COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 20.01.1999 
COMQ998) 585 final 
LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PUBLICO: UN RECURSO CLAVE PARA EUROPA 
LIBRO VERDE SOBRE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
(presentada por la Comisión) 
- ¡ ÍNDICE 
La cuestión 1 
Capítulo I. ¿Por qué la información del sector público es un recurso clave para Europa? 3 
1.1. Importancia del acceso para los ciudadanos europeos 3 
1.2. Información del sector público: oportunidades para el crecimiento económico y el empleo 5 
Capítulo II. La sociedad de la información y el sector público 9 
II. 1. El gobierno electrónico 9 
11.2. Gobierno electrónico e información del sector público 10 
11.3. ¿Acceso electrónico para todos? 11 
Capítulo III. Cuestiones relacionadas con el acceso a la información del sector público y su 
comercialización 12 
II. 1. Definiciones 12 
11.2. Condiciones de acceso a la información del sector público 12 
11.3. Instrumentos prácticos para facilitar el acceso 14 
11.4. Problemas de fijación de precios 14 
11.5. Competencia 17 
11.6. Problemas de derechos de autor 18 
11.7. Intimidad 18 
11.8. Responsabilidad 18 
11.9. Información de la UE 19 
Notas finales 20 
Lista de cuestiones 20 
Anexo 1: Situación actual en los Estados miembros en materia de legislación y política de acceso 
a la información del sector público 20 
Anexo 2: Actuación de la Comisión Europea en materia de información del sector público. 
Antecedentes del Libro verde 20 
Anexo 3: Situación actual en Estados Unidos: el marco jurídico 30 
A&-
ta cuestión 
1. La información del sector público1 
desempeña un papel fundamental para el 
buen funcionamiento del mercado interior y 
para la libre circulación de mercancías, 
servicios y personas. Si no pueden utilizar de 
forma fácil y asequible la información 
disponible de tipo administrativo, legislativo, 
financiero o del sector público en general, los 
agentes económicos no pueden tomar 
decisiones con pleno conocimiento de causa. 
2. A menudo, la información pública en Europa 
se halla fragmentada y dispersa, con lo que 
en muchos casos es más confusa de lo que 
parece. Esta situación se debe 
principalmente a legislaciones nacionales 
diversas2 sobre la manera de acceder a la 
información y de utilizarla, y a prácticas 
distintas que perjudican la disponibilidad de 
los datos. De lo que se trata no es de que los 
Estados miembros produzcan más 
información, sino de que la información que 
ya está disponible para el público sea más 
clara y accesible a sus usuarios potenciales. 
3. Una buena disponibilidad de la información 
pública es un requisito previo indispensable 
para la competitividad de la industria 
europea. En este aspecto, las empresas de 
la UE sufren una gran desventaja competitiva 
en comparación con sus homologas 
estadounidenses, que se benefician de un 
sistema de información pública altamente 
desarrollado y eficaz a todos los niveles 
administrativos3. La disponibilidad en tiempo 
oportuno de la información del sector público 
también es cada vez más importante para 
promover una economía en red y valorizar su 
potencial económico. 
4. En Europa, el problema es particularmente 
grave para las PYME, que tienen menos 
recursos para dedicar a una búsqueda a 
menudo difícil de información fragmentada. 
Finalmente, esto tiene efectos negativos 
sobre la creación de empleo. Lo mismo 
ocurre con las dificultades de las empresas 
de contenidos europeas, en relación con sus 
competidoras estadounidenses, en lo que se 
1 La definición de la información del sector público es una 
cuestión que se discutirá más adelante en el capítulo III. Sin 
embargo, cabe aclarar que las empresas de propiedad 
pública que funcionan según las reglas del mercado, sujetas 
a consideraciones privadas y comerciales, no entran en el 
ámbito del presente Libro verde. 
2 véase un resumen de las legislaciones en el anexo 1. 
3 La administración estadounidense, desde que se promulgó 
en 1966 la Ley de libertad de información, ha llevado un 
cabo una política muy activa de acceso a la información del 
sector público y de comercialización, que ha fomentado 
enormemente el enorme desarrollo de la industria de la 
información en EE.UU. El anexo 3 presenta el marco jurídico 
actual en EE.UU. refiere a la comercialización de la 
información del sector público. 
5. Además, en la economía y la sociedad 
actuales, donde el euro refuerza el proceso 
de integración, el hecho de que los 
ciudadanos y consumidores de la UE no 
puedan utilizar de la mejor manera la 
información pública disponible en otros 
Estados miembros de la UE es algo 
anacrónico. En efecto, esta situación 
constituye un desafío a los derechos 
garantizados a los ciudadanos por los 
Tratados comunitarios. 
6. Sabiendo que la utilización creciente de 
medios electrónicos para almacenar y 
difundir la información del sector público 
puede servir para mejorar esta situación, se 
hacen aún más evidentes las diferencias 
existentes entre Estados miembros. Algunos 
de ellos han empezado a estudiar los efectos 
de las nuevas tecnologías sobre el servicio 
público y, en concreto, sobre el acceso a la 
información del sector público y su 
explotación4. 
7. Este tema también es importante para la 
ampliación de la UE, en la que los Estados 
candidatos deberán adaptar sus 
ordenamientos jurídicos y sus servicios 
públicos para cumplir los requisitos que 
impone la condición de Estado miembro de 
la UE. Un mejor acceso a la información del 
sector público contribuirá a este proceso. 
8. La necesidad de llevar a cabo un debate 
concertado a escala europea es ahora más 
clara y urgente que nunca. El objetivo del 
presente Libro verde es emprender una 
amplia consulta pública entre todos los 
operadores afectados con miras a estudiar 
los principales problemas y a suscitar un 
debate político a escala europea. El presente 
Libro verde es el resultado de un amplio 
proceso de consultas previas que se inició en 
junio de 1996 entre representantes de los 
Estados miembros, de grupos de ciudadanos 
y usuarios y del sector privado, sobre todo de 
la industria de la información. Todos ellos 
han considerado oportuno suscitar un debate 
sobre esta cuestión. 
9 . Los temas propuestos en el presente Libro 
verde proceden de los resultados de esa 
amplia consulta. Las respuestas al presente 
Libro verde y a las cuestiones que plantea 
guiarán la actuación subsiguiente. Es obvio 
que se precisará una discusión posterior y un 
intercambio de las mejores prácticas con los 
* Por ejemplo, el Libro blanco del Reino Unido sobre la 
libertad de información, el memorando neerlandés titulado 
Hacia la accesibilidad de la información pública y el 
programa de actuación francés Preparar la entrada de 
Francia en la sociedad de la información. 
Estados miembros y los demás operadores 
principales. 
10. Algunos problemas podrán requerir 
soluciones técnicas; otros podrán tratarse 
mejorando los procedimientos 
administrativos; otros, en fin, exigirán 
soluciones políticas. Según los resultados del 
proceso de consulta pública, la Comisión 
podría elaborar propuestas de actuaciones 
para mejorar la situación a escala europea 
en sectores específicos. Huelga decir que 
estas propuestas sólo se tomarían de 
acuerdo con los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad. El tipo e intensidad de 
cualquier respuesta debe limitarse a lo que 
sea preciso para cumplir los objetivos de los 
Tratados comunitarios. 
11. Ni el presente Libro verde ni ninguna 
actuación posterior que derive de él podrá 
ser vista como un menoscabo de las normas 
nacionales que rigen sus propios sistemas 
de propiedad ni de la función de ningún 
organismo público en los Estados miembros. 
Se ruega a todos los interesados, tanto del 
sector público como del privado, que den su 
opinión sobre las cuestiones que se plantean en 
el presente documento. La Comisión está 
dispuesta a proporcionar a quienes lo soliciten 
más información sobre las medidas en vigor (de 
la Comisión o nacionales) en materia de acceso 
a la información del sector público. Las 
respuestas, comentarios y solicitudes deben 
haber llegado a la siguiente dirección antes del 
1 de ¡unió de 1999. 
Comisión Europea 
A la atención del Sr. Huber 
Jefe de Unidad DG XIII/E-1 
Edificio Euroforum 
Despacho 1174 
Rué Alcide De Gasperi 
L-2920 Luxemburgo 
Correo electrónico: pubinfo@cec.be 
Pueden solicitarse ejemplares impresos de 
todas las propuestas al final de la consulta, 
salvo de aquellas para las que se haya 
solicitado un carácter confidencial. Hay un sitio 
Web en el que está disponible el Libro verde y 
las propuestas recibidas; su dirección es: 
http://www.echo.lu/legal/en/access.html 
Capítulo I. ¿Por qué la información del sector 
público es un recurso clave para Europa? 
1.1. importancia del acceso para los 
ciudadanos europeos 
Aprovechar ios derechos de la CE 
12. El Tratado CE ha conferido varias libertades 
fundamentales a los ciudadanos de la UE. 
Sin embargo, existen considerables 
dificultades prácticas que pueden 
obstaculizar el ejercicio de estos derechos. 
Dichas dificultades nacen, sobre todo, de 
una falta de transparencia para los 
ciudadanos, los empresarios y las 
administraciones a todos los niveles5. 
13. En muchos casos, la información se halla 
dispersa en distintas bases de datos o en 
puntos de información de las 
administraciones locales. Sin embargo, una 
mayor transparencia de la información del 
sector público puede reforzar los derechos 
conferidos por el Tratado CE al mejorar las 
condiciones prácticas de su ejercicio. 
14. La existencia de diversas lenguas en 
Europa seguirá perjudicando en cierto grado 
un acceso a escala europea a la información 
del sector público. Sin embargo, la utilización 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones podría facilitar que se 
proporcione una información plurilingüe6. 
15. El acceso a la información del sector 
público es esencial para la movilidad tanto 
de los trabajadores como de otros sectores 
(estudiantes, jubilados) dentro de la UE. Un 
mejor conocimiento de las oportunidades, 
circunstancias y procedimientos en los 
diferentes países de Europa puede ayudarles 
a decidir sus opciones de movilidad con más 
información y a aprovechar mejor sus 
derechos a desplazarse a otro país de la UE. 
16. El siguiente ejemplo muestra que los 
esfuerzos llevados a cabo a escala europea 
para mejorar los flujos de información 
aumentan las perspectivas de movilidad de 
los trabajadores dentro de la Unión 
Europea. 
5 Véase, por ejemplo, el Cuadro de indicadores del mercado 
único de mayo de 1988, pp. 14 y ss. 
6 Las actividades de ingeniería lingüística dentro del cuarto 
y quinto programa marco de IDT abordan los aspectos 
tecnológicos de este problema. Las acciones de IDT se 
complementan con las del programa SIML: programa 
pluríanual para promover la diversidad lingüística de la 
Comunidad en la sociedad de la información, DO L 306 de 
28.11.1996, p. 40. La Comisión Europea, junto con los Estados 
miembros, creó la red EURES con el apoyo del 
programa IDA (intercambio de datos entre 
administraciones) de la UE. Dicha red pretende 
conectar a una red común las bases de datos sobre 
ofertas de empleo de todos los países europeos. Este 
sistema informa a quienes buscan trabajo, no sólo 
sobre las ofertas de empleo, sino también sobre todo 
lo que necesitan saber para trabajar en otro país de 
la UE. Al mismo tiempo, da a los empresarios la 
oportunidad de buscar en toda Europa las 
cualificaciones que necesitan. 
httpJ/europa. eu. int/jobs/eures/ 
17. El acceso a la información del sector público 
va más allá de los problemas de movilidad. 
También repercute en que los ciudadanos 
puedan aprovechar las ventajas del 
mercado interior. La falta de información 
sobre los procedimientos administrativos o 
sobre las condiciones de precio, calidad y 
seguridad de los productos es uno de los 
obstáculos que dificultan que los 
consumidores puedan comprar mercancías o 
disfrutar de servicios en otros Estados 
miembros. Por ejemplo: es muy difícil 
conseguir información sobre la importación 
de vehículos de conducción por la derecha (o 
por la izquierda, en su caso) de las islas 
británicas al continente o viceversa7. Otro 
ejemplo se encuentra en el ámbito fiscal, 
donde quienes pagan los impuestos 
tropiezan con enormes dificultades para 
conseguir toda la información sobre los 
acuerdos fiscales internacionales8. 
18. En el Consejo Europeo de Cardiff se lanzó 
el programa denominado «Diálogo entre 
ciudadanos y empresas». A este programa 
comunitario siguió la iniciativa «Los 
ciudadanos primero». Se dirige tanto a 
ciudadanos como a empresas en un 
esfuerzo para fomentar una mayor 
sensibilización hacia las oportunidades que 
ofrece el mercado único. Un mejor acceso a 
la información del sector público es 
extremadamente importante para ello. 
Participación en el proceso de integración 
europea 
19. Una Europa de los ciudadanos sólo podrá 
crearse si éstos participan efectivamente en 
la construcción de la Unión Europea. Esta 
participación supone que estén bien 
informados de los problemas relativos al 
funcionamiento y a las actividades de la UE. 
El acceso a la información, tanto europea 
' Escuchar a los ciudadanos. Dificultades ante el ejercicio 
de sus derechos en el mercado único europeo. 
^Ibidem. Este informe contiene más ejemplos de que la falta 
de información crea dificultades a los ciudadanos europeos 
en el ejercicio de sus derechos en el mercado interior. 
como nacional, puede facilitar enormemente 
esta tarea. 
En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, la 
falta de información sobre los nuevos derechos de 
voto de los ciudadanos europeos tuvo una influencia 
negativa: la participación de votantes no nacionales 
en su Estado miembro de residencia fue 
relativamente baja y sólo se eligió un candidato no 
nacional en su Estado miembro de residencia9. 
20. Asimismo, un acceso adecuado a la 
información de y sobre la Unión Europea 
puede favorecer en gran medida el proceso 
de integración europea. Así, las conclusiones 
del Consejo Europeo de Cardiff destacaron 
una vez más la importancia de acercar la 
Unión Europea a los ciudadanos haciéndola 
más transparente y más cercana a su vida 
cotidiana con el compromiso de la UE de 
permitir el mayor acceso posible a la 
información sobre sus actividades10. Esto 
afecta tanto a la UE como a los Estados 
miembros, pues una parte importante de la 
información sobre las actividades de la Unión 
Europea se guarda en realidad a nivel 
nacional. Así, parece importante que los 
ciudadanos europeos tengan derecho de 
acceso, no sólo a los documentos en poder 
de las instituciones, sino a toda la 
información relativa a la UE, en su sentido 
más amplio, disponible en los Estados 
miembros. 
21. A fin de aumentar la transparencia de la 
actuación de la UE ante los ciudadanos 
europeos, el Tratado de Amsterdam ha 
establecido firmemente el derecho de acceso 
a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión en el Tratado 
CE11. Estas medidas son particularmente 
importantes para apoyar el proceso 
democrático y aumentar la comprensión de 
la integración europea. Son un paso 
9 Véase el Segundo informe de la Comisión Europea sobre 
la ciudadanía de la Unión, COM(97) 230 final. 
10 Conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff, 15 y 16 de 
junio de 1998. 
11 El nuevo artículo 191 A del Tratado CE proclama: 
«1. Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 
social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de 
la Comisión, con arreglo a los principios y las condiciones 
que se establecerán de conformidad con los apartados 2 
y 3. 
»2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 189 B, determinará los principios generales y los 
límites, por motivos de interés público o privado, que regulan 
el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos, en 
el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Amsterdam. 
»3. Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en 
su reglamento interno disposiciones específicas sobre el 
acceso a sus documentos.» 
La declaración n°17 anexa al Tratado de Maastricht ya 
había preparado el camino para este avance. importante, ya que un número considerable 
de quejas introducidas ante el Defensor del 
Pueblo Europeo se relacionan con la 
transparencia y el acceso a la información. 
22. Las instituciones de la UE aspiran a una 
política activa en el ámbito de la difusión 
de la información sobre su funcionamiento 
y sobre las cuestiones que les competen. El 
anexo 2 presenta una visión general de las 
iniciativas tomadas en este ámbito. El sitio 
Web EUR-Lex es un ejemplo. 
EUR-Lex muestra, por ejemplo, el Diario Oficial de 
forma gratuita durante los cuarenta y cinco días 
siguientes a su publicación, los Tratados, la 
legislación vigente y la jurisprudencia. Se actualiza 
diariamente en once lenguas con las últimas 
ediciones del Diario Oficial. Está disponible en 
Internet pocas horas después de la publicación de la 
edición impresa. 
httpJ/europa. eu. int/eur-lex 
23. A pesar de estos esfuerzos, muchos 
ciudadanos europeos desearían tener más 
información sobre la UE. Está claro que 
existe un interés creciente ante los 
problemas de la UE que tienen 
consecuencias para la vida de los 
ciudadanos. 
Fig. 1: Deseo de saber más 
sobre la UE 
B 
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9fi .....I' ••""•—••••«• _.__.._" _t"jI6' 
0% necesitan saber más 
EJ% desearían saber más 
• % satisfechos con lo que ya saben 
Fuente: Eurobarómetro 49, 1998 
El 68 % de las personas encuestadas precisan o 
desearían mayor información sobre la Unión 
Europea. Los europeos quieren, en concreto, conocer 
mejor sus derechos como ciudadanos de la Unión 
(49 %), la moneda única (45 %) y el empleo (42 %), 
cuestiones todas ellas de absoluta prioridad para la 
Unión Europea. 
Fuente: Eurobarómetro n° 49, septiembre de 1998. 
24. Otra característica de la Europa de los 
ciudadanos es ofrecer mejor acceso a la 
información sobre otros Estados miembros. 
Ello contribuirá a que los ciudadanos 
conozcan otros países europeos, lo que 
puede despertar un gran interés en el 
proceso de integración europea. Con este 
objeto, los organismos del sector público de 
los diferentes Estados miembros podrían 
crear información de interés para los no 
nacionales más accesible a éstos. 
i.2, información del sector público: 
oportunidades para el crecimiento 
económico y el empleo 
¿Por qué es importante para las empresas el 
acceso a fa información del sector público? 
25. El acceso a la información del sector público 
en los diferentes Estados miembros es una 
necesidad para que todo tipo de empresas 
aprovechen las posibilidades existentes 
cuando trabajan en más de un Estado 
miembro. 
26. La información importante para las 
empresas es, ante todo, de tipo 
administrativo. Por el momento, todavía es 
difícil presentar un cuadro completo de los 
derechos, obligaciones y procedimientos que 
permiten a una empresa trabajar sin 
problemas en otros países europeos. 
El 58 % de las empresas cree que es probable que el 
acceso a la información les permita expandir sus 
actividades dentro de la Unión Europea. Por 
ejemplo, el 66 % de las empresas señala que necesita 
información precisa sobre procedimientos 
administrativos. El 25 % de las empresas opina que 
la persistencia de obstáculos a la actividad comercial 
y empresarial podría atribuirse a la falta de 
información sobre las normas de la UE. 
Fuente: Cuadro de indicadores del mercado único, 
octubre de 1998. 
27. La falta de información administrativa 
perjudica especialmente a las PYME, que 
carecen de los medios para encontrar todos 
los detalles de dicha información, que a 
menudo se halla dispersa. 
28. Pero también la información de naturaleza 
no administrativa puede ser 
extremadamente importante para las 
decisiones de las empresas. Un ejemplo de 
ello es la de tipo estadístico, financiero y geográfico. Esta información desempeña un 
papel clave para las empresas de todos los 
sectores de actividad, sobre todo cuando se 
trata de definir su estrategia empresarial, 
tomar decisiones sobre la comercialización o 
hacer planes de exportación o inversión. Un 
acceso rápido y fácil a esta información 
ayudaría a las empresas a tomar sus 
decisiones con conocimiento de causa. Una 
falta de Información puede retrasar 
considerablemente las decisiones sobre 
operaciones transfronterizas. 
29. Por ejemplo, la información importante para 
las empresas que recogen en toda Europa 
las cámaras de comercio no está fácilmente 
disponible. Se ha tomado una iniciativa a 
escala europea para mejorar la situación en 
este ámbito (véase el cuadro siguiente). 
El proyecto EBRII 
El proyecto «Registro europeo de las empresas» se 
creó al observar que la ausencia de un servicio de 
información totalmente integrado sobre las empresas 
europeas era una amenaza potencial a la realización 
efectiva del mercado único europeo. 
El objetivo del proyecto es que se pueda disponer en 
toda Europa de la información básica sobre las 
empresas europeas sin obstáculos derivados de la 
utilización de diversas tecnologías, lenguas, sistemas 
de registro, redes, etc. 
EBR, financiado por el Programa de Aplicaciones 
Telemáticas de la UE, entró plenamente en 
funcionamiento en diciembre de 1998 y permite el 
acceso electrónico a los datos de las empresas de 
diez Estados miembros de la UE y de Noruega. 
http://www. ebr. org 
30. En muchos casos, la información estadística 
sobre los mercados europeos y las 
tendencias económicas no está disponible a 
tiempo. Sin embargo, el problema depende 
más de la recogida de las estadísticas 
nacionales (metodologías nacionales 
variadas, plazos para su presentación a 
Eurostat, calidad de los indicadores, 
menores cargas para las PYME, etc.) que del 
acceso propiamente dicho. 
31. La falta de información accesible del sector 
público puede provocar una desventaja 
competitiva de las empresas extranjeras 
ante las locales, que pueden recurrir a su 
propia experiencia de la situación. Es el caso 
de las compañías de seguros, que dependen 
mucho de una información local concreta 
sobre riesgos, etc. 
32. También tiene un efecto negativo sobre las 
empresas que, por su propia naturaleza, 
tienen una orientación transnacional. Las 
empresas de transportes internacionales que 
ofrecen sus servicios en toda Europa son un 
ejemplo de ello. Una información local 
cuidada (entre otras, la información 
geográfica, sobre el tráfico o meteorológica) 
es importante para sus operaciones 
cotidianas. 
33. Tanto la información administrativa como la 
no administrativa también son importantes 
para los contratos públicos12. La 
transparencia de la actuación administrativa 
es en este sector un requisito previo para la 
realización de un auténtico mercado interior. 
El acceso a la información sobre la situación 
local es indispensable para el funcionamiento 
eficaz de las normas y para mejorar la 
igualdad de oportunidades para todas las 
empresas afectadas. Mientras esta 
información no sea siempre transparente, los 
contratos públicos seguirán siendo, en la 
práctica, un asunto nacional a pesar de la 
legislación de la UE. 
34. Otro ejemplo donde la falta de transparencia 
de la información provoca resultados 
negativos a escala europea es la información 
sobre patentes. La Oficina Europea de 
Patentes calcula que anualmente se gastan 
más de 18 000 millones de euros en 
investigaciones que ya han sido realizadas. 
Un mejor acceso a la información sobre el 
estado de la investigación en curso podría 
disminuir esa cantidad. 
Esp@cenet 
La Oficina Europea de Patentes, junto con los 
•Estados miembros de la Organización Europea de 
Patentes y la Comisión Europea, creó un nuevo 
servicio denominado esp@cenet, accesible por 
Internet. El principal objetivo de este nuevo servicio 
es ofrecer a sus usuarios una fuente fácilmente 
accesible de información gratuita sobre patentes (con 
más de 30 millones de documentos sobre patentes). 
También se dirige a aumentar la sensibilización 
nacional e internacional, sobre todo entre las 
pequeñas y medianas empresas, sobre el tipo de 
información públicamente accesible. 
http://www. european-patent-office. org/ 
35. La conclusión de que el acceso a los datos 
del sector público es muy importante para 
las empresas de toda Europa se apoya en 
el reciente informe Gestión del cambio del 
grupo de alto nivel sobre las consecuencias 
económicas y sociales del cambio 
industrial13. En él se indica como una 
12 El informe especial sobre los contratos públicos, de 
noviembre de 1997, ilustra la importancia del acceso a la 
información para el sector. Véase el informe de la Comisión 
Europea en el sitio Web de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/publproc/ 
13 Gestión del cambio, grupo de alto nivel sobre las 
consecuencias económicas y sociales del cambio industrial, 
informe final, noviembre de 1998. El Consejo Europeo prioridad urgente «reforzar la competitividad 
abriendo completamente el mercado europeo 
de telecomunicaciones y servicios de datos, 
y aumentar la libertad de acceso a los datos 
en poder del gobierno y otros organismos». 
La información del sector público; un 
potencial por descubrir y explotar 
36. El sector público, por la naturaleza de sus 
dimensiones y el alcance de sus actividades, 
representa el mayor recurso único de 
contenido de información para crear 
contenidos y servicios de información de 
valor añadido. Unos estudios han mostrado 
que la mayor parte de los servicios de 
información comercial en el mercado de 
información de la UE se hallan en áreas en 
las que el sector público posee recursos muy 
importantes. 
37. La figura 2 muestra claramente que la 
información del sector público es un recurso 
clave para la mayor parte de los servicios 
de información, siendo bien el sujeto central 
(información administrativa y política, 
información jurídica) o bien un material 
previo esencial (perfil de empresas, 
información de patentes, información 
científica, técnica y médica, etc.). 
Fig. 2: Ingresos de los servicios de información electrónica 
en el Espacio Económico Europeo por área temática 
Viajes, 
turismo Inf. jurídica .„, 
4% "* 1 * 
Cient., 
técn., méd.' 
6% 
Otros 
7% 
Nuevas 
empresas 
8% Inf. política 
y administr. 
15% Perfiles de 
empresas 
24% 
Fuente: MS Study ofthe marketsfor electronic information 
services in the EEA, 1994 
(Ingresos totales en 1994: 5517 MECU) 
38 .Así pues, la información del sector público es 
un contenido principal de información, 
fundamental para la industria de la información y 
extraordinario de Luxemburgo (21 y 22 de noviembre de 
1997) solicitó al grupo que analizara los cambios industriales 
en la UE y estudiara la forma de prever y abordar el cambio 
y sus consecuencias económicas y sociales. 
llave de las aplicaciones del comercio 
electrónico^. 
39. La industria de los contenidos de 
información crece a un ritmo impresionante: 
el sector emplea a unos cuatro millones de 
personas en Europa15. Gran parte de este 
crecimiento se deberá a las PYME que 
hayan explotado el potencial de la 
información y le hayan dado un valor 
añadido. Debe favorecerse en particular el 
surgimiento y desarrollo de estas empresas 
altamente dinámicas, que son esenciales 
para la creación de nuevos puestos de 
trabajo en el siglo xxi. 
40. La industria europea de la información 
compite en un mercado de ámbito mundial. 
Durante el proceso de preparación del 
presente Libro verde, representantes de la 
industria europea de la información 
expresaron repetidamente su preocupación 
ante la desventaja competitiva de los 
editores europeos frente a sus 
competidores. 
41. Unas mejores posibilidades de 
explotación de la información del sector 
público pueden subsanar en parte este 
problema y dar nuevas oportunidades a la 
creación de empleo. En Estados Unidos, las 
condiciones favorables para este tipo de 
explotación ya han impulsado las industrias 
de la información. 
42. Es difícil encontrar en Europa normas 
sobre las condiciones de explotación de 
la información del sector público por 
parte del sector privado. La Comisión 
publicó en 1989 unas orientaciones sobre la 
sinergia entre los sectores público y privado 
en el mercado de la información. El 
Ministerio de Comercio e Industria del Reino 
Unido había elaborado unas orientaciones 
parecidas en 1985. En 1994 se publicó una 
circular del primer ministro francés. En 1997, 
el Gobierno neerlandés aprobó un 
memorándum de acuerdo. 
