COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 07.11.1997 
COM(97) 596 final 
96/0277 (COD) 
Propuesta modificada de 
DECISION DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que 
se establece un programa de acción para una mayor 
sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho 
comunitario 
(Acción Robert SCHUMAN) 
(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 
del artículo 189 A del Tratado CE) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 24 de octubre de 1997, el Parlamento Europeo emitió su dictamen, en primera 
lectura conforme al procedimiento de codecisión, sobre la propuesta de decisión por la 
que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las 
profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert SCHUMAN). 
La Comisión ha aceptado todas las enmiendas, con la única reserva de una precisión en 
lo relativo a la redacción de la enmienda 19, 
Las enmiendas reflejan el deseo del Parlamento de dar más importancia a la propuesta 
en lo que concierne a la aplicación del Derecho comunitario y de especificar las 
profesiones e instituciones beneficiarias de la Acción. 
La enmienda 19, relativa al apartado 2 del artículo 6, flexibiliza la obligación de 
continuidad. Esta enmienda, aceptable en lo sustancial, ha de contener una definición 
de los criterios de aplicación. 
Propuesta modificada de 
DECISION DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se establece un programa de acción para una mayor 
sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario 
(Acción Robert SCHUMAN) 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado3, 
PROPUESTA INICIAL 
1. Considerando que en la Declaración 
n° 19 relativa a la aplicación del Derecho 
comunitario, aneja al acta final del Tratado de 
la Unión Europea y adoptada el 7 de febrero 
de 1992 por la Conferencia de los 
representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, se subraya que es necesario para el 
buen funcionamiento de la Comunidad que las 
medidas adoptadas en los distintos Estados 
miembros conduzcan a una aplicación del 
Derecho comunitario con la misma eficacia y 
rigor que en la aplicación de sus respectivos 
Derechos nacionales; 
2. Considerando que la realización del 
mercado interior ha requerido un considerable 
esfuerzo legislativo que conlleva, en 
particular, una aproximación de las 
legislaciones nacionales destinada a crear un 
espacio sin fronteras; 
3. Considerando que la aplicación 
efectiva y uniforme de las normas del Derecho 
comunitario en dicho ámbito constituye una 
nueva prioridad indispensable para el buen PROPUESTA MODIFICADA 
(Texto sin variaciones si no figuran 
modificaciones en la columna) 
DOn°C378de 13.12.1996 
DO n°C 206 de 7.7.1997 
Dictamen del Parlamento Europeo de 24 octubre 1997 (DO n° C 
común del Consejo de ..... Decisión del Parlamento Europeo de.. ...de... 1997, p ), Posición 
funcionamiento del mercado interior; 
3 bis. Considerando el papel fundamental 
que corresponde en la aplicación efectiva y 
uniforme de las normas del Derecho 
comunitario a la administración de justicia 
(entendida esta expresión en sentido amplio) 
ya que la doctrina jurisprudencial a cuya 
construcción contribuye cada resolución 
judicial es en última instancia fuente de 
Derecho; 
4. Considerando que las normas 
comunitarias relativas a las libertades del 
mercado interior que surten efecto directo 
pueden ser invocadas, según los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, ante cualquier jurisdicción nacional, 
y que los ciudadanos, consumidores y 
empresas deben poder confiar en la aplicación 
de estas normas y gozar, en todos los Estados 
miembros, de los derechos y garantías que 
confieren; que está en juego su seguridad 
jurídica, la credibilidad del mercado interior y, 
más aún, la confianza en todo el proceso de 
construcción europea; 
5. Considerando que los ciudadanos, 
consumidores y empresas únicamente podrán 
hacer valer todos los derechos que les confiere 
el ordenamiento jurídico comunitario ante 
cualquier jurisdicción nacional de la Unión, si 
los profesionales del Derecho que participan 
de forma más directa en la aplicación de las 
normas del Derecho comunitario, a saber, 
jueces y abogados, están suficientemente 
informados y formados para hacerlo; 
6. Considerando que la Comunicación de 
la Comisión al Consejo, de 22 de diciembre de 
1993, titulada "Aprovechar al máximo el 
mercado interior - programa estratégico"4, 
insiste en la importancia, tanto para los 
justiciables como para el buen funcionamiento 
del mercado interior, de que los tribunales 
nacionales sean capaces de resolver un mayor 
número de casos referentes a la conformidad 
de normas o actuaciones con eí Derecho 
comunitario y, en este sentido, hace hincapié 
en la mejora de los conocimientos de los 
medios jurídicos en lo que respecta a dicho 
Derecho; 5. Considerando que los ciudadanos, 
consumidores y empresas únicamente podrán 
hacer valer todos los derechos que les 
confiere el ordenamiento jurídico comunitario 
ante cualquier jurisdicción nacional de la 
Unión, si los profesionales del Derecho que 
participan en ia administración de justicia, 
esto es, jueces, fiscales y abogados, están 
suficientemente informados y formados para 
hacerlo; 
6. Considerando que la Comunicación 
de la Comisión al Consejo, de 22 de 
diciembre de 1993, titulada "Aprovechar al 
máximo el mercado interior - programa 
estratégico"4, insiste en la importancia, tanto 
para los justiciables como para el buen 
funcionamiento del mercado interior, de que 
los tribunales nacionales sean capaces de 
resolver un mayor número de casos 
referentes a la conformidad de normas o 
actuaciones con el Derecho comunitario y, en 
este sentido, hace hincapié er. la mejora de 
los conocimientos de los profesionales del 
COM(93) 632. 
de justicia; 
7. Considerando que en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 
1996, sobre el Duodécim© Informe Anual de 
la Comisión sobre el control de la aplicación 
del Derecho comunitario5 se pide a la 
Comisión que, con objeto de mejorar la 
aplicación eficaz y uniforme del Derecho 
comunitario por parte de las jurisdicciones 
nacionales, presente un programa de 
formación e información de las profesiones 
jurídicas en el ámbito del Derecho 
comunitario; 
8. Considerando que una mayor 
sensibilización de los jueces y abogados de los 
Estados miembros ante el Derecho comunitario 
puede mejorar la cooperación, inherente al 
ordenamiento jurídico comunitario, entre las 
jurisdicciones nacionales y el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas; 8. Considerando que una mayor 
sensibilización de quienes participan en la 
actividad de los Juzgados y Tribunales de los 
Estados miembros ante el Derecho 
comunitario puede mejorar la cooperación, 
inherente al ordenamiento jurídico 
comunitario, entre las jurisdicciones 
nacionales y el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas; 
9. Considerando que no incumbe a la 
Comunidad Europea, conforme al principio de 
subsidiariedad y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 127 del Tratado, asumir la 
responsabilidad de los Estados miembros en lo 
que se refiere a la organización y el contenido 
de la formación profesional de jueces y 
abogados; 
10. Considerando que es de su 
competencia proponer la creación de un 
dispositivo de apoyo destinado a ayudar a los 
Estados miembros a remediar las situaciones 
de déficit de formación e información que 
repercutan, allí donde se presenten, en la 
correcta aplicación del Derecho comunitario, 
necesaria para el buen funcionamiento del 
mercado interior; 10. Considerando que es de su 
competencia proponer la creación de un 
dispositivo de apoyo destinado a ayudar a los 
Estados miembros a remediar las situaciones 
de déficit de formación e información que 
repercutan, directamente, en la correcta 
aplicación del Derecho comunitario, 
necesaria para el buen funcionamiento del 
mercado interior; 
10 bis. Considerando que la actividad de los 
profesionales referidos tiene directa 
incidencia en la aplicación del Derecho 
comunitario a través de las actuaciones que 
las leyes de procedimiento les reservan a cada 
uno dentro del proceso, ya que contribuyen, 
a través de cada resolución dictada, a la 
creación de la doctrina jurisprudencial; 
DO n° C 65, de 4.3.1996, p. 37. 
