INFORME EXPLICATIVO DEL CONVENIO SOBRE LAS DECISIONES DE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE CONDUCIR

(1999/C 211/01)

(Texto aprobado por el Consejo el 24 de junio de 1999)

Introducción

1. El aumento del tráfico por carretera en la Unión Europea, alentado por el mercado único y la eliminación de los controles en las fronteras interiores entre la mayoría de los Estados miembros exige un determinado esfuerzo colectivo para mejorar la seguridad vial. En particular, es necesario garantizar que las decisiones de privación del derecho de conducir no se apliquen solamente en el territorio de un solo Estado miembro, sino en toda la Unión Europea.

2. Se ha reconocido desde hace tiempo la existencia de una disparidad de trato entre los conductores a los que se priva del derecho de conducir en su propio país y aquellos a los que se priva de tal derecho en un país distinto del de su residencia habitual. En el primer caso, la privación del derecho de conducir prohíbe al titular del permiso la conducción en todos los países para los que dicho permiso era válido anteriormente. En el segundo caso, en cambio, la privación del derecho se aplica exclusivamente en el país en el que se ha impuesto y mientras la persona permanezca en ese país; en efecto, si el permiso ha sido retirado por las autoridades de dicho Estado deberá ser restituido al conductor en el momento en que abandona el país.

3. Así pues, en tanto que en el primer caso la actuación del conductor da lugar a que se le prohíba conducir en otros países además de su proprio país (Estado de residencia), aquel en el que se impuso la privación del derecho, ello no ocurre en el segundo caso, en el que el conductor es libre de conducir legalmente de forma inmediata en cualquier otro país que acepte el permiso de conducción.

4. Esta diferencia de trato no solamente era contraria a los intereses de la seguridad vial en la Unión Europea sino que era también muy injusta. Por ello, la Presidencia neerlandesa abordó la cuestión en 1991 en el Grupo "Cooperación judicial" con el propósito e hallar una solución. Sin embargo, sólo en 1995 la Presidencia francesa presentó el primer proyecto de Convenio, sobre el que se deliberó a lo largo de varias presidencias. Durante la Presidencia luxemburguesa de 1997 se realizaron avances importantes, y el Convenio fue ultimado durante la Presidencia del Reino Unido en 1998. Básicamente, el Convenio establece un mecanismo en virtud del cual la privación del derecho de conducir impuesta a un conductor en un Estado miembro distinto del de su residencia habitual con motivo de las infracciones de tráfico más graves puede aplicarse en todos los Estados miembros.

Artículo 1

Este artículo define las expresiones "decisión de privación del derecho de conducir", "Estado de la infracción", "Estado de residencia" y "vehículo de motor" a efectos del Convenio, para todos los casos en que se emplean dichas expresiones en el mismo.

1.1. La definición de la "decisión de privación del derecho de conducir" en la letra a) reconoce la diversidad de leyes y sistemas sobre privación de tal derecho vigentes en los Estados miembros. En algunos países la privación del derecho de conducir se impone como medida principal, por ejemplo como parte de una condena penal; en otros, es una medida complementaria o accesoria, impuesta, por ejemplo, como consecuencia de una sentencia de culpabilidad; en otros aún, puede ser impuesta de forma totalmente independiente de una condena penal, incluso por una autoridad administrativa completamente independiente y exclusivamente como medida de seguridad. A efectos del Convenio se entiende que la expresión "decisión de privación del derecho de conducir" abarca toda medida relacionada con la comisión de una infracción de tráfico(1) que dé lugar a la anulación o supensión del permiso de conducción o del derecho de conducir(2). Ello excluye la retirada del permiso debido, por ejemplo, exclusivamente a una situación médica o únicamente en aplicación del denominado sistema de puntos. Además, el Convenio se aplica unicamente a las decisiones de privación del derecho de conducir que ya no admitan recurso, bien por haberse utilizado y agotado las vías de recuso o por haber transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya recurrido la decisión.

Cabe señalar que en el momento de la adopción del Convenio quedó entendido que todas las decisiones de privación del derecho de conducir adoptadas en el Estado de la infracción, incluidas las adoptadas por autoridades administrativas, están sometidas a control jurisdiccional.

1.2. En la letra b) se define la expresión "Estado de la infracción" como el Estado miembro de la Unión Europea en que se haya cometido la infracción de tráfico que haya dado lugar a la decisión de privación del derecho de conducir.

1.3. En la letra c) se define la expresión "Estado de residencia" como el Estado miembro en el que el conductor tenga su residencia habitual con arreglo al artículo 9 de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción(3). Este artículo dice lo siguiente:

"A efectos de aplicación de la presente Directiva, se entenderá por 'residencia normal' el lugar en que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite.

