Propuesta de Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea

(2002/C 142/02)

ÍNDICE

>SITIO PARA UN CUADRO>

I. INTRODUCCIÓN

1. El Consejo Europeo de Laeken, de 14 y 15 de diciembre de 2001, ha reafirmado su compromiso con respecto a las orientaciones políticas y los objetivos definidos en Tampere en relación con el logro de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, y ha considerado que el objetivo de alcanzar en este espacio una verdadera política común de asilo e inmigración supone, además de la instauración de diversos instrumentos, la integración de la política de flujos migratorios en la política exterior de la Unión, por lo que ha pedido que se elabore un plan de acción basado en la Comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.

2. La prevención y la lucha contra la inmigración ilegal son partes esenciales de la política común de asilo e inmigración de la Unión Europea. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se han creado nuevas competencias, con la inclusión del Título IV en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Mientras que el artículo 62 del mismo es la base jurídica de las normas relativas a los controles fronterizos y la política de visados, el apartado 3 del artículo 63 hace referencia explícita a medidas relativas a la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales. Por otra parte, puesto que facilitar la inmigración ilegal implica, en la mayoría de los casos, la existencia de redes delictivas organizadas que funcionan a escala internacional, también se aplican las disposiciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal (artículos 29, 30 y 31 del Tratado de la Unión Europea).

3. El Plan de acción de Viena del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, de diciembre de 1998, estipulaba que en relación con la prioridad que debe darse al control de los flujos migratorios, es necesario presentar con rapidez propuestas de lucha contra la inmigración ilegal.

4. Además, el Consejo Europeo subrayó en las conclusiones de su cumbre de Tampere de octubre de 1999 la necesidad de una gestión más eficaz de los flujos de migración en todas sus etapas y de hacer frente a la inmigración ilegal en su origen. Por otra parte, el Consejo Europeo pidió una más estrecha colaboración entre los Estados miembros y confirmó el requisito de que los nuevos Estados miembros acepten íntegramente el acervo pertinente, incluidas las normas establecidas en la cooperación de Schengen. En el marco del Consejo, el interés común por la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de cooperación y la determinación de combatir las redes quedó subrayado de nuevo por el acuerdo alcanzado sobre la Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y la Decisión marco de acompañamiento destinado a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, así como la Directiva relativa a la armonización de las sanciones pecuniarias impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de países terceros desprovistos de los documentos necesarios para su admisión.

5. La Comisión ha consolidado un primer grupo de objetivos para mejorar la lucha contra la inmigración ilegal, mediante el marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de "libertad, de seguridad y de justicia" en la Unión Europea. Además de la mejora del intercambio de información y de estadísticas, se menciona el fomento de la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación económica de los inmigrantes, así como la cooperación con los países de origen y el establecimiento de una política comunitaria coherente de readmisión y de retorno.

6. Así, el 15 de noviembre de 2001 la Comisión adoptó la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal, en la que se invita al Consejo de la Unión Europea a aprobar, con la mayor brevedad posible, un Plan de Acción para prevenir y combatir la inmigración ilegal en el que se indique cuáles son las acciones que deben elaborarse de forma prioritaria.

A. Dimensión del fenómeno

7. La inmigración ilegal es polifacética en cuanto a los individuos implicados y los modelos de su entrada y residencia ilegales. Primero están los que entran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro. Esto puede ocurrir cruzando las fronteras de forma ilegal o utilizando documentos falsos o falsificados en un puesto fronterizo. A menudo estas entradas ilegales se hacen de forma individual e independiente. Sin embargo, cada vez en mayor medida, las entradas ilegales son organizadas por intermediarios, que proporcionan transporte, refugio temporal, documentos de viaje, información, vigilancia u otros servicios de apoyo que empiezan en los países de origen, continúan en los de tránsito y finalizan en el país de destino. Los precios de estos servicios de tráfico son muy altos, de modo que muchos inmigrantes ilegales tienen que entregar la mayoría o todos sus ahorros. En caso de que los inmigrantes ilegales no sean capaces de pagar el precio, se convierten a menudo en víctimas de los traficantes, que recurren a su explotación para obtener el "reembolso" del coste del viaje.

8. Un gran número de residentes ilegales en la Unión Europea han entrado con un visado o permiso de residencia válidos y se han quedado una vez expirados éstos. Otros entran simplemente con documentos válidos de viaje, cuando su nacionalidad está exenta del requisito de visado para una estancia de corta duración. Esta estancia legal, sin embargo, deja de serlo cuando la persona de que se trata emprende actividades por cuenta propia o ajena no autorizadas para las personas exentas de visado o cuyo visado no lo permite. En muchos casos las personas con un permiso apropiado de residencia y trabajo simplemente se quedan una vez superado su período de residencia legal o infringen de otro modo las normativas de residencia.

9. Debido a la propia naturaleza de la residencia indocumentada es imposible determinar las proporciones exactas entre las diversas categorías de residentes ilegales. Parece claro, sin embargo, que cada una de ellas representa una parte significativa del fenómeno total de la inmigración ilegal y que cualquier acción futura necesita abordar adecuadamente cada categoría. El hacer esto de manera eficaz, sin embargo, requiere analizar profundamente el fenómeno, a fin de poder determinar mejor los instrumentos adecuados para las diversas categorías de residentes y tipos de residencia ilegales.

10. Por todo ello, deben incentivarse los esfuerzos para analizar las formas de residencia ilegal en la Unión Europea, con objeto de ajustar las medidas futuras más específicamente a los problemas reales que hay que abordar para prevenir y combatir con eficacia la inmigración ilegal.

B. Compromisos internacionales y Derechos Humanos

11. Las medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal deben mantener el equilibrio entre el derecho a conceder o rechazar la admisión en su territorio de ciudadanos de un tercer país y el deber de proteger a aquéllos que realmente necesitan protección internacional. Esto se refiere, en especial, a la obligación de prestar protección contenida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, particularmente en su artículo 3, y en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, especialmente en sus artículos 33 y 31. Este último artículo establece que: "los Estados no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales".

12. La acción efectiva contra la inmigración ilegal es una pieza esencial para contribuir a la aceptación pública de la admisión por razones humanitarias previniendo abusos en el sistema de asilo. Sin embargo, hay que combatir la inmigración ilegal de una manera equilibrada. Los Estados miembros deben, por lo tanto, explorar las posibilidades de ofrecer la protección de forma rápida de modo que los refugiados no necesiten recurrir a la inmigración ilegal o a los traficantes de seres humanos. Cualesquiera que sean, las medidas puestas en práctica para luchar contra la inmigración ilegal tienen que respetar las necesidades específicas de los grupos potencialmente vulnerables, como menores y mujeres.

C. Relación con terceros países

13. El impacto de los esfuerzos en la gestión de la migración no puede ser completo si no se aplican medidas al principio de la cadena, es decir, la promoción de la paz, la estabilidad política, los derechos humanos, los principios democráticos y el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental de los países de origen. Con este fin, los aspectos de la inmigración deben integrarse en las asociaciones existentes que constituyen el marco general de nuestras relaciones con los terceros países.

14. En el contexto de la ampliación, los países candidatos tienen que adoptar en su legislación y prácticas nacionales el acervo vigente de la UE relativo a la lucha contra la inmigración ilegal. Esto supone la total aceptación del acervo de Schengen tal y como se estipula en el artículo 8 del Protocolo de Schengen; los países candidatos están obligados también a establecer detallados planes nacionales para implementar el acervo de Schengen.

15. También debería avanzarse en la cooperación con los países de tránsito. Los traficantes de seres humanos utilizan diversos modos de transporte y diversas rutas para sus actividades ilegales. Generalmente, no existen conexiones directas desde los principales países de origen. Así pues, la norma es el tránsito a través de terceros países. Los inmigrantes ilegales aprovechan lagunas y otras deficiencias en los controles fronterizos. Algunos países de tránsito muestran cierta renuencia a tratar correctamente los flujos irregulares de migración debido a su interés en no convertirse en el país de destino. Es necesario, por lo tanto, entablar un diálogo con los países de tránsito para ayudarles a tratar el problema.

16. La Unión Europea y sus Estados miembros deben continuar participando activamente en otros foros internacionales y celebrando acuerdos multilaterales sobre el tema. Una mayor cooperación internacional puede también impulsar y promover la cooperación de terceros países y otras iniciativas para luchar contra la inmigración ilegal. En especial cuando las medidas relativas a la inmigración ilegal se lleven a cabo en terceros países, puede ser muy interesante en muchos aspectos la experiencia de organizaciones internacionales como el ACNUR. En primer lugar, esas organizaciones pueden confirmar que las medidas se ajustan completamente a las necesidades de protección. En segundo lugar, pueden conseguirse efectos de sinergia utilizando las infraestructuras existentes en vez de establecer otras nuevas. Finalmente, esa participación puede dar lugar a una mayor comprensión mutua entre los participantes.

D. Cumplimiento de las normas existentes

17. Como es evidente, en todos los Estados miembros de la Unión Europea existe ya un marco jurídico para luchar contra la inmigración ilegal, al igual que normas sobre la expedición de visados, los controles fronterizos, la entrada y estancia ilegales, el tráfico ilícito, la trata, el empleo ilegal y la responsabilidad de los transportistas. En varias Recomendaciones adoptadas conforme al Tratado de la Unión, se han fijado algunos principios comunes a estos problemas. Además, lo cual es más importante, se ha establecido un gran número de normas vinculantes en el marco de Schengen. A este respecto, merece destacarse la importancia de la evaluación del acervo de Schengen.

18. No tiene ningún sentido introducir nuevas normas o armonizar las existentes en la Unión Europea si no se hacen cumplir los actuales reglamentos dotándoles de suficientes recursos y, más importante, con la voluntad de hacerlo. Los esfuerzos comunes están condenados al fracaso si los servicios y prácticas de los Estados miembros no cumplen las normas adoptadas en común, por ejemplo las relativas a la expedición de visados y los controles en las fronteras exteriores. Tanto como países de tránsito o destino, los Estados miembros deben, por lo tanto, trabajar intensamente hacia una auténtica asociación basada en la confianza mutua en cada una de las actividades de aplicación de la legislación.

19. La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia exige que todos los Estados miembros apliquen efectivamente las normas comunes. La fuerza del sistema común de seguridad está determinada por su punto más débil. Por lo tanto, como prioridad principal, es crucial hacer cumplir correctamente las normas existentes.

20. En cualquier caso, el Plan de Acción deberá desarrollarse teniendo en cuenta el contenido del Derecho Comunitario aplicable.

E. Sanciones

21. Las actividades ilegales, que generalmente están conectadas con flujos irregulares de migración, son motivo de grave preocupación común en todos los Estados miembros. Se consideran totalmente inaceptables la trata y el tráfico de seres humanos. Por lo tanto hay que adoptar las disposiciones apropiadas. En la Unión Europea, ningún Estado miembro debe ser considerado como un espacio para cometer actos ilícitos. Esto consolidaría el ámbito de justicia en la Unión y enviaría un mensaje claro de que los Estados miembros están dispuestos a imponer sanciones severas. En el punto 23 de las conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo, consiguientemente, ha exhortado a que se adopten disposiciones que prevean sanciones severas para los delitos graves, y en el punto 45 de las conclusiones de Laeken, el Consejo ha señalado que es preciso proseguir los esfuerzos encaminados a salvar las dificultades relacionadas con la diferencia de los sistemas jurídicos, dentro del refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

22. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo del 12 al 15 de diciembre de 2000, así como sus dos Protocolos adjuntos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, constituyen actualmente la base de un reconocimiento global del problema y de un planteamiento comparable para abordarlo. Es, por lo tanto, esencial asegurar la rápida ratificación de estos instrumentos así como una aplicación coordinada de sus disposiciones en la UE.

II. MEDIDAS Y ACCIONES

A. Política de visados

23. Conforme al artículo 61 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la política de visados es una medida de acompañamiento directamente vinculada con la libre circulación de personas por lo que respecta a los controles en las fronteras exteriores. Al mismo tiempo que facilita la libre circulación de personas, la política de visados puede también contribuir perceptiblemente a la prevención de la inmigración ilegal y coadyuvar en la lucha contra el terrorismo. La política de visados por sí sola no puede, sin embargo, contrarrestar la inmigración ilegal que se relaciona, por ejemplo, con ciudadanos de terceros países que entran legalmente pero permanecen aunque sus visados hayan caducado.

24. La adopción del reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos ciudadanos están sometidos a la obligación de visados para cruzar las fronteras exteriores y la lista de aquéllos cuyos ciudadanos están exentos de esa obligación proporciona el futuro desarrollo de una política de visados armonizada y el instrumento para prevenir la entrada de personas no autorizadas en el territorio de los Estados miembros.

25. Dada la constante evolución de los flujos migratorios, estas listas deberían ser reexaminadas con periodicidad anual, sin perjuicio de los mecanismos ordinarios que prevé el reglamento para su revisión.

I. Normas uniformes de visado y seguridad

26. La seguridad e identificación han estado resueltas por el uso de documentos seguros, capaces de identificar claramente a la persona de que se trata. Además, los documentos de viaje están destinados a probar que el tenedor tiene derecho a ejercer ciertos derechos. Desde que existen, los documentos de viaje han sido objeto de falsificación y uso fraudulento por razones obvias. Los Estados, por lo tanto, han intentado continuamente aumentar la seguridad de estos documentos. Un ejemplo de una cooperación muy acertada en el campo de la seguridad de los documentos es la evolución de la etiqueta adhesiva de visado de la UE/Schengen. Basada en el Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado, se ha convertido en un documento de la más alta calidad, efectivo contra la imitación o las tentativas de falsificación. Los terceros países deben también ser animados e incluso ayudados a consolidar sus esfuerzos para hacer más seguros sus documentos de viaje.

27. En consecuencia, deberán adoptarse medidas destinadas a mejorar la seguridad del uso del visado y del permiso de residencia sobre la base de las nuevas tecnologías. En particular se tomará en cuenta la inclusión, en los visados y, en su caso, en los permisos de residencia, no sólo de la fotografía del solicitante, sino también de sus datos biométricos.

II. Creación de estructuras administrativas comunes

28. Las conclusiones de Tampere subrayan, en su punto 22, que "deberá seguir desarrollándose una activa política común en materia de visados y documentos falsos, incluidas una colaboración más estrecha entre los consulados de la UE en terceros países y, cuando sea necesario, la creación de oficinas de expedición del visado común de la UE".

29. Para el desarrollo de esa política común en materia de visados, según el enfoque dado en dichas Conclusiones, es indispensable partir de un incremento de la cooperación entre las representaciones diplomáticas y consulares de los Estados Miembros en los países de los que proceden los flujos migratorios.

30. El intercambio de información sobre la práctica de la expedición de visados y las tendencias en la falsificación de documentos tiene lugar ya tanto oficial como oficiosamente. Esta útil cooperación debería ser impulsada y reforzada mediante la ayuda mutua en la formación del personal. Es también práctica común en varios lugares el representar a otros Estados miembros en los países en que un Estado miembro no tiene su propia representación.

31. En este contexto, se ha planteado la idea de oficinas conjuntas de visados, pero sin ningún resultado concreto hasta ahora, debido a dificultades prácticas, legales y de participación en los gastos, por lo que es necesario avanzar en el examen del establecimiento de dichas oficinas conjuntas, según lo solicitado en el punto 42 de las conclusiones de Laeken.

32. Sin embargo, parece bastante obvio que una de las ventajas de las oficinas conjuntas de visados sería reducir sus costes de expedición. La idea de compartir estas cargas podría proporcionar los medios financieros que necesitan los Estados miembros para mejorar el equipo técnico utilizado para expedir visados (detección de documentos falsificados u objeto de imitación fraudulenta, acceso en línea a bases de datos de modelos de documentos de viaje, condiciones seguras de almacenamiento de etiquetas de visado adhesivas en blanco, etc.). Además, compartir personal también significaría poner en común la experiencia y los conocimientos técnicos en el campo de la evaluación del riesgo de la inmigración ilegal o de los potenciales residentes con visado caducado. En una perspectiva a medio o largo plazo, un resultado positivo más sustancial de las oficinas conjuntas de visados consistiría en aplicar de forma más uniforme las normas comunes y en reducir el "shopping de visados".

33. En consecuencia y por todo ello, con independencia del carácter imprescindible de un incremento en la colaboración consular local, deberán adoptarse progresivamente medidas destinadas al futuro establecimiento de oficinas conjuntas de visados, de cara a la exigencia de una mayor eficacia en el control de las fronteras exteriores prevista en las conclusiones de Laeken. A corto plazo, las posibles iniciativas de Estados miembros interesados en el establecimiento de oficinas o infraestructuras comunes podrían llevarse a cabo en Prístina, como "proyecto piloto" prioritario. Al mismo tiempo, se realizaría un estudio de viabilidad sobre los problemas jurídicos, técnicos y financieros que plantearía el establecimiento de oficinas consulares comunes de carácter integrado.

III. Desarrollo de un sistema europeo de identificación de visados

34. La creación de estructuras administrativas comunes puede, en sí misma, ser un gran paso adelante en la armonización de las políticas y prácticas de los Estados miembros en materia de visados. Sin embargo, un planteamiento complementario podría ser hacer uso de las modernas posibilidades de la comunicación y de la informática.

35. También las conclusiones de Laeken, en su punto 42, recuerdan que el Consejo y los Estados miembros deben adoptar medidas para la instauración de un sistema común de identificación de visados. Se ha sugerido que este sistema podría completarse con la puesta en práctica de un registro central europeo de residentes extranjeros.

36. En el contexto de la prevención de la amenaza terrorista, las conclusiones del Consejo JAI del 20 de septiembre de 2001 han invitado a la Comisión a que haga propuestas relativas a la creación de un sistema para intercambiar información sobre los visados expedidos. La experiencia y los estudios de viabilidad que deben ponerse en marcha pueden analizar si un simple sistema electrónico podría complementar el concepto de documentos seguros creando un proceso doble de identificación basado en documentos seguros y una base de datos.

37. Para garantizar una información lo más amplia y útil posible para los servicios competentes, dicha base de datos no debería limitarse a los visados concedidos, sino que también tendría que contener datos relativos a los visados solicitados y denegados.

38. Tal sistema puede incluir información que ya se recopila o se pide al solicitante de un visado, por ejemplo detalles personales. Además, puede tomarse y almacenarse una foto digital, además de los datos biométricos del solicitante. Los documentos de viaje deben también escanearse y almacenarse, lo que tendría una doble ventaja. Primero, las manipulaciones subsiguientes del documento de viaje pueden ser detectadas fácilmente comparando el documento de viaje con su facsímil. En segundo lugar, la copia almacenada de los documentos de viaje puede utilizarse para obtener rápidamente otros nuevos, cuando se obliga a salir del país a una persona, que intenta ocultar su identidad. De todas formas, el desarrollo de tal sistema debe basarse en una definición clara de las necesidades y objetivos, así como en una evaluación completa de las iniciativas existentes (incluidas las posibilidades ofrecidas ya por SIS y VISION) y de los recursos que deben movilizarse.

39. Todo sistema de este tipo debe ser diseñado conforme a las normas vigentes relativas a la protección de los datos personales.

40. En consecuencia, deberán adoptarse medidas urgentes destinadas a la instauración de un sistema común de identificación de visados, sin perjuicio de que se estudien los eventuales problemas técnicos y jurídicos que pudieran plantearse.

B. Intercambio y análisis de información

I. Estadísticas

41. Es una opinión ampliamente compartida que el nivel de inmigración tanto legal como ilegal es significativo y no puede subestimarse debido a sus implicaciones sociales, económicas y políticas en los países de destino. Sin embargo, por definición, es imposible tener una imagen clara de la escala del fenómeno de la inmigración ilegal en los Estados miembros de la Unión Europea. Un cálculo del nivel de la inmigración ilegal sólo puede deducirse de los datos objetivos existentes que tienen relación por ejemplo con entradas rechazadas, aprehensiones de ilegales en la frontera o dentro del país, solicitudes rechazadas de protección internacional, solicitudes de procedimientos nacionales de regularización y retornos escoltados o forzados.

42. El Consejo de mayo de 2001 decidió instaurar un informe anual público consistente en una descripción estadística y un análisis con el fin de discutir las tendencias de los flujos de asilo y migración y la evolución correspondiente de las políticas en la Unión Europea. Este informe incluirá una sección que analiza los datos sobre la inmigración ilegal.

43. En consecuencia, deberán adoptarse las medidas necesarias para poner a disposición de los Estados Miembros datos estadísticos fiables que permitan, regularmente, analizar tanto los flujos migratorios legales como la inmigración ilegal.

II. Recopilación de información, inteligencia y análisis

44. Sin embargo, las simples cifras no son suficientes para comprender el fenómeno y elaborar decisiones a efectos operativos. Esto requiere un análisis profundo ulterior de sus causas, métodos de entrada y consecuencias para nuestras sociedades. Los Estados miembros han recopilado una considerable información y han adquirido experiencia en este ámbito, pero no se ha explorado todavía suficientemente la dimensión europea del fenómeno. Aunque con este fin se han desarrollado año tras año redes formales e informales, hay que modernizar el intercambio de información estadística en el ámbito europeo para permitir que la Comunidad desarrolle políticas comunes adecuadas, en conexión con las medidas referentes a Europol que figuran en el presente Plan global.

45. Para establecer un intercambio de información constante entre los Estados miembros, se ha creado un centro de intercambio de información, CIREFI, en el que, con una periodicidad casi mensual, expertos de los Estados miembros ponen en común la información, en especial sobre las tendencias actuales de los flujos migratorios irregulares. Sin embargo, esta forma de cooperación debería consolidarse, mediante el establecimiento de una cooperación más intensa entre los servicios operativos de los Estados miembros, especialmente en el campo del análisis. En este sentido, es provechoso analizar la mejor utilización que puede hacerse de los instrumentos existentes.

46. En consecuencia, entre otras iniciativas que se deben abordar al respecto, se llevará a cabo un estudio de viabilidad con objeto de desarrollar un sistema europeo de intercambio de información sobre el asilo, la inmigración y los países de origen, según lo previsto en el punto 40 de las conclusiones de Laeken.

III. Desarrollo del sistema de alerta rápida

47. Mediante una Resolución del Consejo de mayo de 1999 se ha instaurado un sistema de control preventivo para la transmisión de información relativa a la inmigración ilegal y las redes de intermediarios. El objetivo era crear un marco estandarizado y permanente de comunicación que permita a un Estado miembro informarse inmediatamente de fenómenos ilegales de migración.

48. Sin embargo, el sistema de alerta rápida está aún en una fase rudimentaria. Los principales problemas son su insuficiente uso, una falta de distribución de información en los respectivos servicios de los Estados miembros y una deficiente infraestructura técnica. En una primera etapa deberían elaborarse más las directrices comunes, referentes a los casos en que el sistema debe utilizarse. Sin embargo, el obstáculo fundamental es, en principio, la infraestructura administrativa y técnica. Los servicios operativos deben poder entregar y obtener información tan fácilmente como sea posible, siete días a la semana, 24 horas al día. Por esta razón el sistema de alerta rápida debe desarrollarse en Internet como sitio intranet seguro. Obviamente, el éxito de este planteamiento depende en gran medida de la posibilidad de que los servicios operativos tengan acceso al sistema sin dificultad.

49. En consecuencia, deberán adoptarse medidas destinadas a la ejecución y administración de un sistema de alerta que desarrolle el ya existente.

C. Medidas previas al cruce de fronteras

I. Apoyo y asesoramiento por funcionarios de enlace

50. Ya se han dado los primeros pasos para desarrollar el concepto de funcionarios de enlace en los países de origen y tránsito y para coordinar esa labor entre los países miembros. Siguiendo la línea de las Conclusiones aprobadas por el Consejo en noviembre de 2000 y mayo de 2001, el establecimiento de una red se está intensificando entre los funcionarios de enlace de los Estados miembros, por ejemplo en la cooperación en los Balcanes occidentales.

51. En el futuro, la UE debería seguir aumentando la red de funcionarios de enlace de inmigración y transporte aéreo fomentando una colaboración más estrecha. Debe garantizarse un intercambio de información permanente entre funcionarios de enlace de inmigración y transporte aéreo, así como con los de la policía y con otros funcionarios de inteligencia de los Estados miembros. Debe llevarse a cabo regularmente una formación común sobre la base de tareas y misiones previamente definidas, así como fomentarse el apoyo mutuo de los funcionarios de enlace.

52. En consecuencia, y siendo necesaria la coordinación y ajuste de las acciones de los Estados miembros en la utilización de funcionarios y expertos de enlace, así como de otros actores en este campo, y una mayor cooperación en los controles de embarque en los puntos de origen, deberán adoptarse, tomando como base la experiencia iniciada en la Región de los Balcanes, que podría extenderse a otras regiones de interés estratégico para la Unión, medidas destinadas a coordinar eficientemente las tareas, formación y puestos de enlace, estableciéndose una red de información de todos los funcionarios de enlace de los Estados miembros, que elaboren informes conjuntos para su posterior análisis por el grupo de trabajo CIREFI, y en relación con el desarrollo del sistema de alerta rápida.

II. Ayuda técnica y financiera para acciones en terceros países

53. Aplicando al mismo tiempo el planteamiento del "eslabón de la cadena", es esencial apoyar medidas destinadas a los países de origen y tránsito. Algunas de estas formas de ayuda se establecieron ya en las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere para, en especial, ayudar a estos países a consolidar su capacidad de combatir la trata de seres humanos y de hacer frente a sus obligaciones de readmisión. En esta misma línea, cabe recordar los planes de acción preparados por el grupo de alto nivel "asilo y migración".

54. En este marco, pueden financiarse proyectos específicos de asilo y migración en los siguientes campos:

- apoyo a la infraestructura de solicitantes de asilo,

- desarrollo de estructuras públicas de registro,

- creación de centros de acogida de inmigrantes ilegales en los países de tránsito,

- campañas de sensibilización,

- mejoras de la seguridad de los documentos,

- lucha contra la corrupción,

- despliegue de funcionarios de enlace,

- reuniones de expertos, formación y seminarios,

- ayuda a la repatriación de emigrantes irregulares,

- mejora de la gestión de control y equipo fronterizos.

55. En consecuencia, deberán adoptarse, dentro de los recursos disponibles, medidas que complementen las acciones nacionales de ayuda técnica y financiera a terceros países, en el marco de las directrices europeas sobre la inmigración, prestando una atención particular a la coherencia general de las acciones exteriores de los Estados miembros y la Unión.

III. Campañas de sensibilización

56. En el punto 22 de las Conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo se refirió a las campañas de información en los países de origen como otro instrumento para influenciar la inmigración ilegal. La idea de las campañas de información debe interpretarse en sentido amplio. Pueden considerarse iniciativas dirigidas a la toma de conciencia de la gente sobre los problemas y los riesgos relacionados con la inmigración ilegal, así como iniciativas dirigidas a grupos específicos tales como parados, mujeres o estudiantes.

57. En consecuencia, dado que la preparación de campañas de información, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de los Estados Miembros, requiere una solución hecha a medida para cada país de origen o incluso región, y siendo además la dimensión cultural un elemento fundamental de estas campañas, la elaboración de las mismas tiene que llevarse a cabo con mucho cuidado, para estar seguros de que tengan el efecto deseado en la región y el público a que se destina.

D. Medidas de gestión de fronteras

58. Unos controles fronterizos exteriores de alta calidad contribuyen de forma importante a la prevención de la inmigración ilegal. Hay que resaltar igualmente que la gestión de fronteras no se centra sólo en la inmigración, sino que tiene también otros cometidos: aduaneros, seguridad de tráfico, prevención de la entrada de mercancías peligrosas o ilegales, identificación de personas objeto de una orden de detención o extradición a petición de una autoridad judicial competente, etc.

59. Todos estos elementos deben integrarse en una estrategia coherente, que deberá estar basada en las conclusiones de Tampere y Laeken. Debería tenerse en cuenta la futura comunicación de la Comisión sobre controles fronterizos, así como los resultados del estudio de viabilidad sobre la policía europea de fronteras y el seminario sobre policía y seguridad de fronteras.

I. Gestión de fronteras desde la perspectiva de un espacio común

60. La existencia y mejora de los controles fronterizos exteriores, que deberían ser objeto de un sistema de evaluación de riesgos, en un espacio común como es el surgido del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, no debe hacer perder de vista la realidad de los flujos migratorios ilegales dentro de ese espacio común, evitando la autorización de entrada de extranjeros que con posterioridad a su estancia legal puedan permanecer ilegalmente en los países de la Unión Europea.

61. En consecuencia, los efectos no deseables de esa supresión de controles en las fronteras comunes, en particular en la perspectiva de la ampliación, como la facilitación del tránsito ilegal entre los Estados miembros y el incentivo que esto puede suponer para las redes dedicadas a la trata de seres humanos, deben ser afrontadas con medidas eficaces que partan de esa realidad y eviten el tránsito entre los Estados miembros para establecerse ilegalmente, pero que al mismo tiempo no desvirtúen la libertad de circulación de las personas en un espacio de libertad, seguridad y justicia, teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el Tratado de Amsterdam, el Plan de Acción de Viena y las Conclusiones de Tampere y Laeken.

II. Controles de las fronteras marítimas

62. Las estadísticas ponen de relieve que la llegada de inmigrantes ilegales por vía marítima se ha incrementado durante los últimos años como consecuencia de diferentes razones (extensión de las fronteras marítimas, dificultad para controlarlas, ...).

63. Esta situación demuestra la necesidad de adoptar iniciativas legislativas u operativas a escala europea, dirigidas a mejorar los controles en las fronteras marítimas. Para ello, se invita a la Comisión a llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre la mejora de dicho control.

III. Plan de estudios y formación comunes

64. Como ya se ha puesto de relieve, los controles en las fronteras se llevan a cabo de conformidad con principios uniformes basados en una norma común. Sin embargo, hay que desarrollar más estos elementos. Un factor fundamental para aumentar la calidad de la cooperación puede ser elaborar un plan de estudios armonizado destinado a los funcionarios de guardia de fronteras teniendo en cuenta las particularidades de las tradiciones nacionales de formación.

65. Otra medida para consolidar la cooperación entre autoridades de control fronterizo es la armonización de la formación de los funcionarios de guardia de fronteras. Los controles de fronteras deben ser llevados a cabo por un servicio especializado, que requiere conocimientos técnicos específicos. Una gestión profesional de la policía de fronteras requiere enseñanza y formación ad hoc. Además no hay que olvidar que los marcos jurídicos son diferentes. Debería estudiarse cuidadosamente la posible contribución de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) a la realización de estos objetivos.

66. En consecuencia, debe considerarse si estas necesidades específicas no se podrían satisfacer mejor creando una red de las organizaciones de formación nacionales existentes y ofrecer servicios apropiados y especializados como el diseño del programa, seminarios, talleres, etc., que creen las condiciones para el fomento de acciones de formación conjunta.

IV. Cooperación y resultados en materia de gestión de fronteras por equipos conjuntos

67. Los artículos 7 y 47 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen estipulan una más estrecha colaboración en cuanto a los controles en las fronteras. Tal cooperación puede tomar la forma de un intercambio de funcionarios de enlace. Sobre la base de acuerdos bilaterales, tienen lugar ya comisiones de servicio recíprocas de funcionarios de enlace. Estos funcionarios de enlace pueden ser destinados a los servicios encargados de las fronteras exteriores. No llevan a cabo ninguna tarea relacionada con la soberanía de los Estados, sino que aconsejan y apoyan a las autoridades competentes de la guardia de fronteras. Debería examinarse cómo un intercambio de esta clase se puede mejorar de forma progresiva, no sólo mediante la cooperación bilateral entre los Estados miembros, sino también por un planteamiento comunitario coherente. Asimismo es importante tener en cuenta la incorporación de nuevos Estados miembros. Podría estudiarse la utilidad de unos servicios técnicos de apoyo de cooperación, según lo mencionado en el punto sobre mejora de la cooperación y de la coordinación en el ámbito operativo de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2001, relativa a una política común de inmigración ilegal.

68. En consecuencia, sin perjuicio de los acuerdos que existan al respecto entre los Estados miembros, y siendo necesario analizar la creación y conexión de los diferentes servicios operativos de los Estados miembros, deberán adoptarse medidas destinadas a desarrollar e intensificar la cooperación práctica y la coordinación en los controles y vigilancia de fronteras así como a analizar la necesidad y viabilidad de un servicio común de fronteras exteriores.

E. Política de readmisión y repatriación

69. La política de readmisión y repatriación constituye parte integrante y crucial de la lucha contra la inmigración ilegal. Debido a su importancia, debe ser objeto de una reflexión adecuada, independiente y más profunda, con vistas a la cual la Comisión Europea debe presentar urgentemente un Libro Verde dedicado al análisis de eventuales medidas y acciones que den cuerpo a una política comunitaria de repatriación, que debería analizar igualmente la conveniencia de establecer un instrumento financiero para la repatriación.

70. No obstante, pueden ya destacarse algunas acciones concretas cuya puesta en práctica debe ser considerada.

I. Establecimiento de un enfoque común y cooperación entre los Estados Miembros de cara a la ejecución de las medidas de repatriación

71. Una política comunitaria de repatriación debería basarse en dos elementos: principios comunes y acciones comunes. Un principio común importante es, por ejemplo, la consolidación de la obligación conforme al derecho internacional de readmitir a los ciudadanos propios, principio confirmado en el punto 26 de las conclusiones de Tampere. Asimismo, debe ser posible garantizar que los nacionales de países terceros abandonen el territorio de los Estados Miembros cuando no tengan un estatuto legal que les autorice a permanecer en ellos de forma permanente o temporal.

72. No obstante, acciones comunes y reglamentos no deben ser obstáculo para la cooperación administrativa entre los Estados miembros, que ha de ser mejorada y desarrollada.

73. En este contexto, hay que tener en cuenta que un sistema común de identificación de visados facilitará perceptiblemente el proceso de identificación de residentes ilegales y de expedición de documentos de viaje a efectos de retorno.

74. En consecuencia, sin perjuicio del establecimiento de principios comunes, es necesario avanzar en una colaboración más estrecha respecto a los aspectos del tránsito y de la readmisión, así como de la identificación de residentes ilegales y de la expedición de documentos de viaje a efectos de retorno.

II. Acuerdos de readmisión con países terceros

75. Hay que desarrollar el concepto de los acuerdos de readmisión, que ha sido recogido en el punto 27 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Sin embargo, antes de la negociación de cualquier acuerdo de readmisión, debe tenerse en cuenta el interés de la Unión Europea y de los Estados miembros.

76. Pero no hace falta esperar a que se concluyan y apliquen los primeros acuerdos comunitarios de readmisión que la Comisión está negociando conforme a los mandatos otorgados por el Consejo, para identificar sin demora los países terceros de los que procede la inmigración ilegal y con los que es necesario negociar y concluir nuevos acuerdos de readmisión, según lo establecido en las conclusiones de Laeken (n° 40). La UE debería también hacer uso de su peso político para animar a los terceros países que muestran cierta renuencia a cumplir sus obligaciones de readmisión.

77. En consecuencia, deben determinarse los países terceros con los que es necesario negociar y concluir nuevos acuerdos de readmisión, y adoptarse acciones comunes encaminadas a que dichos países cumplan con su obligación de readmitir a los ciudadanos propios, según las reglas ya establecidas en el Derecho Internacional. Dichos acuerdos deben incluir igualmente la obligación de readmisión de nacionales de terceros países y apátridas procedentes del país afectado o que hayan residido en él.

III. Tránsito de repatriados

78. Estrechamente relacionado con la readmisión está el problema del tránsito: en muchas ocasiones se constata que los nacionales de países terceros que se encuentran en situación ilegal en el territorio de los Estados miembros no han llegado al mismo directamente desde su país de origen, sino transitando a través del territorio de otros países.

79. En consecuencia, en el ámbito de la Unión Europea, al igual que con terceros países, deben establecerse, si fuera necesario, normas relativas al tránsito de repatriados.

IV. Normas comunes para procedimientos de repatriación

80. Se constata la heterogeneidad de las disposiciones normativas relativas a los procedimientos de repatriación y de las prácticas administrativas correspondientes, lo cual dificultaría en el futuro el establecimiento de una política comunitaria eficaz de repatriación de nacionales de países terceros que se encuentren en situación ilegal en el territorio de los Estados miembros.

81. En consecuencia, sería oportuno analizar la posibilidad de adoptar medidas conforme al artículo 63.3.b) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea destinadas a la consecución de unas normas comunes para los procedimientos de repatriación.

F. Europol

82. La detección y el desmantelamiento de redes criminales son prioridades en la lucha contra la inmigración ilegal. Esta acción se favorece mediante la cooperación policial, en la que Europol podría tener un papel más importante.

83. El propósito del trabajo de Europol en el campo de la lucha de la inmigración ilegal es, como en otros aspectos, proporcionar apoyo a los Estados miembros en la prevención, la investigación y el análisis de los delitos concretos. Europol proporciona los productos estratégicos, que comprenden no sólo elementos descriptivos sino también previsiones. Éstos permiten una apropiada evaluación del riesgo y de la amenaza. Europol brinda apoyo operativo mediante boletines de inteligencia y ficheros de trabajo de análisis. También apoya investigaciones y operaciones conjuntas. Las operaciones conjuntas ya efectuadas han permitido el desarrollo de investigaciones más perfeccionadas y el descubrimiento, detención y condena de varios sospechosos.

84. Deberán adoptarse medidas destinadas a conceder a Europol más poderes operativos para poder trabajar junto con las autoridades nacionales en la trata o el tráfico ilícito de seres humanos, en la línea también de las conclusiones de la unidad operativa de directores de policía de la UE en marzo de 2001.

85. En consecuencia, con este fin, habría que aplicar en su totalidad el artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, y Europol debería poder:

- facilitar y apoyar la preparación, coordinación y realización de acciones investigadores específicas por las autoridades competentes de Estados miembros, incluidas las acciones operativas de los equipos conjuntos de investigación, con representantes de Europol con fines de apoyo,

- pedir a las autoridades competentes de los Estados miembros que lleven a cabo investigaciones de casos concretos y desarrollar conocimientos específicos que puedan ponerse a la disposición de los Estados miembros para ayudarles a investigar casos de trata o tráfico ilícito de seres humanos,

- participar, cuando sea posible y apropiado, en el cotejo e intercambio de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad relativas a la trata y el tráfico de seres humanos y a transacciones financieras sospechosas relacionadas con estos delitos. Se invita al Consejo de Administración de Europol a que estudie el establecimiento de acuerdos con los países de tránsito para favorecer el intercambio de información.

G. Sanciones

86. Muchos instrumentos legales y prácticos que la UE está incorporando progresivamente relativos a materias estrechamente relacionadas, tales como la cooperación policial y judicial, deben también movilizarse de una manera concreta para llegar a un planteamiento global en la lucha contra tratantes y traficantes de seres humanos. Los magistrados de enlace, cuando los haya, la red judicial europea, y especialmente Eurojust, deben centrarse de forma más activa en este tipo de infracción. Además, la adopción del Convenio relativo a la asistencia judicial de 29 de mayo de 2000, así como las recientes extensiones de su protocolo sobre la mejora de la asistencia judicial en materia penal, en especial en el campo de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de delitos y la delincuencia financiera, constituirán herramientas importantes para aumentar la eficiencia de la cooperación judicial en la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos.

I. Tráfico ilícito de seres humanos

Distinción entre tráfico ilícito y trata de seres humanos

87. Se utilizan a menudo como sinónimas las expresiones "tráfico ilícito" y "trata", aunque debe establecerse una distinción pues hay diferencias sustanciales. Esto es también necesario en la perspectiva de la aplicación de la ley. Se ha hecho una clarificación de la terminología y de definiciones en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y en sus dos protocolos de acompañamiento sobre el tráfico y la trata, que se firmaron en Palermo el 15 de diciembre de 2001.

88. Estas definiciones dejan claro que el tráfico va unido a la ayuda para el cruce de fronteras y la entrada ilegales. El tráfico, por lo tanto, siempre tiene un elemento transnacional. Éste no es necesariamente el caso de la trata, cuyo elemento fundamental es el propósito de explotación. La trata implica la intención de explotar a una persona, independientemente de cómo llega la víctima al lugar donde se realiza la explotación. Esto puede implicar, en caso de que se crucen fronteras, la entrada legal o ilegal en el país del destino. La inmigración ilegal puede también incluir elementos de trata, pero tiene efectivamente un alcance más amplio y se relaciona más con la entrada y residencia ilegales de las personas. Los inmigrantes ilegales en un sentido más amplio no son, por lo tanto, necesariamente víctimas de tratantes.

89. En consecuencia, en la materia de tráfico ilícito de seres humanos deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, por lo que se refiere al problema del tráfico ilícito de emigrantes, el artículo 27 del Convenio de ejecución de Schengen requiere "establecer sanciones adecuadas contra cualquier persona que, con fines lucrativos, ayude o intente ayudar a un extranjero a entrar o a permanecer en el territorio de una Parte contratante quebrantando la legislación de dicha Parte contratante sobre entrada y estancia de extranjeros";

- Que el Consejo llegó recientemente a un acuerdo político sobre una Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares y una Decisión marco de acompañamiento destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

II. Trata de seres humanos

90. El Consejo alcanzó el acuerdo político sobre una Decisión marco que aborda los aspectos sustanciales de Derecho penal de la trata de seres humanos. Además, en el campo de las medidas legislativas contra la trata de seres humanos, es también importante subrayar que hay que prestar una atención especial a las víctimas. La adopción de la Decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal de 15 de marzo de 2001 es especialmente pertinente en este caso. Esta Decisión prevé medidas para salvaguardar, por ejemplo, el derecho de las víctimas a la información y a la protección en relación con el procedimiento penal.

91. Es importante aclarar la situación de las víctimas de la trata en términos de ciertos beneficios o asistencia especial si están dispuestas a cooperar en las investigaciones contra sus explotadores. Por una parte, tal clarificación proporcionaría una plataforma para una ayuda y una protección más estructuradas centradas directamente en la situación y las necesidades individuales de las víctimas, y, por otra parte, en la necesidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad de llevar a cabo con eficacia las investigaciones contra los traficantes.

III. Empleo ilegal

92. Un número significativo de emigrantes ilegales ha entrado en el país del destino legalmente, pero sobrepasan los plazos máximos de residencia debido a la posibilidad de continuar trabajando. Desde la Recomendación del Consejo del 27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros Estados, el delicado problema del empleo ilegal de ciudadanos de terceros países no se ha abordado de nuevo en el Consejo. La Comisión adoptó en 1998 una Comunicación relativa al trabajo ilegal que trata también del empleo de residentes de terceros países en situación irregular.

93. En consecuencia, para tratar el problema de la inmigración ilegal en su totalidad, debe abordarse la cuestión del empleo ilegal de las personas cuya residencia es irregular, previo estudio de la situación en las legislaciones de los Estados miembros.

IV. Inmigración ilegal y beneficios económicos

94. Hay que destacar los avances en la preparación y adopción de normas sobre blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito para la prevención y represión del tráfico de emigrantes y de la trata de seres humanos.

95. En consecuencia, debería darse prioridad, como principio común, a la incautación de todas las ganancias económicas producto de actividades delictivas relativas a la inmigración ilegal, así como a la confiscación de los medios de transporte utilizados para el tráfico de inmigrantes. Por lo tanto, las normas sobre incautación tienen que establecerse y hacerse cumplir adecuadamente, si es que todavía no es el caso. Esto debe incluir disposiciones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas que participen en estas actividades. Las sanciones para las personas jurídicas podrían ser, por ejemplo, la exclusión del derecho a beneficios públicos o la descalificación para practicar actividades comerciales. Además, los tratantes, los traficantes o las personas jurídicas responsables deberían hacerse cargo de la totalidad de los costes relacionados con la repatriación, incluidos los costes de la asistencia social y otros gastos públicos durante la estancia.

V. Responsabilidad del transportista

96. Los transportistas son hoy ya responsables del regreso de los extranjeros a los que les niega la entrada en virtud del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen del 14 de junio de 1985. Además, los transportistas están obligados a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los extranjeros estén en posesión de documentos válidos de viaje. El Consejo adoptó en junio de 2001 una Directiva que complementaba lo previsto en el artículo 26, que contiene tres modelos opcionales de sanciones para los transportistas que no cumplan sus obligaciones.

97. En consecuencia, deberá llevarse a cabo un seguimiento de las orientaciones de dicha Directiva para velar por su transposición y cumplimiento.

III. EVALUACIÓN DEL PLAN

98. Las medidas y acciones que se habrán de desarrollar y ejecutar para la prevención y la lucha contra la inmigración ilegal, como parte ese ncial de la política común de asilo e inmigración de la Unión Europea, han de ser, según se ha visto en este Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, numerosas y de muy diversa índole, siendo necesaria, para su plena efectividad, la previsión de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las iniciativas presentadas, y los avances y logros alcanzados.

99. Dicho seguimiento y evaluación debe tener lugar a un nivel adecuado y con una periodicidad que resulte útil, al objeto de asegurar un rápido desarrollo del ambicioso programa de trabajo instaurado por este instrumento, y teniendo en cuenta las nuevas dimensiones que presenta el fenómeno de la inmigración a escala mundial.

100. En consecuencia, la Comisión Europea deberá elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación del Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea, informe que será elevado al Consejo para su debate.

101. El informe anual de seguimiento y evaluación de la Comisión incluirá un marcador, también actualizado anualmente, que muestre el progreso alcanzado en cada medida y acción a desarrollar.

102. Asimismo, se invita a la Comisión a tener en cuenta el contenido de este Plan global, incluida la lista de prioridades, en la elaboración de futuras iniciativas que vayan a proponerse al Consejo.

ANEXO

SUMARIO DE MEDIDAS Y ACCIONES A ADOPTAR Y EJECUTAR EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA TRATA DE SERES HUMANOS((A corto plazo: acciones y medidas que deberán ejecutarse cuanto antes, y en principio en el plazo de un año.

A medio plazo: acciones y medidas que deberán ejecutarse cuanto antes, y en principio en el plazo de tres años.))

>SITIO PARA UN CUADRO>