ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
7.

Pide a los Estados miembros que garanticen la protección y el reconocimiento de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI+ como principios igualitarios de la democracia y del Estado de Derecho; considera, no obstante, que consagrar los derechos de la mujer en la legislación no basta para alcanzar la igualdad de género, y que esta no se logrará a menos que los Estados miembros transpongan, adopten y finalmente ejecuten la legislación necesaria para proteger plenamente los derechos de las mujeres; lamenta que la defensa de los derechos de la mujer no se contemple de una forma integral, como un principio rector de todas las políticas públicas nacionales y europeas, acompañado por el presupuesto correspondiente; estima fundamental invertir en la prevención de la involución a través de la educación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen en mayor medida a la población acerca de la importancia y los beneficios que supone salvaguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género para la sociedad, así como eliminar los estereotipos de género, y que respalden también el desarrollo y la difusión de investigaciones e información contrastadas en materia de derechos de las mujeres;
—

Visto el estudio Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión en 2016 (1),
O.

Considerando que Vietnam aún no ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT, a saber, el Convenio n.o 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el Convenio n.o 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, y el Convenio n.o 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;
Celebra el esfuerzo de la Comisión por asegurar un importe adicional de 800 millones de euros como financiación inicial para apoyar la aceptación de una infraestructura para combustibles alternativos; duda, no obstante, de que este impulso sea suficiente, dada la necesidad de inversión prevista de 5 200 millones de euros para 2020 y de entre 16 000 y 22 000 millones de euros más para 2025 ( 6 ) ; insta a la Comisión a que incremente la financiación inicial para apoyar no solo la implantación de estas infraestructuras sino también su funcionamiento durante la fase no rentable de penetración en el mercado, y que se centre en las necesidades de los operadores públicos de transporte, y también por lo que se refiere al apoyo de infraestructuras como los talleres de mantenimiento; destaca que es necesaria inversión adicional pública y sobre todo privada;
31.

Destaca la importancia del nuevo mecanismo para garantizar el respeto de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), mediante el cual los Estados miembros que no lo hagan deberán afrontar consecuencias financieras; advierte, no obstante, de que los beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no deben verse afectados en modo alguno por el hecho de que sus gobiernos no respeten los derechos fundamentales y el Estado de Derecho; subraya, por lo tanto, que tales medidas no deben afectar a la obligación de las entidades públicas ni de los Estados miembros de efectuar pagos a los beneficiarios o destinatarios finales;
6.

Hace hincapié en que han de aclararse los conceptos de «empresa vinculada» y «empresa asociada», así como el estatuto de las pymes objeto de fusión; considera imperativo que se simplifiquen los procedimientos, la burocracia y la normativa vigente; anima a la Comisión, en este sentido, a que simplifique la normativa vigente; estima que, si las empresas emergentes colaboran con empresas conjuntas, las empresas relacionadas con las empresas conjuntas no deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el estatuto de las pymes emergentes, siempre y cuando no se trate de una construcción artificial y no haya más conexiones entre las empresas emergentes y las empresas conjuntas;
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Vista la comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015» (Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015) (COM(2010)0491),
93.

Hace hincapié en que es necesario reforzar las normas relativas a la transparencia fiscal y la buena gobernanza fiscal, en particular por lo que respecta a las disposiciones sobre la elusión fiscal; toma nota de la adopción, a finales de 2017, de una lista de la Unión de países y territorios no cooperadores en materia fiscal; insta al BEI, en este sentido, a mejorar su política en materia de jurisdicciones no transparentes y poco cooperadoras en el marco de su revisión en curso, desarrollando una política fiscal responsable más amplia; pide al BEI que demuestre la viabilidad de unas normas de transparencia fiscal más estrictas adoptando una política que vaya más allá de los requisitos legales mínimos y asumiendo una función de guía en el ámbito de una fiscalidad justa; resalta, en particular, la necesidad de condicionar la concesión de préstamos directos e indirectos a la publicación de los datos fiscales y contables desglosados por países y a la divulgación de los datos sobre la titularidad real por los beneficiarios e intermediarios financieros partícipes en las operaciones de financiación, sin excepciones;
Expresa su decepción por que, en la comunicación de la Comisión, no se incluyese una evaluación específica de las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo el apoyo extra que se les puede proporcionar; considera que las pymes se enfrentan a retos particulares en lo que respecta a la interacción transfronteriza, entre los que se incluyen, no de forma exclusiva, los relacionados con el idioma, la capacidad administrativa, las diferencias culturales y las divergencias jurídicas; destaca que es particularmente importante afrontar este desafío, ya que las pymes emplean al 67 % de los trabajadores de los sectores empresariales no financieros de la Unión, y crean el 57 % del valor añadido ( 15 )
B.

Considerando que, el 19 de julio de 2016, Pioneer Overseas Corporation y Dow AgroSciences Ltd. (en lo sucesivo, «solicitantes») solicitaron conjuntamente a la Comisión, con arreglo a los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, la renovación de la autorización de comercialización de alimentos y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos del maíz modificado genéticamente 59122 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como alimento o pienso al igual que otros tipos de maíz, a excepción del cultivo;
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Visto el «Position Paper on the 2015 New Climate Agreement» (Posición ante el nuevo acuerdo sobre el clima) publicado el 1 de junio de 2015 por la organización Women and Gender Constituency (4),
24.

Lamenta que la Comisión no haya ejercido con más determinación sus competencias de supervisión para evitar la comercialización en el mercado interior de vehículos contaminantes de motor diésel, que contribuyen de forma significativa a las liberaciones de NO 2 en la atmósfera por encima de los valores límite y que no se ajustan a las normas de la Unión en materia de homologación y de emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros; recuerda que esta cuestión forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos que han ejercido el derecho de petición para pedir una protección efectiva de la salud humana, el medio ambiente y los derechos de los consumidores;
M.

Considerando que en diciembre de 2016 el Banco Mundial se comprometió a intensificar la lucha contra la pobreza extrema y anunció que los países desarrollados se habían comprometido a consignar un importe récord de 75 000 millones de dólares en concepto de subvenciones y préstamos en favor de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID); y que Somalia, no obstante, no puede beneficiarse de fondos con cargo a la IDA ya que adeuda al banco y al FMI más de 300 millones de dólares estadounidenses, que no son más que una parte de un total de 5 000 millones de dólares de la enorme deuda contraída con acreedores multilaterales y bilaterales;
2.

Señala, en particular, que la Comisión Europea ha abordado el problema de la mala calidad del aire en Europa mediante la puesta en marcha de una serie de procedimientos de infracción en relación con el incumplimiento de la Directiva 2008/50/CE, como consecuencia de los continuos rebasamientos de los valores límite de NO 2 ; lamenta, no obstante, que en 2015 la Comisión Europea no ejerciera esas mismas competencias de supervisión para evitar la comercialización en el mercado único de vehículos contaminantes de motor diésel, que contribuyen significativamente a las liberaciones de NO 2 en la atmósfera por encima de dichos valores límite y que no se ajustan a las normas de la Unión en materia de homologación y de emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros;
Y.

Considerando que las normas internacionales sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad también son vinculantes para los agentes no estatales o personas que actúan en nombre o en el marco de organizaciones no estatales; que hoy en día es preciso reafirmar esto aún más, cuando los agentes no estatales están cada vez más presentes en situaciones de guerra y promueven y cometen dichos crímenes graves;
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Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento, en particular en los asuntos SEVIC Systems AG (8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue (9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt. (10), VALE Építési kft. (11), KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. (13), Überseering BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) (14), Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (15), y The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. (16),
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Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Exteriores, de noviembre de 2014, titulado «Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU’s external action»,
F.

Considerando que la autorización de importación de maíz DAS-40278-9 en la Unión conducirá indudablemente a un aumento de su cultivo en todas partes, como por ejemplo en los Estados Unidos, Brasil y Argentina, y al correspondiente aumento del uso de los herbicidas 2,4-D y AOPP; que la investigación independiente también suscita preocupación por las importantes lagunas que presenta la evaluación comparativa, lagunas graves relativas a la evaluación toxicológica (por ejemplo, el hecho de que no se solicitara ninguna prueba de toda la planta en un estudio sobre alimentación animal, no se tuvieran en cuenta los efectos a largo plazo o acumulados y no se examinara el impacto sobre los sistemas reproductivos, como tampoco los defectos metodológicos en los estudios con animales), así como por una evaluación no concluyente del posible impacto en el sistema inmunitario (8);
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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Ucrania y Rusia, en particular las de 4 de febrero de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea (1), y de 12 de mayo de 2016, sobre los tártaros de Crimea (2), así como las relativas a los casos concretos de ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente en Rusia, como las de 30 de abril de 2015, sobre el caso de Nadiya Savchenko (3), y de 10 de septiembre de 2015, sobre Rusia, en particular los casos de Eston Kohver (4), Oleg Sentsov y Olexandr Kolchenko, (5)
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Visto el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7),
2.

Toma nota de las conclusiones del informe de evaluación ex ante del ACP UE-Islas Cook y su Protocolo, de junio de 2013, según las cuales los ACP anteriores celebrados con países de la región (Kiribati, Islas Salomón) y sus protocolos correspondientes no contribuyeron de manera significativa al desarrollo de los sectores pesqueros locales, en particular en lo que se refiere a iniciativas empresariales conjuntas (con inversiones conjuntas) y al desarrollo de las capacidades locales de transformación de pescado; considera que el ACP UE-Islas Cook debe contribuir en la medida de lo posible al desarrollo local del sector pesquero garantizando la oferta necesaria de pescado para el consumo interno, adecuándose así a los objetivos declarados de la nueva generación de acuerdos de la Unión en materia de pesca y a los objetivos del marco de los ODS;
D.

Considerando que han cometido graves violaciones del Derecho internacional en materia de derechos humanos y humanitario todas las partes en conflicto, pero con mayor gravedad el régimen de Al-Asad, apoyado por Rusia e Irán, en particular empleando en zonas civiles armas de efectos indiscriminados, bombas incendiarias, de barril y antibúnker, y sustancias consideradas armas químicas en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; que no se han respetado los principios de cautela y proporcionalidad; que zonas civiles, escuelas, hospitales, agentes humanitarios y campos de refugiados han sido objetivo de ataques intencionados; que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no deben quedar impunes;
18.

Pide a la Comisión que elabore normas mínimas sobre la definición de los delitos y las sanciones; pide en particular: a) definiciones de carácter general de las expresiones funcionario público, delito de fraude y delito de corrupción que se apliquen horizontalmente; recuerda que, en el contexto de las negociaciones sobre la Directiva PIF, se incluyen definiciones de esas expresiones pero solo a efectos de dicha Directiva; toma nota de que esas negociaciones se encuentran bloqueadas en el Consejo y pide que se reanuden sin demora; b) una nueva propuesta legislativa sobre un tipo particular de organización delictiva cuyos miembros se sirven de la fuerza intimidatoria de la asociación y de la consiguiente situación de sometimiento y silencio para cometer delitos, gestionar o controlar de forma directa o indirecta actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos, u obtener beneficios o ventajas ilegítimas para sí o para otros; c) una propuesta legislativa por la que se cree un programa europeo específico para la protección de los testigos y las personas que cooperen en los procesos judiciales denunciando a organizaciones delictivas y del tipo descrito en la letra b); d) una propuesta legislativa por la que se definan y establezcan normas comunes para la protección de los denunciantes de irregularidades; pide que esta propuesta se haga pública antes de finales de 2017; e) iniciativas legislativas adicionales para reforzar los derechos de las personas sospechosas o acusadas en procedimientos penales, con respecto, entre otras cosas, a la prisión preventiva, a fin de garantizar el derecho a un juicio justo, tal como se reconoce en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales; f) una legislación específica para luchar contra la exportación de materiales radioactivos y residuos peligrosos, así como el comercio ilegal de fauna y flora, habida cuenta de que, según las asociaciones y ONG de protección del medio ambiente, los delitos forestales y contra las especies silvestres, así como el tráfico y la exportación de materiales radioactivos y residuos peligrosos a terceros países desempeñan un papel importante en la financiación de la delincuencia organizada;
—

Vistos los estudios de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), titulados «Working time and work-life balance in a life course perspective» (Tiempo de trabajo y conciliación de la vida laboral y familiar en una perspectiva de ciclo de vida) (2013), «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (El cuidado de los niños y de las personas dependientes: efectos en la carrera profesional de los jóvenes trabajadores) (2013) y «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» (Vida profesional y asistencial: medidas de conciliación en tiempos de cambio demográfico) (2015), así como la Sexta Encuesta sobre las condiciones de trabajo en Europa (EWCS) (2016),
15.

Señala que la principal carencia de la Directiva actual es que la mayoría de las medidas caducará en 2020 a menos que la Directiva se modifique convenientemente, lo que significa, entre otras cosas, que sus disposiciones más importantes, en particular el artículo 7, deben ampliarse no solo hasta 2030, sino más allá, y que es en este contexto en el que se ha de evaluar la Directiva actual, y que los objetivos deben establecerse en función de los avances (resultados obtenidos, innovaciones tecnológicas y del mercado, etc.); espera que esto favorezca las medidas a largo plazo; señala asimismo la necesidad de introducir una evaluación intermedia para poder garantizar la consecución de los objetivos en 2030;
20.

Celebra la Comunicación conjunta sobre el desarrollo de capacidades y se une al Consejo en su petición de su rápida aplicación; señala el potencial que tiene la Unión, en particular a través de su enfoque integral que cubre medios civiles y militares, para ayudar a reforzar la seguridad en países frágiles y afectados por conflictos y para responder a las necesidades de nuestros socios, en particular destinatarios militares, reiterando al mismo tiempo que la seguridad es una condición imprescindible para el desarrollo y la democracia; lamenta que ni la Comisión Europea ni el Consejo compartieran con el Parlamento Europeo su evaluación de las opciones jurídicas para el apoyo del desarrollo de capacidades; pide a ambas instituciones que informen al Parlamento al respecto a su debido tiempo; pide a la Comisión Europea que proponga una base jurídica de acuerdo con los objetivos europeos originales de 2013 expuestos en la iniciativa «Enable and Enhance» (Capacitar y mejorar);
O.

Considerando que, en el marco de Unasur, se han celebrado recientemente en la República Dominicana diversas reuniones exploratorias, auspiciadas por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el ex presidente de Panamá Martín Torrijos, destinadas a la puesta en marcha de un diálogo nacional con representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los partidos opositores representados por la MUD;
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Informe sobre la integración del mercado único y la competitividad de la UE y sus Estados miembros) (SWD(2015)0203),
29.

Lamenta que el aprendizaje no formal haya perdido visibilidad y la parte del presupuesto dedicado que tenía asignada en el programa Erasmus+ actual; subraya la importancia del aprendizaje no formal a escala europea, en especial a través del trabajo juvenil y el voluntariado de personas mayores; pide que el aprendizaje no formal e informal tenga un lugar claro y visible en el programa Erasmus+; considera, además, que debe existir la posibilidad de presentar solicitudes relativas a proyectos educativos para adultos, a gran escala, regidos por los mismos principios que las alianzas de competencias por sectores o las alianzas de conocimiento;
11.

Subraya que cualquier medida que afecte al comercio debe respetar los acuerdos de comercio internacional; sostiene que los objetivos de la política del clima en materia de preservación de la vida y la salud de los seres humanos, los animales y las plantas, como la conservación de unos recursos naturales limitados, si se aplican de manera no discriminatoria y no como una restricción encubierta, se corresponden con las excepciones contempladas en el artículo XX del Acuerdo GATT; indica que, habida cuenta de su carácter mundial, el cambio climático debe recibir atención jurídica; estima que ya se considera que una atmósfera hipocarbónica (aire puro), entendida como bien público mundial, es un recurso natural que puede llegar a agotarse, por lo que debería considerarse como un bien público; especifica, por otra parte, que no se pueden aplicar medidas de represalia como consecuencia de las medidas de ajuste de carbono en frontera sin infringir las normas del comercio internacional y sin riesgo de condena; recuerda que no se trata en ningún caso de proteger a la industria europea, sino de situarla en pie de igualdad con sus competidores extranjeros;
—

Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 , y el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión,
12.

Destaca el creciente potencial de las APP, como una opción entre otras, para fomentar soluciones innovadoras y movilizar la financiación privada a largo plazo y los recursos nacionales para los objetivos de desarrollo, teniendo en cuenta que se requieren inversiones masivas en los países en desarrollo en términos de infraestructura, suministro de agua y energía, que el sector público no será capaz de proporcionar por sí solo, y la mayoría de los cuales se beneficiaría de la participación del sector privado; opina que las APP también pueden generar innovación en tecnologías y modelos empresariales, y crear mecanismos que permitan exigir responsabilidades al sector privado; señala, no obstante, algunos casos en los que la participación del sector privado en APP en algunos países en desarrollo no ha dado los resultados esperados; observa que, por lo tanto, se necesita una contribución en el ámbito de la asistencia técnica para reforzar los marcos jurídico e institucional en los que se desarrollan las APPP, en particular en lo que se refiere a la capacidad para evaluar, planificar y supervisar la ejecución de este tipo de proyectos de manera adecuada, y prever la opción de que los socios públicos soliciten compensación de las empresas privadas en caso de incumplimiento del contrato;
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Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1), y en particular, su artículo 177, apartado 1, letra a), su artículo 223, apartado 2, y su artículo 227, apartado 5,
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Visto el documento de trabajo sobre tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico («Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth»), de 9 de diciembre de 2014,