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Bruselas, 11.7.2007

COM(2007) 407 final

INFORME DE LA COMISIÓN

relativo a la aplicación, desde 2005, de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros[SEC(2007) 979]

M ÉTODO

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DE LA Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros[1], la Comisión presentó un informe revisado que evaluaba la aplicación de dicho acto (en lo sucesivo denominado "la Decisión Marco") por los Estados miembros.[2]

El presente informe, que es el segundo, responde a una invitación del Consejo de Justicia e Interior de 2 de junio de 2005[3] destinada a actualizar esta evaluación a 1 de junio de 2007, tras el ingreso en la Unión de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007. Los criterios de evaluación elegidos por la Comisión a efectos del presente informe son los criterios generales ya empleados habitualmente para evaluar la aplicación de las decisiones marco (efecto útil, claridad y seguridad jurídica, plena aplicación, respeto del plazo de transposición)[4] junto con criterios consustanciales a la orden de detención, principalmente su naturaleza judicial, su eficacia y su celeridad.

Para la elaboración del presente informe, la Comisión se ha basado fundamentalmente en las disposiciones nacionales de puesta en práctica de la orden de detención, a partir del texto que le comunicaron los Estados miembros, junto con los comentarios de éstos con respecto al primer informe[5], y en la información complementaria transmitida por la Secretaría General del Consejo, en particular las respuestas al cuestionario estadístico enviado a los Estados miembros por la Presidencia del Consejo[6] y los informes de evaluación realizados y hechos públicos relativos a Bélgica[7], Dinamarca[8] y Estonia[9]. Además, la Comisión ha mantenido un diálogo bilateral con los puntos de contacto nacionales designados a tal efecto y ha asistido al diálogo entablado por el Parlamento Europeo con los parlamentos nacionales al respecto.[10]

EVALUACIÓN

Una práctica generalizada a pesar de algunas dificultades iniciales de transposición

La orden de detención es un éxito. Este informe muestra la creciente importancia de su utilización año tras año, lo que en la práctica permite a los jueces obtener fácilmente entregas en plazos vinculantes y reducidos en comparación con los procedimientos de extradición clásicos (véase 2.1.1). Sin embargo, la Comisión desea recordar las dificultades de transposición que debieron superarse en 2005, en parte de origen constitucional (2.1.2).

La orden de detención europea ya se ha instalado plenamente en los usos

El volumen total de solicitudes intercambiadas entre los Estados miembros aumentó considerablemente. Por lo tanto, la orden de detención europea no solo ha sustituido casi por completo al procedimiento de extradición en la Unión Europea sino que gracias a sus cualidades, su uso está mucho más extendido. Los casos residuales de no aplicación se derivan esencialmente de algunas limitaciones relativas a:

- la aplicación transitoria de la orden de detención europea (artículo 32: FR, IT y AT procedieron a las declaraciones pertinentes, pero las presentadas por CZ, LU, SI eran incorrectas). El artículo 30§1 de la ley italiana estipula sin embargo que las disposiciones de dicha ley solo se aplicarán a las solicitudes de ejecución de órdenes de detención europeas emitidas y recibidas tras la fecha de su entrada en vigor, es decir, el 14 de mayo de 2005, lo que no se ajusta a la Decisión Marco. Por otra parte, CZ y LU presentaron una declaración que no corresponde a las disposiciones del artículo 32 ya que se refiere a las órdenes para las cuales CZ y LU son Estados tanto emisores como receptores. En el caso de CZ esta dificultad se solucionó mediante la aprobación de una enmienda a la ley de transposición que entró en vigor el 1 de julio de 2006. Además, CZ ya acepta y emite órdenes de detención para hechos acaecidos antes del 1 de noviembre de 2004, excepto para sus nacionales, ya que para delitos cometidos por ciudadanos checos antes del 1 noviembre de 2004, no hay entrega posible, salvo a través de la aplicación del Convenio Europeo de Extradición y de sus dos protocolos de 15 de octubre de 1975 y 17 de marzo de 1978. Para delitos cometidos por ciudadanos checos con posterioridad al 1 de noviembre de 2004, la entrega sigue estando sometida a la condición de reciprocidad.

