COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Nota de orientación relativa al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Segunda parte — Derechos de los ciudadanos

(2020/C 173/01)

La presente nota de orientación tiene una naturaleza puramente informativa y no complementa ni completa el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Ha sido elaborada por personal de la Comisión Europea; no obstante, las opiniones expresadas en ella no deben interpretarse como una posición oficial de la Comisión Europea.

El objetivo general de la segunda parte del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «el Acuerdo») es salvaguardar los derechos de los ciudadanos derivados del Derecho de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la UE») que ejercen los ciudadanos de la Unión Europea que residan o trabajen en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «el Reino Unido») y los nacionales del Reino Unido que residan o trabajen en la UE, así como los respectivos miembros de sus familias al final del período transitorio establecido en el Acuerdo, y establecer garantías eficaces, exigibles y no discriminatorias a ese respecto.

1. TÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo establecen, conjuntamente, el ámbito de aplicación personal y territorial a los efectos de la aplicación del título II de la segunda parte del Acuerdo, relativo a los derechos y obligaciones relacionados con la residencia y los documentos de residencia, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia y a las cualificaciones profesionales (el título III, relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social, tiene su propio ámbito de aplicación personal).

Los beneficiarios del título II del Acuerdo son los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho a residir o trabajar de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y que continúen haciéndolo después de ese período, así como los respectivos miembros de sus familias.

Las definiciones de ciudadano de la UE y de nacional del Reino Unido se establecen en el artículo 2, letras c) y d), del Acuerdo.

Las referencias incluidas en la presente nota de orientación a los derechos o normas de libre circulación de la Unión se entienden hechas a los derechos reconocidos en: los artículos 21, 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el TFUE»); la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (en lo sucesivo, «la Directiva 2004/38/CE»); y el Reglamento (UE) n.o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión [en lo sucesivo, «el Reglamento (UE) n.o 492/2011»].

1.1. Artículo 9 — Definiciones

1.1.1. Artículo 9, letra a): miembros de la familia

1.1.1.1. Artículo 9, letra a), inciso i): miembros de la familia «nuclear»

Los miembros de la familia «nuclear» se definen por referencia al artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE. Esta disposición también es aplicable a los miembros de la familia de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, incluidos los trabajadores fronterizos (asuntos acumulados C-401/15 a C-403/15, Depesme y Kerrou).

Con arreglo al Derecho de la Unión, los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE no gozan, en principio, de un derecho independiente de libre circulación y residencia (salvo que ellos mismos sean ciudadanos de la UE o hayan adquirido un derecho independiente de residencia como resultado de su relación con un ciudadano de la UE, fuente de sus derechos de libre circulación). Del mismo modo, los miembros de la familia no disfrutan de derechos en virtud del Acuerdo sin que esos derechos se deriven del titular de los mismos, es decir, una persona que entre en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letras a) a d), del Acuerdo.

La única excepción son los miembros de la familia que entren en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letra f), y que residan en el Estado de acogida «independientemente» al final del período transitorio, dado que en ese momento su derecho de residencia en virtud del Derecho de la Unión ya no está supeditado al hecho de seguir siendo miembros de la familia de un ciudadano de la UE que esté entonces ejerciendo en el Estado de acogida los derechos conferidos por el Tratado.

1.1.1.2. Artículo 9, letra a), inciso ii): nacionales de un tercer país que cuiden de un ciudadano de la UE dependiente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el TJUE») ha reconocido que, en determinadas situaciones, otras personas deben también disfrutar de un derecho de residencia, en particular cuando la presencia de esas personas es necesaria para que un ciudadano de la UE pueda gozar del derecho de residencia en virtud del Derecho de la Unión.

El ejemplo más relevante es el de un menor ciudadano de la UE móvil con un progenitor que no sea ciudadano de la UE. Si bien el derecho de residencia del ciudadano de la UE es evidente de conformidad con el Derecho de la Unión, el progenitor a cuyo cargo está el ciudadano de la UE no entra en el ámbito de aplicación del artículo 2, punto 2, letra d), de la Directiva 2004/38/CE, aplicable a los progenitores que están a cargo de un ciudadano de la UE (aquí se trata del caso contrario). El TJUE dictaminó, en el asunto C-200/02 Chen, que dicho progenitor goza del derecho de residencia en el Estado de acogida para sustentar el derecho de residencia del menor de la UE.

El artículo 9, letra a), inciso ii), va más allá de la referencia a las personas que se encargan del cuidado efectivo de otra, utilizada por el TJUE en el asunto Chen (en el que solamente se cuestionaba la residencia de la madre del menor), y está redactado de forma más abierta, para permitir también su aplicación a personas distintas de las encargadas del cuidado efectivo de otra (por ejemplo, también los hermanos menores de edad de cuyo cuidado efectivo se encargue la misma persona o personas que en el caso del menor ciudadano de la UE).

1.1.2. Artículo 9, letra b): trabajadores fronterizos

Los trabajadores fronterizos son personas que entran en la definición de «trabajadores» formulada por el TJUE y, al mismo tiempo, no residen en las condiciones establecidas en el artículo 13 del Acuerdo en el Estado en el que sean «trabajadores».

Tanto los trabajadores fronterizos por cuenta ajena (artículo 45 del TFUE) como por cuenta propia (artículo 49 del TFUE) están cubiertos por esa definición (véanse el asunto C-363/89 Roux y las orientaciones correspondientes a los artículos 24 y 25).

1.1.2.1. Definición de trabajador por cuenta ajena y de trabajador por cuenta propia

Ni el Derecho primario de la Unión ni el derivado ofrecen una definición de los términos «trabajador por cuenta ajena» o «trabajador por cuenta propia».

De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el concepto de «trabajador» tiene, a efectos de la libertad de circulación en la Unión, un significado específico (por ejemplo, asunto C-66/85 Lawrie-Blum) y debe interpretarse en sentido amplio (asunto C-139/85 Kempf).

No es posible aplicar definiciones nacionales divergentes (por ejemplo, una definición de trabajador presente en la legislación laboral nacional) que puedan resultar más restrictivas.

El TJUE ha definido a un «trabajador» como cualquier persona que ejerce actividades reales y efectivas, con exclusión de aquellas actividades realizadas a tan pequeña escala que tengan un carácter meramente marginal y accesorio, […] a cambio de las cuales percibe una retribución (asuntos C-138/02 Collins, C-456/02 Trojani o C-46/12 LN).

Las características esenciales de una relación laboral son que:

— durante un determinado período de tiempo, una persona realice prestaciones (véanse, por ejemplo, los asuntos C-139/85 Kempf, C-344/87 Bettray, C-171/88 Rinner-Kühn, C-1/97 Birden y C-102/88 Ruzius-Wilbrink);

— en favor de otra persona y bajo la dirección de esta (asuntos C-152/73 Sotgiu, C-196/87 Steymann, C-344/87 Bettray y C-151/04 Nadin);

— a cambio de las cuales perciba una retribución (véanse por ejemplo los asuntos C-196/87 Steymann, C-344/87 Bettray, C-27/91 Hostellerie Le Manoir y C-270/13 Haralambidis).

La condición de un vínculo de subordinación distingue a los «trabajadores» de las «personas que ejercen una actividad por cuenta propia». El trabajo con una relación de subordinación se caracteriza por que es el empleador quien determina la elección de la actividad, la remuneración y las condiciones de trabajo (asunto C-268/99 Jany).

1.1.3. Artículo 9, letra c): Estado de acogida

Esta disposición distingue entre ciudadanos de la UE y nacionales del Reino Unido. El Estado de acogida se define de forma diferente para ambos grupos.

Para los nacionales del Reino Unido, el Estado de acogida es el Estado miembro de la UE, según la definición del artículo 2, letra b), del Acuerdo, en el que ejercen su derecho de residencia en virtud de las normas de la Unión sobre libre circulación. El Reino Unido no puede convertirse en el Estado de acogida en virtud del Acuerdo para los nacionales del Reino Unido, lo que supone que los nacionales del Reino Unido que residan en el Reino Unido antes del final del período transitorio de conformidad con los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (como beneficiarios de la jurisprudencia basada en las sentencias del TJUE en los asuntos C-34/09 Ruiz Zambrano o C-370/90 Singh) no serán beneficiarios del Acuerdo con carácter personal.

Para los ciudadanos de la UE, el estado de acogida es el Reino Unido, según la definición del artículo 3, apartado 1, del Acuerdo. Los ciudadanos de la UE no serán beneficiarios del Acuerdo con carácter personal en ningún Estado miembro de la UE, independientemente de si se trata del Estado miembro del que sean nacionales o no.

1.1.3.1. Haber «ejercido su derecho de residencia con arreglo al Derecho de la Unión»

El ejercicio del derecho de residencia supone que un ciudadano de la UE o un nacional del Reino Unido reside legalmente en el Estado de acogida de conformidad con las normas de libre circulación de la Unión antes del final del período transitorio.

Todas las posibles situaciones en las que el derecho de residencia se derive de las normas de la Unión sobre libre circulación están cubiertas.

Esto incluye los derechos de residencia, independientemente de si se trata de derechos permanentes, de su duración (por ejemplo, una llegada al Estado de acogida una semana antes del final del período transitorio y la residencia allí como demandante de empleo con arreglo al artículo 45 del TFUE es suficiente) y de la calidad en la que esos derechos se ejerzan (como trabajador, persona que ejerce una actividad por cuenta propia, estudiante, demandante de empleo, etc.).

Es suficiente que el derecho de residencia se ejerza de conformidad con las condiciones que para él establece el Derecho de la Unión (asunto C-162/09 Lassal o asuntos acumulados C-424 y 425/10 Ziolkowski y Szeja).

La posesión de un documento de residencia no es un requisito para la residencia legal de conformidad con el Derecho de la Unión, dado que con arreglo a este el derecho de residencia se otorga directamente a los ciudadanos de la UE en virtud del Tratado y no depende de que se hayan completado procedimientos administrativos (considerando 11 de la Directiva 2004/38/CE). Por otra parte, la posesión de un documento de residencia expedido con arreglo al Derecho de la Unión no implica en sí misma que la residencia sea conforme a lo dispuesto en ese Derecho (asunto C-325/09 Dias).

1.1.3.2. «Antes del final del período transitorio y seguir residiendo allí después de este período»

Estas nociones, que deben leerse conjuntamente, incorporan un componente temporal que exige que la residencia conforme a lo dispuesto en el Derecho de la Unión únicamente se tenga en cuenta a los efectos de la segunda parte del Acuerdo cuando sea «continua» al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020).

Las normas sobre la continuidad de la residencia están expuestas de forma más completa en el artículo 11 del Acuerdo.

No se tendrán en cuenta los períodos de residencia históricos que hayan transcurrido antes del final del período transitorio (por ejemplo, la residencia entre 1980 y 2001) ni los períodos de residencia que comiencen después del final del período transitorio.

1.1.4. Artículo 9, letra d): Estado de trabajo

El Estado de trabajo únicamente es pertinente a los efectos de determinar el ámbito de aplicación territorial de los derechos de los trabajadores fronterizos.

Las personas que residen en el Estado en el que trabajan no se consideran trabajadores fronterizos.

1.1.5. Artículo 9, letra e): derechos de custodia

La expresión «derechos de custodia» se define por referencia al artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis).

Dicha disposición abarca los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.

1.2. Artículo 10 — Ámbito de aplicación personal

1.2.1. Ciudadanos de la UE y nacionales del Reino Unido: apartado 1, letras a) a d)

Las definiciones de ciudadano de la UE y de nacional del Reino Unido se establecen en el artículo 2, letras c) y d), del Acuerdo.

La jurisprudencia del TJUE ofrece orientaciones concretas en relación con los derechos de las personas con doble nacionalidad. Esa jurisprudencia es importante para determinar en qué casos una persona con doble nacionalidad entra en el ámbito de aplicación del Acuerdo y en cuáles la doble nacionalidad conduce a una situación puramente interna.

Las personas con doble nacionalidad de países de la UE (por ejemplo, una persona que tenga la doble nacionalidad checa y eslovaca) o las personas con doble nacionalidad de un país de la UE y de otro no perteneciente a la UE (por ejemplo, una persona con la doble nacionalidad checa y japonesa) que residan en el Reino Unido al final del período transitorio entran claramente en el ámbito de aplicación personal del Acuerdo en su condición de ciudadanos de la UE.

Las personas con doble nacionalidad de un país de la UE y del Reino Unido, ya sea por nacimiento o por naturalización, entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo si, al final del período transitorio, han ejercido derechos de libre circulación o residencia en el Estado de acogida cuya nacionalidad posean (asunto C-165/16 Lounes). Las personas con doble nacionalidad de un país de la UE y del Reino Unido, ya sea por nacimiento o por naturalización, también entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo si, al final del período transitorio, han ejercido derechos de libre circulación o residencia en un Estado miembro diferente de aquel cuya nacionalidad posean (sin perjuicio de los derechos de que gozan por su naturaleza de ciudadanos de la UE móviles en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE).

Las personas con doble nacionalidad de un país de la UE y del Reino Unido que hayan adquirido la nacionalidad del Estado de acogida incluso después del final del período transitorio entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo por analogía con el asunto C-165/16 Lounes.

Las personas con doble nacionalidad de un país de la UE y del Reino Unido que nunca hayan ejercido sus derechos de libre circulación en virtud de los artículos 21, 45 o 49 del TFUE (como sucedía en el asunto C-434/09 McCarthy) no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

1.2.2. Fuera del ámbito

1.2.2.1. Trabajadores desplazados

Las personas cuyos derechos se derivan exclusivamente del artículo 56 del TFUE no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo [véanse también las orientaciones relativas al artículo 30, apartado 1, letra e), del título III del Acuerdo].

El Acuerdo no confiere a los trabajadores desplazados ningún derecho de permanencia en el Estado de acogida después del final del período transitorio.

1.2.2.2. Derechos de la ciudadanía de la UE: asunto C-34/09 Ruiz Zambrano

Los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido cuyos derechos en el Estado de acogida al final del período transitorio se basen en el hecho de que eran ciudadanos de la Unión según la definición del artículo 20 del TFUE no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

En consecuencia, los miembros de sus familias tampoco entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo y estarán sujetos a las normas vigentes en el Estado de acogida.

1.2.2.3. Derecho de los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido retornados a la reunificación familiar: asunto C-370/90 Singh

Los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido a los que atañe esta línea jurisprudencial no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo. En consecuencia, los miembros de sus familias tampoco entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo. La condición de residentes de los miembros de las familias de los nacionales del Reino Unido que retornen al Reino Unido o de los ciudadanos de la UE que retornen al Estado miembro del que sean nacionales estará regulada por el Derecho del Reino Unido o el de la UE, respectivamente.

1.2.3. Artículo 10, apartados 1 a 4: miembros de la familia

El artículo 10, apartados 1 a 4, establece qué personas entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo en virtud de sus vínculos familiares con el titular del derecho [una persona que entre en el ámbito de aplicación de cualquiera de las disposiciones del artículo 10, apartado 1, letras a) a d), del Acuerdo].

Basándose en la Directiva 2004/38/CE, el Acuerdo distingue entre dos categorías de «miembros de la familia»: los miembros de la familia «nuclear» [definidos en el artículo 9, letra a), del Acuerdo, que se corresponde con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE] y los miembros de la familia «ampliada» [que entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartados 2 a 5, del Acuerdo, el cual se corresponde con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE].

1.2.3.1. Artículo 10, apartado 1, letra e), inciso i): miembros de la familia «nuclear» que residen en el Estado de acogida

Esta disposición se aplica a los miembros de la familia «nuclear» [definidos en el artículo 9, letra a), del Acuerdo] que residan en el Estado de acogida al final del período transitorio en calidad de miembros de la familia de un ciudadano de la UE que ha ejercido derechos de libre circulación de la Unión en el Estado de acogida.

1.2.3.2. Artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii): miembros de la familia «nuclear» que residen fuera del Estado de acogida

Los miembros de la familia que entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii), no se han desplazado al Estado de acogida antes del final del período transitorio. Pueden reunirse con el titular del derecho en el Estado de acogida en cualquier momento posterior al final del período transitorio.

Dichos miembros de la familia deben estar directamente relacionados (es decir, entrar en el ámbito de aplicación del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE como cónyuge, pareja en el contexto de una unión registrada o ascendiente directo) con el titular del derecho al final del período transitorio. Los descendientes directos nacidos antes del final del período transitorio también entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii), del Acuerdo, mientras que los descendientes directos nacidos después del final del período transitorio entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letra e), inciso iii), del Acuerdo.

Además, el miembro de la familia de que se trate debe cumplir las condiciones que impone el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE en el momento en el que pretenda obtener la residencia en el Estado de acogida en virtud del Acuerdo.

Esto supone, por ejemplo, que alguien que pretenda entrar como cónyuge de un titular del derecho en 2025 tendrá derecho a ello en virtud del Acuerdo si era ya cónyuge del titular del derecho al final del período transitorio y aún sigue siéndolo en 2025.

El hijo de un titular del derecho que sea menor de 21 años al final del período transitorio tendrá derecho a reunirse con el titular del derecho en virtud del Acuerdo si continúa siendo hijo del titular del derecho en el momento en que pretenda reunirse con él en el Estado de acogida y aún es menor de 21 años o está a cargo del titular del derecho.

El progenitor de un titular del derecho tendrá derecho a reunirse con él en virtud del Acuerdo si está a cargo del titular del derecho en el momento en que pretenda reunirse con él en el Estado de acogida.

1.2.3.3. Artículo 10, apartado 1, letra e), inciso iii): futuros hijos

Los hijos del titular del derecho que nazcan o sean adoptados por él después del final del período transitorio están protegidas por el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso iii), del Acuerdo.

Para tener derecho a reunirse con el titular del derecho en el Estado de acogida, esos futuros hijos tendrán que cumplir las condiciones que impone el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE cuando pretendan reunirse con el titular del derecho en el Estado de acogida, es decir, ser menores de 21 años o estar a su cargo.

El artículo 10, apartado 1, letra e), inciso iii), del Acuerdo se aplica en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los dos progenitores son titulares del derecho: no existe el requisito formal de que los progenitores tengan un derecho exclusivo o compartido de custodia del menor.

b) Si uno de los progenitores es titular del derecho y el otro es nacional del Estado de acogida (por ejemplo, en el caso de una pareja formada por un ciudadano polaco y una ciudadana británica residente en Polonia): no existe el requisito formal de que los progenitores tengan el derecho exclusivo o compartido de custodia del menor (esta disposición no exige que el progenitor que no sea titular del derecho sea residente en el Estado de acogida).

c) Uno de los progenitores es titular del derecho (esta disposición afecta a todas las situaciones en que solamente uno de los progenitores del menor sea titular del derecho, excepto que ese progenitor haya perdido la custodia del menor: familias con dos progenitores, por ejemplo un niño nacido de un titular del derecho casado después del final del período transitorio con una ciudadana de la UE que no sea beneficiaria del Acuerdo; y familias con progenitores solteros o casos en que el progenitor que no sea titular del derecho no resida en el Estado de acogida o no tenga derecho de residencia en él): se exige que el progenitor titular del derecho tenga el derecho exclusivo o compartido de custodia del menor.

Los niños nacidos antes del final del período transitorio pero reconocidos como hijos (por ejemplo, los casos en que el titular del derecho reconozca la paternidad del niño) después del final del período transitorio deben recibir el tratamiento dispuesto en el artículo 10, apartado 1, letra e), incisos i) o ii), dependiendo del lugar de residencia de los niños al final del período transitorio.

1.2.3.4. Artículo 10, apartado 1, letra f): miembros de la familia que han adquirido un derecho independiente a residir en el Estado de acogida

Esta disposición afecta a los miembros de la familia «nuclear» [según la definición del artículo 9, letra a), del Acuerdo] que:

a) en algún momento anterior al final del período transitorio, residan en el Estado de acogida en calidad de miembros de la familia de un ciudadano de la UE que ejerza derechos de libre circulación de la Unión en dicho Estado;

b) posteriormente, pero en todo caso antes del final del período transitorio, adquieran un derecho de residencia en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación que ya no dependa del hecho de ser un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que ejerza sus derechos de libre circulación de la Unión en el Estado de acogida [por ejemplo, en virtud del artículo 13, apartado 2, o del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE];

c) mantengan ese derecho independiente al final del período transitorio.

La situación específica de las personas que entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, letra f), es el motivo por el que la segunda parte del Acuerdo no incluye el requisito del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE de que esos miembros de la familia deben «acompañar» al titular del derecho o «reunirse» con él en el Estado de acogida.

1.2.3.5. Artículo 10, apartado 2: miembros de la familia «ampliada» que ya residen en el Estado de acogida

El artículo 10, apartado 2, del Acuerdo afecta a los miembros de la familia «ampliada» [que se corresponde con lo descrito en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE] que residan en el Estado de acogida al final del período transitorio en virtud de su relación con un ciudadano de la UE que ejerza sus derechos de libre circulación de la Unión en dicho Estado. La duración de esa residencia es irrelevante.

El derecho de libre circulación de la Unión consistente en la residencia en el Estado de acogida de dichas personas presume que el Estado de acogida les ha proporcionado un documento de residencia de conformidad con su legislación nacional.

