ES    ES  
 COMISIÓN  
EUROPEA 
Bruselas, 6.5.2013  
SWD(2013) 166 final 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
que acompaña al documento 
Propuesta de 
 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativo a los controles oficiales y las demás actividades oficiales realizados con el fin de 
garantizar la aplicación de la  legislación sobre los alimentos y los piensos, y de las 
normas sobre salud y bienestar de los animal es, fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, y por el  que se modifican los Reglamentos (CE) 
nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 
1107/2009, los Reglamentos (UE) nos 1151/2012 y […]/2013 [ Oficina de Pu blicaciones, 
insértese el número del Reglamento por el qu e se establecen dispos iciones para la gestión 
de los gastos relativos a la cadena alimentari a, la salud animal y el bienestar de los 
animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal ], y las 
Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 2009/128/CE 
(Reglamento sobre controles oficiales) 
{COM(2013) 265 final} 
{SWD(2013) 167 final}  
 
ES 2   ES DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
que acompaña al documento 
Propuesta de 
 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativo a los controles oficiale s y las demás actividades oficia les realizados con el fin de 
garantizar la aplicación de la legislación so bre los alimentos y los piensos, y de las 
normas sobre salud y bienestar de los animal es, fitosanidad, materiales de reproducción 
vegetal y productos fitosanitarios, y por el  que se modifican los Reglamentos (CE) 
nos 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 
1107/2009, los Reglamentos (UE) nos 1151/2012 y […]/2013 [ Oficina de Publicaciones, 
insértese el número del Reglamen to por el que se establecen disposiciones para la gestión 
de los gastos relativos a la cadena alimenta ria, la salud animal y el bienestar de los 
animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal ], y las 
Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/ CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE y 2009/128/CE 
(Reglamento sobre controles oficiales) 
1. D EFINICIÓN DEL PROBLEMA  
Antecedentes  
La responsabilidad de hacer cumplir la legislación de la Unión Europea (UE) sobre la 
cadena agroalimentari a corresponde a los Estados miembros, cuyas autoridades 
vigilan la aplicación efectiva en toda la UE de los requisitos pert inentes. Al hacerlo, 
comprueban que las actividades realizadas por los distintos operadores y las mercancías comercializadas en la UE (b ien producidas en esta o importadas de 
terceros países) cumplen las normas y requisitos pertinentes de la cadena 
agroalimentaria. Todos los explotadores de empresas, independientemente de su 
tamaño, están sometidos a controles oficiales en función del riesgo que las diferentes 
actividades pueden suponer para la segurid ad de la cadena agroalimentaria. En 
efecto, las pequeñas empresas, incluidas las microempresas, representan más de la 
mitad del número total de operadores en la mayoría de los Estados miembros y pueden entrañar riesgos graves, a pesar de  que sus actividades sean de escala 
reducida (como en el recien te caso de la crisis de E. coli ). 
En el Reglamento (CE) nº 882/2004 (en lo sucesivo denominado «el Reglamento») 
se establecen normas armonizadas de la UE  aplicables a las actividades de control 
realizadas por los Estados miembros, con el  fin de dar paso a un enfoque integrado y 
uniforme de los controles oficiales a lo la rgo de la cadena agroalimentaria. El 
Reglamento aporta un marco general a los controles oficiales de la normativa 
relativa a los piensos y alimentos, a la  salud animal y al bienestar de los 
animales , estableciendo las normas por  las que se rige tanto la organización  como la 
financiación  de dichos controles.  
 
ES 3   ES A pesar de este enfoque inte grado, por razones históricas los controles relativos a la 
sanidad animal (tanto con mercancías n acionales como importadas) y los controles 
relativos a los residuos de medicamentos ve terinarios seguían estando reglamentados 
por separado. Además, algunos sectores relativos a la ca dena agroalimentaria no se 
habían incluido en el ámbito de ap licación del Reglamento —a saber, la fitosanidad, 
los materiales de reproducción ve getal (en lo sucesivo, «MRV») y los 
subproductos animales (en lo sucesivo, «SPA») — y para ellos se establecieron 
regímenes sectoriales específicos.  
El Reglamento ha introducido importantes  mejoras en la forma que tienen las 
autoridades competentes (en lo sucesivo, «AACC») de organizar y llevar a cabo 
controles oficiales a lo largo de la cadena  agroalimentaria, y ha puesto los cimientos 
de un planteamiento más integrado y horizontal.  Sin embargo, las pruebas recogidas 
a lo largo de los últimos cinco años [comentarios de los interesados y de las AACC de los Estados miembros, y auditorías de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV)] indican que hay deficiencias debida s, por un lado, al carácter incompleto de 
la aplicación de ciertos prin cipios y del logro de cierto s objetivos, y, por otro lado, a 
que el enfoque integrado de los controles oficiales se ha consolidado solamente en 
parte.  
La revisión del Reglamento forma parte de  un paquete que incluye asimismo otras 
tres importantes revisiones para modernizar  los acervos relativos a la salud animal, a 
la salud vegetal y a los MRV
1. Su objetivo es, por tanto, modernizar e integrar el 
sistema de controles oficiales de manera que  siga con coherencia a la mejora de las 
políticas de la UE en dichos sectores.  
Identificación del problema  
Aunque los Estados miembros garantizan un buen nivel de aplicación de los 
controles oficiales a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y se están observando 
avances en la utilización de las herrami entas de control establecidas en el 
Reglamento, se han encontrado ciertas defi ciencias derivadas, por una parte, del  
diseño del marco de lo s controles oficiales  y, por otra parte, de la incertidumbre 
en cuanto a la disponibil idad de recursos suficientes para financiar de modo 
adecuado los controles oficiales .  
Diseño del marco de los controles oficiales 
1) No se ha alcanzado plenamente el objetivo principal del Reglamento, 
consistente en la elaboración de un en foque integrado y uniforme sobre los 
controles oficiales. Las normas sobre los controles oficiales de la UE en sectores fuera del ámbito del Reglamento no se ajustan totalmente a los principios y requisitos que este establece.  A resultas de ello, se encuentran 
incoherencias y lagunas legales, ya que dichos sectores care cen de importantes 
disposiciones en relación con la oblig ación de rendir cuen tas y la solidez y 
eficacia de las actividades de control (v éanse ejemplos en las páginas 7 y 8 del 
informe). Así pues, las autoridades de c ontrol operan sobre la  base de enfoques 
                                                
 
1 Las evaluaciones de impacto que acompañan a las revisiones sobre la salud animal y la salud vegetal ya 
han recibido el respectivo dictamen positivo del Comité de Evaluación de Impacto. La evaluación de impacto que acompaña a la revisión de los materiales de reproducción vegetal aún está en trámite.  
 
ES 4   ES diferentes y en condiciones diferentes, en función de las normas de la cadena 
agroalimentaria específica cuya aplicación deban controlar, sin que estas diferencias tengan justificación alguna.  
2) El Reglamento establece que  los controles oficiales deben basarse en el riesgo  
para maximizar la eficiencia de las actividades de control destinadas a proteger la salud. En la actualidad hay dos campos en que este enfoque sigue sin 
utilizarse, a saber, los contro les oficiales efectuados en las fronteras con 
determinadas mercancías pr ocedentes de terceros países , y los controles 
oficiales de los residuos de medicamentos veterinarios  (véanse ejemplos en 
las páginas 8 y 9 del informe). La razón principal de esta situación es que tales controles se establecen en normas de la UE anteriores al Reglamento, no 
derogadas por este, y que no establecen mecanismos apropiados para tener en cuenta el riesgo real que puede s uponer una mercancía, una actividad 
económica o un tercer país. Esto implica que en todos los Estados miembros se 
asignan recursos a la realización de cont roles que no se justifican por el riesgo 
y, por tanto, constituyen un despilfarro im portante de recursos públicos (tiempo 
y dinero) que podrían utilizarse mejor al lí donde los riesgos sean más elevados. 
El uso ineficiente de recursos tamb ién provoca cargas innecesarias que deben 
soportar los operadores (para que puedan hacerse los controles, ellos tienen que dedicar tiempo, personal, equipos e instalaciones).   
3) También se impone una carga administrativa  innecesaria sobre las AACC de 
los Estados miembros. Se considera que esto es así cuando los Estados 
miembros se ven obligados a transmitir a la Comisión, solicitando su autorización, las actualizaciones anuales de  sus planes de vigilancia de los 
residuos de medicamentos veterinarios. En el mismo ámbito, resultan también 
superfluas las obligacione s específicas de notificac ión, ya que repiten el 
requisito general de notificación del Re glamento. Estas cargas derivan de las 
obligaciones que impone a los Estados miembros la Directiva 96/23/CE.  
4) Por otra parte, el Reglamento, que re quiere que los laborato rios oficiales estén 
acreditados de acuerdo con la norma EN  ISO/IEC 17025, no permite acuerdos 
temporales sobre urgencias o casos en que los laboratorios tengan que utilizar 
un nuevo método no incluido aún en la ac reditación (véanse ejemplos en la 
página 10 del informe). Análogamente, no se prevé ninguna flexibilidad para 
los pequeños laboratorios que realicen tipos de pruebas extremadamente básicos (véanse ejemplos en la página 10 del informe).  
5) El Reglamento incluye ciertos pr incipios y mecanismos importantes que 
actualmente son aplicados de forma desigual por las AACC de los Estados miembros, o según prácticas divergentes en  los distintos Estados miembros. En 
particular, exige que haya cooperación administrativa: i) entre los Estados 
miembros respecto a las medidas de cont rol transfronterizas, y ii) entre las 
autoridades sanitarias y los servicio s aduaneros. Sin embargo, los Estados 
miembros no están utilizando plenamente esta herramienta o encuentran dificultades para entender sus condicione s de aplicación (véanse ejemplos en la 
página 10 del informe). Otro requisito que es objeto de prácti cas divergentes en 
los distintos Estados miembros es la obligación que tienen las AACC de los Estados miembros de velar por un «nive l elevado de transparencia» de las 
actividades de control respecto a los opera dores y al público en general. Esto se 
 
ES 5   ES debe sobre todo a que el Reglamento no contempla que se den orientaciones 
exhaustivas sobre cómo debe tene r lugar la cooper ación (calendario, 
información que debe intercambiarse, etc.) ni sobre qué información debe 
ponerse a disposición del público. Por otra parte, la Comisión no está facultada 
para establecer nuevos aspectos ni disposiciones de aplicación uniformes. 
Financiación de los controles oficiales 
1) Los Estados miembros deben velar por que los controles ofic iales dispongan de 
recursos económicos adecuados. Sin em bargo, la información comunicada por 
los Estados miembros y las auditorías  de la OAV revela que los Estados 
miembros se encuentran con dificultades generalizadas  para dotar de recursos 
adecuados a los servicios de control.  El anexo XV (página 132 del informe) 
enumera una serie de casos significativos en los que en los últimos cuatro años los inspectores de la UE han notificado que las deficiencias observadas en las 
actividades de control o el nivel insuficiente o insatisfactorio de los controles tienen como causa atribuida la ausencia o escasez de recursos  (véanse 
ejemplos en la página 11 del informe) . Tales dificultades se ven exacerbadas 
por la actual crisis económica y financ iera, y existe el riesgo de que un 
aumento de la presión sobre la hacie nda pública y la financiación disponible 
para los controles oficiale s afecte negativamente a la capacidad de los Estados 
miembros de realizar controles oficiale s eficaces y, en consecuencia, al nivel 
de protección ofrecido por la  legislación de la UE.  
A fin de reducir la dependenc ia de la financiación de lo s controles respecto a la 
hacienda pública, el Reglamento señala  una serie de actividades de control 
(principalmente las relativas a la carne, la leche y los productos pesqueros, así 
como a los controles efectuados en las fr onteras de la UE) por las cuales los 
Estados miembros deben cobrar una tasa a los operadores ( tasa obligatoria ) 
para resarcirse de los costes del control . Respecto a las demás actividades de 
control, los Estados miembros pueden el egir si cobrar o no una tasa a los 
operadores. 
Sin embargo, las tasas obligatorias, según la reglamentación vigente, no 
permiten a las AACC resarcirse de todos sus gastos y garantizar así un flujo 
estable de recursos para financiar la realización de los controles.  
Además, una variación significativa en el  importe que recu pera cada Estado 
miembro por las actividades de control of icial ha provocado en las empresas de 
toda la UE la sensación de  que el coste de las activid ades de control oficial no 
se reparte de manera equitativa y just a entre los operadores de la cadena 
agroalimentaria de la UE. Los operadores también se quejan de que el sistema vigente no recompensa suficientemente el comportamiento de las empresas que cumplen las normas (y piden un enfoque que favorezca más a los buenos respecto a los malos cumplidores). 
2) En los casos en que se exige a los op eradores que paguen ta sas obligatorias, el 
impacto de estas puede ser mayor en las microempresas debido a su menor 
volumen de negocios o producción. Aunque actualmente no hay datos que sugieran que las tasas obligatorias apli cadas en virtud del marco vigente hayan 
dado lugar en realidad a efectos adve rsos o desproporcionados sobre las 
 
ES 6   ES microempresas, la necesidad de permitir a las autoridades de control resarcirse 
de los gastos de forma que se garanti cen unos recursos su ficientes para los 
controles oficiales ha de sopesarse frente  a la necesidad de aliviar la carga que 
recae sobre las empresas muy pequeñas, de acuerdo con la nueva política de la Comisión sobre «Reducción al mínimo de  la carga normativa para las PYME – 
Adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microempresas»
2. 
De acuerdo con esta política, las micr oempresas deben quedar en principio 
excluidas de las cargas normativas, salvo que pueda demostrarse la necesidad y proporcionalidad de su inclusión.  
2. A
NÁLISIS DE LA SUBSIDIARIEDAD  
Es necesario un marco legislativo armonizado de la UE que reglamente la 
organización y la realización de los controles oficiales a lo largo de la cadena agroalimentaria, para garantizar la aplic ación uniforme de las normas de la cadena 
agroalimentaria en toda la UE y el buen funcionamiento del mercado interior. Esta 
argumentación, que sigue siendo válida, in spira las normas existentes sobre los 
controles oficiales. Dado que los problemas detectados por la presente revisión están 
relacionados con el actual diseño del ma rco legislativo de la UE, los Estados 
miembros por sí solos no pueden lograr su reforma. Es precisa la intervención del 
legislador europeo. 
El valor añadido de un conjunto único, uniform e, de normas de la UE aplicables a los 
controles oficiales estriba en el hecho de  que ofrece a los responsables nacionales (y 
a los operadores) un marco dentro de l cual las AACC pueden confiar en las 
actividades de control del cumplimiento de la normativa lleva das a cabo en otro 
Estado miembro, y en la reproducibilidad y solidez científica y técnica de los 
resultados del control. Además, gara ntiza que las normas de la cadena 
agroalimentaria de la UE necesarias para el funcionamiento del mercado único se 
aplican de manera uniforme y coherente en los distintos Estados miembros y 
sectores.  
Un sistema de control oficial de la UE que  sea eficaz resulta importante tanto para las 
exportaciones como para las importaciones de la UE. La capacidad de la UE de 
exportar hacia terceros países  se basa en la reputación de las estrictas normas de 
producción y valor añad ido que pueden ostentar las mer cancías de la Unión frente a 
las producidas fuera de Europa. Esto solo  puede conseguirse mediante controles 
oficiales fiables que garanticen que las nor mas de la UE en materia de seguridad y 
calidad de la cadena agroalimentaria se  aplican de manera coherente y que se 
cumplen las expectativas de los socios comerciales. Respecto a las importaciones, 
resulta fundamental que sean seguros todos lo s alimentos existentes en el mercado de 
la UE. Los controles realizados por las AACC de los Estados miembros con las mercancías procedentes de terceros países  garantizan que estas ofrezcan suficientes 
garantías de que se ajustan a unos niveles de seguridad equivalentes. 
Por lo que respecta a la financiación de lo s controles, las normas comunes de la UE 
garantizan que las AACC pueden contar co n un flujo fiable de recursos para 
mantener el esfuerzo de control a un ni vel justificado por los riesgos y por las 
                                                
 
2 COM(2011) 803. 
 
ES 7   ES necesidades de control (por ejemplo, el ni vel de incumplimiento). Las disposiciones 
relativas a las tasas, en particular, garant izan que las empresas relacionadas con la 
manipulación de piensos y alimentos, que son las beneficiarias directas de unos controles eficaces, participen en la fi nanciación de estos, reduciendo así la 
dependencia de dicha financ iación respecto de la haci enda pública. También son 
necesarias normas comunes de la UE para evitar un trato discriminatorio entre los operadores situados en un Estado miembro do nde se aplica el principio de «quien 
usa, paga» (y, por tanto, se imponen tasa s) y los situados en un Estado miembro 
donde no es así. Solamente unas normas co munes de la UE pueden garantizar un 
enfoque uniforme para el logro de este objetivo. 
La acción de la Unión no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos. En el presente ejercicio se ha analizado una amplia gama de opciones, 
incluidas la armonización de los niveles de las tasas entre los Estados miembros y la 
desregulación del asunto. El análisis tuvo como objetivo idear la solución más proporcionada para garantizar un flujo suficiente y consta nte de recursos dedicados a 
los controles oficiales, dejando a los Estados  miembros el tiempo y la flexibilidad 
necesarios para ocuparse de sus disposicione s internas y de las especificidades de sus 
empresas.  
3. O
BJETIVOS POLÍTICOS  
Los objetivos generales  (que coinciden a grandes líneas con los objetivos del 
Tratado) son los siguientes: 
1. contribuir a promover el correcto f uncionamiento del mercado interior; 
2. mantener un alto nivel de protección de  la salud humana, animal y vegetal, y 
del bienestar de los animales, y evitar que  esto se vea dificu ltado por la posible 
inaplicación de la legislación de la UE; 
3. velar por la aplicación adecuada y unif orme de la legislación de la UE. 
Los objetivos específicos  se establecen con el fin de eliminar los obstáculos 
específicos observados durante el análisis y que se oponen al logro de los objetivos 
generales en este ámbito.  
 
ES 8   ES Cuadro 1: Objetivos específicos y su relación con los problemas  
 Problema observado  Objetivos específicos  
Incoherencias, lagunas y solapamientos de los 
requisitos de control  Conseguir un enfoque exhaustivo y coherente para los controles oficiales a lo largo de la cadena agroalimentaria
 
Aplicación incoherente de l enfoque basado en 
el riesgo  Permitir un uso eficaz de los recursos nacionales de control
 
Carga administrativa y requisitos desproporcionados
 Reducir la carga administrativa y suprimir los requisitos innecesarios
 
Mejorar la transparencia  Diseño del marco de los controles 
oficiales  
Aplicación desigual de los requisitos de 
cooperación y transparencia  
Fomentar la cooperación entre Estados miembros para mejorar la realización de los controles oficiales
 Financ iación de 
los controles 
oficialesDificultades y desigualdades de la financiación 
de las actividades de control oficial  - Garantizar la disponibilidad de recursos 
adecuados 
- Velar por que la financiación de los controles 
oficiales sea equitativa y justa 
- Mejorar la transparencia del sistema de 
financiación de los controles oficiales  
4. O PCIONES DE ACTUACIÓN  
El análisis de las opciones disponi bles se efectuó en dos etapas:  
1) en primer lugar, se prestó atenci ón al impacto potencial de dos cambios 
posibles de la situación actual, destin ados específicamente a desregular la 
cuestión de la financiación de los controles oficiales (opción 1A) y la de la 
exención de las microempresas respecto  al sistema de tasas (opción 1B)3; 
2) el resultado del anál isis efectuado según el punt o anterior se utilizó a 
continuación para designar las opcione s 2, 3 y 4, que combinan los elementos 
siguientes: i) ampliar el ámbito del Reglamento a los sectores de la cadena alimentaria que ahora están fuera de él (es decir, la fitosanidad, los MRV y los 
SPA), ii) mejorar y simplificar el ma rco legislativo, iii) velar por la 
recuperación total de los costes mediante las tasas, iv) ampliar la lista de actividades de control por las que es  obligatorio reca udar tasas de los 
operadores. 
Hipótesis de partida:
 La integración del sistema de cont roles oficiales a lo largo de la 
cadena agroalimentaria es parcial y algunos sectores de la misma quedan fuera del 
ámbito de aplicación del Reglamento. Los controles oficiales aplicados en las 
                                                 
3 Aunque en teoría ambas opciones (1A y 1B) pueden combinarse con otros elementos de la opciones 2, 
3 y 4, se presentan y evalúan individualmente debido a la importancia de los cambios que implican. De 
hecho, estas dos opciones alterarían sustancial mente el marco actual por lo que respecta a la 
financiación de los sistemas de control nacionales, y cuestionarían algunos de sus principios 
establecidos. Por otra parte, la combinación de las opciones 1A y 1B con otros elementos de las 
opciones 2, 3 y 4 no implicaría compensaciones significativas, por lo que no modificaría de forma apreciable el análisis de rentabilidad de las opciones 2, 3 y 4. 
 
ES 9   ES fronteras exteriores de la UE a determinadas mercancías procedentes de terceros 
países y los controles oficiales de los re siduos de medicamentos veterinarios no se 
ajustan al enfoque basado en el riesgo. Esta situación seguirá generando gastos 
evitables (correspondientes a unos controles establecidos de forma rígida, que no se 
basan en el riesgo). Habrá incoherencias y pérdidas de eficacia en los esfuerzos 
realizados por las autoridades nacionales, y en la colaboración entre ellas, debido a la 
falta de orientaciones uniformes sobre cómo  aplicar la cooperación administrativa y 
conseguir un nivel elevado de transparenci a. No se contempla ninguna excepción al 
requisito de acreditación de los laboratorios oficiales.  
El cobro de tasas es obligatorio respecto a una serie limitada de actividades de 
control. Los Estados miembros pueden optar por aplicar una tasa global de la UE 
fijada en el Reglamento, sin que tenga que  corresponder al coste real del control. 
Esto puede acarrear una financ iación insuficiente y el ri esgo de que se reduzca la 
capacidad del sistema de control para preven ir y limitar los riesgos sanitarios a lo 
largo de la cadena agroalimentaria. 
Opción 1A – Derogar las normas de la Un ión sobre las tasas de los controles : Cada 
Estado miembro decidiría qué enfoque seguir en  relación con la fi nanciación de las 
actividades de control oficial, siempre que quede garantizado un nivel adecuado de 
recursos para los controles. Sería necesario derogar los artículos 27, 28 y 29  del 
Reglamento y, en particular, el cobro obligat orio de tasas en determinados ámbitos.  
Opción 1B – Exención obligatoria de las microempresas respect o a la aplicación de 
tasas:  Esta opción, seleccionada ante los c ontinuos esfuerzos de la Comisión por 
promover la competitividad de las microempresas, exigiría que el abanico de los operadores a los que se imponen tasas obligator ias se restringiera de forma adecuada 
para excluir a las microempresas. 
Opción 2 – Racionalización
: Mejorar el marco jurídico racionalizando las normas 
aplicables a los controles  efectuados en las fronteras exteriores de la UE con 
determinadas mercancías procedentes de terceros países  y a los controles con los 
residuos de medicamentos veterinarios, ajustándolas al enfoque basado en el 
riesgo . Debería introducirse la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación 
con otras autoridades nacionale s (en las fronteras y en otros lugares), de forma que se 
realicen todas las posibles sinergias operativas . Se simplificarían  las disposiciones 
sobre los laboratorios  oficiales, con excepciones en  los casos pertinentes. Se 
derogaría  la legislación  anterior que hubiera quedado obsoleta o fuera superflua, de 
forma que se eliminaran los solapamientos y las ca rgas administrativas . La 
Comisión  estaría facultada  para especificar, mediante actos delegados o de 
ejecución, las condiciones de determinados  requisitos para lo s que se necesiten 
normas más detalladas (p. ej., cooperación administrativa y transparencia ). 
Las tasas obligatorias se mant endrían en los casos en que ya estuvieran aplicándose, 
y se eliminarían  los obstáculos actuales que se opone n a la recuperación íntegra de 
los costes (p. ej., tasas normalizadas  y armonizadas a nivel de la UE). Se daría la 
posibilidad  de que los Estados miembros eximieran a las microempresas . Se 
contemplaría un periodo transitorio de dos años  para la aplicación de un sistema de 
recuperación íntegra de los costes.  
 
ES 10   ES Opción 3 – Racionalización + integración : De forma adicional a la opción 2, la 
opción 3 ampliaría el ámbito del Reglamento  para incluir sectores que actualmente 
están excluidos del mismo (fitosanidad, MR V y SPA) y completaría la «integración» 
de los controles oficiales. En cuanto a la financiación de estos controles, la lista de 
actividades a las que se aplican tasas obligatorias  se vería ampliada con los 
controles oficiales relativos a las obligaciones del pasaporte fitosanitario  y a la 
certificación  en el campo de los MRV4.  
Opción 4 – Racionalización + integración + recuperación de costes más amplia : De 
forma adicional a la opción 3, la opción 4 ampliaría la lista de tasas obligatorias 
de inspección a todos los controles llevados a cabo por las empresas de piensos y de 
alimentos sometidas al requisito de registro  de acuerdo con las normas de 
seguridad de los alimentos y piensos . Se contemplaría un periodo transitorio de 
tres años  para la aplicación de un sistema de re cuperación íntegra de los costes en el 
ámbito ampliado. 
Cuadro 2: Resumen de las opci ones incluidas en el análisis  
 Ámbito del 
Reglamento  Marco legislativo  Recuperación 
de costes  Ámbito de las tasas 
obligatorias  
Hipótesis de referencia
 Parcial (con 
exclusión de 
fitosanidad, MRV, 
SPA) Deficiencias e 
insuficiencias  Parcial  Parcial (carne, leche, pescado, 
importaciones)  
Opción 1A  Mantenimiento de 
la situación actual  Mantenimiento de 
la situación actual  No 
(desregulación)  / 
Opción 1B  Mantenimiento de 
la situación actual  Mantenimiento de 
la situación actual  Mantenimiento 
de la situación 
actual  Exención de las microempresas  
Opción 2  Mantenimiento de 
la situación actual  Mejorado  Íntegra  Mantenimiento de la situación 
actual  
Opción 3  Ampliación a la 
fitosanidad y a los 
MRV  Mejorado  Íntegra  Adición de la fitosanidad y de 
los MRV  
Opción 4  Ampliación a la 
fitosanidad y a los 
MRV  Mejorado  Íntegra  Todos los operadores 
registrados de alimentos y 
piensos  
5. E VALUACIÓN DE IMPACTO  
La evaluación de impacto analiza los posibles impactos sociales, económicos y 
ambientales (tanto directos como indirect os) de las distintas opciones de actuación. 
Cada opción se ha evaluado frente a la hipót esis de referencia teórica (sin actuación 
alguna) y, por tanto, los impact os descritos se añaden a la situación actual. Los 
impactos económicos se evalúan de acuerdo con los criterios siguientes: competitividad, innovación, sostenibilidad, simplificación y reducción de la carga 
administrativa . Revisten la misma importancia para el análisis los impactos sociales 
(en particular la seguridad , pero también la rendición de cuentas ). La evaluación de 
                                                
 
4 Esto se haría para tener en cuenta la opción favorita  seleccionada en el contexto  de las evaluaciones de 
impacto que acompañan a la revisión de los regímenes de fitosanidad y de MRV. 
 
ES 11   ES cada opción en cuanto a los impactos ambien tales y a los impactos sobre la tasa de 
empleo no ha detectado ningún efecto si gnificativo (ni positivo ni negativo). 
Opción 1A – Derogación de las normas de la  Unión sobre las tasas de los controles  
Es probable que la derogación del marco vige nte en la UE sobre tasas de inspección 
provoque un aumento de la variación de lo s enfoques nacionales y un recorte de los 
recursos asignados a los controles. 
Aunque el impacto sobre el nivel de los r ecursos realmente asignados dependería de 
las opciones que eligiera cada Estado miem bro, por lo que no puede preverse ni 
analizarse con exactitud, es poco probable que se resuelvan los problemas señalados 
en relación con el vigente régimen de tasa s, tales como la incapacidad de garantizar 
una adecuada recuperación de los costes o la dependencia de la ejecución de los 
controles respecto a las políti cas presupuestarias. Dada la  actual crisis económica, 
sería posible que se agravaran los problem as si las decisiones de los Estados 
miembros ocasionaran una reducción de los recursos asignados al funcionamiento de 
los sistemas de control nacionales. Esto implicaría, a su vez, un aumento de las 
dificultades de las AACC para mantener una supervisión eficaz del cumplimiento de 
los requisitos de seguridad a lo largo de la cadena agroalimentaria y para prevenir y resolver crisis a gran escala. 
La derogación del marco de la UE originaría  un paisaje legislativo más complejo, ya 
que sería posible que aumentaran las dife rencias entre las normas nacionales sobre 
financiación de los controles. Como re sultado podrían aparecer distorsiones de la 
competencia, si los operadores de un Es tado miembro tuvieran que pagar por los 
controles, mientras que los competidores de otro Estado miembro estuvieran exentos 
de tales pagos, lo cual tendría efec tos adversos sobre el mercado único. 
Opción 1B – Exención obligatoria de las microempresas respect o a la aplicación de 
tasas  
La exención obligatoria de las microempre sas respecto a la aplicación de tasas, 
aunque reduciría la carga financ iera sobre estas empresas, socavaría el objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del sistema de control, y de esta manera reduciría la 
seguridad de la cadena agroalimentaria. 
En dieciséis de los veintitrés Estados mi embros de los que se tienen datos, las 
microempresas representan más de la mitad del conjunto de las empresas, y en nueve de estos Estados (AT, BE, CY, FI, IT, NL, PL, SE, SI) el porcentaje de las 
microempresas asciende al menos a dos tercios del conjunto de todos los explotadores de empresas. En los casos en que las microempresas representen una amplia mayoría de las empresas sujetas al pago de tasas, el eximirlas de este pago tendría un efecto negativo grave sobre la pr oporción de los costes recuperados por las 
AACC. Se vería amenazado el objetivo de ga rantizar una financiación sostenible de 
los controles mediante la recuperación íntegr a de los costes, ya que seguiría siendo 
necesario efectuar controles con todos los operadores a una frecuencia dictada por el riesgo.  
Si bien la pérdida de ingresos de la s AACC que representarí a la exención podría 
compensarse mediante transferencias del presupuesto general, esto crearía a su vez 
 
ES 12   ES una fuerte dependencia de las actividades de control respecto a los recursos públicos 
y provocaría así una situación (sobre todo en tiempos de crisis y restricciones presupuestarias) de incertidum bre financiera que sería in compatible con el objetivo 
de garantizar la realización de activid ades de control coherentes, eficaces y 
proporcionales al riesgo a lo la rgo de toda la cadena agroa limentaria. El descenso de 
los ingresos de las autoridades competentes haría que se realizaran menos controles, 
que se elevara la probabilidad del incumplimie nto de la legislación de la UE sobre la 
cadena agroalimentaria, y que se viera amenazada la seguridad de la cadena 
agroalimentaria por un mayor riesgo de aparición de crisis alimentarias.  
Por otra parte, si la pérdida de ingresos se compensara con la elevación de las tasas 
aplicadas a las empresas mayores, la exenci ón obligatoria del pago de tasas aplicable 
a las microempresas originaría un tratamie nto injusto de los operadores más grandes 
y posibles distorsiones de la competencia.  
Según el análisis precedente , que cuenta con el pleno apoyo de las AACC y de los 
representantes de la indust ria consultados, se considera que la exención automática 
de las microempresas (o de las PYME en general) del pago de tasas puede ir en 
contra del objetivo de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de control nacionales y puede distorsionar la competencia
5. Por tanto, entre las opciones que se 
recogen más abajo, la exención de las micr oempresas de la aplicación de tasas se 
sustituye por un mecanismo que responde a tales deficiencias. 
Opción 2 – Racionalización  
El aumento de la eficacia del uso de los recursos de control en  función del riesgo y 
la movilización de los recursos financieros asignados para reducir la presión sobre la hacienda nacional permiten avanzar hacia la consecución del objetivo primario de mantener unos controles eficaces y la seguridad de la cadena agroalimentaria. 
Los Estados miembros pueden eximir parci al o totalmente a las microempresas, 
siguiendo las normas sobre ayudas estatales.  
La opción 2 permitiría la plena aplicación del enfoque basado en el riesgo a los 
controles oficiales de los sectores en que actualmente las AACC de los Estados 
miembros no pueden ajustar sus esfuerzos al riesgo real (es decir, los controles 
oficiales efectuados en las fronteras de la UE con determinadas mercancías procedentes de terceros países, y los controles oficiales de los residuos de 
medicamentos veterinarios). De esta mane ra se conseguiría una mejor asignación de 
los recursos para los contro les y, por tanto, un sistema de control más eficiente. Por 
otra parte, al permitir a las autoridades nacionales centrar sus actividades de control en los casos en que sean más elevados los incumplimientos y riesgos, se reduciría la carga de los controles oficiales sobre la s empresas cumplidoras, lo que tendría un 
efecto positivo sobre su competitividad. 
                                                
 
5 La conclusión es la misma en caso de aplicación de tasas obligatorias a todos los operadores registrados 
de piensos y alimentos (opción 4), ya que la proporción de microempresas en los diferentes sectores de 
la cadena agroalimentaria siempre es muy significa tiva (los datos publicados en abril de 2012 por 
FoodDrinkEurope indican que son microempresas el 79 % de los operadores de la industria alimentaria y de bebidas). 
 
ES 13   ES Sin embargo, los beneficios en términos de mejora de la eficiencia y de la 
competitividad solo serían parciales porque los sectores de la fitosanidad, de los MRV y de los SPA no estarían incluidos en el ámbito del Reglamento. De hecho, la 
mejor asignación de los recursos de control solo puede conseguirse garantizando que las AACC lleven a cabo una priorización de los riesgos en todos los sectores de la 
cadena agroalimentaria, incluidos los citados más arriba. A esto se opone la actual fragmentación de la legislación sobre los controles oficiales. 
En cuanto a la financiación de los controles oficiales , el requisito impuesto a los 
Estados miembros de recuperar plenamente lo s costes en los casos en que se apliquen 
tasas obligatorias movilizar ía un flujo más continuo de recursos financieros 
conseguidos a través de dichas tasas, lo que reduciría la presión sobre los 
presupuestos nacionales. 
En la mayoría de Estados miembros los cost es de los controles se recuperan mediante 
tasas solo parcialmente, con una recuperación que va desde el 20 % hasta más del 80 %, y en ocho Estados miembros se recupe ran los costes íntegramente. Así pues, la 
introducción de la recuperación íntegra harí a que en algunos casos se transfiriera a 
los operadores de la cadena agroalimentaria una parte adicional de los costes de los 
controles, parte que se  distribuiría entre dichos opera dores. Se espera que el aumento 
en el nivel de las tasas obligatorias, que  variaría según el porcentaje actual de 
recuperación, no represente una carga ad icional sustancial para los operadores, 
incluso en aquellos sectores en que el cost e de los controles afecte más a los costes 
de producción globales de los operadores, y que corresponden a la inspección de 
carne (a partir de las cifras de la casill a 6 de la página 31, podemos estimar que, en 
función del porcentaje actual de recupe ración de los costes por los Estados 
miembros, se aplicarían unas tasas adici onales correspondientes a aproximadamente 
el 0,2 – 0,8 % del valor de la producción a nual de un operador típico); a cambio de 
esto, se garantizaría que cada año entre 900 millones EUR y 3 400 millones EUR 
aproximadamente se añadirían a la financ iación de los controles oficiales en el 
conjunto de los Estados miembros
6. 
Mediante la eliminación del uso de tasa s normalizadas a nivel de la UE y la 
exigencia de que todas las tasas se base n en los costes, la opción 2 crearía unas 
condiciones equitativas pa ra todos los operadores a los que se apliquen tasas 
obligatorias. Las nuevas disposiciones harí an que el mecanismo de financiación de 
los controles pueda ser util izado por los Estados miembros para recompensar a las 
empresas que funcionen bien y presente n poco riesgo, incluso aunque se apliquen 
tasas a tanto alzado a todos  los operadores, independ ientemente de que sean 
inspeccionados realmente durante el periodo de  referencia (al cobrarles una tasa de 
menor importe que la aplicada a opera dores que sean malos cumplidores). 
Se espera que el requisito de calcular todas las tasas sobre la base de los costes 
genere una carga administra tiva adicional, de caráct er limitado, para aquellos 
Estados miembros que actualmente no establecen las tasas en función de los costes generados, ya que podría resultarles necesario in troducir cambios en sus 
procedimientos administrativos. Aunque la mayoría de los Estados miembros calcula 
                                                
 
6 El valor de la producción del sector es de 400 000 millones EUR al año. El número de empresas es de 
60 000 (Eurostat 2008). El importe  medio anual cobrado por inspecciones a cada operador con una 
recuperación íntegra de los costes es de unos 80 000 EUR (datos del sector). 
 
ES 14   ES al menos parte de las tasas obligatorias a partir de los costes reales, un sistema 
basado plenamente en estos podría exigir que  se ajustaran los si stemas actuales de 
determinación de los costes. Se espera que los costes adicionales sean asequibles 
para los presupuestos públicos  (según las estimaciones pr esentadas por dos Estados 
miembros, oscilarían entre unos pocos miles de euros al año  por el tiempo dedicado 
a recoger y compilar los datos necesarios para el cálculo, hasta unas cifras más 
elevadas (coste úni co de 500 000 EUR)  si se creara una he rramienta informática 
específica capaz de registrar el tiempo y los recursos dedicados a cada inspección; véase la casilla 6 de la página 31 del informe). La opción 2 tiene en cuenta las 
necesidades de este ajuste al dar a los Estados miembros dos años para adaptar sus sistemas administrativos al nuevo modelo  de determinación de costes y cobro de 
tasas. 
La opción 2 mejoraría la rendición de cuentas de las actividades de control 
estableciendo un vínculo más fuerte entre los costes y las tasas, mediante el aumento 
de la transparencia de los mecanismos de las tasas (los operadores podrían ver 
claramente por qué conceptos tienen que pagar y cómo los importes exigidos se deducen de los costes que soportan las AA CC). Esta mayor claridad sería un factor 
para aumentar la eficacia de los sistemas de control oficial y también para mejorar la 
supervisión de la aplicación por parte de la  Comisión. Por otra parte, el aumento de 
la transparencia contribuiría a lograr el obj etivo de garantizar que los ingresos por las 
tasas no se destinen indebi damente a usos distintos del previsto (compensar los 
costes de control).  
La posibilidad
 de que los Estados miembros alivie n el impacto que tendría sobre las 
microempresas la recuperación íntegra de los costes, mediante su exención total o parcial del pago de tasas, no priva a las AACC de los recursos que necesitan para 
ejercer sus tareas de control, ya que queda condicionada a que se transfiera una suma 
igual desde el presupues to general a las AACC. 
Opción 3 – Racionalización + integración 
 
Un sistema totalmente integrado de controles a lo largo de la cadena 
agroalimentaria maximizaría la eficiencia  de su aplicación mediante beneficios 
derivados de la simplificación y de la sinergia, facilitando el alcance de los objetivos 
de la legislación relativa a dicha cade na. Los Estados miembros pueden eximir total 
o parcialmente a las microempresas del pag o de tasas, siempre que el Estado 
miembro transfiera a las AACC desde el pr esupuesto general una suma equivalente.  
Además de los efectos destacados en relaci ón con la opción 2, la  opción 3, al ampliar 
el ámbito de aplicación del Reglamento a los sectores de la fitosanidad, de los MRV y de los SPA, aportaría un enfoque armoniza do de los controles oficiales a lo largo 
de toda la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta a la vez las especificidades de 
cada sector, en caso necesario. El conjunt o del sistema se haría más coherente y 
fiable, ya que todos los s ectores utilizarían los mismos mecanismos y tareas. 
Los costes iniciales de la nueva oblig ación de acreditación de los laboratorios 
fitosanitarios irán a cargo de la UE (v éase el anexo XIX, p. 194) y se contempla un 
periodo transitorio de cinco años para facili tar la introducción de  la nueva obligación. 
Opción 4 – Racionalización + integración + recuperación de costes más amplia
 
 
ES 15   ES Mediante la ampliación de la aplicación de  tasas obligatorias a actividades clave de 
la cadena agroalimentaria, esta opción mejo raría la sostenibilidad del sistema de 
control en su conjunto y reduciría su dependencia general de las decisiones 
presupuestarias. También aportaría un enfoque más equitativo sobre las tasas de inspección, al eliminar la inju sticia percibida del sistema vigente, que solo exige que 
se cobre a determinadas categorías de ope radores. Los Estados miembros pueden 
eximir total o parcialmente a las microempresas del pago de tasas, siempre que el Estado miembro transfiera a las AACC de sde el presupuesto general una suma 
equivalente.  
La tradicional limitación de las tasas oblig atorias a (fundamentalmente) los sectores 
de la carne y de la leche y a los controles en las fronteras de productos de origen 
animal se ha ido haciendo cada vez más difí cil de justificar, y ha ido aumentando su 
percepción como una fuente de injusticia entre los operadores a los que se aplican. 
Efectivamente, con el Reglamento y el requisito de que las AACC evalúen los 
riesgos y planifiquen y lleven a cabo controles en toda la cadena agroalimentaria, se pierde la justificación de c obrar tasas a estos sectores solo. La opción 4 hace que las 
tasas obligatorias se apliquen asimismo a ám bitos clave de la cadena agroalimentaria, 
en los que los operadores de alimentos y pi ensos se benefician directamente de la 
realización eficiente de los controles oficia les, ya que estos los ayudan a abastecer al 
mercado con piensos y alimentos seguros. El ampliar el requisito de recuperación de 
los costes a todas las activida des de control dirigidas a gara ntizar la seguridad de los 
piensos y alimentos hace que se puedan sentir a mayor escala los efectos positivos de la opción 2 en términos de aumento de la sostenibilidad de los controles.  
El impacto económico sobre cada Estado miembro y sobre los operadores depende 
de si los Estados miembros ya aplican tasas a los sectores que no están sujetos 
obligatoriamente a las mismas, y de en qué medida es así. Los datos aportados por 
los Estados miembros que están en esta s ituación sugieren que los importes varían 
según el tamaño o producción de la empresa y representan una fracción exigua de 
los costes de producción . Por ejemplo, las tasas aplicadas anualmente, con 
independencia de que se ha ya realizado una inspección o no durante el año, pueden 
variar desde unos importes pequeños (84,5 EUR/año en el caso de pequeños 
restaurantes de Bélgica) hasta otros más elevados, pero sin llegar a ser 
significativos (1 500 EUR/añ o en el caso de las mayores panaderías industriales 
de Italia) .  
En los Estados miembros en que se cobra el coste real de cada inspección, los 
importes varían en función del coste por hora de las actividades de control. La 
frecuencia de los controle s oficiales depende del riesgo, del historial de 
cumplimiento del operador, de la fiabilid ad de sus propias comprobaciones, etc., y 
varía según el sector y la cat egoría de la empresa. Con fines ilustrativos, se puede 
presentar como ejemplo típico  el caso de un pequeño comerciante de alimentos, 
controlado anualmente por un in spector que invierte 1,5 horas en la realización de los 
controles y 1,5 horas en trabaj o de oficina para preparar  el informe correspondiente. 
Este control hipotético costaría, sobre la base del tiempo destinado al control, unos 
50 EUR/año  en Polonia y unos 150 EUR/año  en Italia. Las inspecciones de un 
restaurante tendrían una frecuencia similar pero necesitarían más tiempo, por lo que 
costarían entre un 30 y un 40 % más (65 EU R/año en Polonia, hasta 210 EUR/año en 
Italia). A escala global, esto  podría corresponder a un importe entre 2 300 millones y 
varias veces este valor (hasta 37 000 millones en el caso hipotético de que se cobrara 
 
ES 16   ES a todos los operadores el tipo de tasas aplicado actualmente a las empresas 
alimentarias mayores, es decir, unos 1 500 EUR)7. 
Como en el caso de la opci ón 2, la opción 4 podría provoc ar la aparición de cargas 
administrativas adicionales, de carácter li mitado, relativas al establecimiento por las 
AACC de un sistema de cobro de tasas,  y cuya escala sería probablemente 
comparable a la de la opción 2, con un incr emento secundario por ser más amplio el 
ámbito de los cálculos. Tales costes iría n descendiendo a lo la rgo del tiempo, según 
fueran racionalizándose y h aciéndose más efectivos los m ecanismos de cobro de las 
tasas. Se contemplaría para los Estados miem bros un periodo transito rio de tres años.  
                                                 
7 Combinación de nuevas tasas para sectores actualmente  sujetos al pago de tasas obligatorias (es decir, 
tasas complementarias en el sector de la carne se gún la opción 2) con tasas que deban cobrarse por 
primera vez según la opción 4. El número de empresas es de 25 millones (Eurostat 2008). La banda típica de las tasas aplicadas según la opción 4 es de 85 EUR a 1 500 EUR (véase más arriba). 
 
ES 17   ES 6. C OMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
Cuadro 3: Opciones comparadas con los objetivos  
Objetivos generales  Opción 1A  Opción 1B Opción 2  Opción 3  Opción 4  
Contribuir a promover el correcto 
funcionamiento del mercado 
interior  (--) Probabilidad de 
que aumenten las 
divergencias entre los Estados miembros y 
de que afecten a la 
competencia  (0) (+) Se eliminan las 
distorsiones debidas a 
las prácticas divergentes (tasas) (en 
los casos en que se 
aplican actualmente tasas obligatorias)
 (++) C o m o  e n  2 ;  
además, las normas 
racionalizadas sobre los controles oficiales 
se aplicarían a todos
 
los sectores de la cadena 
agroalimentaria (+++)  Como en 3; además 
las distorsiones 
relacionadas con las tasas se eliminan también en 
los nuevos ámbitos a los 
que se aplicarán también las tasas obligatorias 
 
Mantener un alto nivel de protección de la salud humana, 
animal y vegetal, y del bienestar 
de los animales, y evitar que esto se vea dificultado por la posible 
inaplicación de la legislación de 
la UE
 (-) Posible reducción 
de los controles y de 
la capacidad de 
responder a los riesgos  (0) (+) El basar los 
controles más en los 
riesgos aumentaría su 
eficiencia y la capacidad de 
responder a los riesgos (++) Se maximiza la 
eficacia de los 
controles y se reducen 
los riesgos de que la protección no sea 
óptima
 (++) Como en 3  
Velar por la aplicación adecuada 
y uniforme de la legislación de la 
UE (-) Posibilidad de que 
el cumplimiento de la 
legislación no sea óptimo si disminuyen 
los recursos (0) (+) Mayor claridad en 
la lista de actividades a 
las que se aplican las tasas y en la lista de 
costes; tasas basadas 
únicamente en los costes 
 (++) Los mismos 
requisitos y tareas 
aplicables a todos  los 
sectores de la cadena 
agroalimentaria  (++) Como en 3  
Conseguir un enfoque exhaustivo 
y coherente para los controles 
oficiales a lo largo de la cadena agroalimentaria (0) (0) (+) Uso coherente del 
principio de basarse en 
el riesgo   (++) Las mismas 
tareas y mecanismos 
utilizados por todos los sectores   (++) Como en 3  
Permitir un uso más eficaz de los 
recursos nacionales de control  (0) (0) (+) Enfoque basado 
totalmente en el riesgo  (++) La inclusión de 
todos los ámbitos de 
la cadena 
agroalimentaria 
permitiría la priorización del riesgo 
en todos los sectores (++) Como en 3  
Reducir la carga administrativa y 
suprimir los requisitos 
innecesarios  (0) Elimina la carga 
administrativa 
relacionada con las 
tasas de la UE, pero los Estados miembros 
administrarían sus 
propios regímenes (0) (+) Eliminación de 
planes e informes 
superfluos   (+) Como en 2  (+) Como en 2  
Fomentar la cooperación más 
estrecha entre Estados miembros 
para mejorar la realización de los controles oficiales (0) (0) (+) Posibilidad de 
adoptar normas sobre 
la cooperación administrativa y de 
desarrollar sinergias 
(IAS) (++) Posibilidad de 
sinergias también con 
los sectores de la fitosanidad y de los 
MRV   (++) Como en 3  
Garantizar la disponibilidad de 
recursos adecuados  (-) La suficiencia de la 
financiación 
dependería de las opciones presupuestarias; es 
probable que la 
incapacidad de garantizar la 
recuperación de los 
costes se agravara en épocas de crisis  
 (- -) 
Financiación 
insuficiente al no aplicarse 
tasas a las 
microempresas
 (++) Como los costes 
se recuperarían 
mediante las tasas, se reducirían la dependencia respecto a 
los presupuestos 
nacionales y la presión sobre estos
 (++) Como en 2  (+++) Como en 2, pero a 
escala mayor  
 
ES 18   ES Velar por que la financiación de 
los controles oficiales sea 
equitativa y justa  (-) No se pueden 
garantizar unas 
condiciones equitativas, ya que es 
probable que varíen 
los enfoques sobre las tasas  
 (-) No se 
pueden 
garantizar unas 
condiciones 
equitativas ya que las 
microempres
as se ven 
favorecidas 
 (+) Todos los 
operadores a los que se 
apliquen las tasas obligatorias pagarían 
el coste real de los 
controles (+) Como en 2  (++) Como en 2; además 
todos los operadores que 
se beneficien más de los controles pagarían las 
tasas 
Mejorar la transparencia, incluida 
la del sistema de financiación de 
los controles oficiales  (0)  (++) Pueden detallarse 
requisitos elevados de 
transparencia; aumentaría la 
transparencia del 
mecanismo de determinación de las 
tasas  
 (++) Como en 2   (++) Como en 2  
 
 
ES 19   ES   Opción 1.A. 
Desregular las 
tasas Opción 
1.B. 
Eximir a 
las 
microemp
resas Opción 2. Racionalizar  Opción 3. 
Racionalizar e 
integrar8 
 Opción 4. 
Racionalizar + 
integrar + recuperar 
más los costes  
  Acción  € Acción  € Acción  € Acción  € 
Coste Establecimi
ento y 
funcionamie
nto del 
régimen de 
notificación 
para 
calcular y 
cobrar las 
tasas 500 000 € 
una sola vez 
+ 
2 000 € 
anuales  
(por Estado 
miembro)  Igual (como 
opción 2 + 
fitosanidad y 
materiales de 
reproducción vegetal) Igual  Igual que 
las 
opciones 
2 y 3 Igual  
AACC 
del 
Estado 
miembr
o 
Benefi
cio Dependerá de las opciones 
elegidas por cada Estado 
miembro sobre si cobrar o no 
por los controles oficiales 
(1A) y sobre si recuperar de otras empresas los costes de 
los controles efectuados con 
las microempresas y 
porcentaje de aquellas (1B) 
Financiació
n estable en 
ámbitos a 
los que ya 
se aplican 
las tasas, es 
decir, el 
sector de la 
carne 
(compleme
ntar el 
porcentaje 
de costes ya 
cobrado 
para 
alcanzar la 
recuperaci
ón íntegra 
de los 
costes)  Depende del 
porcentaje de 
recuperación 
de los costes 
por los 
Estados 
miembros. 
Entre aprox. 
900 millones 
€ y 3 400 
millones €  de 
nueva 
financiación 
anual en 
todos los 
Estados 
miembros de 
la UE9, 10 
 Igual  Igual  Recupera
ción 
íntegra 
de los 
costes de 
todos los 
controles 
oficiales 
llevados 
a cabo 
con 
operador
es 
registrad
os + 
como 
«comple
mento» 
según la 
opción 2  Total 
aproxima
do de las 
tasas 
nuevas: 
2 300 
millones 
€ – 37 000 
millones 
€ al año   
en todos 
los 
Estados 
miembros 
de la UE11 
+ 900 
millones € 
– 3 400 
millones € 
anuales  
 
 
                                                 
8 En la opción 3, los costes y beneficios dependen de la inclusión de los sectores de la sanidad vegetal, 
los MRV y los SPA en el ámbito, cuyos efectos se ha n evaluado dentro de las evaluaciones de impacto 
pertinentes para estos sectores, que no se incluyen aquí. 
9 El valor de la producción del sector es de 400 000 millones EUR al año (DG Empresa). El número de 
empresas es de 60 000 (Eurostat 2008). El importe medio anual cobrado por inspecciones a cada operador con una recuperación íntegra de los costes es de unos 80 000 EUR (anexo XI de la evaluación 
de impacto). 
10 La mayoría de los operadores de los distintos Esta dos miembros pagan actualmente entre el 30 % y el 
80 % de los gastos de inspección, aunque algunos pagan el 100 %. 
11 Nuevas tasas para aquellos sectores que deben inclui rse por primera vez según la  opción 4. Estas cifras 
corresponden a las dos hipótesis ex tremas de que a todos los operadores se les impongan los tipos de 
tasas utilizados actualmente para las empresas más pequeñas y para las más grandes. Número de 
operadores que no están sujetos actualmente al pago de tasas: 25 millones (Eurostat 2008). 
 
ES 20   ES Coste Complemen
to de las 
tasas 
actuales 
(sector de la 
carne) para 
alcanzar la 
recuperació
n íntegra de 
los costes  Depende del 
porcentaje de 
recuperación 
de los costes 
por los 
Estados 
miembros. 
Aprox. entre 
900 millones 
€ y 3 400 
millones €  de 
tasas nuevas 
(en todos los 
Estados 
miembros de 
la UE) 
(aprox. entre 
el 0,2 % y el 
0,8 %  del 
valor de la 
producción 
anual del 
sector de la 
carne12) 
 Igual (como 
opción 2 + 
fitosanidad y 
materiales de 
reproducción 
vegetal)  Igual  Nuevos 
costes 
para los 
operador
es no 
incluidos 
en la 
actualida
d (fuera 
del sector 
de la 
carne) + 
«comple
mento» 
según la 
opción 2  Total 
aproxima
do de 
nuevas 
tasas: 
entre 
2 300 
millones € 
y 37 000 
millones € 
al año en 
todos los 
Estados 
miembros 
de la UE 
+ entre 
900 
millones € 
y 3 400 
millones € 
al año Explota
dores de 
empresa
s 
Benefi
cio Dependerá de las opciones 
elegidas por cada Estado 
miembro sobre si cobrar o no 
por los controles oficiales 
(1A) y sobre si recuperar de 
otras empresas los costes de 
los controles efectuados con 
las microempresas y 
porcentaje de aquellas (1B)  
Enfoque 
basado en el 
riesgo sobre 
los 
controles de 
medicament
os 
veterinarios  Ahorro en 
toda la UE de 
entre 12,4 
millones € y 
98,5 
millones € al 
año 
correspondie
ntes a las 
tasas) Igual  Igual  Igual que 
las 
opciones 
2 y 3 Igual  
                                                 
12 Según las estimaciones de la industria británica. 
 
ES 21   ES Opción preferida  
Se considera que la opción 4  constituye la mejor forma de conseguir los objetivos 
(véase el resumen del cuadro más arriba). En  realidad, aunque la plena integración de 
todos los sectores de la cadena agroalimen taria en un único marco jurídico implica 
unos gastos de carácter limitado, ofrece el mejor enfoque para simplificar, aclarar y 
reducir la carga administrativa, además de aumentar la coherencia. En cuanto a la 
financiación de los controles, la opción 4  preserva la sostenibilidad a largo plazo de 
los sistemas de control nacionales al reduc ir su dependencia respecto a la hacienda 
pública y reducir el riesgo de que la actual crisis económica y financiera afecte al 
nivel de recursos disponibles para el cont rol. Los costes adicionales (limitados) para 
los operadores se ven compensados por unos controles más eficientes, unos 
mecanismos para recompensar el cumplim iento, y un aumento de la rendición de 
cuentas de los servicios de control. 
7. S EGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
La revisión del marco legislativo de la UE aplicable a los controles oficiales a lo 
largo de la cadena agroalimentaria se propone  mejorar la eficiencia y la coherencia 
del sistema, y velar por su sostenibilidad a largo plazo. Se considera que cualquiera 
de las opciones que se tome servirá para ac larar las normas vigentes y para facilitar 
su aplicación por las AACC de los Estados miembros. Para evaluar el éxito de las 
medidas introducidas, se han señalado los si guientes indicadores básicos de acuerdo 
con los objetivos operativos de la actuación: 
Objetivos operativos  Indicadores  
Establecer un marco jurídico único y más sencillo de los 
controles oficiales  - Número de solicitudes de  interpretación jurídica 
recibidas por la Comisión  
- Número de actos legislat ivos a nivel de la UE 
aplicables a los controles oficiales por sector o 
producto 
- Modificación comunicada de la carga administrativa 
media declarada que soportan la industria y los Estados 
miembros  
Todos los controles, incluidos los efectuados en la 
frontera, deben estar basados en el riesgo  Supervisar a los Estados miembr os respecto a si los recursos 
liberados por esta revisión se u tilizan para efectuar controles 
en los ámbitos de mayor riesgo  
Aumentar el número de ocas iones en que las medidas de 
control transfronterizas se resuelven mediante cooperación 
y asistencia administrativa  - Número de contactos a través  de los puntos de contacto 
para la cooperación administra tiva contemplados en el 
artículo 35 del Reglamento 
- Número de reclamaciones de los operadores 
económicos en el sentido de  que los Estados miembros 
no han coordinado las investigaciones en caso de 
incumplimientos transfronterizos  
Aumentar el número de instrumentos acordados entre las AACC y las autoridades aduanera s para la realización de 
los controles oficiales Número de acuerdos de nivel de  servicio firmados entre las 
AACC y otras autoridades, incluidas las aduaneras  
Reducir la frecuencia de la presencia en los informes de la FVO de resultados insatisfactor ios de control atribuidos a 
la falta de recursos Tendencias en el número de informes de la FVO que indiquen una falta de recurs os en el Estado miembro