- la entrega de nacionales (artículo 33: AT hizo una declaración en este sentido para el Consejo y, asimismo, DE durante parte del año 2005-2006; CY y CZ solo autorizan la entrega de sus nacionales por hechos acaecidos después del 1 de noviembre de 2004 para CZ y del 1 de mayo de 2004 para CY). Para PL, la entrega de sus nacionales es posible desde la modificación de la ley, el 7 de noviembre de 2006, pero la doble tipificación se comprueba sistemáticamente.

A pesar de la falta de una herramienta estadística común a los Estados miembros, los datos transmitidos por éstos parecen confirmar una generalización de la práctica de la orden de detención europea y permiten esbozar las grandes tendencias que certifican la eficacia de este procedimiento.

En 2005, los 23 Estados miembros que comunicaron datos emitieron cerca de 6 900 mandatos[11], lo que representa el doble que en 2004. En más de 1 770 casos, los mandatos emitidos condujeron a la localización y detención de la persona buscada. Las cifras aún no oficiales para 2006 confirman esta neta tendencia al alza año tras año.

La transmisión de los mandatos fue realizada principalmente por Interpol (58% del total de los mandatos emitidos) y por el Sistema de Información Schengen en los 13 Estados miembros que tienen acceso al mismo (52 %). Por otro lado y en general, las órdenes se transmitieron directamente entre los Estados miembros afectados[12]. El total de órdenes recibidas comunicadas por 23 Estados miembros, lo que supone más de 8 500, es superior al total de emisiones porque una orden de detención europea puede ir dirigida a varios Estados miembros.

En 2005, más de 1 770 personas buscadas fueron detenidas sobre la base de una orden de detención europea en los susodichos 23 Estados miembros. De este total, más del 86% desembocaron efectivamente en una entrega al Estado miembro de emisión (1 532 personas; 60% en 2004). Entre las personas entregadas en 2005, la mitad lo fueron con su consentimiento (una tercera parte en 2004). Además, más de la quinta parte de las personas entregadas en 2005 en la Unión Europea eran ciudadanos del Estado miembro que acordó entregarlos o residían en dicho Estado; esta garantía en virtud del artículo 5.3. de la Decisión Marco fue requerida en la mitad de los casos.

Los otros tipos de garantías, exigibles en caso de sentencia en rebeldía o de condena a cadena perpetua solo son solicitadas muy raramente, excepto por algunos Estados miembros como NL, que los exige sistemáticamente, lo que plantea problema a los Estados ejecutantes.

En general, los datos disponibles para 2005 confirman que con la orden de detención europea las entregas se efectúan en plazos mucho más breves que anteriormente. La duración media de ejecución de una demanda pasó así de cerca de un año con la antigua extradición a menos de 5 semanas (precisamente 43 días), o incluso 11 días en los frecuentes casos[13] en que la persona está de acuerdo con su entrega (respectivamente unos 45 y 15 días en 2004). Sin embargo, esta media no debe ocultar el hecho de que algunos países (IE y UK) tienen plazos de entrega muy superiores y sobrepasan ampliamente los plazos máximos establecidos por la Decisión Marco, lo que la Comisión lamenta. En 2005, la Comisión detectó alrededor de 80 casos (o sea, apenas el 5% de las entregas) en que el plazo de 90 días previsto en el artículo 17.4 de la Decisión Marco no fue respetado. La Comisión desea hacer hincapié en el hecho de que aunque algunos países notifican sistemáticamente a Eurojust todas las situaciones de retraso, no todos lo hacen y los Estados miembros deberían esforzarse en este sentido.

A nivel práctico, si el instrumento de la orden de detención europea adjunto a la Decisión Marco (Artículo 8) funciona satisfactoriamente en casi todos los Estados miembros, la experiencia pone de manifiesto que las rúbricas relativas a la identificación de la persona y a la descripción de los hechos deben cumplimentarse con más atención.[14] Por otro lado, es importante tener en cuenta que la Red Judicial Europea ha puesto en línea información que facilita la identificación de las autoridades judiciales nacionales competentes (artículo 10.1)[15] y que Eurojust ha emitido directrices para ayudar a resolver los casos de concurrencia de solicitudes (artículo 16.2).[16]

Dificultades de transposición de origen constitucional en algunos Estados miembros, hoy superadas.

Varios conflictos de normas impidieron temporalmente, en 2005 y 2006, la aplicación íntegra de la Decisión Marco en la Unión ya que varias disposiciones nacionales de aplicación fueron consideradas, total o parcialmente, anticonstitucionales en algunos Estados miembros (PL, DE, CY) en 2005. La Comisión ve con satisfacción cómo estas dificultades han sido superadas y ya no suponen un obstáculo para la aplicación de la orden de detención europea.

En el primer caso (PL), solamente fue juzgada anticonstitucional la disposición de la ley que autoriza la entrega de nacionales (artículo 55 §1), aunque dicha disposición siguió aplicándose hasta el 6 de noviembre de 2006, plazo establecido por el Tribunal Constitucional para dar tiempo al Gobierno a modificar la constitución con arreglo a las obligaciones europeas[17]. Durante este período PL siguió entregando a sus nacionales. El Código de Procedimiento Penal polaco fue enmendado a raíz de la revisión constitucional del 7 de noviembre de 2006 y aunque estas enmiendas no entraron en vigor hasta al 26 de diciembre de 2006[18], el nuevo artículo 55 de la Constitución es objeto de aplicación directa en Derecho polaco desde el 7 de noviembre de 2006, de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

En cambio, en el segundo caso el Tribunal Constitucional juzgó necesario anular la totalidad de la ley adoptada para la ejecución de la orden de detención europea porque algunas disposiciones eran contrarias a la Constitución. Así pues, entre el 18 de julio de 2005 y el 2 de agosto de 2006, fecha de entrada en vigor de la nueva ley de transposición alemana, DE dejó de entregar, e incluso de extraditar, a sus nacionales y solo aceptaba entregar a otras personas buscadas bajo el régimen de extradición, aunque seguía emitiendo órdenes de detención europeas dirigidas a los otros Estados miembros.[19]

Esta situación abrió un período inédito de incertidumbre jurídica. Dos Estados miembros (ES y HU), alegando un principio de reciprocidad, se negaron durante este tiempo a reconocer las órdenes de detención europeas que seguía emitiendo DE al considerar que DE ya no aplicaba el principio de confianza mutua y a cambio no podía exigir que los demás Estados miembros aceptasen sus solicitudes de entrega de no nacionales. Esta situación finalizó el 2 de agosto de 2006 con la entrada en vigor de la nueva ley de transposición adoptada el 20 de julio de 2006.

En el tercer caso (CY), el Tribunal Supremo confirmó que la entrega de ciudadanos chipriotas era anticonstitucional, lo que obligó al Gobierno chipriota, como al polaco, a comprometerse a enmendar la Constitución, enmienda que entró en vigor el 28 de julio de 2006[20]. El nuevo artículo 11 así modificado introduce sin embargo un límite temporal a la posibilidad de entrega de nacionales ya que ello solo es posible para actos cometidos tras la fecha de ingreso de Chipre en la Unión, es decir, del 1 de mayo de 2004. La Constitución revisada permite por otro lado la extradición de chipriotas por delitos cometidos posteriormente a la revisión sobre la base de convenios internacionales ratificados por CY.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, por el contrario, en otros Estados miembros los órganos jurisdiccionales superiores ratificaron las disposiciones nacionales que autorizaban la entrega de nacionales (CZ[21], EL, PT, etc.) El Tribunal Constitucional de CZ adoptó una posición favorable a una buena transposición de la Decisión Marco y en su decisión de 3 de mayo de 2006 se negó a anular la ley de transposición relativa a la orden de detención europea recordando que los Estados miembros de la UE deben tener confianza recíproca en sus sistemas judiciales, incluso en materia penal, y que los ciudadanos checos beneficiarios de la ciudadanía europea deben asumir tanto las obligaciones como los beneficios derivados de este estatuto. Por lo tanto, la entrega temporal de un ciudadano checo para que sea juzgado o para que cumpla una condena no es contraria a la Constitución checa, que no puede interpretarse como un obstáculo a la buena transposición de una norma del Derecho europeo.

Generalmente, esto subraya toda la importancia que los Estados miembros deben conceder a aportar coherencia a sus ordenamientos jurídicos internos a efectos de la transposición de las decisiones marco. Conviene finalmente seguir atentamente lo que diga el Tribunal de Justicia, consultado con carácter prejudicial por el Tribunal de Arbitraje de Bélgica sobre el fundamento del artículo 35 del TUE.

