ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
60.

En particular, la entidad fusionada no tendría capacidad de bloqueo de la clientela, dado que las partes no son los principales clientes de los proveedores OEM de materiales de fricción (el cliente más importante en términos generales es Knorr-Bremse con aproximadamente un [70-80] % del mercado descendente). Por otra parte, hasta un 95 % de los materiales de fricción se venden en el mercado IAM y no en el OEM. Dado que las ventas IAM no parecen depender íntegramente de las ventas OEM, los proveedores de la entidad fusionada, tales como Federal Mogul, podrían continuar vendiendo en el mercado IAM, que representa la inmensa mayoría del mercado total. En cuanto a los materiales orgánicos, también se produce la doble fuente con mayor frecuencia y facilidad que en el caso del material sinterizado. Por lo tanto, los clientes podrían contrarrestar cualquier estrategia de exclusión por doble fuente.
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El 12 de febrero de 2018, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). La presente notificación se refiere a las siguientes empresas: — IFM Investors Pty Ltd («IFM», Australia), — Caisse de dépôt et placement du Québec («CDPQ», Canadá), — Concesionaria Mexiquense, SA de CV («Conmex», México). IFM y CDPQ adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de la totalidad de Conmex. La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones.
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El 1 de febrero de 2018, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). La presente notificación se refiere a las siguientes empresas: — Michelin North America Inc. («MNAI», Estados Unidos), controlada por el grupo Michelin (Francia), y — Sumitomo Corporation of Americas («SCOA», Estados Unidos), controlada por Sumitomo Corporation (Japón). MNAI y SCOA adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de una empresa en participación de nueva creación. La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación («JV», por sus siglas en inglés).
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El 23 de noviembre de 2017, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). La presente notificación se refiere a las empresas siguientes: — Kyocera Corporation («Kyocera», Japón). — Ryobi Limited («Ryobi», Japón). — Ryobi Dalian Machinery Co., Ltd («RDM», China). — Ryobi Sales Co. («Ryobi Sales», Japón). — Kyocera Industrial Tools Co., Ltd («KIT», Japón). Kyocera adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control de la totalidad de KIT y Ryobi Sales. Kyocera y Ryobi adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de RDM. La concentración se realiza mediante adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación y mediante adquisición de acciones.
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El 13 de noviembre de 2017, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). La presente notificación se refiere a las siguientes empresas: — Carl-Zeiss-Stiftung (Alemania); — Carl Zeiss AG (Alemania), controlada por Carl-Zeiss-Stiftung; — Deutsche Telekom AG (Alemania); — Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (EE. UU.), controlada por Carl Zeiss AG y Deutsche Telekom AG. Carl Zeiss AG y Deutsche Telekom AG adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo 3, apartado 4, el control conjunto de Carl Zeiss Smart Optics, Inc. La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones de una empresa en participación de nueva creación.
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El 20 de octubre de 2017, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). La presente notificación concierne a las siguientes empresas: — Mitsui & Co., Ltd («Mitsui», Japón). — Sime Darby Property (Sungai Kapar) Sdn Bhd («Sime Darby», Malasia), perteneciente al grupo Sime Darby. Mitsui and Sime Darby adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de una empresa en participación de nueva creación («JV»). La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación.
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En particular, el Comité Consultivo comparte las conclusiones de la Comisión en cuanto a que: 4.1. Dado que la operación notificada obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva según algunas de las definiciones de mercado de producto, puede dejarse abierta la cuestión de si el chocolate industrial debe segmentarse en chocolate líquido y sólido. 4.2. Dado que no es probable que la operación notificada obstaculice de forma significativa la competencia efectiva ni siquiera en la definición de mercado de producto viable más restringida, puede dejarse abierta la definición exacta del mercado de producto de sucedáneo de chocolate o de coberturas a base de grasas. 4.3. El mercado geográfico de referencia del chocolate industrial corresponde a unas zonas de influencia circulares de un radio de 500 km a la redonda de las fábricas de las partes o de los clientes de las partes o es nacional. 4.4. Dado que no es probable que la operación notificada obstaculice de forma significativa la competencia efectiva ni siquiera en la definición de mercado geográfico viable más restringida, puede dejarse abierta la definición exacta del mercado geográfico de sucedáneo de chocolate o de coberturas a base de grasas.
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El 17 de julio de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas The Carlyle Group («Carlyle», EE. UU.) y GTCR LLC («GTCR», EE. UU.) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de la empresa Albany Molecular Research, Inc. («AMRI», USA) mediante adquisición de acciones.]
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El 7 de julio de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Digital Bridge Holdings, LLC («DB», Estados Unidos de América), Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canadá) y Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», Estados Unidos de América) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de la empresa Vantage Data Centers Holding Company («Vantage», Estados Unidos de América) mediante adquisición de acciones.
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El 29 de junio de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual Toray Industries, Inc. («Toray», Japón) y Mitsui & Co., Ltd («Mitsui», Japón) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de Soda Aromatic Co., Ltd («Soda», Japón).
El problema que aborda la iniciativa es que la versión actual del Reglamento CLP no protege suficientemente a las personas y al medio ambiente de los peligros intrínsecos de determinados productos químicos que circulan libremente dentro del mercado único de la UE. Este problema se manifiesta en tres ámbitos: 1.Los productos químicos peligrosos no se identifican ni clasifican de manera exhaustiva. Así sucede, en particular, con los productos químicos que tienen propiedades de alteración endocrina (en lo sucesivo, «AE»), persistentes, bioacumulables y tóxicas (en lo sucesivo, «PBT»), muy persistentes y muy bioacumulables (en lo sucesivo, «mPmB»), persistentes, móviles y tóxicas (en lo sucesivo, «PMT»), o muy persistentes y muy móviles (en lo sucesivo, «mPmM»), ya que en la actualidad no existe ninguna obligación de examinar y clasificar sistemáticamente tales propiedades. 2.Las autoridades competentes de los Estados miembros y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) actúan dentro del límite de sus recursos para preparar propuestas (en el caso de las autoridades competentes de los Estados miembros) y dictámenes (en el caso de la ECHA) para la clasificación y el etiquetado armonizados de sustancias. Como consecuencia de ello, no disponen de las herramientas óptimas para aplicar medidas homogéneas de gestión del riesgo a todos los productos químicos peligrosos. También se corre el riesgo de fragmentar el mercado único y de crear unas condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan en él. 3.La comunicación sobre los peligros químicos no es óptima, lo que da lugar a una falta de conocimiento sobre las propiedades peligrosas de los productos químicos. Esto da lugar a una situación en la que los consumidores y las empresas no pueden basar sus decisiones de compra en conocimientos sólidos que les permitan minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente, lo que deriva en una posible exposición de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente a riesgos innecesarios. Existe un alto nivel de incumplimiento de las obligaciones del Reglamento CLP en el contexto del comercio electrónico. La información sobre mezclas peligrosas presentada a los centros toxicológicos para su respuesta sanitaria en caso de urgencia es insuficiente en determinados casos.
La discrepancia entre las normas del IVA de hace treinta años y la realidad digital actual crea un dúplice problema: 1.la recaudación y el control del IVA distan de ser óptimos: el marco legislativo de la UE en materia de IVA no está plenamente adaptado para hacer frente a la nueva realidad digital y es propenso al fraude; 2.cargas excesivas y costes de cumplimiento: la economía digital y los nuevos modelos de negocio crean nuevos retos y costes para las administraciones tributarias y las empresas. Actualmente no se están afrontando plenamente los retos ni abordando los beneficios potenciales de la digitalización en términos de control/lucha contra el fraude y reducción de la carga administrativa. Los problemas son especialmente visibles en tres ámbitos: 1) la declaración del IVA (requisitos de notificación digital), ya que la obligación de notificación no es digital y los Estados miembros están introduciendo diferentes tipos de requisitos de manera descoordinada; 2) el tratamiento a efectos del IVA de la economía de plataformas, ya que las empresas tradicionales y las digitales no reciben el mismo trato; y 3) el registro a efectos del IVA, puesto que podría reducirse el número de casos en los que las empresas deban registrarse en más de un Estado miembro. Las normas del IVA para el comercio transfronterizo en la UE, por su propia naturaleza, afectan a más de un Estado miembro, y el IVA es un impuesto armonizado a escala de la UE.
El alquiler de alojamientos de corta duración (alquiler de corta duración) son una parte cada vez más importante del sector turístico. Representan casi una cuarta parte de la oferta total de alojamientos turísticos de la UE, situación que se ha visto impulsada por la aparición de las plataformas en línea. El alquiler de corta duración genera beneficios y oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y el ecosistema turístico, pero también supone un motivo de preocupación, en particular para las comunidades locales que se enfrentan al sobreturismo y la falta de viviendas asequibles. Las autoridades públicas cada vez regulan más el alquiler de corta duración a nivel nacional, regional o local, pero la falta de datos precisos sobre ellos les dificulta la tarea de definir respuestas políticas y hacer cumplir las normas. Al mismo tiempo, las plataformas en línea de todos los tamaños afrontan una cantidad creciente de solicitudes distintas de las autoridades públicas para compartir datos sobre el alquiler de corta duración y aumentar la transparencia (por ejemplo, mostrando determinada información). Ello impone una pesada carga a las plataformas, que a menudo se niegan a satisfacer las solicitudes de datos o presentan conjuntos de datos incompletos. Las dificultades en el intercambio de datos se deben a: i) sistemas de registro ineficientes y divergentes gestionados por las autoridades públicas (que, por lo tanto, no pueden obtener datos de identificación de los anfitriones y los anuncios); ii) la falta de eficacia y de garantía del cumplimiento de los marcos jurídicos, las normas y las herramientas para el intercambio de datos entre plataformas y autoridades públicas; y iii) la falta de un marco jurídico adecuado que regule la transparencia y el intercambio de datos. Los problemas detectados tienen una fuerte dimensión de la UE. En el caso de las plataformas, que suelen operar de manera transfronteriza, la divergencia y complejidad de las normas y las solicitudes de datos socavan su capacidad de ofrecer servicios en el mercado único. En toda la UE, las autoridades públicas que necesitan datos sobre el alquiler de corta duración se enfrentan a dificultades similares para obtener datos de calidad de manera eficiente. Por lo tanto, existen firmes llamamientos a que se emprendan acciones a nivel de la UE, en particular en el itinerario de transición para el turismo y la agenda urbana. Esta iniciativa forma parte de la Estrategia para las Pymes de la UE, dada la necesidad de soluciones que acusan las numerosas pymes que participan en el segmento del alquiler de corta duración, pues muchas de las plataformas lo son.
La delincuencia organizada es una de las mayores amenazas para la seguridad de la Unión Europea. Los medios cada vez más complejos y sofisticados para blanquear y ocultar activos ilícitos y la magnitud de sus enormes beneficios, estimados en al menos 139 000 millones de euros al año, dificultan enormemente el desmantelamiento de la delincuencia organizada. Es esencial recuperar esos beneficios ilícitos y garantizar que delinquir no compense. A pesar de la Decisión del Consejo sobre organismos de recuperación de activos de 2007 y la Directiva sobre decomiso de 2014, por la que se establecen normas mínimas para el embargo y el decomiso, solo se recupera de los delincuentes una pequeña parte de los activos ilícitos. Esto obedece a las siguientes razones: ·Las capacidades para identificar, seguir y embargar rápidamente los activos son limitadas, dado que las autoridades policiales no dan prioridad a las investigaciones financieras, y los organismos de recuperación de activos carecen de los recursos, las competencias y la información necesarios para que se dé una cooperación eficaz entre los Estados miembros. ·La gestión de los activos no siempre se lleva a cabo de manera eficiente, ya que no siempre se dispone de los conocimientos especializados necesarios y no se toman medidas sistemáticas para garantizar que los activos no pierdan su valor. Los elevados costes de gestión y la depreciación de los activos desincentivan la puesta en marcha de procedimientos de seguimiento y embargo de activos. ·Los instrumentos de decomiso existentes no abarcan todos los ámbitos delictivos ni están concebidos para hacerse con el producto de la delincuencia cuando los delincuentes, en particular los que ocupan los escalafones más altos de la actividad delictiva, consiguen disimular sus vías de lucro y ocultar el origen ilícito de sus activos. ·Además, la recuperación y el decomiso de activos no se priorizan lo suficiente, y hay todo un abanico de autoridades encargadas de diferentes funciones.
