La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la forma en que las divisiones sociales y la incertidumbre crean una vulnerabilidad en materia de seguridad. Esto aumenta las posibilidades de que se produzcan ataques híbridos y más sofisticados por parte de actores estatales y no estatales y de que se aprovechen las vulnerabilidades a través de una combinación de ciberataques, daños a infraestructuras críticas , campañas de desinformación y la radicalización del discurso político.

Las formas cada vez más numerosas en que las tecnologías digitales nos benefician en nuestras vidas también han convertido la ciberseguridad de las tecnologías en una cuestión de importancia estratégica . Los hogares, los bancos, los servicios financieros y las empresas (en particular las pymes) se ven gravemente afectados por los ciberataques. El perjuicio potencial se multiplica aún más por la interdependencia de los sistemas físicos y digitales; cualquier impacto físico afectará también a los sistemas digitales, mientras que los ciberataques contra sistemas de información e infraestructuras digitales pueden interrumpir el funcionamiento de los servicios esenciales. El auge del internet de las cosas y el uso creciente de la inteligencia artificial aportarán nuevos beneficios, pero también un nuevo conjunto de riesgos.

El trabajo también debe ir más allá de las fronteras de la UE. Proteger a la Unión y a sus ciudadanos ya no consiste tan solo en garantizar la seguridad dentro de las fronteras de la UE, sino también a abordar la dimensión exterior de la seguridad. El enfoque de la UE en materia de seguridad exterior en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) seguirá siendo un componente esencial de los esfuerzos de la UE por mejorar la seguridad en la UE. La cooperación con terceros países y a nivel mundial para hacer frente a los retos comunes es fundamental para una respuesta eficaz y global; asimismo, la estabilidad y la seguridad en la vecindad de la UE es fundamental para la propia seguridad de la UE.

La UE también puede garantizar que la política de seguridad esté basada en nuestros valores comunes europeos —respetando y haciendo respetar el Estado de Derecho, la igualdad y los derechos fundamentales y garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático— para que políticas cuenten con un fundamento adecuado de confianza. Puede construir una Unión de la Seguridad genuina y efectiva en la que los derechos y libertades de las personas estén bien protegidos. La seguridad y el respeto de los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino coherentes y complementarios. Nuestros valores y derechos fundamentales deben ser la base de las políticas de seguridad, garantizando los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, y con las salvaguardias adecuadas para la rendición de cuentas y el acceso a la vía judicial, permitiendo al mismo tiempo una respuesta eficaz para proteger a las personas, en particular a los más vulnerables.

No es posible proteger a los ciudadanos a través únicamente de la actuación individual de los Estados miembros. Aprovechar nuestros puntos fuertes para trabajar juntos nunca ha sido más esencial, y la UE nunca ha tenido más potencial para marcar la diferencia. Puede dar ejemplo mejorando su sistema general de gestión de crisis y trabajando tanto dentro como fuera de sus fronteras para contribuir a la estabilidad global. Si bien la responsabilidad principal en materia de seguridad corresponde a los Estados miembros, estos últimos años han hecho que se comprenda cada vez mejor que la seguridad de un Estado miembro es la seguridad de todos. La UE puede aportar una respuesta multidisciplinar e integrada, ayudando a los actores estatales de los Estados miembros con los instrumentos y la información que necesitan .

Las orientaciones políticas de la Comisión han dejado claro que hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano cuando se trata de proteger a nuestros ciudadanos. La seguridad no es solo el fundamento de la seguridad personal, sino que también protege los derechos fundamentales y sienta las bases para la confianza y el dinamismo en nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia. Los europeos se enfrentan actualmente a un panorama de seguridad en evolución constante en el que influyen las amenazas cambiantes y otros factores, como el cambio climático, las tendencias demográficas y la inestabilidad política más allá de nuestras fronteras. La globalización, la libre circulación y la transformación digital siguen aportando prosperidad, facilitando nuestras vidas e impulsando la innovación y el crecimiento. Pero estos beneficios llevan aparejados riesgos y costes inherentes. Pueden ser manipulados por el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, todos ellos amenazas directas para los ciudadanos y nuestro modo de vida europeo. Los ciberataques y la ciberdelincuencia siguen aumentando. Asimismo, las amenazas a la seguridad se vuelven cada vez más complejas: se sustentan en la capacidad para trabajar de manera transfronteriza y en la interconectividad; sacan provecho de la difuminación de los límites entre los mundos físico y el digital; explotan a los grupos vulnerables y aprovechan las divergencias sociales y económicas. Los ataques pueden producirse en cualquier momento y dejar poco o ningún rastro; tanto los actores estatales como los no estatales pueden recurrir a una variedad de amenazas híbridas; y lo que sucede fuera de la UE puede tener una incidencia crítica en la seguridad dentro de la UE.

El número de ciberataques continúa aumentando . Estos ataques son más sofisticados que nunca, proceden de una amplia gama de fuentes dentro y fuera de la UE, y están dirigidos a los ámbitos de máxima vulnerabilidad. A menudo se trata de agentes estatales o respaldados por un Estado que atacan infraestructuras digitales clave como los principales proveedores de servicios en nube. Se ha puesto de manifiesto que los riesgos de ciberseguridad suponen también una amenaza importante para el sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que las pérdidas anuales debidas a ciberataques ascienden a un 9 % de los ingresos netos de los bancos en todo el mundo, es decir, alrededor de 100 000 millones de dólares. La transición a los dispositivos conectados reportará grandes beneficios para los usuarios: sin embargo, al haber menos datos almacenados y tratados en los centros de datos, y más tratados de una forma más cercana al usuario «en el borde », la ciberseguridad ya no podrá centrarse en la protección de nodos centrales .

La UE también puede crear nuevos instrumentos para incrementar la resiliencia de las infraestructuras críticas. El internet mundial ha mostrado hasta ahora un alto nivel de resiliencia, en particular por lo que se refiere a la capacidad de soportar el aumento de los volúmenes de tráfico. No obstante, debemos estar preparados para posibles crisis futuras que supongan una amenaza para la seguridad, la estabilidad y la resiliencia de internet. Velar por que internet siga funcionando a pleno rendimiento implica una prevención enérgica contra los ciberincidentes y las actividades malintencionadas en línea, así como limitar la dependencia de las infraestructuras y los servicios ubicados fuera de Europa. Para ello será necesario combinar legislación, con la revisión de las normas vigentes para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la UE; una mayor inversión en investigación e innovación; y estudiar de la posibilidad de emplear o reforzar infraestructuras y recursos básicos, especialmente el sistema de nombres de dominio.

El actual marco de la UE para la protección y la resiliencia de las infraestructuras críticas no ha conseguido seguir el ritmo de la evolución de los riesgos. La creciente interdependencia significa que las perturbaciones en un sector pueden tener un impacto inmediato en las operaciones de otros sectores: un atentado contra la producción de electricidad podría paralizar las telecomunicaciones, los hospitales, los bancos o los aeropuertos, mientras que un ataque contra la infraestructura digital podría dar lugar a perturbaciones en las redes eléctricas o financieras. A medida que nuestra economía y nuestra sociedad migran cada vez más al ámbito digital, los riesgos de este tipo se van agravando. El marco legislativo debe tener en cuenta esta mayor interconexión e interdependencia con unas medidas contundentes de protección de las infraestructuras y de resiliencia, tanto cibernéticas como físicas. Los servicios esenciales, incluidos aquellos que se basan en las infraestructuras espaciales, han de protegerse adecuadamente contra las amenazas actuales y previstas, pero también ser resilientes. Esto implica la capacidad de un sistema de prepararse y realizar planes de cara a los acontecimientos adversos, así como para encajar sus consecuencias, recuperarse y adaptarse más eficazmente a ellos.

Los individuos dependen de las infraestructuras clave en su vida cotidiana para viajar, trabajar, beneficiarse de servicios públicos esenciales —como la atención hospitalaria, el transporte, o el suministro de energía— o para ejercer sus derechos democráticos. Si estas infraestructuras no tienen la protección y la resiliencia necesarias, los atentados pueden provocar graves perturbaciones —físicas o digitales— tanto en Estados miembros concretos como, potencialmente, en toda la UE.

·Conectar a todos los actores de los sectores público y privado en un esfuerzo común: Actores clave de los sectores tanto público como privado se han mostrado reacios a compartir la información pertinente en materia de seguridad, ya fuese por temor a comprometer la seguridad nacional o por motivos de competitividad. Pero nunca somos más eficaces que cuando nos organizamos todos para apoyarnos mutuamente. Esto significa, en primer lugar, una cooperación más intensa entre los Estados miembros en la que participen las autoridades policiales, judiciales y otros poderes públicos, y con las instituciones y agencias de la UE, a fin de lograr un mejor entendimiento y de intercambiar la información necesaria para alcanzar soluciones comunes. La cooperación con el sector privado es también clave, tanto más cuanto que la industria posee una parte considerable de la infraestructura digital y no digital esencial para luchar contra la delincuencia y el terrorismo de forma efectiva. Los propios particulares pueden también contribuir, por ejemplo a través del desarrollo de las competencias y de la sensibilización para combatir la ciberdelincuencia y la desinformación. Por último, este esfuerzo común debe extenderse más allá de nuestras fronteras mediante la creación de vínculos más estrechos con socios afines.

Estas amenazas pueden abarcar varias categorías de forma transversal y afectar a diferentes partes de la sociedad de modos distintos. Todas ellas suponen importantes amenazas para particulares y empresas y exigen una respuesta global y coherente a nivel de la UE. Cuando las vulnerabilidades de seguridad pueden proceder incluso de pequeños objetos domésticos interconectados como un frigorífico o una máquina de café conectados a internet, ya no es posible encomendarse únicamente a los actores estatales tradicionales para que velen por nuestra seguridad. Los operadores económicos deben asumir una mayor responsabilidad respecto de la ciberseguridad de los productos y servicios que comercializan; al mismo tiempo, los individuos también han de tener, por lo menos, nociones básicas de ciberseguridad para estar en condiciones de protegerse.

Paralelamente, la lucha contra la ciberdelincuencia debe convertirse en una prioridad estratégica de comunicación en toda la UE a fin de alertar a los europeos respecto de los riesgos y las medidas preventivas que podrían adoptar. Esto debería formar parte de un enfoque proactivo. Un paso esencial es también la plena aplicación del marco jurídico vigente: la Comisión no dudará en incoar procedimientos de infracción según proceda, así como a seguir revisando este marco para garantizar que siga siendo adecuado para los fines perseguidos. La Comisión también estudiará, junto con Europol y la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA), la viabilidad de un sistema de alerta rápida de la UE para la ciberdelincuencia que podría garantizar el flujo de información y las reacciones rápidas en caso de aumento repentino de los ciberdelitos.

Los profesionales de la policía y la administración de justicia necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos y las amenazas emergentes exigen que las autoridades policiales tengan acceso a nuevos instrumentos, adquieran nuevas capacidades y desarrollen técnicas de investigación alternativas. Para complementar las medidas legislativas destinadas a mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en el marco de las investigaciones penales, la UE puede ayudar a las autoridades policiales a desarrollar las capacidades necesarias para detectar, proteger y leer los datos necesarios para investigar los delitos y a utilizar dichos datos como pruebas ante los tribunales. La Comisión estudiará medidas para mejorar la capacidad para hacer aplicar la ley en las investigaciones digitales, definiendo cómo hacer el mejor uso posible de la investigación y el desarrollo para crear nuevos instrumentos de aplicación de la ley; y la manera en que la formación puede ofrecer las capacidades adecuadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la administración de justicia. Esto incluirá también la puesta a disposición de evaluaciones científicas y métodos de ensayo rigurosos a través del Centro Común de Investigación de la Comisión.

