N° C 269/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la vigilancia y al 
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad (*) 
(91/C 269/03) 
El 13 de noviembre de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en 
este asunto, aprobó su dictamen el 4 de junio de 1991 (ponente: Sr. Van Dam). 
En su 288° pleno (sesión del 3 de julio de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Contenido y exposición de motivos de la propuesta 
de la Comisión 
La propuesta tiene por objeto revisar la legislación 
comunitaria vigente en materia de transporte transfron-
terizo de residuos, por los siguientes motivos: 
a) Las disposiciones comunitarias en la materia no se 
han incorporado de manera adecuada a las legisla­
ciones de los Estados miembros. Para asegurar que 
las disposiciones se aplican simultáneamente y 
según las mismas modalidades, se propone un regla­
mento en lugar de una directiva. 
b) La eliminación de las fronteras internas en el mer­
cado para el 1 de enero de 1993 requiere la adopción 
de procedimientos nuevos relativos a la vigilancia 
del transporte de residuos. 
c) Deben tenerse en cuenta las disposiciones estableci­
das en el Convenio de Basilea y en el Convenio de 
Lomé en lo que respecta al traslado de residuos con 
destino a y procedentes de terceros países. 
d) La experiencia ha mostrado que, a la hora de aplicar 
la Directiva existente, el ámbito de aplicación plan­
teaba dificultades. En consecuencia, la Comisión ha 
decidido ampliar dicho ámbito a todos los residuos, 
porque no está muy clara la distinción entre residuos 
peligrosos y otros residuos, lo cual, en su opinión, 
podría inspirar actos ilegales. Por otra parte, la 
Comisión opina que los residuos inofensivos causan 
a menudo los mismos problemas que los residuos 
peligrosos. A veces, el cierre de fronteras entre los 
Estados miembros se efectúa incluso con mayor 
rapidez para los residuos no peligrosos que para 
los residuos peligrosos. En consecuencia, tanto por 
motivos de protección del medio ambiente como 
con vistas a la realización del mercado interior, la 
Comisión ha decidido ampliar el ámbito de aplica­
ción, en principio, a todos los residuos. 
e) Junto a la ampliación del ámbito de aplicación a 
todos los residuos —por consiguiente, no sólo a los 
peligrosos—, está prevista la ampliación al trans­
porte de residuos en el interior de los Estados miem­
bros. Con respecto a las sustancias reciclables se 
introduce un plazo de quince días antes de poder 
proceder al transporte. 
(!) DO n° C 289 de 17. 11. 1990, p. 9. f) La propuesta establece la posibilidad de fijar límites 
al transporte de residuos, en relación con la distan­
cia y la gestión ecológica y racional de los mismos. 
Estos criterios, tomados de la estrategia de elimina­
ción de residuos, podrán justificar la intervención 
de las autoridades competentes cuando se trate de 
la eliminación de residuos. 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité considera positivos los objetivos de 
la propuesta. Comprende perfectamente la necesidad 
de una normativa que permita seguir el transporte de 
residuos peligrosos y disponer de información sobre la 
naturaleza y las características de dichos residuos, con 
objeto de prevenir transportes no controlados que 
pudieran constituir un peligro para las personas y el 
medio ambiente en general. 
El Comité opina también que el Convenio de Basilea y 
el nuevo Convenio de Lomé IV deben conducir a la 
adaptación de la Directiva existente y a la realización 
del mercado único para el 1 de enero de 1993. 
2.1.1. En opinión del Comité, hay que tener en 
cuenta el hecho de que varios Estados miembros no 
disponen de instalaciones necesarias suficientes para 
tratar los residuos peligrosos. La construcción de este 
tipo de instalaciones provoca generalmente una fuerte 
resistencia por parte de la población y necesita un 
período de rodaje muy largo, lo que ha tenido como 
consecuencia demoras en la creación de infraestructuras 
de tratamiento de residuos, cuya existencia se da por 
supuesta en la propuesta. 
En estos casos se frena considerablemente el funciona­
miento de una reglamentación en materia de vigilancia 
y control de los traslados de residuos. A este respecto, 
es urgente que los gobiernos de los Estados miembros 
interesados adopten las medidas necesarias. 
2.1.2. A la hora de evaluar la propuesta de la Comi­
sión, el Comité se halla ante la dificultad de que no 
existe aún la versión definitiva. Los Anexos de la Direc-
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tiva sobre residuos, a los que remite la propuesta en lo 
que respecta a la definición de diferentes conceptos, 
aún no están completos. Además, según se deriva de 
información facilitada por la Comisión, la llamada 
«lista blanca» [(punto 2 d) del artículo 2] de sustancias 
reciclables a las que no se aplicaría esta propuesta dista 
aún mucho de estar terminada. Como se indica en la 
letra d) del punto 1, el objetivo es que el Reglamento 
se aplique, en principio, a todos los residuos. Al estar 
todavía incompleta la «lista blanca», se carece de una 
formulación precisa de las excepciones. 
2.1.3. A falta de claridad sobre elementos tan impor­
tantes de la propuesta, el Comité tiene que limitarse a 
emitir un dictamen provisional sobre la propuesta. No 
obstante, habida cuenta de su obligación de emitir un 
dictamen y con vistas a un examen más detallado por 
parte del Consejo, el Comité presenta a continuación 
sus observaciones sobre la propuesta de Reglamento. 
El Comité espera ser consultado, cuando proceda, sobre 
la lista de excepciones. 
2.2. Limitación del ámbito de aplicación 
2.2.1. El Comité considera que la aplicación de la 
propuesta planteará grandes problemas en la práctica, 
por lo que a continuación señala diferentes posibilida­
des de facilitar su aplicación. 
El Comité propone limitar el ámbito de aplicación a 
los residuos peligrosos, tal como ocurre en la Directiva 
actual, y despojar de su carácter de autorización encu­
bierta al sistema de notificación. Esto reducirá el exceso 
de burocracia y el riesgo de estancamiento en la circula­
ción de residuos, que podría conducir a un incremento 
y acumulación de los mismos. 
2.2.2. El Comité es consciente de que con este plante­
amiento se pone en peligro el criterio de proximidad 
para los residuos no peligrosos; por consiguiente, 
sugiere a la Comisión la adopción de una propuesta de 
Directiva a fin de solucionar ese problema y que además 
tenga en cuenta las observaciones formuladas por el 
Comité con respecto a la presente propuesta. 
2.2.3. La ampliación del ámbito de aplicación a 
todos los residuos y al transporte en el interior de los 
Estados miembros y la introducción de un plazo de 
espera para las sustancias reciclables provocará un con­
siderable entorpecimiento administrativo en la ejecu­
ción de la norma propuesta. Tanto los productores y 
transportistas de residuos como las autoridades compe­
tentes tendrán que manejar una cantidad de documen­
tos mucho mayor. 
2.2.4. En lo que respecta a las autoridades competen­
tes de las zonas dentro de los Estados miembros, aún 
no está claro cuál será su número. Existe una lista de 
autoridades competentes en materia de tratamiento de 
residuos en la Comunidad que data de 1987 y que 
consta de 22 páginas. Cabe preguntarse si esta lista es el 
reflejo de la situación actual. El número de autoridades 
competentes lo establecen los Estados miembros, que pueden aumentarlo a reducirlo. En el Reino Unido, por 
ejemplo, existen actualmente 180 autoridades compe­
tentes. Para que el Reglamento sea operativo es necesa­
rio que se conozcan las zonas de jurisdicción de las 
autoridades, su dirección y su capacidad de tratamiento 
de residuos. 
2.2.5. La cantidad de trámites administrativos tam­
bién está en función del número de « movimientos » de 
los residuos. Un cálculo aproximado, para 1987, del 
número de «movimientos» por carretera, ferrocarril, 
vía fluvial o mar de los residuos destinados a ser utiliza­
dos procedentes de la industria de metales no ferrosos 
es el siguiente: en Francia, más de 20 000 movimientos; 
en Italia, casi 30 000; en los Países Bajos, 634 y en Suiza, 
más de 20 000. Cabe suponer que los residuos restantes 
representan, proporcionalmente, un múltiplo conside­
rable de estas cantidades. 
2.2.6. De todo ello se deduce que el Reglamento 
propuesto somete el transporte de residuos a una canti­
dad ingente de trámites administrativos, muchos más 
de los que exige la presente Directiva, lo cual repercutirá 
negativamente en el tratamiento de los residuos. 
2.3. Adaptación del sistema de notificación 
2.3.1. Con respecto al sistema de notificación, el 
Comité desea formular las observaciones siguientes. El 
término « notificar » significa realmente que el autor de 
la notificación no debe esperar en principio respuesta, 
y que —eventualmente después de un determinado 
plazo— puede poner en práctica su decisión. El sistema 
de notificación contenido en la propuesta no funciona 
de ese modo, sino que representa un sistema corriente 
de autorización. Además, en los artículos 4 y 18 se 
habla en realidad de una autorización, y en la página 7 
de la exposición de motivos de la propuesta se habla 
de régimen de autorización. El Comité propone dejar 
que el sistema de notificación para el transporte de 
residuos funcione como verdadera notificación, es decir, 
que si las autoridades competentes no responden en un 
plazo determinado, el autor de la notificación pueda 
realizar el transporte. 
2.3.2. El contenido del artículo 4 puede servir para 
demostrar la complejidad mencionada anteriormente y 
la carga administrativa que supone la propuesta, tanto 
para las autoridades como para las empresas interesa­
das. Son dos autoridades por lo menos —la autoridad 
competente de destino y la de expedición— las que 
deben evaluar la notificación de un transporte de resi­
duos previsto. Ambas deben motivar su juicio sobre la 
base de los hechos y circunstancias establecidas en los 
puntos 2, 3 y 4 del artículo 4. No es de excluir que, en 
la práctica, cada autoridad conceda a los mismos datos 
un peso distinto y que, en consecuencia, adopte una 
opinión contraria o al menos diferente de la de otra 
autoridad. Estas diferencias de criterio pueden ocasio­
nar demoras. La propuesta establece los plazos que 
deben cumplir las autoridades para acusar recibo de la 
notificación, pero no fija ningún plazo para adoptar una 
decisión en el caso de que la autoridad haya formulado 
objeciones y el autor de la notificación haya recurrido, 
ti Comité insta a que, en cualquier caso, se adopte un 
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procedimiento conforme al cual el notificador pueda 
exigir que las autoridades se atengan a unos plazos 
establecidos. Esto es también de importancia para las 
posibilidades profesionales. 
2.4. Base jurídica 
En lo que se refiere a la base jurídica, la Comisión ha 
optado por el artículo 100 A del Tratado, así como, 
teniendo en cuenta el comercio con terceros países, el 
artículo 113. El Comité recuerda que en su dictamen 
del 14 de diciembre de 1988 sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE sobre residuos y la propuesta de Directiva 
del Consejo sobre residuos peligrosos había señalado 
que el artículo 100 A no constituía una base jurídica 
satisfactoria ya que prefería optar por el artículo 130 S. 
El Comité observa con satisfacción que el Consejo en 
la posición adoptada los días 20 y 21 de diciembre de 
1990, también ha preferido el artículo 130 S. 
2.5. Directiva o Reglamento 
La Comisión propone refundir la nueva reglamentación 
en un reglamento que venga a sustituir la actual Direc­
tiva. Considera que ésta es la mejor forma de garantizar 
una aplicación simultánea y uniforme de la normativa 
en todos los Estados miembros, habida cuenta que la 
directiva no permite una aplicación simultánea y que, 
además, su modo de aplicación puede variar de un 
Estado a otros. El Comité no se ha pronunciado al 
respecto, pero considera que, si se opta por el regla­
mento, su contenido debe ser claro y no dar lugar a 
interpretaciones divergentes y que debe ser además 
coherente con otras disposiciones afines, como son las 
directivas sobre residuos y residuos peligrosos. El texto 
presentado actualmente no cumple estos requisitos. 
Especial atención merece la referencia que se hace en 
un posible Reglamento a la legislación de los Estados 
miembros basada en estas directivas. 
2.6. El Comité considera que la aplicación responsa­
ble del Reglamento exige la actuación de personal espe­
cializado, que tenga conocimientos en materia de sus­
tancias peligrosas. En consecuencia, el Comité insta a 
que se preste atención a la formación en esta materia. 
3. Observaciones específicas 
3.1. Artículo 1 
Con respecto a este artículo, el Comité se remite a 
las observaciones expuestas en el presente dictamen 
relativas a limitar el ámbito de aplicación del Regla­
mento. 
3.2. Artículo 2, punto 1 
a) En las letras c) y d) se utilizan distintos términos 
para definir la zona jurisdiccional de las autoridades 
competentes. El Comité aboga por el estableci­
miento de un término claro y único. b) Al igual que en el caso de la autoridad competente 
de expedición y la autoridad competente de destino 
[letras c) y d)], el Comité estima necesario definir 
también la autoridad competente de tránsito. 
c) Obviamente, el «destinatario» —definido en la 
letra g)— es el último eslabón de la cadena de 
transporte. No obstante, también debe poder des­
empeñar el papel de eslabón intermedio —por ejem­
plo, negociante o colector— en el caso de reciclado. 
Debería completarse el artículo en ese sentido. 
3.3. Artículo 2, punto 2 
3.3.1. La propuesta excluye la recogida de residuos 
procedentes de establecimientos de venta al por menor. 
El Comité supone que esta exclusión se aplica a todas 
las empresas que abastecen a los consumidores, entre 
ellas, grandes almacenes y supermercados. El Comité 
propone que se excluyan también los residuos proceden­
tes de empresas que, por separado o de forma colectiva, 
han fijado normas para la eliminación de sus residuos, 
como las grandes empresas que disponen de un centro 
de tratamiento de residuos para todos sus estableci­
mientos. 
3.4. Artículo 3 
a) Cuando se trate de un Estado miembro distinto del 
Estado de expedición, la «autoridad competente 
de tránsito» mencionada en el apartado 1 de este 
artículo será la única autoridad competente que, 
conforme al artículo 24, puede ser designada por el 
Estado miembro. En aras de una mayor claridad, 
conviene incluir una referencia al artículo 24. 
b) No queda claro el sentido exacto de las «fases» 
mencionadas en el apartado 2. Si se tratara de los 
diferentes métodos de tratamiento, almacenamiento 
y transporte, debería indicarse así en el texto. 
c) En el apartado 3 se habla de un «documento de 
seguimiento » expedido por la autoridad competente 
de expedición. Es un documento distinto del utili­
zado habitualmente en el transporte de mercancías, 
denominado «carta de porte». Debería indicarse 
con claridad que se trata de un documento diferente, 
utilizando otra denominación. 
d) Según informaciones de la Comisión, en el primer 
guión del apartado 4 se entiende por « composición » 
no sólo la composición química sino también las 
cantidades. En aras de una mayor claridad, debería 
mencionarse eso en el texto. Además, no queda 
claro lo que debe entenderse por «inventario porme­
norizado». 
e) En el segundo guión del apartado 4 se establece la 
obligación de proporcionar, entre los datos solicita­
dos en el documento de seguimiento, los relativos 
a un seguro que cubra los daños ocasionados a 
terceros. De la información proporcionada por la 
Comisión se desprende que tal seguro no es obliga­
torio. Por lo demás se remite a las observaciones 
del apartado 3.10 sobre el artículo 15. 
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3.5. Artículo 4 
a) Cuando la autoridad competente no responde en 
absoluto, es decir, cuando no envía acuse de recibo 
o cuando, enviándolo, no comunica su decisión de 
denegación u otra, no hay vía de recurso alguna. El 
artículo 18 establece que únicamente habrá posibili­
dad de interponer recurso en caso de denegación 
de la autorización. En el sistema que establece la 
propuesta, la ausencia de respuesta y la denegación 
deberían ser equivalentes. Sin embargo, en el sistema 
de notificación modificado que propone el Comité 
no se plantea este problema. 
b) En la práctica, las instalaciones de incineración fun­
cionan con un sistema de requerimiento destinado 
a obtener una combinación determinada de residuos 
que permita realizar una incineración óptima. El 
Comité teme que este sistema tropiece con dificulta­
des como consecuencia de la aplicación del sistema 
de notificación previsto en la propuesta, en el que 
los plazos desempeñan, un papel importante. 
c) En el apartado 3 de este artículo, el punto de partida 
de la apreciación es la existencia de un «centro 
considerablemente más próximo» de tratamiento 
de residuos que el elegido por el autor de la notifica­
ción. Conforme a esta norma, las autoridades deben 
tener en cuenta en su apreciación todas las circun­
stancias pertinentes, como la situación geográfica, 
el tipo de residuos, los aspectos económicos del 
transporte, etc. El resultado puede ser que la autori­
dad competente adopte una decisión distinta de 
aquélla conforme a la cual el autor de la 
notificación/productor estaba de acuerdo tanto con 
las normas aplicables como con los criterios econó­
micos que deben tomarse en consideración. A conse­
cuencia de ello se plantean dos problemas: en pri­
mer lugar, que el autor de la notificación se encuen­
tra con un aumento de los costes, y en segundo 
lugar el problema de quién es responsable en caso 
de daños como resultado de la decisión adoptada 
por la autoridad; esta responsabilidad incumbe 
normalmente al autor de la notificación hasta el 
momento en que los residuos se transfieren a la 
instalación de tratamiento. El Comité ruega se 
tomen en consideración estos problemas. 
3.6. Artículo 7 
a) Los residuos destinados efectivamente al aprovecha­
miento están sujetos al régimen general, salvo si se 
dan determinadas condiciones. Este enfoque favo­
rece la falta de claridad de la medida. En opinión 
del Comité, estos residuos deberían figurar, con 
su propio régimen, en un título separado. A este 
respecto, debería tenerse más en cuenta el hecho de 
que las actuales condiciones de mercado tienen una 
importancia decisiva para estas sustancias. El plazo 
previsto de quince días después de la fecha de envío 
del acuse de recibo por parte de la autoridad de 
destino puede plantear considerables problemas. 
b) No está claro el significado del término «efectiva­
mente», en la expresión «destinados efectivamente al aprovechamiento», término que, además, no 
figura en la versión inglesa. En opinión del Comité, 
no añade nada nuevo al concepto de «aprovecha­
miento». 
c) El Comité señala que aún no está disponible el texto 
del impreso uniforme mencionado en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 7. 
d) En lo que se refiere al primer guión de la letra b) del 
apartado 1, cabe remitirse a la observación hecha en 
la letra d) del apartado 3.4. 
e) En cuanto al segundo guión de la misma letra, cabe 
remitirse a la pregunta que figura en la letra c) del 
apartado 3.2. 
3.7. Artículo 9 
a) El artículo establece la prohibición de exportación 
de determinadas categorías de residuos a Estados 
que no sean signatarios del Convenio de Basilea. Si 
dentro de la Comunidad se carece de la capacidad 
necesaria para el tratamiento de (ciertos tipos de) 
residuos, esta prohibición puede plantear dificulta­
des hasta el momento en que los Estados firmen 
dicho Convenio. El Comité desearía que se prestase 
la debida atención a este problema. 
b) No está claro si la prohibición de exportación se 
aplica exclusivamente a los residuos peligrosos. 
Efectivamente, también están sujetos a ella desechos 
recogidos de los hogares (véase el Anexo IV). 
3.8. Artículo 11, punto 8 
a) Asimismo, la prohibición de importación prevista 
en este artículo puede suscitar problemas análogos 
a los señalados en la letra a) del apartado 3.7, res­
pecto a la prohibición de exportación. La conse­
cuencia puede ser un retraso o la interrupción del 
abastecimiento de determinadas materias primas 
(reciclables). El Comité insta a que en la posterior 
elaboración de la propuesta se tengan en cuenta los 
problemas que pueden plantearse. 
b) En el punto 8, por el envío de una copia del docu­
mento de seguimiento al autor de la notificación y 
a las autoridades competentes interesadas debería 
velar no sólo el destinatario sino también, en su 
caso, el transportista. 
3.9. Artículo 14 
El tráfico ilícito puede ser imputable no sólo al autor 
de la notificación (punto 2) y al destinatario (punto 3), 
sino también al transportista, que podrá verse obligado, 
como los demás, a subsanar las consecuencias de sus 
actividades. 
3.10. Artículo 15 
Este artículo regula la fianza a la que está sujeto todo 
traslado de residuos, a excepción de los destinados al 
aprovechamiento. De la información proporcionada 
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por la Comisión se desprende que se ha extraído del 
Convenio de Basilea. El Comité llama la atención sobre 
el hecho de que el Convenio, en el apartado 11 de su 
artículo 6, da a elegir entre un seguro, una fianza o una 
garantía. La Comisión no ha expuesto los motivos que 
le han llevado a elegir la fianza. El Comité considera 
que ello se contradice con el carácter no obligatorio de 
un seguro (véase la letra e del apartado 3.4). El Comité 
desearía que se incluyera en el Reglamento la posibili­
dad de elección que contempla el Convenio de Basilea 
y que se precisara la finalidad, el alcance y el método 
de las diversas modalidades de cobertura de los riesgos. 
3.11. Artículo 18 
Cabe recordar que es necesario prever una posibilidad 
de recurso en el caso de que las autoridades competentes 
no respondan (salvo si, como se sugiere en el presente 
dictamen, el sistema de autorización encubierto se con­
vierte en un verdadero sistema de notificación). 
3.12. Artículo 21 
Es imposible evaluar y, en consecuencia, emitir un juicio 
sobre el coste de la aplicación del procedimiento de 
notificación y de vigilancia, tanto más cuanto que están 
incluidos los gastos de los análisis y controles. Por lo 
tanto, este artículo debería contener una indicación en 
ese sentido, que permita al autor de la notificación tener 
una idea de los gastos a que deberá hacer frente. En la 
actual Directiva se hace referencia a la práctica vigente 
en los Estados miembros. Esta referencia debería figurar 
también en el presente Reglamento. 
3.13. Artículo 24 
El Comité remite a las observaciones formuladas en el 
apartado 2.2.4 con respecto a las autoridades competen­
tes de los Estados miembros y la necesidad de dar 
a conocer su zona de jurisdicción, su dirección y su 
capacidad de tratamiento. 
3.14. Artículo 30 
Conforme a la Directiva relativa a la normalización de 
los informes sobre el medio ambiente, el plazo de un año 
de que disponen los Estados miembros para elaborar el 
informe debería ampliarse a tres. 
Hecho en Bruselas, el 3 de julio de 1991. 3.15. Artículos 31 y 32 
Con respecto a estos artículos, que guardan relación 
con la elaboración de determinados apartados de los 
que la propuesta aún carece, el Comité remite a las 
observaciones presentadas anteriormente en los 
apartados 2.1.2 y 2.1.3. Dando por hecho que el Con­
sejo valora la opinión del Comité Económico y Social, 
se espera que el Comité previsto en el artículo 32 aplique 
un procedimiento que permita al Comité Económico y 
Social desempeñar plenamente su trabajo consultivo. 
3.16. Anexo 11 A 
En este Anexo se ofrece un breve esbozo de los métodos 
utilizados para la eliminación de residuos. 
La redacción del punto D6 (« vertido de residuos sólidos 
en el medio acuático salvo inmersión») plantea dudas 
en cuanto a su contenido real. En lo que respecta al 
punto D7, («inmersión, incluido el soterramiento en el 
suelo marino»), el Comité Económico y Social señala 
que este tipo de eliminación está prohibido y se pre­
gunta si por tanto tiene cabida. 
3.17. Anexo 11 B 
En este Anexo se esbozan brevemente las operaciones 
destinadas al aprovechamiento de los residuos. Su 
punto Rll se refiere a la utilización de materiales obte­
nidos a partir de su empleo como combustible o esparci­
miento sobre el suelo en provecho de la agricultura o 
la ecología. El Comité opina que en ese caso no se 
puede hablar de residuos. 
3.18. Anexo V 
Este Anexo contiene una lista de características peligro­
sas. El punto H12 trata de sustancias ecotóxicas que, 
si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido 
a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas 
bióticos. Con este motivo, el Comité subraya que en 
este punto debería figurar una definición más ajustada 
y precisa de los « ecotóxicos » que indique, por ejemplo, 
si la toxicidad es grave o elevada. A falta de ello, dicha 
definición podría aplicarse a todos los residuos e incluso 
a sustancias distintas de los residuos. A modo de ejem­
plo, cabe mencionar la sal, que sí es peligrosa para el 
agua dulce pero no lo es en general, o la leche, que 
puede representar un peligro para el hombre y el medio 
ambiente si se vierte en aguas de superficie, pero que, 
en sí, es un alimento útil. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran^ois STAEDELIN