A4-0265/97

Resolución sobre el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea(C4-0640/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Acto del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se establece el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (C4-0640/96) ((DO C 313 de 23.10.1996, pág. 11.)), (en lo sucesivo denominado «el Convenio»),

- Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 y en particular sus artículos 3, 5 y 6,

- Visto el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 y el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 27 de enero de 1977, firmados ambos en el marco del Consejo de Europa,

- Vistos el número 7) del artículo K.1, el apartado 2 del artículo K.3 y el párrafo 2º del artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea,

- Visto el Acto del Consejo de 10 de marzo de 1995 por el que se establece el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea ((DO C 78 de 30.3.1995, pág 1.)),

- Vista su Resolución de 20 de enero de 1994 sobre la participación del Parlamento Europeo en el marco de acuerdos internacionales de los Estados miembros y de la Unión relativos a la cooperación en los ámbitos de los asuntos de justicia y de los asuntos de interior ((DO C 44 de 14.2.1994, pág. 180.)),

- Vista su Resolución de 30 de enero de 1997 sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea ((DO C 55 de 24.2.1997, pág. 27.)),

- Visto el Plan de acción del Grupo de alto nivel para la lucha contra la delincuencia organizada ((DO C 251 de 15.8.1997, pág. 1.)),

- Visto el acuerdo de la Conferencia Intergubernamental, alcanzado en la sesión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 1997 en Amsterdam sobre el Proyecto de Tratado de Amsterdam (en lo sucesivo denominado Tratado de Amsterdam) en particular su Sección I,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0265/97),

A. Considerando que en lo sucesivo se denomina extradición la entrega, ordenada por las autoridades judiciales de un Estado miembro, de una persona a las autoridades judiciales de otro Estado miembro por razón de actuaciones penales o ejecución de una condena,

B. Considerando que la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea debe mejorar sustancialmente y aumentar con ello su eficacia para combatir la delincuencia, tanto organizada como no organizada, (ante todo, el terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, el cohecho activo y pasivo, el fraude y otros delitos) y para que ningún Estado miembro pueda convertirse en refugio donde un delincuente pueda estar a salvo de la persecución y la sanción de otro Estado miembro,

C. Considerando que la institución de la extradición está cada vez menos justificada y tiene menos razón de ser dentro de la Unión entre Estados de derecho respetuosos de los derechos humanos (véase el artículo F del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Amsterdam), y en la que las fronteras interiores están perdiendo progresivamente su significado, y considerando que, finalmente, dicha institución debería abandonarse en favor de un procedimiento automático de extradición o de la mera entrega de las personas buscadas, siempre dentro del respeto de los derechos fundamentales y manteniendo el carácter jurisdiccional de los procedimientos,

D. Considerando que la mejora de la colaboración judicial en materia penal en el ámbito de la extradición puede y debe tener lugar ante todo mediante la supresión de obstáculos jurídicos y materiales que se oponen a su más eficaz funcionamiento,

E. Consciente de que la mayor eficacia de los procedimientos penales y de la ejecución de la pena que se derivará de la mejora del procedimiento de extradición en la Unión Europea no debe redundar en perjuicio de los derechos de la defensa, tal como vienen establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos e interpretados por el Tribunal de Estrasburgo,

F. Considerando que la privación de libertad de la persona objeto del procedimiento de extradición puede suponer una violación de sus derechos fundamentales, por lo que la decisión sobre la extradición ha de tomarse con la mayor celeridad posible,

G. Considerando que la extradición es un instrumento central de la cooperación judicial penal que postula el artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea y que la formulación de reservas al Convenio es contraria a la consecución de este objetivo,

H. Considerando que la mejora del procedimiento de extradición debe suponer la reducción de las posibilidades de que quien haya incurrido en un delito se sustraiga al proceso penal o a la condena por el simple hecho de haber atravesado las fronteras interiores entre los Estados miembros,

I. Convencido de que la mejora y armonización del procedimiento de extradición debe considerarse, debido a la aproximación de los diferentes ordenamientos jurídicos dentro de la Unión Europea inherente a dicho procedimiento, como una contribución importante a la realización de un «espacio de libertad, seguridad y derecho¨,

J. Convencido de que el acuerdo alcanzado el 27 de septiembre de 1996 por los Estados miembros en torno al Convenio es adecuado en lo fundamental para contribuir a mejorar la extradición entre los Estados miembros, con la salvedad, en todo caso, de que el grado de mejora depende fundamentalmente de que los Estados miembros no hagan uso de las numerosas posibilidades de formulación de reservas a compromisos contemplados en el Convenio, o recurran a ellas con exquisita moderación,

K. Convencido de que la aplicación uniforme de los compromisos del Convenio solamente podrá garantizarse mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por lo que la ausencia de cualquier medida en el Convenio relativa a la función del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular en lo que se refiere a la interpretación con carácter prejudicial de las disposiciones del Convenio, representa una omisión especialmente grave del Convenio, sobre todo en relación con el riesgo de que las jurisdicciones de los diversos Estados impongan interpretaciones y prácticas divergentes,

L. Consciente de que, de conformidad con el nuevo artículo K.7 del Tratado de la Unión Europea, introducido por el Tratado de Amsterdam, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente en el futuro, en determinadas condiciones, para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de convenios y sobre la validez e interpretación de las correspondientes medidas de aplicación, así como sobre las controversias entre los Estados miembros y la Comisión en relación con la interpretación y aplicación de convenios,

M. Considerando que, de conformidad con la letra b) del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, introducida por el Proyecto de Tratado de Amsterdam, se establece como objetivo propio de la cooperación judicial en materia penal la facilitación de la extradición entre Estados miembros,

N. Convencido de que este Convenio, por su importancia para la mejora de la cooperación judicial en materia penal es uno de los «principales aspectos de la actividad» en el sentido del párrafo 2º del artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea, por lo que la Presidencia habría debido consultar al Parlamento y velar por que sus opiniones se tuvieran debidamente en cuenta,

O. Concluyendo que la omisión de la consulta al Parlamento Europeo sobre el Convenio (al igual que anteriormente en el caso del Convenio de 10 de marzo de 1995 relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea) es contraria a las disposiciones del párrafo 2º del artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea,

P. Esperando que, de conformidad con la nueva disposición, inequívoca, del apartado 1 del artículo K.11 del Tratado de Amsterdam, el Consejo abandone la práctica de no consultar al Parlamento Europeo, contraria al apartado 2º del párrafo K.6 del Tratado de la Unión Europea,

Q. Convencido de que el acuerdo interinstitucional con el Consejo relativo a la participación del Parlamento Europeo en la elaboración de instrumentos jurídicos con arreglo al Título VI del Tratado de la Unión Europea, tantas veces exigido por el Parlamento Europeo, es necesario para garantizar la aplicación conforme al Tratado de las disposiciones de su artículo K.6 y de su nuevo artículo K.11,

1. Lamenta que se haya llegado a la celebración del Convenio sin que la Presidencia haya informado y consultado al Parlamento de conformidad con lo estipulado por el párrafo 2º del artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea;

2. Acoge con satisfacción los fines fundamentales del Convenio y los numerosos puntos en que supone un perfeccionamiento con respecto al citado Convenio Europeo de Extradición firmado el 13 de diciembre de 1957 en el marco del Consejo de Europa;

3. Lamenta la desconfianza entre Estados miembros y por ende la falta de claridad en la redacción del Convenio, ya que permitie que la colaboración o participación en banda armada quede excluida de la extradición con la indeseable consecuencia de que en los países en que esta figura jurídica quede excluida se instalen las cúpulas de las organizaciones terroristas y criminales en toda su impunidad;

4. Reclama, por tanto, un acuerdo sobre normas jurídicas mínimas en materia de derechos de los ciudadanos en el procedimiento de extradición, en particular en lo que concierne a los exámenes regulares de la validez de la detención, los derechos de la defensa, la duración máxima de la detención y los plazos de juicio.

5. Manifiesta su decepción porque en el Convenio, a pesar de la confianza mutua expresada de entrada en la estructura y funcionamiento de los sistemas judiciales así como en la capacidad de todos los Estados miembros de garantizar un procedimiento equitativo, fuera necesario reservar a los Estados miembros la posibilidad de excluir o modificar, en relación con cada novedad, sus efectos jurídicos mediante la formulación de reservas, como en los casos de:

- la supresión del requisito de la punibilidad en ambos Estados (principio de doble incriminación) por lo que se refiere a las figuras delictivas de conspiración y asociación con propósito delictivo en determinados ámbitos de la delincuencia organizada,

- la interdicción de la posibilidad de conceder a delitos la consideración de delitos políticos,

- la inclusión de delitos fiscales entre los hechos delictivos que podrán dar lugar a extradición,

- la obligación de conceder la extradición de nacionales,

- el levantamiento de la prohibición de la reextradición a otro Estado miembro;

6. Pide a los Estados miembros que, como Estados democráticos de Derecho, no apliquen en el marco del Convenio, en interés de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que ello quede subrayado en el preámbulo del Convenio;

7. Acoge con satisfacción el procedimiento establecido en el artículo único del Protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, introducido por el Tratado de Amsterdam, como garantía de que el derecho de asilo no pueda ser invocado por nacionales de un Estado miembro con fines ajenos a aquellos para los que está previsto;

8. Insta al Consejo a que adopte los acuerdos y medidas necesarias para que un nacional de un Estado miembro imputado de un delito de terrorismo o de cooperación con banda armada no pueda acogerse al asilo político o al estatuto de refugiado en otro Estado miembro;

9. Insta a los Estados miembros, en consonancia con la recomendación nº 14 del Plan de acción del Grupo de alto nivel para la lucha contra la delincuencia organizada, a que ratifiquen este Convenio lo antes posible, a más tardar antes de finales de 1988, y a que declaren, en el marco de la notificación de conformidad con el apartado 4 del artículo 18 del Convenio, que el Convenio es aplicable antes de su entrada en vigor en las relaciones con los Estados miembros que hayan formulado igual declaración;

10. Insta asimismo a los Estados miembros a que en el marco de la notificación no hagan uso o hagan uso con exquisita moderación de las numerosas posibilidades de formular reservas, con el fin de impedir que en el interior de la Unión Europea sigan subsistiendo condiciones jurídicas diferentes en materia de extradición;

11. Considera que a través de una armonización de la legislación correspondiente a nivel europeo podrán suprimirse mejor las reservas nacionales;

12. Lamenta que el Convenio no sea un paso hacia la armonización penal en la materia con vistas al necesario espacio jurídico y judicial europeo y que no exista plazo definido ni sanción alguna para que se lleve a cabo dicha armonización;

13. Insta a aquellos Estados miembros que tengan la intención de formular reservas a que comiencen ya con la preparación jurídico-política y legislativa necesaria para poder retirar las reservas en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio, o para no prorrogarlas en el caso de la extradición de sus nacionales;

14. Insta a Grecia y Portugal, en relación con las reservas formuladas por consideraciones constitucionales, a que examinen si es posible interpretar o, si procede, revisar la Constitución y reconsideren la anunciada denegación de la extradición de un extranjero por «actividades en defensa de la libertad» o la de una persona amenazada de reclusión a perpetuidad, expresando así su confianza en la estructura y el funcionamiento de los sistemas judiciales entre los Estados miembros de la Unión;

15. Insta al Consejo a que examine ya la cuestión de la atribución de competencias al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sin dejar este asunto para cuando el Convenio lleve un año en vigor; para ello, a la luz del reciente compromiso alcanzado por el Consejo Europeo de Amsterdam sobre la función del Tribunal de Justicia en los convenios del Título VI del TUE, deberían adoptarse medidas apropiadas que garanticen que el Tribunal de Justicia será competente para este Convenio, al menos en la medida en que será competente en el futuro, de manera general, para convenios contemplados en el nuevo artículo K.7 del Tratado de la Unión Europea, incorporado al mismo por el Tratado de Amsterdam;

16. Insta a los Estados miembros a que se esfuercen, ante todo desde un punto de vista práctico, por eliminar las numerosas causas de la lentitud del procedimiento de la extradición, motivada por razones de índoles burocrático-administrativa con lo que se agilizaría considerablemente el procedimiento de extradición;

17. Insta al Consejo a que revise el Convenio más adelante con el objetivo de determinar si puede suprimirse o al menos restringirse la posibilidad de formular reservas;

18. Pide al Consejo que revise más adelante el Convenio con objeto de comprobar, no sólo en aras de la eficacia sino sobre todo por respeto estricto de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona, que están incluidas entre los principios generales de la Unión Europea y especialmente protegidos por los artículos F y F.1, introducidos por el Tratado de Amsterdam si no debería fijarse un plazo máximo vinculante para la ejecución del procedimiento de extradición; pide finalmente al Consejo que vele por que el procedimiento de extradición y su desarrollo cronológico sean transparentes para los afectados;

19. Pide que se continúe trabajando con decisión en la creación de un «espacio de libertad, seguridad y derecho» con el fin de lograr un "espacio jurídico y judicial¨ europeo con el fin de ir superando paulatinamente el desequilibrio existente entre la estrecha integración de los sistemas económicos, ya realizada, y las diferencias existentes en los sistemas jurídicos de los Estados miembros;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros.