ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.2.8

La evaluación legislativa, ex ante y ex post, sólo se puede concebir como un ejercicio pluralista y participativo, para conferirle una incontestable legitimidad política y práctica. Mientras que la evaluación ex ante precede y luego acompaña al proceso de elaboración, la evaluación ex post se efectúa en dos tiempos: en primer lugar durante la fase de transposición de las directivas o de ejecución de los reglamentos, donde pueden surgir las primeras dificultades de recepción y ejecución; a continuación durante la evaluación de impacto propiamente dicha, que tiene lugar tras un periodo preestablecido de aplicación en la práctica y que puede entonces poner de manifiesto consecuencias imprevistas o incluso indeseables. Esta evaluación de impacto puede provocar un efecto de retroalimentación (feedback) en la legislación y en sus modalidades de aplicación (1).
2.3

No puede esperarse que todos los Estados costeros estén permanentemente equipados con todos los recursos necesarios para hacer frente por sí solos a accidentes marítimos importantes, en particular vertidos de hidrocarburos a gran escala. No obstante, la actual falta de recursos ha tenido como resultado un daño medioambiental que tendrá consecuencias a largo plazo.
3.1.5

La iniciativa actual de la Comisión que se presenta en la propuesta de Recomendación del Consejo está de acuerdo con la opinión que el Comité formulara en 1997 (4) al afirmar: — «Ahora bien, para que la Recomendación sea suficientemente válida, debe profundizarse en la adopción de sistemas de garantía de la calidad que incluyan metodologías de evaluación homologables y utilizables por todos aquellos que voluntariamente acepten la evaluación como un sistema de ayuda a la mejora y no como una imposición.» — «[…] el principio de autonomía universitaria no es […] debatible […]. […] No obstante, es importante que los ciudadanos conozcan qué instituciones de enseñanza a nivel europeo contemplan dentro de su organización la evaluación como metodología sistemática de garantía de la calidad […]» [y] «qué centros emplean métodos homologables de evaluación de la calidad.» — «Con independencia de que cada Estado y cada institución de enseñanza sea capaz de emplear criterios propios, la Comisión debería fomentar la aplicación de criterios a su vez comunes que permitan, en un contexto europeo, conocer los niveles de calidad de las enseñanzas impartidas desde un enfoque comunitario».
3.6.1

El CESE constata que los interrogantes que se plantean en el punto 2.4.1 y las propuestas que formulaba en el punto 2.4.4 del presente documento han recibido de hecho ya respuesta, al hacer extensiva a todos una medida que, aunque justificable, se limitaba a un solo Estado miembro y no tenía fecha de caducidad fija. El CESE subraya, por lo tanto, que el mecanismo generalizado de corrección ha modificado el concepto de «carga excesiva» en un enfoque de carácter matemático-contable que, si bien, por un lado, tiene la ventaja de eliminar las evaluaciones subjetivas, por otro, no toma en consideración aspectos que podríamos llamar de carácter «cuasi cualitativo»: además de la renta per cápita, la competitividad, el nivel de protección social y la economía sumergida. Por otra parte, si bien es cierto que las cifras por sí solas no reflejan la situación real de un país, una norma generalizada que tuviese en cuenta elementos de juicio extraños amenazaría con introducir aspectos subjetivos no compatibles con la exigencia de transparencia. Por lo tanto, sólo queda aceptar el mecanismo generalizado de corrección en su estado actual, bien entendido que su aplicación no siempre producirá resultados óptimos.
3.1.5

A ello se añade la necesidad de encontrar soluciones al endeudamiento de muchas compañías de ferrocarril. En particular las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros de la UE no podrán competir si no solucionan su elevado endeudamiento.
5.3.4

Por su parte, el MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology coordina la investigación y la formación avanzadas en ciencias de los materiales y nanotecnologías de Nueva Zelanda, en estrecha colaboración con universidades y socios varios como Industry Research Ltd y el Instituto de Ciencias Geológicas y Nucleares.
4.2.1

