P8_TA(2017)0282

Normas mínimas comunes del proceso civil

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea (2015/2084(INL))

(2018/C 334/05)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Vistos el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 2, del TFUE,

— Vistos el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

— Visto el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la jurisprudencia en la materia,

— Visto el documento de trabajo sobre «Establecimiento de unas normas mínimas comunes para el proceso civil en la Unión Europea — base jurídica» (1),

— Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo de la Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Normas mínimas comunes del proceso civil» (2),

— Visto el análisis en profundidad del Servicio de Estudios para los Diputados del EPRS titulado «Europeización del proceso civil: ¿hacia unas normas mínimas comunes?» (3),

— Visto el análisis en profundidad de la Dirección General de Políticas Interiores titulado «Normas armonizadas y normas mínimas en el Derecho procesal civil europeo» (4),

— Visto el proyecto del Instituto Europeo de Derecho (ELI) y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) titulado «De los principios transnacionales a las normas europeas del proceso civil»,

— Vistos los «Principios del proceso civil transnacional» del Instituto Americano de Derecho y de UNIDROIT (5),

— Visto el «Estudio sobre la aproximación de las legislaciones y normas de los Estados miembros sobre determinados aspectos del enjuiciamiento civil», conocido como «Informe Storme» (6),

— Visto el conjunto preliminar de disposiciones relativas al Reglamento Interno del Tribunal Unificado de Patentes,

— Visto el acervo de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil,

— Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») sobre los principios de autonomía procesal nacional y tutela judicial efectiva (7),

— Visto el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2016,

— Visto el estudio n.o 23 de la CEPEJ de 2016 sobre «Los sistemas judiciales europeos: eficiencia y calidad de la justicia»,

— Vistos los «Principios de la formación judicial» de 2016 de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) (8),

— Vista su Resolución, de 2 de abril de 2014, sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo (9),

— Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento interno,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0210/2017),

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la autonomía procesal nacional y la tutela judicial efectiva

A. Considerando que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio de autonomía procesal, ante la inexistencia de una normativa de la Unión que rija los aspectos procesales de un litigio relacionado con el Derecho de la Unión, los Estados miembros son responsables de designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos conferidos por la Unión;

B. Considerando que, de conformidad con esa misma jurisprudencia, la aplicación de la normativa nacional relativa a la regulación procesal está sujeta a dos importantes condiciones: las normas procesales nacionales no pueden ser menos favorables cuando se aplican a litigios relacionados con el Derecho de la Unión que cuando se aplican a acciones semejantes de carácter interno (principio de equivalencia), y no deben estar redactadas de manera que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil la ejecución de los derechos y obligaciones de la Unión (principio de efectividad);

C. Considerando que, en ausencia de disposiciones de la Unión que armonicen las normas procesales, la competencia de los Estados miembros para establecer normas procesales para el ejercicio de los derechos conferidos por la Unión no se extiende a la introducción de nuevas vías de recurso en los ordenamientos jurídicos nacionales para garantizar la aplicabilidad del Derecho de la Unión (10);

D. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilita dicho ejercicio en su cooperación con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, aumentando el conocimiento del ordenamiento jurídico de la Unión por parte de los ciudadanos y dichos órganos jurisdiccionales;

La Carta

E. Considerando que el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del CEDH, constituye una de las garantías fundamentales para el respeto del Estado de Derecho y de la democracia y está indisolublemente ligado con el proceso civil en su conjunto;

F. Considerando que, a pesar de que el artículo 47 de la Carta es vinculante y el artículo 6 del CEDH constituye un principio general del Derecho de la Unión, el nivel de protección del derecho a un juez imparcial en los procesos civiles, y en particular el equilibrio entre el derecho al acceso a la justicia del demandante y los derechos de defensa del demandado no están armonizados en toda la Unión;

G. Considerando que, sin embargo, como derecho fundamental, el derecho a un juez imparcial ha sido completado con varios actos procesales de Derecho derivado de la Unión, como el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía (11), la Directiva sobre justicia gratuita (12), la Recomendación sobre el recurso colectivo (13), la Directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (14) y la Directiva sobre daños y perjuicios en asuntos de competencia (15);

El acervo de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil

H. Considerando que los ciudadanos de la Unión, especialmente los que circulan a través de las fronteras, tienen actualmente una probabilidad mucho mayor de entrar en contacto con los sistemas de enjuiciamiento civil de otro Estado miembro;

I. Considerando que las normas mínimas del proceso civil a escala de la Unión pueden contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia a los ciudadanos dentro de la Unión y contribuyendo a garantizar las libertades fundamentales de la Unión;

J. Considerando que, cada vez más, el legislador de la Unión aborda las cuestiones relativas al proceso civil no solo horizontalmente, mediante instrumentos facultativos (16), sino también de una forma específica para cada sector en distintos ámbitos políticos, como la propiedad intelectual (17), la protección de los consumidores (18) o, recientemente, el Derecho de la competencia (19);

K. Considerando que el carácter fragmentario de la armonización a escala de la Unión de las normas procesales ha sido criticado en repetidas ocasiones, y que el auge de un Derecho procesal civil de la Unión tan sectorial cuestiona la coherencia de los sistemas nacionales de enjuiciamiento civil y de los distintos instrumentos de la Unión;

L. Considerando que la propuesta de Directiva busca establecer un marco para la justicia civil sistematizando las normas relativas al proceso civil existentes en la Unión y ampliando su ámbito de aplicación a todas las materias propias del Derecho de la Unión;

M. Considerando que la Directiva propuesta está destinada a lograr una concepción más coordinada, coherente y sistemática de los sistemas judiciales civiles que no se vea limitada por las fronteras, los intereses y los recursos de cada Estado;

Base jurídica de la propuesta

N. Considerando que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, y al artículo 5, apartado 1, del TUE (principio de atribución) la Unión solo puede legislar en un ámbito determinado si tiene competencia expresa para hacerlo y siempre y cuando se respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

O. Considerando que, en el marco vigente de los Tratados, el título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, proporciona la base jurídica principal para la armonización del proceso civil;

P. Considerando que el requisito de un elemento transfronterizo para que pueda establecerse la competencia de la Unión se mantuvo en el marco del Tratado de Lisboa, lo que implica que solo cabe la actuación de la Unión en materia de justicia civil cuando en un asunto se reúnan unos factores de conexión (por ejemplo, residencia, lugar de ejecución, etc.) que afecten, como mínimo, a dos Estados miembros diferentes;

Q. Considerando que la disposición de carácter general del artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior se ha empleado y sigue empleándose como base jurídica para una amplia variedad de directivas sectoriales que armonizan determinados aspectos del proceso civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y, más recientemente, la Directiva sobre daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia;

R. Considerando que, según el artículo 67, apartado 4, del TFUE, la Unión debe facilitar la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil, como se detalla en el artículo 81 del TFUE;

Confianza mutua en el espacio judicial europeo

S. Considerando que la libre circulación de las resoluciones judiciales va unida a la necesidad de crear suficiente confianza mutua entre las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros, en particular en cuanto al nivel de protección de los derechos procesales;

T. Considerando que, en este contexto, «confianza mutua» significa la confianza mutua que los Estados miembros deben tener en los órganos jurisdiccionales y los ordenamientos jurídicos, lo que comporta la prohibición de revisar las acciones de otros Estados y sus autoridades judiciales;

U. Considerando que el principio de confianza mutua genera más seguridad jurídica y da a los ciudadanos y a las empresas de la Unión estabilidad y previsibilidad suficientes;

V. Considerando que la aplicación y el respeto del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones y la aproximación de las legislaciones facilitan la cooperación entre las autoridades competentes y la tutela judicial de los derechos individuales;

W. Considerando que un sistema de normas mínimas comunes de la Unión en forma de principios y normas sería un primer paso hacia la convergencia de las normativas nacionales en materia de proceso civil, estableciendo un equilibrio entre los derechos fundamentales de los litigantes, en interés de la plena confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros;

X. Considerando que la existencia y el respeto de garantías procesales para la eficiencia y la eficacia de los procesos civiles y la igualdad de trato de las partes son deseables y, al mismo tiempo, necesarios para garantizar la confianza mutua;

Y. Considerando que la adopción de tal sistema de normas mínimas comunes daría además un nivel mínimo de calidad a los procesos civiles en toda la Unión, con lo que contribuiría no solo a una confianza mutua reforzada entre las autoridades judiciales, sino también al funcionamiento del mercado interior, pues se estima que las diferencias procesales entre Estados miembros pueden, entre otros, perturbar el comercio y disuadir a empresas o consumidores de ejercer sus derechos en el mercado interior;

Otras consideraciones

Z. Considerando que es necesaria la aproximación de los sistemas procesales en la Unión; que se pretende que la Directiva propuesta sea un primer paso en el proceso de armonización y convergencia de los sistemas de justicia civil de los Estados miembros y de creación de un Código Procesal Civil de la Unión a largo plazo;

AA. Considerando que la Directiva propuesta no afecta a la organización judicial de los Estados miembros ni a las principales modalidades de ejercicio de la acción civil y que facilita unas normas procesales nacionales más eficaces;

AB. Considerando que, por tanto, es de suma importancia adoptar y aplicar adecuadamente una legislación que prevea la adopción de normas mínimas comunes relativas al proceso civil en la Unión;

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la autonomía procesal nacional y la tutela judicial efectiva

1. Señala el papel esencial del Tribunal de Justicia al sentar las bases del proceso civil de la Unión, configurando la comprensión de lo que significa el proceso civil para el ordenamiento jurídico de la Unión;

2. Subraya, sin embargo, que, si bien algunas normas del proceso civil que en la actualidad se aceptan como parte del sistema procesal de la Unión han sido confirmadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la contribución del Tribunal debe considerarse que consiste más en la interpretación que en la creación de normas;

3. Destaca, por tanto, que la rica experiencia del Tribunal de Justicia en la revisión de las normas relativas a los procesos y a los recursos, así como las transacciones y los valores en conflicto que persigue conciliar, son muy instructivos y deben tenerse en cuenta a la hora de establecer un instrumento de alcance horizontal de carácter legislativo que contenga normas comunes sobre proceso civil;

La Carta

4. Destaca que, en lo que respecta al derecho a un juez imparcial y al acceso a la justicia, conviene mantener y seguir desarrollando redes de cooperación y bases de datos que mejoren la cooperación judicial y el intercambio de información;

5. Acoge con satisfacción, por tanto, los progresos en la justicia en red y, en concreto, la creación de la Red Judicial Europea y del Portal Europeo de e-Justicia, que se convertirá en una ventanilla única en el ámbito de la justicia en la Unión;

El acervo de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil

6. Pide asimismo a la Comisión que evalúe si deben proponerse nuevas medidas para consolidar y reforzar un enfoque horizontal para el ejercicio privado de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y si podría considerarse que las normas mínimas comunes del proceso civil que aquí se proponen promueven y garantizan este paradigma horizontal;

7. Reitera que la recogida sistemática de datos estadísticos sobre la aplicación y el funcionamiento de los actuales instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil es de la máxima importancia;

8. Invita en este contexto a la Comisión a evaluar si las medidas de ejecución adicionales por parte de los Estados miembros podrían contribuir a la aplicación efectiva de procedimientos autónomos de la Unión, y considera que a tal fin debe establecerse un proceso de supervisión firme y sistemático por parte de la Comisión;

Base jurídica de la propuesta

9. Señala que el artículo 114 del TFUE (armonización del mercado interior) ha servido de base para adoptar varios actos de la Unión con implicaciones procesales; recuerda que el artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior se ha utilizado y continúa usándose como base jurídica para una amplia variedad de directivas sectoriales que armonizan determinados aspectos del proceso civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI);

10. Observa, no obstante, que el artículo 81 del TFUE dispone la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, incluidas las medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior; considera, por tanto, que el artículo 81 del TFUE constituye la base jurídica adecuada para el instrumento legislativo propuesto;

11. Defiende que el concepto de «repercusión transfronteriza» del artículo 81, apartado 1, del TFUE relativo a la adopción de medidas de cooperación judicial en materia civil debe tomarse en sentido amplio, y no entenderse como sinónimo de «litigio transfronterizo»;

12. Subraya que la actual interpretación del concepto de «asuntos con repercusión transfronteriza» es relativamente restrictiva y da lugar a la creación de dos series de normas y dos categorías de litigantes, lo que podría dar lugar a más problemas y a una innecesaria complejidad; hace hincapié en que, por tanto, debería adoptarse una interpretación más amplia;

13. Destaca, en este contexto, que las normas mínimas comunes del proceso civil que se proponen aportarían más eficiencia si los Estados miembros ampliasen su ámbito de aplicación no solo a los asuntos que entren dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino en general a asuntos transfronterizos y puramente internos;

Confianza mutua en el espacio judicial europeo

14. Observa que, por lo que respecta a la justicia civil, las principales actividades de la Unión en el Espacio Europeo de Justicia consisten en la adopción de instrumentos sobre competencia, tramitación y ejecución transfronteriza de las resoluciones judiciales;

15. Reitera y, al mismo tiempo, subraya que la libre circulación de las resoluciones judiciales ha aumentado la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, generando más seguridad jurídica y dando a los ciudadanos y a las empresas de la Unión estabilidad y previsibilidad suficientes;

16. Hace hincapié, a este respecto, en que la confianza mutua es un concepto complejo y que son muchos los factores que desempeñan un papel a la hora de crear confianza, como la educación judicial, la cooperación judicial transfronteriza y el intercambio de experiencia y mejores prácticas entre los jueces;

17. Observa que se puede fomentar la confianza mutua mediante métodos no legislativos, entre otros, por ejemplo, los jueces que cooperan en la Red Judicial Europea o participan en la formación;

18. Acoge con satisfacción, por tanto, los nueve principios de la formación judicial que adoptó la Red Europea de Formación Judicial en su asamblea general de 2016, pues proporcionan una base y un marco comunes para la judicatura europea y las instituciones nacionales de formación judicial;

19. Alega, no obstante, que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la confianza mutua presupone, a un nivel muy fundamental, que las autoridades judiciales de los Estados miembros perciban recíprocamente las medidas procesales, tanto a nivel teórico como en la práctica jurídica, como garantía de un proceso civil justo;

20. Señala, por tanto, que la elaboración de normas mínimas y sistemáticas del proceso civil de la Unión en forma de una Directiva horizontal transversal traería consigo un aumento de la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y garantizaría un equilibrio común, en toda la Unión, de los derechos procesales fundamentales para asuntos civiles, y se crearía un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión;

Normas mínimas comunes del proceso civil

21. Destaca que unos sistemas de enjuiciamiento civil eficaces desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión; señala asimismo que constituyen una condición previa para la inversión sostenible y un entorno favorable para las empresas y los consumidores;

22. Considera que el acceso a la justicia puede verse entorpecido por la falta de claridad en los plazos de prescripción para ciudadanos, consumidores y empresas en litigios con repercusión transfronteriza; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la viabilidad y la conveniencia de armonizar dichos plazos prescripción en los procesos civiles;

23. Considera que existe una clara necesidad de legislación que prevea un conjunto de normas procesales aplicables a los procesos civiles, y pide a la Comisión que siga adelante con su plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

24. Pide por tanto a la Comisión, conforme al artículo 225 del TFUE, que le someta, a más tardar el 30 de junio de 2018 y sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta relativa a un acto legislativo sobre normas mínimas comunes del proceso civil, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;

25. Constata que las recomendaciones adjuntas a la presente Resolución respetan los derechos fundamentales y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

26. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras, ya que la introducción de normas mínimas del proceso civil permitirá realizar economías de escala al reducir los costes para los litigantes y sus representantes, que no necesitarán familiarizarse con el sistema de enjuiciamiento civil de un país diferente;

o

o o

27. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que la acompañan a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

(1) PE 572.853, diciembre de 2015.

(2) PE 581.385, junio de 2016.

(3) PE 559.499, junio de 2015.

(4) PE 556.971, junio de 2016.

(5) Uniform Law Review, 2004(4).

(6) Storme, M. Study on the approximation of the laws and rules of the Member States concerning certain aspects of the procedure for civil litigation (Informe final, Dordrecht, 1994).

(7) Véase, por ejemplo, la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Comet BV / Produktschap voor Siergewassen (45/76, ECLI:EU:C:1976:191) y la sentencia de 15 de mayo de 1986, Marguerite Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (222/84, ECLI:EU:C:1986:206).

(8) Accesibles en línea: http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_Es.pdf.

(9) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0276.

(10) Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet (London) Ltd y Unibet (International) Ltd / Justitiekanslern (C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163).

(11) Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).

(12) Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41).

(13) Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).

(14) Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).

(15) Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).

(16) Véase, por ejemplo, el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía (véase la segunda nota en el considerando G) y el Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).

(17) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45).

(18) Véase la cuarta nota del Considerando G.

(19) Véase la quinta nota del Considerando G.