PREÁMBULO

El presente documento constituye el informe de la Comisión al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009[1], de conformidad con el artículo 319, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 147 del Reglamento financiero y el artículo 119, apartado 5, del Reglamento financiero de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED).

El informe resume las respuestas de la Comisión a las peticiones fundamentales del Parlamento Europeo y del Consejo, y va acompañado de dos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (documentos de trabajo) que contienen las respuestas de la Comisión a cada petición específica del Parlamento y del Consejo (298 en total). En los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión, existe, para cada petición, una remisión al mismo apartado pertinente de los documentos del Parlamento Europeo o del Consejo.

En las resoluciones del PE sobre la aprobación de la gestión presupuestaria, la Comisión ha identificado un total de 213 peticiones que le ha dirigido el Parlamento Europeo[2]. Por lo que se refiere a 89 de ellas, la Comisión acepta tomar las medidas solicitadas por el Parlamento. La Comisión considera que, en el caso de 112 peticiones, las medidas solicitadas se han tomado ya o están en curso, si bien, en algunos casos, los resultados de las mismas están pendientes de evaluación. Finalmente, por razones relacionadas con el marco jurídico existente o con sus prerrogativas institucionales, la Comisión no puede aceptar 12 peticiones[3].

La Comisión también ha identificado 85 peticiones que le ha dirigido el Consejo en su recomendación al Parlamento[4]. Por lo que se refiere a 43 de ellas, la Comisión acepta tomar las medidas solicitadas por el Consejo. La Comisión considera que, en el caso de 42 peticiones, las medidas solicitadas se han tomado ya o están en curso, si bien, en algunos casos, los resultados de las mismas están pendientes de evaluación. No hay solicitudes que la Comisión no pueda aceptar por razones relacionadas con el marco jurídico existente o con sus prerrogativas institucionales.

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LA COMISIÓN A LAS PETICIONES HECHAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE 2009

ACCIONES PRIORITARIAS

En su Resolución, el Parlamento destacó específicamente siete acciones prioritarias de índole institucional y organizativa. Estas solicitudes han sido objeto de un amplio debate durante el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria y la Comisión ha tenido la oportunidad de presentar su punto de vista en diversos intercambios con los miembros de la Comisión de Control Presupuestario (CONT) y, en particular, con el ponente de la aprobación de la gestión presupuestaria de 2009. Durante estos debates, se pudo probar la firme voluntad de la Comisión respecto a estos problemas.

Reforma del actual procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria

Las normas aplicables al procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria y , en particular, los plazos correspondientes, figuran en el Reglamento financiero («RF»). Uno de los temas de debate en la actual revisión del Reglamento financiero es el acortamiento de todo el procedimiento.

La Comisión ha invitado ya a la Autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo a crear un grupo de trabajo para elaborar una reforma completa del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, con la finalidad de establecer un calendario más corto que deje suficiente tiempo a las instituciones implicadas para la preparación y presentación de sus contribuciones respectivas. Para debatir las conclusiones de este grupo de trabajo, podría organizarse una conferencia.

Declaraciones de gestión nacionales

Para reforzar la responsabilidad de los Estados miembros con arreglo al artículo 317 del TFUE, la Comisión ha incluido en su propuesta de revisión trienal del RF (artículo 56) la exigencia de que los organismos responsables acreditados de los Estados miembros faciliten declaraciones de gestión anuales que abarquen todos los fondos sujetos a la gestión compartida[5], según un enfoque similar al aplicado con éxito en el sector agrícola.

Tales declaraciones de gestión proporcionarían a la Comisión una sustancial fiabilidad adicional en cuanto al uso de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros. En opinión de la Comisión las declaraciones de gestión, auditadas por un auditor independiente, son más convenientes para obtener la fiabilidad de los Estados miembros que las actuales declaraciones nacionales, y podría reforzar la cooperación con los Estados miembros en la ejecución del presupuesto.

Después de un período razonable de aplicación, la Comisión analizará el valor añadido de estas declaraciones de gestión y podría plantearse proponer la aprobación política del procedimiento en materia de informes y responsabilidad, incluida la declaración de fiabilidad en materia de gestión.

Finalización de la estructura de gobernanza de la Comisión

El Colegio delega la ejecución del presupuesto en los Directores Generales y Jefes de Servicio, que son responsables de una buena y eficiente gestión de los recursos, así como de garantizar sistemas de control eficaces en sus servicios. Los citados Directores Generales y Jefes de Servicio informan sobre el ejercicio de sus funciones en los informes anuales de actividad (IAA), que contienen una declaración firmada de fiabilidad que avala la legalidad y regularidad de las operaciones financieras. La fiabilidad se obtiene mediante un examen objetivo de las pruebas con el fin de proporcionar una evaluación minuciosa de la eficacia de la gestión de los riesgos, el control y los procesos de gobernanza. Este examen es llevado a cabo por la dirección, que supervisa el funcionamiento de los sistemas de control internos de forma continuada, así como por los auditores internos y externos. El IAA es el principal medio de que se sirven los Directores Generales para informar documentalmente al Colegio.

La Comisión considera que la responsabilidad de gestión asignada a los Directores Generales no debe diluirse añadiendo firmas de los Comisarios o del Presidente.

Sin embargo, las instrucciones permanentes en la preparación de los IAA se han actualizado a fin de que el Director General confirme claramente que se han indicado claramente al Comisario respectivo los principales elementos del informe y de la declaración de fiabilidad, incluidas las reservas previstas. Todos los directores generales cumplieron esas instrucciones permanentes en 2011 en relación con el IAA de 2010.

Además, en la reunión del Colegio de 23 de febrero de 2011 se insistió ante los Comisarios en la importancia del diálogo entre las DG y los Comisarios sobre el proyecto de IAA y las reservas, de conformidad con las instrucciones permanentes y los acuerdos de trabajo sobre las relaciones entre los gabinetes y los servicios.

Activación sistemática de las interrupciones y suspensiones de los pagos

En el período 2007-2013 los Fondos de Cohesión operan dentro del marco establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006[6], que contiene una base jurídica (artículo 91) para la aplicación operativa de la interrupción de los plazos de pago durante un máximo de 6 meses, por decisión del Director General como primer paso para la suspensión de los pagos por decisión de la Comisión (artículo 92). La interrupción de los plazos de pago es un instrumento más flexible para hacer que los Estados miembros corrijan las ineficiencias, ya que es inmediata y no requiere una decisión formal del Colegio. La Comisión ha tomado medidas para garantizar una utilización más sistemática de este instrumento, como las directrices comunes utilizadas por la DG EMPL, la DG REGIO y numerosos servicios nacionales de auditoría, incluidos los requisitos clave para evaluar la eficacia de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros. Los servicios han informado en sus IAA de todas las decisiones de interrupción o suspensión.

La política sistemática acerca de la interrupción y suspensión de los pagos se ha puesto de manifiesto por los ejemplos presentados a la Comisión de Control Presupuestario[7], en los que se muestra claramente que la Comisión sigue sistemática y continuamente la tramitación de las medidas legales y procedimentales que desemboquen en dicha interrupción y suspensión.

Por lo que se refiere a la transmisión de copias de las cartas de recuperación y de las cartas anunciando correcciones financieras a los Parlamentos nacionales y a las instituciones superiores de auditoría nacionales de los Estados miembros de que se trate, la Comisión considera que corresponde a estos mismos organismos recabar información de los respectivos servicios de gestión y control nacionales.

Mejora de los mecanismos correctores

Hace ya varios años que se han impuesto correcciones financieras en los casos necesarios, se ha mejorado la calidad de los datos de los Estados miembros sobre correcciones financieras y recuperaciones y la Comisión ha procurado fomentar la utilización de las mejores prácticas que garanticen un mecanismo de recuperación avanzado a nivel de los Estados miembros y de la UE.

Los servicios de la Comisión encargados de la gestión compartida informan desde 2007 en sus IAA de las correcciones financieras y facilitan un desglose claro por Estado miembro, por período de programación y por fondo. La nota n° 6 de las cuentas se complementó igualmente con la inclusión de información detallada sobre la ejecución de las correcciones financieras.

La Comisión subraya que, en materia de cohesión, se aplicarán todos los importes que han sido acordados por los Estados miembros como correcciones financieras. En caso de que la Comisión no tenga suficientes garantías de la aplicación efectiva de todas las correcciones, se suspenderá el proceso de liquidación y solicitará al Estado miembro en cuestión que adopte las medidas apropiadas.

Los servicios de la Comisión están llevando a cabo una encuesta de auditoría específica sobre los sistemas de recuperación[8] de los Estados miembros, a fin de obtener garantías sobre la calidad de los datos presentados en las declaraciones anuales sobre recuperaciones y retiradas. Se prevé que los primeros resultados de esta auditoría se incluyan en los IAA de 2011.

La Comisión ha transmitido al Comité del Parlamento información detallada sobre todas las decisiones de interrupciones, suspensiones y correcciones financieras, y ha satisfecho todas las solicitudes de información[9].

En lo que se refiere específicamente a la agricultura, donde los pagos indebidos son o pueden ser identificados como resultado de los procedimientos de liquidación de conformidad, los Estados miembros están obligados a seguirlos mediante acciones de recuperación ante los beneficiarios finales. Sin embargo, aun cuando esto no sea posible debido a que las correcciones financieras sólo se refieren a deficiencias en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, las correcciones financieras son un instrumento importante para mejorar estos sistemas y, por tanto, para prevenir o detectar y recuperar los pagos irregulares a los beneficiarios finales. La liquidación de conformidad contribuye, pues, a la legalidad y regularidad de las operaciones a nivel de los beneficiarios finales. El marco normativo vigente considera las correcciones financieras como medidas para restablecer la regularidad de los gastos y proteger el presupuesto de la UE. La posibilidad de interrumpir los plazos de pago y de imponer correcciones financieras también actúa como incentivo para que los Estados miembros mejoren los sistemas de gestión y control y apliquen las correcciones financieras necesarias. En la próxima generación de programas[10] se incluyen propuestas tendentes a obligar a los Estados miembros a recuperar las correcciones financieras ante los beneficiarios finales siempre que ello sea posible. Además, se incluye una nueva posibilidad de que la Comisión cancele, total o parcialmente, la contribución del presupuesto de la UE a un programa y proceda a la recuperación ante los Estados miembros. El objetivo es permitir a la Comisión excluir de la financiación de la UE los gastos que no se ajustan a la legislación nacional y de la Unión aplicables, incluso en relación con las deficiencias en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros que hayan sido detectados por la Comisión o el Tribunal de Cuentas Europeo.

Evaluador de rendimiento

La Comisión presentará, antes de finalizar 2011, el primer informe de evaluación con arreglo al artículo 318 del TFUE. La Comisión utilizará sus establecidos métodos de trabajo para publicar y transmitir al PE el informe; señala que el servicio de auditoría interna de la Comisión (SAI) ejerce su propia autoridad con independencia en lo referente a la programación de su trabajo de auditoría.

Introducción de una nueva lógica del gasto

Como se describe en «Un presupuesto para la Europa de 2020»[11], la Comisión trabajará con la autoridad legislativa para asegurar que los principios de simplificación, buena gestión financiera y rendición de cuentas se integran plenamente en la programación futura. En este contexto, la Comisión ya ha propuesto medidas de simplificación en la propuesta de revisión del RF. La Comisión publicará una Comunicación específica sobre la simplificación a finales de 2011 una vez que todas sus propuestas concretas sectoriales se hayan presentado

La Comisión considera que obtener una declaración de fiabilidad global para cada Marco Financiero plurianual no añadiría valor a la estructura de gobernanza anual existente, ya que en virtud de ésta ya existe un procedimiento de rendición de cuentas pleno y acordado en materia de gasto.

El objetivo de los controles ex post consiste en detectar y corregir acto seguido los errores que no hubieran podido ser identificados en el momento del pago. En el caso de los programas plurianuales, la Comisión supervisa el porcentaje de error residual resultante después de las correcciones, es decir, al final del ciclo de control. Ciertas Direcciones Generales, concretamente en el sector de la investigación, han definido su objetivo de control interno de modo plurianual, en términos de porcentaje de error residual. Además, en el marco de la política de cohesión, la Comisión prevé llevar a cabo un análisis del porcentaje de error residual en el período de programación del FEDER 2000-2006, sobre la base de las auditorías realizadas en 2012 y los consiguientes resultados del informe.

CONCLUSIONES GENERALES

Cuentas

La Comisión ha establecido un plan contable sólido, que en los 3 últimos años se ha traducido en un dictamen sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas. La Comisión continúa mejorando sus métodos, a través de acciones tales como el proyecto de calidad contable, con el fin de tratar las observaciones del Tribunal y reducir, de este modo, el riesgo de otras anomalías.

La existencia de un activo neto negativo es consecuencia de la aplicación de la contabilidad de ejercicio a una institución financiada a través de un presupuesto anual. El pasivo (como derechos de pensión y las cantidades adeudadas en el marco del FEAGA) se asienta en la contabilidad, mientras que, con arreglo a las normas contables de la UE, las garantías tales como las que dan los Estados miembros para ajustar este pasivo con créditos de los presupuestos anuales, no se compadecen con la definición de activo y, por lo tanto, no se asientan como tal en la contabilidad, sino que aparecerán en las notas de ésta. Las normas contables de la UE siguen las normas internacionales . El hecho de apartarse de estas normas supondría una reserva a las cuentas por parte del Tribunal.

En 2004 se hizo un profundo análisis sobre la posibilidad de crear un fondo de pensiones, eligiéndose finalmente la actual solución, que fue incluida en el Estatuto.

Legalidad y regularidad

La Comisión considera que la responsabilidad de los Estados miembros y la fiabilidad que ofrecen a la Comisión se han consolidado en la legislación actual, mediante el establecimiento de un procedimiento de aprobación ex ante de los sistemas de gestión y control y la creación de servicios de auditoría de los programas. Los vigentes Reglamentos de los Fondos Estructurales también proporcionan a la Comisión los instrumentos para el desempeño de sus funciones de control en caso de que los Estados miembros no respeten sus obligaciones.

La propuesta de la Comisión referente a la revisión trienal del RF incluye una disposición relativa a las declaraciones de fiabilidad anuales en materia de gestión, acompañada de un dictamen de auditoría independiente. El organismo auditor aplicará normas internacionales y una metodología acordada por la Comisión, estará sujeto a los controles de la Comisión y a la supervisión del Tribunal de Cuentas Europeo.

Responsabilidad y transparencia de los Estados miembros

Los servicios de la Comisión proporcionan en sus IAA una evaluación de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros y tienen en cuenta la información proporcionada por éstos (incluidos, entre otros, en los informes de control anuales y en los resúmenes anuales) al emitir sus declaraciones de gestión. Sin embargo, según la legislación vigente sobre el acceso a los documentos, corresponde a los Estados miembros en cuestión la decisión de hacer públicos los resúmenes anuales, ya que son los autores de dichos documentos.

Los IAA proporcionan amplia información sobre el ejercicio 2010 por Estado miembro, por política y por período de programación. La Comisión establece en el informe de síntesis las medidas que considera necesarias para resolver las ineficiencias sustanciales detectadas.

La cooperación entre la OLAF y las DG responsables de los Fondos Estructurales se ha visto reforzada[12] y el documento de estrategia a este respecto es valorado dos veces al año. El objetivo es reforzar la evaluación del riesgo de fraude, proporcionar más orientaciones a los Estados miembros en materia de prevención y detección del fraude y aumentar el grado de concienciación contra el fraude entre los servicios y los Estados miembros.

Riesgo de error admisible

En el marco de la preparación de la nueva legislación sectorial para el periodo 2014-2020, la Comisión presentará en las fichas financieras legislativas una descripción del sistema de control establecido, una estimación de los gastos y de los beneficios de los controles y el riesgo previsible de incumplimiento de las normas aplicables.

El concepto de riesgo de error admisible es considerado una herramienta de gestión para medir la eficacia de los controles. No obstante, el objetivo de la Comisión es lograr un nivel de tolerancia cero en todos los casos de mala gestión y de fraude.

Servicio de auditoría interna de la Comisión

Como parte de su programa de auditoría para el año 2011, el SAI ha desarrollado su práctica de llevar a cabo un cierto número de auditorías de resultado, centrándose en la eficacia, eficiencia y economía de uso de los recursos de la UE. La Comisión está de acuerdo en invitar al SAI a desarrollar aún más estos aspectos en sus programas futuros de auditoría.

Auditoría única

El marco de la Comisión responde a la exigencia del Tribunal de que existe «una cadena de procedimientos de control, cada uno de los cuales con objetivos específicos definidos que tienen en cuenta los trabajos de las demás». Las estructuras existentes pretenden evitar un solapamiento innecesario, y no cuestionan el papel del Tribunal como auditor externo, ni la independencia de otros organismos al margen del marco de control interno, como las instituciones superiores de fiscalización que informan a los Parlamentos nacionales.

Transparencia

La Comisión considera que está cumpliendo con los requisitos de transparencia definidos en el artículo 30 del RF y el Tribunal de Justicia no ha cuestionado la validez de este reglamento. Obstante, la Comisión analizará las sentencias[13] del Tribunal correspondientes y propondrá a la Autoridad Legislativa las disposiciones que considere necesarias para mantener el grado de transparencia requerido.

La Comisión considera que el informe de síntesis no es el instrumento adecuado para informar sobre la supervisión del seguimiento que hacen los Estados miembros de su obligación de publicar a su debido tiempo los datos relativos a los beneficiarios. Sería preferible que dicho seguimiento se adjuntase a los informes anuales de actividad de las DG.

Estatuto

En 2011, la Comisión tomó nota de un proyecto de propuesta de modificación del Estatuto que logre un equilibrio entre el necesario logro de eficiencia y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo sus políticas. Esta propuesta complementa la reforma de la función pública de 2004.

Estos proyectos de propuestas sirven de base para las negociaciones con los representantes del personal. A más tardar, antes de finalizar el año 2011, la Comisión deberá presentar una propuesta formal al Consejo y al Parlamento.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Agricultura y recursos naturales

La Comisión considera que la reducción en el índice de error en el sector agrícola puede considerarse ya como una tendencia. En este sentido, un porcentaje de error que en los últimos años estaba cerca del 2% confirma la valoración general positiva de años anteriores. Por supuesto, la Comisión continuará sus esfuerzos para reducir el porcentaje de error en los gastos agrícolas por debajo del umbral de importancia relativa, en particular, concentrando sus esfuerzos en los sectores del gasto con una mayor incidencia de errores, tales como determinadas medidas de desarrollo rural.

La Comisión colabora permanentemente con los Estados miembros para mejorar más el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) y la fiabilidad del Sistema de Identificación de Parcelas (SIP) del mismo. A partir del año de solicitudes 2010, los Estados miembros están obligados a realizar una evaluación anual de la calidad del SIP y a informar de los resultados. Aunque 2010 fue el primer año de aplicación, el presente ejercicio ha demostrado ser útil para los Estados miembros en cuanto se refiere a la identificación de las superficies que requieren atención. Las deficiencias restantes son objeto de seguimiento a través de los procedimientos de liquidación de conformidad para proteger los intereses financieros de la UE.

En el marco de la reforma de la política agrícola común (PAC) en el periodo posterior a 2013, la Comisión continuará sus esfuerzos para reducir aún más la carga administrativa y simplificar la política[14] . La cuestión de la definición de agricultor activo también será examinada en este contexto.

En el ejercicio 2011 de la DAS, la Comisión propondrá reuniones tripartitas con el Tribunal de Cuentas Europeo y los servicios nacionales también en el sector agrícola y en el de los recursos naturales, cuando se prevea que facilitarán el manejo de casos individuales de DAS.

Cohesión

Los programas plurianuales en materia de cohesión están sujetos a diferentes niveles de control, que intervienen durante un período de varios años. Sin embargo, una estimación anual de error, basada en pagos de un determinado ejercicio, puede mostrar cifras más altas, ya que no se han aplicado aún todos los niveles de control. La Comisión seguirá ejerciendo rigurosamente su función de supervisión asegurándose que los Estados miembros resuelven las deficiencias detectadas en sus sistemas de gestión y control, y también mediante la aplicación de interrupciones y suspensiones de los pagos, así como, en su caso, de correcciones financieras. La Comisión se basa en los dictámenes anuales de auditoría emitidos por los servicios auditores y en sus propios trabajos de auditoría. Las auditorías de la Comisión se centran en programas de alto riesgo.

Los IAA y las cifras facilitadas al Parlamento Europeo ponen de manifiesto que la mayoría de las deficiencias afectan a unos pocos Estados miembros. Una vez aprobada por la Comisión su recomendación, los Estados miembros establecen a nivel nacional planes de acción correctores con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas y solucionar las causas del bajo rendimiento de los programas y Estados miembros en cuestión.

La política regional se ha visto especialmente afectada por irregularidades relacionadas con una aplicación incorrecta de las normas de contratación pública. La Comisión está adoptando las medidas necesarias para solventar estas dificultades. En virtud del Acta del Mercado Único la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas de revisión de las Directivas para 2012, una de cuyas principales medidas impulsoras será la simplificación. Las partes implicadas tendrán la oportunidad de aportar su contribución a este proceso.

En lo que respecta al período 2007-2013, la Comisión ha realizado anticipadamente una importante inversión en materia de orientación, formación y apoyo a los Estados miembros. Mantendrá sus esfuerzos a este respecto, procediéndose al intercambio de las mejores prácticas. Se facilitan fondos a los Estados miembros destinados a asistencia técnica, con el fin de desarrollar su capacidad administrativa.

La Comisión solicita a los Estados miembros que muestren ya su compromiso de mejorar la rendición de cuentas reforzando, si así es necesario, las medidas de control, en particular, en lo referente a las verificaciones de gestión, antes de la certificación de los gastos ante la Comisión, y siguiendo sus orientaciones sobre los resúmenes anuales para hacer de éstos una valiosa fuente adicional de fiabilidad. Aunque la base jurídica de los resúmenes anuales no exige una declaración de fiabilidad global, la Comisión anima a todos los Estados miembros a seguir el ejemplo de los países que en 2010 incluyeron declaraciones de fiabilidad.

La Comisión ha precisado también las medidas adoptadas en 2010-2011 en los sectores y programas considerados de alto riesgo y previstos en el futuro marco jurídico, en respuesta a los errores detectados por el Tribunal de Cuentas Europeo y por sus propias auditorías[15].

Investigación, energía, transporte, asuntos económicos y financieros, y educación y ciudadanía

Las disposiciones sobre los gastos que pueden optar a una financiación son complejas y las auditorías pusieron de manifiesto que las diferencias de interpretación de estas disposiciones causaron la mayoría de los errores detectados.

El impacto de las opciones de simplificación futura propuestas se hará sentir principalmente en el próximo programa marco («PM»). Hasta que dichas propuestas se apliquen, en el VII PM la Comisión ha abordado los problemas causados por las complejas normas de elegibilidad mediante la adopción de una Decisión, de 24 de enero de 2011[16], sobre tres medidas sobre simplificación de la aplicación del PM, y también en relación con la financiación de la investigación para las PYME. Con arreglo al marco jurídico existente los beneficiarios han facilitado la utilización de los costes medios de personal. Se espera que las medidas de simplificación introducidas reduzcan aún más el índice de errores.

Además, en la preparación de las normas del próximo programa de financiación se tendrá en cuenta la experiencia con la certificación ex ante de las metodologías de gastos.

La Comisión ha concebido una estrategia de control destinada a asegurar la legalidad y regularidad de los gastos sobre una base plurianual para la detección de cualquier error que no pudiera detectarse antes de hacer el pago. Esto se logra mediante auditorías ex post y recuperando rigurosamente cualquier cantidad que se haya pagado en exceso a los beneficiarios auditados, incluso en caso de contratos no auditados, siempre que el procedimiento de extrapolación sea pertinente y aplicable. Además, la Comunicación sobre la simplificación del procedimiento de recuperación en el marco de la ejecución de la estrategia de auditoría, aprobada el 15 de diciembre de 2009, contribuirá a una mejor gestión de los importes recuperables pendientes y a clarificar los criterios de elegibilidad de los impuestos o cargas relacionados con los gastos de personal, que dieron lugar a errores. Asimismo, la Comisión ha evaluado las estructuras de rendición de cuentas y organizativas de los organismos comunitarios instituidos para aplicar el VII PM en diciembre de 2010.

En materia de educación, el nuevo programa «Europa de la Educación» aportará también una simplificación significativa a través de la supresión de subprogramas, una reducción del número global de actividades y un mayor uso de las cantidades a tanto alzado.

Ayuda exterior, desarrollo y ampliación, incluidos los Fondos Europeos de Desarrollo

Por lo que se refiere a la ampliación, la Comisión ha tenido en cuenta las principales observaciones del Tribunal relativas a los controles ex ante y coopera con los (posibles) países candidatos para mejorar los sistemas de gestión y control y para garantizar que sus prácticas sean conformes con las normas de la Unión. La Comisión ha recopilado una serie coherente de instrucciones tendentes a ofrecer orientación para el proceso de delegación de competencias de gestión.

Los esfuerzos de la Comisión para la prestación de asistencia en materia institucional están en marcha. Se puede considerar que hay un progreso constante para hacer frente a la corrupción, los conflictos de interés y otras malas prácticas, pese a que éstas siguen siendo también un problema El marco jurídico se ha ido instaurando progresivamente y las nuevas instituciones y sistemas comienzan a funcionar. Gracias a las recientes iniciativas judiciales adoptadas en los países beneficiarios se está abriendo paso una cultura de responsabilidad política.

Respecto de la ayuda humanitaria, la Comisión está haciendo un mayor seguimiento de la utilización de los centros de contratación pública en materia de ayuda humanitaria y ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre la evaluación de propuestas de ayuda humanitaria en febrero de 2011. Está armonizando y racionalizando la documentación del proceso de evaluación y las conclusiones serán validadas y aplicadas a partir del 1 de enero de 2012.

La metodología de los controles ex post ha sido completada por el Servicio de los Instrumentos de la Política Exterior, sucesor de la DG RELEX, para los gastos operativos y, sobre la base de la experiencia adquirida, mejorará aún más a lo largo de 2011.

Por último, se dará una gran prioridad al tema de la integración del medio ambiente.

Por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo, la Comisión seguirá proporcionando amplios informes sobre los resultados conseguidos y los problemas encontrados en la ejecución de sus operaciones de apoyo presupuestario.

Análisis global de gastos

En el contexto de la preparación del presupuesto de 2012, la Comisión procedió a realizar un examen exhaustivo de los programas de gastos para determinar los sectores que podían ser objeto de redistribución. Como consecuencia, la Comisión propuso márgenes sustanciales dentro de los diversos techos de gastos, habida cuenta de las nuevas prioridades políticas.

Solicitudes dirigidas a la Comisión relativas a las agencias

Los debates del grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias tienen como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia general de las agencias y la racionalización de la estructura general de gobernanza dentro de las agencias y en relación con las instituciones de la UE. Se espera que el trabajo de este grupo esté finalizado para finales de 2011. En relación con una posible fusión de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) con Europol, la Comisión presentará los resultados de su evaluación de impacto en el transcurso de 2012, con arreglo a los principios acordados en el grupo de trabajo sobre las consideraciones de tal fusión.

* * *

[1] Aprobación de la gestión presupuestaria del presupuesto general 2009, informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo sobre aprobación de la gestión presupuestaria, aprobación de la gestión presupuestaria del FED, aprobación de la gestión presupuestaria de las agencias.

[2] Referencias documentos P7_TA(2011)0194 y P7_TA(2011)0195, disponibles respectivamente en las siguientes direcciones Internet:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0194+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-87.

[3] Vid. solicitudes 1, 18, 25, 71, 82, 86, 117, 156, 175, 179, 192 y 206.

[4] Referencias documento 5891/11 ADD 1 y 2, 5892/11 ADD 1, 5893/11 ADD 1, 5469/11 y 5894/11 ADD 1, publicado en http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?language=ES&body=CONT&id=2

[5] En febrero de 2011 se remitió a la Comisión de Control Presupuestario un documento de trabajo que recogía un análisis del proceso de fiabilidad en la gestión compartida, una evaluación de las declaraciones nacionales facilitadas por cuatro Estados miembros y unas orientaciones sobre el modo de procurar valor añadido a este proceso de fiabilidad.

[6] Reglamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de Julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

[7] Cf. nota enviada el 2 de mayo de 2011 «Memorando de la DG REGIO sobre correcciones financieras y recuperaciones, interrupciones y suspensiones» y nota enviada el 18 de marzo de 2011, anexo 3 (lista de interrupciones y suspensiones en el FEDER/FC y en el FSE.

[8] Las misiones de control se iniciaron en septiembre de 2011.

[9] Cf. nota a pie de página 7.

[10] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes en el sector de los Fondos Estructurales (COM(2011)615).

[11] COM(2011) 500.

[12] Con la actualización de la «Estrategia conjunta para la prevención del fraude», aprobada en julio de 2010.

[13] Asuntos C-92/09 y C-93/09.

[14] Vid. respuesta detallada número 15 del documento de trabajo de la Comisión adjunto en relación con las recomendaciones del Consejo.

[15] SEC(2011)1179 final, de 6.10.2011.

[16] C(2011) 174 final, de 24.1.2011.