La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica están muy extendidas en toda la UE. En 2014, una de cada tres mujeres en la UE denunció alguna forma de violencia física o sexual. Según los datos administrativos de 2019, se calcula que la frecuencia de este fenómeno en la UE es del 21,2 %. Además de las formas de violencia contra las mujeres y violencia doméstica que se producen fuera de línea, está aumentando la ciberviolencia dirigida contra las mujeres y la ciberviolencia dentro de la pareja; en 2020 se calculó que afectaba al 52 % de las mujeres jóvenes en todo el mundo. La violencia de género puede afectar tanto a mujeres como a hombres, pero afecta a las mujeres de manera desproporcionada. La violencia doméstica afecta también a otros miembros de la familia (por ejemplo, cónyuges, hijos y familiares de edad avanzada). La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica afectan a millones de personas en la UE, en todos los Estados miembros. Los factores que impulsan la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica son normas y estereotipos sociales perjudiciales que generan desigualdad de género; la falta de reconocimiento de las características específicas de los delitos de violencia contra las mujeres y violencia de género; y la ineficacia de las medidas para actuar contra ellos (fragmentación jurídica, inseguridad jurídica e ineficacia de las medidas para garantizar el cumplimiento). Se han detectado deficiencias en la prevención, la protección, el apoyo a las víctimas, el acceso a la justicia y la coordinación de las políticas tanto a escala de la UE como nacional, tanto en los Estados miembros que han aplicado el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica como en aquellos que no lo han hecho. Las normas pertinentes de la UE están repartidas entre diversos instrumentos y no han dado lugar a un seguimiento y un cumplimiento eficaces de las normas dirigidas a proteger a este grupo de víctimas. Si bien el Convenio de Estambul ha impulsado la adopción de medidas a nivel nacional, el seguimiento de la ejecución del Convenio revela que sigue habiendo deficiencias. Teniendo en cuenta la evolución de la situación a lo largo de los últimos decenios, es poco probable que el número de víctimas disminuya significativamente si no se emprende una actuación coordinada más sólida en materia de prevención, protección, acceso a la justicia, apoyo a las víctimas y coordinación de las políticas.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías («la Agencia») se fundó en 1993 y su Reglamento de base fue refundido en 2006 [Reglamento (CE) n.º 1920/2006]. En 2018/19, la Comisión llevó a cabo la última evaluación [COM (2020) 228]. La definición del problema se basa en los resultados de la evaluación y aborda las deficiencias planteadas por las principales partes interesadas de la Agencia. Mientras que hace veinticinco años era necesario recoger y analizar datos para describir la situación en materia de drogas en Europa y sus consecuencias, hoy en día las partes interesadas necesitan también análisis en tiempo real sobre los retos emergentes y asesoramiento sobre las mejores maneras de afrontar amenazas que evolucionan con rapidez, como las nuevas sustancias psicoactivas que entran en la UE, más peligrosas para la salud (pública) y que generan también nuevas preocupaciones de seguridad. Los responsables políticos necesitan más apoyo e información para tomar decisiones fundadas y ofrecer las respuestas adecuadas. La Agencia no puede prestar apoyo suficiente a los Estados miembros, y no se aprovecha todo el potencial de su red de puntos focales nacionales (Reitox). Por último, la dimensión internacional del trabajo de la Agencia no está suficientemente definida. Para la aplicación de la nueva Estrategia de la UE sobre Drogas 2021-2025, que adopta un enfoque de la política sobre drogas basado en datos contrastados, la información facilitada por la Agencia es crucial.
Esta evaluación de impacto sigue a la evaluación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La delincuencia medioambiental tiene repercusiones negativas de carácter ecológico, social y económico y es el cuarto ámbito de delincuencia más rentable a escala mundial, con unos beneficios totales para los delincuentes estimados en unos 260 000 millones USD al año. La Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal es el principal instrumento horizontal de la Unión Europea (UE) para proteger el medio ambiente mediante el Derecho penal. La evaluación, finalizada en 2020, puso de manifiesto que dicha Directiva estableció un marco común de la Unión para categorías clave de delitos medioambientales, pero en la práctica no tuvo efecto alguno. La Directiva no contribuyó ni al aumento del número de condenas ni del nivel de las sanciones impuestas en los Estados miembros. En la evaluación se detectaron los siguientes problemas específicos clave:

Los delitos medioambientales, como las formas graves de contaminación del agua y del aire, la contaminación marítima y el tráfico de sustancias químicas, residuos y especies silvestres, suelen tener efectos transfronterizos. La lucha contra este tipo de delitos transfronterizos requiere igualdad de condiciones en toda la UE en cuanto a la definición de lo que constituye delincuencia medioambiental y a las sanciones. Esto facilitaría la cooperación judicial entre las autoridades pertinentes de los Estados miembros. Los autores de los delitos, en particular los infractores corporativos, ya no podrían quedar impunes, por ejemplo, al actuar desde los Estados miembros con una legislación más indulgente.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Las opciones preferidas implican principalmente costes adicionales a nivel de la UE, ya que trasladarán tareas y servicios, que pueden realizarse de manera más eficiente a nivel de la UE, del nivel nacional a Europol. En esta fase, es difícil cuantificar con precisión algunas de las distintas opciones estratégicas, en particular debido a la complejidad del desarrollo de las infraestructuras y sistemas informáticos propuestos. Se estima que se necesitaría un presupuesto adicional de entre 120 y 150 millones EUR y unos 150 puestos adicionales para todo el período del MFP, a fin de garantizar que Europol disponga de los recursos necesarios para ejecutar su nuevo mandato. En la medida en que estas opciones estratégicas impliquen costes adicionales para el nivel nacional, estos costes deberían verse compensados por los beneficios de los servicios adicionales que Europol prestará. No cabe esperar costes adicionales significativos para las empresas. Las opciones preferidas no contienen obligaciones reglamentarias para los ciudadanos/consumidores y, por lo tanto, no generan costes adicionales para estas partes interesadas.
¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? De no ser así, ¿por qué no?