[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 25.3.2009

COM(2009) 136 final

2009/0050 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y a la protección de las víctimas,

por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI {SEC(2009) 358}{SEC(2009) 359}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta

La trata de seres humanos es considerada como uno de los delitos más graves a nivel mundial, una grave violación de los derechos humanos, una forma moderna de esclavitud, y una actividad muy lucrativa de la delincuencia organizada. Consiste en la captación, traslado o recepción de personas, mediante coacción, engaño o abuso, para someterlas a explotación sexual o laboral, trabajo forzado, servidumbre doméstica u otras formas de explotación incluida la extracción de órganos.

Por lo tanto la respuesta a la misma debe ser contundente, y dirigirse tanto a prevenir como a perseguir el delito y a proteger a sus víctimas.

1.2. Contexto general

Varios Estados miembros de la UE son países importantes de destino de los flujos de la trata de seres humanos procedentes de terceros países. Además, hay pruebas de flujos de trata en el interior de la UE. Partiendo de las cifras disponibles, es razonable calcular que la trata afecta cada año a cientos de miles de personas desde terceros países a la UE o dentro de ésta.

La vulnerabilidad social es sin duda la causa principal de la trata de seres humanos. La vulnerabilidad proviene de factores económicos y sociales tales como pobreza, discriminación por género, conflictos armados, violencia doméstica, familias disfuncionales, y circunstancias personales tales como edad o motivos de salud o discapacidades. Las redes internacionales de delincuencia organizada aprovechan tal vulnerabilidad para facilitar la migración y para posteriormente explotar con dureza a las personas por medio de la fuerza, la amenaza, la coacción, o diversas formas de abuso como la servidumbre por deudas. De hecho los elevados beneficios generados son una importante causa subyacente. Otra es la demanda de servicios sexuales y de mano de obra barata.

1.3. Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

La Convención de la ONU sobre los derechos del niño, adoptada en 1989, intenta proteger a los niños contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Esta obligación se amplía a la explotación y al abuso sexual de los niños en el contexto de la trata de seres humanos.

En 2000, la ONU adoptó un Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El protocolo fue el primer instrumento internacional completo que se ocupó de la trata de seres humanos. A marzo de 2009, el Protocolo ha sido ratificado por veintitrés Estados miembros de la UE y los cuatro restantes lo han firmado. La Comunidad Europea ha firmado y aprobado el Protocolo.

El Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos proporciona un marco completo y coherente que cubre la prevención, la cooperación entre diversos actores, la protección y la asistencia a las víctimas, y una obligación de tipificar la trata de seres humanos. La implementación de tales medidas llevaría a mejoras significativas. El Convenio ha sido ratificado por doce Estados miembros de la UE. Otros trece lo han firmado y se hallan en pleno proceso de ratificación.

La Decisión marco («DM») relativa a la lucha contra la trata de seres humanos se adoptó el 19 de julio de 2002 como respuesta a la necesidad percibida unánimemente de hacer frente al grave delito de la trata de seres humanos a nivel de la UE. En mayo de 2006 la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de la DM.

La Directiva 2004/81/CE prevé la asistencia y el permiso de residencia para las víctimas que sean nacionales de terceros países. En otoño de 2009, la Comisión informará sobre la aplicación de la Directiva 2004/81/CE y estudiará la necesidad de medidas apropiadas para reforzar la protección ofrecida a las víctimas por los Estados miembros

1.4. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

La lucha contra todas las formas de violencia de género, incluida la trata de seres humanos, forma parte integrante del compromiso asumido por la Comisión en el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres[1].La lucha contra la trata de niños está incluida también en la estrategia sobre los derechos de la infancia[2] El objetivo de luchar contra la trata de seres humanos y de ayudar a las víctimas es coherente con lo dispuesto en la Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal[3], y en la Directiva del Consejo 2004/81/CE relativa al permiso de residencia [4] que se refiere a problemas de inmigración y sólo se aplica a los nacionales de terceros país. Todas las disposiciones de la presente Decisión marco serán aplicables en la medida que el respectivo aspecto no esté cubierto por dicha Directiva El objetivo de luchar contra la trata de seres humanos es también coherente con la Directiva del Consejo 2004/80/CE relativa a la indemnización a las víctimas de delitos cuya finalidad es facilitar el acceso a la indemnización en situaciones transfronterizas[5], y con la Decisión marco 2008/841/JAI sobre la lucha contra la delincuencia organizada[6]. La trata de seres humanos está incluida en la lista de delitos que dan lugar a la entrega, en virtud de una orden de detención europea de conformidad con la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo relativa a la orden de detención europea[7]. Los objetivos mencionados anteriormente son completamente coherentes con estos instrumentos, así como con el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos y con los mandatos de Europol y Eurojust.

Toda acción de la Unión en este ámbito debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta de la UE») y por el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales («CEDH»). Cuando los Estados miembrosapliquen el Derecho de la Unión, lo harán de acuerdo con estos derechos y principios.

La presente propuesta se ha formulado tras haber sido sometida a un examen en profundidad con la finalidad de garantizar que sus disposiciones sean plenamente compatibles con los derechos fundamentales y en especial con la dignidad humana, la prohibición de la tortura y de la penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, los derechos del niño, el derecho a la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y de información, la protección de datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y con los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas.

Se prestó una atención particular al artículo 5, apartado 3, de la Carta de la UE que prohíbe explícitamente la trata de seres humanos. Además, el artículo 24 de la Carta de la UE revestía una importancia especial, puesto que muchas de las víctimas de la trata de seres humanos son niños. Las disposiciones sobre la protección y la asistencia a las víctimas tienen un impacto positivo en los derechos fundamentales. El derecho a ser protegido contra la esclavitud, el trabajo forzado y la servidumbre ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se tiene en cuenta el derecho de las víctimas a una investigación exacta, imparcial, efectiva, y rápida, y surtirá efecto mediante un reconocimiento cada vez mayor del papel de la víctima en el procedimiento penal.

Podría surgir un posible impacto negativo derivado del papel cada vez mayor de la víctima en el procedimiento penal, si este mayor protagonismo pusiera en peligro los derechos procesales del demandado, en especial el derecho a un juicio justo (artículo 47 de la Carta de la UE) y el derecho a la defensa (artículo 48 de la Carta de la UE). Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido unos principios claros para conciliar los respectivos derechos del demandado y de la víctima. Por lo tanto se ha asegurado la total compatibilidad con los derechos de defensa mediante una redacción cuidadosa del texto legislativo, que es la base para la correcta implementación por los Estados miembros.

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

2.1. Consulta de las partes interesadas

2.1.1. Métodos y principales sectores de consulta y perfil general de los consultados

En respuesta a la petición del Consejo de una evaluación de la implementación del plan de la UE, en diciembre de 2007 la Comisión envió un cuestionario a los Estados miembros («Estado miembro»). Veintitrés EM, más Noruega, contestaron. Los resultados se tuvieron en cuenta en el Documento de trabajo de la Comisión adoptado el 17 de octubre de 2008.

Se celebraron tres reuniones consultivas con objeto de elaborar la evaluación de impacto. El grupo de expertos en la trata de seres humanos se reunió los días 2 y 3 de octubre de 2008, y tras un extenso debate emitió un dictamen escrito. El 7 de octubre de 2008 se celebró una reunión consultiva con expertos en diversas materias incluidos gobiernos, servicios de policía, ONG, organizaciones internacionales y universidades. A continuación se pidió a los participantes que transmitieran sus comentarios por escrito, cosa que hicieron varios de expertos. El 17 de octubre se celebró una reunión con representantes de los Estados miembros.

2.1.2. Resumen de las observaciones y cómo se han tenido en cuenta:

- El grupo de expertos en la trata de seres humanos de la Comisión Europea, en su dictamen escrito, subrayó como principios rectores la necesidad de un marco jurídico adecuado en cada país, la necesidad de que los derechos humanos constituyan el aspecto primordial, la adopción de un planteamiento global, coordinado e integrado para entrelazar las políticas de los Gobiernos sobre la trata de seres humanos con las de migración, para respetar los derechos de los niños, promover la investigación de la trata de seres humanos y supervisar el impacto de las políticas contra la trata de seres humanos.

- Muchos interesados estuvieron de acuerdo con la necesidad de que haya disposiciones específicas dirigidas a reforzar la investigación y el enjuiciamiento. Se puso de relieve el papel crucial de las medidas de ayuda.

- Un aspecto controvertido fue la introducción de una obligación específica de tipificar a los clientes que utilizan a sabiendas servicios sexuales de una persona víctima de la trata. Varios EM señalaron que en todo caso tal disposición no debe ser vinculante.

2.2. Obtención y utilización de asesoramiento técnico

No ha sido necesario recurrir a asesoramiento externo.

2.3. Evaluación de impacto

Se han examinado diversas opciones políticas para alcanzar más eficazmente los objetivos de prevenir y combatir la trata de seres humanos, y de proteger mejor a las víctimas.

- Opción política (1): No más medidas de la UE

La UE no adoptaría ninguna medida para combatir la trata de seres humanos, si bien los Estados miembros pueden continuar el proceso de firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos.

- Opción política (2): Medidas no legislativas

No se modificaría la Decisión marco 2004/629/JAI. Podrían establecerse medidas no legislativas en los ámbitos de los sistemas de asistencia a las víctimas, la supervisión, las medidas de prevención en los países de destino y de origen, la formación, y la cooperación policial.

- Opción política (3): Nueva legislación en materia de enjuiciamiento, asistencia a las víctimas, prevención y supervisión

Se adoptaría una nueva decisión marco, que incluiría las disposiciones de la actual, junto con ciertas disposiciones del Convenio de Consejo de Europa y elementos adicionales. La nueva DM contendría en particular disposiciones en los ámbitos del Derecho penal sustantivo, la competencia y el enjuiciamiento, los derechos de las víctimas en el procedimiento penal, la asistencia a las víctimas, las medidas protectoras especiales para los niños, la prevención, y la supervisión.

- Opción política (4): Nueva legislación (como en la opción 3) + medidas no legislativas (como en la opción 2)

- Se adoptaría una nueva DM, incorporando la actual DM y nuevas disposiciones. La nueva DM sería complementada mediante medidas no legislativas, y en especial las señaladas en la opción 2.

- Tras el análisis del impacto económico, social, y la repercusión en los derechos fundamentales, las opciones 3 y 4 presentan el mejor planteamiento del problema y pueden alcanzar completamente los objetivos identificados. La opción preferida sería la opción 4.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1. Resumen de la acción propuesta

La nueva DM, además de las disposiciones de la actual, incluiría los siguientes nuevos elementos:

A Disposiciones sustantivas de Derecho penal

- Definición;

- Circunstancias agravantes y penas ;

- No penalización de la víctima

B Competencia y enjuiciamiento

- Norma de competencia extraterritorial más amplia y vinculante;

- Coordinación del enjuiciamiento; esta disposición podría quedar desfasada una vez adoptada la Decisión marco sobre conflictos de jurisdicción en los procedimientos penales[8]

- Instrumentos de investigación.

C Derechos de las víctimas en los procedimientos penales

- Trato especial dirigido a prevenir la victimización secundaria;

- Protección sobre la base de una evaluación del riesgo;

- Compensación, incluido el acceso a fondos existentes.

D Apoyo a las víctimas

- Establecimiento de mecanismos para detectar y ayudar a las víctimas rápidamente;

- Ayuda normalizada, incluido el acceso al tratamiento médico necesario, al asesoramiento, y a la ayuda psicológica;

- Medidas especiales para los niños.

E Prevención

- Acción dirigida a disuadir la demanda de servicios sexuales y de mano de obra barata;

- Formación;

- Tipificación de los usuarios de servicios exigidos a una persona, a sabiendas de que ha sido objeto de trata de seres humanos.

F Supervisión

- Establecer unos ponentes nacionales o mecanismos equivalentes.

3.2. Valor añadido de la propuesta en comparación con el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos de 2005

La propuesta se basa en el Convenio del Consejo de Europa y adopta el mismo enfoque global incluyendo la prevención, el enjuiciamiento, la protección de las víctimas y la supervisión Sin embargo presenta como valor añadido los principales elementos siguientes:

- Nuevas disposiciones que prevén un trato especifico en el procedimiento penal para las víctimas vulnerables cuya finalidad es evitar la victimización secundaria (artículo 9)

- Un alcance más amplio de la disposición relativa a la no penalización de las víctimas por su implicación en actividades ilegales, con independencia de los medios ilícitos empleados por los traficantes de seres humanos (artículo 6).

- Un mayor nivel de asistencia a las víctimas, en especial en cuanto al tratamiento médico (artículo 10)

- Norma de competencia jurisdiccional más amplia y vinculante que obligue a los Estados miembros a enjuiciar a sus ciudadanos y residentes habituales que hayan cometido el delito de trata de seres humanos fuera de su territorio (artículo 8).

- Una escala precisa de penas adaptada a la gravedad de los delitos (artículo 3).

- Además, la integración de disposiciones que tienen un contenido similar en el acervo de la UE presenta ventajas relacionadas con el vínculo más estrecho creado por el ordenamiento jurídico de la UE, concretamente la inmediata entrada en vigor y la supervisión de la implementación.

3.3. Base jurídica

Artículo 29, artículo 31, apartado1, letra e), y artículo 34 apartado 2, letra b), del Tratado de la Unión Europea.

4. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros actuando por su cuenta por los motivos siguientes.

La lucha contra la trata de seres humanos requiere esfuerzos coordinados de los Estados miembros, así como la cooperación a nivel internacional para alcanzar los objetivos. Las diferencias de tratamiento jurídico en los diversos Estados miembros dificultan los esfuerzos coordinados y obstaculizan la aplicación del Derecho internacional y la cooperación judicial.

La actuación por parte de la Unión Europea cumplirá mejor los objetivos de la propuesta por las razones que se exponen a continuación.

La propuesta aproximará el Derecho penal sustantivo de los Estados miembros y las normas procesales de forma más amplia que la actual Decisión marco. Tendrá un impacto positivo en la aplicación del Derecho internacional y la cooperación judicial, así como en la protección y asistencia a las víctimas. Así pues, la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad en cuanto se limita al mínimo imprescindible para alcanzar los objetivos expuestos y no va más allá de lo necesario a tal fin.

6. INSTRUMENTOS ELEGIDOS

Instrumento propuesto: Decisión marco.

Otros instrumentos no serían adecuados. En la lucha contra la trata de seres humanos, sólo una Decisión marco permite la aproximación de las legislaciones nacionales y es necesaria para mejorar la aplicación del Derecho internacional y la cooperación judicial.

7. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto comunitario.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Derogación de disposiciones legales vigentes

La aprobación de la presente propuesta supondrá la derogación de algunas disposiciones legales vigentes.

2009/0050 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y a la protección de las víctimas,

por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29, su artículo 31, apartado 1, letra e), y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[9],

Considerando lo siguiente:

(1) La trata de seres humanos es un delito grave, cometido a menudo dentro del marco de la delincuencia organizada, y constituye una grave violación de los derechos humanos.

(2) La Unión Europea está comprometida en la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y con la protección de los derechos de sus víctimas. Con este fin, se adoptaron la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 julio 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos[10], y el Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (2005/C 311/01)[11].

(3) La presente Decisión marco adopta un enfoque integrado y global para luchar contra la trata de seres humanos. Un mayor rigor en cuanto a prevención y enjuiciamiento, y la protección de los derechos de las víctimas, son objetivos importantes de la presente Decisión marco. Los niños son más vulnerables, y por tanto corren mayor riesgo de ser víctimas de la trata de seres humanos. Todas las disposiciones de la presente Decisión marco deben aplicarse habida cuenta de los intereses superiores del niño de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño[12].

(4) El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del año 2000, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional[13] y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos[14] de 2005 constituyen avances cruciales en el proceso de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la trata de seres humanos. Al objeto de potenciar el proceso de aproximación de la legislación, la presente Decisión marco adopta la definición lata de delito incluida en los instrumentos de la ONU y el Consejo de Europa anteriormente mencionados. La definición cubre también la trata de seres humanos con el objeto de la extracción de órganos que puede vincularse con el tráfico de órganos y constituye una grave violación de la dignidad humana y la integridad física.

