Martes, 13 de abril de 199930.7.1999 ES C 219/61 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
− Visto el artı ´culo 58 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisio ´n de Asuntos Econo ´micos y Monetarios y Polı ´tica Industrial
(A4-0170/99),
1. Aprueba la propuesta de la Comisio ´n, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;
2. Pide a la Comisio ´n que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2
del artı ´culo 189 A del Tratado CE;
3. Pide al Consejo que incluya las modificaciones aprobadas por el Parlamento en la posicio ´n comu ´n
que adoptara ´ de conformidad con el apartado 2 del artı ´culo 189 B del Tratado CE;
4. Recuerda que la Comisio ´n debe presentar al Parlamento cualquier modificacio ´n que pretenda
introducir en su propuesta tal como la ha modificado el Parlamento;
5. Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisio ´n.
20. Espacio de libertad, de seguridad y de justicia − Lucha contra la pornografı ´a
infantil en Internet *
a) A4-0133/99
Resolucio ´n sobre el proyecto de plan de accio ´n del Consejo y de la Comisio ´n sobre la mejor manera
de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creacio ´n de un espacio de
libertad, seguridad y justicia (13844/98 − C4-0692/98 − 98/0923(CNS))
El Parlamento Europeo,
− Visto el proyecto de plan de accio ´n del Consejo y de la Comisio ´n (13844/98 − C4-0692/98 −
98/0923(CNS)), presentado al Consejo Europeo de Viena de los dı ´as 11 y 12 de diciembre de 1998,
− Vista la Comunicacio ´n de la Comisio ´n de 14 de julio de 1998 «Hacia un espacio de libertad, seguridad
y justicia» (COM(98)0459 − C4-0551/98),
− Vista la declaracio ´n de la Unio ´n Europea de 10 de diciembre de 1998 sobre los derechos
fundamentales,
− Vistos el informe de la Comisio ´n de Libertades Pu ´blicas y Asuntos Interiores y las opiniones de la
Comisio ´n de Asuntos Institucionales y de la Comisio ´n de Asuntos Jurı ´dicos y Derechos de los
Ciudadanos (A4-0133/99),
A. Teniendo presente la importante evolucio ´n polı ´tica, econo ´mica y social que se ha producido en
Europa en el u ´ltimo decenio, ası ´ como el atractivo creciente que la Unio ´n Europea ejerce en varios
paı´ses del continente y de las regiones vecinas como modelo de cohabitacio ´n entre pueblos de
diferente tradicio ´n y de espacio sin fronteras econo ´micas,
B. Consciente de las riquezas y dificultades que pueden surgir de la reunio ´n entre paı ´ses cuyas culturas,
sistemas sociales, organizacio ´n polı ´tica y sistemas jurı ´dicos, aunque con un fondo y principios
comunes, presentan marcadas diferencias pero que, sin embargo, tienen que hacer frente a la demandacreciente de la sociedad civil de mayor equidad, justicia y condiciones comparables de seguridad yproteccio ´n judicial,
C. Consciente tambie ´n, ante procesos de tal envergadura que afectan a todo el continente, de la
limitacio ´n de las respuestas estrictamente nacionales y de las dificultades de los Estados miembros de
la Unio ´n Europea para controlar sus efectos humanos, sociales y econo ´micos ası ´ como para conservar
en este proceso puntos de referencia fundamentales para los ciudadanos y la opinio ´n pu´blica europea
en general,
Martes, 13 de abril de 1999C 219/62 ES 30.7.1999 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
D. Consciente de que la delincuencia organizada se aprovecha de la ausencia o la falta de aplicacio ´n de la
legislacio ´n europea en a ´mbitos como la inmigracio ´n, el derecho de asilo o la cooperacio ´n judicial civil
y penal ası ´ como de la separacio ´n entre sistemas jurı ´dicos nacionales, lo que provoca la indignacio ´n
en la opinio ´n pu´blica y la pe ´rdida de credibilidad de las autoridades nacionales ante los ciudadanos
europeos, ası ´ como un coste que se mide no solamente en te ´rminos financieros sino tambie ´n humanos
y polı ´ticos,
E. Consciente de las limitaciones inherentes al planteamiento intergubernamental experimentado en el
marco del tercer pilar del Tratado de la Unio ´n Europea, que se han traducido en el cara ´cter
fragmentario de buen nu ´mero de medidas, convenios y actos de todo tipo adoptados o en curso de
negociacio ´n, tanto en su concepcio ´n como en su puesta en pra ´ctica; dando por sentado que estas
medidas se reforzara ´n a consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, lo que dara ´
lugar a un nuevo impulso que permita a los ciudadanos gozar juntos de su tradicio ´n democra ´tica,
F. Convencido de que es necesario reforzar la confianza recı ´proca entre las instituciones europeas y
nacionales ası ´ como entre e ´stas y los ciudadanos europeos,
G. Considerando que la legı ´tima demanda de seguridad de las personas que viven en el territorio de la
Unio´n no puede disociarse del objetivo de justicia que constituye una de las sen ˜as de identidad de la
Unio´n Europea; que, en consecuencia, para ser eficaces, las medidas policiales deben ir acompan ˜adas
del desarrollo de una cooperacio ´n judicial; que, a su vez, esta cooperacio ´n so´lo sera ´ posible si las
polı´ticas nacionales de prevencio ´n y de represio ´n se coordinan tan a menudo como sea posible a nivel
europeo,
H. Tomando nota de que los Quince han decidido, mediante el Tratado de Amsterdam, abordar los
problemas en su raı ´z y para ello han previsto adaptaciones de alcance constitucional en los Tratados
de la Unio ´n y de la Comunidad Europea; convencido asimismo de que con estas disposiciones la
Unio´n responde, por una parte, a las exigencias de algunos tribunales constitucionales en cuanto a su
capacidad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales segu ´n los principios del Estado de
Derecho y, por otra parte, confirma su vocacio ´n de intervenir junto con los Estados miembros para
afirmar no so ´lo principios econo ´micos sino tambie ´n polı ´ticos y civiles; observando que se trata de las
disposiciones siguientes:
− el artı ´culo B del Tratado UE (futuro artı ´culo 2 del Tratado UE) que fija como objetivo del Tratado
«... mantener y desarrollar la Unio ´n como espacio de libertad, seguridad y justicia,...» y que
encuentra su prolongacio ´n en las disposiciones del artı ´culo 73 I del TCE (futuro artı ´culo 61 del
TCE), para el primer pilar, y del artı ´culo K.1 del Tratado UE (futuro artı ´culo 29 del Tratado UE),
para el tercer pilar,
− el artı ´culo F del Tratado UE (futuro artı ´culo 6 del Tratado UE), que dispone que «la Unio ´n se basa
en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertadesfundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros», ası ´
como el artı ´culo 6 A del TCE (futuro artı ´culo 13 del TCE) que establece, entre otras cosas, la
competencia de la Comunidad para «...adoptar acciones adecuadas para luchar contra ladiscriminacio ´n por motivos de sexo, de origen racial o e ´tnico, religio ´n o convicciones,
discapacidad, edad u orientacio ´n sexual»,
− el artı ´culo F.1 del Tratado UE (futuro artı ´culo 7 del Tratado UE) que dispone que el respeto de los
derechos fundamentales no so ´lo es una condicio ´n previa para la adhesio ´n a la Unio ´n sino que,
despue ´s de la adhesio ´n, es una condicio ´n sine qua non para el ejercicio de sus derechos,
− el artı ´culo L del Tratado UE (futuro artı ´culo 46 del Tratado UE) que define las competencias del
Tribunal de Justicia en materia de derechos fundamentales y de cooperacio ´n policial y judicial en
materia penal,
− el Tı ´tulo III A del TCE (futuro Tı ´tulo IV del TCE) que regula la libre circulacio ´n de las personas
ası´ como el Tı ´tulo V del Tratado UE (futuro Tı ´tulo VI del Tratado UE) que regula la cooperacio ´n
judicial penal y la cooperacio ´n policial,
− el artı ´culo 117 del TCE (futuro artı ´culo 136 del TCE) que remite a los derechos sociales
fundamentales de la Carta social europea de Turı ´n (1961) y a la Carta comunitaria de los derechos
sociales fundamentales de los trabajadores (1989), y que tambie ´n constituye un fundamento
jurı´dico para la lucha de la Unio ´n Europea contra las exclusiones,
I. Considerando que la aplicacio ´n del Tı ´tulo IV del Tratado relativo al establecimiento de un espacio de
libertad, seguridad y justicia supone la incorporacio ´n previa del acervo de Schengen, segu ´n dispone
un Protocolo anejo al Tratado,
Martes, 13 de abril de 199930.7.1999 ES C 219/63 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
J. Convencido de que despue ´s de la creacio ´n del mercado interior, de la moneda u ´nica y de los
fundamentos de la Europa social, la creacio ´n de un espacio de libertad, seguridad y justicia se
convierte en uno de los primeros y preeminentes objetivos de la Unio ´n, que debe partir del principio
segu´n el cual la libre circulacio ´n de las personas ası ´ como la cooperacio ´n en materia de represio ´n, por
su propia naturaleza, ponen en juego los derechos fundamentales de la persona tanto en el plano de laspolı´ticas previstas como de las acciones emprendida,
K. Convencido de que la creacio ´n de este espacio de libertad, seguridad y justicia es una demanda
urgente de la opinio ´n pu´blica europea (de todas las personas que viven en el territorio de la Unio ´n
Europea), que su consolidacio ´n esta ´ estrechamente vinculada a la construccio ´n de una ciudadanı ´a
europea real y no solamente formal, y que constituye la u ´nica salida posible del mercado interior en el
que circulan libremente personas, mercancı ´as, capitales y servicios,
L. Tomando nota de las conclusiones del Consejo Europeo de Viena y de la decisio ´n de celebrar, en el
oton˜o de 1999, una sesio ´n extraordinaria dedicada a los problemas de la libertad, de la seguridad y de
la justicia,
M. Considerando el e ´xito y las observaciones de la Conferencia interparlamentaria organizada por la
Comisio ´n de Libertades Pu ´blicas y Asuntos Interiores los dı ´as 24 y 25 de marzo de 1999,
I. En primer lugar, elaborar una definicio ´n ma ´s avanzada de los derechos fundamentales y de la
ciudadanı ´a europea e intervenir contra toda forma de discriminacio ´n
1. Aprueba plenamente la decisio ´n del Consejo Europeo de convocar una reunio ´n extraordinaria el 14
de octubre pro ´ximo en Tampere para someter a debate la creacio ´n del espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia; considera de importancia fundamental que los jefes de Estado y de Gobierno ası ´ como
el Parlamento Europeo nuevamente elegido y los Parlamentos nacionales definan una estrategia comu ´n
para los siguientes asuntos:
− la ciudadanı ´a europea y los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio de la
Unio´n,
− la plena realizacio ´n de la libertad de circulacio ´n de personas, en virtud del artı ´culo 7 A del TCE (futuro
artı´culo 14 del TCE);
− la inmigracio ´n y el derecho de asilo,
− el reconocimiento mutuo de las sentencias en materia civil y penal,− la cooperacio ´n administrativa, judicial, aduanera y policial y el refuerzo del papel de las agencias
comunes como Europol;
declara estar dispuesto a participar en la definicio ´n de esta estrategia, en colaboracio ´n con el grupo de alto
nivel encargado de preparar las conclusiones de Tampere y fomentar, con los Parlamentos nacionales, laadecuada participacio ´n de la sociedad civil;
2. Afirma que el respeto de los derechos fundamentales no ha de limitarse a un criterio para evaluar la
legitimidad de la accio ´n comunitaria sino que ha de constituir tambie ´n las sen ˜as de identidad de la Unio ´n
Europea; frente a las mu ´ltiples fuentes de las que emana el alcance de estos derechos, estima que es
oportuno analizar con el mayor intere ´s la iniciativa de la Presidencia del Consejo de preparar una Carta de
los derechos fundamentales y en particular establecer el valor an ˜adido que representarı ´a respecto de la
situacio ´n actual;
3. Considera que esta iniciativa debera ´ constituir un complemento y una especificacio ´n del Convenio
Europeo para la Proteccio ´n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de los dema ´s
instrumentos internacionales adoptados o en negociacio ´n que los Estados miembros han suscrito o tienen
la intencio ´n de suscribir; que debera ´ articularse con otros actos legislativos para cada uno de los derechos
en cuestio ´n y convertirse en el punto de referencia para el trabajo del Tribunal de Justicia que, hasta ahora,
debido a la ausencia de textos legislativos, en varias ocasiones ha tenido que hacer oficio de legislador;
4. Considera que la futura carta, que se elaborara ´ con la participacio ´n del Parlamento Europeo (
1), los
Parlamentos Nacionales y el Tribunal de Justicia, debera ´ establecer, tomando como base el Convenio
Europeo para la Proteccio ´n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, un nivel lo ma ´s elevado posible de
proteccio ´n de los derechos tales y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los
Estados miembros;
(1) Deben tenerse en cuenta, en particular, la Declaracio ´n sobre los derechos y libertades fundamentales de 12.4.1989 (DO C 120 de
16.5.1989, p. 51) y las Resoluciones de 14.6.1991 sobre la ciudadanı ´a comunitaria (DO C 183 de 15.7.1991, p. 473), de 21.11.1991
sobre la ciudadanı ´a de la Unio ´n (DO C 326 de 16.12.1991, p. 205) y de 10.2.1994 sobre la Constitucio ´n de la Unio ´n Europea
(DO C 61 de 28.2.1994, p. 155).
