A4-0338/96

Resolución sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y las opiniones de la Comisión de Política Regional y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A4-0338/96),

A. Considerando que la participación de los ciudadanos constituye una dimensión importante de la cultura política europea pero que, a pesar de los esfuerzos realizados, la Unión acusa aún un déficit democrático y atraviesa una crisis de confianza por parte de los ciudadanos,

B. Considerando que el éxito de la construcción europea depende de una mejora de su capacidad decisoria y de una mayor participación de sus ciudadanos, sobre todo mediante el incremento de las competencias del Parlamento Europeo,

C. Considerando que la Unión debe volver a encontrar un sentido que le permita reestablecer la confianza del ciudadano y suscitar el deseo de participación, con un proyecto centrado no sólo en la seguridad externa e interna, sino también en la resolución de los problemas del desempleo, de la exclusión, de los atentados contra el medio ambiente y de la degradación de los sistemas de protección social y encarnar, asimismo, un verdadero compromiso común que permita fomentar el empleo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la solidaridad y el desarrollo duradero,

D. Considerando que la participación, en particular con igualdad entre hombres y mujeres, contribuye a la revalorización del sistema democrático,

E. Considerando que incumbe al Parlamento Europeo dar el impulso mediante la adopción de nuevas iniciativas encaminadas a:

- precisar la aplicación del principio de subsidiariedad en términos inteligibles para la opinión pública,

- someter a examen público las políticas de la Unión,

- fomentar la evaluación de éstas,

- fomentar el ejercicio general de los derechos de consulta,

F. Considerando que los Estados que han optado por pertenecer a la Unión han de favorecer ellos mismos la participación de sus territorios en el funcionamiento del sistema de la Unión, así como el desarrollo de los intercambios y de los encuentros de carácter transnacional,

G. Considerando que los interlocutores de la sociedad civil han de desempeñar una función importante para la formación de una conciencia europea estimulando el esfuerzo de información, la confrontación de ideas y la búsqueda de intereses comunes,

H. Considerando que los esfuerzos ya realizados a nivel de las instituciones comunitarias para escuchar al ciudadano han de continuarse, texto)

I. Considerando que la presente CIG ha de ofrecer una oportunidad para formular al mismo tiempo los principios y algunas modalidades significativas de la respuesta a dicha exigencia de participación,

I. Debate público de las políticas de la Unión

1. Considera que la ciudadanía europea es indisociable del debate democrático;

A. Modelo social europeo

2. Considera que la Unión sólo podrá suscitar un deseo de participación si se afirma al mismo tiempo como una unión social y como una unión económica; que, en consecuencia, habida cuenta de las perspectivas de la introducción de la moneda única y de la ampliación, conviene definir sin demora las competencias sociales de la Unión, complementarias de las de los Estados miembros;

3. Recuerda su postura, incluida en su Resolución, de 13 de marzo de 1996, que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77)), a favor de la incorporación inmediata en el Tratado de los principios esenciales de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales; propone, además, que se entable un procedimiento de diálogo específico entre las instituciones comunitarias y los representantes de los interlocutores sociales, con vistas a la aplicación concreta de estos derechos sociales;

B. Pacto para el empleo

4. Acoge positivamente, en principio, la iniciativa del Presidente de la Comisión de proponer un Pacto de confianza que suscriban también los interlocutores sociales;

5. Insta a que se lleve a cabo un amplio debate colectivo sobre las condiciones susceptibles de dar cuerpo a tal Pacto:

- se ha de precisar la competencia comunitaria en materia de empleo;

- la organización de los mercados laborales debe permitir al mismo tiempo hacerlos más flexibles e incrementar la solidaridad con el objeto de posibilitar la inserción de las personas sin empleo, a mejorar la seguridad en el empleo, a desarrollar la formación, así como a favorecer la movilidad;

- se ha de promover una iniciativa comunitaria en favor de la reducción del tiempo de trabajo, de conformidad con su Resolución de 18 de septiembre de 1996 sobre la reducción y reorganización del tiempo de trabajo

((Acta de esa fecha parte II, punto 8))- las políticas monetarias y presupuestarias, así como las políticas estructurales, han de tener un efecto positivo en la creación de empleo;

- los recursos financieros comunes se han de incrementar, en particular para el desarrollo territorial, lo que requiere la creación de un instrumento fiscal común;

- convendría fomentar, junto con la creación del Banco Central Europeo, el desarrollo de un fondo europeo de inversiones destinado a financiar los proyectos europeos con arreglo a las recomendaciones del Libro Blanco;

6. Destaca la importancia que reviste el éxito de tal pacto y reitera su deseo de que se cree, junto con el Comité monetario ya existente, un nuevo comité del empleo en cuyo marco los ministros de Economía y Hacienda y los ministros de Asuntos Sociales procederían, al menos una vez al año, a una concertación con los interlocutores sociales representativos a nivel europeo;

C. Control democrático de las opciones en materia de política económica

7. Considera que las responsabilidades del Consejo y de la Comisión, por lo que se refiere a la definición de las grandes orientaciones económicas, necesitan un control democrático reforzado;

8. Propone que el informe económico anual sea objeto de un dictamen del Parlamento Europeo; que la Comisión elabore un documento que tenga en cuenta dicho dictamen y que presente distintas opciones, con las implicaciones presupuestarias correspondientes; que el Consejo elija a continuación y conteste explícitamente a los dictámenes emitidos;

D. Deliberación sobre los próximos plazos importantes

9. Propone, a fin de permitir a los ciudadanos anticipar las opciones a las que tendrá que hacer frente la Unión, la deliberación precoz y global de los próximos plazos: transición al euro, revisión de las perspectivas financieras, ampliación, fortalecimiento de la Unión política;

E. Conferencia anual

10. Considera indispensable una deliberación regular muy amplia del conjunto de las políticas de la Unión para hacer participar a los ciudadanos en el examen de los problemas comunes;

11. Considera útil la celebración anual de un debate, en el marco de una sesión parlamentaria especial, en el que participen la Comisión y el Consejo, en relación con las líneas directrices en materia de política económica, debate precedido de una conferencia preparatoria del Parlamento Europeo con los representantes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones;

12. Considera necesario que una conferencia de este tipo se prepare también a nivel nacional con arreglo a los procedimientos democráticos elegidos por cada Estado miembro;

13. Considera que debería corresponderle convocar dicha conferencia, hacerse cargo de la secretaría y asegurar una información pública sobre sus trabajos;

II. Información de los ciudadanos

A. Principio general

14. Destaca que el derecho a la información es indispensable para el buen ejercicio de la democracia, así como la importancia de las propuestas realizadas en su resolución antes mencionada de 13 de marzo de 1996 en favor de la transparencia y de la apertura de las Instituciones europeas;

15. Precisa que hay que responder igualmente a las demás dimensiones del derecho a la información, como el derecho a una buena educación, al reparto de los conocimientos, a la comunicación entre los ciudadanos, así como entre estos últimos y las instituciones, permitiendo así que cada uno ejerza su capacidad de juicio de cada uno;

B. Corresponsabilidad

16. Considera útil para el debate sobre el porvenir de la Unión la diversidad de las políticas de información;

17. Destaca a este respecto que el deber de información sobre la construcción europea no incumbe únicamente a las instituciones comunitarias sino también a las instituciones nacionales;

18. Pide en consecuencia a los Estados miembros que asuman su responsabilidad para la mejora de la información sobre la construcción europea;

19. Considera que las instituciones comunitarias, concretamente el Parlamento Europeo y la Comisión, han de contribuir a garantizar el derecho a la información; que su realización requiere criterios de interés general; que, en este contexto, las instituciones han de:

- velar por la transparencia del funcionamiento de las instituciones políticas y de los sistemas de asesoramiento técnico, así como de las actividades de los grupos de interés;

- fomentar una política de educación cívica inicial y permanente específicamente europea;

- crear los instrumentos comunes necesarios para la observación y evaluación;

- encargarse de mejorar los conocimientos y la información, sobre todo entre los jóvenes, sobre la historia de los distintos Estados miembros;

C. Calidad de la información

20. Sugiere que se mejore significativamente la información sobre la construcción europea:

- fomentando la búsqueda de convenios entre los medios de comunicación, la Comunidad y los Estados miembros, con objeto de hacer más sensible la realidad de la construcción europea y de fomentar el debate político sobre la misma;

- facilitando los medios necesarios para una información estadística de calidad;

- creando una red interinstitucional de centros de información lo más descentralizados y accesibles posible;

D. Evaluación de las políticas

21. Descata la importancia de un principio general de evaluación de las políticas aplicadas a nivel europeo, y propone para ello la inscripción de una mención en el Tratado, entendiéndose la evaluación como la recogida y el intercambio de información de fuentes múltiples con relación a los objetivos perseguidos;

22. Propone con este objeto que se encargue al Parlamento Europeo y a la Comisión la evaluación de las políticas comunitarias en concertación con el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones y contando con la colaboración de un instituto científico de expertos independientes, con objeto de examinar, cuando sea necesario, los efectos de la política comunitaria;

23. Pide a la Comisión que estudie los medios de mejorar los trabajos de los observatorios de su responsabilidad o autónomos, a fin de que estos trabajos puedan beneficiar a los ciudadanos;

III. Derecho de expresión y modalidades de consulta y de concertación

A. Derecho de expresión

24. Destaca la importancia de un principio general por el que se proclame el derecho de todo ciudadano y de toda organización representativa a formular su opinión, a que ésta sea oída y a recibir respuestas, ya sea directa o indirectamente, sin que este derecho implique una participación directa en la toma de decisiones;

25. Destaca que este derecho de expresión deberá poder ejercerse en cada Estado miembro y en cada región ante las instituciones públicas, los centros de información comunitarios, las organizaciones representativas, así como en el seno de las redes de intercambios transnacionales;

B. Diálogo social y consulta

26. Considera que el diálogo social entre los interlocutores sociales previsto por el artículo 3 del Protocolo social debe dinamizarse y reforzarse en el marco general de una política social que permita a las dos ramas de la autoridad legislativa desempeñar plenamente sus funciones;

27. Desea que la consulta a las asociaciones, previa a la toma de decisiones, se organice a fin de dotarla de un contenido real y un seguimiento real; deberá asociarse al Parlamento Europeo a dicha concertación;

28. Considera que se debería confiar explícitamente al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la responsabilidad de coordinar la consulta de las organizaciones sociales y de las colectividades territoriales, de sintetizar sus dictámenes y de garantizar su remisión a las instituciones comunitarias, así como de velar por la difusión adecuada de la información procedente de las mismas; considera necesario consultar regularmente, en el ejercicio de sus funciones legislativas y de control, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones;

29. Pide que la función de los comités sectoriales organizados a nivel europeo sea plenamente reconocida; desea concretamente que las comisiones competentes del Parlamento Europeo puedan consultar a dichos comités sectoriales de modo directo; considera que se ha de fomentar su constitución;

30. Pide a los Estados miembros que supriman los obstáculos a una amplia participación de los cargos electos y de los interlocutores de la sociedad civil en el contexto de la cooperación territorial y la utilización de los Fondos estructurales;

C. Efectos de la consulta

31. Insta a la Comisión y al Consejo a que consideren con él el hecho de tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos, las organizaciones representativas de los agentes sociales y las colectividades territoriales y la respuesta a los mismos como constitutivos de un deber real de atención inherente al mandato que se les ha confiado;

32. Precisa que dichas opiniones han de revestir un carácter público; en este sentido, su síntesis será examinada por la conferencia anual y servirá de base para el Parlamento Europeo en el ejercicio de su poder de control;

IV. Representación de los ciudadanos

A. Representación electa

33. Recuerda que se ha pronunciado a favor de un modo de escrutinio que permita acercar los cargos electos a los ciudadanos, combinando, de manera similar en cada país, los principios de representación proporcional y de circunscripciones territoriales; considera que, en el mismo sentido, se ha de reducir la práctica de la acumulación de mandatos y funciones y establecerse un estatuto común de diputado europeo;

34. Previene contra la tendencia de hacer las directivas cada vez más detalladas y desea que se vuelva a conferir a las mismas un carácter general que deje suficiente libertad para las modalidades de ejecución a nivel nacional;

B. Representación de los interlocutores sociales

35. Recuerda que las instituciones políticas han de respetar el principio de independencia de los interlocutores sociales y de las asociaciones; que su función no consiste en suscitar su creación sino en ofrecerles un marco jurídico, una capacidad de información y un acceso efectivo a las instituciones;

36. Propone que la composición del Comité Económico y Social tenga más en cuenta todo el abanico de asociaciones sociales, medioambientales y culturales; considera que, a tal efecto, cabría hacer uso de manera sistemática, desde antes de la renovación de los mandatos del Comité Económico y Social, del apartado 2 del artículo 195 del Tratado CE, que prevé la posibilidad de recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sectores económicos y sociales, y de informar al respecto al Parlamento Europeo;

37. Propone que, de ahora en adelante, el proceso legislativo tenga más en cuenta los dictámenes del Comité Económico y Social y que se le consulte con mayor asiduidad;

38. Recuerda que el derecho de asociación constituye un aspecto esencial de la ciudadanía europea y que el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado a favor del reconocimiento de este derecho en el Tratado; pide la conclusión rápida del proyecto de estatuto jurídico de la asociación europea sin fines de lucro;

39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que concreten las presentes orientaciones en el seno de la CIG;

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los interlocutores sociales, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.