La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, su activación ha ofrecido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis actual, al permitir a cada uno de ellos desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que tal desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector del Pacto, el Consejo puede decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de trayectorias presupuestarias revisadas. La cláusula general de salvaguardia permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

2 El valor de referencia para la reducción de la deuda no es pertinente cuando la deuda de un Estado miembro se situaba por debajo del 60 % del PIB en 2019 y superó ese valor de referencia en 2020, ya que no es posible realizar un cálculo significativo de dicho valor de referencia de forma retrospectiva ni prospectiva.

Los datos revelan que, en 2020, Bélgica, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal y Eslovenia incumplieron el valor de referencia para la reducción de la deuda (cuadro 4). Dicho valor se calcula a lo largo de un período de tres años, que puede ser prospectivo (t-1 a t+1), retrospectivo (t-3 a t-1) o ajustado en función del ciclo. Si, en cualquiera de los años, la ratio de deuda es inferior al 60 % del PIB, no es posible realizar un cálculo significativo del valor de referencia. Así ocurre cuando un Estado miembro rebasa el valor de referencia pasando de una ratio de deuda inferior al 60 % del PIB a una ratio superior a ese porcentaje, como es el caso, en concreto, de Alemania, Eslovaquia y Finlandia. En lo tocante a Eslovaquia, dado que la previsión es que la ratio deuda/PIB caiga por debajo del valor de referencia del Tratado en 2021, se considera que el país sí cumple el criterio de deuda. En cuanto a Alemania y Finlandia, la previsión es que la ratio de deuda se mantenga por encima del 60 % del PIB durante el período de previsión, por lo que se considera que ninguno de ellos cumple el criterio de deuda. Por su parte, España y Francia, que están sujetas a la norma transitoria en materia de deuda, no lograron hacer suficientes avances para ajustarse al valor de referencia relativo a la reducción de la deuda en 2020, pues la variación de su saldo estructural fue inferior al ajuste estructural lineal mínimo requerido (cuadro 5).

En particular, la pandemia de COVID-19 desató una crisis mundial de salud pública sin precedentes que provocó un acusado descenso de la actividad económica, apenas parcialmente amortiguado por el efecto de los estabilizadores automáticos. Los Estados miembros se han visto en el deber de afrontar la emergencia sanitaria, ayudar a los hogares y las empresas, y prestar un apoyo más general a sus economías. Asimismo, han tenido que adoptar importantes medidas de apoyo a la liquidez y garantías estatales. Tales medidas de apoyo a la liquidez, y en particular las garantías públicas en apoyo de los flujos de crédito, no repercuten directamente en el presupuesto en tanto no se ejecuten.

En los catorce Estados miembros restantes que superaron el valor de referencia del déficit del 3 % del PIB establecido en el Tratado (a saber, Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia), la ratio de deuda excedió el valor de referencia del 60 % establecido en el Tratado sin que se cumpliera la doble condición necesaria para tener en cuenta los factores pertinentes. El déficit no se mantuvo próximo al valor de referencia en ninguno de esos Estados miembros, que rebasaron el 3 % del PIB en un porcentaje comprendido entre el 1,2 y el 8 % del PIB. Salvo en Alemania, Chipre, Austria y Finlandia, tampoco se espera que el rebasamiento del valor de referencia sea temporal. Así pues, por lo que se refiere a los catorce Estados miembros señalados, no pueden tenerse en cuenta los factores pertinentes en las etapas conducentes a la decisión relativa a la existencia de un déficit excesivo sobre la base del criterio de déficit.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): Se prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente del 6,2 % del PIB en 2020 al 8,5 % en 2021 y registre posteriormente una caída hasta el 5,4 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 4,9 % del PIB en 2020 al 5,2 % en 2021. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 6,4 % y el 8,7 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 no parecen ser temporales o llevar aparejadas medidas compensatorias. Más allá del período de las previsiones de la Comisión, en 2023, la incidencia residual de esas medidas no temporales sería de aproximadamente el 2 % del PIB, según estimaciones preliminares.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 22,3 % al final de 2018 y en el 20,2 % al final de 2019, ascendió al 25 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 24,5 % del PIB al final de 2021 hasta el 24 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son bajos. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 99,8 % al final de 2018 y en el 98,1 % al final de 2019, ascendió al 114,1 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que aumentará del 115,3 % del PIB al final de 2021 hasta el 115,5 % del PIB al final de 2022. El análisis de la sostenibilidad de la deuda confirma que los riesgos a medio plazo son elevados. De acuerdo con la previsión de referencia a diez años, la ratio de deuda de las administraciones públicas se estabilizaría y empezaría a disminuir en la segunda mitad del período, aunque se mantendría en un nivel elevado. La trayectoria de la deuda es sensible a las perturbaciones macroeconómicas. Así pues, si se toma en consideración una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas (mediante proyecciones estocásticas), cabe la probabilidad de que la ratio de deuda en 2025 sea superior a la de 2020. En lo que respecta a los demás factores pertinentes para una valoración global de la sostenibilidad de la deuda, la ampliación del plazo de vencimiento de la deuda en los últimos años, la relativa estabilidad de las fuentes de financiación (gracias a una base de inversores amplia y diversificada) y el nivel históricamente bajo de los costes de endeudamiento, respaldado por las intervenciones del Eurosistema, contribuyen a mitigar los riesgos. Además, es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, se prevé que disminuyan las necesidades brutas de financiación. Los factores de incremento del riesgo radican en los riesgos vinculados a los pasivos contingentes frente al sector privado, en particular por la posible materialización de las garantías estatales concedidas a empresas y trabajadores por cuenta propia durante la crisis de la COVID-19, si bien se trata por ahora de un riesgo limitado, dada la utilización relativamente escasa de las garantías hasta la fecha.

