Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE

(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El 10 de octubre de 1997, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (1). La propuesta se remitió al Parlamento y al Consejo mediante carta de 13 de octubre de 1997.

(1) DO C 343, de 13.11.1997, p. 11.

En su sesión plenaria nº 353, de 25 de marzo de 1998, el Comité Económico y Social aprobó por unanimidad un dictamen favorable (2) sobre la propuesta de directiva y propuso algunas enmiendas.

(2) DO C 157, de 25.05.1998, p. 6.

En su sesión plenaria de 16 de julio de 1998, el Parlamento aprobó una resolución legislativa que recogía su dictamen (3) sobre la propuesta de directiva de la Comisión. El dictamen del Parlamento contiene 36 enmiendas. Gran parte de esas enmiendas, que contribuirán a aclarar y mejorar la propuesta, fueron aceptadas por la Comisión, unas íntegramente y, otras, en parte, bien ajustándose al espíritu de las mismas, bien con una cierta adaptación del texto.

(3) DO C 292, de 21.09.1998, p. 123

Se ha redactado una propuesta modificada con el fin de incorporar el dictamen de las citadas instituciones.

observaciones sobre las modificaciones introducidas en la propuesta

Considerandos 4bis [nuevo] y 4ter [nuevo

Se han añadido referencias al funcionamiento del mecanismo de la carta verde al incorporar las enmiendas nº 1 y 2 del Parlamento sobre esos extremos. La introducción de estos dos considerandos hace que sea más fácil comprender que, pese a que ya existe un sistema para la liquidación de los siniestros, aún existen algunas dificultades prácticas que es preciso resolver.

Considerando 5

Se ha perfilado el texto para incorporar la enmienda nº 3 del Parlamento.

Considerando 6

Se ha perfilado el texto ( la palabra "víctima" se sustituye por la expresión "persona damnificada", de conformidad con lo sugerido en la enmienda nº 4 del Parlamento; esa expresión se ha sustituido en los restantes considerandos y en los artículos de la directiva; se hace referencia al concepto de "daños o perjuicios") al objeto de guardar coherencia con las directivas precedentes (apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 72/166/CEE).

Considerando 6bis [nuevo]

El texto recoge la enmienda nº 9 del Parlamento. Introduce una referencia clara a la necesidad de instaurar el derecho de acción directa, en virtud del cual se establece un vínculo jurídico entre la persona damnificada y la empresa de seguros.

Considerando 6 ter [nuevo] y 6 quater [nuevo]

El texto recoge las enmiendas nº 5 y 6 del Parlamento, añade una referencia al principio de que la liquidación del siniestro se haga a través del representante para la liquidación de siniestros, así como a las ventajas del mismo.

Considerando 6 quinto [nuevo]

El texto recoge la enmienda nº 7 del Parlamento, indicando claramente que la designación de representantes para la liquidación de siniestros no afecta a las normas de la legislación aplicable, ni a la competencia en materia judicial. Además, este considerando se ha mejorado, al precisar con claridad que la actividad del representante para la liquidación de siniestros no basta para asignar la competencia judicial al Estado miembro de residencia de la persona damnificada, ni presupone la aplicación de la legislación de ese Estado en relación con la liquidación del siniestro.

Considerandos 6 sexto [nuevo] y 9 [se suprime]

El considerando 6 sexto [nuevo] sustituye al considerando nono inicial. Se ha mejorado el texto con el fin de plasmar más nítidamente el hecho de que el representante para la liquidación de siniestros y el derecho de acción directa se complementan y para evitar que se interprete, erróneamente, que la existencia del citado representante conlleva la asignación de la competencia judicial al Estado miembro de residencia de la persona damnificada, interpretación que sólo cabría si así lo estableciera el Convenio de Bruselas (4) -lo que, por el momento, no es el caso- o cualquier otro acuerdo internacional sobre competencia judicial.

(4) Convenio de 27 de septiembre de 1978 sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil.

Considerando 7

Se ha modificado el texto para recoger una parte de los cambios propuestos en la enmienda nº 10. Se introducen también algunas mejoras en relación con la descripción de las facultades del representante para la liquidación de siniestros. En el nuevo texto se ha mantenido la referencia a la representación de la empresa de seguros por su representante ante los tribunales; aunque, en su estado actual, el derecho privado internacional en materia de competencia judicial no contempla la posibilidad de que la persona damnificada entable acción judicial contra el representante para la liquidación de siniestros designado en su Estado miembro de residencia, no puede descartarse que esa situación varíe (es decir, una posible modificación del Convenio de Bruselas).

Considerandos 10 y 10bis [nuevo]

Se ha modificado el texto para recoger el espíritu de las enmiendas 26 y 27, con arreglo al cual han de intensificarse las sanciones en los casos en que la empresa de seguros no responda motivadamente dentro de un cierto plazo. Se especifica la naturaleza de dichas sanciones, que han de ser sistemáticas y efectivas. Por lo que se refiere al contenido de las mismas, se hace una referencia clara a sanciones pecuniarias y administrativas equivalentes, y en el considerando 10 se relaciona toda una gama de sanciones administrativas importantes. En ese mismo considerando, se hace referencia a sanciones pecuniarias adicionales contempladas en el Derecho civil, esto es, la aplicación de intereses por demoras en el pago. Se ha adaptado el considerando para que guarde coherencia con el texto revisado del apartado 6 del artículo 3.

Considerandos 11 y 11 bis [nuevo]

Tal y como propuso el Parlamento (enmienda nº 12) se ha perfilado el texto del considerando nº 11. Se añade también una cierta aclaración en relación con la recogida de información sobre la fecha de terminación del contrato de seguro (que no necesariamente coincide con la fecha inicial de validez del mismo). Además, en el considerando nº 11 se completa el texto con una referencia al caso de los vehículos (por ejemplo, militares o para uso oficial) que se benefician de la excepción a la obligación de estar asegurados contra la responsabilidad civil frente a terceros; de este modo, se mantiene la coherencia con la versión revisada del apartado 4 del artículo 4, que contiene una nueva disposición referida a esos vehículos.

Considerando 11 ter [nuevo] y 11 quater [nuevo]

Se aclara el texto en lo que se refiere a los motivos que justifican el aporte de información sobre la persona que esté en posesión del vehículo: se ha introducido en el considerando 11 [nuevo] y en el apartado 4 del artículo 4 el concepto de interés legítimo, principio generalmente aceptado en los ordenamientos jurídicos de los diversos Estados miembros. Asimismo, se ha añadido una referencia a la Directiva 95/46/CEE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (5) , con el fin de rectificar la omisión de la propuesta inicial. Esta referencia garantiza la necesaria coherencia con las disposiciones sobre la protección de datos y con la política general de la Comisión en ese ámbito, pues, cuando se trate de un vehículo sin seguro o que no esté apropiadamente asegurado, será preciso comunicar el tratamiento que se dé a los datos personales y, en particular, al nombre y dirección del propietario o conductor habitual del vehículo, datos que se consideran de naturaleza personal. En este mismo sentido se ha modificado el artículo 4 (se introduce un nuevo apartado 5).

(5) DO L 281, de 23.11.1995, p. 31.

Considerandos 12, 12bis [nuevo] y 13

Estos considerandos se han modificado, en primer lugar, para recoger una parte de las propuestas formuladas por el Parlamento en su enmienda nº 13. En el considerando nº 13 se indica que cuando no pueda identificarse a la aseguradora podrá liquidar el siniestro también el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada, al objeto de dar facilidades a la víctima con la existencia de un sólo punto de contacto. No obstante, esta nueva regla se ha completado expresando claramente, en ese mismo considerando, que ha de respetarse el sistema vigente establecido por las directivas del sector asegurador: cuando se trate de vehículos no asegurados o que no puedan ser identificados se estará a lo dispuesto en la Directiva 84/5/CEE (6) y entrarán en juego los fondos de garantía. Con el fin de garantizar la coherencia con esa directiva, el considerando nº 13 establece claramente que la responsabilidad final recae en los fondos de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de la citada Directiva 84/5/CEE.

(6) Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles.

En segundo lugar, se ha completado el texto del considerando nº 12 [nuevo] con una referencia a un acuerdo al que han de llegar los organismos indemnizatorios sobre los sistemas de reembolso, con el fin de mantener la coherencia con la disposición equivalente del apartado 2 del artículo 5.

Artículo 1

Se ha perfilado la redacción para recoger, al menos parcialmente, la enmienda nº 15 del Parlamento y, además, aclarar lo que se entiende por "víctima" (esto es, la persona damnificada) en la propuesta inicial y garantizar la coherencia con las anteriores directivas sobre seguro de automóviles. Por lo que atañe a la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva, de manera que cubra todos los accidentes que se produzcan fuera del Estado miembro de residencia de la víctima (es decir, también los ocurridos en terceros países), se ha añadido el artículo 8bis [nuevo], en el que se establece que la Comisión deberá explorar la posibilidad de hacer esto posible mediante un acuerdo internacional y se deja patente la intención de la Comisión de estudiar esa solución. En cuanto a la definición del ámbito de aplicación del artículo 6, se amplía efectivamente su ámbito de aplicación, exclusivamente con el fin de mantener la coherencia con los artículos 6 y 7 de la Directiva 72/166/CEE (7). Con arreglo a esas disposiciones, los Estados miembros deben comprobar, en el punto de entrada a la Unión, si los vehículos de terceros países están provistos de una carta verde en vigor o un certificado de seguro "frontera". Así pues, ni la Primera Directiva sobre seguro de automóviles ni la presente directiva producen efectos extraterritoriales, pues la mención a los vehículos de terceros países se refiere sólo a su presencia temporal en el territorio de la UE y a las consecuencias de tal presencia (posibles accidentes) en ese territorio.

(7) Directiva 72/166/CEE, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.

Artículo 2

Se ha mejorado la redacción, de conformidad con la enmienda nº 16 del Parlamento Europeo.

Apartado 1 del artículo 3

Se han introducido algunas mejoras en el texto, para recoger una parte de las propuestas del Parlamento en su enmienda nº 17. Asimismo, se han tomado en consideración las enmiendas nº 18 y 19, por lo que se refiere, de un lado, a la idea de que el representante para la liquidación de siniestros debería poder comunicarse con la víctima en su propia lengua y, de otro, al hecho de que la elección de dicho representante debe dejarse plenamente en manos de la aseguradora. No obstante, en la propuesta de directiva no se recogen el resto de las sugerencias que se hacen en la enmienda nº 19 en relación con las personas físicas o jurídicas, instituciones y otro tipo de organizaciones que podrían servir para desempeñar esa misión. Tal enumeración podría dar lugar a malinterpretaciones y crear la impresión de que se trata de una lista exhaustiva, lo que no debe ser el caso.

Apartado 3 del artículo 3

Se ha mejorado el texto, de conformidad con lo sugerido por el Parlamento Europeo en su enmienda nº 20. Se ha añadido alguna aclaración adicional en relación con las normas sobre la cobertura del seguro obligatorio previstas en la Directiva 90/232/CEE (8) y su diferenciación con respecto a las normas de derecho internacional privado aplicables al accidente. Por último, se ha ampliado la lista de personas contra las que la persona damnificada puede tener motivos para reclamar y, en consecuencia, puede desear entablar acciones, y ello con objeto de tener en cuenta diversas posibilidades jurídicas, en función de las normas en vigor en los distintos Estados miembros. La última frase de este apartado recoge la sugerencia del Parlamento en su enmienda nº 25.

(8) Tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles.

Apartado 4 del artículo 3

Se ha modificado la propuesta de conformidad con lo sugerido en la enmienda nº 21 del Parlamento Europeo. La aseguradora debe ser responsable de la elección del representante y decidir si reúne o no los requisitos necesarios para el desempeño de esa función.

Apartado 5 del artículo 3

Se aclara el alcance de los poderes de representación del representante para la liquidación de siniestros ante los tribunales y las administraciones nacionales. Por autoridades nacionales se entienden tanto las administrativas como las judiciales. En relación con estas últimas, aunque la formulación actual del Convenio de Bruselas no permite entablar acción judicial en el Estado miembro de residencia de la persona damnificada, es decir, el Estado miembro del representante para la liquidación de siniestros, futuras modificaciones del mismo u otros acuerdos internacionales podrían dar esa posibilidad a la persona damnificada en el futuro. De hecho, la formulación de la directiva no debe crear un precedente que pueda tener efectos contraproducentes para esas personas en el futuro.

Apartado 6 del artículo 3

Se ha modificado el texto para recoger, al menos en su esencia, las enmiendas nº 26 y 27 del Parlamento Europeo, que proponen reforzar las sanciones para garantizar que la víctima reciba una oferta motivada en un plazo breve. Más en concreto, se especifica la índole de las sanciones, que han de ser sistemáticas y efectivas. Esto supone que las autoridades nacionales estarán indefectiblemente obligadas a imponer sanciones, sin que puedan establecer excepciones frente a ese principio. Lógicamente, conservarán un cierto margen discrecional por lo que se refiere a la gravedad de la sanción, que variará en función de las circunstancias. En cuanto al contenido de las sanciones, se ha añadido una referencia clara a sanciones pecuniarias y administrativas equivalentes; en el considerando nº 10 se incluye una lista de una variada gama de sanciones administrativas importantes, con el fin de hacer más explícito el significado de "efecto equivalente".

Es necesario fijar sanciones específicas para circunstancias precisas, con el fin de establecer una distinción frente a la cláusula general sobre sanciones prevista en el artículo 9 de la propuesta.

Además, hay que distinguir entre, por un lado, las sanciones pecuniarias previstas en el párrafo primero del apartado 6 del presente artículo, que pueden concretarse en las sanciones administrativas propias de los usos jurídicos de cada Estado miembro o, más raramente, en sanciones específicas contempladas en el Derecho civil (por ejemplo, en Francia, la "loi Badinter"), y, por otro lado, los intereses de demora que deben abonarse si se producen retrasos en los pagos y que, en la mayoría de Estados miembros, están previstos en las normas generales de Derecho civil. El texto especifica la naturaleza de esas sanciones, para dotar de mayor efectividad a la Directiva, pero no hace referencia alguna a las modalidades de aplicación, aspecto que se prevé solucionen, en virtud del principio de subsidiariedad, las disposiciones nacionales de Derecho civil y administrativo. Se ha añadido también una referencia explícita a los intereses de demora en el párrafo último del apartado 6 del artículo 3.

Por otra parte, en el primer guión del párrafo primero del apartado 6 del artículo 3 se indica claramente que la oferta de la aseguradora debe ser motivada; del mismo modo, en el segundo guión se ha sustituido la palabra "apropiadamente" por "motivada". Esta palabra refleja mejor la intención de la Comisión de establecer la obligación de que la aseguradora motive sus respuestas en lo que se refiere a su intervención o su negativa a indemnizar los daños sufridos por la persona damnificada. Debe explicar de qué modo ha calculado el alcance del daño o las razones por las que considera que debe satisfacer sólo en parte, y no íntegramente, la reclamación de la persona damnificada. Como es lógico, si, tras recibir la respuesta motivada de la aseguradora, la víctima discrepa sobre el alcance de la responsabilidad o el importe de la indemnización, el litigio ha de resolverse ante los tribunales nacionales competentes y de conformidad con las normas nacionales. En ese caso, el juez o el legislador nacional pueden disponer, por ejemplo, que, si la persona damnificada no responde al llamamiento legítimo hecho por la aseguradora o su representante para la liquidación de siniestros de cara a concluir el procedimiento de indemnización, el plazo de tres meses quede en suspenso. Asimismo, los Estados miembros pueden prever que, en los casos en que no se ponga en duda el alcance de la responsabilidad, pero los daños no hayan sido plenamente cuantificados, se otorgue una indemnización provisional a la víctima, como anticipo sobre el importe final de la indemnización.

Apartado 7 del artículo 3

El texto se ha reformulado y completado para aclarar que la existencia de un representante para la liquidación de siniestros no supone la existencia de un establecimiento -principal o secundario- de la aseguradora, ni desde el punto de vista de las disposiciones de derecho sustantivo (referencia a la Tercera (9) y Segunda (10) Directivas sobre seguro no de vida), ni con arreglo a las normas que rigen la atribución de la competencia judicial (referencia al Convenio de Bruselas).

(9) Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida).

(10) Segunda Directiva 88/357/CEE, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE

Apartado 1 del artículo 4

Se ha mejorado la presentación del texto; además, la referencia a "vehículos automóviles matriculados en ese Estado miembro" se ha sustituido por las letras a) y b), pues tanto el número de la matrícula, como el número de la póliza de seguro son necesarios para que un vehículo pueda circular legalmente en el territorio de la UE. Se hace también referencia al período de validez de la cobertura de seguro (que, en muchos casos, no necesariamente coincide con la fecha de expiración de la validez de la propia póliza), con el fin de atender, al menos en su esencia, a la sugerencia del Parlamento Europeo en su enmienda nº 29. El texto se ha modificado también, de conformidad con la enmienda nº 28 del Parlamento, para añadir una referencia a los vehículos que no están obligados a estar asegurados, como es el caso de los vehículos militares y para uso oficial; se han añadido las letras d) y e) para contemplar todas las posibles variaciones y excepciones en torno al deber de aseguramiento contra la responsabilidad civil frente a terceros previsto en la Directiva 72/166/EEC.

Apartado 2 del artículo 4

Se ha mejorado la presentación del texto. Además, se ha incluido una referencia al período de validez, para recoger la enmienda nº 29 del Parlamento. Sin embargo, la obligación prevista en la propuesta modificada se diferencia de la propuesta del Parlamento Europeo en el alcance de la obligación que se impone a la aseguradora; con arreglo a la citada enmienda del Parlamento, la aseguradora debe proporcionar continuamente al organismo de información los datos sobre la validez de los contratos nuevos o ya existentes, mientras que la propuesta de la Comisión se decanta por una solución más simple. Partiendo de la hipótesis de que todo contrato de seguros es válido y se renueva automáticamente si no media rescisión, con arreglo a las condiciones y plazos previstos en dicho contrato, la aseguradora no está obligada a comunicar al organismo de información que el contrato sigue vigente, sino, simplemente, informarle de la terminación del mismo. De este modo, la falta de información sobre la terminación del contrato implica que éste está vigente. Ello facilita también la labor de la aseguradora, que, en la práctica, sólo estará obligada a comunicar información sobre la celebración de nuevos contratos (comunicación del número de las pólizas) y la terminación de los antiguos (fecha de expiración), pero no su renovación automática.

Apartados 3 y 4 [nuevo] del artículo 4

Se ha mejorado la presentación del apartado 3, tal y como se sugería en la enmienda nº 30 del Parlamento Europeo. En ese apartado se ha incluido la enmienda nº 31 del Parlamento, con arreglo a la cual se impone a los Estados miembros la obligación de velar por que los centros de información respondan con prontitud a la reclamación de la persona damnificada. Además, se añade un apartado 4 adicional referido a los casos en que está justificado facilitar a la persona damnificada más información que la necesaria para ejercer el derecho de acción directa u obtener indemnización a través del representante para la liquidación de siniestros. La persona damnificada debe tener un interés legítimo, esto es, debe demostrar que la única forma de obtener indemnización es denunciar ante los tribunales al responsable. Si esta parte se hace más explícita es para, por un lado, tomar en consideración los requisitos que, para la protección de los datos, debe cumplir el tratamiento de datos personales, tales como el nombre y dirección de la persona responsable, y, por otro lado, para garantizar que la persona damnificada obtenga indemnización. El interés legítimo es un principio generalmente reconocido en las legislaciones de los diversos Estados miembros, tanto en el Derecho administrativo como en el civil.

Apartado 5 [nuevo] del artículo 4

Se ha corregido la omisión existente en la propuesta inicial, esto es, que ha de cumplirse con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CEE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Gracias a esta referencia, se garantiza la necesaria coherencia con las disposiciones sobre la protección de datos, pues, en el caso de un vehículo no asegurado o indebidamente asegurado, han de comunicarse a la persona damnificada datos personales y, más en concreto, el nombre y dirección, del propietario o conductor habitual del vehículo.

Apartados 1, 2 y 3 del artículo 5

Se ha mejorado la presentación del texto. Se ha aceptado parcialmente la enmienda nº 33 del Parlamento Europeo, del siguiente modo:

- En el apartado 1 se especifica que el organismo indemnizatorio no deberá intervenir en los casos en que la víctima y la aseguradora hayan iniciado ya conversaciones sobre el importe de la indemnización, o si el litigio ya está en manos de los tribunales. El organismo indemnizatorio no tiene poderes judiciales.

- Se ha aceptado también la propuesta de que los organismos indemnizatorios puedan celebrar acuerdos sobre los sistemas de reembolso. El texto de esta Directiva debe ser autónomo, independiente de otros compromisos internacionales que puedan existir entre esos mismos organismos en contextos diferentes (Acuerdo Multilateral de Garantía de 1991). Esto tiene la ventaja añadida de la simplificación, lo que facilita la comprensión del texto.

Además, se ha ampliado la lista de personas que deben ser informadas de que el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada va a intervenir, pues, por un lado, se añade la persona responsable del accidente (esto puede servir para ejercer presión sobre la aseguradora) y, por otro, el organismo indemnizatorio del Estado miembro de establecimiento de la aseguradora, ya que ese organismo se verá involucrado en el proceso destinado a obtener el reembolso de la aseguradora.

Asimismo, se aclara en qué Estado miembro ha de efectuar la aseguradora el reembolso. Al objeto de ejercer una mayor presión sobre la aseguradora que ha incumplido sus obligaciones, es esencial que el reembolso se reclame al establecimiento que, en la práctica, ha emitido el contrato y que no necesariamente será la sede central.

Se ha completado el mecanismo de subrogación previsto en el apartado 2 del artículo 5. Se establece la obligación de que todos los Estados miembros reconozcan el derecho a subrogarse en los derechos de la persona damnificada que asiste al organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de esa persona y, en consecuencia, a su organismo homólogo en el Estado miembro de establecimiento de la aseguradora que haya emitido el contrato. Efectivamente, es necesario que la subrogación esté prevista en el ordenamiento jurídico del país que designa a un organismo indemnizatorio facultado para solicitar el reembolso de la indemnización (esto es, el Estado miembro de residencia de la persona damnificada); sin embargo, se plantea entonces un problema de reconocimiento en el país del accidente (la valoración del siniestro se hace generalmente aplicando la legislación de este último país) y en el Estado miembro de establecimiento de la aseguradora que haya emitido el contrato, pues es en éste en el que podrá entablarse acción de repetición contra la aseguradora de la persona responsable. La viabilidad del sistema de organismos indemnizatorios depende del derecho efectivo a entablar acción de repetición con respecto al importe de la indemnización y, en consecuencia, del reconocimiento mutuo de la subrogación.

Por último, siguiendo el ejemplo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 72/166/CEE, la Comisión debe adoptar una decisión sobre la fecha de entrada en vigor del acuerdo que han de firmar los organismos indemnizatorios de los Estados miembros. Este acto jurídico es imprescindible para que un acuerdo privado surta efecto en el territorio de la UE.

Artículo 6

Por cuanto se refiere a los casos en que no es posible identificar a la aseguradora, la Comisión ha aceptado la sugerencia del Parlamento Europeo en su enmienda nº 33, en el sentido de dar a la persona damnificada la posibilidad de utilizar el mecanismo de los organismos indemnizatorios, siempre y cuando se respeten las disposiciones vigentes de las directivas sobre seguros: con respecto a los vehículos no asegurados o no identificados se estará a lo dispuesto en la Directiva 84/5/CEE y entra en juego la competencia de los fondos de garantía. Con el fin de facilitar las cosas a la víctima y establecer un sólo punto de contacto, se ha aceptado la intervención del organismo indemnizatorio, pero la responsabilidad final recae sobre los fondos de garantía, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE.

No obstante, contrariamente a lo sugerido en la enmienda nº 34, se mantiene la referencia precisa al apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE, para dejar claro que cuando se trate de vehículos no identificados o no asegurados la responsabilidad de indemnizar a la persona damnificada recae sobre el fondo de garantía y no sobre el organismo indemnizatorio previsto en la presente directiva. Sin embargo, la idea expresada en la enmienda nº 33, esto es, que la persona damnificada tenga la posibilidad de reclamar incluso en los casos en que no pueda identificarse a la aseguradora, es aceptable a condición de que, a continuación, ya no entre en juego el mecanismo de los organismos indemnizatorios, sino que la responsabilidad última de reembolsar al organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada recaiga sobre los fondos de garantía responsables (del Estado miembro del accidente o del Estado miembro de matriculación del vehículo responsable).

Se han introducido en el artículo 6 otras dos modificaciones. En primer lugar, para acelerar los procedimientos y evitar largos períodos de incertidumbre, se fija un plazo único al que deberán atenerse todos los Estados miembros a la hora de decidir que la aseguradora no ha sido identificada. En segundo lugar, se introduce una corrección, al estipular que, en el caso de vehículos de terceros países, la responsabilidad de indemnizar por los daños ocasionados por vehículos no asegurados o inidentificados corresponde a los fondos de garantía y no a las oficinas de la carta verde. Efectivamente, la obligación de comprobar, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Directiva 72/166/CEE, si los vehículos de terceros países están provistos de una carta verde en vigor o un certificado de seguro "frontera" incumbe a los Estados miembros, es decir, a las autoridades nacionales, y no a las aseguradoras en virtud de acuerdos privados (sistema de la carta verde). Por tanto, también en este caso el responsable de cubrir los accidentes causados por vehículos de terceros países .es el fondo de garantía, cuya misión es hacer frente a las posibles deficiencias que presente el sistema de garantía de indemnizaciones previsto en las directivas sobre seguros de la UE y que establece el seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros.

Artículo 8 bis [nuevo]

Se ha tomado en consideración parcialmente la enmienda nº 4 del Parlamento Europeo. Aunque no hace extensivo el ámbito de aplicación de la presente directiva a los accidentes ocurridos en terceros países, la Comisión acepta en el artículo 8bis [nuevo] explorar la posibilidad de que lo establecido en esta directiva pueda aplicarse también, mediante un acuerdo internacional, a las personas residentes en un Estado miembro que resulten damnificadas en accidentes de la circulación que ocurran en terceros países y hayan sido ocasionados por un vehículo asegurado cuyo estacionamiento habitual esté en un Estado miembro que no sea el de residencia de dichas personas.

En realidad, aun cuando todos los factores (Estado miembro de residencia de la víctima, Estado miembro del accidente, Estado miembro de la aseguradora) que intervienen en el funcionamiento de los mecanismos propuestos por la directiva (representante para la liquidación de siniestros, organismo de información, organismo indemnizatorio) estén situados en el territorio de la UE, se plantearán problemas. En primer lugar, por lo que se refiere a la legislación aplicable. En la mayoría de los casos, será la del Estado miembro del accidente. Si el accidente ocurre fuera del territorio de la UE, el representante para la liquidación de siniestros tendrá que resolver la reclamación con arreglo a una legislación con la que probablemente no estará familiarizado, por tratarse de la legislación de un tercer país. Con arreglo a la actual propuesta, el representante para la liquidación de siniestros sólo debe estar familiarizado con los principios básicos de la legislación sobre seguro de automóviles de los quince Estados miembros; sin embargo, si se introdujera lo propuesto por el Parlamento, ello supondría que, siempre que se presente esa situación, sería necesario hacer averiguaciones adicionales, caso por caso, sobre los principios aplicables en la legislación del tercer país dado. Esto comportaría infraestructura adicional y, por tanto, mayores costes para el sector de seguros, así como una resolución más bien lenta de la reclamación de la persona damnificada.

En segundo lugar, la situación se complica si el litigio no puede resolverse mediante acuerdos extrajudiciales, sino que ha de dirimirse ante los tribunales. Pueden surgir problemas a la hora de asignar la competencia judicial a los tribunales nacionales para juzgar el caso. En estos casos no será de aplicación el Convenio de Bruselas; esto supone que, al no existir normas armonizadas de derecho privado internacional que puedan aplicarse, la competencia judicial viene determinada por el ordenamiento jurídico interno, incluido el del tercer país considerado. En este sentido, no existe certeza jurídica en cuanto al juez competente, salvo que sean de aplicación otros acuerdos internacionales. Por ello, en esas circunstancias, la mejor solución es probablemente un acuerdo internacional, entre los Estados miembros de la UE y uno o varios terceros países, que resuelva el problema de la competencia judicial.

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE

PROPUESTA INICIAL // PROPUESTA MODIFICADA

El PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, // NO SE MODIFICA

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 del artículo 57 y el artículo 100A,

Vista la propuesta de la Comisión, (11)

(11) DO C...

Visto el dictamen del Comité Económico y Social, (12)

(12) DO C....

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 189 B del Tratado,

//

Considerando que actualmente existen diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles que obstaculizan la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios en el sector asegurador;

// NO SE MODIFICA

Considerando que, por consiguiente, es necesario aproximar las citadas legislaciones, para facilitar el funcionamiento del mercado interior, // NO SE MODIFICA

Considerando que, mediante la Directiva 72/166/CEE, (13) cuya última modificación la constituye la Directiva 90/232/CEE, (14) el Consejo adoptó disposiciones relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar esa responsabilidad;

(13) DO L 103, de 2.5.1972, p. 1.

(14) DO L 129, de 19.5.1990, p. 33.

// NO SE MODIFICA

Considerando que, mediante la Directiva 88/357/CEE, (15) cuya última modificación la constituye la Directiva 92/49/CEE, (16) el Consejo adoptó normas sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y sobre el ejercicio de la libre prestación de servicios; // NO SE MODIFICA

(15) DO L 172, de 4.7.1988, p. 1.

(16) DO L 228, de 11.8.1992, p. 1.

// Considerando que gracias al sistema de oficinas de carta verde se garantiza la rápida liquidación de siniestros en el propio país de la persona damnificada, incluso en los casos en que el tercero responsable proceda de otro país europeo;

Considerando que el sistema de oficinas de carta verde no resuelve todos los problemas de la persona damnificada en los casos en que ha de reclamar en otro país contra un tercero residente en el mismo y una empresa de seguros autorizada en él (un sistema jurídico y un idioma extranjeros, un procedimiento de liquidación desconocido y, a menudo, un retraso excesivo en la liquidación);

Considerando que, mediante su Resolución "sobre la reparación de los daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima", de 26 de octubre de 1995, (17) el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138 B del Tratado CE, de solicitar a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se abordara el citado tema;

(17) DO L 308, de 20.11.1995, p. 108.

// Considerando que, mediante su Resolución sobre la reparación de los daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima, de 26 de octubre de 1995, (18) el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138 B del Tratado CE, de solicitar a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para dar solución a ese problema;

(18) DO L 308, de 20.11.1995, p. 108.

Considerando que, efectivamente, resulta oportuno completar el régimen instaurado por las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE (19) y 90/232/CEE, a fin de garantizar a las víctimas de accidentes de la circulación un trato comparable, sea cual sea el lugar de la Comunidad en que haya ocurrido el accidente; que existen lagunas en lo que se refiere a la liquidación de siniestros en los casos de accidentes ocurridos en un Estado miembro distinto del de residencia de la víctima; // Considerando que resulta oportuno completar el régimen instaurado por las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE (20) y 90/232/CEE, a fin de garantizar a las personas damnificadas que sufran daños o perjuicios como consecuencia de un accidente provocado por un vehículo automóvil un trato comparable, independientemente del lugar de la Comunidad en que se produzca el accidente; que existen lagunas en lo que se refiere a la liquidación de siniestros en los casos de accidentes ocurridos en un Estado miembro distinto del de residencia de la víctima;

(19) DO L 8, de 11.1.1984, p. 17.

(20) DO L 8, de 11.1.1984, p. 17.

// Considerando que, como complemento de las medidas ya previstas, es necesario otorgar a la persona damnificada el derecho a entablar acción directa contra la empresa de seguros del tercero responsable;

// Considerando que una solución satisfactoria podría ser autorizar a las personas damnificadas que sufran daños o perjuicios como consecuencia de un accidente ocasionado por un vehículo automóvil en un Estado miembro que no sea el suyo de residencia a reclamar en su Estado miembro de residencia contra un representante para la liquidación de siniestros designado en dicho Estado miembro por la empresa de seguros del tercero responsable;

// Considerando que esa solución permitiría que los daños sufridos por la persona damnificada fuera de su Estado miembro de residencia fueran objeto de procedimientos conocidos de la misma;

// Considerando que el sistema de disponer de representantes para la liquidación de siniestros en el país de residencia de la persona damnificada no afecta al derecho sustantivo aplicable en cada caso individual, ni a la competencia en materia judicial; que las actividades del representante para la liquidación de siniestros no bastan para asignar la competencia judicial al Estado miembro de residencia de la parte damnificada si no está así establecido en las normas de derecho internacional privado sobre atribución de competencias judiciales;

// Considerando que dar a la persona damnificada que haya sufrido daños o perjuicios la posibilidad de entablar acción directa contra la empresa de seguros es el lógico complemento a la designación de tales representantes y, además, mejora la situación jurídica de las víctimas de accidentes de la circulación ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia;

Considerando que, para colmar dichas lagunas, al menos en parte, procede establecer la obligación de que el Estado miembro de establecimiento de la empresa de seguros exija a ésta que designe representantes, que residan o estén establecidos en los demás Estados miembros, encargados de recoger toda la información necesaria en relación con los citados siniestros y que dispongan de poderes suficientes para representar a la empresa ante las personas damnificadas, incluido en lo relativo al pago de indemnizaciones, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales (siempre y cuando ello sea compatible con las normas de Derecho internacional privado sobre la atribución de competencias jurisdiccionales) y ante las autoridades de dicho Estado miembro en lo que se refiere a tales siniestros; // Considerando que, para colmar las lagunas antes mencionadas, procede establecer la obligación de que el Estado miembro en el que la empresa de seguros esté autorizada exija a ésta que designe representantes para la liquidación de siniestros, que residan o estén establecidos en los demás Estados miembros, encargados de recoger toda la información necesaria en relación con los siniestros derivados de los citados accidentes y de adoptar las medidas oportunas para liquidar el siniestro en nombre y representación de la empresa de seguros, inclusive en lo relativo al pago de indemnizaciones; que los representantes para la liquidación de siniestros deben disponer de poderes suficientes para representar a la empresa ante las personas damnificadas en esos accidentes, así como ante las autoridades nacionales, incluso, en su caso, ante los tribunales (siempre y cuando ello sea compatible con las normas de derecho internacional privado sobre atribución de competencias judiciales);

Considerando que la designación de representantes para la liquidación de siniestros forma parte de las condiciones de acceso a la actividad de seguro en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, y de ejercicio de la misma; que, por tanto, ese requisito está cubierto por la autorización administrativa única, concedida por las autoridades del Estado miembro en que se halle el domicilio social de la empresa de seguros, según se define en el Título II de la Directiva 92/49/EEC; que dicho requistito es igualmente válido en lo que se refiere a las empresas cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad y que hayan sido autorizadas a operar en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad; que se modifican y completan, a este respecto, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE;

// NO SE MODIFICA

Considerando que dar a la víctima la posibilidad de emprender acciones directas contra la empresa de seguros es el lógico requisito previo a la designación de tales representantes; que dicha posibilidad mejoraría la situación jurídica de las víctimas de accidentes de la circulación ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia;

// SE SUPRIME

Considerando que, además de garantizar la existencia de un interlocutor, representante de la empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, procede garantizar la sustancia misma del derecho de la víctima, esto es, la resolución del litigio en el plazo más breve posible; que, por consiguiente, las legislaciones nacionales deben prever la aplicación de sanciones apropiadas a la empresa de seguros responsable, en el supuesto de que ésta incumpla la obligación de presentar una oferta de indemnización en un plazo razonable; que, no obstante, para que la empresa de seguros pueda presentar una oferta válida en los plazos previstos, ni la responsabilidad ni los daños sufridos deben estar sujetos a controversia; // Considerando que, además de garantizar la existencia de un interlocutor, representante de la empresa de seguros en el país de residencia de la persona damnificada, procede garantizar el derecho específico de esa persona a que el litigio se resuelva en el plazo más breve posible; que, por consiguiente, las legislaciones nacionales deben prever la aplicación de sanciones apropiadas, efectivas y sistemáticas, de naturaleza pecuniaria o administrativa equivalente, tales como requerimiento acompañado de multas administrativas, obligación de informar a las autoridades de supervisión periódicamente, inspecciones in situ, publicación en el Diario Oficial y en la prensa, suspensión de las actividades de la empresa (prohibición de celebrar nuevos contratos durante un cierto período), designación de un representante especial de las autoridades de supervisión con la misión de comprobar que la actividad se desarrolla conforme a lo previsto en la legislación en materia de seguros, retirada de la autorización para ese ramo, sanciones a los consejeros y al personal directivo, sanciones todas ellas aplicadas a la empresa de seguros en el supuesto de que ella o su representante incumplan la obligación de presentar una oferta de indemnización en un plazo razonable; que cuanto acaba de señalarse se establece sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra medida -en particular, de las contempladas en la normativa en materia de supervisión- que se considere oportuna; que, no obstante, para que la empresa de seguros pueda presentar una oferta válida en los plazos previstos, ni la responsabilidad ni los daños sufridos deben estar sujetos a controversia;

Considerando que, además de las citadas sanciones, resulta oportuno prever que se pague un interés sobre el importe de la indemnización ofrecida por la empresa de seguros u otorgada por el juez al asegurado, en los casos en que la oferta no haya sido realizada dentro del plazo establecido; que, en el supuesto de que los Estados miembros cuenten con disposiciones nacionales que prevean la aplicación de un interés, la presente disposición podrá incorporarse mediante una referencia a dichas disposiciones; que la oferta efectuada por el organismo indemnizatorio en respuesta a la reclamación de la persona damnificada elimina la necesidad de exigir el pago de intereses sobre el importe de la indemnización;

Considerando que las víctimas de accidentes de la circulación a veces tienen dificultad para averiguar el nombre de la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil derivada del uso de un vehículo automóvil implicado en un accidente; que, en interés de dichas víctimas, procede que los Estados miembros creen organismos de información que permitan disponer de esos datos prontamente; que estos organismos de información deben aportar también a las víctimas información sobre los representantes para la liquidación de siniestros; que es necesario que dichos organismos cooperen entre sí y obren con rapidez frente a las reclamaciones de indemnización que les sean presentadas por organismos de información situados en otros Estados miembros; // Considerando que las personas damnificadas en accidentes de la circulación tienen a veces dificultad para averiguar el nombre de la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil derivada del uso de un vehículo automóvil implicado en un accidente; que, en interés de dichas personas, procede que los Estados miembros creen organismos de información que permitan disponer de esos datos prontamente; que estos organismos de información deben aportar también a las personas damnificadas información sobre los representantes para la liquidación de siniestros; que es necesario que dichos organismos cooperen entre sí y obren con rapidez frente a las reclamaciones de indemnización que les sean presentadas por organismos de información situados en otros Estados miembros; que resulta oportuno recabar información sobre la terminación real de la cobertura de seguro, pero no sobre la expiración del plazo inicial de validez de la póliza si la duración de ésta se prorroga por no haber sido cancelada;

Considerando que deben establecerse disposiciones especiales en relación con los vehículos (por ejemplo, militares o para uso oficial) que estén exentos de la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros;

// Considerando que la persona damnificada puede estar legítimamente interesada en que se le informe sobre la identidad del propietario o conductor habitual del vehículo, o del títular de la matrícula, por ejemplo en el supuesto de que pueda obtener indemnización sólo de estas personas, bien porque el vehículo no esté debidamente asegurado, bien porque los daños sean superiores al importe asegurado, deberá también facilitarse esta información;

Considerando que algunos de los datos facilitados, tales como el nombre y dirección del propietario o conductor habitual del vehículo y el número de la póliza de seguro o de matriculación del vehículo, se incluyen entre los datos a que se refiere la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; que, en consecuencia, el tratamiento de los datos de esa índole que sea necesario efectuar a los efectos de la presente Directiva debe ajustarse a lo establecido en las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de lo previsto en la citada Directiva 95/46/CE;

Considerando que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros no haya designado un representante o recurra manifiestamente a tácticas dilatorias; que, en tales casos, es importante que la víctima pueda dirigirse directamente a dicho organismo; que procede otorgar al citado organismo el derecho de subrogación, en la medida en que haya procedido a indemnizar a la víctima; que, a fin de facilitar las acciones frente a la empresa de seguros, el orgnismo indemnizatorio del país de la víctima tiene el derecho automático de reembolso, y su organismo homólogo en el país donde se halle el domicilio social de la empresa de seguros el derecho a subrogarse en los derechos de la víctima; que este último organismo está mejor situado para entablar acción de repetición contra la empresa de seguros; // Considerando que es necesario prever un organismo indemnizatorio que garantice que la persona damnificada no se quede sin indemnización, al que dicha persona pueda dirigirse en los casos en que la empresa de seguros no haya designado un representante o recurra manifiestamente a tácticas dilatorias; que la intervención del órgano indemnizatorio debe limitarse a los raros casos en que la empresa de seguros haya incumplido sus obligaciones pese al efecto disuasorio de las sanciones previstas; que la función desempeñada por el organismo indemnizatorio es la de liquidar los siniestros ocurridos en el extranjero sólo en aquellos casos en que sea posible una comprobación objetiva; que, en consecuencia, ese organismo debe limitar su actividad a verificar que el representante para la liquidación de siniestros haya efectuado una oferta de indemnización dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos previstos, sin entrar en valoraciones;

Considerando que resulta oportuno otorgar a ese organismo el derecho de subrogación, en la medida en que haya indemnizado a la persona damnificada; que, a fin de facilitar que la empresa de seguros dé satisfacción a la reclamación, en los casos en que no haya designado un representante o recurra manifiestamente a tácticas dilatorias, el organismo indemnizatorio del Estado de la persona damnificada debe tener el derecho automático de reembolso y su organismo homólogo en el Estado donde se halle el domicilio social de la empresa de seguros el derecho a subrogarse en los derechos de la citada persona; que este último organismo está mejor situado para entablar acción de repetición contra la empresa de seguros; que este sistema puede hacerse efectivo mediante acuerdo entre los organismos indemnizatorios creados o autorizados por los Estados miembros, en relación con sus funciones y obligaciones y las modalidades de reembolso;

Considerando que es necesario que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros del vehículo causante del siniestro no haya podido ser identificada; que está justiticado prever que el deudor final del importe pagado para indemnizar a la víctima sea un organismo situado en el Estado miembro en el que el vehículo no asegurado que haya provocado el accidente tenga su estacionamiento habitual, // Considerando que, cuando sea imposible identificar a la empresa de seguros del vehículo, el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada debe también liquidar el siniestro; que debe preverse que el deudor final del importe pagado para indemnizar a la víctima sea el fondo de garantía previsto en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE y situado en el Estado miembro en el que el vehículo no asegurado que haya provocado el accidente tenga su estacionamiento habitual,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: // HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva tiene por objeto establecer disposiciones específicas en relación con las víctimas de siniestros:

a) // acaecidos en un Estado miembro que no sea el de residencia de dichas víctimas, y

b) // ocasionados por un vehículo

- // asegurado por una empresa de seguros establecida en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y

- // matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima. // Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva tiene por objeto establecer disposiciones específicas en relación con las personas damnificadas que tengan derecho a indemnización por daños o perjuicios derivados de accidentes de la circulación:

a) // acaecidos en un Estado miembro que no sea el de residencia de tales personas, y

b) // ocasionados por un vehículo

- // asegurado por una empresa de seguros establecida en un Estado miembro que no sea el de residencia de la persona damnificada, y

- // cuyo estacionamiento habitual esté situado en un Estado miembro que no sea el de residencia de esa persona.

El artículo 6 será también de aplicación en relación con los accidentes causados por vehículos de terceros países que entren en el ámbito de aplicación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 72/166/CEE.

Artículo 2

Los Estados miembros velarán por que toda persona víctima de un siniestro, según se define en el artículo 1 de la presente Directiva, tenga derecho a interponer una acción directa contra la empresa de seguros del tercero a quien corresponda la responsabilidad civil; // Artículo 2

Los Estados miembros velarán por que toda persona damnificada como consecuencia de un accidente, según se define en el artículo 1 de [la presente] Directiva ..., tenga derecho a interponer acción directa contra la empresa que asegure la responsabilidad civil del tercero o terceros causantes del accidente;

Artículo 3

1. // Los Estados miembros velarán por que toda empresa de seguros autorizada, en virtud de lo dispuesto en:

- // el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, modificado por el artículo 4 de la Directiva 92/49/CEE, para cubrir los riesgos comprendidos en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, salvo el derivado de la responsabilidad civil del transportista, o

- // el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva 73/239/CEE,

designe libremente en todos los Estados miembros, salvo aquel en el que haya obtenido la autorización, un órgano (en lo sucesivo denominado "el representante para la liquidación de siniestros"). Este órgano estará encargado de tramitar y liquidar los siniestros originados por accidentes ocurridos en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima y causados por un vehículo asegurado por dicha empresa y matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima. El representante para la liquidación de siniestros deberá residir o estar establecido en el Estado miembro de residencia de la víctima.

// Artículo 3

1. // Los Estados miembros velarán por que toda empresa de seguros autorizada, en virtud de lo dispuesto en:

- // el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, modificado por el artículo 4 de la Directiva 92/49/CEE para cubrir los riesgos comprendidos en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, salvo el derivado de la responsabilidad civil del transportista, o

- // el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva 73/239/CEE,

designe libremente en todos los Estados miembros, salvo aquel en el que haya obtenido la autorización formal, un representante para la liquidación de siniestros. La empresa de seguros tendrá plena libertad para elegir al representante para la liquidación de siniestros. El representante estará encargado, en nombre y representacion de la empresa de seguros, de tramitar y liquidar los siniestros originados por accidentes de la circulación, según se definen en el artículo 1 de la presente Directiva. El representante para la liquidación de siniestros deberá residir o estar establecido en el Estado miembro de residencia de la persona damnificada.

// El representante para la liquidación de siniestros podrá actuar en nombre de una o varias empresas de seguros.

Deberá estar capacitado para examinar el caso en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de residencia de la persona damnificada.

2. // La Directiva 73/239/CEE se modificará del modo siguiente:

a) // Se añadirá al apartado 1 del artículo 8 la letra siguiente:

"f) // faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 de la sección A del anexo".

b) // Se añadirá al apartado 2 del artículo 23 la letra siguiente:

"h) // faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 de la sección A del anexo".

// NO SE MODIFICA

3. // El representante para la liquidación de siniestros deberá recabar toda la información necesaria en relación con la reclamación de indemnización y adoptará las medidas necesarias para negociar la liquidación del siniestro con arreglo a las instrucciones recibidas de la empresa de seguros afectada, así como a las normas en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil previstas en el último párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y a las normas nacionales sobre responsabilidad civil aplicables al accidente. La obligatoriedad de un representante no será obstáculo para que la víctima o su empresa de seguros puedan entablar acción directa contra el autor del daño o su empresa de seguros.

// 3. // El representante para la liquidación de siniestros deberá recabar toda la información necesaria en relación con la reclamación de indemnización y adoptará las medidas necesarias para negociar y efectuar la liquidación del siniestro. Deberá actuar con arreglo a las instrucciones recibidas de la empresa de seguros afectada, así como a las normas en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil previstas en el párrafo último del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y a las normas de derecho internacional privado sobre responsabilidad civil aplicables al accidente. La obligatoriedad de designar un representante no será obstáculo para que la persona damnificada o su empresa de seguros puedan entablar acción directa contra el conductor responsable del accidente, el propietario o títular de la matrícula del vehículo o la empresa de seguros que facilite la cobertura frente a la responsabilidad civil.

4. // El representante para la liquidación de siniestros deberá estar debidamente cualificado. Deberá estar dotado de los medios necesarios para desempeñar las funciones previstas en el presente artículo. // SE SUPRIME

5. // El representante para liquidación de siniestros deberá disponer de poderes suficientes para representar a la empresa de seguros ante las personas damnificadas que puedan reclamar indemnización, incluido el pago liberatorio de dicha indemnización, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales, en lo que se refiere a la reclamación de indemnización, en la medida en que ello sea compatible con el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil (21) y con otras normas de derecho internacional privado relativas a la atribución de competencias judiciales, y ante las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio representa a la empresa de seguros. // 5. // El representante para la liquidación de siniestros deberá disponer de poderes suficientes para representar a la empresa de seguros ante las personas damnificadas en los supuestos mencionados en el artículo 1, inclusive para efectuar el pago liberatorio de la indemnización; deberá estar dotado de poderes suficientes para representar a la empresa de seguros ante las autoridades nacionales.

(21) DO L 299, 31.12.1972.

6. // Los Estados miembros deberán prever obligaciones, so pena de sanción, a fin de velar por que, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la víctima notifique su reclamación de indemnización, ya sea directamente a la empresa de seguros responsable, ya al representante para la liquidación de siniestros:

- la empresa de seguros del responsable o su representante para la liquidación de siniestros presenten una oferta de indemnización, en el supuesto de que se haya determinado la responsabilidad y el daño;

- la empresa de seguros a la que se haya presentado la reclamación de indemnización o su representante para la liquidación de siniestros respondan apropiadamente a lo suscitado en la reclamación, en el supuesto de que no se haya determinado claramente la responsabilidad y no se haya cuantificado plenamente el daño sufrido por la víctima.

// 6. // Los Estados miembros deberán prever obligaciones, so pena de imposición de sanciones apropiadas, efectivas y sistemáticas, de naturaleza pecuniaria o administrativa equivalente, a fin de velar por que, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la persona damnificada presente su reclamación de indemnización, ya sea directamente a la empresa de seguros de la persona causante del accidente, ya al representante para la liquidación de siniestros:

- la empresa de seguros del responsable o su representante para la liquidación de siniestros presenten una oferta motivada de indemnización, en el supuesto de que se haya determinado la responsabilidad y cuantificado el daño;

- la empresa de seguros a la que se haya presentado la reclamación de indemnización o su representante para la liquidación de siniestros den una respuesta motivada a lo suscitado en la reclamación, en el supuesto de que no se haya determinado claramente la responsabilidad y no se haya cuantificado plenamente el daño.

// Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para velar por que, en los casos en que no se haga una oferta en el plazo de tres meses previsto en el apartado 6 del presente artículo, se pague a la persona damnificada un interés sobre el importe de la indemnización ofrecida por la empresa de seguros o acordada por el juez.

7. // Será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4 del artículo 12bis de la Directiva 88/357/CEE. // 7. // La designación de un representante para la liquidación de siniestros no equivaldrá, en sí misma, a la apertura de una sucursal, en el sentido de lo previsto en la letra b) del artículo 1 de la Directiva 92/49/CEE, y dicho representante no se considerará un establecimiento en el sentido de lo dispuesto en la letra c) del artículo 2 de la Directiva 88/357/CEE, ni en el sentido de lo previsto en el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. (22)

(22) DO C 27, de 26.2.98, p. 1 ( versión consolidada)

Artículo 4

Organismo de información

1. // Cada uno de los Estados miembros creará o designará un organismo (en lo sucesivo denominado "el organismo de información") encargado de llevar registros de los vehículos automóviles matriculados en ese Estado miembro, de las empresas de seguros que cubran la responsabilidad civil de dichos vehículos y de los representantes para la liquidación de siniestros designados con arreglo a lo previsto en el precedente artículo 3, cuyos nombres habrán de notificarse al citado organismo, en virtud de lo dispuesto en el siguiente apartado 2, o de gestionar la recogida y difusión de tales datos; asimismo, deberá prestar asistencia a los interesados para averiguar la identidad de las empresas que aseguran los vehículos matriculados en ese Estado miembro, así como la de sus representantes para la liquidación de siniestros. // Artículo 4

Organismo de información

1. // Cada uno de los Estados miembros creará o designará un organismo de información encargado, con la finalidad de que la persona damnificada pueda pedir indemnización:

- de llevar un registro en el que figure la siguiente información:

a) // el número de matricula de los vehículos automóviles cuyo estacionamiento habitual esté situado en el territorio de ese Estado;

b) // los números de la pólizas de seguro que cubran esos vehículos frente a los riesgos clasificados en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE; en los casos en que el período de validez de una póliza haya expirado, se indicará también la fecha de terminación de la cobertura de seguro; el número de la carta verde o del contrato de seguro "frontera", si se trata de un vehículo incluido en la excepción prevista en la letra b) del artículo 4 de la Directiva 72/166/CEE;

c) // las empresas de seguros que cubran la responsabilidad civil de dichos vehículos y los representantes para la liquidación de siniestros designados por las mismas con arreglo a lo previsto en el precedente artículo 3, cuyos nombres habrán de notificarse al organismo de información, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo;

d) // la lista de los vehículos que, en cada Estado miembro, se benefician de la excepción al requisito de disponer de un seguro de responsabilidad civil, conforme a lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 4 de la Directiva 72/166/CEE.

e) // en lo que respecta a los vehículos a que se refiere la letra d) del presente apartado:

i) // el nombre de la autoridad u organismo designado en virtud de lo previsto en el párrafo segundo de la letra a) del artículo 4 como responsable de indemnizar a las personas damnificadas en los casos en que no sea de aplicación el procedimiento previsto en el primer guión del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 72/166/CEE;

ii) // el nombre del organismo que cubra al vehículo en su país de matriculación, cuando dicho vehículo se beneficie de la excepción establecida en la letra b) del artículo 4 de la Directiva 72/166/CEE;

- // o de coordinar la recogida y difusión de esta información,

- // y de ayudar a las personas facultadas para obtener la información mencionada en las letras a), b), c), d) y e) del presente apartado.

2. // Las empresas de seguros de la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos automóviles deberán comunicar al organismo de información del Estado miembro en el que estén establecidas el número de matrícula de los vehículos matriculados en ese Estado miembro que tengan asegurados, los números de las pólizas y los nombres y direcciones de los tomadores del seguro correspondiente a esos vehículos. Asimismo, deberán comunicar a los organismos de información de los demás Estados miembros esos mismos datos en relación con los vehículos matriculados en dichos Estados y asegurados por las citadas empresas en virtud de la libre prestaciónd e servicios, e, igualmente, el nombre y dirección de los representantes para la liquidación de siniestros designados en esos Estados miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 3. // 2. // Las empresas que aseguren la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos automóviles deberán comunicar a los organismos de información de los Estados miembros en cuyo territorio hayan celebrado contratos de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, por vía de establecimiento o de prestación de servicios, los números de matrícula de los vehículos que tengan asegurados y cuyo estacionamiento habitual esté en esos Estados miembros, los números de las pólizas y, cuando expire el período de validez de una poliza también la fecha de terminación de la cobertura de seguro. Asimismo, deberán comunicar a los organismos de información de los demás Estados miembros el nombre y dirección de los representantes para la liquidación de siniestros designados en esos Estados miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 3.

3. // Los Estados miembros velarán por que la víctima de un accidente ocurrido en un Estado miembro que no sea su país de residencia tenga derecho a pedir al organismo de información de su país de residencia o del país de matriculación del vehículo que le facilite el nombre de la empresa de seguros y el número de la póliza de seguro del vehículo considerado, así como el nombre del representante para la liquidación de siniestros de dicha empresa de seguros en el país de residencia de la víctima. Si el vehículo no estuviera válida o legalmente asegurado, el organismo de información deberá proporcionar a la víctima el nombre, apellidos y dirección del propietario o del conductor habitual.

// 3. // Los Estados miembros velarán por que la persona damnificada en un accidente ocurrido en un Estado miembro que no sea su país de residencia tenga derecho a pedir a los organismos de información de los Estados miembros y, en particular, al de su país de residencia:

a) // el nombre y dirección de la empresa de seguros,

b) // el número de la póliza de seguro,

c) // el nombre del representante para la liquidación de siniestros de la empresa de seguros en el país de residencia de la persona damnificada.

Los Estados miembros velarán por que los organismos de información faciliten con prontitud la información solicitada. Con esta finalidad, los organismos de información deberán cooperar entre sí.

// 4. // Los Estados miembros velarán por que el organismo de información pueda obtener, en particular del organismo encargado de matricular a los vehículos o de la empresa de seguros, y facilitar a la persona damnificada, el nombre y dirección del propietario o el conductor habitual del vehículo o del titular de la matrícula, siempre y cuando la persona damnificada esté legítimamente interesada en obtener esa información, en especial cuando el vehículo no esté debidamente asegurado, de modo que pueda obtener indemnización del conductor o del titular de la matrícula del vehículo responsables. El organismo de información deberá también obtener y facilitar a la persona damnificada la dirección del organismo indemnizatorio, previsto en el artículo 5, del Estado miembro de residencia de la citada persona.

Si el vehículo se beneficia de la excepción prevista en la letra a) del artículo 4 de la Directiva 72/166/CEE, el organismo de información informará a los reclamantes del nombre de la autoridad u organismo designado, con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo de la letra a) del artículo 4, como responsable de indemnizar a las personas damnificadas en los casos en que no sea de aplicación el procedimiento establecido en el primer guión del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 72/166/CEE.

Si el vehículo se beneficia de la excepción prevista en la letra b) del artículo 4 de la Directiva 72/166/CEE, el organismo de información informará a los reclamantes del nombre del organismo que cubra al vehículo en su país de matriculación.

// 5. // El tratamiento de los datos personales que se derive de lo dispuesto en los apartados precedentes se efectuará con arreglo a lo previsto en las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Arículo 5

Organismo indemnizatorio

1. // Cada uno de los Estados miembros creará o autorizará un organismo (en lo sucesivo "el organismo indemnizatorio") encargado de indemnizar en los casos en que los daños materiales o corporales hayan sido ocasionados a una persona residente en ese Estado miembro por un vehículo matriculado y asegurado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y el accidente que provocó el daño o perjuicio se haya producido en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima.

El organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima intervendrá, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización que le presente la víctima, en los casos en que:

- la empresa de seguros del vehículo que originó el accidente no haya designado un representante para la liquidación de siniestros, según lo dispuesto en el artículo 2, o

- la empresa de seguros o su representante para la liquidación de siniestros no hayan formulado una oferta de indemnización o no hayan dado una respuesta motivada en relación con las exigencias formuladas por la víctima en su reclamación de indemnización, o hayan rechazado la indemnización de la víctima sin comunicarle las razones de ese rechazo, en el plazo de tres meses a contar desde que esta última presentara su reclamación a la empresa de seguros o a su representante, y ello dentro de los límites de la obligación de seguro, establecidos en el último párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y conforme a las disposiciones nacionales en materia de responsabilidad civil aplicables al accidente.

// Artículo 5

Organismo indemnizatorio

1. // Cada uno de los Estados miembros creará o autorizará un organismo indemnizatorio encargado de indemnizar a las personas damnificadas en los casos mencionados en el artículo 1.

Las citadas personas podrán presentar una solicitud de indemnización al organismo indemnizatorio de su Estado miembro de residencia:

- cuando la empresa aseguradora del vehículo causante del accidente no haya designado un representante para la liquidación de siniestros en el Estado miembro de residencia de la persona damnificada, según lo previsto en el apartado 1 del artículo 3; en este caso, las personas damnificadas no podrán presentar una reclamación ante el organismo indemnizatorio si ya lo han hecho directamente ante la empresa aseguradora del vehículo causante del accidente y han recibido una respuesta motivada dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la reclamación, o

- si, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la parte damnificada haya presentado la reclamación de indemnización, directamente a la empresa aseguradora del vehículo causante del accidente o al representante para la liquidación de siniestros, la empresa de seguros o dicho representante no ha respondido motivadamente a los extremos planteados por la persona damnificada en su reclamación de indemnización, según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 3 de la presente Directiva.

- Las personas damnificadas no podrán reclamar indemnización al organismo indemnizatorio si:

- la empresa de seguros declina toda responsabilidad o

- no aceptan la oferta motivada formulada por la empresa de seguros o el representante para la liquidación de siniestros, o

- han entablado acción directa contra la empresa de seguros;

// 2. // El organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada intervendrá, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que esta última le presente la reclamación de indemnización, pero pondrá fin a su intervención si posteriormente la empresa de seguros ha dado una respuesta motivada a la reclamación.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización de la víctima el organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima deberá informar a la empresa de seguros del responsable o a su representante para la liquidación de siniestros de que ha recibido una reclamación de indemnización de la víctima y va a intervenir al respecto. // El organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la víctima informará inmediatamente:

- a la empresa de seguros de la persona responsable del accidente o al representante para la liquidación de siniestros,

- al organismo indemnizatorio del Estado miembro de establecimiento de la empresa de seguros que haya celebrado el contrato,

- si se conoce su identidad, a la persona causante del accidente

de que ha recibido una reclamación de indemnización de la víctima y que responderá a la misma en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la misma.

2. // El organismo indemnizatorio que haya indemnizado a la víctima en su Estado miembro de residencia pasará a ser acreedor del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros, que deberá reembolsarle el importe satisfecho en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que haya presentado la solicitud de reembolso. A continuacion, el organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros se subrogará en los derechos de la víctima frente al responsable del accidente o a su empresa de seguros, siempre y cuando el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la víctima haya indemnizado a ésta por el siniestro. Si la indemnización de la víctima ha sido fijada por sentencia judicial, ha sido reconocida por la empresa de seguros u objeto de acuerdo, la citada empresa no podrá oonerse al reembolso, salvo si puede demostrar que el organismo no la ha informado, según lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, ha satisfecho erróneamente una reclamación infundada o ha sobrevalorado el daño. Los organismos indemnizatorios del país de residencia de la víctima y del país de establecimiento de la empresa de seguros podrán exigir también el reembolso de los gastos en que razonablemente hayan incurrido. // El organismo indemnizatorio que haya indemnizado a la persona damnificada en su Estado miembro de residencia pasará a ser acreedor del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros que haya celebrado el contrato. A continuación, este último organismo se subrogará en los derechos de la persona damnificada frente al responsable del accidente o a su empresa de seguros, siempre y cuando el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada haya indemnizado a ésta por los daños o perjuicios sufridos. Cada Estado miembro estará obligado a reconocer ese derecho a la subrogación en los términos previstos por cualquier otro Estado miembro.

3. // Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el organismo indemnizatorio situado en su territorio reembolse, en el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo, al organismo indemnizatorio de otro Estado miembro que haya indemnizado a la víctima de un accidente provocado por un vehículo asegurado por una empresa de seguros con domicilio soical en el citado primer Estado miembro, en los casos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del presente artículo.

// 3. // Lo dispuesto en el presente apartado surtirá efecto:

- // Una vez que los organismos indemnizatorios creados o autorizados por los Estados miembros hayan llegado a un acuerdo en relación con sus funciones y obligaciones, así como sobre las modalidades de reembolso,

- // a partir de la fecha que fije la Comisión tras haberse asegurado, en estrecha cooperación con los Estados miembros, de que se ha llegado al citado acuerdo,

- // y será de aplicación durante el período de vigencia del acuerdo.

// En el plazo de ... años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del artículo 5 y sobre la eficacia de la presente disposición y, en su caso, presentará propuestas.

Artículo 6

Imposibilidad de identificar a la empresa de seguros

Si no fuera imposible identificar a la empresa de seguros, el vehículo se considerará vehículo no asegurado. La reparación por los daños materiales y corporales ocasionados a la víctima correrá a cargo del organismo contemplado en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE dentro de los límites establecidos en el mismo. La víctima deberá ser indemnizada por el organismo previsto en el presente artículo en su Estado miembro de residencia. A continuación, este organismo, en las mismas condiciones que las previstas en el apartado 2 del artículo 5 de la presente Directiva, pasará a ser acreedor del organismo equivalente del país en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual, o, en su caso, de la Oficina de Carta Verde del citado Estado miembro. // Artículo 6

Imposibilidad de identificar a la empresa de seguros

Si, transcurridos dos meses desde que sucediera el accidente, no fuera imposible identificar a la empresa de seguros, la persona damnificada podrá reclamar indemnización al organismo indemnizatorio del Estado miembro en el que resida. El citado organismo indemnizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE. A continuación, este organismo, en las mismas condiciones que las previstas en el apartado 2 del artículo 5 de la presente Directiva, pasará a ser acreedor:

- del fondo de garantía establecido en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE y situado en el Estado miembro en el que el vehículo considerado tenga su estacionamiento habitual;

- cuando se trate de vehículos de terceros países: del fondo de garantía del Estado miembro del accidente.

Artículo 7

Incorporación al ordenamiento jurídico interno

1. // Los Estados miembros deberán aprobar y publicar las disposiciones nacionales necesarias para cumplir con la presente Directiva, en el plazo de dieciocho meses, a contar desde la fecha de notificación de la misma. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Aplicarán las citadas disposiciones en el plazo de veinticuatro meses a contar desde la fecha de notificación de la presente Directiva.

2. // Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones necesarias de derecho interno que adopten en el ámbito de lo dispuesto en la presente Directiva. // Artículo 7

Incorporación al ordenamiento jurídico interno

NO SE MODIFICA

Artículo 8

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el ... día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

// Artículo 8

Entrada en vigor

NO SE MODIFICA

Artículo 9

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a la contravención de las disposiciones nacionales aprobadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán cuanta medida resulte necesaria para garantizar la aplicación de dichas disposiciones. Las sanciones que se establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán las citadas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 7; asimismo, le comunicarán, a la mayor brevedad posible, cualquier modificación posterior que les afecte.

// Artículo 8bis

Accidentes en terceros países

A más tardar ... la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento un informe sobre la posibilidad de hacer extensivas las disposiciones de los artículos 2 a 6 de la presente Directiva, mediante un acuerdo internacional, a los accidentes ocurridos en terceros países y en los que estén involucrados personas residentes en un Estado miembro y vehículos asegurados y matriculados en un Estado miembro.

Artículo 9

Sanciones

NO SE MODIFICA

Artículo 10

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. // Artículo 10

Destinatarios

NO SE MODIFICA

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo,

El Presidente