43. A pesar de esas buenas iniciativas, no 
existe un conjunto de principios claro y 
coherente para Europa. Esta falta de 
principios claros y coherentes hace que la 
industria europea se halle en una desventaja 
competitiva frente a la de Estados Unidos. 
En algunos casos esto ha llevado a empresas europeas a invertir en productos 
basados en la información del sector público 
de Estados Unidos. 
'4 Los últimos análisis sobre las tendencias más recientes 
de la industria de los contenidos en una economía de red 
figuran en el estudio Condrinet («CONtent and commerce 
DRIven strategies in global NETworks»), de octubre de 
1998, encargado por la Comisión Europea y dirigido por 
Gemini Consulting: http://www2.echo.lu/condrinet/ 
15 Observatorio de la tecnología de información europea, 
1998. Los datos de los contenidos incluyen la edición, la 
comercialización y la asesoría. El grupo británico-neerlandés Reed Elsevier pie 
adquirió la empresa estadounidense Lexis-Nexis, 
suministradora principal de servicios de información 
en línea que gestiona herramientas para diversos 
profesionales (1 400 millones de documentos en más 
de 8 692 bases de datos, un millón y medio de 
abonados y 1 200 empleados en todo el mundo). 
Entre otras cosas, está especializada en información 
jurídica. 
44. Los proyectos experimentales del programa 
europeo INFO 200016 han mostrado que los 
socios privados están interesados en la 
colaboración transfronteriza con los 
organismos del sector público para 
explotar la información del sector público, 
que es un potencial real que debe 
estudiarse y comercializarse a escala 
europea. 
El potencial de la UE mostrado por la convocatoria 
de propuestas INFO 2000 
En 1998, en el marco del programa INFO 2000, la 
Comisión Europea solicitó propuestas de proyectos 
experimentales o exploratorios a costes compartidos. 
El objetivo de la convocatoria era hacer que los 
recursos de información en poder del sector público 
estuvieran más fácilmente disponibles para su 
comercialización en servicios europeos de contenidos 
multimedios. 
Al cumplirse el plazo se habían recibido 141 
propuestas. El importe total de las tareas propuestas 
ascendía a 109,7 millones de ecus; la contribución 
solicitada a la UE era de 50,6 millones de ecus. Así, 
el exceso de cuota de la convocatoria fue del orden 
de 7, lo que significa un recurso presupuestario 
indicativo de 7 millones de ecus. 
45. En algunos casos, la reutilización comercial 
de la información del sector público puede, 
no obstante, plantear dudas sobre los límites 
del papel que corresponde a los diferentes 
agentes. En cuanto los intereses del sector 
privado entren en el mercado de la 
información pública, será más difícil 
mantener el acceso para todos los 
ciudadanos. Al mismo tiempo, si el sector 
público añade valor a su propia información y 
comercializa productos de información en un 
mercado de la información que hasta ahora 
ha sido privado, puede plantearse el 
problema de la lealtad en la competencia. 
46. Estos problemas y los eventuales 
obstáculos a escala europea a la 
16 Programa INFO 2000 (Decisión del Consejo de 20 de 
mayo de 1996, DO L 129 de 30.5.1996, p. 24). 
comercialización de la información del sector 
público se tratarán en el capítulo III. 
Capítulo II. La sociedad de la información y 
ef sector público 
47. El debate sobre la información del sector 
público debe situarse en el marco de la 
nueva sociedad de la información. Las 
nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones están cambiando 
rápidamente la forma de trabajar de los 
organismos del sector público, lo que hace 
que un debate oportuno sobre la 
información del sector público sea de la 
mayor importancia. 
it 1.' El gobierno electrónico 
48. La nueva sociedad de la información, 
ampliamente impulsada por una utilización 
siempre creciente y penetrante de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, afecta cada vez más al 
sector público. Las administraciones siguen 
el ejemplo del sector privado y aprovechan el 
enorme potencial de estas tecnologías para 
aumentar su eficacia. Esta actividad se 
denomina a menudo «gobierno electrónico» 
y abarca tanto las aplicaciones internas 
como las externas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en el 
sector público. 
49. La importancia de esta actividad se 
reconoce cada vez más en muchos países 
de todo el mundo. En Europa se han llevado 
a cabo ensayos en todos los niveles de la 
administración (local, regional, nacional y 
europea) para mejorar el funcionamiento de 
los servicios públicos afectados y extender 
su interacción con el resto del mundo. 50. Además, la utilización de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones no sólo 
facilita las operaciones internas de la 
administración pública, sino que también da 
un fuerte impulso a la comunicación entre 
diversas administraciones, así como a la 
interacción entre ciudadanos y empresas. 
Éste es uno de los elementos clave del 
«gobierno electrónico». Acerca los 
organismos del sector público a los 
ciudadanos y empresas y mejora los 
servicios del sector público. A escala de la 
UE, programas como IDA y las acciones 
emprendidas en el marco del quinto 
programa marco de IDT dirigidas a las 
administraciones consolidan los avances en 
este sector. 
51. Los servicios del gobierno electrónico 
pueden desglosarse generalmente según las 
tres funciones principales que cumplen. 
Servicios de información para recoger la 
información ordenada y clasificada que se 
solicite (como los sitios Web). 
Servicios de comunicación para la interacción 
entre individuos (particulares o empresas) o 
grupos de personas (como el correo electrónico 
o los foros de discusión). 
Servicios de transacción para adquirir 
productos o servicios en línea o para presentar 
datos (como formularios públicos o escrutinios). 
El cuadro 1 presenta una visión general de los 
posibles servicios y sus ámbitos de aplicación. 
Cuadro 1 
Tipología de los servicios del gobierno electrónico 
Vida cotidiana 
Administración a 
distancia 
Participación política Servicios de información 
Información laboral, 
doméstica, sobre educación, 
salud, cultura, transportes, 
medio ambiente, etc. 
- Direcciones de servicios 
públicos 
- Guía de procedimientos 
administrativos 
- Registros y bases de 
datos públicos 
- Leyes, documentos 
parlamentarios, 
programas políticos, 
documentos de consulta 
- Información previa sobre 
el proceso decisorio Servicios de 
comunicación 
- Debates sobre cuestiones 
de la vida cotidiana 
- Tablón de anuncios de 
tipo laboral o doméstico 
Contacto por correo 
electrónico con funcionarios 
- Debates sobre problemas 
políticos 
- Contacto por correo 
electrónico con políticos Servicios de transacción 
como reserva de billetes, 
matriculación en cursos 
Presentación electrónica de 
formularios 
- referendos 
- elecciones 
- sondeos 
Fuente: Instituto de Evaluación Tecnológica, Academia de Ciencias y Centro de Estudios Sociales de Austria, documento previo «Conferencia sobre 
la sociedad de la información: acercarla administración a los ciudadanos», noviembre de 1998 (organizada por el Centro para la Innovación Social en 
nombre del Foro de la Sociedad de la Información: grupo de trabajo 5: administración pública). 
52. Los servicios de transacción se consideran 
generalmente como el futuro del gobierno 
electrónico, ya que los formularios 
desempeñan un papel clave en todo el 
proceso administrativo. Según especialistas 
consultados por el reciente estudio alemán 
Delphi, los servicios de transacción serán 
una realidad en el próximo decenio. Se 
calcula que, en Estados Unidos, el 40 % de 
todos los formularios de la administración 
pública están disponibles en formato 
electrónico. Este tipo de relación con la 
administración podrá disminuir 
considerablemente las cargas 
administrativas tanto para los ciudadanos 
como para las empresas. 
El proyecto TESS (Telemática para la Seguridad 
Social), que recibe financiación del programa IDA, 
se dirige a simplificar y acelerar los trámites 
administrativos para que los ciudadanos puedan 
percibir las prestaciones de la seguridad social que 
por derecho les corresponden. Pretende sustituir los 
formularios impresos por medios de intercambio 
electrónico de datos. Los dos campos de actuación 
principales de TESS son las pensiones de vejez (para 
que los trabajadores migrantes reciban las pensiones 
que les corresponden) y el reembolso de las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedad (en 
caso de que el Estado miembro que adelanta dicha 
prestación sea diferente del de afiliación). 
53. La remodelación de los servicios públicos 
puede precisar fuertes inversiones de los 
organismos administrativos a todos los 
niveles, así como un cambio cultural. No 
obstante, los resultados lo merecen. El 
«gobierno electrónico» lleva a un servicio 
público que trabaja mejor y está más cerca 
de los ciudadanos. 
54. La propia UE lleva a cabo grandes 
esfuerzos de remodelación para aprovechar 
las posibilidades que ofrece el «gobierno 
electrónico». Las transacciones con los 
ciudadanos y la información que reciben 
tendrán un aspecto «electrónico» siempre en 
alza. Un ejemplo: la Comisión podrá tratar 
mucho más rápido las propuestas de 
proyectos electrónicos dentro del quinto 
programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico. Los obstáculos 
jurídicos a escala de la UE deben superarse 
para que estas transacciones se hagan 
realidad. 
55. Un aspecto que se olvida a menudo del 
gobierno electrónico es su efecto potencial 
sobre el mercado de la información. Si 
aplican las nuevas tecnologías y conceptos 
innovadores, las administraciones públicas a 
todos los niveles podrán desempeñar un 
papel predominante en la sociedad de la 
información. El informe sobre las oportunidades de empleo en la sociedad de 
la información17, presentado al Consejo 
Europeo de Viena de diciembre de 1998, 
destaca una vez más la función de las 
administraciones. Su ejemplo como cliente 
de vanguardia persuadirá a ciudadanos y 
empresas para que adopten las nuevas 
tecnologías e instará a las industrias de las 
TIC a examinar nuevos caminos. 
11.2. Gobierno electrónico e información del 
sector público 
56. La utilización de las nuevas tecnologías 
podrá aumentar considerablemente la 
eficacia de la recogida de la información. 
Proporciona a los entes públicos la 
posibilidad de compartir la información 
disponible, cuando ello sea conforme con las 
normas de protección de datos, para no 
repetir la recogida de datos sobre 
ciudadanos y empresas. Ello puede reducir 
considerablemente las cargas 
administrativas para ciudadanos y 
empresas, sobre todo para las PYME. 
57. Al mismo tiempo, compartir la información 
hace que los organismos públicos estén 
mejor informados y tengan acceso a todos 
los datos importantes para su 
funcionamiento. En el marco de la UE cada 
vez se intercambia más información entre 
Estados miembros en sectores como 
aduanas, agricultura, medio ambiente, 
sanidad, estadística, etc. 
58. La «revolución electrónica» también tiene 
una gran incidencia sobre la accesibilidad y 
la difusión de la información. Internet tiene 
un potencial enorme como plataforma en 
donde ciudadanos y empresas pueden hallar 
fácilmente la información del sector público. 
Todos los Estados miembros de la UE 
pueden aprovecharse de este potencial. 
59. Como parte de su política de difusión, las 
instituciones de la UE utilizan cada vez más 
las posibilidades que ofrece Internet. 
Mantienen una serie de sitios Web que 
ofrecen una gran cantidad de información 
sobre la UE y sus actividades. 
60. Cada vez más personas conocen el camino 
a dichos sitios, como muestra el ejemplo 
siguiente: en septiembre de 1998 se 
consultaron de forma electrónica casi 7 
millones de documentos de la Comisión, más 
del doble de las consultas de septiembre de 
1997. 
61. Las nuevas tecnologías también permitirán 
conseguir información y servicios de forma 
17 Oportunidades de empleo en la sociedad de la 
información: explotar el potencial de la revolución de la 
información, COM(1998) 590 final. 
10 
más integrada. Esta integración es 
particularmente interesante cuando una 
información específica precisa ponerse en 
contacto con muchos organismos 
administrativos diferentes. Este objetivo se 
conoce con el nombre de «servicio 
integrado» o «tienda integrada» (de 
«ventanilla única»). El sitio Web 
europa.eu.int constituye un punto de acceso 
único a la información de todas las 
instituciones de la UE. 
62. La digitalización de la información del sector 
público facilita no sólo el acceso a ella, sino 
también las posibilidades de su 
explotación. Un mejor acceso a la 
información, junto con su formato digital, 
facilita que se puedan combinar datos de 
distintas fuentes. Esto permitirá crear nuevos 
productos de información que la información 
del sector público posee en forma bruta. 
63. El proceso de digitalización hace más 
visibles e importantes las diferencias 
existentes entre los organismos del sector 
público en Europa en cuanto al acceso a la 
información del sector público y a su 
explotación. Estas diferencias crean 
obstáculos para la utilización plena de las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías y hacen más necesario un 
debate sobre la información del sector 
público a escala europea. 
H.3, ¿Acceso electrónico para toctos? 
64. Nuestras sociedades se dirigen a un punto 
en el que cualquiera tendrá acceso a las 
nuevas herramientas electrónicas. La 
penetración de Internet está siendo mucho 
más rápida que la que tuvieron en su 
momento otros instrumentos de 
comunicación, como el teléfono o la 
televisión. Sin embargo, se tomará un 
tiempo hasta que el acceso generalizado 
sea una realidad. 
65. La difusión de la información del sector 
público en Internet no significa 
necesariamente que todos los ciudadanos 
tengan igual acceso a ella. Existen grandes 
diferencias en cuanto al acceso a los útiles 
de la sociedad de la información 
(ordenadores, interfaces, etc.) y a su manejo. 
En este contexto, el informe sobre las 
oportunidades de empleo en la sociedad de 
la información18 destaca que el acceso a 
dichos útiles y las cualificaciones para 
utilizarlos son requisitos previos para la 
creación de empleo, y debe dárseles 
prioridad. 66. Esto apunta la necesidad de investigar en 
las infraestructuras que puedan 
proporcionar el acceso general a las redes 
electrónicas. Las bibliotecas parecen ser 
especialmente apropiadas para desempeñar 
este papel público, pero también deben 
examinarse otras posibilidades. 
Infocid 
En Portugal se ha instalado una red de 
«ciberquioscos» en todo el país para ofrecer a los 
ciudadanos acceso a Internet y, en especial, a la 
información del sector público. El sistema 
multimedios integrado y global Infocid da acceso a la 
información de la administración en un amplio 
surtido de temas, como empleo y formación, 
educación, legislación y jurisprudencia, vivienda, 
etc. 
http://www. infocid.pt/ 
67. Asimismo, esto destaca la importancia de 
invertir en cualificaciones de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La falta de inversiones 
puede llevar a una sociedad dividida entre 
quienes pueden utilizar las nuevas 
herramientas de la información y quienes no 
pueden. Ya se están elaborando varios 
proyectos a escala europea que abordan la 
base de este problema. 
EUN: red de escuelas europeas 
El objetivo del proyecto, financiado por el grupo 
operativo de multimedios educativos y coordinado 
por el programa Sócrates, es establecer una red de 
información de las escuelas europeas como 
plataforma multimedios y de comunicación al 
servicio de las escuelas de Europa y como marco 
europeo de colaboración entre organismos docentes 
nacionales, universidades e industria para 
desarrollar las TIC en las escuelas en cuanto 
contenidos, enfoques pedagógicos y tecnología. 
http://www.eun.org/ 
68. Mejorar las cualificaciones será un largo 
camino, pero conducirá a una mejor 
utilización de la información del sector 
público. Mejor informados, los ciudadanos y 
empresas que dominen la informática 
solicitarán más y mejor información y 
estimularán al sector público a suministrar 
mejores servicios de información, y a la 
industria de la información a crear más 
productos y servicios de información con 
valor añadido. 
18 Oportunidades de empleo en la sociedad de la 
información: explotar el potencial de la revolución de la 
información, COM(1998) 590 final. 
11 
Capitulo III. Cuestiones relacionadas con ef 
acceso a la información del sector público y 
su comercialización 
69. Tanto el acceso a la información del sector 
público como su explotación comercial 
plantean varias cuestiones a las que debe 
prestarse especial atención. Incluyen desde 
la definición de la información del sector 
público hasta problemas relacionados con la 
intimidad y la responsabilidad. 
70. Las cuestiones que se plantean en cada 
apartado tienen una finalidad meramente 
orientativa. Se espera que los lectores 
presenten enfoques innovadores, tanto sobre 
las que se han expuesto aquí como sobre 
otras que consideren de importancia. 
iÚ, 1. Definiciones 
información del sector público 
71. Definir la información del sector público es 
importante porque ayuda a delimitar el 
alcance de las respuestas al presente Libro 
verde y su posible curso. 
72. La definición del sector público varía de un 
Estado miembro a otro. En la legislación y en 
los debates sobre el acceso a la información 
del sector público aparecen tres enfoques 
posibles. 
• El funcional, según el cual el sector público 
comprende los organismos que ejecutan 
labores de administración del Estado19. 
• El jurídíco-institucional: sólo los 
organismos cubiertos expresamente por una 
norma concreta forman parte del sector 
público. 
• El financiero, según el cual, el sector 
público comprende todos los organismos 
financiados principalmente con fondos 
públicos (es decir, que no actúan siguiendo 
las leyes habituales del mercado). 
Cualquiera que sea el enfoque metodológico 
que se escoja, deberá tener en cuenta la 
19 La Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente excluye de la 
definición de sector público a los organismos que actúen en 
el ejercicio de poderes judiciales o legislativos. En ella se 
dispone que cualquier administración pública de ámbito 
nacional, regional o local, que tenga responsabilidades y 
posea información relativa al medio ambiente debe poner 
dicha información a disposición de cualquier persona física o 
jurídica que lo solicite, sin que dicha persona esté obligada a 
probar un interés determinado. Como su finalidad es 
fomentar la protección del medio ambiente, no aborda las 
cuestiones de comercialización. En los apartados 
correspondientes del capítulo II se mencionan algunas 
disposiciones específicas de esta Directiva. Ninguna de las 
acciones que resulten del presente Libro verde podrá 
perjudicar el acceso a la información sobre medio ambiente 
conforme a lo dispuesto en dicha Directiva (que tal vez se 
revise en 1999) ni en el acervo comunitario sobre la materia. información de los organismos públicos a los 
distintos niveles de la administración (central, 
regional y local). 
En cualquier caso, las empresas sujetas a las 
reglas del mercado y a normas privadas y 
comerciales no se incluyen en estas 
definiciones. 
Tipos de información del sector público 
73. La información del sector público puede 
clasificarse según diferentes criterios. La 
primera división posible es entre información 
administrativa y no administrativa. La 
primera categoría es la que se relaciona con 
la función propia del gobierno y la 
administración; la segunda es la información 
exterior, vehiculada en la ejecución de las 
labores públicas (información geográfica, 
empresarial, sobre IDT, etc.). 
74. La información administrativa puede 
dividirse a su vez entre la información básica 
para el funcionamiento democrático 
(legislación, jurisprudencia, información 
parlamentaria) y la que carece de dicho 
carácter básico. 
75. Otra distinción posible separa la información 
importante para el público en general 
(como la información parlamentaria) de la 
que se limita a un reducido número de 
personas que tienen un interés directo en 
ella. 
76. Desde una óptica de mercado, la 
información puede clasificarse según su 
(potencial) valor económico. Nótese que 
tanto la administración administrativa como 
la no administrativa pueden alcanzar un 
considerable valor de mercado. 
77. Las distinciones citadas pueden tener 
consecuencias sobre la forma de tratar los 
diversos tipos de información. Pueden tener 
una repercusión considerable en cuestiones 
como la fijación de precios y los derechos de 
autor, y rozar problemas delicados, como la 
protección de datos. 
Cuestión 1: 
¿Cuál es, a su parecer, la forma más adecuada 
de definir el sector público? 
¿Qué categorías de la información del sector 
público deberían entrar en el debate? 
ttt.2. Condiciones de acceso a la información 
de) sector público 
78. La existencia de un derecho de acceso no 
supone un acceso automático, ilimitado e 
incondicional a la información del sector 
público. A este respecto, diferentes Estados 
miembros y la UE aplican normas diversas y 
tienen prácticas distintas. 
12 
79. Las diferentes condiciones de acceso 
suscitan varias cuestiones importantes tanto 
para los ciudadanos como para la 
competitividad de las empresas. Se esperan 
opiniones procedentes de una y otra 
perspectiva. 
Acreditar un interés 
80. La gran mayoría de legislaciones nacionales 
no exige que una persona o empresa alegue 
un interés determinado como condición para 
el acceso a la información del sector público. 
Sin embargo, dado que es un problema que 
puede aparecer en determinadas 
circunstancias, merece discutirse. 
Excepciones al derecho de acceso 
81. Todos los marcos reguladores nacionales 
prevén excepciones al derecho de acceso. 
Tales excepciones podrían clasificarse en 
unas cuatro categorías: 
• Excepciones en interés del Estado 
(seguridad nacional, orden público, intereses 
económicos, relaciones internacionales, 
procedimientos legislativos, etc.) que son, en 
su mayor parte, competencia exclusiva de 
los Estados miembros. 
• Excepciones en interés de terceros 
(protección de la intimidad, propiedad 
intelectual, secretos comerciales, 
procedimientos judiciales, etc.). 
• Excepciones para proteger el proceso 
decisorio (información preliminar o «de uso 
interno» etc.). 
• Excepciones para evitar costes o cargas 
de trabajo desmedidos en las 
administraciones afectadas (información ya 
publicada o exceso de solicitudes). 
La Directiva 90/313/CEE proporciona una lista 
de las posibles excepciones que cubren las 
áreas mencionadas20. 
82. Las excepciones y su interpretación difieren 
en cierta medida entre los Estados 
miembros. Algunas observadores consideran 
que esta circunstancia podría interferir en la 
capacidad de empresas y ciudadanos para 
acceder a escala paneuropea a la 
información que necesitan. 
Plazo, cantidad, formato 
83. El surgimiento de nuevas tecnologías y de 
redes más veloces restan importancia a los 
problemas de plazo, cantidad y formato de la 
información. Si hay acceso instantáneo a la 
información a través de las redes 
electrónicas, los ciudadanos pueden descargar cuanta información precisen 
cuando y donde la necesiten. 
84. No obstante, como no toda la información 
del sector público estará disponible en 
formato electrónico en un futuro próximo, 
siguen planteándose los problemas del 
tiempo de reacción que necesitan los 
organismos públicos para atender las 
solicitudes, así como de la cantidad de 
información que deben proporcionar. Estos 
problemas se relacionan con la necesidad de 
evitar solicitudes y cargas de trabajo 
desmedidas. 
Plazo 
85. En lo referente al plazo de respuesta del 
sector público a las solicitudes de acceso, las 
normas nacionales difieren. Mientras que la 
norma francesa da un plazo de dos meses, 
la sueca dispone una «respuesta sin 
demora». En algunos casos no hay 
referencias a límites temporales. En la 
Directiva 90/313/CEE se establece un tiempo 
máximo de dos meses. 
Cantidad y formato 
86. La cuestión de si hay límites para la 
cantidad de información solicitada es más 
compleja. En principio, pueden imponerse 
algunas limitaciones de cantidad si la 
información en formato manual requiere un 
esfuerzo excesivo de recogida. Es preciso 
equilibrar la necesidad de que los 
ciudadanos tengan un acceso barato a la 
información con la de evitar la sobrecarga de 
los servicios públicos. En caso de que la 
información del sector público esté disponible 
y sea accesible en formato electrónico, las 
limitaciones de cantidad son más difíciles de 
justificar. 
87. Al llevar a cabo el trabajo preparatorio, el 
sector público produce una gran cantidad de 
datos en bruto. El formato de esta 
información del sector público puede resultar 
con frecuencia poco atractivo y originar 
dificultades de acceso. Visto este problema, 
muchos entes públicos se comprometen a 
adaptar los datos en bruto a las necesidades 
del cliente. 
88. Esto también lleva a prestar atención a otra 
cuestión interesante: el derecho de los 
ciudadanos a tener acceso a los datos en 
bruto y a los datos intermedios, y no sólo a 
los datos finales, elaborados. 
20 Véase la nota 19, p. 11. 
13 
Cuestión 2; 
Las diferentes condiciones de acceso a la 
información del sector público en los Estados 
miembros, ¿crean obstáculos a escala 
europea? 
En tal caso, ¿a qué elementos afecta?: 
¿exigencia de un interés, excepciones, plazo, 
cantidad, formato? 
¿Qué soluciones pueden preverse? 
UU$, Instrumentos prácticos para facilitar el 
acceso 
89. Tanto los ciudadanos como las empresas 
pueden considerarse «clientes» de los servicios 
de información que ofrece el sector público. El 
concepto de cliente implica que deben tenerse 
en cuenta las necesidades de los ciudadanos y 
empresas al diseñar los servicios, y que deben 
preparase mecanismos de búsqueda fáciles 
de utilizar. 
90. Las series de datos disponibles en el sector 
público son muchas. 
Un cálculo reciente del número de bases de datos 
públicas sólo en los Países Bajos las sitúa en 
36 00021. 
Para ayudar a los «clientes de la información» a 
buscar su camino en esta masa de datos puede 
ser necesario crear metadatos y directorios. 
Esto nos conduce a la cuestión siguiente. 
Cuestión 3: 
Elaborar metadatos europeos (información 
sobre la información disponible), ¿podría ayudar 
a los ciudadanos y las empresas de Europa a 
encontrar su camino en la información del sector 
público en toda Europa? 
En tal caso, ¿cuál sería el mejor modo de 
hacerlo? 
¿Qué tipo de contenido deberían tener los 
directorios de los recursos de información del 
sector público? 
INL4. Problemas de fijación de precios 
91. La fijación de precios, así como los modelos 
de fijación de precios, varían muchísimo 
según los distintos Estados miembros y 
según los diferentes organismos del sector 
público dentro de un mismo Estado miembro. 
Como ejemplo, la figura 3 muestra la gran 
diversidad de precios de Dun & Bradstreet, 
un suministrador de información a las empresas, que deben pagar éstas para 
acceder a datos registrados y balances 
Fig. 3 : Precios unitarios de la 
información sobre empresas en 
diferentes países 
(Fuente: Dun & Bradstreet Europe, 1998) 
UK 
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F 
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8 EURO 10 
I Datos registrados H Balances financieros 
financieros en toda Europa. 
21 BDO Consultants, Electronische bestanden van het 
bestuur 1998. 
14 
Modelos de fijación de precios 
La circular francesa de 1994 distingue entre 
recogida de la información y costes de producción 
(que no se cobran) y otros costes, de impresión, 
actualización, búsqueda y transmisión (que pueden 
cobrarse). Además, se distingue entre tipos de 
información y tipos de utilización. 
Las directrices del Reino Unido de 1985 prefieren un 
enfoque de mercado: «Donde exista un mercado 
establecido para la información comercializable en 
poder del gobierno y suministrada por éste, los 
ministerios deberán f jarle un precio razonable. En el 
caso de la información comercializable que no haya 
sido explotada previamente, podrán establecerse 
inicialmente contratos sobre la base de cargar 
únicamente los costes que excedan a aquellos en que 
se incurriría normalmente en el tratamiento de los 
datos o la información para los fines propios». 
En 1989, las orientaciones sobre sinergia de la 
Comisión Europea preferían un enfoque sobre los 
costes de distribución: «La política de fijación de 
precios puede variar en función de la naturaleza de 
la información; debería establecerse un precio que 
reflejara los costes de preparación y transmisión al 
sector privado, pero que no debería incluir 
necesariamente la totalidad de los costes 
administrativos habituales, El precio podría 
reducirse en el caso de que el servicio de 
información resultante se considere de interés 
público». 
La legislación estadounidense permite cobrar los 
coste de búsqueda, copia y verificación, pero no el 
valor añadido por el sector público a la información 
en bruto. El sector público de EE. UU. considera que 
añadir valor es sólo una herramienta para aumentar 
la eficacia, no un medio para obtener beneficios. 
92. La tendencia actual de ofrecer 
gratuitamente la información del sector 
público a través de Internet puede, a la larga, 
tener consecuencias sobre los precios y los 
modelos de fijación de precios. 
15 
Figura 4: Interesados en consultar desde casa, por ordenador, 
servicios locales o municipales para conseguir documentos 
Fuente: Eurobarómetro 47 
93. Los estudios y debates han mostrado que el 
doble objetivo de una política de información 
del sector público (acceso y comercialización) 
requiere una política de fijación de precios 
que tenga en cuenta varios Intereses: 
• un acceso asequible para todos 
• potencial de comercialización 
• competencia leal (que se trata en el 
siguiente apartado). 
94. Las condiciones de la fijación de precios 
ocupan el primer lugar en el debate sobre el 
acceso. La Información del sector público se 
produce a costa del contribuyente. Puede 
plantearse, por consiguiente, la cuestión de si 
los organismos públicos tienen derecho a 
cobrar la información. Podría aducirse, sin 
embargo, que toda la población no debería 
subvencionar al reducido sector interesado en 
utilizar un determinado producto de 
información del sector público. De hecho, hay 
gente dispuesta, en ciertas circunstancias, a 
pagar por los servicios (de información) 
ofrecidos. La figura 4 muestra esto de forma 
clara. 
95. Pero la fijación de precios no debería ser un 
obstáculo para el acceso general. A este 
respecto, debería mencionarse la iniciativa 
francesa para señalar qué categorías de 
información del sector público se consideran 
«básicas» para el ejercicio de los derechos 
democráticos por los ciudadanos. En 
principio, esa información del sector público 
se ofrecería gratuitamente. 
96. En la parte de la comercialización, es 
importante reconocer y recompensar los 
esfuerzos realizados por el sector público 
para volver la información accesible a su explotación comercial. Al mismo tiempo, para 
que éste pueda crear productos competitivos 
con la información del sector público, la 
materia prima debe ofrecerse a precios 
razonables. 
97. Así pues, la fijación de precios es una 
cuestión clave para la comercialización de la 
información del sector público por las 
industrias de contenidos. Determinará en gran 
medida si éstas estarán interesadas en 
invertir en productos y servicios de valor 
añadido basados en la información del sector 
público. Empresas estadounidenses se 
benefician de que pueden obtener 
gratuitamente información del sector público 
de EE.UU. 
Una empresa estadounidense de programas 
informáticos está a punto de lanzar un programa de 
cartografía empresarial que permite a los usuarios 
encontrar y comprender puntos del mapa, integrar 
mapas en sus documentos y señalar las tendencias de 
sus empresas en el mapa. Su objetivo es facilitar a los 
usuarios de las empresas de cualquier tamaño la 
comprensión de los mapas para estar mejor 
informados de las decisiones empresariales. Incluye 
más de 15 millones de segmentos a escala de calle 
para todos los EE. UU. y los limites de países de todo 
el mundo. El precio de venta estimado del producto es 
de 109 dólares. 
A título de comparación, una empresa de información 
cartográfica alemana ofrece datos geográficos de un 
solo Estado federado alemán por un precio de 9 728 
marcos más 16 % de IVA. 
Un grupo de presión sobre el medio ambiente situado 
en el Reino Unido ha denunciado al Ordnance Survey, 
organismo cartográfico público británico, que 
reclamaba a su organización más de 365 000 libras 
por los datos de cartografía digital del país. 
16 
Cuestión 4: 
¿Qué incidencia tienen las diferentes políticas de 
fijación de precios sobre el acceso a la 
información del sector público y su 
comercialización? 
¿Provoca esto diferencias en las oportunidades 
de los ciudadanos y las empresas a escala 
europea? 
Ul»5, Competencia 
98.Los organismos del sector público tienen 
estructuras de costes que pueden diferir de las 
de las empresas privadas. En determinadas 
circunstancias, es posible que ofrezcan 
productos a precios inferiores al precio de 
mercado, o financien sus otros campos de 
actuación vendiendo información. 
99. La competencia leal puede verse así 
perjudicada cuando las organizaciones del sector 
público ofrezcan en el mercado productos de 
información con valor añadido. Éste puede ser 
también el caso cuando los derechos de 
comercialización o los contratos exclusivos se 
acuerden a organismos de tipo semiprivado o 
privado. Las situaciones de competencia desleal 
también pueden presentarse si la información se 
entrega a las diversas partes en plazos distintos. 
Legislación nacional 
100.Todos los Estados miembros aplican algún 
tipo de normas generales de competencia. 
Algunas legislaciones tratan los problemas de 
competencia en lo que respecta específicamente 
a la comercialización de la información del sector 
público. Las directrices británicas establecen que 
los servicios de la administración no deben 
aspirar a competir con el sector privado. Según 
la normativa francesa, los organismos públicos 
no deben intervenir directamente en el mercado 
y sólo pueden proporcionar servicios de la 
información con valor añadido si ello está de 
acuerdo con su cometido legal. Una aplicación 
divergente de las normas de competencia en los 
distintos Estados miembros puede crear 
distorsiones en el mercado. 
Normas de competencia de la UE 
101. Las normas de competencia de la UE 
figuran en los artículos 85 a 94 del Tratado 
CE. En este campo se interrelacionan varias 
cuestiones sobre la competencia: 
• Ayudas oficiales22: deben evitarse las 
distorsiones del mercado originadas por las 
subvenciones públicas. • Abuso de posición dominante23: debe 
proporcionarse acceso a los datos no 
disponibles en otro lugar en condiciones 
razonables, sobre la base de los costes 
(doctrina de la facilidad esencial). 
• Acuerdos entre empresas24. 
• Monopolios25. 
102 .En el marco de las normas sobre las ayudas 
oficiales, los suministradores de información 
pública, en ciertas circunstancias, pueden entrar 
en competencia con el sector privado. La 
financiación pública podría entonces constituir 
una ayuda oficial26 que podría beneficiarse de 
ciertas excepciones27. También conviene citar el 
artículo 6 del Tratado CE, que prohibe la 
discriminación por razón de nacionalidad. 
Además, las orientaciones de 1989 sobre 
sinergia publicadas por la Comisión hacen 
referencia a las normas de competencia. 
103. A efectos de la política de competencia, se 
distingue a menudo entre la información que sólo 
procede de una fuente (que en general debería 
estar disponible en condiciones razonables) y la 
que puede encontrarse en otras fuentes 
(principio de la diversidad), a la que podrían 
aplicarse las tarifas del mercado. 
104.La competencia también es un principio básico 
de los suministros públicos. Se aplica tanto a los 
contratos de edición (cuando los entes públicos 
costean la publicación o la subvencionan) como 
a los de distribución (cuando se limita el número 
de distribuidores a fin de alcanzar ciertos 
objetivos, como la cobertura geográfica). 
105.Las nuevas tecnologías cambian los costes fijos 
y variables; aparecen en el mercado nuevos 
agentes nacionales y multinacionales que crean 
oportunidades de reducir los precios o de 
aumentar los objetivos de distribución. Esto 
puede exigir cambios en las políticas de 
suministro y en los términos de las licitaciones. 
22 Artículo 92. 23 Artículo 86. 
24 Artículo 85. 
25 Artículo 90. 
26 Tal como se definen en el apartado 1 del artículo 92. 
27 No sólo de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 92 
(categorías de ayudas que son o pueden considerarse 
compatibles con el mercado común), sino también con el 
apartado 2 del artículo 90 si la empresa se encarga de 
servicios de interés económico general. En tal caso deben 
cumplirse todas las condiciones que señala dicho apartado: 
la empresa debe encargarse de servicios de interés 
económico general; el importe de la ayuda no deberá 
sobrepasar el coste neto para garantizar el servicio de interés 
económico general, y el desarrollo de los intercambios no 
deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al 
interés de la Comunidad. 
17 
Cuestión 5: 
¿En qué medida y en qué condiciones las 
actividades de los organismos del sector 
en el mercado de la información 
ocasionar una competencia desleal a 
europea? público 
pueden 
escala 
il!,6. Problemas de derechos de autor 
106.El Convenio de Berna (apartado 4 del 
artículo 2) deja a los Estados miembros la 
libertad de determinar la protección que 
deseen acordar a los textos oficiales de 
naturaleza legislativa, administrativa o jurídica 
y sus traducciones oficiales. 
107.La gran mayoría de Estados miembros 
utiliza esta disposición para excluir dichos 
textos de cualquier protección de derechos de 
autor. Ante la información de distinta 
naturaleza producida por el sector público, 
muchos Estados miembros también utilizan la 
exclusión anterior. No obstante, la exención 
de derechos de autor de este material no 
limita en sí misma el acceso del público a la 
información. 
108.El sector público tiene dos razones 
principales para proteger su información. En 
primer lugar, puede ser una fuente de 
ingresos. Sin embargo, esto puede plantear 
problemas en el ámbito de la competencia. 
Puede crear distorsiones de mercado entre 
empresas de diferentes Estados miembros 
que quieran reutilizar la información. 
109.Otra razón para que los organismos del 
sector público protejan su información podría 
ser el deseo de mantener la integridad del 
contenido. Esto es importante desde la óptica 
de los problemas de responsabilidad. 
Cuestión 6: 
Los diversos regímenes sobre derechos de autor 
en Europa, ¿pueden representar obstáculos para 
la comercialización de la información del sector 
público? 
111,7. Intimidad 
110.Parte de la información comercialmente 
interesante en manos del sector público es de 
naturaleza personal, es decir, hace referencia 
a personas físicas o permite su identificación. 
Es el caso, por ejemplo, de los registros de 
población, empresas, vehículos o créditos. 
También de la información sobre sanidad, 
empleo o asistencia social. La industria 
privada puede utilizar este tipo de información 
con fines comerciales, de investigación u 
otros. En estos casos es preciso contrapesar el derecho a la información de ciudadanos y 
empresas con el derecho del particular a la 
intimidad. Todas las normas nacionales de 
acceso demuestran tener presente la 
necesidad de este tipo de equilibrio. 
111.El 24 de octubre de 1995 se aprobó la 
Directiva 95/46/CE28 relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Dicha Directiva 
establece normas vinculantes tanto para el 
sector público como para el privado y logra el 
necesario equilibrio entre el principio de 
acceso a la información del sector público y la 
protección de los datos personales. Es de 
obligado cumplimiento en los casos de datos 
personales en manos del sector público. 
112.Los entes públicos competentes son quienes 
deben garantizar el equilibrio entre la 
necesidad de un acceso libre para fines 
comerciales u otros y el respeto de la 
intimidad, teniendo en cuenta los principios 
establecidos en la Directiva comunitaria, en 
concreto, el principio de limitación de los 
fines. Además, los organismos nacionales de 
vigilancia desempeñan un importante papel y 
los tribunales deben pronunciarse sobre los 
casos litigiosos. 
113.En el caso concreto de los datos 
estadísticos, el principio bien establecido del 
secreto estadístico refuerza el nivel de 
protección de datos. El secreto estadístico no 
sólo impide el acceso a cualquier otro usuario 
privado, sino también la transmisión de datos 
confidenciales a organismos administrativos 
distintos de los institutos de estadística. 
114.El crecimiento de la sociedad de la 
información puede plantear nuevos riesgos 
para la intimidad del particular si se facilita el 
acceso a los registros públicos en formato 
electrónico (especialmente en línea y a través 
de Internet) y en grandes cantidades. 
Cuestión 7: 
¿Merecen las consideraciones sobre la intimidad 
una atención especial en relación con la 
explotación de la información del sector público? 
¿Cómo podrían los intereses comerciales 
justificar el acceso a los datos personales que 
posee el sector público? 
lile. Responsabilidad 
115.La claridad en lo que se refiere a los 
problemas de la responsabilidad puede tener 
efectos positivos en el acceso a la 
28 DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31 a 50. 
18 
información del sector público y su 
comercialización. De hecho, la 
responsabilidad puede ser una razón para 
que el sector público lleve a cabo una política 
de información prudente. Si el ente público 
proporciona directamente información a un 
solicitante, deberá, en principio, 
responsabilizarse (de conformidad con las 
normas nacionales sobre responsabilidad) de 
cualquier daño que se cause al ciudadano 
afectado. 
116.Más complejo es el caso cuando más de dos 
partes (organismo público, solicitante) 
participan en el tratamiento y difusión de la 
información. Es el caso, por ejemplo, cuando 
el sector público ha cedido la información a 
una empresa privada. En este caso, los entes 
públicos aún podrían ser responsables de la 
información suministrada, a no ser que hayan 
limitado dicha responsabilidad por contrato. 
117.Cuanta más gente participe, más difícil será 
identificar en caso de litigio a quien no 
cumplió sus compromisos o actuó 
¡legalmente. Algunos observadores opinan 
que son muy importantes los enfoques 
europeos coordinados sobre este problema a 
causa de la dificultad de establecer qué leyes 
nacionales deberán aplicarse en casos que 
afecten a varios países29. 
