[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 13.7.2006

SEC (2006) 929

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe de evaluación de impacto

Anexo al proyecto de propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a las [directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión ] {COM (2006) 386 final}

EVALUACIÓN DE IMPACTO: DIRECTRICES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE COHESIÓN, 2007-2013

DG responsable: DG POLÍTICA REGIONAL

Otros servicios participantes : DG EMPLEO

Referencia de la planificación de los trabajos o del programa de trabajo : 2005/REGIO+/013

Procedimiento y consulta de las partes interesadas

Organización y planificación

El 14 de julio de 2004, la Comisión presentó su propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión [COM(2004) 492 final].

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión, corresponde al Consejo establecer, tras la adopción del Reglamento y sobre la base de una propuesta de la Comisión, y teniendo en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo, directrices estratégicas comunitarias para la política de cohesión que «fijen […] las prioridades de la Comunidad con vistas a favorecer un desarrollo equilibrado, armónico y sostenible[1]».

Dichas directrices ya fueron adoptadas en forma de proyecto [(COM(2005) 299 final de 5 de julio de 2005]. El presente proyecto de propuesta tiene en cuenta las observaciones formuladas por los Estados miembros, los resultados de la consulta pública y el dictamen aprobado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria el 18 de mayo de 2006. Se prevé que la Comisión adopte las directrices el 12 de julio de 2006.

Consulta de las partes interesadas

El proceso de elaboración de las directrices estratégicas comunitarias ha estado jalonado por diversos eventos en los que han participado los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, así como otros socios:

- conferencia sobre el tema «La cohesión y la Agenda de Lisboa: el papel de las regiones», celebrada el 3 de marzo de 2005;

- consulta a los Estados miembros en el grupo de trabajo «medidas estructurales», entre enero y abril de 2005;

- presentación, el 17 de mayo de 2005, de un documento no oficial sobre las prioridades futuras, que sirvió de base a los debates en la reunión informal del Consejo;

- examen del documento no oficial en la reunión ministerial informal celebrada en Luxemburgo el 20 de mayo de 2005.

El texto íntegro de las directrices estratégicas tiene en cuenta el documento no oficial y el resultado de los debates.

Consulta pública

El proyecto de directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión 2007-2013 ha sido objeto de una consulta pública, que se inició el 7 de julio de 2005 y concluyó el 30 de septiembre de 2005. Dicha consulta se inscribía en un proceso de consulta más amplio, que comenzó con las propuestas legislativas de la Comisión relativas a la política de cohesión para el periodo 2007 a 2013. Entre 2003 y 2004, la Comisión llevó a cabo una consulta a gran escala de las autoridades regionales y locales europeas y sus asociaciones, así como de otras partes interesadas, en el marco del debate sobre el futuro de la política de cohesión para 2007-2013. Estas primeras etapas se resumen en la evaluación de impacto que acompaña las propuestas legislativas presentadas por la Comisión en julio de 2004[2]. Así pues, el objetivo de esta consulta era hacer participar a la opinión pública y facilitar el intercambio de opiniones sobre la dimensión estratégica de la política de cohesión para 2007-2013.

Los resultados de la consulta pública pueden resumirse del siguiente modo:

1) la política de cohesión está intrínsecamente vinculada a la competitividad global de la Unión Europea y debe apoyar el programa en favor del crecimiento y del empleo;

2) al desarrollar las sinergias y las complementariedades con las otras políticas comunitarias, la política de cohesión puede contribuir aún más a la realización de la Agenda de Lisboa;

3) la importancia concedida a la innovación y a la economía del conocimiento suscita un amplio apoyo y se confirma la necesidad de una acción reforzada en favor de la investigación, la educación y la formación;

4) la concentración en torno a un número limitado de prioridades debe contribuir a maximizar los efectos y el valor añadido de los programas que dependen de la política de cohesión;

5) se acoge favorablemente la introducción de elementos más innovadores, como la importancia concedida al acceso a la financiación y a la ingeniería financiera, las asociaciones público-privadas, la inversión en la salud con el fin de favorecer la competitividad y la productividad, así como el refuerzo de las capacidades administrativas;

6) las directrices deben dejar a los Estados miembros y a las regiones la flexibilidad necesaria para definir la serie de prioridades y acciones que permita a cada uno responder a sus propias necesidades de desarrollo;

7) las directrices deben hacer hincapié en la dimensión territorial de la política de cohesión, no como una disyuntiva entre cohesión territorial y competitividad, sino más bien considerándolos conceptos complementarios. El papel de las ciudades, como principales contribuidores a la acción en favor del crecimiento y el empleo, así como la necesidad de diversificación económica de las zonas rurales se mencionaron en múltiples ocasiones como ámbitos importantes que deben reforzarse en las directrices;

8) al hacer hincapié en la competitividad y la innovación, es necesario tener en cuenta los aspectos sociales; por otra parte, la futura política de cohesión debería proseguir el planteamiento equilibrado destinado a alcanzar los objetivos de un mayor crecimiento económico y de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo;

9) las directrices deberían reconocer formalmente el papel crucial de las regiones y las ciudades, así como el del sector no gubernamental, en la planificación, la concepción, la realización, la aplicación y la evaluación de los programas que dependen de la política de cohesión.

Se recibieron 197 contribuciones válidas en respuesta a la consulta pública y se publicó e incluyó un informe en el sitio web Europa. Esta consulta se desarrollo paralelamente al proceso institucional en el que participaron el Parlamento Europeo y el Consejo. Las observaciones recibidas en el contexto de la consulta fueron, en su caso, incorporadas posteriormente al texto.

Dictamen del Parlamento Europeo

El 18 de mayo de 2006, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre el proyecto de directrices[3].

Las principales conclusiones que figuran en el dictamen del Parlamento Europeo pueden resumirse del siguiente modo:

1) El PE se felicita por que las directrices estratégicas fijan las prioridades de la Comunidad en la promoción de un desarrollo sostenible, equilibrado y armonioso.

2) El PE destaca que la política de cohesión no puede suplantar los esfuerzos de los Estados miembros, que son necesarios en numerosos ámbitos políticos para alcanzar los objetivos ambiciosos de la Estrategia de Lisboa.

3) Los objetivos de la Estrategia de Lisboa no deben perseguirse en detrimento de la realización de una mayor cohesión social y económica, sino que deben contribuir al refuerzo de esta cohesión en el marco de las directrices estratégicas.

4) La Estrategia de Lisboa debe aplicarse al mismo tiempo que la Estrategia de Gotemburgo sobre el desarrollo sostenible de la economía.

5) El PE hace un examen crítico de la asignación de los créditos de la política de cohesión en favor de las prioridades estratégicas de Lisboa.

6) El PE destaca la importancia de tener en cuenta la dimensión urbana.

7) El PE hace hincapié en el principio de asociación como factor determinante para el éxito de la aplicación de los programas.

8) El PE subraya la importancia del recurso a las asociaciones público-privadas.

9) El intercambio de las mejores prácticas y la experiencia positiva de la iniciativa comunitaria EQUAL deberían continuarse durante el período de programación 2007-2013.

10) La «cohesión territorial» debe tenerse lo suficientemente en cuenta en las directrices estratégicas comunitarias.

Dict ámenes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo

En noviembre de 2005, el Comité de las Regiones aprobó un dictamen sobre el proyecto de directrices estratégicas comunitarias (dictamen 140/2005) y el Comité Económico y Social Europeo (dictamen CESE 592/2006) en abril de 2006.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión, corresponde al Consejo establecer, tras la adopción del Reglamento y sobre la base de una propuesta de la Comisión, y habida cuenta del dictamen del Parlamento Europeo, directrices estratégicas comunitarias para la política de cohesión que «fijen […] las prioridades de la Comunidad con vistas a favorecer un desarrollo equilibrado, armónico y sostenible[4]».

OBJETIVOS PRINCIPALES

Las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión tienen por objeto principalmente guiar a los Estados miembros en la elaboración de sus marcos estratégicos nacionales de referencia, con el fin de procurar que los programas cofinanciados por los Fondos estén en consonancia con los ámbitos de intervención prioritarios definidos a escala comunitaria, en particular, para contribuir a la realización de la Agenda de Lisboa en favor del crecimiento y del empleo. A la luz de lo que precede y de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, los programas cofinanciados por la política de cohesión deben procurar orientar los recursos hacia las tres siguientes prioridades:

- mejorar el atractivo de los Estados miembros, las regiones y las ciudades mejorando la accesibilidad, garantizando una calidad y un nivel adecuado de servicios y preservando su potencial medioambiental;

- promover la innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía del conocimiento mediante capacidades de investigación e innovación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y

- crear más y mejores empleos atrayendo a más personas al empleo o a la actividad empresarial, mejorando la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas e incrementando la inversión en capital humano.

Estas prioridades corresponden a las enunciadas en el documento de la Comisión sobre la «Asociación para el crecimiento y el empleo», publicado en febrero de 2005[5], y aprobado por el Consejo Europeo de Primavera en 2005.

Las directrices estratégicas comunitarias forman un marco único que se pide a los Estados miembros y las regiones que utilicen cuando elaboren sus programas nacionales, regionales y locales, en particular, con miras a evaluar su contribución a los objetivos de cohesión, crecimiento y empleo de la Unión. Las directrices son una condición necesaria, pero no la única, para lograr el nivel adecuado de concentración en las prioridades clave para cada Estado miembro y cada región, de conformidad con la Agenda revisada de Lisboa.

OPCIONES ESTRATÉGICAS

Las directrices traducen el requisito contemplado en el artículo 23 del proyecto de Reglamento general. Desde el punto de vista del contenido, el Reglamento confirma que las directrices deben definir las prioridades comunitarias de la ayuda que depende de la política de cohesión y, en particular, reforzar las sinergias con la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo y contribuir a su realización. Por consiguiente, las directrices incorporan las tres prioridades enunciadas en la Comunicación de la Comisión sobre la «Asociación para el crecimiento y el empleo» aprobadas por el Consejo Europeo de Primavera en 2005.

Este enfoque ha sido revalidado por los resultados de la consulta pública, que confirman la opinión general de que la política de cohesión está intrínsecamente vinculada a la competitividad global de la Unión Europea y debe contribuir directamente a la acción en favor del crecimiento y el empleo. Tanto los resultados de la consulta pública como el dictamen del Parlamento Europeo confirman también que el desarrollo de las sinergias y complementariedades con las otras políticas comunitarias permitirá a la política de cohesión contribuir aún más a la Agenda de Lisboa. La versión final de las directrices estratégicas comunitarias, que es objeto del presente procedimiento de decisión, conserva la misma definición inicial de prioridades con el fin de promover una concentración de los recursos financieros destinada a maximizar el impacto económico, social e, incluso, político. Por otra parte, la versión final de las directrices expone con más detalle las acciones prioritarias existentes, en respuesta a los resultados de la consulta pública, a las observaciones de los Estados miembros y al dictamen del Parlamento Europeo.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

El análisis presentado en esta sección no pretende ser un análisis cuantitativo exhaustivo de los efectos en la economía, el medio ambiente y la sociedad. En la evaluación de impacto que acompaña la propuesta de la Comisión relativa al nuevo Reglamento[6] se presenta una exposición de los previsibles efectos económicos, sociales y medioambientales del nuevo Fondo de Cohesión. Debido a su naturaleza específica, las directrices no pueden tener efectos directos, mensurables y cuantificables sobre el funcionamiento del mercado interior, la competitividad de las empresas o la creación de nuevos empleos. El efecto que se espera de ellas es más bien el de procurar que los recursos financieros comunitarios destinados a la política de cohesión se orienten hacia las prioridades de la Comunidad y, en particular, a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo, ejerciendo al mismo tiempo un potente estímulo para la ejecución de las otras políticas comunitarias. De este modo, las directrices también ponen de relieve la necesidad de maximizar, en la medida de lo posible, las sinergias y las complementariedades con las otras políticas comunitarias.

Por lo que respecta al crecimiento y al empleo, los efectos de la política de cohesión en apoyo de la Estrategia de Lisboa deberán producirse garantizando una estrecha coordinación con los programas nacionales de reforma. La mayoría de éstos destacan la importancia de disponer de infraestructuras de transporte modernas y de tecnologías de la información y la comunicación (por ejemplo, disponibilidad de banda ancha). Estos son algunos ejemplos del tipo de inversiones que puede beneficiarse de una ayuda a través de la política de cohesión. Por último, como indica la Comisión en su informe anual de evolución, «un gran número de Estados miembros deben garantizar que los recursos comunitarios para la cohesión y el desarrollo rural se destinan a apoyar la Estrategia de Lisboa en general. Efectivamente, dichos recursos deben programarse para prestar un apoyo directo a los Programas Nacionales de Reforma»[7].

CONTROL Y EVALUACIÓN

El proceso de Lisboa, por una parte, y la elaboración y la ejecución de los programas que dependen de la política de cohesión, por otra, son objeto de procedimientos paralelos que exigen, tanto en un caso como en el otro, la presentación de informes para comprobar, entre otras cosas, la coherencia entre ambos. El Reglamento relativo a la política de cohesión constituye la base jurídica de esta comprobación.

En el caso de la política de cohesión, el Reglamento prevé: 1) la elaboración por los Estados miembros, a partir de 2008, de informes de aplicación anuales; 2) la presentación por los Estados miembros, en dos ocasiones (2009 y 2012), de informes relativos a las realizaciones estratégicas de los programas. Los informes estratégicos deberán, en particular, contener información sobre la contribución de los programas a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. En 2010 y 2013, la Comisión publicará un resumen de los informes nacionales dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo. Una fuente de información cuantitativa esencial para los informes estratégicos es la información sobre los recursos adoptados de conformidad con cada una de las categorías asignadas en relación con Lisboa.

Por lo que se refiere al proceso de Lisboa, el punto esencial reside en que la reglamentación en materia de política de cohesión establece expresamente disposiciones para la comprobación cruzada. Por primera vez en 2007, los Estados miembros deberán proporcionar, en sus informes anuales sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa, información sobre la contribución de la política de cohesión a la realización de sus programas nacionales de reforma. Por su parte, la Comisión deberá resumir dicha información en su Informe anual de evolución, elaborado en respuesta a los informes anuales de los Estados miembros.

En resumen, la nueva reglamentación tendrá por objeto procurar que la política de cohesión desempeñe verdaderamente el papel que le corresponde en la realización de la Agenda de Lisboa, con el apoyo de unas disposiciones sólidas de presentación de informes y comprobación cruzada.

[1] COM(2004) 492 final, artículo 23.

[2] SEC(2004) 924 de 14.7.2004.

[3] Dictamen del PE A6-0175/2006 de 10 de mayo de 2006.

[4] COM(2004) 492 final, artículo 23.

[5] Comunicación al Consejo Europeo de Primavera, «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo – relanzamiento de la Estrategia de Lisboa», COM(2005) 24 de 2.2.2005.

[6] SEC(2004) 924.

[7] COM(2006) 30 final de 25.1.2006, p. 14.