ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
87.

Destaca la necesidad de apoyo a una transición justa y celebra el compromiso contraído por la Comisión a este respecto; considera que un Mecanismo para una Transición Justa bien diseñado, que incluya un Fondo de Transición Justa, será una herramienta importante para facilitar esta transición y alcanzar objetivos climáticos ambiciosos al tiempo que se tienen presentes las repercusiones sociales; subraya que una financiación sólida de esta herramienta, que incluya recursos presupuestarios adicionales, será un elemento clave para el éxito de la aplicación del Pacto Verde Europeo; considera que la transición justa no es un mero fondo, sino un enfoque político global respaldado por inversiones, que debe garantizar que nadie se quede rezagado, y destaca el papel de las políticas sociales de los Estados miembros en este contexto; considera que el mecanismo no debe consistir en una mera transferencia a los gobiernos o empresas nacionales, ni debe utilizarse para pagar los pasivos de empresas, sino que debe ayudar concretamente a los trabajadores de todos los sectores y comunidades de la Unión más afectados por la descarbonización, como las regiones mineras con elevada intensidad en emisiones de carbono, a realizar la transición hacia una economía limpia del futuro, sin que ello tenga un efecto desalentador con respecto a iniciativas y proyectos proactivos; considera que el fondo debe, entre otras cosas promover el perfeccionamiento y el reciclaje profesional, con el fin de preparar y adaptar a los trabajadores a las nuevas perspectivas, requisitos y competencias en materia de empleo y apoyar la creación de empleos de calidad y sostenibles; hace hincapié en que la financiación de la transición justa debe estar supeditada al progreso de los planes concretos y vinculantes de descarbonización en consonancia con el Acuerdo de París, en particular la eliminación progresiva del carbón y la transformación de las regiones cuya economía depende en gran medida del carbón; considera que es importante garantizar un marco de control apropiado para hacer un seguimiento del modo en que se utilizan los fondos en los Estados miembros; hace hincapié, no obstante, en que los fondos por sí solos no pueden garantizar la transición y en que es necesaria una estrategia global de la Unión basada en un verdadero diálogo con las personas y comunidades afectadas, incluidos los sindicatos;
15.

Expresa su preocupación ante las noticias referentes a las condiciones de detención, en particular las relativas a torturas y malos tratos y a la denegación de acceso a asistencia sanitaria básica, y reitera, por lo tanto, su petición a las autoridades rusas de que velen por el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas, que velen por que reciban la atención y el tratamiento médico adecuados y que respeten la deontología médica, en particular no imponiendo en casos de huelgas de hambre tratamientos no deseados o una alimentación forzosa que puedan constituir torturas u otros malos tratos;
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Visto su estudio de septiembre de 2018 titulado «Air Quality and urban traffic in the EU: best practices, and possible solutions» (10) (Calidad del aire y circulación urbana en la UE: mejores prácticas y posibles soluciones),
65.

Lamenta profundamente que, en algunos Estados miembros de la Unión, los alumnos pertenecientes a minorías no sean incorporados a las instituciones del sistema de enseñanza general, sino derivados a escuelas especiales alegando que no dominan suficientemente la lengua en la que se imparten las clases; recuerda que la educación en una lengua minoritaria o la pertenencia a una minoría particular no pueden utilizarse como excusa para segregar a los niños por razón de identidad; pide a los Estados miembros que no apliquen esta forma de segregación y que adopten medidas adecuadas para que esos alumnos puedan estar escolarizados en escuelas normales; anima a los Estados miembros que consideren la introducción de temas relativos a los derechos humanos fundamentales y a los derechos de las minorías, en particular en los programas escolares, como forma de promover la diversidad cultural y la tolerancia a través de la educación;
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Visto el documento oficioso de los servicios de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, titulado «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Aportaciones y próximas medidas para la mejora de la aplicación y el cumplimiento de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio de la Unión),
J.

Considerando que Albania ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidos, en particular, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (n.o 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (n.o 98);
AA.