En su formulación citada, el nuevo texto deja entrever una potencial ampliación del ámbito de aplicación de la prohibición a ámbitos ya no vinculados estrechamente al requisito de posición dominante. No obstante, esta norma deberá interpretarse y aplicarse a la luz de lo contenido en la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre el artículo 2 con referencia al considerando no 25 del Reglamento (3), en el que se afirma que «el concepto de obstaculización significativa de la competencia efectiva establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 2 debe ser interpretado haciéndolo extensivo, más allá del concepto de posición de dominio, sólo a los efectos anticompetitivos de una concentración que resulten de un comportamiento no coordinado entre empresas que no tengan una posición dominante en el mercado relevante».
11.1

El CESE considera que las normas de captura no cruel recogidas en la propuesta no deben definirse como no crueles, porque solo son un reflejo de las normas indicadas en el Acuerdo. Las normas del Acuerdo están consideradas menos estrictas que las existentes en la legislación comunitaria en materia de bienestar animal. Por consiguiente, el Comité recomienda que en el texto legislativo final se sustituya la expresión «no cruel» por otro término más apropiado.
5.9

El CESE considera asimismo importante señalar que pese a las exigencias claras y a los retos que entraña la estrategia de Lisboa, en el texto de la Comisión no se proponen medidas concretas que sirvan para emprender iniciativas de desarrollo económico en la UE. La única idea concreta que se indica en el texto de la Comisión es la creación de un «Fondo de ajuste del crecimiento» (IV. El nuevo marco financiero; C) Flexibilidad). No obstante, los recursos con los que se constituiría este Fondo se consideran claramente insuficientes. Cabe recordar en este sentido que la aplicación de la estrategia de Lisboa se basa en un nivel de crecimiento económico medio anual del 3 %, mientras que los pronósticos para los próximos años no superarán el 2,3 % para una Europa de 27 Estados miembros. Además, el escaso crecimiento económico que ha habido desde el año 2000 no permitirá compensar este «déficit de crecimiento económico».
2.2

En segundo término la nueva formulación propuesta del artículo 4 de la Directiva 87/328 da la impresión de que se amplía el ámbito de actividades de los depósitos autorizados, de modo que ahora podrían «recoger y tratar el semen de animales reproductores» lo que tendría como consecuencia la creación de un «sistema paralelo» de centros de recogida de esperma junto a los centros ya existentes. Dadas las circunstancias, esto no tendría sentido y, cuando se lee el texto con más atención, se percibe que no es así en absoluto. Por tanto, las modificaciones deben formularse de tal modo que no den lugar a malentendidos
2.6.1.

No se trata de ocultar las deficiencias del Tratado Constitucional tal como ha sido aprobado. Muchas de las solicitudes formuladas por la sociedad civil no pudieron ser consideradas durante los trabajos de la Convención y menos aún durante los de la CIG. En su Dictamen de 24 de septiembre de 2003 (4), el CESE puso de relieve una serie de insuficiencias del Tratado Constitucional, y en particular:
2.1

Es importante dar a esta revisión una perspectiva de medio a largo plazo, puesto que aumentar la presencia en el mercado laboral tiene consecuencias en los costes, tanto para los desempleados y quienes no desarrollan ninguna actividad económica como para los gobiernos, de tal manera que, para llevar a cabo las reformas, posiblemente habrá que aumentar los costes antes de reducir la carga económica que el desempleo y el empleo precario representan para los gobiernos. Las inversiones públicas y privadas destinadas a preparar a las personas para una economía basada en el conocimiento y el desarrollo continuo del capital humano que representan quienes están en edad de trabajar, aunque son procesos a largo plazo que pueden tardar hasta veinte años en madurar por completo, son los más rentables porque se proponen transformar el mercado laboral de un país. Los trabajadores escasamente cualificados requieren precisamente ofertas de formación profesional permanente, tanto por parte de instituciones públicas como desde el lado de los empresarios, para poder hacer frente a las exigencias cambiantes de la economía basada en el conocimiento. El efecto de las medidas a más largo plazo para fomentar la productividad de la oferta es que reducen la oferta de puestos de trabajo escasamente cualificados y el desempleo (especialmente, el de larga duración) y aumentan las tasas de participación de la mano de obra (especialmente, las mujeres) y la productividad global. Son resultados permanentes. No basta, sin embargo, una estrategia basada exclusivamente en la oferta. A ello hay que añadir un aumento de la demanda de mano de obra, es decir, el incremento de la oferta de puestos de trabajo por medio de una política financiera activa que favorezca y fomente el empleo. Sin embargo, algunos Estados miembros que se han centrado en las ventajas inmediatas de lograr el empleo de trabajadores poco cualificados a costa de la mejora del capital humano, seguramente no encontrarán soluciones duraderas al dilema de si pagar poco o no pagar a estos trabajadores en distintos momentos de su vida laboral. Por tanto, los efectos pueden producirse de forma instantánea, pero desaparecen con la misma rapidez, puesto que el trabajo escasamente cualificado no es sostenible en la economía global actual. Así pues, en este ámbito la rentabilidad es tan importante como la reducción de los costes.
2.1

La propuesta de la Comisión reconoce que no existen medidas rentables para lograr en todas partes concentraciones que no produzcan efectos nocivos sobre la salud humana. Por tanto, no sigue estrictamente la Directiva 96/62/CE, que prevé el establecimiento de unos valores límite obligatorios.
3.2.4

Sin embargo, si bien la puesta en línea de Europass II es determinante para alcanzar una eficacia máxima, no debe hacerse en detrimento del soporte papel so pena de excluir del acceso al dispositivo a los trabajadores que no puedan utilizar Internet.
1.14

El fundamento jurídico de la creación de la Agencia es el art. 66 del Tratado constitutivo de la CE, y forma parte del acervo Schengen. El Reino Unido e Irlanda que no están vinculados por el acervo Schengen, no participan en la adopción del presente Reglamento, al que no están vinculados y a cuya aplicación no estarán sujetos. Dinamarca, en base a su propio status, decidirá, dentro de un período de seis meses, si incorpora este Reglamento a su legislación nacional.
1.5

Sin embargo, la adición de vitaminas, minerales u otras sustancias determinadas para enriquecer los alimentos no debe convertirse en la norma. Los alimentos no enriquecidos no deben ser objeto de discriminación. Del mismo modo, no debe darse al consumidor la impresión de que los alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales u otras sustancias en general tienen un valor superior a los alimentos no enriquecidos.
3.8

Fijación de prioridades a medio plazo: En el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento la Comisión fija estatutariamente la competencia para el cambio de orientación estratégica del Centro. Esto se hará a partir de ahora mediante el establecimiento por el consejo de dirección de prioridades a medio plazo y un programa de trabajo anual, basándose en un proyecto presentado por el director. También en este caso se trata de sancionar estatutariamente una práctica que de facto viene siendo habitual desde mediados de los años noventa. El CESE acoge con satisfacción la disposición encaminada a reorientar el consejo de administración hacia un papel estratégico reforzado. No obstante, reitera sus dudas sobre si, habida cuenta de la reducción del número de reuniones a una al año, quedan garantizadas la amplitud de la toma de decisiones y la solidez del proceso decisorio necesarias para desempeñar esta función. La inclusión, ya mencionada en los puntos 3.4 y 3.6, de una disposición en el Reglamento para permitir la convocatoria de reuniones de la mesa ampliada podría constituir una solución a este problema. A pesar de entender que las prioridades a medio plazo deban «tener en cuenta las necesidades que las instituciones de la Comunidad señalen como prioritarias» (11), el CESE considera no obstante apropiado que también en el futuro se garantice que los productos del Centro servirán no sólo para asesorar políticamente a las instituciones comunitarias y a los Gobiernos de los Estados miembros, sino ante todo para beneficiar a los agentes nacionales activos en el ámbito de la formación profesional y, principalmente, a los interlocutores sociales de los Estados miembros.
3.6.

De acuerdo con la experiencia previa de la Comisión, sólo se gastará un 85 % de los fondos asignados. Se sugiere destinar los fondos no utilizados a la integración de políticas. La recuperación de los fondos no utilizados no debe debilitar los programas atrasados o modificados ya sea al requerir demasiada burocracia que entorpezca su aplicación o al reducir la financiación de forma prematura.
1.1.4

Para intentar superar los límites del Convenio de Munich, el 15 de diciembre de 1975 se firmó en Luxemburgo el Convenio de la Patente Comunitaria, con el fin de crear un título único a escala comunitaria. Este Convenio, demasiado limitado al igual que el de Munich, no entró nunca en vigor, porque no contó con las ratificaciones suficientes; sin embargo, esta tentativa fue seguida en 1989 por un Acuerdo sobre patentes comunitarias que contenía un Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias. No obstante, dichos acuerdos no entraron tampoco en vigor.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 3072/95 por el que se establece la organización común del mercado del arroz"

(2001/C 311/06)

El 17 de mayo de 2001, de conformidad con el artículo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de julio de 2001 (ponente: Sra. Santiago).

En su 384o Pleno de los días 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por 97 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, la organización común del mercado del arroz fue modificada en 1995 por el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, que introdujo para el arroz un sistema de pagos a la producción, concedidos por hectárea y destinados a compensar la disminución de los precios institucionales impuestos por el mismo reglamento.

1.1. La fecha entonces prevista para estos pagos compensatorios era entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre.

1.2. Mientras tanto, el Reglamento (CE) n° 1593/2000 del Consejo, de 17 de julio de 2000, incluyó el cultivo del arroz en el sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios. Ahora bien, como la fecha prevista para el pago de las ayudas compensatorias a los cultivos herbáceos era entre el 16 de noviembre y el 31 de enero, es necesario armonizar las fechas de los pagos compensatorios para los distintos cultivos.

2. La presente propuesta de la Comisión establece que se modifique el período de pago de las ayudas compensatorias para el arroz, situándolo entre el 16 de noviembre y el 31 de enero.

3. El Comité Económico y Social está de acuerdo con la actual propuesta de la Comisión.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs
4.1.

Habida cuenta de los requisitos de secreto profesional establecidos en el artículo 37 de los Estatutos del SEBC y del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n. o 1024/2013 del Consejo, no deberán revelar información que esté amparada por el secreto profesional en el desempeño de sus funciones y responsabilidades que no se haya hecho pública o no sea accesible al público (en lo sucesivo, «información confidencial»), salvo que deliberadamente forme parte de la estrategia de comunicación del BCE. En particular, no divulgarán información confidencial en discursos o declaraciones públicas, ni a los medios, y tratarán dicha información de acuerdo con las normas internas consensuadas sobre el tratamiento de información sensible del SEBC y del MUS. Los miembros y sustitutos seguirán sujetos a las obligaciones de secreto profesional en virtud del derecho de la Unión incluso tras el cese en sus cargos en el BCE.
Corrección de errores de las Autoridades nacionales competentes con arreglo a la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo

("Diario Oficial de las Comunidades Europeas" C 173 de 19 de julio de 2002)

(2002/C 178/09)

En la página 2, en el título:

en lugar de:

BANCO CENTRAL EUROPEO,

léase:

COMISIÓN

BANCO CENTRAL EUROPEO.
«(6) A partir del 1 de febrero de 2014, los bancos y otros proveedores de servicios de pago, debido a sus obligaciones legales, tendrán que negarse a procesar transferencias o adeudos domiciliados que no se ajusten al marco de la SEPA, aunque, como de hecho ya sucede, puedan técnicamente procesar esos pagos si continúan utilizando los sistemas de pago tradicionales existentes junto con las transferencias y adeudos domiciliados SEPA. Si no se completa la migración a las transferencias y los adeudos domiciliados SEPA, no puede descartarse que se produzcan incidentes que hagan que los pagos se retrasen. Todos los usuarios de servicios de pago, y en particular las PYME y los consumidores, podrían verse afectados.»

«(6) A partir del 1 de febrero de 2014, los bancos y otros proveedores de servicios de pago, debido a sus obligaciones legales conforme al Reglamento (UE) no 260/2012, tendrán que negarse a procesar transferencias o adeudos domiciliados que no se ajusten al marco de la SEPA, aunque, como de hecho ya sucede, puedan técnicamente procesar esos pagos si continúan utilizando los sistemas de pago tradicionales existentes junto con las transferencias y adeudos domiciliados SEPA. Si no se completa la migración a las transferencias y los adeudos domiciliados SEPA, no puede descartarse que se produzcan incidentes que hagan que los pagos se retrasen. Todos los usuarios de servicios de pago, y en particular las PYME y los consumidores, podrían verse afectados.»
2.2.

El BCE observa, además, que el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento (UE) no 648/2012 dispone que el reglamento no se aplique: a) a los miembros del SEBC; b) a otros organismos de los Estados miembros con funciones similares, y c) a otros organismos públicos de la Unión que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en ella, incluidas las obligaciones de compensación y de información (8). Sin embargo, exigir a las entidades de contrapartida de los miembros del SEBC que declaren todos los datos de sus operaciones a los registros de operaciones limitaría la eficacia de la exención señalada. Para evitar que el Reglamento (UE) no 648/2012 limite la autonomía de los miembros del SEBC en el cumplimiento de sus funciones de interés común, es fundamental, en particular, que los libros de los miembros del SEBC estén protegidos y que permanezca operativa la detección basada en las operaciones de los bancos centrales. La consecución de este objetivo puede garantizarse con más seguridad si se exime de la obligación de notificar sus operaciones con derivados no solo a los miembros del SEBC sino también a sus entidades de contrapartida.
13.

En cuanto a las repercusiones del Convenio en los derechos de terceros, el BCE observa en primer lugar que, cuando un acreedor del titular de la cuenta obtiene el embargo de los valores, la ley aplicable con arreglo al Convenio determinará la prelación del interés del acreedor embargante en los valores y las obligaciones del intermediario frente a ese acreedor (letras d) y e) del apartado 1 del artículo 2 del Convenio). La misma ley aplicable con arreglo al Convenio no necesariamente regirá también los requisitos jurisdiccionales y procesales del embargo y la posterior ejecución, habida cuenta de la normativa en vigor en varios Estados miembros, según la cual el embargo y la ejecución de valores anotados en cuenta se somete a la ley y jurisdicción de los tribunales del lugar en que se encuentren los valores. Incluso si el Convenio no afecta a los vigentes requisitos jurisdiccionales y procesales del embargo y la ejecución, cuestión que aún no se examina, podría ocasionar notables cambios en la práctica judicial. En concreto, podría incrementar apreciablemente el número de asuntos en los que un tribunal competente para las diligencias de embargo o ejecución de valores anotados en cuenta tendría que aplicar una ley extranjera, esto es, la ley aplicable con arreglo al Convenio, para establecer la naturaleza y prelación del derecho del acreedor embargante a los valores embargados. Los autores del Convenio, conscientes de esta dificultad, señalaron que la ley aplicable a los derechos reales debía ser la ley del lugar donde se mantuviera el registro del título y donde, por consiguiente, pudieran ejecutarse efectivamente los mandamientos sobre los bienes (15). Otro ejemplo de las repercusiones del Convenio en los derechos de terceros es el referente a los derechos de preferencia legales. Aunque el ámbito de aplicación del Convenio se limita a ciertos derechos de preferencia a favor del intermediario del titular de la cuenta (letra c) del apartado 2 del artículo 1), el Convenio podría no obstante afectar considerablemente a otros derechos de preferencia legales sobre los valores anotados en cuenta (p. ej., los derechos de preferencia fiscales), ya que la ley aplicable con arreglo al Convenio determinará, por ejemplo, la prelación de esos derechos de preferencia (véase el apartado 1-31 del informe sobre el Convenio).