Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos pœblicos
y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pœblica
(2001/C 333/07)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
[COM(2001) 274 final]
RESUMEN
Para conseguir en la prÆctica un desarrollo sostenible es nece-
sario que el crecimiento económico apoye al progreso social yrespete el medio ambiente, que la política social sustente losresultados económicos y que la política ambiental sea rentable.
Tal como se afirma en la Comunicación de la Comisión de
mayo de 2001 titulada «Desarrollo sostenible en Europa paraun mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para undesarrollo sostenible», que se presentarÆ ante el Consejo Euro-peo de Gotemburgo en junio de 2001, los Estados miembrosdeberían analizar cómo aprovechar mejor la contratación pœ-blica para impulsar productos y servicios poco contaminantes.La presente Comunicación pretende contribuir a dicho propó-sito.
El objetivo del presente documento es estudiar y exponer las
posibilidades que ofrece la vigente legislación comunitaria deintegrar los aspectos medioambientales en la contratación pœ-blica.
La introducción de nuevas posibilidades que superen las que
ofrece el vigente marco jurídico precisa de la intervención del
legislador comunitario.
La vigente legislación medioambiental u otra de Æmbito comu-
nitario o nacional compatible con el Derecho comunitario sonobligatorias para los poderes adjudicadores y pueden influirtanto en la elección que Østos realicen como en las especifica-
ciones y criterios que formulen.
Las principales posibilidades de contratación «ecológica» se dan
al comienzo del proceso de licitación, seæaladamente cuando setoma la decisión sobre el objeto del contrato. Aunque lospreceptos de las Directivas de contratación pœblica no las con-templan, estas decisiones estÆn cubiertas por las normas yprincipios consagrados en el Tratado en materia de libertad
de circulación de mercancías y servicios, en particular los de
no discriminación y proporcionalidad.
Las propias Directivas de contratación pœblica ofrecen diferen-
tes posibilidades de integrar los aspectos medioambientales enlos contratos pœblicos, sobre todo en el momento de determi-nar las especificaciones tØcnicas y los criterios de selección yadjudicación del contrato.
AdemÆs, los poderes adjudicadores pueden imponer otras con-
diciones específicas que sean compatibles con los preceptos delTratado.
Los contratos pœblicos que no estØn contemplados en las Di-
rectivas de contratación pœblica se rigen por las normas yprincipios del Tratado. En este caso, depende de la legislación
nacional el que los poderes adjudicadores dispongan de nuevasposibilidades de contratación «ecológica».
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es estudiar las posibilidadesque ofrece la legislación comunitaria vigente de integrar losaspectos medioambientales en la contratación pœblica, demodo que los poderes adjudicadores contribuyan al desarrollosostenible.
Lapolítica de contratación pœblica es uno de los muchos
elementos de la política de mercado interior, que tiene unaserie de objetivos estratØgicos (en particular, la libre circulaciónde mercancías, personas y servicios). Pretende contribuir a larealización del mercado interior, estableciendo las condicionesde competencia necesarias para que los contratos pœblicos seadjudiquen sin discriminación y asignando racionalmente losrecursos pœblicos mediante la elección de la mejor oferta. Laaplicación de estos principios permite a los poderes adjudica-dores obtener la mayor rentabilidad siguiendo ciertas normasen cuanto a la descripción del objeto del contrato, la selecciónde los candidatos conforme a criterios objetivos y la adjudica-ción fundada exclusivamente en el precio o, facultativamente,en una serie de criterios objetivos.
La historia de las Directivas comunitarias en la materia se
remonta a 1971, aæo en que se adoptó la primera de ellassobre contratos pœblicos de obras. Desde entonces, se hanadoptado las Directivas sobre contratos de suministro y deservicios, así como las referentes a los sectores del agua, laenergía, los transportes y las telecomunicaciones (
1). El rØgimen
y la concepción fundamental en que se basan no han sufridoalteraciones esenciales a pesar de haber sido modificadas envarias ocasiones.
Las Directivas de contratación pœblica carecen de referencia
explícita a la protección del medio ambiente, las cuestionesrelacionadas con Øste u otros aspectos bÆsicos del mercadointerior, circunstancia que no es sorprendente si se tiene encuenta la Øpoca en que se adoptaron.
Desde entonces, las actuaciones en materia de medio am-
biente se han incrementado por iniciativa de la Comunidad
y los Estados miembros.
El Tratado de Amsterdam ha consolidado el principio de inte-
gración de las exigencias medioambientales en otras políticas,reconociendo que dicho principio es fundamental para un de-sarrollo sostenible (
2).ES C 333/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
Asimismo, en la propuesta de la Comisión sobre el sexto pro-
grama de acción en materia de medio ambiente, que abarca elperíodo 2001-2010, se destaca que la contratación pœblicaofrece un potencial considerable para introducir en el mercadola dimensión medioambiental si los poderes adjudicadores uti-lizan el rendimiento ecológico como criterio de adjudica-ción (
3).
El desarrollo sostenible ofrece a la Unión Europea una visión
positiva a largo plazo de una sociedad mÆs próspera y justa yque promete un medio ambiente mÆs limpio, seguro y sano:una sociedad que permite una mayor calidad de vida, para
nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Para con-
seguirlo en la prÆctica es necesario que el crecimiento econó-mico apoye el progreso social y respete el medio ambiente, quela política social sustente los resultados económicos y que lapolítica ambiental sea rentable (
4). Esto, aplicado a la contrata-
ción pœblica, significa que la legislación en la materia deberíatener en consideración, junto a su finalidad económica primor-dial, las preocupaciones medioambientales.
No hay contradicción intrínseca entre crecimiento económico y
mantenimiento de un nivel aceptable de calidad medioambien-tal. La cuestión no debería afrontarse, pues, como un conflictoentre crecimiento económico y medio ambiente, sino como unintento de mejorar las sinergias entre ambos. La Comisión hareconocido en su Comunicación sobre el mercado œnico y elmedio ambiente (
5) que la creciente apertura de los mercados
presenta sinergias cada vez mayores con los desafíos medioam-bientales y la conciencia ecológica, aunque haya inevitable-mente tensiones entre el funcionamiento del mercado interiory la política medioambiental. Por tanto, la Comunidad debebuscar un enfoque coherente con la consecución de los obje-tivos del Tratado en materia de mercado interior y de medio
ambiente, que respete asimismo sus obligaciones internaciona-
les.
TambiØn en el Æmbito mundial se han incrementado notable-
mente las actuaciones en materia de medio ambiente. Un ejem-
plo de ello es la aprobación del Protocolo de Kioto. La UniónEuropea se ha comprometido a cumplir el Protocolo del Con-venio del cambio climÆtico, que se ha marcado un ambiciosoobjetivo de reducción de los gases de efecto invernadero en elperíodo 2008-2012.
Los conocimientos científicos sobre los orígenes y las conse-
cuencias de la contaminación han aumentado, así como laconcienciación de la gente, suscitando desde hace algunas dØ-cadas un creciente interØs por la lucha contra la contaminacióny el desarrollo sostenible. Cada vez son mÆs numerosos losconsumidores de la Unión Europea, pœblicos y privados, quecompran productos y servicios respetuosos con el medio am-biente.
Los poderes adjudicadores y demÆs entidades contempladas en
las Directivas de contratación pœblica forman un importantegrupo de consumidores. Con sus adquisiciones, que represen-
tan mÆs de un billón de euros, es decir, cerca del 14 % delproducto interior bruto de la Unión Europea, pueden contri-buir decisivamente al desarrollo sostenible. Los Estados miem-bros son conscientes de la responsabilidad que conlleva lograrun desarrollo sostenible. Varios de ellos han emprendido unaserie de iniciativas para introducir la dimensión medioambien-tal en la contratación pœblica de Æmbito nacional y local.
Aunque la Comisión ha seæalado ya algunas de las principales
posibilidades en la Comunicación de marzo de 1998 (
6), los
poderes adjudicadores no tienen muy claro en quØ medidason compatibles los aspectos medioambientales con la legisla-ción comunitaria de contratación pœblica en vigor.
La Comisión se ha comprometido a explicar con mayor por-
menor las posibilidades que ofrece la legislación vigente enmateria de contratos pœblicos para integrar en Østos los aspec-tos medioambientales.
AdemÆs de la presente Comunicación interpretativa, la Comi-
sión desea elaborar un manual sobre las modalidades de con-
vocatorias de concursos ecológicos de conformidad con la le-gislación comunitaria (
7).
Debe tenerse en cuenta que, tal como se indica expresamente
en la Comunicación de 11 de marzo de 1998, en un docu-mento interpretativo como el presente la Comisión no puedeproponer soluciones que desborden el vigente rØgimen de con-tratación pœblica. Por otra parte, la interpretación del Derechocomunitario es en œltima instancia competencia exclusiva del
Tribunal de Justicia.
Si se llega a la conclusión de que el rØgimen vigente no ofrece
posibilidades reales de integrar los aspectos medioambientales,serÆ necesario modificar las Directivas de contratación pœblica.Ha de seæalarse que en las propuestas de modificación dedichas Directivas, que la Comisión adoptó el 10 de mayo de2000, se relacionan de manera explícita una serie de caracte-rísticas medioambientales junto a los criterios de determinaciónde las ofertas económicamente mÆs ventajosas (
8).