Martes, 13 de abril de 1999C 219/64 ES 30.7.1999 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
5. Recuerda que el principio del Estado de Derecho exige un control jurisdiccional para las cuestiones
relativas a las libertades fundamentales y a los derechos de las personas y considera inaceptable que en elTratado se utilicen cla ´usulas de salvaguardia destinadas a limitar el control del Tribunal de Justicia;
6. Considera prioritaria la presentacio ´n, por parte de la Comisio ´n, de propuestas relativas a:
− la creacio ´n de una autoridad de control de la actividad de las instituciones en el tratamiento de los
datos personales (artı ´culo 213 B del TCE − futuro artı ´culo 286 del TCE);
− los medios jurı ´dicos que hay que establecer para que las actividades de las instituciones en el marco
del tercer pilar garanticen el mismo nivel de proteccio ´n en los diversos Estados miembros,
− el acceso a los textos de las instituciones (artı ´culo 191 A del TCE − futuro artı ´culo 255 del TCE);
7. Considera que la Comisio ´n ha de presentar urgentemente el plan global y las medidas concretas
necesarias para eliminar toda discriminacio ´n por razones de sexo, supuesta raza, origen e ´tnico, religio ´n o
convicciones, minusvalı ´a, edad u orientacio ´n sexual, ası ´ como para combatir la exclusio ´n (artı ´culos 6 A y
117 del TCE − futuros artı ´culos 13 y 136 del TCE);
8. Recuerda la necesidad de mayor coherencia entre las acciones exterior e interior de la Unio ´n
mediante la elaboracio ´n de posiciones comunes con ocasio ´n de las negociaciones en los foros
internacionales o en las relaciones con terceros paı ´ses;
II. En segundo lugar: tratar las cuestiones de la libre circulacio ´n de personas, de la inmigracio ´n y de
los visados
9. Reafirma que, en virtud del artı ´culo 7 A del Tratado, la libre circulacio ´n de personas es competencia
comunitaria, que se debio ´ aplicar ı ´ntegramente el 1 de enero de 1993 y que se aplica al conjunto de las
personas que residen legalmente en la Unio ´n;
10. Insta a la Comisio ´n a presentar para la Cumbre de Tampere, vistos el programa de trabajo del
Tratado (artı ´culos 62 y 63), los debates ya celebrados en el seno del Consejo y los textos aprobados por el
Parlamento, una nueva estrategia, a proceder a una evaluacio ´n en profundidad del acervo en estos sectores
y, en su caso, a presentar propuestas de refundicio ´n y de racionalizacio ´n de los casi 70 textos en vigor;
considera, adema ´s, que tambie ´n hay que tener en cuenta el importante vı ´nculo con el proceso de
ampliacio ´n, la estrategia de preadhesio ´n y la condicio ´n impuesta a los paı ´ses candidatos de aplicar el
acervo en el a ´mbito de la justicia y los asuntos interiores en su totalidad;
11. Afirma de nuevo que es urgente replantear con un enfoque realmente «comunitario»
− la libre circulacio ´n de personas,
− la polı ´tica de visados (armonizacio ´n de la lista de paı ´ses terceros, mejora del formato uniforme,
modalidades de expedicio ´n),
− una polı ´tica de inmigracio ´n que prevea condiciones claras de admisio ´n y de estancia, en particular por
lo que concierne a la reunificacio ´n familiar,
− la definicio ´n de un estatuto para los nacionales de terceros paı ´ses que residen legalmente en la Unio ´n,
ası´ como de medidas positivas y de apoyo en favor de su integracio ´n,
− la lucha eficaz contra la inmigracio ´n clandestina dirigida en particular contra las redes de la
delincuencia que organizan la trata de seres humanos,
− el establecimiento de un marco jurı ´dico que permita a la Unio ´n hacer frente con eficacia a situaciones
de llegada masiva de personas desplazadas para prever un re ´gimen armonizado de proteccio ´n
temporal, incluyendo el establecimiento de un mecanismo de solidaridad humanitaria y financieraentre los Estados miembros,
− la aproximacio ´n de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo ası ´ como de las legislaciones
relativas a los procedimientos para la concesio ´n del estatuto de refugiado y las formas de proteccio ´n
complementaria;
12. Estima necesario, para facilitar la definicio ´n de este planteamiento, que la pro ´xima Conferencia
Intergubernamental adelante el paso a la codecisio ´n de las materias de que se trate;
13. Recuerda que la aplicacio ´n de la libre circulacio ´n de las personas en el interior de la Unio ´n pasa por
la incorporacio ´n previa del acervo de Schengen, parte en el primer pilar, parte en el tercer pilar, a este
respecto estima, por consiguiente, indispensable hacer un balance exhaustivo de dicho acervo, consideraque en ningu ´n caso puede verse obligado por la decisio ´n de determinacio ´n de dicho acervo que el Consejo
habra´ de tomar antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con un procedimiento excepcional,
es decir, por unanimidad del Consejo, sin iniciativa de la Comisio ´n y sin consulta del Parlamento Europeo;
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14. Pide al Consejo que adopte cuanto antes las medidas destinadas a garantizar, de conformidad con el
artı´culo 73 J del TCE (futuro artı ´culo 62 del TCE), la ausencia de control de las personas al cruzar las
fronteras interiores;
III. En tercer lugar: mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos mediante el refuerzo de la
cooperacio ´n judicial civil
15. Estima que el espacio de libertad, seguridad y justicia se ha de concretar antes de la futura
ampliacio ´n de la Unio ´n; pide al Consejo y a la Comisio ´n que adopten cuanto antes las medidas necesarias;
16. Considera que, en general, el objetivo de la Unio ´n ha de ser simplificar la relacio ´n de los
ciudadanos y de las empresas con la justicia y lograr una justicia ma ´s eficaz en un espacio europeo
integrado al favorecer en particular la creacio ´n de una cultura judicial comu ´n; estima que el proceso de
construccio ´n del espacio jurı ´dico y judicial europeo debe ir acompan ˜ado del pleno control parlamentario y
judicial) (1);
17. Recuerda que toda persona tiene derecho a un juez independiente e imparcial y a un proceso justo
regulado por el principio de la presuncio ´n de inocencia; subraya la importancia del respeto de los
principios de igualdad de acceso a la justicia, de la proteccio ´n de los derechos de la defensa y de la
igualdad de armas tanto en los procedimientos civiles como penales;
18. Recuerda que la reinsercio ´n social de los que ya han pagado su deuda a la sociedad constituye un
principio fundamental del Derecho penal europeo; subraya, adema ´s, que deben protegerse los derechos de
las vı ´ctimas de actos delictivos y de terrorismo y que debe garantizarse un sistema adecuado de
compensacio ´n para estas vı ´ctimas;
19. Considera que debe garantizarse en todos los procedimientos judiciales la prestacio ´n de asistencia
judicial gratuita en caso de falta de recursos;
Mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos mediante el refuerzo de la cooperacio ´n judicial
civil
20. Considera urgente, como preconiza la Declaracio ´n de Avin ˜o´n, solucionar los problemas que
afectan a la vida de los ciudadanos con la adopcio ´n, mediante actos comunitarios, del Convenio de
Bruselas II en materia matrimonial ası ´ como la revisio ´n del Convenio de Bruselas y el Convenio de
Lugano sobre el reconocimiento de las sentencias en materia comercial y facilitar la resolucio ´n de litigios
transfronterizos mediante la identificacio ´n inmediata del Derecho aplicable, ası ´ como el acceso a la
justicia;
21. Estima, por otra parte, que habra ´ que lograr que entre los Estados miembros el reconocimiento y la
ejecucio ´n de las decisiones sean pra ´cticamente automa ´ticas; que, al respecto, es urgente e indispensable
favorecer la compatibilidad de las normas de procedimiento civil, de conflictos de legislacio ´n  y  d e
competencia aplicables en los Estados miembros (artı ´culo 73 M del TCE − futuro artı ´culo 65 del TCE), ası ´
como reforzar la cooperacio ´n administrativa entre servicios judiciales civiles con el establecimiento de
redes especializadas (EUROJUST), a escala europea, con el intercambio de funcionarios o elestablecimiento de oficiales de enlace;
22. Considera que el principio previsto en el artı ´culo K.4, futuro 32 del Tratado UE relativo a la ayuda
mutua judicial, en virtud del cual el Consejo fijara ´ «... las condiciones y lı ´mites con arreglo a los cuales...»
jueces y magistrados podra ´n intervenir en el territorio de otro Estado miembro en relacio ´n y de acuerdo
con las autoridades del mismo podrı ´a aplicarse en mayor medida en el a ´mbito civil, donde el nivel de
integracio ´n deberı ´a corresponder a la naturaleza comunitaria de esta legislacio ´n;
23. Pide a la Comisio ´n que saque todo el partido de las nuevas posibilidades que ofrece el artı ´culo 73 M
del TCE (futuro artı ´culo 65 del TCE) para elaborar un corpus de normas propias de derecho civil y para
favorecer la compatibilidad de los procedimientos civiles;
Definir el papel de la Unio ´n en materia de delitos y sanciones
24. Considera fundamental una seria prevencio ´n de los delitos mediante la cooperacio ´n eficaz entre
servicios policiales nacionales y Europol; estima indispensable modificar el fundamento jurı ´dico de
(1) Ve ´ase la Resolucio ´n del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1998 sobre la cooperacio ´n judicial en materia penal dentro de la
Unio´n Europea, apartado 8 (DO C 104 de 6.4.1998, p. 267).
Martes, 13 de abril de 1999C 219/66 ES 30.7.1999 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Europol en cuanto entre en vigor el Tratado de Amsterdam, de manera que se establezca una mejor
distincio ´n entre las funciones que ejerce en intere ´s de un solo Estado miembro y las que son de «intere ´s
europeo», bien porque impliquen a varios Estados miembros o porque se ejerzan en intere ´s de una
institucio ´n de la Unio ´n; en el ejercicio de estas u ´ltimas, Europol deberı ´a actuar como agencia europea
facultada para ejercer tareas operativas bajo el control de los magistrados (reunidos en la red de ayudamutua europea EUROJUST) y sujeta al control del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia (
1);
25. Sen ˜ala adema ´s la maran ˜a de normas jurı ´dicas, como por ejemplo las relativas a la proteccio ´n de los
datos personales, que podrı ´an regular el trabajo de Europol y el riesgo de atentados contra los derechos
fundamentales a que podrı ´an dar lugar; estima, en consecuencia, que deben adoptarse las decisiones
marco aprobadas para garantizar la equivalencia de las disposiciones vigentes en el marco del primer pilar,del tercer pilar o del Convenio Europol;
26. Confirma su apego al principio previsto en el artı ´culo K.4 del Tratado UE (futuro artı ´culo 32 del
Tratado UE) en lo relativo a la ayuda mutua judicial en virtud del cual «el Consejo establecera ´ las
condiciones y lı ´mites con arreglo a los cuales « los jueces y magistrados podra ´n intervenir en el territorio
de otro Estado miembro en colaboracio ´n y de acuerdo con las autoridades del mismo; en la misma
perspectiva, estima razonable reforzar ulteriormente las redes judiciales europeas, favorecer el intercam-bio de magistrados y, en el caso de la defensa de los intereses financieros de la Comunidad, cuyofundamento jurı ´dico es el nuevo artı ´culo 209 A del TCE (futuro artı ´culo 280 del TCE), prever el
establecimiento de un «fiscal europeo» encargado de incoar las acciones judiciales (Corpus Juris);
27. Reitera su deseo, manifestado en varias ocasiones, de mejorar la compatibilidad de los
procedimientos penales de los Estados miembros, eliminar la condicio ´n de doble culpabilidad para la
extradicio ´n y prever la entrega directa para los delitos menores; comparte el deseo manifestado por
algunos Estados miembros de garantizar el reconocimiento recı ´proco de las sentencias y de las medidas
adoptadas por las jurisdicciones de los Estados miembros;
28. Considera esencial que la Unio ´n establezca una estrategia para sostener y coordinar la accio ´n de los
Estados miembros cuando se trate de:
a) delitos contra la humanidad o vinculados a actividades terroristas cuando varios Estados miembros
hayan incoado acciones judiciales contra el inculpado, ası ´ como del reconocimiento del derecho de
asilo o del curso que se haya de dar a las solicitudes de extradicio ´n, no solamente mediante la
aplicacio ´n de los textos legislativos que forman parte del acervo del tercer pilar (Convenio de 10 de
marzo de 1995 relativo a un procedimiento simplificado de extradicio ´n entre los Estados miembros de
la Unio ´n Europea, Convenio de 27 de septiembre de 1996 relativo a la extradicio ´n entre los Estados
miembros de la Unio ´n Europea, Convenio Europeo de extradicio ´n de 13 de diciembre de 1957), sino
tambie ´n mediante el apoyo de las instituciones internacionales que intervienen en estos a ´mbitos y la
creacio ´n de nuevos o ´rganos, ası ´ como la utilizacio ´n de los instrumentos jurı ´dicos adecuados;
b) las relaciones con el Tribunal Penal Internacional, los Tribunales extraordinarios (Yugoslavia,
Ruanda, Lockerbie, etc.) y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos;
c) los delitos cuyo alcance rebase el territorio de cada uno de los Estados miembros y para los cuales
deben plantearse urgentemente medidas que establezcan normas mı ´nimas relativas a los elementos
constitutivos de infracciones penales y a las sanciones aplicables, en virtud del artı ´culo K.3, futuro 31
del Tratado UE; e ´ste podrı ´a ser el caso de los delitos
− que afecten a la integridad y a la salud de la persona (por ejemplo, trata de seres humanos,
violacio ´n de los principios e ´ticos, pederastia y pornografı ´a, racismo y xenofobia, tra ´fico de
drogas, etc.),
− que afecten a la economı ´a europea (por ejemplo, falsificacio ´n del euro, violacio ´n de los intereses
financieros de la Unio ´n, blanqueo de capitales a nivel internacional, corrupcio ´n, medio ambiente,
etc.),
− que se hayan cometido con medios que necesariamente rebasan las fronteras nacionales (por
ejemplo, Internet),
− en los que participen ciudadanos europeos de varios Estados miembros (delincuencia organizada,
etc.),
− relativos a la delincuencia organizada;
(1) Ve ´ase la Resolucio ´n del Parlamento Europeo sobre los progresos realizados en 1998 en la aplicacio ´n de la cooperacio ´n en los
a´mbitos de la justicia y los asuntos interiores de conformidad con el Tı ´tulo VI del Tratado de la Unio ´n Europea, Acta de 14.1.1999,
p. 52, parte II, punto 13 a).
Martes, 13 de abril de 199930.7.1999 ES C 219/67 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
IV. Por u ´ltimo: cambiar los me ´todos de trabajo y las relaciones entre las instituciones y con la sociedad
desde la fase transitoria
29. Considera que la realizacio ´n de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia es una obra en la
que deben participar estrechamente los Estados miembros y las instituciones europeas con unaprogramacio ´n concertada; se habra ´n de prever formas adecuadas para garantizar la participacio ´n de los
actores institucionales a nivel europeo y nacional, ası ´ como los representantes de la sociedad civil en la
definicio ´n y aplicacio ´n de las medidas previstas por el plan de accio ´n, teniendo en cuenta los principios
siguientes:
− esta estrategia, cuyos elementos esenciales se debera ´n presentar en Tampere, debera ´ basarse en un
Libro Blanco de la Comisio ´n (que tambie ´n constituira ´ una propuesta de programa de legislatura para
el Parlamento Europeo), ası ´ como en documentos estrate ´gicos especializados que habra ´n de
establecer la Presidencia del Consejo o la Comisio ´n para cada uno de los a ´mbitos relacionados con la
realizacio ´n del espacio de libertad, seguridad y justicia; el plan de accio ´n resultante incluira ´ los
programas plurianuales existentes, por ejemplo el programa de lucha contra la delincuenciaorganizada o la droga, en un contexto que tendra ´ en cuenta los requisitos indisociables de libertad,
seguridad y justicia y pondra ´ de relieve la polı ´tica que la Unio ´n tiene la intencio ´n de aplicar en los
pro´ximos cinco an ˜os para los derechos fundamentales y las medidas de prevencio ´n contra toda forma
de discriminacio ´n (artı ´culo 6 A del TCE − futuro artı ´culo 13 del TCE);
− las opciones contenidas en el mismo debera ´n ser objeto de un amplio debate en el que participara ´n el
Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil;
30. Piensa que, asimismo, se debera ´:
− garantizar la mejor informacio ´n y sensibilizacio ´n posible de los ciudadanos europeos y el
establecimiento de servicios de asistencia jurı ´dica en todas las instituciones de la Unio ´n (en particular
a nivel local y regional); (suprı ´mase el resto)
− establecer la obligatoriedad de la formacio ´n de los jueces, abogados y funcionarios pu ´blicos sobre los
derechos fundamentales, el sistema jurı ´dico europeo y el Derecho comparado europeo;
31. Considera, por lo que concierne al acervo de la Unio ´n, que desde la fase transitoria sera ´
conveniente:
− para los a ´mbitos transferidos al primer pilar, proceder a la reorientacio ´n formal y sustancial de los
textos au ´n no adoptados o que no hayan entrado en vigor (convenios, acciones comunes o cualquier
otro acto que prevea compromisos contraı ´dos por los Estados miembros) y verificar su legitimidad;
− para los actos adoptados o en curso de adopcio ´n en el tercer pilar, asegurarse de su legitimidad
respecto del nuevo marco constitucional en el que interviene, en su caso, el Tribunal de Justicia;
− transformar en «decisiones marco» los convenios cuyo proceso de ratificacio ´n no haya comenzado o
en el que haya intervenido una minorı ´a de Estados miembros;
32. Considera, por lo que concierne a las instituciones europeas, que
− con ocasio ´n de la formacio ´n de la nueva Comisio ´n, las cuestiones relativas a los derechos
fundamentales ası ´ como a la realizacio ´n del espacio de libertad, seguridad y justicia se confiara ´n a un
solo miembro de la Comisio ´n, que trabajara ´ en estrecha relacio ´n con el Presidente del Colegio,
− el Consejo de Justicia establecera ´ relaciones privilegiadas con el Consejo de Asuntos Generales y las
estructuras preparatorias debera ´n integrarse en mayor medida en las estructuras que operan en los
a´mbitos comunitarios,
− el mandato del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia se ampliara ´ a todas las cuestiones
tratadas en la futura Carta Europea ası ´ como a la preparacio ´n del informe anual sobre el respeto de los
derechos fundamentales en la Unio ´n mencionado en la Declaracio ´n de 10 de diciembre de 1998,
− la Comisio ´n debera ´ reorganizar sus servicios para preparar de manera adecuada los trabajos
legislativos en estos nuevos a ´mbitos, para asegurar la asistencia a los Estados miembros ası ´ como el
seguimiento permanente de la ejecucio ´n del programa;
33. Considera que deben alcanzarse avances sustanciales en el a ´mbito del espacio de libertad,
seguridad y justicia antes de la futura ampliacio ´n de la Unio ´n; pide al Consejo y a la Comisio ´n que adopten
lo antes posible las medidas necesarias;
34. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolucio ´n a la Comisio ´n, al Consejo y a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.