Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE /* COM/2011/0370 final - 2011/0172 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta 1.1. Motivación y objetivos de la propuesta La Unión Europea se ha fijado como objetivo conseguir un ahorro de energía primaria del 20 % en el año 2020[1] y ha hecho de esta meta uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador[2]. Las últimas estimaciones de la Comisión, que tienen en cuenta los objetivos de eficiencia energética nacionales para el 2020 fijados por los Estados miembros en el contexto de la Estrategia Europa 2020, indican que la Unión Europea conseguirá sólo la mitad del objetivo del 20 % en 2020[3]. El Consejo Europeo[4] y el Parlamento Europeo[5] han instado a la Comisión a que adopte una nueva y ambiciosa estrategia sobre eficiencia energética para actuar resueltamente a fin de aprovechar el considerable potencial existente. Para dar un nuevo impulso a la eficiencia energética, el 8 de marzo el 2011, la Comisión presentó un nuevo Plan de Eficiencia Energética (PEE) en el que se establecían medidas para conseguir nuevos ahorros en el abastecimiento y el uso de energía. Esta propuesta legislativa convierte algunos aspectos del PEE en medidas vinculantes. Su principal finalidad es hacer una aportación significativa a la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea para 2020. Para que lo consiga, la nueva Directiva debe adoptarse y aplicarse sin demora en los Estados miembros. La propuesta también va más allá del objetivo del 20 % y pretende establecer un marco común para fomentar la eficiencia energética después del 2020. Se trata de una prioridad estratégica del Programa de trabajo de la Comisión para 2011. 1.2. Contexto general En un contexto de importaciones de energía a la Unión Europea crecientes a precios crecientes, el acceso a los recursos energéticos desempeñará a medio plazo un papel más importante, pudiendo dañar gravemente el crecimiento económico de la Unión Europea. Por eso la eficiencia energética es uno de los principales aspectos de la iniciativa emblemática Europa 2020 para una Europa eficiente en recursos[6]. La eficiencia energética es la manera más efectiva en cuanto a costes y más rápida para aumentar la seguridad del abastecimiento, y, al mismo tiempo, es una manera efectiva de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Como se señalaba en la Comunicación de la Comisión «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050»[7], la eficiencia energética puede ayudar a la Unión Europea a alcanzar, e incluso a superar, su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Conseguir una economía de la Unión Europea más eficiente en energía también tendrá efectos positivos en el crecimiento económico y la creación de empleo. El ahorro de energía libera recursos económicos, que pueden reinvertirse en otros sectores de la economía, aliviando así la presión a la que se encuentran sometidos los presupuestos de los Estados. Para las personas, eficiencia energética significa pagar menos en sus facturas energéticas. La pobreza energética puede combatirse estratégicamente tomando medidas de mejora de la eficiencia energética. Finalmente, producir más con menos energía debe mejorar la competitividad de las industrias de la Unión Europea y ponerlas en vanguardia en los mercados mundiales de tecnologías de eficiencia energética. La eficiencia energética y el ahorro energético son beneficiosos para el conjunto de la economía de la UE, el sector público, las empresas y los particulares. Por todo ello, la Estrategia Energética Europa 2020 señalaba la eficiencia energética como una de las prioridades clave de la política energética de la Unión Europea para los próximos años. 1.3. Disposiciones en vigor El ámbito de aplicación de dos Directivas, la Directiva 2004/8/CE sobre la producción combinada de calor y electricidad (PCCE) y la Directiva 2006/32/CE sobre servicios energéticos (SE)[8], se solapa con el de la presente propuesta. La aplicación de ambas no ha conseguido el objetivo de explotar plenamente el potencial de ahorro de energía existente. Por consiguiente, se propone que se deroguen estas dos Directivas cuando entre en vigor la nueva Directiva, excepto el artículo 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de la Directiva de servicios energéticos. Estas disposiciones se refieren a la consecución para 2017 de un objetivo indicativo de ahorro de energía del 9 % del consumo de energía final de cada Estado miembro en los 5 años antes de la aplicación de la DSE. Este objetivo, aunque es diferente en cuanto a alcance y nivel de ambición, contribuye a la realización del objetivo de eficiencia energética de la UE para 2020, consistente en el 20 %, y, por tanto, debe seguir siendo aplicable hasta 2017. Otra disposiciones que se solapan con las de la nueva Directiva son el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/30/UE sobre el etiquetado energético[9], que se derogará cuando entre en vigor la nueva Directiva. 1.4. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión Esta propuesta se inserta en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador[10], ya que el objetivo de la Unión Europea de eficiencia energética del 20 % forma parte de uno de los cinco objetivos principales de esta Estrategia. Es una de las propuestas previstas para 2011 correspondiente a una de las siete iniciativas clave de la Estrategia, que es la iniciativa emblemática para una Europa eficiente en uso de los recursos. La nueva Directiva concuerda con la política sobre clima de la UE y la complementa. La disminución del consumo de energía que pretende conseguir esta propuesta también debe ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos sobre la proporción del consumo de energía correspondiente a las fuentes renovables, establecida en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables[11]. 2. Consulta a las partes interesadas y evaluación de impacto 2.1. Consultas, recogida de datos y utilización de asesoramiento técnico La propuesta ha sido elaborada basándose en una amplia gama de aportaciones de los Estados miembros y partes interesadas recogidas en distintas ocasiones, entre ellas en una consulta pública en línea[12]. Los Grupos de Trabajo del Foro de Bucarest sobre Energía Sostenible (que incluyen representantes de los Estados miembros e interesados) lanzaron en enero de 2011 otro amplio ejercicio de consulta[13]. Utilizando los resultados de tres modelos y numerosos estudios, se hizo un amplio análisis de todas las opciones propuestas. En él se estudiaba el impacto de las opciones económicas, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 2.2. Evaluación de impacto La evaluación de impacto (EI) explora una serie de opciones desglosadas en tres niveles: - En las opciones políticas de primer nivel se estudian maneras de mejorar el actual marco político. Este análisis estudia principalmente si el actual planteamiento de la Directiva de servicios energéticos sobre fijación de objetivos debe prorrogarse hasta el 2020, si los objetivos de ahorro energético nacionales deben sumarse para llegar al objetivo del 20 % de la Unión Europea y, en ese caso, si deben ser vinculantes o meramente indicativos. El análisis llega a la conclusión de que los objetivos de la Directiva de servicios energéticos deben mantenerse para los sectores usuarios finales hasta su expiración en 2016, pero, para alcanzar el objetivo de eficiencia energética del 20 %, tienen que complementarse con otros más ambiciosos en el marco del proceso Europa 2020. También se señala que tales objetivos no necesitan ser vinculantes en la actualidad y que pueden conseguirse resultados iguales o mejores con medidas vinculantes. Estas medidas vinculantes, junto con el actual marco político, deben ser suficientes para alcanzar el objetivo del 20 % en 2020 fijado por la Unión Europea . Sin embargo, han de seguirse los progresos obtenidos y, si después de todo, son insuficientes, deben tomarse medidas correctoras con suficiente antelación para asegurar que en 2020 se alcanza el objetivo del 20 %. - Las opciones políticas de segundo nivel exploran diferentes medidas para explotar el potencial económico todavía existente en el lado de la oferta y en el de la demanda. La evaluación de impacto examina los regímenes de obligación de ahorro energético como una posible opción para obtener ahorros energéticos en los sectores usuarios finales. Se concluye que las obligaciones de ahorro energético tienen margen para conseguir ahorros significativos pero deben reforzarse las actuales disposiciones de la Directiva de servicios energéticos (en la que tales obligaciones son sólo una de las opciones ofrecidas a los Estados miembros para asegurar que las empresas de gas y electricidad consigan ahorros en los sectores usuarios finales). Así pues, las cuestiones planteadas son cuál ha de ser el nivel de ahorro energético que deben alcanzar las empresas de gas y electricidad, y si la concepción de estos regímenes de obligación se deja completamente a discreción de los Estados miembros o si debe haber alguna armonización de aspectos de concepción clave. La evaluación de impacto sugiere introducir regímenes de obligación de eficiencia energética nacionales en todos los Estados miembros con el fin de obtener una reducción final anual del 1,5 % en el consumo de energía. Aunque es necesario que algunas características clave se armonicen a nivel de la Unión Europea (sectores específicos, nivel de ambición y métodos de contabilización), los Estados miembros deben tener la posibilidad de ajustar los regímenes a sus circunstancias nacionales o mantener, en buena medida, sus actuales regímenes. También se consideró la opción de introducir un sistema europeo de «certificados blancos» negociables, pero fue rechazada por las mismas razones que la de armonizar completamente todas las características de la concepción del régimen. Otro conjunto de opciones políticas analiza medidas aplicables al sector público. El análisis concluye que podrían ser beneficiosas dos medidas. En primer lugar, el 3 % de los edificios propiedad de los organismos públicos deberían renovarse anualmente a costes óptimos, lo cual implica duplicar el índice de renovación actual. En segundo lugar, los organismos públicos deberían estar obligados a adquirir productos de alto rendimiento energético y edificios basados en los certificados y las etiquetas energéticas disponibles. Otras opciones con un impacto positivo considerable en comparación con sus costes son las que tienen por objeto promover el mercado de los servicios energéticos, aportar información mejor y más frecuente a los hogares y las empresas sobre su consumo de energía real mediante facturación y contadores inteligentes, y efectuar auditorías energéticas obligatorias para las grandes empresas. La evaluación de impacto muestra que todas estas medidas son valiosas para reducir el déficit de información, que es una de las barreras a la eficiencia, y que podrían generar ahorros energéticos importantes. Otras opciones para fomentar la eficiencia energética mediante medidas voluntarias se consideran insuficientes para aprovechar todo el potencial de ahorro disponible. La evaluación de impacto analizó también qué medidas podrían ayudar a aprovechar el potencial de eficiencia energética en la transformación y la distribución de energía. Se rechazan las opciones que implican una continuación de las disposiciones de la actual Directiva sobre la cogeneración, ya que no fomenta la eficiencia energética en todo el sector del abastecimiento de energía, sino sólo en lo que respecta a la