P9_TA(2022)0287

Seguridad alimentaria en los países en desarrollo

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2022, sobre la seguridad alimentaria en los países en desarrollo (2021/2208(INI))

(2023/C 47/11)

El Parlamento Europeo,

— Vistos el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a la alimentación como parte del derecho a un nivel de vida adecuado,

— Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

— Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la Unión debe tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo,

— Visto el artículo 214 del TFUE, que establece los principios y objetivos de las acciones de ayuda humanitaria de la Unión,

— Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (1),

— Visto el Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (2),

— Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, tituladas «Ayuda alimentaria humanitaria» (COM(2010)0126) y «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2010)0127),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «El planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» (COM(2012)0586),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, titulada «La mejora de la nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un marco estratégico de la UE» (COM(2013)0141),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2021, relativa a la acción humanitaria de la UE: nuevos desafíos, mismos principios (COM(2021)0110), que prevé entre otras acciones clave reforzar el vínculo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz para mejorar la conexión entre el socorro urgente y las soluciones a largo plazo y la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre nuevas orientaciones para la acción humanitaria de la Unión (3),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, titulada «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios» (COM(2022)0133),

— Vistos el Plan de Acción para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior 2021-2025 (GAP III) y la Resolución del Parlamento al respecto (4),

— Vistos el Plan de Acción de la Comisión sobre nutrición, de 3 de julio de 2014, destinado a reducir en siete millones el número de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento para 2025 (SWD(2014)0234) y el sexto informe de situación al respecto, de 12 de agosto de 2021 (SWD(2021)0229),

— Vistas sus Resoluciones sobre seguridad alimentaria y nutrición, en particular las de 27 de noviembre de 2014, sobre la desnutrición y la malnutrición infantil en los países en desarrollo (5), de 7 de junio de 2016, sobre la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (6), y de 5 de octubre de 2016, sobre las próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo (7),

— Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción urgente de la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en vista de la invasión rusa de Ucrania (8),

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre seguridad alimentaria y nutricional en la ayuda exterior,

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional mundial, de 25 de noviembre de 2019, sobre el cuarto informe de situación sobre el Plan de Acción sobre nutrición, de 20 de mayo de 2021, sobre las prioridades de la UE para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, de 14 de junio de 2021, sobre reforzar el compromiso del Equipo Europa con el desarrollo humano, y de 19 de noviembre de 2021, sobre el agua en la acción exterior,

— Vistos la Declaración conjunta, de 2008, del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre el consenso europeo sobre la ayuda humanitaria (9) y el Consenso europeo sobre desarrollo de 2017,

— Vistas las seis metas mundiales fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2012 para la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño para 2025, a saber: i) reducir en un 40 % el número de niños menores de cinco años que sufre retraso en el crecimiento, ii) reducir a la mitad las tasas de anemia en mujeres en edad fecunda, iii) reducir en un 30 % la insuficiencia ponderal al nacer, iv) lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso en la niñez, v) aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta un 50 % como mínimo, y vi) reducir la emaciación en la niñez a menos del 5 %,

— Vistos los informes sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el informe mundial sobre las crisis alimentarias y el informe de la nutrición mundial, en particular sus ediciones de 2021, las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, los diez elementos de la agroecología que guían la transición hacia un sistema alimentario y agrícola sostenible (FAO) y el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, de 2014,

— Visto el informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura de 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (10),

— Vistos los acuerdos de colaboración en el ámbito de la pesca sostenible entre la Unión y los países terceros,

— Vista la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza de agentes humanitarios y de desarrollo que trabajan a través de análisis y conocimientos compartidos para reforzar la coordinación en el marco del nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz,

— Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 13 de septiembre de 2007, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de 28 de septiembre de 2018,

— Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

— Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1 de abril de 2016, titulada «Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025)», que tiene por objeto intensificar las medidas para poner fin al hambre y erradicar la malnutrición en el mundo, así como garantizar el acceso universal a una alimentación más sana y sostenible para todas las personas, con independencia de dónde se encuentren o vivan,

— Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su naturaleza estrechamente conectada e integrada, en particular el ODS 1, que persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, el ODS 2, que aspira a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible, el ODS 3, que persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, el ODS 5, que tiene por objeto lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el ODS 6, que aspira a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, el ODS 10, que tiene por objeto reducir la desigualdad en y entre los países, el ODS 12, que persigue garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, el ODS 13, que tiene por objeto adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y el ODS 17, que aspira a reforzar los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible,

— Vista la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2018 en la que se condena la hambruna de civiles como método de guerra, así como la denegación ilegal de acceso humanitario a la población civil,

— Visto el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) (11) de junio de 2020 en el que se subraya el vínculo entre la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad,

— Vistos las Directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (2012) y los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (2015),

— Vistos el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN — Scaling Up Nutrition) y su labor para poner fin a la malnutrición en todas sus formas mediante el apoyo a iniciativas públicas y a las prioridades de los países implicados, en colaboración con la sociedad civil, las Naciones Unidas, los donantes, las empresas y los investigadores,

— Visto el compromiso contraído por la Comisión en la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento celebrada en Tokio en diciembre de 2021 de destinar 2 500 000 000 EUR a la lucha contra la malnutrición durante el período 2021-2024, así como el compromiso actual de la Unión de reducir el número de niños que sufren retraso en el crecimiento en al menos siete millones de aquí a 2025,

— Visto el Pacto sobre la Prevención de la Hambruna y las Crisis Humanitarias, aprobado en la cumbre del G7 celebrada en Cornualles el 13 de junio de 2021, en virtud del cual los miembros del G7 se comprometieron a luchar contra el hambre y prevenir la hambruna mediante acciones conjuntas,

— Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

— Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0195/2022),

A. Considerando que la inseguridad alimentaria moderada o grave ha ido aumentando lentamente desde 2014, y que, en 2020, casi una de cada tres personas (2 370 millones) no tuvo acceso a una alimentación adecuada (12);

B. Considerando que la gravedad y la magnitud de las crisis alimentarias han aumentado desde 2020 como consecuencia de conflictos, perturbaciones económicas y fenómenos meteorológicos extremos, o una combinación de estos factores, con cerca de 193 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en 2021 y que necesitan ayuda alimentaria urgente, la cifra más alta de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo registrada en los seis años de existencia del Informe mundial sobre las crisis alimentarias; que entre 720 y 811 millones pasan hambre y se considera que cinco países se hallan en riesgo de hambruna, en particular Etiopía, Madagascar, Nigeria (16 estados y el territorio de la capital federal), Sudán del Sur y Yemen (13);

C. Considerando que el derecho a la alimentación se refiere a la dimensión de disponibilidad, accesibilidad y adecuación (cantidad suficiente y estabilidad del acceso);

D. Considerando que, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (14);

E. Considerando que la guerra rusa de agresión ilegal, no provocada e injustificable en Ucrania ha desestabilizado aún más los mercados agrícolas, ya frágiles, ha exacerbado la ya grave situación provocada por la COVID-19 y ha ejercido aún más presión sobre las crisis alimentarias existentes y sobre la seguridad alimentaria mundial, empujando los precios internacionales de los alimentos y los piensos muy por encima de sus niveles ya elevados; que es probable que esto aumente la inseguridad alimentaria, la pobreza, los disturbios sociales y la inestabilidad en muchos países en desarrollo que dependen en gran medida de las importaciones de trigo ucraniano y ruso, ya que el 40 % de las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania se destinan a Oriente Próximo y África;

F. Considerando que, según la FAO, casi 50 países dependen de Rusia y Ucrania para, al menos, el 30 % de sus necesidades de importación de trigo y que, de estos, 26 se abastecen en más del 50 % de sus importaciones de trigo de ambos países; que el Programa Mundial de Alimentos está comprando casi la mitad de sus suministros mundiales de trigo a Ucrania y ha señalado que el impacto será mayor en los países que ya están experimentando crisis alimentarias, como Afganistán, Etiopía, Siria y Yemen;

G. Considerando que Ucrania y Rusia son exportadores netos de productos agrícolas y desempeñan papeles destacados en el suministro a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes, donde los suministros exportables a menudo se concentran en unos pocos países; que esta concentración podría exponer a estos mercados a una mayor vulnerabilidad a la volatilidad; que Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes nitrogenados sintéticos y sus componentes, y Bielorrusia es un importante exportador de fertilizantes potásicos; que los precios del fertilizante nitrogenado dependen en gran medida de los precios del gas natural, un producto para el que Rusia tiene importantes posiciones en el mercado; que, ya antes del conflicto, muchos de estos países en desarrollo habían estado afrontando los efectos negativos de los altos precios internacionales de los alimentos y los fertilizantes;

H. Considerando que el índice de precios de los alimentos de la FAO, que rastrea los precios internacionales de productos alimenticios y piensos, se ha alzado a un nuevo máximo histórico y que es probable que se produzcan otras subidas de precios y de la inflación de los alimentos muy por encima de unos niveles ya elevados;

I. Considerando que, según la FAO, el índice de precios de los alimentos alcanzó un máximo histórico en febrero de 2022; que afirma que los factores detrás de la inflación de los precios de los alimentos no se limitan a las condiciones de los cultivos y la disponibilidad de exportaciones, sino que un impulso mucho mayor para la misma procede de fuera de la producción de alimentos, en particular de los sectores de la energía, los fertilizantes y los piensos;

J. Considerando que África tiene la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, dado que un 60 % de su población (799 millones de personas) sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020 (15);

K. Considerando que la Unión debe prestar especial atención a los países que se enfrentan a situaciones de hambruna agravadas por catástrofes naturales, como Madagascar, recientemente azotada por violentos ciclones y donde dos de cada cinco habitantes se encuentran en una situación de grave inseguridad alimentaria, en particular en la región de Grand Sud, donde más de 300 000 niños sufren malnutrición grave;

L. Considerando que muchos agricultores minifundistas en países en desarrollo no pueden acceder a unas dietas saludables, nutritivas y sostenibles a causa de su ubicación remota, sus bajos ingresos y una falta de acceso a fuentes de alimentos diversos; que las pruebas demuestran que las inversiones en el sector minifundista y las estructuras regionales producen los mejores resultados en términos de reducción de la pobreza y de crecimiento, poniendo así de relieve la necesidad de centrar los esfuerzos en aumentar los ingresos de los agricultores minifundistas, especialmente de las mujeres, y en reforzar la resiliencia de las comunidades vulnerables;

M. Considerando que, en 2020, alrededor de 3 000 millones de personas en el mundo no podían permitirse tener una alimentación sana y que la obesidad está aumentando considerablemente en todas las regiones (16);

N. Considerando que la malnutrición es una condición fisiológica anómala causada por la desnutrición, así como por el sobrepeso y la obesidad; que la salud de las mujeres y las niñas está estrechamente vinculada con la salud física y mental, así como con el estado nutricional de sus futuros hijos; que la desnutrición entre las mujeres embarazadas y las madres aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo, de mortalidad materna y de desnutrición y mortalidad infantil; que un número inaceptablemente elevado de niños sigue viéndose afectado por la malnutrición: de todos los niños menores de cinco años, el 22 % sufre retraso en el crecimiento debido a una malnutrición crónica, el 6,7 % padece emaciación (una forma de malnutrición aguda) y el 5,7 % tiene sobrepeso (17); y que se espera que las cifras reales de retraso en el crecimiento y de emaciación aumenten debido a los efectos de la pandemia;

O. Considerando que garantizar un acceso seguro y protegido al agua está estrechamente vinculado a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición; que la escasez de agua afecta a más del 40 % de la población mundial y que más de 2 000 millones de personas no tienen acceso directo y seguro a agua potable salubre en todo el mundo, según el último Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos (2021);

P. Considerando que el sustento de más del 10 % de la población mundial depende de la pesca y la acuicultura (18) y que, según las Naciones Unidas, más de 3 000 millones de personas dependen de los océanos para obtener sus principales fuentes de proteínas, mayoritariamente del pescado y el marisco; que la pesca artesanal ocupa a más del 90 % de los trabajadores del sector pesquero mundial;

Q. Considerando que los sistemas sanitarios que no son demasiado resilientes están viéndose amenazados por la aparición periódica de epidemias, en particular en lo que respecta a su capacidad para garantizar la continuidad de los cuidados más básicos; que, en los dos últimos años, se han desviado recursos del sistema sanitario de una serie de funciones importantes desde el punto de vista nutricional y de servicios sanitarios esenciales relacionados con la desnutrición —como la asistencia prenatal, el suplemento de micronutrientes y la prevención y el tratamiento de la diarrea infantil, las infecciones y la malnutrición aguda— hacia la lucha contra la COVID-19, y que el tratamiento y los servicios preventivos para la desnutrición siguen sin estar lo bastante integrados en los paquetes de atención esencial de los sistemas sanitarios nacionales, y que el acceso equitativo a los servicios de atención sanitaria sigue siendo insuficiente;

R. Considerando que la pobreza crónica, los elevados y persistentes niveles de desigualdad y los sistemas alimentarios insostenibles, así como la mayor frecuencia de los desastres naturales, en particular relacionados con el cambio climático, son las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición;

S. Considerando que, según el Sexto Informe del GIECC, el cambio climático de 2022, incluido el aumento de la frecuencia y la intensidad de fenómenos naturales extremos, reduce la seguridad alimentaria e hídrica y el rendimiento de los cultivos, modifica los pastos y las vías de trashumancia y provoca la pérdida de valor nutricional de los alimentos, obstaculizando los esfuerzos para cumplir la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible;

T. Considerando que el cambio climático expone aún más a las mujeres a riesgos y vulnerabilidades; que el cambio climático exacerba los retos existentes, como una caída repentina de la producción y el acceso a los alimentos, y las vulnerabilidades subyacentes, agravando la pobreza y la inseguridad alimentaria y forzando a las comunidades a enfrentarse a crisis complejas; que una menor diversidad dietética ha provocado el aumento de la malnutrición en muchas comunidades, en especial para los pueblos indígenas, los agricultores minifundistas y los hogares de renta baja, viéndose particularmente afectados los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas;

U. Considerando que la FAO calcula que se ha perdido cerca del 75 % de la diversidad fitogenética a escala mundial y que la erosión genética a gran escala aumenta nuestra vulnerabilidad al cambio climático y a la aparición de nuevas plagas y enfermedades;

V. Considerando que la biodiversidad y sus servicios asociados —polinización, depredadores de plagas, mayor resiliencia de los ecosistemas agrícolas frente a la erosión, las sequías y las inundaciones, formación del suelo y absorción de carbono— son esenciales para proporcionar una producción de alimentos sostenible;

W. Considerando que el desarrollo de la resiliencia de la biodiversidad y el apoyo a la integridad ecosistémica pueden proporcionar beneficios para las personas, incluidos en materia de medios de subsistencia, salud y bienestar humanos y suministro de alimentos;

X. Considerando que está aumentando el número de personas que necesita urgentemente ayuda alimentaria, nutricional y de medios de subsistencia (19); que las principales causas de la inseguridad alimentaria y nutricional y de malnutrición son los conflictos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, la degradación del medio ambiente, el aumento del precio de la energía, el acceso limitado al agua, las perturbaciones económicas, la pobreza crónica y los altos niveles persistentes de desigualdad, incluida la desigualdad de género, la falta de acceso a servicios sociales y sanitarios básicos, el crecimiento de la población mundial y una gobernanza fallida, que pueden llevar a su vez a la necesidad de migrar;

Y. Considerando que los conflictos perturban el acceso a los alimentos y a los servicios sociales básicos, lo que afecta a la estabilidad sanitaria —como los servicios de nutrición, el agua, el saneamiento y la higiene— y dañan los recursos naturales, la infraestructura, los medios de producción y el ganado; que la inseguridad alimentaria puede ser una fuente de conflictos entre comunidades afectadas, exacerbando así los retos y las tensiones existentes relacionados con la escasez de recursos;

Z. Considerando que la COVID-19 ha conducido a la perturbación de las cadenas de valor, desde la producción y el transporte hasta el almacenamiento y la venta de alimentos, a restricciones a la circulación, que han reducido el acceso a los mercados para los agricultores y los consumidores, obstaculizando aún más al acceso equitativo a unos alimentos y una nutrición adecuados para todos y revelando la falta de resiliencia de los sistemas alimentarios basados en la importación y la importancia de unos sistemas agroalimentarios sostenibles;

AA. Considerando que la COVID-19 ha dado lugar a un aumento de la pobreza al no contarse con unos niveles mínimos universales de protección social; que las restricciones han afectado a las actividades económicas diarias de las que dependen muchos hogares, lo que ha creado dificultades para acceder a alimentos saludables y nutritivos o para cubrir las necesidades sanitarias; que en muchos países en desarrollo el acceso a atención sanitaria de calidad es extremadamente limitado, especialmente para las personas más vulnerables y marginadas;

AB. Considerando que unos sistemas alimentarios inclusivos, eficientes, resilientes y sostenibles son fundamentales para cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible; que la pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales y ha exacerbado las desigualdades y amenazado las vidas y los medios de subsistencia de los más vulnerables; que el Decenio de Acción de Naciones Unidas pide que se alcancen con más rapidez soluciones revolucionarias para abordar los retos mundiales a los que se enfrentan las personas y el planeta, desde la pobreza y las cuestiones de género hasta el cambio climático, la desigualdad y la reducción de la brecha de financiación;

AC. Considerando que la nutrición es una cuestión importante que sustenta e impulsa la consecución de al menos doce de los diecisiete ODS y está inextricablemente vinculada con otras cuestiones de desarrollo sostenible clave, ya sea porque depende de ellas (en particular, el agua, el saneamiento y la higiene y la agricultura), porque las hace posibles (en particular, la salud y el empleo) o por ambos motivos (en particular, la igualdad de género y la educación);

AD. Considerando que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 1994, y en particular el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio han contribuido a la especialización de las regiones agrícolas; que esta especialización ha dado lugar a regiones con altos niveles de exportaciones y otras que dependen casi totalmente de las importaciones; que esta situación no es resiliente ante las crisis, como las guerras, y es uno de los factores que contribuyen a la actual inestabilidad alimentaria mundial;

AE. Considerando que una alta dependencia de las importaciones de alimentos expone en gran medida a las poblaciones a la volatilidad del mercado mundial, especialmente a las personas que gastan un porcentaje importante de sus ingresos en necesidades alimentarias diarias;

AF. Considerando que la inestabilidad de los mercados internacionales provoca inseguridad alimentaria en los países que no se benefician de políticas agrícolas sólidas, ya que los períodos de precios bajos afectan negativamente a las capacidades de producción y provocan un aumento en las importaciones, lo que hace que las poblaciones urbanas sean vulnerables durante los períodos de alza de los precios internacionales;

AG. Considerando que las políticas agrícolas son las primeras políticas macroeconómicas y que, por falta de protección contra la extrema volatilidad de los precios internacionales, el daño que provoca la inflación es devastador para las economías emergentes;

AH. Considerando que la soberanía alimentaria constituye el derecho de las personas y los países para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; que este concepto pretende que cada país pueda alimentar a su población y ser autosuficiente y autónomo; que la intención de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de reducir la dependencia de los agricultores de los productos externos se ajusta a esta definición;

AI. Considerando que el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «De la Granja a la Mesa» adoptan enfoques integrales sobre la agricultura no solo con el fin de prevenir una crisis climática y de biodiversidad en Europa, sino también de garantizar la seguridad alimentaria y de mejorar la nutrición y la salud pública; que servirán como modelo para inversiones en el ámbito del desarrollo financiero, con vistas a aprovechar la resiliencia y la autosuficiencia alimentaria de los países en desarrollo;

AJ. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene como objetivo reducir el uso de insumos agrícolas y, en especial, reducir el uso global de plaguicidas químicos en un 50 %, de los plaguicidas más peligrosos en un 50 %, y de abonos en al menos un 20 % para 2030;

AK. Considerando que invertir en nutrición es importante, ya que una buena nutrición durante los primeros mil días de vida de un niño es fundamental para el desarrollo de todo su potencial físico, intelectual y humano; que el hambre y la malnutrición afectan negativamente a la capacidad de los niños para aprender y pueden provocar el abandono escolar, representan una carga a lo largo de toda la vida para las personas y las sociedades y tienen un efecto negativo en el desarrollo económico humano y nacional; que, por tanto, una buena nutrición constituye la piedra angular de la prosperidad de las sociedades;

AL. Considerando que, en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el cierre de escuelas dejó a 370 millones de niños sin acceso a una comida asegurada en la escuela, a menudo su única comida caliente del día, y que los programas de comedores escolares son un elemento importante para luchar contra el hambre infantil y las múltiples formas de malnutrición; que, por otro lado, la inseguridad alimentaria perturba el funcionamiento de la sociedad, incluida la capacidad de las familias para enviar a sus niños a la escuela, y, al añadir estrés para las familias, puede impulsar la violencia doméstica y de género; que por cada dólar invertido en intervención en materia de nutrición, se pueden generar dieciséis dólares en beneficios;

AM. Considerando que, al igual que en otros ámbitos de la ayuda humanitaria y al desarrollo, las necesidades crecientes no van acompañadas de recursos adecuados, generándose un déficit de financiación que aumenta rápidamente, lo que requiere enfoques más inteligentes y sistémicos, esto es, una transformación sistémica que tienda a crear sistemas alimentarios socialmente justos, ya que nuestros actuales sistemas alimentarios agravan las desigualdades socioeconómicas y de género que impiden el acceso a una nutrición sana, justa y sostenible;

AN. Considerando que las mujeres desempeñan un papel clave en la alimentación mundial como agricultoras, cuidadoras y productoras —producen entre el 60 % y el 80 % de los alimentos en los países en desarrollo—, pero tienen un acceso desigual a los alimentos y a los recursos, los servicios y los bienes que aumentarían sus rendimientos e ingresos; que las mujeres asumen el 75 % de los cuidados no retribuidos y del empleo doméstico y que las mujeres de las comunidades rurales y los países de renta baja pasan hasta catorce horas al día en trabajo de cuidados;

AO. Considerando que la desigualdad de género influye en la distribución del empleo y conduce a una carga de cuidados desproporcionada y no remunerada para las mujeres y las niñas;

AP. Considerando que resulta necesario garantizar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas a todos los niveles y otorgarles espacio en los procesos de toma de decisiones; que las mujeres y las niñas son las personas más afectadas por el cambio climático y las catástrofes, lo que conduce a su mayor vulnerabilidad debido a los riesgos complejos;

AQ. Considerando que las desigualdades de género tienen un impacto directo en la nutrición, al configurar la dinámica alimentaria en el hogar y la comunidad de manera tal que influyen en la producción, el acceso y la capacidad para permitirse y abastecerse de alimentos, cuidados y servicios sanitarios y de saneamiento de las mujeres y niñas por sí mismas y pueden ponerlas en un mayor riesgo de sufrir violencia de género y violencia doméstica;

AR. Considerando que reducir la brecha de género entre hombres y mujeres agricultores podría aumentar la producción agrícola entre un 2,5 % y un 4 % en las regiones más pobres y disminuir el hambre mundial en un 17 %;

AS. Considerando que las mujeres constituyen el 43 % de la mano de obra agrícola en países socios, aumentando este porcentaje al 50 % o más en algunos países de Asia y del África subsahariana, pero representan menos del 20 % de los propietarios de tierras agrícolas;

AT. Considerando que hay 608 millones de explotaciones agrícolas familiares en todo el mundo, que ocupan entre el 70 % y el 80 % de las tierras agrícolas a escala mundial, lo que representa el 90 % de las explotaciones agrícolas del mundo, y producen alrededor del 80 % de los alimentos a escala mundial en términos de valor;

AU. Considerando que un tercio de los alimentos producidos a escala mundial se pierden o se desperdician; que el aumento de los esfuerzos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos mediante la aplicación de la economía circular en los sistemas de producción agrícola a fin de aumentar la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos de la producción agrícola es fundamental para abordar la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la protección de la biodiversidad en todo el mundo;

AV. Considerando que abordar la seguridad alimentaria y nutricional no solo requiere más financiación, sino también una atención y un empeño firmes a nivel político;

AW. Considerando, la existencia de proyectos innovadores llevados a cabo por determinados terceros países como la iniciativa africana de la «Gran Muralla Verde», que permite el desarrollo de proyectos agroecológicos;

AX. Considerando que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para que todas las partes interesadas cooperen en pos del objetivo común de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos;

AY. Considerando que, el 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto por el que se declaró el período 2019-2028 como Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar;

AZ. Considerando que los derechos de los agricultores se establecieron en el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO en 2004, pero que las normas sobre propiedad intelectual a menudo los han contravenido, poniendo en riesgo los sistemas de semillas locales, tradicionales y autóctonas;

BA. Considerando que resulta esencial que la Unión desempeñe un papel activo a la hora de hacer frente a la inseguridad alimentaria, en la medida en que proporciona casi la mitad de la ayuda oficial al desarrollo mundial;

La seguridad alimentaria y la nutrición como ejes de la recuperación tras la COVID-19

1. Se muestra alarmado por el hecho de que no se esté yendo por el buen camino y de que sea muy poco probable alcanzar los objetivos en materia de nutrición establecidos para 2025 ni de erradicar el hambre de aquí a 2030, tal como se indica en el ODS 2, hambre cero; recuerda que el hambre y la inseguridad alimentaria vuelven a estar al alza en todo el mundo; observa con preocupación que alrededor de 660 millones de personas podrían seguir pasando hambre en 2030, también debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19; recuerda que se necesitan acciones audaces, especialmente en relación con las desigualdades en el acceso a los alimentos, para acelerar el progreso hacia el objetivo de erradicación del hambre; recuerda que el fin de la malnutrición en todas sus formas y el ODS 2 deben considerarse como prioridades en todas las políticas, prestándose especial atención a las personas en situación más vulnerable;

2. Subraya que los sistemas alimentarios desempeñan un papel clave a la hora de acabar con la pobreza y alcanzar el ODS 1, al tiempo que abordan la malnutrición y la coexistencia de la hipernutrición y desnutrición, lo que será crucial para alcanzar los objetivos de salud del ODS 3; pone de relieve que será imposible gestionar de forma sostenible los recursos hídricos para alcanzar el ODS 6 sin que la agricultura desempeñe un papel central, y que la gestión sostenible de la pesca es fundamental para la conservación y el uso sostenible de los océanos y los mares y para la consecución del ODS 14; recuerda, en consecuencia, que los sistemas alimentarios en general deben reflejar también nuestros compromisos relativos al consumo y la producción sostenibles en el ODS 12, la adaptación al cambio climático y su mitigación en el ODS 13, y la protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas terrestres en el ODS 15;

3. Recuerda el papel crucial de la pesca artesanal para la seguridad alimentaria y la nutrición; subraya que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible deben ajustarse al mejor asesoramiento científico disponible y no deben socavar la seguridad alimentaria local ni amenazar la pesca artesanal en terceros países situándolos en competencia directa con los buques de la Unión; pide que se adapten estos acuerdos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a las obligaciones de la Unión en materia de medio ambiente y a los objetivos de la política pesquera común mediante el aumento del apoyo sectorial y de las disposiciones en materia de sostenibilidad relativas a los excedentes, los descartes y el criterio de precaución;

4. Subraya que la pandemia de COVID-19, con la consiguiente crisis económica y el cierre de fronteras, y el actual conflicto en Ucrania han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario mundial; subraya y recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la importancia de crear vínculos más fuertes entre las acciones a corto, medio y largo plazo para garantizar la inclusividad de los planes de recuperación de la COVID-19, prestando también especial atención a los grupos más vulnerables, como los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y los pueblos indígenas;

5. Insta a la Unión a que salvaguarde el derecho a la alimentación de los países en desarrollo y a su autosuficiencia, como medio para lograr la seguridad nutricional, la reducción de la pobreza, unas cadenas de suministro mundiales inclusivas, sostenibles y justas, y unos sistemas alimentarios más sostenibles; pide también a la Unión que apoye los mercados regionales y locales y preste una especial atención a las mujeres y las explotaciones agrícolas familiares, con el fin de garantizar el suministro de alimentos asequibles y accesibles y de redes de seguridad social más sólidas para garantizar que los más vulnerables sigan teniendo acceso a los alimentos incluso en situaciones de emergencia o de crisis;

6. Recuerda que Ucrania y Rusia son agentes importantes en el mercado mundial de la exportación de alimentos; por consiguiente, Ucrania y Rusia tienen un impacto desmesurado en una serie de países con altos niveles de hambre, ya que estos países importan una parte considerable de su trigo de Ucrania o Rusia;

7. Subraya que los Gobiernos deben evitar, en este contexto, las prohibiciones de exportación y determinar medidas de apoyo a la reestructuración de los mercados agrícolas y su regulación, aumentando su transparencia y estableciendo nuevas normas para evitar que la especulación financiera excesiva dé alas a la volatilidad de los precios de los alimentos, lo que, especialmente en un contexto de guerra, puede inflar artificialmente los precios al por mayor y provocar la volatilidad del mercado y afectar especialmente a los países en desarrollo y a las poblaciones más vulnerables;

8. Lamenta profundamente la especulación financiera respecto de los productos agrícolas y alimentarios, y pide a la Comisión que presente con carácter urgente propuestas para poner fin a esta especulación, especialmente en el contexto bélico, para garantizar la estabilidad del mercado y de la producción agrícola; recuerda, en este sentido, que la inestabilidad estructural de los mercados agrícolas internacionales es una amenaza para la seguridad alimentaria mundial y la estabilidad política de muchos países en desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen por normas internacionales destinadas a poner fin a la especulación financiera respecto de los productos agrícolas básicos y los productos alimentarios, así como a acabar con las prácticas especulativas;

9. Recuerda que el derecho a la alimentación es un derecho humano; pide acciones de la Unión amplias y enérgicas para acompañar la realización plena y progresiva de este derecho como medio para lograr la seguridad alimentaria para toda la población; manifiesta su preocupación por el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los últimos años;

10. Destaca que la crisis energética y los fenómenos climáticos adversos anteriores a la guerra en Ucrania han dado lugar a un aumento de los precios de los productos básicos agrícolas en el mercado mundial, y pide, en este contexto, una asistencia alimentaria mayor y más eficiente en un esfuerzo por vincular mejor el socorro urgente a las soluciones a largo plazo; pide, en particular, a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión que aumenten sus contribuciones al Programa Mundial de Alimentos y que lleven a cabo acciones destinadas a la transformación de nuestros sistemas alimentarios mediante el apoyo a la diversidad y la calidad de la producción y la transformación agrícolas en los países socios y que adopten medidas para hacer frente a la pobreza estructural y las desigualdades persistentes como causas subyacentes de la inseguridad alimentaria;

11. Observa con preocupación que la invasión rusa de Ucrania tendrá graves repercusiones generales, que se sumarán a la inseguridad alimentaria ya existente y a los efectos de la pandemia de COVID-19; constata, con una preocupación aún mayor, que Ucrania es un productor importante de alimentos básicos como trigo, maíz y aceites vegetales; pide a la Comisión que desarrolle nuevas medidas de gran alcance en materia de seguridad alimentaria y que las aplique a corto, medio y largo plazo; recuerda que la Unión debe garantizar que el derecho a la alimentación para todos no se convierta en moneda de cambio en el mercado; recuerda que las hambrunas son una de las posibles consecuencias de la guerra que deben tenerse seriamente en cuenta si los líderes mundiales no toman medidas para contrarrestarlas;

12. Subraya que la guerra de Ucrania muestra hasta qué punto los países de renta baja dependen del mercado mundial para su abastecimiento de alimentos básicos, basando su seguridad alimentaria en unos pocos países exportadores de cereales, lo que hace que los primeros sean más vulnerables a las perturbaciones del mercado y al aumento de los precios; recuerda que, para alimentar a su población, catorce países de renta baja o media-baja importan más del 50 % de su trigo de Rusia y Ucrania, y señala que algunos de ellos ya se enfrentan a condiciones similares a la hambruna;

13. Subraya que, para absorber las perturbaciones provocadas por los conflictos y seguir siendo resilientes, los países que dependen de las importaciones de alimentos de Ucrania y de la Federación de Rusia deben diversificar las fuentes de sus suministros alimentarios apoyándose en otros países exportadores o en las reservas de alimentos existentes o aumentando la diversidad de sus bases de producción nacionales;

14. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que cubran inmediatamente el déficit de financiación de los llamamientos humanitarios de 2022 de las Naciones Unidas para África Oriental y Oriente Próximo, ya que el apoyo a estas dos regiones está actualmente infrafinanciado en un 99 %; recuerda que el Programa Mundial de Alimentos ya ha tenido que reducir las raciones destinadas a los refugiados y a otras poblaciones vulnerables en África Oriental y Oriente Próximo debido a la falta de financiación, al aumento de los precios y a la reducción de la oferta de productos básicos en los mercados, también a causa de la guerra en Ucrania;

15. Hace hincapié en que la programación alimentaria y nutricional con una financiación ambiciosa debe ocupar un lugar central de los planes de recuperación tras la pandemia;

16. Insta a la Unión a que dé prioridad a la alimentación y a la agricultura sostenible en su programación de desarrollo internacional y a que garantice el acceso a la financiación de las comunidades y organizaciones locales; pide a la Unión que invierta en medidas e intervenciones en asociación con los países en desarrollo que den acceso a alimentos diversos, asequibles, seguros, sostenibles y suficientemente nutritivos, ya que invertir en alimentación y nutrición es un elemento clave para el desarrollo del capital humano y el logro de los ODS;

17. Destaca la necesidad de que las políticas se adapten en función del país, se basen en las necesidades y se adecuen al contexto, ya que los sistemas alimentarios son muy diversos; recuerda que debe darse prioridad a la producción local de alimentos a través de la financiación de los agricultores minifundistas, la protección de los derechos humanos, el refuerzo de los sistemas agrícolas familiares, las cooperativas y las cadenas de suministro regionales;

18. Señala que los agricultores minifundistas son los principales productores de alimentos en los países en desarrollo y desempeñan un papel clave en la seguridad alimentaria y la nutrición de estos países; pide a la Unión que apoye y potencie específicamente la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar y las cooperativas en su ayuda al desarrollo, y se centre también en promover el trabajo digno; subraya que la mejora de la producción agrícola de los agricultores minifundistas se traduce en más alimentos en el mercado mundial, lo que da lugar a la reducción de los precios de los alimentos y a la mejora de la alimentación;

19. Recuerda que las tradiciones agrícolas locales complementadas por la tecnología moderna pueden multiplicar la producción de alimentos sanos y nutritivos; considera que los países en desarrollo deben poder proteger sus políticas agrícolas públicas;

20. Hace hincapié en que la producción local de alimentos y el consumo local que apoyen la agricultura a pequeña escala garantizan precios justos para productores y consumidores y reducen la dependencia de los países de las importaciones y la vulnerabilidad, en particular de los países en desarrollo, frente a las fluctuaciones de los precios internacionales;

21. Destaca que las inversiones estratégicas en prácticas agrícolas sostenibles pueden contribuir de modo fundamental a lograr unos sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles; insiste en que las inversiones de la Unión están en consonancia con la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; acoge con satisfacción y alienta las inversiones de la Unión en las asociaciones con los países en desarrollo en materia de agroecología, agrosilvicultura y diversificación de cultivos y reitera que la inversión financiada por la Unión en agricultura, silvicultura o pesca, o bien en empresas cuyas actividades inciden en el suelo, los pastizales, los bosques, el agua o el mar, debe estar en consonancia, entre otras cosas, con las Directrices voluntarias de la FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y con los Principios de la FAO y el CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios; apoya la financiación europea destinada a productores y empresas agroalimentarias de modo que puedan realizar las inversiones requeridas para adecuarse a los requisitos del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico, mediante la aplicación de medidas que eliminen todo riesgo potencial para la seguridad alimentaria;

22. Hace hincapié en que las cadenas de suministro cortas tienen mayor potencial para abordar los actuales fallos del sistema alimentario y recuerda que una agricultura respetuosa con el clima conlleva, entre otras cosas, reducir la dependencia de la energía procedente de combustibles fósiles, así como el uso de plaguicidas químicos y fertilizantes;

23. Acoge con satisfacción todas las iniciativas para aplicar o reforzar las políticas agrícolas a nivel nacional o regional que tienen por objeto garantizar una mayor autosuficiencia alimentaria, y alienta la transición de los países en desarrollo hacia una mayor autosuficiencia, otorgando a los agricultores la responsabilidad, la disposición y la independencia a la hora de crear sistemas agroalimentarios sostenibles y sistemas de producción más autosuficientes; pide que los esfuerzos en el ámbito de la agricultura se centren en la protección del derecho a la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, como complemento del derecho a la soberanía alimentaria ( 20 ) , así como en la mejora de su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales de sus poblaciones;

24. Señala la importancia de proteger y promover el derecho de las comunidades locales a acceder a recursos naturales como la tierra y el agua y controlarlos; lamenta que el acaparamiento de tierras sea una práctica extendida en muchos países en desarrollo; señala que el acaparamiento de tierras es una práctica brutal que socava la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y pone en peligro la supervivencia de las comunidades rurales;

25. Señala que, por ejemplo, los derechos de pastoreo y el pastoreo en tierras comunales representan derechos tradicionales del uso de la tierra, que se basan en el Derecho consuetudinario y no en derechos de propiedad titularizados; subraya, no obstante, la importancia fundamental de proteger estos derechos consuetudinarios de las poblaciones rurales;

26. Pide que se aborden las tensiones sociales entre la población agrícola asentada y las comunidades de pastores nómadas, en especial, en regiones en las que se solapan los conflictos étnico-religiosos;

27. Expresa su profunda preocupación por la elevada dependencia de las importaciones de alimentos que sufren los países en desarrollo, en especial las procedentes de la Unión, en particular cuando las importaciones están compuestas por productos subvencionados cuyo bajo precio supone una competencia que perjudica a la agricultura local a pequeña escala;

28. Subraya la necesidad de proteger el derecho de los agricultores a conservar los recursos genéticos con fines de seguridad alimentaria y de adaptación al cambio climático; pide a la Comisión que, en el marco de sus políticas de ayuda al desarrollo y de comercio e inversión, apoye los sistemas agrícolas que se ajusten a las disposiciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que salvaguarda los derechos de los campesinos a conservar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales;

29. Subraya la necesidad de trabajar de manera coherente con los países, las organizaciones internacionales y regionales, el sector privado, los agricultores y los pequeños agricultores, así como con la sociedad civil local y las comunidades locales, para apoyar el diseño, la aplicación y el seguimiento de objetivos nacionales de nutrición específicos para cada contexto, viables y sólidos; reconoce que la sociedad civil desempeña un papel fundamental especialmente para llegar a los pequeños agricultores y conectarlos con la formación, los recursos, los mercados y las cadenas de valor;

30. Opina que dar prioridad a las necesidades de nutrición materna e infantil es crucial para garantizar una seguridad alimentaria sólida y resiliente, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades nacionales de los países en desarrollo en la integración de los servicios de nutrición en los sistemas sanitarios con el fin de abordar la malnutrición en todas sus formas y garantizar la continuidad de los servicios de nutrición, en particular la detección precoz y la gestión basada en la comunidad de la malnutrición aguda y la alimentación infantil y de corta edad, así como los programas relacionados con la nutrición materna; acoge con satisfacción, a este respecto, los logros y la labor del movimiento SUN;

31. Pide a la Unión que proteja el acceso y el control de los pequeños productores respecto de la tierra y otros recursos, incluidas las semillas de los campesinos, el acceso al agua, así como a las infraestructuras para conectar las comunidades rurales con los mercados territoriales, incluidas las zonas urbanas;

32. Pide a la Unión que garantice una financiación adecuada y la cocreación de conocimientos e innovaciones técnicas a través de la investigación dirigida por los campesinos, incluido el apoyo a las organizaciones de pequeños productores y las asociaciones de mujeres y sus actividades colectivas de transformación y comercialización;

33. Pide a la Comisión que establezca vínculos estrechos con los países socios para el intercambio de conocimientos agrícolas; subraya los conocimientos técnicos del sector agrícola europeo y destaca la necesidad de dar prioridad a las asociaciones en materia de investigación e innovación en la agricultura, también a través del programa Horizonte Europa, y de impulsar innovaciones responsables y éticas que promuevan prácticas agrícolas sostenibles a fin de incrementar el rendimiento de las cosechas y la producción agrícola; pide, en este sentido, que se aumente la confianza en relación con la aportación de conocimientos tradicionales locales a una transición justa, en especial en lo que respecta a prácticas agrícolas, pesca y protección de los bosques, empoderando con ello a la población y las comunidades locales;

34. Toma nota de los buenos resultados, demostrados por el sexto informe de situación del plan de acción sobre nutrición, del apoyo presupuestario como mecanismo para lograr una inversión sostenible, de alto impacto y relevante para el país en materia de nutrición;

35. Pide a la Unión que integre los objetivos mundiales y nacionales en materia de nutrición en los programas de desarrollo y las estrategias por país pertinentes; pide a la Unión y a sus Estados miembros que movilicen inversiones financieras a largo plazo en seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible, la pesca y la acuicultura y que animen a los países socios a que inviertan más en este sector a través de sus presupuestos nacionales;

36. Insta a la Unión a que vuelva a dar prioridad a la seguridad alimentaria, a la protección de la biodiversidad y a la agricultura sostenible en su programación de desarrollo internacional con países socios, teniendo en cuenta la particularidades locales y a que garantice al mismo tiempo el acceso a la financiación de las comunidades locales y de las organizaciones que las apoyan; pide a la Unión y a sus Estados miembros que evalúen y supervisen, con la participación de la sociedad civil, sus inversiones para garantizar que luchan concretamente contra la pobreza y la inseguridad alimentaria;

37. Resalta el papel de la Unión como facilitador de la transformación de los sistemas alimentarios mundiales para que sean más resilientes, sostenibles y justos; subraya que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» es un ambicioso marco de actuación de la Unión que promueve un sistema agroalimentario de la Unión más sostenible y resiliente y apoya una transición justa a escala mundial a sistemas agroalimentarios sostenibles en beneficio de las personas, la naturaleza y el crecimiento económico, preservando al mismo tiempo los recursos naturales de forma acorde con los objetivos de la Estrategia sobre Biodiversidad; recuerda, además, la intención de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de reducir la dependencia de los agricultores de los productos externos;

38. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que sigan plenamente dedicados a cumplir su compromiso internacional en materia de clima y biodiversidad, el Pacto Verde y la Estrategia «De la Granja a la Mesa», y a que apliquen en consecuencia las recomendaciones del GIECC para adaptarse al cambio climático, especialmente en un contexto en el que la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania ponen de manifiesto la vulnerabilidad del mercado mundial de alimentos ante las perturbaciones;

39. Insta a la Comisión a que acelere los esfuerzos para ayudar a los países socios a reducir en siete millones el número de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento de aquí a 2025, tal como se comprometió a hacer en el plan de acción de la Unión sobre nutrición;

40. Pide a la Unión que siga ayudando a los países socios a restablecer el acceso a los programas de comidas escolares, promoviendo al mismo tiempo el acceso a los alimentos producidos localmente y de forma sostenible, y prestando especial atención a los niños más vulnerables; resalta, además, la utilidad de los programas de contratación pública para fomentar el apoyo público a la compra a pequeños agricultores y productores locales al abastecerse de alimentos nutritivos para su distribución;

41. Acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión y de varios Estados miembros a la Coalición por la Alimentación Escolar en el seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios; señala la importancia de asegurarse de que las intervenciones en materia de nutrición y otras intervenciones sanitarias en los países en desarrollo estén vinculadas con enfoques que tengan en cuenta la nutrición;

42. Recuerda que hasta 811 millones de personas en el mundo pasan hambre y que alrededor de 2 000 millones de personas sufren malnutrición crónica y carecen de importantes vitaminas y minerales, especialmente en el África subsahariana y en Asia; recuerda que estos efectos son especialmente devastadores para los niños en sus primeros mil días de vida, ya que si carecen de micronutrientes esenciales, como la vitamina A, el hierro o el zinc, estos efectos duran toda la vida al provocar una reducción del crecimiento y un deterioro de las capacidades mentales que afectan no solo a las personas, sino a economías enteras; subraya que el hambre y la malnutrición son, por tanto, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo;

43. Acoge con satisfacción el compromiso contraído por la Unión en la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de invertir 2 500 000 000 EUR durante el período 2021-2024 en la lucha contra la malnutrición; insta a la Unión a que dé muestras de liderazgo en el logro de este objetivo;

44. Señala que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las interrelaciones entre nuestra salud humana, la salud vegetal y animal, la salud ambiental y la seguridad alimentaria; observa que las enfermedades que afectan a los animales y las plantas también siguen perturbando la seguridad alimentaria al interrumpir el suministro de alimentos en todo el mundo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aúnen esfuerzos con la comunidad internacional en torno al principio de «Una sola salud» para rediseñar los sistemas alimentarios, incrementar su resiliencia y mejorar la salud y la seguridad alimentaria para todos;

45. Recuerda que las investigaciones indican que la transformación de los sistemas alimentarios podría liberar los 12 billones USD que el mundo gasta en el coste oculto de los alimentos y que la reorientación de algunos de estos fondos podría evitar más daños al medio ambiente y a la salud de las personas, y podría, en su lugar, ayudar a promover más compromisos para la financiación de la adaptación, tal como pidieron los Estados miembros y los líderes durante la 26. a Conferencia de las Partes en Glasgow;

46. Recuerda que el cambio climático ejercerá una presión cada vez mayor sobre la producción de alimentos y el acceso a estos, especialmente en las regiones vulnerables, socavando la seguridad alimentaria y la nutrición; Destaca las conclusiones del informe de 2022 del GIECC, según las cuales el calentamiento global debilitará progresivamente el estado del suelo y los servicios de los ecosistemas, como la polinización, aumentará la presión por las plagas y las enfermedades y reducirá la biomasa de los animales marinos, socavando la productividad alimentaria en muchas regiones en tierra y en los océanos; acoge con satisfacción sus recomendaciones para la adaptación al cambio climático mediante la promoción de principios y prácticas agroecológicos, la agrosilvicultura, la adaptación comunitaria, la gestión basada en los ecosistemas en la pesca y la acuicultura, y otros enfoques que trabajan con los procesos naturales para apoyar la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y el bienestar;

Una mayor resiliencia frente a futuras perturbaciones

47. Recuerda que el refuerzo de la resiliencia debe abordar el aumento de la frecuencia y la intensidad de los conflictos y de las catástrofes naturales, en particular la sequía, los ciclones y las inundaciones, así como las crisis sanitarias, la pérdida de biodiversidad, la desigualdades estructurales y las perturbaciones económicas, que a menudo tienen múltiples efectos agravantes en los más vulnerables; destaca que las inversiones estratégicas en prácticas agrícolas sostenibles pueden contribuir de modo fundamental a lograr unos sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles;

48. Insta a la Unión a que promueva una financiación previsible y específica para tomar medidas anticipatorias y tempranas con el objetivo de abordar y prevenir la inseguridad alimentaria, reducir sus efectos y aumentar la atención y la financiación de la adaptación y la resiliencia impulsadas a nivel local; pide que la Unión refuerce los programas de medios de subsistencia para apoyar la seguridad alimentaria y garantizar la capacidad de las personas para generar y mantener sus medios de vida y mejorar su propio bienestar y el de las generaciones futuras; insta a la Unión a que proteja el acceso y el control de los pequeños productores respecto de la tierra y otros recursos, incluidas las semillas de los campesinos, así como las infraestructuras para conectar las comunidades rurales con los mercados territoriales, también las zonas urbanas;

49. Señala que la seguridad alimentaria repercute positivamente en la resiliencia de la población y que ayuda a mejorar la respuesta ante perturbaciones, fenómenos extremos y crisis prolongadas;

50. Pide a la Comisión que revise los planes existentes en materia de gestión de crisis, en particular con respecto a la producción de alimentos;

51. Subraya que las estrategias de adaptación al cambio climático deben tener como objetivo reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos; recuerda que los países menos adelantados y los países de renta baja son los que pueden mostrar un gran potencial para reducir el desperdicio de alimentos mediante una mayor inversión en infraestructuras de almacenamiento, envasado y transporte; destaca la importancia de aplicar la economía circular en los sistemas de producción agrícola para aumentar su sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos, así como para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la mayor medida posible; pide a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros que establezcan y apliquen programas de prevención del desperdicio de alimentos que incluyan la promoción de cadenas cortas de suministro de alimentos, que reduzcan el riesgo de generar desperdicio de alimentos; hace hincapié en la importancia de desarrollar y actualizar una base de datos a escala de la Unión a la que tengan acceso las autoridades competentes y que lleve un registro de las existencias de suministros, en particular de cereales, con el fin de sentar las bases de un sistema que garantice una seguridad alimentaria permanente a un nivel adecuado y minimice el desperdicio de alimentos;

52. Destaca que la seguridad alimentaria depende de la consecución de los objetivos climáticos, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la salud de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos; señala que, por lo tanto, es fundamental luchar contra la contaminación por plásticos y la contaminación difusa;

53. Subraya que la producción de biocombustibles incide en la seguridad alimentaria, ya que desvía de la producción de alimentos materias primas agrícolas como los cereales, la soja, el aceite de colza, el maíz y la caña de azúcar; considera que hacer que las políticas en materia de biocombustibles sean más flexibles y coordinadas a nivel internacional es un asunto importante para priorizar los usos alimentarios sobre los usos no alimentarios al tiempo que se beneficia del potencial estabilizador de esta salida alternativa; pide a la Unión que dé prioridad a la producción de alimentos frente a la producción de biocombustibles a partir de cultivos, respetando al mismo tiempo la jerarquía de residuos y teniendo en cuenta el principio del efecto en cascada, con el fin de garantizar un suministro adicional de alimentos y estabilizar los mercados mundiales de productos alimenticios;

54. Pone de relieve la importancia de los vínculos estratégicos entre África y Europa, que se basan en los progresos alcanzados en la Agenda de Acción Unión Africana (AU)-UE para la transformación rural; recuerda la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2020, sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África, en la que se recordaba que la inseguridad alimentaria es con frecuencia una causa profunda del terrorismo y de los conflictos armados; pide, por tanto, la plena integración del enfoque relativo al nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz en las estrategias de seguridad de los terceros países, lo que requiere apoyar la prestación de servicios básicos, incluida la seguridad alimentaria, con la participación de las comunidades locales;

55. Recuerda que, para 2030, la iniciativa Gran Muralla Verde en la región africana del Sahel pretende restaurar 100 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de puestos de trabajo en las zonas rurales, lo que, en conjunto, debería contribuir a quince de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir la pobreza y el hambre, aumentar la resiliencia local al cambio climático, mejorar la salud y el bienestar, crear puestos de trabajo e impulsar el crecimiento económico;

56. Pide a la Unión que amplíe el apoyo a los sistemas nacionales de protección social, incluida una asistencia social basada en el efectivo y que responda a las perturbaciones, para combatir la desigualdad de renta teniendo en cuenta los conflictos y de conformidad con el principio de «no ocasionar daños» y para proteger el acceso a los alimentos de los más vulnerables mediante el aumento de su poder adquisitivo;

57. Apoya el establecimiento de un mecanismo financiero para ayudar a los países africanos a superar el actual déficit de financiación para desarrollar urgentemente planes de protección social, ya sea a través del próximo Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social o mediante la creación de un fondo mundial de protección social;

58. Subraya la importancia de apoyar y promover el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre iguales, por ejemplo entre agricultores y entre empresas, en los ámbitos de la producción, la transformación y la comercialización; destaca la importancia fundamental del sector agrícola y alimentario en la economía a la hora de proporcionar oportunidades de empleo digno y sostenible en las zonas rurales; subraya que, en la mayoría de los casos, afecta a los minifundios y a las explotaciones familiares; señala la importancia de fomentar y mejorar medidas y herramientas destinadas a apoyar el incremento de la calidad de los productos y su diversificación, la modernización de las prácticas agrícolas, unas condiciones de trabajo seguras y medidas para reforzar la resiliencia de los agricultores;

59. Observa que las desigualdades de género limitan la productividad y la eficiencia agrícolas y, por tanto, socavan el desarrollo; recuerda que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es crucial para la nutrición, la preservación de la salud, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la resiliencia; señala que el empoderamiento de las mujeres y las niñas sigue suponiendo un desafío para la agricultura y la seguridad alimentaria; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen el emprendimiento, el empleo y la representación política de las mujeres, que garantice la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de la seguridad alimentaria y que vele por la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones relacionado con este ámbito, incluidas las mujeres pertenecientes a minorías discriminadas;

60. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que se esfuercen, en particular a través de la ayuda al desarrollo, que contribuyan a abordar las discriminaciones a que se enfrentan, en particular en relación con el acceso de las agricultoras a la tierra, los recursos productivos y los servicios financieros; recuerda que en África, por ejemplo, las mujeres realizan casi la mitad del trabajo agrícola y las agricultoras son en su mayor parte pequeñas agricultoras o agricultoras de subsistencia que no tienen el acceso necesario a la información, el crédito, la tierra, los recursos o la tecnología; alienta el avance de los derechos de sucesión para las mujeres y las niñas y pide a la Unión que apoye a los países socios, en particular, en lo que se refiere al reconocimiento del pleno derecho de las mujeres a la tierra; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan enfoques transformadores desde el punto de vista del género para la agricultura, la pesca, la acuicultura y los sistemas alimentarios mediante el desarrollo de las capacidades de las mujeres rurales, reformas políticas específicas para disponer de leyes más justas sobre la tenencia de la tierra e iniciativas específicas centradas en la capacitación económica y el acceso a la financiación, tal como se establece en el Plan de Acción en materia de Género III;

61. Observa que las mujeres rurales producen más de la mitad de los alimentos del mundo a pesar de las desventajas estructurales; subraya la necesidad urgente de mejorar el acceso y el control de las mujeres rurales respecto de la tierra, los recursos productivos, los activos y los mercados como condición necesaria para mejorar la seguridad alimentaria en todo el mundo; insta a la Unión a que preste especial atención a las mujeres rurales y a su capacitación económica, social y política; recuerda las Directrices voluntarias del CSA sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra como un buen instrumento para hacer frente a los obstáculos en los sistemas de herencia consuetudinarios y tradicionales y garantizar que las mujeres tengan un mejor conocimiento de sus derechos legales ( 21 )

62. Recuerda la importancia estratégica de invertir en la biodiversidad agrícola de las explotaciones para garantizar una alimentación sana, la calidad y diversificación del régimen de alimentación y una ingesta adecuada de nutrientes; subraya, en particular, que las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de lograr una alimentación mínimamente diversa y adecuada respecto de los micronutrientes mediante la diversificación agrícola y la producción de subsistencia de diversos cultivos alimentarios ( 22 )

63. Recuerda la importancia que revisten la transformación rural y el fortalecimiento de la transparencia de las cadenas de valor a nivel local y regional para permitir la creación de puestos de trabajo sostenibles y evitar las violaciones de los derechos humanos y mitigar el cambio climático; insiste en la necesidad de acompañar a los jóvenes y las mujeres, en particular, mediante la formación, el acceso al crédito y a los mercados; pide que se los implique en la formulación de las políticas agrarias y se apoye la acción colectiva a través de las organizaciones de pequeños productores;

64. Recuerda que, ante la malnutrición, son indispensables la formación y sensibilización para un estilo de vida sostenible y una sociedad funcional;

65. Acoge con satisfacción el trabajo en curso del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial relativo a sus Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición;

66. Recuerda que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, entre otros factores, ponen en peligro nuestra capacidad de garantizar la seguridad alimentaria mundial y ejercen una presión adicional sobre los ya frágiles sistemas alimentarios; pide una producción de alimentos respetuosa con el medio ambiente como la agroecología y la adaptación climática resiliente, así como la conservación y restauración de los ecosistemas naturales con el fin de reducir los riesgos climáticos, hacer frente a la crisis climática, frenar la pérdida de biodiversidad y reforzar así la resiliencia de los sistemas alimentarios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a los países socios en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y soluciones innovadoras, incluido un uso ambicioso de los ingresos obtenidos por las subastas del régimen de comercio de derechos de emisión y los certificados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono; para mejorar su resiliencia y adaptación al cambio climático y su mitigación de este con el objetivo de contar con sistemas alimentarios más sostenibles;

67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se asegure de que la financiación en el marco del nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) incluya un enfoque basado en los derechos humanos, que ponga a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en el centro de los esfuerzos en materia de clima, medio ambiente y desarrollo; considera importante prestar especial atención a los pequeños agricultores que, por lo general, tienen una menor capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático; celebra, a este respecto, el próximo plan de acción de las Naciones Unidas para garantizar que los ciudadanos de todo el mundo estén protegidos por servicios de alerta temprana contra los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático en los próximos cinco años, que presentará la Organización Meteorológica Mundial durante la 27. a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto; recuerda que la enviada especial para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios subrayó que la intersección entre el clima y la alimentación es profunda;

68. Pide a la Comisión que preste apoyo a los países en desarrollo para que desarrollen y protejan sus industrias sensibles y emergentes, promuevan la seguridad alimentaria, apoyen la mitigación del cambio climático para la agricultura y se ajusten a las normas internacionales y de la Unión en materia de sostenibilidad para la exportación de sus productos agrícolas;

69. Considera que es importante ayudar a los países en desarrollo a poner en marcha políticas públicas en materia de agricultura y alimentación que puedan satisfacer las necesidades de sus poblaciones en rápido crecimiento; subraya que una política de seguridad alimentaria debe tener como objetivo principal proporcionar a sus ciudadanos alimentos suficientes, nutritivos, seguros y asequibles a lo largo del año de manera sostenible, garantizando al mismo tiempo unos ingresos y un nivel de vida justos para los agricultores; observa que, durante toda la historia de la política agrícola común, la supresión de las subvenciones a la exportación y la disociación de los pagos directos han reducido significativamente el riesgo de dumping en los mercados de terceros países; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten más apoyo al desarrollo agrícola capaz de garantizar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y aumentar de forma decisiva su inversión en el desarrollo territorial rural;

70. Destaca que los sistemas alimentarios son importantes inductores de emisiones de gases de efecto invernadero; señala que para desarrollar la resiliencia frente al cambio climático de los sistemas alimentarios es necesario integrar la adaptación al cambio climático y la reducción y gestión del riesgo de catástrofes en las políticas a corto, medio y largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que acompañen a los países en desarrollo en este proceso;

71. Pide a la Unión que proteja el acceso y el control de los pequeños agricultores respecto de la tierra y otros recursos, incluidas las semillas, las infraestructuras y el agua;

72. Pide a la Unión que garantice una contratación pública que favorezca la producción agroecológica local, unas normas de seguridad de los alimentos adecuadas a la producción a pequeña escala, la protección de los mercados nacionales frente a las importaciones a bajo precio, y la educación de los consumidores y la protección social para aumentar el consumo de alimentos locales nutritivos;

73. Pide a la Unión que adapte su programación en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global para apoyar activamente una transformación mundial en favor de sistemas alimentarios sostenibles que puedan proporcionar dietas asequibles, saludables y nutritivas, que sean justos, resilientes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que estén basados en los derechos, que presten especial atención a las necesidades de las mujeres y que puedan ofrecer una alimentación sana y reduzcan la presión de la producción de alimentos sobre el uso de la tierra y el agua;

74. Subraya que los efectos del cambio climático tienen un impacto negativo crítico en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo y que la adaptación al cambio climático es esencial para garantizar unos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes; lamenta el incumplimiento del compromiso asumido por los países desarrollados en el Acuerdo de Copenhague de 2009 de proporcionar una financiación previsible y suficiente para la acción por el clima en los países en desarrollo, especialmente para las necesidades de adaptación, que debería haber alcanzado los 100 000 000 000 USD en 2020; pide a la Unión que aumente la financiación para el clima más allá del marco del IVCDCI — Europa Global, también mediante un uso ambicioso de los ingresos obtenidos por las subastas del régimen de comercio de derechos de emisión y los certificados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC);

75. Insta a la Comisión a que apoye la transición agroecológica en los países socios para garantizar alimentos nutritivos, seguros, diversos y asequibles para todos durante todo el año, preservando la biodiversidad, aumentando la resiliencia frente al cambio climático y reforzando la cohesión social mediante la reducción de las desigualdades sociales; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de redes alimentarias locales que garanticen la producción y el consumo locales, que promueven la creación de empleo local, aseguran precios justos para los productores y los consumidores y reducen la dependencia de los países de las importaciones y su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales;

76. Destaca que las inversiones y acciones de la Unión deben basarse en evaluaciones previas rigurosas, en la plena transparencia y en la inclusión de los afectados por las inversiones y acciones, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de diseñar una actuación equitativa y reforzar las capacidades a nivel nacional y local, incluidos los agentes no estatales; insiste en reconocer la necesidad de adoptar medidas específicas en función del contexto para lograr una agricultura y unos sistemas alimentarios más sostenibles en los países socios;

77. Pide que se revise el plan de acción de la Unión sobre nutrición para abordar todas las formas de malnutrición en contextos humanitarios y de desarrollo e incluir nuevos y ambiciosos compromisos políticos y financieros;

78. Señala que 45 millones de niños menores de cinco años sufren emaciación, definida como un peso bajo para la estatura, resultante de una malnutrición aguda en los primeros años de vida; recuerda que el sobrepeso y la obesidad entre los adultos, los adolescentes y los niños están aumentando hasta alcanzar niveles récord que afectan a 2 000 millones de personas en todo el mundo, de las cuales el 70 % vive en países de renta baja y media; recuerda que el sobrepeso y la obesidad se asocian al riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la alimentación, incluidas enfermedades no transmisibles, y que la malnutrición es un reto para todas las naciones, independientemente de su etapa de desarrollo; señala que, en consecuencia, muchos países están experimentando actualmente una «doble carga» de al menos dos tipos de malnutrición en la que coexisten la hiponutrición y el sobrepeso y la obesidad; pide a la Comisión que revise el marco político para la seguridad alimentaria del año 2010 y el marco político para la alimentación del año 2013, tal como solicitan los Estados miembros en las Conclusiones del Consejo de 2018 sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial;

79. Pide a la Comisión que vele por que las inversiones de la Unión en agricultura, desarrollo económico, protección del clima y adaptación al mismo, protección de la salud, salud y otros sectores tengan plenamente en cuenta la alimentación; apoya la revisión de la Estrategia Mundial de Salud de 2010 y pide que se incluya la lucha contra la malnutrición en el documento revisado; pide un mayor apoyo financiero para crear sistemas sanitarios sólidos y resilientes que rompa el círculo vicioso intergeneracional de la malnutrición y la desnutrición;

Una respuesta complementaria de la Unión en materia de política humanitaria y de desarrollo

80. Insiste en que se incremente la ayuda humanitaria a los países que sufren crisis alimentarias o se ven afectados por conflictos; observa que la comunidad internacional, incluida la Unión, debe tratar de reducir la creciente brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles a nivel mundial; condena toda acción en la que el acceso a los alimentos se utilice como instrumento de opresión o arma de guerra y recuerda los cuatro principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia;

81. Subraya que la ayuda humanitaria puede movilizarse para hacer frente a situaciones que suponen una amenaza inminente para la vida cuando las capacidades existentes están desbordadas, si bien deben buscarse al mismo tiempo soluciones financiadas por otros tipos de ayuda para prevenir y abordar las causas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición;

82. Acoge con satisfacción la celebración del primer Foro Humanitario Europeo para seguir mejorando la repercusión de la respuesta humanitaria y garantizar la eficacia y la eficiencia en la prestación de la ayuda, y celebra la decisión de convertirlo en un acontecimiento anual en el calendario humanitario; subraya la importancia de trabajar juntos como el Equipo Europa para abordar la crisis humanitaria de la seguridad alimentaria mundial;

83. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión que utilicen la vía diplomática para prevenir los conflictos, erradicar todas las formas de malnutrición e invertir más en la prevención de conflictos centrándose específicamente en las mujeres y las niñas, aplicando minuciosamente la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; recuerda que la ayuda humanitaria debe quedar exenta de sanciones internacionales; subraya la necesidad de encontrar soluciones sostenibles a medio y largo plazo en la cooperación al desarrollo para abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria;

84. Recuerda que Ucrania y Rusia representan aproximadamente el 30 % del comercio mundial de trigo, el 32 % de la cebada, el 17 % del maíz y más del 50 % del aceite de semillas de girasol y el 20 % de las semillas de girasol; subraya que la reducción o la pérdida de las exportaciones ucranianas afectarán a los países que dependen en gran medida de su producción, entre ellos países que ya experimentan inseguridad alimentaria, que son vulnerables a las crisis de suministro y a las subidas de precios, como es el caso de África; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen con urgencia, en coordinación con los socios internacionales y las instituciones internacionales pertinentes, todos los medios disponibles para evitar cualquier incumplimiento de la balanza de pagos de los países importadores de alimentos, incluida la financiación directa y la reestructuración de su deuda; subraya la importancia de dar prioridad a la financiación basada en subvenciones como opción por defecto, especialmente para los países menos adelantados;

85. Apoya la ejecución en curso del nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz; destaca que este principio debe seguir incluyéndose en la ayuda humanitaria, así como en la programación de la seguridad alimentaria y la nutrición, respaldada por directrices claras sobre mejores prácticas basadas en datos contrastados;

86. Se congratula de la labor de las agencias de la Unión y de las Naciones Unidas con sede en Roma, en concreto la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, a la hora de tomar medidas anticipatorias para prevenir las crisis antes de que se produzcan y proteger a los grupos más vulnerables de las catástrofes climáticas y humanas; pide que se refuercen los mecanismos de coordinación con los agentes locales sobre el terreno y que se busque una mayor interrelación entre las medidas anticipatorias a corto plazo y los programas gubernamentales a más largo plazo; recuerda que las medidas anticipatorias inclusivas deben ser específicas para cada contexto, orientadas localmente y garantizar que los más vulnerables tengan también voz en el proceso de toma de decisiones para abordar sus necesidades específicas;

87. Apoya el activo papel de la Unión en la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias y pide que la Red siga funcionando, especialmente en contextos regionales y nacionales; pide a los Estados miembros que refuercen la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias en su labor de hacer frente a las crisis alimentarias mediante intervenciones multidimensionales y multisectoriales, generar resiliencia y conocimientos y aplicar el nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, que colaboren con los países en desarrollo en el diseño y la aplicación de políticas y estrategias innovadoras dirigidas por los países para hacer frente a la inseguridad alimentaria, impulsar la inclusión económica y lograr sistemas alimentarios más sostenibles;

88. Hace hincapié en la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana, los protocolos de acción temprana y los mecanismos de vigilancia para garantizar respuestas rápidas que mitiguen el impacto de los peligros en la seguridad alimentaria y pasar de intervenciones de respuesta a intervenciones proactivas que salven vidas mediante una acción humanitaria anticipatoria; apoya al Comité de Seguridad Alimentaria como la principal plataforma política internacional e intergubernamental inclusiva sobre seguridad alimentaria y nutrición;

89. Pide a la Comisión que garantice un enfoque multisectorial a la hora de abordar la nutrición y que dé prioridad a la integración de la seguridad alimentaria y la nutrición en sus actuaciones en materia de salud, educación, agua, saneamiento e higiene, a fin de garantizar que al menos el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo con cargo al Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global se destine a la inclusión social y al desarrollo humano;

90. Pide que se integre la nutrición en la cobertura sanitaria universal, ya que es vital para acabar con la malnutrición y la cobertura sanitaria universal no se logrará a menos que las medidas esenciales en materia de nutrición se integren efectivamente como servicios sanitarios esenciales y se prioricen en los sistemas de salud; recuerda que la cobertura sanitaria universal es fundamental para las personas a lo largo de toda su vida, con especial hincapié en los más desfavorecidos y marginados, y que debe adaptarse a las necesidades sanitarias de la población; recuerda que es posible apoyar la cobertura sanitaria universal garantizando una alimentación óptima y segura de los lactantes y los niños pequeños, en particular mediante la lactancia materna, tratando de garantizar una alimentación equilibrada y saludable, en particular en los comedores escolares, proporcionando educación y asesoramiento nutricionales cualificados para favorecer el cambio de hábitos, incluyendo la nutrición en el presupuesto del sector sanitario, creando sistemas de información sanitaria para adoptar medidas oportunas y promoviendo el acceso a productos eficaces y asequibles relacionados con la nutrición, al tiempo que se reduce la comercialización de alimentos poco saludables;

91. Reconoce que la nutrición debe ocupar un lugar central en las estrategias, los planes y los presupuestos de los sistemas sanitarios para lograr la cobertura sanitaria universal; pide un mayor apoyo financiero a la salud para construir sistemas sanitarios fuertes y resilientes que rompan el círculo vicioso intergeneracional de la desnutrición y para prevenir las crisis sanitarias y responder a ellas; apoya la integración del tratamiento de la hiponutrición y los servicios preventivos, así como las intervenciones sanitarias, como la planificación familiar, la salud mental y la atención prenatal y postnatal, en los paquetes de atención esencial de los sistemas nacionales de salud para lograr la cobertura sanitaria universal;

92. Señala que la seguridad alimentaria está estrechamente vinculada al acceso al agua; pide a la Comisión Europea que integre el derecho al agua y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el agua y el saneamiento en sus intervenciones en favor de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo;

93. Señala que la biodiversidad alimentaria y agrícola aumenta la resiliencia a las crisis y facilita la adaptación, mantiene la estabilidad y apoya la recuperación; recuerda que la capacidad de la agroecología para conciliar las dimensiones económica, ambiental y social de la sostenibilidad ha sido ampliamente reconocida en informes emblemáticos, en particular los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), así como la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), dirigida por el Banco Mundial y la FAO; subraya la importancia de promover la agroecología, la agrosilvicultura, la producción local y los sistemas alimentarios sostenibles centrados en el desarrollo de cadenas de suministro cortas, tanto en las políticas nacionales como en los foros internacionales, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos, así como de aumentar la productividad sostenible del sector agrícola y su resistencia al cambio climático;

94. Insta a la Comisión a que apoye a los países socios en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, incluida la agroecología, con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo, maximizar la biodiversidad y mejorar la eficiencia en el uso del agua como elementos clave para una mejor seguridad alimentaria; señala los retos que plantean el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y sus efectos negativos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como la necesidad de proporcionar los recursos que se precisan para la adaptación al cambio climático y su mitigación;

95. Indica que existen muchos enfoques agronómicos y agroecológicos que pueden ser provechosos en otros climas y situaciones, como la combinación de cultivos, los «policultivos» y la agrosilvicultura, incluido el uso de árboles leguminosos, que son especialmente ventajosos al proporcionar sombra y protección a otros cultivos y a los animales y atraer y aumentar la circulación o la retención de agua;

96. Observa que la destrucción de los bosques tropicales constituye una pérdida irreversible de la biodiversidad y de la capacidad de captura de carbono, así como de los hábitats y los modos de vida de las comunidades indígenas que viven en los bosques; recuerda que los bosques contribuyen significativamente a alcanzar los objetivos climáticos, a proteger la biodiversidad y a prevenir la desertificación y la erosión extrema del suelo; considera que deben intensificarse los esfuerzos de conservación, principalmente de los bosques, la fauna y los ecosistemas costeros y marinos mediante marcos normativos, recursos suficientes y datos científicos, junto con el restablecimiento del ecosistema y acciones de gestión;

97. Pide que se tenga en cuenta el vínculo entre la salud pública y la biodiversidad en consonancia con el enfoque de «Una sola salud»; insta a la Unión y a todos los países socios a que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control consuetudinarios de sus tierras y recursos naturales, como establecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y a que cumplan el principio de consentimiento libre, previo e informado;

98. Recuerda que las prácticas de intensificación agrícola insostenibles son importantes causas del deterioro de la biodiversidad a escala mundial, incluida la erosión genética de las variedades de cultivo y de ganado; recuerda que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto prohibir gradualmente, a más tardar en 2030, los plaguicidas peligrosos en la agricultura y promover prácticas alternativas; destaca que los países pobres son los receptores de una parte importante de las sustancias peligrosas; acoge favorablemente, por tanto, la intención de la Comisión de presentar una propuesta para poner fin a esta práctica en el marco de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la Unión; insta a la Comisión, no obstante, a que promueva la búsqueda de alternativas sostenibles y asequibles al uso de estos plaguicidas con el fin de evitar perturbaciones graves de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo que agraven el hambre en la población más vulnerable; pide que se proporcione un apoyo específico en materia de educación y formación sobre enfoques sostenibles de protección fitosanitaria y alternativas a los plaguicidas y que se reduzca al mínimo la exposición a sustancias peligrosas;

99. Denuncia el doble rasero de la Unión en materia de plaguicidas, que permite la exportación desde la Unión de sustancias peligrosas que están prohibidas en su territorio; subraya que el uso de determinados plaguicidas en la agricultura intensiva en los países en desarrollo repercute en la salud de los trabajadores, además de causar daños al medio ambiente; pide educación y formación en materia de protección fitosanitaria sostenible y prácticas agroecológicas y orgánicas;

100. Recuerda que, según informes recientes, los sistemas alimentarios generan hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, provocan hasta el 80 % de la pérdida de biodiversidad y utilizan hasta el 70 % del agua dulce; subraya, no obstante, que los sistemas de producción de alimentos sostenibles deben ser reconocidos como una solución esencial para estos desafíos existentes y que es posible alimentar a una población mundial cada vez mayor protegiendo al mismo tiempo nuestro planeta;

101. Pide a la Unión que cumpla activamente los compromisos del Año de Acción por la Nutrición 2021, en particular los resultantes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento y desempeñe un papel primordial en la cooperación con los pueblos indígenas en estos esfuerzos, con arreglo a su propia Estrategia «De la Granja a la Mesa»; destaca la decisión de la Comisión de ser un socio importante en ocho coaliciones emergentes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios;

102. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con la Unión Africana para garantizar un mayor compromiso e inversiones para hacer frente a los actuales desafíos en materia de nutrición en la región y que apoyen el Año de la Nutrición de la Unión Africana: «Reforzar la resiliencia en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el continente africano: fortalecer los sistemas agroalimentarios, la salud y los sistemas de protección social para acelerar el desarrollo del capital económico, humano y social»;

103. Destaca que las tecnologías digitales y la agricultura inteligente y de precisión ofrecen oportunidades importantes para desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles y para impulsar un crecimiento económico justo e inclusivo en las zonas rurales de los países en desarrollo;

104. Señala la necesidad de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en los países en desarrollo mediante un enfoque holístico y sostenible de los sistemas alimentarios; pide a la Comisión que adopte una estrategia multilateral inclusiva basada en los derechos; pide a la Comisión que garantice que las inversiones de la Unión en agricultura, desarrollo económico, mitigación del cambio climático y adaptación a este, agua y saneamiento, salud y otros sectores tengan plenamente en cuenta la nutrición incorporando resultados medibles en materia de nutrición en la fase de planificación;

105. Recalca la necesidad de que la Unión defienda los derechos humanos y el derecho a una alimentación apropiada como prioridad y principio central de los sistemas alimentarios para garantizar el derecho de los más marginados a acceder a alimentos nutritivos, y reconoce la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales;

106. Apoya el desarrollo de oportunidades comerciales entre la Unión y los países en desarrollo, que tienen la capacidad de impulsar la agricultura local; recuerda que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores han demostrado su capacidad para ofrecer productos diversificados y aumentar la producción de alimentos de forma sostenible;

107. Resalta la necesidad de reconocer el protagonismo de los agricultores, las organizaciones de productores y sus representantes en cualquier estrategia de mejora de la seguridad alimentaria, y destaca que debe fomentarse la creación de cooperativas y agrupaciones de productores en los países en desarrollo con el fin de reforzar su capacidad colectiva para organizarse de manera más eficaz, para beneficiarse de una mejor posición en las cadenas alimenticias, así como para compartir el valor añadido de los productos de la exportación;

108. Subraya que la liberalización del comercio podría repercutir en la deforestación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como en la producción alimentaria y el acceso a los alimentos; considera que la política comercial y de inversiones de la Unión con respecto a los países en desarrollo debe basarse en una política comercial que favorezca la defensa de los bosques y la biodiversidad, el desarrollo de la agricultura local y los productores y agricultores locales, para promover una soberanía