Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Recomendación del Consejo sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros"

(1999/C 374/12)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Propuesta de Recomendación del Consejo sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros" [COM(1998) 772 final - 98/0358 (COD) - anteriormente 98/0358 (SYN)];

vista la decisión del Consejo de 16 de julio de 1999, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 y el primer apartado del artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las Regiones sobre este asunto;

vista la lista de propuestas de la Comisión pendientes en mayo de 1999 para las que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam implica un cambio de fundamento jurídico o de procedimiento (SEC(1999) 580 final);

visto el programa de trabajo para 1998 de la Comisión 4, aprobado por la Mesa el 15 de julio de 1998, en el que se encomienda la preparación del dictamen a la Comisión 4 (Comisión de Ordenación del Territorio, Política Urbana, Energía y Medio Ambiente);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 179/99 rev. 1) aprobado por mayoría por la Comisión 4 el 28 de junio de 1999 (ponente: Sra. Eaton, UK, PPE),

ha aprobado el siguiente dictamen en su 30o Pleno de los días 15 y 16 de septiembre de 1999 (sesión del 16 de septiembre).

1. Introducción

1.1. El Comité de las Regiones reconoce que en los últimos años ha aumentado el interés por la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria, y reconoce la necesidad de garantizar criterios mínimos para las tareas de inspección en las instalaciones industriales. Es importante que se introduzcan mejoras de orden práctico en el sistema de inspección vigente.

2. Alcance del dictamen

2.1. El Dictamen se referirá a la contaminación del aire, el agua y el suelo desde fuentes concretas reguladas por la legislación comunitaria. Quiere aplicarse en una primera fase a las inspecciones medioambientales de instalaciones industriales sujetas en virtud del Derecho comunitario medioambiental a la concesión de una autorización o permiso. La legislación medioambiental comunitaria obliga a los Estados miembros a velar por que algunos tipos de emisiones o vertidos, o las actividades que pueden provocarlos, estén sujetos a la concesión de una autorización o permiso previo. Las instalaciones industriales y demás empresas y centros ("instalaciones controladas") que tengan que atenerse a esos requisitos son o deben ser objeto de una inspección de las autoridades competentes; el establecimiento de orientaciones sobre criterios mínimos de estas inspecciones medioambientales servirá para que se den los primeros pasos con el fin de conseguir una norma de inspección uniforme en toda la Comunidad, que tendrá además como ventaja el evitar distorsiones de la competencia.

2.2. El CDR está de acuerdo con el ámbito de aplicación y la definición correspondiente a "inspecciones medioambientales" y respalda el propósito de que el objetivo de las inspecciones sea contribuir a alcanzar un nivel elevado de protección. El CDR también está de acuerdo con las disposiciones que se refieren:

- al desarrollo de un programa o programas de inspección que estén a disposición del público, de conformidad con lo establecido en la Directiva 90/313/CEE;

- la investigación de accidentes, incidentes y casos de incumplimiento, siempre que sean de gravedad.

2.3. El Comité considera que la introducción de criterios detallados relativos a las visitas de inspección y de los informes y conclusiones que de ellas se deriven, se deberá realizar tras el estudio previo -y, en la medida de lo posible, en colaboración con la red IMPEL- de los siguientes aspectos:

- los datos concretos que pide la Comisión y los objetivos que esperan alcanzarse con los mismos;

- las consecuencias prácticas de tal introducción, no sólo para la Comisión sino sobre todo para las organizaciones de inspección y los Estados miembros;

- los efectos en términos de trabajo humano necesario, tanto para la Comisión como para los Estados miembros;

- las alternativas que ya puedan existir para conseguir los datos deseados.

En este sentido, el Comité opina que la Comisión, en colaboración con IMPEL, podría elaborar un procedimiento de uso internacional para las autorizaciones en materia de medio ambiente. Con ello se dispondría de una base consistente para la elaboración de los necesarios informes. La introducción del citado procedimiento debería acompañarse de un período de transición.

3. Observaciones generales

3.1. Una vez reconocida la necesidad de establecer criterios mínimos para la realización de inspecciones medioambientales, el CDR considera fundamental el objetivo de alcanzar un grado de coherencia entre las normas aplicadas en los distintos Estados miembros. Apoya la Comunicación de la Comisión y la Resolución del Consejo en las que se indicaba que la red de la Unión Europea para la aplicación de la legislación medioambiental IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) debe cumplir una función a este respecto. Las regiones participarán y colaborarán con la red IMPEL en la elaboración de los criterios mínimos de las inspecciones medioambientales, así como en su puesta en práctica.

3.2. El CDR admite que la Directiva 96/61/CE sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación dará lugar a la fijación de normas de procedimiento indicativas y a la aplicación de una normativa más uniforme a las empresas más contaminantes.

3.3. El CDR reconoce que en algunos Estados miembros las actividades de autorización y control las llevan a cabo tradicionalmente las autoridades locales y regionales, además de las autoridades estatales. En la propuesta de Recomendación se debería permitir que se mantengan estos sistemas existentes cuyo buen funcionamiento está comprobado.

3.4. Un punto fundamental que debe considerarse es la eficacia de las inspecciones. El recurso a intercambios de inspectores y otras medidas para garantizar el intercambio de experiencias entre los diferentes organismos responsables y entre los Estados miembros consolidaría los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento de las normas. Es esencial que los Estados miembros dispongan de un sistema de formación eficaz para lograr el cumplimiento de las normas. Ello tiene implicaciones adicionales en cuanto a los recursos.

3.5. El CDR considera que la gestión medioambiental y el sistema de auditorías de la UE no sólo constituyen una fuente útil de información para las inspecciones medioambientales, sino que también proporcionan un marco que permite a las instalaciones controladas abordar los problemas medioambientales pertinentes de forma sistemática, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de un enfoque uniforme en todos los Estados miembros. La gestión y el sistema de auditorías medioambientales nunca pueden ser las sustitutas de las inspecciones ambientales. En la inspección delegada deberá regularse su objetividad, así como la forma en la que la Administración supervisaría esta inspección.

3.6. El CDR considera que debería existir un programa de inspecciones para cada sector de actividad o tipo de instalación controlados en el que se debería indicar una frecuencia mínima de las visitas y el período máximo entre las distintas revisiones en profundidad de los procesos. Es razonable evitar una acumulación de inspecciones, pero, al mismo tiempo, cada proceso autorizado debería ser sometido a una revisión completa y regular, so pena de que la autorización y las condiciones queden obsoletas (ya que tanto los procesos como las normas de cumplimiento cambian con el tiempo). Los períodos de revisión máximos deberían considerarse una especie de dispositivos antiretorno, ya que es necesario que la revisión por parte de los organismos responsables de las condiciones que determinan la autorización se realice de manera continua.

3.7. El CDR considera que el período máximo entre las revisiones en profundidad de los procesos debería fijarse también en función de los diferentes sectores industriales. A juicio del CDR, la Agencia Europea de Medio Ambiente tiene un papel que cumplir a este respecto, quizá con el asesoramiento de IMPEL. Para establecer el período máximo de revisión para un sector determinado podría recurrirse a los criterios siguientes:

- la velocidad esperada de cambio tecnológico;

- la probabilidad de que los operadores de un sector emprendan mejoras por iniciativa propia;

- el riesgo y el grado de impacto medioambiental asociados al sector;

- el coste que implica la realización de las revisiones para los organismos responsables de la regulación y las industrias controladas;

- la necesidad de combinar los diferentes períodos de revisión para los distintos sectores a fin de evitar acumulaciones de trabajo imposibles de gestionar;

- la revisión continua de los documentación de referencia de las mejores técnicas disponibles (BAT);

- los ciclos de inversión del sector;

- la aplicación o no aplicación por parte del operador de un sistema de gestión medioambiental, como por ejemplo EMAS o ISO 14001.

3.8. En la actualidad no existe la obligación de poner a disposición del público la información obtenida en las inspecciones, a pesar de que la Directiva 90/313/CEE de 7 de junio de 1990 así lo prevé. El CDR acoge con satisfacción la propuesta de poner a disposición del público los detalles de la inspección y admite que ello aumentará en gran medida la confianza del público en el sistema de regulación. El CDR reconoce que en algunas inspecciones se obtendrán informaciones comercialmente sensibles o que, de ser desveladas, podrían originar problemas de seguridad nacional. En los casos en que las empresas quieran ejercer su derecho a la confidencialidad deberán presentar pruebas para justificar su postura ante los organismos responsables de la regulación. Las apelaciones contra las decisiones deberán ser examinadas por un organismo independiente, quizá a través de un sistema judicial.

3.9. El CDR señala que las autoridades locales son el primer punto de contacto para el público que desea obtener información sobre las instalaciones industriales. En caso de que exista más de un organismo responsable de la realización de las inspecciones, es necesario que dichos organismos lleguen a un acuerdo para garantizar que las autoridades locales puedan responder a todas las solicitudes razonables de información sobre el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en la Directiva 90/313/CEE, independientemente de que la autoridad local sea o no el organismo responsable.

3.10. Los Estados miembros deberían encargarse de que la autoridad encargada de la inspección pertinente investigue los accidentes e incidentes y los casos de incumplimiento de la legislación de la CE que revistan gravedad, ya lleguen a conocimiento de las autoridades a través de reclamaciones o de otro modo, con objeto de:

a) Determinar las causas del hecho y su impacto ambiental y, si procede, las responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y comunicar las conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones reglamentarias (si se trata de una autoridad distinta).

b) Mitigar, y si es posible, corregir los impactos ambientales del hecho mediante el establecimiento de las medidas que deberán adoptar la entidad o entidades explotadoras y las autoridades.

c) Determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, incidentes o incumplimientos.

d) Aplicar medidas de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias o sanciones, cuando proceda.

4. Costes para las autoridades locales

4.1. A juicio del CDR, incluso la adopción de esas normas mínimas generará costes adicionales para las autoridades responsables. Apoya la propuesta de la Comisión de volver a examinar la cuestión de las ayudas financieras cuando se analicen los informes nacionales para tomar las medidas adecuadas. El CDR sugiere que se considere en ese momento el principio de que "quien contamina paga" como una de las posibles opciones para la financiación.

5. Observaciones finales

5.1. El CDR reconoce que estas instalaciones controladas son "creadoras de riqueza" importantes para los Estados miembros y la introducción de normas de inspección pactadas debería considerarse una medida positiva para garantizar el leal cumplimiento de la legislación comunitaria. Las visitas a instalaciones, además, deben tener entre sus consideraciones el procurar que las entidades explotadoras se acojan al EMAS o a un sistema similar.

5.2. EL CDR aprueba la determinación de la Comisión de impulsar el cumplimiento permanente de las normas para las inspecciones medioambientales y ofrece su apoyo en el futuro a este ámbito de actividad tan relevante y dinámico.

5.3. El CDR insta a la Comisión Europea a presentar en el futuro recomendaciones aplicables a otros ámbitos de la actividad económica y administrativa que tienen repercusiones sobre el medio ambiente.

Bruselas, el 16 de septiembre de 1999.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER