COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.9.2020 SWD(2020) 310 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2020



Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Croacia que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2020



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}



Resumen El sistema judicial croata ha realizado progresos en la reducción de los retrasos y en la mejora de las comunicaciones electrónicas en los tribunales, pero todavía se enfrenta a importantes retos en cuanto a eficiencia y calidad. El nivel de independencia judicial percibido sigue siendo uno de los más bajos de la UE. El Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado, que son organismos autónomos e independientes, están encontrando problemas para cumplir adecuadamente su mandato debido a la falta de recursos y al hecho de que su papel en la selección de jueces y fiscales se ha visto reducido. Estos Consejos también carecen de un sistema informático modernizado que les permita verificar de forma efectiva las declaraciones de patrimonio de los jueces y los fiscales. El reparto postal centralizado de documentos judiciales es un ejemplo positivo del ahorro de recursos en los tribunales. Croacia tiene un marco jurídico y político para promover la integridad y prevenir la corrupción en el sector público ampliamente instaurado. Una red de autoridades participa en la elaboración de políticas anticorrupción en los distintos poderes del Estado. Sin embargo, sigue habiendo deficiencias tanto en la legislación como en las prácticas para combatir la corrupción. Siguen sin aplicarse importantes iniciativas para reforzar la ética y la integridad entre los altos cargos ejecutivos y los parlamentarios así como para regular los grupos de presión. La corrupción continúa siendo motivo de especial preocupación a nivel local debido a las deficiencias estructurales del marco de integridad para los titulares de cargos públicos locales y de la gestión de las empresas estatales locales. El 18 de septiembre de 2020, el ministro de Justicia y Administraciones Públicas anunció una nueva Estrategia de Lucha contra la Corrupción para el período 2021-2030. El marco jurídico e institucional de Croacia garantiza el pluralismo de los medios de comunicación. La Agencia de Medios Electrónicos, que es el organismo regulador de los medios audiovisuales, funciona de forma transparente, pero no está totalmente protegida de influencias políticas en lo que respecta al proceso de selección de los miembros de su órgano de gobierno. Las normas de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación garantizan un sistema sólido de notificación de la propiedad a las autoridades y al público, pero la identificación del beneficiario efectivo puede resultar dificultosa. En los últimos años, se ha registrado un elevado número de demandas contra periodistas, amenazas de agresiones físicas y acoso en línea, que pueden tener una repercusión en la política editorial de las empresas de medios de comunicación y en el trabajo de los periodistas de investigación. El sistema de controles y equilibrios se ve respaldado, entre otras cosas, por herramientas en línea para la consulta con el público y otras partes interesadas, y por un Defensor del Pueblo y un Comisionado de Información competentes para proteger el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sigue siendo relativamente escasa. El control de constitucionalidad es llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, también sobre la base de recursos individuales de inconstitucionalidad. El Gobierno está preparando un plan nacional de apoyo a la sociedad civil para el período 2020-2026. I.Sistema judicial Croacia cuenta con un sistema judicial de tres niveles, que incluye tribunales de jurisdicción general y especializada. Los tribunales de primera instancia de jurisdicción general son los municipales (34) y los de condado (15), y estos últimos también funcionan como tribunales de segunda instancia. Los tribunales de jurisdicción especializada son nueve Tribunales de lo Mercantil y cuatro de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia, y el Tribunal Superior de Delitos Leves, el Tribunal Superior de lo Mercantil y el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo en segunda instancia . El Tribunal Supremo actúa como tribunal tanto de segunda como de tercera instancia . El Consejo del Poder Judicial del Estado, un órgano de autogobierno independiente, garantiza la autonomía y la independencia del poder judicial. Selecciona y nombra a los jueces y a los presidentes de los tribunales, y decide sobre su responsabilidad disciplinaria o su cese. La Oficina de la Fiscalía del Estado es un órgano judicial independiente y autónomo, que actúa principalmente como Ministerio Fiscal y está encabezada por el Fiscal General . Las competencias en materia de nombramiento y carrera profesional de los fiscales, y de gestión de la Oficina, recaen en el Consejo de la Fiscalía del Estado y el Fiscal General . El Consejo de la Fiscalía del Estado es un órgano independiente de autogobierno encargado de garantizar la autonomía y la independencia de la Oficina de la Fiscalía del Estado. Entre otras cosas, selecciona y nombra a los fiscales y a los fiscales adjuntos y decide sobre su responsabilidad disciplinaria o su cese. El Colegio de Abogados de Croacia es una organización profesional independiente y autónoma. Independencia El nivel de independencia judicial percibido, tanto por las empresas como por el público en general, sigue siendo muy bajo. En 2020, el nivel de independencia judicial percibido por el público general sigue siendo el más bajo de la UE (solo un 24 % consideró que la independencia judicial era bastante buena o muy buena), aunque registra una mejora con respecto al dato de 2019 . En el mismo período, el nivel de independencia judicial percibido por las empresas siguió disminuyendo (la proporción que percibe la independencia judicial como «bastante buena o muy buena» descendió del 18 % al 16 %), aunque Croacia mejoró su clasificación al situarse en el segundo puesto más bajo de la UE . Una encuesta distinta realizada a empresas revela que el nivel de independencia percibido ha disminuido de forma continuada desde 2014-2015 y sigue siendo el más bajo de los Estados miembros . Según la encuesta del Eurobarómetro de 2020, la razón principal aducida por el público general para su sensación de falta de independencia de los tribunales y los jueces es la percepción de interferencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos . La principal razón aducida por las empresas es la percepción de interferencias o presiones de intereses económicos u otros intereses específicos, seguida de cerca por la percepción de interferencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos . Desde que se llevó a cabo la última encuesta exhaustiva de usuarios de los tribunales o profesionales del Derecho en 2015, no existen datos recientes que analicen con más detalle las razones concretas de las distintas partes interesadas para percibir sistemáticamente un bajo nivel de independencia judicial del sistema de justicia croata . El Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado están haciendo frente a dificultades tras las enmiendas que limitaron su papel en la selección de jueces y fiscales. La Ley del Consejo del Poder Judicial del Estado y la Ley del Consejo de la Fiscalía del Estado fueron modificadas en 2018 . Estos cambios fueron desencadenados por una sentencia dictada en 2018, en la que el Tribunal Constitucional consideró que el Consejo del Poder Judicial del Estado no había motivado suficientemente su decisión sobre el nombramiento de un juez para otro tribunal . Los puestos judiciales y fiscales se ocupan conforme a un proceso basado en el mérito que utiliza un sistema de puntuaciones y que tiene en cuenta dos elementos. El primero es o bien la puntuación final del candidato en la Escuela Nacional para jueces o fiscales o, en caso de que se trate del nombramiento de un juez existente para otro tribunal, la evaluación de su desempeño judicial. El segundo elemento es la entrevista ante el respectivo Consejo. No obstante, tal como planteó el Tribunal Constitucional, podía haber candidatos que fueran seleccionados a pesar de haber recibido una menor puntuación, sin una motivación adecuada. El objetivo declarado de las modificaciones de 2018 era aumentar la objetividad y la transparencia del procedimiento de nombramiento, entre otras cosas, mediante la disminución del número de puntos que cada Consejo puede otorgar a los candidatos sobre la base de la entrevista . Con esto, sin embargo, las modificaciones redujeron la posibilidad de que los Consejos distinguieran entre los distintos candidatos con la concesión de puntos tras la entrevista. También limitaron el número de candidatos a los que los Consejos podían realizar una entrevista. El efecto combinado de estos cambios era reducir el papel desempeñado por los Consejos en la selección de candidatos a cargos judiciales o fiscales. Las consecuencias de estas modificaciones pudieron observarse en algunos procedimientos de nombramiento en 2019 y 2020, en los que los Consejos se enfrentaron a dificultades en su intento por evitar que el procedimiento de nombramiento se redujera a un recuento mecánico de puntos . La decisión del Tribunal Constitucional ha suscitado una reflexión en el Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado sobre la manera de mejorar la motivación de sus decisiones y dictámenes, también mediante una definición más clara de los criterios aplicados al asignar los puntos de la entrevista. Sin embargo, la posibilidad de seguir mejorando la calidad del trabajo de ambos Consejos, entre otras cosas mediante el seguimiento de mejores prácticas sobre el nombramiento de jueces desarrolladas por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, conlleva una mayor carga de trabajo y depende por tanto de la disponibilidad de recursos financieros y humanos suficientes . En este sentido, cabe señalar que ambos Consejos se enfrentan a importantes problemas de recursos y que su capacidad administrativa es muy baja, a pesar del aumento de los recursos financieros . La verificación de las declaraciones de patrimonio de los jueces y fiscales sigue planteando dificultades al Consejo del Poder Judicial del Estado y al Consejo de la Fiscalía del Estado. Las modificaciones de la Ley del Consejo del Poder Judicial del Estado en 2018 y una nueva Ley del Consejo de la Fiscalía del Estado de 2018 dispusieron un sistema en línea para las declaraciones de patrimonio de los funcionarios judiciales. La plataforma en línea tiene por objetivo reforzar la integridad y la transparencia, previniendo conflictos de intereses así como fortaleciendo la confianza del público en el sistema judicial. La publicación del patrimonio de los jueces y fiscales, que se espera durante el transcurso de 2020, se retrasó previamente por la necesidad de abordar los requisitos de protección de datos planteados por la autoridad de protección de datos . Sin embargo, el sistema informático previsto para la verificación automatizada de las declaraciones de patrimonio todavía no está operativo. Particularmente, la base de datos de las declaraciones de patrimonio todavía no está conectada con la base de datos de la administración tributaria y del registro catastral . Por tanto, todavía no es posible detectar automáticamente incongruencias entre el patrimonio real y el declarado. Se necesitaría un apoyo con herramientas electrónicas y unos recursos humanos adecuados para garantizar que el Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado pudieran verificar rápida y eficazmente las declaraciones, a ser posible con anterioridad a su publicación en línea. Es importante divulgar únicamente los datos verificados y corregidos, a fin de alcanzar el objetivo declarado de la reforma: aumentar la confianza del público en el sistema judicial.

Calidad Pese a los continuos avances, el uso de comunicaciones electrónicas y de sistemas electrónicos para la gestión de asuntos en los tribunales sigue siendo muy reducido. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la gestión de asuntos y la comunicación electrónica entre los órganos jurisdiccionales y las partes se encuentran entre las menos desarrolladas de la UE . Por ejemplo, no siempre es posible presentar un asunto o recibir citaciones de forma electrónica. En los últimos años, se han realizado continuos avances en lo que respecta al sistema de TIC para la gestión de asuntos, incluidos planes para ampliar el sistema unificado a los tribunales de lo contencioso-administrativo, que actualmente utilizan un sistema de TIC antiguo. En lo que se refiere a la comunicación electrónica entre los órganos jurisdiccionales y las partes , hasta el momento, se ha introducido la opción de presentar demandas de forma electrónica en todos los tribunales de lo mercantil, de condado y municipales . Sin embargo, todavía hay margen de mejora, especialmente en los tribunales de condado y municipales, en los que el nivel de adopción sigue siendo bajo en lo que respecta a las comunicaciones con la autoridad tributaria y la divulgación de las herramientas entre los profesionales del Derecho . A fin de aliviar la carga de trabajo del personal administrativo de los tribunales y aligerar la emisión de resoluciones judiciales, en 2019 se introdujo un sistema de reparto postal centralizado. Esta herramienta posibilita la presentación por vía electrónica de documentos (firmados mediante firma electrónica cualificada) de los tribunales al proveedor de servicios postales para la entrega en forma de carta a las partes (el estado de entrega se actualiza en línea). En mayo de 2020, el reparto postal centralizado aumentó a alrededor del 80 % de todos los escritos judiciales en los tribunales de lo mercantil (alrededor del 28 % en los tribunales municipales), mientras que la adopción de este sistema en los tribunales de condado se mantuvo baja . El Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado, así como la Oficina de la Fiscalía del Estado, están experimentando dificultades en materia de recursos humanos. El Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado tienen importantes poderes , pero su capacidad administrativa sigue siendo muy limitada. El número de empleados es muy reducido, teniendo en cuenta que solo el presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado queda en gran medida liberado de sus funciones judiciales (en un 75 %), mientras que otros jueces miembros solo quedan liberados en una pequeña parte (en un 20 %) . En el período 2017-2019, los recursos financieros del Consejo del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Fiscalía del Estado aumentaron en un 25 % y un 28 %, respectivamente. Sin embargo, debido a la falta de recursos financieros, en 2020, el Consejo del Poder Judicial del Estado solo empleó a cinco funcionarios, a pesar de que el plan de personal permite hasta once funcionarios. El Consejo de la Fiscalía del Estado solo cuenta con tres funcionarios (el plan de personal contempla hasta diez funcionarios). Dada la falta de recursos humanos suficientes, el Consejo de la Fiscalía del Estado tiene dificultades para desarrollar un enfoque estratégico de cara a la mejora de la calidad general de la Oficina de la Fiscalía del Estado . La falta de recursos en ambos Consejos constituye un serio problema, especialmente en lo que respecta a la próxima publicación del patrimonio y la necesidad de verificar la información presentada por 1 712 jueces y 635 fiscales . En cuanto a la Oficina de la Fiscalía del Estado, se han incrementado los recursos humanos (nuevos fiscales adjuntos y becarios). No obstante, sigue resultando difícil atraer a candidatos cualificados para puestos de investigadores financieros especializados, dadas las poco competitivas condiciones de empleo . La falta de especialistas financieros tiene una repercusión negativa en la capacidad de la Oficina de la Fiscalía del Estado para combatir los delitos económicos y financieros, dado que se esperaba que estos investigadores asistieran a los fiscales en el análisis de datos financieros complejos. La Oficina de la Fiscalía del Estado propuso al Gobierno subir los sueldos de los posibles investigadores financieros . Las consecutivas reformas del mapa judicial, la última de ellas en 2019, han contribuido a equilibrar la carga de trabajo entre los jueces y a mejorar la eficiencia. Las reformas del mapa judicial de 2015 redujeron el número de tribunales de primera instancia y modificaron la asignación de casos de apelación a todos los tribunales de segunda instancia, algunos de los cuales pasaron a ser especializados . En 2019, todos los tribunales de delitos leves se integraron en los tribunales municipales . La reforma se justificó por la tendencia de los últimos años hacia un menor número de casos de delitos leves, lo que exigía flexibilidad en la asignación de jueces a estos asuntos. La nueva reforma podría suponer un aumento de la eficiencia, ya que más jueces podrían trabajar en los ámbitos que experimentaban dificultades (p. ej., los asuntos civiles). A finales de 2019, se suspendió la creación de un tribunal especializado de segunda instancia, el Tribunal Superior de lo Penal, tras una orden de medidas provisionales del Tribunal Constitucional, que está examinando una solicitud de control de constitucionalidad de las enmiendas por las que se establecía este Tribunal . La publicación de sentencias de tribunales de primera y segunda instancia sigue siendo muy limitada. La tasa de publicaciones de sentencias en línea es la más baja de la UE . El sistema de TIC actualizado es capaz de procesar un mayor número de sentencias. Sin embargo, la publicación en línea sigue siendo muy reducida, ya que las sentencias no se preparan (p. ej., se anonimizan) y se cargan en la plataforma de forma sistemática. Asimismo, la legibilidad por máquina de las sentencias publicadas, que permitiría que se desarrollaran servicios para los usuarios de los tribunales basados en soluciones de inteligencia artificial, es la segunda más baja de la UE . Eficiencia A pesar de los avances conseguidos en la resolución de los asuntos más antiguos, los retrasos y la duración de los procedimientos en los tribunales civiles y mercantiles siguen estando entre los más significativos de la UE . En 2019, la duración media de los procedimientos en los tribunales de primera instancia siguió siendo una de las más largas de la UE, con aproximadamente 855 y 735 días para los asuntos contenciosos civiles y mercantiles, respectivamente, lo que suponía un incremento con respecto a 2018 . La duración media de los casos de ejecución ante los tribunales municipales y de lo mercantil registró un aumento constante, hasta alcanzar los 797 días. Sin embargo, los asuntos contenciosos civiles ante los tribunales de condado de segunda instancia solo duraron 258 días, de media . Del mismo modo, en el Tribunal Superior de lo Mercantil de segunda instancia, la duración media de los asuntos contenciosos mercantiles descendió a 634 días. En el Tribunal Supremo, costó 720 días, de media, resolver un asunto civil. Una iniciativa del Ministerio de Justicia para resolver los asuntos pendientes de diez años o más, desarrollada en colaboración con los presidentes de los tribunales, que preparan planes de acción de forma voluntaria, prosiguió con buenos resultados. Entre 2016 y 2019, el número de este tipo de asuntos se redujo en aproximadamente un 50 % . Los retrasos en los asuntos mercantiles siguieron reduciéndose, principalmente debido a unos mejores procesos empresariales iniciados por el Tribunal Superior de lo Mercantil. A pesar de que este último experimentó un aumento de los asuntos entrantes, los retrasos se habían reducido en más de un 20 % a finales de 2019, en comparación con 2018. Estas mejoras en la tramitación de los asuntos mercantiles se basan en la asignación de tareas de procedimiento al personal del tribunal, lo que permite a los jueces centrarse en el fondo del asunto. La reforma de los procesos empresariales se está ampliando parcialmente a los tribunales de lo mercantil de primera instancia. También se lograron avances en la reducción de los retrasos en los asuntos civiles de todas las instancias, pero los tribunales municipales están haciendo frente en este momento a un flujo excepcional de asuntos relativos a préstamos vinculados al franco suizo y a insolvencias personales . Las modificaciones del procedimiento penal van dirigidas a aumentar la eficiencia del sistema judicial penal, en el que los importantes retrasos y los prolongados procedimientos siguen planteando retos. En 2019, los retrasos y la duración de los procedimientos aumentaron en los asuntos de primera instancia de los tribunales municipales y de condado (hasta 678 y 930 días de media, respectivamente). Este aumento se debió en parte a la prioridad concedida a la resolución de los casos más antiguos, que incrementó la duración media de los asuntos resueltos. Sin embargo, en el Tribunal Supremo, solo costó 138 días, de media, resolver un asunto penal en 2019. Una supuesta falta de disciplina procesal por parte de los abogados en los procedimientos judiciales para aprobar acusaciones suele provocar considerables retrasos . Las modificaciones de diciembre de 2019 a la Ley de procedimiento penal aspiran a acelerar los procedimientos ante el panel de acusación y los procedimientos penales en su conjunto . En 2019, la Oficina de la Fiscalía del Estado procesó más asuntos penales de los que recibió (una tasa de resolución del 102 %), lo que redujo los retrasos en casi un 23 % . II.Marco de lucha contra la corrupción Croacia ha desarrollado un marco jurídico y político para promover la integridad y prevenir la corrupción en el sector público y, a tales efectos, ha establecido una red de autoridades que participan en la elaboración de políticas en los distintos poderes del Gobierno. Croacia cuenta con una fiscalía especializada encargada de perseguir la corrupción y la delincuencia organizada, la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (USKOK, por sus siglas en croata) , así como con un departamento de policía especializado dentro del Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Policía para la Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (PNUSKOK, por sus siglas en croata). Esta última tiene el mandato de prevenir, detectar e investigar delitos complejos relacionados con la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Croacia obtiene una puntuación de 47/100 y ocupa el 18º puesto entre los Estados miembros de la UE y el 63º a nivel mundial. Croacia también figura entre los Estados miembros con peores resultados en la encuesta del Eurobarómetro de 2020 sobre la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos . El 97 % de los croatas considera que la corrupción es un mal generalizado en su país (71 % de media en la UE) y el 54 % se siente personalmente afectado por la corrupción en su vida diaria (26 % de media en la UE). En lo que respecta a las empresas, el 91 % cree que la corrupción es generalizada (63 % de media en la UE) y el 57 % considera que supone un problema a la hora de hacer negocios (37 % de media en la UE). Además, el 28 % de los ciudadanos cree que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es suficiente para disuadir a otros de estas prácticas (36 % de media en la UE), mientras que el 16 % de las empresas opinan que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a altos funcionarios reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE) . Hay un marco jurídico ampliamente vigente. El Código Penal penaliza distintos tipos de corrupción y prevé multas, sanciones y medidas específicas, como el decomiso o la incautación. Sin embargo, de conformidad con la Ley sobre el Gobierno, los miembros del Gobierno no pueden ser enjuiciados sin la autorización previa del propio Gobierno por un delito para el que se prevean hasta cinco años de cárcel . El GRECO ha afirmado que es necesaria una revisión del sistema de inmunidades de los cargos políticos para los miembros del Gobierno, puesto que el actual tiene un alcance demasiado amplio y necesita excluir los delitos relacionados con la corrupción para evitar suponer un obstáculo para el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel . En julio de 2020, el Gobierno anunció que propondría suprimir el régimen de inmunidad para los miembros del Gobierno . La Estrategia Anticorrupción 2015-2020 se centra principalmente en la prevención de la corrupción. La estrategia contiene siete objetivos horizontales e incluye la «integridad del sistema político y la administración» como uno de sus objetivos principales. La estrategia global iba acompañada de tres planes de acción bienales más detallados. Estos se centraban principalmente en iniciativas educativas y de formación y en la elaboración de manuales de orientación, así como en la planificación de legislación específica. Los planes 2015-2016 y 2017-2018 se aplicaron parcialmente, y las evaluaciones realizadas muestran que el 88 % de las actividades planeadas para 2019 o bien se aplicaron o se aplicaron parcialmente . Sin embargo, algunas iniciativas legislativas y sobre integridad fundamentales se retrasaron . En mayo de 2019, el Gobierno adoptó el Programa Anticorrupción para Empresas Públicas 2019-2020, con medidas centradas en intensificar la supervisión interna y externa de las empresas que son mayoritariamente propiedad del Estado y en establecer criterios transparentes para evaluar la eficiencia empresarial. Otras medidas se centraron en el establecimiento de unas normas claras sobre el nombramiento de los miembros de los consejos de administración y de supervisión, y en el refuerzo de los mecanismos para evitar conflictos de intereses . No obstante, según se ha informado, la propuesta de introducir agentes de cumplimiento y deontología para aumentar la transparencia y la eficiencia en las empresas públicas no ha sido aplicada por varias entidades . El 18 de septiembre de 2020, el ministro de Justicia y Administraciones Públicas anunció una nueva Estrategia de Lucha contra la Corrupción para el período 2021-2030. Se ha establecido una red de autoridades para la elaboración de políticas anticorrupción en los distintos poderes del Gobierno. El Ministerio de Justicia es el organismo central para la prevención de la corrupción, con una unidad específica dedicada a coordinar la aplicación de las estrategias anticorrupción y los planes de acción relacionados. También actúa como organismo central para el intercambio de datos relativos a la eliminación de la corrupción . El Consejo para la Prevención de la Corrupción, un órgano consultivo del Gobierno compuesto por representantes de instituciones públicas y de organizaciones no gubernamentales, y el Consejo Nacional para el Seguimiento de la Aplicación de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción presentan informes al Parlamento dos veces al año. Además de los principales órganos represivos, esto es, la USKOK y la PNUSKOK, existen muchos otros organismos que participan en el marco de la lucha contra la corrupción. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Administraciones Públicas, la Oficina Estatal de Auditoría, la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Comisión para la Prevención de Conflictos de Intereses y la Comisión Estatal para la Supervisión de los Procedimientos de Contratación Pública. Mientras que los funcionarios públicos se rigen por un código de conducta, no existe tal código para los parlamentarios y los altos cargos ejecutivos. La Ley de funcionarios públicos y el Código Deontológico para los Funcionarios (el Código) establecen principios éticos básicos. El Código establece las normas de conducta y un marco institucional para su aplicación. La Comisión de Deontología para los Funcionarios Públicos es un órgano de segunda instancia que trata las denuncias de ciudadanos y funcionarios, y un Departamento Deontológico dentro del Ministerio de Administraciones Públicas proporciona actividades educativas. Mientras que hay un código deontológico en vigor para los funcionarios, falta un código de conducta para los parlamentarios. Una recomendación del GRECO a este respecto pedía que se elaborara y se adoptara este código, junto con un mecanismo de supervisión y aplicación . Del mismo modo, no existe ningún código de conducta que ofrezca orientación sobre conflictos de intereses y otras cuestiones relativas a la integridad para los altos cargos ejecutivos . Hay legislación vigente en materia de prevención de conflictos de intereses, pero requiere atención en lo que respecta a su aplicación y al ejercicio de una autoridad clara por parte de su órgano de supervisión. La Ley sobre prevención de conflictos de intereses contiene normas detalladas sobre conflictos de intereses, incompatibilidades, regalos y declaraciones financieras. Establece los principios generales de actuación en el ejercicio de la función pública, también para las personas que desempeñan altas funciones ejecutivas. Esta Ley confiere un papel esencial a la Comisión independiente para la Resolución de Conflictos de Intereses («la Comisión»), que supervisa la aplicación de la Ley, verifica las declaraciones financieras y lleva a cabo actividades de formación . La Comisión puede iniciar procedimientos de conflictos de intereses y emitir decisiones sobre si una acción concreta constituye una infracción. Puede imponer sanciones, como amonestaciones o la retención de parte del sueldo mensual de un funcionario. Ha desempeñado un papel proactivo en el respaldo a la Ley sobre prevención de conflictos de intereses, en particular en lo que se refiere a los altos cargos ejecutivos. Aunque puede imponer sanciones administrativas por incumplimiento, su capacidad para verificar información y ejecutar decisiones se ve limitada por su falta de pleno acceso a la información y por la falta de cooperación de los funcionarios. Tras controles judiciales, se han invalidado decisiones de la Comisión, en particular en lo que respecta a los altos cargos ejecutivos. Asimismo, algunas decisiones pasadas han desatado críticas por parte del Gobierno, lo que ha llevado a la Comisión y a organizaciones no gubernamentales a notificar al Consejo de Europa un aumento del incumplimiento de sus decisiones . La Comisión depende de la cooperación de las autoridades en lo que respecta a los controles de las declaraciones financieras. No obstante, el GRECO también ha emitido varias recomendaciones en relación con el papel de la Comisión. Estas incluyen la mejora de las posibilidades de obtener la información necesaria para la verificación de las declaraciones financieras, la revisión de las sanciones disponibles por violaciones de la Ley sobre prevención de conflictos de intereses para garantizar unas repercusiones adecuadas, así como permitir una verificación eficaz de las declaraciones financieras. También recomendó que se introdujera un requisito de divulgación ad hoc para los altos cargos ejecutivos en situaciones de conflicto entre los intereses privados y las funciones oficiales . Mientras que las autoridades han aumentado el presupuesto de la Comisión y planean modificar la Ley sobre prevención de conflictos de intereses en 2020, la Comisión Europea y las evaluaciones internacionales han destacado la importancia de garantizar que la Comisión de Conflictos de Intereses tenga competencias suficientes para imponer sanciones disuasorias y desempeñar su función preventiva esencial . Croacia está planeando modificaciones de la Ley sobre prevención de conflictos de intereses y el Ministerio de Administraciones Públicas ha creado un grupo de trabajo para la preparación de este proyecto de propuesta. Aunque existen medidas para prevenir la corrupción a nivel local, los correspondientes mecanismos de aplicación y de supervisión siguen siendo débiles. Croacia ha establecido un marco que rige la prevención de conflictos de intereses de los funcionarios estatales y locales, que se compone de diversas leyes específicas. La Ley de funcionarios y empleados públicos de instituciones de autogobierno locales y regionales se aplica a los funcionarios locales que trabajan en los órganos de gobierno de unidades autónomas locales y regionales. Aunque no prohíbe la existencia de intereses privados, prohíbe el abuso de poder dimanante de conflictos de intereses no resueltos y establece sanciones por incumplimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de los casos de corrupción se producen a nivel local o de condado. Las encuestas del Eurobarómetro revelan que sigue habiendo preocupación por los conflictos de intereses tanto a nivel local como a nivel de las empresas estatales y controladas, muchas de las cuales son propiedad o están bajo el control de los municipios . Sin embargo, el actual ámbito de aplicación de la legislación sobre conflictos de intereses no incluye a los presidentes y consejeros de empresas en las que el gobierno local tiene una participación mayoritaria, así como tampoco a los presidentes y consejeros de empresas cuya propiedad mayoritaria pertenece a estas primeras. No obstante, Croacia está planeando modificaciones de la Ley sobre prevención de conflictos de intereses y el Ministerio de Administraciones Públicas ha creado un grupo de trabajo para la preparación de este proyecto de propuesta. Además, la actual Ley sobre instituciones de autogobierno locales y regionales concede a los funcionarios locales una considerable facultad de apreciación en la toma de decisiones sobre enajenaciones de activos y fondos de hasta un millón de kunas croatas (HRK) y sobre el nombramiento de consejeros de empresas públicas locales, lo que deja un importante margen para la corrupción. A nivel regional, diecisiete condados han creado recientemente sus propias Comisiones Anticorrupción y algunos han adoptado planes de acción internos para combatir la corrupción y elaborar códigos de conducta para los funcionarios a nivel regional. Aunque hay normativa en vigor para las declaraciones de patrimonio y las «puertas giratorias», esta presenta deficiencias. Los funcionarios cubiertos por la Ley sobre prevención de conflictos de intereses deben declarar su patrimonio, ya sea adquirido o heredado, e identificar la fuente de ingresos de las actividades profesionales y no profesionales. También se les exige declarar el patrimonio y los ingresos de sus cónyuges o parejas y de sus hijos/as menores de edad. La Comisión para la Prevención de Conflictos de Intereses publica el contenido de estas declaraciones en línea . Sin embargo, en la práctica, los funcionarios solo presentan sus declaraciones al incorporarse al cargo y en el momento en que este finaliza o en que vuelven a ser nombrados, pero no presentan declaraciones ad hoc para reflejar cualquier cambio de estado durante su mandato. Aunque la Comisión puede solicitar una declaración ad hoc, tiene una capacidad limitada para sancionar las declaraciones inexactas. Las personas que ocupan altos cargos ejecutivos no están obligadas a presentar declaraciones financieras periódicas a pesar de que se espera que respeten normas más estrictas de integridad y transparencia . La Ley sobre prevención de conflictos de intereses prevé un período de incompatibilidad de un año para los funcionarios. Este período ha sido considerado demasiado corto por el GRECO, que también ha recomendado que se confiera a la Comisión para la Prevención de Conflictos de Intereses un papel mediador en la evaluación de posibles conflictos derivados de movimientos del sector público al privado .

No existen normas detalladas para regular los contactos de personas que desempeñan altas funciones ejecutivas con los grupos de presión. Las personas que tratan de influir en las actuaciones y las políticas del Gobierno tampoco están sujetas a ninguna obligación de información o divulgación. En planes sucesivos de lucha contra la corrupción, se contemplaron normas sobre cómo interactuar con los grupos de presión y otros terceros que trataran de influir en el proceso de toma de decisiones del Gobierno, y el último de ellos se propone elaborar un marco que regule los grupos de presión en 2020. La Ley sobre protección de los denunciantes de irregularidades de julio de 2019 introdujo la protección de los denunciantes de irregularidades. Esta Ley tiene un amplio ámbito de aplicación, que va más allá de la corrupción para incluir violaciones de leyes, reglamentos y acciones que supongan una amenaza para el interés público. El Defensor del Pueblo es el órgano competente para la notificación externa de irregularidades. De acuerdo con su nuevo mandato, el Defensor del Pueblo recibió recursos adicionales del presupuesto del Estado para actividades de promoción . El Ministerio de Justicia también está llevando a cabo actividades de formación para los funcionarios encargados de aplicar la Ley y se está planeando una campaña en los medios de comunicación. Sin embargo, con respecto al conjunto de la UE, Croacia registró en 2019 el aumento más pronunciado desde 2017 en la proporción de ciudadanos que mencionaban la falta de protección de los denunciantes como motivo principal para no notificar casos de corrupción (39 %, + 10 puntos porcentuales con respecto a 2017) . Pese a las percepciones negativas, las oficinas especializadas han establecido un historial constante de enjuiciamiento de la corrupción. En abril de 2019, el Ministerio de Justicia creó un grupo de trabajo para elaborar modificaciones de la Ley sobre la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada. Estas modificaciones van encaminadas a aumentar la eficiencia de la persecución de la delincuencia organizada y la corrupción, así como a coordinar y armonizar la Ley con otra legislación nacional pertinente . Tanto la USKOK como la PNUSKOK han acumulado un buen historial de investigaciones y enjuiciamientos de delitos relacionados con la corrupción de alto nivel . Según el Informe anual de la Fiscalía del Estado, a lo largo de 2019, se presentaron un total de 1 365 denuncias penales a la USKOK, de las cuales 1 003 (alrededor del 73 %) estaban relacionadas con la corrupción. De estas denuncias, 879 (alrededor del 88 %) fueron por abuso de poder y autoridad y 124 (alrededor del 12 %) estaban relacionadas con la corrupción en un sentido más estricto. En 2019, se presentaron acusaciones contra 109 personas. En 2019, la USKOK recibió y resolvió un mayor número de casos, y registró un descenso en el número de casos no resueltos, en comparación con 2018. En 2019, alrededor del 90 % de las investigaciones dirigidas por fiscales de la USKOK tardaron seis meses en concluir, lo que supuso una reducción de la duración de las investigaciones en comparación con los doce meses de 2016 . A pesar de la trayectoria de los servicios especializados y los recientes refuerzos, los esfuerzos por combatir la corrupción se ven socavados por la falta de condenas y la limitación de los recursos humanos, en particular en lo que se refiere a investigadores especializados. A pesar de haber un número considerable de investigaciones y acusaciones formales en casos relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción, tanto la Oficina de la Fiscalía del Estado como la USKOK encuentran problemas con la ineficiencia del sistema judicial, en el que los prolongados procedimientos judiciales y recursos a menudo impiden el cierre de asuntos. Además, hay casos de gran calado contra ex altos cargos que siguen sin resolverse y son objeto de largos procedimientos. Como consecuencia, el 80 % de los participantes en una encuesta del Eurobarómetro consideran que los casos de corrupción de alto nivel no están lo suficientemente perseguidos, y el 74 % consideran que los esfuerzos del Gobierno por combatir la corrupción son ineficaces (media de la UE: 53 %) . III.Pluralismo de los medios de comunicación La libertad de expresión y de información está consagrada en la Constitución, mientras que el pluralismo de los medios de comunicación queda garantizado por diversas leyes. El organismo regulador de los medios de comunicación (la Agencia de Medios Electrónicos; AEM, por sus siglas en inglés) es una autoridad independiente establecida por ley. Las normas de transparencia exigen a las empresas notificar datos sobre propiedad a la AEM y publicarlos en el Boletín Oficial. El acceso a la información está garantizado por la ley. La protección de los periodistas no se aborda específicamente en la legislación y se aplican los mecanismos disponibles para toda la ciudadanía . El organismo regulador de los medios de comunicación es una entidad independiente por ley. La Ley de medios electrónicos detalla las competencias de la Agencia de Medios Electrónicos (AEM), sus facultades sancionadoras y los mecanismos para recurrir sus decisiones. El regulador tiene personalidad jurídica. Los siete miembros del Consejo de la Agencia, incluido su presidente, que actúa como director de la Agencia, son nombrados por el Parlamento sobre la base de una recomendación del Gobierno tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés. Tras su mandato de cinco años, un miembro del Consejo puede volver a solicitar ocupar el mismo puesto. Puede producirse una suspensión y una destitución en caso de incapacidad para el correcto desempeño del cargo, incompetencia, o por otros motivos de peso relativos a la persona. La decisión es tomada por el Parlamento, a propuesta del Gobierno. El hecho de que los miembros del Consejo puedan ser redesignados para varios mandatos y de que la mayoría parlamentaria tenga una influencia importante en el nombramiento del órgano decisorio de la Agencia puede, en la práctica, repercutir en la independencia política del organismo regulador, tal como destacaron algunas partes interesadas y el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) . Este último valoró el riesgo para la independencia y la eficacia de la autoridad de los medios de comunicación como «medio» . Como se explicó durante la visita al país, el presupuesto de la AEM se basa en los ingresos procedentes de la actividad de la Agencia, lo que contribuye a su independencia. La AEM garantiza un alto nivel de transparencia mediante la publicación en línea de sus decisiones, las actas de las reuniones y su informe anual. Asimismo, las decisiones de la Agencia se publican en el Boletín Oficial. A fin de garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, los prestadores de servicios de comunicación tienen que notificar anualmente a la Agencia de Medios Electrónicos información sobre la propiedad y sobre cambios en la propiedad. De acuerdo con la Ley de medios electrónicos, estos informes deben contener datos sobre los titulares directos e indirectos y sobre los porcentajes de acciones o participaciones . La información sobre propiedad también se pone a disposición del público en el Boletín Oficial, y la ley prevé sanciones en caso de no presentar los debidos informes. Los partidos políticos o los políticos no quedan específicamente excluidos por ley de la propiedad de los medios de comunicación. El MPM de 2020 manifestó la inquietud de que la identificación del propietario efectivo pueda seguir resultando problemática y evaluó la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación como de riesgo medio . La nueva propuesta de Ley de medios electrónicos prevé que la información sobre propiedad tenga que divulgarse aportando un extracto del registro de beneficiarios efectivos. Se regula la asignación de publicidad estatal para la administración pública y las entidades que son mayoritariamente propiedad del Estado. La Ley de medios electrónicos estipula que la administración pública debe utilizar el 15 % de sus fondos anuales, destinados a la promoción de sus servicios o actividades, para publicitarse en programas audiovisuales o de radio de emisoras de televisión o de radio regionales o locales. Los órganos estatales tienen que presentar informes a la AEM una vez al año sobre sus actividades publicitarias . El acceso a la información está garantizado por la ley, pero el proceso parece ser lento. El Comisionado de Información es un órgano independiente que protege y aplica la Ley sobre el derecho de acceso a la información. Aunque el derecho de acceso a la información está garantizado por ley desde 2003, la situación mejoró con la Ley sobre el acceso a la información y el primer Comisionado de Información en 2013. El Comisionado brinda protección jurídica al derecho de acceso a la información pública y a su reutilización (datos abiertos), supervisa la publicidad del trabajo de las autoridades y fomenta la sensibilización. Tiene una oficina relativamente pequeña (17 empleados). Tal como exige la Ley sobre el derecho de acceso a la información, cada una de las autoridades públicas debe nombrar un responsable de información para la tramitación de las solicitudes de información . La introducción de una competencia sancionadora directa contribuiría a hacer frente a las infracciones. El Comisionado puede presentar peticiones de acusación y emitir órdenes relativas a delitos leves . En 2019, más de la mitad de los recursos presentados ante el Comisionado de Información se debieron a la incapacidad de las autoridades de resolver solicitudes de acceso a la información en los plazos legales establecidos . El Comisionado de Información publicó un informe que manifestaba su preocupación acerca de la aplicación de la Ley sobre el derecho de acceso a la información . Según el MPM de 2020, el derecho de acceso a la información se ejerce principalmente a través de mecanismos de recurso y la intervención directa del Comisionado de Información . El marco para la protección de los periodistas ofrece garantías de seguridad a través de varios actos legislativos. La Ley de medios hace referencia a la libertad de expresión y al pluralismo de los medios de comunicación. En el contexto de la libertad editorial, los periodistas tienen derecho a expresar su opinión y a no proseguir con su trabajo en caso de que esto vaya en contra de las normas de la profesión periodística. En ese caso, el contrato de trabajo no puede ser modificado en su detrimento. Además, los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes, a menos que el tribunal competente ordene la divulgación por motivos de seguridad nacional. Esto es válido tanto para la información ya publicada como para la que se va a publicar . Los periodistas sufren numerosas amenazas en línea, incluidas campañas de desprestigio, discursos de odio, amenazas de muerte y amenazas de agresiones físicas . Según varios informes y afirmaciones de las partes interesadas, estas no suelen provocar una reacción oportuna por parte de las autoridades . El propio Código Penal prevé determinadas salvaguardias en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo ya que considera como delitos la «violación de la libertad de pensamiento y expresión» y la «intimidación» . Sin embargo, los propios periodistas también son objeto de demandas, a menudo con un efecto intimidatorio . En 2019, se presentaron más de 1 000 demandas contra periodistas . Aunque la mayoría de los casos son asuntos civiles relativos a «reclamaciones de indemnización por supuestos daños morales», también hay algunos asuntos penales. Esta ola de demandas fue objeto de una alerta presentada a la Plataforma del Consejo de Europa y se clasificó como «relacionada con el acoso a periodistas» . En Croacia, la difamación puede sancionarse con penas de prisión, mientras que el delito de «fuerte humillación» fue eliminado del Código Penal en 2019 . IV.Otras cuestiones institucionales en relación con el sistema de controles y equilibrios Croacia dispone de un sistema de gobierno parlamentario unicameral en el que el Tribunal Constitucional puede llevar a cabo controles de constitucionalidad ex post, también en casos concretos motivados por un recurso de inconstitucionalidad. Los proyectos de ley pueden ser presentados por cualquier miembro del Parlamento o del Gobierno. Además del sistema judicial, el Defensor del Pueblo, que es el responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades, el Comisionado de Información, y el Defensor de la Igualdad de Género, que ejerce las funciones de organismo de igualdad, desempeñan un papel importante en el sistema de controles y equilibrios. A pesar de la existencia de mecanismos específicos, la participación ciudadana sigue siendo relativamente débil. La Oficina de Legislación del Gobierno coordina las consultas públicas y administra el portal de consultas electrónicas (e-Savjetovanja). Las mayoría de las instituciones dependen exclusivamente de las consultas en línea en lugar de combinar varias metodologías de consulta . Es común que las partes interesadas participen a través de la plataforma de consulta electrónica e-Savjetovanja y el número de consultas va en aumento . Sin embargo, las consultas son a menudo de poca calidad y el nivel de atención prestado a los comentarios sigue siendo bajo. El análisis del Comisionado de Información revela que, en 2019, han aumentado las reclamaciones relativas a consultas públicas . Los motivos indicados fueron que no existía la consulta, que era inferior a treinta días, o que o bien no se habían publicado los planes de consulta o faltaba el informe sobre la consulta realizada. En 2019, se evaluaron un total de 19 543 comentarios (23 035 en 2018). De estos comentarios, solo el 16 % fueron plenamente aceptados, el 6 % parcialmente, del 25 % se tomó buena nota, el 31 % fueron rechazados y el 22 % se dejaron sin responder . Los órganos competentes están obligados a llevar a cabo una consulta pública en línea durante un período de hasta treinta días, pero las consultas solo se realizaron dentro del plazo establecido en el 40 % de los casos. La baja asimilación de los comentarios también fue planteada por los interlocutores sociales, que percibieron las consultas como un mero formalismo más que como algo sustancial . Se ha reforzado la política reguladora, pero quedan retos por resolver. La adopción de la Ley de evaluación del impacto reglamentario en 2017 y la inclusión de la participación de las partes interesadas supusieron un progreso, pero sigue habiendo deficiencias. Croacia se sitúa en el tercio medio de los Estados miembros en cuanto al uso de instrumentos basados en datos contrastados, y en el tercio inferior en cuanto a la calidad normativa y a las consultas con los agentes sociales y económicos en el proceso de elaboración de políticas . Aunque son principalmente los Ministerios los que llevan a cabo las evaluaciones del impacto reglamentario, la Oficina de Legislación del Gobierno proporciona formación sobre metodología y redacción de actos legislativos. El mandato de la Oficina de Legislación del Gobierno se limita al examen de las evaluaciones de impacto relativas al Derecho primario. Como consecuencia, la normativa del Derecho derivado queda sin controlar. Aunque las autoridades locales y regionales tienen considerables competencias para adoptar normativa, la mayoría carecen de recursos humanos o experiencia para aplicar eficazmente la política reguladora. Esto ha dado lugar a importantes diferencias en la calidad de la administración y la reglamentación a nivel local . El Ministerio de Economía, Empresa e Industrias Artesanales croata analiza las repercusiones de la normativa en las pequeñas y medianas empresas mediante la realización de «pruebas PYME» (tanto para el Derecho primario como el derivado). La proporción de leyes adoptadas en el Parlamento en virtud del procedimiento de emergencia ha aumentado desde 2016. Mientras que la proporción de este tipo de leyes disminuyó desde aproximadamente el 82 % en 2014 al 28 % en 2016, volvió a aumentar a aproximadamente el 56 % en 2019, y al 60 % en 2020, también como consecuencia de la pandemia de COVID-19. De las veinticinco leyes adoptadas en el primer trimestre de 2020, veinte se consideraron leyes de emergencia para combatir la COVID-19 y la mayoría siguen en vigor a día de hoy . Las normas para la realización de las consultas públicas se aplican también al procedimiento de emergencia y los proyectos de ley se publican en e-Savjetovanja. El Defensor del Pueblo es el responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades, del Estado de Derecho y de las normas de lucha contra la discriminación. En 2008, se concedió a la institución del Defensor del Pueblo la «categoría A» con arreglo a los Principios de París de las Naciones Unidas, lo cual fue revalidado en 2019 . Su presupuesto anual aumentó de 1,2 millones EUR en 2013 a 1,6 millones EUR en 2019 . En los últimos años, ha aumentado la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo . Esta institución ha ido mejorando su reputación gracias a su profesionalidad, su resistencia a la politización y sus buenos resultados. No obstante, la oficina del Defensor del Pueblo carece de capacidad, especialmente en lo que respecta a sus nuevas competencias relativas a los denunciantes de irregularidades, y requiere apoyo adicional en materia de recursos humanos (la oficina del Defensor del Pueblo ha recibido recursos financieros adicionales para este fin). El Defensor de la Igualdad de Género desempeña las funciones de organismo de igualdad . El Gobierno tiene por objetivo apoyar a la sociedad civil mediante el próximo Plan Nacional para la Creación de un Entorno Favorable para el Desarrollo de la Sociedad Civil 2020-2026. Uno de los objetivos del Plan es seguir mejorando el sistema de apoyo jurídico, financiero e institucional a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Esto incluiría medidas, actividades, plazos y autoridades específicos para su aplicación, así como fuentes de financiación e indicadores para medir el éxito de la aplicación. Se considera que el espacio para la sociedad civil es limitado en Croacia.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 . CIVICUS (2020), Croatia country profile. https://monitor.civicus.org/country/croatia/ Commission staff working document – Country Report Croatia 2019 including an in-depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 {COM(2019) 150 final}. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la verificación de la plena aplicación del acervo de Schengen por parte de Croacia, COM(2019) 497 final. Tribunal Constitucional de Croacia, decisiones de 17 de diciembre de 2019, U-I-4658/2019 y U-I-4659/2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_126_2550.html . Tribunal Constitucional de Croacia, sentencia de 22 de mayo de 2018, U-III-5074/2017. Tribunal Constitucional de Croacia, sentencia de 17 de diciembre de 2019, U-I-4658/2019 y U-I-4659/2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_126_2550.html . Tribunal Constitucional de Croacia, sentencia de 24 de junio de 2020, U-III-3053/2018. Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform . Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors. Gobierno de Croacia (2019), Anti-corruption program for majority state-owned companies 2019-2020. Gobierno de Croacia (2016-2020), Anti-corruption action plan. Gobierno de Croacia (2020), Aportaciones al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Gobierno de Croacia (2020), Resumen del Informe sobre la aplicación de la Ley de derecho de acceso a la información en 2019. https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/izvjesca-o-provedbi-zppi/ . Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) L 95/1. Dirección General de Comunicación (2020), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU. Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º 502: Corruption. Proyectos de modificación de la Ley del Consejo del Poder Judicial del Estado. https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2019-01-18/081446/PZ_301.pdf . Comisión Europea (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Federación Europea de Periodistas (2019), Croatian journalists stage protest against abusive lawsuits. https://europeanjournalists.org/blog/2019/03/05/croatian-journalists-stage-protest-against-abusive-lawsuits/ .

Red Europea de Consejos del Poder Judicial (2020), aportaciones al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) (2019), Informe y Recomendaciones de la Sesión del Subcomité de Acreditación (SCA) – marzo de 2019. https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20Report%20March%202019%20-%20EN%20.pdf . Gong (2019), Letter to GRECO: Plenkovic undermines the fight against corruption. https://www.gong.hr/en/good-governance/anti-corruption-policy/letter-to-greco-plenkovic-undermines-the-fight-aga/ . GRECO (2014), Cuarta Ronda de Evaluación – Evaluation report on Croatia on corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. GRECO (2020), Quinta Ronda de Evaluación – Evaluation report on Croatia on preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Comisionado de Información de Croacia (2019), The report on the implementation of the Law on Access to Information for 2018 submitted to Croatian Parliament. Comisionado de Información de Croacia (2020), The report on the implementation of the Law on Access to Information for 2019 submitted to Croatian Parliament. https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/izvjesca-o-provedbi-zppi/ Ministerio de Justicia (2019), datos sobre la eficiencia de los tribunales. N1 (2020), Plenković announcing the end of immunity for members of the Government: a relic of the 1990s. http://hr.n1info.com/Video/Info/a529417/Plenkovic-najavio-ukidanje-imuniteta-za-clanove-Vlade-To-je-relikt-devedesetih.html . OCDE (2019), Regulatory policy in Croatia: Implementation is key. Defensor del Pueblo de la República de Croacia, Informe anual para 2013, 2017, 2018 y 2019. Recomendación de Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Croacia. ST 8184/20 - COM(2020) 511 final. Reporteros sin Fronteras, página de país: Croacia. https://rsf.org/es/croacia . Oficina de la Fiscalía del Estado de Croacia (2020), Informe de 2019 de la Oficina de la Fiscalía del Estado. Tribunal Supremo de Croacia, sentencia de 12 de febrero de 2019, Rev. 2868/2018-2, http://hr.n1info.com/Binary/245/Odluka-Vrhovnog-suda-o-kreditima-u-CHF.pdf . Sustainable Governance Indicators (2019), Sustainable governance indicators platform 2019. https://www.sgi-network.org/2019/Downloads . Visita virtual a Croacia en el marco de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Banco Mundial, Worldwide governance indicators. https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators .





Anexo II: Visita a Croacia Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con: ·Una experta académica (Viktorija Car, doctora, profesora adjunta, Universidad de Zagreb, Facultad de Ciencias Políticas, Departamento de medios y comunicación) ·La Agencia de Medios Electrónicos ·La Asociación de Periodistas Croatas ·La Asociación de Editores de Periódicos Croatas ·Gong ·La Oficina del Gobierno para las Asociaciones ·La Oficina de Legislación del Gobierno ·El Comisionado de Información ·El Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos ·El Ministerio de Justicia ·El Ministerio de Administraciones Públicas ·La Oficina de la Defensora del Pueblo ·El Consejo de la Fiscalía del Estado ·La Oficina de la Fiscalía del Estado ·El Consejo del Poder Judicial del Estado * La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales: ·Amnistía Internacional