ES

Bruselas, 21.12.2010

COM(2010) 781 final

2010/0377 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

SEC(2010) 1590 final

SEC(2010) 1591 final

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Motivación y objetivos de la propuesta

La Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (en lo sucesivo denominada «Directiva Seveso II») tiene por objeto prevenir accidentes graves en los que intervengan grandes cantidades de sustancias peligrosas (o mezclas de ellas), según la lista que figura en su anexo I, y limitar las consecuencias de esos accidentes para las personas y para el medio ambiente. Los controles se aplican por niveles, es decir, cuanto mayores son las cantidades de sustancias, más estrictas son las normas.

Es preciso modificar la Directiva debido a los cambios introducidos en el sistema de clasificación de las sustancias peligrosas de la UE al que dicha Directiva se refiere. A la vista de esta circunstancia, en 2008 se decidió poner en marcha una revisión más amplia, ya que la estructura básica de la Directiva y sus principales requisitos se habían mantenido esencialmente inalterados desde su adopción. Aunque esta revisión ha puesto de manifiesto que, en conjunto, las disposiciones existentes son adecuadas para los fines perseguidos y no hacen falta cambios fundamentales, se señalaron una serie de ámbitos en los que algunas modificaciones restringidas serían apropiadas para aclarar y actualizar determinadas disposiciones y para mejorar la aplicación y el cumplimiento, al mismo tiempo que mantendrían, o incrementarían ligeramente, el nivel de protección para la salud y el medio ambiente.

La finalidad de la propuesta es tratar estas cuestiones.

Contexto general

Los accidentes industriales en los que intervienen sustancias peligrosas suelen tener consecuencias muy graves. Algunos accidentes graves conocidos, como los de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse y Buncefield se han cobrado un gran número vidas o han dañado el medio ambiente y costado hasta miles de millones de euros. Estos accidentes han hecho que aumente la sensibilización política respecto al reconocimiento de los riesgos y la necesidad de adoptar las medidas de precaución apropiadas para proteger a los ciudadanos y las poblaciones.

La Directiva Seveso II, que se refiere a unos 10 000 establecimientos en toda la Unión Europea, ha sido decisiva para reducir la probabilidad y las consecuencias de los accidentes químicos. No obstante, sigue siendo necesario garantizar que los elevados niveles de protección existentes se mantengan y, a ser posible, mejoren.

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Las disposiciones actuales son las establecidas en la Directiva Seveso II. El objetivo es modificar esas disposiciones.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

La razón principal para la modificación de la Directiva Seveso II es ajustar su anexo I al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (en lo sucesivo denominado «Reglamento CLP»), por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, a las que la Directiva Seveso II se refiere actualmente. Las disposiciones del Reglamento CLP serán definitivas a partir del 1 de junio de 2015.

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Consulta de las partes interesadas

Durante el proceso de revisión realizado a lo largo de los dos últimos años, se consultó a las partes interesadas (empresas particulares, asociaciones industriales, ONG y autoridades competentes de los Estados miembros) por diversos medios, como la publicación en línea de cuestionarios a disposición de todas ellas; la consulta con las autoridades competentes de los Estados miembros mediante las reuniones periódicas del Comité de Autoridades Competentes (CAC) y los seminarios conexos; sobre la adaptación del anexo I, a través de un grupo de trabajo técnico integrado por expertos de los Estados miembros, la industria y las ONG dedicadas a la protección del medio ambiente (cuyo informe técnico está publicado en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente); y mediante una reunión de consulta con las partes interesadas celebrada el 9 de noviembre de 2009 en Bruselas, a la que asistieron unos 60 representantes de la industria nacional y europea, ONG dedicadas al medio ambiente y empresas particulares, a raíz de la cual se recibieron unas cincuenta presentaciones escritas.

Hubo acuerdo general en que no era preciso introducir cambios importantes en la Directiva. Recibió un amplio apoyó la idea de aclarar y actualizar las disposiciones, aunque hubo discrepancias sobre aspectos concretos.

Pueden encontrarse más detalles en la evaluación de impacto y en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente, en

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm).

Obtención y utilización de asesoramiento técnico

Como parte del proceso de revisión, se contrataron expertos externos para la realización de varios estudios. En concreto, dos estudios de evaluación de la eficacia de la Directiva y dos como complemento para la evaluación de impacto de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las distintas opciones políticas.

Se tuvieron en cuenta también las conclusiones de los informes trienales de aplicación de los Estados miembros.

Pueden encontrarse más detalles en la evaluación de impacto y en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente, en

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm).

Evaluación de impacto

Los principales problemas tratados en la evaluación de impacto estaban relacionados con el ajuste del anexo I al Reglamento CLP y su repercusión en el ámbito de aplicación de la Directiva, que era la cuestión fundamental. En relación con esa cuestión se planteaban otras posibles modificaciones técnicas del anexo I y los procedimientos para adaptar dicho anexo en el futuro. Otras cuestiones se referían a la información al público y los sistemas de gestión de la información y a la planificación de la ocupación del suelo, ámbitos en los que la experiencia de aplicación hasta la fecha sugería que podía haber un margen de mejora o para nuevos requisitos; y a otras disposiciones detalladas que resultaría útil aclarar o actualizar, en algunos casos para reflejar con más exactitud las prácticas existentes.

En la evaluación de impacto se valoraron una serie de opciones políticas con objeto de determinar un paquete de medidas con un coste económico rentable para abordar estos problemas. La evaluación llevó a la Comisión a proponer una serie de modificaciones, de las cuales las principales son las siguientes.

Por lo que respecta a la adaptación del anexo I, no es posible un simple cambio de referencia o la traslación biunívoca del viejo sistema de clasificación al Reglamento CLP, principalmente porque, por lo que respecta a los peligros para la salud, las antiguas categorías de clasificación de los peligros «tóxico» y «muy tóxico» no se corresponden con la «toxicidad aguda» de categorías 1 a 3, divididas además en diferentes vías de exposición (oral, cutánea o por inhalación), del nuevo Reglamento CLP. Otra complicación es que, como las sustancias se van clasificando o reclasificando de acuerdo con el Reglamento CLP con el paso del tiempo, esto repercutirá automáticamente en el ámbito de aplicación de la legislación Seveso. La Comisión ha propuesto la opción que, además de compartir con otras opciones una repercusión muy limitada en el ámbito de aplicación, mantiene un alto nivel de protección teniendo en cuenta las vías de exposición más probables y relevantes en caso de accidente grave. Para resolver las situaciones que plantee el ajuste con el paso del tiempo, cuando se incluyan en la Directiva o se excluyan de ella sustancias que presenten o dejen de presentar un peligro de accidente grave, se ha propuesto un conjunto de mecanismos correctivos destinados a adaptar el anexo I mediante actos delegados.

Por lo que respecta a la información al público, etc., se ha propuesto mejorar el nivel y la calidad de la información y la forma en que se recoge, gestiona, publica, actualiza y comparte, para hacerla más eficiente y racional. Con ello se aproximará más la Directiva al Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y se actualizarán sus procedimientos para tener en cuenta los avances de los sistemas de gestión de la información, como los que facilita Internet, y los esfuerzos en curso para mejorar la eficiencia de sistemas como la iniciativa del Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS) y la Directiva Inspire (2007/2/CE).

Las restantes modificaciones propuestas son adaptaciones técnicas relativamente menores de las disposiciones existentes.

Tomados en conjunto, los posibles cambios considerados representan una adaptación moderada de la Directiva y no afectarían significativamente ni al nivel de protección que ofrece ni a los costes que conlleva. Su coste global es bajo con respecto a los costes totales de la Directiva.

La evaluación de impacto acompaña a la presente propuesta.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

Resumen de la acción propuesta

El objetivo de la propuesta es modificar la Directiva para ajustarla al Reglamento CLP y también aclarar, mejorar o añadir algunas disposiciones a fin de que la legislación se aplique y cumpla mejor y de forma más coherente, con el objetivo de lograr un alto nivel de protección, simplificando además la legislación y reduciendo las cargas administrativas siempre que sea posible.

Base jurídica

El objetivo primordial de la Directiva es la protección del medio ambiente. Por ello, la presente propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Principio de subsidiariedad

Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que el ámbito de la propuesta no es competencia exclusiva de la Unión.

Los objetivos de la propuesta no pueden ser logrados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que la Directiva Seveso II establece metas y objetivos para la prevención y el control de los accidentes graves en toda la Unión Europea. Este principio se mantiene en la actual propuesta. Además, muchos accidentes graves pueden tener efectos transfronterizos. Todos los Estados miembros pueden verse afectados por esos accidentes y, por consiguiente, deben tomar medidas que permitan reducir los riesgos para la población y el medio ambiente en cada uno de ellos. XXXX

La acción a nivel de la Unión conseguirá mejor los objetivos de la propuesta ya que es necesario evitar diferencias significativas en los niveles de protección de los Estados miembros, en especial teniendo en cuenta los posibles falseamientos de la competencia que podrían producirse. La propuesta deja a las autoridades competentes la decisión sobre los medios específicos de aplicación práctica, cumplimiento y control de las normas.

Por tanto, la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

Principio de proporcionalidad

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación. Sigue el planteamiento de fijación de objetivos de la Directiva Seveso II, dejando a los Estados miembros flexibilidad suficiente para determinar cómo alcanzar esos objetivos. Las nuevas disposiciones no van más allá de lo necesario y se mantiene el actual planteamiento proporcional, en el que el nivel de los controles se basa en las cantidades de sustancias peligrosas presentes en los establecimientos.

332

Instrumentos elegidos

El instrumento propuesto es una Directiva. Teniendo en cuenta que la actual legislación establece objetivos de la Unión dejando a los Estados miembros la elección de las medidas que aseguren su cumplimiento, el mejor instrumento es una Directiva. Habida cuenta de la naturaleza y la extensión de los cambios con respecto a la Directiva actual, una revisión de esta última en forma de Directiva modificadora o refundición no sería apropiada. Por lo tanto, se propone una nueva Directiva.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto comunitario.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Simplificación

Algunos elementos de la propuesta deberían ayudar a reducir la carga administrativa innecesaria, en concreto promoviendo, al nivel de los Estados miembros, las inspecciones coordinadas, una mayor integración de los requisitos de información y procedimiento, y simplificando y racionalizando los requisitos de elaboración de informes de aplicación mediante la adopción de un sistema más amplio de información compartida. Las aclaraciones de las disposiciones existentes mejorarán también la legibilidad y darán mayor seguridad jurídica.

Derogación de disposiciones legales vigentes

La adopción de la propuesta supondrá la derogación de la Directiva vigente.

Tabla de correspondencias

Los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales por las que incorporen la Directiva a su ordenamiento jurídico, así como una tabla de correspondencias entre dichas disposiciones y las de la Directiva.

Espacio Económico Europeo

El acto propuesto afecta a una cuestión del ámbito del EEE y, por tanto, debe aplicarse a este Espacio.

Explicación detallada de la propuesta

A continuación se ofrece información sobre los artículos concretos. Salvo que se indique otra cosa, las disposiciones se mantienen esencialmente sin modificar con respecto a las de la Directiva 96/82/CE.

Artículo 1

En este artículo se esbozan la finalidad y los objetivos de la Directiva.

Artículo 2

En el artículo 2 se define el ámbito de aplicación de la Directiva, a saber, los establecimientos en los que las sustancias peligrosas enumeradas en el anexo I estén presentes por encima de los umbrales prescritos. Las disposiciones del artículo 2 se mantienen esencialmente sin cambios con respecto a las de la Directiva 96/82/CE. No obstante, el orden de las partes 1 y 2 del anexo se ha invertido, de manera que en la parte 1 del anexo I se enumeran las categorías de sustancias peligrosas según su clasificación genérica de peligro (de acuerdo con el Reglamento CLP), y en la parte 2 se enumeran sustancias o grupos de sustancias peligrosas denominadas para las cuales, pese a su clasificación genérica de peligro, está justificada la inclusión en una lista específica.

Las principales diferencias por lo que respecta al contenido del anexo son las siguientes.

El principal cambio se refiere a los peligros para la salud. La antigua categoría «muy tóxico» se ha ajustado a la categoría del Reglamento CLP «toxicidad aguda, categoría 1» y la de «tóxico», a la de «toxicidad aguda, categoría 2» (todas las vías de exposición) y «toxicidad aguda, categoría 3» (vía cutánea y por inhalación).

Diversas categorías más específicas del Reglamento CLP para peligros físicos, que antes no existían, sustituyen a las antiguas categorías, más generales, de peligros comburentes, explosivos e inflamables. Estas, junto con las categorías de peligros para el medio ambiente, representan una traslación directa y mantienen el ámbito de aplicación actual en relación con esos peligros lo más exactamente posible. Para la nueva categoría de aerosoles inflamables, los umbrales se han adaptado proporcionalmente a los que se aplican en la actualidad con arreglo a sus propiedades y componentes inflamables; y, por razones de coherencia, el grupo de sustancias pirofóricas se ha completado con la inclusión de los sólidos pirofóricos.

En la parte 2 del nuevo anexo I se conserva la antigua parte 1 prácticamente sin cambios. Los únicos cambios son una referencia actualizada al Reglamento CLP para los gases inflamables licuados; la inclusión del amoníaco anhidro, el trifluoruro de boro y el sulfuro de hidrógeno como sustancias denominadas, antes cubiertas por sus categorías de peligro, para mantener sus umbrales sin modificación; la inclusión de fuelóleo pesado en la entrada de productos del petróleo; algunas aclaraciones a las notas en relación con el nitrato de amonio; y una actualización de los factores de equivalencia tóxica para las dioxinas.

Además, se enumeran ahora en este artículo las exclusiones a la Directiva antes incluidas en el artículo 4 de la Directiva 96/82/CE, las cuales se mantienen, sujetas a los cambios siguientes:

– a fin de eliminar cualquier duda posible, la excepción a la exclusión de la explotación de minerales en minas y canteras, así como mediante perforación, se modifica para incluir el almacenamiento subterráneo de gas;

– la posibilidad de excluir sustancias de ser consideradas peligrosas a los efectos de la Directiva porque no presenten un peligro de accidente grave (véase el artículo 4).

Entre las áreas excluidas figuran la exploración y la explotación off-shore de minerales, incluidos los hidrocarburos. Como anunció en su reciente Comunicación «Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas operations» ante el accidente en la plataforma petrolífera del Golfo de México, la Comisión evaluará la manera apropiada de reforzar la legislación medioambiental con las disposiciones que sean necesarias para complementar la legislación vigente en relación con el control de la contaminación, la inspección y la prevención y gestión de accidentes por lo que respecta a las instalaciones en alta mar (offshore), garantizando un alto nivel de protección del medio ambiente en esas actividades. Las propuestas legislativas correspondientes consistirán en la ampliación del ámbito de aplicación de la legislación vigente a las instalaciones de petróleo y gas en alta mar o en el desarrollo de una iniciativa específica para dichas operaciones.

Artículo 3

En este artículo se definen los términos básicos de la Directiva. Con respecto a la Directiva 96/82/CE, cabe destacar los siguientes cambios:

– se aclaran las definiciones de «establecimiento» y de «industrial», y esta última se ajusta más a la definición de la Directiva sobre las emisiones industriales;

– la referencia a la «presencia de sustancias peligrosas» del artículo 2 de la Directiva 96/82/CE se traslada a este artículo;

– se añaden definiciones para los diferentes tipos de establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva y para las «inspecciones»; se incluyen asimismo definiciones para los conceptos de «público» y «público interesado», de acuerdo con la legislación de la UE por la que se aplica el Convenio de Aarhus;

– se aclara la definición de «instalación» para especificar que están incluidas las instalaciones subterráneas.

Artículo 4

Este nuevo artículo contiene las disposiciones relativas a los mecanismos de corrección para adaptar el anexo I, conforme sea necesario, mediante actos delegados. Estos mecanismos son necesarios, en particular, para corregir los efectos indeseados del ajuste del anexo I al Reglamento CLP y las posteriores adaptaciones a ese Reglamento, que podrían llevar a que algunas sustancias y posiblemente mezclas fueran automáticamente incluidas en la Directiva, o excluidas de ella, con independencia de que presenten o no un peligro en caso de accidente grave. Los mecanismos adoptarían la forma de exenciones de sustancias a nivel de la UE y exenciones específicas para determinados establecimientos al nivel de los Estados miembros, basadas en criterios armonizados para sustancias/mezclas que estén contempladas pero deberían estar excluidas, y, correlativamente, una disposición de salvaguardia que permitiría la inclusión de peligros no capturados. Los criterios para las exenciones se basarían en los enunciados en la Decisión 98/433/CE de la Comisión y se establecerían mediante actos delegados adoptados a más tardar el 30 de junio de 2013.

Artículo 5

Este artículo repite los requisitos vigentes del artículo 5 de la Directiva 96/82/CE, en el que se exponen las obligaciones de carácter general del industrial.

Artículo 6

En este artículo se amplían las obligaciones de información en relación con las notificaciones expuestas en el artículo 6 de la Directiva 96/82/CE para incluir la información sobre los establecimientos de las inmediaciones, entre otros, estén o no cubiertos por la Directiva, disposición necesaria a efectos del artículo 8 en relación con el «efecto dominó». Además, se exigirá a los industriales que actualicen sus notificaciones al menos cada cinco años. Todo esto ayudará a las autoridades competentes a gestionar más eficazmente la aplicación de la Directiva.

Artículo 7

El artículo 7 de la Directiva 96/82/CE se modifica para establecer de forma inequívoca que todos los establecimientos deben tener una política de prevención de accidentes graves (PPAG) proporcional a los peligros. El ámbito de esta política y su relación con los sistemas de gestión de la seguridad, de conformidad con el artículo 9 y con el anexo III, se aclaran también, suprimiendo la referencia a este último.

Se introducen nuevas disposiciones que exigen que la política de prevención de accidentes graves esté publicada por escrito y se envíe a la autoridad competente y que se actualice al menos cada cinco años, de acuerdo con la frecuencia propuesta en el artículo 6 para la actualización de las notificaciones.

Artículo 8

Este artículo se refiere al denominado «efecto dominó». Se mantiene la obligación de las autoridades competentes de determinar aquellos establecimientos en los que las consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementadas debido a la proximidad entre ellos. Sin embargo, se aclara el texto para precisar que las disposiciones se aplican tanto a los establecimientos de nivel superior como a los de nivel inferior y que el objetivo fundamental es garantizar que los industriales intercambien información con los establecimientos vecinos, incluidos los que estén fuera del ámbito de aplicación de la Directiva.

Artículo 9

Este artículo mantiene el requisito fundamental, antes contenido en el artículo 9 de la Directiva 96/82/CE, de que los establecimientos de nivel superior elaboren un informe de seguridad. El principal cambio consiste en aclarar la relación con la política de prevención de accidentes graves y los sistemas de gestión de la seguridad, en especial por lo que respecta a las obligaciones a estos efectos de los establecimientos de nivel inferior. Se destaca también la necesidad de adoptar un planteamiento proporcionado.

El contenido del informe de seguridad se detalla en el anexo II y se mantiene en gran medida sin cambios (véase más adelante). Se subraya también que en el informe debe demostrarse que se han tenido en cuenta los posibles escenarios de accidente grave.

Por lo que respecta al sistema de gestión de la seguridad, se introducen cambios en el anexo III para suprimir las referencias a la política de prevención de accidentes graves, que los establecimientos de nivel inferior están obligados a tener. Al mismo, tiempo se subraya que el sistema de gestión de la seguridad, en particular para un establecimiento de nivel inferior, en caso de que un Estado miembro así lo requiera, debe ser proporcionado a los peligros y los riesgos.

Las disposiciones relativas a la actualización periódica del informe de seguridad se mantienen, pero con el requisito explícito de que esos informes actualizados se comuniquen sin demora a las autoridades competentes.

Artículo 10

En este artículo se exige a los industriales que actualicen sus sistemas y sus procedimientos de gestión y, en particular, su política de prevención de accidentes graves y su informe de seguridad en el caso de que haya modificaciones significativas en su establecimiento. Se introducen cambios menores de conformidad con los efectuados en las disposiciones conexas.

Artículo 11

En el artículo 11 se mantienen los requisitos relativos a los planes de emergencia para establecimientos de nivel superior antes establecidos en el artículo 11 de la Directiva 96/82/CE, con dos modificaciones menores: se exige que la consulta pública sobre los planes de emergencia externos sea acorde con los principios de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/35/CE por la que se aplica el Convenio de Aarhus; y se hace más clara la separación de responsabilidades entre industriales y autoridades competentes en relación con la revisión, la puesta a prueba y la actualización de los planes de emergencia internos y externos. Además, a fin de evitar retrasos significativos en la elaboración de los planes, que son un elemento esencial para una preparación y una respuesta adecuadas en caso de accidente, se introduce una nueva obligación que exige a las autoridades competentes que elaboren los planes externos de emergencia dentro de los 12 meses siguientes a la recepción de la información necesaria del industrial.

En el anexo IV se detalla la información que deben contener los planes y se transfieren los requisitos establecidos en el anexo correspondiente de la Directiva 96/82/CE, con algunas modificaciones (véase más abajo).

Artículo 12

Este artículo contiene las disposiciones relativas a la planificación de la ocupación del suelo. No se ha modificado en lo esencial con respecto a la Directiva 96/82/CE, salvo algunos cambios de poca importancia, por ejemplo para aclarar que el objetivo es proteger tanto el medio ambiente como la salud humana y que se aplica a todos los establecimientos; establecer otras medidas además de las relativas a las distancias de seguridad (que podrían no ser apropiadas) con el fin de proteger las zonas que presenten un interés natural particular de carácter especialmente delicado; integrar, en la medida de lo posible, los procedimientos de planificación de la ocupación del suelo con los previstos en la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental y otra legislación similar; y prever la posibilidad de que las autoridades competentes exijan que los establecimientos de nivel inferior proporcionen suficiente información relacionada con los riesgos para los fines de la planificación de la ocupación del suelo. Estos cambios harán que el texto se aproxime más a sus objetivos y refleje más fielmente la práctica existente.

Artículo 13

Este artículo conserva los requisitos actuales que exigen que se informe activamente a las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave y que esta información esté a disposición de forma permanente. Se deja abierto quién sea el responsable de proporcionar esa información. Los principales cambios son la ampliación de la información para incluir datos básicos de todos los establecimientos (nombre, dirección y actividades), que deben facilitarse a la Comisión en virtud del artículo 19 de la actual Directiva pero no se ponen a disposición del público; en el caso de los establecimientos de nivel superior, un resumen de los escenarios de accidente grave e información clave del plan de emergencia externo; y, sin descartar otras formas de comunicación, mantener esta información permanentemente a disposición del público en línea y suministrarla a una base de datos central a nivel de la Unión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.

La confidencialidad de la información está garantizada, siempre que sea necesario y oportuno, por el artículo 21.

Estos cambios harán que al público le resulte más fácil acceder a la información pertinente y que esté mejor informado en caso de accidente. También harán que a las autoridades competentes les resulte más fácil la tarea de supervisar que la información esté disponible y que se mantenga actualizada.

Artículo 14

Se trata de un nuevo artículo que desarrolla y amplía los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 5, de la Directiva actual, en el que se exige que el público pueda dar su parecer en determinados casos en relación con la planificación de la ocupación del suelo, las modificaciones de los establecimientos existentes, los planes de emergencia externos, etc. Las disposiciones se basan en gran medida en la Directiva 2003/35/CE, con el objetivo de aproximar más la Directiva Seveso II a las disposiciones correspondientes del Convenio de Aarhus.

Artículos 15 y 16

Estos dos artículos se refieren a la información sobre los accidentes graves que deben proporcionar los industriales y las autoridades competentes, respectivamente. El cambio principal es que se fija un plazo de 12 meses para la presentación de informes con el fin de evitar que los Estados miembros se demoren mucho en informar sobre los accidentes. Esto, y un cambio en el umbral de cantidad establecido en el anexo VI, en el que se establecen los criterios relativos a los accidentes que deben notificarse (véase más adelante), ayudará a prevenir futuros accidentes al permitir la notificación y el análisis desde una fase temprana de los accidentes y los conatos de accidente en los que intervengan cantidades significativamente elevadas de sustancias peligrosas, para que la información y las enseñanzas extraídas puedan compartirse.

Artículos 17, 18, 19 y 27

Estos artículos mantienen y desarrollan las disposiciones existentes en relación con el papel y las responsabilidades de las autoridades competentes para lograr una aplicación y un cumplimiento más eficaces.

En el artículo 17 se introduce el requisito de que los Estados miembros con más de una autoridad competente designen una en concreto para que lleve la iniciativa en las actividades de coordinación. Se establecen asimismo disposiciones para la cooperación entre las autoridades competentes y la Comisión en actividades de apoyo a la aplicación —utilizando el ya existente Comité de Autoridades Competentes («el foro») y los grupos de trabajo técnicos relacionados—, como la elaboración de orientaciones, el intercambio de buenas prácticas y la consideración de notificaciones realizadas de conformidad con el artículo 4.

El artículo 19 refuerza los requisitos existentes en relación con las inspecciones. Las nuevas disposiciones se basan en gran medida en la Recomendación 2001/331/CEE sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros y en la Directiva sobre las emisiones industriales. Se subraya la importancia de asignar recursos suficientes para las inspecciones, y la necesidad de fomentar el intercambio de información, por ejemplo a nivel de la Unión a través del actual programa de visitas conjuntas mutuas.

En los artículos 18 y 27, que es nuevo, se establecen las medidas que deben tomarse en caso de incumplimiento, incluidas prohibiciones de utilización y otras sanciones.

Artículo 20

Este artículo se refiere a la disponibilidad de la información sobre los establecimientos y los accidentes graves que obre en poder de la Comisión. El principal cambio es que se mejoran y refuerzan las disposiciones de la Directiva actual ampliando la actual base de datos del Sistema Seveso de Recuperación de la Información sobre Instalaciones Industriales (Seveso Plants Information Retrieval System) para incluir la información al público a la que se hace referencia en el artículo 13 y en el anexo V y para abrir al público esa base de datos. Se podría acceder bien mediante enlaces con los documentos directamente cargados en el sistema, bien mediante enlaces con las páginas web de los Estados miembros o de los industriales. Esta puesta en común contribuiría a que el público tenga la información necesaria y permitiría a los industriales y a las autoridades competentes extraer enseñanzas de las mejores prácticas de otros.

La base de datos se utilizaría también para la elaboración de informes sobre la aplicación por los Estados miembros, lo cual racionalizaría y simplificaría los procedimientos actuales.

Artículo 21

En él se establecen nuevas normas sobre la confidencialidad, basadas en la Directiva 2003/4/CE por la que se aplican las disposiciones del Convenio de Aarhus relativo al acceso del público a la información medioambiental, que hacen mayor hincapié en la apertura y la transparencia, al mismo tiempo que establecen que no se revele información en casos debidamente justificados, cuando la confidencialidad sea necesaria, por ejemplo por razones de seguridad.

Artículo 22

Este artículo es una nueva disposición, que aproxima más la Directiva al Convenio de Aarhus al exigir que los Estados miembros velen por que el público interesado, incluidas las ONG de protección del medio ambiente interesadas, tenga la posibilidad de interponer un recurso administrativo o judicial para impugnar cualquier acto u omisión que pueda vulnerar sus derechos en relación con el acceso a la información de conformidad con los artículos 13 y 21, apartado 1, o con la consulta y la participación en la toma de decisiones en relación con los casos previstos en el artículo 14.

Artículos 23 a 26

En el artículo 23 se establece que los anexos I a VII se adaptarán al progreso técnico mediante actos delegados (que se utilizarán también para establecer los criterios de exención de conformidad con el artículo 4, apartado 4, y para la concesión de exenciones para las sustancias que deben enumerarse en la parte 3 del anexo I). Los demás artículos son disposiciones estándar relativas al ejercicio de la delegación de esos poderes de aplicación, y a los procedimientos para la revocación y la presentación de objeciones.

Artículos 28 a 31

Estos artículos se refieren a la incorporación de la nueva Directiva en el ordenamiento de los Estados miembros, a su entrada en vigor y a la derogación de la Directiva 96/82/CE. La fecha en la que los Estados miembros aplicarán la Directiva, el 1 de junio de 2015, es la fecha en la que el Reglamento CLP pasa a ser definitivo.

Otros anexos

El anexo II contiene los puntos que deben tratarse en el informe de seguridad exigido por el artículo 9. El contenido de las diferentes partes del anexo se mantiene básicamente sin cambios en comparación con el anexo II de la Directiva 96/82/CE. No obstante, los cambios principales son nuevos requisitos en relación con la información sobre los establecimientos de las inmediaciones, en particular con vistas a un posible efecto dominó, y otros riesgos y peligros externos, como los medioambientales (punto C de la parte 1 y punto A de la parte 4); sobre las enseñanzas extraídas de accidentes pasados (punto C; parte 4); y sobre el equipo necesario para limitar las consecuencias de los accidentes graves (punto A, parte 5).

El anexo III se refiere a la información sobre los sistemas de gestión y los factores organizativos que deben tratarse en el informe de seguridad. Los cambios principales son la supresión de las referencias a la política de prevención de accidentes graves, la precisión de que el sistema de gestión de la seguridad debe ser proporcionado y de que deben tenerse en cuenta sistemas reconocidos internacionalmente como ISO y OSHAS, y la inclusión de referencias a la cultura de seguridad. Otro cambio es una referencia al posible uso de indicadores del funcionamiento en materia de seguridad, que pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la seguridad y ayudar en la supervisión, la evaluación y el cumplimiento, y a los cambios que sea necesario introducir tras la auditoría y la revisión de los sistemas de gestión de la seguridad.

En el anexo IV se expone la información que debe incluirse en los planes de emergencia internos y externos exigidos en el artículo 11. Es idéntico al anexo IV de la Directiva 96/82/CE, salvo en que el alcance del plan de emergencia externo se amplía para hacer referencias más claras a la necesidad de tratar los posibles efectos dominó y las operaciones paliativas externas para hacer frente a escenarios de accidentes graves con impacto ambiental.

En el anexo V se enumera la información que se debe facilitar al público de conformidad con el artículo 13. Los principales cambios en la lista de requisitos están en la parte 1, para todos los establecimientos, e incluyen lo siguiente: detalles de la información sobre los peligros de accidente grave según lo expuesto en la política de prevención de accidentes graves o en el informe de seguridad (punto 5), las inspecciones llevadas a cabo (punto 6) y dónde puede obtenerse más información (punto 7); y en la parte 2, para los establecimientos de nivel superior, la inclusión de los principales tipos de escenarios de accidente grave (punto 1), información apropiada del plan de emergencia externo (punto 5) y, cuando proceda, impactos transfronterizos (punto 6).

El anexo VI, en el que se enumeran los criterios para la notificación de accidentes, es esencialmente el mismo que el de la actual Directiva. El único cambio es que se incorporan más accidentes al sistema de información, al reducirse el umbral de cantidad establecido en la sección 1.1 al 1 % del umbral del nivel superior.

En el anexo VII se enumerarán los criterios para la concesión de exenciones de conformidad con el artículo 4. De acuerdo con el artículo 4, apartado 4, estos criterios se adoptarán mediante un acto delegado antes del 30 de junio de 2013.

2010/0377 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [2],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [3],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 2006, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas [4] , establece normas para la prevención de los accidentes graves que podrían resultar de determinadas actividades industriales y la limitación de sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

(2) Los accidentes graves suelen tener importantes consecuencias, como demostraron los de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse y Buncefield. Además, su impacto puede extenderse más allá de las fronteras nacionales. Esto subraya la necesidad de adoptar medidas de precaución adecuadas para asegurar un alto nivel de protección en toda la Unión para los ciudadanos, las poblaciones y el medio ambiente.

(3) La Directiva 96/82/CE ha sido decisiva para reducir la probabilidad y las consecuencias de esos accidentes y, por ende, para tener niveles mejores de protección en toda la Unión. Un estudio de ella ha confirmado que, en conjunto, las disposiciones existentes son adecuadas para los fines perseguidos y no se precisan cambios fundamentales. No obstante, el sistema establecido por la Directiva 96/82/CE debe adaptarse a los cambios introducidos en el sistema de clasificación de las sustancias peligrosas de la Unión al que se refiere. Además, otras disposiciones deben aclararse y actualizarse.

(4) Por lo tanto, conviene sustituir la Directiva 96/82/CE para que esos niveles de protección existentes se mantengan e incluso mejoren, haciendo que las disposiciones sean más eficaces y eficientes y, en la medida de lo posible, reduciendo las cargas administrativas innecesarias mediante la racionalización o la simplificación sin comprometer la seguridad. Las nuevas disposiciones deben ser también claras, coherentes y fáciles de comprender, para que propicien su mejor aplicación y cumplimiento.

(5) El Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que fue aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 98/685/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración del Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales [5], establece medidas de prevención, preparación y reacción a los accidentes industriales que pueden tener efectos transfronterizos, así como de cooperación internacional en este campo. La Directiva 96/82/CE aplica el Convenio en la legislación de la Unión.

(6) Los accidentes graves pueden tener consecuencias que rebasen las fronteras, y los costes ecológicos y económicos de un accidente no recaen solo en el establecimiento al que afecta, sino también en los Estados miembros en los que repercute. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas que garanticen un elevado nivel de protección en toda la Unión.

(7) Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse sin perjuicio de las ya vigentes en la Unión en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

(8) Debido a sus características específicas, algunas actividades industriales deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Estas actividades ya están sujetas a otra legislación, a nivel de la Unión o nacional, que proporciona un nivel de seguridad equivalente. Sin embargo, la Comisión debe seguir velando por que no haya lagunas significativas en el marco normativo existente, en particular por lo que respecta a los riesgos nuevos y emergentes de otras actividades, y debe adoptar las medidas apropiadas cuando sea necesario.

(9) El anexo I de la Directiva 96/82/CE contiene la lista de las sustancias peligrosas incluidas en su ámbito de aplicación, entre otras cosas por referencia a determinadas disposiciones de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas [6] , y de la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos [7]. Estas Directivas han sido sustituidas por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas [8], que aplica en la Unión el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (en lo sucesivo, «SGA»), adoptado a nivel internacional dentro de la estructura de las Naciones Unidas. Este Reglamento introduce nuevas clases y categorías de peligro que se corresponden solo parcialmente con las utilizadas en las disposiciones precedentes. Por consiguiente, es necesario modificar el anexo I de la Directiva 96/82/CE para ajustarlo al citado Reglamento y mantener, al mismo tiempo, los niveles existentes de protección de la Directiva.

(10) Hace falta flexibilidad para modificar el anexo I de manera que puedan corregirse los posibles efectos no deseados del ajuste al Reglamento (CE) nº 1272/2008 y las posteriores adaptaciones a ese Reglamento que repercutan en la clasificación de las sustancias peligrosas. Sobre la base de criterios armonizados que habrán de desarrollarse, podrían concederse exenciones para sustancias que, pese a su clasificación como peligro, no presenten un riesgo de accidente grave. Debe existir también un mecanismo de corrección correlativo para tratar las sustancias que deban ser incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva debido al riesgo potencial de accidente grave que conlleven.

(11) Los industriales deben tener la obligación general de adoptar todas las medidas necesarias para impedir accidentes graves y mitigar sus consecuencias. Cuando en los establecimientos haya presentes sustancias peligrosas por encima de determinadas cantidades, el industrial deberá proporcionar información suficiente a la autoridad competente para que esta pueda identificar el establecimiento, las sustancias peligrosas presentes y los peligros potenciales. Asimismo, deberá elaborar y enviar a la autoridad competente una política de prevención de accidentes graves en la que se expongan el planteamiento y las medidas generales del industrial, incluidos los sistemas apropiados de gestión de la seguridad para controlar los riesgos de accidente grave.

(12) Con el fin de reducir el riesgo de «efecto dominó», cuando se trate de establecimientos cuya localización y proximidad puedan aumentar la probabilidad y la posibilidad de accidentes graves o agravar sus consecuencias, los industriales deberán cooperar en el intercambio de la información adecuada y en la información del público, incluidos los establecimientos de las inmediaciones que puedan verse afectados.

(13) Para demostrar que se ha hecho todo lo necesario en el ámbito de la prevención de accidentes graves, preparar planes de contingencia y medidas de respuesta, es importante que, en los casos de establecimientos en los que existan sustancias peligrosas en cantidades significativas, el industrial proporcione a las autoridades competentes información en forma de un informe de seguridad que contenga datos sobre el establecimiento, las sustancias peligrosas presentes, la instalación o el almacenamiento, los posibles escenarios de accidente grave y un análisis de los riesgos, las medidas de prevención y de intervención y los sistemas de gestión disponibles, con el fin de prevenir y reducir el riesgo de accidentes graves y permitir que se tomen las medidas necesarias para paliar sus consecuencias.

(14) Con el fin de estar preparados para casos de emergencia, en los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades significativas es necesario establecer planes de emergencia internos y externos y crear sistemas que garanticen que dichos planes se comprueban y revisan conforme sea necesario, y se aplican en caso de que se produzca o pueda producirse un accidente grave. El personal del establecimiento debe ser consultado sobre el plan de emergencia interno y la población, sobre el plan de emergencia externo.

(15) Para proporcionar una mayor protección a las zonas habitadas, a las zonas frecuentadas por el público y al medio ambiente, y en concreto a las zonas naturales de interés y sensibilidad especial, es necesario que las políticas de ordenación territorial u otras políticas pertinentes aplicadas en los Estados miembros tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo, de asegurar la separación adecuada entre dichas zonas y los establecimientos que presenten tales peligros y, para los establecimientos existentes, que tengan en cuenta medidas técnicas complementarias, a fin de no incrementar los riesgos para las personas. La toma de decisiones debe estar basada en una información suficiente sobre los riesgos y en el dictamen técnico sobre los mismos. Siempre que sea posible, para reducir las cargas administrativas, los procedimientos deben integrarse con los ya previstos por otras disposiciones legales de la Unión.

(16) Para promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, de conformidad con el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado en nombre de la Unión por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente [9], es preciso mejorar el nivel y la calidad de la información del público. En concreto, se debe dar a las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave información suficiente para que sepan cuál es la actuación correcta en tal caso. La información debe proporcionarse de manera activa, sin que el público tenga que solicitarla, y, sin excluir otras formas de difusión, debe además estar a disposición del público de forma permanente y mantenerse actualizada en Internet. Al mismo tiempo, debe haber las salvaguardias adecuadas de confidencialidad, por motivos de seguridad, entre otros.

(17) La gestión de la información debe ser acorde con el Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS) introducido por la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS)» [10]. Asimismo, debe conformarse a la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) [11] , y sus normas de ejecución, cuya finalidad es hacer posible la puesta en común de información espacial de importancia medioambiental entre las organizaciones del sector público y facilitar el acceso del público a la información espacial en la Unión. La información debe mantenerse en una base de datos accesible públicamente a nivel de la Unión, lo que facilitará también la supervisión de la aplicación y la elaboración de informes al respecto.

(18) De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de Aarhus, es necesario contar con la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones para que estos puedan expresarse y para que los responsables tengan en cuenta las opiniones y preocupaciones suscitadas por las decisiones previstas, lo cual aumentará el grado de responsabilidad y transparencia del proceso de toma de decisiones y contribuirá a la sensibilización pública respecto a los problemas de medio ambiente y al apoyo a las decisiones tomadas. El público interesado debe tener acceso a la justicia en aras de la protección del derecho a vivir en un entorno propicio para la salud y el bienestar personales.

(19) Con el fin de garantizar la adopción de medidas adecuadas en caso de accidente grave, el industrial debe informar de inmediato a las autoridades competentes y comunicarles los datos que necesiten para evaluar las consecuencias de dicho accidente.

(20) Para garantizar el intercambio de información y prevenir accidentes similares en el futuro, los Estados miembros deben informar a la Comisión de los accidentes graves que se produzcan en su territorio, de modo que esta pueda analizar los peligros inherentes a tales accidentes y poner en funcionamiento un sistema de difusión de información, en particular, sobre los accidentes graves y las conclusiones que cabe extraer de ellos. Este intercambio de información debe incluir también los «conatos de accidente» que los Estados miembros consideren de interés técnico particular para evitar los accidentes graves y limitar sus consecuencias.

(21) Los Estados miembros deben determinar cuáles son las autoridades competentes responsables de garantizar que los industriales cumplan sus obligaciones. Cuando sea necesario, una sola autoridad deberá tomar la iniciativa de coordinar las diferentes autoridades u órganos competentes. Las autoridades competentes y la Comisión deben cooperar en actividades que favorezcan la aplicación, como la elaboración de orientaciones adecuadas y el intercambio de buenas prácticas. Para evitar cargas administrativas innecesarias, cuando sea conveniente las obligaciones de información deben integrarse con las ya previstas en otra legislación pertinente de la Unión.

(22) Los Estados miembros deben asegurarse de que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias en caso de incumplimiento de la presente Directiva. Para garantizar una aplicación y un cumplimiento eficaces, debe haber un sistema de inspecciones, que incluya un programa de inspecciones rutinarias periódicas y otras no rutinarias. Cuando proceda, las inspecciones deberán coordinarse con las previstas en otras disposiciones legislativas de la Unión. Es importante que haya suficientes inspectores cualificados. Las autoridades competentes deben proporcionar el apoyo adecuado utilizando instrumentos y mecanismos para intercambiar experiencias y consolidar los conocimientos, también al nivel de la Unión.

(23) Es procedente facultar a la Comisión para que adopte actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la adopción de criterios para la concesión de exenciones y la modificación de los anexos de la presente Directiva.

(24) Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de la legislación nacional adoptada conforme a la presente Directiva y velar por su aplicación. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(25) Puesto que los objetivos de la Directiva, a saber, asegurar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

En la presente Directiva se establecen normas para la prevención de accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, así como para la limitación de sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, con miras a garantizar de forma coherente y eficaz niveles elevados de protección en toda la Unión.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en las partes 1 y 2 del anexo I.

2. La presente Directiva no se aplicará a:

a) los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento militares;

b) los peligros creados por las radiaciones ionizantes;

c) el transporte de sustancias peligrosas y el almacenamiento temporal intermedio por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea, incluidas las actividades de carga y descarga y el traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o estaciones ferroviarias de clasificación fuera de los establecimientos a que se refiere la presente Directiva;

d) el transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los establecimientos a que se refiere la presente Directiva;

e) la explotación (exploración, extracción y tratamiento) de minerales en minas y canteras o mediante perforación, con la excepción del almacenamiento subterráneo de gas en estratos naturales y minas en desuso y de las actividades de tratamiento térmico y químico y el almacenamiento relacionado con estas operaciones en las que intervengan sustancias peligrosas tal como se definen en el anexo I;

f) la exploración y explotación off-shore de minerales, incluidos los hidrocarburos;

g) los vertederos de residuos, incluido el almacenamiento subterráneo de residuos, con excepción de las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques o balsas de residuos, que contengan sustancias peligrosas tal como se definen en el anexo I, en particular cuando se utilicen en relación con el tratamiento térmico y químico de minerales;

h) las sustancias enumeradas en la parte 3 del anexo I.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1. «establecimiento»: la totalidad del lugar bajo el control de un industrial en el que se encuentren sustancias peligrosas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas;

2. «establecimiento de nivel inferior»: un establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 del anexo I y en la columna 2 de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la parte 1 del anexo I y en la columna 3 de la parte 2 del anexo I;

3. «establecimiento de nivel superior»: un establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 del anexo I y en la columna 3 de la parte 2 del anexo I;

4. «nuevo establecimiento»: un establecimiento recién construido o que aún no ha entrado en funcionamiento;

5. «establecimiento existente»: un establecimiento que estaba incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/82/CE;

6. «establecimiento ulterior»: un establecimiento que ya estaba en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la presente Directiva y al que no se aplicaba la Directiva 96/82/CE y que ahora queda incluido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

7. «instalación»: una unidad técnica, incluso bajo tierra, en el interior de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas; incluye todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación;

8. «industrial»: cualquier persona física o jurídica que explote o posea un establecimiento o instalación o en la que, cuando la normativa nacional así lo disponga, se haya delegado un poder económico determinante sobre la explotación técnica del establecimiento o la instalación;

9. «sustancia peligrosa»: toda sustancia o mezcla enumerada en la parte 1 o en la parte 2 del anexo I que esté presente en forma de materia prima, producto, subproducto, residuo o producto intermedio, incluidas aquellas de las que se pueda pensar justificadamente que se forman en caso de accidente;

10. «mezcla»: una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias;

11. «presencia de sustancias peligrosas»: la presencia real o prevista de sustancias peligrosas en el establecimiento, o la presencia de sustancias peligrosas de las que se piensa que pueden generarse a consecuencia de la pérdida de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados en las partes 1 y 2 del anexo I;

12. «accidente grave»: un hecho, como una emisión, un incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que se aplique la presente Directiva, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento, y en el que intervengan una o varias sustancias peligrosas;

13. «peligro»: la capacidad intrínseca de una sustancia peligrosa o una situación física de ocasionar daños a la salud humana o al medio ambiente;

14. «riesgo»: la probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas;

15. «almacenamiento»: la presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas con fines de almacenaje, depósito en custodia o reserva;

16. «público»: una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas;

17. «público interesado»: el público que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas sobre alguno de los asuntos previstos en el artículo 14, apartado 1, o que tiene un interés que invocar en la toma de decisiones, incluidas las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los requisitos exigidos por la legislación nacional;

18. «inspección»: toda acción, incluidas las visitas in situ, los controles de las medidas, los sistemas y los informes internos y de los documentos de seguimiento, así como las medidas que sea necesario adoptar en consecuencia, llevada a cabo por la autoridad competente o en su nombre para controlar y promover el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva.

Artículo 4

Supuestos de inaplicabilidad y cláusulas de salvaguardia

1. Cuando se demuestre, con arreglo a los criterios mencionados en el apartado 4 del presente artículo, que determinadas sustancias incluidas en las partes 1 o 2 del anexo I no representan un peligro de accidente grave, en particular debido a su forma física, propiedades, clasificación, concentración o envasado genérico, la Comisión podrá incluir esas sustancias en la lista de la parte 3 del anexo I mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 24.

2. Cuando un Estado miembro considere que una sustancia peligrosa enumerada en las partes 1 o 2 del anexo I no presenta un peligro de accidente grave y puede reunir las condiciones para ser incluida en la parte 3 del anexo I, de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, lo notificará a la Comisión.

La Comisión informará de estas notificaciones al foro mencionado en el artículo 17, apartado 2.

3. Cuando se demuestre a satisfacción de la autoridad competente, de acuerdo con los criterios mencionados en el apartado 4 del presente artículo, que determinadas sustancias presentes en un establecimiento concreto o en alguna parte de él y enumeradas en las partes 1 o 2 del anexo I no representan un peligro de accidente grave, debido a las condiciones específicas ligadas al establecimiento, como las características del envasado y el aislamiento de la sustancia o su ubicación y las cantidades en que se halle, el Estado miembro de la autoridad competente podrá decidir no aplicar al establecimiento de que se trate los requisitos expuestos en los artículos 7 a 19 de la presente Directiva.

En los casos a los que se hace referencia en el párrafo primero, el Estado miembro proporcionará a la Comisión una lista de los establecimientos en cuestión, que incluirá el inventario de las sustancias peligrosas de que se trate. El Estado miembro motivará la exclusión.

La Comisión transmitirá anualmente al foro mencionado en el artículo 17, apartado 2, para información, las listas a las que se hace referencia en el párrafo segundo del presente apartado.

4. A más tardar, el 30 de junio de 2013, la Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 24, los actos delegados por los que se establezcan los criterios que se vayan a utilizar a efectos de los apartados 1 y 3 del presente artículo, respectivamente, y por los que se modifique el anexo VII en consecuencia.

5. Cuando un Estado miembro considere que una sustancia peligrosa no enumerada en las partes 1 o 2 del anexo I presenta un peligro de accidente grave, podrá adoptar las medidas apropiadas, que deberá notificar a la Comisión.

La Comisión informará al foro mencionado en el artículo 17, apartado 2, de las notificaciones realizadas de conformidad con el párrafo primero del presente apartado.

Cuando proceda, la Comisión podrá incluir las sustancias a las que se hace referencia en el párrafo primero del presente apartado en la parte 1 o la parte 2 del anexo I, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 24.

Artículo 5

Obligaciones de carácter general del industrial

1. Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

2. Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a demostrar ante la autoridad competente a que se refiere el artículo 17 (en lo sucesivo denominada «autoridad competente»), en cualquier momento, especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que se refiere el artículo 19, que ha tomado todas las medidas necesarias previstas en la presente Directiva.

Artículo 6

Notificación

1. Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a enviar a la autoridad competente una notificación que contenga los siguientes datos:

a) nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento correspondiente;

b) domicilio social del industrial y dirección completa;

c) nombre o cargo del encargado del establecimiento, si es una persona diferente del industrial al que se refiere la letra a);

d) información suficiente para identificar las sustancias peligrosas o la categoría de sustancias de que se trate;

e) cantidad y forma física de la sustancia o sustancias peligrosas de que se trate;

f) actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona de almacenamiento;

g) entorno inmediato del establecimiento, elementos capaces de causar un accidente grave o de agravar sus consecuencias, incluidos detalles de los establecimientos de las inmediaciones, con independencia de que les sea o no aplicable la presente Directiva, así como de otros lugares, zonas y obras que puedan incrementar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave y de efecto dominó.

2. La notificación se enviará a la autoridad competente en los plazos siguientes:

a) en el caso de los nuevos establecimientos, en un plazo razonable antes de comenzar la construcción o la explotación;

b) en el caso de los establecimientos existentes, en el plazo de un año a partir de la fecha indicada en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo;

c) en el caso de los establecimientos ulteriores, en el plazo de un año a partir de la fecha en que la presente Directiva se aplique al establecimiento en cuestión.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a los establecimientos existentes si el industrial ha enviado ya una notificación a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional en la fecha establecida en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, y la información contenida en ella cumple lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y no ha cambiado.

4. El industrial informará de inmediato a la autoridad competente en caso de que:

a) aumente significativamente la cantidad y se modifiquen significativamente las características o la forma física de la sustancia peligrosa presente indicadas en la notificación enviada por el industrial en virtud del apartado 1 o de que se modifiquen los procedimientos que la activan;

b) un establecimiento o una instalación se modifiquen de tal manera que pueda tener consecuencias importantes por lo que respecta al peligro de accidente grave, o

c) cierre definitivamente la instalación.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el industrial revisará la notificación periódicamente, al menos cada cinco años, y la actualizará cuando sea necesario. El industrial enviará sin demora la notificación actualizada a la autoridad competente.

Artículo 7

Política de prevención de accidentes graves

1. Los Estados miembros velarán por que los industriales estén obligados a redactar un documento en el que se defina su política de prevención de accidentes graves (en lo sucesivo denominada «PPAG») y deberán asegurarse de su correcta aplicación. La PPAG deberá establecerse por escrito. Tendrá por objeto garantizar un alto grado de protección de la salud humana y del medio ambiente. Será proporcionada a los peligros de accidente grave. Incluirá los objetivos generales y los principios de actuación del industrial, el reparto de tareas y responsabilidades de gestión, y explicará la cultura de seguridad con respecto al control de los peligros de accidente grave.

2. La PPAG se enviará a la autoridad competente en los siguientes plazos:

a) en el caso de los nuevos establecimientos, en un plazo razonable antes de comenzar la construcción o la explotación;

b) en el caso de los establecimientos existentes, en el plazo de un año a partir de la fecha indicada en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo;

c) en el caso de los establecimientos ulteriores, en el plazo de un año a partir de la fecha en que la presente Directiva se aplique al establecimiento en cuestión.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a los establecimientos existentes si el industrial ha establecido ya la PPAG por escrito y la ha enviado a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional, en la fecha establecida en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, y la información contenida en ella cumple lo dispuesto en el apartado 1 y no ha cambiado.

4. El industrial revisará periódicamente la PPAG, al menos cada cinco años, y la actualizará cuando sea necesario. La PPAG actualizada se enviará sin demora a la autoridad competente.

Artículo 8

Efecto dominó

1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente, utilizando la información recibida del industrial de conformidad con los artículos 6 y 9, o mediante inspecciones con arreglo al artículo 19, determine todos los establecimientos o grupos de establecimientos de nivel inferior y de nivel superior en que la probabilidad y la posibilidad o las consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementadas debido a la ubicación y a la proximidad de dichos establecimientos y a la presencia en ellos de sustancias peligrosas.

2. Los Estados miembros deberán asegurarse de que los industriales de los establecimientos determinados de conformidad con el apartado 1:

a) se intercambien de manera adecuada los datos necesarios para permitir a dichos establecimientos tomar en consideración el carácter y la magnitud del peligro general de accidente grave en sus PPAG, en sus sistemas de gestión de la seguridad, en sus informes de seguridad y en sus planes de emergencia internos;

b) cooperen para informar al público y a los establecimientos de las inmediaciones no incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, así como para facilitar a la autoridad competente datos para la elaboración de los planes de emergencia externos.

Artículo 9

Informe de seguridad

1. Los Estados miembros velarán por que los industriales de los establecimientos de nivel superior estén obligados a presentar un informe de seguridad que tenga por objeto:

a) demostrar que se ha establecido una PPAG y un sistema de gestión de la seguridad para su aplicación de conformidad con los elementos que figuran en el anexo III;

b) demostrar que se han identificado los peligros de accidente grave y los posibles escenarios de accidente grave y que se han tomado las medidas necesarias para prevenirlos y limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente;

c) demostrar que en el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de toda instalación, zona de almacenamiento, equipos e infraestructura ligados a su funcionamiento y que estén relacionados con el peligro de accidente grave en el establecimiento se han tenido en cuenta una seguridad y fiabilidad suficientes;

d) demostrar que se han elaborado planes de emergencia internos y proporcionar información que permita elaborar el plan de emergencia externo;

e) proporcionar información suficiente a las autoridades competentes para que puedan tomar decisiones en materia de implantación de nuevas actividades o de ejecución de obras en las proximidades de los establecimientos existentes.

2. El informe de seguridad contendrá como mínimo los datos y la información

enumerados en el anexo II. Se nombrará en él a las organizaciones que hayan participado en su redacción. Asimismo, contendrá una lista actualizada

de las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento.

3. El informe de seguridad se enviará a la autoridad competente en los siguientes plazos:

a) en el caso de los nuevos establecimientos, en un plazo razonable antes de comenzar la construcción o la explotación;

b) en el caso de los establecimientos existentes, en el plazo de un año a partir de la fecha indicada en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo;

c) en el caso de los establecimientos ulteriores, en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la presente Directiva se aplique al establecimiento en cuestión.

4. Los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo no se aplicarán a los establecimientos existentes si el industrial ha enviado ya el informe de seguridad a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional en la fecha establecida en el artículo 28, apartado 1, y la información contenida en él cumple lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo y no ha cambiado.

5. El industrial revisará el informe de seguridad periódicamente, al menos cada cinco años, y lo actualizará cuando sea necesario.

El industrial revisará asimismo el informe de seguridad, y lo actualizará cuando sea necesario, en cualquier otro momento por iniciativa del industrial o a petición de la autoridad competente, cuando esté justificado por nuevos datos o nuevos conocimientos tecnológicos sobre seguridad derivados, por ejemplo, del análisis de los accidentes o, en la medida de lo posible, de los conatos de accidente, así como por los últimos avances en los conocimientos relativos a la evaluación de los peligros.

El informe de seguridad actualizado se enviará a la autoridad competente sin demora.

6. Antes de que el industrial inicie la construcción o la explotación del establecimiento, así como en los casos mencionados en las letras b) y c) del apartado 3 y en el apartado 5, la autoridad competente, en un plazo razonable tras la recepción del informe:

a) comunicará al industrial sus conclusiones sobre el examen del informe de seguridad;

b) prohibirá la puesta en servicio o la continuación de la actividad del establecimiento de que se trate, de conformidad con el artículo 18.

7. Los Estados miembros podrán exigir a los establecimientos de nivel inferior que apliquen la PPAG por medio de un sistema de gestión de la seguridad proporcionado a los peligros de accidente grave, así como a la complejidad de la organización o las actividades del establecimiento.

Artículo 10

Modificación de una instalación, un establecimiento o una zona de almacenamiento

En caso de modificación de una instalación, un establecimiento, una zona de almacenamiento, un procedimiento o de las características o cantidades de sustancias peligrosas que pueda tener consecuencias importantes por lo que respecta al peligro de accidente grave, los Estados miembros velarán por que el industrial:

a) revise y, en su caso, modifique la PPAG;

b) revise y, en su caso, modifique el informe de seguridad y los sistemas y procedimientos de gestión de la seguridad a que se refiere el artículo 9 e informe a la autoridad competente sobre dichas modificaciones antes de proceder a las mismas.

Artículo 11

Planes de emergencia

1. Los Estados miembros velarán por que, en todos los establecimientos de nivel superior:

a) el industrial elabore un plan de emergencia interno respecto de las medidas que deben tomarse en el interior del establecimiento;

b) el industrial proporcione a las autoridades competentes la información necesaria para que éstas puedan elaborar los planes de emergencia externos;

c) las autoridades designadas a tal fin por los Estados miembros elaboren un plan de emergencia externo con respecto a las medidas que deben tomarse en el exterior del establecimiento en el plazo de un año tras la recepción de la información proporcionada por el industrial de acuerdo con la letra b).

2. Los industriales cumplirán las obligaciones expuestas en las letras a) y b) del apartado 1 en los siguientes plazos:

a) para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotación;

b) para los establecimientos existentes, en el plazo de un año a partir de la fecha establecida en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, a menos que el plan de emergencia interno elaborado en cumplimiento de lo exigido por la legislación nacional en esa fecha, y la información contenida en él, se atengan ya a lo dispuesto en el presente artículo y no hayan cambiado;

c) para los establecimientos ulteriores, en el plazo de un año a partir de la fecha en que la presente Directiva se aplique al establecimiento en cuestión.

3. Los planes de emergencia deberán establecerse con los siguientes objetivos:

a) contener y controlar los incidentes de modo que sus efectos se reduzcan al mínimo, así como limitar los perjuicios para la salud humana, el medio ambiente y los bienes;

b) aplicar las medidas necesarias para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos de accidentes graves;

c) comunicar la información pertinente a la población y a los servicios o autoridades interesados de la zona;

d) prever el restablecimiento de las condiciones medioambientales y la limpieza del lugar tras un accidente grave.

Los planes de emergencia contendrán la información que se especifica en el anexo IV.

4. Sin perjuicio de las obligaciones de las autoridades competentes, los Estados miembros velarán por que los planes de emergencia internos previstos en la presente Directiva se elaboren consultando al personal que trabaje en el establecimiento, incluido el personal subcontratado a largo plazo, y por que se consulte a la población sobre los planes de emergencia externos con ocasión de su elaboración o actualización. Los Estados miembros velarán por que se consulte al público de conformidad con lo establecido en el artículo 14.

5. Los Estados miembros instaurarán un sistema que garantice que los industriales y las autoridades designadas revisen, prueben y, en su caso, modifiquen y actualicen, respectivamente, los planes de emergencia internos y externos, a intervalos apropiados que no deberán rebasar los tres años. La revisión tendrá en cuenta los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes o en los servicios de emergencia, así como los nuevos conocimientos técnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente grave.

6. Por lo que respecta a los planes de emergencia externos, los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de facilitar una cooperación reforzada en materia de ayuda en el ámbito de la protección civil en caso de emergencias graves.

7. Los Estados miembros instaurarán un sistema que garantice la inmediata aplicación de los planes de emergencia por parte del industrial y, en su caso, por la autoridad competente designada a tal efecto, siempre que se produzca un accidente grave o se produzca un hecho incontrolado que, por su naturaleza, permita razonablemente pensar que va a dar lugar a un accidente grave.

8. La autoridad competente podrá decidir, a la vista de la información contenida en el informe de seguridad, que no se apliquen las disposiciones del apartado 1 relativas a la obligación de establecer un plan de emergencia externo.

9. La autoridad competente motivará su decisión.

Artículo 12

Planificación de la ocupación del suelo

1. Los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente en sus políticas de ocupación del suelo y en otras políticas pertinentes. Procurarán alcanzar tales objetivos mediante el control de:

a) el emplazamiento de los nuevos establecimientos;

b) las modificaciones de los establecimientos existentes contempladas en el artículo 10;

c) las nuevas obras realizadas en las inmediaciones de los establecimientos existentes, tales como vías de comunicación, lugares frecuentados por el público y zonas de viviendas, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.

2. Los Estados miembros velarán por que su política de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, así como los procedimientos de aplicación de dichas políticas, tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo:

a) de mantener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados en la presente Directiva y, por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el público, las grandes vías de transporte, en la medida de lo posible, y las áreas recreativas;

b) de proteger las zonas que tengan un interés natural particular o un carácter especialmente delicado en las inmediaciones de establecimientos a los que se aplique la presente Directiva, manteniendo las distancias de seguridad apropiadas u otras medidas procedentes cuando sea necesario;

c) en el caso de los establecimientos existentes, de tomar medidas técnicas adicionales, de conformidad con el artículo 5, para no incrementar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

3. Los Estados miembros velarán por que todas las autoridades competentes y todos los servicios facultados para tomar decisiones en este ámbito establezcan procedimientos de consulta adecuados para facilitar la aplicación de las políticas adoptadas con arreglo al apartado 1. Los procedimientos serán tales que en el momento de tomar las decisiones se disponga de suficiente información proporcionada por los industriales sobre los riesgos vinculados al establecimiento y de un dictamen técnico al respecto, basado en el estudio de casos concretos o en criterios generales.

Los Estados miembros velarán por que los industriales de los establecimientos de nivel inferior proporcionen, a instancias de la autoridad competente, la información sobre los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificación de la ocupación del suelo.

4. Los requisitos de los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE [12] del Consejo y en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [13]. Siempre que sea posible y apropiado, los Estados miembros organizarán procedimientos coordinados o conjuntos para cumplir los requisitos del presente artículo y los de las citadas Directivas, entre otras cosas, con el fin de evitar la duplicación de evaluaciones y consultas.

Artículo 13

Información al público

1. Los Estados miembros se asegurarán de que la información mencionada en el anexo V esté a disposición del público de forma permanente, también en formato electrónico. La información será revisada y, en caso necesario, actualizada al menos una vez al año.

2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, los Estados miembros se asegurarán también de que:

a) todas las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave reciban periódicamente, por el medio más adecuado y sin que tengan que solicitarla, información sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente;

b) el informe de seguridad esté a disposición del público cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3; cuando se aplique el artículo 21, apartado 3, se pondrá a disposición del público un informe modificado en forma de resumen no técnico, que incluirá como mínimo información general sobre los peligros de accidente grave, sus efectos potenciales y el comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente;

c) la lista de las sustancias peligrosas esté a disposición del público interesado, cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3.

La información que debe proporcionarse con arreglo a la letra a) del presente apartado incluirá como mínimo los datos a los que se hace referencia en el anexo V. Esa información se proporcionará asimismo a todos los establecimientos de servicio público, como escuelas y hospitales, y a todos los situados en las inmediaciones cuando sea de aplicación el artículo 8. Los Estados miembros se asegurarán de que se proporcione la información y de que se revise y actualice periódicamente, al menos cada cinco años.

3. Los solicitudes de acceso a la información a las que se hace referencia en el apartado 2, letras a), b) y c), serán tramitadas de acuerdo con los artículos 3 y 5 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [14].

4. Los Estados miembros pondrán a disposición de los Estados miembros que puedan sufrir los efectos transfronterizos de un accidente grave producido en un establecimiento contemplado en el artículo 9 la información suficiente a fin de que los Estados miembros potencialmente afectados puedan aplicar, en su caso, todas las disposiciones pertinentes de los artículos 11 y 12 así como el presente artículo.

5. Cuando un Estado miembro decida que un establecimiento cercano al territorio de otro Estado miembro no representa peligro alguno de accidente grave fuera de su perímetro a efectos del artículo 11, apartado 6, y que, por lo tanto, no requiere la elaboración de un plan de emergencia externo de conformidad con el artículo 11, apartado 1, informará de ello al otro Estado miembro.

6. La aplicación del presente artículo estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 21.

Artículo 14

Consulta pública y participación en la toma de decisiones

1. Los Estados miembros velarán por que el público pueda dar su parecer sobre los asuntos siguientes:

a) la planificación de nuevos establecimientos de conformidad con el artículo 12;

b) las modificaciones de los establecimientos existentes a que se refiere el artículo 10, cuando estén sujetas a los requisitos de la presente Directiva en materia de planificación;

c) la ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos existentes, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave de conformidad con el artículo 12;

d) los planes de emergencia externos, de acuerdo con el artículo 11, apartado 1, letra c).

2. En una fase temprana del procedimiento previo a la toma de una decisión o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información, se informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos cuando se disponga de ellos) de los siguientes asuntos:

a) los asuntos enumerados en el apartado 1;

b) cuando proceda, la circunstancia de que una decisión está sujeta a una evaluación, nacional o transfronteriza, del impacto ambiental, o a consultas entre los Estados miembros de conformidad con el artículo 13, apartado 4;

c) los datos de las autoridades competentes que vayan a tomar la decisión, de las que pueda obtenerse información pertinente, a las que puedan presentarse observaciones o formularse preguntas, y detalles sobre el plazo previsto para la presentación de observaciones o la formulación de preguntas;

d) la naturaleza de las decisiones posibles o, en su caso, del proyecto de decisión;

e) una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente, así como los medios empleados para ello;

g) las modalidades de participación y consulta del público definidas con arreglo al apartado 5 siguiente.

3. Los Estados miembros velarán por que, dentro de plazos adecuados, se pongan a disposición del público interesado los siguientes elementos:

a) de conformidad con la legislación nacional, los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento en que se informó al público interesado conforme al apartado 2;

b) de conformidad con la Directiva 2003/4/CE, toda información que no sea la referida en el apartado 2 que resulte pertinente para la decisión de que se trate y que solo pueda obtenerse después de que el público interesado haya sido informado conforme al apartado 2.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el público interesado tenga derecho a formular observaciones y manifestar opiniones a la autoridad competente antes de que se tome una decisión y de que los resultados de las consultas mantenidas con arreglo al apartado 1 se tengan debidamente en cuenta cuando se tome una decisión.

5. Las modalidades específicas de la información al público y la consulta del público interesado serán determinadas por los Estados miembros.

6. Se establecerán plazos razonables para las distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al público y para que el público interesado se prepare y participe efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

7. Los Estados miembros velarán por que, cuando se tomen las decisiones pertinentes, la autoridad competente ponga a disposición del público:

a) el contenido de la decisión y las razones que la justifican, incluidas, en su caso, las posteriores actualizaciones;

b) los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la decisión y una explicación de cómo se tuvieron en cuenta para llegar a ella.

Artículo 15

Información que deberá facilitar el industrial después de un accidente grave

1. Los Estados miembros velarán por que el industrial, tan pronto como sea posible después de un accidente grave y haciendo uso de los medios más adecuados, esté obligado a lo siguiente:

a) informar a las autoridades competentes;

b) comunicarles la siguiente información tan pronto como disponga de ella:

i) las circunstancias del accidente;

ii) las sustancias peligrosas que hayan intervenido en el mismo;

iii) los datos disponibles para evaluar los efectos del accidente en la salud humana y el medio ambiente;

iv) las medidas de emergencia adoptadas;

c) informarles de las medidas previstas para:

i) paliar los efectos del accidente a medio y largo plazo;

ii) evitar que el accidente se repita;

d) actualizar la información facilitada, en caso de que investigaciones más rigurosas pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha información o las conclusiones que dimanen de ella.

2. Los Estados miembros exigirán a la autoridad competente:

a) que se cerciore de que se adoptan las medidas urgentes y las medidas a medio y largo plazo que sean necesarias;

b) que recoja, mediante inspección, investigación u otros medios adecuados, la información necesaria para un análisis completo del accidente grave en los aspectos técnicos, de organización y de gestión;

c) que disponga lo necesario para que el industrial tome las medidas paliativas necesarias; y

d) que formule recomendaciones sobre futuras medidas de prevención.

Artículo 16

Información que deberán facilitar los Estados miembros después de un accidente grave

1. Con el fin de prevenir y limitar las consecuencias de los accidentes graves, los Estados miembros informarán a la Comisión, tan pronto como sea posible, de los accidentes graves que hayan ocurrido en su territorio y que respondan a los criterios del anexo VI. Facilitarán a la Comisión los datos siguientes:

a) el Estado miembro, nombre y dirección de la autoridad encargada de elaborar el informe;

b) fecha, hora y lugar del accidente grave, nombre completo del industrial y dirección del establecimiento de que se trate;

c) una breve descripción de las circunstancias del accidente, con indicación de la sustancias peligrosas involucradas y los efectos inmediatos en la salud humana y el medio ambiente;

d) una breve descripción de las medidas de emergencia adoptadas y de las precauciones inmediatas necesarias para evitar la repetición del accidente.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión del resultado de sus análisis y le remitirán sus recomendaciones, lo antes posible y, a más tardar, un año después de la fecha del accidente, utilizando la base de datos a la que se hace referencia en el artículo 20, apartado 5.

La comunicación de la información mencionada en el párrafo primero por parte de los Estados miembros solo podrá retrasarse a fin de posibilitar la conclusión de procedimientos judiciales, en caso de que dicha comunicación pueda afectar a tales procedimientos.

3. La Comisión establecerá un formulario de presentación de datos en estrecha cooperación con los Estados miembros. Los Estados miembros utilizarán ese formulario cuando proporcionen la información a la que se hace referencia en los apartados 1 y 2.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre y dirección de cualquier organismo que pueda disponer de información sobre accidentes graves y que pueda asesorar a las autoridades competentes de otros Estados miembros que deban intervenir en caso de producirse un accidente de ese tipo.

Artículo 17

Autoridad competente

1. Sin perjuicio de las responsabilidades del industrial, los Estados miembros constituirán o designarán la autoridad o autoridades competentes para ejecutar las tareas contempladas de la presente Directiva, así como, llegado el caso, los organismos encargados de asistir a las autoridades competentes en los aspectos técnicos. Los Estados miembros que constituyan o designen más de una autoridad competente designarán una en concreto para que asuma la responsabilidad de asegurar la coordinación de los procedimientos para el desempeño de sus funciones.

2. La Comisión convocará periódicamente un foro compuesto por representantes de las autoridades competentes de los Estados miembros. Las autoridades competentes y la Comisión cooperarán en actividades en apoyo de la aplicación de la presente Directiva.

3. A los efectos de la presente Directiva, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes acepten información equivalente presentada por los industriales de conformidad con otras disposiciones legales de la Unión, que cumpla los requisitos de la presente Directiva. En tales casos, la autoridad competente se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de la presente Directiva.

Artículo 18

Prohibición de explotación

1. Los Estados miembros prohibirán la explotación o la entrada en servicio de cualquier establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o cualquier parte de los mismos, si las medidas adoptadas por el titular para la prevención y la reducción de los accidentes graves son manifiestamente insuficientes.

2. Los Estados miembros podrán prohibir la explotación o la entrada en servicio de todo establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o de cualquier parte de los mismos, si el industrial no ha presentado la notificación, los informes u otra información exigida por la presente Directiva dentro del plazo establecido.

3. Los Estados miembros velarán por que los industriales puedan recurrir contra la prohibición dictada por una autoridad competente de conformidad con el apartado 1 ante un órgano apropiado, que determinarán la legislación y los procedimientos nacionales.

Artículo 19

Inspecciones

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes organicen un sistema de inspecciones.

2. Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate, no dependerán de la recepción del informe de seguridad ni de ningún otro informe presentado y deberán posibilitar un examen planificado y sistemático de los sistemas técnicos, de organización y de gestión aplicados en el establecimiento, a fin de que, en particular:

a) el industrial pueda demostrar que ha tomado las medidas adecuadas, habida cuenta de las actividades realizadas en el establecimiento, para prevenir accidentes graves;

b) el industrial pueda demostrar que ha tomado las medidas adecuadas para limitar las consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del establecimiento;

c) los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en otro de los informes presentados reflejen fielmente el estado del establecimiento;

d) se facilite al público la información que estipula el artículo 13, apartado 1.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que todos los establecimientos estén cubiertos por un plan de inspección a escala nacional, regional o local y garantizarán que este plan se reexamine y, cuando proceda, se actualice periódicamente.

Los planes de inspección incluirán lo siguiente:

a) una valoración general de las cuestiones de seguridad pertinentes;

b) la zona geográfica cubierta por el plan de inspección;

c) una lista de los establecimientos e instalaciones cubiertos por el plan;

d) una lista de los grupos de establecimientos con posible efecto dominó según el artículo 8, teniendo en cuenta los establecimientos de las inmediaciones no incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

e) una lista de los establecimientos en los que fuentes de peligro o riesgos externos concretos puedan aumentar la probabilidad o las consecuencias de un accidente grave;

f) los procedimientos para las inspecciones rutinarias, incluidos los programas para esas inspecciones de conformidad con el apartado 4;

g) los procedimientos de las inspecciones no rutinarias indicadas en el apartado 6;

h) disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de las inspecciones.

4. Basándose en los planes de inspección mencionados en el apartado 3, la autoridad competente elaborará periódicamente programas de inspección de rutina para todos los establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de establecimientos.

El período entre dos visitas in situ se basará en una valoración sistemática de los peligros de accidente grave de los establecimientos de que se trate, y no excederá de un año para los establecimientos de nivel superior y de tres para los de nivel inferior. Si en una inspección se ha encontrado un caso importante de incumplimiento de la presente Directiva, se llevará a cabo otra visita en el plazo de seis meses.

5. La evaluación sistemática de los peligros se basará al menos en los siguientes criterios:

a) la repercusión posible y real de los establecimientos correspondientes sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los peligros inherentes a un accidente grave, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente;

b) el historial de cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva;

c) la participación del industrial en el sistema de gestión y auditoría ambientales de la Unión (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo [15].

Cuando proceda, se tendrán en cuenta también las conclusiones pertinentes de inspecciones realizadas conforme a otras disposiciones legales de la Unión.

6. Las inspecciones no rutinarias se llevarán a cabo para investigar, lo antes posible, denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes y casos de incumplimiento.

7. En el plazo de los dos meses siguientes a cada visita, la autoridad competente comunicará al industrial las conclusiones de la visita y todas las actuaciones que se consideren necesarias. La autoridad competente se asegurará de que el industrial realice todas estas actuaciones necesarias dentro de un período razonable tras recibir la comunicación.

8. En la medida de lo posible, las inspecciones se coordinarán con las llevadas a cabo con arreglo a otras disposiciones legislativas de la Unión, cuando proceda.

9. Los Estados miembros se asegurarán de que se disponga de una plantilla suficiente con los conocimientos y titulación necesarios para llevar a cabo con eficacia las inspecciones. Los Estados miembros procurarán que las autoridades competentes organicen mecanismos e instrumentos para intercambiar experiencias y consolidar los conocimientos, y que participen en esos mecanismos a nivel de la Unión cuando sea procedente.

10. Los Estados miembros velarán por que los industriales presten a las autoridades competentes toda la asistencia que sea necesaria para que estas puedan llevar a cabo las visitas in situ