Informe final del consejero auditor en el asunto COMP/36.571 - Bancos austríacos

[con arreglo al artículo 15 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)]

(2004/C 48/03)

El proyecto de Decisión en el presente asunto suscita las siguientes observaciones en cuanto al derecho a ser oído:

El 13 de septiembre de 1999 se envió un pliego de cargos a ocho bancos austríacos (que lo recibieron el 15 de septiembre de 1999) por su presunta participación en un cartel que cubría múltiples actividades bancarias (el cartel lombardo). El plazo de respuesta se amplió a instancia de los destinatarios del pliego de cargos del 15 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 1999. Las partes contestaron tanto por escrito como oralmente en una audiencia que tuvo lugar los días 18 y 19 de enero de 2000. El 22 de noviembre de 2000 se remitió a las (mismas ocho) partes un pliego de cargos suplementario relativo a una presunta colusión relacionada con las comisiones de conversión. Las partes contestaron por escrito y también oralmente en una audiencia que tuvo lugar el 27 de febrero de 2001. El proyecto de Decisión no recoge las objeciones formuladas en el pliego de cargos suplementario.

A raíz del pliego de cargos suplementario las partes pidieron que se les diese pleno acceso a los expedientes paralelos abiertos por la Comisión sobre presuntas infracciones del artículo 81 del Tratado CE en otros mercados de los Estados miembros relacionadas con la conversión de monedas de la eurozona. El consejero auditor concluyó que las partes ya habían tenido acceso a todos los documentos de estos expedientes paralelos objetivamente relacionados con las objeciones formuladas en el presente asunto. En cualquier caso, esta cuestión es irrelevante a efectos del presente proyecto de Decisión ya que, como ya se ha indicado, no se mantienen las objeciones formuladas en el pliego de cargos suplementario.

Las partes también plantearon objeciones a un peritaje realizado por cuenta de la Comisión sobre un estudio económico presentado por los propios bancos. Los bancos cuestionaron las conclusiones de dicho peritaje alegando que los autores del mismo no había contado con toda la información relevante. Las partes solicitaron que se retirase el peritaje del expediente y no se tuviera en cuenta en la Decisión. Las partes también pidieron que, de no aceptarse esta petición, se les concediese otra audiencia oral (la tercera). El consejero auditor rechazó la primera petición por considerar que correspondía a la Comisión evaluar el contenido del peritaje. Lo importante para las partes en este contexto era que se garantizasen sus derechos de defensa, esto es: el acceso al estudio y la posibilidad de formular observaciones sobre el mismo. El consejero auditor dictaminó que para ello no era necesaria una audiencia oral. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en la Comunicación relativa al acceso al expediente se facilitó a las partes más información sobre el peritaje. En cualquier caso, la cuestión del peritaje ya no es relevante a efectos del presente asunto ya que el proyecto de Decisión la Comisión no se basa en él.

En el curso del procedimiento la Comisión decidió admitir que el Freiheitliche Partei Österreich ("FPÖ") se personase como denunciante. Las partes alegaron que el FPÖ no tenía un interés legítimo en el sentido del artículo 3 del Reglamento 17. El 27 de marzo de 2001 el consejero auditor escribió a los bancos que insistían en cuestionar este hecho para informarles de que el FPÖ había reiterado su solicitud de transmisión de la versión no confidencial de los dos pliegos de cargos, solicitud a la que tenía la intención de acceder. La carta adjuntaba una propuesta de versión no confidencial de los documentos. Tras un intercambio adicional de correspondencia sobre esta cuestión entre el consejero auditor y las partes, el 9 de agosto de 2001 se dirigieron a PSK y Erste sendas decisiones con arreglo al segundo párrafo del artículo 9 de la Decisión de la Comisión de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia. En estas decisiones, el consejero auditor explicaba que no le correspondía a él adoptar una decisión sobre las solicitudes presentadas con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento n° 17 del Consejo de 1962, sino al Comisario responsable de Competencia en nombre de la Comisión. La decisión de admitir que el FPÖ se personase como denunciante había sido tomada por el Sr. Van Miert y confirmada posteriormente por el Sr. Monti. Esta decisión era un paso preliminar del procedimiento administrativo y no era una medida susceptible de recurso. En cuanto a la versión no confidencial de los pliegos de cargos, el consejero auditor rechazó la petición de suprimir los nombres de los bancos porque no constituían un secreto comercial. Sí se suprimirían, en cambio, los datos sobre las estrategias económicas de los bancos y los nombres y cargos de las personas físicas.

El 19 de septiembre de 2001 PSK interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso para que fuese anulada esta decisión y otro para que se suspendiese la ejecución de la decisión impugnada y se ordenase a la Comisión que no transmitiese los dos pliegos de cargos al FPÖ. El 20 de diciembre de 2001 el Presidente del Tribunal rechazó esta petición. El Presidente dictaminó que el recurrente no había demostrado que se cumpliesen los requisitos de daño grave e irreparable y de urgencia y determinó, al ponderar los intereses en juego, que el interés comunitario, consistente en que los terceros interesados admitidos como denunciantes por la Comisión puedan presentar observaciones útiles sobre sus objeciones, debe prevalecer sobre el interés del recurrente por impedir la transmisión de los pliegos de cargos.

Tras la resolución del Presidente del Tribunal, se remitió la versión no confidencial de ambos pliegos de cargos al FPÖ el 9 de enero de 2002, para que éste formulase observaciones. A instancias del consejero auditor el FPÖ fue informado por el servicio de la DG Competencia responsable del asunto de que los documentos se le transmitían con el fin exclusivo de que pudiese ejercitar su derecho a ser oído en cuanto denunciante en este asunto y para ningún otro fin, especialmente su transmisión a terceros. Posteriormente también se le comunicó que los documentos recogían la posición preliminar de la Comisión y que hasta que ésta no adoptase su decisión final los bancos debían ser considerados inocentes. El 15 de febrero de 2002, el FPÖ pidió que se le diese pleno acceso al expediente y solicitó una audiencia oral. La petición de acceso al expediente se rechazó por carecer de fundamento jurídico. El consejero auditor también rechazó la solicitud de audiencia oral porque habría retrasado aún más el procedimiento y era improbable que supusiese una contribución significativa al asunto. El consejero auditor también se lamentó de que el FPÖ hubiese divulgado los pliegos de cargos. Tal comportamiento no guardaba relación alguna con los derechos del FPÖ en cuanto denunciante en el procedimiento iniciado por la Comisión en el presente asunto.

Habida cuenta de lo que antecede, considero que se ha respetado el derecho a ser oído. El proyecto de Decisión sólo recoge las objeciones respecto de las cuales las partes han tenido la oportunidad de manifestar su posición.

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2002.

Karen Williams