Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre derecho contractual europeo

Resumen

El propósito de la presente Comunicación es ampliar el debate sobre Derecho contractual europeo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y otros interesados, como empresas, profesionales de la justicia, académicos y grupos de consumidores.

La aproximación de determinados ámbitos específicos del Derecho contractual a nivel comunitario abarca un número creciente de problemas. El legislador comunitario ha seguido un planteamiento selectivo consistente en adoptar directivas sobre contratos específicos o técnicas de marketing concretas cuando se detectaba una necesidad de armonización. Ahora, la Comisión Europea desea recoger información sobre la necesidad de llevar a cabo acciones comunitarias más amplias en el ámbito del Derecho contractual, especialmente cuando el planteamiento «caso por caso» resulte inadecuado para resolver todos los problemas que pudieran plantearse.

La Comisión desea averiguar si los problemas se deben a divergencias entre el Derecho contractual de los Estados miembros y, en caso afirmativo, a cuáles. En particular, en la Comunicación se pregunta si los problemas relativos a la celebración, la interpretación y la aplicación de los contratos transfronterizos podrían afectar al buen funcionamiento del mercado interior. La Comisión desea saber también si las diferencias en el Derecho contractual de los países obstaculizan las transacciones transfronterizas o aumentan su coste. En la Comunicación invita a opinar sobre si el planteamiento actual de armonización sectorial del Derecho contractual podría dar lugar a incoherencias a nivel comunitario, o a problemas de falta de uniformidad en la aplicación de la legislación comunitaria y de las medidas de transposición nacionales.

Si se detectan problemas concretos, la Comisión desearía recibir opiniones sobre cómo deberían o podrían resolverse. Para facilitar su formulación, la Comunicación ofrece una lista no exhaustiva de soluciones posibles. No obstante, cualquier interesado puede proponer otras soluciones.

- Dejar que sea el mercado quien resuelva los problemas detectados.

- Promover el desarrollo de principios comunes de Derecho contractual no vinculantes, que pueden ser útiles para la redacción de contractos por las partes contratantes, para las decisiones de los tribunales nacionales y las instancias de arbitraje y para la redacción de iniciativas legislativas por los legisladores nacionales.

- Revisar y mejorar la legislación comunitaria existente en el ámbito del Derecho contractual para que sea más coherente y pueda aplicarse a situaciones que no estaban contempladas en el momento de su adopción.

- Adoptar un instrumento nuevo a nivel comunitario. Podrían combinarse diferentes elementos: el tipo de acto que se adopte (reglamento, directiva o recomendación), las consecuencias para la normativa nacional (que puede ser sustituida o coexistir), la cuestión de las normas vinculantes dentro del conjunto de disposiciones aplicables, y la posibilidad para las partes contratantes de elegir aplicar el instrumento comunitario o de que las normas comunitarias se conviertan automáticamente en una red de seguridad de disposiciones que se aplicarían si las partes no han acordado una solución específica.

ÍNDICE

1. Introducción

2. Objetivo del la Comunicación

3. Situación actual del Derecho contractual

3.1. Legislación en vigor

3.1.1. Instrumentos internacionales

3.1.2. Descripción del acervo comunitario

3.2. Implicaciones para el mercado interior

3.3. Aplicación uniforme del Derecho comunitario

4. Opciones para futuras iniciativas de la CE en el ámbito del Derecho contractual

4.1. Opción I. La no actuación de la Comunidad Europea

4.2. Opción II. El fomento de la definición de principios comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes nacionales

4.3. Opción III. La mejora de la calidad de la legislación ya en vigor

4.4. Opción IV. La adopción de nueva legislación exhaustiva a nivel comunitario

4.5. Cualquier otra opción

5. Conclusiones

1. Introducción

1. A lo largo de los últimos años se ha intensificado el debate sobre la posible armonización del Derecho material privado, en particular del Derecho contractual [1].

[1] Cf. Ole Lando y Hugh Beale (eds.): Principios del Derecho contractual europeo, partes I y II (Principles of European Contract Law Parts I and II, Kluwer Law International, 2000); Academia europea de especialistas en Derecho privado: Proyecto preliminar de Código contractual europeo (European Contract Code - Preliminary draft, Universita di Pavia, 2001), denominado en lo sucesivo «el grupo de Pavia»; Grupo de estudio de un Código Civil Europeo. Para un análisis exhaustivo de las cuestiones relacionadas con el Derecho civil en Europa, incluida una bibliografía detallada, véase Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (eds.): Hacia un Código Civil Europeo (Towards a European Civil Code, Kluwer Law International, 1998).

2. El Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones sobre la posible armonización del Derecho material privado. En 1989 y 1994, solicitó que se comenzara a estudiar la posibilidad de redactar un Código europeo común de Derecho privado [2]. El Parlamento Europeo afirmó que la armonización de determinados sectores del Derecho privado era esencial para la compleción del mercado interior. Señaló también que la unificación de las principales ramas del Derecho privado en forma de un Código Civil Europeo constituiría la manera más eficaz de realizar la armonización con vistas a cumplir las obligaciones jurídicas de la Comunidad y conseguir un mercado único sin fronteras.

[2] DO C 158 de 26.6.1989, p. 400 (Resolución A2-157/89); DO C 205 de 25.7.1994, p. 518 (Resolución A3-0329/94).

3. Además, en su Resolución de 16 de marzo de 2000 sobre el programa de trabajo de la Comisión para el año 2000, el Parlamento Europeo afirmó que, en el mercado interior, era esencial lograr una mayor armonización en el ámbito del Derecho civil, y solicitó a la Comisión que elaborase un estudio en dicho ámbito [3]. En su respuesta al Parlamento Europeo de 25 de julio de 2000, la Comisión declaró que presentaría una comunicación a las demás instituciones comunitarias y al público con el objetivo de entablar una discusión en profundidad tan amplia como fuera posible, respetando la fecha de 2001 fijada por el Consejo Europeo de Tampere. La Comisión declaró también que, dada su importancia para el desarrollo del mercado interior y las tendencias comerciales y tecnológicas futuras, la Comunicación analizaría el acervo comunitario, vigente o en preparación, en los campos pertinentes del Derecho civil a fin de determinar las lagunas y los trabajos académicos efectuados o en curso.

[3] DO C 377 de 29.12.2000, p. 323 (Resolución B5-0228, 0229 - 0230 / 2000, p. 326, apartado 28).

4. De hecho, en el apartado 39 de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Tampere se indicaba que, «por lo que respecta al Derecho material, se requiere un estudio global de la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil para eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles» [4]. En el «marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en la Unión Europea» se anunció un documento de consulta al respecto [5]. El Consejo Europeo de Tampere abordó cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia civil sobre la base del Título IV del Tratado CE. Esta Comunicación puede considerarse un primer paso hacia la puesta en práctica de las conclusiones de Tampere.

[4] Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, SI (1999) 800.

[5] COM(2001) 167 final, de 24.3.2000, última actualización en mayo de 2001, véase el COM(2001) 278 final de 23.5.2001.

5. Por último, la presente Comunicación se incluyó también en la Comunicación de la Comisión sobre comercio electrónico y servicios financieros [6] en el área correspondiente a la garantía de la coherencia del marco legislativo sobre servicios financieros.

[6] COM(2001) 66 final de 7.2.2001, p. 11.

6. Destacados representantes del mundo académico han debatido en detalle la cuestión de la armonización de determinados sectores del Derecho contractual. Recientemente se han publicado sendos proyectos referidos, respectivamente, a un código contractual [7] y a los principios generales del Derecho en materia de contratos [8]. La labor académica continúa y comprende estudios sobre otras cuestiones no incluidas en los dos proyectos publicados, como los contratos en el ámbito específico de los servicios financieros, los contratos de seguros, los contratos de edificación, factoring y arrendamiento financiero, así como sobre algunos ámbitos del Derecho de la propiedad. La labor se centra en particular en ámbitos que tienen especial importancia para garantizar los derechos dentro y fuera de las fronteras europeas [9].

[7] El grupo de Pavia ha publicado recientemente su proyecto preliminar de Código contractual europeo (European Contract Code - Preliminary draft, Universita di Pavia, 2001), sobre la base de la labor realizada por la Academia europea de especialistas en Derecho privado. Dicho texto, que contiene un conjunto de normas y soluciones basadas en las leyes de los Estados miembros de la Unión Europea y Suiza, abarca los siguientes ámbitos: formación, contenido y forma de los contratos; interpretación y efectos contractuales; cumplimiento e incumplimiento de contratos; cesación y extinción, y otras anomalías y recursos contractuales.

[8] La Comisión sobre Derecho contractual europeo («Commission on European Contract Law»), gran parte de cuya financiación procede de la Comisión Europea, ha publicado «Principios del Derecho europeo en materia de contratos, partes I y II» (Principles of European Contract Law Parts I and II, editado por Ole Lando y Hugh Beale titulado (Kluwer Law International, 2000) en el que se detallan principios comunes en los países de la Comunidad Europea relativos a la formación, validez, interpretación y contenido de los contratos; el cumplimiento, incumplimiento y los recursos, así como la autoridad de los mandatarios para vincular a sus mandantes. En el texto se proponen posibles redacciones de normas comunes, acompañadas de un comentario y un análisis comparativo de cada una de ellas.

[9] Cabe destacar también en este ámbito la labor efectuada por el «Grupo de estudio de un Códico Civil Europeo», compuesto por expertos universitarios de los 15 Estados miembros y algunos países candidatos a la adhesión. Sus trabajos versan sobre los contratos de compraventa, de servicios y a largo plazo, las garantías, las obligaciones extracontractuales o la transmisión de propiedad de bienes mobiliarios, e incluyen un estudio comparativo destinado a facilitar la elaboración de un proyecto exhaustivo comentado sobre los ámbitos en cuestión.

7. El objetivo de la labor académica llevada a cabo va desde el establecimiento de un código vinculante hasta la adopción de principios semejantes a «restatements» que, en caso necesario, puedan utilizarse para proporcionar información comparativa fiable sobre la situación jurídica europea en estos ámbitos.

8. La aproximación comunitaria de determinados ámbitos específicos del Derecho contractual abarca un número creciente de problemas. En el período 1985-1999 [10] se han aprobado nada menos que siete Directivas referidas a cuestiones contractuales en materia de consumo. La armonización progresa también en otros ámbitos [11].

[10] Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12). Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29). Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23.6.1990, p. 59). Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372 de 31.12.1985, p. 31). Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48) modificada por las Directivas 90/88 (DO L 61 de 10.3.1990, p. 14) y 98/7 (DO L 101 de 1.4.1998, p. 17). Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144 de 4.6.1997, p. 19). Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO L 280 de 29.10.1994, p. 83).

[11] Cabe citar a título de ejemplo la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO L 382 de 31.12.1986, p. 17), la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 171 de 17.7.2000, p. 1), la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000, p. 35), la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29), modificada por la Directiva 99/34/CE (DO L 141 de 4.6.1999, p. 20), y la Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 relativa a las transferencias transfronterizas (DO L 43 de 14.2.1997, p. 25).

9. Esta armonización sectorial se refería a contratos específicos o a técnicas de marketing concretas. Se adoptaban directivas cuando se detectaba una necesidad de armonización concreta.

2. Objetivo del la Comunicación

10. En esta fase del debate, la Comisión Europea desea recopilar información sobre la necesidad de una acción comunitaria de mayor alcance en el ámbito del Derecho contractual, en la medida en que el planteamiento individualizado (caso por caso) podría no resolver todos los problemas que pudieran surgir. Ello no obsta que la Comisión se acoja en el futuro a su derecho de iniciativa y proponga acciones específicas sobre determinados aspectos del Derecho contractual si existen necesidades concretas, en particular iniciativas que se están realizando o se realizarán en el contexto de la política del mercado interior.

11. El propósito de la presente Comunicación es, por consiguiente, ampliar el debate incitando a contribuir al mismo a los consumidores, las empresas, las organizaciones profesionales, las instituciones y administraciones públicas, los círculos académicos y las restantes partes interesadas. En la sección C se examina la situación actual del Derecho contractual, las razones de su importancia en las negociaciones transfronterizas y los problemas de aplicación uniforme de la legislación comunitaria. En la sección D se presenta el marco general de la futura política de la CE en el ámbito del Derecho contractual.

12. El Derecho contractual abarca varios ámbitos normativos. Estos están vinculados a diferentes tradiciones culturales y jurídicas de los Estados miembros, pero la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Derecho contractual de los países de la Unión se sirven de conceptos y normas comparables. El Derecho contractual constituye la principal normativa de regulación de las transacciones internacionales y ya existen diversos actos legislativos comunitarios para reglamentar el Derecho contractual, aunque dichos actos se ha elaborado sobre la base de un planteamiento sector por sector.

13. Las áreas a las que se refiere esta Comunicación abarcan los contratos de compraventa y toda clase de contratos de servicios, incluidos los servicios financieros [12]. Las normas generales sobre el cumplimiento, incumplimiento y las vías de recurso constituyen una base indispensable para estos contratos, por lo que también son objeto de esta Comunicación. Además, también son esenciales las normas sobre cuestiones generales, como la formación de los contratos y su validez e interpretación. Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto económico, también podrían estar concernidas las normas en materia de garantías de crédito relativas a bienes mobiliarios y la normativa de enriquecimiento indebido. Por último, también se deberían tener en cuenta los aspectos de la normativa de responsabilidad civil vinculados a los contratos y a sus restantes características pertinentes para el mercado interior, en la medida en que ya formen parte de la normativa comunitaria existente.

[12] COM(2001) 66 final de 7.2.2001, p. 11.

14. En algunos ámbitos del Derecho privado los contratos no constituyen más que uno de los instrumentos de reglamentación, ya que las relaciones existentes entre las partes son de una gran complejidad. Esos ámbitos, como el Derecho laboral o el Derecho de familia, plantean problemas particulares que no están contemplados en esta Comunicación.

15. La intención de la Comisión es que la Comunicación verse sobre dos ámbitos: en primer lugar, sobre los posibles problemas que puedan plantear las divergencias entre los Derechos contractuales nacionales y, en segundo lugar, sobre las opciones para el futuro del Derecho contractual en la CE. Ello permitirá a la Comisión definir su futura política en este ámbito y proponer todas las medidas necesarias.

3. Situación actual del Derecho contractual

3.1. Legislación en vigor

3.1.1. Instrumentos internacionales

16. Las soluciones internacionales permiten resolver algunos problemas potenciales relacionados con las diferencias existentes entre las distintas normativas nacionales en materia de contratos. La primera consiste en la aplicación de normas internacionales uniformes de Derecho privado para determinar cuál es la normativa que rige el contrato. La más importante de esas normas es el Convenio de Roma de 1980 [13], ratificado por todos los Estados miembros.

[13] Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (versión consolidada) (DO C 27 de 26.1.1998, p. 34).

17. Las disposiciones del Convenio de Roma son aplicables a las obligaciones contractuales de cualquier situación que conlleve una elección entre las normativas de distintos países [14]. Este Convenio prevé que las partes puedan acordar qué normativa nacional aplicarán. No obstante, establece límites a esa posibilidad de elección y determina qué normativa se aplica en caso de que no se haya elegido una. Por otra parte, sus disposiciones no se aplicarán a los ámbitos mencionados en el artículo 1 del Convenio (por ejemplo, a las cuestiones relacionadas con el estado civil y la capacidad de las personas físicas, o a los contratos de seguros que cubran riesgos en los territorios de los Estados miembros de la Comunidad Europea).

[14] Además de ese Convenio, existe el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercdantil, modificado por los convenios de adhesión al Convenio de nuevos Estados mimbros. Este convenio determina qué foro es competente para tratar un caso. Para todos los Estados miembros, excepto Dinamarca, el 1 de marzo de 2002 este Convenio será sustituido por el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1).

18. La segunda solución consiste en armonizar las normas de Derecho material a nivel internacional. En este caso, la norma más importante es la Convención de las NU sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG), adoptada por todos los Estados miembros a excepción del Reino Unido, de Portugal y de Irlanda.

19. La CISG establece normas uniformes para la compraventa internacional de mercancías, las cuales se aplicarán salvo disposición expresa en sentido opuesto de las partes de los contratos de compraventa. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Convención algunas áreas, como la compraventa de mercancías adquiridas para uso personal, familiar o doméstico y las compraventas de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio.

20. La Convención incluye disposiciones sobre la formación de un contrato (presentación y aceptación de la oferta) y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. La Convención no regula la validez del contrato ni la de sus estipulaciones; tampoco regula los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. Por último, no se ocupa de la cuestión de la responsabilidad extracontractual del vendedor.

3.1.2. Descripción del acervo comunitario

21. Varios actos comunitarios contienen disposiciones de armonización del Derecho privado. En efecto, determinadas directivas contienen normas sobre la celebración de contratos, sobre la forma, el contenido y la aceptación de una oferta, así como sobre la ejecución de los contratos, es decir, las obligaciones de las partes contratantes. Varias directivas especifican también de manera detallada el contenido de la información que deben proporcionar las partes en las diferentes fases, en especial antes de la celebración de un contrato.

Algunas directivas abarcan derechos y obligaciones de las partes contratantes por lo que respecta al cumplimiento del contrato, incluidos el cumplimiento deficiente y el incumplimiento.

22. En el anexo I se describen las normas comunitarias de mayor interés para el Derecho contractual. En el anexo II se enumeran distintos instrumentos internacionales, vinculantes y no vinculantes, relativos a cuestiones de Derecho material privado. En el anexo III se realiza una presentación estructurada del acervo y se explica en qué medida la legislación comunitaria y la CISG han abordado ya cuestiones de Derecho contractual pertenecientes a los ámbitos a que se refiere la presente Comunicación.

3.2. Implicaciones para el mercado interior

23. La Comisión desearía averiguar si la coexistencia de distintas normativas en materia de Derecho contractual en los Estados miembros obstaculiza, directa o indirectamente, el funcionamiento del mercado interior y, en caso afirmativo, en qué medida. De confirmarse la existencia de obstáculos, se podría solicitar a las instituciones europeas que adoptaran las medidas apropiadas.

24. El Tratado CE ha concedido poderes a las instituciones europeas para facilitar el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, en particular la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Ello ha permitido a la Comunidad Europea lograr una reducción significativa de los impedimentos a los que se enfrentan los agentes económicos, incluidos fabricantes de bienes, proveedores de servicios, intermediarios y consumidores, a la hora de desarrollar sus operaciones en la CE y más allá de sus fronteras.

25. Los avances técnicos, por ejemplo las posibilidades ofrecidas por Internet para el comercio electrónico, han facilitado que los agentes económicos puedan celebrar transacciones entre puntos muy distantes. La introducción del euro como moneda común de doce de los Estados miembros contribuirá también notablemente a facilitar el comercio transfronterizo. No obstante, a pesar de los notables éxitos alcanzados hasta ahora, persisten algunos problemas. Los mercados no son tan eficaces como podrían y deberían ser, lo que redunda en detrimento de todas las partes interesadas.

26. El intercambio de bienes y servicios, sea a través de compraventa, arrendamiento financiero o permuta, está regido por un contrato. Por lo tanto, los problemas relacionados con la celebración, la interpretación y la ejecución de los contratos empleados en el comercio transfronterizo pueden perturbar el funcionamiento del mercado interior. ¿Se ajustan las disposiciones actuales del Derecho contractual a las necesidades actuales y futuras de las empresas y los consumidores del mercado interior o es necesario adoptar medidas comunitarias-

27. Por lo general, los sistemas nacionales de Derecho contractual establecen el principio de la libertad contractual, en virtud del cual las partes contratantes son libres de convenir sus propios términos contractuales. No obstante, cada contrato está regido por las leyes y decisiones judiciales de un Estado concreto. Algunas de estas normas nacionales no son obligatorias, de modo que las partes contratantes pueden decidir aplicarlas o acordar otros términos. Sin embargo, otras sí tienen carácter obligatorio, en concreto cuando existe una disparidad considerable entre las posiciones de las partes contratantes, como en el caso de los contratos con inquilinos o consumidores.

