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Bruselas, 21.6.2006

COM(2006) 325 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 1998/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores

PRÓLOGO

El objetivo de la presente Comunicación es examinar cómo han aplicado los Estados miembros la Directiva 98/6/CE, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores. Se limita a esta cuestión, que constituye el objeto de la consulta pública. Se invita a todas las partes interesadas a enviar sus respuestas a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2006. Remita sus observaciones (con la indicación «Primera consulta relativa a la Directiva sobre indicación de precios») a la dirección siguiente:

Comisión Europea

Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores

Rue de la Loi 200

B - 1049 BRUSELAS

Bélgica

o por correo electrónico a SANCO-B2@ec.europa.eu

Las respuestas y observaciones se publicarán en el sitio Internet de la Comisión Europea, salvo que el remitente solicite explícitamente lo contrario. Cuando finalice el periodo de consulta, la Comisión evaluará si es necesario organizar una audiencia pública para seguir debatiendo las cuestiones planteadas en el presente informe.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 1998/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (Texto pertinente a efectos del EEE)

ÍNDICE

1. Introducción 4

2. Principales disposiciones de la Directiva 4

3. Opciones en materia de reglamentación 6

3.1. La obligación general y sus límites 6

3.2. Precio unitario: casos de exclusión 6

3.3. Precio unitario: listas positivas 7

4. Requisitos de presentación 8

5. Publicidad 8

6. Pequeños comercios minoristas 9

7. Conclusiones 11

Anexo - PREGUNTAS PARA LAS CONSULTAS 13

1. INTRODUCCIÓN

Todos los Estados miembros han adoptado medidas legislativas nacionales para transponer la Directiva 1998/6/CE, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores. Mediante el presente documento la Comisión desea informar sobre la aplicación de dicha Directiva, tal como prevé su artículo 12.

En esta fase, sin embargo, la Comisión no considera apropiado presentar ninguna propuesta con arreglo al artículo 12 de la Directiva. De hecho, la Comisión no tiene pruebas de que las actuales divergencias entre las legislaciones nacionales en materia de indicación de precios supongan obstáculos significativos para el mercado interior, lo que justificaría una intervención normativa. Esta cuestión se determinará en función de los resultados de la consulta.

Según la Directiva, la propuesta en materia de indicación de precios deberá tener especialmente en cuenta la experiencia obtenida en la aplicación de sus disposiciones por parte de los pequeños comercios minoristas, entre otras cosas en lo que se refiere a la evolución tecnológica y a la introducción de la moneda única (considerando 14). Para basar sus medidas en un fundamento sólido, conforme a los principios de mejora de la legislación, la Comisión llevó a cabo un estudio, que tuvo lugar antes de la ampliación y se limitó a los quince antiguos Estados miembros, para evaluar la incidencia real de lo dispuesto en el artículo 6 y su aplicación en los pequeños comercios minoristas, el funcionamiento del mercado interior y el nivel global de protección de los consumidores[1]. Este primer estudio subraya diversos aspectos útiles para la consulta sobre la Directiva.

La Comisión pretende consultar a las partes interesadas sobre la incidencia de la Directiva sobre el mercado interior y el nivel global de protección de los consumidores. El anexo presenta algunas cuestiones que conviene analizar en el proceso de revisión. En función del resultado del proceso de consulta, así como del resultado del actual proceso de revisión del acervo en materia de protección de los consumidores, la Comisión evaluará si son necesarias otras iniciativas legislativas en materia de indicación de precios. La revisión de la Directiva sobre indicación de precios es coherente con los objetivos de la Comisión relativos a la mejora de la legislación en términos de simplificación del marco regulador.

2. PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA

El principal objetivo de la Directiva es que se indiquen el precio de venta y el precio por unidad de medida (precio unitario) en todos los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores, a fin de mejorar la información al consumidor y de facilitar la comparación de precios. El precio de venta debe ser inequívoco, fácilmente identificable y claramente legible (artículo 4).

El ámbito de aplicación de la Directiva se limita a los productos. Aunque la Directiva no contiene una definición de «producto», puede interpretarse, por analogía con otras disposiciones del acervo[2], que el término incluye todos los bienes muebles. Por tanto, la Directiva no es aplicable a los servicios[3].

La obligación de indicar el precio de venta y el precio unitario en todos los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores es de aplicación general. Sin embargo, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva permite a los Estados miembros no aplicar esta obligación general a los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios, a las ventas en subasta pública ni a las ventas de obras de arte o antigüedades. Por tanto, los Estados miembros pueden aplicar esta excepción y decidir que no es preciso indicar el precio de venta ni el precio unitario.

El artículo 3, apartado 3, establece que no es necesario indicar el precio de venta en los productos vendidos a granel, es decir, los que no están preenvasados, sino que se miden o pesan en presencia del consumidor. Como el precio de venta de estos productos no puede determinarse hasta que el consumidor indica la cantidad deseada, sólo es necesario indicar el precio unitario.

En virtud del artículo 3, apartado 1, no se indicará el precio unitario si es idéntico al precio de venta (por ejemplo, si la cantidad del producto envasado corresponde a una única unidad de medida). Además, en virtud del artículo 5, los Estados miembros pueden eximir de la obligación de indicar el precio unitario respecto de los productos para los cuales esta indicación no sea útil a causa de su naturaleza o destino, o pueda suscitar confusión.

Asimismo, los Estados miembros pueden disponer que, durante un periodo transitorio, la obligación de indicar el precio unitario no se aplique si implica una carga excesiva para determinados pequeños comercios minoristas a causa del número de productos ofrecidos a la venta, de la superficie de venta, de las características del lugar de venta, de las condiciones específicas de venta en aquellos casos en que el producto no se encuentra directamente accesible al consumidor, o de determinadas formas de comercio, tales como ciertas clases de venta ambulante (artículo 6). Esta excepción no puede aplicarse al precio unitario de los productos vendidos a granel por dichas empresas.

Por último, la Directiva establece que los Estados miembros pueden limitar el número máximo de precios que debe indicarse (artículo 4), a fin de mantener la transparencia del sistema durante la introducción del euro (considerando 13).

El artículo 10 de la Directiva incluye una cláusula de armonización mínima, que autoriza a los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones más favorables en materia de información al consumidor y comparación de precios, si son compatibles con el Tratado.

3. OPCIONES EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

3.1. La obligación general y sus límites

La obligación general de indicar el precio de venta y el precio unitario puede mejorar significativamente la capacidad de los consumidores para evaluar y comparar precios, así como de tomar decisiones de compra con conocimiento de causa gracias a comparaciones simples, estimulando así la competencia entre empresas y productos. Sin embargo, indicar el precio de venta y el precio unitario puede resultar imposible o inútil para determinadas categorías de productos en las que el precio sólo puede determinarse tras un proceso de negociación o que no pueden compararse fácilmente con otros productos del mismo tipo. Por este motivo, la Directiva permite a los Estados miembros no aplicar la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 1, a los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios (como el precio del champú utilizado durante la prestación de un servicio de peluquería), a las ventas en subasta ni a las ventas de obras de arte o antigüedades.

Únicamente Francia y Finlandia han decidido no utilizar la posibilidad de eximir de la obligación general de indicar el precio de venta y el precio unitario respecto de estos productos. En Suecia sólo están exentos los productos vendidos en subastas y procedimientos similares. En Hungría, los productos vendidos en subastas sólo están exentos de la obligación de indicar el precio de venta y el precio unitario si el aviso de subasta especifica un precio inicial. Bélgica excluye los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios y los vendidos mediante procedimientos públicos. La legislación polaca establece que el precio de determinados bienes puede incluirse en el precio de un servicio, lo que significa que no es obligatorio indicar por separado el precio de venta y el precio unitario de los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios. En Luxemburgo, las obras de arte y antigüedades sólo están exentas si llevan una indicación clara que permita su identificación en una lista de precios que debe exponerse en la tienda de forma accesible para los consumidores. Los demás Estados miembros han aplicado plenamente la exención.

3.2. Precio unitario: casos de exclusión

La Directiva reconoce que, en el caso de determinados productos, la obligación de indicar el precio unitario no sería útil o podría crear confusiones, como, por ejemplo, cuando la indicación de una cantidad no resulta pertinente para la comparación de los precios o cuando se comercializan productos diferentes con el mismo embalaje (considerando 10). Por este motivo, el artículo 5, apartado 1, permite a los Estados miembros eximir de la obligación de indicar el precio unitario respecto de estos productos.

Todos los Estados miembros han eximido a determinados productos de la obligación de indicar el precio unitario. La gran mayoría de Estados miembros ha identificado determinadas categorías de productos para las cuales no es preciso indicar el precio unitario. Aunque la legislación sueca no contiene una lista de productos exentos, establece que no es preciso indicar el precio unitario si, a causa de la naturaleza o el destino del producto, puede considerarse que esta indicación no sería útil o podría crear confusión. Asimismo, aunque las legislaciones maltesa y polaca no enumeran categorías de productos exentas, autorizan a las autoridades competentes a no aplicar la obligación general de indicar el precio unitario. Por último, las medidas de transposición adoptadas por Chipre, Letonia y Lituania incluyen breves listas abiertas con ejemplos de productos a los que no se aplica la obligación.

Los Estados miembros han utilizado criterios muy divergentes para seleccionar las categorías de productos exentos de la obligación general de indicar el precio unitario. Siguiendo el ejemplo que figura en el preámbulo de la Directiva, la mayoría de las medidas nacionales de transposición no imponen la obligación a los productos que incluyen un surtido de artículos diferentes vendidos en un único envase. En general, también se considera innecesario indicar el precio unitario de las mercancías comercializadas en cantidades inferiores a determinados límites (que van de 5 g o 5 ml en Chipre y Lituania a 100 g o 100 ml en Luxemburgo). En determinados Estados miembros están exentos algunos o todos los productos vendidos a través de distribuidores automáticos. En el Reino Unido y Estonia, las disposiciones nacionales que transponen el artículo 6 de la Directiva establecen que los productos preenvasados en una cantidad constante y vendidos en distribuidores automáticos están exentos de la obligación de indicar el precio unitario.

En determinados casos, la lista de productos exentos incluye también los productos vendidos individualmente para consumo inmediato (por ejemplo, los helados), las comidas preparadas completas compuestas de productos diferentes, los productos alimentarios concentrados o deshidratados a los cuales deben añadirse agua u otros ingredientes antes del consumo, los productos vendidos por unidades y los alimentos vendidos excepcionalmente a precio reducido por acercarse la fecha límite de venta. Dinamarca, Finlandia, Estonia y Eslovaquia han excluido explícitamente que se indique el precio unitario de los productos vendidos individualmente que no pueden dividirse sin alterar su calidad o naturaleza y para los que no sea preciso indicar el contenido neto.

Otras exenciones son más específicas. Por ejemplo, la legislación danesa excluye los panecillos y pasteles no preenvasados; Estonia exime los muñecos de chocolate y los huevos sorpresa, así como las hortalizas frescas tempranas, las hierbas culinarias envasadas, los refrescadores de aliento y los chicles. En Finlandia están exentos los huevos de chocolate, la confitería y pastelería decorativas y las golosinas. En los Países Bajos, Estonia y Eslovenia, no es necesario indicar el precio unitario de los productos utilizados para decorar escaparates. Polonia excluye las flores y plantas, los animales vivos, los alimentos no preenvasados vendidos por unidades y los productos vendidos habitualmente en grandes cantidades, así como los productos vendidos fuera de establecimientos comerciales o en ferias especiales y los productos cuyo precio de venta es inferior a 4 zlotys. Grecia excluye los cosméticos, perfumes y artículos de higiene. Alemania excluye las bebidas y el tabaco de mascar. Por último, en España están exentos los vinos y las bebidas espirituosas con denominación de origen o indicación geográfica típica.

3.3. Precio unitario: listas positivas

Para facilitar la aplicación de las normas por parte de los comerciantes y de las autoridades competentes, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva establece que los Estados miembros pueden establecer una lista de productos o categorías de productos no alimentarios respecto de los que seguirá siendo aplicable la obligación de indicar el precio unitario.

Únicamente algunos Estados miembros han hecho uso de la posibilidad, prevista en el artículo 5, apartado 2, de establecer una lista de productos o categorías de productos no alimentarios para los que sigue siendo aplicable la obligación de indicar el precio unitario. Francia, Bélgica y Luxemburgo han adoptado extensas listas positivas de productos no alimentarios. Dinamarca y Finlandia disponen de listas de productos alimentarios y no alimentarios. La legislación estonia establece que es preciso utilizar el precio por unidad para indicar el precio unitario de las servilletas y los pañuelos de papel, los pañales, las compresas higiénicas, los protege-slips y los tampones. Por último, aunque la legislación austriaca no establece una lista de productos no alimentarios que deban indicar el precio unitario, autoriza a las autoridades competentes a determinar dichos productos.

4. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

La Directiva establece que el precio de venta y el precio unitario deben ser inequívocos, fácilmente identificables y claramente legibles (artículo 4). En particular, el precio de venta y el precio unitario deben representar el precio final (de una unidad y de una determinada cantidad, respectivamente) del producto, incluidos el IVA y todos los demás impuestos (artículo 2).

Todos los Estados miembros han aplicado correctamente el artículo 4 de la Directiva, y varios han introducido en su legislación nacional especificaciones adicionales sobre métodos e indicaciones en materia de precios. Dinamarca, Finlandia, Suecia y Francia establecen que la indicación no debe generar incertidumbre sobre los productos a los que se aplica el precio. La legislación española exige que el precio de venta y el precio unitario figuren en el mismo campo visual, y Grecia que sean del mismo tamaño. En Luxemburgo, los restaurantes, bares y todos los establecimientos que sirvan comidas y bebidas deben incluir el servicio en el precio de venta.

El objetivo del artículo 4 es que los consumidores dispongan de información homogénea y transparente. Sin embargo, la Directiva reconoce que el paso al euro podría afectar a la transparencia del sistema de indicación de precios previsto, ya que los consumidores podrían encontrar varias etiquetas de precios para el mismo producto. Por este motivo, el artículo 4, apartado 1, permite a los Estados miembros disponer que se limite el número máximo de precios que debe indicarse.

Sólo Francia, Italia y Luxemburgo introdujeron limitaciones en virtud del artículo 4, apartado 1. Dichas limitaciones sólo eran aplicables durante el periodo transitorio de introducción del euro. En particular, Italia estableció una exención para los pequeños detallistas, Luxemburgo fijó una fecha específica en la que todas las indicaciones de precios debían pasar de moneda local a euros, y Francia estableció que el precio de venta debía indicarse tanto en moneda nacional como en euros, mientras que el precio unitario debía indicarse en moneda nacional hasta una fecha específica y, posteriormente, en euros.

Actualmente ningún Estado miembro parece tener en vigor normas que limiten el número máximo de precios que deben indicarse, aunque no puede excluirse que cuando los nuevos países adopten el euro puedan decidir adoptar normas específicas al respecto. Cabe mencionar que Francia, Malta y Polonia han adoptado normas que establecen que los productos idénticos vendidos al mismo precio y presentados conjuntamente pueden llevar una única indicación del precio de venta y el precio unitario. Sin embargo dichas normas autorizan, en lugar de imponer, una limitación del número máximo de precios que es preciso indicar.

5. PUBLICIDAD

En virtud del artículo 3, apartado 4, la obligación de indicar el precio unitario se aplica también a todas las formas de publicidad que mencionen el precio de venta de los productos a los que se aplica la Directiva. Esta norma no ha creado ningún problema concreto de transposición. Cabe mencionar, sin embargo, que el Reino Unido ha preferido no imponer la obligación de indicar el precio unitario a los anuncios difundidos en televisión o en cines ni a la publicidad expuesta en pequeños establecimientos comerciales.

El artículo 3, apartado 4, impone un contenido específico para la publicidad de los productos de consumo, que es preciso coordinar con las normas generales de la Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales. El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva establece que se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. El artículo 7, apartado 5, clarifica que se considerarán sustanciales los requisitos establecidos por el Derecho comunitario en materia de información relacionados con las comunicaciones comerciales, con inclusión de la publicidad o la comercialización. En el anexo II de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales se cita expresamente el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre indicación de precios. Por tanto, no indicar el precio unitario en la publicidad de los productos de consumo a los que se aplica la Directiva sobre indicación de precios supone infringir la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

La Comisión es consciente de que la falta de convergencia en el ámbito de aplicación de las medidas nacionales de transposición puede implicar que la publicidad de determinadas categorías de productos pueda estar sujeta a la obligación de indicar el precio unitario sólo en algunos Estados miembros, pero no en otros. La Comisión tiene intención de comprobar si esta circunstancia puede obstaculizar la consecución de los objetivos de integración del mercado y protección del consumidor que se pretenden alcanzar con la armonización total de las normas sobre prácticas comerciales desleales a escala de la UE.

6. PEQUEÑOS COMERCIOS MINORISTAS

La Directiva reconoce que, para algunos pequeños comercios minoristas, la obligación de indicar el precio unitario puede a veces implicar una carga excesiva a causa del número de productos en venta, de la superficie de venta, de las características del lugar de venta, o de determinadas formas de comercio, tales como ciertas clases de venta ambulante. Por este motivo, el artículo 6 permite a los Estados miembros no imponer la obligación de indicar el precio unitario a los productos vendidos en estos comercios, a excepción de los productos vendidos a granel. Esta exención sólo se permite durante un periodo transitorio, que debe ser fijado por los Estados miembros.

Varios Estados miembros han decidido aplicar la exención para pequeños comercios minoristas prevista en el artículo 6 de la Directiva. Sin embargo, los criterios adoptados por los legisladores nacionales para definir el ámbito de aplicación de dicha exención son divergentes. La mayoría de Estados miembros tienen en cuenta la superficie total de venta y fijan un límite por debajo del cual no se aplica la obligación de indicar el precio unitario. Dicho límite varía de 50 m2 en Grecia a 500 m2 en Eslovenia.

Algunos Estados miembros han decidido no aplicar la obligación de indicar el precio unitario a las tiendas que sirven a los clientes en el mostrador (en contraposición a los establecimientos de autoservicio). Es lo que sucede, por ejemplo, en los Países Bajos, Eslovaquia y Grecia (en este último país, sólo para la comida y las bebidas preenvasadas). En Francia, esta exención sólo se aplica a los establecimientos detallistas que no son de autoservicio y con una superficie de venta inferior a 120 m2.

En Austria, están exentos los comerciantes independientes con un máximo de nueve empleados y los constituidos como empresa con un máximo de cincuenta empleados. Los comerciantes con un máximo de cinco empleados a tiempo completo también están exentos en los Países Bajos. Las medidas de transposición irlandesas no aplican la obligación a los establecimientos en los que no se utiliza material para imprimir etiquetas de góndola o para leer códigos de barras. También existen exenciones específicas en los Países Bajos para los productos comercializados en los hogares de clientes regulares, en vehículos o en mercados callejeros o sobre el agua.

En Austria, Irlanda y Luxemburgo, los comerciantes ambulantes están exentos de la obligación de indicar el precio unitario. En el Reino Unido, sólo están exentos los comerciantes ambulantes que venden pan elaborado en una cantidad prescrita o cualquier producto preenvasado en una cantidad constante. En Estonia, están exentos los productos preenvasados de volumen o peso idéntico ofrecidos o vendidos en tiendas móviles, quioscos o puestos callejeros.

Por último, aunque la legislación maltesa no concede la exención directamente, autoriza a la autoridad administrativa competente (el Director de asuntos del consumidor) a fijar las condiciones en las que los pequeños comercios minoristas u otras categorías de comerciantes están exentos de la obligación de exhibir el precio unitario cuando ello resulta excesivamente oneroso.

Dinamarca, Finlandia, Suecia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia han decidido no adoptar normas específicas para los pequeños comercios minoristas. Bélgica, Italia, Portugal y España aplicaron inicialmente un régimen ad hoc para los pequeños comercios minoristas, pero decidieron no renovarlo cuando finalizó el periodo transitorio previsto para la introducción del euro. Chipre ha modificado recientemente su legislación nacional para suprimir la exención.

Según la Directiva, los Estados miembros sólo pueden eximir a los pequeños comercios minoristas de la obligación de indicar el precio unitario de los productos durante un periodo transitorio. Sin embargo, la República Checa es el único Estado miembro cuya normativa de aplicación indica una fecha de finalización de dicha exención, concretamente el 1 de mayo de 2014. En la legislación griega, la duración de la exención se define haciendo referencia al texto de la Directiva: la obligación de indicar el precio unitario no se aplica hasta que finalice la revisión comunitaria de dicha cuestión con arreglo al artículo 12. Las medidas de transposición alemanas mencionan la naturaleza transitoria de la exención, sin especificar durante cuánto tiempo se aplicará. Los demás Estados miembros no parecen mencionar que la exención se concede sólo durante un periodo transitorio, aunque algunos clarifican expresamente que no tiene carácter permanente.

Conforme al artículo 12 de la Directiva y a su preámbulo, la Comisión ha realizado un estudio para evaluar la incidencia de la Directiva, con especial referencia a la aplicación de los requisitos de indicación de precios en los pequeños comercios minoristas. El estudio ha identificado los obstáculos potenciales que encuentran los pequeños comercios minoristas para indicar el precio unitario, que pueden estar relacionados con los instrumentos y metodologías en materia de precios. En particular, en los sistemas manuales de precios, que los pequeños minoristas adoptan con preferencia sobre los sistemas informáticos, puede suponer una carga adicional calcular, modificar e indicar el precio unitario. A pesar de la rápida difusión de las nuevas tecnologías, es poco probable que los minoristas más pequeños puedan aprovechar los beneficios potenciales de tales avances, debido a su elevado coste, al insuficiente volumen de negocios y a la complejidad de dichos sistemas.

Sin embargo, existen indicios de que esta carga podría no ser excesiva con respecto a los objetivos de protección de los consumidores que persigue la Directiva. El estudio llevado a cabo por la Comisión muestra que sólo una minoría sustancial (39 %) de los pequeños comercios minoristas de los quince antiguos Estados miembros considera que indicar el precio unitario constituye una carga para los pequeños minoristas. La mayoría de pequeños comercios minoristas de los quince antiguos Estados miembros está de acuerdo en que el precio unitario se indique en todos los establecimientos comerciales, independientemente de su tamaño. Los minoristas que ya indican el precio unitario son más partidarios de que la indicación del precio unitario sea obligatoria para todos los comercios que las empresas que se benefician de la exención.

A efectos de una posible revisión de la Directiva, la Comisión no considera que la información disponible sea concluyente. En primer lugar, para el estudio fue preciso utilizar una definición estándar de pequeño comercio minorista (0-20 empleados), mientras que, a falta de una definición armonizada a escala comunitaria, los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros son bastante divergentes en cuanto a la definición de «pequeño minorista». En segundo lugar, el estudio no abarcó los nuevos Estados miembros, donde los pequeños minoristas pueden encontrar problemas específicos (aunque, como ya se ha mencionado, cuatro de ellos han decidido no aplicar la exención prevista en el artículo 6).

7. CONCLUSIONES

La Directiva no ha suscitado problemas de transposición importantes en ningún Estado miembro. Todos los Estados miembros la han aplicado, aunque en algunos casos después de la fecha prevista en el artículo 11, apartado 1, que era el 18 de marzo de 2000. Del estudio realizado por la Comisión se desprende que existe un amplio consenso en que la Directiva ha contribuido a aumentar la protección de los intereses económicos de los consumidores, aunque la auténtica amplitud de sus efectos no esté todavía clara.

La Directiva deja a los Estados miembros un considerable margen de maniobra para elaborar sus medidas de transposición. Varios artículos establecen opciones de reglamentación abiertas para los legisladores nacionales; en consecuencia, determinados aspectos de las normativas de aplicación de la Directiva son significativamente divergentes. Sin embargo, éste no es siempre el caso, ya que para determinadas disposiciones, la gran mayoría de Estados miembros ha adoptado a escala nacional las mismas soluciones normativas.

Debido a este margen de maniobra, los Estados miembros no han utilizado excesivamente la cláusula de armonización mínima prevista en el artículo 10, que les autoriza a adoptar o mantener disposiciones más favorables que las de la Directiva en materia de información al consumidor y comparación de precios. Por tanto, con vistas a una posible revisión de la Directiva, la Comisión tiene intención de considerar la necesidad de mantener la cláusula de armonización mínima prevista en el artículo 10.

En cuanto a la posibilidad de eximir de la obligación de indicar el precio unitario respecto de los productos para los cuales esta indicación no sea útil a causa de su naturaleza o destino, el control de la transposición muestra una gran heterogeneidad. Aunque determinadas categorías de productos están exentas en la mayoría de Estados miembros, existen algunas excepciones muy específicas, que no siempre parecen fácilmente justificables a tenor de lo establecido en el artículo 5, apartado 1. Como esta situación genera desigualdades no deseadas en cuanto al nivel de protección de los consumidores en Europa, puede ser necesario establecer directrices adicionales sobre qué productos o categorías de productos pueden estar sujetos a la obligación de indicar el precio unitario, o exentos de dicha obligación.

Por último, como ya se ha mencionado, la Comisión tiene intención de escuchar el punto de vista de los interesados sobre la aplicación del artículo 6, en especial sobre su incidencia en la actividad comercial de los pequeños comercios minoristas. La Comisión está especialmente interesada en recibir aportaciones sobre la necesidad de mantener la exención temporal prevista en la Directiva o la oportunidad de introducir en la normativa una definición europea de «pequeño minorista».

Anexo PREGUNTAS PARA LAS CONSULTAS

Pregunta A : ¿Debe mantenerse la exención prevista en el artículo 3, apartado 2?

Opción 1 : podría argumentarse que no es necesario indicar el precio unitario de los productos mencionados en el artículo 3, apartado 2, para que los consumidores puedan decidir con conocimiento de causa mediante simples comparaciones de precios. De hecho, la mayoría de Estados miembros han excluido estos productos del ámbito de aplicación de las medidas nacionales de transposición. Francia y Finlandia, que no han hecho uso de esta posibilidad, han adoptado listas positivas de categorías de productos para las que sigue siendo aplicable la obligación de indicar el precio unitario; en consecuencia, en la mayoría de casos no es necesario indicar el precio unitario de los productos mencionados en el artículo 3, apartado 2, ni siquiera en estos dos países. Por tanto, podría ser oportuno excluir dichos productos del ámbito de aplicación de la Directiva y suprimir la exención.

Opción 2: también podría argumentarse que, puesto que con arreglo al artículo 5, apartado 1, los Estados miembros pueden eximir de la obligación de indicar el precio unitario respecto de los productos para los cuales esta indicación no sea útil, no es necesario excluir estos productos del ámbito de aplicación de la Directiva. Podría suprimirse completamente el artículo 3, apartado 2, y los Estados miembros podrían determinar libremente si es preciso indicar el precio unitario de dichos productos con arreglo al artículo 5, apartado 1.

Opción 3 : una tercera alternativa sería mantener la exención en su forma actual.

Pregunta B : ¿Para qué productos debe ser obligatorio indicar el precio unitario?

Opción 1 : los Estados miembros han adoptado diferentes posturas acerca de los productos para los que no es necesario indicar el precio unitario, ya que tal indicación no sería útil a causa de su naturaleza o destino, o podría suscitar confusión. Aunque esto pueda estar justificado hasta cierto punto teniendo en cuenta las especificidades nacionales, parece evidente que son necesarias algunas directrices. Por ejemplo, sería posible adoptar, a escala europea, una lista orientativa o exhaustiva de categorías de productos para las que no es necesario indicar el precio unitario. Si se elaborara dicha lista exhaustiva, podría suprimirse el artículo 5, apartado 1.

Opción 2 : una opción alternativa sería elaborar, a escala europea, una lista de productos o categorías de productos sujetos a la obligación de indicar el precio unitario. Dicha lista positiva definiría el ámbito de aplicación exacto de la Directiva y eliminaría la inseguridad jurídica para los consumidores y las empresas. Si se adoptara dicha lista, podría suprimirse el artículo 5.

Opción 3 : una tercera posibilidad sería determinar los criterios que los Estados miembros deben tener en cuenta al aplicar el artículo 5, apartado 1. Esto limitaría la gran discrecionalidad que tienen los Estados miembros, sin necesidad de suprimir el artículo 5.

Pregunta C : ¿Deben mantenerse normas específicas para la publicidad en este contexto?

Opción 1 : podría argumentarse que la Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, garantiza a estos últimos una protección adecuada contra la publicidad engañosa sobre el precio de los productos. Si así fuera, podría suprimirse el artículo 3, apartado 4. En ese caso, las autoridades nacionales competentes deberían evaluar si los anuncios que indican el precio de venta, pero no el precio unitario, de los productos a los que se aplica la Directiva sobre indicación de precios pueden influir en el comportamiento económico del consumidor medio, induciéndole a adoptar una decisión transaccional que de otro modo no habría adoptado.

Opción 2 : si se considera esencial indicar en todos los casos el precio unitario en la publicidad para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, podría suprimirse el artículo 3, apartado 4, y añadir la disposición correspondiente a la lista negra de prácticas que siempre se consideran desleales con arreglo a la Directiva 2005/29/CE. Sin embargo, para garantizar una aplicación uniforme de la lista negra, sería preciso elaborar una lista básica de productos para los que la omisión del precio unitario en la publicidad se considera siempre una práctica desleal.

Pregunta D : ¿Debería hacerse permanente la exención para pequeños comercios minoristas? En ese caso, ¿debería definirse a escala europea el concepto de «pequeño comercio minorista»? ¿Cómo debería definirse?

Opción 1 : la Directiva sólo permite que los Estados miembros eximan a los pequeños comercios minoristas de la obligación de indicar el precio unitario de los productos durante un periodo limitado, que debe especificarse en la legislación nacional. Una primera opción sería eximir completamente a los pequeños comercios minoristas del ámbito de aplicación de la Directiva. Sin embargo, tal opción se basa en la hipótesis de que la obligación de indicar el precio unitario de los productos de consumo constituye una carga excesiva para dichos comercios. De momento, la Comisión no tiene pruebas que demuestren esta hipótesis: tanto el resultado del estudio como la opción escogida por los numerosos Estados miembros que han decidido no aplicar la exención parecen indicar que, aunque dicha obligación represente una carga adicional, no resulta excesiva ni desproporcionada. Si se decidiera excluir a los pequeños comercios minoristas del ámbito de aplicación de la Directiva, podría elaborarse una definición precisa de dichos comercios a escala europea para garantizar la seguridad jurídica.

Opción 2 : podría argumentarse que la obligación de indicar el precio unitario no constituye una carga excesiva para los pequeños comercios minoristas. En ese caso, podría suprimirse completamente la exención prevista en el artículo 6.

Opción 3 : por último, podría prolongarse durante un plazo determinado la posibilidad de aplicar la exención prevista en el artículo 6 para, en el futuro, volver a evaluar si los avances técnicos aligeran la carga que supone, para los pequeños comercios minoristas, indicar el precio unitario. También en este caso podría ser necesario determinar el periodo en que la exención seguiría siendo aplicable, así como los comercios que podrían beneficiarse de ella.

Pregunta E : ¿Debería mantenerse la cláusula mínima de armonización?

Opción 1 : podría argumentarse que, dado que los Estados miembros casi no han hecho uso de la posibilidad de introducir o mantener normas más rigurosas de protección de los consumidores en el ámbito armonizado por la Directiva, sería posible orientarse hacia un régimen totalmente armonizado de indicaciones de precios, para combinar así un nivel elevado de protección de los consumidores con una completa integración del mercado.

Opción 2 : la supresión de la disposición prevista en el artículo 10 reduciría la discrecionalidad de los Estados miembros en la aplicación de la Directiva. Por otra parte, de momento la Comisión no tiene pruebas concluyentes de que las actuales divergencias entre las legislaciones nacionales en materia de indicación de precios de los productos de consumo supongan barreras significativas para el mercado interior y obstaculicen el comercio transfronterizo.

[1] «Appraisal of Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of unit prices of products offered to consumers» (Evaluación de la Directiva 98/6/CE, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios unitarios de los productos ofrecidos a los consumidores), estudio elaborado por EIM Business & Policy Research.

[2] Por ejemplo, el artículo 2 de la Directiva 85/374/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

[3] Sin embargo, las medidas de transposición adoptadas por varios Estados miembros son aplicables también a los servicios, como sucede en Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Portugal, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.