(21)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Estas abordan la totalidad o a una parte significativa de los retos económicos y sociales señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia por el Consejo en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, además de en las recomendaciones específicas por país formuladas hasta la fecha de adopción de un plan. En particular, la aplicación eficaz y rápida del plan puede generar cambios estructurales duraderos y, por tanto, tener un impacto duradero en la economía y la sociedad italianas. Se espera que una amplia gama de reformas en ámbitos políticos clave aborden los obstáculos persistentes al crecimiento económico. En particular, el plan contiene reformas dirigidas a fomentar cambios estructurales en el funcionamiento de la Administración Pública y el sistema judicial y a mejorar el entorno empresarial general. Las reformas e inversiones previstas en los sectores de la educación, el desarrollo de capacidades y la investigación pueden mejorar el capital humano y las capacidades de investigación a largo plazo. Las reformas del mercado laboral y las inversiones previstas para mejorar las perspectivas de empleo, en particular de los jóvenes y las mujeres, pueden aumentar la oferta de mano de obra, proporcionar un acceso igualitario a las cualificaciones y, en última instancia, apoyar el crecimiento económico. Se espera que las reformas en sectores como el transporte y la gestión del agua mejoren de forma estructural la eficiencia económica, entre otras cosas mediante un uso más sistemático de procedimientos competitivos para asignar los contratos de servicios.

(16)En 2022, el Gobierno ha suprimido gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, de modo que se prevé que las medidas temporales de apoyo de emergencia disminuyan del 3,5 % del PIB en 2021 al 1,1 % en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,5 % del PIB en 2022 y se suprimirán gradualmente en 2023. Estas medidas consisten principalmente en transferencias sociales a los hogares más pobres, reducciones en los impuestos indirectos sobre el consumo de energía y subvenciones a las empresas energéticas. Estas medidas se han presentado como temporales. Sin embargo, si los precios de la energía siguen siendo elevados en 2023, algunas de ellas podrían mantenerse. Algunas de estas medidas no tienen carácter específico, en particular las reducciones generales de los impuestos indirectos sobre el consumo de energía (IVA e impuestos fijos). El déficit público también se ve afectado por los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,1 % del PIB en 2022 y en 2023.

(15)El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2022 es favorable para 2022 y realista para años posteriores. El Gobierno prevé un aumento del PIB real del 3,1 % en 2022 y del 2,4 % en 2023. En comparación, las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión prevén un menor crecimiento del PIB real del 2,4 % en 2022 y del 1,9 % en 2023, debido principalmente a unas previsiones más prudentes para la demanda interna. En su Programa de Estabilidad de 2022, el Gobierno prevé que el déficit global descienda al 5,6 % del PIB en 2022 y al 3,9 % del PIB en 2023. La caída registrada en 2022 refleja principalmente el crecimiento de la actividad económica y la desaparición de la mayoría de las medidas de emergencia. De acuerdo con el Programa, se espera que la ratio de deuda pública sobre el PIB disminuya hasta situarse en el 147 % en 2022 y el 145,2 % en 2023. Sobre la base de las medidas políticas conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión indican un déficit público para 2022 y 2023 del 5,5 % del PIB y del 4,3 % del PIB, respectivamente. En comparación con el Programa de Estabilidad de 2022, el déficit previsto en las previsiones de la Comisión es casi el mismo en 2022, pero superior en 2023, debido principalmente a un menor crecimiento económico. Al mismo tiempo, las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión no incluyen las medidas de apoyo adicionales para 2022 anunciadas en el Programa, ya que los datos no estaban disponibles antes de la fecha límite. Según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, la ratio de deuda pública sobre el PIB será más elevada, del 147,9 % en 2022 y del 146,8 % en 2023. La diferencia se debe a un déficit más elevado y a un crecimiento económico menor.

(13)El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Italia, ya que su déficit público superó en 2021 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública superó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no disminuyó a un ritmo satisfactorio. El informe concluía que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. En consonancia con la Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión consideró, en su evaluación de todos los factores pertinentes, que el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda conllevaría un esfuerzo fiscal concentrado en las fases iniciales excesivamente exigente, que podría poner en riesgo el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales que concurren actualmente. Tal como se anunció, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la pertinencia de proponer su apertura en otoño de 2022.

(24)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Italia afronta algunos retos adicionales relacionados con el sistema impositivo. Las políticas dirigidas a aumentar la eficiencia del sistema fiscal pueden ayudar a corregir los desequilibrios macroeconómicos existentes desde hace tiempo. A medio y largo plazo, un sistema fiscal más favorable al crecimiento y más eficiente contribuiría a reducir la elevada deuda pública, ayudaría al crecimiento de la productividad y apoyaría la creación de empleo, especialmente para las mujeres.

(25)La presión fiscal de Italia sobre el trabajo es elevada y el perfil de los tipos impositivos marginales efectivos sobre la renta de las personas físicas se caracteriza por fuertes discontinuidades. A finales de 2021, Italia adoptó medidas para afrontar estos retos, en particular mediante la introducción de una asignación universal por hijo a cargo y la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se espera que estas medidas aumenten de forma moderada la oferta de mano de obra, especialmente en el caso de las mujeres. La cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo muy elevada en todos los niveles de renta en comparación con otros Estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, se infrautilizan otras fuentes de ingresos, menos perjudiciales para el crecimiento, lo cual deja margen para reducir aún más la presión fiscal sobre el trabajo de forma neutra desde el punto de vista presupuestario. Los valores catastrales, que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, están en gran medida desfasados. El número y el alcance de los gastos fiscales, también para el IVA, son elevados, por lo que deben tomarse medidas para racionalizarlos. Por último, a pesar de los ingresos relativamente elevados procedentes de los impuestos sobre la energía en Italia, su diseño no promueve suficientemente la transición hacia tecnologías más limpias, debido también al uso generalizado de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Estas diversas dimensiones están cubiertas por la ley de habilitación para la reforma fiscal, presentada por el Gobierno a finales de 2021, que, tras su adopción, debería aplicarse mediante decretos legislativos.

(26)En respuesta al mandato de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE expuesto en la Declaración de Versalles, el plan REPowerEU tiene por objeto eliminar gradualmente, lo antes posible, la dependencia de la Unión Europea respecto de las importaciones de combustibles fósiles rusos. A tal fin, se están determinando, en diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas más adecuados a nivel nacional, regional y de la UE. Estas medidas tienen por objeto reducir la dependencia de los combustibles fósiles en general y desviar de Rusia las importaciones de estos combustibles.

(27)Italia depende en gran medida de las importaciones de energía de Rusia, en particular de gas, con un 43 % de gas importado de Rusia (ligeramente por debajo de la media de la UE del 44 %) y un 42 % del gas en su combinación energética. La dependencia del petróleo crudo con respecto a Rusia es inferior (11 %) a la media de la UE (26 %) (el petróleo representa el 32 % de la combinación energética de Italia). Aunque Italia no se enfrenta a problemas significativos en la seguridad del abastecimiento de gas natural a corto plazo debido a su importante capacidad de almacenamiento y a las conexiones de gasoductos con el norte de África y Azerbaiyán, la invasión rusa de Ucrania puede plantear problemas a medio y largo plazo. Italia tiene margen para superar los cuellos de botella y aumentar la capacidad de transporte de la energía, tanto dentro del país como con los países vecinos. Se recomienda que las nuevas inversiones en infraestructuras y redes relacionadas con el gas estén preparadas para el futuro, en la medida de lo posible, con el fin de facilitar su sostenibilidad a largo plazo mediante su readaptación futura a los combustibles sostenibles. En la actualidad, Italia está diversificando su combinación energética mediante el aumento de la cuota de energías renovables, en particular gracias a la energía solar, eólica, el hidrógeno y el biometano sostenible. Sin embargo, también en vista de los posibles retos derivados de la actual situación geopolítica, hay margen para acelerar y aumentar la implantación de las fuentes de energía renovables establecidas en el plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC). Italia tiene margen para seguir adoptando medidas que faciliten la autorización de proyectos de energías renovables. Además, los objetivos de Italia en términos de eficiencia energética pueden no ser suficientes para hacer frente a dichos retos ni para cumplir las ambiciones del paquete «Objetivo 55». La estrategia de eficiencia energética para el sector de la construcción se basa principalmente en medidas temporales y debe complementarse con una estrategia a medio y largo plazo, que incluya medidas de eficiencia energética más estrictas en las empresas, en particular en la industria. Además, es necesario seguir descarbonizando el sector del transporte, en particular acelerando el despliegue de puntos de recarga para los vehículos eléctricos y avanzando en los principales proyectos ferroviarios, de carriles bici y de transporte público. Para que Italia se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55», será necesario ser más ambicioso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en el aumento de las energías renovables y la eficiencia energética.

(28)Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática y el abandono de los combustibles fósiles generará importantes costes de reestructuración en varios sectores, Italia puede recurrir al Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Además, Italia puede utilizar el Fondo Social Europeo Plus para mejorar las posibilidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(29)A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022, y su dictamen se refleja en la recomendación 1 que figura a continuación.

(30)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro. Para Italia, esto se refleja en particular en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

(31)A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2022 y el Programa de Estabilidad de 2022. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación. Las recomendaciones 1 y 2 también contribuyen a la aplicación de la Recomendación para la zona del euro, en particular la primera, segunda y cuarta de las recomendaciones para la zona del euro. Las políticas fiscales a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con una deuda pública elevada. Las políticas a que se refiere la Recomendación 2 ayudan, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con la elevada deuda pública y la persistente debilidad de la dinámica de la productividad, en un contexto de fragilidad del mercado laboral y del sector bancario.

RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2022 y 2023 con el fin de:

1.Garantizar, para 2023, una política fiscal prudente, en particular mediante la limitación del aumento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Ampliar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, en particular mediante la utilización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REPowerEU y otros fondos de la UE. Para el período posterior a 2023, aplicar una política fiscal destinada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar una reducción creíble y gradual de la deuda, así como la sostenibilidad fiscal a medio plazo a través del saneamiento gradual, la inversión y las reformas. Con el fin de seguir reduciendo los impuestos sobre el trabajo y aumentar la eficiencia del sistema, adoptar y aplicar adecuadamente la ley de habilitación sobre la reforma fiscal, en particular revisando los tipos impositivos marginales efectivos, ajustando los valores catastrales a los valores actuales del mercado, racionalizando y reduciendo los gastos fiscales, también para el IVA y las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la equidad, y reduciendo la complejidad del código de impuestos.

2.Proceder a la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, de acuerdo con los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021. Finalizar sin dilación las negociaciones con la Comisión relativa a los documentos de programación de la política de cohesión para el período 2021-2027 con vistas a iniciar su aplicación.

3.Reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar las importaciones de dichos combustibles. Superar los cuellos de botella para aumentar la capacidad de transporte interno de gas, desarrollar interconexiones eléctricas, acelerar la implantación de capacidades adicionales de energías renovables y adoptar medidas para aumentar la eficiencia energética y promover la movilidad sostenible.

Hecho en Bruselas, el