28. Normalmente, estos sistemas nacionales diferentes no plantean problema alguno para las transacciones transfronterizas, en la medida en que las partes pueden elegir la normativa que regirá su contrato. Al optar por una normativa nacional, aceptan todas sus disposiciones obligatorias y aquellas normas no obligatorias que no sustituyen por disposiciones diferentes. Sin embargo, pueden surgir conflictos entre normas obligatorias de la legislación de un país y normas obligatorias contradictorias de otra normativa nacional. Estos conflictos entre normas obligatorias diferentes pueden incidir negativamente en las transacciones transfronterizas.

29. Aunque las leyes nacionales no preceptúen su inclusión, algunas cláusulas contractuales pueden tener su origen en los usos comunes de un Estado miembro dado, especialmente si dicho uso se ha formalizado en los contratos tipo. Puede resultar difícil celebrar un contrato que contenga condiciones distintas a los aplicados habitualmente en un Estado miembro concreto. Pueden existir razones económicas o jurídicas importantes que expliquen la dificultad o incluso la imposibilidad de que una de las partes acepte las condiciones de un contrato tipo empleado usualmente en el Estado miembro de la otra parte. Por idénticas razones, puede que a esta última le resulte difícil aceptar el tipo de condiciones estipuladas normalmente en el Estado miembro de la primera parte.

30. Para los consumidores y en particular las PYME, el desconocimiento de otros sistemas de Derecho contractual puede desincentivar la realización de transacciones transfronterizas. Este aspecto formaba parte de la argumentación de algunos actos comunitarios en vigor destinados a mejorar el funcionamiento del mercado interior. Los proveedores de bienes y servicios pueden incluso no ofrecer sus bienes y servicios a consumidores de otros países al considerarlo económicamente inviable. Las disposiciones relativas a los contratos de subcontratación o prestación de servicios difieren considerablemente ente los Estados miembros [15] y estas diferencias pueden dificultar que los subcontratistas --principalmente PYME-- celebren acuerdos transfronterizos.

[15] Estas disposiciones van desde una ley específica sobre la subcontratación en Italia y una ley sobre las condiciones de pago a los subcontratistas en Francia hasta disposiciones del Código Civil sobre las relaciones contractuales en la mayoría de los Estados miembros (p. ej., en Alemania, la subcontratación entra dentro del ámbito de una ley de 1976 sobre las condiciones generales del comercio y algunos artículos del Código Civil).

31. Por otro lado, la existencia de normas legales nacionales divergentes puede conllevar mayores costes de transacción --especialmente costes de información y posibles litigios-- para las empresas en general y las PYME y los consumidores en particular. Las partes contratantes podrían verse obligadas a obtener información y asesoramiento legal sobre la interpretación y aplicación de una ley extranjera poco familiar. Si en el contrato se ha elegido la normativa aplicable, dicha normativa se aplicará también a la parte contratante cuyo Derecho no se haya elegido. También se aplicará, en menor medida, a los contratos en que las partes hayan convenido los términos contractuales habituales y estos no abarquen todos los problemas posibles.

32. Además, estos costes de transacción más elevados pueden ser una desventaja competitiva, por ejemplo en los supuestos en que un proveedor extranjero compita con un proveedor establecido en el mismo país que el cliente potencial.

33. La Comisión desea recibir contribuciones que le permitan determinar en qué medida las situaciones mencionadas originan problemas en el mercado interior y qué otros problemas relacionados con el Derecho contractual dificultan el funcionamiento del mercado interior.

3.3. Aplicación uniforme del Derecho comunitario

34. El legislador de la Comunidad Europea debe garantizar la coherencia tanto de la legislación comunitaria elaborada como de su puesta en práctica en los Estados miembros. Las medidas adoptadas por la Comunidad Europea deben ser coherentes entre sí, interpretarse de manera uniforme y producir los mismos efectos en todos los países de la Unión. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha declarado que: «de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad» [16].

[16] Asunto C-357/98 The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom [2000] Rec.-9265, aptdo. 26. Cf. también: Asunto C-287/98 Luxemburgo contra Linster [2000] Rec.-6917, aptdo. 43; Asunto C-387/97 Comisión contra Grecia [2000] Rec.-5047; Asunto C-327/82 Ekro contra Produktschap voor Vee en Vlees [1984] Rec. I - 107, aptdo. 11. El principio de la aplicación uniforme se aplica igualmente en el ámbito del Derecho privado, cf. Asunto C-373/97 Dionisios Diamantis contra Elliniko Dimosio (Estado griego), Organismos Ikonomikis Anasinkrotisis Epikhiriseon AE (OAE), [2000] Rec. I-1705, aptdo. 34; Asunto C-441/93 Pafitis y otros contra TKE y otros [1996] Rec. I-1347, aptdos. 68-70.

35. En el ámbito de la normativa contractual, el legislador europeo ha seguido un planteamiento de armonización «caso por caso». Este planteamiento, combinado con una evolución imprevista del mercado podría provocar incoherencias en la aplicación del Derecho comunitario. Por ejemplo, en determinadas circunstancias [17], es posible aplicar simultáneamente la Directiva de venta a domicilio y la Directiva sobre la adquisición de inmuebles en régimen de tiempo compartido. Ambas garantizan al consumidor el derecho de rescisión, si bien difiere el plazo previsto para ejercer tal derecho. Aunque estos casos de conflictos entre normas son excepcionales, la Comisión está interesada en información sobre problemas derivados de posibles incoherencias entre las normas comunitarias.

[17] Cf. Asunto C-423/97, Travel-Vac S.L. y Manuel José Antelm Sanchís [1999] Rec. I-2195.

36. La utilización de términos abstractos en la legislación comunitaria puede dar lugar a una aplicación no uniforme del Derecho comunitario y de las medidas nacionales. Los términos abstractos pueden designar conceptos legales para los que existen normas diferentes en las distintas legislaciones nacionales [18].

[18] Este particular ha sido analizado recientemente en un estudio del PE elaborado por un equipo de juristas independientes de gran prestigio. A título de ejemplo, por lo que respecta al término «damage», señala que las leyes europeas que rigen la responsabilidad civil ni siquiera comparten aún una noción razonablemente uniforme de la naturaleza del perjuicio o de la manera en que se puede definir tal concepto, lo que obviamente amenaza con frustrar todas las tentativas de elaborar directivas europeas en este ámbito. Parlamento Europeo, DG de Investigación: «Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code» (PE 168.511, p. 56). Algunas directivas (art. 9 de la Directiva 85/374/CEE, art. 17 de la Directiva 86/653/CEE) contienen definiciones diferentes del término «perjuicio». Cada una de ellas es válida únicamente a los efectos de la norma correspondiente. En otras (art. 5 de la Directiva 90/314/CEE) se emplea dicho término sin definirlo.

37. En general, las diferencias existentes entre las disposiciones de las directivas se deben a la divergencia de los problemas que tales normas pretenden resolver. Por consiguiente, no se puede exigir que un término empleado para solventar un problema se interprete y aplique de manera idéntica en un contexto diferente. No obstante, deberían eliminarse las diferencias en términos y conceptos que no corresponden a diferencias en los problemas tratados.

38. Además, la legislación interna aprobada por los Estados miembros para aplicar las directivas de la CE remite a las nociones internas de estos términos abstractos. Estos conceptos difieren considerablemente en los distintos Estados miembros [19]. La falta de una acepción uniforme, en el Derecho comunitario, de los términos y conceptos generales, al menos en ámbitos específicos o estrechamente vinculados, podría desembocar en resultados diferentes en las prácticas comerciales y jurídicas de lo Estados miembros [20].

[19] Un asunto pendiente ante el TJCE (C-168/00, Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co KG) subraya este problema. En virtud de un contrato de viaje combinado suscrito con un operador turístico alemán con arreglo a la legislación austríaca, el demandante solicita una indemnización por «perjuicios morales» (vacaciones irrecuperables pasadas en un hospital). La normativa austríaca no prevé la concesión de indemnizaciones por perjuicios de tales características, al contrario que las leyes alemanas y de otros Estados miembros. El demandante se acoge al artículo 5 de la Directiva sobre viajes combinados, alegando que en dicha disposición se establece un concepto específico de «perjuicio» que abarca los «perjuicios morales».

[20] Por ejemplo, en su informe sobre la puesta en práctica de la Directiva sobre agentes comerciales (COM (1996) 364 final de 23.7.1996), la Comisión ha hecho hincapié en que la aplicación del sistema de indemnización por perjuicios previsto en la Directiva en relación con situaciones idénticas da resultados completamente diferentes en Francia y el Reino Unido debido al diferente método aplicado para calcular el importe de la indemnización.

39. Esta clase de problemas no se plantea únicamente en cuestiones horizontales relativas a términos generales de la normativa contractual del tipo de las mencionadas. Afectan también a sectores económicos concretos [21].

[21] El problema al que se hace referencia aquí existe también fuera del ámbito del Derecho contractual. En su informe sobre la reglamentación de los mercados europeos de valores mobiliarios, el Comité de expertos dirigido por Alexandre Lamfalussy señala problemas por el uso de nociones ambiguas en algunas directivas de ámbito financiero, que permitieron a los Estados miembros aplicarlas de forma dispar. Informe final, Bruselas, 15.2.2001, anexo 5 (Informe inicial de 9.11.2000).

40. La Comisión está estudiando si --para evitar el tipo de problemas descritos anteriormente-- se podría lograr la coherencia necesaria mediante el planteamiento actual o si debería mejorarse por otros medios. La Comisión desea, pues, recibir información sobre problemas prácticos relacionados con la legislación contractual que tengan su origen en la forma de aplicar las normas comunitarias en los Estados miembros.

4. Opciones para futuras iniciativas de la CE en el ámbito del Derecho contractual

41. Las respuestas a este documento pueden poner de manifiesto que existen impedimentos para el funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a las transacciones transfronterizas. Si esos problemas no pueden resolverse satisfactoriamente caso por caso, podría plantearse una medida horizontal a escala comunitaria que permita una armonización general de las normas de Derecho contractual. No obstante, la capacidad de intervención de la Comisión y del conjunto de las instituciones europeas en este ámbito tiene sus límites.

42. Toda medida debe respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal como se establece el artículo 5 del Tratado CE y en el Protocolo relativo a la aplicación de dichos principios. Como ha señalado el Parlamento Europeo en sus resoluciones sobre los informes «Legislar mejor» [22], el principio de subsidiariedad es una norma jurídica vinculante que no impide el ejercicio legítimo de las competencias de la UE. Las instituciones europeas y varios Estados miembros [23] han subrayado la necesidad de lograr una aplicación equilibrada de este principio.

[22] COM(2000) 772 final de 30.11.2000, p. 3.

[23] COM(2000) 772 final de 30.11.2000, p. 3.

43. El principio de subsidiariedad sirve de guía para determinar cómo se deben ejercer los poderes de la Comunidad a nivel europeo. La subsidiariedad es un concepto dinámico, y debería aplicarse a la luz de los objetivos establecidos en el Tratado. Cuando las circunstancias así lo requieren, permite ampliar la acción de la Comunidad dentro de los límites de sus competencias, y, a la inversa, reducirla o interrumpirla si deja de tener justificación [24]. Una acción a nivel comunitario debe producir beneficios claros respecto a las acciones a nivel nacional. Si se pretende que las medidas tengan incidencia en el conjunto de la CE, la acción comunitaria es, sin duda, la mejor manera de garantizar un tratamiento homogéneo en los sistemas nacionales y de fomentar una cooperación eficaz entre los Estados miembros.

[24] Véase el Protocolo relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (DO C 340 de 10.11.1997, p. 105).

44. Por otra parte, la legislación debería ser eficaz y no imponer obligacioens excesivas a las autoridades nacionales, regionales o locales o al sector privado, incluida la sociedad civil. El principio de proporcionalidad, uno de los principios generales de la legislación comunitaria, exige que las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias no excedan de lo apropiado y necesario para alcanzar los objetivos legítimos de la legislación en cuestión; cuando existe la opción entre varias medidas apropiadas debe recurrirse a la menos onerosa, y los inconvenientes causados no pueden ser disproporcionados respecto al objetivo perseguido [25]. Evidentemente, corresponde a la Comisión proponer todas las medidas necesarias para completar los esfuerzos invertidos por los Estados miembros para alcanzar los objetivos del Tratado. La Comisión sigue dos criterios destinados a garantizar el respeto de los objetivos fijados, tanto en el plano político como en el plano jurídico: la capacidad de las autoridades nacionales y regionales --y de la sociedad civil-- de actuar para alcanzar los objetivos establecidos en una disposición comunitaria; y la compatibilidad o la conformidad de tales objetivos con las prácticas nacionales o sectoriales [26].

[25] Asunto C-331/88 Fedesa [1990] Rrec.-4023, aptdo. 13 ; Asuntos C-133/93, C-300/93 y C-362/93 Crispoltoni [1994] Rec.-4863, aptdo. 41; Asunto C-157/96 The Queen v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte : National Farmers' Union [1998] Rec.-2236, aptdo. 60.

[26] COM(2000) 772 final de 30.11.2000, pp. 8-9.

45. La preparación de propuestas legislativas mediante comunicaciones y libros verdes y blancos constituye un modo de consultar al sector privado, la sociedad civil y las instituciones a todos los niveles sobre la pertinencia, el nivel y el contenido de los instrumentos legislativos para alcanzar estos objetivos. Además, la Comisión tratará de definir los ámbitos de intervención solicitando la opinión tanto de la sociedad civil como de las empresas, con vistas a elaborar instrumentos legislativos centrados en las verdaderas necesidades de los usuarios. Esta Comunicación y otros posibles documentos tienen por objeto determinar si es necesario llevar a cabo una acción comunitaria y, en caso afirmativo, en qué ámbitos.

46. Son varias las opciones que se pueden estudiar si el planteamiento «caso por caso» no resuelve totalmente el problema. En esta Comunicación se analizan brevemente cuatro posibles hipótesis:

I. La no actuación de la Comunidad Europea

II. El fomento de la definición de principios comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes nacionales

III. La mejora de la calidad de la legislación ya en vigor

IV. La adopción de nueva legislación exhaustiva a nivel comunitario

47. Además de estas, existen otras opciones, y pueden combinarse. Dichas opciones podrían abarcar el ámbito del Derecho contractual u otros ámbitos del Derecho privado. Cada opción podría utilizarse para sectores económicos concretos o aplicarse horizontalmente. El carácter vinculante de una medida dependería del ámbito en que se aplicaría y de todos los intereses en juego. No obstante, por principio, todas las opciones deberían dar a las partes contractuales la libertad necesaria para acordar las condiciones contractuales que mejor convengan a sus necesidades.

48. Otra alternativa, que no analizaremos aquí en la medida en que excede del nivel de una iniciativa europea, podría ser negociar y celebrar un tratado internacional en el ámbito del Derecho contractual. Se asemejaría a la CISG, pero su ámbito de aplicación no se limitaría a la mera compraventa de mercancías. No obstante, las disposiciones de la CISG podrían integrarse también en las opciones II y IV, lo cual aumentaría su aceptación en la práctica comercial y jurídica.

4.1. Opción I. La no actuación de la Comunidad Europea

49. El mercado crea con frecuencia problemas de interés público, pero desarrolla también sus propias soluciones. No se debería subestimar la eficacia del mercado para responder a los distintos valores sociales y a la opinión pública. A resultas del comportamiento competitivo, muchos de los problemas generados por el mercado se pueden resolver automáticamente gracias a la presión que ejercen los grupos de interés afectados (consumidores, ONG, empresas). Las autoridades públicas pueden aumentar la convergencia del interés público y privado.

50. Los Estados miembros y las asociaciones comerciales pueden orientar eficazmente el mercado en una dirección específica (como, acelerar la utilización de nuevas tecnologías o estimular nuevos tipos de prácticas comerciales), por ejemplo, mediante incentivos que ofrezcan asistencia y asesoramiento sobre transacciones transfronterizas. Estos estímulos podrían compensar los riesgos económicos y psicológicos, considerados como tales o efectivos, de la actividad comercial transfronteriza. Distintos servicios de operadores económicos pueden superar con éxito problemas detectados en las transacciones transfronterizas. Por ejemplo, las asociaciones comerciales podrían ofrecer ayuda y asesoramiento a las PYME [27].

[27] A continuación se ofrecen dos ejemplos de iniciativas desarrolladas por asociaciones nacionales o sectoriales con el objetivo de resolver diversos problemas contractuales transfronterizos mediante acuerdos voluntarios sobre contratos transfronterizos tipo:

51. Los cambios económicos, en particular la progresiva integración de los mercados en un verdadero mercado interior, incitan también a los responsables políticos y a los legisladores nacionales a buscar soluciones a los problemas de los contratos entre partes de Estados miembros diferentes. Estas soluciones podrían constituir una especie de «armonización blanda», producto de los cambios económicos, que no se rige por normas comunitarias vinculantes. Ello podría resolver algunos de los problemas del comercio intracomunitario, a condición de que las partes contratantes tengan una verdadera opción de normativa, realmente libre y que dispongan de información completa, correcta y de libre acceso sobre las normas y las prácticas existentes, así como de mecanismos de resolución de litigios justos y asequibles.

4.2. Opción II. El fomento de la definición de principios comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes nacionales

52. Una solución para lograr una mayor convergencia de las distintas normativas nacionales en el ámbito del Derecho contractual sería que la Comisión fomentara la investigación en materia de Derecho comparado y la cooperación, entre otros, de académicos y profesionales de la justicia, incluidos jueces y expertos. Esta cooperación podría encaminarse a la definición de principios comunes en ámbitos pertinentes del Derecho contractual nacional. Podría utilizarse y desarrollarse la labor realizada en esta área, incluidos los resultados de los estudios académicos y las conclusiones extraídas en los foros académicos internacionales. Esta investigación y colaboración podría desarrollarse en el marco de una asociación de cuya coordinación se ocuparían las instituciones comunitarias, en particular la Comisión. En el ámbito de los contratos transfronterizos se podrían definir soluciones, principios o incluso series de normas comunes.

53. Estos debates podrían desembocar en la elaboración de una serie de principios comunes, directrices o códigos de conducta específicos para determinados tipos de contratos. Los principios comunes podrían ser de utilidad a las partes contratantes en la fase de redacción de nuevos contratos y para la ejecución de los contratos. También podrían ser útiles para los tribunales e instancias arbitrales nacionales que tengan que decidir sobre cuestiones jurídicas --referidas sobre todo a casos transfronterizos-- que no estén cubiertas plenamente por normas nacionales vinculantes o respecto a las cuales no exista ninguna disposición legislativa. Los tribunales o las instancias arbitrales sabrían que los principios aplicados constituyen la solución común a todos los sistemas nacionales de Derecho contractual de la CE. Al mismo tiempo, los principios comunes podrían contribuir a que los tribunales nacionales que deban aplicar una normativa extranjera comprendieran los aspectos básicos de los principios generales del Derecho subyacentes. Los Estados miembros o la CE podrían respetar en la medida de lo posible las directrices a la hora de promulgar nueva legislación o modificar la existente en el ámbito del Derecho contractual nacional.

54. Pudiera suceder incluso que la aplicación de los principios comunes propiciara la creación de Derecho consuetudinario si su puesta en práctica fuera prolongada y continua y existiera un convencimiento compartido. Ello podría influir o incluso modificar aquellas prácticas comerciales en vigor en los Estados miembros que crearan obstáculos al pleno funcionamiento del mercado interior.

55. Una vez que estas directrices o principios comunes hayan sido definidos y acordados por todas las partes interesadas de los Estados miembros, deberían ser ampliamente difundidos entre aquellos que deban aplicarlos, a fin de garantizar una puesta en práctica uniforme y coherente. No obstante, la aplicación de estas directrices o principios comunes sólo podría tener carácter voluntario. Con todo, si se lograra que fuera aplicados continuamente por un grupo suficientemente numeroso de profesionales de la justicia y de legisladores nacionales y comunitarios, aumentaría la convergencia en el ámbito del Derecho contractual europeo. No obstante, para que esta opción tenga sentido, es evidente que los principios comunes deberían definirse de forma que incluyan todos los requisitos legítimos.

56. Otra solución podría girar en torno a los contratos tipo, utilizados en gran número en todos los Estados miembros para facilitar las transacciones económicas. Su empleo ahorra que las partes tengan que renegociar los términos contractuales en cada nueva transacción. También proporcionan cierto nivel de certeza a las partes y tienen prácticamente categoría reglamentaria. Es precisamente por esta razón que a menudo resulta difícil celebrar un contrato con una parte de otro Estado miembro que no respeta los términos de los contratos tipo a los que la otra parte está habituada. En efecto, las partes de Estados miembros diferentes pueden estar acostumbradas a cláusulas diferentes utilizadas habitualmente en sus países respectivos. Este problema se podría resolver, de conformidad con el Derecho comunitario, si se elaboraran contratos tipo destinados a ser empleados en toda la CE. La Comisión podría fomentar la elaboración de tales contratos por las partes interesadas.

4.3. Opción III. La mejora de la calidad de la legislación ya en vigor

57. El Consejo Europeo de Lisboa solicitó a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros «que establecieran, antes de 2001, una estrategia para proseguir la acción coordinada de simplificación del entorno reglamentario». En respuesta a esta petición, la Comisión ha dado una respuesta inicial, a través de un informe provisional al Consejo Europeo de Estocolmo [28], en el que hace balance de la situación y expone sus primeras reflexiones sobre la ejecución del mandato de Lisboa.

[28] Informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo de Estocolmo «Mejorar y simplificar el marco regulador», COM(2001) 130 de 7.3.2001.

58. Mejorar la calidad de la legislación ya en vigor implica, en primer lugar, modernizar los instrumentos existentes. La Comisión desea desarrollar acciones, en curso, de consolidación, codificación y refundición [29] de instrumentos ya existentes, orientadas a la transparencia y la claridad. También se podría revisar la calidad de la redacción en aras de una mayor coherencia de la presentación y terminología. Estos cambios en la presentación de los textos jurídicos irían acompañados, además, de esfuerzos sistemáticos de simplificación y aclaración del contenido de la legislación existente [30]. Por último, la Comisión evaluará los efectos de la legislación comunitaria y modificará las normas existentes [31] en caso necesario.

[29] Cf. Informe provisional, COM(2001) 130 de 7.3.2001, p. 10.

[30] Cf. Informe provisional, COM(2001) 130 de 7.3.2001, p. 10.

[31] Cf. Informe provisional, COM(2001) 130, 7.3.2001, p. 9.

59. Llegado el caso, las directivas podrían ser objeto de una simplificación de sus disposiciones. De hecho, desde hace ya varios años, la CE impulsa una política de aclaración de la legislación comunitaria. La iniciativa SLIM [32] (simplificación de la legislación del mercado interior) sigue siendo uno de los ejemplos más ambiciosos de la permanente labor en esta área. Se podrían utilizar los ejercicios de simplificación [33] para mejorar la calidad, reducir el volumen de los instrumentos reglamentarios existentes y, al mismo tiempo, corregir incoherencias o incluso contradicciones que puedan existir entre instrumentos jurídicos.

[32] El proyecto piloto de simplificación de la legislación del mercado interior (SLIM) se emprendió en 1996 como una iniciativa destinada a mejorar la calidad de la legislación del mercado interior, eliminar la legislación supérflua y reducir los costes de aplicación de la normativa. El proyecto centra su atención en cuestiones específicas y no se ha concebido para impulsar la desregulación. La labor es muy específica, para que pueda desarrollarse en un período de tiempo limitado, y se centra en la elaboración de recomendaciones precisas.

[33] * BEST (Business Environment Simplification Task Force) - En 1997 la Comisión creó también el BEST (Business Environment Simplification Task Force - Grupo de trabajo para la simplificación del entorno empresarial). En 1998, este grupo de trabajo presentó un informe con 19 recomendaciones centradas en los entornos empresariales de una amplia serie de campos en los Estados miembros.

60. Por otra parte, una mejora adicional consistiría en adaptar, en caso necesario, el contenido de los instrumentos jurídicos existentes [34] antes de aprobar otros nuevos. Por ejemplo, si fuera necesario y pertinente, se debería ampliar el ámbito de aplicación de algunas directivas a los contratos u operaciones que presenten numerosas características similares a las de los contratos y operaciones cubiertos por dichas normas pero que, por diversos motivos, no se incluyeron en su campo de aplicación en el momento de su aprobación. Esto garantizaría una mayor coherencia en un sector de actividad o un tipo de transacción bien definido [35]. De manera semejante, convendría examinar de nuevo por qué se ofrecen soluciones diferentes a problemas similares en el contexto de directivas diferentes.

[34] En el estudio del PE anteriormente mencionado (Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code) se indica en términos generales, que, de manera sistemática, las reglas generales consagradas en los acuerdos y directivas deben revisarse minuciosamente e incorporarse al Derecho nacional en caso necesario, sin descuidar completar su contenido y mejorar su formulación. Deben estar coordinadas y encajar perfectamente unas con otras, y despojarse de toda disposición redundante, incoherencia y particularismo terminológico, para que puedan encajar en último término en una estructura sistemáticamente coherente en el «marco global» de un sistema codificado.

[35] Numerosas directivas tienen un ámbito de aplicación restringido (p. ej., Directiva nº 85/577 sobre venta a domicilio: no cubre los contratos de seguros, inmobiliarios, de edificación, etc., Directiva nº 97/7 relativa a los contratos a distancia no cubre los contratos inmobiliarios, sobre edificación, etc.; Directiva nº 94/47 relativa a los contratos de tiempo compartido: abarca únicament los contrados de una duración máxima de tres años; Directiva nº 2000/35/CE sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: no abarca las operaciones con consumidores.

4.4. Opción IV. La adopción de nueva legislación exhaustiva a nivel comunitario

61. Una última alternativa sería aprobar un texto general que contenga disposiciones sobre cuestiones generales del Derecho contractual y contratos específicos. Por lo que respecta a esta opción, es preciso analizar el instrumento elegido y la naturaleza vinculante de las medidas.

62. El instrumento elegido depende de varios factores, entre ellos el grado de armonización previsto.

63. Por un lado, una directiva daría a los Estados miembros cierto margen para adaptar las disposiciones respectivas de la legislación de transposición a sus distintas situaciones económicas y jurídicas nacionales. Por otro lado, no excluiría que existieran diferencias en la puesta en práctica, lo que podría obstaculizar el funcionamiento del mercado interior.

64. Optar por un reglamento reduciría el margen a disposición de los Estados miembros para incorporar las disposiciones comunitarias a sus sistemas jurídicos nacionales, pero, por otro lado, garantizaría una mayor uniformidad y transparencia de las condiciones en las que operan los agentes económicos en el mercado interior.

65. Optar por una recomendación sólo vendría al caso si se eligiera un modelo totalmente opcional.

66. En lo tocante a la naturaleza vinculante de las medidas propuestas, existen las siguientes alternativas, que también se pueden combinar:

a) Un modelo puramente opcional que habrán de elegir las partes; por ejemplo, una recomendación [36] o un reglamento [37] que se apliquen cuando las partes acuerden que su contrato se rija por estos textos.

[36] Cf., por ejemplo, el artículo 1: 101 (2) de los Principios del Derecho contractual europeo (véase la nota nº 1, p. 2).

[37] Por ejemplo, el Reglamento del Consejo por el que se establece el estatuto de la sociedad europea (SE), sobre el que el Consejo adoptó una orientación política el 20 de diciembre de 2000 (Documento del Consejo 14.886-00 de 1.2.2001).

b) Un conjunto de normas de aplicación automática salvo disposición contractual en sentido opuesto. Este tipo de legislación existe ya en el contexto de la Directiva sobre la morosidad [38] o la CISG [39]. Se trataría de disposiciones de salvaguardia en los casos en que las partes contratantes sean libres de acordar otras soluciones a través del contrato, es decir, la aplicación de una normativa nacional coexistente o soluciones contractuales específicas. Garantizaría que las partes contratantes conservasen plena libertad para definir el contenido del contrato, constituyendo al mismo tiempo una «red de seguridad» que se aplicaría únicamente en ausencia de disposiciones contractuales específicas.

[38] En la letra b) del apartado 1 de artículo 3 de la Directiva 2000/35/CE se establecen criterios específicos para determinar la fecha a partir de la cual el interés será pagadero si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato (30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o 30 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios). En la letra d) del mismo apartado se prevé un «tipo de interés de demora» de pago obligatorio salvo estipulación en sentido contrario en en el contrato.

[39] Cf. artículo 6 de la CISG.

c) Un conjunto de normas cuya aplicación no se pueda excluir en el contrato.

67. La tercera alternativa sustituiría a la normativa nacional en vigor, mientras que el previsto en la primera coexistiría con ésta. La segunda opción podría coexistir con la normativa nacional o sustituirla.

68. Cada conjunto de normas aplicables podría distinguir entre normas obligatorias y no obligatorias.

69. Podría estudiarse una combinación de las alternativas mencionadas en segundo y tercer lugar, por ejemplo, en los ámbitos del Derecho --la protección de los consumidores, por ejemplo-- en la que, junto a un conjunto blobal de disposiciones de salvaguardia aplicables de manera automática, todavía son de aplicación algunas disposiciones obligatorias que no pueden ser objeto de derogación por las partes contratantes.

4.5. Cualquier otra opción

70. Como ya se ha indicado, la lista de opciones no es exhaustiva sino puramente indicativa. La Comisión estudiará cualquier otra idea de solución eficiente y eficaz de los problemas detectados.

5. Conclusiones

71. El propósito de la presente Comunicación es iniciar un debate abierto, amplio y detallado en el que participen las instituciones de la Comunidad Europea y el público general, incluidas empresas, académicos, asociaciones de consumidores y profesionales de la justicia. A la luz de las respuestas recibidas, la Comisión decidirá, en el ejercicio de su derecho de iniciativa, la adopción de medidas posteriores.

72. En particular, la Comisión desearía recibir opiniones sobre los problemas que para el funcionamiento del mercado interior conlleva la coexistencia de diferentes Derechos contractuales nacionales. Para resultar útil, convendría que dicha información fuera lo más precisa posible. Idealmente, debería incluir ejemplos concretos de casos en los que las diferencias entre las normativas contractuales de los Estados miembros hayan hecho más oneroso o incluso imposibilitado el comercio intracomunitario para los consumidores, comerciantes, fabricantes de bienes o proveedores de servicios. Puede tratarse de casos en que los vendedores, las empresas o los consumidores hayan incurrido en gastos adicionales considerables a consecuencia de las diferencias existentes entre las prescripciones legales de los distintos Estados miembros.

