2.2.Medidas de gestión de riesgos

La elaboración de informes de seguridad (que incluye la realización de una evaluación de riesgos), los planes de emergencia para los establecimientos de nivel superior, así como las medidas para informar al público y las inspecciones constituyen los pilares fundamentales de prevención de accidentes graves.

Las evaluaciones anteriores sobre la aplicación de la Directiva Seveso II no mostraron deficiencias sistemáticas de los operadores en relación con la elaboración de informes de seguridad y planes de emergencia internos. Por lo tanto, esta cuestión ya no formaba parte del cuestionario durante el período de notificación 2011-2014.

La Directiva Seveso II impone diversas obligaciones a las autoridades competentes, entre las que destacan examinar los informes de seguridad y comunicar sus conclusiones al industrial, redactar planes de emergencia externos (PEE), garantizar que público potencialmente afectado reciba información sobre las medidas de seguridad, realizar inspecciones, identificar grupos de establecimientos en los que pudieran producirse «efectos dominó» y tener en cuenta las implicaciones que los riesgos de accidentes graves tienen para la ordenación territorial.

2.2.1.Elaboración de planes de emergencia externos (PEE)

Los PEE deben ser elaborados por las autoridades para los establecimientos de nivel superior. Dichos planes son importantes para permitir una respuesta rápida y coordinada a los accidentes graves y desempeñan un papel fundamental a la hora minimizar sus efectos.

La mayoría de los Estados miembros han realizado grandes avances en los últimos períodos de notificación a fin de garantizar que se elaboren planes de emergencia externos, pero, en general, no se registraron nuevos avances con respecto al último período de notificación. Al final del período de notificación, 407 establecimientos de nivel superior no tenían un plan de emergencia externo, lo que representa el 8 % del total de establecimientos de nivel superior a escala de la UE (2010: 7%).

Pueden existir razones bien fundadas por las que no se dispone de un plan de emergencia externo, por ejemplo, en el caso de nuevos establecimientos o cuando hayan tenido lugar cambios importantes poco antes del final del periodo de notificación. Sin embargo, varios Estados miembros informaron de un gran porcentaje de establecimientos (por encima de la media del 8 %) sin planes de emergencia externos.

En los casos de un bajo número de planes de emergencia externos, las razones variaron significativamente. Un Estado miembro indicó que seis de sus autoridades regionales no habían adoptado planes de emergencia externos. Sin embargo, no había ninguna indicación sobre cuántos de sus 25 establecimientos estaban afectados por este hecho, por tanto, no pudo efectuarse la cuantificación. Otro Estado miembro indicó que se había elaborado un único plan de emergencia externo para todo el país que no era específico en cuanto al emplazamiento y, en base a la información suministrada, no estaba claro el modo en que fue sometido a prueba. Durante el seguimiento por parte de la Comisión, este Estado miembro informó de que la situación había cambiado y se habían elaborado y probado PEE a nivel individual después de 2014.

2.2.2.Pruebas y revisiones de los planes de emergencia externos

Los planes de emergencia externos deben ser revisados y probados a intervalos no superiores a tres años. Un plan de emergencia externo anticuado o no probado podría ser fatal en caso de emergencia.

En general, la mayoría de los Estados miembros han realizado algunos progresos en los últimos períodos de referencia a fin de garantizar que los planes de emergencia externos se sometan a prueba, pero, a pesar de que existen enormes fluctuaciones, por término medio no se registraron progresos destacables en comparación con el período anterior. En el período de notificación 2006-2008, se revisaron y probaron el 60 % de los planes de nivel superior. En el período 2009-2011 este porcentaje aumentó hasta el 73 % y alcanzó el 75 % a finales de 2014. Esto parece indicar que los Estados miembros son cada vez más eficientes a la hora de probar los planes de emergencia externos, pero siguen teniendo un camino que recorrer para alcanzar el objetivo del 100 %.

Varios Estados miembros informaron de que un número excepcionalmente alto de los planes de emergencia externos no se habían probado, mientras que otros Estados miembros consiguieron probar la mayoría de ellos o, al menos, mejorar significativamente su porcentaje; varios Estados miembros han progresado poco.

Si bien los motivos alegados para no haber sometido a prueba los planes de emergencia externos pueden ser motivos bien fundados, estos varían de forma significativa. Un Estado miembro informó de que los planes de emergencia externos no pudieron someterse a prueba porque la mayoría de los servicios de emergencia estaban compuestos por voluntarios, lo que dificultaría la organización de las pruebas. Otro Estado miembro indicó que disponía de un único plan de emergencia externo para todo el país que no era específico en cuanto al emplazamiento pero, en base a la información suministrada, no estaba claro el modo en que fue sometido a prueba. Varios Estados miembros no facilitaron ninguna otra justificación, mientras que otros comunicaron que la situación estaba siendo investigada. Por último, algunos Estados miembros señalaron que los establecimientos eran nuevos, o que su estado había cambiado recientemente o se habían reformado, por lo que las pruebas no eran factibles dentro del período de notificación.

2.2.3.Información al público

Las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave deben recibir periódicamente, sin necesidad de solicitarla, información sobre las medidas de seguridad y sobre el comportamiento que hay que adoptar en caso de accidente. La Directiva no establece quién es responsable de esta tarea y de qué forma se proporciona esta información. El público debe recibir dicha información como mínimo cada cinco años, es decir, dos años más que el plazo fijado para la presentación de informes. Por consiguiente, no facilitar dicha información durante el período de notificación no sugiere automáticamente que se hayan incumplido los requisitos.