P6_TA(2005)0235

Vínculos entre la migración legal e ilegal y la integración de los migrantes

Resolución del Parlamento Europeo sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal y la integración de los migrantes (2004/2137(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "Estudio sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal" (COM(2004)0412),

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "Primer informe anual sobre migración e integración" (COM(2004)0508),

- Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica (COM(2004)0811),

- Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, de 15 de diciembre de 2004 y 24 de enero de 2005 respectivamente, sobre la Comunicación de la Comisión titulada "Estudio sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal",

- Vista su Resolución de 15 de enero de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo [1],

- Visto el Tratado de Amsterdam, que confiere a la Comunidad poderes y responsabilidades en los ámbitos de la inmigración y el asilo, y el artículo 63 del Tratado CE,

- Vistas las Conclusiones de los Consejos Europeos de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999, Laeken, de los días 14 y 15 de diciembre de 2001, Sevilla, de los días 21 y 22 de junio de 2002, y Salónica, de los días 19 y 20 de junio de 2003,

- Vista su Recomendación de 14 de octubre de 2004 destinada al Consejo y al Consejo Europeo sobre el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia y sobre las condiciones para reforzar la legitimidad y la eficacia del mismo [2],

- Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004 y el Programa de La Haya incluido en las mismas,

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0136/2005),

A. Considerando que el período previsto por el Consejo Europeo de Tampere para la realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia ha concluido,

B. Considerando la ausencia de una verdadera política migratoria europea organizada y coordinada, y la consiguiente inmigración que se padece, así como la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros se doten de una política de regulación de la inmigración en colaboración con los terceros países,

C. Considerando que la aprobación del Programa de La Haya, que próximamente se aplicará a través del Plan de acción de la Comisión, permitirá proseguir los resultados obtenidos por el programa de Tampere y afrontar los nuevos retos para la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia,

D. Considerando que en este ámbito es primordial la cooperación de la Unión y sus Estados miembros con los terceros países de origen y de tránsito,

E. Considerando que es necesario evitar toda ambigüedad en las relaciones entre cooperación al desarrollo e inmigración,

F. Considerando que, en el contexto de la ampliación, una sociedad europea más segura exige, sin perjuicio de las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales y de los Tratados, el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores y la aplicación del principio de solidaridad recíproca,

G. Considerando que la Unión, como espacio sin fronteras interiores, debe dotarse de un enfoque común, coherente y eficaz, en materia de gestión de las fronteras exteriores y debe desarrollar una política común en materia de visado, asilo e inmigración,

H. Considerando que la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, la organización de vías legales de inmigración y la integración deben seguir siendo prioridades de la Unión ampliada, y que la explotación mediante el trabajo ilegal y el trato inhumano de los inmigrantes deben ser duramente castigados,

I. Considerando que la inmigración económica representa un nuevo reto para la Unión y que el Libro Verde arriba mencionado, que irá seguido antes de finales de 2005 por un programa de acción que debería contemplar normas comunes y abiertas con respecto a la inmigración económica, ha reactivado el debate al respecto,

J. Considerando que Europa necesita una migración económica legal y controlada, pues varios estudios [3] han mostrado que el declive de la población activa ocasionará un descenso del número de trabajadores del orden de 20 millones entre 2005 y 2030;

K. Subrayando que una de las causas profundas de la migración económica es la aspiración legítima de los migrantes a cubrir sus necesidades básicas y la huida de una situación de pobreza, y solicitando que la política migratoria común tome en consideración la política comunitaria de desarrollo, que tiene en la lucha contra la pobreza su máximo objetivo, para apoyar el desarrollo de los terceros países en materia de acceso a la educación y a la salud y alcanzar el resto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

L. Considerando que el éxito de las políticas de inmigración legal requiere la aplicación de estrategias destinadas a conseguir la plena integración que tengan en cuenta la experiencia de otros, que aprovechen las experiencias y la colaboración del tercer sector y que estén basadas en el respeto de los derechos y en el reparto de obligaciones entre los ciudadanos inmigrantes que son residentes legales y los de la sociedad de acogida, así como en un diálogo permanente basado en la confianza y el respeto recíprocos, y en la capacidad de las instituciones para elaborar campañas de información con vistas a la construcción de una sociedad intercultural, así como una acción permanente contra toda discriminación racial, cultural y económica,

M. Considerando que la modificación de la política migratoria en un Estado miembro influye en los flujos migratorios y en la evolución en otros Estados miembros,

N. Considerando que la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños debe ser un elemento fundamental de la política de inmigración,

O. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa establece en su artículo III-268 que el principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidad regirán el desarrollo de las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo,

P. Considerando que los recursos presupuestarios comunitarios disponibles son limitados y deben repartirse equitativamente entre los diferentes elementos de la política europea de inmigración,

1. Considera que la política de inmigración de la Unión Europea tiene que adoptar un enfoque global y no sectorial, basado no solamente en las exigencias del mercado laboral de los Estados miembros sino sobre todo en políticas de acogida e integración, así como en la definición de un estatuto claro y de derechos de ciudadanía, sociales y políticos para los migrantes en toda la Unión Europea;

2. Lamenta que el Consejo, cinco años después del Consejo Europeo de Tampere, y a pesar de las numerosas deliberaciones del Parlamento Europeo, no haya logrado definir una política común de inmigración y haya decidido mantener la unanimidad y el procedimiento de consulta en todo el sector de la inmigración legal;

3. Hace hincapié en la necesidad de adoptar, en materia de inmigración, un enfoque global y coherente, basado en estrechas sinergias entre las distintas políticas en juego, y lamenta el enfoque europeo a menudo demasiado sectorial; para ello, se alegra de la iniciativa de la Comisión y de la actual Presidencia del Consejo destinada a establecer un sistema de información mutua y de alerta previa que contará con la plena participación del Parlamento Europeo;

4. Subraya que el desarrollo efectivo de políticas comunes de asilo y de inmigración dentro del respeto de los derechos fundamentales es uno de los proyectos prioritarios de la construcción europea, tal y como se constata en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa;

5. Pide a la Comisión que lance, en cooperación con el Parlamento Europeo, reflexiones para coordinar mejor el conjunto de las estructuras y agencias implicadas en la gestión de los flujos migratorios y que vele por la buena utilización y difusión de los programas financieros en esta materia;

6. Lamenta que hasta el momento las medidas adoptadas por el Consejo y los Estados miembros para controlar los flujos migratorios hayan sido medidas de control represivas, en lugar de medidas positivas y proactivas; recuerda que las estrategias dirigidas a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, crear empleo y desarrollar la formación en los países de origen contribuyen a normalizar a largo plazo los flujos migratorios;

7. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los países de origen que inicien campañas de sensibilización e información de sus poblaciones sobre las políticas de inmigración, de integración y de lucha contra el racismo y la xenofobia, dado que las mafias que organizan la trata de seres humanos explotan la falta de información sobre las posibilidades de inmigración legal; asimismo, considera fundamental la cooperación con los países de origen respecto a la información y con el fin de prevenir la explotación de seres humanos, dando preferencia al papel de la integración, a la inclusión social y a los intercambios culturales;

8. Considera primordial prestar la máxima consideración al potencial de la inmigración en el marco de una política europea de codesarrollo en la que participen tanto las sociedades de acogida y de origen como las redes de la diáspora;

9. Señala que, con objeto de optimizar el potencial de la inmigración, la Unión debe proponer soluciones concretas al problema de la fuga de cerebros y alentar a los Estados miembros a que faciliten el envío de fondos de los inmigrantes a sus países de origen;

10. Recuerda la responsabilidad compartida de todos los Estados miembros en la gestión de los flujos migratorios Norte-Sur, por una parte, y en particular en el lado sur, en la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos y, por otra parte, y especialmente del lado norte, en la creación de las condiciones económicas necesarias para el desarrollo social de los terceros países, así como un sistema de acogida adecuado y respetuoso de la dignidad humana;

11. Alienta una mayor integración de la cuestión migratoria en la política exterior de la Unión; insta a los Estados miembros a que aborden las causas profundas de la inmigración y establezcan relaciones de asociación con los países en desarrollo sobre la base de un auténtico diálogo; destaca, no obstante, que el recurso a la ayuda al desarrollo y sus asociaciones económicas no son suficientes para combatir las causas profundas de la emigración;

12. Recomienda al Consejo que emprenda las iniciativas oportunas para que los responsables de inmigración de cada unos de los Estados miembros tengan el mismo rango y pertenezcan al mismo departamento ministerial;

13. Destaca que debería asumir un papel político, entre otras cosas señalando a la Comisión aquellas medidas relacionadas con la migración que habría que regular mediante normas comunes y que deberían constituir una serie de hitos en el camino hacia una política común efectiva en el ámbito de la migración;

14. Recuerda la importancia de que la Unión Europea incluya cláusulas referentes a la gestión común de flujos migratorios y a la readmisión obligatoria en caso de inmigración ilegal en todos los acuerdos de asociación y cooperación que suscriba;

15. Considera, no obstante, que la cooperación al desarrollo, aunque es necesaria para combatir las causas de los flujos migratorios, es un instrumento complementario que no puede sustituir las políticas de integración y de inmigración legal de la Unión Europea;

16. Pide a los Estados miembros interesados que refuercen los medios humanos e incrementen los recursos financieros de sus autoridades consulares en los terceros países de origen con el fin de informar a los candidatos a la emigración sobre las posibilidades de entrada legal a efectos de empleo, estudio e investigación; insta a la Comisión a que fomente la coordinación entre las estructuras diplomáticas y consulares de los Estados miembros establecidas en el mismo país, especialmente con el objeto de orientar la inmigración hacia el país más adecuado, según el perfil profesional de los candidatos, y optimizar las partidas hacia los países que tengan capacidades de acogida; propone la utilización de los programas ARGO y AENEAS, entre otros;

17. Considera que la lucha contra la inmigración clandestina y el control de las fronteras sólo pueden ser un aspecto de la política de la Unión Europea hacia los terceros países y que es necesario llevar a cabo una política activa de desarrollo de los países de origen para reducir al mínimo los efectos negativos de la emigración; considera que la Unión Europea no puede analizar su política de inmigración exclusivamente desde el punto de vista de su interés económico, sino que también debe tener en cuenta las razones que obligan a los migrantes a emigrar;

18. Considera que la instauración del sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores debe basarse en una mayor armonización en materia de visados, en la participación activa de la Agencia Europea para la gestión de las fronteras, con la creación de un fondo comunitario relativo a las fronteras, y en una cooperación consular reforzada que desemboque en la creación de puestos consulares comunes;

19. Considera indispensable el refuerzo de la solidaridad, en particular con los nuevos Estados miembros, en materia de gestión de las fronteras exteriores y de lucha contra la inmigración ilegal;

20. Reitera que toda medida para contrarrestar la inmigración ilegal así como las medidas de control en las fronteras exteriores, incluso cuando se llevan a cabo en cooperación con terceros países, tienen que respetar las garantías y los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), en particular el derecho de asilo y el derecho a no ser rechazado en la frontera;

21. Destaca que la inmigración legal no suprimirá en su totalidad la inmigración ilegal y recuerda la complejidad de los motivos que explican la emigración hacia la Unión Europea; manifiesta su convicción de que debe prestarse una atención especial a la lucha contra la trata de seres humanos y a los inmigrantes víctimas de dicha trata, especialmente las personas vulnerables como las mujeres y los menores, de forma que se convierta la lucha contra los autores de la trata en una prioridad de la Unión Europea; se congratula por un futuro plan de acción de la Comisión sobre este tema, que habrá de tener en cuenta la necesaria colaboración con los países de origen y de tránsito;

22. Reconoce que muchas mujeres que son víctimas de la trata de seres humanos viven en el territorio de la Unión Europea como inmigrantes ilegales y la mayoría de ellas no tienen acceso a protección legal o social; pide a los Estados miembros que reconozcan su situación y que, con arreglo a su legislación, consideren concederles el permiso de residencia permanente como un medio apropiado de combatir la trata de seres humanos;

23. Recuerda que la responsabilización adecuada de los transportistas y de las autoridades de los países de origen, el refuerzo del marco penal represivo contra las redes de pasadores de fronteras y la lucha contra el trabajo ilegal y la trata de seres humanos, así como la identificación de la corrupción administrativa, forman parte integrante de la lucha contra la inmigración clandestina, que debe basarse en un alto grado de cooperación policial y judicial; insta, por tanto, a la Unión y a sus Estados miembros a que combatan con energía el trabajo ilegal del que son víctimas los inmigrantes mediante un abanico de sanciones represivas contra las empresas que recurren a él, el refuerzo de las medidas humanas de control y la protección de las víctimas;

24. Señala, no obstante, que estas medidas deben aplicarse respetando plenamente los derechos fundamentales, especialmente el derecho de asilo;

25. Opina que los Estados miembros deben realizar esfuerzos para poner en evidencia el trabajo ilegal, en particular en el sector de los servicios domésticos y la ayuda familiar, que emplea a numerosas mujeres migrantes; considera necesario hallar una nueva fórmula para que las familias que las emplean dispongan de una solución jurídica que permita la cobertura social de estas personas;

26. Pide al Consejo y a la Comisión que reflexionen, en materia de readmisión de los inmigrantes irregulares, sobre la aplicación de los acuerdos celebrados y sobre las orientaciones de los acuerdos futuros; recuerda la responsabilidad de los países de origen y de los países de tránsito en cuanto a la readmisión y alienta una política europea de retorno que respete la dignidad y la integridad física de las personas de conformidad con el CEDH y el Convenio de Ginebra;

27. Reitera su rechazo expreso a la idea de crear campos de acogida o de retención de inmigrantes sin papeles o demandantes de asilo, fuera de las fronteras de la Unión Europea, en las regiones de origen de la inmigración;

28. Destaca que la gestión de los centros de acogida con carácter temporal, tanto si están ubicados en la Unión Europea como fuera de sus fronteras, debe ajustarse también a las disposiciones del Convenio de Ginebra;

29. Comparte con la Comisión la idea de que la regularización en masa de los inmigrantes ilegales no es una solución para el problema de la inmigración ilegal y, a falta de un sistema común de inmigración y de asilo, debería tener carácter excepcional y único, ya que no soluciona los verdaderos problemas de fondo; pide a la Comisión que analice las mejores prácticas de los Estados miembros, que deberán desarrollarse en el marco de un sistema de información mutua y de alerta previa;

30. Considera que la regularización masiva de los inmigrantes ilegales ha de tener en cuenta valoraciones económicas, demográficas y culturales, y pide que se analicen las repercusiones de las regularizaciones efectuadas por los Estados miembros;

31. Considera que la migración legal desempeña un papel importante en la consolidación de la economía basada en el conocimiento en Europa, así como en la aceleración del desarrollo económico;

32. Considera que la estrategia global europea en materia de migraciones económicas debería dar prioridad a las formas organizadas de migración y, en particular, debería reforzar los acuerdos bilaterales de gestión de los flujos migratorios con los países de origen; señala que las operaciones de regularización son importantes para combatir el trabajo en negro, integrar a los inmigrantes ilegales en la sociedad y evitar que sean explotados;

33. Considera necesario organizar en los Estados miembros, en función de sus capacidades de acogida, canales legales de inmigración por razones demográficas y económicas, así como con miras a una posible contribución a la reducción de la inmigración ilegal;

34. Se congratula de las medidas que la Comisión ha prometido adoptar con relación al especial impacto que tiene la inmigración ilegal en las regiones ultraperiféricas [4] que, por su situación geográfica, pequeña dimensión y lejanía, son particularmente vulnerables a los flujos migratorios ilegales;

35. Pide a los Estados miembros que participen en la reflexión, iniciada por la Comisión en su Libro Verde, sobre el grado de coordinación que debe alcanzarse y sobre el valor añadido de la aprobación de una legislación europea, teniendo en cuenta que compete a los Estados miembros definir el número de inmigrantes que deben aceptarse;

36. Manifiesta su preocupación por la creación, en los países del Mediterráneo, y a petición de algunos Estados miembros, de 'centros de primera acogida' de inmigrantes hacia el territorio de la Unión, que no ofrecen garantías mínimas en términos de derechos fundamentales; recuerda que la gestión de los flujos migratorios no debe basarse solamente en la seguridad, sino también en la búsqueda de un desarrollo sostenible y social;

37. Es consciente de que los Estados miembros son responsables de la fijación del número de nacionales de terceros países en su territorio, pero apoya la idea de elaborar estimaciones globales que también tengan en cuenta a las personas cuya estancia se ha autorizado por razones distintas de una actividad económica, como los refugiados, las personas que gozan de un régimen de protección subsidiario y los beneficiarios del régimen de reagrupación familiar, incluidos los menores en edad de trabajar, a quienes se debe garantizar el acceso al mercado laboral;

38. Lamenta que no se haya aprobado la propuesta de Directiva relativa a la inmigración con fines de empleo y sostiene la opción, propuesta por la Comisión en su Libro Verde, de crear un marco común de normas mínimas para que se admita que nacionales de terceros países ocupen puestos de trabajo tanto en calidad de asalariados como de autónomos;

39. Sostiene la oportunidad de una mayor flexibilidad y eficacia de las modalidades de ingreso, también con la previsión de un permiso de estancia por trabajo; insta a que se utilicen proyectos comunitarios como EURES para favorecer el intercambio de información entre Estados miembros sobre las posibilidades de trabajo para los ciudadanos de terceros países residentes en la Unión Europea;

40. Pide a la Comisión que elabore las previsiones a corto y medio plazo de las necesidades de mano de obra adicional en cada Estado miembro; pide a los Estados miembros que faciliten datos estadísticos de sus previsiones con el fin de que la Comisión pueda elaborar previsiones apropiadas sobre las necesidades de mano de obra en la Unión Europea;

41. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan un diálogo constante con las ONG que se ocupan de la inmigración, con el fin de recabar su opinión sobre temas relativos a la inmigración y apoyar sus actividades de asistencia a los inmigrantes así como de investigación;

42. Considera urgente aplicar políticas de inmigración más adaptables a los mercados laborales, con el objeto de impedir que los trabajadores que reciben salarios bajos y los trabajadores clandestinos desregulen el mercado de trabajo interior, y con el fin de evitar que se produzca un desequilibrio entre la población activa y la no activa, y pide a los Estados miembros que asocien a las administraciones regionales y locales, a las agencias regionales para el empleo y a los interlocutores sociales, a los colegios profesionales, a las asociaciones de voluntariado que trabajan in situ y a las comunidades de acogida a la decisión acerca del número de trabajadores extranjeros que deben admitirse;

43. Pide a los Estados miembros que establezcan permisos de residencia y de trabajo específicos combinados que faciliten la contratación de trabajadores temporales o en misión limitada;

44. Destaca, en particular, la necesidad de redoblar los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la pobreza en los países de origen de los flujos migratorios, en el marco de los Objetivos del Milenio, apoyando, entre otras cosas, el establecimiento de un sistema educativo sólido e igualitario y de desarrollo de la economía local;

45. Alienta a los Estados miembros, en el marco de su política nacional de inmigración, a firmar acuerdos bilaterales con los países de gran emigración, encaminados a responder a las necesidades europeas de mano de obra y a abrir nuevas vías de migración legal, con objeto de organizar mejor y aumentar la transparencia del proceso migratorio y promover las relaciones con los terceros países en el marco de una asociación más estrecha; destaca, asimismo, que celebrar acuerdos bilaterales de gestión de la inmigración con los países de origen permite entablar una auténtica cooperación con dichos países en la lucha común contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños;

46. Pide a los Estados miembros que abran un debate sobre el Libro Verde anteriormente mencionado y que informen regularmente a la Comisión sobre la aplicación de sus políticas nacionales de inmigración;

47. Subraya que es fundamental la integración de los inmigrantes y solicita la adopción de medidas globales destinadas a garantizar la inclusión en el mercado laboral, así como los derechos sociales, económicos y políticos, igualmente importantes para alcanzar los objetivos de Lisboa de crecimiento y competitividad;

48. Recuerda que la integración es competencia nacional y que implica derechos y obligaciones tanto para la sociedad de acogida como para el inmigrante; pide a los Estados miembros que coordinen sus políticas nacionales gracias al método abierto de coordinación, sobre la base de los principios básicos comunes recientemente adoptados por el Consejo

49. Subraya que la coordinación de las políticas nacionales no puede sustituir a una política europea de integración; pide a los Estados miembros que elaboren unos criterios mínimos para la creación de dicha política;

50. Subraya que es importante fomentar el aprendizaje de la lengua de la sociedad de acogida y la organización de cursos de educación cívica y de programas de enseñanza, entre otras cosas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y reforzar la integración por el trabajo, la lucha contra la creación de guetos y la participación en las elecciones locales; se muestra favorable a los programas de introducción aplicados por algunos Estados miembros que presuponen un compromiso recíproco de los países de acogida y de los primeros llegados en particular; considera que debería comprometerse simbólicamente a los inmigrantes en el respeto de los valores fundamentales de la Unión; anima a los Estados miembros a que impliquen en mayor medida a los inmigrantes ya integrados en su política de integración, favoreciendo los intercambios entre los inmigrantes y la población autóctona;

51. Opina que una política activa de integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión debería, entre otras cosas, elaborar normas claras que regulen el estatuto legal de los residentes y les garanticen el derecho a buenas prácticas administrativas; permitir la integración regular en el mercado laboral; obligar a los nacionales de terceros países a seguir una formación en la lengua o lenguas nacionales, organizada por el Estado miembro de acogida; darles el derecho de acceso a la educación y garantizar el reconocimiento de sus diplomas; garantizar el acceso a los servicios sociales y sanitarios; intentar ofrecer condiciones de vida dignas en las ciudades y los municipios; garantizar la participación de los inmigrantes en la vida social, cultural y política;

52. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea que fomenten la participación de los ciudadanos de países terceros sin derecho a voto, que residan legalmente en la Unión, en la vida pública y política, en particular garantizando unos mecanismos adecuados de consulta y representación; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen el Convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local;

53. Insta a los Estados miembros a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;

54. Considera que la lucha contra las discriminaciones, el racismo y la xenofobia es un componente primordial de la política de integración; pide a los Estados miembros que se esfuercen por difundir entre los ciudadanos europeos una cultura de acogida, integración e inclusión social, con objeto de construir una sociedad intercultural, que impidan que en los actos políticos e institucionales se viole el principio de acogida y de no rechazo, y que transpongan cuanto antes las dos Directivas pertinentes; se congratula por la iniciativa de la Presidencia del Consejo de reactivar la propuesta de decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, y pide que se consulte de nuevo al Parlamento Europeo sobre dicha decisión marco tras los nuevos debates en el seno del Consejo;

55. Manifiesta su consternación por el aumento de los crímenes de honor, las persecuciones y las graves violaciones de los derechos de las mujeres inmigrantes por motivos de fanatismo religioso y tradiciones inhumanas, y pide a la Comisión y al Consejo que intervengan con mayor empeño y ofrezcan protección a las mujeres amenazadas;

56. Pide a los Estados miembros que celebren acuerdos con los países de origen de los inmigrantes con objeto de garantizar la transferencia de los derechos adquiridos en materia de seguridad social;

57. Considera que la comunidad internacional todavía no es consciente del potencial que representan los retornos financieros de los inmigrantes hacia sus países de origen para apoyar sus políticas de desarrollo, y pide a la Comisión que proponga medidas concretas para facilitar la transferencia voluntaria de una parte de la remuneración hacia los países de origen, reduciendo al mínimo los costes de las transacciones financieras, tal como propone el Libro Verde anteriormente mencionado;

58. Pide al Consejo que adopte una posición más voluntarista con objeto de crear, a la vista de estas propuestas, una política europea de inmigración eficaz que permita a la Unión hacer frente a los retos que se le plantean;

59. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

[1] DO C 92 E de 16.4.2004, p. 390.

[2] Textos Aprobados de esa fecha, P6_TA(2004)0022.

[3] World Economic and Social Survey 2004.

[4] COM(2004)0343, punto 2.3.1 y COM(2004)0628.

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