8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 35/11 
sumamente importante y urgente hallar una solución al 
problema planteado por las disparidades fiscales en el 
transporte de mercancías por carretera, dentro de la 
perspectiva de la eliminación de las distorsiones de 
competencia en el mercado interno antes de 1992. 
1. La «tercera dimensión » - Papel central de la política 
de competencia - Mayor libertad del consumidor -
Importancia de los aspectos sociales - El mercado 
interno 
1.1. En su XVI informe, la Comisión hace balance 
de la «política de competencia» durante 1986 afir­
mando que « se trata ahora de dar una tercera dimen­
sión » a la Comunidad de los Doce, completando la 
realización del «mercado interno». 
Se puede compartir totalmente tal afirmación. Desde 
esta perspectiva de la «tercera dimensión», todas las 
iniciativas, tanto comunitarias como de los países 
miembros, encaminadas a tal fin, de ahora en adelante 
deberán materializarse siempre y ser compatibles de 
forma más rigurosa. 
Ya es hora de que la validez de las declaraciones se 
materialice en hechos concretos, sabiendo que una 
mayor cohesión económica y política entre los Estados 
miembros es de todas formas prioritaria y perjudicial. 
1.2. El « mercado interno » debe y deberá conducir a 
una mayor eficacia y competitividad, no sólo de las 
empresas sino asimismo del sistema comunitario en su 
conjunto. 3. Se confía en que la Comisión presente su propue­
sta final sobre la formación de precios de los transportes 
por carretera en un plazo que permita examinar a fondo 
el tema y tener en cuenta los nuevos planteamientos 
relativos a la política en este sector. 
En la nueva « dimensión comunitaria » todas las políti­
cas deberán contribuir principalmente, de forma cohe­
rente y convergente a la realización de una «integra­
ción » real. 
En este proceso, el papel de la política de competencia 
es «central» en la medida en que una acción eficaz 
encaminada a la unificación del mercado esté dirigida 
principalmente a estimular los recursos humanos, mate­
riales y económicos, con la garantía de una competencia 
leal interna e internacional. 
1.3. Una competencia leal y eficaz garantiza también 
la competitividad de los precios y la transparencia de 
la oferta, ampliando y asegurando la libertad de elec­
ción de los consumidores, manteniendo al mismo 
tiempo la calidad y el precio de los productos y de los 
servicios. 
1.4. En tal contexto, se deberían abordar finalmente 
los problemas que derivan de las anomalías del sistema 
de distribución y de comercialización de numerosos 
productos agrícolas: tales anomalías determinan de 
hecho una situación de distorsión grave y generalizada 
de la competencia que causa graves perjuicios tanto a 
los productores como a los consumidores. Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre el XVI informe de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la 
política de competencia 
(88/C 35/08) 
El 21 de septiembre de 1987, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió consultar al 
Comité Económico y Social sobre el informe mencionado arriba. 
El 4 de noviembre de 1987, la Sección de industria, comercio, artesanía y servicioes, encargada 
de preparar los trabajos en la materia, formuló su dictamen basándose en el informe del 
Sr Bagliano. 
El 16 de diciembre de 1987, durante la 251a Sesión Plenaria, el Comité Económico y Social 
adoptó por amplia mayoría, 2 votos en contra y 8 abstenciones el siguiente dictamen: 
N° C 35/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
1.4.1. A tales fines (mercado interno y competencia) 
adquiere también una gran importancia la realización 
y la consolidación de igualdad de condiciones para 
satisfacer las necesidades de transporte entre todas las 
regiones y empresas de la Comunidad. 
1.5. La ampliación del mercado a una dimensión 
europea deberá además permitir realizar la unificación 
del mercado del trabajo; una competencia real entre 
las empresas puede activar una dinámica positiva de 
creación de nuevos puestos de trabajo, favoreciendo la 
oferta de trabajo allí donde exista la demanda. 
En cuanto a los principios, contando con la fuerza 
persuasiva de los principios que la inspiraron, debe 
destacarse la importancia social de una competencia 
libre y eficaz, que no obstante debe basarse en el 
respecto total de las normas sociales tanto por parte 
de las empresas como de los Estados. A tal fin, la 
construcción y las licitaciones públicas son los sectores 
que exigen una vigilencia particular. 
1.6. Todos los agentes que operan en el mercado 
deben tener las mismas oportunidades de entrada y las 
mismas posibilidades y condiciones de salida. El acceso 
al mercado y la expulsión del mercado son los dos 
momentos críticos y vitales del mecanismo de la compe­
tencia, que deben ser objeto de la más estricta vigilancia 
respecto de la efectividad de las condiciones de « equiva­
lencia», sobre todo para fomentar un mayor espíritu 
de empresa. 
Dentro de este mecanismo del mercado, es necesario 
garantizar la corrección de los comportamientos de 
todos los agentes, tanto privados como públicos, indivi­
duales, asociativos o participativos, respecto de los 
acuerdos sobre los precios, sobre las cantidades que 
deben producirse y las zonas de venta así como sobre 
las relaciones más diversas (licencias, colaboraciones). 
No son necesarias doctrinas particulares para conocer 
y evaluar este mecanismo. No obstante, hacen falta 
normas claras y permanentes para aceptar o condenar, 
para estimular o disuadir. Es necesaria y suficiente una 
política, un marco de referencia, una finalidad. 
Actualmente, esta finalidad es la plena realización del 
mercado interno. En realidad, siempre lo ha sido, pues 
está escrita en el Tratado de Roma; pero actualmente 
es más fuerte, explícita y vinculante. 
2. Los aspectos normativos 
2.1. La situación normativa en materia de competen­
cia no requiere tanto una nueva regulación —excepto 
las que ya están en proyecto— como consolidarse y 
clarificarse, incluso mediante la simplificación y la ace­
leración de los procedimientos que la experiencia per­
mita o sugiera cotidianamente, manteniendo por otra 
parte la habitual atención a los cambios y la evolución 
de cada sector económico-productivo. 
Los Reglamentos de exenciones por categorías 
2.2. Son ya numerosos los sectores regulados por un 
Reglamento de exenciones por categorías y el resultado no ha sido sólo una disminución del trabajo de la 
Comisión en la fase de puesta en práctica, sino asimismo 
mayor claridad y seguridad jurídicas. No obstante, 
aún teniéndolo en cuenta, el instrumento jurídico del 
Reglamento no debe considerarse la única solución a 
todos los problemas. 
En realidad, cada sector económico tiene su estructura 
específica y también —actualmente— ritmos y modos 
particulares de transformación y de cambio, que recla­
man más atención para la comprensión de los proble­
mas respectivos que para la introducción de nuevas 
normas u obligaciones. 
La vigilancia y la garantía de protección de la libre 
competencia deben basarse principalmente en estos pre­
supuestos de estudio y conocimiento profundo de los 
fenómenos, para llevar a cabo una real política « activa » 
de competencia. 
Acuerdos de licencia del know-how 
2.3. En lo que respecta al proyecto de reglamento de 
exención por categorías de los acuerdos de licencia de 
know-how, la Comisión insiste con razón en celebrar 
consultas antes de adoptarlo. 
En realidad, se trata de convenciones contractuales 
complejas que casi siempre se incluyen en acuerdos más 
amplios. 
No deben simplificarse los trabajos de la Comisión 
estableciendo un paralelismo automático con el Regla­
mento referente a los acuerdos de licencia de patentes, 
paralelismo que no corresponde siempre a la realidad, 
debido a las peculiares características económicas, téc­
nicas, comerciales y jurídicas del contrato de know-
how. Sobre este proyecto de Reglamento, el Comité 
emitirá un dictamen, pronunciándose así sobre los 
aspectos particulares de tal Reglamento. 
Franquicia 
2.4. Análogamente, los acuerdos de «franquicia» 
—tal como lo afirma la Comisión— « constituyen un 
tipo especial de acuerdo que no se puede comparar con 
los contratos de distribución exclusiva ». 
A este respecto, hay que reconocer el esfuerzo consul­
tivo de la Comisión, encaminado a conocer y a definir 
correctamente esta nueva categoría de acuerdos 
mediante un número reducido de normas claras. Sobre 
esta propuesta de Reglamento el Comité emitirá tam­
bién su propio «dictamen». 
Concentraciones 
2.5. Respecto al proyecto de Reglamento sobre las 
«concentraciones», la Comisión se propone poner fin 
a la situación de punto muerto que se ha creado en el 
seno del Consejo. 
Sobre este proyecto, modificado varias veces, también 
el Comité ha formulado observaciones generales y espe­
cíficas que no han sido tenidas en cuenta por la Comi­
sión. 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 35/13 
El Comité celebra que la situación de bloqueo parece 
haber sido por fin superada, al tiempo que desea iniciar 
inmediatamente una nueva y rápida reflexión sobre 
estos problemas, teniendo en cuenta los cambios que 
se han producido y que se producirán en la Comunidad 
y fuera de la misma, incluso a corto plazo. 
En esta fase caracterizada por el elevado dinamismo de 
todos los elementos del mercado, toda evaluación de 
un caso de concentración dirigido hacia objetivos de 
racionalización y reestructuración debe integrarse en 
la óptica de una política global a nivel comunitario, 
tomando también en cuenta todos los demás factores 
que intervienen en la escena internacional y en la salva­
guardia de los valores sociales. 
Es necesario poner una particular atención a la salva­
guardia del empleo, recurriendo también —para facili­
tar la superación de las fases de transición— a medidas 
comunitarias y de reconversión. 
Empresas comunes (joint ventures) 
2.6. El control de las «empresas comunes» (joint 
ventures) va ligado al de las concentraciones, por lo 
cual es necesaria ante todo una definición clara. Las 
«líneas directrices» previstas deberán corresponderse 
con la actitud de la Comisión sobre el control de las 
concentraciones, con el fin, también en este caso, de 
aumentar la seguridad del marco jurídico en el que las 
empresas deben competir. 
El problema de la fijación de los parámetros deberá 
afrontarse de todos modos teniendo en cuenta la compe­
tencia extracomunitaria, analizada bajo los múltiples 
aspectos del número de participantes, de las cantidades 
producidas, del nivel de las tecnologías avanzadas exis­
tentes, así como de la sinergia y de las economías de 
escala. 
También a este respecto el Comité desea una consulta 
sobre el tema. 
Derecho comunitario y legislaciones nacionales 
2.7. Incluso teniendo en cuenta la situación comuni­
taria y mundial, las legislaciones de los Estados miem­
bros sobre la competencia no deben ser divergentes 
entre sí ni producir efectos discriminatorios. 
A tal fin, y para conseguir la plena realización del 
mercado interno en el sentido del artículo 8 A del 
Tratado, la Comisión tiene el deber de afirmar y de 
hacer que se respete el principio de la primacía del 
derecho comunitario respecto de la legislación nacional. 
En este contexto, corresponde a la Comisión tomar las 
medidas necesarias para eliminar toda discriminación, 
en cualquier sentido, que falsee la competencia entre 
los agentes económicos y que resulte totalmente incom­
patible con la idea de un gran mercado sin fronteras 
interiores. 3. Política industrial en el marco de una política activa 
de competencia - las « ayudas» del Estado 
3.1. Incluso si el Tratado de Roma no prevé la hipó­
tesis de una política industrial común, cualquier tipo 
de distorsión de competencia es incompatible con un 
espacio industrial comunitario. 
Por este motivo, la política de competencia debe tam­
bién tener en cuenta la política industrial, que la Comi­
sión ha sabido realizar de modo pragmático con el 
paso del tiempo, abarcando desde intervenciones en los 
sectores industriales en crisis hasta políticas regionales 
de apoyo a los procesos de industrialización, pasando 
por la ayuda comunitaria a la investigación y a la 
innovación industrial. 
En particular, las intervenciones destinadas a favorecer 
procesos de reestructuración y reconversión de los sec­
tores en declive o a proteger temporalmente sectores en 
crisis coyuntural, pueden considerarse compatibles con 
una política de competencia activa y dinámica como 
así lo ha deseado el Comité en varias ocasiones; la 
misma consideración puede hacerse respecto de inter­
venciones en sectores de industrias sensibles o motrices, 
así como en favor y apoyo de la pequeña y mediana 
empresa y, por último, todas las intervenciones que 
afectan a las tecnologías de punta y a los sectores del 
futuro. 
La política fiscal también es importante. Pero el pro­
blema no es sólo de técnica fiscal: es de naturaleza 
fundamentalmente política, en la medida en que consti­
tuye una parte esencial del proyecto del «mercado 
único». En varias ocasiones el Comité ha recordado la 
fuerte incidencia en la competencia de las « estructuras » 
de los países miembros de la Comunidad, no sólo 
fiscales sino también globales y presupuestarias, que 
son todavía demasiado diferentes entre sí. 
Hay que reconocer y alentar el esfuerzo que la Comisión 
realiza para armonizar o aproximar las legislaciones y 
los sistemas fiscales, teniendo en cuenta que no debe 
limitarse a la actividad fiscal indirecta. 
Las ayudas de Estado 
3.2. La responsabilidad de los Estados miembros en 
cuanto a la protección de la libertad de competencia se 
expresa también, principalmente, en la política nacional 
de las « ayudas » a las empresas. 
Cada año se dedica un capítulo ad hoc a la cuestión de 
las ayudas de Estado que representan un tema central 
por el que se juzgará en su conjunto la credibilidad de 
la política de competencia de la Comisión. 
Los procedimientos reforzados existentes y las «líneas 
directrices » establecidas por la Comisión en los últimos 
años son suficientes para constituir un marco normati-
vo-informativo útil tanto para los Estados como para 
las empresas, y ello en primer lugar con el fin de someter 
bajo control una serie de instrumentos-iniciativas nacio­
nales que algunas veces escondían la realidad de la 
ayuda bajo fórmulas poco transparente. 
N° C 35/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
Si, en líneas generales, se debe estar de acuerdo con el 
criterio de que las « ayudas » no deben restar responsabi­
lidad a las empresas, con más fuerza habrá que alentar 
a la Comisión en su actividad de vigilancia y control 
sobre la existencia real de un «interés comunitario» 
que debe salvaguardarse, sobre todo en sectores sensi­
bles, en los que es más evidente el desequilibrio entre 
oferta y demanda, con las correspondientes consecuen­
cias sociales, y en los que la competencia es más acu­
sada. 
También en este delicado campo de acción la Comisión 
debe actuar teniendo en cuenta el objetivo primordial 
del « mercado único » que será único y competitivo en 
la medida en que el mecanismo de la competencia 
funcione de modo correcto. 
4. Libertad de competencia y proteccionismo — Polí­
tica comercial y negociaciones multilaterales 
4.1. Frente a la tendencia proteccionista, que se sitúa 
ya a nivel de la economía mundial y que no parece que 
vaya a disminuir, una política de competencia más 
atenta tanto dentro como fuera de la Comunidad, debe 
adoptar con flexibilidad pero también con determina­
ción líneas claras de acción. 
Los factores que han contribuido a la aparición y al 
fortalecimiento del «proteccionismo» son múltiples, 
pero en general pueden resumirse en el desigual creci­
miento económico mundial, la «inestabilidad » de los 
tipos de cambio, así como los inevitables cambios 
estructurales en la economía mundial. 
Algunos factores están estrechamente ligados a la 
«fuerza de las cosas», a la evolución de la economía, 
pero otros factores dependen también de la voluntad 
de los gobiernos y, por consiguiente, del resultado de 
las negociaciones entre los Estados. 
En este terreno, la Comisión está legitimada para actuar 
con un «mandato» en el que han depositado su 
confianza 12 países europeos. 
Gracias al juego de la competencia, el comercio interna­
cional representa el mejor medio para favorecer la 
eficacia y el crecimiento económico. Es preocupante 
que se hayan multiplicado los obstáculos a un sistema 
comercial multilateral abierto. 
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1987 Es absolutamente necesario invertir la tendencia a adop­
tar medidas discriminatorias específicas; hay que forta­
lecer la dimensión multilateral de las relaciones comer­
ciales y hacer que progresen rápidamente las negocia­
ciones en el seno del Acuerdo general sobre las tarifas 
aduaneras y el comercio (GATT). 
Otro aspecto que deberá abordarse es el del respeto de 
las normas y el de una gestión más estricta y eficaz de 
los litigios. 
4.2. Es sabido que la responsabilidad principal de las 
reducciones arancelarias que se aplican mundialmente 
hay que atribuirla a las siete « rondas » de negociaciones 
comerciales celebradas bajo los auspicios del GATT. 
La primera remonta al año 1948, diez años antes de la 
creación de la Comunidad, y en ella se abordó con 
rapidez el desarme aduanero interno, que concluyó 
incluso antes de la fecha prevista. 
Sin embargo, las dificultades han aumentado, sobre 
todo con la crisis económica y el desempleo que en 
muchos países, incluso no europeos, han procado reac­
ciones de defensa de tipo proteccionista. 
El problema de la libertad del comercio internacional 
se ha vuelto ahora más complejo y, por lo tanto, las 
negociaciones multilaterales sobre este tema deben diri­
girse con gran capacidad técnica y política, con valor e 
imaginación, no por simples «observadores». 
La política de competencia de la Comunidad —particu­
larmente encaminada a la realización del mercado 
interno, pero sin olvidar el contexto competitivo mun­
dial— debe también suministrar indicaciones claras 
para conseguir negociaciones fructíferas y rápidas, sal­
vaguardando ante todo la validez económico social de 
la Comunidad en su conjunto. 
4.3. La política de competencia ejecutada por la CEE 
no puede disociarse del entorno internacional ni de las 
prácticas de terceros países en materia de acuerdos, 
dumping o ayudas de Estado a los diversos sectores 
económicos. 
El Comité Económico y Social es partidario de que la 
Comisión adjunte a su informe anual un análisis de las 
prácticas contrarias a la competencia en terceros países, 
en la medida en que sea posible detectarlas, así como 
de sus efectos en los intercambios con la CEE. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT