En resumen, el valor contemplado en las previsiones de la Comisión sobre el déficit de las administraciones públicas en 2020 sobrepasa largamente el valor de referencia establecido en el Tratado, del 3 % del PIB. La diferencia prevista se considera excepcional, tal como se define en el Tratado y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en estos momentos se considera de carácter temporal. Todos los datos disponibles, incluidas las declaraciones de las autoridades portuguesas sobre el alcance de la respuesta de la política presupuestaria ante la grave recesión económica asociada a la pandemia de COVID-19, apuntan a un déficit de las administraciones públicas, en 2020, muy superior al valor de referencia establecido en el Tratado, del 3 % del PIB. En su carta de 7 de mayo de 2020, la Comisión solicitó que las autoridades portuguesas aclararan la magnitud del déficit planificado para las administraciones públicas en 2020. En su carta de 13 de mayo de 2020, las autoridades portuguesas no proporcionaron la aclaración solicitada y aludieron a las condiciones excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta estos factores, la Comisión considera que su previsión actual de un déficit de las administraciones públicas del 6,5 % del PIB en 2020 es un indicio razonable suficientemente fundado de un déficit excesivo, tal como se define en el artículo 126, apartado 2, letra a), del Tratado. Por lo tanto, el análisis sugiere que, a primera vista, no se cumple el criterio de déficit tal como se define en el Tratado y el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

En comparación con los datos notificados, según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, que reflejan, entre otros factores, la repercusión económica y presupuestaria prevista de la pandemia de COVID-19, en 2020 el déficit de las administraciones públicas se situará en el 6,5 % del PIB, mientras que la ratio deuda pública / PIB aumentará hasta el 131,6 %. Todos los datos disponibles, incluidas las declaraciones de las autoridades portuguesas sobre el alcance de la respuesta de la política presupuestaria ante la grave recesión económica asociada a la pandemia de COVID-19, apuntan a un déficit de las administraciones públicas, en 2020, muy superior al valor de referencia establecido en el Tratado, del 3 % del PIB. En su carta de 7 de mayo de 2020, la Comisión solicitó que las autoridades portuguesas aclararan la magnitud del déficit planificado para las administraciones públicas en 2020. En su carta de 13 de mayo de 2020, las autoridades portuguesas no proporcionaron la aclaración solicitada y aludieron a las condiciones excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta estos factores, la Comisión considera que su previsión actual de un déficit de las administraciones públicas del 6,5 % del PIB en 2020 es un indicio razonable suficientemente fundado de un déficit excesivo, tal como se define en el artículo 126, apartado 2, letra a), del Tratado.

Los datos notificados por las autoridades portuguesas el 31 de marzo de 2020 y posteriormente validados por Eurostatmuestran que, en Portugal, el saldo de las administraciones públicas logró un superávit del 0,2 % del PIB en 2019, mientras que la ratio deuda pública bruta / PIB fue del 117,7 %. Según los datos notificados, Portugal preveía que, en 2020, el saldo de las administraciones públicas también registrase un superávit del 0,2 % del PIB, según el presupuesto estatal de 2020 aprobado antes del brote de la pandemia de COVID-19, mientras que la ratio deuda pública / PIB disminuiría hasta el 114,9 %. El Programa de Estabilidad de 2020 de Portugal, que no se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, no incluía el saldo de las administraciones públicas planificado para 2020.

El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, como figura en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartió con el Consejo su opinión de que, dada la grave recesión económica que acarreará el brote de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros aceptaron la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también podrá decidir, partiendo de una Recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Posibilita que los Estados miembros se aparten de los requisitos presupuestarios normalmente aplicables, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo emprender las necesarias medidas de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

Aunque se espera que el PIB real registre un repunte del 5,8 % en 2021, también es probable que sigan produciéndose sacudidas secundarias en algunos sectores, en particular el turismo. Por todo ello, se prevé que el PIB se mantenga por debajo de su nivel de 2019 hasta 2021.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una gran conmoción económica que está teniendo una repercusión económica significativa en toda la Unión Europea. Las consecuencias para el crecimiento del PIB dependerán de la duración tanto de la pandemia como de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y a nivel europeo y mundial para ralentizar su propagación, proteger las capacidades de producción y apoyar la demanda agregada. Los Estados miembros ya han adoptado o están adoptando medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de los sistemas sanitarios y prestar ayuda a los individuos y sectores especialmente afectados. También se han aprobado importantes medidas de apoyo a la liquidez y otras garantías. A reserva de disponer de información más detallada, las autoridades estadísticas competentes deben examinar si esas medidas tendrán un efecto inmediato sobre el saldo de las administraciones públicas o no. Junto con la caída de la actividad económica, esas medidas contribuirán a aumentar sustancialmente el déficit de las administraciones públicas y la deuda pública.

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, por lo que respecta al criterio de deuda en 2020, puesto que la ratio deuda pública / PIB sobrepasa el valor de referencia del 60 % y no se cumple la doble condición de principio fundamental, es decir, que el déficit de las administraciones públicas se mantenga cercano al valor de referencia del Tratado (3 %) y que si lo sobrepasa sea solo de manera temporal, esos factores pertinentes no pueden tenerse en cuenta en las etapas conducentes a la adopción de una decisión relativa a la existencia de un déficit excesivo en Portugal.

Según el artículo 126, apartado 3, del Tratado, si un Estado miembro no cumple los requisitos de uno de esos criterios o de ambos, la Comisión debe elaborar un informe. El informe debe también examinar «si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a medio plazo del Estado miembro».

b.durante la totalidad del período transitorio, el ajuste estructural anual restante no debía superar el 0,75 % del PIB (a menos que la primera condición conllevase un esfuerzo anual superior al 0,75 % del PIB).

a.el ajuste estructural anual no debía desviarse en más de un 0,25 % del PIB del ajuste estructural lineal mínimo, garantizándose de ese modo que el valor de referencia para la reducción de la deuda se cumpliera al final del período transitorio;

La ratio deuda pública / PIB disminuyó del 122,0 % en 2018 al 117,7 % en 2019. Esa disminución en 2019 reflejó principalmente el efecto reductor del endeudamiento derivado del importante superávit primario (3,2 % del PIB) y el favorable diferencial tipos de interés / crecimiento del PIB nominal, gracias al cual los efectos combinados del crecimiento del PIB real y de la inflación (conjuntamente, 4,6 %) compensaron la carga, gradualmente menor pero aún considerable, del pago de intereses por el elevado nivel de endeudamiento (3 % del PIB). No obstante, el ajuste entre flujos y fondos fue positivo en 2019 (0,5 % del PIB).

El saldo de las administraciones públicas de Portugal cambió de signo y alcanzó un superávit del 0,2 % del PIB en 2019, gracias a la evolución positiva de los ingresos, especialmente de las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos, y a la disminución continua del gasto en concepto de intereses. La inversión pública se estabilizó en el 1,9 % del PIB en 2019, en comparación con el superávit de las administraciones públicas observado, por debajo de los planes del Gobierno y el promedio en la Unión, del 3 % del PIB. Si se excluye el efecto de una nueva activación del mecanismo de capital contingente del Novo Banco (del 0,5 % del PIB el año pasado) y de otras medidas puntuales, el saldo de las administraciones públicas alcanzó un superávit del 0,8 % del PIB en 2019.

El 13 de julio de 2018, se recomendó a Portugal que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario, excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas puntuales, no superara el 0,7 % en 2019 (el «valor de referencia para el gasto»), lo que correspondía a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Sobre la base de los datos de ejecución presupuestaria y de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la tasa de crecimiento del gasto primario neto se situó muy por encima del valor de referencia para el gasto aplicable, lo que apunta a una desviación significativa, del 1,0 % del PIB, en 2019 respecto de los requisitos. Al mismo tiempo, se estima que el saldo estructural ha mejorado en un 0,4 % del PIB, lo que apunta a una cierta desviación con respecto a la senda de ajuste estructural recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Una valoración global confirma la desviación significativa con respecto a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019 conjuntamente considerados.

Los datos notificados el 25 de marzo de 2020 por las autoridades portuguesas indican que Portugal planificaba lograr un superávit de las administraciones públicas del 0,2 % del PIB en 2020, atendiendo al presupuesto estatal de 2020 aprobado antes del brote de la pandemia de COVID-19. No obstante, se espera que las consecuencias económicas y sociales de la pandemia provoquen un deterioro considerable del saldo de las administraciones públicas en 2020, a raíz de la activación de los estabilizadores automáticos y la necesidad de aplicar importantes medidas fiscales de apoyo.

El Programa de Estabilidad proporciona información sobre distintas medidas de gran calado aprobadas para reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, proteger los puestos de trabajo, proporcionar apoyo social y garantizar la liquidez de las empresas. El coste presupuestario directo total de esas medidas se estimaba en torno al 2,5 % del PIB en la fecha límite de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión (23 de abril de 2020). La situación presupuestaria a medio plazo está sujeta a un nivel inusualmente elevado de incertidumbre, con riesgos de corrección a la baja vinculados al aumento de los pasivos contingentes públicos derivados de algunas empresas públicas y del sector privado, también por la posible ejecución de las garantías estatales concedidas a las empresas y los trabajadores por cuenta propia a raíz de la pandemia de COVID-19. Esos riesgos se añaden a los riesgos nada desdeñables ya existentes, relacionados en parte con las posibles repercusiones presupuestarias adicionales de las medidas suplementarias de apoyo a los bancos.

4.4. Situación de la deuda pública a medio plazo

La ratio deuda pública / PIB de Portugal disminuyó al 117,7 % en 2019, gracias al sólido superávit primario y al favorable diferencial tipos de interés / crecimiento del PIB nominal. Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el repentino déficit primario y la dinámica prevista del PIB real lastrarán en 2020 la ratio deuda pública / PIB, que ascenderá al 131,6 %. Se prevé que esa ratio disminuya al 124,4 % en 2021, retomando así su senda gradual descendente al hilo de la recuperación económica esperada.

El análisis de la sostenibilidad de la deuda se ha actualizado basándose en las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión. En general, la valoración de la sostenibilidad de la deuda indica que, a pesar de los riesgos, la situación del endeudamiento sigue siendo sostenible a medio plazo, teniendo en cuenta importantes factores atenuantes vinculados especialmente al perfil de la deuda y al nivel de los tipos de interés, históricamente reducido. Es importante señalar que, si bien la situación de la deuda pública se está deteriorando a corto plazo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se sigue previendo que la ratio deuda/PIB en el marco de referencia se sitúe en una trayectoria (descendente) sostenible a medio plazo..

Gráfico 1. Ratio deuda pública / PIB, Portugal, % del PIB

Fuente: Servicios de la Comisión.

4.5. Otros factores aducidos por el Estado miembro

El 13 de mayo de 2020, las autoridades portuguesas transmitieron una carta con factores pertinentes de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1467/97. En el análisis expuesto en las secciones precedentes se tratan ya ampliamente los principales factores alegados por las autoridades. En su carta, las autoridades portuguesas subrayaban la evolución positiva que había registrado la situación fiscal de Portugal en los años previos al brote de la pandemia de COVID-19, en concreto el saldo de las administraciones públicas había cambiado de signo y registrado un superávit en 2019 y la ratio deuda pública / PIB había seguido una trayectoria descendente continua. Aunque el Programa de Estabilidad de 2020 no incluía ni un escenario macroeconómico ni planes presupuestarios para al menos 2020, y la carta tampoco aclaraba la magnitud del déficit de las administraciones públicas planificado para 2020, las autoridades portuguesas han reiterado su compromiso de presentar esa información en el contexto del procedimiento presupuestario en Portugal, para finales del primer semestre de 2020.

5. Conclusiones

Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el saldo de las administraciones públicas portuguesas registraría un déficit del 6,5 % del PIB en 2020, un valor que sobrepasa ampliamente el valor de referencia establecido en el Tratado, del 3 % del PIB. La diferencia prevista respecto a ese valor de referencia del 3 % del PIB se considera excepcional y, en estos momentos, de carácter temporal.

Todos los datos disponibles, incluidas las declaraciones de las autoridades portuguesas sobre el alcance de la respuesta de la política presupuestaria ante la grave recesión económica asociada a la pandemia de COVID-19, apuntan a un déficit de las administraciones públicas, en 2020, muy superior al valor de referencia establecido en el Tratado, del 3 % del PIB. En su carta de 7 de mayo de 2020, la Comisión solicitó que las autoridades portuguesas aclararan la magnitud del déficit planificado para las administraciones públicas en 2020. En su carta de 13 de mayo de 2020, las autoridades portuguesas no proporcionaron la aclaración solicitada y aludieron a las condiciones excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19. En estas circunstancias, la Comisión considera que su previsión actual para el déficit de las administraciones públicas en 2020 es un indicio razonable suficientemente fundado de un déficit excesivo, tal como se define en el artículo 126, apartado 2, letra a), del Tratado.

La ratio deuda pública bruta / PIB disminuyó al 117,7 % en 2019, un porcentaje superior al valor de referencia del Tratado, del 60 %. Portugal avanzó lo suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda en 2019.

De conformidad con el Tratado y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el presente informe también ha examinado los factores pertinentes. Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, por lo que respecta al criterio de deuda en 2020, no obstante, puesto que la ratio deuda pública / PIB sobrepasa el valor de referencia del 60 % y no se cumple la doble condición de principio fundamental, es decir, que el déficit de las administraciones públicas se mantenga cercano al valor de referencia del Tratado (3 %) y que si lo sobrepasa sea solo de manera temporal, esos factores pertinentes no pueden tenerse en cuenta en las etapas conducentes a la adopción de una decisión relativa a la existencia de un déficit excesivo en Portugal.

En general, el análisis sugiere que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.