N° C 329/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas 
informáticos (J) 
(89/C 329/02) 
El 23 de enero de 1989, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 4 de octubre de 1989 (ponente: Sr. Moreland). 
En su 270a sesión plenaria, celebrada el 18 de octubre de 1989, el Comité adoptó por 
unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Contenido de la propuesta 
1.1. El proyecto de Directiva introduce en la legisla­
ción comunitaria el concepto de protección de progra­
mas informáticos a través de la normativa referente a 
los derechos de autor. Este concepto ya existe en la 
legislación de varios Estados miembros. La propuesta 
no introduce una legislación específica sino que pro­
pone nás bien que los Estados miembros proporcionen 
a los programas informáticos la misma protección que 
a la propiedad intelectual de las obras literarias. Ade­
más, la protección se prolongará durante cincuenta 
años a partir de la fecha de creación del programa. 
1.2. No obstante, la propuesta pretende que la pro­
tección no se aplique a las «ideas, principios, lógica, 
algoritmos o lenguajes de programación en que se basan 
los programas ». También estipula que el público pueda 
hacer uso de los mismos en bibliotecas públicas sin 
ánimo de lucro. 
1.3. La propuesta confiere los derechos relativos al 
programa a la persona que hubiera encargado su crea­
ción y no a su creador, o al empresario y no al empleado, 
salvo acuerdo que estipule lo contrario. 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité acoge con agrado la propuesta de la 
Comisión puesto que es un medio de asegurar la ade­
cuada protección de los derechos de autor para la 
industria comunitaria de ordenadores y programación 
y de eliminar obstáculos al comercio de la Comunidad. 
El Comité reconoce que es extremadamente difícil 
alcanzar una precisión absoluta en el primer borrador 
de una Directiva sobre un tema tan complejo. Considera 
que en su redacción son necesarias un cierto número 
de modificaciones que se enumeran en el apartado 3. 
El hecho de que se recomienden algunas modificaciones 
bien detalladas no obsta para que el Comité apruebe 
globalmente la propuesta. 
2.2. El Comité considera que el planteamiento de la 
Comisión presenta dos ventajas importantes: 1. Al proporcionar a los programas informáticos en 
la misma protección que a las obras literarias se puede 
aplicar una legislación «ya preparada» de derechos 
de autor. De este modo se evita el lento proceso de 
adaptación y desarrollo que traería consigo un plante­
amiento sui generis que propusiera una legislación 
nueva. 
2. El planteamiento adoptado pretende incluir a los 
programas informáticos en la definición de « obras lite­
rarias» del Convenio de Berna, este aspecto podría 
reflejarse de un modo más explícito en la Directiva. La 
ventaja de tal planteamiento es que incita a los Estados 
no comunitarios a tratar los programas de la Comuni­
dad como obras con derechos de autor protegidos por 
la ley. 
De hecho, cuanta más se aproxime la legislación comu­
nitaria al Convenio de Berna mayor es la ventaja obte­
nida. El Comité considera que si todos los Estados 
miembros estuvieran más en armonía con el Convenio 
de Berna, se incrementaría la capacidad de influencia 
de los Estados miembros en los debates que preceden 
a las revisiones del Convenio. 
El Comité está de acuerdo en que cláusulas concebidas 
para efectos de «obras literarias» en el Convenio de 
Berna pueden no ser totalmente adecuadas para « pro­
gramas informáticos » y que sería necesaria una norma­
tiva que se ocupe de sus características específicas. 
El Comité hace hincapié no obstante en que el objetivo 
más importante es aproximarse al máximo a las dispo­
siciones del Convenio de Berna. 
2.3. El Comité señala no obstante su preocupación 
ante la posibilidad que deje la propuesta de que persis­
tan obstáculos a la libre circulación de programas infor­
máticos en la Comunidad mediante, por ejemplo, la 
coexistencia de definiciones diferentes de «originali­
dad » en las legislaciones de los Estados miembros. 
2.4. El Comité considera que la propuesta de la 
Comisión no restringirá la difusión y comprensión de 
la tecnología de información. No obstante, pone de 
relieve la importancia que tiene el asegurarse que no 
existan restricciones no deseables mediante la aplica­
ción de las disposiciones del Tratado relativas a la 
competencia. 
