EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La propuesta de la Comisión de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2014-2020 (la propuesta de MFP)[1] delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones para la Política Agrícola Común (PAC). Sobre esta base, la Comisión presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo para la PAC en el periodo 2014-2020, junto con una evaluación de impacto de hipótesis alternativas para la evolución de esta política.

Las actuales propuestas de reforma se basan en la Comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020[2], que esboza las opciones políticas generales para responder a los futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales y cumplir los objetivos fijados por la PAC, a saber: 1) la producción viable de alimentos; 2) la gestión sostenible de los recursos naturales y medidas en favor del clima; y 3) el desarrollo territorial equilibrado. Las orientaciones de la reforma incluidas en la Comunicación fueron ampliamente respaldadas tanto en el debate interinstitucional[3] como en la consulta de las partes interesadas que tuvo lugar en el contexto de la evaluación de impacto.

Un tema común que surgió durante este proceso fue la necesidad de promover la eficiencia de los recursos con miras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y las zonas rurales de la UE de acuerdo con la estrategia Europa 2020, manteniendo la estructura de la PAC en torno a dos pilares que utilizan instrumentos complementarios para la consecución de los mismos objetivos. El primer pilar abarca los pagos directos y las medidas de mercado, proporcionando a los agricultores de la UE una ayuda básica a la renta anual y apoyo en caso de perturbaciones específicas del mercado, mientras que el segundo pilar abarca el desarrollo rural en el que los Estados miembros elaboran y cofinancian programas plurianuales en virtud de un marco común[4]-

A través de reformas sucesivas, la PAC aumentó la orientación de la agricultura hacia el mercado, proporcionando al mismo tiempo apoyo a las rentas de los productores, mejoró la integración de los requisitos medioambientales y reforzó el apoyo al desarrollo rural como una política integrada para el desarrollo de las zonas rurales de la UE. Sin embargo, el mismo proceso de reforma suscitó demandas de una mejor distribución de la ayuda entre los Estados miembros y dentro de éstos, así como llamamientos para una mejor orientación de las medidas destinadas a hacer frente a los desafíos medioambientales y a afrontar mejor la volatilidad cada vez mayor de los mercados.

En el pasado, las reformas respondieron principalmente a desafíos endógenos, desde los grandes excedentes a las crisis de seguridad alimentaria y fueron muy útiles para la UE, tanto en el frente nacional como en el internacional. Sin embargo, la mayor parte de los desafíos actuales vienen determinados por factores exógenos a la agricultura y, por tanto, requieren una respuesta política más amplia.

Se prevé que la presión sobre la renta agrícola se mantenga, ya que los agricultores afrontan mayores riesgos, una ralentización de la productividad y una disminución de los márgenes debido al aumento de precios de los factores de producción. Por lo tanto, es necesario mantener el apoyo a la renta y reforzar los instrumentos destinados a gestionar mejor los riesgos y responder ante situaciones de crisis. Una agricultura fuerte es también vital para la industria alimentaria de la Unión Europea y para la seguridad alimentaria mundial.

Al mismo tiempo, la agricultura y las zonas rurales están llamadas a intensificar sus esfuerzos para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos y la estrategia en favor de la biodiversidad que forman parte de la Agenda Europa 2020. Los agricultores, que junto con los silvicultores son los principales gestores de tierras, deberán recibir apoyo para que adopten y mantengan sistemas y prácticas agrícolas especialmente favorables a los objetivos medioambientales y climáticos, ya que los precios de mercado no reflejan el suministro de dichos bienes públicos. También será esencial aprovechar mejor las múltiples posibilidades de las zonas rurales y contribuir, de este modo, a un crecimiento integrador y a la cohesión.

La presente reforma acelera el proceso de integración de los requisitos medioambientales. Introduce por primera vez un fuerte componente ecológico en el primer pilar de la PAC, garantizando de este modo que todos los agricultores de la UE que reciben una ayuda van más allá de los requisitos de la condicionalidad y aportan beneficios medioambientales y climáticos como parte de sus actividades cotidianas. De ahora en adelante, el treinta por ciento de los pagos directos estará vinculado a la ecologización, y estos pagos garantizarán que todas las explotaciones aportan beneficios medioambientales y climáticos a través de la retención de carbono en el suelo y los hábitats de prados asociados a pastos permanentes, el suministro de agua y la protección de los hábitats mediante el establecimiento de superficies de interés ecológico y la mejora de la resistencia del suelo y de los ecosistemas a través de la diversificación de los cultivos. Gracias a estos pagos, se reforzará la capacidad de las tierras y de los ecosistemas naturales para contribuir a abordar los principales objetivos de la UE en materia de biodiversidad y de adaptación al cambio climático. La condicionalidad seguirá sustentado los pagos directos y se centrará más en brindar protección a los humedales y a los suelos ricos en carbono sin dejar de ocuparse, al mismo tiempo, de la simplificación para reducir las cargas administrativas. La Comisión se ha comprometido a introducir la Directiva marco sobre el agua en el ámbito de aplicación de la condicionalidad una vez que todos los Estados miembros la hayan aplicado plenamente, en particular, con obligaciones claras para los agricultores. Asimismo, en el marco del desarrollo rural, se da prioridad a los objetivos de la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima a través de la restauración, la conservación y mejora de los ecosistemas, así como la promoción de una agricultura que utiliza eficazmente los recursos, con bajas emisiones de carbono y adaptada al cambio climático. El desarrollo rural permitirá contribuir considerablemente a la finalización de la ejecución de la red Natura 2000 y de la Directiva marco del agua así como al logro de los objetivos de la estrategia de la UE en materia de biodiversidad para 2020.

La futura PAC no será, por tanto, una política orientada únicamente a una pequeña parte, aunque esencial, de la economía de la UE, sino también una política de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Ahí reside el valor añadido europeo de una verdadera política común, que hace un uso más eficiente de los recursos presupuestarios limitados para mantener una agricultura sostenible en toda la UE, abordando importantes problemas de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y reforzando la solidaridad entre los Estados miembros, permitiendo al mismo tiempo una aplicación flexible para satisfacer las necesidades locales.

El contexto definido en la propuesta de MFP prevé que la PAC mantenga su estructura de dos pilares con un presupuesto para cada pilar, mantenido en términos nominales en su nivel de 2013, y con un énfasis claro en la obtención de resultados en las prioridades clave de la Unión Europea. Los pagos directos deben promover la producción sostenible mediante la asignación del 30 % de su dotación presupuestaria a medidas obligatorias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los niveles de pago deben converger progresivamente y los pagos a los grandes beneficiarios deben someterse a una limitación progresiva. El desarrollo rural debe integrarse en un marco estratégico común con otros fondos de la UE de gestión compartida, con un enfoque reforzado orientado hacia los resultados y sujeto a condiciones previas más claras y mejoradas. Por último, en el caso de las medidas de mercado, la financiación de la PAC debe reforzarse con dos instrumentos ajenos al MFP: 1) una reserva de emergencia para reaccionar ante situaciones de crisis; y 2) la ampliación del ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Sobre esta base, los principales elementos del marco legislativo de la PAC durante el periodo 2014-2020 están establecidos en los siguientes Reglamentos:

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común (Reglamento de los pagos directos).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (Reglamento del desarrollo rural).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (Reglamento horizontal).

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los pagos directos a los agricultores en 2013 (Reglamento de transición).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de pago único y apoyo a los viticultores.

El Reglamento de desarrollo rural se basa en la propuesta presentada por la Comisión el 6 de octubre de 2011, que establece normas comunes para todos los fondos que funcionan en un Marco Estratégico Común[5]. Seguirá un Reglamento sobre el régimen para las personas más necesitadas, cuya financiación figura ahora en otra partida del MFP.

Además, se están preparando nuevas normas, que tienen en cuenta las objeciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la publicación de información relativa a los beneficiarios con el fin de encontrar la manera más adecuada de conciliar el derecho de los beneficiarios a la protección de los datos de carácter personal con el principio de transparencia.

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Basándose en el examen del actual marco político y en un análisis de los desafíos y necesidades futuros, la evaluación de impacto evalúa y compara las repercusiones de tres hipótesis alternativas. Este es el resultado de un largo proceso iniciado en abril de 2010 y dirigido por un grupo interservicios, que aglutinó un extenso análisis cuantitativo y cualitativo, incluida la constitución de una base de referencia en forma de proyecciones a medio plazo de los mercados y de las rentas agrícolas hasta 2020, y la modelización de la repercusión de las diferentes hipótesis políticas en la economía del sector.

Las tres hipótesis elaboradas en la evaluación de impacto son las siguientes: 1) una hipótesis de ajuste, que mantiene el actual marco político, aunque remediando sus deficiencias más importantes, como la distribución de los pagos directos; 2) una hipótesis de integración, que implica importantes cambios en forma de una mejora de la orientación, la ecologización de los pagos directos y una orientación estratégica reforzada de la política de desarrollo rural, con una mejor coordinación con otras políticas de la UE, así como la ampliación de la base jurídica con objeto de extender el ámbito de la cooperación entre productores; y 3) una hipótesis de reenfoque, que reoriente la política exclusivamente hacia el medio ambiente, con una supresión progresiva de los pagos directos, asumiendo que la capacidad productiva pueda mantenerse sin ayuda y que las necesidades socioeconómicas de las zonas rurales puedan ser satisfechas por otras políticas.

En el contexto de la crisis económica y de la presión sobre las finanzas públicas, al que la UE respondió con la estrategia Europa 2020 y la propuesta de MFP, las tres hipótesis tienen como objetivo una agricultura más competitiva y sostenible en zonas rurales dinámicas, aunque concediendo un peso diferente a cada uno de los tres objetivos políticos de la futura PAC. Con vistas a una mejor armonización con la estrategia Europa 2020, sobre todo en términos de eficiencia de los recursos, cada vez será más esencial mejorar la productividad agrícola a través de la investigación, la transferencia de conocimientos y el fomento de la cooperación y la innovación (principalmente a través de la asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas). Habida cuenta de que la política agrícola de la UE ya no funciona en un entorno político de distorsión de los intercambios comerciales, se prevé que la mayor liberalización, en particular en el marco del Programa de Doha para el desarrollo o del Acuerdo de libre comercio con Mercosur, ejercerá una presión suplementaria sobre el sector.

Las tres hipótesis se elaboraron teniendo en cuenta las preferencias manifestadas en la consulta efectuada en el contexto de la evaluación de impacto. Las partes interesadas fueron invitadas a presentar sus contribuciones entre el 23 de noviembre de 2010 y el 25 de enero de 2011 y se organizó un Comité consultivo el 12 de enero de 2011. Los puntos principales se resumen a continuación[6]:

- Existe un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de una PAC fuerte, basada en una estructura de dos pilares, para hacer frente a los desafíos que suponen la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial.

- La mayoría de los consultados considera que la PAC debe desempeñar una función en la estabilización de los mercados y los precios.

- Las partes interesadas tienen opiniones distintas sobre la focalización de la ayuda (especialmente la redistribución de la ayuda directa y la fijación de un límite para los pagos).

- Hay consenso en que ambos pilares pueden desempeñar un papel importante en el refuerzo de la acción por el clima y el aumento del comportamiento medioambiental en beneficio de la sociedad de la UE. Mientras que muchos agricultores creen que este enfoque ya ha sido puesto en marcha, el público en general entiende que los pagos del primer pilar pueden utilizarse más eficientemente.

- Los encuestados desean que todas las partes de la UE, incluidas las zonas menos favorecidas, participen en el crecimiento y desarrollo futuros.

- La integración de la PAC con otras políticas, como las de medio ambiente, sanidad, comercio y desarrollo, fue resaltada por muchos encuestados.

- La innovación, el desarrollo de empresas competitivas y la aportación de bienes colectivos a los ciudadanos de la Unión Europea se consideran medios de alinear la PAC con la estrategia Europa 2020.

Así pues, la evaluación de impacto comparó las tres alternativas:

La hipótesis de reenfoque aceleraría el ajuste estructural en el sector agrícola, desplazando la producción a las zonas más eficientes y a los sectores más rentables. Aunque aumentaría significativamente la financiación para el medio ambiente, también expondría al sector a mayores riesgos, debido al limitado alcance de la intervención en el mercado. Además, los costes sociales y medioambientales serían importantes ya que las zonas menos competitivas tendrían que hacer frente a una pérdida de renta y a una degradación del medio ambiente considerables, ya que la política perdería el efecto palanca de los pagos directos asociados con los requisitos de condicionalidad.

En el otro extremo del espectro, la hipótesis de ajuste sería la que mejor permitiría la continuidad política, con mejoras limitadas pero tangibles, tanto en términos de competitividad agrícola como de comportamiento medioambiental. Sin embargo, existen serias dudas sobre si esta hipótesis permitiría abordar adecuadamente los importantes desafíos climáticos y medioambientales del futuro, que también sustentan la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.

La hipótesis de integración supone un paso adelante con una definición mejorada y la ecologización de los pagos directos. El análisis demuestra que la ecologización es posible a un coste razonable para los agricultores, aunque algunas cargas administrativas son inevitables. Del mismo modo, un nuevo impulso en el desarrollo rural es posible, siempre que los Estados miembros y las regiones utilicen eficazmente las nuevas posibilidades y que el marco estratégico común con otros fondos de la UE no elimine las sinergias con el primer pilar o debilite los puntos fuertes distintivos del desarrollo rural. Si se alcanza el equilibrio adecuado, esta hipótesis remediaría mejor la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura y las zonas rurales.

Sobre esta base, la evaluación de impacto llega a la conclusión de que la hipótesis de integración es la más equilibrada para alinear progresivamente la PAC con los objetivos estratégicos de la UE y que este equilibrio también se encuentra en la ejecución de los distintos elementos de las propuestas legislativas. También será esencial desarrollar un marco de evaluación para medir el rendimiento de la PAC con un conjunto común de indicadores vinculados a los objetivos políticos.

La simplificación fue un factor importante en todo el proceso y debe reforzarse de diferentes formas, por ejemplo mediante la racionalización de la condicionalidad y de los instrumentos de mercado, o la concepción del régimen de pequeños agricultores. Además, la ecologización de los pagos directos debería estar concebida de tal modo que se reduzca al mínimo la carga administrativa, incluidos los costes de los controles.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

Se propone mantener la estructura actual de la PAC con dos pilares, con medidas anuales obligatorias de aplicación general en el primer pilar, complementadas por medidas voluntarias mejor adaptadas a las especificidades nacionales y regionales, en el marco de un enfoque de programación plurianual en el segundo pilar. Sin embargo, el nuevo diseño de los pagos directos pretende aprovechar mejor las sinergias con el segundo pilar, que a su vez se integra en un marco estratégico común para coordinarse mejor con otros fondos de la UE de gestión compartida.

Sobre esta base, también se mantiene la estructura actual de cuatro instrumentos jurídicos básicos, aunque el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la financiación se amplía para reunir disposiciones comunes en lo que ahora se denomina el Reglamento horizontal.

Las propuestas respetan el principio de subsidiariedad. La PAC es una política verdaderamente común: es un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros que se gestiona a nivel de la UE con objeto de mantener una agricultura sostenible y variada en toda la UE, que aborda problemas importantes de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y refuerza la solidaridad entre los Estados miembros. Atendiendo a la importancia de los desafíos futuros para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial, la PAC sigue siendo una política de importancia estratégica para garantizar la respuesta más eficaz a los desafíos políticos y la utilización más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, se propone mantener la estructura actual de los instrumentos en dos pilares gracias a los cuales los Estados miembros disponen de mayor margen de maniobra para encontrar soluciones adecuadas a sus especificidades locales y, también, para cofinanciar el segundo pilar. La nueva Asociación Europea de Innovación y el conjunto de herramientas de gestión del riesgo también se integran en el segundo pilar. Al mismo tiempo, la política se ajusta mejor a la estrategia Europa 2020 (incluyendo un marco común con otros fondos de la UE) y se introducen una serie de mejoras y de elementos de simplificación. Por último, del análisis realizado en el marco de la evaluación de impacto se desprende claramente el coste de la inacción en términos de negativas consecuencias económicas, medioambientales y sociales.

El Reglamento de los pagos directos fija normas comunes para el régimen de pago básico y los pagos relacionados. Cimentado en la reforma de 2003 y en el chequeo de 2008, que disociaron los pagos directos de la producción pero sometiéndolos a las exigencias de la condicionalidad, el Reglamento ahora pretende canalizar mejor la ayuda a determinadas acciones, superficies o beneficiarios, así como allanar el terreno para la convergencia del nivel de ayuda en los Estados miembros y en la UE. El Reglamento incluye asimismo una sección sobre la ayuda asociada.

Un régimen único en toda la UE, el régimen de pago básico, reemplazará a partir de 2014 el régimen de pago único y el régimen de pago único por superficie. Este régimen funcionará basándose en los derechos de pago asignados a nivel nacional o regional a todos los agricultores en función de sus hectáreas admisibles en el primer año de aplicación. De este modo, la utilización del modelo regional, que era opcional en el periodo actual, se generaliza e integra eficazmente todas las tierras agrarias en el régimen. Las normas relativas a la gestión de los derechos y la reserva nacional se inspiran en gran medida en las normas vigentes.

Con vistas a una distribución más equitativa de la ayuda, el valor de los derechos debe converger a nivel nacional o regional hacia un valor uniforme. Este valor se alcanza progresivamente para evitar graves perturbaciones.

Un elemento importante es mejorar el comportamiento medioambiental general de la PAC a través de la ecologización de los pagos directos mediante determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que todos los agricultores tienen que seguir, las cuales van más allá de la condicionalidad y son, a su vez, la base para las medidas del segundo pilar.

La definición de agricultor activo mejora aún más la canalización de la ayuda hacia los agricultores que realmente ejercen actividades agrarias y, por tanto, la legitima. Además, está previsto reducir progresivamente y limitar la ayuda a los grandes beneficiarios, sin dejar de tener debidamente en cuenta el empleo.

