Propuesta de Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (94/C 274/08) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(94) 300 final - 94/0203(CNS)

(Presentada por la Comisión el 8 de septiembre de 1994)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que la Directiva 77/187/CEE del Consejo (1) trata de la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad; que, dadas las modificaciones que han de introducirse, es conveniente, en aras de la claridad, efectuar una refundición de la directiva en cuestión;

Considerando que en la primera frase del primer párrafo y en el segundo párrafo del punto 7, y en el primer párrafo del punto 17 y en el inciso ii) del punto 18 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, aprobada por los Jefes de Estado o de Gobierno de once Estados miembros en el Consejo Europeo de Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, se declara que:

«7. La realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la Comunidad Europea.

Esta mejora deberá igualmente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o los referentes a las quiebras.

17. La información, la consulta y la participación de los trabajadores deben desarrollarse según mecanismos adecuados y teniendo en cuenta las prácticas vigentes en los diferentes Estados miembros.

18. Esa información, esa consulta y esa participación deben llevarse a cabo en el momento oportuno, y en particular en los casos siguientes:

- cuando se produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que afecten al empleo de los trabajadores;»;

Considerando que la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, promovía la armonización de las legislaciones nacionales pertinentes que garantizan la protección de los derechos de los trabajadores traspasados y exigen a los cedentes y a los cesionarios que informen y consulten a los representantes de los trabajadores con la suficiente antelación;

Considerando que el objetivo de la presente propuesta es revisar la Directiva 77/187/CEE a la luz de las repercusiones del mercado interior, de las tendencias legislativas de los Estados miembros en lo que se refiere al rescate de las empresas en dificultades económicas, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la revisión aprobada de la directiva relativa a los despidos colectivos y de las normas legislativas ya en vigor en la mayoría de los Estados miembros;

Considerando que por motivos de seguridad jurídica y de transparencia la noción jurídica de traspaso debe clarificarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; que tal noción debe aplicarse a cualquier traspaso de una empresa, centro de actividad o parte de centro de actividad a otro empresario efectuado por contrato, escritura, medidaadministrativa, decisión judicial u operación judicial, incluidas las fusiones y escisiones;

Considerando que por razones de seguridad y transparencia jurídicas también debe disponerse expresamente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que la Directiva deberá aplicarse a las empresas privadas y públicas que lleven a cabo actividades económicas, operen o no con ánimo de lucro;

Considerando que los principios de seguridad y transparencia jurídica requieren que se establezca, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, una distinción neta entre los casos de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad y el caso de traspaso de una única función de la empresa; que los casos en que el traspaso de una única función no vaya acompañado del traspaso de una entidad económica que conserve su identidad tras dicho traspaso no deberán entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva;

Considerando que razones de flexibilidad justifican la exclusión de los buques marítimos del ámbito de aplicación de la sección III de la Directiva, pero no de las demás disposiciones;

Considerando que a fin de que pueda haber una aplicación uniforme de la Directiva en los diversos Estados miembros es precisa una armonización mínima de la noción de «trabajador»;

Considerando que todavía hay diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros sobre la corresponsabilidad del cedente y del cesionario;

Considerando que para garantizar la supervivencia de las empresas insolventes debe permitirse expresamente que los Estados miembros no apliquen los artículos 3 y 4 de la Directiva a los traspasos efectuados en el marco de procedimientos de liquidación, y que deben permitirse algunas excepciones a las disposiciones generales de la Directiva en caso de traspasos efectuados en el contexto de procedimientos de preliquidación; que dichas disposiciones constituyen una medida de liberalización en comparación con la situación jurídica existente;

Considerando que deben aclararse las circunstancias en las que se protegen la función y la situación de los representantes de los trabajadores;

Considerando que para asegurar la igualdad de trato de situaciones similares es necesario garantizar que se cumplan las obligaciones de información y de consulta establecidas por la Directiva 77/187/CEE, con independencia de que sea el empleador o una empresa que le controle quien tome la decisión de traspaso;

Considerando que debe clarificarse la facultad de los Estados miembros de no aplicar los requisitos de información y consulta a algunas empresas en razón de umbrales del número de trabajadores;

Considerando que es necesario aclarar las circunstancias en las que debe informarse a los trabajadores cuando no haya representantes de éstos;

Considerando que por razones de eficacia los Estados miembros deben prever medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la presente Directiva;

Considerando que la presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros sobre el plazo de incorporación a la legislación nacional de la Directiva 77/187/CEE que se indica en el Anexo I,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

SECCIÓN I Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario efectuados por contrato o por disposición u operación legal, o bien por decisión judicial o en cumplimento de una disposición administrativa.

Se considerará como traspaso en el sentido de la presente Directiva el de una actividad que se vea acompañado del traspaso de una entidad económica que mantenga su identidad. El traspaso de una única función de la empresa, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, ejercida o no directamente, no constituirá en sí un traspaso de empresa tal como se define en la presente Directiva.

2. La presente Directiva será aplicable cuando y en la medida en que la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad que haya de traspasarse se encuentre dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado.

3. La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como privadas de todos los sectores de actividad económica, abriguen o no ánimo de lucro.

4. Los Estados miembros podrán no aplicar la sección III de la presente Directiva a los buques marítimos.

5. Los Estados miembros podrán no aplicar los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 y los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la presente Directiva cuando la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad se traspasen en el contexto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes de una persona física o jurídica y bajo la supervisión de una autoridad competente.

Artículo 2

1. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) cedente, cualquier persona física o jurídica que, a causa de un traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, pierda la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad;

b) cesionario, cualquier persona física o jurídica que, a causa de un traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad;

c) representantes de los trabajadores, los representantes de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros.

2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional en lo que concierne a la definición de contrato de trabajo o de relación laboral. No obstante, los Estados miembros no podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos o relaciones de trabajo exclusivamente por razones:

a) el número de horas de trabajo realizadas o por realizar;

b) que se trate de relaciones laborales regidas por un contrato de trabajo de duración determinada tal como se define en al apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 91/383/CEE del Consejo (2), por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal;

c) que se trate de relaciones laborales temporales tal como se definen en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/383/CEE.

SECCIÓN II Mantenimiento de los derechos de los trabajadores

Artículo 3

1. Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso.

Los Estados miembros deberán prever que el cedente continúe siendo, después de la fecha de traspaso tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, y junto al cesionario, responsable de las obligaciones que resulten de un contrato de trabajo o de una relación laboral. No obstante, en lo que se refiere a las obligaciones cuyos efectos se realicen tras la fecha del traspaso, el cedente sólo será responsable de forma proporcional a la parte del periodo transcurrida antes de la fecha del traspaso. Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad conjunta del cedente a aquellas obligaciones originadas antes de la fecha del traspaso y que venzan dentro del primer año siguiente a esa fecha.

2. Después del traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, el cesionario mantendrá las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo, en la misma medida en que éste las previó para el cedente, hasta la fecha de extinción o de expiración del convenio colectivo, o de la entrada en vigor o de aplicación de otro convenio colectivo.

Los Estados miembros podrán limitar el período de mantenimiento de las condiciones de trabajo, pero éste no podrá ser inferior a un año.

3. Los apartados 1 y 2 no serán de aplicación a los derechos de los trabajadores a prestaciones de jubilación, de invalidez o para los supervivientes, con arreglo a los regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesioinales existentes fuera de los regímenes legales de seguridad social de los Estados miembros.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores, así como de las personas que hayan dejado ya el centro de actividad del cedente en el momento del traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos o en curso de adquisición, a prestaciones de jubilación, comprendidas las prestaciones para los supervivientes, con arreglo a los regímenes complementarios citados en el párrafo primero.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, las legislaciones de los Estados miembros podrán establecer que las obligaciones del cedente derivadas de un contrato de trabajo o de una relación laboral existentes antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura de procedimientos de quiebra relacionados con la liquidación de empresas insolventes no se traspasen al cesionario cuando el traspaso se efectúe en el contexto de un procedimiento de insolvencia, salvo los mencionados en el apartado 5 del artículo 1, a saber, arreglos administrativos o judiciales, convenios, suspensiones de pagos u otros procedimientos análogos que no sean de liquidación, siempre y cuando dichos procedimientos:

a) estén sujetos a la supervisión de una autoridad competente, incluido el interventor de la empresa autorizado por una autoridad competente;

b) den lugar a la protección prevista en la legislación nacional garantizando un nivel al menos equivalente a la prescrita en la Directiva 80/987/CEE (3) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario.

Articulo 4

1. El traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de centro de actividad, no constituye en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Este disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización, que impliquen cambios en el plano del empleo.

Los Estados miembros podrán prever que no se aplique el primer párrafo a determinadas categorías concretas de trabajadores que no estén cubiertas por la legislación o la práctica de los Estados miembros en materia de protección contra el despido.

2. Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que el traspaso, tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, oacasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio de trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, los Estados miembros podrán autorizar al empresario o a la persona o personas que ejerzan los poderes del empresario y a los representantes de los trabajadores a modificar las condiciones de trabajo mediante acuerdo celebrado para garantizar la supervivencia de la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad traspasados en el contexto de los procedimientos citados en el apartado 4 del artículo 3. Dicho acuerdo podrá también determinar cuándo y en qué medida podrán efectuarse despidos por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cuando se haya concluido el acuerdo al que se refiere el apartado 3, se presumirá, a falta de prueba en contra, que la modificación de las condiciones de trabajo se realiza al objeto de garantizar la supervivencia de la empresa, del centro de actividad o de la parte del centro de actividad traspasado y que los despidos producidos lo son por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.

5. Los Estados miembros podrán otogar a la autoridad judicial competente la facultad de modificar o rescindir los contratos de trabajo o las relaciones laborales existentes en la fecha del traspaso efectuado en el contexto de los procedimientos de insolvencia citados en el apartado 4 del artículo 3, a fin de garantizar la supervivencia de la empresa, del centro de actividad o de la parte del centro de actividad.

Artículo 5

1. En la medida en que el centro de actividad conserve su autonomía, el estatuto y la función de los representantes o de la representación de los trabajadores afectados por un traspaso tal como se define en el artículo 1 subsistirán en los términos y las condiciones existentes antes de la fecha de traspaso según lo previsto por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o por un acuerdo, siempre que se reúnan las condiciones necesarias para la formación de la representación de los trabajadores.

El primer párrafo no será de aplicación cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, administrativas o la práctica de los Estados miembros, o en virtud de un acuerdo celebrado con los representantes de los trabajadores afectados, se reúnan las condiciones necesarias para la nueva designación de los representantes de los trabajadores o para la nueva formación de la representación de éstos.

Si el centro de actividad no conserva su autonomía, y siempre que se cumplan las condiciones necesarias para la formación de la representación de los trabajadores, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores traspasados que estaban representados antes del traspaso se hallen debidamente representados durante el periodo anterior a la nueva formación o designación de la representación de los trabajadores.

2. Si el mandato de los representantes de los trabajadores afectados por un traspaso tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, expira a causa de ese traspaso, los representantes continuarán beneficiándose de las medidas de protección previstas por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o la práctica de los Estados miembros.

SECCIÓN III Información y consulta

Artículo 6

1. El cedente y el cesionario estarán obligados a informar a los representantes de sus trabajadores respectivos afectados por un traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1 sobre los puntos siguients:

- motivo del traspaso,

- consecuencias jurídicas, económicas y sociales del traspaso para los trabajadores,

- medidas previstas respecto de los trabajadores.

El cedente estará obligado a comunicar estas informaciones a los representantes de sus trabajadores con la suficiente antelación antes de la realización del traspaso. El cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones a los representantes de sus trabajadores con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados directamente en sus condiciones de empleo y de trabajo por el traspaso.

2. Si el cedente o cesionario prevén la adopción de medidas en relación con sus trabajadores respectivos, estarán obligados a consultar, con la suficiente antelación, tales medidas con los representantes de sus trabajadores respectivos, con el fin de llegar a un acuerdo.

3. Los Estados miembros cuyas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas prevean la posibilidad de que los representantes de los trabajadores recurran a un arbitraje para obtener una decisión sobre las medidas que deban adoptarse respecto de los trabajadores, podrán limitar las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2, en caso de que el traspaso realizado provoque una modificación a nivel de centro de actividad que pueda ocasionar perjuicios sustanciales para una parte importante de los trabajadores.

La información y la consulta deberán referirse al menos a las medidas previstas en relación con los trabajadores.

La información y la consulta deberán hacerse con la suficiente antelación, antes de la realización de la modificación a nivel del centro de actividad, mencionada en el primer párrafo.

4. Las obligaciones previstas en el presente artículo son aplicables independientemente de si la decisión respecto al traspaso o la fusión es adoptada por el empresario o por una empresa que ejerza el control sobre el empresario. En las consideraciones sobre presunto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y notificación previstas en la presente Directiva no se tendrá en cuenta ningún alegato basado en la no facilitación de la información por parte de la empresa que tomó la decisión conducente al traspaso o la fusión.

5. Los Estados miembros podrán limitar las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 a las empresas o los centros de actividad que empleen habitualmente un mínimo de cincuenta trabajadores o que, en caso de emplear a menos de cincuenta trabajadores, cumplan las condiciones de número de trabajadores necesarias para la elección o la designación de un órgano colegial que represente a los trabajadores.

6. Los Estados miembros deberán prever que, en caso de que en una empresa o en un centro de actividad no hubiera representantes de los trabajadores, los trabajadores afectados sean informados previamente de la inminencia del traspaso tal como se define en el apartado 1 del artículo 1.

SECCIÓN IV Disposiciones finales

Artículo 7

La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposicones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o acuerdos concluidos entre los interlocutores sociales más favorables para los trabajadores.

Artículo 8

Los Estados miembros introducirán en su orden jurídico interno las medidas necesarias para permitir que los trabajadores que se consideren perjudicados por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Directiva hagan valer sus derechos por la vía jurisdiccional tras un posible recurso a otras instancias competentes.

Las mismas medidas se aplicarán también a los representantes de los trabajadores en lo que se refiere a sus derechos conforme a los artículos 4 (apartados 3, 4 y 5), 5 y 6.

Artículo 9

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1996 o se asegurarán de que en tal fecha los interlocutores sociales hayan introducido las disposiciones requeridas mediante acuerdo; los Estados miembros estarán obligados a dar los pasos necesarios que les permitan garantizar en todo momento los resultados impuestos por la presente Directiva.

2. Cuando los Estados miembros adopten las medidas mencionadas en el apartado 1, dichas medidas deberán contener una referencia a la presente Directiva o ir acompañadas de tal referencia con ocasión de su publicación oficial. Las modalidades de inclusión de esta referencia serán fijadas por los Estados miembros.

Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de las medidas que adopten para la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 10

La Directiva 77/187/CEE quedará derogada a partir de la fecha de incorporación a la legislación nacional de la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere al plazo de trasposición de dicha Directiva 77/187/CEE indicado en el Anexo I.

Las referencias de la Directiva derogada se entenderán como referencias a la presente Directiva en el sentido del apartado 1 del artículo 9, y deberán leerse conforme al cuadro de correspondencia que figura en el Anexo II.

Artículo 11

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(1) DO n° L 61 de 5. 3. 1977, p. 26.

(2) DO n° L 206 de 29. 7. 1991, p. 19.

(3) DO n° L 283 de 28. 10. 1980, p. 23.

ANEXO I

Plazos de incorporación a la legislación nacional

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO II

Cuadro de correspondencias

>SITIO PARA UN CUADRO>