Considerando que las empresas sociales y solidarias no son necesariamente organizaciones sin ánimo de lucro sino que también pueden tener fines lucrativos, a condición de que su actividad respete plenamente los criterios de obtención de la etiqueta europea de economía social; que, pese a ello, las empresas sociales y solidarias deben centrarse, en particular y principalmente, en los valores sociales y en tener un impacto duradero y positivo en el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, y no en generar beneficios para sus propietarios, socios o accionistas; que, en este contexto, restringir rigurosamente la distribución de beneficios y activos entre los socios o accionistas (lo que se conoce como «bloqueo de activos») es esencial para las empresas sociales y solidarias; que podría permitirse una distribución limitada de los beneficios, en función de la forma jurídica adoptada por la empresa social y solidaria, pero que los procedimientos y normas aplicables a dicha distribución deben determinarse de forma que se garantice en todo momento que esta no menoscaba el objetivo social principal de la empresa; que, en cualquier caso, la parte principal y más importante de los beneficios obtenidos por una empresa social y solidaria debe reinvertirse o utilizarse de otro modo para mantener y alcanzar su objetivo social;
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulado «Overview of the Union’s Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens» [Visión general de los esfuerzos de la Unión para simplificar y reducir la carga normativa] (SWD(2017)0675),
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Visto el estudio de enero de 2016 preparado a petición de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios titulado «Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions» (8) [Cambios en las normas de contabilidad y solvencia: (posible) repercusión en los seguros y las pensiones],
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Visto el estudio titulado «Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU»(Acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión) publicado por la Dirección General de Políticas Interiores en marzo de 2018 (19),
7.

Lamenta la reacción desproporcionada de las autoridades de Bielorrusia ante los esfuerzos de los activistas de la oposición por organizar un mitin no autorizado con motivo de las celebraciones del Día de la Libertad del 25 de marzo de 2018, que tuvo como resultado docenas de detenciones, en particular las de los dirigentes de la oposición y antiguos candidatos a la presidencia Mikalai Statkevich y Uladzimir Niakliaev; insiste en que la libertad de reunión y de asociación es un derecho humano fundamental; destaca que los retrocesos graves en términos de democracia y respeto de las libertades fundamentales, en particular el aumento del número de presos políticos, deberían suscitar en todos los casos una reacción clara de la Unión en sus relaciones con Bielorrusia;
8.

Recuerda, no obstante, que las acciones emprendidas por el Gobierno contra Boko Haram y otras organizaciones terroristas no deben fomentar aún más la violencia; pide, a este respecto, la reforma de las fuerzas de seguridad del Estado de Nigeria, en particular la policía, y que se emprendan investigaciones sobre los responsables de violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y abusos para fines de extorsión;
26.

Pide a la Comisión que evalúe cuidadosamente si las normas y prácticas nacionales de protección de los consumidores no actúan como barreras injustificadas a la inversión transfronteriza y si, en consonancia con la legislación y la jurisprudencia del mercado interior bien establecidas, se justifican por motivos imperiosos relacionados con el interés público que sean necesarios y proporcionados a la vista de los objetivos a alcanzar; subraya que las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes en materia de protección de los consumidores dejan deliberadamente y con frecuencia cierto margen de maniobra en la transposición nacional, a fin de que el Derecho de la Unión pueda adaptarse a la normativa nacional vigente; subraya, no obstante, que la supresión de las barreras nacionales no tiene que lograrse en detrimento de la protección de los consumidores y que la protección de los consumidores debe seguir siendo una de las prioridades que guíe la elaboración de legislación; expresa su preocupación por que gran parte de la documentación que han elaborado los proveedores de productos y servicios financieros al por menor en respuesta a la legislación de la Unión no es estrictamente necesaria por ley y beneficia poco o nada a los consumidores, a la vez que impone una carga que puede acarrear costes innecesariamente más elevados para dichos consumidores; pide a la Comisión que revise dicha documentación con el objetivo de racionalizarla sin sacrificar ventajas en materia de protección de los consumidores; subraya que el acceso a información pertinente y comprensible es fundamental para que el consumidor tome decisiones financieras informadas; señala paralelamente que lo fundamental es la calidad de la información proporcionada y no su cantidad; subraya que deben armonizarse, tan eficazmente como sea posible, las obligaciones en materia de información con respecto a los clientes establecidas en diversos actos jurídicos de la Unión; hace hincapié en que deben evitarse obligaciones de información duplicadas o contradictorias para no crear trámites burocráticos y costes innecesarios, así como para no confundir al cliente;
3.

