La incertidumbre y los riesgos que acompañan a estas perspectivas son muy elevados, debido a la incierta evolución de la crisis sanitaria mundial. El creciente rigor de las restricciones ya aplicadas en Grecia y en otros países europeos podría afectar negativamente a las perspectivas a corto plazo. Las restricciones adicionales que puedan imponerse a la circulación de personas y mercancías en los próximos meses en Grecia, pero también en el extranjero —en vista de la importancia del turismo internacional— siguen siendo un claro motivo de incertidumbre. El incremento de las tensiones geopolíticas en la región y el mantenimiento de las presiones migratorias representan otros riesgos de corrección a la baja. Como aspecto positivo, las medidas de apoyo adoptadas en el ámbito de la UE, como el instrumento de recuperación Next Generation EU, podrían suponer un importante estímulo a la demanda en 2021 y potenciar en adelante las variables económicas fundamentales y la resiliencia. Más concretamente, la previsión de la Comisión no incorpora el impacto del plan de recuperación y resiliencia, ya que todavía está en su fase inicial de desarrollo. Una vez se hayan especificado, adoptado y aplicado por completo, cabe esperar que las reformas e inversiones que se apliquen en el ámbito de este plan tengan efectos positivos para las perspectivas de crecimiento.

La conclusión del presente informe es que, pese a las circunstancias adversas provocadas por la pandemia, Grecia ha adoptado las medidas necesarias para cumplir sus compromisos específicos en el plazo acordado. Se han producido acontecimientos sin precedentes que han acarreado una súbita recesión económica y la paralización —en el primer semestre del año— de distintas reformas ante la necesidad de afrontar prioridades más inmediatas. No obstante, las autoridades han conseguido reanudar los trabajos para cumplir sus compromisos en estos últimos meses y han completado una serie de reformas fundamentales. Las instituciones europeas acogen con satisfacción la estrecha y constructiva colaboración mantenida en todos los ámbitos y animan a las autoridades a mantener el ritmo de sus trabajos y, si es necesario, acelerarlos para completar rápidamente la aplicación de la legislación primaria recientemente adoptada. Este es el caso, en particular, de las reformas del sector financiero, que en breve se traducirán en la finalización y adopción de un gran corpus de legislación secundaria.

Las autoridades también fueron claras sobre el camino a seguir en ámbitos en los que el pleno cumplimiento de los compromisos existentes era inalcanzable debido a retrasos anteriores o al impacto de la pandemia. Las autoridades reanudaron el cobro del gasto sanitario conforme a la restitución y acordaron ultimar la legislación sobre atención primaria para cuando se publique el décimo informe, cumpliendo entre tanto debidamente con los principios de la reforma de 2017, que todavía no se ha aplicado en su totalidad. También se han establecido plazos claros para las reformas de las autorizaciones de inversión controladas en el marco de la supervisión reforzada, mientras que se aprecian progresos sostenidos en la ejecución de la hoja de ruta del proyecto de catastro. Las autoridades acordaron asimismo retomar dos reformas concretas que se han visto notablemente afectadas por la pandemia del coronavirus, en concreto un nuevo ejercicio de tasación de alcance nacional a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles y la ejecución del elemento de activación de la renta mínima garantizada. Se ha presentado a la Comisión una propuesta definitiva de las medidas correctoras destinadas a erradicar las prácticas restrictivas de la competencia y es previsible que se realice una prueba de mercado en cuanto las autoridades otorguen su autorización final. El objetivo de plantilla marcado para la Autoridad Tributaria Independiente no se ha cumplido, pero las autoridades confirmaron que los procedimientos de contratación en curso en el Ministerio de Hacienda no afectarían negativamente a la capacidad de esta Autoridad.

El volumen de pagos atrasados se ha reducido desde el último informe, pero es necesario seguir haciendo esfuerzos para cumplir el ambicioso objetivo marcado para final de año. Aunque el volumen de pagos atrasados se mantiene por encima de los niveles previstos en el plan de acción de octubre de 2019, las desviaciones que se produjeron a principios de 2020 también a causa de la pandemia se han recuperado, salvo por el volumen acumulado de derechos de pensión sin procesar. En este caso, no cabe esperar que el proceso automatizado de tramitación y concesión de pensiones funcione a pleno rendimiento hasta el año que viene. Las autoridades han confirmado el objetivo de cero atrasos para finales de 2020 en todos los sectores salvo los derechos de pensión, pero su cumplimiento no está exento de riesgos, también relacionados con el resurgimiento de la pandemia. En vista del inesperado incremento del número de solicitudes de pensiones, provocado por factores jurídicos y técnicos, se espera la liquidación de todos los derechos de pensión antes de diciembre de 2021.

Se ha cumplido el compromiso específico para mediados de 2020 sobre la creación del sistema de cuenta única del Tesoro. El sistema de cuenta única del Tesoro ya está en funcionamiento y ofrece una visión general de la situación de caja del Estado, así como una herramienta eficiente de control de la liquidez. El Ministerio de Hacienda ha creado una herramienta específica para supervisar las previsiones de caja de las entidades, que se irá implementando de forma gradual.

La reforma del plan contable, que incluye compromisos para mediados de 2021 y mediados de 2022, va por buen camino en términos generales y su aplicación al presupuesto de inversión pública está empezando a avanzar. Tras la aplicación de la clasificación administrativa al presupuesto ordinario de 2019, actualmente se está diseñando una clasificación funcional de cuentas, así como el marco de presupuestación basada en el rendimiento. Se trata de reformas ambiciosas y bien acogidas. La plena aplicación del plan contable al presupuesto de inversión pública está comenzando a cobrar impulso. Se espera que las medidas adoptadas para garantizar su interoperabilidad con el sistema informático central, cuya finalización está prevista para marzo de 2021, agilicen notablemente el proceso de pago. Con ello también se reducirá de manera importante el margen de generación de atrasos. La puesta en marcha de otras medidas, como la aplicación de facturación electrónica para la contratación pública y la modernización del sistema centralizado de pagos para el presupuesto ordinario, va por buen camino en términos generales.

Las autoridades tienen previsto adoptar una importante reforma de la contratación pública antes de finales de año. Esta reforma se basa en la experiencia de aplicación de las normas establecidas en 2016 y pretende abordar, entre otras cosas, el elevado número observado de procedimientos de oferta única o contratos adjudicados exclusivamente en función del precio más bajo. También racionaliza los procedimientos de adjudicación, que todavía tienen una duración excesiva. Es una reforma crucial para conseguir una rápida absorción de los recursos financieros disponibles y apoyar la recuperación. Al mismo tiempo, las autoridades trabajan en la digitalización del procedimiento y preparan una estrategia de contratación pública para 2021-2025, con objeto de favorecer la transición verde y fortalecer la lucha contra la corrupción.

En previsión de las grandes partidas de financiación que Grecia espera recibir con cargo al próximo marco financiero plurianual, las autoridades van a establecer una reserva de proyectos estratégicos para seleccionar grandes proyectos de infraestructuras y trabajan en la creación de un mecanismo de preparación de proyectos. La reserva de proyectos estratégicos facilitará la selección de proyectos de importancia nacional y se coordinará a nivel de la Presidencia del Gobierno, al margen de la estructura básica de los ministerios competentes. Se espera que el mecanismo de preparación de proyectos acelere la preparación de los proyectos incluidos en la reserva de proyectos estratégicos, para llevarlos de la fase conceptual a la fase de ejecución de manera eficiente. Este mecanismo se creará en el marco del Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos, donde se establecerán salvaguardias adecuadas para garantizar que el Fondo continúe cumpliendo su actual mandato fundamental de manera independiente. El mecanismo contará con el respaldo de una entidad financiera internacional como socio estratégico. El plan de acción para mejorar la supervisión y previsión del presupuesto de inversión pública va por buen camino en términos generales.

BIENESTAR SOCIAL

Las autoridades progresan adecuadamente para finalizar la configuración organizativa e institucional del Fondo Único de Seguridad Social (e-EFKA), un compromiso específico para finales de 2020. La fusión de las funciones de pensiones del sector público y pensiones complementarias ya se ha llevado a cabo, incluido el traslado físico de las oficinas; el traslado que queda pendiente afecta a los empleados del antiguo fondo para agricultores (OGA), que está previsto que se complete a finales de año. La tramitación digital de las solicitudes de pensiones también ha avanzado conforme a lo previsto. Cabe esperar que el ritmo de tramitación se ralentice hasta marzo de 2021 debido a problemas de disponibilidad de los datos, pero debería volver a acelerarse a partir de entonces.

Grecia está reforzando su sistema de salud para hacer frente a la actual emergencia sanitaria y, en este sentido, la prestación plena y efectiva del servicio de atención primaria, que es un compromiso específico, se está demostrando esencial. Hay ya más de 160 centros de asistencia sanitaria en condiciones de recibir pacientes con síntomas del coronavirus y se han creado clínicas ambulatorias adicionales en el área de Atenas. Las autoridades también están reforzando la capacidad de realizar pruebas y llevando a cabo las contrataciones de personal adicional necesarias. En lo que respecta a la aplicación de la reforma de la atención primaria, que comenzó en 2018, las autoridades planean ampliar el registro de pacientes a través de los centros de asistencia sanitaria a corto plazo, otorgándoles al mismo tiempo mayor libertad de elección entre proveedores. La plena utilización de la historia médica electrónica, que todavía no está plenamente operativa, sería clave para aminorar el riesgo de duplicación de visitas y de visitas de conveniencia por parte de los pacientes en este marco. Es probable que la función de filtrado se lleve a cabo a través de incentivos, que constituyen una herramienta menos rigurosa que la legislación adoptada en la reforma de 2017, y requeriría un diseño cuidadoso. Las autoridades se han comprometido a finalizar el nuevo marco jurídico para cuando se publique el décimo informe sobre supervisión reforzada, previsto para mediados de 2021. Es positivo que las autoridades dejen en suspenso el retorno al sistema de atención primaria previo a la reforma a través de médicos privados (que funcionaba con el pago de una «tasa por servicio», con un límite máximo de 200 visitas), que se ha demostrado que limita el acceso de pacientes vulnerables a la sanidad.

Las restituciones todavía son elevadas, pero se están dando pasos para mejorar su cobro y frenar la generación de otras nuevas. Las autoridades adoptaron medidas legislativas para facilitar el cobro de las restituciones de productos farmacéuticos de 2019 y para iniciar el cobro de las restituciones de los proveedores correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. Las autoridades están incrementando las medidas para hacer frente al uso abusivo de los servicios sanitarios motivado por el exceso de oferta, que tensiona el sistema sanitario e incrementa la carga financiera sobre los pacientes, lo cual incluye establecer protocolos terapéuticos adicionales y dar mayor importancia a la negociación de precios. Sin embargo, parece necesario profundizar en las revisiones para contrarrestar de manera eficaz la demanda inducida por la oferta. Actualmente, las autoridades no contemplan introducir un elemento de participación en el riesgo en la definición de restitución, lo cual incrementaría los incentivos para aplicar medidas estructurales.

La contratación centralizada para el gasto sanitario, un compromiso específico para mediados de 2022, sigue adelante a pesar de la situación actual. Las autoridades avanzan en el cumplimiento de este objetivo, con una meta intermedia del 30 % de contratación centralizada para el primer trimestre de 2021. Además, han acordado reactivar el observatorio de precios a partir de enero de 2021 y adoptar el nuevo estatuto legal de la Autoridad Central Nacional de Contratación Pública en materia de Salud a finales de 2020.

El cumplimiento de los compromisos específicos de reforma de las subvenciones al transporte y las prestaciones por discapacidad avanza en general conforme a los plazos acordados, mientras que es necesario retomar la finalización del elemento de activación del régimen de renta de solidaridad social. En lo que respecta a las subvenciones al transporte, un compromiso específico para mediados de 2020, el pasado mes de octubre se adoptó legislación secundaria que permite reembolsar, de forma periódica y basada en criterios objetivos, los títulos de transporte público subvencionados para grupos vulnerables, como personas discapacitadas y miembros de familias numerosas, mientras que la legislación secundaria que establece niveles de compensación para los principales operadores de transportes está en preparación. Se está finalizando un documento de orientación para la revisión de las prestaciones por discapacidad, un compromiso específico de 2021, y está previsto poner en marcha un proyecto piloto en marzo de 2021. Sin embargo, en lo que respecta a la prestación de los servicios de reintegración al mercado de trabajo para los beneficiarios del régimen de renta mínima garantizada, la pandemia del coronavirus dejó en suspenso la evaluación prevista de las conclusiones del proyecto piloto que se llevó a cabo en 2019 en distintos municipios con el fin de orientar su aplicación nacional. Las autoridades planean iniciar su aplicación nacional en abril de 2021.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

Si bien las condiciones de la política monetaria acomodaticia han permitido a los bancos griegos beneficiarse de unas condiciones de liquidez favorables, se prevé que los efectos económicos de la pandemia reduzcan la ya baja rentabilidad de los bancos en el futuro. La relajación temporal de los requisitos de garantía para las operaciones de crédito del Eurosistema y de las condiciones de las operaciones de financiación a más largo plazo con un objetivo específico ha permitido a los bancos aumentar sus reservas de efectivo. Esto también se vio reforzado por un aumento de los depósitos desde marzo, impulsado principalmente por las empresas que intentan acumular liquidez en plena pandemia y sustentado por una tendencia al alza menos pronunciada pero constante de los depósitos de hogares. En términos de beneficios, la rentabilidad de los recursos propios de los bancos siguió siendo una de las más bajas en la zona del euro en la primera mitad de 2020 y se prevé que se vea sometida a una presión adicional debido a las elevadas provisiones para pérdidas crediticias, la incertidumbre relacionada con nuevos préstamos a empresas el próximo año y el impacto desigual de las titulizaciones en curso de préstamos no productivos, que —más allá del efecto positivo sobre el coste del riesgo de los bancos— influirá en sus ingresos netos por intereses. La baja rentabilidad, junto con el coste de las próximas titulizaciones y la eliminación progresiva de las disposiciones prudenciales transitorias, puede plantear desafíos para la situación de capital de los bancos, a la vez que se prevé que aumente la dependencia de los activos estatales. El ratio de capital ordinario de nivel 1 medio de los bancos en base consolidada fue del 14,7 % de los activos ponderados por riesgo a finales de junio de 2020, por encima de los requisitos de capital mínimo.

La reducción de los préstamos no productivos continuó en la primera mitad de 2020, aunque a un ritmo más lento que antes, y se vio reforzada por las moratorias de los bancos para los reembolsos de los préstamos, que expirarán a finales del año. El ratio de préstamos no productivos siguió disminuyendo gradualmente y alcanzó el 36,7 % en junio de 2020, el más alto en la zona del euro. Las moratorias del pago de la deuda, junto con la flexibilidad temporal aplicada con respecto a la supervisión, han sido decisivas para proteger hasta la fecha los balances de los bancos contra el impacto de la pandemia sobre el riesgo crediticio de su cartera de préstamos. Sin embargo, la gran proporción de préstamos productivos de los bancos bajo moratorias señala un riesgo considerable de aumento de las necesidades de aprovisionamiento tras su expiración y un deterioro de los ratios de la calidad de los activos correspondientes, mientras que la capacidad interna de los bancos para reestructurar los préstamos de forma viable sigue siendo un desafío. Los bancos han comenzado a ajustar sus estrategias para reducir los préstamos no productivos, pero las provisiones para pérdidas crediticias contabilizadas hasta ahora podrían reflejar solo parcialmente el posible efecto de la pandemia sobre la calidad de los activos de los bancos. Un elemento clave de la estrategia de los bancos para abordar los préstamos no productivos sigue siendo continuar con las titulizaciones en el marco del programa Hércules, que se prevé que finalicen en la primera mitad de 2021.

Las autoridades aplicaron o ampliaron con éxito las medidas de ayuda para mantener el acceso a la financiación de las empresas afectadas por el coronavirus. El Banco Helénico de Desarrollo está aplicando un sistema de garantías y un programa de subvención de intereses para nuevos préstamos a empresas, los cuales parecen apoyar con éxito los créditos bancarios a grandes empresas y, más recientemente, también a pequeñas y medianas empresas. Como resultado, la tasa de crecimiento anual de los créditos bancarios a sociedades no financieras alcanzó el 8,3 % en septiembre de 2020, el valor más elevado desde mediados de 2009. Por el contrario, los préstamos a hogares han seguido contrayéndose, aunque a un ritmo más moderado en relación con los últimos trimestres. Los tipos de interés nominal continuaron su tendencia a la baja y se estabilizaron cerca de mínimos históricos para las sociedades no financieras.

Las actuaciones que se indican a continuación forman parte de un compromiso continuo en el ámbito de la política financiera y, como tales, son objeto de seguimiento y evaluación:

·A raíz de la adopción del nuevo código de insolvencia, las autoridades están preparando la legislación derivada y la infraestructura necesaria. El código prevé la adopción de alrededor de 53 decisiones administrativas, lo cual es una tarea difícil. Teniendo en cuenta la entrada en vigor del código en enero de 2021, las autoridades pretenden completar el proceso de forma gradual —junto con el desarrollo de la plataforma electrónica subyacente— a finales de diciembre de 2020. El trabajo en las decisiones ministeriales clave sobre la subvención de préstamos, el mecanismo de venta con arrendamiento posterior y el algoritmo para el cálculo de las propuestas de reestructuración recibirá prioridad y las autoridades se han comprometido a compartir borradores avanzados con las instituciones europeas a mediados de noviembre. El nuevo marco de insolvencia constituye un paso adelante importante y su eficacia dependerá de la calidad de su aplicación. Se requerirá una estrecha supervisión, en particular con respecto al impacto del nuevo mecanismo de resolución extrajudicial, así como los efectos fiscales y financieros del nuevo régimen de venta con arrendamiento posterior y el período de un año previo a la aprobación previsto en algunos casos. Es fundamental que todo el marco jurídico, incluida la legislación derivada, y la infraestructura necesaria estén establecidos a tiempo para la entrada en vigor del nuevo código de insolvencia, a fin de garantizar el éxito de la aplicación del nuevo marco y evitar todo efecto negativo no deseado sobre el sector financiero y la cultura de pago en general.

·Las autoridades han adoptado una serie de disposiciones nuevas para facilitar la gestión del volumen acumulado desde hace tiempo de casos de insolvencia de hogares. La ley establece un plazo fijo para adelantar las fechas de audiencia distantes. Las autoridades prevén que la reprogramación y la presentación de toda la documentación pertinente tengan lugar en el tercer trimestre de 2021, lo cual permitiría a los órganos jurisdiccionales tratar todos los casos antes de abril de 2022. Dado que la aplicación dependerá de la capacidad de cada órgano jurisdiccional para tratar los casos, se requiere una estrecha supervisión. El éxito de estas disposiciones dependerá de la capacidad de las autoridades para abordar la escasez de personal y superar los desafíos relacionados con la infraestructura.

·Las autoridades han adoptado asimismo el primer conjunto de medidas destinadas a mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso de la plataforma de subastas electrónicas. Las medidas facilitan el intercambio electrónico de los documentos pertinentes a través de la plataforma de subastas electrónicas. En lo que concierne a otros problemas identificados, sobre todo en relación con el mecanismo para ajustar el precio de la reserva y la interoperabilidad de la plataforma de subastas electrónicas con otras bases de datos estatales, las autoridades confirmaron que estos se tendrán en cuenta en el marco de la revisión del Código de Procedimiento Civil. El proyecto del Código revisado se completará a principios de 2021, algo más tarde de lo previsto inicialmente pero antes de septiembre de 2021, cuando entrará en vigor. Las autoridades se comprometieron a presentar un informe de situación en noviembre de 2020.

·La ejecución del plan acordado para la liquidación de las garantías estatales ejecutadas va por buen camino, mientras que el volumen de las garantías pendientes de ejecución acumuladas sigue siendo considerable. El examen y el pago de las reclamaciones correspondientes al tercer trimestre de 2020 se han acelerado, después de las deficiencias registradas durante el confinamiento. Tras la modificación del marco jurídico pertinente a principios de junio, el registro de archivos electrónicos ya está en funcionamiento, mientras que la interoperabilidad con las oficinas tributarias locales se encuentra en la fase de prueba. Asimismo, las autoridades han contratado a treinta empleados, quienes deben iniciar sus operaciones en noviembre. Se espera que estos pasos importantes garanticen la importante aceleración prevista de la liquidación de las garantías ejecutadas durante el resto de 2020.

·Una modificación limitada de la legislación primaria sobre bonificaciones fiscales diferidas se ha sometido a votación en septiembre para salvaguardar la capacidad de absorción de pérdidas del capital de los bancos en todos los casos, incluida la resolución. Se está trabajando en otros aspectos técnicos en forma de legislación derivada, a fin de poner en práctica todos los aspectos del marco, incluso en el contexto de la resolución y la liquidación especial.