COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO - UN DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO MÁS COHERENTE - PLAN DE ACCION

UN DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO MÁS COHERENTE - PLAN DE ACCION Resumen

La Comunicación de la Comisión sobre el Derecho contractual europeo, de julio de 2001, inició un proceso de consulta y debate sobre los medios para resolver, a nivel europeo, los problemas derivados de las divergencias entre los diferentes Derechos contractuales nacionales de la Unión Europea. El presente plan de acción mantiene el carácter consultivo de dicho proceso y presenta las conclusiones de la Comisión, confirmando los resultados de ese proceso, a saber, que no hay necesidad de abandonar el enfoque sectorial actual; resume también los problemas identificados en el proceso de consulta, que tienen que ver con la necesidad de una aplicación uniforme del Derecho contractual europeo y el buen funcionamiento del mercado interior

El presente plan de acción propone una combinación de medidas reguladoras y no reguladoras para resolver dichos problemas. Además de intervenciones específicas en determinados sectores, incluye medidas para:

- aumentar la coherencia del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual;

- promover la elaboración de cláusulas contractuales de carácter general a nivel comunitario, y

- analizar si otros problemas relativos al Derecho contractual europeo pueden exigir soluciones no sectoriales, tales como un instrumento facultativo.

Además de continuar presentando propuestas sectoriales específicas siempre que sea necesario, la Comisión procurará aumentar, siempre que sea necesario y posible, la coherencia entre los instrumentos que integran el acervo comunitario en materia de Derecho contractual, tanto en su elaboración como en su aplicación y puesta en práctica. Las propuestas deberán considerar, si procede, un marco común de referencia que la Comisión pretende elaborar a través de la investigación y con la contribución de todos los interesados. Este marco común de referencia debería presentar las mejores soluciones posibles a nivel de terminología y de reglas comunes, por ejemplo, la definición de conceptos fundamentales y abstractos como «contrato» o «daños», y de las normas aplicables, por ejemplo, en caso de incumplimiento de contrato. Una revisión del acervo actual en materia de Derecho contractual europeo podría eliminar las incoherencias identificadas, mejorar la calidad de la redacción, simplificar y clarificar las disposiciones vigentes, adaptar la legislación en vigor a ciertos elementos económicos y comerciales novedosos que no estaban previstos en el momento de la adopción, y suplir las carencias de la legislación comunitaria que han causado problemas en su aplicación. El segundo objetivo del marco común de referencia es constituir una base para una futura reflexión sobre un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo.

A fin de promover la elaboración por las partes interesadas de cláusulas contractuales generales aplicables a toda la Unión Europea, la Comisión se propone facilitar el intercambio de información sobre las iniciativas en vigor o previstas, tanto a nivel comunitario como de los Estados miembros. Además, la Comisión prevé la publicación de orientaciones que puedan aclarar a las partes interesadas los límites aplicables.

Por último, la Comisión espera recibir comentarios sobre si algunos problemas pueden requerir soluciones no sectoriales, tales como la adopción de un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo. La Comisión piensa iniciar una reflexión sobre la oportunidad, la eventual forma jurídica, el contenido y la base jurídica de las posibles soluciones.

ÍNDICE

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO - UN DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO MÁS COHERENTE - PLAN DE ACCION

1. Introducción

2. Descripción del proceso actual

3. Problemas identificados

3.1. Aplicación uniforme de la legislación comunitaria

3.2. Implicaciones para el mercado interior

4. Enfoque propuesto: una combinación de medidas regulatorias y no regulatorias

4.1. Mejorar la calidad del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual

4.2. Promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo de ámbito comunitario

4.3. Otras reflexiones sobre la oportunidad de adoptar medidas no relacionadas con un sector particular, como la adopción de un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo

5. Conclusión

ANEXO

1. Introducción

1. En Julio de 2001, la Comisión publicó una Comunicación sobre Derecho contractual europeo [1]. Esta Comunicación fue el primer documento de consulta publicado por la Comisión Europea para profundizar en el debate sobre la manera de resolver, a nivel europeo, los problemas derivados de las divergencias entre los diferentes Derechos contractuales en la Unión Europea. El presente plan de acción da seguimiento a dicha Comunicación.

[1] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Derecho contractual europeo, COM (2001) 398 final, 11.7.2001 (DO C 255 de 13.9.2001, p. 1).

2. La Comunicación puso en marcha un proceso de consulta y debate. La Comisión es consciente de que se trata de un proceso a largo plazo y piensa mantener su carácter consultivo. Sólo a través de la participación permanente de todas las instituciones comunitarias y todas las partes interesadas podrá garantizarse que el resultado final de este proceso sea acorde con las necesidades concretas de todos los agentes económicos involucrados y aceptado, en definitiva, por todos los afectados. Por esta razón, la Comisión ha decidido someter como base para nuevas consultas el presente plan de acción.

3. El objetivo de este plan de acción es en concreto suscitar reacciones sobre una combinación de medidas reglamentarias y no reglamentarias, es decir, aumentar la coherencia del acervo comunitario en materia de Derecho contractual, promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo a nivel comunitario y estudiar la oportunidad de aplicar medidas específicas no sectoriales, por ejemplo un instrumento facultativo, para resolver los problemas que se plantean en el ámbito del Derecho contractual europeo. Como tal, constituye otra etapa del proceso en curso de debate sobre las evoluciones del Derecho contractual europeo.

2. Descripción del proceso actual

4. La Comunicación sobre Derecho contractual europeo puso en marcha un proceso de consulta que permitió obtener muchas contribuciones de los gobiernos y de las partes interesadas, incluyendo las empresas, los profesionales de la justicia, los académicos y las organizaciones de consumidores. El flujo de correo ha continuado de manera ininterrumpida desde que se inició el proceso. Hasta la fecha, la Comisión ha recibido 181 respuestas a la Comunicación.

5. La Comunicación tenía por objeto ampliar el debate sobre el Derecho contractual europeo y permitir a la Comisión recopilar información sobre la necesidad de una acción comunitaria de mayor envergadura en el ámbito del Derecho contractual. La Comisión quería saber si las divergencias entre los Estados miembros en este ámbito planteaban problemas. En la Comunicación se preguntaba en particular si el buen funcionamiento del mercado interior podía verse obstaculizado por problemas relacionados con la conclusión, la interpretación y la aplicación de contratos transfronterizos. La Comisión deseaba saber también si la diversidad de los Derechos contractuales nacionales desincentivaba o aumentaba los costes de las transacciones transfronterizas. Preguntaba asimismo si el enfoque actual de armonización sectorial del Derecho contractual podía provocar incoherencias a nivel comunitario o problemas por la falta de uniformidad de la puesta en práctica del Derecho comunitario o la aplicación de medidas nacionales de transposición.

6. La Comisión deseaba conocer también puntos de vista sobre la forma que deberían adoptar las soluciones. Para ayudar a definir las posibles soluciones, la Comunicación incluía una lista no exhaustiva de soluciones posibles, expuestas en las opciones I a IV.

7. Ninguna de las contribuciones indicaba que el enfoque sectorial, como tal, suscitara problemas o debiera abandonarse. No obstante, todos los autores de las contribuciones dieron su opinión sobre las diferentes opciones. Sólo una pequeña minoría era favorable a la opción I, que proponía dejar al mercado la solución de todos los problemas encontrados. Un amplio apoyo recibió la opción II, es decir, el fomento de la elaboración, mediante investigaciones conjuntas, de principios comunes de Derecho contractual europeo. Una gran mayoría se declaró partidaria de la opción III, que proponía mejorar la legislación comunitaria existente en el ámbito del Derecho contractual. Al menos en esta etapa, una mayoría manifestó su oposición a la opción IV, es decir, la adopción de un nuevo instrumento comunitario en materia de Derecho contractual. No obstante, muchas contribuciones señalaron que esta propuesta debería volver a examinarse a la luz de las futuras evoluciones resultantes de las opciones II y III.

8. La Comisión ha hecho gran hincapié en la transparencia en todas las fases del proceso de consulta. Con el consentimiento de los autores, publicó las contribuciones en la página web de la Comisión (Respuestas a la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo [2]). Internet sirvió también de foro para publicar un resumen con un análisis de estas contribuciones (Resumen de las respuestas a la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo [3]). Este resumen suscitó gran interés [4] y una versión actualizada se adjunta al presente plan de acción. Este interés demuestra, junto con la abundancia de publicaciones universitarias, que las ideas contenidas en la Comunicación han encontrado amplio eco y anima a la Comisión a continuar sus trabajos en este ámbito. El resultado de esta consulta constituye la base del presente plan de acción.

[2] http://europa.eu.int/comm/consumers/ policy/developments/contract_law/index_en.html

[3] Véase la nota anterior.

[4] Según las estadísticas, el comunicado de prensa titulado «Respuestas a la iniciativa de la Comisión en materia de Derecho contractual europeo» (IP/02/496, 3.4.2002) fue el tercer comunicado de prensa más consultado de los que la Comisión emitió en abril de 2002, según el contador de la portada de EUROPA.

9. El 15 de noviembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros [5]. La Resolución, que va dirigida a la Comisión, pide que se establezca un plan de acción detallado con medidas a corto, medio y largo plazo con un calendario predeterminado.

[5] COM (2001) 398, C5-0471/2001 - 2001/2187(COS), DO C 140E de 13.6.2002, p. 538; véase también: www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm

10. El 16 de noviembre de 2001, el Consejo adoptó un informe sobre la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil [6], en el que insta en particular a la Comisión a presentar, en el marco del seguimiento del ejercicio de consulta, todas las observaciones y recomendaciones apropiadas, en su caso en forma de Libro Blanco o Libro Verde, a más tardar a finales de 2002.

[6] http://register.consilium.eu.int/pdf/es/ 01/st12/12735es1.pdf

11. En su dictamen de 17 de julio de 2002 [7], el Comité Económico y Social Europeo hizo hincapié en la necesidad de buscar soluciones en este ámbito a escala mundial. No obstante, dado que estas soluciones no son posibles, considera preferible que se elabore un Derecho contractual europeo uniforme y general, por ejemplo en forma de reglamento. Las partes podrían elegir a medio plazo este instrumento (opt-in solution), que, a largo plazo, podría convertirse en un instrumento común que las partes podrían siempre soslayar cuando prefirieran aplicar una legislación nacional específica (opt-out solution).

[7] Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Derecho contractual europeo, ECOSOC INT/117 Derecho contractual europeo, DO C 241 de 7.10.2002, p. 1.

12. La Unión Europea se ha fijado el objetivo de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, en particular mediante iniciativas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Las medidas propuestas en el presente plan de acción forman parte, entre otras cosas, del mismo objetivo. En particular, son paralelas al Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 [8] relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario, así como sobre su modernización [9].

[8] Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (80/934/EEC; DO L 266 de 9.10.1980, p. 1; versión consolidada: DO C 27 de 26.1.1998, p. 34).

[9] COM (2002) 654 final

13. Este Libro Verde y el presente plan de acción son complementarios. Las normas de Derecho internacional privado incluidas en el Convenio de Roma o en cualquier otro posible instrumento comunitario futuro tienen una importancia fundamental porque determinan la legislación aplicable. En particular, están estrechamente relacionadas con una medida propuesta en el presente plan de acción, a saber, el examen de la oportunidad y viabilidad de aplicar medidas no relacionadas con un sector particular como, por ejemplo, un instrumento opcional. Si hubieran de aplicarse instrumentos de esta índole, deberían contener normas de Derecho sustantivo aplicables a algunos contratos. El papel de las reglas de Derecho internacional privado sigue siendo fundamental porque determinan la aplicación de dichos instrumentos cuando se eligen como la legislación aplicable al contrato.

3. Problemas identificados

14. Muchas contribuciones a la consulta puesta en marcha por la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo mencionan problemas concretos y prácticos. Otras indican, de manera más general, que las divergencias entre los Derechos contractuales nacionales plantean efectivamente problemas tanto para la aplicación uniforme de la legislación comunitaria como para el buen funcionamiento del mercado interior. En muchas contribuciones se critican las incoherencias de la propia legislación comunitaria, a veces con ejemplos concretos. Sin embargo, ninguna contribución indica que el enfoque sectorial como tal cree problemas o que haya que abandonarlo.

15. A continuación se describen brevemente los tipos de problemas encontrados. No se mencionará cada uno de los aspectos que se criticaron en las contribuciones (para mayor información, puede consultarse el anexo del presente plan de acción o las contribuciones individuales), como tampoco hay que considerar que las respuestas a la Comunicación de la Comisión ofrecen un cuadro completo de todos los problemas que pueden existir. No obstante, este breve resumen de los problemas específicos puede dar al lector una idea general de los retos que hay que afrontar, así como estimular el debate.

3.1. Aplicación uniforme de la legislación comunitaria

16. Se han mencionado distintos tipos de problemas. Entre las categorías de incoherencias propias del Derecho contractual de la UE, se señaló que se tratan de manera diferente situaciones idénticas sin que ello está justificado de manera pertinente. Se hizo hincapié en el problema de los requisitos y las consecuencias divergentes de algunas directivas aplicables a la misma situación comercial. Entre los ejemplos citados, se encuentran las modalidades diferentes aplicables al derecho de desistimiento en las Directivas sobre la venta a domicilio [10], la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido [11], la venta a distancia [12] y la venta a distancia de servicios financieros [13], en particular las diferencias en lo relativo a los plazos y los métodos de cálculo de los plazos de desistimiento. Otros ejemplos mencionaban los enfoques incoherentes de los requisitos de información de la Directiva sobre el comercio electrónico [14] y las dos Directivas sobre venta a distancia, o los requisitos de información divergentes de diferentes directivas sobre protección de los consumidores con respecto al Derecho contractual.

[10] Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372 de 31.12.1985, p. 31).

[11] Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO L 280 de 29.10.1994, p. 83).

[12] Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144 de 4.6.1997, p. 19).

[13] Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).

[14] Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

17. Otra categoría de incoherencias mencionada es la referida a aquellos casos a los que, en circunstancias específicas, pueden aplicarse varios actos comunitarios que producen resultados contradictorios. Un ejemplo señalado es el de la limitación de la responsabilidad en la Directiva sobre viajes combinados [15], en conexión con el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) [16], por una parte, y el Reglamento sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente [17], por otra [18]. Otro ejemplo se refiere al hecho de que la Directiva sobre venta a domicilio y la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido son aplicables al mismo tiempo, como confirmó el TJCE en el asunto Travel Vac [19].

[15] Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23.6.1990, p. 59).

[16] Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) (DO L 194 de 18.07.2001, p. 39).

[17] Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (DO L 285 de 17.10.1997, p. 1).

[18] Hay que señalar que el Reglamento (CE) nº 2027/97 ha sido modificado por el Reglamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140 de 30.5.2002, p. 2). Un objetivo de este último Reglamento es, según su considerando 6, «modificar el Reglamento (CE) n° 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente a fin de ajustarlo a lo dispuesto en el Convenio de Montreal y crear de esta manera un sistema uniforme de responsabilidad para el transporte aéreo internacional». En el considerando 8 se indica que «En el mercado interior de la aviación ha desaparecido la distinción entre transporte nacional y transporte internacional y, por consiguiente, conviene establecer el mismo nivel y la misma naturaleza de responsabilidad tanto en el transporte nacional como en el internacional en la Comunidad».

[19] Asunto C-423/97 Travel-Vac S.L. y Manuel José Antelm Sanchis [1999] Rec. I -2195.

18. Otra crítica se refería a la coexistencia de dos enfoques legislativos diferentes en la misma directiva. Esto podría dar lugar a incoherencias en el sistema establecido por la propia directiva. Un ejemplo citado son las diferencias de enfoque de la legislación aplicable a la comercialización y a los contratos en la Directiva sobre comercio electrónico. La incoherencia en el sistema establecido por la Directiva podría tener también consecuencias para la legislación nacional de aplicación. Un ejemplo citado es la coexistencia, en la Directiva relativa a los agentes comerciales [20], de los conceptos de «indemnización» y «reparación» cuando un Estado miembro, en la transposición, no ha optado por uno de ellos, sino recogido los dos. Según las correspondientes contribuciones, esto origina una falta de seguridad jurídica en la práctica comercial y legal. Muchas contribuciones criticaron la utilización de términos jurídicos abstractos en las directivas. Entre ellos, hay términos fundamentales como «contrato», «daño», o términos más específicos, como «remuneración equitativa», «uso fraudulento» o «soporte duradero».

[20] Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO L 382 de 31.12.1986, p. 17).

19. Este problema general se plantea también porque estos términos no se definen a menudo o se definen de manera muy vaga [21]. Dada la ausencia de definiciones comunes o la existencia de definiciones demasiado vagas en las directivas, los legisladores nacionales disponen de un gran margen de libertad en la aplicación. Aunque los textos nacionales de transposición siguen siendo conformes a las directivas, su aplicación en casos semejantes puede dar lugar a incoherencias.

[21] Este problema importante se señaló también en el informe final del Grupo de Trabajo Consultivo de Alto Nivel sobre la calidad de la legislación («Grupo Mandelkern», establecido por los ministros responsables de las administraciones públicas en noviembre de 2000), p. 70, que se presentó el 13 de noviembre de 2001.

20. A veces se definen los términos abstractos en algunas directivas, pero no en otras. Por ejemplo, el término «daño» se define en la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos [22], a los efectos de esta Directiva, pero no en la Directiva sobre agentes comerciales ni en la Directiva sobre los viajes combinados. El término «soporte duradero» se define en la Directiva sobre la comercialización a distancia de servicios financieros, pero no en la Directiva general sobre las ventas a distancia.

[22] Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

21. Un problema mencionado en la consulta consiste en saber si, en tal caso, la definición dada en una directiva puede utilizarse también para la interpretación de otras directivas, es decir, si el término jurídico abstracto en cuestión puede interpretarse a la luz del conjunto del acervo comunitario o, al menos, de la parte más ampliamente afectada. Este enfoque metodológico fue también utilizado por el abogado general en el asunto Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co KG [23]. No obstante, en este caso el TJCE interpretó el término general «daños» sólo con arreglo a la Directiva sobre viajes combinados y no siguió al abogado general. Es cierto que esta sentencia puede difícilmente generalizarse. No obstante, si la interpretación de un término abstracto ha de realizarse a la luz de una directiva concreta, esta interpretación puede dar lugar a una fragmentación de la legislación nacional. Por ejemplo, los Estados miembros que incluyen un concepto jurídico nacional existente, dotado de una definición general, en su texto de transposición podrían tener que adaptar esta definición existente para aplicar el sentido particular de este término abstracto a la luz de la directiva correspondiente.

[23] Asunto C-168/00 Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co. KG, [2002] Rec. I-2631.

22. Varias contribuciones señalaron, a modo de observación general sobre la fragmentación de los derechos nacionales, el dilema con el que se encuentra el legislador nacional. O bien la aplicación de las directivas con un ámbito de aplicación limitado implica una adaptación mucho más importante del sistema jurídico nacional de lo que preveía en realidad la medida comunitaria en cuestión, o la aplicación se limita a la simple transposición de la directiva de que se trate. En algunos casos esto puede dar lugar a incoherencias en el sistema jurídico nacional.

23. Otra categoría de problemas está constituida por las incoherencias en la aplicación de los textos de transposición nacionales debido a que las directivas contienen conceptos que son extraños a la legislación nacional existente [24]. Se ha señalado que, cuando se aplica una directiva, algunos legisladores nacionales mantienen al mismo tiempo la legislación nacional existente, creando así una situación de inseguridad jurídica, tal como lo demuestra, por ejemplo, la coexistencia en un Estado miembro de dos leyes sobre las cláusulas abusivas de los contratos. Algunos legisladores han creado también inseguridad al aplicar disposiciones de directivas que se basan en conceptos desconocidos, por ejemplo el término «reparación» en la Directiva sobre agentes comerciales, tal como se transpuso al ordenamiento jurídico de un Estado miembro.

[24] Este problema había sido ya mencionado en el informe final del Grupo Mandelkern sobre la calidad de la legislación, p. 67.

24. Se ha criticado el principio de armonización mínima en la legislación en materia de protección de los consumidores porque no garantiza la uniformidad de las soluciones en situaciones semejantes, tal como exige el mercado interior. Como ejemplo se citaron las diferencias existentes entre los Estados miembros con respecto a los periodos de reflexión contemplados en las Directivas sobre venta a domicilio, utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido y venta a distancia, los límites financieros máximos de los textos de transposición de la Directiva sobre venta a domicilio o los conceptos divergentes que se utilizan en la aplicación del anexo de la Directiva sobre cláusulas abusivas de los contratos [25]. Por ejemplo, se criticó que esta Directiva se aplica en parte en forma de «lista negra» vinculante de las cláusulas abusivas de los contratos y en parte en forma de «lista gris» indicativa [26].

