ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
43.

Recuerda que incumbe a los gobiernos la responsabilidad política de exportar o no bienes militares o de doble uso; pide a los Estados miembros que informen detalladamente sobre cada una de las licencias otorgadas a fin de que se pueda controlar, a escala de la UE, que los países no incumplen los criterios de la Posición Común por intereses económicos, políticos o personales; solicita que el SEAE/COARM asuma la labor de analizar las licencias de las que se considera que no cumplen los criterios expuestos en la Posición Común;
—

Vistos los Reglamentos (UE) n.o 1173/2011 (2), (UE) n.o 1174/2011 (3), (UE) n.o 1175/2011 (4), (UE) n.o 1176/2011 (5) y (UE) n.o 1177/2011 (6), la Directiva 2011/85/EU (7), y los Reglamentos (UE) n.o 472/2013 (8) y (UE) n.o 473/2013 (9) (el paquete legislativo de gobierno económico y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria, respectivamente),
3.

Pide a la Comisión que garantice un marco legislativo actualizado, exhaustivo y claro que aplique en su integridad los requisitos del artículo 13 del TFUE; reitera, no obstante, que los niveles de protección de los animales no se deben reducir en ningún caso por motivos de simplificación administrativa; destaca que estos objetivos no se excluyen mutuamente;
AA.

Considerando que el CASE considera que no puede concluir que vayan a producirse costes sociales netos, sobre la base de la información facilitada por el solicitante, en caso de no concederse la autorización; que, por lo tanto, los solicitantes no han demostrado los beneficios socioeconómicos derivados del uso de la sustancia y las implicaciones socioeconómicas de la denegación de la autorización tal y como se prevé en el artículo 60, apartado 4, letra c), del Reglamento REACH;
55.

Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado y los puestos de trabajo precarios; destaca los elevados niveles de trabajo no declarado llevado a cabo por mujeres, que inciden negativamente en los ingresos, la cobertura y la protección de la seguridad social de las mujeres y que también tienen un efecto negativo en los niveles del PIB en la UE; subraya la necesidad de tratar de manera particular la cuestión del trabajo doméstico, que desempeñan fundamentalmente las mujeres, ya que se trata de un trabajo que suele inscribirse en el sector informal, está singularizado y que, por su naturaleza, es invisible, que exige, por lo tanto, la elaboración de medidas específicas para abordarlo de manera eficaz; lamenta, además, el abuso de las formas contractuales atípicas, incluidos los contratos de «cero horas», con el objetivo de eludir el cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo y protección social; lamenta que haya aumentado el número de mujeres con empleo atrapadas en situaciones de pobreza;
1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico, así como el plan de acción que la acompaña; considera que se trata de un paso fundamental en el desarrollo de esta parte de Europa; insiste en que la EUSAIR se ha creado para aportar valor a las intervenciones, ya sea por parte de la UE, las autoridades nacionales o regionales o los sectores privados, de forma que se refuerce significativamente el funcionamiento de la macrorregión; hace hincapié en las perspectivas de la estrategia por lo que respecta a los países candidatos y posibles candidatos a la adhesión en la región; subraya la importancia de que la estrategia se base en los principios de integración, coordinación, cooperación y asociación; reitera la importancia que reviste la regla de «los tres noes» según la cual no debe darse lugar a nueva legislación, no deben crearse nuevas instituciones y no debe preverse nueva financiación, dado que las macrorregiones son marcos para iniciativas de cooperación, que aprovechan las sinergias resultantes de la articulación de diferentes instrumentos políticos de la UE, incluidos los Fondos EIE;
6.

Juzga lamentable que la Comunicación carezca de ambición, no responda a las demandas concretas expresadas en la ICE y se limite a reiterar compromisos existentes; destaca que la respuesta dada por la Comisión a la ICE Right2Water es insuficiente, pues no aporta ninguna contribución nueva ni introduce todas las medidas que podrían contribuir a alcanzar los objetivos; pide a la Comisión Europea, en relación con esta ICE en particular, que ponga en marcha una campaña informativa exhaustiva sobre las medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo podrían contribuir estas medidas a la consecución de los objetivos de la ICE Right2Water;
E.

Considerando que, si bien la mayoría de las empresas familiares son pymes, estas empresas pueden ser de tamaño pequeño, mediano o grande y tanto cotizar en bolsa como no hacerlo; que muy a menudo han sido equiparadas a las pymes, ignorando así que también hay grupos multinacionales muy grandes que son empresas familiares; que, en algunos Estados miembros, un número reducido de empresas familiares generan gran parte del volumen de negocios total del conjunto de empresas y contribuyen así de manera decisiva a la conservación —especialmente en época de crisis— y creación de puestos de trabajo, así como al crecimiento y al éxito económico del país; que muchas empresas familiares ya no cumplen la definición de las pymes, pero distan al mismo tiempo de ser una corporación, no pueden gozar de ciertas formas de ayuda o no están exentas de una serie de requisitos administrativos; que ello conlleva irremediablemente unas tareas burocráticas innecesarias, que resultan asimismo muy onerosas, en especial para estas empresas familiares de mediana capitalización;
I.

Considerando que Turquía es un país candidato a la UE, un aliado de la OTAN, una potencia naval, un interlocutor activo a nivel regional en el ámbito de la política exterior y un socio fundamental para la UE, en particular en los ámbitos de la energía y de la seguridad de las fronteras; que la ubicación estratégica de Turquía también reviste una importancia fundamental en relación con la otra gran amenaza a la que se enfrentan tanto la OTAN como la UE, es decir, el autoproclamado Daesh (Estado Islámico); que Turquía puede desempeñar un importante papel en la lucha contra las amenazas en el mar Negro y contra Daesh; que Turquía, a pesar de considerar la anexión de Crimea por Rusia ilegal, no se ha pronunciado de manera clara sobre la misma o sobre sus consecuencias; que las recientes posiciones diplomáticas de Turquía, en particular en relación con los conflictos en su vecindad, han adolecido de ambigüedad y no han sido coherentes con respecto a las posiciones de la UE y la OTAN; que Turquía es un aliado estratégico en materia de seguridad y debe desempeñar un papel fundamental en la región del mar Negro, con arreglo al mandato de la Convención de Montreux de 1936;
—

Visto el informe del Observatorio Europeo del Empleo, de abril de 2013, titulado «Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe 2013» (Fomentar el empleo verde durante la crisis: manual de mejores prácticas en Europa 2013),
17.

Felicita al Defensor del Pueblo por sus labores de promoción de los derechos humanos, por su apertura hacia las personas vulnerables, y por su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; lamenta que los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo no se hayan debatido en el Parlamento, por lo que no pueden publicarse y no se reconocen de forma oficial; pide al Gobierno y al Parlamento que refuercen la independencia, la eficacia y la eficiencia de las instituciones de defensa de los derechos humanos, que refuercen la cooperación con la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, y que lo apoyen en mayor medida desde el punto de vista político y financiero;
32.

Felicita al SEAE por la finalización con éxito del primer ciclo de estrategias nacionales en materia de derechos humanos, que se han desarrollado prestando una atención particular a las actividades de las delegaciones de la UE; lamenta, no obstante, la continua falta de transparencia en lo que respecta a los contenidos de las estrategias nacionales, en particular el hecho de que no se haya informado adecuadamente al Parlamento, y pide, una vez más, la divulgación pública, como mínimo, de las prioridades clave de cada estrategia nacional y que el Parlamento tenga acceso a las estrategias, en un escenario adecuado, con el fin de permitir un nivel adecuado de control; alienta al SEAE a que adopte indicadores para evaluar su eficacia y a que, en su Informe Anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, se refiera más explícitamente a las secciones nacionales, ya que constituyen los informes de ejecución sobre las estrategias nacionales; recuerda el compromiso de la UE de garantizar que las estrategias nacionales en materia de derechos humanos se tienen en cuenta en todos los niveles de la elaboración de las políticas con terceros países, incluidos los diálogos políticos y sobre derechos humanos;
—

Visto el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) no 608/2004 (1) de la Comisión (Reglamento relativo a la información alimentaria facilitada al consumidor), y, en particular, su artículo 26, apartados 6 y 7,
12.

Acoge con satisfacción las recientes actualizaciones de las listas de terceros países cuyos nacionales están o no sometidos a la obligación de visado incluidas en el Reglamento (CE) no 539/2001 y, en particular, las nuevas exenciones de la obligación de visado; recuerda la importancia de la exención de visado para los terceros países, en particular para sus sociedades civiles, pero también para los intereses de la UE;
—

Visto el Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (1) (Reglamento INDNR),
27.

Expresa su preocupación por el alto grado de intolerancia con los homosexuales en Montenegro, y los frecuentes actos y amenazas de violencia, así como por los discursos que incitan al odio contra los activistas en favor de los derechos de los homosexuales; lamenta que el más destacado activista LGBTI hubiera de solicitar asilo en el extranjero por motivos de seguridad; se congratula, no obstante, por la nueva estrategia del Gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas LGBTI, pero hace hincapié en su aplicación; subraya, en particular, la necesidad de educar e informar a los ciudadanos con el fin de contribuir a cambiar las actitudes; elogia en particular al Gobierno y a la policía por su apoyo y facilitación de los desfiles del «orgullo gay» celebrados este año en Budva y Podgorica, de los que no había precedentes; destaca que la violencia contra los homosexuales durante los desfiles ha de ser plenamente investigada, y que los responsables deben comparecer ante la justicia; anima a las autoridades a seguir fomentando la tolerancia con las personas LGBTI y a enjuiciar los delitos penales de manera oportuna; destaca la necesidad de mejorar la aceptación social y acabar con la discriminación contra los homosexuales;
—

