COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

2001/0095 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

1- ANTECEDENTES

Fecha de la transmisión de la Propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2001) 213 final - 2001/0095(COD)) [1]:

[1] DO C213E-31/7/2001, p. 227.

// 24 de abril de 2001

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social [2]:

[2] DO C 36 de 8/2/2002, p. 1.

// 17 de octubre de 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura [3]:

[3] Informe A5-0060/2002.

// 14 de marzo de 2002

Fecha de adopción de la Posición común: [4] // 12 Septiembre de 2002

[4] 9754/3/02 Rev.3

//

2- OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El mayor ritmo de internacionalización y consolidación en el sector financiero, junto con la difuminación de los límites entre subsectores financieros, ha dado lugar a la aparición de grupos financieros intersectoriales con actividades en la banca, seguros y valores ('conglomerados financieros'). En algunos Estados miembros, la importancia de los conglomerados financieros es considerable, y algunos de los principales actores de los mercados financieros son conglomerados financieros. Es por ello que varios Estados miembros han empezado a introducir normativas y/u otras medidas de supervisión a nivel nacional.

Sin embargo, la legislación europea no ha estado a la altura de la evolución de mercado. En particular, el actual marco jurídico europeo para la supervisión de entidades financieras trata fundamentalmente de grupos 'homogéneos' de entidades financieras (grupos bancarios, grupos de seguros o grupos de empresas de inversión). No existe una normativa global sobre la supervisión cautelar de grupos financieros 'heterogéneos' en los que figuren entidades pertenecientes a los diversos subsectores financieros. Por consiguiente, no hay ninguna normativa de estos grupos a nivel de conglomerado. Por consiguiente, el Plan de acción en materia de servicios financieros ha calificado de medida prioritaria la legislación para la supervisión de los conglomerados financieros.

La propuesta de Directiva de la Comisión pretende cubrir una importante laguna de la normativa financiera, introduciendo un régimen de supervisión complementario para los conglomerados financieros que complemente las actuales normas sectoriales para entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión. Se contribuirá así a asegurar la estabilidad de los mercados financieros europeos y a abordar la preocupación sobre los riesgos sistémicos. De este modo, la Directiva recogerá también las recomendaciones del Foro conjunto G-10 relativas a la supervisión de los conglomerados financieros.

Los objetivos principales de la presente Directiva son:

- asegurarse de que los conglomerados financieros tienen la capitalización adecuada. En particular, las normas propuestas impedirían que el mismo capital se contabilice dos veces y se utilice simultáneamente como cobertura contra riesgos de diversas entidades del mismo conglomerado financiero ('cómputo múltiple'). La propuesta también evitaría situaciones en las que una empresa matriz emite deuda y coloca estos ingresos como acciones de sus filiales ("apalancamiento excesivo");

- introducir métodos de cálculo de los requisitos de solvencia en el conglomerado financiero;

- tratar la cuestión de las operaciones y los riesgos intragrupales;

- tratar de la adecuación y la profesionalidad de la gestión a nivel del conglomerado;

- asegurar los mecanismos adecuados de control interno y los procesos apropiados de gestión del riesgo en un conglomerado financiero;

- exigir a los Estados miembros que se aseguren de que se designa a una sola autoridad para la supervisión de cada conglomerado financiero y garanticen la adecuada coordinación e intercambio de información entre los distintos supervisores que realizan la supervisión de los componentes de un conglomerado financiero;

- introducir pasos mínimos para suprimir incoherencias innecesarias entre las normativas para grupos financieros homogéneos y para conglomerados financieros, con el fin de garantizar un mínimo de equivalencia en el tratamiento de estos grupos.

3- COMENTARIOS A LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Comentarios generales sobre la Posición común

Las Presidencias sueca, belga y española han tratado como cuestión prioritaria la propuesta de la Comisión para una Directiva relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero. El Consejo Europeo de Barcelona (marzo de 2002) pidió al Consejo y al Parlamento Europeo que adoptaran la Directiva lo antes posible en 2002. El Consejo ha adoptado su Posición común el 12 de septiembre de 2002. La Comisión está dispuesta a aceptar la Posición común.

3.2 Comentarios específicos sobre determinadas disposiciones

En lo que respecta a la definición de 'grupo' de los apartados 11 y 12 del artículo 2 de la Propuesta de Directiva presentada por la Comisión, el Parlamento propone limitar su ámbito a la matriz/filiales y a las participaciones, en lugar del concepto más amplio de vínculos estrechos propuesto por la Comisión (enmiendas 4 y 5). El apartado 12 del artículo 2 de la Posición común recoge las enmiendas del Parlamento, aunque con una excepción. De modo similar a la propuesta de la Comisión, los Estados miembros del Consejo opinan que la definición de grupo debe también cubrir los vínculos en el sentido del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 83/349/CEE (las llamadas 'estructuras horizontales'), cuya inclusión no debe dejarse a la discreción nacional. El criterio para incluir estas estructuras en la definición de 'grupo' es doble: estas estructuras existen en el mercado y deben por tanto abordarse desde un punto de vista cautelar, y es necesario un planteamiento común para asegurar la convergencia de las prácticas de supervisión y una situación equitativa en la UE. En consecuencia, la Posición común tampoco sigue las enmiendas 11 y 12 del Parlamento, sino que propone suprimir toda referencia al apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 83/349/CEE en la letra c) del apartado 2 del artículo 4 de la Propuesta de la Comisión e incluirla en el apartado 4 del artículo 4, que trata de la discreción en la supervisión (letra c) del apartado 2 del artículo 5 y apartado 4 del artículo 5, respectivamente, de la Posición común). La Comisión cree que la definición de 'grupo' de la Posición común es un compromiso sensato, situado entre la propuesta de la Comisión y las enmiendas del Parlamento.

Aunque en la Posición común la definición del grupo ya no se basa en el concepto de 'vínculos estrechos', esta última se emplea también -pero solamente- para definir las "operaciones intragrupales" (apartado 18 del artículo 2 de la Directiva). Esto cumple los objetivos de la supervisión de operaciones intragrupales, es decir, de definir todas las entidades del grupo, cuyas actividades son pertinentes para evaluar el riesgo de contagio entre entidades del mismo conglomerado financiero y su impacto en la posición financiera de las entidades reguladas del conglomerado.

Para definir si un grupo es un conglomerado financiero que cae dentro del ámbito de la Directiva, el apartado 13 del artículo 2 y el artículo 3 de la propuesta de la Comisión establecen criterios microeconómicos para definir la implicación de un grupo en el sector financiero en general y en los distintos subsectores financieros en particular. Sin embargo, según lo señalado en la Exposición de motivos de la Propuesta de la Comisión, debido a la falta de información fiable, la Comisión planeó emprender un ejercicio de clasificación por categorías sobre la presencia y las características de los conglomerados financieros de la UE. El resultado ha confirmado la necesidad de ajustar más la definición de 'conglomerado financiero'. Los Estados miembros celebraron un debate a fondo en el Grupo de trabajo del Consejo sobre esta cuestión. La Posición común que ha surgido de este debate prevé las siguientes enmiendas a la definición propuesta: a) la introducción de un umbral más bajo del 40% para definir si un grupo es principalmente financiero o no (en la línea de la enmienda 7 del Parlamento; apartado 1 del artículo 3 de la Posición común); b) la inclusión de los grupos financieros con actividades intersectoriales significativas en cifras absolutas (en línea con los objetivos de la enmienda 50 del Parlamento; apartado 3 del artículo 3 de la Posición común); c) la posibilidad de que las autoridades excluyan del ámbito de la Directiva un conglomerado financiero cuyo sector o cuota de mercado más pequeño en un Estado miembro sea de tamaño reducido (conforme a los objetivos de la enmienda 6 del Parlamento; apartado 3 del artículo 3 de la Posición común); d) la posibilidad de introducir un período de cálculo de tres años para la determinación de la existencia de actividades intersectoriales significativas (conforme a los objetivos de la enmienda 8 del Parlamento; apartado 4 del artículo 3 de la Posición común).

La Posición común respecto a la definición de un conglomerado financiero, según se explica en el párrafo anterior, respeta plenamente los objetivos de la propuesta de la Comisión de abarcar todos los grupos financieros con actividades financieras intersectoriales significativas. La Comisión cree que la Posición común también recoge la esencia de las propuestas del Parlamento en las enmiendas 6 a 10 y en la enmienda 50, y, en este sentido, respeta plenamente las intenciones del Parlamento.

La enmienda 10 del Parlamento, que pretende limitar los poderes de derogación de las autoridades competentes, ha sido recogida en parte en la Posición común. En línea con la enmienda, el apartado 6 del artículo 3 de la Posición común limita la capacidad de las autoridades competentes de bajar los umbrales para la definición de un conglomerado financiero. Por otra parte, el apartado 5 del artículo 3 de la Posición común coincide también con la propuesta de la Comisión de conceder poderes de derogación a las autoridades competentes en cuanto a la elección de criterios alternativos para la definición de un conglomerado financiero. El Consejo opina que, para los grupos para los que no sean adecuados los criterios definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, debe ser posible en casos excepcionales aplicar uno o dos criterios alternativos bien definidos si éstos son más pertinentes para ese grupo en particular. A juicio de la Comisión, los recientes acontecimientos en los mercados financieros han demostrado la conveniencia de tal disposición (por ejemplo, a tenor de la importancia de las operaciones fuera de balance en algunos grupos).

En lo que respecta a la adecuación del capital (artículo 5 y anexo I de la propuesta de la Comisión; artículo 6 y anexo I de la Posición común), la Posición común sigue la enmienda 17 del Parlamento mediante la introducción de una aclaración sobre las estructuras cooperativas, así como las enmiendas 39 y 58, que trasladan a las disposiciones de la Directiva parte del texto del anexo I. Si bien coincide en esencia con la enmienda 17, el Consejo opina que, por razones legislativas, es más adecuado incluir la enmienda propuesta en el apartado 4 del artículo 5 sobre el ámbito, ya que la enmienda trata de aclarar el alcance de la supervisión adicional.

Por otra parte, la Posición común adopta un cambio de redacción para hacer más claro el texto del inciso ii) del apartado 2 del párrafo I del anexo I de la Directiva. El texto propuesto inicialmente podría dar lugar a una cierta ambigüedad (en especial en algunas versiones lingüísticas). El Parlamento advirtió también este riesgo y propuso su enmienda 16. La Posición común declara ahora de manera explícita, en la línea de los objetivos de la Comisión, que los riesgos sectoriales deben ser cubiertos por el capital sectorial de acuerdo con las normas sectoriales, y que cualquier déficit adicional a nivel del conglomerado debe estar cubierto por capital intersectorial. Además, el Parlamento propone transferir ese texto a las disposiciones de la Directiva (enmiendas 16 y 37). Aunque la Posición común no sigue esta última propuesta, la Comisión cree que, recogiendo las enmiendas 3 28 29 y 30 del Parlamento, la Posición común cumple los objetivos subyacentes del Parlamento.

En cuanto a la elección de los métodos para calcular el requisito de solvencia de un conglomerado, tal como prevé el anexo I, la Posición común no va tan lejos como pretende el Parlamento, que es dar a los conglomerados financieros plena libertad para elegir uno de estos métodos, sujeto a la aprobación de la supervisión (enmienda 52). El Consejo considera que, cuando un grupo está encabezado por una entidad regulada, los Estados miembros deben poder exigir que se realice el cálculo según un método determinado, en especial si las normas sectoriales de ese Estado miembro para la supervisión a nivel de grupo para entidades reguladas prevén un método particular, y habida cuenta de que todos los métodos no son equivalentes en todas las circunstancias (el anexo I de la Directiva así lo establece de manera explícita). Sin embargo, si un grupo no está encabezado por una entidad regulada, el anexo I establece que los Estados miembros deben, en principio, autorizar la aplicación de cualquiera de esos métodos.

Las disposiciones de la Posición común que tratan de la concentración de riesgos y de las operaciones intragrupales tienen una presentación distinta de la que propone la Comisión. En particular, el artículo 6 de la propuesta de la Comisión se ha dividido en un nuevo artículo 7 sobre la concentración de riesgos y un nuevo artículo 8 sobre operaciones intragrupales. Sin embargo, la Posición común no se aparta, en lo fundamental, de la propuesta de la Comisión.

La Posición común recoge también la esencia de la enmienda 18 del Parlamento, que exige a la Comisión que evalúe e informe sobre la conveniencia de las normas comunitarias sobre la concentración de riesgos y las operaciones intragrupales, y que requiere a la Comisión que efectúe, en su caso, propuestas legislativas (por motivos legislativos, todas las disposiciones sobre futura información se han agrupado en un nuevo artículo 31). La Posición común no va tan lejos como la propuesta del Parlamento de requerir que el coordinador informe periódicamente al Comité de conglomerados financieros acerca del cumplimiento por parte de un conglomerado financiero de las normas intragrupales y de concentración de riesgos, dado que tal requisito entraría en conflicto con las obligaciones de los supervisores con respecto a la confidencialidad de la información. En aras de una mayor claridad, la Posición común prevé un considerando específico en el preámbulo que recuerda la existencia de requisitos de confidencialidad para las autoridades de supervisión.

Los artículos 5 y 6 de la propuesta de la Comisión prevén disposiciones sobre mecanismos de control interno y procesos de gestión de riesgo. La Posición común ha agrupado estas disposiciones en un artículo nuevo, el artículo 9. El texto desarrolla los principios que respaldan estos requisitos, en la línea de las recomendaciones internacionales recientemente publicadas (por ejemplo, La auditoría interna en los bancos y la relación del supervisor con los auditores, Comité de Basilea, agosto de 2001).

En lo que respecta al procedimiento para el nombramiento de un coordinador, la Posición común ha invertido, con respecto a la propuesta de la Comisión, el orden de toma de decisiones de procedimiento (artículo 7 de la propuesta de la Comisión; artículo 10 de la Posición común). La Posición común prevé la definición automática de un coordinador en base a criterios propuestos por la Comisión, que pueden subsiguientemente excluirse de mutuo acuerdo por las correspondientes autoridades competentes tras consultar con el conglomerado financiero. Además, la Posición común prevé el nombramiento de un coordinador único, así como la comunicación al conglomerado financiero de la designación de este último (apartado 2 del artículo 4 de la Posición común). En todos estos temas, la Posición común coincide plenamente con las enmiendas 19, 20, 21 y 22 del Parlamento.

Una nueva disposición del apartado 2 del artículo 11 de la Posición común establece explícitamente que el coordinador, en lo que respecta a la información ya comunicada a otro supervisor, debe dirigirse a este último para evitar la duplicación de la información. De este modo, la Posición común consolida y complementa el requisito del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la propuesta de la Comisión, en la línea de los objetivos de las enmiendas 23 y 25 del Parlamento. Según la Posición común, la duplicación de la información no es un deber explícito del coordinador, ya que los Estados miembros del Consejo no creen que sea un deber en sí mismo, y que los requisitos de información no son, en la mayor parte de los Estados miembros, (la única) responsabilidad de los supervisores. En síntesis, la Comisión cree sin embargo que la Posición común recoge perfectamente la intención de las enmiendas 23 y 25 del Parlamento.

El artículo 12 de la Posición común sobre cooperación sigue la enmienda 42 del Parlamento, al suprimir una nueva especificación sobre el concepto de las políticas estratégicas en relación con la propuesta de la Comisión. La Posición común coincide también con el espíritu de la enmienda 24 del Parlamento, pues se suprime la capacidad de las autoridades de supervisión de introducir excepciones al intercambio de información, y la capacidad de introducir excepciones a las consultas, aunque no se suprime completamente, queda limitada a casos excepcionales bien definidos.

El artículo 18 de la Posición común trata de los conglomerados financieros que operan en la UE, con una empresa matriz fuera de la Comunidad. El apartado 1 del artículo 18 de la Posición común se aparta del apartado 1 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión al reemplazar los procedimientos para la notificación y objeción contra la decisión de un coordinador sobre la equivalencia del régimen de un tercer país por un procedimiento de consulta obligatorio que exige al coordinador tener en cuenta las directrices del Comité de conglomerados financieros. Además, el apartado 3 del artículo 18 de la Posición común establece que, de no haber equivalencia, los Estados miembros permitirán a sus autoridades competentes que utilicen métodos alternativos que aseguren la adecuada supervisión de esos grupos. De este modo, el apartado 3 del artículo 18 de la Posición común sigue la enmienda 26 del Parlamento. La Comisión apoya la Posición común, pues los procedimientos darán resultados similares al que se propuso en un principio.

El artículo 20 de la Posición común trata de los poderes conferidos a la Comisión de conformidad con el procedimiento de comitología del artículo 21 (artículos 16 y 17 de la propuesta de la Comisión). La Posición común sigue las enmiendas 28 y 29 del Parlamento con una redacción ligeramente distinta de la de la propuesta de la Comisión. Por otra parte, la Posición común no recoge un cambio de redacción propuesto por el Parlamento en la enmienda 27 por razones legislativas (para evitar la repetición textual y porque, en sentido estricto, la Directiva no necesita medidas de ejecución). Además, la Posición común complementa la propuesta de la Comisión añadiendo competencia adicional para aumentar la convergencia de la supervisión en cuanto a la concentración de riesgos y a las transacciones intragrupales. Por último, la Posición común requiere que la Comisión consulte con las partes interesadas e informe al público antes de presentar el proyecto de Reglamento. En este último punto, la Posición común coincide con los objetivos de la enmienda 31 del Parlamento.

En lo que respecta al artículo 17 de la propuesta de la Comisión sobre el procedimiento de comitología (artículo 21 de la Posición común), el Parlamento Europeo propone una mayor claridad de la propuesta de la Comisión mediante la introducción de dos nuevos considerandos. La enmienda 3 del Parlamento prevé la introducción de un nuevo considerando 14 bis, que se recoge en la Posición común. Por otra parte, no se ha recogido el deseo del Parlamento de incluir también un considerando que haga referencia explícita a la resolución 'Lamfalussy' del Parlamento sobre la aplicación de la legislación sobre los servicios financieros (enmienda 2). A juicio del Consejo, este considerando sería superfluo y podría dar lugar a malentendidos, pues la Directiva sobre conglomerados financieros establece un procedimiento 'clásico' de comitología. Finalmente, la Posición común sigue también la enmienda 30 del Parlamento, proponiendo la introducción de una nueva disposición por la que el procedimiento mencionado finalizará después de cuatro años, sujeto a una posible renovación. Por razones legislativas, el Consejo prefiere modificar el artículo sobre el procedimiento de comitología (apartado 4 del artículo 21 de la Posición común) en vez modificar el artículo sobre los poderes conferidos a la Comisión (artículo 20 de la Posición común). En síntesis, la Comisión cree que las preocupaciones del Parlamento acerca de su papel legislativo quedan bien atendidas al aceptar las enmiendas 3 y 30.

El apartado 2 del artículo 22, el apartado 2 del artículo 23, y el apartado 4 del artículo 29 de la Posición común, que modifican las normativas sectoriales de la banca, los seguros y las empresas de inversión, tratan de la eliminación del cómputo múltiple del capital en un grupo. La Posición común refleja el compromiso alcanzado en el Consejo entre los Estados miembros que quieren un planteamiento más riguroso y armonizado entre sectores financieros que el que propone la Comisión, y los Estados miembros que abogan por un planteamiento más relajado. El compromiso alcanzado en el Consejo se aparta de algunas de las técnicas y los umbrales para la deducción propuestos por la Comisión, aunque respeta plenamente sus objetivos (apartado 3 del artículo 18, apartado 3 del artículo 19 y apartado 5 del artículo 25 de la propuesta de la Comisión). En general, en comparación con la propuesta de la Comisión, se han aumentado algunos de los umbrales que se aplican al sector de seguros (en principio, del 10% al 20%), así como algunos de los umbrales que se aplican al sector bancario y al de empresas de inversión (en principio, del 10% al 20% para las sociedades de cartera de seguros), y los diversos métodos de cálculo del anexo I de la Directiva para los conglomerados financieros también serán aplicables a grupos sectoriales en cuanto a sus participaciones de capital en un sector financiero distinto. Además, el artículo 31 de la Posición común prevé que la Comisión adopte iniciativas puntuales para acercar la legislación comunitaria en este ámbito a la línea de los futuros acuerdos internacionales. La Comisión cree que la Posición común prevé un planteamiento bien equilibrado en todos estos temas y consigue plenamente los objetivos de las enmiendas 34, 44, 46 y 48 del Parlamento.

El apartado 10 del artículo 29 de la Posición común adopta, con ligeros cambios de redacción, la propuesta de la Comisión que modifica la legislación bancaria, ofreciendo a las autoridades competentes la posibilidad de participar en la verificación de la información proporcionada por una entidad situada en otro Estado miembro (apartado 8 del artículo 25 de la propuesta de la Comisión). La Posición común no sigue la redacción propuesta en la enmienda 35 del Parlamento, pero la Comisión cree que ambas coinciden sustancialmente entre sí.

Los artículos 32 y 33 de la Posición común tratan de la transposición y la entrada en vigor de la Directiva. La redacción es idéntica a la redacción correspondiente de la normativa sectorial. Esos artículos, junto con el nuevo artículo 4 sobre la definición de un conglomerado financiero, cumplen la intención de la enmienda 36 del Parlamento.

Finalmente, el anexo II de la Posición común, que trata de la concentración de riesgos y las operaciones intragrupales sigue la enmienda 36 del Parlamento, que establece que el coordinador debe definir los umbrales apropiados tras consultar con el conglomerado financiero.

3.3 Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo

El nuevo artículo 4 de la Posición común establece un procedimiento explícito para la definición de un conglomerado financiero, así como para la notificación de esa definición. Este procedimiento contribuirá a la transparencia del proceso de ejecución de la Directiva, tanto para los conglomerados financieros afectados como para las autoridades competentes implicadas.

El nuevo artículo 13 de la Posición común prevé requisitos de idoneidad y adecuación relativos al cuerpo de gestión de las sociedades financieras mixtas. De este modo, la Posición común aclara disposiciones similares de la propuesta de la Comisión (p.e., el apartado 1 del artículo 18 de la propuesta de la Comisión).

El nuevo artículo 30 de la Posición común trata de las sociedades de gestión de cartera. El texto refleja un compromiso entre los Estados miembros en el Consejo, que aspira a incluir estas entidades en la supervisión a nivel de grupo de los grupos financieros (ya sean grupos sectoriales o conglomerados financieros). El criterio seguido es que las sociedades de gestión de cartera deben considerarse entidades del sector financiero. La cuestión es importante dado que, tras la adopción de la Directiva que modifica la Directiva OICVM, 85/611/CEE, las sociedades de gestión de cartera competirán directamente con las empresas de inversión, que están ya sometidas a la supervisión a nivel de grupo (en especial en relación con la gestión de carteras individuales). La Posición común establece que los Estados miembros decidirán dentro de qué normas sectoriales habrá que incluir a estas sociedades de gestión de cartera para la supervisión a nivel de grupo, y que la Comisión hará un informe sobre las prácticas de los Estados miembros y, en su caso, propondrá una mayor armonización de la legislación de la UE.

El artículo 31 de la Posición común establece que, en el plazo de tres años a partir de la aplicación de la Directiva, la Comisión informará sobre varios temas y, en su caso, sobre la necesidad de una mayor armonización.

Otras nuevas disposiciones de la Posición común de carácter más técnico tratan, entre otras cosas, de la definición de la entidad responsable de informar sobre la concentración de riesgos y las operaciones intragrupales (artículos 7 y 8), la introducción de un umbral explícito para definir las operaciones intragrupales significativas (artículo 8), una mayor especificación de los aspectos que podrían estar cubiertos por el acuerdo de coordinación (artículo 11), y una mayor claridad sobre qué autoridades pueden tomar medidas de ejecución (agrupadas en un nuevo artículo 16).

4- CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la Posición común adoptada por el Consejo el 12 de septiembre de 2002 es fiel a los objetivos y al espíritu de la propuesta de la Comisión de 24 de abril de 2001. La Comisión considera también que la Posición común cumple los principales propósitos del Parlamento Europeo y recoge los elementos clave de las enmiendas del Parlamento. La Comisión cree que la Posición común logra un buen equilibrio. La Comisión espera que la Directiva pueda ser aprobada para finales de año, conforme al plazo del GPSF, cubriendo así una laguna importante de la normativa financiera de la UE.

La Comisión recomienda esta Posición Común al Parlamento Europeo.