Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Transformación económica, tecnológica y social de los servicios avanzados de salud a las personas de la tercera edad»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 240/03)

Ponente: Marian KRZAKLEWSKI

Coponente: Jean-Pierre HABER

Decisión del Pleno 12.7.2018 Fundamento jurídico Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa Sección competente Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) Aprobado en la CCMI 26.3.2019 Aprobado en el pleno 15.5.2019 Pleno n.o 543 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 150/3/6

1. Conclusiones y recomendaciones (1)

1.1. Las cuestiones relativas al envejecimiento sociodemográfico en Europa y las correspondientes respuestas éticas, políticas, económicas y sociales representan un reto considerable, pero brindan también oportunidades en materia de empleo, formación, desarrollo económico e innovación en la Unión.

1.2. El Comité lamenta que las políticas europeas en los ámbitos económico, social y sanitario no hayan anticipado las crecientes necesidades de las personas mayores. Desea que se pongan de relieve la función social y económica de las personas mayores, la enorme cuenca de empleo que representan a través de la llamada «economía plateada»( silver economy ) y las necesidades en materia de servicios y asistencia a las personas de edad avanzada (SAPEA).

1.3. Una representación adecuada de las realidades sociodemográficas del envejecimiento requiere una medición estadística apropiada del fenómeno: sería conveniente, en términos de economía de la atención sanitaria, medir el envejecimiento demográfico de forma dinámica y precisa, en particular, introduciendo variables como el género, la esperanza de vida con buena salud, la epidemiología medioambiental, etc. Por consiguiente, debería encargarse a un grupo de demógrafos, sociólogos y médicos la elaboración de un conjunto de indicadores dinámicos del envejecimiento de la población.

1.4. El concepto de asistencia y servicios a las personas en instituciones y a domicilio debe precisarse, ya que abarca una serie de actividades que pueden desempeñar prestatarios con estatutos muy diversos. Debido al amplio abanico de actividades de los SAPEA, estos servicios no se han considerado un sector económico coherente en la UE. Por lo tanto, sería conveniente elaborar una definición jurídica general de los SAPEA en la Unión.

1.5. El CESE recomienda que se reconozca el derecho a envejecer con dignidad como un derecho humano fundamental. Por consiguiente, considera que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para promover la igualdad de acceso a una asistencia y unos servicios de calidad.

1.6. Para que las personas de edad avanzada puedan formarse su propio juicio respecto de la atención sanitaria que reciben, el CESE desea que la estrategia digital de la UE considere mantener el uso de papel.

1.7. El CESE recomienda que las políticas de vivienda y envejecimiento se estructuren en torno a unos modelos habitacionales innovadores (como los apartamentos modulares, el alojamiento en grupo, el alojamiento intergeneracional y solidario, etc.), que deberían ser objeto de una atención constante y un programa de ayuda específico de los Fondos Estructurales de la Unión.

1.8. Asimismo, convendría sugerir a los Estados miembros que creen observatorios nacionales y regionales del envejecimiento que trabajen en colaboración con los servicios económicos y sociales de primera línea con vistas a: — desarrollar mecanismos jurídicos para velar por la situación social y financiera de las personas de edad avanzada; — desarrollar la movilidad interna (vivienda) y externa (actividades, desplazamientos, ocio, etc.) de las personas mayores; — organizar la complementariedad entre los servicios a domicilio, las residencias de ancianos y todas las formas alternativas de alojamiento para personas mayores; — coordinar los esfuerzos del personal sanitario, los cuidadores y los SAPEA en torno a un circuito asistencial para las personas mayores, supervisado por un médico coordinador gerontólogo y una enfermera.

1.9. La UE debería estudiar la posibilidad de crear una plataforma de coordinación de las actividades de los observatorios del envejecimiento que se encargue, entre otras cosas, de proporcionar formación continua y difundir buenas prácticas mediante la creación de una base de datos pública de los mejores productos, dispositivos, equipos y arquitecturas que garanticen la seguridad de la vida diaria de las personas mayores. El CESE pide que la UE apoye de un modo más activo los programas de I+D sobre los factores humanos y sociales característicos de las personas de edad avanzada y sobre la epigenética, determinando los principales mecanismos moleculares y biológicos del envejecimiento. Recomienda crear una plataforma tecnológica comunitaria que permita orientar mejor la I+D hacia innovaciones que protejan la salud de las personas mayores y garanticen la prevención de enfermedades.

