ES Diario Oficial de la Unión Europea C 318/210

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Programa Galileo: llevar a buen término la creación de la Autoridad de Vigilancia Europea»

(2006/C 318/34)

El 19 de enero de 2006, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema: «Programa Galileo: llevar a buen término la creación de la Autoridad de Vigilancia Europea».

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de julio de 2006 (ponente: Sr. BUFFETAUT).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 200 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

El Comité Económico y Social Europeo concede enorme importancia al éxito del Programa Galileo. Subraya, al respecto, la necesidad de llevar a cabo una transición fluida entre la Empresa Común Galileo (Empresa Común Galileo) y la Autoridad de Vigilancia Europea (en inglés, Galileo Supervisory Authority — GSA). Para ello preconiza:

— establecer un plan de transferencia de las actividades de la Empresa Común a la Autoridad de Vigilancia con el fin de garantizar la seguridad jurídica de esta transferencia;

— regular desde el punto de vista jurídico y práctico la transferencia a la Autoridad de Vigilancia de las actividades desarrolladas por las entidades de terceros países (China e Israel) que están asociadas a la Empresa Común;

— garantizar la transmisión efectiva de los remanentes de crédito de la Empresa Común a la Autoridad de Vigilancia;

— evitar la duplicidad de competencias por parte de la Empresa Común y la Autoridad de Vigilancia hasta la fecha de cierre de la empresa común;

— evitar toda ruptura en el desarrollo de la negociación del contrato de concesión;

— garantizar el régimen de responsabilidad internacional de los Estados de lanzamiento para los satélites de la constelación Galileo.

2. Introducción

2.1 La transferencia de actividades de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia debe concluir a finales del año 2006. Para que el programa Galileo sea un éxito, es indispensable que esta transferencia de actividades se desarrolle en las mejores condiciones posibles tanto en el ámbito jurídico como humano, financiero y presupuestario.

2.2 Del mismo modo, conviene mantener la continuidad de la negociación del contrato de concesión que inició la Empresa Común y que proseguirá la Autoridad de Vigilancia.

2.3 Por último, procede abordar la cuestión específica de la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco del programa Galileo, ya que debe regularse con arreglo a plazos compatibles con la conclusión de las negociaciones del contrato de concesión y el lanzamiento previsto de los satélites de la constelación Galileo.

3. Observaciones generales

3.1 Características del programa Galileo

3.1.1 Galileo es el gran proyecto científico y técnico con carácter emblemático de la Unión Europea. Los sistemas de radionavegación por satélite representan un desafío estratégico que Europa no podía pasar por alto. Así, decidió financiar y desplegar su propio sistema global de navegación por satélite (GNSS) al igual que los Estados Unidos y Rusia.

3.1.2 Galileo prestará un servicio planetario de localización extremadamente preciso, robusto y garantizado que facilitará un mensaje de integridad. Prestará servicios autónomos de navegación y localización, bajo control civil, pero será, al mismo tiempo, compatible e interoperable con los dos sistemas militares existentes: el sistema americano GPS (global positioning system) y el sistema ruso Glonass. Galileo ofrecerá, además, un servicio gubernamental protegido, accesible, en cualesquiera circunstancias, a los usuarios autorizados.

3.1.3 El sistema europeo contará con una constelación de treinta satélites y de estaciones terrestres —necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema— que deberán ser operativos a finales de 2010.

3.1.4 Este programa lo llevan a cabo dos protagonistas principales: la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y la Agencia Espacial Europea (AEE). La Comisión Europea y la AEE crearon a la Empresa Común Galileo encargada de supervisar el programa y de administrar los fondos atribuidos por la Unión Europea a Galileo.

3.1.5 Después de la fase de validación en órbita (fase IOV — in orbit validation), se transferirá el sistema completo de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia Europea (Galileo Supervisory Authority — GSA), agencia reguladora europea, a quien incumbirá firmar un contrato de concesión con un consorcio de empresas privadas.

3.1.6 Se estima que el coste global para las fases de concepción, desarrollo y validación en órbita del programa Galileo ascenderá a 1 500 M€.

3.1.7 Actualmente, la Empresa Común Galileo está negociando el contrato de concesión con un consorcio de empresas europeas (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Immarsat, Teleop y Thales).

3.1.8 Por otra parte, se están estableciendo las modalidades de transferencia de las actividades entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea y conviene velar por que éstas no impliquen retrasos, complicaciones o duplicación de costes.

3.2 La Empresa Común Galileo (Galileo Joint Undertaking — GJU)

3.2.1 Basándose en el artículo 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que dispone que «la Comunidad podrá crear empresas comunes o cualquier otra estructura que se considere necesaria para la correcta ejecución de los programas de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración comunitarios», el Consejo de la Unión Europea constituyó la Empresa Común Galileo mediante el Reglamento no 876/2002, de 21 de mayo de 2002. Dicho Reglamento incluye, como anexo, los estatutos de la Empresa.

3.2.2 Forman parte de la Empresa Común Galileo: — la Unión Europea, representada por la Comisión, — la Agencia Espacial Europea (ESA).

3.2.3 Con arreglo al artículo 1, letra b) de los estatutos, podrán adherirse a ella empresas, incluso procedentes de terceros países. De hecho, la Empresa Común Galileo cuenta actualmente con un organismo chino (National Remote Sensing Center of China — NRSCC) y una sociedad mercantil israelí (Matimop). Estas dos entidades forman parte del Consejo de administración con derecho de voto en proporción a sus respectivas participaciones.

3.2.4 La naturaleza jurídica de la Empresa Común Galileo es compleja en razón de la propia composición de su Consejo de administración. En virtud del citado Reglamento, la Empresa Común Galileo debe considerarse como un organismo internacional a efectos de la legislación fiscal europea en materia de impuestos sobre el volumen de negocios y de impuestos especiales sobre el consumo. Precisa además que carece de finalidad lucrativa. Según la Comisión, por su naturaleza jurídica la Empresa Común Galileo se asemeja más a una asociación que a una empresa comercial, puesto que recibe aportaciones de sus miembros y no genera beneficios. Por otra parte, las autoridades fiscales belgas (nótese que, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento antes citado, la Empresa Común Galileo está sujeta al Derecho belga) consideran que no se trata de una sociedad mercantil sino de una persona jurídica (que el Derecho belga asimila a una asociación).

3.2.5 Su capital se distribuye del siguiente modo: — Comisión Europea 520 M€ — ESA 50 M€ — NRSCC 5 M€ — MATIMOP 5 M€

3.2.6 Habida cuenta de la naturaleza jurídica específica de la Empresa Común Galileo y de que sólo recibe aportaciones, la Comisión propuso sustituir el término «capital» por el de «aportaciones», para lo cual se requiere una modificación de los estatutos, aprobada por el Consejo de administración de la Empresa el 2 de junio de 2006. Por otra parte, según el Tribunal de Cuentas Europeo no resulta adecuado utilizar el término «capital», ya que la línea presupuestaria correspondiente a la Empresa Común Galileo no permite efectuar aportaciones de capital.

3.2.7 La principal tarea de la Empresa Común Galileo consiste en llevar a cabo la fase de desarrollo del programa Galileo mediante la conjunción los fondos públicos y privados así como garantizar la realización de importantes proyectos de demostración. Otra tarea de la Empresa Común Galileo consiste en lanzar las acciones de investigación y desarrollo necesarias para cumplimentar la fase de desarrollo y la coordinación de las actividades nacionales en este ámbito, administrando en consecuencia los contratos de investigación suscritos de conformidad con el Programa marco de investigación y desarrollo de la Comisión Europea (6o PCRD).

3.2.8 Los órganos de la Empresa Común Galileo son: — el Consejo de administración, — el Comité ejecutivo, — un Director.

3.2.9 Además, el Consejo de la Unión Europea creó un Consejo de supervisión y un Consejo de seguridad para supervisar sus actividades.

3.2.10 La Empresa Común Galileo se constituyó por un período de cuatro años a partir del 28 de mayo de 2002 (fecha de publicación en el DO), lo que correspondía a la duración inicial de la fase de desarrollo del programa Galileo. El Reglamento prevé la posibilidad de prorrogar dicho período de duración hasta el final de la fase de desarrollo, sin por ello definir las modalidades de tal prórroga. Habida cuenta de la instauración de la Autoridad de Vigilancia Europea, la Comisión propuso disolver la Empresa Común Galileo con fecha de 31 de diciembre de 2006, para lo cual se requiere una modificación del estatuto que figura en el anexo del Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo, de 21 de mayo de 2002, así como el dictamen del Parlamento Europeo y del CESE. Al término del procedimiento de consulta del Consejo de Supervisión de la GJU y del Comité director de navegación de la ESA, iniciado el 10 de marzo de 2006, el Consejo de Administración de la GJU aprobó la modificación del estatuto el 2 de junio de 2006, lo que permitió a la Comisión aprobar, el 29 de junio de 2006, la propuesta de Reglamento por el que se modifica el estatuto de la Empresa Común Galileo. El Reglamento está actualmente en trámites de aprobación por el Consejo.

3.2.11 Para fomentar una amplia utilización de los sistemas de navegación por satélite y permitir que determinadas entidades de terceros países participen en la Empresa Común Galileo, la Unión Europea suscribió varios acuerdos internacionales con terceros países (entre otros, China, Israel, India y Ucrania); otros acuerdos se encuentran en curso de negociación (con Marruecos, Corea, Rusia y Argentina). Estos acuerdos excluyen expresamente cualquier tipo de cooperación en materia de servicios reservados a las aplicaciones gubernamentales. La Empresa Común Galileo concluyó dos acuerdos técnicos de cooperación con las entidades representantes de dos países (National Remote Sensing Center en nombre de China y Matimop en nombre de Israel) lo que, con arreglo a los estatutos de la Empresa Común Galileo, permite a los responsables de dichas entidades participar en el Consejo de administración de la Empresa Común Galileo.

3.2.12 Por último, el artículo 21 de los estatutos de la Empresa Común Galileo prevé su procedimiento de disolución.

3.3 La Autoridad de Vigilancia Europea

3.3.1 La Autoridad de Vigilancia Europea fue instituida por decisión del Consejo de la Unión Europea mediante su Reglamento no 1321/2004, de 12 de julio de 2004. Tiene naturaleza de agencia reguladora europea y goza de personalidad jurídica.

3.3.2 Tiene por función garantizar la gestión de los intereses públicos relativos a los programas europeos GNSS y ser la correspondiente autoridad de regulación.

3.3.3 Con arreglo al artículo 2 del Reglamento, se le encomiendan las siguientes funciones: — administrar y supervisar la gestión de los fondos comunitarios que se le asignen específicamente para los programas europeos referidos al sistema global de navegación por satélite (GNSS); — concluir un contrato de concesión con el consorcio seleccionado para el despliegue y explotación de Galileo; — retomar la gestión del acuerdo con el operador económico encargado del funcionamiento de Egnos (Sistema europeo de navegación por complemento geostacionario); — gestionar las frecuencias (coordinación, derecho de utilización, relaciones con el concesionario, etc.); — modernizar y desarrollar nuevas generaciones del sistema; — velar por que los componentes del sistema estén debidamente certificados; — gestionar los aspectos relativos a la seguridad del sistema.

3.3.4 Procede destacar que la Autoridad de Vigilancia Europea será propietaria de los sistemas y, en particular, de los activos desarrollados por el concesionario y se encargará de proteger y valorizar las inversiones realizadas por la Comunidad.

3.3.5 La Autoridad de Vigilancia Europea estará dirigida por un Consejo de administración (integrado por un representante designado por cada Estado miembro y un representante designado por la Comisión), un Comité de protección y seguridad así como un Comité científico y técnico. El Director ejecutivo se encargará de representar a la Autoridad y tendrá a su cargo la gestión del mismo.

3.4 Cuestiones jurídicas, técnicas y financieras y riesgos que implica la transición entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea

3.4.1 Puesta en práctica de la transición entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea

La Comisión no ha definido claramente las modalidades de transición y transferencia de las actividades de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia Europea. Sin embargo, en un documento informal de la DG Energía y Transportes (1), la Comisión indicó que podría procederse a un canje de notas o a la redacción de un memorándum de acuerdo entre las dos entidades para fijar las modalidades de su cooperación, garantizando la complementariedad de las actividades y evitando cualquier duplicidad.

3.4.2 Aunque cuando se lanzó el programa Galileo las tareas asignadas a cada entidad eran de diferente naturaleza y su calendario de aplicación también, actualmente todo indica que habida cuenta del retraso acumulado en la fase de desarrollo (alrededor de dos años) y de la instauración efectiva de la Autoridad de Vigilancia Europea (nombramiento de su director en mayo de 2005), por razones económicas, jurídicas y técnicas resulta necesario autorizar a la Autoridad a intervenir desde ahora y disolver la Empresa Común Galileo sin más demora (2), mucho antes del final de la fase de desarrollo y validación. A tal efecto, es importante garantizar una transferencia progresiva de las actividades entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea, incluidas las actividades de gestión de los contratos de investigación concluidos por la Empresa Común Galileo y, en particular, implicar muchísimo, de ahora en adelante, a los equipos de la Autoridad de Vigilancia Europea en el proceso de negociación del contrato de concesión que deberá firmar y gestionar la agencia reguladora.

3.4.3 Actualmente, se ha fijado como fecha del cese de las actividades de la Empresa Común Galileo el 31 de diciembre de 2006, a reserva de la aceptación por sus miembros de la modificación de los estatutos de la Empresa Común Galileo. Los directores de la GJU y de la GSA adoptaron un primer plan de transición y de transferencia de las actividades y de los conocimientos técnicos de la GJU, que se presentó al Consejo de Supervisión y al Consejo de Administración de la GJU en febrero de 2006. Dicho plan deberá detallarse y adaptarse para garantizar que la transición se realice cuanto antes y en las mejores condiciones.

3.4.4 Durante el referido período de transición, las dos entidades deberán trabajar en estrecha colaboración para que se produzca una transferencia armoniosa y sin escollos de las actividades y de los conocimientos técnicos. La Autoridad de Vigilancia Europea aprovechará además dicho lapso de tiempo para hacerse plenamente operativa y evitar así cualquier riesgo de falta de personal cuando se inicien las actividades principales que garantizarán el éxito del programa.

3.4.5 Las acciones deben planificarse con vistas a cesar las actividades a finales de diciembre de 2006, permitiendo abrir la fase de liquidación a principios de 2007. Dicha transición debería también realizarse cuanto antes para permitir a la agencia reguladora dictar y poner en práctica las normas de protección y seguridad aplicables a Galileo, establecer las normas relativas sobre propiedad intelectual así como coordinar las acciones y posiciones de los Estados miembros en cuanto a las frecuencias necesarias para utilizar el sistema Galileo.

3.4.6 El plan de transición deberá prever medidas que garanticen la coherencia de las acciones de cada una de las entidades y las normas para dirimir un posible conflicto entre ellas. Actualmente, se ha convenido que el Director de la DG Energía y Transportes actuará como mediador entre el Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea si surgieran dificultades al realizar la transición.

3.5 Garantizar la seguridad jurídica al transferir los activos de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia Europea mediante la instauración de un plan concreto de transferencia de las actividades

3.5.1 En su versión actual, el Reglamento por el que se crea la Autoridad de Vigilancia Europea no prevé que ésta intervenga durante la fase de desarrollo de la que se encarga la Agencia Espacial Europea (AEE). Por consiguiente, convendrá modificarlo con el fin de atribuir dicha competencia a la Autoridad de Vigilancia Europea, lo que requerirá consultar al Parlamento (pero no necesariamente al CESE). El acuerdo suscrito entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea debería garantizar la seguridad jurídica de las operaciones de transferencia de los activos entre ambas partes mediante la determinación de un plan concreto de transferencia de actividades que incluya la determinación del cometido de los distintos órganos y entidades interesados; la descripción precisa de los activos y del pasivo; las modalidades concretas de la transferencia; la planificación de la fase de transición; las actuaciones que deben intervenir necesariamente; las consecuencias financieras y fiscales de la transferencia, etc. En la toma de las decisiones relativas a las modalidades de transferencia de los activos entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea deberían intervenir distintas entidades como el Consejo de supervisión de la Empresa Común Galileo, el Consejo de Administración de la Empresa Común Galileo, el Consejo de la ESA, el Consejo de Administración de la Autoridad de Vigilancia Europea, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.

3.5.2 Conviene indicar que, pese a que con arreglo al artículo 6 de los estatutos de la Empresa Común Galileo, la Empresa Común será propietaria de todos los bienes materiales e inmateriales creados o que le hayan sido transferidos para la ejecución de la fase de desarrollo del programa Galileo, al parecer la mayor parte de los elementos desarrollados en el marco del programa Galileo, incluidos los satélites, no son propiedad de la Empresa Común Galileo sino de la AEE, de conformidad con el programa GalileoSat. En efecto, del artículo IV del anexo III del Convenio de la AEE se desprende que la AEE, actuando en nombre de los Estados participantes, es propietaria de los satélites, sistemas espaciales y otros bienes producidos en el marco del programa AEE así como las instalaciones y equipamientos adquiridos para su ejecución. Por consiguiente, cualquier cesión de propiedad deberá decidirla el Consejo de la AEE. Así pues, mientras que el Consejo de la AEE no haya decidido transferir la propiedad o conceder una licencia de utilización a la Empresa Común Galileo, esta última no podrá hacer valer derecho alguno sobre los referidos elementos. Por su parte, la Comisión considera que el Derecho comunitario es aplicable de manera que, tras modificarse los estatutos de la Autoridad de Vigilancia Europea y de la Empresa Común Galileo el conjunto de los bienes se trasladará automáticamente a la Autoridad de Vigilancia Europea. Por consiguiente, podría producirse una divergencia interpretativa entre la AEE y la Comisión.

3.5.3 Todo indica por lo tanto que esta situación podría suscitar debates sobre la interpretación del artículo 7 del contrato concluido por la Empresa Común Galileo y la AEE en el que se dispone que la AEE adquirirá la propiedad de los satélites y otros bienes materiales e inmateriales desarrollados en el marco del programa por cuenta de la Empresa Común Galileo.

3.5.4 En efecto, la AEE interpreta el concepto de «por cuenta de» basándose en el texto del artículo IV del anexo III del Convenio de la AEE. En tal contexto, la expresión significa que la AEE adquiere el resultado de las actividades desarrolladas por cuenta de los Estados participantes en el programa de la AEE de que se trate y que estos últimos pueden solicitar a la Agencia una licencia de utilización de los resultados más o menos restrictiva en función de las necesidades que indiquen (utilización con fines comerciales, científicos, etc.).

3.5.5 Esta posición parece confirmarse en el texto de la Declaración de programa GalileoSat (artículo 12) con arreglo al cual la AEE posee el conjunto de los elementos materiales e inmateriales del programa GalileoSat.

3.5.6 En cambio, EGNOS considera que la AEE sólo posee, en nombre de los Estados participantes en el programa, los elementos materiales de manera que los derechos de propiedad intelectual siguiendo siendo de los contratantes de la AEE, conforme a las normas aplicables a la Agencia.

3.5.7 Así pues, la AEE interpreta la expresión «adquirido por la AEE por cuenta de la Empresa Común Galileo» como equivalente a «adquirido por la AEE en beneficio de la Empresa Común Galileo».

3.5.8 No obstante, de las negociaciones entabladas con la AEE no se deduce que ésta se niegue a transferir activos a la Empresa Común Galileo o a la Autoridad de Vigilancia Europea. Pero la AEE ha indicado que tal transferencia requiere la autorización del Consejo de la AEE (por mayoría simple) y que sus modalidades quedan por definir. La AEE preferiría la opción consistente en efectuar una transferencia directa entre la AEE y la Autoridad de Vigilancia Europea por razones fiscales y de oportunidad por considerar que, en ese caso, las entidades de terceros países que participan en el capital de la Empresa Común Galileo no podrían hacer valer derecho alguno sobre los elementos cuya propiedad transfiere la AEE. Dichos elementos no entrarían a formar parte del patrimonio de la Empresa Común Galileo y, por consiguiente, no les afectarían las modalidades de disolución de ésta.

3.5.9 En cuanto al caso particular de los elementos y derechos de propiedad intelectual desarrollados por las entidades de los terceros países, queda regulado en los acuerdos internacionales concluidos, por una parte, por la Unión Europea y los terceros países que no forman parte de la UE y por otra parte entre las entidades de los terceros países y la Empresa Común Galileo (3).

3.5.10 No obstante, del Reglamento sobre la Autoridad de Vigilancia Europea se desprende sin lugar a dudas que ésta será propietaria de todos los activos materiales o inmateriales que le sean cedidos por la Empresa Común Galileo al concluir la fase de desarrollo y que cree o desarrolle el titular de la concesión durante las fases de despliegue y explotación. El Reglamento sobre la Autoridad de Vigilancia Europea prevé que las modalidades de las transferencias de propiedad resultantes se establecerán, por lo que se refiere a la Empresa Común Galileo, dentro del procedimiento de disolución establecido por el artículo 21 de los estatutos de la Empresa Común Galileo. En lo referente a EGNOS, la Autoridad de Vigilancia será propietaria de todos los activos materiales o inmateriales de EGNOS sujetos a un acuerdo con los inversores de EGNOS sobre los términos y condiciones de la transferencia de la AEE de la propiedad total o parcial de los servicios y equipos de EGNOS. Dicha mención denota que, desde el punto de vista de la Comisión, no es preciso incoar procedimiento alguno de transferencia entre la Autoridad de Vigilancia Europea y la AEE ya que el conjunto de bienes corporales e incorporales pertenece ya a la Empresa Común Galileo (contrariamente a la interpretación que propone actualmente de la AEE basándose en su Convenio y en la Declaración de programa).

3.5.11 Entre los actos jurídicos que deben realizarse, procede destacar principalmente: — modificar los estatutos de la Empresa Común Galileo con el fin de establecer el 31 de diciembre de 2006 como fecha en la que se procederá a su disolución y concluirán las operaciones de transferencia de las actividades entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Vigilancia Europea así como fijar un período de liquidación cuya duración está por determinar; — modificar el Reglamento sobre la Autoridad de Vigilancia Europea para añadir las misiones transferidas entre la Empresa Común Galileo y la Autoridad tales como la supervisión de la fase de desarrollo y de validación en vuelo, la gestión de las actividades resultantes de los programas marco europeos de investigación y desarrollo o también el seguimiento y la gestión de las evoluciones técnicas del sistema operativo (4).

3.6 Plan de transferencia de las actividades de terceros países de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia Europea

La negociación de la transferencia de las actividades realizadas por las entidades de terceros países con vistas a concluir cláusulas adicionales de transferencia entre la Autoridad de Vigilancia Europea, la Empresa Común Galileo y las entidades en cuestión debe iniciarse rápidamente. Es preciso establecer contactos con dichas entidades para anticipar sus posiciones en cuanto a la disolución de la Empresa Común Galileo y su futuro lugar y papel en la Autoridad de Vigilancia Europea. Con arreglo a las disposiciones del Reglamento por el que se establece la Autoridad de Vigilancia Europea, los terceros países, en particular, los que hayan actuado en fases anteriores del programa, deberían poder participar en la Autoridad de Vigilancia Europea siempre que suscriban un acuerdo con la Unión Europea especificando, en particular, la naturaleza, alcance y modalidades de la participación de dichos países en los trabajos de la Autoridad de Vigilancia, incluidas las disposiciones relativas a la participación en las iniciativas emprendidas por la Autoridad de Vigilancia, a las contribuciones financieras y al personal. Al parecer, la reacción de las entidades de los terceros países ante la decisión de disolver la Empresa Común Galileo antes del final de la fase de validación en órbita (fase IOV — In Orbit Validation) podría depender de la acogida que se les reservará en la Autoridad de Vigilancia Europea. En consecuencia, el NRSCC y Matimop podrían reclamar la devolución de parte de sus contribuciones amparándose en el cese de las actividades de la Empresa Común Galileo. La cuestión de la participación de terceros países en el Consejo de Administración no dejará de plantearse en las negociaciones. Los primeros intercambios de opinión realizados al respecto en las instancias comunitarias denotan ciertas divergencias entre los Estados miembros ya que algunos no desean que se asigne un derecho de voto a los terceros países, mientras que otros señalan el riesgo para la seguridad del sistema que supondría abrirlo demasiado a terceros países. No obstante, todos parecen coincidir en que la intervención de terceros países en el Consejo de administración de la Autoridad de Vigilancia Europea no debe nunca poner en entredicho el control de la UE sobre el sistema. Por otra parte, podría concederse una posición privilegiada, sujeta a algunas condiciones, a los países europeos que no forman parte de la UE (Noruega y Suiza). Una solución podría consistir en agrupar los terceros países en una estructura que les permitiera hacer valer sus posiciones frente a las decisiones tomadas por la Autoridad de Vigilancia Europea.

3.7 Limitar la duplicidad de competencias

3.7.1 Conviene establecer un plan de disminución de la plantilla de la Empresa Común Galileo, con plazos precisos y coherentes respecto de la planificación de la transferencia de las actividades, para evitar que a finales de diciembre de 2006 se produzca un exceso de personal, analizar la situación en que se encuentran los contratos de trabajo y evitar el riesgo de que surjan contenciosos al finalizar los contratos que puedan bloquear la transferencia de los activos. Se calcula que aproximadamente 24 personas debieran permanecer en activo hasta a más tardar el cierre de las negociaciones del contrato de concesión, es decir a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2006. La fase de liquidación de la Empresa Común Galileo, después del 31 de diciembre de 2006, deberían llevarla a cabo aproximadamente seis personas.

3.7.2 Por otra parte, es necesario contar con una visión precisa de la progresión que experimenta la Autoridad de Vigilancia Europea y, en particular, del plan de contratación del personal de la agencia de tal modo para comprobar su compatibilidad con el plan de transferencia de las actividades de la Empresa Común Galileo. Conviene señalar que la Autoridad de Vigilancia Europea debe ajustarse a los procedimientos comunitarios y a las restricciones en materia de contratación (nivel salarial, duración de los contratos limitada a 3 años, sede definitiva de la agencia aún por designar, etc.), que frenan el proceso de instauración de la organización de la Autoridad de Vigilancia Europea.

3.8 Aspectos financieros y presupuestarios

3.8.1 Es importante que, cuando se disuelva la Empresa Común Galileo, el remanente de créditos (calculado en aproximadamente 46 M€) ya haya sido transferido a la Autoridad de Vigilancia Europea. La Comisión desea que se transfieran la Autoridad de Vigilancia Europea los fondos de la Empresa Común Galileo en cuanto se autorice a la Autoridad de Vigilancia a administrar el final de la fase de desarrollo. Así pues, al cesar la actividad de la Empresa común, los únicos fondos que permanecerían a su disposición serían los necesarios para efectuar la liquidación.

3.8.2 El presupuesto revisado de la Empresa Común Galileo para 2006, que supone un aumento de 7 M€ respecto del presupuesto aprobado en 2005 que preveía el cierre en mayo de 2006 (en lugar de la cantidad de 14 M€ que la Empresa Común Galileo solicitó inicialmente sin tener en cuenta la transferencia de actividades a la Autoridad de Vigilancia Europea), permite cubrir con la máxima flexibilidad la transferencia de las actividades a la Autoridad de Vigilancia Europea a más tardar a finales de 2006. Este presupuesto revisado fue aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de vigilancia de la Empresa Común Galileo a finales de febrero.

3.8.3 Por su parte, el presupuesto para 2006 de la Autoridad de Vigilancia Europea debe tener en cuenta la necesidad de contratar personal suplementario durante el año 2006 y, por consiguiente, debe aumentarse. Tras la aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad de Vigilancia Europea, el 23 de enero de 2006, del nuevo proyecto de presupuesto para 2006, que prevé un importe de cerca de 8 M€ (en lugar del presupuesto inicial de 5 M€ inicialmente votado en 2005 para el año 2006), el proyecto de presupuesto revisado deberá ser examinado por el Consejo Ecofin y, a continuación, por el Parlamento Europeo en el segundo semestre de 2006. El aumento del presupuesto de la Autoridad de Vigilancia Europea hasta alcanzar el importe propuesto constituye un requisito previo para que la Autoridad de Vigilancia Europea pueda contratar el personal necesario y efectuar las actividades transferidas. El ahorro generado in fine respecto del presupuesto de la Empresa Común Galileo mediante la transferencia progresiva de sus actividades a la Autoridad de Vigilancia Europea debería ser suficiente para cubrir el aumento del presupuesto de la Autoridad de Vigilancia Europea, lo que debería tranquilizar a los parlamentarios en cuanto al buen uso de los fondos europeos en el marco de esta operación de transferencia, aunque, en la práctica, los fondos en cuestión y los referidos tienen distinta fuente.

3.8.4 Es preciso evaluar cuanto antes los costes de liquidación de la Empresa Común Galileo (en particular, el coste del mantenimiento del personal para efectuar las operaciones de liquidación) y las incidencias en materia fiscal y de IVA (impuestos de transmisiones, por ejemplo) de la transferencia de los activos. En efecto, las autoridades belgas consideran que la Empresa Común Galileo —a la que enviaron «una carta de garantía»— constituye una persona jurídica a la luz del Derecho belga (asimilada a una asociación) en lugar de una sociedad mercantil, de manera que el resultado positivo que arroje la liquidación no debería estar sujeto a impuesto alguno. La exacción fiscal atañerá a un importe bastante limitado, especialmente si se transfieren antes de la liquidación la mayor parte de sus fondos. Queda claro que este tipo de cuestiones debe anticiparse para evitar sorpresas desagradables.

3.9 Negociación del contrato de concesión y cese de las actividades técnicas

3.9.1 El presupuesto revisado de la Empresa Común Galileo para 2006 le permitirá proseguir las negociaciones del contrato de concesión con el objetivo de terminarlas a más tardar el 31 de diciembre de 2006, favoreciendo al mismo tiempo la transferencia de los conocimientos técnicos a la Autoridad de Vigilancia Europea y la implicación de éste en las negociaciones a medida que vaya adquiriendo fuerza.

3.9.2 Conviene destacar que con arreglo a las actas de las distintas instancias de control de la Empresa Común Galileo y de la Autoridad de Vigilancia Europea, de no cerrarse antes del 31 de diciembre de 2006, las negociaciones correrán a cargo de la Autoridad de Vigilancia Europea a partir del 1 de enero de 2007.

3.9.3 Por otra parte, la Empresa Común Galileo deberá establecer un procedimiento o plan de acción que le permita cerrar los expedientes técnicos y ultimar la documentación técnica antes de la fecha prevista para la disolución de la Empresa Común Galileo.

3.9.4 El papel y las responsabilidades de la AEE durante la fase de entrega y validación del sistema y, a continuación, en lo referente a las evoluciones técnicas del sistema y al mantenimiento en condiciones operativas del sistema después de su validación, deberán precisarse en un contrato marco que deberán concluir la Autoridad de Vigilancia Europea y la AEE. En efecto, la participación de la AEE en el Consejo de administración de la Autoridad de Vigilancia Europea en calidad de observador, en lugar de como miembro al igual que la Empresa Común Galileo, ya no le permite desempeñar un papel tan activo en el proceso de toma de decisiones. El Reglamento sobre la Autoridad de Vigilancia Europea prevé que la cooperación con la AEE deberá aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas por el Acuerdo marco que concluyeron la Unión Europea y la AEE el 25 de noviembre de 2003, siempre que ello presente un interés (5) y que se solicite a la AEE que preste apoyo técnico y científico a la Autoridad de Vigilancia (6). En cualquier caso, la Autoridad de Vigilancia Europea y la AEE deberán concluir un acuerdo antes de finales de año 2006 para cubrir las actividades relativas al final de la fase de desarrollo. Deberá preverse otro acuerdo para el año 2008 con vistas a organizar las relaciones entre la Autoridad de Vigilancia y la AEE tras finalizar la fase de desarrollo, durante la fase de entrega y validación del sistema y más allá, en su caso, durante la fase de explotación.

4. Otros elementos complementarios de reflexión: Responsabilidad internacional de los Estados de lanzamiento en cuanto a los satélites de la constelación Galileo

4.1 Los satélites lanzados durante la fase IOV son propiedad actualmente de la AEE (desarrollo de los satélites en el marco del programa AEE GalileoSat). Su propiedad debería transferirse a la Autoridad de Vigilancia Europea al finalizar la fase de validación en órbita.

4.2 Con arreglo al Acuerdo suscrito por la Empresa Común Galileo y la AEE, a la AEE incumbe la responsabilidad de lanzar los primeros satélites de la fase IOV y de matricularlos en el registro de la oficina de las Naciones Unidas (Office of Outer Space Affairs con sede en Viena). En diciembre de 2005, el operador Starsem lanzó desde Baïkonour el primer satélite de la constelación (GIOVE A) mediante un lanzador Soyuz-ST.

4.3 En realidad, la AEE debería actuar de la misma manera que en el caso de la transferencia de propiedad de los satélites que desarrolla por cuenta de terceros como, por ejemplo, Meteosat o Metop (transferencia AEE-Eumetsat). A continuación, se debería dirigir a las autoridades competentes una notificación de la transferencia de propiedad de los satélites en órbita.

4.4 A la luz de las disposiciones del Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 y del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972, cabe interrogarse acerca de la responsabilidad que genera el lanzamiento y la utilización de los satélites Galileo en órbita.

4.5 Respecto a los distintos criterios escogidos para calificar a un Estado como «Estado de lanzamiento» que puede incurrir en responsabilidad internacional en caso de que determinados objetos espaciales ocasionen daños en tierra o en órbita, cabría considerar a la AEE como «Estado de lanzamiento», puesto que actúa como si fuera un Estado que encarga el lanzamiento de los satélites de la fase IOV y concluye los contratos de lanzamiento con los operadores de lanzamiento.

4.6 Del mismo modo, podría plantearse la cuestión de si Bélgica debe considerarse el «Estado de lanzamiento», habida cuenta de que la Empresa Común Galileo, que está muy implicada en el desarrollo y lanzamiento de los satélites de la fase IOV, pasa a quedar bajo su jurisdicción (la sede de la Empresa Común Galileo está en Bruselas). Respecto del Derecho nacional belga, el Estado federal belga sólo es responsable respecto de las actividades espaciales realizadas a partir de su territorio o de instalaciones del Estado belga o que se hallen bajo su jurisdicción o control (7), lo cual no es el caso. No obstante, respecto al Derecho internacional la cuestión queda sin resolver.

4.7 Por otra parte, tras disolverse la Empresa Común Galileo y transferirse sus actividades a la Autoridad de Vigilancia Europea, los satélites se lanzarán por cuenta de ésta y, a este respecto, la persona jurídica internacional a la que esté vinculado podría también ser considerada Estado de lanzamiento. Por consiguiente, debería analizarse la cuestión de la calificación de la UE como Estado de lanzamiento, no sólo en relación con el lanzamiento de los satélites de la fase IOV, sino también en lo que se refiere al lanzamiento de los demás satélites de la constelación Galileo durante la fase de despliegue y explotación.

4.8 Para la fase de despliegue y explotación, podría considerarse responsable al Estado en el que se encuentra la sede del operador encargado de la constelación (la sociedad concesionaria) que encargará los lanzamientos. Dado que en virtud del acuerdo suscrito el 5 de diciembre de 2005, las principales partes de la concesión fijaron la sede del concesionario en Toulouse (Francia), en este ámbito podría considerarse responsable a Francia.

4.9 Por último, se considerará también como Estado de lanzamiento al Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra el operador de lanzamiento así como, en su caso, el Estado cuyo territorio o instalaciones se emplean. Si el operador elegido resulta ser la sociedad francesa Arianespace, podría considerarse a Francia como Estado de lanzamiento.

4.10 Puesto que intervienen varios Estados de lanzamiento, conviene aclarar las relaciones existentes entre las distintas entidades en términos de responsabilidad y de distribución de riesgos entre los distintos Estados de lanzamiento en caso de que se ocasionen daños durante el lanzamiento y la fase de vida útil de los satélites.

4.11 Nótese que ya existe un acuerdo entre la AEE y Francia (sobre el Centre Spatial Guyanais). Este acuerdo contiene cláusulas relativas a la responsabilidad internacional, en particular, en cuanto a los lanzamientos efectuados por Arianespace, y al parecer es aplicable al programa Galileo. Cabe interrogarse todavía acerca de la responsabilidad internacional de los Estados de lanzamiento durante la fase de vida útil de los satélites en órbita y de la oportunidad de que Francia suscriba un acuerdo ad hoc con los demás Estados de lanzamiento (AEE, Bélgica, la UE, etc.).

Referencias documentales

1) Resolución del Consejo, de 19 de julio de 1999, relativa a la participación de Europa en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (Galileo): Fase de definición (DO C 221, de 3.8.1999, p. 1)

2) Decisión no 98/434/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998 (DO L 194 de 10.7.1998, p. 15)

3) Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo, de 21 de mayo de 2002, por el que se crea la Empresa Común Galileo (incluye los estatutos como anexo) (DO L 138, de 28.5.2002, p. 1)

4) Decisión no 2001/264/CE: del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo (DO L 101, de 11.4.2001, p. 1)

5) Acuerdo entre la Empresa Común Galileo y la ASE — ESA/C(2002)51, rev. 1 de 23 de abril de 2002

6) Galileo Joint Undertaking Organisation and Decision Process — ESA/PB-NAV(2003)20 de 5 de septiembre de 2003

7) Reglamento (CE) n o 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246, de 20.7.2004, p. 1)

8) Comunicación de la Comisión — El encuadramiento de las agencias reguladoras europeas (COM(2002) 718 final de 11.12.2002)

9) Acuerdo suscrito entre la UE y China el 30 de octubre de 2003

10) Acuerdo suscrito entre la UE e Israel el 13 de julio de 2004

11) Acuerdo suscrito entre la Empresa Común Galileo y el National Remote Sensing Center of China (NRSCC) el 9 de octubre de 2004

12) Acuerdo suscrito entre la Empresa Común Galileo y MATIMOP el 6 de septiembre de 2005

13) Acuerdo suscrito entre la Empresa Común Galileo y la AEE en favor del National Remote Sensing Center of China (NRSCC) el 9 de octubre de 2004

14) Acuerdo suscrito entre la Empresa Común Galileo y la AEE en favor de Matimop el 18 de octubre de 2005

15) Derechos y obligaciones de los nuevos miembros de la Empresa Común Galileo (ESA/PB-NAV(2004)18 rev. 2 de 23 de junio de 2004)

16) Galileo IPR: Ownership and protection (ESA/PB-NAV (2004)26, de 23.9.2004)

17) Intellectual Property Rights for the Galileo Programme (GJU-EXC-2004-50, de 2.9.2004)

18) Acuerdo suscrito entre los socios de la futura concesión Galileo el 5 de diciembre de 2005

19) Plan de transferencia de las actividades y know-how de la Empresa Común Galileo a la Autoridad de Vigilancia Europea (GJU-ADB-2005-13 rev., de 11 de febrero de 2006)

20) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Integración del programa EGNOS en el programa Galileo (COM(2003) 123 final de 19.3.2003)

21) Acuerdo suscrito entre la AEE y la Unión Europea el 25 de noviembre de 2003 [ESA/C-M(2004)4]

22) Dictamen del CESE sobre «El programa europeo de navegación por satélite (Galileo)» — TEN/077 (12 de septiembre de 2001)

23) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la constitución de la empresa común Galileo» (COM(2001) 336 final — 2001/0136 (CNS)) — TEN/089 (28 de noviembre de 2001)

24) Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: situación del programa de investigación Galileo a principios de 2004» (COM(2004) 112 final) — TEN/179 (30 de junio de 2004)

25) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ejecución de las fases de despliegue y de explotación del programa europeo de radionavegación por satélite» COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD) — TEN/203 (9 de febrero de 2005).

Bruselas, 13 de septiembre de 2006. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) Documento de debate titulado «Setting-up of the Galileo Supervisory Authority» establecido para la reunión del Comité Ejecutivo de 24 de junio de 2004, TREN E/4/OO/bp D 11090 (2004) de 24 junio de 2004, pág. 1.

(2) Nótese que, inicialmente, la fecha del cese de las actividades de la Empresa Común Galileo se fijaba para el 28 de mayo de 2006 (vid. supra — duración del ECG).

(3) La participación en el programa Galileo de los terceros países que no forman parte de la UE se basa en una serie de acuerdos internacionales negociados y suscritos por la UE en nombre de los Estados miembros, habiendo negociado las disposiciones de dichos acuerdos la Comisión Europea con arreglo al mandato que le confió el Consejo. El primer acuerdo se celebró en octubre 2003 con China y actualmente se halla en fase de ratificación por parte de los Estados miembros. En dichos acuerdos se insta a los terceros países a designar una entidad que participe en el capital de la Empresa Común Galileo (vid. supra — Cooperación internacional).

(4) La Comisión ha publicado dos notas informativas al respecto destinadas a los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Común Galileo: «Changes to the GJU Statutes and GJU/GSA Transfer» [TREN B5 D(2006)], de 18 de enero de 2006, y «Envisaged Changes to the GSA Regulation and GJU/GSA Transfer» [TREN B5 D(2006)], de 19 de enero de 2006.

(5) Considerando no 12 del Reglamento de la GSA.

(6) Artículo 2, apartado 2, del Reglamento sobre la Autoridad de Vigilancia Europea.

(7) Loi belge relative aux activités de lancement, d'opérations de vol ou de guidage d'objets spatiaux, de 17 de septiembre de 2005, publicada en el Monitor Belga de 16 de noviembre de 2005, no 348. Con arreglo al artículo 2, apartado 1 de dicha ley, entran en su ámbito de aplicación las actividades de lanzamiento, operación de vuelo o pilotaje de objetos espaciales que realizan personas físicas o jurídicas en zonas sujetas a la jurisdicción o control del Estado belga o mediante instalaciones, muebles o inmuebles del Estado belga o sujetas a su jurisdicción o control.