No obstante, la residencia normal de una persona cuyos vínculos profesionales estén situados en un lugar diferente del de sus vínculos personales y que, por ello, se vea obligada a permanecer alternativamente en diferentes lugares situados en dos o varios Estados miembros, se considera situada en el lugar al que le unan sus vínculos personales, siempre que vuelva a dicho lugar de forma regular. Esta última condición no será necesaria cuando dicha persona permanezca en un Estado miembro para desempeñar una misión de una duración determinada. La asistencia a una universidad o escuela no implicará el traslado de la residencia normal.".

1.4. En la letra d) se define "vehículo de motor" mediante una referencia a la definición del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE. La definición incluye a todo vehículo de motor que precise un permiso de conducción de cualquiera de las categorías o subcategorías especificadas en el artículo 3 de la Directiva mencionada, incluidas las categorías de permisos a que se hace referencia en el artículo 10 de dicha Directiva.

Artículo 2

2. En virtud del artículo 2, los Estados miembros asumen la obligación de cooperar, conforme a lo dispuesto en el Convenio, con el fin de que los conductores a los que se haya privado del derecho de conducir en un Estado miembro distinto de aquel en el que tienen su residencia habitual no puedan sustraerse a los efectos de la decisión de privación del derecho de conducir por el mero hecho de abandonar el Estado de la infracción.

Artículo 3

3.1. El artículo 3 establece el mecanismo que activa el procedimiento de ejecución contemplado en el Convenio, consistente en la notificación obligatoria al Estado de residencia, por parte del Estado de la infracción, de la decisión de privación del derecho de conducir impuesta. El apartado 1 dispone que la notifcación deberá efectuarse "inmediatamente". Es importante que el Estado de residencia pueda actuar con la máxima rapidez, tanto en aras de la seguridad vial como para reducir lo más posible los retrasos en el cumplimiento de la decisión de privación del derecho de conducir. No se fija un plazo concreto para el envío de la notificación, pero se espera que los Estados miembros establezcan mecanismos que se ajusten al espíritu de este artículo y velen por una notificación rápida.

3.2. El apartado 2 del artículo 3 permite que los Estados miembros acuerden entre sí que no se efectúen las notificaciones contempladas en el apartado 1 en determinados casos en que sería aplicable la letra a) del apartado 2 del artículo 6. La letra a) del apartado 2 del artículo 6 dispone que el Estado de residencia podrá negarse a ejecutar la decisión de privación del derecho de conducir cuando la conducta por la cual se haya impuesto la decisión de privación del derecho de conducir en el Estado de la infracción no constituya una infracción con arreglo a la legislación del Estado de residencia (es decir, que no exista doble incriminación). El propósito del apartado 2 del artículo 3 es evitar notificaciones innecesarias en casos en los que es sabido que el Estado de residencia optaría siempre por no ejecutar una decisión de privación del derecho de conducir por no existir doble incriminación.

3.3. En aplicación del artículo 8 de la Directiva 91/439/CEE, el Estado miembro notificado con arreglo al artículo 3 del Convenio podrá ser un Estado miembro diferente del que haya expedido el permiso de conducción de que se trate. Por lo tanto, en el momento de la adopción del Convenio se entendió que en tales casos el Estado de residencia debería informar de la situación al Estado que haya expedido el permiso de conducción.

Artículo 4

4.1. El Convenio establece tres maneras diferentes en que el Estado miembro que actúa como Estado de referencia puede ejecutar una decisión de privación del derecho de conducir. Éstas se describen en el apartado 1. Con arreglo al apartado 1, los Estados miembros tienen la obligación de ejecutar sin demora la decisión de privación del derecho de conducir. Ello reviste especial importancia en los casos en que las decisiones de privación del derecho de conducir surten efecto inmediatamente o después de haber expirado el posible plazo de interposición de recurso en el Estado de la infracción, a la vista de la obligación del Estado de residencia de tomar en consideración la parte del período de privación del derecho de conducir que ya se haya cumplido en aquel Estado. Esto resulta fundamental para reducir todo lo posible las cargas administrativas innecesarias y garantizar la aplicación eficaz del Convenio.

4.2. La primera manera posible de ejecutar las decisiones de privación del derecho de conducir [letra a) del apartado 1] consiste en la ejecución directa de la decisión de privación del derecho de conducir. En efecto, el Estado de residencia reconoce la decisión adoptada en el Estado de la infracción y está en condiciones de ejecutarla con un mínimo de formalidades y sin que la misma deba ser refrendada o confirmada en modo alguno por un tribunal del Estado de residencia. El único requisito que se impone al Estado de residencia a la hora de ejecutar directamente la decisión del Estado de la infracción consiste en que deberá tomar en consideración (esto es, deducir) la parte del período de privación del derecho de conducir que ya se haya cumplido en el Estado de la infracción. Este cálculo debería poder realizarlo a partir de la información que le facilite el Estado de residencia conforme al quinto guión del apartado 1 del artículo 8.

