COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 04.03.1998 
COM(1998) 121 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO 
Y AL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL 
Seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en 
el mercado interior 

índice 
RESUMEN GENERAL 3 
INTRODUCCIÓN 5 
Objetivo 5 
Las propuestas del Libro Verde 6 ' 
Respuesta a la consulta 7 
SECCIÓN I. RESUMEN DE LAS REACCIONES AL LIBRO VERDE SOBRE LAS 
COMUNICACIONES COMERCIALES 9 
Parlamento Europeo 9 
Comité Económico y Social 10 
Estados miembros 10 
Partes interesadas 10 
SECCIÓN II. RESPUESTA DE LA COMISIÓN 12 
1. Objetivo 12 
2. Alcance 12 
3. Acciones 13 
1) Aplicación de una metodología de evaluación transparente 13 
2) Creación de un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales 17 
3) Instauración de un punto de contacto y de una red de información sobre las 
comunicaciones comerciales 20 
4) Creación de una base de datos sobre comunicaciones comerciales 21 
5) Aceleración de la tramitación de denuncias 21 
6) Creación de una red de expertos 21 
7) Fomento de la cooperación internacional 22 
8) Aclaración de las cuestiones relativas al comercio electrónico 22 
9) Información al Parlamento 23 
4. Temas de trabajo prioritarios para el Grupo de Expertos 23 
1) Protección de menores 23 
2) Legislación sobre competencia desleal y asuntos análogos 24 
3) Patrocinio 24 
4) Afirmaciones publicitarias y publicidad engañosa 25 
5) Vías de recurso 26 
6) Aplicación de la metodología de evaluación de la proporcionalidad 
a nivel nacional 26 
Anexo 1. Resumen de las propuestas hechas en el Libro Verde 
sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior 27 
Anexo 2. Resumen de las respuestas al Libro Verde sobre las 
comunicaciones comerciales en el mercado interior 31 
RESUMEN GENERAL 
El Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior, de mayo 
de 1996, reconocía la importancia del sector para el empleo y el potencial de 
crecimiento, así como su función esencial para ayudar a las empresas y asociaciones 
sin ánimo de lucro de Europa a comercializar sus bienes y servicios en toda la Unión. 
Estos servicios afectan a un número importante de objetivos de interés público como 
la protección de los consumidores y la salud pública, por lo que están sujetos a 
diversas normas nacionales. El Libro Verde también observaba que las divergencias 
en estas normas nacionales dan lugar a una serie de obstáculos que frenan el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Al mismo tiempo, el incremento de las 
comunicaciones comerciales transfronterizas, sobre todo en el contexto de los nuevos 
servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico, podría tener un 
efecto adverso sobre la protección eficaz de los objetivos de interés público. 
El altísimo nivel de respuesta confirma la importancia de este sector. Además del 
Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y de diez Estados miembros, a 
lo largo de los últimos 18 meses respondieron a la petición de comentarios 433 partes 
interesadas. En general, las propuestas de la Comisión fueron objeto de un sólido 
apoyo, en incluso se recibieron propuestas para reforzarlas o complementarlas. 
Así pues, Comisión ha decidido emprender una serie de acciones en este sector al 
objeto de facilitar la prestación transfronteriza de servicios de comunicación 
comercial mediante la instauración de un marco eficiente y transparente que también 
permita proteger adecuadamente los intereses públicos. Estas acciones representan un 
instrumento para ayudar a las autoridades encargadas de analizar los problemas que 
surgen en este ámbito. Este planteamiento es coherente y complementario con el 
objetivo estratégico n° 1 del Plan de Acción para el Mercado Único de incrementar la 
eficacia de la normativa. 
Más concretamente, la Comisión propone lo siguiente: 
1) La aplicación de una metodología de evaluación transparente. En muchos casos, el 
examen de una restricción a las comunicaciones comerciales transfronterizas para 
determinar su compatibilidad con los principios del mercado interior plantea la 
cuestión de su proporcionalidad con el objetivo de interés público que se persigue. 
Allí donde proceda, la Comisión aplicará la metodología de evaluación de la 
proporcionalidad descrita en el Libro Verde. Se logrará así tramitar las infracciones 
con mayor rapidez y eficiencia y mejorar la calidad de las iniciativas de armonización 
propuestas por la Comisión en el terreno de las comunicaciones comerciales. 
2) Creación de un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales. La Comisión 
creará un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales ("el Grupo de 
Expertos") a fin de instaurar una cooperación administrativa transparente y eficaz con 
los Estados miembros y un diálogo con los terceros interesados. Atendiendo a los 
deseos del Parlamento y los Estados miembros, la Comisión velará por que se eviten 
duplicidades con la actividad de otros comités de la Comisión. También velará por 
que el Grupo de Expertos actúe con rapidez en los ámbitos pertinentes. El Grupo de 
Expertos no se ocupará de asuntos que ya se tratan en otros comités de la Comisión. 
3) Instauración de un punto de contacto y de una red de información sobre las 
comunicaciones comerciales. La Comisión establecerá en su Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios Financieros (DG XV) un punto de contacto único para 
terceros interesados, que trabajará en estrecha colaboración con otras Direcciones 
Generales que se ocupan de las políticas en este ámbito. Creará asimismo un sitio 
Internet para facilitar el flujo de información y la transparencia. 
4) Creación de una base de datos sobre la comunicación comercial. La Comisión 
instaurará una base de información sobre las normativas nacionales y comunitarias y 
sobre los códigos deontológicos. 
5) Agilización de la tramitación de denuncias. La Comisión proseguirá sus esfuerzos 
generales en este terreno, e intentará que se reduzcan los plazos mediante la 
utilización de la metodología de evaluación de la proporcionalidad cuando proceda. 
6) Creación de una red de expertos académicos. La Comisión instaurará un grupo 
representativo de expertos académicos en los diferentes aspectos de la comunicación 
comercial, encargado de asistirla en su trabajo y en el del Grupo de Expertos que 
representa a los Estados miembros. La Comisión solicitará a esta red de expertos 
académicos dictámenes sobre asuntos concretos. 
7) Fomento de la cooperación internacional. La Comisión promoverá los principios 
de este planteamiento en las negociaciones internacionales. 
8) Aclaración de cuestiones relativas al comercio electrónico. En su examen de los 
problemas jurídicos planteados con el desarrollo de servicios transfronterizos en la 
Sociedad de la Información, la Comisión abordará las restricciones existentes en los 
servicios de comunicaciones comerciales. A fin de clarificar los aspectos que suscitan 
inseguridad jurídica, elaborará una propuesta sobre el comercio electrónico y los 
servicios que éste lleva asociado en la Sociedad de la Información. 
9) Información al Parlamento. La Comisión informará al Parlamento Europeo sobre 
la aplicación de este planteamiento. La información incluirá una evaluación del 
trabajo realizado y una actualización del programa de trabajo. 
La Comisión aplicará este planteamiento en los cuatro ámbitos fundamentales en que 
las legislaciones nacionales sobre comunicaciones comerciales divergen de manera 
significativa y, por tanto, podrían dar lugar a barreras al mercado interior y a una falta 
de protección transfronteriza eficaz en el seno de la Comunidad. Estos cuatro ámbitos 
son: i) la protección de los menores, ii) la competencia desleal, iii) el patrocinio, iv) 
la publicidad engañosa. 
INTRODUCCIÓN 
Objetivo 
El sector de las comunicaciones comerciales desempeña un papel capital en la 
Comunidad Europea. Este sector da empleo a más de un millón de europeos y está 
creciendo gracias a la evolución de las nuevas tecnologías de comunicación y al 
aumento de la demanda, como bien documentan numerosos ejemplos. Así, en el 
ámbito especializado de la venta telefónica, se prevé que la cifra actual de 193 500 
trabajadores en Europa aumente a 669 500 en el año 2001. Las previsiones de 
crecimiento son similares para las comunicaciones comerciales relacionadas con 
Internet. Se calcula que sólo en Francia, Alemania y los Países Bajos estos nuevos 
servicios de comunicación comercial podrían ascender a 1 300 millones de ecus en el 
año 2002. Este hecho se refleja en el auge de las nuevas agencias en línea y de los 
especialistas en medición de la audiencia de Internet. Su importancia para el empleo 
es aún mayor si se considera que muchos usuarios de las comunicaciones comerciales 
cuentan con personal dedicado a la comercialización y a los estudios de mercado que 
viene a añadirse al número total de personas directamente empleadas por el sector. Es 
de subrayar que las actividades creativas de este sector dependen de la llegada de 
jóvenes talentos, por lo que reviste también importancia para el empleo juvenil en 
Europa. 
Es igualmente fundamental la importancia del sector en el fomento de la 
competitividad de las empresas europeas. Sin unas campañas comerciales eficaces, las 
empresas no podrían ampliar sus mercados ni recuperar sus inversiones en nuevos 
productos o servicios. Por otra parte, los servicios de comunicación comercial son 
también indispensables para la realización del mercado interior; en efecto, si las 
empresas no tienen la posibilidad de dar a conocer su presencia, productos y servicios 
más allá de sus fronteras, tampoco estarán en condiciones de entablar un comercio 
transfronterizo. Por último, estos servicios también contribuyen a financiar todos los 
medios de comunicación. Está internacionalmente reconocido que el desarrollo de los 
servicios relacionados con la Sociedad de la Información y el comercio electrónico 
son y seguirán siendo financiados en gran parte por los beneficios generados con la 
transmisión de estos servicios. 
La Comisión reconoce que los problemas en este terreno deben solucionarse desde la 
óptica del mercado interior dado que el sector no está dotado de un marco coordinado 
a pesar de hallarse regulado de cara (i) a una amplia variedad de objetivos de interés 
público y (ii) ofrecer en medida creciente servicios transfronterizos gracias al 
desarrollo de nuevos canales de comunicación. 
En su labor en el terreno de las comunicaciones comerciales la Comisión debe tener 
en cuenta la trascendencia de los diferentes objetivos de interés público (p.ej. en 
materia de salud, seguridad, protección medioambiental y protección de los 
consumidores) perseguidos por las medidas vigentes en los Estados miembros y que 
dan lugar a dificultades en las comunicaciones comerciales transfronterizas. El 
artículo 110 A del Tratado deja claro que las medidas relativas al mercado interior que 
afecten a tales ojetivos de interés público deben basarse en un nivel de protección 
elevado. La importancia que la legislación comunitaria concede a estos objetivos de 
interés público se refleja también en los artículos 129,129 A y 130 R del Tratado. 
Esto implica, pues, la búsqueda de un equilibrio entre los intereses del mercado 
interior y los demás objetivos legítimamente perseguidos por los Estados miembros. 
Al determinar la línea de actuación de la Comisión en este ámbito, es necesario 
mostrar cierta apertura hacia las diferentes circunstancias sociales y culturales que se 
dan en los distintos Estados miembros. 
La presente Comunicación resume las respuestas al Libro Verde sobre las 
comunicaciones comerciales en el mercado interior (COM(96) 192 final) y presenta 
las orientaciones de la Comisión para establecer los parámetros de una política 
europea de los servicios de comunicaciones comerciales. Por comunicaciones 
comerciales se entiende: 
"Todo tipo de comunicación que tenga como finalidad la promoción de los productos, 
los servicios o la imagen de una empresa u organización entre los consumidores 
finales o los distribuidores."" 
Las propuestas del Libro Verde 
El 8 de mayo de 1996, la Comisión adoptó un Libro Verde sobre las comunicaciones 
comerciales en el mercado interior. El Libro Verde se elaboró tras una amplia 
encuesta en la que participaron más de mil partes interesadas. 
El Libro Verde subrayaba la considerable importancia del sector de las 
comunicaciones comerciales para el funcionamiento de la economía europea; 
destacaba que las comunicaciones comerciales transfronterizas eran un fenómeno 
creciente en el mercado interior; que las diferencias en las distintas legislaciones 
nacionales daban lugar a problemas de carácter normativo entre los usuarios, 
proveedores y transmisores de tales servicios y a sus receptores, y que estos 
problemas probablemente cobrarían mayor relieve todavía a medida que mejoraran las 
posibilidades de comunicación con el advenimiento de la Sociedad de la Información. 
De ello dan testimonio el aumento de las denuncias formuladas en este campo. El 
número de quejas y los llamamientos a la acción comunitaria por parte de las partes 
interesadas se multiplicarán como consecuencia de la facilidad con la que hoy pueden 
prestarse servicios de comunicación comercial transfronterizos gracias al desarrollo 
del comercio electrónico. 
Dadas estas preocupaciones y el hecho de que estos servicios se utilizan para impulsar 
el comercio transfronterizo de todos los bienes y servicios que circulan dentro del 
mercado interior, el Libro Verde propoma (véase el Anexo 1) una revisión de las 
restricciones existes para garantizar la existencia de un marco cualitativo comunitario 
que permitiera la prestación transfronteriza de tales servicios y, al mismo tiempo, 
velara por la protección transfronteriza de los objetivos de interés público y las vías de 
recurso frente a las prácticas abusivas. 
El Libro Verde presentaba dos propuestas básicas para garantizar, habida cuenta del 
crecimiento previsible en los servicios transfronterizos de comunicaciones 
comerciales, que esta revisión llevara al establecimiento de un marco europeo de alta 
calidad, apropiado y coherente: 
• que la Comisión aplicara una metodología de evaluación al objeto de facilitar y 
hacer más transparente la operación de determinar si las trabas a las 
comunicaciones comerciales transfronterizas son compatibles con el Tratado; 
• dos instrumentos interrelacionados para mejorar la coordinación y el intercambio 
de información entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas: 
1. un Grupo de Expertos con representantes de los Estados miembros que, 
basándose en la metodología de evaluación propuesta, tuviera por misión 
contribuir a la búsqueda de soluciones constructivas a los problemas que se 
plantean en las comunicaciones comerciales transfronterizas, salvaguardar la 
coherencia de las iniciativas nacionales, y mejorar la protección transfronteriza 
de los objetivos de interés público en este campo; 
2. considerando tanto la petición de un mejor flujo de información como la 
necesidad de obtener los datos necesarios para la aplicación de la metodología 
de evaluación, la Comisión instaurará un punto único de información y 
contacto encargado de coordinar una red de información y comunicación entre 
la Comisión, los Estados miembros y todas las partes interesadas. 
Estas propuestas sirven al objetivo de incrementar la eficacia de la normativa que la 
Comisión fijó en su Plan de acción para el mercado único, aprobado en junio de 1997 
(CSE(97)1 final). Más concretamente, representan un dispositivo de aplicación y de 
resolución de problemas para mejorar el marco jurídico comunitario que regula 
actualmente las comunicaciones comerciales. 
Respuesta a la consulta 
Parlamento Europeo 
En su sesión plenaria de 15.7.97, el Parlamento Europeo' adoptó su Resolución 
relativa al Libro Verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el 
mercado interior ((COM(96)0192 - C4-0365/96). PE 260.946). 
Comité Económico y Social 
El 27 de noviembre de 1996, el Comité Económico y Social emitió su dictamen sobre 
el Libro Verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el mercado 
interior. (DO C 66/11 de 3.3.97). 
Estados miembros 
Hasta la fecha, la Comisión ha recibido respuesta de diez Estados miembros: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y Suecia. 
Partes interesadas 
La Comisión recibió 433 respuestas de los cinco grupos de partes interesadas, lo cual 
demuestra el amplio interés que suscita este ámbito de la política comunitaria. Las 
respuestas se desglosan del modo siguiente: 127 proveedores de servicios de 
comunicaciones comerciales (p.ej. agencias de publicidad, de las cuales 30 eran 
asociaciones profesionales europeas o nacionales), 44 asociaciones de receptores (p.ej. 
asociaciones de consumidores u organismos de sanidad públicos), 197 usuarios (p.ej. 
anunciantes, 70 de ellos asociaciones) 52 transmisores (p.ej. medios de comunicación, 
de ellos 18 asociaciones) y 13 organismos de autocontrol. 
SECCIÓN I. RESUMEN DE LAS REACCIONES AL LIBRO VERDE SOBRE LAS 
COMUNICACIONES COMERCIALES 
Dado que las preguntas cjue figuraban al final de cada sección del Libro Verde se 
plantearon intencionadamente de forma bastante amplia, las respuestas tendieron a 
ofrecer comentarios a la totalidad del texto y a todas sus propuestas. El resumen 
detallado que se ofrece en el Anexo 2 de la presente Comunicación informa de los 
puntos que fueron objeto del mayor número de comentarios. A continuación se 
exponen las principales posiciones de las instituciones comunitarias y de las partes 
interesadas. 
Parlamento Europeo 
En su Resolución de 15.7.1997, el Parlamento Europeo manifiesta su firme apoyo a 
las propuestas formuladas en el Libro Verde. El Parlamento deseaba una ampliación 
de la definición de comunicaciones comerciales para incluir las comunicaciones 
comerciales en los envases y embalajes tales como las promociones de precio sobre el 
envase, los cupones, los regalos, etc. 
Por lo que respecta a las dos propuestas principales, la posición del Parlamento fue la 
siguiente: 
El Parlamento no sólo manifestó su pleno apoyo a la metodología de evaluación 
propuesta sino que incluso pidió su refuerzo: aplicación obligatoria en el trabajo de la 
Comisión, con plazos estrictos para las decisiones de la Comisión, y a todas las 
restricciones nacionales ya emanaran de la legislación o de códigos deontológicos. 
El Parlamento también votó por amplia mayoría a favor de las propuestas sobre el 
Grupo de Expertos, el punto de contacto y la red de información. 
En cuanto al Grupo de Expertos, el Parlamento pidió que fuera lo más abierto y 
transparente posible. Para garantizar la transparencia y eficiencia del Grupo de 
Expertos, pedía que éste se reuniera con regularidad y elaborara sus dictámenes sobre 
las cuestiones que le fueran planteadas en un plazo breve y de estricto cumplimiento. 
Solicitaba que el Grupo de Expertos preparara un informe periódico al Parlamento 
para que éste pudiera seguir de cerca sus trabajos. Por último, opinaba que el punto de 
contacto también debía contar con un banco de datos centralizado sobre las 
normativas y los códigos deontológicos existentes en la Comunidad Europea. 
El Parlamento también señaló los ámbitos legislativos que, a su juicio, merecían ser 
examinados en primer lugar con este nuevo método. Se trata de las normativas sobre 
las comunicaciones comerciales dirigidas a un público infantil, el marco regulador de 
los métodos comerciales desleales y las divergencias en las restricciones nacionales 
relacionadas con la diversificación de marcas, las comunicaciones comerciales sobre 
los embalajes, el patrocinio televisivo y de los acontecimientos. 
Por último, añadió otros elementos a las propuestas. Pidió un sistema de recurso frente 
a la decisión de la Comisión de seguir o cerrar los trámites de los procedimientos de 
infracción, y añadió que debía hacerse todo lo posible para lograr que los mecanismos 
de autorregulación se refuercen y apliquen siguiendo el principio de control en el país 
de origen. 
Comité Económico y Social 
En su dictamen, el Comité Económico y Social manifiesta su firme apoyo a todas las 
propuestas presentadas en el Libro Verde. A diferencia del Parlamento, no indicó 
prioridades en los ámbitos legislativos examinados con el planteamiento propuesto. 
El Comité Económico y Social acogió de manera favorable la metodología de 
evaluación, y sobre todo de las reacciones económicas en cadena que, a su juicio, 
reflejan con precisión en qué modo el mercado de las comunicaciones comerciales 
funciona en el mundo real. Celebró la creación del Grupo de Expertos y sugirió que 
los Estados miembros copiaran el ejemplo de la Comisión y crearan puntos de 
contacto únicos de nivel nacional en materia de política de comunicaciones 
comerciales. 
Estados miembros 
La gran mayoría de los diez Estados miembros que contestaron manifestaron su apoyo 
a las propuestas. Sólo uno de ellos presentó objeciones de principio a la metodología 
de evaluación. Los demás se mostraron a favor, y algunos sugirieron que las 
repercusiones para los consumidores debían integrarse en la reacción económica en 
cadena con mayor plenitud. 
Del mismo modo, todos los Estados miembros que contestaron reaccionaron 
positivamente a la propuesta de crear un Grupo de Expertos. Dos de ellos opinaban 
que debía implicarse a las asociaciones de consumidores y a los organismos de 
autocontrol, y otros dos insistieron en que debía velarse por no duplicar el trabajo de 
otros comités ni demorar todavía más el procedimiento de infracción de la Comisión, 
ya de por sí muy prolongado. 
Siete Estados miembros hicieron comentarios sobre el punto de contacto y la red de 
información, todos favorables; no obstante, dos de ellos puntualizaron que las 
asociaciones de consumidores deberían tener pleno acceso y disponer de los recursos 
suficientes para ser eficaces. 
Por último, los Estados miembros repasaron detalladamente los ámbitos prioritarios 
enumerados en el Libro Verde (véase el Anexo 2), señalando aquellos que a su 
entender debían atenderse en primer lugar con el nuevo enfoque propuesto. También 
hicieron una serie de propuestas adicionales, entre las cuales figura la necesidad de 
profundizar el trabajo en los sistemas de resolución de litigios transfronterizos y de 
acelerar el actual procedimiento de infracción, considerado demasiado lento. 
Partes interesadas 
Numerosas partes (de las asociaciones de consumidores y de la industria) coincidían 
con el Parlamento en que la definición de comunicaciones comerciales debería incluir 
las modalidades de estos servicios plasmadas en los envases. Una gran mayoría de 
partes interesadas estaba a favor de la metodología de evaluación, y se presentaron 
10 
una serie de propuestas diversas para reforzar este aspecto. Esta mayoría reclamó la 
aplicación obligatoria de la metodología. Algunos también pensaban que las nuevas 
propuestas legislativas debían evaluarse con arreglo a la metodología propuesta para 
asegurar que no creen nuevas barreras en el mercado interior, y que también deberían 
quedar sujetas a la metodología los códigos deontológicos. Por último, la mayoría 
pensaba que la Comisión debería comprometerse a tramitar con mayor rapidez los 
casos de infracción en este terreno, dado que la metodología de evaluación debería 
permitirle trabajar con mayor eficiencia. Algunas asociaciones de consumidores 
dudaban que la metodología pudiera funcionar sin alguna mejora. Opinaban, en 
particular, que la reacción económica en cadena debía hacer mayor hincapié en las 
repercusiones sobre los consumidores. En todos los grupos que contestaron había 
algunos que concedían mayor importancia a la subsidiariedad que a la 
proporcionalidad, y algunos otros pensaban que evaluar la reacción económica en 
cadena era algo complejo, por lo que debía abandonarse la idea. 
Por lo que respecta al Grupo de Expertos, la gran mayoría de las respuestas de los 
cinco grupos de interés acogieron la propuesta favorablemente. No obstante, casi 
todos ellos pedían que el Grupo de Expertos no añadiera retrasos adicionales a la 
tramitación de los casos de infracción ni al lanzamiento de las necesarias iniciativas 
de armonización. Se recibieron varias sugerencias sobre la composición y el 
funcionamiento del Grupo de Expertos, desde la obtención de las opiniones de los 
grupos de acompañamiento de la industria o los consumidores que reunirían a las 
asociaciones nacionales en representación de las partes interesadas, hasta su 
dependencia de audiencias públicas. Las asociaciones de consumidores se oponían a 
la presencia permanente de los organismos de autocontrol y opinaban que ésta debía 
equilibrarse con una representación suya. Muchas respuestas de los cinco grupos 
consultados pedían que el Grupo de Expertos elaborara sus conclusiones sobre 
determinado punto dentro de un plazo fijo y que estas conclusiones se hicieran 
públicas. Hubo un amplio apoyo para el punto de contacto y la red de información. 
Dado el gran número de respuestas y la diversidad de los asuntos abordados, no es 
posible resumir los ámbitos prioritarios mencionados por todos ellos. Sin embargo, es 
importante señalar que, en el conjunto de respuestas recibidas, fueron objeto de 
comentario todos los problemas planteados en el Libro Verde. 
Por último, algunas asociaciones de consumidores y organismos de salud pública 
reclamaban para sus miembros un acceso más fácil a las normativas nacionales y 
comunitarias en este ámbito. También pedían que la Comisión aumentara sus 
esfuerzos para lograr la aplicación efectiva de las normativas, sobre todo en los casos 
transfronterizos. Consideraban que la Comisión debería examinar y poner a punto 
nuevos sistemas para la resolución de los litigios transfronterizos dado que se 
esperaba un aumento de las comunicaciones comerciales transfronterizas. La industria 
se mostraba crítica con el actual procedimiento de infracción y pedía mejoras en este 
sentido. Opinaba, en particular, que debería ser más transparente y ajustado en el 
tiempo. Algunas respuestas pedían que la Comisión se comprometiera a observar unos 
plazos de tramitación estrictos y a tomar decisiones que pudieran ser recurridas por 
todas las partes interesadas afectadas. 
11 
SECCIÓN II. RESPUESTA DE LA COMISIÓN 
/. Objetivo 
El planteamiento propuesto intenta facilitar la prestación de servicios de 
comunicaciones comerciales transfronterizos dentro del mercado interior mediante el 
establecimiento de un marco eficiente y transparente. Ello fomentará el crecimiento 
del sector de las comunicaciones comerciales europeas y permitirá a la industria 
europea desarrollar estrategias eficaces de marketing transfronterizo. 
Este planteamiento permitirá, al mismo tiempo, velar por la protección eficaz de los 
objetivos de interés público. La Comisión considera que la protección de los 
consumidores y de otros objetivos de interés público es fundamental para el desarrollo 
de la Comunidad Europea, y que el planteamiento propuesto en el terreno de las 
comunicaciones comerciales intenta satisfacer estos objetivos. La Comisión considera 
que el cumplimiento eficiente de estos objetivos de interés público en toda la 
Comunidad también garantizará el funcionamiento eficaz del mercado interior. En 
consecuencia, se trata de encontrar un equilibrio entre el objetivo de fomentar el 
crecimiento de los servicios de comunicaciones comerciales transfronterizos y el de 
garantizar la protección de los consumidores. 
2. Alcance 
El planteamiento de la Comisión será aplicable a todas las formas de comunicación 
que tengan por finalidad promover los productos, los servicios o la imagen de una 
empresa u organización entre los consumidores finales o los distribuidores. Esto 
comprende todas las formas de publicidad, marketing directo, patrocinio, 
promociones de ventas, relaciones públicas y los servicios utilizados en el diseño de 
envases y embalajes, con exclusión del etiquetado. 
La Comisión ha ampliado el alcance de la definición propuesta en el Libro Verde para 
incluir las comunicaciones sobre el envase que no entran en el ámbito de aplicación 
de la normativa sobre etiquetado, en particular a raíz de los comentarios de 
organismos de consumidores y publicistas. 
Estos servicios entran en el ámbito de aplicación de los artículos 59 y 60 tal como lo 
ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, tales servicios se 
remuneran y se prestan o pueden prestar en régimen transfronterizo. El hecho de que 
estos servicios (a un particular o a una empresa) no sean pagados por el consumidor 
no es algo que pueda alegarse para contestar que estas actividades constituyen 
servicios. 
A tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en 
determinados casos las actividades de comunicación comercial podrían beneficiarse 
de la aplicación del artículo 30 del Tratado CE relativo a la libre circulación de 
mercancías. El reconocimiento por parte del Tribunal del vínculo económico indirecto 
entre los servicios de comunicaciones comerciales y la venta de bienes se explica 
claramente en una serie de asuntos a los que se hacía referencia en el Libro Verde. 
12 
3. Acciones 
1) Aplicación de una metodología de evaluación transparente 
En las decisiones futuras tomadas en este ámbito, los servicios de la Comisión 
aplicarán, cuando proceda, la metodología de evaluación siguiente, que se basa en la 
descrita en el Libro Verde (véase el Anexo 1), pero que añade dos criterios más para 
tener en cuenta las diferencias culturales y sociales que se dan en los Estados 
miembros, así como la necesidad de garantizar la coherencia con los objetivos de 
interés público. La metología comprende dos etapas. 
Primera etapa (repaso analítico): 
El objetivo de la primera etapa no consistía en realizar la prueba de proporcionalidad 
propiamente dicha sino en presentar un panorama completo de las repercusiones de la 
medida. La finalidad no era identificar las restricciones sino esbozar una visión 
objetiva de todos los posibles efectos de una medida concreta en las actividades que la 
medida pretende regular, y también en los objetivos de interés público. El primer paso 
comprende la definición de las características de (i) la medida nacional que restringe 
la libre prestación de servicios, o bien de (ii) la medida de armonización propuesta por 
la Comisión. 
A este fin, se propone aplicar siete criterios: (i) ¿qué reacción en cadena podría 
provocar la medida? Se trata de estudiar en qué modo los operadores económicos 
afectados modificarían sus estrategias comerciales en reacción a la medida examinada 
o propuesta, para determinar su repercusión general para los consumidores que debe 
proteger; (ii) ¿cuáles son los objetivos de interés público que motivan la medida? (iii) 
¿guarda la medida relación con el objetivo de interés público invocado? (iv) ¿afecta la 
medida o otros objetivos de interés público? (v) ¿cuál es el grado de eficiencia de la 
medida para lograr el objetivo de interés público invocado? (vi) ¿refleja la 
especificidad cultural? (vii) ¿conserva su coherencia con todos los objetivos 
pertinentes de interés público y, en particular, los de protección de los consumidores y 
salud pública? 
Segunda etapa (evaluación jurídica): 
Partiendo de este repaso y de la información objetiva que proporciona, la segunda 
etapa consiste determinar de manera global: en el caso de una medida nacional, su 
proporcionalidad, o, en el caso de una medida comunitaria, su proporcionalidad en la 
medida de lo posible teniendo en cuenta los objetivos generales del Tratado, y 
también su coherencia con otras medidas comunitarias. Una vez conocidas estas 
características básicas de la medida, los siete criterios mencionados ayudarán a la 
autoridad competente a evaluar mejor su proporcionalidad y coherencia. 
13 
Así pues, la metodología tendrá especialmente en cuenta las repercusiones de las 
comunicaciones comerciales en los objetivos de interés público de protección de los 
consumidores y de la salud pública. Esta metodología no es ni un test automático para 
evaluar la proporcionalidad ni un análisis de la relación coste-beneficio o matemático 
para cuantificar el valor de los objetivos de interés público. Sólo constituye un medio 
para garantizar que tales evaluaciones se basen en una revisión completa de los 
efectos de la medida de que se trate. A este respecto, la metodología no sustituye los 
criterios desarrollados por el Tribunal sino que, más bien, es una ayuda para su 
aplicación. Aunque la aplicación de esta metodología no tiene carácter obligatorio 
como solicita explícitamente el Parlamento, los servicios de la Comisión utilizará esta 
metodología allí donde proceda cuando: 
i) estudie los casos de infracción en el ámbito de los servicios de comunicaciones 
comerciales en los que se plantee el problema de la proporcionalidad; 
ii) analice y debata problemas en el seno del Grupo de Expertos de comunicaciones 
comerciales (véase más adelante). La Comisión desea que los debates sobre los 
problemas relacionados con las normativas sobre comunicaciones comerciales 
transfronterizas planteados al Grupo de Expertos se orienten con arreglo a esta 
metodología. 
Cuando proceda, los servicios de la Comisión aplicarán la metodología de evaluación 
en la elaboración de aquellas iniciativas suyas que tengan un vínculo directo con la 
prestación de servicios de comunicaciones comerciales. Ello contribuirá a garantizar 
la transparencia y coherencia de tales propuestas en todas las políticas comunitarias. 
La metodología de evaluación aportará las ventajas siguientes: 
14 
i) Facilitar la aplicación del Tratado 
Como guardiana del Tratado, la Comisión, tomando en consideración todos los 
objetivos del Tratado, debe determinar si las restricciones a la prestación 
transfronteriza de servicios de comunicaciones comerciales en virtud de la aplicación 
de normativas nacionales divergentes es compatible con el principio de la libre 
prestación de servicios. Como se expuso en el Libro Verde, son muchos los casos en 
los que se plantea el problema de la proporcionalidad de las medidas, que la Comisión 
ha de evaluar, en cualquier caso, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal. La 
Comisión está obligada a realizar esta tarea para asegurarse de que no es posible 
suprimir las barreras detectadas mediante la mera aplicación del Tratado. Esta 
evaluación es necesaria antes de seguir adelante con el trabajo de armonización de 
cara al mercado interior. Cabe destacar que en el caso contrario, cuando las medidas 
se consideren desproporcionadas, esto no significa que los Estados miembros no 
puedan adoptar medidas para proteger los objetivos de interés público. En este caso se 
les pediría más bien que adoptaran otras medidas para cumplir estos objetivos de 
manera más proporcionada. 
ii) Lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica 
Podría darse cierta incertidumbre jurídica en el campo de las comunicaciones 
comerciales como consecuencia de la falta de transparencia y la divergencia de 
interpretaciones del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 3 B del 
Tratado y en la jurisprudencia del Tribunal sobre el principio de la libre circulación. 
Al presentar el modo en que tiene intención de proceder para evaluar la 
proporcionalidad de las restricciones nacionales o de las iniciativas comunitarias en el 
ámbito de las comunicaciones comerciales, la Comisión intenta lograr una mayor 
transparencia y seguridad jurídica frente a las instituciones europeas, los Estados 
miembros y las partes interesadas. Esta seguridad jurídica es fundamental para los 
empresarios deseosos de invertir en el comercio electrónico europeo. 
iii) Mejorar la protección de los objetivos de interés público 
Es importante que, de acuerdo con las directivas existentes o las propuestas de 
directivas comunitarias, tanto la Comunidad como los Estados miembros velen por la 
protección eficaz de los objetivos de interés público como la protección de los 
consumidores y la salud pública, y también es importante evitar que aduzcan 
injustificadamente estos objetivos para proteger sus propios mercados nacionales y, de 
este modo, fragmenten el mercado interior. El único modo de cumplir estos requisitos 
en la zona sin fronteras es fomentar un planteamiento que centre su atención en la 
calidad y en la substancia de la protección perseguida con la medida. Esta voluntad 
expresa de protección debe quedar patente realizando una evaluación del contenido 
concreto de la medida correspondiente. Por otra parte, un análisis más sistemático de 
los efectos de las medidas ayudaría a detectar en qué puntos las medidas existentes no 
bastan para proteger los objetivos de interés público y, por tanto, requieren refuerzo. 
A este respecto cabe observar que, mediante la determinación de las reacciones del 
mercado, la metodología puede determinar el impacto general en la protección de los 
consumidores o en otros objetivos de interés público como la salud pública. 
15 
En este contexto, la aplicación de una metodología de evaluación transparente tendría 
efectos positivos'en la protección de los consumidores y de la salud pública por los 
motivos siguientes: 
- Contribuiría, en particular, a identificar las normativas nacionales que ofrecen las 
mejores prácticas en la Comunidad por lo que respecta a la protección de los 
consumidores o a otros objetivos de interés público. Dada la expectativa de todo 
ciudadano de gozar de un alto nivel de protección, tal metodología común facilitará 
la evaluación de los grados divergentes de protección de los consumidores. 
- Contribuirá a la elaboración de iniciativas eficaces en este campo. Por ejemplo, 
mediante la evaluación de la reacción económica en cadena se puede determinar 
< cómo los operadores del mercado reaccionan a una norma concreta, para ver si el 
resultado final es positivo o, por el contrario, contraproducente para los 
consumidores. 
- Facilitará la explicación a las partes interesadas de las iniciativas comunitarias que 
tengan por finalidad promover los objetivos de interés público que afectan a las 
comunicaciones comerciales. 
- Permitirá una mejor recopilación de información en relación, por ejemplo, con la 
investigación y los indicios materiales sobre los riesgos para los consumidores y el 
comportamiento de éstos últimos. 
iv) Facilitar la evaluación 
La metodología de evaluación no es difícil de aplicar puesto que está fundada en el 
análisis de situaciones concretas y reales. Así, el análisis de la reacción económica en 
cadena del mercado que mueve estos servicios se basa en información objetiva de 
fácil obtención. 
v) Permitir la utilización de un instrumento eficiente y flexible 
Allí donde proceda, la Comisión aplicará una metodología de evaluación de la 
proporcionalidad transparente, y recomienda que también las autoridades nacionales 
apliquen una metodología de este tipo. No obstante, la Comisión considera que, en la 
fase actual, no es necesario proponer un instrumento vinculante. La Comisión 
controlará de cerca la eficacia de este modo de proceder y, en función de los 
resultados observados, podría formular propuestas adicionales en el futuro. 
Este instrumento también puede aplicarse a los organismos de autocontrol presentes 
en este ámbito en algunos Estados miembros. La Comisión reconoce los esfuerzos 
realizados por los organismos de autocontrol para instaurar un sistema de tramitación 
de las denuncias transfronterizas que funcione según el principio de control en el país 
de origen aplicado en la Alianza Europea para la Ética en la Publicidad (EASA, 
European Advertising Standards Alliance). La Comisión cree que la autorregulación 
sólo es eficaz si sus códigos de conducta son observados integralmente por todas las 
partes, sus sanciones,tienen un efecto real y, a nivel europeo, trabajan sobre una base 
de reconocimiento mutuo. La Comisión considera que la falta de reconocimiento 
16 
mutuo de algunos regímenes autorreguladores es un claro indicio de que la 
metodología de evaluación de la proporcionalidad debería aplicarse también a los 
códigos deontológicos y de que algunos sistemas nacionales todavía requieren una 
puesta a punto. En cualquier caso, los códigos deben ser compatibles con el Tratado a 
fin de evitar la introducción de barreras al mercado interior a través de la 
autorregulación. 
2) Creación de un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales 
La Comisión creará un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales ("el Grupo 
de Expertos") con cuatro cometidos: 
- facilitar el intercambio de puntos de vista entre la Comisión y los Estados miembros; 
- ayudar a la Comisión a encontrar soluciones a los problemas planteados en el ámbito 
de los servicios de comunicaciones comerciales transfronterizos para: i) permitir la 
aplicación del reconocimiento mutuo, o bien ii) determinar las necesidades concretas 
de armonización; 
- proporcionar datos y facilitar el intercambio de información sobre las medidas 
nacionales relativas a los servicios de comunicaciones comerciales transfronterizos 
para ayudar a la Comisión a: i) instaurar y explotar una base de datos; ii) recopilar 
información a petición expresa de ésta; iii) recopilar información sobre los problemas 
normativos que deben afrontar los Estados miembros con los servicios procedentes de 
terceros países; 
- proporcionar información para el trabajo de los comités establecidos por el Derecho 
derivado de la Comunidad en el terreno de los servicios de comunicaciones 
comerciales transfronterizos. El Grupo de Expertos estará presidido por un 
funcionario de la Comisión. Sus miembros serán dos representantes nombrados por 
cada Estado miembro. La Comisión invitará a los grupos existentes constituidos por 
representantes nacionales de las partes interesadas (de todos los campos, incluidas las 
asociaciones de consumidores) para que presenten sus posturas sobre los temas que se 
estén tratando. El Grupo de Expertos se reunirá periódicamente. La Comisión decidirá 
su orden del día teniendo en cuenta la información que reciba de la red de información 
(véase más adelante) y los problemas planteados por los Estados miembros. Por otra 
parte: 
- cuando proceda, el orden del día de las reuniones del Grupo de Expertos se hará 
público a través de la red de información; 
- el Grupo de Expertos deberá intentar alcanzar un dictamen sobre un punto específico 
en un plazo de seis meses; 
- cuando proceda, su dictamen se pondrá en conocimiento de las partes interesadas a 
través del punto de contacto único de la Comisión (véase más adelante); 
- el trabajo del Grupo de Expertos no irá en perjuicio de la facultad de iniciativa de la 
Comisión ni de su poder discrecional para proponer actos legislativos o iniciar 
procedimientos de infracción en virtud del artículo 169 del Tratado. Además, las 
17 
denuncias hechas a la Comisión en virtud del artículo 169 no se trasladarán al Grupo 
de Expertos; 
- el trabajo del Grupo de Expertos no abarcará, evidentemente, las medidas nacionales 
de transposición de directivas existentes ni se solapará con el trabajo de otros comités 
establecidos en virtud de directivas (por ejemplo, el comité de contacto contemplado 
en la Directiva 89/552/CEE, modificada por la Directiva 97/36/CE relativa a las 
actividades de radiodifusión televisiva); 
- La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre el trabajo y las conclusiones 
del Grupo de Expertos. 
El Grupo de Expertos representa un nuevo instrumento para llevar a la práctica la 
política de la Comisión en este campo, y ofrecerá las ventajas siguientes: 
i) Mayor eficiencia en la resolución de problemas 
El Grupo de Expertos aumentará la posibilidad de resolver los problemas relacionados 
con los servicios de comunicaciones comerciales transfronterizos al: 
- ofrecer un foro de fácil acceso en el que la Comisión y los Estados miembros 
podrán mantener debates constructivos; 
- facilitar la sensibilización de las autoridades nacionales sobre los problemas 
potenciales de una dimensión comunitaria; 
- facilitar los flujos de información informales entre las autoridades nacionales y la 
Comisión; 
- permitir a los servicios de la Comisión disponer de mayor información para evaluar 
las posibilidades de aplicación del reconocimiento mutuo o, cuando ello no resulte 
posible, preparar iniciativas de armonización puntuales. 
El trabajo del Grupo de Expertos no se solapará con la facultad de la Comisión en lo 
relativo a las infracciones contempladas en el artículo 169. La Comisión mantendrá 
plenos poderes para iniciar un procedimiento de infracción o para decidir la 
tramitación de una denuncia. 
ii) Mayor transparencia del proceso de formulación de políticas 
El Grupo de Expertos aumentará claramente la transparencia: 
- Haciendo públicos sus órdenes del día y dictámenes. 
- Permitiendo a las partes interesadas participar en el proceso de formulación de 
políticas. 
- Garantizando que se mantenga al Parlamento plenamente informado y al corriente 
de los hechos nuevos en las políticas en este ámbito. 
18 
De conformidad con la Resolución del Parlamento, se le mantendrá informado de 
cerca sobre el trabajo del Grupo de Expertos. Mantener al Parlamento informado 
de manera directa permitirá implicarlo en este planteamiento, lo que le permitirá, a 
su vez, planificar y documentar con mayor eficiencia sus debates sobre las 
propuestas futuras. 
- Manteniendo a las partes interesadas implicadas en el debate político: 
Las partes interesadas, en particular las asociaciones de consumidores, se 
beneficiarán del Grupo de Expertos porque: 
• accederán a la información en este ámbito con mucha mayor facilidad; 
• podrán presentar comentarios por escrito; 
• se sentirán incitados a coordinar sus dictámenes a nivel comunitario en la 
medida de lo posible. 
- Evitando la polarización del debate político: 
Se evitará la polarización de los debates sobre la política en este ámbito al permitir 
a una amplia variedad de partes interesadas tenga acceso a las conclusiones del 
Grupo de Expertos. 
19 
3) Instauración de un punto de contacto y de una red de información sobre 
comunicaciones comerciales 
La Comisión instaurará un punto de contacto único en la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios Financieros que trabajará en estrecha cooperación con 
las demás Direcciones Generales pertinentes. Su función será la siguiente: 
- atender las solicitudes de información sobre la política de la Comisión en este 
campo; 
- recopilar información principalmente sobre los problemas y las denuncias en 
relación con el funcionamiento efectivo del mercado interior en este ámbito. 
Evidentemente, las denuncias oficiales (procedimientos conforme al artículo 169) 
se enviarán a la Secretaría General de la Comisión para su registro. Las denuncias 
en relación con directivas existentes se trasladarán a los servicios de la Comisión 
encargados de su transposición y gestión; 
- mantener la comunicación entre la Comisión, el Parlamento y los Estados 
miembros. 
A fin de asegurar un mejor flujo de información, el punto de contacto único también 
contará con la colaboración estrecha y la participación plena de otros servicios de la 
Comisión. 
Como complemento del actual boletín informativo Comunicaciones Comerciales, la 
Comisión creará un sitio Internet cuyo objetivo será: 
- informar sobre el trabajo del Grupo de Expertos (programa de trabajo, dictámenes, 
seguimiento, etc.) 
- dar acceso a la base de datos sobre la normativa europea en materia de 
comunicaciones comerciales (véase más adelante). 
Estas acciones reportarán una serie de ventajas: 
- las partes interesadas se beneficiarán del sitio Internet porque tendrán la posibilidad 
de dar a conocer sus puntos de vista directamente a la Comisión y a los Estados 
miembros; 
- a diferencia de las audiencias públicas formales, que limitan la participación en los 
debates a un número selecto de participantes, la red permitirá llegar a un número de 
partes interesadas mucho mayor, y también les permitirá a éstas aportar 
información completa al proceso de formulación de políticas; 
- el sitio Internet permitirá a la Comisión difundir información sobre su política en 
este terreno a numerosas partes interesadas; 
- el punto de contacto facilitará la recopilación de información y contribuirá a la 
coordinación de las políticas en este terreno. 
20 
4) Creación de una base de datos sobre comunicaciones comerciales 
La Comisión instaurará una base de datos sobre las normativas nacionales y 
comunitarias y sobre los códigos deontológicos existentes en este campo. 
Esta iniciativa responde a la petición de un acceso más fácil a las normas nacionales y 
europeas. La Comisión cree que esta base de datos debería construirse sobre la base de 
la información intercambiada entre la Comisión, las autoridades nacionales y los 
organismos de autocontrol. La base de datos será accesible a través del sitio Internet 
sobre las comunicaciones comerciales. Se logrará así que las partes interesadas 
reciban la información legislativa disponible más actualizada de aquellos que tienen 
competencia para aplicar las normas pertinentes. 
5) Aceleración de la tramitación de denuncias 
De acuerdo con su objetivo 
infraccion, 
tambien en general 
la Comisión se esforzará 
este ámbito. de 
por agilizar la tramitacion de los casos de 
acelerar la resolution de las denuncias 
La Comisión considera que el punto de contacto, la red de información y la 
metodología de evaluación de la proporcionalidad deberían tener por consecuencia 
una tramitación más rápida de las denuncias y, por tanto, resultar de gran utilidad para 
el sector y los usuarios, así como para los consumidores que son receptores de tales 
servicios. En efecto, todas estas medidas aumentarán considerablemente la 
transparencia de las diligencias, con lo cual- los denunciantes, las autoridades 
legislativas nacionales y los servicios de la Comisión participantes podrán trabajar de 
forma más eficaz y rápida. Naturalmente, ello no irá en detrimento de la 
confidencialidad de los procedimientos entre la Comisión y los Estados miembros 
afectados por lo que se refiere a las posibles soluciones a un procedimiento de 
infracción. El análisis de las medidas requiere el mayor volumen posible de 
información precisa y objetiva, lo que será más fácil de conseguir mediante el 
presente enfoque. 
6) Creación de una red de expertos 
La Comisión alentará la creación de una red de expertos independientes interesados en 
los diferentes aspectos del sector de las comunicaciones comerciales, encargada de 
asistirla en su trabajo y en el del Grupo de Expertos. La red de expertos emitirá 
dictámenes a petición de los servicios de la Comisión. 
Habida cuenta de la necesidad de evaluar la proporcionalidad frente a los objetivos de 
interés público pertinentes, podría hacerse necesario recurrir, en determinados casos, a 
la ayuda de expertos de reconocido prestigio que representen a todos los diferentes 
intereses afectados. A fin de no limitar el número de expertos, la Comisión utilizará 
las nuevas posibilidades de Internet para organizar el trabajo y la comunicación en el 
seno de esta red. 
21 
7) Fomento de la cooperación internacional 
La Comisión se asegurará de la promoción de la política de la UE en este ámbito en 
los foros internacionales y, para facilitar los servicios de comunicaciones comerciales 
transfronterizos a escala mundial, promoverá los principios de este planteamiento en 
los debates internacionales. 
Los principios de este planteamiento, en particular el objetivo de seguir mejorando el 
análisis de la proporcionalidad y la coherencia de la normativa en este campo, ya han 
sido acogidos favorablemente por nuestros principales socios comerciales y por 
muchos operadores económicos. Dado que el advenimiento de la Sociedad de la 
Información conduce a la mundialización de los servicios de comunicaciones 
comerciales, es probable que también aumenten los problemas transfronterizos con 
tales servicios de terceros países. Es, por tanto, necesario encontrar soluciones 
internacionales para lograr una protección más eficaz de los objetivos de interés 
público cuando aumentan los intercambios comerciales de carácter transfronterizo. El 
marco legislativo que regula el mercado interior supone un buen punto de partida para 
alcanzar tales soluciones, por lo cual la Comunidad debería participar en los debates 
internacionales sobre estos asuntos. 
8) Aclaración de las cuestiones relativas al comercio electrónico 
La Comisión está examinando los problemas jurídicos concretos que se producen con 
la utilización de los servicios de comunicaciones comerciales transfronterizos en la 
Sociedad de la Información, y propondrá su posible aclaración en el contexto de una 
propuesta sobre el comercio electrónico y los servicios de la Sociedad de la 
Información que lleva asociados. 
Los beneficios generados con los servicios de comunicaciones comerciales 
representan una de las principales fuentes de financiación de los servicios de la 
Sociedad de la Información. Es necesario promover esta forma de financiación para 
garantizar que la difusión de información de elevada calidad vaya en aumento y siga 
facilitándose con carácter gratuito. Ya hay indicios de que los servicios de 
comunicaciones comerciales transfronterizos en Internet sufren inseguridad y barreras 
jurídicas. Cabe citar como ejemplos la pregunta de si los sitios Internet deben o no 
considerarse como publicidad o puntos de venta, las disposiciones en materia de 
transparencia que varían de un Estado miembro a otro, y las restricciones nacionales 
diferentes a la publicidad de las profesiones liberales, que podrían obstaculizar la 
expansión de sus servicios de información en línea. Asimismo, es necesario abordar 
otras cuestiones complejas, como las relacionadas con los derechos de propiedad 
intelectual, así como con los nombres de dominio y las marcas. Por otra parte, en lo 
que respecta a las nuevas propuestas nacionales sobre normas relativas a los servicios 
de información comercial en línea, su compatibilidad con el Tratado se evaluará 
mediante la aplicación de la actual propuesta de tercera modificación de la Directiva 
83/189/CEE, referente a la transparencia reglamentaria en el mercado interior de 
servicios de la Sociedad de la Información, respecto a la cual el Consejo llegó a una 
posición común el 26 de enero de 1998. 
22 
9) Información al Parlamento 
La Comisión informará al Parlamento Europeo sobre la aplicación de este 
planteamiento. La información incluirá una evaluación del trabajo realizado y una 
actualización del programa de trabajo. 
En su Resolución, el Parlamento solicitaba explícitamente que se le mantuviera 
informado, al pedir a la Comisión que garantizara la plena transparencia de los 
trabajos del Grupo de Expertos y comunicara sus resultados al Parlamento Europeo. 
Con su propuesta, el Parlamento quería expresar su deseo de que este planteamiento 
dé lugar a resultados rápidos y, cuando proceda, adaptarlo a la luz de este 
seguimiento. Dado el número significativo objetivos de interés público de gran 
importancia (como la protección de los consumidores y la protección de la salud 
pública) que se persiguen en este ámbito, es fundamental implicar activamente al 
Parlamento en el desarrollo de este planteamiento. 
4, Temas de trabajo prioritarios para el Grupo de Expertos 
De conformidad con la información y las respuestas recibidas durante la fase de 
consulta sobre el Libro Verde, y a fin de asegurar que su política genere resultados 
rápidos y eficientes, la Comisión fijará las prioridades de su trabajo. Durante los dos 
años siguientes a la adopción de la presente Comunicación, la Comisión pedirá al 
Grupo de Expertos que examine los problemas surgidos en las comunicaciones 
comerciales transfronterizas y los objetivos, niveles y medios de protección de los 
objetivos de interés público de las correspondientes normativas nacionales divergentes 
en los ámbitos siguientes: 
1) Protección de menores 
En el terreno de la publicidad televisiva, la Comisión ya ha emprendido una 
armonización mínima respecto de la publicidad dirigida a los menores (Directiva 
89/552/CEE, modificada por la Directiva 97/36/CE). No obstante, se han planteado 
otros problemas más en el contexto de la publicidad dirigida a los menores. El 
Parlamento Europeo pide en su Resolución una evaluación más detallada de los 
efectos de las comunicaciones comerciales sobre la infancia. También se alude a este 
aspecto en cierto número de otras reacciones al Libro Verde. 
Las asociaciones de consumidores y los organismos de salud pública piden la 
armonización de la disposiciones reglamentarias y, en algunos ámbitos, una mayor 
protección por lo que respecta a las comunicaciones comerciales dirigidas a los 
menores. 
Los operadores se quejan de determinadas restricciones nacionales que obstaculizan 
los servicios transfronterizos alegando la protección de menores. 
Los puntos señalados como más problemáticos y de estudio necesario son: 
- las normativas nacionales divergentes sobre el patrocinio de los programas 
educativos; 
23 
- las normativas nacionales divergentes sobre el marketing directo dirigido a un 
público infantil; 
- las normativas sobre la publicidad en televisión dirigida a los menores (juguetes, 
chucherías, golosinas) en la medida en que estos aspectos no estén contemplados 
en la Directiva 89/552/CEE, modificada por la Directiva 97/36/CE o en el trabajo 
del comité de contacto; 
- las normativas nacionales divergentes sobre el patrocinio de acontecimientos 
deportivos por marcas asociadas con productos destinados a la infancia o que 
pueden tener efectos nocivos para la salud pública. 
2) Legislación sobre competencia desleal y asuntos análogos 
Este punto fue planteado por el Parlamento Europeo, que pidió un marco legislativo 
que contemple métodos comerciales desleales. 
También algunas asociaciones de consumidores manifestaron la necesidad de una 
armonización legislativa en relación con las prácticas comerciales desleales. Este 
punto es particularmente importante en vista del crecimiento del comercio electrónico. 
Las asociaciones de consumidores deseaban asimismo que se prohibieran los sistemas 
fraudulentos y las técnicas de venta en pirámide. 
Los operadores señalaron las importantes variaciones en las legislaciones nacionales 
por lo que respecta a los descuentos, los regalos y los concursos, que obstaculizan 
efectivamente el desarrollo de las campañas publicitarias transfronterizas. También 
indicaron que las técnicas de comercialización multinivel (es decir, la promoción y 
venta de productos a través de redes de distribuidores independientes no asalariados) 
podrían experimentar un auge como consecuencia de la posibilidad de comunicar en 
red a agentes independientes en todo el mundo. 
Más concretamente, se abordarán los problemas siguientes: 
- las normativas nacionales divergentes sobre descuentos; 
- las normativas nacionales divergentes sobre promoción con cupones; 
- las normativas nacionales divergentes sobre ofertas gratuitas y obsequios; 
- las normativas nacionales divergentes sobre concursos con premios, las loterías 
comerciales y los sorteos; 
- las normativas nacionales divergentes sobre la comercialización multinivel y la 
venta en pirámide. 
3) Patrocinio 
Al tiempo que reconocía que algunos aspectos del patrocinio televisivo ya han sido 
objeto de armonización con la Directiva 89/552/CEE, modificada por la*Directiva 
24 
97/3 6/CE, el Parlamento Europeo pidió el examen de las diferentes normativas 
nacionales sobre patrocinio no contempladas por esta directiva y sobre mecenazgo. 
Una serie de partes interesadas señalaron las diferencias en la definición de 
patrocinio, o incluso la ausencia de definición (con lo cual el patrocinio se trata como 
si fuera idéntico a la publicidad), a efectos normativos en los Estados miembros. 
Denunciaban la inseguridad jurídica que ello provoca. Del mismo modo, algunas 
partes también señalaron que las normas sobre el patrocinio televisivo varían mucho 
de un país a otro. 
Se abordarán los problemas siguientes: 
- las normativas nacionales divergentes sobre los servicios de patrocinio 
relacionados con productos particulares 
- las normativas nacionales divergentes sobre el patrocinio y el mecenazgo que 
limiten el desarrollo de los servicios transfronterizos en este ámbito 
- las normativas nacionales divergentes sobre el patrocinio en televisión cuando se 
refieran a aspectos no contemplados en la Directiva 89/552/CEE, modificada por la 
Directiva 97/36/CE o en el trabajo del comité de contacto. 
4) Afirmaciones publicitarias y publicidad engañosa 
El Libro Verde observaba que la Directiva 84/450/CEE ya ha armonizado la 
publicidad engañosa y, más recientemente, la publicidad comparativa. No obstante, se 
han recibido peticiones para que también se emprendan acciones en lo que respecta a 
las afirmaciones publicitarias. 
Las asociaciones de consumidores y los organismos de salud pública desean normas 
armonizadas más estrictas para controlar a nivel europeo el recurso a determinadas 
afirmaciones sobre las propiedades saludables o nutritivas de los productos. Las 
organizaciones de consumidores señalaron que subsisten diferencias entre los Estados 
miembros en la interpretación de lo que constituye publicidad engañosa. Indicaron 
que ello plantea grandes dificultades en la tramitación de las reclamaciones 
transfronterizas. 
Los operadores criticaron las divergencias en las restricciones nacionales a los 
requisitos para los envases y embalajes que vayan más allá de lo exigido por la 
legislación sobre etiquetado. Éstos no sólo se refieren a la "información sobre el 
producto" (es decir, afirmaciones sobre sus propiedades) sino también la utilización 
de marcas (algunos Estados miembros tienen restricciones sobre la diversification de 
marca para las marcas asociadas a determinadas categorías de productos), y la 
utilización de grafías protegidas por licencia. 
Se abordarán los problemas siguientes: 
- aspectos específicos en que la divergencia de legislaciones nacionales da lugar a 
divergencia de interpretaciones del término "engañoso". Esto crea una evidente 
25 
incertidumbre jurídica para los servicios de comunicaciones comerciales 
trasfronterizos y sus receptores; 
- normativas nacional divergentes sobre las "afirmaciones" hechas respecto de los 
productos o servicios y no contempladas en la legislación o en los requisitos de 
etiquetado; 
- normativas nacionales divergentes sobre la diversificación de marca en relación 
con productos o servicios particulares. 
5) Vías de recurso 
La Comisión ya ha propuesto mejorar el acceso a la justicia con su propuesta 
modificada de directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los 
intereses de los consumidores (Posición común del Consejo n° CE 48/97). 
Al tiempo que acogían favorablemente esta acción, las asociaciones de consumidores 
pidieron mejoras en las vías de recurso transfronterizo judiciales y extrajudiciales 
frente a los servicios de comunicaciones comerciales engañosos y fraudulentos. 
Se abordará el aspecto siguiente: 
- el Grupo de Expertos examinará en qué modo los actuales mecanismos de recurso 
y resolución de litigios (incluidos los utilizados por los organismos de autocontrol) 
pueden mejorarse en un entorno transfronterizo. 
6) Aplicación de la metodología de evaluación de la proporcionalidad a nivel 
nacional 
Algunas autoridades nacionales han indicado a la Comisión su apoyo a la aplicación 
de la metodología de evaluación. La Comisión recomendaría que esta metodología 
fuera aplicada por las autoridades responsables a nivel nacional. 
En este contexto, se invitará a los miembros del Grupo de Expertos a indicar: 
- cómo aplican el principio de proporcionalidad (aspectos organizativos), 
- en qué medida aplican la metodología de la Comisión y, en caso de no hacerlo, si 
estarían dispuestos a adoptar esta metodología. 
26 
Anexo 1. Resumen de las propuestas hechas en el Libro Verde sobre las 
comunicaciones comerciales en el mercado interior 
1. Definiciones y alcance 
El Libro Verde define las comunicaciones comerciales como: "Todo tipo de 
comunicación que tenga como finalidad la promoción de los productos, los servicios 
o la imagen de una empresa u organización entre los consumidores finales o los 
distribuidores." Esto comprende todo tipo de publicidad, marketing directo, 
patrocinio, promoción de ventas y relaciones públicas, así como la utilización de 
dichos servicios por parte de las industrias de bienes y servicios y los organismos 
estatales y semiestatales. 
2. La metodología de evaluación 
El Libro Verde explica las acciones comunitarias que podría exigir el incremento 
previsible de los servicios de comunicación comercial transfronterizos. Es probable 
que se produzcan restricciones a los servicios transfronterizos, así como problemas en 
la protección eficaz de los objetivos de interés público, al aplicar los Estados 
miembros disposiciones legales divergeâtes a los servicios procedentes del exterior. 
Con las comunicaciones comerciales este problema se planteará de forma particular, 
dada la disparidad de objetivos de interés público que persiguen las normativas de los 
Estados miembros. 
Esta es la conclusión a la que lleva el análisis de las legislaciones nacionales que se 
ofrece en el Libro Verde. Este análisis no sólo pone de manifiesto las notables 
diferencias normativas que existen de un país a otro, sino también que la 
compatibilidad con la legislación comunitaria de las restricciones transfronterizas que 
resultan de estas diferencias depende básicamente del cumplimiento del principio de 
proporcionalidad (es decir, de que la medida guarde proporción con el objetivo de 
interés público perseguido). La legislación nacional aplicable en materia de 
comunicaciones comerciales persigue importantes objetivos de interés público como 
la protección de los consumidores, la protección de menores, la protección de la salud 
pública, la protección del pluralismo, etc. El Libro Verde examina en qué modo una 
medida comunitaria que persigue un objetivo de interés público puede tener 
repercusiones en una serie de otros objetivos de interés público, y la consiguiente 
necesidad de velar por la coherencia del marco comunitario. Una evaluación 
cuidadosa de la proporcionalidad se considera, pues, fundamental en este terreno. 
La metodología no constituye un test automático para evaluar la proporcionalidad, que 
se deja en manos de la autoridad competente. Tampoco es un análisis de la relación 
coste-beneficio ni un análisis matemático para cuantificar el valor de los objetivos de 
interés público. Sólo supone un medio para garantizar que tales evaluaciones se basen 
en una revisión completa de los efectos de la medida de que se trate. A este respecto, 
27 
la metodología no sustituye los criterios desarrollados por el Tribunal, sino que más 
bien pretende ayudar en su aplicación. 
Tal como se precisa en el Libro Verde, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia la evaluación de la proporcionalidad requiere, en primer lugar, que se 
verifique la adecuación de la medida nacional restrictiva frente al objetivo perseguido, 
es decir, si garantiza el logro de la finalidad pretendida; segundo, que se compruebe 
si la medida nacional restrictiva se circunscribe a lo estrictamente necesario para 
lograr dicho objetivo o, en otras palabras, que no se pueda alcanzar el mismo 
resultado con medidas menos restrictivas. 
Puesto que hasta la fecha la jurisprudencia del Tribunal no ha proporcionado 
elementos precisos que permitan evaluar la proporcionalidad de las medidas 
nacionales o comunitarias, en el Libro Verde la Comisión propone una metodología 
que, en caso necesario, contribuiría a un análisis más sistemático y mejor 
documentado. A su modo de ver, esta metodología ayudará a apreciar la 
proporcionalidad y la coherencia de las medidas nacionales o comunitarias en este 
campo. 
La metodología toma su punto de partida en la jurisprudencia del Tribunal y en un 
análisis del mercado comunitario de los servicios de comunicación comercial, sobre 
todo en lo tocante al modo en que estos servicios repercuten en objetivos de interés 
público como la protección de los consumidores y la salud pública. 
Se trata de un procedimiento en dos etapas: 
Primera etapa (repaso analítico): 
El objetivo de la primera etapa no consistía en realizar la prueba de proporcionalidad 
propiamente dicha sino en presentar un panorama completo de las repercusiones de la 
medida. La finalidad no era identificar las restricciones sino esbozar una visión 
objetiva de todos los posibles efectos de una medida concreta en las actividades que la 
medida pretende regular, y también en los objetivos de interés público. El primer paso 
comprende la definición de las características de (i) la medida nacional que restringe 
la libre prestación de servicios, o bien de (ii) la medida de armonización propuesta por 
la Comisión. A este fin, se propone aplicar cinco criterios. Criterio de evaluación A: 
¿qué reacción en cadena podría provocar la medida? Se trata de estudiar en qué modo 
los operadores económicos afectados modificarían sus estrategias comerciales en 
reacción a la medida examinada o propuesta, para determinar su repercusión general 
para los consumidores que debe proteger. Criterio de evaluación B: ¿cuáles son los 
objetivos de interés público que motivan la medida? Criterio de evaluación C: 
¿guarda la medida relación con el objetivo de interés público invocado? Criterio de 
evaluación D: ¿afecta la medida o otros objetivos de interés público? Criterio de 
evaluación E: ¿cuál es el grado de eficiencia de la medida para lograr el objetivo de 
interés público invocado? 
28 
Segunda etapa (evaluación jurídica): 
Partiendo de este repaso y de la información objetiva que proporciona, la segunda 
etapa consiste en determinar de manera global: en el caso de una medida nacional, su 
proporcionalidad, o, en el caso de una medida comunitaria, que sea lo más 
proporcional posible teniendo en cuenta la totalidad de los objetivos del Tratado, así 
como su coherencia con otras medidas comunitarias. Una vez conocidas estas 
características básicas de la medida, los cinco criterios antes mencionados ayudarán a 
la autoridad competente a evaluar mejor su proporcionalidad y coherencia. 
3. Mejora de la coordinación y de la información a escala europea 
En el Libro Verde la Comisión propone la creación de un Grupo de Expertos 
encargado de examinar los problemas relacionados con las comunicaciones 
comerciales. Los debates de este Grupo de Expertos habrán de basarse en la 
metodología de evaluación. El Grupo de Expertos tendrá por cometido el 
establecimiento de un diálogo constructivo entre la Comisión, los Estados miembros y 
las partes interesadas. Permitirá llegar a un acuerdo sobre la aplicación del 
reconocimiento mutuo mediante soluciones consensuadas entre la Comisión y los 
Estados miembros , sin necesidad de recurrir excesivamente al conflictivo 
procedimiento de infracción. Allí donde no sea posible el reconocimiento mutuo, 
representa una manera nueva, rápida y precisa de detectar los problemas concretos que 
requieren armonización. Se evitarán así las iniciativas de armonización de vasto 
alcance. 
El Grupo de Expertos debe funcionar asimismo como foro de cooperación 
administrativa, sobre todo para el intercambio de información sobre los últimos 
progresos que la Sociedad de la Información registra en este ámbito. Por esta razón, y 
dado el carácter global de la Sociedad de la Información, se propone que el Grupo de 
Expertos estudie la forma de promover a nivel internacional el planteamiento 
comunitario de las comunicaciones comerciales. 
Por lo que respecta a la naturaleza del Grupo de Expertos, la Comisión propone que 
sea convocado en función de los problemas surgidos. Los problemas debatidos serán 
presentados por la Comisión. El Grupo de Expertos estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros que podrán contar con la asistencia de 
representantes de sus organismos de autocontrol cuando el tema debatido sea de su 
ámbito de competencia. 
A fin de canalizar correctamente el trabajo de la Comisión y basarlo en la información 
precisa, y para garantizar que el Grupo de Expertos centre su atención en los 
problemas básicos que afectan a los "receptores", "proveedores", "usuarios" y 
"transmisores" de comunicaciones comerciales, la Comisión presenta dos propuestas 
para mejorar la difusión de la información y la comunicación con las partes 
29 
interesadas. La primera consiste en instaurar un punto de contacto único encargado de 
proporcionar y recopilar información sobre los asuntos normativos que afectan a estos 
servicios. La segunda se refiere a una red de información en línea que permita a las 
partes interesadas tener acceso directo al trabajo de la Comisión y del Grupo de 
Expertos y que complemente el actual boletín sobre las comunicaciones comerciales1. 
4. Ámbitos de la legislación sobre comunicaciones comerciales que requieren 
atención prioritaria 
Las Partes I, II y III del Libro Verde invitan a presentar comentarios sobre los 
objetivos de la Comunidad en este terreno y sobre los ámbitos que la Comisión ha 
reconocido como problemáticos a raíz de la encuesta que precedió a la elaboración 
del texto. 
1 Comunicaciones Comerciales es una publicación bimestral distribuida entre 5 000 partes 
interesadas en este campo, con inclusión de diputados del Parlamento Europeo y administraciones 
nacionales. Las peticiones de información sobre este boletín pueden dirigirse al director (fax(00 
44) 1 273 772727 o correo electrónico: asi@dial.pipex.com). 
30 
Anexo 2. Resumen de las respuestas recibidas al Libro Verde sobre las 
comunicaciones comerciales en el mercado interior 
1. Definiciones y ámbito 
Parlamento Europeo 
En su Resolución, el Parlamento pedía que se delimitara el ámbito de lo que se 
entiende por comunicaciones comerciales y el concepto de prestador de servicios. 
También proponía que este ámbito de aplicación se hiciera extensivo a los envases y 
embalajes, y pedía a la Comisión que analizara los obstáculos que se oponen a la 
utilización de comunicaciones comerciales en los envases y embalajes2. 
Comité Económico y Social 
El Comité no presentó objeciones al ámbito de aplicación del Libro Verde pero 
insistió en que los servicios de comunicaciones comerciales utilizados o prestados por 
organismos caritativos y organizaciones sin ánimo de lucro se incluyeran en la 
definición dada la importante función que estos servicios tienen para las actividades 
de estas organizaciones. 
Estados miembros 
Ningún Estado miembro presentó objeciones a la definición de comunicaciones 
comerciales presentada en el Libro Verde. 
Por ejemplo, las promociones, los cheques de descuento comercial o los concursos que figuran en 
el embalaje del producto. 
31 
Partes interesadas3 
Algunos usuarios de comunicaciones comerciales (por ejemplo, anunciantes) y 
asociaciones de consumidores criticaron la definición por no incluir las 
comunicaciones comerciales sobre los envases y embalajes, estrechamente asociadas a 
otros servicios de comunicación enumerados en la definición. Se observó que las 
comunicaciones comerciales sobre los envases y embalajes estaban directamente 
asociadas a las estrategias de marcas. Las asociaciones de consumidores señalaron que 
las afirmaciones publicitarias y promociones sobre los envases y embalajes atraen la 
atención del consumidor y, por consiguiente, deben ser objeto de la correspondiente 
regulación. 
Además, algunas asociaciones de consumidores ponían en tela de juicio la totalidad de 
la política mediante dos líneas de razonamiento. En primer lugar, sostenían que, al no 
ser las comunicaciones comerciales un servicio prestado a petición de los 
consumidores, tampoco podían considerarse como servicios en virtud de lo dispuesto 
por el Tratado. Segundo, sostenían que la jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Justicia indicaba que las restricciones a los "métodos de venta" sólo debían analizarse 
a la luz de las disposiciones del Tratado CE sobre la libre circulación cuando su 
aplicación fuera discriminatoria. 
2. La metodología de evaluación 
Parlamento Europeo 
La Resolución del Parlamento manifestaba su claro apoyo a la metodología propuesta 
con las siguientes palabras: 
"Apoya el enfoque propuesto en el Libro Verde consistente en evaluar la 
proporcionalidad de las medidas restrictivas con respecto al objetivo que persiguen, 
pues ello permitirá al mismo tiempo asegurar el buen funcionamiento del espacio sin 
fronteras y garantizar una mejor protección de los objetivos de interés general como 
son la protección de los consumidores, la protección de la salud pública, la 
protección de la propiedad intelectual y comercial y la protección de la vida 
privada ". 
El Parlamento presentó una serie de sugerencias para su aplicación, concretamente: 
- " Pide a la Comisión que dé a conocer [en la presente Comunicación] la definición 
de una metodología de evaluación de la proporcionalidad que incluya límites 
3 Los cinco grupos de interés son "receptores" (es decir, todas las formas de asociaciones de 
consumidores y de salud pública), "usuarios" (por ejemplo, anunciantes), "proveedores" (por 
ejemplo, agencias de publicidad o de marketing directo), "transmisores" (por ejemplo, medios de 
comunicación u organizadores de acontecimientos deportivos) y organismos "autorreguladores", 
que eran los cinco grupos destinatarios de las encuestas preparatorias realizadas por la Comisión 
antes de elaborar el Libro Verde. 
32 
temporales estrictos para las decisiones, se base en la jurisprudencia existente y 
explique cómo puede aplicarse dicha metodología a la legislación existente de 
ámbito nacional y comunitario a los códigos de autorregulación y a las nuevas 
propuestas legislativas" 
- y que se evalúe la proporcionalidad con un criterio "fundado en: a) la necesidad de 
combinar los objetivos de apertura del mercado con la preservación y mejora de 
altos niveles estándar; b) la necesidad de una combinación adecuada de legislación 
y autorregulación que refleje las diferencias culturales entre los Estados 
miembros." 
Comité Económico y Social 
El Comité Económico y Social consideró que el examen de las posibles reacciones en 
cadena (criterio A) es una parte importante del proceso de evaluación propuesto, y 
emitió una opinión favorable sobre la utilidad de la metodología propuesta y el 
análisis en que se basaba, tal como se describe en el documento de trabajo distribuido 
junto con el Libro Verde4. 
De una manera más general, el Comité señaló en sus conclusiones que: 
"... la introducción de este tipo de metodología permitiría disponer de un 
procedimiento de evaluación global y común que reduciría la ambigüedad y la 
incertidumbre que prevalece en su ausencia. " 
Al tiempo que señalaba la necesidad de evitar todo recorte en la protección de los 
consumidores, así como cualquier ayuda no equitativa a las empresas multinacionales, 
el Comité consideraba que: 
"... la metodología puede servir al mismo tiempo para reforzar la protección del 
consumidor y favorecer la armonización de las prácticas seguidas en las 
comunicaciones comerciales. Esto debería contribuir además a establecer una 
competencia más abierta entre las empresas creadoras y proveedoras de 
comunicaciones comerciales. " 
Estados miembros 
Nueve Estados miembros presentaron comentarios a esta propuesta. Pueden dividirse 
a grandes rasgos en dos campos, los que están a favor y los que son totalmente 
contrarios a la metodología por principio. 
Dos de los ocho Estados miembros dieron su pleno apoyo a la metodología. Citamos 
uno de ellos: 
"... confirma, de manera analítica, el punto de vista de los miembros del Comité con experiencia 
en la producción y comercialización de bienes y servicios y también de aquellos que han 
examinado las perspectivas desde el punto de vista del consumidor". 
33 
"El Gobierno no tiene objeciones a la metodología propuesta por la Comisión para 
la evaluación uniforme de las medidas, incluidas las comunitarias. La metodología 
plasma de forma tangible, en el ámbito de las comunicaciones comerciales, los 
principios que también subyacen a [su] legislación. " 
Un tercer Estado miembro se mostraba a favor, pero consideraba que hacía falta un 
mayor grado de consulta para que fuera lo más transparente y eficiente posible. El 
cuarto sugería que la metodología se centrara menos en el objetivo de política del 
mercado interior. Otros dos Estados miembros pensaban que la metodología podría 
ser de utilidad, pero proponían que la reacción económica en cadena incluyera más 
detalles sobre las repercusiones para los consumidores. El siguiente pensaba que la 
metodología no podría tener un carácter vinculante puesto que sólo cabía remitirse a 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mientras que un octavo Estado miembro, sin 
formular objeciones de principio, consideraba que el sistema de tramitación de 
infracciones era suficientemente eficaz y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
permitía tratar los problemas señalados. 
Sólo un Estado miembro se mostraba contrario a la metodología de evaluación de la 
proporcionalidad por principio. Consideraba la metodología propuesta demasiado 
vaga y poco práctica en su aplicación5. Además, no juzgaba necesario aplicar en este 
ámbito el control en el país de origen. 
Partes interesadas 
Se recibieron cuatro tipos de observaciones por lo que respecta a la metodología 
propuesta para evaluar la proporcionalidad. Pueden resumirse de la manera siguiente: 
Es necesario reforzar y dar carácter obligatorio a la metodología de evaluación, 
puesto que los resultados de su aplicación no son ni política ni jurídicamente 
vinculantes. 
Las respuestas procedentes de todo el espectro de partes interesadas, que 
generalmente se mostraban a favor de la metodología, indicaban que deseaban 
reforzar su aplicación y su estatuto jurídico. Se presentaron, en particular, cuatro 
sugerencias: 
- La metodología de evaluación debería aplicarse obligatoriamente a todas las 
decisiones tomadas por la Comisión en este campo (es decir, al examinar 
restricciones nacionales y preparar iniciativas de armonización). 
Declaraba lo siguiente: 
"No permitirá realizar un resumen de todos los posibles efectos de una medida en el mercado. Es 
dudoso que el análisis de la reacción en cadena resulta realista, de aplicación viable o de utilidad 
alguna. Será muy difícil identificar y definir el objetivo específico de la medida. También será 
difícil identificar y evaluar los efectos secundarios negativos de la medida. " 
34 
- Los Estados miembros deberían estar obligados a notificar toda nueva medida que 
afecte a estos servicios, y estas medidas deberían estar sujetas a la metodología de 
evaluación antes de ser adoptadas. 
- La Comisión debería fomentar los códigos deontológicos, y éstos también deberían 
estar sujetos a la metodología de evaluación. 
- La metodología de evaluación debería aplicarse de manera eficiente a fin de no 
prolongar todavía más los ya dilatados procedimientos de infracción. En particular, 
sç sugería que la Comisión, con la adopción de esta metodología, se 
comprometiera a tramitar en plazos más breves las denuncias de infracción en 
virtud del artículo 169 del Tratado. 
La metodología de evaluación está regida por el mercado y no tiene en cuenta los 
intereses de los destinatarios de los servicios de comunicaciones comerciales. 
Esta crítica fue hecha por la gran mayoría de las respuestas procedentes de las 
asociaciones de consumidores y de los grupos de interés de salud pública. En esencia, 
consideraban que el criterio A sobre las reacciones económicas en cadena se orienta 
del lado de la oferta y, por tanto, no tiene en cuenta las necesidades de los 
destinatarios de las comunicaciones comerciales en sus diferentes formas. Se indicaba 
asimismo que, al proponer esta evaluación, la Comisión tendía a pasar por alto el 
hecho comprobado de que los receptores pueden sufrir perjuicio por ciertas formas o 
tipos de servicios comerciales. 
La metodología de evaluación no es pertinente, puesto que el énfasis debería residir 
más en la subsidiariedad que en la proporcionalidad. 
La proporcionalidad de una restricción no se consideraba importante entre algunas 
partes interesadas. Éstas argumentaban que, debido a que las comunicaciones 
comerciales son sensibles a las circunstancias culturales, no se les puede aplicar el 
mismo enfoque que a otros servicios sino que deben tener en cuenta las sensibilidades 
nacionales tal como se reflejan en las legislaciones nacionales existentes. Este punto 
de vista fue defendido por algunos grupos de interés, algunos profesionales de la 
publicidad (en su mayor parte de dimensión nacional) y organismos de autocontrol. 
La propuesta hecha fue que, antes de considerar la proporcionalidad, debería 
emplearse el principio de subsidiariedad para excluir de alguna manera las 
comunicaciones comerciales de las competencias de la Comisión en su actuación 
actual y futura. El alcance de esta exclusión variaba de una respuesta a otra. El más 
extremo era la exclusión total propuesta por algunas organizaciones de consumidores. 
Se citaron a menudo aspectos como la imagen de la mujer, la utilización del desnudo 
en la publicidad, etc. 
La metodología de evaluación es imposible de aplicar y, por tanto, sería mucho más 
útil que la Comisión propusiera directrices generales y se dedicara a armonizar 
basándose en estas directrices. 
35 
Una minoría de respuestas entre todos los grupos de interés consideraba que la 
evaluación y aplicación de la reacción en cadena era excesivamente compleja y que 
resultaría mucho más sencillo elaborar unas directrices comunes6. 
3. Mejor coordinación e información a nivel europeo 
Parlamento Europeo 
El Parlamento votó por amplia mayoría a favor del Grupo de Expertos e insistió en 
que éste debía ser reforzado. Pedía el establecimiento de un comité tripartito 
compuesto por un igual número de representantes de los Estados miembros, de la 
industria y de las organizaciones de consumidores, y solicitó ser consultado sobre su 
reglamento interno. 
El Parlamento también pidió a la Comisión que garantizara la plena transparencia de 
sus procedimientos y velara por que el Grupo de Expertos: 
"... lleve a cabo consultas detalladas con las partes que presenten reclamaciones, se 
reúna con regularidad, funcione ajustándose estrictamente a los plazos, publique sus 
resultados y examine todas las reclamaciones expuestas ante la Comisión [e] informe 
al Parlamento Europeo. " 
Por lo que respecta al punto de contacto y a la red de información, el Parlamento 
pidió, como primera prioridad, que el punto de contacto le proporcionara un 
compendio y un análisis de los códigos de autorregulación vigentes en los Estados 
miembros. 
Comité Económico y Social 
El Comité Económico y Social manifestó su apoyo a la propuesta del Grupo de 
Expertos. También apoyaba la idea de la Comisión de concentrar en una determinada 
Dirección General la responsabilidad de dar a la Comisión orientaciones generales en 
materia de comunicaciones comerciales. Consideraba que tal punto de contacto 
debería garantizar que "esta compleja cuestión fuera objeto de un enfoque común y 
coherente. " 
Finalmente añadió que: 
"Los gobiernos de los Estados miembros podrían considerar también la posibilidad 
de establecer acuerdos paralelos para los asuntos que corresponden a las 
autoridades legislativas nacionales. " 
En general, los "usuarios", "proveedores" y "transmisores" que pedían esta alternativa deseaban 
unas directrices europeas no vinculantes, mientras que sobre todo los grupos de consumidores 
consideraban que estas directrices deberían constituir la base para la armonización europea. 
36 
Estados miembros 
Nueve Estados miembros presentaron comentarios sobre la propuesta de creación de 
un Grupo de Expertos. La mayoría de ellos estaban a favor de esta idea. Dos de ellos 
convenían en su utilidad y señalaron que no debía socavar el poder de iniciativa de la 
Comisión ni prolongar los plazos empleados en la Comisión para tramitar los casos. 
Un Estado miembro ponía en tela de juicio que los organismos de autocontrol tuvieran 
que ser admitidos en el Grupo de Expertos. Otros dos insistían en que debía contarse 
con una mayor participación de las asociaciones de consumidores. Otro manifestaba 
su apoyo y proponía que el Grupo de Expertos mantuviera un núcleo central de 
miembros en las sucesivas reuniones, a fin de garantizar su coherencia. Dos Estados 
miembros no presentaron objeciones de principio a la propuesta, pero consideraban 
que había que procurar no duplicar el trabajo de otros comités, y que resultaría de gran 
utilidad seguir evaluando su modo de trabajar. 
Un Estado miembro se oponía, aduciendo que la red de información en línea y el 
punto de contacto bastarían para intercambiar información entre los Estados 
miembros. 
Se recibieron comentarios de siete Estados miembros a la propuesta del punto de 
contacto único y ala red de información, los cuales dieron su acuerdo de principio. 
Cinco manifestaron su apoyo. Otros dos Estados miembros estaban de acuerdo con la 
propuesta pero insistían en la necesidad de prestar particular atención a que las 
asociaciones de consumidores dispusieran de recursos suficientes para participar 
adecuadamente. 
Partes interesadas 
El Grupo de Expertos debe observar unos plazos estrictos y no añadir demoras 
administrativas adicionales en la tramitación de denuncias. 
Aunque la enorme mayoría de las partes de los cinco grupos de interés7 acogían con 
satisfacción la creación del Grupo de Expertos y su función, se expresaron 
preocupaciones en el sentido de que no debía dar lugar a una carga administrativa 
adicional a la Comisión en el momento de tramitar las denuncias o las peticiones de 
armonización. Las partes interesadas deseaban que el Grupo de Expertos trabajara en 
paralelo ya sea con el procedimiento de infracción o con las iniciativas de la Comisión 
ya existentes para armonizar algunas normas relativas a las comunicaciones 
comerciales. 
Véase la nota a pie de página n° 2. 
37 
El Grupo de Expertos debe ser mucho más abierto y transparente en su 
funcionamiento. 
Los "usuarios", "proveedores" y "transmisores" se mostraron en general abiertos a la 
composición del Grupo de Expertos, si bien algunas asociaciones profesionales 
reclamaban el derecho a estar presentes en el Grupo de Expertos o, al menos, a enviar 
representantes al mismo. Las sugerencias variaban desde la plena participación, en 
cuyo caso el Grupo de Expertos trabajaría de forma abierta y mantendría audiencias 
públicas, o la composición de comités informales en la sombra para cada una de las 
cinco categorías de partes interesadas, que seleccionaría a representantes encargados 
de presentar las contribuciones escritas de sus respectivas "circunscripciones" en 
determinadas reuniones del Grupo de Expertos. 
Las asociaciones de consumidores no se mostraban de acuerdo con el hecho de que 
los organismos de autocontrol fueran el único grupo autorizado a participar en tales 
reuniones junto a los Estados miembros. 
El orden del día del Grupo de Expertos debe ser conocido y sus resultados 
publicados. 
Aquellos que estaban a favor del Grupo de Expertos pero preocupados por su 
transparencia pedían que el orden del día se hiciera público antes de iniciar los debates 
sobre determinado tema. Además, muchas respuestas de los cinco grupos consultados 
pedían que el Grupo de Expertos elaborara sus conclusiones sobre determinado tema 
dentro de un plazo de tiempo fijo y pedían que estas conclusiones fueran hechas 
públicas y puestas a disposición de todas las partes interesadas. 
4. Aspectos de las normativas sobre comunicaciones comerciales que requieren 
atención prioritaria 
Parlamento Europeo 
El Parlamento pidió que la Comisión presentara en la presente Comunicación una 
relación completa de los obstáculos a la libre circulación de servicios en el ámbito de 
las comunicaciones comerciales, y prosiguió citando aquellos ámbitos que le parecían 
especialmente prioritarios: 
- obstáculos que se oponen a la venta multinivel8, 
- obstáculos que se oponen a la diversificación de marcas, 
- obstáculos que se oponen a la presentación de comunicaciones comerciales en los 
embalajes, y 
La venta multinivel se refiere a los sistemas de venta puerta a puerta y en los hogares en los cuales 
los agentes que trabajan como vendedores externos de determinada empresa comercializan los 
productos o servicios de la empresa anunciando su presencia a nivel local y organizando reuniones 
con clientes particulares en sus hogares o en lugares previamente establecidos. 
38 
- obstáculos que se oponen al patrocinio en acontecimientos públicos y televisión. 
El Parlamento pidió a la Comisión que evaluara con mayor detalle las repercusiones 
de las comunicaciones comerciales sobre el público infantil y su incidencia en la vida 
privada y en los mecanismos para encauzar las reclamaciones transfronterizas de los 
consumidores. 
También pidió a la Comisión que propusiera un marco legislativo que contemplara los 
métodos comerciales desleales. 
Por último, sin mencionar de forma concreta qué textos legislativos debían revisarse, 
el Parlamento pidió a la Comisión que examinara la conveniencia de elaborar un 
análisis SLIM9. 
Comité Económico y Social 
El Comité no presentó comentarios sobre este punto. 
Estados miembros 
Siete de los Estados miembros que respondieron a la consulta presentaron sus 
comentarios a este respecto. Uno de ellos no consideraba necesario revisar las 
restricciones nacionales divergentes sobre la publicidad engañosa por lo que respecta 
a las profesiones reguladas. Indicaba que, pese a haber revocado su prohibición de los 
precios de propaganda y descuentos, creía en la necesidad de la armonizar la 
publicidad de reclamo10 y la venta a precios inferiores a los del mercado. Pedía 
asimismo una prohibición armonizada de las prácticas de venta mediante llamadas 
telefónicas "sorpresa" sin consentimiento previo y restricciones similares para las 
comunicaciones a través del correo electrónico e Internet. Por lo que respecta a la 
infancia, insistía en que cualquier acción futura debe distinguir entre información y 
comunicación comercial. En cuanto a los servicios financieros, se considera que la 
falta de armonización de la publicidad en este ámbito mina la confianza de los 
consumidores en las empresas extranjeras. 
El segundo Estado miembro señalaba que su legislación sobre los periodos de rebajas 
podría requerir modificación y que está revisando su normativa sobre los regalos, 
ofertas promocionales y concursos, una de las más restrictivas de Europa. 
El tercero opinaba que el Libro Verde debería haber hecho un mayor hincapié en la 
protección y el desarrollo de las reglas relacionadas con el consumidor. Por lo que 
respecta a las prácticas de venta desleales, considera que, a nivel europeo, los códigos 
9 SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market, análisis del sector con vistas a la 
simplificación de la legislación para el mercado interior). 
10 "Lockvogelwerbung". 
39 
de la Cámara de Comercio Internacional podrían constituir un buen punto de partida 
para la armonización. 
El cuarto indicaba que su normativa sobre publicidad de productos farmacéuticos es 
compatible con la legislación comunitaria. Consideraba que subsistían problemas en 
el ámbito de las comunicaciones comerciales relacionadas con Internet, la publicidad 
medioambiental y, de una manera más general, de las comunicaciones comerciales y 
la salud pública. 
El quinto daba un repaso a la lista de ámbitos señalados en el Libro Verde e indicaba 
que no aplicaba ninguna restricción incompatible a las comunicaciones comerciales 
transfronterizas. No creía necesaria una mayor armonización en ninguno de estos 
ámbitos; a su juicio, las restricciones que aún existieran no debían ser subsanadas por 
la Comunidad sino por los propios Estados miembros. 
En opinión del sexto, la aplicación del apartado 3 del artículo 129 A podría requerir 
una armonización de las legislaciones de protección de los consumidores; este país 
contestaba la necesidad de rebajar las restricciones nacionales por seguir los principios 
del mercado interior. 
El séptimo Estado miembro subrayaba que, por lo que respecta a la publicidad de los 
productos farmacéuticos, la Directiva 92/28/CEE debería ser incorporada a las 
legislaciones nacionales de todos los Estados miembros. También aludía al patrocinio 
de bebidas alcohólicas pidiendo códigos deontológicos en este terreno. Por lo que 
respecta a los servicios de relaciones públicas, criticaba las restricciones provocadas 
por la insistencia en el cumplimiento de requisitos detallados para las empresas de 
relaciones públicas que liciten por contratos públicos. 
Partes interesadas 
Dada la gran diversidad de partes interesadas que respondieron al Libro Verde y el 
hecho de que las respuestas procedían tanto de particulares como de organismos 
representativos, no es posible relacionar las prioridades simplemente según la 
cantidad de referencias hechas a uno u otro problema concreto11. Debe señalarse, sin 
embargo, que todos los ámbitos que según el Libro Verde requieren análisis fueron 
confirmados por un número mayor o menor de respuestas. 
11 Esto daría lugar a un sesgo contra las asociaciones de consumidores y los organismos de salud 
pública que, de hecho, son menos numerosos que las diferentes representaciones de la industria. 
40 
5. Otras acciones propuestas en la fase de consulta 
Resumen de las respuestas recibidas 
Parlamento Europeo 
El Parlamento criticaba los largos plazos de la Comisión para tramitar las denuncias 
de infracción; por otra parte, consideraba que las decisiones de la Comisión de iniciar 
o no tales procedimientos de infracción deberían poder ser objeto de recurso, a fin de 
abrir la posibilidad de exigir responsabilidades a la Comisión. Por consiguiente: 
"Pide al Consejo que apruebe una decisión que permita que los procedimientos de 
infracción puedan examinarse en el Tribunal de Primera Instancia" .n 
El Parlamento consideraba que, cuando las restricciones fueran proporcionales y se 
requiriera una armonización, la Comisión podría estudiar los códigos de la Cámara de 
Comercio Internacional, que le podrían servir como modelo, sobre todo en el campo 
de las comunicaciones comerciales en línea. 
Por último, el Parlamento invitaba a los organismos nacionales de regulación a aplicar 
el principio del control en el país de origen y pedía a la Comisión, a las 
organizaciones de consumidores y a la industria que estudiaran la posibilidad de 
reforzar los mecanismos de autorregulación transfronterizos como los de la EASA13. 
Comité Económico y Social 
El Comité no hizo ninguna propuesta adicional a las presentadas en el Libro Verde. 
Estados miembros 
Un Estado miembro creía necesario un examen más detallado de la necesidad de 
normas europeas en beneficio de la protección de los consumidores o del interés 
general. 
Otro insistía en que la supresión de las barreras comerciales debía ir acompañada de la 
instauración de una red comunitaria de resolución de litigios por vía judicial y 
extrajudicial, combinada con un sistema coherente de asistencia jurídica a los 
ciudadanos europeos no residentes en el Estado miembro en que surge el litigio. 
12 Esta petición está en línea con la Resolución del Parlamento de 16.09.1993 sobre el papel del 
Tribunal de Justicia en el desarrollo del sistema constitucional de la Comunidad Europea (DO C 
268,4.10.1993, p. 156). 
13 European Advertising Standards Alliance (Alianza Europea para la Ética en Publicidad). 
41 
Un tercer Estado miembro criticaba la lentitud e ineficiencia del actual procedimiento 
de infracción y pedía mejoras a este respecto. Opinaba que debía aprovecharse la 
experiencia de los organismos de autocontrol en este campo, particularmente con 
vistas a la Sociedad de la Información. 
Partes interesadas 
Las organizaciones de consumidores y los organismos de salud pública que 
representan a los "receptores" consideraban que la Comisión debería prestar una 
atención mucho mayor a los problemas que las comunicaciones comerciales causan a 
los consumidores. Además de pedir un fácil acceso del público a la totalidad de las 
legislaciones nacionales y códigos deontológicos en este ámbito, presentaron dos 
propuestas más. Por un lado, pedían que la armonización velara por que no se 
debilitaran las normas nacionales y, por otro, que la Comisión centrara sus esfuerzos 
en la aplicación efectiva de las normativas, sobre todo en los casos transfronterizos. 
Insistían en la necesidad de alentar el establecimiento de mecanismos de resolución de 
litigios transfronterizos y el intercambio de información sobre las normas nacionales y 
su aplicación. 
Los "usuarios", "proveedores" y "transmisores" solicitaban la mejora del actual 
procedimiento de infracción de manera que aumentara en transparencia y puntualidad 
(algunos pedían la fijación de plazos estrictos para la tramitación de asuntos) y 
permitiera que las decisiones de la Comisión sobre la incoación o no de un 
procedimiento pudieran ser objeto de recurso por todas las partes interesadas 
afectadas. 
42 
Ficha financiera 
1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA 
Comunicación relativa al seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones 
comerciales en el mercado interior 
2. LÍNEA PRESUPUESTARIA AFECTADA 
B5 - 3000 Programa Estratégico para el Mercado Interior 
3. FUNDAMENTO JURÍDICO 
Comunicación relativa al seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones 
comerciales en el mercado interior (artículos 52-66 y 100 A). 
4. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
El Libro Verde de mayo de 1996 sobre las comunicaciones comerciales en el mercado 
interior reconocía la importancia de este sector en términos de empleo y potencial de 
crecimiento, y ponía de relieve el papel fundamental que desempeña, al ayudar a las 
empresas y las asociaciones sin ánimo de lucro europeas a comercializar sus productos y 
servicios en toda la Unión. No obstante, el Libro Verde también señalaba la existencia de 
una serie de obstáculos a las comunicaciones comerciales transfronterizas que 
dificultaban el correcto funcionamiento del mercado interior. 
El elevadísimo número de respuestas recibidas ha confirmado la trascendencia del sector. 
Además del Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y diez Estados 
miembros, en los últimos 18 meses, 433 interesados han contestado a la invitación a 
presentar observaciones. Estos 433 interesados pueden desglosarse del siguiente modo: 
127 proveedores de servicios de comunicación comercial (tales como agencias 
publicitarias, de los cuales 30 eran asociaciones profesionales nacionales o europeas), 44 
asociaciones de receptores (p. ej., asociaciones de consumidores u organismos de sanidad 
públicos), 197 usuarios (p. ej., anunciantes, 70 de ellos asociaciones), 52 transmisores (p. 
ej., medios de comunicación, de ellos 18 asociaciones) y 13 organismos de autocontrol 
nacionales y europeos. En general, las propuestas de la Comisión han sido acogidas muy 
favorablemente y, de hecho, se ha sugerido reforzarlas y ampliarlas. 
La Comunicación propone que la Comisión adopte una serie de medidas en este ámbito, 
con el fin de facilitar la prestación transfronteriza de servicios de comunicación 
comercial, mediante el establecimiento de un marco reglamentario eficaz y transparente 
que garantizará también una protección adecuada de los objetivos de interés público que 
están en juego. Este planteamiento es plenamente coherente con el objetivo estratégico 1 
del Plan de Acción para el Mercado Único, consistente en dotar a las normas de mayor 
eficacia, y puede considerarse complementario del mismo. 
h3 
Más concretamente, la Comisión propone lo siguiente: 
1) Aplicación de una metodología transparente de evaluación de la proporcionalidad, a 
fin de determinar las restricciones reglamentarias a los servicios trasfronterizos de 
comunicación comercial. 
2) Creación de un Grupo de Expertos de comunicaciones comerciales. 
3) Instauración de un punto de contacto y de una red de información sobre las 
comunicaciones comerciales. 
4) Constitución de una base de datos sobre las comunicaciones comerciales. 
5) Agilización de la tramitación de denuncias. 
6) Creación de una red de expertos. 
7) Fomento de la cooperación internacional. 
8) Clarificación de los problemas relacionados con el comercio electrónico. 
9) Presentación de un informe al Parlamento. 
La Comisión aplicará este planteamiento en los cuatro ámbitos fundamentales en que las 
legislaciones nacionales sobre comunicaciones comerciales divergen de manera 
significativa y, por tanto, podrían originar obstáculos al mercado interior, así como una 
falta de protección transfronteriza eficaz dentro de la Comunidad. Estos cuatro ámbitos 
son: i) la protección de los menores, ii) la competencia desleal, iii) el patrocinio, iv) la 
publicidad engañosa. 
4.1 Objetivo general de la medida 
Creación de un red de información 
La red de información contribuirá a mejorar la coordinación e información a nivel 
europeo y ayudará a la Comisión a la hora de prestar asistencia a los Estados 
miembros para hacer las actuaciones en este ámbito más transparentes. Asimismo, 
mejorará el intercambio de datos entre múltiples organismos y las autoridades 
normativas nacionales y europeas. Las repercusiones financieras se derivan de la 
necesidad de reunir los datos necesarios sobre la normativa, garantizar su 
oportuna difusión y permitir a los Estados miembros y otros interesados compartir 
esta y otra información pertinente. De esta forma se complementará el actual 
boletín informativo sobre las comunicaciones comerciales. Ambas medidas han 
recibido un apoyo unánime por parte de cuantos han contestado al Libro Verde. 
4.2 Período al que se refiere la medida y condiciones de renovación 
*>. 
m 
Red de información 
La información se almacenará, difundirá e intercambiará principalmente a través 
de un emplazamiento Web. La labor inicial de desarrollo, prueba y explotación 
será encomendada a un contratista externo, que se encargará de establecer los 
enlaces necesarios entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros, a 
través de los cuales se intercambiarán los datos relativos a las normativas. 
(en miles de ecus) 
B5-3000 1998 
158,5 1999 
135 2000 
115 2001 
115 Total 
523,5 
5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
5.1 Gastos no obligatorios 
5.2 Créditos no disociados 
6. CATEGORÍA DE GASTO 
6.1 Categoría de gasto 
Red de información 
Gastos correspondientes a los contratos externos para la creación del 
emplazamiento Web: recopilación, conexión y carga de los datos sobre las 
normativas, desarrollo de los canales de intercambio de información y gestión del 
correcto funcionamiento de la red durante un período experimental de cuatro 
años. 
M< 
7. INCIDENCIA FINANCIERA EN LA PARTE B 
B5-3000 1998 1999 2000 2001 Total 
Contratos globales para el establecimiento de la infraestructura de red 
Servidor: 
- Soporte fisico 
- Soporte logico 
- Acceso Internet 
- Mantenimiento (sop. 
fisico y logico) 
- Infraestructura 
Personal*: 
Administrador sistema 
local 
Administrador Web 
Conversion legislation: 
(4 ECU/pag. - 20.000 
pags.) 
Total 30 
10 
15 
6 
12,5 
25 
60 
158,5 30 
4 
6 
25 
50 
20 
135 30 
4 
6 
25 
50 
-
115 30 
4 
6 
25 
50 
-
115 30 
4 
6 
87,5 
175 
80 
523,5 
') Seis meses durante el primer año 
8. DISPOSICIONES CONTRA EL FRAUDE PREVISTAS 
El control de los gastos incluye la comprobación de que se han efectuado correctamente 
todas las tareas antes de proceder al pago, atendiendo a las obligaciones contractuales y a 
los principios de economía y buena gestión financiera. Todos los contratos celebrados 
por la Comisión y los contratistas contendrán disposiciones destinadas a evitar el fraude 
(verificación, presentación de informes, etc.). 
9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 
9.1 Objetivos específicos cuantificables, población beneficiaría 
Red de información 
El objetivo específico consiste en facilitar los intercambios de servicios de 
comunicación comercial dentro del mercado interior, ayudando además a los 
Estados miembros a lograr una integración del mercado interior. Mediante esta 
medida se pretende garantizar que el futuro marco normativo europeo estimule la 
inversión en estos servicios, lo cual contribuirá obviamente a una mayor 
-4 
4k 
competitividad de este sector europeo y propiciará la creación de empleo en el 
mismo. 
El sector beneficiario es muy amplio. Además del propio sector de 
comunicaciones comerciales, en el que trabaja más de 1 millón de personas dentro 
de la Comunidad, cabe esperar que este planteamiento redunde también en 
beneficio de sus usuarios (es decir, todas las empresas y los organismos que 
recurren a tales servicios) y de los consumidores, quienes recibirán mayor 
información sobre los productos y servicios entre los que pueden elegir en el 
mercado interior. Finalmente, y no por ello menos importante, un sector de 
comunicaciones comerciales que funcione de manera eficiente da lugar a un 
mayor volumen de gastos en los medios de comunicación y, entre ellos, los de la 
nueva generación. Por consiguiente, los medios de comunicación y el comercio 
electrónico se beneficiarán también de esta medida. 
La red de información contribuirá igualmente a hacer que los trabajos del 
correspondiente grupo de expertos sean lo más abiertos y transparentes posible, 
así como a facilitar el intercambio de datos sobre la normativa. 
9.2 Justificación de la medida 
Red de información 
La Comunidad dispone de competencias exclusivas en lo que respecta al objetivo 
del mercado interior y es necesario establecer un diálogo entre los Estados 
miembros, a partir de una metodología consensuada, que dirija y estructure la 
Comisión, a fin de ayudarles a lograr que el mercado interior funcione 
correctamente. 
La elección de este tipo de intervención obedece a que el planteamiento 
alternativo llevaría a hacer frente a una enorme cantidad de denuncias por 
infracción y peticiones de armonización. El planteamiento por el que se ha optado 
limitará, en principio, las intervenciones futuras de la Comisión y ayudará a los 
Estados miembros a cumplir con sus obligaciones de manera más eficaz, haciendo 
así posible un ahorro neto de recursos comunitarios. 
La red de información se basará en los fundamentos ya establecidos por el actual 
boletín informativo sobre las comunicaciones comerciales, que fue lanzado antes 
de la Comunicación y sirve de foro de debate. 
La red permitirá también responder a la demanda de las asociaciones de 
consumidores y los organismos de salud pública, que desean un acceso más fácil 
para sus miembros a las normativas nacionales y comunitaria en este ámbito. 
Por otra parte, esta medida reportará beneficios indirectos o de efecto 
multiplicador. 
9.3 Seguimiento y evaluación de la medida 
Los indicadores de resultados vendrán representados por las modificaciones que, 
en su caso, se introduzcan en las disposiciones nacionales, al objeto de aplicar el 
uí-
principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros en este ámbito de 
la regulación de los servicios de comunicación comercial. 
Se presentarán al Parlamento Europeo informes de seguimiento bienales. 
10. GASTOS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN III DEL 
PRESUPUESTO GENERAL) 
La utilización real de los recursos administrativos necesarios dependerá de la decisión 
anual de la Comisión sobre la asignación de recursos, habida cuenta de los efectivos y de 
los importes adicionales autorizados por la autoridad presupuestaria. 
10.1 Incidencia en los efectivos 
Tipo de puestos de 
trabajo 
Funcionarios 
o agentes 
temporales A 
B 
C 
Otros recursos 
Total Efectivos necesarios para 
la gestion de la medida 
Puestos 
permanente 
s Puestos 
temporales 
1,5 
1 
2,5 De los cuales 
Mediante 
utilization 
de recursos 
existentes en 
la DG o el 
servicio 
considerado Mediante 
obtencion 
de recursos 
suplementa-
rios 
1,5 
1 
2,5 Duracion 
Al menos 
5 anos 
duracion de 
la medida 
duracion de 
la medida 
10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos 
Suponiendo que se asignen a la gestión de la operación recursos ya existentes a 
razón de 2,5 hombres/año * 108.000 ECU = 270.000 ECU (cálculo basado en los 
capítulos A-l, A-2, A-4, A-5 y A-7). 
^ 
(en miles de ecus) 
Tipo de puestos de trabajo 
Funcionarios 
o agentes 
temporales A 
B 
C 
Otros recursos 
Total Efectivos necesarios para la gestion de la 
medida 
Puestos permanentes* 
Importe anual Puestos temporales 
1,5*108 
1 * 108 
2,5 * 108 Coste 
anual 
162 
108 
270 
10.3 Aumento de otros gastos de funcionamiento imputable a la medida 
(en miles de ecus) 
Linea 
presupuestaria (n° 
y denomination) 
A-7030, 
Reuniones 
(Grupo de 
expertos) 
A-701 
Gastos de mision 
Total Importe 
1998 
19,5 
11,75 
31,75 1999 
39 
11,75 
50,75 2000 
39 
11,75 
50,75 2001 
39 
11,75 
50,75 2002 
39 
11,75 
50,75 Metodo de calculo 
15 Representantes 
•650ECU * 4 reuniones = 
39.000 ECU/ano. 
Primer aflo solo dos 
reuniones previstas = 
15 E.M. * 650 ECU *2 = 
19.500 
- una visita de un dia a cada 
una de las capitales de la 
UE = 650ECU* 15 
capitales = 9.750 ECU al 
ano. 
- 2 visitas de un dia a 
Ginebra = 2* 1.000 ECU = 
2.000 ECU 
= 11.750 ECU/ano 
En 1998, los demás gastos correspondientes a la medida (créditos solicitados en las líneas 
presupuestarias A-7030 y A-7010) se cubrirán mediante los créditos asignados por la 
Comisión a la DG XV (dotación global a determinar por la Comisión el 18 de febrero). 
En los años siguientes, los recursos administrativos efectivos dependerán de la decisión 
anual de la Comisión en materia de asignación de recursos, habida cuenta del importe 
global aprobado por la autoridad presupuestaria. 
7-
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ISSN 0257-9545 
COM(98) 121 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 02 09 04 
N° de catálogo : CB-CO-98-141-ES-C 
ISBN 92-78-31849-3 
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L-2985 Luxemburgo 
9)