cogeneración y sin asegurar un despliegue real de la producción combinada de calor y electricidad (los Estados miembros sólo están obligados a reunir información y remitirla a la Comisión). El análisis sugiere que establecer requisitos de rendimiento mínimos para la generación de energía (incluidos requisitos obligatorios sobre la producción combinada de calor y electricidad y sobre la calefacción/refrigeración urbana aplicables a las nuevas instalaciones de generación de electricidad, así como la conexión obligatoria y el acceso prioritario de la cogeneración de alta eficiencia a la red eléctrica) mejoraría significativamente la eficiencia energética en el sector de la generación. El establecimiento de obligaciones de eficiencia energética para las autoridades reguladoras de la energía también sería valioso para mejorar la eficiencia en el transporte y la distribución de energía. Asimismo, la evaluación de impacto analiza opciones para la presentación de informes nacionales y el control de la aplicación de las normas. A fin de limitar la carga administrativa, asegurando al mismo tiempo el adecuado control de los avances obtenidos, se propone una forma aligerada de presentación de informes anuales basada en una selección de indicadores sobre ahorros y eficiencia energética, que podría introducirse en los programas de reforma nacionales anuales. Este mecanismo se complementaría con información más detallada sobre medidas y programas de eficiencia energética que sólo se pediría a los Estados miembros cada tres años. - Las opciones políticas de tercer nivel evalúan la forma jurídica de las medidas de primer y segundo nivel seleccionadas. Se concluye que, a fin de alcanzar el nivel de ambición del objetivo de eficiencia energética del 20 % fijado por la Unión Europea, las políticas comunitarias tienen que aprovechar el potencial de ahorro energético en cada sector, incluso en los excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios energéticos. Por ello se propone aprobar una nueva propuesta legislativa que cubra el ámbito de aplicación de las dos Directivas y lo extienda a todos los sectores con potencial de ahorro energético. Fusionar las dos Directivas en un único texto legislativo se consideró que era la mejor opción para agilizar el actual marco legal y darle mayor coherencia. El análisis no fue tan concluyente en lo que respecta a la forma jurídica. Sin embargo, a medida que han ido tomando forma las disposiciones específicas de la propuesta legislativa, se ha visto claramente que, dado el contenido y la necesidad de adoptar nuevas medidas de aplicación a nivel nacional, la forma jurídica más adecuada es una Directiva. El ejercicio de modelización para evaluar el impacto global de las opciones políticas seleccionadas muestra que, para la UE-27, el efecto neto de las medidas propuestas alcanza el 20 % del objetivo de ahorro energético primario. La evaluación de impacto también muestra que el coste adicional de conseguir el objetivo general del 20 % mediante el conjunto de medidas seleccionadas es modesto en comparación con los beneficios. El impacto general económico, social y medioambiental de estas medidas aportará una contribución positiva destacada a las políticas de la Unión Europea y servirá de apoyo a la Estrategia Europa 2020. La eficiencia energética es uno de los principales vectores para conseguir los objetivos de la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica para 2050. El precio de los derechos de emisión es un incentivo importante para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Aunque los ejercicios de modelización realizados para preparar la presente propuesta mostraron que estas medidas aportarán, sin duda, reducciones adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero, no fueron concluyentes respecto a los posibles efectos en el precio de los derechos de emisión. Para la consecución del objetivo del 20 % de eficiencia energética, la Comisión tendrá que seguir el impacto de las nuevas medidas en la Directiva 2003/87/CE estableciendo un sistema de intercambio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE) a fin de mantener los incentivos del sistema de comercio de derechos de emisión a favor de las inversiones que tienden a reducir las emisiones de carbono y de preparar a los sectores sujetos al RCDE para las innovaciones que se necesitarán en el futuro. En este sentido, hay que considerar medidas adecuadas, entre ellas la recalibración del sistema de comercio de derechos de emisión reservando, de la parte que debe subastarse durante el período que va de 2013 a 2020, un número correspondiente de derechos de emisión, si se tomara la decisión política correspondiente. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Resumen de la acción propuesta La Directiva propuesta establece un marco común para fomentar la eficiencia energética en la Unión con objeto de asegurar que se alcanza el objetivo de ahorro de energía primaria del 20 % para el 2020 y a fin de preparar el camino para llegar a una mayor eficiencia energética más adelante. En ella se establecen normas destinadas a suprimir barreras y superar algunas de las deficiencias del mercado que traban la eficiencia en el suministro y el consumo de energía. Para los sectores usuarios finales, la Directiva propuesta se centra en medidas que establecen requisitos para el sector público, tanto en lo que se refiere a la renovación de los edificios que posee como a la aplicación de normas de eficiencia energética rigurosas para la adquisición de edificios, productos y servicios. La propuesta obliga a los Estados miembros a establecer regímenes de obligación de eficiencia energética nacionales. Asimismo, requiere auditorías energéticas periódicas obligatorias para las grandes empresas y establece una serie de requisitos sobre contadores y facturación para las empresas energéticas. Para el sector del abastecimiento energético, la propuesta obliga a los Estados miembros a aprobar planes de calefacción y refrigeración nacionales para desarrollar el potencial de generación de alta eficiencia y contar con sistemas de calefacción y refrigeración urbana eficientes, así como para asegurar que el urbanismo se ajusta a estos planes. Los Estados miembros deben aprobar criterios de autorización que aseguren que las instalaciones se ubican en lugares cercanos a los puntos de demanda de calefacción y que todas las nuevas instalaciones de generación de electricidad y todas las existentes se renuevan sustancialmente y se equipan con unidades de producción combinada de calor y electricidad de alta eficiencia. Sin embargo, los Estados miembros deben poder establecer condiciones para la exención de esta obligación cuando se cumplan ciertas condiciones. La propuesta obliga también a los Estados miembros a establecer un inventario de datos sobre eficiencia energética para las instalaciones donde se quemen combustibles o se refinen hidrocarburos y gas, y establece obligaciones sobre el acceso prioritario/garantizado a la red, el despacho prioritario de la electricidad procedente de cogeneración de alta eficiencia, y la conexión de nuevas plantas industriales que produzcan calor residual a redes urbanas o redes de refrigeración. Otras medidas propuestas incluyen requisitos de eficiencia energética para las autoridades reguladoras de energía nacionales, medidas de información y sensibilización, requisitos sobre la disponibilidad de sistemas de certificación, medidas para promover el desarrollo de servicios energéticos, y la obligación de que los Estados miembros eliminen los obstáculos a la eficiencia energética, especialmente la división de incentivos entre el propietario y el arrendatario de un edificio o entre propietarios de edificios. Finalmente, la propuesta dispone la fijación de objetivos de eficiencia energética nacionales para 2020 y pide a la Comisión que valore en 2014 si la Unión puede alcanzar su objetivo del 20% de ahorro de energía primaria para 2020. Se pide también a la Comisión que presente su evaluación al Parlamento Europeo y el Consejo, seguida, si es necesario, de una propuesta legislativa que fije objetivos nacionales obligatorios. 3.2. Base jurídica La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según el artículo 194, apartado 1, «En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables.». El objetivo de la presente propuesta es precisamente establecer un marco común para fomentar la eficiencia energética en la Unión. 3.3. Principio de subsidiariedad La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo que se aplica el principio de subsidiariedad. La Unión Europea se ha fijado como objetivo conseguir un ahorro de energía primaria del 20 % en el año 2020 y ha hecho de esta meta uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020. El actual marco para la eficiencia energética, especialmente las Directivas sobre los servicios energéticos y la generación combinada de calor y electricidad no han conseguido aprovechar el potencial de ahorro energético existente. Las medidas aprobadas actualmente a nivel de los Estados miembros también son insuficientes para superar las barreras regulatorias y de mercado que persisten. Los retos energéticos que aborda la presente propuesta (seguridad del abastecimiento energético, sostenibilidad y cambio climático, así como competitividad de la Unión Europea) son preocupaciones compartidas por la Unión en su conjunto. Es necesaria una respuesta colectiva para asegurar que se actúe de manera coordinada y que se alcancen los objetivos comunes de manera más eficaz. Las medidas propuestas por la nueva Directiva contribuirán a asegurar que todos los Estados miembros hacen una aportación adecuada a los esfuerzos necesarios a fin de alcanzar el objetivo del 20 % y establecer condiciones de igualdad para todos los agentes del mercado, especialmente fijando requisitos mínimos de rendimiento energético (por ejemplo sobre el acceso a los mercados públicos, las obligaciones de auditoría energética para las empresas, las obligaciones de ahorro energético para las empresas de gas y electricidad, y el acceso a la red de los productores de cogeneración). La propuesta da a los inversores seguridad jurídica respecto a la consecución del objetivo de la Unión Europea y respecto al apoyo a la eficiencia energética, mediante medidas como la cogeneración de alta eficiencia y las redes urbanas de calefacción y refrigeración. 3.4. Principio de proporcionalidad e instrumentos elegidos La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de eficiencia energética: establece requisitos estrictos de eficiencia energética en una serie de campos, pero los Estados miembros mantienen un alto grado de discrecionalidad para favorecer medidas de mejora de la eficiencia energética de la manera que mejor convenga a sus circunstancias nacionales. El instrumento elegido es una Directiva, que debe ser incorporada a la legislación nacional de los Estados miembros. Como tal Directiva, se define el resultado final que debe conseguirse y los requisitos generales, dejando suficiente flexibilidad a los Estados miembros para adaptar la aplicación a sus peculiaridades nacionales. En este caso particular, una Directiva es suficiente para alcanzar los objetivos de la propuesta. Las obligaciones impuestas son por tanto proporcionadas al objetivo que se persigue. 4. Repercusiones presupuestarias Como se especifica en la ficha financiera que acompaña a la presente Directiva, esta se pondrá en práctica utilizando el presupuesto actual y no tendrá impacto en el marco financiero plurianual. 5. Información adicional 5.1. Simplificación del acervo comunitario La presente propuesta contribuye a la simplificación del acervo, aunque no está incluida en la lista de medidas del plan de trabajo sobre simplificación. Tras la aprobación de la presente propuesta, las Directivas sobre servicios energéticos y sobre la cogeneración serán sustituidas por una única Directiva que ofrece un planteamiento más integrado de la eficiencia energética y el ahorro de energía. También contribuirá un tanto a la simplificación administrativa la necesidad de trasponer sólo una Directiva en vez de dos. Actualmente se establecen obligaciones de presentación de información en ambas Directivas. En la nueva Directiva se establece un único conjunto de informes anuales (que son informes detallados cada tres años), partiendo del proceso de presentación de informes de la Estrategia Europa 2020. Además, esta propuesta simplifica los requisitos de medición del ahorro energético de la actual Directiva sobre servicios energéticos. En este sentido, debe ayudar a conseguir una reducción significativa de la carga administrativa que pesa actualmente sobre los Estados miembros. 5.2. Derogación de disposiciones legales vigentes La aprobación de la presente propuesta supondrá la derogación de algunas disposiciones legales vigentes. Esta derogación afecta al artículo 9, apartados 1 y 2 de la Directiva 2010/30/CE; a la Directiva 2004/8/CE y a la Directiva 2006/32/CE. El artículo 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de la Directiva 2006/32/CE solo quedarán derogados con efecto a partir del 1 de enero de 2017. 5.3. Cláusula de reexamen/revisión/expiración La propuesta incluye varias cláusulas de revisión. 5.4. Refundición La propuesta no implica refundición. 5.5. Cuadro de correspondencias Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales que transpongan la presente Directiva, así como un cuadro de correspondencias entre dichas disposiciones y la Directiva. 5.6. Espacio Económico Europeo (EEE) Esta propuesta se refiere a un asunto pertinente a efectos del EEE y, por tanto, procede hacerla extensiva a su territorio. 2011/0172 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 194, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea[14], Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[15], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[16], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia de las importaciones de energía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para superar estos retos ya que mejora la seguridad de abastecimiento de la Unión al reducir el consumo de energía primaria y las importaciones de energía. Asimismo, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera efectiva en cuanto a costes y, así, a mitigar el cambio climático. El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria de la Unión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados con la eficiencia energética. (2) Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007 ponían énfasis en la necesidad de aumentar la eficiencia energética de la Unión a fin de alcanzar el objetivo de ahorrar el 20 % del consumo de energía primaria de la Unión para 2020 en comparación con las proyecciones previstas. Esta cifra representa una reducción del consumo de energía primaria de la Unión igual a 368 Mtep en 2010[17]. (3) Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 confirmaron este objetivo de eficiencia energética como uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Estrategia Europa 2020). Dentro de este proceso y para cumplir este objetivo a nivel nacional, los Estados miembros están obligados a establecer objetivos nacionales en estrecho diálogo con la Comisión y a indicar en sus programas de reforma nacionales de qué manera piensan alcanzarlos. (4) La Comunicación de la Comisión sobre «Energía 2020, - Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura»[18] sitúa la eficiencia energética en el centro de la estrategia energética de la Unión Europea para 2020 y señala la necesidad de una nueva estrategia sobre eficiencia energética que permita a los Estados miembros separar el consumo de energía del crecimiento económico. (5) En su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre la revisión del Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética[19], el Parlamento Europeo exhortaba a la Comisión a incluir en su Plan de Acción revisado sobre Eficiencia Energética medidas para superar las deficiencias que impiden alcanzar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión Europea en 2020. (6) Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la referente a una Europa eficiente en el consumo de recursos, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011[20]. En ella se señala la eficiencia energética como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos. (7) Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 4 de febrero del 2011 reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea y que se requerían actuaciones decididas para aprovechar el considerable potencial de ahorro energético que existe en los edificios, el transporte, los productos y los procesos. (8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó el Plan de Eficiencia Energética 2011[21]. En él se confirmaba que la Unión no está en camino de alcanzar su objetivo de eficiencia energética. Para poner remedio a esta deficiencia, detallaba una serie de políticas y medidas de eficiencia energética que cubrían toda la cadena de la energía y se referían a la generación de energía, el transporte y la distribución; el papel dirigente del sector público en la eficiencia energética; los edificios y aparatos; la industria; y la necesidad de poner a los consumidores finales en condiciones de gestionar su consumo de energía. De manera paralela, en el Libro Blanco sobre el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 2011,[22] se trataba la eficiencia energética. En particular, la iniciativa 26 del Libro Blanco pedía normas adecuadas para las emisiones de CO2 de los vehículos en todos los modos de transporte, complementadas, en su caso, por requisitos sobre eficiencia energética aplicables a todos los tipos de sistemas de propulsión. (9) El 8 de marzo de 2011, la Comisión aprobó también una «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050»[23] en la que se señalaba, desde esta perspectiva, la necesidad de centrarse más en la eficiencia energética. (10) En este contexto es necesario actualizar el marco legal de la Unión sobre eficiencia energética mediante una Directiva que persiga el objetivo general sobre eficiencia energética consistente en ahorrar el 20 % del consumo de energía primaria de la Unión para 2020, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con este fin, debe establecerse un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y especificar acciones concretas para llevar a la práctica algunas de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011, así como para aprovechar el considerable potencial de ahorro energético no realizado. (11) La Decisión nº 406/2009/CE[24] sobre el reparto del esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero pide a la Comisión que evalúe el avance de la Comunidad y sus Estados miembros hacia el objetivo de reducir el consumo de energía en un 20 % para 2020 con respecto a las proyecciones realizadas. También señala que, con vistas a asistir a los Estados miembros en su contribución al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Comisión debe proponer medidas nuevas o más estrictas para acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética. La presente Directiva responde a este requisito. Asimismo, contribuye a cumplir los objetivos fijados en la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050», en particular reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la energía, y a conseguir la generación de electricidad con cero emisiones para 2050. (12) Para aprovechar todo el potencial de ahorro de energía, debe aplicarse un planteamiento integrado que abarque el sector del suministro de energía y los sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, deben reforzarse las disposiciones de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía[25] y la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos[26]. (13) Sería preferible que el objetivo de eficiencia energética del 20 % se consiguiese a partir de la aplicación acumulativa de medidas específicas nacionales y europeas de fomento de la eficiencia energética en diversos campos. Sin embargo, si este enfoque no tuviera éxito, sería necesario reforzar el marco político añadiendo un sistema de objetivos vinculante. Por tanto, en una primera fase, debería requerirse a los Estados miembros a fijar objetivos, regímenes y programas de eficiencia energética. Serían los Estados miembros los que decidirían si tales objetivos deberían ser vinculantes o indicativos en su territorio. En una segunda fase, estos objetivos y los esfuerzos de cada Estado miembro deberían ser evaluados por la Comisión, junto con los datos disponibles sobre los avances efectuados, a fin de evaluar la probabilidad de alcanzar el objetivo general de la Unión y el grado en que los distintos esfuerzos serían suficientes para llegar al objetivo común. Por tanto, la Comisión debería seguir de cerca la incorporación de los programas de eficiencia energética nacionales a su marco legislativo revisado y al proceso Europa 2020. Si esta evaluación muestra que es improbable que se alcance el objetivo general de la Unión, la Comisión debe proponer objetivos nacionales obligatorios para 2020, teniendo en cuenta la situación de partida de cada Estado miembro, su evolución económica y las medidas tempranas adoptadas. (14) El volumen total de gasto público equivale al 19 % del Producto Interior Bruto de la Unión. Por este motivo, el sector público constituye un motor importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además, la disminución del consumo de energía mediante medidas de mejora de la eficiencia energética puede liberar recursos públicos para otras finalidades. Los organismos públicos a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética. (15) El índice de renovación de edificios tiene que aumentarse ya que el actual stock de edificios existentes es el sector con el mayor potencial de ahorro de energía. Además, los edificios son cruciales para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % para 2050 respecto a 1990. Los edificios de propiedad estatal representan una parte considerable del stock total y tienen una alta visibilidad ante la opinión pública. Por lo tanto conviene fijar un índice anual de renovación de todos los edificios de propiedad estatal con objeto de mejorar su rendimiento energético. Este índice de renovación se entiende sin perjuicio de las obligaciones respecto a los edificios con consumo de energía casi nulo establecidas en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios[27]. La obligación de renovar los edificios públicos complementa las disposiciones de dicha Directiva, que obligan a los Estados miembros a asegurar que, cuando se hagan renovaciones importantes en edificios ya existentes, se aumente su eficiencia energética de manera que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento energético. (16) Algunos municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya han puesto en práctica planteamientos integrados sobre ahorro de energía y abastecimiento de energía, por ejemplo, mediante planes de actuación energética sostenibles, como los elaborados en virtud del Pacto de los Alcaldes, y planteamientos urbanos integrados que van