1.10. El CESE pide que todas las partes interesadas del sector médico-social hagan un mejor uso de las innovaciones derivadas de las tecnologías digitales: telemedicina, sensores, tarjeta e historial médicos electrónicos, domótica y, más en general, la utilización de técnicas de inteligencia artificial en relación con las personas mayores. Manifiesta su deseo de que se estimule la innovación y se ponga fin a la fragmentación de los mercados y a los enfoques corporativistas, que constituyen auténticas barreras técnicas. Llama la atención sobre la falta de normas y certificaciones europeas relativas al material y los equipos destinados a las personas mayores.

1.11. El CESE aboga por una puesta en común de las nuevas herramientas tecnológicas digitales a fin de estimular un verdadero mercado que atienda a las necesidades de las personas mayores y asegurar las inversiones en Europa. Considera que el aumento de la productividad generado por la tecnología digital debe utilizarse para mejorar el bienestar de las personas mayores y emprender una revalorización financiera de los asistentes sociales y el personal paramédico.

1.12. Es preciso prestar un importante apoyo a la formación profesional del sector. Deben establecerse programas específicos que tengan en cuenta los problemas de nutrición, las caídas domésticas, la violencia hacia las personas mayores y los profesionales, el uso de las tecnologías digitales en el domicilio, el acompañamiento al final de la vida, etc. Convendría que los Fondos Estructurales, en especial el Fondo Social Europeo, financiaran la formación profesional de los proveedores de asistencia y servicios.

1.12.1. Dada la diversidad de enfoques en la UE, el CESE recomienda definir una base común que incluya lo esencial de las formaciones actuales, siguiendo un planteamiento similar al adoptado para la elaboración de la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2013/55/UE relativas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

1.13. A fin de preparar y mejorar la movilidad de los trabajadores y los servicios para las personas mayores, es necesario establecer una base europea de formación para los enfermeros gerontológicos, los auxiliares sanitarios y los cuidadores, no solo en el plano técnico sino también en el plano social y humano.

1.13.1. Al mismo tiempo, es necesario revalorizar la consideración social y financiera del personal que se ocupa de las personas mayores. Para construir una política en materia de envejecimiento coherente y eficaz, también es indispensable reconocer el concepto de cuidador no profesional.

1.14. El CESE pide que se organice una mesa redonda financiera que reúna a los principales actores del sector médico-social, los reguladores institucionales de los mercados (que son el Estado y las entidades locales), las cajas de pensiones, las aseguradoras y los fondos de pensiones para garantizar a las personas de edad avanzada la permanencia de los servicios y las inversiones, hacer viables económicamente los empleos y recomendar un precio justo para los servicios. Esta mesa redonda central debería ir precedida de una serie de reuniones preparatorias descentralizadas organizadas en torno a los consejos económicos y sociales nacionales y al CESE.

1.15. El CESE recomienda una política de comunicación europea que permita generar una mayor solidaridad intergeneracional con las personas mayores, tanto desde el plano económico como en el social.

2. Una política concertada y ordenada para las personas mayores

2.1. Una representación adecuada de las realidades sociodemográficas del envejecimiento requiere una medición estadística apropiada, acompañada de un enfoque sociosanitario del fenómeno. Sería conveniente: — encargar a sociólogos y demógrafos un análisis minucioso y prospectivo de las dimensiones sociodemográficas del envejecimiento (tamaño y composición de las familias, vínculos con los hijos y otros allegados, repercusiones de la separación y la recomposición de las familias); — crear herramientas de evaluación en Europa para observar y comparar las políticas de los Estados miembros y transponer buenas prácticas.

2.2. La prevención puede limitar el impacto de un envejecimiento difícil, a condición de que se mida el reto que representa, se determinen con precisión los factores que influyen en un envejecimiento de mayor calidad (ejercicio, sociabilidad, tranquilidad, nutrición) y se reorienten los esfuerzos humanos y financieros hacia este gran reto, sin aumentar la carga del contribuyente y teniendo en cuenta la variedad de regímenes financieros.

2.3. Las recomendaciones en este ámbito deben apoyarse en la investigación científica, que debería concentrarse en la epigenética y determinar los principales mecanismos moleculares y biológicos del envejecimiento susceptibles de mejora mediante la micronutrición y la relación entre el ser humano y el entorno. Es preciso controlar y certificar mejor la producción de compuestos bioactivos de calidad destinados a combatir la degeneración celular para garantizar su eficacia.

2.4. Los servicios a las personas de edad avanzada obedecen a dos enfoques complementarios: el enfoque institucional en residencias de ancianos medicalizadas (RAM) y el enfoque domiciliario. Para que esta complementariedad sea eficiente, es necesario precisar las misiones y contenidos de ambos enfoques, mediante una definición precisa de los perfiles de las personas acogidas y una mejor coordinación de los actores y sus herramientas.

2.5. Convendría difundir y estructurar la información para evaluar —en términos cuantitativos y cualitativos— las necesidades actuales de plazas en RAM, teniendo en cuenta que, según la literatura consultada, el mantenimiento en el domicilio (incluso en condiciones de dependencia grave) es una demanda mayoritaria de las personas de ochenta y cinco años o más.

2.6. La tarjeta y el historial médicos electrónicos deberían generalizarse en todos los Estados miembros, ya que permitirían comprender mejor la situación sanitaria y facilitarían la puesta en marcha de un circuito asistencial para las personas mayores.

2.7. Sería necesario alentar un enfoque global y, por lo tanto, la colaboración de los distintos actores médicos y paramédicos, reservando un lugar central al médico coordinador gerontólogo y al enfermero principal —cuya función debería reforzarse—, y crear pasarelas entre los servicios de asistencia institucionales, la asistencia y los servicios ambulatorios, los médicos de familia y los cuidadores no profesionales. Ello permitiría conocer mejor la demanda en materia de equipos y acogida de las personas mayores.

2.8. Además de los actores profesionales, se debe reconocer y valorar la participación de los cuidadores. El sistema japonés Fureai Kippu (FK) es interesante en este sentido (2).

2.8.1. La UE podría poner en marcha una experiencia piloto de bancos de tiempo intergeneracionales en una decena de regiones y ciudades europeas inspirándose en el FK, para después proponer a los Estados miembros partidarios de esta idea que generalicen el dispositivo si resulta eficaz.

3. Una política de vivienda bien fundamentada y eficiente

3.1. El problema de la vivienda de las personas mayores es complejo y delicado. Debe abordarse favoreciendo de forma sistemática la elección de la persona y el diálogo con la familia y los allegados. Una política de vivienda bien fundamentada para las personas mayores debe tener en cuenta los siguientes factores: — las viviendas envejecen con sus ocupantes. Los costes derivados de la ocupación de una vivienda inadaptada pueden convertirse en un factor de empobrecimiento, desocialización y deterioro de la salud; — la elección ya no puede reducirse exclusivamente al domicilio o la institución. Existen formas alternativas de acogida. Convendría evaluar su potencial social y económico y definir las estructuras que deben crearse en función de los perfiles y las patologías (centros de día, centros de noche, centros de proximidad consagrados a la autonomía, etc.); — debe distinguirse entre «trastornos cognitivos»e incapacidad para la autonomía; — la concentración de personas de edad avanzada no aporta ninguna ventaja cognitiva y la relación entre salud mental y salud física de las personas mayores está hoy científicamente demostrada; — la concentración de personas mayores y la asistencia integral aumentan de forma significativa el riesgo de abandono y resignación, lo que conlleva inevitablemente una medicalización y una medicación crecientes.

3.2. La política inmobiliaria en materia de instituciones de acogida para mayores dependientes deberá estar bien fundamentada, so pena de ineficacia y de costes difícilmente amortizables por las propias personas mayores, y tener en cuenta la importancia de la ubicación geográfica. Un imperativo categórico debe seguir siendo velar por el respeto de la elección de la persona sobre su posible ingreso en una institución.

3.2.1. Es indispensable prever políticas inmobiliarias y urbanísticas dinámicas y flexibles para privilegiar la intermodalidad de las viviendas, la solidaridad intergeneracional y la apertura social.

3.3. Los avances tecnológicos en domótica constituyen un elemento decisivo de las políticas de vivienda que deben aplicarse, y deben apoyarse prestando especial atención a un acompañamiento humano competente y cualificado.

3.4. La iniciativa «ciudades amigables con las personas mayores»(CAM, apoyada por la OMS) tiene como objetivo principal promover el envejecimiento activo, optimizando la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos de edad avanzada. Las ciudades amigables llevan a cabo un análisis de la situación, evalúan las estructuras y servicios para las personas mayores y establecen un plan de gestión de las prioridades y los resultados sobre el terreno. La UE podría poner en marcha un programa destinado a desplegar una serie de proyectos piloto de CAM en entornos urbanos heterogéneos, desde barrios de (muy) grandes ciudades hasta zonas semirrurales.

4. Revalorización de los profesionales y formación continua

4.1. En una sociedad que envejece, se debe hacer hincapié en la gestión de los síntomas y su variabilidad. Son necesarios más profesionales para desarrollar sistemas y procedimientos. En efecto, aumentará el número de personas que trabajen en rehabilitación y telemedicina. Es de desear que el diálogo social conduzca a convenios colectivos que eviten la importante rotación de los trabajadores del sector e insistan en la revalorización de la consideración social y la remuneración de los profesionales.

4.2. Desde el punto de vista estadístico, sea cual sea el escenario estudiado, el oficio de asistente a domicilio es, potencialmente, la mayor fuente de creación de empleo. Las profesiones de asistencia y ayuda a las personas vulnerables en su conjunto, al ser relativamente menos sensibles a la coyuntura económica, deberían beneficiarse de una dinámica de empleo favorable. Los auxiliares sanitarios, los cuidadores y los enfermeros figuran también entre los oficios más creadores de empleo.

4.3. Toda la literatura consultada llega a la misma conclusión: la asistencia y los servicios a las personas de edad avanzada representan una cuenca de empleo potencialmente gigantesca, ya que existe una clara tendencia al envejecimiento sociodemográfico del continente. El problema central reside en cómo hacer viables, desde el punto de vista económico, esos empleos mal remunerados, habida cuenta de su valor añadido, de la dedicación del personal y de las difíciles condiciones de trabajo.

4.4. También se debe apoyar la formación de los cuidadores ya que su presencia y sus actividades, complementarias de las de los profesionales, son indisociables del bienestar de las personas mayores. La UE podría introducir una política proactiva de ayuda a los cuidadores no profesionales y proponer a los Estados miembros que adapten su legislación social. Se trataría de reconocer a los cuidadores un estatuto particular.

4.5. El público al que irían destinadas las formaciones profesionales en materia de SAPEA está, por lo general, poco (o nada) cualificado, ya que está poco habituado a los itinerarios de aprendizaje tradicionales. No obstante, posee conocimientos empíricos. Convendría, por tanto, definir un marco para la puesta en práctica de experimentos formativos basados en conocimientos atípicos (experiencia y aptitudes interpersonales). El CESE defiende un enfoque que, sin descuidar el aprendizaje cognitivo, utilice una pedagogía basada en los logros para definir perfiles de competencia adecuados.

4.6. Convendría facilitar el acceso y adaptar las modalidades de formación al público objetivo, flexibilizando el paso al conocimiento técnico necesario mediante: — herramientas TIC (y de otro tipo) que permitan acceder a la teoría y la información; — establecimiento de tiempos de calidad consagrados al intercambio; — designación de un tutor permanente; — organización de comunidades en línea que permitan el intercambio de conocimientos y prácticas.