Los enfoques comunes también pueden garantizar que la inteligencia artificial, las capacidades espaciales, los macrodatos y la informática de alto rendimiento se integren en la política de seguridad de manera eficaz tanto en la lucha contra los delitos como en la garantía de los derechos fundamentales. La inteligencia artificial podría actuar como un potente instrumento para luchar contra la delincuencia, creando enormes capacidades de investigación mediante el análisis de grandes cantidades de información y detectando pautas y anomalías . También puede proporcionar instrumentos concretos para, por ejemplo, ayudar a identificar contenidos terroristas en línea, descubrir transacciones sospechosas en las ventas de productos peligrosos u ofrecer asistencia a los ciudadanos en situaciones de emergencia. El aprovechamiento efectivo de este potencial implica combinar la investigación, la innovación y los usuarios de inteligencia artificial con la gobernanza y las infraestructuras técnicas adecuadas, implicando activamente al sector privado y al mundo académico. Requiere también garantizar las normas más exigentes en materia de respeto de los derechos fundamentales, garantizando al mismo tiempo una protección eficaz de los ciudadanos. En particular, las decisiones que afecten a particulares deben estar sujetas a supervisión humana y cumplir la legislación pertinente de la UE .

Se necesitan información y pruebas electrónicas en alrededor del 85 % de las investigaciones de delitos graves, y el 65 % del total de las solicitudes se dirigen a proveedores establecidos en otra jurisdicción. El hecho de que los rastros físicos tradicionales hayan pasado a encontrarse en línea amplía aún más la brecha entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las capacidades de los delincuentes. Es esencial establecer normas claras para el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en las investigaciones penales. Esta es la razón por la que una adopción rápida por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de las propuestas sobre pruebas electrónicas es clave para proporcionar a los profesionales un instrumento eficaz. El acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas mediante negociaciones internacionales multilaterales y bilaterales también es clave para establecer normas compatibles a nivel internacional .

El acceso a las pruebas digitales también depende de la disponibilidad de la información. Si los datos se eliminan con demasiada rapidez, pueden desaparecer pruebas importantes, de modo que ya no exista la posibilidad de identificar y localizar a los sospechosos y a las redes delictivas (así como a las víctimas). Por otra parte, los sistemas de conservación de datos plantean problemas de protección de la privacidad. En función de los resultados de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia Europeo, la Comisión evaluará el camino a seguir en materia de conservación de datos.

El acceso a la información de registros de nombres de dominio en internet (datos WHOIS) es importante para las investigaciones penales, la ciberseguridad y la protección de los consumidores. Sin embargo, el acceso a esta información es cada vez más difícil, a la espera de la adopción de una nueva política WHOIS por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN). La Comisión seguirá trabajando con la ICANN y la comunidad multilateral para garantizar que los solicitantes de acceso legítimos, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuenten con un acceso eficaz a los datos WHOIS en consonancia con la normativa internacional y de la UE en materia de protección de datos. Esto abarcará la evaluación de las soluciones potenciales, incluida la posibilidad de que sea necesario legislar para aclarar las normas de acceso a dicha información.

Las autoridades policiales y judiciales también deben estar equipadas para obtener los datos y las pruebas necesarios una vez que la arquitectura 5G para las telecomunicaciones móviles esté plenamente implantada en la UE, de una forma que respete la confidencialidad de las comunicaciones. La Comisión apoyará un planteamiento reforzado y coordinado de cara a la elaboración de normas internacionales, la definición de mejores prácticas, el proceso, la interoperabilidad técnica en ámbitos tecnológicos clave como la IA, la internet de las cosas o las tecnologías de cadena de bloques.

Actualmente, una parte sustancial de las investigaciones contra todas las formas de delincuencia y terrorismo implican información cifrada. El cifrado es esencial para el mundo digital, pues asegura los sistemas y las transacciones digitales y protege una serie de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos. Sin embargo, si se utiliza con fines delictivos también puede ocultar la identidad de los delincuentes y el contenido de sus comunicaciones. La Comisión estudiará y apoyará soluciones equilibradas desde el punto de vista técnico, operativo y jurídico a los desafíos y promoverá un enfoque que mantenga la eficacia del cifrado a la hora de proteger la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, y que aporte al mismo tiempo una respuesta eficaz contra la delincuencia y el terrorismo.