2.5. El Comité está de acuerdo en la necesidad de 
(J) DO n° C 91 de 12. 4. 1989. garantizar que los programas de ordenador reciban una 
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protección adecuada y considera que existen beneficios 
evidentes en la creación de una ley de derechos de autor 
que regule la protección de los programas de ordenador 
en la legislación comunitaria. 
2.6. Por consiguiente, el Comité acoge con agrado la 
propuesta de la Comisión, bajo reserva de las siguientes 
Observaciones específicas. 
3. Observaciones específicas 
3.1. Preámbulo: Octavo considerando 
3.1.1. Debería aclararse si los «interfaces» citados 
en este considerando son los propios interfaces o las 
especificaciones para dichos interfaces. 
3.1.2. Es indiscutible que las «ideas y principios» 
están fuera de la protección de la ley de la propiedad 
intelectual. Por la tanto, es superfluo afirmar que las 
ideas y principios inspiradores de los interfaces «no 
son susceptibles de protección mediante un derecho de 
propiedad intelectual», puesto que las ideas y principios 
inspiradores de cualquier programa «no son suscepti­
bles de protección mediante un derecho de propiedad 
intelectual». 
3.1.3. Para tener en cuenta estos dos puntos, podría 
suprimirse integramente todo el considerando sin que 
ello afectase al fondo de la propuesta. Como alterna­
tiva, podría modificarse el considerando de la siguiente 
manera: 
«Considerando que, a tal fin, se exige contar con 
un sistema físico de interconexión e interacción 
adecuado para permitir a los elementos de los sopor­
tes físicos y lógicos trabajar con otros soportes 
físicos y lógicos y con usuarios, en la forma prevista. 
Dichos medios de interconexión e interacción suelen 
conocerse bajo la denominación de «interfaces». 
Los interfaces son susceptibles de protección del 
mismo modo que cualquier otro programa informá­
tico protegido por la legislación sobre derechos de 
autor.» 
3.2. Preámbulo: Noveno considerando 
A la vista de la importancia que tienen los convenios 
internacionales en materia de derechos de autor para 
los medios de protección eligidos para los programas 
que puedan acceder a la protección mediante derechos 
de autor, podría ser de utilidad añadir al final de este 
considerando: 
«... y al principio de acatamiento de cada Estado 
miembro de las disposiciones del Convenio interna­
cional para la Protección de Obras literarias y 
artísticas (el Convenio de Berna). » 
33. Artículo 1 — Objeto de la protección 
3.3.1. Artículo 1 : Apartado 2 
Como ya quedó dicho en el punto 2, el Comité considera 
que la protección de los programas informáticos por 
medio de las disposiciones relativas a las « obras litera­rias» del Convenio de Berna debería citarse expresa­
mente en el borrador. Por lo tanto, el apartado debería 
terminar con las siguientes palabras: 
« en el marco del Convenio de Berna. » 
3.3.2. Artículo 1 : Apartado 3 
3.3.2.1. El Comité está de acuerdo con que se exclu­
yan las ideas y principios de la protección mediante 
derechos de autor en lo que se refiere a los programas 
informáticos. 
3.3.2.2. Los términos «lógica » y « algoritmos » no 
son claros y a menudo son intercambiables. En cual­
quier caso, en el estado actual de la tecnología y de la 
legislación de los Estados miembros, pocas personas se 
atreverían a argumentar que la «lógica», los «algorit­
mos » y los «lenguajes de programación » formen parte 
de una definición de los «programas de ordenador». 
Por consiguiente, la referencia concreta en este artículo 
a dichos términos, en el sentido de que sea preciso 
excluirles de la protección, sólo sirve para confundir y 
provocar discusiones innecesarias. Por lo tanto, el 
Comité opina que deben suprimirse. 
3.3.2.3. Tal como se ha afirmado, anteriormente, no 
cabe duda de que las «ideas y principios» no son 
susceptibles de protección mediante derechos de autor. 
Aquí es superfluo afirmar, como lo es en el preámbulo 
que sobre las ideas y principios inspiradores de los 
interfaces «no podrán reconocerse derechos de autor». 
La segunda frase podría suprimirse. El Comité com­
prende y apoya la preocupación de que los titulares de 
los derechos de autor en interfaces puedan ejercer sus 
derechos de forma anticompetitiva. No obstante, el 
Comité mantiene su convencimiento de que la segunda 
frase del apartado 3 del artículo 1 no añade nada al 
control de las prácticas anticompetitivas, que la Comi­
sión tiene la clara responsabilidad de hacer cumplir a 
través de las normas de competencia de la Comunidad. 
3.3.2.4. Por lo tanto, el apartado podría redactarse 
así: 
« La protección prevista en la presente Directiva se 
extenderá a la expresión en cualquier forma de los 
programas de ordenador pero no a las ideas o 
principios que inspiren el programa. » 
3.3.3. Artículo 1 : Apartado 4 
3.3.3.1. La Comisión no define la «originalidad». 
Puesto que la interpretación de esta palabra en el Dere­
cho difiere de un Estado miembro a otro, esta cláusula 
no armoniza nada. Por lo tanto, la existencia conti­
nuada de distintos grados de originalidad en los distin­
tos Estados miembros podría suponer un obstáculo 
al comercio de los programas informáticos entre los 
Estados miembros. 
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3.3.3.2. El Comité reconoce que este problema de la 
« originalidad » no es privativo de la legislación en mate­
ria de derechos de autor de los programas informáticos 
sino que se extiende a muchos otros aspectos de los 
derechos de autor. Sin embargo, subraya que el hecho 
de que el problema no se dirija en los primeros intentos 
hacia la armonización de las leyes en materia de dere­
chos de autor solamente perpetuará un obstáculo al 
comercio en la Comunidad y simplemente retrasará la 
solución. 
3.3.3.3. El Comité opina que cualquier cláusula defi-
nitoria de la «originalidad» deberá incorporar el 
siguiente texto: 
3.3.3.3.1. No será necesario que el programa satis­
faga criterios estéticos, cualitativos o cuantitativos. 
3.3.3.3.2. No será necesario un nivel de pericia de 
programación. 
3.3.3.3.3. La prueba de la originalidad será que el 
programa deberá ser protegido en tanto en cuanto no 
haya sido copiado de otro programa. 
3.3.3.4. Si, por cualquier motivo, se decide no incluir 
una definición de originalidad, la letra (a) del 
apartado 4 estaría mejor redactada si se expresase en 
forma positiva en vez de negativa; se sugiere el siguiente 
texto: 
« Los programas de ordenador se protegerán si satis­
facen las mismas condiciones en cuanto a originali­
dad que en el caso de las demás obras literarias. » 
3.4. Artículo 2 — Autoría del programa 
3.4.1. Artículo 2: Apartado 3 
3.4.1.1. Cabe questionarse si el proyecto está de 
acuerdo con las disposiciones de « derechos morales » 
del Convenio de Berna. Sin embargo, dichas disposicio­
nes son más relevantes para los derechos de autor 
relativos a las formas más tradicionales de obra literaria 
y no para los programas informáticos. 
3.4.1.2. Por este motivo el Comité está de acuerdo 
con la redacción de este apartado. El Comité considera 
que es correcto que el primer titular del derecho de 
autor en las obras por encargo sea la persona que las 
ha encargado y pagado. Existe una diferencia entre los 
programas de ordenador y cualquier otro tipo de obra 
literaria. Los conceptos que han provocado las reticen­
cias de los legisladores de los Estados miembros para 
conceder el derecho de autor en las obras por encargo 
a la persona que la encarga en vez de a la persona que 
la realiza se refieren a formas más tradicionales de 
obras literarias. Además, estos temas, invariablemente, 
están incluidos de manera explícita en un contrato entre 
quien encarga y quien realiza la obra, especialmente, 
cuando la persona que realiza la obra se preocupa 
por los derechos sobre la propiedad intelectual del 
programa que le ha sido encargado. 3.4.2. Artículo 2: Apartado 4 
El Comité apoya el principio que inspira este apartado 
pero propone, en aras de la claridad, que vuelva a 
redactarse del siguiente modo: 
« Si el programa de ordenador se crea en el marco 
de una relación de trabajo y la creación de dicho 
programa forma parte del trabajo de la persona 
empleada, el empresario quedará facultado para 
ejercer todos los derechos relativos al programa 
salvo si se estipula lo contrario mediante contrato 
o mediante las negociaciones colectivas vigentes 
aplicables.» 
