COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.10.2022 COM(2022) 234 final/2 CORRIGENDUM

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1. Introducción Unos sistemas judiciales eficaces son esenciales para la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión y para la defensa del Estado de Derecho y de otros valores en que se fundamenta la Unión y compartidos por los Estados miembros. Los órganos jurisdiccionales nacionales actúan como órganos jurisdiccionales de la UE cuando aplican el Derecho de la Unión. Son los órganos jurisdiccionales nacionales los que, en primer lugar, garantizan que los derechos y obligaciones previstos en el Derecho de la Unión se apliquen de manera efectiva [artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE)]. Además, unos sistemas judiciales eficaces también son fundamentales para fomentar la confianza mutua y para mejorar el clima de inversión y la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Por ello, la mejora de la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales nacionales continúa siendo una de las prioridades del Semestre Europeo (el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas). El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022 (), que define las prioridades en materia de política económica y de empleo para la Unión, confirma el vínculo que existe entre unos sistemas judiciales eficaces y el entorno empresarial de los Estados miembros. Unos sistemas judiciales plenamente independientes y que funcionen de manera adecuada pueden ejercer un efecto positivo en la inversión y son fundamentales para protegerla, contribuyendo de ese modo a la productividad y la competitividad. También son importantes para garantizar una ejecución transfronteriza eficaz de los contratos y las resoluciones administrativas, así como para una correcta resolución de las controversias, que son esenciales para el funcionamiento del mercado único( ). En este contexto, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE presenta una relación anual de indicadores centrados en los parámetros fundamentales de unos sistemas judiciales eficaces: ·eficiencia, ·calidad e ·independencia. El cuadro de indicadores de 2022 profundiza en los indicadores correspondientes a estos tres aspectos, así como en la accesibilidad de la justicia para las personas con discapacidad y, una vez más, en la digitalización de la justicia, que ha desempeñado un papel crucial para mantener los órganos judiciales en funcionamiento durante la pandemia de COVID-19 y, más en general, para promover la eficiencia y accesibilidad de los sistemas judiciales( ). La presente edición refuerza la dimensión empresarial en los tres aspectos al incluir nuevos datos sobre eficiencia de la Administración, las garantías jurídicas en relación con las decisiones administrativas y la confianza en la protección de las inversiones. Por último, el cuadro de indicadores de 2022 presenta por primera vez los efectos de la pandemia de COVID-19 en la eficiencia de los sistemas judiciales.  El mecanismo europeo del Estado de Derecho – Como se anunció en las directrices políticas de la presidenta Von der Leyen, la Comisión ha establecido un mecanismo europeo general sobre el Estado de Derecho con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento más estrecho de la situación en los Estados miembros. Este mecanismo actúa como herramienta preventiva: intensifica el diálogo y mejora el conocimiento conjunto de las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. En el centro del nuevo mecanismo se encuentra el informe anual sobre el Estado de Derecho, que ofrece un resumen de los principales hechos acaecidos en todos los Estados miembros y en el conjunto de la Unión, tanto positivos como negativos. El informe de 2021 sobre el Estado de Derecho, publicado el 20 de julio de 2021, se basó en diversas fuentes, entre ellas el cuadro de indicadores de la justicia en la UE (). Además, como anunció la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2021, el informe de 2022 sobre el Estado de Derecho incluirá recomendaciones dirigidas a los Estados miembros. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 se ha perfeccionado asimismo para reflejar la necesidad de disponer de más información comparativa que se detectó durante la elaboración del informe de 2021 sobre el Estado de Derecho, con vistas a respaldar los futuros informes anuales sobre el Estado de Derecho. ¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta anual de información comparativa. Su propósito es ayudar a la Unión y a sus Estados miembros a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales nacionales mediante la facilitación de datos objetivos, fiables y comparables sobre diversos indicadores pertinentes para la evaluación de la i) eficiencia, ii) calidad e iii) independencia de los sistemas judiciales en todos los Estados miembros. No presenta una clasificación única general, sino una visión de conjunto de cómo funcionan los sistemas judiciales de todos los Estados miembros, basándose en indicadores que son de interés y pertinencia comunes para todos los Estados miembros. El cuadro de indicadores no favorece un tipo concreto de sistema judicial y trata a todos los Estados miembros en pie de igualdad. La eficiencia, calidad e independencia son parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz, independientemente del modelo de sistema judicial nacional o de la tradición jurídica en que se fundamente. Las cifras correspondientes a estos tres parámetros deben interpretarse conjuntamente, ya que a menudo los tres se encuentran interrelacionados (las iniciativas encaminadas a mejorar uno de ellos pueden repercutir en otro). El cuadro contiene principalmente indicadores relativos a asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos, así como a determinados asuntos penales en función de la disponibilidad de datos (p. ej., asuntos relacionados con el blanqueo de capitales en órganos jurisdiccionales de primera instancia), con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por crear un entorno más eficiente y favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. Se trata de una herramienta de comparación que evoluciona a la par del diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo( ). Su objetivo es determinar los parámetros esenciales de un sistema de justicia eficaz y proporcionar datos anuales pertinentes. ¿Qué metodología sigue el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), con la que la Comisión ha suscrito un contrato para realizar un estudio anual específico, aporta gran parte de los datos cuantitativos. Los datos corresponden al período 2012-2020, y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ. Asimismo, el estudio proporciona comentarios detallados y fichas informativas específicas de cada país que ofrecen más contexto. y que deben leerse junto con los gráficos( ). Los datos sobre la duración de los procedimientos recabados por la CEPEJ muestran el «plazo de resolución», es decir, la duración calculada de los procedimientos judiciales (basada en la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos). Los datos sobre la eficiencia de los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas al aplicar la legislación europea en ámbitos específicos muestran que la duración media de los procedimientos está directamente relacionada con el plazo de resolución de los asuntos judiciales. Cabe señalar que la duración de los procedimientos judiciales puede variar sustancialmente entre las diferentes zonas de un mismo Estado miembro, en particular en el caso de los centros urbanos, en los que la actividad comercial puede generar un número de asuntos más elevado.

Otras fuentes de información, que abarcan el período comprendido entre 2012 y 2021, son las siguientes: el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales ( ), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ) ( ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) ( ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea (ACA-Europa) ( ), el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) (), la Red Europea de Competencia (REC) ( ), el Comité de Comunicaciones (COCOM) ( ), el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual ( ), la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) ( ), el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (EGMLTF) ( ), Eurostat ( ), y la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) (). A lo largo de los años, la metodología del cuadro de indicadores se ha seguido desarrollando y perfeccionando en estrecha cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales de los Estados miembros, en particular mediante un cuestionario (que se actualiza con frecuencia anual) y la recopilación de datos sobre determinados aspectos del funcionamiento de dichos sistemas. La disponibilidad de datos, en particular de indicadores sobre la eficiencia de los sistemas judiciales, sigue mejorando, ya que muchos Estados miembros han invertido en su capacidad para elaborar mejores estadísticas judiciales. En los casos en los que aún existen dificultades para recopilar o proporcionar datos, estas se deben a una capacidad estadística insuficiente o a que las categorías nacionales para las que se obtienen datos no corresponden exactamente a las utilizadas en el cuadro de indicadores. Solo en muy pocos casos puede atribuirse la insuficiencia de datos a la falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales. La Comisión sigue instando a los Estados miembros a reducir más si cabe esta carencia de información. ¿Cómo aporta información el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al Semestre Europeo y de qué forma se relaciona con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)? El cuadro de indicadores ofrece elementos para evaluar la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales nacionales y, de este modo, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia de dichos sistemas. Al comparar la información relativa a los sistemas judiciales de los Estados miembros, el cuadro de identificadores facilita la identificación de las mejores prácticas y las deficiencias, así como el seguimiento de los desafíos y los avances logrados. Las evaluaciones por país se llevan a cabo en el contexto del Semestre Europeo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Cuando las deficiencias identificadas revisten importancia desde el punto de vista macroeconómico, el análisis en el marco del Semestre Europeo puede conducir a que la Comisión proponga al Consejo que adopte recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales en Estados miembros concretos( ). El MRR pondrá a disposición más de 670 000 millones EUR en préstamos y ayudas financieras no reembolsables, de los que cada Estado miembro tendría que destinar, como mínimo, un 20 % a la transición digital. El MRR brinda la oportunidad de abordar las recomendaciones específicas por país relativas a los sistemas judiciales nacionales y agilizar los esfuerzos de los Estados miembros dirigidos a culminar la transformación digital de dichos sistemas. Los pagos a los Estados miembros en el marco del MRR, habida cuenta de que es un instrumento orientado a los resultados, están supeditados al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos. En este contexto, la Comisión ha de evaluar de manera continua, en consecuencia, si los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros se ejecutan satisfactoriamente para hacer frente de manera efectiva a la totalidad o a una parte significativa de los retos determinados en las correspondientes recomendaciones específicas por país o en otros documentos pertinentes adoptados por la Comisión en el marco del Semestre Europeo( ). ¿Por qué son importantes unos sistemas judiciales eficaces para un entorno empresarial favorable a la inversión? Los sistemas judiciales eficaces que defienden el Estado de Derecho tienen un impacto económico positivo, lo que reviste una importancia particular en el marco del Semestre Europeo y del MRR. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos, es más probable que los acreedores presten, que las empresas tengan una confianza mayor y se vean disuadidas de tener comportamientos oportunistas, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las empresas innovadoras sean más propensas a invertir. De hecho, un sistema judicial eficaz es vital para un crecimiento económico sostenido. Puede mejorar el clima empresarial, fomentar la innovación, atraer la inversión extranjera directa, asegurar los ingresos fiscales y apoyar el crecimiento económico. Los beneficios del buen funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la economía se han constatado en un gran número de estudios y publicaciones académicas, en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI) ( ), el Banco Central Europeo (BCE) ( ), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ( ), el Foro Económico Mundial ( ) y el Banco Mundial ( ). Un estudio ha llegado a la conclusión de que la reducción de la duración de los procedimientos judiciales en un 1 % [medido en plazo de resolución( )] puede aumentar la tasa de crecimiento del número de empresas( ), y que un aumento del 1 % en el porcentaje de empresas que perciben que el sistema judicial es independiente tiende a asociarse con un mayor crecimiento de la facturación y de la productividad( ). Otro estudio ha indicado la existencia de una correlación positiva entre la independencia judicial percibida y los flujos de inversión extranjera directa( ). Además, varias encuestas han puesto de relieve la importancia que la eficacia de los sistemas judiciales nacionales tiene para las empresas. Por ejemplo, en una de ellas, el 93 % de las grandes empresas respondieron que revisan de manera sistemática y constante las condiciones del Estado de Derecho (incluida la independencia judicial) en los países en los que invierten( ). En otra encuesta, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) contestaron que los costes y la excesiva duración de los procedimientos judiciales, respectivamente, eran las principales razones para no incoar este tipo de procedimientos en el ámbito de la vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial (DPII)( ). La Comunicación de la Comisión titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único»( ) y el Plan de Acción para Mejorar el Cumplimiento de las Normas del Mercado Único( ) permiten asimismo vislumbrar la importancia de unos sistemas judiciales eficaces para el funcionamiento del mercado único, en especial para las empresas. ¿Cómo respalda la Comisión la aplicación de reformas judiciales adecuadas a través del apoyo técnico? Los Estados miembros pueden recurrir al apoyo técnico de la Comisión a través de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Apoyo a las Reformas Estructurales) en el marco del instrumento de apoyo técnico( ), que cuenta con un presupuesto total de 864,4 millones EUR para el período 2021-2027. Desde 2021, el instrumento de apoyo técnico ha venido respaldando proyectos directamente relacionados con la eficacia de la justicia, como la digitalización de la justicia, las reformas de los mapas judiciales o un mejor acceso a la justicia. Asimismo, el instrumento de apoyo técnico complementa las medidas propuestas por la Comisión para abordar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, en particular el MRR, ya que puede ayudar a los Estados miembros a elaborar y aplicar sus planes de recuperación y resiliencia. Los planes de recuperación y resiliencia incluyen acciones relacionadas, entre otras cosas, con la mejora de la eficacia de la justicia: digitalizar la justicia, reducir la acumulación de asuntos y mejorar la gestión de los tribunales y los asuntos. ¿Cómo contribuye el programa Justicia a la eficacia de los sistemas judiciales? Con un presupuesto total de 305 millones EUR para el período 2021-2027, el programa Justicia contribuye a un mayor desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el Estado de Derecho, incluida la independencia, calidad y eficiencia del sistema judicial, en el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca y en la cooperación judicial. En 2021, se proporcionaron aproximadamente 45,3 millones EUR para financiar proyectos y otras actividades en el marco de los tres objetivos específicos del programa: ·Se asignaron 12,2 millones EUR para promover la cooperación judicial en materia civil y penal y contribuir a la aplicación y ejecución efectivas y coherentes de los instrumentos de la UE, así como para apoyar a los Estados miembros en su conexión al sistema ECRIS-TCN. ·Se destinaron 17,7 millones EUR a apoyar la formación de profesionales de la justicia sobre el Derecho civil, penal y en materia de derechos fundamentales de la UE, los sistemas jurídicos de los Estados miembros y el Estado de Derecho; ·Se canalizaron 15,4 millones EUR para apoyar el desarrollo y el uso de herramientas digitales en complementariedad con el programa Europa Digital, así como el mantenimiento y la ampliación del Portal Europeo de e-Justicia. ¿Por qué supervisa la Comisión la digitalización de los sistemas judiciales nacionales? La digitalización de la justicia resulta fundamental para aumentar la eficacia de los sistemas judiciales y es una herramienta muy eficiente para mejorar y facilitar el acceso a la justicia. La pandemia de COVID-19 ha sacado a relucir la necesidad de los Estados miembros de agilizar las reformas de modernización en este ámbito. Desde 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE ha incluido determinada información comparativa en cuanto a la digitalización de la justicia en los Estados miembros, por ejemplo, en los ámbitos del acceso electrónico a las sentencias o la presentación y seguimiento en línea de las demandas. La Comunicación de la Comisión sobre «La digitalización de la justicia en la UE: Un abanico de oportunidades» (), adoptada en diciembre de 2020, presenta una estrategia destinada a mejorar el acceso a la justicia y la eficacia de los sistemas judiciales mediante el uso de la tecnología. Tal como se describe en la Comunicación, a partir de 2021 se ha incluido una serie de indicadores adicionales en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al objeto de garantizar una supervisión exhaustiva y oportuna de las áreas de progreso y las dificultades experimentadas por los Estados miembros en sus esfuerzos dirigidos a la digitalización de sus sistemas judiciales.

2. Contexto: acontecimientos en el ámbito de las reformas de la justicia en 2021 En 2021, un gran número de Estados miembros continuaron sus esfuerzos para seguir mejorando la eficacia de sus sistemas judiciales. En el gráfico 1 se presenta una visión general actualizada de las medidas adoptadas y previstas en varios ámbitos de los sistemas judiciales de los Estados miembros que han emprendido acciones para reformar sus sistemas. Gráfico 1: Actividad legislativa y reglamentaria en relación con los sistemas judiciales en 2021 (medidas adoptadas / iniciativas en fase de negociación en cada Estado miembro) [fuente: Comisión Europea( )] En 2021, el Derecho procesal siguió siendo un área de especial atención en muchos Estados miembros, ya que concentraba una parte significativa de la actividad legislativa en curso o prevista. Las reformas que afectaban al estatuto de los jueces y las normas aplicables a los profesionales del Derecho también registraron una actividad significativa. Varios Estados miembros se hallaban en proceso de introducir legislación sobre el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en sus sistemas judiciales. El impulso de los anteriores años para medidas relativas a la administración de los órganos jurisdiccionales prosiguió en 2021. Algunos Estados miembros ya están utilizando o planeando utilizar activamente la inteligencia artificial en sus sistemas de justicia. Esta visión general confirma la observación de que las reformas judiciales requieren un tiempo —a veces varios años— desde que son anunciadas hasta que se adoptan las medidas legislativas y reglamentarias pertinentes y se aplican sobre el terreno. La pandemia de COVID-19 ha planteado asimismo nuevos retos que han puesto de relieve la importancia de agilizar las reformas para digitalizar los sistemas judiciales. En este contexto, varios Estados miembros han adoptado nuevas medidas para garantizar el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales y asegurar, al mismo tiempo, el continuo y fácil acceso a la justicia para todos, en particular mediante la adaptación de las normas procesales. La Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea (ACA-Europa) elaboró un cuestionario para examinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad profesional de los tribunales supremos. El cuestionario se dirigió tanto a los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo como a los tribunales supremos [miembros de la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE)]. Sin examinar las medidas sustantivas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el gráfico 2 presenta un resumen actualizado de las modificaciones introducidas en el Derecho procesal por los Estados miembros para facilitar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, ya sea mediante legislación nueva, sentencias de los tribunales supremos, o reglamentos o prácticas judiciales. Gráfico 2: Modificaciones introducidas en las normas procesales de los tribunales supremos a causa de la pandemia de COVID-19 [fuente: ACA-Europa y la RPTSUE( )] (*) Los datos abarcan el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Para cada Estado miembro, la columna de la izquierda presenta las prácticas de los tribunales supremos y la columna de la derecha, las prácticas de los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo (columna marcada con la letra A). Los Estados miembros aparecen por el orden alfabético de sus nombres geográficos en la lengua original. BE: Raad van State / Conseil d’Etat (Consejo de Estado) y Hof van Cassatie /Cour de Cassation (Tribunal Sumpremo). BG: Върховен административен съд (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). CZ: Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) y Nejvyšší soud (Tribunal Supremo). DE: Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo). EE: Riikohus (Tribunal Supremo). IE: Chúirt Uachtarach (Tribunal Supremo). EL: Συμβούλιο της Επικρατείας (Consejo de Estado). ES: Tribunal Supremo. FR: Conseil d’Etat (Consejo de Estado) y Cour de Cassation (Tribunal Supremo). HR: Visoki upravni (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). IT: Consiglio de Stato (Consejo de Estado). CY: Supreme Court (Tribunal Supremo). LV: Augstākā tiesa (Tribunal Supremo). LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). LU: Cour administrative (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) y Cour de Cassation (Tribunal Supremo). HU: Kúria (Tribunal Supremo). MT: Court of Appeal (Tribunal de Apelación). NL: Hoge Raad (Tribunal Supremo), Centrale Raad van Beroep (la más alta jurisdicción de lo contencioso-administrativo en materia social), Raad van State (Consejo de Estado). AT: Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), Personalsenat (comité de evaluación especial) del tribunal superior, Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo). PL: Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) PT: Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). RO: Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo). SI: Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo). SK: Nejvyšší soud (Tribunal Supremo). FI: Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). SE: Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). No se dispone de datos sobre: BG: Върховен касационен съд (Tribunal Supremo); HR: Vrhovni sud (Tribunal Supremo); IT: Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo); SE: Högsta domstolen (Tribunal Supremo).



3. Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 Eficiencia, calidad e independencia son los principales parámetros de un sistema judicial eficaz, y el cuadro de indicadores presenta indicadores de estos tres parámetros. 3.1. Eficiencia de los sistemas judiciales El cuadro presenta indicadores de la eficiencia de los procedimientos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos y en ámbitos específicos en los que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas aplican el Derecho de la Unión( ). Los indicadores relacionados con la eficiencia en 2020, en particular el número de asuntos admitidos a trámite, la tasa de resolución y el plazo de resolución se vieron afectados por las circunstancias específicas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en toda la UE, que afectaron a los Estados miembros de diferentes maneras (por ejemplo, en términos temporales o de gravedad) (). 3.1.1. Evolución de la carga de trabajo La carga de trabajo de los sistemas judiciales nacionales disminuyó en varios Estados miembros con respecto al año anterior, mientras que en otros aumentó o permaneció estable. En general, siguen observándose grandes variaciones de un Estado miembro a otro (gráfico 3). De ahí la importancia de continuar prestando atención a la evolución de la carga de trabajo para garantizar la eficacia de los sistemas judiciales. Gráfico 3: Número de asuntos entrantes civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) [fuente: estudio de la CEPEJ( )] (*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales.

Gráfico 4: Número de asuntos entrantes civiles y mercantiles contenciosos en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos son procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 5: Número de asuntos entrantes contencioso-administrativos en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En RO se desjudicializaron algunos procedimientos contencioso-administrativos en 2018. Cambios de metodología en EL, SK y SE. En SE, los asuntos migratorios se han incluido en la categoría de los asuntos contencioso-administrativos (con aplicación retroactiva a 2017).

3.1.2. Datos generales sobre la eficiencia Los indicadores sobre la eficiencia de los procedimientos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos son: i) la duración estimada de los procedimientos (plazo de resolución), ii) la tasa de resolución, y iii) el número de asuntos pendientes.  Duración estimada de los procedimientos – La duración de los procedimientos expresa el tiempo estimado necesario (en días) para resolver un asunto ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El indicador «plazo de resolución» representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al cabo de un año, multiplicado por 365 (días)( ). Se trata de una cantidad calculada que indica el tiempo mínimo que se estima que necesitará un órgano jurisdiccional para resolver un asunto si se mantienen las condiciones de trabajo vigentes. Cuanto mayor sea dicho valor, mayor es la probabilidad de que el órgano jurisdiccional tarde más en emitir su fallo. Las cifras se refieren en su mayoría a procesos en primera instancia, cotejando, en su caso, los datos de 2012, 2018, 2019 y 2020( ). Los gráficos 8 y 10 muestran el plazo de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y de los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias judiciales en 2020, y el gráfico 24 muestra la duración media de los procedimientos relacionados con el blanqueo de capitales en órganos jurisdiccionales de primera instancia. Gráfico 6: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. LV: el marcado descenso se debe a la reforma del sistema judicial, así como a verificaciones de errores y procesos de limpieza de datos en el sistema informático. Gráfico 7: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en primera instancia en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos son procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. IT: la ralentización temporal de la actividad judicial debida a las estrictas medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 afectó al plazo de resolución. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 8: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en todas las instancias en 2020 (*) (primera, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de BE y BG, para los de segunda instancia de NL, para los de segunda y tercera instancia de AT ni para los de tercera instancia de DE y HR. En DE y MT no existen órganos jurisdiccionales de tercera instancia. IT: la ralentización temporal de la actividad judicial debida a las estrictas medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 afectó al plazo de resolución. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros.

Gráfico 9: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen los órganos jurisdiccionales de todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. CY: en 2018, el número de asuntos resueltos aumentó como consecuencia de la agrupación de asuntos, la renuncia o desistimiento en 2 724 asuntos acumulados y la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 2015.



Gráfico 10: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias en 2020 (*) (primera instancia y, cuando corresponda, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos para los órganos jurisdiccionales de segunda instancia de BE, CZ, HU, MT, AT, RO, SI, SK y FI ni para los de tercera instancia de CY, LT, LU, MT y PL. El Tribunal Supremo u otro órgano jurisdiccional más elevado es la única instancia de recurso en CZ, IT, CY, AT, SI y FI. No existe órgano jurisdiccional de tercera instancia para este tipo de asuntos en HR, LT, LU y MT. El órgano jurisdiccional superior de lo contencioso-administrativo es la primera y única instancia para determinados asuntos en BE. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado.

 Tasa de resolución – La tasa de resolución es la ratio entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos admitidos a trámite. Permite valorar si un órgano jurisdiccional despacha con solvencia su carga de trabajo. Cuando la tasa de resolución se sitúa en torno al 100 % o más, significa que el sistema judicial es capaz de resolver, como mínimo, tantos asuntos como se admiten a trámite. Cuando la tasa es inferior al 100 %, quiere decir que los órganos jurisdiccionales resuelven menos asuntos de los que reciben. Gráfico 11: Tasa de resolución de los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en %; los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más asuntos de los que entran, mientras que valores inferiores indican que se resuelven menos asuntos de los que entran) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Gráfico 12: Tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en %) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Cambios de metodología en EL y SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 13: Tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en %) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (CY en 2018 = 219 %; IT en 2012 = 279,8 %). Cambios de metodología en EL y SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En CY, el número de asuntos resueltos ha aumentado como consecuencia de la agrupación de asuntos, la renuncia o desistimiento en 2 724 asuntos acumulados y la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 2015.

 Asuntos pendientes –

El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del año correspondiente. También influye en el plazo de resolución. Gráfico 14: Número de asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole pendientes en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Gráfico 15: Número de asuntos civiles y mercantiles contenciosos pendientes en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. Gráfico 16: Número de asuntos contencioso-administrativos pendientes en 2012 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ). (*) Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (EL en 2012 = 3,5). Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen los órganos jurisdiccionales de todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. 3.1.3. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión Esta sección complementa los datos generales sobre la eficiencia de los sistemas judiciales y presenta la duración media de los procedimientos( ) en ámbitos específicos del Derecho de la Unión. El cuadro de indicadores de 2022 se fundamenta en datos anteriores en materia de competencia, comunicaciones electrónicas, marca de la UE, normativa de protección de los consumidores y lucha contra el blanqueo de capitales. Los cuatro ámbitos han sido seleccionados debido a su pertinencia para el mercado único, la economía y la actividad empresarial. Además, esta edición ofrece una visión más amplia de la eficiencia de las autoridades administrativas: estos datos sobre la protección de los consumidores se complementan con dos nuevos gráficos relativos a los ámbitos de la competencia y las comunicaciones electrónicas. Por lo general, los grandes retrasos en los procedimientos judiciales y administrativos pueden tener impactos negativos sobre los derechos derivados de la legislación de la Unión en cuestión, por ejemplo, cuando ya no es posible recurrir o cuando se han producido graves perjuicios financieros irrecuperables. En el caso de las empresas en particular, los retrasos administrativos y la incertidumbre en algunos casos pueden dar lugar a costes significativos y socavar las inversiones previstas o en curso( ). – Competencia – La aplicación efectiva de la legislación sobre competencia resulta fundamental para crear un entorno empresarial atractivo, ya que garantiza la igualdad de condiciones para las empresas. Fomenta la actividad empresarial y la eficiencia, proporciona al consumidor un mayor abanico para elegir y contribuye a bajar los precios y mejorar la calidad. El gráfico 17 presenta el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra decisiones de autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)( ). El gráfico 18 recoge la duración media de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia cuando son de aplicación los artículos 101 y 102 del TFUE. Gráfico 17: Competencia: duración media del control jurisdiccional en 2013 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia). (*) IE y AT: no procede en este contexto, ya que las autoridades no tienen competencias para adoptar las respectivas decisiones. AT: los datos incluyen todos los asuntos resueltos por el Kartellgericht (Tribunal de Competencia) que supongan una infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE, pero no están basados en recursos contra una autoridad nacional de competencia. En IT se aplicó una estimación de la duración de los procedimientos. Una columna vacía puede indicar que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. El número limitado de asuntos (menos de cinco al año) de muchos Estados miembros puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve (es el caso, por ejemplo, de MT, donde solo hubo un asunto). Gráfico 18: Competencia: duración media de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia en 2020 (*) (en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia). (*) En algunos Estados miembros el número de asuntos es limitado. BE: los datos incluyen una decisión relativa a un cártel (1 045 días y 5 medidas cautelares). Duración total de los seis procedimientos: 2 015 días. IT: no se tienen en cuenta los procedimientos I833 —Gare Consip per acquisizione beni e servizi per informatica e telecomunicazioni— iniciados por la Autoridad italiana de la Competencia con arreglo al artículo 101 del TFUE, ya que al término de los procedimientos no se detectó ninguna infracción del artículo mencionado. Hay que tener en cuenta que algunos Estados miembros empiezan a contabilizar la duración de un procedimiento en días diferentes. La mayoría de los Estados miembros consideran que un asunto está abierto cuando la investigación está abierta. En NL, el asunto se considera abierto cuando se envía el pliego de cargos, mientras que en CZ y SK se considera que un asunto está abierto cuando se abre el procedimiento administrativo. En este último caso, se trata de una fase intermedia entre la apertura de la investigación y el envío del pliego de cargos. Además, hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta respecto a la duración de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia, a saber, la naturaleza y complejidad del asunto, el tiempo necesario para recopilar los datos económicos y la conclusión del análisis económico, las prórrogas de los plazos a petición de las partes y la repetición de las vistas. – Comunicaciones electrónicas –

El objetivo de la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas es aumentar la competencia, contribuir al desarrollo del mercado único y generar inversión, innovación y crecimiento. Los efectos positivos para los consumidores pueden alcanzarse mediante una aplicación eficaz de esta legislación, que puede dar lugar a unos precios más bajos para los usuarios finales y mayor calidad de los servicios. El gráfico 19 indica el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas( ). Abarca un amplio abanico de asuntos, que van desde revisiones de «análisis de mercado» más complejas hasta asuntos más sencillos centrados en el consumidor. El gráfico 20 presenta la duración media de los procedimientos ante las autoridades reguladoras nacionales cuando aplican el Derecho de la Unión. Gráfico 19: Comunicaciones electrónicas: duración media del control jurisdiccional en 2013 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones). (*) El número de asuntos varía de un Estado miembro a otro. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año (excepto PT de 2019 a 2020 y RO: sin datos). En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (BG, CY, MT, NL, SK, FI, SE) puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. DK: un órgano cuasijudicial conoce de los recursos en primera instancia. EE: la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional en 2013 fue de dieciocho días. ES, AT y PL: diferentes órganos jurisdiccionales competentes en función del objeto del asunto. Gráfico 20: Comunicaciones electrónicas: duración media de los procedimientos ante la autoridad reguladora nacional en 2015 y 2018 a 2020 (en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones). – Marca de la UE – La aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial es esencial para estimular la inversión en innovación. La legislación europea sobre marcas de la UE( ) concede un papel importante a los órganos jurisdiccionales nacionales, que han de actuar como órganos jurisdiccionales de la Unión y tomar decisiones que afectan al mercado único. El gráfico 21 muestra la duración media de los asuntos de infracción de marcas de la UE en litigios entre particulares. Gráfico 21: Marca de la UE: duración media de los asuntos de violación de marca de la UE en 2013 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual). (*) FR, IT, LT, LU: para los datos de algunos años se ha utilizado una muestra de asuntos. DK: datos de todos los asuntos de marcas, no solo en la UE, en tribunales superiores mercantiles y marítimos; no hay datos correspondientes a 2018 y 2019 sobre la duración media de estos asuntos debido a los cambios introducidos en el sistema de recopilación de datos. EL: los datos se basan en la duración media ponderada de dos órganos jurisdiccionales. ES: el cálculo de la duración media incluye los asuntos relativos a otros títulos de propiedad intelectual e industrial de la Unión. – Protección de los consumidores – La aplicación efectiva del Derecho en materia de protección de los consumidores garantiza que estos últimos disfruten de sus derechos y que las empresas que vulneren las leyes correspondientes no obtengan ventajas desleales. Las autoridades de protección de los consumidores y los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores( ) en los diferentes sistemas de ejecución nacionales. El gráfico 22 ilustra la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional de las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores que aplican el Derecho de la Unión. En la aplicación efectiva de la legislación en lo que respecta a los consumidores y las empresas pueden intervenir una cadena de agentes, no solo del sistema judicial, sino también de la Administración. A fin de arrojar más luz sobre esta cadena de aplicación, se presenta la duración de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades responsables. El gráfico 23 muestra la duración media de los procedimientos para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades nacionales de protección de los consumidores en 2014 y 2018 a 2020 desde el momento en que se forma el expediente. Entre las decisiones pertinentes se incluyen la declaración de infracciones de las normas sustantivas, las medidas cautelares, las órdenes de cese y desistimiento de actividades, la incoación de procedimientos judiciales o el cierre de un asunto judicial. Gráfico 22: Protección de los consumidores: duración media del control jurisdiccional en 2013 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores). (*) DE, LU, AT: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. El número de asuntos pertinentes correspondientes a 2020 es reducido (menos de cinco) en IE y FI. EL y RO facilitaron una estimación de la duración media para determinados años. Gráfico 23: Protección de los consumidores: duración media del procedimiento para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades de protección de los consumidores en 2014 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores).

(*) DE, LU, AT: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. DK, EL, FR, RO y FI facilitaron una estimación de la duración media para determinados años. – Blanqueo de capitales – Además de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es fundamental para la solidez, la integridad y la estabilidad del sector financiero, así como para la confianza en el sistema financiero en su conjunto y la competencia leal en el mercado único( ). El blanqueo de capitales puede desalentar la inversión extranjera, distorsionar los flujos internacionales de capital e incidir negativamente en la evolución macroeconómica de un país al disminuir el bienestar desviando recursos de actividades económicas más productivas( ). La Directiva contra el blanqueo de capitales exige que los Estados miembros dispongan de estadísticas sobre la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo( ). En cooperación con los Estados miembros, se utilizó un cuestionario actualizado para recoger datos relativos a las fases judiciales de los regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. El gráfico 24 muestra la duración media de los asuntos judiciales en primera instancia en el ámbito de los delitos por blanqueo de capitales. Gráfico 24: Blanqueo de capitales: duración media de los asuntos judiciales en 2014 y 2018 a 2020 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo). (*) No se dispone de datos correspondientes a 2020: BE, DE, EE, IE, HR, PL y PT. BG: la duración media de los asuntos se calcula en meses desde el día en que se forma el expediente judicial hasta el día en que se emite el fallo correspondiente. ES, NL: duración estimada. CZ: duración en meses. HU: el cálculo del número medio de días se basó únicamente en el número de asuntos resueltos con una condena. PT: el cálculo del número medio de días se basó en una muestra. IT: los datos se refieren tanto a juicios como a vistas preliminares. CY: en promedio, los delitos graves se juzgan ante el Tribunal de lo Penal en el plazo de un año. Los delitos menos graves tardan más en juzgarse ante los Tribunales de Distrito. SK*: los datos corresponden a la duración media de todo el procedimiento, incluidos los recursos ante el tribunal de apelación. 3.1.4. Resumen sobre la eficiencia de los sistemas judiciales Un sistema judicial eficiente gestiona su carga de trabajo y los retrasos, y dicta sus decisiones sin dilación indebida. Los principales parámetros que utiliza el cuadro de indicadores de la justicia en la UE para hacer el seguimiento de la eficiencia de los sistemas judiciales son, por tanto, la duración de los procedimientos (tiempo estimado o medio necesario para resolver un asunto, expresado en días), la tasa de resolución (la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos entrantes) y el número de asuntos pendientes (que aún deben resolverse al final del año). Datos generales sobre la eficiencia El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 contiene datos sobre la eficiencia que abarcan un período de ocho años (2012-2020). Este lapso de tiempo permite identificar ciertas tendencias y tener en cuenta que, con frecuencia, las reformas de la justicia tardan un tiempo en mostrar su efecto. Si se examinan los datos disponibles desde 2012 y hasta 2020 sobre asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos, las tendencias fueron positivas en la mayoría de los casos. Sin embargo, en 2020, en el caso de algunos Estados miembros, los datos generales sobre eficiencia muestran un impacto negativo en la eficiencia. Es posible que ello se deba a la pandemia de COVID-19 y, por tanto, sea de carácter temporal. Se puede apreciar cierta evolución positiva en los Estados miembros que, en el contexto del Semestre Europeo, se enfrentan a problemas específicos( ): ·Desde 2012, y sobre la base de los datos existentes con respecto a estos Estados miembros, incluso con la pandemia de COVID-19, en algunos de ellos se ha seguido reduciendo o se ha mantenido estable la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia en la categoría amplia de «todos los asuntos» (gráfico 6) y en la categoría de «asuntos contenciosos civiles y mercantiles» (gráfico 7). En aproximadamente la mitad de los Estados miembros en cuestión, estos mismos gráficos 6 y 7 muestran un aumento de la duración de los procedimientos, en ocasiones por encima de los niveles de 2012. En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 9), la duración de los procedimientos ha disminuido o se ha mantenido estable desde 2012 en cerca de la mitad de estos Estados miembros. En conjunto, la duración de los procedimientos en los asuntos contencioso-administrativos aumentó en alrededor de la mitad de los Estados miembros en 2020. ·El cuadro de indicadores presenta datos relativos a la duración de los procedimientos en todas las instancias judiciales en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 8) y los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 10). Los datos muestran que en varios Estados miembros en los que se han observado problemas relacionados con la duración de los procedimientos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, las instancias superiores son más eficientes en sus actuaciones. Sin embargo, en otros Estados miembros que experimentan dificultades, la duración media de los procedimientos en órganos jurisdiccionales de instancias superiores es incluso mayor que en primera instancia. ·En la categoría amplia de «todos los asuntos» y en la de «asuntos contenciosos civiles y mercantiles» (gráficos 11 y 12), el número total de Estados miembros cuya tasa de resolución es superior al 100 % ha disminuido desde el último año, retrocediendo a niveles más próximos a los de 2012. En 2020, a pesar de la disminución, la mayoría de los Estados miembros, incluida la mayoría de los que se enfrentan a problemas, notificaron una tasa de resolución elevada (superior al 97 %). Esto significa que, por lo general, los órganos jurisdiccionales pueden tramitar los asuntos entrantes en estas categorías. En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 13), puede observarse una mayor diferencia en la tasa de resolución de un año al siguiente. Si bien, en general, sigue siendo inferior a la de otras categorías de asuntos, algunos Estados miembros siguen progresando adecuadamente. En particular, más de la mitad de los Estados miembros que experimentan dificultades notifican un incremento de la tasa de resolución en los asuntos contencioso-administrativos desde 2012. ·Desde 2012 la situación se mantiene estable o sigue mejorando en casi todos los Estados miembros que experimentan mayores dificultades en materia de asuntos pendientes, con independencia de su categoría. En 2020, a pesar del aumento del número de asuntos pendientes en algunos Estados miembros, en otros se ha avanzado considerablemente en la reducción del número de asuntos pendientes tanto en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 15) como en los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 16). No obstante, continúan existiendo diferencias significativas entre los Estados miembros con relativamente pocos asuntos pendientes y aquellos con un elevado número de estos. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión Los datos sobre la duración media de los procedimientos en ámbitos específicos del Derecho de la Unión (gráficos 17 a 24) proporcionan una mejor perspectiva del funcionamiento de los sistemas judiciales en tipos concretos de litigios relativos a empresas. Los datos sobre la eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión se recopilan sobre la base de hipótesis definidas de forma restrictiva, por lo que el número de asuntos pertinentes puede parecer reducido. Sin embargo, en comparación con la duración calculada de los procedimientos en los datos generales sobre la eficiencia, estas cifras presentan una duración media real de todos los asuntos pertinentes en ámbitos específicos en un año. Por tanto, merece la pena señalar que varios Estados miembros que no parecen experimentar dificultades según los datos generales sobre la eficiencia notifican una duración media considerablemente superior de los asuntos en determinados ámbitos del Derecho de la Unión. Al mismo tiempo, la duración de los procedimientos en distintos ámbitos específicos también puede variar en gran medida dentro de un mismo Estado miembro. Por último, los nuevos gráficos que se centran en la duración de los procedimientos administrativos ante las autoridades nacionales de competencia y las autoridades reguladoras nacionales que se ocupan de las comunicaciones electrónicas proporcionan información sobre la eficiencia administrativa en más ámbitos del Derecho de la UE. La eficiencia de la cadena de ejecución general, incluidos los procedimientos administrativos y judiciales, contribuye a crear un entorno empresarial y de inversión positivo, al garantizar la resolución oportuna de los asuntos y la tutela de los derechos. Los gráficos sobre ámbitos específicos del Derecho de la Unión muestran las siguientes tendencias: ·En el caso del control jurisdiccional de los asuntos de competencia (gráfico 17), puesto que la carga de trabajo total a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros aumentó, la duración de los recursos judiciales se redujo o permaneció estable en seis Estados miembros, mientras que en otros cinco aumentó. A pesar de la tendencia ligeramente positiva, tres Estados miembros notificaron una duración media superior a 1 000 días en 2020. Por lo que respecta a los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia, diez Estados miembros informaron de que la duración de los procedimientos era inferior a mil días. Algunos Estados miembros que experimentan problemas de eficiencia en el control jurisdiccional de los asuntos de competencia se encuentran entre los más eficientes en lo tocante a los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia. ·En cuanto a las comunicaciones electrónicas (gráfico 19), la carga de trabajo asumida por los órganos jurisdiccionales disminuyó en comparación con años anteriores, manteniendo la tendencia positiva observada en 2019 con respecto al incremento de la duración de los procedimientos. En la mayoría de los Estados miembros la duración media de los procedimientos se redujo o permaneció estable en 2020 con respecto a 2019, y solo en unos pocos registró un aumento. El nuevo gráfico sobre la eficiencia de las autoridades reguladoras nacionales que se ocupan de las comunicaciones electrónicas (gráfico 20) muestra que, en algunos Estados miembros, la duración media de los procedimientos es bastante estable, pero, en general, no existe una tendencia clara a lo largo de los años para los que se dispone de datos. ·En lo concerniente a los asuntos de violación de marca de la UE (gráfico 21), en 2020 se registró una disminución de la carga de trabajo total. No obstante, aunque algunos Estados miembros consiguieron gestionar mejor su carga de trabajo y registraron duraciones menores o estables de los procedimientos, en otros seis se produjo un claro aumento de la duración media de los procedimientos. ·El posible efecto combinado de la cadena de aplicación consistente en procedimientos administrativos y de control jurisdiccional se presenta en el ámbito del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores (gráficos 22 y 23). Seis Estados miembros notificaron en 2020 que sus autoridades de protección de los consumidores habían tardado de media menos de tres meses en dictar una resolución en un asunto amparado por el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, mientras que en otros seis tardaron más de seis meses. Por lo que respecta a las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores impugnadas ante los órganos jurisdiccionales, en 2020 se observaron tendencias divergentes en cuanto a la duración del control jurisdiccional de resoluciones administrativas, con aumentos en ocho Estados miembros y reducciones en otros cuatro con respecto a 2019. En dos Estados miembros la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional se mantiene por encima de los mil días. ·La lucha eficaz contra el blanqueo de capitales es crucial para proteger el sistema financiero, garantizar la competencia leal y prevenir las consecuencias económicas negativas. Las dificultades experimentadas en cuanto a la duración de los procedimientos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales pueden influir en la eficacia de la lucha contra este fenómeno. El gráfico 24 presenta datos actualizados sobre la duración de los procedimientos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales y muestra que, si bien en más de la mitad de los Estados miembros los procedimientos judiciales en primera instancia pueden durar hasta un año de media, en otros se alargan una media de alrededor de dos años( ). 3.2. Calidad de los sistemas judiciales No hay una sola forma de medir la calidad de los sistemas judiciales. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 continúa estudiando los factores que en general se aceptan como pertinentes para mejorar la calidad de la justicia. Se pueden clasificar en cuatro categorías atendiendo a su objetivo: 1) accesibilidad de los ciudadanos y las empresas a la justicia; 2) recursos financieros y humanos adecuados; 3) establecimiento de instrumentos de evaluación; 4) digitalización. 3.2.1. Accesibilidad La accesibilidad es necesaria a lo largo de toda la cadena de la justicia para permitir que las personas obtengan información pertinente —sobre el sistema judicial, la presentación de una demanda y los aspectos financieros conexos, y el estado de tramitación del procedimiento hasta su finalización—, así como acceso electrónico a la sentencia. – Asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales y gastos de defensa jurídica – El coste de los litigios es un factor clave que determina el acceso a la justicia. Si los gastos procesales, que incluyen las tasas judiciales( ) y los gastos de defensa jurídica( ), son elevados, pueden obstaculizar dicho acceso. Los gastos procesales en asuntos civiles y mercantiles no están armonizados a escala de la Unión. Se rigen por leyes nacionales, por lo que varían de un Estado miembro a otro. El acceso a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea( ). Permite acceder a la justicia a las personas que de lo contrario no podrían asumir o anticipar los gastos procesales. La mayor parte de los Estados miembros se basan en los ingresos del solicitante a la hora de conceder asistencia jurídica gratuita( ). El gráfico 25 muestra la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita plena o parcial en un asunto específico de protección de los consumidores relacionado con una demanda por importe de 6 000 EUR. Compara los umbrales de ingresos para la concesión de asistencia jurídica gratuita, expresados como porcentaje del umbral de pobreza de Eurostat en cada Estado miembro( ). Por ejemplo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita es el 20 %, significa que un solicitante con ingresos superiores en un 20 % al umbral de pobreza de Eurostat en su Estado miembro seguirá teniendo derecho a dicha asistencia. Sin embargo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita se sitúa por debajo de cero, significa que una persona con ingresos inferiores al umbral de pobreza podría no tener derecho a esta asistencia. Algunos Estados miembros disponen de un sistema de asistencia jurídica gratuita que prevé una cobertura del 100 % de los gastos relacionados con el litigio (asistencia jurídica gratuita plena), complementado por un sistema que cubre parte de los gastos (asistencia jurídica parcial) al que se aplican criterios de admisibilidad diferentes al anterior. Otros Estados miembros cuentan únicamente con un sistema de asistencia jurídica gratuita, o bien plena, o bien parcial.

Gráfico 25: Umbral de ingresos para obtener asistencia jurídica gratuita en un asunto específico de protección de los consumidores, 2021 (*) (diferencias en % respecto del umbral de pobreza de Eurostat) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( )] (*) EE: la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita no se basa en el nivel de recursos financieros del solicitante. IE: la asistencia jurídica gratuita también debe tener en cuenta los activos de los que dispone el solicitante. CY: datos de 2020. MT: datos de 2020. LV: los umbrales varían según el municipio; en el gráfico se representa el límite superior. PT: la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita corresponde a la Administración pública (P.A. en el gráfico), y el Ministerio de Seguridad Social se encarga de evaluar las condiciones financieras del solicitante con arreglo a lo dispuesto en la legislación. RO: datos de 2020. La mayoría de los Estados miembros exige a las partes el pago de una tasa judicial al iniciar un procedimiento judicial. Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita se benefician a menudo de una exención del pago de las tasas judiciales. Solamente en Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Países Bajos y Polonia los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita quedan automáticamente exentos del pago de las tasas judiciales. En Chequia, el órgano jurisdiccional competente decide en cada caso si eximir del pago de las tasas judiciales al beneficiario de asistencia jurídica gratuita. En Luxemburgo, las partes litigantes que disfrutan de asistencia jurídica gratuita no tienen que pagar tasas de secretaría judicial. El gráfico 26 compara en los dos supuestos cuál es el porcentaje de la tasa judicial indicada respecto a la cuantía total de la demanda. Si, por ejemplo, en el gráfico siguiente, la tasa judicial es del 10 % de una demanda de 6 000 EUR, el consumidor tendrá que pagar una tasa judicial de 600 EUR para iniciar un procedimiento judicial. La demanda de escasa cuantía se basa en la tasa de riesgo de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro. Gráfico 26: Tasa judicial por iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de protección de los consumidores, 2021 (*) (importe de la tasa como porcentaje de la cuantía total de la demanda) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( )] (*) Por «demanda de escasa cuantía» se entiende una demanda que se corresponde con el umbral de pobreza de Eurostat para una única persona en cada Estado miembro, convertido a ingresos mensuales (por ejemplo, en 2019 este valor fluctuó entre 193 EUR en RO y 1 824 EUR en LU). ES, PT: no se aportan datos. BG, RO: datos de 2020 correspondientes a las tasas judiciales por una demanda de 6 000 EUR. No se ha facilitado información sobre las tasas judiciales para una demanda de escasa cuantía. CY: datos de 2020. LU: los litigantes deben pagar tasas de secretaría judicial para iniciar el procedimiento en calidad de demandante, salvo si son beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. MT: datos de 2020. NL: tasas judiciales para ingresos inferiores a 2 383 EUR/mes. AT: el importe máximo de las tasas judiciales depende de la instancia competente. SE: las tasas judiciales en materia civil varían en función del tipo de asunto; para los litigios en los que la cuantía de la demanda es inferior a 2 339 EUR, la tasa judicial es de 88 EUR; en los asuntos en los que la cuantía de la demanda supera los 2 339 EUR, la tasa judicial correspondiente es de 275 EUR; en otros tipos de demandas se aplican otras tasas judiciales. Una ejecución eficiente de los contratos es esencial para la economía. La probabilidad de recuperar los costes reales de los procedimientos judiciales fortalece la posición del acreedor que pretende ejecutar un contrato. Por lo general, cuando el acreedor actúa como demandante, debe abonar una tasa judicial para iniciar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales suelen ordenar al demandado que pierde el juicio que reembolse en su totalidad las tasas judiciales adelantadas por el demandante que ha resultado ganador. El gráfico 27 muestra el importe de la tasa judicial exigida para iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de naturaleza mercantil relativo a un litigio mercantil transfronterizo entre dos empresas con respecto a la ejecución de un contrato, con una cuantía demandada de 20 000 EUR. Gráfico 27: Tasa judicial exigida para iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de naturaleza mercantil, 2021 (*) (en EUR) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( )] (*) CY, LU, MT, PL, RO: datos de 2020. EL, ES: la recuperación de las tasas judiciales se decide caso por caso. HU: la parte ganadora no recupera la totalidad de las tasas judiciales abonadas. Es habitual que el acreedor adelante el pago de los honorarios de su letrado, no solo en la fase contenciosa, sino también en la fase previa a esta. Por lo que respecta al reembolso, la mayoría de los Estados miembros aplican la norma que dicta que la parte perdedora no solo debe asumir sus propias costas procesales, sino también las de la parte ganadora. Esta norma disuade de presentar asuntos con baja probabilidad de éxito, pero alienta a iniciar actuaciones cuando la probabilidad de victoria es elevada. El gráfico 28 muestra la cuantía que el órgano jurisdiccional adjudicaría al demandante ganador en un hipotético asunto específico de naturaleza mercantil (véase la nota a pie de página n.º 62). Cabe distinguir tres sistemas principales de honorarios: 1) en los Estados miembros que cuentan con un sistema de tasas legalmente establecido, el reembolso de los gastos de defensa jurídica depende de la cuantía de la tasa legalmente establecida para la labor del letrado, que varía de forma significativa de un Estado miembro a otro; 2) en los Estados miembros que carecen de un sistema de tasas legalmente establecido, se prevé el reembolso íntegro (Portugal, Finlandia) o parcial (Letonia, Luxemburgo) de los gastos de defensa jurídica; y 3) en varios Estados miembros el órgano jurisdiccional competente resuelve sobre el reembolso caso por caso. Gráfico 28: Recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica en un juicio mercantil, 2021 (*) (en EUR) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( )] (*) En este gráfico, los gastos de defensa jurídica no incluyen los gastos administrativos ni el IVA, en el caso de que sea exigible. En este supuesto, los gastos de defensa jurídica de la fase contenciosa ascienden a 1 650 EUR. La recuperación íntegra prevista en los sistemas en los que no existe una tasa legalmente establecida significa que se puede recuperar la cantidad de 1 650 EUR. Los Estados miembros que prevén la recuperación parcial (LV, LU) aparecen ordenados en función de la cuantía recuperable de los gastos de defensa jurídica (de mayor a menor; las cantidades oscilan entre 2 200 EUR y 660 EUR). El gráfico no incluye información sobre la recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica correspondientes a la fase previa a la contenciosa, ya que ello no está previsto en todos los Estados miembros. IT: en IT existe una tasa legalmente establecida (de 3 235 EUR en el supuesto planteado), aunque el órgano jurisdiccional puede decidir sobre el reembolso dentro de un intervalo determinado. LT: el órgano jurisdiccional decide teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia; la cuantía máxima en el supuesto planteado sería de 3 350 EUR. HU: Existen dos escenarios posibles: el órgano jurisdiccional podría ordenar el reembolso íntegro de los gastos de defensa jurídica abonados por la parte ganadora, sobre la base del acuerdo sobre los gastos de defensa jurídica entre el letrado y el cliente; el órgano jurisdiccional podría tener en cuenta el sistema de tasas legalmente establecido y ordenar únicamente un reembolso parcial de los gastos de defensa jurídica abonados por la parte ganadora, a pesar del acuerdo entre el letrado y el cliente. MT: en MT no existe el concepto de tarifa horaria para los gastos de defensa jurídica; el reembolso se determina en función del valor de la demanda. AT: el supuesto no es plenamente aplicable al sistema de reembolso establecido en AT. PL: el importe mínimo de las tasas se determina por ley y depende del valor del objeto del litigio. El órgano jurisdiccional podría decidir eximir del pago de la tasa u ordenar el pago de la tasa mínima (en caso de que la tasa se incremente debido a las circunstancias específicas establecidas en la legislación pertinente).



– Acceso a métodos de resolución alternativa de litigios –

El gráfico 29 muestra los esfuerzos de los Estados miembros por promover el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) a través de incentivos específicos, que pueden variar en función del ámbito del Derecho( ). Gráfico 29: Promoción e incentivos para la utilización de los métodos de RAL, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 68 puntos. Indicadores agregados basados en los siguientes indicadores: 1) sitio web con información sobre RAL; 2) campañas publicitarias en medios de comunicación; 3) folletos para el público en general; 4) el órgano jurisdiccional organiza sesiones de información específicas sobre la RAL previa solicitud; 5) coordinador de RAL/mediación en los órganos jurisdiccionales; 6) publicación de evaluaciones sobre la utilización de la RAL; 7) publicación de estadísticas sobre la utilización de la RAL; 8) la asistencia jurídica gratuita cubre (en parte o en su totalidad) los costes de la RAL; 9) reembolso total o parcial de las tasas judiciales, incluidos los impuestos sobre el timbre, si prospera la RAL; 10) no se exige abogado para el procedimiento de RAL; 11) el juez puede actuar como mediador; 12) un acuerdo alcanzado por las partes tiene fuerza ejecutiva en un órgano jurisdiccional; 13) posibilidad de incoar un procedimiento / interponer una demanda y presentar pruebas documentales por vía telemática; 14) posibilidad de que las partes sean informadas por vía electrónica de la incoación de un procedimiento y de su estado de tramitación; 15) posibilidad de pago electrónico de las tasas aplicables; 16) utilización de tecnologías (aplicaciones de inteligencia artificial, asistentes virtuales) para facilitar la presentación y resolución de litigios; y 17) otros medios. A cada uno de estos diecisiete indicadores se le asigna un punto por cada ámbito del Derecho. IE: los asuntos contencioso-administrativos están incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. EL: en los procedimientos de contratación pública existe la RAL ante los tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo. ES: la RAL es obligatoria en los asuntos de Derecho laboral. PT: los asuntos contencioso-administrativos están incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. SK: el ordenamiento jurídico eslovaco no apoya el uso de la RAL en el ámbito contencioso-administrativo. FI: los litigios laborales y en materia de consumidores también se consideran asuntos civiles. SE: los jueces tienen discrecionalidad en materia de RAL. El juez tiene la obligación de tratar de que el litigio se resuelva de manera amistosa, a menos que esto resulte inadecuado por la naturaleza del asunto. – Medidas específicas para el acceso de las personas con discapacidad a la justicia – Como Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(), la UE y todos sus Estados miembros están obligados a velar por que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, garantizando los ajustes adecuados con el objetivo de lograr la igualdad y la no discriminación. Los Estados Partes también deben facilitar la accesibilidad, incluida la comunicación y la información, y reafirmar su derecho a un reconocimiento igual ante la ley. El gráfico 30 muestra una selección de medidas específicas en este sentido, como la disponibilidad de información en formatos accesibles, la disponibilidad, previa solicitud, de formatos específicos, o la accesibilidad para las personas con discapacidad de soluciones digitales para asuntos civiles y mercantiles, asuntos contencioso-administrativos y asuntos penales ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Gráfico 30: Medidas específicas para el acceso de las personas con discapacidad a la justicia, 2021 [fuente: Comisión Europea( )] – Control judicial de la Administración pública en situaciones empresariales – Por primera vez, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 ofrece una visión general de las garantías jurídicas seleccionadas en relación con los actos u omisiones de las autoridades administrativas en situaciones relacionadas con las empresas . Entre las garantías en cuestión se incluyen la revisión judicial de las resoluciones administrativas y las medidas cautelares, o la posibilidad de percibir una compensación financiera en caso de silencio administrativo o decisiones infundadas. Todas ellas contribuyen a la calidad del sistema judicial, de especial importancia para el entorno empresarial y de inversión y para el funcionamiento del mercado único. Gráfico 31: Garantías jurídicas relativas a las resoluciones o la inacción de las autoridades administrativas, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )]



– Justicia adaptada a los menores – El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 profundiza en el análisis de la justicia adaptada a los menores en comparación con las ediciones anteriores. El gráfico 32 muestra las diversas medidas adoptadas por los Estados miembros para adaptar mejor el sistema judicial a las necesidades de los menores. El gráfico 33 recoge las medidas específicas disponibles cuando un menor está implicado como víctima o como sospechoso o acusado. Gráfico 32: Medidas específicas para adaptar los procedimientos a los menores, 2021 (*) (procedimientos civiles y penales/ de justicia de menores y contencioso-administrativos) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Menores: personas menores de 18 años. Los datos de MT sobre la formación de jueces corresponden a 2020.



Gráfico 33: Medidas específicas para adaptar los procedimientos a los menores implicados como víctimas o como sospechosos o acusados, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )]

(*) Menores: personas menores de 18 años. 3.2.2. Recursos Para el buen funcionamiento del sistema judicial se necesitan recursos suficientes, incluidas las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y técnicas y personal cualificado, formado y adecuadamente remunerado de todas las categorías. Sin las instalaciones y herramientas adecuadas o el personal con las cualificaciones y capacidades necesarias y acceso a formación continua, la calidad de los procedimientos y las decisiones se ve mermada. – Recursos financieros – Los gráficos que figuran a continuación muestran el gasto real de las Administraciones públicas en el funcionamiento del sistema judicial (excluidas las cárceles), tanto por habitante (gráfico 34) como en porcentaje del producto interior bruto (PIB) (gráfico 35).



Gráfico 34: Gasto total de las Administraciones públicas en órganos jurisdiccionales en EUR por habitante, 2012 y 2018 a 2020 (*) (fuente: Eurostat). (*) Los Estados miembros están ordenados según su gasto en 2020 (de mayor a menor). Los siguientes datos son provisionales: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) y PT (2020). Gráfico 35: Gasto total de las Administraciones públicas en órganos jurisdiccionales como porcentaje del PIB, 2012 y 2018 a 2020 (*) (fuente: Eurostat). (*) Los Estados miembros están ordenados según su gasto en 2020 (de mayor a menor). Los siguientes datos son provisionales: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) y PT (2020). – Recursos humanos – Unos recursos humanos adecuados son esenciales para la calidad de un sistema judicial. La diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género, añade conocimientos, capacidades y experiencia complementarios y refleja la realidad de la sociedad. Gráfico 36: Número de jueces, 2012 y 2018 a 2020 (*) (por cada 100 000 habitantes) [fuente: estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa] (*) Esta categoría está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, con arreglo a la metodología de la CEPEJ. No incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que existen en algunos Estados miembros. AT: los datos sobre la jurisdicción contencioso-administrativa forman parte de los datos desde 2016. EL: desde 2016, los datos sobre el número de jueces profesionales incluyen todas las categorías de las jurisdicciones penal y civil, así como la jurisdicción contencioso-administrativa. IT: no se tienen en cuenta las comisiones regionales de auditoría, las comisiones fiscales locales ni los tribunales militares. La jurisdicción contencioso-administrativa se ha tenido en cuenta desde 2018. Gráfico 37: Proporción de juezas profesionales en tribunales supremos en el período 2019-2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )]

(*) Los datos están ordenados de mayor a menor valor, según valores correspondientes a 2020. MT: ninguna mujer en el órgano jurisdiccional superior en 2019 y 2020. Gráfico 38: Número de abogados, 2012 y 2018 a 2020 (*) (por cada 100 000 habitantes) [fuente: estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa] (*) De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, un abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para pleitear y actuar en nombre de sus clientes, intervenir en la praxis jurídica, comparecer ante los órganos jurisdiccionales o asesorar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos [Recomendación Rec (2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado]. DE: no se hace ninguna distinción entre los diferentes grupos de abogados en Alemania como, por ejemplo, entre abogados o procuradores. FI: desde 2015, la cifra de abogados proporcionada incluye tanto el número de abogados que trabajan en el sector privado como el número de los que trabajan en el sector público.



– Formación – La formación judicial hace una contribución importante a la calidad de las sentencias y del servicio prestado a los ciudadanos. Los datos expuestos a continuación abarcan la formación judicial en una amplia gama de ámbitos, en particular la comunicación con las partes y la prensa y las competencias judiciales. Gráfico 39: Disponibilidad de formación en materia de comunicación para los jueces, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 16 puntos. A los Estados miembros se les ha asignado 1 punto si tienen formación inicial y 1 punto si tienen formación continua (máximo de 2 puntos por cada tipo de formación). MT: datos de 2020.



3.2.3. Instrumentos de evaluación Una evaluación periódica podría mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial ante los retos actuales y futuros y contribuir, por tanto, al aumento de su calidad. Las encuestas (gráfico 40) son esenciales para evaluar el funcionamiento de los sistemas judiciales desde la perspectiva de los profesionales del Derecho y de los usuarios de los órganos jurisdiccionales. Gráfico 40: Temas de encuestas realizadas a usuarios de los órganos jurisdiccionales o a profesionales del Derecho, 2019 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Se asignó un punto a los Estados miembros por cada tema de encuesta indicado, independientemente de si la encuesta se había realizado a nivel nacional, regional o de los órganos jurisdiccionales. «Otros temas» incluye una encuesta entre litigantes sobre su opinión sobre las nuevas formas de mejorar la calidad del servicio al cliente en los órganos jurisdiccionales y la accesibilidad del servicio judicial (FR), una encuesta entre jueces sobre temas como la situación general del sistema judicial, su función y la independencia judicial (ES), la asistencia prestada a las víctimas de delitos (PL), aspectos generales de los órganos jurisdiccionales y su funcionamiento, el acceso a información sobre tales órganos, las instalaciones judiciales, el juez responsable del proceso, los recursos y la lealtad (PT). 3.2.4. Digitalización La utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) puede reforzar los sistemas judiciales de los Estados miembros y hacerlos más accesibles, eficientes, resilientes y preparados para afrontar los retos presentes y futuros. La pandemia de COVID-19 también ha redundado en perjuicio de los sistemas judiciales nacionales y ha puesto de relieve una serie de retos que afectan al funcionamiento del poder judicial. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la necesidad de que los sistemas judiciales nacionales sigan mejorando su digitalización.

En ediciones anteriores del cuadro de indicadores de la justicia en la UE se aportaban datos comparativos sobre determinados aspectos de las TIC en los sistemas judiciales. Como ya anunció la Comisión en su Comunicación de 2 de diciembre de 2020 sobre la digitalización de la justicia en la UE (), el cuadro de indicadores se ha ampliado de forma sustancial con más datos sobre la digitalización en los Estados miembros, lo que debería permitir una supervisión más exhaustiva de las áreas de progreso y de las dificultades persistentes. Una justicia favorable para los ciudadanos exige que la información sobre los sistemas judiciales nacionales no solo sea fácilmente accesible, sino que además se adapte a grupos específicos de la sociedad que de otro modo tendrían dificultades para acceder a la información. El gráfico 41 muestra la disponibilidad de información en línea y servicios públicos específicos que pueden ayudar a las personas a acceder a la justicia. Gráfico 41: Disponibilidad de información en línea para el público general sobre el sistema judicial, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) DE: cada estado federado y el nivel federal deciden individualmente qué información se proporciona en línea.

– Normas preparadas para la digitalización – El uso de soluciones digitales en los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales exige a menudo una regulación adecuada a través de normas nacionales de procedimiento. El gráfico 42 ilustra la posibilidad que tienen distintos tipos de agentes de utilizar tecnologías de comunicación a distancia (como la videoconferencia) en procedimientos relacionados con asuntos judiciales y refleja la situación actual de la admisibilidad de pruebas en formato digital. Gráfico 42: Normas procesales que permiten el uso de tecnologías digitales en órganos jurisdiccionales para asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Para cada Estado miembro, la primera columna presenta las normas de procedimiento civil/mercantil, la segunda se refiere a las de procedimiento contencioso-administrativo, y la tercera, a las de procedimiento penal. Puntuación máxima posible: 12 puntos. Se asignaron dos puntos por cada criterio cuando existe la posibilidad de utilizar dichas tecnologías en todos los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, respectivamente (en los asuntos penales, la posibilidad de oír a las partes se dividió en dos para abarcar tanto a los acusados como a las víctimas). Los puntos se reducen a la mitad cuando esta posibilidad no se contempla en todos los asuntos. A los Estados miembros que no distinguen entre asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos se les han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos. EL: no contemplado en los asuntos contencioso-administrativos y penales. LU: no contemplado en los asuntos contencioso-administrativos.



– Uso de herramientas digitales – Aparte de unas normas procesales preparadas para la digitalización, los órganos jurisdiccionales y los ministerios fiscales necesitan disponer de unas herramientas e infraestructuras adecuadas que permitan la comunicación a distancia y el acceso remoto seguro al lugar de trabajo (gráfico 43). También es preciso contar con infraestructuras y equipos suficientes para garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas entre los órganos jurisdiccionales y ministerios fiscales, por una parte, y los profesionales del Derecho y las instituciones, por otra (gráficos 44 y 45). Las TIC, y en particular las tecnologías innovadoras, contribuyen en gran medida a facilitar la labor de las autoridades judiciales y, por ende, a la calidad de los sistemas de justicia. La accesibilidad de los jueces, fiscales y personal judicial a diversas herramientas digitales puede optimizar los procesos de trabajo, asegurar un reparto equitativo de la carga de trabajo y traducirse en una reducción significativa de los plazos. Gráfico 43: Uso de tecnologías digitales en los órganos jurisdiccionales y ministerios fiscales, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 7 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los órganos jurisdiccionales y los ministerios fiscales, respectivamente, utilizan una determinada tecnología, y medio punto si no siempre la utilizan.

Una comunicación electrónica segura puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas judiciales. La posibilidad de que los órganos jurisdiccionales se comuniquen por vía electrónica entre sí, así como con los profesionales del Derecho y otras instituciones, puede optimizar los procesos y reducir la necesidad de emitir comunicaciones en papel y de presentarse físicamente, lo que se traduciría en una menor duración de la fase de instrucción y de los procedimientos judiciales. Gráfico 44: Órganos jurisdiccionales: herramientas de comunicación electrónica, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )]

(*) Puntuación máxima posible: 5 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los órganos jurisdiccionales tienen acceso a una comunicación electrónica segura, y medio punto cuando no siempre existe esta posibilidad. FI: las funciones de los notarios se desarrollan al margen de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no hay ninguna razón para proporcionarles una conexión segura. Los ministerios fiscales son fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia penal y también pueden beneficiarse de la posibilidad de acceder a un canal seguro de comunicación electrónica, lo que facilitaría su labor y contribuiría a mejorar la calidad de los procedimientos judiciales. La posibilidad de entablar una comunicación electrónica segura entre los ministerios fiscales y las autoridades de instrucción, los abogados defensores y los órganos jurisdiccionales permitiría preparar los procedimientos judiciales de forma más oportuna y eficiente.



Gráfico 45: Ministerio Fiscal: herramientas de comunicación electrónica, 2021 (*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 5 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los ministerios fiscales tienen acceso a una comunicación electrónica segura, y medio punto cuando no siempre existe esta posibilidad. La disponibilidad de herramientas de comunicación electrónica en el Ministerio Fiscal abarca la comunicación con los letrados que trabajan para dicho ministerio.



– Acceso en línea a los órganos jurisdiccionales – La capacidad de realizar determinados trámites de un procedimiento judicial por vía electrónica es un aspecto importante de la calidad de los sistemas judiciales. La presentación electrónica de demandas, la posibilidad de hacer el seguimiento y avanzar en la tramitación de un procedimiento en línea o la notificación electrónica de documentos pueden facilitar de forma tangible el acceso de los ciudadanos y las empresas (o de sus representantes legales) a la justicia y reducir los retrasos y los gastos. La disponibilidad de estos servicios públicos digitales ayudaría a acercar los órganos jurisdiccionales un poco más a los ciudadanos y las empresas y, por extensión, a incrementar la confianza del público en el sistema judicial. Gráfico 46: Soluciones digitales para la incoación y el seguimiento de procedimientos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos, 2021(*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 9 puntos. Se asignó un punto por cada criterio en caso de existir esta posibilidad en todos los asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos, respectivamente, y medio punto cuando no se contempla en todos ellos. A los Estados miembros que no distinguen entre asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos se les han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos.



El uso de herramientas digitales para la sustanciación y el seguimiento de los procedimientos judiciales en materia penal también puede ayudar a garantizar los derechos de las víctimas y de los acusados. Por ejemplo, las soluciones digitales pueden posibilitar la comunicación confidencial a distancia entre los acusados y sus abogados, permitir a los acusados que se encuentran detenidos preparar la vista, y ayudar a las víctimas de delitos a evitar una victimización secundaria. Gráfico 47: Soluciones digitales para la sustanciación y el seguimiento de los procedimientos judiciales en materia penal, 2021(*) [fuente: Comisión Europea( )] (*) Puntuación máxima posible: 6 puntos. Se asignó un punto por cada criterio en caso de existir esta posibilidad en todos los asuntos penales, y medio punto cuando no se contempla en todos ellos. – Acceso a las sentencias – Garantizar el acceso en línea a las sentencias aumenta la transparencia de los sistemas judiciales, ayuda a que ciudadanos y empresas conozcan sus derechos y puede contribuir a la coherencia de la jurisprudencia. Las modalidades de publicación en línea de las sentencias son esenciales para crear buscadores fáciles de utilizar( ) que hacen que la jurisprudencia sea más accesible para los profesionales del Derecho y el público en general. La fluidez del acceso a la jurisprudencia y la sencillez para reutilizarla facilitan la utilización de algoritmos en el sistema de justicia, lo que permite emplear innovadoras aplicaciones de «tecnología legal» de gran utilidad para los profesionales. La publicación en línea de las decisiones judiciales requiere equilibrar una variedad de intereses, dentro de los límites establecidos por los marcos legales y políticos. El Reglamento General de Protección de Datos() es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales por parte de los órganos jurisdiccionales. A la hora de valorar qué datos se harán públicos es preciso encontrar un equilibrio adecuado entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la publicidad de las decisiones judiciales para garantizar la transparencia del sistema judicial. Esto es particularmente pertinente en los casos en que el interés público justifica la divulgación de tales datos. En muchos países, la legislación o la práctica exigen anonimizar o seudonimizar( ) las decisiones judiciales antes de su publicación, ya sea de manera sistemática o a petición de los interesados. Los datos que genera el poder judicial también se rigen por la legislación de la UE relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público( ).