COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la Política de Competencia 2011 /* COM/2012/0253 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la Política de Competencia 2011 Introducción 2011 fue un año de turbulencias. La crisis financiera se convirtió en crisis de la deuda soberana en partes de la eurozona, amenazando al sector bancario y poniendo en peligro la sostenibilidad fiscal de muchos gobiernos europeos. Atenazó también seriamente los flujos del crédito a la economía real. En ese contexto económico, una competencia sana sigue siendo condición esencial de la plena realización del mercado interior y componente clave de una estrategia común que contribuya a la recuperación de la economía europea y a la prosperidad global. La presente Comunicación expone cómo, en 2011, la Comisión usó de la política de competencia como instrumento para resolver la crisis financiera y la crisis de deuda soberana y cómo, en general, la política de competencia y las intervenciones al efecto emprendidas durante ese año contribuyeron a los objetivos de acción más amplios de la Estrategia 2020 y ayudaron al crecimiento, al empleo y a la competitividad de la economía de la Unión. Con un nuevo formato, la presente Comunicación presenta un panorama no exhaustivo de la actividad de la Comisión en materia de política de competencia en 2011, con particular énfasis en los servicios financieros y en los sectores de la alimentación y el transporte aéreo. Con esta nueva estructura se pretende explicar mejor el modo en que la Comisión aplica su política de competencia y el modo en que dicha política contribuye a la economía europea y a incrementar el bienestar de los ciudadanos de la Unión. Una sección especial sobre relaciones interinstitucionales da cuenta del diálogo continuo que se mantiene con el Parlamento Europeo y el modo en que la Comisión atiende las demandas de esa institución. Para mayor información pueden consultarse un Documento de trabajo de los servicios de la Comisión y la web de la Dirección General de Competencia. 1. La política de competencia en el contexto económico actual Los frágiles brotes de recuperación económica de 2010 y principios de 2011 no se concretaron después durante el año. De hecho, los últimos meses del año estuvieron marcados por una inestabilidad creciente y por las dificultades del sector público. Los Estados miembros siguieron prestando asistencia a las instituciones financieras, muchas de las cuales tuvieron que recibir ayuda en forma de liquidez de los bancos centrales. Los déficits públicos son ahora una fuente de preocupación para la deuda soberana, lo que ha acarreado desarreglos en los mercados financieros. La crisis financiera ha tenido un efecto brutal sobre la economía real limitando los créditos a las familias y las empresas y con efectos demoledores sobre la inversión y el empleo. Varios Estados miembros han debido aplicar medidas de austeridad y recortes en su gasto público en vez de seguir invirtiendo en medidas que relanzaran la economía. En cuanto estalló la crisis, la UE coordinó el paquete europeo de estímulo económico para fomentar la recuperación. Aplicó el régimen de ayudas estatales con firmeza pero con flexibilidad para evitar falseamientos de la competencia al tiempo que exigía a los bancos reestructurarse y abordar las carencias de los modelos empresariales. Tras esa primera ola de medidas «de emergencia», la Comisión lanzó un programa de reformas para atajar problemas más estructurales del sector financiero con un régimen claro, amplio y coherente de medidas con fechas precisas de inicio y terminación[1]. Dicho programa se vincula con la estrategia general de crecimiento y empleo de la Comisión, dado que la estabilidad del sector financiero es claramente uno de los objetivos clave del Informe Anual de Crecimiento[2]. Además, la Comisión lanzó posteriormente iniciativas reguladoras para modificar el esquema normativo de la industria financiera. Las medidas acentúan la reorientación del sector hacia su función esencial, que es responder a las necesidades de financiación de las empresas y las familias. Cómo la política de ayudas estatales contribuye a la estabilidad financiera El marco de ayudas estatales de la UE sigue siendo un instrumento de coordinación único a nivel de la Unión El agravamiento de la crisis de la deuda soberana durante el verano llevó a los Estados miembros y a la Comisión a acordar un paquete de medidas que fortalecieran el capital de los bancos y aportaran garantías sobre sus obligaciones (el paquete bancario)[3]. El 1 de diciembre, la Comisión prolongó las medidas de crisis de ayudas estatales para el sector financiero, aclarando y actualizando las normas de tarificación y otras condiciones[4]. Una vez se estabilice la situación, se fijará un conjunto más duradero de normas de ayudas estatales para los bancos. Desde el inicio de la crisis y hasta el 31 de diciembre de 2011, se han empleado 1 600 000 millones EUR de ayuda estatal para rescatar y reestructurar los bancos europeos. La Comisión ha adoptado 39 decisiones de reestructuración, la ejecución efectiva de cuyos planes de reestructuración supervisa. 24 bancos siguen reestructurándose. La Comisión ha aprobado también programas nacionales en 20 Estados miembros, usando una panoplia de instrumentos previstos en el régimen de crisis. Instrumentos que incluyen inyecciones de capital, apoyo a la cesión de activos con dificultades y garantías. En octubre, el Consejo ECOFIN decidió que el Marco de Ayuda Estatal de la UE debía seguir siendo el único instrumento de coordinación general de la UE y que, a corto y medio plazo, no se precisaban nuevos marcos. La Comisión ha utilizado el instrumento de ayudas estatales de modo que impulsara la reestructuración bancaria al tiempo que garantizaba condiciones de operación equitativas en el mercado. Las condiciones de la normativa de ayudas estatales de crisis se fijaron con un objetivo triple: garantizar la estabilidad financiera, preservar el mercado interior y reestructurar a los beneficiarios de las ayudas con vistas a una viabilidad a largo plazo. A los bancos se les exigió que abandonaran modelos de negocios insostenibles basados en un endeudamiento excesivo y un exceso de confianza en la financiación interbancaria global a corto plazo y se concentraran en su negocio principal. La Comisión es la única institución que impone condiciones explícitas de reparto de cargas en los rescates, lo que ayuda a limitar los riesgos morales en el futuro. A instancias del Parlamento Europeo[5], la Comisión preparó un Documento de trabajo de los servicios que expone cómo la política de ayudas estatales de la Comisión reaccionó ante la crisis financiera y económica[6]. En 2011, la Comisión continuó abordando el problema de los bancos en dificultades con importantes decisiones de ayuda estatal. Buen ejemplo de ello son los problemas de la institución de crédito Anglo Irish Bank[7]. La Comisión aprobó el plan presentado por las autoridades irlandesas, que prevé el cese gradual de actividades del Anglo Irish Bank junto con la Irish Nationwide Building Society durante un periodo de diez años. Otro ejemplo destacado es el banco regional alemán WestLB[8], que tenía dificultades desde hacía tiempo. Al final el WestLB se dividirá; los activos y obligaciones restantes se transferirán a un banco malo para su terminación. Antes del 30 de junio de 2012, WestLB cesará su actividad bancaria para solo ofrecer servicios de gestión de activos. Solo una pequeña parte de las actividades más tradicionales de WestLB, los servicios que presta a pequeñas entidades locales de ahorro, se mantendrán en el mercado, pero asumidas por el banco regional Hessen-Thüringen (Helaba). Los bancos que tuvieron una gran dependencia de ayudas estatales podrán ser autorizados a proseguir su actividad si parte de esta tiene visos realistas de recuperar la viabilidad, siempre que reduzcan considerablemente su tamaño y cambien radicalmente su modelo de negocios para concentrarse solo en las actividades viables. Este enfoque quedó bien ilustrado por la aprobación de reestructuración del banco alemán Hypo Real Estate[9]. El banco se reducirá al 15 % de su balance de antes de la crisis y se retirará progresivamente de diversas áreas de negocios. Paralelamente, la Comisión aprobó una ayuda de reestructuración para otro banco alemán, el HSH Nordbank[10], después que este se comprometiera a reducir un 61 % el tamaño de su balance en relación a los niveles previos a la crisis desprendiéndose de determinadas líneas de negocios. La Comisión aplicó también dicho enfoque en el caso de bancos más pequeños. Así por ejemplo, el Eik bank[11] de Dinamarca se dividió en un banco malo en liquidación y en una parte buena que se vendería al mejor postor. Una actitud similar se adoptó con el austriaco Kommunalkredit[12], que hubo de nacionalizarse en una operación de rescate. El negocio del banco se dividió actividades no estratégicas (en cese) y actividades estratégicas (correspondientes aproximadamente al 40 % de su balance) que serán reprivatizadas. En el caso del ABN Amro Bank[13], la necesidad de ayuda estatal derivaba sobre todo de un contexto de separación específico: separación de las actividades de ese banco holandés del grupo Fortis, que estaban en situación de dificultad, y del grupo que lo precedió, el ABN Amro Group. Los dos negocios carecían de capital suficiente para hacer frente a la crisis y financiar su fusión. La Comisión tuvo en cuenta que las necesidades de ayuda del banco no se debían en primer lugar a una mala gestión o a la asunción de riesgos excesivos por su parte, por lo que solo reclamó garantías de comportamiento (sin buscar una cesión de actividades por parte del banco). Situación específica de los países beneficiarios del Programa La política de competencia contribuye a la estabilidad financiera y a las reformas estructurales relativas a los programas de ajuste La crisis ha ocasionado desequilibrios económicos importantes en la mayoría de los Estados miembros y, desde 2010, algunos de estos no tuvieron más opción que solicitar ayuda exterior de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI). La estabilidad financiera es en verdad de extrema importancia para la Unión Europea, dado que tres de esos Estados miembros (Grecia, Irlanda y Portugal) son también miembros de la eurozona. Estos, denominados «países beneficiarios del Programa», están sometidos a programas de ajuste económico. Los mismos imponen un amplio paquete de condiciones que puede incluir la reestructuración del sector financiero y la necesidad de implantar reformas estructurales en otros sectores de la economía, la administración y el sistema judicial[14]. Desde el punto de vista económico, los programas pueden incluir, por ejemplo, la privatización o reestructuración de empresas de propiedad pública. Estas medidas pueden acarrear situaciones de ayuda estatal que la Comisión debe atender con presteza para que los programas puedan ejecutarse satisfactoriamente. Los objetivos de privatización son especialmente importantes para Grecia, Portugal y Rumanía. Para estos Estados miembros, los programas pretenden también que el régimen de