Habida cuenta de que tres de los seis pilares que establecen el ámbito de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se centran en elementos sociales, los planes de recuperación y resiliencia en el marco de dicho Mecanismo recogen un número significativo de reformas e inversiones que abordan los aspectos de la transición equitativa tanto en términos de reformas como de inversiones. Los planes nacionales y los programas operativos se ejecutarán en el período de financiación en curso. Si bien las reformas y las inversiones están diseñadas para tener un impacto duradero, debido a esta duración limitada no contemplan un enfoque plenamente global de la transición equitativa a nivel nacional más allá de 2027, en particular con vistas a los objetivos climáticos de la UE.

En consonancia con las orientaciones políticas de la Comisión 2019-2024, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales destaca que, como parte de un nuevo «código normativo social», los derechos sociales y la dimensión social europea deben reforzarse en todas las políticas de la Unión, tal como se consagran en los Tratados, en particular en el artículo 3 del TUE y el artículo 9 del TFUE, para avanzar hacia una década más ecológica y más digital en la que los europeos puedan prosperar. A su vez, el Pacto Verde Europeo contempla la integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la UE, en particular mediante la búsqueda de financiación e inversión ecológicas y garantizando una transición equitativa.

En el seminario también se señalaron ámbitos que podrían beneficiarse de nuevas investigaciones, en particular sobre: a) la dimensión geoespacial de los efectos sobre el empleo, sociales y distributivos de la acción por el clima, especialmente mediante simulaciones adicionales que abarquen todos los países de la UE y la estimación de las repercusiones por zona y grado de urbanización; b) la integración de macromodelos y micromodelos, especialmente una modelización más detallada de las transiciones en el mercado laboral, en particular entre sectores, y las necesidades de inversión social conexas para apoyar la readaptación de las capacidades, el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades; c) la integración de los modelos de distribución de la renta y de presupuesto familiar en los macromodelos subyacentes; y d) el desarrollo de indicadores acerca de cómo de «verdes» son las tareas, los puestos de trabajo y las competencias.

Siguiendo la estela de acciones previas sobre este tema, en noviembre de 2021 el observador de la situación social celebró su seminario anual de investigación, titulado «Social and Labour Aspects of the Transition to Climate Neutrality» («Aspectos sociales y laborales de la transición hacia la neutralidad climática»). El acto se centró en las posibles repercusiones de la transición ecológica en términos de empleo, calidad del empleo, capacidades y otras repercusiones distributivas, como la pobreza energética y el acceso a los servicios esenciales.

Además, se propone que los Estados miembros tengan en cuenta la presente Recomendación del Consejo en la actualización de sus planes nacionales integrados de energía y clima en 2023 (para los proyectos de dichos planes) y 2024 (para los planes definitivos) de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (el «Reglamento sobre la gobernanza») y en sus informes de situación nacionales integrados de energía y clima de conformidad con el artículo 17 de dicho Reglamento. En particular, la Recomendación debe contribuir a la integración de los aspectos de una transición equitativa en todas las medidas y acciones contempladas en cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía descritas en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento sobre la gobernanza. La Recomendación también debe contribuir a las acciones y medidas nacionales específicas destinadas a abordar el empleo, las capacidades, la pobreza energética y otros aspectos sociales y distributivos del mercado interior de la energía, cuando los Estados miembros decidan adoptar tales medidas, ayudándolos de este modo, en particular a aquellos con un número significativo de hogares en situación de pobreza energética, a elaborar políticas y medidas adecuadas para abordar la cuestión en sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 3, apartado 3 quinquies, incluidas las medidas de política social y otros programas y políticas nacionales pertinentes.

No se ha identificado ningún impacto negativo en los derechos fundamentales. Al contrario, la iniciativa promueve los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los títulos de Igualdad y Solidaridad, como el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31), el derecho a la educación (artículo 14) y el derecho a la seguridad social y a la ayuda social (artículo 34), que se refiere a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en determinados casos, así como el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda.

Proporcionar pruebas de modelización de la capacidad de alejar los ingresos fiscales de la actividad laboral para trasladarlos a la generación de ingresos relacionados con el clima, de internalizar las externalidades medioambientales negativas promoviendo el principio de «quien contamina paga» y mejorar los resultados del mercado laboral, reduciendo al mismo tiempo la exposición a los riesgos medioambientales, en particular para los más vulnerables, así como la capacidad de reducir los efectos distributivos adversos mediante medidas específicas que transfieran los ingresos de los impuestos sobre la energía y la tarificación del carbono a los hogares más afectados, en particular los vulnerables.

(4)La transformación hacia una economía y una sociedad climáticamente neutras precisa de una acción política global y una inversión sustancial en numerosos ámbitos, como la acción por el clima, la energía, el medio ambiente, la industria, la investigación y la innovación. Para cumplir el objetivo vinculante a nivel de la Unión para 2030, el 14 de julio de 2021 la Comisión presentó el paquete «Objetivo 55». Este paquete incluye propuestas para actualizar la legislación pertinente, especialmente el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), la Directiva sobre fiscalidad de la energía, la Directiva de eficiencia energética, la Directiva sobre fuentes de energía renovables, el Reglamento sobre las normas de emisión de CO2 para turismos y furgonetas, el Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, y el Reglamento de reparto del esfuerzo con respecto a sectores no sujetos al RCDE actual, a saber, los sectores del transporte y los edificios. También contiene nuevas propuestas legislativas, en particular para apoyar el uso de combustibles más limpios en los sectores de la aviación y el transporte marítimo, así como para introducir un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y crear un Fondo Social para el Clima, que está directamente relacionado con la introducción propuesta del comercio de emisiones al transporte por carretera y los edificios. El paquete «Objetivo 55», junto con las medidas adoptadas a nivel de la UE para apoyar e incentivar las inversiones públicas y privadas necesarias, contribuirá a apoyar y acelerar el crecimiento de nuevos mercados, por ejemplo para los combustibles limpios y los vehículos de bajas emisiones, con la consiguiente reducción de los costes de la transición sostenible tanto para las empresas como para los ciudadanos.

El apartado 11 acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar medidas de seguimiento con respecto a la Recomendación del Consejo, en particular con vistas a promover el debate público sobre la transición equitativa, mejorar los datos y la base metodológica, llevar a cabo el seguimiento y el análisis prospectivo, revisar los avances en la ejecución de la Recomendación en el contexto de la supervisión multilateral, en particular en el Semestre Europeo y en el contexto de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima.

(9)Los efectos de la transición ecológica en las empresas y el empleo variarán según el sector, la ocupación, la región y el país, lo que implicará cambios en el empleo dentro de los sectores y los ecosistemas industriales, así como grandes redistribuciones de la mano de obra entre ellos. La reestructuración y el ajuste en las empresas, los sectores y los ecosistemas afectados requieren el desarrollo de nuevos modelos empresariales y grandes redistribuciones de mano de obra entre sectores y regiones. Por ejemplo, se prevé la pérdida de puestos de trabajo en algunas actividades mineras o en la producción de energía basada en combustibles fósiles, así como en partes del sector del automóvil. Por el contrario, se esperan nuevas oportunidades de empleo en las actividades de retención de valor circular y en la producción sostenible de energía y transporte. Por lo tanto, los Estados miembros deben seguir planteamientos detallados y centrarse en las regiones y ecosistemas individuales de que se trate, en colaboración con los interlocutores sociales o las autoridades locales y regionales y las partes interesadas.

(10)Al crear oportunidades de empleo de calidad para todos, al tiempo que se toman medidas para aliviar y prevenir la pobreza energética y en el transporte, la transición ecológica puede contribuir a aumentar los ingresos y a reducir las desigualdades y la pobreza en general. De este modo, puede ayudar a abordar las desigualdades socioeconómicas y la exclusión social preexistentes, mejorando la salud y el bienestar y promoviendo la igualdad. Debe prestarse especial atención a determinados grupos de población, sobre todo a los que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esto abarca, en particular, los hogares de renta baja y media-baja que gastan un porcentaje elevado de sus ingresos en servicios esenciales, como energía, transporte y vivienda, así como las microempresas y pymes. Los resultados de la modelización muestran que el carácter progresivo o regresivo de los impuestos medioambientales dependerá en gran parte del diseño de los instrumentos, por ejemplo, la medida en que los recortes del impuesto sobre la renta u otras opciones de reciclado de ingresos estén dirigidos a las personas que perciben ingresos más bajos.

(11)Las actividades de retención del valor circular (especialmente los modelos de negocio de reparación, reutilización, remanufactura y terciarización) pueden fomentar un acceso asequible y sostenible a los bienes y servicios. También generan puestos de trabajo y oportunidades a distintos niveles de cualificación, en particular para las mujeres, las personas con discapacidad y los grupos en situaciones de vulnerabilidad, a través de empresas de la economía social activas en estos ámbitos. Al evitar nuevas compras, se reducen enormemente las emisiones de carbono, mientras que los puestos de trabajo creados se encuentran próximos a los productos que deben mantenerse, renovarse o compartirse.

(12)Según los últimos datos disponibles en EU-SILC para 2019/2020, la pobreza energética afectó a alrededor del 8 % de la población de la UE, es decir, más de 35 millones de personas que no pudieron calentar adecuadamente sus hogares, con diferencias significativas entre Estados miembros y entre grupos de ingresos. En general, el Observatorio de la Pobreza Energética estima que más de 50 millones de hogares de la Unión Europea sufren pobreza energética. La pobreza energética, resultante de una combinación de bajos ingresos, el gasto de una elevada proporción de la renta disponible en energía, así como una mala eficiencia energética, constituye un reto importante para la Unión desde hace algún tiempo. Esta forma de pobreza afecta no solo a los hogares con bajos ingresos, sino también a los de renta media-baja en muchos Estados miembros. Los hogares con necesidades energéticas superiores a la media, especialmente las familias con hijos, las personas con discapacidad y las personas mayores, también son más vulnerables a la pobreza energética y a sus efectos. Las mujeres, y en particular las que conforman familias monoparentales y las de edad avanzada, también se ven especialmente afectadas por la pobreza energética. Además de la pobreza energética, cada vez se reconoce más el concepto de pobreza en el transporte cuando determinadas categorías de población no logran alcanzar un nivel de servicios de transporte necesario desde el punto de vista social y material. Sin las medidas de acompañamiento adecuadas para aliviar y prevenir la pobreza energética y en el transporte, se corre el riesgo de que estas situaciones se agraven, en particular, debido a la internalización de los costes de las emisiones en la formación de los precios o a los costes de adaptación a alternativas más eficientes y de emisiones más bajas.

(13)Los principios de equidad social y solidaridad se integran firmemente en el diseño de los marcos climáticos, energéticos y medioambientales pertinentes a nivel de la Unión, en particular a través del principio de «quien contamina paga» y el reparto del esfuerzo entre los Estados miembros, así como en cierta redistribución de los derechos de emisión del RCDE a efectos de solidaridad, crecimiento e interconexiones dentro de la Unión y su uso para el Fondo de Modernización, que contribuye a las importantes necesidades de inversión de los Estados miembros con menores ingresos para modernizar sus sistemas energéticos. Además, el marco de la legislación de la UE en materia de política energética proporciona a los Estados miembros herramientas para garantizar la protección de los consumidores domésticos vulnerables y en situación de pobreza energética, evitando al mismo tiempo las distorsiones del mercado. Si bien estos instrumentos ayudan a facilitar la transición ecológica, pretenden proporcionar los medios para garantizar la protección necesaria en líneas más generales, como demuestra, por ejemplo, la reciente Comunicación titulada «Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía». Además, la creación de un Fondo Social para el Clima de 72 200 millones EUR para el período 2025-2032 brindaría apoyo a los hogares vulnerables, a los usuarios del transporte y a las microempresas afectadas por la introducción del comercio de derechos de emisión para los combustibles utilizados en el transporte por carretera y en los edificios. El Fondo facilita que se aborden las repercusiones sociales a través de medidas e inversiones destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante una mayor eficiencia energética de los edificios, la descarbonización de la calefacción y la refrigeración de los edificios, especialmente la integración de la energía procedente de fuentes renovables, y la concesión de un mejor acceso a la movilidad y el transporte de emisión cero y de bajas emisiones en beneficio de los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte; estas medidas se complementarían con ayudas directas temporales a la renta de los hogares vulnerables, en concreto de los usuarios vulnerables del transporte, cuando sea necesario.

(14)Los Estados miembros disponen de una serie de instrumentos para esbozar y coordinar sus acciones en aras de una transición equitativa. Los planes nacionales de energía y clima deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética y definir las medidas necesarias para abordar las repercusiones sociales y territoriales de la transición energética. Los planes territoriales de transición justa deben señalar los territorios que pueden optar a la ayuda del Fondo de Transición Justa hasta 2027. Financiados por NextGenerationEU, los planes nacionales de recuperación y resiliencia establecen reformas e inversiones para fomentar la transición ecológica, el crecimiento integrador, la cohesión social y territorial, la resiliencia y las perspectivas para la próxima generación, con un horizonte de ejecución hasta 2026.

(15)Sobre la base de los principios y las políticas del Pacto Verde Europeo y, en particular, del pilar europeo de derechos sociales, existe margen para mejorar el diseño de las políticas de manera global y transversal, y garantizar la coherencia de los esfuerzos de gasto a nivel nacional y de la UE. En la evaluación de los planes nacionales de energía y clima definitivos, si bien la Comisión reconoce que proporcionan algunos indicadores y políticas sobre la pobreza energética, concluyó que no siempre establecen una priorización clara de las necesidades de financiación para una transición equitativa, ni para el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades, ni para apoyar los ajustes del mercado laboral. Los planes territoriales de transición justa deben centrarse en determinados territorios y, por tanto, no se espera que establezcan una estrategia y políticas globales para una transición equitativa a nivel nacional. Aunque las reformas y las inversiones que apoyan y ayudan a financiar están diseñadas para producir un efecto duradero, tanto los planes territoriales de transición justa como los planes nacionales de recuperación y resiliencia son limitados en el tiempo. Algunas acciones para una transición equitativa también se ejecutan en el contexto de otros programas e iniciativas, en particular los fondos de la política de cohesión. Los planes sociales para el clima desempeñarán un papel importante a la hora de ayudar a los grupos más afectados y vulnerables en el contexto de la introducción del comercio de derechos de emisión para los combustibles utilizados en el transporte por carretera y en los edificios.

(16)Una transición equitativa hacia la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 garantizará que nadie se quede atrás, en particular los trabajadores y los hogares más afectados por la transición ecológica, y especialmente los que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A tal fin, según se establece en la presente Recomendación, los Estados miembros deben poner en marcha paquetes de medidas globales, reforzar los elementos transversales que promueven una transición ecológica equitativa y hacer un uso óptimo de la financiación pública y privada. Los paquetes de medidas deben tener en cuenta a las personas y hogares más afectados por la transición ecológica, en particular por la pérdida de puestos de trabajo, pero también por la evolución de las condiciones de trabajo o la necesidad de realizar nuevas tareas en el puesto de trabajo, así como los que están sujetos a efectos adversos en la renta disponible, el gasto y el acceso a los servicios esenciales. Como parte de los grupos más afectados, los paquetes de medidas deben tener especialmente en cuenta, aunque no exclusivamente, a las personas y hogares en situaciones de vulnerabilidad, en particular a las personas más alejadas del mercado laboral, por ejemplo, debido a sus capacidades, a las condiciones territoriales del mercado laboral u otras características, como el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. Por otra parte, las personas y hogares en situaciones de vulnerabilidad pueden comprender a aquellos que viven en la pobreza o en situación de pobreza energética o corren riesgo de caer en ella, y quienes se enfrentan a obstáculos a la movilidad o a una sobrecarga de los costes de la vivienda. Los paquetes de medidas deben adaptarse a las circunstancias locales, teniendo en cuenta las necesidades de las regiones más vulnerables y remotas de la UE, incluidas las regiones ultraperiféricas.

(17)El apoyo activo al empleo de calidad debe centrarse en ayudar a los trabajadores, los solicitantes de empleo, las personas que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), y los trabajadores por cuenta propia más afectados por la transición ecológica. En particular, las personas infrarrepresentadas, como las mujeres o las personas con capacidades comparativamente bajas para adaptarse a los cambios en el mercado laboral, precisan de apoyo para mejorar su empleabilidad y encontrar trabajo, en consonancia con la Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE). Sobre la base de orientaciones políticas anteriores, los paquetes de medidas deben incluir, por tanto, medidas adaptadas para apoyar la contratación y los incentivos a la transición, el apoyo al emprendimiento y medidas de creación de empleo de calidad, en particular para las microempresas, las pymes y los territorios más afectados. También deben fomentar la ejecución y la garantía del cumplimiento efectivas de las normas existentes sobre las condiciones de trabajo y el apoyo a la reestructuración socialmente responsable en consonancia con las normas existentes. Los interlocutores sociales están llamados a desempeñar un papel fundamental contribuyendo a abordar, a través del diálogo, las consecuencias que los retos de la transición ecológica tengan sobre el empleo y la sociedad.

(18)El acceso universal a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad es esencial para garantizar que la mano de obra disponga de las capacidades necesarias para participar en la transición ecológica. Por lo tanto, los aspectos de una transición equitativa deben integrarse en el desarrollo y la ejecución de las estrategias nacionales en materia de capacidades, en consonancia con la Agenda Europea de Capacidades y la nueva estrategia industrial actualizada de la UE. Las asociaciones en materia de capacidades en el marco del Pacto por las Capacidades también constituirán un instrumento importante. La información y la previsión actualizadas sobre el mercado de trabajo y las capacidades, incluso a nivel regional, sectorial y profesional, permiten determinar y prever las necesidades de capacidades transversales y específicas de cada profesión pertinentes, también como base para adaptar los planes de estudios a fin de satisfacer las necesidades de capacidades para la transición ecológica. La EFP debe dotar a los jóvenes y a los adultos, en particular a las mujeres, de las competencias necesarias para desenvolverse plenamente en la transición ecológica. La formación de aprendices y las prácticas remuneradas, incluidos sólidos componentes de formación, en particular para los jóvenes, contribuyen a las transiciones en el mercado laboral, en particular hacia actividades que contribuyen a los objetivos climáticos y medioambientales, y a sectores que afrentan carencias específicas de capacidades. Debe fomentarse el aumento de la participación de los adultos en el aprendizaje permanente para satisfacer las necesidades de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, entre otras cosas empoderando a las personas para que busquen una formación adaptada a sus necesidades y mediante cursos breves y de calidad sobre capacidades para la transición ecológica, apoyándose en el enfoque europeo de las microcredenciales, lo que también facilitará la valoración y el reconocimiento de los resultados de dichos cursos.

(19)La composición de los sistemas de fiscalidad y prestaciones y de los sistemas de protección social debe revisarse teniendo en cuenta las necesidades específicas derivadas de la transición ecológica, reflejando también el principio de «quien contamina paga» y la necesidad de que las políticas de acompañamiento no introduzcan subvenciones al consumo de combustibles fósiles, no contribuyan a la cautividad de los consumidores con respecto a una tecnología específica y no reduzcan los incentivos para la renovación de edificios, la sustitución de los sistemas de energía térmica y, en general, las medidas de eficiencia energética. Una combinación de diversas políticas puede brindar apoyo a los hogares más vulnerables y a los trabajadores más afectados por la transición ecológica. Dependiendo de la situación nacional e individual, esto podría implicar, por ejemplo, un cambio en la fiscalidad alejándola del trabajo hacia objetivos climáticos y medioambientales, en consonancia con la propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, una revisión de los regímenes de desempleo o una ayuda a la renta temporal y específica, cuando sea necesario. Los sistemas de protección e inclusión social pueden evaluarse y, en su caso, adaptarse teniendo en cuenta la transición ecológica, en particular para proporcionar seguridad en los ingresos, especialmente durante las transiciones entre empleos, y para proporcionar servicios sociales, sanitarios y asistenciales adecuados a través de infraestructuras sociales apropiadas, especialmente en los territorios más afectados (por ejemplo, zonas rurales y remotas) con el fin de prevenir la exclusión social y abordar los riesgos para la salud. Para aumentar la resiliencia física y financiera frente a los efectos irreversibles del cambio climático de manera inclusiva, es preciso promover la sensibilización sobre los riesgos, la reducción de riesgos y las soluciones de transferencia de riesgos, en particular mediante un aumento de la disponibilidad de soluciones en el ámbito de los seguros y la inversión en la gestión del riesgo de catástrofes y la adaptación para reducir los efectos físicos del cambio climático, con la consiguiente reducción de las pérdidas y la brecha en materia de protección del clima, teniendo en cuenta a las microempresas y pymes, así como las zonas rurales y remotas. Debe reforzarse la gestión del riesgo de catástrofes, especialmente los sistemas de protección civil a nivel nacional y de la UE, para prevenir las perturbaciones relacionadas con el clima, prepararse para ellas y responder mejor ante ellas.

(20)Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de buena calidad, tales como la energía, el transporte, el saneamiento, los servicios financieros y las comunicaciones digitales; el apoyo a la igualdad de acceso a dichos servicios debe ponerse a disposición de quienes lo necesiten. Asimismo, debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad. Del mismo modo, los hogares de renta baja y media, los consumidores vulnerables, incluidos los usuarios finales, las personas en situación de pobreza energética o que corren el riesgo de caer en ella y las personas que viven en viviendas sociales pueden beneficiarse de la aplicación del principio de primacía de la eficiencia energética. Además de proteger y empoderar a los consumidores de energía, se necesitan medidas específicas para prevenir y abordar las causas primeras de la pobreza energética, en particular mediante el fomento de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, concretamente en el sector de la vivienda social, en consonancia con la propuesta de refundición de la Directiva de eficiencia energética adoptada el 14 de julio de 2021, así como con la propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, adoptada el 14 de diciembre de 2021, que también aborda los principales obstáculos no económicos a la renovación, como los incentivos divididos, especialmente entre arrendador y arrendatario, así como las estructuras de copropiedad. En este contexto, debe prestarse especial atención a determinados grupos que corren mayor riesgo de verse afectados por la pobreza energética, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario. Los retos de movilidad preexistentes y emergentes pueden abordarse mediante medidas de apoyo y el desarrollo de las infraestructuras necesarias, como el transporte público. La asequibilidad, accesibilidad y seguridad de la movilidad sostenible y de los diferentes modos de transporte, tanto público como privado, son fundamentales para garantizar que todas las personas se beneficien de la transición ecológica y formen parte de ella. La movilidad urbana desempeña un papel importante en este contexto, como también se refleja en el Marco de Movilidad Urbana de la UE, adoptado el 14 de diciembre de 2021.

(21)Un enfoque dirigido a la economía en su conjunto para una transición equitativa debe apoyar la acción política, basada en la coordinación de la elaboración de políticas y el refuerzo de las capacidades operativas a todos los niveles y en todos los ámbitos políticos pertinentes, otorgando también un papel activo a las autoridades regionales y locales, la participación de los interlocutores sociales en todos los niveles y fases, así como una participación efectiva y de impacto de la sociedad civil y las partes interesadas. Esa coordinación y ese compromiso podrían garantizar que los principios de equidad y solidaridad del Pacto Verde Europeo se integren en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas desde el principio, proporcionando la base para un apoyo amplio y a largo plazo a políticas inclusivas que promuevan la transición ecológica.

(22)Hace falta una sólida base empírica para poner en marcha políticas sociales y del mercado laboral sólidas que garanticen una transición equitativa e inclusiva. A tal fin, la armonización gradual y la coherencia de las definiciones, los conceptos, las clasificaciones y las metodologías, basados en particular en la Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión sobre la pobreza energética, facilitan las evaluaciones y su comparabilidad. Otras acciones de investigación e innovación pueden contribuir a la base de conocimientos que puede alimentar las políticas y el discurso público. A su vez, los intercambios con el público en toda su diversidad y con las principales partes interesadas, por ejemplo sobre los resultados de las evaluaciones, la previsión y los ejercicios de seguimiento, pueden contribuir a la elaboración de políticas y a la responsabilización.

(23)Se necesitan datos e indicadores detallados y de alta calidad adecuados, en particular para evaluar las repercusiones sociales, distributivas y para el empleo que tienen las políticas en materia de cambio climático. En la actualidad, estos datos e indicadores no están plenamente disponibles. Por ejemplo, aunque se han realizado algunos avances en la medición de la pobreza energética, podrían desarrollarse indicadores para evaluar la pobreza en el transporte. El seguimiento y la evaluación pueden reforzarse a través de múltiples acciones centradas en indicadores, cuadros de indicadores, proyectos piloto a pequeña escala y experimentación política. Las acciones pueden basarse o inspirarse en los cuadros de indicadores existentes, como el cuadro de indicadores sociales y el cuadro de indicadores del Pacto Verde Europeo, que contienen información pertinente sobre aspectos específicos de las políticas de transición equitativa.

(24)Por último, el uso óptimo y eficiente de la financiación pública y privada, así como la movilización de todos los recursos disponibles y su despliegue efectivo, revisten especial importancia a la luz de las importantes necesidades de inversión derivadas de la transición ecológica. A nivel de la Unión, las acciones pertinentes reciben apoyo a través del presupuesto de la UE y NextGenerationEU. Se ejecutarán en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), incluido el Fondo de Transición Justa (FTJ), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), Erasmus+ y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los Trabajadores Desplazados (FEAG), el programa LIFE, el programa Horizonte Europa, el Fondo de Modernización, el Fondo Social para el Clima y los fondos en el marco de la política agrícola común (PAC). Además, la Comisión apoya a los Estados miembros a través del instrumento de apoyo técnico, mediante el suministro de conocimientos técnicos a medida para diseñar y ejecutar reformas, incluidas las que promueven una transición equitativa hacia la neutralidad en carbono.

(25)El Semestre Europeo es el marco de coordinación de las políticas económicas y de empleo de la UE, especialmente en lo que respecta a los aspectos pertinentes desde el punto de vista económico y social de las transiciones ecológica y digital. Seguirá desempeñando este papel en la fase de recuperación y a medida que se realicen avances en la doble transición, estructurada en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco del Semestre Europeo, la Comisión seguirá de cerca los resultados y las repercusiones socioeconómicas y, cuando proceda, propondrá recomendaciones específicas por país para garantizar que nadie se quede atrás. La complementariedad con las medidas apoyadas al amparo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será prioritaria. El seguimiento de la presente Recomendación tendrá lugar, por tanto, en el contexto del Semestre Europeo, sobre la base de evaluaciones adecuadas, evaluaciones de impacto de las políticas y el estado de ejecución de las orientaciones facilitadas en la presente Recomendación.

(26)Además, como parte del proyecto y de la actualización final de sus planes nacionales de energía y clima en 2023 y 2024, respectivamente, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento sobre la gobernanza, los Estados miembros deben basarse en la presente Recomendación para considerar la integración de las evaluaciones de impacto en el empleo, social y distributivo, así como los aspectos de una transición equitativa en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, y seguir mejorando las medidas políticas para abordar estos efectos, prestando especial atención a la pobreza energética.

(27)Además, el seguimiento de la ejecución de la presente Recomendación puede basarse en las pruebas existentes en el contexto de los procesos de supervisión multilateral establecidos, en particular en el marco del Semestre Europeo. El Consejo o la Comisión podrán solicitar al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social, de conformidad con los artículos 150 y 160 del TFUE respectivamente, que examinen, en sus respectivos ámbitos de competencia, la ejecución de la presente Recomendación sobre la base de informes adecuados de la Comisión y de otros instrumentos de supervisión multilateral. También en este contexto, la Comisión está trabajando para mejorar la disponibilidad de datos, actualizar, desarrollar y utilizar marcos y orientaciones metodológicas, especialmente para la medición de la pobreza energética y en el transporte y las desigualdades medioambientales, y para evaluar la eficacia y el impacto real de las medidas políticas.

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