Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros» ()

(96/C 174/05)

El 15 de noviembre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de marzo de 1996 (Ponente: Sr. Pelletier).

En su 334° Pleno celebrado los días 27 y 28 de marzo de 1996 (sesión del 27 de marzo de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente dictamen.

SÍNTESIS

La propuesta de Directiva sometida al dictamen del Comité Económico y Social tiene por objeto permitir a las autoridades responsables de la supervisión en los Estados miembros ejercer, de manera armonizada, una supervisión cautelar de los grupos puros de seguros, como complemento a la supervisión individual a la que toda empresa de seguros está sometida.

El dispositivo de supervisión de dicha propuesta comprende los elementos siguientes: una mejora de los intercambios de información (artículos 5 y 6), un marco de las transacciones intragrupo (artículo 8), una prevención del doble cómputo de capital mediante el cálculo de solvencia ajustada que se ha de efectuar en virtud de uno de los tres métodos reconocidos como equivalentes a nivel cautelar y que, en caso de que la solvencia ajustada sea negativa, se proceda automáticamente a la aplicación de las sanciones oportunas (artículo 9). Las participaciones de reaseguros están incluidas en el campo de supervisión de solvencia ajustada. Las sociedades «holding» de seguros dan lugar a un control de detección de efecto de palanca sobre el capital reglamentario que puede conducir, a nivel de la empresa de seguros a la que está vinculada, a sanciones que competen a las autoridades de supervisión (artículo 10). El perímetro del grupo de seguros sometido a estas diferentes propuestas abarcaría a todas las participaciones iguales o superiores al 20 % de los derechos de voto o de capital de una empresa (artículo 1), salvo el supuesto de una derogación temporal (artículo 11).

El Comité, tras examinar la presente propuesta con suma atención, emite un dictamen favorable, sin perjuicio de las siguientes observaciones:

- que al determinar las participaciones se tenga en cuenta la realidad económica,

- que las sociedades «holding» de seguros sean objeto de procedimientos rigurosos en materia de supervisión de detección de la creación de capital ficticio,

- que sean los Estados miembros los que valoren el dispensado a las participaciones de las empresas de reaseguros,

- que en la supervisión de solvencia ajustada se reconozcan todos los elementos de fondos propios y los elementos de valorización de los activos de filiales admitidos a nivel de supervisión individual, y

- que el coste de la supervisión adicional sea proporcional a los riesgos cautelares en que pueda incurrirse y no perjudique a la competitividad de las sociedades europeas de seguros.

Las enmiendas propuestas en la cuarta parte del presente dictamen obedecen al afán por reducir las dificultades con que se enfrentaría la industria europea de seguros si no se aclarasen aclarado los puntos mencionados.

1. Introducción

1.1. La supervisión de la situación de solvencia de las empresas de seguros tiene como objetivo principal garantizar la protección de los tomadores de seguros y de terceros.

1.2. Tras la adopción de las Directivas de tercera generación 92/49/CEE de 18 de junio de 1992 y 92/96/CEE de 10 de noviembre de 1992, las reglas cautelares exigidas a las empresas aseguradoras en lo relativo al cálculo de las provisiones técnicas y su representación en el activo por medio de inversiones y ratios de solvencia se han armonizado a nivel comunitario. En lo sucesivo, las autoridades competentes del país de origen de la empresa llevarán a cabo una supervisión exclusiva, tanto para otorgarle la autorización, como en los demás aspectos de la actividad de la empresa, incluso cuando ésta se encuentre en una situación difícil. El conjunto de normas basadas en un reconocimiento mutuo de autorizaciones y sistemas de supervisión cautelar afecta solamente a la supervisión individual de las empresas de seguros, conocida como supervisión «individual».

1.3. El análisis de la situación de solvencia de una empresa de seguros no tiene en cuenta su pertenencia a un grupo de seguros, por lo que no es posible apreciar la influencia, positiva o negativa, que hayan podido ejercer sobre su situación financiera otras entidades del grupo.

1.4. Partiendo del análisis de un determinado número de casos concretos presentados por las autoridades de supervisión, la Comisión considera que es necesario llevar a cabo una acción cautelar adecuada a nivel comunitario, para conocer los riesgos de una empresa de seguros que forme parte de un grupo en el que predominan las empresas de seguros, sin cuestionar el acervo de las Terceras Directivas. La Comisión propone, para fundamentar su propuesta, la base jurídica del apartado 2 del artículo 57 del Tratado CE que encontramos en textos similares (entidades de crédito).

1.5. Así pues, la Comisión desea, en el respeto del principio de subsidiariedad, que las autoridades de supervisión dispongan, sobre una base mínima armonizada, de medios que les permitan evaluar los riesgos cautelares suplementarios que pudieran aparecer en un grupo puro de seguros.

1.6. Cualquier nuevo requisito que tenga por objeto reflejar la influencia que un grupo de empresas puede tener sobre una empresa de seguros intervendrá como complemento, y no como sustituto, del control de solvencia individual.

2. Antecedentes

2.1. Las Primeras Directivas 72/239/CEE sobre seguros no de vida y 79/267/CEE sobre seguros de vida obligaban a las empresas de seguros a disponer de un margen de solvencia. Asimismo, subordinan la concesión de la autorización a la calidad de accionistas o asociados.

Las Terceras Directivas 92/49/CEE sobre seguros no de vida y 92/96/CEE sobre seguros de vida reconocen por primera vez la necesidad de ampliar el ámbito de la supervisión de las empresas de seguros: dichas Directivas tienen en cuenta la existencia de filiales al aplicar las normas relativas a la diversificación de los activos representativos de las provisiones técnicas.

2.2. En lo relativo al sector bancario, la Directiva 92/30/CEE organiza la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada.

2.3. Desde los primeros debates del Comité de Seguros sobre la supervisión cautelar de los conglomerados financieros, es decir, de los grupos de bancos y empresas de seguros, se consideró necesario hacerse cargo de los problemas inherentes a los grupos puros de seguros, concretamente los riesgos de doble cómputo de capital, a fin de cuentas muy diferentes de los que se plantean a un grupo bancario. Por lo tanto, la Comisión se ha visto obligada a elaborar un marco jurídico armonizado que permita la supervisión de las empresas que formen parte de un grupo de seguros.

2.4. El Comité de Seguros, integrado por las autoridades de supervisión de los Estados miembros, ha participado en los trabajos de la Comisión sobre las normas de supervisión que se debían aplicar. Asimismo, ha examinado detenidamente los efectos cautelares de los métodos preconizados por las diferentes autoridades europeas de supervisión para prevenir el doble cómputo de capital (1. Reino Unido, Países Bajos, Alemania e Irlanda: deducción y agregación; 2. Dinamarca: deducción de un requisito; 3. Francia y España: método basado en las cuentas consolidadas). Los cálculos efectuados por dicho Comité han demostrado que estos métodos daban resultados lo suficientemente comparables como para ser considerados equivalentes, siendo cada uno de ellos, según los casos, unas veces más riguroso, y otras más favorable para la empresa que los dos anteriores.

2.4.1. La Comisión, en la elaboración de la propuesta de Directiva, consultó en reiteradas ocasiones a los órganos representativos de la profesión a nivel europeo (Comité Europeo de Seguros, Asociación Internacional de Mutuas de Seguros y la Asociación de Cooperativas de seguros y mutualistas europeos).

2.4.2. El Comité Europeo de seguros se muestra preocupado por los requisitos adicionales impuestos por el encarecimiento del coste de los fondos propios, ya que repercutiría en las tarifas propuestas a los clientes. También muestra su preocupación por la complejidad de la redacción de los textos que se le han sometido y que podrían dar lugar a confusión o a distorsiones de la competencia. Asimismo, se ha pronunciado en todo momento a favor de los mismos principios de reglamentación tanto para la supervisión de la solvencia adicional como para la supervisión «individual».

2.4.3. La Asociación Internacional de Mutuas de Seguros (AISAM) y la Asociación de Cooperativas de Seguros y mutualistas europeos (ACME) han manifestado sus preocupaciones particulares sobre la interpretación y aplicación de este texto a los grupos de mutuas de seguros. La ACME teme que ello pueda suponer un riesgo de distorsión de la competencia entre los grupos de empresas de seguros cuya cohesión no resulte de los vínculos de capital y los demás grupos de seguros.

2.5. Cabe destacar que determinados Estados miembros (Dinamarca, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido) ya han incluido una supervisión de los grupos de seguros en su legislación nacional.

3. Observaciones generales

El Comité emite un dictamen favorable a la propuesta de Directiva, sin perjuicio de las siguientes observaciones:

- que al determinar las participaciones -independientemente de su forma jurídica- que se tengan que incluir entre los requisitos de solvencia ajustada, se tenga en cuenta la realidad económica;

- que las sociedades «holding» de seguros que no son objeto de ningún tipo de supervisión individual de solvencia se excluyan del control de detección de la creación de capital ficticio o que, al menos, se tengan en cuenta en condiciones mucho menos rigurosas; sin embargo, determinados representantes subrayan que la propia exclusión parcial de los holdings y las participaciones de reaseguros podría originar una distorsión de la competencia con respecto a los grupos de empresas de seguros cuya cohesión no resulte de vínculos de capital;

- que sean los Estados miembros los que valoren el trato dispensado a las participaciones de las empresas de reaseguros con respecto a los requisitos de solvencia ajustada;

- que en la supervisión de solvencia ajustada se reconozcan los elementos de fondos propios y los elementos de valorización de los activos de filiales admitidos a nivel de la supervisión «individual»; y

- que el coste de la supervisión adicional sea proporcional a los riesgos cautelares en que pueda incurrirse por pertenecer a un grupo de seguros, con objeto de preservar la competencia de la industria europea de seguros a escala mundial, cualquiera que sea su forma jurídica, y evitar que se creen distorsiones de la competencia en la Comunidad.

El Comité observa que el carácter a menudo oscuro de la redacción de la propuesta de Directiva hace tanto más necesario dejar a los Estados miembros la libertad de adoptar las modalidades de aplicación mejor adaptadas a su mercado con arreglo a lo establecido en las normas del Tratado.

3.1. La supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros que la Comisión propone introducir afectará únicamente a los grupos puros de seguros, y no a los demás grupos financieros.

3.1.1. Por consiguiente, no parece que exista conflicto alguno de superposición con la Directiva 92/30/CEE de 6 de abril de 1992 relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada, que contempla en especial todos los casos en los que una sociedad financiera o mixta posea filiales que sean, principal o exclusivamente, entidades de crédito o entidades financieras.

3.1.2. Sin embargo, el Comite estima que la supervisión cautelar de los grupos de seguros no podría obedecer a los mismos principios impuestos a los grupos bancarios, ni sentar un precedente en la elaboración de normas cautelares ad hoc para la posible supervisión de los conglomerados financieros.

3.2. La presente propuesta de Directiva se basa en tres grandes principios:

3.2.1. Mejora de los intercambios de información (artículos 5 y 6)

3.2.1.1. Todas las entidades que pertenezcan a un grupo de seguros deberán seguir los procedimientos internos oportunos para garantizar la disponibilidad y calidad de la información necesaria para las autoridades de supervisión. Este requisito se había impuesto ya en los artículos 8 y 9 de las Terceras Directivas sobre seguros de vida y no de vida para las empresas de seguros.

3.2.1.2. Se facilita el acceso a la información: las autoridades de supervisión tienen derecho a acceder directamente a cualquier información útil relativa a las empresas («droit de suite») y a la verificación in situ, llegado el caso, en colaboración con las autoridades competentes del Estado miembro al que pertenece la entidad.

3.2.2. Disposiciones sobre las transacciones intragrupo (artículo 8)

Las transacciones «importantes» llevadas a cabo entre las diferentes entidades de un grupo de seguros deberán realizarse, en principio, en condiciones de mercado, y deberá informarse sobre ellas a las autoridades competentes mediante, como mínimo, una declaración anual. Se mencionan en particular las siguientes categorías de operaciones: préstamos, garantías y transacciones consignadas en las cuentas de orden, inversiones, elementos constitutivos del margen de solvencia y transacciones de reaseguro.

3.2.3. Introducción de la prevención del doble cómputo de capital (artículos 9 y 10, Anexos I y II)

3.2.3.1. En primer lugar, se impone a los grupos de seguros la obligación de velar por que se efectúe un cálculo de solvencia ajustada, con objeto de evitar que se contabilice un mismo capital más de una vez a la hora de calcular el capital reglamentario de distintas empresas de seguros pertenecientes a un mismo grupo (artículo 9).

3.2.3.1.1. Dicho requisito se suma a los ya impuestos a cada entidad de seguros, sin sustituirlos, lo que se conoce normalmente como «supervisión individual plus».

3.2.3.1.2. El cálculo del margen de solvencia ajustada excluye toda creación intragrupo de capital (por ejemplo, una filial que posea una participación de la sociedad matriz o que le conceda un préstamo subordinado). El cálculo de solvencia ajustada se efectúa luego según uno de los tres métodos descritos en el Anexo I y considerados por las autoridades de supervisión como equivalentes a nivel cautelar.

3.2.3.1.3. Con los dos primeros métodos (1. Deducción y agregación; 2. Deducción de un requisito) se calcula la situación de solvencia de las sociedades de seguros a cada nivel del grupo, sin consolidar la situación financiera del grupo de seguros (principio del «bottom up»). El tercer método (basado en la consolidación contable) ofrece la posibilidad de ejercer el control en la cabeza del grupo.

3.2.3.2. El método de deducción y agregación consiste en medir la diferencia entre:

- la suma de los elementos del margen de solvencia de la empresa supervisada y la parte proporcional de la empresa supervisada en el margen de solvencia de la empresa vinculada a la misma,

- y la suma del valor contable de los elementos del margen de solvencia de la empresa vinculada y de los requisitos de solvencia de la empresa supervisada y la parte proporcional de los requisitos de solvencia de la empresa vinculada.

3.2.3.2.1. En otras palabras, se trata de deducir del capital reglamentario de la empresa supervisada el requisito reglamentario de capital, habida cuenta de las empresas vinculadas a la misma.

3.2.3.3. El método de deducción de un requisito goza de escaso apoyo. Se diferencia del método de deducción y agregación en que en el cálculo únicamente se tiene en cuenta, a título de la empresa vinculada, la parte proporcional de su requisito de solvencia.

3.2.3.3.1. Todo ello nos indica que el capital reglamentario de la empresa objeto de supervisión debe ser igual o superior a la suma de los requisitos de solvencia del conjunto (empresas supervisadas y empresas vinculadas).

3.2.3.4. El método de consolidación contable, aplicado en España y Francia según las distintas modalidades, consiste en sumar los requisitos individuales de margen de solvencia de las entidades del grupo y deducir el resultado de los fondos propios del grupo. Los principios en los que se basa permiten eliminar el doble cómputo del capital gracias a un proceso de consolidación contable que suprime automáticamente las participaciones intragrupo.

3.2.3.4.1. El Comité estima carecer de los medios necesarios para valorar si los métodos son equivalentes y si las autoridades de supervisión los aplicarán en condiciones equivalentes. Asimismo, destaca la importancia del problema y añade que conviene dedicarle especial atención.

3.2.3.5. Las sociedades holding de seguros reflejan un tratamiento diferente del de las empresas de seguros. El artículo 10 establece un control de detección del «efecto de palanca» (capital leveraging). No se trata de una prueba de solvencia ajustada propiamente dicha, sino de un medio por el que se aprecia si el endeudamiento de la sociedad holding está afectada por el tratamiento de sus filiales y tiene por objeto crear tensiones excesivas en el seno del grupo de seguros. Los métodos de cálculo descritos en el Anexo II (control de detección del nivel de solvencia y control de consolidación contable) son menos prolijos que los aplicables a la prevención del doble cómputo de capital de las empresas de seguros, y las sanciones no parecen tener el mismo alcance con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, se deben adoptar las medidas oportunas en el supuesto de que el criterio cuantitativo de solvencia ajustada sea negativo; con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, corresponderá a las autoridades de supervisión adoptar las medidas oportunas, sin que se tenga que definir con anterioridad ningún criterio cuantitativo, ni tenga que aplicarse automáticamente alguna de las sanciones.

3.3. Perímetro del grupo

3.3.1. En su versión actual, la propuesta de Directiva define el perímetro de un grupo de seguros en función de los informes, directos o indirectos, de filiación o participación entre las diferentes entidades que la componen.

3.3.1.1. Las definiciones propuestas para las empresas matrices, las filiales y las participaciones derivan de la Directiva 92/30/CEE relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada y de la Séptima Directiva 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas.

Por consiguiente, se define la participación exclusivamente en base a un criterio cuantitativo: la tenencia del 20 % o más del capital o de los derechos de voto.

3.3.1.2. Sin embargo, en el artículo 11 de la presente propuesta de Directiva se dispone que, con carácter excepcional y durante un período de cuatro años que expira el 1 de julio del año 2001, el límite de participación del 20 % podrá aumentarse al 25 %. Esta excepción deberá aplicarse a todas las exigencias de la Directiva, ya se trate de la elaboración de información, de transacciones intragrupo o del requisito de solvencia ajustada.

3.3.1.3. El problema relativo al perímetro del grupo o más bien al límite a partir del cual se aplicaría la supervisión adicional es distinto al de las entidades de crédito.

3.3.1.3.1. Se puede observar que, efectivamente, de acuerdo con el escaso número de quiebras de sociedades, los riesgos de contagio en un grupo de seguros no tienen la misma importancia ni el mismo alcance que en otros sectores financieros, debido, entre otras cosas, al principio de especialización de las actividades de seguro, a la capacidad de transferir los activos con rapidez y a la existencia de normas cautelares aplicables a cada empresa de seguros.

3.3.1.3.2. Por consiguiente, cabe destacar tres cuestiones principales:

- los papeles respectivos de la empresa y las autoridades de supervisión en la delimitación del perímetro del grupo;

- el caso concreto de las sociedades de personas; y

- la fijación del límite de participación.

3.3.1.4. En cuanto a los papeles respectivos de la empresa y las autoridades de supervisión en la delimitación del perímetro del grupo, el Comité subraya que es la empresa de seguros la que, en la práctica, ha de determinar, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva y basándose con la mayor frecuencia posible en el perímetro de consolidación de las cuentas (certificadas por los interventores de cuentas), qué entidades deben someterse a la supervisión adicional, mientras que las autoridades de supervisión mantienen la facultad de contestar la selección de la empresa y demostrar que determinadas participaciones han de volverse a calificar. El Comité también estima necesario que se garantice la uniformidad del Derecho europeo.

3.3.1.5. En lo relativo a los grupos de empresas de seguros cuya cohesión no resulte exclusivamente de vínculos de capital (mutuas, instituciones de previsión, etc.) y estén incluidas en el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva, el Comité se pregunta por la pertinencia de las definiciones del artículo 1 con respecto a la organización no capitalista de estos grupos, habida cuenta de que su estatuto varía considerablemente de un Estado miembro a otro.

El Comité desea que se aclare este punto de acuerdo con el acervo comunitario al respecto.

3.3.1.6. En relación con la fijación del límite de participación, el Comité considera que las distinciones efectuadas en los apartados c), d) y e) del artículo primero de la propuesta de Directiva, entre una empresa matriz y una empresa participante, y entre una filial y una empresa vinculada, pueden dar lugar a confusiones.

3.3.1.6.1. El problema se había planteado con anterioridad a raíz de la séptima Directiva del Consejo 83/349/CEE de 13 de junio de 1983, en la cual se distinguía bien entre los casos en los que el poder de control se basa en una mayoría de los derechos de voto, aquéllos en los que se basa en acuerdos, aquéllos en que se comprueba el ejercicio efectivo de control con una participación minoritaria y, por último, los casos en los que se ejerce una influencia conjunta. Por ello, el Comité se muestra partidario de una aclaración. Se deberían definir la empresa matriz y la filial en virtud del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, sin que sea necesario mencionar el concepto de influencia dominante, al estar ya incluida en el artículo mencionado. Ésa es además la solución que se ha adoptado en las Terceras Directivas de vida y no de vida y que permite a su vez tomar en consideración «el ejercicio efectivo del control» y el concepto de influencia conjunta.

3.3.1.6.2. La definición del concepto de participación plantea también problemas. Un criterio puramente cuantitativo -«el hecho de poseer, directa o indirectamente, el 20 % o más de los derechos de voto o de capital de una empresa»- no corresponde a la realidad económica del sector de los seguros. El Comité considera que la definición del concepto de participación debe corresponder a la realidad económica de la influencia que ejerce la empresa que la posee, sin que exista un solapamiento o confusión con las definiciones de empresa matriz y filial. Ello implica que se ha de suprimir ipso facto la excepción del artículo 11.

3.3.1.6.3. Por consiguiente, propone ponderar el criterio cuantitativo fijado en el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de la empresa, que tiene un carácter de presunción, por medio de elementos cualitativos como un «vínculo duradero» y una «contribución a la actividad de la empresa con participación», expresiones empleadas en el artículo 17 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE de 25 de julio de 1978.

3.3.1.6.4. Por último, el Comité subraya que esta flexibilidad -relativa a la definición del término «participación»- se debe aplicar en un marco bien preciso para evitar las distorsiones de la competencia.

3.4. La propuesta de Directiva establece que la supervisión adicional se aplica a las empresas de reaseguros y a las sociedades «holding» que se encuentren a la cabeza de un grupo o en una posición intermedia.

3.4.1. El sometimiento a las disposiciones de la propuesta de Directiva de las sociedades «holding» de seguros y de empresas de reaseguros, que no son objeto en general de una supervisión individual, merece examinarse de un modo exhaustivo, concretamente en lo relativo al control preventivo de la creación de capital ficticio.

3.4.2. Convendría examinar la realidad de los riesgos cautelares inherentes a las relaciones financieras de estas entidades con respecto a las empresas de seguros pertenecientes al mismo grupo, y en particular las posibilidades de creación de capital ficticio constitutivo de doble cómputo de capital.

3.4.3. Sociedades «holding»

3.4.3.1. Una sociedad «holding» que encabeza un grupo de seguros puede aportar préstamos externos a su capital permanente sin que ello suponga mayores riesgos para el resto del grupo, aparte de que recaiga sobre él su financiación. Una insuficiencia de margen proporcionado a este nivel no provoca por sí sola consecuencias de una gravedad idéntica a las originadas por un doble cómputo de capital en el sentido estricto.

3.4.3.1.1. Una sociedad holding puede también beneficiarse de la financiación interna del grupo. La Comisión considera que ello justifica -al igual que para las financiaciones externas- un control de detección de efecto de palanca sobre el capital con objeto de garantizar una mayor prevención de riesgos en el seno del grupo. Aún así, parece que la supervisión de las transacciones intragrupo a posteriori y las disposiciones específicas relativas a la exclusión de la creación de capital ficticio en el seno del grupo, como se señala en el punto 3.2.3.1.2 del presente dictamen, son de por sí suficientes para permitir a la autoridad de supervisión disminuir las fuentes de creación de capital ficticio de un modo eficaz sin que sea necesario llevar también a cabo una prueba de efecto de palanca.

3.4.3.1.2. El caso de las sociedades «holding» de seguros intermedias es un poco diferente debido a la existencia de tres métodos. En efecto, el método 3 basado en la consolidación contable hace desaparecer a la sociedad «holding» intermedia, lo que no sucede con los métodos 1 y 2. Si su exclusión del ámbito de la supervisión impide el acceso a las filiales de seguros de los «holding», puede existir un riesgo de creación de capital ficticio.

3.4.3.1.3. El problema debe analizarse también desde el punto de vista de los grupos mutualistas que dependen de una empresa de seguros con estatuto de sociedad de personas y que serían objeto exclusivamente de las disposiciones del artículo 9 sobre el requisito de solvencia ajustada, con la posibilidad de ser sancionados como máximo con la retirada de la autorización, en caso de insuficiencia de margen.

3.4.3.1.4. Teniendo en cuenta estos diferentes elementos, el Comité estima que la necesidad de aplicar a los «holding» una prueba sobre el efecto palanca del capital (capital leveraging) no está demostrada, pero que el problema se debe a su vez enfocar desde el punto de vista de las distorsiones de la competencia que se podrían producir en un determinado mercado o entre determinadas empresas de seguros (sociedades de personas, sociedades de capitales).

3.4.3.1.5. Si finalmente no resultara posible cuestionar la idea de supervisar la detección del efecto palanca sobre el capital de las sociedades holdings de seguros, el Comité opina que se debería simplificar la supervisión y que ésta no debería limitar la capacidad de estos «holdings» de financiar, en interés de las compañías de seguros miembros del grupo y de los asegurados, su desarrollo en el mercado de capitales recurriendo a una amplia gama de medios. Se debería aclarar el Anexo II y se debería concretar el alcance de las eventuales sanciones que podrían decidir las autoridades de control.

3.4.3.1.6. En cuanto al método 3, es decir, el método basado en la consolidación contable, convendría que el control de solvencia ajustada se aplique a la sociedad holding de seguros que esté a la cabeza, sin posibilidad de imponer los requisitos a otra empresa no habilitada.

3.4.3.1.7. Por último, el Comité se alegra de que la propuesta de Directiva distinga entre las sociedades holding de seguros y las sociedades holding mixtas. Las primeras están sometidas al artículo 10 y al control de detección del efecto palanca sobre el capital descrito en el Anexo II, mientras que los holdings mixtos están sometidos a una única supervisión adicional parcial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 2, 6 y 8 (acceso a la información y declaración de las transacciones intragrupo). Sin embargo, debe quedar claro que la denominación de «última empresa matriz de una empresa de seguros perteneciente a un grupo», con arreglo a lo previsto en el Anexo II, no se aplica en ningún caso a los holding mixtos.

3.4.4. Empresas de reaseguros

3.4.4.1. Conviene observar que el riesgo originado al no respetarse las obligaciones comerciales correspondientes a un contrato de reaseguros no es de naturaleza distinta si el contrato se suscribe en el interior de un mismo grupo o entre una empresa cedente y una empresa de reaseguros que carezcan de vínculo de participación entre ellas.

3.4.4.2. El Comité es consciente de la fuerza del argumento de exclusión, ya que a las empresas de reaseguros que únicamente estén sujetas a un control de solvencia individual en cinco Estados miembros no debería imponerse el requisito de solvencia ajustada.

3.4.4.3. El Comité acoge también favorablemente que, a raíz de la propuesta de incluir las participaciones de reaseguros en la supervisión de solvencia ajustada, la Comisión haya instado a las autoridades de supervisión a obtener los medios de asumir los riesgos que una filial de reaseguros hacía correr al grupo al que pertenece, aunque sea posible recensarlas de un modo más general en el marco de las transacciones intragrupo, excepto en el caso de una filial de reaseguros creada exclusivamente para hacerse cargo de las aceptaciones del grupo.

3.4.4.4. Por consiguiente, el Comité deduce de ello que la mejor solución con respecto a la diversidad de situaciones en la materia sería dejar el tratamiento de las participaciones de las empresas de reaseguros en lo relativo a los requisitos de solvencia ajustada en manos de los Estados miembros. Pero la Comisión debería hacerse cargo de supervisar las posibles distorsiones de la competencia que resultarían de la adopción de una norma no uniforme (véase punto 4.3.2). Asimismo, el Comité considera que cada vez se hace más alusión a la supervisión individual de las empresas de reaseguros y que será conveniente, llegado el momento, dedicarle atención, ya que el texto de la presente Directiva no resulta el marco más apropiado.

3.5. Reconocimiento de los fondos propios

3.5.1. Con objeto de eliminar los efectos de un doble cómputo de capital, la propuesta de Directiva prevé, entre otras cosas, imponer a las empresas de seguros requisitos adicionales en materia de fondos propios, excluyendo las reservas de beneficios y los futuros beneficios de las empresas de seguros de vida del cálculo de los fondos propios disponibles (véase último guión de la letra B del apartado 1 del Anexo I).

3.5.2. La naturaleza del problema planteado es la siguiente: debido a la larga duración de sus pasivos, las empresas de seguros de vida de la Unión Europea procuran calcular con mucha prudencia las provisiones matemáticas destinadas a hacer frente a sus compromisos contraídos en los contratos de seguros. Además, las normas legales les obligan a ello. Por este motivo, sus fondos propios tienen relativamente poca importancia con respecto a los de las empresas de seguros no de vida. Todo ello se justifica en la medida en que las reservas de beneficios y los futuros beneficios comprendan elementos que no estén asignados a los tomadores de seguros y que se puedan utilizar para cubrir pérdidas.

3.5.3. El Comité observa que en la reglamentación de la supervisión individual se tiene en cuenta este contexto específico de las sociedades de seguros de vida, al reconocer las reservas de beneficios no distribuidos y, con el acuerdo de las autoridades de control, los futuros beneficios hasta un determinado montante en calidad de fondos propios para el cálculo de la solvencia.

3.5.4. El negarse a reconocer los elementos de solvencia que no procedan de transacciones intragrupo iría más allá del objetivo contemplado en la propuesta de Directiva, ya que dicho objetivo consiste en la supresión de las incidencias del doble cómputo de capital.

3.5.5. Esta observación será igualmente válida para los elementos de valorización de las filiales. Puesto que estos elementos están reconocidos por las autoridades competentes de la Unión Europea a nivel individual, es normal que lo estén también a nivel de grupo, independientemente de cómo repercuta en el balance entre activos reales y activos intangibles. Las diferencias y los gastos de adquisición transferibles dentro de los límites de los beneficios futuros se deberían incluir en el cálculo de los elementos constitutivos de fondos propios.

4. Observaciones específicas

El Comité subraya en primer lugar que en muchos puntos la redacción es tan imprecisa que puede complicar la transposición de la Directiva a las legislaciones nacionales y crear incertidumbres jurídicas en su aplicación.

4.1. Artículo 1

4.1.1. Este artículo relativo a las definiciones se podría haber completado precisando qué cabe interpretar por «elementos a tener en cuenta para el margen de solvencia» y «empresa directa o indirectamente vinculada», que figuran ya en otras directivas comunitarias. El Comité se pregunta asimismo por el sentido del adverbio «principalmente» utilizado en la definición de una «sociedad holding de seguros» (h) y teme que sea objeto de interpretaciones divergentes por parte de las autoridades de supervisión.

4.1.2. El Comité propone que se adopten las definiciones de la empresa matriz, la filial y la participación del modo siguiente, con objeto de sacar las conclusiones y las consideraciones desarrolladas en los puntos 3.3.1.6 y sobre la fijación del límite de participación:

c) «empresa matriz»: una empresa matriz con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE,

d) «filial»: una empresa filial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE. Toda empresa filial de una empresa filial es considerada como filial de la empresa matriz que está a la cabeza de estas empresas,

e) «participación»: una participación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 78/660/CEE.

4.2. Artículo 2

4.2.1. La presente Directiva deberá aplicarse a las empresas de seguros, de acuerdo con las Terceras Directivas de vida y no de vida, cuyo domicilio social esté situado en la Unión Europea, lo que no prohíbe a las autoridades supervisoras competentes intentar disponer de información sobre una empresa vinculada o una empresa con participación situada en un país tercero.

4.2.2. El Comité observa que la localización de los «holding» en determinados terceros países puede complicar la búsqueda de información tanto a las autoridades de supervisión como a la propia empresa que se encuentra, frente al «holding», en calidad de empresa con participación o de empresa vinculada.

4.3. Artículo 3

4.3.1. La ordenación de las definiciones de la empresa matriz, la filial y la participación propuesta por el Comité comporta que el campo de supervisión de solvencia ajustada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, se encuentre ipso facto limitado a las relaciones entre la empresa matriz y la filial, las cuales engloban todos los casos de influencia conjunta o dominante y excluyen todos los casos de influencia notable, puesto que ellas mismas reflejan el concepto de participación.

4.3.2. Además de las observaciones generales formuladas, conviene destacar que la cláusula de exclusión, prevista para las empresas de terceros países en las que el acceso a la información no es tarea fácil, obedece a una necesidad. Pero crea una distorsión de la competencia, e incluso incita a la deslocalización.

4.3.3. El Comité propone, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 92/30/CEE relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada, incluir en la presente Directiva un artículo similar relativo a la posibilidad de que la Comisión negocie, previo mandato del Consejo, acuerdos con terceros países.

Se podría redactar un nuevo artículo de la forma siguiente:

«Artículo adicional:

1. La Comisión podrá presentar al Consejo propuestas, ya sea a instancias de un Estado miembro o por iniciativa propia, con objeto de negociar acuerdos con uno o varios terceros países a fin de acordar las modalidades de aplicación de la supervisión adicional de las empresas que formen parte de un grupo de seguros:

- a las empresas de seguros con una empresa matriz cuyo domicilio social esté situado en un país tercero, y

- a las empresas de seguros situadas en un país tercero cuya empresa de seguros, sociedad «holding» de seguros o sociedad «holding» mixta que es la empresa matriz, tenga su domicilio social en la Comunidad.

2. Estos acuerdos tienen por objeto que las autoridades competentes de los Estados miembros y de los terceros países obtengan la información necesaria para la supervisión de las empresas de seguros situadas dentro de su ámbito de competencia.

3. La Comisión examinará junto con el Comité de Seguros el resultado de las negociaciones contempladas en el apartado 1 y la situación derivada del mismo.»

En las primeras negociaciones se podría hacer referencia a los países de la OCDE que no pertenezcan al EEE en los que empresas pertenecientes al ámbito del cálculo del requisito de solvencia ajustada en virtud del artículo 9 tienen situado su domicilio social.

4.4. Artículo 5

4.4.1. El Comité es consciente del carácter apremiante del apartado 2 de este artículo, en el que se insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para que ningún obstáculo de carácter jurídico impida a las empresas, incluidas por uno o varios conceptos en el ámbito de la Directiva, intercambiar entre sí la información pertinente para las autoridades de supervisión.

4.4.2. Parece ser que, en efecto, la transposición de esta disposición a la legislación nacional obligará a modificar el derecho de sociedades en determinados Estados miembros, lo que seguramente planteará considerables problemas.

4.4.3. También queda claro que esta exigencia no se podrá imponer de modo alguno a los terceros países, lo que crea una distorsión virtual de la competencia.

4.5. Artículo 6

Convendría modificar la última frase del apartado 1 de la siguiente forma:

«Las autoridades competentes podrán dirigirse directamente a las empresas de que se trate para garantizar la transmisión de la información necesaria, si la empresa de seguros no facilita dicha información.»

Es normal que las autoridades de supervisión se dirijan en primer lugar a la empresa de seguros a la que supervisa. Éstas sólo podrán dirigirse a las empresas que no estén bajo su supervisión en caso de que la empresa a la que supervisan no les proporcione la información necesaria.

4.6. Artículo 8

4.6.1. Este artículo clave trata sobre las transacciones intragrupo. La referencia a «las condiciones normales de mercado» del apartado 1, traducción aproximada de la expresión inglesa «arm's length», plantea un problema, aunque el término «en principio» reduzca su alcance. No se ha probado, en efecto, en el plano cautelar, que las transacciones intragrupo se deban llevar a cabo en condiciones de mercado, tanto en el sector de seguros como en los demás sectores económicos. Ello es particularmente cierto si se trata de transacciones de reaseguros dentro de un mismo grupo.

4.6.1.1. Convendría redactar de algún otro modo la versión francesa y las demás versiones en las que se plantee un problema de traducción como, por ejemplo, en: «se realizan en condiciones normales de mercado».

4.6.2. El Comité cuestiona, por razones de igualdad de competencia, el carácter exhaustivo de las hipótesis recogidas en las letras a) y b) del apartado 1, concretamente cuando se menciona el término «persona física que posea participaciones», así como la utilidad de mantener en el apartado 2 el término «en particular», mientras que la enumeración de las categorías de transacciones que le sigue parece muy completa. Cabría, asimismo, precisar con claridad si las transacciones de reaseguros están o no incluidas en la lista.

4.6.2.1. Por último, convendría delimitar mejor el concepto de transacción importante, relacionándola, por ejemplo, con las transacciones que son objeto de un procedimiento específico de decisión o supervisión en órganos de dirección o supervisión de la empresa previstos por la ley.

El apartado 2 se podría redactar del modo siguiente:

«2. Los Estados miembros exigirán que las empresas de seguros informen a las autoridades competentes, al menos una vez al año, de las transacciones significativas contempladas en el apartado 1 que sean objeto de un procedimiento específico de decisión o control en los órganos de dirección o de supervisión de la empresa previstos por la ley, y que se refieran a préstamos, garantías y otras transacciones consignadas en las cuentas de orden, de los elementos que puedan tenerse en cuenta para el cálculo del margen de solvencia o de las inversiones.»

4.6.3. Por último, cabe preguntarse, en lo relativo a las transacciones intragrupo, pero más en particular respecto a la propuesta de Directiva en su conjunto, por el problema concreto de la coexistencia de las entidades de crédito y de empresas de seguros pertenecientes a un mismo grupo. La presente propuesta de Directiva sólo afecta a los grupos que son predominantemente grupos de seguros y que pueden poseer participaciones en bancos. Éstos estarán sometidos al requisito de los fondos propios de la legislación bancaria, y se tomará en consideración el valor de la participación del asegurador en el cálculo de solvencia.

4.7. Artículo 9

4.7.1. El Comité estaría a favor de suprimir de la primera línea del artículo 9.2 la expresión «una empresa participante», ya que existe una imposibilidad previsible para las empresas vinculadas a empresas participantes cuyo domicilio social está situado en los terceros países del EEE, de dar seguimiento a las imposiciones contempladas en este artículo.

A falta del buen desarrollo de las negociaciones propuestas en el punto 4.3.3 del presente dictamen, convendría autorizar la exclusión del valor de los títulos de participación del total de los fondos propios, consolidados o combinados, en lugar de deducir un requisito de margen para estas filiales.

Esta propuesta tiene por objeto, como acordaron las autoridades de supervisión de manera casi unánime, limitar el campo de acción geográfico de supervisión de los grupos de seguros en los países del EEE. La consecuencia a nivel cautelar sería, por lo tanto, excluir del total de fondos propios el valor de los títulos de participación en empresas de seguros situadas en terceros países del EEE, más que realizar un cálculo de requisito de margen.

4.7.2. Este artículo exige que se efectúe el cálculo de solvencia ajustada con arreglo a uno de los tres métodos descritos en el Anexo I. De acuerdo con el apartado 3 de este artículo: «cuando la situación de solvencia ajustada sea negativa, las autoridades competentes adoptarán las oportunas medidas con respecto a la empresa de seguros de que se trate». Esta redacción es ambigua, ya que no se sabe si se trata de sanciones establecidas sobre una base «individual». Convendría redactarla con mayor claridad, como: las medidas necesarias a nivel de la empresa de seguros a la que se aplica el cálculo de solvencia ajustada, efectuado con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de la presente Directiva.

4.7.3. En esta fase se plantean también tres problemas:

- Será el Estado miembro el que escoja el método, aunque en la Directiva nada prohíbe seleccionar varios de estos métodos en el territorio de un mismo Estado miembro. Convendría precisarlo para evitar divergencias de interpretación entre los Estados miembros. La finalidad será que las empresas de seguros cumplan con el requisito de solvencia ajustada conforme a uno de los tres métodos.

Sin embargo, se puede añadir que los grupos instalados en varios Estados miembros podrían verse obligados a aplicar varios métodos, según las exigencias de las distintas autoridades de supervisión de las que dependan.

- Los grupos que tengan filiales o participaciones localizadas en varios Estados miembros podrían verse obligados a arbitrar entre las distintas normas de cálculo para el montante mínimo de margen y la cobertura de la exigencia de margen.

Por consiguiente, convendría introducir en el artículo 9 un apartado adicional en los siguientes términos:

«Para el cálculo de la solvencia ajustada, serán aplicables las normas locales de solvencia individual.»

- La propuesta de Directiva en su totalidad se basa en el principio de una equivalencia cautelar de los tres métodos de cálculo de la solvencia ajustada que sería inoportuno cuestionar. El reconocimiento mutuo era, en efecto, la única solución que permitía tomar en consideración la diversidad de prácticas vigentes en la Unión.

4.7.3.1. Sin embargo, el Comité podría proponer la elaboración de un informe de aplicación redactado por la Comisión dos o tres años después de la entrada en vigor de la Directiva, para presentar sobre una base objetiva los primeros resultados de los cálculos. Esta solución, normalmente utilizada en otros sectores, permitiría tranquilizar a determinados operadores que temen que se produzcan distorsiones de la competencia vinculadas al mismo tiempo a requisitos más o menos elevados de margen según el método aplicado y a una eficacia variable de las autoridades nacionales de supervisión.

4.8. Artículo 10

4.8.1. El artículo establece que los Estados miembros deberían aplicar a las empresas de seguros que tengan a la cabeza sociedades holding de seguros uno de los métodos de supervisión adicional con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II.

Las observaciones del Comité efectuadas en el punto 3.4.3 a este respecto, llevarían a recomendar la supresión del artículo 10 o, al menos, su nueva redacción con objeto de limitar el control de las financiaciones externas de los holding de seguros a aquellos que podrían perjudicar al endeudamiento de las entidades de seguros del grupo.

4.8.2. El Comité considera que el Anexo II no es muy claro.

En efecto, en caso de supervisión de las empresas de seguros de la Unión Europea contempladas en esta Directiva, el peligro que una sociedad holding de seguros puede representar para estas empresas es, en ciertos casos, insignificante, mientras que en otros casos no lo es, incluso si a este nivel puede aparecer la insuficiencia de fondos propios, ya que el capital aportado por la sociedad holding sigue perteneciendo a la sociedad holding, incluso en caso de quiebra.

4.8.2.1. El Comité ya ha observado que las sanciones mencionadas en los artículos 9 y 10 de la propuesta de Directiva no estaban calificadas del mismo modo. Se pregunta por los motivos de naturaleza jurídica que permitirían justificar el uso de dos adjetivos distintos y propone que, en caso de no haberlos, se utilice en los artículos 9 y 10 la misma expresión, «oportunas medidas», como es en la versión inglesa.

4.9. Artículo 11

La disposición del apartado 2, introducida por la Comisión en la última fase del procedimiento de adopción de la propuesta de Directiva, por la que se autoriza a los Estados miembros a derogar, durante un período de cuatro años, la definición del concepto de «participación» en el sentido de la letra e) del artículo 1 por el que se aumenta el límite de la tenencia de los derechos de voto o del capital de una empresa del 20 al 25 % carecería de sentido si se modificase la definición del concepto de participación. Por consiguiente, el Comité recomienda que se suprima dicha disposición.

4.10. Apartado 1 del Anexo I

En el apartado 1 del Anexo I se exponen los principios generales aplicables a todos los métodos.

Convendría hacer algunas aclaraciones de tipo técnico.

4.10.1. Primer y tercer guión del subapartado ii) de la letra B del apartado 1 del Anexo I

El Comité considera que se podría aclarar la redacción de la letra B del modo siguiente:

«B. Independientemente del método aplicado, se debe eliminar la creación intragrupal de elementos ficticios al calcular la situación de solvencia ajustada.

A estos efectos, cuando no esté ya previsto en los métodos aplicados, no se incluirán en el cálculo todos los elementos aptos para constituir el margen de solvencia de la empresa de seguros matriz, con participaciones, filial o vinculada que, procediendo a fin de cuentas de toda empresa con la que tenga, directa o indirectamente, una relación de filiación o de participación, no presenten ningún valor real.»

Con esta enmienda se pretende aclarar las condiciones en las que se deben eliminar las operaciones ficticias intragrupo.

4.10.2. Letra C del apartado 1 del Anexo I

Para dar mayor claridad al texto, se podría sustituir la expresión «pourcentages relevants» que figura en la versión francesa por «pourcentages respectifs» o «pourcentages pertinents».

4.10.3. Nota a pie de página (1) de la letra C del apartado 1 del Anexo I

El Comité acoge favorablemente la precisión efectuada en la nota a pie de página que permite, en determinados Estados miembros, proceder, según el caso, a una integración global o a una integración proporcional.

Convendría también sustituir el término francés «relevant» por «respectif» o «pertinent».

4.10.4. La letra D remite a cuatro Directivas comunitarias para el método de determinación del valor del activo y del pasivo. Convendría añadir la referencia a la Directiva 91/674/CEE de 19 de diciembre de 1991 relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros. Esta mención será importante para los grupos internacionales que están obligados a respetar los métodos locales de evaluación en sus filiales y participaciones en terceros países.

4.10.5. Con objeto de establecer un tono menos imperativo a lo que se considera una facultad optativa para las autoridades competentes, el Comité propone el texto siguiente:

«En los casos no cubiertos por los puntos 2.1 a 2.3 las autoridades competentes velarán por una combinación adecuada de los métodos descritos.»

Sin embargo, se muestra a favor de la conclusión de un Protocolo entre las autoridades de supervisión con objeto de obtener las garantías necesarias a una buena cooperación para el intercambio de informaciones y a una aplicación coherente del cálculo de solvencia ajustada, en particular en los casos no especificados y para el tratamiento reservado a las empresas situadas en terceros países (punto 4.7.2).

Hecho en Bruselas, el 27 de marzo de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 341 de 19. 12. 1995, p. 16.