ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.3

El CESE recomienda a la Comisión Europea, al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo que: — incremente de forma sustancial su apoyo financiero para mejorar las capacidades institucionales e impulsar la participación ciudadana en el proceso de adhesión, así como para consolidar la profesionalidad e independencia de los medios de comunicación; — aliente a la consolidación tanto del diálogo civil como el social en los países de la ampliación y lo vincule más estrechamente al proceso de adhesión; — haga un mayor esfuerzo de comunicación para explicar los beneficios y retos de la política de ampliación a los ciudadanos europeos, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; — haga públicos todos los documentos clave de las negociaciones de adhesión, como los informes de examen analítico, la traducción del acervo de la UE y los criterios de referencia de apertura y cierre, y publique estos documentos en los sitios web de las delegaciones de la UE; — imponga a los países candidatos a la adhesión la obligación de adoptar leyes sobre el acceso público a la información y la consulta pública y aplicarlas, y vele por que este aspecto se tenga en cuenta en la evaluación de los progresos realizados; — aplique de forma equitativa a todos los países candidatos el documento de la DG Ampliación «Guidelines for EU support to Civil Society in Enlargement Countries 2014-2020» (Directrices para la ayuda de la UE a la sociedad civil de los países de la ampliación 2014-2020) (1), y revise estas directrices a fin de responder más concretamente a los retos específicos que se plantean a los interlocutores sociales en el contexto del diálogo social; y — aspire a la plena aplicación de las Directrices de la DG Ampliación para el respaldo por parte de la Unión de la libertad e integridad de los medios de comunicación en los países candidatos a la adhesión, 2014-2020 («Guidelines for EU Support to to Media Freedom and Media Integrity in Enlargement Countries, 2014-2020») (2);
2.3.3

Chile ocupa el puesto 45 sobre 169 en el índice de desarrollo humano del PNUD para 2010, lo que lo sitúa a la cabeza de los países latinoamericanos. El país ha mejorado sus estándares en materia de vivienda, educación y salud. Sin embargo, las desigualdades de renta han aumentado. El 5 % de los hogares más ricos tienen un ingreso per cápita 830 veces superior al 5 % de los hogares más pobres. El 75 % de los trabajadores gana unos mil dólares, frente a un PIB per cápita de 16 000 USD; es decir, que el mercado de trabajo no desempeña un papel en la redistribución del ingreso. Los planes de pensión son poco frecuentes. Los niños, jóvenes, mujeres e indígenas (1) son los grupos de población más afectados por la pobreza y la exclusión social. Los datos muestran una correlación entre pobreza y tasa de escolarización, pobreza y desempleo, pobreza y desempleo femenino (2). La desigualdad entre hombres y mujeres es significativa, y coloca a Chile en el puesto no 75 de 109 países en términos de desigualdad entre sexos. En general, la legislación laboral es débil –existen restricciones a la negociación colectiva y al derecho de huelga–, el porcentaje de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo no supera el 6 % y no hay disposiciones legales a nivel nacional que promuevan la negociación colectiva. Además, la carga tributaria es baja y con una estructura regresiva.
5.3

Suele considerarse que todo problema de mejora cualitativa y de promoción de la competitividad puede resolverse facilitando algún tipo de formación. Ello puede dar lugar a una proliferación cuantitativa, pero no cualitativa y específica, que no suele responder adecuadamente a las necesidades concretas de la economía y de los agentes sociales interesados, ni a estrategias conjuntas de desarrollo sostenible. Para crecer, la situación agraria y rural necesita trabajadoras y empresarias preparadas, pero la formación por sí sola no supone una recualificación inmediata del trabajo, la actividad y la vida, si faltan estructuras y servicios y si no se crean puestos de trabajo sostenibles y de calidad.
4.2.6.1

Promover la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a) mejorando los sistemas de orientación escolar y profesional, y facilitando una información más rigurosa sobre la evolución y necesidades del mercado de trabajo, las competencias profesionales requeridas y las vías para adquirirlas; b) creando programas de inserción profesional, mediante periodos de prácticas o de aprendizaje en el medio laboral; c) desarrollando programas específicos para los jóvenes que abandonen la escuela o que tengan empleos de baja cualificación; d) desligando el tipo de contrato de trabajo (de carácter permanente o no permanente) de la edad del trabajador, a fin de no penalizar a los trabajadores jóvenes sólo por el hecho de serlo.
3.2

Sin embargo, por ahora no se ha logrado este objetivo en toda la UE, donde siguen existiendo regiones geográficas y grupos sociales en peligro de «exclusión digital». La exclusión digital podría relacionarse con factores demográficos (edad, sexo, tipo de hogar, etc.), socioeconómicos (educación, empleo, estatus, renta, etc.) y geográficos (vivienda, situación, características regionales o locales específicas, factores geopolíticos, etc.). Los motivos que explican el fracaso del mercado de los servicios electrónicos dependen de cada caso y, entre otros, pueden citarse unas condiciones geográficas desfavorables, niveles de población reducidos, sistemas tributarios elevados, o la combinación de todos ellos. Al ser a menudo insuficientes la demanda y las transacciones, es frecuente que los operadores privados opten por no invertir en dichas regiones.
2.2

Durante décadas, la seguridad de abastecimiento alimentario de los consumidores europeos a precios relativamente baratos parecía algo natural y no planteaba ningún problema. No obstante, en las décadas venideras se predice una tendencia global hacia la subida de precios de las materias primas agrarias y no agrarias (por ejemplo, el petróleo). Al mismo tiempo, se prevé un fuerte aumento de la volatilidad de los precios.
2.7

El Comité Económico y Social Europeo valora positivamente las contribuciones realizadas por los especialistas de la Comisión en su documento de trabajo Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry in the EU [Análisis de la competitividad de la industria extractiva no energética en la UE] (9) y señala que la capacidad de Europa para autoabastecerse de minerales metálicos mediante la extracción dentro de la UE sigue siendo limitada pese a la ampliación.
1.2

El Comité propone introducir las siguientes modificaciones en el quinto considerando de la propuesta: «El Título III del Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, contempla la creación de programas comunitarios de apoyo a las regiones ultraperiféricas con medidas específicas en favor de las producciones agrícolas locales. Dicho Reglamento exige que se presente, no más tarde del 31 de diciembre de 2009, un informe sobre la aplicación de esas medida, documento cuya fecha de presentación se adelantará si se producen cambios de importancia en las condiciones económicas que afectan a los medios de subsistencia en las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, con el fin de tener en cuenta la situación muy particular de los productores comunitarios de plátanos, la Comisión presentará un informe específico antes de la fecha prevista en caso de que se produzca una degradación de los ingresos de estos productores como consecuencia de las modificaciones del régimen de importación. Este instrumento se considera el más adecuado para sostener la producción de plátano en todas las regiones interesadas debido a su flexibilidad y a la descentralización que introduce en los mecanismos de ayuda a la producción de plátanos. La posibilidad de incluir la ayuda a los plátanos en esos programas debería aumentar la coherencia de las estrategias de sostenimiento de la producción agrícola de esas regiones.»
6.1

El CESE considera que el informe EFIN constituye una valiosa contribución al debate sobre la cuestión institucional, sobre todo los análisis aportados, que también merecen apoyarse. No obstante, no se han sacado todas las consecuencias lógicas del análisis ya que, aparentemente, la solución propuesta no tiene una fuerza vinculante suficiente. Además, como es el caso en los tratados y regímenes existentes, en el informe EFIN se ha dejado completamente de lado la política social.
4.2

Los dos modelos definidos según sus objetivos globales no se diferencian entre sí de manera rígida, en la medida en que –por ejemplo– proporcionar un apoyo financiero a las tecnologías avanzadas de una región por medio de los parques industriales no sólo mejora la situación de la región, sino que también sirve para que progrese la innovación de manera global. No es más que una cuestión de definición de prioridades.
2.2.

El crecimiento económico prácticamente se estancó en la UE-15 a principios de 2003. Se han logrado reformas económicas, aunque no en la medida prevista para alcanzar los objetivos de Lisboa. El aumento de la productividad laboral ha sido demasiado lento y el mercado interior ha avanzado despacio. Del mismo modo, se ha progresado en el ámbito del desarrollo sostenible, aunque no lo suficiente. A modo de ejemplo, no se ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a pesar de los buenos resultados que se registraron a finales de los noventa.
3.2

Dos frases de aquella época, que aún hoy se citan con frecuencia, vienen a ilustrar esta reflexión y reflejan bien la tensión que desde el principio se vio que existía entre las grandes expectativas creadas y los dificilísimos problemas físicos y técnicos planteados. Por un lado, H.J. Bhabha, en su discurso inaugural de la primera Conferencia «Átomos para la paz» en Ginebra en 1955, dijo: «I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next two decades» (18). Por otro lado, R.F. Post, en el primer artículo de fondo (19) publicado en los Estados Unidos sobre la fusión nuclear, dijo en 1956: «However, the technical problems to be solved seem great indeed. When aware of this, some physicists would not hesitate to pronounce the problem impossible of solution» (20).
4.4.2.

Hay que señalar en este punto que la diversificación del producto turístico y las nuevas formas de turismo deben realizarse basándose en las mejores prácticas, adaptadas a las condiciones locales de cada país. La UE debe apoyar más activamente los proyectos de desarrollo de nuevas formas de turismo en los países en desarrollo y menos desarrollados y, especialmente, los proyectos que inciden en la colaboración entre instituciones públicas y privadas para desarrollar conocimientos técnicos en estos sectores. Esta necesidad resulta del hecho de que la diversificación del producto turístico y el desarrollo de nuevas formas de turismo no está en competencia directa con las actividades turísticas clásicas, por lo que no se puede considerar al turismo como un sector que no pueda optar a la prestación de ayudas y de incentivos.
La UE y África — Hacer realidad una asociación para el desarrollo en condiciones de igualdad basada en la sostenibilidad y los valores comunes

Por lo que respecta a África, en primer lugar hay que destacar que las políticas de mitigación del cambio climático no figuran entre las prioridades de los países de este continente. Por ello, la UE debería colaborar con África, al igual que con otros países en desarrollo, para garantizar que todas las iniciativas sean aceptadas localmente y resulten coherentes respecto de las prioridades de los países socios, aplicando un enfoque ascendente. De lo contrario, las medidas adoptadas en el ámbito de la política climática podrán encontrarse con la incomprensión y la oposición de las comunidades locales que luchan para solventar problemas fundamentales. Como se indica en el Dictamen del CESE ( 8 ) , los retos que afrontan los países en desarrollo de África son muy complejos y debemos abordarlos con un enfoque sensible y multidimensional. Además, se prevé que la demanda de energía del continente se duplique de aquí a 2050 y los índices de pobreza seguirán siendo obstinadamente altos. Así se perpetuarían, por no decir exacerbarían, los problemas de sostenibilidad en cuanto a los aspectos medioambientales y socioeconómicos. No obstante, podrían surgir oportunidades, ya que los países africanos pueden desempeñar un papel destacado en la energía solar fotovoltaica y en la producción a gran escala de combustibles sintéticos. Las posibilidades concretas de desarrollar proyectos, actividades empresariales y políticas conjuntas podrían suscitar un nuevo enfoque socioecológico de economía de mercado.
2.2.

La facultad se refiere a: — la aplicación de medidas temporales para inducir el cumplimiento o medidas compensatorias, autorizadas por un tribunal de arbitraje a petición de una Parte, en caso de cumplimiento inadecuado o incompleto, o medidas adecuadas en caso de que la otra Parte no coopere para facilitar el recurso a procedimientos vinculantes de solución de diferencias; — medidas correctoras en virtud del Acuerdo de Retirada en relación con la no inclusión de los instrumentos pertinentes del Derecho de la Unión en el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte o en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación en relación con las subvenciones, el transporte por carretera y la pesca; — medidas de reequilibrio en virtud del Acuerdo de Retirada en relación con las medidas de salvaguardia adoptadas por el Reino Unido en virtud del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte; — medidas de reequilibrio en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación en relación con las medidas de salvaguardia que creen un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación o de cualquier acuerdo complementario; o en relación específicamente con las divergencias en los ámbitos laboral y social, de la protección del medio ambiente o del clima o del control de las subvenciones; — contramedidas en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación en respuesta a las medidas de reequilibrio con arreglo al artículo 411 del Acuerdo de Comercio y Cooperación; — medidas de salvaguardia en virtud del Acuerdo de Retirada (si la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte da lugar a graves dificultades económicas, sociales o medioambientales que puedan persistir, o al desvío del comercio) y en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación (en caso de graves dificultades económicas, sociales o medioambientales de carácter sectorial o regional que puedan persistir); — suspensión de las obligaciones en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación en caso de infracción o incumplimiento de determinadas condiciones, en particular por lo que respecta al comercio de mercancías, el transporte aéreo, el transporte por carretera, la pesca o los programas de la Unión, o si el Reino Unido no paga sus contribuciones financieras o introduce cambios significativos en determinadas condiciones iniciales.
3.1.1.

El CESE apoya la propuesta de la Comisión sobre los objetivos de llenado obligatorios. Los objetivos fijados por el Reglamento no pueden considerarse excesivos. No obstante, para evitar nuevos aumentos de los precios de la energía, el Comité recomienda encarecidamente que no se incrementen más los objetivos prescritos.
A fin de mejorar el sistema de información sobre la sostenibilidad también para las pymes no cubiertas por la propuesta de Directiva sobre la información sobre la sostenibilidad de las empresas (CSRD) ( 9 ) , el CESE acoge favorablemente los proyectos en el ámbito del asesoramiento y la brújula de la taxonomía (acción 2a). Es importante mejorar y aumentar la obligatoriedad de la información, ya que las actividades económicas de las pequeñas empresas también pueden tener un profundo impacto medioambiental. El CESE señala que la sociedad civil en su conjunto está muy interesada en una política empresarial sostenible. En particular, los clientes e inversores de las pymes también exigirán declaraciones sobre la sostenibilidad. Sin embargo, en el marco de un sistema simplificado de notificación ASG, debe prestarse una atención especial a la eliminación del blanqueo ecológico. Además, se recomiendan los siguientes pasos: normalización y comparabilidad de la información no financiera de las empresas de la UE, aplicación de un marco normativo y de supervisión para los proveedores de datos sobre sostenibilidad y garantía de acceso a datos no financieros brutos de las empresas. Los requisitos de información no son un fin en sí mismos y, por tanto, no deben suponer recursos y costes excesivos, sino que deben contribuir eficazmente a la transparencia al objeto de mejorar la eficiencia del mercado y facilitar de este modo un mejor acceso a la financiación.
1.10.

El CESE pide que se apoye a las comunidades más vulnerables y se reflexione sobre la manera de implicar al mayor número de personas posible en las transiciones climática, digital y social. Ninguna de estas transiciones será posible si las comunidades locales no participan plenamente en los cambios, ya que el desarrollo de las RUP se basa en ecosistemas excepcionales, pero frágiles. Esto exige prever los impactos de las políticas públicas futuras, ya que las RUP no serán ajenas a los cambios inducidos por las grandes transiciones climática, digital y social. Deben prever la transformación global de sus economías para responder a las exigencias futuras y hacerlo prestando la máxima atención al impacto social de estas transiciones. Por tanto, es necesario velar por el apoyo a las poblaciones más frágiles y reflexionar sobre la implicación —y, de ser posible, la adhesión— del mayor número posible. Ninguna transición será posible si las poblaciones locales no son plenamente protagonistas de estas transformaciones.
5.1.

En 2021 hemos visto agrandarse las desigualdades entre mujeres y hombres en toda Europa, en particular como consecuencia del alarmante aumento de los casos de violencia contra las mujeres asociado a la pandemia de COVID-19. Las medidas de confinamiento y aislamiento han generado un entorno propicio para el control coercitivo de los abusadores sobre las víctimas y ha dado lugar a casos de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres y niñas, mientras que las víctimas han visto limitado su acceso a los servicios de apoyo: se ha hablado en ese sentido de una «pandemia oculta». El CESE pide a la Comisión Europea que adopte un marco global para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas desde una perspectiva feminista, sensible a las cuestiones de género e intersectorial, a fin de garantizar que en caso de futuras crisis sanitarias no se produzca esta pandemia oculta.
4.12.

Para los agricultores, el período de conversión representa un reto particular, porque durante este período el aumento de los gastos (por ejemplo, costes de control, insumos ecológicos, etc.) ya es elevado, pero los productos aún no pueden comercializarse como productos ecológicos. Los Estados miembros deben prever medidas de apoyo adecuadas a este respecto. Habría que explorar la posibilidad de crear un mercado de «productos en la fase de conversión» entre la agricultura convencional y la ecológica.
1.6

modus operandi de las redes de trata. Si no se actúa de este modo, se subestiman e infravaloran las dimensiones reales de la trata. comparte la afirmación de la Comisión de que es necesario mejorar la calidad de los datos recogidos sobre este fenómeno de manera armonizada en los Estados miembros ( 1 ) . A fin de aumentar la eficacia de la lucha contra la trata de seres humanos, especialmente a la hora de elaborar respuestas adecuadas, se requiere un conocimiento riguroso, profundo y oportuno del fenómeno, en particular en lo que respecta a todos los agentes (víctimas, tratantes, usuarios) y elde las redes de trata. Si no se actúa de este modo, se subestiman e infravaloran las dimensiones reales de la trata.
1.7.

Las obligaciones de transparencia no deben impedir los avances tecnológicos, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial y la informática. Aunque una IA poco transparente plantea riesgos, la IA en sí también puede aportar beneficios significativos. El CESE insiste en la necesidad de garantizar que la ley se perfeccione y no obstaculice el progreso técnico, teniendo en cuenta el mayor nivel posible de protección de los consumidores y los trabajadores. Pide que se desarrolle un marco adecuado que permita a las empresas confirmar la equidad, fiabilidad y seguridad de sus sistemas de IA.
o

En el ámbito de los medicamentos huérfanos, el CESE acoge con satisfacción que el número de medicamentos huérfanos aprobados haya aumentado continuamente gracias a los incentivos establecidos en el Reglamento (CE) n.141/2000 ( 11 ) , lo cual ha dado lugar a una mejora notable de la igualdad de acceso para los pacientes y es un logro digno de celebración. No obstante, dicha mejora del acceso se ve cada vez más contrarrestada por los elevados precios que exigen los fabricantes ( 12 ) . Por este motivo, el CESE hace hincapié en que la condición de medicamento huérfano no puede utilizarse para exigir precios y beneficios desproporcionados y respalda la revisión de este marco jurídico introducida a raíz de la evaluación de impacto ( 13 ) publicada en noviembre de 2020. Cabría considerar una reevaluación automática periódica de los criterios, así como un ajuste de la duración de la exclusividad comercial en determinadas condiciones, aún por definir. El CESE también apoya una posible revisión de los criterios, en particular de la prevalencia (teniendo en cuenta todas las indicaciones admitidas), en relación con la designación de medicamento huérfano.
1.7.

El CESE lamenta que la Estrategia preste poca atención a las cuestiones sociales, en particular a la vista de la urgente necesidad de ejecutar de manera coherente el pilar europeo de derechos sociales. Asimismo, el Comité observa con preocupación que el enfoque propuesto en la Estrategia no es enteramente sostenible. Los esfuerzos por avanzar rápidamente hacia una economía ecológica y digital no deben dar lugar a un incremento ulterior de la pobreza, ni a una mayor exclusión social. Será crucial que se garantice una distribución equilibrada de los beneficios de la recuperación económica, lo que contribuirá no solo a mejorar la justicia social, sino también a estabilizar la demanda como condición previa a la recuperación económica.
6.2.

En algunos Estados miembros, los convenios colectivos se encuentran disponibles y están publicados y, en algunos casos, ciertos sitios web públicos de internet permiten su consulta gratuita, mientras que, en otros Estados miembros, tales convenios y niveles no se encuentran a disposición del público, sino que son los propios interlocutores sociales —en lugar de las autoridades— los que se ocupan de los convenios colectivos y la adecuación de las cuantías salariales, así como de examinarlos. Si bien el CESE apoya un desarrollo ulterior de la accesibilidad de los datos (que podría resultar una cuestión sensible y delicada en cuanto al respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y de la negociación y los convenios colectivos, la protección de datos, la competencia leal y otros ámbitos), expresa su preocupación por el posible aumento de la carga administrativa, especialmente para las pymes y las empresas de la economía social sin ánimo de lucro, y pide que se alcance un equilibrio entre el valor añadido derivado de la obligación anual de información muy detallada, y la necesidad de reducir dicha carga tanto como sea posible, cuando esta disposición se aplique a escala nacional, en particular en lo que se refiere a la necesidad de proporcionar información para los trabajadores cubiertos y no cubiertos, desglosados por sexo, edad, discapacidad, tamaño de la empresa y sector. También se requiere una mayor claridad respecto a la necesidad de proporcionar una distribución en deciles de los salarios mínimos en países con un enfoque convencional.