[25] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

[26] Algunos Estados miembros no han transpuesto en absoluto el anexo a su legislación nacional, sino que lo han incluido en sus trabajos preparatorios; véase la sentencia del TJCE de 7 de mayo de 2002, Comisión contra Suecia, asunto C-478/99, [2002] Rec. I-4147.

3.2. Implicaciones para el mercado interior

25. Los obstáculos descritos en el presente capítulo abarcan obstáculos y factores disuasorios de las transacciones transfronterizas derivados, directa o indirectamente, de las divergencias de los Derechos contractuales nacionales o de la complejidad jurídica de dichas divergencias, que pueden prohibir, impedir o hacer que dichas transacciones sean poco ventajosas.

26. Antes de abordar los problemas concretos que afectan al funcionamiento del mercado interior, es importante mencionar la distinción general entre los problemas derivados de las disposiciones obligatorias y no obligatorias. Algunas contribuciones hacen hincapié en que los principales problemas del ámbito del Derecho contractual están originados por disposiciones que limitan la libertad contractual.

27. Ya se ha indicado [27] que un gran número de problemas en relación con los contratos transfronterizos podrían evitarse, al menos para una de las dos partes contratantes si se eligiera la legislación aplicable apropiada. Por otro lado, las partes podrían negociar también contratos complejos que regularan todas las cuestiones jurídicas posibles. No obstante, se ha hecho hincapié en que este enfoque no ayuda cuando las disposiciones imperativas de un Estado, cuya legislación no se ha elegido como la legislación aplicable, son sin embargo aplicables. En efecto, en muchas contribuciones se indica que las divergencias de las disposiciones contractuales obligatorias de los Estados miembros constituyen un problema particular, que se está agudizando debido al crecimiento del comercio electrónico.

[27] Véase la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo, punto 28.

28. No obstante, algunas contribuciones, sobre todo de sectores orientados a la exportación, han señalado también que la elección de la legislación aplicable no es siempre realista o deseable en la práctica comercial.

29. En primer lugar, no ayuda a la parte contratante que no está en una posición de negociación económica lo suficientemente fuerte como para imponer la legislación que desea que se aplique. Se ha indicado también que si una parte contratante pide asesoramiento sobre una legislación aplicable que desconoce, este asesoramiento le acarreará importantes costes de abogado y riesgos comerciales [28], sin garantía absoluta de que la solución económica vaya a ser la más favorable.

[28] Esto se puso de relieve para el sector de los servicios en el informe de la Comisión sobre el estado del mercado interior de servicios, pp. 36, 42.

30. Esto es especialmente importante para las PYME, ya que sus costes de asistencia jurídica son proporcionalmente más elevados. Como consecuencia de ello, las PYME renunciarán a las actividades en el extranjero o estarán en una posición de clara desventaja competitiva con respecto a las empresas nacionales [29].

[29] Véase el informe de la Comisión sobre el estado del mercado interior de servicios, p. 8.

31. En segundo lugar, en la consulta se ha puesto de relieve que esta situación es todavía más disuasoria para los consumidores. Sus legislaciones nacionales no son en la mayoría de los casos las legislaciones aplicables al contrato. Esto puede deberse a que, de acuerdo con las cláusulas tipo, la legislación del comerciante se elige como la legislación aplicable o porque, con arreglo al artículo 4 del Convenio de Roma, es objetivamente aplicable. El artículo 5 del Convenio de Roma no ayuda mucho al consumidor porque no se aplica en el caso de un consumidor activo que quiere aprovechar las ventajas del mercado interior. Dado que los consumidores no conocen normalmente la legislación extranjera, este consumidor necesitará en mayor medida asesoramiento jurídico antes de concluir el contrato transfronterizo.

32. Por último, la distinción entre disposiciones obligatorias y no obligatorias puede ser clara en teoría, pero en la práctica las fronteras no lo son tanto. En la práctica, muchos contratos no descartan las disposiciones jurídicas supletorias existentes, mediante la inclusión de cláusulas especialmente negociadas en el contrato correspondiente para resolver un determinado problema, y en algunos ni siquiera se indica la legislación aplicable. Estas lagunas no quieren decir que las partes contratantes no hayan visto el problema en cuestión o que no quieran elegir su propia legislación como la legislación aplicable al contrato, sino que resultan más bien de un compromiso entre la claridad que puede aportar la negociación de nuevas cláusulas para cubrir esas lagunas, por una parte, y los costes de transacción de dicha negociación, por otra. En tales casos, las partes contratantes se dan cuenta a menudo de que el esfuerzo negociador no es proporcional a las ventajas económicas que pueden obtenerse o que se corre el riesgo de perder el cliente y esperan que el posible problema no aparezca. En ese momento, las disposiciones no obligatorias de la legislación aplicable se convierten de hecho en obligatorias.

33. En la consulta se indicó que esto se aplica en particular a normas jurídicas generales y muy fundamentales relativas, por ejemplo, a la conclusión de un contrato, la determinación de su validez, la noción y las consecuencias del incumplimiento o el cumplimiento parcial o incorrecto de las obligaciones contractuales.

34. Esto nos lleva inmediatamente a la primera categoría de problemas concretos mencionados en la consulta. En muchas contribuciones se criticó que cuestiones fundamentales del Derecho contractual estuvieran reguladas de manera diferente, lo que crea problemas y aumenta los costes de transacción. Como ejemplo se mencionaron las disposiciones diferentes en materia de representación de empresas extranjeras y sus consecuencias para la validez o el reconocimiento de los documentos. En las contribuciones se indicó que la única forma de disponer de seguridad jurídica es consultar a un abogado local para tener la garantía, por ejemplo, de la validez de los documentos y los poderes de representación. No obstante, se considera que para los negocios cotidianos esta es una solución muy cara y poco práctica.

35. Otros ejemplos se refieren a las divergencias de los requisitos para la formalización de contratos, que pueden plantear problemas. Se trata sobre todo de requisitos formales, como la obligación de que algunos contratos sean formalizados ante notario o la necesidad de autenticar los documentos, lo que es imperativo para algunos contratos y origina costes elevados para las empresas y los consumidores. Esto afecta también a los requisitos relativos a la fijación por escrito o la lengua en que deben estar redactados algunos contratos [30].

[30] Con respecto a los obstáculos lingüísticos en el ámbito de los servicio derivados directa o indirectamente de los entornos reguladores diferentes, véase el informe de la Comisión sobre el estado del mercado interior de servicios, p. 44.

36. Otra categoría de problemas que se menciona en muchas contribuciones se refiere a las divergencias de las disposiciones en materia de inclusión y aplicación de las cláusulas tipo de los contratos. En algunos ordenamientos jurídicos es suficiente con hacer referencia a las cláusulas tipo, mientras que en otros deben adjuntarse al contrato o firmarse por separado. En algunos Estados miembros, como Italia (Artículo 1341 codice civile), algunas cláusulas sólo son válidas si están rubricadas individualmente. Tales disposiciones pueden aplicarse independientemente de la legislación que las partes contratantes hayan elegido como legislación aplicable.

37. Entre los Estados miembros hay también grandes diferencias con respecto a qué cláusulas contractuales son consideradas inaceptables por los tribunales (y, por tanto, no válidas). En algunos países, como Alemania o los países nórdicos, los tribunales controlan muy estrictamente la equidad de las condiciones contractuales, incluso en los contratos entre empresas. Otros Estados miembros prevén solamente un control limitado a través de la interpretación o sólo permiten la supresión de determinadas cláusulas en los contratos comerciales.

38. Esta situación crea incertidumbre en las empresas que utilizan cláusulas tipo. Impide también utilizar contratos tipo que, de hecho, se crearon para facilitar las transacciones transfronterizas y para poder utilizarlos en cualquier sistema jurídico. En lugar de ello, en distintos Estados miembros hay que utilizar contratos tipo diferentes, lo que a su vez hace imposible utilizar el mismo modelo de contrato para todo el mercado europeo.

39. Esto conduce a otra categoría de problemas mencionados a menudo, a saber, las divergencias de las normativas nacionales en materia de cláusulas que excluyen o limitan la responsabilidad contractual en los contratos individuales o las disposiciones contractuales tipo y su reconocimiento por los tribunales de otro Estado miembro. Como ejemplo, se cita la plena responsabilidad de los suministradores por los fallos encubiertos (vices cachés) en la legislación francesa, y la imposibilidad legal de limitar la responsabilidad contractual para daños futuros con arreglo a la legislación checa. En este contexto, las contribuciones mencionan también distintas disposiciones obligatorias de las legislaciones nacionales relativas a la duración de la limitación de la responsabilidad. Los sectores orientados a la exportación señalaron que la responsabilidad ilimitada de los suministradores resultante puede entrañar graves riesgos comerciales, que pueden impedir o ser un factor disuasorio para la conclusión de transacciones transfronterizas.

40. En el contexto de la responsabilidad contractual, en las contribuciones se puso de relieve que el desconocimiento de los requisitos concretos de la legislación contractual aplicable en cuestión provoca a menudo gastos imprevistos, por ejemplo, la obligación de que los vendedores alerten inmediatamente sobre los fallos de un producto con arreglo al Código de Comercio alemán (artículo 377), si no quieren perder sus derechos de recurso, y el breve plazo (bref délai) del artículo 1648 del Código Civil francés.

41. Muchas contribuciones se refirieron a problemas relativos a las divergencias de las disposiciones nacionales del Derecho contractual, por una parte, y las disposiciones sobre la transferencia de la propiedad y las garantías de bienes muebles, por otra [31]. Las disposiciones nacionales sobre traspaso de propiedades difieren y, por tanto, también hay diferencias en cuanto al momento del traspaso de la propiedad. Además, este puede depender también del tipo de contrato, que, asimismo, varía según el sistema jurídico nacional. No debe olvidarse que la posibilidad de elegir la legislación sólo se aplica al Derecho contractual y no a las disposiciones sobre derechos reales (por ejemplo, el traspaso de propiedades), a los que se aplica la legislación del lugar de ubicación de la cosa (lex rei sitae). Muchas empresas no conocen esta limitación. Se ha señalado que la legislación comunitaria [32] soluciona parte del problema al prever la posibilidad de hacer uso de una cláusula de reserva de la propiedad, pero no va más allá de esto.

[31] En vista de estas preocupaciones, la Comisión ha encargado un estudio sobre estas cuestiones (2002/ DO S 154-122573), 9. 8. 2002.

[32] Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000, p. 35).

42. La reserva de la propiedad está regulada de manera diferente en cada ordenamiento jurídico y, en consecuencia, hay variaciones en cuanto a la eficacia de las cláusulas contractuales correspondientes. Esto se aplica incluso más a las posibles extensiones, cuando la reserva de la propiedad cubre también, por ejemplo, la reclamación del precio de compra por la reventa de los artículos vendidos por el comprador [33], o los productos elaborados a partir de las mercancías vendidas [34]. Estas extensiones pueden cubrir también futuras reclamaciones o no sólo el precio de compra de artículos concretos suministrados con arreglo a un determinado contrato de compraventa, sino todas las deudas pendientes del comprador [35].

[33] Según las contribuciones, estas cláusulas sólo son eficaces en Francia y Alemania.

[34] Según las contribuciones, estas cláusulas sólo son eficaces en Alemania.

[35] Según las contribuciones, estas cláusulas denominada «all-monies» sólo son eficaces en el Reino Unido y Alemania.

43. La divergencia de las disposiciones implica a menudo que, en caso de que se vendan artículos con reserva de la propiedad, la «garantía» prevista en el contrato desaparece cuando la mercancía en cuestión se lleva fuera de las fronteras. Se observa normalmente que la divergencia de las disposiciones en materia de garantías entraña un gran riesgo para los operadores del mercado. A resultas de ello, del lado de la oferta, el vendedor se ve obligado a buscar otras formas de garantía, que son, como por ejemplo las fianzas bancarias, mucho más costosas y no constituyen una posibilidad realista para las PYME. El resultado para el lado de la demanda es que el crédito comercial ofrecido por el vendedor al comprador se verá encarecido, porque el riesgo del vendedor aumenta o disminuye en gran medida en función de la disponibilidad de garantías materiales y de su efectividad jurídica. Este riesgo sólo puede reducirse en parte mediante dictámenes jurídicos costosos.

44. Se han mencionado problemas semejantes en el sector de los servicios financieros, donde la concesión de créditos transfronterizos sólo es posible si se ofrecen las garantías correspondientes. Se ha indicado que el análisis de la validez de la transferencia transfronteriza de garantías requiere dictámenes jurídicos detallados, que son costosos. Esto disuade de realizar dichas transacciones transfronterizas o las hace imposibles. Además, se menciona que un análisis de esta índole requiere mucho tiempo, lo que, en casos de transacciones tansfronterizas con las que debe financiarse la recapitalización para evitar la insolvencia, puede ser un factor crítico que haga fracasar toda la operación.

45. Sobre todo, determinados instrumentos de garantía para bienes muebles son simplemente desconocidas en otros Estados miembros y desaparecen si los bienes garantizados se llevan fuera de las fronteras. Un ejemplo mencionado es el de la transferencia de bienes muebles de Alemania a Austria en virtud de un acuerdo de transferencia de garantías («Sicherungsübereignung»). Estas divergencias dificultan también la posibilidad de concluir acuerdos transfronterizos de arrendamiento financiero (leasing).

46. En las contribuciones se aludía también a las divergencias de las legislaciones contractuales nacionales en materia de cesión de crédito. Se considera que las diferencias de las normas de facturación constituyen un problema porque la cesión de crédito es un instrumento importante para financiar las exportaciones. En particular, algunos Estados miembros restringen la cesión de créditos futuros o la cesión global de crédito, mientras que otros tienen una legislación más liberal en esta materia. Como consecuencia de ello, el sector de facturación encuentra obstáculos importantes en algunos Estados miembros, mientras que las legislaciones de otros Estados miembros lo favorecen. Esto podría dar lugar a distorsiones de la competencia. Hay diferencias semejantes en relación con la validez de las cláusulas de los contratos de compraventa o de servicios que prohíben la cesión de créditos derivados de dichos contratos. En las contribuciones se hace hincapié en que las empresas de facturación no pueden prestar sus servicios fuera del Estado miembro donde tienen su sede, utilizando un único tipo de contrato para toda la CE. En cualquier caso, deberían primero examinar con mucho cuidado las diferentes legislaciones nacionales.

47. En el ámbito de los servicios financieros, las contribuciones ponen de manifiesto que las empresas no pueden ofrecer servicios financieros en el extranjero porque sus productos están concebidos de acuerdo con los requisitos jurídicos locales o porque la necesidad de cumplir otros requisitos en virtud de otros ordenamientos jurídicos les supondría un coste excesivo o las sometería a una inseguridad jurídica inaceptable. Si, a pesar de esto, las empresas deciden vender en el extranjero, deben luchar con desventajas competitivas importantes en comparación con los proveedores locales de servicios. Con la elección de la legislación en los negocios entre empresas sólo se resuelve en parte este problema.

48. Los mismos problemas se plantean en particular con los contratos de seguro. En las contribuciones se indica que las diferencias de las normativas nacionales en materia de contratos de seguros de vida, seguros de daños por grandes riesgos y seguro obligatorio constituyen un obstáculo para el desarrollo de las transacciones transfronterizas de seguro. Algunos modelos de contrato adaptados a la situación nacional pueden perder su atractivo cuando tienen que cumplir los requisitos jurídicos de otro país. Las cláusulas sobre la ley aplicable podrían mitigar este problema en el caso de los seguros de daños por grandes riesgos. Sin embargo, no son admisibles en otros casos. En la práctica, ha sido imposible elaborar una póliza única que pudiera comercializarse con las mismas condiciones en distintos mercados europeos.

49. En el ámbito del transporte de cabotaje (es decir, el transporte por carretera en un Estado miembro a cargo de un transportista establecido en otro Estado miembro), se indicó que algunos de los Estados miembros de acogida [36] excluyen la elección de la legislación aplicable e insisten en que se apliquen sus disposiciones nacionales. La divergencia resultante de los regímenes de responsabilidad no sólo aumenta en consecuencia los costes de seguro, lo que normalmente incrementa el coste del transporte de cabotaje, sino que da también lugar a distorsiones de la competencia.

[36] Véase el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 12/98 del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por el que se determinan las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los transportes nacionales de viajeros por carretera en un Estado miembro (DO L 4 de 8.1.1998, p. 10) y el Reglamento (CEE) nº 3118/93 del Consejo, de 25 de octubre de 1993, por el que se aprueban las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los transportes nacionales de mercancías por carretera en un Estado miembro (DO L 279 de 12.11.1993, p. 1).

50. En el ámbito de la protección de los consumidores, muchas empresas se quejan de las grandes diferencias de los sistemas nacionales, lo que crea obstáculos para los negocios transfronterizos de consumo. Se culpa de ello sobre todo al principio de armonización mínima en el que se basan las directivas europeas de este ámbito, lo que permite a los Estados miembros mantener normas más favorables para los consumidores que las previstas en la legislación comunitaria. Aunque la legislación comunitaria ha dado lugar a una cierta convergencia, las empresas siguen teniendo dificultades para desarrollar estrategias de comercialización que puedan utilizarse en todo el mercado interior, ya que las normas adoptadas por los Estados miembros que van más allá de la armonización mínima prescrita por la legislación comunitaria son inevitablemente diferentes. Además de esto, las normas de protección de los consumidores, incluso cuando superan el nivel mínimo de armonización, son a menudo obligatorias y, en ocasiones, se extienden a las relaciones entre empresas.

51. Los problemas mencionados anteriormente fueron puestos de manifiesto por los agentes y partes interesadas que participaron en la consulta a raíz de la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo. En la próxima sección la Comisión presentará propuestas de combinación de enfoques reglamentarios y no reglamentarios para abordar algunos de estos problemas. Téngase en cuenta que estas propuestas se basan en el número limitado de contribuciones que se recibieron durante la consulta.

4. Enfoque propuesto: una combinación de medidas regulatorias y no regulatorias

52. En algunos casos, el Tratado CE puede ofrecer ya una base jurídica para resolver los problemas identificados, aunque el presente plan de acción no se pronuncia sobre la compatibilidad de los obstáculos señalados con la legislación comunitaria. En otros casos puede ser necesario adoptar tanto medidas reglamentarias como no reglamentarias. Tal como indicó la Comisión en su reciente plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador», hay, además de los instrumentos reguladores (reglamentos, directivas, recomendaciones), otros instrumentos alternativos que, en condiciones claramente definidas, pueden utilizarse para alcanzar los objetivos del Tratado, simplificando al mismo tiempo el trabajo legislativo y la propia legislación (corregulación, autorregulación, acuerdos voluntarios sectoriales, método abierto de coordinación, intervenciones financieras, campañas de información) [37]. La Comisión es consciente de que esta combinación de medidas reglamentarias y no reglamentarias no solucionará todos lo problemas. Sin embargo, sí que ofrecerá una solución para algunos de ellos.

[37] Comunicación de la Comisión - Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador», 5.6.2002. COM (2002) 278 final, p. 3.

53. No es posible aplicar todas las soluciones propuestas en el mismo marco temporal. En algunos sectores, ya se han adoptado o se adoptarán pronto iniciativas para adaptar las directivas vigentes o proponer otras nuevas. Las medidas para promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo pueden ponerse en marcha dentro de un año. La creación de un marco común de referencia es un paso intermedio para mejorar la calidad del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual. Requerirá investigación y una amplia contribución de todas las partes interesadas. La investigación se realizará en el marco del sexto programa de investigación y desarrollo tecnológico y dependerá por tanto del calendario de las respectivas convocatorias de propuestas. En cualquier caso, se prevé disponer de los resultados de las investigaciones tres años después de su inicio.

54. La mejora del acervo actual y futuro es una acción fundamental. La Comisión continuará sus esfuerzos para mejorar el acervo existente [38] y espera que el marco común de referencia, cuando esté disponible, contribuya a ello con arreglo a su pertinencia. La reflexión sobre un instrumento facultativo se iniciará con el presente plan de acción y tendrá lugar de manera paralela al conjunto del proceso. Los resultados del examen de la Comisión estarán disponibles algún tiempo después de la finalización del marco común de referencia.

[38] Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, COM (2002) 208 final (DO C 137 de 8.6.2002), p. 7.

4.1. Mejorar la calidad del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual

55. Como se indicó anteriormente, una de las conclusiones que pueden extraerse de la consulta hasta este momento es que la Unión Europea puede seguir manteniendo un enfoque sectorial. No obstante, las respuestas han hecho también hincapié en la necesidad de aumentar la coherencia del acervo existente en el ámbito del Derecho contractual y evitar cualquier incoherencia innecesaria en el nuevo acervo. Por esta razón, la Comisión prevé adoptar una serie de medidas encaminadas a incrementar la coherencia del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual, en particular mejorando la calidad de la legislación.

56. El objetivo perseguido es obtener un acervo en materia de Derecho contractual europeo que presente un alto grado de coherencia tanto con respecto a su formulación como a su puesta en práctica y aplicación. No obstante, si las diferencias entre las disposiciones de las directivas se explican por diferencias relativas a los problemas que las directivas en cuestión intentan resolver, no es necesario intervenir. Conviene suprimir las diferencias de términos y conceptos que no puedan explicarse por diferencias referentes a los problemas que se intenta resolver.

57. Un acervo comunitario mejorado promovería la aplicación uniforme del Derecho comunitario y facilitaría el buen funcionamiento de las transacciones transfronterizas y, por tanto, la realización del mercado interior. Así, por ejemplo, no deberían tratarse de manera diferente situaciones semejantes a no ser que estuviera justificado. También deben evitarse los resultados contradictorios y es necesario definir los términos jurídicos abstractos de manera coherente para permitir que un mismo término abstracto pueda utilizarse con el mismo significado en distintas directivas. De este modo se resolvería indirectamente el problema de la fragmentación de los Derechos contractuales nacionales y la aplicación de estos ganaría en coherencia. Un acervo de esta índole respondería a la necesidad de aplicar uniformemente el Derecho comunitario, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE [39].

[39] Véase la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo (punto 34), mencionada anteriormente y las referencias a la jurisprudencia correspondiente del TJCE.

58. La Comisión intentará, dentro de lo posible, conseguir un alto grado de coherencia en el ámbito del Derecho contractual. Cuando el marco común de referencia esté disponible, la Comisión lo utilizará cuando sea posible y adecuado e incluirá las disposiciones pertinentes en sus propuestas legislativas.

4.1.1. Un marco común de referencia

59. La Comisión considera que un marco común de referencia que establezca principios y una terminología comunes en el ámbito del Derecho contractual europeo constituye un paso importante para mejorar el acervo en materia de Derecho contractual. Este marco común de referencia será un documento accesible al público que ayudará a las instituciones comunitarias a garantizar una mayor coherencia del acervo actual y futuro en el ámbito del Derecho contractual europeo. Este marco común de referencia debería responder a las necesidades y las expectativas de los operadores económicos de un mercado interior que aspira a convertirse en la economía más dinámica del mundo [40].

[40] Véanse las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000.

60. Si el marco común de referencia se acepta ampliamente como el modelo de Derecho contractual europeo que mejor responde a las necesidades de los operadores económicos, es muy posible que sea aceptado también como criterio de referencia por los poderes legislativos nacionales de la UE y, en su caso, por terceros países que deseen establecer nuevas normas en materia de Derecho contractual o revisar las existentes. Por tanto, el marco de referencia podría reducir las divergencias entre los Derechos contractuales en la UE.

61. Las siguientes consideraciones tienen por objeto precisar sus objetivos, los campos que debería cubrir y los aspectos organizativos.

62. a) Como se indicó anteriormente, con el marco común de referencia se perseguirán tres objetivos. En primer lugar, la Comisión podría utilizar este marco común de referencia en el ámbito del Derecho contractual cuando se revise el acervo existente y se propongan nuevas medidas. Debería ofrecer las mejores soluciones posibles con respecto a la terminología y las normas comunes, es decir, en relación con la definición de conceptos fundamentales y términos abstractos como «contrato» o «daño» y de las normas aplicables, por ejemplo en caso de incumplimiento de contrato. En este contexto, la libertad contractual debería ser el principio rector; sólo deberían preverse restricciones cuando hubiera buenas razones para ello. El objetivo es disponer, en la medida de lo posible, de un acervo coherente en el ámbito del Derecho contractual europeo basado en normas básicas comunes y una terminología armonizada. El segundo objetivo es que pueda llegar a ser un instrumento para la consecución de un mayor grado de convergencia entre los Derechos contractuales de los Estados miembros y, en su caso, de terceros países. En tercer lugar, la Comisión basará sus reflexiones en si son necesarias medidas no específicamente sectoriales, por ejemplo un instrumento facultativo, para resolver problemas relativos al Derecho contractual europeo en el marco común de referencia.

63. b) Para garantizar que el marco común de referencia responda a las necesidades de los operadores económicos y ofrezca un modelo de enfoque reglamentario del Derecho contractual, la Comisión financiará la realización de trabajos importantes de investigación. Los ámbitos de investigación y el contenido de estos trabajos se derivan de los objetivos mencionados. Los trabajos de investigación deberán concentrarse en los ámbitos cubiertos por el presente plan de acción y la Comunicación sobre Derecho contractual europeo [41].

[41] No obstante, el Parlamento Europeo y el Consejo pidieron que se realizaran también investigaciones en los ámbitos del Derecho de responsabilidad civil y el Derecho de propiedad para determinar si las diferencias de las legislaciones de los Estados miembros en estos ámbitos constituyen en la práctica obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior. A raíz de esta petición, la Comisión publicó una convocatoria de propuestas para la realización de un estudio sobre esos ámbitos. (2002/ DO S 154-122573), 9. 8. 2002.).

Aunque el contenido detallado del marco común de referencia se establecerá sobre la base de las investigaciones y las contribuciones de los operadores económicos, podría contener los siguientes elementos:

* Debería regular esencialmente el Derecho contractual, sobre todo los tipos de contrato transfronterizos afectados, como los contratos de compraventa y los contratos de servicios.

* Debería abarcar las normas generales en materia de conclusión, validez e interpretación de los contratos, así como las relativas a la ejecución, el incumplimiento y las vías de recurso, y las normas en materia de garantía de crédito relativas a los bienes muebles y el Derecho sobre enriquecimiento indebido.

Deberían considerarse varias fuentes básicas:

* Debería recurrirse a los ordenamientos jurídicos nacionales existentes para encontrar denominadores comunes, elaborar principios comunes y, en su caso, identificar las mejores soluciones.

* Es especialmente importante tener en cuenta la jurisprudencia de los tribunales nacionales, sobre todo la de los tribunales supremos, y las prácticas contractuales establecidas.

* Debería analizarse el acervo comunitario existente y los instrumentos internacionales vinculantes aplicables en la materia, sobre todo la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) [42].

[42] Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 11 de abril de 1980.

64. En el marco del presente plan de acción, no hay que elaborar los principios o la terminología que formarán el contenido del marco común de referencia. En cualquier caso, son los objetivos del marco común de referencia los que determinan su contenido. El primer objetivo es permitir la mejora y la simplificación del acervo existente y garantizar la coherencia del acervo futuro. Esto implica que el marco común de referencia debería proponer soluciones comunes cuando se detecten problemas en el acervo actual. Esto afecta en particular a los problemas de coherencia o de utilización, en el Derecho comunitario, de términos abstractos no definidos, que pueden constituir un concepto jurídico al cual se aplican normas diferentes en cada cuerpo legislativo nacional. Además, debería permitir establecer una terminología común aplicable a conceptos fundamentales específicos o identificar las mejores soluciones para problemas típicos a fin de poder presentar propuestas futuras de legislación comunitaria. Por último, el marco común de referencia debería también facilitar la base para una reflexión profunda sobre un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo. En este contexto, podría constituir un intento de formulación de principios y normas pertinentes

65. Las actividades de investigación deberían incluir una evaluación de las repercusiones económicas de los resultados para los operadores económicos, es decir, la industria, el comercio al por menor, los profesionales de la justicia y los consumidores. En cualquier caso, las Comisión prevé consultar ampliamente a los agentes y otras partes interesadas sobre el proyecto de marco común de referencia, para garantizar que responda a las necesidades de los operadores económicos.

66. c) Con respecto a los aspectos organizativos, es evidente que la Comisión no quiere, en el marco de las actividades de investigación, «volver a inventar la rueda». Muy al contrario, es digno de mención el hecho de que la concentración de actividades de investigación en el campo del Derecho contractual no ha sido nunca tan importante como ahora. Es fundamental que estas actividades de investigación continúen y se aprovechen plenamente. En consecuencia, el objetivo principal es combinar y coordinar las investigaciones en curso para inscribirlas en un marco común siguiendo varios enfoques generales.

67. Sólo cuando las investigaciones en curso no cubran todos los ámbitos afectados, será conveniente iniciar nuevas investigaciones para llenar esas lagunas. Por otra parte, nada impide que los proyectos en curso vayan más allá de los ámbitos que deben cubrirse, ya que estos pueden estar relacionados necesariamente con otros ámbitos, como el Derecho de propiedad y el Derecho de responsabilidad civil.

68. Las investigaciones en este ámbito podrían financiarse en el marco del sexto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (PM6) [43]. En el apartado «Integración», la prioridad 7 («Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el conocimiento») presenta el contexto analítico e intelectual de esta empresa. Se prevé que las actividades de investigación en materia de Derecho contractual europeo constituyan una de las primeras convocatorias de propuestas que se publicarán en el marco de esta prioridad. Dada la naturaleza de la problemática abordada, la aplicación podría realizarse con la ayuda de uno de los instrumentos previstos en el PM6 para estructurar e integrar en mayor medida los esfuerzos de investigación en este ámbito.

[43] Decisión n° 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (DO L 232 de 29.8.2002, p. 1).

4.1.2. Calidad elevada y coherencia del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual

69. Tal como se indicó en el plan de acción sobre la mejora de la legislación [44], la Comisión insiste en la necesidad de mantener elevados niveles de calidad y coherencia a lo largo de todo el proceso legislativo.

[44] Comunicación de la Comisión - Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador», p. 15.

70. Esta medida se inscribe por tanto en la estrategia global de las instituciones europeas, cuyo objetivo es simplificar el entorno regulador y mejorar la calidad de la legislación comunitaria. El Consejo Europeo de Lisboa dio un mandato a la Comisión [45], que se confirmó en las cumbres de Estocolmo, Laeken y Barcelona [46], para que presentara una estrategia para una actuación más coordinada orientada a simplificar el marco regulador. Desde 2001, la Comisión ha desarrollado un amplio proceso de consulta con las demás instituciones y los Estados miembros, con quienes comparte la responsabilidad de la calidad de la legislación comunitaria, y se puso en marcha un debate importante al objeto de mejorar la calidad, la eficacia y la simplicidad de los actos reglamentarios, así como la consulta y la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisión de la UE.

[45] Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000, SN (2000) 100, p. 6.

[46] Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Estocolcomo, 23 y 24 de marzo de 2001, SN (2001) 100, p. 5; Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001, SN (2001) 300, p. 1; Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002, SN (2002) 100, p. 7.

71. En este contexto, el Libro Blanco sobre la Gobernanza, que se adoptó en julio de 2001 [47], constituye, junto con el plan de acción sobre la mejora de la legislación, una expresión dinámica de la voluntad política de reformar el marco regulador. El Libro Blanco sobre la Gobernanza hace hincapié en que la Unión Europea debe «velar constantemente por mejorar la calidad, la eficacia y la simplicidad de los actos reglamentarios» [48]. El plan de acción sobre la mejora de la legislación tiene por objeto, entre otras cosas, mejorar la calidad de las propuestas legislativas. Señala que «Con la mejora y la simplificación del marco regulador se pretende (...) una legislación comunitaria mejor adaptada a los problemas planteados, al reto de la ampliación y a las realidades técnicas y locales. Una redacción menos compleja facilitaría su aplicación por parte de los Estados miembros y los agentes interesados, así como su legibilidad y accesibilidad por parte de los ciudadanos. El objetivo final consiste en preservar un elevado nivel de seguridad jurídica en una Unión que se encuentra a las puertas de una nueva ampliación, potenciar el dinamismo de los agentes económicos y sociales y contribuir así a reforzar la credibilidad de la Comunidad ante sus ciudadanos» [49].

[47] Gobernanza Europea - Libro Blanco. COM (2001) 428 final.

[48] Véase la nota 19, p. 20.

[49] Comunicación de la Comisión - Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador», p. 3.

72. Ya en su Comunicación sobre Derecho contractual europeo, la Comisión señaló que «Mejorar la calidad de la legislación ya en vigor implica, en primer lugar, modernizar los instrumentos existentes. La Comisión desea desarrollar acciones, en curso, de consolidación, codificación y refundición de instrumentos ya existentes, orientadas a la transparencia y la claridad. También se podría revisar la calidad de la redacción en aras de una mayor coherencia de la presentación y terminología. Estos cambios en la presentación de los textos jurídicos irían acompañados, además, de esfuerzos sistemáticos de simplificación y aclaración del contenido de la legislación existente. Por último, la Comisión evaluará los efectos de la legislación comunitaria y modificará las normas existentes en caso necesario» [50].

[50] Véanse las notas 19, 21.

73. En su Comunicación sobre la estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 [51], la Comisión hizo hincapié en la necesidad de una mayor convergencia de la legislación comunitaria en materia de consumo, que implicaría en particular la revisión del Derecho contractual en materia de consumo para eliminar las incoherencias existentes, llenar las lagunas y simplificar la legislación.

[51] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, p. 7.

74. A fin de garantizar la coherencia del marco legislativo sobre servicios financieros, la Comisión anunció el lanzamiento de una política en tres vertientes para garantizar una mayor convergencia en materia de normas de protección del consumidor y el inversor. La tercera vertiente prevé la revisión de las normas nacionales relativas a los contratos de servicios financieros al por menor [52]. Como ya se resaltó también en la consulta, los contratos tienen un papel decisivo en los servicios financieros, en particular en los negocios bancarios y de seguro. En efecto, en estos ámbitos, los servicios se caracterizan a menudo por una serie de condiciones que figuran en los contratos. Por ello, a lo largo del tiempo, los Estados miembros han establecido qué condiciones pueden o no incluirse en los contratos de seguro y otros contratos de servicios financieros. Las diferencias existentes entre las normativas podrían afectar a los productos comercializados en varios países. Puede ser necesario establecer una mayor convergencia entre dichas normativas para hacer compatibles la necesidad de que las normas nacionales sean más uniformes y la de mantener la innovación y la libre elección de productos [53]. La mejora de la calidad del acervo y su configuración más coherente [54] en el campo del Derecho contractual sería por tanto una iniciativa fundamental en este contexto y constituiría una acción de seguimiento del plan de acción sobre la mejora de la legislación.

[52] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre comercio electrónico y servicios financieros, COM (2001) 66 final, p. 10.

[53] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre comercio electrónico y servicios financieros, COM (2001) 66 final, p. 10, p. 13.

[54] El informe final del Grupo Mandelkern sobre la calidad de la legislación (p. 42) identifica este objetivo como uno de los objetivos principales de una consolidación jurídicamente eficaz.

75. Esta medida es apoyada globalmente por las demás instituciones comunitarias y la sociedad civil. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han hecho hincapié en la necesidad de dar mayor coherencia, mejorar y consolidar el acervo comunitario existente. La consulta lanzada por la Comisión pone también de manifiesto que la medida cuenta también con la aprobación casi unánime de todos los participantes, en particular la industria y los profesionales de la justicia. En consecuencia, la Comisión considera que garantizar la coherencia y la compatibilidad del acervo actual y futuro es una prioridad que debe atenderse rápidamente.

76. Para resolver este problema, la coherencia de la legislación comunitaria debe garantizarse a la luz de los problemas identificados. Esto implica en particular:

* eliminar las incoherencias identificadas en el Derecho contractual europeo;

* examinar la calidad de la formulación;

* simplificar y clarificar la legislación existente;

* adaptar la legislación existente a las evoluciones de la economía, el comercio y otros ámbitos todavía no previsibles en el momento de la adopción;

* llenar las lagunas de la legislación comunitaria que han planteado problemas en la aplicación.

77. Cuando sea pertinente, deberá considerarse una consolidación [55], codificación [56] y refundición [57] de los instrumentos existentes centradas en la transparencia y la claridad.

[55] Consolidación significa reunir en un solo texto no vinculante las disposiciones actuales de un determinado instrumento regulador, es decir, las disposiciones del acto original y los posteriores actos modificativos.

[56] Codificación significa adoptar un nuevo instrumento jurídico que reúne en un solo texto, sin cambios relativos al fondo, un acto antiguo y sus posteriores modificaciones; el nuevo instrumento sustituye el anterior y lo deroga. El 20 de diciembre de 1994, se concluyó un acuerdo interinstitucional sobre la codificación.

[57] Refundición significa adoptar un acto jurídico único en el que se han realizado los cambios de fondo requeridos, se codifican dichos cambios con las disposiciones del acto anterior no modificadas y se deroga este acto. El acuerdo interinstitucional adoptado el 17 de abril de 2002 (SEC (2001) 1364) sobre un uso más estructurado de la técnica de refundición de los actos jurídicos facilitará la aplicación de este método.

78. Esta acción no iría más allá de los ámbitos armonizados, sino que afectaría a los ámbitos que ya están al menos parcialmente cubiertos por la legislación comunitaria. Sin embargo, no sólo se referiría al acervo existente, sino también a las medidas futuras para garantizar la coherencia de todo el acervo.

79. La Comisión prevé aplicar las acciones mencionadas y presentar otras propuestas cuando se presente una necesidad sectorial de armonización. Para la aplicación de estas acciones, convendría, siempre que sea posible y adecuado, utilizar el marco común de referencia para garantizar una mayor convergencia. Así, el marco común de referencia podría, por ejemplo, poner a disposición definiciones o normas fundamentales que pudieran utilizarse para mejorar el acervo existente e incluirse en el acervo futuro.

80. En su plan de acción sobre la mejora de la legislación, la Comisión propuso que las modificaciones sustanciales de las propuestas de la Comisión introducidas en primera lectura por el Parlamento Europeo y el Consejo, no afectaran a la calidad del propio acto legislativo y que era indispensable mantener elevados niveles de calidad y coherencia a lo largo de todo el proceso legislativo [58]. En consecuencia, el marco común de referencia en el ámbito del Derecho contractual europeo debería servir no sólo como directriz a la Comisión en la preparación de sus propuestas, sino ser también de utilidad para el Consejo y el Parlamento Europeo en caso de que propongan enmiendas.

[58] Comunicación de la Comisión - Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador», p. 15.

4.2. Promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo de ámbito comunitario

81. El principio de la libertad contractual, que está en el centro del Derecho contractual de todos los Estados miembros, permite a las partes contratantes concluir el contrato que mejor responde a sus necesidades particulares. Esta libertad está limitada por algunas disposiciones obligatorias del Derecho contractual o por exigencias derivadas de otras leyes. Sin embargo, las disposiciones obligatorias no son muchas y las partes de un contrato disponen de gran libertad para negociar las cláusulas y condiciones contractuales que deseen. Esto es especialmente importante cuando las partes desean concluir un contrato con ciertas especificidades o que se aplica a una situación compleja.

82. No obstante, en la gran mayoría de los casos, y en particular para las transacciones simples y rutinarias, las partes desean frecuentemente recurrir a cláusulas contractuales tipo. La utilización de dichas cláusulas ahorra a las partes los costes de negociación del contrato.

83. Estas cláusulas tipo son a menudo formuladas por una de las partes contratantes, en particular cuando una de ellas dispone de suficiente poder de negociación para imponer sus propias cláusulas contractuales, bien como vendedor o prestador de servicios, o como comprador de bienes y servicios. En otros casos, estas cláusulas contractuales tipo son elaboradas por un grupo de partes contratantes que representan bien a una de las partes en las negociaciones, bien a ambas -lo que es más raro-, o por un tercero.

84. Aunque las cláusulas y las condiciones contractuales tipo se utilizan muy corrientemente, la mayoría de ellas han sido concebidas por partes de un solo Estado miembro, por lo que pueden estar menos adaptadas a las transacciones transfronterizas. La Comisión tiene, sin embargo, conocimiento de iniciativas en el marco de las cuales se han elaborado cláusulas contractuales tipo específicas para las transacciones transfronterizas [59]. Estas cláusulas contractuales se están utilizando cada vez más en los contratos concluidos en los Estados miembros individuales.

[59] Por ejemplo, Orgalime (asociación europea de las industrias mecánicas, eléctricas, electrónicas y metalúrgicas) ha elaborado condiciones generales, formularios tipo y directrices que facilitan ayuda práctica a las empresas que tienen que redactar distintos tipos de contrato que se utilizan normalmente en el comercio internacional en los sectores afectados

85. Esto demuestra la utilidad de las cláusulas tipo que pueden utilizarse en distintos Estados miembros, en particular en el marco de las transacciones transfronterizas. La Comisión opina que este tipo de cláusulas y condiciones generales, si se utilizaran a mayor escala, podrían resolver algunos de los problemas y factores disuasorios mencionados. Esta es la razón por la que la Comisión piensa promover el establecimiento de dichas cláusulas y condiciones del siguiente modo:

a) Facilitando el intercambio de información sobre las iniciativas.

86. Para promover la elaboración de cláusulas y condiciones tipo utilizables en la UE conviene, en un primer momento, elaborar una lista de las iniciativas existentes a nivel europeo y en los Estados miembro. Cuando esté disponible esta lista, las partes que deseen elaborar cláusulas y condiciones tipo podrán obtener información sobre iniciativas similares en otros sectores o en los mismos sectores de otros Estados miembros. Así, podrán aprender de los errores cometidos por los demás y aprovechar sus éxitos («buenas prácticas»), y procurarse los nombres y las direcciones de sus homólogos de otros Estados miembros que deseen participar en un esfuerzo común de elaboración de cláusulas y condiciones tipo a nivel europeo.

87. En consecuencia, la Comisión piensa crear una página web en el que las empresas, las personas individuales y las organizaciones puedan, bajo su responsabilidad [60], incluir información sobre las iniciativas existentes o previstas en este ámbito. La Comisión invitará a dichas empresas, personas y organizaciones a publicar la información correspondiente en dicha página web. La Comisión prevé evaluar la utilidad de dicha página con los usuarios 18 meses después de su lanzamiento y adoptar las medidas apropiadas.

[60] La publicación de esta información en un sitio web de la Comisión no refleja necesariamente la opinión de la Comisión.

b) Proponiendo directrices sobre la utilización de las cláusulas y condiciones tipo.

88. El apoyo general que presta la Comisión a la elaboración de cláusulas y condiciones tipo a nivel europeo, más que a nivel de los Estados miembros individuales, no debe interpretarse, sin embargo, como una aprobación general de todas las cláusulas y condiciones. En efecto, estas no deberían incumplir las normas comunitarias ni ser contrarias a las políticas de la UE. Por esta razón, la Comisión piensa publicar directrices con objeto de recordar a las empresas, las personas y las organizaciones interesadas que deben respetarse ciertos límites jurídicos y de otra índole. Así, es evidente que estas cláusulas y condiciones deberían ser conformes, si procede, con lo dispuesto en la Directiva sobre cláusulas abusivas de los contratos. Estas directrices recordarán asimismo a las partes que los límites planteados a estas iniciativas se derivan de las normas comunitarias en materia de competencia. Además, conviene asegurar que las cláusulas y las condiciones contractuales tipo estén elaboradas en común por los representantes de todos los grupos afectados, incluidas las grandes empresas y las PYME, los comerciantes, los consumidores y los profesionales de la justicia.

4.3. Otras reflexiones sobre la oportunidad de adoptar medidas no relacionadas con un sector particular, como la adopción de un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo

89. Durante la consulta se pidió que continuaran las reflexiones sobre la oportunidad de adoptar medidas específicas no relacionadas con un sector particular en el ámbito del Derecho contractual europeo.

90. Se presentaron algunos argumentos en favor de la adopción de un instrumento facultativo que ofrecería a las partes contratantes un conjunto modernizado de reglas particularmente adaptadas a los contratos transfronterizos en el mercado interior. De este modo, las partes no deberían abordar cada detalle en los contratos específicamente redactados o negociados a tal efecto, pudiendo remitir simplemente a dicho instrumento a modo de legislación aplicable. Este instrumento ofrecería tanto a la parte económicamente más fuerte como a la más débil una solución aceptable y adecuada, sin que debieran aplicar necesariamente el Derecho nacional de una de las partes, lo que facilitaría también las negociaciones.

91. Con el tiempo, los operadores económicos se familiarizarían con dichas reglas, como lo han hecho con el Derecho contractual nacional actualmente en vigor. Esto sería importante para todas las partes contratantes, en particular las PYME y los consumidores, y facilitaría su participación activa en el mercado interior. Por consiguiente, un instrumento de esta índole favorecería considerablemente el intercambio transfronterizo de bienes y servicios.

92. La Comisión examinará si la adopción de medidas no relacionadas con un sector particular, tales como la adopción de un instrumento facultativo, puede resultar útil para resolver los problemas que se plantean en el ámbito del Derecho contractual europeo. Piensa iniciar una reflexión sobre la oportunidad de adoptar dichas medidas, así como sobre su forma posible, su contenido y su base jurídica. En cuanto a su forma, podrían preverse normas en materia de Derecho contractual aplicables a toda la Unión Europea, consagradas en un reglamento o incluidas en una recomendación, que no sustituirían a los Derechos contractuales nacionales, sino que coexistirían con ellos. Este nuevo instrumento estaría disponible en todas las lenguas comunitarias. Podría aplicarse bien al conjunto de los contratos que afectan a las transacciones transfronterizas, bien solamente a los contratos que los Estados miembros decidieran someter a este instrumento con arreglo a una cláusula de elección del Derecho aplicable. Esta cláusula daría a las partes un máximo grado de libertad contractual. Sólo recurrirían al nuevo instrumento si este respondiera mejor a sus necesidades económicas y jurídicas que el Derecho nacional aplicable al contrato con arreglo a los principios del Derecho internacional privado.

93. La Comisión considera que la libertad contractual debería ser uno de los principios rectores de dicho instrumento de Derecho contractual. Sólo buenas razones podrían justificar las restricciones a esta libertad. Las partes contratantes deberían por tanto tener la facultad de adaptar las reglas específicas de este nuevo instrumento en función de sus necesidades [61] cuando lo eligieran como la legislación aplicable al contrato.

[61] Vid. artículo 6 de la CISG.

94. En este conjunto normativo, sólo un número limitado de reglas, por ejemplo las destinadas a proteger al consumidor, serían imperativas cuando el nuevo instrumento se aplicara al contrato. La reflexión debería referirse, entre otras cosas, a la cuestión de si el instrumento facultativo (si fuera un instrumento vinculante) podría excluir la aplicación de disposiciones nacionales imperativas antagónicas en los ámbitos cubiertos. En consecuencia, este instrumento garantizaría la libertad contractual de dos maneras: en primer lugar, por el hecho de que las partes podrían elegir entre adoptar este instrumento como la legislación aplicable o no y, en segundo lugar, por la facultad concedida por principio a las partes de modificar las reglas respectivas.

95. Es evidente que en la reflexión que realizará sobre un instrumento no relacionado con un sector particular, la Comisión tendrá en cuenta el marco común de referencia. En principio, el contenido de este último debería por tanto servir de base para la elaboración del nuevo instrumento facultativo. De momento, no se ha decidido todavía si el nuevo instrumento debería cubrir todo el ámbito de aplicación del marco común de referencia o solamente elementos de este, ni si cubriría únicamente las disposiciones generales relativas a los contratos o también los contratos específicos.

96. La Comisión desearía recibir comentarios sobre el ámbito de aplicación de un instrumento facultativo en relación con la CISG. El instrumento facultativo podría ser global, es decir que podría extenderse también a los contratos transfronterizos de venta entre empresas e incluir, por tanto, el ámbito cubierto por la CISG. También podría excluir este ámbito, siendo sólo aplicable la CISG.

97. Como para todas las medidas mencionadas en el presente plan de acción, serán bienvenidos todos los comentarios de las instituciones europeas y los agentes afectados sobre las propuestas que contiene.

5. Conclusión

98. El presente plan de acción tiene por objeto suscitar reacciones sobre el conjunto propuesto de medidas reglamentarias y no reglamentarias, así como contribuciones para seguir reflexionando sobre un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo. También pretende continuar el debate abierto, amplio y detallado abierto por la Comunicación sobre Derecho contractual europeo, con la participación de las instituciones de la Comunidad Europea y de la población, incluidas las empresas, las asociaciones de consumidores, el personal académico y los profesionales de la justicia.

99. Se invita a todas las partes que deseen participar en el debate a enviar sus contribuciones a más tardar 16.5.2003. Las contribuciones deberían enviarse, si es posible, por vía electrónica a «European-Contract-Law@cec.eu.int», o por escrito, a la Comisión Europea, 1049 Bruselas. En cada contribución deberá figurar la mención "Action Plan on European Contract Law". A fin de suscitar un verdadero debate sobre esta cuestión, la Comisión ha publicado el presente plan de acción en la página web Europa de la Comisión: http://europa.eu.int/comm/consumers/ policy/developments/contract_law/index_en.html. Las contribuciones que se envíen se publicarán en la misma página web, a no ser que sus autores pidan que se traten confidencialmente.

ANEXO

Respuestas a la Comunicación sobre Derecho contractual europeo

1. Introducción

En noviembre de 2001 el Consejo y el Parlamento respondieron a la Comunicación sobre Derecho contractual europeo. Asimismo, la Comisión ha recibido hasta la fecha 160 respuestas de otras partes interesadas en esta cuestión (ver anexos). Este interés de las instituciones comunitarias y de los sectores representados en esas respuestas pone de manifiesto la importancia del debate iniciado por la Comunicación.

La mayoría de las respuestas proceden de Alemania y el Reino Unido. En algunos Estados miembros no se han hecho contribuciones, o se han hecho muy pocas. Ha respondido a la consulta un número apreciable de organismos internacionales. Los sectores académico y empresarial son los que más respuestas han enviado, pero los profesionales de la justicia han hecho también una contribución considerable.

La Comisión ha recibido la inmensa mayoría de las contribuciones después del periodo de consulta previsto inicialmente. Este documento recoge todas las opiniones recibidas hasta el 31 de enero de 2002, pero la Comisión tendrá también en cuenta las contribuciones recibidas después de esa fecha.

El análisis de las respuestas recibidas hasta dicha fecha se divide en tres partes. La parte 2 de este documento ofrece un análisis de los comentarios de las instituciones europeas. Las partes 3 y 4 incluyen un examen de las demás respuestas, dividido en dos partes: las opiniones sobre los problemas existentes (parte 3) y las posibles soluciones (parte 4). La parte 5 resume las próximas acciones de la Comisión.

Este documento tiene por objeto presentar la interpretación que hace la Comisión de las respuestas a su consulta. Es posible que no refleje todo el contenido de las contribuciones. En aras de la transparencia, las respuestas enviadas por correo electrónico han sido publicadas en el sitio web de la Comisión, en la medida en que sus autores hayan dado su autorización. No obstante, la lista de participantes en la encuesta del anexo I no incluye a aquellos que han exigido que su respuesta sea confidencial.

Dirección del sitio web de la Comisión sobre Derecho contractual europeo:

http://europa.eu.int/comm/consumers/ policy/developments/contract_law/index_en.html

2. Respuestas de las instituciones europeas

La Comunicación de la Comisión fue presentada al Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo el 27 de septiembre de 2001. El Consejo de Justicia, Asuntos de Interior y Protección Civil aprovechó el «Informe del Consejo sobre la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil», adoptado el 16 de noviembre de 2001, para responder a la Comunicación de la Comisión. La víspera, el Parlamento Europeo había adoptado una resolución sobre dicha Comunicación.

2.1. El informe del Consejo

El informe es bastante equilibrado. En su introducción, el Consejo explica cómo interpreta el mandato del Consejo Europeo de Tampere. Refiriéndose a las resoluciones del PE, la Comunicación de la Comisión y los trabajos realizados en círculos universitarios, destaca el papel central del Derecho contractual. El Consejo menciona también --en términos prudentes-- el Derecho de familia como posible tema de debate en torno a la aproximación de los Derechos privados nacionales.

En el capítulo siguiente, el Consejo --al igual que la Comisión en su Comunicación-- menciona otros instrumentos, a saber, normas uniformes de Derecho internacional privado e instrumentos internacionales de Derecho sustantivo armonizado. Cabe señalar que --al igual que la Comisión en su Comunicación-- el Consejo insiste en los límites de esos planteamientos. Otro aspecto interesante es que insta a los Estados miembros que todavía no han ratificado determinados acuerdos en este ámbito a que lo hagan. A este respecto, reviste especial importancia el Convenio de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías (CISG), que aún no ha sido ratificado por el Reino Unido, Irlanda y Portugal.

En este capítulo también se hace alusión al programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de decisiones en asuntos civiles y comerciales adoptado por el Consejo. Además, por primera vez, el Consejo indica que en el futuro podría alcanzarse el grado de confianza necesario si se potencia la convergencia de los diferentes regímenes de Derecho sustantivo.

La parte siguiente constituye, junto con las conclusiones, el elemento central del informe del Consejo. En ella se insiste repetidamente en la necesidad de mejorar la coherencia y calidad del acervo comunitario existente. A este respecto, se menciona brevemente que en algunos casos la armonización obtenida por medio de directivas se considera insuficiente, debido en particular a variaciones significativas entre las medidas de aplicación nacionales. El Consejo menciona también --al igual que la Comisión en su Comunicación-- el problema de la falta de definiciones uniformes de términos y conceptos generales en la legislación comunitaria, que puede dar lugar a diferencias en las prácticas comerciales y jurídicas.

El Consejo cita algunos de los instrumentos comunitarios más importantes en el ámbito del Derecho privado y reconoce que esos instrumentos han formado un «Derecho común» en las materias correspondientes de las legislaciones nacionales.

Al margen de la solicitud de una mayor coherencia del Derecho comunitario, en su informe, el Consejo parece favorable a un enfoque horizontal de la armonización, con vistas a crear un núcleo común europeo de Derecho privado si se pone de manifiesto una necesidad de armonización. Por último, el Consejo expresa el deseo de que se estudie si las diferencias en los ámbitos de la responsabilidad extracontractual y del Derecho de propiedad pueden menoscabar el buen funcionamiento del mercado interior. Este es el segundo ámbito legislativo en el que el informe del Consejo desborda el marco de la Comunicación de la Comisión.

La cuarta parte del informe del Consejo está dedicada al Derecho de familia, ámbito que no se aborda en la Comunicación de la Comisión, por lo que no es necesario tratarlo de manera pormenorizada en este documento.

En las conclusiones del informe, dirigidas a la Comisión, el Consejo opina sobre el seguimiento que esta debería dar a su Comunicación.

Cabe destacar en especial que en sus conclusiones el Consejo pide a la Comisión que comunique para finales del año 2002 los resultados de la consulta iniciada por su Comunicación, así como sus recomendaciones a las instituciones comunitarias y al público, si es necesario en forma de Libro Verde o Blanco. Por lo que respecta al contenido de ese futuro Libro Verde o Blanco, el Consejo pide a la Comisión que examine como mínimo algunos puntos específicos. Considera que debería determinar los actos comunitarios que deben revisarse y los motivos de esa revisión. También debería identificar los ámbitos legislativos en los que la diversidad de las legislaciones nacionales menoscaba el buen funcionamiento del mercado interior y la aplicación uniforme de la legislación comunitaria. Las recomendaciones de la Comisión deberían abordar también la posibilidad de adoptar un enfoque más horizontal en nuevas iniciativas legislativas y su impacto en la coherencia del Derecho privado. Otra sugerencia del Consejo tiene por objeto la coordinación regular entre los Estados miembros en el ámbito del Derecho privado durante la transposición de directivas, planteamiento que ya se aplica parcialmente. El último punto hace referencia a los métodos de trabajo que deben adoptarse para lograr una mayor aproximación de las legislaciones nacionales y evitar las incoherencias.

Además del Libro Verde o Blanco, el Consejo desea que la Comisión ponga en marcha un estudio en los ámbitos de la responsabilidad extracontractual y del Derecho de propiedad para determinar si las diferencias en las legislaciones de los Estados miembros menoscaban el funcionamiento del mercado interior.

2.2. La Resolución del Parlamento Europeo

El PE menciona específicamente dos grupos que, en gran medida, aún no se han beneficiado todo lo deseable de las ventajas del mercado interior: las pequeñas y medianas empresas y los consumidores. La Resolución destaca también el objetivo de lograr un equilibrio justo entre los intereses de las empresas y los de los consumidores, así como de la carga soportada por los consumidores y los representantes legales. La Resolución del PE --al igual que el informe del Consejo y la Comunicación de la Comisión-- resalta los límites del Derecho internacional privado, como el Convenio de Roma, y del Derecho sustantivo armonizado a nivel internacional, como la CISG.

El PE lamenta que la Comunicación de la Comisión se limite al Derecho contractual. Menciona también --el Consejo pide un estudio al respecto-- los ámbitos de la responsabilidad extracontractual y del Derecho de propiedad.

Tras enumerar los principales instrumentos comunitarios en el ámbito del Derecho privado, el PE afirma que las directivas correspondientes no están adecuadamente coordinadas y que su aplicación plantea problemas en relación con los Derechos privados nacionales. Destaca, pues, que debería hacerse una aplicación más coherente de las diferentes normas.

El PE subraya explícitamente la necesidad de seguir armonizando el Derecho contractual para facilitar las transacciones transfronterizas en el mercado interior.

El elemento central de la Resolución del PE es la solicitud de un plan de acción a la Comisión. Las etapas de ese plan de acción pueden agruparse en tres fases: medidas a corto, medio y largo plazo.

Para finales de 2004 debería crearse una base de datos, en todas las lenguas de la Comunidad, con las legislaciones y jurisprudencias nacionales en el ámbito del Derecho contractual. A través de ella deberá promoverse la investigación en materia de Derecho comparado y la cooperación con vistas a ofrecer soluciones, conceptos jurídicos y terminología comunes para el conjunto de los sistemas jurídicos nacionales; en definitiva, la opción II de la Comunicación de la Comisión. El PE desea estar informado periódicamente sobre los avances de estas tareas y dará su opinión al respecto. Paralelamente a la opción II, debe trabajarse sobre la opción III, por lo que se pide a la Comisión que presente propuestas legislativas destinadas a consolidar la legislación comunitaria existente. Al final de la primera fase, la Comisión deberá estudiar si son necesarias más disposiciones relacionadas con el mercado interior, teniendo especialmente en cuenta el sector en plena expansión del comercio electrónico. El PE sugiere materializar esas disposiciones en forma de reglamento, mientras que en áreas específicas de la legislación sobre la protección de los consumidores sigue dando su preferencia a las directivas.

A partir de 2005 debería publicarse un análisis comparativo de soluciones y conceptos jurídicos comunes. Paralelamente, la Comisión deberá promover la difusión del Derecho comunitario y los resultados de la opción II entre docentes y profesionales de la justicia. Todas las instituciones comunitarias deberían aplicar soluciones, terminología y conceptos jurídicos coherentes en su actividad legislativa.

En tercer lugar, la legislación comunitaria por la que se aplica terminología y principios jurídicos comunes en contratos transfronterizos y puramente nacionales debería mantener intacta la posibilidad de optar por otro régimen jurídico. Los efectos prácticos de esta legislación deberán evaluarse a partir de 2008. Los resultados de la evaluación podrían conducir a la creación y adopción de un corpus de normas sobre Derecho contractual a partir de 2010. El PE preferiría un reglamento que pueda utilizarse de manera voluntaria en el marco del Derecho internacional privado. El PE insiste en el uso del artículo 95 como fundamento jurídico.

3. Respuestas a la consulta de la Comisión - Necesidad de una acción comunitaria de mayor alcance en el ámbito del Derecho contractual

3.1. Consecuencias para el mercado interior

3.1.1. Respuestas de los gobiernos

Los organismos gubernamentales que abordan en sus respuestas las consecuencias para el mercado interior de las diferencias en los Derechos contractuales afirman que hay problemas, o que al menos puede haberlos. No obstante, sólo en una minoría de respuestas se mencionan problemas específicos; en algunos casos se debe evidentemente a que los gobiernos nacionales han resumido los resultados de sus consultas nacionales.

El Gobierno portugués afirma que los gastos de información como consecuencia de las diferencias en los Derechos contractuales nacionales son un obstáculo a las transacciones transfronterizas. Estas diferencias dificultan las acciones legales transfronterizas. Por motivos de certeza jurídica, concretamente para evitar dudas y vacíos jurídicos en el sector del comercio electrónico, resalta también una necesidad de armonización en el ámbito de Derecho contractual en materia de consumo. En este contexto, el Gobierno austriaco indica que en su consulta nacional son más bien las empresas que los consumidores quienes piden la plena armonización del Derecho contractual en materia de consumo, por oposición a una armonización mínima, lo cual evitaría divergencias en las aplicaciones nacionales. El Ministerio belga de Asuntos Económicos y el Gobierno finlandés señalan también que sus consultas nacionales ponen de manifiesto preocupaciones a propósito de una armonización mínima de la legislación en materia de consumo. El ejecutivo finlandés añade que existen problemas concretos en el ámbito de la legislación sobre seguros y que las diferencias entre normas imperativas disminuyen la disposición de las empresas a participar en actividades transfronterizas. Aunque considera que este es un asunto menor en comparación con otros, destaca la existencia de problemas más graves en ámbitos como la indemnización por daños y perjuicios y el Derecho de la propiedad. El Ministerio belga de Finanzas opina que la armonización del Derecho contractual permitiría una clasificación uniforme de los contratos a efectos fiscales y evitaría así distorsiones de la competencia en el mercado interior como consecuencia de la aplicación de regímenes fiscales diferentes. A la Comisión Bancaria y Financiera belga le preocupa la falta de armonización de las normas que afectan a las relaciones contractuales entre los intermediarios financieros y sus clientes, lo cual repercute en el funcionamiento del mercado interior. Los Estados federados alemanes consideran que la complejidad de la actual situación jurídica y el problema del Derecho aplicable