COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 29.06.1995 
COM(95) 303 final 
INFQfiME PE LA COMISIÓN 
RÉGIMEN APLICADO EN TERCEROS PAÍSES 
A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, EMPRESAS DE SEGUROS 
Y EMPRESAS DE INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD 

INDICE 
CAPÍTULO ^Introducción 
CAPÍTULO II: El mercado único europeo de servicios financieros 
Negociaciones multilaterales CAPITULO ffl: 
CAPÍTULO IV: Régimen aplicado, en terceros países, a las empresas de seguros, 
entidades de crédito y empresas de inversión de la CE: situación 
y conclusiones 
ANEXO A: 
ANEXO B: 
ANEXO C: Artículo 7 de la Directiva sobre Servicios de Inversión 
Avances en el mercado único de servicios financieros 
Cuadro sinóptico 
CAPITULO I - Introducción 
1. Objetivo del informe 
La Comisión viene obligada por el Derecho comunitario a elaborar un informe, para su 
presentación al Consejo, en el que se exponga el régimen aplicado, en terceros países, 
a las empresas de inversión comunitarias, en lo que se refiere al establecimiento y al 
ejercicio de actividades de inversión, así como a la adquisición de participaciones en 
empresas de inversión de terceros países1. Este informe debe elaborarse, como 
máximo, seis meses antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre servicios de 
inversión. 
Con arreglo a los considerandos de la Directiva sobre servicios de inversión y a los 
pertinentes textos de las demás directivas que regulan los servicios financieros, el 
informe de la Comisión forma parte de un procedimiento "cuyo propósito es garantizar 
que se conceda reciprocidad de trato a las empresas de inversión de la Comunidad en 
los países terceros de que se trate". Este procedimiento ha de ser "flexible" y permitir 
"evaluar la reciprocidad sobre una base comunitaria". Su objetivo fundamental es 
"ampliar la liberalización del conjunto de los mercados financieros en países terceros" 
y "establece procedimientos de negociación con países terceros y, en última instancia, 
la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de 
autorización o en la limitación de nuevas autorizaciones". 
El primero de estos informes fue aprobado por la Comisión el 15 de julio de 1992 
(SEC (92) 1343 final y XV/4004/92ES). En él se exponía el régimen aplicado en 
terceros países a las entidades de crédito y empresas de seguros comunitarias. No 
obstante, también se ocupaba de los servicios de inversión, pues se incluían en la lista 
de actividades sujetas al principio de reconocimiento mutuo en virtud de la Segunda 
Directiva bancaria (véase el Anexo sobre el sector bancario). 
En el informe de 1992 se explicaba en detalle el funcionamiento de las disposiciones 
que regulan las relaciones con terceros países y, en concreto, los conceptos de 
denegación de trato nacional y acceso efectivo al mercado comparable, contemplados 
en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Segunda Directiva bancaria2. Idénticas 
disposiciones se incluyen en las pertinentes directivas de seguros. Dado que estos 
mismos conceptos se aplican también a las relaciones con terceros países en el ámbito 
de los servicios financieros, en el presente informe no se repite la explicación. 
2. Alcance del informe 
Apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 
1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DO 
L 141, de 11.06.93, p. 27). 
Segunda Directiva del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE 
(DO L 386, de 30.12.90, p. 7). 
La Comisión ha decidido aprovechar la ocasión que le brinda la elaboración del 
informe sobre el régimen aplicado a las empresas de inversión comunitarias para 
actualizar también el informe de 1992, que se ocupaba de las entidades de crédito y las 
empresas de seguros. Dicha actualización se basa en la evolución registrada en el 
sector de los servicios financieros en los 24 países abarcados por el informe 3. 
Si bien en el informe se hace una selección de países, de la inclusión o exclusión de un 
determinado país no deben sacarse consecuencias sobre el trato otorgado por tal país a 
las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de la 
Comunidad. El criterio fundamental aplicado por la Comisión ha sido el de la 
importancia relativa que el sector financiero de los países tiene para los operadores de 
la Comunidad Europea, situación que, como es lógico, cambiará a medida que los 
mercados evolucionan y se desarrollan. Hay que tener en cuenta, también, el grado de 
implantación de la Comunidad en un tercer país, no obstante la existencia de 
restricciones. Por consiguiente, la Comisión se reserva el derecho a confeccionar otros 
informes a la luz de nueva información, tal y como, sin duda, está facultada en virtud 
del Derecho comunitario. Cuando así obre, la Comisión seguirá cumpliendo con sus 
obligaciones de forma transparente, mediante el diálogo con los países y, cuando 
resulte oportuno, la negociación, de tal manera que quede plenamente reflejado el 
compromiso comunitario de aplicar una política de libre competencia en el sector 
financiero. 
3. Evolución desde el informe de 1992 
En la Comunidad Europea: Con la aprobación de la Directiva sobre servicios de 
inversión, el 10 de mayo de 1993, quedó completo el marco jurídico para la 
constitución del mercado único de servicios financieros en los sectores bancario, de 
seguros y de servicios de inversión. Esta directiva entra en vigor el 1 de enero de 
1996. En lo que se refiere a las entidades de crédito, la legislación entró en vigor el 1 
de enero de 1993, y en el sector de seguros el 1 de enero de 1994. Actualmente los 
esfuerzos se dirigen a consolidar y reforzar el mercado único. Véase el capítulo II. 
Multilateralmente: Tanto la Comunidad Europea como sus Estados miembros 
participan activamente en las negociaciones sobre los servicios financieros en el 
marco del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). La Comunidad 
Europea y sus Estados miembros han ofrecido el compromiso definitivo de aplicar su 
régimen de libre acceso y condiciones de trato nacional basadas en una cláusula de 
nación más favorecida. Véase el capítulo III. 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, Hong Kong, India, 
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Méjico, Filipinas, Rusia, Singapur, Sudáfrica, 
Suiza, Taiwan, Tailandia, Turquía, Estados Unidos, Venezuela. 
Bilateralmente: Han entrado en vigor acuerdos con terceros países4, que, entre otras 
cosas, contienen disposiciones sobre los servicios financieros. Aunque, en sentido 
estricto, no puede decirse que estos acuerdos se hayan negociado basándose en las 
disposiciones sobre terceros países de las directivas comunitarias relativas a los 
servicios financieros, sí responden a objetivos de liberalización del mercado similares 
a los establecidos en esas directivas. Por tanto, su finalidad es lograr la concesión de 
trato nacional en lo que respecta al derecho de establecimiento y al desarrollo de 
actividades en el correspondiente país. No obstante, estos objetivos se conseguirán sólo 
de forma paulatina. 
4. Ampliación - EFTA 
Desde el informe de 1992, la Comunidad Europea ha visto ampliado su número de 
miembros con la inclusión de Austria, Finlandia y Suecia. Pese a que estos nuevos 
Estados miembros gozan de períodos transitorios, en una serie limitada de ámbitos, 
para la aplicación del Derecho comunitario, ninguna de las disposiciones afectadas por 
esas exenciones influye en las condiciones de acceso de las entidades financieras de 
terceros países a Austria, Finlandia y Suecia. Tradicionalmente, estos países han 
venido aplicando una política liberal en el sector de los servicios financieros, tal y 
como se aprecia en las estadísticas, que arrojan una presencia de entidades financieras 
extranjeras superior a la media de la Unión, así como en la cantidad de activos 
poseídos por dichas entidades en Austria, Finlandia y Suecia. 
Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) signatarios del 
acuerdo con la Comunidad Europea por el que se crea el Espacio Económico Europeo 
(EEE), que entró en vigor el 1 de enero de 1994 (Islandia, Liechtenstein y Noruega), 
aplican la legislación comunitaria sobre los servicios financieros, aunque, en un 
número limitado de casos, gozan de un período transitorio relativamente breve. Por 
ejemplo, Islandia y Liechstenstein pueden imponer restricciones a las inversiones 
directas hasta el 1 de enero de 1996. 
Anexo A: Texto del artículo 7 de la Directiva sobre servicios de inversión. 
Lo que se conoce como Acuerdos Europeos han entrado todos en vigor y afectan a 
Polonia, Hungría, las Repúblicas Checa y Eslovaca, Bulgaria y Rumania. 
CAPITULO II: El mercado único europeo de servicios financieros 
1. Introducción 
El sector de servicios financieros reviste gran importancia para la economía de la 
Comunidad. En 1992, se calcula que este sector representaba el 5,1% del producto 
comunitario5 (alrededor de 300 billones de ecus). Entre 1980 y 1989 el empleo en el 
sector registró un incremento anual medio del 3,2%. En 1992, se estima que el 
empleo6 generado por el sector financiero suponía un 3% del total de empleo de la 
Comunidad. En 1991, las inversiones directas7 de la Comumdad en el sector de 
servicios financieros de terceros países suponían el 32% del total de sus inversiones en 
el exterior. 
El total de activos de las entidades de crédito de la Comunidad8 alcanzó, en 1993, la 
cifra de 10,5779 billones de ecus, equivalente al 195% del PIB comunitario. El total de 
depósitos en las entidades de crédito de la Comunidad se estimaba en 9,794 billones de 
ecus (178% del PIB comunitario). En 1992, el total de las primas de seguros era de 
334.00010 millones de ecus o, lo que es lo mismo, el 6,2% del PIB comunitario, lo que 
suponía 963 ecus de primas per capita. En 1994, el volumen de negociación de 
acciones en los principales mercados de valores de la Comunidad ascendió a 2,183n 
billones de ecus (37,8% del PIB). En ese mismo período, la capitalización del mercado 
se situaba en 2,31412 billones de ecus (40,1% del PIB comunitario). El número de 
empresas que cotizaban en los principales mercados de valores de la Comunidad era de 
5.781. 
El mercado común europeo de servicios financieros constituye, por consiguiente, una 
parte esencial y, desde el punto de vista económico, fundamental del mercado único sin 
fronteras, integrado por 348 millones de personas. El mercado único de servicios 
financieros tiene como finalidad eliminar los obstáculos que se oponen a la libre 
prestación de servicios financieros, ya se trate de restricciones al derecho de 
establecimiento o a la prestación de servicios transfonterizos en los quince Estados 
miembros de la Comunidad Europea. 
2. Acceso de las entidades financieras de terceros países a la Comunidad 
Europea 
7 
8 
9 
10 
11 
12 Cálculo basado en el valor añadido bruto a precios de mercado, base de datos SEC-2, 
EUROSTAT. 
Cálculo basado en la base de datos SEC-2, EUROSTAT. EU = 11. No se dispone de 
información sobre Grecia. 
Fuente: Inversión directa en la CE. EUROSTAT. 
EU = 12 países 
Fuente: Estadísticas del FMI. 
Fuente: SIGMA 
Fuente: Estadísticas de las Bolsas Europeas. 
idem 8). 
La Comunidad Europea sigue una política liberal en sus relaciones con terceros países 
en el ámbito de los servicios financieros, tanto en lo que se refiere al acceso a sus 
mercados como a las condiciones en que pueden operar las entidades financieras de 
terceros países establecidas en la Comumdad. Este extremo ya se trató por extenso en 
el informe de 1992, por lo que en el presente documento se hace sólo un resumen. 
La Comunidad es consciente de la importancia que la liberalización de los mercados 
tiene para el desarrollo y la liquidez de sus mercados financieros; considera, además, 
que la libre competencia en sus mercados financieros hará que mejoren los servicios, lo 
que redundará en beneficio de toda la economía, dado el papel fundamental que 
desempeñan los servicios financieros en la distribución eficaz de los recursos. 
Tanto la política comunitaria como la de los Estados miembros, en general, se basa en 
dos principios fundamentales: 
Libre acceso al mercado y, en particular, el derecho de establecimiento en 
condiciones de trato nacional: las entidades financieras de terceros países 
pueden tener acceso a la Comunidad bien mediante un establecimiento, bien 
mediante la prestación de servicios transfonterizos. El acceso de un tercer país 
mediante la prestación de servicios transfonterizos no se analiza en este 
informe. En cuanto al establecimiento, las empresas de terceros países pueden 
establecerse en todos los Estados miembros de la Comunidad mediante la 
creación de una filial, una sucursal o, con algunas salvedades, de una oficina de 
representación. La oferta condicional de compromisos efectuada por la 
Comunidad en las negociaciones ampliadas sobre el sector servicios de la Ronda 
Uruguay conllevaría el compromiso definitivo de aplicar la actual política 
liberal de conceder a las entidades financieras de terceros países el derecho de 
establecimiento, en cualquiera de sus formas. 
En segundo lugar, el principio de trato nacional, que, en el plano comunitario, 
se aplica, sin excepción, a la actividad de las filiales poseídas en parte o en su 
totalidad por entidades de terceros países y, con algunas excepciones, al 
establecimiento inicial de dichas filiales y al establecimiento y actividad de las 
sucursales directas. En algunos casos, estas excepciones a la concesión plena de 
trato nacional están siendo eliminadas y, de cualquier modo, no han sido un 
obstáculo significativo para que exista una amplia representación de entidades 
financieras de terceros países en el mercado comunitario. 
El concepto fundamental en que se basa el mercado único de servicios financieros es la 
autorización única, también conocida como "pasaporte único". La Directiva sobre 
servicios de inversión introdujo este concepto para las empresas de inversión, del 
mismo modo que lo que se conoce como directivas de seguros de tercera generación lo 
hicieron para el sector de seguros y la Segunda Directiva bancaria para las entidades de 
crédito. 
El concepto de autorización única permite que cualquier banco, empresa de seguros u 
otro tipo de entidad financiera, constituida en la Comunidad, independientemente de su 
origen, pueda crear una sucursal en alguno o en todos los Estados miembros, o prestar 
servicios a los consumidores de otros Estados miembros. 
3. Servicios de inversión 
En virtud de la Directiva sobre servicios de inversión (DSI), para operar como empresa 
de inversión es necesario disponer de la autorización de las autoridades del Estado 
miembro de "origen" (Estado miembro de constitución de la empresa), a cuyo cargo 
correrá, básicamente y a partir de ese momento, la regulación, independientemente de 
que la empresa de inversión cree una sucursal o preste servicios sin disponer de un 
establecimiento local en otro Estado miembro, esto es, el Estado miembro de 
"acogida". 
Al igual que las demás directivas que regulan el sector de los servicios financieros, la 
DSI establece una armonización mínima de las normas en toda la Comunidad, creando, 
de este modo, la base para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones en los 
Estados miembros. 
Necesitan autorización los siguientes servicios de inversión: intermediación para la 
recepción y ejecución de órdenes, negociación, gestión de cartera y aseguramiento de 
emisiones, cuando estas actividades se refieran a valores o a productos relacionados 
con valores, como son los futuros financieros y las opciones. No se contempla nada en 
relación con las materias primas y los futuros sobre materias primas. Existe una serie 
de servicios "auxiliares" que la empresa de inversión puede prestar en todos los 
Estados miembros siempre y cuando se mencionen expresamente en la autorización. 
El artículo 7 de la DSI se refiere a las relaciones con terceros países. En su apartado 4 
se estipula que la Comisión, siempre que, basándose en los informes previstos en el 
apartado 3 (el presente informe) o en otra información, considere que un tercer país no 
otorga a las empresas de inversión comunitarias acceso efectivo al mercado equiparable 
al otorgado por la Comunidad a las empresas de inversión de ese país, podrá presentar 
al Consejo propuestas para que se le otorgue el oportuno mandato de negociación para 
obtener condiciones de competencia equiparables para las empresas de inversión 
comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada. 
El apartado 5 del artículo 7 establece que la Comisión, siempre que, basándose en los 
informes previstos en el apartado 3 o en otra información, considere que un tercer país 
no otorga a las empresas de inversión comunitarias trato nacional que les confiera las 
mismas posibilidades de competencia que a las empresas de inversión nacionales, y 
que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá entablar 
negociaciones para poner remedio a la situación. 
Asimismo, el 1 de enero de 1996, entrará en vigor la Directiva sobre adecuación del 
capital (93/6/CEE)13, que establece requisitos básicos de capital para las empresas de 
inversión y fija el capital ajustado al riesgo que deben tener, en cada momento, las 
empresas de inversión y entidades de crédito para cubrir el riesgo de mercado de su 
cartera de negociación. 
Actualmente se está trabajando para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre OICVM, de 1985, y para establecer en toda la Comunidad una garantía de 
inversiones mínima en caso de quiebra de una empresa de inversión. 
Véase el Anexo B. 
4. Entidades de crédito 
A la Segunda Directiva Bancaria, la Directiva sobre cuentas anuales y la Directiva 
sobre fondos propios, que fueron esenciales para la implantación del mercado único de 
entidades de crédito, se han añadido otras cinco directivas importantes; en todas ellas 
se establece la concesión de trato nacional a las entidades de crédito, sea cual sea su 
origen. 
La Directiva sobre supervisión de las entidades de crédito (Directiva 92/30/CEE)14 
exige la supervisión consolidada de los holdings financieros y los holding mixtos que 
tengan su domicilio social en la Comunidad. 
La Directiva 92/121/CEE establece el seguimiento y control de las entidades de 
crédito. Su objetivo es evitar una excesiva concentración del riesgo frente a un sólo 
cliente o grupo de clientes15. 
La Directiva 94/19/CEE crea los sistemas de garantía de depósitos, obligando a los 
Estados miembros a constituir uno o varios sistemas de garantía de depósitos 
oficialmente reconocidos y que garanticen hasta 20.000 ecus16. 
La Directiva 93/6/CEE se ocupa de la adecuación del capital de las empresas de 
inversión y de las entidades de crédito frente a los riesgos de mercado17. 
13 
16 Directiva del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las 
empresas de inversión y las entidades de crédito (93/6/CEE) (DO L 141, 11.06.93, p. 
1). 
Directiva del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de las entidades 
de crédito de forma consolidada (92/30/CEE ) (DO L 110, de 28.04.92, p. 52). 
Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre vigilancia y control de las 
operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito (92/121/CEE) (DO L 29, de 
05.02.93, p.l). 
Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, 
relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 135, de 31.05.94, p. 5). 
Directiva del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las 
empresas de inversión y las entidades de crédito (93/6/CEE) (DO L 141, de 11.6.93, 
p.l). 
La Directiva 91/308/CEE prohibe el blanqueo del producto de actividades delictivas y 
establece una serie de medidas para la prevención del uso del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales18. 
Véase el Anexo B. 
5. Seguros 
Los principios de pleno control por el país de origen y autorización única quedaron 
establecidos en dos directivas (las Terceras Directivas sobre seguros de vida y no de 
vida19), aprobadas en 1992 y que entraron en vigor el 1 de julio de 1994. 
Se ha suprimido la autorización previa y la notificación sistemática de las condiciones 
de la póliza para todos los riesgos de masa. De este modo, cualquier entidad podrá 
comercializar sus productos sin necesidad de disponer de una autorización para cada 
uno de los mercados en los que opere. Sin embargo, en los seguros obligatorios, dada 
su naturaleza, se mantiene la notificación sistemática de ese tipo de riesgos. 
El hecho de que la notificación no sea sistemática no excluye que las autoridades 
competentes puedan solicitar información a determinadas entidades o a la totalidad del 
mercado al mismo tiempo, cuando por razones cautelares así lo juzguen conveniente. 
Lo que desaparece es la obligación legal de las entidades de informar a las autoridades 
cada vez que comercialicen un producto nuevo. 
Directiva del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales (91/308/CEE) (DO L 166, de 
28.6.91, p. 77). 
Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo 
distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 
88/357/CEE (DO L 228, de 11.08.92, p. 1). 
Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de 
vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (DO L 360, 
de 09.12.92, p. 1). 
CAPÍTULO III - Negociaciones multilaterales 
En el informe de 1992, la Comisión llegaba a la conclusión de que "la política más 
eficaz para lograr la apertura de los mercados y la más beneficiosa para el sector 
comunitario de servicios financieros consiste en aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las negociaciones sobre servicios financieros de la Ronda Uruguay para 
resolver los problemas con que se enfrentan las entidades de crédito y empresas de 
seguros de la Comunidad". 
Todavía se pueden resolver los problemas relacionados con el acceso al mercado y las 
condiciones operativas de cada mercado concreto, merced a la decisión de proseguir las 
negociaciones sobre los servicios financieros durante los seis primeros meses de 
vigencia del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). 
Las negociaciones del GATS ampliadas sobre servicios financieros deberían concluir el 
30 de junio de 1995. Se encuentran en una fase delicada. La Comunidad y sus Estados 
miembros están más decididos que nunca a llegar a una solución satisfactoria y 
corroboraron su postura en una nota al Comité sobre el Comercio de Servicios 
Financieros, el 22 de marzo de 1995: 
" Compromisos en el terreno de los servicios financieros 
En la reunión del Grupo Interino sobre Servicios Financieros de 3 de febrero de 1995, 
el Presidente invitó a los participantes a aportar por escrito sus contribuciones a las 
negociaciones en curso para llegar a unos mejores compromisos. 
Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros confirman su disposición a 
respetar plenamente su Programa de Compromisos Específicos de 15 de abril de 1994 
(GATS/SC/31). Se siguen ateniendo a un régimen de libre acceso y condiciones de 
trato nacional basadas en el principio de "nación más favorecida" (NMF), siempre y 
cuando se obtengan de otros socios comerciales concesiones sustancialmente mejores 
con arreglo al citado principio. 
El programa vincula al sector de los servicios financieros en su conjunto, y representa 
algo más que una situación de statu quo, ya que ofrece una garantía multilateral de un 
considerable grado de liberalización. Las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros desean llamar nuevamente la atención sobre los siguientes puntos capitales 
de sus compromisos: 
el programa, que se preservó en su integridad al concluirse la Ronda Uruguay y 
se ha aplicado plenamente desde el 1 de enero de 1995, garantiza el acceso 
directo, en condiciones no discriminatorias y sea cual sea la forma que adopte la 
presencia comercial, bien a través de filial, sucursal directa u oficina de 
representación; 
las fílales de bancos, compañías de seguros y empresas de inversión 
extranjeros, al margen de su lugar de registro en la Comunidad Europea, se 
benefician plenamente de las ventajas del mercado único en el sector de los 
servicios financieros y, en particular, de la "autorización" o "pasaporte único", 
lo que les permitirá prestar servicios transfronterizos y abrir sucursales en todos 
los países de la Comunidad Europea; 
los compromisos también prevén la libertad de las empresas y los particulares 
residentes en la Comunidad para llevar a cabo actividades y transacciones fuera 
de la Unión en todos los sectores de los servicios financieros. 
Además, con la ampliación de la Comunidad Europea a 15 Estados miembros (tras la 
adhesión de Austria, Finlandia y Suecia), las ventajas del régimen de mercado único y 
autorización única son aún mayores. Desde la conclusión de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay, las oportunidades comerciales de nuestros socios han aumentado así 
considerablemente. 
Las Comunidades y sus Estados miembros cuentan en su legislación con una serie de 
medidas que supeditan el acceso a sus mercados a que exista reciprocidad en los 
mercados de los terceros países. Las Comunidades y sus Estados miembros han 
propuesto renunciar a aplicar estas medidas si las negociaciones tienen éxito. Por este 
motivo se han abstenido hasta ahora de ampararse en una exención NMF, que 
resultaría necesaria si estas medidas se aplicaran a los miembros del GATS. Una 
decisión definitiva de mantener este enfoque, que por sí mismo supondrá una 
importante liberalización, dependerá del grado de mejora de los compromisos 
alcanzados y del balance de las ventajas obtenidas al final del periodo de negociación. 
Entre los factores que deberán tomarse en consideración cuando se adopte la decisión, 
figura la medida en que se hayan alcanzado: 
compromisos no discriminatorios de otras partes del acuerdo con respecto al 
acceso al mercado, en particular el derecho de establecimiento en todas las 
formas de presencia comercial, y con respecto a la prestación de servicios por 
otras vías; 
condiciones de trato nacional. 
Ha habido indicios alentadores de progreso: señales de reforma bancaria y cambios en 
el régimen normativo de los sectores de seguros y de valores. Se han concluido 
importantes iniciativas bilaterales, que deben confirmarse con arreglo a la cláusula de 
NMF como parte de un mejor paquete de compromisos. 
Como se estipula en la decisión ministerial encaminada a proseguir las negociaciones, 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros conservan el derecho de modificar 
sus compromisos retractándose de algunos e introduciendo exenciones a la obligación 
de aplicar la cláusula de NMF, en caso de que el resultado de las negociaciones no 
fuera satisfactorio. 
Queda poco tiempo para concluir las negociaciones. A menos que se produzcan 
cambios sustanciales en el sentido de una mayor liberalización, que adquieran carácter 
10 
multilateral antes de que concluya el periodo de negociación, será muy difícil que la 
CE y sus Estados miembros ratifiquen un régimen tan abierto basado en la cláusula de 
NMF." 
11 
CAPÍTULO IV - Régimen aplicado, en terceros países, a las empresas de 
seguros, entidades de crédito y empresas de inversión de la 
CE: situación y conclusiones 
Presentación general 
El estudio de la Comisión sobre el régimen aplicado a las empresas de seguros, 
entidades de crédito y empresas de inversión de la CE en los países abarcados por el 
presente informe revela marcadas diferencias. Desde el informe de 1992 se han 
producido importantes acontecimientos en varios países, algunos de los cuales han 
mejorado las condiciones de acceso y de funcionamiento de las empresas de servicios 
financieros de la CE. En algunos casos, los programas nacionales de liberalización 
siguen aplicándose de manera paulatina. 
Como en 1992, la Comisión comprueba que una evaluación general del régimen 
aplicado en terceros países a las empresas de servicios financieros comunitarias resulta 
muy compleja. Es necesario estudiar cada país de manera aislada. 
No obstante, sí puede ser útil hacer algunas generalizaciones. En primer lugar, en los 
mercados de los principales países desarrollados20 y en varios países en vías de 
desarrollo con arraigados mercados de servicios financieros, es decir, los mercados que 
suponen entre el 80 y el 85% del volumen mundial de servicios financieros, los 
problemas encontrados por las entidades de la Comunidad no suelen deberse a que no 
se les dispense un "trato nacional que ofrezca las mismas ventajas, en términos de 
competencia, que aquellas de que disponen los operadores del país". Pocos de esos 
mercados, de haber alguno, ofrecen ejemplos de denegaciones de aplicación del 
régimen nacional que tengan una incidencia económica. Sin embargo, sí hay varios 
ejemplos de falta de acceso efectivo al mercado. No se ha interpretado de forma 
definitiva el concepto de "acceso efectivo al mercado", por lo que debe valorarse de 
manera empírica: como es natural, un bloqueo a la entrada en nuevos mercados, 
restricciones geográficas o segmentaciones sectoriales suponen que no se cumple esta 
condición establecida en las directivas de la CE. 
En segundo lugar, en varios mercados de importancia creciente en los países en 
desarrollo es más usual que se deniegue la concesión de trato nacional, tanto en lo que 
concierne al establecimiento inicial como, en el caso de las empresas ya radicadas, al 
ejercicio de sus actividades. 
En tercer lugar, en los últimos años se ha desarrollado el concepto de "trato nacional 
progresivo" y/o acceso al mercado progresivo. Se basa en la premisa de que el sector 
de servicios financieros de determinados países puede atravesar dificultades al 
enfrentarse a la competencia generada por la súbita introducción de una política de 
trato nacional pleno. Puede requerirse tiempo para proceder a los ajustes necesarios. 
Este concepto se ha utilizado en los casos de países cuyas economías están sufriendo 
20 OCDE, Singapur, Hong-Kong. 
12 
cambios o transiciones radicales y el sector de servicios financieros está en una fase de 
desarrollo muy temprana y, a veces, delicada. 
Así, la CE y sus estados miembros incorporaron, en un principio, este concepto en los 
Acuerdos de la CE con los PECOS y, con importantes diferencias, en los acuerdos 
negociados con Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética. El TLC 
(Tratado de Libre Comercio) entre los Estados Unidos, Canadá y México constituye 
otra variante del mismo concepto, y permite a México adoptar progresivamente una 
política de agilización del acceso al mercado, así como la posibilidad de aplicar un 
mecanismo de salvaguardia en caso de que surjan situaciones imprevistas, adversas 
desde el punto de vista financiero o económico. 
El concepto se ha sometido a debates multilaterales en las negociaciones sobre 
servicios financieros. La Comunidad y sus Estados miembros han manifestado su 
disposición a recurrir a él en las negociaciones en los casos oportunos. 
Las empresas europeas se enfrentan a problemas muy heterogéneos, que cambian, 
además, de un sector a otro. Se ha escrito mucho acerca de la tendencia del sector de 
los servicios financieros (banca, seguros, inversiones) a concentrarse. Aunque es 
posible que esta tendencia sea real, no por ello deja de haber importantes diferencias en 
las políticas aplicadas en algunos países. Los seguros en India son monopolio del 
Estado, mientras que la política bancaria y de seguros es más liberal; en Malasia está 
prohibido disponer de más del 30% del capital de una empresa de seguros, mientras 
que todavía se puede ser propietario al 100% de una filial bancaria. 
También hay diferencias en lo que respecta a la forma jurídica o a los límites de 
propiedad de los participantes en mercados extranjeros: Canadá no permite que los 
bancos creen sucursales directas, manteniendo la obligatoriedad de constituir una 
sociedad (aunque no en lo que atañe a los seguros), mientras que Corea prohibe la 
propiedad al 100% de una filial, pero autoriza la creación directa de sucursales. Otros 
países del sudeste asiático practican políticas consistentes en autorizar el acceso de 
empresas extranjeras a través de participaciones minoritarias en el capital. 
13 
ARGENTINA 
El acceso de las empresas extranjeras de inversión al mercado de valores argentino está 
autorizado, sin condiciones discriminatorias, ya se trate de filiales o de sucursales. No 
hay limitaciones sobre las acciones de empresas nacionales que pueden adquirir y 
poseer empresas extranjeras. Para la gestión de fondos de pensiones, debe crearse una 
empresa independiente. 
Las entidades de crédito extranjeras están autorizadas a establecerse como sucursales o 
filiales. Las operaciones de las filiales de bancos extranjeros están limitadas al valor de 
su capital local. Sujetos a supervisión cautelar, los bancos extranjeros están autorizados 
a ofrecer nuevos productos financieros y a llevar a cabo actividades relacionadas con la 
provisión de fondos en condiciones no discriminatorias. No obstante, subsisten 
diferencias de trato en Argentina entre las entidades de crédito de los sectores público y 
privado; así, todos los depósitos del sector público se realizan en bancos públicos, que 
también administran, en exclusividad, todos los fondos del Estado. 
En el ámbito de los seguios, existe una prohibición total de creación de nuevas 
empresas, aplicable tanto a las nacionales como a las extranjeras. Las empresas 
extranjeras sólo pueden entrar en el mercado de seguros adquiriendo acciones de los 
aseguradores ya establecidos. 
AUSTRALIA 
En Australia existe un requisito general de selección de las inversiones extranjeras. 
En lo que respecta a los servicios de inversión, se aplica el principio de la reciprocidad 
a la participación en bolsa. Sin embargo, la Comisión no tiene noticia de que se hayan 
puesto serios obstáculos o se haya denegado el trato nacional a empresas extranjeras. 
A grandes rasgos, el panorama de la normativa australiana en materia de entidades de 
crédito extranjeras es de no discriminación. Con todo, no se autoriza a las sucursales 
de bancos extranjeros a que acepten depósitos al por menor. Otra discriminación es la 
imposición de una retención a cuenta sobre la mitad de los intereses de los préstamos 
interbancarios de las sucursales bancarias extranjeras. 
En algunos estados, los monopolios pueden limitar el establecimiento y el alcance de 
las actividades de las empresas extranjeras de seguros. 
BRASIL 
El sector de los servicios financieros está cerrado a nuevas entradas de empresas 
extranjeras en virtud de la constitución brasileña de 1988. El artículo 52 de la misma 
prohibe, salvo que el Parlamento legisle en contrario, el establecimiento de nuevas 
filiales y sucursales, así como el incremento de la participación extranjera en el capital 
de las entidades financieras brasileñas. En teoría, estas prohibiciones pueden obviarse, 
en aplicación de acuerdos internacionales y ateniéndose a los criterios de reciprocidad e 
14 
interés nacional, mediante legislación básica, pero, de momento, las autoridades 
brasileñas no han recurrido a la posibilidad de permitir nuevos establecimientos 
extranjeros en su país. El nuevo Gobierno brasileño ha manifestado su intención de 
liberalizar el mercado de los servicios financieros introduciendo una reforma 
constitucional en el Parlamento tendente a suprimir el veto a las nuevas entradas. Sin 
embargo, al parecer este objetivo ya no figura en la lista de prioridades. 
Con todo, sí se dispensa trato nacional a las operaciones de las entidades financieras ya 
radicadas en el mercado brasileño. 
CANADÁ 
Se autoriza el acceso de las empresas de inversión extranjeras al mercado canadiense 
pero, en determinadas regiones, se exige que se constituyan como sociedades de 
acuerdo con la normativa federal o local. No obstante, todas las operaciones privadas 
están reguladas a escala regional, lo que supone que los requisitos en materia de 
capital, las operaciones y las inversiones se rigen por 10 normativas diferentes. 
En el sector bancario. no está autorizada la creación directa de sucursales por bancos 
extranjeros. Un banco del exterior que desee operar en Canadá debe crear una filial 
sujeta al Régimen II (entidades cuyo capital no supera 750 millones de dólares 
canadienses). 
El acceso de los aseguradores extranjeros está sujeto por ley al criterio de necesidad 
económica, aunque es difícil juzgar la incidencia real de este requisito. 
Se aplica el principio de reciprocidad a la concesión de autorizaciones para el 
establecimiento de entidades de servicios bancarios, fiduciarios y de seguros. 
CHILE 
Los valores pueden venderse a través de filiales, de las que puede poseerse hasta el 
100%, por personas físicas o jurídicas extranjeras dedicadas a la intermediación en las 
operaciones de valores, bien como corredores, bien como negociadores de valores, 
pero sólo los corredores pueden vender acciones o derivados en bolsa. La legislación 
chilena dispone que se dispensará trato nacional a las operaciones de las empresas de 
inversión extranjeras radicadas en el país. 
Chile aplica el criterio de necesidad económica en todos los sectores de los servicios 
financieros. 
En lo referente a la banca, está autorizado el establecimiento de filiales y sucursales. Se 
exige autorización para la adquisición de más del 10% de las acciones de un banco 
local, tanto a los bancos nacionales como a los extranjeros; exigencia, pues, no 
discriminatoria. A grandes rasgos, la ley bancaria (artículo 30) garantiza la igualdad de 
trato de los bancos extranjeros con respecto a los nacionales. 
15 
En el sector de los seguros, se requiere la constitución de una sociedad limitada para 
prestar servicios de seguro y reaseguro. No se permite la creación de sucursales 
directas. Por lo general, se depara trato nacional a las empresas de servicios de seguros 
ya establecidas en el mercado chileno. 
CHINA 
Las empresas extranjeras de inversión pueden establecer oficinas de representación, 
pero no crear filiales ni sucursales. Sus actividades están restringidas a las consideradas 
como extraterritoriales y, en el caso de las que participan en bolsa, exclusivamente a 
transacciones de acciones "B", es decir, de acciones que sólo pueden negociarse fuera 
de China. 
Los bancos extranjeros pueden establecer filiales o sucursales en 13 zonas económicas. 
Fuera de ellas, sólo pueden establecer oficinas de representación. Los bancos de 
inversión no pueden abrir sucursales. Los bancos extranjeros no pueden llevar a cabo 
operaciones comerciales en moneda local, lo que representa una denegación de trato 
nacional de gran incidencia económica. 
Las empresas de seguros extranjeras sólo pueden establecer oficinas de representación 
en China. Durante un periodo de prueba de dos años, las sucursales o empresas de 
seguros extranjeras en participación pueden establecerse en Shanghai, donde se permite 
llevar a cabo operaciones en moneda local. 
En todos los sectores, deben cumplirse determinadas condiciones para crear un 
establecimiento comercial (v.gr., un mínimo total de activos o una experiencia de 30 
años en el sector de los seguros) y se aplican medidas discriminatorias a las entidades 
extranjeras, en particular en lo que respecta a los requisitos en materia de capital y a 
los fondos garantizados. 
EGIPTO 
Las empresas extranjeras de inversión tienen que constituirse en el país para poder 
participar en el mercado de valores. Las sucursales de bancos extranjeros pueden 
acceder a este mercado creando empresas âa_hû£. 
Puede accederse al mercado bancario mediante la creación de sucursales directas o a 
través de empresas en participación con participación mayoritaria de capital egipcio. El 
establecimiento de nuevas sucursales (ya sean nacionales o extranjeras) está supeditado 
al criterio de necesidad económica. Sin embargo, no pueden establecerse todavía en 
Egipto filiales propiedad al 100% de bancos extranjeros. 
El acceso al mercado ha mejorado ligeramente en el campo de los seguios desde 1990. 
Pueden establecerse filiales extranjeras al 100% en determinadas zonas especiales 
"extraterritoriales". No obstante, el acceso al conjunto del sector de los seguros no se 
permitirá a las empresas en participación antes del año 2000, y sólo con una 
16 
participación minoritaria. En cualquier caso, se aplicará el criterio de necesidad 
económica. 
HONG KONG 
Las empresas de inversión extranjeras pueden establecerse mediante filiales, sucursales 
o adquisición. Se requiere haber residido previamente cinco años en el lugar. 
Los bancos extranjeros no pueden establecer filiales, pero sí adquirir una participación 
en bancos locales que les otorgue su control. La creación de sucursales se basa en la 
reciprocidad y requiere una oficina de representación previa. No existen limitaciones 
similares en el sector de los seguros. Se dispensa trato nacional a la realización de 
actividades en estos tres sectores. 
INDIA 
Con la excepción del bloqueo a las sociedades de corretaje extranjeras para que no 
operen directamente en las bolsas de India, así como las restricciones a la creación de 
filiales por parte de los bancos de inversiones, la Comisión no tiene noticia de que se 
haya denegado el trato nacional en el sector de los servicios de inversión. 
Pese a los recientes cambios radicales en el sector de la banca comercial, los bancos 
comunitarios no pueden establecer filiales y la creación de sucursales está supeditada a 
la reciprocidad. En el sector de la banca "de inversión", están autorizados el 
establecimiento de una sucursal y la posesión de una participación mayoritaria en una 
filial. Por lo general, las actividades de este tipo reciben trato nacional. 
El mercado de seguros se mantiene cerrado a las empresas de seguros comunitarias. 
INDONESIA 
Los bancos comunitarios se enfrentan a varias restricciones discriminatorias 
relativamente importantes en Indonesia. Para el establecimiento de una entidad, los 
bancos, los aseguradores y las empresas de inversión deben constituir empresas en 
participación con entidades locales. Aunque las reformas bancarias y de seguros 
llevadas a cabo en 1992 autorizan que la participación extranjera en estas empresas en 
participación ascienda hasta el 80% (hasta el 85% en los sectores bancario y de 
seguros), no hay garantía de que estos niveles de participación puedan mantenerse a 
largo plazo, dado que la política "nacionalista" exige que todas las entidades 
financieras locales estén bajo control indonesio. Aunque no se haya fijado un 
calendario para las desinversiones obligatorias en el sector bancario, normas 
ministeriales imponen que los socios extranjeros que posean una participación 
mayoritaria en una empresa de participación de seguros cedan, en el plazo de 20 años, 
el control a sus socios indonesios. 
En cuanto a las condiciones operativas, los requisitos de capital para las entidades 
extranjeras son más elevados que para las empresas nacionales. Se mantienen 
17 
restricciones a la expansión geográfica de los bancos extranjeros. Además, en enero de 
1995 se empezó a gravar con un impuesto discriminatorio del 20% las primas pagadas 
a las empresas de seguros extranjeras. 
JAPÓN 
Japón aplica una política general consistente en dispensar trato nacional a las entidades 
financieras extranjeras, con respecto tanto a su establecimiento como a sus 
operaciones. No obstante, por varios motivos las empresas extranjeras tienen graves 
problemas de acceso a Japón. Una normativa administrativa compleja y conservadora, 
la segmentación del mercado y la presencia de estrechos vínculos interempresariales, 
de redes establecidas y de modos arraigados de realizar negocios constituyen las causas 
principales de las dificultades de acceso y penetración en el mercado de las empresas 
extranjeras, especialmente en el ámbito de los seguros. Se prevé que en 1995 se realice 
una profunda reforma de este sector. 
Japón ha cumplido su compromiso de llevar a cabo una política de liberalización de su 
sector financiero durante los dos últimos años. En el ámbito de los seguros, se ha 
procedido a una profunda revisión de la Ley de Seguros. Está previsto introducir un 
sistema de corretaje, y agilizar y simplificar los procedimientos de autorización de 
productos. Las empresas de inversión, a través de filiales, pueden llevar a cabo ahora 
algunas actividades de cambio de divisas anteriormente reservadas a los bancos. Los 
bancos extranjeros están autorizados a poseer al 100% sucursales o filiales dedicadas a 
negociar con valores. Con carácter optativo, pueden mantenerse en el límite del 50%, 
evitando así el requisito de una estricta segmentación de las actividades ("muro 
protector"), una posibilidad con la que no cuentan los operadores nacionales, fenómeno 
que se ha denominado "trato preferente con respecto al nacional". La normativa sobre 
la segmentación tradicional del mercado se ha suavizado. En definitiva, Japón ha 
cumplido varias de las solicitudes realizadas por la CE. 
No obstante, el aseguramiento de emisiones de sociedades (dirección de la emisión de 
acciones de sociedades, operación desconocida para las empresas extranjeras), los 
servicios de gestión de inversiones (problema de distribución) y la gestión de fondos de 
pensiones (mejor acceso para las empresas de asesoría de inversiones) aún deben 
solucionarse. Deben adoptarse nuevas medidas de liberalización y apertura del mercado 
en lo referente a la gestión de activos e inversiones, títulos de sociedades, así como 
para completar y concluir el proceso de liberalización emprendido en Japón hasta la 
fecha. Cuando se apliquen, las medidas norteamericano-japonesas sobre servicios 
financieros y seguros agilizarán el proceso de liberalización y apertura del mercado en 
diversos servicios financieros. Queda por ver en qué medida se beneficiarán de estas 
medidas las empresas no estadounidenses. 
COREA 
En el sector de los yaloies, la autorización de establecimiento para sucursales de 
empresas de inversión extranjeras está supeditada a los criterios discrecionales de las 
autoridades coreanas. Esta política ha provocado restricciones cuantitativas del número 
18 
de empresas extranjeras de inversión autorizadas a operar en el mercado coreano. Sólo 
pueden crear sucursales o empresas en participación en las cuales la presencia 
extranjera no rebase el 50%, pero sea de un mínimo del 40%. En la mayoría de los 
casos pueden operar en igualdad de condiciones con respecto a las empresas 
nacionales. Las empresas extranjeras de inversión están sujetas por lo general a las 
mismas restricciones de negociación que las empresas nacionales, es decir, no pueden 
operar con valores que no coticen en bolsa y sólo pueden negociar con bonos para 
residentes, ya que los extranjeros no pueden adquirir bonos del país. La gestión de 
inversiones y de fondos de inversión sufren importantes restricciones: limitaciones a la 
participación de extranjeros (5%), prohibición de operar con valores extranjeros y 
limitaciones del acceso de los residentes coreanos a los valores extranjeros. 
La principal restricción para las empresas extranjeras de inversión consiste en las 
limitaciones impuestas a las inversiones extranjeras en valores coreanos. El acceso a 
los mercados de valores está restringido eficazmente mediante una limitación global de 
la participación extranjera en las empresas coreanas del 12%, y una limitación 
individual del 3%. No está autorizada la posesión de bonos coreanos por parte de 
extranjeros. 
El acceso al sector bancario sólo puede hacerse a través de sucursales y oficinas de 
representación, que no pueden realizar transacciones comerciales. Las sucursales 
extranjeras deben contar con un capital de tres mil millones de won. Los bancos 
extranjeros que deseen establecer sucursales deben figurar entre los 500 primeros a 
escala mundial (en términos de activos) y haber funcionado como oficina de 
representación durante un año como mínimo. Las filiales no están autorizadas. La 
participación extranjera en los bancos comerciales existentes no puede superar el 10%, 
mientras que, en los bancos de inversiones nacionales, está prohibida. 
La mayor parte de los problemas a que se enfrentan los bancos comunitarios en el 
sector financiero coreano se deben a una reglamentación muy estricta. Otros proceden 
del trato diferencial en determinados ámbitos. Han surgido problemas en el 
funcionamiento de los bancos extranjeros en Corea, relacionados en especial con la 
financiación en moneda local, la competencia, en lo que atañe a los intereses, en los 
préstamos a las empresas nacionales y la captación de depósitos, así como con el 
acceso a las redes de cajeros automáticos y a las cámaras de compensación. 
Corea aplica criterios de necesidad económica para conceder nuevas autorizaciones a 
los aseguradores nacionales y extranjeros. Los criterios de autorización son estrictos: 
las empresas extranjeras deben tener diez años de experiencia en el mercado de origen, 
el volumen total a escala mundial de activos y primas debe superar la mitad de la 
media de los ingresos en concepto de primas y de los activos globales de las empresas 
de seguros de vida coreanas (es decir, el volumen de sus primas a escala mundial debe 
situarse en torno a los 1500 millones de dólares al año). 
El mercado de seguros en Corea está sometido a un controlmuy severo: sólo se ha 
autorizado el establecimiento de un número reducido de empresas durante los últimos 
veinte años. Las normas en materia de tarifas y de pólizas están sometidas a una 
19 
vigilancia muy rígida, en particular en el sector de los seguros no de vida, reduciendo 
así el grado de competencia real en la industria. 
MALASIA 
Malasia aplica varias restricciones importantes a las entidades financieras extranjeras. 
Desde 1982 no se ha concedido ninguna autorización a un banco comercial, con la 
excepción de ciertas actividades extraterritoriales realizadas en Labuán. De momento, 
tampoco se conceden autorizaciones a las empresas de seguros o de inversión. En 
cuanto al establecimiento mediante la adquisición de participaciones, las entidades 
financieras foráneas siguen sin poder optar más que a una participación minoritaria. 
Se mantienen importantes restricciones a las actividades y expansión de las empresas 
extranjeras, entre las que figura la obligación de convertir todas las sucursales 
bancarias y de seguros extranjeras en filiales. No obstante, aunque se autoriza a las 
sucursales extranjeras de bancos comerciales, tras constituirse en el país, a ser filiales 
bancarias con capital enteramente extranjero, los socios extranjeros de las empresas de 
seguros recién constituidas deben desprenderse de todas las acciones que representen 
más del 30% de la participación en el capital de la empresa local. En diciembre de 
1994 se introdujo un sistema normativo de dos niveles en el sector bancario, que 
supone una clara desventaja para el establecimiento en el país de bancos extranjeros, 
frente a los bancos nacionales, debido a unos requisitos cautelares y de capital 
excesivos, desproporcionados con respecto a las actividades emprendidas (y su riesgo 
inherente). 
Aun cuando las entidades financieras comunitarias están desarrollando actualmente una 
actividad bastante intensa en Malasia, ésta se verá afectada negativamente por las 
restricciones impuestas recientemente, como ya ha ocurrido en el sector de seguros. 
MÉXICO 
El acceso al mercado mexicano se ha facilitado desde la entrada en vigor del TLC el 1 
de enero de 1994. Las entidades financieras extranjeras pueden ahora acceder a él a 
través de una filial radicada en EE.UU. o Canadá. Todavía no se ha autorizado el 
establecimiento de sucursales. La apertura del mercado se llevará a cabo 
paulatinamente, entre el 1 de enero de 1994 y el 1 de enero del año 2000. En el sector 
bancario, la cuota de mercado extranjera podrá pasar del 8 al 15%; en el sector de 
seguros, del 6 al 12% y, en el de los valores, del 10 al 20%. Varias empresas de 
servicios financieros radicadas en la CE ya se han beneficiado de las nuevas normas. 
Las empresas de servicios financieros establecidas en México reciben trato nacional. 
FILIPINAS 
Tras las reformas de 1994 en el sector bancario y de seguros, eí acceso al mercado 
filipino de los servicios financieros ha mejorado. Se han concedido nuevas 
autorizaciones, aunque poco numerosas, para el establecimiento de sucursales de 
20 
bancos extranjeros (por vez primera desde 1948) o de filiales o sucursales de seguros 
propiedad extranjera al 100%. Las restricciones a la participación extranjera máxima 
en el sector se han suavizado considerablemente, pasando del 30% al 60% de las 
acciones con derecho a voto. El límite máximo de la participación extranjera en 
empresas de seguros locales se ha eliminado. No obstante, el nuevo establecimiento en 
todos los sectores financieros sigue supeditado al criterio de necesidad económica. 
Se siguen imponiendo restricciones a las entidades financieras extranjeras en lo que 
respecta a la creación de sucursales y a la ampliación de las actividades. Además, los 
requisitos en materia de capital son más elevados que para las empresas financieras 
nacionales. En el caso de las sucursales de bancos extranjeros, varían en función del 
número de sub-sucursales creadas (hasta un máximo de 6) y, en el de las empresas de 
seguros, en función del volumen de la participación extranjera en su capital. 
RUSIA 
En el ámbito de los servicios financieros, el mercado ruso ofrece una apertura limitada 
a las entidades extranjeras. En el sector de los mercados financieros, no existe en la 
actualidad ninguna restricción especial sobre los establecimientos extranjeros, salvo la 
prohibición de poseer más del 10% de una adjudicación de bonos del Tesoro. Al 
parecer, se prepara la adopción de algunas medidas discriminatorias para proteger el 
mercado ruso. 
En el sector bancario predomina el statu quo. El Decreto presidencial de 10 de junio de 
1994 prohibe en la práctica la llegada de nuevos competidores extranjeros durante dos 
años e impide negociar con los clientes rusos. Después de este periodo de mora, el 
Acuerdo Europeo de Asociación y Cooperación prevé que se les dispense un trato 
nacional durante un periodo de cinco años tras la firma. También se dan otras 
discriminaciones en términos de fondos propios mínimos, que deben ser más elevados 
en el caso de un establecimiento extranjero, así como un límite global a las 
participaciones foráneas (el 12% del capital del sistema bancario ruso). 
En el sector de los seguros, la participación extranjera se limita al 49% del capital en 
una empresa rusa de seguros (Decreto de 27 de noviembre de 1992). La libertad rige 
las actividades de las sociedades de corretaje. En este ámbito también se quiere llegar a 
dispensar trato nacional a las empresas extranjeras en un periodo de cinco años tras la 
firma del Tratado UE/Rusia. 
SINGAPUR 
Conviven dos mercados: un gran mercado extraterritorial de servicios financieros 
(caracterizado por una considerable presencia extranjera) y el mercado nacional; en 
ambos, la presencia exterior es significativa. No obstante, en el mercado nacional 
desde 1974 no se conceden autorizaciones plenas para el establecimiento de bancos, 
tanto nacionales como extranjeros, y a los bancos extranjeros autorizados no se les 
permite abrir sucursales en el país. 
21 
En el ámbito de los servicios de inversión, las empresas extranjeras cuentan con los 
mismos derechos para establecerse y ofrecer productos financieros que las empresas 
nacionales en una amplia gama de actividades (fondos de inversión, valores del Estado, 
futuros financieros, bancos de inversión). Sin embargo, la cotización en la Bolsa de 
Singapur se ha restringido durante muchos años a los operadores locales. El acceso a la 
Bolsa sólo puede lograrse mediante adquisición del 49% de una empresa de inversión 
local o la obtención del estatus especial de "miembro internacional", que permite 
negociar por cuenta de no residentes. 
En el sector de los seguros, de momento no se está inscribiendo ninguna sociedad 
nueva (ni local ni extranjera). La Autoridad Monetaria de Singapur considera que las 
reducidas dimensiones del mercado nacional no justifican la inscripción de nuevas 
empresas, pero no se ha notificado restricción alguna de carácter discriminatorio 
respecto de la actividad de las entidades establecidas. 
SURÁFRICA 
El ámbito de los servicios financieros en Suráfrica está sufriendo importantes cambios. 
Se está preparando la liberalización del acceso al mercado de valores. 
En el sector bancario. de momento sigue limitado el acceso, ya que se exige 
constituirse en sociedad en el país. No obstante, a partir de finales de 1995 la 
legislación autorizará la creación directa de sucursales. 
En los seguros, se exige la inscripción en calidad de sociedad anónima local y la 
creación directa de sucursales está prohibida. 
El trato nacional está garantizado en todos los subsectores. 
SUIZA 
Las empresas extranjeras de inversión pueden establecerse como filiales o sucursales y 
se les dispensa un trato nacional. 
Para el establecimiento, funcionamiento y financiación de las actividades bancarias. el 
Gobierno suizo no impone restricciones jurídicas a los bancos extranjeros. La 
normativa bancaria se basa en el principio de la reciprocidad. 
Los aseguradores extranjeros en el sector de seguros deben abrir una agencia o una 
sucursal. Las empresas que se dedican a los seguros de vida y no de vida en sus países 
de origen sólo pueden ocuparse de los seguros no de vida en Suiza. Las empresas de 
seguros de vida sólo están autorizadas a ofrecer una gama reducida de cuatro tipos de 
seguros. Las actividades no relacionadas con los seguros están prohibidas. La empresa 
matriz de la empresa de seguros que solicita la apertura de una agencia o sucursal en 
Suiza debe constituirse con la forma de una sociedad anónima ("Aktiengesellschaft") o 
de una cooperativa ("Genossenschaft"). Se suele exigir una experiencia mínima de tres 
años en el país de origen. Se impone una participación mínima de la empresa del país 
22 
de origen. Las tarifas, condiciones generales de la póliza y los documentos utilizados 
en relación con ciertas clases de riesgos no de vida están supeditados a una aprobación 
previa. En el caso de los seguros no de vida, las provisiones técnicas de la cartera de 
valores suiza deben cubrirse mediante activos condicionados. En cuanto a los seguros 
de vida, las sucursales y agencias deben establecer un fondo en Suiza, cuyo importe 
determina la autoridad de seguros y que debe estar representado por activos líquidos. 
TAIWAN 
Las empresas extranjeras que operan en el mercado de valores de la República China 
siguen sometidas a un trato discriminatorio, que restringe varias áreas de actividad 
comercial. 
Desde el informe de 1992, las condiciones de acceso al mercado bancario de la 
República China han mejorado considerablemente. No obstante, la entrada sigue 
autorizándose sólo para las sucursales y oficinas de representación. Están prohibidas 
las filiales propiedad extranjera al 100%. Además, un inversor extranjero institucional 
sólo puede poseer el 5% como máximo de las acciones emitidas por una empresa que 
cotice en bolsa. Algunas de las restricciones que subsisten, como en materia de 
movimientos de capital, constituyen elementos disuasorios para los bancos extranjeros. 
De momento, ninguna empresa comunitaria opera en el mercado de seguros de la 
República China, por lo que no puede hablarse del trato que reciben. 
TAILANDIA 
En el ámbito de los valores, no se ha expedido ninguna autorización nueva; la compra 
de una participación minoritaria en una empresa de inversiones ya existente (49%) o en 
una entidad financiera (25%) sigue siendo la única posibilidad de acceso. Con respecto 
a las condiciones operativas de las empresas ya existentes, Tailandia suprimirá el 
requisito de una autorización aparte impuesto a las empresas de inversión que desean 
desarrollar otras actividades del mercado de capitales que no sean la inicial; las 
autorizaciones suplementarias se concederán de manera automática previa solicitud. 
Pese a los recientes programas de liberalización en el sector bancario, Tailandia sigue 
imponiendo duras restricciones al establecimiento de entidades financieras 
comunitarias. De momento, el acceso de nuevos operadores (ya sean nacionales o 
extranjeros) al sector de la banca comercial está vetado en este país, salvo si, 
excepcionalmente, se permite convertir una autorización de sucursal extraterritorial 
BIBF o PIBF en una autorización plena de sucursal local. La participación extranjera 
en bancos tailandeses sigue limitada al 25 %. Las condiciones operativas de los bancos 
comunitarios mejorarían si se eliminara la actual prohibición de crear redes de 
sucursales, tal y como se anunció en el programa general de servicios financieros 
presentado en marzo de 1995. 
En el sector de seguros, no se expide ninguna autorización nueva. La participación 
extranjera en las empresas locales está limitada al 25%. No obstante, el Ministerio de 
23 
Comercio tiene la intención de modificar la actual ley sobre seguros, haciendo pasar el 
límite máximo actual de participación extranjera en el capital del 25% al 49%, y 
autorizará la creación de sucursales en Tailandia por parte de empresas de seguros 
foráneas. 
TURQUÍA 
Las empresas de inversión extranjeras no pueden crear sucursales directas ni establecer 
oficinas de representación. El establecimiento de filiales está supeditado al criterio de 
necesidad económica. Una vez establecidas, las empresas de inversión extranjeras 
pueden llevar a cabo sus actividades en régimen de trato nacional. 
Los bancos foráneos pueden establecer una filial o sucursal. Una vez establecidos, 
operan de acuerdo con las condiciones nacionales. 
Las empresas de seguros extranjeras pueden crear una filial o sucursal. Con pocas 
excepciones, como el seguro obligatorio para los vehículos del sector público, las 
empresas de seguros extranjeras reciben trato nacional en la realización de sus 
actividades. 
ESTADOS UNIDOS 
En el sector de los servicios financieros, los Estados Unidos han acogido siempre 
favorablemente las inversiones extranjeras y seguido una política basada en la 
aplicación del trato nacional a las empresas foráneas. Con ligeras excepciones de poca 
importancia, a escala federal se suele dispensar un trato nacional, política que también 
domina a nivel de cada Estado, aunque varios de ellos mantengan restricciones, como 
los requisitos de reciprocidad aplicados a las empresas extranjeras, especialmente en 
los sectores bancario y de seguros. Algunos bancos extranjeros que gozan de derechos 
adquiridos han sido eximidos de ciertas restricciones aplicadas a los bancos 
estadounidenses, y pueden, por ejemplo, mantener filiales de inversión en virtud de la 
"International Banking Act" de 1978. 
Las principales restricciones a que se enfrentan las entidades financieras comunitarias 
se deben a normativas no discriminatorias que limitan el alcance de las actividades 
autorizadas a los bancos o impiden la combinación de actividades bancarias y de 
seguros en la misma entidad bancaria, o que limitan la posibilidad de los bancos de 
extenderse más allá de las fronteras del Estado. Aunque estas restricciones se han 
suavizado progresivamente de muchas maneras, todavía pueden impedir que los bancos 
comunitarios vinculados en la Comunidad a empresas industriales, de seguros o de 
inversión, lleven a cabo en EEUU actividades bancarias y de seguros o de inversión, 
respectivamente. Si una empresa de seguros comunitaria que opera en los Estados 
Unidos se afiliara, fuera de dicho país, a un banco que opera asimismo en EEUU, la 
entidad bancaria resultante debería renunciar a sus actividades bancarias o de seguros. 
En la práctica, se han dado casos en que las autoridades norteamericanas han impuesto 
a bancos o empresas europeas el cese de determinado tipo de actividad. 
24 
Las restricciones a la expansión geográfica de los bancos se suavizaron en 1994. En 
buena medida, la incidencia de la "Interstate Banking and Branching Act" dependerá de 
las medidas que adopten las autoridades del Banco Federal a la hora de interpretar y 
aplicar las disposiciones de dicha Ley. Las decisiones de cada Estado afectarán a estas 
disposiciones. Estas decisiones no deben ser discriminatorias. 
VENEZUELA 
El acceso al mercado de los servicios financieros en Venezuela se ha liberalizado 
considerablemente durante los últimos años, merced a la adopción de una nueva 
legislación. Sin embargo, el acceso de las empresas de seguros y de los bancos 
extranjeros está supeditado a la reciprocidad. El acceso de nuevas entidades financieras 
extranjeras al mercado de valores puede hacerse mediante la adquisición de bancos 
nacionales o de otras entidades financieras, mediante la creación de bancos de 
inversión, bancos universales y empresas de inversión, y mediante la creación directa 
de sucursales. 
Tanto en el sector bancario como en el de seguros, pueden establecerse filiales o 
sucursales; también está autorizada la adquisición de bancos nacionales o de empresas 
de seguros. 
Las entidades financieras extranjeras ya establecidas suelen recibir un trato nacional en 
lo que a sus actividades respecta. 
25 
Medidas adoptadas en virtud del apartado 4 o del apartado 5 del artículo 7 de la 
Directiva sobre Servicios de Inversión (y de las correspondientes disposiciones de 
la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y de las directivas de seguros) 
La Comisión ha examinado la posibilidad de adoptar medidas con arreglo a las citadas 
directivas y ha llegado a las conclusiones que a continuación se exponen. 
Apartado 4 del artículo 7 
Incluso en aquellos países en que las empresas de inversión, las entidades de crédito y 
las empresas de seguros comunitarias han adquirido una importante cuota de mercado -
ya sea en términos absolutos, ya sea en relación a la que poseen otros países-, en pocos 
casos disfrutan las entidades comunitarias de un grado de acceso efectivo al mercado 
equiparable al que la Comunidad depara a terceros países. Muy pocos países ofrecen 
una flexibilidad comparable a la hora de permitir el acceso de las empresas de 
inversión, entidades bancarias y empresas de seguros a sus mercados, o en lo que 
respecta a la forma de establecimiento (filiales, sucursales, oficinas de representación o 
adquisición de participaciones), ni conceden el mismo grado de libertad para ampliar el 
ámbito geográfico de actividad o para realizar la misma gama de operaciones u ofrecer 
la misma variedad de productos financieros. 
Bastantes países aplican disposiciones no discriminatorias que restringen la actividad y 
la libre competencia de las entidades financieras y que pueden consistir en limitar su 
expansión geográfica o las actividades financieras que se les permite desarrollar, o en 
obligarles a establecer una separación de sus actividades, en particular entre las 
bancarias, las relacionadas con los valores y las relativas a los seguros. En otros casos, 
hay limitaciones sobre los tipos de productos financieros admitidos, o bien se restringe 
o somete a un lento proceso de autorización la introducción de nuevos productos. 
La Comisión, por lo tanto, podría proponer al Consejo que le otorgara un mandato de 
negociación con vistas a lograr posibilidades de acceso efectivo al mercado para las 
entidades comunitarias equiparables a las que la Comunidad ofrece a las empresas de 
inversión, entidades de crédito y empresas de seguros de terceros países. Sin embargo, 
la Comisión ha considerado que tal propuesta resultaría superflua en este momento. 
Como se ha indicado más arriba, la Comunidad y los Estados miembros están inmersos 
en un proceso de negociación multilateral con el objeto, al menos en parte, de lograr 
mejores posibilidades de competir para las entidades financieras comunitarias. La 
Comisión estima que carecería de sentido intentar obtener un mandato específico, con 
arreglo a las directivas sobre servicios financieros, para negociar con el mismo 
propósito. La Comisión seguirá manteniendo contactos informales, tanto a nivel 
político como administrativo, con las autoridades de los países pertinentes, de cara a 
respaldar sus esfuerzos dentro del GATS. Con todo, la Comisión se reserva el derecho 
de "recabar del Consejo un mandato específico de negociación con vistas a obtener 
posibilidades de competir en términos equiparables para las entidades de crédito y las 
empresas de inversión y de seguros comunitarias". Este derecho se ejercería país por 
país y, entre otras cosas, respetaría los resultados de las negociaciones ampliadas del 
26 
GATS sobre servicios financieros, que en principio deberían concluir antes del 30 de 
junio de 1995. 
Apartado 5 del artículo 7 
Las mismas consideraciones son válidas con respecto a las medidas que pueden 
adoptarse en virtud del apartado 5 del artículo 7. 
El apartado 5 del artículo 7 (al igual que las correspondientes disposiciones de las 
directivas sobre seguros) establece que, allí donde las empresas de inversión no reciban 
trato nacional y no se cumplan las condiciones de acceso efectivo al mercado, la 
Comisión podrá entablar negociaciones para poner remedio a la situación. 
En la práctica totalidad de los casos21, los países estudiados por la Comisión para la 
elaboración de este informe participan en la ronda de negociaciones ampliada sobre 
servicios financieros que, en diciembre de 1993, se convino en que formaran parte del 
paquete de la Ronda Uruguay. 
Entre los objetivos de las negociaciones de la Comunidad figuran garantías de mejor 
acceso al mercado y de trato nacional en la prestación de servicios transfronterizos, que 
no se recogen en las disposiciones sobre terceros países de las directivas de servicios 
financieros. No obstante, quizás el principal objetivo lo constituyan las garantías de 
acceso al mercado y de trato nacional con respecto al establecimiento y la realización 
de actividades en otro país. En este sentido, la Comunidad deberá comprobar que los 
resultados de las negociaciones alcanzados antes del 30 de junio de 1995 suponen una 
mejora sustancial con respecto a la situación existente a finales de diciembre de 1993. 
Salvo en caso de que se cumpla esta condición, la Comunidad se replanteará el 
mantenimiento de su actual oferta negociadora, incluida la oferta de renunciar a la 
posibilidad de limitar o privar del derecho de establecimiento en la Comunidad a las 
empresas de servicios financieros de terceros países. La opción de recurrir a la 
exención en concepto de nación más favorecida y de seguir aplicando sus competencias 
de limitación y suspensión sigue abierta. 
CONCLUSIÓN 
Por consiguiente, la Comisión ha concluido que la Comunidad y los Estados miembros 
deben proseguir su política de apertura del mercado a través de las negociaciones 
GATS sobre servicios financieros. La Comisión seguirá supervisando la marcha de las 
negociaciones, en estrecho contacto con los Estados miembros, actitud que refleja 
fielmente las disposiciones sobre terceros países de las directivas, que recalcan con 
claridad la conveniencia de llegar a una apertura del mercado a través de un proceso de 
negociación. Se realizará una evaluación de los resultados finales, que se presentará al 
Consejo. Dicha evaluación contendrá un estudio de las implicaciones de los resultados 
Taiwan y China no han participado en la Ronda Uruguay. No obstante, han 
solicitado ser partes contratantes de la OMC, lo que les obliga a ser signatarios 
también del GATS. 
27 
de la negociación sobre la futura aplicación de las disposiciones de las directivas sobre 
servicios financieros en lo referente a terceros países. 
28 
ANEXO A 
Artículo 7 de la Directiva sobre Servicios de Inversión 
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la 
Comisión: 
a) de toda autorización concedida a una filial directa o indirecta, en el caso 
de que una o varias de sus empresas matrices se rijan por el Derecho de 
un país tercero; 
b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas empresas matrices, de 
participaciones en una empresa de inversión comunitaria, de forma que 
hiciera de esta última su filial. 
En ambos casos, la Comisión informará al Consejo, hasta tanto el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, cree un Comité en materia de valores negociables. 
Cuando se conceda autorización a una filial, directa o indirecta, de una o varias 
empresas matrices regidas por el Derecho de un país tercero, deberá 
especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridades 
competentes remitan a la Comisión. 
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de carácter 
general que sus empresas de inversión encuentren para establecerse o prestar 
servicios de inversión en un país tercero. 
3. La Comisión, por primera vez, a más tardar, seis meses antes de la puesta en 
aplicación de la presente Directiva y posteriormente de forma periódica, 
elaborará un informe en que se examine el trato concedido a las empresas de 
inversión comunitarias en países terceros, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, en lo que respecta al establecimiento y al ejercicio de 
actividades de servicios de inversión, así como a la adquisición de 
participaciones en empresas de inversión de países terceros. La Comisión 
presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de las 
propuestas que se estimen oportunas. 
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en otras 
informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero no concede a las 
empresas de inversión comunitarias un acceso efectivo al mercado equiparable 
al que la Comunidad concede a las empresas de inversión de dicho país, podrá 
presentar al Consejo propuestas para que se le otorgue el oportuno mandato de 
negociación con vistas a obtener condiciones de competencia equiparables para 
las empresas de inversión comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría 
cualificada. 
29 
Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en otras 
informaciones, la Comisión comprobare que las empresas de inversión 
comunitarias que operan en un país tercero no gozan en éste de un trato 
nacional que les confiera las mismas posibilidades de competencia de que 
disfrutan las empresas de inversión nacionales y que no se cumplen las 
condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá entablar negociaciones con 
vistas a remediar la situación. 
En el supuesto contemplado en el párrafo primero, podrá decidirse además, en 
cualquier momento y como complemento de la apertura de negociaciones, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva por la que el 
Consejo creará el Comité mencionado en el apartado 1, que las autoridades 
competentes de los Estados miembros limiten o suspendan sus decisiones acerca 
de las solicitudes de autorización pendientes o futuras y acerca de la adquisición 
de participaciones por empresas matrices, directas o indirectas, sujetas al 
derecho del país de que se trate. La duración de las medidas mencionadas no 
podrá ser superior a tres meses. 
Antes de que venza el plazo de tres meses, y a la vista de los resultados de las 
negociaciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada y a propuesta 
de la Comisión, si deben seguir aplicándose las citadas medidas. 
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas no podrán aplicarse a la 
creación de filiales por empresas de inversión debidamente autorizadas en la 
Comunidad o por filiales de éstas, ni a la adquisición de participaciones en 
empresas de inversión comunitarias por parte de dichas empresas o de sus 
filiales. 
Cuando la Comisión considere que se da alguno de los supuestos descritos en 
los apartados 4 y 5, los Estados miembros, a petición de la Comisión, 
facilitarán a ésta información sobre: 
a) cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta, de 
una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho del país 
tercero de que se trate; 
b) cualquier proyecto de adquisición de participaciones del que tengan 
conocimiento con arreglo al artículo 10, por alguna de dichas empresas 
matrices en una empresa de inversión comunitaria de forma que esta 
última se convierta en su filial. 
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre un 
acuerdo con el país contemplado en los apartados 4 o 5, o cuando las medidas 
contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 5 dejen de ser de 
aplicación. 
30 
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo habrán de ajustarse a 
las obligaciones contraídas por la Comunidad en virtud de acuerdos 
internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulen el acceso a la 
actividad de las empresas de inversión y su ejercicio. 
31 
ANEXO B 
Avances en el mercado único de servicios financieros 
SERVICIOS DE INVERSIÓN 
Las bases para la implantación de un mercado de valores europeo se sentaron, sobre 
todo, en la década de los ochenta, con la aprobación de una serie de directivas que 
establecen requisitos comunes relativos a la información financiera necesaria para la 
admisión a cotización en una bolsa de valores (Directiva 79/279/CEE), así como a la 
información periódica que deben publicar las sociedades cuyos valores coticen en una 
bolsa de valores (Directiva 82/121/CEE). Asmismo, se han adoptado normas comunes 
sobre el prospecto de admisión a cotización en bolsa (Directiva 80/390/CEE) y otras 
sobre el reconocimiento mutuo de dicho prospecto de admisión (Directiva 
87/345/CEE), que facilitarán enormemente la admisión a cotización en distintas bolsas 
de valores. Con estas medidas se intenta conseguir que las sociedades consideren la 
Unión Europea como un único mercado a la hora de solicitar la admisión de las 
acciones y obligaciones por ellas emitidas a cotización oficial en una bolsa de valores. 
Como complemento a las citadas propuestas, la Comisión logró que se aprobara una 
Directiva (89/298/CEE), por la que se fijan normas comunes aplicables al prospecto 
que debe publicarse en caso de oferta pública de valores negociables. 
Con las Directivas sobre la información que ha de publicarse en caso de adquisición o 
de cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa (Directiva 
88/627/CEE) y sobre la represión de las operaciones con información privilegiada en 
todo el territorio comunitario (Directiva 89/592/CEE) se buscaba también una mayor 
transparencia de los mercados de valores y una mayor confianza de los inversores en la 
irreprochabilidad de las operaciones que se realizan en los mismos (sobre todo en lo 
que respecta a las adquisiciones y otras transacciones sensibles a las variaciones de 
precios). 
La Directiva sobre los OICVM (Directiva 85/611/CEE, modificada) entró en vigor en 
octubre de 1989. Esta directiva permite que las participaciones de los organismos de 
inversión colectiva se comercialicen en toda la Comunidad, a condición, naturalmente, 
de que cumplan las normas mínimas que fija el citado acto legislativo. 
A partir del 1 de enero de 1996, con la entrada en vigor de la Directiva sobre servicios 
de inversión (93/22/CEE), existirá un mercado único de servicios de inversión, que 
permitirá a los intermediarios del mercado de valores, así como a otras empresas de 
inversión, abrir sucursales y prestar servicios en toda la Unión europea, sujetos a la 
autorización y la supervisión del Estado de origen. 
La Directiva sobre adecuación del capital (93/6/CEE), que entrará en vigor en la 
misma fecha, fija requisitos básicos de capital para las empresas de inversión, así como 
32 
el capital de cobertura frente a los riesgos de mercado asumidos en las carteras de 
negociación de las empresas de inversión y las entidades de crédito. 
Actualmente se está trabajando en la ampliación del ámbito de aplicación de la 
Directiva sobre los OICVM, de 1985, y el establecimiento de una garantía de 
inversiones mínima, de ámbito europeo, en caso de quiebra de una empresa de 
inversión. 
33 
Sección A 
Sección B 
Sección C 
34 
BANCA 
Con la Primera Directiva de coordinación bancaria, de 1977 (Directiva 77/780/CEE), 
se alcanzaron, fundamentalmente, dos objetivos: se eliminó la mayor parte de los 
obstáculos que se oponían a la libertad de establecimiento de los bancos y otras 
entidades de crédito y se fijaron normas comunes para la concesión de autorizaciones 
bancarias. 
Es, sin embargo, la Segunda Directiva de coordinación bancaria (Directiva 
89/646/CEE) la que constituye la piedra angular del mercado único de servicios 
financieros. En ella se establece la autorización bancaria única, válida en toda la 
Comunidad, que permitirá a cualquier banco o entidad de crédito establecido en un 
Estado miembro prestar servicios en todo el territorio comunitario, ya sea mediante la 
apertura de sucursales en otros Estados miembros o mediante la prestación de servicios 
bancarios transfronterizos a clientes en dichos Estados. La citada autorización gozará 
de reconocimiento mutuo por parte de los supervisores bancarios de cualesquiera 
Estados miembros de la Comunidad. 
La autorización bancaria única exige, por parte de todos los Estados miembros, la 
admisión y el reconocimiento mutuo no sólo de los servicios tradicionales, sino 
también de ciertos servicios u operaciones bancarias que, en algunos Estados 
miembros, no se han solido asociar a la actividad bancaria propiamente dicha (por 
ejemplo, la negociación con valores). La Directiva establece el reconocimiento y la 
autorización de la amplia gama de actividades bancarias que se enumeran a 
continuación. 
1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables. 
2. Préstamos (comprenden, entre otros: crédito al consumo, crédito hipotecario, 
"factoring" con o sin recurso y financiación de transacciones comerciales 
(incluido el "forfaiting")). 
3. Arrendamiento financiero ( " leasing " ). 
4. Transferencias de dinero. 
5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viaje, 
cartas de crédito). 
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos. 
7. Negociación, por cuenta propia o por cuenta de su clientela, con: 
a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de 
depósito, etc.); 
b) divisas; 
35 
c) instrumentos financieros a plazo y opciones; 
d) instrumentos sobre tipos de cambio o sobre tipos de interés; 
e) valores negociables; 
8. Participación en las emisiones de acciones y prestación de los servicios 
correspondientes. 
9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia 
industrial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el 
ámbito de la fusión y la compra de empresas. 
10. Intermediación en los mercados monetarios. 
11. Gestión o asesoramiento en la gestión de carteras. 
12. Custodia de valores. 
13. Informes comerciales. 
14. Alquiler de cajas fuertes. 
Para la plena realización del mercado único en el sector bancario eran indispensables 
otras tres Directivas, concretamente la Directiva sobre cuentas anuales y cuentas 
consolidadas (86/635/CEE), la Directiva sobre los fondos propios de las entidades de 
crédito (89/299/CEE) y la Directiva sobre el coeficiente de solvencia (89/647/CEE). 
La Directiva sobre cuentas anuales y cuentas consolidadas fija normas especiales para 
la aplicación al sector bancario de las disposiciones generales relativas a las cuentas 
anuales de las sociedades anónimas (Cuarta y Séptima Directivas de derecho de 
sociedades). Con arreglo a la Directiva, las entidades de crédito e instituciones 
financieras tienen la obligación de publicar, al cierre de cada ejercicio, estados 
armonizados sobre su situación y resultados económicos y financieros, que constarán 
del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe financiero y el 
correspondiente anexo. Con el fin de garantizar que puedan compararse las cuentas 
anuales -y, por tanto, la información que se facilita a los acreedores, deudores y 
accionistas-, la directiva armoniza la presentación y el contenido de las partidas del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la nomenclatura, 
terminología y normas de valoración. 
La Directiva sobre fondos propios, aprobada en 1989, estableció un nivel mínimo de 
armonización de las normas sobre fondos propios de los distintos Estados miembros. 
Esta Directiva determina los elementos constitutivos de los fondos propios, 
diferenciando entre los fondos propios básicos y los fondos propios complementarios, 
que se consideran de orden inferior. Así, y siempre que se cumpla una serie de 
36 
condiciones que la directiva establece, los fondos propios comprenden el capital 
desembolsado, las reservas, las reservas de revalorización, el fondo para riesgos 
bancarios generales, las correcciones de valor, los compromisos de los miembros de 
cooperativas de crédito, las acciones preferentes acumulativas y los préstamos 
subordinados. El importe de los fondos propios complementarios no podrá superar el 
de los fondos propios básicos. La directiva fija algunas condiciones elementales que 
han de cumplir determinados elementos de los fondos propios, pero permite a los 
Estados miembros aplicar criterios más estrictos si lo consideran oportuno. 
La Directiva sobre fondos propios constituye el puntal en que se apoya la Directiva 
sobre el coeficiente de solvencia, que fija definiciones y métodos comunes para el 
cálculo de dicho coeficiente y establece un porcentaje mínimo del 8% para el mismo. 
En la elaboración de estas dos directivas se han tenido en cuenta los trabajos del 
Comité de Reglamentación Bancaria y Métodos de Supervisión del Banco de Pagos 
Internacionales de Basilea. 
Deben citarse también otras cinco importantes Directivas. La primera es la Directiva 
sobre supervisión de las entidades de crédito (Directiva 92/30/CEE), que requiere la 
supervisión consolidada de los holding financieros y los holding mixtos con domicilio 
social en la Comunidad. La segunda, la Directiva 92/121/CEE, se refiere al 
seguimiento y control de las entidades de crédito; se propone limitar una concentración 
excesiva del riesgo en un único cliente o grupo de clientes. La tercera, la Directiva 
94/19/CEE, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, exige a los Estados 
miembros introducir uno o más sistemas de garantía de depósitos reconocidos 
oficialmente que garanticen hasta 20.000 ecus. En cuarto lugar, la Directiva 93/6/CEE 
trata de la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito. Por último, la Directiva 91/308/CEE prohibe el blanqueo de ganancias 
obtenidas ilegalmente y establece medidas destinadas a evitar el uso del sistema 
financiero para blanquear capital. Esta Directiva garantiza una activa cooperación 
bancaria entre las entidades de crédito y entidades financieras y las autoridades de 
supervisión, levantando los requisitos de confidencialidad profesional para lograr este 
objetivo. 
SEGUROS 
En 1961, se aprobó un ambicioso programa para lograr la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios en el sector de seguros. 
En 1964, se aprobó una directiva por la que se eliminaban los obstáculos a la libertad 
de establecimiento y la libre prestación de servicios en el ámbito del reaseguro. Sobre 
el reaseguro pesaban, en lo que entonces eran seis Estados miembros, pocas 
restricciones, y la directiva no hizo sino confirmar la situación existente en los Estados 
miembros, sin armonización alguna de las normas nacionales. 
Primera generación de directivas 
37 
El siguiente grupo de directivas (que se conoce como la primera generación de 
directivas), es decir, la Primera Directiva sobre seguros no de vida (73/239/CEE) y la 
Primera Directiva sobre seguros de vida (79/267/CEE), aborda la libertad de 
establecimiento en el sector de seguros directos. 
Para conseguir dicha libertad, los Estados miembros hubieron de ponerse de acuerdo 
sobre una serie de principios básicos, que quedaron plasmados en las directivas. 
Así, por ejemplo, toda empresa de seguros necesita, para el desarrollo de su actividad, 
contar con la autorización previa de las autoridades nacionales, para cada uno de los 
diferentes ramos, autorización que se concede únicamente si se cumplen una serie de 
requisitos precisos que se establecen en las directivas. 
En cuanto a las provisiones técnicas y los activos, estas directivas no contienen normas 
de armonización detalladas. La armonización está sólo en el objetivo que se persigue, 
es decir, los Estados miembros están obligados únicamente a garantizar que la entidad 
aseguradora cuente con provisiones técnicas suficientes, invertidas en activos 
congruentes y equivalentes que estén situados en cada uno de los países en los que se 
desarrolle la actividad. En esto, como también en lo referente a las condiciones 
generales y especiales de las pólizas, los Estados miembros pueden conservar sus 
normas nacionales. Por consiguiente, en las directivas relativas a la libertad de 
establecimiento se mantiene el régimen de control por el país de origen. 
Las directivas relativas a la libertad de establecimiento ratificaron, en gran medida, la 
situación que ya existía, doce mercados independientes y compartimentalizados, 
dejando que los países pudieran conservar su normativa en materia cautelar. 
Segunda generación de directivas 
En lo que se conoce como la segunda generación de directivas, la Directiva de 1988 
sobre seguros no de vida (90/619/CEE), se combina el principio de control por el país 
de origen con el de control por el país de acogida. 
En consonancia con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en 1986, 
ambas directivas establecen una distinción entre los tomadores de seguro que no 
necesitan una protección especial en sus relaciones con una entidad aseguradora de otro 
Estado miembro y aquellos otros que si la necesitan. En los seguros no de vida, la 
primera categoría puede decirse que está integrada por industriales, comerciantes o 
profesionales que pueden cuidar de sí mismos (grandes riesgos). En los seguros de vida 
está integrada por los tomadores de seguro que establecen contacto con una entidad 
aseguradora por iniciativa propia. Para estas dos categorías de tomadores de seguro, 
los Estados miembros coinciden en que deben reconocerse sus mutuos sistemas, sin 
necesidad de armonizar, especialmente en lo que se refiere a la normativa sobre control 
financiero. Para los restantes tomadores de seguro, sin embargo, de conformidad con 
la sentencia del Tribunal, se seguían aplicando las normas del país de acogida, hasta 
tanto no se armonizara más lo relativo a las provisiones técnicas, los activos aptos 
38 
para inversión de las provisiones técnicas y las condiciones generales y especiales de 
las pólizas. Se llevó a cabo una armonización limitada, en lo referente a, por ejemplo, 
la elección de la legislación aplicable al contrato y el período de suspensión. 
Tercera generación de directivas 
Un verdadero mercado único comunitario implica un mercado en el que las entidades 
aseguradoras y los mediadores pueden desarrollar su actividad libremente en toda la 
Comunidad, acogiéndose a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de 
servicios transfonterizos. La competencia debe radicar en el precio, en la naturaleza del 
producto y en el servicio ofrecido. El público debe poder escoger libremente entre una 
extensa gama de productos y de proveedores en competencia. Todas las entidades 
aseguradoras deben estar sujetas a las mismas normas básicas de supervisión, de 
manera que se garantice una apropiada supervisión cautelar y, en consecuencia, la 
protección al consumidor. El control debe corresponder al país en que esté situado el 
domicilio social de la entidad, que otorgará, asimismo, la autorización válida para el 
conjunto de la Comunidad. Es decir: control pleno por el país de origen y autorización 
única. 
Estos principios se complementaron con dos Directivas adoptadas en 1992 (la Tercera 
Directiva sobre seguros no de vida y la Tercera Directiva sobre seguros de vida), que 
entraron en vigor el 1 de julio de 1994 y que permiten el acceso a los quince mercados 
con una única autorización (en vez de quince autorizaciones independientes) para el 
establecimiento y la prestación de servicios. La única responsabilidad del Estado en 
que se halle el domicilio social será el control financiero. En lo que respecta al control 
de los productos, los Estados miembros podrán conservar sus disposiciones en materia 
contractual, que seguirán, no obstante, sujetas a los principios generales del Derecho 
comunitario, tal y como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, en 
Luxemburgo, en los casos de coaseguro antes mencionados. Estos principios servirán 
de filtro contra las normas nacionales que restrinjan indebidamente la competencia 
entre los diferentes tipos de productos. 
Estas directivas contienen normas sobre las responsabilidades que corresponden al 
Estado miembro de origen y al de acogida, respectivamente, así como sobre la forma 
en que deben colaborar entre sí. Las normas se refieren tanto al proceso de 
autorización de una nueva entidad como a la supervisión cautelar de las entidades ya 
activas. Traducen el aumento de responsabilidades del Estado de origen, pero permiten 
que el Estado de acogida inicie procedimientos o que, en casos urgentes, intervenga 
directamente, si una entidad infringe sus disposiciones legales justificadas. 
Con estas directivas no se persigue armonizar por completo los sistemas y las normas 
vigentes en materia cautelar en los Estados miembros sino una armonización mínima, 
que sea, a la vez, necesaria y suficiente para establecer los requisitos previos que 
permitan el reconocimiento mutuo de las medidas que cada Estado miembro haya 
adoptado para proteger a sus consumidores. En algunos aspectos del control, los 
Estados miembros podrán imponer normas más severas a las entidades cuyo domicilio 
social se halle en su territorio, esto es, dentro de su jurisdicción. 
39 
El reconocimiento mutuo será posible, fundamentalmente, gracias a un corpus común 
de normas para el cálculo de las provisiones técnicas y de los activos aptos para 
inversión de dichas provisiones; asimismo, se logrará autorizando a los Estados 
miembros a conservar su legislación nacional en materia contractual, sujeta a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Otro rasgo destacado del enfoque comunitario 
es el refuerzo de la colaboración entre las autoridades de supervisión. 
Se ha suprimido la autorización previa y la notificación sistemática de las condiciones 
de la póliza para todos los riesgos de masa. De este modo, cualquier entidad podrá 
comercializar sus productos sin necesidad de disponer de una autorización para cada 
uno de los mercados en los que opere. Sin embargo, en los seguros obligatorios, dada 
su naturaleza, se mantiene la notificación sistemática de ese tipo de riesgos. 
El hecho de que la notificación no sea sistemática no excluye que las autoridades 
competentes puedan solicitar información a determinadas entidades o a la totalidad del 
mercado al mismo tiempo, cuando por razones cautelares así lo juzguen conveniente. 
Lo que desaparece es la obligación legal de las entidades de informar a las autoridades 
cada vez que comercialicen un producto nuevo. 
40 
ANEXOC 
CUADRO SINÓPTICO 
Cuadro de conclusiones del Tercer Informe por Países de 1995 
País Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
Argentina 
Australia Valores 
Banca 
Seguios 
Valores Filial, sucursal 
Filial, sucursal 
Prohibición de 
nuevas entradas 
Problemas de 
acceso a la bolsa 
(reciprocidad); 
por lo demás. 
ninguno Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional Adquisición 
ilimitada de 
acciones 
Adquisición 
ilimitada de 
acciones 
Adquisición de 
acciones en 
empresas 
existentes 
autorizada 
Inversión 
extranjera del 
15% omás. que 
suponga más de 5 
millones, sujeta a 
autorización 
41 
Banca 
Seguros Filial, sucursal 
Puede verse 
limitado por los 
monopolios del 
Estado Los bancos 
extranjeros no 
tienen acceso 
directo al sistema 
de compensación 
de cheques, ni al 
sistema de 
descuentos del 
Banco Central, 
Imposición de 
retención a 
cuenta sobre el 
50% de los 
intereses sobre 
los nréstamos 
interbancarios de 
los bancos 
extranjeros: no se 
autoriza la 
aceptación de 
depósitos al por 
menor. 
Trato nacional 
42 
Eais Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
Brasil 
Valores Acceso prohibido 
desde 1988. Las 
empresas 
anteriores a 1988 
gozanjk 
derechos 
adquiridos Las empresas que 
gozan.de 
derechos 
adquiridos están 
sujetas_a 
restricciones a la 
expansión Prohibición del 
aumento de la 
participación 
extranjera. Los 
inversores 
institucionales 
pueden poseer 
hasta el 49% de 
las acciones 
Banca Acceso prohibido 
desde 1988, Las 
empresas 
anteriores a 1988 
gozanjk 
derechos 
adquiridos Las empresas que 
gozarule 
derechos 
adquiridos están 
sujetas a 
restricciones a la 
expansión Prohibición del 
aumento de la 
participación 
extranjera, Los 
inversores 
institucionales 
pueden poseer 
hasta el 49% de 
las acciones 
Seguros Creación directa 
de sucursales 
prohibida Trato nacional 
para las empresas 
establecidas Participación 
extranjera 
limitada al 50% 
del capital 
Canadá 
Valores Filial, sucursal; 
requisito de 
reciprocidad Qpreaciones 
piiYâdas 
reguladas a nivel 
provincial 
Banca Creación directa 
de sucursales 
extranjeras 
prohibida. Los 
bancos 
extranjeros deben 
crear filiales 
sujetas al 
Régimen II; 
requisito de 
reciprocidad. Desventaja 
por 
tener que 
funcionar como 
una filial 
43 
Seguros Filial, sucursal, 
sujeto al criterio 
de necesidad 
económica; 
requisito de 
reciprocidad Ciertas medidas 
afectan a la 
actividad, como 
los requisitos en 
materia de capital 
de las empresas 
matrices 
44 
Eais I Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
Chile 
Valores Deben crearse 
'corredores de 
bolsa' para 
participar en 
Bolsa; criterio de 
necesidad 
económica Trato nacional 
Banca Filial, sucursal. 
sujeto al criterio 
de necesidad 
económica Trato nacional Autorización 
previa para 
adquirir el 10% o 
más de un banco 
existente 
Seguios Prohibida la 
creación directa 
de sucursales: 
criterio de 
necesidad 
económica Trato nacional 
para empresas 
establecidas 
República 
Popular 
China 
Valores Sólo se pueden 
establecer 
oficinas de 
representación Sólo actividades 
extraterritoriales 
y transacciones 
con acciones "B" 
Banca Filial, sucursal en 
algunas regiones Prohibición de 
operar en la 
moneda local 
Seguros Pueden 
establecerse 
oficinas de Restricciones a la 
inversión 
representación. 
Sucursales y 
empresas en 
participación 
autorizadas en 
Shanghai con 
carácter 
experimental 
45 
Pais Sectox Establecimiento Actividades Adquisición 
Egipto 
Hong Kong 
India 
Indonesia Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca ConJa 
autorización de 
las-AMC 
Sucursal, 
empresa en 
participación, 
sujeto al criterio 
de necesidad 
económica 
Filiales en zonas 
extraterritoriales 
Trato nacional 
Sucursal, 
condicionada a 
una oficina de 
representación 
previa 
Trato nacional 
Sucursal en el 
caso de los 
bancos de 
inversión 
Sucursal, sujeto a 
reciprocidad 
Prohibido 
Sólo a través de 
empresas en 
participación 
Sólo a través de 
empresas en 
participación Autorización para 
desempeñar 
actividades 
específicas 
Prohibición de 
emprender 
nuexas 
actividades desde 
octubre de 1993 
! 
Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
Prohibición de 
realizar inversiones 
de cartera en 
sociedades 
Trato nacional 
Grandes requisitos 
de capital 
Grandes requisitos 
de capital Propiedad 
máxima del 49% 
en el caso de las 
empresas en 
participación 
Se puede adquirir 
una participación 
de control 
Limitada al 51%. 
46 
Seguros Sólo a través de 
empresas en 
participación Grandes requisitos 
de capital: no se 
puede asegurar la 
propiedad pública; 
pago de primas a 
empresas 
extranjeras sujeto a 
una deducción 
fiscal del 20% 
sobre los ingresos 
netos previstos 
47 
Pais I Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
Japón 
Valores Trato nacional 
Banca Trato nacional Trato nacional 
Seguios Trato nacional Trato nacional 
Corea 
Valores Autorización del 
Ministerio de 
Economía 
necesaria, 
Sucursal. 
empresa en 
participación Trato nacional Participación 
extranjera 
máxima del 50% 
Banca Sucursal, debe 
contarse entre las 
500 principales 
del mundo Restricciones al 
acceso a los 
fondos públicos, 
propiedad 
inmobiliaria, 
financiación en 
moneda local; 
acceso a las redes 
de cajeros 
automáticos y 
cámaras de 
compensación _ Participación 
extranjera 
máxima del 10% 
Seguios Criterio de 
necesidad 
económica Tarifas y pólizas 
sometidas a 
estricto control 
Malasia 
Valores No se han 
concedido 
nueyas 
autorizaciones Adquisición de 
empresa en 
participación 
autorizada; al 
principio del 
acuerdo puede 
adquirirse una 
participación 
máxima del 30% 
48 
Banca 
Seguios No se han 
concedido de 
momento nuevas 
autorizaciones 
No se han 
concedido de 
momento nuevas 
autorizaciones Excesivos 
requisitos 
cautelares y de 
capital; control 
de los préstamos; 
acceso a la red de 
cajeros 
automáticos 
vetado 
Sólo se autoriza 
el reaseguro en 
caso de 
insuficiente 
capacidad o 
experiencia en 
Malasia Participación 
extranjera 
máxima del 30% r 
sujeta a 
autorización 
Participación 
extranjera 
máxima del 30 %r 
sujeta a 
autorización 
País I Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
México 
filipinas Yalores 
Banca 
Seguios 
Valores 
Banca Sólo a través de 
una filial radicada 
en EEUU o 
Canadá 
Sólo a través de 
una filial radicada 
en EEUU o 
Canadá 
Filial, oficina de 
representación 
Filial, sucursal Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
Por lo general, 
trato nacional 
Trato nacional Participación 
extranjera 
máxima del 40%; 
30% de los 
recursos globales 
del sistema 
bancario; 
máximo del 60% 
de las acciones 
con derecho a 
voto 
49 
Rusia Seguros 
Valores 
Banca 
Seguros Filial, sucursal 
Filial, sucursal 
Acceso vetado 
durante dos años 
Empresa en 
participación Prohido asegurar 
propiedad pública 
o dar fianzas de 
cumplimiento 
para empresas del 
sector público, 
Requisitos 
especiales de 
depósito; 
diferentes 
requisitos en 
materia de capital Adquisición total 
de una empresa 
exislente 
autorizada 
País I Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
Singapur 
Suráfrica 
Suiza Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca No se admiten 
nuevas 
inscripciones 
No se conceden 
de momento 
nueyas 
autorizaciones 
No se inscriben 
nuevas empresas 
Prohibido 
Filial, sucursal, 
oficina de 
representación 
Con la forma de 
sociedad anónima 
local 
Trato nacional 
Trato nacional Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional Participación 
extranjera en la 
Bolsa-de. 
Singapur limitada 
al 49% 
Participación 
extranjera 
limitada al 40% 
del capital 
50 
Seguros Sucursal, agencia Cuando la 
empresa se 
dedique a seguros 
de vida y no de 
vida, sólo estos 
úiíimos 
51 
Eajs I Sector 1 Establecimiento Actividades Adquisición 
laman 
• 
Tailandia 
Turquía Valores 
Banca 
Valores 
Valores 
Banca 
Seguros 
Valores 
Banca 
Seguios ílnJrato 
discriminatorio 
restringe el 
acceso 
Sucursal, oficina 
de representación 
Ninguna empresa 
de la CE 
Se exige una 
autorización 
diferente para 
cada actividad 
De momento no 
se conceden 
nueyas 
autorizaciones 
De momento no 
se conceden 
nuevas licencias 
Filiales, sujetas al 
criterio de 
necesidad 
económica 
Filial, sucursal 
Filial, sucursal Restricciones a 
los inversores 
institucionales 
extranjeros; 
prohibición de 
inversiones de 
cartera 
individuales 
Importantes 
restricciones a las 
actividades de los 
bancos 
extranjeros, a los 
movimientos de 
capital v 
limitaciones de 
los préstamos 
Restricciones a la 
actividad de 
corretaje 
Relación capital 
propio/préstamos 
estricta: 
limitaciones a los 
préstamos 
extranjeros 
Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional Participación 
individual 
máxima del 5% v 
de un grupo del 
15% 
Participación 
extranjera 
máxima del 49% 
Participación 
extranjera 
máxima del 25% 
52 
Eaís Sector Establecimiento Actividades Adquisición 
EEUU 
Venezuela Valores 
Banca 
Insurance 
Valores 
Banca 
Seguros Trato nacional 
Trato nacional; 
segmentación 
sectorial 
Trato nacional: 
segmentación 
sectorial 
Filial, sucursal 
Filial, sucursal 
Filial, sucursal Trato nacional 
Trato nacional 
En principio, 
trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
Trato nacional 
53 

ISSN 0257-9545 . 
COM(95) 303 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 11 
N° de catálogo : CB-CO-95-336-ES-C 
ISBN 92-77-91081-X 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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