Sigue pendiente de aplicación la recomendación de concluir la fase actual de la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Parlamento no ha adoptado hasta ahora ninguno de los proyectos de enmienda propuestos por el Gobierno en 2016, que fueron el resultado de amplias consultas con las autoridades judiciales . Sin embargo, el Parlamento sí ha adoptado otras enmiendas del Código Penal, en particular aquellas relacionadas con la despenalización del conflicto de intereses.

Sobre la base de un análisis de las recomendaciones 1 a 7, la Comisión considera que es necesario seguir trabajando para progresar en relación con el primer indicador. Se han producido varios cambios positivos, en particular en lo que respecta a los códigos de conducta, los Códigos Civiles, así como a las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia para el Desarrollo del Poder Judicial y en relación con las actividades del nuevo Consejo Superior de la Magistratura. Sin embargo, la situación política y las propuestas legislativas que podrían tener un impacto negativo sobre las reformas han frenado el progreso. El análisis de las recomendaciones señala varias iniciativas y procesos que, de llevarse a cabo, ofrecen perspectivas prometedoras para que Rumanía pueda reanudar sus progresos por lo que respecta al primer indicador.

3.2. Segundo indicador: Marco de integridad y Agencia Nacional de Integridad

Recomendación 8: Garantizar la puesta en marcha del sistema PREVENT. La Agencia Nacional de Integridad y la Agencia Nacional de Contratación Pública deben establecer mecanismos de presentación de informes sobre los controles ex ante de los procedimientos de contratación pública y su seguimiento, incluidos controles a posteriori, así como en los casos de conflicto de intereses o de corrupción que se descubran y organizar debates públicos en los que se invite a responder al Gobierno, las autoridades locales, las autoridades judiciales y la sociedad civil. Recomendación 9: El Parlamento debe ser transparente en su toma de decisiones respecto al seguimiento de las resoluciones firmes e irrevocables en materia de incompatibilidades, conflictos de intereses y enriquecimiento injustificado dictadas contra sus miembros.

El sistema PREVENT está diseñado para prevenir los conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública mediante la creación de un mecanismo de verificación previa que permita a los poderes adjudicadores solucionar estas situaciones antes de la adjudicación del contrato. El sistema entró en funcionamiento a finales de junio y es el resultado de una estrecha colaboración entre la Agencia Nacional de Integridad, la Agencia de Contratación Pública, la Agencia de la Agenda Digital y el Gobierno. Lleva funcionando cuatro meses y ya está dando sus primeros frutos.

Los sucesivos informes del MCV han puesto de manifiesto el retraso y la incoherencia en la aplicación de sanciones a miembros del Parlamento con problemas de incompatibilidad o que presentaban un conflicto de intereses según una resolución firme de un órgano jurisdiccional en relación con un informe de la Agencia Nacional de Integridad. Por lo tanto, la Comisión ha recomendado que el Parlamento debe ser transparente en su toma de decisiones respecto al seguimiento de las resoluciones firmes e irrevocables en materia de incompatibilidades, conflictos de intereses y enriquecimiento injustificado dictadas contra sus miembros. La Comisión ha recibido información sobre los procedimientos aplicables y sobre la publicidad de los debates parlamentarios, pero aún no se le ha notificado si efectivamente se han celebrado debates o se han dictado resoluciones en asuntos pendientes. Aunque las normas y procedimientos parlamentarios para la aplicación de sanciones parecen estar claros, la Agencia Nacional de Integridad informa de que hay tres casos pendientes de diputados a los que todavía no se han aplicado las resoluciones firmes en materia de integridad dictadas por los tribunales en 2017. No está claro si hay plazos estipulados para que el Parlamento aplique la sanción. Por otra parte, también hay tres casos de parlamentarios cuyo mandato ha sido confirmado tras las elecciones a finales de 2016, a pesar de que una resolución judicial firme les inhabilita por tres años. La Agencia Nacional de Integridad informó al Parlamento en febrero de 2017, pero este todavía no ha adoptado medidas para resolver estos tres casos.

