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Bruselas, 23.3.2010

COM(2010)112 final

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN EUROPEAAL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

1. INTRODUCCIÓN –

Cuando Bulgaria se incorporó a la UE, el 1 de enero de 2007, se estableció un Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1] para ayudarle a paliar ciertas deficiencias en los ámbitos de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y hacer un seguimiento de sus avances en los mismos mediante informes periódicos.

El presente informe es un informe provisional de actualización de carácter técnico sobre los hechos importantes que se han producido en Bulgaria en los últimos seis meses en el marco del MCV. No ofrece, pues, una evaluación de los avances realizados. La actualización se limita a aquellas medidas que se han ultimado o que se espera ultimar en breve.

El último informe sobre los progresos de Bulgaria que la Comisión adoptó el 22 de julio de 2009 y sus recomendaciones siguen siendo la referencia para la evaluación de los avances logrados en lo que se refiere a los indicadores y a la identificación de los desafíos pendientes. La Comisión realizará su próxima evaluación en el verano de 2010.

2. REFORMA JUDICIAL, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: SITUACIÓN ACTUAL

Durante los últimos seis meses, Bulgaria ha puesto en marcha varias propuestas concretas de reforma que responden a las recomendaciones de la Comisión: actualmente se está debatiendo en el Parlamento una revisión parcial del Código Procesal Penal y prosiguen los trabajos para reformar sustancialmente la Ley sobre el decomiso de los productos de los delitos, así como para revisar la Ley de regulación de los conflictos de intereses. Bulgaria también decidió fortalecer las estructuras de la Fiscalía para combatir los delitos graves, utilizando equipos conjuntos de investigación en algunos casos prioritarios sobre corrupción a alto nivel y delincuencia organizada. Bulgaria acometió asimismo una reforma estructural de la Agencia Tributaria Nacional y de la Agencia Nacional de Aduanas y empezó a elaborar una estrategia global para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, la Inspección Judicial del Consejo Supremo Judicial mantuvo un balance positivo y el Consejo Supremo Judicial (CSJ) siguió supervisando los casos de gran repercusión pública.

Sin embargo, los resultados en lo que concierne a los casos judiciales de corrupción a alto nivel y de delincuencia organizada siguen siendo exiguos y en enero de 2010 se cometió un nuevo asesinato en plena calle . Las graves acusaciones de corrupción en relación con el nombramiento de altos cargos del Poder Judicial que salpicaron a miembros del CSJ todavía tienen que ser examinadas cuidadosamente. Antes de la siguiente evaluación de los progresos realizados habrá que llevar a cabo un seguimiento administrativo más rápido y completo de las dudas de la Comisión a propósito de las irregularidades, los conflictos de intereses y el fraude en la utilización de los fondos de la UE.

3. PERSPECTIVAS

En los últimos seis meses, Bulgaria ha emprendido algunas iniciativas importantes que demuestran su voluntad reformista.

Esas iniciativas son dignas de encomio. Aunque su mérito sólo podrá evaluarse a la vista de su contribución real a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada una vez aplicadas, las medidas recientemente adoptadas por Bulgaria ponen de relieve un reconocimiento creciente de la necesidad de llevar a cabo reformas importantes y de largo alcance.

Para lograr un número significativo de resultados prácticos y tangibles, Bulgaria debe ampliar sus medidas reformistas aún a más ámbitos. Las reformas recomendadas por la Comisión en julio de 2009 deben convertirse en una prioridad nacional y extenderse a más campos para lograr una profunda reforma del Poder Judicial.

La Comisión continuará apoyando a Bulgaria en esta labor y efectuará una nueva evaluación exhaustiva de los progresos realizados este próximo verano.

4. ACTUALIZACIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES

4.1. Indicador 1: Adoptar medidas constitucionales que eliminen cualquier ambigüedad relativa a la independencia y responsabilidad del sistema judicial

Las actuaciones de la Inspección del CSJ prosiguieron a buen ritmo. La Inspección llevó a cabo inspecciones programadas de todo el sistema judicial búlgaro, con excepción de los tribunales civiles de apelación de Sofía. Según la Inspección, aunque sus recomendaciones a tribunales y fiscalías no se siguieron en todos los casos, las inspecciones tuvieron en general un claro efecto preventivo entre los magistrados.

El grupo de trabajo conjunto del CSJ y de la Inspección, recientemente creado, debe contribuir a unificar la práctica disciplinaria, ayudar a afinar las inspecciones y apoyar al CSJ a aplicar las conclusiones a las que lleguen las inspecciones en los procedimientos de evaluación y nombramiento. La práctica actual muestra que las sanciones impuestas por el CSJ suelen ser poco rigurosas. En algunos ocasiones, se desestimaron las actuaciones por haber prescrito los plazos legalmente estipulados.

4.2. Indicador 2: Garantizar un proceso judicial más transparente y eficiente mediante la adopción y aplicación de una nueva ley relativa al sistema judicial y del nuevo Código de Procedimiento Civil. Informar sobre las consecuencias de la nueva normativa y de los códigos de procedimiento penal y administrativo, principalmente en la fase de instrucción

En respuesta a las recomendaciones de la Comisión, el Gobierno introdujo diversas modificaciones en el Código Procesal Penal con objeto de mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos judiciales. El examen de esas modificaciones en el Parlamento ha puesto de manifiesto que quizás no todas ellas cuenten con el apoyo necesario[2].

El proyecto de modificación del Código Penal presentado por el Gobierno pretende endurecer las penas por delitos tales como homicidio, rapto o fraude financiero.

Bulgaria evalúa positivamente la conformidad «premiada» («plea-bargaining»), un instrumento que ha incrementado la eficiencia judicial. Por el contrario, la aplicación del procedimiento acelerado ha provocado una indulgencia injustificada en casos en los que el procesamiento se basaba en pruebas sólidas. Como consecuencia de esta evaluación, las autoridades búlgaras barajan la posibilidad de no aplicar el procedimiento acelerado a determinados delitos graves y se decantan por limitar la capacidad de los tribunales para dictar resoluciones al mínimo establecido[3].

No se han comunicado progresos en relación con la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Instrumentos Normativos, que debe introducir normas claras sobre transparencia y debate público y codificar las diferentes fases del procedimiento legislativo.

4.3. Indicador 3: Continuar la reforma del sistema judicial con objeto de mejorar la profesionalidad, la responsabilidad y la eficiencia. Evaluar el impacto de esta reforma y publicar los resultados anualmente

La evaluación de los magistrados siguió siendo objeto de críticas, ya que la mayoría de ellos obtuvieron la máxima puntuación. En respuesta a la recomendación de la Comisión, el CSJ aprobó una orden para mejorar la equidad y objetividad del ejercicio de evaluación anual[4]. El CSJ continuó supervisando los casos de gran interés público para garantizar la celeridad de la fase procesal propiamente dicha. Según se ha informado, nueve de cada cincuenta de esos casos se saldaron con una condena[5]. El CSJ comprobó que en algunos casos los aplazamientos estaban justificados y formuló una serie de recomendaciones de seguimiento; sin embargo, siguieron produciéndose retrasos injustificados en algunos casos importantes[6].

En la segunda mitad de 2009, se hicieron públicas una serie de acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en relación con el nombramiento de altos cargos de la magistratura que salpicaban a altos cargos del CSJ. A raíz de esas acusaciones, el CSJ incoó procedimientos disciplinarios contra un cierto número de magistrados. Dos miembros del CSJ dimitieron ante la presión de la opinión pública y volvieron a la carrera judicial. Con anterioridad, el CSJ había comunicado que esos dos miembros habían infringido el código ético de los magistrados y había solicitado su dimisión. De acuerdo con la información facilitada, la falta de base legal impidió al CSJ adoptar medidas disciplinarias contra ellos. En consecuencia, el Ministro de Justicia presentó una propuesta de modificación de la Ley del Poder Judicial para reforzar la responsabilidad disciplinaria de los miembros del CSJ[7].

De los al menos treinta magistrados presuntamente implicados, diecisiete dimitieron a raíz de ser acusados de tráfico de influencias en este caso. Se comunicó la incoación de procedimientos disciplinarios contra todos los magistrados sospechosos de tráfico de influencias que presentaron candidaturas para ocupar cargos en la Administración, con independencia de si habían sido o no nombrados para esos cargos. Los procedimientos disciplinarios incoados por el CSJ se han saldado hasta ahora con siete degradaciones. Como la Fiscalía no incoó procedimientos judiciales contra ninguno de los magistrados involucrados, no pudo comprobarse la sustancia de las acusaciones.

Debido a la existencia de varios indicios públicos, el CSJ inició una investigación sobre presuntas irregularidades en un tribunal regional. El informe de la investigación, que fue aprobado por el CSJ en febrero, reveló una serie de graves deficiencias en la gestión del tribunal[8]. El seguimiento legal y disciplinario de los hechos puestos de manifiesto por el informe siguen su curso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) criticó la falta de responsabilidad del Fiscal General[9]. La decisión del TEDH instó a Bulgaria a establecer unos controles y equilibrios adecuados entre instituciones en su sistema judicial.

4.4. Indicador 4: Realizar investigaciones profesionales y no partidistas en casos de denuncia de corrupción a alto nivel e informar sobre las mismas. Informar sobre las inspecciones internas de instituciones públicas y la publicación del patrimonio de altos cargos

Con el fin de atenerse a las recomendaciones de la Comisión, Bulgaria creó cinco equipos conjuntos permanentes más para ocuparse de los casos clave de delincuencia organizada (véase el indicador 6). A estos equipos también se les asignó con carácter experimental, la investigación de las acusaciones de fraude y negligencia en sus funciones contra tres antiguos ministros y dos diputados. Hasta comienzos de marzo se habían registrado en total seis autos de procesamiento que afectaban a dos antiguos ministros, dos diputados y un antiguo director de un organismo estatal.

Bulgaria reforzó la capacidad del equipo conjunto de investigación para hacer frente a los fraudes contra los intereses de la UE. Bulgaria comunicó que de los 125 casos investigados por el equipo en 2009, 108 se elevaron a los tribunales.

En respuesta a las recomendaciones de la Comisión, Bulgaria preparó una serie de modificaciones de la Ley de regulación de los conflictos de intereses con objeto de crear una comisión encargada de aplicar dicha Ley bajo la supervisión del Parlamento. Se confía en que la creación de una comisión especializada extienda el limitado ámbito de aplicación de la Ley de regulación de los conflictos de intereses a otros ámbitos, mejore su aplicación y aumente su eficacia gracias a la imposición de sanciones o al decomiso de bienes.

Actualmente se están investigando varios casos de corrupción a alto nivel. Recientemente se han registrado siete autos de procesamiento, pero dos casos importantes de fraude que se encuentran en los tribunales han sufrido numerosos aplazamientos. No se han comunicado condenas en casos de corrupción a alto nivel desde julio de 2009.

Siguen registrándose casos de controles administrativos insuficientes para evitar las irregularidades y detectar las infracciones administrativas. En muchos casos las autoridades judiciales tienen indicios de esas irregularidades o infracciones antes de que se realicen las primeras comprobaciones administrativas. Además, los órganos administrativos de control no son lo suficientemente «proactivos» para determinar los riesgos y detectar de oficio posibles casos de fraude y corrupción. En la Agencia Tributaria y en la Agencia Nacional de Aduanas han comenzado a aplicarse una serie de reformas con el fin de aumentar su responsabilidad y eficiencia.

Al parecer la aplicación de la Ley de Prevención y Detección de los Conflictos de Intereses ha permitido detectar cuarenta y siete casos de irregularidades desde mediados de 2009. Sin embargo, no se han actualizado las declaraciones de bienes de los funcionarios de alto nivel, ministros y diputados, publicadas en un sitio especialmente dedicado a tal efecto del Tribunal de Cuentas. Tampoco han sido objeto de medida alguna de seguimiento por parte de los organismos encargados de controlarlas. De la misma manera, desde diciembre de 2009 no se tiene constancia de ningún caso en que la comisión parlamentaria creada específicamente al efecto haya investigado los supuestos casos de conflicto de intereses que afectaban a altos funcionarios y diputados.

4.5. Indicador 5: Tomar medidas complementarias de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las fronteras y las administraciones locales

El 18 de noviembre de 2009, el Consejo de Ministros adoptó una ambiciosa estrategia para evitar y combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Esta estrategia se aplicará en todo el sector público con la ayuda de un plan de acción y apoyo del extranjero.

Bulgaria debe redoblar sus esfuerzos a nivel administrativo para evitar las irregularidades en la contratación pública e investigar las dudas que se ciernen sobre la utilización de los fondos de la UE. Será importante que el resultado del debate parlamentario sobre las modificaciones de la Ley de Contratos del Estado garantice una protección efectiva contra el fraude y la corrupción en la contratación pública[10].

4.6. Indicador 6: Aplicar una estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, haciendo hincapié en los delitos graves y el blanqueo de capitales, así como en la confiscación sistemática de bienes de los delincuentes. Presentar informes sobre las investigaciones nuevas y en curso, los procesos y las condenas en estos campos

A raíz de una recomendación de la Comisión, Bulgaria creo cinco equipos conjuntos de investigación permanentes bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. Cada uno de estos equipos está dirigido por un fiscal y entre sus miembros hay policías, jueces de instrucción y representantes de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), estos últimos se dedican fundamentalmente a obtener información financiera. Los cinco equipos se centrarán principalmente en investigar los casos importantes de delincuencia organizada[11].

En respuesta a otra de las recomendaciones de la Comisión, Bulgaria tiene intención de endurecer sustancialmente la legislación sobre el decomiso de los productos de los delitos y reforzar el mandato de la Comisión de Congelación y Confiscación de Haberes Criminales (CEPACA). Las modificaciones proponen, en particular, ampliar la definición de «personas relacionadas», cuyos bienes podrían confiscarse, conferir a la CEPACA el derecho a actuar de oficio, evaluar los activos en función de su valor de mercado e invertir la carga de la prueba cuando se sospeche que determinados bienes han sido adquiridos ilegalmente. Las modificaciones legislativas afectan fundamentalmente al decomiso por parte de los tribunales civiles, que para intervenir no dependerán de la adopción de una decisión específica en un asunto penal, sino que estarán condicionados por otros elementos como, por ejemplo, los antecedentes penales. Previsiblemente, el proyecto de modificación llegará al Parlamento en marzo, una vez finalizada la consulta pública.

Desde mediados de 2009, se han realizado en Bulgaria diversas detenciones, abriéndose investigaciones relacionadas con grupos de delincuencia organizada.

Durante ese mismo período, se registraron dos autos de procesamiento en asuntos de gran repercusión, uno por asesinato y establecimiento de una asociación de malhechores y uno por evasión fiscal. En este segundo caso se «congelaron» importantes activos[12].

Un posible testigo en un caso de delincuencia organizada de gran repercusión mediática fue asesinado en Sofía el 5 de enero de 2010. En general, los casos de delincuencia organizada que llegan a los tribunales no han experimentado grandes variaciones desde mediados de 2009, no habiéndose registrado condenas durante este período.

Bulgaria baraja la posibilidad de reforzar la protección legal contra el blanqueo de dinero mediante la introducción de modificaciones en la Ley del Notariado que prohibirían el pago en metálico en las transacciones inmobiliarias. Esas modificaciones se están debatiendo actualmente en el Parlamento.

[1] Decisión 2006/929/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Bulgaria para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (DO L 354 de 14.12.2006, p. 58).

[2] Las modificaciones amplían las pruebas admisibles ante los tribunales y aligeran los trámites procesales. Se incluyen como pruebas admisibles ante los tribunales el testimonio de los agentes de policía, los documentos oficiales facilitados por la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y la información obtenida por medios de investigación especiales antes de que se inicien oficialmente las diligencias previas. Otras de las modificaciones introducidas son el establecimiento de procedimientos simplificados para el registro de los autos de procesamiento; la posibilidad de designar abogado a un acusado por decisión judicial; la agilización de la transferencia de asuntos entre demarcaciones judiciales y el derecho de la Fiscalía a recurrir las decisiones judiciales de inadmisibilidad. El 4 de marzo, el Parlamento rechazó, en segunda lectura, la posibilidad de que los agentes de policía encargados de la investigación presten testimonio ante los tribunales y pospuso el debate sobre la posibilidad de designar abogado a un acusado por decisión judicial.

[3] De acuerdo con el proyecto de modificación del Código Procesal Penal, el procedimiento acelerado dejará de aplicarse en los casos de asesinato o cuando el delito se cometa bajo los efectos de las drogas o el alcohol; tampoco se aplicará cuando el delito se cometa contra un juez, un fiscal o un órgano de investigación; cuando sea un juez, un fiscal o un órgano de investigación quien lo cometa, así como en los casos de secuestro, tráfico de seres humanos y fabricación, almacenamiento o tráfico de estupefacientes.

[4] Las principales modificaciones incluyen el traspaso de la responsabilidad de la evaluación de los altos magistrados a una comisión central de evaluación del CSJ; la creación de dos subcomisiones para jueces y fiscales y la obligación de verificar 15 asuntos seleccionados al azar del candidato evaluado. Además, las conclusiones de la Inspección y las sanciones se tendrán en cuenta en las evaluaciones.

[5] Ocho de las nueve sentencias condenatorias se dictaron en la primera mitad de 2009; la última en julio de 2009. No se informó de la gravedad de las penas impuestas ni de si las condenas se ejecutaron.

[6] La incomparecencia del acusado (tres veces), la ausencia del acusado por enfermedad (dos veces) y la incomparecencia de testigos (dos veces) fueron, por ejemplo, razones que motivaron repetidos aplazamientos de un mismo asunto.

[7] De acuerdo con los planes, los miembros del CSJ que menoscaben el prestigio del Poder Judicial podrán ser expulsados definitivamente del mismo.

[8] El informe confirma las acusaciones contra el Presidente del Tribunal por un conflicto de intereses e irregularidades en relación con el sistema de asignación aleatoria de los asuntos.

[9] Kolevi/Bulgaria (demanda nº 1108/02), disponible en: www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en .

[10] De acuerdo con algunas propuestas de modificación de la Ley de Contratos del Estado, las licitaciones públicas irregulares no se anularían si la entidad adjudicadora paga una multa contractual equivalente al 2 % del valor del contrato.

[11] A mediados de 2009, Bulgaria limitó la competencia de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN). Aunque representantes de la ASN participen en los recientemente creados equipos conjuntos, la responsabilidad de la investigación de los casos de delincuencia organizada la ha recuperado el Ministerio del Interior. Por el contrario, la ASN mantendrá, tal como se informó, la responsabilidad de recopilar información sobre los casos de corrupción a alto nivel. El Servicio de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (AFCOS) pasó del Ministerio de Economía y Hacienda al Ministerio del Interior.

[12] En total, Bulgaria ha comunicado 29 autos de procesamiento en relación con asuntos de delincuencia organizada desde mediados de 2009.