31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/35 
Dictamen de iniciativa sobre las diferentes propuestas agrícolas de la Comisión dirigidas a 
aplicar el Acta Única 
(87/C 356/09) 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 del Reglamento Interno, el 29 de 
junio de 1987 el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre 
la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en la materia, adoptó 
su dictamen el 5 de noviembre de 1987, basándose en el informe oral del ponente, Sr. Flum. 
En su 250a sesión plenaria, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 1987 (sesiones del 18 
y 19 de noviembre de 1987), el Comité Económico y Social adoptó, por 91 votos a favor, 26 
votos en contra y 11 abstenciones, el siguiente dictamen de iniciativa: 
1. Observaciones preliminares 
1.1. La agricultura reviste una importancia vital para 
la Comunidad y constituye un sector fundamental para 
Europa desde un punto de vista económico, social y 
estratégico. Así pues, una crisis agraria representa una 
crisis de la Comunidad, en cuya resolución deberán 
participar todas las fuerzas sociales. 
1.2. Apenas el 9% del total de la población activa 
de la Comunidad trabaja en la agricultura en calidad 
de empresarios agrícolas, familiares y asalariados (en 
1960, en la Europa de los 10, este porcentaje era del 
18,4 %). En 1985, el valor añadido neto de la agricultura 
a precios del mercado se elevó a 71 000 millones de 
ECU (EUR 10); el sector agrario utilizó factores de 
producción por un valor aproximado de 55 000 millo­
nes de ECU, a precios del mercado (EUR 10 — 1985). 
Teniendo en cuenta los sectores económicos que actúan 
en la fase anterior y posterior, al menos un empleo de 
cada seis se halla estrechamente vinculado a la agricul­
tura. 
1.3. Las «regiones agrarias» —regiones donde el 
número de personas que trabajan en la agricultura se 
eleva a más del 50% por encima de la media comunita­
ria— engloban un tercio aproximadamente de las 
regiones de la Comunidad, albergando el 23% de la 
población activa y el 58 % de la población activa en la 
agricultura. Algunos países comunitarios, especial­
mente los mediterráneos e Irlanda, presentan un elevado 
porcentaje de regiones de este tipo. 
1.4. El Comité ya ha emprendido un detenido exa­
men de la evolución histórica de la política agrícola 
común (PAC) y de sus éxitos y dificultades, en el marco 
de sus deliberaciones sobre el documento de la Comi­
sión, titulado «Perspectivas de la política agrícola 
común». El Comité remite a estos documentos básicos, 
que, al término de dos años, siguen siendo completa­
mente válidos en cuanto a su contenido. De todos 
modos, cabe señalar que la especial situación de la 
agricultura no permite un cambio abrupto en la política 
agraria. En los primeros decenios, también las institu­
ciones y órganos de la Comunidad omitieron prevenir 
con mayor énfasis contra una orientación demasiado 
acusada de la política agraria hacia una política de 
mercados y de precios como medio para garantizar las 
rentas de la población agrícola, así como contra las 
desventajas, relacionadas con dicha orientación, que 
supone una producción excedentaria cada vez mayor. En años precedentes, el Comité había señalado ya que 
una política dirigida a dar una nueva orientación y 
nuevas perspectivas a la agricultura puede perfecta­
mente exigir, a un determinado plazo, un incremento 
de los gastos, a fin de sentar las bases del saneamiento y 
estabilización a largo plazo de dicho sector económico. 
1.5. La decisión del Consejo de Ministros de Agricul­
tura del 13 de julio de 1987, relativa a la financiación 
previa de los gastos de garantía tras haber agotado 
los recursos comunitarios, y las últimas propuestas de 
Estados Unidos dirigidas a desmantelar completamente, 
a nivel mundial, las subvenciones agrarias, dan prueba, 
sin embargo, de un nuevo agravamiento de las condicio­
nes presupuestarias y comerciales que determinan la 
realización de la PAC. Los resultados positivos que 
pueden apreciarse actualmente en los mercados agra­
rios, gracias a las medidas destinadas a la reducción de 
excedentes, han sido hasta ahora insuficientes para 
conciliar los ingresos y los gastos de la Comunidad 
Europea. La Comunidad sigue consagrando elevadas 
cantidades a la financiación de las restituciones a la 
exportación, así como al almacenamiento y destrucción 
o desnaturalización de productos agrarios. Este impor­
tante gasto de la Comunidad no ha beneficiado al 
conjunto de los agricultores, sino que ha reforzado 
posiciones de rentas particulares en los sectores de 
la producción agraria, de la comercialización y, en 
particular, de los propietarios de locales destinados a 
almacenar excedentes. Por otra parte, la evolución del 
mercado laboral, que desempeña un importantísimo 
papel en el proceso de reestructuración agraria, sigue 
siendo sumamemente desfavorable: respecto al mismo 
mes del año anterior, en mayo de 1987 el número de 
desempleados sólo ha registrado una disminución de 
20 000, pasando así a 15,6 millones. Estos problemas 
del mercado laboral dificultan los procesos de reconver­
sión y adaptación en la agricultura y frenan especial­
mente la transformación estructural de las regiones 
desfavorecidas. 
1.6. El Comité acoge con interés la Comunicación 
de la Comisión (doc. COM(87) 100) al Consejo 
—«Llevar a buen término el Acta Única: Una nueva 
frontera para Europa »>—, puesto que aprecia en ella el 
inicio de una reforma agraria eficaz a largo plazo, 
al tiempo que se pronuncia respecto a determinados 
aspectos fundamentales de la reforma agraria indispen­
sable en la Comunidad. 
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2. Objetivos y principios de la PAC 
2.1. En la fase de creación de la CE, la seguridad en 
el abastecimiento de la población constituía uno de los 
objetivos prioritarios de la política agraria. En aquellos 
momentos no se podían prever todavía el alcance y las 
consecuencias de los ulteriores excedentes de produc­
ción ocasionados por el progreso técnico y el cambio 
estructural. A pesar de los actuales excedentes agrarios 
y sus costes derivados, los objetivos y principios de la 
política agrícola común definidos a principios de los 
años 60 deben conservar su validez. Una elevada pro­
ductividad de la agricultura y, a través de ella, el 
aumento de la renta individual de los trabajadores 
agrícolas siguen siendo objetivos específicos de la PAC. 
No obstante, una elevada productividad debería conse­
guirse, ahora más que nunca, mediante una mayor 
adecuación de la oferta a la demanda, especialmente en 
lo que respecta a la calidad de la producción y a unas 
mejores condiciones laborales y medioambientales. Los 
aumentos de productividad no pueden alcanzarse 
mediante el incremento de las cantidades producidas, 
sino que deben orientarse hacia un incremento de la 
eficacia de los factores de producción aplicados. Por 
otra parte, es necesario centrar la producción en pro­
ductos de gran calidad, mejorar las condiciones labora­
les y desarrollar métodos de cultivo y de cría de ganado 
compatibles con la protección del medio ambiente. A 
fin de conciliar la oferta y la demanda, debe reducirse 
la producción de determinados productos agrarios, 
teniendo en cuenta la situación del empleo y, con ello, 
los consiguientes costes sociales. El mencionado obje­
tivo de garantizar de forma suficiente los ingresos de 
todas las personas activas en la agricultura no ha sido 
alcanzado por la Política Agrícola Común, a pesar de 
que los gastos han aumentado de modo considerable 
—tal como demuestran los datos sobre la creación de 
riqueza en el sector agrario. 
2.2. La estabilización de los mercados agrarios, a la 
que se refiere el artículo 39 del Tratado CEE, es el 
objetivo en cuya consecución se han realizado menos 
progresos. Por tanto, durante un cierto tiempo debería 
concedérsele prioridad en el contexto de la reforma de 
la PAC. Los excedentes almacenados deberían reducirse 
cuanto antes a un nivel de precaución aceptable desde 
el punto de vista social y de la política de los consumido­
res. Al mismo tiempo, habría que impedir que la magni­
tud de los nuevos excedentes alcance un nivel inacep­
table. 
Los demás objetivos de la reforma de la PAC revisten, 
incluso a medio plazo, una importancia comparable. 
Dicha reforma, al igual que las medidas complementa­
rias, debe contribuir a la consecución de otros objetivos; 
la seguridad de los ingresos, la seguridad social, la 
mejora de las estructuras de las regiones desfavorecidas 
y la protección del medio ambiente revisten especial 
importancia para la población agrícola y las regiones 
rurales. Por otra parte, la reforma debe garantizar unos 
precios al consumo razonables y una seguridad perma­
nente en el abastecimiento. 
2.3. Asimismo, la Comisión preconiza el manteni­
miento de la unidad del mercado, de la preferencia 
comunitaria y de la solidaridad financiera como princi­
pios fundamentales de la PAC. El Comité acoge favora­
blemente el hecho de que la Comisión asuma con tanta 
claridad el pasado y el futuro de la PAC. 2.4. La estabilización de la Comunidad como 
conjunto, de las regiones rurales y de la agricultura, así 
como el equilibrio regional, requieren, hoy más que 
nunca, una aceleración del proceso europeo de integra­
ción, incluyendo todos los demás ámbitos políticos, 
como por ejemplo mediante una unión monetaria y una 
unificación mucho más acusada de las políticas exterior, 
económica, de medio ambiente, estructural, social y de 
transportes, lo que contribuiría de forma decisiva a la 
supresión de las distorsiones de la competencia. 
2.5. El Comité subraya el compromiso contraído por 
la Comunidad, de conformidad con las disposiciones 
del artículo 25 del Acta Única Europea, en el sentido 
de hacer de las « exigencias de la protección del medio 
ambiente» un «componente de las demás políticas», y, 
por tanto, de la política agraria. Por otra parte, el 
objetivo de cohesión económica y social fijado en el 
Acta Única constituye también para la PAC un objetivo 
de fundamental importancia. En consecuencia, además 
de la necesidad bien conocida de responder a los conflic­
tos de objetivos inherentes desde un principio al artículo 
39, la PAC deberá satisfacer nuevas exigencias que hay 
que tomar en consideración. 
2.6. También la reforma de la PAC debe contribuir 
a la creación de un margen presupuestario para la 
aplicación del Acta Única Europea. 
3. Contexto económico y político 
3.1. El Comité manifiesta su conformidad con partes 
fundamentales del análisis de la Comisión sobre las 
condiciones económicas y políticas en las que se inscribe 
la evolución agraria. De hecho, el ambiente económico 
general y la situación de los mercados agrarios se han 
transformado radicalmente desde la constitución de la 
CEE. 
3.2. El crecimiento económico ha disminuido; el des­
empleo es uno de los problemas centrales de la Comuni­
dad. Los incrementos excepcionales de la producción, 
al tiempo que se producía un estancamiento o disminu­
ción de la demanda de productos agrarios, han supuesto 
graves desequilibrios en los mercados agrarios. Otros 
países industriales, y, más recientemente, numerosos 
países del Tercer Mundo, se han visto enfrentados a 
dificultades similares. 
3.3. Los mercados mundiales están saturados, de tal 
forma que los excedentes agrarios únicamente pueden 
encontrar salidas mediante restituciones a la exporta­
ción considerables. Esos gastos contribuyen de forma 
decisiva a la crisis prolongada del presupuesto comuni­
tario, que se ve agravada todavía más por las importan­
tes fluctuaciones de los tipos de cambio y por la persis­
tente debilidad del dólar. Los excedentes agrarios com­
prometen particularmente la capacidad de desarrollo de 
países del Tercer Mundo que dependen de la agricultura 
para el desarrollo de su economía. Debido a las restitu­
ciones a la exportación que practican los grandes blo­
ques económicos constituidos por los Estados Unidos 
y la Comunidad Europea, los precios del mercado mun­
dial se mantienen a niveles tan bajos que incluso se 
perjudica la producción agraria destinada al propio 
abastecimiento de los países en desarrollo. 
3.4. Paralelamente a las dificultades que caracterizan 
el presupuesto y los mercados agrarios de la Comuni­
dad, hay que constatar una evolución poco favorable 
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de la situación social de la mayoría de la población 
activa en la agricultura, tanto en lo que se refiere a los 
ingresos de muchos empresarios agrícolas y de sus 
familias como a la situación social de los asalariados 
agrícolas. 
3.5. La política de precios no puede ser el único 
instrumento de la política de mercados y de rentas y de 
la política social. Ello es tanto más cierto cuanto que 
los mercados siguen soportando la carga que represen­
tan los excedentes. 
3.6. Las condiciones generales aquí descritas impo­
nen la necesidad de adaptar la política agraria a las 
nuevas realidades. Habría que determinar los objetivos, 
las condiciones y los instrumentos de reforma de la 
PAC, de forma que se contribuya a la definición de 
puntos de referencia seguros para la planificación del 
futuro, y ello tanto en beneficio de la población activa 
agraria como de los sectores económicos que actúan en 
la fase anterior y posterior. 
4. Condiciones de la reforma 
4.1. El Comité aprueba la intención de la Comisión 
de tener en cuenta las particularidades del sector agrario 
en el marco de la reforma de la PAC. Así pues, el 
proceso de adaptación deberá respetar los objetivos y 
principios de la PAC. 
4.2. Las distorsiones de la PAC han agravado los 
desequilibrios de la agricultura comunitaria. Estos des­
equilibrios se dan tanto en el plano de los diferentes 
productos y explotaciones como en el plano regional. 
La reforma de la PAC debe tratar de eliminar esos 
desequilibrios. 
4.3. La reestructuración debe ser concebida —al 
igual que en otros sectores— de manera que sea social-
mente aceptable. En otros términos, hay que conceder 
a los interesados la posibilidad de elección entre diferen­
tes opciones que, por una parte, no constituyan un 
obstáculo respecto al objetivo de reducción de las capa­
cidades y, por otra, eviten la aparición de injusticias 
inadmisibles. 
4.4. La reducción de los excedentes de producción y 
del subempleo en la agricultura liberan mano de obra, 
especialmente en las regiones agrarias desfavorecidas. 
Puesto que el éxodo rural debilitaría de forma duradera 
la estructura de esas regiones, es necesario crear en 
ellas nuevos puestos de trabajo. Debería concederse 
prioridad, por ejemplo, al empleo en el sector de la 
silvicultura e industrias conexas, en la industria de 
transformación de la madera y en los sectores de los 
servicios y de la protección de la naturaleza y el medio 
ambiente. 
4.5. La reforma agraria comunitaria deberá tener 
en cuenta la estructura esencialmente familiar de las 
explotaciones. Asimismo, habrá que tomar en conside­
ración la situación social de los asalariados agrícolas 
de las empresas conexas y de la industria de primera 
transformación. 
4.6. En numerosas regiones de la Comunidad, la 
agricultura desempeña un cometido específico, supe­
rando la simple producción de productos agrarios. 
Convendría, en el marco de la reforma de la PAC, que 
este cometido recibiera una mayor atención en otras 
políticas europeas. 4.7. Es necesario que los contribuyentes y los consu­
midores vean reflejados sus intereses en la reforma de 
la PAC. A título de ejemplo, hay que evitar que la 
introducción de nuevos impuestos perjudique a la 
comercialización de productos alimenticios y que los 
consumidores se vean sometidos a cargas suplementa­
rias. 
4.8. Por último, es de una importancia decisiva que 
el difícil proceso de reorientación de la Política Agrícola 
Común se vea fortalecido a nivel internacional por la 
adopción, en el marco del Acuerdo general sobre las 
tarifas aduaneras y el comercio (GATT), de tratados y 
acuerdos adecuados; que se tengan en cuenta de forma 
eficaz los intereses de los países del Tercer Mundo, y 
que, de manera general, todos los Estados miembros 
participen con la misma determinación en la indispensa­
ble reforma de la PAC, y particularmente en la reduc­
ción de excedentes. 
5. Instrumentos para la reforma de la PAC 
5.1. En su «Libro Verde», y como resultado de las 
consultas que se desarrollaron en torno a dicho docu­
mento, la Comisión optó por una estrategia que incluye 
fundamentalmente los siguientes aspectos: 
— una política de precios restrictiva, 
— una aplicación más flexible del sistema de garantías, 
— una nueva orientación de los mecanismos de inter­
vención, 
— el fortalecimiento del principio de corresponsabili­
dad de los productores, 
— la introducción o la aplicación más estricta de regí­
menes de cuotas, y 
— ayudas complementarias mediante la transferencia 
de rentas. 
5.2. El Comité lamenta que no exista, hasta el 
momento, un análisis de las posibles consecuencias de 
esta estrategia en las diferentes categorías de la pobla­
ción activa agrícola y en las regiones de la Comunidad, 
teniendo en cuenta que varias instancias —y en particu­
lar el Comité— han reclamado expresamente la realiza­
ción de dicho análisis. La imperiosa necesidad de un 
estudio de estas características se debe especialmente a 
que se trata del único medio para: 
— dosificar de manera apropiada la utilización más o 
menos intensiva de los instrumentos disponibles, en 
función de las mencionadas condiciones de realiza­
ción de la reforma, 
— adoptar simultáneamente medidas de acompaña­
miento que no formen parte de la política agraria. 
Por ello, el Comité se muestra preocupado ante determi­
nadas opciones en la política agraria que, en lugar de 
facilitar soluciones adecuadas, teniendo en cuenta las 
mencionadas condiciones de la reforma, se encaminan 
más bien a ajustarse exclusivamente a las obligaciones 
impuestas por la política presupuestaria. El Comité 
considera que es absolutamente necesario tomar en 
consideración simultáneamente ambos aspectos (presu­
puesto y soluciones adecuadas). Ello es tanto más indis­
pensable políticamente cuanto que se trata del único 
medio de fortalecer el consenso indispensable entre 
todas las partes interesadas. 
N° C 356/38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
53. El Comité ya ha afirmado en otras ocasiones 
que «habrá que fortalecer la política de estructuras 
frente a la política de mercados y de precios. La política 
de precios deberá someterse a una nueva orientación. 
La política de precios debe constituir para los producto­
res un indicador fiable en tiempos de desequilibrio de 
los mercados agrarios, contribuyendo a crear —tal 
como indica justamente la Comisión— nuevas posibili­
dades de comercialización, especialmente en aquellos 
casos de aplicaciones hoy excluidas debido a los costes 
demasiado elevados. 
5.3.1. Es necesaria una política de precios que no 
suponga ningún incentivo (adicional) para la produc­
ción excedentaria y que contribuya a la eliminación de 
los actuales excedentes. Ello se conseguirá más fácil­
mente adaptando las intervenciones en función de las 
cantidades y calidades de los productos. Esta política 
deberá ir acompañada de medidas relativas a las políti­
cas de ingresos, de mercados, sociales y estructurales, 
teniendo muy en cuenta las disposiciones del 
apartado 2 a) del artículo 39. Durante un cierto tie­
mpo, convendría asimismo reabsorber los excedentes 
estructurales, hasta un nivel de prevención razonable, 
mediante una política de precios restrictiva. La política 
de precios debe tener un papel en la orientación más 
acusada de la producción hacia las necesidades del 
mercado. Por otra parte, una política de estas caracterís­
ticas contribuirá a atenuar las tensiones cada vez más 
intensas a que dan lugar los intercambios agrarios en 
los mercados mundiales. Asimismo, permitirá mejorar 
las perspectivas para una mayor utilización de los pro­
ductos agrarios para usos no alimentarios. 
5.3.2. La Comunidad debería abstenerse de cualquier 
tipo de acción que favorezca la fabricación y comerciali­
zación de productos de imitación y represente un peligro 
para el mantenimiento y desarrollo de los mercados en 
el sector de los productos alimenticios y de las materias 
primas. 
5.3.3. Por otra parte, el Consejo debería considerar 
una defensa comunitaria mayor respecto de las importa­
ciones de determinados productos y materias primas. 
5.4. No es razonable pretender eliminar los exceden­
tes actuales y los desequilibrios de los mercados agrarios 
recurriendo tan sólo a una modificación de la política 
de precios, pues ésta comprometería la existencia de la 
mayor parte de las explotaciones agrarias. Los ingresos 
de los productores sufrirían pérdidas que, por razones 
de política social y estructural, son inaceptables. La 
política de precios debe ser respaldada, entre otras, por 
medidas de organización de los mercados cuyo objetivo 
sea la supresión de los excedentes y la reducción de los 
precios al consumo. Como es lógico, serán necesarias 
las ayudas directas a las rentas, establecidas de acuerdo 
con criterios político-sociales, con el fin de compensar a 
los agricultores por la consiguiente pérdida de ingresos. 
5.4.1. La intervención en los mercados agrarios se 
ha alejado de su función inicial de red de seguridad 
frente a las fluctuaciones temporales de la oferta, trans­
formándose en una salida suplementaria y artificial. El 
nivel de los precios de intervención debe ajustarse de 
una forma más diferenciada a los precios de orientación, 
de modo que los precios cumplan un cometido de regulación de las cantidades producidas y estimulen la 
diversificación de la oferta y el aumento de la calidad. 
Mientras sea más interesante almacenar la producción, 
renovar las existencias y vender a precios inferiores a 
los costes, haciendo soportar al contribuyente o al 
consumidor los costes que resultan de esta situación, 
los productores y comerciantes que deseen efectuar un 
esfuerzo para desarrollar nuevos productos y conquistar 
nuevos mercados no tienen ninguna posibilidad razona­
ble de conseguirlo. Por ello, el Comité se muestra en 
principio favorable a la voluntad de la Comisión de 
aplicar de forma más flexible los mecanismos de inter­
vención. Sin embargo, pone de relieve los riesgos que 
entraña la modificación, por medio de correcciones 
continuas operadas en el curso de una campaña, de los 
datos en los que los operadores que intervienen en el 
mercado basan su planificación. Rechaza, por otra 
parte, la intervención en los procesos de producción y 
comercialización de nuevos productos utilizables para 
fines industriales de forma que se falsee la competencia. 
La Comisión debería analizar si una reducción del 
volumen de los productos admitidos a intervención, 
mediante limitaciones de las cantidades y variedades en 
función de los productos y de las regiones, podría 
contribuir, y en qué medida, a una eliminación efectiva 
de los excedentes, sin olvidar las condiciones regionales 
específicas ni las exigencias de las políticas social y 
estructural. 
5.4.2. Cada producto agrario debe constituir el 
objeto de una política comercial a largo plazo. Las 
medidas adoptadas en el sector de los productos lácteos 
y de la carne de vacuno constituyen la prueba de ello. 
El Comité desearía alentar especialmente a la Comisión 
a que continúe haciendo hincapié en los productos de 
calidad. Sin embargo, convendría servirse en mayor 
medida de los criterios de « calidad intrínseca ». 
5.4.3. Los excedentes de cereales se han convertido 
últimamente en un problema central de la CE. El 
Comité propone obligar a los productores a reducir, en 
un determinado plazo, la producción agrícola de las 
superficies cultivadas (unidades de cereales). La Comi­
sión debería establecer el plazo necesario y someter una 
serie de medidas alternativas de ejecución que permita 
intervenir en función de las características específicas 
de los respectivos países. La reducción de la producción 
podría efectuarse, por ejemplo, mediante una modera­
ción de la explotación intensiva a través de la prohibi­
ción, gravación o racionamiento de los medios de pro­
ducción que contribuyen a aumentar el rendimiento, 
con lo cual se contrarrestarían los peligros para el medio 
ambiente derivados de la presencia de fertilizantes y 
pesticidas en las aguas freáticas. Por otra parte, podría 
llevarse a cabo una reordenación de las superficies 
cultivadas o una paralización del cultivo de determina­
das superficies. 
Las pequeñas explotaciones deberían ser exoneradas de 
estas obligaciones en la medida en que son explotadas a 
título de actividad principal. Por otra parte, convendría 
conceder, durante un cierto tiempo, a los agricultores 
y a los trabajadores afectados por las reducciones de la 
producción una ayuda compensatoria apropiada, en 
función degresiva del tamaño de las explotaciones y en 
consonancia con el rendimiento del suelo y los niveles 
regionales de renta, sin olvidar los criterios sociales. En 
cualquier caso, es necesario garantizar que tales medi­
das sean compatibles con la protección del medio 
ambiente. Si fuera necesario, habría que tomar medidas 
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análogas para otros productos agrarios; especialmente 
la eliminación de excedentes de la transformación de 
productos animales requiere la adopción de otras medi­
das. Habría que considerar, entre otros aspectos, la 
conveniencia de vincular la ganadería a la dotación en 
superficie de las explotaciones agrarias. 
5.5. Los daños al medio ambiente —provocados 
principalmente por las diferentes industrias, los hogares 
y los transportes, sin olvidar los métodos modernos que 
se aplican en la agricultura— deterioran el espacio 
natural de la colectividad. La misma agricultura figura 
entre los sectores económicos más perjudicados por los 
daños causados al medio ambiente. Ante todo, debería 
prevenirse el deterioro del medio ambiente, combatién­
dolo, a su vez, mediante sanciones económicas más 
severas de acuerdo con el principio de responsabilidad. 
Las mejoras ecológicas realizadas por la agricultura 
deberían ser recompensadas mediante una remunera­
ción especial, para la que sería necesario establecer 
nuevos criterios. 
5.6. El Comité se muestra extremadamente preocu­
pado por la evolución del progreso técnico, y especial­
mente de la biotecnología; el progreso técnico y el 
crecimiento económico derivado del mismo ya no pue­
den ser aceptados a cualquier precio. Los nuevos desar­
rollos deben ser examinados, con anterioridad a su 
aplicación, teniendo en cuenta sus repercusiones, y es 
necesario que sean compatibles con los imperativos 
sociales y de protección del medio ambiente. Precisa­
mente en el sector agrario se perfilan una serie de 
evoluciones que habrá que contrarrestar con medidas 
sociopolíticas de carácter restrictivo. " 
5.7. Una gran parte de las dificultades que actual­
mente se ciernen sobre la PAC no puede ser resuelta, o 
sólo de manera insuficiente, en el marco de la política 
agraria interior. El Comité lo ha subrayado ya en repeti­
das ocasiones. Por ello, únicamente podrá llevarse a 
buen término la reducción de las cantidades producidas 
y la exportación subvencionada de productos agrarios 
comunitarios si se llega a un acuerdo en el seno del 
GATT sobre una limitación paralela de las importacio­
nes de productos agrarios, y especialmente de productos 
sustitutivos de los piensos. Las medidas que pueda 
adoptar la CEE para corregir esa situación deberían ser 
objeto, antes de ser aplicadas, de disposiciones idénticas 
por parte de todas las grandes potencias económicas, 
especialmente en el marco de negociaciones del GATT. 
5.7.1. Importantísimas violaciones del principio de 
la preferencia comunitaria encuentran su origen en la 
fase de establecimiento de la PAC. En un contexto 
actualmente diferente, es perfectamente comprensible 
que las consecuencias de estas medidas susciten un 
cierto resquemor, así como que se manifieste la necesi­
dad de buscar soluciones negociadas en aquellos casos 
en que se habían contraído compromisos respecto a 
terceros. 
5.7.2. Las amenazas que se ciernen sobre el funciona­
miento de los mercados agrarios mundiales como conse­
cuencia de los excedentes de una serie de grandes países 
exportadores de productos agrarios, las importantes 
fluctuaciones en los precios de los productos agrarios 
en las bolsas internacionales de materias primas y las 
fluctuaciones monetarias, imponen la necesidad de un 
considerable esfuerzo por parte de la CE y de sus 
socios comerciales. El Comité apoya la intención de la Comisión de orientar su estrategia de negociación en la 
materia —principalmente en el marco del GATT— en 
función de las exigencias impuestas por la eficacia, la 
solidaridad y la geografía económicas, así como de 
resistir a las tentaciones proteccionistas. No obstante, 
las importaciones procedentes de terceros países no 
deben socavar las limitaciones de la producción en la 
CE. 
5.7.3. Las consideraciones relativas a la preferencia 
comunitaria se aplican por analogía a los problemas 
agromonetarios derivados de la política monetaria de 
los Estados miembros y de la ausencia de una unión 
económica y monetaria. El Comité reconoce las dificul­
tades a las que se enfrentan la Comisión y el Consejo 
en lo que se refiere a la solución de los siguientes 
problemas: 
— por una parte, ajustar las disposiciones específica­
mente agrarias al sistema monetario general, y, 
— por otra parte, impedir que la supresión de los 
montantes compensatorios monetarios tenga efectos 
inflacionistas, suponga injusticias inadmisibles y 
fomente, por razones monetarias, la producción de 
excedentes. 
Dada la complejidad de esta cuestión, parece poco 
probable que los efectos de la política monetaria sobre 
el sector agrario puedan ser combatidos única o princi­
palmente mediante los instrumentos de política agraria. 
Al mismo tiempo el Comité reconoce que será preciso 
abolir los tipos verdes para que el mercado único pro­
puesto en el Acta Única Europea pueda hacerse 
realidad. 
5.8. Una política orientada hacia el saneamiento de 
los mercados agrarios exige sacrificios por parte de la 
población activa de este sector. Estos sacrificios sólo 
son tolerables si se respetan las condiciones definidas 
en el apartado 4. Por ello, el Comité acoge favorable­
mente la declaración de la Comisión en el sentido de 
que las propuestas presentadas tengan en cuenta la 
diversidad de las situaciones agrarias en la Comunidad 
de los Doce. Convendría considerar los datos que carac­
terizan la situación regional, el tamaño de las explota­
ciones y el contexto socioestructural y natural. 
5.8.1. La falta de observación de estas diferencias 
estructurales aceleraría inevitablemente las tendencias 
ya observadas actualmente hacia una renacionalización 
de la PAC, tendencias que, por razones de política 
europea, no deberán acentuarse en ningún caso. Por 
ello, las medidas que acompañan la reforma de la PAC 
revisten una gran importancia. 
5.8.2. La Comisión ha concebido de tal forma las 
medidas adoptadas en el marco de la política de mer­
cado —impuestos sobre los productos lácteos, ayudas 
a los pequeños productores de cereales, consideración 
de los aspectos de política regional en la aplicación de 
cuotas de producción— que se perfila ya el inicio de 
una política agraria diferenciada y socialmente más 
equilibrada. Cuanta menos atención preste la política 
de precios a las exigencias de la política de ingresos y 
la política social, en mayor medida deberán inscribirse 
estas últimas en una orientación autónoma o de apoyo. 
Así pues, a modo de ejemplo: 
N° C 356/40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
— será necesario reforzar las transferencias de rentas 
en beneficio de los propietarios de pequeñas explo­
taciones en las regiones agrarias menos favorecidas, 
o de los agricultores y sus asalariados en las regiones 
donde la explotación deba ser mantenida por razo­
nes ecológicas. El importe de estos pagos deberá 
orientarse en función del nivel de rentas del resto 
de la población de estas regiones, 
— convendría aplicar una serie de medidas dirigidas a 
armonizar la seguridad social de los países de la 
CE, 
— se impone la concesión de ayudas a los agricultores 
obligados a cesar en su actividad por razones estruc­
turales, al igual que en el caso de los desempleados 
de los demás sectores económicos. 
El Comité considera, al igual que la Comisión, que 
convendría mantener la diferenciación de la política 
agraria dentro de unos límites, a fin de no contravenir el 
principio de la « unidad de mercado ». Por consiguiente, 
acoge favorablemente la presentación del documento 
de la Comisión que prevé: 
— un instrumento complementario de ayudas a las 
rentas, 
— un marco para la adopción de medidas a nivel 
nacional, y, 
— un régimen de jubilación anticipada para la pobla­
ción activa en la agricultura. El Comité, que prepara 
actualmente un dictamen en la materia, remite al 
documento correspondiente, así como a sus obser­
vaciones anteriores. 
5.8.3. El Comité pone de relieve que ya había solici­
tado en el pasado el establecimiento de: 
— un régimen de ayudas a las zonas de montaña y a 
las regiones desfavorecidas, 
— medidas constructivas y voluntarias para la mejora 
del medio ambiente. Asimismo, insiste de nuevo 
para que se consoliden los esfuerzos emprendidos 
en el campo de la investigación agroeconómica y 
de la información de los agricultores, que debería 
centrarse fundamentalmente en el fomento de la 
producción y comercialización de materias primas 
destinadas a la industria y de productos de sustitu­
ción compatibles con la protección del medio 
ambiente. Por otra parte, cabe conceder una mayor 
importancia a la formación y perfeccionamiento de 
la población activa agrícola, principalmente en lo 
que respecta a la introducción de nuevas tecnologías 
compatibles con las exigencias sociales y ecológicas. 
5.8.4. El Comité acoge favorablemente la voluntad 
de la Comisión en el sentido de hacer especial hincapié 
en la necesidad de crear puestos de trabajo no agrícolas, 
especialmente en las regiones rurales, y reforzar los 
esfuerzos en este sentido en el marco de la política 
Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 1S regional. La lucha contra el desempleo masivo en la 
Comunidad constituye uno de los medios más eficaces 
para facilitar el proceso de reestructuración agraria. 
El Comité considera también indispensable una mejor 
coordinación entre políticas comunitarias y medidas 
nacionales de creación de empleo. Los puestos de tra­
bajo que contribuyan a la protección de los recursos 
naturales requieren una ayuda especial por parte de la 
Comunidad. 
5.8.5. Por otra parte, el Comité remite de nuevo a 
sus observaciones preliminares y generales respecto a 
las negociaciones sobre los precios agrarios 1987/1988. 
5.9. Una gestión presupuestaria racional reviste una 
gran importancia, sobre todo en la fase de adaptación 
de la política agraria. 
5.10. Los delitos de fraude en la obtención de subven­
ciones, observados de manera repetida por la Comisión 
de control presupuestario, basándose en estudios del 
Tribunal de Cuentas, deben ser combatidos de manera 
más enérgica por razones de orden económico y jurí­
dico, y especialmente en nombre de la política europea. 
Un derroche tal de recursos comunitarios socava la 
confianza en las instituciones europeas, confianza que 
es en estos momentos especialmente necesaria. 
6. Observaciones finales 
La agricultura y la política agraria deben hacer frente 
a un futuro más bien sombrío. Las dificultades única­
mente podrán ser superadas mediante una colaboración 
constructiva y dando prueba de sensibilidad frente a 
los problemas de los principales afectados: las personas 
que desempeñan una actividad agrícola y la población 
de las regiones rurales. La Comunidad sólo superará la 
crisis agraria si aplica, junto con sus socios comerciales, 
políticas encaminadas a contener la producción de 
bienes de los que actualmente existen excedentes estruc­
turales. Entre las medidas que sin duda deberán formar 
parte de esas políticas tendrá que figurar una política 
de precios prudente. Sin embargo, la acción de las 
políticas de precios en la agricultura es lenta, cuando 
lo que se necesita es una acción urgente que contenga la 
producción de excedentes sin causar nuevos perjuicios a 
las rentas de los agricultores. Esto significa que hay que 
hacer más hincapié en los controles de la producción. 
Por ello, el Comité estima que debería hacerse todo lo 
posible para que las soluciones aplicadas reciban la 
aprobación de todos los ciudadanos de la Comunidad. 
De este problema depende en gran parte la cuestión de 
saber si la Europa de 1992 será una Europa con una 
dimensión social, nuevas perspectivas y adhesión polí­
tica al principio fundamental europeo, o una simple 
zona de libre cambio. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/41 
ANEXO 
(Cuarto apartado del artículo 43 del Reglamento Interno) 
Añadir el siguiente apartado 4.5. ter: 
« Los contribuyentes y los consumidores deben reconocer que la PAC ha tenido en cuenta sus intereses si 
consideran que el 70% del coste final de los productos alimenticios corresponde a costes de transformación 
y de distribución. » 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 34, votos en contra: 6, abstenciones: 8. 
Añadir un nuevo apartado 5.2. bis: 
«Las medidas «de ajuste» de la PAC relativas al reequilibrio de la oferta y la demanda son necesarias pero 
no suficientes. Limitarse simplemente a la ley de la oferta y la demanda no constituye la mejor reforma de la 
PAC. 
La PAC debe seguir desempeñando el cometido de guía del desarrollo comunitario. 
La implantación de la programación y la gestión anticipada de las producciones deberá ser el instrumento 
principal de la reforma. 
La Comunidad debe ser capaz de decidir qué es lo que quiere producir y cómo será producido. 
Las opciones que elija determinarán el modo de intervención de los instrumentos de la PAC: precios, 
intervenciones, política en materia de calidad de los productos, política de comercio exterior, ayudas 
estructurales, ayudas a los ingresos ... 
Es preciso renunciar a las medidas uniformes, aplicables por igual en todas partes, y pasar al apoyo de los 
programas establecidos en el plano regional y en el marco de una política económica y social europea 
coherente. Estos programas deben tener como finalidad la forma que se quiere dar a la agricultura en materia 
de producciones, en el plano social, en el plano del medio ambiente y en el de la gestión del espacio rural. 
El conjunto de los instrumentos enumerados aquí debe proporcionar un marco de «garantía orientada» que 
sirva para realizar tales programas y apoyar a la población rural, contribuyendo así al desarrollo regional». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 34, votos en contra: 66, abstenciones: 9. 
Añadir el siguiente texto al punto 5.7.1.: 
« El Comité apoya las propuestas de la Comisión destinadas a reequilibrar los mecanismos de sostenimiento 
de la agricultura, en virtud de las cuales se incrementaría la protección frente a las importaciones de productos 
de sustitución de los cereales, oleaginosas y proteínas. » 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 29, votos en contra: 71, abstenciones: 8.