Con respecto a este asunto, una asociación sin ánimo de lucro, Advocaten voor de Wereld, promovió ante el Tribunal de Arbitraje belga un recurso contra la ley de 19 de diciembre de 2003[22] que transponía en BE la Decisión Marco, al entender que sería incompatible con los artículos 10 y 11 de la Constitución belga. El Tribunal Constitucional dejó en suspenso su pronunciamiento y decidió remitir dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia con respecto a la compatibilidad de la Decisión Marco con el artículo 34.2.b) del TUE, con arreglo al cual las decisiones marco solo pueden adoptarse para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, y con el artículo 6.2., en lo relativo a la conformidad de la supresión del control de la exigencia de doble inculpación y más concretamente con el principio de legalidad en materia penal y con el principio de igualdad y no discriminación garantizados por esta disposición.

En sus conclusiones, el Abogado General, Sr. Colomer, concluyó que la Decisión Marco no era contraria a los artículos 34.2.b) y 2.2. y no infringe el principio de legalidad en materia penal ni el principio de igualdad y no discriminación. En su sentencia[23], el Tribunal siguió la opinión del Abogado General y rechazó el conjunto de medios alegados por la asociación Advocaten voor de Wereld.

Por lo tanto, el sistema de entrega instaurado por la Decisión Marco presenta un balance ampliamente positivo.

Balance de la transposición muy positivo

Nuevas medidas de aplicación comunicadas desde 2005

Las nuevas medidas legislativas nacionales adoptadas por los Estados miembros permitieron precisar la base jurídica que permite a cada Estado:

- asumir la ejecución de la pena con respecto a la persona buscada (artículo 4.6: BE);[24]

- detener temporalmente a una persona que sea objeto de una alerta de Interpol introducida por un Estado miembro que no forme todavía parte del Sistema de Información de Schengen (artículo 9.3: NL, SE, PL);[25]

- permitir la entrega accesoria (para delitos no siempre contemplados por la Decisión Marco) (HU). [26]

Estas medidas responden a una necesidad definida a partir del primer informe y confirmada por la práctica y merecen ser consideradas como buenas prácticas para los Estados miembros que no ofrecen aún las mismas posibilidades.

Por otro lado hay que señalar que:

- CZ enmendó su ley de transposición con el fin de dar pleno efecto retroactivo a la orden de detención europea.[27] Esta enmienda entró en vigor el 1 de julio de 2006. Como ya indicamos anteriormente, sigue existiendo sin embargo un límite para los nacionales ya que para delitos cometidos por ciudadanos checos antes del 1 de noviembre de 2004, la orden aún no puede aplicarse;

- DE adoptó una nueva ley de transposición el 20 de julio de 2006 que entró en vigor el 2 de agosto de 2006 y que permite ajustarse a la decisión del Tribunal Constitucional antes citada. El artículo 80 de la nueva ley alemana, interpretado de conformidad con la decisión del Tribunal Constitucional, prevé sin embargo que en casos "mixtos" para los cuales no existiría una clara referencia nacional o extranacional, debería procederse a un control de doble inculpación así como a un balance entre la eficacia de las diligencias y la inculpación, lo que parece contrario a la Decisión Marco.

- MT adoptó una nueva ley por la que enmienda su ley de transposición de la orden de detención europea, que entró en vigor el 19 de septiembre de 2006.

A raíz del primer informe de la Comisión, SI expresó su intención, al igual que CZ, de enmendar su legislación para dar pleno efecto a la orden de detención europea. A 1 de junio de 2007 todavía no se había procedido a esta modificación.

Comentarios y nueva información facilitados a raíz de la primera evaluación

La mayor parte de los Estados miembros reaccionaron por escrito al primer informe de la Comisión. Sus comentarios, publicados por el Consejo[28], condujeron a los servicios de la Comisión a revisar puntualmente el documento anexo al presente informe. Entre estos comentarios, más de la mitad están constituidos por información que los Estados miembros habrían debido transmitir inicialmente a la Comisión sobre la base del artículo 34 de la Decisión Marco, una cuarta parte están justificados por errores materiales o de interpretación en el primer informe y el resto está formado por valoraciones que la Comisión no comparte o por simples comentarios.

Vistos estos comentarios, aunque las conclusiones generales del primer informe revisado de la Comisión siguen siendo las mismas, el balance de la transposición parece mejor, pero debe continuar el esfuerzo de adecuación a la Decisión Marco.

El esfuerzo debe proseguir

Las mejoras aportadas desde 2005 por los Estados miembros a la transposición de la Decisión Marco, que generalmente parece satisfactoria, no modifican en absoluto las principales insuficiencias alegadas por la Comisión en su informe anterior.

Como ya es sabido, además de los susodichos problemas relativos a la aplicación de la orden de detención europea (CZ y PL para los nacionales, LU, SI) y a la entrega de nacionales (CY), debemos lamentar todavía las siguientes carencias de transposición:

- Modificación de los umbrales mínimos de las penas (artículo 2: NL, AT, PL; artículo 4.7.b: UK).

- Restablecimiento del control de la doble inculpación para el conjunto de la lista de 32 categorías de delitos (artículo 2: IT) o únicamente para una categoría: (BE, SI[29], UK si parte del delito es cometido en territorio nacional, PL sistemáticamente para sus nacionales).

- Designación de un órgano ejecutivo como autoridad judicial competente en todas (artículo 6: DK) o parte de las materias (DE, EE, LV, LT).

- Poder decisorio confiado a las autoridades centrales, sobrepasando el simple papel auxiliar que la Decisión Marco permite asignarles (artículo 7: EE, IE, CY).

- Alteración de los motivos de no ejecución obligatoria (artículo 3.1: DK, IE; artículo 3.2: IE) o incluso introducción de motivos de denegación que van más allá de la Decisión Marco (Artículo 1.3: EL, IE, IT, CY, PL) o que no están contemplados por ésta, como los basados en la aplicación de tratados o convenios no descartados expresamente por la Decisión Marco (artículo 3: NL, UK). La nueva ley MT que modifica la ley de transposición de la orden de detención europea suprimió algunos motivos de denegación, como los basados en las circunstancias injustas y opresivas citadas en el artículo 16.2 de la ley nacional.

- Exigencia de condiciones suplementarias (artículo 5.1: MT, UK; artículo 5.3: NL; IT) o de menciones o documentos no previstos por el formulario (artículo 8.1: CZ, IT, MT). Por lo que se refiere a CZ, la Comisión fue informada de que una circular (que en CZ constituye un instrumento legislativo) del Ministerio de Justicia de 19 de mayo de 2006 especifica que el formulario utilizado para la emisión de una orden de detención europea será el contenido en la Decisión Marco. Además, la solicitud de información complementaria solo es vinculante para las autoridades judiciales checas cuando actúan como autoridades emisoras. En la práctica, algunos países (UK, IE) parecen pedir de forma casi sistemática información complementaria o incluso exigir la reemisión de la orden de detención, lo que plantea problemas a determinados países cuya legislación no lo permite, y ello dilata considerablemente la duración de los procedimientos.

- En lo tocante a la entrega de nacionales: introducción de un plazo (artículo 4.6: CZ y PL para los nacionales) o restablecimiento del control de la doble inculpación (artículo 5.3: NL, PL), así como conversión de la pena infligida en otro Estado miembro (CZ, NL, PL).

- Imprecisiones procesales en el marco de la obtención del consentimiento de la persona buscada (artículo 13: DK; artículo 14: DK).

- Divergencia de prácticas en materia de "entrega accesoria" (hipótesis en la cual la orden de detención europea se refiere no solo a un delito contemplado por la Decisión Marco sino también a otros delitos no contemplados en el ámbito de aplicación de la misma) debido a la falta de disposición explícita en la Decisión Marco (artículo 16). Una entrega de este tipo es posible al menos en 9 Estados miembros (DK, DE, EE, ES, FI, LV, LT, AT, SE). En Francia, corresponde al juez decidir si tal entrega es posible ya que la ley no contempla esta hipótesis.

- Inexistencia de plazo máximo para la decisión de los órganos jurisdiccionales superiores (artículo 17: CZ, MT, PT, SK, UK) o plazo máximo que supera la norma de 60 días (BE) o el plazo máximo de 90 días en caso de casación (FR, IT).

