P6_TA(2007)0218

Derechos humanos en Sudán

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2007, sobre los derechos humanos en Sudán

El Parlamento Europeo,

- Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A. Considerando que un Tribunal penal de la provincia de Managil del estado de Gazira, situado en el centro de Sudán, presidido por el Juez Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan condenó a muerte por lapidación a Sadia Idriss Fadul (una mujer de 22 años de la etnia fur de Darfur) y a Amouna Abdallah Daldoum (una mujer de 23 años de la etnia tama de Darfur) los días 13 de febrero y 6 de marzo de 2007 respectivamente, por haber cometido adulterio,

B. Considerando que la lapidación es un castigo cruel e inhumano y que las penas severas por adulterio conculcan los derechos humanos básicos y las obligaciones internacionales suscritas por la República de Sudán,

C. Considerando que Sadia Idriss Fadul y Amouna Abdallah Daldoum han recurrido estas sentencias,

D. Considerando que, según una carta enviada por la Embajada de la República de Sudán de Bruselas, se revocaron las condenas a muerte porque Sadia Idriss Fadul y Amouna Abdallah Daldoum no contaron con la "asistencia letrada preceptiva" durante el juicio, y que el Tribunal penal revisará el caso "a la luz de las observaciones jurídicas del Tribunal de apelación",

E. Considerando que, el 3 de mayo de 2007, el Tribunal penal de Nyala, situado en la zona sur de Darfur, condenó a Abdelrhman Zakaria Mohamed y a Ahmed Abdullah Suleiman, ambos varones de 16 años, a morir ahorcados por cargos de lesiones con dolo y robo,

F. Considerando que la República de Sudán ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en virtud de la cual el Gobierno se comprometió a no ejecutar a ningún menor de 18 años,

G. Considerando que el Gobierno sudanés es parte signataria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 [1] (Acuerdo de Cotonú) y que la cooperación de la UE con los países ACP se basa en el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho,

H. Considerando que la República de Sudán es parte signataria de la cláusula relativa a los derechos humanos del Acuerdo de Cotonú, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

I. Considerando que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la República de Sudán, incluye disposiciones relativas al derecho a la vida y que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; considerando, sin embargo, que se siguen aplicando la pena de muerte, las flagelaciones, las amputaciones y otros castigos corporales por diversos delitos,

J. Considerando que, el 14 de marzo de 2007, la Comisión Europea anunció la concesión de 45 millones de euros adicionales en concepto de ayuda humanitaria a Sudán (que hasta la fecha asciende a un total de 85 millones de euros para 2007), demostrando con ello el compromiso de la Unión Europea con el pueblo de Sudán,

1. Celebra la revocación de las sentencias de muerte (si el propio Tribunal efectivamente lo confirma), y pide al Gobierno sudanés que garantice la integridad física y psicológica de Sadia Idriss Fadul y Amouna Abdallah Daldoum;

2. Pide al Gobierno sudanés que anule las condenas a muerte y que garantice la integridad física y psicológica de Abdelrhman Zakaria Mohamed y Ahmed Abdullah Suleiman;

3. Recuerda con firmeza al Gobierno de Sudán que la aplicación de la pena de muerte a niños delincuentes está prohibida por el Derecho internacional;

4. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que:

a) condenen la aplicación de la pena de muerte, las flagelaciones y otros castigos corporales crueles o degradantes, que promuevan el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y que fomenten los derechos de la mujer en sus relaciones con las autoridades sudanesas, incluido el derecho de las mujeres y las niñas a no sufrir discriminación ni violencia, de conformidad con las leyes y normas internacionales; y

b) promuevan el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus relaciones con las autoridades sudanesas, incluido el respeto de las leyes nacionales y de las normas internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Sudán es Estado Parte desde 1986, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que Sudán es Estado Parte desde 1990, y el artículo 96 (cláusula relativa a los derechos humanos) del Acuerdo de Cotonú, que el Gobierno de Sudán firmó en 2005;

5. Pide al Gobierno de Sudán que revise su sistema judicial en consecuencia, y que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte;

6. Pide al Gobierno de Sudán que se adhiera al Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África, así como al Protocolo del Tribunal de Justicia de la Unión Africana, ambos adoptados en Maputo, Mozambique, el 11 de julio de 2003;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la Unión Africana y al Gobierno de la República de Sudán.

[1] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

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