[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 15.6.2006

SEC(2006)761 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Informe sobre la política de competencia 2005

ÍNDICE

Presentación 7

I – Antitrust – Artículos 81, 82 y 86 CE 12

A – Normas legislativas, interpretativas y procedimentales 12

1. Abuso de posición dominante 12

2. Acuerdos y prácticas concertadas 13

2.1. Reglamentos de exención por categorías en el sector del transporte 13

2.1.1. Transporte marítimo 13

2.1.2. Transporte aéreo 14

2.2. Reglamento de exención por categorías para la distribución de vehículos de motor 15

3. Normas de procedimiento 17

3.1. Acceso al expediente 17

3.2. Tratamiento de la información sobre el mercado y de las denuncias 18

Recuadro 1: Artículos 81 y 82 CE: Interés comunitario en dar curso a las denuncias de infracción y determinación de prioridades 19

4. Examen de la legislación de la UE desde el punto de vista de la competencia 21

5. Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia 22

B – Aplicación de los artículos 81, 82 y 86 24

1. Energía, industrias básicas, sustancias químicas y productos farmacéuticos 24

1.1. Energía 24

1.2. Industrias básicas 30

1.3. Sustancias químicas 31

1.4. Productos farmacéuticos 31

Recuadro 2: AstraZeneca: abuso de la normativa nacional en el sector farmacéutico 33

2. Información, comunicaciones y medios de comunicación 34

2.1. Comunicaciones electrónicas y servicios postales 34

2.2. Medios de comunicación 40

2.3. Industrias de la información, Internet y electrónica de consumo 43

3. Servicios 45

3.1. Servicios financieros 45

3.2. Transportes 47

3.2.1. Transporte aéreo 47

3.2.2. Transporte interior 49

3.3. Comercio y otros servicios 49

3.3.1. Profesiones 49

3.3.2. Gestión de residuos 51

4. Industria, bienes de consumo y sector manufacturero 53

4.1. Bienes de consumo y productos alimenticios 53

4.2. Industrias mecánicas y otras industrias manufactureras, incluido equipo de transporte 54

5. Cárteles 58

5.1. Resumen de la evolución de la política de cárteles 58

5.1.1. Nueva Dirección 58

5.1.2. Programa de clemencia de la Comisión 59

5.2. Asuntos 61

C – REC: Resumen de cooperación 66

1. Visión general 66

1.1. Cooperación en cuestiones de política 66

1.2. Adaptar las legislaciones nacionales para garantizar una aplicación eficiente por parte de las ANC 67

1.3. Cooperación en asuntos individuales 67

2. Aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales de la UE: Informe sobre la aplicación del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003 70

2.1. Asistencia en forma de información o de dictamen 70

2.2. Sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales 70

2.3. Intervención en calidad de amicus curiae 71

2.4. Financiación de la formación de los jueces nacionales en materia de normativa de competencia de la UE 71

2.5. Resumen de los dictámenes emitidos por la Comisión en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 71

3. REC: cooperación en los distintos sectores 74

D – Selección de asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos 77

E – Estadísticas 83

II – Control de las operaciones de concentración 86

A – Normas legislativas e interpretativas 87

1. Estudio sobre la política de soluciones 87

2. Nuevas orientaciones sobre el abandono de concentraciones 89

3. Atribución simplificada de asuntos: experiencia práctica en 2005 90

3.1. Descripción estadística 90

3.2. Aspectos prácticos de la remisión previa a la notificación 91

B – Decisiones de la Comisión 92

1. Decisiones tomadas de conformidad con el artículo 8 92

2. Decisiones tomadas de conformidad con el articulo 6.1.b) y 6.2 98

3. Remisiones 101

4. Notificaciones retiradas/abandono de operaciones 106

C – Selección de asuntos ante los Tribunales Europeos 110

D – Estadísticas 115

III – Control de las ayudas estatales 117

A – Normas legislativas e interpretativas 117

1. Reglamentos, directrices y comunicaciones 117

1.1. Plan de acción de ayudas estatales 117

Recuadro 3: Plan de acción de ayudas estatales 117

1.2. Directrices sobre ayudas de finalidad regional para 2007-2013 118

1.3. Futuro Encuadramiento sobre ayudas de I+D e innovación 120

1.4. Comunicación sobre ayudas estatales al seguro de crédito a la exportación 121

1.5. Revisión de las Directrices medioambientales 122

1.6. Servicios de interés económico general 122

Recuadro 4: Servicios de interés económico general 122

2. Agricultura 124

2.1. Nuevo informe anual sobre las ayudas estatales 124

2.2. Transparencia 124

3. Carbón 125

4. Transporte 125

5. Transparencia 127

6. Ampliación 127

6.1. Ayudas existentes en los nuevos Estados miembros 127

6.2. Adhesión de Bulgaria y Rumanía 128

B – Asuntos 129

1. Ayudas de salvamento y reestructuración 129

1.1. Ayudas de salvamento 129

1.2. Ayudas de reestructuración 130

2. Construcción naval 136

3. Sector siderúrgico 139

4. Radiodifusión pública, banda ancha, industria cinematográfica 140

5. Banca 145

6. Ayudas de finalidad regional 146

7. Ayudas de investigación y desarrollo, ayudas a la innovación 150

8. Ayudas medioambientales y de ahorro energético 155

9. Ayuda a la formación, el empleo y las pequeñas y medianas empresas 158

10. Ayudas fiscales 160

11. Ayudas para reparar los perjuicios causados por desastres naturales 165

12. Otros sectores: sanidad, servicios postales, defensa 166

13. Agricultura 168

14. Pesca 172

15. Carbón 173

16. Transporte 173

16.1. Transporte ferroviario 173

16.2. Transporte combinado 174

16.3. Transporte por carretera 175

16.4. Transporte aéreo 175

C – Ejecución de las decisiones sobre ayudas estatales 178

1. Introducción 178

2. Asuntos individuales 179

D – Selección de asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos 181

E – Estadísticas 187

IV – Actividades internacionales 189

A – Ampliación y Balcanes Occidentales 189

B – Cooperación bilateral 190

1. Introducción 190

2. Acuerdos con Estados Unidos, Canadá y Japón 190

3. Cooperación con otros países y regiones 194

C – Cooperación multilateral 196

1. Red Internacional de Competencia 196

2. OCDE 198

V – Perspectivas para 2006 203

1. Antitrust 203

2. Concentraciones 204

3. Ayudas estatales 204

4. Actividades internacionales 205

Anexo – Asuntos tratados en el informe 206

1. Artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE 206

2. Control de concentraciones 207

3. Ayudas estatales 208

Presentación

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE COMPETENCIA

En 2005, la DG Competencia avanzó considerablemente hacia una aplicación más eficaz y mejor orientada de las normas de competencia en todos nuestros sectores de actividad.

Se puso en marcha del Plan de Acción de Ayudas Estatales (PAAE), un paquete de reformas de gran envergadura elaborado con objeto de instaurar normas más específicas en materia de ayudas estatales para fomentar unas ayudas con unos objetivos mejor definidos, por ejemplo, las ayudas destinadas a impulsar la innovación, el capital de riesgo, la investigación y el desarrollo. El objetivo final del PAAE es ofrecer una mayor capacidad de predicción en el control de las ayudas estatales, unos mejores resultados económicos y una mejor gobernanza. El control de las ayudas estatales también registró un aumento significativo de la carga de trabajo en la tramitación de asuntos, ya que en 2005 se registraron 676 nuevos asuntos (un aumento del 8% en comparación con el año anterior).

En su aplicación de la normativa antitrust, la DG Competencia concedió la mayor prioridad a descubrir, desmontar y sancionar los cárteles, la forma más perniciosa de conducta anticompetitiva. Los cárteles aumentan artificialmente el precio de los bienes y servicios, reducen el suministro y obstaculizan la innovación (de tal modo que los consumidores acaban pagando más por menos calidad), y pueden incrementar considerablemente los costes de los insumos para las empresas europeas. El éxito del programa de clemencia de la Comisión, que ha llevado a un incremento del número de cárteles investigados, es un indicio alentador de la eficacia de nuestra política. En 2005, la Comisión adoptó cinco decisiones contra cárteles; las multas impuestas ascendieron a un total de 683,029 millones de euros. Para reforzar la capacidad de lucha contra los cárteles, en 2005 se creó en la DG Competencia una Dirección dedicada a éstos.

Las demás actividades de aplicación de la normativa antitrust de la DG Competencia se caracterizaron por una atención cada vez mayor a los asuntos que suponen prácticas más perjudiciales para los consumidores. A modo de ejemplo, la Comisión sancionó a AstraZeneca por hacer un uso indebido del sistema normativo para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos que competían con su producto Losec, de gran éxito en el mercado. Además de los procedimientos formales de infracción, también se hizo uso de la nueva posibilidad brindada por el Reglamento (CE) n° 1/2003 de obtener compromisos vinculantes para las empresas con objeto de resolver problemas de competencia. Así ocurrió, por ejemplo, en relación con la política comercial de Coca-Cola.

El lanzamiento de las dos primeras investigaciones sectoriales de conformidad con el artículo 17 constituyó un hito en la aplicación del Reglamento (CE) n° 1/2003. La primera se refería al sector de los servicios financieros y la segunda al de la energía (gas y electricidad), dos sectores clave para lograr crecimiento y creación de empleo, el gran objetivo político de la Comisión. Con estas investigaciones sectoriales, la Comisión cumplía su compromiso de aplicar la normativa con un enfoque más dinámico y basado en la economía. La Comisión utilizará los resultados de estas investigaciones para determinar, si necesario, las medidas de aplicación y reglamentación en estos sectores, para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. El análisis de los resultados de estas investigaciones sectoriales y su correspondiente seguimiento serán tareas importantes para la DG Competencia a partir de 2006.

En el campo de las fusiones, en 2005 se experimentó un aumento de la actividad debido a la actual tendencia general al alza de la actividad de concentraciones y adquisiciones. Se registraron 313 notificaciones de fusiones, lo que supone un aumento del 25% en comparación con 2004. Las investigaciones de la DG Competencia también se suelen basar en unas encuestas de mercado cada vez más exhaustivas. Se hace hincapié en identificar los problemas de competencia que responden a un análisis económico sólido y se basan en hechos. Se prestó una atención particular a las fusiones que podían impedir la consecución de los objetivos de liberalización de la UE.

La mejora de la eficacia de las normas de competencia de la UE era un objetivo importante de la modernización, objetivo que sólo puede lograrse velando por el funcionamiento adecuado de la Red Europea de Competencia (REC), que agrupa a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros. Su objetivo principal es garantizar la aplicación coherente y homogénea de las normas de competencia de la UE en la UE ampliada. En ese contexto, se comunicaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003, casi 80 asuntos en los que una ANC tenía previsto adoptar una decisión de conformidad con el artículo 81 y/o 82.

La DG Competencia desempeña, en coordinación con la DG Sociedad de la información, un papel importante en la aplicación del marco regulador de las comunicaciones electrónicas adoptado por la Comisión en 2002, que se basa en los principios del derecho de competencia de la UE. Según dicho marco, la DG Competencia es responsable, junto con la DG Sociedad de la información, de revisar las notificaciones de las autoridades reguladoras nacionales de medidas reguladoras de los mercados de las comunicaciones electrónicas. En 2005, la DG Competencia tramitó 201 notificaciones de esta índole (más del doble que en 2004: 89). Las decisiones adoptadas por la Comisión sobre tales notificaciones también se han duplicado casi en 2005 en comparación con 2004, pasando de 64 a 117.

En 2005, también tomamos medidas importantes para velar por la aplicación eficaz de las decisiones de la Comisión en el campo de la competencia, según se demuestra con la apertura del procedimiento formal por incumplimiento en el asunto Microsoft (diciembre). Asimismo, en el ámbito de las ayudas estatales, la cantidad de ayuda estatal ilegal e incompatible pendiente de recuperación a tenor de las decisiones adoptadas entre 2000 y mediados de 2005 disminuyó: de un total de 9.400 millones de euros, a finales de junio de 2005 se habían recuperado efectivamente unos 7.900 millones de euros.

Además del PAAE, la DG Competencia realizó progresos importantes en lo que respecta a su ambicioso proceso de revisión de la política de competencia, que pretende ampliar la aplicación de las normas de competencia tanto para aumentar su eficacia como para fomentar la competitividad. El documento de trabajo de la DG Competencia sobre la aplicación del artículo 82 CE a las exclusiones abusivas y la adopción del Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios contribuirá a consolidar la cultura de competencia en la UE. Como ejemplo suplementario, la Comisión propuso derogar la exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas que eximía a éstas de la prohibición, con arreglo a las normas de competencia de la UE, de incurrir en prácticas comerciales restrictivas. La derogación de la exención beneficiará a los exportadores de la UE ya que los precios del flete descenderán al tiempo que se mantendrán unos servicios fiables, mejorando así la competitividad de la industria de la UE.

Finalmente, en 2005 la DG Competencia también dedicó considerables recursos a apoyar las iniciativas de mejora de la normativa. Se incluyen en este capítulo el estudio de las nuevas iniciativas por parte de la Comisión con objeto de evaluar su impacto en la competencia y defenderla ante los Estados miembros. Junto con nuestra propia actividad de desarrollo de la política de competencia, estas acciones contribuyeron a mejorar la eficacia de las normas de competencia y a ofrecer transparencia y previsibilidad a la comunidad empresarial y a los consumidores.

En resumen, 2005 fue un año de importantes progresos tanto en términos de consolidación de la reforma del régimen de competencia aplicable a los ámbitos de la política antitrust y de las fusiones, como en la reforma de gran calado del capítulo de las ayudas estatales. En 2005 se realizaron avances notables en el enfoque de los problemas de competencia desde el ángulo del impacto económico, mediante los instrumentos existentes. Finalmente, en 2005 la DG Competencia lanzó nuevos proyectos importantes - especialmente investigaciones sectoriales - cuyos resultados darán lugar en los próximos años a nuevas iniciativas y medidas de aplicación que beneficiarán a los consumidores de la UE, ya sean ciudadanos o empresas, y contribuirán a la competitividad de la UE.

MENSAJE DEL CONSEJERO AUDITOR

La Comisión creó el puesto del consejero auditor para encomendar el desarrollo de los procedimientos administrativos en asuntos de defensa de la competencia y de concentraciones a una persona independiente con experiencia en temas de competencia y con la integridad necesaria para contribuir a la objetividad, transparencia y eficiencia de dichos procedimientos. El consejero auditor desempeña esta tarea de conformidad con su Mandato.

Confidencialidad y acceso al expediente en el contexto de la Comunicación relativa a las normas de acceso al expediente

En 2005, se plantearon varios problemas complicados relativos al acceso al expediente. Concretamente, en algunos casos en los que el expediente del asunto contenía miles de documentos cuya confidencialidad se había invocado de forma justificada, las solicitudes de acceso dieron lugar a retrasos en el procedimiento. Teniendo en cuenta que es necesario verificar para cada documento si el interés invocado en el acceso a efectos del derecho de defensa prevalece sobre la confidencialidad, la preparación minuciosa del acceso al expediente es esencial para el correcto desarrollo del procedimiento.

Todos los participantes tienen interés en que el procedimiento se desarrolle de forma rápida y expeditiva. Así pues, las partes que faciliten información, al igual que quienes solicitan acceso a la información confidencial, deben atenerse a los principios rectores de la confidencialidad. En particular:

- Quienes facilitan información deberían justificar sus solicitudes de confidencialidad y limitar ésta a las partes concretas respecto de las cuales puede invocarse razonablemente un riesgo de grave perjuicio. Se debe facilitar una versión no confidencial de la información y debe incluirse una descripción sucinta de cada parte de información suprimida. Es importante que las versiones no confidenciales y las descripciones de la información suprimida se presenten de modo tal que permita que cualquier parte que tenga acceso al expediente determine si es probable que la información suprimida sea pertinente para su defensa y por lo tanto si existen suficientes argumentos para solicitar que la Comisión conceda el acceso a la información en cuestión.

- Las partes que soliciten el acceso a la información confidencial deben presentar solicitudes detalladas y justificadas que demuestren claramente su interés en documentos concretos desde el punto de vista del derecho de defensa.

Decisiones de los consejeros auditores

En el curso de sus actividades relacionadas con peticiones individuales de acceso al expediente, en 2005 los consejeros auditores adoptaron 13 decisiones de conformidad con el artículo 8 de su mandato en siete casos. Según este artículo, las partes pueden solicitar el acceso a los documentos que crean necesarios para el adecuado ejercicio de su derecho a ser oídas y que no se les hayan facilitado por razones de confidencialidad. El consejero auditor puede rechazar o conceder el acceso completo o parcial a dichos documentos.

En 2005 los consejeros auditores no tuvieron que adoptar ninguna decisión con arreglo al artículo 9. De conformidad con este artículo del mandato, los consejeros auditores deciden que la Comisión puede revelar la información incluso aunque una empresa se oponga a ello, si consideran que la información no está protegida, o si el equilibrio entre el interés en revelar la información y el perjuicio que de ello pudiera resultar se inclina del lado del primero. Tal decisión puede ser recurrida ante los tribunales europeos mediante lo que se conoce comúnmente como procedimiento Akzo.

Para evitar un procedimiento engorroso, los consejeros auditores han instituido la práctica del envío de lo que se denominan “cartas previas al artículo 9”. Éstas informan a las empresas sobre la posición preliminar de los consejeros auditores antes de adoptar una decisión definitiva y jurídicamente vinculante de conformidad con el artículo 9. En 2005 se enviaron varias cartas de esta índole.

Contenido del expediente de un asunto

En 2005, los consejeros auditores reconocieron que, conforme a la jurisprudencia, las partes deberían tener derecho de acceso, previa solicitud, a todos los documentos que están objetivamente relacionados con la presunta infracción, con las excepciones normales por razones de confidencialidad o de la naturaleza interna de los documentos afectados. Sin embargo, los distintos departamentos de la Comisión pertinentes disfrutan de cierto margen discrecional en su decisión de unificar las investigaciones que consideren que están suficientemente relacionadas. Los departamentos de la Comisión correspondientes pueden decidir, por razones objetivas, si un análisis completo y exhaustivo de la conducta anticompetitiva investigada requiere o no al mismo tiempo una exploración de distintos mercados de producto o geográficos.

Informes de los consejeros auditores y audiencias orales

En 2005, los consejeros auditores elaboraron informes intermedios y/o finales en tres casos de fusión y en doce asuntos de defensa de la competencia, algunas de cuyas audiencias se habían celebrado en 2004. En 2005, se solicitaron audiencias orales en ocho asuntos de defensa de la competencia. No se celebraron audiencias en casos de fusión. El descenso del interés por las audiencias orales en los casos de fusión puede deberse al deseo de las partes de utilizar el limitado tiempo disponible para negociar remedios en vez de para cuestionar la evaluación de la Comisión ante una audiencia más amplia que también podría incluir a empresas hostiles a la concentración.

Procedimiento para las declaraciones orales

En 2005 se instauró un nuevo procedimiento para velar por que las empresas que desean cooperar con la Comisión con arreglo a la Comunicación sobre clemencia no dejen de hacerlo a consecuencia de la exhibición documental en un procedimiento civil de reparación de daños ante órganos jurisdiccionales no pertenecientes a la UE. Esto implica que los otros miembros del presunto cartel no tienen acceso a las declaraciones de las empresas de la manera habitual (es decir, mediante un CD-ROM/DVD o mediante copias impresas). En cambio, se permite que las partes tomen notas de las declaraciones grabadas de la empresa que solicita clemencia.

I – Antitrust – Artículos 81, 82 y 86 CE

A – NORMAS LEGISLATIVAS, INTERPRETATIVAS Y PROCEDIMENTALES

1. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

1. El 19 de diciembre, la DG Competencia presentó un documento de trabajo sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE relativas al abuso de posición dominante (artículo 82 CE)[1]. Este documento de trabajo pretende fomentar un debate sobre la mejor forma de proteger los mercados de la UE contra las conductas excluyentes de las empresas en posición dominante, que pueden limitar las presiones competitivas sobre los mercados. El documento sugiere un marco para una permanente aplicación rigurosa del artículo 82 CE, basada en los análisis económicos realizados en asuntos recientes, y establece una posible metodología para la evaluación de algunas de las prácticas abusivas más comunes, tales como los precios abusivos, las marcas únicas, la vinculación, y la denegación de suministro. Otras formas de abuso, tales como las prácticas discriminatorias y explotadoras, serán objeto de futuros trabajos de la Comisión en 2006. La DG Competencia ha invitado a presentar comentarios sobre el citado documento de trabajo antes del 31 de marzo de 2006.

2. El artículo 82 CE prohíbe los abusos de posición dominante. Éstos se suelen dividir en exclusiones abusivas, que excluyen a los competidores del mercado, y explotaciones abusivas, por las que la empresa dominante aprovecha su poder de mercado, por ejemplo aplicando precios excesivos. El documento de trabajo se ocupa solamente de las exclusiones abusivas.

3. El documento describe un marco general para analizar las prácticas de exclusión abusiva de una empresa dominante. Cuando una empresa dominante está presente en un mercado, la competencia en ese mercado ya es débil. El objeto de las normas de competencia es por lo tanto prevenir la conducta de esa empresa dominante que pueda debilitar aún más la competencia y perjudicar a los consumidores, independientemente de que ello ocurra a corto, medio o largo plazo. Para las prácticas basadas en precios, tales como los descuentos, el documento se plantea si solamente debe considerarse abusiva la conducta que pueda excluir a competidores igualmente eficientes. El documento también examina si las eficiencias deberían tomarse en consideración en el ámbito del artículo 82 CE, y, de ser así, cómo hacerlo. Si se tomaran en consideración, las eficiencias alegadas tendrían que ser mayores que el efecto restrictivo de la conducta en cuestión.

4. La DG Competencia está llevando a cabo una consulta de gran alcance sobre el documento de trabajo. Ya ha debatido el documento en la Red Europea de Competencia y ahora ha abierto la consulta al público. Como parte de este proceso de consulta, la Comisión celebrará una audiencia pública en la primavera de 2006 sobre los abusos de posición dominante y en especial sobre el marco propuesto en el documento de trabajo.

2. Acuerdos y prácticas concertadas

2.1. Reglamentos de exención por categorías en el sector del transporte

2.1 .1. Transporte marítimo

Derogación del Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo – Exención por categorías de las conferencias marítimas

5. El 14 de diciembre, la Comisión adoptó una propuesta[2] de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 4056/86 que aplicaba los artículos 81 y 82 CE al transporte marítimo[3]. El Consejo decidirá sobre esta propuesta por mayoría cualificada previa consulta al Parlamento Europeo.

6. El objetivo es poner fin a la exención por categorías de las conferencias marítimas que permite que las líneas marítimas se reunan en conferencias para fijarlos precios de flete y regular la capacidad. Tras un estudio de tres años, la evaluación de impacto llevada a cabo muestra que las conferencias marítimas no cumplen las cuatro condiciones acumulativas del artículo 81, apartado 3, y que es probable que la derogación de la exención por categorías dé lugar a un descenso de los precios del transporte, manteniendo unos servicios fiables y mejorando la competitividad de la industria europea, en especial la de los exportadores de la UE. La propuesta prevé un período de transición de dos años desde la adopción del Reglamento por el Consejo para las disposiciones relativas a la exención por categorías de las conferencias marítimas.

7. La propuesta también pretende modificar el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo[4] ampliando su alcance al cabotaje y a los servicios de tramp, aplicando así las mismas normas generales de competencia a todos los sectores de actividad económica.

8. Para facilitar la transición a un régimen plenamente competitivo, la Comisión tiene previsto adoptar en 2007 las correspondientes directrices sobre la competencia en el sector marítimo.

Prórroga y modificación del Reglamento (CE) n° 823/2000 de la Comisión – Reglamento de exención por categorías de los consorcios

9. El 20 de abril, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 611/2005 que modificaba el entonces vigente reglamento de exención por categorías de las compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)[5]. Se prorroga el Reglamento (CE) n° 823/2000 de la Comisión hasta el 25 de abril de 2010 y se introducen dos modificaciones de escasa importancia. Las modificaciones conceden a un miembro del consorcio el derecho a retirarse de un acuerdo de consorcio sin sanción pecuniaria después de un período inicial de hasta 24 meses, lo que supone una ampliación de seis meses con respecto al régimen anterior. Además, este período inicial ahora se aplica también cuando las partes de un acuerdo existente han aceptado hacer una nueva inversión sustancial en los servicios de transporte marítimo ofrecidos por el consorcio. Esta inversión debe equivaler por lo menos a la mitad de la inversión total realizada por los miembros de consorcio. Finalmente, una de las condiciones básicas de la exención, a saber la existencia de una competencia efectiva de precios en el consorcio, se ha modificado: ahora los 'contratos confidenciales individuales' también pueden tomarse en consideración para demostrar la existencia de dicha competencia.

10. La exención por categorías de los consorcios está estrechamente ligada a la exención por categorías de las conferencias marítimas (Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo). Debido a las estrechas relaciones entre las dos exenciones por categorías, la Comisión consideró que no era necesario ni conveniente introducir modificaciones sustanciales en la exención por categorías de los consorcios antes de finalizar la revisión del Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo.

2.1.2. Transporte aéreo

Sustitución del Reglamento (CEE) n° 1617/93 de exención por categorías de la Comisión

11. La Comisión continuó el proceso de consulta iniciado en 2004 con respecto a la revisión del Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión[6], con la publicación el 2 de marzo de un documento que examina las contribuciones recibidas con ocasión de la consulta.

12. El 15 de noviembre, la Comisión adoptó un anteproyecto de reglamento de exención por categorías con objeto de sustituir el Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión. El proyecto debe ser discutido por el Comité consultivo de prácticas restrictivas y abusos de posición dominante. El anteproyecto de reglamento de exención por categorías establece que:

13. las consultas sobre tarifas para el transporte de personas en servicios aéreos dentro de la UE se beneficiarán de una exención por categorías hasta el 31 de diciembre de 2006; esta exención no se prorrogaría después de esa fecha;

14. las consultas sobre la asignación de franjas horarias y la fijación de horarios en aeropuertos se beneficiarán de una exención por categorías hasta el 31 de diciembre de 2006; esta exención no se prorrogaría después de esa fecha;

15. las consultas sobre tarifas de los servicios aéreos para pasajeros entre la UE y terceros países se beneficiarán de una exención por categorías condicionada a una obligación de comunicación de datos hasta el 31 de diciembre de 2008.

16. Simultáneamente a la preparación de un nuevo reglamento de exención por categorías, departamentos de la Comisión han mantenido consultas con la IATA y con varias líneas aéreas sobre el futuro de los acuerdos interlínea.

2.2. Reglamento de exención por categorías para la distribución de vehículos de motor

Las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en los acuerdos de distribución de automóviles ya no están amparadas por la exención

17. El 1 de octubre entró en vigor la parte final de la reforma de la Comisión de las normas de competencia aplicables a la distribución de vehículos de motor: las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en los contratos de distribución entre los fabricantes de automóviles y los distribuidores autorizados ya no están amparadas por la exención del Reglamento (CE) n° 1400/2002 de la Comisión. Estas cláusulas son disposiciones de los acuerdos de distribución de automóviles que asignan al distribuidor autorizado un determinado establecimiento principal y le prohíben operar en puntos de venta o de entrega adicionales situados en otro lugar.

18. La nueva regla se aplica a los turismos y a los vehículos comerciales ligeros. No se aplica a los sistemas de distribución exclusiva, ni a los acuerdos que solamente tienen efectos mínimos en el mercado[7]. Para los acuerdos de distribución selectiva, la nueva regla significa que las cláusulas relativas al lugar de establecimiento que prohíban a los distribuidores autorizados abrir puntos de venta o de entrega adicionales caerán fuera del 'espacio protegido' creado por el Reglamento de exención por categorías.

19. La nueva norma tiene un doble objetivo político subyacente[8]:

20. reducir las restricciones territoriales de modo que los consumidores puedan beneficiarse de la competencia efectiva entre los distribuidores autorizados, particularmente en cuanto a los precios y en las zonas en las que no tienen una verdadera oportunidad de elegir entre distribuidores autorizados de la misma marca; y

21. facilitar el desarrollo de formas innovadoras de distribución tales como los puntos de venta multimarca.

22. Al ocuparse de las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en el ámbito del artículo 5 del Reglamento, la Comisión concedió un mayor margen para evaluar de forma individual, caso por caso, si una cláusula cumple todas las condiciones requeridas para justificar una exención de conformidad con el artículo 81, apartado 3. Los potenciales efectos positivos más probables de estas cláusulas en los sistemas de distribución selectiva consisten en que pueden impedir que terceros se aprovechen de las inversiones y esfuerzos de promoción de los distribuidores autorizados establecidos.

23. En cuanto al primer tipo de cláusulas relativas al lugar de establecimiento mencionado en el Reglamento – a saber, las cláusulas que prohíben puntos de venta adicionales – es difícil comprender el motivo por el que los fabricantes de automóviles necesitarían las restricciones de los puntos de venta adicionales para evitar los comportamientos parasitarios. El Reglamento permite a los fabricantes de automóviles exigir que los puntos de venta secundarios cumplan todas las normas cualitativas aplicables a los concesionarios en la zona donde se abrirá el punto de venta y comprobar por adelantado este cumplimiento. Así se evitará por lo general el peligro de que terceros se aprovechen de las inversiones y esfuerzos de promoción de los distribuidores autorizados establecidos. Por otra parte, es improbable que los puntos de venta secundarios aumenten los costes de transacción y logística de los fabricantes de automóviles, ya que el contrato vigente con el distribuidor autorizado continuará determinando el lugar en el que el fabricante de automóviles debe entregar los coches pedidos por el distribuidor autorizado. Esto significa que cuando los distribuidores autorizados abren un punto de venta secundario en otro Estado miembro, no es necesario un contrato adicional con el importador local, aunque por supuesto el fabricante de automóviles pueda delegar en el importador local funciones tales como la comprobación del cumplimiento de los criterios cualitativos. Las condiciones de compra y los objetivos de ventas seguirán siendo las determinadas en el acuerdo de distribución existente.

24. En cuanto al segundo tipo de cláusula relativa al lugar de establecimiento mencionado en el Reglamento - es decir, las cláusulas que prohíben a los distribuidores autorizados establecer puntos de entrega adicionales - un análisis individual de conformidad con el artículo 81 CE desembocaría muy probablemente en un resultado diferente. Puede existir un mayor riesgo de que tales puntos de entrega se utilicen (indebidamente) para aprovecharse de las inversiones, los esfuerzos de comercialización y el renombre del distribuidor autorizado establecido en el territorio de referencia. En la práctica, si los puntos de entrega se utilizan de facto para realizar “ventas” (en contraposición con meros "servicios de entrega"), un fabricante podría invocar con éxito la derogación de conformidad con el artículo 81, apartado 3, siempre que la limitación de la apertura de puntos de entrega sea la única manera de prevenir tales riesgos de comportamiento parasitario que podrían producir una desestabilización de su red de distribución.

3. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

3.1 . Acceso al expediente

25. El 13 de diciembre, la Comisión adoptó una Comunicación sobre las normas de acceso al expediente de la Comisión en asuntos de antitrust y de concentraciones[9]. La Comunicación establece el marco para el ejercicio del derecho de acceso al expediente de conformidad con las disposiciones mencionadas expresamente en la Comunicación. No contempla la posibilidad de acceder a documentos en el contexto de otros procedimientos. El derecho de acceso al expediente descrito en la Comunicación - que es distinto del derecho general a tener acceso a los documentos conforme al Reglamento (CE) n° 1049/2001[10]- permite a las personas a quienes la Comisión ha enviado un pliego de cargos ejercer efectivamente sus derechos de defensa.

26. La finalidad de la Comunicación – que sustituye a la Comunicación sobre el acceso al expediente adoptada en 1997 – es aumentar la transparencia y la claridad del procedimiento de la Comisión en la tramitación de las solicitudes de acceso al expediente en asuntos antitrust y de concentraciones. A tal efecto, la Comunicación indica que los destinatarios de los cargos de la Comisión tienen un derecho de acceso al expediente, en formato electrónico o en papel. La Comunicación indica cuándo se concede el acceso al expediente a las partes. Especifica que el "expediente de la Comisión" incluye todos los documentos asociados al procedimiento que ha desembocado en el pliego de cargos de la Comisión. Sin embargo, las partes no tienen acceso a los documentos internos de la Comisión (incluidos los documentos intercambiados con los Estados miembros), los secretos comerciales y otra información confidencial. Según la interpretación de la Comisión, el concepto de documentos internos incluye, en principio, toda la correspondencia entre la Comisión y sus expertos externos. En cambio, sí se da acceso a los resultados de los estudios encargados en relación con el procedimiento así como a los documentos necesarios para comprender la metodología aplicada en el estudio o para probar su corrección técnica.

27. La Comunicación incluye una descripción completa del procedimiento aplicable a la información confidencial y a la concesión de acceso al expediente. También describe el procedimiento para la resolución de discrepancias sobre las solicitudes de confidencialidad, así como la función de los consejeros auditores.

28. La Comunicación contempla asimismo la cuestión del acceso a documentos concretos para los denunciantes en procedimientos antitrust y para otras partes intervinientes en procedimientos de concentración. No obstante, el alcance de este derecho es más limitado que el derecho de acceso al expediente.

3.2. Tratamiento de la información sobre el mercado y de las denuncias

29. La Comisión concede importancia a la información proporcionada por empresas y consumidores ya que esta información contribuye a garantizar la aplicación efectiva de las normas de competencia. La Comisión acoge con agrado información relativa a ámbitos en los que el mercado no funciona bien y a presuntas infracciones de las normas de competencia.

30. Esta información puede proporcionarse a la Comisión de diversas maneras:

31. la mayor prioridad se concede a las denuncias informales y a las solicitudes de clemencia[11]. Los cárteles son la peor forma de actividad anticompetitiva y la Comisión dedica considerables recursos a luchar contra ellos;

32. la información sobre el mercado[12] siempre es bienvenida, independientemente de si conduce a una investigación en un caso individual. La Comisión no puede llegar a una comprensión coherente del mercado si no recopila un conjunto de informaciones de distintas fuentes;

33. también se acogen con satisfacción las denuncias formales[13] que plantean aspectos claros de interés comunitario y que contienen una adecuada información sobre sus antecedentes y contexto. Muchas decisiones importantes de la Comisión no hubieran sido posibles sin la información y el apoyo activo de un denunciante. Por lo general conviene ponerse en contacto con la DG Competencia antes de presentar una denuncia formal. Los contactos informales previos a la denuncia hacen que sea posible mantener conversaciones iniciales referentes a la información de que dispone el denunciante potencial y pueden contribuir a aclarar si es probable que un asunto sea prioritario para la Comisión.

34. Cada una de estas maneras de suministrar información es importante y puede resultar en medidas de aplicación. La Comisión considerará cuidadosamente y responderá a todas las informaciones recibidas.

RECUADRO 1: ARTÍCULOS 81 Y 82 CE: INTERÉS COMUNITARIO EN DAR CURSO A LAS DENUNCIAS DE INFRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES SE INVITA A LOS DENUNCIANTES POTENCIALES A TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES ANTES DE PRESENTAR UNA denuncia formal a la Comisión. Autoridades y tribunales de defensa de la competencia de los Estados miembros Al considerar la posibilidad de presentar una denuncia formal a la Comisión, los consumidores y las empresas deben tener en cuenta que las autoridades de competencia de los Estados miembros también aplican el derecho de competencia de la UE y que trabajan con la Comisión en la Red Europea de Competencia (REC). Los posibles denunciantes deberían por lo tanto considerar si es probable que una autoridad de competencia del Estado miembro esté en condiciones de intervenir. Por ejemplo, cuando una presunta infracción afecta a la competencia principalmente en el territorio de un Estado miembro puede ocurrir que la autoridad nacional de la competencia (ANC) de ese país quiera ocuparse del asunto. Incluso en los casos en que un asunto surte efectos sobre la competencia en más de un Estado miembro, las ANC pueden cooperar en la obtención de pruebas en un asunto de competencia, y las autoridades de competencia de dos o tres Estados miembros pueden ocuparse conjuntamente de un asunto. Se puede encontrar más información sobre la distribución de trabajo en la REC en el sitio Internet de la Comisión[14]. Los denunciantes potenciales también deberían examinar la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal nacional. Muchos asuntos pueden ser resueltos adecuadamente por los tribunales nacionales, entre ellos las denuncias por incumplimiento de las obligaciones contractuales, las solicitudes de nulidad con arreglo al artículo 81, apartado 2, o las solicitudes de medidas cautelares[15]. La Comisión también respalda enérgicamente el derecho de quienes se consideren perjudicados por una conducta anticompetitiva a solicitar la reparación ante los tribunales nacionales[16], y ha publicado un Libro Verde[17] que examina las posibilidades de facilitar las solicitudes de reparación. Prioridades Cualquier denunciante potencial que piense presentar una denuncia oficial a la Comisión también habrá de tener en cuenta que, aunque la Comisión estudia toda la información que se le presenta con la mayor seriedad, carece de recursos para investigar cada problema que se le comunica. La Comisión tiene que definir sus prioridades y centrar sus limitados recursos en investigar y perseguir las infracciones más graves y en tramitar los asuntos que son importantes con vistas a desarrollar la política de competencia de la UE y a garantizar la aplicación coherente de los artículos 81 y 82 CE[18]. Basándose en la información disponible, la Comisión aplica uno o varios de los siguientes criterios, según proceda en cada caso, para decidir si existe efectivamente un interés comunitario suficiente en realizar una investigación pormenorizada de una denuncia[19]: la importancia del impacto sobre el funcionamiento de la competencia en el mercado interior, según se desprenda en especial de: el ámbito geográfico o la importancia económica de la conducta objeto de la denuncia, la dimensión del mercado, o la importancia para los consumidores finales de los productos afectados o de la conducta objeto de la denuncia; o la posición de mercado de las empresas objeto de la denuncia o el funcionamiento general del mercado en cuestión; el grado o la complejidad de la investigación necesaria, la probabilidad de probar la presunta infracción y si, a la luz de estos elementos, procede realizar una investigación pormenorizada; la posibilidad de que el denunciante plantee el asunto ante un tribunal nacional de un Estado miembro, en especial teniendo en cuenta si el asunto es o ya ha sido objeto de un litigio civil o si, por su índole, puede resolverse adecuadamente por esta vía; la pertinencia de actuar a raíz de una denuncia individual referente a una o varias cuestiones jurídicas concretas que la Comisión ya está examinando en uno o varios asuntos o ya ha examinado y/o es objeto de un procedimiento ante un Tribunal comunitario; el cese o la modificación de la conducta denunciada, en especial cuando los compromisos han adquirido carácter vinculante debido a una decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003 o cuando la empresa o empresas denunciadas han modificado su conducta por otras razones, siempre que ni unos considerables efectos anticompetitivos persistentes ni la gravedad de la presunta infracción confieran a la denuncia un interés comunitario a pesar del cese o de la modificación de la conducta; la importancia de otras áreas del derecho comunitario o nacional afectado por la conducta objeto de la denuncia en comparación con la importancia de los problemas de competencia planteados en la denuncia. Sin embargo, estos criterios se aplican flexiblemente. Es imposible definir normas abstractas relativas a cuándo sería correcto o no que la Comisión actuara. Siempre existirán factores, no mencionados en los puntos anteriores, que pueden incrementar o disminuir el grado de prioridad de un determinado asunto. Por otra parte, la Comisión no está obligada a dejar de lado un asunto por falta de interés comunitario. Pero cuando la Comisión crea que no hay un interés comunitario suficiente que justifique una investigación pormenorizada, desestimará por lo general la denuncia haciendo referencia a uno o varios de estos criterios. La Comisión hace lo posible por informar a los denunciantes en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una denuncia acerca de si tiene o no la intención de investigar el asunto. |

- 4. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

35. Una acción clave identificada en la estrategia de Lisboa, que se relanzó los días 22 y 23 de marzo, consistía en mejorar el marco normativo tanto en la UE como a nivel nacional para aumentar la competitividad. Las actividades destinadas a lograr una "mejora de la legislación" comenzaron en 2002 conforme a un Plan de acción de la Comisión, que fue revisado el 16 de marzo. Este plan abarca todas las propuestas legislativas pendientes de la UE, las normas existentes (simplificación) y las nuevas propuestas legislativas y políticas. Con arreglo al Plan de acción, la Comisión adoptó en junio unas Directrices revisadas de evaluación de impacto[20], que abarcan todas las iniciativas legislativas y políticas incluidas en el Programa de trabajo anual de la Comisión. Las evaluaciones examinan opciones alternativas para solucionar un problema concreto y valoran su impacto económico, medioambiental y social.

36. Las Directrices de evaluación de impacto reconocen que "una competencia fuerte en un entorno de apoyo a las empresas es un motor clave para el crecimiento de la productividad y la competitividad"[21]. Así pues, el examen de la competencia forma parte integrante de la evaluación de impacto. Las directrices de evaluación de impacto enumeran – no exhaustivamente – los tipos de propuesta que hay que examinar en busca de posibles impactos negativos sobre la competencia (por ejemplo, las normas sobre las industrias de red liberalizadas, las medidas que tienen un impacto en las barreras de entrada y salida, las exenciones de las normas de competencia, etc.)[22].

37. El "criterio de competencia" básico aplicado en el contexto del examen de la política de competencia supone plantearse inicialmente dos preguntas fundamentales. Primero: ¿ qué restricciones de la competencia pueden derivarse directa o indirectamente de la propuesta (crea restricciones a la entrada en el mercado, afecta a la conducta empresarial, etc.)? Segundo: ¿existen medios menos restrictivos para lograr el objetivo político en cuestión? El examen de la competencia puede dar lugar a elegir unos métodos reguladores menos restrictivos o basados en el mercado para alcanzar ciertos objetivos políticos, evitando así unas restricciones innecesarias o desproporcionadas de la competencia. Esto redunda en interés tanto de los consumidores como de la industria.

5. Libro Verde sobre REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

38. Tanto las autoridades de competencia como los particulares que inician un procedimiento ante un tribunal nacional pueden instar la aplicación de las normas de competencia establecidas en los artículos 81 y 82 CE. Uno de los objetivos de la modernización de las normas antitrust comunitarias era revitalizar el cometido de los tribunales nacionales y de las autoridades nacionales de competencia (ANC) en la aplicación de estas normas. El Reglamento (CE) n°1/2003 pone de relieve la responsabilidad conjunta de la Comisión, los tribunales nacionales y las ANC a ese respecto y ofrece las herramientas necesarias para lograr una aplicación cada vez mayor y coherente de las normas antitrust comunitarias. Por lo que se refiere a la aplicación por las autoridades de competencia, la Comisión y las ANC cooperan ahora estrechamente en la REC (Red Europea de Competencia) para aplicar las citadas normas. Por lo que se refiere a la aplicación a instancia de particulares, el Reglamento (CE) n° 1/2003 suprimió el monopolio que la Comisión tenía para la aplicación del artículo 81, apartado 3, al facultar a los tribunales nacionales para aplicar los artículos 81 y 82 CE en su integridad. Dichos tribunales nacionales tienen competencia exclusiva para conceder la reparación de daños a las víctimas de infracciones del derecho de competencia.

39. La reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación antitrust es el eje del Libro Verde adoptado por la Comisión el 19 de diciembre[23]. La Comisión desea fomentar esta clase de acciones, que hasta ahora han escaseado[24], porque responden a un doble propósito. Las acciones de reparación no sólo permiten a las víctimas de infracciones de la legislación antitrust comunitaria obtener una compensación, sino que también crean un incentivo adicional para que las empresas respeten la citada legislación. Las acciones de reparación no se limitan a reforzar los efectos de las declaraciones de existencia de una infracción por las autoridades de competencia, también deben ser un medio autónomo de aplicación de la normativa. La aplicación a instancia de particulares de las normas antitrust comunitarias se convierte de esta manera en una herramienta para ampliar el ámbito de aplicación de los artículos 81 y 82 CE. Por otra parte, al estar facultados para solicitar la reparación de daños, las empresas o los consumidores europeos se hallan involucrados directamente en la aplicación de las normas de competencia. Esta experiencia de primera mano aumenta la importancia directa de las normas de competencia para las empresas y los consumidores. Al aumentar el nivel de aplicación de las normas antitrust comunitarias, las acciones de reparación de daños contribuyen al respeto de esas normas y por lo tanto a la efectividad de la competencia en Europa. Por consiguiente, son instrumentos importantes para la creación y pervivencia de una economía competitiva, un elemento clave de la estrategia de Lisboa, que aspira a que la economía de la Unión Europea crezca y cree empleo para los ciudadanos de Europa.

40. En su sentencia de 2001 en el asunto Courage/Crehan , el Tribunal de Justicia confirmó que las víctimas de una infracción de las normas antitrust comunitarias tienen derecho a solicitar la reparación de daños y que los Estados miembros tienen que establecer un marco procesal que ofrezca un sistema eficaz de compensación[25]. El objetivo fundamental del Libro Verde es identificar los principales obstáculos para la existencia de un sistema más eficaz de acciones por daños y perjuicios y fijar distintas opciones de reflexión y posible acción para facilitar las acciones de reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación antitrust comunitaria.

41. El Libro Verde aborda varias cuestiones clave, tales como el acceso a las pruebas, la necesidad de probar la conducta culpable, el cálculo de los daños, la posibilidad de invocar la repercusión de daños (“passing on defence”), la legitimación de los compradores indirectos, la posibilidad de interponer acciones representativas y colectivas, los costes de las acciones, la coordinación de la aplicación pública y privada y las normas sobre competencia judicial y legislación aplicable.

42. El propósito del Libro Verde es suscitar un debate relativo a la forma de incrementar el número de acciones de reparación de daños por infracciones de las normas antitrust comunitarias. La Comisión se basará en las respuestas recibidas al Libro Verde a la hora de evaluar las medidas necesarias, si es que las hay, para propiciar estas acciones de reparación.

B – APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 81, 82 Y 86

1. ENERGÍA, INDUSTRIAS BÁSICAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.1. Energía

Investigaciones sectoriales en los sectores del gas y la electricidad

43. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas antitrust de la UE en el sector de la energía, las medidas más importantes tomadas en 2005 fueron el lanzamiento de las investigaciones de los sectores del gas y la electricidad. El 13 de junio, la Comisión adoptó una decisión[26] por la que se iniciaba una investigación en los sectores del gas y la electricidad de conformidad con los poderes de la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) N° 1/2003 del Consejo. La justificación para las investigaciones sectoriales se estableció en una Comunicación de la Comisaria responsable de la competencia, de común acuerdo con el Comisario responsable de la energía[27].

44. Las investigaciones sectoriales forman parte de los esfuerzos de la Comisión para relanzar la Estrategia de Lisboa con sus objetivos de impulsar el crecimiento económico, aumentar el empleo y transformar a la Unión Europea en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo". Para contribuir a la revitalización de la Estrategia de Lisboa, la Comisión decidió llevar a cabo una aplicación más dinámica de las normas de competencia, especialmente a través de estudios sectoriales, con objeto de garantizar la apertura y competitividad de los mercados en Europa, en particular en el sector de la energía[28].

45. Las investigaciones se centran en los sectores de la electricidad y el gas, recientemente liberalizados. La integración del mercado ha sido decepcionantemente lenta y no ha logrado hasta ahora hacer mella significativa en los niveles de concentración, a menudo elevados, que caracterizan a ambos sectores. En 2004 y 2005 se registraron subidas de precios significativas y los usuarios se han quejado cada vez más de la imposibilidad de obtener ofertas competitivas de los proveedores. Estos elementos sugerían que los mercados no estaban funcionando óptimamente y justificaron la apertura de una investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1/2003 y el uso de los instrumentos de investigación de que dispone la Comisión.

46. En el sector de la electricidad, la investigación se centra en los mecanismos de formación de precios en los mercados mayoristas de la electricidad, en la producción y el suministro de electricidad, y en los factores que determinan las estrategias de suministro y compra de los productores. Se examina especialmente si los productores de electricidad poseen un poder de mercado significativo y pueden influir en los precios al por mayor de la electricidad. Es probable que esta evaluación incluya análisis econométricos. Además, se examinarán con atención las barreras a la entrada y a los flujos transfronterizos como los que pueden derivarse de acuerdos de suministro a largo plazo en ciertos Estados miembros, así como los regímenes jurídicos y operativos de los interconectores que enlazan las redes nacionales de electricidad.

47. En el gas, la investigación se centra en los contratos de importación a largo plazo, los acuerdos de intercambio y las barreras a los flujos transfronterizos de gas. También se investigarán atentamente los requisitos de compensación para los usuarios de la red de gas y para el almacenamiento de gas, así como los contratos a largo plazo en sentido descendente (‘downstream’) y los efectos que pueden tener en los costes de cambio de suministrador y en la entrada en el mercado.

48. Las investigaciones del gas y la electricidad examinan problemas diferentes porque la competencia en estos sectores está en fases diferentes de desarrollo y porque tienen estructuras de producción muy distintas. Sin embargo, se tendrán en cuenta los vínculos entre ambos sectores. Efectivamente, el gas es un combustible primario cada vez más importante para la producción de electricidad y unos mercados del gas más competitivos podrían tener un impacto beneficioso inmediato en los mercados de la electricidad.

49. El objetivo de la DG Competencia es identificar si se han producido infracciones de los artículos 81, 82 y 86 CE que sean la razón del funcionamiento incorrecto de los mercados de la electricidad y el gas, en cuyo caso la Comisión podría tomar las medidas correctivas necesarias. Basándose en los datos obtenidos en la investigación y en las consiguientes prioridades de aplicación, la DG Competencia se ocupará de los asuntos con arreglo a los artículos 81, 82 y 86 CE conforme vayan surgiendo. También se espera que los resultados de las investigaciones desempeñen un papel a la hora de evaluar la eficacia del marco legislativo actual a efectos de la liberalización de los mercados del gas y la electricidad.

50. Al preparar las investigaciones, la DG Competencia consultó con asociaciones industriales, grupos de consumidores, otros departamentos de la Comisión (incluida la DG Transporte y Energía), y con las autoridades nacionales de la competencia (ANC) y las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) y con sus representantes europeos para centrar la investigación y velar por su eficacia. El objetivo de la DG Competencia es garantizar la transparencia de todo el proceso. La Comisión presentó un grupo de temas que resultaban de un primer análisis de las respuestas en varios foros y, en especial, en el Consejo de Ministros de Energía de 1 de diciembre, al que la Comisión también informó sobre la aplicación del paquete legislativo para la liberalización de la energía. Los principales aspectos identificados por la DG Competencia en su documento de base[29] se refieren a los niveles actuales de concentración, la compartimentación vertical, la falta de integración del mercado, la falta de transparencia y el mecanismo de formación de precios. A principios de 2006 se presentará un informe preliminar al que seguirá una consulta pública intensiva sobre el informe. El informe final sobre la investigación del sector de la energía se prevé para finales de 2006.

51. Las investigaciones sectoriales refuerzan sustancialmente la capacidad de la Comisión de fomentar de forma dinámica la competencia en los sectores recientemente liberalizados del gas y la electricidad, pero en 2005 también se efectuaron actividades de aplicación en casos concretos destinadas a apoyar el proceso de liberalización.

Acuerdos de suministro de gas a largo plazo en mercados descendentes (‘downstream’)

52. Un problema particular planteado tras la apertura del sector del gas a la competencia en 2005 es el posible cierre del mercado en sentido descendente mediante contratos de suministro de gas a largo plazo entre los proveedores tradicionales por una parte y las empresas de distribución y los usuarios industriales y comerciales por otra.

53. Los contratos a largo plazo impiden que los clientes se cambien a proveedores alternativos dispuestos a ofrecer una mejor relación calidad-precio. En algunos casos, los contratos vigentes actualmente no vencen hasta dentro de muchos años, por lo que estos clientes no pueden beneficiarse del desarrollo de la competencia en el sector. Además, hay economías de escala significativas en el mercado del suministro de gas, debidas por ejemplo al alto coste de las compensaciones y de la flexibilidad, que disminuyen relativamente a medida que aumentan los volúmenes de gas suministrado. Los contratos a tan largo plazo en el mercado descendente del gas pueden también retrasar la capacidad de los proveedores alternativos para ganar una suficiente cuota de mercado para competir eficazmente. Tales contratos a largo plazo pueden por lo tanto cerrar los mercados y plantear problemas de competencia cuando no son imprescindibles para generar beneficios compensatorios para los consumidores.

54. La DG Competencia y las ANC y las ANR debatieron el problema de los contratos a largo plazo en los mercados descendentes en el subgrupo de Energía de la Red Europea de Competencia (REC) en dos ocasiones. El Bundeskartellamt publicó un informe sobre los contratos a largo plazo en el mercado del suministro de gas a distribuidores locales ("Stadtwerke") en Alemania. Posteriormente negoció con los 15 mayores proveedores de este mercado para que introdujesen límites definidos en la duración de sus contratos de suministro. Estas negociaciones fracasaron en septiembre, y el Bundeskartellamt anunció que iniciaría los procedimientos formales de prohibición[30]. La DG Competencia también está investigando un asunto referente a contratos de suministro de gas a largo plazo en el mercado belga.

Asuntos relativos a restricciones territoriales

55. En 2005, la DG Competencia continuó velando por que las prácticas comerciales anteriores a la liberalización de los mercados de la energía no menoscaben el proceso de liberalización. Estos esfuerzos fueron recompensados con la supresión de las restricciones territoriales de los contratos de suministro de gas concluidos por Gazprom con varios mayoristas históricos importantes en la UE. Las restricciones territoriales impiden que los importadores de gas exporten gas a otros Estados miembros y/o limitan sus incentivos para hacerlo, malogrando así la integración del mercado y la competencia entre operadores.

56. En 2003, la DG Competencia se había asegurado de que Gazprom y la empresa italiana de petróleo y gas Eni Spa [31] abandonarían tales prácticas. En febrero[32], la DG Competencia logró mejoras en los contratos de suministro de gas entre el mayorista de gas tradicional austríaco OMV y el productor ruso de gas Gazprom. Concretamente, ya no se impedirá a OMV la reventa, fuera de Austria, del gas que compra a Gazprom, y ésta podrá vender libremente a otros clientes en Austria sin tener que ofrecer primero el gas a OMV (derecho de tanteo). OMV también aceptó contribuir a incrementar la capacidad del gasoducto de TAG que transporta gas ruso a Italia a través de Austria. Este resultado es similar al alcanzado con respecto a Eni en 2003. Los compromisos ofrecidos son idénticos en contenido a los ofrecidos a la Comisión por Eni, el otro accionista del gasoducto de TAG, en octubre de 2003. En vista de estos avances, se decidió cerrar la investigación.

57. En junio[33], la DG Competencia cerró su investigación sobre los contratos de suministro de gas entre Gazprom y la principal empresa mayorista alemana E.on Ruhrgas AG , que forma parte del grupo E.on, tras obtener la supresión de las restricciones territoriales de estos contratos. Por otra parte, Gazprom ya no estará vinculada por una disposición de "cliente más favorecido" que figuraba antes en estos contratos. Estas cláusulas obligaban a Gazprom a ofrecer a Ruhrgas unas condiciones similares a las que ofrecía a los competidores de Ruhrgas en el mercado mayorista en Alemania.

58. Con el cierre de estos dos asuntos ya se han cerrado todos los asuntos que la Comisión abrió en 2001 sobre las limitaciones de las exportaciones de gas ruso (Austria, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos). Siguen abiertas las investigaciones, iniciadas también en 2001, relativas a las importaciones de gas argelino por los operadores italianos y españoles.

Marco regulador

59. Durante 2005, se desarrolló aún más el marco regulador del mercado interior de la electricidad y el gas. El 28 de septiembre el Consejo y el Parlamento adoptaron un Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural por parte de terceros, que pretende mejorar las posibilidades de comercio transfronterizo de los nuevos participantes en el mercado[34]. A comienzos de 2006 se adoptará una directiva sobre la seguridad del suministro y el desarrollo de infraestructuras en la electricidad[35]. Se espera que proporcione un marco regulador fiable que conduzca a nuevas inversiones en producción eléctrica e infraestructuras.

60. Durante 2005, la Comisión continuó velando por que los Estados miembros apliquen las segundas Directivas del gas[36] y la electricidad[37], que constituyen las piedras angulares reguladoras del proceso de liberalización de los mercados de la energía. Se han logrado progresos significativos. Las segundas Directivas del gas y la electricidad obligaban también a la Comisión a informar, para finales de 2005, sobre los progresos hechos en la creación de un mercado interior del gas y la electricidad. La Comisión presentó su informe al Consejo de Ministros de Energía el 1 de diciembre. Este informe se ajusta al análisis de la DG Competencia en sus investigaciones sectoriales, y sugiere que se realicen estudios por países antes de decidir a finales de 2006 sobre la necesidad de un tercer paquete liberalizador.

61. El Tribunal de Justicia también aclaró algunos aspectos importantes del marco regulador cuando, el 7 de junio, dictó sentencia en el asunto VEMW [38] . Aunque se refiere específicamente a las reservas a largo plazo de capacidad de interconexión en los Países Bajos, el asunto tiene implicaciones importantes para muchas de las tradicionales reservas a largo plazo de capacidad de interconexión que continuaban existiendo después de la entrada en vigor de la primera Directiva sobre la electricidad[39].

62. El Tribunal manifestó que el acceso prioritario concedido por la legislación y la reglamentación holandesas a los contratos de suministro históricos (el 23% de la capacidad global de interconexión en este caso particular) constituía una discriminación prohibida por la Directiva de la electricidad de 1996, dado que los artículos 7 y 16 de esta Directiva exigen que se aplique el mismo trato a todos los usuarios de la red, ya sean antiguos o nuevos. El Tribunal adoptó este planteamiento basándose en el razonamiento de que cualquier otra interpretación podría poner en peligro la transición de un mercado monopolístico y compartimentado a uno abierto y competitivo. El Tribunal también consideró que los Países Bajos podrían haber solicitado una excepción conforme a la Directiva para los contratos existentes, pero que no lo hicieron en su debido momento.

63. Tras esta sentencia podrían plantearse otros asuntos ante los tribunales nacionales y las ANR podrían tomar medidas. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas antitrust, aunque la sentencia del Tribunal no abordó explícitamente aspectos de competencia, la sentencia abre la posibilidad de que la DG Competencia pueda interponer algún recurso.

64. Es probable que la investigación sectorial proporcione a la DG Competencia una buena descripción de los hechos que rodean a las reservas a largo plazo y de la necesidad de llevar a cabo alguna investigación.

65. Finalmente, también en 2005 se inició el comercio de derechos de emisión de CO2[40]. Aunque no afecta únicamente al sector de la energía, es posible que sus efectos se hagan sentir más en los mercados de la electricidad. El sistema de comercio de las emisiones parece tener un efecto en los precios de la electricidad ya que los productores de electricidad facturan en parte el precio de los derechos de emisión en los precios que aplican a los consumidores finales. Ciertos consumidores de electricidad se han quejado de que los incrementos de precios no deberían haber ocurrido pues los derechos de emisión se asignaron en gran medida de forma gratuita.

REPSOL

66. Aunque durante 2005 la Comisión dio prioridad a los sectores recientemente liberalizados del gas y la electricidad, prosiguió su actividad contra las infracciones en otros sectores de la energía, tales como la distribución de combustibles para vehículos de motor.

67. El 20 de octubre de 2004, la Comisión publicó una Comunicación[41] de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) N° 1/2003 para sondear el mercado acerca de los compromisos ofrecidos por REPSOL C.P.P. (REPSOL) conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 1/2003. La investigación de la Comisión de conformidad con el artículo 81 CE se centra en el uso de cláusulas de exclusividad para el suministro de combustibles para vehículos de motor en los contratos de distribución firmados por REPSOL, que dio lugar a un cierre del mercado español de las ventas al por mayor y al por menor de combustibles para vehículos de motor. Los contratos se notificaron originalmente a la Comisión, pero esta notificación expiró el 1 de mayo de 2004.

68. El 17 de junio de 2004 se envió a REPSOL una evaluación preliminar con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003.

69. Esta evaluación preliminar sugiere que el acceso al mercado es difícil y que los contratos de REPSOL contribuyen de modo significativo a un posible cierre del mercado porque vinculan una parte considerable del mercado a REPSOL y son de larga duración (los contratos de "superficie" y "usufructo" en especial, que confieren a REPSOL un derecho de propiedad limitado en el tiempo, tienen duraciones de 25 a 40 años).

70. Los compromisos ofrecidos por REPSOL conceden a varios distribuidores que tienen un contrato de "superficie" o de "usufructo" (el "contrato U/S") un derecho de resolución anticipada contra el pago de una compensación a REPSOL. REPSOL tampoco celebrará ningún nuevo acuerdo de duración superior a cinco años con las estaciones DODO[42]; y hasta finales de 2006, no comprará ninguna nueva estación de servicio DODO. La aplicación de los compromisos propuestos será supervisada por un auditor designado por REPSOL.

71. Tras consultar al mercado sobre los compromisos propuestos, REPSOL presentó unos compromisos revisados y la Comisión prevé proceder a la adopción de una decisión de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003, por la que estos compromisos pasarán a ser vinculantes.

1.2. Industrias básicas

Acuerdo comercial ALROSA - De Beers

72. El 3 de junio, la Comisión publicó una Comunicación[43] de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003 para sondear el mercado acerca de los compromisos[44] presentados por ALROSA y De Beers conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003. La investigación de la Comisión de conformidad con los artículos 81 y 82 CE y con los artículos 53 y 54 EEE se centraba en un acuerdo comercial entre estas dos empresas, que operan en la explotación minera y en el suministro de diamantes en bruto. El acuerdo se notificó originalmente a la Comisión, pero esta notificación expiró el 1 de mayo de 2004.

73. Los pliegos de cargos dirigidos a las empresas en enero y julio de 2003 constituyeron la evaluación preliminar de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003.

74. La evaluación preliminar sugiere que De Beers ocupa una posición dominante en el mercado mundial de los diamantes en bruto. Con la firma del acuerdo comercial con ALROSA, su mayor competidor, De Beers adquiriría el control de una fuente significativa de suministro en el mercado de los diamantes en bruto y obtendría el acceso a una mayor gama de diamantes a la que de lo contrario no hubiera podido acceder. Esto, por una parte, eliminaría a ALROSA como fuente de suministro en el mercado fuera de Rusia, y aumentaría y reforzaría el poder de mercado ya existente de De Beers, impidiendo el crecimiento o el mantenimiento de la competencia en el mercado de los diamantes en bruto.

75. El análisis preliminar también señaló que, según el acuerdo comercial notificado, De Beers, el mayor productor mundial de diamantes, actuaría como distribuidor de, aproximadamente, la mitad de la producción de su principal competidor. Habida cuenta de que las cantidades afectadas por el acuerdo serían sustanciales, y de que era un acuerdo entre las dos empresas más importantes del mercado de diamantes en bruto, la competencia en dicho mercado resultaría sustancialmente debilitada por el acuerdo comercial.

76. Los compromisos presentados por ALROSA y De Beers ofrecían disminuir gradualmente el valor de las ventas de diamantes en bruto entre ellas a 700 millones de USD en 2005, 625 millones de USD en 2006, 550 millones de USD en 2007, 475 millones de USD en 2008, 400 millones de USD en 2009 y 275 millones de USD a partir de 2010. En cuanto a los precios, la clasificación y la tasación, ALROSA y De Beers celebrarían un acuerdo similar al acuerdo comercial. La aplicación de los compromisos propuestos sería supervisada por administradores designados por ALROSA y De Beers, respectivamente.

77. Tras el resultado de la consulta al mercado sobre los compromisos propuestos, la Comisión está considerando si debe proceder a la adopción de una decisión de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 1/2003, por la que estos compromisos pasarían a ser vinculantes.

1.3. Sustancias químicas

78. Durante 2005 la DG Competencia examinó desde el punto de vista de la competencia varios proyectos de textos legislativos en el sector de las sustancias químicas, tales como la revisión prevista de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios[45], y la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos[46] ("REACH"), que regulará el registro de unas 30.000 sustancias químicas existentes, así como el de las que aparezcan en el futuro.

79. El examen en términos de competencia, que todavía está en curso dadas las posibles enmiendas que se deberán introducir en el texto de las propuestas durante el proceso legislativo, se ha centrado en velar por que estos textos legislativos y, en especial, los costes que suponen para el sector, no falseen la competencia.

1.4. Productos farmacéuticos

Competencia de productos genéricos

80. Una industria farmacéutica europea competitiva es una de las prioridades de la agenda de la Comisión, especialmente teniendo en cuenta la estrategia de Lisboa. Es necesario garantizar que los productos innovadores disfruten de la protección de una sólida propiedad intelectual para que las empresas puedan recuperar sus gastos en I+D y vean recompensados sus esfuerzos innovadores. Pero si las empresas intentan prorrogar ilegalmente esta protección, se desincentiva la innovación y se pueden infringir gravemente las normas de competencia de la UE. La competencia de los productos genéricos, producidos por terceros una vez que una patente ha expirado, suele fomentar más la innovación en productos farmacéuticos.

81. En el marco del asunto AstraZeneca (véase a continuación el Recuadro 2) y paralelamente al mismo, la DG Competencia tuvo indicios de un posible comportamiento anticompetitivo dirigido a excluir o retrasar la competencia de productos genéricos. Estos indicios han resultado en un mayor seguimiento de la competencia en el sector de los medicamentos genéricos.

Comercio paralelo de productos farmacéuticos

82. La Comisión considera que el comercio paralelo de productos farmacéuticos es un medio de arbitraje entre los Estados miembros que aplican precios altos y los que aplican precios bajos, que contribuye a la creación de un mercado común de productos farmacéuticos. Los Tribunales europeos han adoptado una posición estricta en lo que respecta a la aplicación del artículo 81 CE a los sistemas de cuotas de suministro que limitan o impiden el comercio entre Estados miembros, debido a que tales sistemas constituyen una conducta unilateral por parte de las empresas.

83. Sin embargo, los sistemas unilaterales de cuotas de suministro podrían caer en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE. No obstante, es posible que haya que tener en cuenta las posibles justificaciones objetivas de estos sistemas.

RECUADRO 2: ASTRAZENECA: ABUSO DE LA NORMATIVA NACIONAL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO EL 15 DE JUNIO, LA COMISIÓN ADOPTÓ UNA DECISIÓN POR LA QUE IMPONÍA A AstraZeneca AB y a AstraZeneca Plc ("AZ") una multa de 60 millones de euros por infringir el artículo 82 CE y el artículo 54 EEE al hacer un uso ilegal de los procedimientos y normas públicos en varios Estados del EEE con objeto de excluir a las empresas genéricas y a los comerciantes paralelos de la competencia por el producto de AZ contra la úlcera llamado Losec[47]. La multa tuvo en cuenta que algunas características de los abusos – es decir, la utilización torticera de procedimientos públicos – pueden considerarse novedosas. 1. Mercado de referencia El mercado de referencia abarca los mercados nacionales de los llamados inhibidores de la bomba de protones (PPI) vendidos con receta que se utilizan para enfermedades relacionadas con la acidez gastrointestinal (tales como úlceras). El Losec de AZ fue el primer PPI. 2. Posición dominante de AZ en los mercados nacionales de referencia de los PPI Las conclusiones de la Comisión sobre la posición dominante durante los años objeto de la investigación en los países de referencia se basan entre otras cosas en las altas cuotas de mercado de AZ y en la posición que ocupa en el mercado de los PPI. La empresa que se introduce primero en un mercado farmacéutico suele poder alcanzar y mantener unos precios más altos que los de los participantes que se introducen en el mercado posteriormente. La decisión de la Comisión también examina el problema de los compradores monopsonísticos (es decir, los sistemas nacionales de salud) y de la regulación de precios. Se concluye que la capacidad de negociación de los compradores monopsonísticos se reduce considerablemente respecto a las empresas que ofrecen nuevos productos auténticamente innovadores (tales como Losec). Por otra parte, los compradores monopsonísticos no están en condiciones de controlar la entrada en el mercado. 3. Uso torticero del sistema regulador El primer abuso de AZ consistió en el uso torticero de un Reglamento del Consejo adoptado en 1992[48] por el que se creaba un certificado complementario de protección (CCP) en virtud del cual se podía prorrogar la protección de las patentes de base para los productos farmacéuticos. El abuso consistió esencialmente en una serie de declaraciones incorrectas presentadas por AZ a partir de mediados de 1993 ante las oficinas de patentes de varios países del EEE con respecto a sus solicitudes CCP para el omeprazole (la sustancia activa de su producto Losec). Gracias a esta información engañosa, AZ obtuvo una protección adicional en varios países. De este modo se retrasaba la entrada de versiones genéricas de Losec más baratas, con los consiguientes costes para los sistemas de salud y los consumidores. La Comisión concluyó que el uso de tales procedimientos y reglamentos puede ser abusivo en determinadas circunstancias, en especial cuando la facultad discrecional de las autoridades o los organismos que aplican tales procedimientos es escasa o inexistente. La existencia de remedios conforme a otras disposiciones legales no puede por sí misma excluir la aplicación del artículo 82 CE, incluso aunque aquéllas contemplen algunos aspectos de la conducta excluyente. La Comisión afirmó en su decisión que no hay motivo alguno para limitar la aplicabilidad del Derecho de competencia a situaciones en las que la conducta no infringe ninguna otra norma y en las que no existen otros remedios. 4. Uso torticero de los procedimientos de autorización de medicamentos El segundo abuso tuvo lugar a finales de la década de los años 90 y consistió en que AZ solicitó la cancelación del registro de su autorización de comercialización para las cápsulas Losec en Dinamarca, Noruega y Suecia en un momento en que las cápsulas Losec se retiraban del mercado y se lanzaban las tabletas de Losec MUPS en esos tres países. La cancelación selectiva del registro retiraba la autorización de referencia del mercado en la cual las empresas genéricas y los comerciantes paralelos tenían lógicamente que basarse en aquel momento con objeto de entrar y/o permanecer en el mercado. La Comisión concluyó que, a través de su conducta, AZ intentó ampliar de facto, lográndolo parcialmente, la protección conferida mucho más allá del período previsto en las normas aplicables. Este segundo abuso también se caracteriza por su intención excluyente en un contexto regulador caracterizado por una limitada o nula facultad discrecional de las autoridades competentes. Las empresas en posición dominante tienen la responsabilidad especial de utilizar sus autorizaciones específicas, ya sean privadas o públicas, de manera razonable respecto del acceso al mercado por parte de terceros. La Comisión observó en su decisión que los actos aislados relacionados con el lanzamiento, la retirada o las solicitudes de cancelación del registro no constituirían normalmente un abuso por sí mismos. |

2. INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.1. Comunicaciones electrónicas y servicios postales

Tarifas de itinerancia en la telefonía móvil

84. Con respecto a la itinerancia (es decir, las tarifas por el uso de teléfonos móviles en el extranjero), el 10 de febrero la Comisión envió pliegos de cargos a los operadores de redes móviles alemanes T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) y Vodafone D2 GmbH (Vodafone) . Los cargos se refieren a las tarifas que tanto T-Mobile como Vodafone aplicaron a los operadores de redes móviles extranjeros en concepto de la itinerancia internacional al nivel mayorista (las llamadas tarifas entre operadores). Según las conclusiones provisionales de la investigación de la Comisión sobre T-Mobile, ésta había abusado de su posición dominante en Alemania para la prestación de servicios de itinerancia internacionales a nivel mayorista en su propia red desde 1997 hasta por lo menos finales de 2003, aplicando precios injustos y excesivos. La Comisión llegó a las mismas conclusiones provisionales por lo que se refiere a las tarifas aplicadas por Vodafone desde 2000 hasta por lo menos finales de 2003.

Servicios de banda ancha

85. Por lo que se refiere a los servicios de banda ancha, en 2004 la Comisión aceptó los compromisos ofrecidos por Deutsche Telecom AG (DT) para poner fin a la conducta consistente en una compresión de los márgenes por lo que se refiere al acceso compartido al bucle local ('line sharing') en Alemania, que según las conclusiones provisionales de la Comisión equivalía a un abuso de posición dominante[49]. La solución acordada se basó en la metodología de compresión de los márgenes establecida en la decisión Deutsche Telecom [50]. Tras consultar a la autoridad nacional de reglamentación alemana (ANR) – la Bundesnetzagentur (BNetzA) – la Comisión aceptó el acuerdo que dio lugar a una disminución sustancial de las tarifas por utilización compartida. Posteriormente, varias empresas empezaron a desarrollar redes para prestar servicios de banda ancha basados en la utilización compartida. Sin embargo, en una solicitud al BNetzA de 24 de mayo, DT anunció su intención de volver a incrementar las tarifas por utilización compartida. Después de verificar que ésto hubiera llevado a una reaparición de la compresión de márgenes acaecida antes del acuerdo, los servicios de la Comisión intervinieron y pidieron a DT que cumpliera sus compromisos. Para impedir que la Comisión iniciara un procedimiento formal, DT presentó una nueva solicitud al BNetzA para aplicar las mismas tarifas que en 2004. El BNetzA – con el que los servicios de la Comisión cooperaron estrechamente en este asunto – aprobó finalmente unas tarifas al por mayor que eran inferiores a las solicitadas e inferiores a lo necesario para que DT cumpliera sus compromisos[51]. La Comisión espera que las mejores condiciones para la prestación de servicios de banda ancha mediante la utilización compartida influya positivamente en la competencia y aumente la penetración de la banda ancha en Alemania, lo que en definitiva aumentará las posibilidades de elección de los consumidores y disminuirá los precios al consumo.

Investigación del sector 3G

86. En septiembre, la Comisión concluyó su investigación sectorial de la situación competitiva en el mercado de los nuevos sistemas de comunicación móvil que pueden transmitir contenido audiovisual (3G). Los resultados de la investigación sectorial se presentaron públicamente el 27 de mayo y los participantes en el mercado formularon observaciones sobre los resultados.

87. La investigación sectorial, que era una iniciativa conjunta de la Comisión y del Órgano de Vigilancia de la AELC, se realizó en 2004 y en la primera mitad de 2005 y se inició porque la Comisión quería asegurarse de que los contenidos deportivos, que son fundamentales para el despegue de los nuevos servicios móviles, no se ven frenados por conductas contrarias a la competencia. La investigación suponía un estudio exhaustivo de la conducta de todas las partes implicadas en la adquisición, reventa y explotación de derechos sobre acontecimientos deportivos en la telefonía móvil.

88. Alrededor de 230 organizaciones respondieron a los cuestionarios enviados en 2004. Además, al revisar los datos recogidos, la DG Competencia analizó 50 casos en los que habían surgido problemas de competencia en el momento de la venta de derechos 3G.

89. Los resultados de la investigación sectorial ofrecieron a la Comisión una visión clara de la evolución actual del mercado y de los modelos de comercialización y explotación existentes en toda la cadena de valor de los contenidos deportivos para plataformas móviles. Los resultados de la investigación sectorial y las actividades de seguimiento se describen en un informe que resume las conclusiones de la investigación sectorial[52].

90. Este informe resalta varias prácticas empresariales potencialmente anticompetitivas, puestas de manifiesto durante la investigación sectorial, que pueden limitar la disponibilidad de servicios móviles deportivos innovadores para los consumidores. El informe se centra en cuatro grandes grupos de problemas de competencia descubiertos a raíz de la investigación:

91. Paquetes: situaciones en las que poderosos operadores de medios de comunicación han comprado un paquete con todos los derechos audiovisuales sobre los principales deportes para asegurarse la exclusividad sobre todas las plataformas sin intención de explotar ni de conceder sublicencias sobre los derechos para 3G.

92. Restricciones: situaciones en las que se imponen condiciones demasiado restrictivas (importantes restricciones temporales o limitaciones innecesarias de la longitud de los clips) sobre los derechos para la telefonía móvil, limitando así en la práctica la disponibilidad de contenidos para 3G.

93. Venta conjunta: situaciones en las que los derechos para 3G permanecen sin explotar debido a que los organismos de venta colectiva no consiguen vender los derechos para 3G de los clubes deportivos individuales.

94. Exclusividad: atribución exclusiva de derechos para 3G en situaciones que llevan a la monopolización del contenido de calidad por parte de operadores poderosos.

95. El informe invitaba a los operadores del mercado a revisar sus prácticas empresariales y a remediar a tiempo los posibles efectos anticompetitivos resultantes de sus prácticas empresariales. El informe también anunciaba que la DG Competencia, así como las autoridades nacionales de competencia concernidas, revisarán las situaciones potencialmente perjudiciales de dimensión nacional que se detectaron durante la investigación sectorial.

Procedimiento de consulta de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco (2002/21/CE)

96. Según el marco regulador de la UE de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas[53], las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) están obligadas a definir los mercados de referencia de las comunicaciones electrónicas apropiados a las circunstancias nacionales con arreglo a los principios del Derecho de la competencia.

97. Tras el procedimiento de análisis de mercado, las ANR pondrán a disposición de la Comisión todos los proyectos de medidas reguladoras relativas a la definición de los mercados de referencia, la existencia o no de un poder de mercado significativo y, eventualmente, las medidas correctoras propuestas. La Comisión puede formular observaciones, que las ANR deben tener muy en cuenta, o pedir a la ANR que retire el proyecto de medida si la definición de mercado y/o la determinación de poder de mercado significativo es incompatible con el Derecho comunitario. En 2005, la Comisión recibió 201 notificaciones de ANR (un claro aumento en comparación con las 89 notificaciones de 2004).

98. En 2005, la Comisión adoptó una decisión por la que pedía la retirada de unas medidas notificadas[54]. En ese caso – que se refería a la terminación fija al por mayor de llamadas en Alemania – la ANR había propuesto designar a Deutsche Telecom como operador con un poder significativo en el mercado de la prestación de servicios al por mayor de terminación en su propia red. La ANR concluyó que los 53 operadores fijos de red alternativos en Alemania no tenían un poder de mercado significativo, a pesar de sus posiciones de monopolio para la prestación de servicios al por mayor de terminación en sus redes respectivas, en vista del poder compensatorio de negociación de Deutsche Telecom. La Comisión consideró, sin embargo, que la ANR no había proporcionado suficientes pruebas que corroborasen el argumento del poder compensatorio de negociación.

99. La Comisión además evaluó tres notificaciones en las que la ANR consideraba que dos o más operadores se hallaban en posición de dominación colectiva en un mercado de referencia. En dos de estos casos la ANR retiró la notificación antes de que la Comisión adoptase una decisión, basándose en las preocupaciones previas formuladas por los servicios de la Comisión[55]. En el tercer caso – que se refería al mercado al por mayor del acceso y originación de llamadas a móviles en Irlanda – la Comisión no se opuso a la conclusión de la ANR relativa a la dominación colectiva.

100. Finalmente, la Comisión aceptó la propuesta de la ANR francesa de incluir en el mercado de referencia de las llamadas vocales fijas los servicios denominados de transmisión de la voz por Internet (VoIP), que permiten a los clientes llamar y recibir llamadas del mismo modo que los servicios tradicionales de telefonía[56]. La ANR francesa hizo una distinción entre los servicios puros VoIP basados en Internet que se asemejan a la mensajería instantánea y las otras comunicaciones ‘de igual a igual’ basadas en Internet tales como Skype, y los servicios VoIP prestados por los operadores de banda ancha alternativos que han invertido en desagregación del bucle local y en otros productos de acceso de banda ancha y están de esta manera en condiciones de ofrecer a sus clientes unos servicios vocales de una mayor calidad y con la misma funcionalidad que la telefonía tradicional.

Procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 CE referentes a la Directiva de competencia (2002/77/CE)

101. Además de y en combinación con las normas de competencia de la UE y el procedimiento de consulta previsto en el artículo 7 de la Directiva marco, la Comisión utiliza los procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 CE para asegurarse de que los Estados miembros i) transponen las directivas comunitarias al Derecho nacional y ii) lo hacen correctamente. La DG Competencia tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento por los Estados miembros de una de las directivas del marco regulador de la UE de las comunicaciones electrónicas, a saber la llamada Directiva de competencia[57]. La finalidad de esta Directiva consiste fundamentalmente en garantizar que los Estados miembros no concedan o no mantengan en vigor ningún derecho exclusivo o especial para el suministro de redes de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas que sea contrario al artículo 86 CE, garantizando así la existencia de unas condiciones de mercado competitivas en toda la UE.

102. La Comisión continuó sus procedimientos de infracción contra los Estados miembros que se habían retrasado en la adopción de las medidas necesarias conforme al Derecho nacional para cumplir con los requisitos de la Directiva de competencia. En 2005, la Comisión cerró los procedimientos pendientes contra Bélgica, Estonia y la República Checa después de que estos Estados miembros informaran a la Comisión de la adopción de medidas nacionales. Por otra parte, en su sentencia de 14 de abril, el Tribunal de Justicia falló que Grecia todavía no había adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la Directiva de competencia[58]. Del mismo modo, en una sentencia de 16 de junio, el Tribunal de Justicia concluyó que Luxemburgo no había adoptado las medidas necesarias para ajustarse a esta Directiva[59]. Sin embargo, el 23 de junio Luxemburgo notificó a la Comisión unas medidas por las que la legislación de este país se ajustará a la Directiva de competencia.

103. En 2004 se puso en conocimiento de la Comisión que en Suecia seguían en vigor unas normas que obligaban a los operadores de televisión a adquirir los servicios de difusión y transmisión terrestres exclusivamente a la empresa de propiedad estatal Teracom AB . Así pues, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Suecia[60]. La respuesta del Gobierno sueco al escrito de requerimiento de la Comisión – que se refería a servicios de difusión análogos – no contenía ningún compromiso claro de poner fin a la infracción en un plazo razonable. Por lo tanto, el 16 de marzo, la Comisión adoptó un dictamen razonado contra Suecia de conformidad con el artículo 226 CE. La Comisión concluyó que el requisito de que los operadores deban adquirir exclusivamente los servicios de difusión análogos a Teracom infringía la Directiva de competencia. La investigación ulterior durante 2005 mostró que la normativa sueca sobre servicios de difusión digitales tenía efectos similares. Los operadores que desean distribuir su programación a través de una red digital terrestre en Suecia están obligados a cooperar con Teracom en ciertos aspectos clave de la cadena de distribución digital (tales como la multiplexación). La Comisión concluyó que también se ha concedido de hecho a Teracom un derecho especial o exclusivo para los servicios de difusión digital que infringe la Directiva de competencia. Por todo ello, el 12 de octubre la Comisión envió al Gobierno sueco un escrito complementario de requerimiento.

104. Ese mismo día, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Hungría, en el que exponía su opinión que la ley húngara de medios de comunicación es incompatible con la Directiva de competencia. Al limitar los derechos de los operadores de televisión por cable a la prestación de servicios de difusión de transmisión en un territorio que no puede abarcar más de un tercio de la población, dicha ley húngara restringe el derecho a establecer o a suministrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas e impide una mayor consolidación del mercado de la televisión por cable. La supresión de la restricción aumentaría la competencia entre operadores de cable así como entre operadores de cable y operadores que utilizan otros tipos de infraestructura.

Servicios postales

105. La política de competencia de la UE en el sector postal se aplica en un contexto de liberalización de los mercados postales todavía incompleta. La Directiva postal[61] permite que, en la medida necesaria para garantizar el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero, los Estados miembros reserven ciertos servicios postales a los operadores universales de servicio postal, que aún constituyen una gran parte del mercado. Antes del 31 de diciembre de 2006 a más tardar, la Directiva postal obliga a la Comisión a presentar propuestas que introduzcan, si procede, la plena liberalización del mercado postal de la UE para 2009. Ciertos Estados miembros han suprimido sus monopolios o han anunciado que lo harán antes de esa fecha.

106. En este contexto, en 2005, la Comisión examinó los proyectos de ley sobre servicios postales en varios Estados miembros. La Comisión consideró que el proyecto de ley de servicios postales de la República Checa contenía disposiciones que habrían ampliado el monopolio del operador tradicional más allá del ámbito de la Directiva postal y habrían vuelto a crear un monopolio en un mercado previamente abierto a la competencia en ese Estado miembro. La Comisión considera que cuando el alcance de los derechos exclusivos no excede el ámbito de los servicios reservados, tal y como se definen en la Directiva postal, éstos pueden estar, en principio, justificados con arreglo al artículo 86, apartado 2[62]. A raíz de los posteriores contactos informales entre la Comisión y el Gobierno checo, la ley se modificó de manera tal que no se ampliase el monopolio y se permitiese un mayor desarrollo de la competencia en el mercado en cuestión.

107. Además, la DG Competencia está investigando actualmente ciertas prácticas que pueden obstaculizar la competencia en el correo transfronterizo intracomunitario, que en principio se ha liberalizado con arreglo a las normas de la UE. En la mayoría de estos casos, el comportamiento supuestamente abusivo consiste en prácticas que aprovechan la posición dominante en el mercado de los servicios monopolísticos para operar mercados adyacentes abiertos a la competencia. Es probable que tales prácticas lleguen a ser cada vez más comunes a medida que avanza la liberalización. Por lo tanto, la Comisión y las ANC deben permanecer atentas a fin de asegurarse de que los comportamientos contrarios a la competencia no anulen los beneficios del proceso gradual de liberalización decidido por el Consejo y el Parlamento.

2.2. Medios de comunicación

Bundesliga alemana

108. El 19 de enero, la Comisión adoptó una decisión referente a la Bundesliga alemana[63], que constituye la primera decisión sobre compromisos de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003. La decisión declaró que los compromisos de la liga alemana de fútbol referentes a la venta conjunta y exclusiva de derechos sobre partidos de fútbol para medios de comunicación eran jurídicamente vinculantes y dio por finalizado el procedimiento.

109. Con la decisión Bundesliga , la Comisión confirmó su política antitrust en el ámbito de los medios de comunicación por lo que se refiere a la venta y adquisición de valiosos derechos audiovisuales sobre acontecimientos deportivos. A causa de la estructura del sector de los medios de comunicación, en el que un número limitado de operadores negocia una pequeña cantidad de valiosos derechos audiovisuales sobre acontecimientos deportivos, es fácil que surjan preocupaciones de competencia en este sector. En el lado del suministro, a menudo solamente hay algunos proveedores de derechos sobre acontecimientos deportivos de primera fila. La concentración en el lado del suministro se ve incrementada por la venta conjunta, es decir, la puesta en común de los derechos de los clubes y su comercialización por una sola entidad[64]. También existe una concentración sustancial en el lado de la demanda, que puede plantear preocupaciones dados sus efectos potenciales en el acceso a contenidos para otros operadores presentes en el mercado[65].

110. La Comisión realizó una evaluación preliminar el 18 de junio de 2004, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003, y la comunicó a la Asociación de la liga y a la DFB. Según esta evaluación preliminar, la venta conjunta y exclusiva d