DICTAMEN DE LA COMISIÓN con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos POR EL QUE SE MODIFICA LA PROPUESTA DE LA COMISION con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE

2000/0158 (COD)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

1. Antecedentes

La Comisión adoptó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (COM (2000) 347 final) el 13 de junio de 2000 y fue publicada en el Diario Oficial C 365E de 19 de diciembre de 2000.

El Comité Económico y Social pronunció su Dictamen el 29 de noviembre de 2000.

El Comité de las Regiones pronunció su Dictamen el 14 de febrero de 2001.

El Parlamento Europeo pronunció su Dictamen (primera lectura) el 15 de mayo de 2001.

La Comisión adoptó la propuesta modificada el 6 de junio de 2001 (COM (2001)315 final)

El Consejo adoptó su posición común el 4 de diciembre de 2001.

El Parlamento Europeo emitió su Dictamen (segunda lectura) el 10 de abril de 2002.

El presente dictamen recoge la posición de la Comisión en relación con las modificaciones del Parlamento Europeo con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE.

2. Objetivo de la propuesta de la Comisión

En la propuesta se establecen medidas para la prevención de la producción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para la recogida de dichos aparatos y su tratamiento, reciclado y recuperación. Se propone que los Estados miembros pongan en marcha un sistema separado de recogida de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y garanticen un tratamiento, recuperación o eliminación adecuados de los RAEE. La financiación del tratamiento, recuperación y eliminación de los RAEE deberá correr a cargo de los fabricantes con el fin de crear incentivos económicos para adaptar el diseño de los aparatos eléctricos y electrónicos a las exigencias de un sistema eficaz de gestión de los residuos. Los consumidores deberán contar con la posibilidad de devolver los aparatos usados sin cargo alguno. Se establecen objetivos cuantitativos para la reutilización, reciclado y valorización.

3. Opinión de la Comisión sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento

3.1. Resumen de la posición de la Comisión

El Parlamento Europeo adoptó 46 enmiendas. De ellas, la Comisión puede aceptar 17 en su totalidad (enmiendas 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 39, 40, 44, 45, 50 y 57) 1 parcialmente (enmienda 23) y 17 en principio (enmiendas 5, 6, 7, 10, 21, 41, 42, 47 (primera parte), 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 66 y 92). Las otras 11 enmiendas (enmiendas 2, 4, 8, 22, 25, 26, 29, 32, 56, 64 y 68) no pueden ser aceptadas.

3.2. Enmiendas del Parlamento en segunda lectura

3.2.1. Enmiendas aceptadas

La Comisión está de acuerdo con las siguientes enmiendas de los considerandos: enmiendas 9 (elevar el nivel de responsabilidad individual de los productores en el considerando 16), 11 (información sobre la obligación de no eliminar los aparatos usados junto con la basura doméstica no seleccionada en el considerando 18), 12 (inspección y control en el nuevo considerando 19 bis) y 13 (información sobre las exportaciones de RAEE).

La Comisión acepta la supresión de una exención temporal para los pequeños fabricantes independientes en la enmienda 15, la aclaración de que un comerciante no debe ser contemplado como fabricante cuando el nombre del fabricante aparezca en los aparatos de la enmienda 17, la aclaración de que el primer propietario deberá ser un importador profesional con arreglo a un acuerdo de financiación de la enmienda 18 y la nueva definición de financiación individual de la enmienda 19. La Comisión también está de acuerdo en que es preciso hacer más explícito que el tratamiento de los residuos deberá llevarse a cabo recurriendo al uso de tecnologías punteras de reciclado y valorización en la enmienda 24, y está de acuerdo en que se adelante la fecha límite para el cumplimiento de los objetivos en materia de reutilización, reciclado y valorización al 31 de diciembre de 2005 (enmienda 27).

La Comisión está de acuerdo con la enmienda 28 en el sentido de aumentar los objetivos en relación con las máquinas expendedoras, con el hecho de que se clarifiquen la fecha y condiciones para la revisión de los objetivos de reutilización, reciclado y valorización de la enmienda 39 y la obligación de los Estados miembros de fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en la enmienda 40. También está de acuerdo con ampliar los requisitos de información de los usuarios sobre la obligación de no eliminar los RAEE junto con la basura doméstica no seleccionada de la enmienda 44 y sobre la presencia de sustancias peligrosas de los aparatos eléctricos y electrónicos de la enmienda 45. Apoya la provisión de información y dotación de manuales destinados a las instalaciones de tratamiento, incluidos los centros de reutilización y plantas de reciclado (enmienda 50). La Comisión acoge favorablemente el nuevo artículo 16 bis en materia de cumplimiento, inspección y control de la enmienda 57.

3.2.2. Enmiendas aceptadas parcialmente

En la enmienda 23, la Comisión respalda la obligación de los Estados miembros de garantizar que los RAEE no se eliminan junto con las basuras domésticas no seleccionadas (nuevo apartado 1) y la posibilidad de que los distribuidores rechacen RAEE contaminados (tercer párrafo después de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4).

Acepta en principio que los Estados miembros deban garantizar que los fabricantes pueden establecer y gestionar sistemas de recogida individuales o colectivos (siempre que coincidan con los objetivos de la presente Directiva) (primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 después de a) y b)). Esto también es aplicable a la opción abierta a los fabricantes para que establezcan sistemas de recogida de los aparatos en los hogares particulares (apartado 2 del artículo 4). La obligación impuesta a los Estados miembros para que pongan en pie instalaciones específicas de recogida para los RAEE contaminados no debería implicar costes excesivos (segundo párrafo del apartado 1 del artículo 4 después de a) y b)). La fecha de 31 de diciembre de 2007 para la adopción de los nuevos objetivos para los años posteriores a 2008 puede aceptarse sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión (último párrafo del apartado 4 del artículo 4).

La Comisión no puede aceptar la posibilidad de que los Estados miembros puedan desentenderse del principio de recogida gratuita, lo que podría ir en contra de la motivación de los consumidores y de la integración de los costes de gestión de los residuos en el precio del producto (segundo párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 4). Se rechaza la obligación de los Estados miembros de garantizar que los aparatos eléctricos y electrónicos usados exportados se presten y estén destinados a la reutilización, ya que los Estados miembros no pueden controlar lo que se hace con los aparatos fuera de sus fronteras (nuevo párrafo segundo del apartado 3 del artículo 4). En el mismo párrafo, la referencia al nuevo apartado 1 se considera innecesaria ya que este nuevo párrafo se refiere a una obligación general mientras que los demás apartados a que hace referencia (1 y 2) se refieren a la recogida de aparatos procedentes de hogares particulares frente a los de otras fuentes. Por lo que se refiere al primer párrafo del apartado 4 del artículo 4, la Comisión estima que el objetivo obligatorio de seis kilogramos de material recogido de hogares particulares es muy ambicioso pero está dispuesta a aceptarlo. Dado que la recogida y transmisión de información lleva su tiempo, la Comisión considera que no es realista el plazo fijado para el 31 de diciembre de 2005 en la enmienda (lo que significa que para esta fecha ya habrá tenido que ofrecerse una prueba) y por lo tanto rechaza esta parte de la enmienda.

3.2.3. Enmiendas aceptadas en principio

La Comisión acepta en principio las siguientes enmiendas de los considerandos: enmienda 5 (supresión de la afirmación de que las disposiciones de la Directiva no restringen las fuentes de financiación, sin objeción, aunque no ve ninguna razón especial para que se suprima esta parte), la enmienda 6 (prohibición de la eliminación junto con la basura doméstica y obligación de alcanzar un objetivo de recogida determinado, el nivel de dicho objetivo no debe citarse en el considerando, la segunda frase del considerando debería reformularse: "Con el fin de garantizar que los Estados miembros establecen planes de recogida eficaces, los Estados miembros deben garantizar un alto porcentaje de recogida de RAEE procedentes de los hogares particulares.") y la enmienda 7 (preferencia por la reutilización y conseguir un grado de reciclado y valorización lo más altos posible, el término "más alto posible" no está claro y el reciclado y la valorización solo deberían fomentarse cuando es beneficioso para el medio ambiente y está justificado desde el punto de vista de la sostenibilidad, la enmienda debería reformularse de la siguiente manera: "Debe darse prioridad, cuando sea preciso, a la reutilización de los RAEE y de sus componentes, subconjuntos y consumibles. Cuando la reutilización no sea preferible, todos los RAEE recogidos por separado deberían destinarse a la valorización, que debería permitir alcanzar un nivel de reciclado y valorización elevados.").

Por lo que se refiere a la enmienda 10, la Comisión muestra su total acuerdo con que se refuerce la referencia a la responsabilidad de los fabricantes individuales (primera frase), con que se permita la conservación de los acuerdos de financiación existentes durante diez años (tercera frase) y con que se comparta la financiación de la recogida de los residuos históricos de los fabricantes en función de su cuota de mercado (cuarta frase). Está de acuerdo, en principio, con la internalización de los costes de gestión de los residuos en el precio del producto (segunda frase, aunque esto debería considerarse simplemente un principio general ya que será difícil determinar los costes de gestión de los residuos en todos los casos y comprobar si se internalizan en el precio del producto, lo que permitiría dejar la vía libre a otras alternativas de solución específica para determinados grupos de productos en caso necesario; por esta razón, la Comisión propone reformular la frase de la siguiente forma: "Los costes de recogida, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente deberían internalizarse en el precio del producto de la manera adecuada".) Está de acuerdo, en principio, con que se permita a los productores mostrar los costes de los residuos históricos en el producto y con que estos costes deban representar los costes en que realmente hayan incurrido (frases quinta y sexta, sin perjuicio de los artículos 88 y 89 del Tratado; al final de la quinta frase deberían añadirse las siguientes palabras: "[... de los residuos históricos] de acuerdo con los artículos 88 y 89 del Tratado.").

La nueva definición de "acuerdo de financiación" de la enmienda 21 puede aceptarse, en principio (siempre que sea coherente con otra legislación comunitaria de interés).

Por lo que se refiere a la enmienda 41 (apartado 2 del artículo 7), la Comisión puede aceptar plenamente el refuerzo de la responsabilidad individual de financiación del fabricante en el primer párrafo. El resto de los elementos de esta enmienda puede aceptarse, en principio. No están claras las modalidades prácticas de la solicitud dirigida a la Comisión a que se hace referencia en el segundo párrafo. No debería preverse ninguna confirmación formal por parte de la Comisión, ya que tal medida exigiría un esfuerzo considerable en materia de recursos humanos por parte de la Comisión. En su lugar, se propone recurrir a un procedimiento de notificación que sirva de base para la eventual puesta en marcha del proceso de infracción por parte de la Comisión en caso de incumplimiento de las condiciones recogidas en la enmienda. La redacción de tal disposición sería la siguiente: "Los Estados miembros podrán introducir planes de financiación colectivos si pueden demostrar que la introducción de planes de financiación individuales lleva consigo costes desproporcionadamente elevados. Deberán notificar tales planes a la Comisión con la justificación adecuada." La Comisión puede respaldar el principio de internalización de los costes de la gestión de los residuos en el precio del producto, aunque, en su opinión, se trata de algo más adecuado para un considerando que para una disposición obligatoria. Podría ser difícil determinar estos costes y controlar su internalización en todos los casos. El mantenimiento de las disposiciones financieras existentes durante un periodo límite de tiempo es aceptable para la Comisión, si bien tal vez sea preciso seguir discutiendo los detalles.

Los principios de la responsabilidad colectiva de los residuos históricos y de una "tasa visible" recogidos en la enmienda 42 pueden aceptarse, aunque sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 88 y 89 del Tratado.

La enmienda 47 (primera parte tal y como fue adoptada por el Parlamento Europeo) puede aceptarse, en principio, aunque no están claras las modalidades de participación que los Estados miembros pueden concebir para que los consumidores contribuyan a la recogida. No deberían preverse multas excesivas. Se podría considerar la siguiente redacción: "Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que los consumidores participan en la recogida de RAEE y para animarles a cooperar con el plan de reutilización, tratamiento y valorización."

La ampliación de la obligación que se recoge en la enmienda 48 de marcar los aparatos eléctricos con el símbolo de un contenedor de basura tachado a todos los aparatos es aceptable, en principio, aunque no parece necesaria en el caso de maquinaria grande y pesada. Del mismo modo, la obligación de la enmienda 49 de marcar el material comercializado con posterioridad a una determinada fecha puede aceptarse, aunque sería preciso especificar las modalidades. Lo mismo es de aplicación para la enmienda 51.

La información adicional solicitada en la enmienda 52 (lista de fabricantes, datos sobre las diversas vías recogida y las cantidades exportadas) puede ser útil, si bien es preciso valorar las consecuencias prácticas y la carga burocrática adicional antes de tomar una decisión definitiva en relación con esta enmienda. La mayor frecuencia de los informes y el cambio de las fechas límite recogidos en las enmiendas 53, 54 y 55 es aceptable en principio, aunque la disponibilidad de los recursos necesarios para ello debería estudiarse con detenimiento antes de tomar una decisión final al respecto. Además, es necesario garantizar la coherencia con las disposiciones de la Directiva 91/692/CEE.

La enmienda 66 por la que se modifica el ámbito de aplicación a la maquinaria que deberá recibir un tratamiento sujeto a condiciones específicas en virtud de la presencia en dicha maquinaria de determinadas sustancias puede aceptarse, en principio, si bien sería necesario estudiar los pormenores antes de la adopción final de esta enmienda. La enmienda 92 que cambia la posibilidad de los Estados miembros de obligar a los fabricantes a compartir los costes de nuevos residuos "huérfanos" por la obligación de todos los fabricantes de ofrecer garantías de financiación adecuadas es aceptable en principio. Esta enmienda introduce, no obstante, cambios fundamentales y necesita una evaluación cuidadosa. Además, podría ser preciso desarrollar otros detalles.

3.2.4. Enmiendas no aceptadas

La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas de los considerandos: la enmienda 2 (nuevo considerando 10 bis relativo a la revisión de la Directiva Baterías, que atenta contra el derecho de iniciativa de la Comisión y está fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva), la enmienda 4 (nuevo considerando 11 bis que deja a los Estados miembros la decisión sobre las condiciones de rechazo de la recogida por parte de los distribuidores; esto debería de hacerse a nivel comunitario) y la enmienda 8 (nuevo considerando 15 bis relativo a las exportaciones de material usado; los Estados miembros no pueden controlar lo que se hace con los aparatos fuera de sus fronteras; ver también enmienda 23).

La enmienda 22 relativa al diseño para la reutilización y el reciclado no puede aceptarse ya que los detalles de los requisitos de diseño deberán definirse de forma más detenida con el fin de respetar los principios establecidos en el Libro verde sobre política de productos integrada. En concreto, podría ser más adecuado mejorar el rendimiento ecológico de los aparatos a lo largo de su ciclo de vida que centrarse únicamente en el diseño para la reutilización y el reciclado. Una opción para perfilar estos detalles la puede constituir el proyecto de Directiva sobre el diseño ecológico de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Se rechaza la enmienda 25 porque las obligaciones en materia de tratamiento adecuado de los RAEE ya se definen en la Directiva y no es adecuado definir condiciones sobre los cargamentos de residuos en esta Directiva. Se trata de un tema horizontal para el Reglamento 259/93. También se aplica a la enmienda 26 que permite a los Estados miembros rechazar, con arreglo a determinadas condiciones, los cargamentos permitidos con arreglo al Reglamento 259/93.

La Comisión se opone a las enmiendas 29, 32 y 68 que aumentan los objetivos de valorización para tres grupos de categorías de producto sin que se establezca un aumento simultáneo de los índices de reutilización y reciclado tal y como sugería el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. El margen cada vez mayor entre la valorización y la reutilización/reciclado puede crear un incentivo para la incineración de fracciones de residuos no especialmente idóneas para una incineración respetuosa con el medio ambiente. Cabe señalar que, por lo que se refiere a la mayoría de las fracciones de los RAEE, la reutilización o reciclado son preferibles a la incineración con recuperación de energía. Otras fracciones contienen sustancias que pueden resultar problemáticas para la incineración, sobre todo si no se controlan adecuadamente. Este problema puede resultar especialmente grave en países con un número escaso de plantas incineradoras adecuadas y que tengan dificultades para alcanzar elevadas tasas de reutilización y reciclado. En consecuencia, existe un riesgo de que estas modificaciones tengan como consecuencia una deficiencia en el control de las operaciones de incineración y la contaminación del medio ambiente.

La enmienda 56 obliga a la Comisión a elaborar un informe en un plazo de nueve meses a partir del final del periodo de información. La Comisión no puede aceptarlo, ya que la elaboración por parte de sus servicios de dicho informe requiere un plazo razonable a partir del momento en que se produzca la recepción de los informes nacionales. Por lo tanto, deberá conservarse el texto de la posición común. Se rechaza la enmienda 64 porque todo el amianto contenido en los RAEE constituye residuos de amianto.

4. Conclusión

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta de la forma siguiente.