•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Las medidas deberán adoptarse en el estricto respeto de los principios de transparencia y proporcionalidad. Es asimismo importante garantizar que las consecuencias de las medidas presenten un vínculo suficiente con el objetivo de la financiación, lo cual apunta también a la necesidad de garantizar que las consecuencias recaigan en los responsables de las deficiencias detectadas. Los beneficiarios particulares de la financiación de la UE, como los estudiantes de Erasmus, los investigadores o las organizaciones de la sociedad civil, no pueden por lo tanto ser considerados responsables de tales incumplimientos.

Se han adoptado medidas en ese sentido con las herramientas disponibles y se han obtenido resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta la conexión entre el respeto del Estado de Derecho y la confianza mutua y la solidaridad financiera entre los Estados miembros de la Unión Europea, y el hecho de que los mecanismos de control no pueden ser eficaces si no los sustenta una aplicación efectiva de los sistemas de control administrativo y jurídico y de las oportunas vías de reparación en caso de irregularidad, las obligaciones existentes de garantizar sistemas de control efectivos deben complementarse con medidas que garanticen el respeto del Estado de Derecho.

Los distintos regímenes constitucionales y judiciales de los Estados miembros de la UE están, en principio, adecuadamente estructurados para garantizar la primacía de la ley y equipados con salvaguardias internas que protegen a los ciudadanos frente a posibles amenazas contra el Estado de Derecho. No obstante, acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la existencia de deficiencias generalizadas en los sistemas nacionales de frenos y contrapesos y dejado patente que el menosprecio del Estado de Derecho en un Estado miembro puede tornarse en un asunto de honda y común inquietud dentro de la Unión Europea. Como consecuencia, instituciones como el Parlamento Europeo y los ciudadanos se han manifestado inequívocamente en favor de una intervención de la UE para la protección del Estado de Derecho.

Las normas financieras por las que se rige el presupuesto de la Unión en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la UE no pueden ser adoptadas al nivel de los Estados miembros.

•Proporcionalidad

La propuesta contempla medidas proporcionadas a las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho, incluidas la suspensión y la reducción de la financiación en el marco de los compromisos existentes, o la prohibición de celebrar nuevos compromisos con categorías específicas de beneficiarios. Para garantizar la proporcionalidad, se tomarán en consideración, entre otros aspectos, la gravedad de la situación, el tiempo transcurrido desde el momento de la actuación de que se trate, su duración y recurrencia, la intención y el grado de colaboración del Estado miembro para poner fin a la vulneración del Estado de Derecho, así como las consecuencias de la deficiencia para los fondos correspondientes de la Unión.

•Elección del instrumento

Habida cuenta de que el objetivo es contribuir a la correcta ejecución del presupuesto general de la Unión, la propuesta adopta la forma de Reglamento independiente fundamentado en el artículo 322 del TFUE, base jurídica que comparte con el Reglamento Financiero.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

No está en vigor ningún programa comparable. Se dispone, no obstante, de la experiencia adquirida tras haberse abordado, al nivel de la Unión Europea, cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Esa experiencia indica que, si bien se dispone de algunas herramientas, estas no están específicamente diseñadas para hacer frente a las situaciones en las que la ejecución de los fondos de la Unión pudiera verse comprometida por deficiencias del Estado de Derecho.

•Consultas con las partes interesadas

No se ha llevado a cabo ninguna consulta específica con las partes interesadas, pero el asunto ha sido objeto de un amplio debate, en particular con el Parlamento Europeo y el Consejo.

•Asesoramiento externo

Al elaborar las normas vigentes se acudió a fuentes externas, en particular el Consejo de Europa. También está previsto recurrir al asesoramiento externo del Consejo de Europa, según proceda, en el momento de aplicar las medidas propuestas.

•Evaluación de impacto

No se ha realizado ninguna evaluación de impacto, ya que la medida tiene como único objetivo evitar que el presupuesto de la Unión sufra perjuicios derivados de situaciones en las que una deficiencia generalizada del Estado de Derecho en un Estado miembro afecte o amenace con afectar a la buena gestión financiera y a la protección de los intereses financieros de la Unión. Las opciones eran, por tanto, o bien el mantenimiento del statu quo, es decir, la inexistencia de un procedimiento financiero específico en caso de problemas relativos al Estado de Derecho que puedan afectar a la buena gestión de los fondos de la Unión, o bien la creación de un procedimiento de ese tipo.

•Derechos fundamentales

Al aumentar el nivel actual de protección contra las deficiencias del Estado de Derecho, la propuesta repercutirá de forma positiva en los derechos fundamentales.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Al aumentar la protección frente a posibles prácticas, omisiones o medidas de las autoridades públicas que afecten al Estado de Derecho en ese Estado miembro y que afecten o amenacen con afectar a su capacidad para cumplir sus obligaciones presupuestarias, la propuesta tendrá un impacto positivo sobre la buena gestión financiera del presupuesto general de la Unión.

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información