La Directiva dispone una armonización mínima, por lo que los Estados miembros pueden ir más allá de los requisitos mínimos de esta a fin de alcanzar más eficazmente sus objetivos. No obstante, si los Estados miembros deciden adoptar medidas en ese sentido, deben garantizar la conformidad con el Derecho de la Unión, incluido el marco regulador de las comunicaciones electrónicas.

A fin de maximizar las sinergias entre redes, la Directiva no solamente se dirige a los operadores de redes de comunicaciones electrónicas, sino también a otras empresas que proporcionan infraestructuras físicas adecuadas para albergar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, tales como las de electricidad, gas agua y alcantarillado, calefacción y servicios de transporte.

Este informe se elaboró menos de dos años después de la fecha prevista para la entrada en vigor de las leyes nacionales por las que se transponía la Directiva, con importantes retrasos en muchos de los Estados miembros. Como consecuencia de esto, tanto las evidencias empleadas como base para la evaluación de la incidencia de sus medidas, como los avances hacia la consecución de sus objetivos, fueron relativamente limitados. No obstante, el informe pretende sentar las bases para establecer una hipótesis de partida con respecto a la que poder realizar una evaluación en el futuro.

Las nuevas aplicaciones no solo requerirán mayores velocidades, sino también ancho de banda disponible para la subida de archivos, fortaleza y parámetros de error o latencia. Desplegar unas redes de tan alta capacidad y tanta calidad, que deberán basarse principalmente en la fibra óptica, requerirá una cuantiosa inversión adicional.

El cuarto pilar requiere que todos los edificios de nueva construcción y los que hayan sido objeto de una importante remodelación estén dotados de una infraestructura física, como miniconductos, que puedan albergar redes de alta velocidad, así como un punto de acceso que permita fácilmente la entrada en el caso de edificios de varias viviendas. Cuando la duplicación sea técnicamente imposible o económicamente ineficiente, los proveedores de redes públicas de comunicaciones deben poder acceder al punto de acceso y a la infraestructura física en el interior del edificio con arreglo a condiciones justas y no discriminatorias.

Con arreglo al primer pilar, todos los operadores de redes (comunicaciones electrónicas, suministros de energía, etc.) deben proporcionar acceso a su infraestructura física (por ejemplo, conductos, bocas de inspección, distribuidores, postes), con arreglo a condiciones justas y razonables, a los operadores que pretendan desplegar redes de banda ancha de alta velocidad. Puede denegarse el acceso con arreglo a criterios objetivos, transparentes y proporcionados.

·Varios Estados miembros, como Alemania, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, han establecido un derecho recíproco por el cual puede solicitarse el acceso a la infraestructura de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas para la instalación de infraestructuras que no sean de telecomunicaciones (artículo 3, apartado 1).

Solo algunos Estados miembros han hecho un uso generalizado de estas exenciones. La mayoría o bien no las han utilizado en absoluto o las han sometido a legislación derivada que todavía no ha sido aprobada.

Debido a que la Directiva afecta a competencias intersectoriales y no solamente impone obligaciones al sector de las telecomunicaciones, sino que también afecta al de los recursos, a las leyes de construcción, al derecho administrativo, etc., con frecuencia su transposición resultó ser compleja y requirió la adaptación de varias medidas (también en el contexto regional y local) en los Estados miembros.

No obstante, todos los Estados miembros, a excepción de Italia, se retrasaron en la adopción de las medidas de transposición, lo que hizo que, el 23 de marzo de 2016, la Comisión tuviese que remitir cartas de emplazamiento a los restantes veintisiete Estados miembros. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2016, la Comisión remitió dictámenes motivados a diecinueve Estados miembros, con el propósito de instarles a adoptar medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Entretanto, todos los Estados miembros, a excepción de Bélgica, han notificado haber incorporado plenamente la Directiva a su legislación nacional.

Dado que este informe ha sido redactado menos de dos años después de la fecha límite de aplicación de la Directiva y que la mayoría de los Estados miembros se retrasaron en la transposición de esta, en la práctica su aplicación no ha comenzado hasta hace poco y la experiencia ha sido limitada hasta la fecha.

Los proveedores de comunicaciones electrónicas consideran que el coste total del despliegue de las redes mediante la coordinación de obras es más barato que hacerlo de forma aislada. No obstante, en su mayoría consideran consideró que el ahorro es inferior al que podría obtenerse compartiendo la infraestructura física.

Únicamente se ha facilitado información muy limitada sobre el número de acuerdos para la coordinación de obras civiles, pero no se ha facilitado ninguna sobre el alcance de la red a que corresponden dichas solicitudes. Con arreglo a los datos disponibles, ha habido una importante actividad en la coordinación de obras civiles (se tiene constancia de que en 2016 se realizaron o recibieron más de 200 solicitudes por país) en Bélgica, Eslovenia e Italia, y que se produjo alguna actividad en Austria, España, Francia y Portugal. Prácticamente en casi todos estos casos también se hicieron solicitudes de coordinación en 2015, antes de la fecha de la aplicación de la Directiva. Desde la adopción de la Directiva no se ha producido una tendencia visible de aumento de la coordinación de obras civiles.

Por consiguiente, el uso del acceso a la infraestructura en otros Estados miembros podría aumentar una vez que se establezcan más claramente las condiciones contractuales y los principios de fijación de precios. También puede contribuir a aumentar el uso el pleno desarrollo de los puntos de información únicos en los Estados miembros en los que todavía no se han desarrollado.

Varias partes interesadas consideraron que las condiciones de acceso a la información sobre la infraestructura existente habían mejorado con la aplicación de la Directiva, aunque otras indicaron que en algunos Estados miembros puede que el punto de información único no fuese eficazmente operativo o que únicamente se hubiera implantado tenuemente.

Fuente: WIK/VVA a partir de los datos de la encuesta a operadores de redes de telecomunicaciones para 2016 en FR, IT y PT, e informe del ORECE BoR (17) 245 para AT, DE y SE

El escaso uso del acceso en algunos países, como es el caso de Alemania y Suecia, también podría tener que ver con el hecho de que los municipios y las empresas de servicios en algunos casos han proporcionado infraestructuras de comunicaciones de muy alta capacidad, y por consiguiente han optado por no proporcionar acceso a las infraestructuras físicas a sus competidores potenciales, sino propuesto alternativas, como la fibra oscura o el acceso indirecto (bitstream access).

No obstante, en algunos Estados miembros en los que anteriormente la demanda era baja está aumentando el interés en acceder a las infraestructuras físicas. Entre estos se incluyen Alemania, Austria, Bélgica, España, Irlanda y Suecia.

El reparto de costes en el contexto del codespliegue puede contribuir especialmente a generar insatisfacción y controversias. En este contexto, las prácticas difieren entre países e incluso dentro de estos, y van desde el coste incremental hasta el reparto equitativo de costes. Mientras que el reparto equitativo de costes puede dar la sensación a los operadores de comunicaciones electrónicas de que están asumiendo una parte desproporcionada de los costes en comparación con las empresas de servicios, el coste incremental puede generar preocupación entre estos últimos, que también prestan servicios de comunicaciones electrónicas, por los que se les está exigiendo que hagan ofertas a sus competidores que podrían afectar a su modelo de negocio.

Crear un punto de información único detallado, establecer procedimientos específicos de coordinación de obras civiles y elaborar (ya sea desde el punto de vista comercial o de forma regulada) normas sobre reparto de costes podría aumentar el interés por el codespliegue. Algunas de estas medidas o todas ellas han sido adoptadas en países como Bélgica, Italia y Portugal, en los que se recurre en gran medida al codespliegue.

Tercer pilar: procedimiento de concesión de permisos (artículo 7)

Hasta el momento, no ha mejorado la disponibilidad de información sobre los permisos y los procedimientos de concesión de estos. Aparentemente, incluso en los casos en los que existen puntos de información únicos sobre los procedimientos de solicitud, puede que los operadores no tengan conocimiento de ellos o tengan dudas sobre su eficacia. No en todos los Estados miembros se han aplicado plazos para las solicitudes de permisos, y solo unos cuantos Estados miembros han optado por hacer posible las solicitudes de permisos por vía electrónica.

En los casos en que se disponía de información, los permisos para obras civiles se tramitaron por término medio en el plazo de cuatro meses. Sin embargo, los operadores de algunos Estados miembros manifestaron su inquietud por las importantes variaciones temporales para tramitarlos, en función de la autoridad local de que se trate. Los operadores de Alemania destacaron demoras superiores a seis meses en algunos casos, y también en España e Italia se observaron variaciones en los plazos.

Figura 5: Tiempo medio (semanas) que requiere la obtención de un permiso para obra civil (a partir de la encuesta a los operadores)

Fuente: WIK/VVA a partir de una encuesta a los operadores

Cuarto pilar: infraestructura física en el interior de los edificios (artículos 8 y 9)

La aplicación efectiva de las disposiciones relativas a la infraestructura en el interior de los edificios parece estar vinculada con la definición de normas que establecen qué se entiende por infraestructura interna adaptada a la alta velocidad, y el correspondiente punto de acceso, así como mecanismos para supervisar y garantizar el cumplimiento de estas normas.

Por ejemplo, en Francia, Portugal y España las normas obligatorias establecen cómo ha de instalarse la infraestructura y en dónde debe ubicarse el punto de acceso. En estos países se ha desplegado de forma relativamente generalizada la infraestructura adaptada a la banda ancha, y las normas anteriormente mencionadas han contribuido a altas tasas de despliegue de la FTTH/B en Portugal y España.

La mayoría de las partes interesadas consideran que los distintivos de adaptación a la banda ancha constituyen una buena manera de respaldar el despliegue y la aceptación de las redes de alta velocidad, pero hasta el momento estos distintivos únicamente han sido introducidos en unos pocos Estados miembros. Además, dado que los distintivos de adaptación a la banda ancha se han introducido hace poco, es demasiado pronto para evaluar su grado de aceptación.

En lo que se refiere al acceso a la infraestructura física en el interior de los edificios, las partes interesadas no han observado un cambio significativo desde la aplicación de la Directiva, porque las disposiciones ya estaban vigentes o se habían incorporado a la legislación recientemente. En España e Italia, ha disminuido el número de casos en los que el propietario del edificio deniega el acceso. No obstante, los operadores de algunos Estados miembros han tenido problemas para obtener autorización de acceso a los edificios de apartamentos (por parte sus propietarios) con el propósito de instalar y modernizar la infraestructura de banda ancha de alta velocidad en el interior.

Los Estados miembros que todavía no han establecido normas o resuelto las controversias relativas al acceso a la infraestructura en el interior de los edificios podrían aprender de Francia, Portugal y España, cuya experiencia sugiere que, en lugar de contar con normas técnicas relativas al punto de acceso, acompañarlas de normas sobre los plazos y las condiciones de acceso a la infraestructura en el interior del edificio puede ayudar a aportar mayor seguridad y aumentar la utilización del acceso a esa infraestructura.

Proceso de resolución de controversias

Entre 2015 y el primer semestre de 2017, se notificaron cuarenta controversias, las cuales fueron sometidas al organismo encargado de su resolución con arreglo a la Directiva, o los regímenes anteriores, según procediera. Desde la aplicación de la Directiva se ha registrado un aumento del número de controversias. Según el organismo de resolución de controversias, tan solo en el primer semestre de 2017 se plantearon veintitrés. La gran mayoría de las controversias se referían al acceso a la infraestructura existente (83 % en 2017) o a la información sobre la infraestructura física existente (14 %).

Figura 6: Número de controversias

Fuente: WIK-Consult/VVA a partir de los cuestionarios de las ANR — 24 respuestas