[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 20.4.2006

COM(2006) 184 final

INFORME DE SÍNTESIS DE LA COMISIÓN

Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a 2004 {SEC(2006) 524}

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Preparación del Informe Anual del Tribunal 4

3. Marco de auditoría y control 6

4. Constataciones sustantivas en 2004 7

4.1. Política agrícola 8

4.2. Acciones estructurales 9

5. Conclusión 10

1. INTRODUCCIÓN

El 15 de noviembre de 2005 el Tribunal de Cuentas Europeo («el Tribunal» o el «TCE») publicó su Informe Anual relativo al ejercicio 2004 («Informe Anual 2004»)[1]. En el informe, el Tribunal presentó su declaración de fiabilidad («la DAS») y la información de apoyo, incluidas observaciones sobre la gestión en los Estados miembros.

Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento financiero[2], la Comisión informó inmediatamente a los Estados miembros de dichas observaciones, así como de las constataciones realizadas por el Tribunal durante sus fiscalizaciones con relación a los Estados miembros. Éstos fueron invitados a enviar sus respuestas antes del 15 de diciembre de 2005. La gran mayoría de los Estados miembros contestó dentro de este breve plazo o poco después, formulando en muchos casos comentarios muy detallados.

Debido al tiempo necesario para la traducción y el análisis completo de las respuestas recibidas, la Comisión no pudo presentar su informe de síntesis para el 15 de febrero de 2005; sin embargo, el Vicepresidente KALLAS informó al Parlamento Europeo y al Consejo (Economía y Finanzas) de las constataciones preliminares[3].

El año 2006 plantea dos retos en el ámbito de la auditoría externa y la aprobación de la gestión. Uno de ellos es la aplicación del Plan de acción para un marco de control interno integrado [4] («Plan de acción»), adoptado por la Comisión el 17 de enero de 2006. El objetivo es ofrecer al Tribunal garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de los gastos de la UE. No obstante, el plan de acción sólo podrá conseguir los resultados previstos si cada uno de los actores pertinentes, es decir, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas, los Estados miembros y la Comisión, contribuye a la ejecución de las 16 acciones, habida cuenta de sus responsabilidades e independencia respectivas.

El otro reto es el nuevo plazo, más breve, disponible para elaborar el Informe Anual del Tribunal. Según lo establecido por el Reglamento financiero[5], de ahora en adelante el Informe Anual debe publicarse a más tardar el 31 de octubre, es decir, un mes antes que hasta ahora. Ello supone una mayor exigencia para todas las partes implicadas en la preparación del mismo (es decir, el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros), para garantizar la eficacia del intercambio previo de impresiones sobre las constataciones preliminares del Tribunal.

La sección 2 del presente Informe aborda las dificultades vinculadas a los plazos más breves que el Tribunal tiene que cumplir en relación con el Informe Anual. La sección 3 presenta las observaciones de los Estados miembros sobre el marco de auditoría y control. La sección 4 contiene un análisis de las constataciones sustantivas atribuidas a los Estados miembros en el ámbito de la política agrícola y las acciones estructurales. Las conclusiones se exponen en la sección 5[6].

2. PREPARACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL

Para elaborar el Informe Anual relativo a 2005 se dispone de un mes menos que en años anteriores debido a la obligación de publicar el informe a más tardar el 31 de octubre. Ello tiene implicaciones para el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros.

Durante el ejercicio presupuestario o poco después, el Tribunal realiza auditorías sobre procedimientos y transacciones a nivel de la Comisión y de los Estados miembros. En los Estados miembros, el Tribunal comprueba que el beneficiario final cumple las condiciones de la ayuda (por ejemplo, que la superficie de un cultivo o el número de animales de una explotación son correctos, o que el proyecto financiado por los Fondos Estructurales se ha llevado realmente a cabo), y que existen procedimientos de control adecuados.

Después de cada misión de fiscalización, el Tribunal analiza los resultados y envía sus observaciones preliminares en las denominadas cartas CP[7] al Comisario pertinente o a la entidad fiscalizadora superior nacional, dependiendo de si los fondos se gestionan a nivel central o a nivel de los Estados miembros. Normalmente, el Tribunal pide a la Comisión o al Estado miembro que responda en un plazo de dos meses. No existe obligación alguna de contestar al Tribunal, pero hacerlo es práctica común, aunque muchas respuestas llegan pasado el plazo fijado por el Tribunal.

Hasta ahora, el Tribunal tenía que recibir las respuestas de los Estados miembros durante la primavera o a principios del verano para poder traducir, analizar e incorporar, en la medida de lo posible, los comentarios en el Informe Anual que debe publicarse antes del 30 de noviembre. Estos plazos se establecieron en función del tiempo necesario para los procedimientos internos del Tribunal, el procedimiento contradictorio con la Comisión en junio-septiembre, y la traducción del informe, ahora a 20 lenguas.

Sin embargo, para el ejercicio presupuestario 2004, la mayoría de los Estados miembros transmitieron sus respuestas relativas a las constataciones sustantivas[8] en junio o en una fecha posterior. Ello obedeció, por un lado, a que el Tribunal envió una parte importante de las cartas CP en mayo-julio[9], y por otro, a que los Estados miembros transmitieron en muchos casos sus respuestas más de 60 días después de recibir la carta CP.

En consecuencia, algunos Estados miembros observaron que sus respuestas no habían sido tenidas en cuenta por el Tribunal. Por ejemplo, Finlandia, en sus observaciones sobre el Informe Anual 2004, señaló « que las respuestas a las observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas no siempre se han tenido en cuenta en las conclusiones presentadas en el Informe Anual. Por esta razón, algunas de las conclusiones son manifiestamente incorrectas. Preparar las respuestas y las explicaciones implica a menudo un trabajo excesivo para lo poco que se reflejan luego en las conclusiones finales del Tribunal de Cuentas.»

Polonia suscribió esta opinión y declaró: « Nos preocupa que el Tribunal de Cuentas no haya tenido en cuenta nuestra explicación de los errores detectados tras la misión de inspección del TCE . Como consecuencia, el material explicativo que ahora enviamos a la Comisión Europea es prácticamente el mismo que el que se había enviado anteriormente al Tribunal.»

El Tribunal suele informar a los Estados miembros de su análisis de las respuestas enviadas por las autoridades nacionales. Este seguimiento parece importante para incitar a los Estados miembros a reaccionar ante las constataciones del Tribunal. Como señala Polonia «… cuando el Estado miembro discrepa de la evaluación de los hechos realizada por el Tribunal, e ignora si se ha aceptado la explicación facilitada por las instituciones objeto de la inspección, no cabe esperar respuesta a las preguntas sobre la naturaleza de los errores detectados y sobre las medidas correctoras adoptadas o previstas.»

Dado que ahora los plazos son aún más breves, quizá convendría poner un especial empeño en mejorar el intercambio de información sobre las constataciones entre el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros, teniendo en cuenta los problemas concretos de calendario a la hora de preparar el Informe Anual. La aplicación de las acciones 7, 8 y 9 del Plan de acción[10], centradas en la puesta en común de los resultados de los controles y auditorías, contribuirá asimismo a mejorar la eficiencia de este intercambio de información.

3. MARCO DE AUDITORÍA Y CONTROL

El Tribunal debe presentar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo «una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes»[11]. Esta declaración se proporciona a través del Informe Anual. El Tribunal basa su declaración en cuatro fuentes de elementos probatorios[12]:

a) un examen del funcionamiento de los sistemas de control y supervisión establecidos, tanto en las instituciones comunitarias como en los Estados miembros o en terceros países;

b) una prueba de muestras de operaciones de cada ámbito principal, llevando los controles hasta el beneficiario final;

c) un análisis de los informes anuales de actividad y de las declaraciones de los directores generales, así como de los procedimientos aplicados para su elaboración;

d) en su caso, el examen de los trabajos de otros auditores independientes de los procedimientos de gestión comunitaria.

En sus respuestas a la Comisión sobre el Informe Anual 2004, algunos Estados miembros han aprovechado la ocasión para formular comentarios sobre el enfoque global en materia de auditoría y control.

Por ejemplo, el Reino Unido propone que las auditorías « se centren más en el funcionamiento de los sistemas de control y la relación coste-beneficio que en el seguimiento de las operaciones […]. Las auditorías de seguimiento de las operaciones sacan a relucir errores puntuales específicos, a menudo por importes de poca importancia, que cuando se extrapolan pueden dar la impresión de que todo el programa es erróneo. Además, estos errores se corrigen a menudo ulteriormente, circunstancia que no se reconoce cuando los controles se desarrollan durante un período específico.»

Francia reclama más información sobre el método de muestreo del Tribunal al fiscalizar las acciones estructurales. Las autoridades francesas no han encontrado ninguna alusión al método en el Informe Anual y señalan que «se extraen conclusiones generales de constataciones sobre operaciones aisladas, poco numerosas, y que con frecuencia se refieren a importes muy limitados.»

Dinamarca considera sumamente importante que el trabajo de las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros se incorpore a la fiscalización del Tribunal en el marco de la DAS siempre que sea posible. Afirma que la Oficina Nacional danesa de Auditoría ha presentado por primera vez una declaración sobre la utilización de los fondos de la UE en Dinamarca[13] que reza así: « En general, la Oficina Nacional de Auditoría considera que la gestión, el pago, la contabilidad y el control de los fondos de la UE han sido satisfactorios y se han ajustado a la normativa .»

Alemania subraya que los costes de los controles son considerables. Propone que «el coste de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros sea evaluado por la Comisión para garantizar que el coste sea proporcional a los resultados obtenidos.»

Estos comentarios ponen de manifiesto la necesidad de resolver problemas como los siguientes:

- ¿Cómo resolver el posible conflicto entre la declaración anual del Tribunal y el hecho de que algunos controles internos se conciben para operar durante todo el periodo de vigencia de programas plurianuales?

- ¿Cómo garantizar el necesario equilibrio entre los costes y los beneficios, y que este equilibrio se tiene en cuenta en la declaración de fiabilidad ?

- ¿Cómo aprovechar los procedimientos de control existentes, así como los conocimientos específicos y los recursos de las entidades fiscalizadoras superiores a nivel nacional?

- El plan de acción intenta abordar estos problemas desde varios ángulos, en particular las acciones 3, 4, 7, 8 y 10[14]. El Plan de acción se centra en la promoción de las declaraciones de gestión a nivel operativo y de los informes de síntesis a nivel nacional (acción 5).

4. CONSTATACIONES SUSTANTIVAS EN 2004

El Tribunal facilitó información sobre sus constataciones relativas al ejercicio presupuestario 2004. Al no haber indicado el método utilizado para confeccionar la muestra de operaciones, no pueden extraerse conclusiones sobre la importancia del nivel de las constataciones.

La Comisión pidió a los Estados miembros que formularan observaciones más detalladas sobre las constataciones sustantivas, es decir, las constataciones con alguna incidencia financiera en el presupuesto de la UE. Aunque la mayoría de los Estados miembros facilitaron la información, en algunos casos no pudieron reconocer las constataciones en las listas facilitadas porque desconocían los códigos atribuidos por el Tribunal y no se correspondían con la numeración de los proyectos utilizada por los Estados miembros y/o la Comisión.

Las auditorías efectuadas reflejan las diferentes políticas. Las subvenciones concedidas a los agricultores van muchas veces ligadas a la dimensión de la superficie agrícola o al número de animales. Así, en el ámbito de la política agrícola el Tribunal trabaja a menudo sobre el terreno para medir una superficie mediante sistemas GPS o para contar animales, con el fin de verificar si el agricultor ha declarado las cifras correctas.

En cuanto a las acciones estructurales, se conceden subvenciones a proyectos generalmente de ámbito regional. La escala, el diseño, el calendario y los tipos de beneficiarios finales pueden variar considerablemente de un proyecto a otro. En estos casos, el Tribunal comprueba sobre el terreno si el proyecto se ha realizado (se ha construido el puente o la autopista), si se han efectuado correctamente los pagos (los gastos son subvencionables, existe una pista de auditoría), si se han respetado los procedimientos de licitación (se ha organizado una licitación, se ha elegido al licitador correcto), si se ha procedido a los controles requeridos, etc.

La variedad de las acciones estructurales favorece la aparición de diferencias en la interpretación de las normas y de las pruebas de auditoría, y esta situación parece reflejarse en el hecho de que los Estados miembros tienden a discrepar más del Tribunal en este ámbito que en el de la política agrícola. También la Comisión, en su posterior seguimiento de las constataciones del Tribunal, extrae a veces conclusiones distintas de las suyas.

En los apartados 4.1 y 4.2 siguientes se resumen los comentarios formulados sobre las constataciones relativas a la política agrícola y a las acciones estructurales. No se han incluido los apartados sobre recursos propios y ayudas de preadhesión, ya que en estos ámbitos se han detectado muy pocas constataciones sustantivas, lo que refleja el hecho de que ambos sectores obtuvieron una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal en 2004.

4.1. Política agrícola

Para los Estados miembros, dos tercios de las constataciones sustantivas en el ámbito de la política agrícola en 2004 se referían a una declaración excesiva de la superficie de un terreno. En general, la diferencia entre la superficie declarada y la superficie medida por el Tribunal durante su fiscalización era inferior al 2 % en una cuarta parte de los casos, estaba comprendida entre el 2 y el 10 % en la mitad de los casos y superaba el 10 % en los casos restantes.

El total de constataciones sustantivas del Tribunal se refería a 11 Estados miembros. La mayoría aceptó los resultados del Tribunal, aunque en algunos casos solamente en parte, debido entre otras cosas a las divergencias sobre los métodos de medición. En algunos casos, las constataciones del Tribunal condujeron a la recuperación de importes de los agricultores, pero, en otros, los Estados miembros no procedieron a las recuperaciones por considerar que la incidencia financiera de la constatación era mínima (en Alemania uno de los casos representaba menos de 100 EUR).

Aunque los Estados miembros aceptaron en general las conclusiones del Tribunal, algunos indicaron que las desviaciones en la medición de las superficies agrícolas eran previsibles/aceptables. Los controles se efectuaron en ocasiones en la siguiente campaña agrícola, cuando el agricultor había modificado el uso y la división de sus tierras, lo que dificultaba la reconstrucción de la superficie declarada en un principio. En otros casos, la dimensión declarada por los agricultores se basaba en los datos catastrales, y estos datos no siempre se correspondían con las mediciones efectuadas por el Tribunal. Este problema puede acentuarse por las continuas mejoras de los instrumentos de medida. Finalmente, Alemania planteó un caso en el que su opinión se basaba en una medición expresada con dos decimales, mientras que el Tribunal utilizó una cifra de tres decimales. En este caso concreto, ello bastó para cambiar la clasificación de la medición, que pasó de aceptable a constatación.

Dos de los 11 Estados miembros discreparon generalmente del Tribunal. Sólo se atribuyó una conclusión sustantiva al primer Estado miembro (Países Bajos), que cuestionó la decisión del Tribunal de considerar conclusión la falta de pruebas del sacrificio de una vaca, pese a que las pruebas se presentaron al Tribunal después de la misión de fiscalización. Se atribuyeron más constataciones al otro Estado miembro (Grecia), que, sin embargo, consideró que algunos de los problemas subyacentes eran de carácter temporal (por ejemplo, los importes disponibles en cuentas bancarias que todavía no se habían pagado a los productores o devuelto al presupuesto de la UE). Este país también discrepó del Tribunal en otros aspectos, por ejemplo sobre el derecho a subvención de un agricultor por un terreno del que no poseía la escritura de propiedad, pero que había intercambiado con otro agricultor.

4.2. Acciones estructurales

En 2004, en el ámbito de las acciones estructurales, los Estados miembros normalmente aceptaron las constataciones sustantivas del Tribunal sólo en algo más de un tercio de los casos, frente a alrededor de dos tercios de los casos en la política agrícola.

Como ejemplos típicos en los que los Estados miembros discreparon o no estuvieron totalmente de acuerdo con el Tribunal cabe citar la clasificación de los gastos (subvencionables o no subvencionables), la prueba de la cofinanciación y la existencia de una pista de auditoría.

Apenas se registraron casos en los que el Tribunal calificara de intencionada la clasificación incorrecta de los gastos. Sin embargo, los resultados revelan la necesidad de clarificar las normas y de proporcionar orientaciones suplementarias en este ámbito. Como las autoridades belgas señalaron en un caso específico en el que manifestaron su desacuerdo con el Tribunal: « Que nosotros sepamos, el concepto de gastos que no cumplen las normas no se ha debatido ni definido en los reglamentos aplicables a las ayudas estructurales del FSE [Fondo Social Europeo] y, por tanto, es necesario saber sobre qué base se declara que los gastos no son conformes, en particular teniendo en cuenta que los propios auditores reconocen que estos gastos no incluyen ninguna indicación de irregularidad o ilegalidad. »

Los Estados miembros también señalaron dificultades derivadas de las diferencias en los requisitos en materia de estructuras de auditoría y control de un período de programación a otro. España señaló que «cuando el auditor concluye que la pista de auditoría es deficiente, ello implica aplicar al período 1994-1999 conceptos que no se definieron hasta el período 2000-2006 .»

Además de proceder a controles de las operaciones, el Tribunal intentó verificar si los Estados miembros habían efectuado los controles obligatorios del 5 %, es decir, de proyectos que representen el 5 % del valor de un programa. El Tribunal constató que estos controles se efectuaban a menudo con retraso y se basaban en un análisis incompleto del riesgo.

Los Estados miembros reconocieron en su mayoría el retraso de los controles, pero Suecia señaló que « el Reglamento no dispone que los controles deban alcanzar el 5 % en un momento determinado.»

La incidencia financiera de las constataciones sustantivas en las acciones estructurales normalmente era mucho más variable que en el ámbito agrícola. En algunos casos, las constataciones podían no tener una incidencia financiera real, por ejemplo debido a que los gastos declarados por el Estado miembro y considerados no subvencionables por el Tribunal podían compensarse mediante un gasto adicional todavía no declarado. La Comisión aclara estos casos en su labor de seguimiento.

Esto también plantea la cuestión de la plurianualidad. Como ejemplo cabe citar un caso de Alemania en el que ésta reconoció la constatación y tenía previsto solucionar el problema aplicando una reducción del importe en la siguiente solicitud de pago. No admitía que la constatación había supuesto una pérdida financiera para el presupuesto de la UE, ya que se habría detectado en última instancia al controlar los justificantes de los gastos en el momento del cierre, si no antes. No obstante, el Tribunal mantuvo que, en la fecha de la auditoría, existía una constatación.

5. CONCLUSIÓN

La Comisión acoge con satisfacción las numerosas respuestas completas enviadas por los Estados miembros. Esta información anual de los Estados miembros constituye una oportunidad valiosa de abordar problemas horizontales relacionados con el Informe Anual del Tribunal de Cuentas. Basándose en las respuestas al ejercicio 2004, la Comisión desearía llamar la atención sobre las cuatro cuestiones siguientes:

1. Algunos Estados miembros criticaron el hecho de que sus respuestas no se reflejaran en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a 2004. Ello se debe en parte al plazo estricto que debe respetar el Tribunal de Cuentas para elaborar su Informe Anual. Este problema concreto debería abordarse al examinar cómo aprovechar mejor los conocimientos específicos de las entidades fiscalizadoras superiores y cómo aplicar el enfoque de auditoría única[15].

2. Algunos Estados miembros formularon comentarios sobre la estructura de control y sobre la propia metodología DAS, indicando que, en su opinión, los beneficios no se correspondían con los costes. Este problema debería abordarse a nivel operativo, al calcular los costes de los controles[16], pero también a nivel estratégico, al debatir los riesgos admisibles[17].

3. Se ha llevado a cabo un análisis más cualitativo de las constataciones sustantivas en los ámbitos de la política agrícola y las acciones estructurales con el fin de identificar rasgos comunes en los Estados miembros. El análisis muestra la necesidad de resolver o clarificar cuestiones como: 1) cuál es el método correcto para medir la dimensión de un terreno; 2) qué son gastos subvencionables en las acciones estructurales; 3) cuándo deben efectuarse los denominados controles del 5 % en las acciones estructurales. Debido a esta incertidumbre, la Comisión, en el marco de su labor de seguimiento, puede no estar en condiciones de confirmar las constataciones del Tribunal. Estos problemas constituyen en mayor medida desfases sectoriales que también deben ser abordados por el Plan de acción[18].

4. Normalmente, los Estados miembros discreparon con más frecuencia de las constataciones del Tribunal en el ámbito de las acciones estructurales que en el de la política agrícola. Ello puede deberse al desacuerdo entre los Estados miembros y el Tribunal sobre lo que debe considerarse conducta ilícita en este ámbito, o sobre el nivel de riesgo admisible en el ámbito de las acciones estructurales. Dado que la muestra del Tribunal tenía por objeto controlar operaciones individuales –y no verificar la existencia y el funcionamiento de los sistemas– no han podido determinarse los motivos del desacuerdo. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de iniciar un diálogo interinstitucional sobre los riesgos admisibles en las operaciones subyacentes y sus posibles efectos en la metodología DAS del Tribunal[19].

No sólo la Comisión y los Estados miembros, sino también el Tribunal de Cuentas y en cierta medida las entidades fiscalizadoras superiores deben implicarse en la resolución de las cuestiones planteadas por los Estados miembros. El plan de acción, que define 16 acciones específicas que deben ejecutarse durante 2006 y 2007, establece un marco para esta cooperación, respetando plenamente la misión, responsabilidad e independencia de todas las partes implicadas.

[1] El informe se publicó en el Diario Oficial C 301 de 30.11.2005. Está también disponible en el sitio web del Tribunal: www.eca.eu.int.

[2] Artículo 143, apartado 6, del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25.6.2002.

[3] Cf. carta de 15 de febrero de 2006 del Vicepresidente KALLAS al Sr. Karl-Heinz GRASSER, Presidente del ECOFIN.

[4] COM(2006) 9 de 17 de enero de 2006.

[5] Artículo 143, apartado 5.

[6] El análisis en el que se basa este resumen figura en el Documento de trabajo de la Comisión: análisis de las respuestas de los Estados miembros al Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a 2004 (SEC(2006) 524)

[7] Declaración de Conclusiones Preliminares.

[8] Es decir, conclusiones con alguna incidencia financiera para el presupuesto general de la Unión Europea.

[9] Hasta ahora, el Reglamento financiero (artículo 143, apartado 2) obligaba al Tribunal a transmitir sus observaciones a los Estados miembros a más tardar el 15 de julio. A partir del ejercicio presupuestario 2005, el plazo finaliza el 15 de junio.

[10] Acción 7: Promover las mejores prácticas para potenciar la relación costes-beneficios de las auditorías en fase de proyecto. Acción 8: Favorecer una garantía suplementaria por parte de las instituciones superiores de auditoría (ISA). Acción 9: Elaborar instrumentos eficaces para compartir los resultados de las auditorías y controles y promover el enfoque de auditoría única.

[11] Cf. artículo 248, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

[12] Cf. apartado 1.46 del Informe Anual 2004.

[13] La declaración figura como sección (D) en el informe sobre la auditoría del presupuesto del Estado para 2004.

[14] Acción 3: Establecer y armonizar la presentación de las estrategias de control y los elementos de prueba de una garantía razonable. Acción 4: Iniciar un diálogo interinstitucional sobre los riesgos admisibles en las operaciones subyacentes. Acción 7: Promover las mejores prácticas para potenciar la relación costes-beneficios de las auditorías en fase de proyecto. Acción 8: Favorecer una garantía suplementaria por parte de las instituciones superiores de auditoría (ISA). Acción 10: Efectuar un cálculo inicial y un análisis del coste de los controles.

[15] Acciones 8 y 9 del Plan de acción.

[16] Acción 10 del Plan de acción.

[17] Acción 4 del Plan de acción.

[18] Acciones 12-16 del Plan de acción.

[19] Acciones 3 y 4 del Plan de acción.