Cuestión 8: 
¿Hasta qué punto los diversos regímenes de 
responsabilidad de los Estados miembros 
pueden representar un obstáculo para el acceso 
a la información del sector público o su 
comercialización? 119.Sería una ayuda para dichas políticas si, 
como respuesta al presente documento, se 
reciben comentarios sobre la actuación en 
este ámbito y su percepción. De ahí la 
siguiente cuestión. 
Cuestión 9: 
¿Hasta qué punto son adecuadas las políticas 
seguidas por las instituciones comunitarias en el 
ámbito del acceso a la información y de su 
difusión? 
¿Cómo podrían mejorarse? 
111.9. Información de la UE 
118.Como se indica en el apartado 1 del 
capítulo I y en el anexo 2 del presente Libro 
verde, la UE está desarrollando políticas para 
mejorar el acceso a su información y la 
difusión de ésta. Por ejemplo, todas las 
instituciones de la UE mantienen una serie de 
sitios Web accesibles desde una pasarela 
única (http://europa.eu.int) que ofrecen una 
gran cantidad de información. 
29 La propuesta de directiva sobre determinados aspectos 
jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, 
presentada por la Comisión el 18 de noviembre de 1998, 
reconoce la necesidad de clarificar la responsabilidad de los 
proveedores de servicios en línea cuando transmiten y 
almacenan información sobre terceros (por ejemplo, cuando 
los proveedores actúan como «intermediarios») en el marco 
de las comunicaciones comerciales. Para eliminar la 
incertidumbre jurídica existente y dar coherencia a los 
diferentes enfoques que se dan en los Estados miembros, la 
propuesta establece una excepción de «simple conducto» y 
limita la responsabilidad del proveedor de servicios para otras 
actividades «intermediarias». 
19 
Notas finales 
120.La falta de transparencia de la información del 
sector público en toda Europa crea un obstáculo 
sustancial tanto para los ciudadanos como para 
las empresas que quieran ejercer los derechos 
que les confiere el Tratado CE y aprovecharse 
de las ventajas del mercado interior. 
121 .Al mismo tiempo, la industria europea de la 
información tiene que hacer frente a una 
profusión de normas y prácticas diferentes, que 
según la Comisión pueden impedir que se 
aproveche plenamente el potencial de 
información europeo. 
122.Dependiendo de las respuestas al presente 
Libro verde y, en concreto, de los comentarios 
sobre los obstáculos, normativos o no, que 
puedan perjudicar las posibilidades de acceso a 
la información del sector público o de su 
comercialización, podría pensarse en una 
respuesta de algún tipo a escala europea. 
123.Tal respuesta, por ejemplo, podría afectar a uno 
de los ámbitos siguientes. 
• Legislación (como necesidad de 
recomendaciones, orientaciones o medidas 
obligatorias). 
• Intercambio de información en toda 
Europa, que permita a los entes públicos 
aprender de las experiencias ajenas. 
• Aumento de la sensibilización a todos los 
niveles (ciudadanos, empresas y 
administraciones) sobre las fuentes de 
información existentes. 
• Proyectos de demostración y 
experimentales que permitan desplegar las 
tecnologías de apoyo a los nuevos servicios 
de información y ensayar las nuevas formas 
de asociación entre el sector público y el 
privado. 
• Iniciativas de educación y formación que 
refuercen la capacidad de gestión de la 
información por parte de las 
administraciones y de los particulares. 
124.Se esperan comentarios sobre los posibles 
ámbitos de actuación o sobre cualquier otro tipo 
de medidas que se consideren adecuadas. 
Cuestión 10; 
¿Qué acciones 
especial a escala deberían 
europea? recibir una atención 
20 
Lista de cuestiones 
Esta lista resume las cuestiones formuladas en el capítulo III. 
1 ¿Cuál es, a su parecer, la forma más adecuada de definir el sector público? 
¿Qué categorías de la información del sector público deberían entrar en el debate? 
2 Las diferentes condiciones de acceso a la información del sector público en los Estados 
miembros, ¿crean obstáculos a escala europea? 
En tal caso, ¿a qué elementos afecta?: ¿exigencia de un interés, excepciones, plazo, 
cantidad, formato? 
¿Qué soluciones pueden preverse? 
3 Elaborar metadatos europeos (información sobre la información disponible), ¿podría ayudar a 
los ciudadanos y las empresas de Europa a encontrar su camino en la información del sector 
público en toda Europa? 
En tal caso, ¿cuál sería el mejor modo de hacerlo? 
¿Qué tipo de contenido deberían tener los directorios de los recursos de información del 
sector público? 
4 ¿Qué incidencia tienen las diferentes políticas de fijación de precios sobre el acceso a la 
información del sector público y su comercialización? 
¿Provoca esto diferencias en las oportunidades de los ciudadanos y las empresas a escala 
europea? 
5 ¿En qué medida y en qué condiciones las actividades de los organismos del sector público 
en el mercado de la información pueden ocasionar una competencia desleal a escala 
europea? 
6 Los diversos regímenes sobre derechos de autor en Europa, ¿pueden representar 
obstáculos para la comercialización de la información del sector público? 
7 ¿Merecen las consideraciones sobre la intimidad una atención especial en relación con la 
explotación de la información del sector público? 
¿Cómo podrían los intereses comerciales justificar el acceso a los datos personales que 
posee el sector público? 
8 ¿Hasta qué punto los diversos regímenes de responsabilidad de los Estados miembros 
pueden representar un obstáculo para el acceso a la información del sector público o su 
comercialización? 
9 ¿Hasta qué punto son adecuadas las políticas seguidas por las instituciones comunitarias en 
el ámbito del acceso a la información y de su difusión? 
¿Cómo podrían mejorarse? 
10 ¿Qué acciones deberían recibir una atención especial a escala europea? 
21 
Anexo 1: Situación actual en los Estados miembros en materia de legislación y política de 
acceso a la información del sector público 
Bélgica 
Existen normas de ámbito federal (11 de 
abril de 1994) y regional (Flandes, 23 de 
octubre de 1991 y 13 de junio de 1996) 
sobre transparencia pública que 
proporcionan un derecho general de acceso 
a los documentos en manos de las 
administraciones públicas. Dichas normas, 
no obstante, disponen que los documentos 
administrativos obtenidos así no pueden ser 
difundidos o reutilizados con fines 
comerciales. No hay una norma general 
sobre comercialización de la información del 
sector público. En el contexto de las normas 
sobre transparencia pública, el acceso es 
gratuito o a un coste marginal. Algunos 
ministerios siguen políticas de 
comercialización según los tipos de 
relaciones contractuales. Se ha establecido 
cooperación entre los sectores público y 
privado, por ejemplo, en los sectores de 
registros de vehículos, estadísticas e 
información geográfica. En este último 
sector, no obstante, el organismo estatal 
correspondiente se ha visto envuelto en 
algún litigio. 
En cuanto a la difusión activa, Postbus 3000 
distribuye información del Gobierno federal 
por medio de la televisión y la radio y de 
anuncios en periódicos y revistas. Estas 
comunicaciones remiten a boletines 
públicos disponibles gratuitamente. Los 
boletines contienen información de 
contactos y datos adicionales sobre los 
asuntos y servicios correspondientes. 
Asimismo, los ciudadanos pueden obtener 
más información dirigiéndose a Postbus 
3000, que forma parte del Servicio de 
Información Federal. 
Desde el 24 de marzo de 1995, el Gobierno 
federal mantiene un amplio sitio en Internet 
en cuatro lenguas (neerlandés, francés, 
inglés y alemán): http://belgium.fgov.be. 
Este «sitio paraguas» dispone de enlaces 
con todos los departamentos federales. 
Contiene una gran variedad de información, 
como: información general sobre Bélgica, 
decisiones del Consejo de Ministros, 
direcciones útiles de organismos 
administrativos e iniciativas sobre la 
información del sector público. Las 
comunidades y regiones también mantienen 
sus propios sitios Web. Estos son 
accesibles desde el sitio federal por medio 
de hiperenlaces. 
Actualmente está poniéndose a punto un 
centro de llamadas (a escala federal) que permite a los ciudadanos plantear sus 
cuestiones al gobierno. La Comunidad 
Flamenca está llevando a cabo acciones 
semejantes; la Región Valona ya tiene su 
centro en funcionamiento. 
Por recomendación del Consejo de Europa de 
1997, el Consejo de Estado tiene la obligación 
jurídica de publicar muchas de sus decisiones, 
que están disponibles en CD-ROM y en 
Internet. 
Dinamarca 
Se está preparando una ley que reemplazará a 
las dos actuales sobre la libertad de 
información, que proporcionan un derecho 
general de acceso a los documentos de la 
administración. La ley abarca a toda la 
sociedad y se relaciona con lo dispuesto por la 
Directiva 95/46/CE. Se han elaborado guías 
con listas de direcciones disponibles para el 
público; se ha publicado una norma sobre la 
edición electrónica, y todas las publicaciones 
oficiales serán accesibles electrónicamente de 
forma paulatina. Todos los entes públicos 
disponen de correo electrónico y están 
presentes en Internet. También hay alternativas 
electrónicas públicas basadas en el 
autoservicio. El acceso electrónico a los datos 
e informaciones jurídicos es gratuito. 
En cuanto a los documentos impresos, el 
principio es que los ciudadanos sólo tienen que 
pagar el coste de acceso, que se ha fijado en 
diez coronas para la primera página y una 
corona para cada una de las siguientes. No hay 
ninguna norma específica sobre 
comercialización de la información del sector 
público, aunque el programa Info-Sociedad 
2000 se refirió a esta cuestión. Asimismo, se 
publicó en 1992 una guía del Ministerio de 
Hacienda sobre el sector público en general, en 
la que se formulaban los principios de «costes 
medios a largo plazo» y «competencia leal». 
Dado que el mercado danés de servicios 
electrónicos de la información todavía es 
relativamente pequeño, el sector público se 
hace cargo de la mayor parte de las tareas de 
difusión de su información, tanto impresa como 
en formato electrónico. Se ha manifestado 
algún interés comercial en los campos del 
registro civil, de sociedades y de propiedades, 
derecho y estadísticas, donde se han dado 
casos de cooperación y competencia entre el 
sector público y el privado. 
Un nuevo modelo de fijación de precios sobre 
la venta de datos públicos se ha incluido en la 
guía presupuestaria del sector público. Se 
decidieron los principios sobre la calidad de los 
datos públicos y el acceso a ellos y la actividad 
22 
que se desarrolla actualmente. La tendencia 
es que se lleven a cabo rápidamente los 
nuevos pasos para crear la sociedad de la 
información abierta. 
Alemania 
Alemania no dispone de normas generales 
de acceso a la información del sector 
público ni de comercialización de ésta. 
Muchas normas sectoriales ofrecen acceso 
a tipos concretos de información (como 
quejas administrativas o información sobre 
el medio ambiente). Algunos Estados 
federados, que tienen atribuciones 
constitucionales, preparan normas 
generales de acceso. Las prácticas de 
comercialización se han desarrollado por 
separado en los diferentes niveles de la 
administración. En algunos casos (por 
ejemplo, las estadísticas de carácter 
financiero y comercial) hay ejemplos de una 
fructífera cooperación entre el sector público 
y el privado, mientras que en otros (por 
ejemplo, la información empresarial) ha 
habido dificultades. Las políticas de precios 
también divergen mucho, dependiendo de la 
base jurídica de la solicitud, el organismo en 
cuestión y la probable utilización de la 
información. La estructura federal del 
Estado acentúa la variedad de las medidas. 
Grecia 
Grecia tiene una ley general de acceso (n° 
1599, de 1986) que no permite la 
explotación comercial de los documentos 
del sector público cubiertos por ella. Aunque 
no hay una norma o política general sobre 
difusión comercial de la información del 
sector público, el Ministerio del Interior y de 
la Administración Pública está trabajando 
sobre este marco jurídico. El mercado de la 
información electrónica es muy pequeño; 
tampoco se ha determinado todavía el 
mercado potencial de la información del 
sector público (a parte de ciertas 
excepciones en los campos cultural, 
turístico, agrícola y jurídico). Varios 
organismos de la administración ya están 
desarrollando sistemas de información para 
hacer que estos contenidos sean accesibles 
tanto a las empresas como a los 
ciudadanos. 
España 
España tiene una Ley general de acceso (n° 
30, de 26 de noviembre de 1992) que en la 
actualidad no se aplica a la información 
electrónica. Al solicitar la información es 
preciso acreditar un interés legal. Se ha 
aprobado hace poco un Real Decreto que 
regula la utilización de las técnicas de la 
información electrónica por la administración 
central. En él se hace referencia a las relaciones entre la administración y el 
ciudadano. Estudios recientes muestran que el 
público puede acceder a la información del 34 
% de los servicio públicos. En ciertos casos se 
proporciona el acceso en colaboración con el 
sector privado. No hay una política general de 
comercialización. Las tarifas varían de cero (en 
el 40 % de los casos) a los precios de 
mercado. Hay muchos ejemplos de 
cooperación entre el sector público y el privado, 
especialmente en el ámbito regional y local, en 
campos como comercio exterior, finanzas, 
cultura, educación y ciencias. En campos como 
las información empresarial y las estadísticas, 
la cooperación brilla por su ausencia o ha 
fracasado. 
Francia 
Existe una ley general de acceso a los 
documentos administrativos (parte de otra más 
amplia, la n° 78-753, de 17 de julio de 1978, 
modificada en 1979, sobre las relaciones entre 
las administraciones y el público), que excluye 
la posibilidad de reproducir, divulgar o 
comercializar los documentos en cuestión. El 
acceso in situ es gratuito, si bien se cobran al 
solicitante los costes de reproducción. Existe 
también una circular del primer ministro, de 14 
de febrero de 1994, sobre la difusión de datos 
públicos en la que se establecen algunos 
principios para su comercialización. En ella se 
distingue entre información en bruto (acceso 
gratuito) e información de valor añadido (en 
algunos casos protegida por los derechos de 
autor) y se analizan los papeles del sector 
público y el privado en la difusión de la 
información teniendo en cuenta los problemas 
de competencia y precios. 
El sector privado participa ampliamente en el 
mercado de la información del sector público. 
Esta participación funciona mejor en algunos 
ámbitos (información geográfica y empresarial) 
que en otros (información agraria y judicial). Se 
practica un política de concesiones públicas a 
empresas del sector privado que, a juicio de 
algunos observadores, puede plantear 
problemas de competencia. 
En el programa de actuación pública titulado 
«Preparar la entrada de Francia en la sociedad 
de la información», que se publicó el 16 de 
enero de 1998, el Gobierno francés anunció 
que los «datos públicos esenciales» se 
ofrecerán gratuitamente en Internet. Con esta 
iniciativa se reconoce que el desarrollo de las 
redes ha modificado profundamente la 
tradicional distinción entre acceso a la 
información pública y difusión de ésta. Además, 
se pone de manifiesto que la facultad de 
acceder a las fuentes de información del sector 
público es vital para el desarrollo del mercado 
y, por consiguiente, de la industria de la 
información. 
23 
Irlanda 
La Ley de libertad de la información de 1997 
fue la primera norma legislativa de 
importancia que obligó a los ministerios y 
organismos públicos a publicar detalles de 
la información que poseen. Esta ley 
garantiza el derecho de los ciudadanos a 
acceder a la información pública hasta el 
máximo posible, dentro de los límites del 
interés público y la protección de la 
intimidad. 
Con esta ley, los organismos públicos 
deberán publicar su propia información y dar 
acceso a detalles de las normas y 
procedimientos internos, interpretaciones, 
etc. que utilizan para tomar decisiones. 
Muchos ministerios y organismos publican 
dicha información en Internet. El objetivo 
central es ayudar al público a buscar la 
información producida por cada organismo y 
a acceder a ella. 
La información no personal puede 
remunerarse por el tiempo gastado en 
localizar y recoger los datos, con arreglo a 
tarifas horarias normalizadas. También 
puede facturarse el gasto en fotocopias. 
Para los datos personales sólo se reclamará 
el gasto de reproducción, excepto si afecta 
a un número elevado de ficheros. No se 
cobrará el tiempo gastado por los 
organismos públicos en examinar los 
pedidos. 
Además, muchos ministerios y organismos 
públicos editan publicaciones relacionadas 
con su sector. Por lo general son gratuitas 
(de acuerdo con objetivos políticos), o de 
pago (a precio de coste). 
Aun cuando no existe ninguna política o 
norma general de comercialización de la 
información del sector público, algunos 
organismos (como el registro de la 
propiedad inmobiliaria o el catastro) 
comercializan la información. Cuando 
practican una política de fijación de precios, 
en general siguen los tipos comerciales del 
mercado. La comercialización y la 
cooperación del sector público con el 
privado se da principalmente en el campo 
del derecho y la estadística. 
El informe de 1996 sobre «La sociedad de 
la información en Irlanda: estrategias para la 
acción» prevé un acceso gratuito o barato a 
las bases de datos y servicios de 
información públicos, así como la utilización 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el sector público para 
lograr ofertas centradas en los ciudadanos. 
Toda la información pública editada 
recientemente estará disponible al mismo 
tiempo en forma electrónica e impresa para datos concretos: los ministerios y organismos 
públicos ya han ultimado un acceso telefónico 
barato («lo-call») que se reforzará con un 
autoservicio por Internet, fax por pedido, etc.; 
los sitios Web públicos se desarrollarán con 
miras al crecimiento de la interactividad y al 
potencial del suministro de servicios. 
Italia 
Existe una ley general de acceso (n° 241, de 7 
de agosto de 1990), aunque en muchos casos 
es preciso acreditar un interés legal. No hay 
norma general o política sobre comercialización 
de la información del sector público. El acceso 
basado en la norma mencionada es gratuito. 
Las políticas de precios con fines comerciales 
varían según los organismos. Hay ejemplos de 
cooperación entre el sector público y el privado 
en campos como la información empresarial y 
las estadísticas. En algunos casos, ha habido 
quejas relacionadas con las normas de la 
competencia. 
Luxemburgo 
No existe una ley general de acceso ni otras 
normas generales sobre explotación comercial 
de la información del sector público. Se ha 
creado no obstante un grupo de trabajo para 
estudiar la cuestión. En la práctica, la 
información del sector público, cuando existe, 
se proporciona gratuitamente o al precio del 
coste de la distribución. No hay por el momento 
ejemplos de cooperación entre el sector público 
y el privado. El minúsculo tamaño del mercado 
desincentiva tal vez la adopción de iniciativas 
de ámbito estrictamente nacional. 
Países Bajos 
Existe una Ley de información pública (vigente 
desde 1980 y modificada en 1992) que obliga a 
la administración a difundir activamente la 
información pública y a proporcionar la 
información que se le solicite. Hay, no 
obstante, excepciones y restricciones con 
respecto a estas obligaciones. Dichas 
excepciones y restricciones son comparables a 
las existentes en otras leyes generales de 
acceso (como excepciones por interés del 
Estado o de terceros y protección del proceso 
decisorio). 
El Ministerio del Interior asume la función de 
coordinador de la política de información del 
sector público. Por ahora no existe una política 
general de explotación o reutilización comercial 
de la información del sector público. Así pues, 
los entes públicos deciden sus propias 
políticas. Sin embargo, se trabaja para 
establecer una política general. 
Como primer paso, el Gobierno publicó en junio 
de 1997 un memorando titulado «Hacia la 
accesibilidad de la información pública. Marco 
político para aumentar la accesibilidad a la 
24 
información pública mediante las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones». Lo esencial del 
memorando es qué información del sector 
público puede estar disponible en forma 
electrónica, para quién, por qué, cómo y a 
qué precio. Desde el punta de vista de la 
administración, la información que se 
denomina básica del Estado democrático 
constitucional (leyes y reglamentos, 
decisiones de los tribunales e información 
parlamentaria) debería estar accesible al 
máximo, pues esta información es pública 
por antonomasia. Las TIC pueden ser un 
importante instrumento para ello. Por lo que 
respecta a los archivos de datos 
electrónicos de los entes públicos, el 
Gobierno señala en el memorando que se 
necesita desarrollar el acceso a los datos 
archivados, en particular el acceso del 
sector privado. 
Siguiendo el memorando, se están 
estudiando los archivos de datos 
electrónicos de los entes públicos: tipo, 
utilización, procedencia y situación jurídica. 
El objetivo es clasificar los archivos de datos 
electrónicos para establecer medidas 
políticas de acceso a categorías 
determinadas de archivos de datos. Estas 
medidas se consideran necesarias, puesto 
que no es posible que la explotación o 
reutilización comercial de los archivos de 
datos electrónicos del sector público, dada 
su diversidad, pueda cubrirse con una regla 
general. 
Austria 
La ley constitucional 1987/285, de 15 de 
mayo de 1987, establece un derecho 
general de acceso. Constituye un marco 
mínimo: tanto los funcionarios de ámbito 
federal, regional o local con 
responsabilidades administrativas, como los 
de otros entes de derecho público deberán 
comunicar información sobre las cuestiones 
de su esfera de competencia, siempre que 
no se entre en conflicto con la obligación 
legal de guardar secreto. El acceso de los 
ciudadanos suele ser gratuito, si bien en 
algunos casos se cobra una cantidad que 
cubre, entre otras cosas, los costes de 
reproducción y difusión. Cada ministerio 
determina su política de comercialización 
bajo control del Ministro resporisable, según 
los casos. Se dan ejemplos de cooperación 
entre los sectores público y privado en 
telecomunicaciones, cobro de deudas y 
sectores de la información judicial y de la 
administración, por ejemplo. Portugal 
Existe una ley general de acceso a la 
información del sector público (Ley n° 65, de 26 
de agosto de 1993), pero no normas o políticas 
generales de comercialización. Por lo común, 
la información se cobra al precio más bajo 
posible, dada la función de servicio público de 
las administraciones. Existe un proyecto que 
proporcionará al ciudadano un acceso de tipo 
quiosco a campos concretos de la información 
del sector público. Una parte de la ejecución 
técnica del proyecto se confiará al sector 
privado. Se dan otros ejemplos de cooperación 
entre el sector público y el privado en los 
campos de la información empresarial y 
jurídica, aunque el pequeño tamaño del 
mercado y la relativa carencia de bases de 
datos de la administración no incentivan este 
tipo de iniciativas comerciales. 
Finlandia 
Existe una Ley de publicidad de documentos 
oficiales (n° 83, de 9 de febrero de 1951) que 
proporciona derecho general de acceso a 
cualquier documento elaborado y publicado por 
una administración pública, así como a 
cualquier documento enviado o dado a una 
administración pública y que esté en su 
posesión. En 1987 este derecho se amplió a 
los documentos producidos «mediante 
perforación, magnetización u otros medios 
parecidos para su lectura, audición u otras 
formas de comprensión por medio de 
dispositivos técnicos». En la actualidad se 
procede a la revisión y modernización de la 
citada norma. La nueva ley fomentará la 
utilización de la información oficial que tenga 
importancia fuera de la administración. 
El mercado y las posibilidades de 
comercialización de Finlandia son, por otra 
parte, similares a las de Dinamarca. El interés 
del sector privado es todavía pequeño y las 
principales iniciativas de difusión corresponden 
al sector público. 
En el informe titulado «La creación de una 
sociedad de la información finlandesa» (1995) 
se hace una somera referencia a la cuestión de 
fomentar la reutilización comercial entre el 
sector privado. La Ley de 1992 sobre criterios 
para fijar los precios por parte de la 
administración distingue tres tipos de bienes y 
servicios públicos: a) los de interés público, que 
se ofrecen de forma gratuita; b) los que ofrecen 
los monopolios estatales, o cumplen ciertos 
requisitos legales, que se proporcionan a 
precio de coste; c) los demás, que se 
proporcionan a precios de mercado. 
Suecia 
Suecia tiene la ley más antigua del mundo (Ley 
de libertad de prensa de 1766, modificada por 
25 
última vez en 1994), que proporciona 
acceso a los documentos en manos de los 
organismos públicos, incluidos los 
documentos electrónicos. Abarca todos los 
documentos elaborados o recibidos por las 
administraciones públicas. El acceso a los 
documentos es gratuito, aunque se cobra 
una cantidad para documentos de más de 
nueve páginas. No hay obligación de dar 
acceso a los datos electrónicos más que en 
forma de documentos impresos. 
El acceso sólo podrá denegarse 
acogiéndose a una cláusula específica de la 
legislación (Ley sobre confidencialidad). 
En principio, esta legislación cubre toda la 
información en poder de los organismos 
públicos en bases de datos y archivos 
públicos. El acceso a dicha información se 
limita en la práctica a los datos que pueden 
recogerse y entregarse por procedimientos 
rutinarios. Hay disposiciones especiales de 
la Ley de protección de datos para que un 
ciudadano pueda recibir información sobre 
qué datos le afectan en los archivos 
públicos. 
En octubre de 1998 se promulgó una nueva 
Ley sobre datos personales. Se basa 
ampliamente en la Directiva de la UE sobre 
protección de datos personales. La nueva 
legislación no afectará al derecho 
constitucional sobre acceso público a los 
documentos oficiales. 
La ley autoriza que un número limitado de 
grandes bases de datos nacionales y 
archivos públicos puedan ser utilizados por 
servicios de información comercial 
(direcciones de personas y empresas, 
información sobre propiedades, bienes 
raíces o vehículos, etc.). En el sector 
empresarial, esta información puede usarse 
entonces para servicios de valor añadido. 
La fijación de los precios de la información 
pública se basa normalmente en el principio 
de recuperación de los costes. No se 
permite ningún otro tipo de venta comercial 
de la información de los archivos públicos. 
La administración y los entes locales están 
organizando sus recursos de información 
para que puedan proporcionar más 
información en forma electrónica, no ya por 
la Ley de libertad de prensa, que 
actualmente sólo garantiza el acceso a los 
documentos en forma impresa, sino como 
servicio al público y a las empresas. 
Un comité se ha encargado de revisar las 
normas constitucionales sobre el derecho 
de acceso del público a los documentos 
oficiales desde la perspectiva de las TI. La Ley sobre las TI, aprobada por el 
Parlamento en la primavera de 1996, marca las 
directrices de la política del Gobierno en favor 
de la apertura del sector público al acceso 
electrónico. La Ley destaca el poder de las TI 
para reforzar la transparencia y la democracia y 
para crear ventajas económicas para la 
sociedad, y establece orientaciones generales 
para el acceso del público y del sector 
empresarial a la información. 
En la Ley de administración pública de 1998, 
una de las cuestiones principales es el servicio 
de información del sector público. Como 
principio básico, la fijación de precios de la 
información pública debería basarse en la 
recuperación de los costes de distribución. El 
Gobierno también estableció las directrices 
sobre posteriores trabajos en este ámbito, 
incluyendo el problema de la definición de los 
datos nacionales básicos y el de hacer más 
accesible la información de los archivos 
públicos en forma electrónica. Se trabaja 
principalmente con empresas y particulares 
que desean servicios electrónicos como 
complemento de los tradicionales. 
Hay una propuesta del Ministerio de Justicia, 
que se está estudiando actualmente, para 
renovar el Sistema de Información de Datos 
Jurídicos (Rixlex 2000). Este sistema presenta 
una estructura descentralizada. Cada 
proveedor de información es responsable de la 
exactitud del contenido del material. 
Dentro del contexto general descrito, diversas 
actividades prácticas y legislativas siguen 
adaptando y desarrollando la gestión de la 
información, su apertura, sinergia y 
responsabilidad en el nuevo entorno 
electrónico. 
Reino Unido 
Ninguna ley prevé un derecho general de 
acceso a la información de la administración 
central. Un Código de conducta, publicado en 
1994, define los derechos de acceso a la 
información de forma semejante, en general, a 
la normativa de otros países. Incluye el 
compromiso de la administración de 
desclasificar voluntariamente cierto tipo de 
información de interés público. El Código no es 
jurídicamente vinculante, pero el Defensor del 
Pueblo, que es independiente del Gobierno, 
supervisa su aplicación. En 1995 se publicó 
otro Código de conducta sobre la transparencia 
de los servicios de sanidad del Reino Unido. 
El actual Gobierno entró en funciones en mayo 
de 1997 con el firme compromiso de elaborar 
una Ley sobre la libertad de información. En 
diciembre de 1997 se publicó el Libro blanco 
titulado Derecho a saber, que contenía 
propuestas sobre la legislación para la libertad 
de información que llegaban mucho más lejos 
26 
que el Código de conducta en sus 
exigencias de apertura. 
Asimismo, el Gobierno deberá publicar en 
1999 un proyecto de Ley sobre la libertad de 
información. 
El Gobierno ha creado también en Internet 
un servicio de información pública 
(www.open.gov.uk). Todos los nuevos 
instrumentos jurídicos han sido publicados 
en Internet (www.hmso.gov.uk). También 
existe un derecho de acceso a la 
información en poder de la administración 
local (Ley de administración local de 1985), 
así como a diversos tipos de información 
personal, como historiales médicos y datos 
de los servicios sociales. 
Las directrices del Ministerio de Comercio e 
Industria sobre la «Información 
comercializable en manos de la 
administración», que se publicaron por 
primera vez en 1986, orientan a los 
departamentos ministeriales en la tarea de 
poner su información a disposición del 
sector privado. Dichas directrices se 
revisaron por última vez en 1990. A causa 
de los recientes cambios, la administración 
considera que ha lugar una nueva revisión. 
La directrices abarcan cuestiones como la 
determinación de la información 
comercializable, costes y precios, aspectos 
contractuales, obligaciones públicas en 
materia de derechos de autor, seguridad y 
protección de la intimidad, responsabilidad, 
competencia, no exclusividad y no 
discriminación de los proveedores de 
servicios de la CE. 
La creación de organismos públicos 
autosuficientes ha reforzado la tendencia de 
la administración a dar acceso a la 
información desde puntos de vista 
comerciales y no comerciales. El nivel de 
las tarifas depende del tipo de material y el 
grado de reutilización comercial posterior. 
El sector privado ha solicitado la 
liberalización del régimen de derechos de 
autor para facilitar la reproducción no 
exclusiva de los diversos tipos de 
información. La administración, por su parte, 
acaba de anunciar la suavización del 
régimen de derechos de autor en materia de 
reproducción de documentación legal. En el 
Reino Unido, que tiene el mayor y más 
antiguo mercado de la información 
electrónica de la UE, hay muchos ejemplos 
de cooperación entre el sector público y el 
privado, como la información empresarial, 
geográfica y jurídica. En enero de 1998 se 
publicó el Libro verde Derechos de autor en 
la era de la información. 
27 
Anexo 2: Actuación de Ja Comisión Europea en materia de información dei sector público 
Antecedentes del Libro verde 
1. Antecedentes básicos 
En septiembre de 1996, en su resolución 
sobre el plan de acción de la Comisión para 
la sociedad de la información, el Parlamento 
Europeo solicitó que las nuevas formas de 
difusión electrónica se utilizasen para 
transmitir la información pública a todos los 
ciudadanos a escala europea y nacional. 
En octubre de 1996, en su resolución sobre 
las nuevas prioridades políticas de la 
sociedad de la información, el Consejo 
(Industria) urgió a los Estados miembros a 
mejorar el acceso a la información pública 
mediante la utilización acelerada de las 
herramientas de la sociedad de la 
información y la cooperación entre el sector 
público y el privado. 
El acceso a la información del sector público 
fue una de las cuestiones prioritarias 
presentes en la Declaración ministerial 
aprobada en la Conferencia sobre las Redes 
de Información Mundial, celebrada en Bonn 
los días 6 a 8 de julio de 1997. 
Los agentes no gubernamentales también 
han estimulado las actuaciones en este 
ámbito. El Foro de la Sociedad de la 
Información ha insistido recientemente en 
solicitar una iniciativa para el acceso a la 
información pública (Declaración de Viena 
de 13 de noviembre de 1998). 
Asimismo, deben mencionarse iniciativas 
llevadas a cabo por otros organismos 
internacionales, como, por ejemplo, las 
actividades del Consejo de Europa. 
2. Transparencia de las instituciones de la 
UE 
Desde la firma del Tratado de Maastricht se 
han realizado avances considerables en lo 
que se refiere al aumento de la 
transparencia de las instituciones de la UE. 
Se han realizado esfuerzos considerables 
para garantizar un acceso más fácil a los 
documentos de las instituciones. Por 
ejemplo, en 1994, la Comisión aprobó una 
Decisión sobre el acceso del público a los 
documentos de la Comisión (Decisión de 8 
de febrero de 1994, modificada el 19 de 
septiembre de 1996). 
El Tratado de Amsterdam destacó la 
importancia de esta cuestión incluyendo una 
disposición específica sobre la transparencia 
de las instituciones europeas. Se ha 
introducido en el Tratado un nuevo artículo, 
que estipula que cualquier ciudadano de la 
Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 
social en un Estado miembro, tendrá 
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones europeas (Parlamento, Consejo 
y Comisión) con arreglo a los principios y 
condiciones determinados en la legislación 
del Consejo y en los reglamentos internos de 
cada institución, con miras a lograr la mayor 
transparencia posible. De acuerdo con el 
principio de transparencia, el Tratado de 
Amsterdam constituye un nuevo paso 
adelante en el proceso de crear una unión 
cada vez más estrecha entre los pueblos de 
Europa, en la que las decisiones se tomen 
del modo más transparente y más cercano a 
los ciudadanos que sea posible. 
El Tratado también establece que el 
Consejo, cuando actúa como órgano 
legislativo, está obligado a hacer públicas 
sus votaciones y explicaciones de voto. 
Existe un manual del usuario, disponible 
tanto en forma impresa como en la red, que 
proporciona detalles prácticos sobre la actual 
política de acceso de la Comisión 
(http://europa.eu.int/en/comm/accdoc/content 
s.html). 
3. Una política de difusión activa de la 
información 
Todas las instituciones de la UE mantienen 
un conjunto de sitios Web accesibles desde 
una sola pasarela (http://europa.eu.int), que 
ofrecen gran cantidad de información. 
En el marco de Prince, programa de 
información a los ciudadanos europeos, se 
han establecido tres «acciones de 
información prioritaria»: 
• el sitio Web «Construyamos juntos 
Europa» 
(http://europa.eu.int/en/comm/dg10/build/ 
build.htm) proporciona información 
temática sobre los desafíos de la 
integración europea; 
• http://europa.eu.int/euro/ es el sitio en 
Internet de la Comisión Europea 
dedicado exclusivamente al euro; 
« se mantiene un diálogo con los 
ciudadanos y empresas en 
http://citizens.eu.int/. Esto es una 
continuación de la iniciativa «Los 
ciudadanos, primero». 
La Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas (EUR-OP) es el 
editor oficial de las instituciones de la Unión 
Europea. Las tres funciones principales de 
28 
EUR-OP son: edición, apoyo técnico y 
administrativo, y difusión. EUR-OP, junto con 
varios representantes de las editoriales 
europeos, creó el Foro de Editores de la UE. 
Actúa en nombre de todas las instituciones. 
EUR-OP da acceso a los datos actualmente 
disponibles en las bases de datos y anima a 
los editores a utilizar el material inédito de la 
UE. EUR-OP ha recomendado siempre a las 
instituciones que sigan las orientaciones 
sobre sinergia de la Comisión de 1989. Las 
condiciones de las que depende la difusión 
varían según el valor añadido atribuido a la 
información. Por ejemplo, EUR-Lex 
(http://europa.eu.int/eur-lex/) muestra 
gratuitamente el Diario Oficial durante los 
cuarenta y cinco días siguientes a su 
publicación y se actualiza cada día en once 
lenguas con las ediciones más recientes del 
Diario Oficial, que está disponible en Internet 
pocas horas después de la publicación de su 
edición impresa. 
CELEX (http://europa.eu.int/celex/) es un 
sistema interinstitucional informatizado de 
documentación jurídica que contiene todas 
las partes del Derecho de la Unión Europea: 
la tarifa sencilla de abono a CELEX, que 
ofrece una consulta ¡limitada, es de 960 ecus 
anuales. 
4. Iniciativas anteriores al Libro verde 
La potencial importancia como recurso de la 
información del sector público atraía por 
primera vez la atención de la Comisión a 
mediados de los años ochenta. Dentro del 
programa Impact, relativo a la creación de un 
mercado comunitario de la información, y 
como respuesta a la necesidad que sentía la 
industria de la información, la Comisión 
emprendió una consulta con los proveedores 
de información del sector público y el privado 
y los representantes de los usuarios. 
Asimismo, se realizaron estudios sobre estas 
cuestiones. Además, la Comisión organizó 
varios debates preparatorios con ayuda del 
Comité Consultivo Jurídico (para más 
información, véase la página de acogida de 
dicho Comité en el servidor en la red de la 
Comisión Europea l*M Europe, dirección: 
http://www2.echo.lu/legal/en/labhome.html). 
A resultas de estas iniciativas se elaboró un 
conjunto de diecinueve orientaciones para 
«mejorar la sinergia entre el sector público y 
el privado en el mercado de la información». 
No obstante, estudios posteriores 
demostraron que éstas no cumplieron las 
expectativas. En la mayoría de los Estados 
miembros su repercusión fue mínima o 
inexistente. 
La Comisión organizó una reunión en 
Estocolmo los días 27 y 28 de junio de 1996 
que contó con un gran número de participantes que debatieron varias 
cuestiones relacionadas con el presente 
Libro verde. Los participantes dieron su 
consentimiento a las acciones emprendidas 
hasta el momento (las actas de la reunión 
están a disposición de quien las solicite). 
La primera iniciativa legislativa en este 
campo fue la aprobación de la Directiva 
90/313/CEE, de 23 de junio de 1990, sobre 
libertad de acceso a la información en 
materia de medio ambiente, que proporciona 
a toda persona física o jurídica un derecho 
de acceso a la información sobre el medio 
ambiente en poder de los organismos 
públicos. La UE emprendió otras acciones 
en el sector del medio ambiente; tuvo que 
recordar, por ejemplo, el trabajo realizado a 
este efecto por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Posteriormente, el 25 de junio de 
1998, la Presidencia del Consejo y la 
Comisión firmaron el Convenio de las 
Naciones Unidas/CEPE sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en asuntos de medio ambiente. 
29 
Anexo 3: Situación actual en Estados Unidos: ef marco jurídico 
Estados Unidos tiene una larga experiencia de 
una política activa de la información del 
sector público. En 1966 se promulgó la Ley de 
libertad de información. Esta Ley se modificó en 
1996 con la Ley de libertad de información 
electrónica, que garantiza el acceso 
electrónico público a la información 
administrativa federal. 
Se han creado los servicios de localización de la 
información pública con miras a garantizar el 
acceso a la información federal: señalan los 
recursos importantes para los usuarios, 
describen la información disponible y ayudan a 
garantizar el acceso (véase http://www.gils.net/). 
Mediante varias leyes que complementan la Ley 
de libertad de información (como la Ley de 
reducción de los trámites burocráticos y la Ley 
de transparencia del Gobierno, y documentos 
políticos detallados, como la circular A130 del 
OMB, Office of Management and Budget), 
Estados Unidos ha logrado grandes estímulos 
para que el sector privado comercialice la 
información del sector público. 
El programa de tarifas y directrices sobre la Ley 
de libertad de información, publicado en 1986 
por el OMB, trata, entre otras cosas, las 
cuestiones de fijación de precios. Incluye 
medidas relativas sobre todo a los costes de la 
investigación, la copia y (en su caso) la revisión, 
pero no para el valor añadido que el sector 
público confiera a los datos en bruto. La 
filosofía de la fijación de precios de Estados 
Unidos consiste en que el sector público sólo 
debe contemplar el valor añadido como un 
instrumento para su propia eficacia, y no como 
un incentivo económico. Asimismo, si el sector privado debe crear productos o servicios viables 
comercialmente, debe poder darles un valor 
añadido distinto del del sector público y 
venderlos a un precio rentable. No existen 
derechos reservados sobre la información 
administrativa federal. 
La referencia más importante, en Estados 
Unidos, a los problemas relacionados con la 
competencia se hizo en la sección 3506 de la 
Ley de reducción de los trámites burocráticos, 
de 4 de enero de 1995, que fija la 
responsabilidad de los organismos federales. 
Establece que: 
«cada organismo deberá garantizar que el 
público tenga un acceso oportuno y equitativo a 
la información pública de dicho organismo», 
pero también indica que, aparte de casos 
concretos donde se autorice especialmente, 
esto no significa: 
«a) establecer un acuerdo de difusión exclusivo, 
restringido u otro que interfiera la disponibilidad 
oportuna y equitativa de la información pública 
para el público; 
»b) restringir o regular la utilización, reventa o 
redifusión de la información pública por parte del 
público; 
»c) imponer cargas o derechos para la reventa o 
redifusión de la información pública, ni 
»d) establecer cargas sobre la utilización de la 
información pública superiores al coste de 
difusión.» 
30 
ISSN 0257-9545 
COM(98) 585 final 
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