Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito» () (98/C 19/04)

El 25 de junio de 1997, de conformidad con el apartado 2 del artículo 57 y el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de octubre de 1997 (Ponente: Sr. Levitt).

En su 349° Pleno (sesión del 29 de octubre de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 106 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Objeto de la Directiva sobre la adecuación del capital y de su modificación

1.1.1. La Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DAC) armoniza las exigencias de capital de éstas respecto a las posiciones de sus carteras de negociación que están sujetas a riesgos de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de pérdidas resultante de las fluctuaciones de los precios de mercado. En la DAC se establece el método para calcular las exigencias de capital con el fin de dar cobertura a las posiciones en obligaciones, tipos de interés, acciones, tipos de cambio y otros productos financieros de ellos derivados, al tiempo que se definen los fondos propios que esas entidades deben tener para cumplir dichas exigencias.

1.1.2. Con la Directiva 93/22/CEE del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, la Directiva 93/6/CEE del Consejo sienta las bases para la coordinación de normas cautelares de aplicación en actividades de inversión, lo que permite el reconocimiento mutuo de autorización por parte de las autoridades nacionales. Ambas Directivas, junto con otras relativas específicamente a las entidades de crédito y las compañías de seguros, constituyen la base del mercado único en el ámbito de los servicios financieros.

1.1.3. La DAC se acordó cuando las negociaciones destinadas a armonizar las exigencias de capital respecto a los riesgos de mercado se estaban desarrollando en foros internacionales más amplios. Entonces se consideró la posibilidad de que la DAC tuviera que ser modificada en consecuencia (artículo 14). En enero de 1996, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria publicó una modificación del Acuerdo de 1988 sobre el capital para incorporar los riesgos de mercado.

1.1.4. En la DAC (artículo 13) también se invitaba a la Comisión a que presentara propuestas sobre exigencias de capital para las posiciones de negociación en materias primas y sus derivados. La Modificación de 1996 del Acuerdo sobre el capital cubre asimismo las exigencias de capital respecto a dichas posiciones.

1.1.5. La propuesta para modificar la Directiva 93/6/CEE tiene como objeto conformar el régimen comunitario de adecuación del capital a lo ahora acordado por los supervisores bancarios de los países del G-10 y, sin perjuicio de las observaciones formuladas en el punto 3 infra, la propuesta de la Comisión sigue el Acuerdo de Basilea en sus aspectos fundamentales.

1.1.6. El CES, en su dictamen favorable a la propuesta inicial de la DAC formulada por la Comisión en 1990, se basó en tres principios para valorar dicha propuesta:

- la Directiva debe poner en pie de igualdad a las empresas bancarias y no bancarias que operan en los mercados de valores mobiliarios;

- la Directiva debe reforzar, o al menos no disminuir, el atractivo que ofrece la UE como centro financiero;

- la Directiva no debe limitar el acceso a los mercados financieros, ni asfixiar la competencia, la innovación y la libre elección de los consumidores.

1.1.7. Además, el CES señaló -en cuanto a las exigencias relativas a los fondos propios que emanan de la DAC- que éstas «deben tener la máxima coherencia técnica con los instrumentos de seguimiento de los riesgos ya existentes en las entidades».

1.1.8. Estos criterios orientativos siguen siendo válidos para analizar la presente propuesta de Directiva.

1.2. Entidades cubiertas

La presente propuesta de Directiva se aplicará a las empresas de inversión y las entidades de crédito.

1.3. Resumen de la Modificación

1.3.1. La presente propuesta de Directiva cuenta con tres elementos:

- modificaciones para permitir que las empresas sujetas a rigurosas salvaguardias puedan utilizar modelos estadísticos internos para calcular las exigencias de capital frente a los riesgos de mercado en lugar del método normalizado descrito en los Anexos I, II, III y VII. En concreto, se propone la incorporación de un nuevo Anexo VIII;

- modificaciones para incorporar los riesgos sobre materias primas en el ámbito de aplicación de la DAC; en concreto se propone la incorporación de un nuevo Anexo VII. El oro, sin embargo, estará sujeto al mismo régimen que los tipos de cambio; para ello, se propone modificar en concreto el Anexo III de la DAC;

- una modificación para corregir una anomalía fortuita en la DAC, por la que la emisión de deuda subordinada impide automáticamente que las acciones de un emisor puedan incluirse en una cartera a la que cabe asignar una ponderación reducida del riesgo específico del 2 %, incluso si se trata de un emisor de primer orden.

1.3.2. Los dos primeros elementos mencionados son los más importantes y recogen las propuestas del Acuerdo de Basilea sobre los riesgos de mercado. Dichos elementos se analizan detalladamente a continuación. De conformidad con el fundamento de la Directiva de 1993, la presente propuesta de Directiva permite que la definición de «fondos propios» ampliada por la propuesta de Directiva de 1993 cubra los riesgos de mercado calculados conforme a los nuevos Anexos VII y VIII.

2. Observaciones generales

2.1. Motivos por los que se debe modificar la DAC:

2.1.1. Algunos bancos y empresas de inversión ya utilizan modelos internos con el fin de comprender mejor los riesgos a los que se ven expuestos y lograr una base más sólida para el control del riesgo y la gestión del capital económico de la entidad. Al autorizar la utilización de modelos con el fin de calcular exigencias reglamentarias de capital, se animaría a las empresas a mejorar en beneficio de todos la comprensión y el control de los riesgos que afrontan, lo que redunda en beneficio de las autoridades de supervisión, los ahorradores y los accionistas, puesto que recientemente ha tenido lugar una serie de escándalos financieros que ha mostrado el carácter inadecuado de la comprensión y el control de los riesgos de mercado por parte de los niveles de gestión más altos.

2.1.2. En este asunto, se plantea también una cuestión de competitividad. La Modificación del Acuerdo de Basilea sobre el capital será plenamente aplicable desde finales de 1997. A partir de entonces, los bancos pertenecientes a jurisdicciones no comunitarias podrán utilizar modelos internos para calcular las exigencias de capital respecto al riesgo de mercado. Aunque la DAC de 1993 no impide a las empresas que utilicen estos modelos con el fin de calcular exigencias reglamentarias de capital, esto está sujeto a la condición de que el resultado obtenido sea una exigencia de capital que no podría ser inferior a la calculada con arreglo al método normalizado de la DAC. Dependerá de la naturaleza de sus posiciones que una entidad que utilice modelos internos tenga o no exigencias de capital inferiores a las impuestas en virtud de la DAC de 1993, pero se prevé que éstas sean inferiores en algunos casos. Esta reducción no constituye una disminución de las normas sino que refleja el reconocimiento por parte de los supervisores bancarios de que los modelos elaborados de manera adecuada (y las autoridades nacionales estarán obligadas a aplicar criterios rigurosos antes de aprobar su utilización) permiten que los bancos y las empresas de inversión sean en mayor medida capaces de captar, controlar y reducir los riesgos económicos y financieros. Esto traerá consigo que las entidades inviertan de manera muy significativa en el desarrollo y la aplicación de los modelos y en la gestión de la información y procedimientos que necesiten, pero los beneficios potenciales -una mejora en la comprensión y el control del riesgo, y el potencial de una exigencia de capital adaptada con una mayor precisión a los riesgos reales- son también significativos. Sin embargo, dado que los Estados miembros deben aplicar al menos los requisitos mínimos estipulados en las directivas comunitarias, muchas empresas de la UE no tendrán aliciente alguno para utilizar modelos internos a la hora de calcular las exigencias de capital hasta que se modifique la DAC en este sentido.

2.1.3. Ello tiene dos consecuencias igualmente significativas para la UE y sus empresas:

- Algunas empresas de la UE podrían verse sujetas a una situación de desventaja competitiva respecto a empresas de terceros países al estar obligadas a cumplir exigencias de capital más elevadas, cuando la utilización de modelos supondría exigencias inferiores de capital. Se trata, pues, de una ineficiencia económica impuesta.

- Las empresas -y las autoridades de supervisión- de la UE no pueden compaginar los modelos internos y los módulos reglamentarios para el cálculo del riesgo. Dicha compaginación anima a las empresas a que se esfuercen constantemente para mejorar los métodos de cálculo y gestión del riesgo, tal como reconoció el CES en su dictamen relativo a la propuesta de la Comisión de 1990. Es importante, en aras de la solidez del sistema financiero y en beneficio de los consumidores, que las empresas comunitarias permanezcan al frente de tal evolución.

Todo ello subraya la necesidad del avance urgente de la presente propuesta.

2.1.4. Asimismo resulta necesario modificar la DAC para permitir que las posiciones en materias primas y sus derivados se mantengan en la cartera de negociación.

2.1.5. La Comisión ha limitado sus propuestas al mínimo necesario para permitir la inmediata aplicación en la UE de normas acordadas internacionalmente con el fin de garantizar que el procedimiento legislativo avance tan rápido como sea posible. Dado que ello propiciará tanto la competitividad de la UE como un mejor control de los riesgos en las entidades financieras de la UE, debe acogerse favorablemente.

2.2. Futuras modificaciones técnicas del Reglamento sobre servicios financieros de la UE - Mantener la normativa comunitaria en la vanguardia de la evolución

2.2.1. La propuesta de la Comisión es sumamente técnica y responde a la evolución registrada en los foros internacionales competentes. Cabría señalar que continúan manteniéndose debates sobre otros asuntos técnicos relativos a esta propuesta entre supervisores bancarios en el seno del BPI, entre supervisores de valores en la OICV y entre ambos organismos.

2.2.2. En concreto, los supervisores bancarios siguen deliberando sobre cómo integrar en los modelos el riesgo específico () y sobre las exigencias mínimas de capital frente al riesgo específico del 50 % de las exigencias calculadas con arreglo al método normalizado. En la propuesta de la Comisión figura esta disposición (apartado 5 del Anexo VIII) que podría ser necesario suprimir o modificar en un futuro próximo. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria prevé asimismo la posibilidad de modificar el Acuerdo sobre el capital a la luz de la experiencia adquirida gracias a los controles efectuados a posteriori; por ejemplo, en lo referente al factor de multiplicación.

2.2.3. Es necesario, pues, encontrar los medios para garantizar que, desde una perspectiva técnica, la normativa comunitaria avance pareja a la evolución experimentada tanto en los mercados como en otros foros competentes. Se puede constatar que directivas completas como la propuesta actualmente no facilitan dicho avance debido a la excesiva duración del procedimiento legislativo, ni tampoco resulta necesario, para modificar detalles de un carácter tan técnico, el procedimiento completo de codecisión aplicable en materia de propuestas legislativas. Esto indica la necesidad de recurrir a disposiciones de comitología.

2.2.4. Por lo tanto, el Comité sugiere que se elaboren propuestas para que este tipo de prescripciones tan sumamente técnicas queden sujetas a la comitología lo antes posible. En caso de que la Comisión considere que esto no se puede alcanzar en un futuro próximo, otra alternativa sería adoptar un texto menos prescriptivo que permitiera a los responsables de la supervisión una mayor flexibilidad en la aplicación de normas internacionales acordadas, permitiéndoles incorporar sin demora modificaciones técnicas en las legislaciones nacionales.

3. Observaciones específicas

3.1. En los apartados 1 a 8 del artículo 1 y en el Anexo I se contemplan sobre todo modificaciones que son consecuencia de la decisión de incluir posiciones en materias primas y derivados sobre materias primas en el ámbito de aplicación de la DAC y de permitir a las empresas la utilización de modelos internos para calcular las exigencias de capital. Asimismo, en el Anexo I figuran algunas modificaciones impuestas por dicha decisión. Como Anexo al presente Dictamen, se incluye una guía más detallada de la propuesta de la Comisión.

3.1.1. En el apartado 6 del artículo 1 y en el Anexo II se recogen las modificaciones más importantes. En el Anexo II figuran los dos nuevos anexos que deberán añadirse a la DAC, un nuevo Anexo VII relativo al riesgo sobre materias primas y un nuevo Anexo VIII sobre modelos internos. En el apartado 6 del artículo 1 se propone un régimen transitorio que las autoridades competentes podrían aplicar a las empresas de inversión que aún no puedan utilizar modelos para calcular el riesgo sobre materias primas conforme al método recogido en el Anexo VIII, pero para las que el método normalizado descrito en el Anexo VII no se considera apropiado.

Para facilitar la comprensión, el presente análisis divide la propuesta de la Comisión entre los dos elementos principales mencionados supra: modelos internos y materias primas.

3.2. Modelos internos

3.2.1. Las empresas podrán utilizar modelos para calcular las exigencias de capital frente a los riesgos de tipo de interés, tipo de cambio, sobre acciones y materias primas. La utilización de dichos modelos está sujeta al consentimiento previo de las autoridades competentes y al cumplimiento de una serie de rigurosos criterios cualitativos y cuantitativos, que siguen lo acordado en Basilea a nivel internacional.

3.2.2. Los criterios cualitativos tienen como objeto garantizar que las empresas que utilizan los modelos cuentan con unas normas de gestión del riesgo de mercado conceptualmente sólidas y que se aplican con rigor. En los apartados 2 a 4 del Anexo VIII se establecen dichas normas que son estrictas con el fin de garantizar que la utilización de modelos internos no conlleva el debilitamiento de la normativa reglamentaria, pero cuya formulación deja forzosamente una gran discreción a las autoridades competentes, discreción que necesitarán para considerar la naturaleza de las distintas empresas. Se hace especial hincapié en la responsabilidad de los departamentos de administración y dirección de las empresas a la hora de garantizar la existencia de normas estrictas y controles eficaces. Aunque se pueda esperar que todas las entidades apliquen normas de control estrictas, el carácter preciso de los controles deberá variar según la naturaleza de las actividades de la institución y su extensión geográfica.

3.2.3. Los criterios cuantitativos establecen los parámetros estadísticos mínimos para calcular el riesgo. Éstos, recogidos en los apartados 9 a 11 del Anexo VIII, siguen las exigencias del Acuerdo de Basilea. Por intervalo de confianza unilateral del 99 % se entiende que el modelo debe calcular el valor en riesgo que es igual o superior a los resultados de la transacción 99 veces de cada 100, es decir, que 99 veces de cada 100 la entidad que utilice esta técnica no debería sufrir una pérdida que exceda el valor en riesgo que ha calculado.

3.2.4. La exigencia de capital de una empresa que utilice modelos internos será el valor en riesgo mayor del día anterior o el valor en riesgo diario medio de los 60 días hábiles anteriores multiplicado por un factor de 3. Si el control a posteriori muestra deficiencias respecto al modelo o a los controles internos efectuados en la entidad, podrá aumentarse a 4 el factor de multiplicación añadiéndose un factor adicional. El factor de multiplicación de 3, junto con la posibilidad de añadir un factor adicional, quiere decir que se trata de un enfoque muy conservador y que se mantendrá una gran reserva de capital frente a los riesgos de mercado. Las empresas financieras han indicado que el enfoque es demasiado conservador y que el factor de multiplicación de 3 es excesivo, lo que conllevará una adjudicación excesiva de capital para hacer frente a los riesgos de mercado. En concreto, se ha sugerido que la existencia del factor de multiplicación significa que no se recompensa adecuadamente un mayor perfeccionamiento: independientemente de lo bueno que pueda ser el modelo de un banco, éste sigue estando sujeto a un factor mínimo de 3. En el Acuerdo de Basilea se ha asegurado que en el futuro se volverá a abordar este tema, y no se pueden descartar modificaciones futuras.

3.2.5. Cabría señalar que la volatilidad se evaluará durante un período efectivo de al menos un año. Sin embargo, la volatilidad histórica podría tener una utilidad limitada en determinadas circunstancias como, por ejemplo, en mercados de escasa liquidez, en vías de desregulación o emergentes, o en el caso de nuevos productos financieros complejos. En tales circunstancias, es importante que los bancos utilicen datos que reflejen de manera adecuada los riesgos reales, y dispongan de otros controles para supervisar la exposición a estos factores de riesgo. Podría aclararse el texto en lo tocante a este punto.

3.2.6. Las empresas deberán demostrar la precisión de sus modelos mediante controles regulares a posteriori, esto es, comparando los resultados de las transacciones cubiertas por el modelo con sus previsiones. Las propuestas de la Comisión sobre el control a posteriori (apartado 7 del Anexo VIII) presentan una serie de problemas que podrían colocar a las entidades comunitarias en una situación de desventaja con respecto a sus competidores sin ofrecer beneficios de compensación significativos en cuanto a la protección de los inversores o al fortalecimiento del sistema financiero.

3.2.7. Especificación del control a posteriori diario

Se trata de un factor clave. Las entidades deberán realizar un control a posteriori diario comparando el valor en riesgo con los resultados reales e hipotéticos () de las transacciones. Esta labor resulta costosa, gravosa y más rigurosa que lo estipulado en el Acuerdo de Basilea. Éste insta a los bancos a que desarrollen la capacidad de efectuar controles a posteriori utilizando ambos resultados, pero considera que los responsables de la supervisión discreparán sobre la importancia que querrán dar a uno u otro control.

3.2.8. El Comité considera que la atención de la Comisión debería centrarse en realizar la comparación con los resultados reales de las transacciones, y dejar que los supervisores nacionales decidan qué importancia debe darse a la comparación con los resultados hipotéticos.

3.2.9. Los controles a posteriori en los que se utilizan resultados hipotéticos aportan cálculos puramente estadísticos sobre el rigor del modelo. Aquellos en los que se utilizan resultados reales muestran la medida en que el modelo refleja todos los riesgos comerciales a los que se expone un banco; se analiza cómo funciona un modelo en situaciones reales.

3.2.10. Se plantea asimismo una cuestión de orden práctico. Realizar dos series de controles a posteriori diarios no es una cuestión insignificante. Cabría señalar que los controles que garantizan la precisión de los datos sobre los resultados reales tienen que ser mucho más rigurosos, ya que se utilizarán para elaborar informes estatutarios y de gestión sobre beneficios y pérdidas, así como con fines fiscales. Asimismo, resulta muy costoso (especialmente en cuanto al cálculo se refiere) calcular los resultados hipotéticos para cada aspecto de las transacciones efectuadas por un banco diariamente. Finalmente, son, por supuesto, los resultados reales de las transacciones los que importan y los que determinan la solvencia de las entidades financieras; y también por este motivo, las comparaciones en las que se utilizan resultados reales deberían ser prioritarias para las empresas y los supervisores bancarios.

3.2.11. Cabría señalar que los Estados Unidos, al aplicar las mismas disposiciones del Acuerdo de Basilea, han preferido considerar únicamente los resultados reales de las transacciones.

3.2.12. La propuesta de la Comisión se debería aclarar más a este respecto. Se trata de un asunto de carácter técnico pero importante a la hora de garantizar la coherencia de los controles efectuados a posteriori como instrumento regulador. En el apartado 7 del Anexo VIII se sugiere que el valor en riesgo calculado mediante el modelo -que utiliza un período de tenencia de 10 días- debería compararse con la variación del valor de la cartera. Si esto no se modifica, las empresas se verían obligadas a comparar las exigencias de capital calculadas mediante sus modelos sobre el movimiento del precio en un período de 10 días con la cifra de beneficios o pérdidas relativa a un día. Ello aportaría resultados erróneos y no constituiría un control adecuado de los modelos utilizados.

3.2.13. En el documento del Comité de Basilea sobre «El marco supervisor para la utilización de controles a posteriori junto con el método de modelos internos en el cálculo de las exigencias de capital respecto a los riesgos de mercado» se subraya que al utilizarse resultados diarios de transacciones, el marco descrito en dicho documento en materia de controles a posteriori supone la utilización de determinadas medidas frente al riesgo en un período de tenencia de un día. Para evitar cualquier duda y garantizar la coherencia de los programas de control a posteriori, la Comisión debería suscribir lo defendido por el Comité de Basilea e indicar claramente que, a efectos del control a posteriori, se debería utilizar un período de tenencia de un día.

3.2.14. Falta de claridad en cuanto al factor adicional

En caso de que el control a posteriori revele en el modelo interno de una empresa deficiencias de una cierta importancia aunque no tal como para cuestionar la integridad básica de dicho modelo, las autoridades competentes podrían imponer un factor adicional. El factor adicional es un número del 0 al 1 que se añade al factor de multiplicación de modo que éste se ve aumentado, en realidad, de 3 a 4.

3.2.15. No está claro en el texto de la Comisión qué «excesos» o excepciones, para usar la terminología del Acuerdo de Basilea, «cuentan» a la hora de determinar el factor adicional. Conforme a lo defendido supra, el Comité opina que sólo las excepciones derivadas del control a posteriori en el que se utilizan resultados reales deberían considerarse excesos a efectos del Cuadro 5.

3.2.16. La Comisión admite que en circunstancias excepcionales las autoridades podrían renunciar a exigir que se añada un factor adicional. Sin embargo, «en situaciones excepcionales» es un término demasiado amplio y ambiguo. El Acuerdo de Basilea es considerablemente menos rígido y, en concreto, en el caso de un banco determinado que tenga entre 5 y 9 excepciones en el período de 250 días hábiles, prevé la intervención de los supervisores bancarios para que juzguen la interpretación de los resultados del control a posteriori. El Comité de Basilea señala una serie de razones por las que incluso los modelos de alta calidad podrían producir resultados con entre 5 y 9 excepciones a lo largo de dicho período, y que el aumento del factor adicional no debe tener un carácter puramente automático. La propuesta de la Comisión refleja las intenciones del Acuerdo de Basilea respecto a los modelos que en esos 250 controles generan 10 o más excepciones.

3.2.17. Con el fin de garantizar que los bancos europeos operan en condiciones análogas a las entidades de terceros países, la propuesta de la Comisión se debería modificar para reflejar mejor el Acuerdo de Basilea según el cual, los resultados de un control a posteriori que presenten entre 5 y 9 excepciones en general deberían implicar un aumento del factor de multiplicación a menos que el banco pueda demostrar que tal aumento no está justificado.

3.2.18. El requisito de informar «inmediatamente» de los excesos y de sus razones no es lógico. Sería razonable -en circunstancias normales- esperar que las entidades informen a las autoridades competentes al siguiente día hábil de que se podría producir un exceso. Pero la entidad necesitará tiempo para descubrir la raíz del problema y si el exceso es real o si surge, por ejemplo, porque los resultados de las transacciones estaban sujetos a error y han tenido que reformularse. Sería razonable esperar que la entidad presentara un informe detallado a la autoridad supervisora en el plazo de una semana.

3.2.19. Utilización de modelos del riesgo específico

El apartado 5 del Anexo VIII estipula que la entidad que no utilice modelos del riesgo específico estará sujeta a exigencias de capital frente al riesgo específico fijadas según el método normalizado de la DAC. Sin embargo, aun cuando esa entidad utilice con precisión esos modelos seguirá estando sujeta a unas exigencias mínimas de capital frente al riesgo específico del 50 % de las exigencias estándar.

3.2.20. Este sistema resulta inútilmente oneroso y no incentiva a las entidades. Las exigencias de capital estándar frente al riesgo específico no tienen en cuenta la diversificación que es un método ampliamente aceptado para reducir el riesgo, y en concreto para reducir el riesgo específico. Resulta costoso en cuanto a las exigencias de capital generadas y a los sistemas informáticos necesarios para determinar las exigencias de capital en base a dos métodos diferentes. Asimismo, no concede a las entidades la posibilidad de perfeccionar adecuadamente su modelo, reduciendo de este modo los incentivos para mejorar los modelos del riesgo específico. En este sentido, debilita también los incentivos para perfeccionar el control del riesgo en las entidades financieras.

3.2.21. Aunque se trata asimismo de una característica del Acuerdo de Basilea, está siendo revisada y podría modificarse en un futuro próximo. Por lo tanto, los responsables nacionales de la supervisión deberían tener la facultad de poder aceptar plenamente los modelos frente al riesgo específico si están satisfechos de su precisión.

3.3. Materias primas y derivados sobre materias primas

La propuesta de la Comisión amplía la definición de «cartera de negociación» que figura en la DAC para incorporar las posiciones en materias primas y derivados sobre materias primas. Esto es esencial para que dichas posiciones entren dentro del campo de aplicación de la presente Directiva.

3.3.1. La propuesta sigue lo estipulado en la Modificación del Acuerdo de Basilea sobre el capital al permitir que las empresas elijan entre tres posibles enfoques dependiendo del grado de complejidad de las actividades que realizan y de la amplitud de estas actividades en transacciones con materias primas. Las empresas podrán utilizar o bien los modelos internos (véase infra), el enfoque de escala de vencimientos (apartados 13 a 16 del Anexo VII) o un enfoque simplificado sumamente penalizador que resulta únicamente apropiado para aquellas empresas con un volumen de minimis de negocios (apartado 17 del Anexo VII).

3.3.2. El enfoque de escala de vencimientos sigue el Acuerdo de Basilea en la medida en que no hace distinciones entre las categorías de las materias primas. El oro se considera de manera diferente, como divisa, porque la volatilidad de éste se asemeja a la de las divisas, y los bancos gestionan las posiciones en oro del mismo modo que las posiciones en divisas. En los incisos a) a c) del apartado 3 del Anexo I se refleja esta idea.

3.3.3. No se tienen en cuenta las diferencias entre las características de volatilidad de otras materias primas (por ejemplo, entre metales preciosos y metales base). El Comité de Basilea señala que ha adoptado este enfoque por simplificar, a pesar de las diferencias de volatilidad entre diferentes materias primas dado que los bancos normalmente operan en materias primas con posiciones abiertas bastante reducidas. Asimismo señala que tanto el enfoque simplificado como el de escala de vencimientos son adecuados sólo para los bancos, que relativamente gestionan sólo una cantidad limitada de transacciones con materias primas. Se espera que en el futuro los operadores económicos de más envergadura adopten un sistema basado en los modelos.

3.3.4. La DAC, sin embargo, tiene un ámbito de aplicación más amplio que el Acuerdo de Basilea ya que se aplica también a las empresas de inversión. Algunas empresas de inversión realizan un número considerable de transacciones con materias primas para su tamaño. De ahí que debería modificarse en cierta medida el enfoque dado a este respecto en el Acuerdo de Basilea.

3.3.5. La Comisión ha establecido que las empresas de inversión podrían encontrar dificultades a la hora de aplicar modelos inmediatamente después de la entrada en vigor de la Directiva, y que necesitarán tiempo para desarrollar dichos modelos y los sistemas adecuados de gestión del riesgo a ellos vinculados. Por lo tanto, se propone (apartado 6 del artículo 1) que se autorice a los Estados miembros a utilizar, hasta finales de diciembre de 1999, el enfoque de escala de vencimientos descrito en el Anexo VII, así como a fijar las tasas diferenciales, de mantenimiento e íntegras con objeto de aplicarlas a las posiciones en materias primas, las cuales son distintas a las que aparecen en el apartado 13 y en los incisos (ii) y (iii) del apartado 16.

3.3.6. El poder de discreción que se deja a los Estados miembros está considerablemente limitado por las disposiciones recogidas en el apartado 6 del artículo 1, que, entre otras cosas, exigen que las autoridades competentes que se benefician de estas disposiciones proporcionen justificaciones empíricas de sus acciones.

3.3.7. En conjunto, con la reserva señalada infra, el enfoque de la Comisión a este respecto parece equilibrado. Es de desear que las empresas se vean incentivadas para desarrollar sistemas de gestión del riesgo y modelos apropiados, pero sin quitar importancia a otras actividades legítimas. Sería igualmente oportuno eliminar cualquier tipo de trato diferenciado entre los bancos y las empresas de inversión tras el período de transición.

3.3.8. Sin embargo, existen dificultades palpables a la hora de crear modelos de riesgo en transacciones con materias primas debido a la variabilidad de la liquidez en el mercado y a la posibilidad de que el precio de las materias primas «salte» de manera repentina en vez de aumentar gradualmente. Convendría no subestimar el tiempo necesario para concebir los modelos apropiados y convencer a las autoridades de supervisión de su validez. De ello se deduce que un período de transición de dos años no es apenas suficiente. Dados los limitados efectos negativos que se ocasionaría a la competencia entre bancos y empresas de inversión -los bancos que utilicen modelos seguirían teniendo exigencias de capital más reducidas que las empresas de inversión que utilicen algún régimen intermedio- sería posible, sin correr riesgos, prever un período de transición más largo o al menos una extensión del plazo al final de los dos años.

4. Conclusiones

4.1. El CES acoge favorablemente y aprueba la propuesta de la Comisión e insta al Consejo y al Parlamento a que la examinen lo antes posible. Esto es necesario para proteger la competitividad de las empresas comunitarias que realizan sus actividades en mercados internacionales y muy competitivos; y también para mejorar el control prudencial de los bancos y las empresas de inversión, lo cual es evidentemente deseable para el interés público y en aras de la estabilidad económica del sistema financiero de la UE y de los clientes de las entidades financieras.

4.2. Existen una serie de puntos que podrían necesitar una mayor atención y algunas modificaciones.

4.2.1. Cabría considerar cómo se llevan a cabo modificaciones sumamente técnicas en la normativa sobre servicios financieros con el fin de garantizar que la normativa comunitaria no se quede estancada en un entorno internacional que avanza con rapidez. El CES recomienda que en este ámbito se utilice en mayor medida la comitología.

4.2.2. Las propuestas de la Comisión relativas al control a posteriori de los modelos internos se deberían modificar para acercarlas a las intenciones de los reguladores internacionales y evitar poner a las entidades comunitarias en una situación de desventaja competitiva mediante prescripciones excesivas. En concreto, las entidades financieras no deberían estar obligadas a realizar controles a posteriori diarios tomando como base dos criterios diferentes, al tiempo que debería estar claro en cuál de estos dos criterios se basan los reguladores para aplicar exigencias de capital más elevadas. Con arreglo al Acuerdo de Basilea, los supervisores nacionales deberían tener también una mayor flexibilidad que la propuesta por la Comisión a la hora de aplicar mediante el factor adicional exigencias de capital más elevadas a los bancos que han experimentado entre 5 y 9 excepciones en un período de 250 días hábiles.

4.2.3. El CES recomienda que el control a posteriori se centre en realizar la comparación con los resultados reales para evaluar cómo funcionan los modelos en situaciones reales.

4.2.4. Los responsables nacionales de la supervisión deberían tener la facultad de poder aceptar plenamente los modelos frente al riesgo específico si están satisfechos de su precisión.

4.2.5. Resulta acertado el enfoque según el cual se ofrecen medidas transitorias para las empresas de inversión que realicen un número considerable de transacciones con materias primas pero que no puedan utilizar todavía modelos frente a este tipo de riesgo. Sin embargo, el CES considera que un período de transición de dos años podría ser insuficiente y que podría ser necesario volver a revisar esta cuestión.

Bruselas, el 29 de octubre de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 240 de 6. 8. 1997, p. 24.

() El riesgo de mercado se compone de dos elementos: uno general y otro específico. El riesgo general de mercado percibe la exposición a los movimientos del mercado de un modo general. El riesgo específico se refiere al riesgo de que el movimiento de un instrumento determinado sea mayor o menor que el del mercado general en las transacciones cotidianas, e incluye el riesgo de eventos: el riesgo de que un instrumento determinado se mueva precipitadamente con respecto al mercado general.

() En este contexto, el término «resultados hipotéticos» quiere decir la variación hipotética del valor de la cartera de una empresa entre el cierre de la jornada en días sucesivos en que se asume que no se ha producido una variación en la cartera. (Independientemente del resultado del debate aquí desarrollado, la redacción del segundo párrafo del apartado 7 del Anexo VIII necesitaría aclararse sustancialmente a este respecto.)

ANEXO al Dictamen del Comité Económico y Social

En este Anexo se indica de qué manera la propuesta de la Comisión modifica la Directiva de 1993.

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