Propuestas de DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por las que se refunden la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio y la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito /* COM/2004/0486 final */





ES || COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 14.7.2004 COM(2004) 486 final. 2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Volumen I Propuestas de DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por las que se refunden la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio y la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (presentadas por la Comisión) {SEC(2004) 921} EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. OBSERVACIONES GENERALES El establecimiento de un mercado financiero único en la UE será un factor fundamental de impulso a la competitividad de la economía europea y a la reducción de los costes de capital para las empresas. En el Plan de acción en materia de servicios financieros se anunciaba para 2004 una Directiva que recogería nuevas normas de adecuación del capital de las entidades de crédito y las empresas de inversión en consonancia con los avances del G-10 en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria[1]. El acuerdo alcanzado en 1988 por el Comité de Basilea del G-10 sobre Supervisión Bancaria en torno al denominado Acuerdo de Basilea (Basilea I) llevó a la adopción de exigencias mínimas de capital en más de 100 países[2]. El hecho coincidió prácticamente con la adopción de una serie fundamental de Directivas de la UE (la Directiva 89/299/CEE, de 17.4.1989, sobre fondos propios y la Directiva 89/647/CEE, de 18.12.1989, sobre el margen de solvencia, consolidadas por la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20.3.2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio). Estas Directivas contemplaban los riesgos que para las entidades de crédito se derivan de las actividades de concesión de créditos. La Directiva 93/6/CEE de 15.3.1993 sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito hizo extensivas a las empresas de inversión las normas tanto sobre riesgo de crédito como sobre riesgo de mercado. 1) Necesidad de mejora de la normativa europea Las normas actuales supusieron una importante contribución al mercado único y dotaron de gran rigor a la normativa prudencial. Sin embargo, se han puesto de manifiesto una serie de graves deficiencias. 1. Las estimaciones someras de los riesgos de crédito ofrecen una medida sumamente rudimentaria del riesgo y corren el riesgo de caer en descrédito. 2. Margen para el arbitraje de capital: las innovaciones en los mercados han permitido a las entidades financieras aprovecharse en la práctica de las discordancias entre la distribución del capital por riesgos que ellas mismas efectúan y las exigencias mínimas de capital. 3. Falta de reconocimiento de la reducción eficaz de riesgos: las actuales Directivas no ofrecen niveles adecuados de reconocimiento de las técnicas de reducción de riesgos. 4. Cobertura incompleta de los riesgos en las Directivas vigentes, y, en particular, del riesgo operativo, que no está sujeto a requisito alguno en materia de capital. 5. Ausencia del requisito de que los supervisores evalúen el perfil real de riesgo de las entidades de crédito a fin de comprobar que mantengan un capital que se corresponda con dicho perfil. 6. Ausencia de requisitos sobre cooperación en la supervisión: en un mercado cada vez más transfronterizo, las autoridades deben colaborar eficazmente entre sí en la supervisión de los grupos transfronterizos a fin de reducir las trabas reglamentarias. 7. Ausencia de información adecuada sobre el mercado: las Directivas vigentes no contribuyen a una eficaz disciplina de mercado y a que los operadores puedan disponer de información fiable que les permita realizar evaluaciones bien fundadas. 8. Falta de flexibilidad del marco reglamentario: el actual régimen de la UE no tiene flexibilidad suficiente para seguir la rápida evolución de los mercados financieros y las prácticas de gestión del riesgo, ni las mejoras en los instrumentos reglamentarios y de supervisión. ¿Qué ocurriría en caso de dejarse las cosas “tal cual”? El consenso es amplio en torno a lo insostenible de la situación actual. Si se mantuviera, seguirían existiendo discordancias entre las exigencias de capital y los riesgos, lo que limitaría la eficacia de las normas prudenciales e incrementaría los riesgos para los consumidores y para la estabilidad financiera. Seguirían sin contemplarse plenamente los riesgos que asumen algunas entidades financieras. Por otra parte, no se impulsarían ni se reconocerían activamente las técnicas más modernas y eficaces de gestión de riesgos, y los grupos de servicios financieros que operan en más de un Estado miembro seguirían sujetos a trabas desproporcionadas debido a la multiplicidad de niveles de reglamentación y supervisión. Por último, la UE no podría disfrutar plenamente de los beneficios de la futura evolución debido a las dificultades a la hora de actualizar con rapidez el marco reglamentario vigente. Dada la propuesta de aplicación del nuevo Acuerdo de Basilea con carácter mundial, el sector de servicios financieros de la UE se vería en clara desventaja con respecto a sus competidores de ultramar. 2) El planteamiento de la Directiva En 1998, la Comisión afirmaba, en su Plan de acción en materia de servicios financieros, que la Unión precisaba de unas normas prudenciales precisas, coherentes con los marcos internacionales y actualizadas. Dichas normas debían, además, ser proporcionales al reconocer la reducción del riesgo en función del contexto en que se contrajeran las exposiciones, en particular en caso de préstamo a consumidores y a pequeñas o medianas entidades. Las normas debían aplicarse tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión (igualdad de condiciones de competencia), además de ser proporcionales y atender plenamente a la “biodiversidad” de entidades financieras en la Unión. 2. Consultas y evaluación de impacto a) Consultas a las partes y terceros interesados La Comisión viene celebrando consultas con las partes y los terceros interesados desde noviembre de 1999. El 22 de noviembre de 1999, el 5 de febrero de 2001 y el 1 de julio de 2003, respectivamente, se publicaron tres extensos documentos de consulta. El 18 de noviembre de 2002 tuvo lugar un diálogo exhaustivo y estructurado con los interesados. Se han publicado documentos de consulta sobre aspectos técnicos concretos (sobre bienes raíces y bonos garantizados el 7 de abril de 2003, sobre “pérdidas esperadas e inesperadas” el 26 de noviembre de 2003 y sobre empresas de inversión colectiva el 3 de febrero de 2004). En general, los participantes se mostraron muy favorables a los principales objetivos del proyecto. Se apoya una mayor sensibilidad al riesgo, que contribuya a una mayor flexibilidad financiera, y se subraya la necesidad acuciante de actualizar las normas, responder ante los considerables avances de las técnicas de medición y gestión de riesgos en los servicios financieros y reflejar la evolución registrada en materia reglamentaria y de supervisión. Hay un amplio respaldo al planteamiento de la Comisión, según el cual el marco de capital de la UE debe revisarse de modo que sea coherente con el nuevo marco internacional sin por ello dejar de diferenciarse, cuando sea necesario, en función de los rasgos propios de la Unión. Instituciones menos complejas Existe un amplio y decidido apoyo a la aplicación de las nuevas normas en Europa a todas las entidades de crédito y prestadores de servicios de inversión con independencia de su complejidad y carácter jurídico, así como a la idea de evitar la aparición de entidades “de segunda clase” que queden excluidas, pues se considera que el nuevo marco propuesto está concebido de forma ideal para su aplicación generalizada. Flexibilidad de la nueva directiva Se mantiene el amplio y firme apoyo al planteamiento propuesto, cuyo objetivo es garantizar que el nuevo marco reaccione en caso de innovación en el mercado y en el ámbito de la supervisión a fin de mantener un sector de servicios financieros de la UE que presente un máximo de eficacia y competitividad. Los interesados respaldan el enfoque consistente en que los artículos sienten una serie de principios y objetivos duraderos que, a su vez, establezcan el mandato de elaborar disposiciones más técnicas y detalladas para su inclusión en los anexos. El procedimiento de modificación de los anexos debe garantizar una consulta plena y efectiva con los interesados. Empresas de inversión Se han introducido modificaciones de importancia en respuesta a la inquietud manifestada por algunas empresas de inversión que temían verse sometidas a unas exigencias de capital a su juicio más propias de las entidades de crédito. Complejidad Algunos participantes en las consultas abogaban por una mayor simplificación y un carácter menos prescriptivo de la propuesta. Como respuesta, la Comisión ha aumentado el grado de claridad y accesibilidad del texto. Su estructura resultará atractiva para las entidades que deseen aplicar normas sencillas o que pretendan ir avanzando hacia unas normas de capital más complejas de manera gradual. El nuevo marco propuesto ofrece diversas opciones y métodos, con grados de complejidad diferentes. Desde 1999 vienen también celebrándose consultas sobre aspectos de detalle. La propuesta atiende a una serie de observaciones sumamente útiles y pormenorizadas de los interesados y, en particular, del sector de las entidades bancarias y de inversión. b) Evaluación de impacto Se ha efectuado una amplia evaluación del impacto a fin de determinar si es precisa una intervención en el ámbito de la UE y, en ese caso, qué medidas son necesarias. El Comité de Basilea ha publicado un estudio de impacto cualitativo (QIS3) en el que las entidades de crédito de 40 países analizan las consecuencias de las nuevas propuestas de Basilea para las exigencias mínimas de capital aplicables a los bancos. Con ayuda de la Comisión, el estudio se ha hecho extensivo a los países de la UE no representados en Basilea. Su principal conclusión es que, en general, las nuevas normas supondrían para las entidades de crédito de la Unión una reducción de las exigencias de capital de alrededor de un 5% con respecto a los niveles actuales. Por otra parte, se concluye que los resultados de los diferentes métodos son acordes con los objetivos y, en particular, con el de combinar la neutralidad en materia de capital con los incentivos oportunos para que las entidades adopten métodos más avanzados. Por último, las pequeñas entidades de crédito nacionales que adopten el método simplificado deberán cumplir exigencias de capital ligeramente inferiores; las grandes entidades que operan en el ámbito internacional no apreciarán, al adoptar el método más avanzado, cambios sustanciales; y las entidades de la UE de menores dimensiones, pero especializadas y avanzadas, que adopten el método avanzado deberán cumplir exigencias de capital considerablemente inferiores a los que se les imponen en la actualidad. Cabe destacar que la principal fuente de esta reducción será la cartera “minorista”, principalmente compuesta por préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME) de cuantía inferior a un millón de euros y préstamos hipotecarios a particulares. La nueva exigencia de capital sobre el riesgo operativo será en gran medida lo que contrarrestará la disminución de las exigencias de capital para las entidades de crédito. Por otra parte, y a instancias del Consejo Europeo de Barcelona, la Comisión ha encargado un estudio sobre las consecuencias del proyecto de nuevas exigencias de capital para las entidades de crédito y las empresas de inversión de la UE[3]. La