(5) Las penas deberán ser efectivas, disuasorias y proporcionadas a la gravedad del delito, también con objeto de hacer que la investigación y el enjuiciamiento sean más efectivos, y de mejorar de la aplicación de Derecho internacional y la cooperación judicial. Las circunstancias agravantes deben tener en cuenta la necesidad de proteger en especial a las víctimas vulnerables, con inclusión de todas las víctimas infantiles y de aquellos adultos que sean vulnerables por razones de las circunstancias personales o las consecuencias físicas o psíquicas del delito.

(6) Las víctimas deberán ser protegidas contra el enjuiciamiento y el castigo, tras una decisión de la autoridad competente, por los delitos en los que se hayan visto implicados como consecuencia directa de ser objeto de los medios ilícitos empleados por los traantes de seres humanos tales como infracciones de la leyes de inmigración, uso de documentos falsos, o delitos contemplados por las leyes relativas a la prostitución. Un objetivo adicional de tal protección es animarlas a actuar como testigos en procedimientos penales.

(7) Si bien la Decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI).[15] establece un conjunto de derechos de las víctimas en los procedimientos penales incluidos el derecho a la protección y la indemnización, las víctimas de la trata de seres humanos son vulnerables y por tanto se requieren medidas especificas para ellas. Dichas víctimas que sufren las consecuencias de las actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos, incluida la extracción de órganos, deben ser protegidas frente a la intimidación y la victimización secundaria, es decir una mayor victimización o trauma resultante de la forma como se desarrolla el procedimiento penal. Por otra parte deben establecerse medios para garantizar la protección e indemnización efectivas.

(8) Las víctimas necesitan poder ejercer de forma efectiva sus derechos. Por lo tanto se les debe proporcionar la asistencia apropiada antes, durante y después del procedimiento penal. La presente Decisión marco establece la obligación por parte de los Estados miembros de proporcionar a las víctimas asistencia suficiente para que se puedan recuperar.

(9) Si bien la Directiva 2004/81/CE prevé la expedición de un permiso de residencia a las víctimas de la trata de seres humanos que sean nacionales de un tercer país, y la Directiva 2004/38/CE regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, incluida la protección ante la expulsión, la presente Decisión marco establece medidas protectoras específicas para las víctimas de la trata de seres humanos, y no se ocupa de las condiciones de su residencia en el territorio de los Estados miembros ni de otros aspectos que sean competencia de la Comunidad.

(10) Además de las medidas existentes para los adultos, los Estados miembros deben asegurarse de que haya medidas específicas de protección para las víctimas infantiles.

(11) Los Estados miembros deben establecer y/o consolidar sus políticas para prevenir la trata de seres humanos, incluidas medidas para desalentar la demanda que estimula todas las formas de explotación mediante la investigación, información, mayor sensibilización y educación. En tales iniciativas los Estados miembros deben tomar en consideración las diferencias de trato por razón de género y los derechos del niño.

(12) [La Directiva 2009/.../EC del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas en materia de sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países] establece sanciones para los empleadores nacionales de terceros países que, sin haber sido acusados o condenados por trata de seres humanos, hagan uso del trabajo o los servicios de una persona a sabiendas de que es víctima de dicha trata. Además, los Estados miembros deberán considerar la posibilidad de imponer sanciones a los usuarios de cualquier servicio exigido a una víctima, a sabiendas de que ha sido objeto de trata de seres humanos. Esta tipificación más amplia podría incluir a los empleadores de nacionales de terceros países con residencia legal y de nacionales de la UE, así como a los usuarios de servicios sexuales de cualquier persona objeto de la trata de seres humanos, con independencia de su nacionalidad.

(13) Deberán establecerse sistemas de control nacionales tales como ponentes nacionales o mecanismos equivalentes para recoger datos y realizar evaluaciones sobre las tendencias de la trata de seres humanos, medir los resultados de la política de la lucha contra la misma y asesorar a los Gobiernos y a los Parlamentos en el desarrollo de las medidas contra este delito. Tales mecanismos y medidas son esenciales para establecer una política efectiva de lucha contra la trata de seres humanos.

(14) Puesto que el objetivo de la presente Decisión marco, luchar contra la trata de seres humanos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a su dimensión y efectos, a nivel comunitario, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad con arreglo a lo establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en el citado artículo, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(15) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos, en particular en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y especialmente los relativos a la dignidad humana, la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y de la trata de seres humanos, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de los derechos del niño, el derecho a la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y de información, la protección de los datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas. En especial, la presente Decisión marco tiene por objetivo garantizar el total respeto de dichos derechos y principios.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Delitos relativos a la trata de seres humanos

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se penalicen los actos siguientes:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de su explotación.

2. Existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso.

3. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de actividades asociadas con la mendicidad o ilegales, o la extracción de órganos.

4. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos a su explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los medios indicados en el apartado 1.

5. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, constituirá delito punible de trata de seres humanos aun cuando no se haya recurrido a ninguno de los medios enumerados en el apartado 1.

6. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por «niño» toda persona menor de 18 años.

Artículo 2

Inducción, complicidad y tentativa

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de la inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de los delitos contemplados en el artículo 1.

Artículo 3

Penas y circunstancias agravantes

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos mencionados en los artículos 1 y 2 se castiguen con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos seis años.

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos mencionados en el artículo 1 se castiguen con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos diez años cuando concurra como mínimo alguna de las circunstancias siguientes:

a) el delito fue cometido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones;

b) la víctima era particularmente vulnerable;

c) el delito se cometió en el marco de una organización delictiva conforme a lo dispuesto en la Decisión marco 2008/841/JAI[16]

3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos mencionados en el artículo 1 se castiguen con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos doce años cuando concurra como mínimo alguna de las circunstancias siguientes:

a) el delito puso en peligro la vida de las víctimas;

b) el delito se cometió mediante violencia grave o se causaron a la víctima daños particularmente graves;

Artículo 4

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. 9. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos mencionados en el los artículos 1 y 2, cuando estos delitos sean cometidos por cuenta de ellas por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

a) poder de representación de dicha persona jurídica,

b) autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o

c) autoridad de ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.

2. Cada Estado miembro se asegurará asimismo de que una persona jurídica pueda considerarse responsable cuando la falta de supervisión o control por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa un delito mencionado en los artículos 1 y 2 por cuenta de la persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de las acciones penales contra las personas físicas que sean autores, inductores o cómplices de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2.

4. A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por «persona jurídica» toda entidad que tenga personalidad jurídica en virtud de la legislación aplicable, con excepción de los Estados o los organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones de Derecho internacional público.

Artículo 5

Sanciones contra las personas jurídicas

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y podrán incluir otras sanciones como, por ejemplo:

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;

c) sometimiento a vigilancia judicial;

d) disolución judicial;

e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer el delito.

Artículo 6

No aplicación de sanciones a la víctima

Cada Estado miembro establecerá la posibilidad de no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de la trata de seres humanos por haber estado implicadas en actividades ilegales como consecuencia directa de haber sido objeto de cualquiera de los medios ilícitos contemplados en los artículos 1 y 2.

Artículo 7

Investigación y enjuiciamiento

1. Cada Estado miembro asegurará que la investigación o el enjuiciamiento de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 no dependan de la formulación de denuncia o acusación por la víctima, y el procedimiento judicial siga su curso aunque la víctima retire su declaración.

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que se puedan enjuiciar los delitos mencionados en los artículos 1 y 2 durante un periodo de tiempo suficiente después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad y que esté en consonancia con la gravedad del delito cometido

3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la formación adecuada de las personas, unidades o servicios responsables de investigar o enjuiciar los delitos contemplados en los artículos 1 y 2.

4. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para asegurarse de que las personas, unidades o servicios responsables de investigar o enjuiciar los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 dispongan de los instrumentos de investigación que se empleen en casos relacionados con la delincuencia organizada tales como escuchas telefónicas, vigilancia con medios electrónicos, e investigación financiera.

Artículo 8

Competencia y coordinación de las actuaciones judiciales

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 cuando:

a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio; o

b) el delincuente sea uno de sus nacionales o tenga su residencia habitual en su territorio; o

c) el delito se cometa contra uno de sus nacionales o una persona que tenga su residencia habitual en su territorio; o

d) el delito se cometa en provecho de una persona jurídica establecida en su territorio.

2. Para el enjuiciamiento de uno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 cometido fuera del territorio del Estado de que se trate, en lo que respecta al apartado 1, letra b), cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que su competencia no esté supeditada a la condición de que los hechos constituyan un delito en el lugar donde se cometan.

3. Para el enjuiciamiento de uno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 cometido fuera del territorio del Estado de que se trate, en lo que respecta al apartado 1, letra b), cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que su competencia no esté supeditada a la condición de que la acción judicial sólo pueda iniciarse tras la presentación de un denuncia por la víctima en el lugar donde se cometió el delito, o de una denuncia del Estado del lugar dondeen cuyo territorio se cometió el delito.

4. Cuando un delito sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera de estos Estados pueda legítimamente iniciar acciones judiciales por los mismos hechos, los Estados miembros implicados colaborarán para decidir cuál de ellos procesará a los autores del delito con el objetivo de centralizar, en la medida de lo posible, dichas acciones en un solo Estado miembro. Con este fin, los Estados miembros podrán recurrir a Eurojust o a cualquier organismo o instrumento creado en el marco de la Unión Europea para facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y la coordinación de sus actuaciones. Al decidir qué Estado miembro procesará al delincuente, se tendrán especialmente en cuenta los factores siguientes:

- ser el Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido los hechos,

- ser el Estado miembro del que sea nacional o residente el autor del delito,

- ser el Estado miembro del que es originaria la víctima,

- ser el Estado miembro en cuyo territorio se ha encontrado al autor del delito.

Artículo 9

Protección de las víctimas vulnerables de la trata de seres humanos en los procedimientos penales

1. Se considerará que los niños víctimas de uno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 son víctimas especialmente vulnerables en el sentido de los artículos 2, apartado 2; 8, apartado 4 , y 14 apartado 1, de la Decisión marco 2001/220/JAI.

2. Toda persona adulta que sea una víctima de uno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 será considerada como víctima particularmente vulnerable de conformidad con los artículos 2, apartado 2; 8 apartado 4), y 14 apartado 1, de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, según una evaluación individual por parte las autoridades competentes, que tendrán en cuenta su edad, madurez, salud, embarazo, incapacidad, otras condiciones personales o sociales, y las consecuencias físicas o psicológicas del hecho delictivo del que ha sido objeto.

3. Sin perjuicio de los derechos de defensa, cada Estado miembro garantizará que se conceda a las víctimas especialmente vulnerables, además de los derechos establecidos en la Decisión marco 2001/220, un trato especial destinado a prevenir la victimización secundaria evitando en la medida de lo posible y de conformidad con la legislación nacional:

a) el contacto visual entre víctimas y delincuentes incluso durante la fase de la prueba, como el interrogatorio y las preguntas de la parte contraria, mediante medios apropiados como el uso de instalaciones audio-vídeo;

b) preguntar sobre la vida privada cuando no sea absolutamente necesario para probar los hechos que son la base de la acusación;

c) testificar en audiencia pública;

d) repetir innecesariamente interrogatorios durante la investigación, la instrucción y el juicio.

4. Cada Estado miembro permitirá, cuando sea apropiado, que no se divulgue la identidad de una víctima especialmente vulnerable que intervenga como testigo

5. Cada Estado miembro se asegurará de que las víctimas de la trata de seres humanos reciban la protección conveniente sobre la base de una evaluación individual del riesgo, y tengan acceso a programas de protección de testigos si procede, de conformidad con los principios establecidos por la legislación nacional.

6. Cada Estado miembro se asegurará de que las víctimas particularmente vulnerables tengan en el curso de las diligencias penales acceso al asesoramiento jurídico gratuito y a la representación legal por las mismas razones previstas en la legislación nacional para los demandados, incluida la destinada a solicitar una indemnización. Este apartado se entenderá sin perjuicio de la aplicación del artículo 11, cuando la víctima sea un menor.

Artículo 10

A sistencia a las víctimas

1. Cada Estado miembro se asegurará de que se proporcione asistencia a las víctimas antes, durante y después del procedimiento penal para que puedan ejercer los derechos establecidos en la Decisión marco 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, y en la presente Decisión marco.

2. Una persona será considerada como víctima en cuanto las autoridades competentes tengan indicios de que puede haber sido objeto de uno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2.

3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer a nivel nacional y local los mecanismos apropiados destinados a detectar y apoyar rápidamente a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes.

4. Los Estados miembros concederán a las víctimas la asistencia y el apoyo necesarios en el marco del procedimiento penal para que puedan recuperarse y escapar de la influencia de los autores, proporcionándoles alojamiento seguro y asistencia material, tratamiento médico necesario, incluida la asistencia psicológica, orientación e información, asesoramiento para que sus derechos e intereses puedan ser presentados y considerados en el procedimiento penal y, si fuera necesario, servicios de traducción e interpretación. Los Estados miembros atenderán a las necesidades especiales de los más vulnerables.

Artículo 11

Medidas protectoras especiales para los niños

Cada Estado miembro aplicará los artículos 14 y 15 de la Decisión marco relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI.

Artículo 12

Prevención

1. Cada Estado miembro intentará desalentar la demanda que promueve todas las formas de explotación.

2. Cada Estado miembro fomentará la formación periódica de los funcionarios que puedan entrar en contacto con las víctimas reales y potenciales, incluidos los funcionarios de policía de primera línea, con el objeto de que puedan identificar a las víctimas reales y potenciales, y ocuparse en especial de las víctimas vulnerables según lo establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la presente Decisión marco.

3. Sin perjuicio del Derecho comunitario, cada Estado miembro considerará la adopción de medidas para tipificar el uso de servicios que son objeto de explotación según lo contemplado en los artículos 1 y 2, a sabiendas de que la persona es víctima de uno de los delitos contemplados en dichos artículos.

Artículo 13

Supervisión

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer ponentes nacionales u otros mecanismos equivalentes. El cometido de tales mecanismos incluirá, como mínimo, la supervisión de la implementación de las medidas previstas en la presente Decisión marco.

Artículo 14

Ámbito de aplicación territorial

La presente Decisión marco ser aplicará en Gibraltar.

Artículo 15

Derogación de la Decisión marco 2002/629/JAI

Queda derogada la Decisión marco 2002/629/JAI relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.

Artículo 16

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco el [dos años después de la adopción].

2. [dos años después de la adopción], los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que se incorporen a su ordenamiento interno las obligaciones derivadas de la presente Decisión marco. A más tardar el [dos años desde la adopción], el Consejo evaluará, basándose en un informe redactado con esta información y en un informe escrito de la Comisión, en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 {SEC(2006)275}, COM(2006)92 final.

[2] Comunicación de la Comisión - Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia {SEC(2006)888}, {SEC (2006) 889}, Bruselas, 4.7.2006, COM (2006) 367 final.

[3] Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JHA), DO L 82 de 22.3.2001, p.1

[4] Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes, DO L 261 de 6.8.2004, p. 85

[5] Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, DO L 261 de 6.8.2004, p. 15.

[6] DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.

[7] Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190, de 18.7.2002.

[8] Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre prevención y resolución de conflictos de jurisdicción en los procedimientos penales presentada por la República Checa, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia. Documento del Consejo n° 5208/09.

[9] DO C […] de […], p. […].

[10] DO L 203 de 1.8.2002, p. 1.

[11] DO C 311 de 9.12.2005, p. 1.

[12] Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Resolución de la Asamblea General 44/25 de 20 de noviembre de 1989.

[13] Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Palermo, 2000.

[14] Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia, el 16.V.2005, Council of Europe Treaty Series N. 197.

[15] DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.

[16] DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.