b)

Otras modificaciones — El Consejo ha añadido una serie de considerandos nuevos (8 bis, 8 ter, 9 bis, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 13 ter) y ha ampliado los considerandos 8 y 12 existentes. — Artículo 12, segundo guión: se ha modificado ligeramente la redacción para aclarar que esta Directiva está destinada a crear las condiciones para el desarrollo de un mercado de servicios energéticos y no a desarrollar ese mercado. — Artículo 2: este artículo se ha modificado para excluir también del ámbito de aplicación partes de empresas de transporte basadas principalmente en la utilización de combustibles de aviación y del transporte marítimo (la propuesta de la Comisión también preveía una exclusión similar mediante la definición de «energía»), y determinadas partes de las fuerzas armadas. — Por lo que se refiere a las definiciones del artículo 3, el Consejo ha querido que sean tan concisas, coherentes y operativas como sea posible, y al mismo tiempo en consonancia con definiciones existentes en otras normativas comunitarias, en caso necesario. — En el artículo 5 se ha introducido un elemento de flexibilidad, haciéndose hincapié en las medidas más rentables e introduciendo una referencia al nivel administrativo adecuado para introducir una medida concreta. Además, la lista de directrices sobre adquisiciones públicas del apartado 4 del artículo 5 (que ya no tenían carácter obligatorio en la propuesta de la Comisión: «Los Estados miembros podrán …») se ha desplazado al anexo V: esto se ha hecho para no excluir otras medidas rentables potenciales que podría tomar el sector público. Se ha suprimido el artículo 5, apartado 5 por no considerarse necesario a la vista del derecho de iniciativa de la Comisión. — El artículo 6 ha sido reestructurado: las letras b) y c) se han introducido en el apartado 1, mientras que la letra a) se ha reformulado en el apartado 2. Este apartado 2 brinda a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre distintas obligaciones que pueden imponerse a las empresas abarcadas por este artículo. — Artículo 7: este artículo tenía un alcance extremadamente amplio y su aplicación podía ser potencialmente muy costosa en su forma inicial, dado que hacía recaer en los Estados miembros la responsabilidad de garantizar que todas las medidas de eficiencia energética fueran ofrecidas a todos los consumidores. En la Posición Común, el artículo pretende garantizar una transparencia y difusión óptimas a los agentes del mercado de la información sobre mecanismos de eficiencia energética y marcos financieros y jurídicos. — Artículo 8: en su forma inicial, este artículo atribuía a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar que los sistemas de cualificación, acreditación o certificación estuvieran a disposición de todos los agentes del mercado que suministren servicios energéticos. Este artículo se ha adaptado de forma que los Estados miembros tengan que garantizar la disponibilidad de tales sistemas en caso necesario, lo cual en la práctica significa permitirles tener en cuenta otros factores pertinentes (por ejemplo, el nivel de madurez del mercado en cuestión, el número de agentes del mercado y la demanda) antes de desarrollar estos (costosos) sistemas. — En el artículo 10 se ha añadido una disposición que permite, en determinadas circunstancias, aplicar sistemas y estructuras tarifarias con objetivos sociales. — En el artículo 12 se han añadido dos apartados: — el apartado 2 garantiza que en determinados casos puedan utilizarse otras medidas de auditoría, menos costosas, — el apartado 3 estipula que las instalaciones certificadas con arreglo a la Directiva «edificios» han cumplido los requisitos de la auditoría; además permite auditorías resultantes de sistemas basados en acuerdos voluntarios. — El artículo 13 se ha adaptado para hacerlo más flexible y menos costoso de aplicar, y también para evitar una carga administrativa desproporcionada. — Los requisitos de información del artículo 14 se han simplificado y modificado: el apartado 1 permite a la Comisión tener en cuenta los métodos de cálculo existentes, el actual apartado 2 dispone que los Estados miembros tiene que presentar un informe intermedio y uno final. — Se ha añadido un nuevo artículo 15 que estipula las tareas de la Comisión, junto con su correspondiente calendario, en el contexto del procedimiento de comitología. También establece (junto con las disposiciones pertinentes de los anexos I y IV) que la Comisión deberá desarrollar un método de cálculo que incluya un porcentaje de cálculos según el modelo ascendente destinado a ser utilizado por los Estados miembros a partir de la fecha de aplicación de la Directiva (artículo 15, apartado 2). Una vez que la Comisión haya realizado dicha tarea, debería proseguir sus trabajos para evaluar si el porcentaje de cálculos según el modelo ascendente puede aumentarse, tras ponderar los factores pertinentes (artículo 15, apartado 3); si al término de dicha evaluación la Comisión decide que el porcentaje de cálculos según el modelo ascendente puede efectivamente aumentarse, los Estados miembros deberán utilizar este nuevo método dos años después de la fecha de aplicación. — En el artículo 18, un período de dos años para la incorporación al Derecho interno ha sustituido a la fecha poco realista del 1 de junio de 2006 propuesto por la Comisión. Este plazo permite, por un lado, finalizar los procedimiento legislativos normales a nivel nacional y, por otro, permite — a los Estados miembros enviar información sobre métodos de cálculo existentes a la Comisión, para que ésta pueda tenerlos en cuenta (preferentemente dentro de un plazo de seis meses, véase el artículo 14, apartado 1), — a la Comisión desarrollar el método de cálculo (dentro de un plazo de 18 meses, véase el artículo 15, apartado 2), — a los Estados miembros calcular el objetivo nacional indicativo de ahorro y prepararse para la aplicación práctica del método de cálculo. — El actual anexo I refleja el método modificado de cálculo del objetivo nacional de ahorro. En el punto 3, el Consejo ha modificado la fecha propuesta por la Comisión como fecha límite después de la cual, por norma general, en el cálculo de los ahorros anuales pueden tomarse en cuenta medidas de ahorro energético, sustituyendo 1991 por 1995. No obstante, ha mantenido 1991 como fecha para determinados casos: esta fecha es necesaria para aquellos Estados miembros que iniciaron determinados instrumentos de política energética entre 1991 y 1994 que aún se utilizan actualmente. Además, garantiza que los Estados miembros que ya han realizado considerables esfuerzos por mejorar la eficiencia energética en el pasado no se vean tratados injustamente en comparación con aquéllos que aún no han tomado medidas de importancia similar. — La Posición Común establece claramente en el anexo III que la lista contiene ejemplos de medidas de eficiencia energética y que no es exhaustiva. Además, se han modificado varios de los ejemplos presentados. — En el anexo IV el Consejo ha añadido detalles para describir los métodos de cálculo ascendente y descendente (punto 1.1), una lista de las duraciones armonizadas de vida útil de las medidas de mejora de la eficiencia energética en cálculos según el modelo ascendente (punto 4) y disposiciones sobre los efectos multiplicadores y el doble recuento (punto 5).