Señala que, en comparación con las fuerzas armadas nacionales, las empresas de seguridad privadas —en particular las que tienen su base en países de acogida— pueden aportar valiosos conocimientos locales y, con frecuencia, ahorros de costes, aunque debe garantizarse que no merme la calidad; hace no obstante hincapié en que el recurso a los servicios prestados por empresas de seguridad privadas locales en países vulnerables y regiones propensas a las crisis puede tener consecuencias negativas para los objetivos de la política exterior de la UE si dicha utilización refuerza determinados actores armados locales que podrían convertirse en parte en el conflicto; toma nota de la importancia de establecer claras distinciones legales entre las actividades de las empresas de seguridad privadas y los agentes privados que participan directamente en actividades militares;
12.

Reconoce el valor de las condiciones ex ante, en particular la relativa a las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), que siguen apoyando la programación estratégica de los fondos EIE y han contribuido a aumentar la orientación hacia los resultados; señala que las condiciones ex ante permiten que los Fondos EIE apoyen los objetivos de la Unión para el periodo posterior a 2020 de forma eficaz y sin detrimento de los objetivos de cohesión establecidos en el Tratado;
24.

Destaca que en la Unión Europea la principal vía de transmisión de hepatitis víricas es el consumo de drogas mediante inyección como consecuencia del uso compartido de jeringuillas contaminadas y el uso de material de inyección no esterilizado; resalta que la tasa de infección por hepatitis entre los profesionales sanitarios sigue siendo superior a la media a causa de los pinchazos accidentales; recalca que la prestación de servicios de reducción de los daños, en particular el tratamiento sustitutivo con opiáceos y los programa de intercambio de jeringuillas, es una estrategia fundamental para la prevención de las hepatitis víricas, lo que debe incluir asimismo la adopción de medidas para vencer los estigmas y la discriminación; destaca que con frecuencia las pruebas de detección del virus de la hepatitis C y del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B no forman parten de los reconocimientos médicos objeto de reembolso; subraya que el virus también puede transmitirse, con mucha menor frecuencia, por vía sexual, o en entornos de asistencia sanitaria o de tratamientos cosméticos debido a prácticas inadecuadas de control de infecciones, o por vía perinatal, de una madre infectada a su bebé;
29.

Toma nota de las emisiones de CO 2 generadas por el sector de la aviación; destaca la amplia gama de medidas que ya se han adoptado y que se van a adoptar para lograr una reducción de las emisiones de CO 2 y de gases de efectos invernadero, técnicamente, mediante el desarrollo de combustibles alternativos y aeronaves más eficientes y, políticamente, mediante el cumplimiento de los acuerdos internacionales; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado el 6 de octubre de 2016, durante el 39. o período de sesiones de la Asamblea de la OACI, con la adopción del plan mundial de medidas basadas en el mercado (MBM) para reducir las emisiones de la aviación internacional, y el compromiso adquirido por 65 países de participar en la fase voluntaria antes de 2027, lo que supone que aproximadamente un 80 % de las emisiones que superen los niveles de 2020 serán compensadas por este mecanismo hasta 2035; subraya la importancia de mantener después del 31 de diciembre de 2016 la excepción concedida en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (RCDE) a las emisiones de los vuelos con origen o destino en un aeródromo situado en una región ultraperiférica, de conformidad con el artículo 349 del TFUE; se congratula de la intención de la Comisión de revisar las medidas de la Unión destinadas a reducir las emisiones de CO 2 del sector de la aviación a la luz de este acuerdo;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento único para las OCM»),
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Visto el Dictamen de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) a las instituciones de la Unión sobre un marco común para la evaluación del riesgo y la transparencia de los fondos de pensiones de empleo («Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs»), de abril de 2016,
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre responsabilidad, indemnizaciones y garantía financiera para los accidentes mar adentro en el Espacio Económico Europeo («Civil Liability, Compensation and Financial Security for Offshore Accidents in the European Economic Area»), que acompaña al informe de la Comisión sobre este asunto (SWD(2015)0167),
A.

Considerando que los días 11 y 18 de abril de 2007, Monsanto Europe S.A. presentó tres solicitudes a la Comisión, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, de renovación de la autorización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos existentes producidos a partir de maíz MON 810, de la autorización de piensos que contienen y se componen de maíz MON 810 y de la autorización del maíz MON 810 en productos que se componen de él o lo contienen para cualquier uso que no sea como alimento o pienso, al igual que otros tipos de maíz, incluido el cultivo; que después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, estos productos se notificaron a la Comisión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y al artículo 20, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y se incorporaron al Registro de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente de la UE;
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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el Protocolo (n.o 26) sobre los servicios de interés general y el Protocolo (n.o 28) sobre la cohesión económica, social y territorial,
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Vistos el artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, y el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión,
E.

Considerando que tres candidatos de la oposición, Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali y Djama Abdourahman Djama, impugnaron los resultados de las elecciones de abril de 2016 por su falta de transparencia y por no mostrar la voluntad del pueblo de Yibuti; que las organizaciones locales de derechos humanos no han reconocido los resultados; que el espacio político concedido a la oposición sigue siendo muy limitado, debido a las restricciones a la libertad de expresión; que las fuerzas policiales y los servicios de seguridad ejercen un férreo control del país y el poder judicial es débil y cercano al Gobierno; que los líderes de la oposición fueron objeto de detenciones y acoso constantemente y se han registrado denuncias de tortura; que el Ejército recibió presuntamente la orden de sacar a los representantes de la oposición de algunos colegios electorales, de modo que las urnas podrían haber sido rellenadas con votos falsos, mientras que otros barrios como Ali-Sabieh fueron puestos bajo control militar; que el presidente Guelleh organizó una fiesta para premiar al Ejército, al parecer, por su contribución a las elecciones, incluso antes de que se publicasen los resultados oficiales; que la Unión Africana ha lamentado una serie de irregularidades (la ausencia de registros, la falta de publicación de los resultados y el hecho de que los votos no se contabilizaran en público);
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Visto el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
6.

Advierte de que todavía no se cumplen plenamente todas las disposiciones relacionadas con el Convenio de Aarhus y sus Reglamentos conexos ((CE) no 1367/2006 y (CE) no 1049/2001); considera que queda todavía mucho margen de mejora en el ámbito de la transparencia por parte de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad en términos de cantidad y calidad de la información ofrecida a los particulares y a las organizaciones de la sociedad civil cuando solicitan su acceso a los documentos; insta a la Defensora del Pueblo a que investigue estas cuestiones tomando como base la extensa petición no 0134/2012, con el fin de detectar y corregir cualquier posible caso de mala administración por parte de las instituciones de la Unión interesadas con respecto a la aplicación de estos reglamentos;
7.

Recuerda que un menor no acompañado es, ante todo, un niño que está potencialmente en peligro, y que la protección de los menores, y no las políticas de inmigración, deben ser el principio rector para los Estados miembros y la Unión al tratar con menores de edad no acompañados con el fin de respetar el principio básico del interés superior del niño; recuerda que, sin excepción, cualquier persona menor de dieciocho años debe ser considerada como un niño y, por consiguiente, como un menor; recuerda que, en el caso de los menores no acompañados, en particular las niñas, el peligro a tener problemas y dificultades es dos veces mayor que en el del resto de menores;
1.

Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 y del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el eficaz funcionamiento del mercado interior;
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Vistos el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas europeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009, y la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, titulada «Visión a largo plazo de las infraestructuras en Europa y fuera de ella» (COM(2013)0711), en la que se establece la primera lista a escala de la Unión de proyectos de interés común (PIC) que se refieren a las infraestructuras energéticas,
O.

Considerando que las legislaciones nacionales existentes sobre protección de los productos no agrícolas dan lugar a niveles de protección diferentes en los Estados miembros, lo cual no es conforme con los objetivos del mercado interior y dificulta una protección eficaz en Europa y en los Estados miembros en los que no están cubiertos por la legislación nacional, señalando así la necesidad de un régimen único de protección de las indicaciones geográficas en toda la UE;