11. Considerando que el objetivo de lograr 
una mayor sensibilización de jueces y 
abogados ante el Derecho comunitario ha de 
formar parte del dispositivo global que, desde 
el control de la correcta transposición de las 
normas del Derecho comunitario hasta las 
sanciones aplicables en caso de que sea 
infringido, se propone garantizar la aplicación 
efectiva y uniforme de las normas del mercado 
interior; 11. Considerando que el objetivo de 
lograr una mayor sensibilización de los 
profesionales del Derecho que participan en 
la administración de justicia, esto es, jueces^ 
fiscales y abogados ante el Derecho 
comunitario ha de formar parte del 
dispositivo global que, desde el control de la 
correcta transposición de las normas del 
Derecho comunitario hasta las sanciones 
aplicables en caso de que sea infringido, se 
propone garantizar la aplicación efectiva y 
uniforme de las normas del mercado interior; 
12. Considerando que la realización de 
este objetivo implica la instauración de medios 
de acción específicos, adaptados a las 
exigencias y limitaciones de la práctica 
profesional; que la instauración de un 
instrumento específico cuyo objetivo es 
mejorar el conocimiento del Derecho 
comunitario por parte de los jueces y abogados 
de los Estados miembros completa, en 
beneficio de unos destinatarios muy concretos, 
los programas e iniciativas comunitarias ya 
existentes, 12. Considerando que la realización de 
este objetivo implica la instauración de 
medios de acción específicos, adaptados a las 
exigencias y limitaciones de la práctica 
profesional; que la instauración de un 
instrumento específico cuyo objetivo es 
mejorar el conocimiento del Derecho 
comunitario por parte de los profesionales del 
Derecho que participan en la administración 
de justicia, esto es, jueces, fiscales y 
abogados de los Estados miembros completa, 
en beneficio de unos destinatarios muy 
concretos, los programas e iniciativas 
comunitarias ya existentes, 
HAN ADOPTADO 
DECISIÓN: LA SIGUIENTE 
Artículo 1 
Establecimiento de la Acción Robert 
SCHUMAN 
1. La presente Decisión establece el 
programa de estímulo denominado "Acción 
Robert SCHUMAN" para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 
31 de diciembre de 1999. 1. La presente Decisión establece el 
programa de estímulo denominado "Acción 
Robert SCHUMAN" para el período 
comprendido entre el...y el... . Esta acción 
tiene como objetivo contribuir a una efectiva 
y uniforme aplicación del Derecho 
comunitario en aras de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. 
2. Mediante este instrumento de apoyo 
financiero, la Comunidad se propone estimular 
y apoyar las iniciativas destinadas a lograr una 
mayor sensibilización ante el Derecho 
comunitario de los jueces y abogados de los 
Estados miembros de la Unión 2. Mediante este instrumento de apoyo 
financiero, la Comunidad se propone 
estimular y apoyar las iniciativas destinadas a 
lograr una mayor sensibilización ante el 
Derecho comunitario de los profesionales del 
Derecho que participan en la administración 
ÍELJMIÍM^I-- S§Q Êi' Jueces> fiscales y 
abogados de los Estados miembros de !a 
Unión. 
Artículo 2 
Objetivos de la Acción Robert SCHUMAN 
1. La Acción Robert SCHUMAN 
perseguirá los siguientes objetivos: 
a) apoyar el lanzamiento en los Estados 
miembros de acciones de formación (inicial o 
permanente) de carácter práctico en Derecho 
comunitario por las instituciones encargadas de 
la formación de jueces y abogados o de futuros 
jueces y abogados; 
b) apoyar el desarrollo en los Estados 
miembros de medios de información (clásicos 
o basados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la 
información) sobre Derecho comunitario 
destinados a jueces y abogados; 
c) apoyar las iniciativas que puedan facilitar 
la puesta en práctica de los dos tipos de apoyo 
mencionados, completarlos o aumentar sus 
efectos. 
2. La Acción Robert SCHUMAN apoya y 
complementa la actuación de los Estados 
miembros en materia de formación e 
información sobre Derecho comunitario, 
respetando plenamente su responsabilidad en 
lo que concierne a la definición del contenido 
y de la organización de la formación 
profesional. a) apoyar el lanzamiento en los Estados 
miembros de acciones de formación (inicial o 
permanente) de carácter práctico en Derecho 
comunitario por las instituciones encargadas 
de la formación de los profesionales del 
Derecho que participan en la administración 
de justicia, esto es, jueces, fiscales y 
abogados o bien de los que se preparan para 
participar; 
b) apoyar el desarrollo en los Estados 
miembros de medios de información (clásicos 
o basados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la 
información) sobre Derecho comunitario 
destinados a los profesionales del Derecho 
que participan en la administración de 
justicia, esto es, jueces, fiscales y abogados; 
Artículo 3 
Instrumento de intervención comunitaria 
1. La Acción Robert SCHUMAN se concibe 
como un marco de apoyo financiero a las 
iniciativas emprendidas en los Estados 
miembros con el fin de realizar los objetivos 
citados en el artículo 2. 
2. A cada uno de estos objetivos corresponde 
una vertiente específica de la Acción Robert 
SCHUMAN: vertiente "formación", vertiente 
"información" y vertiente "acciones de 
acompañamiento". 
Artículo 4 
Condiciones para optar a las ayudas 
1. Podrán optar al apoyo financiero de la 
Acción Robert SCHUMAN las instituciones 
encargadas en los Estados miembros -a escala 
local, regional o nacional- o bien a nivel 
comunitario de: 1. Podrán optar al apoyo financiero de la 
Acción Robert SCHUMAN, según se 
establece en el artículo primero, apartado 1, 
las instituciones encargadas en los Estados 
miembros -a escala local, regional o nacional-
o bien a nivel comunitario de: 
la formación profesional permanente de 
jueces o abogados; 
la formación profesional inicial de 
futuros jueces o abogados. 
2. Las instituciones contempladas en el 
apartado 1 son: 
a) los órganos jurisdiccionales; 
b) los colegios de abogados y 
organizaciones profesionales asimiladas; 
c) el Ministerio de Justicia, el Consejo 
General del Poder Judicial o asimilados; 
d) los centros de enseñanza autorizados 
encargados de la formación inicial o 
permanente de jueces o abogados; la formación profesional permanente de 
los profesionales del Derecho que participan 
en la administración de justicia, esto es, 
jueces, fiscales y abogados; 
o 
la formación profesional inicial de los 
que se preparan para participar en la 
administración de justicia; 
d) los centros de enseñanza autorizados 
encargados de la formación inicial o 
permanente de los profesionales del Derecho 
que participan en la administración de 
justicia, esto es, jueces, fiscales o abogados; 
e) las universidades encargadas de impartir e) las universidades 
la formación inicial o permanente de jueces o 
abogados. 
Artículo 5 
Criterios de selección de los proyectos 
1. Las instituciones subvencionables 
solicitarán el apoyo financiero procedente de la 
Acción Robert SCHUMAN presentando a los 
servicios competentes de la Comisión un 
proyecto de acción de formación, de 
información o de acompañamiento. 
2. La selección de los proyectos y la 
concesión de las ayudas financieras se basarán 
en la aplicación de los siguientes criterios: 
a) Carácter práctico 
Las acciones previstas deberán permitir a sus 
destinatarios adquirir conocimientos adecuados 
y de utilidad inmediata para el ejercicio 
cotidiano de su actividad profesional. 
b) Facilidad de acceso 
Las acciones previstas deberán perseguir la 
sensibilización del mayor número posible de 
jueces y abogados y ser provechosas, en 
particular, para los que aún no hayan sido 
sensibilizados en lo que se refiere al Derecho 
comunitario. b) Facilidad de acceso 
Las acciones previstas deberán perseguir la 
sensibilización del mayor número posible de 
profesionales del Derecho que participan en 
la administración de justicia y ser 
provechosas, en particular, para los que aún 
no hayan sido sensibilizados en lo que se 
refiere al Derecho comunitario. 
c) Adaptación a las limitaciones que impone 
la práctica profesional 
Las acciones previstas deberán desarrollarse 
conforme a modalidades adaptadas a las 
exigencias de la práctica profesional 
(especialmente en lo que a horario y 
proximidad geográfica se refiere). 
d) Relación coste-eficacia 
A la hora de evaluar los proyectos presentados 
en el marco de la Acción Robert SCHUMAN, 
la Comisión tendrá en cuenta los principios 
establecidos en los Reglamentos financieros 
aplicables en la materia, especialmente los 
principios de buena gestión financiera, de 
economía y de relación coste-eficacia. 
Las acciones previstas deberán implicar unos 
costes razonables con respecto a sus objetivos. 
Una mejora en la relación coste-eficacia de 
estas acciones podrá lograrse, en particular, 
mediante la asociación de varias instituciones 
subvencionables y la consiguiente utilización 
conjunta de sus recursos. 
3. Criterios facultativos complementarios: 
Asimismo, se valorarán los siguientes criterios 
de evaluación facultativos: 
a) el carácter interprofesional de las 
acciones (la presencia de jueces y abogados 
tanto entre sus organizadores como entre sus 
destinatarios); a) el carácter interprofesional de las 
acciones, tanto por sus organizadores como 
por sus destinatarios; 
b) el carácter transfronterizo de las acciones 
(la presencia de ciudadanos de varios Estados 
miembros de la Unión tanto entre sus 
organizadores como entre sus destinatarios). 
Artículo 6 
Modalidades de apoyo 
1. Las ayudas financieras de la Acción 
Robert SCHUMAN, destinadas a incentivar, 
completar y apoyar la actuación de las 
instituciones citadas en el artículo 3 de la 
presente Decisión, constituyen un apoyo 
adicional a las fuentes de financiación locales o 
nacionales, y su objetivo es posibilitar la 
realización de un proyecto. En consecuencia, 
el apoyo financiero concedido no podrá dar 
lugar a la realización de un beneficio directo o 
indirecto. 
2. Para garantizar la continuidad de las 
acciones subvencionadas, el beneficiario de 
una ayuda de la Acción Robert SCHUMAN se 
comprometerá a proseguir su acción, al 
término del período durante el cual haya 
disfrutado de la ayuda, durante un lapso de 
tiempo equivalente a dicho período y sin apoyo 
por parte de la Comisión. 
Los beneficiarios se comprometerán a 
reembolsar integramente los importes 
recibidos, en caso de incumplir tal 
compromiso. 
3. El apoyo financiero de la Acción Robert 
SCHUMAN se concederá por un período de 
uno o dos años. 2¿ El apoyo financiero de la Acción Robert 
SCHUMAN se concederá por un período de 
uno o dos años. 
3. Para garantizar la continuidad de las 
acciones subvencionadas, el beneficiario de 
una ayuda de la Acción Robert SCHUMAN 
se comprometerá a proseguir su acción, al 
término del período durante el cual haya 
disfrutado de la ayuda, durante un lapso de 
tiempo equivalente a dicho período y sin 
apoyo por parte de la Comisión. 
De manera excepcional, podrá anularse esta 
obligación cuando el carácter de la acción no 
permita su prosecución o cuando eí 
10 
4. El apoyo financiero previsto en virtud de 
la Acción Robert SCHUMAN se concederá 
con arreglo a las normas aplicadas por la 
Comisión en materia de subvenciones. El 
control del respeto de estas normas estará 
garantizado por los servicios de la Comisión y 
por el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Artículo 7 
Puesta en práctica 
1. La Comisión establecerá las modalidades 
para la puesta en práctica y ejecución del 
presente programa. 
2. Se publicará una convocatoria de 
manifestaciones de interés anual en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas para 
informar a los candidatos potenciales de los 
objetivos y las condiciones de acceso a una 
ayuda de la Acción Robert SCHUMAN. beneficiario se enfrente a circunstancias que 
impidan la prosecución de la acción. 
Los beneficiarios se comprometerán a 
reembolsar integramente los importes 
recibidos, en caso de incumplir tal 
compromiso. 
4 bis. La ayuda financiera concedida con 
cargo al presupuesto de la UE estará 
vinculada a los créditos concedidos por la 
autoridad presupuestaria en el respeto de las 
perspectivas financieras. 
Artículo 8 
Coherencia de la acción comunitaria 
1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, velará por la coherencia 
entre el presente programa y las demás 
acciones comunitarias llevadas a cabo en 
materia de formación o de información. 
2. La Acción Robert SCHUMAN completa 
la acción desarrollada en el marco de otros 
programas, en particular, el programa 
Leonardo da Vinci para la aplicación de un 
política de formación profesional de la 
Comunidad, la Acción Jean Monnet para el 1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, velará por la coherencia y 
la complementariedad presupuestaria entre el 
presente programa y las demás acciones 
comunitarias llevadas a cabo en materia de 
formación o de información. 
2. La Acción Robert SCHUMAN 
completa la acción desarrollada en el marco 
de otros programas, en particular, el 
programa Leonardo da Vinci para la 
aplicación de un política de formación 
profesional de la Comunidad, la Acción Jean 
11 
desarrollo de la enseñanza sobre la integración 
europea en la universidad, o el programa 
Grotius -una acción conjunta fundada en el 
artículo K.3 del Tratado de la Unión- de 
fomento e intercambio destinado a los 
profesionales del Derecho. Monnet para el desarrollo de la enseñanza 
sobre la integración europea en la 
universidad, o el programa Grotius -una 
acción conjunta fundada en el artículo K.3 
del Tratado de la Unión- de fomento e 
intercambio destinado a los profesionales del 
Derecho y actúa en colaboración con las 
mismas. 
Artículo 9 
Seguimiento y evaluación 
1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, garantizará el seguimiento 
y la evaluación periódica del presente 
programa con objeto de que, llegado el caso, 
sea reajustado en función de las necesidades 
surgidas en el curso de su ejecución. 
2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1999, un informe 
de evaluación sobre la aplicación del presente 
programa. 2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, a más 
tardar el , un informe de evaluación sobre 
la aplicación del presente programa así como 
sobre la posibilidad de su prórroga. La lista 
de beneficiarios de la Acción Robert 
SCHUMAN se publicará como anexo al 
informe. 
Artículo 10 
Entrada en vigor 
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de 
enero de 1997. 
12 
ISSN 0257-9545 
COM(97) 596 final 
DOCUMENTOS 
ES 06 04 01 
N° de catálogo : CB-CO-97-606-ES-C 
ISBN 92-78-27458-5 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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