Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa comunitario de acción en materia de medio ambiente para 2001-2010"

(2001/C 221/12)

El 21 de febrero de 2001, de conformidad con el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de mayo de 2001 (ponente: Sr. Braghin).

En su 382o Pleno de los días 30 y 31 de mayo de 2001 (sesión del 30 de mayo de 2001) el Comité Económico y Social ha aprobado (por unanimidad) el presente Dictamen con 115 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

1. Introducción

1.1. El VI Programa de medio ambiente "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos" tiene por objeto establecer los objetivos generales que se deben alcanzar y las acciones prioritarias de la futura política medioambiental de la UE. Es fruto de una consulta realizada por la Comisión en noviembre de 1999 en el marco de la evaluación global del V Programa de medio ambiente ("El medio ambiente en Europa: Hacia donde encauzar el futuro") y del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre el estado del medio ambiente ("El medio ambiente en la Unión Europea en el umbral del Siglo XXI") y es objeto de una amplia serie de seminarios y consultas. El Comité ha participado activamente es esta fase preliminar elaborando un dictamen crítico(1) que se debatió en un seminario al que acudieron numerosos expertos universitarios y que ha sido comentado atentamente por los servicios de la Comisión(2).

1.2. Un uso racional de los recursos naturales del planeta y la protección del ecosistema mundial son premisas esenciales de un desarrollo sostenible; por este motivo, en el nuevo programa se identifican los aspectos medioambientales que deben afrontarse para obtener un desarrollo sostenible, en la medida en que siguen subsistiendo una serie de problemas. De entre los principales problemas que se citan, cabe destacar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y hábitats naturales, la erosión y la degradación del suelo, el volumen creciente de residuos, la acumulación de productos químicos en el medio ambiente, la contaminación acústica y algunas contaminaciones atmosféricas y acuáticas.

1.3. Un desarrollo sostenible no significa únicamente un medio ambiente más limpio, sino también la necesidad de tener en cuenta las posibles repercusiones socioeconómicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la UE en sentido general. Por otra parte, exige que la Comunidad reforme su actual sistema de gobernanza de modo que se consiga conciliar no sólo los objetivos socioeconómicos con los medioambientales, sino también las distintas vías para alcanzarlos(3).

1.4. El nuevo programa tiene por objeto definir los objetivos y las metas que se deben perseguir, describe cómo se pretenden utilizar los instrumentos de la política comunitaria en materia de medio ambiente a tal fin, e indica cuáles son las intervenciones necesarias en otros ámbitos políticos. En particular, hace hincapié en la exigencia de seguir integrando los aspectos medioambientales en políticas como el transporte, la energía y la agricultura, así como en la importancia de la ordenación del territorio y de las intervenciones a nivel regional y local para el fomento del desarrollo sostenible.

1.5. De la evaluación global se extraía un marco variado de la eficacia de la política comunitaria en materia de medio ambiente, que denunciaba las lagunas en la aplicación de las directivas comunitarias en materia de medio ambiente por parte de los Estados miembros y la falta de responsabilización de las partes interesadas con respecto a las directivas medioambientales. En el nuevo programa se insiste en particular en dos aspectos: mejorar la aplicación de la normativa ambiental y crear modelos de producción y consumo sostenibles mediante la participación y el fomento de la innovación de las empresas y una información más amplia de los ciudadanos basada en datos científicos.

1.6. Los ámbitos prioritarios de acción identificados y definidos por la Comisión como áreas más problemáticas son:

- el cambio climático, con el objetivo de estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero en un nivel que no provoque variaciones no naturales del clima terrestre siguiendo un enfoque global y gracias a una estrecha cooperación internacional;

- la naturaleza y la biodiversidad, con el objetivo de proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales y detener la pérdida de diversidad biológica en la Unión Europea y en todo el mundo; proteger los suelos contra la erosión y la contaminación;

- el medio ambiente y la salud, con el objetivo de obtener una calidad de medio ambiente tal que los niveles de contaminantes de origen humano, incluidos los diversos tipos de radiación, no representen riesgos significativos sobre la salud humana;

- el uso sostenible de los recursos naturales y la gestión de los residuos, con el objetivo de velar por que el consumo de recursos renovables y no renovables no supere la capacidad de carga del medio ambiente y disociar el consumo de recursos del crecimiento económico mediante un aumento notable de la eficiencia de los recursos, la desmaterialización de la economía y la prevención de los residuos.

1.7. Por tanto, el enfoque estratégico pretende superar un planteamiento exclusivamente normativo para inducir los cambios necesarios en nuestros modelos de producción y consumo además de estimular unos comportamientos coherentes por parte de los responsables de las políticas medioambientales y de otros ámbitos relacionados. El programa propone cinco estrategias prioritarias que nos ayudarán a cumplir los objetivos medioambientales:

- mejorar la aplicación de la legislación vigente en materia de medio ambiente;

- integrar la problemática ambiental en las decisiones que se adoptan en otras políticas;

- favorecer una colaboración más estrecha con el mercado implicando tanto a las empresas como a los consumidores;

- responsabilizar a cada ciudadano para permitirles modificar su comportamiento;

- perfeccionar la planificación y gestión de los usos del suelo.

1.8. La aplicación del Sexto programa se efectuará en el contexto de una UE ampliada, en la que los países candidatos deberán esforzarse en aplicar la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, con la ayuda de programas de financiación comunitaria; las sucesivas medidas que se adopten deberán tener en cuenta este planteamiento más amplio. En el ámbito internacional será indispensable que la problemática medioambiental se integre completamente y de forma adecuada en todos los aspectos de las relaciones externas de la Comunidad.

1.9. Un capítulo del resumen introductorio se titula "Elaborar políticas sobre la base de la participación y de conocimientos sólidos". En este capítulo, el éxito de la política comunitaria en materia de medio ambiente está vinculado a una normativa encaminada a animar a las empresas a innovar de manera provechosa, tanto por lo que se refiere a su mercado como al medio ambiente; a un amplio diálogo apoyado por una sólida evaluación científica y económica basada en informaciones y datos relativos al estado del medio ambiente, las presiones y la causa de los problemas medioambientales; a la función de la investigación para ayudar a comprender la naturaleza de nuestras interacciones con el medio ambiente y sus consecuencias; a un proceso de evaluación sistemático para mejorar las futuras estrategias y su aplicación. Por otra parte, se subraya la importancia del diálogo entre las autoridades públicas a todos los niveles, los agentes socioeconómicos y las asociaciones para la protección del medio ambiente y de los consumidores.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y comparte los principales puntos abordados, a saber:

- la importancia concedida a problemática medioambiental como parte integrante de la estrategia en favor del desarrollo sostenible;

- la conveniencia de que la política medioambiental realmente forme parte integrante de todas las políticas comunitarias que tienen un efecto directo o indirecto en el medio ambiente;

- la urgencia de una ordenación y gestión del territorio más respetuosa del medio ambiente;

- la necesidad de un cumplimiento más riguroso de las normas medioambientales por parte de los Estados miembros y los entes regionales y locales;

- la conveniencia de hacer participar al mundo empresarial y colaborar con él y de influir en las opciones de los consumidores en el sentido de unos productos y unos comportamientos más ecológicos desde un punto de vista más sistémico y a largo plazo.

2.2. El programa de acción en materia de medio ambiente, en el enfoque adoptado por la Comisión se limita a establecer objetivos generales en lugar de objetivos cuantificables y, para cada uno de los cuatro ámbitos prioritarios, a resumir los problemas, definir los objetivos y enumerar las acciones prioritarias que se deben emprender. Es necesario evitar el riesgo de que muchas de las acciones indicadas se queden simplemente en buenos propósitos y, en la práctica, se vean frenadas por inercias, carencias técnicas y resistencias políticas mediante la definición de los plazos de realización de los objetivos identificados, las modalidades prácticas con las que se intentará alcanzarlos, la interrelación/sinergia entre las distintas acciones y las modalidades de interacción y coordinación entre las autoridades comunitarias, nacionales, regionales y locales.

2.3. El Comité suscribe el objetivo de una integración más completa de la protección medioambiental en las demás políticas comunitarias y aprecia el esfuerzo realizado para elaborar una estrategia de desarrollo sostenible que permita verificar periódicamente los resultados obtenidos globalmente. Por otra parte, debido a la persistencia de lagunas e incoherencias a pesar de los esfuerzos realizados, pide que esta integración se considere prioritaria a todos los niveles institucionales y que, en todas las políticas sectoriales, se persiga el proceso de elaboración de indicadores y análisis de los resultados lanzado en la cumbre de Cardiff.

2.4. El diálogo entablado con todos los grupos interesados, que en la fase preparatoria del programa ha sido muy fructífero, apoyado por una sólida evaluación científica y económica basada en informaciones y datos relativos al estado del medio ambiente y a las presiones y las causas de los problemas medioambientales, debe convertirse no sólo en el método de trabajo para una elaboración minuciosa de las normas realizables previstas, sino también en una oportunidad para comprobar la aplicación de las distintas acciones por parte de los responsables, bien se trate de la Comunidad, las autoridades nacionales o locales, los sectores económicos o los representantes de la sociedad civil organizada. El Comité lamenta que no se haya preparado un cuadro de indicadores de todas las medidas previstas y los tiempos de realización, ni una primera serie de indicadores que ya pueden observarse teniendo en cuenta la evaluación del V Programa. El Comité propone que los informes anuales sobre los principales indicadores ambientales incluyan información relativa al estado en el que se encuentran las iniciativas previstas para evaluar de forma más adecuada su eficacia.

2.5. El Comité comparte la urgencia de mejorar la aplicación de la normativa vigente y aprueba el propósito de la Comisión de intervenir con mayor fuerza con respecto a los incumplimientos. Sobre los temas de la aplicación y los instrumentos de control y vigilancia el Comité ya se pronunció concretamente(4) y acoge favorablemente las recientes iniciativas de la Comisión encaminadas a amonestar a los Estados miembros que incumplan la normativa. El Comité se mostró especialmente interesado por la propuesta relativa a la armonización de las disposiciones en materia de infracciones cometidas contra el medio ambiente(5), sobre la que se pronunciará en un dictamen concreto. No obstante, además de las sanciones en caso de violación o incumplimiento considera también necesario adoptar un conjunto coherente de estímulos al cumplimiento, la difusión incentivada de las mejores prácticas, la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente (que debería favorecerse de todas las formas posibles, atesorando también la experiencia adquirida en los programas de investigación comunitaria) y unos sistemas de identificación y recompensa por la buena prestación medioambiental de las empresas y de los entes locales.

2.6. Más adelante, deberá aplicarse la normativa vigente para la concesión de una etiqueta ecológica a los productos y la aprobación de sistemas de gestión y auditoría (EMAS)(6) a las empresas. No obstante, el Comité considera que dicha medida no es suficiente para incentivar un respeto de la ecología más generalizado y global. Debe hacerse un esfuerzo creativo adicional para que se cumplan las condiciones necesarias con el fin de que los mecanismos de mercado puedan reconocer el valor añadido de la ecología y las autoridades públicas simplifiquen el contexto administrativo, desarrollen una política "verde" para sus suministros y fomenten la concepción de productos inocuos para el medio ambiente previendo nuevas formas de asistencia, en particular para las PYME. El Comité debatirá estos temas concretos en el contexto del Dictamen sobre el "Libro Verde sobre la Política de Productos Integrada", en curso de elaboración.

2.7. El Comité comparte el planteamiento de la Comisión de que las subvenciones no deben favorecer, ni siquiera indirectamente, prácticas antiecológicas sino el desarrollo de productos y procesos de concepción y de producción más respetuosos del medio ambiente y que se deben orientar las actividades del sector financiero a tal fin. No obstante, considera muy débiles las propuestas de acción al respecto e insta a la Comisión a que estudie detenidamente las posibles modalidades de aplicación, en concertación con los agentes interesados, y defina unos instrumentos que favorezcan y premien la innovación y la transferencia tecnológica de los productos y procesos de producción más respetuosos del medio ambiente, tanto en el ámbito de la "política integrada de los productos" como en el de las normativas verticales.

2.8. El Comité está a favor del enfoque estratégico por el que se favorece la participación de todas las partes sociales interesadas en la consecución de los objetivos medioambientales, en particular mediante programas educativos y formativos, incluida la formación continua en las empresas y las asociaciones profesionales. No obstante, la Comunidad no puede limitarse a dicha constatación y pensar que la simple difusión de la información es suficiente, sino que debería participar activamente en este proceso, de lo contrario se corre el riesgo de tener una Europa todavía más fragmentada desde este punto de vista, dependiendo de la distinta sensibilidad medioambiental de los Estados miembros.

2.9. Sin duda, la planificación y la gestión del territorio constituyen un recurso estratégico, que, sin embargo, debe afrontarse con un enfoque más global, que va del desarrollo urbano a la red de transportes, de las costumbres sociales (el deporte, el tiempo libre, etc.) a las actividades que tienen un impacto directo como la construcción, la agricultura y el turismo. El Comité comparte la propuesta de lanzar un programa específico encaminado a fomentar las buenas prácticas urbanísticas y el desarrollo de las ciudades sostenibles, pero se reserva el derecho de realizar su propia evaluación sobre la adecuación del instrumento cuando la propuesta sea operativa.

2.10. El Comité ya se ha manifestado ampliamente sobre el cambio climático y considera excesivamente genéricas las indicaciones de objetivos y metas propuestos. En particular, sugiere que se preste mayor atención a los sectores más afectados por el problema de las emisiones por volumen (energía eléctrica) o por el aumento previsto (transportes, servicios) y donde son menores las garantías de alcanzar los resultados debido a la insuficiencia de los mecanismos de regulación mediante medidas específicas que deberían proponerse urgentemente para extender sus efectos a un período mayor. Por otra parte, considera que se deberían favorecer enfoques innovadores sobre el ahorro energético, a todos los niveles y en todos los sectores, también en el ámbito del Sexto programa marco de investigación, actualmente en fase de elaboración.

2.11. La utilización de impuestos sobre la energía, que se puede apoyar como principio, debe evaluarse con detenimiento por lo que se refiere a las repercusiones sobre el medio ambiente, la eficacia económica y el funcionamiento del mercado único (habida cuenta también de los intercambios intracomunitarios en este ámbito, que exigirían una modernización de las políticas fiscales pertinentes) y la competitividad de la industria europea, dado que posibles divergencias entre Estados miembros o con respecto a otras regiones del mundo podrían crear graves distorsiones de la competencia y en el desarrollo. Por otra parte, los ingresos por impuestos y otros instrumentos de imposición deben destinarse a la mejora medioambiental, fomentando el ahorro energético y el recurso a energías limpias.

2.12. El Comité comparte el principio de la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, no obstante lamenta el carácter genérico de las acciones propuestas (salvo la ampliación de la red Natura 2000) y el hecho de que no se hayan tenido en cuenta las sugerencias formuladas en anteriores dictámenes, en particular en la evaluación del V Programa de medio ambiente y en el Dictamen de iniciativa sobre la estrategia de la UE para el sector forestal(7). Por otra parte, se reserva el derecho de intervenir de manera más específica sobre las normas de aplicación de esta política de protección. El Comité está elaborando un dictamen de iniciativa sobre "La situación de la naturaleza y de la protección de la naturaleza en Europa" en el que se dedica un amplio apartado al tema de la integración entre agricultura y protección de los recursos naturales, invirtiendo la lógica puramente cuantitativa de la PAC y mejorando la concertación entre agricultores, organizaciones medioambientales, consumidores y turistas para iniciar un círculo virtuoso de protección de los recursos.

2.13. El Comité acoge favorablemente la importancia acordada a la problemática del medio ambiente y la salud y comparte las preocupaciones manifestadas por la Comisión, como, por otra parte, ya había confirmado en numerosos dictámenes en la materia. Considera fundamental proceder a la identificación de los riesgos que presente cualquier tipo o grupo de contaminantes para la salud humana, basándose en una sólida base científica, en particular por lo que atañe a los grupos específicos de la población y los efectos a largo plazo de las sustancias que potencialmente presenten riesgos. Considera igualmente importante comprender los mecanismos de su acción y las vías de penetración en el cuerpo humano con el fin de minimizar los niveles de exposición y evaluar en todos los casos la relación riesgo/beneficio. El Comité llama asimismo la atención sobre los vínculos existentes entre salud, seguridad alimentaria, calidad de vida y medio ambiente, y señala las observaciones que aparecen en el punto 3.18 del Dictamen sobre la legislación alimentaria y la creación de la Autoridad Alimentaria Europea con respecto a las consecuencias de la contaminación en la cadena alimentaria.

2.14. El Comité suscribe el mayor énfasis dado a la prevención y la precaución, especialmente si se trata de fomentar y favorecer la sustitución de unas sustancias peligrosas por otras que presenten un riesgo reducido. Recomienda la aplicación del principio de precaución con medida y equilibrio, haciendo referencia al documento de la Comisión, al Dictamen del CES y a la Resolución del Consejo de Niza a este respecto, que recogía una serie de observaciones formuladas en del dictamen del CES(8). Por otra parte, recomienda que se adopte dicho enfoque procurando evitar distorsiones de la competencia internacional en favor de actividades económicas desarrolladas en países menos sensibles al problema medioambiental y, en particular, pide a la Comisión que actúe en todos los ámbitos internacionales con el fin de que las mismas normas ambientales pasen a ser parámetros normativos en todas las regiones del mundo.

2.15. El Comité comparte el enfoque de la Comisión que consiste en evaluar las sustancias químicas producidas en cantidades elevadas, siguiendo un planteamiento paso a paso, así como la necesidad de fomentar prácticas que reduzcan los niveles de plaguicidas en el medio ambiente con riesgos o efectos significativos en la salud humana, recomendando una reducción programada de su utilización y el uso de técnicas de cultivo biológico y de lucha biológica integrada (IPM). Por otra parte, manifiesta su deseo de que se perfeccionen rápidamente el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contaminantes Orgánicos Resistentes (POP) y el Convenio de Rotterdam y está a favor del desarrollo de un sistema único de ensayo, evaluación y gestión de riesgos para las sustancias químicas actuales y nuevas, producidas o importadas. Destaca asimismo que paralelamente se debe desarrollar una acción para reducir los efectos negativos relacionados con el uso de metales, minerales e hidrocarburos. El Comité pretende pronunciarse más concretamente sobre estos temas cuando examine el "Libro Blanco - Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos(9)", que constituye un componente fundamental del programa.

2.16. El objetivo de conseguir que el consumo de recursos renovables y no renovables y el impacto que conlleva no superen la capacidad de carga del medio ambiente se traduce en un planteamiento de base basado principalmente en el análisis necesario para identificar los criterios para la definición de las prioridades así como la identificación y la realización de medidas estratégicas específicas encaminadas a reducir el consumo de tales recursos. Las medidas propuestas parecen excesivamente teóricas y el Comité considera sorprendente que la evaluación del programa anterior no haya conducido a unas propuestas de intervención más focalizadas y mejor definidas para transformar tales conceptos en actividades o incentivos eficaces en plazos razonables. El Comité considera que deben evaluarse atentamente todas las medidas para evitar distorsiones de la competencia y la competitividad de las empresas, y que debe haber cierto equilibrio entre las intervenciones a nivel de la oferta y la demanda. En efecto, en una economía de mercado, es principalmente el consumidor quien determina las características de la oferta y, por este motivo, el Comité considera prioritarias la información y las actividades destinadas a incitar a los consumidores a elegir unos productos y unos suministradores más respetuosos con el medio ambiente.

2.17. El desafío de disociar el consumo de recursos del crecimiento económico mejorando sensiblemente la eficiencia de los recursos, desarrollando una economía más desmaterializada y previniendo la producción de residuos es aceptable desde el punto de vista teórico, pero parece débil desde el punto de vista del enfoque concreto, en particular por lo que se refiere a la prevención y las modalidades para favorecer un enfoque centrado en los proyectos que conduzca, a lo largo del ciclo de vida de los productos, a la reducción de los residuos y de cualquier forma de contaminación medioambiental.

2.18. El Comité destaca la importancia de comprobar que los Estados miembros aplican la Directiva marco sobre la jerarquía en la gestión de los residuos y, en particular, dan el peso que le corresponde al ahorro energético. Asimismo, el Comité desea que el establecimiento de metas cuantitativas pueda transmitir un mensaje correcto de orientación a los ciudadanos europeos y a las autoridades responsables.

2.19. El Comité constata que sólo se hace referencia de forma marginal al ahorro y a la recuperación de energía, objetivo gracias al que se pueden obtener notables resultados tanto en el ámbito de la industria y en el ámbito doméstico, como en el enfoque de la gestión de los residuos y en la ordenación territorial y urbana. Dicho indicador debería tenerse en cuenta en todos los análisis de la eficacia de los costes y examinarse exhaustivamente en el ámbito de la introducción de planes de recompensa a empresas por su comportamiento ambiental.

2.20. El Comité subraya que el programa que se examina constituye un componente esencial del desafío sobre la "sostenibilidad(10)", en el que el debate se centra en la forma de combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca oportunidades a todos, y en las modalidades prácticas para permitir el crecimiento económico evitando del deterioro ambiental.

2.21. Tanto a escala global como local, es evidente que se trata de abrir el camino hacia un crecimiento equitativo y sostenible, respetando el pacto con las futuras generaciones en términos de conservación de los recursos. La Unión Europea se prepara de este modo para la cumbre de Río + 10, que se celebrará en Sudáfrica en el 2002 y, al mismo tiempo, reflexiona acerca de las políticas sectoriales con una tabla de prioridades basada en la gravedad de los problemas o, mejor aún, de las amenazas, la dimensión temporal y los riesgos de irreversibilidad.

3. Recomendaciones conclusivas

3.1. Debería reforzarse el enfoque estratégico sugerido en la Comunicación, indicando los objetivos clave en los que se debe concentrar la actividad de la propia Comisión y de las demás autoridades responsables, además de las partes interesadas, así como las medidas integradas que podrían hacerlos posibles. La lista de acciones propuestas, apiladas más que ordenadas por prioridades o por orden de realización, debilita involuntariamente el documento. Con el fin de superar esta deficiencia el Comité sugiere:

- elaborar un cuadro sinóptico de las actividades, legislativas o no, previstas para los cuatro ámbitos prioritarios, con arreglo a las disposiciones del Anexo al Libro Blanco sobre seguridad alimentaria;

- presentar en un anexo y de forma sistemática los problemas surgidos en el ámbito de la gestión del V Programa y los límites encontrados en la integración de la política medioambiental en las demás políticas comunitarias y en el comportamiento de las distintas autoridades responsables;

- identificar los indicadores de resultados utilizables desde ahora y que podrán utilizarse a corto plazo, los organismos designados para su puesta en marcha y su aplicación, los plazos de comprobación y evaluación y las sugerencias de acción;

- fijar los objetivos cuantitativos a medio y largo plazo, cuando sea posible, al menos para facilitar el debate sobre las metas realmente alcanzables y las acciones integradas que hacen posible acercarse en los plazos programados a los resultados esperados;

- identificar objetivos que se deben alcanzar a nivel comunitario en un calendario predefinido y su articulación en objetivos nacionales, cuya realización deberá ser responsabilidad de las autoridades locales;

- explicitar los niveles de referencia más elevados propuestos, analizando las repercusiones en términos de costes y su distribución a cargo de los distintos sectores así como las consecuencias en términos de competitividad.

3.2. La participación continua y sistemática de las partes interesadas es una condición esencial para la realización de cualquier objetivo medioambiental. El Comité subraya que dicha participación se debe entender en el sentido más amplio, es decir, que afecte a todos los responsables de la toma de decisiones desde el principio del proceso hasta el final, a todas las formas y los instrumentos posibles para la formación y la educación de autoridades, empresas, sindicatos, asociaciones profesionales y de consumidores y los ciudadanos involucrados, puesto que de este modo los comportamientos se desviarán hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente favoreciendo las acciones de tutela medioambiental. El Comité recomienda un mayor apoyo comunitario para la realización de acuerdos voluntarios también a nivel local en el ámbito del Reglamento marco sobre acuerdos medioambientales comunitarios previsto.

3.3. El desarrollo económico sostenible en los países candidatos, basado en nuevas tecnologías limpias y en una gestión medioambiental mejor, es de vital importancia para preservar los aspectos medioambientales positivos presentes en estos países, debidos más bien a su débil desarrollo que a una elección deliberada. La concienciación de ciudadanos y autoridades y su participación sistemática para conseguir una correcta reestructuración económica, y la planificación del desarrollo urbano y los sistemas de transporte, especialmente el público, exigen una intervención coherente tanto para la plena aplicación del acervo medioambiental como por lo que se refiere a las financiaciones necesarias. El Comité recomienda una mayor claridad en la identificación de los instrumentos con el fin de superar la aparente incongruencia entre el objetivo de difusión de unos niveles medioambientales elevados y el carácter limitado de los recursos correspondientes a los costes de la operación.

3.4. Premiar los comportamientos más correctos y mejores desde el punto de vista medioambiental a través de incentivos no económicos (tomando como modelo la etiqueta ecológica) representa un instrumento más eficaz en el ámbito general de los instrumentos de penalización, que conllevan el riesgo de desviar el problema a otros lugares sin responder a la exigencia de una protección medioambiental coherente con un enfoque mundial. El desarrollo de sistemas de producción, procesos, tecnologías y productos que tengan más en cuenta la dimensión ambiental debería considerarse una innovación que merecería valorizarse y premiarse, aplicando todos los mecanismos existentes de incentivación de la innovación. La difusión de las buenas prácticas y la transferencia de las tecnologías limpias en los distintos sectores industriales debe convertirse en un esfuerzo coordinado y constante de la Comunidad y los Estados miembros.

3.5. Deberían profundizarse en mayor medida los instrumentos de mercado como los impuestos ecológicos y las reformas fiscales en materia de medio ambiente con el fin de evaluar el beneficio real para el medio ambiente y responder a la exigencia de un enfoque armonizado a nivel comunitario sin provocar distorsiones de la competencia intercomunitaria o penalizar la competitividad de la industria europea. El Comité destaca enérgicamente la necesidad de que dichas formas de imposición, coherentes con su denominación, se destinen a fomentar unos productos, unas tecnologías y unos métodos más respetuosos con el medio ambiente o una restauración ambiental.

3.6. Sería conveniente también conceder incentivos fiscales para fomentar la innovación tecnológica y conseguir unos procesos industriales más respetuosos con el medio ambiente, a condición de que no provoquen distorsiones en el mercado. En efecto, alcanzar una calidad de vida mejor puede tener repercusiones también en términos de aumento de los costes absorbidos por la industria o las finanzas públicas. Por otra parte, es necesario verificar que el proceso se produce homogéneamente en el interior de la UE y no penaliza el desarrollo europeo.

3.7. La Comisión debería desarrollar un esfuerzo más intenso y rápido para alcanzar el consenso unánime de los Estados miembros a este respecto, evaluando más a fondo las consecuencias socioeconómicas del uso de tales instrumentos para convencer de su oportunidad y utilidad. Por otra parte, debería desempeñar una función activa en ámbitos internacionales, en particular por lo que se refiere al cambio climático, poniéndose como modelo y comprometiéndose a conseguir que otros Estados y las organizaciones internacionales acepten los niveles más elevados vigentes para garantizar una competitividad equitativa y el pleno respeto de las exigencias de protección del medio ambiente en todas las regiones del mundo.

Bruselas, 30 de mayo de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) DO C 204 de 18.7.2000.

(2) Véase el folleto CES 2001-002 (disponible en francés, inglés y alemán) en el que se recogen las observaciones de la Comisión relativas a las recomendaciones del CES.

(3) Sobre estos temas (sostenibilidad y gobernanza) el Comité está elaborando dictámenes específicos. Véanse DO C 123 de 25.4.2001.

(4) Véanse los dictámenes DO C 206 de 7.7.1997 y DO C 38 de 18.5.1999.

(5) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal (COM(2001) 139 final).

(6) Véase el Dictamen del CES en el DO C 209 de 22.7.1999; Reglamento en el DO L 114 de 24.4.2001.

(7) DO C 51 de 23.2.2000.

(8) DO C 268 de 19.9.2000.

(9) COM(2001) 88 final.

(10) DO C 123 de 25.4.2001.