P6_TA(2007)0201

Exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva de servicios

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2007, sobre el impacto y las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (2006/2275(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistos los artículos 16, 49 y 50, el artículo 95, apartado 1, y el artículo 152, del Tratado CE,

- Visto el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de abril de 1998 en los Asuntos C-120/95, Decker [1] y C-158/96, Kohll [2], de 12 de julio de 2001 en los Asuntos C-157/99, Geraets-Smits y Peerbooms [3] y C-368/98, Vanbraekel y otros [4], de 25 de febrero de 2003 en el Asunto C-326/00, IKA [5], de 13 de mayo de 2003 en el Asunto C-385/99, Müller-Fauré y Van Riet [6], de 23 de octubre de 2003 en el Asunto C-56/01, Inizan [7], de 18 de marzo de 2004 en el Asunto C-8/02, Leichtle [8], y de 16 de mayo de 2006 en el Asunto C-372/04, Watts [9],

- Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior [10] y, en particular, su artículo 2, apartado 2, letra f), y sus considerandos 22 y 23,

- Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2006, titulada "Consulta relativa a una acción comunitaria en el ámbito de los servicios sanitarios" (SEC(2006) 1195/4),

- Vista su Resolución, de 9 de junio de 2005, sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria en la Unión Europea [11],

- Vistas las Conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea [12],

- Visto el artículo 152, apartado 5, del Tratado, que consagra el principio de subsidiariedad en materia de salud pública, y visto el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [13] y el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social [14],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así como las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0173/2007),

A. Considerando que los Estados miembros son responsables de la organización, la gestión, el suministro y la financiación de los sistemas de asistencia sanitaria, que difieren en los distintos Estados miembros,

B. Considerando que el Tribunal de Justicia ha dictado una serie de sentencias sobre cuestiones como el acceso a la asistencia sanitaria y el establecimiento de criterios relativos a los procedimientos de autorización previa o al reembolso de los gastos, lo que permite que los ciudadanos de la Unión se desplacen libremente en busca de asistencia sanitaria en otro Estado miembro;

C. Considerando que, en sus conclusiones sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea anteriormente mencionadas, el Consejo aprobó una declaración de los 25 Ministros de Sanidad de la Unión Europea sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de Europa;

Principios

1. Considera que en el futuro aumentará la movilidad transfronteriza de los pacientes y profesionales de la sanidad, ofreciendo así más opciones a los pacientes; que conviene asegurarse, en cumplimiento de los principios de universalidad, calidad, seguridad, continuidad y solidaridad, de que la asistencia sanitaria sea igualmente accesible y a precios asequibles para todos los ciudadanos europeos a su debido tiempo, cualquiera que sea su nivel de rentas y su lugar de residencia, contribuyendo así a la cohesión social y territorial de la Unión, a la vez que garantizando la viabilidad financiera de los sistemas de asistencia sanitaria nacionales; que, de conformidad con estos principios, la movilidad de los pacientes y profesionales puede contribuir a una mejor accesibilidad y a una mayor calidad de la asistencia sanitaria;

2. Constata que los Estados miembros no fomentan lo suficientemente la asistencia sanitaria, lo que supone una limitación de los derechos de los pacientes;

3. Recuerda que los Estados miembros que han aplicado la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia no han registrado ningún aumento notable de los presupuestos de la salud debido a la mayor movilidad de los pacientes;

4. Tiene en cuenta el hecho de que los Estados miembros sólo pueden introducir un sistema de autorización previa si se ha constatado que los movimientos transfronterizos de pacientes tienen un impacto negativo en el equilibrio financiero del presupuesto nacional de salud; exhorta a los Estados miembros a que tomen nota de la posibilidad de introducir un período de prueba exento de autorizaciones previas;

5. Recalca que la movilidad de los pacientes y la movilidad profesional no deberían ser una excusa para que un Estado miembro deje de invertir en su propio sistema sanitario;

6. Destaca que el acceso a los cuidados transfronterizos es una condición necesaria para garantizar la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Comunidad y contribuye al aumento del nivel de empleo y competitividad de los Estados miembros;

7. Destaca la necesidad de reducir la burocracia vinculada al beneficio y a la prestación de servicios sanitarios transfronterizos;

8. Destaca que, con el fin de reducir la burocracia vinculada a la solicitud de servicios sanitarios transfronterizos, es necesario mejorar los sistemas electrónicos de identificación de los pacientes y el tratamiento de sus solicitudes de reembolso;

9. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a que apoyen activamente la introducción del sistema sanitario en línea y de la telemedicina;

10. Recuerda que, conforme a las disposiciones del Tratado, los Estados miembros conservan la responsabilidad principal en cuanto a la prestación de servicios sanitarios eficaces y de gran calidad a sus ciudadanos; destaca que, a tal fin, deberían poder utilizar los instrumentos normativos apropiados tanto en el ámbito de la Unión Europea como a escala multilateral y bilateral, para administrar sus sistemas nacionales de asistencia sanitaria y sus autoridades sanitarias y que, en el ejercicio de dicha competencia, siempre han de respetar las disposiciones de los Tratados y el principio de subsidiariedad;

11. Subraya que las normas del Tratado, incluidas las disposiciones específicas sobre los servicios de interés económico general, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se aplican a los servicios sanitarios y que los prestadores de servicios sanitarios tienen todo el derecho a establecerse y ofrecer sus servicios en cualquier Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria; señala asimismo que los pacientes tienen todo el derecho a buscar asistencia sanitaria en otro Estado miembro;

12. Recuerda que, si bien los sistemas sanitarios no se encuentran en el ámbito de competencias de la Comunidad, una serie de cuestiones relacionadas con dichos sistemas, como el acceso a los medicamentos y los tratamientos, la información de los pacientes y la circulación de los profesionales de la sanidad y de los servicios de seguros, presentan un carácter transfronterizo; señala, por tanto, que esas cuestiones deben ser abordadas por la Unión;

13. Recuerda que, en cualquier caso, los pacientes han de poder acceder en igualdad de condiciones a un tratamiento conveniente lo más cerca posible de su domicilio y en su propia lengua; opina, a este respecto, que convendría asegurar una mejor aplicación de la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad [15], a fin de abreviar los plazos de comercialización de los medicamentos, fomentar la innovación y la seguridad de los medicamentos e incitar a que se recurra en mayor medida al procedimiento centralizado de autorización de la comercialización;

14. Destaca que los Estados miembros deberían tratar a los residentes de otro Estado miembro en las mismas condiciones de igualdad por lo que se refiere al acceso a los servicios sanitarios, ya sean pacientes privados o públicos;

15. Destaca que los pacientes deberían tener acceso a la información sobre la base de la cual los prestadores de cuidados sanitarios reconocidos han obtenido su reconocimiento internacional y que los prestadores reconocidos deberían garantizar, independientemente del Estado miembro en el que se encuentren, que la asistencia sanitaria es segura, sobre la base de indicadores de calidad internacionales mensurables;

16. Destaca que cualquier iniciativa política referente a los servicios sanitarios debería estar sujeta, en la medida de lo posible, a la acción legislativa a nivel parlamentario, antes que a un desarrollo ad hoc a través de las sentencias del Tribunal de Justicia;

17. Considera que en la prestación transfronteriza de asistencia sanitaria, la seguridad y los derechos de los pacientes no están garantizados y que existe una incertidumbre jurídica en lo que respecta a los mecanismos de reembolso, a las obligaciones de las autoridades nacionales de compartir la información reglamentaria, al deber de asistencia, tanto en el tratamiento inicial como en el seguimiento del mismo, y a las disposiciones relativas a la gestión de riesgos en el caso de los pacientes privados;

Definiciones

18. Pide que se definan claramente los servicios sanitarios con el fin de precisar y clarificar el ámbito de aplicación de toda legislación futura en este ámbito; pide que se aclare qué elementos de los sistemas sanitarios son pertinentes a este respecto;

19. Señala que los servicios sanitarios persiguen objetivos comparables a otros servicios sociales de interés general, en la medida en que se basan en el principio de solidaridad, se encuentran a menudo integrados en los sistemas nacionales de protección social, se centran en las personas individuales, garantizan que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales y de un nivel elevado de protección social, y afianzan la cohesión social y territorial;

20. Considera que toda acción comunitaria relacionada con los servicios sanitarios debería ser coherente con las acciones comunitarias relativas a los servicios sociales de interés general;

21. Pide que toda aclaración de los conceptos utilizados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no afecte al equilibrio establecido por este último entre las prerrogativas de los Estados miembros en materia de salud pública y los derechos de cada paciente; recuerda a este respecto que, por lo que se refiere a la noción de "plazo razonable", el Tribunal de Justicia ha indicado claramente que debería definirse exclusivamente a la luz de una evaluación de la situación médica de cada paciente y que las consideraciones económicas no deberían desempeñar ningún papel en esta evaluación;

22. Pide una mayor aclaración de los conceptos relativos a la noción de "plazo razonable" y a la definición de los tratamientos hospitalarios y no hospitalarios;

23. Destaca que, por lo que se refiere a los servicios hospitalarios prestados en otro Estado miembro, el procedimiento de autorización debe prever una garantía que proteja al paciente contra las decisiones arbitrarias de sus autoridades nacionales; indica que, con el fin de facilitar la libre circulación de los pacientes sin perjudicar los objetivos de planificación de los Estados miembros, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los cuidados hospitalarios deberían definirse de manera restringida, como cuidados que sólo se pueden dispensar en medio hospitalario y no, por ejemplo, en la consulta de un médico o en el domicilio del paciente; señala, en particular, que toda negativa a conceder una autorización debe poder impugnarse en el marco de recursos judiciales o casi judiciales y que, con el fin de evaluar la situación médica de cada paciente, debería solicitarse el dictamen completamente objetivo e imparcial de expertos independientes;

Movilidad de los pacientes

24. Observa grandes diferencias en la movilidad y las razones de la movilidad entre los pacientes enviados al extranjero por su sistema sanitario nacional y los pacientes que voluntariamente van al extranjero en busca de cuidados médicos —turistas que caen enfermos, trabajadores migrantes, estudiantes, pensionistas y todas las personas que residen en un Estado miembro distinto de su país de origen o que viven en regiones transfronterizas— y subraya que estas diferencias deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar la política;

25. Subraya que debe distinguirse entre, por un lado, los servicios sanitarios transfronterizos, es decir, los situados a ambas partes de una frontera común a dos Estados miembros con el fin de mantener y ofrecer a los pacientes un elevado nivel de acceso y de asistencia, y, por otro lado, los servicios sanitarios internacionales dentro de la Unión Europea, que ofrecen asistencia sanitaria para el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas o que requieren tecnologías raras y muy onerosas (centro sanitario de referencia), o permiten el acceso a una asistencia que el Estado miembro o de residencia no puede ofrecer actualmente;

26. Pide a la Comisión que presente estadísticas anuales para cada Estado miembro sobre la movilidad de los pacientes, así como sobre el número y las razones de las denegaciones de reembolso;

27. Aunque reconoce que la política de atención sanitaria es, en primer lugar, competencia de los Estados miembros y subraya la necesidad de que se presten servicios de atención sanitaria de alta calidad en el país de origen del paciente, acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de entablar una consulta sobre la mejor forma de acción comunitaria con vistas a mejorar el acceso de los pacientes, dentro de un plazo razonable, a un marco seguro, de gran calidad y eficaz en lo que a los aspectos transfronterizos de la asistencia sanitaria se refiere; pide a la Comisión que presente propuestas concretas para incentivar y supervisar los avances en este ámbito;

28. Constata que un número considerable de pacientes de varios Estados miembros no están en condiciones de beneficiarse de la atención médica necesaria en su propio país en un plazo razonable debido a las largas listas de espera y que estos pacientes dependen, por lo tanto, de los cuidados médicos en el extranjero;

Mejora de la información para los pacientes

29. Constata la dificultad que experimentan los pacientes para acceder a información clara y precisa sobre los servicios sanitarios, especialmente sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, así como la complejidad de los procedimientos que deben seguirse; observa que esta dificultad, no sólo creada por el obstáculo de la lengua, puede incrementar los riesgos para la salud del paciente;

30. Considera que la UE debe desempeñar un papel importante en la mejora del acceso de los pacientes a la información sobre el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza;

31. Constata que un reparto y un intercambio eficaces y transparentes de la información sobre la salud constituyen una condición indispensable para garantizar la coherencia y el mantenimiento de una alta calidad de la asistencia sanitaria entre servicios sanitarios de distintos Estados miembros;

32. Opina que es importante conceder a los pacientes el derecho a elegir servicios sanitarios en otro Estado miembro si ello les permite acceder con mayor rapidez a un tratamiento adecuado, tras habérseles informado plenamente tanto de los requisitos y las condiciones de acceso a los mismos como de sus repercusiones; considera que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada anteriormente, la autorización previa para cuidados hospitalarios debería ser de fácil acceso, tramitarse de inmediato y evaluarse sobre la base de criterios objetivos e imparciales; opina que toda denegación de autorización debería venir justificada por criterios objetivos verificados de manera transparente, y que toda denegación debería estar motivada con referencia al dictamen de expertos independientes;

33. Pide que se adopte una Carta europea de los derechos de los pacientes sobre la base de las distintas Cartas existentes en los Estados miembros y de los trabajos realizados por las organizaciones no gubernamentales;

Reembolso

34. Reconoce las diferencias existentes entre los sistemas de asistencia sanitaria de los Estados miembros y los marcos jurídicos complejos que regulan los reembolsos; pide que se codifique la jurisprudencia existente sobre el reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza, a fin de garantizar la aplicación correcta de la jurisprudencia por todos los Estados miembros y mejorar la información disponible para los pacientes, los sistemas nacionales de seguro de enfermedad y los prestadores de asistencia sanitaria sin crear cargas burocráticas onerosas adicionales para los Estados miembros;

35. Pide a la Comisión que aliente a todos los Estados miembros a que apliquen los procedimientos en vigor en cuanto al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria transfronteriza; considera que, en su caso, la Comisión ha de poder demandar a los Estados que no cumplan la normativa;

36. Pide que se establezca un modelo europeo de referencia en lo que concierne al reembolso con el fin de que los ciudadanos puedan comparar y elegir el tratamiento que resulte mejor para ellos;

37. Desea que se examinen maneras de apoyar y fomentar activamente los trabajos destinados a generalizar el uso de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) que incluya un conjunto normalizado de datos electrónicos de los pacientes, con el fin de simplificar los procedimientos por los que los ciudadanos europeos obtienen asistencia sanitaria en otros Estados miembros; considera que debe ser el propio titular quien determine qué datos sanitarios deberán figurar en la TSE; pide la creación de indicadores sanitarios europeos para optimizar la eficacia de tal sistema; considera que, por motivos relacionados con la seguridad de los pacientes, es esencial alentar a las autoridades nacionales a intercambiar información sobre cuestiones de registro y disciplinarias relacionadas con prestadores de asistencia sanitaria que operan a escala transfronteriza; considera conveniente completar el sistema de la TSE con un sistema de intercambio internacional de datos sobre la situación del paciente en materia de seguro;

38. Pide a los Estados miembros que velen por que los prestadores de servicios sanitarios coloquen un símbolo claramente visible que indique (de modo similar a lo que ocurre con las tarjetas de crédito en hoteles, restaurantes, etc.) que la TSE de los pacientes se acepta en un Estado miembro, de conformidad con el Reglamento (CE) no 883/2004; pide un elevado nivel de protección de datos para los pacientes en relación con la colaboración transfronteriza en los servicios sanitarios con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos médicos sensibles;

Movilidad de los profesionales de la sanidad

39. Recuerda que la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales [16], no cubre todas las lagunas reglamentarias existentes en la Unión Europea con respecto a la libre circulación de los profesionales de la sanidad, especialmente en materia de formación permanente, al derecho de establecimiento y a la garantía de la competencia de los profesionales sanitarios; destaca que toda legislación futura en este ámbito debería facilitar considerablemente la provisión de servicios sanitarios transfronterizos y el establecimiento de prestadores de servicios de otros Estados miembros;

40. Señala que, si bien es cierto que el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales existe en la UE, aún son insuficientes la uniformidad de la calidad de los contenidos de la formación profesional y de las modalidades que determinan el ejercicio de las correspondientes profesiones y las disposiciones destinadas a lograr tal uniformidad;

41. Subraya que en el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales se especifica que la Unión ha de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y, a este respecto, destaca que la calidad de los servicios sanitarios y la capacidad del sector de retener al personal están condicionadas por la calidad del trabajo y las condiciones laborales del personal de asistencia sanitaria, incluidos los tiempos de descanso y las oportunidades de formación profesional; subraya también que las medidas de acompañamiento, como el control de la calidad, la supervisión y el uso de nuevas tecnologías de la información, han de asegurar la mejor asistencia médica para los pacientes;

42. Considera muy importante que los prestadores de servicios sanitarios que tratan directamente con los pacientes tengan un conocimiento adecuado de la lengua del Estado de acogida;

43. Pide a la Comisión que se cree un mecanismo de recogida de datos e intercambio de información entre las distintas autoridades nacionales sobre los prestadores de servicios sanitarios, así como una tarjeta europea que dé acceso a la información sobre las competencias de los profesionales de la sanidad, y que se facilite dicha información a los pacientes y se desarrolle también un sistema de información sanitaria fiable para los prestadores de servicios sanitarios, obligándose a las autoridades nacionales a compartir dicha información;

44. Pide a la Comisión, en el contexto de un aumento de la movilidad profesional en Europa, que establezca la obligación de las autoridades nacionales de intercambiar información sobre los registros y la información disciplinarias sobre los profesionales de la sanidad a fin de garantizar la seguridad del paciente;

45. Acoge favorablemente la labor realizada por la iniciativa "Healthcare Professionals Crossing Borders" como un buen ejemplo de colaboración multilateral estrecha entre las autoridades sanitarias de los Estados miembros;

46. Destaca la necesidad de informar mejor a los profesionales de la sanidad sobre su derecho a la movilidad dentro de la Unión utilizando las herramientas facilitadas por la Comisión, como la red EURES (Servicios Europeos de Empleo);

Responsabilidad jurídica

47. Insiste en que la movilidad de los pacientes requiere la salvaguardia de unas normas claras y coherentes que rijan la responsabilidad por la provisión de servicios sanitarios transfronterizos y la necesidad resultante de acceso fácil a mecanismos de indemnización y judiciales, en particular si las distintas fases del tratamiento han tenido lugar en más de un Estado miembro;

48. Observa que la combinación de las disposiciones actuales del Derecho internacional privado sobre la jurisdicción y la legislación aplicable, y diversos instrumentos comunitarios, conduce a un entramado complejo y difícil de regímenes sobre responsabilidad jurídica que no propicia un acceso fácil a la justicia; subraya que ello es causa de especial preocupación en relación con los servicios sanitarios que, por su naturaleza, son de índole tanto personal como individual; observa, además, que un paciente que reclama una indemnización se encuentra probablemente en una situación vulnerable y actúa en solitario contra una institución o una organización profesional;

49. Destaca, por tanto, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los pacientes y los profesionales, y pide que se aclaren las responsabilidades en el supuesto de que se causen perjuicios, así como la obligación de que todos los profesionales de la sanidad dispongan de un seguro obligatorio de responsabilidad a un coste razonable;

50. Destaca la necesidad de reforzar la protección de los pacientes solicitando a los profesionales de la sanidad que suscriban un seguro de responsabilidad civil profesional; observa, sin embargo, que tanto el modo de garantizar lo anterior como la definición de quién es un profesional de la sanidad serán determinados por las disposiciones pertinentes de cada Estado miembro en materia de seguros u otras garantías financieras;

51. Precisa que los tratamientos sanitarios exigen a menudo un seguimiento médico; pide que se aclaren las normas relativas al reparto de responsabilidades entre los prestadores de asistencia sanitaria en las distintas fases de los tratamientos médicos con objeto de garantizar la continuidad de los cuidados; destaca que la evolución en materia de telemedicina y sanidad en línea impone nuevas normas sobre cobertura social, financiación y acceso a tal asistencia;

Cooperación entre Estados miembros

52. Opina que una mayor cooperación entre los sistemas sanitarios a escala local, regional, intergubernamental y europea podría permitir obtener un tratamiento adecuado en otros Estados miembros y una mejor calidad de los servicios, con lo que aumentaría la confianza de los ciudadanos;

53. Señala que mediante la cooperación transfronteriza de los afectados podrán encontrarse soluciones apropiadas, como muestra el ejemplo de Euroregis;

54. Espera de los Estados miembros una cooperación transfronteriza en materia de prestaciones sanitarias con el fin de mejorar la relación coste-eficacia de los respectivos sistemas de salud;

55. Pide a la Comisión que elabore normas técnicas y a los Gobiernos de los Estados miembros que sostengan activamente la instauración de sistemas de información interoperativos transparentes que permitan un intercambio y un reparto eficaces de la información sobre la salud entre prestadores de servicios sanitarios de distintos Estados miembros;

56. Alienta el desarrollo de redes de centros de referencia, incluidos centros de referencia electrónicos que se ocupen de determinadas enfermedades raras, específicas y crónicas y de los intercambios de conocimientos sobre las mejores prácticas en materia de tratamiento y sobre la organización de los sistemas de asistencia sanitaria entre los distintos Estados miembros; pide por tanto a la Comisión que optimice la cooperación administrativa transnacional;

57. Opina que la Unión Europea puede desempeñar una importante función para mejorar la disponibilidad de información para los pacientes sobre la movilidad transfronteriza, y ello también mediante la promoción de los indicadores de salud europeos;

58. Reconoce que existe una demanda de servicios sanitarios y farmacéuticos transfronterizos de calidad elevada y adecuadamente reglamentados, así como de cooperación e intercambio de experiencia científica y tecnológica entre los centros médicos altamente especializados; señala, no obstante, que los estudios demuestran que la mayoría de la gente preferiría recibir tratamientos de elevada calidad cerca de su lugar de residencia; considera que, para dar la respuesta legislativa más adecuada, la Comisión debería realizar un estudio preliminar exhaustivo de las necesidades reales de movilidad de los pacientes, por una parte, y de los paciente afectados por la movilidad, por otra, evaluando al mismo tiempo el impacto de dicha movilidad sobre los sistemas sanitarios;

59. Espera, dadas las diferencias existentes, que los Estados miembros regulen entre ellos cuestiones como el acceso a las prestaciones, la calidad de las mismas y el control de los costes;

60. Considera el método abierto de compensación uno de los instrumentos apropiados para organizar una cooperación más estrecha entre los Estados miembros;

61. Desea que se elaboren acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados miembros, regiones y autoridades locales, así como entre los agentes del sector sanitario, lo que estimularía en su opinión la disposición conjunta de los medios materiales y humanos en las zonas transfronterizas y, en particular, en zonas con un número elevado de visitantes de corta duración, así como los intercambios de competencias y conocimientos;

62. Pide la creación de ventanillas únicas basadas en los instrumentos comunitarios existentes, según la organización específica de cada sistema sanitario, con objeto de garantizar el acceso a información objetiva e independiente para los pacientes, los profesionales de la sanidad, las instituciones que proporcionan servicios sanitarios y las autoridades competentes; cree que los profesionales de la sanidad pueden ayudar a los pacientes a buscar información;

63. Anima a la Comisión a que haga uso de todos los instrumentos existentes, como SOLVIT y los procedimientos de infracción, con el fin de ayudar a los pacientes a quienes se les ha denegado el reembolso (de gastos de asistencia no hospitalaria) o la autorización (de asistencia hospitalaria) incluso habiéndose cumplido las condiciones establecidas en la jurisprudencia;

64. Anima a la Comisión a que continúe recogiendo datos de los Estados miembros y analizando las tendencias y desafíos que afronta la movilidad transfronteriza de pacientes y profesionales de la sanidad;

Conclusiones

65. Pide a la Comisión que intensifique su política de persecución de las violaciones del Derecho comunitario con miras a garantizar que todos los Estados miembros respetan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que todos los pacientes europeos, con independencia de su país de origen, se benefician de los derechos que les confiere el Tratado;

66. Invita a la Comisión a que presente, ante el Parlamento y el Consejo, una propuesta de instrumento apropiado con miras, en particular, a codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

67. Pide a la Comisión que presente una propuesta que tenga en cuenta la presente Resolución, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los derechos de los pacientes; pide que se garantice a los pacientes el mayor acceso posible a los servicios sanitarios en toda Europa, así como que se garantice a los prestadores de servicios sanitarios la libertad para prestar estos servicios, así como la libertad de establecimiento;

68. Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión de abordar temas sanitarios en la Directiva 2006/123/CE fue rechazada por el Parlamento Europeo y el Consejo, insiste en que ahora son necesarias nuevas medidas para mantener los derechos existentes; por tanto, pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que garantice la salvaguardia de estos derechos;

69. Cree que, por encima de todo, un nuevo marco regulador europeo para los servicios transfronterizos de atención sanitaria debe mejorar el acceso a servicios sanitarios de alta calidad en caso de enfermedad, contribuir a la seguridad de los pacientes y ampliar las opciones que se ofrecen a todos los pacientes en la Unión Europea, sin aumentar a la desigualdad en materia de salud;

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70. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

[1] Rec. 1998, p. I-1831.

[2] Rec. 1998, p. I-1931.

[3] Rec. 2001, p. I-5473.

[4] Rec. 2001, p. I-5363.

[5] Rec. 2003, p. I-1703.

[6] Rec. 2003, p. I-4509.

[7] Rec. 2003, p. I-12403.

[8] Rec. 2004, p. I-2641.

[9] Rec. 2006, p. I-4325.

[10] DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

[11] DO C 124 E de 25.5.2006, p. 543.

[12] DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.

[13] DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

[14] DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

[15] DO L 40 de 11.2.1989, p. 8.

[16] DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

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