aplicación del Derecho de competencia sea lo más concreto y efectivo posible y que se concedan mayores competencias y recursos (humanos) a las autoridades nacionales de la competencia. La Comisión, junto con el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), ha estado estrechamente asociada a la reestructuración del sector financiero en los países del Programa para garantizar que la considerable ayuda necesaria para mantener a flote dichas instituciones en un entorno macroeconómico difícil no acarreara un excesivo falseamiento de la competencia. La Comisión ha autorizado la prolongación de la actual garantía bancaria y de regímenes de recapitalización para los tres países de la eurozona. La Comisión comprueba que la ayuda estatal se limite al mínimo necesario y que se aborde adecuadamente el riesgo moral, exigiendo en especial no solo que los bancos compensen económicamente y, según el caso, devuelvan la ayuda recibida, sino también que compartan la carga de la reestructuración y adopten medidas para resolver el falseamiento de la competencia producido por la ayuda. La situación griega es muy compleja. El sector bancario está lastrado por una recesión profunda y por la extensa posesión de obligaciones soberanas. La reestructuración de los bancos que recibieron ayuda estatal de 2009 en adelante se prosigue en este dificilísimo contexto. El plan de reestructuración del Banco Agrícola de Grecia se aprobó el 23 de mayo. Tras la depreciación producida en septiembre debida a la participación del banco en el Plan del Sector Privado, decidida en julio de 2011, la entidad necesitó una nueva inyección de capital del Estado. Esta recapitalización exige que se presente a la Comisión un plan actualizado de reestructuración. La decisión del Consejo Europeo de 27 de octubre para aumentar la contribución del sector privado en el rescate griego incrementando la quita en los bonos griegos del 21 % al 50 % tendrá efectos significativos para los bancos griegos, proporcional a su participación en la deuda soberana. Para suplir las consiguientes necesidades de capital, el segundo programa griego, decidido el mismo día, prevé un aumento considerable del presupuesto de ayuda a los bancos, cuya utilización supervisará estrechamente la Comisión. A diferencia de Grecia, la crisis de la deuda irlandesa se originó en las pérdidas masivas soportadas por los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Programa CE/FMI/BCE de 28 de noviembre de 2010 tiene un presupuesto de 85 000 millones EUR euros, 35 000 de los cuales están reservados para el sector financiero. Se han tomado medidas importantes para recapitalizar, reestructurar y reducir actividades según los objetivos del Programa. Para la recapitalización, las autoridades han llevado a cabo un amplio análisis de las necesidades de capital de los cuatro bancos irlandeses restantes (BOI, AIB/EBS y IL&P): el Prudential Capital Adequacy Review (PCAR 2011; análisis prudencial de necesidades en capital). El análisis incluía otro sobre las pérdidas de préstamos estimadas realizado por asesores externos independientes. Cubre las pérdidas previstas en la cartera de préstamos y los costes de disminución de actividades necesarios para reducir el banco a un tamaño sostenible y limitar su dependencia de la financiación del Banco Central. Las autoridades irlandesas recapitalizaron los bancos antes del plazo de 31 de julio fijado en el Programa. Gastaron considerablemente menos de lo inicialmente presupuestado gracias a los ejercicios de gestión de obligaciones realizados por los bancos y a la participación privada en la capitalización del BOI. En julio, las autoridades irlandesas presentaron planes de reestructuración para los bancos que incluían sus objetivos de reducción de actividades y otras medidas. El plan en favor del BOI con arreglo a la normativa de ayudas estatales el 20 de diciembre y actualmente se están analizando los otros planes. En mayo, el Consejo ECOFIN y el Comité Ejecutivo del FMI acordaron conceder a Portugal un paquete de ayuda de 78 000 millones EUR. Para reforzar la confianza en el sector financiero, el Programa exige a los bancos reducir su actividad de forma ordenada y obtener mayores niveles de capital. De este modo se estableció un nuevo régimen de recapitalización con un presupuesto incrementado de 3 000 a 12 000 millones EUR. Los bancos que se beneficien de esta ayuda de capital deberán presentar a la Comisión Europea un plan de reestructuración que respete la normativa de ayudas estatales. Sobre la ayuda concedida al BPN (Banco Português de Negócios), nacionalizado en noviembre de 2008, se incoó un procedimiento formal de examen de ayuda estatal; en la primavera de 2012 debería adoptarse una decisión formal al respecto. Cómo las medidas antitrust impulsan una competencia justa y mercados financieros transparentes Europa necesita mercados financieros transparentes, abiertos e innovadores Como todo otro mercado, los mercados financieros prestan un servicio más eficaz cuando son abiertos y competitivos. Esto es exactamente lo que persigue la Comisión con sus investigaciones antitrust en el mercado de derivados extrabursátil (OTC), el sector de servicios de pagos y la distribución al mercado de datos de operaciones e información financiera. Derivados extrabursátiles y permutas financieras por impago crediticio (credit default swaps; CDS) La falta de transparencia sobre las transacciones de derivados extrabursátiles y los instrumentos financieros quedó de evidencia durante la reciente crisis financiera. El G20 aprendió la lección de dicha crisis y, en la cumbre de Pittsburgh de 2009, convino en la necesidad de mejorar la transparencia y la supervisión de mercados menos regulados, con atención especial a los derivados extrabursátiles. Por eso, en 2010, la Comisión propuso mejorar el Reglamento sobre CDS[15] y otros derivados extrabursátiles con un Reglamento europeo sobre infraestructuras del mercado (EMIR[16]). Además, en octubre de 2011, la Comisión presentó también propuestas para revisar la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), aumentando así la transparencia de los mercados extrabursátiles[17]. Investigaciones antitrust en marcha relativas a CDS y al EURIBOR La política de competencia apoya estas iniciativas legislativas. La falta de transparencia en el mercado puede ir en beneficio de determinados agentes del mercado, que consiguientemente tienen motivos para mantenerla, y perjudicar a nuevos operadores y a los consumidores finales. Más en general, la información financiera tiene una importancia central para los mercados financieros y se presta al riesgo de colusión o abuso, lo que justifica una vigilancia particular por parte de las autoridades de la competencia. En 2011, la Comisión incoó dos investigaciones referentes a posible colusión o abuso de posición dominante de bancos de inversión en los mercados de datos de operaciones CDS y servicios de compensación CDS[18]. El primer caso anticolusión afecta a 16 bancos de inversión y a Markit, el principal proveedor de información financiera en el mercado de CDS; la Comisión está investigando la posible colusión de las partes y su posible abuso de posición dominante para controlar la información financiera sobre CDS. El segundo caso afecta a nueve de los bancos de negocios y a ICE Clear Europe, la principal cámara de compensación de CDS. La Comisión va a investigar en especial si las tarifas preferentes concedidas por ICE a los nueve bancos tienen como efecto el de ligarlos prioritariamente al sistema ICE en detrimento de otros sistemas rivales de compensación. Además, en octubre, la Comisión emprendió inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de diversas empresas activas en el sector de los productos de derivados financieros ligadas al tipo interbancario en euros (EURIBOR) en diversos Estados miembros, pues sospechaba que dichas empresas podían haber infringido la normativa antitrust. La acción anticolusoria de la Comisión y las medidas reguladoras se complementan en el objetivo de lograr mercados financieros seguros, sanos y eficaces. Espacio Único Europeo de Pagos (EUEP) Unos mercados de pagos bien trabados, eficaces e innovadores son clave para el buen funcionamiento del mercado único y para la integración económica. El EUEP ilustra perfectamente cómo pueden coordinarse la autorregulación, la regulación y la aplicación del Derecho de competencia para crear estructuras de mercados abiertas, eficaces e innovadores. Este enfoque multifacial ha demostrado su utilidad durante la adopción en 2010 por la Comisión de una propuesta de Reglamento para impulsar la transición de los actuales sistemas nacionales de débito a otros nuevos sistemas de débito directo y de transferencia paneruropea de créditos en un Espacio Único Europeo de Pagos. La propuesta de Reglamento aborda igualmente el punto de las tasas de intercambio para financiar el modelo de Débito Directo (SDD) del EUEP pues la industria requiere mayor claridad y predecibilidad sobre la legalidad de tales acuerdos colectivos. Los objetivos principales de la propuesta de la Comisión sobre las tasas de intercambio incluyen la creación de un terreno de operaciones equitativo entre proveedores de servicios de pagos, el establecimiento de un mercado único de transferencia de créditos y pagos de débito directos, el fomento de la migración al SDD y la implantación de servicios eficaces de débito directo. El Reglamento lo adoptaron el Parlamento el 14 de febrero de 2012 en sesión plenaria (tras la adopción de un informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios[19]) y el Consejo el 28 de febrero. Entrará en vigor tras su publicación en el segundo trimestre de 2012. Normalización del pago electrónico A la par de estas iniciativas reguladoras, la Comisión quiere resolver el problema de las trabas que sufren los nuevos actores y la innovación con una supervisión anticolusoria que fomente sistemas de pagos eficaces y válidos para toda Europa que rebajen los costes de los pagos, originen métodos de pagos innovadores y, en última instancia, faciliten el comercio en toda la UE. En septiembre de 2011, la Comisión abrió una investigación anticolusoria sobre el proceso de normalización de pagos en internet («pagos electrónicos») emprendido por el Consejo Europeo de Pagos (CEP)[20]. La investigación se centrará en particular en comprobar si el proceso de normalización limita la entrada en el mercado o la innovación, excluyendo, por ejemplo, a nuevos actores o a proveedores de pagos que no estén controlados por un banco. Sector de datos de servicios financieros El buen funcionamiento de los mercados financieros depende del acceso a la información y de la disponibilidad pronta y de gran calidad de datos de mercado sobre el precio y la estructura de los instrumentos financieros. Los mercados que suministran información financiera se caracterizan a menudo por un grado muy elevado de concentración. Esto supone que las principales instituciones financieras globales y los proveedores de servicios de información ejercen un poder considerable en el mercado. La normalización sectorial en dichos mercados puede originar también en la práctica la aparición de productos de mercado, servicios, identificadores financieros e índices. La Comisión investiga en la actualidad diversos aspectos de este sector, incluidos el acceso a la información o los servicios, el establecimiento de normas técnicas, los derechos de propiedad intelectual y la interoperabilidad entre distintos productos o servicios. Compromisos jurídicamente vinculantes para el ISIN Los números de identificación de valores internacionales (ISIN) son códigos alfanuméricos de doce caracteres que dan una identificación uniforme de los valores en los intercambios y las compensaciones pero sin incluir información que caracterice los instrumentos financieros. La Comisión inició una investigación porque el uso de los registros ISIN dependía de una tasa de licencia que cobraba Standard & Poor's (S&P) y, el 15 de noviembre, hizo vinculantes durante cinco años los compromisos ofrecidos por S&P. Estos compromisos son dobles: primero, los usuarios finales indirectos no deberán ya pagar tasas de licencia a S&P por utilizar los registros ISIN; segundo, S&P ofrecerá también un nuevo servicio en el que solo ofrecerá registros ISIN, al precio de 15 000 USD al año, por suministrar el nuevo servicio a los proveedores de servicios de información y los usuarios finales directos. Agencias de calificación crediticia Son empresas que atribuyen una calificación de solvencia a emisores de determinados tipos de obligaciones de deuda (como gobiernos) y a los propios instrumentos de deuda (es decir, a la deuda soberana). Estas notaciones las utilizan los inversores, los emisores de deuda, los bancos de inversión, los operadores y los gobiernos. Las notaciones se han convertido en parámetros importantes para evaluar los riesgos vinculados con las inversiones financieras. En el fragor de la crisis financiera, ha surgido preocupación sobre el mercado de las agencias de calificación y sobre el modus operandi de ciertas empresas activas en este campo. En noviembre, la Comisión propuso enmiendas al vigente Reglamento sobre los organismos de calificación del grado de solvencia[21] para abordar ciertos aspectos de exceso de dependencia de las calificaciones y problemas de conflictos de interés, estructuras de mercado y responsabilidad de las agencias de calificación. La Comisión sigue también supervisando la situación de competencia en el mercado de las agencias de calificación, que presenta una estructura de oligopolio con grandes barreras para nuevos actores. Hasta ahora no se ha demostrado la existencia de prácticas contrarias a la competencia en este mercado. Cómo la aplicación de la normativa de fusiones de la UE contribuye a mantener una competencia justa en los mercados financieros Las infraestructuras de comercialización y poscomercialización, de efectivo y derivados, que operan de modo seguro, eficaz y competitivo son componentes esenciales de unos mercados de capital modernos y competitivos que, en última instancia, permiten a las empresas y a los inversores seguir siendo competitivos en Europa y en todo el mundo. Dado que las bolsas de valores son elementos clave de los mercados de capital, la competencia entre ellas es de extrema importancia. Competencia en el comercio de productos financieros derivados financieros El 29 de junio, Deutsche Börse (propietaria, entre otras entidades, de la Bolsa de Fráncfort) y NYSE Euronext (propietario, por ejemplo, de las bolsas de Nueva York, París, Bruselas, Amsterdam y Lisboa) notificaron formalmente a la Comisión su intención de fusionarse con arreglo al Reglamento sobre concentraciones de la UE (EUMR)[22]. La operación hubiera unido a los dos principales sistemas bursátiles europeos activos en toda la cadena de negociación, compensación y pago de instrumentos financieros (en efectivo y en derivados). Tras una investigación de mercado inicial, la Comisión inició una investigación a fondo de la operación centrándose en particular en el mercado de derivados, pues la transacción hubiera asociado a las principales bolsas de derivados[23] de Europa. La Comisión concluyó que la fusión hubiera originado una situación de cuasimonopolio en el campo de derivados financieros europeos negociados en bolsa, lo que hubiera acarreado una disminución de las posibilidades de libre competencia y de innovación. Entre los clientes que se hubieran visto afectados por ello están los fondos de pensión, los fondos de inversión colectiva y la banca minorista, así como los operadores profesionales y los bancos de inversión. Sin acceso al sistema de compensación ampliado de las sociedades fusionadas (es decir, ante la realidad de un «silo vertical»), hubiera sido más difícil a los nuevos actores entrar en un mercado ya caracterizado por barreras considerables. Las partes notificantes alegaron que la fusión iba a incrementar la eficiencia. Sin embargo, dichos beneficios iban a ser inferiores a lo que alegaban las partes notificantes y, en parte, podían conseguirse sin necesidad de fusión. En todo caso, las eventuales eficiencias no iban a bastar para compensar el daño que iba a causar la fusión a los clientes y, con la creación de una situación de cuasimonopolio, iba a ser improbable también que dichos beneficios llegaran a los clientes. Ante las objeciones de la Comisión, las partes notificantes propusieron soluciones que no acabaron de considerarse suficientes. 2. Política de competencia en un contexto amplio En este contexto, gran parte de las actuaciones de la Comisión en materia de política de competencia y aplicación de normas en 2011 abordó los efectos de la crisis en los mercados financieros. No obstante, la defensa y el respeto de las normas de competencia contribuyen también a otros objetivos más amplios a largo plazo, como la mejora del bienestar de los consumidores y el apoyo al crecimiento, el empleo y la competitividad de la UE de acuerdo con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador[24]. La Estrategia fija metas concretas que alcanzar durante la próxima década en áreas como el empleo, la educación, la migración, el consumo de energía y la innovación, así como objetivos de eficiencia de recursos para superar el impacto de la crisis financiera y situar de nuevo a la UE en la senda del crecimiento económico. La competencia y una vigorosa política de competencia, ideada y aplicada por la Comisión Europea y los Estados miembros en la «Red Europea de Competencia» (REC), desempeñan un papel importante para asegurar el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020 y garantizar que la competencia tenga un impacto directo en los vectores clave del crecimiento de la productividad. Un marco sólido para aplicar las normas de competencia 2011 fue también un año importante en la andadura correcta del marco institucional de la UE para la aplicación del Derecho de competencia. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[25] como el Tribunal de Justicia[26] confirmaron que el marco institucional para aplicar el Derecho de competencia mediante el cual un órgano administrativo como la Comisión adopta decisiones sujetas a una completa revisión judicial, garantiza una protección adecuada de los derechos fundamentales de las personas afectadas por dichas decisiones. La Comisión se ha comprometido a mejorar aun más sus procedimientos de investigación y aumentar la transparencia. Así lo demuestra la adopción en 2011 de un paquete de medidas[27], consistente en buenas prácticas de procedimiento con arreglo a los artículos 101 y 102[28] (prácticas similares regulan ya en el control de concentraciones y las ayudas estatales), el mandato revisado del consejero auditor[29] (por el que se amplían las competencias de este hasta la fase de investigación), así como un documento interno sobre presentación de pruebas económicas[30]. El objetivo de este paquete es aumentar la transparencia y ayudar a las partes en sus tratos con la Comisión y a los consejeros auditores en las investigaciones antitrust y los exámenes de concentraciones. Una mejor normativa de compensación de obligaciones de servicio público El nuevo paquete de Servicios de Interés Económico General (SIEG)[31] dota a los Estados miembros de un marco más sencillo, claro y flexible para propiciar la prestación al ciudadano de servicios públicos de calidad. Los Estados miembros tienen amplia libertad para definir qué servicios sean de interés general, pero la Comisión debe garantizar que los recursos públicos concedidos para la prestación de dichos servicios no falsee indebidamente la competencia en el mercado único. Anteriormente solo se exceptuaban los hospitales y las viviendas sociales pero, con el nuevo paquete, hay muchos más servicios sociales exentos de la obligación de notificación a la Comisión, sea cual sea el importe de la compensación que reciban. Los servicios deben satisfacer necesidades sociales (a saber, asistencia sanitaria y de larga duración, guarderías, acceso al mercado laboral o reinserción en él, viviendas sociales, cuidado e integración social de grupos vulnerables). A cambio, la Comisión supervisará con mayor atención otros servicios de interés económico general a los que se destinen compensaciones superiores a los 15 millones EUR al año. 2.1. La competencia incrementa el bienestar del consumidor En momentos difíciles, puede haber quien reclame líneas de defensa proteccionistas. Sin embargo, la historia confirma que la aplicación y el fomento de la política de competencia no pueden reducirse en tiempos de crisis económica, pues todo debilitamiento del marco de la competencia empeoraría las tendencias de crecimiento a medio o largo plazo. A los consumidores les va mejor si tienen acceso a mercados abiertos y competitivos La lucha contra los acuerdos colusorios y el abuso de posición dominante es una prioridad vigente para la Comisión. En 2011, la Comisión adoptó cuatro decisiones contra cárteles, dos de ellas relacionadas con productos de consumo (detergentes domésticos y fruta exótica) y por las que se imponían multas superiores a 614 millones EUR a 14 empresas[32]. Tres de esas cuatro decisiones eran transacciones. Las transacciones son importantes pues permiten a la Comisión proceder más ágilmente, lo que supone beneficios en tiempo y recursos. Contribuyen también a aumentar el efecto disuasorio de la lucha contra los cárteles que lleva a cabo la Comisión. Los consumidores son también los principales beneficiarios de la decisión adoptada en junio contra la sociedad polaca de telecomunicaciones, que durante más de cuatro años, ahogó a la competencia en el mercado polaco de banda ancha[33]. La Comisión incoó el caso por propia iniciativa en 2009 tras observar que Polonia tenía uno de los índices de penetración de banda ancha más bajos de Europa, que los consumidores soportaban velocidades de conexión inferiores y que las tarifas mensuales por los Mbit/s declarados eran muy superiores a las de otros Estados miembros (y estaban entre las más altas de la OCDE). La Comisión protege también la competencia e incrementa el bienestar del consumidor cuando aplica su política de concentraciones, estableciendo un equilibrio entre los beneficios económicos de la concentración y otros parámetros como precio, elección, calidad o innovación. Este enfoque ha demostrado su eficacia en el sector de las telecomunicaciones, en el que la Comisión ha examinado y aprobado concentraciones entre empresas competidoras en mercados ya saturados, como la industria del disco duro[34] y los planes de algunas empresas para modificar su modelo de negocios (como la adquisición por Intel, productora de chips, de McAfee, empresa de seguridad, si se dan compromisos que garanticen la interoperatividad[35]) o diversificar su cartera de actividades (como la adquisición por Microsoft, empresa de sistemas operativos, del proveedor de voz y vídeo Skype)[36]. Los consumidores se espera también que se beneficien de una oferta más amplia y de mejores precios cuando viajen en tren por determinadas rutas europeas, tras la aprobación de empresas conjuntas que abren el camino a la introducción de nuevos servicios de alta velocidad en los trayectos París-Milán[37] y Viena-Salzburgo[38], compitiendo con los actuales servicios ferroviarios prestados por los operadores tradicionales. Mejorar el bienestar del consumidor: el ejemplo práctico del sector de la alimentación Precios de alimentos ascendentes y volátiles pueden afectar negativamente a la economía europea El modo en que la defensa y la aplicación de las normas de competencia pueden contribuir realmente a mejorar el bienestar del consumidor queda bien ilustrado en el sector de la alimentación, en el que los ciudadanos se enfrentan a diario con la realidad del mercado. La alimentación representa una parte considerable del presupuesto de los ciudadanos, que supone aproximadamente un 14,1 % del gasto total del hogar en la UE en 2011[39]. La cadena de suministro de la alimentación enlaza tres importantes sectores de la economía europea: 1) la producción agrícola, 2) la industria alimentaria; y 3) la distribución (mayorista y minorista). Los tres desempeñan una función importante en la vida económica, social y política de Europa y contribuyen considerablemente al valor añadido, al comercio y al empleo de la UE, especialmente en zonas rurales[40]. A partir de mediados de 2007, los precios de los alimentos han aumentado considerablemente en todos los niveles de la cadena de suministro y los precios al consumo de los alimentos han llegado a suponer una contribución importante a la inflación general[41]. Al mismo tiempo, la volatilidad de los precios, especialmente el precio de producción de los alimentos básicos, ha aumentado también. La Comisión ha respondido en diversos frentes Los precios ascendentes y volátiles de los alimentos han puesto sobre aviso a los políticos y reguladores de los problemas potenciales de la cadena de suministro de alimentos, para los que se han tomado medidas. En la UE, la Comisión creó en 2010 un Foro de Alto Nivel para un Buen Funcionamiento de la Cadena de Suministro de la Alimentación, cuyo mandado dura hasta finales de 2012[42]. El Foro concita diversas iniciativas de la Comisión en distintos campos de acción. Ha creado diversas plataformas de expertos que se centran en diferentes aspectos de la cadena alimentaria. Entre estas plataformas hay tres de interés particular desde el punto de vista de la política de la competencia: i) una plataforma de relaciones contractuales interempresariales (B2B); ii) un grupo de expertos que desarrolla una herramienta de supervisión del precio de los alimentos; y iii) una plataforma de competitividad en la industria agroalimentaria. Por ejemplo, el trabajo de la plataforma B2B sobre prácticas contractuales aborda los problemas de la desigual capacidad de negociación de la cadena de suministro de alimentos, asunto frecuentemente mencionado a propósito de aplicación del Derecho de competencia. En esta plataforma, las partes interesadas han acordado principios comunes de equidad que guíen las relaciones comerciales en el sector de la alimentación, así como ejemplos de prácticas equitativas y no equitativas, que no están contempladas, sin embargo, en el Derecho de competencia de la UE. Esta plataforma prosigue sus trabajos. Las reformas de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Agrícola Común (PAC) presentadas por la Comisión en 2011 han tenido también repercusiones importantes para la competencia en dichos sectores[43]. En particular, la normativa de la PAC tiene un papel importante en la competencia en la cadena inicial de abastecimiento de la alimentación. Aunque los artículos 101 y 102 del TFUE se aplican a los productos agrícolas, la propuesta de la CAP mantiene determinadas excepciones del artículo 101 del TFUE, pese al objetivo general de aumentar la orientación de mercado de la PAC. La desigualdad de capacidad de negociación ha sido también asunto de discusión en relación a la reforma de la PAC, al resaltar muchas partes interesadas que los productores primeros de alimentos carecen de capacidad de negociación debido a la gran fragmentación del sector agrícola comparado con los demás niveles de la cadena de suministro de la alimentación. Esta opinión se expresa también en informes recientes del Parlamento Europeo sobre la reforma de la PAC[44]. Para paliar la falta de capacidad de negociación, la propuesta de la PAC busca reforzar el papel de las organizaciones de productores en todos los sectores de la producción agrícola. Dado que los miembros de las organizaciones de productores son productores agrícolas independientes y que su producción está integrada en grados diversos en dichas organizaciones, es capital garantizar que el funcionamiento de las organizaciones fomente la competencia. Las autoridades de la competencia garantizan a los consumidores un buen funcionamiento de los mercados de la alimentación … Los precios altos vienen originados por diversos factores que rebasan los límites de la política de competencia. Los recientes aumentos de precios pueden explicarse sobre todo por el aumento de los precios de las materias primas, que se repercuten en la cadena de alimentación y provocan un aumento de los precios al consumo. Sin embargo, el Derecho de competencia desempeña un papel importante para garantizar al consumidor un buen funcionamiento de los mercados de alimentos. En este sentido, muchas autoridades nacionales de competencia de la UE han realizados estudios sobre el sector de la alimentación en los últimos años con objeto de aclarar el funcionamiento de estos mercados, de localizar los problemas potenciales y de proponer soluciones. A nivel minorista, los mercados de alimentos tienen a menudo un ámbito nacional o regional. Las ANC desempeñan un papel clave para aplicar el Derecho de competencia en este sector. La Dirección General de Competencia ha cooperado estrechamente con las ANC en el marco de la REC para desarrollar mejor un enfoque coherente y común y garantizar que los mercados de alimentos sigan siendo competitivos y funcionen con eficacia. Un resultado de esta cooperación es la preparación de un Informe de la REC sobre las principales actuaciones de aplicación, defensa y supervisión emprendidas por las autoridades europeas de la competencia en los últimos ocho años[45]. La propuesta de informe glosa el impresionante trabajo realizado por las ANC en este campo, con unos 170 casos de aplicación del procedimiento antitrust, 1300 asuntos de control de concentraciones y aproximadamente 100 actuaciones de supervisión de mercado (incluidos estudios del sector, estudios de mercado y dictámenes de fomento de la competencia). Los procesos y controles cubrían un amplia gama de productos y sectores en todos los niveles de la cadena de suministro. Como esboza el Informe, los cereales, productos lácteos y una categoría de multiproductos son los sectores más investigados en asuntos colusorios. La principal preocupación para la competencia estaba relacionada con el comportamiento colusorio, pero incluía también restricciones verticales y abusos de posición dominante. El principal objetivo de las actuaciones de supervisión del mercado ha sido entender mejor el funcionamiento de los mercados de la alimentación y, por ejemplo, el modo en que los precios repercuten en los diferentes niveles de la cadena de abastecimiento. A raíz de estas actuaciones, las ANC han presentado una serie de recomendaciones para mejorar la competencia en los mercados correspondientes. Algunas de ellas han implantado también principios para las relaciones contractuales entre minoristas y proveedores. Paralelamente a las ANC, la Comisión ha aplicado también la normativa de la competencia en el sector de la alimentación, investigando en especial y multando a los cárteles ilegales y controlando las concentraciones. Así, por ejemplo, en octubre, la Comisión adoptó una Decisión en la que concluía que los consorcios Chiquita y Pacific Fruit habían amañado un cártel para fijar precios en sus ventas de plátanos en Europa meridional[46]. Las empresas habían fijado precios semanales de precios e intercambiado información sobre precios en relación a sus marcas. … y que la consolidación no dañe a la competencia El sector de la alimentación está sufriendo un proceso de globalización y consolidación, como se refleja en el número de notificaciones de concentración tramitadas por la Comisión en 2011[47]. En especial, la consolidación es patente en el sector lácteo, en el que la Comisión ha aprobado tres propuestas de concentraciones[48]. En el caso de la toma de control de Allgäuland por Arla, la Comisión abrió una investigación a fondo pero acabó decidiendo que el compromiso presentado por la parte notificante no era necesario; la transacción propuesta se aprobó, pues, sin condiciones. En la industria del zumo de naranja[49] y la industria azucarera también se examinaron propuestas de concentración en 2011. Consolidación actual del sector azucarero El sector azucarero es un mercado concentrado con altas barreras de acceso. La reforma reglamentaria del sector azucarero ha acelerado la dinámica del mercado, como resultado de la cual ha disminuido el número de operadores activos en varios Estados miembros. La Comisión decidió profundizar su examen de la toma de control del operador ED&F MAN por parte de Südzucker[50] al detectar una investigación preliminar problemas potenciales de competencia en los mercados de azúcar blanco en Europa meridional; en las importaciones de azúcar bruto de caña en todo el Espacio Económico Europeo (EEE))[51]; y en las melazas, especialmente en Europa Central. La Decisión de la Comisión se conocerá previsiblemente en abril de 2012. 2.2. Cómo la política de competencia ayuda al crecimiento, al empleo y a la competitividad En las economías avanzadas, la productividad total de los factores es la principal fuente de crecimiento. En los últimos años se ha originado un amplio consenso sobre los principales vectores de la productividad total de los factores: la innovación basada en el conocimiento y una economía que facilite la reasignación dinámica de los factores de producción en los distintos sectores e industrias. Los mercados competitivos están en mejor situación de producir empresas pertrechadas para prosperar a largo plazo. Una política vigorosa de competencia es un elemento clave de una política coherente e integrada que impulse la competitividad de la industria europea. Investigación, desarrollo e innovación La competencia es un vector fundamental de la innovación y de la productividad total Al estimular la innovación en tecnologías y métodos de producción, de forma gradual o con hallazgos decisivos, la política de competencia puede suponer una contribución significativa para la productividad y el crecimiento. Los cárteles impiden a la industria reinventarse y desvían la atención hacia la optimización de réditos en vez de hacia la innovación. La investigación realizada por la Comisión de supuestas prácticas de algunas editoriales para ejercer un control colectivo sobre el desarrollo de los libros electrónicos, con daños previsibles para las perspectivas de desarrollo de un mercado único competititivo y digital en este área, es un ejemplo de la actividad de la Comisión en este campo[52]. En entornos de gran innovación, las empresas consolidadas pueden también verse tentadas a controlar el proceso de innovación en beneficio propio y en menoscabo de los nuevos actores. Las medidas antitrust deben garantizar que las empresas que dominen el mercado no utilicen su posición para abortar la entrada de competidores menores con nuevas ideas viables. La investigación que ahora realiza la Comisión sobre Google tocante a sus actividades en la búsqueda en línea, publicidad de búsqueda en línea y mediación de publicidad de búsqueda en línea[53] demuestra el compromiso de la Comisión para aplicar la normativa de competencia en sectores digitales muy ágiles a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y su encuadramiento en los objetivos amplios de la Agenda Digital. La Comisión está examinando en particular las alegaciones de que Google está rebajando la posición de los resultados de búsquedas gratuitas de proveedores de servicios de búsqueda de la competencia, dando prioridad a los resultados de sus propios servicios de búsqueda verticales, y las alegaciones de que Google impone obligaciones de exclusividad a sus socios publicitarios y limita la portabilidad de datos de campañas publicitarias en línea a plataformas de publicidad en línea de la competencia. Paralelamente, el sector farmacéutico es impulsado por el I+D y está muy regulado. Como muestra el informe de la Comisión sobre investigación del sector farmacéutico, algunos de los principales factores de competencia del sector afectan al posible retraso injustificado o al bloqueo de la entrada en el mercado de genéricos y al desarrollo y lanzamiento de medicamentos innovadores[54]. Visto el carácter global de la industria farmacéutica, el mantenimiento de una sana competencia en el sector es necesario no solo por razones de mercado interior sino también para aumentar el suministro de medicamentos económicamente abordables e innovadores a las personas que los necesiten en los países en desarrollo. Los acuerdos y amaños contractuales para retrasar la entrada en el mercado de productos genéricos han estado así en 2011 en el ojo de la Comisión, que ha incoado dos casos[55] al respecto. El total de la ayuda estatal para apoyar el gasto en investigación, desarrollo e innovación ha aumentado desde 6, 2 millones EUR en 2005 hasta 10, 9 millones EUR en 2010 (+75 %) para apoyar la creación de empleo y aumentar la competitividad europea mediante casos y regímenes concretos. En 2011, la Comisión dio el visto bueno a ayudas de los Estados miembros a dichos objetivos en, al menos, 33 ocasiones referidas a protección medioambiental, en 43 referidas a desarrollo regional, en 20 referidas a investigación y desarrollo y en, al menos, 11 de apoyo a las PYME[56]. Un desarrollo más verde Europa necesita precios de la energía competitivos, seguridad de abastecimiento, inversiones en infraestructura y fuentes de energía que respeten los objetivos medioambientales De acuerdo con el objetivo de apoyo al crecimiento sostenible, la Comisión ha iniciado la preparación de directrices para el tratamiento de las ayudas estatales relativas al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Las directrices perseguirán un equilibrio entre tres objetivos: impedir un riesgo excesivo de emisiones carbónicas por el incremento de los costes de CO2 en los precios de la electricidad; mantener las señales de precios establecidas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE para lograr una disminución de emisiones carbónicas económicamente efectiva; y reducir al mínimo el falseamiento de la competencia en el mercado interior evitando carreras de subsidios dentro de la UE en un momento de incertidumbre económica y disciplina presupuestaria. La política de competencia fomenta el uso más eficaz de las tecnologías y los recursos existentes Las cifras muestran una demanda creciente para satisfacer las necesidades de energía con fuentes sostenibles. La Comisión ha autorizado empresas conjuntas en el sector solar (termal y fotovoltaico)[57] y en el sector eólico[58]. Los Estados miembros han aportado financiación para medidas de apoyo a la extracción de energía de fuentes renovables con arreglo a las directrices horizontales sobre ayudas al medio ambiente[59] mientras, a la vez, algunos Estados miembros fomentaban la producción de automóviles ambientalmente compatibles y productos verdes. Industrias de red La labor anticolusoria de la Comisión se ha centrado en mejorar el funcionamiento en el mercado de sectores clave de la economía como las industrias de red. La política de competencia fomenta servicios eficaces e integrados y evita la segmentación del mercado La realización del mercado único no podrá completarse si las empresas firman acuerdos para repartirse el mercado según fronteras nacionales. Los acuerdos que incluyen cláusulas de inhibición de la competencia ponen en peligro la integración del mercado único. Consiguientemente, la Comisión envió un pliego de objeciones a Telefónica y a Portugal Telecom, dos empresas que habían acordado no competir en sus mercados de telecomunicaciones respectivos en la Península Ibérica[60]. El crecimiento es también un punto central en el sector de las telecomunicaciones. En 2011, la Comisión examinó casi 2 000 millones EUR de fondos públicos utilizados para el desarrollo de la banda ancha y de redes de próxima generación en diversos países europeos. A consecuencia de ello se aprobaron 18 regímenes de ayuda para construir nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en zonas sin servicio de Europa. Los regímenes contribuyen a reducir el retraso en relación con países más avanzados del mundo, aumentan la competitividad de los mercados y, en última instancia, ofrecen nuevos servicios a los consumidores. La política de competencia facilita la reasignación dinámica de recursos (entradas y salidas) En el sector de la energía, las medidas de competencia pueden coadyuvar a resolver los problemas de la seguridad de aprovisionamiento facilitando el acceso al mercado y fomentando la inversión. En 2011, la Comisión incoó una investigación formal contra la compañía eléctrica ČEZ al sospechar que esta podía había abusado de su posición dominante impidiendo la entrada de competidores en el mercado checo de la electricidad[61]. La Comisión realizó también inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas de gas de Europa Central y Oriental en busca de pruebas de actuaciones que pudieran excluir a los competidores de ofrecer fuentes alternativas de gas o que implicaran abuso de posición dominante en el suministro de gas, cobrando, por ejemplo, precios excesivos. Mejorar el funcionamiento del sector del transporte aéreo: función de la política de competencia El transporte aéreo de pasajeros se ha visto menos afectado por la crisis financiera que el transporte aéreo de mercancías Hoy el transporte aéreo se da por descontado. El número de pasajeros de avión se triplicó entre 1980 y el año 2000 y se calcula que se duplicará aún antes de 2020. En 2010, el número de pasajeros de avión transportados por rutas que incluían aeropuertos de la UE alcanzó los 777 millones, un 3 % más en comparación con 2009. Dos tercios aproximadamente del transporte se realizaron dentro de la UE. Este incremento creciente ilustra los beneficios de la liberalización del mercado si se acompaña de medidas de aplicación de la política de competencia. Las previsiones apuntan que, a lo largo de la próxima década, el tráfico aéreo continuará creciendo en un 4 % anual[62] aproximadamente. La aviación civil contribuye en gran medida a la economía europea al movilizar a más de 150 compañías de transporte regular, una red de 450 aeropuertos y unos 4 500 000 empleados[63]. Su actividad supone un 1,5 % del PIB de la UE. El hecho de que el sector de la aviación civil haya crecido considerablemente desde principios de la década de los noventa es sobre todo resultado de la liberalización del sector, que ha originado una reducción de los precios y la entrada de muchas nuevas empresas. El número de rutas interiores de la Unión aumentó en un 140 % entre 1992 y 2010. En 2010 se transportaron por aire 13, 1 millones de toneladas de mercancías, un 20 % de las cuales eran carga interior de la UE. Esto representa un aumento del 16 % en comparación con 2009, un año en que el sector de transporte de carga aéreo sufrió con fuerza el colapso comercial que produjo la crisis financiera. La liberalización ha impulsado la competencia e incrementado la oferta para los pasajeros, pero… El proceso de liberalización del transporte aéreo está en una fase relativamente avanzada. Finalizado en 1997 el mercado único del transporte aéreo, se han incorporado al mercado muchas nuevas compañías aéreas que se han desarrollado rápidamente, aumentando la competencia y presentando una mejor oferta a los pasajeros. Esto se ha reflejado también en un incremento relativamente agudo del número de pasajeros de los aeropuertos regionales. Sin embargo, en los dos últimos años parece haber retrocedido la competitividad de los aeropuertos regionales: los aeropuertos con menos de cinco millones de pasajeros al año tienen ahora tasas de crecimiento similares a las de los aeropuertos más grandes. … la consolidación ha originado inquietud sobre diversas formas de cooperación entre las compañías aéreas Al mismo tiempo, se ha producido una consolidación importante entre compañías aéreas, debido sobre todo a que la anterior estructura del mercado, basada en la existencia de compañías de bandera nacionales, demostró ser ineficaz en un mercado europeo abierto. Se han producido numerosas concentraciones que han afectado sobre todo a empresas de bandera más pequeñas o menos eficientes, antes protegidas por monopolios legales. Se han desarrollado formas de cooperación más flexibles y variadas que van desde acuerdos bilaterales de código compartido a alianzas (gran parte de las compañías que operan en Europa y fuera de Europa forman parte de tres grandes alianzas: Oneworld, Star Alliance y SkyTeam) o empresas conjuntas. Las restricciones a la inversión extranjera en distintas jurisdicciones (como la UE y EE.UU) son una razón importante de la popularidad de formas de cooperación más flexibles entre compañías internacionales. Las investigaciones de concentraciones y prácticas colusorias de la Comisión en 2011 han tenido en cuenta tanto los efectos competitivos de la mayor concentración de oferta en determinadas rutas como el impacto competitivo de la coordinación entre compañías aéreas. La Comisión propone un nuevo reglamento de franjas horarias para intensificar la competencia En marzo, la Comisión adoptó una amplia estrategia que establecía una hoja de ruta en dirección a un sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos[64]. La hoja de ruta presenta 40 iniciativas concretas dirigidas a incrementar la movilidad reduciendo a la vez las emisiones carbónicas del transporte en un 60 % para 2050. Adoptado en diciembre de 2011, el Paquete «Mejores aeropuertos» incide en el reto de la capacidad. En el contexto de la creciente congestión de los aeropuertos y el limitado desarrollo de las principales infraestructuras de nuevos aeropuertos, el acceso a las franjas horarias, que es un recurso escaso, limita la competencia. Una de estas iniciativas es la propuesta de un nuevo Reglamento sobre franjas horarias[65] adoptada el 1 de diciembre que está orientada a facilitar la entrada en el mercado e incita a un uso más eficiente de la capacidad aeroportuaria. La propuesta de Reglamento refuerza la independencia de los coordinadores de franjas horarias, prevé incrementos en la tasa de utilización de franjas y permite expresamente la comercialización secundaria de franjas, lo que favorecería la entrada de competidores en menoscabo de los actuales. Al mismo tiempo, las autoridades de la competencia deberán garantizar que la mayor facilidad de comercialización secundaria no la empleen las compañías tradicionales para afianzar aun más su posición. El Paquete «Mejores Aeropuertos» incluye también un nuevo Reglamento de asistencia en tierra[66] dirigido a reforzar la eficiencia y la calidad general de los servicios de asistencia en tierra, garantizando un incremento de la competencia en este sector. Los compromisos sobre franjas horarias se presentan como solución en concentraciones y casos de colusión En diversos casos de concentración y casos de colusión, las partes han ofrecido franjas horarias para facilitar la entrada de competidores y despejar así las objeciones de las autoridades de la competencia. Los compromisos sobre franjas horarias son particularmente útiles en aeropuertos congestionados, en los que el acceso a las franjas horarias es esencial para que las compañías puedan competir. Una empresa conjunta transatlántica ha aplicado compromisos sobre franjas horarias, pero… En 2010, British Airways, American Airlines e Iberia, miembros de la alianza Oneworld alliance, acordaron coordinar sus horarios de vuelo, sus tarifas y su capacidad en rutas entre Europa y Norteamérica. La investigación que realizó la Comisión de esta empresa conjunta concluyó en una Decisión que hizo vinculantes los compromisos de las tres compañías[67]. Posteriormente, varias compañías de la competencia solicitaron franjas horarias u otros arreglos ofrecidos por socios de empresas conjuntas. El 20 de diciembre, la Comisión, tras el correspondiente examen, aprobó la solicitud de franjas horarias de Delta Airlines, permitiéndole iniciar nuevos servicios desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Boston y Miami. En 2011, la Comisión investigó también acuerdos tomados en las alianzas Star[68] y SkyTeam[69] y abrió otras dos nuevas investigaciones[70] para comprobar la legalidad de los acuerdos de reparto de código aplicados, en un caso, entre Lufthansa y Turkish Airlines y, en otro, entre TAP Air Portugal y Brussels Airlines. … estos se consideraron insuficientes en la propuesta de concentración entre Aegean y Olympic Mantener la oferta y la competencia tarifaria en las rutas griegas En 26 de enero, la Comisión prohibió la concentración propuesta entre Aegean Airlines y Olympic Air de Grecia, notificada en junio de 2010. Como en anteriores concentraciones de compañías aéreas, la Comisión analizó los efectos combinados que tendría la propuesta de concentración en las distintas rutas en que operaban las dos compañías. La Comisión concluyó que la concentración propuesta hubiera originado un cuasimonopolio de la compañía resultante en nueve rutas, incluidas las rutas entre Atenas y Tesalónica, Herakleion o Rodas, en menoscabo de los más de cuatro millones de pasajeros que viajan cada año por esas rutas. Dentro del paquete de soluciones, Olympic y Aegean ofrecían poner a disposición de nuevos actores potenciales determinadas franjas de despegue y aterrizaje en Atenas y otros aeropuertos griegos. No obstante, la Comisión consideró que dichas soluciones eran insuficientes dado que ni Atenas ni ninguno de los demás aeropuertos griegos estaban congestionados. De hecho, a diferencia de otros casos de concentración de compañías aéreas, el problema no era la disponibilidad de franjas horarias. El problema era que, aun con franjas disponibles, no había compañías que tuvieran posibilidad de entrar en ese mercado. Por ello, desprenderse de franjas horarias no habría mejorado o facilitado la posibilidad de que una nueva empresa se introdujera en dichas rutas. A falta de soluciones aceptables, la Comisión no pudo menos de prohibir la concentración propuesta[71]. Aparición de nuevas compañías de bajo coste y su atractivo para los aeropuertos regionales… El sector del transporte aéreo se ha modificado radicalmente en los últimos años, debido sobre todo al espectacular aumento de compañías de bajo coste desde 2005. Estas compañías se han hecho con cuotas de mercado sustanciales pero también se han beneficiado de abundantes ayudas públicas. Por ejemplo, en diversos casos, las autoridades públicas han ofrecido sistemas de descuento a las compañías de bajo coste por utilización de aeropuertos regionales, que también se han beneficiado de dinero público. Además, algunas antiguas compañías de bandera no pueden sobrevivir a la actual crisis económica y han solicitado ayuda pública. No es, pues, de extrañar, que la Comisión haya recibido denuncias de las empresas de la competencia. … aconsejan revisar las Directrices de aviación. El actual marco jurídico que forman las Directrices de aviación de 1994[72] y 2005[73] aborda dichos problemas estableciendo, sobre todo, criterios de compatibilidad para evaluar la ayuda de inversión para infraestructuras aeroportuarias y ayudas de puesta en marcha a compañías por parte de aeropuertos regionales. En 2011, la Comisión lanzó una consulta pública sobre aplicación y posible revisión de dichas directrices. La Comisión tiene intención de adoptar nuevas directrices en 2012, lo que tendría en cuenta el impacto positivo para el desarrollo regional de aeropuertos y compañías aéreas evitando a la vez la distorsión de condiciones de competencia y la duplicación de aeropuertos no rentables. La Comisión extrema el escrutinio de la ayuda a los aeropuertos regionales y las compañías de bajo coste y… Actualmente, la mayoría de los aeropuertos regionales de Europa no es rentable y sobrevive solo gracias a los subsidios que reciben de las autoridades locales. Solo un 8 % de los aeropuertos de EU-27 es de propiedad privada, un 77 % de ellos es público y otro 14 %, de propiedad mixta. Sin embargo, el cierre de aeropuertos puede no ser una opción dado el importante papel que desempeñan los aeropuertos regionales en el desarrollo local o regional. Pese a ello, un examen atento de las ayudas estatales debe garantizar que dicha propiedad pública no beneficie indebidamente a algunos aeropuertos y compañías aéreas en detrimento de otros, contribuyendo así a una correcta asignación de recursos públicos. Significativamente, diversas resoluciones judiciales en este sector sancionan este papel más estricto del examen de ayudas estatales. En su reciente sentencia en el asunto del aeropuerto de Leipzig-Halle, el Tribunal General confirmó que la construcción de infraestructuras aeroportuarias debe someterse al control de las ayudas estatales, porque está intrínsicamente vinculada al funcionamiento de un aeropuerto como actividad económica[74]. En 2011, la Comisión abrió procedimientos formales de investigación de ayuda estatal en seis casos[75] de inversión y ayudas de puesta en marcha de compañías aéreas o aeropuertos regionales. En la mayoría de estos casos se dan regímenes de reducción de tasas de aeropuertos a las compañías de bajo coste, a menudo combinados con acuerdos de comercialización de dudoso valor para los aeropuertos. … continúa investigando la ayuda de reestructuración a compañías de bandera Al mismo tiempo, las compañías tradicionales se han consolidado y reestructurado, dando lugar a importantes casos de ayuda estatal. La apertura del procedimiento formal de investigación de la ayuda de reestructuración a las compañías nacionales de bandera de Chequia (Czech Airlines - ČSA)[76] y Malta (Air Malta[77]) son dos buenos ejemplos. 2.3. Cómo favorece la Comisión una cultura de la competencia Las medidas de defensa y aplicación de las normas de competencia son los dos brazos de una política eficaz de competencia El conocimiento de los beneficios de la competencia es esencial para que los ciudadanos exploten sus oportunidades como consumidores, las empresas compitan según sus méritos y los responsables políticos a nivel de la Unión o a nivel nacional, regional y local planteen iniciativas que contribuyan a un crecimiento sostenible. Las empresas y los Estados miembros deben conocer y respetar la normativa… Los mercados funcionan mejor si los consumidores eligen con conocimiento de causa entre los productos y servicios en oferta, las empresas se abstienen de acuerdos y prácticas colusorios y las administraciones pública son conscientes de que la competencia puede ayudar a abordar problemas económicos más amplios. En tiempo de recesión económica, es particularmente importante que los responsables políticos entiendan los efectos beneficiosos que tiene la competencia para el crecimiento y el daño que originaría una relajación de la normativa. Para impulsar el conocimiento de la normativa y fomentar los esfuerzos de cumplimiento de la misma por parte de las empresas, la Comisión ha publicado un folleto al efecto y ha abierto en su web un espacio que orienta a los lectores sobre la documentación disponible sobre estrategias de cumplimiento efectivas[78]. En 2011, se siguió avanzando para garantizar que los Estados miembros afectados ejecutaran real e inmediatamente las decisiones sobre recuperación de ayuda estatal adoptadas por la Comisión. El objetivo de la recuperación es reestablecer la situación existente en el mercado antes de la concesión de la ayuda para garantizar el mantenimiento de condiciones competitivas equitativas en el mercado único. El porcentaje de ayuda ilegal e incompatible por recuperar se ha reducido desde el 75 % que suponía en 2004 hasta aproximadamente un 12,3 % a 31 de diciembre de 2011, al tiempo que el importe de ayuda ilegal e incompatible recuperada aumentaba desde 2 300 millones EUR en diciembre de 2004 hasta 12 300 EUR. Los procedimientos de infracción y las acciones judiciales contra los Estados miembros que incumplan las decisiones de recuperación de ayuda estatal han demostrado su efectividad. En 2011, se cerraron cinco casos tras acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia; 29 de los 45 casos abiertos están aún pendientes de resolución. … y las autoridades de la competencia refuerzan su cooperación dentro de la UE e internacionalmente La Comisión y las ANC tienen un importante papel en el fomento de la cultura de la competencia. Cooperan no solo en casos concretos sino desarrollando políticas en diversos foros de la REC. Subgrupos activos en 2011 cubrieron sectores como la alimentación, los servicios financieros y Los productos farmacéuticos. Los mercados globalizados necesitan una cultura de la competencia con un impulso internacional y la Comisión está fomentando un proceso de convergencia sobre normas sustanciales y formas de procedimiento. Se han cerrado acuerdos con las autoridades de la competencia de EE.UU., Canadá, Japón y Corea. Acuerdos de largo alcance se están negociando con las autoridades suizas y canadienses para mejorar la eficiencia y efectividad de la cooperación en casos concretos. 3. Diálogo sobre competencia con otras instituciones 3.1. Diálogo estructurado con el Parlamento Europeo Aunque la Comisión es plenamente competente para aplicar el Derecho de competencia de la UE, siempre bajo el control de los tribunales europeos, el Comisario de Competencia y sus servicios participan en un diálogo estructurado continuo sobre aspectos de la competencia con el Parlamento Europeo y especialmente con la Comisión de Asuntos Económicos del mismo (ECON). Diálogo estructurado con ECON En 2011, el Comisario de Competencia acudió tres veces a la Comisión ECON para participar en el diálogo estructurado y presentar el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 (marzo), el Informe Anual sobre la Política de la Competencia (julio) y el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 (noviembre). Asistió también a una audiencia de recurso colectivo y a una reunión con el Grupo de trabajo sobre competencia. 3.2. Seguimiento de la Resolución del Parlamento relativa al Informe 2009 sobre la Política de la Competencia En enero de 2011, el Parlamento adoptó su Resolución sobre el Informe 2009 de la Comisión sobre la Política de la Competencia[79]. En dicha Resolución, presentaba a la Comisión una serie de demandas. Paralelamente a la respuesta oficial de la Comisión a la Resolución, el Comisario de Competencia respondió en marzo con una carta al presidente de la Comisión ECON y sus servicios remitieron también una respuesta detallada a todos los puntos que tocaba la Resolución del Parlamento. Extremos cubiertos por la Resolución del Parlamento Europeo El Parlamento estaba particularmente interesado en las actuaciones de la Comisión relacionadas con la crisis financiera y económica y solicitó a la Comisión que llevara a cabo una evaluación de las medidas provisionales de ayuda estatal planteadas durante la crisis. En respuesta, la DG de Competencia preparó un extenso documento interno sobre normativa temporal de ayudas estatales durante la crisis financiera y económica[80], que presentó el Comisario de Competencia en septiembre al presidente de ECON. En su Resolución, el Parlamento recordó sus anteriores solicitudes a la Comisión para que presentara legislación que facilitara las demandas individuales y colectivas de compensación efectiva por daños resultantes de infracciones del Derecho anticolusorio. En respuesta al Parlamento, que reclamaba un enfoque coherente y multisectorial, la Comisión lanzó en marzo una consulta pública sobre compensación colectiva. El Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 incluye también una propuesta sobre acciones por perjuicios colusorios que el Comisario de Competencia presentará a la Comisión en 2012. 3.3. Compromiso de la Dirección General de Competencia con la Comisión ECON del Parlamento La DG de Competencia organizó en 2011 dos seminarios para asistentes y asesores políticos de la Comisión ECON. El primero (en febrero) cubrió los temas principales del Programa de Trabajo de Competencia 2011[81]. El segundo (en julio) se organizó coincidiendo con la presentación por parte del Comisario de Competencia del Informe Anual de Competencia 2010. Además de ello, el Director General de la DG de Competencia intervino en mayo en la reunión abierta de coordinadores de la Comisión ECON. Consultas públicas y evaluaciones de impacto La DG de Competencia informa del lanzamiento de consultas públicas a la secretaría de la Comisión ECON y, más en general, recibe contribuciones oportunas del Parlamento. Los servicios de la DG de Competencia están a disposición de los eurodiputados para explicarles aspectos de particular interés. Las respuestas a las consultas públicas, los estudios de contexto encargados, las evaluaciones de impacto de la Comisión y todos los documentos internos que se relacionen con ello se publican en internet. Toda la información sobre consultas públicas en marcha o que se hayan realizado puede también consultarse en la web de la DG de Competencia[82]. El Comisario de Competencia y funcionarios de sus servicios participaron en reuniones del Grupo Conjunto sobre Servicios Públicos de Interés General antes de que, en marzo, se lanzara la consulta pública. El Comisario presentó en marzo a ECON la posición inicial de la Comisión y volvió a informar a la Comisión en julio y posteriormente en noviembre. Durante el proceso, la Comisión modificó su propuesta inicial para incluir algunas sugerencias del Parlamento. Los miembros de la Comisión ECON han manifestado también su inquietud por la política de sanciones de la Comisión y, en respuesta, los servicios de la DG de Competencia han explicado la metodología de las multas en seminarios y en una detallada carta de respuesta a un diputado del Parlamento Europeo. Política de sanciones de la Comisión En 2011, la DG de Competencia publicó una hoja informativa sobre multas[83] para explicar las razones de las multas y su método de cálculo. También publicó un folleto sobre cumplimiento de la normativa dirigido a las empresas en el que se trata de la importancia de fomentar el respeto de la normativa y de garantizar medidas eficaces de disuasión. La Comisión publicó también en octubre su Paquete de Mejores Prácticas. En este se esbozan medidas para reforzar la transparencia en las investigaciones anticuolusorias. En concreto, todos los pliegos de objeciones, que exponen las objeciones de la Comisión en una fase inicial del caso y al que las partes pueden responder en detalle, incluyen ahora una indicación de los parámetros de multas posibles. Los diputados europeos plantean frecuentes preguntas a la Comisión sobre casos concretos de competencia en curso, a las que la Comisión no puede responder, obligada como está a la confidencialidad en los procedimientos de investigación. Investigaciones en curso y estudios sectoriales El personal de la DG de Competencia se reúne periódicamente con diputados del Parlamento Europeo a petición de estos para explicar las fases del procedimiento de las investigaciones y para mantener debates generales sobre sectores concretos siempre dentro de los límites de la confidencialidad que obliga a las partes. El Parlamento ha solicitado también reiteradamente estudios sectoriales de diversas áreas, de lo que ha tomado nota la Comisión. La Comisión dispone de un amplio surtido de herramientas para el cumplimiento del Derecho de competencia de la UE como las investigaciones de casos concretos, los análisis sectoriales y la colaboración con otras Direcciones Generales sobre medidas reguladoras. Los estudios sectoriales requieren grandes recursos y a veces, los mismos objetivos pueden alcanzarse con igual eficacia con otros tipos de investigación. 3.4. Compromiso de la Dirección General de Competencia con el CESE La Comisión mantiene también informado al Comité Económico y Social Europeo (CESE) de sus principales iniciativas políticas y participa en grupos de estudio y reuniones sectoriales. Además de ello, el Comisario de Competencia participó el 4 de octubre en la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, en la que presentó el Documento de trabajo sobre normativa provisional de ayuda estatal durante la crisis financiera y económica. El 7 de diciembre, el CESE adoptó un dictamen sobre el Informe sobre la Política de la Competencia 2010[84]. [1] La hoja de ruta de este Programa se expone por primera vez en la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2009 - Gestionar la recuperación europea y los planos se describen detalladamente en la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2010 - Regulación de los servicios financieros para un crecimiento sostenible. [2] Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011- Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2012. [3] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/125621.pdf [4] Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera, DO C 356 de 6.12.2011, p. 7-10; IP/11/1488. [5] Textos adoptados, P7_TA(2011)0023. [6] Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión, «Efectos de la normativa de ayudas estatales adoptada en el contexto de la crisis financiera y económica». En: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/temporary_stateaid_rules_en.html [7] Asunto SA.32504 Plan conjunto de reestructuración de Anglo Irish Bank y Irish Nationwide Building Society, Decisión de 29 de junio de 2011; IP/11/801. [8] Asunto SA.29590, WestLB, Decisión de 20 diciembre de 2011. [9] Asunto SA.28264, Ayuda de reestructuración de Hypo Real Estate, Decisión de 18 de julio de 2011, DO L 60/2012; IP/11/898. [10] Asunto SA.29338 Restructuración de HSH Nordbank AG, Decisión de 20 de septiembre de 2011. [11] Asunto SA.31945 Ayuda de liquidación de Eik Banki P/F y Eik Bank Denmark A/S, Decisión de 6 de junio de 2011, DO C 274 17.9.2011, pp. 3-6; IP/11/677. [12] Asunto SA.32745 Restructuración de Kommunalkredit Austria AG, Decisión de 23 de junio de 2011, DO C 239 de 17.8.2011, pp. 1-3; IP/11/389 [13] Asunto SA.26674 Ayuda de reestructuración a ABN AMRO, Decisión de 5 de abril de 2011, DO L 133 de 15.12.2011, pp.1-46; IP/11/406. [14] Además de a los miembros de la eurozona, afecta también a Rumanía y Letonia. [15] Los CDS se negocian entre organismos financieros o inversores. Son derivados creados inicialmente para dar protección a inversores que hayan invertido en una empresa o un estado que resulten insolventes. Se utilizan también como instrumentos especulativos. [16] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones, 15 de septiembre de 2010, COM(2010) 484 final – COD 2010/0250*; IP/10/1125. [17] IP/11/1219 de 20.10.2011. [18] Asunto COMP/39730 CDS (Credit Default Swaps) – Compensación y Asunto COMP/39745 CDS – Mercado de la información; IP/11/509. [19] Proyecto de informe sobre propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)) – The Essayah Report, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0292&language=EN [20] Asunto COMP/39876 Pagos en línea EPC, Incoación de procedimiento de 5 de octubre de 2011; IP/11/1076. [21] Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia, DO L 302 de 17.11.2009, pp. 1-31. [22] Asunto COMP/M.6166 Deutsche Börse / NYSE Euronext, DO C 199 de 7.7.2011, p. 9. [23] Los derivados son contratos financieros cuyo valor se deriva de activos variables o de activos subyacentes que pueden ser acciones, tipos de interés o divisas. En general los derivados se emplean como cobertura, con fines de inversión y para gestión general de riesgos en los mercados financieros. La compensación desempeña un papel importante en la negociación de derivados. El objetivo de la compensación es gestionar el riesgo de las partes negociantes en el tiempo que transcurre entre la negociación y el pago. [24] http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm [25] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de septiembre de 2011 en el asunto A. Menarini Diagnostics S.R.L. / Italia (Demanda nº 43509/08), apartados 57-67. [26] Asuntos C-272/09 P KME Germany AG y otros / Comisión, C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias Metallon / Comisión y C-389/10 P KME Germany AG y otros / Comisión, sentencias de 8 de diciembre de 2011. [27] Comunicado de prensa y Preguntas frecuentes en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html [28] Buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 1011 y 102 del TFUE, DO C 308 de 20.10.2011, p. 6-32. En http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html [29] Función y mandato del consejero auditor, DO L 275 de 20.10.2011, p. 29. [30] Buenas prácticas para la presentación de pruebas económicas y recogida de datos en asuntos relativos a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y en las concentraciones de empresas. En http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html [31] Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico, DO C 8 de 11.1.2012, pp. 4-14. Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (notificada con el número C(2011) 9380), DO L 7 de 11.1.2012, pp. 3-10. Comunicación de la Comisión — Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011) DO C 8 de 11.1.2012, pp. 15-22. En http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html [32] Asuntos COMP/39579 Detergentes de consumo, Decisión de 13 de abril de 2011, DO C 193 de 2.7.2011, pp. 14-16,COMP/39482 Frutos exóticos, Decisión de 12 de octubre de 2011, COMP/39605 CRT Glass, Decisión de 19 de octubre de 2011; IP/11/1214 y COMP/39600, Compresores de refrigeración, Decisión de 7 de diciembre de 2011. [33] Asunto COMP/39525 Telekomunikacja Polska, Decisión de 22 de junio de 2011, DO C 324 de 9.11.2011, p. 7-10; IP/11/771. [34] Asuntos COMP/M.6214 Seagate Technology / the HDD business of Samsung Electronics, Decisión de 19 de octubre de 2011; IP/11/1213 y COMP/M.6203 Western Digital Ireland / Viviti Technologies, Decisión de 23 de septiembre de 2011; IP/11/1395. [35] Asunto COMP/M.5984, Intel / McAfee, Decisión de 26 de enero de 2011, DO C 98 de 30.3.2011, p. 1; IP/11/70. [36] Asunto COMP/M.6281, Microsoft / Skype, Decisión de 7 de octubre de 2011, DO C 341 de 22.11.2011, p. 2; IP/11/1164. [37] Asunto COMP/M.6150 Veolia Transport/Trenitalia/JV, Decisión de 20 de julio de 2011, DO C 249 de 26.8.2011, p. 3; IP/11/917. [38] Asunto COMP/M.6269 SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, Decisión de 20 de julio de 2011, DO C 222 de 28.7.2011, p. 1. [39] Véanse las cifras provisionales de la DG de Agricultura, junio de 2011, actualización de productos agrícolas básicos y tendencias de los precios de la alimentación en la UE, página 6, cuadro 5. En http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/foodprices/food06_2011_en.pdf [40] Para un enfoque general, véase el Informe sobre Competitividad de la Industria Europea de la Agroalimentación de 17 de marzo de 2009 (Competitiveness Report), p. 59. En http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf [41] Al considerar las cifras globales de la UE, importa no olvidar que las tendencias de los precios de alimentación varían extraordinariamente no solo de un Estado miembro a otro sino también de un producto a otro. Véase, p.ej., DG de Agricultura, enero de 2012, actualización de tendencias recientes de productos agrícolas básicos y alimentación en la UE, p. 3, cuadro 4. En http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/foodprices/food01_2012_en.pdf [42] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm [43] http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm y http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm [44] Véase, p.ej., Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa (2009/2237(INI)), en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0302&language=EN&ring=A7-2010-0225; Sobre la PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario (2011/2051(INI)), en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0202+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN [45] Se publicará en el segundo trimestre de 2012. [46] Asunto COMP/39482 Exotic fruit, Decisión de 12 de octubre de 2011. [47] En 2011, la Comisión recibió 16 notificaciones de propuestas de concentraciones en el sector agroalimentario. [48] Asuntos COMP/M.6119 Arla/Hansa, Decisión de 1 de abril de 2011, DO C 122 de 20.4.2011, p. 6; IP/11/397, M.6242 Lactalis/Parmalat, Decisión de 14 de junio de 2011, DO C 209 de 15.07.2011, p. 14; IP/11/701and M.6348 Arla Foods/Allgäuland, Decisión de 7 de septiembre de 2011, DO C 343 de 23.11.2011, p. 14; IP/11/2011. [49] Asunto COMP/M.5907 Votorantim /Fischer/JV, Decisión de 4 de mayo de 2011; IP/11/531. [50] Asunto COMP/M.6286 Südzucker/ED&F Man, Decisión de 9 de septiembre de 2011, DO C 335 de 16.11.2011, p. 2; IP/11/1327. [51] La UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. [52] Asunto COMP/39847 Libros electrónicos; IP/11/1509. [53] Asunto COMP/39740 Foundem/Google y asuntos conexos; IP/10/1624. [54] Para una información más detallada sobre ello puede consultarse el Informe Final de la investigación sectorial de 2009, en http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html; IP/09/1098 de 8.7.2009. [55] Asunto COMP/39686 Cephalon; IP/11/511 de 28.4.2011; Asunto COMP/39685 Fentanyl; IP/11/1228. de 21.10.2011. [56] Estas cifras se refieren a asuntos cuyo objetivo declarado era el objetivo primario de la ayuda. La cifra sobre apoyo a las PYME incluye también la ayuda a las inyecciones de capital de riesgo en las PYME. Las cifras se refieren a decisiones en que la ayuda se consideró compatible con el mercado interior así como a seis decisiones en que la Comisión consideró que el apoyo estatal en cuestión no constituía ayuda en primer lugar. [57] Asuntos COMP/M.6112 Good Energies/NEIF/Newco, Decisión de 13 de abril de 2011, DO C 122 de 20.04.2011, p. 6, COMP/M.6238 RREEF/SMAG/OHL/Arenales, Decisión de 10 de agosto de 2011, DO C 255 de 31. 8.2011, p. 1, COMP/M.6303 Antin/RREEF/Andasol 1&2, Decisión de 22 de agosto de 2011, DO C 253 de 30.8.2011, p. 1 y COMP/M.6273 Samsung/Korea Development Bank/KNS Solr, Decisión de 3 de agosto de 2011, DO C 236 de 12.8.2011, p. 6. [58] Asuntos COMP/M.6233 FOEW/Dong Energy/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation, Decisión de 27 de julio de 2011, DO C 228 de 3.8.2011, p. 4, COMP/M.6176 Mitsubishi Corp/Barclays Bank/ Walney Topco I&II/SheringhamsShoal Topco, Decisión de 29 de agosto de 2011, DO C 261 de 03.09.2011, p. 1, COMP/M.6155 GEM/DEME/Electrawinds Offshore/SRIWE/Z-Kracht/Power@sea/Rent a Port Energy, Decisión de 6 de junio de 2011 y COMP/M.6206 Iberdrola/Caja Rural de Navarra/Renovables de la Ribera, Decisión de 30 de junio de 2011, DO C 198 de 6.7.2011, p. 1. [59] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO C 82 de 1.4.2008, p. 1-33. [60] Asunto COMP/39839 Telefónica y Portugal Telecom; IP/11/1241 de 25.10.2011. [61] Asunto COMP/39727 CEZ; IP/11/891 de 15.7.2011. [62] Hechos y tendencias principales del transporte aéreo – DG de Movilidad y Transportes, en http://ec.europa.eu/transport/air/doc/03_2009_facts_figures.pdf [63] 'Flightpath 2050': Europe's visions for aviation. Informe del Grupo de alto nivel sobre investigación en aviación. [64] Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, Libro Blanco de la Comisión Europea, COM (2011) 144 final de 28.3.2011. [65] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de la Unión Europea (Refundición), Comisión Europea, COM(2011) 827 final de 1.12.2011. [66] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión y por el que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo, COM(2011) 824 final de 1.12.2011. [67] Asunto COMP/39596 BA/AA/IB, Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 1011 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, DO C 278 de 15.10.2010, pp. 14-15. [68] Asunto COMP/39595 Continental/United/Lufthansa/Air Canada. Véase MEMO/09/168 de 20.4.2009. [69] Asunto COMP/37984 SkyTeam. [70] Asuntos COMP/39794 Lufthansa/Turkish Airlines y COMP/39860 Brussels Airlines/TAP Air Portugal. IP/11/147 de 11.2.2011. [71] Asunto COMP/M.5830 Olympic/Aegean Airlines; IP/11/68 de 26.1.2011. [72] Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas estatales en el sector de la aviación, DO C 350 de 10.12.1994, p. 5. [73] Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales, DO C 312 de 9.12.2005, pp. 1-14. [74] Asuntos acumulados T-443/08 y T-455/08, Freistaat Sachsen y otros / Comisión, Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2011 [75] Asunto SA.31662, Ayuda estatal — Rumanía — Ayuda estatal SA.31662 (11/C) (ex CP 237/10) — Aeropuerto Internacional de Timișoara — Wizz Air, Decisión de 22 de julio de 2011, DO C 270 de 13.9.2011, p. 11-31; Asunto 29064 Ayuda estatal ilegal de Irlanda a Aer Lingus, Aer Arann and Dublin Airport Authority, Decisión de 13 de julio de 2011, DO C 306 de 18.10.2011, pp. 10-16; IP/11/874, SA.30743 Aeropuerto de Leipzig-Halle – Medidas de infraestructura, Decisión de 15 de junio de 2011, DO C 284 de 28.9.2011, pp. 6-23, SA.32833 Frankfurt-Hahn – Ayuda estatal al aeropuerto y a Ryanair, Decisión de 13 de julio de 2011; IP/11/874; Asunto SA.22932 Denuncia de Air France contra la ayuda concedida a Ryanair por Marsella, Decisión de 13 de julio de 2011, DO C 334 de 15.11.2011, pp. 8-61; IP/11/874 y SA.30931 Ayuda de inversión a aeropuertos de Rumanía, Decisión de 23 de junio de 2011, DO C 207 de 13.7.2011, pp. 3-15. [76] Asunto SA.30908 CSA - Czech Airlines – Plan de reestructuración, Decisión de 23 de febrero de 2011, DO C 182 de 23.6.2011, pp. 13-28; IP/11/214. [77] Asunto SA.33015 Air Malta plc. [78] En http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance [79] Textos adoptados, P7_TA(2011)0023. [80] Documento interno sobre efectos de las normas provisionales de ayuda estatal adoptadas en respuesta a la crisis financiera y económica, SEC(2011) 1126 final de 5.10.2011. [81] Entre los asuntos tratados están los servicios de interés económico general, las directrices de salvamento y reestructuración, la consulta pública de la Comisión sobre recurso colectivo y multas. [82] http://ec.europa.eu/competition/index_en.html [83] En http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/factsheet_fines_nov_2011_en.pdf [84] Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Informe sobre la política de competencia 2010», 7 de diciembre de 2011, DO C 43 de 15.2.2012, pp. 25 – 29, en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.19680