Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea 2002-2006"

(2002/C 94/01)

El 14 de noviembre de 2001, de conformidad con el artículo 167 y con el apartado 2 del artículo 172 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de febrero de 2002 (ponente: Sr. Malosse).

En su 388o Pleno de los días 20 y 21 de febrero de 2002 (sesión del 21 de febrero), el Comité Económico y Social ha aprobado por 68 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Las normas de participación y difusión garantizan las condiciones para la real ejecución del Sexto Programa Marco de investigación de la Unión Europea(1) y los programas específicos que lo componen. Cabe señalar que, por primera vez, dicho texto es objeto de un procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento.

1.2. A pesar del carácter técnico de la Propuesta de Decisión, ésta induce una serie de opciones políticas, como, por ejemplo, en lo que respecta a la participación de entidades jurídicas de terceros países, a los criterios prioritarios de selección de los proyectos o al acceso a los conocimientos procedentes de los proyectos de investigación.

1.3. El interés del Comité Económico y Social Europeo debería tener en cuenta la cuestión de la simplificación administrativa, según el código de buena conducta que adoptó en este sentido(2). Efectivamente, muchos de los participantes en la investigación se han lamentado del exceso de formalidades requeridas en la investigación europea, y el Comité se ha hecho eco de dichas quejas en numerosas ocasiones.

2. Novedades en la Propuesta de la Comisión

2.1. Las nuevas normas han sido dictadas con el deseo de tener en cuenta las nuevas orientaciones del Sexto Programa Marco; concretamente, la aparición de dos modalidades de intervención nuevas: el apoyo a las redes de capacidades de excelencia y a los proyectos integrados de investigación. En este sentido, los presupuestos de estas redes y de estos proyectos recibirán subvenciones directas.

2.2. La plena igualdad de los derechos y obligaciones de los participantes de los Estados miembros y de los Estados candidatos asociados, así como de las organizaciones internacionales de vocación europea y de cooperación científica, como la Agencia Espacial Europea (AEE), el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), etc.

2.3. Los países candidatos son, naturalmente, elegibles en igualdad de condiciones. Las organizaciones de los restantes terceros países pueden participar por primera vez y de pleno derecho en la mayor parte del Programa Marco y, concretamente, los terceros países que pueden optar a actividades específicas de cooperación internacional del Programa Marco (Rusia y Estados de la CEI, terceros países mediterráneos y países en desarrollo, países ACP, países de América Latina y Asia), que se beneficiarán de pleno derecho de más financiación.

2.4. La posibilidad de que los consorcios ya constituidos, encargados de las redes y proyectos integrados, modifiquen la asociación, entre otros medios a través del lanzamiento de convocatorias de propuestas bajo el control de la Comisión Europea. Esta medida podría favorecer a las PYME, cuya participación en el Programa Marco se ha fijado en un 15 % como mínimo.

2.5. Una mayor flexibilidad con un programa de trabajo específico para cada uno de los programas que se podrá modificar en todo momento y convocatorias de ofertas en fechas variables en función de las necesidades.

2.6. Se suavizan las normas financieras mediante la concesión de adelantos. Sin embargo, al mismo tiempo, se reforzarán los controles posteriores y se impondrá la obligación de contar con una certificación de cuentas que deberá ser realizada por un auditor independiente, actividad cuyo cargo podrá ser asumido en su totalidad por la Unión Europea. Al mismo tiempo se nombrarán expertos independientes que se encargarán del seguimiento de las redes de excelencia y de los proyectos integrados y, en caso necesario, de determinadas actividades clásicas.

2.7. Se suavizan las normas de difusión aplicables a los participantes en un consorcio; por ejemplo, se contempla la posibilidad de no compartir con los demás socios una parte de sus conocimientos prácticos previos o la limitación del derecho de acceso a los resultados a determinados participantes.

2.8. Los participantes dejan de estar obligados a demostrar, en el momento de la firma del contrato, que disponen de los recursos necesarios para realizar las acciones indirectas, lo que equivalía a tener que presentar garantías bancarias, una prueba imposible o muy onerosa para las pequeñas empresas, sobre todo las de reciente creación. Como contrapartida, la Comisión establece un vínculo solidario entre todos los miembros de un consorcio. Es decir, la Comisión se reserva el derecho, cuando menos teórico, de dirigir su reclamación a los socios más solventes en caso de incumplimiento. Se han previsto algunas excepciones para los organismos públicos, y los consorcios podrían definir normas internas que estipularan que los participantes sólo podrían ser considerados responsables de la parte del presupuesto comunitario que les hubiera sido adjudicado.

3. Observaciones del Comité

3.1. Las normas de participación aportan una mejor simplificación y mayor transparencia, además de una mayor coherencia con los objetivos estratégicos de la Unión. El objetivo es asegurar una mayor visibilidad y eficacia de la acción europea y asegurar la adecuación del programa a las aspiraciones de los ciudadanos.

3.2. En materia de simplificación

3.2.1. El Comité celebra las nuevas disposiciones en la medida que servirán para garantizar una mayor flexibilidad, una mejor transparencia y la igualdad en el acceso. Concretamente, el Comité aprueba el cese de la obligación de presentar una garantía bancaria, que podría ser difícil de obtener y bastante costosa. El Comité aprueba también el sistema de adelantos presupuestarios que sustituirá ventajosamente al reembolso de los gastos, que podría plantear un problema de tesorería. Estas dos novedades deberían redundar en beneficio de las PYME, que deberían ser consideradas como el objetivo prioritario del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico teniendo en cuenta su función crucial en el desarrollo de la competitividad europea y del empleo.

3.2.2. A pesar de todo, no se ha presentado ninguna disposición específica para simplificar las formalidades de presentación de expedientes y, en particular, las propuestas de descentralización que el Comité había anunciado con motivo del Quinto Programa Marco. Sin embargo, este aspecto resulta fundamental y el Comité solicita a la Comisión que presente un plan de acción para simplificar los procedimientos, según el método de las acciones "Slim". El Comité lamenta que la Comisión no haya adoptado las otras propuestas que había presentado con el fin de simplificar los procedimientos y facilitar la participación de las PYME, como la descentralización de los dispositivos de preselección y la concesión de subvenciones globales a organismos intermediarios. Este dispositivo permitiría, entre otras cosas, mitigar la incertidumbre relativa a las fechas de publicación de las convocatorias, así como ofrecer un servicio de asistencia para la presentación de los proyectos.

3.2.3. El Comité celebra que la Comisión haya adoptado la sugerencia que presentó de considerar como entidades elegibles a las asociaciones empresariales (como las Cámaras), a las organizaciones profesionales, a los centros técnicos y a las demás asociaciones de la sociedad civil. El Comité sugiere, entre otras cosas, que estas asociaciones puedan participar en los proyectos como coordinadores del seguimiento de los proyectos con el fin de garantizar básicamente las posibilidades de difusión y valoración. Su participación debería fomentarse en todo lo que respecta a los proyectos relativos a las PYME.

3.2.4. En cuanto a las acciones llevadas a cabo por las agrupaciones empresariales, el Comité sugiere la elegibilidad de los proyectos de cooperación transnacional entre estas agrupaciones, con el objetivo de establecer un marco permanente de cooperación tecnológica entre empresas. Estas acciones podrían llevarse a cabo tanto en el seno de la Unión como con los países socios, en el Espacio Económico Europeo, en Europa Central y Oriental, en los terceros países mediterráneos y América Latina, entre otros.

3.2.5. En lo que respecta al vínculo solidario entre los participantes y con el fin de que la presente disposición no desaliente a los grandes grupos a asociarse con entidades de menor tamaño, que supuestamente incumplen con mayor frecuencia sus obligaciones, el Comité sugiere la posibilidad de crear un régimen de seguros que correría a cargo completamente del presupuesto comunitario y que, por lo tanto, aportaría a la UE una buena defensa de sus intereses financieros. En el caso de que no se pusiera en práctica esta medida, el Comité consideraría nefasta la introducción de este principio de vínculo solidario.

3.2.5.1. Cabe temer, no obstante, que la financiación (con cargo al presupuesto comunitario) de un régimen de seguros de esta índole reduzca drásticamente los créditos financieros directamente disponibles para investigación y desarrollo. Convendría, pues, en una primera fase piloto adquirir experiencia en materia de posibilidades y costes de tal régimen de seguro.

3.2.5.2. Además, debe asegurarse que las instituciones u organismos públicos que no estén autorizados a aplicar un vínculo solidario puedan participar y que no acaben perjudicados por este motivo.

3.2.6. En cuanto a la selección de los instrumentos, el Comité sugiere dejar la elección libre a los operadores. De este modo, los diversos modos operativos se presentarían como una "caja de herramientas", en la que sería posible seleccionarlos en función de las necesidades o hacerlos evolucionar en función de la experiencia.

3.2.7. El Comité aprueba la utilización de adelantos y desea que éstos se otorguen con carácter prioritario a los organismos de investigación de pequeño tamaño y a las PYME y, al mismo tiempo, que sean atribuidos antes del inicio de las operaciones. El Comité aprueba la utilización de auditores externos con la condición de que su nombramiento corresponda a los promotores de los proyectos y la Comisión Europea sólo tendrá que verificar la independencia de los mismos. Otra condición es que el presupuesto comunitario pueda asumir la totalidad del gasto y que no se debe registrar un aumento global de los gastos administrativos.

3.2.8. El Comité acoge favorablemente el principio del establecimiento de una lista de los gastos no elegibles (lista negativa) asociada a la supresión de una lista de los gastos elegibles (lista positiva). El sistema parece ser positivo ya que reviste un carácter simplificador. Sin embargo, hay que procurar que el sistema no dé pie a una contestación sistemática por parte de la Comisión Europea de los gastos comprometidos. Para tal fin, una fase piloto parece necesaria antes de introducir definitivamente este principio.

3.2.9. Por último, el Comité insiste en la necesidad de dar a los operadores herramientas de información, de ayuda para el montaje y para la gestión de los proyectos y, en concreto, un contrato-tipo por cada instrumento de intervención, así como una guía que incluya recomendaciones sobre cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos.

3.3. En materia de transparencia

3.3.1. La modalidad de selección y la definición de las redes de los centros de excelencia siguen siendo muy vagas. Hay muchas preguntas que siguen quedando sin respuesta en la Propuesta de Decisión, en particular sobre los criterios de evaluación de los proyectos y sobre los métodos previstos para asegurar la difusión de los resultados. El Comité desea que la Comisión precise sus intenciones.

3.3.2. En lo que respecta a las redes de excelencia, la obligación de un mínimo de tres entidades jurídicas independientes constituidas en tres Estados miembros o asociados diferentes (de los cuales, al menos, dos son Estados miembros de la UE) no debería convertirse en una búsqueda de socios de conveniencia ni excluir, en determinados casos justificados, a las asociaciones de menor tamaño.

3.3.3. Por lo que se refiere a las definiciones (artículo 2), podrían introducirse algunas precisiones. Así, en la definición de las PYME, deberían tenerse en cuenta las nuevas propuestas de la Comisión Europea para definir de forma más rigurosa el criterio de independencia y evitar así los abusos que se produjeron en el pasado, sobre todo en el ámbito de la investigación. En lo relativo al campo presupuestario, también habría que precisar otras definiciones.

3.3.4. El Comité expresa su satisfacción por determinadas cláusulas que suavizan las normas de propiedad, ya que permiten excluir de la difusión los conocimientos previos y tener en cuenta una optimización del proceso de innovación. Sin embargo, algunas disposiciones que introducen excepciones a las normas habituales de difusión entre los participantes en un mismo consorcio podrían resultar perjudiciales para las PYME u otras entidades pequeñas de investigación. Así pues, cabría prever un dispositivo de acompañamiento para éstas con el fin de asesorarlas sobre las mejores prácticas posibles en cuanto a las normas internas de los consorcios.

3.3.5. El Comité aprueba la posibilidad de que los propios consorcios puedan lanzar convocatorias para determinados trabajos o que puedan ampliar sus actividades con la condición de que todo ello se lleve a cabo siguiendo el marco definido por la Comisión con el fin de garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la coherencia con los objetivos del programa. El Comité insiste en la conveniencia de establecer para la ocasión modalidades flexibles que faciliten, entre otras cosas, la participación de los grupos de pequeñas y medianas empresas.

3.3.5.1. Para garantizar esta transparencia, el Comité sugiere, entre otras cosas, la publicación de las convocatorias de ofertas en CORDIS y una implicación de la Comisión o de los expertos debidamente nombrados por ella en todas las fases de estas convocatorias, desde su concepción y hasta el seguimiento de los contratos.

3.4. En materia de coherencia con los objetivos de la Unión

3.4.1. Sin querer poner en tela de juicio el principio de una amplia apertura de los programas a terceros países asociados con la Unión mediante programas de cooperación, cabría considerar excesiva la disposición según la cual "Toda entidad jurídica establecida en un tercer país podrá participar en el Sexto Programa". En nuestra opinión, y llevados, evidentemente, por el deseo de promover los intereses de la Unión, habría que delimitar esta disposición y restringirla, por un lado, a los países del Espacio Económico Europeo y a los países candidatos asociados que son partes de pleno derecho y, por otro lado, a los terceros países elegibles para las acciones específicas de cooperación internacional dentro del Programa Marco (Rusia y Estados de la CEI, terceros países mediterráneos y países en vías de desarrollo ACP, de América Latina y de Asia). En lo que respecta a la cooperación con los países desarrollados y en virtud del Dictamen del Comité de 11 de julio de 2001(3) y reconociendo su oportunidad económica y científica, el Comité desea que se aplique eficazmente el principio de reciprocidad y solicita a la Comisión que presente un informe sobre la aplicación de este principio por parte de nuestros socios.

3.4.2. La decisión relativa a las normas de participación en el Quinto Programa Marco de IDT(4) exigía, en su artículo 20, la presentación obligatoria de un plan de aplicación tecnológica. El Comité había aprobado dicha medida destinada, evidentemente, a asegurarse del impacto industrial del proyecto, que prevé también las condiciones de difusión y valorización de los conocimientos. El Comité se pregunta cuáles han sido los motivos para sustituir esta disposición por un programa de valoración y difusión que no fue presentado hasta el lanzamiento del proyecto. Esta postura no parece concordar con las conclusiones de la cumbre europea de Lisboa de marzo de 2000 destinadas a convertir a la Unión en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo de aquí a 2010.

3.4.3. Para alcanzar los objetivos de Lisboa, es necesaria una formación científico-técnica elemental del mayor número posible de ciudadanos, así como un buen equilibrio y una fructífera interacción entre investigación fundamental concebida para ofrecer resultados a largo plazo y un desarrollo orientado a la fabricación de productos. Esta dualidad también debe ser tenida en cuenta en las normas de participación y en los correspondientes criterios de evaluación de proyectos

3.4.4. Sin descuidar lo afirmado en el punto 3.4.3, el Comité desea que algunas de las prioridades más importantes de la Unión Europea, como el empleo, la creación de nuevas actividades, el espíritu empresarial y la competitividad, también sean consideradas criterios globales de apreciación de los proyectos.

Bruselas, 21 de febrero de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Dictamen del CES, DO C 260 de 17.9.2001.

(2) Dictamen del CES, DO C 14 de 16.1.2001.

(3) Dictamen del CES, DO C 260 de 17.9.2001.

(4) Dictamen del CES "Evaluación y máximo aprovechamiento del impacto económico y social de la IDT: Del Quinto Programa Marco al Sexto Programa Marco", DO C 367 de 20.12.2000.