COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 1.2.2018 COM(2017) 753 final 2017/0332(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 448 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La mayoría de los habitantes de la UE disfruta de un muy buen acceso a agua potable de calidad, especialmente si se compara la situación con la de otras regiones del mundo. Esto se debe a una larga tradición de gestión del agua potable en muchos Estados miembros de la Unión Europea, así como, en gran medida, a la legislación europea en materia de medio ambiente y a la financiación de la UE. La UE lleva aplicando normas que exigen unos estrictos controles de la seguridad del agua desde los años ochenta del siglo pasado. En consecuencia, las aguas residuales urbanas se recogen y tratan, las emisiones industriales se gestionan de forma segura, el uso de sustancias químicas se aprueba según unas condiciones estrictas, y se aplica un enfoque holístico a la gestión de las masas de agua transfronterizas. Si bien en algunos casos las elevadas inversiones iniciales o la contraposición entre prioridades hicieron imposible que estas normas se llevaran a la práctica dentro de los plazos acordados, la gestión del agua ha seguido mejorando, y la Comisión y los Estados miembros están realizando ahora un esfuerzo conjunto y concertado con el objetivo de que las normas se apliquen plenamente tan pronto como sea posible. Hay que destacar un acto legislativo, la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, que está diseñada específicamente para proteger a las personas de los efectos adversos de la ingesta de agua contaminada garantizando la salubridad y limpieza de esta. En general, la aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros ha sido relativamente buena, pero el enfoque de este acto con respecto al control de la calidad en el punto de consumo se basa en unos parámetros definidos hace más de veinte años. Se hace necesario, pues, un análisis para determinar si la Directiva aborda de manera eficaz las nuevas presiones, además de las ya existentes, y garantiza que tanto quienes residan en los Estados miembros de la Unión Europea como quienes los visiten podrán seguir disfrutando de un agua potable de calidad en las décadas venideras. El agua potable es, sin lugar a dudas, un asunto importante para muchos europeos. En efecto, el agua potable fue el tema central de la primera Iniciativa Ciudadana Europa, «Right2Water», que obtuvo más de 1,8 millones de firmas y recibió una respuesta positiva de la Comisión. La iniciativa, presentada a la Comisión en diciembre de 2013, instaba, en concreto, a que «por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento» y a que «la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento». En su respuesta, la Comisión invitó a los Estados miembros a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el acceso a un suministro de agua mínimo para todos los ciudadanos. Esto se encuentra en total sintonía con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos», adoptados en 2015. Asimismo, la Comisión se comprometió a llevar a cabo la revisión de la Directiva, que, en consecuencia, se incluyó en el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Por tanto, la propuesta es una medida directa de seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water». La revisión se integra, además, en el plan de transición hacia una economía circular. La propuesta revisada ayudará a los Estados miembros a gestionar el agua potable de una manera eficiente en el uso de recursos y sostenible, lo que contribuirá a reducir el uso de energía y las pérdidas innecesarias de agua. También contribuirá a reducir el número de botellas de plástico que usamos haciendo que los ciudadanos tengan una mayor confianza en el agua corriente. La Comisión inició el proceso evaluando en primer lugar la Directiva, de conformidad con los principios de mejora de la legislación. Los resultados de la evaluación, publicados el 1 de diciembre de 2016, permitieron identificar los puntos fuertes y débiles de la Directiva. Se confirmó que la Directiva es el instrumento pertinente para garantizar la calidad del agua consumida en la UE, pues su objetivo fundamental es hacer efectivo el control del agua potable y garantizar que, en caso de haber problemas, los Estados miembros restablezcan los niveles exigidos de calidad del agua. No obstante, en la evaluación se detectaron cuatro ámbitos que ofrecían un margen de mejora: –la lista de parámetros, –el uso del enfoque basado en los riesgos, –una mayor transparencia en las cuestiones relacionadas con el agua y la facilitación del acceso de los consumidores a información actualizada, y –los materiales en contacto con el agua potable. La evaluación de impacto correspondiente también trató la cuestión planteada en la Iniciativa Ciudadana Europea y en las consultas con respecto al hecho de que determinados sectores de la población, por ejemplo, grupos vulnerables y marginados como el pueblo gitano o romaní en concreto, carezcan de acceso al agua potable. Partiendo, pues, de los resultados de la evaluación de impacto, la presente propuesta legislativa ofrece respuestas proporcionadas a estas cuestiones. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La propuesta es una refundición de la Directiva 98/83/CE, modificada en 2003, 2009 y 2015. En aras de la claridad, se considera que una versión refundida es la opción más adecuada. Esta opción está en sintonía con el compromiso asumido en virtud del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación de recurrir con más frecuencia a la técnica legislativa de la refundición a la hora de modificar la legislación existente. En su conjunto, la propuesta es coherente con la actual legislación de la UE en materia de agua, a saber, la Directiva marco sobre el agua, la Directiva marco sobre la estrategia marina, la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva sobre los nitratos. La propuesta complementa, en particular, a los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva marco sobre el agua, relativos a los requisitos para la identificación y el seguimiento de las masas de agua utilizadas para la extracción de agua potable, así como los requisitos para la designación de zonas protegidas que abarquen estas masas de agua. Además, complementa al artículo 11 de dicha Directiva, que exige a los Estados miembros que establezcan programas de medidas en los que se incluyan medidas destinadas a proteger las zonas de extracción de agua potable. En virtud delReglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se considera «alimento» al agua después del punto de cumplimiento. Así pues, se propone suprimir en la Directiva 98/83/CE las disposiciones relativas a las «aguas envasadas en botellas u otros recipientes destinados a la venta», ya que, tras el punto de cumplimiento, cualquier tipo de agua embotellada destinada al consumo humano pasa a estar incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 178/2002. En lo referente a las categorías específicas de agua embotellada, las aguas minerales quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva de conformidad con la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Sin embargo, según lo dispuesto en artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial deben ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva. Por consiguiente, las aguas de manantial han de seguir estando incluidas en su ámbito de aplicación.

•Coherencia con otras políticas de la Unión La revisión de la Directiva 98/83/CE se incluyó en el programa de trabajo de la Comisión para el año 2017 en cuanto que una nueva iniciativa que ayudará a aplicar el Plan de acción de la UE para la economía circular. La propuesta contiene elementos que fomentan la gestión sostenible del agua potable de una manera eficiente en el uso de los recursos y que ayudarán a reducir el consumo de agua embotellada. Estos objetivos son coherentes con los esfuerzos de la UE encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos marinos, así como con la Estrategia Europea para el Plástico. La propuesta contribuye también a los esfuerzos orientados a reducir la carga administrativa y elaborar políticas que sean lo más eficaces y eficientes posible, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la legislación. Por otra parte, se prevé que la actualización de las normas y la adopción de un enfoque más holístico de cara a la gestión de riesgos ayuden a mantener la competitividad del sector del agua de la UE y a promover la innovación. La propuesta también tiene por objeto simplificar los procesos de control y notificación, de modo que se centra la atención en la automatización, la disminución de la frecuencia de los informes y la comunicación de datos más pertinentes. Esto está en consonancia con el enfoque de la UE sobre la mejora de la legislación y el control de adecuación centrado en la notificación y el control. Las disposiciones destinadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a la información sobre el agua que beben también están ligadas a la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comisión. La propuesta contribuirá igualmente a la consecución del tercer objetivo prioritario del 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020: «proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar». También coincide con el cuarto objetivo prioritario, que exige que el público tenga acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. A tal efecto, la propuesta contiene referencias cruzadas y garantiza la coherencia con los requisitos de la Directiva 2003/4/CE y la Directiva INSPIRE. La supresión de las normas sobre los materiales en contacto con el agua potable (artículo 10 de la Directiva 98/83/CE) garantizará una mayor coherencia con la legislación relativa al mercado interior, y en concreto con el Reglamento sobre los productos de construcción. En la evaluación de impacto se concluyó que el artículo actual, que implica un reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y genera inseguridad jurídica, podría suponer un obstáculo para el mercado interior. Se propone que un nuevo artículo sobre la evaluación de los riesgos en la distribución domiciliaria recoja parte de las obligaciones antes contenidas en el artículo 10 de la Directiva 98/83/CE y que, paralelamente, se emita un mandato de normalización en virtud del Reglamento sobre los productos de construcción con miras a fijar los requisitos aplicables a los materiales y productos de construcción que estén en contacto con el agua potable. La eliminación de los obstáculos técnicos para los productos de construcción solo puede conseguirse fijando unas especificaciones técnicas armonizadas a efectos de la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción, de ahí la necesidad de establecer y publicar las normas armonizadas pertinentes en el Diario Oficial de la Unión Europea, en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011. Las cuestiones de seguridad se abordan a través de otras políticas de la Unión, en concreto la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Por otra parte, la Comisión adoptó en octubre de 2017 un plan de acción para intensificar, a escala de la UE, la preparación, la resiliencia y la coordinación frente a los atentados con sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN). Por último, la propuesta también ofrece una respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea al exigir a los Estados miembros que garanticen el acceso al agua para los grupos vulnerables y marginados. Esto contribuirá, además, a la aplicación de la política de la UE relativa a la integración de los gitanos, según se define en el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y la Recomendación del Consejo sobre medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 130 S del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). Es la misma base jurídica que la de la Directiva objeto de refundición. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La UE ejerce una competencia compartida con los Estados miembros en lo referente a las cuestiones relativas al medio ambiente y la salud en el sector del agua. Esto significa que la UE solo puede legislar en la medida en que los Tratados se lo permiten y que debe observar los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Los objetivos de la Directiva, en concreto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano, se lograrán mediante el establecimiento de unas normas mínimas de calidad a nivel de la UE, así como unos requisitos mínimos para el control, la notificación, el acceso al agua, la transparencia y las medidas correctivas que se hayan de adoptar cuando no se cumplan tales normas. Los Estados miembros podrán determinar las medidas correctivas (por ejemplo, el tipo de medida correctiva o los programas de control en la práctica) que desean adoptar. La revisión de la Directiva surgió a raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water», que recibió el apoyo de más de 1,8 millones de firmantes. También el Parlamento Europeo pidió, en respuesta a la ICE y al compromiso adquirido por la UE en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que se actuara a nivel de la Unión para garantizar el acceso al agua potable. Por tanto, la presente propuesta establece normas generales a nivel de la Unión Europea, dentro del ámbito de las competencias de la UE y con pleno respeto de la subsidiariedad, pero concede a los Estados miembros un margen de apreciación para que decidan la forma de aplicar la obligación de mejorar el acceso a un agua potable segura. En último lugar, la evaluación REFIT también confirmó el valor añadido de la legislación sobre el agua potable a nivel de la UE, ya que, con el tiempo, puede contribuir en gran medida a la armonización de la calidad del agua en toda Europa. Así lo hicieron ver, por ejemplo, los Estados miembros, sobre todo los de menor tamaño, que no siempre disponen de los recursos y los conocimientos especializados necesarios y esperan que la UE siga determinando los parámetros químicos y microbiológicos básicos, así como los valores correspondientes, para el agua potable. Muchas partes interesadas también han insistido en que las medidas a nivel de la UE son la mejor opción para hacer frente a los nuevos riesgos para la salud relacionados con el agua. Habida cuenta de la dimensión y el alcance de las medidas contenidas en la Directiva, sus objetivos se alcanzarán de manera más eficaz a nivel de la UE que a nivel de los Estados miembros. •Proporcionalidad La evaluación de impacto correspondiente ofrece más detalles sobre la proporcionalidad y la rentabilidad de las opciones contenidas en la presente propuesta legislativa. En conjunto, la evaluación puso de relieve que, en el momento de revisar la Directiva, las medidas más apropiadas y rentables que se podían adoptar a nivel de la UE eran las siguientes: a)revisar y actualizar la lista de parámetros de la Directiva en sintonía con los últimos avances científicos y, paralelamente, introducir el enfoque basado en los riesgos para los grandes y pequeños distribuidores de agua; b)mejorar las normas sobre transparencia y acceso de los consumidores a información actualizada;

c)mejorar y simplificar la notificación; d)eliminar los obstáculos que impiden el libre comercio de los materiales que están en contacto con el agua potable; e)mejorar el acceso a un agua potable segura. •Elección del instrumento La presente propuesta supone una modificación sustancial de la Directiva 98/83/CE y la adición de varias disposiciones nuevas. En aras de la claridad, se propone emplear el método de la refundición. Dado que el instrumento objeto de refundición es una Directiva, por motivos de coherencia de la redacción jurídica, y a fin de facilitar la transposición del acto por parte de los Estados miembros, la presente propuesta adopta también la forma de una Directiva. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente La Comisión evaluó los resultados de la Directiva 98/83/CE con respecto a cinco criterios: –eficacia, –eficiencia, –coherencia, –pertinencia, y –valor añadido de la UE. La evaluación se llevó a cabo de manera paralela al estudio de impacto, de modo que los ámbitos problemáticos identificados en la evaluación quedan reflejados en las definiciones de problemas y las opciones de actuación contenidas en dicho estudio de impacto. En la evaluación se concluyó que la Directiva, al garantizar un elevado grado de cumplimiento de los valores paramétricos, es eficaz en cuanto a la consecución de sus objetivos y la contribución a la protección de la salud de las personas frente a los efectos adversos de la contaminación. No obstante, la pertinencia de las tasas de cumplimiento, que se miden con respecto a unos parámetros parcialmente obsoletos, es en cierto modo limitada. También se constató que el artículo 10 de la Directiva, relativo a los materiales en contacto con el agua potable, otorga demasiada flexibilidad a los Estados miembros a la hora de determinar las «disposiciones necesarias». Como resultado de ello, a la hora de comercializar un producto en el mercado de otro Estado miembro se realizan pruebas y controles adicionales que hacen que la disposición sea ineficaz. En el análisis de la eficiencia se estimó que, en 2014, el coste total del suministro de agua potable en la UE fue de aproximadamente 46 500 millones EUR. De esta cifra, 8 300 millones EUR se pueden atribuir a la aplicación de la Directiva. Aunque los beneficios para la salud derivados de la Directiva no se pudieron cuantificar, en la evaluación se constató que el total de los beneficios atribuibles supera con creces el total de los costes atribuibles. No se detectó ninguna disposición que acarreara unos costes administrativos excesivos en relación con el control, la facilitación de información y la notificación. Tan solo se observó que la flexibilidad que otorga el artículo 10 de la Directiva 98/83/CE (como se ha explicado antes) supone una carga considerable e innecesaria para la industria. La coherencia entre la Directiva 98/83/CE y la Directiva marco sobre el agua es especialmente importante, ya que la protección de los recursos de agua potable constituye una parte fundamental de los planes y medidas en virtud de esta Directiva marco. La Directiva 98/83/CE no alude a la protección de los recursos hídricos empleados para la extracción de agua potable, principalmente porque es anterior a la Directiva marco sobre el agua. Se hace necesario establecer este vínculo faltante para garantizar que se aplican tanto el principio de «quien contamina paga» como el principio de cautela. Así pues, la propuesta ayudará a mejorar la coherencia entre las dos Directivas mediante la introducción del enfoque basado en los riesgos desde la extracción hasta el grifo y la mejora de los intercambios y la comunicación entre las autoridades de los Estados miembros y los distribuidores de agua con el objetivo de garantizar la gobernanza de la totalidad del ciclo del agua. En cuanto a la pertinencia, en la evaluación se observó que los valores paramétricos establecidos en la Directiva 98/83/CE ya no son apropiados, pues no reflejan los avances científicos, las mejoras en las evaluaciones del riesgo, los cambios en el comportamiento de los consumidores y las nuevas presiones medioambientales. El valor añadido de la UE que ofrece la Directiva 98/83/CE radica en que garantiza, en todo el territorio de la UE, el mismo nivel de protección de la salud de las personas frente a los efectos adversos de cualquier tipo de contaminación. De forma anecdótica, cabe señalar que se han observado menos incidentes graves relacionados con el agua potable en la UE que en otras regiones del mundo; sin embargo, no es posible demostrar que se deba a la existencia de la Directiva 98/83/CE. Por consiguiente, los principales ámbitos de mejora identificados en la evaluación fueron:

–la lista de parámetros, –la ausencia de un enfoque basado en los riesgos, –la falta de transparencia y de acceso a información actualizada para los consumidores, y –los materiales en contacto con el agua potable. •Consultas con las partes interesadas Se llevaron a cabo varias actividades de consulta de conformidad con las Directrices para la mejora de la legislación. ·Consulta pública abierta mediante un cuestionario en línea A raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua («Right2Water»), la Comisión llevó a cabo, entre junio y septiembre de 2014, una consulta pública abierta en todas las lenguas sobre la calidad del agua potable. La consulta recibió 5 908 respuestas y 138 opiniones y documentos de posición de partes interesadas clave. Además, en septiembre de 2014 y octubre de 2015, la Comisión mantuvo reuniones con las partes interesadas para discutir sobre la transparencia y la evaluación comparativa. ·Consultas públicas focalizadas La Comisión organizó tres conferencias de consulta pública focalizada de partes interesadas: en mayo de 2015 para la evaluación REFIT, en diciembre de 2015 para la evaluación de impacto, y en septiembre de 2016 sobre la revisión de las normas relativas al agua potable. Se logró llegar a un amplio abanico de partes interesadas, como autoridades nacionales y regionales, representantes de la industria, asociaciones empresariales y empresas, y expertos. Las conferencias permitieron recabar diversos puntos de vista y que la Comisión mantuviera discusiones directamente con las partes interesadas. Se elaboraron documentos de trabajo o cuestionarios específicos para todas las conferencias, y se publicó la totalidad de las presentaciones y actas, así como las listas de participantes. ·Mecanismo de información de retorno REFIT Una vez publicada la «evaluación inicial de impacto» en el sitio web «Legislar mejor» el 28 de febrero de 2017, se dio de plazo a las partes interesadas hasta el 28 de marzo de 2017 para que formularan sus observaciones sobre el documento. ·Consultas adicionales En varios momentos, la Comisión informó de la revisión a las partes interesadas y les invitó a formular sus observaciones, por ejemplo en enero de 2016, en un concurrido seminario sobre la protección del agua potable, o en discusiones en el marco de distintas reuniones de grupos de expertos. A fin de garantizar la máxima transparencia posible en el proceso, todos los documentos pertinentes que sirvieron de base para la revisión, como el estudio justificativo de la evaluación de impacto, se pusieron a disposición del público. En las consultas se hizo evidente el apoyo a la actualización y la revisión de la lista de parámetros. Si bien en la consulta pública una mayoría abrumadora se mostró a favor de incluir en la lista los alteradores endocrinos –unas sustancias empleadas en artículos de consumo y productos farmacéuticos–, muchos expertos técnicos se opusieron a ello. La mayoría de las partes interesadas era partidaria de la aplicación de un enfoque basado en los riesgos a escala de la UE. No obstante, querían que se garantizara que se concedería a los Estados miembros la flexibilidad suficiente a este respecto. Una serie de partes interesadas señaló reiteradamente la necesidad de armonización en lo referente a los materiales y productos en contacto con el agua potable. Un mensaje expresado de forma contundente en la consulta pública, en concreto por parte de los ciudadanos, fue el deseo de contar con más información en línea y actualizada sobre la calidad del agua potable. Los consumidores dudan del agua del grifo cuando se encuentran en otro Estado miembro de la UE, y, a pesar de las altas tasas de cumplimiento, suelen ser reacios a fiarse de esta agua. Hubo divergencia de opiniones en cuanto a si la Directiva debería incluir normas relativas al acceso al agua. Quienes estaban en contra argumentaban que el acceso al agua debería quedar fuera del ámbito de aplicación de la Directiva y, por tanto, abordarse a través de otro acto legislativo de la UE, o bien en otro foro. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La propuesta jurídica y la evaluación de impacto se basan en un amplio corpus de material y estudios, según figura en las referencias del documento de trabajo de evaluación de impacto de los servicios de la Comisión. En diciembre de 2015, se inició un proyecto de cooperación con la Oficina Regional para Europa de la OMS destinado a contribuir a la revisión del anexo I de la Directiva 98/83/CE (lista de parámetros que se han de incluir en la Directiva). El proyecto concluyó en verano de 2017. En la sección 5 («Otros elementos») se ofrecen más detalles sobre las recomendaciones del proyecto y el modo en que se han utilizado a efectos de la presente propuesta de la Comisión. Se realizaron varios estudios encargados a partes externas para evaluar la revisión de la Directiva. Entre estos estudios se encuentran los siguientes:

–una guía sobre materiales para usuarios y fontaneros, –el informe de estudio sobre los productos y materiales en contacto con el agua potable, y –el estudio de evaluación de impacto. El estudio de evaluación de impacto llevado a cabo por partes externas independientes también empleó un instrumento de modelización para evaluar las opciones de actuación y los paquetes de medidas más apropiados. •Evaluación de impacto La propuesta se basa en una evaluación de impacto que, el 23 de junio de 2017, recibió un dictamen favorable con reservas de parte del Comité de Control Reglamentario de la Comisión. Las cuestiones planteadas por el Comité de Control Reglamentario se abordaron en la versión revisada del documento de trabajo de evaluación de impacto de los servicios de la Comisión, que cuenta con un capítulo específico en el que se detallan los cambios introducidos a raíz del mencionado dictamen. A partir de la evaluación, las consultas a las partes interesadas y la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water», se diseñaron distintas opciones de actuación para hacer frente a cada uno de los ámbitos problemáticos identificados. En la evaluación de impacto se analizaron las opciones a fin de determinar la medida en que podrían contribuir a la consecución del objetivo global de la Directiva de proteger la salud de los consumidores, sus implicaciones financieras y su impacto medioambiental de cara a 2050. Las observaciones figuran en el estudio de evaluación de impacto y en el documento de trabajo de evaluación de impacto de los servicios de la Comisión. Las cinco opciones de actuación contienen: –opciones para adaptar la lista de parámetros de la Directiva a las normas más recientes mediante la ampliación o la restricción de la lista, –la adopción del enfoque basado en los riesgos para los grandes (y pequeños) distribuidores de agua, –la armonización de las normas sobre los materiales en contacto con el agua potable, –la mejora del acceso de los consumidores a información actualizada y la mejora del control de la aplicación, y –opciones para proporcionar acceso al agua. Los análisis y la clasificación consiguiente de las opciones llevaron a la conclusión de que una combinación de las diferentes opciones sería la mejor manera de hacer frente, a largo plazo, a todos los ámbitos problemáticos identificados en la evaluación. Tal combinación de las opciones garantizaría: –Un agua potable de gran calidad para todos en la UE. Además, la actualización y mejora de la lista de parámetros sobre la base de las recomendaciones de la OMS protegerá a las personas de las nuevas amenazas para su salud. –Un enfoque más moderno de cara al control mediante el uso del enfoque basado en los riesgos para grandes y pequeños distribuidores de agua. –La modernización y, por tanto, la simplificación, de las disposiciones sobre notificación. –La facilitación de información actualizada y pertinente para los consumidores. –La mejora del acceso al agua y la provisión de acceso al agua para los grupos vulnerables y marginados. Se clasificaron las opciones y se diseñaron tres paquetes de medidas. Dos de ellos (paquetes 2 y 3) fueron los preferidos desde el punto de vista de la salud y del medio ambiente. El ligero aumento de costes que conllevan ambos paquetes está justificado y queda compensado por los beneficios para la salud. Los dos paquetes de medidas ofrecen respuestas a los cuatro ámbitos de mejora identificados en la evaluación. Además, el paquete de medidas n.º 3 supone una mejora sustancial de la situación para los ciudadanos de la UE carentes de suministro, ya que trata –a través de una opción individual– la cuestión del acceso al agua identificada en la Iniciativa Ciudadana Europa «Right2Water» y en el ODS n.º 6. Esta opción individual comprende un conjunto de medidas destinadas a mejorar el acceso al agua, pero, con toda probabilidad, los costes adicionales de establecimiento relativos a estas medidas están sobrestimados, ya que, a falta de unos datos más precisos, se basan en el supuesto de que se proporcionen sistemas individuales de tratamiento a la mitad de los ciudadanos carentes de suministro.

Así pues, se decidió que la presente propuesta legislativa debía mantener los beneficios del paquete de medidas n.º 3 introduciendo una obligación general de mejorar el acceso al agua potable para todos y garantizar el acceso al agua potable para los grupos vulnerables y marginados, pero dejando a discreción de los Estados miembros la decisión sobre el modo más idóneo de mejorar el acceso al agua, habida cuenta de las situaciones locales específicas. Se presume que aplicar estas medidas específicas sería considerablemente más económico que proporcionar sistemas alternativos a la mitad de los ciudadanos sin suministro (como se sugiere en el paquete de medidas n.º 3). La decisión se ajusta a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, ya que, si bien el principio general se determina a nivel de la UE, los Estados miembros conservan un amplio margen de maniobra para decidir cuál es la mejor manera de garantizar el acceso al agua. En la práctica, esto se traduce en que los costes y las repercusiones de la propuesta se situarán entre los 5 900 millones EUR (paquete de medidas n.º 2) y los 7 300 millones EUR (paquete de medidas n.º 3). Los costes serán soportados principalmente por las empresas del sector del agua. Por su parte, los consumidores sufrirían un aumento muy marginal del gasto por hogar. No obstante, este aumento no entraña el riesgo de que el agua potable se vuelva inasequible, y podría verse compensado por el aumento del consumo de agua corriente frente al agua embotellada. Se calculó que los costes administrativos para las autoridades nacionales serían insignificantes o se reducirían. Por ejemplo, la simplificación de los requisitos para la notificación dará lugar a una disminución de 0,35 millones EUR en los costes anuales de funcionamiento. Ambos paquetes de medidas tienen una repercusión positiva en el medio ambiente, dado que se presume que, a medida que vaya aumentando la confianza de los consumidores en el agua corriente, irá disminuyendo el consumo de agua embotellada. A ello contribuirá, además, el hecho de mejorar el acceso a información actualizada para todos los consumidores. Por otra parte, la exigencia de que tanto los grandes como los pequeños distribuidores de agua apliquen el enfoque basado en los riesgos reducirá la necesidad de tratamiento, y con ello se reducirán el consumo de energía y la emisión de sustancias químicas. Asimismo, se prevé que el enfoque basado en los riesgos ayude a mejorar el tratamiento de la contaminación en su origen y el respeto del principio de «quien contamina paga». Exigir a los Estados miembros que mejoren y proporcionen un nivel determinado de acceso al agua supondrá un paso positivo hacia la consecución de las metas del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6. También se producirá un efecto colateral positivo de creación de puestos de trabajo. •Adecuación regulatoria y simplificación Todas las opciones analizadas en la evaluación de impacto tienen una repercusión insignificante en la carga administrativa o incluso la reducen, principalmente debido a que son las empresas del sector del agua, y no las autoridades nacionales, quienes soportan la mayoría de los costes. A fin de aliviar la carga administrativa y simplificar los procedimientos, la presente propuesta toma en consideración la evaluación de impacto y reduce significativamente las obligaciones nacionales de notificación a la Comisión. Así, los Estados miembros, en lugar de estar obligados a presentar un informe, deberán establecer conjuntos de datos a partir de los resultados de sus controles únicamente en el caso de que estos resultados excedan los parámetros fijados en la Directiva. También tendrán que facilitar información adicional, como evaluaciones del riesgo. Se prevé, gracias a estas medidas, un ahorro anual de 0,35 millones EUR. Por motivos de proporcionalidad, los pequeños distribuidores de agua dispondrán de un plazo mayor que los grandes y muy grandes distribuidores para aplicar el enfoque basado en los riesgos. Asimismo, a fin de evitar una carga excesiva para los pequeños distribuidores de agua, estos tendrán que actualizar la información en línea con menos frecuencia que los grandes y muy grandes distribuidores. Por último, las disposiciones que se proponen sobre información y transparencia para los consumidores hacen que la propuesta esté «preparada para internet», ya que se exige a los distribuidores de agua que hagan un amplio uso de los medios digitales para informar a los consumidores de la calidad y los riesgos en relación con el agua potable. •Derechos fundamentales Tal y como se menciona en la Comunicación de la Comisión relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!», el acceso a un agua potable segura y al saneamiento están inextricablemente ligados al derecho a la vida y la dignidad humana, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como a la necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado. La Comisión también subrayó la importancia de la dimensión de derechos humanos en el acceso a un agua potable segura y se comprometió a garantizar que esta cuestión sigue estando en el centro de sus políticas. A lo largo de la última década, la legislación internacional ha reconocido el derecho a un agua potable segura y al saneamiento, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/292 reconoce que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos». Además, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20), los jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel reafirmaron sus «compromisos relativos al derecho humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en beneficio de [la] población, respetando plenamente [la] soberanía nacional». Estos compromisos se confirmaron en 2015, cuando los jefes de Estado se comprometieron con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 y su meta asociada: «de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». En el ámbito europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que «el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la humanidad». La UE también ha confirmado que «todos los Estados tienen obligaciones derivadas de los derechos humanos en lo que se refiere al acceso a un agua potable segura, que debe estar disponible y ser físicamente accesible, asequible y aceptable». La Comisión tuvo todo ello en cuenta a la hora de elaborar su respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europa «Right2Water» y la presente propuesta legislativa. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión. Se espera poder aplicarla en el marco de las asignaciones existentes para la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente, y que no se requiera ningún recurso adicional. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Se prevé que los grandes distribuidores apliquen el enfoque basado en los riesgos en un plazo de tres años, mientras que los pequeños distribuidores de agua dispondrán de un plazo de seis años.

Los anexos se revisarán periódicamente a la luz de los avances científicos y técnicos. A fin de permitir que haya dos ciclos sexenales completos de datos, la totalidad de la Directiva se evaluará transcurridos doce años de su transposición. Con miras a garantizar que la Directiva logra su objetivo de proteger la salud de las personas de los efectos adversos del agua potable contaminada y mejorar otros ámbitos en los que se observó que la Directiva es menos idónea, se sugirió una serie de indicadores de éxito diferentes. Estos indicadores se emplearán en las evaluaciones futuras y se diseñarán en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, teniendo en cuenta las observaciones del control de adecuación centrado en la notificación y el control en materia de medio ambiente. Los indicadores de éxito son los siguientes: –El número de «incidentes» (es decir, casos de posible peligro para la salud humana) y casos en que los valores límite se hayan excedido en la UE. En el nuevo sistema de notificación, se pedirá a los Estados miembros que informen de manera más eficaz sobre estos incidentes y las soluciones adoptadas. –El número de personas en la UE que tiene acceso a agua destinada al consumo humano. –Las repercusiones a largo plazo para la salud a raíz de la calidad del agua potable (se requerirán estudios epidemiológicos adicionales en colaboración con una organización especializada como la OMS). –Los nuevos requisitos en materia de transparencia y la información mínima que ha de estar disponible en línea, como las tasas de fuga en las redes de distribución. Con ello se podrá realizar un análisis sistemático de los niveles de aplicación y los logros. •Documentos explicativos (en el caso de las Directivas) Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta y que se trata de una versión refundida de una Directiva existente (Directiva 98/83/CE) que todos los Estados miembros han transpuesto en su totalidad, no estaría justificado ni sería proporcionado exigir documentos explicativos sobre la transposición. •Explicación detallada sobre el modo en que se han tomado en consideración las recomendaciones de la OMS relativas a los parámetros y valores paramétricos para la propuesta Los valores paramétricos existentes que figuran en el anexo I de la Directiva 98/83/CE se basan, por lo general, en las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el agua potable. Estas directrices se actualizan periódicamente y fueron modificadas por última vez a principios de 2017 mediante la primera adenda de la cuarta edición. Ya cuando se adoptó la Directiva 98/83/CE en 1998 había algunas diferencias entre este texto y las directrices de la OMS por lo que respecta a la fijación de parámetros y sus niveles. Por ejemplo: –Las directrices de la OMS no incluyen normas sobre el grupo de los plaguicidas, mientras que la Directiva incluye todos los plaguicidas y sus productos de degradación. –Los valores indicativos de la OMS están asociados a un riesgo de padecer cáncer en algún momento de la vida de 10-5, mientras que la UE tomó la opción de adoptar un enfoque de precaución más estricto al elegir un valor de riesgo aceptable de 10-6. En diciembre de 2015, la Comisión y la Oficina Regional para Europa de la OMS concluyeron el «Proyecto de colaboración en materia de parámetros para el agua potable» («Drinking Water Parameter Cooperation Project»), cuyo informe final se publicó en 2018 (en lo sucesivo, «informe de la OMS»). El objetivo del proyecto era ofrecer un asesoramiento científico y pertinente a efectos políticos como base informativa para la revisión del anexo I de la Directiva. Hay un alto grado de consenso entre las recomendaciones de la OMS contenidas en su informe y la propuesta. En concreto, las recomendaciones confirman la necesidad de regular una lista de parámetros seleccionados, de los cientos de parámetros para los que existen valores indicativos de la OMS. La Comisión ha incorporado la gran mayoría de los parámetros y valores paramétricos recomendados de la lista, pero ha propuesto un enfoque diferente con respecto a algunos de ellos. La presente sección explica los motivos por los que la propuesta de la Comisión no se ajusta a las recomendaciones de la OMS en tales casos. 1. Parámetros que la OMS recomendó eliminar del anexo I Dada su escasa incidencia en lo que respecta al agua potable, normalmente debido a incidentes de contaminación, el informe de la OMS recomendó eliminar cinco parámetros de la Directiva: –benceno, –cianuro, –1,2-dicloroetano,

–mercurio, e –hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA). Para justificar la eliminación de estos parámetros, la OMS explicó que, en caso necesario, los Estados miembros siempre podrían controlarlos sobre la base de sus valores indicativos. Las partes interesadas, y en concreto las autoridades de los Estados miembros, se opusieron firmemente a su eliminación por razones de salud, así como por la necesidad de contar con un valor vinculante fijado a nivel de la UE. Se decidió, por tanto, mantenerlos en el anexo I. Sin embargo, el enfoque basado en los riesgos que se establece en la Directiva autoriza a los distribuidores de agua, en determinadas condiciones, a eliminar un parámetro de la lista de sustancias que han de ser sometidas a control, de manera que tienen derecho a no controlar estos parámetros si no son pertinentes en una zona de abastecimiento. Por último, pero no menos importante, las instalaciones de tratamiento necesarias para ajustarse a estos valores límite ya han sido construidas. 2. Valores paramétricos que la OMS recomendó aumentar El informe de la OMS recomendó actualizar los valores del antimonio (de 5 a 20 μg/l), el boro (de 1 a 2,4 mg/l) y el selenio (de 10 a 40 μg/l) tomando en consideración los valores indicativos basados en la salud más recientes que figuran en la primera adenda de la cuarta edición de las directrices de la OMS. No obstante, dado que los valores actuales están vigentes desde hace décadas, se presume que no habrá un incremento de los costes porque ya se dispone de las técnicas de tratamiento necesarias para cumplir estos límites. En cualquier caso, el enfoque basado en los riesgos autoriza a los distribuidores de agua, en determinadas condiciones, a eliminar un parámetro de la lista objeto de control. Por consiguiente, se han mantenido los valores originales más estrictos en el anexo I de la Directiva. Más concretamente, en el caso del boro, se concedieron algunas excepciones nacionales para las regiones en cuyo suelo hay rocas con una alta concentración de esta sustancia, que se encuentra presente de forma natural en las aguas subterráneas. También desde el Parlamento Europeo se pidió revisar el valor del boro (E-9146/2016, P-0848/2016, E-10 109/2014). Si bien no hay un dictamen oficial reciente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó en el pasado que, a fin de proteger a todos los grupos de edad, el agua mineral natural no contuviera más de 1,5 mg/l de boro. 3. Nuevos parámetros que la OMS recomendó incluir 3.1 Clorato y clorito El informe de la OMS recomendó incluir como nuevos parámetros el clorato (ClO3) y el clorito (ClO2) y fijar un valor de 0,7 mg/l para las dos sustancias. Ambas son principalmente subproductos de desinfección con hipoclorito. La OMS reconoció que este valor puede ser demasiado elevado y señaló que sería apropiado establecer unos valores más bajos si es viable ajustarse a ellos. Se ha identificado una de las causas del problema, a saber, que el clorato se genera en las soluciones de hipoclorito que no son frescas y se almacenan durante largos períodos, especialmente a temperaturas cálidas. En un dictamen específico de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de 2015 se indicaba que las concentraciones de clorato de 0,7 mg/kg en el agua potable (el valor propuesto por la OMS) podrían dar lugar a una sobrexposición al clorato en el caso de los bebés y niños de corta edad. Además, la Agencia observó que el clorato puede inhibir la absorción de yodo, aunque se requieren más datos sobre los efectos en la salud humana a este respecto. La EFSA también se remitió al Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) que había evaluado el clorato y obtenido un valor basado en datos relacionados con la salud de 0,01 mg/kg de peso corporal como valor toxicológico de referencia para la evaluación del riesgo crónico, lo que supondría un valor de 0,24 mg/l para el agua potable. Por consiguiente, la Comisión considera justificado fijar el valor para el clorato y el clorito en el nivel más estricto de 0,25 mg/l, que es aproximadamente tres veces inferior al nivel propuesto por la OMS. 3.2 Compuestos perfluorados El informe de la OMS recomendó adoptar valores paramétricos para dos sustancias perfluoradas distintas: el ácido perfluorooctano-sulfónico (PFOS), que debería tener un valor de 0,4 µg/l, y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), con un valor de 4 µg/l. El PFOS y el PFOA eran inicialmente los compuestos perfluorados más comunes. Están presentes principalmente en las aguas subterráneas debido a la contaminación del suelo provocada por las espumas ignífugas, que se descomponen en estas y otras sustancias perfluoradas. Sin embargo, también pueden ser consecuencia de la contaminación industrial puntual y proceder de productos con materiales hidrófugos o lipófugos, como las sartenes recubiertas de Teflón, el papel sulfurizado, las parrillas para pizza o los equipos para deportes al aire libre impermeables y repelentes de la suciedad. El PFOS y el PFOA son sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. Inicialmente, el PFOS estaba incluido en la lista de sustancias restringidas del anexo XVII del Reglamento REACH, pero ahora está regulado como un contaminante orgánico persistente en el Reglamento (CE) n.º 850/2004. El PFOA, sus sales y las sustancias afines al PFOA se añadieron a la lista de sustancias restringidas del anexo XVII del Reglamento REACH el 14 de junio de 2017, ya que la Comisión consideró que su fabricación, uso y venta conlleva un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. El ácido perfluorohexano-1-sulfónico y sus sales (PFHxS) se añadieron a la lista de posibles sustancias extremadamente preocupantes de REACH el 7 de julio de 2017 en cuanto que «sustancia muy persistente y muy bioacumulable», con arreglo al artículo 57, letra e), del Reglamento REACH. No obstante, hay una gama más amplia de sustancias con cadenas de longitud variable, como los ácidos carboxílicos perfluoralquilados (incluido el PFOA), los ácidos sulfónicos perfluoroalcanos (incluido el PFOS), los ácidos sulfínicos perfluoroalcanos, los alcoholes fluorotelomeros y las sulfonamidas perfluoroalcanas. El PFOA y el PFOS son las sustancias más comunes, pero al haber sido sustituidas por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) similares, a menudo con cadenas más cortas, es probable que el PFOA y el PFOS ya no sean representativos de este grupo de sustancias químicas antropógenas persistentes. En la actualidad, no hay ningún enfoque legislativo que regule la totalidad de las sustancias de este grupo, así como tampoco una lista exhaustiva de todas las sustancias. Suecia ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las PFAS. La Agencia Nacional de los Alimentos de Suecia ha recomendado unos límites para el agua potable sobre la base de la presencia de once PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA y PFDA). Si la suma de estas once PFAS se da en concentraciones superiores a 0,09 µg/l, la Agencia recomienda que se adopten inmediatamente medidas para reducir la contaminación. En los Estados Unidos, el nivel sanitario recomendado para el PFOA/el PFOS es de 0,07 µg/l. La lista de sustancias prioritarias establecida en virtud de la Directiva 2008/105/CE incluye el PFOS con un valor de 0,00065 µg/l. Esto demuestra que es posible llegar a unos valores paramétricos inferiores a los recomendados por la OMS. Puesto que estas sustancias no se dan de forma natural, se sugiere adoptar un enfoque de precaución como el empleado en el caso de los plaguicidas en la Directiva 98/83/CE. Así pues, la Comisión propone apartarse de la recomendación de la OMS de 4 µg/l (PFOA) y 0,4 µg/l (PFOS) para cada una de las sustancias y, en su lugar, regular la totalidad del grupo. La propuesta consiste en regular el grupo de las PFAS, según las define la OCDE, y sugerir unos valores de 0,1 μg/l para cada PFAS y de 0,5 μg/l para el total de las PFAS, como se ha hecho con los plaguicidas. Al ser unos valores superiores a los mencionados en el caso de Suecia o de los Estados Unidos, debería ser factible ajustarse a ellos. 4. Alteradores endocrinos

La OMS no propuso valores indicativos para los compuestos alteradores del sistema endocrino, pero sugirió que, al ser los organismos acuáticos más sensibles a los efectos de los alteradores endocrinos estrogénicos que los mamíferos, incluidos los humanos, sería posible usar unos valores de referencia de precaución próximos a las normas de calidad medioambiental existentes o que pueda haber en el futuro para la protección de los organismos acuáticos. La OMS propuso los siguientes tres alteradores endocrinos representativos, con sus valores de referencia correspondientes: –ß-estradiol: 0,001 µg/l, –nonilfenol: 0,3 µg/l, y –bisfenol A: 0,01 µg/l. Si bien la OMS señaló que, en la actualidad, no hay pruebas de que existan riesgos para la salud derivados del agua potable, que es una fuente de exposición menor, y que tales riesgos son improbables, se decidió incluir estos parámetros en la Directiva sobre la base del principio de precaución. La OMS no recomienda que se incluya la totalidad de los alteradores endocrinos en la lista de parámetros del anexo I de la Directiva, ya que considera que, hoy por hoy, realizar un control rutinario de todos estos componentes sería difícil, caro e ineficaz para prevenir la contaminación del agua potable. Las tres sustancias se escogieron como referencia porque se sabe que están presentes en las fuentes de agua superficiales que reciben efluentes tratados de aguas residuales y otro tipo de vertidos. El ß-estradiol es un estrógeno natural. En el dictamen del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales (CCRSM) y el expediente conexo se identifican las propiedades de alteración endocrina como el mecanismo de acción principal para determinar la norma de calidad medioambiental aplicable a este compuesto. El CCRSM se mostró a favor de fijar la norma de calidad medioambiental en 0,4 ng/l, un valor que se acerca al valor paramétrico de 1 ng/l propuesto para el agua potable. El bisfenol A se utiliza de manera generalizada en la fabricación de algunos plásticos y resinas epoxídicas. En la actualidad, está clasificado como un tóxico para la reproducción de categoría 1B en virtud del Reglamento (CE) n.º 1272/2008. A raíz de las propuestas presentadas por las autoridades francesas, primero se limitó el uso del bisfenol A en el papel térmico en la UE (diciembre de 2016), luego esta sustancia se incluyó en la lista de posibles sustancias extremadamente preocupantes sobre la base de su clasificación armonizada como tóxico para la reproducción de categoría 1B (enero de 2017), y, poco después, también sobre la base de sus propiedades de alteración endocrina (junio de 2017). El nonilfenol es un componente fundamental de los alquilfenoletoxilatos empleados en los agentes tensoactivos, aunque ahora están prohibidos en la UE. El nonilfenol también está sujeto a restricciones (anexo XVII del Reglamento REACH) y se incluyó en la lista REACH de posibles sustancias extremadamente preocupantes sobre la base de sus propiedades de alteración endocrina (junio de 2013), así como en la lista de sustancias prioritarias establecida en virtud de la Directiva 2008/105/CE. En consecuencia, se propone adoptar los valores sugeridos por la OMS para estos tres alteradores endocrinos. Dado que el enfoque de la Directiva no prevé «valores de referencia», y no se especifica la finalidad de los parámetros y valores, se propone incluirlos en la lista de parámetros del anexo I. Además, estos compuestos son relativamente insolubles en agua y se pueden eliminar de manera eficaz mediante los métodos convencionales de tratamiento por adsorción (por ejemplo, filtración de orilla, coagulación, ozonización o carbón activo granulado). Estos compuestos pasarán, pues, a tener la misma consideración que el resto de los parámetros químicos recogidos en la Directiva, lo que significa, como se ha mencionado antes, que los distribuidores de agua podrán eliminarlos de la lista de los sujetos a control en determinadas circunstancias, si una evaluación del riesgo concluye que no son pertinentes. La Comisión considera que el principio de precaución justifica la inclusión en la Directiva de estos tres compuestos con propiedades de alteración endocrina. Las partes interesadas coinciden con esta opinión. Además, tal inclusión contribuirá igualmente a la protección de la salud humana en el marco de la ampliación de la lista de parámetros modelizada por la opción 1.2 en la evaluación de impacto. 5. Cromo y plomo El informe de la OMS recomienda que se mantenga el valor paramétrico actual de 10 µg/l para el plomo y de 50 µg/l para el total de cromo. La OMS señala que el plomo es una de las pocas sustancias conocidas que afectan directamente a la salud a través del agua potable y que, por tanto, las concentraciones de esta sustancia deberían ser tan bajas como sea razonablemente factible. A tal efecto, la Comisión propone, pues, que se reduzca el valor a 5 µg/l en el plazo de diez años tras la entrada en vigor de la Directiva. Durante este período transitorio de diez años, se mantendrá el valor actual de 10 µg/l. La OMS indica que aún se está analizando el valor relativo al cromo. Las discusiones en curso con varios toxicólogos sugieren que se introduzca un valor inferior para el cromo, y en concreto para el cromo hexavalente, cuya toxicidad es mayor. En consecuencia, la Comisión aplicará al cromo el mismo enfoque que al plomo. Propone reducir el valor en un 50 % hasta los 25 µg/l una vez transcurrido un período transitorio de diez años tras la entrada en vigor de la Directiva. Asimismo, la propuesta prevé la revisión periódica del anexo I (en el que se establecen estos valores paramétricos) y la posibilidad de modificarlo en función de los avances científicos. Por tanto, cabe la posibilidad de que se fijen unos valores más estrictos para ambos parámetros antes de que transcurra el período transitorio de diez años si así lo justifican los futuros avances científicos. • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Artículo 1 — Objetivo Este artículo no se modifica.

Artículo 2 — Definiciones Se introducen pequeñas aclaraciones en las definiciones existentes y se añaden definiciones nuevas («distribuidores de agua», «locales prioritarios» y «grupos vulnerables y marginados»), de conformidad con las nuevas disposiciones de la versión refundida. La OMS recomendó incluir la definición de «locales prioritarios» a fin de facilitar la aplicación de las nuevas disposiciones relativas a la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. Artículo 3 — Exenciones No se modifican las disposiciones; simplemente se actualizan las referencias a la Directiva. Artículo 4 — Obligaciones generales El artículo apenas se modifica. Los cambios atañen a modificaciones formales o aclaraciones de la redacción. Artículo 5 — Normas de calidad El artículo apenas se modifica. Los cambios atañen a modificaciones formales o aclaraciones de la redacción. Artículo 6 — Punto de cumplimiento Se suprimen los apartados 2 y 3, aunque la mayor parte de su contenido se integra ahora en las nuevas disposiciones sobre evaluaciones del riesgo en la distribución domiciliaria (nuevo artículo 10). Artículo 7 — Enfoque basado en los riesgos para la seguridad del agua (nuevo) Este artículo nuevo presenta de forma global el enfoque basado en los riesgos, sirve de introducción para los nuevos artículos 8, 9 y 10, e introduce, además, obligaciones de carácter general en relación con las evaluaciones del riesgo (actualizaciones y revisiones periódicas y calendario para la elaboración de las evaluaciones del riesgo). Artículo 8 — Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la extracción de agua destinada al consumo humano (nuevo)

Este artículo nuevo introduce una serie de obligaciones relacionadas con la realización de evaluaciones del peligro, en concreto: –Identificación de los puntos de extracción. –Identificación de los peligros y las fuentes de contaminación. –Parámetros de control pertinentes con respecto a los peligros y las fuentes de contaminación identificados. Únicamente se han de controlar los parámetros o los contaminantes pertinentes. Puede tratarse de parámetros a los que debe ajustarse el agua del grifo de conformidad con la presente Directiva, así como de contaminantes o sustancias ya controladas en las masas de agua con arreglo a la Directiva marco sobre el agua, o de microplásticos. Los microplásticos son especialmente preocupantes debido a los efectos negativos que tienen en los entornos marinos y de agua dulce, los organismos acuáticos, la biodiversidad e incluso la salud humana, ya que su reducido tamaño facilita la absorción y bioacumulación por los organismos, y debido a los efectos tóxicos derivados de la compleja mezcla de sustancias químicas de las que se componen. A partir de la identificación de los peligros y del control, los Estados miembros pueden adoptar las medidas siguientes: –Eximir a los distribuidores de agua de llevar a cabo tratamientos o controles adicionales, o exigirles que los realicen. –Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de extracción. –Medidas de atenuación para atajar la fuente de contaminación, incluidas las investigaciones dirigidas a comprender las repercusiones, por ejemplo de los microplásticos, para los ecosistemas acuáticos y la salud humana, y hallar soluciones para limitar los posibles riesgos. Artículo 9 — Evaluación del riesgo en el suministro (nuevo) Este artículo introduce obligaciones relacionadas con la realización de una evaluación del riesgo en el suministro por parte de los distribuidores de agua. Las disposiciones no son nuevas, dado que estas obligaciones ya se habían introducido en 2015 con la modificación del anexo II de la Directiva. Por tanto, parte del anexo II de la Directiva 98/83/CE se traslada a este artículo 9. Ahora, la parte C del anexo II solo contiene las especificaciones técnicas a efectos del ajuste de la frecuencia del control de los parámetros objeto de una evaluación del riesgo en el suministro. Artículo 10 — Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria (nuevo) Este artículo nuevo introduce una serie de obligaciones relacionadas con la realización de evaluaciones del riesgo en la distribución domiciliaria, en concreto: –Evaluación de los riesgos ligados al sistema de distribución domiciliaria, incluidos los riesgos vinculados a los productos y materiales que están en contacto con el agua potable. –Control de los parámetros siguientes: plomo y Legionella. La OMS ha constatado que, en la Unión, de entre todos los patógenos presentes en el agua, la Legionella es el que genera la mayor carga en materia sanitaria. Además, también el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomienda realizar controles periódicos y aplicar las medidas de control apropiadas a los sistemas hídricos artificiales como forma de prevenir los casos de legionelosis en alojamientos turísticos, hospitales, instalaciones de asistencia sanitaria a largo plazo u otros lugares en los que importantes poblaciones con un riesgo más elevado puedan verse expuestas a este patógeno. A partir de la evaluación del riesgo y la supervisión, los Estados miembros pueden adoptar medidas, como impartir formación para fontaneros, facilitar información y asesoramiento para propietarios de viviendas, aplicar las técnicas de tratamiento adecuadas en colaboración con los distribuidores de agua, etc. Además, este artículo recoge parcialmente los aspectos contemplados en el antiguo artículo 10 (productos en contacto con el agua potable) y garantiza la coherencia con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, en virtud del que se han de establecer normas relativas a los productos de construcción que estén en contacto con el agua potable. Artículo 11 — Control (antiguo artículo 7) Se deben diseñar programas de control que abarquen las diferentes obligaciones en materia de control contempladas en la Directiva. Se deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre si los programas de control deben ser elaborados por las autoridades nacionales o delegarse, por ejemplo, en los distribuidores de agua. Sin embargo, es probable que, en la práctica, la mayor parte de las actividades de control la lleven a cabo los distribuidores de agua, con miras a garantizar la calidad del agua del grifo. Dado que se introducen nuevas obligaciones en materia de control con respecto a la evaluación del peligro (artículo 8) y la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria (artículo 10), se hace necesario aclarar este artículo y su relación con el anexo II.

Los apartados 1, 5 y 6 no cambian. El apartado 2 se modifica para introducir la referencia al control que se debe realizar con arreglo a los nuevos artículos 8 y 9 (evaluación del peligro y evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria) y al control «periódico» de los parámetros que figuran en las partes A y B del anexo I, de conformidad con el anexo II. En el último caso, los distribuidores de agua pueden ajustar los controles sobre la base de una evaluación del riesgo en el suministro. El antiguo apartado 4 (posibilidad de establecer directrices en relación con el control) se suprime, ya que se considera innecesario. No obstante, se mantiene la posibilidad de modificar el anexo II (relativo a las especificaciones del control) en el apartado 2 del artículo 18 (mediante actos delegados). Artículo 12 — Medidas correctivas y restricciones de utilización (antiguo artículo 8) El apartado 1 no cambia. El apartado 2 se modifica para introducir la referencia a la nueva lista de parámetros a efectos de la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, prevista en la parte C del anexo I. El apartado 3 se modifica para aclarar que la superación de los valores determinados en las partes A y B del anexo I se considerará de forma automática un peligro potencial para la salud humana. Esta aclaración se considera necesaria en vista de los numerosos procedimientos de infracción que hay en curso en el marco de la Directiva 98/83/CE. Se añade un nuevo apartado 4 para aclarar las obligaciones relacionadas con la información para los consumidores en caso de superación de los valores paramétricos y/o de un posible peligro para la salud humana. La mayoría de las obligaciones ya existía en la Directiva 98/83/CE, pero se ha considerado necesario aclararlas y agruparlas en un único apartado a fin de facilitar su aplicación, especialmente en vista de los numerosos procedimientos de infracción que hay en curso en el marco de la Directiva 98/83/CE. El apartado 5 no cambia. El antiguo apartado 6 se suprime, ya que se considera innecesario. El antiguo apartado 7 se suprime, pues la antigua parte C del anexo I sobre «parámetros indicadores» también ha sido suprimida. Las obligaciones del antiguo apartado 8 se incorporan al nuevo apartado 4. Antiguo artículo 9 — Excepciones Se suprime el antiguo artículo 9. El complejo proceso para conceder tres excepciones de tres años ya no está justificado. Este proceso se introdujo inicialmente en la Directiva para permitir a los Estados miembros cumplir los valores paramétricos recién establecidos en 1998. Ahora, el sistema se simplifica, pero la lógica sigue siendo la misma que en la Directiva 98/83/CE: si un Estado miembro supera un valor paramétrico, se debe aplicar el artículo 11 sobre medidas correctivas (prohibición o restricción del agua, información a los consumidores, asesoramiento sanitario, etc.). No debería ser necesario adoptar formalmente, mediante una Decisión, el valor paramétrico que supera el fijado en la Directiva. Antiguo artículo 10 — Garantía de la calidad del tratamiento, equipos y materiales El antiguo artículo 10 se suprime: se considera que este artículo ya no es necesario en la Directiva 98/83/CE y se sustituye parcialmente por el nuevo artículo 10 sobre la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. La armonización necesaria se llevará a cabo a través de la legislación del mercado interior mediante la emisión de mandatos de normalización en virtud del Reglamento sobre los productos de construcción. Hasta que se ejecuten estos mandatos de normalización y las normas armonizadas se publiquen en el Diario Oficial, se mantendrá el statu quo.

Artículo 13 — Acceso al agua destinada al consumo humano (nuevo) Se trata de un artículo nuevo motivado principalmente por las peticiones de la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» y la respuesta de la Comisión a la iniciativa. El artículo prevé dos obligaciones principales: –En primer lugar, la obligación para los Estados miembros de mejorar el acceso al agua potable y promover su uso a través de una serie de medidas, de las que algunas se incluyen en el artículo (evaluar el porcentaje de personas sin acceso al agua potable, informar a estas personas de las posibilidades de conexión a la red de suministro, fomentar el uso del agua del grifo en los edificios públicos y restaurantes, garantizar que en la mayoría de las ciudades se dispone de los equipos necesarios para acceder libremente al agua del grifo, etc.). –En segundo lugar, la obligación para los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua potable para los grupos vulnerables y marginados. Si estos grupos carecen de acceso a agua destinada al consumo humano en el sentido de la Directiva, los Estados miembros deben informarles rápidamente de la calidad del agua de la que disponen y brindarles el asesoramiento sanitario necesario al respecto. Se prevé que lo anterior contribuya al compromiso adoptado en virtud del objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». El concepto de un acceso equitativo al agua suele ser tridimensional y englobar las diferencias geográficas en cuanto a los servicios prestados (por ejemplo, debido a la falta de infraestructuras), las dificultades a las que se enfrentan los grupos vulnerables y marginados (por ejemplo, los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias, como los gitanos o romanís –sinti, ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.–, sean o no sedentarios) a la hora de acceder a los servicios relacionados con el agua, y la asequibilidad financiera. Con respecto a la asequibilidad, toda política de tarificación del agua en la Unión debe tomar en consideración los principios de la recuperación de costes y de «quien contamina paga». Asimismo, se permite a los Estados miembros, al establecer tarifas diferenciadas para el agua, contemplar la variación de las condiciones económicas y sociales de la población. El principio de la recuperación de costes no impide, pues, que los Estados miembros adopten tarifas sociales o medidas que protejan a las poblaciones que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable, además de las medidas previstas en el nuevo artículo 13 de la presente Directiva. Artículo 14 — Información al público (nuevo) Este artículo sustituye, en parte, al antiguo artículo 13 de la Directiva 98/83/CE. Las disposiciones relativas al acceso a la información son más detalladas, ya que se espera que el aumento de la transparencia consiga que los consumidores tengan más confianza en el agua potable que consumen, y en concreto en su calidad, producción y gestión. Las obligaciones son dobles: –En primer lugar, garantizar que determinada información, que se especifica en el anexo IV, está disponible en línea. La información a la que acceda el consumidor debe ser pertinente para su zona de interés. –En segundo lugar, facilitar, además, determinada información específica directamente a los consumidores (por ejemplo, en sus facturas), como el volumen consumido y los detalles sobre la tarifa o tarifas y la estructura de los costes. Artículo 15 — Información relativa al seguimiento de la aplicación (nuevo) Este artículo sustituye, en parte, al antiguo artículo 13 de la Directiva 98/83/CE. Las disposiciones relacionadas con la notificación se simplifican con respecto a las disposiciones anteriores y se sustituyen por un sistema nuevo que no implica un ejercicio de notificación propiamente dicho. Esto garantiza una mayor eficacia del sistema al evitar que haya un largo lapso de tiempo entre la fecha de referencia de los datos comunicados y la fecha efectiva de notificación. El artículo prevé que los Estados miembros empleen un conjunto de datos que recoja únicamente información sobre el agua potable que sea pertinente en el marco de la presente Directiva: incidentes, superación de los valores fijados en el anexo, evaluación del peligro y del riesgo en la distribución domiciliaria, y medidas adoptadas para garantizar el acceso al agua destinada al consumo humano. Los conjuntos de datos se deben establecer de conformidad con la Directiva INSPIRE. A tal efecto, se prevé contar con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuyo papel será también el de acceder periódicamente a los datos y proporcionar a la Comisión una visión general de la aplicación de la Directiva a escala de la Unión, lo que, a su vez, se utilizará de cara a las evaluaciones futuras de la Directiva (artículo 17). Artículo 16 — Acceso a la Justicia (nuevo) Se trata de un artículo nuevo que está en sintonía con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y supone la aplicación del Convenio de Aarhus en lo que respecta al acceso a la Justicia. Los ciudadanos y las ONG deben tener la posibilidad de interponer recurso respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas por los Estados miembros en virtud de la presente Directiva.

Artículo 17 — Evaluación (nuevo) Este artículo nuevo establece el marco para las evaluaciones futuras de la Directiva (en el sentido de las directrices de la Comisión sobre la mejora de la legislación). Se prevé que la primera evaluación tenga lugar doce años después de la introducción de la Directiva, a fin de obtener, como mínimo, los datos relativos a dos ciclos de evaluaciones del riesgo en el suministro. Artículo 18 — Revisión de los anexos (antiguo artículo 11) Este artículo sustituye al artículo 11 de la Directiva 98/83/CE. El artículo 11 disponía la revisión de los anexos I, II y III de la Directiva a través del anterior procedimiento de reglamentación con control. Se propone sustituir este procedimiento por actos delegados (para la modificación de todos los anexos), de conformidad, además, con el compromiso asumido por las instituciones en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 de «[conceder] la mayor prioridad a la rápida adaptación de todos los actos de base que siguen refiriéndose al procedimiento de reglamentación con control». Se mantiene la revisión periódica del anexo I para garantizar que se ajusta en todo momento a los últimos avances científicos. Artículo 19 — Ejercicio de la delegación (nuevo) Se trata de un nuevo artículo normalizado para la adopción de actos delegados. Artículo 20 — Procedimiento de comité (antiguo artículo 12) Se trata de un nuevo artículo normalizado para la adopción de actos de ejecución. Antiguo artículo 13 — Información e informes (suprimido) Artículo suprimido y sustituido en gran parte por el nuevo artículo 15. Antiguo artículo 14 — Calendario de aplicación (suprimido) Se suprime este artículo, dado que concedía un margen de tiempo adicional (cinco años) para aplicar la Directiva 98/83/CE, desde 1998 hasta 2003. Ahora, este artículo está obsoleto y debe, por tanto, suprimirse.

Antiguo artículo 15 — Circunstancias excepcionales (suprimido) Este artículo de la Directiva 98/83/CE otorgaba a los Estados miembros la posibilidad de solicitar a la Comisión un margen de tiempo adicional de hasta seis años (además de los cinco años previstos en el antiguo artículo 14) con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Directiva 98/83/CE. Ahora, este artículo está obsoleto y debe, por tanto, suprimirse. Antiguos artículos 16 (derogación), 17 (transposición) y 18 (entrada en vigor) Estos tres artículos se suprimen y sustituyen por el texto normalizado y actualizado relativo a la derogación, la transposición y la entrada en vigor para las versiones refundidas de las Directivas (véanse los nuevos artículos 22, 23 y 24) Artículo 21 — Sanciones (nuevo) Se introduce un artículo nuevo normalizado sobre sanciones. Artículo 22 — Transposición Este artículo se ajusta al modelo normalizado. Artículo 23 — Derogación Este artículo se ajusta al modelo normalizado. Artículo 24 — Entrada en vigor Este artículo se ajusta al modelo normalizado. Se prevé un plazo de veinte días para la entrada en vigor de la Directiva tras su publicación en el Diario Oficial. Artículo 25 — Destinatarios (antiguo artículo 19) Este artículo no se modifica.

Anexo I Parte A La parte A del anexo I se refiere a los valores paramétricos de los parámetros microbiológicos. Siguiendo la recomendación de la OMS, se añaden nuevos parámetros a la lista, a saber, esporas de Clostridium perfringens y bacterias coliformes, turbidez (tomado de la antigua parte C «Parámetros indicadores»), y colifagos somáticos. Parte B La parte B del anexo I se refiere a los valores paramétricos de los parámetros químicos. Se añaden varios parámetros nuevos (y los valores paramétricos asociados) a raíz de la recomendación de la OMS o sobre la base del principio de precaución, en concreto: bisfenol A, clorato, clorito, ß-estradiol, ácidos haloacéticos, microcistina, nonilfenol, PFAS (individual y total) y uranio. Parte C La parte C del anexo I de la Directiva 98/83/CE se refería a los parámetros indicadores. Los parámetros indicadores se eliminan del anexo I (excepto unos pocos que se trasladan a la parte A, como la turbidez), y pasan al anexo IV, relativo a la información para los consumidores. El motivo es que los parámetros indicadores no ofrecen información relacionada con la salud, sino información de interés para los consumidores (como sabor, color, aniones, cationes, etc.). La nueva parte C del anexo I atañe a los parámetros que se han de evaluar con arreglo a la nueva evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria (prevista en el nuevo artículo 10), a saber, el plomo y la Legionella. Anexo II Parte A: Objetivos generales y programas de control del agua destinada al consumo humano La parte A del anexo II trata sobre las obligaciones generales relacionadas con los programas de control y se mantiene en gran medida sin cambios, salvo por la inclusión de una nueva referencia al control operacional y el parámetro de turbidez correspondiente. Esta inclusión responde a la recomendación de la OMS, ya que el control operacional ofrece información rápida, con carácter cotidiano, para garantizar que el tratamiento funciona correctamente. Parte B: Frecuencia

La parte B del anexo II se refiere a la frecuencia del control. Se especifican dos categorías de parámetros: 1)parámetros básicos (E. coli, esporas de Clostridium perfringens y colifagos somáticos), que deben controlarse siempre según las frecuencias especificadas en el cuadro de la parte B y no pueden ser objeto de una evaluación del riesgo en el suministro; y 2)resto de los parámetros, que deben controlarse según las frecuencias especificadas en el cuadro de la parte B hasta que se lleve a cabo una evaluación del riesgo en el suministro, de conformidad con la parte C del mismo anexo. Se simplifica el cuadro de la parte B relativo a las frecuencias, y se suprime la nota 3 (bajo el cuadro) al no ser ya necesaria. Parte C: Evaluación del riesgo en el suministro Los primeros apartados de la parte C se trasladan al nuevo artículo 9 sobre «evaluación del riesgo en el suministro». El resto de la parte C (especificaciones para apartarse de la frecuencia de control cuando se lleva a cabo una evaluación del riesgo en el suministro), que se introdujo en la Directiva 98/83/CE con la modificación de 2015, se mantiene en gran medida sin cambios, y las pocas modificaciones responden a la armonización de la redacción del texto con el resto de la Directiva. Parte D: Métodos de muestreo y puntos de muestreo Esta parte, introducida en la Directiva 98/83/CE con la modificación de 2015, se mantiene en gran medida sin cambios. Anexo III Parte A: Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de análisis Los dos primeros apartados de la parte A se suprimen, dado que hacían referencia a la posibilidad de modificar la parte A del anexo III a través del procedimiento de reglamentación con control, y la posibilidad de modificar el anexo III mediante actos delegados ya está prevista en los artículos 18 y 19. Se actualiza la lista de los métodos relativos a los parámetros microbiológicos para reflejar los nuevos parámetros microbiológicos incluidos en la parte A del anexo I. Parte B: Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados característicos Esta parte había sido actualizada con la modificación de la Directiva 98/83/CE en 2015. En su momento, se introdujeron dos cuadros, uno de ellos con especificaciones que podían utilizarse hasta el final de 2019. Se propone suprimir este segundo cuadro cuyas especificaciones solo son válidas hasta el final de 2019 y mantener únicamente el primer cuadro. Por otra parte, se actualiza el cuadro que contiene la lista de las especificaciones relativas a los parámetros químicos para reflejar la nueva lista de parámetros microbiológicos dispuesta en la parte B del anexo I.

Anexo IV (nuevo) El anexo IV es un anexo nuevo que recoge la información que debe estar disponible en un sitio web para informar a los consumidores. En aras de la proporcionalidad, los muy grandes distribuidores de agua tendrán que facilitar determinada información adicional, como información con carácter anual sobre los resultados generales del sistema de suministro desde el punto de vista de la eficiencia, incluidas las tasas de fuga y la eficiencia energética. Se presume que el aumento de la transparencia, al contribuir a una mayor concienciación sobre la cuestión, puede influir en los distribuidores de agua y las autoridades de los Estados miembros para que hagan frente al problema de las pérdidas y fugas de agua. Antiguos anexos IV y V El anexo IV se refería a los plazos para la transposición de la anterior Directiva 80/778/CEE al Derecho nacional (teniendo en cuenta, además, las adhesiones de nuevos Estados miembros). El anexo V era el anterior cuadro de correspondencias entre la Directiva 80/778/CEE y la Directiva 98/83/CE. Ninguno de los dos es ya pertinente, de manera que se suprimen. Anexo V (nuevo) El anexo V (nuevo) es un anexo normalizado que recoge la Directiva derogada y sus sucesivas modificaciones, así como las fechas de transposición y aplicación correspondientes. Anexo VI (nuevo) El anexo VI es el nuevo cuadro de correspondencias entre la Directiva 98/83/CE y la nueva propuesta de versión refundida de la Directiva. ê 1998/83 (adaptado) 2017/0332 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, Ö en particular su artículo 192, apartado 1 Õ el apartado 1 de su artículo 130 S, Vista la propuesta de la Comisión,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: ò nuevo (1)La Directiva 98/83/CE del Consejo ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva. ê 1998/83 considerando 1 (adaptado) Considerando que es necesario adaptar al progreso científico y técnico la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano ; que la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva demuestra la necesidad de crear un marco legal adecuado, flexible y transparente que permita a los Estados miembros abordar los casos de incumplimiento de las normas; que debe reexaminarse la Directiva en función del Tratado de la Unión Europea y, en particular, del principio de subsidiariedad; ê 1998/83 considerando 2 (adaptado) Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 B del Tratado, según el cual la acción de la Comunidad no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado, es necesario revisar la Directiva 80/778/CEE para centrarse en el cumplimiento de unos parámetros de calidad y salubridad esenciales, brindando a los Estados miembros la posibilidad de añadir otros parámetros si lo consideran oportuno; ê 1998/83 considerando 3 Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad, la acción de la Comunidad debe apoyar y completar las que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros; ê 1998/83 considerando 4 Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las diferentes características naturales y socioeconómicas de las regiones de la Unión requieren que la mayoría de las decisiones sobre el seguimiento, el análisis y las medidas que deben adoptarse para corregir los incumplimientos se tomen a nivel local, regional o nacional, en la medida en que dichas diferencias no supongan un perjuicio para el establecimiento del marco legislativo, reglamentario y administrativo contemplado en la presente Directiva;

ê 1998/83 considerando 5 Considerando que las normas comunitarias relativas a parámetros de calidad y salubridad esenciales y preventivos de las aguas destinadas al consumo humano resultan necesarias para definir los objetivos mínimos de calidad del medio ambiente que deben alcanzarse en relación con otras medidas comunitarias, para mantener y fomentar el uso sostenible de las aguas destinadas al consumo humano; ê 1998/83 considerando 6 (adaptado) ð nuevo (2)ð La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente Directiva debe perseguir el mismo objetivo. ï Considerando que la importancia para la salud humana de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano Ö A tal efecto, se Õ hace necesario el establecimiento a escala Ö de la Unión Õ comunitaria de normas de calidad básicas ð los requisitos mínimos ï que deben cumplir las aguas destinadas a este fin.; ð Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano están libres de todo tipo de microorganismos y parásitos y de sustancias que, en determinados casos, representan un posible peligro para la salud humana, así como para garantizar que estas aguas cumplen tales requisitos mínimos. ï ê 1998/83 considerando 7 Considerando que es necesario incluir las aguas utilizadas en la industria alimentaria a menos que pueda establecerse que el uso de dichas aguas no afecta a la salubridad de los productos elaborados; ê 1998/83 considerando 8 Considerando que, a fin de que las compañías suministradoras puedan cumplir las normas de calidad, deben adoptarse medidas de protección adecuadas para asegurar la pureza de las aguas de superficie y de las aguas subterráneas, que puede alcanzarse el mismo objetivo mediante medidas de tratamiento del agua antes de su distribución; ê 1998/83 considerando 9 (adaptado) Considerando que la coherencia de la política europea relativa a las aguas presupone que se adopte oportunamente una directiva marco adecuada; ê 1998/83 considerando 10 (adaptado) ð nuevo (3)Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las aguas minerales naturales y las aguas que son productos medicinales, pues ya existen normas especiales en relación con estos tipos de aguas; ð ya están regulados, respectivamente, por la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, la Directiva 2009/54/CE comprende tanto las aguas minerales naturales como las aguas de manantial, y únicamente la primera categoría debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial han de cumplir las disposiciones de la presente Directiva. En el caso de las aguas destinadas al consumo humano que se envasen en botellas u otros recipientes para su venta o para su uso en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, estas deben ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva hasta el punto de cumplimiento (esto es, el grifo), a partir del que pasan a considerarse alimentos, de conformidad con el artículo 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. ï

ê 1998/83 considerando 11 Considerando que es necesario adoptar medidas para todos los parámetros que afectan directamente a la salud y otros parámetros si se ha producido un deterioro de la calidad; que, otrosí, esas medidas deben coordinarse cuidadosamente con la aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios y la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas ; ò nuevo (4)Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua («Right2Water»), se organizó una consulta pública a escala de la Unión y se llevó a cabo una evaluación de la Directiva 98/83/CE desde el punto de vista de la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la Directiva 98/83/CE. Se identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de valores paramétricos basados en la calidad, el escaso uso de un enfoque basado en los riesgos, la imprecisión de las disposiciones relativas a la información para los consumidores, y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Además, en la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua se identificó como un claro problema el hecho de que parte de la población, en concreto los grupos marginados, carezca de acceso a agua destinada al consumo humano, lo que constituye también un compromiso en virtud del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló también en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las infraestructuras hídricas. (5)La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una revisión pormenorizada de la lista de parámetros y valores paramétricos establecida en la Directiva 98/83/CE con el objetivo de determinar si es necesario adaptarla en vista de los avances técnicos y científicos. De los resultados de la revisión se extrae que deben controlarse los patógenos intestinales y la Legionella, añadirse seis parámetros químicos o grupos de parámetros, y contemplarse, con valores de referencia de precaución, tres compuestos representativos con propiedades de alteración endocrina. Con respecto a tres de los parámetros nuevos, en virtud del principio de precaución, se han de fijar unos valores paramétricos más estrictos, aunque viables, que los propuestos por la OMS. En el caso del plomo, la OMS señaló que las concentraciones de esta sustancia deben ser tan bajas como sea razonablemente practicable, y en el caso del cromo, el valor aún está siendo examinado por la OMS; por consiguiente, para ambos parámetros, ha de establecerse un período transitorio de diez años antes de aplicar unos valores más estrictos. (6)Asimismo, la OMS recomendó unos valores menos estrictos para tres parámetros y la supresión de cinco parámetros. Sin embargo, estos cambios no se consideran necesarios debido a que el enfoque basado en los riesgos introducido en virtud de la Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión autoriza a los distribuidores de agua a eliminar un parámetro de la lista objeto de control si se dan unas condiciones determinadas. Las técnicas de tratamiento para cumplir estos valores paramétricos ya están disponibles. ê 1998/83 considerando 12 Considerando que es necesario fijar valores individuales para los parámetros de sustancias que son significativas en toda la Comunidad, en un nivel suficientemente estricto para asegurar que pueda lograrse la finalidad de la Directiva; ê 1998/83 considerando 13 Considerando que, puesto que los valores paramétricos se basan en los conocimientos científicos disponibles y que también se ha tenido en cuenta el principio de prevención, estos valores se han seleccionado para que las aguas destinadas al consumo humano puedan consumirse con seguridad durante toda la vida y representen, por tanto, un alto nivel de protección de la salud; ê 1998/83 considerando 14 Considerando que debe establecerse un equilibrio con el fin de prevenir los riesgos microbiológicos y químicos; que para ello, y a la luz de una futura revisión de los valores paramétricos, la fijación de los valores paramétricos debería estar basada en motivos de salud pública y en un método de evaluación del riesgo; ê 1998/83 considerando 15 Considerando que, si bien en la actualidad no existen pruebas concluyentes en las que puedan basarse los valores paramétricos comunitarios para las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, sí existe una creciente preocupación acerca de las posibles repercusiones en los seres humanos y la fauna silvestre de los efectos de las sustancias nocivas para la salud;

ê 1998/83 considerando 16 Considerando que las normas del anexo I se basan en general en las recomendaciones sobre calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el dictamen del Comité científico consultivo de la Comisión para el estudio de la toxicidad y de la ecotoxicidad de los compuestos químicos; ê 1998/83 considerando 17 (adaptado) (7)Ö En los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios respectivos, debería exigirse a Õ los Estados miembros deben fijar Ö que fijen Õ valores para parámetros Ö adicionales a Õ distintos de los incluidos en el anexo I en los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios respectivos.; ê 1998/83 considerando 18 (adaptado) Considerando que los Estados miembros podrán fijar valores para parámetros no incluidos en el anexo I cuando lo consideren necesario para garantizar la calidad de la producción, distribución e inspección de las aguas destinadas al consumo humano; ê 1998/83 considerando 19 Considerando que, cuando los Estados miembros estimen necesario adoptar normas más estrictas que las establecidas en las partes A y B del anexo I, o bien normas para parámetros no incluidos en el anexo I pero necesarios para proteger la salud humana, habrán de notificar dichas normas a la Comisión; ê 1998/83 considerando 20 Considerando que los Estados miembros, al introducir o mantener medidas de protección más estrictas, están obligados a respetar los principios y normas del Tratado tal como los interpreta el Tribunal de Justicia; ò nuevo (8)La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el riesgo no se contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos correspondientes a un enfoque basado en los riesgos ya se introdujeron en 2015 con la Directiva (UE) 2015/1787, por la que se modificó la Directiva 98/83/CE a fin de autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse en las Guías para la calidad del agua potable de la OMS. Dichas guías, en las que se establece el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», junto con la norma EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios internacionalmente reconocidos en los que se basan la elaboración, la distribución, el control y el análisis de los parámetros relativos al agua destinada al consumo humano. Deben mantenerse en la presente Directiva. A fin de garantizar que estos principios no se limitan a los aspectos relacionados con el control, destinar el tiempo y los recursos a los riesgos que son preocupantes y a medidas en origen que sean rentables, y evitar que se realicen análisis y esfuerzos con respecto a cuestiones que no sean pertinentes, conviene introducir un enfoque completo basado en los riesgos, a lo largo de la cadena de suministro, desde las zonas de extracción hasta la distribución por el grifo. Tal enfoque debe constar de tres componentes: en primer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los peligros ligados a la zona de extracción («evaluación del peligro»), en sintonía con las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS; en segundo lugar, la posibilidad para el distribuidor de agua de adaptar el control a los riesgos principales («evaluación del riesgo en el suministro»); y, en tercer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los riesgos que puedan entrañar los sistemas de distribución domiciliaria (por ejemplo, Legionella o presencia de plomo) («evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria»). Las evaluaciones deben revisarse periódicamente, entre otros motivos, a raíz de amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, cambios conocidos de la actividad humana en la zona de captación o incidentes relacionados con la fuente. El enfoque basado en los riesgos garantiza un intercambio continuo de información entre las autoridades competentes y los distribuidores de agua. (9)La evaluación del peligro ha de estar orientada a reducir el nivel de tratamiento necesario para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción de las presiones que dan lugar a la contaminación de las masas de agua de las que se capta el agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben identificar los peligros y las posibles fuentes de contaminación ligados a estas masas de agua y hacer un seguimiento de los contaminantes que identifiquen como pertinentes, ya sea debido a los peligros detectados (por ejemplo, microplásticos, nitratos, plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), debido a la presencia natural de contaminantes en la zona de captación (por ejemplo, arsénico), o sobre la base de la información facilitada por los distribuidores de agua (por ejemplo, aumento repentino de un parámetro específico en el agua sin tratar). Los parámetros han de servir de indicadores que desencadenen la adopción de medidas por parte de las autoridades competentes con el objetivo de reducir la presión sobre las masas de agua, por ejemplo, medidas preventivas o atenuantes (incluida la investigación para comprender las repercusiones en la salud, en caso de ser necesario), así como con el objetivo de proteger estas masas de agua y atajar la fuente de contaminación, en colaboración con los distribuidores de agua y las partes interesadas. (10)En lo referente a la evaluación del peligro, la Directiva 2000/60/CE exige a los Estados miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano, hagan un seguimiento de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad con miras a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua apta para el consumo humano. Con objeto de evitar la duplicación de las obligaciones, los Estados miembros deberían, al realizar la evaluación del peligro, valerse del seguimiento llevado a cabo en virtud de los artículos 7 y 8 y el anexo V de la Directiva 2000/60/CE, así como de las medidas incluidas en los programas establecidos de conformidad con el artículo 11 de dicha Directiva.

ê 1998/83 considerando 21 (adaptado) ð nuevo (11)Los valores paramétricos Ö empleados para evaluar la calidad de las aguas destinadas al consumo humano Õ deben cumplirse en el punto en que las aguas destinadas al consumo humano están a disposición del consumidor.; ð No obstante, la calidad de las aguas dest