3.4.3. Artículo 2: Apartado 5 
El Comité opina que es importante proteger los dere­
chos del titular de los derechos de autor en el programa 
que origina el programa posterior. Por esta razón, el 
Comité sugiere los siguientes cambios en la redacción: 
Añádase detrás de « pacto en contrario » : 
«Este artículo no afecta a los derechos de autor 
en el programa informático que dé origen a los 
programas posteriores.» 
3.5. Artículo 4 — Actos sujetos a autorización 
3.5.1. Artículo 4(a) 
La « visualización » de un programa es difícil de definir 
técnicamente y debería sustituirse por « representación 
visual». 
3.5.2. Artículo 4(b) 
Con el fin de ajustarse lo más posible al Convenio de 
Berna, el Comité propone la siguiente redacción para 
la letra (b) del artículo 4: 
«La adaptación, traducción, modificación y ajuste 
de un programa de ordenador y la reproducción 
de dicha adaptación, traducción, modificación o 
ajuste.» 
Aunque la Comisión ha evitado incluir definiciones en 
esta Directiva, la palabra « adaptación » permite varias 
interpretaciones, y podría hacer necesaria una defini­
ción. 
3.5.3. Artículo 4(c) 
3.5.3.1. Aunque los soportes sobre los que se trans­
porta un programa informático pueden ser « vendidos », 
es inadecuado utilizar la palabra «venta» para los 
propios programas de ordenador. 
3.5.3.2. La Comisión no ha impuesto ninguna res­
tricción geográfica sobre los derechos de extinción 
(como pueda ser una restricción a la Comunidad). Sean 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/7 
cuales fueren las ventajas de una restricción geográfica, 
el Comité considera que esto es un asunto de índole 
comercial y no de legislación en materia de derechos 
de autor, es decir, que la ley comunitaria de derechos 
de autor no sería un vehículo adecuado para prohibir 
la importación paralela desde el exterior de la Comuni­
dad. Por consiguiente, el Comité apoya la finalidad de 
esta cláusula que pone en claro que, por lo que se refiere 
a la ley de derechos de autor, está protegida la posición 
de las personas físicas y de las empresas de la CE 
que obtengan licencias de programas de titulares de 
derechos de autor del exterior de la Comunidad. No 
obstante, toda la cuestión de la importación paralela 
de los programas de ordenador procedentes del exterior 
de la Comunidad merece ser estudiada con más deteni­
miento por la Comisión. 
3.5.3.3. La palabra «comercialización» es difícil de 
definir con exactitud. El Comité propone algunos cam­
bios en la redacción de la letra (c) del articulo 4 para 
superar esta dificultad. 
3.5.4. Nueva redacción del artículo 4 
En consecuencia, se propone la siguiente redacción para 
el artículo 4: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los 
derechos exclusivos mencionados en al artículo 1 
comprenderán las facultades de realizar o de auto­
rizar: 
a) la reproducción total o parcial de un programa 
de ordenador por cualquier medio y bajo cual­
quier forma. En la medida en que comporten la 
reproducción total o parcial del programa, se 
considerarán actos prohibidos la carga, repre­
sentación visual, ejecución, transmisión o alma­
cenamiento del mismo; 
b) la adaptación, traducción, modificación y ajuste 
de un programa de ordenador y la reproducción 
de dicha adaptación, traducción, modificación 
o ajuste de un programa de ordenador; 
c) la distribución de copias de un programa de 
ordenador mediante su cesión en régimen de 
licencia, venta, alquiler con opción de compra, 
alquiler o importación para tales fines. El dere­
cho a controlar la distribución de una copia de 
un programa se extinguirá con respecto a la 
venta o importación de la copia a raíz de la 
primera comercialización de la misma a cual­
quier persona por parte del titular de los dere­
chos o con su consentimiento. » 
(Además una posible cláusula definitoria de « adapta­
ción».) 
3.6. Artículo 5: — Excepciones a los actos sujetos a 
autorización 
3.6.1. Artículo 5: Apartado 1 
3.6.1.1. El apartado necesita una redacción más pre­
cisa. Existen medios para conceder licencias a los pro­gramas de ordenador que no implican la firma de un 
acuerdo escrito por ambas partes. Con la evolución 
de la tecnología cada vez existirán menos de dichos 
acuerdos escritos. El Comité propone que se suprima 
la mención del acuerdo escrito firmado por las partes 
y se sustituya por las palabras « cualquier acuerdo de 
concesión de licencia válido »; además las palabras «los 
actos citados en las letras a) y b) del artículo 4 » deberían 
limitarse sustituyéndose por «reproducción mediante 
carga, representación visual, ejecución, transmisión o 
almacenamiento». Además, el texto actual no plantea 
la cuestión de si se permite un procesamiento paralelo 
de dicho programa. En consecuencia, el Comité reco­
mienda que se añada el siguiente texto a partir de 
« ...para utilizar el programa » : 
« ...en un ordenador por un usuario cada vez. » 
3.6.1.2. La Comisión debería también considerar el 
incluir el derecho a realizar copias de seguridad de 
un programa como uno de los derechos generales del 
usuario. 
Se sugiere el siguiente texto: 
« (a) No constituirá violación de los derechos de 
autor de un programa de ordenadores la reali­
zación de una reproducción del programa o 
de un programa de ordenador que sea una 
adaptación de dicho programa, cuando: 
(i) la reproducción esté realizada por o en 
nombre del propietario de la copia (la 
«copia original») a partir de la cual se 
realiza la reproducción; y 
(ii) la reproducción se realice con el único fin 
de garantizar que el propietario de la 
copia original pueda utilizar otra copia 
del programa si se pierde, destruye o 
queda inservible una copia del programa. 
(b) La subcláusula (a) no se aplicará en el caso 
de que: 
(i) quede claramente estipulado por escrito, 
en la copia original o en cualquier soporte 
o embalaje en el cual o con el cual se 
presente dicha copia, que el derecho a 
realizar copias de seguridad queda 
excluido o en caso de que el soporte en 
el que se presenta la copia original no sea 
del tipo que podría perderse, destruirse o 
quedar inservible con el uso normal; 
(ii) o exista un acuerdo legalmente válido en 
contrario.» 
3.6.2. Artículo 5 : Apartado 2 
El Comité propone que, en aras de la claridad, el 
apartado se redacte así: 
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«Si el programa de ordenador se vende o pone a 
disposición del público por un medio distinto de un 
contrato de licencia válido, el titular de los derechos 
no podrá ejercer su derecho exclusivo de autorizar 
el alquiler del programa con objeto de impedir al 
público que haga uso de esa copia del programa 
como material de consulta en los locales de organi­
zaciones sin fines lucrativos que pongan a disposi­
ción del público programas como material de con­
sulta, como es el caso de las bibliotecas públicas. » 
3.7. Artículo 6 — Infracciones indirectas 
La Comisión, debería examinar la traducción en los 
distintos idiomas de la palabra «infracción » para ase­
gurarse de que no se implican necesariamente sanciones 
penales. 
3.8. Artículo 7 — Período de protección 
3.8.1. El artículo establece un período que difiere del 
período de protección prescrito en el Convenio de Berna 
porque, como declara la Comisión en su memorándum 
explicativo, «adoptar el criterio de la vida del autor 
humano (para el período de protección) puede dar lugar 
a cierta incertidumbre cuando se trate de una autoría 
conjunta de programas generados mediante ordena­
dor». Como la vida de un programa informático es 
invariablemente muy inferior a 50 años, esta preocupa­
ción de la Comisión es bizantina y no debe permitirse 
que se contraponga a la necesidad de adherirse lo más 
posible a las disposiciones de Berna. El mismo argu­
mento puede aplicarse a cualquier sugerencia para cual­
quier otro período de tiempo, por ejemplo 25 ó 30 años. 
El Comité debe destacar el beneficio que supone la 
estrecha adhesión al Convenio de Berna. Por consi­
guiente, en opinión del Comité, el artículo debería 
redactarse así: 
« El período de protección en virtud de este artículo 
será el de la vida del autor (o, en caso de que existan 
más de un autor, la vida del autor más longevo) 
más 50 años. El período de protección para una 
obra creada por ordenador será de 50 años a partir 
de la fecha en que fue creada. » 
El Convenio permite « al menos 50 años». No obstante, 
el empleo de dicha expresión invitaría a los Estados 
miembros a imponer distintos períodos de protección, 
es decir, nuevas barreras al comercio. En cualquier caso, 
el empleo de los 50 años acata claramente el Convenio 
de Berna. 
3.8.2. Si la Comisión está también preocupada por 
el hecho de que deba cambiarse la redacción del Conve­
nio de Berna en algún momento del futuro para que el 
período sea de 50 años (a partir de la fecha de creación), 
en ese caso el Comité sigue manteniendo su opinión de 
que debe acatarse el Convenio de Berna (en la medida 
de lo posible) en su redacción actual hasta que sea alterado, momento en el cual la Comisión podría pre­
sentar una propuesta para modificar la redacción de la 
Directiva. 
Sin embargo, el estar de acuerdo con esta postura 
actual no significa un compromiso para mantener los 
principios que inspiran esta cláusula en las reuniones 
para revisar el Convenio de Berna. 
3.8.3. Aunque es mínimo el número de programas 
que se verían afectados por esto, el Comité considera 
que, con el fin de acatar en la medida de lo posible el 
Convenio de Berna (y en especial el apartado 3 del 
artículo 7 del mismo), debería incluirse el siguiente 
texto (el apartado 7 actual se convertiría en el apartado 
7.1): 
«7.2. En el caso de obras anónimas o con seudóni­
mos, los períodos de protección expirarán 50 años 
después de que se hayan puesto a disposición del 
público de forma legal las copias del programa. Sin 
embargo, cuando el seudónimo adoptado por el 
autor no deje dudas sobre su identidad, se aplicará 
el apartado 7.1. Cuando el autor de un trabajo 
anónimo o con seudónimo revele su identidad 
durante los 50 años citados, se aplicará asimismo el 
apartado 7.1.» 
3.9. Artículo 8 — Vigencia continuada de otras dispo­
siciones legales 
El Comité considera que la redacción sería más clara 
si 
a) se suprimiera, por coherencia con la Directiva sobre 
la protección de la topografía de semi-conductores, 
la frase: «en la medida ... en la presente Directi­
va»; o 
b) se sustituyera el apartado 1 del artículo 8 por: 
« La protección jurídica para programas informáti­
cos prevista además de la ley relativa a los derechos 
de autor no se verá afectada por esta Directiva.» 
3.10. Artículo 9 — Disposiciones fiscales 
La fecha última que se introduzca en este artículo 
deberá ser, por supuesto, el 1 de enero de 1993, aunque 
el Comité espera que el Consejo pueda establecer una 
fecha más temprana. 
En cualquier caso, el Comité quisiera poner de relieve 
la importancia de que el Consejo tome una decisión 
sobre esta Directiva lo antes posible, con objeto de que 
los Estados miembros tengan una posture clara y común 
en las negociaciones para revisar el Convenio de Berna. 
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4. Otras observaciones 
4.1. A la vez que acoge con agrado esta propuesta 
de la Comisión, el Comité piensa que existen otros 
temas en el Libro Verde sobre los derechos de autor 
que requieren también propuestas legislativas y espera 
recibir estas propuestas con el fin de que antes del 1 de 
enero de 1993 se establezca una postura clara sobre la 
posición de la Comunidad en relación con toda la 
legislación de derechos de autor. 
4.2. El Comité considera que la Comisión debería 
evaluar regularmente el efecto de esta legislación en lo 
que se refiere tanto a las repercusiones sobre la industria 
de los ordenadores y de la programación como sobre 
el desarrollo de la tecnología de la información, especi­
almente cuando se prevea cualquier modificación en la 
Hecho en Bruselas, el 18 de octubre de 1989. legislación comunitaria como resultado de cambios en 
el Convenio de Berna, y que la Comisión debería consi­
derar la posibilidad de informar regularmente al Con­
sejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y 
Social sobre las repercusiones de esta legislación. 
4.3. Es evidente que en toda la Comunidad el acceso 
no autorizado a programas y datos informáticos {hack-
ing) constituye un grave problema. Existe también el 
problema de los «virus», es decir, la introducción no 
autorizada de materia en los programas de ordenador 
que deteriora su función. Por supuesto, éstos no son 
temas relativos a los derechos de autor como tales, pero 
si son temas que afectan a la utilización de la tecnología 
informática y que tienen repercusiones sobre la regla­
mentación del mercado único. El Comité recomienda a 
la Comisión que examine a fondo estos temas con vistas 
a elaborar propuestas legislativas. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE