[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 21.3.2007

COM(2007) 118 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual del Tribunal de Cuentas de 2005{SEC(2007) 335}

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Constataciones de la DAS de 2005 4

3. Preparación del Informe Anual del Tribunal 8

4. Conclusiones 10

1. Introducción

El Tribunal de Cuentas Europeo («el Tribunal») se ve obligado a preparar su Informe Anual dentro de los estrechos márgenes de tiempo impuestos por el Tratado CE, que exige que el Tribunal presente una «declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes…» [1]. En particular, la presentación de una declaración de fiabilidad de las operaciones representa un importante desafío, ya que el Tribunal lleva a cabo una auditoría que llega hasta el beneficiario final. Ello hizo preciso organizar más de 100 misiones de control en los Estados miembros para la preparación del Informe Anual de 2005.

El poco tiempo disponible también hace muy difícil comprobar si los Estados miembros están de acuerdo con las constataciones del Tribunal antes de que el éste último concluya su Informe Anual. No obstante, la Comisión está obligada a elaborar posteriormente un informe sobre las reacciones de los Estados miembros al Informe Anual[2]. Sus servicios también se ocupan de realizar el seguimiento detallado de las constataciones del Tribunal y de adoptar las medidas rectificativas adecuadas.

Las reacciones al Informe Anual 2005 pusieron de manifiesto que los Estados miembros discrepan con un considerable número de constataciones del Tribunal que sirven de base para fundamentar en parte su declaración de fiabilidad (DAS) del Informe Anual de 2005[3].

El desacuerdo fue más pronunciado en lo referido a acciones estructurales que a la política agrícola, en especial en casos que se consideraba que tenían un impacto financiero en el presupuesto UE. En el marco de las acciones estructurales, también fueron más frecuentes los casos de desacuerdo de los Estados miembros con las constataciones del Tribunal en las que se señalaban operaciones con un impacto máximo en el presupuesto de la UE, es decir, que se consideraba que la totalidad de los gastos de la operación no cumplía las condiciones para acceder a la financiación de la UE.

La Comisión trató de tener en cuenta las opiniones de los Estados miembros a la hora de preparar sus respuestas al Informe Anual 2005, pero ello no fue posible en muchos casos debido a que casi la mitad de las respuestas de los Estados miembros a la Declaración de constataciones preliminares no llegaron con antelación suficiente antes del procedimiento contradictorio entre el Tribunal y la Comisión sobre el Informe de junio - julio de 2006[4].

El presente informe de síntesis permite estudiar el modo de mejorar los procedimientos y cómo sacar lecciones. No debe percibirse como un nuevo procedimiento contradictorio entre el Tribunal y los Estados miembros, ni como parte de los intercambios entre la Comisión y los Estados miembros durante el seguimiento en profundidad de los casos, que tiene lugar en la actualidad. Por lo tanto, la Comisión no comparte forzosamente las posiciones de los Estados miembros aquí recogidas.

Por el contrario, la Comisión espera que las cuestiones suscitadas pasen a alimentar el debate permanente sobre el Marco de Control Interno Integrado en el que participan el Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal y la Comisión.

El informe presenta un análisis de las constataciones del Tribunal que sirven de base para la DAS 2005 (sección 2). También estudia el proceso actual de intercambio de información entre el Tribunal, los Estados miembros y la Comisión en relación con las conclusiones del Tribunal (sección 3). Las conclusiones del presente informe de síntesis figuran al final del mismo.

2. CONSTATACIONES DE LA DAS DE 2005

El Tribunal basa su DAS en varias fuentes de pruebas, que incluyen las constataciones de auditorías de autoridades y de beneficiarios finales en los Estados miembros[5]. Las constataciones se clasifican de la forma siguiente:

(a) Relacionadas con el sistema: Estas constataciones se refieren a la aplicación de los sistemas de supervisión y de control. El Tribunal verifica, por ejemplo, el correcto establecimiento de los sistemas y si los controles se llevan a cabo de forma correcta y con la periodicidad prevista.

(b) Formales: Las constataciones se refieren a los pagos a beneficiarios finales, como los agricultores, las empresas, etc., que no tienen un impacto financiero potencial sobre el presupuesto general de la UE o con un impacto potencial no cuantificable. Se trata de aquéllos casos en los que, por ejemplo, la participación de la UE en los proyectos no se ha publicitado como debía, no se han cumplido los procedimientos de licitación pública o el registro de datos es incompleto.

(c) Sustantivas: Estas constataciones se refieren también a los pagos a beneficiarios finales, pero con un impacto financiero (potencial) en el presupuesto general de la UE cuantificable. En esta categoría figuran los casos, por ejemplo, en los que el tamaño de un campo es menor que el declarado por el agricultor, faltan documentos de prueba esenciales o el gasto declarado por el gestor de un proyecto no es subvencionable.

Todas las constataciones fruto de las auditorías llevadas a cabo en la Comisión o en los Estados miembros, junto con otros elementos, como un análisis de los informes anuales de actividad de los directores generales de la Comisión, constituyen aportaciones del DAS y determinan el dictamen final del Tribunal recogido en el Informe Anual.

Para preparar este informe de síntesis, la Comisión pidió a los Estados miembros que indicaran si estaban de acuerdo, total, parcialmente o en absoluto con las constataciones del Tribunal[6]. Un análisis más detenido de las respuestas relativas a las constataciones de la DAS de 2005 figura en la sección 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el presente informe resumido. Los principales resultados del análisis indican que:

- Los Estados miembros discrepan menos con las constataciones del Tribunal realizadas en el marco de la política agrícola que con las relacionadas con acciones estructurales.

- El número de constataciones sustantivas en las que el Tribunal consideró que el importe total era incorrecto en el marco de acciones estructurales doblaba el del mismo tipo de constataciones en la política agrícola.

- La discrepancia entre la medición del Tribunal de la superficie de un campo y la declarada por el agricultor es la constatación sustantiva más común en política agrícola. Los Estados miembros aceptaron más de 8 de cada 10 de estas constataciones.

- Por lo que se refiere a las acciones estructurales, la falta de documentos esenciales de prueba constituye la constatación sustantiva más frecuente. Los Estados miembros aceptaron menos de 4 de cada 10 de estas constataciones.

En ocasiones, los Estados miembros señalaron las acciones adoptadas en los casos en los que estaban de acuerdo con las constataciones del Tribunal. Las acciones de seguimiento típicas incluyeron, por ejemplo, el suministro de documentación pendiente, la iniciación de procedimientos de recuperación y/o la elaboración de mejores directrices o instrucciones para las autoridades encargadas de la ejecución sobre el terreno. Dependiendo del resultado de los procedimientos de recuperación puestos en marcha, la incidencia financiera final de las constataciones puede ser considerablemente menor que la calculada por el Tribunal en el momento de elaborar el informe anual.

Varios Estados miembros también argumentaron que las normas aplicables a la financiación de acciones estructurales están abiertas a diversas interpretaciones. Irlanda señaló que debido a problemas de interpretación anteriores, las autoridades de gestión no autorizaban la inscripción de los gastos generales en las declaraciones de costes presentadas a la autoridad de pago.

Constataciones relativas a la medición de la superficie (política agrícola)

Los Estados miembros aceptaron una gran parte de las constataciones del Tribunal en relación con la superficie declarada por los beneficiarios finales. A menudo, estas constataciones[7] calcularon índices de error relativamente pequeños. En los casos, más bien escasos, en los que los Estados miembros no estuvieron de acuerdo con las constataciones del Tribunal en relación con el tamaño de un campo, algunos subrayaron que, de hecho, habían respetado la legislación en vigor - a pesar de que el Tribunal realizara una constatación. No obstante, estas constataciones pueden no tener ningún impacto en la DAS en su cojunto.

Por ejemplo, en un caso Polonia comentó una constatación relativa a un agricultor para la que « los datos declarados en la solicitud fueron comprobados en el marco de un control administrativo realizado sobre la base de datos de referencia del SIGC. Teniendo en cuenta que durante la campaña de 2004 se llevó a cabo un control administrativo basado en los datos de referencia disponibles que no reveló diferencias entre la superficie declarada en la solicitud y los datos incluidos en la base de datos de referencia, el importe del pago se calculó correctamente» .

Francia señaló, para los casos en los que el Tribunal comprobó el tamaño de los campos « que la selección aleatoria de los expedientes por parte del Tribunal lleva a la comprobación de expedientes que no forman parte de la muestra de expedientes controlada por las autoridades francesas. Además, el reglamento prevé el control sobre el terreno del 6,73 % de los expedientes (Francia redondea el porcentaje al 6,7 %), lo que hace que más del 90 % no se visiten) ». Suecia realizó una observación similar.

La legislación de la UE se basa, en principio, en la proporcionalidad entre los fondos de la UE gastados y los costes de los controles, lo que hace que las autoridades nacionales no estén obligadas a comprobar la superficie de todos los campos in situ antes de realizar los pagos[8]. Debido a los sistemas de muestra de las autoridades nacionales, de la Comisión y del Tribunal, es previsible que la probabilidad de constataciones en casos que no han sido previamente comprobados sobre el terreno por las autoridades nacionales sea más alta, lo que indica la necesidad de mejorar la gestión diaria o de aumentar el número de controles sobre el terreno en los casos en los que el índice de error es superior al umbral de importancia relativa. Ello no significa que las autoridades nacionales no hayan cumplido íntegramente las normas en vigor.

Constataciones relativas a la falta de documentos

Por lo que se refiere a las acciones estructurales, la constatación sustantiva más habitual en el ejercicio de la DAS de 2005 fue la falta de documentos justificativos esenciales. Los Estados miembros han respondido a estas constataciones en más de la mitad de los casos alegando que o bien ya se habían presentado los documentos al Tribunal o se habían encontrado entretanto. Algunos Estados miembros también señalaron que el periodo de conservación de los documentos para el periodo 1994-1999 no era claro.

A continuación se hace una relación de los casos en los que los Estados miembros afirman haber encontrado los documentos solicitados por el Tribunal. La Comisión no está en situación de comprobar la información de forma inmediata, pero puede garantizar un seguimiento.

Suecia informa que ha realizado un seguimiento de las constataciones del Tribunal en un programa del Fondo Social Europeo, mediante la ejecución de una auditoría propia. Según ésta, «las críticas del Tribunal son en gran medida infundadas. El contenido de muchos de los documentos justificativos que faltaban en opinión del Tribunal pudo identificarse durante la auditoría de seguimiento.[…] Como habían pasado varios años desde que se concluyera el proyecto, los beneficiarios no siempre conservaban los documentos correspondientes, pero éstos podían encontrarse en los archivos de la autoridad competente.»

Irlanda mantuvo que la legislación referente al período de 1994- 1999 no es clara por lo que se refiere al momento a partir del cual es preciso conservar los documentos: a partir del último pago de un proyecto o a partir del último pago de un programa[9].

Alemania presentó también un caso en el que discrepaba con la interpretación del Tribunal de esta parte de la legislación. No obstante, Alemania declaró que, desde que se llevara a cabo la auditoría del Tribunal, «había recibido los expedientes de tres de los cuatro casos señalados. El Tribunal fue informado de esta situación y de otros detalles relacionados con los casos seleccionados y sobre el paradero de los documentos justificativos durante el procedimiento escrito estándar . »

En los casos en los que faltaban documentos esenciales y no se pudo presentar otra documentación alternativa, el Tribunal clasificó estas constataciones como sustantivas, con un índice de error del 100 %, es decir, con una incidencia financiera significativa en el presupuesto general de la UE. No obstante, si la Comisión comprueba que los Estados miembros han presentado posteriormente los documentos justificativos, aunque con cierto retraso, el pago subyacente podría ser juzgado legal y regular por un tribunal, y no habría base para iniciar un procedimiento de recuperación. Habría que definir tales constataciones como de «falta de fiabilidad durante el plazo disponible para la auditoría», y no como errores sustantivos.

3. PREPARACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL

El Informe Anual de 2005 fue el primer informe que debía publicarse el 31 de octubre tras la revisión del Reglamento Financiero en 2002. Por lo tanto, el Tribunal tuvo que respetar un plazo que era un mes más corto que en años anteriores y dispuso de un mes menos para planear y llevar a cabo las misiones de control, analizar las constataciones (lo que implica, a menudo, la traducción de documentos recibidos durante la misión), informar a los auditados de las constataciones y aguardar y analizar sus respuestas.

Este drástico recorte del plazo para la preparación del Informe Anual de 2005 debe tenerse en cuenta al considerar las deficiencias antes mencionadas en el proceso de intercambio de información entre el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros. Sin embargo, los problemas surgidos este año, aunque más acusados de lo habitual, también se registraron en años anteriores.

Para recabar pruebas para la DAS, el Tribunal lleva a cabo controles en la Comisión y en los Estados miembros. En el ámbito de la gestión compartida, la DAS 2005 se basó en las constataciones realizadas durante más de 100 misiones de auditoría de los sistemas de control y de las transacciones a beneficiarios finales (agricultores y empresas que recibieron ayuda de los fondos estructurales) llevadas a cabo en los Estados miembros.

Una vez concluidas las misiones y el análisis de las constataciones realizadas, el Tribunal envía una carta con la Declaración de Constataciones Preliminares a la entidad fiscalizadora superior nacional en el Estado miembro al que se refieran las conclusiones. Por lo general, el Tribunal invita a la entidad fiscalizadora a informarle de su respuesta a las conclusiones en un plazo de entre 6 y 8 semanas. La Comisión recibe una copia tanto de la Declaración de Constataciones Preliminares como de la respuesta correspondiente[10].

A partir de las constataciones recogidas tanto en los Estados miembros como en la Comisión, el Tribunal elabora su proyecto de informe, que discuten el Tribunal y los servicios de la Comisión antes de su adopción final por el Tribunal. El Tribunal es el auditor externo de la Comisión, y de la Comisión únicamente , lo que responde al principio de que la Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto general de la UE. Por consiguiente, el procedimiento contradictorio entre auditor y auditado sólo implica al Tribunal y a la Comisión.

La DAS, es decir, la declaración de dos páginas al principio del capítulo 1 del Informe Anual, no está incluida en el proyecto de informe. No se presenta a la Comisión durante el procedimiento contradictorio y, por esta razón, no va acompañada de ninguna respuesta de la Comisión. El Tribunal adopta la DAS cuando se concluye el procedimiento contradictorio.

Los Estados miembros ejecutan en la práctica alrededor del 80 % del presupuesto general de la UE y, en consecuencia, el Tribunal basa su opinión de manera significativa en las constataciones hechas en los Estados miembros. La reacción de los Estados miembros a las constataciones del Tribunal es muy importante para que la Comisión elabore sus respuestas, publicadas junto con las constataciones del Tribunal en el Informe Anual.

No es infrecuente que un auditado esté en total desacuerdo con los resultados de un auditor. El auditor tiene que llevar a cabo una auditoría ateniéndose a las normas internacionales de auditoría y - en el caso del presupuesto general de la UE – a la legislación que rige las transacciones realizadas. En algunos casos, los problemas pueden estar abiertos a diferentes interpretaciones y el auditor y el auditado pueden tener opiniones discordantes.

El objetivo de la Comisión es incluir los puntos de vista de los Estados miembros en sus respuestas cuando no estén de acuerdo completamente con las constataciones del Tribunal y estén en condiciones de justificar su posición. Pero la Comisión es consciente cuando acepta el proyecto final del informe, que todas las constataciones restantes no serán justificadas en el curso de la fase de seguimiento[11].

Por lo que se refiere al Informe Anual de 2005, el procedimiento contradictorio tuvo lugar en junio y julio de 2006 con la celebración de varias reuniones entre el Tribunal y los servicios de la Comisión para debatir sobre el proyecto de informe del Tribunal (adoptado en mayo y junio de 2006) y el proyecto de respuestas de la Comisión (elaborado en junio y julio de 2006). El Tribunal adoptó su DAS de 2005 en septiembre de 2006. El tiempo hasta su publicación a finales de octubre de 2006 fue necesario para la traducción e impresión del Informe Anual en todas las lenguas oficiales.

El Tribunal envió cerca de 75 Declaraciones de Constataciones Preliminares a los Estados miembros y recibió respuesta a la mayoría de ellas. La mitad de las respuestas se envió en el plazo de dos meses y la mayor parte de las restantes durante el mes siguiente. Sin embargo, el Tribunal no disponía de aproximadamente 3 de cada 4 respuestas en el momento de adoptar su proyecto de informe y aproximadamente la mitad de las respuestas llegaron incluso demasiado tarde para que la Comisión las tuviera en cuenta en sus respuestas.

España puso de relieve las consecuencias de la respuesta incompleta de los Estados miembros para la preparación del Informe Anual. Según este país, «el informe hacía referencia a cuestiones que se plantearon a consecuencia de visitas de control cuyas conclusiones aún no se habían comunicado a España. Parece que las conclusiones incluidas en el Informe Anual 2005 dependen en algunos casos de una evaluación de las declaraciones y comentarios presentados por los Estados miembros tras el informe provisional de la visita de inspección. Podría ser útil hacer referencia a la situación de los procedimientos específicos (si se trata de conclusiones finales o provisionales de las visitas de control o si el Estado miembro ha hecho comentarios)».

También resultó especialmente difícil garantizar que las cifras incluidas en el capítulo relativo a la Política Agrícola Común fueran correctas. El Informe Anual de 2005 fue el primero que incluyó cifras para los 10 nuevos Estados miembros. Eslovenia, Malta y Polonia señalaron en su respuesta al Informe Anual 2005 publicado, que se revisaron y modificaron posteriormente algunas cifras relativas a sus resultados en materia de política agrícola recogidas en dicho informe.

En el caso extraordinario de Eslovenia, se presentaron cifras incorrectas en relación con las ayudas por superficie y por vacas en el momento de la auditoría que se recogieron en el Informe Anual de 2005. Por lo que se refiere a las ayudas por superficie, el porcentaje de las solicitudes examinado con una sobreestimación se fijó en el 53,5 % sobre la base de los datos disponibles, pero se redujo al 1,8 % en el curso del proceso de seguimiento, sin que este último dato pudiera incluirse en el Informe Anual[12]. Cifras similares suministradas inicialmente relativas a los animales falsamente declarados por los agricultores (ya sea porque no existían o porque no reunían los criterios de subvencionabilidad) eran del 11,8 % en el caso de las vacas nodrizas y del 7,7 % para la prima especial de bovinos en lugar del 48,2 % y el 56,2 % respectivamente[13].

Aunque las cifras de Eslovenia diferían claramente de las de otros Estados miembros y a pesar de que la Comisión en su respuesta incluida en el Informe Anual declaró que tal vez fuera preciso revisar las cifras, las correcciones no se pudieron incluir en el Informe Anual y tanto en la prensa nacional como internacional aparecieron titulares muy críticos basados en las cifras falsas. Este tema se ha esclarecido.

4. CONCLUSIÓN

La reacción de los Estados miembros tras la publicación del Informe Anual de 2005 planteó la reconsideración de algunos puntos:

Habría que aumentar notablemente el nivel de controles sobre el terreno requeridos por la legislación si se desea que el Tribunal no encuentre errores por encima del límite de tolerancia durante sus visitas de auditoría – aunque dicho nivel debería ser proporcional desde un punto de vista del coste-beneficio.

Los Estados miembros procederán al número mínimo exigido de controles sobre el terreno[14]. Cuando el Tribunal controla transacciones no comprobadas sobre el terreno por los Estados miembros, probablemente encuentre algunos errores que impidan una declaración positiva sobre las operaciones subyacentes.

Este problema perdurará mientras que el Parlamento y el Consejo no den al Tribunal orientaciones políticas sobre el nivel de riesgo aceptable teniendo siempre en cuenta los costes y los beneficios de los controles[15].

El Tribunal está obligado a elaborar una DAS anua. El carácter anual de este ejercicio puede llevar al Tribunal a sobreestimar el impacto financiero de los errores sobre el presupuesto general de la UE, ya que no permite al Tribunal tener en cuenta medidas introducidas posteriormente para corregir los errores detectados por el Tribunal, la Comisión o los Estados miembros.

La incidencia financiera real de las constataciones del Tribunal sobre el presupuesto general de la UE dependerá, por ejemplo, del éxito de los procedimientos de recaudación puestos en marcha o de la producción de los documentos que falten. Aunque es evidente que el Tribunal no puede esperar indefinidamente antes de definir una opinión en la DAS, es posible que la Comisión y los Estados miembros estimen que las constataciones sustantivas realizadas en un primer momento por el Tribunal pueden corregirse al final. La propuesta española de indicar de forma más clara en el informe anual el carácter provisional de algunas constataciones podría resultar útil. También sería útil declarar algunos casos como de «imposibilidad de obtener fiabilidad» en lugar de «constataciones sustantivas».

Parece posible e importante mejorar la comunicación entre el Tribunal y los Estados miembros.

El Tribunal no puede, por definición, concluir el conjunto de sus controles en el curso del ejercicio al que se refieren. Algunos controles relativos al ejercicio 2005 han debido, por ejemplo, efectuarse en 2006 con el fin de cubrir las operaciones realizadas a finales de 2005. Por lo tanto, es difícil garantizar que el Tribunal y la Comisión dispongan de todas las respuestas de los Estados miembros a las constataciones del Tribunal en el momento del procedimiento contradictorio.

Para resolver o, al menos, atenuar este problema, podría ser útil que el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros compartan la misma visión a nivel operativo sobre los procedimientos a seguir durante la inspección sobre el terreno, el tratamiento de los errores, los cuestionarios a utilizar y el formato de los informes y de las respuestas.

La Comisión es responsable de ejecutar, con la ayuda de los Estados miembros, un presupuesto de más de 120 000 millones de euros de fondos públicos todos los años. El Tribunal comprueba la legalidad y la regularidad de la ejecución de las operaciones y dispone de otros medios de control para garantizar que los fondos se han gastado correctamente. El Consejo, basándose en el trabajo del Tribunal, emite una recomendación y el Parlamento decide en última instancia si conviene aprobar la gestión financiera de la Comisión.

Es importante que los problemas antes mencionados se resuelvan si se desea que el contribuyente tenga la garantía de que el procedimiento de aprobación de la gestión financiera reposa sobre una base lo más exhaustiva y pertinente posible dentro de los límites fijados por el Tratado.

[1] Artículo 248 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

[2] De conformidad con el artículo 143, apartado 6 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas , Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25.6.2002, la Comisión envió una carta a cada Estado miembro el 23 de octubre de 2006 en la que pedía comentarios sobre las observaciones del Tribunal en el informe anual de 2005 (disponible en el sitio Internet http://www.eca.eu/ del Tribunal) así como reacciones a las constataciones del Tribunal atribuidas a los Estados miembros.

[3] Véase el anexo 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña el presente informe para un análisis más detallado de las reacciones de los Estados miembros a las constataciones del Tribunal. Basándose en las respuestas recibidas, la Comisión estimó que los Estados miembros no estaban de acuerdo con 4-5 de cada 10 constataciones del Tribunal de la DAS de 2005.

[4] Véase la sección 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña este informe para un análisis más detallado de la Declaración de Constataciones Preliminares enviada por el Tribunal a los Estados miembros y que sirve de base para la DAS de 2005.

[5] La DAS de 2005 se basó en cuatro fuentes de pruebas: (a) un examen del funcionamiento de los sistemas de supervisión y de control de las instituciones comunitarias, de los Estados miembros y de los terceros países, (b) control de muestras de transacciones para cada ámbito principal mediante la realización de controles al nivel del beneficiario final, (c) un análisis de los informes anuales de actividad y de las declaraciones de los directores generales y de los procedimientos aplicados en su elaboración, (d) cuando sea posible, un examen del trabajo de otros auditores que sean independientes de los procedimientos comunitarios de gestión. Véase el punto 1.59 del Informe Anual de 2005

[6] Los Estados miembros contestaron a alrededor el 60 % de los casos. El índice de respuesta fue muy alto para las constataciones de los controles de la política agrícola (casi 90 %) pero un tanto más bajo en acciones estructurales (alrededor del 50 %).

[7] El 28 % de las constataciones tenía una tasa de error de menos del 2 %. Otro 25 % de las constataciones tenía una tasa de error de entre el 2 y el 5 %.

[8] La intensidad y calidad de los controles primarios en los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 se especifica en una nota reciente sobre mejores prácticas: el nivel de control de los Estados miembros puede no ser aún el adecuado.

[9] Artículo 23.3 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2082/93 de 20 de julio de 1993; " Durante los tres años siguientes al último pago correspondiente a una acción, el organismo y las autoridades responsables pondrán a disposición de la Comisión todos los documentos justificativos relativos a los gastos y a los controles correspondientes a dicha acción."

[10] La Comisión también recibe declaraciones de constataciones preliminares sobre auditorías llevadas a cabo por el Tribunal en la Comisón.

[11] La Comisión no puede aplicar correcciones financieras basadas en las conclusiones de otros auditores sin hacer su propia evaluación de cada caso (artículo 4, apartado 3 del Reglamento CE nº 448/2001) porque sus decisiones pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia

[12] Vea el gráfico 5.3 del capítulo 5 del Informe Anual de 2005.

[13] Punto 5.21 del capítulo 5 del informe anual de 2005.

[14] La legislación establece niveles mínimos. Los Estados miembros pueden aumentar el número de controles, y deberían hacerlo si los índices de error son más altos de lo normal.

[15] Este punto figura entre los abordados en el Plan de acción hacia un marco de control interno integrado COM (2006) 9.