más allá de las distintas intervenciones en edificios o modos de transporte. Los Estados miembros deben alentar a los municipios y a otros organismos públicos a adoptar planes de eficiencia energética sostenibles e integrados con objetivos claros, a implicar a los ciudadanos en su elaboración y aplicación y a informarlos adecuadamente acerca de su contenido y de los avances para alcanzar los objetivos fijados. Estos planes pueden generar ahorros energéticos considerables, especialmente si son aplicados por sistemas de gestión energética que permitan a los organismos públicos gestionar mejor su consumo de energía. Debe alentarse el intercambio de experiencias entre municipios y otros organismos públicos acerca de las experiencias más innovadoras. (17) En lo que se refiere a la adquisición de determinados productos y servicios y la compra y alquiler de edificios, los organismos públicos que celebren contratos de obras, suministros o servicios deben dar ejemplo y tomar decisiones de compra eficientes en cuanto a la energía. Sin embargo, ello no debe afectar a las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública de la Unión Europea. (18) Se ha hecho una evaluación de la posibilidad de establecer un régimen de «certificados blancos» a nivel de la Unión que ha mostrado que, en la actual situación, este sistema generaría costes administrativos excesivos y que existe un riesgo de que los ahorros de energía se concentren en una serie de Estados miembros y no en toda la Unión. Este último objetivo puede conseguirse más fácilmente, al menos en esta fase, mediante regímenes que impongan obligaciones de eficiencia energética nacionales u otras medidas alternativas que consigan la misma cantidad de ahorro de energía. Sin embargo, la Comisión debe definir, mediante un acto delegado, las condiciones en las que el Estado miembro podría en el futuro reconocer los ahorros de energía conseguidos en otros Estados miembros. Para que el nivel de ambición de estos regímenes se plasme en un marco común a nivel de la Unión, dejando, al mismo tiempo, una flexibilidad considerable a los Estados miembros, es conveniente tener plenamente en cuenta la organización nacional de los agentes del mercado, el contexto específico del sector de la energía y los hábitos de los consumidores finales. El marco común debe dar a las empresas de gas y electricidad la opción de ofrecer servicios energéticos a todos los consumidores finales y no sólo a aquellos a los que venden energía. Esta situación aumenta la competencia en el mercado de la energía porque las empresas de servicios pueden diferenciar su producto aportando servicios energéticos complementarios. El marco común debe permitir a los Estados miembros que incluyan requisitos en su régimen nacional cuya finalidad sea social, especialmente a fin de asegurar que los consumidores vulnerables tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética. También debe permitir que los Estados miembros exoneren a las pequeñas empresas de la obligación de eficiencia energética. La Comunicación de la Comisión para una «Small Business Act, iniciativa en favor de las pequeñas empresas»[28] establece principios que deben tener en cuenta los Estados miembros que decidan abstenerse de recurrir a esta posibilidad. (19) Para aprovechar el potencial de ahorro energético de determinados segmentos de mercado en los que no suelen ofrecerse auditorías energéticas de forma comercial (como los hogares o las pequeñas y medianas empresas), los Estados miembros deben asegurar la posibilidad de efectuar auditorías energéticas. Estas tienen que ser obligatorias y periódicas para las grandes empresas ya que los ahorros de energía obtenidos pueden ser significativos. (20) Estas auditorías deberían hacerse de manera independiente y eficaz en cuanto a costes. El requisito de independencia permite que las hagan expertos internos, siempre y cuando estén cualificados o acreditados, no estén directamente implicados en la actividad que deba auditarse y los Estados miembros hayan creado un sistema que asegure y compruebe su competencia y que, si es necesario, imponga sanciones. (21) Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energética, debe tenerse en cuenta la mayor eficiencia y los ahorros que se obtienen con la aplicación generalizada de innovaciones tecnológicas eficaces en cuanto a costes, como los contadores inteligentes. A fin de maximizar el ahorro que producen estas innovaciones, los consumidores finales deben poder ver indicadores de coste y consumo y recibir una facturación individual periódica basada en el consumo real. (22) Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energética, los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior y la aplicación coherente del acervo comunitario, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (23) La cogeneración de alta eficiencia (CAE) y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración tienen un potencial significativo de ahorro de energía primaria que, en general, está poco explotado en la Unión. Los Estados miembros deben preparar planes nacionales para desarrollar la cogeneración de alta eficiencia y las redes urbanas de calefacción y refrigeración. Estos planes deben cubrir un período suficientemente largo para aportar a los inversores información sobre los planes de desarrollo nacionales y contribuir a crear un entorno que sea estable y preste apoyo a la inversión. Las nuevas instalaciones de generación de electricidad y las ya existentes que hayan sido sustancialmente reformadas o cuyo permiso o licencia se haya actualizado deben ir equipadas con unidades de cogeneración de alta eficiencia para recuperar el calor residual procedente de la producción de electricidad. Este calor residual podría luego transportarse a donde se necesite mediante redes de calefacción urbana. Con este fin, los Estados miembros deben adoptar criterios de autorización que aseguren que las instalaciones se ubican cerca de los puntos de demanda de calor. Sin embargo, han de poder establecer condiciones de exención de estas obligaciones cuando se cumplan ciertas condiciones. (24) Por cogeneración de alta eficiencia se entiende la que permite ahorrar energía mediante la producción combinada, en lugar de separada, de calor y electricidad. Las definiciones de cogeneración y de cogeneración de alta eficiencia utilizadas en la legislación de la Unión no obstan al uso de definiciones diferentes en la legislación nacional para fines distintos de los establecidos en la legislación de la Unión. Con objeto de obtener el máximo ahorro de energía y no perder oportunidades de ahorro, tiene que prestarse la mayor atención posible a las condiciones de funcionamiento de las unidades de cogeneración. (25) Para aumentar la transparencia de manera que el consumidor final pueda elegir entre electricidad proveniente de la cogeneración y electricidad producida mediante otras técnicas, debe garantizarse el origen de la cogeneración de alta eficiencia basándose en valores de referencia de la eficiencia armonizados. Las garantías de los regímenes de origen no confieren de por sí el derecho a beneficiarse de mecanismos de apoyo nacionales. Es importante que todas las formas de electricidad producidas mediante cogeneración de alta eficiencia puedan quedar cubiertas por garantías de origen. Las garantías de origen deben distinguirse de los certificados intercambiables. (26) Hay que tener en cuenta la estructura específica de los sectores de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, que incluyen numerosos productores pequeños y medianos, especialmente a la hora de revisar los procedimientos administrativos para obtener permisos de construcción de instalaciones de cogeneración o de redes asociadas, aplicando el principio de «pensar primero a pequeña escala». (27) La mayor parte de las empresas de la Unión Europea son pequeñas y medianas (PYME). Estas empresas representan un enorme potencial de ahorro energético para la Unión Europea. Para ayudarlas a adoptar medidas de eficiencia energética, los Estados miembros deben establecer un marco favorable destinado a proporcionarles asistencia técnica e información con fines específicos. (28) La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales[29] incluye la eficiencia energética entre los criterios para determinar las Mejores Técnicas Disponibles, que deben servir de referencia para determinar las condiciones de los permisos de construcción de las instalaciones a las que se aplica dicha Directiva, incluidas las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW. Sin embargo, dicha Directiva da a los Estados miembros la opción de no imponer requisitos de eficiencia energética a las unidades de combustión o a otras unidades que emitan dióxido de carbono en la instalación y que lleven a cabo actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad[30]. Para asegurar que se consiguen mejoras de la eficiencia energética significativas en las instalaciones de generación de calor y electricidad y en las refinerías de hidrocarburos y gas, deben controlarse los niveles de eficiencia energética reales y compararse con los asociados a la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles. La Comisión debe comparar los niveles de eficiencia energética y estudiar la conveniencia de proponer medidas adicionales si existen discrepancias significativas entre los niveles de eficiencia energética reales y los asociados a la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles. La información recogida sobre los niveles de eficiencia energética reales debe usarse también en la revisión de los valores de referencia de la eficiencia armonizados, que se establecen en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión de 21 de diciembre de 2006[31]. (29) Basándose en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, los Estados miembros deben establecer normas que rijan la asunción y el reparto de los costes de las conexiones y los refuerzos de la red, así como de las adaptaciones técnicas necesarias para la integración de los nuevos productores de electricidad de cogeneración de alta eficiencia, teniendo en cuenta las normas y códigos elaborados de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1228/2003[32] y el Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005[33]. Debe poder permitirse a los productores de electricidad mediante cogeneración de alta eficiencia que convoquen una licitación para el trabajo de conexión. Asimismo, hay que facilitar el acceso a la red de la electricidad producida mediante cogeneración de alta eficiencia, especialmente en el caso de las unidades de microgeneración y generación a pequeña escala. (30) Por otra parte, debe disponerse de un número suficiente de profesionales competentes y fiables del campo de la eficiencia energética a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la presente Directiva, por ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos sobre auditorías energéticas y de las obligaciones de eficiencia energética. Por consiguiente, los Estados miembros han de establecer sistemas de certificación para los proveedores de servicios energéticos, de auditorías energéticas y de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. (31) Es necesario continuar desarrollando el mercado de servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de servicios energéticos. La transparencia puede contribuir a ello, por ejemplo mediante listas de proveedores de servicios energéticos. También pueden ayudar a estimular la demanda los modelos de contratos y las orientaciones, especialmente para la contratación de un rendimiento energético determinado. Como en otras formas de acuerdos de financiación por terceros, en un contrato de rendimiento energético el beneficiario del servicio energético evita costes de inversión utilizando parte del valor del ahorro de energía para pagar total o parcialmente la inversión efectuada por un tercero. (32) Es necesario detectar y eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que se oponen al uso de contratos de rendimiento energético y de otros acuerdos de financiación por terceros relacionados con el ahorro de energía. Entre estas barreras, cabe citar las normas y prácticas contables que impiden que la inversión de capital y los ahorros económicos anuales generados por las medidas de mejora de la eficiencia energética se recojan adecuadamente en las cuentas durante toda la duración de la inversión. También deben abordarse a nivel nacional los obstáculos a la renovación del stock de edificios existente basándose en una división de incentivos entre los diferentes actores. (33) Conviene alentar a los Estados miembros y a las regiones a hacer un uso pleno de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión en medidas de eficiencia energética. La inversión en eficiencia energética tiene potencial para contribuir al crecimiento económico, el empleo, la innovación y la reducción de la pobreza energética de los hogares, y, por tanto, supone una contribución positiva a la cohesión económica, social y territorial. Entre los posibles campos de financiación conviene destacar las medidas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas, y las nuevas cualificaciones para fomentar el empleo en el sector de la eficiencia energética. (34) Para la consecución del objetivo del 20 % de eficiencia energética, la Comisión tendrá que hacer un seguimiento del impacto de las nuevas medidas en la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE) a fin de mantener los incentivos del sistema de comercio de derechos de emisión a favor de las inversiones que tienden a reducir las emisiones de carbono y de preparar a los sectores sujetos al RCDE para las innovaciones que se necesitarán en el futuro. (35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los Estados miembros a adoptar y poner como objetivo un ahorro energético indicativo, nacional y global determinado. En ella se expone que el segundo Plan de Eficiencia Energética adoptado por los Estados miembros irá seguido, según convenga y cuando sea necesario, por propuestas de medidas adicionales presentadas por la Comisión, entre ellas la prórroga del período de aplicación de los objetivos. Si en un informe posterior se llega a la conclusión de que no se han hecho suficientes progresos para alcanzar los objetivos indicativos nacionales, estas propuestas deberán tratar el nivel y la naturaleza de los objetivos. La evaluación de impacto que acompaña a la presente Directiva constata que los Estados miembros están en camino de alcanzar el objetivo del 9 %, que es sustancialmente menos ambicioso que el del 20 %, adoptado posteriormente, y, por tanto, no hay necesidad de abordar el nivel de los objetivos. (36) Aunque la presente Directiva deroga la Directiva 2006/32/CE, su artículo 4 debe continuar aplicándose hasta el final del plazo para la consecución del objetivo del 9 %. (37) Dado que la finalidad de la presente Directiva, que es alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión (20 % de ahorro de energía primaria para 2020) y preparar el camino hacia mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de 2020, no está en camino de ser alcanzado por los Estados miembros sin tomar medidas de eficiencia energética adicionales, y puede conseguirse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. (38) A fin de permitir la adaptación al progreso técnico y los cambios en la distribución de las fuentes de energía, la facultad de adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo relativo a determinados asuntos. Reviste especial importancia que la Comisión celebre las consultas adecuadas durante los trabajos preparatorios, en particular entre los expertos. (39) Deben derogarse inmediatamente todas las disposiciones sustantivas de la Directiva 2004/8/CE y la Directiva 2006/32/CE, excepto los artículos 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de esta última. También debe derogarse el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía[34], mediante el etiquetado y una información normalizada, que prevé la obligación de que los Estados miembros sólo adquieran productos que pertenezcan a la clase de eficiencia energética más alta. (40) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2004/8/CE. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de dichas Directivas. (41) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros respecto a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de la Directiva 2004/8/CE 2006/32/CE. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y objetivos de eficiencia energética Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo de un 20 % de ahorro de energía primaria establecido para el 2020 por la Unión y con objeto de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esa fecha. En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía; asimismo, se dispone el establecimiento de objetivos nacionales de eficiencia energética para 2020. 2. Los requisitos que establece la presente Directiva son requisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Tales medidas deben ser compatibles con la legislación de la Unión. La legislación nacional que prevea medidas más estrictas se notificará a la Comisión. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva se entiende por: 1. «energía», todas las formas de productos energéticos definidos en el Reglamento (CE) nº 1099/2008[35]; 2. «consumo de energía primaria», consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos; 3. «servicio energético», el beneficio físico, la utilidad o la mercancía resultantes de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que podrá incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado llevar a una mejora de la eficiencia energética verificable y mensurable o estimable o a un ahorro de energía primaria; 4. «organismo público», todo poder adjudicador tal como se define en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; 5. «sistema de gestión de la energía», conjunto de elementos relacionados o en interacción de un plan que establece un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo; 6. «partes obligadas», los distribuidores de energía o las empresas minoristas de venta de energía vinculados por los regímenes nacionales de obligación de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 6; 7. «distribuidor de energía», una persona física o jurídica, incluido un operador de un sistema de distribución, responsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las estaciones de distribución que venden energía a los clientes finales; 8. «gestor de la red de distribución», el gestor de la red de distribución definido en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE; 9. «empresa minorista de venta de energía», toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final; 10. «cliente final», toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final; 11. «proveedor de servicios energéticos», persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en una instalación o unos locales de un cliente final; 12. «auditoría energética», un procedimiento sistemático para obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto; 13. «contratación ajustada al rendimiento energético», acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de un medida de mejora de la eficiencia energética, según el cual el pago de la inversión efectuada por este proveedor está en relación con un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o con otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, las cantidades ahorradas; 14. «gestor de redes de transporte», la figura así definida en las Directivas 2009/72/CE[36] y 2009/73/CE[37]; 15. «cogeneración», la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso; 16. «demanda económicamente justificable», la demanda que no supere las necesidades de calor o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en condiciones de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración; 17. «calor útil», el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una demanda de calor o refrigeración económicamente justificable; 18. «electricidad de cogeneración», la electricidad generada en un proceso relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el anexo I; 19. «cogeneración de alta eficiencia», la cogeneración que cumpla los criterios establecidos en el anexo II; 20. «eficiencia global», la suma anual de la producción de electricidad y energía mecánica y de calor útil dividida por la cantidad de combustible consumida para la producción de calor mediante un proceso de cogeneración y para la producción bruta de electricidad y energía mecánica; 21. «relación entre electricidad y calor», la relación entre la electricidad de cogeneración y el calor útil cuando se funciona en modo de cogeneración plena, utilizando datos operativos de la unidad concreta; 22. «unidad de cogeneración», una unidad que puede funcionar en modo de cogeneración; 23. «unidad de cogeneración a pequeña escala», toda unidad de cogeneración con una potencia instalada inferior a 1 MWe; 24. «unidad de microcogeneración», toda unidad de cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kWe; 25. «coeficiente de ocupación del suelo», la relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un territorio determinado; 26. «sistema eficiente de calefacción y refrigeración urbana», sistema de calefacción y refrigeración urbana que utiliza, al menos en un 50 %, calor residual o cogenerado, o bien una combinación de ambos, y que tiene un factor de energía primaria, según lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE, de, al menos, 0,8; 27. «renovación sustancial», toda renovación cuyo coste supere el 50 % del coste de la inversión en una unidad nueva comparable con arreglo a la Decisión 2007/74/CE o que requiera la actualización del permiso concedido en virtud de la Directiva 2010/75/UE. Artículo 3 Objetivos de eficiencia energética 1. Los Estados miembros fijarán un objetivo nacional de eficiencia energética expresado en un nivel absoluto de consumo de energía primaria en 2020. Al establecer este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro energético, las medidas previstas en la presente Directiva, las medidas aprobadas para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro de energía, adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de fomento de la eficiencia energética en los Estados miembros y a nivel de la Unión. 2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión evaluará la probabilidad de que la Unión alcance su objetivo del 20 % de ahorro de energía primaria para 2020, que requiere una reducción del consumo de energía primaria de la Unión Europea de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la suma de los objetivos nacionales a los que se refiere el apartado 1 y la evaluación indicada en el artículo 19, apartado 4. CAPÍTULO II Eficiencia en el uso de energía Artículo 4 Organismos públicos 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los Estados miembros se asegurarán de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la superficie edificada total propiedad de sus organismos públicos se renueve cada año de manera que cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos fijados por dichos Estados en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se calculará sobre la superficie edificada total de edificios de más de 250 m2 de superficie total propiedad de organismos públicos del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. 2. Los Estados miembros podrán permitir a sus organismos públicos que, a los efectos del cumplimiento de su índice de renovación anual, contabilicen el exceso de superficie construida renovada en un año dado como si se hubiese renovado en cualquiera de los dos años anteriores o siguientes. 3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de enero de 2014, los Estados miembros establecerán y harán público un inventario de los edificios propiedad de organismos públicos en el cual se indicará: a) la superficie en m2; y b) el rendimiento energético de cada edificio. 4. Los Estados miembros alentarán a los organismos públicos a: a) adoptar un plan de eficiencia energética, independiente o perteneciente a un plan medioambiental o climático más amplio, que exija objetivos de ahorro energético específicos, con miras a mejorar continuamente la eficiencia energética del organismo; b) implantar un sistema de gestión energética dentro de la aplicación de su plan. Artículo 5 Compras de los organismos públicos Los Estados miembros velarán por que los organismos públicos adquieran sólo productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, según lo indicado en el anexo III. Artículo 6 Regímenes de obligación de eficiencia energética 1. Cada Estado miembro establecerá un régimen de obligación de eficiencia energética. Este régimen asegurará que o bien todos los distribuidores de energía, o bien todas las empresas minoristas de venta de energía que operen en el territorio de dicho Estado consiguen ahorros energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, en volumen, en el año anterior en ese Estado miembro, excluida la energía utilizada en el transporte. Esta cantidad de ahorro de energía será obtenida por las partes obligadas entre los clientes finales. 2. Los Estados miembros expresarán la cantidad de ahorro energético requerido de cada parte obligada bien en el consumo de energía primaria, bien en el consumo de energía final. El método elegido para expresar la cantidad de ahorro energético requerido se utilizará también para calcular el ahorro que aleguen las partes obligadas. Se aplicarán los factores de conversión del anexo IV. 3. Las medidas destinadas a obtener ahorros a corto plazo, tal como se definen en el anexo V, apartado 1, no representarán más del 10 % de la cantidad de ahorro energético requerido de cada parte obligada y sólo se contabilizarán los efectos de la obligación establecida en el apartado 1 si se combinan con medidas destinadas a obtener ahorros a más largo plazo. 4. Los Estados miembros se asegurarán de que los ahorros alegados por las partes obligadas se calculan con arreglo a lo dispuesto en el anexo V, apartado 2. Establecerán sistemas de control que verifiquen de manera independiente al menos una parte estadísticamente significativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes obligadas. 5. Dentro del régimen de obligación de eficiencia energética, los Estados miembros podrán: a) incluir requisitos con finalidades sociales en las obligaciones de ahorro que impongan, por ejemplo, la aplicación de medidas a los hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales; b) permitir a las partes obligadas que contabilicen, para llegar a la obligación impuesta, los ahorros de energía certificados obtenidos por proveedores de servicios energéticos u otros terceros; en este caso establecerán un proceso de acreditación que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado, y que tienda a minimizar los costes de la certificación; y c) permitir a las partes obligadas que cuenten los ahorros obtenidos en un año determinado como si se hubieran obtenido en cualquiera de los dos años anteriores o siguientes. 6. Los Estados miembros publicarán los ahorros energéticos obtenidos por cada parte obligada, así como información sobre la tendencia anual de los ahorros energéticos dentro del régimen. A los efectos de publicar y verificar los ahorros energéticos conseguidos, los Estados miembros requerirán a las partes obligadas para que les presenten, al menos, los datos siguientes: a) los ahorros energéticos conseguidos; b) información estadística agregada sobre sus clientes finales (señalando cambios significativos en la información anteriormente presentada); e c) información actual sobre el consumo de los clientes finales, incluidos, en su caso, los perfiles de carga, la segmentación de los clientes y su ubicación geográfica, preservando, al mismo tiempo, la integridad y confidencialidad de la información privada o comercialmente sensible, en cumplimiento de la legislación aplicable de la Unión Europea. 7. Los Estados miembros se asegurarán de que los agentes del mercado se abstienen de toda actividad que pueda obstaculizar la demanda y la prestación de servicios energéticos u otras medidas de mejora de la eficiencia energética, o bien que obstaculice el desarrollo de mercados de servicios energéticos o la aplicación de otras medidas de mejora de la eficiencia energética, de manera que no se pueda cerrar el mercado a los competidores o abusar de posición dominante. 8. Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación del presente artículo a los pequeños distribuidores y las pequeñas empresas minoristas de venta de energía, es decir, los que distribuyan o vendan menos que el equivalente de 75 GWh de energía al año, empleen menos de 10 personas o tengan un volumen de negocios anual o un balance anual total que no supere 2 000 000 EUR. La energía producida para uso propio no se contabilizará para alcanzar estos límites. 9. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán optar por otras medidas para conseguir ahorros de energía entre los clientes finales. La cantidad total de los ahorros de energía obtenidos de esta manera será equivalente a la cantidad de ahorros de energía requerida en el apartado 1. Los Estados miembros que elijan esta opción notificarán a la Comisión, a más tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas alternativas que piensan tomar, incluidas las normas sobre sanciones a las que se refiere el artículo 9, mostrando cómo conseguirían la cantidad de ahorros requerida. La Comisión podrá rechazar estas medidas o presentar propuestas de modificación durante los tres meses siguientes a la notificación. En estos casos, el Estado miembro de que se trate no aplicará el planteamiento alternativo hasta que la Comisión haya aceptado expresamente las medidas presentadas de nuevo o modificadas. 10. La Comisión establecerá, por medio de un acto delegado con arreglo al artículo 18, un sistema de reconocimiento mutuo de los ahorros energéticos conseguidos en virtud de los regímenes nacionales de obligación de eficiencia energética. Este sistema permitirá a las partes obligadas contabilizar los ahorros energéticos obtenidos y certificados en un Estado miembro dado a efectos de sus obligaciones en otro Estado miembro. Artículo 7 Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética 1. Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales pueden acceder a auditorías energéticas asequibles y realizadas de manera independiente por expertos cualificados o acreditados. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a los hogares y las pequeñas y medianas empresas a realizar auditorías energéticas. Los Estados miembros darán a las pequeñas y medianas empresas ejemplos concretos de las ventajas de los sistemas de gestión energética para su negocio. 2. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas no incluidas en el párrafo segundo del apartado 1 estén sujetas a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una buena relación coste/beneficio por expertos cualificados o acreditados, a más tardar el 30 de junio de 2014, y cada tres años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. 3. Se considerará que cumplen los requisitos del apartado 2 las auditorías de energía efectuadas de manera independiente y resultantes de sistemas de gestión energética o llevadas a cabo en virtud de acuerdos voluntarios celebrados entre organizaciones de interesados y un organismo nombrado y supervisado por el Estado miembro o por la Comisión. 4. Las auditorías energéticas pueden tener carácter específico o bien formar parte de una auditoría medioambiental más amplia. Artículo 8 Contadores e información sobre la facturación 1. Los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción o refrigeración urbana y suministro urbano de agua caliente doméstica disponen de contadores individuales que dan mediciones exactas y permiten informar sobre su consumo energético real y aportar información sobre la hora en que se utiliza la energía, con arreglo al anexo VI. Cuando los Estados miembros lleven a cabo el despliegue de los contadores inteligentes previsto por las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados del gas y la electricidad, se asegurarán de que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al cliente final al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones impuestas a los agentes del mercado. En el caso de la electricidad, y a petición del cliente final, los operadores de los contadores se asegurarán de que estos aparatos puedan dar cuenta de la electricidad producida en las instalaciones del cliente final y exportada a la red. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando los clientes finales lo soliciten, la información de los contadores sobre su producción o consumo en tiempo real se facilite a un tercero que actúe en nombre del cliente final. En caso de que una red de calefacción urbana suministre calefacción y refrigeración, se instalará un contador de calor a la entrada del edificio. En los edificios de apartamentos, se instalarán contadores de consumo individuales que midan el consumo de calor o refrigeración de cada apartamento. Cuando el uso de contadores de consumo de calefacción individuales no sea técnicamente factible, se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador, de acuerdo con las especificaciones del anexo VI (1. 2). Los Estados miembros introducirán normas sobre el reparto de los costes del consumo de calor en edificios de apartamentos a los que se suministre calefacción o refrigeración centralizada. Estas normas incluirán orientaciones sobre factores de corrección de manera que se tengan en cuenta las características del edificio, como, por ejemplo, las transferencias de calor entre apartamentos. 2. Además de las obligaciones resultantes de la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 2009/73/CE en lo que se refiere a la facturación, los Estados miembros asegurarán, a más tardar, el 1 de enero de 2015, que la facturación es precisa y se basa en el consumo real, para todos los sectores cubiertos por la presente Directiva. incluidos los distribuidores de energía, los operadores de sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía, con arreglo a la frecuencia mínima fijada en el anexo VI (2. 1). Con la factura se facilitará información apropiada para que los clientes finales reciban un resumen completo de los costes energéticos actuales, con arreglo al anexo VI (2.2). Los Estados miembros garantizarán que se ofrece a los clientes finales la posibilidad de elegir entre facturación electrónica e impresa, así como la de acceder fácilmente a información complementaria que les permita efectuar comprobaciones detalladas del consumo histórico según lo establecido en el anexo VI (1.1). Los Estados miembros exigirán que, cuando lo soliciten los clientes finales, se facilite información sobre su facturación de energía y su consumo histórico a un suministrador de servicios energéticos designado por el cliente final. 3. La información sobre contadores y facturación del consumo individual de energía, así como los demás datos mencionados en los apartados 1, 2 y 3 y el anexo VI, se facilitará a los clientes finales gratuitamente. Artículo 9 Sanciones Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de los artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas. Los Estados miembros comunicarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar [12 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] y le notificarán sin demora cualquier modificación de las mismas. CAPÍTULO III Eficiencia del suministro de energía Artículo 10 Promoción de la eficiencia en la calefacción y la refrigeración 1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los Estados miembros aprobarán y comunicarán a la Comisión un plan nacional de calefacción y refrigeración para desarrollar el potencial de aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes; dicho plan contendrá la información indicada en el anexo VII. Los planes serán actualizados y notificados a la Comisión cada cinco años. Los Estados miembros se asegurarán mediante su marco regulador de que los planes nacionales de calefacción y refrigeración se tienen en cuenta en sus planes de desarrollo regional y local, incluidos los planes de ordenación urbana y rural, y de que cumplen los criterios de concepción del anexo VII. 2. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para desarrollar infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración eficientes adaptadas al desarrollo de cogeneración de alta eficiencia y a la utilización de calor y frío procedente de calor residual de fuentes de energía renovables, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al desarrollar las redes urbanas de calefacción y refrigeración, optarán, en la medida de lo posible, por la cogeneración de alta eficiencia en vez de por la generación únicamente de calor. 3. Los Estados miembros se asegurarán de que todas las nuevas instalaciones térmicas de generación de electricidad cuya potencia térmica total supere los 20 MW: a) están dotadas de equipo que permita la recuperación de calor residual mediante una unidad de cogeneración de alta eficiencia; y b) están ubicadas donde existan puntos de demanda que puedan utilizar el calor residual. Los Estados miembros adoptarán los criterios de autorización a los que se refiere el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o criterios de autorización equivalentes para garantizar que se cumplen las disposiciones del párrafo primero. En particular, se asegurarán de que la ubicación de las nuevas instalaciones tiene en cuenta la disponibilidad de cargas de calor adecuadas para la cogeneración según lo dispuesto en el anexo VIII. 4. Los Estados miembros podrán establecer condiciones de exención de las disposiciones del apartado 3 cuando: a) no se cumplan las condiciones mínimas relativas a la disponibilidad de carga de calor establecidas en el punto 1 del anexo VIII; b) no pueda cumplirse el requisito de la letra b) del apartado 3 relativo a la ubicación de la instalación debido a la necesidad de situar la instalación cerca del emplazamiento de un almacén geológico permitido por la Directiva 2009/31/CE, o c) se muestre mediante un análisis coste/beneficio que los costes superan a los beneficios, comparando con los costes que supondría suministrar la misma cantidad de electricidad y calor con calefacción o refrigeración separadas a lo largo de toda la vida útil, incluida la inversión en la infraestructura. Los Estados miembros notificarán a la Comisión tales condiciones de exención, a más tardar, el 1 de enero de 2014. La Comisión podrá rechazarlas o hacer propuestas de modificación durante los seis meses siguientes a la notificación. En estos casos, las condiciones de exención no serán aplicadas por el Estado miembro de que se trate hasta que la Comisión haya aceptado expresamente las condiciones presentadas de nuevo o modificadas. 5. Los Estados miembros se asegurarán de que la legislación nacional sobre ordenación urbana y rural se ajusta a los criterios de autorización a los que se refiere el apartado 3 y a los planes nacionales de calefacción y refrigeración a los que se refiere el apartado 1. 6. Los Estados miembros velarán por que, cuando una instalación de generación de electricidad ya existente con una potencia térmica total superior a 20 MW se renueve sustancialmente o cuando, con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se actualice su permiso, la conversión para permitir que funcione como instalación de cogeneración de alta eficiencia se ponga como condición de la licencia o permiso nuevos o actualizados, siempre y cuando la instalación esté ubicada en un lugar en el que el calor residual pueda ser aprovechado por los puntos de demanda de calefacción, con arreglo al punto 1 del anexo VIII. El equipo de las instalaciones de generación de electricidad con dispositivos de captura o almacenamiento de carbono no se considerará renovación a los efectos de las presentes disposiciones. 7. Los Estados miembros podrán establecer condiciones para la exención de las disposiciones del apartado 6 cuando: a) no se cumplan las condiciones mínimas relativas a la disponibilidad de carga térmica establecidas en el punto 1 del anexo VIII, o b) se muestre mediante un análisis coste/beneficio que los costes superan a los beneficios, comparando con los costes que supondría suministrar la misma cantidad de electricidad y calor con calefacción o refrigeración separadas a lo largo de toda la vida útil, incluida la inversión en la infraestructura. Los Estados miembros notificarán a la Comisión estas condiciones de exención, a más tardar, el 1 de enero de 2014. La Comisión podrá rechazarlas o hacer propuestas de modificación durante los seis meses siguientes a la notificación. En esos casos, las condiciones de exención no serán aplicadas por los Estados miembros hasta que la Comisión haya aceptado expresamente las condiciones presentadas de nuevo o modificadas. 8. Los Estados miembros adoptarán criterios de autorización o equivalentes que aseguren que las instalaciones industriales con una potencia térmica total superior a 20 MW que generen calor residual y que se hayan construido o renovado sustancialmente después de [la entrada en vigor de la presente Directiva] capturan y aprovechan su calor residual. Asimismo, establecerán mecanismos para asegurar la conexión de esas instalaciones a las redes urbanas de calefacción y refrigeración. Podrán exigir que esas instalaciones sufraguen los gastos de conexión y el coste de desarrollar las redes urbanas de calefacción y refrigeración necesarias para transportar su calor residual a los consumidores. Los Estados miembros podrán establecer condiciones de exención de las disposiciones del párrafo primero cuando: a) no se cumplan las condiciones mínimas relativas a la disponibilidad de carga térmica establecidas en el punto 2 del anexo VIII, o b) se muestre mediante un análisis coste/beneficio que los costes superan a los beneficios, comparando con los costes que supondría suministrar la misma cantidad de electricidad y calor con calefacción o refrigeración separadas a lo largo de toda la vida útil, incluida la inversión en la infraestructura. Los Estados miembros notificarán a la Comisión estas condiciones de exención, a más tardar, el 1 de enero de 2014. La Comisión podrá rechazarlas o hacer propuestas de modificación durante los seis meses siguientes a la notificación. En esos casos, las condiciones de exención no serán aplicadas por los Estados miembros hasta que la Comisión haya aceptado expresamente las condiciones presentadas de nuevo o modificadas. 9. La Comisión establecerá, a más tardar el 1 de enero de 2013, por medio de un acto delegado en virtud del artículo 18, una metodología para el análisis coste/beneficio contemplado en el apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), y el apartado 8, letra b). 10. Basándose en los valores de referencia armonizados de eficiencia a los que se refiere el anexo II, letra f), los Estados miembros se asegurarán de que el origen de la electricidad producida a partir de la cogeneración de alta eficiencia pueda garantizarse según criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios establecidos por cada Estado miembro. Se asegurarán también de que esta garantía de origen cumple los requisitos y contiene, al menos, la información especificada en el anexo IX. Los Estados miembros reconocerán mutuamente sus garantías de origen, aceptándolas exclusivamente como prueba de la información a la que se refiere este apartado. Toda negativa a reconocer la validez como prueba de una garantía de origen, en particular por razones relacionadas con la prevención del fraude, deberá basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Los Estados miembros notificarán dicha negativa a la Comisión, junto con su justificación. En caso de negativa a reconocer una garantía de origen, la Comisión podrá adoptar una Decisión que obligue a aceptarla a la parte que deniegue el reconocimiento, atendiendo en particular a los criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios en que debe basarse dicho reconocimiento. La Comisión estará facultada para revisar, mediante actos delegados en virtud del artículo 18, los valores de referencia armonizados de eficiencia establecidos en la Decisión [número de la Decisión] de la Comisión basándose en la Directiva 2004/8/CE, por primera vez para el 1 de enero del 2015, y posteriormente cada diez años. 11. Los Estados miembros se asegurarán de que cualquier ayuda disponible para la cogeneración está condicionada a que la electricidad se produzca a partir de cogeneración de alta eficiencia y el calor residual se utilice de manera efectiva para conseguir ahorros de energía primaria. No diferenciarán entre la electricidad consumida en el emplazamiento y la exportada a la red. Las ayudas públicas a la cogeneración, a la generación de calefacción urbana y a las redes urbanas de calefacción estarán sujetas, en su caso, a las normas sobre ayudas estatales. Artículo 11 Transformación de energía Los Estados miembros elaborarán un inventario de datos conforme a lo dispuesto en el anexo X para toda las instalaciones que quemen combustibles con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW y las que efectúen refinado de hidrocarburos y de gas dentro de su territorio. Este inventario se actualizará cada tres años. Cuando se soliciten, se remitirán a la Comisión los datos anuales específicos de cada instalación recogidos en dichos inventarios. Los Estados miembros incluirán en los informes mencionados en el artículo 19, apartado 2, un resumen no confidencial de toda la información agregada de los inventarios. Artículo 12 Transporte y distribución de energía 1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de regulación de la energía tienen debidamente en cuenta la eficiencia energética en sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas y electricidad. En particular, garantizarán que las tarifas de red y la reglamentación aportan incentivos para que los operadores de redes ofrezcan servicios de sistema a los usuarios de la red que les permitan aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética en el contexto del despliegue continuo de redes inteligentes. Los Estados miembros se asegurarán de que la reglamentación de la red y las tarifas de red establecidas o aprobadas por las autoridades nacionales de regulación de la energía cumplen los criterios del anexo XI, teniendo en cuenta las orientaciones y códigos desarrollados en virtud de los Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009. 2. A más tardar el 30 de junio del 2013, los Estados miembros adoptarán planes para: a) evaluar el potencial de eficiencia energética de su infraestructura urbana de gas, electricidad y calefacción y refrigeración, especialmente en lo que se refiere al transporte, la distribución, la gestión de la carga y la interoperabilidad, así como a la conexión a instalaciones de generación de energía; b) señalar medidas e inversiones concretas para la introducción en la infraestructura de red de mejoras de la eficiencia energética eficaces en cuanto costes, con un calendario detallado para su introducción. 3. Los Estados miembros podrán autorizar componentes de los regímenes y las estructuras de tarifas que tengan un objetivo social para el transporte y la distribución de energía por redes, siempre que los efectos perturbadores en el sistema de transporte y distribución se mantengan en el nivel mínimo necesario y no sean desproporcionados respecto al objetivo social. 4. Los Estados miembros velarán por la supresión de aquellos incentivos en las tarifas de transporte y distribución que aumenten innecesariamente el volumen de energía distribuida o transmitida. A este respecto, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE, los Estados miembros podrán imponer a las empresas que operen en los sectores de la electricidad y del gas obligaciones de servicio público relativas a la eficiencia energética. 5. Los Estados miembros velarán por que, con sujeción a los requisitos de mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red, basados en criterios transparentes y no discriminatorios definidos por las autoridades nacionales competentes, los operadores de sistemas de transporte y distribución en su territorio: a) garanticen el transporte y la distribución de electricidad generada por cogeneración de alta eficiencia; b) proporcionen acceso prioritario o garantizado a la red de la electricidad producida mediante cogeneración de alta eficiencia; c) en la ordenación de las instalaciones de generación de electricidad, den prioridad a la electricidad procedente de cogeneración de alta eficiencia. Además de las obligaciones establecidas en el párrafo primero, los operadores de sistemas de transporte y distribución cumplirán los requisitos establecidos en el anexo XII. Los Estados miembros podrán facilitar, en particular, la conexión a la red de la electricidad de cogeneración de alta eficiencia producida mediante unidades de cogeneración a pequeña escala y unidades de microcogeneración. 6. Los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas para asegurar que los operadores de cogeneración de alta eficiencia puedan ofrecer servicios de equilibrado y otros servicios operacionales al nivel de los operadores de sistemas de transporte o sistemas de distribución cuando corresponda al modo de funcionamiento de la instalación de cogeneración de alta eficiencia. Los operadores de sistemas de transporte y distribución garantizarán que tales servicios forman parte de un proceso de subasta que sea transparente y controlable. En su caso, los Estados miembros podrán pedir a los operadores de sistemas de transporte y distribución que incentiven que la cogeneración de alta eficiencia se ubique cerca de las zonas de demanda reduciendo los gastos de conexión al sistema y los cánones de utilización. 7. Los Estados miembros podrán permitir a los productores de electricidad generada por cogeneración de alta eficiencia que deseen conectarse a la red que convoquen una licitación para los trabajos de conexión. CAPÍTULO IV Disposiciones horizontales Artículo 13 Disponibilidad de regímenes de certificación 1. Con miras a conseguir un alto nivel de competencia técnica, objetividad y fiabilidad, los Estados miembros garantizarán que, para el 1 de enero del 2014, se dispone de regímenes de certificación o regímenes de cualificación equivalentes para los proveedores de servicios energéticos, auditorías energéticas y medidas de mejora de la eficiencia energética, incluidos los instaladores de elementos de edificios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 2010/31/UE. 2. Los Estados miembros harán públicos los regímenes de certificación o los regímenes de cualificación equivalentes mencionados en el apartado 1 y cooperarán entre sí y con la Comisión para comparar esos regímenes y facilitar su reconocimiento. Artículo 14 Servicios energéticos Los Estados miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso a este de las pequeñas y medianas empresas: a) haciendo pública, comprobando y actualizando regularmente una lista de los proveedores de servicios energéticos disponibles y de los servicios energéticos que ofrecen; b) proporcionando modelos de contratos de rendimiento energético en el sector público; estos modelos incluirán, al menos, los aspectos indicados en el anexo XIII; c) difundiendo información sobre los contratos de servicios energéticos disponibles y las cláusulas que deben incluirse en tales contratos a fin de garantizar el ahorro energético y el respeto de los derechos de los clientes finales; d) alentando la creación de etiquetas de calidad voluntarias; e) difundiendo información sobre los instrumentos financieros, los incentivos, las subvenciones y los préstamos en apoyo de los proyectos de servicios energéticos. Artículo 15 Otras medidas de fomento de la eficiencia energética 1. Los Estados miembros evaluarán y tomarán las medidas adecuadas para suprimir barreras reglamentarias y no reglamentarias que se opongan a la eficiencia energética, especialmente en lo que se refiere a: a) la división de incentivos entre el propietario y el arrendatario de un edificio o entre los distintos propietarios, con miras a asegurar que estas partes no desistan de hacer inversiones en mejora de la eficiencia por no recibir beneficios plenos individualmente o por la ausencia de normas para dividir los costes y beneficios entre ellos; b) las disposiciones legales y reglamentarias, y las prácticas administrativas, relativas a la contratación pública y la presupuestación y contabilización anuales, con miras a asegurar que los organismos públicos no desistan de hacer inversiones en mejora de la eficiencia. Estas medidas de supresión de barreras pueden incluir proporcionar incentivos, derogar o modificar disposiciones legales o reglamentarias, o adoptar orientaciones y comunicaciones interpretativas. Estas medidas pueden combinarse con la impartición de formación y educación, y con información y asistencia técnica específicas sobre programas de eficiencia energética. 2. La evaluación de las barreras y medidas a las que se refiere el apartado 1 se notificará a la Comisión en el primer informe complementario mencionado en artículo 19, apartado 2. Artículo 16 Factores de conversión Para comparar los ahorros energéticos y convertirlos a una unidad comparable, se aplicarán los factores de conversión del anexo IV, a menos que pueda justificarse el uso de otros factores de conversión. CAPÍTULO V Disposiciones finales Artículo 17 Actos delegados y adaptación de los anexos 1. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado en virtud del artículo 18 a fin de establecer un sistema de reconocimiento mutuo de los ahorros de energía obtenidos dentro de los regímenes nacionales de obligación de eficiencia energética a los que se refiere el artículo 6, apartado 9. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado en virtud del artículo 18 a fin de establecer la metodología del análisis coste/beneficio al que se refiere el artículo 10, apartado 9. También estará facultada para adoptar un acto delegado en virtud del artículo 18 con objeto de revisar los valores de referencia armonizados de eficiencia a los que se refiere el artículo 10, apartado 10, tercer guión . 2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en virtud del artículo 18 a fin de adaptar al progreso técnico los valores, los métodos de cálculo, el coeficiente de energía primaria por defecto y los requisitos de los anexos I a XV, así como para adaptar a condiciones competitivas los requisitos de rendimiento del anexo III. Artículo 18 Ejercicio de la delegación 1. Los poderes para adoptar actos delegados se confieren a la Comisión con sujeción a las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 17 se confiere a la Comisión por tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 17 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior, que se precisará en dicha Decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 4 Cuando la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 17 entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no tienen la intención de oponerse al mismo. Ese plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo. Artículo 19 Revisión y control de la aplicación 1. Para el 30 de abril de cada año, los Estados miembros informarán sobre los progresos alcanzados en relación con los objetivos de eficiencia energética nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el anexo XIV, punto 1. 2. Para el 30 de abril del 2014, y a continuación cada tres años, los Estados miembros presentarán informes complementarios con información sobre las políticas de eficiencia energética nacionales, los planes de acción, y los programas y medidas aplicadas o planeadas a nivel nacional, regional y local para mejorar la eficiencia energética, con miras a alcanzar los objetivos de eficiencia energética nacionales a los que se refiere el artículo 3, apartado 1. Los informes se complementarán con estimaciones actualizadas del consumo de energía primaria global previsto en 2020, así como los niveles estimados de consumo de energía primaria de los sectores indicados en el anexo XIV, punto 1. La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2014, proporcionará una plantilla como orientación para los informes complementarios. Esta plantilla se aprobará con arreglo al procedimiento consultivo al que se refiere artículo 20, apartado 2. En cualquier caso, los informes complementarios incluirán la información especificada en el anexo XIV. 3. Los informes a los que se refiere el apartado 1 podrán formar parte de los programas de reforma nacionales a los que se refiere la Recomendación 2010/410/UE del Consejo. 4. La Comisión evaluará los informes anuales y los informes complementarios, y valorará en qué medida los Estados miembros han avanzado hacia la consecución de los objetivos de eficiencia energética nacionales requeridos por el artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación de la presente Directiva. La Comisión enviará su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Basándose en su evaluación de los informes, la Comisión podrá hacer recomendaciones a los Estados miembros. 5. La evaluación de la Comisión del primer informe complementario incluirá una evaluación de los niveles de eficiencia energética de las instalaciones nuevas y ya existentes que quemen combustibles con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW y las instalaciones que efectúen el refinado de hidrocarburos y gas, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles aplicables, desarrolladas con arreglo a las Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta evaluación detecte discrepancias significativas entre l