Lucha contra los contenidos ilícitos en línea

Armonizar la seguridad de los entornos en línea y físicos significa seguir avanzando en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea. Cada vez más, las amenazas fundamentales que acechan a los ciudadanos, como el terrorismo, el extremismo o el abuso sexual de menores, dependen del entorno digital: ello exige acciones concretas y un marco para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Un primer paso esencial es concluir rápidamente las negociaciones en torno a la propuesta de legislación relativa a los contenidos terroristas en línea y garantizar su aplicación. El refuerzo de la cooperación voluntaria entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y el sector privado en el seno del Foro de la UE sobre Internet es también clave para luchar contra el uso indebido de internet por parte de terroristas, extremistas violentos y delincuentes. La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la UE en Europol seguirá desempeñando un papel crucial en el seguimiento de la actividad de los grupos terroristas en línea y de las medidas adoptadas por las plataformas , así como en el desarrollo del Protocolo de crisis de la UE . Además, la Comisión seguirá colaborando con otros socios internacionales para dar una respuesta a escala mundial a estos retos, en particular mediante la participación en el Foro Mundial de Internet de lucha contra el terrorismo. Se seguirá trabajando para apoyar el desarrollo de discursos que argumenten en contra de estos contenidos ilícitos y de discursos alternativos a través del Programa de Empoderamiento de la Sociedad Civil.

Con el fin de prevenir y combatir la propagación de la incitación ilegal al odio en línea, la Comisión puso en marcha en 2016 el Código de Conducta para la Lucha contra la Incitación Ilegal al Odio en Internet, con un compromiso voluntario de las plataformas en línea para eliminar los contenidos de incitación al odio. La evaluación más reciente muestra que las empresas evalúan el 90 % de los contenidos señalados en un plazo de 24 horas y eliminan el 71 % de los que consideran como de incitación ilegal al odio. Sin embargo, las plataformas deben mejorar la transparencia y la información a los usuarios y garantizar una evaluación coherente de los contenidos señalados.

El Foro de la UE sobre Internet también facilitará los intercambios sobre las tecnologías existentes y en desarrollo para hacer frente a los desafíos relacionados con el abuso sexual de menores en línea. La respuesta al abuso sexual de menores en línea constituye una parte central de una nueva estrategia para intensificar la lucha contra el abuso sexual de menores , que intentará maximizar el uso de las herramientas disponibles a nivel de la UE para luchar contra estos delitos. Las empresas deben poder continuar su trabajo para detectar y eliminar los materiales en línea relacionados con el abuso sexual de menores, y los perjuicios causados por estos materiales requieren un marco que establezca obligaciones claras y permanentes para abordar el problema. La Estrategia también anunciará que la Comisión empezará a preparar una legislación sectorial específica para hacer frente a los abusos sexuales de menores en línea de forma más eficaz, con pleno respeto de los derechos fundamentales.

De manera más general, la futura norma sobre servicios digitales también aclarará y mejorará las normas de responsabilidad y seguridad de los mismos y eliminará los desincentivos que frenan la lucha contra contenidos, bienes o servicios ilegales.

Además, la Comisión seguirá colaborando con los socios internacionales y con el Foro Mundial de Internet de lucha contra el terrorismo, en particular a través del comité consultivo independiente, para debatir el modo de abordar estos desafíos a nivel mundial preservando los valores de la UE y los derechos fundamentales. También deberían tratarse nuevos temas, como el de los algoritmos o los juegos en línea.

Amenazas híbridas

La magnitud y diversidad de las actuales amenazas híbridas no tienen precedentes. La crisis de la COVID-19 ha venido también a demostrarlo, con el intento de instrumentalización de la pandemia por parte de diversos agentes estatales y no estatales, en particular mediante la manipulación del entorno informativo y el ataque de infraestructuras básicas. Esto puede debilitar la cohesión social y socavar la confianza en las instituciones de la UE y en los gobiernos de los Estados miembros.

