COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 14.7.2021 COM(2021) 558 final/2 2021/0203(COD) CORRIGENDUM

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The text shall read as follows: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Con la adopción del Pacto Verde Europeo en diciembre de 2019, la Comisión estableció «una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales». Para alcanzar estos objetivos, «debe darse prioridad a la eficiencia energética». En esa ocasión, la Comisión anunció también que presentaría un plan sometido a una evaluación de impacto para elevar de manera responsable el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión para 2030, y se comprometió declarando que «revisará y propondrá revisar, cuando proceda, la legislación pertinente sobre energía a más tardar en junio de 2021». En marzo de 2020, la Comisión presentó una propuesta de Ley Europea del Clima para descarbonizar Europa para 2050. En su Plan del Objetivo Climático, la Comisión propuso incrementar la ambición de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta, como mínimo, un 55 % respecto de los niveles de 1990 para 2030, lo que suponía un aumento sustancial en comparación con el objetivo previsto, del 40 %. El Plan del Objetivo Climático también esbozó las medidas necesarias en todos los sectores de la economía, incluidas las revisiones de los instrumentos legislativos clave para lograr esa mayor ambición y cumplir el compromiso, asumido en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, de presentar un plan global para elevar el objetivo de la Unión Europea para 2030 hacia el 55 % de manera responsable. El Plan del Objetivo Climático también está en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos por limitarlo a 1,5 °C. En diciembre de 2020, el Consejo Europeo refrendó el objetivo vinculante de la UE consistente en una reducción interna neta de al menos el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con 1990. El Consejo Europeo llegó a la conclusión de que era necesario aumentar la ambición climática de manera que se estimulase el crecimiento económico sostenible, se creasen puestos de trabajo de calidad, se generasen beneficios en materia de salud y medio ambiente para los ciudadanos de la Unión y se contribuyera a la competitividad mundial a largo plazo de la economía de la Unión fomentando la innovación en el ámbito de las tecnologías ecológicas. El 22 de abril de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional para lograr una reducción de las emisiones de GEI de al menos un 55 % para 2030. Esto establece el marco de actuación para reducir las emisiones de GEI en las próximas décadas, pero debe aplicarse a través de legislación específica que garantice que se logren tales reducciones. Las previsiones indican que, si se aplican plenamente las políticas actuales, las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 se situarían en torno al 45 % respecto de los niveles de 1990 si se excluyeran las emisiones y absorciones resultantes del uso de la tierra, y en torno al 47 % si se incluyera el uso de la tierra. El Plan del Objetivo Climático para 2030 prevé, por tanto, un conjunto de acciones necesarias en todos los sectores de la economía y la puesta en marcha de revisiones de los instrumentos legislativos clave para lograr esa ambición más elevada. Para ello, el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 anunció el paquete de medidas «Objetivo 55» (Fit for 55), destinado a reducir las emisiones de GEI en al menos un 55 % para 2030 y lograr una Europa climáticamente neutra para 2050. Este paquete abarcará una amplia gama de ámbitos de actuación, como la eficiencia energética, las energías renovables, el uso de la tierra, la fiscalidad de la energía, el reparto del esfuerzo y el comercio de los derechos de emisión. La eficiencia energética es un ámbito de actuación clave, sin el cual no puede lograrse la descarbonización total de la economía de la Unión. La Directiva de eficiencia energética ha dado lugar a la actual política de eficiencia energética de la Unión, destinada a aprovechar las oportunidades rentables de ahorro de energía. En diciembre de 2018, la Directiva de eficiencia energética se modificó como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», en particular para incluir un nuevo objetivo principal de eficiencia energética de la Unión para 2030 de al menos el 32,5 % (en comparación con el uso previsto de energía para 2030), y para prorrogar y reforzar la obligación de ahorro de energía más allá de 2020. Aunque el objetivo de eficiencia energética para 2020 puede haberse alcanzado debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19, la suma de las contribuciones nacionales comunicadas por los Estados miembros en los planes nacionales de energía y clima no alcanza el objetivo del 32,5 % fijado por la Unión para 2030. Las contribuciones colectivas conducirían a una reducción del 29,4 % en el consumo de energía final y del 29,7 % en el consumo de energía primaria en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030. Esto supone una brecha de 2,8 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía primaria, y de 3,1 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía final, respecto del objetivo colectivo de la EU-27. Esta brecha también afecta al nivel de esfuerzos necesario para alcanzar esa mayor ambición en materia de eficiencia energética. La evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático concluye que es poco probable que los mayores niveles de eficiencia energética que se necesitan se logren únicamente a través de las fuerzas del mercado, la organización actual de este y el desarrollo tecnológico, por lo que son necesarios esfuerzos adicionales. De acuerdo con la evaluación de impacto que acompaña a la presente Directiva, las mejoras en materia de eficiencia energética deberán reforzarse significativamente con respecto al actual nivel de ambición, establecido en el 32,5 %. Esta ambición más elevada requiere una mayor promoción de la eficiencia energética, siempre que sea rentable, en todos los ámbitos del sistema energético y en todos los sectores pertinentes en los que la actividad afecte a la demanda de energía, como los sectores del transporte, el agua y la agricultura. Abordar el nexo entre el agua y la energía es especialmente importante, debido al aumento de las necesidades de ambos elementos y al aumento de la presión sobre los recursos hídricos provocado por el cambio climático. La Directiva de eficiencia energética es un elemento importante para avanzar hacia el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050; en este contexto, la eficiencia energética se considera una fuente de energía por derecho propio. El papel clave de la eficiencia energética se ve respaldado por el principio de «primero, la eficiencia energética», reconocido como un principio rector de la política energética de la Unión y que debe tenerse en cuenta en todos los sectores, más allá del sistema energético, y a todos los niveles, también en el sector financiero. Las soluciones de eficiencia energética deben considerarse la primera opción a la hora de tomar decisiones de planificación e inversión, así como al establecer nuevas normas relativas a la oferta y a otros ámbitos de actuación. El principio ha sido reconocido como un elemento clave de la Estrategia para la Integración del Sistema Energético. Aunque el potencial de ahorro de energía sigue siendo elevado en todos los sectores, existe un desafío particular en relación con el transporte, responsable del 30 % del consumo de energía final, y con los edificios, pues el 75 % del parque inmobiliario de la Unión tiene un bajo rendimiento energético. Otro sector importante al que se presta cada vez más atención es el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), que representa entre el 5 y el 9 % del consumo total de electricidad del mundo y más del 2 % de todas las emisiones. En 2018, el consumo de energía de los centros de datos de la Unión fue de 76,8 TWh. Se espera que esta cifra aumente hasta los 98,5 TWh de aquí a 2030, lo que supondrá un incremento del 28 %. Este aumento en términos absolutos también puede observarse en términos relativos: dentro de la UE, los centros de datos representaban el 2,7 % de la demanda de electricidad en 2018 y, si la trayectoria actual se mantiene, alcanzarán el 3,21 % en 2030. La Estrategia Digital de Europa ya ha puesto de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles, así como de adoptar medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de telecomunicaciones. El sector público es un importante agente económico por derecho propio y es responsable de entre el 5 y el 10 % del consumo total de energía final de la Unión. En conjunto, se calcula que el porcentaje de contratos públicos adjudicados por la Unión a los organismos de la Administración central es aproximadamente del 16 %. A nivel de los Estados miembros, este porcentaje varía entre el 5 % y el 86 %. Se calcula que los edificios públicos son responsables de alrededor del 2 % del consumo de energía final de la Unión, pero sigue habiendo un potencial de ahorro rentable en todo el sector público, tanto en la renovación y la gestión energética de los edificios existentes como en la futura contratación de edificios, productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético. La industria es un sector que ha logrado mejoras significativas de eficiencia energética durante la última década. No obstante, aún existen posibilidades de ahorro rentables. La calefacción y la refrigeración suponen la mitad del consumo de energía final de la Unión, lo que los convierte en el sector más importante de uso final de la energía. Sigue existiendo un gran margen para reducir el uso de energía en este sector, sin por ello dejar de alcanzar las temperaturas necesarias. Por consiguiente, la calefacción y la refrigeración desempeñan un papel crucial en la voluntad de la Unión de pasar a una economía limpia y neutra en emisiones de carbono de aquí a 2050. Gran parte del esfuerzo ha de dedicarse a mejorar el aislamiento de los edificios, pero también hay margen de mejora en cuanto a la eficiencia del suministro del calor o el frío necesarios. Las pérdidas de energía en la transformación, el transporte y la distribución de energía llegan a veces a ser significativas. La ausencia de un enfoque común en cuanto a las metodologías y la elaboración de informes dificulta la comparación de las redes o los gestores o la comparación de resultados. De hecho, no existe una definición uniforme de «pérdidas de energía» en la Unión, por lo que la calidad de los datos no es óptima, y este es un aspecto que debe abordarse. El sector de los hogares representa alrededor de una cuarta parte de todo el consumo de energía final de la Unión. El comportamiento de los consumidores y los ciudadanos tiene un impacto importante en dicho consumo, y la Directiva de eficiencia energética contiene varias disposiciones que respaldan su empoderamiento. La falta de un comportamiento firme por parte de los consumidores y del empoderamiento de estos en la promoción de la eficiencia energética, sobre todo a nivel más local, hace que los incentivos para que mejoren su