73. Por otro lado, la Comisión quisiera asimismo que se le indicara cuál de las alternativas expuestas en la sección D (u otras soluciones posibles) parece ser más apropiada para resolver los problemas detectados en la presente Comunicación.

Todas las partes que deseen participar en el debate deberán enviar su contribución, antes del 15 de octubre de 2001, en formato electrónico, si es posible, a European-Contract-Law@cec.eu.int, o por escrito a la Comisión Europea, Rue de la Loi 200, 1040 Bruselas. En cada contribución figurará la mención «Comunicación sobre Derecho contractual europeo». Para estimular un verdadero debate sobre esta cuestión, la Comisión ha publicado la presente Comunicación en la siguiente dirección del sitio web «Europa» de la Comisión http://europa.eu.int/comm/off/green/index_es.htm. Las contribuciones recibidas se publicarán en dicho sitio web si así lo piden los remitentes.

ANEXO I ACERVO COMUNITARIO RELEVANTE EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO

Observaciones generales

Esta presentación, no exhaustiva, tiene por objeto describir la parte del acervo comunitario relacionada con el Derecho privado, concretamente el Derecho contractual. Algunas directivas buscan claramente armonizar las normas contractuales nacionales, otras tienen una incidencia menos directa en esas normas.

1. Derecho contractual en materia de consumo

Observaciones generales

Esta selección pone de manifiesto que, entre otros vacíos, las directivas comunitarias relativas al Derecho contractual adolecen de referencias a la elaboración de un contrato y a las sanciones aplicables en caso de vulneración de las obligaciones de información precontractual establecidas en las directivas.

1.1. Venta y garantías de los bienes de consumo

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

Objetivo

Garantizar la protección del consumidor y reforzar su confianza en las compras transfronterizas, estableciendo normas mínimas comunes aplicables independientemente del lugar de compra de los bienes.

Contenido

La Directiva 1999/44/CE armoniza la noción de falta de conformidad del bien con el contrato, los derechos de los consumidores cuando compran un producto defectuoso y las condiciones en las que el consumidor puede ejercer esos derechos. Salvo excepciones, se entiende por bien de consumo cualquier bien mueble corpóreo, (letra (b) del apartado 2 del artículo 1). Este deberá ser conforme al contrato de compraventa (apartado 1 del artículo 2). El apartado 2 del artículo 2 indica los casos en los que se presupone que los bienes son conformes al contrato.

El vendedor debe responder de cualquier falta de conformidad existente en el momento de la entrega del bien al consumidor que se manifieste dentro de un plazo de dos años (apartado 1 del artículo 5), excepto si en el momento de la celebración del contrato de compraventa el consumidor tenía conocimiento del defecto o no podía fundadamente ignorarlo (apartado 3 del artículo 2). Se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de conformidad (apartado 3 del artículo 5).

En caso de falta de conformidad notificada al vendedor, el consumidor podrá exigir que los bienes sean reparados o sustituidos sin cargo alguno en un plazo de tiempo razonable y sin inconvenientes mayores para él (apartado 2 del artículo 3). Si la reparación o la sustitución resultan imposibles o desproporcionadas, o el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo de tiempo razonable o sin inconvenientes mayores para el consumidor, este tendrá derecho a una reducción adecuada del precio (apartado 5 del artículo 3). En cualquier caso, el consumidor tendrá derecho a rescindir el contrato si la falta de conformidad no es de escasa importancia (apartado 6 del artículo 3).

Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por una falta de conformidad, podrá emprender acciones contra la persona responsable, de acuerdo con las disposiciones de la legislación nacional. No obstante, la falta de conformidad deberá resultar de una acción u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario (artículo 4).

Toda garantía [40] obligará a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía, en el contrato escrito o en la correspondiente publicidad (apartado 1 del artículo 6). Dicha garantía deberá figurar en un documento escrito que pueda consultarse libremente antes de la venta y que indique en particular su duración y alcance territorial, así como el nombre y la dirección del garante (apartados 2 y 3 del artículo 6). Aunque la garantía ofrecida no se ajuste a las disposiciones de la Directiva, el consumidor podrá exigir su cumplimiento (apartado 5 del artículo 6). Las cláusulas contractuales o los acuerdos que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente Directiva no obligarán al consumidor (apartado 1 del artículo 7).

[40] Toda garantía que dé el vendedor o el productor además de las normas legales aplicables a la venta de bienes de consumo.

1.2. Cláusulas abusivas en los contratos con consumidores

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores

Objetivo

Eliminar las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor.

Contenido

La Directiva 93/13/CEE se aplica a las cláusulas contractuales no obligatorias y no negociadas que se incorporan en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor (artículo 1). Una cláusula no negociada se considera abusiva cuando causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato (se adjunta a la Directiva una lista de cláusulas abusivas) (artículo 3). El supuesto carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa (artículo 4). En caso de duda sobre el significado de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor (artículo 5). En cualquier caso, las cláusulas declaradas abusivas que figuren en un contrato no obligarán al consumidor (artículo 6).

1.3. Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados

Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados

Objetivo

Aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados vendidos u ofrecidos a la venta en el territorio de la Comunidad.

Contenido

La Directiva 90/314/CEE se aplica a la venta de combinaciones preestablecidas de transporte, alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o el alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado. Para que la Directiva pueda aplicarse es necesario que al menos dos de estos elementos sean vendidos u ofrecidos a la venta por un precio global y que la prestación cubra un periodo superior a 24 horas o incluya una noche de estancia.

Si se pone a disposición del consumidor un folleto, éste deberá indicar, de forma clara y precisa, el precio, el destino, el itinerario y los medios de transporte utilizados, el tipo de alojamiento, las comidas previstas, las condiciones aplicables en materia de pasaporte y visado, las formalidades sanitarias, el calendario de pago y el plazo para informar al consumidor en caso de anulación (artículo 3). La información contenida en el folleto formará parte del contrato (artículo 3). Antes de celebrar un contrato, el organizador deberá facilitar información por escrito sobre las condiciones aplicables en materia de pasaporte, visado (plazos para su obtención) y las formalidades sanitarias (artículo 4).

El organizador deberá indicar por escrito los horarios y los lugares de las escalas, información sobre el lugar que deberá ocupar el viajero, el nombre, la dirección y el número de teléfono de la representación local del organizador o, a falta de ésta, un número de teléfono de urgencia. Deberá facilitar información adicional cuando los viajes incluyan a menores, así como indicaciones sobre la suscripción facultativa de contratos de seguro y asistencia (apartado 1 del artículo 4). El consumidor podrá ceder su reserva a otra persona (apartado 3 del artículo 4).

El precio establecido en el contrato sólo podrá ser revisado si éste lo prevé explícitamente. Las variaciones en el precio sólo podrán reflejar las variaciones en los tipos de cambio, los costes de transporte y las tasas o los impuestos aplicables (apartado 4 del artículo 4). En caso de modificación significativa del contrato el consumidor tendrá derecho a rescindirlo sin verse penalizado y al reembolso de las cantidades abonadas (apartado 6 del artículo 4). El organizador deberá responder del incumplimiento o cumplimiento incorrecto del contrato. Cuando proceda, el consumidor tendrá derecho a una compensación por incumplimiento del contrato (apartado 7 del artículo 4).

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el organizador o el detallista que sean parte en un contrato responden ante el consumidor del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato. El organizador o el detallista serán responsables de los daños que sufra el consumidor por el incumplimiento o el cumplimiento incorrecto del contrato, a condición de que ello sea imputable a ellos o a otro prestador de servicios. La cuantía del resarcimiento por los daños podrá limitarse con arreglo a los convenios internacionales. Se podrá imponer un límite contractual razonable a la cuantía del resarcimiento por los daños que no sean corporales (artículo 5).

El consumidor deberá comunicar al prestador de servicios, así como al organizador o al detallista, lo antes posible y por escrito o en cualquier otra forma adecuada, todo incumplimiento del contrato que haya comprobado in situ. Esta obligación deberá mencionarse de forma clara y precisa en el contrato (artículo 5). En caso de reclamación, el organizador o el detallista, o su representante local, si existe, deberán actuar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas (artículo 6).

1.4. Contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales

Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales

Objetivo

Proteger a los consumidores contra las prácticas comerciales abusivas en el ámbito de los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales.

Contenido

La Directiva 85/577/CEE se aplica a los contratos que impliquen el pago de un importe superior a 60 euros (artículo 3) celebrados entre un comerciante y un consumidor durante una excursión organizada por este fuera de su establecimiento comercial. Se aplica también a los contratos celebrados durante una visita del comerciante al domicilio o lugar de trabajo del consumidor. La Directiva es aplicable si el consumidor no ha solicitado expresamente la visita del comerciante o, en caso contrario, no podía estar al corriente del conjunto de actividades comerciales ejercidas por el comerciante. Por último, la Directiva se aplica también a los contratos para los cuales el consumidor ha realizado una oferta contractual o no contractual en la que solicita recibir una visita del comerciante o participar en una excursión organizada por este (artículo 1). El comerciante deberá informar por escrito al consumidor sobre su derecho a rescindir el contrato (artículo 4). Una vez informado, el consumidor dispondrá de siete días para ejercer su derecho de rescisión (artículo 5).

1.5. Crédito al consumo

Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo, modificada por las Directivas 90/88 y 98/7

Objetivo

Armonizar las normas en materia de crédito al consumo garantizando un alto nivel de protección de los consumidores.

Contenido

La Directiva 87/102/CEE se aplica a los contratos de crédito en los que un prestamista concede crédito a un consumidor en forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago (artículo 1). Los contratos de crédito se harán por escrito e indicarán las condiciones esenciales, incluidas una declaración del porcentaje anual de cargas financieras y las condiciones en las que podrá modificarse (artículo 4).

Cuando el crédito se haga en forma de anticipos en una cuenta corriente que no sea una cuenta de tarjeta de crédito, el consumidor sólo deberá recibir por escrito ciertas informaciones, en el momento de la celebración del contrato o con anterioridad. En particular, deberá estar informado del límite de crédito (si lo hubiere), del tipo de interés anual y de los gastos aplicables a partir del momento en que se celebre el contrato, así como del procedimiento para la rescisión del mismo (artículo 6). En el caso de contratos de créditos concedidos para la adquisición de bienes que confieren al prestamista el derecho a recuperar los bienes, los Estados miembros deberán establecer las condiciones de recuperación de dichos bienes y garantizar que ello no dé lugar a un enriquecimiento injusto (artículo 7).