También se prevén los pagos siguientes:

- un pago (30 % del límite máximo nacional anual) a los agricultores que utilizan prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente: diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y superficies de interés ecológico; la agricultura ecológica se beneficia automáticamente de este pago, mientras que en las zonas Natura 2000 los agricultores deberán cumplir los requisitos pertinentes en la medida en que sean compatibles con la legislación de Natura 2000;

- un pago voluntario (hasta el 5 % del límite máximo nacional anual) para los agricultores de las zonas que se enfrentan a limitaciones naturales específicas (zonas delimitadas de la misma forma que para el desarrollo rural); este pago reconoce la necesidad de una ayuda a la renta para mantener la presencia en las zonas que se enfrentan a limitaciones naturales específicas y complementa la ayuda existente en virtud del desarrollo rural;

- un pago (hasta el 2 % del límite máximo nacional anual) para la instalación de jóvenes agricultores, que puede completarse mediante una ayuda para la instalación en virtud del desarrollo rural; y

Al mismo tiempo, el reglamento establece un régimen simplificado para los pequeños agricultores (hasta el 10 % del límite máximo nacional anual), que de este modo pueden recibir el pago de un importe a tanto alzado que sustituye a todos los pagos directos y conlleva una simplificación administrativa gracias a la disminución de las obligaciones de los agricultores relativas a la ecologización, la condicionalidad y los controles.

Un régimen de ayuda asociada voluntaria está previsto para determinados tipos de agricultura o sistemas agrícolas específicos que están sufriendo ciertas dificultades y que son especialmente importantes por motivos económicos y/o sociales; la ayuda se proporciona en la medida necesaria para mantener los niveles actuales de producción (hasta el 5 % del límite máximo nacional anual con la posibilidad de superar este porcentaje en casos particulares).

Además, el reglamento mantiene la posibilidad de pagos directos nacionales complementarios en Bulgaria y Rumanía e incluye un pago específico para el algodón.

En términos de simplificación, el nuevo régimen de pagos directos se basará en un tipo único de derechos de pago y racionalizará las normas de transferencia, simplificando con ello su gestión; una armonización de las disposiciones relativas a los pagos asociados en una única rúbrica facilitará la aplicación del marco jurídico y el régimen para los pequeños agricultores, que prevé requisitos y procedimientos simplificados, reducirá el papeleo administrativo de los pequeños agricultores y mejorará su competitividad.

4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La propuesta de MFP prevé que una parte importante del presupuesto de la Unión Europea se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de importancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concentre en sus actividades de base, con 317 200 millones EUR asignados al primer pilar y 101 200 millones EUR al segundo pilar durante el periodo 2014-2020.

La financiación del primer pilar y del segundo pilar se complementa con una financiación adicional de 17 100 millones EUR, desglosada en 5 100 millones EUR para investigación e innovación, 2 500 millones para seguridad alimentaria y 2 800 millones para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en otras rúbricas del MFP, así como 3 900 millones EUR en una nueva reserva para crisis en el sector agrícola, y hasta 2 800 millones EUR en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, al margen del MFP, lo que supone, por tanto, un presupuesto total de 435 600 millones EUR en el periodo 2014-2020.

En lo que respecta a la distribución de la ayuda entre los Estados miembros, se propone que todos los Estados miembros con pagos directos por debajo del 90 % de la media de la UE vean satisfecho un tercio de esta diferencia. Los límites máximos nacionales en el Reglamento relativo a los pagos directos se calculan sobre esta base.

La distribución de la ayuda al desarrollo rural se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos, teniendo en cuenta la distribución actual. Como ya ocurre actualmente, las regiones menos desarrolladas deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, aspecto que también se aplicará a determinadas medidas tales como la transferencia de conocimientos, las agrupaciones de productores, la cooperación y la iniciativa LEADER.

Se introduce una cierta flexibilidad (hasta el 5 % de los pagos directos) para las transferencias entre los dos pilares: del primer pilar al segundo, para que los Estados miembros puedan reforzar su política de desarrollo rural, y del segundo pilar al primero para los Estados miembros en los que el nivel de pagos directos se sitúe por debajo del 90 % de la media de la UE.

En la ficha financiera que acompaña a las propuestas de reforma se ofrecen detalles sobre la repercusión financiera de estas propuestas.

2011/0280 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 42 y su artículo 43, apartado 2,

Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo nº 4 sobre el algodón adjunto,

Vista la propuesta de la Comisión Europea[7],

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[8],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[9],

Tras haber consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos[10],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

1. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario»[11] expone los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003[12]. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) nº 73/2009 y sustituirlo por un nuevo texto. La reforma también debe, en la medida de lo posible, aligerar y simplificar disposiciones.

2. El presente Reglamento debe incluir todos los elementos básicos relacionados con el pago de la ayuda de la Unión a los agricultores y fijar criterios y condiciones de acceso a dichos pagos que están inextricablemente vinculados a estos elementos básicos.

3. Procede aclarar que el Reglamento (UE) nº […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común[13] [Reglamento horizontal de la PAC: HZR] y las disposiciones adoptadas en su ejecución deben aplicarse a las medidas establecidas en el presente Reglamento. En aras de la coherencia con otros instrumentos jurídicos relativos a la PAC, algunas normas actualmente previstas en el Reglamento (CE) nº 73/2009 figuran ahora en el Reglamento (UE) nº […] [HZR], en particular: las normas para garantizar la observancia de las obligaciones establecidas por las disposiciones de pago directo, incluyendo el control y la aplicación de medidas y penalizaciones administrativas en caso de incumplimiento; las normas relativas a la condicionalidad, como los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, el seguimiento y la evaluación de las medidas pertinentes; y las normas aplicables a la recuperación de los pagos indebidos.

4. Con el fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado. Reviste especial importancia que la Comisión celebre las consultas adecuadas durante los trabajos preparatorios, en particular con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo referente a: la fijación del límite máximo nacional para el régimen de pago básico; la adopción de normas sobre las solicitudes para la asignación de derechos de pago; la adopción de medidas relativas a la restitución de los derechos de pago no activados a la reserva nacional; la adopción de los requisitos relacionados con la notificación de la transferencia de derechos de pago a las autoridades nacionales y los plazos en los que dicha notificación debe llevarse a cabo; la fijación de un límite máximo anual para el pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; la fijación de un límite máximo anual del pago para las zonas con limitaciones naturales; la fijación de un límite máximo anual del pago a los jóvenes agricultores; la fijación de límites máximos anuales de la ayuda asociada voluntaria; la adopción de normas sobre el procedimiento para la evaluación y aprobación de decisiones en el marco de la ayuda asociada voluntaria; la adopción de normas relativas al procedimiento de autorización y las notificaciones a los productores relacionadas con la autorización de las tierras y las variedades a efectos del pago específico al cultivo de algodón; la previsión de normas sobre el cálculo de la reducción del importe de la ayuda específica al cultivo de algodón; la adopción de normas sobre los requisitos generales de notificación. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[14].

6. La Comisión debe adoptar actos de ejecución aplicables inmediatamente siempre que, en casos debidamente justificados relativos a medidas excepcionales de gestión, destinadas a resolver problemas urgentes e imprevistos acaecidos en uno o más Estados miembros, razones imperativas de urgencia así lo requieran.

7. Los objetivos del presente Reglamento pueden conseguirse de forma más eficiente a nivel de la Unión gracias a la garantía plurianual de financiación de la Unión y mediante una concentración en prioridades claramente definidas, habida cuenta del vínculo entre el presente Reglamento y los otros instrumentos de la PAC, las disparidades entre las distintas zonas rurales y los limitados recursos financieros de los Estados miembros en una Unión ampliada. El presente Reglamento se ajusta, por lo tanto, al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Dado que el ámbito de aplicación del presente Reglamento se limita al estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos, también respeta el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, apartado 4, de dicho Tratado.

8. A fin de tener en cuenta la nueva legislación sobre regímenes de ayuda que puede ser adoptada tras la entrada en vigor del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de modificar la lista de regímenes deayuda cubiertos por el presente Reglamento.

9. A fin de tener en cuenta nuevos elementos específicos y garantizar la protección de los derechos de los beneficiarios, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de fijar nuevas definiciones relativas al acceso a la ayuda en virtud del presente Reglamento, establecer el marco en el que los Estados miembros deberán definir las actividades mínimas que deben realizarse en superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo así como los criterios que deben cumplir los agricultores para que pueda considerarse que han respetado la obligación de mantener la superficie agrícola en un estado adecuado para la producción y los criterios para determinar el predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos en lo que atañe a los pastos permanentes.

10. Para garantizar la protección de los derechos de los beneficiarios debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de adoptar normas sobre la base para el cálculo de las reducciones que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores de acuerdo con la aplicación de la disciplina financiera.

11. Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites máximos anuales contemplados en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe mantenerse un ajuste del nivel de apoyo directo en cualquier año civil. El ajuste de los pagos directos solo debe aplicarse a los pagos superiores a 5 000 que vayan a concederse a los agricultores en el año civil correspondiente. Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos concedidos a los agricultores de Bulgaria y Rumanía en el marco de la aplicación del mecanismo de introducción progresiva a todos los pagos directos concedidos en dichos Estados miembros, este instrumento de disciplina financiera solo debe aplicarse en tales Estados miembros a partir del 1 de enero de 2016.

12. Con el fin de tener en cuenta la evolución de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse, incluidos los resultantes de las decisiones que deben adoptar los Estados miembros en relación con las transferencias entre el primer y segundo pilar, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el propósito de revisar los límites máximos nacionales y netos previstos en el presente Reglamento.

13. De la experiencia adquirida con la aplicación de los distintos regímenes de ayuda a los agricultores se desprende que, en una serie de casos, el apoyo se concedió a beneficiarios cuyo propósito comercial no estaba, o solo marginalmente, dirigido a una actividad agraria, como aeropuertos, compañías ferroviarias, empresas inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas. Para garantizar una mejor canalización de la ayuda, los Estados miembros deben abstenerse de conceder pagos directos a dichas personas físicas y jurídicas. Los pequeños agricultores a tiempo parcial contribuyen directamente a la vitalidad de las zonas rurales, razón por la cual no se debe impedir que reciban pagos directos.

14. Para evitar una carga administrativa excesiva causada por la gestión de pagos de pequeña cuantía, los Estados miembros deben abstenerse, en general, de conceder pagos directos cuando el importe sea inferior a 100 EUR o cuando la superficie admisible de la explotación para la que se solicita la ayuda sea inferior a una hectárea. No obstante, dado que las estructuras de las economías agrícolas de los Estados miembros varían considerablemente y pueden diferir sensiblemente de la estructura media de las explotaciones agrícolas de la Unión, debe permitirse a los Estados miembros aplicar umbrales mínimos que reflejen su situación particular. Debido a la estructura particularmente específica de las explotaciones agrícolas de las regiones ultraperiféricas y de las islas menores del Mar Egeo, los Estados miembros deben poder decidir si deben aplicar un umbral mínimo en esas regiones. Además, los Estados miembros deben tener la facultad de optar por la aplicación de uno de los dos tipos de umbral mínimo en función de las peculiaridades de las estructuras de sus sectores agrarios. Habida cuenta de que pueden concederse pagos a los agricultores con explotaciones denominadas «sin tierra», la aplicación del umbral basado en la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, el importe mínimo relacionado con la ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. Para garantizar la igualdad de trato de los agricultores cuyos pagos directos estén supeditados a la introducción progresiva en Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo debe basarse en los importes definitivos que se vayan a conceder al final del proceso de introducción progresiva.

15. La distribución de la ayuda directa a la renta entre los agricultores se caracteriza por la asignación de importes desproporcionados de pagos a un número bastante reducido de grandes beneficiarios. Debido a las economías de escala, los beneficiarios de mayor entidad no necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria para que se logre eficientemente el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra parte, su potencial de adaptación les facilita en mayor medida funcionar con niveles más bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, es justo introducir un sistema para grandes beneficiarios en el que el nivel de ayuda se reduzca gradualmente y, en última instancia, se limite, para mejorar la distribución de los pagos entre los agricultores. Este sistema debe, sin embargo, tener en cuenta la intensidad del trabajo asalariado, con el fin de evitar efectos desproporcionados en grandes explotaciones agrícolas con altas cifras de trabajadores. Dichos niveles máximos no deben aplicarse a los pagos concedidos a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente ya que podrían reducirse los objetivos beneficiosos que se persiguen. Para que la limitación sea efectiva, los Estados miembros deben establecer algunos criterios para evitar operaciones abusivas por parte de los agricultores que busquen eludir sus efectos. Los importes obtenidos con la reducción y la limitación de los pagos a los grandes beneficiarios deben permanecer en los Estados miembros donde fueron generados y destinarse a financiar proyectos con una contribución significativa a la innovación en virtud del Reglamento (UE) nº […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[15] [RDR].

16. Para facilitar la aplicación de la limitación, en particular en lo que atañe a los procedimientos de concesión de pagos directos a los agricultores y las correspondientes transferencias al desarrollo rural, deben fijarse límites máximos netos para cada Estado miembro que restrinjan los pagos que deben hacerse a los agricultores tras la aplicación de la limitación. Para tener en cuenta las especificidades de la ayuda de la PAC concedida de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión[16], y el Reglamento (CE) nº 1405/2006 del Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y se modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003[17], y el hecho de que esos pagos directos no están sometidos a limitación, el límite superior neto para los Estados miembros en cuestión no debe incluir tales pagos directos.

17. Cabe precisar que las disposiciones del presente Reglamento que puedan originar un comportamiento de un Estado miembro susceptible de constituir una ayuda estatal quedan excluidas del ámbito de aplicación de las normas en materia de ayuda estatal, habida cuenta de que las disposiciones en cuestión incluyen condiciones adecuadas para evitar que la concesión de la ayuda provoque un falseamiento indebido de la competencia, o prevén la adopción de tales condiciones por la Comisión.

18. Para lograr los objetivos de la PAC, los regímenes de ayuda pueden tener que adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. Es necesario, por tanto, prever una posible revisión de los regímenes, en particular a la luz de los acontecimientos económicos o la situación presupuestaria, lo que implica que los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables.

19. Merced a un mecanismo de introducción progresiva contemplado en sus respectivas Actas de Adhesión, los agricultores de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad recibieron pagos directos. En el caso de Bulgaria y Rumanía, dicho mecanismo aún seguirá en vigor en 2014 y 2015. Además, dichos Estados miembros fueron autorizados a conceder pagos directos nacionales complementarios. La posibilidad de conceder tales pagos debe mantenerse en el caso de Bulgaria y Rumanía hasta que finalice por completo la introducción progresiva.

20. Con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas en la Unión, incluso en aquellos Estados miembros que aplicaron el régimen de pago único por superficie establecido en virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, un nuevo régimen de pago básico debe sustituir al régimen de pago único creado en virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores[18], y mantenido en virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, que combinó mecanismos de ayuda previamente existentes en un único régimen de pagos directos disociados. Esta iniciativa debe implicar la expiración de los derechos de pago obtenidos en virtud de dichos Reglamentos y la asignación de otros nuevos, aunque aún basados en el número de hectáreas admisibles a disposición de los agricultores en el primer año de aplicación del régimen.

21. Debido a la sucesiva integración de varios sectores en el régimen de pago único y al consiguiente periodo de ajuste concedido a los agricultores, cada vez resultó más difícil justificar la existencia de importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda por hectárea derivadas de la utilización de referencias históricas. Por lo tanto, la ayuda directa a la renta debe distribuirse más equitativamente entre los Estados miembros, reduciendo el vínculo a las referencias históricas y teniendo en cuenta el contexto global del presupuesto de la Unión. Para asegurar una distribución más equitativa de la ayuda directa, pero teniendo en cuenta las diferencias aún existentes en los niveles de salarios y los precios de los insumos, los niveles de ayuda directa por hectárea deben adaptarse progresivamente. Los Estados miembros con pagos directos por debajo del nivel del 90 % de la media deben saldar un tercio de la brecha entre su nivel actual y este nivel. Esta convergencia debe ser financiada proporcionalmente por todos los Estados miembros con pagos directos por encima de la media de la Unión. Además, todos los derechos de pago activados en 2019 en un Estado miembro o en una región deben tener un valor unitario uniforme, como consecuencia de una convergencia hacia este valor que debe producirse durante el periodo de transición en etapas lineales. No obstante, con el fin de evitar consecuencias financieras perjudiciales para los agricultores, los Estados miembros que hayan utilizado el régimen de pago único, y, en particular, el modelo histórico, deben ser autorizados a tener parcialmente en cuenta factores históricos al calcular el valor de los derechos de pago durante el primer año de aplicación del nuevo régimen. El debate sobre el próximo marco financiero plurianual para el periodo que comienza en 2021 debe centrarse también en el objetivo de la convergencia completa a través de la distribución equitativa de la ayuda directa en la Unión Europea durante ese periodo.

22. La experiencia adquirida con la aplicación del régimen de pago único revela que deben mantenerse algunos de sus elementos principales, incluida la fijación de límites máximos nacionales para garantizar que el nivel total de la ayuda no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Los Estados miembros también deben seguir gestionando una reserva nacional que debe utilizarse para facilitar la participación de nuevos jóvenes agricultores en el régimen o puede utilizarse para atender las necesidades específicas en algunas regiones. Las normas sobre la transferencia y la utilización de los derechos de pago deben mantenerse pero, siempre que sea posible, simplificadas.

23. Con objeto de garantizar la protección de los derechos de los beneficiarios y aclarar las situaciones específicas que puedan surgir en la aplicación del régimen de pago básico, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el fin de adoptar normas sobre admisibilidad y acceso de los agricultores al régimen de pago básico en caso de sucesión inter vivos o mortis causa , herencia bajo arrendamiento, cambio de estatuto jurídico o denominación y en caso de fusión o escisión de la explotación; la adopción de normas relativas al cálculo del valor y del número o al aumento del valor de los derechos de pago en relación con la asignación de los derechos de pago, incluidas las normas relativas a la posibilidad de determinar un valor y un número o un aumento provisional de los derechos de pago asignados sobre la base de la solicitud del agricultor; la adopción de normas relativas a las condiciones para determinar el valor y el número provisionales y definitivos de los derechos de pago y normas relativas a los casos en que una venta o contrato de arrendamiento financiero pueda afectar a la asignación de los derechos de pago; la adopción de normas relativas al establecimiento y al cálculo del valor y del número de derechos de pago recibidos de la reserva nacional; la adopción de normas sobre la modificación del valor unitario de los derechos de pago en caso de fracciones de derechos de pago y de criterios para la asignación de derechos de pago con arreglo al uso de la reserva nacional y a los agricultores que no solicitaron ayuda en 2011.

24. Con el fin de garantizar la correcta gestión de los derechos de pago, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de adoptar normas relativas a la declaración y activación de los derechos de pago.

25. En lo que atañe al cáñamo, deben mantenerse medidas específicas a fin de asegurar que no puedan ocultarse cultivos ilegales entre los que puedan acogerse al pago básico, lo que incidiría negativamente en la organización común del mercado de cáñamo. Por lo tanto, procede seguir concediendo pagos únicamente para las superficies en las que se hayan sembrado variedades de cáñamo que ofrezcan ciertas garantías en cuanto al contenido de sustancias psicotrópicas. Para preservar la salud pública, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el fin de adoptar normas que supediten la concesión de los pagos a la utilización de semillas certificadas de determinadas variedades de cáñamo y definan el procedimiento para la determinación de las variedades de cáñamo y el control de su contenido de tetrahidrocanabinol.

26. Uno de los objetivos de la nueva PAC es la mejora del comportamiento medioambiental, a través de un componente «ecologización» obligatorio de los pagos directos que apoyará prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, aplicable en toda la Unión. A tal fin, los Estados miembros deben emplear una parte de sus límites máximos nacionales de los pagos directos para conceder un pago anual como suplemento del pago básico, para prácticas obligatorias que deben seguir los agricultores para abordar, prioritariamente, los objetivos de la política climática y medioambiental. Estas prácticas deben adoptar la forma de actuaciones simples, generalizadas, no contractuales y anuales que vayan más allá de la condicionalidad y estén relacionadas con la agricultura, tales como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y las superficies de interés ecológico. El carácter obligatorio de esas prácticas también debe concernir a los agricultores cuyas explotaciones estén total o parcialmente situadas en zonas de la red «Natura 2000» cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres[19] y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres[20], en la medida en que estas prácticas sean compatibles con los objetivos de ambas Directivas. Los agricultores que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91[21], deben beneficiarse del componente «ecologización» sin necesidad de satisfacer ninguna otra obligación, habida cuenta de los reconocidos beneficios medioambientales de los sistemas de agricultura ecológica. El incumplimiento del componente «ecologización» debe dar lugar a sanciones sobre la base del artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

27. A fin de garantizar que las obligaciones relativas a la medida de diversificación de cultivos se apliquen de forma proporcionada y no discriminatoria y lleven a una mayor protección del medio ambiente, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de fijar la definición de «cultivo» y las normas relativas a la aplicación de la medida.

28. Con el fin de garantizar que los agricultores mantienen como tales las tierras dedicadas a pastos permanentes, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de establecer normas relativas a la aplicación de la medida.

29. Con el fin de garantizar la aplicación de la medida superficie de interés ecológico de una manera eficiente y coherente, teniendo en cuenta simultáneamente las especificidades de los Estados miembros, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, a efectos de definir los tipos de superficies de interés ecológico mencionados con arreglo a esta medida y la adición y definición de otros tipos de superficies de interés ecológico que puedan tenerse en cuenta para el cumplimiento del porcentaje a que se refiere dicha medida.

30. A fin de promover el desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con limitaciones naturales específicas, los Estados miembros deben poder utilizar una parte de sus límites máximos nacionales para pagos directos para conceder un pago anual por superficie, además del pago básico, a todos los agricultores de dichas zonas. Este pago no debe sustituir al apoyo prestado en virtud de los programas de desarrollo rural ni debe concederse a los agricultores en zonas designadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[22], pero no han sido designadas de acuerdo con el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (UE) nº […], del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[23] [RDR].

31. La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes agricultores es financieramente complejo y constituye un elemento que debe ser tenido en consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector agrícola en la Unión y, por esta razón, debe instaurarse una ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrarias para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial. Los Estados miembros deben poder utilizar una parte de sus límites máximos nacionales para pagos directos para conceder un pago anual por superficie, además del pago básico, a los jóvenes agricultores. Este pago solamente debe concederse durante un periodo máximo de cinco años, ya que solo debe cubrir el periodo inicial del ciclo de vida de la empresa y no debe convertirse en una ayuda de funcionamiento.

32. Con objeto de garantizar la protección de los derechos de los beneficiarios y evitar discriminaciones entre ellos, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, para definir las condiciones en virtud de las cuales puede considerarse que una persona jurídica tiene derecho a percibir el pago para jóvenes agricultores, en particular la aplicación del límite de edad a una o más personas físicas que forman parte de la persona jurídica.

33. En algunos sectores y casos claramente definidos, procede autorizar a los Estados miembros a utilizar una parte de sus límites máximos nacionales para pagos directos de ayudas no disociadas. Los recursos que pueden destinarse a cualquier ayuda asociada deben limitarse a un nivel apropiado, permitiendo, al mismo tiempo, que dicha ayuda se conceda en los Estados miembros o en sus regiones específicas que se enfrenten a situaciones particulares, siempre que tipos específicos de agricultura o sectores agrícolas específicos sean especialmente importantes por razones económicas, medioambientales y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados miembros a utilizar hasta un 5 % de sus límites máximos nacionales para financiar dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel de ayuda asociada en al menos uno de los años del periodo 2010–2013 supere el 5 %. No obstante, en casos debidamente justificados en que se demuestren determinadas necesidades sensibles en una región, y previa aprobación por la Comisión, debe autorizarse a los Estados miembros a utilizar más del 10 % de su límite máximo nacional. La ayuda asociada solo debe concederse en la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los niveles actuales de producción en esas regiones. Esta ayuda también debe ponerse a disposición de los agricultores que posean, a 31 de diciembre de 2013, derechos especiales de pago asignados en virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no posean hectáreas admisibles para la activación de los derechos de pago. En lo que atañe a la aprobación de la ayuda asociada voluntaria superior al 10 % del límite máximo nacional fijado por Estado miembro, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) nº 182/2011.

34. Con el fin de garantizar una utilización eficiente y selectiva de los fondos de la Unión y evitar la doble financiación en virtud de otros instrumentos de apoyo similares, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, para definir la adopción de normas relativas a las condiciones para la concesión de la ayuda asociada voluntaria y de normas sobre su coherencia con otras medidas de la Unión y sobre la acumulación de ayudas.

35. En lo que respecta a la ayuda al sector del algodón, el Reglamento (CE) nº 73/2009 consideró necesario que una parte de la misma siguiera vinculándose al cultivo del algodón a través de un pago específico por hectárea admisible para prevenir cualquier riesgo de perturbación de la producción en las regiones productoras de algodón, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en esta elección. Esta opción debe mantenerse de conformidad con los objetivos establecidos en el Protocolo nº 4 sobre el algodón adjunto al Acta de adhesión de 1979.

36. Para permitir la aplicación eficaz del pago específico al cultivo de algodón, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, a efectos de la adopción de las normas y condiciones de autorización de tierras y variedades a efectos del pago específico al cultivo de algodón y de normas relativas a las condiciones de concesión de dicho pago específico, los criterios de admisibilidad y las prácticas agronómicas, los criterios para la autorización de las organizaciones interprofesionales, las obligaciones de los productores y las situaciones en que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan tales criterios.

37. El capítulo 2 del Reglamento (CE) nº 637/2008 del Consejo, de 23 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003 y se establecen programas nacionales de reestructuración para el sector del algodón[24] prevé que cada Estado miembro productor de algodón debe presentar a la Comisión, una vez cada cuatro años y, por primera vez, a más tardar el 1 de enero de 2009, un proyecto de programa de reestructuración cuatrienal o presentar a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2009, un proyecto único de programa de reestructuración modificado de una duración de ocho años. La experiencia ha demostrado que la reestructuración del sector del algodón obtendría mejores resultados a través de otras medidas, incluidas aquellas en virtud de la programación de desarrollo rural financiadas al amparo del Reglamento (UE) nº […] [RDR], lo que también permitiría una mayor coordinación con medidas en otros sectores. Sin embargo, deben respetarse los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de las empresas que ya participan en programas de reestructuración. Por lo tanto, procede autorizar la finalización de los programas en curso de cuatro y ocho años. Al final de este periodo, sin embargo, los programas deben finalizar. Los fondos disponibles de los programas de cuatro años podrían entonces integrarse en los fondos disponibles de la Unión para medidas en virtud del desarrollo rural a partir de 2014. Los fondos disponibles al término de los programas de ocho años no serían útiles para los programas de desarrollo rural en 2018, habida cuenta del periodo de programación y, por tanto, podría ser más útil transferirlos a los regímenes de ayuda en virtud del presente Reglamento, tal como ya se prevé en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 637/2008. Por consiguiente, el Reglamento (CE) nº 637/2008 quedará obsoleto a partir del 1 de enero de 2014 o el 1 de enero de 2018 en lo que respecta a los Estados miembros que tengan, respectivamente, programas de cuatro u ocho años. Procede, por tanto, derogar el Reglamento (CE) nº 637/2008.

38. Procede implantar un régimen simple y específico para los pequeños agricultores a fin de reducir los costes administrativos vinculados a la gestión y el control de la ayuda directa. Para ello, debe crearse un pago a tanto alzado que sustituya a todos los pagos directos. Deben introducirse normas que busquen la simplificación de las formalidades mediante la reducción, entre otras cosas, de las obligaciones impuestas a los pequeños agricultores, como las relativas a la solicitud de ayuda, a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a la condicionalidad y a los controles establecidos en el Reglamento (UE) nº […] [HZR] sin poner en peligro la consecución de los objetivos globales de la reforma, teniendo presente que la legislación de la Unión contemplada en el anexo II del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a los pequeños agricultores. El objetivo de dicho régimen debe ser apoyar la estructura de las pequeñas explotaciones agrícolas existentes en la Unión sin contrarrestar el desarrollo hacia estructuras más competitivas. Por este motivo, el acceso al régimen debe limitarse a las explotaciones existentes.

39. Con el fin de proteger los derechos de los agricultores, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el fin de fijar normas relativas a la participación en el régimen para los pequeños agricultores cuando cambie la situación de los agricultores participantes.

40. En aras de la simplificación y para tener en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas, los pagos directos en dichas regiones deben gestionarse dentro de los programas de ayuda establecidos por el Reglamento (CE) nº 247/2006, de 30 de enero de 2006. Como consecuencia de ello, las disposiciones incluidas en el presente Reglamento, relativas al régimen de pago básico y pagos conexos y a la ayuda no disociada, no deben aplicarse a esas regiones.

41. Las notificaciones de los Estados miembros son necesarias a los fines de la aplicación del presente Reglamento y del control, análisis y gestión de los pagos directos. Con el fin de garantizar la correcta aplicación de las normas contenidas en el presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con objeto de aprobar las medidas necesarias relativas a las comunicaciones que deben efectuar los Estados miembros, o a efectos de la verificación, control, seguimiento, evaluación y auditoría de los pagos directos, la aplicación de los acuerdos internacionales, incluidos los requisitos de notificación en virtud de esos acuerdos y normas que fijan la naturaleza y el tipo de información que deba notificarse, los métodos de notificación y los derechos de acceso a la información o a los sistemas de información, así como las condiciones y medios de publicación de la información.

42. La legislación de la Unión relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en particular la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[25], y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[26] son aplicables.

43. Con el fin de reforzar sus políticas de desarrollo rural, los Estados miembros deben tener la posibilidad de transferir fondos de sus límites máximos de pagos directos a su ayuda asignada al desarrollo rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados miembros donde el nivel de apoyo directo sigue siendo inferior al 90 % del nivel de apoyo medio de la Unión deben tener la posibilidad de transferir fondos de su ayuda asignada al desarrollo rural a sus límites máximos de pagos directos. Estas elecciones deben realizarse, dentro de ciertos límites, una vez y para todo el periodo de aplicación del presente Reglamento.

44. Para asegurar una transición armoniosa de las disposiciones previstas en el Reglamento (CE) nº 73/2009 a las establecidas en el presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el fin de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los agricultores.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 2

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 5

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 7

4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA 9

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 11

TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 25

TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PAGOS DIRECTOS 28

CAPÍTULO 1 Disposiciones comunes aplicables a los pagos directos 28

CAPÍTULO 2 Disposiciones aplicables a Bulgaria y Rumanía 32

TÍTULO III RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO Y PAGOS RELACIONADOS 33

CAPÍTULO 1 Régimen de pago básico 33

Sección 1 Creación del régimen de pago básico 33

Sección 2 Reserva nacional 37

Sección 3 Aplicación del régimen de pago básico 39

CAPÍTULO 2 Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente 42

CAPÍTULO 3 Pago para zonas con limitaciones naturales 44

CAPÍTULO 4 Pago para jóvenes agricultores 46

TÍTULO IV AYUDA ASOCIADA 48

CAPÍTULO 1 Ayuda asociada voluntaria 48

CAPÍTULO 2 Ayuda específica al cultivo de algodón 51

TÍTULO V Régimen para los pequeños agricultores 54

TÍTULO VI Programas nacionales de reestructuración del sector del algodón 56

TÍTULO VII Disposiciones finales 57

CAPÍTULO 1 Notificaciones y situaciones de emergencia 57

CAPÍTULO 2 Delegaciones de competencias y disposiciones de aplicación 58

CAPÍTULO 3 Disposiciones transitorias y finales 59

ANEXO I Lista de regímenes de ayuda 61

ANEXO II Límites máximos nacionales contemplados en el artículo 6 62

ANEXO III 63

ANEXO IV Coeficientes que han de aplicarse con arreglo al artículo 10, apartado 1 64

ANEXO V Disposiciones financieras aplicables a Bulgaria y Rumanía a las que se refieren los artículos 16 y 17 65

ANEXO VI Tamaño medio de las explotaciones agrícolas que debe aplicarse en virtud del artículo 36, apartado 5 66

ANEXO VII 67

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 75

TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece:

a) disposiciones comunes aplicables a los pagos abonados directamente a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I (denominados en lo sucesivo «pagos directos»);

b) disposiciones específicas relativas a:

i) un pago básico a los agricultores (denominado en lo sucesivo «régimen de pago básico»);

ii) un pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente;

iii) un pago voluntario para los agricultores de zonas con limitaciones naturales;

iv) un pago para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agraria;

v) un régimen de ayuda asociada voluntaria;

vi) una ayuda específica al cultivo de algodón;

vii) un régimen simplificado para pequeños agricultores;

viii) un marco que permita a Bulgaria y Rumanía complementar los pagos directos.

Artículo 2

Modificación del anexo I

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, con objeto de modificar la lista de los regímenes de ayuda que figura en el anexo I.

Artículo 3

Aplicación a las regiones ultraperiféricas y a las islas menores del Mar Egeo

El artículo 11 no se aplicará a las regiones de la Unión a que se refiere el artículo 349 del Tratado, denominadas en lo sucesivo «regiones ultraperiféricas» ni a los pagos directos concedidos en las islas menores del Mar Egeo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1405/2006.

Los títulos III, IV y V no se aplicarán a las regiones ultraperiféricas.

Artículo 4

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «Agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Unión Europea, tal como se establece en el artículo 52 del Tratado, leído en relación con los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que ejerza una actividad agraria.

b) «Explotación»: todas las unidades utilizadas para actividades agrarias y administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro.

c) «Actividad agraria»:

- la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas,

- el mantenimiento de la superficie agrícola en un estado idóneo para pasto o cultivo sin ninguna acción preparatoria especial que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas tradicionales, o

- la realización de una actividad mínima que debe ser establecida por los Estados miembros en las superficies agrícolas naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pastos o cultivo.

d) «Productos agrícolas»: los productos incluidos en la lista del anexo I del Tratado, a excepción de los productos pesqueros, así como el algodón.

e) «Superficie agrícola»: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos permanentes.

f) «Tierras de cultivo»: las tierras dedicadas a la producción de cultivos o las superficies disponibles para la producción de cultivos pero en barbecho, incluidas las superficies retiradas de la producción de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y con el artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] [RDR], con independencia de que se encuentren en invernaderos o bajo protección fija o móvil.

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, distintos de los pastos permanentes, que ocupen las tierras durante un periodo de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros, y los árboles forestales de cultivo corto.

h) «Pastos permanentes»: las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados) y que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más; pueden incluir otras especies adecuadas para pastos siempre que las hierbas y otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes.

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: todas las plantas herbáceas que se suelen encontrar en los pastos naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega en el Estado miembro (utilizadas o no para pasto de los animales).

j) «Viveros»: las siguientes superficies con plantas jóvenes leñosas cultivadas al aire libre y destinadas a ser trasplantadas:

- viveros vitícolas y viñas madres de portainjertos;

- viveros de árboles frutales y bayas;

- viveros de plantas ornamentales;

- viveros forestales comerciales (excepto los viveros forestales que se encuentren en el bosque y estén destinados a la explotación);

- árboles y arbustos para la plantación de jardines, parques, caminos, taludes, por ejemplo, plantas para setos, rosales y otros arbustos de adorno, coníferas de adorno, así como sus portainjertos y plantas jóvenes.

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: superficies plantadas con especies arbóreas del código NC 06029041 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 55, con el fin de:

a) establecer nuevas definiciones en lo que atañe al acceso a la ayuda en virtud del presente Reglamento

b) establecer el marco en el que los Estados miembros deberán definir las actividades mínimas que deben realizarse en las superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pastos o cultivo;

c) establecer los criterios que deben cumplir los agricultores para que pueda considerarse que han respetado la obligación de mantener la superficie agrícola en un estado adecuado para pastos o cultivo, tal como se contempla en el apartado 1, letra c);

d) fijar los criterios para determinar el predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos a los efectos del apartado 1, letra h).

TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PAGOS DIRECTOS

CAPÍTULO 1 Disposiciones comunes aplicables a los pagos directos

Artículo 5

Financiación de los pagos directos

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del presente Reglamento serán financiados de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) nº […] [HZR].

Artículo 6

Límites máximos nacionales

1. Para cada Estado miembro y cada año, el límite máximo nacional que incluye el valor total de todos los derechos asignados, de la reserva nacional y de los límites máximos fijados de acuerdo con los artículos 33, 35, 37 y 39, corresponderá a lo indicado en el anexo II.

2. Con el fin de tener en cuenta la evolución de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse, incluidos los resultantes de las decisiones que adopten los Estados miembros de conformidad con el artículo 14, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 55, con el fin de revisar los límites máximos nacionales previstos en el anexo II.

Artículo 7

Límites máximos netos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los importes totales de los pagos directos que pueden concederse en un Estado miembro con arreglo a los títulos III, IV y V, a lo largo de un año natural, tras la aplicación del artículo 11, no rebasarán los límites máximos establecidos en el anexo III del presente Reglamento.

Para evitar que el importe total de los pagos directos rebase los límites máximos establecidos en el anexo III, los Estados miembros aplicarán una reducción lineal a los importes de todos los pagos directos, con excepción de los pagos directos concedidos en virtud de los Reglamentos (CE) nº 247/2006 y (CE) nº 1405/2006.

2. Para cada Estado miembro y cada año, el producto estimado de la limitación a que se refiere el artículo 11, que se refleja en la diferencia entre los límites máximos nacionales establecidos en el anexo II, a los que se añade el importe disponible de acuerdo con el artículo 44, y los límites máximos netos establecidos en el anexo III, estará disponible en forma de ayuda de la Unión para las medidas en virtud de la programación de desarrollo rural financiadas con cargo al FEADER, según se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 55, con el fin de revisar los límites máximos previstos en el anexo III.

Artículo 8

Disciplina financiera

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (UE) nº […] [HZR] únicamente se aplicará a los pagos directos superiores a 5 000 EUR que deban concederse a los agricultores en el año natural correspondiente.

2. En el ámbito de la introducción gradual de los pagos directos, prevista en el artículo 16, el apartado 1 del presente artículo se aplicará a Bulgaria y Rumanía a partir del 1 de enero de 2016.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 55, sobre las normas relativas a la base de cálculo de las reducciones que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores con arreglo a los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 9

Agricultor activo

1. No se abonarán pagos directos a las personas físicas o jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas, cuando concurra una de las siguientes circunstancias:

a) el importe anual de pagos directos es inferior al 5 % de los ingresos totales obtenidos de actividades no agrícolas en el ejercicio fiscal más reciente; o

b) sus zonas agrícolas son principalmente zonas mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pastos o cultivo y no desempeñen en esas zonas la actividad mínima establecida por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c).

2. El apartado 1 no se aplicará a los agricultores que hayan recibido menos de 5 000 EUR en concepto de pagos directos el año anterior.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 55, a efectos de fijar:

a) criterios para establecer el importe de los pagos directos pertinente a los efectos de los apartados 1 y 2, en particular durante el primer año de asignación de los derechos de pago en los casos en que el valor de los derechos de pago aún no se haya establecido definitivamente así como en el caso de los nuevos agricultores;

b) excepciones a la norma de que los ingresos durante el ejercicio fiscal más reciente deben tenerse en cuenta cuando esas cifras no estén disponibles; y

c) criterios para determinar cuando la zona agrícola de un agricultor debe considerarse realmente zona naturalmente mantenida en un estado adecuado para pastos o cultivo.

Artículo 10

Requisitos mínimos para poder recibir pagos directos

1. Los Estados miembros decidirán no conceder pagos directos a un agricultor en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) cuando el importe total de los pagos directos solicitados o pendientes de concesión antes de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un año natural determinado sea inferior a 100 EUR;

b) cuando la superficie subvencionable de la explotación por la cual se solicitan o deben concederse pagos directos antes de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] sea inferior a una hectárea.

Para tener en cuenta la estructura de sus economías agrícolas, los Estados miembros podrán ajustar los umbrales a que se refieren las letras a) y b) dentro de los límites establecidos en el anexo IV.

2. Cuando los agricultores que reciben la ayuda asociada relacionada con los animales contemplada en el título IV, posean un número de hectáreas inferior al umbral seleccionado por un Estado miembro a los efectos del apartado 1, letra b), dicho Estado miembro aplicará el apartado 1, letra a).

3. Los Estados miembros de que se trate podrán decidir no aplicar el apartado 1 en las regiones ultraperiféricas ni en las islas menores del Mar Egeo.

4. En Bulgaria y Rumanía, en 2014 y 2015, el importe solicitado o pendiente de concesión a que se refiere el apartado 1 se calculará sobre la base del importe fijado en el anexo V, letra A, para el año correspondiente.

Artículo 11

Reducción progresiva y limitación del pago

1. El importe de los pagos directos que deban concederse a un agricultor en virtud del presente Reglamento en un año natural determinado se reducirá como sigue:

- un 20 % en el tramo comprendido entre 150 000 EUR y 200 000 EUR;

- un 40 % en el tramo comprendido entre 200 000 EUR y 250 000 EUR;

- un 70 % en el tramo comprendido entre 250 000 EUR y 300 000 EUR;

- un 100 % en el tramo de más de 300 000 EUR.

2. El importe contemplado en el apartado 1 se calculará restando las remuneraciones realmente pagadas y declaradas por el agricultor en el año anterior, incluidos los impuestos y cotizaciones sociales relacionados con el empleo, del importe total de los pagos directos inicialmente adeudados al agricultor sin tener en cuenta los pagos que deban concederse de conformidad con título III, capítulo 2, del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros garantizarán que no se efectúa pago alguno a los agricultores con respecto a los cuales se demuestre que, a partir de la fecha de publicación de la presente propuesta de Reglamento de la Comisión, han creado artificialmente las condiciones para evitar los efectos del presente artículo.

Artículo 12

Solicitudes múltiples

Salvo que explícitamente se disponga lo contrario en el presente Reglamento, la superficie correspondiente al número de hectáreas admisibles, con respecto a la cual haya sido presentada una solicitud de pago básico por un agricultor con arreglo al título III, capítulo 1, podrá ser objeto de una solicitud de cualquier otro pago directo, así como de cualquier otra ayuda no incluida en el presente Reglamento.

Artículo 13

Ayuda estatal

No obstante lo dispuesto en el artículo 146, apartado 1, del Reglamento [OCM, los artículos 107, 108 y 109 del Tratado no se aplicarán a los pagos efectuados por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 14

Flexibilidad entre pilares

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los Estados miembros podrán decidir poner a disposición como ayuda adicional para medidas en virtud de la programación del desarrollo rural financiadas con cargo al FEADER según lo especificado en el Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 10 % de sus límites máximos nacionales anuales para 2014 a 2019 establecidos en el anexo II del presente Reglamento. Por consiguiente, el importe correspondiente dejará de estar disponible para la concesión de pagos directos.

La decisión a que se refiere el párrafo primero deberá notificarse a la Comisión antes de la fecha mencionada en dicho párrafo.

El porcentaje notificado de acuerdo con el párrafo segundo será el mismo para los años mencionados en el párrafo primero.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido podrán decidir poner a disposición como pagos directos en virtud del presente Reglamento hasta un 5 % del importe asignado para medidas de apoyo en virtud de la programación del desarrollo rural financiada con cargo al FEADER en el periodo 2015-2020, según lo especificado en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por consiguiente, el importe correspondiente dejará de estar disponible para medidas de apoyo en el marco de la programación del desarrollo rural.

La decisión a que se refiere el párrafo primero deberá notificarse a la Comisión antes de la fecha mencionada en dicho párrafo.

El porcentaje notificado de acuerdo con el párrafo segundo será el mismo para los años mencionados en el párrafo primero del apartado 1.

Artículo 15

Revisión

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I se aplicarán sin perjuicio de que pueda efectuarse en cualquier momento una revisión a la luz de la evolución económica y de la situación presupuestaria.

CAPÍTULO 2 Disposiciones aplicables a Bulgaria y Rumanía

Artículo 16

Introducción gradual de las ayudas directas

En Bulgaria y Rumanía, los límites máximos nacionales para los pagos a que se refieren los artículos 33, 35, 37, 39 y 51 en 2014 y 2015 se establecerán sobre la base de los importes indicados en el anexo V, letra A.

Artículo 17

Pagos directos nacionales complementarios y pagos directos

1. En 2014 y 2015, Bulgaria y Rumanía podrán utilizar pagos directos nacionales para completar los pagos concedidos en el ámbito del régimen de pago básico al que se hace referencia en el título III, capítulo 1, y, en el caso de Bulgaria, también para completar los pagos concedidos con arreglo a la ayuda específica al cultivo de algodón a la que se hace referencia en el título IV, capítulo 2.

2. El importe total de los pagos directos nacionales complementarios del régimen de pago básico que podrá concederse en 2014 y 2015 no superará los importes indicados en el anexo V, letra B para cada uno de esos años.

3. En el caso de Bulgaria, el importe total de los pagos directos nacionales complementarios de la ayuda específica al cultivo de algodón no superará los importes indicados en el anexo V, letra C, para cada uno de los años mencionados en dicho anexo.

4. Los pagos directos nacionales complementarios se concederán con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.

TÍTULO III RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO Y PAGOS RELACIONADOS

CAPÍTULO 1 Régimen de pago básico

Sección 1Creación del régimen de pago básico

Artículo 18

Derechos de pago

1. La ayuda en virtud del régimen de pago básico será accesible para los agricultores si obtienen derechos de pago al amparo del presente Reglamento mediante una primera asignación, con arreglo al artículo 21, a partir de la reserva nacional, con arreglo al artículo 23, o mediante transferencia, con arreglo al artículo 27.

2. Los derechos de pago obtenidos en virtud del régimen de pago único de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1782/2003 y el Reglamento (CE) nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 19

Límite máximo del régimen de pago básico

1. La Comisión fijará, mediante actos de ejecución, el límite máximo nacional anual del régimen de pago básico deduciendo del límite máximo nacional anual establecido en el anexo II los importes anuales que se fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 37 y 39. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 56, apartado 2.

2. Para cada Estado miembro y cada año, el valor total de todos los derechos de pago asignados y de la reserva nacional será igual al límite máximo nacional correspondiente adoptado por la Comisión con arreglo al apartado 1.

3. En caso de modificación del límite máximo adoptado por la Comisión con arreglo al apartado 1 con respecto al año anterior, el Estado miembro reducirá o aumentará de forma lineal el valor de todos los derechos de pago para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 20

Asignación regional de los límites máximos nacionales

1. Los Estados miembros podrán decidir, antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el régimen de pago básico a nivel regional. En tal caso definirán las regiones con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios, como sus características agronómicas y económicas, su potencial agrícola regional o su estructura institucional o administrativa.

2. Los Estados miembros dividirán el límite máximo nacional mencionado en el artículo 19, apartado 1, entre las regiones con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios.

3. Los Estados miembros podrán decidir que los límites máximos regionales estén sujetos a modificaciones progresivas anuales con arreglo a tramos anuales preestablecidos y a criterios objetivos no discriminatorios, como el potencial agrario o criterios medioambientales.

4. Los Estados miembros reducirán o aumentarán de forma lineal el valor de los derechos de pago en cada una de sus regiones en la medida necesaria para respetar los límites máximos regionales aplicables fijados de acuerdo con los apartados 2 o 3.

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los Estados miembros notificarán a la Comisión la decisión a la que se hace referencia en el apartado 1, junto con las medidas adoptadas para la aplicación de los apartados 2 y 3.

Artículo 21

Primera asignación de derechos de pago

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán derechos de pago a los agricultores que los soliciten en virtud del régimen de pago básico a más tardar el 15 de mayo de 2014, salvo en caso de fuerza mayor y circunstancias excepcionales.

2. Los agricultores que, en 2011, activaron al menos un derecho de pago en virtud del régimen de pago único o solicitaron la ayuda en virtud del régimen de pago único por superficie, ambos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán derechos de pago el primer año de aplicación del régimen de pago básico, siempre que tengan derecho a recibir pagos directos de conformidad con el artículo 9.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los agricultores recibirán derechos de pago el primer año de aplicación del régimen de pago básico siempre que tengan derecho a recibir pagos directos de conformidad con el artículo 9 y que en 2011:

a) en virtud del régimen de pago único, no activaron ningún derecho de pago pero produjeron exclusivamente frutas, hortalizas y/o cultivaron viñedos exclusivamente;

b) en virtud del régimen de pago único por superficie, no solicitaron ningún tipo de apoyo y solo disponían de tierra agrícola que no estaba en buenas condiciones agrícolas el 30 de junio de 2003 , tal como se establece en el artículo 124, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 73/2009.

Salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, el número de derechos de pago asignados por agricultor será igual al número de hectáreas admisibles, en la acepción del artículo 25, apartado 2, que el agricultor declare de acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 2014.

3. En caso de venta o arrendamiento de su explotación o parte de ella, las personas físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto en el apartado 2 podrán transferir, mediante contrato firmado antes del 15 de mayo de 2014, el derecho a recibir derechos de pago a que se refiere el apartado 1 a un solo agricultor siempre que este cumpla las condiciones establecidas en el artículo 9.

4. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las normas relativas a las solicitudes de asignación de derechos de pago presentadas en el año de asignación de los mismos cuando estos aún no puedan ser definitivamente establecidos y cuando la asignación se vea afectada por circunstancias específicas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 56, apartado 2.

Artículo 22

Valor de los derechos de pago y convergencia

1. Para cada año pertinente, el valor unitario de los derechos de pago se calculará dividiendo el límite máximo nacional o regional, fijado en virtud de los artículos 19 o 20 tras la aplicación de la reducción lineal prevista en el artículo 23, apartado 1, por el número de derechos de pago asignados a nivel nacional o regional, de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, para 2014.

2. Los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único establecido en el Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán limitar el cálculo del valor unitario de los derechos de pago previsto en el apartado 1 a una cantidad correspondiente como mínimo al 40 % del límite máximo nacional o regional, fijado en virtud de los artículos 19 o 20 tras la aplicación de la reducción lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

3. Los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad establecida en el apartado 2 utilizarán la parte del límite máximo que reste tras la aplicación de dicho apartado para aumentar el valor de los derechos de pago en los casos en que el importe total de los derechos de pago que poseen los agricultores en virtud del régimen de pago básico calculado de conformidad con el apartado 2 sea inferior al valor total de los derechos de pago, incluidos los especiales, que el agricultor posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud del régimen de pago único con arreglo al Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario nacional o regional de cada uno de los derechos de pago del agricultor de que se trate se aumentará en una parte de la diferencia entre el valor total de los derechos de pago en virtud del régimen de pago básico, calculado con arreglo al apartado 2, y el valor total de los derechos de pago, incluidos los derechos especiales, que ese agricultor detentara el 31 de diciembre de 2013 en virtud del régimen de pago único con arreglo al Reglamento (CE) nº 73/2009.

Para calcular el aumento, un Estado miembro también puede tener en cuenta el apoyo concedido en el año natural 2013, con arreglo a los artículos 52, 53, apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición de que el Estado miembro haya decidido no aplicar la ayuda asociada voluntaria según lo dispuesto en el título IV del presente Reglamento a los sectores pertinentes.

A los efectos del párrafo primero, se considera que un agricultor posee derechos de pago el 31 de diciembre de 2013 cuando hasta esa fecha le hayan sido asignados, o transferidos definitivamente, derechos de pago.

4. A los efectos del apartado 3, un Estado miembro podrá disponer, sobre la base de criterios objetivos, que, en caso de venta, concesión o expiración total o parcial de un arrendamiento de superficies agrícolas tras la fecha fijada según lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (CE) nº 73/2009, y antes de la fecha fijada según lo dispuesto en el artículo 26 del presente Reglamento, el aumento, o parte del aumento, del valor de los derechos de pago que puedan atribuirse al agricultor en cuestión revierta a la reserva nacional cuando el aumento pueda aportar un beneficio inesperado al agricultor de que se trate.

Estos criterios objetivos se determinarán de forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia y deberán incluir, como mínimo, los siguientes:

a) una duración mínima del arrendamiento;

b) la proporción del pago recibido que deberá revertir a la reserva nacional.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más tardar, todos los derechos de pago tendrán un valor unitario uniforme en un Estado miembro o, en caso de aplicarse el artículo 20, en una región.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, los Estados miembros, actuando de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, tenderán a aproximar el valor de los derechos de pago a nivel nacional o regional. A tal fin, los Estados miembros fijarán las medidas que deben adoptar antes del 1 de agosto de 2013, las cuales deberán incluir modificaciones progresivas anuales de los derechos de pago, de conformidad con criterios objetivos y no discriminatorios.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero se notificarán a la Comisión a más tardar en la fecha contemplada en dicho párrafo.

Sección 2Reserva nacional

ARTÍCULO 23

Constitución y utilización de la reserva nacional

1. Cada Estado miembro constituirá una reserva nacional. A tal fin, en el primer año de aplicación del régimen de pago básico, los Estados miembros efectuarán una reducción porcentual lineal del límite máximo del régimen de pago básico a nivel nacional. Esta reducción no podrá ser superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, para cubrir las necesidades de asignación previstas en el apartado 4 para 2014.

2. Los Estados miembros podrán administrar la reserva nacional a escala regional.

3. Los Estados miembros establecerán derechos de pago procedentes de la reserva nacional con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.

4. Los Estados miembros utilizarán la reserva nacional para asignar derechos de pago, con carácter prioritario, a los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agraria;

A efectos del párrafo primero, se entenderá por «jóvenes agricultores que comiencen su actividad agraria» cualquier agricultor que satisfaga las condiciones previstas en el artículo 36, apartado 2, que en los cinco años anteriores al comienzo de la nueva actividad agraria no haya desarrollado ninguna actividad agraria por su propia cuenta y riesgo ni haya ejercido el control de una persona jurídica dedicada a una actividad agraria. En el caso de una persona jurídica, la persona o personas físicas que ejerzan el control de la persona jurídica no deben haber practicado ninguna actividad agraria por su propia cuenta y riesgo en los cinco años anteriores al comienzo de la actividad agraria de la persona jurídica.

5. Los Estados miembros utilizarán la reserva nacional para

a) asignar derechos de pago a los agricultores de zonas sujetas a programas de reestructuración o de desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública, con objeto de prevenir el abandono de las tierras o para compensar a los agricultores por las desventajas específicas de dichas zonas;

b) aumentar linealmente el valor de los derechos de pago en virtud del régimen de pago básico, a nivel nacional o regional, si la reserva nacional supera el 3 % en un año determinado, siempre que queden disponibles cantidades suficientes para las asignaciones, en virtud del apartado 4, en virtud de la letra a) del presente párrafo y en virtud del apartado 7.

6. Cuando se apliquen los apartados 4 y 5, letra a), los Estados miembros fijarán el valor de los derechos de pago atribuidos a los agricultores sobre la base del valor medio, nacional o regional, de los derechos de pago en el año de asignación.

7. En caso de que una decisión judicial definitiva o un acto administrativo definitivo emanado de la