Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se crea el Tribunal de la Función Pública Europea

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El Tratado de Niza ha insertado un nuevo artículo 225A en el Tratado CE y un nuevo artículo 160 en el Tratado Euratom. Según estas disposiciones,

«El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia...., podrá crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas.

La decisión por la que se cree una sala jurisdiccional fijará las normas relativas a la composición de dicha sala y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.

Contra las resoluciones dictadas por las salas jurisdiccionales podrá interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando la decisión relativa a la creación de la sala así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.

Los miembros de las salas jurisdiccionales serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.Las salas jurisdiccionales establecerán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

Salvo disposición en contrario de la decisión por la que se cree la sala jurisdiccional, las disposiciones del presente Tratado relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a las salas jurisdiccionales.»

Los artículos 245 del Tratado CE y 160 del Tratado Euratom establecen, por otra parte, en su segundo párrafo, que

«El Consejo, por unanimidad.......a petición de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, podrá modificar las disposiciones del Estatuto, a excepción de su título I».

2. Por la Declaración n° 16 relativa al artículo 225A del Tratado CE, adoptada el 26 de febrero de 2001 en la cumbre de Niza, se invitó al Tribunal de Justicia y a la Comisión a «que preparen, cuanto antes, un proyecto de decisión por la que se cree una sala jurisdiccional competente para resolver en primera instancia sobre los litigios entre la Comunidad y sus agentes».

3. El nuevo órgano jurisdiccional que debe crearse, de conformidad con las disposiciones antes citadas y según la Declaración previamente mencionada, debe ejercer las competencias que actualmente ejerce el Tribunal de Primera Instancia en el ámbito en cuestión. La presente propuesta recoge, por lo tanto, las disposiciones pertinentes de la Decisión 88/591 por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades [1], ahora reproducidas en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, anejo a los Tratados UE, CE y Euratom.

[1] DO L 319 de 25.11.1988.

4. Modificaciones propuestas

Se han introducido, sin embargo, algunas modificaciones en la Decisión por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, TPI), con el fin de tener en cuenta las especificidades del contencioso de la función pública, así como la experiencia adquirida en este ámbito:

Número de jueces

El número de jueces propuesto, en esta ocasión seis, se adapta a la carga de trabajo que representa actualmente para el TPI este tipo de contencioso, es decir, alrededor de 120 asuntos al año (véase p. 10, comentario bajo artículo 2).

Procedimiento de nombramiento de los jueces

En la medida en que, a diferencia del Tribunal de Justicia y del TPI, la sala jurisdiccional no está compuesta de un juez por Estado miembro y se trata de una jurisdicción especializada, resulta necesario un procedimiento de nombramiento destinado a facilitar la decisión del Consejo (véase p. 10 y 11, comentario bajo artículos 2 y 3).

Función de abogado general

La presente propuesta no recoge el artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia en virtud del cual los jueces del TPI pueden ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general.

Conviene señalar, a este respecto, que el TPI sólo ha hecho uso de esta disposición en dos o tres ocasiones, respecto de contenciosos de competencia, en los primeros años de su creación. La experiencia ha puesto de manifiesto que la intervención de un Abogado General no resulta necesaria en este tipo de contencioso, teniendo asimismo en cuenta la existencia de una segunda instancia de jurisdicción.

Conviene recordar, por otra parte, que, en virtud del apartado 2 del artículo 225, del Tratado CE, las sentencias del TPI dictadas en recurso de casación contra una resolución de la sala jurisdiccional podrán ser reexaminadas por el Tribunal de Justicia, previa propuesta de su Primer Abogado General [2].

[2] Una propuesta destinada a completar a tal efecto el Estatuto del Tribunal de Justicia está en curso de aprobación por el Tribunal de Justicia

Órgano unipersonal

Se propone no instituir esta forma de composición del órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 50 del Estatuto del Tribunal de Justicia, habida cuenta de la novedad del órgano jurisdiccional, que deberá, en primer lugar, asentar su autoridad. Conviene recordar que no se instituyó el órgano unipersonal en el TPI hasta 1999, es decir once años después de su creación.

Flexibilización del procedimiento

Se prevén algunas adaptaciones del procedimiento con el fin de mejorar los plazos de juicio, respetando al mismo tiempo los derechos de las partes a ser oídas.

El nuevo órgano jurisdiccional podrá, por un lado, apreciar si es necesaria la presentación de réplicas y dúplicas y, por otro, decidir no celebrar vista oral si se considera suficientemente ilustrado después de la presentación de cuatro escritos por las partes.

Se prevé asimismo que la sala jurisdiccional examine las posibilidades de solución amistosa del litigio en cualquier fase del procedimiento (véase p.15, comentario bajo artículo 7).

Decisión sobre las costas

Se prevé ajustar la decisión sobre las costas a las normas aplicables a cualquier contencioso dirimido ante el órgano jurisdiccional comunitario.

5. La presente propuesta no contiene ninguna disposición relativa al régimen pecuniario de los jueces de la sala jurisdiccional.

Se desprende de los artículos 210 del Tratado CE y 123 del Tratado Euratom que es «El Consejo, por mayoría cualificada, (quien) fijará los sueldos, dietas y pensiones......del Presidente, de los jueces, de los abogados generales y del Secretario del Tribunal de Justicia, así como de los miembros y del Secretario del Tribunal de Primera Instancia».

Al no haber derogado los artículos 225A del Tratado CE y 140B del Tratado Euratom estas disposiciones, no corresponde a la Comisión formular propuestas sobre este punto.

Conviene recordar, a este respecto, que, en el momento de la creación del TPI, el Consejo insertó [3]a tal efecto un nuevo artículo 21 bis en los Reglamentos 422/67/CEE y 5/67/Euratom de 25.07.1967, por los que se establece el régimen pecuniario del presidente y de los miembros de la Comisión, del presidente, los jueces, los abogados generales y el Secretario del Tribunal de Justicia [4], los porcentajes previstos en los cuales bastaría, en su caso, con adaptar, para el Presidente y los jueces de la sala jurisdiccional.

[3] mediante el Reglamento n° 4045/88 de 19.12.1988, DO L 356 de 24.12.1988

[4] DO P 187 de 8.08.1967, p. 1.

6. Comentario pormenorizado por artículo de la presente Propuesta

La presente Propuesta se compone de una Decisión y un anexo. La Decisión consta de cuatro artículos:

i) el artículo 1 prevé la creación del órgano jurisdiccional,

ii) el artículo 2 inserta un nuevo título VI en el Estatuto del Tribunal de Justicia, así como un anexo I, cuyo texto figura como anexo de la Propuesta de Decisión.

iii) el artículo 3 contiene las disposiciones transitorias.

iv) el artículo 4 precisa la entrada en vigor de la Decisión del Consejo.

Véase el comentario pormenorizado por artículo de la Decisión (más abajo, punto 7) y del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia (más abajo, punto 8).

Para facilitar la lectura de este comentario pormenorizado, en los puntos 7 y 8 de la presente exposición de motivos se reproducen los artículos a los que se refieren dichos comentarios.

7. Comentario pormenorizado por artículo de la Propuesta de Decisión

Artículo1 Creación del órgano jurisdiccional

Se agrega al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas una sala jurisdiccional denominada «Tribunal de la Función Pública Europea» para resolver sobre el contencioso de la función pública europea. El Tribunal de la Función Pública Europea tendrá su sede en el Tribunal de Primera Instancia.

Comentario

i) El término «agrega» resulta del segundo párrafo del artículo 220 del Tratado. Corresponde igualmente a la formulación del artículo 1 de la Decisión 88/591 del Consejo, de 24.10.1988, por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia, en lo sucesivo TPI (DO L 319, p.1), ella misma recogida del antiguo artículo 168A.

ii) La denominación «Tribunal de la Función Pública» se inspira en los trabajos de la Convención: véase el proyecto de Constitución (CONV 850/03 de 18.07.2003, cuyos artículos I-28&1 y III-264 ya no hablan de «salas jurisdiccionales», sino de «tribunales especializados».

En su Informe final de 25 de marzo de 2003, el Círculo «Tribunal de Justicia» de la Convención (CONV 636/03- Círculo I-13 -, apartado 15) había, en efecto, considerado que

"... «Cabría mantener la denominación actual (sala jurisdiccional), lo que no impediría denominar «tribunales» a dichas salas, como en el caso del «Tribunal de la Patente Comunitaria» fruto del acuerdo político del Consejo de 3 de marzo de 2003. Con todo, parece preferible denominarlos «tribunales especializados». Esta denominación tendría la ventaja de evitar la confusión, en determinadas lenguas, con las «salas» destinadas a algunos contenciosos específicos que podrían crearse dentro del Tribunal de Justicia (o del TPI), como es el caso dentro de los tribunales supremos de los Estados miembro.»

iii) En virtud del artículo 1 de la Decisión sobre la sede de las instituciones, de 12.12.1992, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia tienen su sede en Luxemburgo (Recopilación de los Tratados, Ed 1999, Tomo I, Vol. I, p.795).

Artículo 2 Modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia

El Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia se modifica de la siguiente manera:

1) Se añade el siguiente Título VI:

«Título VI

SALAS JURISDICCIONALES

Artículo 65

Las disposiciones relativas a las competencias, la composición, la organización y al procedimiento de las salas jurisdiccionales instituidas en virtud de los artículos 225 A del Tratado CE y 140 B del Tratado EURATOM se recogen en un anexo al presente Estatuto.

2) Se añade el anexo I, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

Comentario

Este Anexo I contiene las disposiciones relativas a las competencias, la composición, la organización y al procedimiento de la sala jurisdiccional. La opción de incluir estas disposiciones en un anexo del Estatuto del Tribunal de Justicia permite reunir, en ese mismo instrumento, todas las disposiciones relativas a los distintos órganos jurisdiccionales comunitarios, sin perturbar la legibilidad del conjunto. Podrán, así, añadirse otros anexos para las salas jurisdiccionales que el Consejo decida instituir en el futuro.

Artículo 3 Disposiciones transitorias

1. La primera designación del Presidente del Tribunal de la Función Pública se hará por tres años en las mismas condiciones que las de los jueces, a menos que el Consejo decida que se aplique el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 4 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

2. Inmediatamente después de que todos los jueces del Tribunal de la Función Pública hayan prestado juramento, el Presidente del Consejo procederá a elegir por sorteo a los jueces de dicho Tribunal cuyo mandato deba expirar al final del primer período de tres años, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia.

3. Los asuntos mencionados en el artículo 1 del anexo 1 del Estatuto del Tribunal de Justicia de los que esté conociendo el Tribunal de Primera Instancia en la fecha de entrada en vigor de dicho artículo y en los que el procedimiento escrito aún no ha llegado a su término, tal y como se describe en el artículo 52 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, serán remitidos al Tribunal de la Función Pública.

4. Hasta que entre en vigor su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de la Función Pública aplicará mutatis mutandis el del Tribunal de Primera Instancia.

Comentario

Apartado 1

Disposición recogida del primer párrafo del artículo 11 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI.

Apartado 2

Disposición recogida del artículo 12 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI, con la diferencia de que la renovación parcial de los jueces del Tribunal de la Función Pública no se prevé por el Tratado, sino por el artículo 2 del Anexo 1 del Estatuto, tal como se desprende del artículo 2 de la presente Decisión.

Apartado 3

Corresponde al artículo 14 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI, con una modificación, en la medida en que se juzga preferible hacer depender la competencia del Tribunal de la Función Pública de un criterio objetivo, como el final del procedimiento escrito, y no de un acontecimiento puramente interno del Tribunal de Primera Instancia, como la presentación del informe preliminar por un Juez Ponente.

Apartado 4

Corresponde al segundo y tercer párrafos del artículo 11 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI.

Artículo 4 Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con excepción del artículo 1 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

El artículo 1 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la declaración por el Presidente del Tribunal de Justicia de que el Tribunal de la Función Pública se halla debidamente constituido.

Comentario

Disposición recogida del artículo 13 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI.

8. Comentario pormenorizado por artículo del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyo texto figura como anexo de la Propuesta de Decisión

Anexo I

Tribunal de la Función Pública Europea

Artículo 1

El Tribunal de la Función Pública Europea, en lo sucesivo denominado «Tribunal de la Función Pública», ejercerá en primera instancia las competencias para resolver los litigios entre las Comunidades y sus agentes en virtud del artículo 236 del Tratado CE y del artículo 152 el Tratado EURATOM, incluidos los litigios entre cualquier órgano u organismo y su personal respecto de los cuales se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia.

Comentario

* La primera parte de la frase corresponde al artículo. 3 1-a) de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI.

* La segunda parte de la frase tiene por objeto cubrir todos los litigios de personal atribuidos al Tribunal de Justicia. Ejemplos:

- artículo 30 de la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust (DO 2002 L 63, p.1),

- artículo 36.2 del Protocolo sobre los estatutos del SEBC y BCE (Recopilación de los Tratados, Ed.1999, Tomo I, Vol. I, p. 467 (493),

- artículo. 112 del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria (DO 1994 L 11, p.1: personal de la Oficina de Alicante).

Artículo 2

El Tribunal de la Función Pública estará compuesto por seis jueces, designados por un período de seis años por el Consejo, entre los candidatos presentados por los Estados miembros, previa consulta del Comité previsto en el artículo 3.

Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial. Los jueces salientes podrán ser nuevamente designados.

Comentario

i) Número de jueces

El número propuesto se establece sobre la base de los siguientes elementos:

* un tribunal compuesto de 3 jueces sería insuficiente para el volumen del contencioso actual (alrededor de 120 asuntos al año); en cualquier caso, es necesario poder sustituir a un juez en caso de impedimento.

* la fórmula de un tribunal de 5 jueces, que implicaría una formación permanente de 5 jueces, sería desproporcionada en la medida en que todos los contenciosos de personal se juzgan actualmente en formación de tres jueces y, a veces, de órgano unipersonal.

* el volumen de este contencioso puede que aumente con el aumento del número de funcionarios y agentes vinculado a las ampliaciones.

* es preciso tener asimismo en cuenta las modalidades propuestas de asistencia a los jueces (véase el comentario bajo el artículo 6 del presente anexo).

En esta fase, dos secciones de tres jueces (o sea, 6 jueces en total) parecen, por lo tanto, adecuadas al volumen del contencioso y al modo de funcionamiento de este tribunal.

ii) Mandato de seis años, renovable, como lo prevé el Tratado para los jueces del Tribunal de Justicia y del TPI (artículo 223 y 224 del Tratado CE).

Esta fórmula, que ha demostrado su validez, parece confirmada por los trabajos de la Convención: véase el proyecto de Constitución - Parte I, Artículo I-28 2 (CONV 850/03 de 18.07.2003).

iii) Procedimiento de designación

* el artículo 225 A del Tratado CE se limita a prever que los jueces «serán designados por el Consejo por unanimidad». Es necesario, por lo tanto, precisar la vía por la que se presentan los candidatos.

* parece conveniente la consulta de un Comité, con el fin de facilitar la adopción de decisiones por el Consejo (véase el comentario bajo el artículo 3 del presente anexo).

Artículo 3

Se constituirá un comité para dictaminar sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez del Tribunal de la Función Pública Europea, antes de la Decisión de designación. El comité podrá acompañar este dictamen con una lista de los candidatos que posean la experiencia de alto nivel más oportuna. Dicha lista deberá contener un número de candidatos equivalente al doble del número de jueces que el Consejo deba designar.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de Primera Instancia y juristas de reconocida competencia. El Consejo decidirá la designación de los miembros del Comité y sus normas de funcionamiento, por mayoría cualificada previa recomendación del Presidente del Tribunal de Justicia.

Comentario

Este artículo se inspira en los trabajos de la Convención, con el fin de facilitar la adopción de decisiones por el Consejo.

Según los artículos III-260 y III-261 del proyecto de Constitución-Parte III (CONV 850/03 de 18.07.2003), los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia, por una parte, y los jueces del TPI, por otra, serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta del comité previsto en el artículo III-262.

Según los términos del artículo III-258,

«Se constituirá un comité para dictaminar sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de Gran Instancia, antes de la decisión de los gobiernos de los Estados miembros con arreglo a los artículos III-260 y III-261.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de Gran Instancia, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo de Ministros adoptará una decisión europea por la que establecerá las normas de funcionamiento del comité, así como una decisión europea por la que designará a sus miembros. El Consejo se pronunciará por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia Europeo.»

Las diferencias respecto de las disposiciones del proyecto de Constitución son las siguientes:

i) posibilidad para el Comité de acompañar su dictamen con una lista de los candidatos que poseen la experiencia más oportuna.

Esta disposición podrá facilitar la decisión del Consejo en la medida en que, por una parte, el número de Estados miembros supera ampliamente el de los jueces del presente tribunal y, por otra, se trata de designar a los miembros de un órgano jurisdiccional especializado.

ii) la composición del Comité se modifica ligeramente: no incluiría miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores, ni miembros designados por el Parlamento, habida cuenta de la especificidad del contencioso en cuestión.

Artículo 4

1. Los jueces elegirán de entre ellos, por un período de tres años, al Presidente del Tribunal de la Función Pública. Su mandato será renovable.

2. El Tribunal de la Función Pública actuará en secciones compuestas por tres jueces. En determinados casos previstos en el Reglamento de Procedimiento, podrá resolver en sección de cinco jueces.

3. El Presidente del Tribunal de la Función Pública presidirá la sección de cinco jueces, así como una de las dos secciones de tres jueces. El Presidente de la otra sección de tres jueces se designará en las condiciones que se especifican en el apartado 1.

4. La composición de las secciones y la atribución de asuntos a las mismas se regulará por el Reglamento de Procedimiento.

Comentario

Apartado 1

Formulación que corresponde a las del tercer párrafo del artículo 223 y del tercer párrafo del artículo 224 del Tratado CE; véase también el artículo 2 2 de la Decisión 88/591.

NB: al no conocerse los jueces del tribunal recién creado, se prevé (véase p. 20, apartado 1 del artículo 3) que, en el momento de la creación de dicho tribunal, el Consejo designará al Presidente, como lo había hecho en el momento de la creación del TPI.

Apartado 2

Formulación establecida sobre la base del artículo 50 del Estatuto del Tribunal de Justicia, si bien aquí la sección de cinco jueces hace las veces de Pleno.

Apartado 3

Responde a los usos del Tribunal de Justicia y del TPI: el Presidente de una sala de tres jueces es asimismo presidente de la formación ampliada a cinco jueces.

Apartado 4

Formulación correspondiente a la del segundo párrafo del artículo 50 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 5

Los jueces del Tribunal de la Función Pública serán independientes. No estarán sujetos a ninguna instrucción. Los artículos 2 a 7, los artículos 14 y 15, el primero, segundo y quinto párrafos del artículo 17 y el artículo 18 del Estatuto del Tribunal de Justicia se aplicarán al Tribunal de la Función Pública y a sus miembros.

El juramento previsto en el artículo 2 del Estatuto se prestará ante el Tribunal de Justicia, el cual adoptará las decisiones contempladas en sus artículos 3, 4 y 6 después de consultar al Tribunal de Función Pública.

Comentario

i) formulación que corresponde al primer párrafo del artículo 47 del Estatuto del Tribunal de Justicia (en el que se enumeran las disposiciones de dicho Estatuto aplicables al TPI y a sus miembros).

Se han omitido de la enumeración del artículo 47 del Estatuto, las siguientes disposiciones:

- el artículo 8, según el cual los artículos 2 a 7 son aplicable a los abogados generales;

- el cuarto párrafo del artículo 17, que se refiere al quórum del Tribunal de Justicia/TPI reunido en Pleno de 15 jueces.

ii) el juramento y las decisiones estatutarias relativas a los jueces del Tribunal de la Función Pública deben permanecer en el nivel del Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional supremo.

La circunstancia de que el Tratado de Niza confiere al TPI un papel y un estatuto nuevos (competencia de casación respecto de las resoluciones de las salas jurisdiccionales que se le agregan) sólo debería tener consecuencias «jerárquicas» en términos jurisdiccionales.

Artículo 6

1. El Tribunal de la Función Pública se apoyará en los servicios del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. El Presidente del Tribunal de Justicia o, cuando proceda, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia fijará de común acuerdo con el Presidente del Tribunal de la Función Pública las condiciones en las que los funcionarios y demás agentes adscritos al Tribunal de Justicia o al Tribunal de Primera Instancia prestarán sus servicios en el Tribunal de la Función Pública para garantizar su funcionamiento.

2. El Tribunal de la Función Pública nombrará a su Secretario y establecerá el estatuto de éste. Serán aplicables al Secretario de este Tribunal el cuarto párrafo del artículo 3 y los artículos 10, 11 y 14 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Comentario

Apartado 1

Corresponde al artículo 52 del Estatuto del Tribunal de Justicia, excepto la 1ª frase del apartado 1, añadida con el fin de clarificar el vínculo administrativo con el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.

Apartado 2

Corresponde a las disposiciones previstas para el Secretario del TPI: artículo. 224, cuarto párrafo del Tratado CE y segundo párrafo del artículo 47 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Al tratarse de personal puesto a disposición del Tribunal de la Función Pública, se propone seguir una fórmula del tipo de la que se había establecido en el TPI para los contenciosos especializados (marcas y competencia). Se trataba en ese caso de dos equipos de tres letrados especializados en Derecho de la competencia y en Derecho de las marcas, administrativamente dependientes del Presidente del TPI, pero a disposición de cualquier juez ponente para los expedientes relativos a estas especialidades.

Los jueces del Tribunal de la Función Pública no tendrían, por lo tanto, un gabinete con dos o tres letrados para cada juez, como ocurre en el TPI y el Tribunal de Justicia, sino que estarían asistidos por una célula de cuatro juristas (grados A6 a A3), especializados en materia de función pública comunitaria. A esta célula se podrían asignar dos puestos de secretarios, mientras que los jueces dispondrían de un secretariado cada uno.

Convendrá comprobar con el Tribunal de Justicia y el TPI

* si la fórmula «de común acuerdo con el Presidente del Tribunal de Justicia o el Presidente del TPI», inspirada en la Decisión por la que se crea el TPI, puede efectivamente ampliarse a uno o más Presidentes de salas jurisdiccionales, habida cuenta de que se agregarán otras salas jurisdiccionales al TPI en el futuro.

* y, en caso afirmativo, según qué modalidad concreta el Tribunal de Justicia aplicaría esta fórmula.

Artículo 7

1. El procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública estará regulado por el Título III del Estatuto del Tribunal de Justicia, con excepción de sus artículos 22 y 23. En la medida en que sea necesario, dicho procedimiento será precisado y completado por el Reglamento de Procedimiento de este Tribunal de la Función Pública.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la fase escrita del procedimiento incluirá la presentación de la demanda y el escrito de contestación, a menos que el Tribunal de la Función Pública decida que es necesario un segundo intercambio de escritos procesales. De tener lugar un segundo intercambio de escritos, el Tribunal de la Función Pública, después de haber oído a las partes, podrá decidir resolver sin fase oral.

3. En cualquier fase del procedimiento, incluso a partir de la interposición de la demanda, el Tribunal de la Función Pública examinará las posibilidades de una solución amistosa del litigio y velará por facilitar una solución de este tipo.

4. El Tribunal de la Función Pública decidirá sobre las costas. Sin perjuicio de las disposiciones particulares del Reglamento de procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Comentario

Apartado 1

Primera frase

Disposición recogida de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI (véase artículo 5, en el artículo 46 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia) y reproducida en el primer párrafo del artículo. 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

NB: la modificación introducida en el artículo 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia - con relación a su antiguo artículo 46 - se debe a que el TPI ejercerá en el futuro también competencias prejudiciales.

Segunda frase

Corresponde al segundo párrafo del artículo 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Apartado 2

Primera frase

El objetivo es aligerar el procedimiento con el fin de llegar a una solución rápida del asunto, cuando el expediente es lo suficientemente completo como para que las partes puedan desarrollar sus motivos y alegaciones durante la vista. A diferencia de los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia (art. 41 1 et 117 1) y del TPI (art. 47 1), de donde se desprende que la presentación de réplicas y dúplicas depende esencialmente de la voluntad de las partes, esta disposición faculta al Tribunal de la Función Pública para apreciar si es necesario presentar escritos suplementarios o si, por el contrario, resulta oportuno pasar a la fase oral del procedimiento.

Segunda frase

El Tribunal de la Función Pública debe tener la posibilidad de no celebrar la vista oral, cuando se considere suficientemente ilustrado sobre los términos del litigio, después de la presentación de cuatro escritos.

Apartado 3

Debe ser asimismo misión del Tribunal de la Función Pública aprovechar cualquier posibilidad de solución amistosa del litigio.

Apartado 4

Corresponde a las disposiciones del artículo 38 del Estatuto, del artículo 87 del Reglamento de procedimiento del TPI y del artículo 69 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 8

1. Cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de la Función Pública se presente por error en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, ésta lo transmitirá inmediatamente a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública; de la misma manera, cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de Primera Instancia se presente por error en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública, ésta lo transmitirá inmediatamente a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

2. Cuando el Tribunal de la Función Pública considere que no es competente para conocer de un recurso por ser de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, lo remitirá al Tribunal de Primera Instancia. De la misma manera, cuando el Tribunal Primera Instancia considere que un recurso corresponde a la competencia del Tribunal de la Función Pública, lo remitirá a este último, que en tal caso no podrá declinar su competencia.

3. Cuando se sometan al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de la Función Pública asuntos que tengan el mismo objeto o que planteen la misma cuestión de interpretación o que cuestionen la validez del mismo acto, el Tribunal de la Función Pública podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia.

Comentario

Los tres apartados corresponden a los tres párrafos del arte. 54 del Estatuto (antiguo artículo 47, véase el artículo 7 de la Decisión 88/591 por la que se crea el TPI).

Artículo 9

Contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. Sin embargo, los coadyuvantes que no sean Estados miembros o instituciones de las Comunidades sólo podrán interponer recurso de casación cuando la resolución del Tribunal de la Función Pública les afecte directamente.

Comentario

Reproducción de las disposiciones pertinentes del artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 10

1. Cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada, podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia contra la decisión del Tribunal de la Función Pública que desestime su demanda de intervención, en un plazo de dos semanas a partir de la notificación de la resolución desestimatoria.

2. Las partes en el procedimiento podrán interponer un recurso de casación contra cualquier resolución del Tribunal de la Función Pública adoptada en virtud de los artículos 242, 243 o del párrafo cuarto del artículo 256 del Tratado CE o en virtud de los artículos 157, 158 o del párrafo tercero del artículo 164 del Tratado CEEA, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

3. Sobre los recursos a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo decidirá el Presidente del Tribunal de Primera Instancia mediante un procedimiento abreviado al que, en lo que sea necesario, no se aplicarán algunas de las normas contenidas en el presente anexo y que se regulará en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Comentario

Corresponde a los tres párrafos del artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia. El apartado 3 reproduce el texto del artículo 39 de dicho Estatuto, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 57.

Artículo 11

1. El recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia se limitará a las cuestiones de Derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de la Función Pública, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte en cuestión, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de la Función Pública.

2. La imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación.

Comentario

Apartados 1 y 2

Corresponden a los dos párrafos del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia que se reproducen aquí, habida cuenta de los términos del artículo 225 A (tercer párrafo) del Tratado que prevén la posibilidad de recursos de casación por cuestiones de Derecho o ampliados a las cuestiones de hecho.

Artículo 12

1. El recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia no tendrá efecto suspensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Tratado CE o en los artículos 157 y 158 del Tratado CEEA.

2. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de la Función Pública constará de una fase escrita y una fase oral. El Tribunal de Primera Instancia, después de haber oído a las partes, podrá pronunciarse sin fase oral, en las condiciones determinadas por su Reglamento de Procedimiento.

Comentario

Apartado 1

Corresponde al artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Apartado 2

Corresponde al artículo 59 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 13

1. Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia anulará la resolución del Tribunal de la Función Pública y resolverá él mismo el litigio. Cuando el estado del litigio no lo permita, podrá excepcionalmente devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública para que este último resuelva.

2. En caso de devolución, el Tribunal de la Función Pública estará vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Comentario

Apartado 1

Este apartado corresponde al primer párrafo del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyos términos clarifica, no obstante, con el fin de evitar que el Tribunal de Primera Instancia devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública cuando el estado del litigio permita que se resuelva por el Tribunal de Primera Instancia, lo que sería fuente de retrasos inútiles.

Apartado 2

Corresponde al segundo párrafo del artículo 61 del estatuto del Tribunal de Justicia.

2003/0280 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se crea el Tribunal de la Función Pública Europea

El CONSEJO de la UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y en particular, sus artículos 225 A y 245,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular, su artículos 140 B y 160,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Tribunal de Justicia,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 225 A del Tratado CE y el artículo 140 B del Tratado Euratom permiten al Consejo crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos, fijar las normas relativas a la composición de dichas salas y precisar el alcance de las competencias que se les atribuyan.

(2) La creación de un órgano jurisdiccional específico para el contencioso de la función pública, encargado de ejercer la competencia de resolver en primera instancia sobre este contencioso, competencia actualmente ejercida por el Tribunal de Primera Instancia, puede mejorar el funcionamiento del sistema jurisdiccional comunitario. Responde a la invitación formulada a tal efecto por la Declaración n° 16 relativa a las disposiciones antes citadas de los Tratados CE y Euratom, adoptada con ocasión de la firma del Tratado de Niza.

(3) Procede, pues, agregar al Tribunal de Primera Instancia una sala jurisdiccional que, a los niveles institucional y organizativo, será parte integrante de la institución Tribunal de Justicia y cuyos miembros tendrán un estatuto asimilado al de los miembros del Tribunal de Primera Instancia.

(4) Conviene dar a este nuevo órgano jurisdiccional una denominación que lo distinga de sus formaciones o de las formaciones del Tribunal de Primera Instancia.

(5) Con objeto de garantizar la legibilidad del sistema jurisdiccional en su conjunto, conviene insertar las disposiciones relativas a las competencias, la composición, la organización y al procedimiento de la sala jurisdiccional en un Anexo al Estatuto del Tribunal de Justicia.

(6) El número de jueces de la sala jurisdiccional debe adaptarse a la carga de los contenciosos. Con el fin de facilitar la adopción de la decisión del Consejo por la que se nombre a los jueces, procede prever la instauración, por el Consejo, de un comité consultivo independiente, responsable de comprobar que las candidaturas presentadas cumplen las condiciones requeridas a tal efecto.

(7) La sala jurisdiccional debe resolver según un procedimiento adaptado a las particularidades del contencioso de que debe conocer, examinando las posibilidades de solución amistosa de los litigios en cualquier fase del procedimiento.

(8) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 225A del Tratado CE y el tercer párrafo del artículo 140 B del Tratado Euratom, contra las resoluciones dictadas por la sala jurisdiccional podrá interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho, en las mismas condiciones que las establecidas para los recursos de casación actualmente interpuestos ante el Tribunal de Justicia contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Las disposiciones pertinentes del Estatuto del Tribunal de Justicia se reproducen en un anexo a dicho Estatuto, relativo a la sala jurisdiccional, con el fin de evitar remisiones que mermarían la claridad del dispositivo de conjunto.

(9) Procede prever, en la presente Decisión, las oportunas disposiciones transitorias para que la sala jurisdiccional pueda ejercer sus funciones desde el momento de su creación.

DECIDE:

Artículo1

Se agrega al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas una sala jurisdiccional denominada «Tribunal de la Función Pública Europea» para resolver sobre el contencioso de la función pública europea. El Tribunal de la Función Pública Europea tendrá su sede en el Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 2

El Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia se modifica de la siguiente manera:

1) Se añade el siguiente Título VI:

«Título VI

SALAS JURISDICCIONALES

Artículo 65

Las disposiciones relativas a las competencias, la composición, la organización y al procedimiento de las salas jurisdiccionales instituidas en virtud de los artículos 225 A del Tratado CE y 140 B del Tratado EURATOM se recogen en un anexo al presente Estatuto.

2) Se añade el anexo I, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

Artículo 3

1. La primera designación del Presidente del Tribunal de la Función Pública se hará por tres años en las mismas condiciones que las de los jueces, a menos que el Consejo decida que se aplique el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 4 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

2. Inmediatamente después de que todos los jueces del Tribunal de la Función Pública hayan prestado juramento, el Presidente del Consejo procederá a elegir por sorteo a los jueces de dicho Tribunal cuyo mandato deba expirar al final del primer período de tres años, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia.

3. Los asuntos mencionados en el artículo 1 del anexo 1 del Estatuto del Tribunal de Justicia, de los que esté conociendo el Tribunal de Primera Instancia en la fecha de entrada en vigor de dicho artículo y en los que el procedimiento escrito aún no ha llegado a su término, tal y como se describe en el artículo 52 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, serán remitidos al Tribunal de la Función Pública.

4. Hasta que entre en vigor su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de la Función Pública aplicará mutatis mutandis el del Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 4

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con excepción del artículo 1 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuyo texto figura como anexo de la presente Decisión.

El artículo 1 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la declaración por el Presidente del Tribunal de Justicia de que el Tribunal de la Función Pública se halla debidamente constituido.

Hecho en Bruselas, él [... ]

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

« Anexo I

Tribunal de la Función Pública Europea

Artículo 1

El Tribunal de la Función Pública Europea, en lo sucesivo denominado «Tribunal de la Función Pública», ejercerá en primera instancia las competencias para resolver los litigios entre las Comunidades y sus agentes en virtud del artículo 236 del Tratado CE y del artículo 152 el Tratado EURATOM, incluidos los litigios entre cualquier órgano u organismo y su personal respecto de los cuales se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia.

Artículo 2

El Tribunal de la Función Pública estará compuesto por seis jueces, designados por un período de seis años por el Consejo, entre los candidatos presentados por los Estados miembros, previa consulta del Comité previsto en el artículo 3.

Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial. Los jueces salientes podrán ser nuevamente designados.

Artículo 3

Se constituirá un comité para dictaminar sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez del Tribunal de la Función Pública Europea, antes de la Decisión de designación. El comité podrá acompañar este dictamen con una lista de los candidatos que posean la experiencia de alto nivel más oportuna. Dicha lista deberá contener un número de candidatos equivalente al doble del número de jueces que el Consejo deba designar.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de Primera Instancia y juristas de reconocida competencia. El Consejo decidirá la designación de los miembros del Comité y sus normas de funcionamiento, por mayoría cualificada previa recomendación del Presidente del Tribunal de Justicia.

Artículo 4

1. Los jueces elegirán de entre ellos, por un período de tres años, al Presidente del Tribunal de la Función Pública. Su mandato será renovable.

2. El Tribunal de la Función Pública actuará en secciones compuestas por tres jueces. En determinados casos previstos en el Reglamento de Procedimiento, podrá resolver en sección de cinco jueces.

3. El Presidente del Tribunal de la Función Pública presidirá la sección de cinco jueces, así como una de las dos secciones de tres jueces. El Presidente de la otra sección de tres jueces se designará en las condiciones que se especifican en el apartado 1.

4. La composición de las secciones y la atribución de asuntos a las mismas se regulará por el Reglamento de Procedimiento.

Artículo 5

Los jueces del Tribunal de la Función Pública serán independientes. No estarán sujetos a ninguna instrucción. Los artículos 2 a 7, los artículos 14 y 15, el primero, segundo y quinto párrafos del artículo 17 y el artículo 18 del Estatuto del Tribunal de Justicia se aplicarán al Tribunal de la Función Pública y a sus miembros.

El juramento previsto en el artículo 2 del Estatuto se prestará ante el Tribunal de Justicia, el cual adoptará las decisiones contempladas en sus artículos 3, 4 y 6 después de consultar al Tribunal de Función Pública.

Artículo 6

1. El Tribunal de la Función Pública se apoyará en los servicios del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. El Presidente del Tribunal de Justicia o, cuando proceda, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia fijará de común acuerdo con el Presidente del Tribunal de la Función Pública las condiciones en las que los funcionarios y demás agentes adscritos al Tribunal de Justicia o al Tribunal de Primera Instancia prestarán sus servicios en el Tribunal de la Función Pública para garantizar su funcionamiento.

2. El Tribunal de la Función Pública nombrará a su Secretario y establecerá el estatuto de éste. Serán aplicables al Secretario de este Tribunal el cuarto párrafo del artículo 3 y los artículos 10, 11 y 14 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 7

1. El procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública estará regulado por el Título III del Estatuto del Tribunal de Justicia, con excepción de sus artículos 22 y 23. En la medida en que sea necesario, dicho procedimiento será precisado y completado por el Reglamento de Procedimiento de este Tribunal de la Función Pública.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la fase escrita del procedimiento incluirá la presentación de la demanda y el escrito de contestación, a menos que el Tribunal de la Función Pública decida que es necesario un segundo intercambio de escritos procesales. De tener lugar un segundo intercambio de escritos, el Tribunal de la Función Pública, después de haber oído a las partes, podrá decidir resolver sin fase oral.

3. En cualquier fase del procedimiento, incluso a partir de la interposición de la demanda, el Tribunal de la Función Pública examinará las posibilidades de una solución amistosa del litigio y velará por facilitar una solución de este tipo.

4. El Tribunal de la Función Pública decidirá sobre las costas. Sin perjuicio de las disposiciones particulares del Reglamento de procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Artículo 8

1. Cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de la Función Pública se presente por error en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, ésta lo transmitirá inmediatamente a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública; de la misma manera, cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de Primera Instancia se presente por error en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública, ésta lo transmitirá inmediatamente a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

2. Cuando el Tribunal de la Función Pública considere que no es competente para conocer de un recurso por ser de la competencia del Tribunal de Primera Instancia, lo remitirá al Tribunal de Primera Instancia. De la misma manera, cuando el Tribunal Primera Instancia considere que un recurso corresponde a la competencia del Tribunal de la Función Pública, lo remitirá a este último, que en tal caso no podrá declinar su competencia.

3. Cuando se sometan al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de la Función Pública asuntos que tengan el mismo objeto o que planteen la misma cuestión de interpretación o que cuestionen la validez del mismo acto, el Tribunal de la Función Pública podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia.

Artículo 9

Contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. Sin embargo, los coadyuvantes que no sean Estados miembros o instituciones de las Comunidades sólo podrán interponer recurso de casación cuando la resolución del Tribunal de la Función Pública les afecte directamente.

Artículo 10

1. Cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada, podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia contra la decisión del Tribunal de la Función Pública que desestime su demanda de intervención, en un plazo de dos semanas a partir de la notificación de la resolución desestimatoria.

2. Las partes en el procedimiento podrán interponer un recurso de casación contra cualquier resolución del Tribunal de la Función Pública adoptada en virtud de los artículos 242, 243 o del párrafo cuarto del artículo 256 del Tratado CE o en virtud de los artículos 157, 158 o del párrafo tercero del artículo 164 del Tratado CEEA, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

3. Sobre los recursos a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo decidirá el Presidente del Tribunal de Primera Instancia mediante un procedimiento abreviado al que, en lo que sea necesario, no se aplicarán algunas de las normas contenidas en el presente anexo y que se regulará en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 11

1. El recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia se limitará a las cuestiones de Derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de la Función Pública, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte en cuestión, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de la Función Pública.

2. La imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación.

Artículo 12

1. El recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia no tendrá efecto suspensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Tratado CE o en los artículos 157 y 158 del Tratado CEEA.

2. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de la Función Pública constará de una fase escrita y una fase oral. El Tribunal de Primera Instancia, después de haber oído a las partes, podrá pronunciarse sin fase oral, en las condiciones determinadas por su Reglamento de Procedimiento.

Artículo 13

1. Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia anulará la resolución del Tribunal de la Función Pública y resolverá él mismo el litigio. Cuando el estado del litigio no lo permita, podrá excepcionalmente devolver el asunto al Tribunal de la Función Pública para que este último resuelva.

2. En caso de devolución, el Tribunal de la Función Pública estará vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

Ámbito(s) políticos(s): institucional

Actividad(es): aplicación del Tratado de Niza

Denominación de la acción: propuesta de decisión del Consejo por la que se crea el tribunal de la función pública europea

1. LÍNEA (S) PRESUPUESTARIA (S) + DENOMINACIÓN (ES)

Línea presupuestaria específica, que debe crearse en la Sección IV - Tribunal de Justicia

2. DATOS EN CIFRAS GLOBALES

2.1 Dotación total de la acción (parte B): millones de euros en créditos de compromiso (CE)

2.2 Período de aplicación:

2.3 Estimación global plurianual de los gastos:

a) Vencimiento créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase apartado 6.1.1)

Millones de euros (al 3e decimal)

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b) Asistencia técnica y administrativa (ATA) y gastos de apoyo (GA) (véase apartado 6.1.2)

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c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (véanse apartados 7.2 y 7.3)

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2.4 Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

[X] Propuesta compatible con la programación financiera existente.

[... ] Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica afectada de las perspectivas financieras,

[... ] incluido, en su caso, el recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5 Incidencia financiera en los ingresos

[X] Ninguna implicación financiera (se refiere a aspectos técnicos relativos a la aplicación de una medida).

O

[... ] Incidencia financiera - el efecto en los ingresos es el siguiente:

Millones de euros (al primer decimal)

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3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículos 225 A y 245 del Tratado CE y 140 B y 160 del Tratado Euratom

5.1 Necesidad de una intervención comunitaria

5.1.1 Objetivos perseguidos

La presente propuesta de Decisión del Consejo dirigida a la creación de un órgano jurisdiccional de primera instancia especializado en el contencioso de la función pública constituye uno de los aspectos de la reforma jurisdiccional inscrita en el Tratado de Niza (artículos 220- segundo párrafo - y 225A del Tratado CE) con el fin de remediar la creciente sobrecarga de trabajo del sistema judicial comunitario. Responde a la invitación de la Declaración n° 16 relativa al artículo 225 A, adoptada en la cumbre de Niza, en cuyos términos «la Conferencia solicita al Tribunal de Justicia y a la Comisión que preparen, cuanto antes, un proyecto de decisión por la que se cree una sala jurisdiccional competente para resolver en primera instancia sobre los litigios entre la Comunidad y sus agentes.»

La creación de este órgano jurisdiccional permitirá descargar al Tribunal de Primera Instancia de este contencioso que representa alrededor de un tercio de su carga actual. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE, el papel del Tribunal de Primera Instancia en este ámbito, de ahora en adelante, se limitará al de un tribunal de casación de las resoluciones del nuevo órgano de primera instancia, mientras que el del Tribunal de Justicia es exclusivamente el de intervenir con carácter excepcional, en el marco del procedimiento de reexamen de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia.

5.1.2 Disposiciones adoptadas en relación con la evaluación a priori

La reforma inscrita en el Tratado de Niza fue suscitada por la Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales, denominada «Reforma del sistema judicial comunitario» (COM(2000)109 final de 1.03.2000).

5.1.3 Disposiciones adoptadas tras la evaluación a posteriori

5.2 Acciones contempladas y modalidades de la intervención presupuestaria

La instauración del órgano jurisdiccional implica esencialmente medidas presupuestarias que permitan al nuevo órgano jurisdiccional funcionar. Los jueces del Tribunal de la Función Pública Europea deben poder disponer de locales apropiados y la asistencia necesaria para el ejercicio de sus funciones (Secretario, administradores, secretariado). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Tratado CE, el Tribunal de la Función Pública Europea se agregará al Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, se basará asimismo en los servicios de Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (traductores, lectores de sentencias, intérpretes), cuyo personal deberá, por lo tanto, adaptarse.

5.3 Disposiciones de aplicación

El personal necesario se pondrá a disposición del nuevo órgano jurisdiccional por el Tribunal de Justicia.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1 Incidencia financiera total sobre la parte B (para todo el período de programación)

6.1.1 Intervención financiera

Créditos de compromiso en millones de euros (al 3er decimal)

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6.2 Cálculo de los costes por medida considerada en parte B (para todo el período de programación)

Créditos de compromiso en millones de euros (al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7. INCIDENCIA SOBRE EL PERSONAL Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7.1 Incidencia sobre los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los 6 puestos A se distribuirían de la siguiente manera: 1, el Secretario, 4 administradores para la célula de juristas (véase el comentario bajo el artículo 6 del proyecto), 1 administrador para las cuestiones administrativas (eventualmente dependiente del Gabinete del Presidente).

Los 2 puestos B se distribuirían de la siguiente manera: 1 puesto adjunto al Secretario (que será responsable de la célula de la Secretaría bajo la autoridad del Secretario) 1 puesto para el seguimiento de la documentación.

Los 10 puestos C se distribuirían de la siguiente manera: 6 para los 6 jueces, 1 para el Secretario, 1 para la célula de la Secretaría, 2 para la célula de juristas.

7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales durante 12 meses.

7.3 Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

>SITIO PARA UN CUADRO>

* para el primer año procede añadir un importe de 692 000 euros para gastos puntuales de entrada en funciones.

8. CONTROL Y EVALUACIÓN

No necesario.

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

Esta disposición no es aplicable aquí. La propuesta tiene por objeto establecer un nuevo órgano jurisdiccional comunitario y no se refiere a ninguna política comunitaria que implique riesgos de fraude.

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