La Comisión es consciente de la necesidad de hallar un equilibrio entre seguir adelante con la política reformada de la UE en materia de inversión y la sensibilidad de los Estados miembros de la UE sobre el posible ejercicio de competencias compartidas en estas cuestiones. Por tanto, la Comisión no ha propuesto aplicar provisionalmente el Acuerdo de Protección de las Inversiones. No obstante, si los Estados miembros desean una propuesta de aplicación provisional del Acuerdo de Protección de las Inversiones, la Comisión está dispuesta a presentarla.

En consonancia con los objetivos fijados por las directrices de negociación, la Comisión ha garantizado que los inversores de la UE y sus inversiones reciban en Vietnam un trato justo y equitativo y no sean discriminados respecto a las inversiones de Vietnam que estén en situación similar. Al mismo tiempo, el API protege a los inversores de la UE y sus inversiones en Vietnam de una expropiación, salvo que sea para fines públicos, con garantías procesales, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva con arreglo al valor justo de mercado de la inversión expropiada.

Puede considerarse que los resultados del análisis cuantitativo presentado subestiman el verdadero impacto económico del Acuerdo, puesto que no tienen en cuenta los beneficios previsibles relacionados con el refuerzo de la protección y la garantía del respeto de los derechos de propiedad intelectual o la liberalización de las IED en los sectores manufactureros y de la contratación pública. Además, no ha sido posible modelizar las sinergias en las cadenas mundiales de suministro que pueden derivarse del ALC UE-Vietnam, en particular en el contexto más amplio de un esfuerzo continuado para reforzar aún más la relación económica de la UE con la región de la ASEAN, pero podrían ser significativas.

Tal y como ha confirmado el Dictamen 2/15 sobre el ALC UE-Singapur, y por analogía con él, el Acuerdo ALC UE-Vietnam presentado al Consejo no abarca ámbitos que no sean competencia exclusiva de la UE.

El 23 de abril de 2007, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de región a región con países de la ASEAN. Entendiéndose que el objetivo era negociar un ALC de región a región, la autorización contemplaba, no obstante, la posibilidad de negociaciones bilaterales en el caso de que no fuera posible llegar a un acuerdo para negociar conjuntamente con un grupo de países de la ASEAN. A la luz de las dificultades encontradas en las negociaciones de región a región, ambas Partes reconocieron que se había llegado a un punto muerto y acordaron interrumpirlas.

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 17.10.2018 COM(2018) 693 final ANEXO

de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del

Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra



ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,

Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM,

POR OTRA LA UNIÓN EUROPEA, en lo sucesivo denominada «la Unión», EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA CHECA, EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA, y

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, por una parte, conjuntamente y en lo sucesivo denominados «la Parte UE», y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, por la otra, en lo sucesivo denominada «Vietnam», denominadas conjuntamente en lo sucesivo «las Partes», RECONOCIENDO su asociación sólida y duradera, basada en los principios y valores comunes reflejados en el Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Vietnam, por otra, que se firmó en Bruselas el día 27 de junio de 2012 (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Asociación y Cooperación») y sus importantes relaciones económicas, comerciales y de inversión, tal como se reflejan en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Libre Comercio»); DESEANDO seguir reforzando su relación económica como parte de sus relaciones generales y de forma coherente con estas, y convencidas de que el presente Acuerdo creará un nuevo clima para un mayor desarrollo de las inversiones entre las Partes;

RECONOCIENDO que el presente Acuerdo complementará y promoverá los esfuerzos de integración económica regional; DECIDIDAS a intensificar sus relaciones económicas, comerciales y de inversión de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible, en su dimensión económica, social y medioambiental, y a promover la inversión en el marco del presente Acuerdo respetando los elevados niveles de protección medioambiental y laboral, así como las normas y los acuerdos pertinentes reconocidos internacionalmente; DESEANDO mejorar las condiciones de vida, promover el crecimiento y la estabilidad de la economía, crear nuevas posibilidades de empleo y aumentar el bienestar general y, a tal fin, reafirmando su compromiso de promover la inversión;

REAFIRMANDO su compromiso con los principios del desarrollo sostenible en el Acuerdo de Libre Comercio; RECONOCIENDO la importancia de la transparencia, tal como se refleja en sus compromisos en el Acuerdo de Libre Comercio; REAFIRMANDO su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y teniendo en cuenta los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

BASÁNDOSE en sus derechos y obligaciones respectivos que emanan del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, celebrado en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de la OMC») y de otros acuerdos y convenios multilaterales, regionales y bilaterales, en los que son Parte, y en particular el Acuerdo de Libre Comercio; DESEANDO estimular la competitividad de sus empresas mediante un marco jurídico previsible para sus relaciones de inversión, HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO 1 OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.1

Objetivo El objetivo del presente Acuerdo es reforzar el clima de inversión entre las Partes, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. ARTÍCULO 1.2 Definiciones A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: a) «persona física de una Parte», en el caso de la Parte UE, cualquier ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias nacionales y, en el caso de Vietnam, cualquier ciudadano de este país de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias nacionales;

b) «persona jurídica», cualquier entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad fiduciaria, sociedad colectiva (partnership), empresa conjunta, empresa individual o asociación; c) «persona jurídica de una Parte», cualquier persona jurídica de la Parte UE o de Vietnam, establecida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias nacionales de un Estado miembro de la Unión, o de Vietnam, respectivamente, y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el territorio de la Unión o de Vietnam, respectivamente; una persona jurídica:

i) es «propiedad» de personas físicas o jurídicas de una de las Partes si más del 50 % de las participaciones es propiedad efectiva de personas de la Parte UE o de Vietnam, respectivamente, o

ii) está «controlada» por personas físicas o jurídicas de una de las Partes si tales personas de la Parte UE o de Vietnam, respectivamente, tienen poder para nombrar a la mayoría de sus directores o de dirigir legalmente sus acciones de otro modo; d) «servicios prestados y actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales», servicios o actividades que no se llevan a cabo ni con una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos; e) «actividades económicas», entre otras, las actividades de naturaleza industrial, comercial y profesional y las actividades artesanales a excepción de las desarrolladas en el ejercicio de facultades gubernamentales; f) «funcionamiento», con respecto a las inversiones, la realización, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, la venta u otras formas de disposición de la inversión; g) «medidas adoptadas o mantenidas por una Parte», las medidas adoptadas por: i) gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales, y ii) organismos no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados en ellos por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales;

h) «inversión», cualquier tipo de activo que sea propiedad o esté controlado, directa o indirectamente, por un inversor de una Parte en el territorio de la otra Parte, que reúna las características de una inversión, incluidas características como el compromiso de capital o de otros recursos, la expectativa de ganancia o beneficio, la asunción de riesgos, o una determinada duración; una inversión puede revestir, entre otras, las formas siguientes: i) propiedades tangibles o intangibles, de bienes muebles o inmuebles, así como cualquier otro derecho de propiedad, como arrendamientos, hipotecas, derechos prendarios o pignoraciones,

ii) empresas, incluidas las filiales, acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en el capital de una empresa, incluidos los derechos derivados de estos, iii) bonos, obligaciones y préstamos u otros instrumentos de deuda, incluidos los derechos derivados de estos, iv) contratos «llave en mano», de construcción, gestión, producción, concesión, reparto de ingresos y otros contratos similares,

v) derechos sobre activos monetarios o sobre otros activos, o sobre cualquier prestación contractual que tenga valor económico, y vi) derechos de propiedad intelectual e industrial y fondo de comercio, las ganancias que se inviertan serán tratadas como inversiones siempre y cuando presenten las características de una inversión y ninguna modificación de la forma en que se inviertan o reinviertan los activos afectará a su clasificación como inversiones, en la medida en que preserven las características de una inversión;

i) «inversor de una Parte», cualquier persona física o jurídica de una Parte que haya realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; j) «ganancias», todos los importes generados por inversiones o reinversiones o bien derivados de estas, incluidos los beneficios, dividendos, plusvalías, cánones, intereses y pagos en relación con derechos de propiedad intelectual, pagos en especie y todos los demás ingresos lícitos; k) «medida», cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de disposición legal o reglamentaria, norma, procedimiento, resolución o disposición administrativa, o que revista cualquier otra forma; l) «persona», cualquier persona física o jurídica;

m) «tercer país», cualquier país o territorio situado fuera del ámbito de aplicación territorial del presente Acuerdo, tal como se define en el artículo 4.22 (Aplicación territorial); n) «Parte UE», la Unión o sus Estados miembros, o bien la Unión y sus Estados miembros, en sus respectivos ámbitos de competencia derivados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o) «Parte», la Parte UE o Vietnam;

p) «interno», en lo que respecta a la legislación, el Derecho o las disposiciones legales y reglamentarias en el caso de la Unión y sus Estados miembros y, en el caso de Vietnam, respectivamente, la legislación, el Derecho o las disposiciones legales y reglamentarias a nivel central, regional o local, y q) «inversión cubierta», cualquier inversión realizada por inversores de una Parte en el territorio de la otra Parte, tanto si existía ya en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo como si se hizo o adquirió posteriormente, siempre que se haya realizado conforme a las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la otra Parte. CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES ARTÍCULO 2.1 Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a: a) las inversiones cubiertas, y b) los inversores de una Parte con respecto a la explotación de su inversión cubierta.

2. Los artículos 2.3 (Trato nacional) y 2.4 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a: a) los servicios audiovisuales; b) la minería, la producción y el tratamiento de materiales nucleares; c) la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra; d) el cabotaje marítimo nacional; e) los servicios nacionales e internacionales de transporte aéreo, programados o no, y los servicios directamente relacionados con el ejercicio de derechos de tráfico, a excepción de: i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante los cuales la aeronave se encuentre fuera de servicio,



ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo, iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados, iv) los servicios de asistencia en tierra, y v) los servicios de explotación aeroportuaria, y f) los servicios prestados y las actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales. 3. Los artículos 2.3 (Trato nacional) y 2.4 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a las subvenciones concedidas por las Partes. 4. El presente capítulo no es aplicable a los respectivos sistemas de seguridad social de las Partes ni a las actividades que, en el territorio de cada Parte, estén relacionadas, aunque sea ocasionalmente, con el ejercicio de poderes públicos.

5. El presente capítulo no es aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de una Parte ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. 6. A excepción de los artículos 2.1 (Ámbito de aplicación), 2.2 (Medidas y objetivos regulatorios y de inversión) y de 2.5 (Trato de las inversiones) a 2.9 (Subrogaciones), nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará como una limitación de las obligaciones de las Partes en virtud del capítulo 9 (Contratación pública) del Acuerdo de Libre Comercio ni se utilizará para imponer ninguna obligación adicional en lo relativo a la contratación pública. Para mayor certeza, no se considerará que las medidas relativas a la contratación pública que se ajusten a lo dispuesto en el capítulo 9 (Contratación pública) del Acuerdo de Libre Comercio violan los artículos 2.1 (Ámbito de aplicación), 2.2 (Medidas y objetivos regulatorios y de inversión) y de 2.5 (Trato de las inversiones) a 2.9 (Subrogaciones).

ARTÍCULO 2.2 Medidas y objetivos regulatorios y de inversión 1. Las Partes reafirman su derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente o la moral pública, la protección social o de los consumidores, y la promoción y la protección de la diversidad cultural.

2. Para mayor certeza, el presente capítulo no deberá interpretarse como un compromiso de una Parte a no cambiar su marco jurídico y reglamentario, en particular de modo que pueda afectar negativamente al funcionamiento de las inversiones o a las expectativas de obtención de beneficios por parte del inversor. 3. Para mayor certeza, y sin perjuicio del apartado 4, la decisión de una Parte de no conceder, renovar o mantener una subvención o ayuda no constituirá un incumplimiento del presente capítulo en las siguientes circunstancias: a) en ausencia de cualquier compromiso específico en relación con un inversor de la otra Parte o con una inversión cubierta en el marco legal o contractual de conceder, renovar, o mantener dicha subvención o ayuda, o b) si se ajusta a los términos y condiciones asociados a la concesión, la renovación o el mantenimiento de la subvención o ayuda. 4. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en el presente capítulo se interpretará como un impedimento a que una Parte suspenda la concesión de una subvención o exija su reembolso, ni a que dicha Parte deba compensar por ello al inversor, siempre y cuando dicha medida haya sido ordenada por una de sus autoridades competentes enumeradas en el anexo 1 («Autoridades competentes»).

ARTÍCULO 2.3

Trato nacional 1. Con respecto al funcionamiento de las inversiones cubiertas, cada Parte concederá a los inversores de la otra Parte y a dichas inversiones un trato que no será menos favorable que el concedido, en situaciones similares, a sus propios inversores y a las inversiones de estos. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y, en el caso de Vietnam, sin perjuicio del anexo 2 (Exención para Vietnam con respecto al trato nacional), una Parte podrá adoptar o mantener cualquier medida con respecto al funcionamiento de las inversiones cubiertas, siempre que tal medida no sea incompatible con los compromisos expuestos en los anexos 8-A (Lista de compromisos específicos de la Unión) y 8-B (Lista de compromisos específicos de Vietnam) del Acuerdo de Libre Comercio, respectivamente, en caso de que tal medida sea: a) una medida que se adopte a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; b) una medida con arreglo a la letra a) que se mantenga, se sustituya o se modifique después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, a condición de que, después de su mantenimiento, sustitución o modificación, no resulte menos compatible con el apartado 1 de lo que era antes de su mantenimiento, sustitución o modificación, o

c) una medida no comprendida en las letras a) o b), a condición de que no se aplique a las inversiones realizadas en el territorio de la Parte antes de la fecha de entrada en vigor de tal medida, ni de manera que cause una pérdida o un perjuicio a dichas inversiones. ARTÍCULO 2.4 Trato de nación más favorecida 1. Con respecto al funcionamiento de las inversiones cubiertas, cada Parte concederá a los inversores de la otra Parte y a dichas inversiones un trato que no será menos favorable que el concedido, en situaciones similares, a los inversores de terceros países y a las inversiones de estos. 2. El apartado 1 no es aplicable a los sectores siguientes:

a) servicios de comunicación, excepto en el caso de los servicios postales y los servicios de telecomunicaciones; b) servicios recreativos, culturales y deportivos;

c) pesca y acuicultura; d) silvicultura y caza, y e) minería, incluidos el petróleo y el gas. 3. El apartado 1 no se interpretará en el sentido de que obligue a una Parte a ampliar a los inversores de la otra Parte o a las inversiones de estos el beneficio de cualquier trato concedido en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales que hayan entrado en vigor antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. 4. El apartado 1 no se interpretará en el sentido de que obligue a una Parte a ampliar a los inversores de la otra Parte o a las inversiones cubiertas el beneficio de: a) todo trato concedido en virtud de cualquier acuerdo bilateral, regional o multilateral que incluya compromisos relativos a suprimir prácticamente todos los obstáculos a las inversiones entre las Partes o exija la aproximación de las legislaciones de las Partes en uno o varios sectores económicos; b) cualquier trato resultante de un acuerdo internacional para evitar la doble imposición u otro acuerdo o arreglo internacional relacionado total o principalmente con la fiscalidad, o

c) cualquier trato resultante de medidas que prevean el reconocimiento de cualificaciones, licencias o medidas cautelares conforme al artículo VII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios o su anexo sobre servicios financieros.

5. Para mayor certeza, el «trato» mencionado en el apartado 1 no incluye los procedimientos ni los mecanismos de solución de diferencias que se hayan establecido en otros acuerdos bilaterales, regionales o internacionales, como los comprendidos en la sección B (Solución de diferencias entre inversores y Partes) del capítulo 3 (Solución de diferencias). Las obligaciones sustantivas que figuran en dichos acuerdos no constituyen en sí mismas un «trato», por lo que no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de valorar una infracción del presente artículo. Las medidas adoptadas por una Parte en virtud de dichas obligaciones sustantivas se considerarán un «trato». 6. El presente artículo deberá interpretarse de conformidad con el principio de eiusdem generis.

ARTÍCULO 2.5 Trato de las inversiones 1. Cada Parte concederá un trato justo y equitativo y plena protección y seguridad a los inversores de la otra Parte y a las inversiones cubiertas de conformidad con los apartados 2 a 7 y al anexo 3 (Acuerdo sobre el trato de las inversiones). 2. Se considerará que una Parte incumple la obligación de dar un trato justo y equitativo a la que se hace referencia en el apartado 1 en caso de que una medida o una serie de medidas constituya: a) una denegación de justicia en procesos penales, civiles o administrativos; b) un incumplimiento esencial de las garantías procesales en los procesos judiciales y administrativos; c) una arbitrariedad manifiesta;

d) una discriminación específica por motivos claramente injustos, como la raza, el sexo o las creencias religiosas; e) un trato abusivo como acoso, coacción, abuso de poder o un comportamiento de mala fe similar, o f) una infracción de cualquier otro elemento de la obligación de trato justo y equitativo adoptado por las Partes de conformidad con el apartado 3.

3. Aunque no figuren explícitamente en el apartado 2, otros tipos de trato podrán constituir una vulneración del trato justo y equitativo si las Partes así lo acuerdan de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 4.3 (Modificaciones). 4. Cuando se apliquen los apartados 1 a 3, el órgano de solución de diferencias contemplado en el capítulo 3 (Solución de diferencias) podrá tener en cuenta si una Parte se había dirigido específicamente a un inversor de la otra Parte para inducirle a realizar una inversión cubierta, creando expectativas legítimas en las que se basó el inversor a la hora de decidir realizar o mantener una inversión cubierta, y posteriormente la Parte en cuestión frustró tales expectativas. 5. Para mayor certeza, la «plena protección y seguridad» mencionada en el apartado 1 se refiere a la obligación de una Parte de actuar como sea razonablemente preciso para proteger la seguridad física de los inversores y las inversiones cubiertas. 6. Cuando una de las Partes haya celebrado un acuerdo escrito con inversores de la otra Parte, o en relación con inversiones cubiertas, que satisfaga todas las condiciones siguientes, dicha Parte no violará tal acuerdo mediante el ejercicio de facultades gubernamentales. Dichas condiciones son las siguientes: a) el contrato escrito se ha celebrado y surte efecto después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

b) el inversor se basa en el acuerdo escrito a la hora de decidir realizar o mantener la inversión cubierta, que no constituye el propio acuerdo escrito, y el incumplimiento causa perjuicios reales a dicha inversión; c) el acuerdo escrito crea un intercambio de derechos y obligaciones en relación con la mencionada inversión que son vinculantes para ambas Partes, y

d) el acuerdo escrito no recoge ninguna cláusula sobre la solución de diferencias entre las partes de este acuerdo mediante el recurso al arbitraje internacional. 7. Cualquier infracción de otra disposición del presente Acuerdo, o de un acuerdo internacional distinto, no supone que se haya producido una infracción del presente artículo. ARTÍCULO 2.6 Reparaciones por pérdidas 1. A los inversores de una Parte cuyas inversiones cubiertas sufran pérdidas por guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o disturbios en el territorio de la otra Parte, esta última Parte les concederá, a título de restitución, indemnización, reparación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer país.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los inversores de una Parte que, en cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado 1, sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte, se beneficiarán de una restitución o reparación de la otra Parte pronta, adecuada y efectiva si esas pérdidas se derivan de: a) la requisa de su inversión cubierta, o de parte de ella, por las fuerzas armadas o las autoridades de la otra Parte, o b) la destrucción de su inversión cubierta, o de parte de ella, por las fuerzas armadas o las autoridades de la otra Parte, sin que así lo exigiera la necesidad de la situación.

ARTÍCULO 2.7 Expropiaciones 1. Ninguna Parte nacionalizará ni expropiará las inversiones cubiertas de inversores de la otra Parte, directa o indirectamente, a través de medidas de efecto equivalente a una nacionalización o expropiación (en lo sucesivo, «expropiación»), salvo que tal expropiación tenga lugar: a) por interés público; b) con arreglo al procedimiento legal pertinente;

c) de forma no discriminatoria, y d) mediante el pago de una reparación rápida, adecuada y efectiva. 2. Las reparaciones mencionadas en el apartado 1 equivaldrán al justo valor de mercado de la inversión cubierta en el momento inmediatamente anterior a que la expropiación o la inminencia de la expropiación sea de conocimiento público, si esta última fecha es anterior a la primera, más los correspondientes intereses a un tipo razonable establecido a partir de una base comercial, desde la fecha de expropiación hasta la fecha de pago. Tales reparaciones se abonarán sin demora, serán efectivamente realizables y libremente transferibles de conformidad con el artículo 2.8 (Transferencias). 3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en el caso de que Vietnam sea la Parte expropiadora, cualquier medida de expropiación directa en relación con terrenos deberá: a) tener una finalidad acorde con las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, y

b) realizarse mediante el pago de una reparación equivalente al valor de mercado, paralelamente al reconocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales aplicables. 4. La expedición de licencias obligatorias en relación con los derechos de propiedad intelectual no constituirá una expropiación a tenor de lo dispuesto en el apartado 1, en la medida en que dicha expedición sea coherente con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC (en lo sucesivo denominado «Acuerdo sobre los ADPIC»).

5. Un inversor afectado por una expropiación tendrá derecho, con arreglo al Derecho de la Parte expropiadora, a que un órgano judicial u otro órgano independiente de esa Parte revise su demanda sin demora y valore su inversión. 6. El presente artículo deberá interpretarse de conformidad con el anexo 4 (Entendimiento sobre expropiaciones). ARTÍCULO 2.8 Transferencias Ambas Partes permitirán que todas las transferencias relacionadas con las inversiones cubiertas se realicen sin restricciones ni retrasos en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio de mercado aplicable en la fecha de la transferencia. Entre dichas transferencias se encuentran: a) las aportaciones al capital, como el capital principal y los fondos adicionales para mantener, desarrollar o incrementar la inversión; b) los beneficios, los dividendos, las plusvalías y otras ganancias, los ingresos procedentes de la venta de toda la inversión o de parte de ella, o bien de la liquidación parcial o total de la inversión; c) los intereses, los cánones, las tasas de gestión y de asistencia técnica y otras tasas;



d) los pagos efectuados en el marco de un contrato celebrado por el inversor, o la inversión cubierta, incluidos los pagos efectuados con arreglo a un acuerdo de préstamo; e) los salarios y las demás remuneraciones del personal contratado en el extranjero cuyo trabajo esté relacionado con la inversión; f) los pagos efectuados en virtud del artículo 2.6 (Reparaciones por pérdidas) y el artículo 2.7 (Expropiaciones), y g) los pagos de daños y perjuicios conforme a un laudo dictado con arreglo a la sección B (Solución de diferencias entre los inversores y las Partes) del capítulo 3 (Solución de diferencias). ARTÍCULO 2.9 Subrogaciones En caso de que una Parte, o un organismo de una Parte, efectúe un pago en el marco de una indemnización, una garantía o un contrato de seguros que haya suscrito en relación con una inversión realizada por alguno de sus inversores en el territorio de la otra Parte, la otra Parte reconocerá la subrogación o la transferencia de cualquier derecho o título o la cesión de cualquier crédito respecto de dicha inversión. La Parte o el organismo tendrán derecho a ejercer el derecho o crédito subrogado o cedido en la misma medida que el derecho o crédito original del inversor. Podrán ejercer tales derechos subrogados la Parte o un organismo de la Parte, o bien el inversor si la Parte o el organismo en cuestión lo autorizan.

CAPÍTULO 3 SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

SECCIÓN A SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES SUBSECCIÓN 1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ARTÍCULO 3.1 Objetivo El objetivo del presente capítulo es establecer un mecanismo eficaz y eficiente para evitar y resolver cualquier diferencia entre las Partes sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo con vistas a llegar a una solución de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 3.2

Ámbito de aplicación El presente capítulo es aplicable a la prevención y solución de cualquier diferencia entre las Partes acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, salvo disposición en contrario en este último. SUBSECCIÓN 2 CONSULTAS Y MEDIACIÓN ARTÍCULO 3.3 Consultas 1. Las Partes procurarán resolver toda diferencia a la que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) entablando consultas de buena fe para llegar a una solución de mutuo acuerdo. 2. Una Parte pedirá consultas mediante una solicitud escrita a la otra Parte, con copia al Comité establecido conforme al artículo 4.1 (Comité), en la que señale la medida objeto de la diferencia y las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.

3. Las consultas se celebrarán en el plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 2 y, salvo pacto en contrario de las Partes, tendrán lugar en el territorio de la Parte destinataria de la solicitud. Las consultas se considerarán concluidas cuarenta y cinco días después de la fecha de recepción de la solicitud, salvo que ambas Partes acepten continuarlas. Las consultas, en particular por lo que respecta a la información revelada y las posiciones adoptadas por las Partes, serán confidenciales y se celebrarán sin perjuicio de los derechos de ambas Partes en cualquier otro proceso.

4. Las consultas sobre asuntos de urgencia, incluidos los relativos a las mercancías perecederas, las mercancías estacionales o los servicios estacionales, se celebrarán en el plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 2. Las consultas se considerarán concluidas en el plazo de veinte días, salvo que ambas Partes acepten continuarlas. 5. La Parte que haya solicitado las consultas podrá recurrir al artículo 3.5 (Inicio del procedimiento de arbitraje) si: a) la otra Parte no responde a la solicitud de consultas en el plazo de quince días a partir de la fecha de su recepción; b) las consultas no se celebran en los plazos establecidos en los apartados 3 o 4; c) las Partes acuerdan no celebrar consultas, o d) las consultas han concluido sin una solución de mutuo acuerdo.

6. Durante las consultas, cada Parte facilitará información fáctica suficiente para estudiar cómo podría afectar la medida en cuestión al funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo. ARTÍCULO 3.4 Mecanismo de mediación

Las Partes podrán acordar en todo momento iniciar un procedimiento de mediación, de conformidad con el anexo 9 (Mecanismo de mediación), en relación con toda medida que afecte negativamente al comercio o la inversión entre las Partes. SUBSECCIÓN 3 PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ARTÍCULO 3.5 Inicio del procedimiento de arbitraje 1. En el caso de que las Partes no consigan resolver la diferencia mediante consultas con arreglo al artículo 3.3 (Consultas), la Parte que haya solicitado las consultas podrá pedir la constitución de un grupo especial de arbitraje.

2. La solicitud de constitución de un grupo especial de arbitraje se presentará por escrito a la otra Parte con copia al Comité. La Parte demandante señalará la medida objeto de la diferencia en su solicitud y explicará por qué es incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo, de tal manera que presente claramente la base jurídica de la demanda. ARTÍCULO 3.6 Mandato del grupo especial de arbitraje

Salvo pacto en contrario de las Partes en los diez días siguientes a la fecha de selección de los árbitros, el mandato del grupo especial de arbitraje consistirá en: «examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo mencionadas por las Partes, el asunto referido en la solicitud de constitución de un grupo especial de arbitraje con arreglo al artículo 3.5 (Inicio del procedimiento de arbitraje), pronunciarse sobre la conformidad de la medida en cuestión con las disposiciones contempladas en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), así como recoger en su informe las constataciones de los hechos, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y el fundamento de cualquier constatación o recomendación, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3.10 (Informe provisional) y 3.11 (Informe final)».

ARTÍCULO 3.7 Constitución del grupo especial de arbitraje 1. Un grupo especial de arbitraje estará compuesto por tres árbitros. 2. En los diez días siguientes a la fecha de recepción por la Parte demandada de la solicitud de constitución del grupo especial de arbitraje, las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición de dicho grupo. 3. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la composición del grupo especial de arbitraje en el plazo establecido en el apartado 2, cada Parte podrá nombrar a un árbitro a partir de su sublista con arreglo al artículo 3.23 (Lista de árbitros) en el plazo de diez días a partir de la expiración del plazo establecido en el apartado 2. Si una Parte no nombra a un árbitro a partir de su sublista, el presidente del Comité, o su delegado, elegirá al árbitro por sorteo a partir de la sublista de dicha Parte creada con arreglo al artículo 3.23 (Lista de árbitros), a petición de la otra Parte. 4. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre el presidente del grupo especial de arbitraje en el plazo previsto en el apartado 2, el presidente del Comité, o su delegado, lo elegirá por sorteo, a petición de una de las Partes, a partir de la sublista de presidentes establecida con arreglo al artículo 3.23 (Lista de árbitros). 5. El presidente del Comité o su delegado elegirán a los árbitros en un plazo de cinco días a partir de la solicitud contemplada en los apartados 3 o 4.



6. La fecha de constitución del grupo especial de arbitraje será aquella en la que los tres árbitros seleccionados hayan notificado a las Partes la aceptación de su nombramiento de conformidad con el anexo 7 (Reglamento interno). 7. Si no se ha creado alguna de las listas contempladas en el artículo 3.23 (Lista de árbitros) o si dicha lista no contiene suficientes nombres en el momento de la presentación de la solicitud con arreglo a los apartados 3 o 4, los árbitros serán elegidos por sorteo de entre las personas propuestas formalmente por ambas Partes, o por una Parte en el caso de que solo una las haya propuesto. ARTÍCULO 3.8 Proceso de solución de diferencias del grupo especial de arbitraje 1. Las normas y los procedimientos establecidos en el presente artículo y en los anexos 7 (Reglamento interno) y 8 (Código de conducta de los árbitros y los mediadores) regirán el proceso de solución de diferencias de los grupos especiales de arbitraje. 2. Salvo pacto en contrario de las Partes, estas se reunirán con el grupo especial de arbitraje en un plazo de diez días a partir de la fecha de su constitución para tratar todas las cuestiones que las Partes o el grupo especial consideren apropiadas, tales como el calendario de los procesos y la remuneración y los gastos de los árbitros de conformidad con el anexo 7 (Reglamento interno). Los árbitros y los representantes de las Partes podrán participar en esa reunión por teléfono o videoconferencia.

3. El lugar de la audiencia se decidirá por mutuo acuerdo de las Partes. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre el lugar de la audiencia, se celebrará en Bruselas si la Parte demandante es Vietnam, y en Hanoi, si la Parte demandante es la Parte UE. 4. Las audiencias estarán abiertas al público, salvo disposición en contrario en el anexo 7 (Reglamento interno). 5. De conformidad con el anexo 7 (Reglamento interno), las Partes tendrán la posibilidad de asistir a cualquiera de las presentaciones, declaraciones, alegaciones o réplicas en los procesos. Toda información o comunicación escrita presentada al grupo especial de arbitraje por una Parte, incluidos los comentarios sobre la parte expositiva del informe provisional, las respuestas del grupo especial de arbitraje a las preguntas y las observaciones de una Parte sobre dichas respuestas se pondrán a disposición de la otra Parte. 6. Salvo pacto en contrario de las Partes en el plazo de tres días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje, este podrá recibir, de conformidad con el anexo 7 (Reglamento interno), comunicaciones escritas no solicitadas (comunicaciones amicus curiae) de cualquier persona física o jurídica establecida en el territorio de una de las Partes.

7. En el momento de sus deliberaciones internas, el grupo especial de arbitraje se reunirá a puerta cerrada con la única participación de los árbitros. Este grupo especial podrá permitir que estén también presentes sus asistentes durante sus deliberaciones. Las deliberaciones del grupo especial de arbitraje y los documentos que le sean presentados serán confidenciales.

ARTÍCULO 3.9 Laudo preliminar sobre la urgencia Si una Parte lo solicita, el grupo especial de arbitraje emitirá un laudo preliminar, en un plazo de diez días a partir de su fecha de constitución, en el que precise si considera que el asunto es urgente. ARTÍCULO 3.10 Informe provisional 1. En el plazo de noventa días a partir de la fecha de su constitución, el grupo especial de arbitraje remitirá un informe provisional a las Partes en el que establezca las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y el fundamento básico de las constataciones y recomendaciones, en su caso. Si el presidente del grupo especial de arbitraje considera que ese plazo no puede cumplirse, lo notificará por escrito a las Partes y al Comité indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo especial de arbitraje tiene previsto emitir su informe provisional. La emisión del informe provisional del grupo especial de arbitraje no se demorará, en ninguna circunstancia, más de ciento veinte días a partir de la fecha de constitución del grupo especial. 2. Una Parte podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje, incluyendo comentarios, que revise aspectos concretos del informe provisional en un plazo de catorce días a partir de su notificación.

3. En casos urgentes, tales como los relativos a productos perecederos o bienes o servicios estacionales, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su informe provisional en un plazo de cuarenta y cinco días y, en todo caso, deberá emitirlo en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha de su constitución. Una Parte podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje, incluyendo comentarios, la revisión de aspectos concretos del informe provisional, en un plazo de siete días a partir de su notificación.

4. Tras considerar las eventuales observaciones escritas de las Partes sobre el informe provisional, incluidos los comentarios, el grupo especial de arbitraje podrá modificarlo y examinar cualquier otra cuestión que considere oportuna. ARTÍCULO 3.11 Informe final 1. El grupo especial de arbitraje remitirá su informe final a las Partes y al Comité en el plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de su constitución. Si el presidente del grupo especial de arbitraje considera que ese plazo no puede cumplirse, lo notificará por escrito a las Partes y al Comité indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo especial de arbitraje tiene previsto emitir su informe final. La emisión del informe final del grupo especial de arbitraje no se demorará, en ninguna circunstancia, más de ciento cincuenta días a partir de la fecha de constitución del grupo especial.

2. En casos urgentes, como los relativos a productos perecederos o bienes o servicios estacionales, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su informe final en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de su constitución. La emisión del informe final del grupo especial de arbitraje no se demorará, en ninguna circunstancia, más de setenta y cinco días a partir de la fecha de constitución del grupo especial. 3. El informe final incluirá un debate suficiente de las alegaciones presentadas en la fase de revisión provisional y tratará claramente las observaciones de las Partes. ARTÍCULO 3.12 Cumplimiento del informe final La Parte demandada adoptará las medidas necesarias para cumplir sin demora y de buena fe el informe final.

ARTÍCULO 3.13 Plazo razonable para el cumplimiento 1. Si no es posible un cumplimiento inmediato del informe final, las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el plazo para su cumplimiento. En tal caso, la Parte demandada indicará a la Parte demandante y al Comité, en el plazo de treinta días a partir de la recepción del informe final, cuánto tiempo necesitará para el cumplimiento (en lo sucesivo, «el plazo razonable»).

2. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable para el cumplimiento del informe final, la Parte demandante, en un plazo de veinte días a partir de la recepción de la notificación realizada de conformidad con el apartado 1 por la Parte demandada, solicitará por escrito al grupo especial de arbitraje constituido de conformidad con el artículo 3.7 (Constitución del grupo especial de arbitraje) (en lo sucesivo, «el grupo especial de arbitraje original») que determine la duración del plazo razonable. Dicha solicitud se notificará a la Parte demandada con copia al Comité. 3. El grupo especial de arbitraje notificará su laudo sobre el plazo razonable a las Partes y al Comité en el plazo de veinte días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 2. 4. La Parte demandada informará por escrito a la Parte demandante de sus avances en el cumplimiento del informe final, como mínimo, treinta días antes de que expire el plazo razonable. 5. Las Partes, de común acuerdo, podrán ampliar el plazo razonable. ARTÍCULO 3.14 Revisión de las medidas adoptadas para el cumplimiento del informe final

1. Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité las medidas que haya adoptado para cumplir con lo dispuesto en el informe final.

2. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o la compatibilidad de toda medida adoptada para dar cumplimiento a las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) y notificada con arreglo al apartado 1, la Parte demandante podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje original que se pronuncie sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará a la Parte demandada y al Comité. La Parte demandante describirá en su solicitud la medida específica cuestionada y explicará por qué es incompatible con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) de forma suficientemente detallada para constituir claramente la base jurídica de la demanda. 3. El grupo especial de arbitraje notificará su laudo a las Partes y al Comité en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 2. ARTÍCULO 3.15 Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento 1. Si la Parte demandada no notifica a la Parte demandante y al Comité ninguna medida adoptada para cumplir con lo dispuesto en el informe final antes de que expire el plazo razonable, o si el grupo especial de arbitraje establece que no se ha adoptado ninguna medida para cumplirlo o que la medida notificada con arreglo al apartado 1 del artículo 3.14 (Revisión de las medidas adoptadas para el cumplimiento del informe final) no es compatible con las obligaciones de dicha Parte con arreglo a las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), la Parte demandada presentará una oferta de reparación, si así lo solicita la Parte demandante y tras mantener consultas con ella.

2. Si la Parte demandante decide no pedir una oferta de reparación o si, tras pedirla, no se alcanza ningún acuerdo de reparación en un plazo de treinta días a partir de la expiración del plazo razonable o de la emisión de un laudo del grupo especial de arbitraje con arreglo al artículo 3.14 (Revisión de las medidas adoptadas para el cumplimiento del informe final) que señale que no se ha adoptado ninguna medida de cumplimiento o que la medida adoptada no es compatible con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), la Parte demandante tendrá derecho, tras notificarlo a la Parte demandada y al Comité, a adoptar las medidas oportunas, en el marco de los compromisos de los acuerdos preferenciales en materia de comercio e inversión aplicables entre las Partes, que tengan un efecto equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la infracción. La notificación especificará tales medidas. La Parte demandante podrá aplicar las medidas en cualquier momento, una vez transcurridos diez días desde que la Parte demandada haya recibido la notificación, salvo que esta última haya solicitado un arbitraje de conformidad con el apartado 3 del presente artículo. 3. Si la Parte demandada considera que el efecto de las medidas adoptadas por la Parte demandante no es equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la infracción, podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje original que se pronuncie sobre la cuestión. En tal caso, la solicitud se notificará a la Parte demandante, con copia al Comité, antes de que expire el período de diez días al que se hace referencia en el apartado 2. El grupo especial de arbitraje original notificará a las Partes y al Comité su laudo sobre las medidas adoptadas por la Parte demandante en el plazo de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Las obligaciones no se suspenderán hasta que el grupo especial de arbitraje original haya emitido su laudo, y toda suspensión será coherente con dicho laudo.

4. Las medidas previstas en el presente artículo serán temporales y no se aplicarán una vez que:

a) las Partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 3.19 (Solución de mutuo acuerdo); b) las Partes hayan acordado que la medida notificada con arreglo al apartado 1 del artículo 3.14 (Revisión de las medidas adoptadas para el cumplimiento del informe final) restablece la conformidad de la Parte demandada con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), o c) se haya retirado toda medida considerada incompatible con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) o bien se haya modificado para que sea conforme con dichas disposiciones, según el laudo emitido con arreglo al apartado 3 del artículo 3.14 (Revisión de las medidas adoptadas para el cumplimiento del informe final).

ARTÍCULO 3.16 Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas

tras la adopción de medidas correctoras temporales por incumplimiento 1. La Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité toda medida que haya adoptado para cumplir con lo dispuesto en el informe del grupo especial de arbitraje tras las medidas que haya aplicado la Parte demandante o tras hacer efectiva una reparación, según el caso. Excepto en los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, la Parte demandante pondrá fin a las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3.15 (Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento) en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la notificación. Si se ha procedido a una reparación, exceptuando los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, la Parte demandada podrá poner fin a la aplicación de tal resarcimiento en el plazo de treinta días a partir de la notificación de que ha cumplido lo dispuesto en el informe del grupo especial de arbitraje. 2. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre si la medida notificada restablece la conformidad de la Parte demandada con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), la Parte demandante dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la fecha de la notificación para solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje original que se pronuncie sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará a la Parte demandada con copia al Comité.

3. El laudo del grupo especial de arbitraje se notificará a las Partes y al Comité en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el grupo especial de arbitraje determina que la medida notificada es conforme con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación), se pondrá fin a las medidas contempladas en el artículo 3.15 (Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento) o se suspenderá la reparación, según el caso. Cuando proceda, el nivel de la suspensión de las obligaciones o de la reparación se adaptará en función de la decisión del grupo especial de arbitraje. ARTÍCULO 3.17

Sustitución de los árbitros Si en los procesos de arbitraje el grupo especial de arbitraje original o algunos de sus miembros no pueden participar, se retiran o deben ser sustituidos porque no cumplen los requisitos del código de conducta que figura en el anexo 8 (Código de conducta de los árbitros y los mediadores), será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 3.7 (Constitución del grupo especial de arbitraje). El plazo para la notificación de los informes y los laudos, según el caso, se prorrogará por un período de veinte días.

ARTÍCULO 3.18 Suspensión y terminación de los procesos de arbitraje 1. A petición de ambas Partes, el grupo especial de arbitraje suspenderá su trabajo en todo momento durante un período determinado de común acuerdo por las Partes no superior a doce meses consecutivos. El grupo reanudará su trabajo antes de que finalice dicho período de suspensión a petición escrita de ambas Partes. Las Partes informarán al Comité en consecuencia. El grupo especial de arbitraje también podrá reanudar su trabajo al final de dicho período de suspensión a petición escrita de cualquiera de las Partes. En tal caso, la Parte demandante informará al Comité y a la otra Parte en consecuencia. Si una parte no solicita la reanudación del trabajo del grupo especial de arbitraje al final del período de suspensión, expirará la autoridad del grupo especial de arbitraje y se pondrá fin al proceso. En caso de suspensión del trabajo del grupo especial de arbitraje, los plazos establecidos en las disposiciones pertinentes del presente capítulo se prorrogarán por el período en el que estuvo suspendido dicho trabajo. La suspensión y la terminación del trabajo del grupo especial de arbitraje se entenderán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en otro proceso con arreglo al artículo 3.24 (Elección del foro). 2. Las Partes podrán decidir de mutuo acuerdo poner fin al proceso del grupo especial de arbitraje mediante la notificación conjunta de esta decisión al presidente del grupo especial de arbitraje y al Comité en todo momento antes de la emisión del informe final de dicho grupo.

ARTÍCULO 3.19 Solución de mutuo acuerdo Las Partes podrán llegar en todo momento a una solución de mutuo acuerdo de una diferencia con arreglo al presente capítulo. En tal caso, notificarán conjuntamente dicha solución al Comité y al presidente del grupo especial de arbitraje. Si la solución exige una aprobación conforme a los procedimientos internos correspondientes de cualquiera de las Partes, la notificación hará referencia a esa exigencia, y se suspenderá el procedimiento de solución de diferencias. Si no se exige esa aprobación, o una vez notificada la conclusión de tales procedimientos internos, se dará por concluido el procedimiento de solución de diferencias.

ARTÍCULO 3.20 Información y asesoramiento técnico A petición de una Parte o por iniciativa propia, el grupo especial de arbitraje podrá pedir toda la información que considere adecuada para su proceso de arbitraje, procedente de cualquier fuente, incluidas las Partes implicadas en la diferencia. El grupo especial de arbitraje también tendrá derecho a solicitar el dictamen pertinente de expertos si lo considera conveniente. El grupo especial de arbitraje consultará a las Partes antes de elegir a los expertos. Toda información obtenida con arreglo al presente artículo deberá comunicarse y presentarse a las Partes para que puedan presentar sus observaciones en los plazos establecidos por el grupo especial de arbitraje.

ARTÍCULO 3.21 Normas de interpretación El grupo especial de arbitraje interpretará las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) de conformidad con las normas habituales de interpretación del Derecho internacional público, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969 (en lo sucesivo denominada «la Convención de Viena»). El grupo especial de arbitraje tendrá también en cuenta las interpretaciones pertinentes establecidas en los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación adoptadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (en lo sucesivo, «OSD») con arreglo a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC. Los informes y los laudos del grupo especial de arbitraje no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones de las Partes establecidos en el presente Acuerdo. ARTÍCULO 3.22 Resoluciones y laudos del grupo especial de arbitraje 1. El grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por adoptar todas las resoluciones por consenso. En el caso de que no se pueda alcanzar el consenso para adoptar una resolución, tal resolución sobre el asunto en cuestión se adoptará por mayoría de votos. En ningún caso se revelarán las opiniones discordantes de los árbitros.



2. Las Partes aceptarán sin condiciones los informes y los laudos del grupo especial de arbitraje. Estos no crearán derechos ni obligaciones respecto a personas físicas o jurídicas. Los informes y laudos expondrán las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes a las que se hace referencia en el artículo 3.2 (Ámbito de aplicación) y el fundamento básico de las constataciones y conclusiones. El Comité hará públicos los informes y laudos del grupo especial de arbitraje en su totalidad en los diez días siguientes a su emisión, salvo que decida no hacerlo para proteger información confidencial. SUBSECCIÓN 4 DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 3.23 Lista de árbitros 1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité establecerá una lista de al menos quince personas dispuestas y capacitadas para ejercer de árbitro. La lista constará de tres sublistas: a) una sublista correspondiente a Vietnam; b) una sublista correspondiente a la Unión y sus Estados miembros, y

c) una sublista de personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes, que no tengan residencia permanente en ninguna de las Partes y que ejercerán de presidente del grupo especial de arbitraje.

2. Cada sublista estará compuesta de al menos cinco personas. El Comité velará por que en la lista figure siempre ese número mínimo de personas. 3. Los árbitros deberán atesorar probados conocimientos y experiencia en Derecho y comercio internacional. Serán independientes, actuarán a título personal, no aceptarán instrucciones de organización o gobierno alguno ni estarán adscritos al gobierno de ninguna de las Partes y respetarán el código de conducta que se recoge en el anexo 8 (Código de conducta de los árbitros y mediadores). 4. El Comité de Cooperación podrá establecer una lista adicional de diez personas con probados conocimientos y experiencia en sectores específicos cubiertos por el presente Acuerdo. A reserva del consentimiento de las Partes, esta lista adicional se utilizará para formar el grupo especial de arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3.7 (Constitución del grupo especial de arbitraje). ARTÍCULO 3.24 Elección de foro 1. El procedimiento de solución de diferencias conforme al presente capítulo se aplicará sin perjuicio de cualquier acción en el marco de la OMC, incluidas las acciones de solución de diferencias, o con arreglo a cualquier otro acuerdo internacional que hayan suscrito ambas Partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una Parte no buscará compensación en los foros correspondientes respecto a una medida determinada por el incumplimiento de una obligación sustancialmente equivalente con arreglo al presente Acuerdo y, a la vez, al Acuerdo de la OMC o a cualquier otro acuerdo internacional, que ambas Partes hayan suscrito. Una vez iniciado un proceso de solución de diferencias, la Parte en cuestión no presentará una demanda de compensación en otro foro por el incumplimiento de una obligación sustancialmente equivalente en virtud de otro acuerdo, salvo que el foro seleccionado en primer lugar, por razones procesales o jurisdiccionales, no se pronuncie sobre la demanda de compensación. 3. A efectos del presente artículo: a) se considerará que se ha iniciado un proceso de solución de diferencias con arreglo al Acuerdo de la OMC cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y los procedimientos por los que se rige la solución de diferencias;

b) se considerará que se ha iniciado un proceso de solución de diferencias con arreglo al presente capítulo cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial de arbitraje de conformidad con el apartado 1 del artículo 3.5 (Inicio del proceso de arbitraje); c) se considerará que se ha iniciado un proceso de solución de diferencias con arreglo a cualquier otro acuerdo internacional de conformidad con las disposiciones de ese acuerdo. 4. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte aplicar la suspensión de obligaciones autorizada por el OSD. No podrán invocarse ni el Acuerdo de la OMC ni el Acuerdo de Libre Comercio para impedir que una Parte adopte las medidas oportunas con arreglo al artículo 3.15 (Soluciones temporales en caso de incumplimiento).

ARTÍCULO 3.25 Plazos 1. Salvo disposición en contrario, todos los plazos fijados en la presente sección, incluidos los plazos para que los grupos especiales de arbitraje notifiquen sus informes y sus laudos, se contarán en días naturales a partir del día siguiente al acto o hecho al que hacen referencia. 2. Las Partes en conflicto podrán modificar de mutuo acuerdo los plazos a los que se hace referencia en la presente sección. El grupo especial de arbitraje podrá proponer en cualquier momento a las Partes la modificación de cualquier plazo contemplado en la presente sección, exponiendo los motivos de la propuesta. ARTÍCULO 3.26 Revisión y modificación

El Comité podrá revisar y modificar los anexos 7 (Reglamento interno), 8 (Código de conducta de los árbitros y los mediadores) y 9 (Mecanismo de mediación).

SECCIÓN B Solución de diferencias entre los inversores y las Partes SUBSECCIÓN 1 Ámbito de aplicación y definiciones ARTÍCULO 3.27 Ámbito de aplicación 1. La presente sección se aplica a una diferencia entre, por un lado, un demandante de una Parte y, por el otro, la otra Parte, en relación con cualquier medida que presuntamente constituya una violación de las disposiciones del capítulo 2 (Protección de las inversiones) y que presuntamente cause una pérdida o un perjuicio al demandante, o a una empresa establecida localmente que pertenezca al demandante o esté controlada por este, cuando la demanda se interponga en nombre de tal empresa. 2. Para mayor certeza, ningún inversor podrá presentar una demanda con arreglo a la presente sección si la inversión se ha realizado mediante una falsedad y omisión dolosa, ocultación, corrupción, o un comportamiento que equivalga a un abuso procesal.



3. El Tribunal y el Tribunal de Apelación establecidos de conformidad con los artículos 3.38 (Tribunal) y 3.39 (Tribunal de Apelación), respectivamente, no podrán pronunciarse sobre las demandas que queden fuera del ámbito de aplicación del presente artículo. 4. Las demandas relativas a la reestructuración de deudas de una Parte se tratarán de conformidad con la presente sección y con el anexo 5 (Deuda pública). ARTÍCULO 3.28 Definiciones A los efectos de la presente sección y salvo especificación en contrario, se entenderá por: a) «proceso», cualquier proceso o diligencia ante el Tribunal o el Tribunal de Apelación con arreglo a la presente sección; b) «partes en la diferencia», el demandante y el demandado; c) «demandante de una Parte»: i) un inversor de una de las Partes, tal como se contempla en la letra b) del apartado 1 del artículo 2.1 (Ámbito de aplicación), que actúe en su propio nombre, o



ii) un inversor de una de las Partes, tal como se contempla en la letra b) del apartado 1 del artículo 2.1 (Ámbito de aplicación), que actúe en nombre de una empresa establecida localmente que sea propiedad de dicho inversor o esté bajo su control; para mayor certeza, una solicitud presentada con arreglo al presente párrafo se considerará relativa a una diferencia entre un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante a los efectos del apartado 1 del artículo 25 del Convenio del CIADI; d) «Convenio del CIADI», el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965; e) «Parte al margen de la diferencia», Vietnam cuando el demandado sea la Unión o bien cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o la propia Unión, cuando Vietnam sea el demandado; f) «demandado» o «parte demandada», bien Vietnam o bien, en el caso de la Parte UE, la propia Unión o el Estado miembro de que se trate con arreglo al artículo 3.32 (Anuncio de intención de interponer una demanda); g) «empresa establecida localmente», una persona jurídica establecida en el territorio de una de las Partes y que sea propiedad y esté bajo el control de un inversor de la otra Parte; h) «Convención de Nueva York de 1958», la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958;

i) «financiación de terceros», toda financiación aportada por una persona física o jurídica que no sea parte en la diferencia, pero que haya llegado a un acuerdo con una de las partes en la diferencia para financiar parcial o totalmente los costes procesales a cambio del pago de unos honorarios dependientes del resultado de dicha diferencia, o bien toda financiación aportada por una persona física o jurídica que no sea parte en la diferencia y que revista la forma de donación o ayuda; j) «CNUDMI», la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y k) «Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI», el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado. SUBSECCIÓN 2

SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DIFERENCIAS Y CONSULTAS ARTÍCULO 3.29 Solución amistosa En la medida de lo posible, toda diferencia debe solucionarse de forma amistosa a través de negociaciones o de mediación y, cuando sea posible, antes de la presentación de una solicitud de consultas de conformidad con el artículo 3.30 (Consultas). Tal solución amistosa puede acordarse en todo momento, aunque se haya iniciado ya un proceso en el marco de la presente sección.

ARTÍCULO 3.30 Consultas 1. En caso de que no pueda solucionarse una diferencia conforme a lo dispuesto en el artículo 3.29 (Solución amistosa), cualquier demandante de una de las Partes que alegue un incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación) podrá presentar una solicitud de consultas a la otra Parte. Dicha solicitud recogerá la siguiente información: a) el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la empresa establecida localmente; b) las disposiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación) cuyo incumplimiento alega el demandante;

c) la base jurídica y fáctica de la demanda, en particular las medidas que presuntamente hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación); d) el resarcimiento que se pretende y el importe estimado de los daños y perjuicios reclamados, y e) las pruebas que acrediten que el demandante es un inversor de la otra Parte que posee o controla la inversión cubierta, incluida la empresa establecida localmente, en su caso, respecto de la cual se haya presentado una solicitud de consultas.

Cuando más de un solicitante pida la celebración de consultas, o bien la solicitud se presente en nombre de más de una empresa establecida localmente, se facilitará la información especificada en las letras a) y e) del apartado 1 en relación con cada solicitante o empresa establecida localmente, según proceda. 2. La solicitud de consultas deberá presentarse en un plazo de: a) tres años a partir de la fecha en la que el demandante o, si procede, la empresa establecida localmente, tuviera constancia o debiera haber tenido constancia por primera vez de la medida que presuntamente haya incumplido lo dispuesto en el capítulo 2 (Protección de las inversiones) y tuviese conocimiento de que tal incumplimiento implicaba daños y perjuicios: i) al demandante, en el caso de las demandas interpuestas por un inversor que actúe en su propio nombre, o ii) a la empresa establecida localmente, en el caso de las demandas interpuestas por un inversor que actúe en nombre de una empresa establecida localmente, o bien b) dos años a partir de la fecha en la que el demandante o, en su caso, la empresa establecida localmente, haya abandonado una demanda o un proceso ante un tribunal u órgano jurisdiccional con arreglo al Derecho nacional y, en cualquier caso, de siete años como máximo, a partir de la fecha en la que el demandante o, si procede, la empresa establecida localmente, tuviera constancia o debiera haber tenido constancia por primera vez de la medida que presuntamente haya incumplido lo dispuesto en el capítulo 2 (Protección de las inversiones) y tuviese conocimiento de que tal incumplimiento implicaba daños y perjuicios: i) para el demandante, en el caso de las demandas interpuestas por un inversor que actúe en su propio nombre, o



ii) para la empresa establecida localmente, en el caso de las demandas interpuestas por un inversor que actúe en nombre de una empresa establecida localmente. 3. Salvo pacto en contrario de las partes en la diferencia, el lugar de la consulta será: a) Hanoi en caso de que las consultas se refieran a medidas de Vietnam; b) Bruselas en caso de que las consultas se refieran a medidas de la Unión, o c) la capital del Estado miembro de la Unión afectado, en caso de que la solicitud de consultas se refiera exclusivamente a medidas de ese Estado miembro. Las consultas también podrán celebrarse por videoconferencia u otros medios, en particular si afectan a una pequeña o mediana empresa. 4. A menos que las partes en la diferencia acuerden un plazo más largo, se celebrarán consultas en un plazo de sesenta días a partir de la presentación de la solicitud de consultas. 5. En el caso de que el demandante no haya interpuesto una demanda conforme al artículo 3.33 (Presentación de demandas) en un plazo de dieciocho meses desde la solicitud de consultas, se considerará que ha desistido del proceso con arreglo a la presente sección y ya no podrá interponer una demanda con arreglo a la presente sección. Este período podrá ampliarse de mutuo acuerdo entre las partes que participen en las consultas.

6. Los plazos mencionados en los apartados 2 y 5 no darán lugar a la inadmisibilidad de una demanda siempre que el demandante pueda demostrar que la omisión a la hora de solicitar consultas o de presentar una demanda se deba a su propia incapacidad de actuar como consecuencia de acciones emprendidas deliberadamente por la Parte de que se trate, y a condición de que actúe de la forma más rápida que sea razonablemente posible una vez que esté capacitado para actuar. 7. En caso de que la solicitud de consultas se refiera a que la Unión o cualquiera de sus Estados miembros haya incumplido presuntamente el presente Acuerdo, se enviará a la Unión. Si se determina que las medidas en cuestión han sido adoptadas por algún Estado miembro concreto de la Unión, también deberá enviarse la solicitud a dicho Estado miembro.

ARTÍCULO 3.31 Mediación 1. Las partes en la diferencia podrán acordar en cualquier momento recurrir a la mediación. 2. El recurso a la mediación es voluntario y sin perjuicio de la posición jurídica de cualquiera de las partes en la diferencia. 3. El recurso a la mediación podrá regirse por las normas expuestas en el anexo 10 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes). Cualquier plazo mencionado en el anexo 10 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes) podrá modificarse de mutuo acuerdo entre las partes en la diferencia.

4. Se nombrará a un mediador acordado entre las partes en la diferencia. Este nombramiento podrá incluir la designación de un mediador de entre los miembros del Tribunal que hayan sido nombrados con arreglo al artículo 3.38 (Tribunal) o los miembros del Tribunal de Apelación designados de conformidad con el artículo 3.39 (Tribunal de Apelación). Las partes en la diferencia también podrán solicitar al presidente del Tribunal que designe a un mediador de entre los miembros del Tribunal que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión ni de Vietnam. 5. Una vez que las partes en la diferencia decidan recurrir a la mediación, se suspenderán los plazos establecidos en los apartados 2 y 5 del artículo 3.30 (Consultas), el apartado 6 del artículo 3.53 (Laudos cautelares) y el apartado 5 del artículo 3.54 (Procedimiento de recurso) entre la fecha en la que se haya acordado recurrir a la mediación y la fecha en la que cualquiera de las partes en la diferencia decida finalizar la mediación mediante carta enviada al mediador y a la otra parte en la diferencia. En caso de que, a petición de ambas partes en la diferencia, se haya creado una división del Tribunal de conformidad con el artículo 3.38 (Tribunal), la división deberá suspender el proceso hasta la fecha en la que cualquiera de las partes en la diferencia decida poner fin a la mediación mediante carta enviada al mediador y a la otra parte en la diferencia.

SUBSECCIÓN 3 PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA Y CONDICIONES PREVIAS

ARTÍCULO 3.32 Anuncio de intención de interponer una demanda 1. Si la diferencia no puede solucionarse en un plazo de noventa días a partir de la presentación de la solicitud de consultas, el demandante podrá entregar un anuncio de intención en el que especifique por escrito que pretende interponer una demanda de solución de diferencias con arreglo a la presente sección y en el que figure la información siguiente: a) el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la empresa establecida localmente; b) las disposiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación) cuyo incumplimiento alega el demandante; c) la base jurídica y fáctica de la demanda, en particular las medidas que presuntamente hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación), y

d) el resarcimiento que se pretende obtener y el importe estimado de los daños y perjuicios reclamados. El anuncio de intención se enviará a la Unión o a Vietnam, según proceda. Si se hace referencia a alguna medida de un Estado miembro concreto de la Unión, también deberá enviarse el anuncio a dicho Estado miembro. 2. Cuando se envíe un anuncio de intención a la Unión, esta verificará quién es el demandado y, tras determinar este punto, informará de ello al demandante en un plazo de sesenta días a partir de la recepción del anuncio de intención, comunicándole si la parte demandada es la Unión o uno de sus Estados miembros.

3. En caso de que el demandante no haya sido informado de esta determinación de la parte demandada en un plazo de sesenta días a partir de la recepción del anuncio de intención: a) la parte demandada será un determinado Estado miembro de la Unión si las medidas indicadas en el anuncio son exclusivamente medidas adoptadas por tal Estado miembro, o b) la parte demandada será la Unión si las medidas indicadas en el anuncio incluyen medidas de la Unión. 4. El demandante podrá presentar una demanda de conformidad con el artículo 3.33 (Presentación de una demanda) a partir de la determinación a la que se refiere el apartado 2, o, si tal determinación no le ha sido comunicada dentro de los plazos establecidos en el apartado 2, de conformidad con el apartado 3.

5. En caso de que la Unión o un Estado miembro se constituya en parte demandada, previa determinación conforme al apartado 2, ni la Unión ni el Estado miembro afectado alegarán la inadmisibilidad de una demanda, la falta de jurisdicción del Tribunal ni la carencia de fundamento o de validez de una demanda o un laudo por el motivo de que la parte demandada correcta deba ser la Unión, en lugar del Estado miembro, o viceversa. 6. El Tribunal y el Tribunal de Apelación estarán sujetos a la determinación que se haya efectuado de conformidad con el apartado 2. 7. Nada del presente Acuerdo ni de las normas aplicables a la solución de diferencias impedirá el intercambio de toda información relativa a una diferencia entre la Unión y el Estado miembro afectado. ARTÍCULO 3.33 Presentación de demandas 1. Si la diferencia no puede solucionarse en un plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud de consultas y ha transcurrido un mínimo de tres meses desde la entrega del anuncio de intención de presentar una demanda de conformidad con el artículo 3.32 (Anuncio de intención de interponer una demanda), el demandante podrá interponer una demanda ante el Tribunal creado de conformidad con el artículo 3.38 (Tribunal) a condición de que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.35 (Requisitos procedimentales y de otra índole para presentar una demanda).



2. Solo podrán presentarse demandas al Tribunal que se ajusten a alguna de las siguientes normativas sobre solución de diferencias: a) el Convenio del CIADI; b) el Reglamento del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos (en lo sucesivo denominado «el Reglamento del mecanismo complementario del CIADI»), a cargo de la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo denominada «la Secretaría del CIADI»), en caso de que no se apliquen las condiciones para los procesos con arreglo a la letra a); c) las normas de arbitraje de la CNUDMI, o d) cualquier otra normativa que acuerden las partes en la diferencia. En caso de que el demandante proponga una normativa concreta de solución de diferencias y, en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la propuesta, las partes en la diferencia no hayan manifestado su conformidad por escrito con dicha normativa, o bien el demandado no haya contestado al demandante, este último podrá presentar una demanda con arreglo a las normas contempladas en las letras a), b) o c). 3. Toda reclamación señalada por el demandante en la presentación de su demanda con arreglo al presente artículo deberá basarse en las medidas determinadas en su solicitud de consultas con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 3.30 (Consultas). 4. La normativa sobre solución de diferencias a la que se refiere el apartado 2 se aplicará sin perjuicio de las normas establecidas en la presente sección, según hayan sido completadas por cualquier disposición que hayan adoptado el Comité, el Tribunal o el Tribunal de Apelación.

5. Se considerará que se ha presentado una demanda con arreglo al presente artículo cuando el demandante haya iniciado un proceso con arreglo a las normas aplicables en materia de solución de diferencias. 6. No se admitirán las demandas presentadas en nombre de una categoría formada por un número de demandantes no identificados, o bien que hayan sido interpuestas por un representante que tenga la intención de dirigir el proceso según los intereses de un número de solicitantes identificados o no identificados que hayan delegado todas las decisiones relacionadas con el proceso en su nombre.

ARTÍCULO 3.34 Otras demandas 1. Ningún demandante presentará una demanda ante el Tribunal cuando tenga una demanda pendiente ante otro órgano jurisdiccional nacional o internacional relativa a la misma medida que considera presuntamente incompatible con las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación) y a las mismas pérdidas o daños, a no ser que retire dicha demanda pendiente. 2. Ningún demandante que actúe por cuenta propia presentará una demanda ante el Tribunal si cualquier persona que, directa o indirectamente, ostente una participación en la parte demandante o esté controlada por esta, tiene una demanda pendiente ante el Tribunal o ante cualquier otro órgano jurisdiccional nacional o internacional relativa a la misma medida que considera presuntamente incompatible con las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3.27 (Ámbito de aplicación) y a las mismas pérdidas o daños, a no ser que la persona en cuestión retire dicha demanda pendiente.

3. Ningún demandante que actúe que en nombre de una empresa establecida localmente presentará una demanda ante el Tribunal si cualquier persona que, directa o indirectamente, ostente una participación en dicha empresa establecida localmente o esté controlada por esta, tiene una demanda pendiente ante el Tribunal o ante cualquier otro órgano jurisdiccional nacional o internacional relativa a la misma medida, que viola presuntamente las disposiciones del capítulo 2 (Protección de las inversiones) y a las mismas pérdidas o daños, a no ser que la persona en cuestión retire dicha demanda pendiente. 4. Antes de interponer una demanda, el demandante deberá presentar lo siguiente: a) pruebas de que él mismo y, cuando proceda, con arreglo a los apartados 2 y 3, cualquier persona que, directa o indirectamente, ostente una participación en la parte demandante o bien esté controlada por el demandante o la empresa establecida localmente, hayan retirado cualquier demanda pendiente a la que se hace referencia en los apartados 1, 2 o 3, y b) una renuncia a su derecho y, en su caso, de la empresa establecida localmente, a iniciar cualquier demanda contemplada en el apartado 1. 5. El presente artículo se aplica en conjunción con el anexo 12 (Procesos concurrentes). 6. La exención concedida con arreglo a la letra b) del apartado 4 dejará de aplicarse en caso de que se rechace la demanda por considerarse que no se cumplen los requisitos de nacionalidad para interponer un recurso al amparo del presente Acuerdo.



7. Los apartados 1 a 4, incluido el anexo 12 (Procesos concurrentes), no se aplicarán cuando se hayan presentado demandas ante un tribunal nacional con la única finalidad de obtener mandamientos judiciales o resoluciones declarativas cautelares que no impliquen el pago de una indemnización pecuniaria. 8. Cuando se presenten demandas con arreglo tanto a la presente sección como a la sección A (Solución de diferencias entre las Partes), o bien con arreglo a la presente sección y a otro acuerdo internacional relativo al mismo trato, que presuntamente incumple las disposiciones del capítulo 2 (Protección de las inversiones), una división del Tribunal constituido con arreglo a la presente sección deberá tener en cuenta en su resolución, auto o laudo, tan pronto como sea posible después de la audiencia de las partes en la diferencia, cualquier proceso con arreglo a la sección A (Solución de diferencias entre las Partes) o a otro acuerdo internacional. A tal fin, también podrá, si lo considera necesario, suspender el proceso. Al actuar con arreglo a esta disposición, el Tribunal deberá respetar el apartado 6 del artículo 3.53 (Laudo cautelar). ARTÍCULO 3.35 Requisitos procedimentales y de otra índole para presentar una demanda 1. Podrá presentarse una demanda con arreglo a la presente sección únicamente si: a) la presentación de la demanda va acompañada del consentimiento por escrito del demandante a que el Tribunal solucione la diferencia con arreglo a los procedimientos expuestos en la presente sección y de la designación por parte del demandante de una de las normativas mencionadas en el apartado 2 del artículo 3.33 (Presentación de demandas) como las normas aplicables para la solución de diferencias;

b) han transcurrido al menos seis meses desde que se entregara la solicitud de consultas conforme al artículo 3.30 (Consultas) y al menos tres meses desde que se entregase el anuncio de intención de presentar una demanda con arreglo al artículo 3.32 (Anuncio de intención de interponer una demanda); c) la solicitud de consultas y el anuncio de intención de presentar una demanda cumplían los requisitos expuestos en los apartados 1 y 2 del artículo 3.30 (Consultas) y en el apartado 1 del artículo 3.32 (Anuncio de intención de interponer una demanda), respectivamente; d) la base jurídica y fáctica de la diferencia fue objeto de consulta previa con arreglo al artículo 3.30 (Consultas); e) todas las demandas señaladas en la presentación de la demanda al Tribunal con arreglo al artículo 3.33 (Presentación de demandas) se basan en las medidas determinadas en el anuncio de intención de interponer una demanda efectuado con arreglo al artículo 3.32 (Anuncio de intención de interponer una demanda), y

f) se cumplen las condiciones fijadas en el artículo 3.34 (Otras demandas). 2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de otros requisitos en materia de competencias derivados de las normas sobre solución de diferencias.

ARTÍCULO 3.36 Consentimiento 1. El demandado deberá dar su consentimiento para la presentación de una demanda con arreglo a la presente sección. 2. El demandante dará su consentimiento, de acuerdo con los procedimientos previstos en la presente sección, en el momento de la interposición de una demanda de conformidad con el artículo 3.33 (Presentación de demandas). 3. El consentimiento con arreglo a los apartados 1 y 2 exige que: a) las partes en la diferencia se abstengan de hacer cumplir un laudo dictado conforme a la presente sección antes de que dicho laudo sea definitivo con arreglo al artículo 3.55 (Laudo definitivo), y b) las partes en la diferencia se abstengan de todo recurso, revisión, suspensión, anulación o de la interposición de cualquier otro procedimiento similar ante un tribunal nacional o internacional, respecto a un laudo con arreglo a la presente sección.

4. Se considerará que el consentimiento con arreglo a los apartados 1 y 2 cumple los requisitos: a) del artículo 25 del Convenio del CIADI y del Reglamento del mecanismo complementario del CIADI, respecto al consentimiento por escrito de las partes en la diferencia, y b) del artículo II de la Convención de Nueva York de 1958, respecto a un acuerdo escrito.

ARTÍCULO 3.37 Financiación de una tercera parte 1. En caso de que una tercera parte aporte financiación, la parte en la diferencia que se beneficie de ella deberá comunicar a la otra parte en la diferencia y a la división del Tribunal, o cuando no se haya establecido dicha división, al presidente del Tribunal, la existencia y la naturaleza del acuerdo de financiación, y el nombre y la dirección de la tercera parte financiadora. 2. La comunicación se efectuará en el momento de la presentación de la demanda, o, en caso de que se haya celebrado un acuerdo de financiación, de que se haya realizado una donación o de que se haya concedido una subvención una vez presentada la demanda, sin dilación alguna en cuanto se celebre el acuerdo, se realice la donación o se conceda la subvención. 3. Cuando aplique el artículo 3.48 (Seguridad respecto a los costes), el Tribunal deberá tener en cuenta si existe financiación de una tercera parte. A la hora de decidir sobre las costas procesales con arreglo al apartado 4 del artículo 3.53 (Laudo cautelar), el Tribunal deberá tener en cuenta que se hayan respetado los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

SUBSECCIÓN 4

SISTEMA DE TRIBUNALES DE INVERSIONES ARTÍCULO 3.38 Tribunal 1. Se crea un Tribunal para atender las demandas presentadas de conformidad con el artículo 3.33 (Presentación de demandas). 2. Con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 4.1 (Comité), el Comité designará a nueve miembros del Tribunal en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Tres de los miembros deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión, tres serán nacionales de Vietnam y los tres restantes serán nacionales de terceros países. 3. El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros del Tribunal aplicando múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en el apartado 2.

4. Los miembros del Tribunal deberán tener las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de funciones en procedimientos judiciales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Además, deberán contar con experiencia demostrada en Derecho internacional público. Es conveniente que tengan asimismo conocimientos especializados, en particular sobre Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional y solución de diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio. 5. Los miembros del Tribunal serán nombrados para un mandato de cuatro años, renovable una sola vez. No obstante, el mandato de cinco de las nueve personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliará a seis años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio en una división del Tribunal, esta podrá, con la autorización del presidente del Tribunal, seguir prestando servicio en la división hasta que se clausure el proceso de esa división, y se considerará que sigue siendo miembro del Tribunal exclusivamente a efectos de dicho proceso. 6. El Tribunal considerará los asuntos en divisiones formadas por tres de sus miembros, de los cuales uno deberá ser nacional de un Estado miembro de la Unión, otro deberá ser nacional de Vietnam y el miembro restante deberá ser nacional de un tercer país. La división estará presidida por el miembro que sea nacional de un tercer país. 7. En un plazo de noventa días a partir de la presentación de una demanda de conformidad con el artículo 3.33 (Presentación de demandas), el presidente del Tribunal nombrará, con carácter rotatorio, a los miembros que compongan la división del Tribunal que considerará el asunto, garantizando que la composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se da a todos los miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.



8. El presidente y el vicepresidente del Tribunal serán responsables de las cuestiones organizativas, serán nombrados para un mandato de dos años y serán elegidos por sorteo de entre los miembros que sean nacionales de terceros países. Ambos ejercerán sus funciones a partir de una rotación que elegirán por sorteo los copresidentes del Comité o sus delegados respectivos. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no se encuentre disponible. 9. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, las partes en la diferencia podrán acordar que un asunto determinado se someta a la consideración de un único miembro que sea nacional de un tercer país que, en tal caso, será elegido por el presidente del Tribunal. El demandado considerará favorablemente tal solicitud del demandante, en particular en caso de que este sea una pequeña o mediana empresa, o si la reparación o los perjuicios reclamados son relativamente bajos. Tal solicitud debe realizarse al mismo tiempo que la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 3.33 (Presentación de demandas). 10. El Tribunal podrá establecer sus propios procedimientos de trabajo. Los procedimientos de trabajo deberán ser compatibles con las normas de solución de diferencias aplicables y con la presente sección. Si el Tribunal así lo decide, su presidente elaborará un proyecto de procedimientos de trabajo en consulta con los demás miembros del Tribunal y presentará dicho proyecto al Comité. El Comité deberá aprobar el proyecto de procedimientos de trabajo. Si el Comité no adopta el proyecto de procedimientos de trabajo en un plazo de tres meses a partir de su presentación, el presidente del Tribunal revisará oportunamente dicho proyecto, teniendo en cuenta los puntos de vista que hayan manifestado las Partes. A continuación, el presidente del Tribunal presentará el proyecto revisado al Comité. El proyecto revisado de procedimientos de trabajo se considerará adoptado a menos que el Comité decida rechazarlo en un plazo de tres meses a partir de su presentación.

11. Cuando surja una cuestión de procedimiento que no esté cubierta por la presente sección, por cualquier norma complementaria que haya adoptado el Comité o por los procedimientos de trabajo adoptados con arreglo al apartado 10, la división pertinente del Tribunal podrá adoptar el procedimiento que considere apropiado, siempre que sea compatible con dichas disposiciones. 12. Las divisiones del Tribunal harán todo lo posible por adoptar todas las resoluciones por consenso. En caso de que no pueda adoptarse una resolución por consenso, la división del Tribunal en cuestión dictará su resolución por mayoría de los votos de todos sus miembros. Las opiniones expresadas por miembros individuales de una división del Tribunal serán anónimas. 13. Los miembros del Tribunal estarán disponibles en todo momento, con un breve plazo de aviso, y se mantendrán al corriente de las actividades de solución de diferencias en virtud del presente Acuerdo. 14. A fin de garantizar su disponibilidad, los miembros recibirán un anticipo sobre honorarios mensual que será fijado mediante decisión del Comité. Asimismo, el presidente del Tribunal —o, cuando proceda, el vicepresidente— recibirá unas dietas diarias equivalentes a las determinadas de conformidad con el apartado 16 del artículo 3.39 (Tribunal de Apelación) por cada día trabajado en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal con arreglo a la presente sección. 15. Ambas Partes deberán abonar el anticipo sobre honorarios y las dietas diarias a los que se hace referencia en el apartado 14, tomando en consideración sus respectivos niveles de desarrollo, mediante ingreso en una cuenta gestionada por la Secretaría del CIADI. En caso de que una Parte no abonase el anticipo sobre honorarios o las dietas diarias, la otra Parte podría optar por pagarlos. En tal caso, seguirán adeudándose los atrasos, junto con los intereses correspondientes.

16. Salvo que el Comité adopte una decisión con arreglo al apartado 17, el importe de los demás honorarios y gastos de los miembros de una división del Tribunal será el que se determine con arreglo al apartado 1 de la regla 14 del Reglamento Administrativo y Financiero del Convenio del CIADI vigente en la fecha de la presentación de la demanda y asignada por el Tribunal entre las partes en la diferencia, de conformidad con el apartado 4 del artículo 3.53 (Laudo cautelar). 17. Previa decisión del Comité, el anticipo sobre honorarios, las dietas diarias y los demás honorarios y gastos podrán transformarse de forma permanente en un salario regular. En tal caso, los miembros del Tribunal deberán dedicarse a tiempo completo a las tareas del Tribunal y no se les permitirá ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el presidente del Tribunal. El Comité fijará su remuneración y cualquier otra cuestión organizativa relacionada.

18. La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal y le facilitará el respaldo adecuado. El Tribunal repartirá los gastos de tal respaldo entre las partes en la diferencia, de conformidad con el apartado 4 del artículo 3.53 (Laudo cautelar). ARTÍCULO 3.39 Tribunal de Apelación 1. Se crea un Tribunal de Apelación permanente para atender los recursos de los laudos dictados por el Tribunal.

2. El Tribunal de Apelación estará compuesto por seis miembros, dos de los cuales deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión, dos serán nacionales de Vietnam y los dos restantes serán nacionales de terceros países. 3. Con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 4.1 (Comité), el Comité designará a los seis miembros del Tribunal de Apelación en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 4. El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros del Tribunal de Apelación aplicando múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en los apartados 2 y 3. 5. Los miembros del Tribunal de Apelación serán nombrados para un mandato de cuatro años, renovable una sola vez. No obstante, el mandato de tres de las seis personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliará a seis años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato.

6. El Tribunal de Apelación tendrá un presidente y un vicepresidente, que serán elegidos por sorteo para un período de dos años entre los miembros nacionales de terceros países. Ambos ejercerán sus funciones siguiendo una rotación determinada por sorteo el presidente del Comité. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

7. Los miembros del Tribunal de Apelación deberán tener una experiencia demostrada en Derecho internacional público y poseer las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de las más altas funciones en procedimientos judiciales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Es conveniente que tengan asimismo conocimientos especializados sobre Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional y solución de diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio. 8. El Tribunal de Apelación atenderá los recursos en divisiones formadas por tres de sus miembros, de los cuales uno deberá ser nacional de un Estado miembro de la Unión, otro deberá ser nacional de Vietnam y el miembro restante deberá ser nacional de un tercer país. La división estará presidida por el miembro que sea nacional de un tercer país. 9. El presidente del Tribunal de Apelación nombrará, con carácter rotatorio, a los miembros que compongan la división del Tribunal de Apelación que considerará el recurso, garantizando que la composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se da a todos los miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio en una división del Tribunal de Apelación, esta podrá, con la autorización del presidente del Tribunal de Apelación, seguir prestando servicio en la división hasta que se clausure el proceso de esa división, y se considerará que sigue siendo miembro del Tribunal de Apelación exclusivamente a efectos de dicho proceso.

10. El Tribunal de Apelación establecerá sus propios procedimientos de trabajo. Los procedimientos de trabajo deberán ser compatibles con la presente sección y con las instrucciones facilitadas en el anexo 13 (Procedimientos de trabajo del Tribunal de Apelación). El presidente del Tribunal de Apelación elaborará un proyecto de procedimientos de trabajo en consulta con los demás miembros del Tribunal de Apelación y presentará dicho proyecto al Comité en el plazo de un año a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo. El Comité deberá aprobar el proyecto de procedimientos de trabajo. Si el Comité no adopta el proyecto de procedimientos de trabajo en un plazo de tres meses a partir de su presentación, el presidente del Tribunal de Apelación revisará oportunamente dicho proyecto, teniendo en cuenta los puntos de vista que hayan manifestado las Partes. A continuación, el presidente del Tribunal de Apelación presentará el proyecto revisado al Comité. El proyecto revisado de procedimientos de trabajo se considerará adoptado a menos que el Comité decida rechazarlo en un plazo de tres meses a partir de su presentación. 11. Cuando surja una cuestión de procedimiento que no esté cubierta por la presente sección, por cualquier norma complementaria que haya adoptado el Comité o por los procedimiento