eficiencia energética y aborden los elevados costes iniciales y el problema de los incentivos divididos sean insuficientes. Aunque la Directiva de eficiencia energética ya ofrece incentivos a los Estados miembros para que aborden la pobreza energética, la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve que, si la Unión quiere crear una Europa social, como se acordó conjuntamente en el Compromiso Social de Oporto, que atienda a las necesidades de todos sus ciudadanos permitiéndoles desempeñar un papel activo en la transición ecológica, mitigando al mismo tiempo los efectos adversos y sin dejar a nadie atrás, la cuestión de la pobreza energética debe abordarse urgentemente. Dado que cada vez son más los europeos que probablemente tendrán que luchar por poder acceder a la energía esencial, en particular a raíz del aumento de los costes de la energía y del desempleo, los niveles de pobreza energética de todos los Estados miembros pasarán a ser un asunto de especial relevancia. Asimismo, es posible que los hogares de renta media se enfrenten a un mayor riesgo de pobreza energética en un futuro próximo, ya que, en la actualidad, la mayoría de los hogares afectados son hogares de renta media (media-baja). Se ha determinado que la eficiencia energética es la solución más eficaz para aliviar la pobreza energética y superar algunos de los posibles impactos distributivos negativos de las medidas de fijación de precios. Tal como exige el Pacto Verde Europeo, la Directiva de eficiencia energética, junto con otras iniciativas del paquete de medidas «Objetivo 55», en particular el Fondo Social para el Clima, abordará ese doble reto y convertirá las necesidades climáticas y sociales en oportunidades. En este contexto, las modificaciones contribuirán a que la Directiva de eficiencia energética aborde mejor las barreras y fallos existentes del mercado al considerar los objetivos más amplios del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es no dejar a nadie atrás y lograr una economía sostenible. Así pues, la propuesta reforzará las distintas disposiciones de la Directiva de eficiencia energética para garantizar que esta contribuya de manera óptima a la consecución del objetivo climático más ambicioso establecido en el Plan del Objetivo Climático, consistente en reducir en al menos un 55 % las emisiones de GEI para 2030. • Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La propuesta forma parte de un marco más amplio de políticas de eficiencia energética que abordan el potencial de eficiencia energética en ámbitos de actuación específicos, incluidos los edificios [Directiva 2010/31/UE (Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios)], los productos [Directiva 2009/125/CE, Reglamento (UE) 2017/1369 y Reglamento (UE) 2020/740] y la gobernanza, con el Reglamento (UE) 2018/1999. Esas políticas desempeñan un papel muy importante a la hora de ahorrar energía cuando se sustituyen los productos existentes o cuando se construyen o renuevan edificios. La propuesta es coherente con la propuesta de revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables,. La presente propuesta de refundición de la Directiva de eficiencia energética, al establecer los objetivos de eficiencia energética y las principales medidas intersectoriales, así como otras más específicas, crea un marco para otras políticas de eficiencia energética. Se centra en el ahorro de energía en el sector público, en particular a través de la obligación de renovar anualmente los edificios públicos y de tener en cuenta la eficiencia energética a la hora de contratar bienes, servicios, obras y edificios. Este foco especial en los edificios públicos es complementario de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece normas y obligaciones técnicas específicas al respecto. El sector público sirve a la población en general, incluidos los clientes vulnerables y los que están en riesgo de pobreza energética, de modo que garantiza que nadie se quede atrás, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo. La atención especial que la Directiva de eficiencia energética presta al sector público es vital para que este desempeñe un papel ejemplarizante en el fomento de la eficiencia energética. La Comisión ha iniciado la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios con vistas a presentar una propuesta hacia finales de 2021. Aunque todavía no es posible prejuzgar el resultado de dicha revisión, la presente propuesta respeta el papel específico de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios a la hora de establecer requisitos de eficiencia energética óptimos en términos de rentabilidad, pero refuerza las disposiciones de dicha Directiva relativas al papel ejemplarizante de los organismos públicos, en particular en lo que atañe a los edificios (artículos 5 y 6) y a la contratación pública (artículo 7), y proporciona el marco horizontal de actuación necesario.

La Directiva de eficiencia energética establece el marco para planificar la calefacción y la refrigeración en términos de detección del potencial de eficiencia energética y de energías renovables por parte de los Estados miembros. También prevé la supervisión de las políticas y medidas para explotar ese potencial. Estas políticas y medidas apoyan directamente la consecución del objetivo de energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración establecido en el artículo 24 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Por ejemplo, una definición revisada de «sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración» (artículo 2, punto 43, de la Directiva de eficiencia energética) fomentaría directamente el despliegue de las energías renovables en los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. A su vez, estos objetivos menores contribuirían a la consecución de los objetivos de eficiencia energética establecidos en la Directiva. Además, las medidas de planificación para el sector de la calefacción y la refrigeración previstas en el marco de la Directiva de eficiencia energética se sincronizarán con el calendario de los planes nacionales de energía y clima. Esto favorecerá la coherencia entre los planes nacionales de energía y clima, las evaluaciones completas y las evaluaciones del potencial en materia de energía procedente de fuentes renovables y de utilización del calor y el frío residuales en el sector de la calefacción y la refrigeración, de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de la Directiva sobre fuentes de energía renovables. El Reglamento sobre la gobernanza [Reglamento (UE) 2018/1999] establece los detalles sobre la comunicación de información relativa a diversas disposiciones de la Directiva de eficiencia energética. En virtud de ese Reglamento, cada Estado miembro debe establecer un plan nacional integrado de energía y clima de diez años para el período 2021-2030, en el que describa cómo se propone contribuir, entre otras cosas, al objetivo de eficiencia energética para 2030. El Reglamento sobre la gobernanza también incluye requisitos específicos para el establecimiento de los objetivos de eficiencia energética, las obligaciones de comunicación de información, el seguimiento de los avances, y las medidas correctoras que deben adoptarse en caso de que la ambición y los avances sean insuficientes. Deberán analizarse los efectos de los cambios introducidos en la Directiva, lo que podría requerir una modificación posterior del Reglamento sobre la gobernanza para garantizar la coherencia entre ambos actos jurídicos. Las nuevas disposiciones, en particular las relativas al establecimiento de contribuciones indicativas nacionales, los mecanismos de subsanación de los desfases y las obligaciones de comunicación de información, deben transferirse y armonizarse con el Reglamento sobre la gobernanza, una vez esté revisado, para evitar que los requisitos se solapen. También podría ser necesario volver a evaluar algunas disposiciones del Reglamento sobre la gobernanza a la vista de los cambios propuestos en la presente Directiva. La Directiva de eficiencia energética interactúa con otras disposiciones jurídicas sobre el mismo ámbito, a saber, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva de la Unión sobre diseño ecológico y los Reglamentos de la Unión sobre etiquetado de la energía y los neumáticos. Estos instrumentos establecen normas mínimas de rendimiento, pero no requieren ninguna aceleración de las tasas de sustitución ni tampoco obligan a optar por unos resultados más eficientes por encima del mínimo. Los principales mecanismos de que disponen los Estados miembros para impulsar su ahorro de energía por encima de las tasas naturales a fin de cumplir los requisitos de la Directiva de eficiencia energética consisten en impulsar la sustitución de dispositivos ineficientes desde el punto de vista energético y en fomentar opciones más eficientes. Cada instrumento aborda distintos aspectos de la eficiencia energética pero, en última instancia, todos persiguen el mismo objetivo, a saber, mejorar la eficiencia energética y alcanzar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión. En otros ámbitos, la Directiva de eficiencia energética complementa otras disposiciones jurídicas para prestar una mayor atención a la eficiencia energética y aumentar así la cantidad global de ahorro de energía, por ejemplo las medidas sobre contratación pública, redes de energía, y calefacción y refrigeración. • Coherencia con otras políticas de la Unión Los cambios en la arquitectura política de la Directiva de eficiencia energética interactúan con las políticas y medidas existentes y previstas, incluidos los mecanismos y las medidas relacionados (o no) con la fijación de precios. La Directiva de eficiencia energética, que aborda las barreras comerciales que obstaculizan la eficiencia energética, va de la mano de la introducción del comercio de los derechos de emisión para los combustibles utilizados en los edificios, lo que reducirá el tiempo de amortización de las inversiones en eficiencia energética y reforzará el interés económico de las medidas de eficiencia energética en toda la Unión. El Plan del Objetivo Climático demostró que la vía más rentable para conseguir el objetivo de reducción del 55 % de las emisiones de GEI consiste en combinar la intervención reguladora y la tarificación del carbono. Lograr un equilibrio entre la tarificación del carbono y las políticas reguladoras es crucial para alcanzar este objetivo climático más elevado de una manera rentable, mitigando al mismo tiempo el posible impacto que pueda tener repercutir los costes del carbono, en particular a los clientes vulnerables y los usuarios finales. Al mismo tiempo, el comercio de los derechos de emisión generará ingresos adicionales procedentes de las subastas de tales derechos que podrán redistribuirse entre los Estados miembros y dentro de ellos con el fin de ayudar a los usuarios finales vulnerables y a aquellos que se encuentran en situación de pobreza energética a pagar sus facturas y llevar a cabo la renovación de edificios. Objetivo 55 reúne los instrumentos de actuación pertinentes para contribuir al objetivo de reducir en un 55 % las emisiones de GEI, y busca hacerlo de manera coherente y proporcional con los demás Reglamentos y Directivas pertinentes. Este es el caso, en particular, de la Directiva de eficiencia energética, la Directiva sobre fuentes de energía renovables, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE de la UE), el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE), el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), la Directiva sobre fiscalidad de la energía y el Reglamento sobre las normas sobre emisiones de CO2 para los vehículos. Se reconoció que la coherencia entre las distintas iniciativas de Objetivo 55 es fundamental para garantizar que los instrumentos de actuación del paquete, incluida la Directiva de eficiencia energética, contribuyan a alcanzar el objetivo climático más elevado, del 55 %, de la manera más eficaz. Estas políticas de la UE contribuyen a la consecución de los objetivos de la Directiva de eficiencia energética, en particular por lo que respecta al objetivo de eficiencia energética. Los objetivos y medidas previstos en la Directiva de eficiencia energética garantizarán unos vínculos y sinergias más eficaces con las demás políticas de la Unión. La Directiva de eficiencia energética presenta importantes interrelaciones con la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en particular en relación con la calefacción y la refrigeración, ya que ambas contribuyen, además, a la consecución del objetivo de la Estrategia para la Integración del Sector Energético. La Directiva de eficiencia energética proporciona un marco reforzado para la planificación en términos de detección del potencial de la eficiencia energética y de energías renovables en la calefacción y la refrigeración, y exige que los Estados miembros apliquen políticas y medidas para explotar este potencial. Estas políticas y medidas apoyan directamente la consecución del objetivo de energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración establecido en el artículo 23 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables. A su vez, estos objetivos contribuyen a la consecución de los objetivos de eficiencia energética establecidos en el artículo 23 de la Directiva de eficiencia energética y en la Directiva en su conjunto. El RCDE de la UE establece un límite máximo de emisiones de GEI, que va disminuyendo con el tiempo. El RRE establece objetivos anuales vinculantes de emisiones de GEI para los Estados miembros en relación con las emisiones de GEI de sectores no cubiertos por el RCDE de la UE, como los edificios, el transporte y la agricultura. El RRE impulsa el cumplimiento de la Directiva de eficiencia energética, en particular la obligación de ahorro de energía. El requisito de adicionalidad contemplado en la obligación de ahorro de energía ofrece incentivos a los Estados miembros para que apliquen políticas y medidas nacionales que superen los niveles mínimos de los requisitos de eficiencia energética establecidos a escala de la Unión (por ejemplo, reglamentos de construcción nacionales más estrictos y programas que promuevan clases superiores de aparatos). Las medidas de fijación de precios, como el RCDE de la UE y la Directiva sobre fiscalidad de la energía, hacen que las inversiones en eficiencia energética sean más atractivas desde el punto de vista financiero, pero no resuelven las barreras comerciales que hacen que el nivel de inversiones sea insuficiente. Por lo tanto, complementan la legislación sobre eficiencia energética, pero no la sustituyen. Durante el período transitorio, hasta que todas las medidas y objetivos propuestos en Objetivo 55 entren plenamente en vigor y liberen a los ciudadanos europeos de la dependencia de los combustibles fósiles y del aumento de los costes de la energía, puede que algunas medidas tengan efectos distributivos significativos. Se espera que la ampliación del RCDE de la UE a los sectores de la construcción y el transporte provoque un aumento de los precios de la energía, pues es probable que los suministradores de combustible repercutan los costes del carbono a los consumidores, lo que puede afectar a los clientes vulnerables y a los usuarios finales que dependen de los combustibles fósiles, o a las personas en riesgo de sufrir pobreza energética. La existencia de medidas específicas facilitará la transición, tanto a nivel europeo como nacional. Objetivo 55 propone medidas específicas en el marco de la Directiva de eficiencia energética y un nuevo instrumento de financiación, basado en los ingresos del nuevo RCDE, a fin de mitigar el impacto del aumento de los costes para los consumidores derivado de la introducción de un precio del carbono en los sectores del transporte por carretera y de la construcción. Es fundamental garantizar que las inversiones en eficiencia energética se destinen a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Las medidas de apoyo para reforzar la obligación de ahorro de energía y para empoderar y proteger a los clientes vulnerables, a los hogares afectados por la pobreza energética o en riesgo de sufrirla y, en su caso, a las personas que viven en viviendas sociales, pueden contribuir a mitigar estos efectos. El efecto combinado de las medidas propuestas en el marco de la Directiva de eficiencia energética, por un lado, y del nuevo instrumento de financiación basado en los ingresos procedentes del comercio de los derechos de emisión en los nuevos sectores, por otro lado, ayudará a abordar los posibles efectos sociales negativos de manera eficaz y con un espíritu de solidaridad. Los ingresos procedentes del RCDE de la UE, incluidos los procedentes del comercio de los derechos de emisión en los nuevos sectores, también seguirán estando a disposición de los Estados miembros para financiar medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, los sistemas urbanos de calefacción y el aislamiento, o para prestar apoyo financiero a los hogares de renta media y baja. Con el fin de abordar las repercusiones sociales derivadas del comercio de los derechos de emisión en los dos nuevos sectores, el de la construcción y el del transporte por carretera, se crea un Fondo Social para el Clima («el Fondo»). Para garantizar que el presupuesto de la Unión pueda asumir el gasto adicional que supone este Fondo, la Comisión presenta, en paralelo a ese Fondo, propuestas de Reglamento para modificar tanto el Reglamento sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 como la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo («la Decisión sobre recursos propios»). En particular, una parte de los ingresos procedentes del comercio de los derechos de emisión en los sectores del transporte por carretera y los edificios irá a parar al presupuesto de la Unión. El Fondo debe proporcionar financiación a los Estados miembros para apoyar las medidas e inversiones de estos destinadas a aumentar la eficiencia energética de los edificios, para llevar a cabo mejoras en materia de eficiencia energética y renovaciones de edificios, y descarbonizar la calefacción y la refrigeración de estos, incluida la integración de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, así como para financiar la movilidad de emisión cero y de baja emisión. Los Estados miembros también podrían considerar la opción de proporcionar temporalmente un apoyo directo a los hogares vulnerables, junto con inversiones que aceleren el cambio estructural. Además, en consonancia con la oleada de renovación, el apoyo de la Unión en materia de financiación a las inversiones en materia de eficiencia energética y renovación de edificios destinadas a abordar o prevenir la pobreza energética se materializa en una serie de programas nuevos, y otros ya existentes, del MFP y de NextGenerationEU. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pondrá a disposición de los Estados miembros un total de 672 500 millones EUR entre subvenciones y préstamos, es otra fuente clave de financiación para las inversiones en eficiencia energética. En el marco del objetivo global de dedicar el 37 % de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las acciones por el clima, los Estados miembros planean destinar cantidades significativas a aquellas inversiones en la renovación de edificios dirigidas específicamente a los edificios menos eficientes y a los hogares en situación de pobreza energética, en consonancia con las orientaciones de la Comisión Europea. Los fondos de la política de cohesión, dentro del objetivo climático global del 30 % y a través de la concentración temática contemplada en el objetivo político 2, seguirán asignando una parte importante del presupuesto de la Unión a las inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, mientras que InvestEU, a través de los instrumentos financieros específicos y la asistencia técnica, en particular el mecanismo ELENA, movilizará las inversiones públicas y privadas necesarias en los Estados miembros. El Fondo de Transición Justa, con un presupuesto total de 17 500 millones EUR, tendrá por objeto aliviar los costes sociales y económicos derivados de la transición a una economía climáticamente neutra, en particular mediante inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, que tendrán el doble beneficio de crear empleo local y de abordar la pobreza energética de manera duradera. Por último, los programas gestionados de forma centralizada, como LIFE u Horizonte Europa, tendrán como prioridades la financiación en pro de una transición justa y ecológica, en consonancia con los objetivos de los programas específicos y su naturaleza, es decir, con el objetivo de la innovación tecnológica y de mercado y el desarrollo de las mejores prácticas en la aplicación de la política de eficiencia energética. La legislación de la UE sobre emisiones de CO2 de los vehículos de carretera obliga a los fabricantes a reducir las emisiones medias de CO2 de los tubos de escape de los vehículos nuevos en el conjunto de vehículos que vendan. Se han establecido normas para los vehículos pesados y para los turismos y los vehículos comerciales ligeros. Estas normas implican que los fabricantes deben utilizar tecnología para mejorar la eficiencia energética de los vehículos (por ejemplo, reduciendo su resistencia aerodinámica o a la rodadura, o la eficiencia del grupo motopropulsor) o utilizando una fuente de energía con bajas emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción. El cambio a sistemas de propulsión eléctricos evita las pérdidas de energía de los motores de combustión interna y conduce a una reducción del uso de energía final por kilómetro. La reducción del uso de energía en el sector del transporte como consecuencia de la legislación sobre emisiones de CO2 de los vehículos se refleja en la cuantificación del objetivo general de eficiencia energética de la UE. La Directiva de eficiencia energética creará sinergias con las medidas de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente. La Directiva da plena flexibilidad y discrecionalidad a los Estados miembros en cuanto a la elección de medidas para lograr la reducción del uso de energía en el transporte y, al mismo tiempo, fomenta la adopción de medidas de eficiencia energética en ese sector. El Plan de Acción para la Economía Circular también complementa a la Directiva de eficiencia energética. El diseño de productos e infraestructuras con vidas útiles más prolongadas, o la reutilización y el reciclado de materias primas, conducen a una reducción del consumo de energía y de las emisiones de GEI a lo largo del ciclo de vida de los productos y las infraestructuras. La oleada de renovación se centra en garantizar que los edificios europeos sean más eficientes desde el punto de vista energético, menos intensivos en carbono durante todo su ciclo de vida y más sostenibles. Los principios de la economía circular pueden ayudar a reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los materiales y generadas a raíz de la renovación de edificios. 2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD • Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que constituye la base jurídica de las medidas sobre la energía. Las medidas propuestas tienen por objeto mejorar la eficiencia energética en todos los sectores y a lo largo de toda la cadena energética, por lo que persiguen uno de los objetivos enumerados en el artículo 194, concretamente el de fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, de conformidad con el artículo 194, apartado 1, letra c). Habida cuenta de que el Tratado contiene una base jurídica específica referente a la energía, se considera adecuado recurrir a ella. • Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Puesto que la Unión no dispone de competencias exclusivas en cuanto a las políticas sobre energía, la presente propuesta aplica el principio de subsidiariedad. La propuesta se basa en la creciente importancia de la eficiencia energética como reto político y económico, y en su estrecha interrelación con los ámbitos de actuación de la seguridad del abastecimiento energético, el cambio climático, el mercado interior y el desarrollo económico y social. Necesidad de que intervenga la UE La acción de la UE está por tanto justificada por razones de subsidiariedad, en consonancia con el artículo 191 del TFUE, ya que está demostrado que la coordinación a nivel europeo mejora la seguridad energética y los beneficios medioambientales y climáticos. Los problemas subyacentes que causan un déficit de ahorro de energía (en comparación con el nivel óptimo desde el punto de vista de la sociedad) son los mismos en toda la UE y están presentes en todas partes. La actuación a nivel de la Unión es necesaria para garantizar que los Estados miembros contribuyan al objetivo vinculante de eficiencia energética a nivel de la UE y que este se cumpla de forma colectiva y rentable. Los Estados miembros deben definir sus propios niveles de ambición, incluidas trayectorias que sean acordes a sus circunstancias y contextos nacionales. La naturaleza del instrumento y el hecho de que el objetivo de eficiencia energética no sea vinculante a nivel nacional respetan el principio de subsidiariedad. Al tener en cuenta el contexto y las especificidades nacionales, los Estados miembros conservarán el mismo nivel de flexibilidad a la hora de seleccionar el conjunto de políticas, los sectores y el enfoque necesarios para lograr el ahorro de energía requerido de aquí a 2030. Dado que el objetivo climático es más ambicioso, la acción de la Unión complementará y reforzará las acciones realizadas a nivel nacional y local en pro de una mayor eficiencia energética. El Reglamento sobre la gobernanza ya prevé la obligación de que la Comisión actúe en caso de que los Estados miembros muestren poca ambición para alcanzar los objetivos de la Unión, por lo que reconoce de facto y formalmente el papel esencial de la acción de la Unión en este contexto, de modo que dicha acción queda justificada por razones de subsidiariedad, de conformidad con el artículo 191 del TFUE. Los problemas subyacentes que causan un déficit de ahorro de energía (en comparación con el nivel óptimo desde el punto de vista de la sociedad) son los mismos en toda la Unión y están presentes en todas partes. Dados los costes externos del consumo de energía (por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de contaminantes atmosféricos o la seguridad energética), es probable que las medidas para aumentar la eficiencia energética y reducir el uso de energía generen beneficios que vayan más allá de las fronteras nacionales. Cuando existen problemas transfronterizos, es difícil que la actuación de los Estados miembros consiga resultados óptimos. A la vista del carácter más ambicioso del objetivo climático, que requiere un objetivo más elevado en materia de eficiencia energética, la acción de la Unión debe complementar y reforzar la acción nacional y local. Además, la naturaleza del instrumento y el hecho de que el objetivo de eficiencia energética no sea vinculante a nivel nacional respetan el principio de subsidiariedad. Al tener en cuenta el contexto y las especificidades nacionales, los Estados miembros conservan el mismo nivel de flexibilidad a la hora de seleccionar el conjunto de políticas, los sectores y el enfoque necesarios para lograr el ahorro de energía requerido de aquí a 2030. Sin embargo, la energía es un ámbito de actuación en el que se necesitan grandes inversiones. Un enfoque coordinado a nivel de la Unión puede generar confianza, fiabilidad y continuidad, y aumentar la probabilidad de que los distintos agentes inviertan y se involucren. Las políticas a nivel de la Unión también pueden crear una transición equitativa y justa para aquellos países y regiones cuyas economías pueden verse afectadas significativamente por los cambios en la estructura industrial o el empleo como resultado de la transición energética hacia la descarbonización. Además, una acción coordinada a nivel de la Unión permite tener más en cuenta las diferentes capacidades de actuación de los Estados miembros. Un coste externo se produce cuando la producción o el consumo de un bien o servicio impone un coste (efecto negativo) a un tercero. Valor añadido de la UE Las políticas de eficiencia energética son un mecanismo crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a generar beneficios medioambientales, económicos y sociales, como la mejora de la calidad del aire, la reducción de las facturas energéticas y la mejora de la salud. Los objetivos energéticos y climáticos de la Unión para 2030 son objetivos colectivos. A este respecto, las políticas coordinadas de la Unión tienen mayores posibilidades de transformar Europa en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Un enfoque común es la manera más eficaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales. Es necesario llevar a cabo acciones concretas para reducir el consumo de energía de los Estados miembros. No obstante, también es necesario establecer un marco eficaz a nivel de la Unión para dichas acciones. Un enfoque coordinado y armonizado a nivel de la Unión permitirá y reforzará la actuación de los Estados miembros y garantizará las cuatro libertades. Un enfoque común de la Unión ayudará, por ejemplo, a crear mercados mayores para los suministradores, los trabajadores y los bienes europeos, y garantizará que se apliquen las mismas obligaciones y normas, lo que protegerá e impulsará la competencia. Un enfoque común a nivel de la Unión permitirá que los consumidores disfruten de los mismos derechos básicos y reciban información comparable y reconocible en toda la Unión. Un enfoque común de la Unión en materia de eficiencia energética permitirá abordar retos comunes específicos, como la necesidad de aliviar la pobreza energética. La experiencia adquirida a raíz de la ejecución de la Directiva de eficiencia energética ha demostrado que un marco común de la Unión es socialmente justo, reduce costes, aumenta los beneficios derivados del mercado interior y permite a los responsables de la elaboración de las políticas nacionales aprender unos de otros. La Directiva de eficiencia energética complementa y cataliza eficazmente otras medidas nacionales y de la Unión. Las políticas adoptadas a escala de la Unión reflejan la estrecha interrelación existente entre los ámbitos de actuación del cambio climático, la seguridad del suministro, la sostenibilidad, el medio ambiente, el mercado interior y el desarrollo social y económico. Así pues, a la hora de decidir y aplicar las políticas y medidas, pueden tenerse en cuenta los efectos en el mercado único relativos al crecimiento, las inversiones y la creación de empleo. Esto fue respaldado por el grupo de trabajo encargado de movilizar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar los objetivos de eficiencia energética para 2020, que pidió un marco de actuación en materia de eficiencia energética sólido, específico y común a fin de atraer las inversiones necesarias y garantizar que el ahorro de energía se lograse de manera equivalente y justa. Además, el mercado único de la Unión actúa como un gran impulsor de la rentabilidad a la hora de lograr la reducción de las emisiones de GEI. Una acción común de la Unión garantizará que los objetivos de la política se alcancen colectivamente y al menor coste posible. Por consiguiente, a fin de alcanzar colectivamente los objetivos globales, la acción coordinada a nivel de la Unión puede permitir e intensificar los esfuerzos a nivel nacional garantizando un enfoque más armonizado, ayudando a crear mercados a gran escala para los suministradores europeos y garantizando que estos estén sujetos a las mismas obligaciones y normas. Un marco a nivel de la Unión también proporcionará más seguridad a los inversores y un impulso general en todo el mercado único a las inversiones en productos más eficientes desde el punto de vista energético, sean del tipo que sean. El establecimiento de objetivos nacionales y de la Unión ofrece una indicación clara de los esfuerzos previstos en materia de eficiencia energética, y ayuda a definir el tamaño del mercado de productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético. Esto enviará a los suministradores y fabricantes la señal de que han de esforzarse más en el desarrollo de tales productos. Conseguir la eficiencia energética y, al mismo tiempo, empoderar a los consumidores requiere información significativa, precisa y comprensible sobre el uso de la energía y los costes correspondientes, así como un acceso fácil a un mercado competitivo de materiales de construcción de edificios (ventanas, aislamiento, etc.), a soluciones de calefacción y refrigeración, y a otros productos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética. Deben adoptarse medidas sectoriales específicas, como las destinadas al sector de la calefacción y la refrigeración, a fin de garantizar una atención adecuada a los sectores en los que deba lograrse la mayor reducción de las emisiones de GEI. Una planificación armonizada garantiza que las políticas y las medidas nacionales sean de una calidad comparable. También garantiza que los Estados miembros dispongan de información estructurada sobre los objetivos y planes sectoriales, lo que les ayuda, así como a los participantes en el mercado, a planificar sus actividades. En el caso de la calefacción y la refrigeración, ayuda a garantizar un mercado suficiente con normas comunes, para que los suministradores de equipos de alta eficiencia destinados a los sistemas urbanos de calefacción y cogeneración reduzcan sus costes y estén más motivados para innovar y mejorar su oferta.

Al actuar a nivel de la Unión, pueden abordarse varias barreras a la inversión pública y privada, afrontando la falta de coordinación entre los distintos organismos de autorización a nivel nacional y estimulando la capacidad administrativa para ejecutar proyectos transfronterizos y establecer sistemas de apoyo. La Directiva de eficiencia energética establece esencialmente el objetivo general de eficiencia energética, pero deja en manos de los Estados miembros la mayoría de las medidas necesarias para alcanzarlo. La aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» concede flexibilidad a los Estados miembros. La Directiva de eficiencia energética establece objetivos vinculantes de eficiencia energética a nivel de la Unión, pero no establecerá objetivos vinculantes a nivel nacional con vistas a 2020 ni 2030. Los Estados miembros deben determinar su contribución a la consecución colectiva del objetivo de eficiencia energética de la Unión teniendo en cuenta la fórmula prevista en la Directiva de eficiencia energética. La obligación de lograr una reducción anual del consumo de energía en el sector público garantizará que este cumpla su papel ejemplarizante, y los Estados miembros conservarán una flexibilidad plena en cuanto a la elección de medidas de mejora de la eficiencia energética destinadas a alcanzar la reducción requerida del consumo de energía final. Además, la Directiva de eficiencia energética seguirá estableciendo el índice de renovación anual necesario sobre la base de la superficie de los edificios. El ámbito de aplicación de esta obligación se amplía a los edificios que sean propiedad de cualquier organismo público en el territorio de un Estado miembro. Esta medida garantizará que los Estados miembros sigan dando ejemplo mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios en sus ámbitos de competencia y conserven, al mismo tiempo, la flexibilidad en cuanto a la elección de las medidas. Por otra parte, la Directiva de eficiencia energética proporcionará el marco necesario para garantizar que los productos, servicios, obras y edificios adquiridos por los organismos públicos tengan un alto rendimiento energético, y para considerar, cuando proceda, aspectos más amplios en materia de sostenibilidad, medio ambiente y economía circular y aspectos de tipo social. El enfoque armonizado, en el que los procesos de licitación tendrán en cuenta los aspectos de eficiencia energética, preservará la competencia, garantizará un ahorro de energía rentable y a largo plazo, y permitirá la continuación de los mercados de gran escala. La Directiva de eficiencia energética ampliará el ahorro de energía al aumentar la tasa de ahorro. Los Estados miembros deben seguir logrando más ahorro de energía cada año mediante medidas de actuación en todos los sectores. Dado que la obligación de ahorro de energía es una medida eficaz para mejorar la eficiencia energética en diversos sectores, también es un instrumento eficaz para ayudar a los Estados miembros a mitigar la pobreza energética. Así pues, la obligación de ahorro de energía exigirá a los Estados miembros que una determinada proporción (calculada individualmente respecto de la cantidad total exigida de ahorro de energía) provenga de los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Un enfoque armonizado puede contribuir a lograr una transición energética justa para todos los ciudadanos europeos. La obligación de ahorro de energía no altera la plena flexibilidad de la que disponen los Estados miembros a la hora de elegir los tipos de medidas de actuación, su tamaño, alcance y contenido. La Directiva de eficiencia energética garantizará que todos los ciudadanos europeos disfruten del mismo nivel de derechos contractuales básicos por lo que respecta a la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria. La Directiva de eficiencia energética exigirá la aplicación de determinados derechos contractuales básicos de los clientes, pero no se restringirán las competencias nacionales. La igualdad de condiciones en toda la UE es también necesaria en lo que atañe a las actividades de información y sensibilización de los consumidores. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas adecuadas, pero son libres a la hora de decidir el diseño concreto de esas acciones. Los efectos de la crisis económica y sanitaria a escala de la Unión ponen de manifiesto que el enfoque armonizado es también necesario para empoderar y proteger a los clientes vulnerables, los usuarios finales y aquellos afectados por la pobreza energética. A fin de garantizar el mismo nivel de protección y empoderamiento, la Directiva de eficiencia energética exige que la aplicación y la financiación de medidas de mejora de la eficiencia energética se realicen con carácter prioritario entre esas personas, lo que también ayudará a los Estados miembros a mitigar los efectos distributivos. Deberá establecerse una red de expertos en cada Estado miembro, que facilitará las acciones del Estado miembro en este ámbito. Aunque las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas, porque el ahorro de energía puede ser significativo, los Estados miembros seguirán siendo libres de desarrollar programas que animen a las pymes a someterse a auditorías energéticas. Por lo que al sector de la calefacción y la refrigeración se refiere, los Estados miembros conservan sus competencias para llevar a cabo una evaluación completa del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistema urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, y pueden conceder exenciones en el ámbito de la recuperación de calor residual mediante cogeneración de alta eficiencia o mediante el suministro de una red urbana de calefacción o refrigeración. La Directiva de eficiencia energética permitirá a los Estados miembros introducir medidas y procedimientos para promover las instalaciones de cogeneración. Para contribuir a la creación de un mercado único, todos los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales y los gestores de redes de transporte y distribución deben aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética» y eliminar todas las medidas reglamentarias, no reglamentarias y técnicas a fin de mejorar la eficiencia energética en la explotación de las redes de energía. El desarrollo de un mercado de servicios energéticos para garantizar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de tales servicios seguiría estando sujeto a la discrecionalidad de los Estados miembros. La Directiva de eficiencia energética conservaría la flexibilidad de que disponen los Estados miembros para tomar medidas destinadas a detectar y abordar las barreras reglamentarias y no reglamentarias a las mejoras de la eficiencia energética. Se animaría a los Estados miembros y a las regiones a hacer pleno uso de los Fondos Estructurales y de Inversión y otros mecanismos de financiación con el fin de impulsar las inversiones en medidas de mejora de la eficiencia energética, aliviar la pobreza energética y mitigar cualquier efecto distributivo sobre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y aquellas que viven en viviendas sociales. Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad. • Proporcionalidad Sobre la base de la evaluación de impacto adjunta y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las modificaciones propuestas, en términos generales, no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo de lograr una mayor ambición en materia de eficiencia energética con vistas a lograr el objetivo climático más elevado para 2030. Por lo que se refiere a los objetivos de eficiencia energética, las modificaciones son proporcionales a la ambición exigida por la Unión, en consonancia con el objetivo climático más elevado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 %, tal como se propone en el Plan del Objetivo Climático. Varias enmiendas establecen objetivos y obligaciones específicos para que las administraciones públicas logren un ahorro de energía en determinados ámbitos —sector público y pobreza energética—, que será proporcionado, en términos generales. En cuanto a la obligación de ahorro de energía para el sector público, los organismos públicos se definen en la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública (poderes adjudicadores). Los Estados miembros tendrían que crear una base de datos de organismos públicos e incluir en ella el consumo anual de energía de estos. La obligación de reducción del consumo de energía propuesta deja a los Estados miembros una flexibilidad significativa en cuanto a dónde y cómo podría lograrse el ahorro de energía. Dada la rentabilidad que se derivaría de la aplicación de las medidas de ahorro, este esfuerzo se considera eficaz y no excesivo. La propuesta también tiene por objeto abordar los impactos distributivos derivados de la ampliación del comercio de los derechos de emisión a los edificios y al transporte. El establecimiento de definiciones y obligaciones, en particular en relación con la calefacción y la refrigeración, sería proporcional al ahorro adicional de energía y a las sinergias con los demás instrumentos que podrían lograrse en este sector. La proporcionalidad de los requisitos adicionales de seguimiento y comunicación de información depende del equilibrio entre el aumento de los costes y el ahorro que se consiga gracias a una mejor comprensión de los efectos de las medidas pertinentes. Las obligaciones impuestas son, por tanto, proporcionadas al objetivo que se persigue. • Elección del instrumento El instrumento elegido es una Directiva que debe ser ejecutada por los Estados miembros. Una Directiva es el instrumento adecuado, ya que define claramente los objetivos de la Unión que deben alcanzarse y, al mismo tiempo, deja a los Estados miembros la flexibilidad suficiente para ejecutarla de manera que se adapte a sus circunstancias nacionales particulares. La propuesta combina una codificación y una modificación de la Directiva de eficiencia energética. En el contexto de «La Europa de los ciudadanos», la Comisión concede gran importancia a la simplificación y la claridad del Derecho de la Unión, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para los ciudadanos, concediéndoles nuevas posibilidades y reconociéndoles derechos concretos que pueden invocar. La propuesta implica una modificación de fondo de la Directiva de eficiencia energética, que ha sido modificada en varias ocasiones. Para armonizar los dos procesos, el de revisión y el de codificación, la Comisión propone una refundición de la Directiva de eficiencia energética. La técnica de la refundición contribuye a simplificar la legislación de la Unión al permitir la adopción de un texto legislativo único que introduce la modificación deseada, codifica esa modificación y otras anteriores con las disposiciones inalteradas del acto anterior, y deroga dicho acto y los actos modificativos anteriores. Por lo tanto, una Directiva refundida es el instrumento adecuado y está en consonancia con el compromiso adquirido por la Comisión en virtud del apartado 46 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. El nuevo acto jurídico sustituirá y derogará el acto 2012/27/UE anterior. En caso de cambio de numeración de los artículos, la correlación entre los números antiguos y los nuevos se ha hecho constar en una tabla de correspondencia que figura en el anexo XVI de la Directiva refundida. 3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO • Evaluación ex post de la legislación vigente La Directiva de eficiencia energética sigue siendo pertinente para lograr una mayor eficiencia energética en la Unión y contribuir al objetivo climático más elevado del 55 %. También genera otros beneficios, como la disminución de la dependencia de las importaciones de energía, y estimula la innovación y la competitividad. La evaluación ha mostrado que corresponde a la Directiva de eficiencia energética garantizar que los Estados miembros adopten medidas adecuadas en ámbitos específicos del consumo de energía. Diversos estudios realizados por la Comisión, así como datos procedentes de las partes interesadas, muestran que, incluso con las tecnologías existentes, todavía hay un margen significativo para realizar inversiones en eficiencia energética y obtener ahorros rentables en los sectores económicos de los Estados miembros y en la sociedad en general. Sin embargo, en una hipótesis de una situación sin cambios, y aún más con motivo de los efectos socioeconómicos adversos y las pérdidas de ingresos causados por la crisis de la COVID-19, una gran parte de este potencial de eficiencia energética y ahorro de energía seguiría sin explotarse, debido, entre otras cosas, a las deficiencias del mercado y de la normativa, que impiden que se realicen inversiones y acciones rentables en materia de eficiencia energética. Dado ese significativo potencial de ahorro de energía, es necesario seguir fomentando acciones de eficiencia energética y eliminar las barreras que siguen existiendo de cara a un comportamiento eficiente desde el punto de vista energético, también en relación con las inversiones. Según la evaluación, parece que los sectores públicos se muestran reticentes a incluir sistemáticamente requisitos de eficiencia energética en la adjudicación de contratos públicos, principalmente debido al precio de compra. Así pues, existe margen para reforzar y armonizar la Directiva de eficiencia energética de modo que contribuya a alcanzar el objetivo climático más elevado y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además, existe potencial para que la Directiva de eficiencia energética aborde mejor los retos socioeconómicos, como la protección y el empoderamiento de los clientes vulnerables y los usuarios finales y la mitigación de la pobreza energética. Por lo que se refiere a las industrias, la evaluación muestra que uno de los obstáculos clave podría ser que la mayoría de las empresas no tienen la experiencia necesaria para saber qué oportunidades técnicas de ahorro de energía están disponibles o cuáles podrían ser los posibles beneficios económicos.

En términos de eficiencia, la Directiva de eficiencia energética ha dado lugar a mejoras de eficiencia energética en toda la Unión gracias a los objetivos (en particular, los artículos 3 y 5) y las medidas vinculantes (en particular, el artículo 7, sobre las obligaciones de ahorro de energía) que establece, aunque los avances en la consecución de los objetivos de eficiencia energética de la Unión para 2020 no fueron suficientes. Lograr el nivel necesario de mejora de la eficiencia energética depende en gran medida de la ambición de los Estados miembros a la hora de fijar objetivos, y de sus esfuerzos a la hora de adoptar y aplicar medidas de eficiencia energética a nivel nacional. Aunque la Directiva de eficiencia energética establece límites de consumo de energía primaria y final para la Unión en su conjunto, y aunque el Reglamento sobre la gobernanza prevé otras medidas de la Unión en caso de que los objetivos no se cumplan, el carácter indicativo del objetivo no ayuda a su consecución. El artículo 7 sigue siendo una medida eficaz de la que depende el ahorro de energía, principalmente en el sector de la construcción. Las obligaciones del sector público (artículos 5 y 6) resultaron fundamentales para demostrar el papel ejemplarizante de las administraciones centrales en el fomento de la eficiencia energética a través de renovaciones y de la contratación pública. Sin embargo, las medidas se aplicaron a una escala limitada, y hay una serie de limitaciones que impiden aprovechar el potencial de ahorro de energía en el sector público. La Directiva de eficiencia energética también fue crucial para promover el uso de auditorías energéticas en toda la Unión (artículo 8). Sin embargo, persisten importantes limitaciones, como el seguimiento de las auditorías y los retos relacionados con la aplicación de la definición de «pyme», o la falta de requisitos y de incentivos para la aplicación de sistemas de gestión de la energía. Los requisitos del artículo 14 en materia de calefacción y refrigeración, en particular el requisito de establecer evaluaciones completas, contribuyeron a aumentar la importancia de la calefacción y la refrigeración y el conocimiento general al respecto en todos los Estados miembros. Sin embargo, el análisis mostró que el impacto global había sido bastante bajo, debido especialmente a que no se realizó un seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones completas llevadas a cabo con arreglo al artículo 14, y debido también al amplio recurso a las exenciones permitidas. La Directiva de eficiencia energética contribuyó en gran medida al desarrollo de los mercados de servicios energéticos y a los contratos de rendimiento energético (artículo 18). Sin embargo, aún quedan importantes barreras por abordar. En términos de eficiencia, la Directiva de eficiencia energética ha contribuido, por lo general, a lograr un ahorro de energía en la Unión de manera rentable. Varias disposiciones sujetas a «condiciones» (por ejemplo, en los artículos 5, 6, 9 a 11 y 14) obligaban a actuar, siempre que fuera rentable o viable desde el punto de vista económico o técnico. La Directiva otorgó una flexibilidad significativa a los Estados miembros a la hora de elegir medidas. No obstante, estos no siempre demostraron cómo se determinó la viabilidad. No hay indicios de que hayan existido diferencias significativas en la magnitud de los costes entre los Estados miembros para la mayoría de las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética, a excepción del artículo 7 (los costes dependen del diseño y el alcance de la medida). En términos de coherencia, la Directiva de eficiencia energética es, en general, coherente con otras políticas más amplias en materia de energía y clima; sin embargo, las crecientes interrelaciones con las energías renovables y con el RCDE de la UE requieren una racionalización adecuada y un examen más detallado de la reducción de la carga administrativa. Además, las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética deben adaptarse a fin de que respalden los objetivos de descarbonización y de contaminación cero previstos en las iniciativas del Pacto Verde Europeo. En términos del valor añadido de la Unión, la intervención de esta fue clave para lograr mejoras de eficiencia energética en todo su territorio. Es evidente que, de no existir el objetivo a escala de la UE ni las medidas vinculantes, tal mejora no se habría alcanzado en el mismo grado. Sin embargo, hay margen para reforzar y armonizar algunas disposiciones a fin de garantizar que la Directiva de eficiencia energética resulte en los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo climático más elevado de la Unión de, al menos, el 55 % para 2030. • Consultas con las partes interesadas La hoja de ruta de la evaluación / evaluación inicial de impacto se publicó el 3 de agosto de 2020 y estuvo disponible hasta el 21 de septiembre de 2020. La Comisión recibió 189 respuestas y 99 partes interesadas presentaron declaraciones complementarias y adjuntaron información a sus respuestas. La mayoría de las respuestas procedían de asociaciones empresariales (80 respuestas), seguidas de empresas (36 respuestas) y de ONG (26 respuestas). Además, entre septiembre y octubre de 2020, se organizaron 9 reuniones específicas con grupos seleccionados de partes interesadas sobre temas específicos, y el 10 de noviembre de 2020 se celebró una reunión del grupo de expertos sobre la Directiva de eficiencia energética. La Comisión también puso en marcha la consulta pública en internet, disponible desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021, en consonancia con las normas de mejora de la legislación. La encuesta contenía preguntas abiertas y de opciones múltiples que abarcaban una amplia gama de aspectos relativos a la evaluación ex post y opciones para la revisión de la Directiva de eficiencia energética. Se recibieron un total de 344 respuestas. El grupo de encuestados más numeroso fue el de las asociaciones empresariales (132 respuestas), el de los negocios y empresas individuales (92 respuestas), seguidos de las ONG (34 respuestas). 21 encuestados respondieron en calidad de ciudadanos individuales. Respondieron 24 autoridades públicas, entre ellas las autoridades nacionales de 9 Estados miembros (Chequia, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Países Bajos y Suecia). Una gran mayoría de las partes interesadas (el 86 % de los encuestados) opinó que la eficiencia energética debería desempeñar un papel clave en apoyo de unos objetivos climáticos más ambiciosos para 2030 y con vistas a lograr la neutralidad en carbono de la Unión para 2050. Las partes interesadas apoyaron en gran medida el refuerzo de la Directiva de eficiencia energética a ese respecto. La mayoría (53 %) se mostraron favorables a la idea de establecer unos objetivos vinculantes de eficiencia energética, también a nivel nacional (47 %). Las partes interesadas opinaron que se necesitaban esfuerzos adicionales en materia de eficiencia energética en los edificios (76 %) y el transporte (62 %), seguidos de la industria (52 %) y las TIC (40 %). Las opiniones expresadas por las partes interesadas en la consulta pública y durante los talleres se han tenido en cuenta a la hora de establecer las distintas opciones de políticas en los ámbitos de actuación respectivos en la evaluación de impacto. En junio, la Comisión Europea organizó una audiencia con los interlocutores sociales europeos en relación con Objetivo 55. Se pidió a los interlocutores sociales europeos que compartieran sus reacciones iniciales sobre ese paquete de medidas y expresaran su opinión sobre qué medidas y mecanismos de acompañamiento podrían ponerse en marcha para garantizar que nadie se quede atrás. Se planteó la necesidad de una mayor interacción entre el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde Europeo, y se explicó que los objetivos de ambas dimensiones debían ser las dos caras de una misma moneda. • Obtención y uso de asesoramiento especializado El estudio de apoyo de COWI fue el único contrato explícitamente destinado a apoyar de forma directa la preparación de la evaluación de impacto. Muchos otros informes han proporcionado información pertinente. En el caso de los requisitos de auditoría energética, se realizó una evaluación específica de los problemas existentes a la hora de aplicar la definición utilizada en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva de eficiencia energética. • Evaluaciones de impacto La ambición global de ahorro de energía y el nivel de las obligaciones en la materia son consecuencia de un enfoque rentable para alcanzar el objetivo global de reducir en un 55 % las emisiones de GEI. Las medidas analizadas en la evaluación de impacto son elementos adicionales para apoyar y permitir medidas de ahorro de energía que faciliten las inversiones en mejoras de la eficiencia energética y, de este modo, reducir el coste global de la consecución de los objetivos de ahorro de energía y de reducción de las emisiones de GEI. Se consideraron medidas en diez ámbitos distintos que no se excluían mutuamente. Estas varían y entre ellas hay medidas reglamentarias y no reglamentarias. Se estudiaron varias medidas reglamentarias de distinto grado de rigor. La elección de la opción preferida requiere un juicio sobre el impacto óptimo para cada ámbito, contrastado con el esfuerzo regulador y la carga administrativa. El principal impacto de la medida será que la Unión utilice menos energía, sin que esto afecte a la prestación de los servicios deseados. Esta reducción del uso de energía irá acompañada de beneficios colaterales, como la mejora de la seguridad energética y la reducción del impacto medioambiental. El menor impacto medioambiental se debe principalmente a una reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos de en torno a un 8 %, pero también se esperan beneficios medioambientales derivados de una menor necesidad de suministro de combustible, una menor necesidad de infraestructuras y la reducción de las emisiones al agua, por ejemplo, de los equipos de eliminación de gases de combustión. Si el apoyo público a la renovación de edificios está bien enfocado, también puede aportar beneficios sociales sustanciales, gracias a la reducción de la pobreza energética y a mejoras equivalentes en la salud humana. En todos los ámbitos, se espera que el ahorro de energía se consiga principalmente mediante inversiones que rentabilicen los costes de inversión en unos pocos años. Se facilita información sobre los plazos de amortización previstos, por sector y tipo de inversión. • Adecuación regulatoria y simplificación La revisión es una refundición de la Directiva. La evaluación de impacto detectó posibilidades de simplificación de la legislación vigente y de reducción de la carga normativa, y buscó la eficacia de las modificaciones propuestas. La eliminación del enfoque alternativo en cuanto a la renovación de los edificios de los organismos públicos simplificará las disposiciones, ya que la Directiva se centrará únicamente en las renovaciones. Se suprimen aspectos técnicos específicos relativos a los edificios públicos y a determinadas excepciones, dado que están regulados por la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. La eliminación de las condiciones de rentabilidad y de viabilidad técnica o económica por lo que respecta a los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública simplificará la aplicación de tales requisitos, ya que se aplicarán por igual a todas las autoridades públicas. Las opciones de desarrollo de TI y de contratación pública estarán sujetas a la aprobación previa del Consejo de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad de la Comisión Europea. Garantizar que los esfuerzos de auditoría energética se centren en los usuarios con un mayor consumo de energía dará lugar a un ahorro de energía proporcionalmente más elevado, lo que reducirá significativamente la carga para las empresas con un menor consumo y simplificará dicha carga para las administraciones públicas, ya que tendrán un criterio más sencillo para evaluar la necesidad de auditorías y menos empresas que verificar. Se espera que el aumento de los costes de conformidad para aquellas empresas que permanezcan en el ámbito de aplicación de la disposición se amortice gracias a la adopción de más medidas de mejora rentables.

Las modificaciones reforzarán los requisitos existentes en materia de seguimiento y comunicación de información, en particular por lo que se refiere a las medidas destinadas a combatir la pobreza energética en el marco de la obligación de ahorro de energía (artículo 8) y a las relativas a las renovaciones de edificios del sector público, lo que garantizará unos mejores resultados, pero también se traducirá en una mayor carga administrativa para las autoridades públicas. Exigir requisitos adicionales de seguimiento y comunicación de información en relación con la contratación pública y los contratos de rendimiento energético mejoraría aún más la eficacia de estas disposiciones, pero podría aumentar en cierta medida la carga administrativa para las empresas y las autoridades públicas. Ofrecer más orientación y apoyo para respaldar las acciones de los Estados miembros, por ejemplo en materia de sensibilización, dará lugar a un aumento a corto plazo de la carga administrativa, ya que serán ellos quienes deban establecer las diferentes campañas de información, los intercambios de conocimientos o los sistemas de apoyo, pero se espera que esto sea rentable a medio plazo, debido al mayor ahorro de energía. Los requisitos adicionales de comunicación de información y seguimiento no exigirán la creación de ningún sistema nuevo de comunicación de información, sino que estarán sujetos al actual marco de seguimiento y comunicación de información establecido con arreglo al Reglamento sobre la gobernanza [Reglamento (UE) 2018/1999]. • Derechos fundamentales La propuesta se ajusta al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que exige que las políticas de la Unión integren y garanticen, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. Las modificaciones se traducirían en costes administrativos moderados para las autoridades públicas. 5. OTROS ELEMENTOS • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Una vez que los colegisladores adopten la presente Directiva refundida y durante el período de transposición, la Comisión emprenderá las siguientes acciones para facilitar su transposición: –Elaboración de una tabla de correspondencias que sirva de lista de comprobación de la transposición, tanto para los Estados miembros como para la Comisión. –Organización de reuniones con los expertos de los Estados miembros encargados de transponer las distintas partes de la Directiva para debatir cómo transponerlas y para resolver dudas, ya sea en el contexto de la Acción Concertada de la Directiva de Eficiencia Energética o en un formato de comité. –Disponibilidad para reuniones bilaterales y llamadas con los Estados miembros en caso de que haya preguntas específicas sobre la transposición de la Directiva. –Una vez finalizado el plazo de transposición, la Comisión llevará a cabo una evaluación completa para comprobar si los Estados miembros han transpuesto plena y correctamente la Directiva. El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, estableció un marco integrado de planificación, seguimiento y comunicación de información en materia de energía y clima, a fin de supervisar los avances hacia los objetivos en esa materia, en consonancia con los requisitos de transparencia del Acuerdo de París. Los Estados miembros tenían que presentar a la Comisión sus planes nacionales integrados de energía y clima para finales de 2019 y estos debían abarcar las cinco dimensiones de la Unión de la Energía para el período 2021-2030. Los Estados miembros deben informar cada dos años de los progresos logrados en la aplicación de los planes y, además, deben notificar a la Comisión sus proyectos de actualización de los planes, a más tardar el 30 de junio de 2023, y las actualizaciones definitivas, a más tardar el 30 de junio de 2024. Esas actualizaciones abarcarían cualquier objetivo nuevo acordado en la revisión de la Directiva de eficiencia energética. Se considera que este sistema de comunicación de información establecido en virtud del Reglamento sobre la gobernanza ha sido eficaz a la hora de supervisar los avances de los Estados miembros en materia de las contribuciones a la eficiencia energética a nivel nacional y de la Unión. La presente propuesta contiene nuevas disposiciones, principalmente relacionadas con el establecimiento de contribuciones nacionales, los mecanismos de subsanación de los desfases y las obligaciones de comunicación de información. Estas propuestas deben transferirse y armonizarse con el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza, una vez que esté revisado, a fin de evitar el solapamiento de los requisitos. También podría ser necesario volver a evaluar algunas disposiciones del Reglamento sobre la gobernanza a la vista de los cambios propuestos en la presente Directiva. En el artículo 33 de la presente Directiva refundida se propone evaluar el nivel de ambición de los artículos 4, 5, 6 y 8.

• Documentos explicativos (para las Directivas) La Directiva de eficiencia energética introduce un nuevo artículo (artículo 3) relativo al principio de «primero, la eficiencia energética», con el fin de garantizar que este se aplique cuando sea pertinente y que se supervise adecuadamente de forma generalizada. Dado el amplio ámbito de aplicación del principio, la Directiva no especifica cómo debe hacerse. Para facilitar la aplicación de las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética, la Comisión Europea formulará una Recomendación a los Estados miembros en la que proporcionará orientaciones sobre la manera en que ese principio debe interpretarse y aplicarse en diversos contextos. Este documento de orientación debería contribuir a que el principio sea más operativo. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Comisión/Bélgica (asunto C-543/17), los Estados miembros deben adjuntar a sus comunicaciones de las medidas nacionales de transposición información suficientemente clara y precisa e indicar qué disposiciones de la legislación nacional transponen las disposiciones de una Directiva. Esto debe facilitarse para cada obligación, no solo a nivel de artículo. • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Las disposiciones fundamentales por las que se modificará sustancialmente la Directiva 2012/27/UE, o por las que se añadirán nuevos elementos son las siguientes: Los artículos 1 y 4 establecen un objetivo vinculante de eficiencia energética de la Unión más ambicioso en relación con el consumo de energía final y primaria, así como contribuciones nacionales indicativas de eficiencia energética, y proporcionan una fórmula a los Estados miembros para que calculen sus contribuciones. Los objetivos de la Unión se fijan en términos del nivel de consumo de energía primaria y final que debe alcanzarse en 2030, y el nivel de ambición se expresa comparando estos niveles con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030. El nivel de ambición así expresado refleja los esfuerzos adicionales necesarios en comparación con los actuales o con los indicados en los planes nacionales de energía y clima. En los considerandos se mantienen las comparaciones con el período de referencia anterior, es decir, las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030 y los valores históricos de 2005. Las contribuciones nacionales siguen siendo indicativas, debido a la fuerte oposición que la mayoría de los Estados miembros mostraron, en la consulta pública y en otros foros, a la idea de unos posibles objetivos nacionales vinculantes. Sin embargo, se proponen parámetros de referencia y nuevos mecanismos de subsanación de desfases que complementan los propuestos en el Reglamento sobre la gobernanza. El artículo 3 introduce una nueva disposición sobre el principio de «primero, la eficiencia energética», a fin de proporcionar la base jurídica para la aplicación del principio y minimizar, al mismo tiempo, la carga administrativa. Incluye la obligación de considerar soluciones de eficiencia energética a la hora de tomar decisiones de actuación y de inversión en los sistemas energéticos y en los sectores no energéticos, incluidas las viviendas sociales. El artículo 5 introduce la obligación de que el sector público reduzca su consumo de energía en los servicios públicos y las instalaciones de los organismos públicos. Esto puede alcanzarse en cualquier subsector del sector público, como el transporte, los edificios públicos, la ordenación del territorio y la gestión del agua y los residuos. El artículo 6 amplía el ámbito de aplicación de la obligación de renovación. La obligación se aplicará ahora a todos los organismos públicos de todos los niveles de la Administración y en todos los sectores de actividad de los organismos públicos, en particular en la sanidad, la educación y la vivienda pública, donde los edificios son propiedad de los organismos públicos. Esto acercará los beneficios de la renovación de edificios públicos a todos los ciudadanos de todos los Estados miembros, y multiplicará las renovaciones en el sector público. El artículo 6 tiene por objeto las renovaciones que cumplan la norma de los edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), que es una norma rentable y más estricta para las renovaciones. El índice de renovación más bajo sigue siendo del 3 %, que es el mínimo común denominador para un índice mínimo de renovación, si bien se reconoce que algunos Estados miembros, regiones y ciudades ya han adoptado requisitos y normas más ambiciosos de renovación en el sector público. Por último, se suprimen las alternativas que permitían a los Estados miembros lograr un ahorro de energía similar mediante medidas distintas de las renovaciones. Tales medidas pueden seguir contabilizándose en relación con las obligaciones de ahorro de energía previstas en el artículo 8 y contribuir al cumplimiento de la obligación en él establecida. El artículo 6 tiene por objeto las renovaciones, en consonancia con la oleada de renovación. El artículo 7 refuerza las disposiciones en materia de contratación pública ampliando la obligación de tener en cuenta los requisitos de eficiencia energética en todos los niveles de la Administración Pública, y suprimiendo las condiciones relativas a la rentabilidad y la viabilidad técnica y económica. Las modificaciones incluirán una disposición en virtud de la cual los Estados miembros podrán exigir que los organismos públicos tengan en cuenta, cuando proceda, aspectos relacionados con la economía circular y criterios de contratación pública ecológica cuando adjudiquen contratos públicos. Se exigirá a los Estados miembros que respalden a los organismos públicos proporcionándoles directrices y metodologías sobre la evaluación de los costes del ciclo de vida, estableciendo centros de apoyo de la competencia y fomentando el uso de la contratación agregada y la contratación electrónica. Los Estados miembros tendrán que publicar información sobre licitaciones (en consonancia con los umbrales establecidos en las Directivas sobre contratación pública). Como parte del papel ejemplarizante del sector público, el artículo 7 también incluye una disposición en virtud de la cual los poderes adjudicadores podrán exigir que las ofertas indiquen un potencial de calentamiento global de los edificios nuevos [indicador numérico expresado en kgCO2e/m2 (de superficie interior útil) para cada fase del ciclo de vida promediado para un año de un período de estudio de referencia de cincuenta años], en particular para los edificios nuevos de más de 2 000 m2. Esa disposición está relacionada con otra cuyo fin es aumentar la sensibilización sobre la economía circular y todo el ciclo de vida de las emisiones de carbono en las prácticas de contratación pública. Las modificaciones del artículo 8 aumentan la obligación de ahorro de energía anual al 1,5 % para todos los Estados miembros (incluidos Chipre y Malta) e incluyen requisitos específicos para mitigar la pobreza energética. El artículo 8 exige aplicar medidas de actuación con carácter prioritario entre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y hacer el mejor uso posible de la financiación pública y, cuando proceda, considerar el uso de los ingresos procedentes de los derechos de emisión del RCDE. Asimismo, exige a los Estados miembros que velen por que el conjunto de políticas nacionales no tenga efectos adversos en los clientes vulnerables y los usuarios finales, en las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, en las personas que viven en viviendas sociales, y por que dichas políticas mitiguen y reduzcan efectivamente la pobreza energética. Además, obliga a los Estados miembros a que una proporción de la cantidad total de ahorro exigida de uso final de la energía provenga de los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. El artículo 8 establece un mecanismo para subsanar los desfases en relación con la cantidad necesaria de ahorro de energía que debe conseguirse en un período de obligación determinado. La obligación de ahorro de energía no prevé la aplicación de los mecanismos de flexibilidad para calcular la cantidad requerida de ahorro de energía alternativamente a partir del 1 de enero de 2024 (artículo 8, apartados 6 a 9). El artículo 9 incluye a los gestores de redes de transporte como posibles partes obligadas, y autoriza a los Estados miembros a exigir a las partes obligadas que obtengan un porcentaje del ahorro de energía de entre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. El anexo V establece que no puede contabilizarse el ahorro de energía obtenido a raíz de las medidas de actuación relativas al uso de tecnologías de combustión directa de combustibles fósiles, aclara que la reducción del uso de energía obtenida mediante medidas adoptadas en virtud de la Directiva RCDE UE no puede tenerse en cuenta para el cumplimiento de la obligación de ahorro de energía, y refuerza el requisito de adicionalidad por lo que respecta a las medidas fiscales. El artículo 11 abandona el tipo de empresa como criterio para las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía y lo sustituye por los niveles de consumo de energía, y exige que la dirección de la empresa firme las recomendaciones de auditoría. También requiere sistemas de gestión de la energía para las empresas que más consumen, que probablemente sean más eficaces a la hora de garantizar que se realicen inversiones de ahorro de energía más rentables y con una menor carga general de costes para la empresa. Por último, el artículo introduce la obligación de supervisar el rendimiento energético de los centros de datos con el fin de establecer posteriormente un conjunto de «indicadores de sostenibilidad de los centros de datos». El artículo 20 refuerza la protección de los consumidores al introducir derechos contractuales básicos para los sistemas urbanos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, en consonancia con los derechos que la Directiva (UE) 2019/944 introdujo para la electricidad. El artículo 21 refuerza las obligaciones para con los consumidores, en particular la disponibilidad y el suministro de información, las medidas de sensibilización y el asesoramiento técnico y financiero o la asistencia ofrecidos. La creación de ventanillas únicas, puntos de contacto únicos y mecanismos de resolución extrajudicial de litigios son estructuras que contribuirán significativamente a capacitar a los clientes y usuarios finales. Por último, el artículo incluye la obligación de detectar y eliminar las barreras pertinentes a la división de los incentivos entre los inquilinos y los propietarios o entre los propietarios. El artículo 22 se refiere al concepto de «clientes vulnerables», que los Estados miembros deben establecer con arreglo a los artículos 28 y 29 de la Directiva (UE) 2019/944 y al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/73/CE. El artículo 22 obliga a los Estados miembros a establecer ese concepto teniendo también en cuenta a los usuarios finales, que no tienen ningún contrato directo o individual con los suministradores de energía. El artículo 22 introduce la obligación de que los Estados miembros apliquen las medidas de mejora de la eficiencia energética con carácter prioritario entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, con el fin de mitigar la pobreza energética. Los Estados miembros deben aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética para mitigar los efectos distributivos de otras políticas y medidas, como las medidas fiscales aplicadas de conformidad con el artículo 9 de la presente Directiva, o el comercio de derechos de emisión realizado en virtud de la Directiva RCDE UE, y para fomentar el despliegue de instrumentos de financiación y financieros facilitadores. El artículo 22 refuerza el papel de las redes de expertos. Los artículos 23 y 24 establecen una planificación y un seguimiento más estrictos de las evaluaciones completas de la calefacción y la refrigeración, incluida la promoción de los niveles local y regional. Los artículos introducen requisitos mínimos para los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, requisitos más amplios de rentabilidad y obligaciones en materia de reutilización del calor residual. Los requisitos mínimos para los sistemas urbanos eficientes de calefacción se incrementarán gradualmente con vistas a garantizar un suministro de calefacción o refrigeración totalmente descarbonizado en los sistemas urbanos de calefacción o refrigeración eficientes de aquí a 2050. Los requisitos para la cogeneración de alta eficiencia se complementarán, cuando esta no se alimente con energías renovables o residuos, con un criterio sobre las emisiones directas de CO2 procedentes de la cogeneración. El artículo 25 aclara y refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales a la hora de aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética» en la planificación y el funcionamiento de las redes energéticas. También hace uso de los conocimientos de la REGRT de Electricidad, la REGRT de Gas y la entidad de los GRD de la UE para supervisar los avances. Debido al elevadísimo número de gestores de redes, es preferible un enfoque indirecto.

El artículo 26 aclara y refuerza las disposiciones sobre la disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación para distintos proveedores de servicios energéticos, auditores energéticos, gestores energéticos e instaladores. Las nuevas disposiciones exigirán a los Estados miembros que evalúen los regímenes cada cuatro años a partir de diciembre de 2024. El artículo 27 introduce requisitos adicionales para aumentar la celebración de contratos de rendimiento energético. El artículo 28 introduce la obligación de que los Estados miembros informen de las inversiones en eficiencia energética, en particular de los contratos de rendimiento energético celebrados (como parte del Reglamento sobre la gobernanza). Se exigirá a los Estados miembros que establezcan mecanismos de ayuda al desarrollo de proyectos a nivel nacional, regional y local para promover inversiones en eficiencia energética que contribuyan a alcanzar los objetivos de eficiencia energética más elevados. 🡻 2012/27/UE (adaptado) 2021/0203 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: ⇩ nuevo

(1)La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ha sido modificada en varias ocasiones y de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva. 🡻 2012/27/UE considerando 1 (adaptado) La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia de las importaciones de energía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para superar estos retos. Mejora la seguridad de abastecimiento de la Unión al reducir el consumo de energía primaria y las importaciones de energía. Asimismo, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable en relación con los costes, y de este modo, a mitigar el cambio climático. El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria de la Unión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados con la eficiencia energética. 🡻 2012/27/UE considerando 2 (adaptado) Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 insistían en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la Unión para alcanzar en 2020 el objetivo de ahorrar un 20 % en el consumo de energía de la Unión en comparación con los valores previstos. En las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 se subrayaba que debe alcanzarse el objetivo que acordó el Consejo Europeo en junio de 2010, de aumentar en un 20 % la eficiencia energética para 2020, objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Las previsiones realizadas en 2007 mostraban un consumo de energía primaria en 2020 de 1842 Mtep. Con una reducción del 20 % la cifra de consumo sería de 1474 Mtep en 2020, es decir, una disminución de 368 Mtep respecto a las previsiones. 🡻 2012/27/UE considerando 3 (adaptado) Las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 confirmaron ese objetivo de eficiencia energética como uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador («Estrategia Europa 2020»). Dentro de este proceso y para cumplir este objetivo a nivel nacional, los Estados miembros están obligados a establecer objetivos nacionales en estrecho diálogo con la Comisión y a indicar en sus programas de reforma nacionales de qué manera piensan alcanzarlos. 🡻 2012/27/UE considerando 4 (adaptado) La Comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 2010 sobre Energía 2020 sitúa la eficiencia energética en el núcleo de la estrategia energética de la Unión para 2020, y señala la necesidad de una nueva estrategia sobre eficiencia energética que permita a todos los Estados miembros separar el consumo de energía del crecimiento económico. 🡻 2012/27/UE considerando 5 (adaptado) En su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre la revisión del Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética, el Parlamento Europeo exhortaba a la Comisión a incluir en su Plan de Acción revisado sobre Eficiencia Energética medidas para superar las deficiencias que impiden alcanzar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión en 2020. 🡻 2012/27/UE considerando 6 (adaptado) Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la referente al consumo eficiente de recursos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia energética como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos.

🡻 2012/27/UE considerando 7 (adaptado) Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían actuaciones decididas para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación. En dichas conclusiones también se establece que la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión se revisará en 2013 y que, si fuera necesario, se examinarán otras medidas. 🡻 2012/27/UE considerando 8 (adaptado) El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la Comunicación se confirmaba que la Unión no lleva camino de alcanzar su objetivo de eficiencia energética. Todo ello, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la eficiencia energética presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos . El análisis inicial de los segundos Planes de Acción viene a confirmar que la Unión no avanza suficientemente para el logro de su objetivo. Para poner remedio a esta deficiencia, en el Plan de Eficiencia Energética 2011 se detallaba una serie de políticas y medidas de eficiencia energética que cubrían toda la cadena de la energía, y se referían a la generación de energía, el transporte y la distribución, al papel ejemplarizante del sector público en la eficiencia energética, a los edificios y electrodomésticos, la industria, y la necesidad de poner a los consumidores finales en condiciones de gestionar su consumo de energía. La eficiencia energética en el sector del transporte se abordaba paralelamente en el Libro Blanco sobre el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 2011. En particular, la iniciativa 26 del Libro Blanco exigía normas adecuadas para las emisiones de CO2 de los v