4.3. El segundo método posible de ejecución de las decisiones de privación del derecho de conducir [letra b) del apartado 1] es la ejecución indirecta de la decisión de privación del derecho de conducir por medio de una decisión judicial o administrativa. Este método de ejecución permite que una autoridad judicial o administrativa del Estado de residencia refrende o confirme las decisiones del Estado de la infracción. Compete al Estado de residencia decidir el modo de conseguir este resultado, el cual podrá variar en función de los distintos sistemas nacionales.

4.4. El tercer método de ejecución [letra c) del apartado 1] consiste en convertir la decisión de privación del derecho de conducir en una decisión judicial o administrativa propia, sustituyendo de este modo la decisión adoptada en el Estado de la infracción por una decisión del Estado de residencia.

4.5. La ejecución con arreglo a las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 4 está sujeta a una serie de condiciones que figuran, respectivamente, en los apartados 2 y 3. El propósito de éstas consiste fundamentalmente en permitir cierta flexibilidad que tenga en cuenta los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Además del requisito de tomar en consideración la parte del período de privación del derecho de conducir que ya se haya cumplido -requisito que es común a los tres métodos de ejecución-, para el primer método de ejecución no es necesario aplicar ninguna de las restantes condiciones contempladas en los apartados 2 y 3, por cuanto la ejecución directa no permite margen de flexibilidad alguno, ni por lo que respecta al período ni por lo que respecta a la naturaleza de la privación del derecho.

4.6. En el caso de ejecución conforme a la letra b) del apartado 1 (ejecución indirecta), se especifican tres condiciones en el apartado 2:

a) Debe tenerse en cuenta la parte del período de privación del derecho de conducir que ya se haya cumplido en el Estado de la infracción (es decir, esta parte se deducirá de la duración de la sanción impuesta inicialmente). En caso de reducción de la duración de la privación del derecho de conducir en aplicación de la letra b), la letra a) se aplicará respecto del período reducido.

b) El Estado de residencia podrá reducir la duración del período de privación del derecho de conducir en caso de que la misma supere el período máximo que su propia legislación permite imponer; sin embargo, sólo podrá reducirla hasta el período máximo fijado en su Derecho nacional.

c) El Estado de residencia no podrá prolongar el período de privación del derecho de conducir impuesto por el Estado de la infracción. Esto se ajusta al principio, sentado en los Convenios sobre transmisión de la ejecución de sentencias, de que el país requerido puede reducir la sentencia pero no aumentarla ni actuar de forma que se vea perjudicada la situación penal de la persona implicada.

4.7. En el caso de ejecución conforme a la letra c) del apartado 1 (conversión), se especifican cinco condiciones en el apartado 3:

a) El Estado de residencia estará vinculado por los hechos declarados probados tal como consten en la decisión de privación del derecho de conducir adoptada por el Estado de la infracción. Ello implica que el Estado de residencia no puede poner en tela de juicio el fundamento de la privación del derecho, que compete únicamente al Estado de la infracción. Dado que, conforme a la letra a) del artículo 1, sólo podrán notificarse las decisiones de privación del derecho de conducir que ya no admitan recurso, el conductor tendrá que haber tenido ya la oportunidad de recurrir la decisión en el Estado de la infracción. Si pretendiera, no obstante, alegar en el Estado de residencia el no haber tenido posibilidad de recurso en el Estado de la infracción, el Estado de residencia deberá remitirse a la letra e) del apartado 1 del artículo 6 y al apartado 3 del artículo 8.

b) A la hora de efectuar la conversión de la decisión de privación del derecho de conducir, el Estado de residencia deberá tener en cuenta la parte del período de privación del derecho impuesta por el Estado de la infracción que ya se haya cumplido en éste. En caso de reducción de la duración de la privación del derecho de conducir en aplicación de la letra c), la letra b) se aplicará respecto del período reducido.

c) A la hora de efectuar la conversión, el Estado de residencia podrá reducir la duración del período de privación del derecho de conducir para ajustarla a la duración aplicable al caso de que se trate conforme a su Derecho nacional, en caso de que éste se hubiera tramitado enteramente en el Estado de residencia.

d) Al igual que en los casos de ejecución con arreglo al apartado 2, a la hora de efectuar la conversión de la decisión de privación del derecho, el Estado de residencia no podrá prolongar su duración.

e) Tampoco podrá el Estado de residencia, al efectuar la conversión, sustituir la decisión de privación del derecho de conducir por una multa ni por ninguna otra medida.

4.8. El apartado 4 exige al Estado de residencia determinar, cuando fuera necesario, la fecha a partir de la cual ejecutará la decisión de privación del derecho de conducir que le ha sido notificada. Esta disposición se consideró necesaria para algunos Estados miembros, a efectos de la ejecución de decisiones de privación del derecho de conducir que les hayan notificado otros Estados miembros que, de conformidad con su Derecho nacional, puedan no haber iniciado aún la ejecución de la decisión de privación del derecho en el momento de la notificación, por haber abandonado el conductor el Estado de la infracción con gran rapidez antes de poderse emprender una acción sustantiva, o por no disponer del permiso de conducción en el momento de dejar el país (en algunos países no es posible fijar la fecha de inicio de la ejecución en el Estado de la infracción hasta que obre en posesión de las autoridades el permiso de conducción, por lo que si el Estado de la infracción no ha fijado fecha alguna, es necesario que lo haga el Estado de residencia).

4.9. El apartado 5 exige que cada Estado miembro, al efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, indique en una declaración cuál de los tres procedimientos de ejecución descritos en el apartado 1 tiene intención de aplicar en calidad de Estado de residencia.

En el mismo apartado se prevé que la declaración efectuada puede ser sustituida por una nueva declaración en cualquier momento.

También es posible que un Estado miembro declare que normalmente aplicará uno de dichos procedimientos, pero que aplicará otro de dichos procedimientos en ciertos casos, que deberán especificarse en su declaración, haciendo referencia a criterios objetivos. Por ejemplo, un Estado miembro podría declarar que aplicará generalmente la letra a) del apartado 1 (ejecución directa), pero que aplicará la letra b) del apartado 1 (ejecución indirecta) en aquellos casos en que la duración de la privación del derecho de conducir impuesta por el Estado de la infracción supere el período máximo previsto para actos similares en la legislación del Estado miembro que hace la declaración.

Artículo 5

5. El objetivo del artículo 5 es dejar claramente sentado que el hecho de que un Estado de residencia haya ejecutado una decisión de privación del derecho de conducir impuesta a uno de sus residentes por el Estado de la infracción no le impide adoptar las medidas adicionales de seguridad vial que considere oportunas y que su legislación permita. La letra c) del apartado 2 y la letra d) del apartado 3 del artículo 4 excluyen la posibilidad de que el Estado de residencia prolongue la duración de una medida concreta de privación del derecho de conducir que le haya sido notificada y que haya sido impuesta con motivo de una infracción o de infracciones concretas. En algunos Estados miembros, la aplicación a los conductores de medidas correctivas de seguridad vial (incluida la privación del derecho de conducir) no se vincula necesariamente a la condena por una infracción. En dichos Estados miembros cabe la posibilidad de que se impongan tales medidas cuando se tiene noticia de que un residente titular de un permiso de conducción ha cometido en el extranjero infracciones u otros actos que repercuten en su seguridad como conductor. El Convenio no recorta la posibilidad de que los países con estas normas puedan actuar de este modo.

Artículo 6

6.1. El artículo 6 establece las tres únicas razones por las que el Estado de residencia podrá negarse a ejecutar una notificación enviada por el Estado de la infracción. El apartado 1 del artículo 6 establece las circunstancias en las que el Estado de residencia deberá negarse a ejecutar la privación del derecho de conducir que se le haya notificado. El apartado 2 establece las circunstancias en las que el Estado de residencia podrá negarse a hacerlo.

6.2. Las condiciones de negativa obligatoria mencionadas en el apartado 1 del artículo 6 son las siguientes:

a) Cuando la decisión de privación del derecho de conducir ya se haya ejecutado íntegramente en el Estado de la infracción. Está claro que el Estado de residencia no debe tomar ninguna otra medida en ese caso.

b) Cuando el autor de la infracción haya sido ya objeto en el Estado de residencia de una decisión sobre los mismos hechos y ésta se haya ejecutado ya o esté en curso de ejecución.

c) Cuando de haberse cometido los hechos en el territorio del Estado de residencia, el autor de la infracción se hubiera acogido en dicho Estado a una medida de gracia general o a una amnistía general. Este tipo de disposición es común a diversos convenios sobre transmisión de la ejecución de sentencias.

d) Cuando el plazo de prescripción de la medida hubiera expirado con arreglo a su legislación.

e) Cuando en las circunstancias del caso de que se trate, y tras recibir información proporcionada con arreglo al artículo 8, dicho Estado estime que el interesado no ha tenido suficiente ocasión de defenderse. El artículo 8 enumera la información que el Estado de la infracción debe facilitar al Estado de residencia con la notificación a que se refiere el artículo 3. Ésta incluye, si la persona interesada no compareció personalmente o no estuvo representada en las actuaciones, pruebas de que dicha persona fue debidamente notificada de las actuaciones de conformidad con la legislación del Estado de la infracción. El apartado 3 del artículo 8 admite la posibilidad de que el Estado de residencia solicite información complementaria al Estado de la infracción, en caso de que considere insuficiente la información facilitada con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 8 para tomar una decisión de conformidad con el Convenio, y en particular cuando existan dudas sobre si la persona interesada estuvo en condiciones de defenderse. Por ejemplo, el Estado de residencia puede estar interesado en tener pruebas de que el interesado tuvo la posibilidad de emplear su propio idioma para expresarse con claridad durante las actuaciones de las que se derivó la decisión de privación del derecho de conducir.

La letra e) no tiene por objeto permitir cuestionamientos generales de los ordenamientos jurídicos ni de los procedimientos judiciales de otros Estados miembros.

6.3. Las circunstancias citadas en el apartado 2 del artículo 6 en las que un Estado de residencia podrá negarse a ejecutar una decisión de privación del derecho de conducir que se le haya notificado son las siguientes:

a) Cuando no exista doble incriminación, es decir, cuando la conducta por la cual se haya impuesto la decisión de privación del derecho de conducir en el Estado de la infracción no constituya una infracción con arreglo a la legislación del Estado de residencia.

b) Cuando el período de privación restante que podría ser ejecutado en el Estado de residencia sea inferior a un mes. Esto significa que el Estado de residencia puede negarse a aplicar una decisión de privación del derecho de conducir que se le haya notificado si es previsible que en el momento del posible comienzo de ejecutar el período de privación restante sea inferior a un mes. Esta opción se incluye para evitar una carga desproporcionada, pero el Estado de residencia puede ejecutar las decisiones de privación del derecho de conducir por períodos breves si así lo desea.

c) Cuando los hechos que hayan originado la decisión de privación del derecho de conducir, pese a estar tipificados como infracciones en ambos Estados, no constituyan en el Estado de residencia infracciones que puedan dar lugar a la privación del derecho de conducir.

6.4. El apartado 3 permite que un Estado miembro, al efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, declare que aplicará siempre total o parcialmente la opción del apartado 2 de negarse a ejecutar las decisiones de privación del derecho de conducir en alguna o en todas las circunstancias contempladas en el apartado 2. En caso de haberse formulado una declaración en tal sentido, los demás Estados miembros no estarán obligados a notificar ese Estado miembro las decisiones de privación del derecho de conducir a las que les sea aplicable la declaración. El Estado miembro que haya efectuado tal declaración podrá retirarla en cualquier momento. Debe entenderse esta disposición en el contexto de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos delos Estados miembros por lo que se refiere a la duración de las medidas de privación del derecho de conducir aplicadas frente a distintas infracciones, así como a las maneras de ejecutar las decisiones de privación del derecho de conducir.

Artículo 7

7. El artículo 7 trata de las normas prácticas de tramitación de las notificaciones a que se refiere el artículo 3. Con arreglo al apartado 1, la autoridad competente del Estado de la infracción remitirá la notificación a la autoridad central del Estado de residencia. El apartado 3 estipula que al efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, cada Estado miembro deberá indicar las autoridades que designe; podrá designar una o más autoridades centrales encargadas de recibir las notificaciones y deberá indicar igualmente las autoridades competentes encargadas de efectuar las notificaciones. Cada Estado miembro puede decidir con plena libertad cuáles serán esas autoridades. No es preceptivo, por ejemplo, que una autoridad central a efectos del presente Convenio sea la misma autoridad designada a efectos de otros convenios, como el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959.

Artículo 8

8.1. El artículo 8 trata de la información que deberá facilitar el Estado de la infracción a la hora de efectuar una notificación con arreglo al artículo 3.

8.2. Los datos, enumerados en el apartado 1, son los siguientes:

- "toda información pertinente sobre el domicilio de la persona privada del derecho de conducir".

El próposito perseguido es permitir al Estado de residencia localizar a la persona para poder ejecutar la decisión de privación. Es evidente que la información requerida incluirá (si se dispone de estos datos) el nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio en el Estado de residencia, cualquier otro domicilio duradero (por ejemplo, en caso de que el conductor está trabajando en realidad por un plazo determinado en un país distinto del Estado de residencia). Será útil facilitar asimismo el número del permiso de conducción (aunque resulta innecesario si el Estado de la infracción dispone del propio permiso y lo remite al Estado de residencia de conformidad con el último guión del apartado 1);

- "el original o una copia certificada de la decisión de privación del derecho de conducir";

- "una exposición sucinta de los hechos y una referencia a las disposiciones legales del Estado de la infracción en las que se funda la decisión de privación del derecho de conducir, si éstas no se mencionan en la decisión".

Con toda probabilidad, en todos los Estados miembros la "decisión" de privación del derecho de conducir contendrá los detalles de la infracción, las disposiciones legales que se le aplican y las circunstancias de la infracción concreta, pero en caso contrario deberá facilitarse también esta información junto con la decisión;

- "una certificación del carácter definitivo de la decisión".

Dado que, conforme a la letra a) del artículo 1, únicamente deberán notificarse con arreglo al artículo 3 las decisiones de privación del derecho de conducir que ya no admitan recurso, es necesario que el Estado de residencia tenga la confirmación de que la medida de privación del derecho de conducir tiene efectivamente carácter firme y ya no está sujeta a recurso;

- "información sobre la ejecución de la decisión de privación en el Estado de la infracción, incluidos la duración de la privación del derecho de conducir y, si se conocen, los términos inicial y final de la privación".

El Estado de la infracción deberá facilitar en todos los casos al Estado de residencia la información más completa posible para que éste pueda conocer la duración de la privación del derecho, el momento de su inicio y el momento en que, con arreglo a la decisión original del Estado de la infracción, debe finalizar la privación del derecho de conducir [sin perjuicio de las posibles reducciones de su duración admitidas en la letra b) del apartado 2 o en la letra c) del apartado 3 del artículo 4].

- "el permiso de conducción, en caso de que haya sido retirado".

En caso de que el permiso haya sido retirado y no haya sido devuelto al conductor, deberá enviarse al Estado de residencia con arreglo al artículo 8 del Convenio. Con ello se proporcionará buena parte de la información exigida conforme al artículo 8.

8.3. El apartado 2 reconoce que existirán casos en los que el conductor no habrá comparecido personalmente o no habrá estado representado en las actuaciones que dieron lugar a la privación del derecho de conducir. Todos los Estados miembros tienen disposiciones nacionales que fijan las normas aplicables a la notificación de actuaciones a los demandados. El apartado 2 implica que, además de la información a que se refiere el apartado 1, el Estado de la infracción deberá aportar pruebas de que la persona fue debidamente notificada de las actuaciones de conformidad con su legislación y, en cualquier caso, si la persona no compareció o no estuvo representada.

8.4. El apartado 3 reconoce la posibilidad de que, aun cuando se haya facilitado la información contemplada en los apartados 1 y 2, no sea posible adoptar una decisión sobre la notificación. En particular, en caso de que las autoridades competentes del Estado de residencia tengan dudas sobre el hecho de que la persona interesada haya tenido una posibilidad apropiada de defensa. En tal situación, el Estado de residencia solicitará información complementaria al Estado de la infracción, que estará obligado a proporcionarla sin demora. Son las autoridades del Estado de residencia las que determinan la existencia de tales dudas. En ese caso, se requerirá la información complementaria para que, con arreglo a la letra e) del apartado 1 del artículo 6, el Estado de residencia pueda estimar si el interesado ha tenido suficiente ocasión de defenderse y si, por consiguiente, procede que se niegue a ejecutar la decisión de privación del derecho de conducir.

Artículo 9

9.1. El artículo 9 se refiere a la traducción de las notificaciones y de la documentación aneja así como a la certificación de los documentos. Refleja los artículos 16 y 17 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959.

9.2. El apartado 1 sienta el principio de que no se exigirán traducciones del material facilitado por el Estado de la infracción al Estado de residencia. Ello no excluye la posibilidad de acuerdos bilaterales entre Estados miembros sobre la traducción de documentos relacionados con la aplicación del Convenio.

El apartado 2 permite a los Estados miembros hacer una excepción respecto de ese principio autorizándoles a formular una declaración, en el momento de efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, de que exigirán que se adjunte a los documentos a que se refiere el apartado 1 una traducción a una de las lenguas oficiales de las Comunidades Europeas.

9.3. El apartado 3 dispone que, en general, no se exigirá que los documentos mencionados en el apartado 1 estén certificados. La única excepción es la copia certificada de la decisión de privación del derecho de conducir que se menciona en el segundo guíon del apartado 1 del artículo 8.

Artículo 10

10. Este artículo dispone que el Estado de la infracción deberá recibir información del Estado de residencia sobre el curso que ha dado a la notificación enviada. La información deberá incluir cualquier decisión adoptada sobre la notificación, cualquier decisión adoptada sobre la ejecución de la misma (por ejemplo, toda posible reducción de la duración del período de privación del derecho de conducir con arreglo al artículo 4) y, si se hubiere negado a ejecutar una decisión de privación del derecho de conducir por cualquiera de los motivos que admite el artículo 6, deberá exponerlos al Estado de la infracción. Esta información tendrá eficacia directa para que el Estado de la infracción pueda ejercer el derecho que le confiere el apartado 1 del artículo 11 de seguir ejecutando en su territorio la duración original de la privación del derecho de conducir. La información podrá ser pertinente asimismo para la aplicación de la seguna frase del apartado 3 del artículo 6.

Artículo 11

11.1. El apartado 1 preserva el derecho del Estado de la infracción a ejecutar en su territorio, por ejemplo en los casos en que el Estado de residencia haya reducido la duración original de la privación del derecho de conducir, la duración total de la decisión original. En la práctica, ello implica que el conductor, tras haber cumplido el período reducido de privación del derecho de conducir ordenada por el Estado de residencia, podría conducir en el Estado de residencia con arreglo a la letra b) del apartado 2 o a la letra c) del apartado 3 del artículo 4. Y, de no ser por el apartado 1 del artículo 11, también podría conducir en otros territorios. Pero el apartado 1 brinda al Estado de la infracción el derecho a mantener en su proprio territorio la duración original de la privación del derecho de conducir. El apartado 2 permite al cualquier Estado miembro, al efectuar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, indicar que no aplicará el apartado 1 del artículo 11 en su calidad de Estado de la infracción. Es evidente que es importante que el conductor sepa cuál es su situación respecto al Estado de la infracción y si cabe la posibilidad de que, tras haber cumplido el plazo de privación del derecho de conducir en el Estado de residencia, siga siendo ilegal que conduzca en el Estado de la infracción mientras dure la medida original de privación del derecho de conducir. Por ello el apartado 4 exige que el Estado de infracción que se proponga aplicar el apartado 1 comunique dicha circunstancia al interesado al mismo tiempo que le notifica la decisión de privación del derecho de conducir. El apartado 4 exige igualmente que el Estado de la infracción confirme en la notificación conforme al artículo 3 que ha efectuado la citada notificación al interesado.

11.2. El apartado 3 establece el requisito de que el Estado de la infracción y el Estado de residencia ejerzan sus responsabilidades con arreglo al Convenio de modo tal que se garantice que el período total de privación del derecho de conducir cumplido en los dos Estados no exceda del período de privación originariamente previsto por el Estado de la infracción. Ello refuerza la necesidad consignada en el quinto guíon del apartado 1 del artículo 8, de que el Estado de la infracción facilite la información de las fechas de inicio y final de la privación, si se conocen.

Artículo 12

12. Este artículo exige que todos los Estados miembros adopten las medidas necesarias para poder sancionar la conducción de vehículos de motor en su territorio por parte de un conductor al que el Estado de residencia haya privado del derecho de conducir con arreglo al Convenio. Todos los Estados miembros poseen disposiciones legales que penalizan la conducción por parte de una persrona a la que ese mismo país haya privado del derecho de conducir. Este artículo, sin embargo, exige que los Estados puedan penalizar la conducción en su territorio a raíz de la privación del derecho de conducir decidida en otro país (es decir, en el Estado de residencia). En el momento de la adopción del Convenio, el Consejo tomó nota de que la Delegación danesa interpreta el artículo 12 en el sentido de que todo Estado miembro deberá disponer de sanciones penales que podrá aplicar a quien conduzca un vehículo de motor en su territorio tras haber sido privado del derecho de conducir en otro Estado miembro, pero no estará obligado a establecer una disposición nacional específica sobre la conducción durante el período de privación del derecho.

Artículo 13

13. Este artículo dispone que los gastos ocasionados por la aplicación del Convenio serán costeados por el Estado miembro en el que se originen.

Artículo 14

14. Este artículo trata del cometido del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con el Convenio. En la máxima medida posible, se ha elaborado a partir de disposiciones sobre la competencia del Tribunal de Justicia ya existentes en otros instrumentos adoptados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea.

El apartado 1 confiere al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la competencia para pronunciarse sobre los litigios entre Estados miembros relativos a la interpretación o aplicación del Convenio. Sin embargo, sólo existirá tal competencia en caso de que el litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en el plazo de seis meses a partir de su remisión al Consejo por cualquiera de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia podrá igualmente pronunciarse sobre cualquier litigio entre uno o varios Estados miembros y la Comisión relativo a la interpretación o aplicación del Convenio. En ese caso no existe el requisito de intentar que el Consejo resuelva el litigio.

El apartado 2 permite que cualquier Estado miembro formule una declaración de que acepta la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del Convenio. Cada Estado miembro podrá formular este tipo de declaración en el momento de ratificar el Convenio o de adherirse al mismo, o en cualquier momento posterior.

El apartado 3 exige que el Estado miembro que formule una declaración con arreglo al apartado 2 precise si únicamente podrán solicitar dictámenes prejudiciales aquéllos de sus órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones sean inapelables [letra a)] o bien todos los órganos jurisdiccionales de su territorio [letra b)]. Además, este apartado establece las condiciones en las que se podrá solicitar un dictamen prejudicial. En tal sentido, el órgano jurisdiccional de que se trate deberá solicitar el dictamen sobre una cuestión relativa a la interpretación del Convenio que le permita emitir su fallo en una causa que esté conociendo.

El apartado 4 dispone la aplicación del Estatuto y del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia para los asuntos presentados ante el Tribunal en virtud de este artículo. Además, permite que cualquier Estado miembro, con independencia de que haya formulado o no una declaración con arreglo al apartado 2, presente al Tribunal memorias u observaciones escritas sobre los asuntos que se presenten ante él en virtud del apartado 3.

Artículo 15

15. Conforme a este artículo, la entrada en vigor del Convenio tendrá lugar con arreglo a las disposiciones habituales que el Consejo de la Unión Europea adoptada para tales asuntos.

El Convenio entrará en vigor noventa días después de que aquél de los quince Estados que eran miembros de la Unión Europea al adoptarse el 17 de junio de 1998 el Acto del Consejo relativo a la celebración del Convenio que realice este trámite en último lugar notifique el depósito de su instrumento de ratificación.

Como en anteriores acuerdos de cooperación judicial celebrados entre los Estados miembros, el apartado 4 dispone que cualquier Estado miembro podrá declarar, en el momento de la adopción o en cualquier momento posterior, que por lo que a él respecta el Convenio se aplicará con anterioridad en relación con los otros Estados miembros que hayan formulado igual declaración. Dichas declaraciones surtirán efectos a los noventa días de su fecha de depósito.

Sin embargo, los Estados miembros no podrán declarar la competencia del Tribunal de Justicia respecto del Convenio durante el período de aplicación anticipada, por cuanto esta competencia requerirá la plena entrada en vigor del Convenio tras su adopción por los quince Estados miembros.

Cabe señalar asimismo que el apartado 5 dispone que el Convenio se aplicará únicamente a las infracciones cometidas con posterioridad a su entrada en vigor o a partir de la fecha en que, de conformidad con el apartado 4, sea aplicable entre los Estados miembros de que se trate.

Artículo 16

16. Este artículo permite que cualquier Estado que pase a ser miembro de la Unión Europea se adhiera al Convenio y lleve a cabo los procedimientos necesarios para dicha adhesión. No podrán, sin embargo, adherirse al Convenio Estados que no sean miembros de la Unión Europea.

En caso de que el Convenio ya haya entrado en vigor en el momento de la adhesión del nuevo Estado miembro, entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa días después de que éste haya depositado su instrumento de adhesión. En caso de que el Convenio no esté en vigor a los noventa días del depósito del instrumento de adhesión del nuevo Estado miembro, entrará en vigor para dicho Estado, al igual que para los demás Estados miembros, en las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 15. En ese caso, el nuevo Estado miembro podrá formular una declaración de aplicación anticipada.

No será exigible la adhesión de un nuevo Estado miembro para que entre en vigor el Convenio por lo que respecta a los demás Estados miembros que eran miembros de la Unión Europea al adoptar el Consejo el Acto relativo a la celebración del Convenio.

Artículo 17

17. El objetivo de este artículo es aclarar que no se admitirá reserva alguna al Convenio.

Artículo 18

18. Este artículo establece el alcance territorial de la aplicación del Convenio por lo que respecta al Reino Unido.

Artículo 19

19. Con arreglo a este artículo, el Secretario General del Consejo es el depositario del Convenio.

Se impone al Secretario General la exigencia de publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas información sobre la evolución de las adopciones y las adhesiones, las declaraciones y cualquier otra notificación relativa al Convenio.

Control

20. Por lo que respecta a las cuestiones de índole práctica y técnica que puedan plantearse en la aplicación de este Convenio, el Consejo ha hecho constar en el momento de su adopción que sería conveniente que los organismos dependientes del Consejo vigilen estrechamente su ejecución y aplicación.

(1) El término "infracción" abarca igualmente el caso de infracciones múltiples cometidas simultáneamente y que den lugar a una única medida de privación del derecho de conducir, siempre que al menos en una de las infracciones cometidas concurran los comportamientos mencionados en el anexo.

(2) El hecho de que algunas disposiciones nacionales se refieran al "permiso de conducción" en lugar de al "derecho de conducir" constituye una cuestión de terminología más que de fondo. En este sentido deberá entenderse que el "permiso de conducción" se refiere al permiso de conducción nacional expedido por las autoridades correspondientes de los Estados miembros conforme a su legislación nacional.

(3) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/26/CE (DO L 150 de 7.6.1997, p. 41).