4.7. El programa Erasmus+ debería prestar una atención específica a todo lo que antecede. Por otra parte, la autoridad presupuestaria europea debería iniciar y respaldar la reflexión mediante una línea presupuestaria dedicada a la «experimentación».

5. Una política de financiación adecuada

5.1. El principio de acceso universal a los SAPEA puede inspirarse en la plataforma europea de las personas de edad avanzada: ser accesible a un precio que no ponga en peligro la calidad de vida, la dignidad y la libertad de elección.

5.2. La persona que envejece sigue siendo un actor directo e indirecto del tejido social. Cuando pierde autonomía, comienza a desempeñar un papel social pasivo: crea los empleos directos e indirectos necesarios para organizar la red de apoyo. En ese momento, la sociedad, como contrapartida, puede activar y aplicar todas sus competencias y recursos para garantizar la asistencia global a las personas mayores.

5.3. Los SAPEA suelen gozar de un amplio apoyo por parte de las autoridades locales, que comprende mecanismos destinados a hacer económicamente viable la demanda privada de las familias. Sin embargo, la mercantilización y monetización de estos servicios están haciendo evolucionar el papel de los poderes públicos y la gobernanza de estos servicios. El Estado y las entidades locales están pasando de ser proveedores de servicios a las personas dependientes, a ser reguladores del mercado, instaurando procedimientos tendentes a garantizar la eficiencia del mercado y la confianza de los beneficiarios. Se trata principalmente de controlar las operaciones sobre el terreno y la calidad de los servicios y de difundir información. El CESE desea que la Comisión recomiende a los Estados que introduzcan la transparencia del mercado y el enfoque de calidad en las actividades de los SAPEA.

5.4. A fin de garantizar una solvencia real de la demanda de SAPEA, convendría alentar a los Estados miembros a que favorezcan la creación de un seguro de autonomía, preferiblemente incorporado al sistema de seguridad social. Este seguro debería ser inclusivo, de forma que financie servicios y equipos que hagan posible una autonomía efectiva. El seguro de autonomía debería cubrir las necesidades de asistencia y servicios a domicilio y la estancia temporal o definitiva en una institución.

5.5. Si bien los sistemas de seguridad social de los Estados deben integrar esta situación, no podrán asumir su financiación únicamente sobre la base de la tributación. A tal fin, convendría asociar a esa financiación otras fuentes públicas y privadas, entre ellas, los fondos de pensiones. Hoy, sería deseable que la Comisión emprendiera un amplio estudio de prospectiva socioeconómica sobre la viabilidad económica de los empleos SAPEA en el territorio de la Unión. Dicho estudio debería abarcar las distintas modalidades de financiación pública y privada, proponer mecanismos de inversión basados en asociaciones público-privadas y sugerir recomendaciones tanto a escala supranacional como de los Estados miembros. Las líneas generales de dicho estudio deberían trazarse en el marco de una mesa redonda financiera que reúna a los principales actores responsables de la ayuda a las personas de edad avanzada.

Bruselas, 15 de mayo de 2019. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Luca JAHIER

(1) Este dictamen complementa el dictamen del CESE de 13.12.2012 sobre el tema «Tendencias y repercusiones del futuro desarrollo del sector de los servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y educativo en la Unión Europea»(DO C 44 de 15.2.2013, p. 16) y el dictamen del CESE de 14.2.2018 sobre el tema «Las transformaciones industriales en el sector sanitario»(DO C 227 de 28.6.2018, p. 11). También tiene en cuenta las recomendaciones de la Comisión de 2.7.2008 sobre «la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de historiales médicos electrónicos»y de 6.2.2019 sobre «un formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo».

(2) Japón (el país de la OCDE cuya población envejece más rápidamente) ha creado el sistema Fureai Kippu, una red local de apoyo mutuo acompañada de un «banco de tiempo» para concienciar sobre el voluntariado. Siguiendo el principio de subsidiariedad, abarca cualquier tipo de ayuda a las personas mayores o con discapacidad de la que no se haga cargo el seguro de enfermedad.