El enfoque de la UE con respecto a las amenazas híbridas se recoge en el Marco Conjunto de 2016 y en la Comunicación conjunta de 2018 sobre el refuerzo de la resiliencia híbrida. La acción a nivel de la UE se sustenta en una considerable caja de herramientas que cubre el nexo entre la dimensión interior y exterior, sobre la base de un planteamiento de la sociedad en su conjunto y en estrecha cooperación con socios estratégicos, en particular la OTAN y el G7. Acompañando a esta Estrategia se publica un informe sobre la aplicación del enfoque de la UE para hacer frente a las amenazas híbridas. Sobre la base de la cartografía presentada en paralelo a la presente Estrategia, los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior crearán una plataforma en línea restringida para la referencia de los Estados miembros a los instrumentos y medidas de lucha contra las amenazas híbridas a escala de la UE.

Si bien la responsabilidad de la lucha contra las amenazas híbridas recae en primer lugar en los Estados miembros —debido a los vínculos intrínsecos con las políticas de seguridad y de defensa nacionales— ciertas vulnerabilidades son comunes a todos los Estados miembros y determinadas amenazas desbordan sus fronteras, como las que tienen por objetivo redes o infraestructuras transfronterizas. La Comisión y el Alto Representante establecerán un enfoque de la UE para las amenazas híbridas que integre las dimensiones externa e interna en un flujo continuo y fusione las consideraciones nacionales y de la UE . Debe cubrirse el espectro de acción en su totalidad, desde la detección precoz, el análisis, la sensibilización, la resiliencia y la prevención hasta la respuesta a las crisis y la gestión de las consecuencias.

Además del refuerzo en la aplicación, y teniendo en cuenta la constante evolución de las amenazas híbridas, se hará especial hincapié en la integración de las consideraciones en materia de amenazas híbridas en la formulación de todas las políticas, a fin de estar al día de los cambios dinámicos que se registran y garantizar que se tienen en cuenta todas las iniciativas potencialmente pertinentes. También se evaluarán a la luz de las cuestiones relacionadas con las amenazas híbridas los efectos de nuevas iniciativas, incluidas las iniciativas en ámbitos que hasta ahora no son competencia del marco sobre las amenazas híbridas, como la educación, la tecnología y la investigación. Este enfoque puede aprovechar el trabajo realizado de conceptualización de las amenazas híbridas, que permite una visión global de las distintas herramientas que pueden utilizar los adversarios. El objetivo debe ser garantizar que el proceso de toma de decisiones se apoye en los informes periódicos, completos y basados en los datos que aporten los servicios de inteligencia sobre la evolución de las amenazas híbridas. Esto dependerá en gran medida de los servicios de inteligencia de los Estados miembros y de la intensificación de la cooperación en materia de inteligencia con los servicios competentes de los Estados miembros a través del INTCEN de la UE.

Para mejorar el conocimiento de la situación, los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior estudiarán la forma de racionalizar los flujos de información procedentes de distintas fuentes, incluidos los Estados miembros, así como de agencias de la UE como ENISA, Europol y Frontex. La Célula de Fusión de la UE contra las amenazas híbridas seguirá siendo el punto focal de la UE para la evaluación de estas amenazas. El refuerzo de la resiliencia es fundamental para prevenir las amenazas híbridas y ofrecer protección. Por lo tanto, se impone un seguimiento sistemático y una medición objetiva de los avances en este ámbito. Un primer paso será identificar las bases de referencia sectoriales sobre resiliencia híbrida tanto para los Estados miembros como para las instituciones y organismos de la UE. Por último, para reforzar la preparación frente a las crisis híbridas, debe revisarse el protocolo existente («EU Playbook» de 2016 ), de modo que refleje la revisión más amplia y el refuerzo del sistema de respuesta de la UE a la crisis actualmente en estudio. El objetivo es maximizar el efecto de la acción de la UE, agrupando rápidamente las respuestas sectoriales y garantizando una cooperación sin fisuras con nuestros socios, y en primer lugar con la OTAN.