El derecho de libre circulación de la Unión consistente en la residencia de dichas personas en el Estado de acogida, reconocido por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional, queda evidenciado por la expedición de un documento de residencia.

1.2.3.6. Artículo 10, apartado 3: miembros de la familia «ampliada» con una solicitud pendiente

Los miembros de la familia «ampliada» [que se corresponde con lo descrito en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE] que hayan presentado una solicitud en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE para reunirse con el titular del derecho en el Estado de acogida antes del final del período transitorio pero cuyas solicitudes (ya sean de visado de entrada o de documento de residencia) estén pendientes de resolución al final del período transitorio están protegidos de la misma forma que disponen las normas de la Unión sobre libre circulación.

Sus solicitudes deben tratarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. La concesión de la solicitud supone que debe considerarse que esas personas entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Acuerdo.

1.2.3.7. Artículo 10, apartado 4: pareja de hecho estable

La pareja de hecho estable [persona que entra en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE] del titular del derecho que resida fuera del Estado de acogida al final del período transitorio es beneficiaria del Acuerdo.

Entran en esta categoría todas las relaciones de pareja «estables» de larga duración, tanto entre personas de sexos opuestos como entre personas del mismo sexo. La exigencia de estabilidad de la relación debe evaluarse en función del objetivo de la Directiva de mantener la unidad de la familia en un sentido amplio (véase el considerando 6 de la Directiva 2004/38/CE).

Esas personas tendrían que mantener una relación estable al final del período transitorio y seguir manteniéndola en el momento en que pretendan obtener la residencia en el Estado de acogida en virtud del Acuerdo.

Esta disposición también afecta a las personas que mantengan una relación estable al final del período transitorio y estén casadas con el titular del derecho en el momento en que pretendan obtener la residencia en el Estado de acogida en virtud del Acuerdo.

Sus solicitudes deben tratarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. La concesión de la solicitud supone que debe considerarse que esas personas entran en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2.

1.2.4. Artículo 10, apartado 5: estudio por el Estado de acogida

El Estado de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales al evaluar la solicitud de entrada o de residencia del miembro de la familia que entre en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartados 3 y 4, del Acuerdo, de conformidad con su legislación nacional. Cualquier decisión por la que se deniegue la solicitud deberá estar debidamente motivada.

1.3. Artículo 11 — Continuidad de la residencia

El artículo 11 garantiza que las personas temporalmente ausentes del territorio del Estado de acogida en el momento en que finalice el período transitorio, bajo la condición de «continuidad», aún se considerarán residentes legales y, en consecuencia, protegidos por el Acuerdo. Esta disposición guarda coherencia con los artículos 9 y 10 del Acuerdo, que hacen referencia al «derecho de residencia en el Estado de acogida» y no a la «presencia en el Estado de acogida».

En concreto, esto supone que una persona que ya posee un derecho permanente de residencia lo perderá si está ausente durante más de cinco años (artículo 11, párrafo segundo, en referencia a la norma de los cinco años del artículo 15, apartado 3, del Acuerdo). Aquellos que aún no hayan residido durante cinco años solo pueden ausentarse durante un máximo de seis meses al año (artículo 11, párrafo primero, que hace referencia a las normas de continuidad de la residencia con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Acuerdo, el cual remite a su vez a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE).

Para más información puede consultarse el artículo 15, apartados 2 y 3, del Acuerdo, sobre las condiciones de la continuidad.

Por ejemplo, debe considerarse que los ciudadanos de la UE que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en el Estado de acogida de conformidad con la Directiva 2004/38/CE y hayan abandonado el Estado de acogida cuatro años antes del final del período transitorio «ejercen su derecho de residencia de conformidad con la legislación de la Unión» (incluso si ya no gozan del derecho de residencia permanente en virtud de la Directiva 2004/38/CE) al final del período transitorio puesto que no han estado ausentes durante un período superior a cinco años consecutivos. Tienen derecho a obtener la nueva condición de residentes permanentes en el Estado de acogida, siempre que lo soliciten dentro del plazo establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b), párrafo primero, del Acuerdo.

1.3.1. Períodos de residencia pasados

No se tienen en cuenta los períodos pasados de residencia legal en el Estado de acogida seguidos por ausencias más largas de lo permitido.

Por ejemplo, un ciudadano de la UE que haya vivido en el Reino Unido durante veinte años, entre 1990 y 2010, y después haya abandonado el Reino Unido no se considera residente en el Reino Unido a efectos del Acuerdo. Ese ciudadano de la UE ha abandonado voluntariamente el Reino Unido y ha permanecido fuera de él desde entonces, de modo que no existe ningún derecho de residencia en virtud del Acuerdo.

1.3.2. Períodos de residencia pasados, seguidos por una ausencia más larga y, posteriormente, por un retorno al Estado de acogida antes del final del período transitorio

Una persona que se haya ausentado durante más de cinco años en el pasado, pero que haya retornado al Estado de acogida antes del final del período transitorio, comienza a contabilizar su período de residencia legal desde cero en el momento del retorno al Estado de acogida antes del final del período transitorio.

1.4. Artículo 12 — No discriminación

El artículo 12 del Acuerdo refleja plenamente lo dispuesto en el artículo 18 del TFUE y garantiza que se prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad, cuando:

a) se trate del ámbito de aplicación de la segunda parte del Acuerdo, aunque sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en la propia segunda parte (como el artículo 23, apartado 2); y

b) perjudique a los beneficiarios del Acuerdo.

Esto incluye, por ejemplo, el derecho de los estudiantes a las mismas tasas de enseñanza que los nacionales del Estado de acogida.

2. TÍTULO II — DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO 1 — DERECHOS RELACIONADOS CON LA RESIDENCIA Y DOCUMENTOS DE RESIDENCIA

2.1. Artículo 13 — Derechos de residencia

2.1.1. Ámbito de aplicación

El artículo 13, apartados 1 a 3, establece las principales condiciones sustantivas que sustentan el derecho de residencia en el Estado de acogida para los ciudadanos de la UE, los nacionales del Reino Unido y los respectivos miembros de sus familias, independientemente de su nacionalidad.

Estas condiciones para obtener derechos de residencia reproducen, esencialmente, las condiciones que, con respecto a los derechos de residencia, fijan las normas de la Unión sobre libre circulación.

Los ciudadanos de la UE, los nacionales del Reino Unido y los respectivos miembros de sus familias, independientemente de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente antes del final del período transitorio no deben estar sujetos a requisitos previos a la residencia permanente, como los que establece el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE.

No hay margen de discrecionalidad en la aplicación de las normas pertinentes, salvo que vaya en favor de la persona de que se trate (véase también el artículo 38 del Acuerdo).

2.2. Artículo 14 — Derecho de salida y de entrada

2.2.1. Artículo 14, apartado 1: entrada y salida con un documento nacional de identidad o pasaporte válidos

En virtud del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a salir de un Estado miembro y entrar en otro Estado miembro independientemente de que sean o no nacionales de cualquiera de esos Estados miembros o residentes en ellos.

El derecho de los beneficiarios del Acuerdo a estar ausentes según lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo y el derecho a continuar trabajando como trabajadores fronterizos establecido en los artículos 24 y 25 del Acuerdo implican el derecho a salir del Estado de acogida o el Estado de trabajo, respectivamente, y de volver a él.

Al igual que la Directiva 2004/38/CE, el artículo 14, apartado 1, del Acuerdo exige un pasaporte o documento nacional de identidad válidos a los efectos de ejercer los derechos de entrada y salida. No pueden añadirse otras condiciones con arreglo a la legislación nacional (como la obligación de que el documento de viaje tenga una cierta validez futura). Si el derecho de entrada o salida puede acreditarse mediante documentos de viaje diferentes, la elección corresponde al beneficiario del Acuerdo.

En lo que respecta al uso de los documentos nacionales de identidad como documentos de viaje, el artículo 14, apartado 1, párrafo segundo, autoriza a los Estados de acogida a decidir que, transcurridos cinco años desde el final del período transitorio, los documentos nacionales de identidad puedan aceptarse únicamente si incorporan un chip que cumpla las normas aplicables de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de identificación biométrica (según las normas de la OACI Doc. 9303).

La decisión debe publicarse oportuna y debidamente, con arreglo al artículo 37 del Acuerdo, para que los beneficiarios del Acuerdo puedan solicitar un documento nacional de identidad o un pasaporte válidos que cumplan ese requisito.

2.2.2. Artículo 14, apartado 2: titulares de documentos expedidos en virtud del Acuerdo

Los ciudadanos de la UE, los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas residentes en el Estado de acogida con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo tendrán derecho a cruzar las fronteras del Estado de acogida en las condiciones establecidas en el artículo 14, apartado 1, del Acuerdo si prueban que son beneficiarios del mismo.

Los titulares de documentos expedidos con arreglo a los artículos 18 y 26 del Acuerdo quedarán, por tanto, exentos de cualquier visado de entrada o salida o formalidad equivalente (en el sentido del artículo 4, apartado 2, y del artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE; por ejemplo, la autorización de viaje electrónica).

2.2.3. Artículo 14, apartado 3: visados de entrada y cargos por las solicitudes de residencia realizadas fuera del país

El artículo 14, apartado 3, del Acuerdo reproduce las facilidades para la obtención del visado de entrada que la Directiva 2004/38/CE concede a los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE móviles en reconocimiento de que el derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir libremente, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, debe también concederse a los miembros de sus familias, cualquiera que sea su nacionalidad (véase el considerando 5 de la Directiva 2004/38/CE).

Si bien los visados de entrada de corta duración mencionados en el artículo 14, apartado 3, deben expedirse gratuitamente, el Acuerdo no impide que el Estado de acogida ofrezca a los miembros de la familia la posibilidad adicional de solicitar desde el extranjero la nueva condición de residente que debe obtenerse con arreglo al artículo 18. En ese caso, la elección entre el visado de entrada y el documento de residencia corresponde al beneficiario del Acuerdo. En tal caso, la solicitud puede estar sujeta a cargos aplicables a la expedición de los documentos de residencia que prueben la condición de residente.

2.3. Artículo 15 — Derecho de residencia permanente

2.3.1. Artículo 15, apartado 1: adquisición

El artículo 15 del Acuerdo reproduce lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2004/38/CE en relación con la adquisición del derecho de residencia permanente.

Las personas que no cumplen lo necesario para adquirir el derecho de residencia permanente en virtud de la Directiva 2004/38/CE no pueden tampoco obtener la condición de residentes permanentes en virtud del Acuerdo. De ello se derivan las consecuencias siguientes:

a) la residencia que se ajuste a las normas de la Unión sobre libre circulación pero no a las condiciones de la Directiva 2004/38/CE (téngase en cuenta que el artículo 13 del Acuerdo hace referencia a la Directiva 2004/38/CE) no se contabiliza a los efectos del derecho de residencia permanente (asunto C-529/11 Alarape y Tijani);

b) poseer un documento de residencia válido no convierte en legal la residencia a los efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente (asunto C-325/09 Dias);

c) un período de estancia en prisión antes de que se adquiera el derecho de residencia permanente vuelve a reiniciar el cálculo, de forma que debe acumularse un nuevo período de cinco años continuados de residencia (asunto C-378/12 Onuekwere).

Con la misma lógica, las personas que pueden adquirir el derecho de residencia permanente en virtud de la Directiva 2004/38/CE pueden también obtener la condición de residentes permanentes en virtud del Acuerdo. De ello se derivan las consecuencias siguientes:

a) la residencia legal significa residencia de conformidad con las condiciones que imponen la Directiva 2004/38/CE (asuntos acumulados C-424 y 425/10 Ziolkowski y Szeja) y sus antecesoras (asunto C-162/09 Lassal);

b) el período de residencia que otorga el derecho no tiene que ser inmediatamente precedente al momento en el que se reclama el derecho de residencia permanente (asunto C-162/09 Lassal);

c) la residencia antes de la adhesión del propio país a la UE puede contabilizarse en determinadas circunstancias (asuntos acumulados C-424 y 425/10 Ziolkowski y Szeja).

La mención a los períodos de trabajo de conformidad con las normas de la Unión sobre libre circulación contenida en el artículo 15, apartado 1, y el artículo 16 del Acuerdo hace referencia a períodos de empleo en el sentido del artículo 17 de la Directiva 2004/38/CE.

2.3.2. Artículo 15, apartado 2: período de residencia inferior a cinco años

En lo que respecta a la continuidad de la residencia no permanente, el artículo 15, apartado 2, del Acuerdo establece que la continuidad de la residencia se determinará de conformidad con el artículo 16, apartado 3, y el artículo 21 de la Directiva 2004/38/CE.

Al mencionarse el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE a los efectos de comprobar la continuidad de la residencia legal con el fin de adquirir el derecho de residencia permanente, con carácter general se aplican las mismas normas a la residencia en virtud del Acuerdo, es decir, que los beneficiarios del Acuerdo pueden estar ausentes por cierto tiempo sin que se interrumpa la continuidad de su derecho de residencia en el Estado de acogida.

Esto implica que la continuidad de la residencia no se ve afectada por las siguientes ausencias temporales:

1) ausencias (téngase en cuenta el plural) no superiores a un total de seis meses al año;

2) ausencias (téngase en cuenta el plural) de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares (no hay límite de tiempo); o

3) una ausencia (téngase en cuenta el singular) no superior a doce meses consecutivos por motivos importantes (téngase en cuenta que la lista no es exhaustiva): a. embarazo y parto; b. enfermedad grave; c. estudios o formación profesional; o d. traslado por razones de trabajo al extranjero.

Por ejemplo, los ciudadanos de la UE que hayan llegado al Estado de acogida cuatro años antes del final del período transitorio, hayan trabajado allí y hayan sido trasladados por su empleador al extranjero ocho meses antes del final del período transitorio [punto 3, letra d] aún mantienen su derecho de residencia al final del período transitorio en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE a los efectos del Acuerdo, y pueden obtener la nueva condición de residentes en el Estado de acogida, siempre que retornen al Estado de acogida antes de que su ausencia supere los doce meses consecutivos.

Esto también supone que la continuidad de la residencia se interrumpe por cualquier decisión de expulsión ejecutada legalmente contra la persona de que se trate (en esencia, ese derecho de residencia se da por finalizado por cualquier decisión de expulsión debidamente ejecutada contra esa persona).

Un período de estancia en prisión antes de que se adquiera el derecho de residencia permanente vuelve a reiniciar el cálculo, de forma que debe acumularse un nuevo período de cinco años continuados de residencia legal (asunto C-378/12 Onuekwere).

2.3.3. Artículo 15, apartado 3: período de residencia superior a cinco años

El artículo 15, apartado 3, del Acuerdo establece que el derecho de residencia permanente solamente debe perderse por ausencia del Estado de acogida durante más de cinco años consecutivos (véanse las orientaciones relativas al artículo 11 con respecto a los beneficiarios ausentes en el momento en que finalice el período transitorio).

El derecho de residencia permanente en virtud del Acuerdo también puede perderse mediante una decisión de expulsión adoptada legalmente por los motivos expuestos en el artículo 20 del Acuerdo. Un período de estancia en prisión posterior a la adquisición del derecho de residencia permanente no afecta a dicho derecho (asunto C-145/09 Tsakouridis).

El derecho de residencia permanente adquirido antes del final del período transitorio al que se refiere el artículo 11 del Acuerdo debe entenderse como derecho de residencia permanente en virtud del Derecho de la Unión (artículo 16, apartados 1 o 2, de la Directiva 2004/38/CE) que determina si una persona está facultada para convertirse en beneficiaria del Acuerdo (no debe entenderse que hace referencia al derecho de residencia permanente adquirido en virtud del Acuerdo).

Para reflejar el contexto específico del Acuerdo (en virtud del cual no es posible ejercer simplemente de nuevo el derecho a circular y residir libremente, incluso después de haber perdido un derecho previo de residencia permanente), el artículo 11 del Acuerdo va más allá de la norma referente a la ausencia permitida de dos años para la pérdida del derecho de residencia permanente que fija la Directiva 2004/38/CE (artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE) y establece una ausencia máxima de cinco años consecutivos. La ampliación del período de ausencia de dos a cinco años (en comparación con las normas que establece la Directiva 2004/38/CE) permite a las personas de que se trate mantener su derecho de residencia permanente en virtud del Acuerdo al retornar al Estado de acogida tras un período de ausencia de hasta cinco años consecutivos.

Por ejemplo, los ciudadanos de la UE que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en el Acuerdo al final del período transitorio y que abandonen el Estado de acogida seis años después del final del período transitorio durante un período de cuatro años (por ejemplo, por un traslado por razones de trabajo al extranjero) aún pueden retornar al Estado de acogida y mantener su derecho de residencia permanente y todos los derechos conexos en virtud del Acuerdo.

2.4. Artículo 16 — Acumulación de períodos

El artículo 16 del Acuerdo complementa al artículo 15 al hacer referencia a la situación en la que los beneficiarios del Acuerdo aún no hayan adquirido el derecho de residencia permanente antes del final del período transitorio. El período durante el que una persona haya residido legalmente, de conformidad con las normas de la Unión sobre libre circulación, antes del final del período transitorio se contabilizará a afectos de completar el período de residencia de cinco años necesario para adquirir el derecho de residencia permanente. El artículo 16 confiere a ese beneficiario el derecho a adquirir la condición de residente permanente más tarde (después de haber acumulado el tiempo suficiente de residencia legal).

2.5. Artículo 17 — Variaciones en la condición de residente

2.5.1. Artículo 17, apartado 1: variaciones en la condición

La primera parte del artículo 17, apartado 1, establece que los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido con derecho de residencia en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Acuerdo pueden cambiar su condición y seguir siendo beneficiarios del Acuerdo.

Su derecho de residencia (permanente o no permanente) en virtud del Acuerdo no se ve afectado cuando cambian su condición (es decir, la disposición del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE en la que se basa su derecho de residencia), siempre que su residencia sea acorde con las condiciones establecidas en el artículo 13, apartado 1, del Acuerdo (y, a través de él, en el Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE). También es posible gozar de múltiples condiciones (por ejemplo, un estudiante que al mismo tiempo también sea un trabajador por cuenta ajena).

El cambio de la condición no conlleva consecuencia alguna (como la expedición de un nuevo documento de residencia) y no tiene que notificarse a las autoridades nacionales.

La lista de «condiciones» del artículo 17, apartado 1 (estudiante, trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia y persona sin actividad económica), es orientativa y no exhaustiva.

Aunque el artículo 17, apartado 1, también resulta aplicable a los beneficiarios del Acuerdo que hayan adquirido la condición de residente permanente en virtud del Acuerdo, es improbable que esas personas obtengan protección efectiva de esta disposición, dado que su condición de residentes ya no es condicional y no puede volver a serlo (véase la diferencia entre la residencia basada en el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE y la residencia permanente basada en los artículos 16 o 17 de la Directiva 2004/38/CE).

2.5.1.1. Situación específica de los miembros de la familia

Los miembros de la familia con derecho de residencia en el Estado de acogida en virtud del artículo 13, apartados 2 o 3, del Acuerdo también pueden cambiar su condición y seguir siendo beneficiarios del Acuerdo.

No obstante, la segunda frase del artículo 17, apartado 1, impide expresamente que puedan convertirse en titulares del derecho [es decir, las categorías de personas a las que se refiere el artículo 10, apartado 1, letras a) a d), del Acuerdo]. En la práctica, esto supone que no gozan de un derecho autónomo en virtud del Acuerdo a que los miembros de sus familias se reúnan con ellos.

Esta limitación se aplica únicamente con respecto a las personas cuya condición de residentes en virtud del Acuerdo se deriva exclusivamente de su condición de miembros de las familias de los titulares del derecho. Los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que residan en el Estado de acogida al final del período transitorio, como miembros de la familia y, al mismo tiempo, como titulares del derecho (por ejemplo, el hijo austriaco de 20 años de un trabajador austriaco que también trabaje en el Reino Unido) no se ven afectados por la segunda parte del artículo 17, apartado 1, y, en consecuencia, disfrutan de todos los derechos de que disfrutan los titulares del derecho.

2.5.2. Artículo 17, apartado 2: hijos que ya no están a cargo

Al igual que sucede en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE, los miembros de las familias de beneficiarios del Acuerdo cuya condición de residentes se derive del hecho de estar a cargo del titular del derecho no dejan de estar cubiertos por el Acuerdo cuando dejen de estar a su cargo, por ejemplo al hacer uso de los derechos que les confiere el artículo 22 para trabajar por cuenta propia o ajena en el Estado de acogida.

El artículo 17, apartado 2, establece que esos miembros de las familias conservan los mismos derechos incluso cuando dejen de estar a cargo, cualquiera que sea el modo en que hayan dejado de estarlo.

Del mismo modo, los miembros de las familias de los beneficiarios del Acuerdo cuya condición de residentes se derive de su edad inferior a 21 años siguen estando cubiertos por el Acuerdo cuando cumplan 21 años.

2.6. Artículo 18 — Expedición de documentos de residencia

Desviándose de los principios fundamentales de las normas de la Unión sobre libre circulación, el artículo 18 obliga al Estado de acogida a hacer una elección entre instaurar un régimen de residencia constitutivo (artículo 18, apartado 1) o un régimen de residencia declarativo (artículo 18, apartado 4).

