B4-1133, 1141 y 1162/96

Resolución sobre las actividades mineras en el Amazonas (Venezuela)

El Parlamento Europeo,

- Recordando sus anteriores resoluciones sobre la selva amazónica,

A. Considerando la intención del Gobierno de Venezuela de revocar dos decretos 269 y 2552 que prohíben las actividades de minería y tala en el Estado de Amazonas,

B. Considerando que la Comisión financia actualmente en ese mismo Estado un proyecto de 6,4 millones de ecus, que realiza conjuntamente con el Gobierno de Venezuela, con vistas a desarrollar y aplicar un plan de gestión para la conservación y el desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, la zona de selva tropical protegida más extensa de los trópicos,

C. Preocupado por la prematura apertura del Estado de Amazonas a actividades de minería y tala, que están ocasionando graves problemas medioambientales,

D. Profundamente preocupado por el hecho de que las actividades ilegales de minería violan los derechos de los pueblos indígenas y probablemente acarrearán graves problemas sanitarios que conllevarán una alta tasa de mortalidad y graves epidemias entre los yanomami y otros pueblos indígenas, tanto dentro de la reserva de la biosfera como fuera de la misma,

E. Considerando que la minería ilegal, tanto por parte de los mineros venezolanos como de los «garimpeiros» brasileños, constituye ya una seria amenaza para la reserva de la biosfera y el medio ambiente del Estado en general, y que las autoridades locales al parecer son incapaces de controlar el problema,

F. Considerando que la tala ilegal y el comercio transfronterizo de madera ya constituyen un problema en el medio Orinoco y que su control no parece estar al alcance de las autoridades locales,

G. Considerando que el marco jurídico vigente en Venezuela permite que varias agencias gubernamentales competidoras otorguen concesiones de minería; que, por esta razón, en el vecino Estado de Bolívar se han concedido permisos para realizar trabajos de extracción en zonas protegidas, lo que ha originado graves conflictos y ha obligado a que interviniera la Procuraduría General de la República,

H. Considerando, por tanto, que una apertura prematura del Estado de Amazonas a las actividades de minería y tala probablemente escapará al control gubernamental, lo que acarreará graves problemas sanitarios y medioambientales a los ciudadanos venezolanos y pondrá en peligro el éxito de la reserva de la biosfera,

1. Insta al Gobierno de Venezuela a que no revoque los decretos, sino que mantenga su prudente política actual de conservación y desarrollo de las comunidades en el Estado de Amazonas, política que goza de gran aceptación;

2. Pide al Gobierno de Venezuela que reforme su política por lo que se refiere a los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 3.235 de 3 de agosto de 1983, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que han ocupado tradicionalmente;

3. Insta a la Comisión a que plantee estos problemas al Gobierno de Venezuela, dado que peligra la viabilidad de un importante proyecto financiado por la UE en la región;

4. Pide al Banco Mundial que plantee estos problemas al Gobierno de Venezuela durante su misión al país, que realiza desde el 23 de octubre de 1996;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Venezuela y al Banco Mundial.