Propuesta modificada de Reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (1) (98/C 150/07) COM(1998) 209 final - 97/0188(CNS)

(Presentada por la Comisión en virtud del apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE el 3 de abril de 1998)

Habida cuenta del dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas Europeo y de las enmiendas del Parlamento Europeo, la Comisión propone introducir las modificaciones siguientes en su propuesta inicial:

1. En el artículo 2, el apartado 1 quáter se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 2, 1 quáter«Se efectuará una inscripción ad hoc en la contabilidad citada en la letra a) del apartado 2 del artículo 6, con dispensa de comunicación al deudor, a efectos de la constatación prevista en el apartado 1 del presente artículo cuando:

a) las autoridades administrativas competentes no procedan a la contracción de la deuda aduanera como consecuencia de un error de las autoridades aduaneras en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 2 del artículo 220 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, cuando se conozca el deudor y pueda calcularse el importe, siempre y cuando dicho importe sea superior a 2 000 ecus.

No obstante no se consideran como errores que motiven la inscripción ad hoc anteriormente citada los errores que resulten de informaciones aduaneras vinculantes o de informaciones sobre el origen facilitadas por administraciones de otros Estados miembros que resulten inexactas o incompletas.

b) la comunicación al deudor no pueda efectuarse en el plazo fijado en el apartado 3 del artículo 221 del Reglamento citado en la letra a) anterior por razones imputables a las autoridades aduaneras.»

2. En el artículo 17,

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Se exime a los Estados miembros de poner a disposición de la Comisión los importes correspondientes a los derechos constatados cuyo cobro resulte imposible:

a) bien por razones de fuerza mayor

b) bien por otras razones que no les sean imputables.

Los importes de derechos constatados se declararán irrecuperables por decisión motivada de la autoridad administrativa competente que constate la imposibilidad de proceder a su cobro.

Los importes de derechos constatados se considerarán irrecuperables a más tardar transcurrido un período de cinco años a partir de la fecha en la que se efectuó la comunicación del importe de acuerdo con el artículo 2 o, en caso de mediar recurso administrativo o judicial, a partir de la fecha en que se notificó la decisión definitiva.

En caso de pago fraccionado, el período de cinco años empezará a contar a partir del último pago efectivo en la medida en que este último no liquide la deuda.

Los importes declarados o considerados irrecuperables se retirarán de la contabilidad separada contemplada en la letra b) del apartado 2 del artículo 6. Dichos importes figurarán en anexo al estado trimestral a que se refiere la letra b) del apartado 3 del mismo artículo así como, cuando proceda, en el estado trimestral mencionado en el apartado 4 de dicho artículo. En dicho estado se hace una distinción de los importes deducidos en función de que hayan sido declarados o considerados irrecuperables.»

b) en el punto b),

el final de frase «el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente», se sustituye por lo siguiente: «se añade el apartado 3 siguiente:».

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el plazo de seis meses a partir de su recepción, la comunicación citada en el apartado 3 dará lugar a una decisión motivada de la Comisión cuando ésta considere que no se cumplen las condiciones del primer párrafo del apartado 2. En este caso, el Estado miembro de que se trate estará obligado a anotar en la contabilidad a que se hace mención en la letra a) del apartado 2 del artículo 6 el importe correspondiente a los derechos no recaudados y a ponerlo a disposición de la Comisión a más tardar el primer día laborable siguiente al decimonoveno día del segundo mes que siga a aquél en el que se le notificara la decisión.

Cuando la Comisión considere que se cumplen las condiciones del primer párrafo del apartado 2, dispondrá de un plazo de seis meses para notificar al Estado miembro su acuerdo sobre la exención de puesta a disposición de los importes en cuestión.»

(1) DO C 267 de 3.9.1997, p. 64.