Ayudas estatales - Italia

Ayuda C 10/2002 (ex N 848/2001) - Ayuda ambiental a ILVA SpA - Acero CECA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión

(2002/C 71/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 13 de febrero de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Dirección H

Registro de ayudas estatales

B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Descripción de la ayuda

Por carta de 20 de diciembre de 2001, registrada el 21 de diciembre de 2001, Italia notificó la Comisión su intención de conceder ayuda a las inversiones que se propone realizar ILVA SpA en su fábrica de Taranto.

ILVA SpA es un productor de acero que pertenece al grupo Riva.

La ayuda es concedida por el Ministerio de Comercio e Industria conforme a la Ley n° 488/92 de ayudas a las zonas deprimidas. Se aprobó sujeta a la autorización de la Comisión Europea.

La ayuda asciende a 8483873,64 euros. El coste subvencionable global considerado asciende a 42417000 euros, lo que significa que la ayuda propuesta representa una media del 20 %. Se refiere a los proyectos siguientes:

1) Modernización de equipos para el tratamiento de los gases producidos en el proceso de coquefacción, incluida la instalación de un nuevo sistema de captación y reciclaje del vapor. Coste: 3100000 euros.

2) Reemplazo de un sistema de filtración de polvo que utiliza ciclones o precipitadores electrostáticos por un nuevo sistema que utiliza telas. Coste: 1292000 euros.

3) Instalación de un sistema de vigilancia de emisiones de los hornos de coque y de la planta de aglomeración por vitrificación. Esta instalación ha sido exigida por las autoridades regionales. Coste: 1033000 euros.

4) Modernización del horno de cal. Coste: 2325000 euros.

5) Instalación de una banda transportadora para el transporte de sinterizados al alto horno. Este sistema reemplazará el transporte por camión utilizado actualmente. Coste: 6715000 euros.

6) Instalación de una banda transportadora para el transporte de mineral a la planta de homogeneización. Este sistema reemplazará el transporte por banda transportadora y camión utilizado actualmente. Coste: 4700000 euros.

7) Instalación de un nuevo sistema adicional para la regeneración de ácido clorhídrico. Coste 1550000 euros.

8) Modernización del alto horno n° 1 mediante la mejora del sistema de filtro de polvo de emisiones secundarias y el control automático del nivel de arrabio en las cucharas. Coste: 1550000 euros.

9) Instalación de un sistema de triturado de neumáticos usados de la empresa, que se reutilizan como fuente de energía. Los neumáticos usados van actualmente al vertedero. La Directiva 99/31/CE del Consejo prohíbe el vertido de neumáticos usados enteros (a partir de 2003) y de neumáticos usados triturados (a partir de 2007). Coste: 1395000 euros.

10) Reemplazo de la instalación de producción de agua desmineralizada. Coste: 7750000 euros.

11) Extensión en 300000 m2 del vertedero para residuos especiales. Los residuos se transportan actualmente a vertederos especiales fuera de la empresa. Coste: 1290000 euros.

12) Reemplazo de la máquina de lubricación de bobinas (de tipo rodante) por una nueva (de tipo electrostático). Esta nueva máquina mejoraría las condiciones de trabajo. Coste: 207000 euros.

13) Reemplazo de los transformadores eléctricos utilizados actualmente (refrigerados por PCB) por otros nuevos (refrigerados por aire o aceite). El Derecho nacional actual ordena desmontar los transformadores con PCB antes de 2010. Coste: 9510000 euros.

Según las autoridades italianas, las inversiones se hacen en cumplimiento de órdenes expresas de las autoridades regionales (no especificadas en la notificación), el Decreto Legge n 209, de 22 de mayo de 1999, relativo a los dispositivos con PCB y a la Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos. Además contribuirían a la reducción del polvo y las emisiones de ácidos clorhídrico, a mejorar condiciones de trabajo y a proteger el suelo y los acuíferos subterráneos.

Según las autoridades italianas, estas inversiones no implican ahorros o reducciones de costes.

Evaluación

ILVA SpA fabrica productos enumerados en el anexo I del Tratado CECA. Por tanto, es una empresa en el sentido del artículo 80 del Tratado, a la que se aplica la Decisión n° 2496/96/CECA (en lo sucesivo, "el código de ayudas al acero").

El código de ayudas al acero establece en su artículo 3 la posibilidad de que las empresas siderúrgicas reciban ayudas para inversiones medioambientales. Las condiciones para que estas ayudas se consideren compatibles con el mercado común se fijan en el anexo del código y en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 72 de 10 de marzo de 1994 (en lo sucesivo, "las Directrices ambientales de 1994").

La Comisión observa que, a excepción de los proyectos descritos en los puntos 3, 9 y 11, la notificación no contiene ninguna indicación clara de la finalidad de cada inversión: cumplir una nueva normativa o mejorar en la normativa existente. No se especifica el volumen de ayuda asignada a cada inversión. En estas circunstancias, y dado que la intensidad de la ayuda global es de alrededor del 20 %, la Comisión no puede evaluar si se respeta o no el nivel máximo de ayuda permitido en caso de adaptación a la nueva normativa (15 %). En cuanto a los proyectos descritos en los puntos 3, 9 y 11, permitirían a la empresa adaptarse a las nuevas normas u obligaciones legales. Parece, sin embargo, que el nivel de ayuda supera el máximo del 15 %.

La Comisión observa asimismo que la notificación no contiene ninguna información en cuanto a los niveles actuales de agentes contaminantes en la instalación antes de cada inversión, en cuanto a los niveles impuestos por las normas obligatorias actuales y en cuanto a los niveles que se alcanzarán después de la inversión. En estas circunstancias, y tratándose de un caso de ayudas para mejoras por encima de la normativa, la Comisión no puede evaluar si la contribución a una mejora de la protección del medio ambiente es lo bastante significativa para que la inversión se considere elegible. La notificación tampoco contiene prueba alguna de que el inversor haya tomado la decisión clara de optar por normas más rigurosas y que exijan una inversión adicional de acuerdo con el código de ayudas del acero.

La Comisión observa que parte de las inversiones (en especial las descritas en los puntos 4, 5, 6, 7, 10 y 12) están destinadas a reemplazar o modernizar instalaciones existentes que son necesarias en el proceso de producción y que pudieran implicar ventajas en términos de aumento de la eficiencia y de racionalización empresarial. Desde este punto de vista, la decisión de Ilva parece dictada más por estos objetivos que por su efecto de protección del medio ambiente. Los efectos ambientales parecen ser solamente una consecuencia marginal de estas inversiones. En este contexto, cabe recordar que, según las Directrices ambientales de 1994, las ayudas aparentemente destinadas a medidas de protección del medio ambiente, pero que de hecho son ayudas a la inversión en general, no están cubiertas por las directrices. Del mismo modo, según el anexo del código de ayudas al acero, es obligación de la Comisión evitar que se concedan ayudas a la inversión en general en nuevas instalaciones o equipos bajo pretexto de la protección del medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión debe analizar los fundamentos económicos y ambientales de una decisión de optar por el reemplazo de instalaciones o equipos. En principio, una nueva inversión que fuera necesaria en cualquier caso por motivos económicos o debido a la vetustez de la instalación o de los equipos (vida útil restante inferior al 25 %) no es elegible para una ayuda estatal. La Comisión observa que incluso cuando las inversiones están más relacionadas con la protección del medio ambiente (es decir, las descritas en los puntos 2 y 13), no se ha proporcionado información alguna sobre la antigüedad de las instalaciones a reemplazar ni sobre su vida útil.

La Comisión observa que el propósito de algunas inversiones (parte de la descrita en el punto 8 y la descrita en el punto 12) es mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad en el trabajo. La Comisión considera que las inversiones hechas por estas razones, con ser dignas de aplauso, no son elegibles en el plano ambiental. Tampoco son elegibles según el código de ayudas al acero.

En cuanto a los costes elegibles, la Comisión observa que no se ha proporcionado ningún detalle del coste del equipamiento. No puede, por tanto, evaluar si se limita estrictamente a los costes de inversión adicionales necesarios para cumplir objetivos ambientales de acuerdo con las Directrices ambientales de 1994. Por otra parte, la Comisión tiene dudas de que estas inversiones (es decir, las descritas en los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) no impliquen ahorros de costes. Éstos, según el anexo del código de ayudas al acero, deberían deducirse.

Por último, en cuanto al pago de la ayuda en plazos, la Comisión tiene dudas de que, a la luz del artículo 1.3 del código de ayudas al acero, pueda legalmente efectuarse cualquier pago después del 22 de julio de 2002.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la Comisión, en esta fase del procedimiento, alberga dudas de que la ayuda en cuestión cumpla las normas establecidas fijadas en la Decisión n° 2496/96/CECA.

CARTA

"La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione.

1. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti per investimenti che saranno realizzati da ILVA SpA presso lo stabilimento di Taranto.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2. ILVA SpA è un'impresa che produce acciaio e appartiene al gruppo Riva.

3. L'aiuto è erogato dal ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in base alla legge 488/92 relativa alla concessione delle agevolazioni nelle aree depresse. L'aiuto è stato approvato il 9 aprile 2001 fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea.

4. L'aiuto ammonta a 8483873,64 EUR, mentre il costo ammissibile globale preso in considerazione è di 42417000 EUR. L'aiuto proposto corrisponde pertanto ad una media del 20 % ed è destinato ai seguenti progetti:

5. - Ammodernamento degli impianti esistenti di trattamento dei gas prodotti nella cokeria tramite l'installazione di sistemi di captazione e riciclo dei vapori di processo. Costo: 3100000 EUR.

6. - Sostituzione dell'attuale sistema di depolverazione mediante filtri a cicloni e filtri elettrostatici con un nuovo sistema di filtrazione del tipo a tessuto. Costo: 1292000 EUR.

7. - Installazione di un sistema di monitoraggio emissioni batterie di forni a coke e linee di agglomerazione. Tale installazione è stata richiesta dalle Autorità regionali. Costo: 1033000 EUR.

8. - Ammodernamento forno a calce. Costo: 2325000 EUR.

9. - Installazione di un sistema di nastri di trasporto agglomerato presso gli altoforni. Tale sistema sostituirà il sistema attuale di trasporto su strada mediante camion. Costo: 6715000 EUR.

10. - Installazione di un sistema di nastri per il trasporto dei minerali all'impianto di omogeneizzazione. Tale sistema sostituirà il sistema di trasporto attuale tramite nastri trasportatori e camion. Costo: 4700000 EUR.

11. - Installazione di un nuovo sistema addizionale per la rigenerazione dell'acido cloridrico. Costo: 1550000 EUR.

12. - Ammodernamento dell'altoforno n. 1 tramite il miglioramento dell'impianto di depolverazione delle emissioni secondarie e il controllo automatico del livello di ghisa nei carri siluri. Costo: 1550000 EUR.

13. - Installazione di un sistema di triturazione dei pneumatici usati finalizzato ad un successivo riutilizzo per recupero energetico del prodotto ottenuto. Attualmente i pneumatici usati sono smaltiti in apposite discariche. La direttiva comunitaria 99/31/CE vieta che nelle discariche siano inviati pneumatici interi (dal 2003) e pneumatici usati triturati (dal 2007). Costo: 1395000 EUR.

14. - Sostituzione dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata. Costo: 7750000 EUR.

15. - Ampliamento per ulteriori 300000 m2 della discarica adibita a residui speciali. Tali residui attualmente sono smaltiti in apposite discariche situate all'esterno dello stabilimento. Costo: 1290000 EUR.

16. - Sostituzione attuale macchina oliatrice rotoli (del tipo a rulli) con una nuova macchina del tipo elettrostatica al fine di migliorare l'ambiente di lavoro nelle vicinanze della suddetta macchina oliatrice. Costo: 207000 EUR.

17. - Sostituzione dei trasformatori elettrici in apirolio (PCB) con altri di nuovo tipo raffreddati ad aria o con olio minerale. La legislazione vigente prevede la dismissione dei trasformatori PCB entro il 2010. Costo: 9510000 EUR.

18. Le autorità italiane affermano che gli investimenti sono realizzati in ottemperanza a specifiche prescrizioni imposte dalle autorità regionali (non specificate nella notifica), al decreto legge n. 209 del 22.5.1999 per quanto riguarda la dismissione di apparecchiature in PCB e alla direttiva comunitaria 99/31/CE in materia di smaltimento dei residui. Gli investimenti dovrebbero inoltre contribuire a ridurre le emissioni di polveri e di acido cloridrico, a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la protezione del suolo e della falda idrica.

19. Secondo le autorità italiane gli investimenti di cui sopra non comportano risparmi o riduzioni sui costi.

3. VALUTAZIONE

20. ILVA SpA produce prodotti di acciaio inclusi nell'allegato I al trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 di detto trattato, alla quale si applica la decisione n. 2496/96/CECA (in appresso il Codice degli aiuti alla siderurgia).

21. Ai sensi dell'articolo 3 di detto Codice, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti ambientali. I criteri per valutare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia nonché nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994 (in appresso 'la disciplina Ambiente del 1994').

22. La Commissione rileva che, eccetto per i progetti di cui ai punti 7, 13 e 17, la notifica non contiene chiare indicazioni sulla finalità di ciascun investimento ossia se sia destinato all'adeguamento a nuove norme oppure al superamento delle norme esistenti. La notifica non indica neppure l'ammontare dell'aiuto destinato a ciascun investimento. Pertanto dato che l'intensità di aiuto complessiva corrisponde al 20 % circa, la Commissione non è in grado di valutare se sia rispettato il livello massimo di aiuto autorizzato in caso di adeguamento a nuove norme (15 %). Per quanto concerne i progetti illustrati ai punti 7, 13 e 17, essi permetterebbero alla società di adeguarsi a nuove norme o prescrizioni. Sembra tuttavia che il livello di aiuto (20 %) superi il massimale del 15 %.

23. La Commissione rileva inoltre che la notifica non contiene informazioni sui livelli attuali di agenti inquinanti nello stabilimento prima di ciascun investimento né sui livelli imposti dalle attuali norme obbligatorie né infine sui livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento. Pertanto, in caso di aiuto destinato al superamento delle norme, la Commissione non è in grado di valutare se il contributo al miglioramento della tutela dell'ambiente sia sufficientemente significativo perché l'investimento possa essere considerato ammissibile ad aiuto. La notifica non contiene neppure la dimostrazione da parte dell'investitore che era stata adottata una chiara decisione di scegliere livelli superiori che hanno comportato investimenti addizionali, come richiesto dal Codice degli aiuti alla siderurgia.

24. La Commissione osserva che alcuni investimenti (in particolare quelli descritti ai punti 8, 9, 10, 11, 14 e 16) riguardano la sostituzione o l'ammodernamento di impianti in servizio, operazioni che sono necessarie al processo di produzione e che verosimilmente comportano vantaggi in termini di incrementi di efficienza e di razionalizzazione dell'attività. Sotto questo profilo la decisione di Ilva di realizzare tali investimenti sembra essere stata dettata più da tali obiettivi che da finalità di tutela dell'ambiente. Gli effetti ambientali sembrano quindi essere una conseguenza marginale degli investimenti. A questo proposito va fatto presente che secondo la disciplina Ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione dell'ambiente ma che in realtà sono destinati agli investimenti in generale sono esclusi dalla disciplina. Analogamente, in base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione ha il dovere di evitare che siano concessi aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Di conseguenza la Commissione analizza il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima, una decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto delle attrezzature esistenti (vita residua inferiore al 25 %) non potrà beneficiare di aiuti. La Commissione osserva che non sono state fornite informazioni sull'età delle attrezzature da sostituire e sulla loro vita residua neppure per gli investimenti che potrebbero essere più finalizzati alla tutela dell'ambiente (in particolare quelli di cui ai punti 6 e 17).

25. La Commissione rileva che la finalità di taluni investimenti (in particolare di una parte di quello descritto al punto 12 e di quello descritto al punto 16) è il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza nel contesto di lavoro. La Commissione ritiene che gli investimenti effettuati per tali motivi, per quanto meritori, non possano beneficiare di aiuti per la tutela dell'ambiente. Non possono neppure beneficiarne in base al Codice degli aiuti alla siderurgia.

26. Quanto ai costi ammissibili, la Commissione osserva che non sono stati forniti dati dettagliati riguardo al costo dell'impianto. Di conseguenza essa non può valutare se tali costi siano strettamente limitati ai costi addizionali dell'investimento necessari per soddisfare finalità ambientali come richiesto dalla disciplina ambiente del 1994. Inoltre la Commissione non è certa che gli investimenti (in particolare quelli di cui ai punti 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) non consentano risparmi sui costi che quindi, in base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, dovrebbero essere detratti.

27. Infine, quanto all'erogazione dell'aiuto in quote annuali, la Commissione dubita che, tenuto conto dell'articolo 1, punto 3, del Codice degli aiuti alla siderurgia, i pagamenti possano legittimamente avere luogo dopo il 22 luglio 2002.

4. CONCLUSIONE

28. Ciò premesso, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto succitato rispetti le norme di cui alla decisione n. 2496/96/CECA ed ha pertanto deciso di avviare nei suoi confronti il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 5, della medesima decisione.

29. La Commissione invita quindi l'Italia a trasmetterle le sue osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della presente ed a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto in base alla disciplina Ambiente del 1994 ed al Codice degli aiuti alla siderurgia. Deve trattarsi quanto meno delle seguenti informazioni:

- le date previste di inizio e di completamento degli investimenti nonché la data di presentazione della domanda di aiuto,

- per ciascun progetto, informazioni dettagliate sulle voci di costo considerate ammissibili e sull'aiuto prospettato,

- una chiara indicazione che gli investimenti sono effettuati per l'adeguamento a nuove norme ambientali o specifiche prescrizioni oppure per il superamento delle norme ambientali vigenti,

- per ciascun progetto i livelli attuali di agenti inquinanti, i livelli imposti dalle norme obbligatorie e i livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento,

- per i progetti volti al superamento delle norme esistenti, la prova attestante la decisione adottata di scegliere livelli di tutela ambientale superiori che hanno richiesto investimenti addizionali,

- la quantificazione di tutti i risparmi sui costi generati dagli investimenti. Tale informazione dovrebbe riguardare la durata di vita dell'investimento e comprendere il metodo di calcolo,

- per l'investimento di cui al punto 17, il costo alternativo dell'adattamento anziché della sostituzione,

- la data di acquisto dell'impianto da sostituire e la vita utile residua del medesimo.

30. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Codice degli aiuti alla siderurgia, le notificazioni dei progetti di aiuti sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. Tale limite dovrebbe permettere alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza del Codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto la Commissione avverte l'Italia che adotterà una decisione finale sull'aiuto notificato entro il 22 luglio 2002 sulla base delle informazioni disponibili all'epoca della decisione. Per lo stesso motivo non saranno concesse proroghe del termine di cui al punto 29.

31. La Commissione invita le autorità italiane a inviare senza indugio copia della presente ai beneficiari dell'aiuto.

32. La Commissione fa presente al governo italiano che all'aiuto prospettato può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite."