COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 23.10.2018 COM(2018) 490 final INFORME DE LA COMISIÓN INFORME ANUAL DE 2017



SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD



INFORME ANUAL DE 2017

SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 1. Introducción El presente es el 25.º informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el proceso legislativo de la Unión Europea. Este informe se presenta de conformidad con el artículo 9 del Protocolo n.º 2 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»). El informe analiza el modo en que las instituciones y los órganos de la Unión Europea han aplicado estos dos principios en 2017 y cómo ha evolucionado la práctica en comparación con años anteriores. Presenta asimismo un análisis de varias propuestas de la Comisión que fueron especialmente objeto de dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales durante el año. Dados los estrechos vínculos existentes entre el mecanismo de control de la subsidiariedad y el diálogo político entre los Parlamentos nacionales y la Comisión, el presente informe debe considerarse complementario del informe anual de la Comisión sobre las relaciones con los Parlamentos nacionales del año 2017. 2. Aplicación de los principios por parte de las instituciones 2.1. La Comisión En 2017, la Comisión Juncker continuó aplicando su programa «Legislar mejor» reforzado, que garantiza mediante una orientación más clara y nuevas oportunidades (incluido el portal en línea «Legislar mejor») que las observaciones de los ciudadanos y las partes interesadas se tengan en cuenta en todas las etapas del proceso de elaboración de las políticas. La Comisión ha proseguido asimismo su práctica de evaluar los actuales marcos políticos antes de presentar revisiones legislativas. Estas evaluaciones incluyen valoraciones sobre si las medidas políticas existentes siguen siendo «aptas para el uso previsto» y la medida en que se ajustan a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El sitio web de la Comisión «Aligere la carga – Diga lo que piensa» y la plataforma sobre adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) también ofrecen vías para que los ciudadanos y las partes interesadas comuniquen a la Comisión posibles cargas excesivas o ineficacia de las medidas reglamentarias existentes, que pueden incluir cuestiones sobre subsidiariedad o proporcionalidad. En 2017, la plataforma sobre adecuación y eficacia de la reglamentación elaboró cuarenta y seis dictámenes, que incluían recomendaciones a la Comisión sobre cómo simplificar y reducir las cargas normativas de la legislación actual de la UE. La Comisión está respondiendo a ello mediante la aplicación de su programa de trabajo para 2018. En julio de 2017, la Comisión adoptó un conjunto revisado de directrices para la mejora de la legislación y su correspondiente «caja de herramientas». Esto se hizo para garantizar que las directrices y la caja de herramientas se actualizaran a la luz de la experiencia práctica desde la adopción del paquete para la mejora de la legislación en mayo de 2015. La Comisión también amplió su portal «Legislar mejor», facilitando así a los ciudadanos la navegación en línea. Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente» El 13 de septiembre de 2017, el Presidente Juncker anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión que crearía un Grupo Operativo de alto nivel sobre subsidiariedad, proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente». Sus objetivos se describieron en el programa de trabajo de la Comisión para 2018: «A partir del trabajo que esta Comisión actual ya ha hecho, tendremos que ser grandes en las cosas grandes. Esto significa no regular todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Tenemos que pensar seriamente en hacer menos de modo más eficiente y devolver competencias a los Estados miembros cuando sea adecuado hacerlo. Sobre la base de la labor realizada por el grupo de trabajo encabezado por el vicepresidente primero Timmermans, [...] la Comisión presentará sus ideas para seguir potenciando la subsidiariedad, la proporcionalidad y una mejor legislación, de manera que se garantice que solo actuamos donde la UE tiene valor añadido.» El 14 de noviembre el Presidente Juncker creó el Grupo Operativo, que asumió sus funciones el 1 de enero de 2018 y entregó su informe al Presidente el 10 de julio de 2018. Se invitó a los presidentes del Parlamento Europeo, de la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC) y del Comité Europeo de las Regiones a que nombraran a miembros de sus instituciones para el Grupo Operativo, quienes participarían posteriormente a título personal. Los Parlamentos nacionales (COSAC) y el Comité Europeo de las Regiones presentaron posteriormente a sus miembros del Grupo Operativo, mientras que el Parlamento Europeo decidió no hacerlo. Análisis de subsidiariedad y proporcionalidad Las directrices para la mejora de la legislación y su correspondiente «caja de herramientas» exigen que la Comisión realice un análisis de la subsidiariedad al estudiar una nueva iniciativa en ámbitos en los que la Unión no tiene competencia exclusiva, y al evaluar la pertinencia y el valor añadido europeo de una intervención vigente. La Comisión analiza la subsidiariedad tanto para iniciativas legislativas como no legislativas. El objetivo del análisis tiene dos vertientes: en primer lugar, evaluar si una acción a nivel nacional, regional o local es suficiente para alcanzar el objetivo que se persigue; en segundo lugar, valorar si la intervención de la Unión puede aportar un valor añadido en comparación con la actuación de los Estados miembros. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El respeto del principio de proporcionalidad es una forma de garantizar que el enfoque y el nivel de intervención normativa de una política sean acordes al objetivo de la misma. La proporcionalidad debe mencionarse claramente en las evaluaciones de impacto , las evaluaciones y los controles de adecuación. Evaluaciones de impacto En 2017, el Comité de Control Reglamentario, que evalúa la calidad de las evaluaciones de impacto, examinó cincuenta y tres evaluaciones de impacto. Se consideró que doce de estos casos necesitaban mejoras en sus análisis de la subsidiariedad y del valor añadido para la UE. Treinta dictámenes incluían comentarios sobre la proporcionalidad y la comparación de las opciones. Los siguiente ejemplos ilustran la forma en que el Comité evaluó la subsidiariedad y la proporcionalidad en 2017:

·En su dictamen negativo sobre la evaluación de impacto relativa a la propuesta sobre la cooperación de la UE en la evaluación de las tecnologías sanitarias, el Comité de Control Reglamentario subrayó que una de las opciones políticas –la cooperación permanente a escala de la UE sobre evaluaciones integrales de las tecnologías sanitarias– planteaba problemas significativos en cuanto a viabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad. El informe se revisó y tuvo en cuenta este comentario cuando se descartó por adelantado esta opción. ·En su dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto de una iniciativa por la que se modifica una Directiva sobre el transporte combinado, el Comité de Control Reglamentario afirmó que no se había desarrollado suficientemente el argumento de subsidiariedad, especialmente con respecto a la inclusión del transporte estrictamente nacional. El Comité solicitó pruebas adicionales de que las iniciativas nacionales no bastarían para abordar el problema y de que la envergadura de las operaciones exigiría la intervención de la UE. El informe de evaluación de impacto revisado incluía argumentos adicionales que ilustraban la dimensión transfronteriza del problema, incluida una justificación para ampliar las medidas de apoyo a las operaciones nacionales. ·En el dictamen negativo sobre la evaluación de impacto de la propuesta relativa a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, el Comité de Control Reglamentario llegó a la conclusión de que el informe no abogaba por la actuación de la UE y no evaluaba adecuadamente la proporcionalidad de las opciones. El informe revisado recibió un segundo dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario. El Comité consideró que el informe no abogaba por un nuevo derecho de portabilidad de los servicios en la