ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
18.

Acoge favorablemente los esfuerzos de China por establecer un régimen nacional de comercio de derechos de emisión para 2015, que en el futuro podría integrarse con otros sistemas de comercio de carbono, en particular el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; señala, no obstante, que China no cuenta todavía con una economía de mercado madura plenamente operativa, lo cual constituye un requisito previo claro para el buen funcionamiento de un sistema de comercio de derechos de emisión;
—

Visto el informe de la OIT titulado «Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers»,
15.

Considera deplorable que no se haya llegado a un acuerdo sobre la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Siria y, en particular, que esta circunstancia esté mermando la capacidad de ejercer una presión eficaz para poner fin a la violencia en el país; pide a los miembros del Consejo de Seguridad que tengan presente su responsabilidad ante el pueblo sirio; saluda la labor diplomática de la Vicepresidenta/Alta Representante y de los Estados miembros de la UE para contar con China y a Rusia en esta cuestión; les pide que no cejen en su labor; recuerda asimismo a todos los miembros de las Naciones Unidas el principio de «responsabilidad de proteger», adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; pide a todos los Estados que intervengan para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), y se felicita por la iniciativa suiza de publicar una carta abierta en nombre de 58 países, incluidos 26 Estados miembros de la UE, en este sentido; insta a la Alta Representante de la UE a comprometerse personalmente en la formación de una amplia coalición internacional de carácter integrador con el fin de apoyar dicha remisión;
—

Visto el informe técnico conjunto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de 17 de septiembre de 2009, titulado «The bacterial challenge: time to react — A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (3),
10.

Lamenta que en la comunicación mencionada anteriormente no se haga ninguna tipo de referencia al proyecto «Pilot UE» que, tal y como lo define la propia Comisión, constituye un método de trabajo bien asentado (6) al que recurre para gestionar denuncias como primer paso del procedimiento de infracción siempre que se pueda recurrir a dicho procedimiento (7); señala que el proyecto «Pilot UE» ni se menciona por su nombre en dicha comunicación y que no se hace ninguna referencia a ninguno de los derechos de los que goza el denunciante ni a la protección que se le concede en el marco del proyecto «Pilot UE»; concluye, por consiguiente, que las decisiones adoptadas por la Comisión que preceden o excluyen al procedimiento de infracción no respetan, en estos casos, las normas en materia de transparencia y responsabilidad y que su adopción es iniciativa exclusiva de la Comisión;
—

Vistas las propuestas de la Comisión, en particular la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (COM(2011)0398, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (COM(2010)0815), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión no 1639/2006/CE por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el Reglamento (CE) no 680/2007 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (COM(2011)0659), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (COM(2011)0809), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020) (COM(2011)0834), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa (COM(2011)0785), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea «ERASMUS PARA TODOS» El Programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión (COM(2011)0788), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (COM(2011)0665), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (COM(2011)0609), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),
21.

Reconoce que el sector público por sí solo no será capaz de satisfacer todas las necesidades financieras requeridas para extender el acceso a la energía; señala, en este sentido, la importancia de los inversores privados y de las reformas orientadas hacia el mercado en el sector de la energía; subraya, no obstante, que poner el acento en el recurso a asociaciones público-privadas y atraer fondos de fuentes de financiación privadas puede disminuir el atractivo de los proyectos locales de energías renovables, ya que tales proyectos son menos «financiables» que los grandes proyectos conectados a la red, que a menudo están al servicio de las grandes industrias; subraya, por lo tanto, que en último término la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios universales, en particular a una energía asequible para las poblaciones pobres y alejadas, le sigue correspondiendo al Estado;
41.

Pide a la Comisión que aborde adecuadamente las exigencias financieras y prácticas en los futuros programas marco sobre investigación; considera, en particular, que la investigación y el desarrollo de aplicaciones relacionadas con el espacio deben integrarse como tecnologías clave genéricas para los distintos ámbitos sectoriales de investigación, como el cambio climático, el medio ambiente, el transporte, la agricultura etc., más que como un epígrafe espacial particular;
A.

Considerando que Nasrin Sotudeh, destacada abogada iraní especializada en la defensa de los derechos humanos, fue condenada a once años de prisión por actuaciones contrarias a la seguridad nacional, pertenencia al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, no vestir el hiyab (código de vestimenta islámico) en un mensaje grabado en vídeo y haber realizado propaganda contra el régimen; que también se le prohibió ejercer la abogacía y que, una vez cumplida dicha sentencia, no podrá viajar durante veinte años,
57.

Hace hincapié en que el concepto de plataformas comunes descrito en el artículo 15 de la Directiva no ha tenido éxito, puesto que todavía no existen tales plataformas; considera que tienen el potencial para ser herramientas útiles en la facilitación de la movilidad y que son los propios profesionales quienes deben definirlas y controlarlas; acoge con agrado el deseo expresado por la Comisión de mejorar dicho concepto en un artículo revisado; pide a la Comisión que conceda a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para optar por tomar o no tomar parte en cualquier plataforma común y que baje el mínimo exigido para la participación de los Estados miembros;
28.

Recuerda que las fronteras no representan un obstáculo para la delincuencia organizada; estima necesario, por consiguiente, que el marco europeo de lucha contra la delincuencia organizada integre la dimensión exterior de este fenómeno; considera importante a este respecto implicar más al Servicio Europeo de Acción Exterior y, en particular, al Centro de Situación Común (SitCen); pide a la Comisión que siga mejorando la eficacia y ponga al día de modo constante los acuerdos de cooperación en materia judicial y de investigación con terceros países destinados a luchar contra la delincuencia organizada internacional; pide igualmente que, al elaborar dichos acuerdos, se utilice un enfoque que tenga debidamente en cuenta los aspectos específicos de las amenazas que plantean las organizaciones criminales para la seguridad interior y exterior de la Unión Europea relacionadas con la realidad existente en los distintos terceros países; pide a Europol que lleve a cabo con cada vez más frecuencia y precisión análisis periódicos dedicados a las organizaciones criminales no europeas cuyas actividades tengan repercusiones directas o indirectas en la Unión Europea; considera prioritario mantener y redoblar los esfuerzos de la UE y de las instituciones internacionales en la región de los Balcanes, en particular en lo referente a la lucha contra la delincuencia organizada; pide a la Comisión Europea que desarrolle, en colaboración con Europol, un proyecto común con Interpol para apoyar la creación e implantación de un sistema regional de intercambio de información policial y judicial con África Occidental y ponga a disposición de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental los conocimientos técnicos y los recursos necesarios, incluso en el ámbito de la formación y el seguimiento;
J.

Considerando que tres Estados miembros de la UE no han ratificado el Convenio penal del Consejo de Europa contra la corrupción, que doce no han ratificado su Protocolo adicional y que siete no han ratificado el Convenio civil del Consejo de Europa contra la corrupción; que tres Estados miembros no han ratificado todavía la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC) y que cinco Estados miembros de la UE no han ratificado el Convenio de la OCDE contra la corrupción;
—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre la pena de muerte y, en particular, las de 7 de octubre de 2010 sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte (1) y de 10 de julio de 2008 sobre la pena de muerte, en particular el caso de Troy Davis (2), sobre Guantánamo, en particular las de 13 de junio de 2006 sobre la situación de los detenidos en Guantánamo (3) y de 10 de marzo de 2004 sobre el derecho de los detenidos de Guantánamo a un juicio justo (4), y sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos, en especial la adoptada el 14 de febrero de 2007 (5),
38.

Señala que, a pesar de que algunos Estados miembros disponen de datos empíricos sobre los niños de corta edad (compilados, entre otras cosas, por la National Association for the Education of Young Children, UNICEF, el International Early Years Education Journal y la OCDE), sigue habiendo necesidad de comprender mejor el desarrollo infantil durante los primeros años de educación; aboga por que en toda la UE se sigan elaborando estudios e investigaciones y se lleve a cabo un intercambio de resultados, teniendo en cuenta la diversidad cultural de los Estados miembros;
3.

Afirma que el uso de la violencia por un Estado contra su propia población debe tener repercusiones directas en sus relaciones bilaterales con la Unión Europea; recuerda a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión que, para impedir tales acciones, la UE puede recurrir a numerosos instrumentos, tales como la congelación de activos, la prohibición de viajar, etc.; recuerda, no obstante, que la población en general no debe verse afectada en ningún caso por tales revisiones de las relaciones bilaterales;
—

Visto el informe de Amnistía Internacional de 2 de febrero de 2011 titulado «Security, Peace and Order? Violations in the wake of elections in Belarus»,
10.

Expresa su preocupación por la complejidad de los reglamentos y directrices financieros de la UE para los instrumentos financieros europeos, en particular cuando los fondos y programas europeos se utilizan para apoyar a empresas particulares mediante la provisión de importes relativamente pequeños de financiación; considera que el tiempo y el dinero necesarios para cumplir esos reglamentos no guardan relación con sus ventajas para el destinatario final de la financiación; reclama una gestión más sencilla, mayor eficiencia administrativa e informativa y más rentabilidad con respecto a los instrumentos financieros innovadores; insiste en que los bancos, los intermediarios y los beneficiarios no deben sentirse desanimados o disuadidos de utilizar programas y fondos debido a las trabas administrativas que conllevan; pide a la Comisión que proponga reglamentos y directrices menos caros y complicados, especialmente en lo relativo a los programas previstos para apoyar la financiación de bajo volumen de las PYME mediante garantías o instrumentos de fondos propios o subordinados;
I.

Considerando que las condiciones sociales y humanitarias en las que viven algunas poblaciones no hacen posible que los ciudadanos entiendan en todos los casos el concepto de previsión y, por consiguiente, la oportunidad de cotizar para asegurarse contra un riesgo de enfermedad que puede no producirse, tanto más cuanto que organizaciones no gubernamentales de diferente naturaleza pueden prestar paralelamente y de forma gratuita asistencia sanitaria y medicamentos,
11.

Señala que el aumento de la proporción de contratos no convencionales o atípicos tiene una fuerte dimensión de género e intergeneracional, toda vez que las mujeres y los trabajadores de mayor edad, así como los más jóvenes, se encuentran representados de forma desproporcionada en el empleo atípico; indica que algunos sectores están sometidos a rápidos cambios estructurales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que investiguen las razones de este hecho, y combatan este desequilibrio en las áreas correspondientes con medidas apropiadas y determinadas, facilitando la transición hacia un empleo permanente y, especialmente, fomentando medidas para que las mujeres y los hombres puedan reconciliar el trabajo, la vida familiar y la vida privada, poniendo mayor énfasis en el diálogo social con los representantes de los trabajadores en las empresas, y supervisar y publicar el éxito de tales medidas; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren que el recurso a contratos no convencionales o atípicos no oculten formas de trabajo ilegal, sino que favorezcan, a través del intercambio de competencias, el paso a una inclusión efectiva de los jóvenes y los desempleados en el mundo laboral, proporcionando a las empresas europeas un contexto de flexibilidad segura que fomente la competitividad;
A.

Considerando que, si bien el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales establecen los valores en que se basa la UE, en la práctica no todas las personas que viven en la UE se benefician plenamente de la Carta de Derechos Fundamentales, en particular las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, incluidas aquellas que son víctimas de la violencia, la trata de seres humanos y la pobreza; considerando, además, que estos valores son comunes a las sociedades de todos los Estados miembros, en las que priman el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres,
13.

Se congratula de que la incidencia financiera de las irregularidades estimadas por la Comisión haya descendido en un 27 % respecto 2007; constata, en lo que a la legitimidad y regularidad de las operaciones subyacentes se refiere, que el intervalo de error estimado con respecto a la política de cohesión por el Tribunal de Cuentas Europeo en su DAS de 2008 sigue siendo superior al 5 %; expresa su preocupación por que Italia, Polonia, el Reino Unido y España han notificado la cantidad de irregularidades más elevada; acoge con satisfacción, al mismo tiempo, la buena colaboración que algunos de estos Estados miembros han iniciado con la Comisión para la resolución de los problemas y confía en que los demás Estados miembros colaboren del mismo modo; recuerda que, como ha puesto de relieve el Tribunal de Cuentas, las medidas estructurales son el capítulo de gastos sujeto a reglamentación más rigurosa, con los procedimientos de gestión de la contabilidad más complejos del presupuesto de toda la Unión, y que, como ha puesto de manifiesto la Comisión, un alto número de irregularidades financieras detectado en un Estado miembro no implica necesariamente un número de errores y fraudes mayor respecto de otros Estados sino que puede ser el resultado de controles más minuciosos y estrictos; recuerda, además, que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto no toma en consideración el periodo de programación 2007-2013 durante el cual se han introducido nuevos sistemas de gestión y control de los gastos; pone de relieve la elevada incidencia de errores ligados a gastos no subvencionables y a infracciones de la normativa sobre contratación pública y, por lo tanto, considera oportuno que la Comisión introduzca orientaciones preventivas destinadas a los Estados miembros y a las entidades locales para clarificar la aplicación de estas normas y evitar que gastos rechazados por la Comisión como no subvencionables sean sustituidos por las autoridades de gestión por nuevos gastos que tampoco son subvencionables;
8.

Manifiesta su temor de que los recursos financieros comprometidos no sean suficientes, puedan no centrarse en los países y grupos de población más pobres y puedan no producir con la celeridad requerida y de forma suficientemente flexible las mejoras que necesitan los países en desarrollo;
10.

Pregunta a la Comisión, en particular, si la falta de recursos en los Estados miembros es una señal preocupante de que existe un problema real en el control de la aplicación del Derecho comunitario; pide asimismo a la Comisión que compruebe, en la evaluación del proyecto, las siguientes cuestiones e informe al Parlamento al respecto: — que los denunciantes hayan recibido de la Comisión una explicación clara y exhaustiva en cuanto a la tramitación de sus denuncias; que el método nuevo haya contribuido eficazmente a resolver sus casos y que, de ningún modo, haya eximido a la Comisión de su responsabilidad como «guardiana del Tratado»; — que el método nuevo no haya retrasado, en último término, el comienzo de ningún procedimiento por incumplimiento, cuya duración es ya extremadamente larga e indefinida; — que la Comisión no haya sido indulgente con los Estados miembros en relación con el respeto de los plazos fijados por la Comisión (diez semanas) y que, una vez vencido dicho plazo, la Comisión haya comunicado al Estado miembro en cuestión informaciones y términos detallados sobre una futura intervención para encontrar una solución rápida y definitiva para los ciudadanos; — que el hecho de que «EU PILOT» se haya aplicado sólo en quince Estados voluntarios no signifique que se ha prestado menos atención al abordar los incumplimientos de los Estados que no hayan participado en el proyecto;
79.

Celebra la refundición del Reglamento de Dublín y las disposiciones propuestas con vistas a un mecanismo que suspenda las transferencias de Dublín cuando se sospeche que éstas puedan tener como resultado que los solicitantes no se beneficien de los niveles adecuados de protección en los Estados miembros responsables, en particular, en lo que respecta a las condiciones de acogida y de acceso al procedimiento de asilo, así como en casos en los que esas transferencias de Dublín puedan aumentar la carga sobre aquellos Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas debido, en particular, a su situación geográfica o demográfica; subraya, no obstante, que sin la introducción de un instrumento doblemente obligatorio para todos los Estados miembros, esas disposiciones supondrían más una declaración política que un instrumento eficaz de apoyo verdadero a los Estados miembros;
7.

Señala que los Estados miembros tienen la posibilidad de delegar en las ciudades la gestión de los Fondos Estructurales destinados a la aplicación de medidas orientadas a lograr un desarrollo urbano sostenible; considera que la subdelegación presenta un doble valor añadido, ya que por una parte sería mucho más eficaz para el crecimiento regional y europeo que las ciudades asuman la responsabilidad desde la planificación hasta la ejecución de la acción, atendiendo al mismo tiempo a retos estrictamente locales y, por otra parte, representaría una herramienta decisiva para mejorar la capacidad administrativa de la gestión local; lamenta, no obstante, que hasta ahora no se haya utilizado plenamente la posibilidad de subdelegar, en su caso mediante ayudas globales a autoridades municipales en el marco de los programas operativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y manifiesta su convencimiento de que es necesario prever y fomentar un papel claro para las zonas urbanas, en su calidad de estructuras intermediarias, en el contexto de la gobernanza a múltiples niveles en el próximo periodo de programación; opina que la dimensión urbana y la subdelegación en la política regional deberían ser obligatorias; considera, no obstante, que no debe permitirse que la subdelegación conduzca a la fragmentación de la política regional, por lo que debe definirse claramente el método utilizado para la subdelegación;
—

Vistos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 21 de marzo de 2005 bajo el título de «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos» («In Larger Freedom: towards development, security and human rights for all»), la subsiguiente Resolución A/RES/60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el documento final de la Cumbre Mundial 2005 y el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 7 de marzo de 2006, titulado «Invertir en las Naciones Unidas: en pro del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo»,
D.

Considerando que los instrumentos existentes no han logrado contener el impacto de la crisis financiera de tal manera que se minimicen los costes colectivos y se evite el riesgo, y considerando que se necesita asegurar una supervisión coherente al nivel de la Unión Europea de los mercados financieros europeos que están cada vez más integrados; considerando que, no obstante, la estabilidad financiera y la gestión de las crisis incumben no sólo a los supervisores, sino a un abanico más amplio de actores,
I.

Considerando que el Tratado de Lisboa introduce una jerarquía de normas y crea el concepto de «acto delegado», es decir, «un acto legislativo [que] podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo»; considerando que el Tratado de Lisboa prevé igualmente una nueva forma de tratar los actos de ejecución y prevé, en particular, la codecisión entre el Parlamento y el Consejo como el procedimiento de adopción de la reglamentación que establecerá los mecanismos de control por los Estados miembros sobre los actos de ejecución,
3.

Opina que la Comisión, de este modo, en los PAA para Brasil y Argentina para 2008, excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, dado que los elementos arriba mencionados no son conformes con el artículo 2, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 1905/2006, pues el objetivo principal de estos elementos no es la erradicación de la pobreza, y que estos elementos no cumplen los criterios de la AOD establecidos por el CAD/OCDE (5);