CONCLUSIÓN

El presente informe confirma las conclusiones generales relativas al año 2004. A pesar de un retraso inicial que llegó a ser de hasta 16 meses (IT) y de las perturbaciones derivadas de las dificultades constitucionales en al menos dos Estados miembros (DE durante parte de 2005 y 2006, CY), la aplicación de la Decisión Marco ha sido un éxito. Desde el 1 de enero de 2007, la orden de detención europea funciona en el conjunto de los Estados miembros, incluidos BU y RO y su impacto positivo se confirma diariamente en términos de aplicación de la ley, de eficacia y de rapidez, y todo ello en el respeto de los derechos fundamentales.

Si en 2005 se observaron claramente determinadas mejoras de la transposición, estas correcciones siguen siendo marginales y la lista de Estados miembros que deben realizar esfuerzos para ajustarse plenamente a la Decisión Marco (en particular, CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LU, MT, NL, PL, SI, UK) sigue siendo larga.

Habida cuenta de su naturaleza, la presente evaluación no condiciona un análisis posterior y profundo de la práctica. Por ello, y a título complementario, la Comisión participa plenamente en el ejercicio de evaluación mutua (entre pares) relativo a la aplicación de la orden de detención europea y en el presente informe así como en su anexo desea destacar los aspectos prácticos de la aplicación de la Decisión Marco en los 27 Estados miembros.

[1] DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

[2] COM(2005)63 y SEC(2005)de 267 de 23.2.2005, revisados por COM(2006)8 y SEC(2006) 79.

[3] Comunicado de prensa del Consejo n° 8849/05 de 3.6.2005, p. 10, y documento n° 8842/1/05 de 19.5.2005.

[4] COM (2001) 771 de 13.12.2001, § 1.2.2.

[5] COPEN 118 de 2.9.2005.

[6] COPEN 75 de 15.4.2005.

[7] 16454/1/06 REV1 COPEN 128, de 3.1.2007.

[8] 13801/1/06 REV1 COPEN 106, de 6.12.2006.

[9] 5301/01/07 REV1 COPEN 6, de 20.2.2007.

[10] Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la evaluación de la orden de detención europea, 2005/2175(INI) de 15.3.2006.

[11] BE y DE no comunicaron cifras para 2005 (COPEN 52 9005/4/06 REV 4 de 30.6.2006, completado por REV 5 de 18.1.2007).

[12] La suma de las cifras de 58% y 52% es superior a 100% ya que un mismo mandato puede ser transmitido por varios canales.

[13] No se incluyen los datos relativos a IE (respuesta a la cuestión 7.2, entre una semana y un año) (COPEN 52 REV 4 de 30.6.2006).

[14] RJE 6 de 31.3.2006.

[15] http://www.ejn-crimjust.eu.int

[16] Anexo II del informe anual de Eurojust 2004.

[17] Decisión del Tribunal Constitucional (PL) P 1/05 de 27.4.2005, publicada en la recopilación oficial de decisiones del Tribunal Constitucional (Orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego. Zbiór urzendowy) 2005, serie A, n° 4, 42.

[18] Artículos 607p, 607t y 607w del Código de Procedimiento Penal polaco.

[19] Decisión del Tribunal Constitucional (DE) de 18.7.2005, BvR 2236/04, también disponible en 58 NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 2289 (2005).

[20] Decisión del Tribunal Supremo (CY) de 7.11.2005, AP. n° 294/2005 (un resumen en inglés está disponible: documento del Consejo n° 14285/05 de 11.11.05).

[21] Decisión del Tribunal Constitucional de 3.5.2006, 434/2006 Sb.

[22] Moniteur belge de 22.12.2003, Segunda edición, p. 60075.

[23] Sentencia del Tribunal de 3.5.2007, C-303/05, todavía no publicada en la Recopilación.

[24] §2.2.1 del I informe.

[25] §2.2.2 del I informe.

[26] Artículo 2 de la Convenio Europeo de Extradición de 13.12.1957 del Consejo de Europa.

[27] §2.1.1 del I informe.

[28] http://ue.eu.int/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=FR&cmsid=545&id=66

[29] Proyecto de ley previsto por SI para 2007.