En virtud de los contratos de crédito, cuando el consumidor se libere de las obligaciones que haya contraído antes de la fecha fijada tendrá derecho a una reducción equitativa del coste total del crédito (artículo 8). La cesión a un tercero no alterará en modo alguno los derechos del consumidor (artículo 9). Los Estados miembros deberán ofrecer protección adicional a los consumidores, por ejemplo en los casos de utilización de letras de cambio, pagarés o cheques para realizar pagos o conceder garantías (artículo 10). En determinadas condiciones, el consumidor tendrá derecho a reclamar contra el prestamista si ha adquirido bienes o servicios, en el marco de un contrato de crédito, a una persona distinta del prestamista y los bienes o servicios no son suministrados o no son conformes al contrato. Este derecho existirá sólo cuando el consumidor haya reclamado contra el proveedor pero no haya obtenido satisfacción (artículo 11).

1.6. Contratos a distancia

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia

Objetivo

Aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los contratos a distancia entre consumidores y proveedores estableciendo normas mínimas comunes.

Contenido

La Directiva 97/7/CE se aplica a todo contrato («contrato a distancia») entre un proveedor y un consumidor, para el suministro de bienes o servicios, celebrado en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor. Para que la Directiva 97/7/CE sea aplicable, el proveedor deberá utilizar exclusivamente, a efectos del contrato, una o más técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración, inclusive, del contrato (apartado 1 del artículo 2).

Antes de la celebración de un contrato a distancia, el consumidor deberá recibir información clara y comprensible, conforme a los principios de buena fe en materia de transacciones comerciales. En particular, esta información deberá incluir los datos siguientes: la identidad y, a ser posible, la dirección del proveedor; las características de los bienes y servicios, así como su precio; los gastos de entrega; las modalidades de pago, entrega o ejecución; la existencia de un derecho de rescisión; el plazo de validez de la oferta o del precio; la duración mínima del contrato, si procede; el coste de utilización de medios de comunicación a distancia. Si los acuerdos se celebran por teléfono, deberán indicarse desde el principio la identidad del que llama y el propósito comercial de la llamada (artículo 4).

El consumidor deberá recibir confirmación por escrito o mediante cualquier otro soporte duradero a su disposición (correo electrónico) en el momento de la celebración del contrato. Deberá facilitarse también por escrito la información siguiente: disposiciones para el ejercicio del derecho de rescisión; el lugar en el que el consumidor puede presentar sus reclamaciones; los datos de los servicios de posventa; las condiciones en las que puede rescindirse el contrato (artículo 5).

El consumidor tiene derecho a rescindir la mayoría de los contratos a distancia. Cuando el proveedor haya cumplido sus obligaciones de información, el consumidor dispondrá de al menos siete días para rescindir el contrato sin verse penalizado. Si el proveedor no ha cumplido sus obligaciones de información, el plazo se ampliará a tres meses (apartado 1 del artículo 6). El proveedor deberá reembolsar las cantidades abonadas por el consumidor en un plazo de treinta días después de que este haya ejercido su derecho de rescisión (apartado 2 del artículo 6).

En principio, el proveedor dispone de treinta días para ejecutar el contrato (apartado 1 del artículo 7). Si no puede cumplir su parte del contrato, deberá informar al consumidor y devolverle las cantidades abonadas (apartado 2 del artículo 7). En algunos casos podrán suministrarse bienes o servicios sustitutivos. Los Estados miembros garantizarán la existencia de medidas apropiadas para que el consumidor pueda solicitar la anulación de un pago en caso de utilización fraudulenta de su tarjeta de pago en el marco de contratos a distancia cubiertos por la Directiva 97/7/CE. En caso de utilización fraudulenta de una tarjeta de crédito deberán abonarse en la cuenta del consumidor o restituirse las sumas pagadas (artículo 8).

Si se suministran bienes no solicitados, la falta de respuesta del consumidor no podrá considerarse como un consentimiento (artículo 9). La utilización por parte de un proveedor de un sistema automatizado de llamada o de un fax para comunicar con un consumidor estará supeditada al acuerdo previo de este. Sólo podrán utilizarse otros medios de comunicación a distancia si no existe oposición manifiesta del consumidor (artículo 10).

En caso de litigios, los organismos públicos y las organizaciones profesionales y de consumidores podrán actuar ante los tribunales o los órganos administrativos competentes (artículo 11).

1.7. Utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido

Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido

Objetivo

Aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la protección de las personas que adquieren un derecho de utilización de bienes inmuebles en régimen de tiempo compartido.

Contenido

La Directiva 94/47/CE cubre los aspectos relativos a la información sobre los elementos constitutivos de un contrato en materia de derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido y los procedimientos de retractación o de rescisión de dichos contratos (artículo 1). Si se le solicita, el vendedor debe facilitar un documento que contenga una descripción general de la propiedad. En el mismo documento, deberá facilitar los datos mínimos indicados en el anexo de la Directiva (identidad y domicilio de las partes interesadas, número del permiso de construcción, etc.) e indicaciones sobre cómo obtener información adicional. La información facilitada en ese documento formará parte integrante del contrato (artículo 3).

El comprador tendrá derecho a rescindir el contrato, en un plazo de diez días después de la firma del mismo, sin alegar motivos (apartado 1 del artículo 5). Sólo se le podrá exigir el pago de los gastos derivados de la celebración y rescisión del contrato (apartado 3 del artículo 5). El comprador podrá ejercer su derecho de rescisión en un plazo de tres meses a partir de la firma del contrato si este no contiene la información que exige la Directiva. En ese caso, el comprador no deberá sufragar ningún gasto (apartado 1 del artículo 5). Las cláusulas incorporadas al contrato que sean contrarias a los derechos del comprador o a las responsabilidades del vendedor en virtud de la Directiva no obligarán al comprador (artículo 8).

1.8. Comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 90/619/CEE del Consejo y 97/7/CE y 98/27/CE [41]

[41] Esta propuesta se encuentra en el Consejo desde el 5 de diciembre de 2000 en espera de una posición común tras una primera lectura del Parlamento Europeo, que hizo enmiendas a la propuesta original.

Objetivo

Establecer un marco jurídico armonizado y adecuado para los contratos a distancia en el ámbito de los servicios financieros que garantice un nivel adecuado de protección de los consumidores.

Contenido

Esta propuesta de directiva tiene por objeto establecer normas comunes que regulen las condiciones en las que se celebran los contratos a distancia relativos a servicios financieros. La propuesta cubre los servicios financieros al por menor negociados a distancia por cualquier medio que no requiera la presencia física simultánea de las partes del contrato.

La propuesta prevé la obligación de informar al consumidor antes de la celebración del contrato. El proveedor deberá enviar al consumidor, a condición de que este dé su autorización, un proyecto de contrato por escrito o en otro soporte duradero. El proyecto de contrato deberá comportar todas las cláusulas y condiciones contractuales, así como un resumen de las mismas.

La propuesta hace referencia al derecho del consumidor a disponer de un periodo de reflexión antes de la celebración de un contrato y al derecho de retractación con algunas exenciones, así como a la obligación de pago de los servicios prestados antes de la retractación.

Los pagos realizados por medios electrónicos podrán ser anulados si se hace un uso fraudulento de esos medios y se establecen límites a ciertos medios de comunicación a distancia.

2. Sistemas de pago

2.1. Morosidad en las operaciones comerciales

Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Objetivo

Combatir la morosidad en los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales dentro de la Unión Europea, tanto entre empresas como entre poderes públicos y empresas.

Contenido

La Directiva 2000/35/CE contiene un amplio conjunto de medidas para combatir la morosidad en las operaciones comerciales dentro de la Unión Europea y se aplica a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales (artículo 1). Estas medidas se aplican a todos los retrasos en los pagos entre empresas o entre poderes públicos y empresas (apartado 1 del artículo 2).

La Directiva establece también un marco jurídico para disuadir la morosidad en los pagos. En particular, los Estados miembros deben garantizar que el interés devengado será pagadero al día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato. Si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés será pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento, 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente. Si se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, el interés será pagadero 30 días después de la fecha del procedimiento. Si el deudor recibe una factura o una solicitud de pago equivalente antes de la fecha de aceptación o verificación, o incluso ese mismo día, el plazo empezará en dicha fecha. El tipo de interés de demora será el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más, como mínimo, 7 puntos porcentuales (artículo 3).

Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la normativa nacional aplicable, el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya acordado expresamente una cláusula de reserva de dominio entre el comprador y el vendedor antes de la entrega de los bienes (artículo 4). Velarán también por que, cuando no exista litigio sobre la deuda, independientemente de su importe, se pueda obtener un título ejecutivo, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente (artículo 5).

2.2. Transferencias transfronterizas

Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transferencias transfronterizas

Objetivo

Establecer requisitos mínimos de información y de funcionamiento para las transferencias transfronterizas de hasta 50 000 euros, efectuadas en las divisas de los Estados miembros y en euros dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo a iniciativa de un ordenante. El objetivo principal de la Directiva 97/5/CE es permitir la transferencia de fondos de un lugar a otro de la Comunidad de forma rápida, fiable y económica. Las «transferencias de débitos» y los pagos por cheques no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/5/CE.

Contenido

1) Obligación de transparencia con el cliente (artículos 3 y 4)

Antes de proceder a una transferencia transfronteriza, las entidades deben facilitar información general sobre el procedimiento. En particular, deben informar sobre el plazo de ejecución, el método de cálculo de comisiones y gastos que deba pagar el cliente a la entidad, la fecha de valor aplicada por la entidad, las vías de reclamación y de recurso y los tipos de cambios de referencia utilizados.

Con posterioridad a la ejecución o la recepción de una transferencia transfronteriza, las entidades facilitarán a sus clientes información que incluya una referencia que les permita identificar la transferencia, el importe real (inicial) de la transferencia, el importe de todos los gastos y comisiones a cargo del cliente y la fecha de valor aplicada por la entidad.

Si el ordenante especifica que el beneficiario debe sufragar la totalidad o parte de los gastos relativos a la transferencia, este deberá ser informado de ello por su propia entidad.

2) Normas mínimas aplicables a las transferencias

Para las transferencias transfronterizas cuyas características se precisen, la entidad deberá --a petición del cliente-- bien comprometerse en lo referente al plazo de ejecución y a las comisiones y gastos correspondientes, bien rehusar efectuar la transferencia (artículo 5).

La transferencia deberá efectuarse en el plazo de tiempo acordado. Si no se respeta ese plazo, la Directiva prevé disposiciones de indemnización. No se abonará ninguna indemnización cuando la entidad del beneficiario pueda demostrar que el retraso es imputable al ordenante o al beneficiario (artículo 6).

La entidad del ordenante, cualquier entidad intermediaria y la entidad del beneficiario estarán obligadas, una vez transcurrida la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, a ejecutar dicha transferencia por su importe total, a menos que el ordenante haya especificado que los gastos relativos a esa transferencia deban correr total o parcialmente a cargo del beneficiario. Toda deducción errónea que realice la entidad del ordenante, del beneficiario o cualquier entidad intermediaria deberá ser reembolsada (artículo 7).

Cuando la entidad de un ordenante haya aceptado una orden de transferencia y los fondos correspondientes no hayan sido acreditados en la cuenta de la entidad del beneficiario, se aplicará una garantía de devolución de hasta 12 500 euros, más los intereses y el importe de los gastos (artículo 8).

2.3. Liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores

Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores

Objetivo

Reducir el riesgo sistemático asociado a los sistemas de pago y de liquidación de valores y minimizar las perturbaciones provocadas por la insolvencia de un participante en esos sistemas. La Directiva 98/26/CE fue elaborada para hacer frente a los problemas jurídicos que crean las situaciones de insolvencia y de quiebra (p. ej., los derechos de los acreedores extranjeros), y proteger el desarrollo de una política monetaria única Unión Monetaria Europea (UME) aumentando la eficacia de las operaciones transfronterizas.

Contenido

La Directiva 98/26/CE protege la «compensación» [42] en los sistemas de liquidación de valores, preserva la garantía de que gozan los operadores de estos sistemas contra los efectos de las quiebras y aclara las disposiciones legislativas aplicables a las disposiciones relativas a las garantías acreditadas mediante una anotación en un registro, el registro de valores. Los sistemas de liquidación de valores están también protegidos por una cláusula contra la insolvencia de un participante en el sistema (artículos 1 y 2). La ley que regula los derechos y las obligaciones que se derivan de la participación en un sistema de liquidación de valores es la ley aplicable a ese sistema (artículo 3). La Directiva cubre también las garantías ofrecidas en relación con operaciones de los bancos centrales de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones de banco central (incluida la política monetaria nacional) (artículo 4).

[42] La conversión en un crédito neto o una obligación neta de los créditos y obligaciones resultantes de órdenes de transferencia que uno o varios participantes emitan a otro u otros participantes o reciban de otro u otros participantes, de modo que sólo pueda exigirse un único crédito neto o deberse una única obligación neta (Directiva 98/26/CE, letra k del artículo 2).

3. Agentes comerciales

Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes

Objetivo

La Directiva 86/653/CEE coordina las leyes nacionales que regulan las relaciones entre los agentes comerciales independientes y sus poderdantes. Persigue un objetivo de protección social para los agentes comerciales y establece niveles mínimos de armonización en esa área. Las disposiciones de la Directiva no pueden derogarse en detrimento de un agente comercial. En cambio, se permiten los acuerdos que conducen a un contrato más favorable para el agente comercial. La Directiva también contiene disposiciones relativas a la remuneración de los agentes y el derecho a una indemnización o reparación del perjuicio cuando un agente se ve afectado por la terminación de un contrato.

Contenido

1) Ámbito de aplicación:

La Directiva 86/653/CEE se aplica a los contratos relativos a mercancías (se excluyen los servicios) entre un intermediario independiente (el agente comercial) y un empresario. El agente comercial debe tener la autoridad permanente para negociar la venta o compra de mercancías por cuenta o en nombre de otra persona (el empresario) o de negociar y efectuar transacciones por cuenta o en nombre de ese empresario a cambio de una remuneración.

Con arreglo a esta Directiva, es fundamental que el agente comercial sea independiente del empresario, lo cual excluye de su ámbito de aplicación a los intermediarios y representantes comerciales asalariados del empresario (artículo 1). Asimismo, se excluyen otras categorías de agentes comerciales del ámbito de aplicación de la Directiva (artículo 2).

2) Obligaciones de las partes del contrato (artículos 3 a 5)

La Directiva 86/653/CEE impone al agente comercial la obligación ineludible de velar por los intereses del empresario que le emplea y de actuar de forma leal y de buena fe. El agente debe ocuparse como es debido de la negociación y, en su caso, de la conclusión de las operaciones de las que esté encargado. Debe también comunicar al empresario toda la información necesaria de que disponga y ajustarse a las instrucciones razonables que le haya dado.

Por su parte, el empresario tiene a su vez la obligación ineludible de actuar de forma leal y de buena fe. En particular, debe poner a disposición del agente comercial la documentación necesaria en relación con las mercancías en cuestión. Asimismo, debe facilitar al agente comercial las informaciones necesarias para la ejecución del contrato de agencia y, en particular, avisarlo cuando prevea que el volumen de las operaciones comerciales va a ser sensiblemente inferior al que cabría normalmente esperar.

3) Remuneración del agente comercial (artículos 6 a 12)

A falta de un acuerdo entre las partes que fije otras condiciones, y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones obligatorias de los Estados miembros, el agente comercial tendrá derecho a una remuneración de acuerdo con los usos habituales del lugar donde ejerza su actividad. Si no existieren tales usos, el agente comercial tendrá derecho a una remuneración razonable que tenga en cuenta todos los aspectos de la operación (artículo 6).

Cuando el agente comercial sea remunerado, en todo o en parte, mediante comisión, tendrá derecho a las comisiones por operaciones que se hayan concluido mientras dure el contrato de agencia. De acuerdo con las disposiciones de la Directiva, el agente tiene derecho a una comisión cuando:

(1) está encargado de un área geográfica o un grupo determinado de clientes o, alternativamente, disfruta del derecho de exclusividad para un área geográfica o un grupo de terminado de clientes, y

(2) la operación se ha concluido con un cliente perteneciente a esa área o ese grupo (artículo 7).

El derecho a una comisión por operaciones comerciales se mantiene después de la terminación del contrato de agencia (artículo 8), si su pago es equitativo teniendo en cuenta las circunstancias (artículo 9). La comisión se devengará en el momento en que se haya ejecutado la operación y deberá abonarse a más tardar el último día del mes siguiente al trimestre en que se haya devengado (artículo 10).

El empresario entregará al agente comercial una relación de las comisiones devengadas en un periodo de tiempo determinado. El agente podrá solicitar la información necesaria para comprobar el importe de las comisiones devengadas en poder del empresario (artículo 12).

4) Forma, duración y terminación del contrato (artículos 13 a 20)

La Directiva 86/653/CEE deja abierta la posibilidad de celebrar un contrato de agencia oralmente o por escrito. Se deja que los Estados miembros decidan si un contrato de agencia será válido si no consta por escrito. No obstante, cada parte tendrá derecho a obtener de la otra, previa solicitud, un escrito firmado que recoja las condiciones del contrato (artículo 13).

Si un contrato sigue siendo ejecutado después de transcurrido el plazo inicialmente previsto, se convertirá en un contrato de agencia de duración ilimitada (artículo 14).

Podrá ponerse fin a un contrato de agencia de duración ilimitada mediante un preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato. Las partes no podrán acordar un preaviso más corto. Si las partes acuerdan un preaviso más largo deberá ser de idéntica duración para ambas. Los Estados miembros podrán fijar un preaviso de entre cuatro y seis meses, cuando el contrato haya estado en vigor el tiempo correspondiente (artículo 15).

La Directiva 86/653/CEE obliga también a todos los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que el agente comercial tenga derecho a una indemnización (apartado 2 del artículo 17) o a una compensación (apartados 3 y 4 del artículo 17) cuando el empresario ponga fin al contrato de agencia sin justificación (artículo 18). Ese derecho no podrá ser derogado antes de que expire el contrato de agencia.

Por otra parte, en contratos de agencia comercial, las cláusulas de no compentencia sólo serán válidas si tienen una duración inferior a dos años y si se han establecido por escrito. Las cláusulas de no competencia han de estar dirigidas al sector geográfico o al grupo de personas y al sector geográfico confiados al agente comercial, así como al tipo de mercancías cuya representación corra a su cargo en virtud del contrato. Las disposiciones de la Directiva 86/653/CEE no afectan a las disposiciones de derecho nacional que impongan otras restricciones a la validez o a la aplicabilidad de las cláusulas de no competencia, o que reduzcan las obligaciones de las partes derivadas de dicho acuerdo (artículo 20).

4. Desplazamiento de trabajadores

Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

Objetivo

Suprimir incertidumbres y obstáculos que pudieran dificultar la libertad de prestar servicios, aumentando la seguridad jurídica y permitiendo la identificación de los periodos y las condiciones de empleo de los trabajadores que realizan un trabajo temporal en un Estado miembro diferente del Estado miembro cuya legislación regula su relación laboral; suprimir el riesgo de que los trabajadores desplazados sufran abusos y explotación.

Contenido

1) Ámbito

La Directiva se aplica a las empresas que, en el marco de una prestación transnacional de servicios, desplazan a trabajadores al territorio de otro Estado miembro:

- por su cuenta, bajo su dirección y de acuerdo con un contrato celebrado entre la empresa de procedencia y el destinatario de los servicios;

- a un establecimiento o una empresa propiedad del grupo;

- como empresa de trabajo interino, a una empresa usuaria.

2) Obligaciones

Los Estados miembros deben velar por que las empresas garanticen a sus trabajadores desplazados la aplicación de un conjunto básico de normas protectoras vinculantes del Estado miembro en el que se efectúe el trabajo:

- mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o

- mediante convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general, en la medida en que se refieran a las actividades contempladas en el anexo de la Directiv