versión final del informe, elaborado por PricewaterhouseCoopers, es positiva en cuanto a las repercusiones (tan sólo dos aspectos son objeto de crítica, y ambos se abordan en las propuestas de la Comisión)[4]. Su conclusión principal es que el nuevo marco de exigencias de capital será positivo para la Unión y para su normativa prudencial. Las exigencias de capital para las entidades de crédito de la UE disminuirán en torno al 5% (90 millones de euros), lo que se traducirá en un aumento anual de los beneficios del orden de 10 a 12 millones de euros. Las entidades de crédito más pequeñas no se verán en desventaja, y nada indica que el nuevo régimen vaya a provocar fusiones o concentraciones. La decisión de que la Directiva se aplique a todas las entidades de crédito no supondrá una desventaja competitiva para las empresas de la UE, como tampoco constituye un factor de importancia a efectos de competencia la decisión de Estados Unidos de aplicar únicamente los métodos avanzados a unas 20 grandes entidades. Los costes de aplicación para las entidades de crédito de la UE no sólo se derivan de Basilea II, sino que buen número de las inversiones (quizás hasta un 80%) se habrían efectuado de todas formas, si bien a lo largo de un periodo más prolongado. Cabe resaltar que en la mayoría de los Estados miembros de la UE no habrá repercusiones negativas para la disponibilidad y los costes de financiación de las PYME (los efectos “procíclicos” son inferiores –en número e intensidad– a los ocasionados por las normas vigentes). Los temores de las PYME obedecen a una insuficiente información y comprensión de Basilea II. Los efectos macroeconómicos de Basilea II para la economía de la Unión son escasos; podría producirse un impacto benigno en el lado de la demanda, que reduciría el coste de capital para las empresas y generaría un aumento del 0,07% del PIB de la UE. En general, el nuevo marco de capital reducirá la vulnerabilidad del sistema bancario, y a largo plazo una mayor conciencia y mejor gestión de los riesgos, unidos a una asignación más eficaz del capital, tendrán efectos beneficiosos para la economía de la Unión. 3. Fundamento jurídico Las propuestas se basan en el apartado 2 del artículo 47 del Tratado, fundamento jurídico que permite adoptar medidas comunitarias con vistas a realizar el mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. El instrumento por el que se ha optado es una Directiva, por tratarse del más adecuado para alcanzar los objetivos; se modifica una serie de directivas vigentes que contemplan las mismas cuestiones técnicas. Sus disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se persiguen. 4. Comentarios sobre los artículos Las propuestas recurren a la “técnica de refundición” (Acuerdo Interinstitucional 2002/C 77/01), que permite introducir modificaciones importantes en la legislación vigente sin necesidad de adoptar para ello una nueva directiva. De este modo se reduce la complejidad, y la legislación de la UE resulta más accesible y comprensible. En buen número de disposiciones se introducen modificaciones de carácter no sustantivo a fin de mejorar la estructura, redacción y legibilidad de las directivas. A. Directiva 2000/12/CE Artículo 4: Definiciones En el artículo 4 se introduce una serie de nuevas definiciones de conceptos fundamentales a fin de clarificar su significado y contribuir a una mejor comprensión. Artículo 22: La redacción actual se ha modificado a fin de clarificar y desarrollar la obligación de que las entidades de crédito dispongan de sistemas internos eficaces de gestión de riesgos. Dada la variedad de entidades de crédito a las que se aplican, estos requisitos deberán cumplirse de manera proporcional. Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo V. Artículos 56-67: Estos artículos introducen algunos cambios. Si bien no se pretende revisar la definición de “fondos propios”, la modificación del método de tratamiento de las pérdidas esperadas en el Comité de Basilea (“decisión de Madrid”) ha hecho necesario introducir algunas modificaciones. Artículos 68-75: Las entidades de crédito deben poseer en todo momento fondos propios suficientes y declarar su nivel mínimo. Se especifica el modo en que deberán cumplirse estos requisitos cuando la entidad forme parte de un grupo (se mantiene, aunque con mayor grado de precisión, la posibilidad de que las autoridades de los Estados miembros puedan renunciar a la aplicación de determinados requisitos). Se clarifica el cálculo de las exigencias en vista de la introducción del Reglamento (CE) nº 1606/2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad. Artículos 76-101: Se sustituyen los requisitos vigentes en materia de coeficiente de solvencia para el riesgo de crédito y se introducen dos métodos de cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo. El Método estándar (artículos 78-83) se basa en el marco vigente, en el cual la ponderación de riesgos se determina en función de la asignación de los activos y las partidas fuera de balance a un número limitado de grados de riesgo. Se incrementa la sensibilidad al riesgo mediante la introducción de un mayor número de tipos de exposiciones y grados de riesgos (artículo 79). Se establecen ponderaciones de riesgo más bajas para los elementos al por menor no hipotecarios (75%) y las hipotecas sobre bienes residenciales (35%). Se introduce una ponderación de riesgo del 150% para los activos en situación de mora a 90 días (100% para préstamos hipotecarios residenciales). Se permite el uso de calificaciones procedentes de agencias de calificación cuando estén disponibles (“calificaciones externas”) (artículos 81-83). Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo VI. El Método basado en las calificaciones internas (“método IRB”) (artículos 84-89) permite a las entidades de crédito emplear sus propias estimaciones de los parámetros de riesgo inherentes a sus distintos tipos de riesgo de crédito. Estos parámetros constituyen los argumentos para un cálculo prescrito cuyo objetivo es alcanzar un grado de fiabilidad del 99,9%. El Método “básico” permite a las entidades de crédito emplear sus propias estimaciones sobre probabilidad de impago, mientras que para los demás componentes del riesgo se utilizan valores prescritos. Mediante el Método “avanzado”, las entidades de crédito podrán hacer uso de sus propias estimaciones de pérdidas en caso de impago y exposición en el momento del impago. Las entidades de crédito podrán emplear datos agrupados para estimar los valores de los parámetros de riesgo. Esto permitirá a las entidades más pequeñas aplicar un método más sensible al riesgo a la hora de calcular las exigencias de capital. Las propuestas de normas de aplicación por etapas (“roll out”) (artículo 85) del método IRB ofrecen flexibilidad a las entidades de crédito para trasladar distintas líneas de negocio y tipos de exposiciones al método IRB básico o al método IRB avanzado en un plazo razonable. Se permite su aplicación “parcial” a las categorías de exposiciones y líneas de negocio de menor importancia (las exigencias de capital podrán calcularse según el Método estándar aún cuando una entidad se sirva del método IRB para otras categorías de exposiciones). El proyecto de marco propuesto para la UE reconoce que, en el caso de las pequeñas entidades, el requisito de desarrollar un sistema de calificación para determinadas contrapartes podría resultar sumamente engorroso. Se propone hacer permanente el uso parcial de estas categorías de exposiciones aun en aquellos casos en los que las exposiciones de las entidades de crédito frente a este tipo de contrapartes sean importantes (artículo 89). En el anexo VI se recogen las disposiciones técnicas correspondientes al método IRB. Artículos 90-93: Las normas determinan los aspectos comunes a las técnicas de reducción de riesgos con vistas a tratar de manera coherente los riesgos subyacentes o repercusiones económicas comunes. Entre estas normas destaca el reconocimiento de una gama más amplia de proveedores de garantía real y derivados de crédito que en la actualidad. El método IRB ofrece un nivel de reconocimiento prudencialmente apropiado de los derechos de cobro financieros y de las garantías reales físicas. Se ofrecen metodologías alternativas para que las entidades tengan la posibilidad de elegir métodos de distintos grados de complejidad (el Método simple, basado en un sistema de “sustitución de la ponderación de riesgo”, de fácil utilización, o el Método amplio, en el que se aplican ajustes de volatilidad al valor de la garantía real recibida). Para el cálculo de los ajustes de volatilidad se puede optar por métodos más o menos complejos (un Método “supervisor” sencillo, en el que las cuantías de referencia de los ajustes de volatilidad se recogen en un cuadro, o bien un Método de “estimaciones propias”, más sensible al riesgo). Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo VIII. Artículos 94-101: Estos artículos introducen por primera vez un conjunto armonizado de normas en materia de exigencias de capital para actividades de titulización e inversiones. De este modo se establece un marco en materia de exigencias de capital considerablemente mejorado, que permite a las entidades aprovechar las ventajas de financiación, gestión de balances, etc., que hacen posibles este tipo de operaciones. Asimismo, reducirá la tendencia a considerar la titulización como un instrumento de arbitraje de capital. Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo IX. Artículos 102-105: Estas disposiciones introducen una serie de requisitos que permiten afrontar el riesgo operativo al que están expuestas las entidades de crédito. Existen tres metodologías diferentes. El Método simple (artículo 103) se basa en un indicador global y único de la renta (Método del indicador básico o BIA). Este método proporciona una cobertura de capital frente al riesgo operativo sin obligar a las entidades de crédito a desarrollar sistemas complejos y costosos de información sobre su exposición al riesgo. Existe también un método más preciso, basado en las líneas de negocio: el Método estándar (STA) (artículo 104), que resulta más sensible al riesgo, pues la exigencia de capital para el riesgo operativo introduce diferencias que reflejan los riesgos propios de cada línea de negocio. Es probable que este método resulte atractivo para gran número de entidades de crédito de menores dimensiones o menor complejidad. Las metodologías más sofisticadas (Métodos avanzados de medida: AMA) (artículo 105) generan sus propias mediciones del riesgo operativo, sujetas a normas más rigurosas de gestión del riesgo. Se espera que las metodologías AMA sean adoptadas gradualmente, en particular, por las grandes entidades de crédito que operan en el ámbito internacional y las entidades especializadas más pequeñas que han desarrollado sistemas avanzados de control del riesgo para sus principales actividades. Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo X. Artículos 106-119: Una breve serie de modificaciones permite establecer coherencia entre las exigencias de capital y las normas sobre grandes riesgos, en particular dado el reconocimiento de un mayor número de técnicas de reducción del riesgo de crédito. Artículos 123-124: Estos artículos corresponden al segundo “pilar” del acuerdo sobre capital del Comité de Basilea. El artículo 51 bis exige a las entidades de crédito que dispongan de procedimientos internos a fin de medir y gestionar sus riesgos, así como el importe de capital “interno” que ellas mismas consideren suficiente para hacerles frente. A las autoridades competentes se les exige (artículo 124) que verifiquen el cumplimiento por las entidades de crédito de las diversas obligaciones jurídicas de organización y control de riesgos y que evalúen los riesgos asumidos por las entidades. A dicha evaluación recurrirán los supervisores para determinar si existen deficiencias en los controles o en el capital mantenido. Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo XIII. Artículos 125-143: Las actividades transfronterizas van en aumento en la UE, y en los grupos transfronterizos existe una tendencia a la centralización de la gestión del riesgo. Por ello es necesaria una mejor coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión de la Unión. En consecuencia, se da mayor relieve al papel, ya existente y bien establecido, del supervisor de consolidación. Conforme al artículo 136, se atribuirá a los supervisores un conjunto armonizado de competencias mínimas que les permita exigir a las entidades de crédito que corrijan cualquier deficiencia en cuanto al cumplimiento de la Directiva. Artículo 144: Se trata de un conjunto mínimo de requisitos en materia de información, dirigidos a los Estados miembros, con vistas a una mayor convergencia y transparencia de la puesta en vigor. Artículos 145-149: Estos artículos corresponden al tercer “pilar” del nuevo acuerdo sobre capital del Comité de Basilea. La publicación por las entidades de crédito de información destinada a los operadores del mercado contribuye a una mayor solidez y estabilidad financiera, mantiene la igualdad de condiciones de competencia y respeta el carácter sensible de determinados datos. El artículo 147 establece una frecuencia mínima de divulgación anual para la mayoría de las entidades de crédito; puede ser necesaria, en función de criterios concretos, una frecuencia más alta. Las disposiciones técnicas correspondientes figuran en el anexo XII. Artículo 150: La Directiva debe seguir el ritmo de evolución del mercado. Se establece el grado de flexibilidad necesario mediante una distinción entre normas básicas y normas técnicas (en particular, las incluidas en los anexos a la Directiva), de las cuales estas últimas pueden requerir adaptaciones a corto o medio plazo. El artículo 150 añade una serie de nuevos ámbitos técnicos a los ya incluidos en la Directiva 2000/12/CE (que entró en vigor en 1989) y propone que los nuevos anexos técnicos puedan modificarse mediante el mismo procedimiento acelerado. B. Directiva 93/6/CEE sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito Artículo 2: Ámbito de aplicación El artículo 2 especifica de qué modo se aplican sus disposiciones a las empresas de inversión, los grupos de empresas de inversión y los grupos mixtos. Artículo 3: Definiciones Se introduce una serie de definiciones nuevas y se modifican otras definiciones de conceptos fundamentales, a fin de clarificar su significado y contribuir a una mejor comprensión. Artículo 11: Tratamiento del capital de la cartera de negociación Se incluye una versión mejorada de la definición de “cartera de negociación” que permite una mayor certidumbre en torno a las exigencias de capital aplicables y restringe el posible arbitraje de la línea divisoria entre la cartera de inversión y la cartera de negociación. Las disposiciones técnicas correspondientes se recogen en el anexo VII. Artículos 18 y 20: El artículo 18 establece las exigencias mínimas de capital para el riesgo de mercado aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión. Se introduce un nuevo tratamiento de las posiciones en empresas de inversión colectiva y derivados de crédito, junto con otra serie de modificaciones que permiten una mayor sensibilidad al riesgo. Las disposiciones técnicas correspondientes se recogen en los anexos I al VII. El artículo 20 hace extensivas a las empresas de inversión las normas en materia de exigencias de capital para el riesgo de crédito y el riesgo operativo que establecía la Directiva 2000/12. En relación con el riesgo de crédito cabe señalar la inclusión de una nueva disposición sobre el tratamiento de los derivados de crédito y la modificación de la medición del riesgo de las operaciones con compromiso de recompra y las operaciones de financiación de valores y materias primas. En el caso del riesgo operativo, se introducen sustanciales modificaciones a fin de atender a los rasgos específicos del sector de las empresas de inversión, con la posibilidad de mantener el “requisito basado en el gasto” aplicado a las empresas de inversión incluidas en las categorías de riesgo bajo, medio y medio/alto. Artículo 28: Grandes riesgos Se mantiene la situación actual, en la cual las entidades de crédito y las empresas de inversión se encuentran sujetas a la misma normativa, salvo una serie de modificaciones en cuanto a grandes riesgos en las operaciones de la cartera de negociación. Se modifica la medición del riesgo en las operaciones con compromiso de recompra y en las operaciones de financiación de valores y materias primas. Las disposiciones técnicas correspondientes aparecen en el anexo VI. Artículo 33: Evaluación de las posiciones a efectos de información Se perfeccionan los requisitos sobre evaluación de las posiciones de la cartera de negociación de cara a una mayor solidez prudencial de las normas en materia de posiciones de la cartera de negociación que se cotizan a diario. Las disposiciones técnicas correspondientes aparecen en el anexo VII. Artículo 22: Exigencias de capital consolidadas Se mantiene la posibilidad existente de que las autoridades competentes renuncien a la aplicación de las exigencias de capital consolidadas en el caso de los grupos de empresas de inversión, si bien se establecen condiciones más adecuadas desde el punto de vista prudencial. Artículo 34: Gestión del riesgo y valoración del capital El artículo 34 amplía a las empresas de inversión la obligación, ya impuesta a las entidades de crédito (artículo 17 de la Directiva 2000/12), de disponer de sistemas internos eficaces de gestión del riesgo. Dada la variedad de entidades a las que se aplican, estos requisitos deberán cumplirse de manera proporcional. También se aplica a las empresas de inversión el requisito del artículo 51 bis de la Directiva 2000/12, que las obliga a disponer de procedimientos internos de medición y gestión de los riesgos a los que estén expuestas, así como del importe de capital (capital “interno”) que consideren suficiente para hacer frente a dichos riesgos. Esta disposición viene a añadirse a los requisitos vigentes sobre gestión de riesgos aplicables a las empresas de inversión con arreglo a la Directiva 2004/39/CE. Artículo 37: Supervisión Este artículo aplica las normas de la Directiva 2000/12, mutatis mutandis, a las empresas de inversión. Artículo 42 Al igual que la Directiva 2000/12, la Directiva 93/6 debe seguir el ritmo de evolución del mercado. Esta necesaria flexibilidad se hace posible gracias a una distinción entre normas básicas y normas técnicas (en particular las incluidas en los anexos), de las cuales estas últimas requerirán adaptaciones a corto o medio plazo. Los anexos técnicos deben poder modificarse por procedimiento acelerado. Dada la considerable evolución prevista en las prácticas reglamentarias para los próximos años, se incluye una cláusula de revisión para el tratamiento del riesgo de contraparte. ê2000/12/CE 2004/0155 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) ênuevo (Texto pertinente a efectos del EEE) ê2000/12/CE (modificado) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social[5], De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[6], Considerando lo siguiente: ê 2000/12/CE Considerando 1 (modificado) (1) La Directiva 73/183/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1973, sobre supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en materia de actividades por cuenta propia de los bancos y otras entidades financieras[7], la Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[8], la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito[9], la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE[10], la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito[11], la Directiva 92/30/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada[12] y la Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito[13] han sido modificadas en diversas ocasiones y de forma substancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dichas Directivas reagrupándolas en un texto único. Ö La Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[14] ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial. Debiendo llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva. Õ ê 2000/12/CE Considerando 2 (modificado) En aplicación del Tratado, se prohíbe todo trato discriminatorio en materia de establecimiento y prestación de servicios, basado respectivamente en la nacionalidad o en el hecho de que la empresa no esté establecida en el Estado miembro donde se realice la prestación. ê 2000/12/CE Considerando 3 (2) A efectos de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más perturbadoras entre las legislaciones de los Estados miembros en lo referente al que estas entidades están sometidas. ê 2000/12/CE Considerando 4 (modificado) (3) La presente Directiva constituye el instrumento esencial para la consecución del mercado interior decidida por el Acta Única Europea y programada en el Libro Blanco de la Comisión, bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, en el sector de las entidades de crédito. ê 2000/12/CE Considerando 5 (modificado) (4) Los trabajos de coordinación en materia de entidades de crédito deben aplicarse al conjunto de éstas, tanto para la protección del ahorro como para crear condiciones de igualdad en la competencia entre tales entidades. Es necesario Ö conveniente Õ, sin embargo, tener en cuenta cuando sea oportuno las diferencias objetivas existentes entre sus estatutos y sus propias misiones previstas por las legislaciones nacionales. ê 2000/12/CE Considerando 6 (modificado) (5) Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de los trabajos de coordinación sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como bajo otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros títulos comparables, y en conceder créditos por cuenta propia; deben preverse Ö conviene prever Õ excepciones relativas a ciertas entidades de crédito a las que la presente Directiva no puede aplicarse; la presente Directiva no afecta Ö debe afectar Õa la aplicación de las legislaciones nacionales cuando éstas prevean autorizaciones especiales complementarias que permitan a las entidades de crédito ejercer actividades específicas o efectuar tipos específicos de operaciones. ê 2000/12/CE Considerando 7 (modificado) (6) El programa elegido consiste en la realización Ö Conviene llevar a cabo únicamente Õ de la armonización Ö que sea Õ esencial, necesaria y suficiente para llegar a un reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisión prudencial, que permita la concesión de una autorización única, válida en toda la Comunidad, y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen; en consecuencia, la exigencia de un programa de actividades no puede, desde esta perspectiva, sino ser considerada como un elemento que permita a las autoridades competentes resolver sobre la base de una información más precisa, en el marco de criterios objetivos. Una cierta flexibilidad siempre es Ö debe, no obstante, ser Õ posible en lo que se refiere a las exigencias relativas a las formas jurídicas de las entidades de crédito y a Ö en relación con Õ la protección de las denominaciones. ò nuevo (7) Dado que el objetivo de la acción propuesta no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a las dimensiones o efectos de la acción, a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. En virtud del principio de proporcionalidad, la presente Directiva se limita, como se establece en ese mismo artículo, al mínimo imprescindible para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para conseguirlo. ê 2000/12/CE Considerando 8 (modificado) (8) Es necesario requerir de las entidades de crédito exigencias financieras equivalentes para asegurar garantías similares a los ahorradores así como condiciones de competencia justas entre entidades de una misma categoría. A la espera de una mejor coordinación, conviene poner a punto relaciones de estructura apropiadas que permitan Ö hagan posible Õ , en el marco de la cooperación entre autoridades nacionales, observar, según métodos unificados, la situación de categorías de entidades de crédito comparables. Esta manera de proceder pretende facilitar la aproximación progresiva de los sistemas de coeficientes definidos y aplicados por los Estados miembros. Es necesario, sin embargo, distinguir los coeficientes encaminados a asegurar la solidez de la gestión de las entidades de crédito, de los que tengan fines de política económica y monetaria. ê 2000/12/CE Considerando 9 (modificado) ð nuevo (9) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan Ö una Õ autorización o la retiren cuando factores tales como el programa de actividades, la distribución geográfica Ö de las actividades Õ o las actividades realmente realizadas demuestren de forma inequívoca que la entidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictivas vigentes en el Estado miembro en el que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Toda entidad de crédito que sea persona jurídica debe Ö deberá Õ estar autorizada en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social. Toda entidad de crédito que no sea persona jurídica debe Ö deberá Õ tener su administración central en el Estado miembro en el que haya sido autorizada. Por otra parte, los Estados miembros deben Ö deberán Õ exigir que la administración central de una entidad de crédito siempre esté situada en su Estado miembro de origen y que ejerza realmente sus actividades en el mismo. ê 2000/12/CE Considerando 10 (modificado) (10) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que obstaculicen el buen ejercicio de su misión de supervisión; las entidades de crédito ya autorizadas deben Ö deberán Õ igualmente ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes al respecto. La definición establecida en la presente Directiva de tales «vínculos estrechos» está constituida por criterios mínimos y ello no obsta para que los Estados miembros contemplen también situaciones diferentes de las previstas en dicha definición. El mero hecho de adquirir un porcentaje significativo del capital de una sociedad no constituirá un vínculo de participación digno de consideración a efectos de la noción de «vínculos estrechos», siempre que dicha adquisición se realice únicamente a título de inversión financiera temporal y no permita influir en la estructura y la política financiera de la empresa. ê 2000/12/CE Considerando 11 (modificado) (11) La referencia al buen ejercicio por parte de las autoridades de control de su misión de supervisión abarca la supervisión sobre base consolidada que conviene ejercer sobre una entidad de crédito cuando el Derecho comunitario así lo dispone. En tal caso, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben Ö deberán Õ poder determinar las autoridades competentes para la supervisión sobre base consolidada de dicha entidad de crédito. ê 2000/12/CE Considerando 12 (modificado) El Estado miembro de origen puede dictar, además, normas más rigurosas que las señaladas en el párrafo primero del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 5 y en los artículos 7, 16, 30 y 51 en lo que concierne a las entidades autorizadas por sus propias autoridades competentes. ê 2000/12/CE Considerando 13 (modificado) La supresión de la autorización exigida para las sucursales de entidades de crédito comunitarias implica necesariamente la supresión del fondo de dotación. ê 2000/12/CE Considerando 14 (modificado) (12) El método adoptado consiste, gracias al reconocimiento mutuo, en permitir Ö Debe permitirse Õ a las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de origen el ejercicio en toda la Comunidad de todas o parte de las actividades señaladas en la lista del anexo I, mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación de servicios. El ejercicio de las actividades que no figuran en dicha lista goza de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios de acuerdo con las disposiciones generales del Tratado. ê 2000/12/CE Considerando 15 (modificado) (13) Conviene, sin embargo, extender el beneficio del reconocimiento mutuo a las actividades que figuran en dicha lista, cuando sean ejercidas por una entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la condición de que esta filial sea incluida en la vigilancia sobre base consolidada a la que está sujeta su empresa matriz y responda a condiciones estrictas. ê 2000/12/CE Considerando 16 (modificado) (14) El Estado miembro de acogida puede Ö debe estar en condiciones Õ, para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, Ö de Õ imponer el cumplimiento de las disposiciones específicas de su legislación y regulaciones nacionales a las entidades que no estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro de origen o a las actividades que no figuren en dicha lista, siempre que, por una parte, estas disposiciones sean compatibles con el Derecho comunitario y estén motivadas por el interés general y que, por otra parte, dichas entidades o actividades no estén sometidas a normas equivalentes en función de la legislación o regulación del Estado miembro de origen. ê 2000/12/CE Considerando 17 (modificado) (15) Los Estados miembros deben Ö deberán Õ velar por que no exista ningún obstáculo para que las actividades que se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro de acogida. ê 2000/12/CE Considerando 18 (modificado) Existe una vinculación necesaria entre el objetivo perseguido por la presente Directiva y la liberalización de los movimientos de capitales que se lleva a cabo mediante otros actos legislativos comunitarios. De cualquier modo, las medidas de liberalización de los servicios bancarios deben estar en armonía con las medidas de liberalización de los movimientos de capitales. ê 2000/12/CE Considerando 19 (modificado) (16) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad debe ser análogo en todos los Estados miembros. Interesa prever que este régimen no podrá ser más favorable que el de las sucursales de las entidades procedentes de un Estado miembro. Conviene precisar que lLa Comunidad podrá Ö debe poder Õ celebrar acuerdos con terceros países previendo la aplicación de disposiciones que concedan a estas sucursales un trato idéntico en todo su territorio teniendo en cuenta el principio de reciprocidad. Las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad no se benefician Ö deben beneficiarse Õ de la libre prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del artículo 49 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que se hallen establecidas. No obstante, las solicitudes de autorización de una filial o de adquisición de una participación por parte de una empresa regida por la ley de un tercer país están sujetas a un procedimiento que tiene como objetivo garantizar que una entidad de crédito de la Comunidad se beneficie de un régimen de reciprocidad en los referidos terceros países. ê 2000/12/CE Considerando 20 (modificado) Las autorizaciones de entidades de crédito que las autoridades nacionales competentes concedan de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva no tienen sólo alcance nacional sino comunitario y las cláusulas de reciprocidad existentes quedan sin efecto. En consecuencia, es necesario un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad sobre una base comunitaria. El objetivo de dicho procedimiento no es cerrar los mercados financieros de la Comunidad sino por el contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus mercados financieros abiertos al resto del mundo, mejorar la liberalización de los mercados financieros globales en otros terceros países. Para ello, la presente Directiva prevé procedimientos de negociación con terceros países o prevé, en última instancia, la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de autorización o en la limitación de las nuevas autorizaciones. ê 2000/12/CE Considerando 21 (modificado) (17) Conviene que se celebreaDeben celebrarse acuerdos, basados en la reciprocidad, entre la Comunidad y terceros países, a fin de permitir el ejercicio concreto de la supervisión consolidada en el ámbito geográfico más extenso posible. ê 2000/12/CE Considerando 22 (modificado) (18) La responsabilidad en materia de supervisión de la solidez financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia, corresponde Ö debe corresponder Õ a la autoridad del Ö al Õ Estado miembro de origen de la misma. La autoridad competente del Estado miembro de acogida mantiene Ö debe ser responsable Õ sus responsabilidades en materia de supervisión de la liquidez Õ de las sucursales Ö y de política monetaria Ö políticas monetarias Õ. La supervisión del riesgo de mercado debe Ö deberá Õ ser objeto de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida. ê 2000/12/CE Considerando 23 y 24 (modificado) ð nuevo (19) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario requiere, más allá de las normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular Ö y una convergencia significativamente mayor de las prácticas de reglamentación y supervisión Õ de las autoridades competentes de los Estados miembros. En lo que concierne al ÖA tal fin, en particular, el Õ examen individual de los problemas relativos a una entidad de crédito individual Ö y el intercambio mutuo de información deberán tener lugar en Õ , el marco del grupo de contacto (groupe de contact) ÖComité de supervisores bancarios europeos Õ Ö creado Ö por Decisión de la Comisión 2004/5/CE [15] Õ entre las autoridades de control de los bancos continúa siendo el más apropiado. Este grupo constituye un foro adecuado para la información recíproca prevista en el artículo 28. En cualquier caso, este procedimiento de información recíproca no sustituye Ö deberá sustituir Õ a la colaboración Ö cooperación Õ bilateral regulada en el artículo 28. La autoridad competente del Estado miembro de acogida puede, sSin perjuicio de sus propias competencias de control, Ö las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben estar en condiciones de Õ seguir verificando Överificar Õ, por iniciativa propia en caso de urgencia o por iniciativa de Ölas autoridades competentes Õ la autoridad competente del Estado miembro de origen, que la actividad de una entidad en su territorio es conforme a las leyes, así como a los principios de una buena organización administrativa y contable y de un control interno adecuado. ê 2000/12/CE Considerando 25 (modificado) (20) Procede prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe Ö deberá Õ ser estrictamente limitada. ê 2000/12/CE Considerando 26 y 27 (modificado) (21) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de iniciados, aun cuando afecten a empresas distintas de las entidades de crédito, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad. Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen dichos Ö el Õ intercambios de información Ö en tales casos Õ. ê 2000/12/CE Considerando 28 (modificado) (22) Cuando se prevé que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán Ö deben estar en condiciones Õ, si procede, Ö de Õ subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. ê 2000/12/CE Considerando 29 (23) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información entre las autoridades competentes, por una parte, y por otra parte, los bancos centrales y otros organismos de función similar, en tanto que autoridades monetarias, así como, en su caso, otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago. ê 2000/12/CE Considerando 30 (modificado) (24) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la protección de los clientes de dichas entidades, es conveniente prever que todo Ö los Õ auditores deba Ö deberán Õ informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y Ö al desempeñar sus funciones Õ en el ejercicio de su función, tengan conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una entidad de crédito. Dado el objetivo que se persigue, es deseable que Ö Por los mismos motivos, Õ los Estados miembros Ö deberán asimismo disponer Õ dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa que tenga vínculos estrechos con una entidad de crédito. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes, determinados hechos y decisiones relativos a una entidad de crédito, comprobados en el ejercicio de su función en una empresa no financiera no Ö debe modificar Õ modifica en sí mismo el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella. ê 2000/12/CE Considerandos 31 a 35 (modificado) Unas normas de base comunes sobre los fondos propios de las entidades de crédito resultan un instrumento esencial para constituir un mercado interior en el sector bancario, dado que los fondos propios sirven para asegurar la continuidad de la actividad de las entidades de crédito y para proteger el ahorro. Dicha armonización fortalece la vigilancia a que se somete a las entidades de crédito y favorece las demás coordinaciones en el sector bancario. Dichas normas deben aplicarse a todas las entidades de crédito autorizadas en la Comunidad. Los fondos propios de las entidades de crédito pueden servir para absorber las pérdidas no cubiertas por un volumen suficiente de beneficios. Además, los fondos propios constituyen, para las autoridades competentes, un criterio importante para evaluar, en particular, la solvencia de las entidades de crédito y para otros fines de vigilancia. En un mercado interior en el sector bancario las entidades de crédito se encuentran en una situación de competencia directa entre sí y, por consiguiente, las definiciones y las normas aplicables a los fondos propios deben ser equivalentes. Para ello, los criterios empleados para determinar la composición de los fondos propios no deben quedar únicamente en la apreciación de los Estados miembros. La adopción de normas de base comunes será altamente beneficiosa para la Comunidad, al evitar distorsiones de la competencia y al fortalecer simultáneamente el sistema bancario de la Comunidad. La definición de "fondos propios" enunciada en la presente Directiva contiene un máximo de elementos y de cantidades limitativas, dejándose al poder discrecional de los Estados miembros la utilización de la totalidad o de una parte de dichos elementos y la fijación de límites inferiores a dichas cantidades limitativas. ê 2000/12/CE Considerando 36 (modificado) (25) La presente Directiva precisa los Ö que, en el caso de ciertos elementos de los fondos propios, deben establecerse Õ criterios a Ö los Õ que Ö éstos Õ deben ajustarse ciertos elementos de los fondos propios, Ö sin perjuicio de la posibilidad de que Õ dejando a los Estados miembros la libertad de aplicar Ö apliquen Õ disposiciones más estrictas. ê 2000/12/CE Considerando 37 (modificado) En una primera etapa, las normas de base comunes se definen de un modo muy general a fin de cubrir la totalidad de los elementos constitutivos de los fondos propios en los diferentes Estados miembros. ê 2000/12/CE Considerando 38 (26) La presente Directiva, en función de la calidad de los elementos que componen los fondos propios, establece una distinción entre, por un lado, los elementos que constituyen los fondos propios de base y, por otro, los elementos que constituyen los fondos propios complementarios. ê 2000/12/CE Considerando 39 (modificado) (27) Con el fin de tener en cuenta el hecho de que los elementos que constituyen los fondos propios complementarios no tienen la misma calidad que los que constituyen los fondos propios de base, aquéllos no deben Ö deberán Õ representar más del 100 % de los fondos propios de base. Además, la inclusión de determinados elementos de los fondos complementarios debe Ö deberá Õ limitarse al 50 % de los fondos propios de base. ê 2000/12/CE Considerando 39 (modificado) (28) Para evitar distorsiones de competencia, las entidades públicas de crédito no deben Ödeberán Õincluir en el cálculo de sus fondos propios las garantías que les concedan los Estados miembros o las autoridades locales. ê 2000/12/CE Considerando 40 (modificado) (29) Cuando, por razones de vigilancia, sea necesario determinar la importancia de los fondos propios consolidados de un grupo de entidades de crédito, el cálculo se efectuará Ödeberá efectuarse Õ de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. ê 2000/12/CE Considerando 41 (modificado) ð nuevo (30) La técnica contable precisa que deba utilizarse para el cálculo de los fondos propios y del coeficiente de solvencia ð , así como su adecuación al riesgo al cual se encuentre expuesta una entidad de créditoï, y para la evaluación de los riesgos debe Ö deberá Õ tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras[16], que incluye determinadas adaptaciones de las disposiciones de la Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadasÖ[17] Õ ð , o en el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad[18], según cuál sea la disposición que regule la contabilidad de las entidades de crédito con arreglo al Derecho nacional ï ê 2000/12/CE Considerando 42 a 47 (modificado) Las disposiciones relativas a los fondos propios se enmarcan en el esfuerzo internacional iniciado, a mayor escala, para conseguir una aproximación de las normativas en vigor en los principales países en materia de adecuación de los fondos propios. En un mercado interior en el sector bancario, las entidades están destinadas a entrar en competencia directa y las normas comunes en forma de un coeficiente mínimo de solvencia tienen por consecuencia la prevención de las distorsiones de competencia y el fortalecimiento del sistema bancario de la Comunidad. La Comisión redactará un informe y examinará periódicamente las disposiciones relativas a los fondos propios con objeto de reforzar estas disposiciones, de modo que se logre una mayor convergencia en la definición común de los fondos propios. Tal convergencia permitirá mejorar la adecuación de los fondos propios de las entidades de crédito de la Comunidad. Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia son el resultado de los trabajos realizados por el Comité consultivo bancario que tiene competencia para hacer a la Comisión cualquier sugerencia encaminada a la coordinación de los coeficientes aplicables en los Estados miembros. El establecimiento de un coeficiente de solvencia adecuado desempeña un papel fundamental en la supervisión de las entidades de crédito. Un coeficiente en el cual se ponderen los activos y las cuentas de orden en función de su grado de riesgo de crédito es una medida de solvencia particularmente útil ò nuevo (31) Las exigencias mínimas de capital desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las entidades de crédito y en el reconocimiento mutuo de las técnicas de supervisión. En ese sentido, las disposiciones relativas a las exigencias mínimas de capital deberán contemplarse en relación con otros instrumentos específicos que también armonizan las técnicas fundamentales para el control de las entidades de crédito. (32) A fin de evitar el falseamiento de la competencia y fortalecer el sistema bancario en el mercado interior, es conveniente establecer exigencias mínimas de capital comunes. (33) Para garantizar un nivel de solvencia suficiente, es importante establecer exigencias mínimas de capital que ponderen los activos y las partidas fuera de balance en función del grado de riesgo. ê 2000/12/CE Considerandos 48 a 51 (modificado) El establecimiento de normas comunes de fondos propios con respecto a los activos y a las cuentas de orden sujetos a riesgo es, por lo tanto, uno de los aspectos esenciales de la armonización necesaria para alcanzar el reconocimiento mutuo de las técnicas de control y, por ello, de la plena realización del mercado interior en el sector bancario. En ese sentido, las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia deben contemplarse en relación con otros instrumentos específicos que también armonizan las técnicas fundamentales del control de las entidades de crédito. En un mercado interior en el sector bancario, las entidades están destinadas a entrar en competencia directa y las normas comunes en forma de un coeficiente mínimo de solvencia tienen por consecuencia la prevención de las distorsiones de competencia y el fortalecimiento del sistema bancario de la Comunidad. La presente Directiva establece las distintas ponderaciones que se debe aplicar a las garantías prestadas por las distintas entidades financieras. La Comisión, en consecuencia, se compromete a estudiar si la presente Directiva introduce distorsiones significativas en la competencia entre entidades de crédito y empresas de seguros y, a la vista de dicho estudio, considerará si procede la adopción de medidas para evitarlo. ò nuevo (34) Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito en la Comunidad, ofreciendo, para el cálculo de las exigencias mínimas de capital aplicables al riesgo de crédito, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y requieran diferentes grados de complejidad. El empleo de calificaciones externas y de estimaciones propias de las entidades de crédito para parámetros específicos del riesgo de crédito supone una mejora considerable de la sensibilidad al riesgo y de la solidez prudencial de la normativa sobre riesgo de crédito. Deben ofrecerse a las entidades de crédito los incentivos adecuados para que pasen a aplicar métodos más sensibles al riesgo. (35) Las exigencias mínimas de capital deben ser proporcionales a los riesgos contemplados. En particular, las exigencias deben reflejar la reducción de los niveles de riesgo que puede obtenerse gracias a la presencia de un número elevado de riesgos relativamente bajos. (36) Debe otorgarse un mayor reconocimiento a las técnicas de reducción del riesgo, siempre dentro de un marco normativo que permita garantizar que la solvencia no se vea perjudicada por un reconocimiento indebido. (37) A fin de garantizar que los riesgos y las reducciones de riesgos obtenidas merced a las actividades de titulización y las inversiones efectuadas por las entidades de crédito queden adecuadamente reflejados en las exigencias mínimas de capital para las entidades de crédito, es preciso incluir normas que contemplen un tratamiento sensible al riesgo y prudencialmente adecuado de dichas actividades e inversiones. ê 2000/12/CE Considerando 52 (modificado) El anexo III establece el tratamiento de las cuentas de orden para el cálculo de los requerimientos de fondos propios de las entidades de crédito. Para garantizar un funcionamiento adecuado del mercado interior, y especialmente en condiciones iguales de competencia, los Estados miembros tienen la obligación de intentar una evaluación uniforme de los acuerdos de compensación contractual por parte de sus autoridades competentes. El anexo III tiene en cuenta los trabajos que un foro internacional, dentro del cual se reúnen las autoridades de supervisión del sector bancario, ha efectuado sobre el reconocimiento por dichas autoridades de los acuerdos de compensación bilateral y, en particular, la posibilidad de calcular los requisitos de fondos propios para determinadas operaciones sobre la base de importes netos y no brutos, siempre que existan acuerdos jurídicamente vinculantes que garanticen que el riesgo de crédito se limita al importe neto. Para las entidades de crédito con actividad internacional y los grupos de entidades de crédito internacionales que compiten con las entidades de crédito de la Comunidad, las normas adoptadas a escala internacional se traducirán en una mejora del tratamiento a efectos de supervisión de los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados. Esta mejora dará lugar a una cobertura obligatoria de capital más apropiada teniendo en cuenta los efectos de reducción del riesgo potencial de crédito futuro de los acuerdos de compensación contractual reconocidos a efectos de supervisión. La liquidación de instrumentos derivados negociados en mercados no organizados que realizan las cámaras de compensación en cuanto contrapartes centrales desempeña una importante función en determinados Estados miembros. Es conveniente reconocer los beneficios derivados de tal liquidación desde el punto de vista de la reducción del riesgo de crédito y del correspondiente riesgo sistémico en el tratamiento prudencial del riesgo de crédito. Es necesario garantizar plenamente tanto los riesgos presentes como los posibles riesgos futuros resultantes de contratos derivados compensados negociados en mercados no organizados y que no exista peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de compensación se acumule hasta superar el valor del mercado de la garantía pignoraticia, con el fin de conceder, con carácter transitorio, a los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados el mismo tratamiento prudencial que el que se concede a los instrumentos derivados negociables en mercados organizados. Las autoridades competentes deberán considerarse satisfechas con el nivel de los márgenes iniciales y de variación exigidos y con la calidad y el nivel de protección proporcionados por la garantía pignoraticia. Para las entidades de crédito constituidas en los Estados miembros, el anexo III permite conseguir la misma posibilidad de reconocimiento, por las autoridades competentes, de la compensación bilateral y garantizar a dichas entidades condiciones de competencia equivalentes. Estas normas son equilibradas y adecuadas para reforzar la aplicación de medidas de supervisión cautelar al sector de las entidades de crédito. Las autoridades competentes de los Estados miembros que reconozcan un contrato de novación deberán garantizar que el cálculo de los requerimientos (add-ons) se basa en los importes reales en vez de en los importes teóricos. ò nuevo (38) El riesgo operativo es un riesgo importante al que se enfrentan las entidades de crédito, y debe cubrirse mediante fondos propios. Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito en la Comunidad, ofreciendo, para el cálculo de las exigencias mínimas de capital aplicables al riesgo de crédito, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y requieran diferentes grados de complejidad. Deben ofrecerse incentivos adecuados a las entidades de crédito a fin de que utilicen tales métodos más sensibles al riesgo. Dada la aparición de nuevas técnicas para la medición y gestión del riesgo operativo, la normativa debe someterse a revisión y actualización siempre que sea necesario, incluso en relación con las exigencias aplicables a las distintas líneas de negocio y con el reconocimiento de las técnicas de reducción del riesgo. (39) A fin de garantizar un grado suficiente de solvencia de las entidades de crédito integradas en un grupo, es fundamental que las exigencias mínimas de capital se apliquen a partir de la situación financiera consolidada del grupo. Para garantizar que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y que, en su caso, permitan proteger el ahorro, las exigencias de capital mínimo deberán aplicarse a cada una de las entidades de crédito integrantes del grupo, salvo en caso de que este objetivo pueda alcanzarse eficazmente de otra manera. ê 2000/12/CE Considerando 53 (modificado) El coeficiente mínimo previsto en la presente Directiva refuerza el nivel de fondos propios de las entidades de crédito en la Comunidad. Se adopta el porcentaje del 8% tras una encuesta estadística referida a las exigencias de capital en vigor a comienzos de 1988. ê 2000/12/CE Considerando 54 (40) Conviene armonizar las normas esenciales de supervisión de los grandes riesgos de las entidades de crédito. Es importante que los Estados miembros tengan la facultad de adoptar disposiciones más estrictas que las previstas en la presente Directiva. ê 2000/12/CE Considerando 55 (modificado) (41) La supervisión y el control de los riesgos de las entidades de crédito son Ö deben ser Õ parte integrante de la supervisión de éstas. Ö Por consiguiente, Õ Uuna concentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo de clientes relacionados entre sí puede suponer una posibilidad inaceptable de pérdidas. Puede estimarse Ö Cabe estimar Õ que tal situación perjudica a la solvencia de la entidad de crédito. ê 2000/12/CE Considerando 56 (modificado) (42) En un mercado interior en el sector bancario, aAl competir directamente entre sí las entidades de crédito Ö en el mercado interior, Õ las obligaciones aplicables en toda la Comunidad en materia de supervisión deben ser equivalentes Ö en toda la Comunidad Õ. A tal fin, los criterios aplicados para determinar la concentración de riesgos deben ser objeto de normas jurídicamente vinculantes en el plano comunitario y no pueden dejarse totalmente a la apreciación de los Estados miembros. La adopción de normas comunes constituirá, por tanto, el mejor modo de favorecer los intereses de la Comunidad, al evitar diferencias en las condiciones de competencia y reforzar, al mismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad. ê 2000/12/CE Considerando 57 (modificado) ð nuevo (43) Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia de las entidades de crédito contienen una nomenclatura de los riesgos de crédito a que están sujetas las entidades de crédito. Resulta, por tanto, oportuno referirse a dicha nomenclatura también para la definición de los riesgos a efectos de la limitación de grandes riesgos. Sin embargo, no ð Si bien resulta oportuno basar la definición de riesgos a efectos de los límites sobre los grandes riesgos en la establecida a efectos de las exigencias mínimas de fondos propios para el riesgo de crédito, no ï resulta oportuno referirse por principio ni a las ponderaciones ni a las ponderaciones ni a los grados de riesgo establecidos por dichas disposiciones. Tales ponderaciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecer un requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo de crédito de las entidades de crédito. En el marco de un Reglamento relativo a las operaciones de gran riesgo, el objetivo perseguido consiste en ÖA fin deÕlimitar el riesgo máximo de pérdidas en que puede incurrir una entidad de crédito frente a un cliente o grupo de clientes relacionados entre sí. Por consiguiente, procede adoptar Ö normas para la determinación de grandes riesgos que atiendan al valor nominal del riesgo Õ un enfoque prudente que permita tomar los riesgos, en general, por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni grados de riesgo. ò nuevo (44) Si bien es conveniente, a fin de limitar las exigencias de cálculo y en espera de una futura revisión de las disposiciones en materia de grandes riesgos, permitir el reconocimiento de los efectos de la reducción del riesgo de crédito al igual que ya se permite a efectos de exigencias mínimas de capital, las normas sobre reducción del riesgo de crédito fueron concebidas en relación con el riesgo de crédito general y diversificado que se produce debido a la exposición a un gran número de contrapartes. En consecuencia, el reconocimiento de los efectos de este tipo de técnicas sobre los límites a los grandes riesgos mediante los que se intenta limitar el riesgo máximo de pérdidas en que puede incurrirse frente a un cliente o grupo de clientes relacionados entre sí debe quedar sujeto a garantías prudenciales. ê 2000/12/CE Considerando 58 (modificado) (45) Cuando una entidad de crédito contrae riesgos frente a su propia empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha empresa matriz, se impone una especial prudencia. La gestión de los riesgos contraídos por las entidades de crédito debe Ö deberá Õ realizarse con absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana gestión bancaria, fuera de toda Öcualquier otra Õ consideración ajena a dichos principios. Las disposiciones de la presente Directiva disponen que cCuando la influencia ejercida por las personas que posean, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito pueda ir en detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad, las autoridades competentes adoptarán Ödeberán adoptar Õ las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. En lo que se refiere a las operaciones de gran riesgo, procede, asimismo, establecer normas específicas Ö , incluidos límites más severos, Õ para los riesgos contraídos por una entidad de crédito frente a las empresas de su propio grupo, y, en este caso, límites más severos para estos riesgos que para los demás tipos de riesgo. Estos límites más severos Ö Estas normas Õ no deberán aplicarse, no obstante, cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito y las demás filiales sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas de servicios bancarios auxiliares, siempre que todas estas empresas estén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad de crédito. En este caso, la supervisión consolidada del conjunto así formado hace posible una supervisión suficientemente eficaz, por lo que no resulta indispensable establecer normas más severas para la limitación de los riesgos. De este modo, se alentará a los grupos bancarios a organizar sus estructuras de manera que permitan una supervisión consolidada, lo que resulta conveniente, puesto que ello posibilita una supervisión más completa. ò nuevo (46) Las entidades de crédito deberán garantizar que poseen un capital interno que, dados los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas, resulta suficiente en cantidad, calidad y distribución. En consecuencia, las entidades de crédito deberán disponer de estrategias y procedimientos a fin de evaluar y mantener la suficiencia de su capital interno. (47) Las autoridades competentes serán responsables de comprobar que las entidades de crédito posean una buena organización y fondos propios suficientes para los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas. (48) Con vistas al eficaz funcionamiento del mercado interior bancario, el Comité de supervisores bancarios europeos deberá contribuir a la aplicación coherente de la presente Directiva y a la convergencia de las prácticas de supervisión en toda la Comunidad. (49) Por el mismo motivo, y a fin de garantizar que las entidades de crédito de la Comunidad activas en varios Estados miembros no se vean sometidas a trámites desproporcionados debido al mantenimiento de las responsabilidades de las autoridades competentes de cada Estado miembro en materia de autorización y supervisión, es fundamental que la cooperación entre las autoridades competentes mejore significativamente. A este respecto, deberá fortalecerse el papel del supervisor de consolidación. El Comité de supervisores bancarios europeos deberá apoyar y potenciar dicha cooperación. ê 2000/12/CE Considerando 65 (modificado) (50) La supervisión de las entidades de crédito sobre base consolidada debe tener Ötiene Õ especialmente como objetivo proteger los intereses de los depositantes de dichas Ö las Õ entidades Öde crédito Õ y garantizar la estabilidad del sistema financiero. ê 2000/12/CE Considerando 59 (modificado) (51) Para ser efectiva, la supervisión de forma consolidada debe Ö deberá por tanto Õpoder aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquellos cuya empresa matriz no sea una entidad de crédito. Las autoridades competentes deben Ö deberán Õ contar con los instrumentos jurídicos necesarios para el ejercicio de dicha supervisión. ê 2000/12/CE Considerando 60 (modificado) (52) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas en los que al menos una de las filiales de la empresa matriz es Ö sea Õ una entidad de crédito, las autoridades competentes deben Ö deberán Õ poder juzgar la situación financiera de la entidad de crédito en el contexto de tales grupos. Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros pueden prescribir técnicas de consolidación adecuadas con vistas a la realización del objetivo que persigue la presente Directiva. Las autoridades competentes deben Ö deberán Õ disponer al menos de los medios para obtener de todas las empresas del grupo las informaciones que requiera el ejercicio de su misión. En el caso de los grupos de empresas que ejerzan actividades financieras diversas, debe Ö deberá Õ establecerse una colaboración entre las autoridades responsables de la supervisión de los diferentes sectores financieros. Ö Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros pueden prescribir técnicas de consolidación adecuadas con vistas a la realización del objetivo que persigue la presente Directiva. Õ ê 2000/12/CE Considerando 61 (modificado) (53) Los Estados miembros pueden, además, Ö deberán poder Õ denegar o retirar la autorización bancaria cuando consideren que la estructura del grupo es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias, en particular, porque éstas no podrían supervisarse de forma satisfactoria. Las autoridades competentes disponen Ö deberán disponer Õ , a este efecto, de los poderes Ö necesarios para Õ señalados en el párrafo primero del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 7, en la letra c) del apartado 1 del artículo 14, y en el artículo 16, con vistas a garantizar una gestión saneada y prudente de las entidades de crédito. ê 2000/12/CE Considerandos 62 a 64 (modificado) Los Estados miembros pueden también establecer la supervisión, mediante técnicas apropiadas, de grupos cuyas estructuras no queden reguladas por la presente Directiva. Será conveniente tratar de completar las disposiciones de la presente Directiva con objeto de regular tales estructuras en la medida en que éstas se generalicen. La supervisión sobre base consolidada debe abarcar todas las actividades definidas en el anexo I. Por lo tanto, todas las empresas que ejercen dichas actividades deben quedar incluidas en la supervisión sobre base consolidada. Por consiguiente, la definición de «entidad financiera» debe incluir dichas actividades. La Directiva 86/635/CEE, junto con la Directiva 83/349/CEE, fija las normas de consolidación en materia de cuentas consolidadas publicadas por las entidades de crédito. Es posible, en consecuencia, precisar con más detalle los métodos que han de utilizarse en el marco de la supervisión prudencial sobre base consolidada. ò nuevo (54) Para que el mercado interior bancario funcione de modo cada vez más satisfactorio y los ciudadanos de la Comunidad puedan disfrutar de niveles adecuados de transparencia, es preciso que las autoridades competentes divulguen públicamente y de forma tal que permita una comparación precisa el modo en que se dará cumplimiento a la presente Directiva. (55) A fin de impulsar la disciplina en el mercado y animar a las entidades de crédito a perfeccionar su estrategia de mercado, su control de riesgos y su organización interna, debe regularse una divulgación pública adecuada por parte de las entidades de crédito. ê 2000/12/CE Considerando 66 (modificado) (56) El examen de los problemas que se plantean en los ámbitos regulados en la presente Directiva así como en otras Directivas en relación igualmente con la actividad de las entidades de crédito, y especialmente con la perspectiva de una mejor coordinación, exige la cooperación de las autoridades competentes y de la Comisión en el seno de un Comité consultivo bancario. Dicho Comité consultivo de autoridades competentes de los Estados miembros no prejuzga otras formas de cooperación entre autoridades de control en el ámbito del acceso y de la supervisión de entidades de crédito, y especialmente la cooperación establecida en el seno del grupo de contacto (groupe de contact) creado entre las autoridades de control de los bancos. ê 2000/12/CE Considerando 67 (modificado) (57) A determinados intervalos puede ser necesaria la modificación técnica de las normas contenidas en la presente Directiva para responder a la evolución del sector bancario. La Comisión debe efectuar las modificaciones que sean necesarias después de consultar al Comité consultivo bancario, dentro de los límites de las facultades de ejecución delegadas a la Comisión por las disposiciones del Tratado. Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión Ö [19] Õ. ò nuevo (58) A fin de evitar perturbaciones en los mercados y garantizar la continuidad de los niveles globales de fondos propios, es preciso establecer acuerdos transitorios específicos. (59) Dada la sensibilidad al riesgo de las normas relativas a las exigencias mínimas de capital, es conveniente atender en todo momento a sus posibles efectos significativos en el ciclo económico. La Comisión, teniendo en cuenta la contribución del Banco Central Europeo, informará de estos aspectos al Parlamento Europeo y al Consejo. ê 2000/12/CE Considerando 68 (modificado) El apartado 1 del artículo 36 de la presente Directiva permite, en el caso de las entidades de crédito organizadas en forma de sociedades cooperativas o fondos, la asimilación de los compromisos solidarios de los prestatarios a los elementos constitutivos de fondos propios mencionados en el punto 7 del apartado 2 del artículo 34. El Gobierno danés ha manifestado un gran interés porque las escasas entidades de crédito hipotecario de su país organizadas en forma de cooperativas o fondos se transformen en sociedades anónimas. A fin de facilitar o hacer posible tal transformación es necesario establecer una excepción temporal que permita a esas entidades considerar fondos propios parte de sus compromisos solidarios. Esta excepción no debe falsear la competencia entre las entidades de crédito. ê 2000/12/CE Considerandos 69 a 71 (69) La aplicación de una ponderación del 20% a la tenencia de obligaciones hipotecarias por una entidad de crédito puede provocar perturbaciones en un mercado financiero nacional en el que dichos instrumentos desempeñan un papel principal. En ese caso, se adoptan medidas transitorias para aplicar una ponderación de los riesgos del 10%. El mercado de la titulización está desarrollándose rápidamente. Por lo tanto, es deseable que la Comisión examine el trato prudencial de los títulos respaldados por activos patrimoniales y presente, antes del 22 de junio de 1999, unas propuestas de adaptación de la legislación actual con el fin de definir un adecuado trato prudencial de dichos títulos. Las autoridades competentes pueden autorizar una ponderación del 50% a los activos garantizados por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes hasta el 31 de diciembre de 2006. Los bienes inmuebles hipotecados deben someterse a unos criterios de valoración rigurosos y que deben volver a tasarse periódicamente para adaptarlos a los cambios del mercado de la propiedad inmobiliaria de carácter comercial. Dichos inmuebles deben ser ocupados por su propietario o cedidos en régimen de arrendamiento por éste; se excluyen de la mencionada ponderación del 50% los préstamos para promoción inmobiliaria. (70) Con miras a garantizar una aplicación armoniosa de las disposiciones relativas a los grandes riesgos, es conveniente permitir que los Estados miembros establezcan la aplicación de los nuevos límites en dos etapas. Puede estar justificado un período transitorio más largo para las entidades de crédito más pequeñas, en la medida en que una aplicación más rápida de la norma del 25% podría reducir de modo demasiado brusco la actividad crediticia de las mismas. (71) Además, se pretende actualmente conseguir la armonización de las condiciones de saneamiento y de liquidación de las entidades de crédito. ê 2000/12/CE Considerando 72 (modificado) (60) Deberá emprenderse Ö Se armonizarán Õ asimismo la armonización de los instrumentos necesarios para el control de los riesgos de liquidez. ê 2000/12/CE Considerando 73 (modificado) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición de las Directivas indicados en la parte B del anexo V. ò nuevo (61) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en tanto que principios generales del Derecho comunitario. (62) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición ê 2000/12/CE HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: ò nuevo ÍNDICE TÍTULO I || OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES TÍTULO II || CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE SU EJERCICIO TÍTULO III || DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Sección 1 || Entidades de crédito Sección 2 || Entidades financieras Sección 3 || Ejercicio del derecho de establecimiento Sección 4 || Ejercicio de la libertad de prestación de servicios Sección 5 || Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida TÍTULO IV || RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES Sección 1 || Notificación en relación con empresas de terceros países y de las condiciones de acceso de los mercados de estos países Sección 2 || Cooperación en materia de supervisión sobre una base consolidada con las autoridades competentes de terceros países TÍTULO V || PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL Y DIVULGACIÓN Capítulo 1 || Principios de supervisión prudencial Sección 1 || Competencias del Estado miembro de origen y de acogida Sección 2 || Intercambios de información y secreto profesional Sección 3 || Obligaciones de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas Sección 4 || Facultad sancionadora y recurso jurisdiccional Capítulo 2 || Instrumentos técnicos de la supervisión prudencial Sección 1 || Fondos propios Sección 2 || Cobertura de riesgos Subsección 1 || Nivel de aplicación Subsección 2 || Cálculo de las exigencias Subsección 3 || Nivel mínimo de los fondos propios Sección 3 || Exigencias mínimas de fondos propios para el riesgo de crédito Subsección 1 || Método estándar Subsección 2 || Método basado en las evaluaciones internas Subsección 3 || Reducción del riesgo de crédito Subsección 4 || Titulización Sección 4 || Exigencias mínimas de fondos propios para el riesgo operativo Sección 5 || Grandes riesgos Sección 6 || Participaciones cualificadas fuera del dominio financiero Capítulo 3 || Procedimiento de evaluación de las entidades de crédito Capítulo 4 || Supervisión y divulgación por las autoridades competentes Sección 1 || Supervisión Sección 2 || Divulgación por las autoridades competentes Capítulo 5 || Divulgación por las entidades de crédito TÍTULO VI || PODERES DE EJECUCIÓN TÍTULO VII || DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Capítulo 1 || Disposiciones transitorias Capítulo 2 || Disposiciones finales ANEXO I || Lista de actividades que se benefician del reconocimiento mutuo ANEXO II || Clasificación de las cuentas de orden ANEXO III || Tratamiento de los instrumentos derivados ANEXO IV || Tipos de derivados ANEXO V || Criterios técnicos para la organización y tratamiento de riesgos ANEXO VI || Método estándar ANEXO VI Parte 1 || Ponderaciones del riesgo ANEXO VI Parte 2 || Reconocimiento de las ECAI y distribución de sus evaluaciones de crédito ANEXO VI Parte 3 || Utilización de las evaluaciones de crédito de las ECAI para la determinación de las ponderaciones del riesgo ANEXO VII || Método basado en las evaluaciones internas ANEXO VII Parte 1 || Exposiciones ponderadas por riesgo y pérdidas esperadas ANEXO VII Parte 2 || PD, LGD y vencimiento ANEXO VII Parte 3 || Valor de la exposición ANEXO VII Parte 4 || Exigencias mínimas para el método IRB ANEXO VIII || Reducción del riesgo de crédito ANEXO VIII Parte 1 || Admisibilidad ANEXO VIII Parte 2 || Requisitos mínimos ANEXO VIII Parte 3 || Cálculo de los efectos de la reducción del riesgo de crédito ANEXO VIII Parte 4 || Desfases de vencimientos ANEXO VIII Parte 5 || Combinaciones de reducciones del riesgo de crédito en el Método estándar ANEXO VIII Parte 6 || Técnicas CRM en cestas ANEXO IX || Titulización ANEXO IX Parte 1 || Definiciones a efectos del anexo X ANEXO IX Parte 2 || Requisitos mínimos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo de crédito significativa y el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y los importes de las pérdidas esperadas para los riesgos de titulización ANEXO IX Parte 3 || Calificaciones externas de crédito ANEXO IX Parte 4 || Cálculo ANEXO X || Riesgo operativo ANEXO X Parte 1 || Método del indicador básico ANEXO X Parte 2 || Método estándar ANEXO X Parte 3 || Métodos de medición avanzada ANEXO X Parte 4 || Uso combinado de diferentes metodologías ANEXO X Parte 5 || Clasificación por tipo de evento generador de pérdida ANEXO XI || Criterios técnicos para el estudio y evaluación de las autoridades competentes ANEXO XII || Criterios técnicos sobre la publicación de información ANEXO XII Parte 1 || Criterios generales ANEXO XII Parte 2 || Requisitos generales ANEXO XII Parte 3 || Criterios de selección para el uso de instrumentos o metodologías particulares H Parte A || Directivas derogadas con sus modificaciones sucesivas (contempladas en el artículo 158) ANEXO XIII Parte B || Plazos de transposición (contemplados en el artículo 158) ANEXO XIV || Tabla de correspondencias ê 2000/12/CE (modificado) TÍTULO I ÖOBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y Õ DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ê 2000/12/CE Apartados 1 y 2 del artículo 2 (modificados) Artículo 1 1. La presente Directiva se refiere Öestablece normas relativas Õ al acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio Ö , así como a su supervisión prudencial Õ . Será aplicable a todas las entidades de crédito. 2. Los El artículos Ö39Õ y 52 a 56 Ö la sección 1 del capítulo 4 del título V Õ serán también aplicables a las sociedades financieras de cartera y a las sociedades mixtas de cartera que tengan su sede en la Comunidad. 3. Las entidades excluidas con carácter permanente en el apartado 3 Ö con arreglo al artículo 5 Õ, a excepción, no obstante, de los bancos centrales de los Estados miembros, se considerarán entidades financieras a efectos de la aplicación del los artículos 25 y 52 a 56 Ö 39 y la sección 1 del capítulo 4 del título V Õ . ê 2000/12/CE Apartado 3 del artículo 2 (modificado) Artículo 2 La presente Directiva no se refiere a las actividades: – de los bancos centrales de los Estados miembros, – de las oficinas de cheques postales, – en Bélgica, del Institut de réescompte et de garantie/Heridscontering- en Waarborginstituut, – en Dinamarca, del Dansk Eksportfinansieringsfond, del Danmarks Skibskreditfond y del Dansk Landbrugs Realkreditfond, – en Alemania, de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, de los organismos que en virtud de la Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Ley sobre la utilidad pública en materia de vivienda) son reconocidos como órganos de la política nacional en materia de vivienda y cuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad preponderante, así como de los organismos que, en virtud de dicha Ley, se reconocen como organismos de vivienda de interés público, – en Grecia, de la Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), de la Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Tamio Parakatathikon kai Danion) y de la Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Tachidromiko Tamieftirio), – es España, del Instituto de Crédito Oficial, – en Francia, de la Caisse de dépôts et consignations, – en Irlanda, de las credits unions y de las friendly societies, – en Italia, de la Cassa depositi e prestiti, – en los Países Bajos, de la Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, de la NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de la NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering y de la Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV, – en Austria, de empresas reconocidas como asociaciones de construcción de interés público y del Österreichische Kontrollbank AG, – en Portugal, las Caixas Económicas que existieran a 1 de enero de 1986, excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y de la Caixa Económica Montepio Geral, – en Finlandia, de la Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, y de la Kera Oy/Kera Ab, – en Suecia, de la Svenska Skeppshypotekskassan, – en el Reino Unido, del National Savings Bank, de la Commonwealth Development Finance Company Ltd, de la Agricultural Mortgage Corporation Ltd, de la Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd, de los Crown Agents for overseas governments and administrations, de las credit unions y de los municipal banks. ê Acta de adhesión 2003 – en Letonia, de las “krājaizdevu sabiedrības”, empresas reconocidas en virtud de los “Krājaizdevu sabiedrību likums” como empresas cooperativas que prestan servicios financieros únicamente a sus miembros, – en Lituania, de las “kredito unijos”, que no sea el “Centrinė kredito unija”, – en Hungría, del “Magyar Fejlesztési Bank Rt.” y del “Magyar Export-Import Bank Rt.”, – en Polonia, del “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe” y del “Bank Gospodarstwa Krajowego”. ê Directiva 2004/xx/CE Apartado 1 del artículo 3 (modificado) 4. La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 60, decidirá toda eventual modificación de la lista que figura en el apartado 3." ê 2000/12/CE Apartados 5 y 6 del artículo 2 (modificados) Artículo 3 1. Ö Una o varias de Õ Llas entidades de crédito que existían el 15 de diciembre de 1977 en un mismo Estado miembro y que, en esta fecha, estaban afiliadas de forma permanente a un organismo central que las controle y esté establecido en ese Ö el Õ mismo Estado miembro podrán ser eximidas de las condiciones que figuran en Ö el artículo 7 el apartado 1 del artículo 11 Õ el apartado 1 del artículo 6 y en los artículos 8 y 59 si el 15 de diciembre de 1979, a más tardar, el Derecho nacional ha previsto que: a) las obligaciones del organismo central y de las entidades afiliadas constituyen obligaciones solidarias o que las obligaciones de las entidades afiliadas estén completamente garantizadas por el organismo central, b) la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las filiales estén supervisadas en su conjunto sobre una base consolidada, c) la dirección del organismo central esté habilitada para dar instrucciones a la dirección de las entidades. Las entidades de crédito con radio de acción local Ö permanentemente Õ afiliadas con posterioridad a 15 de diciembre de 1977 a un organismo central a efectos del párrafo primero podrán beneficiarse de las condiciones fijadas en el mismo si constituyen una extensión normal de la red dependiente del organismo central. ê Directiva 2004/xx/CE Apartado 2 del artículo 3 (modificado) Siempre que se trate de entidades de crédito distintas de las creadas en regiones recientes ganadas al mar, o como resultado de la fusión o división de entidades existentes dependientes del organismo central, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo Ö 150 Õ 60, podrá fijar reglas suplementarias para la aplicación del párrafo segundo, incluso la aprobación de las exenciones previstas en el párrafo primero, cuando entienda que la afiliación de las nuevas entidades que disfruten del régimen previsto en el párrafo segundo podría afectar a la competencia de manera negativa. ê 2000/12/CE Apartados 5 y 6 del artículo 2 (modificados) 2. Las entidades de crédito que estén afiliadas a un organismo central en el mismo Estado miembro, en la forma del Ö contempladas en el Õ párrafo primero del apartado Ö 1 Õ 5, podrán también estar exentas de la aplicación del Ö los Õ artículos Ö 9 y 10 Õ 5 y de los artículos 40 a 51 y 65 Ö las secciones 2, 3, 4, 5 y 6 del capítulo 2 y el capítulo 3 del título V Õ , siempre que, sin perjuicio de la aplicación de dichas disposiciones al organismo central, el conjunto constituido por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo estén sometidos a dichas disposiciones sobre una base consolidada. En caso de exención, los artículos Ö 16, 23, 24 y 25, los apartados 1 a 3 del artículo 26 y los artículos 28 y 29 a 37 Õ 13, 18 y 19, los apartados 1 a 6 del artículo 20 y los artículos 21 y 22 se aplicarán al conjunto formado por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo. ê 2000/12/CE Artículo 1 (modificado) Artículo 4 Definiciones A efectos de la presente Directiva, Ö se entenderá por:Õ ê 2000/28/CE Apartados 1 a 5 del artículo 1 (modificados) (1) «entidad de crédito»: a) una empresa cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia, o b) una entidad de dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades[20]. Se considerará entidad de crédito, a los efectos de la supervisión sobre una base consolidada, cualquier entidad de crédito que se corresponda con la definición del párrafo primero y cualquier empresa que responda a la definición del párrafo primero y haya sido autorizada en un tercer país. Se considerarán entidades de crédito, a los efectos de la supervisión y del control de grandes riesgos, las entidades de crédito mencionadas en el párrafo primero, incluidas las sucursales de dichas entidades en países terceros, y toda empresa pública o privada, incluidas sus sucursales, que respondan a la definición del párrafo primero y hayan sido autorizadas en un tercer país; (2) «autorización»: acto de las autoridades, cualquiera que sea su forma, del que deriva la facultad de ejercer la actividad de entidad de crédito; (3) «sucursal»: una sede de explotación que constituya una parte, desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito, que efectúe directamente, de modo total o parcial, las operaciones inherentes a la actividad de una entidad de crédito; se considerarán como una sola sucursal varias sedes de explotación creadas en el mismo Estado miembro por una entidad de crédito que tenga su sede social en otro Estado miembro; (4) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o reglamento, para controlar las entidades de crédito; (5) «entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir y tener participaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se enumeran en los puntos 2 a 12 del anexo I; ò nuevo (6) «instituciones»: a efectos de las Secciones 2 y 3 del capítulo 2 del título V, las instituciones definidas en [el apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 96/3/CEE[21]]; ê 2000/12/CE Apartados 6 a 8 del artículo 1 (modificados) (7) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito ha sido autorizada con arreglo a los artículos 4 a 11 Ö 6 a 9 y 11 a 14 Õ; (8) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito tiene una sucursal o presta servicios; (9) «control»la relación existente entre una empresa matriz y una filial, prevista en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa; ê 2002/87/EC 2002/87/CE Letra a) del apartado 1 del artículo 29 (modificada)ð nuevo (10) «participación a los efectos de la supervisión sobre una base consolidada y a los efectos de los puntos Ö o) y p) Õ 15 y 16 del apartado 2 del Ö apartad