Visto su estudio de 3 de mayo de 2013 titulado «Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare» (Aspectos de derechos humanos del uso de vehículos aéreos y robots no tripulados en conflictos bélicos),
—

Vistos el Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas europeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 (5) y (CE) no 715/2009, y la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, titulada «Visión a largo plazo de las infraestructuras en Europa y fuera de ella» (COM(2013)0711), en la que se establece la primera lista a escala de la Unión de proyectos de interés común (PCI) que se refieren a las infraestructuras energéticas,
6.

Reconoce que la implantación de la CAC no puede tener lugar sin el apoyo de los Estados miembros y los inversores privados, y que los primeros tienen el derecho absoluto y soberano a fomentar o vetar su aplicación; señala que, mientras ciertos Estados miembros han indicado que no prevén que la CAC constituya un componente esencial de sus estrategias de reducción de emisiones, ello no debe disuadir a otros Estados miembros de emprender iniciativas si consideran que esta tecnología puede desempeñar un papel eficaz en su transición hacia una economía hipocarbónica;
—

Visto el Informe PEPPER III, titulado «Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the European Union» (Fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa en los nuevos países miembros y los países candidatos de la Unión Europea), publicado en junio de 2006 por la Universidad Libre de Berlín,
87.

Celebra que se haya adoptado la Decisión no 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE); se remite a la propuesta del Reglamento relativo a EURES (red europea de servicios de empleo) presentada en enero de 2014; pide al Parlamento y al Consejo que deliberen urgentemente sobre la reforma a fin de que EURES pueda convertirse en un instrumento eficaz para promover la movilidad laboral dentro de la UE, en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1296/2013, y con miras a fomentar la diversidad; recuerda, no obstante, que la movilidad debe ser siempre voluntaria y no debe limitar los esfuerzos de creación de empleo de calidad y puestos de formación sobre el terreno; destaca que una información profesional fiable sobre las condiciones laborales y de vida en otros Estados miembros es un requisito previo para el buen funcionamiento del Espacio Económico Europeo;
23.

Considera que los niños no acompañados son especialmente vulnerables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la Resolución del Parlamento, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el paquete de medidas sobre el Sistema Europeo Común de Asilo a fin de mejorar la situación en la UE de los menores no acompañados; pide a los Estados miembros que actúen para poner fin a la detención de niños migrantes en la Unión; celebra la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-648/11, MA, BT, DA/Secretary of State for the Home Department, en la que se afirma que el Estado miembro responsable de examinar las solicitudes de asilo presentadas en más de un Estado miembro por un menor no acompañado es el Estado en el que este se encuentre después de haber presentado ante él una solicitud; recuerda que un menor no acompañado es ante todo un niño expuesto a un peligro potencial y que la protección de los niños, y no las políticas de inmigración, debe ser el principio rector de los Estados miembros y la Unión Europea en este ámbito, respetándose así el principio esencial del interés superior del niño;
17.

Felicita al Defensor del Pueblo por sus labores de promoción de los derechos humanos, por su apertura hacia las personas vulnerables y por su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; lamenta que los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo no se hayan debatido en el Parlamento, por lo que no pueden publicarse y no se reconocen de forma oficial; insta al Gobierno y al Parlamento a que mejoren su cooperación con la Oficina del Defensor del Pueblo; deplora que, hasta hoy, el Gobierno no haya informado ni consultado de forma regular y puntual al Defensor del Pueblo acerca de los proyectos de ley relevantes; observa con preocupación que el presupuesto asignado a la Oficina del Defensor del Pueblo sigue siendo insuficiente y sufre nuevos recortes; hace hincapié en que, para seguir desempeñando sus funciones, esta institución necesita el apoyo financiero y político del Parlamento y del Gobierno; pide una amplia campaña de concienciación que ponga de relieve la función y la importancia de esta institución;
—

Vista la nota política, de 13 de septiembre de 2013, del European Policy Center (EPC) titulada «Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union» (Desarrollar la dimensión social de una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica),
—

Visto el estudio, de febrero de 2009, sobre las repercusiones económicas de la supresión del régimen de cuotas lácteas y el análisis regional de la producción de leche en la UE (Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota Regime — Regional Analysis of the Milk Production in the EU) realizado por la Comisión,
4.

Pide que se proceda a una investigación técnica in situ completa de las acusaciones de que las autoridades de los Estados Unidos han disfrutado un no autorizado o han creado posiblemente vías no legítimas de acceso a los servidores SWIF; Deplora que ni un solo Estado miembro haya solicitado una investigación al respecto e indica que sin investigación no se pueden comprobar los hechos;
8.

Considera que los compromisos de mitigación propuestos por las Partes deben estar respaldados por el principio de RCPDCR, deben poder medirse, comunicarse y verificarse, y deben ser suficientes para alcanzar el objetivo de los 2o C (y, por lo tanto, deben colmar la brecha en materia de mitigación en cuanto a la armonización de los límites y de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 con los que son necesarios para mantener el objetivo de los 2o C); reitera que, como resultado, los compromisos existentes deben revisarse de forma colectiva y ser más ambiciosos para conseguir el objetivo de los 2o C; hace hincapié en que la UE debe presionar a las Partes que no estén en vías de respetar el objetivo de los 2o C;
—

Visto el informe de Eurofound, de 7 de febrero de 2012, titulado «Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs)» (10) [Evolución política reciente relativa a aquellos que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»)],
11.

Observa que el medio ambiente sigue siendo otro tema clave en las peticiones, lo cual demuestra que, en numerosas ocasiones, las autoridades públicas de los Estados miembros no logran garantizar la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas, ni los más altos niveles de salud pública; señala, en particular, las numerosas peticiones presentadas sobre la gestión de los residuos, el agua, los posibles peligros de la energía atómica y de la ingeniería genética, las especies protegidas, y la evaluación de impacto de proyectos y actividades en el medio ambiente y la salud pública, como la extracción de gas de esquisto mediante fracturación; insta a la Comisión a reforzar el marco legislativo en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático y, en particular, su correcta aplicación; lamenta que algunos Estados miembros, a pesar de sus esfuerzos, no hayan sido capaces de encontrar soluciones duraderas a los problemas de gestión de los residuos;
M.

Considerando que las disposiciones actuales de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) se basan en el principio de la neutralidad tecnológica; que no reflejan aún la convergencia tecnológica en marcha y, en particular, que la regulación diferenciada, que distingue entre los programas de televisión (incluidas las emisiones por Internet y las retransmisiones en directo) y los servicios de comunicación audiovisual, podría perder pertinencia en su forma actual, a pesar de que haya servicios de información y comunicación — incluso aquellos que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, sino en el de la Directiva sobre el comercio electrónico o que, en el caso de servicios no europeos, no están cubiertos por ninguna norma de la UE– regulados por distintos instrumentos que están disponibles en el mismo aparato, lo que puede dar lugar tanto a condiciones de competencia desiguales y diferencias inaceptables para la protección de los usuarios como plantear nuevas cuestiones sobre el acceso, los métodos de difusión y la localización de los contenidos, independientemente del tipo de medio audiovisual de que se trate;
—

Vistas las conclusiones de la Presidencia británica del Consejo en 2005 («The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), de la Presidencia alemana en 2007 («En route to the Knowledge based Bio-Economy») y de la Presidencia belga en 2010 («The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges»),
66.

Pide a la Comisión que adopte una definición clara y un conjunto común de criterios para identificar los paraísos fiscales, así como medidas apropiadas aplicables a los territorios que se identifiquen como tales, para su aplicación antes del 31 de diciembre de 2014, y que garantice que se aplique de forma coherente en toda la legislación de la UE; sugiere que la definición se base en las normas de la OCDE en materia de transparencia e intercambio de información, así como en los principios y criterios del Código de Conducta; estima, a este respecto, que debe considerarse paraíso fiscal todo territorio en el que se cumplan varios de los siguientes indicadores: i) las ventajas se otorgan solo a los no residentes, o solo con respecto a las operaciones realizadas con no residentes, ii) las ventajas están totalmente aisladas del mercado nacional, de modo que no afectan a la base fiscal nacional, iii) las ventajas se otorgan aun cuando no exista ninguna actividad económica real ni presencia económica sustancial dentro del territorio que ofrezca dichas ventajas fiscales, iv) las normas para determinar los beneficios derivados de las actividades internas de los grupos de empresas multinacionales no se ajustan a los principios internacionalmente reconocidos, particularmente, a las normas acordadas en la OCDE, v) las medidas fiscales carecen de transparencia, incluida una aplicación de las disposiciones legales a nivel administrativo con menos rigor y sin transparencia, vi) no se aplican impuestos a las rentas pertinentes o solo se aplican impuestos simbólicos, vii) existe una legislación o unas prácticas administrativas que impiden un intercambio efectivo de información a efectos fiscales con otros gobiernos sobre los contribuyentes que se benefician de la ausencia de imposición o de la imposición simbólica, lo que contraviene las normas dispuestas en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, viii) se crean estructuras opacas y secretas que hacen que la creación y el funcionamiento de los registros de empresas y de fideicomisos y fundaciones no sean exhaustivos y carezcan de transparencia, ix) el territorio está incluido por el GAFI en la lista de países y territorios no cooperadores;