquellos con un elevado número de asuntos pendientes sigue siendo muy importante. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión Los datos sobre la duración media de los procedimientos en ámbitos específicos (gráficos 16 a 19) proporcionan una mejor perspectiva del funcionamiento de los sistemas judiciales en determinados tipos de litigios mercantiles. Los datos sobre la eficiencia en ámbitos específicos del Derecho se recopilan sobre la base de hipótesis restringidas, por lo que el número de asuntos pertinentes puede parecer reducido. Sin embargo, en comparación con la duración calculada de los procedimientos en los datos generales sobre la eficiencia, estas cifras presentan una duración media real de todos los asuntos pertinentes en ámbitos específicos en un año. Por tanto, merece la pena señalar que varios Estados miembros que no parecen enfrentarse a desafíos según los datos generales sobre la eficiencia, notifican una duración media de los asuntos considerablemente mayor en determinados ámbitos del Derecho de la Unión. Al mismo tiempo, la duración de los procedimientos en distintos ámbitos específicos también puede variar considerablemente en un mismo Estado miembro. Los gráficos sobre ámbitos específicos del Derecho de la Unión muestran las siguientes tendencias: ·En el caso de los asuntos de competencia (gráfico 16), la carga de trabajo total a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros disminuyó considerablemente, lo cual dio lugar a una reducción de la duración de los recursos judiciales en siete Estados miembros, mientras que en otros siete Estados miembros se mantuvo estable o aumentó. Como indicativo de mejora, en 2017 solo tres Estados miembros comunicaron una duración media superior a 1 000 días, en comparación con ocho Estados miembros un año antes. ·En el ámbito de las comunicaciones electrónicas (gráfico 17), a pesar del notable aumento de la carga de trabajo de los tribunales, se observa una tendencia positiva, a veces significativa, en términos de reducción de la duración de los procedimientos en toda la UE y solo unos pocos Estados miembros no lograron reducir o, al menos, mantener la duración media anterior de los procedimientos. ·Por lo que se refiere a los asuntos de infracción de marca de la UE (gráfico 18), en 2017 los tribunales de algunos Estados miembros consiguieron afrontar mejor la carga de trabajo y reducir el tiempo necesario para resolver los asuntos, mientras que en otros la duración media aumentó considerablemente. ·La lucha eficaz contra el blanqueo de capitales es crucial para proteger el sistema financiero y una competencia leal, así como para prevenir las consecuencias económicas negativas. Los desafíos respecto de la duración de los procedimientos judiciales relacionados con los delitos de blanqueo de capitales puede influir en una lucha eficaz contra el blanqueo de capitales. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 presenta datos actualizados sobre la duración de los procedimientos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales (gráfico 19), que indican que, si bien en aproximadamente la mitad de los Estados miembros los procedimientos judiciales tienen una duración media de hasta un año, la duración puede ser de cerca de dos años por término medio en varios Estados miembros que afrontan retos (). 3.2. Calidad de los sistemas judiciales No hay una sola forma de medir la calidad de los sistemas judiciales. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 continúa estudiando los factores generalmente aceptados como pertinente para mejorar la calidad de la justicia. Como en los años anteriores, se agrupan en cuatro categorías: 1) accesibilidad a la justicia de los ciudadanos y las empresas; 2) recursos materiales y humanos adecuados; 3) establecimiento de instrumentos de evaluación; y

4) utilización de normas de calidad. 3.2.1. Accesibilidad La accesibilidad es necesaria a lo largo de toda la cadena de la justicia para poder obtener información pertinente —sobre el sistema judicial, cómo presentar una demanda y los aspectos financieros conexos, así como sobre el estado del procedimiento hasta el final del mismo—, de modo que la sentencia pueda ser rápidamente accesible en línea ( ). – Facilitar información sobre el sistema judicial – Una justicia favorable para los ciudadanos exige que la información sobre el sistema judicial se facilite de manera que no solo sea fácilmente accesible, sino que además presente la información de forma adaptada para grupos específicos de la sociedad que de otro modo tendrían dificultades para acceder a la información. El gráfico 20 muestra la disponibilidad de información en línea sobre aspectos específicos del sistema judicial y para grupos específicos de la sociedad.



Gráfico 20: Disponibilidad de información en línea sobre el sistema judicial para el público general* [fuente: Comisión Europea ( )] * DE: cada Estado Federado y el nivel federal deciden qué información se proporciona en línea. –Asistencia jurídica y tasas judiciales– El acceso a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental consagrado en la Carta ( ). La mayor parte de los Estados miembros se basan en la renta del solicitante para conceder asistencia jurídica gratuita ( ). El gráfico 21 muestra la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita total o parcial en el supuesto de una demanda de 6 000 EUR en el contexto de los ingresos y las condiciones de vida de cada Estado miembro ( ). Compara los umbrales de ingresos para la concesión de asistencia jurídica gratuita, expresados como porcentaje del umbral de pobreza de Eurostat en cada Estado miembro. Por ejemplo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita es superior al 20 %, significa que un solicitante con ingresos superiores en un 20 % al umbral de pobreza de Eurostat en su Estado miembro seguirá teniendo derecho a dicha asistencia. Por el contrario, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita es inferior a 0, significa que una persona con ingresos inferiores al umbral de pobreza puede no tener derecho a esta asistencia. Algunos Estados miembros tienen un sistema de asistencia jurídica gratuita que prevé una cobertura del 100 % de los costes relacionados con el litigio (asistencia jurídica gratuita plena), complementado por un sistema que cubre parte de los costes (asistencia jurídica parcial) al que se aplican criterios de admisibilidad diferentes al anterior. Otros Estados miembros cuentan únicamente ya sea con un sistema de asistencia jurídica gratuita plena o de asistencia jurídica gratuita parcial. Gráfico 21: Umbral de renta para la asistencia jurídica gratuita en un asunto específico de protección de los consumidores* (diferencias en % respecto del umbral de pobreza de Eurostat) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea - CCBE ( )] * LV: los umbrales de ingresos no son comparables con los del año anterior debido a la adaptación de la metodología de cálculo. EE: la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita no se basa en el nivel de recursos financieros del solicitante. IE: el umbral de ingresos para la asistencia jurídica gratuita plena no es comparable con el del año anterior debido a la adaptación de la metodología de cálculo; la justicia gratuita parcial también debe tener en cuenta los activos de los que dispone el solicitante. La mayor parte de los Estados miembros exige a las partes el pago de una tasa judicial al iniciar un procedimiento judicial. Los beneficiarios de la asistencia jurídica se benefician a menudo de una exención del abono de las tasas judiciales. Solamente EE, IE, NL y SI exigen que el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita pague una tasa judicial. En CZ, el tribunal decide en cada caso sobre la exención del beneficiario de asistencia jurídica gratuita de abonar las tasas judiciales. El gráfico 22 compara en los dos supuestos cuál es el porcentaje de la tasa judicial indicada respecto a la cuantía total de la demanda. Si, por ejemplo, en el gráfico siguiente, la tasa judicial es del 10 % de una demanda de 6 000 EUR, el consumidor tendrá que pagar una tasa judicial de 600 EUR para iniciar un procedimiento judicial. La demanda de menor cuantía se basa en el umbral de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro.



Gráfico 22: Tasa judicial para iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de protección de consumidores* (importe de la tasa como porcentaje de la cuantía total de la demanda) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea - CCBE ( )]

* Por «demanda de menor cuantía» se entiende la demanda que se corresponde con el umbral de pobreza de Eurostat para una única persona en cada Estado miembro, convertido en renta mensual (por ejemplo, en 2018 este valor fluctuó entre 110 EUR en RO y 1 716 EUR en LU). BE y RO: no se ha facilitado información sobre las tasas judiciales para una demanda de menor cuantía. LU: los litigantes deben pagar tasas de secretaría judicial para iniciar el procedimiento en calidad de demandante, salvo si son beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. NL: tasas judiciales para ingresos < 2 242 EUR/mes. – Presentación y seguimiento en línea de una demanda – La capacidad de completar fases concretas del procedimiento judicial por vía electrónica es una parte importante de la calidad de los sistemas de justicia, porque la presentación de demandas por vía electrónica, la posibilidad de supervisar y hacer avanzar un procedimiento en línea puede facilitar el acceso a la justicia y reducir los retrasos y los costes. Los sistemas informáticos de los órganos jurisdiccionales también desempeñan un papel cada vez mayor en la cooperación transfronteriza entre las autoridades judiciales, y también facilitan la aplicación de la legislación de la UE, por ejemplo, en procesos de escasa cuantía.



Gráfico 23: Disponibilidad de medios electrónicos * (0 = disponible en el 0 % de los tribunales, 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales( )) (fuente: estudio de la CEPEJ) * DK y RO: puede presentarse una demanda ante un órgano jurisdiccional por correo electrónico. – Información a las partes – El gráfico 24 presenta las normas sobre la forma en que se informa a las partes y el tipo de información que reciben sobre la situación de su asunto, con una atención particular al uso de métodos electrónicos o automáticos. Algunos Estados miembros disponen de un sistema de notificación automática por correo electrónico o SMS que facilita información sobre los retrasos, los calendarios o la situación general de un asunto. Algunos optan por dar acceso en línea a la información a lo largo de la tramitación del asunto, mientras que otros lo dejan a la discreción de los órganos jurisdiccionales. Gráfico 24: Normas sobre la información relativa al progreso de los asuntos [fuente: Comisión Europea ( )] * Puntuación máxima posible: 16 puntos. Los Estados miembros recibieron puntos en función del método utilizado para proporcionar cada tipo de información. 1,5 puntos por la notificación automática por correo electrónico o SMS, 1 punto por permitir el acceso en línea al asunto durante el procedimiento, 0,5 puntos por cada información a petición de las partes, a discreción de los tribunales o cualquier otro método utilizado. LU: las comunicaciones realizadas por correo electrónico no son jurídicamente vinculantes (aún en fase de implementación). SI: las nuevas normas sobre órganos jurisdiccionales prevén la obligación de los órganos jurisdiccionales de facilitar una visión en línea de los datos registrados en los sistemas de registro de asuntos. Pendiente de aplicación. – Acceso a las sentencias – Garantizar el acceso en línea a las sentencias aumenta la transparencia de los sistemas judiciales, ayuda a que ciudadanos y empresas conozcan sus derechos y puede contribuir a la coherencia de la jurisprudencia. Las modalidades de publicación en línea de las sentencias son esenciales para crear mecanismos de búsqueda de fácil uso ( ) que hacen que la jurisprudencia sea más accesible para los profesionales de la justicia y para el público. La publicación en línea de las decisiones judiciales requiere equilibrar una variedad de intereses, dentro de los límites establecidos por los marcos legales y políticos ( ). La Comisión Europea apoya las iniciativas de datos abiertos del sector público, incluido el sistema judicial ( ). Gráfico 25: Accesibilidad en línea del público general a las sentencias publicadas* (asuntos civiles/mercantiles, administrativos y penales, todas las instancias) [fuente: Comisión Europea ( )] * Puntuación máxima posible: 9 puntos. Para cada instancia judicial, se asignó un punto cuando están disponibles todas las sentencias en los asuntos civiles, mercantiles, administrativos y penales, respectivamente (0,5 puntos si solo están disponibles algunas sentencias). En el caso de Estados miembros que solo disponen de dos instancias, se han asignado puntos a tres instancias reflejando la instancia superior correspondiente de la instancia inexistente. A los Estados miembros que no distinguen entre los dos ámbitos del Derecho (administrativo y civil/mercantil) se les han asignado los mismos puntos a ambos. BG: se publican todas las decisiones penales del Tribunal de Apelación, excepto aquellas que contienen información clasificada. LU y SE: los tribunales no hacen públicas las sentencias en línea con regularidad (solo sobre los asuntos de particular relevancia). LV: en las sentencias adoptadas en audiencias no públicas, solo se publican en línea las partes anunciadas públicamente. DE: es responsabilidad de cada Estado Federado decidir sobre la publicación en línea de las sentencias en primera instancia. IE: en los asuntos penales, los juicios sumarios no suelen ser objeto de una sentencia escrita. CY: en los asuntos administrativos y penales, los jueces deciden sobre las sentencias que deben publicarse. NL: los tribunales deciden sobre la publicación de acuerdo con los criterios publicados. PL: en los asuntos administrativos, el jefe de unidad de cada tribunal decide sobre la publicación. PT: en los asuntos civiles y penales, una comisión del tribunal decide sobre la publicación.



Gráfico 26: Modalidades de publicación en línea de sentencias de todas las instancias* (asuntos civiles/mercantiles, administrativos y penales, todas las instancias) [fuente: Comisión Europea ( )]

* Puntuación máxima posible: 45 puntos. Para cada una de las tres instancias, pueden asignarse tres puntos si se abarcan los asuntos civiles/mercantiles, administrativos y penales. Si, por ejemplo, solo se abarca una de las tres categorías de asuntos, únicamente se asigna un punto por instancia. Cuando un Estado miembro tiene solo dos instancias, se han asignado puntos a tres instancias reflejando la instancia superior correspondiente de la instancia inexistente. Para aquellos Estados miembros que no distinguen entre asuntos administrativos y civiles/mercantiles, se han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos. CZ: a algunas de las sentencias en segunda instancia en asuntos civiles y mercantiles se les ha asignado un identificador ECLI. IE: en el ordenamiento jurídico irlandés, los asuntos administrativos están en efecto incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. NL: no hay palabras clave, pero sí un índice de contenidos de cada sentencia hecha pública. – Acceso a métodos alternativos de resolución de litigios – El gráfico 27 muestra los esfuerzos de los Estados miembros para promover el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) a través de incentivos específicos, que pueden variar en función del ámbito del Derecho ( ).

Gráfico 27: Promoción e incentivos para la utilización de los métodos de RAL* [fuente: Comisión Europea ( )] * Puntuación máxima posible: 48 puntos. Datos agregados basados en los siguientes indicadores: 1) sitio web que facilita información sobre RAL, 2) campañas publicitarias en medios de comunicación, 3) folletos para el público en general, 4) el tribunal organiza sesiones de información específicas sobre RAL previa solicitud, 5) coordinador de RAL/mediación en los tribunales, 6) publicación de evaluaciones sobre la utilización de RAL, 7) publicación de estadísticas sobre la utilización de RAL, 8) la asistencia jurídica gratuita cubre (en parte o en su totalidad) los costes de la RAL, 9) reembolso total o parcial de las tasas judiciales, incluidos los impuestos sobre el timbre, si prospera la RAL, 10) no se exige abogado para el procedimiento de RAL, 11) el juez puede actuar como mediador, y 12) un acuerdo alcanzado por las partes tiene fuerza ejecutiva en un tribunal. A cada uno de estos doce indicadores se le asigna un punto por cada ámbito del Derecho. DK: cada tribunal tiene un embajador responsable de promover el uso de la mediación. Los tribunales administrativos disponen de la posibilidad de proponer a las partes el recurso a la mediación. IE: los asuntos administrativos están incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. EL: en los procedimientos de contratación pública existe la RAL ante los Tribunales de Apelación Administrativos. ES: la RAL es obligatoria en los asuntos de Derecho laboral. LT: un secretario de la Administración nacional de tribunales coordina los procesos de mediación judicial. PT: en los litigios civiles y mercantiles, las tasas judiciales se devuelven solamente en el caso de los litigios de escasa cuantía. SK: el ordenamiento jurídico eslovaco no apoya el uso de la RAL con fines administrativos. SE: los jueces tienen discrecionalidad en materia de RAL. De hecho, la búsqueda de soluciones amistosas es una tarea obligatoria para el juez, a menos que sea inapropiada. 3.2.2. Recursos Para el buen funcionamiento del sistema judicial se necesitan recursos suficientes, incluidas las inversiones necesarias en infraestructura física y técnica y personal cualificado, formado y adecuadamente remunerado de todas las categorías. Sin las instalaciones y herramientas adecuadas o el personal con las cualificaciones y competencias necesarias y acceso a formación continua, la calidad de los procedimientos y las decisiones está en riesgo. – Recursos financieros – Las cifras que se presentan a continuación muestran el gasto público real en el funcionamiento de la justicia (excluidas las cárceles), tanto por habitante (gráfico 28) como en porcentaje del producto interior bruto (PIB) (gráfico 29), los criterios para determinar los recursos financieros (gráfico 30) y, por último, las principales categorías de gasto en los tribunales de justicia (gráfico 31) ( ). Gráfico 28: Gasto total de la Administración Pública en tribunales de justicia* (en EUR por habitante) (fuente: Eurostat) * Los Estados miembros están ordenados según los gastos de 2017 (de mayor a menor). Los datos de 2017 correspondientes a ES, FR, HR, NL y SK son provisionales. Gráfico 29: Gasto total de la Administración Pública en tribunales de justicia* (como porcentaje del PIB) (fuente: Eurostat) * Los Estados miembros están ordenados según los gastos de 2017 (de mayor a menor). * Los datos de 2017 correspondientes a ES, FR, HR, NL y SK son provisionales.



El gráfico 30 muestra qué poder del Estado (judicial, legislativo o ejecutivo) fija los criterios para determinar los recursos financieros del poder judicial, y qué tipo de criterios se utilizan.

Gráfico 30: Criterios para determinar los recursos financieros del poder judicial* ( ) * DK: se tiene en cuenta el número de asuntos entrantes y resueltos en primera instancia. DE: solo para el presupuesto del Tribunal Supremo Federal en lo que respecta a los tribunales de primera y segunda instancia. Los sistemas judiciales varían según el Estado Federado. EE: número de asuntos entrantes y resueltos en los tribunales de primera y segunda instancia. FR: número de asuntos entrantes y resueltos en los tribunales de todas las instancias. Se tiene en cuenta el número de asuntos resueltos basándose en una evaluación de los costes judiciales. IT: el Ministerio de Justicia define criterios para los tribunales civiles y penales, mientras que el Consejo del Poder Judicial (CPGA) define criterios para los tribunales administrativos. HU: la ley establece que las retribuciones de los jueces deben determinarse en la Ley de presupuestos generales del Estado, asegurándose de que su importe no sea inferior al del año anterior. NL: se tiene en cuenta el número de asuntos resueltos basándose en una evaluación de los costes judiciales. FI: se tiene en cuenta el número de asuntos resueltos basándose en una evaluación de los costes judiciales. El gráfico 31 muestra, por primera vez, las principales categorías económicas que componen el gasto de las administraciones públicas en tribunales de justicia: 1) los sueldos y salarios de los jueces y del personal de los tribunales, incluidas las cotizaciones sociales [«remuneración de los asalariados» ( )], 2) los costes de los bienes y servicios que consumen los tribunales, como el alquiler de edificios, los consumibles de oficina, la energía y la asistencia jurídica gratuita [«consumo intermedio» ( )], 3) la inversión en activos fijos, como los edificios de los tribunales y los programas informáticos [«formación bruta de capital fijo» ( )], y 4) otros gastos. Gráfico 31: Gasto total de la Administración Pública en tribunales de justicia (en 2017, en % del gasto) (fuente: Eurostat) – Recursos humanos – Unos recursos humanos adecuados son esenciales para la calidad de un sistema judicial. La diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género, añade conocimientos, capacidades y experiencia complementarios y refleja la realidad de la sociedad. Gráfico 32: Número de jueces* (por 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Esta categoría está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, con arreglo a la metodología de la CEPEJ. No incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que existen en algunos Estados miembros. AT: por primera vez, se introducen datos sobre la justicia administrativa para el ciclo 2016. EL: el número total de jueces profesionales incluye distintas categorías a lo largo de los años que recoge el gráfico, lo que explica en parte su variación. Desde 2016, los datos sobre el número de jueces profesionales incluyen todas las categorías de la justicia penal y civil, así como los jueces administrativos. IT: no se tienen en cuenta los tribunales administrativos regionales, las comisiones regionales de auditoría, las comisiones fiscales locales y los tribunales militares. UK: media ponderada de las tres jurisdicciones. Los datos de 2010 contienen datos de 2012 para UK (NI). LU: las cifras se han revisado siguiendo una metodología mejorada.



Gráfico 33: Proporción de juezas profesionales en primera y segunda instancia en 2017 (fuente: estudio de la CEPEJ) * EL: los datos se refieren a 2016. Gráfico 34: Proporción de juezas profesionales en tribunales supremos de 2017 y 2018* [fuente: Comisión Europea ( )] * Los Estados miembros se encuentran en el mismo orden que se indica en el gráfico 33.





Gráfico 35: Número de abogados* (por 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, un abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para pleitear y actuar en nombre de sus clientes, intervenir en la praxis jurídica, actuar ante los tribunales o asesorar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos (Recomendación Rec (2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado). DE: no se hace ninguna distinción entre los diferentes grupos de abogados en Alemania, como por ejemplo entre abogados y procuradores. FI: desde 2015, la cifra de abogados proporcionada incluye el número de abogados que trabajan en el sector privado y en el sector público. UK: datos de 2010 y 2014. – Formación – La formación judicial es importante para contribuir a la calidad de las sentencias y del servicio prestado a los ciudadanos. Los datos expuestos a continuación abarcan la formación judicial en una amplia gama de ámbitos, en particular la comunicación con las partes y la prensa y las competencias judiciales. Gráfico 36Error! No sequence specified.: Jueces que participan en actividades de formación continua sobre Derecho de la Unión o Derecho de otro Estado miembro* (en % del número total de jueces) [fuente: Comisión Europea ( )] * Los valores de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (SI=257 %). En varios Estados miembros, la proporción de participantes excede el 100 %, lo que significa que algunos participantes tomaron parte en más de una actividad de formación. DK: incluido el personal de los tribunales. IT: no se tienen en cuenta los tribunales administrativos regionales, las comisiones regionales de auditoría, las comisiones fiscales locales y los tribunales militares. AT: incluidos los fiscales. UK: los datos corresponden a 2016. Gráfico 37: Porcentaje de actividades de formación judicial continua sobre diferentes tipos de competencias* (en % del total de jueces que reciben estos tipos de formación) [fuente: Comisión Europea ( )] * En el cuadro figura la distribución de los jueces que participan en actividades de formación continua (es decir, las que tienen lugar tras el periodo de formación inicial para ser juez) en cada uno de los cuatro ámbitos identificados, como porcentaje del número total de jueces que participan en este tipo de formación. Las actividades de formación jurídica no se tienen en cuenta. Las autoridades de formación judicial en EL, CY, LU y MT no proporcionaron actividades específicas de formación en las competencias seleccionadas. DK: incluido el personal de los tribunales. AT: incluidos los fiscales. Los datos de UK corresponden a Inglaterra y Gales. Gráfico 38: Disponibilidad de formación en materia de comunicación para jueces* [fuente: Comisión Europea ( )] * Puntuación máxima posible: 12 puntos. A los Estados miembros se les ha asignado 1 punto si tienen formación inicial y 1 punto si tienen formación continua (máximo de 2 puntos por cada tipo de formación). DK: no se ofrece formación sobre cómo comunicarse con las personas con discapacidad visual o auditiva porque el Estado ofrece apoyo a dichas personas en forma de instrumentos o de un asistente en la sala, por ejemplo, un intérprete de lengua de signos para sordos. 3.2.3. Instrumentos de evaluación El seguimiento y la evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales contribuyen a detectar las deficiencias y necesidades y, por tanto, a mejorar la calidad del sistema judicial. Una evaluación periódica contribuiría a mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial a los retos actuales y futuros. Unas herramientas informáticas adecuadas permitirían una gestión instantánea de los asuntos y estadísticas judiciales normalizadas. Por otra parte, pueden usarse en la gestión de los retrasos y sistemas automatizados de alerta precoz. Las encuestas son esenciales para evaluar el funcionamiento de los sistemas judiciales desde la perspectiva de los profesionales del Derecho y de los usuarios de los tribunales. Un seguimiento adecuado de las encuestas es un requisito previo para mejorar la calidad de los sistemas judiciales. Gráfico 39: Disponibilidad de seguimiento y evaluación de las actividades de los tribunales* [fuente: estudio de la CEPEJ ( )] * El sistema de evaluación se refiere al desempeño de los sistemas judiciales y utiliza indicadores y objetivos. En 2018, todos los Estados miembros comunicaron que disponían de un sistema que les permite hacer un seguimiento del número de asuntos entrantes y de resoluciones dictadas, así como la duración de los procedimientos, lo que hace que estas categorías carezcan de relevancia para el gráfico anterior. Del mismo modo, los trabajos en profundidad sobre las normas de calidad sustituyeron su uso como categoría de evaluación. Los datos sobre «otros elementos» incluyen, por ejemplo, la tasa de resolución (AT, FR), el número de asuntos recurridos y de procedimientos de ejecución (ES), el número de asuntos según el tipo de litigios (SK), el resultado del litigio, por ejemplo el pago total o parcial (SK); las condenas firmes y los asuntos suspendidos (RO) y el número de vistas judiciales (PL). Gráfico 40: TIC disponibles para la gestión de asuntos y la producción de estadísticas sobre la actividad de los tribunales [0 = disponible en el 0 % de los órganos jurisdiccionales, 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales ( )] (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 41: Temas de encuestas realizadas a usuarios o profesionales del Derecho* [fuente: Comisión Europea ( )] * Se asignó un punto a los Estados miembros por cada tema de encuesta indicado, independientemente de si la encuesta se realizó a nivel nacional, regional o de los tribunales. «Otros temas» incluye: la accesibilidad física (MT), la facilidad de uso del portal en línea con información judicial (DK), el acceso a la información judicial (PT) y la disponibilidad de formularios e instrucciones para cumplimentarlos (PL). Esta categoría también incluye encuestas al personal de los tribunales, por ejemplo, sobre la integridad de los jueces (HU), el nivel de conocimientos y cultura personal de los empleados de los servicios judiciales (PL), el perfil patrimonial de la judicatura (AT), y aspectos cualitativos como la satisfacción (AT), la calidad de las sentencias (MT), la lealtad hacia los tribunales(PT) y la concepción de una sanción adecuada (FI). Gráfico 42: Seguimiento de las encuestas realizadas entre los usuarios y los profesionales del Derecho* [fuente: Comisión Europea ( )] * Se asignó un punto a los Estados miembros por tipo de seguimiento. La categoría «otro seguimiento específico» incluye:las orientaciones y marco para el nuevo portal en línea (DK), las orientaciones normativas y de funcionamiento (MT), la mejora de las percepciones generales sobre el sistema judicial (PT), y la publicación de herramientas de información para el público en general. IE: los datos se refieren a la encuesta sobre sucesiones de 2016.



3.2.4. Normas de referencia Las normas de referencia pueden incrementar la calidad de los sistemas judiciales. Por primera vez, a partir de los datos recogidos por la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la UE (ACA-Europa) y la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia de la UE (NPSJC), el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 presenta una visión general de las prácticas utilizadas en los tribunales superiores e inferiores que contribuyen a la calidad de las sentencias (gráfico 43). Tras el examen de las normas relativas al plazo de resolución y la información a las partes en la edición anterior, el cuadro de indicadores de 2019 se centra en los calendarios y los retrasos como herramienta de gestión en el poder judicial ( ). El gráfico 44 presenta una visión general sobre el modo en que los Estados miembros utilizan las normas de referencia sobre plazos, calendarios y retrasos. Los plazos son cuantitativos, por ejemplo, el tiempo máximo que debe transcurrir entre el registro de un asunto y la primera audiencia. Los retrasos se corresponden a asuntos anteriores al período de tiempo definido. Los calendarios son prácticas y objetivos cuantificables, por ejemplo, especificar un porcentaje predefinido de asuntos que deben concluirse en un plazo determinado. El gráfico 45 presenta qué autoridades establecen, supervisan y revisan las normas sobre retrasos, y el gráfico 46 muestra con más detalle ciertos aspectos relacionados con los calendarios. – Calidad de las sentencias – En general, se percibe que las decisiones judiciales son de alta calidad cuando están claramente redactadas, estructuradas y logran un equilibrio adecuado entre un razonamiento claro y la concisión, por lo que son fácilmente comprensibles y ejecutables. La redacción y la estructura de las decisiones judiciales también pueden tener un impacto en la forma en que los programas informáticos pueden tratarlas, en particular las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural (PLN). Este resultado final solo puede lograrse mediante la combinación de un conjunto de elementos complejos y polifacéticos, como una formación profesional de los jueces de alta calidad, la adopción de buenas prácticas en materia de redacción y el control de la calidad de las decisiones, en el respeto de la independencia del poder judicial. La Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la UE (ACA-Europa) elaboró un cuestionario que contestaron los Tribunales Supremos Administrativos y los Tribunales Supremos [miembros de la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la UE (NPSJC)]. Sin entrar en los méritos de las decisiones individuales, el gráfico 43 presenta las normas adoptadas por los Estados miembros en relación con los indicadores seleccionados que se considera que contribuyen a la calidad global de las sentencias.



Gráfico 43: Normas de referencia aplicadas para mejorar la calidad de las sentencias de los tribunales superiores* (fuente: Comisión Europea en colaboración con ACA-Europa y la NPSJC) * Para cada Estado miembro, la columna izquierda presenta las prácticas de los tribunales supremos y la columna de la derecha las prácticas de los tribunales administrativos (columna marcada con la letra A). Los Estados miembros aparecen por el orden alfabético de sus nombres geográficos en el idioma original. Se asignó a los Estados miembros un punto por indicador de calidad de las sentencias. La formación incluye la formación jurídica de los jueces sobre la estructura de las decisiones escritas (0,25 puntos), la formación jurídica de los jueces de los Tribunales Supremos sobre el estilo de razonamiento de las sentencias escritas, la formación jurídica de los jueces de los tribunales inferiores sobre el estilo de razonamiento de las decisiones escritas (0,25 puntos) y la formación sobre la redacción de las sentencias (universidad, escuela de jueces o en el puesto de trabajo) (0,25 puntos). Se considera que existe la obligación de utilizar un lenguaje claro y sencillo, ya sea por ley, reglamento o práctica profesional (1 punto). Se considera que la obligación de concisión debe aplicarse tanto si se basa en la legislación como en las normas o prácticas judiciales (1 punto). La evaluación de la calidad de las sentencias se refiere a la existencia de un mecanismo interno a nivel del Tribunal Supremo para evaluar la calidad global de sus propias decisiones (1 punto). IT, Corte Suprema di Cassazione: aunque no existe un instrumento procesal para la aclaración de las sentencias, en algunas situaciones, ciertos aspectos del asunto pueden aclararse aún en la fase de ejecución de la decisión ante un juez competente. DK y RO: no hay datos disponibles. Tribunales que participan: BE: Cour de Cassation (Tribunal Supremo) y Conseil d’Etat (Consejo de Estado) BG: Върховен касационен съд (Tribunal Supremo) y Върховен административен съд (Tribunal Superior Administrativo). CZ: Nejvyšší soud (Tribunal Supremo) y Nejvyšší správní soud (Tribunal Superior Administrativo) DE: Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal Administrativo). EE: Riikohus (Tribunal Supremo). IE: Chúirt Uachtarach (Tribunal Supremo). EL: Συμβούλιο της Επικρατείας (Consejo de Estado). ES: Tribunal Supremo. FR: Cour de Cassation (Tribunal Supremo) y Conseil d’Etat (Consejo de Estado). HR: Vrhovni sud (Tribunal Supremo) y Visoki upravni (Tribunal Supremo Administrativo). IT: Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo) y Consiglio de Stato (Consejo de Estado). CY: Ανώτατο Δικαστήριο (Tribunal Supremo). LV: Augstākā tiesa (Tribunal Supremo). LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Tribunal Supremo Administrativo). LU: Cour de Cassation (Tribunal Supremo). HU: Kúria (Tribunal Supremo). MT: Tribunal de Apelación. NL: Hoge Raad (Tribunal Supremo) y Raad van State (Consejo de Estado). AT: Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) y Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo Administrativo). PL: Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo Administrativo). PT: Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo Administrativo). SI: Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo). SK: Nejvyšší soud (Tribunal Supremo). FI: Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo Administrativo). SE: Högsta domstolen (Tribunal Supremo) y Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo Administrativo). UK: Supreme Court (Tribunal Supremo).



Gráfico 44: Normas sobre plazos* [fuente: Comisión Europea ( )]

* Se asignó un punto a los Estados Miembros si existen normas definidas, independientemente del ámbito (civil/mercantil, administrativo u otro). El gráfico 45 se centra en las normas sobre retrasos, que consisten en medidas de reducción de los retrasos para mejorar el ritmo de definición en los litigios. El gráfico muestra las competencias de los distintos poderes de los Estados miembros para establecer, supervisar y revisar las normas sobre retrasos. El gráfico 46 se centra en los calendarios, que pueden ser una herramienta efectiva de gestión en el poder judicial, ya que pueden ayudar a detectar problemas potenciales en la eficiencia y encontrar soluciones (por ejemplo, recursos humanos o financieros adicionales, reorganización del proceso de administración de los tribunales, ayuda temporal a un tribunal). Gráfico 45: Establecimiento y supervisión de las normas sobre retrasos* [fuente: Comisión Europea ( )] * El «poder ejecutivo» abarca las instituciones bajo el control directo o indirecto del Gobierno. «Otros» se refiere a la Oficina Nacional del Poder Judicial en HU, encabezada por su presidente, elegido por mayoría cualificada del Parlamento entre los jueces por un periodo de nueve años. El «poder judicial» incluye organismos como los presidentes de los tribunales, los consejos del poder judicial y los órganos de los jueces. HU: la Oficina Nacional del Poder Judicial participa en el establecimiento, la supervisión y el seguimiento de las normas sobre retrasos.



Gráfico 46: Calendarios: definición, supervisión y seguimiento automáticos* [fuente: Comisión Europea ( )]

3.2.5. Resumen sobre la calidad de los sistemas judiciales Un acceso fácil, unos recursos suficientes, herramientas eficaces de evaluación y normas y prácticas apropiadas son los factores que contribuyen a la alta calidad de los sistemas judiciales. Los ciudadanos y las empresas esperan decisiones de alta de calidad por parte de un sistema judicial eficaz ( ). El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 compara estos factores. Accesibilidad La presente edición examina los elementos que contribuyen a un sistema judicial orientado a los ciudadanos: ·Casi todos los Estados miembros ofrecen alguna información en línea acerca de su sistema judicial, incluido un portal web centralizado con formularios en línea e información interactiva sobre los derechos legales (gráfico 20). Las diferencias se refieren al contenido de la información y a su adecuación a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de calcular la asistencia jurídica a través de la simulación en línea, un mayor número de Estados miembros (13) permite a los ciudadanos averiguar si tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. En la mayoría de los Estados miembros hay disponible información para hablantes no nativos, pero no sucede lo mismo con la información dirigida específicamente a los niños y a las personas con discapacidad visual o auditiva. ·La disponibilidad de asistencia jurídica gratuita y la cuantía de las tasas judiciales tienen un impacto clave en el acceso a la justicia, en particular para las personas en situación de pobreza. El gráfico 21 muestra que, en algunos Estados miembros, los consumidores cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza de Eurostat no reciben asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, en comparación con el año pasado, dos de esos Estados miembros han logrado que la asistencia jurídica gratuita sea más accesible. Al mismo tiempo, a lo largo de los años, la asistencia jurídica gratuita se ha vuelto menos accesible en algunos Estados miembros. La cuantía de las tasas judiciales (gráfico 22) se ha mantenido en gran medida estable desde 2016, aunque en varios Estados miembros las tasas judiciales han aumentado como porcentaje de la demanda, especialmente respecto de las demandas de menor cuantía, debido al aumento de la tasa judicial mínima aplicable. La dificultad para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, junto con unas tasas judiciales a veces muy elevadas en algunos Estados miembros, podría tener un efecto disuasorio para el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de pobreza. ·La disponibilidad de medios electrónicos durante el procedimiento judicial contribuye a facilitar el acceso a la justicia y a la reducción de los retrasos y los costes. El gráfico 23 muestra que, en más de la mitad de los Estados miembros, la presentación de demandas por vía electrónica no existe o es posible solo de forma limitada, y que no todos los Estados miembros permiten el seguimiento en línea del avance de los procedimientos judiciales. ·La mayoría de los Estados miembros cuentan con normas sobre cómo informar a las partes sobre los avances de su asunto, el calendario judicial o los posibles retrasos (gráfico 24). En comparación con años anteriores, pocos Estados miembros han mejorado estas normas. Las diferencias entre los Estados miembros se refieren principalmente a los métodos utilizados. Mientras que algunos Estados miembros disponen de un sistema automatizado de notificación por correo electrónico o SMS que proporciona información sobre los retrasos, los calendarios o la evolución general de los asuntos, otros se limitan a dar acceso en línea a la información sobre el asunto y otros también lo dejan al criterio de los tribunales. ·En comparación con años anteriores, el acceso en línea a las sentencias judiciales (gráfico 25) ha mejorado especialmente en lo que se refiere a la publicación de las sentencias de la más alta instancia: 19 Estados miembros publican todas las sentencias civiles/mercantiles y administrativas. Por primera vez, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE presenta la publicación de sentencias penales. Vemos que 19 Estados miembros publican todas las sentencias penales de la más alta instancia. La evolución positiva invita a todos los Estados miembros a seguir mejorando, ya que las decisiones de la más alta instancia desempeñan una función importante para la coherencia de la jurisprudencia. Dado que diversas medidas para la publicación en línea (gráfico 26) podrían facilitar la búsqueda de jurisprudencia pertinente, cabría desarrollar más el etiquetado de las sentencias con palabras clave y abogar por una mayor utilización del identificador europeo de jurisprudencia (ECLI). ·El número de Estados miembros que promueve el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) (gráfico 27) para los litigios particulares sigue aumentando en comparación con años anteriores. Este objetivo se alcanza principalmente introduciendo más incentivos para la utilización de la RAL en diferentes ámbitos del Derecho. También se han tenido en cuenta los litigios administrativos y menos de la mitad de los Estados miembros permiten la RAL en este ámbito. Recursos Unos sistemas judiciales de alta calidad en los Estados miembros exigen niveles suficientes de recursos financieros y humanos, en particular las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y técnicas, formación adecuada, tanto inicial como permanente, así como diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 muestra lo siguiente: ·En términos de recursos financieros, los datos muestran que, en general, en 2017, el gasto total de las administraciones públicas en los tribunales de justicia se mantuvo en su mayor parte estable en los Estados miembros, con diferencias significativas en los importes reales, tanto en EUR por habitante como en porcentaje del PIB, entre los Estados miembros (gráficos 28 y 29). No obstante, algunos Estados miembros aumentaron en 2017 su gasto respecto de 2016. Los Estados miembros utilizan principalmente el coste histórico o real para determinar los recursos financieros destinados al poder judicial en lugar de basarse más en la carga de trabajo real o en las peticiones de los órganos jurisdiccionales (gráfico 30). ·Por primera vez, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 presenta, a partir de los datos recogidos por Eurostat, el desglose del gasto total en diferentes categorías. El gráfico 31 muestra diferencias significativas en el modelo de gasto entre los Estados miembros. Por una parte, mientras que los sueldos y salarios de los jueces y del personal de los tribunales (incluidas las cotizaciones sociales) representan la mayor parte en la mayoría de los Estados miembros, la inversión en activos fijos, como los edificios de los tribunales y los programas informáticos, es muy baja e incluso inexistente en algunos casos. Por otra parte, los gastos de funcionamiento (por ejemplo, alquiler de edificios, asistencia jurídica gratuita y otros bienes fungibles) son considerablemente más elevados en algunos Estados miembros (gráfico 31). ·Las mujeres son mayoría entre los jueces. En los tribunales de primera y segunda instancia prevalecen en la mayoría de los Estados miembros (gráfico 33). Sin embargo, esto se invierte en los tribunales supremos, donde las mujeres representan menos del cincuenta por ciento de los jueces en la mayoría de los Estados Miembros (gráfico 34). No obstante, la proporción de juezas en los tribunales supremos ha aumentado desde 2010 en la mayoría de los Estados miembros. ·Respecto a la formación de los jueces, mientras que la mayoría de los Estados miembros facilitan formación continua en materia de Derecho de la Unión, legislación de otros Estados miembros y judicatura, pocos ofrecen formación en materia de conocimientos informáticos, gestión de órganos jurisdiccionales y deontología judicial (gráfico 37). En cuanto a la formación en materia de comunicación con grupos de partes vulnerables, parece haber mejoras en beneficio de los niños, las personas con discapacidad visual o auditiva y las víctimas de la violencia de género (gráfico 38), aunque en menor grado en el caso de los solicitantes de asilo. Menos de la mitad de los Estados miembros imparte cursos de formación sobre concienciación y capacidad para tratar cuestiones relacionadas con las noticias falsas y las redes sociales. Instrumentos de evaluación ·En todos los Estados miembros existe un seguimiento y evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales (gráfico 39). En general, existen diferentes indicadores de rendimiento y de calidad, y se presentan informes periódicos. Casi todos los Estados miembros supervisan el número y la duración de los procedimientos judiciales, y cuentan con sistemas de evaluación periódica. En comparación con años anteriores, varios Estados miembros ampliaron el seguimiento a elementos más específicos, y otros incluyeron a personal judicial más especializado con el fin de aumentar la calidad. ·Todos los Estados miembros aún tienen que aplicar plenamente los sistemas de gestión informática de los asuntos y no se han logrado mejoras respecto de años anteriores (gráfico 40). Estos sistemas deberían servir a varios propósitos, incluida la generación de estadísticas, y deben aplicarse de manera coherente en todo el sistema judicial. Algunos Estados miembros disponen de sistemas de alerta rápida para detectar fallos de funcionamiento o el incumplimiento de las normas de tratamiento de los asuntos, lo cual permite la búsqueda de soluciones oportunas. En algunos Estados miembros, todavía no es posible garantizar la recopilación de datos a nivel nacional en todos los ámbitos de la justicia. ·El uso de encuestas a los usuarios de los tribunales y los profesionales del Derecho (gráfico 41) ha disminuido y un número cada vez mayor de Estados miembros ha optado por no realizar ninguna encuesta. La accesibilidad, la atención al cliente, las audiencias y las sentencias judiciales, así como la confianza general en el sistema judicial, siguieron siendo los temas principales de las encuestas, pero solo unos pocos Estados miembros preguntaron acerca de la satisfacción de los grupos con necesidades especiales y la concienciación sobre los derechos. Casi todos los Estados miembros que realizaron encuestas también garantizan el seguimiento (gráfico 42), aunque su alcance sigue variando en gran medida. Por lo general, los resultados se publican y se tienen en cuenta en los informes, y en la mayoría de los Estados miembros los resultados de las encuestas permitieron identificar la necesidad de modificar la legislación. Normas de referencia Las normas de referencia pueden incrementar la calidad de los sistemas judiciales. Esta edición sigue examinando detenidamente ciertas normas destinadas a mejorar el calendario de los procedimientos y la información facilitada a las partes. Por primera vez, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 también presenta datos sobre las normas relativas a la calidad de las sentencias. ·A partir de los datos recopilados por ACA-Europa y NPSJC, el gráfico 43 muestra que las normas relativas a la calidad de las sentencias difieren considerablemente entre los Estados miembros y, en algunos de ellos, incluso entre los tribunales tenidos en cuenta. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros ofrecen a los jueces algún tipo de formación profesional sobre la estructura, el estilo de razonamiento y la redacción de las sentencias. En la mayoría de los Estados miembros, la estructura y el razonamiento de las decisiones incluyen elementos predeterminados. Además, en algunos Estados miembros, los usuarios de los tribunales tienen acceso a mecanismos para obtener aclaraciones sobre las decisiones judiciales, lo cual constituye una práctica interesante para mejorar los sistemas judiciales orientados a los ciudadanos. Los tribunales supremos que utilizan instrumentos de autoevaluación de la calidad de sus decisiones son una minoría, peses a que esa práctica respetaría la independencia del poder judicial y permitiría mejoras. ·La mayoría de los Estados miembros aplican normas sobre plazos. Sin embargo, algunos Estados miembros que se enfrentan a desafíos concretos en materia de eficiencia no aplican a día de hoy dichas normas. Las normas sobre retrasos no están aún tan extendidas como aquellas que fijan los plazos (por ejemplo, el plazo que debe transcurrir desde la fecha de registro de un asunto hasta la primera audiencia) y los calendarios (por ejemplo, las que especifican qué porcentaje de asuntos deben concluirse en un tiempo determinado) (gráfico 44). ·Las normas sobre retrasos son un instrumento valioso que puede contribuir a una mejor gestión y una mayor eficiencia. El gráfico 45 muestra que los retrasos están fijados, en su mayoría, exclusivamente por el poder judicial o en cooperación con el poder ejecutivo. La supervisión y el seguimiento son principalmente responsabilidad del poder judicial, mientras que, en algunos Estados miembros, el poder ejecutivo también desempeña un papel en esta tarea. ·La mayoría de los Estados miembros dispone de normas sobre plazos (gráfico 46), pero solo unos pocos disponen de mecanismos de seguimiento continuo de los plazos predefinidos. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019 muestra que la mayoría de los Estados miembros destina recursos adicionales a las medidas de seguimiento, que, sin embargo, difieren respecto del ámbito. La medida de seguimiento más común es la reorganización del proceso de gestión de los tribunales, mientras que la posibilidad de que jueces especiales presten asistencia temporal solo está prevista en algunos Estados miembros.



3.3. Independencia La independencia judicial es un requisito derivado del principio de tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 19 del TUE y del derecho a la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 47) ( ). Garantiza la imparcialidad, la previsibilidad y la seguridad del ordenamiento jurídico, que son elementos esenciales para el Estado de Derecho y para un entorno de inversión atractivo. La percepción de la independencia del sistema judicial es un factor que potencia el crecimiento, al igual que la percepción de falta de independencia puede disuadir las inversiones. Además de los indicadores sobre la percepción de diversas fuentes sobre la independencia judicial, el cuadro presenta una serie de indicadores sobre la forma en que se organizan los sistemas de justicia para proteger la independencia judicial en cierto tipo de situaciones en las que la independencia podría estar en peligro. Como reflejo de las aportaciones de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (NPSJC) y la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la UE (