ES Diario Oficial de la Unión Europea C 228/66

Dictamen el Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad»

COM(2008) 640 final — 2008/0194 (COD)

2009/C 228/11

El 30 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 11 de marzo de 2009 (ponente: Umberto BURANI).

En su 452o Pleno de los días 24 y 25 de marzo de 2009 (sesión del 24 de marzo de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 178 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El Comité aprueba el contenido general de la propuesta de la Comisión, que tiene principalmente por objeto ampliar a los adeudos domiciliados el abanico de operaciones previstas por el Reglamento sobre los sistemas de pagos transfronterizos. Esta iniciativa es coherente, en general, con la línea de conducta de la Comisión, que pretende que los pagos transfronterizos efectuados en la zona euro se consideren y sean tratados como pagos nacionales.

1.2 El hecho de que el tratamiento de los adeudos domiciliados transfronterizos sea más costoso que el de las operaciones similares realizadas a nivel nacional suscita algunas reflexiones. El CESE pide, pues, que la Comisión haga gala de transparencia y dé a conocer los detalles, la metodología y las fuentes de los estudios en que se basa para llegar a sus distintas conclusiones. Para tomar decisiones equilibradas es necesario conocer bien los hechos.

1.3 En cualquier caso, cabe recordar que si el Reglamento entrara en vigor el 1 de noviembre de 2009, como está previsto, los plazos son más bien limitados para permitir la elaboración de planes económicos, que de todas formas no serían posibles sin que haya seguridad jurídica en lo que se refiere a la «Tasa Multilateral de Intercambio» (TMI).

1.4 La propuesta contiene también dos prescripciones para los Estados miembros: la primera es la institución, si todavía no existe, de una autoridad responsable de los sistemas de pago, y la segunda es la creación de estructuras apropiadas para el tratamiento de las reclamaciones. El CESE considera que la mayoría de los países ya disponen desde hace tiempo de tales estructuras. Pero en caso contrario, advierte del riesgo de crear nuevas estructuras con funciones ya realizadas totalmente o, en parte, por otras estructuras existentes.

1.5 Se pide también a los Estados miembros que impongan sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» a quienes no respeten o infrinjan las disposiciones establecidas por el Reglamento. El CESE aprueba esta iniciativa, pero observa que la comunicación del estudio comparado de las medidas tomadas en los distintos países permitiría evaluar la importancia que cada Estado miembro atribuye al Reglamento.

1.6 El Reglamento se aplica solamente a los países que forman parte de la Unión Monetaria. Los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro tienen la facultad de aplicar el Reglamento a su moneda propia. El hecho de que ningún Estado haya utilizado esta posibilidad debería incitar a reflexionar sobre el grado de interés que tales iniciativas tienen para los distintos países.

2. Introducción

2.1 El Reglamento (CE) 2560/2001 sobre los pagos transfronterizos en la Comunidad está en vigor desde el 31 de diciembre de 2001. Prevé que el coste de una operación de pago transfronterizo sea igual, en cada Estado miembro, al de una transacción similar realizada dentro de ese Estado. El Reglamento se aplica a las transferencias, a los pagos electrónicos, a las tarjetas de crédito de todo tipo y a las retiradas de efectivo en los cajeros automáticos. La propuesta de la Comisión amplía el ámbito de aplicación del Reglamento, a partir del 1 de noviembre de 2009, a los adeudos domiciliados, mejora el sistema de regulación de las reclamaciones e introduce simplificaciones en los sistemas de declaraciones estadísticos.

2.2 El objetivo de la Comisión consiste en mejorar el funcionamiento del mercado interior de los sistemas de pago en euros, en el cual las operaciones nacionales o internacionales se sometan a las mismas normas, lo que representaría ahorros y ventajas para los consumidores y para la economía en general. La resolución de los litigios merece una atención especial para responder a las observaciones formuladas por las asociaciones de consumidores, mientras que las declaraciones estadísticas representan cargas administrativas y elevados costes para las entidades de crédito.

2.3 El CESE expresa su satisfacción por la iniciativa de la Comisión, cuyas líneas generales aprueba, y formula algunas observaciones y sugerencias para aportar una contribución útil a los debates en curso.

3. Observaciones generales

3.1 A raíz de las presiones ejercidas durante años por la Comisión, el sector bancario creó una infraestructura de pagos a nivel europeo (SEPA, zona única de pagos en euros), que ya funciona satisfactoriamente, tanto desde un punto de vista técnico y organizativo como del de la alineación de las comisiones facturadas en los pagos internacionales y los nacionales. Según la Comisión, «puede considerarse… que este Reglamento es el punto de arranque de la SEPA».

3.2 No cabe sino celebrar los resultados obtenidos. Pero subsisten todavía elementos serios de perplejidad en cuanto a la conformidad con los principios generales del mercado único. En primer lugar, la SEPA tiene por objeto solucionar el problema de los pagos en euros. Los países que no pertenecen a la zona euro no se benefician de este sistema, salvo para los pagos que efectúan en la moneda única. A raíz de la ampliación, se puede afirmar que actualmente la SEPA cubre la mayor parte de las operaciones intracomunitarias: un mercado interior a velocidad variable.

3.3 En segundo lugar, la igualdad de las condiciones aplicadas a los pagos nacionales e internacionales vale solamente dentro de un mismo país. Las diferencias entre los distintos países subsisten y son a veces considerables, pero son aún mayores las diferencias entre el conjunto de países de la zona euro y los demás. El Reglamento en vigor prevé la posibilidad de su adopción voluntaria por los países no integrados en la zona euro, pero esta cláusula no se ha utilizado mucho hasta ahora. El resultado global es que todavía falta mucho para una convergencia razonable de los precios en el interior de la UE.

3.4 Y precisamente en relación con la convergencia de los precios, no se pretende afirmar que sea posible lograr su uniformidad. No obstante, se podría avanzar en términos de transparencia y de una mejor respuesta a las aspiraciones de los consumidores si cada país procediera con cuidado a un examen comparativo de los costes: existen enormes diferencias en materia de costes de infraestructura, de incidencia de las cargas fiscales y sociales, de organización y de importancia relativa de las transacciones nacionales e internacionales. Un análisis tal podría también proporcionar indicaciones útiles sobre la validez de la decisión de incluir en el Reglamento todos los instrumentos transfronterizos de pago electrónico.

4. Observaciones específicas

4.1 El artículo 1.3 excluye del Reglamento los pagos que los proveedores de servicios de pago efectúen por cuenta propia. Esta exclusión debería abarcar también los servicios prestados por cuenta de otros proveedores de servicios de pago. La Comisión afirma que las disposiciones deben interpretarse en este sentido; en tal caso, el CESE sugiere una formulación más explícita y señala que sería, en efecto, ilógico que la libre prestación de servicios realizados directamente entre profesionales no se aplicara a otros profesionales que recurren a intermediarios igualmente profesionales.

4.2 El artículo 2.1 señala que el Reglamento se refiere exclusivamente a los medios de pago electrónicos: por consiguiente, se excluyen los medios de pago en soporte papel como los cheques y las letras de cambio. El CESE no puede sino estar de acuerdo, pero observa que las diferencias entre las comisiones cobradas en los distintos países por estos medios de pago –que están en curso de desaparición- son demasiado elevadas para ser imputables únicamente a los costes. Es posible que en algunos países estas elevadas comisiones se utilicen no sólo para cubrir los costes, sino también como argumento disuasivo para quienes siguen utilizando, en la era de la electrónica, medios de pago en soporte papel: el CESE está de acuerdo con esta consideración.

4.2.1 El artículo 2 debería, además, aclarar en un apartado específico el concepto de «pago electrónico» citado en el apartado 1 (de la versión italiana, pues en la española no se emplea dicho término, n.d.l.t.). Habida cuenta del coste de las técnicas mixtas y de acuerdo con una práctica ya consolidada, este nuevo apartado debería prever expresamente que el pago electrónico no debe implicar procedimiento alguno en papel.

4.3 El artículo 1.2 introduce una innovación: en la aplicación del Reglamento a pagos transfronterizos por un importe máximo de 50 000 euros se incluyen todos los instrumentos de pago electrónicos, incluidos los adeudos domiciliados. Por lo que se refiere a este último tipo de instrumento, el CESE considera oportuno emitir algunas reservas.

4.3.1 El sistema SEPA de adeudo domiciliado difiere de los distintos sistemas nacionales y resulta más complejo y sofisticado. La nivelación del precio de un adeudo directo internacional con el precio nacional puede introducir una distorsión objetiva del principio según el cual un producto o un servicio no puede venderse a un precio inferior a su coste. Además, las entidades de crédito suelen proponer a sus clientes el sistema de adeudo directo -utilizado por las empresas pero no por el consumidor ordinario- a condiciones preferenciales, por razones promocionales: las condiciones impuestas a las operaciones nacionales se calculan para cubrir los costes con márgenes reducidos, pero no podrían aplicarse a las transacciones internacionales, que son más costosas. El CESE sugiere que los adeudos directos estén excluidos temporalmente del Reglamento, sin perjuicio de introducirlos de nuevo en cuanto se reconozca, a través de expertos independientes, que no existe riesgo de distorsión de los precios ni de la competencia.

4.3.2 En cualquier caso, y en el respeto del principio elemental de transparencia, la Comisión debería dar a conocer su estudio, en particular en lo que se refiere a los costes nacionales e internacionales, indicando claramente cómo, a partir de qué fuentes y con qué metodología se recaba y trata la información correspondiente. En ausencia de estos elementos aclaradores, toda toma de posición puede resultar preconcebida y no equilibrada.

4.3.3 Por último, el CESE desea también hacer hincapié en que el nuevo Reglamento debería entrar en vigor el 1 de noviembre de 2009, fecha quizá demasiado cercana para permitir la elaboración de planes económicos a medio y largo plazo. Para la formulación de tales planes es fundamental disponer de seguridad jurídica respecto de la TMI (Tasa Multilateral de Intercambio).

4.4 El artículo 3 confirma el principio establecido por el Reglamento en vigor: las comisiones cobradas por pagos transfronterizos deben ser idénticas a las que facturan los proveedores de servicios por operaciones similares realizadas dentro del Estado miembro considerado. Al parecer, las disposiciones adoptadas en 2001 se han aplicado satisfactoriamente, pero una investigación a este respecto permitiría observar la importante divergencia existente en numerosos países entre las comisiones por transferencias en euros y las efectuadas en otras divisas. Se trata de una discriminación intolerable en detrimento de los ciudadanos que residen fuera de la zona euro.

4.5 El artículo 5 introduce una importante innovación: la supresión, a partir del 1 de enero de 2010, de la obligación nacional de información sobre los pagos por un importe máximo de 50 000 euros, y su supresión total a partir del 1 de enero de 2012. Esta obligación, que tenía por objeto recabar los datos necesarios para la contabilidad de la balanza de pagos, era fuente de complicaciones y costes. Los Estados miembros podrán recabar estos datos con otros sistemas. El CESE aprueba sin reservas esta disposición.

4.6 El artículo 6 prevé que los Estados miembros designen a las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento del Reglamento; se trata de una disposición preexistente que, al parecer, ha sido observada en general. El artículo 7 introduce una disposición más relevante al prever la obligación, para los Estados miembros, de establecer procedimientos para presentar reclamaciones y para la resolución extrajudicial de los litigios, con el deber de informar de manera adecuada a la opinión pública. Estas tareas pueden ser atribuidas a nuevos organismos creados a tal efecto o a organismos ya existentes. El CESE está de acuerdo con estas medidas, pero solamente para los países que no disponen aún de tales estructuras. Advierte no obstante del riesgo de crear nuevas estructuras con funciones ya realizadas totalmente o, en parte, por otras estructuras existentes. Observa que, en cualquier caso, se sabe muy poco del funcionamiento de estos organismos y, sobre todo, del número, la naturaleza y el resultado de los casos tratados. La falta de información exhaustiva y transparente dificulta la realización de un examen serio de la naturaleza y la amplitud real de los incumplimientos.

4.7 El artículo 10 prevé que los Estados miembros impongan sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» a quienes no respeten las obligaciones establecidas por el Reglamento y comuniquen a la Comisión las medidas adoptadas. También en este caso, como en el del apartado anterior, se debería informar de manera adecuada a las partes interesadas, aunque fuera únicamente para evaluar la importancia que cada Estado miembro da al cumplimiento del Reglamento.

4.8 El artículo 11 amplía a los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro la facultad de extender la aplicación del Reglamento a su propia moneda. Su participación pondría un término a los inconvenientes y a las discriminaciones que el CESE señala en el punto 4.6.; no obstante, la reacción de distintos Estados miembros a esta propuesta parece, de momento, más bien tibia, por no decir inexistente. El CESE prefiere no comentar este aspecto, pero insta a la Comisión a reflexionar seriamente sobre la pretendida popularidad de algunas soluciones.

4.9 El Reglamento debería entrar en vigor el 1 de noviembre de 2009. La Comisión debería presentar un informe sobre el funcionamiento de los códigos IBAN y BIC a más tardar el 31 de diciembre de 2012, así como un informe sobre la aplicación del Reglamento antes del 31 de diciembre de 2015. El CESE no tiene ninguna observación que formular a este respecto, pero reitera las peticiones expresadas en los puntos 4.6 y 4.7 acerca de una información más completa de las partes interesadas.