nube. El Colegio aprobó la iniciativa sin las disposiciones que establecían la obligatoriedad de la portabilidad de los servicios en la nube, aunque sí preveía medidas de autorregulación. Como demuestran estos ejemplos, en 2017 el Comité de Control Reglamentario contribuyó a mejorar el análisis de cómo las propuestas respetan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, facilitando así información esencial para el proceso de toma de decisiones políticas de la Comisión. Evaluaciones y controles de adecuación La subsidiariedad y la proporcionalidad resultaron también esenciales para las evaluaciones y controles de adecuación retrospectivos, que evalúan si las acciones europeas están dando los resultados esperados en términos de eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y si el valor añadido europeo sigue presente. En 2017, la Comisión publicó setenta y dos evaluaciones y controles de adecuación (evaluaciones de ámbitos de actuación más amplios). Se publicaron tres controles de adecuación; uno sobre el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) y la etiqueta ecológica de la UE, otro sobre política de los consumidores y otro sobre obligaciones de presentación de informes en el ámbito del medio ambiente. El Comité de Control Reglamentario examinó diecisiete evaluaciones principales y controles de adecuación en 2017. En este sentido, el Comité recomendó mejoras en la categoría de «pertinencia y valor añadido para la UE» en siete casos, en particular sobre el programa LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la UE) y la legislación alimentaria general . De este modo, ha contribuido a mejorar el análisis del modo en que las evaluaciones y los controles de adecuación tuvieron en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2.2. Seguimiento de los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales En 2017, la Comisión recibió cincuenta y dos dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales sobre el principio de subsidiariedad, lo que supone un 20 % menos que los sesenta y cinco dictámenes motivados recibidos en 2016 y corresponde a un menor número total de dictámenes recibidos en 2017. La proporción de dictámenes motivados en comparación con el número total de dictámenes recibido en 2017 también descendió del 10,5 % en 2016 al 9 % en 2017. Entre los cincuenta y dos dictámenes motivados recibidos en 2017, veinticuatro de ellos se concentraban en cuatro propuestas de la Comisión. La propuesta que dio lugar al mayor número de dictámenes motivados fue la propuesta sobre el mercado interior de la electricidad,que generó once dictámenes motivados. Dos propuestas legislativas del denominado «paquete de servicios» recibieron un total de nueve dictámenes motivados y la propuesta sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores recibió cuatro dictámenes motivados. Otras propuestas recibieron entre uno y tres dictámenes motivados. Los casos en que la Comisión ha recibido el mayor número de dictámenes motivados se describen con más detalle en el capítulo 3. El descenso del número total de dictámenes motivados emitidos en 2017 coincidió con un descenso similar del número de dictámenes motivados emitidos por cámara. Diecinueve de las cuarenta y una cámaras emitieron dictámenes motivados en 2017 (en 2016 habían sido 26). Los dictámenes motivados fueron emitidos por el Poslanecká sněmovna checo (1), las Cortes Generales españolas (2), el Dáil and Seanad Éireann irlandés (3), el Bundestag alemán (6), el Bundesrat alemán (3), el Sénat francés (7), la Assemblée nationale (2) francesa, el Senato della Repubblica italiano (1), el Országgyűlés húngaro (2), la Eerste Kamer neerlandesa (2), la Tweede Kamer neerlandesa (2), el Bundesrat austríaco (6), el Senat polaco (4), el Sejm polaco (2), la Camera Deputaților rumana (1), el Senatul rumano (2), el Riksdag sueco (4) y la House of Commons británica (2). 2.3. Parlamento Europeo En 2017, el Parlamento Europeo recibió formalmente 421 documentos de Parlamentos nacionales en virtud del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. De estos, cuarenta y nueve eran dictámenes motivados, mientras que los 372 restantes eran contribuciones (no planteaban asuntos relacionados con el cumplimiento del principio de subsidiariedad). En comparación, en 2016 se remitieron al Parlamento Europeo 76 dictámenes motivados y 333 contribuciones. La proporción entre los dictámenes motivados y las contribuciones sigue siendo reducida, lo que indica que los Parlamentos nacionales consideran el mecanismo de control de la subsidiariedad un medio constructivo adicional para expresar sus opiniones e inquietudes. Todas las observaciones de los Parlamentos nacionales están disponibles en CONNECT, la base de datos de documentos de los Parlamentos nacionales del Parlamento Europeo. De conformidad con el anexo V del Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Jurídicos es la comisión parlamentaria con responsabilidad horizontal respecto a la observancia del principio de subsidiariedad. Cada seis meses, un miembro de dicha Comisión es nombrado ponente permanente para la subsidiariedad en un sistema de rotación entre los grupos políticos. La Sra. Mady DELVAUX (Grupo S&D/Luxemburgo) fue designada ponente permanente durante el primer semestre de 2017, y le sucedió la Sra. Laura FERRARA (Grupo EFDD/Italia) en el segundo semestre del año. El ponente realiza un seguimiento de los dictámenes motivados recibidos y puede proponer los asuntos planteados para su debate en la comisión y para posibles recomendaciones a la comisión competente en cuanto al fondo del asunto de la propuesta. La Comisión de Asuntos Jurídicos también elabora periódicamente un informe sobre el informe anual de la Comisión sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. La Sra. Mady DELVAUX fue nombrada ponente para el informe de propia iniciativa del Parlamento sobre los informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. El Parlamento aprobó la resolución sobre el informe de propia iniciativa del Parlamento relativo a los informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad en su pleno de 18 de abril de 2018. La comisión contribuye asimismo a los informes semestrales elaborados por la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC) sobre cuestiones relacionadas con la subsidiariedad. La Comisión de Asuntos Jurídicos es competente para garantizar el respeto del principio de proporcionalidad, que tiene en cuenta a la hora de desempeñar su tarea de comprobar la base jurídica de las propuestas y en el ejercicio de su responsabilidad de legislar mejor. Además, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo siguió prestando asistencia al Parlamento Europeo a la hora de tener en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en su trabajo: ·analizando sistemáticamente los aspectos de subsidiariedad y proporcionalidad en las evaluaciones de impacto de la Comisión y prestando atención a las preocupaciones expresadas a este respecto, en particular por parte de los Parlamentos nacionales y el Comité Europeo de las Regiones; ·garantizando que estos principios se respetan plenamente en el trabajo del Parlamento Europeo, por ejemplo a la hora de llevar a cabo evaluaciones de impacto de sus propias modificaciones significativas o analizando el valor añadido de las propuestas del Parlamento para la nueva legislación, sobre la base del artículo 225 del TFUE, y el coste de la inacción a escala de la UE; y

·examinando los aspectos de subsidiariedad y proporcionalidad a la hora de elaborar las evaluaciones de impacto, centrándose en el valor añadido de la UE con relación a las acciones o el gasto nacional. En 2017, el Parlamento Europeo elaboró cuarenta y dos valoraciones iniciales, dos evaluaciones de impacto de enmiendas parlamentarias significativas, once evaluaciones de impacto ex post y cinco documentos de aplicación de las intervenciones relacionados con esta cuestión. Además, completó tres informes sobre el coste de la no Europa y dos evaluaciones del valor añadido europeo. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo también controla la aplicación y la eficacia de la legislación vigente de la UE siempre que la Comisión anuncia en su programa de trabajo anual que se modificará dicha normativa. En 2017, se elaboraron unas veintiséis «evaluaciones de la aplicación».



2.4. Consejo de la Unión Europea En virtud del artículo 4 del Protocolo n.º 2 de los Tratados, el Consejo debe remitir a los Parlamentos nacionales todos los proyectos de actos legislativos que tengan su origen en un grupo de Estados miembros, en el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones. Como corolario de dicha obligación, en virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2, el Consejo debe remitir a los Estados miembros que lo propongan todo dictamen procedente de un Parlamento nacional sobre propuestas legislativas que procedan de un grupo de Estados miembros. Del mismo modo, el Consejo remite a la institución correspondiente los dictámenes de los Parlamentos nacionales sobre propuestas legislativas que provengan del Tribunal de Justicia, del Banco Central Europeo o del Banco Europeo de Inversiones. El 27 de julio de 2017, el Consejo remitió a los Parlamentos nacionales la recomendación del Banco Central Europeo relativa a una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Además de las obligaciones que le atribuye el Tratado, el Consejo también mantiene informados a los Estados miembros de los dictámenes de los Parlamentos nacionales sobre las propuestas legislativas de la Comisión. En 2017, la Secretaría del Consejo distribuyó a las delegaciones treinta y ocho dictámenes motivados recibidos en el marco del Protocolo n.º 2 y doscientos veinte dictámenes emitidos en el marco del diálogo político. 2.5. Comité Europeo de las Regiones El año 2017 estuvo marcado por un amplio debate sobre el futuro de Europa, en el que el Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de aplicar de forma eficaz los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En el marco de su quinto Programa de trabajo sobre la subsidiariedad, el Comité supervisó tres iniciativas seleccionadas del Programa de Trabajo de la Comisión de 2017 con especial atención. Además, el Comité evaluó el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de todas las propuestas legislativas sobre las que emitió dictámenes. En 2017, el Comité Europeo de las Regiones emitió quince dictámenes sobre propuestas legislativas. Para la mayoría de ellas, el Comité consideró que se cumplían los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En dos dictámenes, el Comité planteó dudas que eran pertinentes en materia de seguimiento de la subsidiariedad y la proporcionalidad. El dictamen sobre el «paquete de servicios» señaló «posibles interferencias en procedimientos legislativos nacionales» y subrayó que «las propuestas para la tarjeta electrónica de servicios, el procedimiento de notificación y el test de proporcionalidad impondrán cargas administrativas adicionales considerables». El dictamen de la comisión sobre el pilar europeo de derechos sociales y el documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa subrayaron que la dimensión local y regional de las políticas sociales debía tenerse en cuenta correctamente. En el marco del programa de trabajo sobre la subsidiariedad, se consultó al Grupo de Expertos sobre la Subsidiariedad a propósito de tres iniciativas. Con respecto a la propuesta de Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Europea, los expertos consideraron que las nuevas propuestas sobre condiciones e instrumentos financieros repercuten considerablemente en sus beneficiarios y el contenido y el procedimiento de la aplicación de la política sobre el terreno. Asimismo, las autoridades nacionales y regionales de gestión mostraron una gran preocupación en torno a las propuestas. El dictamen señalaba que «no se ha realizado ninguna evaluación de impacto y que los datos presentados no constituyen una justificación en términos de proporcionalidad». Asimismo, en el dictamen, «la comisión cuestiona la evaluación de la Comisión Europea en la que se establece que la propuesta legislativa es competencia exclusiva de la Unión, habida cuenta de que las propuestas sobre los actos legislativos sectoriales hacen algo más que armonizar el texto con las nuevas normas financieras aplicables a la Unión». La segunda consulta se refería al paquete conocido como «Energía limpia para todos los europeos». Con respecto a la gobernanza de la Unión de la Energía, los participantes subrayaron que, especialmente en el caso de países federales con numerosas partes interesadas que participan en la aplicación, los plazos propuestos son demasiado estrictos y no son compatibles con el proceso de coordinación que se emplea en los Estados federales. El dictamen del Comité Europeo de las Regiones no suscitó inquietudes en lo que se refiere a la subsidiariedad, sino sobre la proporcionalidad, «ya que el sistema de gobernanza propuesto se considera demasiado complejo y detallado e impone una frecuencia demasiado estricta para presentar informes. El Comité Europeo de las Regiones habría preferido que el sistema de gobernanza se hubiera introducido mediante una Directiva en lugar de un Reglamento, lo que habría permitido que los entes regionales en los países federales participaran de forma adecuada». Con respecto a las propuestas sobre eficiencia energética y rendimiento energético de los edificios, en su dictamen la comisión compartía los puntos planteados por los participantes en la consulta y señala que la base jurídica aportada, el artículo 194 del TFUE, no incluye medidas para luchar contra la pobreza energética que «deben basarse en el artículo 151 del TFUE». La comisión se «opuso a la introducción del indicador de inteligencia mediante un acto delegado». El dictamen demostró que ambas propuestas cumplían con el principio de proporcionalidad. El dictamen de la comisión sobre Energías Renovables y mercado interior de la electricidad demostró el cumplimiento del principio de subsidiariedad y señaló la necesidad de «un análisis más en profundidad» para la evaluación del cumplimiento del principio de proporcionalidad. Por último, se consultó al Grupo de Expertos sobre la Subsidiariedad sobre la propuesta relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. También se recibieron algunas posiciones sobre la plataforma REGPEX –la subred de la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad abierta a los Parlamentos y gobiernos de las regiones con competencias legislativas– que señalaban que las medidas propuestas no son necesarias y que los acuerdos y las medidas nacionales que se aplican actualmente son suficientes. El dictamen sobre esta propuesta demostró que se cumplían los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. No obstante, el dictamen destacaba que «la actuación de la Unión debe dejar el mayor margen posible para las decisiones de los particulares y las decisiones nacionales, ya que tradicionalmente en la práctica este ámbito está regulado, tanto a nivel europeo como nacional, por los interlocutores sociales» El uso de REGPEX –un sistema de alerta temprana para las autoridades regionales con competencias legislativas y una fuente de información e intercambio entre los gobiernos y los Parlamentos nacionales en la elaboración de sus análisis de subsidiariedad– aumentó en 2017. Se cargaron en la plataforma un total de sesenta y seis contribuciones presentadas por socios de REGPEX. El Consejo Federal de Austria, el Gobierno del Estado federado de Baja Austria, la Asamblea Legislativa Regional de Emilia-Romaña y el Parlamento del Estado de Turingia se encontraban entre los socios más activos. Con arreglo al Protocolo n.º 2 de los Tratados, los Parlamentos regionales contribuyen al control del principio de subsidiariedad que llevan a cabo los Parlamentos nacionales. Antes de emitir un dictamen motivado sobre un proyecto de acto legislativo, corresponde a cada Parlamento nacional consultar a los Parlamentos regionales con competencias legislativas cuando corresponda. La 8.a Conferencia sobre la subsidiariedad interinstitucional, organizada conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones y el Consejo Federal de Austria, que se celebró en Viena el 4 de diciembre de 2017, resultó un gran evento sobre la subsidiariedad, con más de doscientos participantes de diferentes instituciones nacionales y de la UE que representaban todos los niveles de gobernanza. Dentro de las conclusiones principales se señaló que el significado del principio de subsidiariedad no siempre se comunica de forma clara a los ciudadanos y que no se puede lograr una mayor aceptación de las políticas sin una aplicación correcta de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2.6. Tribunal de Justicia de la Unión Europea En 2017 el Tribunal de Justicia dictó sentencias significativas sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en las que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia consideraron que el legislador de la Unión había respetado dichos principios. En el asunto Alemania/Comisión de 3 de abril de 2017 sobre la legalidad de la Decisión (UE) n.º 2015/2098 de la Comisión por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agrícola y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural , el Tribunal General consideró que no se ha demostrado que la Comisión invadiera su ámbito de competencia a raíz de la aplicación del principio de subsidiariedad. El Tribunal General subrayó que «la división de funciones entre la Comisión y las autoridades alemanas implica que a estas últimas se les encomienda la redacción de las normas nacionales pertinentes que regulan la subvencionabilidad de los gastos [...] la Comisión debe verificar si las autoridades alemanas cumplen sus obligaciones en este ámbito, sin que ello confiera a la Comisión potestad para imponer normas concretas sobre la legislación nacional relativas al procedimiento de consolidación y renovación de poblaciones rurales» . El asunto Sotiropoulou y otros/Consejo de 3 de mayo de 2017 se refería a una solicitud de compensación con arreglo al artículo 268 del TFUE con respecto a las pérdidas y los perjuicios sufridos por los demandantes a raíz de la drástica reducción de sus pensiones principales en Grecia. Las decisiones impugnadas se refieren, entre otras cosas, al establecimiento de detalladas intervenciones, políticas y medidas en el sistema de seguridad social y de pensiones. El Tribunal General consideró que las decisiones dirigidas a un Estado miembro con vistas a poner remedio a una situación de déficit excesivo no vulnera el principio de subsidiariedad que se contempla en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, y tampoco el principio de atribución. Estas decisiones se adoptaron con el fin de reforzar el control presupuestario y alertaban a los Estados miembros a tomar «medidas para alcanzar la reducción del déficit necesaria a fin de poner remedio a la situación de déficit excesivo» . El asunto Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banco Central Europeo de 16 de mayo de 2017 se refería a un recurso de anulación, en virtud del artículo 263 del TFUE, interpuesto por un banco alemán de inversión y desarrollo contra una decisión del Banco Central Europeo que clasificó el banco alemán como «entidad significativa». En consecuencia, el demandante fue objeto de supervisión directa del Banco Central Europeo en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. El demandante alegó que, habida cuenta de su bajo perfil de riesgo, podría haber sido supervisado adecuadamente por las autoridades nacionales competentes. El Tribunal General recordó que el principio de subsidiariedad se aplica únicamente en los ámbitos que no pertenecen a la competencia exclusiva de la UE . En ese sentido, el Tribunal General consideró que, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1024/2013 (el Reglamento de base), el Banco Central Europeo tenía competencia exclusiva , lo que llevó a la conclusión de que el principio de subsidiariedad no era pertinente . En la misma sentencia, el Tribunal General también consideró que no se había vulnerado el principio de proporcionalidad, dado que los actos adoptados por el Banco Central Europeo eran adecuados para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la legislación. El Banco Central Europeo decidió ejercer su supervisión directa con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013, que no exige la demostración caso por caso de que sus objetivos puedan ser alcanzados mediante la supervisión directa de las autoridades nacionales. El asunto República Eslovaca y Hungría contra Consejo de la Unión Europea de 6 de septiembre de 2017 se refiere a la proporcionalidad de la decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo de reubicación con respecto a los nacionales de terceros países que entraron de manera irregular en Grecia e Italia en julio y agosto de 2015. El Tribunal de Justicia señaló que las medidas impugnadas, adoptadas en el ámbito de la política común de la Unión Europea en materia de asilo, conllevan decisiones esencialmente políticas y evaluaciones complejas que además deben realizarse en un corto espacio de tiempo a fin de proporcionar una respuesta rápida y concreta a una «situación de emergencia» en el sentido de dicha disposición. En ese contexto, confirmó que la decisión impugnada era adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo que perseguía. «El Consejo podía justificadamente considerar, dentro del amplio margen de apreciación que a este respecto debe reconocérsele, que era necesario que el reparto de las personas reubicadas fuera imperativo habida cuenta de la situación de emergencia particular en la que debía adoptarse la Decisión impugnada» . Asimismo, la existencia de diversos mecanismos de ajuste que aparece en la decisión impugnada demostró que el mecanismo de reubicación que contempla la decisión impugnada permite, por lo general, que los Estados miembros tengan en cuenta de manera proporcionada la situación particular de cada Estado miembro. 3. Principales casos que plantearon dudas en cuanto al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 3.1. Propuestas que recibieron el mayor número de dictámenes motivados en 2017 Este capítulo presenta las cuatro propuestas legislativas que recibieron más de cuatro dictámenes motivados en 2017. En la medida en que forman parte de paquetes más grandes, se describen de forma más completa en el informe anual sobre las relaciones con los Parlamentos nacionales. ·Propuesta relativa al mercado interior de la electricidad El 30 de noviembre de 2016 la Comisión presentó un paquete conocido como «Energía limpia para todos los europeos», cuyo objetivo era preparar el mercado de la electricidad para la flexibilidad, la descarbonización y la innovación proporcionando señales de mercado no distorsionadas y que se componía de ocho propuestas legislativas, cuatro de las cuales se refieren al suministro de electricidad. En relación con la propuesta de Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad, la Comisión recibió once dictámenes motivados con argumentos diversos. Algunas cámaras parlamentarias afirmaron que la propuesta afectaría negativamente a la posibilidad de que los Estados miembros garantizasen la seguridad del suministro eléctrico. A otros les preocupaban las competencias adicionales transferidas a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, mientras que a otros les preocupaba que la propuesta afectase al derecho de los Estados miembros de decidir su propia combinación energética. Por último, algunos Parlamentos se mostraron críticos con las disposiciones de la propuesta sobre la configuración de zonas de oferta, la propuesta de creación de centros operativos nacionales diseñados para actuar en interés de las regiones, o la capacidad de la Comisión para adoptar actos delegados que figura en la propuesta. En sus respuestas a las preocupaciones en materia de subsidiariedad mostradas por los Parlamentos nacionales, la Comisión subrayó que las propuestas del paquete energético respetan plenamente los derechos y las prerrogativas de los Estados miembros con arreglo a los Tratados para decidir su propia combinación energética. Alegó que las enmiendas propuestas eran necesarias para alcanzar el objetivo de un mercado europeo de la electricidad integrado que, desde una perspectiva práctica y legal, no podía lograrse a escala nacional de un modo igualmente eficaz. También afirmó que pudo comprobarse que las intervenciones nacionales aisladas habían producido retrasos en la aplicación del mercado interior de la energía que han desembocado en medidas reglamentarias inadecuadas e incompatibles, duplicaciones innecesarias de intervenciones y retrasos en la corrección de las ineficiencias del mercado. Con respecto a las configuraciones de las zonas de oferta, la Comisión subrayó que la actual legislación de la UE fija requisitos fundamentales sobre las diferentes zonas. Con respecto a los centros operativos regionales, la Comisión subrayó la necesidad de crear entes regionales que actúen de manera independiente en interés de toda una región a fin de evitar soluciones poco eficientes debido a la falta de acuerdo entre los operadores de las redes de transmisión. ·Dos propuestas del Paquete de servicios En el marco del denominado «Paquete de servicios», que contiene una Comunicación y cuatro propuestas legislativas y que se presentó el 10 de enero de 2017 con el objetivo de aprovechar todo el potencial del Mercado Único, la Comisión adoptó i) una propuesta de Directiva por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios y ii) una propuesta de Directiva sobre la mejora de la notificación de los proyectos de ley nacionales sobre servicios, que generaron un total de nueve dictámenes motivados. La propuesta sobre un procedimiento de notificación pretende autorizar a las autoridades europeas y a los Estados miembros para que planteen posibles dudas sobre incompatibilidades legales entre la legislación de la UE y la legislación nacional en una fase temprana de la elaboración de leyes a escala nacional. La propuesta sobre la evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre servicios profesionales tiene por objeto garantizar que los Estados miembros realicen un test de proporcionalidad exhaustivo y transparente antes de establecer las normas nacionales sobre servicios profesionales. Con respecto a la propuesta por la que se establece un procedimiento de notificación, los Parlamentos nacionales expresaron su inquietud de que otorgaría a la Comisión y a otros Estados miembros el derecho a interferir en los procedimientos legislativos nacionales, con plazos suspensivos que podrían provocar retrasos considerables, por lo que suponían una invasión considerable de la soberanía nacional. Con respecto a la propuesta relativa al establecimiento de un test de proporcionalidad, los Parlamentos alegaron que la iniciativa suponía un obstáculo adicional e innecesario para la legislación nacional, que la actuación de la UE en materia de salud pública y turismo solo debía complementar las actuaciones nacionales y que la propuesta generaría un grado de armonización contrario a las disposiciones del Tratado en materia de salud, transporte y turismo.