El objetivo del presente documento es, pues, estudiar y
aclarar las posibilidades que ofrece el vigente rØgimende contratación pœblica para una óptima integración dela protección del medio ambiente en los contratos pœ-blicos. El documento seguirÆ las diferentes fases del
procedimiento de adjudicación y estudiarÆ en cada
una de ellas las modalidades de integración de los as-pectos medioambientales.ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/13
I.DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
La primera ocasión de integrar los aspectos medioambientales
en un contrato pœblico se presenta en la fase inmediatamenteanterior a la aplicación de las Directivas de contratación pœ-blica: la elección del objeto del contrato o, simplificando,cuando se plantea la pregunta «¿quØ deseo como administra-ción pœblica? ¿Construir o comprar?». En esta fase, los poderesadjudicadores gozan de una buena oportunidad para tener encuenta los aspectos medioambientales y escoger un producto oservicio respetuoso con el medio ambiente. Hasta quØ punto seefectuarÆ esta integración depende en amplia medida de laconcienciación y de los conocimientos de la entidad contra-tante.
Debe subrayarse que la legislación medioambiental o de otro
tipo en vigor, sea de Æmbito comunitario o nacional perocompatible con el Derecho comunitario, puede limitar muchoesta libertad de elección o influir en ella (
9).
Las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales
varían segœn los diversos tipos de contratos.
Los contratos de obras no sólo abarcan el producto final, la
obra, sino tambiØn el proyecto y la ejecución de las obras. Lospoderes adjudicadores tendrÆn en la fase de proyecto y detrabajo intelectual la mejor oportunidad para integrar los as-pectos medioambientales. En ese momento, los poderes adju-dicadores pueden impartir a arquitectos e ingenieros instruc-ciones claras de diseæar, por ejemplo, un edificio administrativoque consuma poca energía y en el que se tengan en cuenta,ademÆs del aislamiento y la utilización de determinados mate-riales de construcción, la instalación de paneles solares paracalefacción. TambiØn pueden exigir que el edificio sea diseæadode forma que se limite el uso de los ascensores o que laorientación de las oficinas y de las mesas permita limitar el
consumo de electricidad (
10).
Los poderes adjudicadores tienen la responsabilidad de escoger
el proyecto, pero tambiØn de la entera ejecución de los trabajosy todo lo que ocurra en el lugar de las obras o alrededor de Øl.Los poderes adjudicadores estÆn facultados, pues, para fijar los
requisitos aplicables a la ejecución de los trabajos, lo que ofrece
diversas posibilidades de integrar los aspectos medioambienta-les; es el caso, por ejemplo, de los requisitos sobre la utilizaciónde la electricidad o del agua, o sobre la gestión de los residuosy sobre el lugar de las obras. PiØnsese, por ejemplo, en laconstrucción de puentes sobre ríos situados en reservas natu-rales y en zonas en que las mareas no deban sufrir alteracionespor la situación específica de la obra (
11).
En una categoría concreta de contratos de obras, el Derecho
comunitario impone la obligación de evaluar el impacto me-dioambiental antes de que se decida realizar su realización (
12).
Dicha obligación, que se fundamenta en la legislación me-dioambiental y no en las Directivas de contratación pœblica,repercute sobre la capacidad de elección de la entidad contra-tante. La obligación de las autoridades competentes de tener en
cuenta los resultados de la evaluación de impacto ambiental enla decisión de autorizar o consentir la construcción suele ori-ginar requisitos de ejecución mÆs respetuosos con el medioambiente.
Los contratos de prestación de servicios , por su propia
naturaleza, entraæan tambiØn la posibilidad de imponer unamodalidad de prestación determinada. Los poderes adjudicado-res pueden, por ejemplo, exigir un mØtodo concreto de lim-pieza de edificios y que se utilicen los productos menos daæi-nos para el medio ambiente. Pueden asimismo requerir, porejemplo, que los servicios de transporte pœblico se realicencon autobuses. TambiØn pueden prescribir la modalidad queha de emplearse para la recogida de basuras.
Los contratos de suministro se refieren, de manera general, a
la compra de productos finales. Así pues, aparte de la impres-cindible elección del objeto del contrato («¿quØ voy a com-prar?»), las posibilidades de tener en cuenta los aspectos me-dioambientales en la elección, aunque considerables, no son tangrandes como en el caso de los contratos de obras y de servi-cios. La conciencia ecológica ejercerÆ influencia en la elección.
Las Directivas de contratos pœblicos no imponen los poderes
adjudicadores que han de efectuar las compras, por lo quecarecen de influencia en lo que respecta al objeto del contrato.
Si disponen de varias posibilidades de satisfacer sus necesida-
des, los poderes adjudicadores gozan de libertad para determi-nar el objeto del contrato que consideren mÆs respetuoso conel medio ambiente (
13), incluso recurriendo a la utilización de
variantes (vØase el punto 1.4 de la sección II).
Esta libertad no es, sin embargo, ilimitada. Los poderes adju-
dicadores deben, en su calidad de organismo pœblico, cumplirlas normas y principios generales del Derecho comunitario, enparticular los de la libre circulación de mercancías y servicios,tal y como se establece en los artículos 28 a 30 (antiguosartículos 30 a 36) y 43 a 55 (antiguos artículos 52 a 66) delTratado CE (
14).
Lo anterior implica que el objeto de un contrato pœblico no
puede describirse con la finalidad o resultado de restringirlo aunas pocas empresas nacionales, en detrimento de los licitado-res de otros Estados miembros.
Los poderes adjudicadores gozan de libertad para de-
terminar el objeto del contrato, o definiciones alterna-tivas del mismo mediante el uso de variantes, que con-sideren mÆs respetuoso con el medio ambiente, siem-
pre que no se restrinja la participación en Øl en detri-
mento de los licitadores de otros Estados miembros.ES C 333/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
Para determinar la compatibilidad de una medida con el Dere-
cho comunitario es preciso estudiar cada caso en su contexto.Tal como se anuncia en la Comunicación de la Comisión alParlamento Europeo y al Consejo sobre el mercado œnico y elmedio ambiente, la Comisión elaborarÆ un manual sobre laaplicación de los artículos 28 a 30 del Tratado CE.
Las normas descritas anteriormente se aplican a todos los con-
tratos pœblicos, entren o no en el Æmbito de las Directivas decontratación pœblica (
15).
Una vez efectuada la primera elección del objeto del contrato,
las Directivas de contratación pœblica obligan a los poderesadjudicadores a determinar las características de la materia demodo que satisfaga la finalidad que le asigna el poder adjudi-cador. A este efecto, las Directivas contienen varios preceptosrelativos a normas comunes de carÆcter tØcnico, que deben
indicarse en el expediente de cada contrato.
II.CONTRATOS CONTEMPLADOS POR LAS DIRECTIVAS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS
Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER REQUISITOS DE RENDIMIENTOMEDIOAMBIENTAL
En primer lugar, es preciso destacar que tanto la legislación
medioambiental o las demÆs de Æmbito comunitario, o la le-gislación nacional compatible con el Derecho comunitario son,por supuesto, obligatorias para los poderes adjudicadores. To-das las Directivas de contratos pœblicos contienen un preceptoen virtud del cual los poderes adjudicadores definen las espe-cificaciones tØcnicas « sin perjuicio de las reglas tØcnicas nacionales
obligatorias , siempre y cuando sean compatibles con el Derecho
comunitario» (
16). Esto significa que una disposición nacional,
siempre que sea compatible con el Derecho comunitario,puede, por ejemplo, prohibir la utilización de determinadassustancias que las autoridades consideren perjudiciales para elmedio ambiente. Pueden tambiØn imponer el cumplimiento deun nivel mínimo de rendimiento ambiental. Por supuesto, lospoderes adjudicadores estÆn obligados a cumplir dicha disposi-ción.
Las Directivas, para aumentar la transparencia, obligan a los
poderes adjudicadores a indicar las especificaciones tØcnicas enlos documentos de carÆcter general o particular referidos acada contrato. El objetivo de estos preceptos es abrir los mer-cados pœblicos, crear una autØntica competencia y evitar que sereserven los mercados a determinadas empresas nacionales (esdecir, evitar la discriminación). Las especificaciones tØcnicascomprenden todas las características que requiere el poder ad-judicador para que el producto o servicio sirva a los fines quetiene destinados. Las especificaciones tØcnicas proporcionaninformación objetiva y mensurable sobre el objeto del contratoy, por tanto, tienen que estar relacionadas con Øl.
Las Directivas de contratación pœblica contienen un detallado
sistema de referencias obligatorias a normas e instrumentoscomparables, ordenados segœn una clara jerarquía en la quetienen preferencia los instrumentos europeos y, en su defecto,las normas internacionales o nacionales o los instrumentos
comparables (
17).
AdemÆs de esta obligación, las Directivas prohíben que se
mencionen los productos de fabricación o procedencia deter-minada, o producidos por procedimientos particulares, porquegeneralmente favorecen o eliminan a algunas empresas. La in-dicación de marcas, patentes, tipos o de orígenes y procedi-mientos particulares se autoriza sólo en aquellos casos en queel objeto del contrato no sea lo suficientemente preciso e in-teligible para todas las partes. Las indicaciones de este estilodeben siempre ir acompaæadas de los tØrminos «o equivalente»cuando las Directivas contemplen estas excepciones.
Los poderes adjudicadores pueden apartarse de las normas
mencionadas y evitar la referencia a normas o instrumentos
comparables. Se trata, fundamentalmente, de aquellos casosen que el contrato tiene una naturaleza verdaderamente inno-vadora y no es adecuada la utilización de este tipo de instru-mentos.
Ha de destacarse que la obligación de referirse a las normas
europeas no supone que los poderes adjudicadores estØn obli-gados a comprar sólo los productos o servicios que las cum-plan. Sólo hay obligación de mencionar estos instrumentoscomo punto de referencia, dejando a los contratistas la posibi-lidad de que ofrezcan soluciones equivalentes.
En la actualidad, existen muy pocas normas europeas y nacio-
nales que se ocupen del rendimiento ambiental de los produc-tos y servicios (
18). Así pues, mientras no se integren en las
normas elementos de rendimiento medioambiental, los poderesadjudicadores pueden fijar en un determinado contrato el nivelde rendimiento, siempre que ello no origine una discrimina-ción.
Los poderes adjudicadores gozan de libertad para esta-
blecer en determinados aspectos exigencias de protec-ción ambiental mayores que las preceptuadas en la le-gislación o las normas, siempre que el nivel exigido nolimite la participación en el contrato y origine algunadiscriminación en detrimento de licitadores potencia-les.
1.1. Posibilidad de requerir un tipo de materiales bÆsicos o
materias primas
El concepto de «especificación tØcnica» comprende la posibili-
dad de requerir un tipo de materiales bÆsicos o materias primas
si ello contribuye a caracterizar un producto o servicio demanera que respondan al uso a que los destine el poder adju-dicador. En la medida en que tales requisitos cumplan el Dere-cho comunitario y sobre todo sean no discriminatorios, lospoderes adjudicadores pueden imponer para un contrato deter-minado los materiales que deben utilizarse, por ejemplo, mar-cos de madera para las ventanas de un edificio administrativo ocristal u otros materiales reciclados.ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/15
1.2. Posibilidad de exigir la utilización de un procedi-
miento concreto de producción
La definición de «especificación tØcnica» que figura en las Di-
rectivas no se refiere explícitamente a los procedimientos deproducción (
19). Empero, siempre que no se reserve el mercado
a ciertas empresas (20), los poderes adjudicadores podrÆn exigir
la utilización de un procedimiento concreto de producción siØste contribuye a determinar las características (visibles o invi-sibles) del rendimiento del producto. El procedimiento de pro-ducción abarca todos los requisitos y aspectos relacionados conla fabricación del producto, que contribuyen a determinar lascaracterísticas de los productos sin que Østas sean necesaria-mente visibles en el producto acabado.
Esto supone que el producto es diferente de otros idØnticos
desde el punto de vista de su fabricación o apariencia (seanvisibles o no las diferencias), como consecuencia de haberseutilizado un procedimiento de producción respetuoso con elmedio ambiente [por ejemplo, los alimentos ecológicos (
21), o la
electricidad «verde»]. Los poderes adjudicadores tendrÆn el mÆ-ximo cuidado de que la obligación de utilizar un procedimientoconcreto de producción no sea innecesariamente restrictiva odiscriminatoria (
22).
Los requisitos que no tengan relación con la propia produc-
ción, por ejemplo, la gestión de la empresa, no son en cambioespecificaciones tØcnicas y no podrÆn ser obligatorios (
23).
1.3. Posibilidad de remisión a las etiquetas ecológicas
Las etiquetas ecológicas distinguen a los productos que son
mÆs respetuosos con el medio ambiente de otros similaresdel mismo grupo de productos. Se conceden de manera volun-taria a productos que reœnen una serie de condiciones y sufinalidad es informar a los consumidores.
Existen diferentes tipos de etiquetas ecológicas: la europea (
24),
y las nacionales y las multinacionales. Existen tambiØn etiquetas
ecológicas de carÆcter privado (25).
Los criterios bÆsicos de los diferentes grupos de productos se
fijan en los instrumentos correspondientes (26).
Dichos criterios se basan en el ciclo de vida del producto y se
refieren a diferentes aspectos, como el rendimiento de los pro-ductos, los materiales contenidos en ellos, los procesos de pro-ducción, la recogida y el reciclado, las instrucciones y la infor-mación del consumidor. Se trata de especificaciones tØcnicas alos efectos de las Directivas de contratación pœblica.
Las decisiones en materia de etiqueta ecológica europea, nacio-
nal y multinacional se toman de conformidad con los procedi-mientos establecidos en los instrumentos correspondientes (
27).
Se trata de sistemas que garantizan la transparencia y estÆnabiertos a todo productor y suministrador.
Las etiquetas ecológicas de carÆcter privado son concedidas por
organismos privados o por particulares. Para usar una de estasetiquetas, es necesario contar con la autorización del propieta-rio de la etiqueta. No existen ni características comunes ni unsistema comœn reconocido o armonizado en el Æmbito nacio-
nal, multinacional o comunitario. Las etiquetas ecológicas decarÆcter privado no proporcionan las mismas garantías detransparencia e igualdad de acceso que las que se concedenmediante decisiones de Æmbito europeo y nacional.
A falta de referencia obligatoria (
28), o cuando exijan un
grado de protección del medio ambiente mayor que elestablecido en las normas o en la legislación, los pode-res adjudicadores podrían inspirarse en las etiquetasecológicas existentes y determinar con arreglo a ellaslas especificaciones tØcnicas en la documentación delcontrato. AdemÆs podrían seæalar que los productosque ostenten el certificado de etiqueta ecológica cum-plen las condiciones tØcnicas exigidas en la documen-tación del contrato.
Los poderes adjudicadores pondrÆn el mÆximo cuidado en no
limitar los medios de acreditación exclusivamente a los certifi-cados de etiqueta ecológica (
29), debiendo aceptar otros como,
por ejemplo, los informes de ensayos. Esta circunstancia tieneparticular importancia en el caso de las etiquetas ecológicas deÆmbito nacional o de carÆcter privado, para garantizar que laespecificación no resulte en la reserva del contrato a las em-presas nacionales o locales (vØase asimismo el artículo 8 de la
Directiva 93/36/CEE).
1.4. Posibilidad de usar variantes
Los productos y servicios menos perjudiciales para el medio
ambiente pueden resultar, en tØrminos generales, mÆs caros que
otros. Al definir el objeto del contrato, los poderes adjudicado-res tienen que tratar de conciliar los aspectos financieros con elobjetivo de efectuar compras ecológicas.
La utilización de variantes (
30) permite a los poderes adjudica-
dores determinar quØ opción satisface mejor ambas exigencias.
Al utilizar esta posibilidad, los poderes adjudicadores tienen
que elaborar primero una definición estÆndar del objeto delcontrato que cubra las exigencias mínimas. AdemÆs, puedenrecurrir a una o mÆs variantes estableciendo definiciones alter-nativas del objeto del contrato, como, por ejemplo, un mayor
rendimiento ecológico o la utilización de un determinado pro-
ceso de producción no exigido por la definición de base.
2. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
En este capítulo se trata de las normas que contemplan lasDirectivas de contratación pœblica respecto de la selección delos candidatos que a juicio del poder adjudicador estÆn capa-citados para ejecutar el contrato.
Las normas que se establecen en las Directivas de contratos
pœblicos comprenden tres grupos diferentes.ES C 333/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
El primer grupo se refiere a los motivos que justifican que un
candidato quede excluido de participar en un contrato pœblico.
Tienen que ver, por ejemplo, con la situación de quiebra, con-dena por delito, falta profesional grave, impago de impuestos ocotizaciones de la seguridad social.
El segundo grupo se refiere a la
situación económica y finan-
ciera del candidato. Se trata de un tipo de normas que no
permiten tener en cuenta el elemento medioambiental.
El tercer grupo se refiere a la capacidad tØcnica del candidato.
Permite tener en cuenta hasta cierto punto los aspectos me-dioambientales, por ejemplo, requiriendo un nivel mínimo deequipamiento o medios, garantizando la correcta ejecución delcontrato, etc. En las Directivas se especifica (
31) que la informa-
ción necesaria para aprobar la situación económica y financiera
del candidato, así como su capacidad tØcnica, debe restringirse
al objeto del contrato. MÆs adelante se desarrollarÆn las posi-bilidades que ofrecen estos preceptos.
En los sectores del agua, la energía, los transportes y las tele-
comunicaciones, los poderes adjudicadores disponen de unamplio margen de apreciación al evaluar la capacidad de loscandidatos o licitadores, por cuanto la Directiva 93/38/CEEsólo exige que las reglas y los criterios de carÆcter objetivoque vayan a aplicarse se hayan fijado de antemano y puestoa disposición de los interesados.
2.1. Motivos de exclusión de la participación en el
contrato
En todas las Directivas de contratos pœblicos se determinan los
motivos por los que puede excluirse a una empresa de parti-cipar en la licitación. Los motivos que vienen al caso rezan dela manera siguiente:
«Podría ser excluido de la participación en el contrato todo
contratista:
[. . .]c) que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier
delito que afecte a la moralidad profesional del contratista;
d) que haya cometido una falta grave en materia profesional,
que pueda ser comprobada por un medio que los poderesadjudicadores puedan justificar;
[. . .]».
En los casos en que la legislación tipifica el incumplimiento de
la legislación medioambiental como infracción relacionada conla moralidad profesional (
32), las Directivas de contratación pœ-
blica permiten que los poderes adjudicadores excluyan a uncandidato de conformidad con el motivo citado en la letra c),si ha sido condenado por tal infracción y si la sentencia esfirme.Por otra parte, la Comisión ha propuesto una Directiva en la
que se establece un catÆlogo mínimo de infracciones penalespor perjuicios causados al medio ambiente (
33).
El concepto de «alta profesional grave» no se define, en cuanto
tal, en la legislación o en la jurisprudencia europeas (34), por lo
que queda al arbitrio de los Estados miembros su definición enla legislación nacional.
2.2. Requisitos sobre la capacidad tØcnica de los
candidatos
En las Directivas de contratos pœblicos se fijan las modalidades
para acreditar la capacidad tØcnica de los contratistas, mediante
una lista exhaustiva (
35) de los medios existentes para ello segœn
la naturaleza, la cantidad y el objeto del contrato. Por consi-guiente, cada uno de los requisitos de capacidad tØcnica esta-blecidos por las entidades adjudicadoras habrÆ de acreditarsecon los medios relacionados en las Directivas.
El objetivo de la fase de selección es determinar aquellos can-
didatos que el poder adjudicador considera capaces de ejecutar
mejor el contrato. Por consiguiente, los diversos requisitos tie-
nen que tener una relación directa con el objeto o con laejecución del contrato que se licita (
36).
De todos los medios de acreditación que se relacionan taxati-
vamente en las Directivas de contratos pœblicos, podrían enalgunos casos estar relacionados con los aspectos medioam-bientales los siguientes:
 la declaración del utillaje, material y equipo tØcnico del que
dispondrÆ el contratista para la ejecución de la obra,
 la declaración de los medios tØcnicos del suministrador, sus
mediciones para garantizar la calidad y sus medios de es-tudio e investigación,
 la declaración de los tØcnicos u organismos tØcnicos, estØn
o no integrados en la empresa, de los que dispondrÆ elcontratista para la ejecución del contrato, seæaladamente,los encargados del control de calidad.
2.2.1. Posibilidad de exigir una experiencia determinada (en temas
medioambientales)
Si el contrato requiere conocimientos tØcnicos especiales en el
campo del medio ambiente, contar con experiencia en Øl cons-tituye un criterio legítimo de capacidad tØcnica y conocimientotØcnico a fin de determinar la idoneidad de los candidatos (
37),
por lo que podrÆ exigirse (por ejemplo, la construcción de unaplanta de tratamiento de residuos).
2.2.2. Posibilidad de exigir a los contratistas que actœen en el marco
de un sistema de gestión medioambiental
Los sistemas de gestión medioambiental se establecieron me-
diante una norma internacional (ISO 14001) y en virtud de unReglamento comunitario (Reglamento EMAS) (
38).ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/17
El Reglamento crea un sistema de gestión medioambiental de
carÆcter voluntario, que se fundamenta en la armonización delas líneas y principios que se siguen en la Unión Europea.Pueden adherirse a Øl entidades que operen en la Unión Euro-pea y en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo «EEE»)en cualquier sector económico.
El objetivo del sistema es promover la mejora continua de los
resultados medioambientales y la mejora de las actividades,productos y servicios, obteniendo de las empresas y entidadesel compromiso de evaluar y gestionar las consecuencias de suactividad si repercuten en el medio ambiente.
El EMAS exige que se den varios pasos. El primero de ellos es
la evaluación medioambiental, que permite a las entidades va-
lorar su situación en materia de medio ambiente y, a resultasde ello, implantar el mØtodo de gestión apropiado para mejorarel rendimiento ambiental, a partir de objetivos claros. Las au-ditorías ambientales, que se practican periódicamente, propor-cionan los medios para comprobar que el sistema de gestiónmedioambiental funciona y para seguir los progresos de laentidad en pos de un mejor rendimiento ambiental.
Uno de dichos pasos es la adhesión al sistema, que exige de las
empresas la adopción de una política medioambiental que
comprenda, especialmente, los siguientes compromisos funda-
mentales:
 cumplir la legislación medioambiental pertinente, evitar la contaminación, y
 mejorar continuamente los resultados medioambientales.
Como parte del EMAS, los países participantes han creado
mecanismos de verificación, a travØs de los cuales se com-prueba el cumplimiento del sistema y se valida la información
recurriendo a evaluadores independientes acreditados ante los
organismos correspondientes. La validación conduce a la soli-citud de adhesión, que conceden los organismos competentesdesignados por el Estado miembro.
Las listas de entidades de los Estados miembros y de los países
del EEE que se hayan registrado se comunican periódicamentea la Comisión. La lista completa puede solicitarse a los serviciosde la Comisión (
39).
El contenido de los programas y sistemas de gestión medioam-
bientales difieren de empresa a empresa y de entidad a entidadporque estÆn «hechos a medida». No es factible, pues, dar unarespuesta general a la pregunta de si el EMAS puede conside-rarse uno de los posibles medios de acreditación de la capaci-dad tØcnica de una empresa o entidad, relacionados de manera
taxativa en las Directivas de contratos pœblicos. La respuesta aesta pregunta depende del contenido del sistema concreto.
Sin embargo, debe destacarse que son elementos comunes a
todos los programas de gestión y de auditoría medioambientalel que la empresa o entidad reœna un mínimo de requisitos yque tales sistemas supongan un elevado nivel de eficacia ygestión medioambiental.
Para servir como justificante de la capacidad tØcnica, el
sistema debe repercutir en la calidad del suministro oen la capacidad de la empresa (por ejemplo, equipa-mientos y tØcnicos) para ejecutar un contrato con re-quisitos medioambientales (por ejemplo, un contratode obras en el que contratista tenga que ocuparse delos residuos en el lugar de construcción).
Por consiguiente, el registro en el EMAS servirÆ como
justificante cuando los elementos del programa y delsistema de gestión medioambientales de una empresa oentidad puedan considerarse equivalentes a uno o va-rios de los medios de acreditación de la capacidad tØc-
nica de una empresa (
40).
En tales casos, el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento
EMAS declara que, «Con el fin de promover la participación delas organizaciones en el EMAS, procede que la Comisión yotras instituciones de la Comunidad, así como otras autorida-des nacionales estudien, sin perjuicio del Derecho comunitario,el modo en que el registro en el EMAS podrÆ tomerse enconsideración al establecer los criterios de su política en elÆmbito de la contratación pœblica». Los poderes adjudicadorespodrían mencionar explícitamente en la documentación oanuncio de contrato que siempre que las empresas dispongande un sistema de gestión y auditoría medioambiental que sa-tisfaga los requisitos de capacidad tØcnica, Øste serÆ aceptado
como justificante. Al mismo tiempo, los poderes adjudicadores
no excluirÆn otros justificantes y sólo aceptarÆn el registro en elEMAS en cuanto tales justificantes. Por consiguiente, deberÆaceptarse tambiØn cualquier otro certificado (por ejemplo, elISO 14001) o cualquier otro justificante.
3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez efectuada la selección de los candidatos, los poderesadjudicadores acometen la fase de evaluación de las ofertas, quedesembocarÆ en la adjudicación del contrato.
Las Directivas de contratos pœblicos contemplan dos opciones
para la adjudicación del contrato: el precio mÆs bajo o «laoferta económicamente mÆs ventajosa». El objetivo de la se-gunda es que los poderes adjudicadores puedan obtener lamayor rentabilidad de su inversión.ES C 333/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
Para determinar quØ oferta debe considerarse mÆs ventajosa
desde el punto de vista económico, el poder adjudicador tieneque indicar previamente los criterios que se aplicarÆn y queserÆn decisivos. Dichos criterios se mencionarÆn en el anuncioo en la documentación del contrato en la medida de lo posiblesiguiendo un orden decreciente de importancia.
3.1. La oferta económicamente mÆs ventajosa
Las Directivas proporcionan ejemplos de los criterios suscepti-
bles de aplicación a la hora de determinar la oferta económi-camente mÆs ventajosa (
41), aunque es posible aplicar otros.
Como regla general, las Directivas de contratos pœblicos impo-
nen dos condiciones a estos criterios. En primer lugar, debeobservarse el principio de no discriminación. En segundo lugar,han de suponer una ventaja económica para el poder adjudi-cador. El objetivo de las Directivas de contratación pœblica es,tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia de las Comu-nidades Europeas, evitar tanto los riesgos de que se concedapreferencia a los candidatos o licitadores nacionales cuandootorguen el contrato los poderes adjudicadores, como la posi-
bilidad de que un organismo financiado o fiscalizado por las
autoridades centrales, regionales o locales, u otros organismosde Derecho pœblico, opten por guiarse en función de conside-raciones distintas de las económicas (
42). Entre las consideracio-
nes económicas pueden incluirse aspectos de la protecciónmedioambiental, como, por ejemplo el consumo de energíade un producto.
El elemento comœn a todos los criterios de evaluación de las
ofertas es que han de referirse, tal como los que se citan ex-presamente, a la naturaleza de los trabajos que se van a realizaro la forma en que se harÆn (
43). Los criterios que se apliquen
habrÆn de conceder al poder adjudicador un margen discrecio-nal para comparar de manera objetiva las diferentes ofertas yaceptar la mÆs ventajosa conforme a criterios objetivos, comolos que se relacionan a título de ejemplo en las Directivas (
44).
La finalidad de esta evaluación es determinar quØ oferta satis-
face mejor las necesidades de la entidad adjudicadora. La fun-ción de los criterios de adjudicación es, por lo tanto, evaluar lacalidad intrínseca de las ofertas, lo cual supone que deben tenerrelación directa con el objeto del contrato (
45).
Los aspectos medioambientales no se mencionan explícita-
mente en la vigente legislación de contratos pœblicos (46). No
obstante, el artículo sobre los criterios de adjudicación debeinterpretarse de modo que los aspectos medioambientales re-sulten en la definición de criterios de adjudicación específicos.Que un producto «sea respetuoso con la naturaleza» sin mÆs
precisiones no es, en cuanto tal, cuantificable y no aporta
necesariamente una ventaja económica para los poderes adju-dicadores. No obstante, Østos pueden tener en cuenta el carÆc-ter «respetuoso con el medio ambiente» de los productos oservicios (por ejemplo, el consumo de recursos naturales) «tra-duciendo» tal objetivo medioambiental a criterios concretos,relacionados con el producto y cuantificables desde el puntode vista económico, por ejemplo, exigiendo una determinadatasa de consumo de electricidad (
47). En la mayor parte de loscasos, este tipo de criterios se refiere a la calidad o eficacia del
producto o de la ejecución de obras o prestación de servicios(es decir, la calidad o mØrito tØcnico que se mencionan entrelos criterios de adjudicación). Por lo tanto, los aspectos me-dioambientales relacionados con un producto o servicio estarÆnen pie de igualdad con las características funcionales y estØticas,que son criterios que se enumeran explícitamente en las Direc-tivas de contratos pœblicos, a la hora de medir el valor econó-
mico.
Los elementos medioambientales pueden servir para
determinar la oferta económicamente mÆs ventajosa,en aquellos casos en que suponga una ventaja econó-mica para la entidad contratante que pueda atribuirse al
producto o servicio objeto de la licitación.
Se plantea entonces la cuestión de si el concepto de «oferta
económicamente mÆs ventajosa» significa que cada uno de loscriterios de adjudicación debe suponer una ventaja económicaque beneficie directamente al poder adjudicador, o debe me-
dirse en tØrminos económicos sin que suponga directamente
una ventaja económica para la entidad adjudicadora en el con-trato en cuestión. Esta cuestión se ha planteado ante el Tribunalde Justicia de las Comunidades Europeas en el asuntoC-513/99 (
48). La sentencia se fallarÆ previsiblemente a finales
de 2001.
Tanto en el Libro Verde (49) como en la Comunicación sobre la
contratación pœblica (50), la Comisión se ha pronunciado clara-
mente en favor de la primera interpretación.
La Comisión seæala a este respecto que los poderes adjudica-
dores tienen la posibilidad de definir el objeto del contrato y deintegrar en esta fase de la licitación sus preferencias medioam-bientales relacionadas con posibles ventajas económicas indi-rectas, incluso recurriendo a la utilización de variantes (vØase elpunto 1.4 de la sección II).
3.2. Posibilidad de tener en cuenta los costes originados
durante el ciclo vital de los productos
Coste global son todos los gastos en que se incurre durante la
producción, consumo o utilización y eliminación de un pro-ducto o servicio (planteamiento global) (
51).
El precio abonado por un poder adjudicador para comprar un
producto refleja y tiene en cuenta los costes de las fases que se
hayan culminado (normalmente: concepción, materiales, pro-ducción; a veces tambiØn el ensayo y el transporte) y, porconsiguiente, no se tendrÆ en cuenta una segunda vez duranteel proceso de adjudicación (
52). Por el contrario, podrían tenerse
en cuenta los costes sobrevenidos tras la compra del producto,que correrÆn por cuenta del poder adjudicador y afectarÆn,pues, de manera directa a los aspectos económicos del pro-ducto.ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/19
En la evaluación de la oferta económicamente mÆs ven-
tajosa, se tendrÆn en cuenta los costes sobrevenidosdurante el ciclo vital del producto y que corran porcuenta de la entidad adjudicadora.
Las Directivas seæalan explícitamente los costes de funciona-
miento y la relación coste-eficacia como posibles criterios deadjudicación. Este tipo de costes comprende los costes directosde funcionamiento (electricidad, agua y demÆs recursos utiliza-dos durante toda la vida del producto), los gastos con vistas alahorro (por ejemplo, inversiones para obtener un mayor grado
de aislamiento a fin de ahorrar energía y, por consiguiente,
dinero en el futuro), así como los costes de mantenimiento oreciclado del producto. Cuando evalœen las ofertas, los poderesadjudicadores pueden tener en cuenta tambiØn los costes detratamiento de residuos o de reciclado.
3.3. Posibilidad de tener en cuenta las externalidades
Las externalidades son los daæos o beneficios que no son pa-
gados ni por quien contamina ni por el beneficiario en condi-ciones normales de mercado. Se definen como: «los costes ybeneficios resultantes de las actividades sociales y económicasde un grupo de personas que repercuten sobre otro, sin que elprimer grupo tenga plenamente en cuenta dicha repercu-sión» (
53).
Los costes y beneficios externos se oponen a los «tradicionales»,
como los costes de funcionamiento o los ingresos por ventas.La característica de los costes tradicionales es que se pagan porun precio que determina el mercado.
De manera general, quien soporta las externalidades no son los
compradores de productos o servicios, sino la sociedad en suconjunto, por lo que no pueden considerarse criterios de ad-judicación segœn se definieron Østos anteriormente (vØase elpunto 3.1). La Comisión seæala a este respecto que los poderesadjudicadores tienen la posibilidad de definir el objeto del con-
trato o imponer condiciones relativas a su ejecución y de inte-
grar en esta fase de la licitación sus preferencias medioambien-tales en relación con la posible aparición de costes externos.
Sólo en determinados casos se toman en consideración este
tipo de costes, por ejemplo cuando los costes externos se debena la ejecución del contrato y al mismo tiempo recaen directa-mente en el comprador del producto o servicio.
En tales casos, los poderes adjudicadores deberían evitar la
implantación de sistemas que originen preferencias o discrimi-naciones encubiertas. Si bien no existe por el momento unmØtodo armonizado para determinar y evaluar económica-mente las externalidades, la Unión Europea ha emprendido lacoordinación de las metodologías de evaluación económica delos costes externos en el Æmbito del transporte. Con el tiempo,este trabajo podría servir para disipar los riesgos de discrimi-nación que conlleva la adopción del planteamiento.3.4. Criterios adicionales
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha elaborado este concepto (
54).
Se utilizó por primera vez en el asunto 31/87. En esta ocasión,
el Tribunal sostuvo que un criterio como el de emplear paradosde larga duración no tenía ni relación con la verificación de lacapacidad económica y financiera del candidato, ni con susconocimientos y capacidades tØcnicas, ni conexión algunacon los criterios de adjudicación que se relacionan en el artí-culo 9 de la Directiva. MÆs adelante, el Tribunal sostenía quetales criterios son, no obstante, compatibles con las Directivasde contratación pœblica si cumplen los principios del Derechocomunitario.
En el asunto C-225/98, el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas sostuvo que (
55) los poderes adjudicadores pue-
den basarse en una condición vinculada a la lucha contra eldesempleo, siempre que respete los principios fundamentalesdel Derecho comunitario, y siempre que estos poderes se en-cuentren enfrentados a dos o mÆs ofertas económicamenteequivalentes. Esta condición se consideraba como un criterioaccesorio no determinante despuØs de comparar las ofertasdesde un punto de vista puramente económico. Por œltimo,en cuanto a la aplicación del criterio de adjudicación vinculadoa la lucha contra el desempleo, el Tribunal precisa que esteœltimo no debe tener incidencia directa o indirecta para loslicitadores procedentes de otros Estados miembros de la Comu-
nidad y debe ser mencionado expresamente en el anuncio de
contrato para que los empresarios puedan tener conocimientode la existencia de esta condición.
Esta sentencia puede aplicarse tambiØn a los requisitos de pro-
tección o rendimiento medioambiental.
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Los poderes adjudicadores tienen la posibilidad de fijar clÆusu-las contractuales (pormenorizadas) sobre las modalidades deejecución del contrato. Como las clÆusulas contractuales serefieren exclusivamente a la ejecución del contrato, deben evi-tarse las que sean especificaciones tØcnicas, criterios de selec-ción o criterios de adjudicación encubiertos. Esto significa quetodos los candidatos deben poder cumplir dichas clÆusulas paraque se les adjudique el contrato. Por razones de transparencia
deberían anunciarse por anticipado a todos los candidatos.
Las Directivas de contratación pœblica no contemplan las clÆu-
sulas contractuales, que sin embargo deben cumplir las normasy principios generales del Tratado, en particular el de no dis-criminación.
Los poderes adjudicadores disponen de un amplio margen de
maniobra para establecer clÆusulas contractuales que tenganpor objeto la protección del medio ambiente.
A continuación, se citan una serie de ejemplos de condiciones
concretas suplementarias, relacionadas con los resultados o laejecución del contrato y que en œltima instancia cumplen unaserie de objetivos medioambientales de carÆcter general, queson suficientemente concretas, cumplen los principios del De-recho comunitario y son conformes con las Directivas (
56):ES C 333/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
 entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades,
 recuperación o reutilización a cargo del contratista del ma-
terial de envasado y de los productos usados,
 suministro de bienes en recipientes reutilizables,
 recogida, reciclado o reutilización a cargo del contratista de
los desechos producidos durante la utilización o consumode un producto o despuØs,
 transporte y entrega donde tenga lugar la utilización de los
productos químicos (por ejemplo, productos de limpieza)concentrados y diluidos.
Sobre si puede exigirse la utilización de una modalidad espe-
cífica de transporte para la entrega de bienes que sea respe-tuosa con el medio ambiente, debe advertirse que los requisitosde esta naturaleza tienen que especificarse vinculÆndolos a losresultados o a la ejecución del contrato. AdemÆs, deben cum-plir los principios del Derecho comunitario. Los poderes adju-dicadores estarían, pues, facultados para exigir que el trans-porte de los productos se efectœe por medio de un tipo con-creto de transporte, siempre que en las circunstancias concretasdel contrato tal requisito no origine una discriminación.
III. CONTRATOS NO CONTEMPLADOS POR LAS DIRECTIVAS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
No son de aplicación a los contratos no contemplados en las
Directivas de contratación pœblica las normas detalladas deri-vadas de ellas que se han tratado en los apartados precedentes.
El Derecho comunitario delega en los Estados miembros la
facultad de decidir si los contratos no contemplados en las
Directivas de contratación pœblica deben regirse por la legisla-
ción nacional.
Dentro de los límites que imponen el Tratado y el Derecho
comunitario, los Estados miembros son libres de aprobar supropia legislación nacional. DependerÆ, pues, de Østa el que loscontratos pœblicos puedan o deban utilizarse para cumplir ob-jetivos distintos del objetivo de «rentabilidad» que se fijan lasDirectivas de contratación pœblica.Cuando se fije el objeto de uno de estos contratos podrÆn
imponerse diversos requisitos y condiciones incluso aunqueno tengan relación directa con dicho objeto. Por supuesto, talesrequisitos y condiciones tienen que cumplir las normas delTratado y los principios derivados de Øl. El Tribunal de Justiciaha sostenido que incluir en una licitación la condición decumplir ciertas normas nacionales o de tener un origen deter-minado podría alejar de ella a los agentes económicos que
fabriquen productos equivalentes a los que cumplan la norma
nacional (
57). El mismo razonamiento puede aplicarse a la acre-
ditación por referencia a las etiquetas ecológicas: deben acep-tarse los productos equivalentes. Si las medidas imponen nor-mas mÆs rigurosas al nacional de uno de los Estados miembroso lo llevan ante los tribunales o lo colocan, de hecho, en unaposición desfavorable respecto del nacional del Estado miembroque impone las medidas, Østas podrían infringir las normas delTratado en materia de libre circulación de mercancías y servi-cios.
En lo que respecta a la cualificación de los candidatos, los
poderes adjudicadores gozan de libertad para imponer requisi-tos y establecer condiciones que sobrepasan los límites estable-cidos en las Directivas de contratación pœblica. No es precisoque los criterios se limiten a la situación financiera y econó-mica de los candidatos o a su capacidad tØcnica. Por supuesto,
dichos requisitos habrÆn de ser compatibles con el Derecho
comunitario y los principios derivados de Øl, seæaladamentecon las normas y principios en materia de libre prestaciónde servicios, como la no discriminación y el reconocimientomutuo.
En lo tocante a la evaluación de las ofertas, los poderes adju-
dicadores podrÆn determinar libremente los criterios de adju-dicación, siempre que se cumplan las normas del Tratado y losprincipios del Derecho comunitario y los criterios sean objeti-vos, transparentes y no discriminatorios.
La cuestión de si se cumplen los preceptos del Tratado o los
principios del Derecho comunitario debe estudiarse en cadacaso por separado.
(1) Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos pœblicos de
obras (DO L 185 de 16.8.1971, p. 5), sustituida por la Directiva 93/37/CEE (DO L 199 de 9.8.1993, p. 54), modificada por la Directiva 97/52/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 28.11.1997 , p. 1).
Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos pœblicos de
suministro (DOL 13 de 15.1.1977 , p. 1), sustituida por la Directiva 93/36/CEE (DO L 199 de 9.8.1993, p. 1), modificada por la Directiva 97/52/CE.Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos pœblicos deservicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1), modificada por la Directiva 97/52/CE.
Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199 de 9.8.1993, p. 84), modificada por la Directiva 98/04/CE delParlamento Europeo y del Consejo.
(
2) Segœn el artículo 6 de la versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, «Las exigencias de la protección del medio
ambiente deberÆn integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.»
(3) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitØ Económico y Social y al ComitØ de las Regiones sobre el sexto
programa de acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente: «Medio ambiente 2010: el futuro estÆ en nuestras manos», adoptado
por la Comisión el 24 de enero de 2001 [COM(2001) 31 final].ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/21
(4) Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo
sostenible», propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo [COM(2001) 264 final, adoptada el 15 de mayo de 2001].
(5) Adoptada por la Comisión el 8 de junio de 1999 [COM(1999) 263 final, p. 4].
(6) Comunicación de la Comisión titulada «Los contratos pœblicos en la Unión Europea», adoptada por la Comisión el 11 de marzo de 1998
[COM(1998) 143 final].
(7) Comunicación de la Comisión sobre la Política de productos integrada, adoptada por la Comisión el 7 de febrero de 2001 [COM(2001) 68 final].
(8) Artículo 53 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos de suministro, de servicios y de obras [COM (2000) 275 final de 10 de mayo de 2000]; artículo 54 de la propuesta de Directiva delParlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de laenergía y de los transportes [COM(2000) 276 final de 10 de mayo de 2000].
(
9) Es el caso, por ejemplo, de la obligación en algunas categorías de obras de elaborar una evaluación de impacto ambiental. VØase la nota 11.
(10) Diversas administraciones nacionales han dado a sus entidades contratantes directrices de «construcción sostenible».
(11) Sirvan como ejemplo la construcción de los puentes de Oresund (entre Dinamarca y Suecia) y Vasco de Gama (en Lisboa).
(12) Proyectos cubiertos por la Directiva 85/337/CEE del Consejo (DO L 175, 5.7.1985, p. 40), modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de
14.3.1997 , p. 5).
(13) Los poderes adjudicadores tienen la posibilidad, o bien de dictar la solución, o bien de no exigir requisitos que induzcan a los licitadores a ofrecer
productos cuyo proceso de producción daæe mÆs el medio ambiente. Podrían, por ejemplo, exigir la utilización de papel reciclado sin blanquear.
(14) COM(1999) 263 final de 8 de junio de 1999, p. 8.
(15) Con excepción de las entidades contratantes cubiertas por la Directiva sobre el gas, la electricidad, el agua y el transporte (Directiva 93/38/CEE) ,
aunque se trate de organismos privados.
(16) Se trata de especificaciones tØcnicas cuyo cumplimiento es obligatorio por ley o reglamento a efectos de comercializar un producto o utilizarlo.
(17) VØase los anexos de la presente Comunicación.
(18) La Comisión apoya a los organismos europeos de normalización en la tarea de integrar los aspectos medioambientales en el proceso de
normalización.
(19) ObsØrvese que en el Acuerdo sobre contratación pœblica (ACP) los mØtodos de producción se relacionan de manera explícita al definirse las
especificaciones tØcnicas.
(20) VØase, por ejemplo, el apartado 6 del artículo 8 de la Directiva 93/36/CEE.
(21) Los poderes adjudicadores pueden, por ejemplo, para describir que consideran «alimento ecológico», recurrir a las especificaciones tØcnicas que
establece el Reglamento (CEE) no2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios (DO L 198 de 22.7.1991, p. 1).
(22) No se exigirÆ que la electricidad «verde» se genere sólo con energía eólica, ya que tambiØn puede producirse con la energía solar y con la energía
hidrÆulica. La especificación tØcnica consistirÆ en que la electricidad «verde» se produzca con fuentes de energía renovables.
(23) Por ejemplo, el uso de papel reciclado en despachos o cuartos de baæo, la utilización de procedimientos concretos de eliminación de residuos, el
transporte por ferrocarril para el suministro de productos, los compromisos con grupos específicos de trabajadores (discapacitados, mujeres, raz as
minoritarias).
(24) El sistema europeo de etiqueta ecológica quedó constituido en virtud del Reglamento (CEE) no880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992,
relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica (DO L 99 de 11.4.1992, p. 1). Dicho Reglamento fue derogado y sustituidopor el Reglamento (CE) n
o1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado
de concesión de etiqueta ecológica (DO L 237 de 21.9.2000, p. 1).
En el sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/prodgr.htm se relacionan los grupos de productos para los que existen
etiquetas ecológicas o que se encuentran en fase de creación o revisión.
(25) Un grupo importante de etiquetas ecológicas privadas son las que identifican la madera como producto de silvicultura sostenible.
(26) Por ejemplo, los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los ordenadores personales se fijan en la Decisión 1999/205/CE
de la Comisión, de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitariaa los ordenadores personales (DO L 70, 17.3.1999, p. 46).
(
27) Las decisiones en materia de etiqueta ecológica europea se toman de conformidad con el procedimiento que se establece en el Reglamento (CEE)
no1980/2000; las decisiones de Æmbito (multi)nacional se toman conforme a los procedimientos establecidos en la legislación nacional. El artículo
10 del citado Reglamento establece que «Con objeto de impulsar el consumo de productos que ostenten la etiqueta ecológica, y sin perjuicio de la
normativa comunitaria, la Comisión y las demÆs instituciones de la Comunidad, así como las otras autoridades pœblicas en el Æmbito nacional
deberían dar ejemplo al igual que las otras autoridades pœblicas nacionales al especificar los requisitos que imponen a los productos.».
(28) Por ejemplo, una norma europea, internacional o nacional que cubra tambiØn los aspectos medioambientales de un producto (vØase el punto 1 de
la Sección II anterior).
(29) Los productos con etiqueta ecológica suelen constituir una pequeæa parte de determinados mercados de productos: los productos con etiqueta
ecológica europea representan por lo general menos del 20 % y, en algunos casos, incluso menos del 5 % del mercado de productos.
(30) Todas las Directivas sobre contratación pœblica permiten que, cuando el criterio de adjudicación sea el de la oferta económicamente mÆs
ventajosa, los poderes adjudicadores puedan tomar en consideración las variantes que hayan presentado los licitadores, cuando dichas variantesrespondan a los requisitos mínimos exigidos por dichos poderes adjudicadores. Éstos mencionarÆn en los pliegos de condiciones las condiciones
mínimas que deberÆn reunir las variantes así como las modalidades de su presentación. Si no se autorizan las variantes, deberÆ indicarse
igualmente en el anuncio del contrato (artículo 24 de la Directiva 92/50/CEE; artículo 16 de la Directiva 93/36/CEE; artículo 19 de la Directiva93/37/CEE y apartado 3 del artículo 34 de la Directiva 93/38/CEE).
(
31) VØase, por ejemplo, el apartado 3 del artículo 23 de la Directiva 93/36/CEE.ES C 333/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
(32) Algunos países han formulado lo que denominan «delitos ecológicos» en sus Códigos penales. VØase, por ejemplo, el artículo 325 del vigente
Código penal espaæol (Ley orgÆnica no10/1995 de 23 de noviembre de 1995), a tenor del cual: «SerÆ castigado con las penas de prisión de seis
meses a cuatro aæos, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres aæos el que,contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carÆcter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamenteemisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, e l suelo,
el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterrÆneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de
aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas,la pena de prisión se impondrÆ en su mitad superior.».
(
33) La aproximación mediante un catÆlogo mínimo de infracciones penales contra el medio ambiente, como se contempla en la propuesta de la
Comisión, no impide que los Estados miembros contemplen otras infracciones y/u otras sanciones como medidas mÆs restrictivas de protección(artículo 176 del Tratado CE).
(
34) «Final Report on the Falcone Study on procurement and organised crime (1998)  Volume I: 24.05.1999», Institute of Advanced Legal Studies,
University of London.
(35) Asunto 76/81: Transporoute et travaux contra MinistŁre des travaux public, sentencia de 10 de febrero de 1982 (Recopilación 1982, p. 417).
(36) La Directiva de servicios (92/50/CEE) indica expresamente que dichos requisitos deben definirse de conformidad con la naturaleza, la cantidad y el
objeto de los servicios que habrÆn de prestarse.
(37) Asunto 31/87: Gebroeders Beentjes bv contra Estado de los Países Bajos, sentencia de 20 de septiembre de 1988, conclusiones, apartado 35
(Recopilación 1988, p. 4635).
(38) El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales se implantó en virtud del Reglamento (CEE) no1836/93 del Consejo (DO L 168
de 10.7.1993, p. 1). Ha sido modificado y sustituido por el Reglamento (CE) no761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo
de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carÆcter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
(39) Asimismo se publica en Internet una lista de sitios registrados: http://europa.eu.int/comm/environment/emas. A principios del aæo 2001, se habí an
registrado en la Unión Europea cerca de tres mil sitios.
(40) VØase el punto 2.2 anterior: a) declaración del utillaje, el material y el equipo tØcnico de los que dispondrÆ el contratista para la ejecución del
contrato; b) descripción de las instalaciones tØcnicas del contratista, medios para garantizar la calidad e instalaciones de estudio e investigaci ón; o
c) declaración de los tØcnicos u organismos tØcnicos, estØn o no integrados en la empresa, de los que dispondrÆ el contratista para la ejecución del
contrato, en particular los encargados del control de calidad.
(41) Precio, fecha o período de entrega, período de terminación, gastos de funcionamiento, rentabilidad, calidad, características estØticas y funcio nales
de los bienes y servicios, servicio posventa, asistencia tØcnica, beneficios y mØrito tØcnico.
(42) Asunto C-380/98: The Queen and HM Treasury, ex parte : University of Cambridge, sentencia de 3 de octubre de 2000, petición de decisión
prejudicial (Recopilación 2001, p. I-8035) y asunto C-237/99: Comisión contra Francia (HLM), sentencia de 1 de febrero de 2001 (no publicada
aœn en la Recopilación).
(43) Asunto 31/87: Gebroeders Beentjes (infra) , conclusiones del Abogado General.
(44) Asunto 31/87: Gebroeders Beentjes (infra) , apartado 27.
(45) VØase, por ejemplo, en la letra b) del apartado 1 del artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, «diversos criterios segœn el contrato en cuestión».
(46) Debe advertirse que en las propuestas de modificación de las Directivas de contratación pœblica, que la Comisión adoptó el 10 de mayo de 2000,
las características medioambientales se relacionan explícitamente entre los criterios que podrían servir para seleccionar la oferta económicame nte
mÆs ventajosa (vØase la nota 8).
(47) Pueden utilizarse los criterios de la etiqueta ecológica para determinar la oferta económicamente mÆs ventajosa cuando reœnan las condiciones que
se establecen en esta sección.
(48) Asunto C-513/99: Transportes Finland Oy Ab, antiguamente Oy Swebus Finland Ab, de Espoo, petición de decisión prejudicial. (DO C 102 de
8.4.2000, p. 10).
(49) Libro Verde «La contratación pœblica en la Unión Europea: reflexiones para el futuro», adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996
[COM/96/583 final].
(50) Comunicación de la Comisión sobre la contratación pœblica en las Comunidades Europeas, aprobada el 11 de marzo de 1998 [COM(98) 143
final].
(51) Por lo general, las fases son las siguientes aunque no siguen necesariamente este mismo orden: concepción del producto, compra de los materiales,
producción, transporte, ensayo, utilización, eliminación y reciclado.
(52) Las entidades contratantes podrían no tener en cuenta los costes de transporte o los costes de ensayo del producto, con vistas a aæadirlos a la
remuneración del contratista, si corren a cargo de Øste y se reflejan en el precio.
(53) Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente: «A study on the economic valuation of environmental externalities from landfill
disposal and incineration of waste. Final main report» octubre de 2000, p. 9.
(54) Asunto 31/87: Gebroeders Beentjes (infra) y asunto C-225/98: Comisión de las Comunidades Europeas contra Repœblica Francesa, sentencia de 26
de septiembre de 2000 (construcción y mantenimiento de edificios escolares en la región Nord-Pas-de-Calais y el DØpartement du Nord)(Recopilación 2000, p. I-7445).
(
55) VØase el Informe general de las actividades de la Unión Europea en 2000, punto 1119, p. 407.
(56) Documento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, ref. ENV/EPOC/PPC(98)17REV1.
(57) Asunto 45/87: Comisión contra Irlanda (Dundalk), sentencia de 22 de septiembre de 1988, (Recopilación 1988, p. 4929) y asunto C-243/89:
Comisión contra Dinamarca (puente sobre el Storebaelt), Sentencia de 22 de junio de 1993 (Recopilación 1993, p. I-3353).ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/23
ANEXO I
NORMAS COMUNES EN EL SECTOR TÉCNICO
Las normas comunes en el sector tØcnico se fijan en el artículo 14 de la Directiva 92/50/CEE (servicios), el artículo 8 de
la Directiva 93/36/CEE (suministros) y el artículo 10 de la Directiva 93/37/CEE (obras). Aunque el tenor de estosartículos no es idØntico, los preceptos que contienen son los mismos. A título de ejemplo, se reproduce seguidamente
el texto del artículo 14 de la Directiva 92/50/CEE.
DIRECTIVA 92/50/CEE
«T˝TULO IV
Normas comunes en el sector tØcnico
Artículo 14
1) Las especificaciones tØcnicas a que se refiere el anexo II se recogerÆn en los documentos generales o en los
documentos correspondientes a cada contrato.
2) Sin perjuicio de los reglamentos tØcnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando Østos sean compatibles con el
Derecho comunitario, las entidades adjudicadoras definirÆn las especificaciones tØcnicas por referencia a normasnacionales que incorporen normas europeas, por referencia a autorizaciones tØcnicas europeas o por referencia a
especificaciones tØcnicas comunes.
3) Las entidades adjudicadoras podrÆn no aplicar lo dispuesto en el apartado 2 en los siguientes casos:
a) cuando las normas, las autorizaciones tØcnicas europeas o las especificaciones tØcnicas comunes no contengan
disposiciones para establecer la conformidad, o cuando no se disponga de medios tØcnicos que permitan esta-
blecer de forma satisfactoria la conformidad de un producto con dichas normas, autorizaciones tØcnicas europeas
o especificaciones tØcnicas comunes;
b) cuando la aplicación del apartado 2 redunde en perjuicio de la aplicación de la Directiva 86/361/CEE del Consejo,
de 24 de julio de 1986, relativa a la primera etapa de reconocimiento mutuo de la homologación de equipos
terminales de telecomunicaciones, de la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa ala normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, o de otrosinstrumentos comunitarios en Æmbitos específicos relativos a productos o servicios;
c) cuando dichas normas, autorizaciones tØcnicas europeas o especificaciones tØcnicas comunes obliguen a las
entidades adjudicadoras a utilizar productos o materiales incompatibles con las instalaciones ya utilizadas osuponga costes o dificultades tØcnicas desproporcionados, pero œnicamente como parte de una estrategia clara-mente definida y documentada para adaptarse, en un determinado plazo, a normas europeas, autorizaciones
tØcnicas europeas o especificaciones tØcnicas comunes;
d) cuando los proyectos de que se trate sean realmente innovadores y no sea indicado aplicar las actuales normas,
autorizaciones tØcnicas europeas o especificaciones tØcnicas comunes.
4) Siempre que sea posible, las entidades adjudicadoras que recurran a lo dispuesto en el apartado 3 deberÆn motivar su
decisión en el anuncio de la licitación publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en el pliego de
condiciones y, en cualquier caso, deberÆn justificarla en sus documentos internos y proporcionar dicha información,previa petición, a los Estados miembros y a la Comisión.
5) En ausencia de normas europeas, autorizaciones tØcnicas europeas o especificaciones tØcnicas comunes, las especi-
ficaciones tØcnicas:
a) se definirÆn con arreglo a las especificaciones tØcnicas nacionales reconocidas como conformes a las exigencias
bÆsicas de las Directivas comunitarias sobre armonización tØcnica, con arreglo a los procedimientos establecidos
en esas Directivas y, en particular, con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 89/106/CEE del
Consejo;
b) podrÆn definirse con referencia a las especificaciones tØcnicas nacionales relativas a proyectos, cÆlculo y realiza-
ción de obras y utilización de productos;
c) podrÆn definirse con arreglo a otros documentos.
En tal caso, serÆ conveniente referirse, por orden de preferencia:
i) a las normas nacionales que integren normas internacionales aceptadas por el país de la entidad adjudicadora;
ii) a las otras normas o autorizaciones tØcnicas nacionales del país de la entidad adjudicadora;
iii) a otras normas.ES C 333/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001
6) Salvo que lo justifique el objeto del contrato, los Estados miembros prohibirÆn toda clÆusula que introduzca en un
contrato especificaciones tØcnicas que citen productos de un determinado origen, fabricación o proceso obtenidos
por procedimientos especiales y que, por esa razón, favorezcan o excluyan a determinados prestadores de servicios.En particular, se prohibirÆ la referencia a marcas comerciales, patentes o tipos, o la indicación de un origen oproducción determinados. Sin embargo, cuando la entidad adjudicadora no pueda dar una descripción del objeto del
contrato con especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para todos los interesados, se autorizarÆ tal
indicación si se acompaæa de las palabras o equivalente».
En el caso de los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, las normas comunes en el sector
tØcnico se fijan en el artículo 18 de la Directiva 93/38/CEE. Se trata de normas menos detalladas y exhaustivas que lascontenidas en las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE. A continuación se reproduce el artículo 18 de la
Directiva 93/38/CEE.
DIRECTIVA 93/38/CEE
«T˝TULO III
Especificaciones tØcnicas y normas
Artículo 18
1) Las entidades contratantes incluirÆn las especificaciones tØcnicas en la documentación general o en el pliego de
condiciones propios de cada contrato.
2) Las especificaciones tØcnicas se definirÆn con referencia a especificaciones europeas, cuando estas œltimas existan.3) A falta de especificaciones europeas, las especificaciones tØcnicas deberían definirse, en la medida de lo posible, con
referencia a las demÆs normas vigentes en la Comunidad.
4) Las entidades contratantes definirÆn las especificaciones adicionales que fueren necesarias para completar las espe-
cificaciones europeas o las otras normas. A tal fin darÆn preferencia a las especificaciones que indiquen exigencias derendimiento antes que características conceptuales o descriptivas, a menos que dichas entidades consideren que, por
razones objetivas, el recurso a tales especificaciones sea inadecuado para la ejecución del contrato.
5) No podrÆn utilizarse especificaciones tØcnicas que mencionen o bien productos de una fabricación o procedencia
determinada, o bien procedimientos particulares, y que tengan como consecuencia favorecer o eliminar a determi-nadas empresas, a menos que dichas especificaciones tØcnicas resulten indispensables para el objeto del contrato. Enparticular, estarÆ prohibida la indicación de marcas, patentes o tipos, así como la de un origen o procedencia
determinados; no obstante, dicha indicación, acompaæada de la mención o equivalente, se autorizarÆ cuando el
objeto del contrato no se pueda describir de otro modo mediante especificaciones suficientemente precisas yperfectamente inteligibles para todos los interesados.
6) Las entidades contratantes podrÆn establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 2 cuando:
a) sea tØcnicamente imposible establecer, de manera satisfactoria, la conformidad de un producto con las especifi-
caciones europeas;
b) la aplicación del apartado 2 constituya un obstÆculo para la aplicación de la Directiva 86/361/CEE del Consejo, de
24 de julio de 1986, relativa a la primera etapa de reconocimiento mutuo de la homologación de equiposterminales de telecomunicaciones, o de la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa
a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones;
c) en la adaptación de las prÆcticas existentes a las especificaciones europeas, la aplicación de dichas especificaciones
obligue a la entidad contratante a adquirir suministros incompatibles con instalaciones ya utilizadas o quesupongan problemas tØcnicos o costes desproporcionados. Las entidades contratantes sólo podrÆn recurrir aesta excepción en el marco de una estrategia claramente definida y consignada con vistas al paso a especifica-
ciones europeas;
d) la especificación europea de que se trate resulte inadecuada para la aplicación particular contemplada o no tenga
en cuenta las innovaciones tØcnicas surgidas desde su adopción. Las entidades contratantes que recurran a estaexcepción informarÆn al organismo de normalización competente o a cualquier otro organismo facultado pararevisar las especificaciones europeas sobre las razones por las que considera que las especificaciones europeas son
inadecuadas y solicitarÆn su revisión;
e) el proyecto constituya una verdadera innovación, de tal modo que el recurso a especificaciones europeas exis-
tentes resulte inadecuado.
7) Los anuncios publicados en virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 o de la letra a) del
apartado 2 del artículo 21 deberÆn hacer referencia a la aplicación del apartado 6.
8) El presente artículo no irÆ en detrimento de las normas tØcnicas obligatorias, siempre que las mismas sean compati-
bles con el Derecho comunitario.»ES 28.11.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 333/25
ANEXO II
DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los contenidos de la definición de determinadas especificaciones tØcnicas del anexo II de la Directiva 92/50/CEE
(servicios), el anexo III de la Directiva 93/36/CEE (suministros), el anexo II de la Directiva 93/37/CEE (obras) y losapartados 8 a 13 del artículo 1 de la Directiva 93/38/CEE (sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones) son los mismos, aunque el tenor de dichas definiciones no sea del todo idØntico. A título de ejemplo, se
reproduce seguidamente el texto del anexo II de la Directiva 92/50/CEE.
«ANEXO II
Definición de determinadas especificaciones tØcnicas
A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por:
1)especificaciones tØcnicas: el conjunto de las prescripciones tØcnicas contenidas principalmente en los pliegos de condi-
ciones, en las que se definan las características requeridas de una obra, material, producto o suministro, y que
permitan caracterizar objetivamente una obra, material, producto o suministro de manera que respondan a lautilización a que los destine la entidad adjudicadora. Entre estas características se cuentan los niveles de calidad o
de rendimiento, la seguridad, las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al material, producto o suminis-
tro en lo referente al sistema de garantía de calidad, a la terminología, los símbolos, las pruebas y mØtodos de prueba,el envasado, marcado y etiquetado. Incluyen asimismo las normas de concepción y cÆlculo de las obras, las condi-ciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las tØcnicas o mØtodos de construcción y todas las
demÆs condiciones de carÆcter tØcnico que la entidad adjudicadora pueda establecer, por vía de reglamentación
general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan;
2)normas: las especificaciones tØcnicas aprobadas por un organismo de normalización reconocido para una aplicación
repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea, en principio, obligatorio;
3)normas europeas: las normas aprobadas por el ComitØ europeo de normalización (CEN) o el ComitØ europeo de
normalización electrotØcnica (Cenelec) como Normas Europeas (EN) o Documentos de armonización (HD) deconformidad con la normativa comœn de ambos organismos, o por el Instituto europeo de normas de telecomuni-cación (ETSI) en forma de Norma europea de telecomunicación (NET);
4)autorización tØcnica europea: la evaluación tØcnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado,
basada en el cumplimiento de los requisitos bÆsicos para la construcción de acuerdo con las características intrínsecasdel producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. La autorización europea serÆ expedida por el
organismo autorizado para ello por el Estado miembro;
5)especificaciones tØcnicas comunes: las especificaciones tØcnicas elaboradas segœn un procedimiento reconocido por los
Estados miembros y publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas ;
6)requisitos bÆsicos: requisitos relativos a la seguridad, sanidad y otros aspectos de interØs colectivo que las obras puedan
cumplir.»ES C 333/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28.11.2001