COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 8.3.2018 COM(2018) 113 final 2018/0048(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 56 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La Comisión ha adoptado hoy un conjunto de medidas de profundización de la Unión de los Mercados de Capitales, junto con la Comunicación «Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019». El conjunto incluye la presente propuesta, así como un marco propicio para los bonos garantizados a escala de la UE, una propuesta para facilitar la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva, una propuesta sobre el Derecho aplicable a la oponibilidad frente a terceros de la cesión de créditos y una Comunicación sobre el Derecho aplicable a los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores. Esta iniciativa se inscribe en la prioridad de la Comisión de crear una Unión de los Mercados de Capitales (UMC), que aspira a ampliar el acceso a la financiación para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y otras empresas no cotizadas. Hoy en día, el acceso a la financiación sigue siendo difícil para estas empresas, especialmente cuando pasan de la fase emergente a la de expansión, como consecuencia de las asimetrías estructurales de información. La excesiva dependencia de los créditos o préstamos bancarios a corto plazo no garantizados es a menudo muy costosa. Además, los volúmenes de los créditos o préstamos bancarios concedidos a las empresas emergentes y las pymes se han visto gravemente afectados por la crisis financiera de 2008 y siguen teniendo complicado alcanzar los niveles anteriores a la crisis, por lo que la falta de fondos es un factor determinante en los fracasos de las empresas emergentes. Estos problemas se magnifican significativamente en los Estados miembros con mercados de capitales y un sistema bancario menos desarrollados. En su calidad de nueva forma de servicio financiero basado en la tecnología, la financiación participativa goza del potencial para contribuir a poner en contacto a los inversores con aquellos proyectos que necesitan financiación. Las plataformas de financiación participativa actúan como intermediarias entre los inversores y las empresas, de modo que sea más sencillo para los inversores hallar y sustentar proyectos que les resulten interesantes. La financiación participativa puede convertirse en una fuente importante de financiación extrabancaria y servir para avanzar hacia los objetivos generales de la UMC, consistentes en apoyar una integración financiera más sostenible y fomentar la inversión privada en beneficio de la creación de empleo y el crecimiento económico. La financiación participativa se está revelando en cada vez mayor medida como parte esencial de la cadena de financiación para las empresas emergentes y las empresas en la fase inicial, normalmente financiadas por familiares, amigos y fondos propios hasta unas fases posteriores de desarrollo en las que los fondos de capital riesgo o incluso los fondos de capital inversión comienzan a interesarse por ellas. Esto supone que la financiación participativa puede constituir una alternativa a los créditos o préstamos bancarios no garantizados, que actualmente son la principal fuente de financiación externa para las pymes, especialmente en la fase inicial de su actividad. Los servicios de la Comisión han efectuado un seguimiento de la evolución del mercado de la financiación participativa durante varios años. Una Comunicación publicada en 2014 y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado en mayo de 2016 concluyeron que no existía ninguna razón de peso para la intervención a nivel de la UE en ese momento. En esa ocasión, los servicios de la Comisión se comprometieron a llevar a cabo un seguimiento de este mercado y, desde entonces, han recogido abundante información relativa a los obstáculos a las actividades transfronterizas y el desarrollo del mercado interior, mediante consultas con las partes interesadas y estudios externos. Por otra parte, la persistente concentración del sector europeo de la financiación participativa en un reducido número de Estados miembros ha subrayado la necesidad de generalizar la disponibilidad de este método de financiación en beneficio de los solicitantes de fondos y los inversores en todos los Estados miembros. La presente propuesta crea una etiqueta europea para las plataformas de financiación participativa de inversión y de crédito, con objeto de permitir la actividad transfronteriza y tratar de evitar los riesgos de manera proporcionada. La propuesta pretende facilitar que los servicios de financiación participativa se intensifiquen en el mercado interior, de forma que mejore el acceso a la financiación para los emprendedores, las empresas emergentes, las empresas en expansión y las pymes en general. Por ese motivo, se excluyen del ámbito de aplicación de la presente iniciativa la financiación participativa gratuita y la financiación participativa con venta de bienes o servicios. Incluir dichos modelos de negocio sería desproporcionado, ya que no se refieren a productos financieros ni a las asimetrías de información que estos productos generan. Por otra parte, la legislación en materia de protección de los consumidores de la UE ya se aplica a la financiación participativa con venta de bienes o servicios, pues establece normas estrictas con objeto de proteger a los consumidores. La presente propuesta no se aplica a los servicios prestados a los promotores de proyectos que reúnan las condiciones para ser considerados consumidores, tal como estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE. Por consiguiente, la propuesta no incluye los créditos o préstamos a consumidores con fines de consumo, pues no se trata de créditos a empresas sino que entran parcialmente en el ámbito de aplicación de la legislación vigente de la UE, en particular de los modos siguientes: i) cuando un consumidor recibe un préstamo para el consumo personal y lo hace al margen de su condición profesional, esta actividad entra en el ámbito regulado por la Directiva de crédito al consumo; y ii) en caso de que un consumidor reciba un préstamo para adquirir un bien inmueble, esta actividad entra en el ámbito regulado por la Directiva sobre créditos hipotecarios. La presente propuesta también pretende ofrecer a los inversores la información necesaria sobre la financiación participativa, sin olvidar la relativa a los riesgos subyacentes. Con el fin de aumentar la confianza de los inversores en estos servicios innovadores, la presente propuesta exige además que los proveedores de servicios de financiación participativa pongan en marcha las garantías necesarias para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Hasta ahora, la prestación de servicios de financiación participativa no ha sido objeto de una intervención específica de la UE. Los proveedores de servicios de financiación participativa han debido adaptar sus modelos de negocio a unos marcos nacionales muy diversos y están supeditados a la aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes de los regímenes vigentes a escala nacional y de la Unión. La naturaleza dinámica de los modelos de negocio y las distintas interpretaciones de la normativa vigente de la Unión en los diferentes Estados miembros han conducido a una gran diversidad de marcos normativos para los proveedores de servicios de financiación participativa, que van desde la inexistencia de normas reguladoras hasta una aplicación estricta de las normas de protección de los inversores. Algunos Estados miembros han introducido hasta la fecha regímenes nacionales específicos para la financiación participativa, mientras que otros exigen a las plataformas de financiación participativa una autorización y el respeto en sus actuaciones de los marcos normativos vigentes de la UE, como la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), la Directiva sobre servicios de pago (DSP) y la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva GFIA). La presente propuesta de marco jurídico europeo para la financiación participativa no trata de interferir con los regímenes nacionales específicos o las autorizaciones vigentes, incluidas aquellas otorgadas en virtud de la MiFID II, la DSP o la Directiva GFIA, sino que pretende brindar a los proveedores de servicios de financiación participativa la oportunidad de solicitar una etiqueta de la UE que les permita expandir sus actividades por toda la Unión cumpliendo determinadas condiciones. •Coherencia con otras políticas de la Unión El objetivo de la propuesta es ampliar el acceso a la financiación para las empresas innovadoras, las pymes y otras empresas no cotizadas, en consonancia con la prioridad de la Comisión de establecer una UMC. Al permitir que las plataformas expandan su actividad en el mercado europeo, la propuesta aspira a ofrecer a las empresas emergentes y las pymes acceso a fuentes alternativas de capital, en consonancia con otras iniciativas que han procurado facilitar el acceso a la financiación a dichas entidades, tales como el marco sobre los fondos de capital riesgo europeos. La iniciativa también forma parte del Plan de acción sobre tecnología financiera (tecnofinanzas) de la Comisión Europea, destinado a conocer mejor cómo funciona la tecnología y cuál es su contribución al refuerzo del sector de los servicios financieros. No cabe duda de que el sector de los servicios financieros es el mayor usuario de tecnologías digitales y constituye un factor importante en la transformación digital de nuestra sociedad. Estas nuevas tecnologías están cambiando la forma en que los consumidores y las empresas acceden a los servicios, al tiempo que mejoran la capacidad de comprender y medir los riesgos. La Comisión pretende adoptar una aproximación a las tecnofinanzas más orientada a la innovación facilitando un entorno normativo seguro y financieramente estable en el que puedan desarrollarse soluciones, servicios y productos financieros innovadores en toda la UE, para los inversores y para las empresas por igual. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. En la actualidad, la financiación participativa no puede aprovechar las ventajas del mercado interior al no existir un régimen normativo y de supervisión coherente y específico. Mientras que algunos Estados miembros aplican a los proveedores de servicios de financiación colectiva el actual marco normativo de los servicios financieros, otros les permiten mantenerse ajenos al régimen normativo y desarrollar su actividad de manera acorde a ciertas exenciones pertinentes para su modelo de negocio específico. Por otra parte, un número creciente de Estados miembros está poniendo en práctica marcos nacionales específicos que regulan particularmente las actividades de financiación participativa. La divergencia entre los marcos, normas e interpretaciones relativas a los modelos de negocio aplicados a los proveedores de servicios de financiación participativa a través de la Unión obstaculiza, por tanto, la expansión potencial de la actividad de financiación participativa a escala de la UE. Las sustanciales diferencias normativas y las divergencias en el alcance legislativo entre los diferentes Estados miembros suponen una barrera para la expansión de la actividad de las plataformas de financiación participativa a toda la UE, puesto que sus modelos de negocio tendrían que ajustarse a cada jurisdicción y exigirían a menudo una multiplicidad de autorizaciones o inscripciones de alcance nacional y la conformidad con normativas nacionales divergentes, en lo que atañe a la publicidad y la protección de los consumidores entre otros aspectos. Esto resultaría en unos costes elevados y sometería a los proveedores de servicios de financiación participativa a una complejidad e inseguridad jurídicas que causarían una innecesaria fragmentación del mercado, imposibilitarían economías de escala y crearían incoherencias en lo tocante a la transparencia y los riesgos financieros. Estas divergencias representan un obstáculo para el establecimiento del mercado interior y su correcto funcionamiento. Esta situación restringe la capacidad de las plataformas de financiación participativa de implantarse en otros mercados de la UE diferentes de su mercado nacional y limita los incentivos financieros de los proveedores de servicios de financiación participativa únicamente a los países más grandes de la UE, que cuentan con mercados de una magnitud suficiente. En cambio, restringe la capacidad de desarrollo de un mercado interior de la UE integrado para los servicios de financiación participativa. Al mismo tiempo, los inversores tienen limitado su acceso y su capacidad de diversificación de riesgos de forma pareja debido a la falta de un mercado interior. En algunos importantes sectores de carácter innovador, como el tecnológico, la proximidad geográfica no es un factor clave para atraer inversiones, y por tanto se apoyan en una base de inversores internacional. A pesar del rápido crecimiento de los mercados nacionales, las barreras transfronterizas señaladas anteriormente dificultan que los inversores internacionales participen en plataformas europeas de financiación participativa. Como resultado, estas dificultades para que los inversores se impliquen en proyectos transfronterizos generan costes adicionales de búsqueda y restringen la libre circulación de capitales dentro de la Unión. Es notorio que algunas empresas recurren a la constitución de una persona jurídica y a la captación de fondos en países con mercados de financiación participativa desarrollados. Aunque hay otros factores que podrían tener influencia al respecto, como el entorno financiero local, este hecho supone que las pequeñas empresas de sectores cuyos factores de producción tienen un bajo nivel de movilidad no pueden acceder a esas oportunidades de financiación, salvo que ya exista un mercado nacional eficiente de financiación participativa. En consecuencia, la imposibilidad de que las plataformas y los inversores actúen de manera transfronteriza puede complicar el acceso a la financiación para las empresas de una amplia gama de sectores. Estas divergencias también generan unas condiciones de competencia desiguales para los proveedores de plataformas en función de su ubicación, al fragmentar los modelos de financiación siguiendo las fronteras nacionales y levantar así barreras adicionales al mercado interior de los servicios de financiación participativa. Los factores fundamentales son las diferentes interpretaciones y el diferente tratamiento de los proveedores de servicios de financiación participativa, además de la desconfianza adicional que ello genera entre los inversores en un entorno transfronterizo en lo que respecta a la inseguridad y los elevados costes de búsqueda. Lo que es más importante, estas interpretaciones y tratamiento divergentes generan una inseguridad jurídica sustancial para los inversores minoristas, a los que una protección débil o incierta de sus derechos y recursos legales y la falta de transparencia en lo relativo a precios y costes asociados a las inversiones en estos proyectos disuaden de la financiación participativa. A través de la introducción de condiciones uniformes para la actividad de las empresas dentro de la UE, la propuesta supera las diferencias de los marcos legales nacionales que han conducido a la fragmentación del mercado a escala de la UE, reduciendo considerablemente la complejidad y las cargas financieras y administrativas para todas las partes interesadas pertinentes, es decir, plataformas de financiación participativa, promotores de proyectos e inversores. Al mismo tiempo, garantiza unas condiciones de competencia equitativas entre todos los proveedores de servicios que usen la misma etiqueta de la UE. •Subsidiariedad En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Debe evaluarse si los objetivos de la propuesta no podrían alcanzarse por los Estados miembros en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales y si, por razón de su escala y sus efectos, pueden alcanzarse mejor mediante la actuación de la UE. Los diversos enfoques adoptados por los Estados miembros y sus diferentes interpretaciones de la actividad de financiación participativa han ido empeorando progresivamente los problemas señalados. En vista de que los regímenes nacionales específicos son el mayor obstáculo para las plataformas y derivan en un mercado más fragmentado, los objetivos no pueden alcanzarse por medio de la acción individual de los Estados miembros. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo un seguimiento del mercado durante varios años y han reconocido las crecientes divergencias y la amplificación de los problemas que justifican la intervención a nivel de la UE. Mediante la realización de estudios y consultas públicas, se han recogido pruebas que sirven de sólido respaldo a la toma de medidas. No se ha llevado a cabo hasta el momento ningún esfuerzo de coordinación entre los Estados miembros en lo que atañe a la regulación de los servicios de crédito prestados por entidades que se dedican a la captación de depósitos, y la aplicación de las disposiciones de la MiFID a las plataformas de financiación participativa de inversión no es suficientemente uniforme para permitir la actividad transfronteriza. Las medidas adoptadas por los Estados miembros solamente pueden aportar soluciones a sus propios mercados respectivos, lo cual no es suficiente para reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento del mercado interior. La situación limita el acceso a la financiación de los mercados de capitales en fase inicial únicamente a los países de la UE de mayor tamaño y deja a los inversores un acceso y una capacidad limitados de diversificar riesgos de la misma manera, independientemente de su ubicación geográfica. Un marco común a escala de la UE garantizaría la posibilidad de internacionalizar las actividades de financiación participativa dentro del mercado interior. Esto supondría una mayor competencia entre los proveedores de servicios de financiación participativa y permitiría a los Estados miembros con mercados internos pequeños desarrollar fuentes de financiación alternativa. Además, permitiría a las empresas emergentes y las pymes contar con más capital y permitiría a los inversores acceder a una clase alternativa de activos. •Proporcionalidad Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la UE no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Actualmente, los proveedores de servicios de financiación participativa que deseen ofrecer sus servicios en otros Estados miembros pueden hacerlo siempre que obtengan una autorización nacional y cumplan con el régimen de financiación participativa propio de cada Estado miembro. En la práctica, esto supone que un proveedor de servicios de financiación participativa tiene que cumplir al mismo tiempo varios regímenes nacionales y adaptar su modelo de negocio si desea ofrecer servicios transfronterizos. Esto es una importante traba a la capacidad de los proveedores de servicios de financiación participativa de expandir su oferta a escala de la UE. La prestación de servicios de financiación participativa se centra en actividades más reducidas de captación de capital para proyectos, empresas emergentes en fase inicial y pymes. No obstante, en algunos Estados miembros la legislación aplicable a los proveedores es la legislación sectorial vigente, como la MiFID II y el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). Estas normas pueden resultar desproporcionadas para las actividades de escasa magnitud. Al mismo tiempo, pueden no ser adecuadas para el fin pretendido. La financiación participativa engloba muchos modelos de negocio diferentes, y es posible que no todos ellos estén regulados, lo cual puede producir efectos impredecibles de arrastre normativo. Como resultado, puede no ser posible regular, de modo proporcionado, a un número creciente de plataformas cuyos modelos de negocio son variados y abarcan tanto operaciones de crédito como de inversión. Un régimen único voluntario de financiación participativa a nivel europeo bajo la etiqueta de proveedor europeo de servicios de financiación participativa, que las plataformas puedan escoger cuando deseen implicarse en negocios transfronterizos, dejaría inalterados los marcos nacionales específicos de financiación participativa al tiempo que brindaría una oportunidad a las plataformas que quisieran expandir sus actividades a escala europea y llevar a cabo negocios transfronterizos. Supondría una reducción considerable y relativamente rápida de los costes de entrada en el mercado (costes normativos y de supervisión) para las plataformas de financiación participativa con actividad (o voluntad de actividad) transfronteriza, ya que tendrían que obtener su autorización una sola vez. Al mismo tiempo, ese régimen sería más proporcionado que las disposiciones de la MiFID. El régimen propuesto, orientado a la prestación de servicios, permitiría cierta flexibilidad a la hora de regular las actividades de las plataformas que combinen múltiples modelos de negocio, al constituir un régimen único aplicable tanto a los modelos de inversión como a los de crédito (lo cual reduciría la inseguridad jurídica). Este enfoque garantizaría además un régimen que no sería necesario modificar en el futuro con motivo de la rápida evolución del sector o del uso de instrumentos diferentes. La opción preferida sería también coherente con el marco legislativo, al permitir la coexistencia de los marcos financieros existentes con el nuevo régimen, con una exención acorde con el parámetro de 1 millón EUR establecido en otro instrumento clave de la legislación de la UE, en particular en el Reglamento (UE) 2017/1129 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado. El enfoque minimizaría los riesgos de arbitraje regulatorio a la vez que permitiría las actividades transfronterizas, en consonancia con una protección para los inversores y un marco de estabilidad financiera sólidos. •Elección del instrumento

El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de reglamento o directiva. Se ha escogido un reglamento ya que una «etiqueta de la UE» debe ser directamente aplicable en cada Estado miembro para ser efectiva. En segundo lugar, y en vista de que el Reglamento propuesto establece requisitos armonizados para las plataformas de financiación colectiva que deseen solicitar la respectiva autorización, no debe estar supeditado a normas nacionales específicas. En consecuencia, en este caso un reglamento es un instrumento más apropiado que una directiva. Sin embargo, cualquier aspecto que exceda del ámbito de aplicación de la propuesta puede estar supeditado a normas nacionales, incluidas las que traspongan las disposiciones de las Directivas de la UE aplicables. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas Las respuestas a las consultas públicas de la Comisión sobre la financiación participativa realizadas en 2013, el Libro Verde de la UMC de 2014, la revisión intermedia de la UMC de 2017 y la consulta sobre tecnología financiera de 2017 han proporcionado pruebas cualitativas que aconsejan la elaboración de una evaluación de impacto. Los participantes en la consulta del Libro Verde de la UMC señalaron la existencia de una serie de obstáculos al desarrollo de una regulación apropiada de las plataformas de financiación participativa: los obstáculos normativos, la escasez y mala calidad de la información, y otros obstáculos tales como la falta de mercados secundarios y las barreras fiscales. Algunos participantes consideraban que la intervención de la UE facilitaría las operaciones transfronterizas a menor coste. Muchos participantes en la consulta de la revisión intermedia de la UMC realizaron declaraciones similares, posicionándose en favor del desarrollo de un marco legal apropiado para la financiación participativa en toda la UE que garantizase una protección adecuada a los inversores y los consumidores y crease un mercado de un tamaño suficiente. La Comisión llevó a cabo una consulta pública sobre «Tecnología financiera: un sector financiero europeo más competitivo e innovador». La consulta pública recibió un total de doscientas veintiséis respuestas de personas físicas, industrias (de una gama importante de sectores del mercado), reguladores y supervisores nacionales y europeos, usuarios y sindicatos. El 12 de septiembre de 2017 se publicó un compendio de las contribuciones a la consulta pública, junto con información resumida de las respuestas individuales. Los participantes consideraron, en general, que los regímenes normativos nacionales tienen una repercusión directa en el desarrollo del sector de la financiación participativa. Esta postura era compartida en todos los tipos de participantes (personas individuales, organizaciones privadas, autoridades públicas y organizaciones internacionales). Casi la mitad de los participantes que expresaron su opinión sobre el asunto creían que los regímenes normativos nacionales obstaculizaban la dimensión transfronteriza de la financiación participativa y que era necesaria la armonización a nivel de la UE. También señalaron que el mercado europeo está fragmentado debido a las divergencias en los regímenes adoptados por los diferentes Estados miembros. Por otra parte, algunos de ellos consideraban que los obstáculos a la actividad transfronteriza causados por la yuxtaposición de normativas nacionales impedían una competencia real y hacían más difícil y costoso para las plataformas expandirse y alcanzar el tamaño suficiente para ser rentables a largo plazo. Además, los servicios de la Comisión han llevado a cabo una serie de talleres para consultar a los Estados miembros y a los organismos comerciales y sus miembros. Tres talleres normativos sobre financiación participativa tuvieron lugar, en diciembre de 2014, febrero de 2016 y noviembre de 2017, bajo los auspicios del Grupo de Expertos del Comité Europeo de Valores. Los expertos destacaron una serie de aspectos que podían abordarse para evitar las barreras legales y fomentar la actividad de financiación participativa en la UE, tales como la comunicación de información, la recopilación de datos, el establecimiento de una taxonomía común, el respaldo de la internacionalización mediante un régimen de «pasaportes» y el aumento de la convergencia de los requisitos de divulgación de información para las emisiones de valores que no superen el umbral de publicación del folleto. Los servicios de la Comisión crearon en 2015 el Foro de Partes Interesadas en la Microfinanciación Colectiva, un grupo de expertos formado por representantes de las asociaciones de grupos interesados pertinentes y de las autoridades nacionales. Finalmente, en junio de 2017 tuvo lugar un taller sobre financiación participativa transfronteriza, titulado Identifying market and regulatory obstacles to the cross-border development of crowdfunding in the EU (Detectar los obstáculos de mercado y normativos al desarrollo transfronterizo de la financiación participativa en la UE). •Obtención y uso de asesoramiento especializado La propuesta se fundamenta en una gran cantidad de trabajos de documentación, estudios externos, consultas específicas, entrevistas, grupos temáticos, talleres, etc. El material que se ha utilizado se ha ido recopilando desde que los servicios de la Comisión comenzaron su seguimiento del mercado en 2013. Esto incluye reuniones con partes interesadas, estudios llevados a cabo en nombre de la Comisión y por partes interesadas de la industria, documentos de trabajo de los servicios de la Comisión, dictámenes y asesoramiento de las autoridades de supervisión, estudios y documentos de investigación académicos. Se encargó un estudio enfocado a determinar las barreras existentes para la prestación de servicios transfronterizos de financiación participativa. •Evaluación de impacto La propuesta va acompañada por una evaluación de impacto enviada el 18 de noviembre de 2017 y aprobada por el Comité de Control Reglamentario el 15 de diciembre de 2017. El Comité solicitó la modificación del borrador de evaluación de impacto para incluir i) la motivación y la pertinencia de la iniciativa y la evolución de la postura de la Comisión en los últimos años, además de una mejor explicación del enfoque centrado en las necesidades de financiación iniciales de los emprendedores innovadores, las pequeñas empresas y las empresas emergentes; ii) la visión de futuro de la propuesta y su capacidad de integrar la evolución futura; iii) la importancia de la fragmentación normativa en comparación con las barreras que no aborda la propuesta; iv) pruebas adicionales sobre la demanda de actividad transfronteriza; v) la interacción entre la propuesta y la legislación sectorial vigente de la UE y nacional, y vi) la justificación de la elección del supervisor pertinente y las repercusiones de la propuesta sobre la Autoridad Europea de Valores y Mercados. La evaluación de impacto se ha modificado en consecuencia. La evaluación de impacto ha concluido que los mercados de financiación participativa de la UE para la financiación de las empresas tienen un desarrollo claramente inferior a los de otras grandes economías y, lo que es más importante, que no tienen una capacidad adecuada de funcionamiento transfronterizo. Los regímenes normativos están fragmentados y entran en conflicto, lo que provoca que las plataformas de financiación participativa sean incapaces de expandirse y ofrecer sus servicios libremente a escala paneuropea. Del mismo modo, los inversores renuncian a participar en actividades transfronterizas por la falta de confianza en esas plataformas y la fragmentación de los marcos normativos aplicables a la prestación de estos servicios. La evaluación de impacto señaló y analizó cuatro opciones para hacer frente a esos problemas. 1)Punto de partida: ninguna acción de la UE. 2)Opción 1: apoyarse en el capital de reputación; normas mínimas con mejores prácticas. 3)Opción 2: enfoque basado en el producto; encajar la financiación participativa en el existente código normativo único de la UE. 4)Opción 3: una solución complementaria basada en los servicios; régimen para los «proveedores europeos de servicios de financiación participativa». La opción inicial, la del punto de partida, analizaba la evolución del mercado en caso de que no se emprendiese ninguna acción a nivel de la UE. Sin acción alguna, las plataformas de financiación participativa serán aún menos capaces de expandirse a través de las fronteras, y los crecientes conflictos entre los regímenes nacionales podrían abrir resquicios en la protección de los inversores y la integridad del mercado. La segunda opción partía de la posibilidad de introducir elementos mínimos de armonización a escala de la UE y combinarlos con mejores prácticas. Esta opción tampoco se sostiene, puesto que crearía una inseguridad jurídica innecesaria debida a la introducción de un mecanismo de garantía del cumplimiento basado en la autorregulación y a su interacción con los regímenes nacionales ya vigentes. La tercera opción examinaba la posibilidad de introducir disposiciones relativas a la financiación participativa con arreglo al marco legislativo de la UE vigente, como la MiFID, y de crear un régimen específico para las actividades de financiación participativa de crédito, que actualmente no cuentan con un marco europeo en vigor. Este encaje del régimen de la financiación participativa en el código normativo único de la UE no se sostiene porque no es tan rentable como otras opciones, aunque sus resultados en términos de integridad y transparencia sean similares.

La opción preferida, la cuarta, estudiaba la posibilidad de introducir una etiqueta a escala de la UE para los proveedores de servicios de financiación participativa, que obtendrían autorización y serían objeto de supervisión a escala de la UE, en virtud de un régimen europeo. Esta opción combina la flexibilidad en relación con los modelos de negocio (ya que se podría elegir libremente optar por la etiqueta de la UE o mantenerse dentro del régimen nacional) con la proporcionalidad de las normas organizativas y de protección de los inversores. Por otra parte, el régimen de «pasaportes» integral proporciona una herramienta rentable para la expansión de conformidad con un régimen común, reduciendo la inseguridad jurídica y las cargas administrativas. •Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La opción preferida tiene repercusiones en términos de costes y carga administrativa para la AEVM. La magnitud y la distribución de los costes dependerá de los requisitos concretos que se exijan a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa y a las tareas de supervisión y de seguimiento que se deriven de ellos. Partiendo de que la AEVM estará a cargo de la autorización y supervisión de 25 proveedores europeos de servicios de financiación participativa en el primer año completo de aplicación (2020), los efectos en cuanto a costes (deducidas las tasas cobradas a la industria) serán aproximadamente de 1 637 000 EUR ese año. La estimación también incluye 500 000 EUR en costes puntuales, extendidos a lo largo de los dos primeros años, que se destinarán a poner en marcha los sistemas informáticos necesarios. Dado que el sector europeo de la financiación participativa aún es nuevo y se caracteriza principalmente por plataformas pequeñas con ingresos de poca cuantía, las tasas de los proveedores europeos de servicios de financiación participativa están limitadas a unas cantidades apropiadas. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información No procede. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La propuesta pretende establecer normas uniformes relativas a la financiación participativa a escala de la UE. No sustituye a las normas nacionales en la materia allí donde existan. En virtud de la propuesta, un proveedor de servicios de financiación participativa puede elegir prestar o seguir prestando servicios a escala nacional con arreglo a la normativa nacional aplicable (también en los casos en que un Estado miembro decida que la MiFID II sea aplicable a las actividades de financiación participativa) o conseguir una autorización para prestar servicios de financiación participativa con arreglo al Reglamento propuesto. En el caso de la autorización con arreglo a las normas de la UE, sirve tanto para prestar servicios en un único Estado miembro como para hacerlo de forma transfronteriza. Si el proveedor decide aplicar las normas de la UE, se le revocará la autorización obtenida con arreglo a las normas nacionales aplicables. La autorización concedida con arreglo al presente Reglamento permitiría a los proveedores de servicios de financiación participativa prestar esos servicios mediante un pasaporte válido para todos los Estados miembros. El artículo 1 define el objeto y, en particular, establece que el Reglamento se aplica a los proveedores de servicios de financiación participativa y fija requisitos uniformes en relación con sus actividades, su organización, su autorización y su supervisión continua. El artículo 2 define el ámbito de aplicación, limitado a aquellas personas jurídicas que elijan obtener la autorización con arreglo al artículo 11 y a aquellas que estén autorizadas conforme a dicho artículo. Asimismo, también prevé exenciones de conformidad con las cuales el presente Reglamento no es de aplicación a los servicios de financiación participativa que se prestan a consumidores, tal como estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE, a los servicios de financiación participativa que prestan personas jurídicas autorizadas como empresas de servicios de inversión de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE, o a los servicios de financiación participativa prestados por personas físicas o jurídicas que hayan sido autorizadas a esos efectos de conformidad con la normativa nacional. De esta disposición se deriva que las personas autorizadas como proveedores de servicios de financiación participativa que deseen continuar prestando servicios que excedan del ámbito de aplicación del presente Reglamento no podrán proseguir sus actividades con arreglo a la autorización concedida de conformidad con el presente Reglamento. Las personas de esa categoría que presten servicios transfronterizos de financiación participativa de inversión deberán obtener una autorización con arreglo a la Directiva 2014/65/UE, y se les deberá revocar la autorización como proveedores de servicios de financiación participativa obtenida conforme al presente Reglamento. El artículo 3 establece términos y definiciones utilizados en el presente Reglamento, como los de «servicios de financiación participativa», «plataforma de financiación participativa», «proveedor de servicios de financiación participativa» y «oferta de financiación participativa», entre otros. Como nota importante, la Comisión puede adoptar actos delegados para detallar en mayor medida los elementos técnicos de las definiciones establecidas en el artículo 2 de forma acorde con la evolución del mercado, la evolución tecnológica y la experiencia adquirida. El capítulo II describe la prestación de servicios de financiación participativa (artículo 4), la administración eficaz y prudente (artículo 5) y la tramitación de reclamaciones (artículo 6). En virtud de esas disposiciones, los proveedores de servicios de financiación participativa deben siempre cumplir con los requisitos organizativos, mientras que las personas físicas que ejerzan de administradoras en un proveedor de servicios de financiación participativa deben tener las capacidades y la experiencia profesional adecuadas. En lo que respecta a los conflictos de interés (artículo 7), un proveedor de servicios de financiación participativa debe contar con mecanismos organizativos y administrativos eficaces con vistas a tomar todas las medidas razonables destinadas a evitar que los conflictos de interés afecten negativamente a sus clientes. Los proveedores de servicios de financiación participativa también deben tomar todas las medidas adecuadas para detectar y prevenir o resolver los conflictos de interés entre ellos, incluidos sus administradores, empleados o cualquier persona directa o indirectamente vinculada a ellos por motivos de control y sus clientes, o entre un cliente y otro, que surjan en el curso de la prestación de cualquier servicio. Las normas relativas a la externalización y la custodia de los activos de los clientes se describen en los artículos 8 y 9. El capítulo III establece disposiciones sobre los requisitos de la autorización y la supervisión continua. Más concretamente, el artículo 10 establece la obligatoriedad de la autorización para los proveedores de servicios de financiación participativa y las condiciones para su obtención. En particular, los proveedores de servicios de financiación participativa deben satisfacer una serie de criterios para que la AEVM les conceda la autorización. El artículo 10 establece los procedimientos para aceptar y denegar las solicitudes de autorización. El artículo 11 exige a la AEVM el establecimiento de un registro público y actualizado de todos los proveedores de servicios de financiación participativa. El artículo 12 especifica que los servicios de financiación participativa deben prestarse bajo la supervisión de la AEVM. El artículo 13 establece las disposiciones relativas a la revocación de la autorización. El capítulo IV establece disposiciones sobre protección de los inversores y transparencia. En virtud del artículo 14, toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias, de los proveedores de servicios de financiación participativa a los clientes debe ser completa, clara y correcta. El artículo 15 establece una evaluación inicial de la adecuación de los posibles clientes y determina que las plataformas deben ofrecer a los inversores la posibilidad de ver una simulación de su capacidad de soportar pérdidas. El artículo 16 describe los detalles, el contenido, la forma y el resto de requisitos de la ficha de información esencial en materia de inversión. Los artículos 17 y 18 se refieren, respectivamente, al tablón de anuncios y el derecho del inversor de acceder a los registros. El capítulo V establece disposiciones respecto de las comunicaciones publicitarias. Más concretamente, el artículo 19 establece requisitos detallados para las comunicaciones publicitarias y el artículo 20 exige que las autoridades nacionales competentes publiquen y mantengan en sus sitios web las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas nacionales aplicables a las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios de financiación participativa. El capítulo VI establece disposiciones detalladas sobre los poderes y competencias de la AEVM, el derecho de confidencialidad (artículo 21), la solicitud de información (artículo 22), las investigaciones generales (artículo 23), las inspecciones in situ (artículo 24), el intercambio de información (artículo 25), el secreto profesional (artículo 26), las medidas de supervisión de la AEVM (artículo 27), las sanciones y otras medidas administrativas, en particular, las multas (artículo 28), las multas coercitivas (artículo 29), la divulgación, naturaleza y ejecución de las multas (artículo 30) y las normas procedimentales relacionadas con la adopción de medidas de supervisión y la imposición de multas (artículo 31). Los artículos 32 y 33 fijan requisitos, respectivamente, con respecto a la audiencia de las personas afectadas y la jurisdicción ilimitada del Tribunal de Justicia sobre las decisiones de la AEVM. De conformidad con el artículo 34, la AEVM debe poder cobrar tasas a los proveedores de servicios de financiación participativa de conformidad con el Reglamento y el acto delegado adoptado con arreglo al Reglamento. El artículo 35 establece la posibilidad de que la AEVM delegue, de conformidad con sus directrices, tareas de supervisión específicas a las autoridades competentes de los Estados miembros. La financiación participativa, al igual que otros servicios financieros, puede ser objeto de blanqueo de capitales y actividades de financiación del terrorismo. Por ello, el Reglamento establece garantías adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de que estas actividades se lleven a cabo. En particular, el artículo 9 exige que los pagos de operaciones de financiación participativa se realicen a través de entidades autorizadas en virtud de la Directiva sobre servicios de pago (DSP) y, por lo tanto, sujetas a la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales (DBC), tanto si proceden de la propia plataforma como si proceden de un tercero. El artículo 9 establece también que los proveedores de servicios de financiación participativa deberán garantizar que los promotores de proyectos aceptan la financiación procedente de ofertas de financiación participativa o cualquier pago únicamente por medio de una entidad autorizada en virtud de la DSP. El artículo 10 introduce requisitos de buena reputación de los administradores, entre los que se incluye la ausencia de antecedentes penales conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales. El artículo 13 exige que las autoridades nacionales competentes, incluidas las designadas de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849, notifiquen a la AEVM cualquier cuestión que sea pertinente en el marco de la DBC y que involucre a una plataforma de financiación participativa. La AEVM podrá, posteriormente, revocar la autorización basándose en esta información. El artículo 38 dispone que, con el fin de seguir garantizando la estabilidad financiera mediante la prevención de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión debe evaluar la necesidad y proporcionalidad de someter a los proveedores de servicios de financiación participativa a la obligación de cumplir las disposiciones nacionales por las que se aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo que respecta al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y de añadir a dichos proveedores a la lista de entidades obligadas a efectos de la Directiva (UE) 2015/849.

El ejercicio de la delegación con objeto de adoptar actos delegados de la Comisión se regula en el capítulo VII. La propuesta de Reglamento otorga competencias a la Comisión para adoptar actos delegados que detallen ciertos pormenores, requisitos y mecanismos descritos en el Reglamento.



2018/0048 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La financiación participativa es, cada vez en mayor medida, una forma consolidada de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su fase inicial de crecimiento, en la que lo habitual es recibir inversiones de pequeño calado. La financiación participativa representa un nuevo tipo de intermediación en la que un proveedor de servicios de financiación participativa interactúa con sus clientes a través de una plataforma digital sin asumir un riesgo propio, con objeto de poner en contacto a inversores potenciales con empresas que busquen financiación, independientemente de que esa financiación lleve a un acuerdo de préstamo, a una participación de capital o a otra participación basada en valores transferibles. Por tanto, procede incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento tanto la financiación participativa de crédito como la financiación participativa de inversión, dado que ambas son alternativas comparables para la financiación de las empresas. (2)Obtener financiación es dificultoso para las empresas pequeñas e incipientes, particularmente cuando pasan de la fase emergente a la fase de expansión. La financiación participativa puede contribuir a facilitar a ese tipo de empresas el acceso a la financiación, y a completar así la Unión de Mercados de Capitales (UMC). La falta de acceso a la financiación para esas empresas constituye un problema incluso en aquellos Estados miembros en los que el acceso a la financiación bancaria se ha mantenido estable durante la crisis financiera. La financiación alternativa ha surgido como práctica consolidada para financiar un proyecto o negocio, normalmente por parte de un gran número de personas u organizaciones, a través de plataformas en línea en las que los ciudadanos, las organizaciones o las empresas, incluidas las empresas emergentes, captan cantidades de dinero relativamente pequeñas. (3)La prestación de servicios de financiación participativa comprende, generalmente, tres tipos de participantes: el promotor del proyecto, que propone el proyecto que necesita financiación; los inversores, que financian el proyecto propuesto, generalmente mediante inversiones limitadas, y una organización intermediaria en calidad de proveedora de servicios, que pone en contacto a los promotores de proyectos y a los inversores mediante una plataforma en línea. (4)Además de suponer una fuente alternativa de financiación, incluido el capital de riesgo, la financiación participativa puede ofrecer otros beneficios a las empresas. Puede proporcionar al promotor del proyecto una validación del concepto y de la idea, darle acceso a un gran número de personas que aporten sus puntos de vista y otro tipo de información al emprendedor y ser una herramienta publicitaria si la campaña de financiación participativa es exitosa. (5)Varios Estados miembros han introducido ya regímenes nacionales específicos de financiación participativa. Esos regímenes están adaptados a las características y necesidades de los mercados y los inversores nacionales. Como consecuencia, las normas nacionales vigentes son divergentes en lo relativo a las condiciones de funcionamiento de las plataformas de financiación participativa, a la gama de actividades permitidas y a los requisitos para la concesión de autorizaciones.

(6)Las diferencias entre las normas nacionales vigentes son suficientes para obstaculizar la prestación transfronteriza de servicios de financiación participativa y tener con ello un efecto directo sobre el funcionamiento del mercado interior en cuanto a dichos servicios. En particular, la fragmentación del marco normativo a través de las fronteras nacionales genera costes de cumplimiento normativo considerables para los inversores minoristas, que a menudo se enfrentan a dificultades desproporcionadas para la magnitud de su inversión en la determinación de las normas aplicables a los servicios transfronterizos de financiación participativa. Por tanto, muchos inversores se ven disuadidos de realizar inversiones transfronterizas a través de las plataformas de financiación participativa. Por las mismas razones, los proveedores de servicios de financiación participativa que gestionan esas plataformas se ven disuadidos de ofrecer sus servicios en un Estado miembro diferente del de su sede. Como resultado, las actividades de financiación participativa han tenido hasta el momento un carácter eminentemente nacional, en detrimento de un mercado de financiación participativa común a toda la Unión, y ese hecho ha dificultado que las empresas accedan a los servicios de financiación participativa. (7)Para fomentar las actividades transfronterizas de financiación participativa y facilitar el ejercicio por parte de los proveedores de servicios de financiación participativa de la libertad de prestar y de disfrutar dichos servicios en el mercado interior, es necesario, por tanto, remover los obstáculos existentes para el buen funcionamiento del mercado interior de la financiación participativa. Establecer un conjunto de normas comunes sobre la prestación de servicios de financiación participativa que permita a los proveedores de servicios en ese campo solicitar una autorización única para toda la Unión que los habilite para ejercer su actividad conforme a esas normas es un adecuado primer paso para fomentar las actividades transfronterizas de financiación participativa y, de ese modo, mejorar el funcionamiento del mercado único. (8)El presente Reglamento tiene por objeto fomentar la financiación transfronteriza de las empresas, a través de la eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado interior en los servicios de financiación participativa. Por tanto, los servicios de financiación participativa relacionados con los préstamos y los créditos a los consumidores, tal como estos se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. (9)Para evitar que la misma actividad esté sujeta a diferentes autorizaciones dentro de la Unión, los servicios de financiación participativa prestados por personas que hayan sido autorizadas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o prestados de conformidad con la normativa nacional deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. (10)En lo que respecta a la financiación participativa de crédito, facilitar la concesión de préstamos, incluidos servicios como la presentación de ofertas de financiación participativa a clientes o la calificación de la solvencia de los promotores de proyectos, debería dar cabida a diferentes modelos de negocio que permitan que se cierre un acuerdo de préstamo a través de una plataforma de financiación participativa entre uno o más clientes y uno o más promotores de proyecto. (11)En lo que respecta a la financiación participativa de inversión, la transferibilidad de los valores es una garantía importante para que los inversores puedan desprenderse de su inversión, dado que les brinda la posibilidad legal de disponer de su interés en los mercados de capitales. Por tanto, el presente Reglamento solamente regula y permite los servicios de financiación participativa de inversión en relación con valores transferibles. Los instrumentos financieros diferentes de los valores transferibles deben, no obstante, quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento ya que esos valores entrañan riesgos para los inversores que no pueden gestionarse correctamente dentro de este marco legal. (12)Teniendo en cuenta los riesgos aparejados a las inversiones de financiación participativa, es adecuado imponer, en interés de una protección eficaz de los inversores, un máximo para cada oferta de financiación participativa. Dicho umbral debe fijarse en 1 000 000 EUR, ya que corresponde al umbral establecido en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo por encima del cual la redacción y aprobación de un folleto son obligatorias. (13)Para evitar el arbitraje regulatorio y garantizar la supervisión eficaz de los proveedores de servicios de financiación participativa, debe prohibirse a dichos proveedores aceptar depósitos u otros fondos reembolsables del público, salvo que posean autorización como entidades de crédito con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (14)Con el fin de alcanzar ese objetivo, debe concederse a los proveedores de servicios de financiación participativa la opción de solicitar una autorización única para toda la Unión y de ejercer su actividad de conformidad con esos requisitos uniformes. Sin embargo, para preservar la amplia gama de ofertas de financiación participativa que se presentan específicamente en los mercados nacionales, los proveedores de servicios de financiación participativa deben poder seguir prestando sus servicios con arreglo a la legislación nacional aplicable cuando así lo elijan. En consecuencia, los requisitos uniformes establecidos en el presente Reglamento deben ser opcionales y no ser de aplicación a aquellos servicios de financiación participativa que elijan permanecer activos únicamente a escala nacional. (15)Para mantener unos niveles altos de protección de los inversores, reducir los riesgos asociados a la financiación participativa y garantizar un trato justo a todos los clientes, los proveedores de servicios de financiación participativa deben aplicar garantías para que los proyectos se seleccionen de forma profesional, justa y transparente y para que los servicios de financiación participativa se presten de esa misma forma. (16)Con el fin de mejorar el servicio a sus clientes, los proveedores de servicios de financiación participativa deben poder ejercer un poder discrecional en nombre de sus clientes con respecto a los parámetros de las órdenes de estos, siempre que tomen las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para dichos clientes y que divulguen el método exacto y los parámetros con los que se ejerce el poder discrecional. Para garantizar que las oportunidades de inversión se ofrecen a los inversores potenciales de modo neutral, los proveedores de servicios de financiación participativa no deben pagar ni aceptar ninguna remuneración, descuento o beneficio no pecuniario por orientar las órdenes de los inversores a una oferta concreta presentada en su plataforma o a una oferta concreta presentada en una plataforma de terceros. (17)El presente Reglamento tiene por objetivo facilitar la inversión directa y evitar que surjan oportunidades de arbitraje regulatorio para los intermediarios financieros que se rijan por otra normativa de la Unión, en particular las normas de la Unión que regulan a los gestores de activos. El uso de estructuras legales, incluidas entidades instrumentales, para su interposición entre el proyecto de financiación participativa y los inversores debe por tanto estar estrictamente regulado y permitirse solo cuando esté justificado. (18)Garantizar un sistema eficaz de gobernanza es esencial para la buena gestión de los riesgos y para evitar cualquier conflicto de interés. Los proveedores de servicios de financiación participativa, por tanto, deben contar con mecanismos de gobernanza que garanticen una administración eficaz y prudente, con buena reputación y con un conocimiento y experiencia adecuados. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben asimismo establecer procedimientos para recibir y tramitar reclamaciones de los clientes. (19)Los proveedores de servicios de financiación participativa deben operar como intermediarios neutrales entre los clientes en su plataforma de financiación participativa. Para evitar los conflictos de interés, deben establecerse ciertos requisitos con respecto a los proveedores de servicios de financiación participativa y sus administradores y empleados, o cualquier persona que los controle directa o indirectamente. En particular, debe evitarse que los proveedores de servicios de financiación participativa tengan participación financiera alguna en las ofertas de financiación participativa de sus plataformas. Además, los accionistas que posean el 20 % o más del capital o los derechos de voto, los administradores y los empleados, o cualquier persona que controle directa o indirectamente las plataformas de financiación participativa, no deben actuar como clientes en lo que respecta a los servicios de financiación participativa ofrecidos en esa plataforma. (20)En interés de la prestación eficiente y correcta de los servicios de financiación participativa, los proveedores de servicios de financiación participativa deben poder encargar cualquier función operativa, total o parcialmente, a proveedores de servicios, siempre que la externalización no afecte de manera sustancial a la calidad de los controles internos y la supervisión efectiva de los proveedores de servicios de financiación participativa. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben, no obstante, seguir siendo plenamente responsables del cumplimiento del presente Reglamento. (21)La custodia de fondos de clientes y la prestación de servicios de pago exigen una autorización como proveedor de servicios de pago, de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este requisito de autorización obligatoria no puede satisfacerse mediante la autorización como proveedor de servicios de financiación participativa. Por consiguiente, procede aclarar que, cuando un proveedor de servicios de financiación participativa lleve a cabo servicios de pago en conexión con sus servicios de financiación participativa, necesitará autorización como entidad de pago de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366. Para permitir una supervisión adecuada de esas actividades, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe estar informada sobre la intención del proveedor de servicios de financiación participativa de prestar servicios de pago por sí mismo con la autorización pertinente o de externalizar esos servicios a un tercero autorizado. (22)El crecimiento y el correcto funcionamiento de los servicios transfronterizos de financiación participativa exigen que estos tengan una magnitud suficiente y la confianza del público. Esto implica la necesidad de imponer requisitos uniformes, proporcionados y directamente aplicables para la autorización, además de un punto único de supervisión. (23)Un nivel elevado de confianza de los inversores contribuye al crecimiento de los servicios de financiación participativa. Los requisitos para los servicios de financiación participativa deben, en consecuencia, facilitar la prestación transfronteriza de esos servicios, reducir los riesgos operativos y garantizar un alto grado de protección a los inversores. (24)Los servicios de financiación participativa pueden estar expuestos a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, como señala el Informe de la Comisión sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas. Por tanto, deben preverse garantías en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones para la autorización, la evaluación de la buena reputación de la administración y la prestación de servicios de pago solo a través de las entidades autorizadas sujetas a requisitos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con el fin de seguir garantizando la estabilidad financiera mediante la prevención de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión debe evaluar la necesidad y proporcionalidad de someter a los proveedores de servicios de financiación participativa a la obligación de cumplir las disposiciones nacionales por las que se aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo que respecta al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y de añadir a dichos proveedores a la lista de entidades obligadas a efectos de la Directiva (UE) 2015/849. (25)Para permitir a los proveedores de servicios de financiación participativa operar de forma transfronteriza sin tener que hacer frente a la divergencia entre normas, y facilitar así que inversores de diferentes Estados miembros financien proyectos en toda la Unión, los Estados miembros no deben poder imponer requisitos adicionales a los proveedores de servicios de financiación participativa autorizados por la AEVM.

(26)El proceso de autorización debe permitir a la AEVM estar informada sobre los servicios que los potenciales proveedores de servicios de financiación participativa pretendan prestar y evaluar la calidad de su administración y los procedimientos y la organización internos puestos en marcha por los proveedores de servicios de financiación participativa para garantizar el cumplimiento de los requisitos fijados en el presente Reglamento. (27)Para ofrecer transparencia a los inversores minoristas en lo que respecta a la prestación de servicios de financiación participativa, la AEVM debe crear un registro público actualizado de todos los servicios de financiación participativa que operen en la Unión de conformidad con el presente Reglamento. (28)La autorización debe revocarse cuando dejen de cumplirse las condiciones para su expedición. En particular, la AEVM debe poder evaluar si la buena reputación de la administración se ha visto afectada o si los procedimientos y sistemas internos han fallado gravemente. Para permitir a la AEVM evaluar si procede revocar la autorización a un proveedor de servicios de financiación participativa, las autoridades nacionales competentes deben informar a la AEVM siempre que un proveedor de servicios de financiación participativa, o un tercero que actúe en su nombre, haya perdido su autorización como entidad de pago o se considere que ha infringido los dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. (29)Con el fin de que los inversores potenciales entiendan claramente la naturaleza, los riesgos, los costes y las cargas de los servicios de financiación participativa, los proveedores de servicios de financiación participativa deben facilitar a sus clientes información apropiada. (30)Las inversiones en productos comercializados en plataformas de financiación participativa no son comparables a los productos de inversión o productos de ahorro tradicionales y no deben comercializarse como tales. Sin embargo, para garantizar que los inversores potenciales comprendan cuál es el nivel de riesgos aparejado a las inversiones de financiación participativa, los proveedores de financiación participativa deben llevar a cabo una prueba inicial de conocimientos a sus posibles inversores que establezca sus conocimientos en materia de inversiones. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben advertir expresamente a los inversores potenciales en todos los casos en que los servicios de financiación participativa se revelen como inapropiados para ellos. (31)Para que los inversores tomen una decisión de inversión informada, los proveedores de servicios de financiación participativa deben facilitar a los inversores potenciales una ficha de información esencial en materia de inversión. La ficha de información esencial en materia de inversión ha de advertir a los inversores potenciales de que el entorno de inversión en el que han entrado entraña riesgos y de que no está cubierto ni por el régimen de compensación de depósitos ni por las garantías de compensación de los inversores. (32)La ficha de información esencial en materia de inversión debe también tener en cuenta las características y riesgos específicos asociados a las empresas en fase inicial, e incluir fundamentalmente información importante sobre los promotores de los proyectos, los derechos de los inversores, las tasas que corresponden a estos y el tipo de valores ofrecidos y los acuerdos de préstamo. Dado que el promotor del proyecto correspondiente es quien está en la mejor posición para facilitar esa información, es él quien debe elaborar la ficha de información esencial en materia de inversión. No obstante, los proveedores de servicios de financiación participativa son responsables de informar a sus inversores potenciales, por lo que deben garantizar que las fichas de información esencial en materia de inversión sean completas. (33)Para garantizar a las empresas emergentes y las pymes un acceso adecuado y sin trabas a los mercados de capitales, reducir sus costes de financiación y evitar retrasos y costes a los proveedores de servicios de financiación colectiva, la ficha de información esencial en materia de inversión no debe ser aprobada por una autoridad competente. (34)Con objeto de evitar cargas administrativas y costes innecesarios en la prestación transfronteriza de servicios de financiación participativa, las comunicaciones publicitarias no deben estar sujetas a requisitos de traducción cuando se faciliten en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas. (35)Los proveedores de servicios de financiación participativa no deben poder realizar interposiciones discrecionales o no discrecionales de compra o venta de interés, puesto que dicha actividad exige una autorización como empresa de servicios de inversión con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2014/65/UE, o como mercado regulado con arreglo al artículo 44 de dicha Directiva. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben, en interés de la transparencia y el flujo de la información, poder permitir a los inversores que hayan realizado inversiones a través de su plataforma contactar o realizar operaciones entre sí por medio de sus plataformas, en relación con inversiones realizadas originalmente a través de sus plataformas. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben, no obstante, informar a sus clientes de que no funcionan como sistema de negociación y de que cualquier actividad de compra y venta realizada en sus plataformas se hará a discreción y bajo la responsabilidad del cliente. (36)Para facilitar la transparencia y garantizar una correcta documentación de las comunicaciones con el cliente, los proveedores de servicios de financiación participativa deben mantener todos los registros necesarios en relación con sus servicios y sus operaciones. (37)Para garantizar el trato justo y no discriminatorio de los inversores, los proveedores de servicios de financiación participativa que anuncien sus servicios mediante comunicaciones publicitarias no deben tratar a ningún proyecto concreto de forma más favorable destacándolo de los demás proyectos ofrecidos en su plataforma. Las comunicaciones publicitarias de una plataforma de financiación participativa no deben, por tanto, distinguir ningún proyecto en marcha o planeado. No debe impedirse, sin embargo, a los proveedores de servicios de financiación participativa que mencionen ofertas finalizadas con éxito en las que ya no sea posible realizar inversiones a través de la plataforma. (38)Con objeto de aumentar la seguridad jurídica para los proveedores de servicios de financiación participativa que operan en la Unión y de garantizarles un acceso más sencillo al mercado, debe publicarse por medios electrónicos, en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas, información completa sobre las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables en los Estados miembros que regulen las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios de financiación participativa y resúmenes de esas normas. A ese respecto, las autoridades competentes y la AEVM deben mantener bases de datos centrales. (39)Para desarrollar una mejor comprensión de la medida de las divergencias normativas existentes entre los Estados miembros en cuanto a los requisitos aplicables a las comunicaciones publicitarias, las autoridades competentes deben presentar a la AEVM un informe anual detallado sobre la actividad que realizan en ese ámbito en garantía de la aplicación de dicha normativa. (40)Es importante garantizar de forma eficaz y eficiente el cumplimiento de los requisitos de autorización y de prestación de los servicios de financiación participativa, de conformidad con el presente Reglamento. Por tanto, la AEVM debe contar con competencias para conceder las autorizaciones y ejercer la supervisión. Para garantizar que la AEVM cumple su mandato de supervisión, es preciso otorgarle poderes para solicitar información, llevar a cabo investigaciones con carácter general e inspecciones sobre el terreno, emitir notas públicas y advertencias e imponer sanciones. La AEVM debe hacer uso de sus competencias en materia de supervisión y de sanciones de modo proporcionado. (41)La concesión de estas competencias a la AEVM permite que la autorización y la supervisión se realicen de forma más eficiente y con una administración centralizada, generando economías de escala. Un sistema de supervisión centralizada de este tipo es beneficioso para los participantes en los mercados en términos de una mayor transparencia, protección de los inversores y eficiencia del mercado. (42)La AEVM debe imponer tasas sobre las entidades directamente supervisadas para cubrir sus costes, incluidos los indirectos. El importe de las tasas debe ser proporcionado al tamaño de la entidad directamente supervisada, teniendo en cuenta que la industria de la financiación participativa se encuentra en una fase de desarrollo inicial. (43)En vista de que los objetivos del presente Reglamento, es decir, hacer frente a la fragmentación del marco legal aplicable a los servicios de financiación participativa con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior en lo tocante a esos servicios a la vez que se refuerza la protección de los inversores y la eficiencia del mercado, y contribuir a la creación de la Unión de los Mercados de Capitales, no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados miembros y pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (44)La aplicación del presente Reglamento debe diferirse para que coincida con la aplicación de las normas nacionales de trasposición de la Directiva XXX/XXXX/UE [Directiva (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo de ...], que exime a los proveedores de servicios de financiación participativa que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de la aplicación de la Directiva 2014/65/UE. (45)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(46)El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Capítulo I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1

Objeto El presente Reglamento establece requisitos uniformes relativos a: a)el funcionamiento y la organización de los proveedores de servicios de financiación participativa; b)la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa; c)la transparencia y las comunicaciones publicitarias en relación con la prestación de servicios de financiación participativa en la Unión. Artículo 2

Ámbito de aplicación 1.El presente Reglamento se aplicará a las personas jurídicas que opten por solicitar autorización con arreglo al artículo 10, y a los proveedores de servicios de financiación participativa autorizados con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, en relación con la prestación de servicios de financiación participativa. 2.El presente Reglamento no será de aplicación a: a)los servicios de financiación participativa que se presten a los promotores de proyectos que sean consumidores, tal como se definen en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE; b)los servicios de financiación participativa que sean prestados por personas físicas o jurídicas que hayan sido autorizadas en calidad de empresa de servicios de inversión con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2014/65/UE; c)los servicios de financiación participativa que sean prestados por personas físicas o jurídicas de conformidad con el Derecho nacional; d)las ofertas de financiación participativa cuyo importe, calculado a lo largo de un periodo de doce meses con relación a un proyecto específico de financiación participativa, sea superior a 1 000 000 EUR por oferta. Artículo 3

Definiciones 1.A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a)«servicio de financiación participativa», la conexión de los intereses de los inversores y de los promotores de proyectos en materia de financiación empresarial mediante el uso de una plataforma de financiación participativa, que consista en cualquiera de los siguientes elementos: i)la facilitación de la concesión de préstamos; ii)la colocación sin un compromiso firme, a que se refiere el punto 7 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, de valores negociables emitidos por los promotores de proyectos y la recepción y transmisión de órdenes de clientes, a que se refiere el punto 1 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, en lo que se refiere a dichos valores negociables;

b)«plataforma de financiación participativa», todo sistema electrónico de información explotado o gestionado por un proveedor de servicios de financiación participativa; c)«proveedor de servicios de financiación participativa», toda persona jurídica que preste servicios de financiación participativa y haya sido autorizada a tal efecto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento; d)«oferta de financiación participativa», toda comunicación realizada por un proveedor de servicios de financiación participativa que contenga información que permita a los inversores potenciales decidir sobre la conveniencia de participar en una operación de financiación participativa; e)«cliente», todo inversor o promotor de proyectos real o potencial al que un proveedor de servicios de financiación participativa preste o pueda prestar este tipo de servicios; f)«promotor de proyectos», toda persona que aspire a financiar su proyecto a través de una plataforma de financiación participativa; g)«inversor», toda persona que, a través de una plataforma de financiación participativa, conceda préstamos o adquiera valores negociables; h)«proyecto de financiación participativa», la actividad o las actividades empresariales que un promotor de proyectos financie o aspire a financiar mediante una oferta de financiación participativa; i)«valores negociables», los valores negociables definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE; j)«comunicaciones publicitarias», toda información o comunicación de un proveedor de servicios de financiación participativa a un inversor potencial o promotor de proyectos potencial acerca de los servicios prestados por dicho proveedor, distinta de la información que se ha de facilitar al inversor al amparo del presente Reglamento; k)«soporte duradero», todo instrumento que permita almacenar información de modo que se pueda acceder a ella posteriormente para consulta y durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada, y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada; l)«entidad instrumental», toda entidad cuyo único objetivo sea llevar a cabo una titulización tal como se define en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1075/2013 del Banco Central Europeo. 2.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 38, con objeto de especificar con mayor detalle elementos técnicos de las definiciones establecidas en el apartado 1, a fin de tener en cuenta los cambios registrados en el mercado, la evolución tecnológica y la experiencia en el funcionamiento de las plataformas de financiación participativa y la prestación de servicios de financiación participativa. Capítulo II

Prestación de servicios de financiación participativa y requisitos organizativos y operativos aplicables a los proveedores de servicios de financiación participativa Artículo 4

Prestación de servicios de financiación participativa 1.Los servicios de financiación participativa solo podrán ser prestados por personas jurídicas que tengan un establecimiento efectivo y estable en un Estado miembro de la Unión y que hayan sido autorizadas en calidad de proveedores de servicios de financiación participativa de conformidad con el artículo 11 del presente Reglamento. 2.Los proveedores de servicios de financiación participativa deberán actuar de manera honesta, cabal y profesional atendiendo al mejor interés de sus clientes y clientes potenciales. 3.Los proveedores de servicios de financiación participativa no pagarán ni aceptarán ningún tipo de remuneración, descuento o rendimiento no dinerario por orientar órdenes de inversores a una determinada oferta de financiación participativa realizada en sus plataformas o a una oferta de financiación participativa específica presentada en una plataforma de un tercero. 4.Los proveedores de servicios de financiación participativa podrán ejercer un poder discrecional en nombre de sus clientes con respecto a los parámetros de las órdenes de estos, en cuyo caso deberán comunicar a sus clientes el método exacto y los parámetros de dicha facultad discrecional y tomar todas las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para sus clientes. 5.Por lo que se refiere a la utilización de entidades instrumentales para la prestación de servicios de financiación participativa, los proveedores de servicios de financiación participativa solo tendrán derecho a transferir un activo a la entidad instrumental a fin de que los inversores puedan tomar una exposición con relación a dicho activo mediante la adquisición de valores. La decisión de asumir una exposición con relación a dicho activo subyacente será de la competencia exclusiva de los inversores. Artículo 5

Gestión eficaz y prudente

La dirección de los proveedores de servicios de financiación participativa establecerá directrices y procedimientos adecuados, y supervisará su aplicación, con objeto de garantizar una gestión eficaz y prudente, incluida la separación de funciones, la continuidad de la actividad y la prevención de conflictos de interés, con el fin de promover la integridad del mercado y el interés de sus clientes. Artículo 6

Tramitación de reclamaciones 1.Los proveedores de servicios de financiación participativa establecerán y mantendrán procedimientos eficaces y transparentes que permitan una tramitación puntual, justa y coherente de las reclamaciones recibidas de los clientes. 2.Los clientes podrán presentar reclamaciones de forma gratuita a los proveedores de servicios de financiación participativa. 3.Los proveedores de servicios de financiación participativa llevarán un registro de todas las reclamaciones recibidas y las medidas adoptadas. 4.La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 37 con el fin de especificar los requisitos, modelos normalizados y procedimientos para la tramitación de reclamaciones. Artículo 7

Conflictos de interés 1.Los proveedores de servicios de financiación participativa no tendrán participación financiera alguna en las ofertas de financiación participativa que se encuentren en sus plataformas de financiación participativa. 2.Los proveedores de servicios de financiación participativa no aceptarán en calidad de clientes a ninguno de sus accionistas que posean al menos el 20 % del capital social o de los derechos de voto, ninguno de sus directivos, empleados o cualquier persona ligada directa o indirectamente a esos accionistas, directivos y empleados por vínculos de control, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 35, letra b), de la Directiva 2014/65/UE. 3.Los proveedores de servicios de financiación participativa mantendrán y aplicarán normas internas eficaces para evitar conflictos de interés. 4.Los proveedores de servicios de financiación participativa adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, detectar, gestionar y comunicar los conflictos de interés entre, por una parte, los propios proveedores de servicios de financiación participativa, sus accionistas, directivos y empleados o cualquier persona ligada directa o indirectamente a ellos por vínculos de control, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 35, letra b), de la Directiva 2014/65/UE, y, por otra, sus clientes, o entre dos clientes. 5.Los proveedores de servicios de financiación participativa informarán a sus clientes y clientes potenciales de la naturaleza general y de las fuentes de los conflictos de intereses y las medidas adoptadas para mitigar estos riesgos cuando consideren que es necesario para que las medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones internas a que se refiere el apartado 3 sean eficaces. 6.La información a que se hace referencia en el apartado 5 deberá: a)realizarse en un soporte duradero; b)con suficiente detalle, teniendo en cuenta la naturaleza de cada cliente, para que este pueda adoptar una decisión informada sobre el servicio en cuyo contexto surja el conflicto de interés. 7.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 37 con objeto de especificar: a)los requisitos para el mantenimiento o la aplicación de las disposiciones internas a que se refiere el apartado 3; b)las medidas a que se hace referencia en el apartado 4; c)los requisitos de la información a que se refieren los apartados 5 y 6. Artículo 8

Externalización

1.Cuando recurran a terceros para la ejecución de funciones operativas, los proveedores de servicios de financiación participativa tomarán todas las medidas razonables a fin de evitar riesgos operativos adicionales. 2.La externalización de funciones operativas no deberá afectar significativamente ni a la calidad del control interno de los proveedores de servicios de financiación participativa ni a la capacidad de la AEVM para supervisar el cumplimiento por parte del proveedor de servicios de financiación participativa de todas las obligaciones que establece el presente Reglamento. 3.Los proveedores de servicios de financiación participativa seguirán siendo plenamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento con respecto a las actividades externalizadas. Artículo 9

Custodia de activos de clientes, tenencia de fondos y prestación de servicios de pago 1.Los proveedores de servicios de financiación participativa informarán a sus clientes de lo que figura a continuación: a)si, y en qué condiciones, prestan servicios de custodia de activos, incluidas las referencias al Derecho nacional aplicable; b)si los servicios de custodia de activos los prestan ellos mismo o un tercero; c)si los servicios de pago y la tenencia y protección de fondos son prestados por el proveedor de servicios de financiación participativa o a través de un tercero que actúe en su nombre. 2.Los proveedores de servicios de financiación participativa o los terceros que actúen en su nombre no mantendrán fondos de clientes ni prestarán servicios de pago, a menos que dichos fondos se destinen a la prestación de servicios de pago en relación con los servicios de financiación participativa y que el proveedor de servicios de financiación participativa o el tercero que actúe en su nombre sea un proveedor de servicios de pago según la definición recogida en el artículo 4, apartado 11, de la Directiva (UE) 2015/2366. 3.Los fondos contemplados en el apartado 2 se protegerán de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/2366. 4.En caso de que los proveedores de servicios de financiación participativa no presten servicios de pago o de tenencia y protección de fondos en relación con los servicios de financiación participativa, ya sea por sí mismos o a través de un tercero, dichos proveedores de servicios de financiación participativa establecerán y mantendrán disposiciones que garanticen que los promotores de proyectos acepten la financiación procedente de ofertas de financiación participativa o cualquier pago únicamente por medio de un proveedor de servicios de pago tal como se define en el artículo 4, apartado 11, de la Directiva (UE) 2015/2366. Capítulo II

Autorización y supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa Artículo 10

Autorización para operar como proveedor de servicios de financiación participativa 1.Toda persona jurídica que tenga intención de prestar servicios de financiación participativa solicitará autorización a la AEVM para operar como proveedor de servicios de financiación participativa. 2.La solicitud a que se refiere el apartado 1 incluirá todos los elementos siguientes: a)la dirección del posible proveedor de servicios de financiación participativa; b)el régimen jurídico del posible proveedor de servicios de financiación participativa; c)la escritura de constitución del posible proveedor de servicios de financiación participativa; d)un programa de actividades en que se especifiquen los tipos de servicios de financiación participativa que el posible proveedor desee prestar; e)una descripción de los mecanismos de gobernanza y de control interno del posible proveedor de servicios de financiación participativa con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, incluidos los procedimientos contables y de gestión del riesgo;

f)una descripción de los sistemas, recursos y procedimientos previstos por el posible proveedor de servicios de financiación participativa para el control y protección de los sistemas de tratamiento de datos; g)una descripción de las medidas de continuidad de la actividad del posible proveedor de servicios de financiación participativa; h)la identidad de las personas responsables de la gestión del posible proveedor de servicios de financiación participativa; i)la prueba de que las personas a que se hace referencia en la letra h) gozan de buena reputación y poseen los conocimientos y la experiencia adecuados para gestionar el posible proveedor de servicios de financiación participativa; j)una descripción de las normas internas del posible proveedor de servicios de financiación participativa destinadas a evitar que sus accionistas con al menos el 20 % del capital social o de los derechos de voto, sus directivos, empleados o cualquier persona ligada directa o indirectamente a esos accionistas, directivos y empleados por vínculos de control participen en operaciones de financiación participativa ofrecidas por el posible proveedor de tales servicios; k)una descripción del régimen de externalización del posible proveedor de servicios de financiación participativa; l)una descripción de los procedimientos establecidos por el posible proveedor de servicios de financiación participativa para tramitar las reclamaciones de clientes; m)en su caso, una descripción de los servicios de pago que el posible proveedor de servicios de financiación participativa tenga la intención de prestar en virtud de la Directiva (UE) 2015/2366. 3.A efectos del apartado 2, letra i), los posibles proveedores de servicios de financiación participativa deberán acreditar lo siguiente: a)ausencia de antecedentes penales en lo que se refiere a condenas o sanciones por incumplimiento de la normativa nacional en vigor en los ámbitos del Derecho mercantil, la legislación sobre insolvencia, la legislación en materia de servicios financieros, la legislación de lucha contra el blanqueo, el fraude o la responsabilidad profesional, de todas las personas que participen en la gestión del posible proveedor de servicios de financiación participativa; b)prueba de que las personas que participan en la gestión del proveedor de servicios de financiación participativa poseen colectivamente los conocimientos, las capacidades y la experiencia suficientes para la gestión del proveedor de servicios de financiación participativa y de que dichas personas están obligadas a consagrar tiempo suficiente al desempeño de sus funciones. 4.La AEVM evaluará si la solicitud a que se refiere el apartado 1 está completa, en un plazo de 20 días hábiles a partir de su recepción. Si la solicitud no está completa, la AEVM fijará un plazo en el que el posible proveedor de servicios de financiación participativa deberá facilitar la información que falte. 5.Si una solicitud de las contempladas en el apartado 1 está completa, la AEVM lo notificará inmediatamente al posible proveedor de servicios de financiación participativa. 6.La AEVM evaluará, en un plazo de dos meses a partir de la recepción de una solicitud completa, si el posible proveedor de servicios de financiación participativa cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y adoptará una decisión plenamente motivada por la que se le conceda o deniegue la autorización para operar como proveedor de servicios de financiación participativa. La AEVM tendrá derecho a denegar la autorización si existen razones objetivas y demostrables para creer que la dirección del proveedor de servicios de financiación participativa puede suponer una amenaza para su gestión eficaz, adecuada y prudente, la continuidad de sus actividades, así como para la debida consideración del interés de sus clientes y la integridad del mercado. 7.La AEVM informará de su decisión al posible proveedor de servicios de financiación participativa en el plazo de cinco días hábiles tras haberla adoptado. 8.La autorización a la que se hace referencia en el apartado 1 será efectiva y válida para todo el territorio de la Unión. 9.Los Estados miembros no exigirán a los proveedores de servicios de financiación participativa presencia física en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos, a fin de ofrecer servicios de financiación participativa con carácter transfronterizo. 10.La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 37 con el fin de especificar en mayor profundidad los requisitos y medidas para la solicitud a que se refiere el apartado 1. Artículo 11

Registro de proveedores de servicios de financiación participativa 1.La AEVM establecerá un registro de todos los proveedores de servicios de financiación participativa. El registro se pondrá a disposición pública en su sitio web y se actualizará regularmente.

2.El registro a que se refiere el apartado 1 incluirá los datos siguientes: a)el nombre y la forma jurídica del proveedor de servicios de financiación participativa; b)la denominación comercial y la dirección de internet de la plataforma de financiación participativa gestionada por el proveedor de servicios de financiación participativa; c)información sobre los servicios que está autorizado a prestar el proveedor de servicios de financiación participativa; d)las sanciones impuestas al proveedor de servicios de financiación participativa o sus directivos. 3.Cualquier revocación de una autorización de conformidad con el artículo 13 se publicará en el registro durante un período de cinco años. Artículo 12

Supervisión 1.Los proveedores de servicios de financiación participativa prestarán sus servicios bajo la supervisión de la AEVM. 2.Los proveedores de servicios de financiación participativa cumplirán en todo momento las condiciones de autorización. 3.La AEVM evaluará la conformidad de los proveedores de servicios de financiación participativa con las obligaciones previstas en el presente Reglamento. 4.Los proveedores de servicios de financiación participativa notificarán sin demora injustificada a la AEVM toda modificación significativa de las condiciones de autorización y, previa solicitud, facilitarán la información necesaria para evaluar su conformidad con el presente Reglamento. Artículo 13

Revocación de la autorización 1.La AEVM estará facultada para revocar la autorización de un proveedor de servicios de financiación participativa en cualquiera de las siguientes situaciones en las que el proveedor de servicios de financiación participativa: a)no haya utilizado la autorización en un plazo de 18 meses a partir de la concesión de la autorización; b)haya renunciado expresamente a su autorización; c)no haya prestado servicios de financiación participativa durante seis meses consecutivos; d)haya obtenido su autorización por medios irregulares, entre otros valiéndose de declaraciones falsas en su solicitud de autorización; e)haya dejado de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización; f)haya infringido gravemente las disposiciones del presente Reglamento. 2.Las autoridades nacionales competentes notificarán sin demora a la AEVM lo siguiente:

a)el hecho de que un proveedor de servicios de financiación participativa, o un tercero que actúe por cuenta de este, haya perdido su autorización para operar como entidad de pago de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/2366; b)el hecho de que un proveedor de servicios de financiación participativa, o sus directivos, empleados o terceros que actúen en su nombre, hayan infringido las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El párrafo segundo, letra b), también se aplicará a las autoridades nacionales competentes designadas de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849. 3.La AEVM revocará la autorización para operar como proveedor de servicios de financiación participativa cuando estime que los hechos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2 afectan a la buena reputación de la dirección del proveedor de servicios de financiación participativa o ponen de manifiesto una deficiencia de los mecanismos de gobernanza y de control interno o los procedimientos a que se refiere el artículo 5. 4.La AEVM notificará sin demora injustificada a la autoridad nacional competente del Estado miembro en el que esté establecido el proveedor de servicios de financiación participativa su decisión de revocar la autorización de un proveedor de servicios de financiación participativa. Capítulo IV

Transparencia y prueba inicial de conocimientos por parte de los proveedores de servicios de financiación participativa Artículo 14

Información a los clientes 1.Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias contempladas en el artículo 19, facilitada por los proveedores de servicios de financiación participativa y destinada a sus clientes o posibles clientes acerca de ellos mismos, sobre los costes y cargas relacionados con los servicios o inversiones de financiación participativa, incluidos los criterios de selección de los proyectos de financiación participativa, o sobre la naturaleza y los riesgos asociados a sus servicios de financiación participativa, será clara, comprensible, completa y correcta. 2.La información mencionada en el apartado 1 se facilitará a los posibles clientes antes de que se involucren en una operación de financiación participativa. 3.La información a que se refiere el apartado 1 se pondrá a disposición de todos los clientes y posibles clientes en una sección que se pueda distinguir con claridad en el sitio web de la plataforma de financiación participativa y de manera no discriminatoria. Artículo 15

Prueba inicial de conocimientos y simulación de la capacidad de soportar pérdidas 1.Los proveedores de servicios de financiación participativa evaluarán, antes de dar a los inversores potenciales pleno acceso a sus ofertas de financiación participativa, si los servicios ofrecidos son adecuados para los inversores potenciales y, en caso afirmativo, cuáles de ellos lo son. 2.A efectos de la evaluación a que se hace referencia en el apartado 1, los proveedores de servicios de financiación participativa solicitarán información sobre los conocimientos básicos y la comprensión del riesgo de invertir en general y en los tipos de inversión ofrecidos en la plataforma de financiación participativa con que cuenta el inversor potencial, incluida información sobre: a)las inversiones anteriores en valores negociables o contratos de préstamo del inversor potencial, incluso en empresas en fase inicial o de expansión; b)todo