En un régimen de residencia declarativo (con arreglo a la Directiva 2004/38/CE), la condición de residente queda conferida directamente a los beneficiarios por la acción de la ley y no depende de que hayan completado procedimientos administrativos. En otras palabras, la «fuente» de la condición de residente y los derechos que se derivan de ella es el hecho de que se cumplan las condiciones que el Derecho de la Unión asocia al derecho de residencia (no es necesaria una decisión de las autoridades nacionales para tener la condición, aunque puede existir la obligación de solicitar un documento de residencia que la acredite).

En un régimen de residencia constitutivo, los beneficiarios adquieren la condición de residentes solamente si presentan una solicitud con ese fin y la condición se concede. En otras palabras, la «fuente» de la condición de residente y los derechos que se derivan de ella es una decisión de las autoridades nacionales por la que se concede la condición.

2.6.1. Artículo 18, apartado 1, párrafo primero: condición constitutiva

El artículo 18, apartado 1, establece que el Estado de acogida tiene la posibilidad de instaurar un régimen de residencia constitutivo.

De conformidad con la parte introductoria del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, las personas que presenten una solicitud deberán cumplir las condiciones establecidas en el título II de la segunda parte del Acuerdo para que se les pueda conceder la nueva condición de residente.

2.6.1.1. Documento de residencia

Cuando el solicitante cumpla las condiciones establecidas en el título II, el artículo 18, apartado 1, exige que el Estado miembro expida un documento de residencia que acredite la nueva condición de residente. No establece el formato del documento de residencia, pero el artículo 18, apartado 1, letra q), exige que el documento mencione que ha sido expedido de conformidad con el Acuerdo (de tal modo que pueda distinguirse a sus titulares como beneficiarios del Acuerdo).

2.6.1.2. Formato en papel o digital

El artículo 18, apartado 1, posibilita que el Estado de acogida expida el documento de residencia en formato digital. En esencia, esto supone que la condición de residente se registra en primera instancia en una base de datos gestionada por las autoridades nacionales y que los beneficiarios del Acuerdo obtienen los medios para consultar su condición, verificarla y compartirla con los interesados.

2.6.2. Artículo 18, apartado 1, letra a): finalidad de la solicitud

Las autoridades competentes deben decidir si al solicitante le corresponde o no la nueva condición de residente en virtud del artículo 18, apartado 1, tras haber evaluado si se cumplen las condiciones que dicho artículo impone.

2.6.3. Artículo 18, apartado 1, letra b): plazos para la solicitud y certificado de solicitud

2.6.3.1. Plazos

Las solicitudes de la nueva condición de residente en virtud del artículo 18, apartado 1, deben realizarse en el plazo fijado por el Estado de acogida, que no debe ser inferior a seis meses desde el final del período transitorio, salvo que sea aplicable el artículo 18, apartado 1, letra c) (ver posteriormente). Este plazo deberá aplicarse a todos los beneficiarios del Acuerdo que residan legalmente en el Estado de acogida en el momento en que finalice el período transitorio, incluidas las personas temporalmente ausentes en ese momento con arreglo al artículo 15, apartados 2 y 3, del Acuerdo.

Los miembros de la familia y las parejas en una relación estable que deseen reunirse con el ciudadano de la UE o el nacional del Reino Unido beneficiario del Acuerdo después del final del período transitorio deben solicitar la nueva condición de residente en el plazo de tres meses desde su llegada o en el plazo de seis meses desde el final del período transitorio, si esta última fecha fuere posterior.

2.6.3.2. Certificado de solicitud

Debe expedirse un certificado de solicitud inmediatamente después de que la autoridad competente haya recibido la solicitud. Ese certificado debe distinguirse del nuevo documento de residencia, y las autoridades nacionales están obligadas por el Acuerdo a ayudar al solicitante a completar la solicitud para poder recibir el certificado.

Una vez que una persona presenta una solicitud en los plazos establecidos en el artículo 18, apartado 1, letra b), la autoridad competente debe dar los pasos siguientes:

1) La autoridad competente expide inmediatamente un certificado de solicitud [último párrafo del artículo 18, apartado 1, letra b)].

2) La autoridad competente verifica que la solicitud está completa. Si no fuese el caso (por ejemplo, cuando la identidad no se ha probado o en caso de que se exija el pago de una tasa al presentar la solicitud y dicha tasa no se haya abonado), la autoridad competente ayuda al solicitante a evitar errores u omisiones en la solicitud [artículo 18, apartado 1, letra o)], antes de tomar la decisión de rechazar la solicitud presentada.

3) Cuando la solicitud esté completa, la autoridad competente verifica que el solicitante está facultado para obtener los derechos de residencia que establece el título II.

4 Cuando la solicitud esté bien fundada, la autoridad competente expide el nuevo documento de residencia [artículo 18, apartado 1, letra b)].

Contra la decisión de rechazar una solicitud pueden interponerse recursos judiciales y, cuando proceda, administrativos, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra r).

Se considera que un solicitante disfruta de los derechos de residencia en virtud del Acuerdo hasta que la autoridad competente haya tomado una decisión final, de conformidad con el artículo 18, apartado 3.

2.6.3.3. Certificado de solicitud

La expedición del certificado de solicitud confirma que:

a) la solicitud se ha realizado correctamente;

b) el solicitante ha cumplido con la obligación de solicitar una nueva condición de residente;

c) el solicitante disfruta de todos los derechos en virtud del Acuerdo hasta que se haya tomado la decisión final sobre la solicitud (artículo 18, apartado 3).

El artículo 18, apartado 1, letra b), no armoniza el formato del certificado de solicitud, sino que simplemente exige que se expida (el formato digital es también aceptable).

2.6.3.4. Solicitudes realizadas fuera del país

Las solicitudes de la nueva condición de residente también pueden realizarse desde el extranjero, por ejemplo por personas que están ausentes temporalmente pero se consideran residentes legales en el Estado de acogida (véanse las orientaciones correspondientes al artículo 15, apartados 2 y 3, del Acuerdo).

Las solicitudes realizadas fuera del país también pueden provenir de los miembros de la familia que aún no residan en el Estado de acogida [véanse las orientaciones correspondientes al artículo 10, apartado 1, letra e), incisos ii) y iii), apartado 3 y apartado 4, del Acuerdo].

2.6.4. Artículo 18, apartado 1, letra c): problemas técnicos y su notificación

El artículo 18, apartado 1, letra c), se refiere a la situación en la que las solicitudes de nueva condición de residente no se pueden presentar debido a problemas técnicos del sistema de solicitudes en el Estado de acogida.

En tal situación, si los problemas técnicos ocurren en el Reino Unido, corresponde a las autoridades del Reino Unido notificarlo a la Unión de conformidad con las normas aplicables. Si los problemas técnicos ocurren en un Estado miembro de la UE, es la Unión (como Parte en el Acuerdo) quien deberá notificarlo al Reino Unido de conformidad con las normas aplicables. El plazo para presentar una solicitud de nueva condición de residente se prorrogará automáticamente por un año cuando se realice una notificación con arreglo a este apartado.

Si el Estado de acogida efectúa esa notificación, deberá publicarlo. El Estado de acogida también debe facilitar información pública adecuada a las personas interesadas con prontitud, dado que su situación legal en el Estado de acogida se ve afectada.

Los efectos del artículo 18, apartado 1, letra c), no se despliegan si no se realiza ninguna notificación, incluso aunque existan problemas técnicos.

A este respecto, el artículo 5 del Acuerdo, relativo a la buena fe, es particularmente pertinente, por ejemplo para evaluar si los problemas técnicos son suficientemente graves para desencadenar el procedimiento de notificación o son meramente temporales (por ejemplo, un ataque distribuido de denegación de servicio contra los servidores que alojan el procedimiento de solicitud en línea, una huelga de funcionarios, etc.). En caso de problemas meramente temporales, puede ser más adecuado prorrogar el plazo de solicitud mediante la legislación nacional o asegurar a las personas afectadas que sus solicitudes extemporáneas serán aceptadas en virtud del artículo 18, apartado 1, letra d).

2.6.5. Artículo 18, apartado 1, letra d): solicitudes fuera de plazo

La presentación de una solicitud de nueva condición de residente fuera de plazo puede tener consecuencias graves en un régimen de residencia constitutivo que funcione según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1. Puede derivar en una imposibilidad de adquirir la nueva condición de residente que, de otro modo, el solicitante obtendría.

El artículo 18, apartado 1, letra d), prohíbe a las autoridades competentes rechazar automáticamente las solicitudes presentadas después de que haya expirado el plazo y les exige que tramiten esas solicitudes cuando existan «motivos fundados» para el incumplimiento del plazo. Esas solicitudes deben tramitarse de conformidad con las demás disposiciones del artículo 18, apartado 1.

La decisión de las autoridades competentes de aceptar una solicitud presentada (o que vaya a presentarse) una vez expirado el plazo debe tomarse tras una evaluación de todas las circunstancias y los motivos por los que se haya producido el incumplimiento.

La prueba de los «motivos fundados» establece una salvaguardia que «suaviza» las peores consecuencias del incumplimiento del plazo para la solicitud, de modo que se asegura que las solicitudes extemporáneas se tratan de forma proporcionada.

2.6.6. Artículo 18, apartado 1, letra g): tasa de expedición del documento de residencia

Puede exigirse una tasa conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE por la expedición del documento de residencia de que se trate.

Esto supone que esa tasa no puede rebasar las impuestas a los nacionales del Estado de acogida por la expedición de documentos similares.

2.6.7. Artículo 18, apartado 1, letra h): posesión de un documento de residencia permanente

El artículo 18, apartado 1, letra h), únicamente se aplica cuando el solicitante sea titular de un documento de residencia permanente válido, y no cuando disfrute de la condición de residente permanente pero no sea titular de un documento a tal efecto. Las personas que disfruten de la condición de residentes permanentes pero no sean titulares del documento de residencia permanente deben presentar sus solicitudes mediante el procedimiento normal establecido en el artículo 18, apartado 1.

Un documento de residencia permanente puede ser un documento expedido en virtud de la Directiva 2004/38/CE o cualquier documento nacional de inmigración similar, como el Indefinite Leave to Remain del Reino Unido.

2.6.8. Artículo 18, apartado 1, letra i): documentos nacionales de identidad

Los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que deseen confirmar su nacionalidad y su identidad pueden hacerlo mediante sus documentos nacionales de identidad incluso si esos documentos dejan de aceptarse como documentos de viaje en virtud del artículo 14, apartado 1, del Acuerdo.

Como sucede con la Directiva 2004/38/CE, el artículo 18, apartado 1, letra i), solamente exige que el documento de viaje sea válido. No pueden añadirse otras condiciones con arreglo a la legislación nacional (como la obligación de que el documento de viaje tenga una cierta validez futura).