Medidas concretas que podrían hacer realidad la transparencia que se preconiza en la recomendación serían, por ejemplo, que el presidente de la Cámara correspondiente del Parlamento acuse recepción públicamente de la resolución firme del órgano jurisdiccional (o un informe de la Agencia Nacional de Integridad que no haya sido impugnada en los tribunales); que se anuncie un calendario para la decisión; y que se informe al público y a la Agencia Nacional de Integridad una vez se haya completado este proceso de decisión. La actuación del Parlamento en estos seis casos permitiría avanzar rápidamente en esta recomendación.

Sobre la base de un análisis de las recomendaciones 8 y 9, la Comisión considera que, en general, Rumanía ha logrado importantes avances en relación con el segundo indicador. La aplicación de la recomendación 8 es satisfactoria. Una pronta decisión sobre todos los casos pendientes de diputados del Parlamento objeto de resoluciones en firme en materia de integridad permitiría rápidos progresos en relación con el segundo indicador.

3.3 Tercer indicador: Lucha contra la gran corrupción

Recomendación 10: Adoptar criterios objetivos para decidir y motivar el levantamiento de la inmunidad de los miembros del Parlamento con objeto de contribuir a garantizar que no se utilice para eludir la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El Gobierno también podría estudiar la posibilidad de modificar la ley para limitar la inmunidad de los ministros al periodo en que desempeñen su cargo. Estas medidas podrían contar con la colaboración de la Comisión de Venecia y el GRECO . El Parlamento debe establecer un sistema para informar periódicamente sobre las decisiones adoptadas por sus cámaras en relación con las solicitudes de levantamiento de inmunidad y podría organizar un debate público con el fin de que el Consejo Superior de la Magistratura y la sociedad civil puedan manifestar sus puntos de vista.

La recomendación 10 se refiere a la rendición de cuentas del Parlamento por sus decisiones en relación con solicitudes de la Fiscalía para autorizar medidas preventivas, tales como registros o detenciones, y con las solicitudes para autorizar la investigación de parlamentarios que ocupen o hayan ocupado el cargo de ministro (suspensión de la inmunidad). En informes anteriores del MCV se puso de relieve que tales decisiones han sido percibidas por el público como tentativas de limitar o evitar la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción. Por tanto, el hecho de contar con criterios para decidir sobre las solicitudes de la Fiscalía es una forma de poder demostrar que las decisiones tienen una base objetiva .

Se han rechazado tres solicitudes recientes de suspensión de la inmunidad de miembros del Parlamento. En un paso para mejorar la transparencia, la Cámara de Diputados ha empezado a publicar los argumentos de la Comisión Jurídica para rechazar o acordar estas medidas antes de la votación en pleno. En dos casos, los argumentos para la denegación invocados por la Comisión Jurídica fueron que los hechos no tienen ningún fundamento jurídico, aunque los partidos de la oposición impugnaron este argumento aduciendo que solo los jueces pueden evaluar si una persona ha cometido un delito. La Comisión valora positivamente que se tome en consideración la necesidad de una mayor transparencia sobre el curso dado a las solicitudes de la Fiscalía, pero considera que es necesario continuar los trabajos para cumplir la recomendación 10. Reitera su consejo de solicitar la asistencia de la Comisión de Venecia y del GRECO, que pueden aportar conocimientos técnicos valiosos sobre las prácticas en este ámbito.

En el informe de enero, la Comisión dejó claro que consideraría un retroceso el debilitamiento o la reducción del alcance de la definición del delito de corrupción o una obstrucción importante de la independencia y eficacia de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción.

La Comisión considera que es necesario continuar los trabajos en relación con la recomendación 10. En general, una evaluación positiva del progreso con respecto al tercer indicador se basa en que la independencia de la Dirección Nacional de Lucha Contra la Corrupción le permita desempeñar su actividad con todos los instrumentos a su disposición y mantener los éxitos cosechados. En informes anteriores, el hecho de que esa Dirección Nacional haya seguido obteniendo resultados a pesar de la intensa presión a que se ha visto sometida se señaló como un signo de viabilidad. Por esta razón, la Comisión hizo solo una recomendación con respecto al tercer indicador. Si la presión empezara a perjudicar a la lucha contra la corrupción, la Comisión podría tener que reexaminar esta conclusión.

3.4 Cuarto indicador: Lucha contra la corrupción a todos los niveles