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las consecuencias de la racionalización que resulta de 
los sistemas de banco a domicilio (home-banking), la 
recopilación de informaciones personales procedentes 
de diversos bancos de datos, la retención de datos 
telefónicos, el reconocimiento automático de la voz, el 
control de la escucha audiovisual, etc.]. Esta evolución 
ofrece igualmente posibilidades técnicas para una 
mayor protección de las informaciones y datos perso­
nales. 
3.6.1. El Comité sugiere que las administraciones 
competentes procedan a una información más intensiva 
y promuevan un debate público sobre el tema teniendo 
por objetivo apaciguar los temores y la desconfianza de 
la población y desarrollar más las condiciones jurídicas 
necesarias para la protección de la vida privada y de 
las informaciones personales. La aplicabilidad política 
de las nuevas posibilidades que ofrece la RDSI depen­
derá también de la forma en que se resuelvan estas 
cuestiones. El fortalecimiento de las actividades de pro­
moción preconizado en la recomendación debería tener 
más en cuenta este aspecto, y ello lo antes posible y 
teniendo como base disposiciones legales y sociales más 
sólidas. 3.6.2. Además, en la instalación de redes de servicios 
integrados, el Comité observa ciertas ventajas, por 
ejemplo, para los métodos de investigación y para la 
conservación de los recursos naturales (ahorro de papel 
gracias a catálogos y listas electrónicas, ahorro de ener­
gía a largo plazo merced a la sustitución de los emisores 
de televisión, sustitución del cobre por el silicio, etc.). 
Este aspecto también debería tenerse en cuenta en las 
actividades de promoción. 
3.7. Al igual que la Comisión, el Comité reconoce la 
estrecha dependencia que existe entre la aceptación de 
los nuevos servicios y sus tarifas. En el transcurso de 
la fase transitoria de la red analógica hacia la red 
digital, convendría mantener el importe de las tarifas 
en vigor actualmente, a pesar del aumento de las inver­
siones necesarias durante esta fase. Un aumento no 
justificado de las tarifas podría representar un obstáculo 
considerable para el desarrollo de un mercado impul­
sado por la demanda y frenar así la baja de los costes 
unitarios obtenida gracias a un ritmo elevado de pro­
ducción de terminales. 
Bruselas, 17 de septiembre de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Gerd MUHR 
Dictamen sobre la « Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
85/611/CEE del Consejo en lo que se refiere a la competencia judicial relativa a los litigios 
derivados de la comercialización de participaciones de determinados organismos de inversión 
colectiva en valores (OICVM) (!) 
(86/C 328/06) 
El Consejo decidió, el 7 de mayo de 1986, consultar, de conformidad con el artículo 198 del 
Tratado, al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, ha adoptado su dictamen el 9 de julio de 1986 (según el informe del Sr. De 
Bruyn). 
EL Comité Económico y Social, durante su 239a Sesión Plenaria, sesión del 17 de septiembre 
de 1986, ha adoptado por unanimidad el siguiente dictamen: 
El Comité aprueba la Propuesta de Directiva supeditada 
a las siguientes observaciones: 
1. El Comité VIII de la Directiva del Consejo, de 20 
de diciembre de 1985, que coordina las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
determinados organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM), impone a los (OICVM) 
(!) DO n° C 129 de 28. 5. 1986, p. 5. determinadas obligaciones que deben efectuarse en los 
Estados miembros diferentes de aquellos en que están 
situados, cuando comercializan su participación en 
ellos. El adquirente de participación de un OICVM, 
puede llevar los litigios que tengan relación con las 
disposiciones contenidas en esta Sección VIII de la 
Directiva, ante el tribunal competente de la sede del 
OICVM y esto mediante aplicación del artículo 2 del 
Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1986, 
entre los Estados miembros de la Comunidad Econó-
22. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 328/13 
mica Europea referente a la competencia judicial y a la 
ejecución de las decisiones en materia civil y comercial. 
2. El adquirente de las participaciones del OICVM 
puede asignar también al OICVM ante el tribunal com­
petente de su propio domicilio y esto en aplicación 
del artículo 5, Io del mismo convenio que prevé esta 
posibilidad «en materia contractual ante, el tribunal del 
lugar donde la obligación ha sido o debe ser ejecutada ». 
Puesto que la Sección VIII de la Directiva de 20 de 
diciembre de 1985 ordena a los OICVM determinadas 
obligaciones que deben realizar en el Estado miembro 
donde las participaciones son comercializadas, no hay 
duda de que pueda alegarse esta disposición del Conve­
nio de Bruselas. 
1. El Comité aprueba las propuestas de la Comisión. 
Considera que la reducción de los controles técnicos y 
administrativos en las fronteras así como el hecho de 
facilitar el paso de las fronteras para los medios de 
transporte presentan grandes ventajas para un tráfico 
(!) DO n° C 183 de 22. 7. 1986, p. 8. 3. El Comité aprueba la posibilidad que permite 
también llevar el litigio ante el tribunal del Estado 
miembro en cuyo territorio se han adquirido las partici­
paciones, un Estado miembro diferente, hipotética­
mente, de aquel en que está situada la sede del OICVM 
y el domicilio del adquirente. 
4. Sin embargo, sería conveniente especificar que la 
disposición que figura en el primer apartado del artículo 
48 sólo se aplica si el OICVM ha comercializado sus 
participaciones, tal como lo prevé la Sección VIII de la 
Directiva de 20 de diciembre de 1985, en el Estado 
miembro en cuyo territorio se han adquirido las partici­
paciones. 
5. Además, el Comité parte de la hipótesis que la 
propuesta de Directiva no se aplica si la adquisición ha 
tenido lugar en la Bolsa. Es verdad que el agente de 
cambio y bolsa es un comisionista con arreglo al dere­
cho comercial, pero cuando se realiza una adquisición 
en la Bolsa el adquirente no conoce la otra parte contra­
tante. 
fluido de las mercancías y para la libertad de los inter­
cambios dentro de la Comunidad. 
2. En opinión del Comité dichas propuestas contri­
buyen a reducir de forma significativa las paradas en 
las fronteras de los conductores y de sus vehículos 
en el marco de los transportes intracomunitarios de 
mercancías y a facilitar los trámites administrativos Bruselas, 17 de septiembre de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Gerd MUHR 
Dictamen sobre la 
— propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 83/181/CEE que 
delimita el ámbito de aplicación de la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de la 
Directiva 77/388/CEE en lo referente a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de algunas importaciones definitivas de determinados bienes 
y la 
— propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 68/297/CEE sobre 
uniformización de las disposiciones relativas a la admisión en franquicia del carburante 
contenido en el depósito de los vehículos industriales de motor i}) 
(86/C 328/07) 
El 18 de julio de 1986, el Consejo decidió, de conformidad con los artículos 75 y 100 del 
Tratado CEE, solicitar un dictamen al Comité Económico y Social sobre los documentos 
mencionados arriba. 
La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos del Comité 
sobre este tema, adoptó su dictamen el 10 de septiembre de 1986 basándose en el informe 
del Sr. Binnenbruck. 
El Comité, durante su 239a Sesión Plenaria (reunión del 17 de septiembre 1986) adoptó el 
siguiente dictamen por unanimidad.