2.6.9. Artículo 18, apartado 1, letra j): documentación justificativa en copias

El artículo 18, apartado 1, letra j), no impide a las autoridades nacionales, cuando esté objetivamente justificado, exigir, en casos concretos, que se presente determinada documentación justificativa en su formato original cuando se alberguen «dudas fundadas sobre su autenticidad».

2.6.10. Artículo 18, apartado 1, letras k) a m): lista de documentos justificativos

El artículo 8, apartados 3 y 5, y el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE establecen una lista exhaustiva de documentos justificativos (véase también el considerando 14 de la Directiva 2004/38/CE) cuya presentación el Estado miembro de acogida puede exigir a los ciudadanos de la UE y a los miembros de sus familias junto con sus solicitudes para expedirles un certificado de registro en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE o una tarjeta de residencia en virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.

No obstante, la Directiva 2004/38/CE no fija una lista exhaustiva de documentos justificativos con respecto a todas las posibles situaciones (como los documentos de residencia expedidos a los trabajadores que mantienen la condición de trabajadores por cuenta ajena o a los miembros de la familia que mantienen el derecho de residencia en virtud de los artículos 12 o 13 de la Directiva 2004/38/CE) o para otros documentos de residencia expedidos en virtud de la Directiva 2004/38/CE (documento acreditativo de la residencia permanente expedido en virtud del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE o tarjeta de residencia permanente expedida en virtud del artículo 20 de la Directiva 2004/38/CE).

El artículo 18, apartado 1, letras k) a n), del Acuerdo reproduce el planteamiento de la Directiva 2004/38/CE en relación con la documentación justificativa. Cuando la Directiva 2004/38/CE establece una lista exhaustiva de documentos justificativos, también lo hace el Acuerdo.

El artículo 18, apartado 1, letra k), del Acuerdo se aplica con respecto a los titulares del derecho que residan en el Estado de acogida al final del período transitorio. Se basa en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE.

En lo que respecta al artículo 18, apartado 1, letra k), inciso iii), del Acuerdo, «centro reconocido o financiado por el Estado de acogida» se corresponde con el artículo 7, apartado 1, letra c), primer guion, de la Directiva 2004/38/CE.

El artículo 18, apartado 1, letra l), del Acuerdo se aplica con respecto a los miembros de la familia de titulares del derecho (incluidos los miembros de la familia «ampliada») que ya hayan residido en el Estado de acogida al llegar el final del período transitorio. Se basa en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE y se ajusta al hecho de que los miembros de la familia afectados ya residen en el Estado de acogida y no entran en él desde el extranjero.

El artículo 18, apartado 1, letra m), del Acuerdo se aplica con respecto a los miembros de la familia de titulares del derecho que no residan en el Estado de acogida al llegar el final del período transitorio. Se basa en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.

El artículo 18, apartado 1, letra n), del Acuerdo sirve como cláusula de cierre que cubre todos los casos a los que no resulte de aplicación el apartado 1, letras k) a m). Se basa en el principio de la Directiva 2004/38/CE de que deben evitarse las prácticas administrativas que constituyan un obstáculo indebido al ejercicio del derecho de residencia. Solamente puede pedirse a los beneficiarios que presenten pruebas de que cumplen las condiciones, incluidas pruebas de la residencia, pero nada más.

Por ejemplo: los niños nacidos de dos titulares del derecho después del final del período transitorio simplemente tienen que demostrar que son hijos de los titulares del derecho. En consecuencia, tendrían que presentar los siguientes documentos junto con sus solicitudes:

— un pasaporte válido (o un documento de identidad, si se trata de ciudadanos de la UE) que confirme su identidad;

— una prueba del vínculo familiar con sus progenitores (por ejemplo, una partida de nacimiento) para confirmar su vínculo familiar con la «fuente» de sus derechos;

— una prueba de que sus progenitores son titulares del derecho (por ejemplo, sus documentos de residencia expedidos en virtud del Acuerdo) para confirmar que su «fuente» de derechos son dos titulares del derecho; y

— [si tienen más de 21 años cuando lo soliciten] una prueba de que están a cargo de los titulares del derecho.

La elección del documento justificativo que presentar corresponde a los solicitantes; el Estado de acogida no puede obligarlos a presentar documentos concretos ni negarse a aceptar solicitudes sustentadas por otros documentos.

2.6.11. Artículo 18, apartado 1, letra o): ayuda a los solicitantes

El artículo 18, apartado 1, letra o), del Acuerdo garantiza que las autoridades competentes ayuden a los solicitantes con el tratamiento de la solicitud y los documentos exigidos. Los solicitantes deben tener la oportunidad de aportar material probatorio complementario y de subsanar deficiencias, errores u omisiones (por ejemplo, no haber probado la identidad o, en el caso de que se exija el pago de una tasa al presentar la solicitud, no haber abonado la tasa correspondiente) en sus solicitudes. Esta es una salvaguardia importante en un régimen de residencia constitutivo puesto que, de otro modo, después del final del período transitorio, los solicitantes no podrán volver a presentar una solicitud en virtud del Acuerdo.

Al aplicar el apartado 1, letra o), el Estado de acogida debe prestar particular atención a los ciudadanos vulnerables (por ejemplo, los ancianos, las personas sin capacidades digitales o las personas que se encuentren en centros de acogida o en instituciones de internamiento).

2.6.12. Artículo 18, apartado 1, letra p): controles de antecedentes penales

El artículo 18, apartado 1, letra p), autoriza al Estado de acogida que instaure un nuevo régimen constitutivo a llevar a cabo controles sistemáticos de antecedentes penales.

Esos controles sistemáticos han sido aceptados en el Acuerdo, dado su contexto particular.

Se podrá exigir a los solicitantes que declaren las condenas penales que aún figuren en sus antecedentes penales de conformidad con el Derecho del Estado de la condena en el momento de la solicitud. Las condenas cumplidas no deben formar parte de esa declaración. El Estado de condena puede ser cualquiera del mundo.

La realización de una declaración falsa no anula, por sí misma, ninguno de los derechos conferidos en virtud del Acuerdo; no obstante, puede tener consecuencias en virtud de las normas relativas al orden público o al fraude. En esos casos, la carga de la prueba recae en las autoridades nacionales. El Estado de acogida también puede establecer disposiciones sobre sanciones proporcionadas aplicables a las declaraciones falsas.

El artículo 18, apartado 1, letra p), no impide que el Estado de acogida compruebe sus propias bases de datos de antecedentes penales, incluso de manera sistemática.

Puede solicitarse que se comprueben las bases de datos de antecedentes penales de otros Estados, pero solo si se considera esencial y ajustándose al procedimiento establecido en el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE, que exige que esas consultas no tengan carácter sistemático.

Los controles de antecedentes penales y de seguridad contemplados en el artículo 18, apartado 1, letra p), se corresponden con los controles por razones de orden público o seguridad pública llevados a cabo de conformidad con el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE a efectos de limitar los derechos de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Acuerdo.

Cualquier medida restrictiva adoptada por motivo de los controles de antecedentes penales y de seguridad llevados a cabo con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra p), debe cumplir con las normas establecidas en el artículo 18, apartado 1, letra r), y en los artículos 20 y 21 del Acuerdo.

2.6.13. Artículo 18, apartado 1, letra q): mención en el nuevo documento de residencia

El único requisito de formato que impone el Acuerdo es que el nuevo documento de residencia mencione que el Acuerdo es la base jurídica de los derechos conferidos a su titular.

2.6.14. Artículo 18, apartado 1, letra r): procedimiento de recurso

El artículo 18, apartado 1, letra r), garantiza que cualquier decisión tomada en relación con una solicitud de nueva condición de residente con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra a), puede ser impugnada por la persona de que se trate con arreglo a procedimientos de recurso en virtud de los cuales se examinen tanto la legalidad de la decisión como los hechos y circunstancias que hayan llevado a ella.

2.6.15. Artículo 18, apartado 2: derechos de residencia provisionales

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 20 del Acuerdo, ni las autoridades del Estado de acogida ni ningún operador económico o no económico del Estado de acogida pueden aplicar medidas restrictivas hasta que finalice el plazo para solicitar la nueva condición de residente establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b).

2.6.16. Artículo 18, apartado 3: derecho a residir hasta que se tome la decisión final

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 20 del Acuerdo, ni las autoridades del Estado de acogida ni ningún operador económico o no económico del Estado de acogida pueden aplicar medidas restrictivas hasta que se haya tomado la decisión final sobre la solicitud con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra a).

Esta salvaguardia garantiza que la condición del solicitante se protege hasta que:

a) las autoridades nacionales decidan sobre la solicitud (salvaguardia frente a los retrasos administrativos);

b) los órganos jurisdiccionales nacionales decidan sobre el recurso (salvaguardia frente a las decisiones erróneas y los retrasos judiciales).

2.6.17. Artículo 18, apartado 4: procedimiento declarativo

El artículo 18, apartado 4, del Acuerdo reproduce lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE ya que permite a los Estados miembros continuar aplicando el régimen declarativo, es decir, no convertir el nuevo documento de residencia en una condición para la residencia legal en el Estado de acogida.

Si el Estado de acogida se decanta por esta opción, son aplicables las normas establecidas en la Directiva 2004/38/CE relativas, por ejemplo, a plazos, tasas, documentos justificativos y documentos de residencia que deben expedirse.

Quienes puedan obtener una nueva condición de residente deben tener el derecho de recibir, previa solicitud, un documento de residencia (que puede estar en formato digital) que mencione que ha sido expedido de conformidad con el Acuerdo.

2.7. Artículo 19 — Expedición de documentos de residencia durante el período transitorio

2.7.1. Artículo 19, apartado 1: solicitudes durante el período transitorio

Del artículo 127 del Acuerdo se deriva que las normas de la Unión sobre libre circulación continúan aplicándose hasta el final del período transitorio.

No obstante, pueden presentarse solicitudes del nuevo documento de residencia constitutivo de derechos con arreglo al artículo 18, apartado 1, y del documento declarativo de residencia con arreglo al artículo 18, apartado 4, ya durante el período transitorio (artículos 19 y 185 del Acuerdo).

La decisión de instaurar voluntariamente el régimen para la nueva condición de residencia con arreglo al artículo 18, apartado 1, no afecta a la aplicación de las normas de la Unión sobre libre circulación.

Una solicitud de nueva condición de residente en virtud del artículo 18, apartado 1, del Acuerdo durante el período transitorio no impedirá la solicitud simultánea de un documento de residencia con arreglo a la Directiva 2004/38/CE.

De manera similar, la decisión de instaurar un régimen voluntario no exime al Estado de acogida de sus obligaciones en virtud de las normas de la Unión sobre libre circulación, como decidir sobre las solicitudes pendientes o tramitar nuevas solicitudes.

2.7.1.1. Competencia diferida del TJUE

De conformidad con el artículo 158, apartado 1, del Acuerdo, el plazo de ocho años durante el que los órganos jurisdiccionales del Reino Unido pueden solicitar una decisión prejudicial del TJUE con respecto a decisiones sobre solicitudes presentadas con arreglo al artículo 18, apartados 1 o 4, o al artículo 19, comienza en la fecha a partir de la cual se aplica el artículo 19 (es decir, el 1 de febrero de 2020).

Mientras que el procedimiento administrativo de solicitud en virtud del artículo 18 puede ser «adelantado» en el tiempo y convertirse en aplicable, otras disposiciones del Acuerdo en las que se basa el procedimiento administrativo de solicitud (como las relacionadas con el ámbito de aplicación personal y territorial de los artículos 9 a 11) o que este despliega o desencadena (como todas las salvaguardias procedimentales contra las decisiones restrictivas o las condiciones para mantener la nueva condición de residente) aún no están vigentes.

Son necesarios ciertos ajustes sin los cuales el artículo 19 quedaría despojado de cualquier efecto útil. Esos ajustes pueden exigir que los Estados de acogida opten por instaurar el régimen voluntario en virtud del artículo 19 para reproducir fielmente todas las disposiciones necesarias, pero aún no aplicables, de la segunda parte del Acuerdo en la legislación nacional y darles con ello efecto en aras de la aplicación del régimen voluntario.

El artículo 131 del Acuerdo garantiza que, durante el período transitorio, las instituciones de la Unión mantendrán las competencias que les confiere el Derecho de la Unión en relación con el Reino Unido en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del artículo 19. El TJUE mantendrá igualmente su plena jurisdicción.

2.7.2. Artículo 19, apartado 2: efectos de la concesión o la denegación de la solicitud

Presentar una solicitud con arreglo al régimen constitutivo voluntario puede ser deseable a efectos de que los solicitantes obtengan seguridad jurídica sobre su condición lo antes posible, a pesar del retraso en la entrada en vigor de la decisión (dado que una decisión favorable no puede retirarse antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 19, apartado 3).

Del artículo 19, apartado 2, se deriva que las decisiones, tanto positivas como negativas, adoptadas en el marco del procedimiento establecido en el artículo 18, apartado 1 (el régimen constitutivo), solo surtirán efecto después del final del período transitorio, es decir, que esas decisiones serán válidas pero sus efectos jurídicos se verán pospuestos, en vista de que los solicitantes disfrutarán de derechos de libre circulación paralelos.

De manera similar, al rechazarse una solicitud presentada en el marco del procedimiento establecido en el artículo 18, apartado 1, se puede advertir al solicitante de que, para conseguir la nueva condición de residente, pueden ser necesarios determinados cambios, que pueden efectuarse hasta el final del período transitorio, y esa persona podrá presentar una nueva solicitud según lo establecido en el artículo 19, apartado 4.

Un documento de residencia concedido con arreglo al artículo 18, apartado 4, es inmediatamente válido y aplicable (después de todo, solamente tiene efectos declarativos). No afecta a los derechos de libre circulación paralelos de los solicitantes. De manera similar, aunque el rechazo de una solicitud en el marco del régimen declarativo voluntario es válido con carácter inmediato, no afecta a los derechos de libre circulación de la Unión paralelos de los solicitantes.

2.7.3. Artículo 19, apartado 3: no retirada de la condición de residente concedida durante el período transitorio

El artículo 19, apartado 3, impide que el Estado de acogida retire la condición de residente previamente concedida en el marco del régimen constitutivo voluntario antes del final del período transitorio. Solo puede hacerlo por razones de orden público, seguridad pública o salud pública o de abuso de derecho o fraude, de conformidad con las normas de la Directiva 2004/38/CE aplicables en paralelo.

Esta disposición sirve para garantizar a los solicitantes que no existe riesgo en presentar una solicitud temprana durante el período transitorio puesto que la solicitud, una vez concedida, no puede revisarse por razones administrativas (es decir, las relacionadas con las condiciones asociadas al derecho de residencia).

En el régimen previsto en el artículo 18, apartado 4 (procedimiento declarativo), las autoridades nacionales tienen la opción de retirar los documentos de residencia expedidos o la condición de residente, pero esa retirada, en sí misma, no afecta al derecho de residencia de la persona interesada.

2.7.4. Artículo 19, apartado 4: nuevas solicitudes

El artículo 19, apartado 4, garantiza que los solicitantes a los que se haya denegado la nueva condición de residentes en virtud del artículo 18, apartado 1, antes del final del período transitorio pueden presentar una nueva solicitud en el plazo fijado en el artículo 18, apartado 1, letra b).

El derecho de presentar una nueva solicitud durante el período transitorio está cubierto por los procedimientos de recurso establecidos en el artículo 18, apartado 1, letra r).

2.7.5. Artículo 19, apartado 5: recursos

Todos los solicitantes disfrutan de todos los derechos de recurso que establece el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE.

2.8. Artículo 20 — Limitaciones del derecho de residencia

El artículo 20 hace referencia a todas las personas que ejerciten los derechos establecidos en el título II de la segunda parte, lo que supone que también hace referencia, por ejemplo, a los trabajadores fronterizos, los miembros de la familia o los miembros de la familia «ampliada».

2.8.1. ¿Qué se entiende por conducta personal?

Lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1 y 2, se desencadena por la conducta personal de las personas afectadas. El concepto de conducta personal con arreglo al Acuerdo se basa en el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE [para más detalles, véanse las orientaciones de la Comisión para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE; COM(2009) 313 final, sección 3.2].

2.8.2. Conducta personal antes y después del final del período transitorio

El artículo 20, apartados 1 y 2, establece dos regímenes diferentes que regulan el modo en que debe tratarse una conducta personal que represente una amenaza genuina, presente y suficientemente grave al orden público o la seguridad pública, dependiendo de si la conducta personal se ha producido antes o después del final del período transitorio.

El artículo 20, apartado 1, establece una obligación clara («se valorará») de aplicar el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE a determinados hechos, mientras que el artículo 20, apartado 2, autoriza la aplicación de las normas nacionales de inmigración a los hechos producidos después del final del período transitorio.

Por tanto, el artículo 20, apartados 1 y 2, tiene por objeto separar las acciones realizadas antes y después del final del período transitorio. Las normas nacionales de inmigración no deben aplicarse, ni siquiera parcialmente, a acciones regidas por el artículo 20, apartado 1, del Acuerdo. En cambio, cualquier decisión que restrinja el derecho de residencia debido a acciones realizadas después del final del período transitorio debe tomarse de conformidad con la legislación nacional.

2.8.3. Conducta personal continuada

En determinadas circunstancias, las personas afectadas pueden incurrir en una conducta personal continuada (es decir, una conducta personal cuyos componentes individuales se llevan a cabo con un propósito único y están conectados mediante la misma forma de comisión o una similar y por una coincidencia cercana en tiempo y objeto de las acciones) que comienza antes del final del período transitorio y continúa después.

En la hipótesis de una conducta personal continuada, las autoridades nacionales que deben decidir, después del final del período transitorio, si pueden aplicarse medidas restrictivas a una persona pueden tener que hacer frente, entre otras, a las siguientes situaciones:

a) La serie de acciones realizadas por la persona afectada después del final del período transitorio, considerada en solitario, es suficiente para adoptar una medida restrictiva en virtud de las normas nacionales de inmigración; en tal caso pueden adoptarse medidas basadas en el artículo 20, apartado 2.

b) La serie de acciones realizadas después del final del período transitorio, considerada en solitario, no es suficiente para adoptar medidas en virtud de las normas nacionales de inmigración; en tal caso no pueden adoptarse medidas basadas en el artículo 20, apartado 2.

c) En el caso mencionado en la letra b), las autoridades nacionales pueden no obstante examinar, en virtud del artículo 20, apartado 1, si la serie de acciones anteriores al final del período transitorio justificaría las limitaciones por razones de orden público o seguridad pública. Esta evaluación, en la medida en que debe determinar la amenaza que representa la conducta personal de la persona afectada, puede también tener en cuenta las acciones realizadas después del final del período transitorio.

Cada medida restrictiva debe tomar en consideración cuidadosamente las circunstancias del correspondiente caso.

2.8.4. Artículo 20, apartados 3 y 4: abuso de derecho o solicitudes fraudulentas o con abuso de derecho

El artículo 20, apartados 3 y 4, autoriza al Estado de acogida a expulsar de su territorio a los solicitantes que hayan incurrido en abuso de derecho o en fraude con el fin de obtener derechos en virtud del Acuerdo.

Si bien esa expulsión puede tener lugar incluso antes de que se haya dictado sentencia firme en caso de interposición de un recurso judicial contra la decisión que deniegue la solicitud, debe cumplir las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Directiva 2004/38/CE.

Esto supone que las personas correspondientes no deben ser expulsadas del Estado de acogida cuando hayan interpuesto un recurso contra la decisión de expulsión y hayan solicitado la suspensión provisional de la ejecución de dicha decisión.

La expulsión efectiva no podrá producirse hasta el momento en que se haya adoptado la decisión sobre la suspensión provisional, excepto en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) que la decisión de expulsión se base en una decisión judicial anterior;

b) que las personas afectadas hayan tenido acceso previo a la revisión judicial;

c) que la decisión de expulsión se base en motivos imperiosos de seguridad pública conforme al artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE.

Cuando las normas nacionales prevean que la ejecución de la decisión de expulsión quede suspendida ex lege por el recurso, no será necesario solicitar la suspensión provisional de la ejecución de la decisión.

De conformidad con el artículo 31, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE, el Estado de acogida podrá rechazar la presencia de las personas expulsadas en su territorio durante el procedimiento de recurso, pero no podrá prohibirles que presenten su defensa en persona, excepto cuando su presencia pueda causar graves perturbaciones al orden público o la seguridad pública.

2.9. Artículo 21 — Garantías y derecho a recurrir

Esta disposición se refiere a todas las situaciones en las que los derechos de residencia en virtud del Acuerdo puedan restringirse o denegarse.

Asegura que las garantías de procedimiento del capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE se aplican plenamente en todas las situaciones, por ejemplo:

a) abuso de derecho y fraude (artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE);

b) medidas adoptadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública (capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE) o de conformidad con la legislación nacional; y

c) medidas adoptadas por cualquier otra razón (artículo 15 de la Directiva 2004/38/CE), que incluyen situaciones como la de una solicitud de documento de residencia que no se acepta como se ha hecho, la de una solicitud rechazada porque el solicitante no cumple las condiciones asociadas al derecho de residencia o decisiones basadas en que la persona afectada ha dejado de cumplir las condiciones asociadas al derecho de residencia (por ejemplo, cuando un ciudadano de la UE sin actividad económica se convierte en una carga excesiva para el sistema de asistencia social del Estado de acogida).

