ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 11.10.2004 
COM(2004) 651 final 
. 
COMUNICACIÓN DE LA COMISI ÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 Y AL CONSEJO 
Derecho contractual europeo y revisión del acervo: 
perspectivas para el futuro 
. 
 
ES 2   ES 1. I NTRODUCCIÓN  
La presente Comunicación cons tituye el seguimiento, por parte de la Comisión, del 
plan de acción de 20031, a la luz de las respuestas de las instituciones europeas, los 
Estados miembros y las partes interesada s. Además, indica cómo se elaborará el 
marco común de referencia (MCR) para me jorar la coherencia del acervo actual y 
futuro, y establece planes específicos para  los elementos del acervo relativos a la 
protección de los consumidores, conforme a la Estrategia en materia de política de 
los consumidores 2002-2006. Asimismo, desc ribe las actividades previstas para 
promover las cláusulas contractuales tipo de ámbito comunitario, y pretende 
continuar la reflexión sobre la oportunid ad de adoptar un instrumento facultativo. 
El Parlamento Europeo2 y el Consejo3 han adoptado resoluci ones en las que acogen 
positivamente el plan de acción y subrayan la necesidad de implicar a todas las partes interesadas, en particular en la elabor ación del MCR. El Parlamento Europeo ha 
solicitado que el MCR se complete antes de final de 2006 y que se aplique rápidamente. Asimismo, el Consejo ha reconocido la utilidad de las cláusulas 
contractuales de carácter gene ral de ámbito comunitario de sarrolladas por las partes 
contratantes respetando las disposiciones nacionales y comunitarias. Por último, dichas instituciones han invi tado a la Comisión a continua r analizando la oportunidad 
de adoptar un instrumento facultativo. 
Hasta la fecha se han recibido 122 contribu ciones a la consulta, que la Comisión ha 
publicado, con el consentimiento de sus autores, junto con un resumen de las 
mismas
4. En junio de 2003 se organizaron dos seminarios sobre Derecho contractual5 
para permitir la participación de los intere sados. En enero de 2004 se organizó otro 
seminario sobre cláusulas y condiciones tipo6 y, en abril de 2004, una conferencia 
conjunta de la Comisión y el Parlamento Europeo7. 
2. P ERSPECTIVAS PARA EL FUTURO  
2.1 Mejora del acervo actual y futuro (p rimera medida del plan de acción) 
 Las contribuciones al plan de acción ha n subrayado la necesidad de mejorar la 
calidad y coherencia del acervo en el ámbito de l Derecho contractual y 
destacan que el MCR puede contribu ir a alcanzar dicho objetivo. En 
consecuencia, la Comisión continuará elaborando dicho marco. 
                                                 
1 Todos los documentos relativos al Derecho contractual europeo pueden consultarse en el sitio web de la 
Comisión: 
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/s afe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm  
2 Véase la nota 1. 
3 Véase la nota 1. 
4 Véase la nota 1. 
5 Véase la nota 1. 
6 http://europa.eu.int/comm/internal_market/contractlaw/2004workshop_en.htm  
7 Véase la nota 1. 
 
ES 3   ES 2.1.1 Papel principal del MCR 
 En el plan de acción se identifi caron diferentes tipos de problemas 
relacionados con el acervo; los principales son: 
● la utilización en directivas de  términos jurídicos abstractos no 
definidos o definidos de manera muy vaga; 
● la existencia de ámbitos en los que  la aplicación de las directivas no 
permite, en la práctica, resolver los problemas; 
● diferencias entre los Derechos na cionales de aplicación debidas al 
uso del principio de armonización  mínima en las directivas 
relativas a la protección de los consumidores; 
● incoherencias en el Derecho contractual europeo. 
 En primer lugar, es necesario ad optar una decisión política sobre la 
necesidad de modificar las directivas vigentes a fin de resolver dichos 
problemas. De adoptarse dicha deci sión, la Comisión utilizará el MCR, 
cuando proceda, como herramienta pa ra presentar propuestas de mejora 
de la calidad y coherencia  del acervo actual y de los futuros instrumentos 
jurídicos en el ámbito del Derecho contractual. Además, permitirá simplificar el acervo
8. El MCR definirá con precisión los términos 
jurídicos, enunciará los principios fundamentales y presentará modelos 
coherentes de normas de Derecho cont ractual inspiradas en el acervo 
comunitario y en las mejores soluci ones recogidas en el ordenamiento 
jurídico de los Estados miembros.  
Ejemplo: revisión del acer vo en materia de consumo  
 El objetivo principal de la Comisi ón sigue siendo aumentar la confianza 
de los consumidores y de las empresas en el mercado interior, mediante 
un elevado nivel común de protección de los consumidores, la 
eliminación de los obstáculos existentes en el mercado interior y la simplificación de la legislación
9. Se revisarán ocho Directivas relativas a 
los consumidores10, a fin de identificar si se  alcanzan dichos objetivos, 
teniendo en cuenta, en particular, las cláusulas de armonización mínima 
que contienen.  
 Dicha revisión permitirá evaluar en qué medida las Directivas vigentes, 
consideradas individualmente y en su conjunto, han permitido en la práctica alcanzar los objetivos de la  Comisión en materia de protección 
de los consumidores y de mercado in terior. Esto implica analizar tanto 
las propias Directivas como la manera  en que se aplican y los mercados 
                                                 
8 Esta iniciativa se incluye en la Comunicación de la Comisión titulada «Actualizar y simplificar el 
acervo comunitario», COM(2003) 71, con el objetivo de simplificar la legislación. 
9 DO C 137 de 8.6.2002, p. 2. 
10 Directivas 85/577/CEE, 90/314/CEE, 93/13/CEE, 94/47/CE, 97/7/CE, 98/6/CE, 98/27/CE y 
1999/44/CE. 
 
ES 4   ES en los que funcionan (disposicione s nacionales de transposición, 
jurisprudencia, autorregulación, aplic ación, conformidad real y evolución 
de las prácticas en los ámbitos empresarial, tecnológico y de las expectativas de los consumidores).  
 Dicha revisión analizará, en particular, las cuestiones siguientes: 
● La protección fijada por las Directivas, ¿es suficiente para inspirar 
confianza a los consumidores? 
● El nivel de armonización, ¿es suficiente para eliminar los 
obstáculos existentes en el mercado interior y las distorsiones de la 
competencia que afectan a las empresas y a los consumidores?  
● El nivel de regulación, ¿minimiza las cargas para las empresas y 
facilita la competencia? 
● Las Directivas, ¿se aplican efectivamente?  
● En conjunto, ¿se constatan laguna s, incoherencias o solapamientos 
en las ocho Directivas?  
● ¿Qué Directivas deberían tene r prioridad para su modificación? 
 Asimismo, se plantean otras cuestiones más específicas: 
● ¿Es adecuado el ámbito de ap licación de las Directivas? ¿Son 
adecuados los requisitos de información precontractual?  
● ¿Conviene armonizar y normalizar íntegramente la duración y las 
modalidades de los plazo s de desistimiento fija dos en las Directivas 
para la venta a domicilio, la utili zación de inmuebles en régimen de 
tiempo compartido y la venta a distancia?  
● ¿Es necesaria una mayor armoni zación del Derecho contractual 
relativo a los consumidores?  
● ¿Es posible fusionar algunas de la s Directivas para reducir las 
incoherencias entre ellas? 
 Para revisar el acervo en materia de  consumo, están previstas diversas 
acciones: 
● La elaboración de una base de datos pública sobre el acervo que 
incluya la legislación y jurispr udencia nacionales, así como un 
análisis comparativo de la apli cación de las Directivas en la 
práctica.  
● La creación de un grupo de trabajo permanente compuesto por 
expertos de los Estados miembros  para intercambiar información y 
analizar la aplicación del acervo.  
 
ES 5   ES ● La elaboración de informes de aplicación de las Directivas de 
indicación de los precios, venta a distancia, venta de productos de 
consumo y acciones de cesación. Se prevé consultar a las partes 
interesadas para elaborar dichos informes, así como organizar seminarios de seguimiento apropiados.  
 Cuando el proyecto haya finalizado y se hayan elaborado los informes, la 
Comisión analizará si resulta neces ario proponer modificaciones a las 
Directivas. Se prevé que dicha fase de  diagnóstico termine antes de final 
de 2006. Las propuestas tendrán en cu enta, si procede, el trabajo 
realizado en el marco del proyecto de MCR e irán acompañadas de la 
evaluación de las repercus iones de la legislación. 
 
 Asimismo, convendría que el Consejo y el Parlamento Europeo pudieran 
utilizar el MCR para presentar modi ficaciones a las propuestas de la 
Comisión, en consonancia con el objetivo compartido de que la 
legislación comunitaria alcance  un elevado nivel de calidad11, así como 
con el compromiso de las instituc iones europeas pa ra fomentar la 
sencillez, claridad y cohere ncia de dicha legislación12.  
2.1.2 Otras funciones posibles del MCR 
 Los legisladores de los Estados mi embros podrían utilizar el MCR para 
transponer a la legislac ión nacional las Direc tivas comunitarias en 
materia de Derecho contractual, e insp irarse en dicho marco para elaborar 
legislación sobre ámbitos del Derec ho contractual no regulados a escala 
comunitaria. 
 Asimismo, el Parlamento Europeo ha  sugerido utilizar el MCR en caso 
de arbitraje, para encontrar soluciones imparciales y equilibradas a eventuales litigios entre las partes contratantes. 
 El MCR también podría utilizarse para desarrollar las otras medidas 
identificadas en el plan de acción. Por ejemplo, el Parlamento Europeo sugirió que el MCR podría consis tir en un conjunto de cláusulas 
contractuales tipo que estaría a disposición de los profesionales del 
Derecho. La Comisión coincide en qu e el MCR debería utilizarse lo más 
ampliamente posible en la aplicación de la segunda medida del plan de 
acción. Asimismo, el MCR podrá constituir  la base para desarrollar un 
posible instrumento facultativo. 
 La Comisión también está analizando la sugerencia de integrar el MCR 
en sus propios contratos. El MCR po dría utilizarse como complemento a 
la legislación nacional aplicable. As imismo, la Comisión invita a las 
                                                
 
11 Plan de acción «Simplificar y mejora r el marco regulado r», COM(200 2) 278. 
12 Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
 
ES 6   ES demás instituciones y organismos a u tilizar el MCR en los contratos con 
terceros.  
 Por último, el Tribunal de Justicia podría tomar en consideración el 
MCR, basado en el acervo comunita rio y en las mejores soluciones 
comunes recogidas en el Derecho cont ractual de los Estados miembros, a 
la hora de interpretar el acervo en materia de Derecho contractual.  
2.1.3 Naturaleza jurídica del MCR 
 En varias contribuciones al plan de acción se ha plante ado la cuestión de 
la naturaleza jurídica del MCR. Las propuestas difieren entre la de un 
acto jurídico vinculante aprobado por el Consejo y el Parlamento 
Europeo hasta la de un instrumento no vinculante aprobado por la Comisión. 
 Aunque la Comisión considera en este momento que el MCR podría 
asumir la forma de un instrumento no vinculante, consultará ampliamente a todas las partes interesadas a la hora de elaborarlo. En ese momento, 
podría plantearse de nuevo la cuestión. 
2.2 Promover el uso de cláusulas y condi ciones tipo de ámbito comunitario 
(segunda medida del plan de acción) 
2.2.1 Propuestas de la Comisión in cluidas en el plan de acción 
 La segunda medida pretende incenti var al sector pr ivado a desarrollar 
cláusulas y condiciones tipo aplicables a toda la UE, y no a un único 
ordenamiento jurídico. Actualmente,  a menudo las partes  consideran que 
deben utilizar diferentes cláusulas y condiciones tipo, puesto que existen 
requisitos obligatorios diferentes en  las legislaciones de los Estados 
miembros, tanto en Derecho contractual como en otros ámbitos del 
Derecho (p. ej. puede parecer que las divergencias en el ámbito de la 
responsabilidad civil requieren el  uso de cláusulas contractuales 
diferentes en esta materia). Sin em bargo, existen ejemplos de utilización 
eficaz de cláusulas y condiciones tipo de ámbito comunitario en 
cuestiones que, habitualmente, deben tr atarse también en otros contratos. 
 Por tanto, también pueden existir so luciones comunitarias aceptables en 
otros casos en los que, actualmente, se  utilizan cláusu las y condiciones 
tipo aplicables en un único país. Dado que, al parecer, dichas soluciones 
comunitarias son poco conocidas, el  plan de acción sugería poner en 
marcha una iniciativa globa l para darlas a conocer. 
2.2.2 Reacciones de las partes inte resadas y de otras partes 
 Aunque en algunas de las respuestas recibidas se acogía positivamente el 
enfoque propuesto, otras manifestaban su  escepticismo en lo relativo a la 
participación de la Comisión en dicho ámbito, ya que suponían que 
pretendería elaborar ella misma las cláusulas y condiciones tipo. 
Obviamente, no es ésta la intención de la Comisión: corresponde a los 
 
ES 7   ES agentes económicos definir el c ontenido de dichas cláusulas y 
condiciones tipo, así como adoptar la decisión de utilizarlas. La 
Comisión sólo pretende desempeñar un papel de mediador y reunir a las 
partes interesadas, sin interfer ir en el contenido del debate. 
 Estas cuestiones se analizaron más detalladamente en el seminario 
celebrado el 19 de enero de 200413, sobre todo el uso de cláusulas y 
condiciones tipo en los transacciones entre empresas (B2B) y en las 
contratos de las empresas con la Admi nistración Pública (B2G). Se llegó 
a dos conclusiones principales: 
 En primer lugar, hubo un consenso general sobre la idea de que en 
numerosos casos podrían utilizarse  satisfactoriamente a escala 
comunitaria cláusulas y condiciones tipo, pese a que en determinados ámbitos continuarían ex istiendo obstáculos jurídi cos y administrativos. 
La Comisión, con ayuda de las partes interesadas, debería redactar una 
lista de los principales obstáculos. 
 En segundo lugar, se acordó que serí a útil llamar la atención sobre las 
posibilidades existentes, sobre todo facilitando, en un sitio web de la 
Comisión, información estructurada sobre ejemplos eficaces de utilización de cláusulas y condicion es tipo de ámbito comunitario.  
2.2.3 Acciones: un sitio web para fomentar el desarro llo y uso de cláusulas y 
condiciones tipo de ámbito comunitario 
 A la luz de dichas contribucione s, la Comisión considera que sería 
beneficioso llamar la atención sobr e las posibilidades existentes, 
centrándose en las cláusulas y c ondiciones tipo ap licables a las 
transacciones entre empresas, así como a las transacciones entre 
empresas y la Administración. 
 Tras evaluar dichas acciones, es posible que se propongan otras medidas 
y que se analice la posibilidad de continuar trabajando en dicho ámbito. 
2.2.3.1 Una plataforma de intercam bio de información sobre las 
cláusulas y condiciones tipo de ámbito comunitario actuales y 
previstas 
 La Comisión creará un sitio web en el que los agentes económicos 
podrán intercambiar información s obre las cláusulas y condiciones 
tipo de ámbito comunitario que utilizan o tienen previsto elaborar. La información se publicará bajo la responsabilidad exclusiva de 
las partes que la comuniquen. Di cha publicación no constituirá en 
ningún caso un reconocimiento de la validez jurídica o comercial 
de dichas cláusulas y condiciones tipo. Antes de emprender 
ninguna acción, la Comisión consulta rá a las partes interesadas 
                                                 
13 Véase la nota 6. 
 
ES 8   ES sobre la información concreta que necesitan los usuarios y sobre la 
que las organizaciones pueden publicar en el sitio web.  
 Dicha información debe permitir a las partes interesadas evitar los 
errores de sus predecesores y re producir los resultados positivos. 
Por tanto, la Comisión no tiene inte nción de elaborar ella misma 
una recopilación de las mejo res prácticas existentes.  
2.2.3.2 Directrices sobre la relaci ón entre normas en materia de 
competencia y las cláusulas y condiciones ti po de ámbito 
comunitario 
 Aunque no tiene intención de pu blicar de momento directrices 
específicas sobre la elaboraci ón y utilización de cláusulas y 
condiciones tipo, la Comisión, como ha indicado en otras 
ocasiones, se muestra generalmen te favorable a los acuerdos que 
fomenten la interpenetración económica en el mercado común o que impulsen  el desarrollo de nuevos mer cados y la mejora de las 
condiciones de la oferta
14. A pesar de que generalmente se reciben 
favorablemente los acuerdos sobre el  desarrollo y la utilización de 
cláusulas y condiciones tipo de ámbito comunitario, en 
determinados casos los acuerdos o prácticas concertadas para 
utilizar cláusulas y condiciones tipo pueden ser incompatibles con 
las normas en materia de competencia. 
 A este respecto, la Comisión llama la atención sobre sus 
«Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a 
los acuerdos de cooperación horizontal»15, y, en particular, sobre su 
sección 6, que incluye directrices sobre los acuerdos de 
estandarización. Aunque no se aplican específicamente a los 
acuerdos sobre cláusulas y condicion es tipo, las partes contratantes 
pueden utilizarlas como orient ación para evitar problemas 
relacionados con la adopción de estas últimas. 
2.2.3.3 Identificación de obstáculos legislativos para la utilización de 
cláusulas y condiciones ti po de ámbito comunitario 
 Conjuntamente con las partes inte resadas, la Comisión analizará los 
eventuales obstáculos existentes en la legislación de los Estados miembros para las cláusulas y condiciones tipo de ámbito 
comunitario, a fin de eliminarlos,  si es necesario y apropiado, lo 
que podría llevarse a cabo mediante  una actuación voluntaria de los 
Estados miembros implicados, un  procedimiento de infracción 
incoado por la Comisión si dichos obstáculos infringen la legislación de la UE, o bien median te otras acciones a escala de la 
UE (p. ej. medidas legislativas) si no existe dicha infracción.  
                                                
 
14 Comunicación de la Comisión 2001/C 3/02 (DO C 3 de 6.1.2001, p. 2), punto 169. 
15 Ídem. 
 
ES 9   ES  En una primera fase, la Comisión llevará a cabo una encuesta, tras 
consultar a las partes interesadas acerca del contenido y la estructura de la misma, para ga rantizar que ésta trata aspectos 
pertinentes para los agentes económicos. 
2.3 Medida no relacionada con un sector particular: un instrumento 
facultativo en el ámbito del Derech o contractual europeo (tercera medida 
del plan de acción) 
 Una de las conclusiones del plan de  acción era que, de momento, no existen 
indicios de que el enfoque sectorial seguido hasta ahora creara problemas o que 
hubiera que abandonarlo. Sin embargo, se c onsideró apropiado analizar si sería 
necesario adoptar medidas no relacionada s con un sector particular (como la 
adopción de un instrumento facultativo) pa ra resolver los problemas planteados 
en el ámbito del Derecho contractual europeo. 
 La Comisión tiene intención de continuar este proceso en paralelo con la 
elaboración del MCR y teniendo en cuenta las observaciones recibidas hasta el 
momento de las partes interesadas sobre sus preferencias en cuanto a los parámetros de tal instrume nto, de confirmarse su uti lidad. La elaboración del 
MCR y, en particular, la consulta a la s partes interesadas, podría facilitar 
información útil al respecto. 
 La Comisión propiciará un diálogo s obre la oportunidad de adoptar un 
instrumento facultativo. Aunque es prematur o especular sobre los resultados de 
dicha reflexión, conviene precisar qu e la Comisión no pretende proponer un 
«código civil europeo» que armonice el Derecho contractual de los Estados 
miembros, y que dicha reflexión no debería interpretarse como un 
cuestionamiento de los métodos aplicados  actualmente para fomentar la libre 
circulación mediante soluci ones flexibles y eficaces.  
 A partir de las aportacione s al plan de acción y de las consideraciones de la 
propia Comisión, se han fijado varios pará metros de reflexi ón relativos a la 
necesidad de dicho instrumento: la necesid ad de tener en cuenta las diferencias 
entre las transacciones con consumidores  y las transacciones entre empresas o 
con la Administración, el grado de sa tisfacción ofrecido por otras soluciones 
(incluidas las cláusulas y condiciones tipo de ámbito comunitario), y la 
necesidad de respetar la cultura jurídica y administrativa propia de cada Estado miembro. Será necesario tener en cuenta dichos parámetros en los próximos debates sobre la oportunidad de adoptar dicho instrumento. En el anexo II se describen algunos de ellos. 
 Asimismo, si se identifican problemas que  requieran soluciones  a escala de la 
UE, la Comisión procederá a realizar una evaluación amp liada del impacto 
para determinar la naturaleza y el contenido de tales soluciones. 
 
ES 10   ES 3. P REPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA  
3.1 Preparación: estudios y participació n de las instituciones europeas, los 
Estados miembros y otras partes interesadas 
3.1.1 Síntesis  Para garantizar que el MCR sea de  la máxima calidad, la Comisión 
financiará estudios, de tres años  de duración, a cargo del sexto programa 
marco para acciones de investig ación y desarrollo tecnológico
16. Ya se 
han evaluado las propuestas de est udio, y se espera que los trabajos 
empiecen en breve.  
 Los investigadores debe rán presentar en 2007 un informe final con todos 
los elementos necesarios para que la  Comisión elabore un MCR, incluida 
una propuesta que los investigadores c onsideren adecuada a los objetivos 
del plan de acción.  
3.1.2 Participación de las partes interesadas 
 Como han subrayado todas las re spuestas al plan de acción, es 
imprescindible que las partes intere sadas participen en el proceso. 
 En la conferencia conjunta de la Comisión y el Parlamento Europeo de 
abril de 2004, se propusieron y apoyar on cuatro criterios fundamentales 
para que dicha participac ión resulte fructífera: 
• la diversidad de las tradiciones jurídicas en el seno de la UE: será 
necesario tenerlas en cuenta; 
• el equilibrio de intereses ec onómicos: será necesario tener en 
cuenta los intereses de una gran variedad de empresas de diferentes sectores económicos, desde las PYME hasta las multinacionales, así como los  de los consumidores y los profesionales del Derecho;  
• compromiso: las partes intere sadas deberán dedicar recursos 
efectivos para aporta r continuamente contri buciones sustanciales; 
• pericia técnica: para responder detalladamente y estimular a los 
investigadores universitarios. 
 Dichos criterios se tendrán en cuenta  al crear las estructuras descritas a 
continuación. Las estructuras de prim er nivel formarán parte del acuerdo 
entre la Comisión y los investigadores: 
                                                
 
16 Decisión nº 1513/2002/CE, DO L 232 de 29.8.2002, p. 1. 
 
ES 11   ES  Primer nivel: contribuciones técnicas 
• La Comisión creará una red de expertos, represen tantes de las 
partes interesadas, que contribuirá de manera continua y detallada a 
los trabajos preparatorios de los investigadores. 
• Periódicamente se organizarán seminarios sobre todos los aspectos 
estudiados para que las partes  interesadas puedan identificar 
aspectos prácticos que deberán te ner en cuenta y presentar sus 
comentarios. Se dedicarán seminarios a todos los temas para que las partes interesadas y la Comisi ón puedan seguir la evolución de 
los trabajos. Para garantizar su ef icacia, los temas de los seminarios 
serán específicos y el número  de participantes limitado.  
• Se contará con un sitio web crea do al efecto, al que podrán acceder 
los investigadores, los expertos de las partes interesadas, la 
Comisión, los expertos de los Esta dos miembros y el Parlamento 
Europeo, en el que se actualizar án los sucesivos proyectos a 
medida que avancen los estudios y en función de las observaciones 
de las partes interesadas. 
• Una vez que se haya decidido cómo  dividir los dife rentes aspectos, 
puede ser útil establecer directrices de funcionamiento para el nivel 
técnico, a fin de garantizar que los investigadores  y las partes 
interesadas tengan una visión clara del proceso, y que ambos colectivos compartan dicha visión. A tal efecto, podría crearse una 
estructura que garantice una coordinación global de las 
contribuciones de las partes in teresadas (p. ej. un comité de 
dirección integrado por miembros  del equipo de investigación y 
expertos de las partes interesadas). 
 Segundo nivel: consideraci ones políticas y revisión 
 La Comisión: 
• informará periódicamente al Parl amento Europeo y al Consejo de 
los progresos realizados, tal como éstos han solicitado; 
• organizará periódicamente re uniones de alto nivel con el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros; 
• creará un grupo de expertos de  los Estados miembros para 
mantenerlos informados de los pr ogresos realizados y darles la 
posibilidad de facilitar sus comentarios. 
 Además, ambos niveles podrían reunirse periódicamente en un foro de 
discusión, que permitiría ampliar el contexto de los debates 
 
ES 12   ES 3.1.3 Estructura y contenido posibles del MCR 
 El objetivo de los estudios prepar atorios del MCR es identificar las 
mejores soluciones tomando en consideración el Derecho contractual de los Estados miembros (jurisprudencia y prácticas establecidas), el acervo 
comunitario y los instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de me rcaderías de 1980. También serán 
pertinentes y se tendrán en cuenta otros materiales existentes, aunque 
garantizando al mismo tiempo que el MCR se adapte a los requisitos específicos de la UE. 
 La estructura prevista para el MCR (véase un ejemplo en el anexo I) es la 
siguiente: en primer lugar, se enun ciarían los principios fundamentales 
comunes de Derecho contractual, incluyendo direct rices para las 
eventuales excepciones a dichos pr incipios. En segundo lugar, dichos 
principios fundamentales estarían apoyados mediante definiciones de 
conceptos clave. En tercer lugar, los principios y las definiciones se 
completarían mediante normas tipo, que  constituirían el  núcleo del MCR. 
Podría realizarse una distinción entre normas tipo aplicables a los 
contratos celebrados entre empres as o particulares y normas tipo 
aplicables a los contratos celebrados entre una empresa y un consumidor. 
 Algunas respuestas sugerían ámbito s que podrían incluirse en el MCR. 
Muchos de ellos se referían a conceptos generales que no son específicos de tipos particulares de contratos o partes contratantes. El principal 
criterio para definir los ámbitos cubi ertos debería ser su contribución a la 
coherencia del acervo. 
 No obstante, se mencionaron específi camente dos tipos de contratos, el 
contrato celebrado con consumidores  y el contrato de seguros, a los que 
la Comisión espera que se dedique especial atención en los trabajos 
preparatorios del MCR. Otros ámbitos específicamente mencionados y que podría abarcar el MCR son los c ontratos de venta y servicios, las 
cláusulas relativas a la reserva de dominio y las de transmisión de la 
propiedad de las mercancías.  
 La Comisión también ha tenido en  cuenta un estudio, elaborado a 
solicitud del Parlamento Europeo y del Consejo, que  analizaba los 
eventuales problemas suscitados por las diferencias en la interacción 
entre el Derecho contractual y el De recho de responsabilidad civil, así 
como entre el Derecho contract ual y el Derecho de propiedad
17. A partir 
de dicho estudio, la Co misión considera que la s diferencias en la 
interacción entre el Derecho contract ual y el Derecho de responsabilidad 
civil de los diferentes Estados  miembros no suscitan problemas 
significativos. Más problemas parecen plantear las diferentes interacciones entre el Derecho contr actual y el Derecho de propiedad de 
los Estados miembros. Durante la preparación del MCR será necesario 
                                                
 
17 Véase la nota 1. 
 
ES 13   ES analizar cómo resolver dichos problemas en la medida en que resulte 
necesario para mejorar el acervo actual y futuro. 
3.2 Elaboración del marco común de referencia por parte de la Comisión 
3.2.1 Adecuación a los objetivos del plan de acción  El informe final de los investigadores  no es vinculante para la Comisión. 
Si es necesario, lo modificará para alcanzar los objetivos del plan de acción. 
3.2.2 Ensayo de practicabilidad 
 Al evaluar el informe final de los investigadores, la Comisión velará por 
que el proyecto de MCR sea objeto de un ensayo de practicabilidad sobre la base de ejemplos concretos de utilización prevista del MCR. 
 En primer lugar, será necesario co mprobar si el proyecto de MCR resulta 
adecuado para mejorar el acervo y el aborar textos legislativos, por 
ejemplo utilizando el proyecto de M CR en la propuesta de modificación 
de una directiva vigente.  
 Esto podría llevarse a cabo, por ejempl o, en el marco del proyecto de la 
Comisión para revisar el acervo en  el ámbito del Derecho de los 
consumidores o en cualquier medida relacionada con la revisión de la 
Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
18. 
 Las enseñanzas extraídas de este proceso se incorporarán al MCR antes 
de que la Comisión adopte la versión definitiva. 
 En segundo lugar, el proyecto de MCR podría ser utilizado con carácter 
experimental por otras instituciones. En esta fase, podría invitarse a los 
Estados miembros a analizar la tr ansposición de una muestra de la 
legislación vigente y evaluar en qué medida el proyecto habría 
contribuido a dicha trans posición. Además, sería necesario comprobar si 
el proyecto resulta adecuado para su utilización en la segunda y tercera 
medidas, también utilizando ejemplos  prácticos. Asimismo, se buscarán 
fórmulas para garantizar que el proyecto de MCR sea adecuado como 
herramienta para el arbitraje inte rnacional o en las propias relaciones 
contractuales de la Comisión. 
3.2.3 Consulta sobre el MCR de la Comisión 
 El proceso de elaboración descrito dará lugar a un MCR de la Comisión 
que se someterá a una consulta final. Se invitará al Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros a analizar el informe final de los 
investigadores y la evaluación de  la Comisión. Un grupo de trabajo 
interinstitucional podría encargarse de analizar la util ización del MCR 
                                                
 
18 DO L 200 de 8.8.2000, p. 35. 
 
ES 14   ES durante todo el proceso legislati vo. De la consulta a los Estados 
miembros podría encargarse el mismo grupo de trabajo de expertos nacionales responsable del seguimient o de los trabajos preparatorios. 
 La siguiente etapa consistirá en un a consulta abierta,  que adoptará la 
forma de un Libro Blanco y que permitirá a las partes interesadas aportar sus contribuciones. A tal efecto, el MCR de la Comisión se traducirá a 
todos los idiomas oficiale s de la UE. Las partes interesadas dispondrán 
de seis meses como mínimo para formular sus comentarios sobre el 
proyecto de la Comisión. Esta consu lta permitirá analizar detalladamente 
el contenido del MCR y corregir la s eventuales diferencias entre 
versiones lingüísticas, para que el  texto definitivo sea totalmente 
compatible y perfectamente comprensible en todos los idiomas. 
3.2.4 Adopción del MCR por parte de la Comisión 
 Se prevé que la Comisión adopte el MCR en 2009. Se le dará una amplia 
difusión, incluida la publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea,  y se revisará si es necesar io. A tal efecto, se definirán 
mecanismos para su actualización.  
 
ES 15   ES ANNEX I  
Possible structure of the CFR 
The main goal of the CFR is to serve as a tool box for the Commission when preparing 
proposals, both for reviewing the existing acquis  and for new instruments. To that aim, the 
CFR could be divided into three parts: fundamental  principles of contract law; definitions of 
the main relevant abstract legal terms and model rules of contract law. 
CHAPTER I – Principles 
The first part of the CFR could provide some common fundamental principles of European 
contract law and exceptions for some of these pr inciples, applicable in limited circumstances, 
in particular where a contract is  concluded with a weaker party. 
Example: Principle of contractual freedom; exception: application of mandatory rules; 
Principle of  the binding force of contract ; exception: e.g. right of withdrawal; principle of 
good faith 
CHAPTER II – Definitions 
The second part of the CFR could provide some definitions of abstract legal terms of 
European contract law in partic ular where relevant for the EC acquis . 
Examples: definition of contract, damages. Concerning the definition of a contract, the 
definition could for example also explain when a contract should be considered as concluded.  
CHAPTER III – Model rules 
SECTION I – Contract  
1. Conclusion of a contract: i. e. notion of offer, acceptance,  counteroffer, revocation of 
an offer, time of conclusion of a contract. 
2. Form of a contract: i.e. written contract, oral contra ct, electronic contract and 
electronic signature. 
3. Authority of agents: direct  and indirect representation. 
4. Validity: i.e. initial impossibility, incorrect information, fraud, threats. 
5. Interpretation: i.e. general rules of interpretation, reference to all relevant 
circumstances. 
6. Contents and effects: i.e. statements gi ving rise to contractual obligation, implied 
terms, quality of performance, obligation to  deliver the goods / provide the services, 
conformity of the performance with the contract. 
 
ES 16   ES SECTION II  – Pre-contractual obligations 
1. Nature of pre-contractual ob ligations (mandatory or not) 
2. Pre-contractual information obligations:  
a. General/Form: i.e. written information, by any clear and comprehensible way. b. Information to be given before the conc lusion of the contract: i.e. information 
regarding the main charact eristics of goods or servic es, price and additional 
costs, regarding the rights of the consumer, specific information for e-contracts. 
c. Information to be given at the conc lusion of the contract: i.e. information 
regarding the right to  ask for arbitration. 
d. Information to be given after the conclu sion of the contract: i.e. obligation to 
notify any modification of the information. 
SECTION III – Performance / Non-Performance:  
1. General rules: i.e. place and time of performance, performance by a third party, time 
of delivery, place of delivery, costs of performance. 
2. Non-performance and remedies in general: 
a. Non-performance : notion of breach of contract b. Remedies in general: i.e. remedies av ailable, cumulation of remedies, clause 
excluding or restricting remedies. 
3. Particular remedies for non-performance: i. e. right to performance, to terminate the 
contract (right of rescissi on), right of cancellation, right for a price reduction, repair, 
replacement, right to damages and interest.  
SECTION IV – Plurality of parties  
1. Plurality of debtors 2. Plurality of creditors 
SECTION V – Assignment of claims   
1. General principles: i.e. contractual claims  generally assignable, partial assignment, 
form of assignment. 
 
ES 17   ES 2. Effects of assignment as be tween Assignor and A ssignee: i.e. rights  transferred to 
assignee, when assignment takes effects. 
3. Effects of assignment as between Assignee and Debtor: i.e. effect on debtor’s 
obligation, protection of debtor. 
SECTION VI – Substitution of new debtor - Transfer of contract  
1. Substitution of new debtor: i.e. effects of substitution on defences and securities 2. Transfer of contract 
SECTION VII – Prescription  
1. Periods of prescription and their commencement 2. Extension of period 3. Renewal of periods 4. Effects of prescription 
SECTION VIII – Specific rules for contract of sales  
SECTION IX – Specific rules for insurance contracts  
 
ES 18   ES ANNEX II  
Parameters concerning the optional instru ment – For further discussion on the 
opportuneness of this instrument 
This annex presents some parameters concer ning an optional instru ment which should be 
taken into account during the furthe r discussion on its opportuneness.  
1. Concerning the general contex t of an optional instrument: 
The existing legal framework, in particular existing European legislation relating to 
contract law and the ongoing work regard ing the future Re gulation on the law 
applicable to contractual obligations should be taken into account within this 
reflection process. The results of meas ure I regarding the improvement of the acquis  
as well as those of measure II will have to be considered.  
Moreover, an extended impact assessment will have to be carried out regarding this 
measure. Such an exercise implies that , among others, the following questions are 
considered before any decision on the adoption of an optional instrument:  
● What problem(s) are being addressed? 
● What is the overall policy objective,  in terms of the desired impacts? 
● What would happen under a ‘no change’ scenario? 
● What other options are available to m eet the objectives? (eg different types of 
action, more or less ambitious options) 
● How are subsidiarity and pr oportionality taken into account? 
● What are types and the scale of positiv e and negative impacts associated with 
each option – whether economic, social, environmental – and are there tensions/trade offs between them? 
● How can the positive impacts be maximi sed and negative impacts minimised? 
Are any associated measures needed to achieve this? 
● Who is affected? Are any specific groups particularly affected? 
● Are there impacts outside the EU? 
● How will the instrument be implemented and the impact in practice monitored 
and evaluated? 
● What were the views of stakeholders? 
2. Concerning the binding nature of an optional instrument 
In the Action Plan, the Commission pres ented different possible approaches 
concerning the binding nature of an optional instrument. This instrument could either 
be a set of rules on contract law which w ould apply unless its application is excluded 
 
ES 19   ES by the contract of  the parties (“ opt out ”) or a purely optional model which would 
have to be chosen by the parties through a choice of law clause (“ opt in ”). The latter 
would give parties the greatest de gree of contractual freedom.  
Respondents’ positions on this issue were clear, with most favouring an “ opt in ” 
model. The governments which expressed an  opinion on this po int, supported the 
“opt in ” model which they consider being of great importance in  preserving the 
principle of contractual freedom. Businesse s also supported such a voluntary scheme 
and again stressed the importance of the ge neral principle of contractual freedom. 
Further, almost all legal practitioners called for an “ opt in ” solution. Finally, a 
majority of academics seemed also to prefer this solution. 
The Commission shares stakeholders’ view of the importance of the principle of 
contractual freedom and had al ready underlined in the Actio n Plan that the principle 
of “contractual freedom should be one of the guiding principles of such a contract 
law instrument” and that consequently  “ it should be possible for the specific rules of 
such a new instrument, once it has been chosen by the contracting parties as the 
applicable law to their contract, to be adapted by the parties according to their 
needs ”. A limit to contractual freedom would only be acceptable in relation to some 
mandatory provisions contained in the opti onal instrument, particularly provisions 
aiming to protect consumers (see point 4  below). 
In that context, and as suggested by c ontributors, the Commission considers that 
future consultations and de bates should follow this dir ection and should take into 
account the coherence of such  an optional instrument with the Rome Convention of 
1980 on the law applicable to the contractua l obligations and the subsequent Green 
Paper of January 2003 on the conversion of  the Rome Convention into a Community 
instrument and its modernisation. This latt er point was underlined by all respondents. 
Contributors to the Action Plan mentioned di fferent approaches which could be used 
as a basis for further reflection on the que stion of the articulation of an optional 
instrument and the successor of the Ro me Convention (“Rome I”). The first 
suggestion, as put forward by some contri butors, would be to adopt the optional 
instrument as international uniform law. Th e main example of an instrument adopted 
as international uniform law is the Vienna Convention on the International Sale of 
Goods (CISG). Within that  approach, the optional in strument would contain a 
provision relating to its scope19 and Rome I would not then apply to matters 
regulated by the optional instrument. Moreover,  for all the aspects of contract law not 
provided by the optional instrument, th e parties would use the national law 
applicable according to the provisions of Rome I. The second approach presented by 
respondents to ensure such coherence w ould be through Article  20 of the Rome 
Convention20. In this case, the optional instru ment would again contain a clause 
relating to its scope  and Rome I would not then apply to matters regulated by the 
optional instrument. An adaptation of Artic le 20 could be envisaged. Finally, the 
                                                 
19 The scope clause could provide that the optional instru ment is applicable to contracts where at least one 
of the parties is established in a Member State. 
20 Article 20 of the Rome Convention: “This Conventio n shall not affect the application of provisions 
which, in relation to particular matters, lay down ch oice of law rules relating to contractual obligations 
and which are or will be contained in acts of th e institutions of the European Communities or in 
national laws harmonized in implementation of such acts”. 
 
ES 20   ES third possibility suggested by stakeholders w ould be to adopt the optional instrument 
as a Community instrument, which would not  benefit from any priority over Rome I 
and that the parties could c hoose as applicable law to th eir contract on the base of 
Article 321 of the Rome Convention. In this cas e, the optional instrument would not 
contain any scope clause but  only provisions of substa ntive law. As suggested by 
stakeholders, Article 3, pa ragraph 1 could be interpre ted in a way to leave the 
possibility for the parties to choose the opti onal instrument as applicable law to their 
contract. The possibility of  such interpretation could be clarified in Rome I. 
It is clear from the approaches suggeste d by respondents that the works undertaken 
on the conversion of the Rome Convention into a Community instrument and its 
modernisation and those on European Contract Law need to be coherent. Even if it is 
too premature to take any decision on th e opportuneness and adoption of the optional 
instrument, it is important to ensure that  the future Community instrument “Rome I” 
takes into account the possibility of a cohe rent articulation of its provisions with a 
possible future optional instrument. 
3. Concerning the legal form of an optional instrument 
In the Action Plan, the Commi ssion suggested that an optio nal instrument could take 
the legal form of a regulation or a recommendation which would exist in parallel with, rather than instead of, national contract laws. 
As we have seen above, a great majority of respondents expressed its preference for 
an “opt in ” instrument. If this approach is follo wed, there is signifi cant support for a 
regulation. However, among the academics’ c ontributions, some are in favour of a 
non-binding instrument, for example a recommendation.  
For an “opt-out” instrument a regulation would be more appropriate as, unlike a 
recommendation, it is directly applicable. For an “opt-in” instrument, the choice of 
its legal form will depend on the approach chosen for the articulation of this 
instrument with the successor of the Rome  Convention (see point 1 above). In this 
context, in the light of the three approach es suggested by stakeholders, the form of a 
Regulation may seem more appropriate. 
4. Concerning the content of an optional instrument 
In its Action Plan, the Commission made clear  that in reflecting on the content of a 
non-sector-specific instrument, the future  CFR should be take n into account. The 
content of this CFR would be likely to se rve as a basis for the discussions on the 
optional instrument. On that point, most of the stakeholders agreed with the 
Commission view even if the question of whether the new instrument should cover 
the whole scope of the CFR or only parts of it was left open. 
The question of whether this optional inst rument should contain only some general 
contract law components or also component s for specific contracts which are of a 
                                                
 
21 Article 3.1 of the Rome Convention: “A contract shall be governed by the law chosen by the parties. 
The choice must be expressed or demonstrated with r easonable certainty by the terms of the contract or 
the circumstances of the case. By their choice the par ties can select the law applicable to the whole or a 
part only of the contract. 
 
ES 21   ES great economic importance in the internal mark et, i.e. contract of sale or services, 
was also left open in the Action Plan. Many stakeholders agreed on the fact that an 
optional instrument should contain some pr ovisions of general contract law as well 
as provisions relating to sp ecific contracts which have significant importance for 
cross-border transactions . Concerning provisions of general contract law, 
stakeholders suggested that the optional instrument could contain, for instance, 
provisions relating to the conc lusion, validity and interpretation of contracts as well 
as performance, non-performance and reme dies. Concerning specific contracts, 
several suggestions were made: the optiona l instrument should contain rules relating 
to contract of sale, exchange, donation, leas e, cross-border financ ial transactions and 
contracts of insurance. Some stakeholders also expressed the view that the optional 
instrument should cover areas of law linked to  contract law, i.e. security law, unjust 
enrichment as well as rules on cr edit securities on movable goods.  
Thus, according to these contributions, an optional instrument could have different 
components, i.e. parts relating to genera l contract law and/or certain specific 
contracts. However, the exact content of an optional instrument and which sectors 
should receive special atten tion will need to be further discussed. An optional 
instrument should only contain those areas of contract law, whether general or 
specific to certain contracts, which clear ly contribute to addressing identified 
problems, such as barriers to the smooth functioning of the internal market.  
5. Concerning the scope of  an optional instrument 
Concerning the scope of an optional instru ment, two main issues can be identified 
which would need to be addre ssed through furthe r reflection. 
Firstly, in the Action Plan, the Commissi on raised the question of whether an 
optional instrument should cover solely bu siness-to-business tran sactions or also 
business-to-consumer contracts. In the latt er case, the new instrument would contain 
mandatory provisions concer ning consumer protection.  The Commission underlined 
the importance of the principle of contractua l freedom that allows parties, once they 
have decided to apply the optional instru ment to their contract, to adapt this 
instrument according to their needs. Howeve r, it also noted that this freedom could 
be restricted by the mandatory characte r of some limited provisions of the new 
instrument, e.g. those relati ng to consumer protection.  
In answering this question, it is important to remember th e main goal of the optional 
instrument, namely the smoother functioning of  the internal market. It is clear that 
including business-to-business transactions  would facilitate th at goal. However, 
business-to-consumer transactions are also of great economic importance for the internal market and, to that  extent, their inclus ion would be justif ied. In this case, 
consumers would need to be afforded a suffi ciently high level of protection to ensure 
benefits for the demand-side of the market  (consumers) as well as the supply-side 
(businesses). In that context, most stakeh olders considered that a new instrument 
should apply to business-to-consumer transac tions as well and so include mandatory 
rules to ensure a high leve l of consumer protection.  
Here it should be noted that national ma ndatory rules, applicable on the basis of 
Articles 5 and 7 of the Rome Convention,  can increase transaction costs and 
constitute obstacles to cross-border contract s. In that context, the introduction in the 
 
ES 22   ES optional instrument of mandatory provisions in the meaning of in Articles 5 and 7 of 
the Rome Convention could represent a grea t advantage: the parties, by choosing the 
optional instrument as appli cable law to their contract, would know from the moment 
of the conclusion of the c ontract which mandatory rules are applicable to their 
contractual relationship. That would pr ovide legal certainty in cross border 
transactions and the relevant  providers of services an d goods could market their 
services or products throughout the whole Eu ropean Union using one single contract. 
The optional instrument would then become  a very useful tool for the parties. 
However, in such a situation, it would need to be  certain that, where the parties have 
chosen the optional instrument as applic able law, other national mandatory rules 
would no longer be applicable. That woul d depend on the solution chosen for the 
articulation of the optional instrument  with Rome I (see point 1 above). 
Secondly, the introduction of the business-to-business tran sactions within the scope 
of the optional instrument raises another i ssue. It concerns the articulation of the 
optional instrument and the Vienna Conven tion on the International Sale of Goods 
(CISG). In its Action Plan, the Commission asked for some comments on the scope of the optional instrument in relation to the CISG. Many stakeholders presented their 
view on this issue. All of them agreed on the necessity to ensure coherence between 
an optional instrument and the CISG. However, there was less consensus on how to ensure such coherence: while some consid ered that the optiona l instrument should 
only provide for complementary rules to th e CISG, others proposed that the CISG 
should become part of the optional instrument.  
The question of the relationship between the optional instrument and the CISG 
would depend, on the one hand, on the scope of the optional instrument
22, and, on the 
other hand, on the binding nature of this new instrument, i.e. “ opt in ” or “ opt out ”. 
As noted in point 1, the major ity of respondents favoured an “ opt in ” instrument. In a 
scenario where the optional instrument was an “ opt in ” instrument applicable to 
business-to-business international sa les of goods, by choosing the optional 
instrument as applicable law to their cont ract, the parties would have tacitly excluded 
the application of the CISG on th e base of Article 6 of the CISG23. However, in the 
alternative scenario of an “ opt out ” instrument applicable to business-to-business 
international sales of goods, the problem of  determining the appropriate application 
of the two instruments could be more difficu lt to solve. That would be an argument 
in favour of an “ opt in ” instrument, an approach pref erred so far by stakeholders. 
6. Concerning the legal base of an optional instrument 
In its Action Plan, the Commission launched the reflection on the legal base of a new 
instrument and welcomed comments fr om stakeholders. However, very few 
contributors expressed their view on that issue. While one Member State proposed 
Article 308 of the TEC for an “ opt in ” instrument and Article 95 TEC for an “ opt 
out” scheme, a group of academic lawyers preferred Article 65 TEC.  
                                                 
22 If the optional instrument is not applicable to international sales of goods, there is no problem of 
competition between this optional instrument and the CISG. 
23 Article 6 of the CISG: “The parties may exclude the application of this Convention or, subject to 
article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.” 
 
ES 23   ES The question of the legal base is closely linked with the questions of the legal form 
of the optional instru ment (see point 2 above), of its content (see point 3 above) and 
its scope (see point 4 above). More reflect ions on the important issue of the legal 
base will be necessary within a larger debate on the parameters of an optional 
instrument.