Situación macroeconómica a medio plazo: Es el único Estado miembro de la UE en el que la economía no se contrajo en 2020: tan solo experimentó una desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB, que pasó a ser del 3,4 %. La economía debería seguir creciendo, un 4,6 % en 2021 y un 5 % en 2022. Los principales motores de crecimiento en 2021 serían la inversión y el consumo privado. No obstante, la «demanda interna modificada» anual, un parámetro de medición que refleja mejor la economía interna subyacente, apunta a una contracción del 5,4 % en 2020. Según esta medición, la economía crecería en un 4,3 % en 2021 y en un 7 % en 2022, y la actividad económica recuperaría en 2022 su nivel anual de 2019.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 8,2 % al final de 2018 y en el 8,4 % al final de 2019, ascendió al 18,2 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que aumentará del 21,3 % del PIB al final de 2021 hasta el 24 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son bajos. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): Se prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente del 4,9 % del PIB en 2020 al 5,6 % en 2021 y registre posteriormente una caída hasta el 3,3 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 5,7 % del PIB en 2020 al 6,3 % en 2021, ambas cifras superiores a las del déficit público en los mismos años. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 5 % y el 5,6 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 no parecen ser temporales o llevar aparejadas medidas compensatorias. Más allá del período de las previsiones de la Comisión, en 2023, la incidencia residual de esas medidas no temporales sería de aproximadamente el 1 % del PIB, según estimaciones preliminares.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 61,8 % al final de 2018 y en el 59,7 % al final de 2019, ascendió al 69,8 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 73,1 % del PIB al final de 2021 hasta el 72,2 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son bajos. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): Se prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente del 4,2 % del PIB en 2020 al 7,5 % en 2021 y registre posteriormente una caída hasta el 2,5 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 2,7 % del PIB en 2020 al 2,8 % en 2021. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 5,9 % y el 9,2 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 no parecen ser temporales o llevar aparejadas medidas compensatorias. Más allá del período de las previsiones de la Comisión, en 2023, la incidencia residual de esas medidas no temporales sería de aproximadamente el 1 % del PIB, según estimaciones preliminares.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 34 % al final de 2018 y en el 33,3 % al final de 2019, ascendió al 42,2 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 40,2 % del PIB al final de 2021 hasta el 38,8 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son bajos. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 32,1 % al final de 2018 y en el 30,3 % al final de 2019, ascendió al 38,1 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que aumentará del 44,3 % del PIB al final de 2021 hasta el 47,1 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son de nivel medio. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): El déficit de las administraciones públicas caería del 9,2 % del PIB en 2020 al 8,5 % del PIB en 2021, y posteriormente al 4,7 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 3,8 % del PIB en 2020 al 3,9 % en 2021. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 6,2 % y el 5,7 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021, y de las anunciadas para 2022, no parecen ser temporales o llevar aparejadas medidas compensatorias. Más allá del período de las previsiones de la Comisión, en 2023, la incidencia residual de esas medidas no temporales sería de aproximadamente el 1 % del PIB, según estimaciones preliminares.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 97,4 % al final de 2018 y en el 95,5 % al final de 2019, ascendió al 120 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 119,6 % del PIB al final de 2021 hasta el 116,9 % del PIB al final de 2022. El análisis de la sostenibilidad de la deuda confirma que los riesgos a medio plazo son elevados. De acuerdo con la previsión de referencia a diez años, la ratio de deuda de las administraciones públicas se estabilizaría y disminuiría ligeramente en la segunda mitad del período, aunque se mantendría en un nivel elevado. La trayectoria de la deuda es sensible a las perturbaciones macroeconómicas. Así pues, si se toma en consideración una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas (mediante proyecciones estocásticas), cabe la probabilidad de que la ratio de deuda en 2025 sea superior a la de 2020. En lo que respecta a los demás factores pertinentes para una valoración global de la sostenibilidad de la deuda, la ampliación del plazo de vencimiento de la deuda en los últimos años, la relativa estabilidad de las fuentes de financiación (gracias a una base de inversores amplia y diversificada) y el nivel históricamente bajo de los costes de endeudamiento, respaldado por las intervenciones del Eurosistema, contribuyen a mitigar los riesgos. Además, es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, se prevé que disminuyan las necesidades brutas de financiación. Los factores de incremento del riesgo radican en los riesgos vinculados a los pasivos contingentes frente al sector privado, en particular por la posible materialización de las garantías estatales concedidas a empresas y trabajadores por cuenta propia durante la crisis de la COVID-19.