También asegura que las garantías materiales del capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE se aplican plenamente con respecto a las decisiones restrictivas tomadas con base en acciones realizadas antes del final del período transitorio.

En consonancia con la jurisprudencia consolidada del TJUE sobre los principios generales del Derecho de la UE, las decisiones restrictivas tomadas de conformidad con la legislación nacional también deben respetar el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, como el derecho a la vida familiar.

2.10. Artículo 22 — Derechos conexos

Esta disposición protege el derecho de los miembros de la familia, independientemente de su nacionalidad, a trabajar por cuenta propia o ajena en el Estado de acogida, de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2004/38/CE.

Esto supone que tanto los miembros de la familia que no sean trabajadores antes del final del período transitorio, pero se conviertan en trabajadores después, como los que sean ya trabajadores en el Estado de acogida o en el Estado de trabajo (trabajadores fronterizos) están protegidos por el Acuerdo.

2.11. Artículo 23 — Igualdad de trato

Esta disposición reproduce el artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE, que prevé una norma específica de igualdad de trato comparable a la del artículo 11 del Acuerdo.

La misma norma se «amplía» a los miembros de la familia con derecho de residencia (permanente) en el Estado de acogida. Deben ser tratados como nacionales del Estado de acogida, no como miembros de la familia de los nacionales del Estado de acogida.

Son aplicables las mismas excepciones del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.

CAPÍTULO 2 — DERECHOS DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

2.12. Artículo 24 — Derechos de los trabajadores por cuenta ajena

2.12.1. Artículo 24, apartado 1: derechos

El artículo 24, apartado 1, del Acuerdo concede todos los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los trabajadores por cuenta ajena a los beneficiarios del Acuerdo que sean trabajadores por cuenta ajena, incluidos aquellos que cambien su condición a la de trabajadores por cuenta ajena después del final del período transitorio (véanse también el artículo 17, apartado 1, y el artículo 22 del Acuerdo). Otras categorías de beneficiarios del Acuerdo no están cubiertas por este artículo.

2.12.1.1. Limitaciones

Son aplicables las mismas limitaciones por razones de orden público, seguridad pública y salud pública que se establecen en el artículo 45, apartado 3, del TFUE.

El Acuerdo no afecta a los empleos en la administración pública, de conformidad con el artículo 45, apartado 4, del TFUE. En consecuencia, el Estado de acogida o el Estado de trabajo pueden reservar a sus propios nacionales el acceso a los empleos que implican el ejercicio del poder público y la salvaguardia de los intereses generales del Estado cuando esa restricción esté en consonancia con el artículo 45, apartado 4, del TFUE (asunto C-270/13 Haralambidis).

2.12.1.2. Apartado 1, letras a) a h): lista no exhaustiva de derechos

Los trabajadores por cuenta ajena disfrutan de todo el abanico de derechos que se deriva del artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) n.o 492/2011. Los derechos establecidos en el artículo 24, apartado 1, del Acuerdo tienen el mismo ámbito de aplicación y significado que se definen en el artículo 45 del TFUE y en el Reglamento (UE) n.o 492/2011.

Los derechos de los trabajadores por cuenta ajena enumerados en el artículo 24, apartado 1, del Acuerdo no son exhaustivos y cualquier desarrollo de esos derechos mediante futuras interpretaciones del artículo 45 del TFUE por parte del TJUE estaría, por tanto, cubierto (en el caso del Reino Unido, sus autoridades judiciales y administrativas deberían tener «debidamente en cuenta» la jurisprudencia pertinente del TJUE dictada después del final del período transitorio). Esto supone, por ejemplo, que además de los puntos citados en el artículo 24, apartado 1, del Acuerdo, un trabajador por cuenta ajena mantiene el derecho a cambiar de empleo y buscar un nuevo trabajo en el Estado de trabajo, de conformidad con el artículo 45 del TFUE.

2.12.2. Artículo 24, apartado 2: derecho de los hijos de un trabajador por cuenta ajena a completar sus estudios

El artículo 24, apartado 2, del Acuerdo protege el derecho de los hijos de los trabajadores por cuenta ajena a completar sus estudios en el Estado de acogida. De ese modo, un hijo cuyo progenitor de la UE o del Reino Unido trabaje en el Estado de acogida como beneficiario del Acuerdo de Retirada puede seguir residiendo en el Estado de acogida y completar sus estudios en él, incluso después de que el progenitor haya dejado de residir legalmente en el Estado de acogida (es decir, haya abandonado el Estado de acogida, haya fallecido o haya dejado de cumplir las condiciones de residencia legal, véanse por ejemplo el asunto C-310/08 Ibrahim y el asunto C-480/08 Teixeira). El hijo en cuestión también ostenta el derecho a ser acompañado por la persona que ejerza su guarda y custodia mientras sea menor de edad, o incluso después de la mayoría de edad si la presencia y la atención de la persona que ejerza la guarda y custodia son necesarios para completar sus estudios.

2.12.3. Artículo 24, apartado 3: trabajadores fronterizos

Los trabajadores fronterizos pueden continuar trabajando en el Estado de trabajo si ya lo hacen al final del período transitorio.

Si dejan de trabajar antes del final del período transitorio, pueden conservar su condición de trabajadores por cuenta ajena en el Estado de trabajo, siempre que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el artículo 7, apartado 3, letras a), b), c) o d), de la Directiva 2004/38/CE, sin tener que cambiar el lugar de su residencia al Estado de trabajo. Esto les permite disfrutar de los derechos pertinentes establecidos en el artículo 24, apartado 1, letras a) a h), del Acuerdo.

Los trabajadores fronterizos mantienen su condición en el Estado de trabajo cuando:

a) sufran una incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente;

b) habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleados durante más de un año, se hayan inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;

c) habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se hayan inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo (en ese caso, la condición de trabajador por cuenta ajena se mantiene por un período que no podrá ser inferior a seis meses); o

d) sigan una formación profesional (para quienes se encuentren en situación de paro involuntario, la formación debe guardar relación con el empleo previo).

De conformidad con la jurisprudencia del TJUE (asunto C-507/12 Saint Prix), la lista de casos en los cuales puede conservarse la condición de trabajador por cuenta ajena no es exhaustiva.

2.13. Artículo 25 — Derechos de los trabajadores por cuenta propia

2.13.1. Artículo 25, apartado 1: derechos

Los derechos del artículo 25, apartado 1, se conceden a todos los beneficiarios del Acuerdo que sean trabajadores por cuenta propia; no solo a aquellos que sean trabajadores por cuenta propia al final del período transitorio, sino también a las personas que cambien su condición (véase también el artículo 17, apartado 1, que prevé el derecho a convertirse en un trabajador por cuenta propia).

De conformidad con la jurisprudencia del TJUE (por ejemplo, el asunto 63/86 Comisión/Italia), los trabajadores por cuenta propia que entren en el ámbito de aplicación del artículo 49 del TFUE pueden disfrutar de los derechos que confiere el Reglamento (UE) n.o 492/2011, que se aplica por analogía. Esto significa, por ejemplo, que el artículo 24, apartado 1, letra d), del Acuerdo no es aplicable en lo que respecta al despido, dado que, por definición, un trabajador por cuenta propia no se encuentra en una relación de subordinación con respecto a un empleador y no puede ser despedido.

Los derechos del artículo 25, apartado 1, del Acuerdo se conceden también a los trabajadores fronterizos por cuenta propia. Existe una diferencia entre las categorías siguientes: i) una persona que reside en el Estado A y lleva a cabo una actividad como trabajadora por cuenta propia en el Estado B; y ii) una persona que reside en el Estado A y lleva a cabo una actividad como trabajadora por cuenta propia en el Estado A a la vez que presta servicios en los Estados B y C, ya sea ocasionalmente o a través de un establecimiento secundario. La primera categoría corresponde a la de un trabajador por cuenta propia fronterizo, al contrario que la segunda categoría.

A este respecto, debe señalarse que el establecimiento de una oficina en un Estado diferente del de residencia a efectos de prestar servicios en ese Estado no necesariamente supone establecerse en el Estado en el que se prestan dichos servicios. Puede considerarse que la actividad en cuestión aún recae en el ámbito de aplicación de las normas sobre la libre prestación de servicios y no en el de las de libertad de establecimiento. Por tanto, una persona con una oficina en el Estado de trabajo no siempre será considerado como trabajador fronterizo por cuenta propia (1).

El artículo 4, apartado 4, del Acuerdo garantiza que el concepto de trabajador por cuenta propia se interpreta de la misma forma en que el TJUE ha interpretado el artículo 49 del TFUE en su jurisprudencia pertinente.

2.13.1.1. Limitaciones

Los derechos del artículo 25, apartado 1, del Acuerdo están sujetos a las mismas restricciones establecidas en los artículos 51 y 52 del TFUE.

En consecuencia, esos derechos pueden estar sujetos a limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública (artículo 52 del TFUE) y el Estado de trabajo puede discriminar a los trabajadores por cuenta propia con respecto a las actividades que estén relacionadas, aunque solo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público (artículo 51 del TFUE).

2.13.1.2. Artículo 25, apartado 1, letra a): derechos a acceder a una actividad económica y ejercerla por cuenta propia y a constituir y administrar empresas

El Acuerdo protege los derechos a acceder a una actividad económica y ejercerla por cuenta propia y a constituir y administrar empresas, como establece el artículo 49 del TFUE, en las condiciones fijadas por el Estado de acogida para sus propios nacionales.

No obstante, no debe entenderse que el Acuerdo concede a los nacionales del Reino Unido la posibilidad de recurrir al Derecho de la Unión para prestar servicios en otros Estados miembros de la UE o establecerse en otros Estados miembros de la UE.

2.13.1.3. Artículo 25, apartado 1, letra b): referencia a la lista no exhaustiva de derechos del artículo 24, apartado 1

Los trabajadores por cuenta propia disfrutan de todo el abanico de derechos pertinentes que se deriva del artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) n.o 492/2011 en el Estado de acogida.

2.13.2. Artículo 25, apartado 2: derecho de los hijos de un trabajador por cuenta propia a completar sus estudios

El artículo 25, apartado 2, protege a los hijos cuyo progenitor de la UE o del Reino Unido sea un trabajador por cuenta propia que haya dejado de residir legalmente en el Estado de acogida del hijo, de conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Acuerdo, en la medida en que lo permita el Derecho de la UE según su interpretación por el TJUE (asunto C-147/11 Czop y Punakova).

2.13.3. Artículo 25, apartado 3: derechos de los trabajadores fronterizos por cuenta propia y limitaciones a esos derechos

Los trabajadores fronterizos por cuenta propia disfrutan de los mismos derechos que el artículo 24, apartado 3, del Acuerdo reconoce a los trabajadores fronterizos por cuenta ajena, con las mism