Los europeos viven más años y, como promedio, se mantienen durante más tiempo en buen estado de salud. En las últimas cinco décadas, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en unos diez años tanto para los hombres como para las mujeres. La pandemia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de una población en proceso de envejecimiento, pero no se considera probable que haya alterado esa tendencia general positiva de la esperanza de vida.

Como europeos vivimos más años que nunca y cada año somos una población más envejecida. Cada vez más europeos eligen vivir, trabajar o estudiar en otro país de la UE, y la migración desde y hacia Europa sigue fluctuando. Cada vez somos más quienes vivimos en hogares más pequeños y tenemos menos hijos que antes. Los factores que impulsan el cambio demográfico no son uniformes en Europa y a menudo varían de forma considerable de una región a otra dentro de un mismo país.

El presente informe explica los factores que impulsan el cambio demográfico y sus repercusiones en toda Europa. El informe contribuirá a determinar la mejor manera de apoyar a las personas, las regiones y las comunidades más afectadas para que se adapten a una realidad que se ha visto transformada por la crisis, la recuperación, etc. El objetivo de la labor de la Comisión en este terreno es mejorar nuestros conocimientos y previsiones para asegurar que podemos apoyar a quienes lo necesitan, tanto hoy como en el futuro. No se trata necesariamente de revertir o ralentizar ninguna tendencia; se trata de equiparnos con las herramientas adecuadas para aportar soluciones nuevas y respaldar a los ciudadanos en el proceso de cambio.

Si bien los cambios demográficos no son nuevos, la diferencia en nuestras vidas se está dejando sentir de manera más aguda. Abordar este cambio será aún más importante cuando Europa inicie su camino hacia la recuperación. Mantener el centro de atención en la doble transición ecológica y digital contribuirá a aportar muchas de las soluciones innovadoras y sostenibles que necesitamos para hacer frente a los efectos del cambio demográfico.

No podemos subestimar los daños provocados por la crisis ni la necesidad de afrontar todo tipo de pérdidas. Puede parecer contradictorio, en este contexto, afirmar que los europeos, por lo general, viven más tiempo y con más salud y seguridad. No obstante, a largo plazo esta sigue siendo la realidad y debemos estar orgullosos de los grandes esfuerzos realizados en las últimas décadas para conseguirlo. Los sistemas sanitarios y de protección social de Europa son los más avanzados del mundo. Junto con la capacidad y el sacrificio de tantos trabajadores de primera línea, han contribuido a salvar innumerables vidas desde el principio de la crisis. Sin embargo, la presión a la que han estado sometidos, especialmente en las zonas con una población de más edad, ha puesto de manifiesto que debemos prestarles más apoyo.

En las últimas semanas y meses, el vínculo entre estructuras demográficas, por un lado, y efectos de la crisis y potencial de recuperación, por otro, ha quedado patente de manera muy acusada y a menudo dolorosa. Hemos visto que la generación de nuestros mayores es la que más ha sufrido, que las personas de edad avanzada han sido las más vulnerables en esta crisis. No solo tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones si contraen la enfermedad, sino que además se encuentran entre los que más solos y más aislados han estado por las medidas de distanciamiento social y de confinamiento adoptadas en toda Europa con el objetivo de salvar vidas. La necesidad de solidaridad entre generaciones es uno de los elementos esenciales de la recuperación de Europa.

Hay diferencias entre las mujeres y los hombres que viven en distintas zonas de la UE. Aunque la esperanza de vida de las mujeres al nacer en la EU-27 es 5,5 años mayor que la de los hombres, el panorama no es el mismo en todos los lugares. En Letonia y Lituania, la diferencia es superior a 9 años, mientras que en Dinamarca, Irlanda, Chipre, los Países Bajos y Suecia es inferior a 4 años.

Alrededor de un tercio de todos los hogares está compuesto por una sola persona, lo que representa un aumento del 19 % respecto a 2010. Se observa una tendencia general hacia los hogares formados por parejas sin hijos, personas que viven solas y familias monoparentales. En la mayoría de los hogares no hay niños, mientras que los hogares monoparentales han aumentado un 13 % desde 2010. Esos patrones también pueden desempeñar un papel en el contexto de la pandemia, dado que determinadas estructuras de los hogares han podido afectar a la propagación del virus.

Está previsto que la tendencia general del crecimiento de la población se mantenga, pero no por mucho tiempo. Desde 2012, el número de muertes en la EU-27 supera el número de nacimientos. Esto significa que, sin migración neta positiva, la población europea ya habría empezado a reducirse.

Aún queda por ver cómo afectarán las medidas de emergencia que limitan la movilidad de las personas a los patrones y preferencias de la movilidad a largo plazo, en particular si las personas que han perdido su trabajo y sus medios de subsistencia en un lugar podrían buscar oportunidades en otro lugar.

Hay personas que cruzan la frontera exterior de la UE para entrar en Europa o abandonarla. A lo largo de 2018 llegaron 2,4 millones de inmigrantes a la EU- 27, y 1,1 millones de personas emigraron a países de fuera de la EU-27. Gracias a la libre circulación de personas en Europa, mucha gente opta por trasladarse a otros países dentro de la UE. Esos movimientos no influyen en el tamaño o la estructura de edad de la UE en su conjunto, pero tienen un efecto significativo a nivel nacional, regional y local. En 2018, 1,4 millones de personas se trasladaron a otro Estado miembro. Este grupo también incluye a los nacionales de terceros países que viven en Europa.

Según proyecciones económicas realizadas en 2018, el número de personas con empleo podría alcanzar su máximo en 2020, seguido de un descenso constante durante las próximas décadas. Aún es prematuro determinar si la crisis actual alterará las proyecciones a largo plazo, pero las primeras previsiones realizadas desde el inicio del brote apuntan a una importante contracción del empleo. En función de cómo se expanda el virus, podría incluso reducirse el número de personas activas al mismo tiempo. Por tanto, la lucha contra el desempleo, en particular el juvenil, y la atracción de más personas a los mercados laborales serán retos aún más acuciantes.

La apertura del mercado laboral a las personas con discapacidad contribuiría a una sociedad más justa y a combatir los efectos del cambio demográfico. Sin embargo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en la UE es reducida por las numerosas barreras a las que se enfrentan, en particular, a la discriminación y la falta de accesibilidad en el lugar de trabajo, el alojamiento y la educación de gran calidad. Esas barreras pueden basarse en una percepción negativa y en una reticencia injusta a la contratación de personas con discapacidad.

La automatización y el desarrollo de tecnologías nuevas y más limpias pueden contribuir a impulsar la productividad laboral en el futuro; una transición justa para todos será esencial para aquellos que deban adquirir nuevas capacidades o cambiar de puesto de trabajo. En esta línea, la Comisión ha propuesto reforzar el Fondo de Transición Justa, a fin de atenuar los efectos socioeconómicos de la transición, apoyar el reciclaje profesional, ayudar a las pymes a crear nuevas oportunidades económicas e invertir en la transición hacia las energías limpias.

Europa necesita una fuerza laboral altamente cualificada, bien formada y adaptable. Hacer del aprendizaje permanente una realidad para todos será todavía más importante: en los próximos años, millones de europeos tendrán que mejorar sus capacidades o reciclarse profesionalmente. Atraer mejor capacidades y talentos procedentes del exterior también contribuirá a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo.

A medida que la doble transición va cobrando velocidad, Europa tiene que garantizar que sus capacidades, incluidas las ecológicas y digitales, sigan el ritmo. Antes de la crisis había cerca de un millón de puestos vacantes en Europa para expertos en tecnología digital, pero el 70 % de las empresas afirmaba estar retrasando las inversiones al no poder encontrar personas con las capacidades adecuadas. Esto se debe a que, en 2019, el 29 % de la población de la UE tenía competencias digitales limitadas, mientras que el 15 % no las tenía en absoluto. La crisis, además, ha resaltado la importancia de las competencias digitales de los niños, estudiantes, profesores y formadores, y de todos nosotros, para comunicarnos y trabajar. Ha revelado que mucha gente aún no tiene acceso a las herramientas necesarias. La Comisión presentará un Plan de Acción de Educación Digital que establecerá medidas concretas para hacer frente a estos desafíos.

La solución radica en la inversión en las personas y sus capacidades y en mejorar el acceso a la educación y formación. Para ello, será necesaria la acción colectiva de la industria, los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, a fin de contribuir a la mejora de las capacidades y al reciclaje profesional, así como para desbloquear inversión pública y privada y destinarla a la fuerza laboral. La actualización de la Agenda de Capacidades y la recomendación sobre la formación profesional serán también pasos importantes en esta dirección.

3.2. ATENCIÓN SANITARIA Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

Los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración europeos han estado en primera línea durante la pandemia de COVID-19. Han sufrido fuertes tensiones en la lucha contra el virus, partiendo de una situación en la que ya estaban sometidos a una creciente presión, en particular como consecuencia del envejecimiento de nuestra sociedad. Esta situación afecta especialmente a las regiones que, según las proyecciones, tendrán un considerable aumento de la población de más de 65 años de aquí a 2030.





Variación en el porcentaje de población de 65 años o más, por región, 2020-2030

El brote de coronavirus ha expuesto las vulnerabilidades de las personas de edad avanzada a la pandemia y otras enfermedades, sobre todo porque es más probable que estas personas tengan afecciones subyacentes. También ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de salud pública robustos y con mayores capacidades de unidades de cuidados intensivos.

Unos sistemas sanitarios más resilientes necesitan una inversión adecuada y un apoyo financiero acorde con su papel de liderazgo. Es por ello que la Comisión propuso recientemente un programa EU4Health independiente destinado a apoyar a los Estados miembros y la UE en el desarrollo de capacidades y preparación ante crisis. Este programa ayudará a hacer realidad una visión a largo plazo de unos sistemas de salud pública eficientes y resilientes, en particular invirtiendo en la prevención y el control de las enfermedades y mejorando el acceso generalizado a la asistencia sanitaria, el diagnóstico y el tratamiento. Podrá ser el punto de partida de un debate sobre qué más podemos hacer juntos para hacer frente a una crisis, pero también, más en general, en el sector sanitario.

La creciente carga que suponen las enfermedades crónicas será también un desafío para los sistemas sanitarios de Europa. Estas enfermedades representan ya entre el 70 % y el 80 % de los costes sanitarios. Actualmente, unos 50 millones de ciudadanos europeos, la mayoría de más de 65 años de edad, sufren dos o más enfermedades crónicas . En el contexto de los esfuerzos para reforzar la prevención, la Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objetivo facilitar más información a los europeos y prestarles apoyo para que puedan optar por hábitos alimentarios más saludables. Teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas conllevan mayores riesgos, los trabajos en torno al Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer serán esenciales para nuestra salud y para nuestros sistemas sanitarios. El deporte y la actividad física también pueden desempeñar un papel destacado en la prevención y promoción de la salud.

Se espera que la demanda de profesionales aumente en consonancia con la demanda de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración. Ya hay indicaciones de escasez de personal en la sanidad y en los cuidados de larga duración. Los trabajos en curso de la OCDE sobre el personal empleado en el sector de los cuidados de larga duración apuntan a la importancia de mejorar las condiciones de trabajo en el sector y de reforzar el atractivo de esa profesión. Pese a que en la última década ha aumentado el número de médicos y enfermeros en casi todos los países de la UE, persiste la escasez de médicos generalistas, sobre todo en zonas rurales y remotas y en las regiones ultraperiféricas.

El principal desafío consiste en cubrir la creciente demanda de unos servicios sanitarios y de cuidados de larga duración suficientes, accesibles, de buena calidad y asequibles, que están consagrados en el pilar europeo de derechos sociales. Garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana requiere contar con la infraestructura adecuada, como hospitales, centros asistenciales para estancias prolongadas, y viviendas adaptadas y equipadas para personas de edad avanzada. A diferencia de la atención sanitaria, no en todos los Estados miembros existe protección social para los cuidados de larga duración. Los cuidados formales de larga duración son costosos y a menudo son asumidos por la persona que los necesita o por su familia. El proceso de envejecimiento de la población europea y la disminución del tamaño de sus hogares supondrán probablemente un desafío permanente para muchos.

La incipiente «economía plateada» puede brindar oportunidades en el sector sanitario y en los cuidados de larga duración. Puede ser un motor de innovación que ayude a la prestación de servicios asistenciales de gran calidad de manera más eficiente. La digitalización puede brindar a las personas de edad avanzada la posibilidad de ser autónomas en la vigilancia de su estado de salud. El impacto de las tecnologías digitales en la sanidad y en los cuidados de larga duración puede aportar un triple beneficio: mejor calidad de vida, mayor eficiencia de la atención sanitaria y los cuidados de larga duración, y crecimiento del mercado y desarrollo del sector . La investigación y la innovación serán cruciales en este sentido.

3.3. EFECTOS EN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS

Es probable que una Europa envejecida con una fuerza laboral más reducida ejerza más presión sobre los presupuestos públicos en un momento en el que los esfuerzos de recuperación requieren una financiación sustancial. Antes de la crisis, la proyección del coste total del envejecimiento en la UE se situaba en el 26,6 % del PIB de aquí a 2070.

Europa afrontará un enorme desafío a la hora de financiar su gasto relacionado con la edad de forma justa desde la perspectiva intergeneracional. Esto se debe a que la relación entre las personas que pagan impuestos y contribuciones a la seguridad social y las que reciben pensiones y otras prestaciones está descendiendo con rapidez. En 2019 había un promedio de 2,9 personas en edad laboral por cada persona de más de 65 años. Las proyecciones indican que en 2070 esa relación caerá a 1,7.

Aunque la mayor parte del gasto relacionado con la edad se destinará a la atención sanitaria y los cuidados de larga duración, el gasto en pensiones públicas también está previsto que suba con respecto al PIB de aquí a 2040. Gracias a los efectos de las importantes reformas de los regímenes de pensiones en la mayoría de los Estados miembros, se espera que a partir de esa fecha la relación crezca más despacio que el PIB y vuelva más o menos al mismo porcentaje del PIB que el registrado en 2016, aunque en algunos Estados miembros las recientes reformas de las pensiones aumentarán el gasto en este concepto, según las proyecciones. En la preparación de soluciones a estas cuestiones, los responsables políticos están expuestos a un elevado grado de incertidumbre. El tipo de evolución del gasto público no solo depende de las tendencias demográficas, sino también de otros factores como el progreso tecnológico en materia de diagnóstico, tratamientos y productos farmacéuticos y sanitarios, o la creciente demanda de atención sanitaria y cuidados de larga duración prestados por el sector público. Todos esos factores implican costes adicionales a medio y largo plazo. Sin una modificación de las políticas, también el gasto privado estará sometido a una mayor presión, pues las personas que reciben cuidados de larga duración es probable que tengan que cubrir una proporción mayor de los costes totales.