ANEXO

Recomendaciones detalladas para un proyecto de acuerdo interinstitucional sobre las modalidades de los procedimientos de supervisión y seguimiento de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros y en las instituciones de la Unión Europea

PROYECTO DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

PACTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea,

Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus considerandos segundo, cuarto, quinto y séptimo,

Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, y los artículos 6, 7 y 11 del TUE,

Vistos los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al respeto, la promoción y la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión, incluidos sus artículos 70, 258, 259, 260, 263 y 265,

Vistos el artículo 4, apartado 3, y el artículo 5 del TUE, el artículo 295 del TFUE y los Protocolos n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea y el n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, adjuntos al TUE y el TFUE,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

Vista la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en particular su artículo E sobre la no discriminación,

Vistos los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a la Unión (el acervo), en particular sus capítulos 23 y 24,

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

Vista la lista de criterios sobre el Estado de Derecho adoptada por la Comisión de Venecia en su 106.a sesión plenaria el 18 de marzo de 2016,

Visto el Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea de 23 de mayo de 2007,

Visto el Convenio Marco para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo de Europa,

Vista la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa,

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Vistos los Tratados de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la jurisprudencia de los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas,

Vistas las publicaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), incluida la propuesta relativa al Sistema de Información Europeo de Derechos Fundamentales (SIEDF) que figura en su documento, de 31 de diciembre de 2013, titulado «Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs» («Los derechos fundamentales para el futuro de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos de interior»),

Visto el enfoque de las Naciones Unidas con respecto a la asistencia en el ámbito del Estado de Derecho de abril de 2008,

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 16,

Visto el vigésimo quinto informe semestral de la COSAC: Evolución de la situación en la Unión Europea de los procedimientos y prácticas pertinentes para el control parlamentario, de 18 de mayo de 2016,

Vista la carta dirigida el 6 de marzo de 2013 por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos al presidente de la Comisión,

Visto el dictamen de la FRA, basado en las fuentes de información existentes, de 8 de abril de 2016, sobre el desarrollo de un instrumento integrado de indicadores objetivos de los derechos fundamentales capaz de medir el cumplimiento con los valores compartidos recogidos en el artículo 2 del TUE,

Vista la nota, de 15 de noviembre de 2014, de la Presidencia italiana titulada «Garantizar el respeto del Estado de Derecho en la Unión Europea»,

Vistas las Conclusiones del Consejo y los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo del 16 de diciembre de 2014 sobre el respeto del Estado de Derecho,

Vistas las Directrices del Consejo sobre las medidas metodológicas que se han de tomar para verificar la compatibilidad de los derechos fundamentales en los órganos preparatorios del Consejo, de 19 de diciembre de 2014,

Vistos el primer y el segundo Diálogo del Consejo sobre el Estado de Derecho durante las Presidencias luxemburguesa y neerlandesa, de 17 de noviembre de 2015 y 24 de mayo de 2016,

Vistos el mecanismo de supervisión existente y las herramientas de evaluación periódica de la Comisión, incluidos el mecanismo de cooperación y verificación, el cuadro de indicadores de la justicia, los informes sobre la lucha contra la corrupción y el Observatorio del pluralismo de los medios de comunicación,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea»,

Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de mayo de 2011, titulado «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments» (Orientaciones operativas sobre el hecho de tener en cuenta los derechos fundamentales en la evaluación de impacto de la Comisión),

Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho»,

Visto el coloquio anual de la Comisión sobre los derechos fundamentales,

Visto el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016,

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012) (1),

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014) (2),

1) Considerando que se necesita un mecanismo sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales que sea objetivo, se base en pruebas, se aplique de un modo equitativo y justo a todos los Estados miembros, así como a las instituciones de la Unión, e incluya una vertiente preventiva y otra correctora;

2) Considerando que el objetivo principal de ese mecanismo debe ser el de impedir que se produzcan infracciones e incumplimientos en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, proporcionando al mismo tiempo las herramientas necesarias para que tanto el componente preventivo como el corrector del artículo 7 del TUE, así como los demás instrumentos previstos en los Tratados, sean operativos en la práctica;

3) Considerando que se debe evitar la creación innecesaria de nuevas estructuras o la duplicación, prefiriéndose la integración e incorporación de los instrumentos existentes;

4) Considerando que la elaboración de definiciones, normas y criterios de referencia en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales no es una decisión puntual, sino más bien un proceso permanente e interactivo basado en un debate y una consulta públicos amplios, en revisiones periódicas y en la puesta en común de las mejores prácticas;

5) Considerando que solo un mecanismo que cuente con el amplio apoyo de los ciudadanos de la Unión y les permita apropiarse del proceso puede ser eficaz;

6) Considerando que los Estados miembros son los principales responsables de la defensa de las normas comunes pero que, si fracasan en su labor, la Unión está obligada a intervenir para proteger su núcleo constitucional y asegurar que se garanticen los valores establecidos en el artículo 2 del TUE para todos los ciudadanos y residentes de la Unión en todo su territorio;

7) Considerando que es importante que todos los niveles del Gobierno colaboren estrechamente sobre la base de sus competencias y responsabilidades para identificar posibles amenazas sistémicas para el Estado de Derecho en una fase temprana y para mejorar la protección del Estado de Derecho;

8) Considerando que existen diversos instrumentos para hacer frente al riesgo de infracción grave de los valores de la Unión, pero que es necesario elaborar criterios de referencia claros y objetivos para que estos instrumentos sean suficientemente fuertes y disuasorios para impedir violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales; que la Unión no dispone de un mecanismo jurídicamente vinculante para supervisar de forma regular el cumplimiento de los valores y los derechos fundamentales de la Unión por parte de los Estados miembros y las instituciones de la Unión;

9) Considerando que, de conformidad con el artículo 295 del TFUE, este acuerdo interinstitucional establece medidas únicamente para facilitar la cooperación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y que, conforme al artículo 13, apartado 2, del TUE, estas instituciones actuarán «dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos»; considerando que este acuerdo interinstitucional se entiende sin perjuicio de las prerrogativas del Tribunal de Justicia en lo que respecta a la interpretación auténtica del Derecho de la Unión;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Los valores esenciales y los principios fundacionales de la Unión, a saber, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, se defenderán en toda la Unión en el marco de un Pacto para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que contemplará la definición, la elaboración, la supervisión y la aplicación de dichos valores y principios, y que se aplicará tanto a los Estados miembros como a las instituciones de la Unión.

Artículo 2

El Pacto de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales estará compuesto por:

— un informe anual sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales con recomendaciones específicas por país, que incluirá los informes elaborados por la FRA, el Consejo de Europa y otras autoridades competentes en este ámbito;

— un debate interparlamentario anual sobre la base del informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

— disposiciones para corregir los posibles riesgos y vulneraciones, según lo dispuesto por los Tratados, incluida la activación de las vertientes preventivas o correctoras del artículo 7 del TUE,

— un ciclo político para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en el marco de las instituciones de la Unión.

Artículo 3

El Pacto para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales se ampliará para integrar el Marco sobre el Estado de Derecho de la Comisión y el Diálogo sobre el Estado de Derecho del Consejo en un único instrumento de la Unión.

Artículo 4

El informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión lo elaborará la Comisión en consulta con el grupo de expertos independientes mencionado en el artículo 8. La Comisión transmitirá el informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales al Parlamento Europeo, el Consejo y los Parlamentos nacionales. Estos informes europeos se pondrán a disposición del público.

El informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales incluirá una parte general y recomendaciones específicas por país.

Si la Comisión no adopta a su debido tiempo el informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, incluidas las recomendaciones específicas por país, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá pedirle formalmente una explicación por su retraso y que lo adopte de forma inmediata para no retrasar más el desarrollo del proceso.

Artículo 5

El informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales incorporará y complementará los instrumentos existentes, en particular el cuadro de indicadores de la justicia, el Observatorio del pluralismo de los medios de comunicación, el informe sobre la lucha contra la corrupción y los procedimientos de evaluación por homólogos basados en el artículo 70 TFUE y reemplazará el mecanismo de cooperación y verificación para Bulgaria y Rumanía.

Artículo 6

El Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales se elaborará utilizando diversas fuentes y los instrumentos existentes para la evaluación, la elaboración de informes y el seguimiento de las actividades de los Estados miembros, incluidos los siguientes:

— las contribuciones de las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

— la FRA, en particular el SIEDF;

— otros organismos especializados de la Unión, en particular el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), y Eurostat;

— expertos, miembros del mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales y sectoriales, por ejemplo de jueces, abogados y periodistas;

— los índices y criterios de referencia existentes elaborados por organizaciones internacionales y ONG;

— el Consejo de Europa, en particular la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ);

— organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);

— la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros tribunales internacionales y órganos creados en virtud de los tratados;

— toda resolución o contribución pertinente del Parlamento Europeo, incluido su informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión;

— contribuciones de las instituciones de la Unión.

Todas las contribuciones de las fuentes mencionadas en el presente artículo, así como el proyecto de informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales elaborado por el Grupo de expertos en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, se publicarán el sitio web de la Comisión.

Artículo 7

El Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales se presentará en un formato armonizado, irá acompañado de recomendaciones específicas por país y se elaborará prestando especial atención a los siguientes aspectos:

— la separación de poderes;

— el carácter imparcial del Estado;

— la reversibilidad de las decisiones políticas después de las elecciones;

— la existencia de controles y contrapoderes institucionales que garanticen que no se cuestione la imparcialidad del Estado;

— la permanencia del Estado y las instituciones, sobre la base de la inmutabilidad de la constitución;

— la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;

— la libertad de expresión y de reunión;

— el fomento del espacio cívico y de mecanismos eficaces para el diálogo civil;

— el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones y la democracia participativa;

— la integridad y la inexistencia de corrupción;

— la transparencia y la rendición de cuentas;

— la legalidad;

— la seguridad jurídica;

— la prevención de prácticas abusivas o de desviación de poder;

— la igualdad ante la ley y la no discriminación;

— el acceso a la justicia: independencia e imparcialidad, juicio justo, justicia constitucional (si procede), una profesión jurídica independiente;

— los retos específicos respecto del Estado de Derecho: la corrupción, los conflictos de intereses, la recogida de datos personales y la vigilancia;

— los títulos I a VI de la Carta;

— el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y sus protocolos.

Artículo 8

Un grupo representativo de expertos independientes («el Grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales») se encargará de evaluar el estado de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, así como de elaborar proyectos de recomendaciones específicas por país, sobre la base de un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos y de la información disponibles.

8.1. El grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales estará compuesto por los siguientes miembros: — un experto independiente, designado por el Parlamento nacional de cada Estado miembro, que sea un juez cualificado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que no se encuentre actualmente en activo; — otros diez expertos, designados por el Parlamento Europeo por mayoría de dos tercios, elegidos de entre una lista de expertos nombrados por: i) la Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA); ii) la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI); iii) el Consejo de Europa (incluidos la Comisión de Venecia, GRECO y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa); iv) la CEPEJ y el Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE)); v) las Naciones Unidas, la OSCE y la OCDE.

8.2. El grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales elegirá un presidente de entre sus miembros.

8.3. Con objeto de facilitar la elaboración del proyecto de informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y de los proyectos de recomendaciones por país, la Comisión pondrá a disposición del grupo de expertos una secretaría que le permitirá funcionar con eficacia, particularmente recopilando datos y fuentes de información que serán objeto de análisis y evaluación, y proporcionando apoyo administrativo durante el proceso de redacción.

Artículo 9

El Grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales evaluará a cada uno de los Estados miembros en lo referente a los aspectos enumerados en el artículo 7 y establecerá los posibles riesgos e infracciones. Cada uno de los expertos hará una evaluación de manera independiente y anónima a fin de salvaguardar la independencia del grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y la objetividad del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. No obstante, los miembros del grupo de expertos podrán consultarse entre sí para debatir los métodos y las normas acordadas.

Los métodos de evaluación serán revisados anualmente por el grupo de expertos y, en caso de ser necesario, se seguirán desarrollando, perfeccionando, complementando y modificando de común acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión tras consultar a los Parlamentos nacionales y la sociedad civil.

Artículo 10

La aprobación del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales por parte de la Comisión dará inicio al debate interparlamentario y al debate en el Consejo, que tendrá por objeto analizar los resultados del Informe sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y las recomendaciones específicas por país siguiendo las fases que figuran a continuación:

— El Parlamento Europeo organizará un debate interparlamentario sobre la base del informe europeo y aprobará una resolución; Dicho debate debería organizarse de tal modo que se fijen los referentes y los objetivos que se han de alcanzar y se proporcionen los medios para evaluar los cambios que se produzcan de un año a otro en el actual consenso de la Unión en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales; aceleración de los procedimientos pertinentes con el fin de crear dichos medios, que no solo permitirán el control inmediato y eficaz de los cambios anuales, sino que también garantizarán que todas las partes pertinentes cumplen sus compromisos;

— El debate interparlamentario anual formará parte de un diálogo estructurado entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Parlamentos nacionales, e incluirá también a la sociedad civil, a la FRA y al Consejo de Europa;

— El Consejo celebrará un debate anual tomando como punto de partida su Diálogo sobre el Estado de Derecho, basándose en el Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, aprobará las conclusiones del Consejo y solicitará a los Parlamentos nacionales que se pronuncien sobre este informe y que presenten propuestas o reformas;

— Sobre la base del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, la Comisión podrá decidir emprender una acción por «incumplimiento sistémico» en virtud del artículo 2 del TUE y del artículo 258 del TFUE, agrupando varios casos de incumplimiento;

— Sobre la base del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión podrá decidir presentar una propuesta de evaluación de la ejecución por parte de los Estados miembros de las políticas de la Unión en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia en virtud del artículo 70 del TFUE;

10.1 Sobre la base del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, cuando un Estado miembro cumpla con todos los aspectos enumerados en el artículo 7 no será necesario emprender ninguna otra acción.

10.2 Sobre la base del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, cuando un Estado miembro incumpla uno o varios de los aspectos enumerados en el artículo 7, la Comisión iniciará un diálogo con el Estado miembro en cuestión teniendo en cuenta las recomendaciones específicas por país. 10.2.1. Si la recomendación específica por país sobre un Estado miembro incluye la afirmación del grupo de expertos de que existe un riesgo claro de infracción grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y que hay motivos suficientes para invocar el artículo 7, apartado 1, del TUE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión debatirán por separado y sin demora la situación y adoptarán una decisión motivada, que se hará pública.

10.3. Sobre la base del Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, si las recomendaciones específicas por país con respecto a un Estado miembro incluyen la evaluación por parte del grupo de expertos de que existe un riesgo claro de infracción grave y persistente —es decir, creciente o sin cambios durante un período de al menos dos años— de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y de que hay motivos suficientes para invocar el artículo 7, apartado 2, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión debatirán por separado y sin demora la situación y cada una de las instituciones adoptará una decisión motivada, que se hará pública.

Artículo 11

Los derechos fundamentales se incluirán como parte de la evaluación sistemática de impacto para todas las propuestas legislativas de la Comisión, de conformidad con el apartado 25 del Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación.

El Grupo de expertos sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 8, evaluará el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales por parte del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

Artículo 12

Se creará un Grupo de trabajo interinstitucional sobre evaluaciones de impacto («grupo de trabajo») con el fin de mejorar la cooperación interinstitucional sobre las evaluaciones de impacto y de generar una cultura de respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. El grupo de trabajo consultará a expertos nacionales en una fase temprana, con el fin de predecir mejor los desafíos derivados de la puesta en práctica en los Estados miembros y de contribuir a superar las diferencias de interpretación y comprensión entre las diferentes instituciones de la Unión por lo que se refiere al impacto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en los actos legislativos de la Unión. El grupo de trabajo se basará en las Directrices del Consejo sobre las medidas metodológicas que se han de tomar para verificar la compatibilidad de los derechos fundamentales en los órganos preparatorios del Consejo, la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea, el documento de trabajo de la Comisión titulado «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments», la herramienta n.o 24 del conjunto de herramientas del programa «Legislar mejor» y el artículo 38 del Reglamento del Parlamento Europeo, a fin de garantizar el respeto y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

Artículo 13

Junto con el ciclo político anual sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y el Informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, se presentarán los siguientes informes anuales del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión relativos a la aplicación y el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales por parte de las instituciones de la Unión:

— Informe anual sobre la aplicación de la Carta;

— Informe anual sobre la aplicación del Derecho de la Unión;

— Informe anual sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3);

Artículo 14

El presente Acuerdo entrará en vigor el […].