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 186,2 % al final de 2018 y en el 180,5 % al final de 2019, ascendió al 205,6 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 208,8 % del PIB al final de 2021 hasta el 201,5 % del PIB al final de 2022. Grecia está sometida a una supervisión reforzada . El análisis de la sostenibilidad de la deuda confirma que los riesgos a medio plazo son elevados. De acuerdo con la previsión de referencia a diez años, la ratio de deuda de las administraciones públicas disminuiría a lo largo del período, aunque se mantendría en un nivel elevado. En particular, la trayectoria de la deuda es sensible a las perturbaciones macroeconómicas a medio plazo. Así pues, si se toma en consideración una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas (mediante proyecciones estocásticas), cabe la probabilidad de que la ratio de deuda en 2025 sea superior a la de 2020. Además, el análisis de la sostenibilidad de la deuda que se presenta en el décimo informe de supervisión reforzada revela mayores riesgos relacionados con la sostenibilidad en escenarios alternativos . En cuanto a los demás factores pertinentes para una evaluación global de la sostenibilidad de la deuda, si bien la composición y el perfil de vencimiento de la deuda pública atenúan las vulnerabilidades, los pasivos contingentes podrían generar riesgos adicionales. Gran parte de la deuda se financia a bajos tipos de interés y con largos plazos de amortización, lo que, unido a las elevadas reservas de efectivo de las administraciones públicas griegas, amortigua de manera efectiva la incidencia de las fluctuaciones a corto plazo de los costes de financiación. El análisis de la sostenibilidad de la deuda que se expone en el décimo informe de supervisión reforzada no toma en consideración la incidencia en el crecimiento a largo plazo de las reformas e inversiones presentadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que podrían moderar en mayor medida los riesgos relativos a la sostenibilidad. Por el contrario, existen riesgos relacionados con la incertidumbre en torno a los pasivos contingentes frente al sector privado, en particular las garantías estatales concedidas a empresas y trabajadores por cuenta propia durante la pandemia o en el marco del programa Hércules.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 63 % al final de 2018 y en el 57,4 % al final de 2019, ascendió al 59,5 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 61,4 % del PIB al final de 2021 hasta el 59,7 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son bajos. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 98 % al final de 2018 y en el 97,6 % al final de 2019, ascendió al 115,7 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 117,4 % del PIB al final de 2021 hasta el 116,4 % del PIB al final de 2022. El análisis de la sostenibilidad de la deuda confirma que los riesgos a medio plazo son elevados. De acuerdo con la previsión de referencia a diez años, la ratio de deuda de las administraciones públicas se estabilizaría y disminuiría ligeramente en la segunda mitad del período, aunque se mantendría en un nivel elevado. La trayectoria de la deuda es sensible a las perturbaciones macroeconómicas. Así pues, si se toma en consideración una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas (mediante proyecciones estocásticas), cabe la probabilidad de que la ratio de deuda en 2025 sea superior a la de 2020. En lo que respecta a los demás factores pertinentes para una valoración global de la sostenibilidad de la deuda, la ampliación del plazo de vencimiento de la deuda en los últimos años, la relativa estabilidad de las fuentes de financiación (gracias a una base de inversores amplia y diversificada) y el nivel históricamente bajo de los costes de endeudamiento, respaldado por las intervenciones del Eurosistema, contribuyen a mitigar los riesgos. Además, es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, se prevé que disminuyan las necesidades brutas de financiación. Los factores de incremento del riesgo radican en los riesgos vinculados a los pasivos contingentes frente al sector privado, en particular por la posible materialización de las garantías estatales concedidas a empresas y trabajadores por cuenta propia durante la crisis de la COVID-19.

Otros factores alegados por el Estado miembro: El 30 de abril de 2021, Francia adujo factores pertinentes adicionales, a saber, la contención del incremento del gasto de las administraciones públicas en los últimos años, que habría sido del 0,7 % (incremento medio en términos reales) entre 2017 y 2019.

4.2.11Croacia

Situación macroeconómica a medio plazo: Tras experimentar una contracción del 8 % en 2020, la economía crecería un 5 % en 2021 y un 6,1 % en 2022. Los principales motores de crecimiento en 2021 serían el consumo privado y la inversión. La actividad económica recuperaría en 2022 su nivel anual de 2019.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): El déficit de las administraciones públicas caería del 7,4 % del PIB en 2020 al 4,6 % del PIB en 2021, y posteriormente al 3,2 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 5,6 % del PIB en 2020 al 6,3 % en 2021, año en que sería superior al déficit público. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 8,1 % y el 5,3 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. En su mayoría, las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 son temporales o llevan aparejadas medidas compensatorias.

Croacia está experimentando desequilibrios en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Las vulnerabilidades están vinculadas a la deuda pública, la deuda privada y la deuda externa, en un contexto de bajo potencial de crecimiento. De cara al futuro, el Plan de Recuperación y Resiliencia brinda una oportunidad para corregir los desequilibrios y responder a las necesidades de inversión y de reforma.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 74,3 % al final de 2018 y en el 72,8 % al final de 2019, ascendió al 88,7 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 85,6 % del PIB al final de 2021 hasta el 82,9 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son de nivel medio. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Otros factores alegados por el Estado miembro: El análisis presentado en los apartados precedentes cubre ya los factores clave aducidos por Croacia el 30 de abril de 2021.

4.2.12Italia

Situación macroeconómica a medio plazo: Tras experimentar una contracción del 8,9 % en 2020, la economía crecería un 4,2 % en 2021 y un 4,4 % en 2022. Los principales motores de crecimiento en 2021 serían el consumo privado y la inversión. La actividad económica no recuperaría en 2022 su nivel anual anterior a la crisis, puesto que, de acuerdo con las previsiones, el PIB en 2022 seguiría estando un 0,9 % por debajo del nivel de 2019.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): Se prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente del 9,5 % del PIB en 2020 al 11,7 % en 2021 y registre posteriormente una caída hasta el 5,8 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 2,7 % del PIB en 2020 al 2,9 % en 2021. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 8 % y el 10,2 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 no parecen ser temporales o llevar aparejadas medidas compensatorias. Más allá del período de las previsiones de la Comisión, en 2023, la incidencia residual de esas medidas no temporales sería de aproximadamente el 1 % del PIB, según estimaciones preliminares.

Italia está experimentando unos desequilibrios excesivos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Las vulnerabilidades están vinculadas a la elevada deuda pública y la prolongada falta de dinamismo de la productividad, en un contexto de fragilidad del mercado de trabajo y del sector bancario, y tienen incidencia transfronteriza. De cara al futuro, el Plan de Recuperación y Resiliencia brinda una oportunidad para corregir los desequilibrios y responder a las necesidades de inversión y de reforma.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 134,4 % al final de 2018 y en el 134,6 % al final de 2019, ascendió al 155,8 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 159,8 % del PIB al final de 2021 hasta el 156,6 % del PIB al final de 2022. El análisis de la sostenibilidad de la deuda confirma que los riesgos a medio plazo son elevados. De acuerdo con la previsión de referencia a diez años, la ratio de deuda de las administraciones públicas se estabilizaría en los próximos cinco años y disminuiría en la segunda mitad del período, aunque se mantendría en un nivel elevado. La trayectoria de la deuda es sensible a las perturbaciones macroeconómicas. Así pues, si se toma en consideración una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas (mediante proyecciones estocásticas), cabe la probabilidad de que la ratio de deuda en 2025 sea superior a la de 2020. En lo que respecta a los demás factores pertinentes para una valoración global de la sostenibilidad de la deuda, la ampliación del plazo de vencimiento de la deuda en los últimos años, la relativa estabilidad de las fuentes de financiación (gracias a una base de inversores amplia y diversificada) y el nivel históricamente bajo de los costes de endeudamiento, respaldado por las intervenciones del Eurosistema, contribuyen a mitigar los riesgos. Además, es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, se prevé que disminuyan las necesidades brutas de financiación. Los factores de incremento del riesgo radican en los riesgos vinculados a los pasivos contingentes frente al sector privado, en particular por la posible materialización de las garantías estatales concedidas a empresas durante la crisis de la COVID-19.

Otros factores alegados por el Estado miembro: El 30 de abril de 2021, Italia adujo una serie de factores pertinentes adicionales, a saber, que las administraciones públicas poseen unos activos considerables y estos influyen en su solvencia general; que el volumen de pasivos contingentes es comparativamente bajo, aun a pesar de haber aumentado debido a la crisis de la COVID-19, y que cabe esperar que el volumen de deuda en el mercado sea sustancialmente inferior al nivel global de la deuda en los próximos años.

4.2.13Chipre

Situación macroeconómica a medio plazo: Tras experimentar una contracción del 5,1 % en 2020, la economía crecería un 3,1 % en 2021 y un 3,8 % en 2022. Los principales motores de crecimiento en 2021 serían el consumo privado y las exportaciones netas. La actividad económica recuperaría en 2022 su nivel anual de 2019.

Situación presupuestaria a medio plazo (incluida la inversión): El déficit de las administraciones públicas caería del 5,7 % del PIB en 2020 al 5,1 % del PIB en 2021, y posteriormente al 2 % del PIB en 2022. La inversión pública aumentaría del 2,9 % del PIB en 2020 al 3,5 % en 2021. El apoyo presupuestario financiado a nivel nacional en 2020 y 2021, medido por la variación del saldo primario en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019), se estima en el 7,6 % y el 6,8 % del PIB respectivamente, con inclusión de las medidas presupuestarias discrecionales y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las medidas adoptadas en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. En su mayoría, las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 son temporales o llevan aparejadas medidas compensatorias.

Chipre está experimentando unos desequilibrios excesivos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Las vulnerabilidades están vinculadas al elevado volumen de deuda externa, pública y privada, y a la persistencia de un volumen considerable de préstamos dudosos, a lo que se suma un importante déficit por cuenta corriente. De cara al futuro, el Plan de Recuperación y Resiliencia brinda una oportunidad para corregir los desequilibrios y responder a las necesidades de inversión y de reforma.

Situación de la deuda a medio plazo: La deuda de las administraciones públicas, que se situaba en el 99,2 % al final de 2018 y en el 94 % al final de 2019, ascendió al 118,2 % del PIB al final de 2020. Las previsiones apuntan a que disminuirá del 112,2 % del PIB al final de 2021 hasta el 106,6 % del PIB al final de 2022. Globalmente, el análisis de la sostenibilidad de la deuda indica que los riesgos a medio plazo son de nivel medio. Es de esperar que las reformas e inversiones que se realicen en el marco de Next Generation EU, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tengan una notable incidencia positiva y duradera en el crecimiento del PIB a lo largo de los próximos años, lo que, siempre que las demás condiciones no varíen, debería contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda.

Otros factores alegados por el Estado miembro: El análisis presentado en los apartados precedentes cubre ya los factores clave aducidos por Chipre el 29 de abril de 2021.