ir ^ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 29.03.1995 
COM(95)98 final 
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA 
COMUNIDAD 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
INFORME ANUAL 1994 
(presentado por La Comisión) 
Introducción INDICE 
Página 
Sección 2 
Sección 3 Capitulo 1: Protección de los intereses financieros de la Comunidad -
Evolución del mecamsmo normativo en 1994 y prevención 
Sección 1: Hechos significativos en el sector de los recursos propios 
Hechos significativos en el sector agrícola 
Hechos destacados en el ámbito de las medidas 
estructurales 
Sección 4: Situación en materia de cooperación administrativa 
Sección 5: Los regímenes de tránsito aduanero: tránsito comunitario/ 
común y TIR 
Sección 6: Las iniciativas de la Comisión en materia de protección 
jurídica de los intereses financieros de la Comunidad 
1. Propuesta de Reglamento sobre las inspecciones, 
medidas y sanciones administrativas comunitarias 
2. Propuesta de acto del Consejo por el que se establece 
el Convenio sobre la protección penal de los intereses 
financieros de la Comunidad 
3. Perspectivas en el marco de la Resolución del Consejo 
de Justicia del 1 de diciembre de 1994 7 
8 
10 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
Sección 3 Capítulo 2: Evolución a nivel comunitario 
Sección 1: La Comisión 
1. Evolución de la organización interna de los servicios 
2. El desarrollo de "La Inteligencia" 
3. Análisis de riesgos 
Sección 2: El Parlamento Europeo 
El Consejo 
El Tribunal de Cuentas 
1. Los informes anuales 
2. Los informes especiales 
Capitulo 3: Evolución a nivel de los Estados miembros 
Sección 1: Las estructuras nacionales de lucha contra el fraude 
comunitario 
Sección 2: Acciones concertadas con los servicios de la Comisión Sección 4 22 
22 
22 
23 
29 
31 
32 
33 
34 
34 
36 
36 
37 
Capitulo 4: Cooperación y asociación con los Estados miembros 
Sección 1: Comité Consultivo para la coordinación en materia de 
lucha contra el fraude 
Sección 2: Formación e intercambio de funcionarios 
1. Los seminarios 
2. Los intercambios de funcionarios 
Sección 3: Organización de la cooperación operativa 
1. A nivel intracomunitario 
2. Acuerdos celebrados con los terceros países 
Capítulo 5: Investigaciones (Comisión) 
Sección 1 
Sección 2 
Sección 3 
Sección 4: 
Sección 5: Los fraudes transnacionales (import/export) 
Financiación de la política agrícola común 
Recursos propios tradicionales v otros casos de 
asistencia mutua 
Fondos Estructurales 
Gastos directos 38 
38 
39 
40 
42 
42 
42 
44 
45 
46 
52 
58 
68 
71 
Capitulo 6: Estadísticas y análisis 74 
Sección 1 
Sección 2 
Sección 3 Comunicaciones de los Estados miembros sobre irregularidades 74 
Análisis de los datos que figuran en las bases de datos de la Comisióffó 
Seguimiento financiero de los casos de fraude -
Situación de la recaudación v recuperaciones 77 
1. Seguimiento realizado en el ámbito de los 
recursos propios tradicionales 78 
2. Seguimiento en el ámbito de gastos del 
FEOGA-Garantía 80 
3. Seguimiento en el sector de las medidas 
estructurales y de otros gastos 82 
Capítulo 7: Créditos antifraude 
Sección 1 : Ejecución presupuestaria 1994 
1. Situación de la utilización de los créditos 
antifraude en el sector agrícola 
2. Análisis financiero 
Sección 2: Créditos 1995 84 
84 
85 
86 
88 
Anexos: 1. Breve recordatorio del mecanismo normativo existente 90 
2. Lista de números de teléfono de llamada gratuita en los 
Estados miembros 93 
Cuadros y gráficos 
INTRODUCCIÓN 
Los ciudadanos europeos, en su condición de contribuyentes, se preocupan mucho por 
el empleo de los fondos comunitarios y de que su gestión sea ejemplar, sin sombra de 
corrupción. La Comisión y los Estados miembros tienen el deber de garantizar que esto 
sea así. El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994 se 
comprometió firmemente a luchar contra el fraude y la mala gestión de los fondos 
comunitarios. La Comisión, presidida por el Sr. Jacques Santer, tiene la firme intención 
de hacer todo lo que esté en su mano para ganarse la confianza de los ciudadanos 
europeos a este respecto. 
La lucha contra el fraude, objeto del presente informe, constituye uno de los elementos 
importantes -aunque no el único- de la estrategia de la Comisión. La utilización eficaz 
de los fondos comunitarios requiere una acción concertada tanto a nivel de la Unión 
como de los Estados miembros, orientada como mínimo en tres direcciones. 
En primer lugar, hay que realizar una correcta gestión financiera. Esto significa la 
aplicación correcta de la legislación existente, una buena ejecución eficaz de los 
programas y políticas comunitarias, así como una mejor evaluación de los resultados de 
estas políticas, en el sentido de un análisis crítico de la experiencia adquirida. 
En segundo lugar, la legislación debería fomentar la buena gestión financiera 
contemplando el aspecto de disuasión del fraude. Esto requiere un examen detallado de 
la legislación existente desde este punto de vista. Asimismo, requiere aumentar la 
protección de los intereses financieros de la Comunidad mediante un enfoque uniforme 
por parte de todos los Estados miembros de la definición y persecución del fraude contra 
el presupuesto comunitario. El Consejo aprobará próximamente dos textos importantes 
en la materia. Se trata de algo indispensable para que los inspectores especializados en 
la lucha contra el fraude dispongan de los instrumentos necesarios para desempeñar sus 
funciones. 
En tercer lugar, debe intensificarse la lucha contra el fraude. El presente informe da 
cuenta de la evolución al respecto. 
* 
* * 
Las medidas previstas en la materia para el año 1995 se inscriben en el marco del 
programa de trabajo aprobado en el mes de febrero. Este programa se inscribe en la 
estrategia global de la Comisión, definida en 1994, que se articula en torno a cuatro 
grandes ejes: 
mayor presencia sobre el terreno y concentración en los sectores de alto riesgo; 
reforzar la asociación con los Estados miembros, desarrollando redes de 
información para mejorar la utilización de los "datos"; 
mejorar el marco legislativo comunitario en sus aspectos más vulnerables al 
fraude y reforzando el aspecto preventivo; 
mejorar la contabilidad de las legislaciones nacionales en lo que respecta al 
ejercicio de la represión disuasiva. 
En 1994, la Comisión ha intensificado la lucha contra el fraude. Ha creado nuevas 
fuentes de información, especialmente el teléfono verde, y ha iniciado por propia 
iniciativa nuevas investigaciones de casos de fraude o irregularidades que se registran en 
una base de datos específica (Pre-IRENE). Paralelamente, la obligación que tienen los 
Estados miembros de comunicar todos los casos de irregularidades en el ámbito de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión se ha reforzado. Se ha establecido una 
estrecha asociación con las autoridades competentes de los Estados miembros mediante 
la creación de un Comité Consultivo para la coordinación en materia de lucha contra el 
fraude. 
Estos esfuerzos han empezado a dar sus frutos. 
Los casos de fraude e irregularidades descubiertos en 1994 por los Estados miembros y 
la Comisión han aumentado en relación con el año 1993. El importe global que suponen 
se estima entre el 1 y el 2% del presupuesto comunitario. 
En 1994, las comunicaciones de los Estados miembros representaron aproximadamente 
dos tercios del importe total de las cantidades en juego, mientras que los casos 
descubiertos por la Comisión representan un tercio. Esto refleja el reforzamiento del 
papel operativo de la Comisión en la lucha contra el fraude, y en particular su capacidad 
de utilizar las informaciones procedentes de fuentes diversas en los Estados miembros. 
Tras descubrir los casos deben aplicarse las sanciones de carácter disuasivo. A este 
respecto, los Estados miembros tienen una responsabilidad importante, que el Tratado 
de Maastricht ha formalizado al introducir un nuevo artículo 209A. 
Hasta el momento, las leyes nacionales existentes no contienen disposiciones 
suficientemente concretas para perseguir el fraude y aplicar sistemática y 
homogéneamente las sanciones en los Estados miembros. Ello entorpece el desarrollo de 
las investigaciones y debilita la eficacia de los procedimientos legales. La Comisión ha 
presentado dos propuestas que tratan a la vez de las sanciones administrativas y penales, 
que presuponen cambios importantes y necesarios en las normas y prácticas nacionales. 
Para combatir el fraude contra el presupuesto comunitario de manera eficaz, el Derecho 
penal de todos los Estados miembros debe contener un instrumento jurídico específico. 
El Consejo Europeo ha fijado como fecha límite el mes de junio próximo para que el 
Consejo adopte una decisión en la materia. 
La recaudación de todos los recursos debidos al presupuesto de la Comunidad y la 
recuperación de todos los fondos comunitarios indebidamente percibidos constituye otra 
prioridad importante. Prácticamente, todos los recursos presupuestarios son recaudados 
por los Estados miembros y aproximadamente el 80% de los fondos comunitarios se paga 
a los beneficiarios finales a través de las administraciones nacionales. Por este motivo, 
la recaudación corresponde en primer lugar a los Estados miembros. 
Los procedimientos de recaudación deben mejorar considerablemente. Uno de los medios 
para acelerar el procedimiento de recaudación sería que el Consejo aprobara la propuesta 
de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 
sobre la percepción de recursos propios. Otro medio reside en la aplicación más 
sistemática de las posibilidades que ofrece el procedimiento de revisión de cuentas, en 
lo que respecta a los gastos agrícolas que adolecen de irregularidades e inspecciones 
insuficientes. También en este caso la Comisión ha propuesto una enmienda de las 
normas vigentes en la materia. 
Por su parte, la Comisión ha reorganizado y centralizado los servicios antifraude y ha 
procedido a la contratación suplementaria de 50 agentes, aprobada por el Parlamento 
Europeo. También ha desarrollado más sus servicios de "información" ("Inteligencia") 
y sus sistemas de información, con el fin de combatir todos los tipos de fraude, incluidos 
los más sofisticados. 
* 
* * 
La Comisión invita al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas a 
cooperar con ella para garantizar el más alto nivel de protección de las finanzas 
europeas. Lo que está enjuego no es más ni menos que la credibilidad de la Unión ante 
los ciudadanos y contribuyentes. 
CAPITULO 1: PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA 
COMUNIDAD - EVOLUCIÓN DEL MECANISMO 
NORMATIVO EN 1994 Y PREVENCIÓN 
Huelga recordar el papel primordial de las administraciones nacionales en materia de 
lucha contra el fraude al presupuesto comunitario1. De hecho, los Estados miembros, 
a través de sus administraciones de policía financiera y sus instituciones judiciales, 
disponen de los medios necesarios para controlar, descubrir, perseguir y reprimir los 
comportamientos fraudulentos. La colaboración con la Comisión se organiza de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad, para garantizar el más alto nivel de protección de las 
finanzas europeas. 
Por su parte, la Comisión ha centrado su acción legislativa, con arreglo a uno d~ los ejes 
prioritarios de su programa estratégico de trabajo para 19942, en un doble objetivo 
fundamental: aclarar y simplificar la legislación sectorial, introducir sistemáticamente 
sanciones administrativas en las normativas con el fin de mejorar la legislación 
comunitaria y hacerla lo menos vulnerable posible al fraude, en el caso de las 
disposiciones reglamentarias con repercusión financiera. 
Esta orientación primordial hace hincapié en el aspecto de la prevención de este eje 
prioritario y orienta la acción de la Comisión de acuerdo con la voluntad política que ésta 
lia siempre manifestado de profundizar en este aspecto tanto ex-ante como ex-post. En 
este sentido, se fomentarán los trabajos realizados por grupos horizontales para la 
simplificación y revisión de la legislación agrícola. 
SECCIÓN 1: HECHOS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR DE LOS RECURSOS 
PROPIOS 
La" propuesta de modificación del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del 
Consejo3 fue presentada a éste por la Comisión el 11 de diciembre de 1992. Desde 
entonces, ha sido objeto de modificaciones como consecuencia de la consulta al 
Parlamento4 y de la consulta ad hoc al Tribunal de Cuentas5. La propuesta modificada 
se volvió a presentar al Consejo el 3 de noviembre de 19946. 
Véase en el Anexo 1 la normativa vigente a 1 de enero de 1994 sobre comunicaciones e inspecciones. 
Doc. COM(94) 92 final. 
DO L 155 de 07.06.1989, Véase también el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, doc. COM (94) 94 final. 
E\ Parlamento ha propugnado un estímulo financiero que permita a los Estados miembros sufragar la carga suplementaria 
derivada de la recaudación a posteriori en los casos de fraude o irregularidades ya comunicados, concediéndoles la 
posibilidad de retener el 10% de las cantidades recaudadas por este concepto, (nuevo artículo 10§ 1 bis para los casos 
comunicados con arreglo al nuevo artículo 6§4). 
Dictamen n° 1/93, DO C 170 de 21.06.1993. 
Doc. COM (94) 458 final, DOC 382 de 31.12.1994. 
7 
Las disposiciones previstas en la propuesta ya modificada de la Comisión sobre la 
comunicación de casos de fraudes o de irregularidades se mantienen, especialmente la 
que prevé la transmisión regular de información sobre los casos ya comunicados 
(situación del caso, situación contable de la recaudación de las cantidades ...) y la que 
constituye el nuevo apartado 4 del artículo 6, que describe en detalle el contenido de las 
comunicaciones (la antigua versión del artículo 6 §3 sólo recogía una descripción en el 
marco de la breve), y en particular el párrafo sobre la comunicación eventual del mismo 
caso en el marco de la asistencia mutua7 . 
El Consejo, en sus conclusiones del 11 de junio de 1994 sobre la lucha contra el fraude 
dio prioridad al debate de este texto. 
SECCIÓN 2: HECHOS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
La legislación comunitaria se sigue revisando para reducir su vulnerabilidad al fraude, 
especialmente en lo que respecta a los reglamentos que regulan las condiciones de control 
de la concesión de determinas ventajas, en particular a la exportación8, de productos 
agrícolas (ámbito del FEOGA-Garantía): 
así, el Reglamento (CE) n° 163/94 del Consejo9 por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 386/90 del Consejo sobre el control en el momento de la 
exportación de los productos que se benefician de una restitución o de otras 
cantidades, ha sido definido por los servicios de la Comisión en lo que respecta 
al establecimiento de los criterios básicos que los Estados miembros aplicarán al 
análisis del riesgo10 (regla de los 5% con un índice mínimo del 2% para cada 
sector de productos). 
La Comisión está elaborando las condiciones de aplicación de este Reglamento, 
en lo que respecta al control físico propiamente dicho. 
Por otra parte, los servicios de la Comisión han realizado un estudio de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que respecta a los principios 
generales del derecho a la restitución, en el que se ponen de manifiesto diversas 
sentencias que han creado una línea constante de interpretación. Tras este análisis, 
Esta precisión permitiría a los servicios especializados de la Comisión poner en relación el seguimiento efectuado en el 
marco del Reglamento (CEE) 1468/81 y el que deberá realizarse en el marco de la comunicación "artículo 6§3" del 
Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89, especialmente desde el punto de vista financiero, ya que la comunicación 
de casos "asistencia mutua" no menciona sistemáticamente las cantidades que están en juego. A este respecto, véase la 
sección 3 del capítulo 6 "Seguimiento financiero de los casos de fraude ...", página 77. 
Véase la sección 5 "El régimen de tránsito comunitario (import/export)", página 14. 
DO L 24 de 29.01.1994. Véase también el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
Reglamento (CE) n° 3122/94 de la Comisión por el que se establecen los criterios para el análisis del riesgo en lo que 
respecta a los productos agrícolas que se benefician de una restitución, DO L 330 de 21.12.1994. 
confirmado por la sentencia del Tribunal dictada en el asunto C-347/99 Boterlux11, 
la Comisión no considera necesario modificar el artículo 5 del Reglamento (CEE) 
n° 3665/87 de la Comisión12, relativo al derecho a la restitución. 
A partir del objetivo económico de la restitución a la exportación, que es permitir 
que los productos agrícolas comunitarios compitan con los productos de los 
terceros países en los mercados exteriores, la responsabilidad del exportador está 
clara en todos los casos. El pago de la restitución está supeditado a la obligación 
de éste último de demostrar, a petición de las autoridades nacionales competentes, 
la importación y comercialización de los productos de que se trate en un tercer 
país. Esta idea es importante, ya que presupone una comercialización efectiva del 
producto en el país importador. 
la Comisión también ha presentado una propuesta13 destinada a adoptar medidas 
contra determinados beneficiarios de operaciones financiadas por el FEOGA-
Garantía, que presentan un riesgo de no fiabilidad. Esta propuesta, que refuerza 
la cooperación entre las administraciones nacionales, pretende crear un mecanismo 
para identificar a tales operadores. El texto, que se conoce comúnmente como 
"propuesta de reglamento de lista negra" fue transmitido al Consejo el 26 de abril 
de 1994 y fue objeto de un acuerdo político en el Consejo de Agricultura el 6 de 
abril de 1994. La Comisión establecerá las condiciones específicas de aplicación 
una vez el texto haya sido aprobado. 
el Reglamento (CEE) n° 4045/89 del Consejo14 relativo a los controles a posteriori 
por los Estados miembros de los documentos comerciales de las empresas que 
reciben financiación del FEOGA-Garantía ha sido modificado por el Reglamento 
(CEE) 3094/94 del Consejo15, al que se han incorporado modalidades de selección 
de las empresas que deberán controlarse para tener en cuenta las técnicas 
aplicadas de análisis de riesgos, precisiones sobre los documentos comerciales 
objeto de controles, medios de acción a disposición de los Estados miembros 
cuando los documentos comerciales son inadecuados o se encuentran fuera del 
territorio de la Comunidad y procedimientos más desarrollados de asistencia 
mutua. 
DO C 275 de 01.10.1994. El Tribunal ha recogido en esta sentencia los principios generales del derecho a la restitución 
que poco a poco se habían ido incorporando a la normativa existente, a tenor de su propia jurisprudencia. 
Reglamento sobre las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación de productos 
agrícolas, DO L 351 de 14.12.1987. 
Doc. COM(94) 122. 
DO L 388 de 30.12.1989. 
DO L 328 de 20.12.1994. 
El Consejo aprobó el Reglamento (CE) n° 165/94 del Consejo16 relativo a la 
cofinanciación por la Comunidad de los controles por teledetección, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 3508/92 del Consejo17por el que se establece 
un sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de 
ayudas comunitarias. Se recuerda que se trata de controles de superficie agraria 
realizados por teledetección aérea o espacial, y que la cofinanciación de la 
Comisión no puede superar el 50% de los gastos reales del Estado miembro de 
que se trata, para un ejercicio presupuestario determinado. Este Reglamento 
modifica, por consiguiente, el ámbito de aplicación del artículo 10 del Reglamento 
(CEE) n° 3508/92, que trata al mismo tiempo de la cofinanciación de los gastos 
de infraestructuras de control, en el marco del sistema integrado, y de los gastos 
vinculados a la compra de fotografías aéreas o imágenes espaciales (y su análisis). 
En este contexto, la Comisión ha presentado al Consejo una nueva propuesta de 
Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
3508/92 del Consejo, cuyo fin es prolongar hasta finales de 1996 el régimen de 
participación comunitaria establecido por el artículo 10. En este sentido, el 
Consejo aprobó el Reglamento (CEE) n° 3233/94 del Consejo18. 
Por último, el Consejo aprobó el Reglamento (CEE) n° 3235/94 del Consejo19, 
que, como consecuencia de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia modifica 
varias disposiciones en las que se establece, en favor de los nuevos Estados 
miembros, la cofinanciación de determinadas medidas en el sector agrícola. Estas 
disposiciones se refieren a los Reglamentos (CEE) n° 4045/89, 307/91 y al artículo 
10§2 del Reglamento (CEE) n° 3508/9220. 
SECCIÓN 3: HECHOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS 
ESTRUCTURALES 
La normativa vigente en materia de Fondos Estructurales define desde un principio el 
papel de los Estados miembros y la Comisión en materia de control de las medidas de 
prevención y persecución de las irregularidades. La división de tareas figuraba en el 
artículo 23 Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo21, en una construcción simétrica 
en virtud de la cual: 
DO L 24 de 29.01.1994. 
DO L 355 de 05.11.1992. Véase también el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
DO L 338/13 de 28.12.1994. 
DO L 338/16 de 28.12.1994. 
En lo que respecta a las disposiciones financieras propias de estos tres Reglamentos y a los resultados obtenidos en 1994, 
véase el Capítulo 7 "Créditos antifraude", sección "Análisis financiero", página 86. 
DO L 374 del 31.12.1988. Reglamento modificado por el Reglamento (CEE) n° 2082/93 del Consejo, DO L 193 de 
31.07.1993. 
10 
los Estados miembros son responsables en primera instancia y tienen la obligación 
de "prevenir y perseguir las irregularidades" de "recuperar los fondos perdidos" 
e "informarán a la Comisión de las medidas adoptadas al efecto y, en particular, 
del desarrollo de las diligencias administrativas y judiciales" (artículo 23§1); 
la Comisión dispone de los medios de control del ejercicio de esta responsabilidad 
(artículo 23 §2). 
El Código de Conducta que la Comisión había elaborado para dictar las modalidades de 
comunicaciones de los Estados miembros en caso de irregularidades fue anulado por el 
Tribunal de Justicia22, debido a que las disposiciones contenidas en él iban más allá de 
las disposiciones del artículo 23§1 del Reglamento (CEE) n° 4253/88. La consecuencia 
de esta sentencia del Tribunal de Justicia23, que sin embargo no cuestionaba el 
fundamento jurídico de la obligación de comunicación por parte de los Estados miembros, 
fue detener el flujo de dichas comunicaciones. 
En un primer momento, los servicios de la Comisión, con motivo de la revisión general 
de la normativa de los fondos en 1993, introdujeron explícitamente la necesidad de 
establecer modalidades detalladas de comunicaciones en el Reglamento (CEE) n° 2082/93 
del Consejo24 que modifica el Reglamento (CEE) n° 4253/88 y que lo completa en su 
artículo 23 §1 (último párrafo) con el anuncio de la adopción por la Comisión de 
modalidades detalladas de aplicación del apartado en cuestión. 
En un segundo momento, el procedimiento de aprobación de la normativa aplicable a los 
Fondos Estructurales y al instrumento financiero de cohesión fue objeto de seguimiento 
en el marco de la concertación prevista con los diversos comités y condujo a la 
aprobación del Reglamento (CEE) n° 1681/94 de la Comisión25 relativo a las 
irregularidades y la recaudación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la 
negociación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de 
información en la materia. 
En un tercer momento, se estableció un Reglamento similar26 para el Fondo de Cohesión, 
que entre tanto sucedió al instrumento financiero de cohesión27, según un procedimiento 
simplificado. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1992, doc. COM (93) 141 final-
Sentencia 303/90 "República Francesa contra la Comisión de las Comunidades Europeas", de 13.11.1991. 
DO L 193 de 31.07.1993. 
DO L 178 de 12.07.1994. 
Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión, DO L 191 de 27.07.1994. 
El Reglamento (CE)n° 1164/94 del Consejo, DO L 130 de 25.05.1994, ha derogado el Reglamento (CEE) n° 792/93 del 
Consejo, por el que se constituía el instrumento financiero de cohesión. 
-11 
Estos dos Reglamento se basan en el Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo28 aplicable 
en el sector del FEOGA-Garantía, pero difieren del mismo por haber sido adaptados a 
sectores de gastos específicos. 
Establecen, en particular: 
la comunicación por los Estados miembros de sus disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como de la lista de organismos y servicios 
encargados de aplicarlas 
la comunicación por los Estados miembros de los casos de irregularidades 
descritos detalladamente 
la comunicación trimestral por los Estados miembros de la evolución de los casos 
de irregularidades ya señalados y, en concreto, de los procedimientos aplicados 
al respecto 
la información a los Estados miembros por parte de la Comisión de las 
magnitudes de las sumas objeto de las irregularidades detectadas y las diversas 
categorías de irregularidades. 
A diferencia del Reglamento (CEE) n° 595/91, ios Reglamentos (CE) n° 1681/94 y 
1831/94 no establecen la "prima" del 20% de las recaudaciones en favor de las 
administraciones de los Estados miembros29, pero reconocen en cambio la posibilidad de 
reprogramar en un 100% las recaudaciones en favor de operación o beneficiarios finales 
distintos de aquellos implicados en la irregularidad, respetando la transparencia y 
disciplina presupuestarias. 
La aplicación de esta nueva normativa, que entró en vigor a partir del tercer trimestre de 
1994, implica: 
la utilización concertada entre la Comisión y los Estados miembros de soportes 
de comunicación (formularios, medios informáticos) 
la formación del personal de las administraciones nacionales encargadas de las 
comunicaciones, con la asistencia técnica de la Comisión30 
la aplicación en los servicios de la Comisión de los sistemas de gestión de las 
comunicaciones. 
DO L 67 de 14.03.1991. 
Principio de estímulo financiero previsto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo. 
Véase la sección del Capítulo 7 "Ejecución presupuestaria 1994", página 84. 
12 
SECCIÓN 4: SITUACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
La propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo31 relativo a la 
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la 
colaboración entre éstas y la Comisión para asegurar la buena aplicación de las 
normativas aduanera y agrícola sustituirá al Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo32, 
que actualmente regula los procedimientos de asistencia mutua entre las administraciones 
nacionales y la Comisión en los sectores aduanero y agrícola. 
El objetivo de la propuesta es organizar mejor la lucha contra el fraude en los sectores 
agrícola y aduanero, especialmente expuestos a los riesgos de irregularidades que afectan 
al presupuesto comunitario, garantizar la protección homogénea de la frontera exterior de 
la Comunidad reforzando los procedimientos de ayuda mutua y cooperación 
administrativa. Además, el texto constituirá el fundamento jurídico para la creación de 
una base de datos central accesible a los servicios nacionales y a la Comisión. 
Su creación constituye la segunda fase del proceso de instalación del Sistema de 
Información Aduanera (SID)33 y también permitirá, mediante intercambios de información 
entre los diferentes participantes, controlar más eficazmente las operaciones fraudulentas. 
Esta propuesta ha sido objeto de una orientación política confirmada por unanimidad en 
el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda del 5 de diciembre de 1994. Así, el 
Consejo manifestó su voluntad de garantizar la correcta aplicación de las normativas 
aduanera y agrícola, responsabilidad que incumbre en primer lugar a los Estados 
miembros, organizando la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los 
Estados miembros y con la colaboración entre éstas y la Comisión 
Según la estrategia de la Comisión, debe intensificarse aún más la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros, especialmente en lo que respecta a la gestión 
de la frontera exterior de la Comunidad, ya que los métodos de control de las autoridades 
aduaneras siguen siendo muy diversos. Por otra parte, la Comisión ha desarrollado un 
programa específico "aduana 2000", que servirá de base para la reflexión del Consejo. 
El objetivo de este programa es garantizar la homogeneidad de la frontera exterior de la 
Comunidad desarrollando, entre otros, métodos de trabajo tales como la utilización de 
técnicas de auditoría de cuentas de las empresas, de análisis de riesgos, el desarrollo de 
procedimientos simplificados de despacho de aduana y la coordinación en el tratamiento 
informático de los procedimientos aduaneros. 
En este contexto, y como consecuencia de un estudio centrado en las infracciones 
aduaneras, la Comisión examina con los Estados miembros en el Comité de Política 
Aduanera una clasificación de los diversos tipos de infracciones y sanciones aduaneras. 
Doc. COM (94) 34 final, DO C 80 de 17.03.1994. 
DO L 144 de 02.06.1981. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
-13 
SECCIÓN 5: LOS REGÍMENES DE TRANSITO ADUANERO: TRANSITO 
COMUNITARIO/COMÚN Y TIR 
El procedimiento de tránsito comunitario permite que las mercancías circulen bajo control 
aduanero desde un punto a otro del territorio de la Comunidad, suspendiendo el pago de 
derechos e impuestos y las ventajas de cualquier otra medida derivada de las políticas 
comunitarias. El procedimiento se basa en la designación de una persona (física o 
jurídica) como principal obligado, la cual debe: 
por una parte, ofrecer una garantía que cubra la percepción de derechos y otras 
cargas debidas en caso de irregularidad 
por otra parte, presentar las mercancías en buen estado en la oficina de aduanas 
de destino, dentro del plazo fijado por la oficina de salida. 
El procedimiento se inicia con la presentación de las mercancías y la convalidación de 
los documentos de tránsito en la oficina de aduanas de salida de la Comunidad. En ésta 
se conserva una copia para controlar la regularidad de las operaciones. Las mercancías 
circulan en el territorio comunitario con el documento de tránsito, que debe presentarse 
en la oficina de aduanas de destino dentro del plazo fijado. Una vez efectuados los 
controles necesarios in situ por la oficina de destino, una copia del documento aduanero, 
junto con los resultados de estos controles, se devuelven a la oficina de salida. Si se 
considera que la operación de tránsito se ha tramitado de forma regular, el principal 
obligado queda liberado de sus cargas. 
Por el contrario, en caso de fraude o irregularidad, los derechos e impuestos exigibles se 
reclaman al autor de la infracción, si se hubiere identificado. En su defecto, el pago de 
estos derechos e impuestos se reclama al principal obligado. Por último, si éste no está 
en condiciones de cumplir esta obligación, se ejecutará la garantía que cubre la operación. 
La recaudación de las cantidades también depende en gran medida de que la garantía 
corresponda a los riesgos que se corren. 
El régimen de tránsito comunitario se ha recogido en su conjunto en el marco del 
Convenio de Tránsito Común con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC). Se propone ampliar el ámbito de aplicación del régimen de tránsito común a los 
países de Europa, Central y Oriental (PECO)34. Es evidente que, en las circunstancias 
actuales, el sistema de tránsito se ha convertido en el objetivo principal de las redes de 
delincuencia organizada, que planean operaciones fraudulentas muy rentables. 
En este contexto* los productos susceptibles de fraude han sido objeto de vigilancia 
especial en el marco de este procedimiento de tránsito y la circulación de mercancías con 
Véase el Capítulo 4, Sección 3 "Organización de la cooperación operativa / Acuerdos celebrados con los terceros países" 
página 44. 
14 
altos gravámenes tales como los cigarrillos y otros productos del ámbito de financiación 
de la Política Agrícola Común (PAC) supone un riesgo seguro. 
Los fraudes consisten principalmente: 
en la no presentación de las mercancías en la oficina de aduana de destino 
en la falsificación de los documentos aduaneros que declaran la presentación de 
las mercancías en la oficina de destino, estampando sellos robados o falsificados 
en el ejemplar del documento de tránsito que vuelve a enviarse a la oficina de 
salida. 
En ambos casos, las mercancías se introducen y comercializan irregularmente en el 
mercado comunitario, sin haber pagado previamente los derechos e impuestos debidos. 
En 1994, se tomaron varias medidas en el marco del programa estratégico antifraude de 
la Comisión, tanto en el ámbito legislativo como operativo: 
se elaboró una lista de productos sensibles que pueden ser objeto de fraudes 
crecientes en las operaciones de tránsito35 
se tomaron medidas para aumentar el nivel mínimo de las garantías globales 
exigidas para cubrir los derechos y las cargas correspondientes a algunos 
productos sensibles36. 
adaptación del tiempo de transporte con respecto a la distancia recorrida para la 
entrega de mercancías. 
aumento de las acciones operativas coordinadas por la Comisión, en el sentido de 
ampliar la cooperación entre los servicios de investigación (nacionales y 
comunitarios), desarrollando misiones en los terceros países. 
aplicación de un sistema de información previo en lo que respecta a los 
intercambios de datos sobre expediciones de mercancías sensibles, entre las 
oficinas de aduana de salida y de destino. 
Junto a estas medidas inmediatas, se ha realizado un estudio de viabilidad y un análisis 
coste/beneficio para la informatización de los regímenes de tránsito. Tal sistema permitirá 
responder con eficacia a los fallos del sistema, suprimiendo las lagunas y proporcionando 
los medios necesarios para prevenir eficazmente el fraude. Las autoridades aduaneras 
estarán en condiciones de detectar los casos de fraude con suficiente antelación, para 
poder adoptar las medidas cuatelares necesarias. 
Decisión n° 2/94 del Comité CE-AELC sobre el tránsito común (94/948/CE) de 08.12.1994, DO L 371 de 31.12.1994. 
Decisión n° 3/94 del Comité CE-AELE sobre el tránsito común (94/949/CE) de 08.12.1994, DO L 371 de 31.12.1994. 
15 
Por otra parte, junto al régimen de transito comunitario/común, también existe un régimen 
de tránsito internacional que prevé la circulación de mercancías en el marco del Convenio 
Aduanero TIR (Transport International Routier), cuyo sistema de garantía es gestionado 
por la IRU (International Road transport Union) en Ginebra, que se utiliza principalmente 
para el transporte por carretera de mercancías procedentes o con destino a los PECO y 
las Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
La evolución de las relaciones entre la Comunidad y estos países ha creado posibilidades 
que los operadores sin escrúpulo y las organizaciones delictivas no han dejado de 
aprovechar. El fraude en este sector ha conducido a las autoridades responsables IRU a 
suspender definitivamente, a partir del 1 de diciembre de 1994, la aplicación de los 
documentos TIR para el transporte de cigarrillos y alcohol. Las administraciones 
aduaneras han introducido medidas de control reforzado, especialmente el sistema de 
información previa para las mercancías sensibles. 
SECCIONÓ: LAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE 
LA COMUNIDAD 
La protección de los intereses económicos de la Comunidad es una prioridad que desde 
hace algunos año es objeto de especial atención por parte de las instituciones 
comunitarias. Desde la década de 1970, en que la Comisión propuso un proyecto de 
Tratado37, hasta la reciente resolución del Consejo de Justicia del 13 de noviembre de 
1991 y, más recientemente, la del Consejo Justicia del 1 de diciembre de 199438, es 
evidente que aumentar las sanciones por incumplimiento del Derecho comunitario en 
materia financiera se ha convertido en una prioridad de alto nivel político. A pesar de las 
declaraciones de buenas intenciones, el Consejo aún no ha realizado ningún progreso 
importante en el debate de las propuestas de la Comisión. 
La protección homogénea y eficaz de los intereses financieros de la Comunidad requiere 
la identificación jurídica, a través de textos que sean directamente aplicables por los 
Estados miembros, de los actos y comportamientos perjudiciales para el presupuesto 
comunitario, así como la definición de las condiciones de aplicación de los controles, de 
medidas y sanciones administrativas comunitarias y la imposición de sanciones penales 
en el ordenamiento jurídico internacional. 
Proyecto de Tratado para una normativa común sobre la protección penal de los intereses económicos de las Comunidades, 
así como sobre la persecución de las infracciones a lo dispuesto en el Tratado, presentado el 10.08.1976, DO C 222 de 
22.09.1976, y retirado definitivamente tras la Decisión de la Comisión de 15.06.1994, doc. PV(94) 1206. 
DO C 355 de 14.12.1994. 
16 
1. Propuesta de Reglamento sobre las inspecciones, medidas y sanciones 
administrativas comunitarias 
La Comisión, para dar mayor eficacia al Derecho comunitario y reforzar el aspecto de la 
prevención en su estrategia antifraude, ha optado por un texto horizontal sobre las 
inspecciones, medidas y sanciones administrativas comunitarias39. 
La propuesta de Reglamento contiene, por primera vez, una definición clara de la 
"irregularidad" y del "fraude". El ámbito de aplicación de este Reglamento se extiende 
al conjunto de comportamientos irregulares, ya sea fraude, abuso de derecho u otras 
infracciones de la legislación comunitaria que ponen en peligro la correcta aplicación de 
la normativa comunitaria sobre financiación de políticas comunitarias, tanto desde el 
punto de vista de los ingresos como de los gastos. 
En caso de incumplimiento, aparte de la recaudación o recuperación de las ventajas 
concedidas, el texto precisa las condiciones en que pueden adoptarse las medidas y 
sanciones administrativas comunitarias. 
Está previsto un mecanismo de control que determina, en general, el marco del ejercicio 
de los controles cuyas condiciones se recogen detalladamente en los reglamentos 
sectoriales sobre las comunicaciones40. Sobre este punto, es conveniente reunir en un 
mismo texto el conjunto de principios que deben presidir la organización de los controles 
realizados por los Estados miembros y la Comisión: el legislador comunitario se inspirará 
en dichos principios generales para clarificar y hacer explícitos los diversos reglamentos 
sectoriales. 
Por consiguiente, la propuesta del Reglamento prevé la posibilidad de adoptar e imponer 
sanciones administrativas previstas por normativas comunitarias sectoriales. La propuesta 
menciona expresamente la sanción administrativa pecuniaria. Las sanciones y medidas 
administrativas comunitarias se aplican a las personas físicas y jurídicas que cometen la 
irregularidad. Además de las medidas de efecto directo como las relativas al abuso del 
derecho y a la prescripción, este texto, al exponer los principios generales, tendrá un 
efecto de arrastre que permitirá y facilitará desarrollar mecanismos en los sectores donde 
sea necesario. Por sus características y finalidades diversas, estos mecanismos se aplicarán 
sin perjuicio de las obligaciones relativas al principio de asimilación y a la necesidad que 
tienen los Estados miembros de garantizar una protección eficaz, proporcionada y 
disuasiva de los intereses de la Comunidad. 
El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre, en sus conclusiones sobre 
la lucha contra el fraude y como consecuencia de los primeros trabajos realizados en el 
Comité Presupuestario del Consejo, pidió al Consejo Eco fin que aprobara lo antes posible 
este Reglamento sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad. 
DO C 216 de 06.08.1994. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
17 
Por otra parte, la Comisión ha hecho deliberadamente hincapié en la necesidad de 
aumentar la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad a nivel de los 
Estados miembros, para sancionar los comportamientos fraudulentos cometidos en 
perjuicio de las finanzas de Europa. 
2. Propuesta de acto del Consejo por el que se establece el Convenio sobre la 
protección penal de los intereses financieros de la Comunidad 
Para la Comisión, en el marco de su política contra el fraude, la protección jurídica de 
los intereses económicos de la Comunidad debe estar claramente identificada en el arsenal 
penal de los Estados miembros. Debe elaborarse un instrumento jurídico específico para 
reforzar la protección penal, esencial e ineludible para una lucha eficaz, transparente y 
disuasiva contra el fraude. Los operadores que defraudan no son los únicos que 
pretenden aprovechar las ventajas financieras que se desprenden de la legislación 
comunitaria, ya que también las redes organizadas han demostrado ser capaces de realizar 
montajes ilícitos sofisticados. Solo se podrá actuar contra ellos si, en todos los Estados 
miembros, se dispone de instrumentos jurídicos de represión eficaces y homogéneos para 
evitar que se desarrollen en la Comunidad espacios menos protegidos. 
En materia de "Cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior", 
que se recoge Título VI del Tratado de la Unión Europea (tercer pilar), la lucha contra 
el fraude de dimensión internacional (artículo K.1.5)41, se considera un asunto de interés 
común. La Comisión, basándose en el apartado 2 del artículo K.3, ha presentado una 
propuesta de acto del Consejo por el que se establece un Convenio para la protección 
penal de los intereses financieros de la Comunidad42. 
El Consejo de Justicia del 1 de diciembre de 1994 aprobó, en forma de resultado de 
etapa, una resolución para la aprobación en breve plazo de un instrumento jurídico en 
1995. El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994, ha invitado 
al Consejo de Justicia a continuar con sus deliberaciones para adoptar una acción común43 
o un convenio que se elaborará en el primer semestre de 1995. El Parlamento Europeo, 
en una resolución del 15 de diciembre de 199444, pidió a la Comisión que retirara su 
propuesta de convenio, ya que el planteamiento institucional adoptado le privaba de su 
poder de acción y atribuye exclusivamente al Consejo el poder de decisión, lo que, en 
opinión del Parlamento, podría debilitar gravemente la protección de los intereses 
financieros comunitarios. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993 anteriormente citado. 
DO C 216 de 06.08.1994. 
El Reino Unido presentó en marzo de 1994 un proyecto de acción común en materia de sanciones penales. El Grupo de 
trabajo "Derecho penal / derecho comunitario", creado en el marco de la cooperación judicial, para prestar asistencia al 
Comité K4, recibió el mandato de continuar el análisis comparado de las propuestas formales del Reino Unido y de la 
Comisión, por parte del Consejo de Justicia del 21 de junio, confirmado por el Consejo Europeo de Corfú de los días 23 
y 24 de junio. 
Doc. PE 185 379, de 15.12.1994. 
El objeto de la propuesta de la Comisión45 es introducir no sólo una definición común del 
fraude contra el presupuesto comunitario y el principio de la incriminación específica en 
el Derecho penal de los Estados miembros, sino también disposiciones para agilizar la 
cooperación judicial. La incriminación específica es lo único que puede cumplir 
plenamente los requisitos del artículo 209 A CE46. Debe precisarse el alcance exacto del 
concepto de fraude contra los intereses financieros comunitario, que constituye uno de los 
componentes del fraude internacional a que se refieren el artículo K.1.5 TUE, en el que 
se inscribe la iniciativa de la Comisión. 
Un elemento clave en la definición de los actos fraudulentos que figura en la propuesta 
de la Comisión es la "negligencia manifiesta" con respecto a las obligaciones mínimas 
de diligencia que desde un punto de vista deontológico y profesional corresponden a los 
operadores que gestionan o se benefician de financiación comunitaria. 
En este orden de cosas, la noción de "responsabilidad" de los operadores fraudulentos que 
actúan por cuenta o "al amparo" de una persona jurídica, que de hecho corresponde a la 
noción de poder de decisión en virtud de sus órganos representativos legales (consejo de 
administración, colegio de dirección ...), implica la responsabilidad de la empresa y debe 
conducir claramente a un auténtico compromiso de ésta, también en materia penal. El 
texto también prevé la responsabilidad penal de quien decide, por los hechos cometidos 
por los colaboradores de la empresa y por cuenta de ésta. La propuesta de la Comisión 
se apoya en corrientes actuales de la doctrina y en el Derecho de algunos Estado? 
miembros y establece la responsabilidad autónoma por las obligaciones derivadas del 
ejercicio del poder o del mandato confiado. 
Con objeto de elaborar una plataforma mínima de principios fundamentales para la 
protección de las finanzas europeas y de lograr la máxima eficacia, la Comisión ha 
adoptado la noción de "competencia prioritaria", con objeto de actuar contra los actos 
fraudulentos. Este principio se aplicará básicamente en los casos de fraude complejo y 
transnacional. Permitirá centralizar la acción represiva en el Estado miembro donde se han 
producido los hechos principales, sin por ello eximir a las autoridades de otros Estados 
miembros afectados del cumplimiento de sus obligaciones de investigación y asistencia. 
Este concepto es un elemento indispensable a nivel comunitario, que puede prevenir 
eventuales conflictos de competencia y sobre todo de distorsión en el juego de la 
aplicación simultánea de disposiciones represivas de los Estados miembros. 
La cooperación judicial en materia penal, indispensable en los casos de fraude 
transnacional en los que actúa la delincuencia organizada, se recoge explícitamente en el 
artículo K.1.7 del Tratado, con respecto al cual la Comisión no dispone actualmente de 
derecho de iniciativa. No obstante, la Comisión ha considerado necesario completar su 
proyecto, mediante una contribución valiosa consistente en un conjunto de normas 
mínimas para la aplicación de un sistema de asistencia jurídica directa y eficaz, acorde 
Esta acción concreta de la Comisión figura en el marco de su programa de trabajo para 1994, dentro de uno de los cuatro 
grandes ejes prioritarios definidos. 
Párrafo primero: "Los Estados miembros adoptarán las mismas medidas para combatir el fraude que afecte a los intereses 
financieros de la Comunidad que las que adopten para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros". 
19 
con la situación institucional de hecho de la Comunidad. Hay que dar, también a nivel 
de cooperación judicial, este salto cualitativo que aumentará la eficacia operativa de las 
autoridades de acuerdo con las disposiciones que deberán adoptarse para combatir el 
fraude comunitario transnacional. La Comisión debe integrarse plenamente en el circuito 
de comunicación de información sobre peticiones de ayuda recíproca, para estar en 
condiciones de aportar, en todo momento, su experiencia y eventual coordinación para 
hacer frente a la organización de la delincuencia transnacional, que por su parte está 
coordinada y centralizada. 
Para elaborar el instrumento jurídico en el marco del Título VI del Tratado de la Unión 
Europea, tal como lo ha propugnado el Consejo Europeo de Essen, debe adoptarse un 
enfoque complementario al sistema adoptado en materia de sanciones administrativas. 
Sólo un enfoque global de este tipo puede responder a la necesidad de aumentar la 
eficacia de los sistemas represivos para constituir un conjunto coherente de medidas que 
garanticen, también de forma complementaria, la protección eficaz de las finanzas 
europeas. Ello también implica prever, en este instrumento jurídico "tercer pilar", la 
competencia del Tribunal de Justicia, conforme al artículo K.3 TUE, para decidir con 
carácter prejudicial, sobre la interpretación o cualquier litigio sobre la aplicación del 
Convenio y, en particular sobre el concepto de fraude que corresponde al primer pilar (art. 
209A CE). 
3. Perspectivas en el marco de la resolución del Consejo de Justicia del 1 de 
diciembre de 1994 
Con motivo del debate de fondo que se celebra desde julio de 1994 en el marco del 
Consejo para examinar la iniciativa de la Comisión en materia penal, así como la del 
Reino Unido, la presidencia ha abordado determinados sectores no contemplados en estas 
iniciativas, para que temas como la corrupción de los funcionarios de las Instituciones 
Europeas y el blanqueo del producto del fraude comunitario también se traten desde el 
punto de vista de la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad. 
La resolución del Consejo de Justicia del 1 de diciembre recoge la idea de una definición 
común del fraude comunitario, acompañada de las sanciones adecuadas dentro de los 
diversos aparatos represivos. Para la Comisión, se trata de una plataforma mínima para 
proseguir los trabajos de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Essen 
del 9 y 10 de diciembre, en las que se indica claramente que el fraude ha de combatirse 
con la máxima firmeza. Para la Comisión, un objetivo así supone la definición clara y 
rigurosa del concepto de fraude, que incluya la negligencia manifiesta, definición común 
a partir de la cual los Estados miembros deben introducir una incriminación específica en 
su arsenal represivo. 
La resolución también menciona la necesidad de tener en cuenta los temas de la 
corrupción y del blanqueo del producto del fraude en la elaboración del instrumento 
jurídico en cuestión. 
20 
3.1 El tema de la corrupción 
Como introducción a esta sección sobre la protección jurídica47, se ha citado la iniciativa 
de 1976 relativa al proyecto de Tratado sobre la protección penal presentado por la 
Comisión. Este proyecto incluía ya, por iniciativa de la Comisión, un segundo acto sobre 
la responsabilidad penal de los funcionarios y demás agentes de las Comunidades 
Europeas, que aún está pendiente en el Consejo. La problemática sigue incluida en el 
orden del día y el Parlamento Europeo ha pedido, con arreglo al artículo 138 B del 
Tratado, en su resolución del 11 de marzo de 199448, que se elabore un instrumento 
jurídico en el sentido de exigir responsabilidades a los funcionarios encargados de los 
gastos presupuestarios comunitarios. 
Además de la iniciativa tomada en 1976 sobre el tema de la corrupción, la Comisión ha 
realizado un examen comparativo del impacto de la corrupción, especialmente desde el 
punto de vista de su articulación con el montaje de fraudes que atenían gravemente contra 
los intereses económicos de la Unión Europea. 
3.2 El tema del blanqueo 
De acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo49 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, la 
Comisión ha elaborado un primer informe sobre la aplicación de esta directiva, que se 
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. 
La conclusión de este informe es que la directiva ha tenido un impacto evidente en la 
creación por los Estados miembros de sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales, 
que actualmente se asimila a una infracción penal en los doce Estados miembros. Ocho 
de ellos han considerado que el blanqueo del producto de cualquier actividad delictiva o 
de cualquier infracción penal grave constituyen un delito penal, que va incluso más allá 
del blanqueo del producto del tráfico de estupefacientes. 
La consolidación del sistema europeo de lucha contra el blanqueo requiere, entre otras 
cosas, que se apliquen las legislaciones penales y administrativas a los productos 
procedentes del fraude contra los intereses financieros comunitarios. 
El Consejo de Ministros de Justicia aprobó el 1 de diciembre una resolución en la que 
se pide que la legislación relativa al blanqueo de dinero se extienda a la protección 
jurídica de los intereses financieros de la Comunidad. 
A tal fin, deben utilizarse todos los medios de acción que proporciona el Tratado de la 
Unión Europea, incluidos los contemplados en su Título VI. 
Véase página 16 al principio de la Sección 6, incluida la nota a pie de página correspondiente. 
DO C 91 de 28.03.1994. 
DO L 166 de 28.06.1991. 
21 
CAPITULO 2: EVOLUCIÓN A NIVEL COMUNITARIO 
La intensificación de la lucha contra el fraude requiere tener la facultad de utilizar 
instrumentos jurídicos y un arsenal represivo adecuados, así como la adaptación de los 
medios, tanto en lo que respecta a estructuras, en el sentido de una mayor eficacia, como 
en lo que respecta a recursos humanos, en el sentido de una cualificación cada vez mejor, 
y en términos de instrumentos de análisis eficaces, adecuados a la dificultad y alcance la 
tarea. 
Las diferentes instituciones de la Unión colaboran en pie de igualdad en la lucha contra 
el fraude al presupuesto comunitario y en la elaboración y seguimiento de otras política 
europeas: el impulso político del Consejo, el apoyo del Parlamento Europeo, el papel del 
Tribunal de Cuentas, cuyo rango institucional ha sido reconocido al aplicarse el Tratado 
de Maastricht, representan otros tantos elementos constitutivos de un nuevo marco para 
ejercer una política de lucha contra el fraude coherente y eficaz. 
SECCIÓN 1: LA COMISIÓN 
La Comisión, tomando en cuenta la voluntad y las orientaciones del Parlamento 
Europeo50, ha procedido a consolidar su estructura central de lucha contra el fraude 
seleccionando y contratando agentes nacionales que poseen la experiencia y los 
conocimientos necesarios. Paralelamente, la reorganización funcional de los servicios, 
prevista en el marco del programa estratégico de la Comisión para reforzar la actividad 
operativa y apoyar la actividad de los Estados miembros en la materia, se lleva a cabo 
con el fin de utilizar al máximo los medios de personal disponibles. 
La reorganización va acompañada de una adaptación de los métodos de trabajo, 
especialmente en lo que respecta a la recogida de análisis de datos sobre el fraude al 
presupuesto comunitario. El examen de la coherencia de estos análisis y las lecciones que 
deben extraerse se basan en las responsabilidades compartidas entre los Estados miembros 
y la Comisión, condición fundamental del ejercicio de una cooperación eficaz para luchar 
mejor contra el fraude, precisamente desde sus orígenes. 
1. Evolución de la organización interna de los servicios 
La Comisión ha reforzado su unidad central de lucha contra el fraude (SG/UCLAF) con 
la aportación de 50 puestos suplementarios atribuidos por la Autoridad Presupuestaria (el 
Parlamento Europeo y el Consejo). 
La reestructuración de esta unidad central en cuatro unidades, tres de las cuales son 
operativas (FEOGA-Garantía e importaciones agrarias, Fondos Estructurales y otros 
sectores, recursos propios), apoyadas por una unidad de carácter horizontal (asuntos 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
22 
generales, coordinación, "información", asuntos jurídicos) ha sido anterior a la asignación 
de estos 50 puestos estatutarios suplementarios destinados a ampliar las unidades 
operativas. 35 de estos puestos se han cubierto mediante procedimientos de selección de 
agentes temporales que tuvieron lugar de abril a septiembre de 1994. Los procedimientos 
de contratación están en curso, y las trabas administrativas relacionadas con el traslado 
de estos agentes por parte de sus administraciones de origen hacen que la incorporación 
efectiva de este personal continuará más allá de 1994. 
En 1994, otros servicios antifraude de la Comisión tales como la Dirección General de 
Agricultura (DG VI) y.la Dirección General de "Aduanas y fiscalidad indirecta", han 
seguido desempeñando sus funciones específicas. La Dirección General de Presupuestos 
(DG XIX) ha desarrollado un método de seguimiento basado en la selección de casos de 
fraude en los que intervienen recursos propios tradicionales por importes considerados 
importantes, dando prioridad al aspecto contable relacionado con las posibilidades de 
recuperación de los ingresos evadidos51. 
El Control financiero (DG XX) ha continuado su esfuerzo en relación con la problemática 
de la recaudación y recuperación de las sumas52, incluidos los importes defraudados, y 
ha iniciado un primer estudio sobre el tema de los informadores y un segundo sobre la 
transacción53. Paralelamente, el Control financiero mantiene unas relaciones especialmente 
útiles con la red de asociaciones de juristas nacionales (marco de la protección jurídica 
de los intereses financieros de la Comunidad), que, por su parte, son muy activos54. 
También se han entablado contactos para crear asociaciones en los nuevos Estados 
miembros. 
2. El desarrollo de 'La Inteligencia'' 
Para tratar el problema del fraude al presupuesto comunitario sin relegar ninguno de sus 
aspectos, hay que desarrollar adecuadamente la recogida y el tratamiento sistemático de 
todas las informaciones útiles para dirigir la lucha contra este azote. Así se ha puesto 
especialmente de manifiesto en el marco del programa estratégico de la Comisión 
presentado en marzo de 1994. 
Desde esta óptica, "La Inteligencia" comprende la búsqueda y recogida de datos sobre la 
lucha contra el fraude aún no disponibles, la utilización de los que sí están disponibles, 
pero en otro contexto y, por último, la combinación sistemática de informaciones 
Véase la sección 3 del Capítulo 6 "Seguimiento financiero de los casos de fraude - estado de la recaudación y las 
recuperaciones", página 77. 
Ultimo informe del Control financiero sobre la recuperación de créditos comunitarios, doc. SEC(94) 512. 
El objeto del estudio previsto es analizar en profundidad en cada Estado miembro los regímenes jurídicos de transacción 
y formas análogas, y su aplicación en el ámbito de los gastos comunitarios, tanto en el marco de la PAC como en el de 
los Fondos Estructurales. Hay que determinar en qué medida puede adoptarse a nivel comunitario un enfoque armonizado 
en materia de recaudación por los Estados miembros de las cantidades indebidamente pagadas. 
Cabe citar el boletín trimestral AGON, que trata periódicamente de las iniciativas relacionadas con la protección jurídica 
de las finanzas comunitarias, así como muchas otras publicaciones relacionadas con los seminarios organizados sobre el 
tema. 
23 
diferentes procedentes de fuentes dispersas. El objetivo es reunir todos los elementos 
necesarios para detectar los casos de fraude. El usuario privilegiado de "La Inteligencia" 
es, por lo tanto, el hombre de acción, el investigador. Sus necesidades determinarán la 
búsqueda de información. 
La Comisión ha lanzado una serie de iniciativas con el fin de desarrollar "La 
Inteligencia". Estas iniciativas se inscriben en el marco de una cooperación estrecha con 
los Estados miembros y se basan en gran medida en iniciativas similares adoptadas a nivel 
nacional por las autoridades competentes (tales como el Zollkriminalamt en Alemania) 
o por el sector privado. 
2.1 El provecto UIMS (UCLAF Integrated Information Management System) 
La Comisión ha comenzado a estudiar la aplicación de un sistema de información 
integrado, interno a la SG/UCLAF, que servirá de soporte técnico de las actividades de 
"La Inteligencia", de la utilización de la "información" y de la dirección de 
investigaciones. 
El objetivo de este sistema es poner en relación é interpretar, a nivel conceptual, cualquier 
información disponible que sirva de soporte a "La Inteligencia" y a los trabajos de 
investigación, en todos los ámbitos de interés comunitario. Si este proyecto llega a buen 
término, el UIMS permitirá entablar una comunicación recíproca entre el sistema y los 
usuarios de informaciones concretas inmediatamente aplicables, sin necesidad de recurrir 
a los servicios de expertos en la materia. El UIMS facilitará y mejorará el trabajo de los 
investigadores, a los que corresponderá alimentar el sistema con datos sobre el fraude. 
Ello será posible gracias al desarrollo de instrumentos informáticos interactivos 
específicos, que podrán complementarse con prácticas o procedimientos innovadores. 
2.2 Desarrollo de bases de datos 
La base IRENE (IRrégularités, ENquêtes, Exploitation) 
La base contiene los casos de fraude e irregularidades comunicados por los Estados 
miembros, aproximadamente 15.000 casos, 9.300 de los cuales relacionados con el 
FEOGA-Garantía, 4.900 sobre recursos propios, 700 sobre asistencia mutua y 100 
relacionados con los Fondos estructurales. 
En 1994 se produjeron los hechos significativos siguientes: 
aumento del número de usuarios potenciales de la base (aproximadamente 
cincuenta), que comenzaron a utilizarla de manera regular; 
consolidación de la base como instrumento de trabajo y análisis para la utilización 
de informaciones en el marco de la política antifraude de la Comisión; 
24 
la ampliación de los procedimientos de creación de órdenes Macro en los 
diferentes ámbitos, para facilitar el acceso automático a los casos comunicados por 
los Estados miembros55; 
anuncio de un estudio estadístico que deberá realizar el Centro Común de 
Investigación (CCI) sobre los Gasos existentes; 
- se inician los análisis previos necesarios para dirigir la evolución del medio 
técnico actual, para, por una parte, construir un medio más manejable y eficaz y, 
por otra parte, abrir la base a los Estados miembros. 
Sin embargo, aún quedan pendientes esfuerzos por realizar en varios ámbitos: las 
comunicaciones "Recursos propios" según el artículo 6§3 del Reglamento (CEE, 
EURATOM) n° 1552/89 deberían actualizarse para permitir seguir el proceso de 
recuperación por los Estados miembros de las cantidades en juego. Asimismo, deberá 
mejorar la presentación de las comunicaciones "artículo 4" del Reglamento (CEE) n° 
595/91 del Consejo, como consecuencia de las investigaciones realizadas por los Estados 
miembros56. 
La base Pre-IRENE 
Esta base contiene información sobre los casos (aún) no comunicados formalmente por 
los Estados miembros. Describe la evolución de las investigaciones realizadas por la 
SG/UCLAF. Ya es operativa, pero al tratarse de una primera experiencia, en 1995 será 
necesario proceder a determinadas adaptaciones. 
El 9 de febrero, de 1995, en esta base se trataban 65 casos relacionados con los Fondos 
Estructurales y otros sectores, 58 en relación con la reforma de la financiación de la 
Política Agrícola Común - 22 de los cuales relacionados con los recursos propios - y 4 
relativos a los recursos propios no agrarios (derechos de aduana). 
Los datos suministrados no sólo se refieren a la identificación del caso (categoría, tipo 
de producto o programa, país o región, tipo de irregularidad, cantidades enjuego), sino 
que también da cuenta de los detalles del procedimiento fraudulento o de las 
irregularidades y de las medidas represivas aplicadas. 
En esta primera fase se ha hecho hincapié en la descripción de las medidas. En un futuro 
próximo, la base se convertirá en un instrumento de gestión que permitirá a los 
investigadores tratar sus casos de manera autónoma y a los responsables tratar el conjunto 
de los casos y publicar cuadros de seguimiento o recapitulativos. 
En el caso de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, ya se utiliza Macro, en el caso del FEOGA-Garantía ha 
permitido mejorar la calidad de la información al añadir el texto de las comunicaciones. Se está estudiando la construcción 
de Macros en los sectores de recursos propios y asistencia mutua. 
"Todo Estado miembro comunicará sin demora a los demás Estados miembros interesados, así como a la Comisión, las 
irregularidades que se hayan comprobado o sospechado y de las que quepa temer efectos rápidos fuera de su territorio, así 
como aquellas que manifiesten el empleo de una nueva práctica fraudulenta." 
25 
Recientemente, se ha procedido a mejorar los procedimientos de actualización y búsqueda 
y a homogeneizar la información, para que la base sea más fácil de manejar, garantizando 
al mismo tiempo el carácter confidencial de los casos tratados por los investigadores. 
A partir de los análisis de dichos casos, la base Pre-IRENE será el punto de partida para 
lanzar medidas operativas concretas, que constituyan el núcleo de una estrategia basada 
en "La Inteligencia" y la gestión integral de la información. 
El proyecto DAF (Documentación Anti Fraude) 
En 1994 la Comisión consolidó los trabajos ya concluidos en el marco del proyecto DAF. 
Así, se produjeron cuatro libros electrónicos para los Estados miembros (Reino Unido, 
España, Portugal y Grecia): el sistema permite dar a conocer de esta forma los sistemas 
de control y lucha contra el fraude creados por los Estados miembros en relación con los 
diversos instrumentos financieros y los diversos capítulos de ingresos y gastos. Para cada 
uno de los instrumentos financieros, que en la terminología DAF se llaman ámbitos, el 
sistema incluye respuestas a diferentes preguntas sobre la legislación de base general 
comunitaria y nacional aplicable en cada sector. DAF también conoce los organismos 
responsables de la política general, de la gestión, del control y, en particular, los 
organismos encargados de investigar sobre el fraude. Además, la finalidad del sistema 
deberá ser crear un punto de contacto para los servicios de la Comisión y definir los 
poderes de investigación de los agentes del Estado miembro y de la Comisión. Asimismo, 
mencionará la existencia de disposiciones de asistencia mutua, de procedimientos de 
recaudación y, en su caso, de disposiciones nacionales de transacción. Por último, el 
sistema permitirá hacer balance de las sanciones comunitarias nacionales, administrativas 
y penales, aplicables en cada ámbito en cuestión. 
Durante la reunión del Comité consultivo de coordinación en materia de lucha contra el 
fraude, que se celebró en Bruselas el 30 de noviembre de 1994, la Comisión presentó el 
anteproyecto del sistema de información DAF. Aunque la acogida de las delegaciones fue 
bastante positiva, los Estados miembros han señalado con razón que las grandes 
dificultades a que se enfrentan radican en la verificación de los datos y la actualización 
de un sistema de información de este tipo y, en segundo lugar, en el esfuerzo de 
traducción para el intercambio de datos a través de la Unión Europea. En este sentido, 
se refirieron a la necesidad de proceder a un análisis coste / beneficios. 
En este contexto, la Comisión propuso crear un CD ROM que incluya los cuatro libros 
electrónicos, para que los propios Estados miembros puedan realizar un análisis 
detallado57. 
Durante la reunión del Comité que se celebró el 1 de febrero de 1995, los Estados miembros recibieron los CD-ROM para 
la evaluación por los servicios responsables. 
26 
El programa APSO (Antifraud Policy Support Office) 
El programa estratégico de la Comisión ha generado una necesidad de información 
considerable que la Comisión (SG/UCLAF) ha querido satisfacer en el marco de sus 
relaciones de cooperación con el CCI de ISPRA. 
El conjunto de datos considerado por este programa incluye la antigua base IRENE (es 
decir, las comunicaciones sobre irregularidades procedentes de los Estados miembros), 
el sistema Pre-IRENE (es decir, el conjunto de las investigaciones en curso y pendientes 
alimentado, eventualmente, con los datos procedentes del Freephone58), el sistema DAF, 
que a la larga deberá describir a la vez el marco jurídico y administrativo de un sector 
de gastos o de ingresos presupuestarios, los poderes de los agentes nacionales y 
comunitarios y las posibilidades en materia de transacción y sanciones administrativas y 
penales. Este programa de análisis también tiene en cuenta bases de datos tales como 
CELEX, EC1, COMEXT, Dun & Bradstreet59, que desempeñan un papel importante en 
la fase de recogida de información de una investigación. 
Gracias a estos nuevos recursos, la Comisión espera acelerar su ingreso en un medio 
informático mejor adaptado a sus crecientes necesidades. 
2.3 El Sistema de Información Aduanera60 
El SID es un módulo que forma parte de la red SCENT (System Customs Enforcement 
Network), red informatizada que incluye 313 terminales61 repartidos en diferentes puntos 
sensibles, que permiten garantizar el control de la frontera exterior de la Comunidad. Esta 
red es operativa las 24 horas del día, todos los días de la semana y es accesible a los 
servicios nacionales y a la Comisión. 
El SID funciona como una mensajería62 en el marco de la red SCENT63, con la 
posibilidad de utilizar pantallas normalizadas adaptadas a los diversos tipos de situaciones 
(información sobre las personas, medios de transporte, mercancías, tendencias del fraude 
... ). En 1994 se dispuso de diversas funciones suplementarias, especialmente a través del 
desarrollo del instrumento de gestión para mejorar el programa. 
Véase "Las nuevas fuentes de información", más adelante. 
Las tres primeras bases citadas son bases de datos comunitarias (Derecho comunitario, documentación general de la 
Comisión, estadísticas de comercio exterior de las Comunidades Europeas), mientras que la última es una base de datos 
internacional que contiene informaciones de carácter económico. 
Véase la Sección 4 del Capítulo 1 de la cooperación administrativa, página 13. Asimismo, los informes anuales "Lucha 
contra el fraude" anteriormente citados. 
Situación el 31.12.1994. 
A título indicativo, en 1994 se intercambiaron 17.293 mensajes. 
La SCENT fiscal permite intercambiar información sobre la fiscalidad indirecta entre los servicios fiscales de los Estados 
miembros y entre éstos y la Comisión a través de la misma red. 
27 . 
La Comisión garantiza el apoyo a los usuarios en lo que respecta a los aspectos técnicos 
del sistema, y también se encarga de la formación de los operadores responsables de los 
Estados miembros (en 1994 se dispensaron en Bruselas 35 semanas de cursos de 
formación, en los que participaron 291 usuarios de todos los Estados miembros). 
El SID también se ha utilizado para realizar operaciones específicas (vigilancia de envíos 
de productos sensibles en el marco del régimen de tránsito64, vigilancia marítima ...). Así, 
en septiembre de 1994, los Estados miembros recurrieron a este sistema, con el apoyo 
logístico de la Dirección General "Aduana y Fiscalidad Indirecta" (DG XXI), para una 
operación de vigilancia aeronaval a nivel comunitario: se intercambiaron 
aproximadamente 4.000 mensajes en esta operación, que duró 2 semanas, orientada a la 
lucha contra el tráfico de drogas. 
2.4 Nuevas fuentes de información 
En noviembre de 1994 la Comisión procedió a crear un sistema que permite la 
comunicación directa a los servicios especializados de datos sobre el fraude comunitario, 
mediante la creación de un teléfono gratuito ("teléfono verde") en cada Estado miembro. 
Estas diferentes líneas telefónicas65 están conectadas a la central de grabación que se 
encuentra en los locales protegidos del servicio central de lucha contra el fraude de la 
Comisión. Esta central identifica automáticamente el país de la llamada y emite un 
mensaje de introducción en la lengua nacional de dicho país. La información comunicada 
se trata a medida que se recibe, las informaciones que tienen consecuencias operativas se 
conservan en una base de datos interna. La entrada y la salida del sistema están 
protegidas para evitar que se "piratee" la información, respetando absolutamente el 
principio de confidencialidad (protección de los datos y anonimato). 
El sistema así creado, accesible las 24 horas del día, se basa en prácticas que existen en 
algunos Estados miembros y que han demostrado su eficacia, especialmente cuando el 
interés común está en peligro. Permite a los ciudadanos europeos contribuir a la 
protección de sus intereses financieros comunes informando a la Comisión, desde 
cualquier lugar en que se encuentren66, de forma anónima si así lo desean y en su propia 
lengua, de los fraudes contra el presupuesto de la Comunidad de que crean tener 
conocimiento. 
El funcionamiento de este sistema se revisará al término de un periodo inicial de un año. 
Los primeros resultados obtenidos son prometedores. 
Véase el capítulo 1, Sección 5, página 14. 
La creación de un número de teléfono central único para toda la Comunidad ha resultado técnicamente imposible. 
La lista de los números de teléfono en cada Estado miembro figura en el Anexo 2. 
28 
3. Análisis de riesgos 
Como les sucede a las administraciones de los Estados miembros, la Comisión no dispone 
de recursos ilimitados para luchar contra el fraude. Para respetar el principio de 
"coste/eficacia"67, las actividades en la materia deben orientarse hacia sectores y 
operadores para los que el riesgo de fraude es especialmente alto, garantizando a la 
mayoría de los flujos comerciales una relativa libertad al cruzar las fronteras. 
La aplicación de la técnica de análisis de riesgos supone: 
la evaluación ex ante de toda nueva legislación . 
el desarrollo de "La Inteligencia" y la utilización de la "información" 
la presencia sobre el terreno (controles e investigaciones selectivos) 
la gestión corriente (tratamiento de nuevos casos) 
la modificación de la legislación vigente (consecuencia de la constatación de 
numerosos casos de fraude en diversos ámbitos). 
En principio, para evaluar el riesgo de fraude o de comportamiento fraudulento contra el 
presupuesto comunitario, existen dos enfoques distintos. 
la evaluación teórica de los factores en juego (definición de criterios, 
especialmente financieros, tamaño de las empresas beneficiarías de determinadas 
financiaciones...); 
la evaluación concreta a partir de los casos de fraude ya detectados (utilizando los 
datos introducidos en las bases de datos comunitarias IRENE y Pre-IRENE68). 
En la práctica, hay que combinar los dos enfoques tanto a nivel comunitario como 
nacional. 
1.1 El análisis de riesgos aplicado a las inspecciones 
Esta técnica sirve para programar las inspecciones que deben efectuarse: reuniendo el 
máximo de información sobre los sectores específicos y analizándola, las actividades de 
control podrán centrarse en los sectores denominados "de riesgo". 
En el marco del deber que corresponde a las autoridades encargadas de controlar la 
correcta aplicación de las políticas comunitarias, previsto en el artículo 5 del Tratado, 
Principio que se describe en el artículo 2 del Reglamento Financiero sobre el presupuesto de las Comunidades Europeas, 
reglamento de base publicado en el DO L 356 de 31.12.1977. 
Véase el punto anterior sobre el desarrollo de "La Inteligencia" y las bases de datos, pajuna %$. 
•29 
corresponde a los Estados miembros llevar a cabo estos controles, en relación con los 
gastos o ingresos que se administren en el marco de la asociación con la Comisión. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales deberán aplicar esta técnica, con la ayuda de la 
Comisión en caso necesario, dentro del respeto del principio de subsidiariedad. 
Las posibilidades que ofrece la utilización de esta técnica relativa a las inspecciones que 
deben efectuar las autoridades nacionales, se recoge, por una parte, en el Reglamento 
(CE) n° 163/94 del Consejo, así como en el Reglamento que a modo de corolario fija las 
modalidades de aplicación de los controles físicos de que se trata y, por otra parte, a la 
hora de modificar el Reglamento (CEE) n° 4045/89 en relación con los controles 
contables a posteriori (sector FEOGA-Garantía)69. 
Las autoridades nacionales han tomado conciencia de la importancia de dirigir los 
controles, especialmente a través de las reuniones de los diversos comités sectoriales 
(Comité consultivo de los recursos propios y Comité FEOGA-Garantía), a los que hay 
que añadir a partir de ahora los trabajos del Comité consultivo para la coordinación en 
el sector de la lucha contra el fraude. Esta política de sensibilización se ha venido 
aplicando también en sectores de gastos aún no cubiertos por medidas específicas en la 
materia: en lo que respecta a los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, aparte de 
la creación de una estructura especializada en la Comisión70, hay que señalar la 
aprobación reciente de reglamentos comunitarios sobre la comunicación de casos de 
irregularidades y la organización de un sistema de información que incluye la utilización 
de estas técnicas. Por otra parte, la Comisión ha expresado claramente su voluntad de 
elaborar técnicas similares, adaptadas al sector particular de los gastos directos71. 
1.2 El análisis de riesgos utilizado para orientar las investigaciones 
El objetivo que se persigue al utilizar esta técnica, en este marco, es diferente. 
Ciertamente, la complementariedad e interacción con el método aplicado a los controles 
"de rutina" es evidente, ya que se trata de identificar los sectores vulnerables al fraude 
(así como las empresas o beneficiarios denominados de riesgo), pero con el fin de dirigir 
y abrir investigaciones ad hoc, que tengan posibilidades de conseguir la recuperación de 
las cantidades en juego (o de recaudar los ingresos evadidos), imponiendo al mismo 
tiempo la sanción más eficaz posible a los defraudadores, a título de ejemplo. El análisis 
de riesgos, desde esta óptica, hace coincidir el efecto disuasivo con el efecto preventivo. 
Existen otros factores que permiten iniciar las investigaciones antifraude, la orientación 
de las cuales pueden hacerse utilizando las nuevas fuentes de información72 que la 
Véase el Capítulo 1, Sección 2 "Hechos significativos en el sector agrícola", página 8. 
Véase el punto sobre la evolución de la organización interna, página 22. 
Los gastos directos: Transporte, Educación, Medio Ambiente, Cultura, Energía, Mercado Interior, Industria, Investigación 
y Desarrollo Tecnológico, Cooperación con los países en vías de desarrollo y otros terceros países, Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), operaciones del presupuesto CECA, etc.. 
Véase el punto anterior sobre el desarrollo de "la Inteligencia" y las nuevas fuentes de información, página 28. 
30 
Comisión utiliza para organizar su propia política de investigación. La Comisión debe 
asegurarse de que los Estados miembros protejan los intereses financieros comunitarios 
tanto como los nacionales. Es esencial, para ello, que los servicios de la Comisión se 
mantengan informados del curso de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades 
nacionales y que son objeto de seguimiento especial por la Comisión73 (como hace la DG 
XIX en el seguimiento de la recaudación de algunos casos de recursos propios 
tradicionales). 
La complementariedad resulta de la organización de la cooperación entre las 
administraciones nacionales competentes y los servicios especializados de la Comisión. 
SECCIÓN 2: EL PARLAMENTO EUROPEO 
La Comisión dispone de un sistema financiero propio que está sometido legítimamente 
al control político del Parlamento Europeo, que junto con el Consejo constituye una de 
las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. La función de control forma parte de las 
actividades dirigidas por la Comisión de control presupuestario. 
Los parlamentarios que son miembros de esta Comisión de control presupuestario ejercen 
así un auténtico y estimulante poder de control y seguimiento, en lo que respecta a la 
política de lucha contra el fraude aplicada por la Comisión. 
La Comisión de control presupuestario se ha comprometido especialmente a consolidar 
los vínculos institucionales con la Comisión. Por otra parte, siempre ha procurado que un 
único interlocutor de la Comisión le dé cuenta periódicamente de los trabajos realizados 
y los resultados obtenidos en materia de lucha contra el fraude y, en el marco de sus 
reflexiones y de los trabajos realizados sobre el tema de la protección de los intereses 
financieros de la Comunidad, ha propuesto en varias ocasiones, últimamente en 199374, 
reforzar los medios y recursos humanos de la estructura central de la Comisión. Así, se 
han asignado 50 puestos presupuestarios a la SG/UCLAF para 1994. Del mismo modo, 
esta decisión del Parlamento ha ido acompañada de un conjunto de líneas de créditos 
destinadas a financiar la política antifraude de la Comisión75. 
De este modo, la Comisión ha podido dotarse de medios financieros necesarios para la 
aplicación de la parte de su programa de trabajo que corresponde a la prestación de 
asistencia técnica a los Estados miembros para mejorar la eficacia de las medidas 
operativas nacionales en los sectores del FEOGA-Garantía, los Fondos Estructurales y la 
investigación76. El Parlamento también ha expresado su deseo de reforzar los medios de 
Véase el Informe anual "Lucha contra el fraude" para 1993 anteriormente citado, y el Capítulo 6 del presente Informe 
"Estadísticas y análisis", página 74. 
Véase el Informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado, así como el punto sobre la evolución de 
la organización interna de la Comisión, página 22. 
Véase el Capítulo 7, Secciones 1 "Ejecución presupuestaria 1994" y 2 "Análisis financiero", páginas 84 y siguientes. 
Política que continuará en 1995 en el sector de los recursos propios tradicionales. 
31 
funcionamiento que recibe la Comisión para aumentar el número y la eficacia de sus 
propias investigaciones en estos mismos sectores. 
Las resoluciones recientes del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el fraude77 hacen 
hincapié, por una parte, en la necesidad de reforzar la cooperación de la lucha antifraude 
y los poderes de investigación de la Comisión y, por otra parte, en la necesidad de definir 
una normativa firme en materia de protección penal de los intereses financieros de la 
Comunidad. 
Por último, el Parlamento ya ha anunciado su intención de organizar en el primer 
semestre de 1995 una audiencia pública sobre el tema de la protección de los intereses 
financieros de la Comunidad, en el curso de la cual se abordarán una serie de cuestiones 
especialmente importantes, como la de la recuperación de las cantidades que están en 
juego en los casos de fraude. 
SECCIÓN 3: EL CONSEJO 
Tras su transmisión por la Comisión, el Consejo ha tomado nota78 de la nueva estrategia 
contra el fraude y del programa de trabajo, que responden a las conclusiones del Consejo 
Ecofin de 7 de junio de 1993 y a las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague 
del mismo mes. Asimismo, el informe anual de la Comisión para 1993 ha tenido una 
acogida muy favorable. 
El Comité presupuestario y el Coreper79 constituyen los marcos donde se realizan los 
trabajos de preparación de los debates del Consejo. Hay que señalar que este año estos 
órganos han manifestado la voluntad de que el Comité consultivo de coordinación en 
materia de lucha contra el fraude80 se convierta en un lugar de reflexión sobre estos 
temas, para facilitar la presentación del enfoque del Comité presupuestario en los debates 
del Consejo. 
Las conclusiones del Consejo Ecofin de 11 de julio de 1994 sobre la lucha contra el 
fraude se publicaron por primera vez en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
lo cual prueba la importancia concedida a este tema. Esto no es un hecho nuevo en sí, 
aunque la lucha contra el fraude se sitúa ya con toda transparencia bajo el control y la 
apreciación de los ciudadanos de la Unión, que pueden acceder todos libremente a las 
publicaciones oficiales de la Comunidad. 
Resoluciones de 11.03.1994 y de 15.12.1994. Véase el Capítulo 1, Sección 6, punto 2 de la propuesta de Convenio, páginas 
18 y siguientes. 
Conclusiones de 11.07.1994 sobre la lucha contra el fraude, publicadas en el DO C 292 de 20.11.1994. 
COmité de REpresentantes PERmanentes en la Unión Europea. 
Véase el Capítulo 4, Sección 1, página 38. 
32 
Se ha creado81 un Grupo ad hoc del Comité presupuestario del Consejo para seguir los 
trabajos de la Comisión relacionados con la intensificación de los controles y las 
sanciones82. Paralelamente, en lo que respecta a los asuntos que corresponden al tercer 
pilar (Título VI del Tratado de la Unión Europea), los trabajos del Consejo los prepara 
un Comité de coordinación (Comité K.4)83, asistido por tres comités directores entre los 
que figura el Comité que se ha creado en el sector de la cooperación judicial. Dentro de 
este último Comité, se han creado grupos de trabajo84, entre los que figura el Grupo 
"Derecho penal/Derecho comunitario", que se reunió en 1994 en varias ocasiones. Los 
trabajos de este grupo se pusieron en conocimiento del Comité director III (cooperación 
judicial), posteriormente del Comité K.4 y, por último, del Coreper, que garantiza la 
coordinación general de los asuntos relacionados con el tercer pilar, manteniendo la 
coherencia necesaria con los trabajos del Consejo Ecofin para los asuntos relacionados 
con la protección de los intereses de la Comunidad incluidos en el primer pilar. 
Así, el Consejo de Justicia de 1 de diciembre de 1994, aprobó una resolución85 que 
establece el principio de creación de un instrumento jurídico destinado a proteger los 
intereses financieros de la Comunidad en el marco del Derecho penal nacional. El 
Consejo Ecofin de 5 de diciembre invitó al Consejo a adoptar rápidamente las medidas 
necesarias para mejorar el marco legislativo comunitario desde el punto de vista de la 
prevención del fraude. Por último, el Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de 
diciembre adoptó una postura sobre estos temas, en el sentido de los Consejos 
especializados. 
Como ya se ha indicado, el Consejo aún no ha aprobado las propuestas de la Comisión 
sobre las sanciones administrativas y penales Lo mismo sucede con las propuestas para 
sustituir el Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo y para modificar el Reglamento 
(CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo. 
SECCIÓN 4: EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
Los informes anuales, el último de los cuales es el relativo al ejercicio 199386 y los 
informes especiales del Tribunal de Cuentas dan fe por su impacto del papel eminente de 
esta institución en materia de control externo de la utilización de las finanzas 
comunitarias. 
Se trata de una decisón del Coreper. 
Véase el Capítulo 1, Sección 6 "Las iniciativas de la Comisión en materia de sanciones administrativas y penales", páginas 
16 y siguientes. 
Véase el Informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
En el marco del programa de trabajo adoptado por el Consejo de Justicia de los días 29 y 30.11.1993. 
DOC 355 de 14.12,1994. 
DOC 327 de 24.11.1994. 
33 
Por lo que respecta a la política antifraude y la estrategia de aplicación por ambas partes, 
la convergencia entre el Tribunal y la Comisión es evidente. Las medidas concretas, 
sectoriales, elaboradas en el marco del programa de trabajo de la Comisión tienen muy 
en cuenta las recomendaciones del Tribunal. 
Es evidente que el reconocimiento del rango institucional del Tribunal de Cuentas da aún 
mayor relieve a las relaciones entre éste y la Comisión, especialmente por las 
consecuencias del artículo 188 C del Tratado CE, que establece que el Tribunal debe 
presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración que garantice la fiabilidad 
de las cuentas, la legalidad y la regularidad de las operaciones. Este nuevo procedimiento 
institucional, que crea tales obligaciones para el Tribunal, impondrá a la Comisión el 
deber de información respecto de esta institución de control externo, especialmente en lo 
que respecta al seguimiento financiero de los casos de fraude. 
1. Los informes anuales 
En sus informes anuales, el Tribunal examina la legalidad, la regularidad y la correcta 
gestión de la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad. Estos controles 
pretenden verificar la conformidad de los gastos y los ingresos con el conjunto de las 
disposiciones jurídicas y operativas aplicables, así como el respeto de los principios de 
buena gestión financiera. 
Estos informes no son "informes antifraude", pero pueden suministrar a la Comisión 
elementos de información interesantes, que permiten precisamente suscitar reacciones 
tanto por parte de la Comisión como de los Estados miembros. 
Así, desde este punto de vista, las últimas observaciones del Tribunal que figuran en los 
puntos 6.11 a 6.14 de su último informe sobre el ejercicio 1993, y relativas a los circuitos 
financieros, coinciden con un análisis de la Comisión que trata en profundidad las 
condiciones de distribución de los fondos. 
2. Los informes especiales 
Junto a sus informes anuales, el Tribunal de Cuentas puede en todo momento presentar 
sus observaciones a través de informes especiales, sobre los diversos ámbitos de gestión 
particulares. 
En 1994, el Tribunal elaboró un informe especial n° 1/9487 que trata del seguimiento del 
informe especial 2/9288 y del control permanente del Tribunal sobre las restituciones a la 
exportación pagadas a las grandes empresas en el sector de los productos lácteos. Por otra 
parte, el 6 de octubre aprobó el informe especial n° 3/9489 sobre la comercialización de 
DOC 75 de 12.03.1994. 
DOC 101 de 22.04.1992. 
DOC 356 de 14.12.1994. 
34 
las medidas de intervención previstas en la organización común de mercados de la carne 
de vacuno, y el 20 de diciembre el informe especial n° 5/94 sobre el instrumento 
financiero de cohesión. 
-35 
CAPITULO 3: EVOLUCIÓN A NIVEL DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
Las relaciones entre la Comisión y las administraciones nacionales especializadas en los 
Estados miembros para la lucha contra el fraude evolucionan en el sentido de una 
asociación consolidada. El fortalecimiento de la asociación ha puesto de relieve la 
importancia que revisten la creación y el funcionamiento de estructuras centrales de 
coordinación a nivel nacional, así como la identificación de interlocutores designados en 
los Estados miembros para organizar, con los servicios de la Comisión, el seguimiento 
común de los temas relacionados con el fraude comunitario. La creación reciente del 
Comité consultivo para la coordinación en el ámbito de la lucha contra el fraude90 es uno 
de los hechos más significativos de esta nueva orientación. La creación de este Comité 
es también un ejemplo de la "corresponsabilidad" o de la responsabilidad compartida entre 
la Comisión y los Estados miembros, en materia de lucha antifraude, tal como se prevé 
explícitamente en el Tratado CE, en su artículo 209 A. 
SECCIÓN 1: LAS ESTRUCTURAS NACIONALES DE LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE COMUNITARIO 
Los Estados miembros disponen de estructuras administrativas y financieras encargadas 
de controlar la ejecución de los presupuestos nacionales. Los casos de fraude en perjuicio 
del presupuesto comunitario plantean el tema de la adaptación de estas estructuras al 
nuevo contexto: la redistribución de la financiación y la gestión de las subvenciones, la 
delegación, prevista en el Tratado, de percepción de ingresos comunitarios (recursos 
propios), las obligaciones normativas de control, de persecución de los autores de 
infracciones y de recaudación de las cantidades en juego constituyen otras tantas tareas 
especializadas que, para ser cada vez más eficaces, requieren una coordinación a nivel 
nacional, así como entre las administraciones nacionales y la Comisión. 
Cabe citar en este contexto las estructuras centrales creadas en Bélgica (Oficina central 
de lucha contra la delincuencia económica y financiera organizada) y en Francia (Oficina 
central de represión de la gran delincuencia económica y Oficina central de prevención 
de la corrupción), o la existente en Italia (Guardia de Finanza)91. 
Véase el Capítulo 4, Sección 1, página 38. 
La Comisión ha participado financieramente en la creación de determinadas estructuras o ha cofinanciado algunas medidas 
tomadas en cooperación con otros organismos nacionales. Véase el Capítulo 7, Sección 1, parte del análisis financiero, 
página 86. 
36 
SECCIÓN 2: ACCIONES CONCERTADAS CON LOS SERVICIOS DE LA 
COMISIÓN 
Los vínculos establecidos con las administraciones nacionales han sobrepasado el marco 
institucional para entrar en un proceso más flexible de encuentros bilaterales. En 1994, 
la Comisión tomó una serie de iniciativas para desarrollar contactos concretos de alto 
nivel con algunas administraciones nacionales, especialmente las que disponen de una 
estructura central de coordinación y cuya acción sobre el terreno es similar al sistema 
comunitario. La Comisión se congratula de estos contactos, que también han permitido 
dar a conocer y hacer explícita, con ejemplos concretos, la estrategia antifraude de la 
Comisión, fomentando así la cooperación internacional en materia de investigaciones. 
Fuera de las instancias institucionales92, se han entablado contactos directos y fructíferos 
entre la Comisión y las administraciones nacionales, de carácter multidisciplinario, para 
intentar demostrar a las organizaciones delictivas, que suelen constituirse en redes y 
ramificaciones transnacionales, una resistencia firme y eficaz93. 
Estos contactos, entablados a través de la estructura central de la Comisión para la lucha 
contra el fraude (SG/UCLAF), prometen ya una colaboración eficaz en los próximos años 
y no sólo desde un punto de vista operativo94. 
En lo sucesivo, los trabajos de las administraciones nacionales se recogerán en informes 
como el prescrito por el último Consejo Europeo de Essen de diciembre 1994. La 
colaboración con los servicios de la Comisión seguirá aumentando, ya que la experiencia 
de esta última será una ayuda eficaz para los Estados miembros. 
El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994, en sus 
conclusiones sobre la lucha contra el fraude, pide a los socios institucionales que 
emprendan una acción concertada con los Estados miembros. También solicitó a las 
administraciones nacionales que le presentaran informes sobre las medidas internas 
aplicadas para luchar contra el despilfarro y la malversación de los recursos comunitarios. 
Estos informes se examinarán en el marco del Consejo Ecofin de junio de 1995. El 
Comité consultivo constituye, a tal fin, el marco ideal para la preparación homogénea de 
estos informes, a los que la Comisión puede aportar su contribución95. 
El Comité consultivo mencionado en el punto siguiente y otros comités especializados diversos. 
La política de asistencia técnica, habida cuenta del nuevo contexto estratégico, sólo será objeto de un auténtico balance en 
un plazo relativamente medio (1 a 2 años). 
Citemos, en particular, un caso de fraude que está siendo investigado en Irlanda, que ha dado lugar a un informe de las 
autoridades judiciales, elaborado en 1991 y publicado el 29.07.1994, para examinar las alegaciones de actividades ilegales 
en el sector de la industria de la came de vacuno en Irlanda (sector del FEOGA-Garantía). Tras la publicación de este 
informe, los servicios de la Comisión prosiguen sus investigaciones, teniendo en cuenta las comprobaciones del Tribunal 
irlandés, para efectuar las correcciones financieras adecuadas en el marco del procedimiento de revisión de cuentas. En 
Irlanda prosiguen las investigaciones paralelas, y las irregularidades detectadas se comunicarán a la Comisión en el marco 
del Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo (véase en el Anexo 1 los detalles de esta normativa). 
Por otra parte, el Consejo Ecofin de 16 de enero de 1995 manifestó su deseo de llegar a un consenso sobre la forma y el 
contenido de dichos informes, para poder aprovechar mejor los balances presentados, incluso en el marco del informe sobre 
el estado de aplicación del artículo 209 A del Tratado por parte de los Estados miembros, tal como pidió a la Comisión 
-37 
CAPITULO 4: COOPERACIÓN Y ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS 
MIEMBROS 
La eficacia, transparencia y credibilidad de la política de lucha contra el fraude de la 
Comisión también depende de los progresos realizados en el reparto de las 
responsabilidades y en el intercambio de informaciones con los servicios homólogos de 
los Estados miembros. 
Así, la Comisión ha tomado iniciativas para desarrollar sus contactos con los organismos 
nacionales, especializados o de carácter multidisciplinario o interministerial, cuya 
constitución o ampliación coyuntural de ámbitos de actividad se inscribe en el contexto 
de la cooperación internacional, con el fin de combatir todas las formas de delincuencia 
financiera organizada, entre las que figura el fraude contra el presupuesto comunitario. 
La iniciación progresiva de estos contactos bilaterales y su multiplicación posterior tiene 
la ventaja de realizarse tanto en un marco predominantemente asociativo a nivel 
institucional como también con la suficiente flexibilidad, condición indispensable para la 
correcta complementariedad de las acciones realizadas, especialmente en lo que respecta 
a la organización de los controles, la dirección de las investigaciones y la aplicación de 
los resultados obtenidos96. 
Por otra parte, y desde la misma perspectiva de asociación institucional, la Comisión ha 
seguido intensificando la cooperación con los terceros países. 
SECCIÓN 1: COMITÉ CONSULTIVO PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA 
DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
El 23.02.1994 la Comisión aprobó una decisión97 por la que se crea este Comité. En el 
marco del artículo 209 A del Tratado, este nuevo órgano debe asesorar a la Comisión 
sobre las grandes líneas de su política de protección de los intereses financieros de la 
Comunidad y de organización de la lucha contra el fraude. Reunido por primera vez el 
1 de julio, y posteriormente en octubre y noviembre, el Comité deberá convertirse, por 
sus propias características, en el foro excepcional y el lugar de encuentros constructivos 
para el debate y la evaluación del programa de trabajo de la Comisión, así como para el 
seguimiento de cualquier asunto relacionado con la protección jurídica de los intereses 
financieros de la Comunidad. 
Se ha pedido a los Estados miembros que recurran siempre que puedan a este órgano 98 
el Consejo Ecofin de 11 de julio de 1994. 
Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre "la Inteligencia", página 23. 
Decisión 94/140/CE/, DO L 61 de 23.02.1994. 
Este derecho de iniciativa se regula en el artículo 2 de la Decisión de 23.02.1994. 
38 
El correcto funcionamiento de un órgano multidisciplinario de este tipo, destinado a 
facilitar los debates sobre la preparación de las conclusiones del Consejo99, de apoyarse 
mediante la coordinación estrecha y duradera entre todos los participantes, tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros. 
En sus primeras reuniones, se informó al Comité del estado de realización del programa 
de trabajo de la Comisión para 1994 y el Comité transmitió sus sugerencias al respecto. 
La Comisión también utiliza este foro de excepción para plantear, por propia iniciativa, 
cualquier asunto relacionado con el intercambio de información100 y el fortalecimiento de 
las relaciones entre las administraciones responsables de estos temas y sus servicios 
especializados. 
Así, la Comisión ha precisado y desarrollado progresivamente los principales elementos 
de su estrategia antifraude, cumpliendo la voluntad claramente expresada por sus 
interlocutores de compartir las experiencias para que las iniciativas en curso y las 
competencias sean más complementarias. A este respecto, la Comisión se propone, con 
el apoyo del Parlamento Europeo, aplicar una política comunitaria nueva de apoyo 
financiero y de asistencia técnica a la lucha contra el fraude101 en favor de los organismos 
nacionales destinatarios, propósito aprobado globalmente por la mayoría de las 
delegaciones a las que se ha presentado este proyecto. En este sentido, el Comité 
consultivo es el órgano por excelencia para definir una estrategia común en la materia y 
para evaluar la oportunidad de mantener a largo plazo las medidas apropiadas en este 
ámbito. 
SECCIÓN 2: FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS 
El Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de 11 de julio de 1994 recordó con 
razón que, en lo que respecta a la lucha contra el fraude, la organización de medidas 
dirigidas y específicas de formación e información destinadas a los funcionarios de la 
Comisión y de los Estados miembros es un medio eficaz que debería reforzarse. 
A tal fin, los seminarios organizados por la Comisión o en los que ésta ha prestado su 
ayuda constituyen un elemento importante para reforzar la asociación con los Estados 
miembros. Los seminarios se organizan in situ o en Bruselas, según el número de 
participantes o en función del objetivo que se persigue (formar funcionarios nacionales 
"destinatarios" sobre un tema concreto, o reunir a determinados altos funcionarios 
nacionales que transmitirán el mensaje recibido a los funcionarios locales). Así, en la 
medida en que las acciones que deben realizarse han de tener lugar en los Estados 
miembros y a iniciativa de éstos, las autoridades nacionales pueden solicitar a los 
Véase el Capítulo 2, Sección 3 sobre el Consejo, página 32. 
Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre el desarrollo de "la Inteligencia" (bases de datos), página 24. 
Véase el Capítulo 7, Sección 1 "Ejecución presupuestaria 1994", página 84 y Sección 3 "Créditos 1995", página 
39 
servicios de la Comisión una ayuda logística (participación financiera)102 o, si el sistema 
de organización lo prevé, en una participación efectiva (intervención oral) de algunos de 
sus expertos. 
Los programas de intercambios de funcionarios también se han desarrollado con arreglo 
a las bases normativas existentes en los ámbitos aduanero y fiscal. 
1. Los seminarios 
1.1 Seminarios generales 
Estas manifestaciones reúnen de 150 a 200 personas procedentes de servicios y 
administraciones multidisciplinarios encargados de la organización de la lucha contra el 
fraude al presupuesto comunitario en los Estados miembros: servicios operativos aduanero 
y agrícola, expertos fiscales, auditores, magistrados... 
El objetivo de estos "grandes" seminarios es o ha sido sensibilizar aún más a los 
organismos y autoridades interesados a nivel nacional en la represión del fraude 
comunitario, respecto al hecho de que los operadores que cometen actos fraudulentos, al 
utilizar técnicas cada vez más refinadas sigan pretendiendo aprovecharse indebidamente 
de las subvenciones europeas o evadir el pago de determinados impuestos. Paralelamente, 
estas acciones han permitido celebrar encuentros entre los funcionarios nacionales para 
sentar las bases de una colaboración directa, periódica y fructífera. 
En 1994 se celebraron dos seminarios de este tipo: en el Reino Unido (Brighton), los días 
15 y 16 de marzo y en los Países Bajos (Noordwijk), los días 14 y 15 de septiembre. 
1.2 La nueva política 
Desde hace algunos años se organizan seminarios generales en la mayoría de los Estados 
miembros103, con resultados satisfactorios. Por consiguiente, cabe pensar en la posibilidad 
de continuar con acciones de carácter más temático. En 1994, se organizaron seminarios 
de menor importancia, desde el punto de vista del número de participantes (30 a 65 
personas como máximo), en Bruselas, los días 3 y 4 de mayo de 1994, dirigidos a los 
controladores del BEF (Bundesamt für Ernáhrung und Forstwirtschaft), en Genval 
(Bélgica), los días 8 y 9 de junio, dirigido a los investigadores de la OCDEFO (Oficina 
Central de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera Organizada) y en Lisboa, 
los días 20 y 21 de octubre, dirigido a los funcionarios superiores de la IGA (Inspecçaô-
Geral e Auditoria de Gestaô). 
Esta política se inscribe en el marco de la asistencia técnica prestada por la Comisión a los Estados miembros, tema 
contemplado en los Capítulos 3 y 7. 
Véanse los informes anuales "Lucha contra el fraude" para 1989, doc. SEC(90) 156 final, 1990 ya citado, 1991, doc. 
SEC(92) 943 final, 1992 y 1993 ya citados. 
40 
De estos seminarios temáticos surgen grupos de trabajo más reducidos que se dedican 
durante un tiempo determinado, en el marco del seminario, a estudiar un tema particular 
("workshops") y cuyas reflexiones son posteriormente objeto de informes en la sesión 
plenaria. 
Además de desarrollar de manera concertada este tipo de seminarios con las 
administraciones nacionales, según un procedimiento bien definido - toma de contacto y, 
a continuación, elaboración de la solicitud formal teniendo en cuenta los plazos necesarios 
para la instrucción, desde el punto de vista de las disponibilidades presupuestarias, la 
Comisión se propone organizar a principios de año medidas de información específicas 
dirigidas a los nuevos Estados miembros, basadas en la sensibilización de determinados 
altos funcionarios procedentes de la administración de policía, fiscal, aduanera, agrícola 
y judicial, que constituya una primera toma de contacto oficial para crear más adelante 
las condiciones necesarias para un buen entendimiento y una cooperación eficaz. De 
hecho, la creación de un clima de confianza es absolutamente necesario para el éxito y 
el mantenimiento de las políticas que requieren una cooperación total, especialmente en 
el marco de las investigaciones conjuntas. 
En 1994 se organizaron otros seminarios temáticos: la entrada en vigor de los nuevos 
reglamentos de la Comisión sobre la comunicación de irregularidades en el ámbito de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión104 requiere una sensibilización previa y 
regular de los servicios responsables en los Estados miembros, que también se efectúa en 
el marco del Comité consultivo para la coordinación en materia de lucha contra el fraude. 
Asimismo, para 1995 la Comisión prevé organizar seminarios de reflexión, especialmente 
en lo que respecta al análisis de la aplicación del Reglamento (CEE) n° 4045/89105 
(control a posteriori de documentos comerciales) para los sectores de riesgo, con un 
máximo de 35 participantes. 
Se ha informado en detalle al Comité consultivo para la coordinación en materia de lucha 
contra el fraude sobre las acciones de formación relacionadas con los controles, la 
cooperación y la lucha contra el fraude en general, organizadas por los servicios de la 
Comisión en 1994. En el marco de este Comité se mencionarán y programarán 
regularmente las futuras acciones. x 
Todavía este año, los expertos de la Comisión han participado en numerosas 
manifestaciones organizadas a nivel local por las autoridades nacionales de los Estados 
miembros, sobre la lucha contra el fraude en los diversos ámbitos sectoriales relacionados 
y sobre la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad (19 
manifestaciones previstas para 1994). 
Véase el Capítulo 1, Sección 3 "Hechos significativos en el sector de las medidas estructurales", página 10. 
Véase el Capítulo 1, Sección 2 "Hechos significativos en el sector agrícola", página 8. 
41 
2. Los intercambios de funcionarios 
De acuerdo con el modelo de los programas MATTHAEUS y MATTHAEUS-TAX106, que 
tratan de las administraciones aduanera y fiscal, algunos Estados miembros han 
manifestado su deseo de que participen en los sistemas de intercambio los funcionarios 
nacionales encargados del control y la investigación en determinados sectores específicos 
relacionados con el FEOGA-Garantía, así como en el sector de los Fondos Estructurales. 
La experiencia del programa MATTHAEUS (2.000 participantes) ya permite elaborar toda 
una reflexión sobre estas propuestas y examinarlas especialmente desde el punto de vista 
de los objetivos que se persiguen, que los propios funcionarios interesados deberán 
definir, de acuerdo con su jerarquía, los servicios de acogida y los efectos previstos, no 
sólo para los participantes, sino también para su servicio a nivel operativo (feed-back). 
SECCIÓN 3: ORGANIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN OPERATIVA 
1. A nivel intracomunitario 
La intensificación de la actividad operativa y el apoyo a los Estados miembros a este 
respecto es el primer gran eje estratégico del programa de trabajo de la Comisión para 
1995 y los próximos años. Los medios puestos en práctica para tal fin deben adaptarse 
al carácter transnacional del fraude, especialmente en los sectores aduanero y agrícola. 
La creación de Task Forces responde también a esta lógica. En lo que respecta al 
programa TAFI (Textile AntiFraud Initiative), su aplicación y continuación se inscribe 
dentro de esta misma lógica, pero en un sector industrial específico, especialmente 
vulnerable a los grandes tráficos. 
1.1 Task Forces 
Tras los contactos iniciados con los Estados miembros en el marco del fortalecimiento 
de la presencia operativa sobre el terreno, y con su plena cooperación y acuerdo, la 
Comisión creó en 1994 un "Task group" en un sector especialmente vulnerable, el sector 
del "tabaco". Este Grupo ha sido creado para combatir más eficazmente los fraudes 
importantes y sofisticados, cometidos en régimen de tránsito comunitario. 
Se trata de reforzar el sistema oficial, de evitar pérdidas importantes de derechos de 
aduana y de impuestos específicos nacionales y de desmantelar las organizaciones 
delictivas responsables de los fraudes. 
La experiencia actual muestra que estas actividades contienen elementos transnacionales 
e internacionales que requieren un apoyo específico a nivel comunitario. 
Véanse los informes anuales "Lucha contra el fraude", anteriormente citados. 
42 
El enfoque estratégico de la Comisión, en este sector del tabaco, comprende medidas que 
deberán aplicarse simultáneamente en cuatro frentes diferentes: jurídico, administrativo, 
técnico y operativo. 
Tras la adopción de un programa que tenga en cuenta estos aspectos diferentes, el "Task 
group" permitirá a la Comisión poner a disposición de los Estados miembros todos sus 
medios para una buena coordinación, aportación y apoyo tanto político, respetando la 
subsidiariedad, como práctico. Obviamente, a nivel práctico los trabajos se realizarán de 
manera absolutamente confidencial. 
1.2 El programa TAFI 
Al crearse este programa en 1993, su objetivo fundamental fue intensificar la lucha contra 
el fraude, a nivel comunitario, en el ámbito de la aplicación de los acuerdos textiles, 
vigilando la correcta aplicación de las normativas previstas en la materia con los terceros 
países (luchar contra el incumplimiento de los límites cuantitativos), en un momento en 
que la industria textil comunitaria está en crisis y en el que los límites cuantitativos 
deberán desaparecer progresivamente. En este contexto, el grupo interservicios de la 
Comisión (Task Force TAFI) decide las acciones que deberán imputarse en la línea 
presupuestaria "TAFI"107, entre los que figuran los gastos de participación de los 
funcionarios de los Estados miembros en las misiones de investigación de fraudes 
"textiles"108. Otras medidas de este programa tratan del examen y de la intensificación de 
los controles realizados por los servicios competentes de los Estados miembros (en 1995 
concluirá un ejercicio de "monitoring") y de los terceros países, viajes de estudio de los 
investigadores comunitarios a los Estados Unidos y concesión de una subvención a un 
organismo encargado de la lucha contra las falsificaciones. 
Uno de los resultados más visibles de la acción comunitaria en el sector textil ha de ser 
la celebración de consultas con determinados terceros países, sobre la base de las pruebas 
obtenidas en las misiones comunitarias, para lograr fijar los límites cuantitativos en caso 
de incumplimiento, lo que constituye el equivalente -en términos de corrección de la 
situación dentro de estos límites- a la recaudación de los derechos en caso de no 
percepción de recursos propios. 
El objetivo principal de los contactos con los terceros países en el marco de estos 
controles o investigaciones es mantener un buen nivel de cooperación internacional, que 
puede ser objeto de acuerdos firmados con la Comunidad, o en curso de negociación, 
como es el caso del sector aduanero con los Estados Unidos a finales de 1994. 
Véase el Capítulo 7 "Créditos antifraude/Ejecución presupuestaria de 1994", página 84. 
Véase el Capítulo 5, Sección 3 sobre las investigaciones en materia de recursos propios tradicionales, página 58. 
-43 
2. Acuerdos celebrados con los terceros países 
Los acuerdos celebrados o que entraron en vigor en 1994 y que contienen este tipo de 
disposiciones son los siguientes: 
el acuerdo de "competencia compartida" (asistencia mutua sobre aspectos 
nacionales y comunitarios) sobre el Espacio Económico Europeo (EEE)109 contiene 
un Protocolo de asistencia mutua en el sector aduanero, así como los acuerdos, 
también de "competencia compartida", con los países de Europa Central y Oriental 
(PECO)110, respecto de los cuales se han celebrado acuerdos provisionales para la 
parte que entra dentro de la competencia comunitaria111, en espera de la 
ratificación por los Parlamentos nacionales; 
el 18.07.1994, se firmaron acuerdos de carácter no mixto con los países 
Bálticos112(competencia exclusiva de la Comunidad), que contienen un protocolo 
sobre la asistencia mutua en el sector aduanero tipo PECO y entraron en vigor el 
01.01.1995. También se celebraron acuerdos de este tipo con algunos Estados de 
la CEI (Rusia, Ucrania y Moldavia) que cuentan con un protocolo sobre la 
asistencia mutua en el sector de aduanas. 
la Comisión ha seguido negociando los protocolos de asistencia mutua que 
deberán incluirse en los acuerdos preferenciales con otros Estados de la CEI, 
Turquía, Israel, Marruecos y Túnez, así como los acuerdos de cooperación 
aduanera con los Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur; 
además de las disposiciones detalladas en materia de cooperación administrativa 
o de asistencia mutua, los acuerdos marco de cooperación celebrados por la 
Comunidad con determinados terceros países incluyen referencias a la cooperación 
aduanera. 
Austria, Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Liechtenstein. 
Polonia, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Bulgaria. 
Para Polonia y Hungría, los acuerdos europeos de carácter mixto entraron en vigor el 01.02.1994. 
Estonia, Lituania, Letonia. 
44 
CAPITULO 5: INVESTIGACIONES (COMISIÓN) 
El número de casos detectados y las cantidades en juego siguen aumentando. Sin 
embargo, antes de extraer conclusiones sobre esta situación, hay que tener en cuenta los 
siguientes elementos: 
el número elevado de casos (en curso de investigación) puede reflejar tanto un 
aumento de las irregularidades cometidas como una mayor eficacia de los 
sistemas de detección; 
el fraude sofisticado afecta generalmente a varios Estados miembros. El Estado 
miembro que detecta y comunica posteriormente un caso de fraude a la Comisión 
no es necesariamente el Estado donde se origina el fraude; 
para valorar la eficacia de la lucha contra el fraude, la evolución.a largo plazo 
es más significativa que la enumeración de cifras, aunque sean espectaculares, 
referentes únicamente a un año. 
La lucha contra el fraude no puede consistir únicamente ni limitarse a la detección y 
represión de casos particulares. En primer lugar, también debe contribuir a eliminar las 
causas que hacen posible el fraude o que lo propician. Por ello, al presentar casos 
particulares en este capítulo se pretende: 
alertar a las autoridades competentes de los Estados miembros y llamar su 
atención sobre determinados sectores y casos concretos; 
hacer que la repetición de los comportamientos fraudulentos descritos sea más 
difícil, al ser dichos comportamientos más fácilmente détectables; 
sentar las bases necesarias para estar en condiciones de extraer las consecuencias 
que se imponen para eliminar, a largo plazo, todas las condiciones que favorecen 
actualmente la práctica y extensión del fraude; 
lanzar una firme advertencia a los defraudadores potenciales, para aumentar el 
efecto de disuasión previsto, en el sentido de que todo acto ilícito de este tipo 
expondría a sus autores a graves consecuencias. 
Los casos que se presentan a continuación se han seleccionado en función de estos 
objetivos, sin pretender mantener ningún equilibrio geográfico ni sectorial. 
Los procedimientos que siguen a las investigaciones, tanto los contables para la 
recuperación de las sumas como los judiciales para la sanción de los actos fraudulentos, 
pueden ser largos. También puede serlo el proceso de concretar los resultados obtenidos 
sobre el terreno, es decir, la adaptación de las legislaciones comunitarias más sensibles 
y vulnerables al fraude. A este respecto, hay que constatar que corresponde a los Estados 
-45 
miembros113 y no a la Comunidad adoptar las medidas necesarias para recuperar las 
cantidades y garantizar los procedimientos judiciales contra los defraudadores. Asimismo, 
corresponde al legislador (el Consejo y el Parlamento Europeo) modificar o completar el 
mecanismo jurídico y, en este contexto, la Comisión se limita a presentar propuestas en 
este sentido. 
Las investigaciones seleccionadas, como en el caso del informe de actividad de 1993, se 
clasifican por rúbricas correspondientes al carácter principal de los casos detectados o al 
sector presupuestario de que se trate: 
las investigaciones sobre los fraudes transnacionales en el sector de 
importación/exportación, en los que están en juego ingresos comunitarios o un 
sector de gastos comunitarios, requieren una coordinación interna a nivel de la 
Comisión; 
las investigaciones correspondientes a la financiación de la Política Agrícola 
Común (PAC); 
las investigaciones sobre recursos propios tradicionales; 
las investigaciones en el ámbito de las políticas estructurales; 
por último, las investigaciones sobre irregularidades en el sector de los gastos 
directos gestionados por la Comisión114. 
En cada una de estas rúbricas se abordará la evolución de los casos antiguos importantes 
ya mencionados en los informes anuales anteriores y se presentarán los asuntos 
significativos principales iniciados en 1994. De los casos en curso de investigación por 
los servicios de la Comisión, aquellos que son objeto de un seguimiento específico por 
la SG/UCLAF se recogen en la base de datos Pre-IRENE115, que permite realizar todo 
tipo de análisis, como en los casos comunicados por los Estados miembros cuyas 
investigaciones corren a cargo de las administraciones nacionales especializadas. 
SECCIÓN 1: LOS FRAUDES TRANSNACIONALES (IMPORT/EXPORT) 
Esta Sección recoge los casos que afectan a varios Estados miembros y que se refieren 
tanto al sector de ingresos (derechos de aduana, exacciones reguladoras a la importación 
de productos procedentes de terceros países) como al de gastos (restituciones a la 
Esto sólo es válido en lo que respecta al sector de los gastos directos, véase la Sección 5 de este Capítulo, página 71. 
Este sector se refiere a los contratos celebrados directamente entre la Comisión y un beneficiario final en los Estados 
miembros, que no entran dentro de la competencia de las administraciones nacionales en términos de gestión, seguimiento 
y control. 
Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre el desarrollo de "la Inteligencia" (desarrollo de bases de datos), página 24. 
46 
exportación)116. Los asuntos son complejos y su tratamiento se efectúa en colaboración 
con las autoridades del Estado donde se ha descubierto el fraude y con las de los Estados 
donde ha podido extenderse, en la medida en que intervengan redes organizadas de 
contrabando. La gran delincuencia económica utiliza métodos sofisticados para montar 
circuitos fraudulentos de transporte de mercancías, en los que sustituyen productos según 
las normas que pretenden burlar. La respuesta debe ser adecuada y proporcionada, de ahí 
la justificación de la nueva política, que se inscribe en la estrategia antifraude de la 
Comisión de asistencia técnica a los servicios operativos de los Estados miembros, y que 
se completa con la ampliación de los medios ya disponibles para los servicios homólogos 
de la Comisión. Ésta debe disponer de los instrumentos necesarios tanto a nivel técnico 
(redes de información, bases de datos, sistema de seguimiento de móviles) como jurídico 
(poderes de investigación, incriminación específica). 
La interacción entre los servicios de la Comisión y los servicios nacionales, así como la 
buena cooperación con los terceros países implicados se basa en la estrategia de la 
"información" y su utilización sistemática117. La colaboración entre las autoridades 
competentes ya se ejerce efectiva y eficazmente, aunque el balance de los resultados 
obtenidos sólo podrá evaluarse a más o menos largo plazo. 
1. Los nuevos casos 
11 Importación de leche en polvo en la Comunidad 
Al verificarse en 1992 unos documentos de tránsito expedidos en Amberes 
(Bélgica) para el envío de leche en polvo procedente de terceros países (República 
Checa, República Eslovaca, Austria, Polonia) y en tránsito hacia España, se 
descubrió que aproximadamente 4.000 toneladas (unos 200 camiones) de este 
producto se amparaban en documentos de tránsito cuya tramitación había sido 
falseada, lo que significaba la no comercialización en el lugar de importación. Los 
derechos evadidos (execciones reguladoras agrícolas) suponen un importe de 
aproximadamente 9,5 millones de ecus. Entre 1991 y 1993 se constató un aumento 
de las exportaciones españolas de leche en polvo, lo que dio lugar a la 
organización de controles en las empresas que podían haberse beneficiado de las 
restituciones a la exportación, para las cantidades de leche en polvo que ya están 
fuera del régimen de tránsito comunitario externo118. 
Los controles realizados por las autoridades españolas en las empresas 
seleccionadas han puesto de manifiesto también que dos de ellas habían importado 
leche en polvo con declaraciones falsas. El producto denominado "SILITIR MMP" 
procedente de Austria fue declarado como tierra de si cilio. 
Los casos de fraude transnacional en sectores distintos del sector de import/export se recogen en la sección correspondiente. 
Véanse los Capítulos 2, Sección 1, punto sobre "la Inteligencia", página 23 y 4 "Cooperación y asociación con los Estados 
miembros", Secciones 1 y 2, a partir de la página 38. 
Véase sobre este régimen el Capítulo 1, Sección 5, página 14. 
47 
Este último caso de importación fraudulenta se refiere a 8.300 toneladas de leche 
en polvo, que se han beneficiado ilegalmente de la exención de derechos de 
aduana. El importe de los derechos evadidos asciende a 15 millones de ecus. 
Por último, diversas importaciones fraudulentas de leche en polvo a España, 
destinada a la exportación a terceros países y sustraída al régimen de tránsito 
comunitario externo, en las que participan empresas francesas, holandesas, 
alemanas e inglesas, revelan un importe global de derechos evadidos que asciende 
a 4,5 millones de ecus. 
El conjunto de todas estas operaciones fraudulentas sobre la leche en polvo implica 45,1 
millones de ecus de derechos de aduana evadidos. Las autoridades españolas siguen 
investigando en colaboración con los servicios de la Comisión. 
En relación con estos asuntos, cabe destacar tres elementos esenciales: 
la mejora del régimen de tránsito comunitario constituye para 1995 una de 
las prioridades de la Comisión, también en lo que respecta a la 
sensibilización política respecto de los riesgos de fraude en este ámbito; 
por otra parte, el caso "SILITIR MMP" ilustra bien el interés y la 
importancia de realizar controles físicos a la importación y de analizar los 
productos importados; 
los mecanismos de fraude y las técnicas utilizadas, así como la complejidad 
del montaje de estas operaciones, muestran el papel fundamental de las 
organizaciones delictivas. 
1.2 Conjunto de productos alimentarios a base de mantequilla 
Este asunto trata de la importación fraudulenta de una preparación alimentaria a base de 
mantequilla. Importada en la Comunidad (vía San Marino) desde determinados países de 
Europa del Este, este producto fue objeto de una falsa declaración de importación en el 
Estado de San Marino y en Italia, con objeto de evitar el pago de derechos. La trama 
estaba organizada dentro de la propia Comunidad, pero la mercancía nunca se pretendió 
comercializar en el territorio de San Marino. Se exportó a diversos Estados miembros 
y, posteriormente se descubrió que, transformada en butter oil (mantequilla líquida 
concentrada en un 98%), fue objeto de reexportación desde la Comunidad con pago de 
restituciones. 
Los derechos evadidos (exacciones reguladoras) se estiman aproximadamente en 6,8 
millones de ecus. Aún no se conocen totalmente las cantidades indebidamente pagadas. 
Las autoridades italianas, que son las primeras interesadas, siguen investigando en 
colaboración con otros Estados miembros importadores y con la ayuda de la Comisión. 
La finalidad de estas investigaciones es determinar el destino real de los productos tras 
48 
su importación en la Comunidad: se han podido incautar 300 toneladas de mantequilla 
(por un valor de aproximadamente 1 millón de ecus), así como 24 toneladas de leche en 
polvo. Se han incoado causas contra 17 personas. 
Según las investigaciones realizadas, las autoridades italianas no excluyen que 
existan vínculos entre los responsables del fraude y la delincuencia organizada. 
1.3 Mantequilla, leche en polvo y azúcar de la República Checa 
Varios asuntos se están investigando: 
por una parte, en relación con las expediciones de mantequilla, azúcar y leche en 
polvo de la República Checa a Marruecos y a Argelia, vía España, al amparo de 
documentos TIR expedidos en la República Checa. Los documentos se tramitaron 
con sellos falsos procedentes de una oficina de aduana española, lo que permitía 
pensar que los productos habían llegado a un punto de salida del territorio de la 
Comunidad, cuando en realidad habían sido comercializados en el mercado 
comunitario sin cumplimentar las formalidades necesarias. 
Una misión de cooperación administrativa realizada en la República Checa, en aplicación 
del protocolo de asistencia mutua, ha determinado que la cantidad de recursos propios 
en juego asciende a 20 millones de ecus. 
por otra parte, se han identificado lotes de mantequilla que se. expidieron de la 
República Checa a los Países Bajos, donde fueron de nuevo reexpedidos, tras su 
almacenamiento, hacia Italia vía Suiza. 
La mantequilla, aparentemente de origen checo, fue objeto en Italia de una 
declaración falsa y se comercializó como margarina, evitando el pago de 
execciones reguladoras. Al mismo tiempo, esta mantequilla (almacenada) fue 
sustituida por margarina comunitaria y exportada a Rusia, obteniendo así las 
restituciones aplicables a este producto. 
Según las primeras informaciones recogidas, se trata de 500 toneladas de productos por 
un importe de derechos y exacciones reguladoras evadidos de 1,5 millones de ecus, en 
lo que respecta a los envíos conocidos. 
1.4 Exportación de queso, carne v productos lácteos 
Estos productos fueron exportados de Dinamarca y Alemania con destino a terceros 
países y posteriormente reimportados en Grecia. 
Las comprobaciones realizadas por las autoridades griegas a petición de la Comisión han 
puesto de manifiesto que los documentos administrativos eran falsos: los certificados de 
importación se referían a exportaciones con destino al Líbano, Jordania y Bulgaria, 
operaciones por las que se percibieron restituciones importantes. Las pruebas de llegada 
49 
de estos envíos a los lugares de destino resultaron ser falsas y la mercancía se volvió a 
expedir a Grecia al amparo de certificados falsos. 
Las restituciones en cuestión ascienden a aproximadamente 1,8 millones de ecus para 
Alemania y 2,1 millones de ecus para Dinamarca. 
Prosiguen las investigaciones para identificar a los responsables, con objeto de 
iniciar los procedimientos judiciales correspondientes. 
2. Casos antiguos 
2.1 Azúcar refinado 
Las consecuencias judiciales y financieras que tuvo este asunto en 1994 pueden resumirse 
como sigue: 
uno de los autores de la infracción fue condenado en los Países Bajos a un año 
y medio de prisión incondicional, mientras que otros sospechosos son objeto de 
acciones judiciales. En total, se trata de 140 envíos de azúcar, que suponen 
3.448.750 kgs. Los Países Bajos ya han iniciado los procedimientos de 
recuperación de los derechos evadidos, cuyo importe asciende a 2.078.138 ecus; 
se ha detenido a tres personas en Italia y a una en Francia. En total, se ha 
procesado a nueve personas en Italia y en 1995 la autoridad judicial se 
pronunciará sobre las eventuales acusaciones. 
Las cantidades de azúcar requisadas en Italia en 1993 ascienden a 97.237 kgs. 
3.226.513 kgs de azúcar fueron objeto de comercialización fraudulenta , de los 
cuales 2.552.763 kgs en Italia y 673.750 kgs en el sur de Francia, que no han 
podido ser incautados. En total, están enjuego aproximadamente 1,4 millones de 
ecus de exacciones reguladoras evadidas. 
En el marco de este asunto, se desmanteló la red organizada responsable del 
contrabando y continúan los procedimientos judiciales, especialmente en los Países 
Bajos e Italia. 
2.2 Circuito de carne 
Este fraude consiste a la vez en la importación de ganado vivo de determinados países 
de Europa del Este hacia Italia, en régimen de perfeccionamiento activo y en la 
exportación de carne de buey hacia terceros países. 
Los servicios italianos (Guardia di Finanza) prosiguen sus investigaciones en colaboración 
con la Comisión. Las consecuencias económicas de este fraude se estiman actualmente 
50 
en aproximadamente 15,7 millones de ecus de recursos propios evadidos y 29,4 millones 
de ecus de restituciones indebidamente pagadas. 
Durante las investigaciones, la Comisión realizó con las autoridades italianas una misión 
en Malta. Gracias a la colaboración de las autoridades de este país, pudo probarse que 
numerosos contenedores llegados al mismo habían sido objeto de transbordo y 
reexpedición a Croacia, vía Italia. Las investigaciones realizadas en Croacia demostraron 
que la mercancía nunca llegó a "buen puerto". Además, muchos contenedores importados 
en Malta estaban medio vacíos, mientras que otros sólo contenían despojos o trozos de 
baja calidad. 
Este fraude fue montado por una organización con vínculos muy estrechos con la 
delincuencia organizada en Italia. El proceso judicial contra los supuestos culpables 
(60 personas) se iniciará en marzo de 1995. 
2.3 Leche en polvo y queso 
Las investigaciones han concluido y el 29 de noviembre de 1994 se redactó un acta 
recapitulativa. El proceso judicial está en marcha y las autoridades aduaneras belgas ya 
pueden iniciar los procedimientos de recuperación de las cantidades en cuestión, 
aproximadamente 4,9 millones de ecus de exacciones reguladoras evadidas, contra los 
importadores, sin esperar la decisión judicial final. 
2.4 Aceite de oliva 
Los procedimientos judiciales iniciados en 1992 por las autoridades italianas concluyeron 
con la acusación contra los autores del fraude (cinco personas) de importación de aceite 
de oliva procedente de terceros países con documentos de tránsito falsos. En el marco de 
este proceso, un inspector de la Comisión presentó la prueba de las constataciones 
realizadas. Las decisiones judiciales se esperan para finales de 1995 y las posibilidades 
de recuperación de las cantidades en cuestión son buenas, ya que las autoridades 
judiciales adoptaron desde el comienzo del asunto todas las medidas cautelares necesarias 
para ello. 
Paralelamente, la Guardia di Finanza inició varias investigaciones en el sector del aceite 
de oliva, especialmente en lo que respecta a la concesión de ayudas al consumo 
(embotellado). Se han descubierto algunos casos nuevos de fraude: empresas 
especializadas de embotellado emitían facturas de compra ficticia de aceite de oliva que 
de hecho correspondían a la compra de aceites vegetales (girasol, colza). Las 
investigaciones realizadas in situ han confirmado estas prácticas 
En lo que respecta al descubrimiento de estos nuevos casos de fraude, hay que 
precisar que las prácticas así realizadas durante las investigaciones ya habían sido 
puestas de manifiesto por los inspectores que utilizan la técnica de análisis de 
119 
riesgos 
Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre el análisis de riesgos, página 29. 
-51 
2.5 Leche en polvo 
El procedimiento en curso contra la sociedad encausada se ha actualizado con los datos 
siguientes: 
el 11 de abril de 1994, el magistrado responsable de la instrucción en el Tribunal 
de Crémone presentó una demanda para la inculpación de dos personas ante el 
juez encargado de la encuesta preliminar; 
el 11 de mayo de 1994, el juez encargado de la encuesta preliminar fijó la fecha 
de la primera vista para el 12 de octubre de 1994; 
el 5 de noviembre de 1994, este mismo juez decidió que el proceso judicial 
comenzaría el 21 de febrero de 1995. 
SECCIÓN 2: FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
Estas investigaciones se realizan principalmente en el ámbito de las restituciones a la 
exportación, el sector presupuestario más importante del FEOGA-Garantía, ya que 
representa aproximadamente el 30% de la financiación. También se seleccionan otros 
asuntos importantes y significativos relacionados con las medidas específicas de ayuda 
a la producción. 
1. Casos nuevos 
1.1 Exportación de mantequilla y aceite de oliva 
Durante una misión comunitaria realizada en Hungría, en la que participaron las 
autoridades italianas, las autoridades húngaras procedieron a verificar la autenticidad de 
algunos documentos presentados a las autoridades italianas para obtener restituciones por 
exportaciones de mantequilla. Estos documentos resultaron ser falsos. Se obtuvieron 
testimonios in situ según los cuales el producto transportado no era mantequilla. 
Valiéndose de esta constatación, los servicios italianos identificaron otros documentos 
falsos presentados para obtener las restituciones correspondientes a la exportación de 
aceite de oliva. 
En Italia las investigaciones siguen su curso para determinar la repercusión económica 
de este fraude. 
52 
Los datos recogidos permiten afirmar que en este asunto intervienen organizaciones 
delictivas. Este caso también pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades 
locales (incluidos los organismos habilitados) estén alertadas a la hora de controlar 
los documentos que prueban la llegada de los productos a su destino. 
1.2 Incumplimiento de la normativa sobre la Indemnización Especial de Montaña 
(IEM) y la Prima para el Mantenimiento de Manadas de Vacas que Amamanten 
a sus Crías (PMMVA) 
À tenor de las informaciones recibidas por la Comisión, especialmente por los servicios 
del FEOGA, y a la luz de los casos examinados en su momento, se constató una serie de 
anomalías que indujeron a estos servicios a organizar una misión de control en Alta-
Córcega (Francia) de la aplicación de la normativa sobre la IEM y la PMMVA: 
la IEM, establecida en la Comunidad en 1975, está reservada a los agricultores a 
tiempo completo que residen permanentemente en zonas de montaña, donde 
mantienen la cabana "primable" durante la invernación. Los agricultores de 
carácter secundario también pueden percibirla, pero en determinadas condiciones 
de rentas, y sólo en zonas de montaña y alta montaña. En todo caso, los animales 
deben estar identificados; 
la PMMVA, creada en 1980, ha adquirido mayor importancia con la reforma de 
la PAC. Para poder percibirla, es preciso poseer una manada de vacas que 
amamanten a sus crías, destinadas a la cría para la producción de carne. 
Desde el 1 de febrero de 1993, la aplicación de estos regímenes de ayuda se efectúa en 
el marco del Reglamento (CEE) n° 3508/92 del Consejo120, relativo al Sistema Integrado 
de Gestión. 
La misión realizada en Alta-Córcega del 8 al 16 de septiembre de 1994 tuvo por objetivo 
verificar los elementos de las anomalías detectadas en este asunto y, eventualmente, 
establecer el vínculo entre las subvenciones percibidas en concepto de IEM y PMMVA 
y los incendios forestales que asolan Córcega desde hace varios años121. 
DO L 355 de 05.12.1992. Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
Los servicios competentes de la Comisión han recibido informaciones de carácter medioambiental con arreglo a los cuales 
el origen de los incendios forestales que asolaron Córcega, especialmente durante el verano de 1994, está en las perspectivas 
de percepción de dichas subvenciones. 
53 
De las constataciones realizadas, se desprenden tres series de consecuencias: 
en este caso, corresponde a las autoridades francesas tomar medidas concretas 
contra los beneficiarios que hayan cometido las irregularidades; 
en lo que respecta a la IEM para el año 1993, ejercicio objeto de la 
verificación, se detectaron graves problemas de gestión y control de este 
régimen de ayuda. Todo hace pensar que la situación descubierta durante la 
misión no correspondía únicamente a 1993, visto el sistema de gestión y 
control aplicado a nivel departamental. Por consiguiente, las autoridades 
francesas deben realizar una auditoría de las condiciones de concesión de 
estas primas (periodo 1988-1992), estudiando detenidamente los casos de 
todos los beneficiarios de Alta-Córcega. 
Por otra parte, los anticipos y pagos del FEOGA se han suspendido 
totalmente para 1993 hasta que no se proceda a la regularización de los casos 
individuales a que se refiere el punto anterior. Para 1994 y, eventualmente, 
los ejercicios siguientes, los anticipos y pagos también se suspenderán hasta 
que las autoridades francesas adopten las medidas administrativas necesarias 
para que el régimen se aplique de conformidad con las disposiciones 
comunitarias y nacionales; 
en lo que respecta a la PMMVA, la Comisión procederá a una reducción 
financiera global del 50%, correspondiente al ejercicio 1994, en relación con 
las solicitudes presentadas en 1993 (es decir, a partir de una base de 
aproximadamente 3,8 millones de ecus, incluidas las primas a la 
extensificación). 
Para el ejercicio 1995 (solicitudes presentadas en 1994) y, eventualmente, 
para los ejercicios siguientes, el pago de las primas queda suspendido. Esta 
suspensión se mantendrá hasta que las autoridades francesas creen una 
estructura de gestión y control que cumpla los requisitos del artículo 8 del 
Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo122. 
En todo caso, la Comisión está dispuesta a prestar su ayuda a las autoridades francesas 
para buscar y aplicar soluciones específicas, para que este asunto pueda constituir un 
ejemplo para otras regiones de la Unión Europea con las mismas características. 
13 Exportación de tabaco en Rumania 
Entre los meses de diciembre de 1992 y mayo de 1993, 63 contenedores de tftbaco 
desembarcaron en el puerto de Constanza. Dicho tabaco había sido exportado por 6 
empresas italianas con destino a Bucarest, y había sido almacenado en Constanza a la 
espera de que se iniciara el procedimiento aduanero. 
DO L 94 de 28.04.1970. Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente mencionado. 
54 
Al no disponer de los documentos fitosanitarios necesarios para el despacho de aduanas, 
la empresa importadora de Bucarest no presentó declaración de importación. Por ello, las 
autoridades locales procedieron a efectuar los controles de la mercancía para decidir la 
suerte de la misma. 
Al término de estos controles se constató que la mayoría de los contenedores no 
contenían más que desechos de papel y plástico, así como residuos de tabaco enmohecido. 
A continuación, las autoridades rumanas decidieron cargar la mercancía en el mismo 
buque que, procedente de Italia, la había desembarcado. 
Los servicios de la Comisión están investigando actualmente al organismo habilitado de 
Roma (AIMA) para determinar en qué medida este tabaco pudo recibir restituciones o 
primas. En la fase actual de las investigaciones, deben recuperarse aproximadamente 
260.000 ecus, así como 2,2 millones de ecus en primas. 
La Comisión ha decidido suprimir las restituciones para el tabaco. 
1.4 Exportación de mosto de uva 
Este caso se descubrió en el segundo semestre de 1993, cuando las autoridades de los 
Países Bajos se percataron de que grandes cantidades de mosto de uva concentrado habían 
transitado por Rotterdam. 
Las investigaciones demostraron que España había aumentado considerablemente sus 
exportaciones de mosto de uva, debido al aumento de su capacidad de producción de este 
producto, desde noviembre de 1991. Surgieron serias dudas sobre el destino real de las 
cantidades enviadas por barco a Suecia. 
En la misión efectuada en Suecia durante el mes de marzo de 1994, se reunieron los 
justificantes que presentaron tres importadores suecos. Se puso de relieve que todas las 
cantidades importadas en Suecia se volvieron a expedir inmediatamente a los Estados 
Unidos y Canadá, países a los que no se aplican las restituciones a la exportación. 
Se demostró claramente que la intención de los exportadores españoles implicados había 
sido siempre exportar la mercancía a los Estados Unidos y Canadá. Las investigaciones 
están en su fase final y ya se ha iniciado el procedimiento de recuperación de las 
cantidades indebidamente percibidas, que las autoridades españolas han identificado 
(aproximadamente 17,7 millones de ecus). 
El pago de las restituciones previstas para Suecia se ha suspendido desde el 
momento en que se conoció el fraude. El tráfico ha continuado vía Noruega, país 
para el que tampoco se pagan restituciones. Tras estas constataciones, se ha decidido 
suprimir íntegramente las restituciones para el mosto de uva concentrado. 
55 
1.5 Exportaciones de vino a Croacia 
Según ciertas informaciones, cantidades importantes de vino exportado de España a 
Croacia se han desviado hacia Alemania. 
En el curso de una misión efectuada en Croacia en noviembre de 1994, se descubrió que 
el mosto de uva concentrado español se había añadido al vino croata, que posteriormente 
se exportó a Alemania. Además, el mosto de uva en cuestión se sometió en Croacia a un 
régimen de importación temporal123, por lo que no se han respetado los criterios 
establecidos en el artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 del Consejo124. 
Se ha pedido a las autoridades españolas que procedan a recuperar las restituciones 
indebidamente pagadas. También se ha informado a los demás Estados miembros. 
1.6 Exportación de carne de vacuno a Egipto (rechazo de algunos lotes) 
Las autoridades egipcias han rechazado algunos lotes de carne de vacuno exportados de 
la Comunidad, por lo que se pagaron restituciones íntegras. Los Estados miembros 
afectados son los Países Bajos, Francia, Irlanda, Alemania, Italia y Bélgica. 
Tras la investigación realizada in situ, se descubrió que el rechazo se había aplicado a 
258 118 cartones expedidos en 48 envíos diferentes entre septiembre de 1991 y 
septiembre de 1993, por un peso neto de 6 319,324 toneladas. 
Las exportaciones que corresponden a los lotes rechazados se han identificado. En 
parte, las razones del rechazo eran la mala calidad sanitaria y veterinaria de la carne 
(elevada bacteriología ...). 
Ya se han tomado las medidas de recuperación. 
2. Casos antiguos 
A continuación se exponen los principales casos en curso de investigación por los 
servicios de la Comisión, y los hechos significativos que se han producido en 1994 en 
relación con los mismos: 
2.1 Trigo duro: reservas de intervención y prefinanciación 
Como consecuencia de las inspecciones (realizadas en mayo de 1993), se han podido 
determinar las cantidades definitivas respecto de las cuales debe iniciarse la recuperación 
Este régimen, que también se aplica al tabaco, permite la importación con un tipo de derecho muy reducido. Este régimen 
puede ser burlado, especialmente en los países que tienen actualmente graves problemas económicos. 
DO L 351 de 14.12.1987. Este artículo se refiere a la prueba de haber cumplimentado las formalidades aduaneras de salida 
al consumo en el país importador. 
56 
de los anticipos pagados por gastos de almacenamiento, en el marco de la revisión de 
cuentas (Italia: ejercicio de 1993). Ya se han recuperado 62,4 millones de ecus aplicando 
una corrección a los anticipos pagados al Estado miembro. 
Por lo que respecta a los pagos efectuados en el marco de la prefinanciación de la 
restitución a la exportación, el Ministerio italiano de Hacienda ha iniciado las gestiones 
necesarias para recuperar las cantidades pagadas. 
En relación con estos asuntos, además de los procedimientos administrativos para 
recuperar las cantidades, también están en curso procedimientos judiciales. 
Durante las grandes investigaciones realizadas en mayo de 1993 en Italia, que 
descubrieron las reservas inexistentes, los servicios de la Comisión realizaron en 
diciembre de 1993 investigaciones concretas sobre el último grupo de almacenistas aún 
no controlado. Estos últimos controles se efectuaron en Sicilia y Cerdeña. Habida cuenta 
de las divergencias en cuanto a la calidad de los productos almacenados, están en curso 
análisis contradictorios para evaluar el impacto económico de este fraude. 
2.2 Aceite de oliva de intervención 
Las investigaciones efectuadas en Italia en las campañas 1991/92 y 1992/93 llevaron a 
la constatación de la no conformidad de la calidad del aceite de oliva, correspondiente 
a una cantidad de 1.300 toneladas. Tras la negativa de intervención, basada en los 
resultados de estos análisis, las autoridades italianas solicitaron un peritaje de 
comprobación. 
Las consecuencias financieras de este caso se tendrán en cuenta en la revisión de 
cuentas del ejercicio 1993. 
2.3 Ayudas a la producción de algodón 
Tras las auditorías practicadas en Grecia, se puso de manifiesto que el sistema de control 
de las autoridades nacionales no era suficientemente fiable. Ello llevó a la Comisión a 
aplicar una corrección financiera del 25 % de los gastos declarados por Grecia en relación 
con el ejercicio 1992. 
Se ha creado un grupo de trabajo compuesto por funcionarios del Ministerio griego 
de Agricultura y del FEOGA, para reflexionar sobre las mejoras que deberán 
introducirse en el actual sistema griego de inspección. Se celebrarán reuniones 
periódicas hasta la presentación de un informe de síntesis, previsto para finales de 
1995. 
57 
SECCIÓN 3: RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES Y OTROS CASOS DE 
ASISTENCIA MUTUA 
El presupuesto comunitario incluye diferentes tipos de ingresos, entre los que figuran los 
derechos de aduana y las exacciones reguladoras agrícolas, denominados "recursos propios 
tradicionales", que se distinguen del recurso IVA125 y del "cuarto recurso", basado en el 
PNB de los Estados miembros. 
Los asuntos que se exponen en la presente Sección sólo se refieren a los recursos propios 
tradicionales, que suponen aproximadamente el 20% del total de ingresos presupuestarios. 
De hecho, los casos de fraude e irregularidades en materia de IVA no son objeto de 
comunicaciones formales126 de los Estados miembros a la Comisión, ya que sólo afectan 
subsidiariamente a los intereses financieros comunitarios. 
En cuanto al curso dado a los casos de fraude aduanero, en 1994 la Comisión organizó, 
por una parte, 13 misiones comunitarias de investigación en los terceros países127 con 
equipos dirigidos por funcionarios de la Comisión y compuestos por funcionarios de los 
Estados miembros, y realizó, por otra parte, 8 misiones en las que participaron 
únicamente funcionarios de la Comisión. 
Los servicios de la Comisión han tenido que recordar en varias ocasiones a determinados 
Estados miembros, empresas y asociaciones profesionales las responsabilidades que 
corresponden a los operadores económicos que actúan como declarantes (o "principales 
obligados"), que algunos han pretendido ignorar y que parece que no han tenido en cuenta 
a la hora de firmar contratos comerciales, ni para la cobertura de riesgos: de hecho, el 
declarante es responsable ante la administración aduanera del Estado miembro de 
importación del pago de los derechos que deban abonarse en base a constataciones sobre 
el origen, las características, el valor (...) de los productos, incluso cuando el interesado 
actúa de buena fe al hacer su declaración de aduanas. 
La recaudación de derechos no es sino la corrección de la situación de los productos 
desde el punto de vista de las cantidades legalmente exigibles, y no constituye una 
sanción de un eventual comportamiento culpable del importador. En este sentido, la 
recuperación se obtiene del declarante, independientemente de si se trata de una operación 
fraudulenta o de una simple irregularidad. 
Véase el informe de la Comisión (DG XIX/Presupuestos) sobre las inspecciones y procedimientos de recaudación en 
relación con este impuesto, efectuados por los Estados miembros, doc, informe trienal elaborado con arreglo al artículo 
12§3 del Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) n° 1553/89 del Consejo, DO L 155 de 07.06.1989. 
Comunicaciones "recursos propios tradicionales" previstos en el Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo, 
véase el Anexo 1 para más detalles. 
En el marco del Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo. 
58 
En este contexto, la Comisión comunica sistemáticamente a los Estados miembros todos 
los elementos reunidos, en el marco de sus competencias, para facilitar sus propias 
investigaciones y permitir constatar los recursos propios evadidos128. 
1. Nuevos casos 
1.1 Productos industriales v textiles 
Los casos tratados en esta rúbrica consisten en solicitudes indebidas de aplicación de los 
regímenes preferenciales, así como en tentativas de incumplimiento de las medidas de 
política comercial común, incluidos los derechos antidumping y los límites cuantitativos 
previstos en el marco de los acuerdos textiles. Desde principios de 1995, la Comunidad 
dispone de un nuevo instrumento que permite actuar más eficazmente para evitar las 
infracciones de los límites cuantitativos. 
El método utilizado para organizar el fraude consiste principalmente en suministrar falsas 
declaraciones de origen, especialmente en lo que respecta a los productos textiles 
procedentes de los Países Menos Avanzados (PMA), beneficiarios de SPG (Bangladesh, 
...), de los países ACEP (Lesotho, Kenia, ...) y de los países con los que la Comunidad 
no ha firmado acuerdos textiles que incluyen límites cuantitativos o sistemas de doble 
control. 
Las investigaciones realizadas en 1994, que en el caso de los productos textiles se 
enmarcan dentro del programa TAFI129, han llegado a las constataciones siguientes: 
Productos textiles y del vestido de Kenia 
La Comisión ha preparado dos misiones en este país, la primera de las cuales tuvo lugar 
en junio-julio, para organizar la misión de investigación propiamente dicha, que se 
desarrolló en septiembre-octubre, para verificar, con la ayuda de las autoridades 
competentes, la validez de los certificados de circulación de mercancías expedidos en este 
país y presentados en la Comunidad al importar productos textiles. 
Al término de estas investigaciones, las autoridades competentes constataron la invalidez 
de más de 200 certificados expedidos para T-shirts que en ningún momento estuvieron 
en Kenia sino que fueron importados en la Comunidad procedentes de los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). En Kenia se fabricaban productos de este tipo, pero con materiales 
no ACP (en este último caso, la repercusión es de carácter económico). 
Los Estados miembros afectados principalmente por estas importaciones son Alemania, 
Bélgica, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. 
129 Véase el Capítulo 6, Sección 3, sobre el seguimiento financiero de los casos de fraude y del estado de las recaudaciones 
efectuadas, página 77. 
Véase el Capítulo 4, Sección 3 "Organización de la cooperación operativa/A nivel intracomunitario", punto sobre el 
programa TAFI, página 43. 
59 
El importe de los recursos propios en cuestión asciende a aproximadamente 2 millones 
de ecus. Se ha pedido a las autoridades keniatas que sigan investigando sobre los 
productores que han declarado haber comprado tejidos no originarios, con objeto de 
saber si los productos acabados obtenidos de esta manera han sido exportados al amparo 
de certificados falsos. Las cifras citadas pueden revisarse a la alza. El origen real de los 
envíos sólo podrá determinarse tras realizar investigaciones complementarias, 
especialmente en los EAU. 
Tomando como base estos elementos, los Estados miembros afectados disponen de 
las informaciones necesarias para investigar a los importadores y proceder a las 
recuperaciones necesarias. 
Las autoridades de los Países Bajos ya han informado a la Comisión de la 
recuperación de aproximadamente 900.000 ecus, en lo que respecta a las 
importaciones de este Estado miembro. Además, el importador neerlandés fue 
condenado a 12 meses de prisión, 6 de los cuales incondicional, así como al pago de 
una multa. 
Productos textiles y ropa de cama de Bangladesh 
En el mes de diciembre se desarrolló en este país una misión comunitaria de cooperación 
administrativa para verificar, con la ayuda de las autoridades locales competentes, la 
validez de numerosos certificados de origen (en el marco del SPG) expedidos en este país 
y presentados en la Comunidad para la importación de productos textiles. Se descubrió 
que 115 certificados habían sido totalmente falsificados (1.200 toneladas de ropa de 
cama), y que los productos nunca habían llegado al territorio de Bangladesh, sino que 
habían sido exportados desde Pakistán u otros terceros países (vía Hong Kong o 
Singapur). Otros certificados (88) habían sido efectivamente expedidos por las 
autoridades de Bangladesh, pero para productos no fabricados de conformidad con las 
normas de origen SPG. 
Prosiguen las investigaciones en lo que respecta a la determinación del origen real de los 
productos no fabricados en Bangladesh, así como para determinar el importe definitivo 
de los recursos propios que están en juego (estimados en 2 millones de ecus). 
En un caso como éste, para proseguir las investigaciones se requiere la entera 
cooperación de las autoridades del tercer o terceros países interesados. Así lo han 
entendido las autoridades de Bangladesh y es preciso mencionarlo. 
Productos textiles de Pakistán 
Una misión que tuvo lugar en Pakistán en enero de 1994, donde se encuentra otra 
organización de importaciones fraudulentas, descubrió que aproximadamente 2 000 
toneladas de productos originarios de este país se habían declarado como procedentes de 
Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos a la hora de importarlas en la Comunidad. Los 
60 
productos son principalmente T-shirts destinados al Reino Unido y ropa de cama 
destinada a Bélgica (falsos certificados expedidos en Suiza) y los Países Bajos. 
Los recursos propios en cuestión ascienden a aproximadamente 1 millón de ecus. 
La Comisión prevé entablar en 1995 consultas para ajustar los límites cuantitativos, 
teniendo en cuenta las cantidades sobre las que se dispone de pruebas documentales 
del itinerario de los productos hasta Pakistán. 
Productos textiles de Lesotho 
Investigaciones conjuntas realizadas con las autoridades locales de Lesotho en febrero de 
1994 llevaron a éstas a retirar más 600 certificados de origen expedidos para productos 
textiles, especialmente jeans y pantalones, cuyo origen preferencial no estaba justificado, 
y ello sin impacto sobre los acuerdos textiles, ya que el país de origen en el sentido de 
las normas "textiles" sería Lesotho o Ciskeï. 
Alemania deberá recuperar los derechos evadidos, más de un millón de ecus. 
Otros productos: cigarrillos 
La Task force creada en el sector del tabaco130 tiene por objetivo principal enfrentarse y 
luchar contra el fraude en el que intervienen las redes de la delincuencia organizada. La 
cooperación con los Estados miembros centrada en este tipo de problemas ha permitido 
a la Comisión definir una estrategia común que se basa en medidas que deberán adoptarse 
en cuatro frentes diversos (administrativo, jurídico, técnico y operativo). En lo que 
respecta al aspecto operativo del programa, los trabajos realizados en 1994 detectaron seis 
nuevos casos de sustracción de los cigarrillos a los diferentes regímenes de tránsito 
(comunitario/régimen común y TIR). Puede tratarse de un fraude en el que estén enjuego 
más de 116 millones de ecus de derechos evadidos. 
Efectivamente, en una misión de cooperación administrativa realizada en Hungría en 
diciembre, se identificaron 70 envíos de cigarrillos (aproximadamente 10 millones de 
unidades), expedidos de Hungría al amparo de documentos TIR hacia la Comunidad, 
donde fueron objeto de una sustracción al régimen. Los documentos TIR llevaban sellos 
falsos. Sólo en este fraude se han evadido alrededor de 69 millones de ecus (derechos de 
aduana, impuestos sobre consumos específicos e IVA). 
Véase el Capítulo 4, Sección 3 "Organización de la cooperación operativa", página 42. 
61 
El enfoque estratégico global, más eficaz que la organización de medidas 
individuales a nivel nacional, ilustra el papel de las Task forces en general y su 
utilidad. En este caso, las investigaciones prosiguen para obtener las pruebas 
necesarias contra las personas (que suelen estar establecidas fuera de la Comunidad) 
responsables del montaje de este fraude. 
1.2 Productos agrícolas v de la pesca 
El tema del abuso de los regímenes preferenciales de importación de productos de la 
pesca obtenidos a partir de las capturas de buques de nacionalidades distintas de las 
autorizadas en el marco del régimen en cuestión no es algo nuevo y da lugar al desarrollo 
de irregularidades en cada informe anual de la Comisión. Sin embargo, es la primera vez 
que se constata131 un caso que pone de relieve la falsificación de certificados de 
autenticidad para la carne de vacuno. 
Los abusos de los regímenes de tránsito, cometidos especialmente desde 1990 para 
efectuar importaciones o exportaciones fraudulentas de productos agrícolas procedentes 
de los PECO, también han sido objeto de numerosas constataciones en 1994, y los 
métodos de fraude han evolucionado en lo que respecta a las falsas denominaciones 
específicas. 
Los casos expuestos muestran la necesidad de obtener una estrecha colaboración por parte 
de las autoridades de los países del EEE y de los PECO, con los que se han firmado 
acuerdos con protocolos de asistencia mutua. No obstante, subsiste un problema en 
relación con Suiza, donde se organizan determinados fraudes. La Comunidad también ha 
recibido la cooperación del IRU (International Road Union), con sede en Ginebra, 
organización responsable de la gestión del régimen TIR (Transit International Routier)132. 
Preparaciones y conservas de atún de Ecuador y Colombia 
En estos países se efectuaron tres misiones de cooperación administrativa (dos en Ecuador 
y una en Colombia) para verificar la situación de las preparaciones y conservas de atún 
importadas en la Comunidad al amparo de certificados de origen preferenciales (SPG). 
Algunos de estos productos parecían dudosos, por haber sido fabricados utilizando 
pescados procedentes de buques de nacionalidad diferente (ni ecuatoriana ni colombiana) 
respecto de la normativa comunitaria que se aplica al caso. Las sospechas se confirmaron 
en gran medida y los recursos propios evadidos se estiman en alrededor de 6 millones de 
ecus por cada organización fraudulenta, es decir, 12 millones de ecus en total. 
Véase el desarrollo de este caso en la rúbrica "casos antiguos" (productos agrícolas y de la pesca), página 66. 
Véase sobre este régimen y el régimen de tránsito el Capítulo 1, Sección 5, página 14. 
62 
Con la aplicación de la "acumulación regional" andina el 15 de diciembre de 1992 y 
de la acumulación con la Comunidad, el 7 de enero de 1995, se logra una solución 
parcial. 
Zumo de naranja de Israel 
Los análisis realizados a iniciativa de la Comisión y financiados por ella han puesto de 
manifiesto que las muestras de los productos con la etiqueta de "zumo de naranja" 
importados de "Israel eran productos que no respondían a esta denominación o que no 
habían sido fabricados totalmente a partir de naranjas o de concentrados de origen israelí. 
Estos resultados demuestran que se ha infringido el régimen preferencial previsto en el 
Acuerdo de cooperación CEE-Israel. 
Este caso requiere que se apliquen las disposiciones del Acuerdo CE-Israel de 
cooperación administrativa, a fin aclarar la situación de estos productos. 
2. Casos antiguos 
2.1 Productos industriales y textiles 
Los servicios de la Comisión han transmitido a los servicios de investigación de los 
Estados miembros numerosas comunicaciones suplementarias (33 en total) sobre los casos 
abiertos en los últimos años en estos sectores. A continuación se exponen los hechos más 
importantes que se han producido. 
Autorradios de Indonesia 
En aplicación de las disposiciones vigentes, los Estados miembros han iniciado 
procedimientos de recuperación de cantidades tras las investigaciones realizadas en 1993, 
especialmente la misión in situ, y en 1994. 
Los productos ensamblados en Indonesia se fabricaban a partir de componentes 
importados en su mayoría de terceros países (especialmente Corea del Sur). Por ello, 
estos productos no podían beneficiarse de las preferencias generalizadas y debían 
considerarse de origen coreano (y aplicárseles los derechos antidumping). 
Este caso ha planteado algunas dificultades en cuanto a la eficacia de la cooperación 
administrativa por parte de las autoridades indonesias. El importe total de los derechos 
en juego se estima en 16 millones de ecus. 
63 
Cabe destacar dos aspectos: 
el problema potencial fue detectado por los servicios de la Comisión a partir 
de un análisis de "La Inteligencia" (examen de estadísticas de exportación de 
Corea e Indonesia). Gracias a estas investigaciones, pudo detenerse el fraude 
(al cabo de un año); 
además, la obtención de garantías por los servicios aduaneros por los Estados 
miembros afectados, antes de la terminación de la investigación, para el pago 
de posibles derechos antidumping exigibles, facilita la recaudación posterior 
de los derechos evadidos. 
Televisores importados de Turquía 
La Comisión recordó a los Estados miembros la necesidad de proceder a recaudar 
efectivamente los derechos de aduana aplicables a estos productos, en aplicación de las 
disposiciones reglamentarias, por el incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 
Asociación CEE-Turquía en lo que respecta a la libre circulación de estas mercancías, lo 
que supone que estos productos no pueden beneficiarse del trato preferencial que 
solicitaban los importadores comunitarios. 
La Comisión sigue esforzándose por convencer a las autoridades turcas de que apliquen 
las medidas prácticas necesarias para la correcta aplicación de las disposiciones del 
acuerdo en lo que respecta a todos los productos industriales. 
La Comisión ha recordado a los Estados miembros donde están establecidos los 
importadores la obligación de aplicar los procedimientos reglamentarios establecidos en 
el Código de aduanas comunitario133 en materia de recuperación de la deuda aduanera. 
Así, la Comisión ha dirigido a los Estados miembros una carta pidiéndoles que procedan 
inmediatamente a recaudar los derechos evadidos por los importadores comunitarios134, 
teniendo en cuenta los plazos de prescripción. 
Sin contar los derechos antidumping aplicables a algunos de estos productos debido a su 
origen coreano, las cantidades que están en juego ascienden a más de 45 millones de 
ecus. 
Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, DO L 302 de 19.10.1992. 
Los importadores que mantienen una relación contractual con los exportadores turcos deben asegurarse por su parte contra 
los riesgos inherentes al comercio internacional, sin perjuicio de que pidan y obtengan de sus socios turcos la reparación 
del perjuicio causado por la recuperación a posteriori de la deuda aduanera y de que pueden en el futuro introducir en los 
contratos cláusulas que mencionen explícitamente la reparación de tales perjuicios en tales circunstancias (incumplimiento 
de acuerdos bilaterales). 
64 
El problema real está en que, a través de un caso concreto, se ha puesto de 
manifiesto una carencia fundamental, en la medida en que las autoridades turcas no 
han respetado los acuerdos firmados, al no dotarse de las estructuras jurídicas para 
realizar los controles necesarios y al no percibir lo previsto en estos acuerdos. 
Este caso ha demostrado la importancia de aplicar y seguir las disposiciones 
aduaneras previstas en los acuerdos con los tercetos Estados. 
En este caso, la cuestión sigue estando abierta en lo que respecta a las demás 
categorías de productos, objeto de los acuerdos de intercambio entre la Comunidad 
y este país. 
Estos aspectos deberán aclararse para garantizar la regularidad de los intercambios 
futuros, especialmente con vistas a la plena realización de la Unión aduanera CEE-
Turquía. 
Vidéocassettes de Macao 
El Comité del Código Aduanas se pronunció sobre la situación de estos productos, lo que 
permitió (en mayo de 1994) establecer definitivamente que las mercancías en cuestión 
se habían beneficiado indebidamente del trato SPG y se habían importado evadiendo los 
derechos antidumping aplicables a estos productos de origen chino. 
Los derechos evadidos por las importaciones realizadas en los últimos tres años se 
estiman en 48 millones de ecus (45 millones de los cuales en concepto de derechos 
antidumping). 
Productos textiles de origen chino exportados sin respetar los límites cuantitativos 
Se han entablado negociaciones textiles (acuerdos seda ...) con China y en 1994 
se celebraron consultas en este marco con el fin de ajustar los límites 
cuantitativos aplicables a determinadas categorías de productos, para tener en 
cuenta las cantidades importadas en la Comunidad entre 1990 y 1993 al amparo 
de diversas declaraciones de origen. Las pruebas del origen chino de estos 
productos (T-shirts y jerseys) se consiguieron en las investigaciones realizadas en 
la Comunidad y algunos terceros países. 
China aceptó la imputación de 9,3 millones de piezas (escalonadas en tres años) en 
sus límites cuantitativos. 
Productos textiles exportados de los Emiratos Árabes Unidos (EUA) 
Las investigaciones sobre los productos textiles importados de este país en la Comunidad 
tratan de varios casos (y varias tramas), todos relacionados con operaciones de 
transbordo, entre los que figuran: 
65 
los T-shirts declarados originarios de los EAU (origen no preferencial), pero cuyo 
país de origen real se sospecha que es China, la India o Pakistán; 
T-shirts declarados originarios de diversos países ACP (Kenia...) y SPG (Nepal...), 
pero cuyo origen real se sospecha sea chino, indio o paquistaní. Este asunto trata 
de 20 millones de piezas y aproximadamente 5 millones de ecus de recursos 
propios; 
la ropa de cama (importada vía Suiza) declarada originaria de los EAU, pero cuyo 
origen real se sospecha sea paquistaní (lo cual ha sido parcialmente confirmado). 
El seguimiento de este caso ha continuado en 1994 mediante misiones a Pakistán y 
Kenia135 por las ramificaciones existentes en esos países. 
2.2 Productos agrícolas v de la pesca 
Productos de la pesca de Noruega 
En marzo de 1993 se acordó que las autoridades noruegas llevarían a cabo las 
investigaciones necesarias para verificar la situación de los productos de la pesca 
exportados a la Comunidad en el marco del régimen preferencial, y para cuya fabricación 
se hubieran utilizado en parte materiales no originarios. 
En enero de 1994 se envió un informe provisional. Las autoridades noruegas procedieron 
a continuación a anular más de 400 certificados de origen, debido a que los productos no 
eran originarios. 
Todos los Estados miembros están interesados en la recaudación de las cantidades (aún 
no conocidas), especialmente Portugal. 
Conservas de atún de Tailandia 
La recuperación de los derechos sobre la importación de conservas de atún con 
certificados de origen expedidos por las autoridades tailandesas para conservas de bonito 
sarda es actualmente objeto de recursos ante los tribunales de los Países Bajos, Alemania 
y Dinamarca. 
La Comisión ha suprimido las conservas de bonito sarda de su propuesta de plan de 
SPG para 1995, y el Consejo aprobó este plan el 19 de diciembre de 1994 Por tanto, 
ya no se puede infringir el sistema de preferencias generalizadas. 
Véase la descripción y las conclusiones de la investigado realizada en ese país en la página 59. 
66 
Carne de vacuno "Hilton" procedente de Argentina 
Las autoridades argentinas se pusieron en contacto con los servicios de la Comisión en 
mayo de 1993 en relación con un eventual fraude por importación en Slemania de carne 
de vacuno argentina. 
Tras la misión in situ que se llevó a cabo en su momento, las dos misiones comunitarias 
complementarias realizadas en Argentina con la colaboración de las autoridades locales 
en noviembre de 1993 y abril-mayo de 1994 descubrieron que más de 460 certificados 
de autenticidad, presentados en 1991 y 1992 en la Comunidad, al importar carne de 
vacuno de alta calidad, fresca y refrigerada ("Hilton beef), eran falsos. El primer Estado 
miembro afectado es Alemania, que constituye en la Comunidad con mucho el primer 
cliente de la carne Hilton beef procedente de Argentina (80%). También se presentaron 
certificados falsos en el Reino Unido, España, Francia, Italia y los Países Bajos. 
En total, entraron en la Comunidad más de 4.500 toneladas de carne con certificados de 
autenticidad falsos y las exacciones reguladoras no percibidas ascienden a 
aproximadamente 18 millones de ecus. 
Gracias a los documentos recogidos en el curso de estas misiones y puestos a 
disposición de los Estados miembros, éstos están en condiciones de recuperar los 
derechos de estas mercancías, importadas con certificados falsos. 
Las investigaciones prosiguen en todo caso, en la Comunidad y en Argentina, para 
aclarar todos los aspectos del fraude cometido. 
Bovinos y. carne procedente de los países de Europa del Este 
Este importante fraude del "régimen de tránsito" se desarrolló durante el periodo 
1988/1992 y se descubrió durante las investigaciones in situ realizadas por los servicios 
de la Comisión. Posteriormente, fue objeto de numerosas campañas de prensa y preguntas 
parlamentarias. Los animales vivos y las carnes teóricamente destinadas a los terceros 
países se sustraían de hecho al régimen de tránsito para ser vendidas fraudulentamente 
para el consumo en la Comunidad sin pagar derechos de entrada. 
La estimación inicial de los importes evadidos (17 millones de ecus) se revisóa al alza 
(33 millones de ecus). Las investigaciones prosiguen en Alemania, los Países Bajos, 
Bélgica y Francia. 
Este caso ha sido la causa de la modificación del régimen de tránsito en lo que 
respecta a la restricción de utilización de la garantía global para determinados 
productos sensibles136. 
Véase el Capítulo 1, Sección 5 sobre los regímenes de tránsito aduanero, página 14. 
67 
* 
* * 
Sin olvidar el aspecto financiero de la recuperación, el primer objetivo de toda 
investigación de este tipo es detener el curso del fraude y desmantelar las redes. Sacar a 
la luz las prácticas ilícitas y difundirlas es la mejor manera de contribuir a la prevención, 
sin necesidad de conceder una importancia desproporcionada a los procedimientos 
contenciosos, que sin embargo hay que aplicar con tesón. 
SECCIÓN 4: FONDOS ESTRUCTURALES 
1. Nuevos casos 
1.1 El Fondo Social Europeo 
Se han entablado contactos con el Fiscal de Lanusei (Italia - Cerdeña), para un 
procedimiento judicial que comenzó a finales de 1993 sobre presuntos casos de 
fraude en el ámbito de los cursos de formación profesional (concretamente 
"Contratti di Formazione - Lavoro" - "C.F.L."), financiados por el FSE y 
gestionados por la Región de Cerdeña. 
En este asunto están implicadas varias personas, entre las que figuran políticos y 
funcionarios. Una misión realizada in situ ha confirmado la existencia de varias 
anomalías en la manera de gestionar los contratos por parte de las empresas 
beneficiarías. En particular, la estructura de estos contratos no distingue entre el 
coste de la formación, en el caso de que exista, y los costes salariales. 
Se ha abierto una investigación en el marco de las medidas de formación 
profesional aplicadas en los nuevos "Lander" de la R.F.A. donde se piensa que un 
beneficiario que dispone de una estructura en diferentes Estados miembros ha 
podido malversar fondos. 
Otro caso en curso de investigación en Bélgica tiene su origen en las 
declaraciones del ex Director administrativo de un Instituto a un semanario, en el 
que manifiesta que se vio obligado a presentar declaraciones falsas para obtener 
fondos del FSE. 
El Instituto en cuestión percibió entre 1989 y 1993 el equivalente a 760.000 ecus 
del FSE, para cofinanciar programas de formación. 
Según las declaraciones, los cursos de formación nunca se impartieron. Los 
profesores citados en el expediente son investigadores que nunca dieron ningún 
curso. Los "becarios" son empleados del Instituto. Su trabajo consistía 
sencillamente en efectuar análisis de rutina, comercializados por el Instituto. Se 
montó una supuesta cofinanciación ficticia a partir de la dotación anual de la 
Provincia en favor del Instituto. 
El FSE es un sector especialmente vulnerable, en el que la Comisión ha detectado 
numerosos casos de fraude, que actualmente investigan sus servicios. Esta situación 
se debe esencialmente al carácter "inmaterial" de las prestaciones. 
68 
1.2 El FEOGA-Orientación 
En septiembre de 1994, en el marco de un control in situ realizado en Alta 
Córcega en relación con el régimen de concesión de indemnizaciones 
compensatorias a los ganaderos localizados en zonas de montaña137, los servicios 
de la Comisión descubrieron graves disfunciones en la aplicación de este régimen 
de ayuda. 
La Comisión ha suspendido todos los pagos en el marco del DOCUP (DOCumento 
Único de Programación) de Córcega, en relación con esta parte de la medida, de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 24 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del 
Consejo138. 
Se ha pedido a las autoridades francesas que realicen investigaciones 
complementarias para determinar el alcance de este problema y proceder a las 
regularizaciones económicas necesarias. 
La misión de control que se desarrolló en septiembre de 1994 en Italia permitió 
a la Comisión detectar un importante fraude por importe de 1,8 millones de ecus, 
aproximadamente, en la realización de tres proyectos financiados con arreglo al 
Reglamento (CEE) n° 355/77 del Consejo139. 
Estos proyectos consisten concretamente en la modernización .de tres 
establecimientos para frutas y hortalizas, pertenecientes a una misma empresa. 
La inspección ha puesto de relieve el incumplimiento de las condiciones impuestas 
por la legislación comunitaria para la realización de proyectos, concretamente la 
aprobación de modificaciones sin la autorización previa de la Comisión, la 
imputación de gastos no elegibles y la constatación de que las instalaciones están 
abandonadas. 
Tras el control, el Ministerio italiano de recursos agrarios, alimentarios y forestales 
ha pedido a la Comisión que suspenda dos de los tres proyectos. 
El Fiscal del Tribunal de Roma ha abierto una investigación judicial. 
1.3 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
La sospecha de fraude en la adjudicación de un contrato público en la isla de la Reunión 
ha sido objeto de una suspensión de pagos y de una petición de investigación 
administrativa ante las autoridades francesas. La investigación está en curso. 
Esta ayuda está regulada en los artículos 17 a 19 del Reglamento (CEE) n° 2328/91 del Consejo, DO L 218 de 06.08.1991. 
Reglamento anteriormente citado, publicado en el DO L 374 de 13.12.1988, modificado por el Reglamento (CEE) n° 
2082/93 del Consejo, DO L 193 de 31.07.1993. 
DOL51 de 13.02.1977. 
69 
Este caso muestra el cuidado que hay que tener al adjudicar contratos públicos, 
especialmente en los sectores de la construcción y las obras públicas, 
2. Casos antiguos 
Los datos que se exponen a continuación muestran los hechos más significativos que se 
han producido en el año 1994 en relación con los casos recogidos en anteriores informes, 
2,1 Fondo Social Europeo 
Siguen aún pendientes los procesos ante el Tribunal de Milán en relación con las 
irregularidades detectadas en Lombardía en el marco del FSE, debido a que el 
elevado número de acusados (47) entorpece el procedimiento. 
Como ya se indicó en el informe 1993, la constitución de la Comisión en parte 
civil en el marco de estos procedimientos ha permitido la restitución de 
determinadas ayudas del ESE por parte de algunos acusados, antes de que 
concluya el proceso. La cantidad recuperada asciende a 319.608 ecus. 
El grupo de trabajo creado en 1992 para ocuparse del casó "FSE-Portugal" 
prosigue sus trabajos, a pesar de las dificultades y complejidades debidas al 
número de casos (varios centenares) que deberán cerrarse a más tardar el 30 de 
septiembre de 1995140. 
Aún está pendiente el caso de la empresa sospechosa de utilizar irregularmente 
2j7 millones de ecus del FSE en Bélgica, en el que la Comisión se constituyó en 
parte civil. En el curso de 1994, el Tribunal cerró las audiencias previas. La 
sentencia aún no ha sido dictada. 
La investigación en curso, en el Tribunal de Ñapóles ha concluido con una 
demanda de enjuiciamiento, entre otrosi de siete funcionarios de la empresa 
aeronáutica, acusados de estafa (falsificación de documentos contables, délos 
que figuran registros y facturas, aumento fraudulento de los gastos simulando la 
presencia de alumnos y profesores e imputando a los cursos gastos 
correspondientes a otras actividades de la empresa) en la realización de 
programas de formación profesional en detrimento del FSE y del BEL 
La investigación ha demostrado que la sociedad en cuestión recibió 
aproximadamente 5 millones de ecus de ayudas financieras de las instituciones 
comunitarias, a lo largo del período 1985-1992. Aún está por determinar 
concretamente el importe percibido indebidamente. 
Recordatorio de este requisito reglamentario: Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CEE) n" 2081/93 del Consejo, DO L 193 de 31.07.1993. 
70 
2.2 El FEOGA-Orientación 
Gracias a la colaboración entre la magistratura de Reggio Calabria y la misión de 
investigación in situ que se desarrolló en enero de 1994, se han podido comprobar graves 
irregularidades que se han extendido de hecho a otros centros de almacenamiento y 
condicionamiento de aceite de oliva distintos del de la región de Calabria (San Lorenzo), 
a saber, a los centros de almacenamiento de Castri (Puglia) y Eboli (Campania). 
De hecho, la investigación ha confirmado la existencia de varias anomalías (edificios 
abandonados, accesos a los centros de Eboli y San Lorenzo impracticables, los equipos 
de embotellamiento no estaban fijados al suelo ni conectados a las tinas, etc.). Los tres 
centros no han funcionado nunca. 
Los servicios de la Comisión han iniciado el procedimiento de suspensión de la ayuda y 
de recuperación de las sumas pagadas, es decir, 3,185 millones de ecus, aproximadamente. 
En la encuesta judicial sobre el centro de San Lorenzo, la Comisión se ha constituido en 
parte civil. 
2.3 Programa Operativo Plurifondos 
En lo que respecta al antiguo caso de Abruzos, que es objeto de una encuesta judicial, el 
Tribunal de 1'Aquila dictó sentencia el 21 de junio de 1994, tras celebrar 38 vistas, 
condenando a los once miembros del antiguo Consejo regional cuatripartito de 
clientelismo (uso abusivo de su posición como titular de un puesto público). Las condenas 
han sido de tres años (más cinco años de suspensión de toda función pública) para el 
presidente de la ex-Giunta regional y de dos años (más tres años de prohibición) para los 
diez adjuntos. Además, el presidente fue condenado por falsificación intelectual en la 
redacción de la decisión que certificaba que las 2.000 solicitudes presentadas de 
financiación habían sido objeto de una "apreciación comparativa", y que clasificaba 460 
solicitudes seleccionadas para la financiación. Los tres consejeros regionales fueron 
absueltos "porque los hechos no fueron probados". 
La defensa ha recurrido, pero hay que señalar que los acusados no han sido despedidos 
por los delitos de tentativa de fraude contra el presupuesto comunitario (artículo 640 bis 
del Código penal italiano). 
SECCIÓN 5: GASTOS DIRECTOS 
Esta nueva Sección se ocupa de ámbitos de gastos que, respecto de otros sectores ya 
mencionados, se caracterizan por estar gestionados "directamente" por los servicios de la 
Comisión a través de contratos, sin que ello implique ninguna obligación reglamentaria 
por parte de los Estados miembros, a nivel de comunicaciones lógicamente, ni en lo que 
respecta al seguimiento (por ejemplo, modalidades de control tradicional), también desde 
un punto de vista estrictamente financiero. 
71 
1. Ámbito del medio ambiente 
La Comisión ha llevado a cabo una investigación en Italia motivada por la no realización, 
en el plazo fijado en el contrato, de un proyecto de construcción de una fábrica de 
producción de barnices poliuretanos y serrines mediante la fabricación de nuevos 
materiales, financiada en el marco del programa Medspa141. 
Entre tanto, la empresa beneficiaría trasladó su sede a otra ciudad italiana y sustituyó a 
su administrador único. 
El proyecto no se llevó nunca a cabo y existen graves sospechas, basadas en las 
informaciones obtenidas en Italia, de que el cambio, aparentemente injustificado, de sede 
social y administrador se haya llevado a cabo para desviar la responsabilidad del contrato 
hacia otra persona, que ha negado siempre tener conocimiento de dicho contrato. La 
Comisión ha emitido una orden de recaudación del anticipo ya pagado. 
El interés de este caso es que plantea claramente el problema de los proyectos que 
han solicitado una subvención y que no se realizan o se realizan insuficientemente. 
En tales casos, la Comisión debe proceder a recuperar los anticipos pagados. 
2. Ámbito de la cooperación 
Las autoridades judiciales federales alemanas han dirigido a la Comisión una solicitud 
de asistencia, en el marco de la investigación abierta por un delito de fraude contra los 
responsables de una Organización No Gubernamental (ONG), promotora de dos 
proyectos cofinanciados por la Comunidad y las autoridades federales, en el marco de 
la cooperación y del desarrollo. 
En el curso del procedimiento, los responsables de dichas ONG fueron acusados de 
fraude contra el presupuesto comunitario. 
Para la ejecución de estos proyectos, la Comisión había pagado 480.000 ecus. La 
Comisión ha sido especialmente activa en la asistencia prestada a las autoridades 
judiciales correspondientes. El proceso está en curso. 
Este ejemplo es significativo en la medida en que la Comisión ha prestado su 
asistencia a petición de un Estado miembro que, eri el curso de una investigación 
realizada por iniciativa suya sobre una ONG, ha puesto de manifiesto la percepción 
de créditos comunitarios. 
En el marco del Reglamento (CEE) n° 563/91 del Consejo, DO L 63 de 09.03.1991. 
72 
3. Sectores de la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo 
Se están realizando varias investigaciones en el sector de la Investigación, en el 
que se han puesto de manifiesto problemas de facturación. Las investigaciones se 
refieren a contratos en todos los Estados miembros. 
En los Países Bajos se ha iniciado la investigación de las irregularidades 
constatadas en un proyecto que se inscribe en el Plan de Acción para la 
introducción de los servicios avanzados de televisión en Europa. 
4. Sector del Turismo 
En el sector del turismo se ha iniciado una investigación que ha puesto de relieve la 
existencia de redes establecidas en el territorio de los Estados miembros y organizadas 
para aprovecharse de los fondos comunitarios, a través de contratos sobrevalorados y la 
práctica de subcontratos ficticios. 
La Comisión se ha dirigido a varios Estados miembros, de acuerdo con el artículo 209A 
del Tratado CE, para que recurran a las autoridades competentes para proseguir y llevar 
a término la investigación. 
Se trata de la primera solicitud dirigida en este marco a los Estados miembros. 
Efectivamente, el procedimiento está previsto expresamente en el párrafo segundo 
del artículo 209A del Tratado CE: 
"Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los Estados miembros 
coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la 
Comunidad contra el fraude. A tal fin, organizarán, con la ayuda de la Comisión, 
una colaboración estrecha y regular entre los servicios competentes de sus 
administraciones." 
* 
* * 
La conclusión de esta sección es que los servicios de la Comisión siguen ampliando su 
ámbito de investigación a otros sectores de gastos en los que podrían producirse 
irregularidades o fraudes, incluidas las relaciones con las redes organizadas. 
73 
CAPITULO VI: ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 
Las informaciones analizadas en este Capítulo proceden en su totalidad de las bases de 
datos operativos creadas y gestionadas por la Comisión. El tratamiento que se les ha dado 
y los gráficos que se presentan aquí constituyen otros tantos medios de análisis cuya 
interpretación, compartida con los servicios especializados de los Estados miembros, 
especialmente en el marco del Comité consultivo de coordinación en el ámbito de la 
lucha contra el fraude142 y los comités sectoriales, servirá ante todo para orientar la acción 
de la Comisión, incluido su papel de coordinación y apoyo de las acciones realizadas a 
nivel nacional, especialmente sobre el propio terreno de la gran delincuencia económica. 
En un primer momento, se procederá a analizar las comunicaciones de los Estados 
miembros en relación con los diversos reglamentos sectoriales vigentes. En segundo lugar, 
se procederá a analizar los casos puestos en conocimiento de la Comisión a través de 
otras fuentes de información, tales como el teléfono verde143, o en el marco de los 
intercambios de formación de la asistencia mutua. Por último, se desarrolla una parte 
dedicada al seguimiento financiero de los casos de fraude, seguimiento global y metódico 
mediante la aplicación de técnicas racionales de muestreo, para evaluar la repercusión 
financiera global de todos los casos de irregularidades. 
Después, se analizará la importancia relativa de las irregularidades en los diferentes 
ámbitos y en los distintos Estados miembros. Este análisis proporcionará indicaciones para 
orientar las medidas futuras en relación con la lucha contra el fraude. 
Estas partes analíticas se ilustran con cuadros y gráficos que miden concretamente los 
resultados de las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comisión tras la 
detección de casos de fraude o irregularidades. 
SECCIÓN 1: COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE 
IRREGULARIDADES 
Los casos de fraude e irregularidades comunicados en 1994 por los Estados miembros, 
de acuerdo con los diversos Reglamentos vigentes144 se recogen en los cuadros 1, para 
el FEOGA-Garantía, 2 para los recursos propios tradicionales, y 3 y 4 para los Fondos 
Estructurales. 
Breves comentarios sobre los cuadros y gráficos 
142 
143 
144 Véase el Capítulo 4, Sección 1, página 38. 
Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre desarrollo de la "Inteligencia" (nueavs fuentes de información), página 28. 
Véase el Anexo 1 para el recordatorio del mecanismo normativo y el Capítulo 1, especialmente la Sección 3 "Hechos 
significativos en materia de medidas estructurales", página 10. 
74 
La tendencia general es el aumento del número de casos comunicados en todos los 
ámbitos (en el sector de los recursos propios el importe global es menos elevado). 
El cuadro 1 muestra los casos FEOGA-Garantía comunicados en 1994, según el año en 
que se inició el fraude, y la detección de los casos corresponde al año de comunicación, 
a saber, 1994. En todo caso, se pone de relieve que los procedimientos de recuperación 
que aplican las administraciones nacionales son prolongados145. 
El cuadro 2 presenta las comunicaciones del primer semestre del año en el sector de los 
recursos propios, con la indicación de las cantidades en cuestión y la proporción de cada 
Estado miembro en relación con el total de los casos y las cantidades. 
Las comunicaciones recibidas en el ámbito de las medidas estructurales se recogen 
globalmente en el cuadro 3 (el cuadro 4 presenta las cantidades correspondientes), 
teniendo en cuenta la evolución reciente de la normativa en la materia. A este respecto, 
conviene precisar algunos aspectos del procedimiento de comunicación en este sector: 
La obligación de los Estados miembros de comunicar los casos de irregularidades 
se basa en el artículo 23 del (CEE) n° 4253/88 del Consejo, pero debido a la 
anulación por el Tribunal de Justicia en 1991 del "Código de conducta" establecía 
las modalidades146, los Estados miembros han comunicado con mayor lentitud o 
incluso han dejado de comunicar los nuevos casos, así como la evolución de los 
casos antiguos. 
El número de casos comunicados sigue siendo de 58 para el período 1990-1993147; 
La aprobación el 11 de julio de 1994 por la Comisión del Reglamento (CEE) n° 
1681/94 de la Comisión ha iniciado de nuevo el proceso de comunicación. 
Así, en el curso del primer trimestre de aplicación de este nuevo Reglamento se 
han comunicado 22 casos (en 1994 se comunicaron 20 casos antes del período de 
aplicación del nuevo Reglamento). 
Las comunicaciones con arreglo al Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión 
son negativas. Ello se explica por el hecho de que el Reglamento (CE) n° 1164/94 
del Consejo148 por el que se crea el Fondo de Cohesión, entró en vigor el 26 de 
mayo de 1994. 
El gráfico 1 presenta el número total de casos de fraude comunicados en relación con los 
recursos propios tradicionales y los gastos, así como las cantidades que están en juego. 
También muestra la evolución a lo largo del período de los últimos cuatro años. 
145 Véase la Sección 3 siguiente. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1991, Doc. SEC (92) 943 final, anteriormente citado. 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
Véase el Capítulo 1, Sección 3 "Evolución en el ámbito de las acciones estructurales", página 10. 
75 
El gráfico 2 presenta por Estados miembros el número de casos comunicados en los 
últimos cuatro años y las cantidades correspondientes (ingresos y gastos). 
El gráfico 3 muestra en detalle las diversas categorías de recursos propios, objeto de las 
comunicaciones recibidas. 
El gráfico 4 suministra la misma información detallada sobre los grandes grupos de gastos 
del FEOGA-Garantía. 
El cuadro 5 establece una relación entre los casos comunicados por un Estado miembro 
y los gastos de la Comunidad en favor de dicho Estados miembro (FEOGA-Garantía, 
Fondos Estructurales). Este paralelismo también se ha establecido en el caso de los 
recursos propios tradicionales cobrados por un Estado miembro por cuenta de la 
Comunidad. 
SECCIÓN 2: ANÁLISIS DE LOS DATOS QUE FIGURAN EN LAS BASES DE 
DATOS DE LA COMISIÓN 
Las bases de datos siguientes contienen información sobre casos de irregularidades: 
la base IRENE contiene las comunicaciones que presentan los Estados miembros 
de los casos de fraude e irregularidades en el sector de los recursos propios 
tradicionales, del FEOGA-Garantía y de los Fondos Estructurales; 
la base Pre-IRENE contiene información sobre los casos descubiertos por la 
Comisión que no han sido objeto de comunicación por los Estados miembros; 
la base "Asistencia mutua" contiene información de los casos que han sido objeto 
de intercambios de información en el marco de la asistencia mutua149 pero que aún 
no se han comunicado formalmente de acuerdo con los reglamentos aplicables del 
Consejo150. 
El cuadro 6 ofrece una visión global de los casos de irregularidades detectados en 1994. 
Dado que en el 27% de los casos contenidos en la base "Asistencia mutua" la 
información procede de los servicios de la Comisión, las comunicaciones formales de los 
Estados miembros cubrirán aproximadamente los dos tercios del total de los importes que 
están en juego. 
Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo, anteriormente citado. 
150 Reglamento (CEE) n° 595/91 para FEOGA-Garantía y Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 para recursos propios 
tradicionales, ambos citados anteriormente. 
76 
El Centro Común de Investigación de Ispra151 realiza un análisis estadístico más profundo 
de todos estos datos. Por el momento, un análisis menos sofisticado permite llegar a 
constataciones interesantes que se recogen en los cuadros que figuran a continuación. 
Del análisis sectorial de los casos detectados en 1994 en el ámbito del FEOGA-Garantía 
se desprende una fuerte concentración de casos en determinados tipos de financiación. 
El cuadro 7 recoge detalladamente las medidas afectadas, en relación con las cuales los 
casos comunicados ponen enjuego cantidades que acumuladas superan 1 millón de ecus. 
Se observa que numerosos casos comunicados relativos a determinados regímenes de 
ayuda directa implican cantidades relativamente modestas en relación con otros casos, 
menos importantes en número, pero que se producen en el sector de las restituciones (ver 
cuadro), en el que están en juego cantidades mucho más importantes. 
El cuadro 8, relativo a los métodos de detección de casos en 1994 en el sector del 
FEOGA-Garantía, muestra la importancia de los controles documentales a posteriori, que 
han permitido detectar el 42% del total de casos comunicados (lo que representa el 35% 
de las cantidades que están en juego). La aplicación del análisis de riesgos152en este 
contexto, permite centrar los controles y hacerlos más eficaces. 
SECCIÓN 3: SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS CASOS DE FRAUDE -
SITUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES 
Los Estados miembros son los únicos autorizados para recuperar las cantidades evadidas 
(recursos propios) o para iniciar los procedimientos de recuperación de las cantidades 
indebidamente pagadas en el marco de las políticas de financiación comunitaria. Además 
de intensificar la actividad operativa, la Comisión se ha comprometido a tomar las 
medidas concretas en el marco de su programa estratégico de trabajo de 1994 para 
garantizar el seguimiento adecuado de los procedimientos relacionados con la recaudación 
de derechos comunitarios. El resultado no siempre es satisfactorio. 
La base de datos IRENE permite un seguimiento más sistemático. Sin embargo, existen 
sectores donde las disposiciones normativas sobre seguimiento financiero de los casos de 
fraude o irregularidades son insuficientes o inexistentes. Por ello, en 1994 la Comisión 
adoptó varias medidas relacionadas con los sectores del FEOGA-Garantía y los Fondos 
Estructurales153, mientras que la propuesta de modificación de la normativa vigente en 
materia de recursos propios sigue pendiente ante el Consejo. 
Las insuficiencias del seguimiento financiero constatadas en el ámbito de los gastos han 
hecho que el Control Financiero (DG XX) haya extendido el alcance de su informe sobre 
152 Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre el desarrollo de las bases de datos ("inteligencia"), página 24. 
Véase el Capítulo 1, Sección 2, sobre la evolución de la normativa en el sector agrícola, punto relativo a la modificación 
del Reglamento (CEE) n° 4045/89 del Consejo, página 9. 
18° informe del Interventor, cuyas conclusiones fueron aprobadas formalmente por lá Comisión el 28.04.1994. 
77 
la gestión de derechos directos de la Comisión154 al seguimiento del cobro de deudas 
indirectas, cuya gestión corresponde en primer lugar a los Estados miembros (recursos 
propios, FEOGA-Garantía, Fondos Estructurales). Además, este informe trata de temas 
específicos relacionados con el cobro de deudas comunitarias relacionadas con casos de 
fraude o irregularidades. Los hechos que se exponen a continuación recogen algunas 
reflexiones, recomendaciones y propuestas que figuran en dicho informe en lo que 
respecta al seguimiento de la recaudación, independientemente del sector de que se trate. 
1. Seguimiento realizado en el ámbito de los recursos propios tradicionales 
1.1 Principios 
Con arreglo a la Decisión "Recursos propios" y su Reglamento de aplicación (CEE, 
EURATOM) n° 1552/89 anteriormente citado, los Estados miembros tienen la obligación 
de constatar, contabilizar y recaudar las cantidades que estén en juego en los casos de 
fraude e irregularidades descubiertos por ellos. La Comisión procura que las 
administraciones nacionales inicien efectivamente y lleven a término los procedimientos 
que conducen a la recaudación para que la gestión del Estado sea eficaz. En los casos en 
que la recaudación sea imposible por quiebra de la empresa o por haber transcurrrido el 
plazo de prescripción, el Estado miembro debe demostrar que ha hecho todo lo posible 
para recaudar las cantidades (aunque se hayan perdido), para no tenerlas que poner a 
disposición de la Comunidad. 
La base IRENE es una base documental de datos cuyo análisis permite extraer 
determinadas enseñanzas sobre la lucha contra el fraude y orientar la acción de los 
servicios competentes en la dirección correcta. Ahora bien, el Reglamento (CEE, 
EURATOM) n° 1552/89 establece la denominada contabilidad "B" de los derechos 
constatados y aún no cobrados, que son datos contables que se incorporan anualmente 
al balance y a las cuentas de gestión de la Comisión. El envío por las administraciones 
nacionales de informes trimestrales es una garantía para la Comisión de que los Estados 
miembros cumplen correctamente su obligación de consignación en contabilidad separada 
de las cantidades correspondientes a los derechos constatados y aún no cobrados. Esta 
contabilidad B es global, e incluye casos de fraude o irregularidades que tratan de 
cantidades superiores a 10.000 ecus, comunicados con arreglo al artículo 6§3 del 
Reglamento, así como los casos de cantidades inferiores a dicho límite. También puede 
incluir casos de reclamación por los deudores de determinadas cantidades, lo que puede 
llevar a rectificaciones de constatación. 
Así, la dificultad esencial para garantizar un seguimiento financiero eficaz reside en el 
hecho de que, a nivel nacional, existen dos tipos de competencia: la investigación 
(inspecciones) para detectar y comunicar el fraude, y la contabilización de las cantidades 
(tarea que corresponde generalmente a los servicios contables). Por estas razones, la 
relación con las comunicaciones de los casos de fraude e irregularidades suele ser difícil 
de establecer. En otros términos, los datos que suministra la base IRENE difícilmente 
Véase también el Capítulo 2, Secciónl, punto sobre la evolución de la organización de los servicios de la Comisión, página 
22. 
78 
pueden compararse con los procedentes de la contabilidad B, que llevan los Estados 
miembros, ya que ésta corresponde inequívocamente a las cantidades constatadas, 
mientras que las que figuran en la base IRENE reflejan la comunicación transmitida sin 
que la constatación de las cantidades se haya producido necesariamente. 
Otra dificultad reside en el hecho de que los Estados miembros están obligados a 
actualizar regularmente sus comunicaciones. Tal obligación se ha incluido en la propuesta 
de la Comisión de modificación del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del 
Consejo. 
La no compatibilidad de los datos almacenados en las tres bases IRENE, Pre-IRENE y 
"Asistencia mutua" constituye otro problema. En 1995 la Comisión tomará las medidas 
adecuadas para resolverlo. 
1.2 Metodología de trabajo 
A finales de 1992, la Comisión propuso una modificación del Reglamento (CEE, 
EURATOM) n° 1552/89, uno de cuyos objetivos era actualizar las comunicaciones de 
casos de fraude e irregularidades y mejorar el seguimiento financiero de la 
recuperación155. 
En esta situación, la Dirección General de Presupuestos (DG XIX) ha elaborado, de 
acuerdo con la experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE, 
EURATOM) ni 1552/89156, la metodología de trabajo que se expone a continuación. 
El método se basa en dos principios fundamentales: 
la utilización óptima de las informaciones disponibles en la Comisión (procedentes 
esencialmente de los Estados miembros), en el marco de la asistencia 
administrativa o de las disposiciones del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 
1552/89 relativas a la constatación, contabilización y puesta a disposición de los 
recursos propios (estados trimestrales e informes contables mensuales157, informes 
sobre casos irrecuperables158); 
"análisis de riesgos"159 y muestreo. 
El seguimiento de la Comisión consiste en utilizar el análisis de riesgos como técnica de 
muestreo de los casos de fraude e irregularidades (es evidente que los servicios de la 
157 Véase el Capítulo 1, Sección 1 sobre la evolución de la normativa en el sector de los recursos propios, página 7. 
Véase la parte correspondiente en el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993. 
Artículo 6.3, párrafo primero, del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89. 
Artículo 17.2 del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89. 
Véase sobre este tema y sobre "La Inteligencia" en general, el Capítulo 2, Sección 1, puntos 2 y 3, página 23 y siguientes. 
79 
Comisión no pueden seguir todos los casos detectados por los Estados miembros). Así, 
se han elaborado muestras significativas sobre las que se pide información a los Estados 
miembros hasta la conclusión del caso. 
los casos comunicados con arreglo al reglamento vigente y superiores a 500.000 
ecus son objeto de un seguimiento exhaustivo. El conjunto de estos casos 
representa más del 80% de las cantidades que están en juego en los casos de 
fraude e irregularidades comunicados por los Estados miembros; 
los casos conocidos por los servicios de la Comisión con arreglo al Reglamento 
(CEE) n° 1468/81 sobre asistencia mutua (AM) son objeto del mismo tipo de 
seguimiento cuando están en juego recursos propios por importe superior a 1 
millón de ecus y se reúnen una serie de criterios. Así, sólo se han seguido 
exhaustivamente los casos que tienen un interés particular para la Autoridad 
Presupuestaria o el Tribunal de Cuentas, o los que cumplen uno de los criterios 
siguientes (distinto del criterio de riesgo financiero anteriormente mencionado): 
implicación de varios Estados miembros, investigación iniciada por la Comisión 
o casos próximos a la prescripción. 
En total, se han seguido 99 casos de la primera muestra (comunicaciones "artículo 6§3") 
y 6 casos de la segunda muestra (AM y otros); estos últimos tratan de aproximadamente 
5.000 documentos que se han tramitado fraudulentamente o han sido irregularmente 
presentados160. 
1.3 Estado de la recaudación 
El cuadro 9 muestra la situación de la recaudación en el ámbito de los recursos propios. 
Las cantidades totales declaradas se recogen en el cuadro 2. 
En lo que respecta a los 99 casos de la primera muestra, en los que están en 
juego 276 millones de ecus, la Comisión ha comprobado que se han recuperado 
22,5 millones de ecus y que se han rectificado 21 millones de ecus tras el examen 
de los casos a través de recursos administrativos o judiciales. 
En cuanto a los 6 casos de la segunda muestra, la Comisión ha comprobado que 
la mayoría de las cantidades se incluyó en la contabilidad de los importes 
pendientes de cobro (contabilidad B). La situación de las cantidades efectivamente 
cobradas ha sido objeto de un seguimiento especial. 
2. Seguimiento en el ámbito de gastos del FEOGA-Garantía 
2.1 Principios 
Entre los casos que pertenecen a esta muestra figuran el caso de los "televisores turcos" y el caso de los "bovinos y carnes 
del Este" ya citados en el presente informe, dentro del Capítulo 5 (ver páginas 64 y 67). 
80 
En lo que respecta a los gastos del FEOGA-Garantía, los Estados miembros no tienen la 
obligación reglamentaria de llevar la contabilidad de las cantidades constatadas aún no 
cobradas. 
La contabilización sólo existe en los casos de cantidades efectivamente recaudadas por 
los Estados miembros o efectivamente recuperadas por estos últimos (por negligencia, 
por ejemplo ...), como consecuencia de una decisión ad hoc del la Comisión. Las 
cantidades recuperadas por los Estados miembros en los casos de irregularidades (en el 
sentido del Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo), de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artículo 8§2 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo161se 
pagan a los servicios u organismos pagadores, que los descuentan de los gastos 
financiados por el Fondo. A nivel contable, esta operación sólo se realiza en detalle una 
vez al año. 
En este sector, hay que distinguir las irregularidades en las que el cobro efectivo de las 
cantidades por los Estados miembros da lugar a una retención global del 20% de dichas 
cantidades en favor de las administraciones nacionales162, y las cantidades indebidamente 
pagadas por cualquier otra razón como puede ser la negligencia o el error sobre el 
beneficiacio, en cuyos casos, la recaudación se efectúa sin contrapartida. 
El sistema podría mejorarse modificando dos puntos esenciales: 
este tipo de contabilidad es insuficiente, ya que no tiene en cuenta las cantidades 
constatadas aún no cobradas. Por ello, la Comisión propone crear un 
procedimiento similar al establecido para los recursos propios por el Reglamento 
(CEE, EURATOM) N° 1552/89 del Consejo, que establece la denominada 
contabilidad separada "B" de estas cantidades163. 
Los extractos de esta contabilidad, repertorio o inventario permanente de los 
derechos comunitarios comunicados a la Comisión son un instrumento 
indispensable para gestionar y hacer el seguimiento de dichos derechos tanto por 
parte de los Estados miembros como de la Comisión. 
Durante las misiones de verificación in situ, el acceso a los expediente 
individuales (de casos de fraudes e irregularidades) garantizaría la exactitud de las 
anotaciones contables y la buena gestión de los Estados miembros (también de las 
admisiones en pérdida, de casos irrecuperables por causa de prescripción ...). 
Además, estas misiones podrían constituir una verificación suplementaria al 
aproximar los sistemas contable y documental, ya que este último está relacionado 
con las comunicaciones de los Estados miembros previstas en el artículo 5 del 
Reglamento (CEE) n° 595/91 ya citado. 
163 Véase el Anexo 1 sobre el recordatorio de la normativa sobre controles. 
Principio previsto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 595/91 para los casos efectivamente comunicados según el 
artículo 5 del mismo Reglamento. Véase el Anexo 1 sobre el recordatorio de la normativa sobre comunicaciones de casos 
de fraude e irregularidades en el ámbito del FEOGA-Garantía. 
Véase el punto anterior sobre recursos propios. 
81 
Por otra parte, tras los trabajos del Grupo Belle164, la Comisión ha propuesto 
reformar y mejorar el procedimiento de revisión de cuentas165, para responder a 
las dificultades crecientes constatadas en la ejecución de los gastos del Fondo. 
Se ha decidido166crear un Órgano de conciliación para aproximar las posturas 
divergentes de la Comisión y los Estados miembros en el marco de este 
procedimiento. Por otra parte, pueden buscarse y encontrarse soluciones ad hoc 
para resolver algunos casos de fraude, en el sentido de utilizar procedimientos ad 
hoc de corrección financiera sin vinculación temporal con la revisión de cuentas. 
La búsqueda de tales procedimientos ha de estar presidida por el objetivo de 
recuperar materialmente los fondos desviados o utilizados para fines impropios, 
y sancionar realmente a los defraudadores (a nivel administrativo o penal). 
2.2 Estado de las recuperaciones 
Los Estados miembros sólo disponen de la contabilidad de las cantidades efectivamente 
recuperadas, cuyos datos de base se comunican a la Comisión (declaraciones anuales del 
FEOGA-Garantía) y no de la contabilidad de las cantidades constatadas que hay que 
recuperar, que, como ya se ha indicado, la Comisión desea crear. La situación que 
refleja la base IRENE tiene un indudable interés documental y operativo, pero no refleja 
la realidad de la recuperación de los casos de fraude e irregularidades comunicados. 
El cuadro 10 muestra la situación de las recuperaciones por Estados miembros, sin tener 
en cuenta la antigüedad de los casos. Los mejores resultados obtenidos muestran un 
índice de recuperación de aproximadamente el 40% de las cantidades a nivel nacional. 
El total de las cantidades recuperadas de los casos comunicados en 1994 no es, a fin de 
cuentas, más que el 4% de las cantidades que están enjuego, a nivel comunitario. 
3. Seguimiento en el sector de las medidas estructurales y de otros gastos 
La situación de las cantidades de las irregularidades comunicadas y recuperadas por los 
Estados miembros es la siguiente: 
164 Grupo de investigadores encargado por la Comisión para proponer orientaciones para reformar el procedimiento de 
revisión de cuentas. 
Imputación a los Estados miembros de determinadas cantidades con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70, 
ya citado. 
Decisión de la Comisión de 01.07.1994 (94/442/CE), DO L 182 de 16.07.1994. 
82 
Cuadro 11 
Número de casos 
Importe declarado (ecus) 
Importe recuperado (ecus) Antes del 01.07.94 * 
78 
2.600.015 
262.160 01.07.94 ** 
22 
1.084.332 
137.288 Total 
100 
3.684.347 
399.448 
** antes de la aplicación del Reglamento (CE) n° 1681/94 
aplicación del Reglamento (CE) n° 1681 /94 
Los importes recuperados deben interpretarse con prudencia, ya que al haber 
interrumpido las comunicaciones167 los Estados miembros, el seguimiento de los casos 
antiguos no está actualizado. Deberá reactivarse en el marco de la gestión del nuevo 
Reglamento citado sobre las irregularidades y la recuperación de las sumas indebidamente 
pagadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales y de la organización 
de un sistema de información en la materia. Por otra parte, hay que tener en cuenta el 
hecho de que las irregularidades constatadas en los controles pueden dar lugar a 
recuperaciones con el beneficiario final y a la reducción de la contribución comunitaria, 
sin que ello se traduzca en una recaudación en sentido estricto, es decir, en una 
transferencia en favor del presupuesto comunitario. La razón es que las cantidades así 
recuperadas por las autoridades nacionales se reprograman y utilizan para la realización 
de otros proyectos. 
Como en el caso de los gastos del FEOGA-Garantía, no existe una contabilidad separada 
de las cantidades constatadas aún no recuperadas. Sin embargo, se está estudiando el 
principio, en los casos señalados con posterioridad a la reforma de los Fondos de 1989 
y de la revisión general de 1993. 
167 Véase la Sección 1 anterior, página 74. 
83 
CAPITULO 7: CRÉDITOS ANTIFRAUDE 
SECCIÓN 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1994 
En 1994, el importe de los créditos antifraude aprobados por la Autoridad Presupuestaria 
file de 139,14 millones de ecus en créditos de compromiso y de 124,24 millones de ecus 
en créditos de pago, incluidos los créditos consignados en la reserva. 
La gran mayoría de los créditos antifraude se destinan a las administraciones nacionales 
encargadas de las inspecciones y controles. El porcentaje de créditos asignados a la 
Comisión para las necesidades de sus propios servicios operativos es mínimo168. En 1994 
la distinción, que la Autoridad presupuestaria desea hacer, está más clara. Así, los 
créditos antifraude relativos "exclusivamente" a la Comisión son: 
Los créditos asignados al funcionamiento de la unidad de coordinación 
(SG/UCLAF), incluida la parte relativa a la autoasistencia operativa (concepto 
expuesto más adelante); 
los créditos destinados al desarrollo de bases de datos comunitarias (IRENE, Pre-
IRENE) y de sistemas SCENT, al programa TAFI y a diversos estudios e 
informes; 
así como, en el sector agrícola, los créditos utilizados para la creación de un 
Órgano de conciliación en el marco de la reforma del procedimiento de revisión 
de cuentas169. 
Esto representa aproximadamente el 3 % del importe total de los créditos comprometidos. 
Sin embargo, este porcentaje es más significativo este año, ya que refleja la voluntad 
política declarada por la Autoridad presupuestaria ya en 1993, de completar la dotación 
de la Comisión con medios que estén a la altura de sus tareas. 
Los créditos aprobados en 1994 (139,14 millones de ecus) difieren de los créditos 
disponibles y efectivamente utilizables en la medida en que, durante el ejercicio 
presupuestario, la Comisión, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera 
definido en el artículo 80 del Reglamento financiero170, ha realizado transferencias 
internas sujetas a la Autoridad Presupuestaria. Los mismos créditos utilizables se han 
destinado a fines diferentes en el curso del ejercicio, en términos de su utilización 
efectiva. Todas las explicaciones necesarias sobre estas cuestiones se recogen en la parte 
170 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, ya citado para la evolución reciente de esta proporción. 
Véase el Capítulo 6, Sección 3 "Seguimiento financiero de los casos de fraude.../... sector del FEOGA-Garantía", página 
80. 
Reglamento de base de 21.12.1977, DO L 356 de 21.12.1977, modificado por última vez por el Reglamento (CECA, CE, 
EURATOM) n° 2730 del Consejo, DO L 293 de 12.11.1994. 
84 
dedicada al examen del índice de utilización de los créditos antifraude por líneas y 
sectores. 
Antes de proceder a este examen detallado, hay que recordar que los créditos operativos 
de la parte B del presupuesto de gastos se caracterizan por estar al servicio de los Estados 
miembros en forma de asistencia técnica, término que refleja la nueva orientación de la 
política de la Comisión en la materia, fomentada y apoyada por el Parlamento Europeo. 
Los créditos de la parte A son administrativos, y en este sentido cubren gastos que 
también redundan en favor de los Estados miembros, especialmente la organización de 
seminarios, formaciones específicas, así como las subvenciones denominadas globales y 
destinadas a las administraciones nacionales especializadas. 
1. Situación de la utilización de los créditos antifraude en el sector agrícola 
La parte proporcional de estos créditos en el presupuesto 1994 asciende a más del 93 % 
del total de los créditos antifraude del ejercicio. El cuadro 12 muestra en detalle la 
utilización por líneas antifraude y por proyectos. Los comentarios siguientes se refieren 
a las líneas presupuestarias con dotación importante, cuyos créditos se han comprometido 
con arreglo a las bases jurídicas vigentes, según las solicitudes presentadas por los 
Estados miembros, principales beneficiarios. 
1.1 Línea A.3531 "Controles, estudios, análisis en el marco de la lucha contra el 
fraude" 
Esta línea es una línea de créditos no disociados, en la que el importe de los créditos de 
compromiso es igual al de los créditos de pago. Cubre diversas medidas que van más allá 
del año del calendario, por lo que la situación de la utilización de los créditos a 31 de 
diciembre de 1994 no corresponde a la situación final de un año determinado. La 
utilización final sólo se conoce durante el tercer trimestre del año siguiente al año 
presupuestario considerado. Por esta razón, los cuadros que se presentan sólo muestran 
el estado de la utilización final de los créditos a 31de diciembre de 1994, y reflejan la 
situación de los créditos comprometidos en 1994 (cuadro 13). En cambio, el estado de 
la situación final de la utilización de los créditos pagados en el marco del presupuesto 
1993 se conoce y figura en el cuadro 14. 
1.2 Línea B 1.360 "Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del FEOGA-
Garantía" 
Al tratarse también de créditos no disociados, y por las mismas razones que en la línea 
anterior, los cuadros 15 y 16 muestran la situación de la utilización parcial a 31 de 
diciembre de 1994 para el presupuesto 1994 y la utilización final para 1993. 
1.3 Línea B2.511 "Inspecciones agrarias" 
Se trata de una línea de créditos disociados. 
85 
Es de señalar la nueva puesta a disposición de créditos de compromiso y créditos de pago 
en relación con el presupuesto inicial, aprobado por la Autoridad presupuestaria. Este 
estado de las cosas se debe a dos causas principales: la no utilización de los créditos 
previstos para la realización de los registros vitivinícolas171 y la disminución de los gastos 
de los organismos de control "aceite de oliva", que se explica por las variaciones de los 
tipos de cambio y el incremento de los fondos circulantes. 
1.4 Línea B2.519 "Medidas de lucha contra el fraude en la agricultura" 
La creación de esta línea en el presupuesto en 1994 se debe a una iniciativa del 
Parlamento Europeo para reforzar los medios de acción de los servicios de la Comisión 
en la lucha contra el fraude. Esta línea, con una abundante dotación inicial (2,5 millones 
de ecus en créditos de compromiso y 1,5 millones de ecus en créditos de pago) y las 
características de línea "minipresupuesto", ha estado sujeta a las instrucciones anteriores 
de la Autoridad presupuestaria, confirmadas por las instrucciones internas de la 
Comisión, lo que ha dificultado su utilización limitándola esencialmente a medidas de 
carácter operativo, tal como el pago de análisis, recurso a expertos externos ... 
Tras constatar esta contradicción, que por sí misma explica la situación de 
infrautilización, los gestores del capítulo han propuesto que se vuelvan a poner a 
disposición los créditos no utilizados, a través del procedimiento anual de transferencia 
de créditos, sujeto a la Autoridad presupuestaria. Ésta se ha pronunciado en contra de 
esta transferencia interna. Por consiguiente, los créditos se mantienen en esta línea. 
2. Análisis financiero 
2.1 Situación de la utilización de los créditos destinados a la agricultura 
El Reglamento (CEE) n° 307/91 del Consejo172 establece un régimen de cofinanciación 
comunitaria para intensificar los controles de determinados gastos con cargo al FEOGA-
Garantía. La cofinanciación está limitada en el tiempo y su importe total anual tiene 
como límite máximo 20 millones de ecus (importe total disponible). 
Los gastos presentados por los Estados miembros en 1993 ascienden a 10,37 millones de 
ecus, es decir, el 52% del importe total disponible (véase el cuadro 16). 
El índice de utilización de los créditos comunitarios varía de un Estado miembro a otro: 
Irlanda, Alemania, Francia y Dinamarca tienen índices de utilización superiores a la 
media (de 52 a 80%) Portugal y España se sitúan alrededor de la media (45 y 50%), 
mientras que el Reino Unido, Grecia, Italia y Bélgica sólo han utilizado del 11 al 17% 
de las cantidades puestas a su disposición. Únicamente los Países Bajos han agotado la 
Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1993, anteriormente citado. 
DO L 37 de 09.02.1991. 
86 
dotación financiera concedida y ha recibido, de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 
1116/94 de la Comisión173, de una financiación suplementaria. 
De los gastos declarados por los Estados miembros en 1993, los gastos de retribución del 
personal suplementario destinado a las inspecciones previstas en el Reglamento (CEE) 
n° 307/91 han constituido la partida de gastos más importante (67% del importe total 
elegible). Los gastos de formación siguen siendo reducidos (2%, y han consistido en la 
organización de cursos sobre los diferentes métodos de control de los productos 
agrícolas. Los gastos de equipamiento (18%) se refieren a la compra de micro-
ordenadores y vehículos, material indispensable para el ejercicio operativo de las 
inspecciones. Por último, la solicitud de financiación de los análisis confiados a los 
laboratorios, en el marco particular del control de los productos exportados, ha alcanzado 
un nivel elevado en Dinamarca, Grecia, Irlanda y Portugal. 
A la luz de la experiencia adquirida en los tres primeros años de aplicación (incluido 
1994) del Reglamento (CEE) n° 309/91, el 16 de mayo de 1994 la Comisión aprobó el 
Reglamento (CEE) n° 1116/94174, que permite a los Estados miembros transferir de un 
artículo presupuestario a otro la financiación comunitaria no utilizada dentro de la 
dotación financiera concedida y acceder, más allá de ésta a los fondos inutilizados por 
otros Estados miembros. Estas nuevas disposiciones responden al deseo expresado por 
algunos Estados miembros y garantizan al mismo tiempo mejores posibilidades de gestión 
de los fondos comunitarios. 
Las previsiones de gastos para 1994 (véase cuadro 15), elaboradas a partir de las 
declaraciones de los Estados miembros, se refieren a un importe de 7,2 millones de ecus, 
a saber, el 36% de los créditos disponibles175. La utilización definitiva se conocerá 
después del 15 de mayo de 1995, fecha en que los Estados miembros presentarán a la 
Comisión el estado de sus gastos reales. 
En lo que respecta a otros Reglamentos, que también establecen la cofinanciación 
comunitaria a través de esta línea presupuestaria, como la creación del sistema integrado 
de gestión y control previsto en el Reglamento (CEE) n° 3508/92 del Consejo176 y los 
gastos de teledetección, el nivel de utilización (para 1993, y para el previsto en 1994) 
puede considerarse satisfactorio (véanse los cuadros antes citados). 
2.2 Nueva política de asistencia técnica y subvención de la Comisión 
Esta política, apoyada por el Parlamento europeo, consiste en cofinanciar medidas de 
lucha contra el fraude adoptadas por las autoridades competentes en los Estados 
miembros. El objetivo que se persigue es reactivar la lucha contra el fraude en un sector 
173 
174 DO L 122 de 17.05.1994. 
Reglamento ya citado, por el que se modifca el Reglamento (CEE) n° 967/91 de la Comisión, DO L 100 de 20.04.1991. 
En el ejercicio presupuestario 1994, la Comisión sólo ha comprometido 10 millones de ecus, en lugar de los 20 millones 
de ecus "reglamentarios", precisamente para tener en cuenta la infrautilización derivada del Reglamento (CEE) n° 307/91. 
Véase el Capítulo 1, relacionado con la normativa, Sección 2 "Hechos significativos en el sector agrícola", página 8. 
87 
donde las bases jurídicas no definen el concepto de asistencia técnica a los Estados 
miembros y no prevén a fortiori condiciones de aplicación detalladas, contrariamente a 
lo que sucede en el sector agrícola. 
El ámbito de aplicación de la asistencia técnica a los Estados miembros se inscribe en el 
marco de la subsidiariedad: efectivamente, estos créditos están destinados a ayudar a los 
Estados miembros en la aplicación de políticas comuntarias de lucha contra el fraude, 
desarrollando las inspecciones, para las que las administraciones nacionales no disponen 
de una capacidad administrativa o técnica suficiente. La forma que revestirá esta ayuda 
puede diferir según la naturaleza de las solicitudes de los Estados miembros: podrá 
consistir en una subvención para la compra de equipos específicos de lucha contra el 
fraude sobre el terreno; la financiación también podrá cubrir los peritajes, siempre que 
lo soliciten expresamente las administraciones de los Estados miembros, por necesidad 
de las investigaciones nacionales o de las realizadas en colaboración con los servicios de 
la Comisión. 
En el ámbito de los Fondos Estructurales (y del Fondo de Cohesión en 1995), la 
asistencia prestada a los Estados miembros consiste básicamente en organizar seminarios 
de información177que, en una primera fase, se dedican a explicar detalladamente las 
nuevas condiciones de comunicación de los casos constatados de irregularidades previstas 
en la nueva normativa que entró en vigor en 1994 en la materia178, o a contribuir 
específicamente a organizar proyectos sobre las irregularidades en estos sectores. 
La asistencia técnica a los Estados miembros tiene su equivalencia interna: la 
autoasistencia a los servicios operativos de la Comisión. De hecho, la política antifraude 
de la Comisión, si bien es llevada a la práctica en primer lugar por las administraciones 
nacionales especializadas, es elaborada, seguida y coordinada por su unidad central 
(SG/UCLAF). A este respecto, se utilizan todos los medios necesarios para dotar a esta 
estructura de los instrumentos operativos que necesita para sus misiones179 (véase el 
cuadro 12, parte relativa a la utilización de los créditos de la línea B2.159). 
SECCIÓN 2: CRÉDITOS 1995 
El importe de los créditos de compromiso aprobados en materia de antifraude por la 
Autoridad Presupuestaria para 1995 asciende a 132,618 millones de ecus (121,568 
millones de ecus en créditos de pago). 
179 Tal fue el caso en 1994, para la administración portuguesa, en el ámbito del FEDER. 
Véase el Capítulo 1 sobre la normativa, Sección 3 "Hechos significativos en el ámbito de las medidas estructurales", página 
10. 
La adaptación de los medios corresponde a la ampliación de personal y la reorganización que experimentó esta estructura 
en 1994. Véase el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre la evolución de la organización interna de los servicios de la 
Comisión, páginas 22. Is; J -¿Y 
88 
La progresión en relación con 1994 se observa en las líneas características de la política 
antifraude de la Comisión: líneas tradicionales, líneas "agrícolas", así como las nuevas 
líneas "Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, sector de investigación a gastos 
compartidos y ámbito de la cooperación", que marcan la introducción progresiva y 
permanente, para los futuros ejercicios presupuestarios, de un sistema de asistencia 
dirigido a los servicios especializados en la lucha contra el fraude de los Estados 
miembros, incluidos los servicios centrales o de coordinación nacional. 
El índice dé aumento es del 5,2% en créditos de compromiso. 
La política que se aplique se evaluará en un informe específico, dirigido a la Autoridad 
Presupuestaria, sobre la utilización de los créditos asignados a los Estados miembros para 
la asistencia técnica, así como en lo que respecta a la utilización de estos créditos por los 
propios servicios de la Comisión en virtud de la autoasistencia operativa, con objeto de 
aumentar los medios de lucha contra el fraude sobre el terreno. Esta ampliación se 
acompaña de la dotación necesaria de instrumentos de análisis que, al combinar los datos 
recibidos, permite centrar las investigaciones y los análisis concretos posteriores a las 
investigaciones180. 
El cuadro 17 y el gráfico 5 muestran en detalle el desglose por sectores de los créditos 
antifraude 1995: 
180 Véase sobre estos temas el Capítulo 2, Sección 1, punto sobre el desarrollo de "La Inteligencia", página 23. 
89 
ANEXO 1: BREVE RECORDATORIO DEL MECANISMO NORMATIVO 
EXISTENTE 
El artículo 5 del Tratado establece la obligación que tienen los Estados miembros de 
aplicar el Derecho comunitario. En este marco, tienen la responsabilidad de controlar la 
buena aplicación de los Reglamentos comunitarios, de percibir los ingresos y de gestionar 
los gastos de los principales Fondos Europeos puestos a su disposición (FEOGA-Garantía, 
Fondos Estructurales...). 
El artículo 209A del Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de noviembre 
de 1993, impone a los Estados miembros la obligación de combatir el fraude contra el 
presupuesto comunitario con los mismos medios y la misma firmeza que utilizan en sus 
propias finanzas nacionales, organizando para ello una estrecha colaboración entre 
administraciones nacionales, con la ayuda de la Comisión. 
Las disposiciones del Tratado se precisan en los reglamentos sectoriales del Derecho 
derivado. 
1. Las inspecciones 
Toda política que establezca medidas de consecuencias económicas necesita un sistema 
de control eficaz. Las inspecciones deben efectuarse, en primer lugar, bajo la 
responsabilidad de las administraciones nacionales. La Comisión conserva el papel que 
le atribuye el Tratado, especialmente el artículo 155 y el artículo 205, desarrollado en los 
reglamentos sectoriales, que consiste en velar por la buena aplicación de los 
procedimientos financieros inherentes a la percepción de ingresos comunitarios y a la 
correcta ejecución y buena utilización de los gastos presupuestarios. 
Las obligaciones de los Estados miembros son las siguientes: 
en cuanto a los recursos propios tradicionales, el Reglamento (CEE, EURATOM) 
n° 1552/89181 precisa en su artículo 1-8 § Mas obligaciones de los Estados miembros 
en materia de percepción y control de estos ingresos. El artículo 18§2 concede a 
la Comisión la posibilidad de participar en las inspecciones que efectúan los 
Estados miembros {inspecciones asociadas), mientras que el artículo 18§3 
establece que la propia Comisión puede efectuar verificaciones in situ, a través de 
agentes debidamente autorizados, con la participación de funcionarios nacionales 
(inspecciones autónomas), 
en cuanto a los gastos del FEOGA-Garantía, el Reglamento (CEE) n° 729/70182, 
en su artículo 8, establece las obligaciones que tienen los Estados miembros de 
garantizar la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo. El artículo 
9§2 autoriza a la Comisión a participar en las verificaciones y encuestas 
DO L 155 de 07.06.1989. 
DO L 94 de 28.04.1970. 
90 
183 
184 efectuadas por los Estados miembros en este marco (inspecciones asociadas), 
mientras que el apartado 1 de este mismo artículo establece la competencia de la 
Comisión para efectuar los controles que considere útiles (inspecciones 
autónomas). Además, el Reglamento (CEE) n° 595/91183 ofrece a la Comisión la 
posibilidad (artículo 6§1) de presentar a un Estado miembro una solicitud concreta 
de investigación, en forma de inspecciones asociadas dirigidas por los agentes 
nacionales; 
en cuanto a los Fondos Estructurales, el artículo 23 §1 del Reglamento (CEE) n° 
4253/88184, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2082/93185, también se aplica 
para la verificación del buen desarrollo de las acciones financiadas por la 
Comunidad. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 23 concede a la 
Comisión la facultad de controlar in situ algunas de estas acciones (inspecciones 
autónomas), mientras que el párrafo tercero permite a la Comisión requerir a un 
Estado miembro que efectúe las inspecciones en las que deban participar 
funcionarios o agentes de sus propios servicios (inspecciones asociadas), 
en cuanto al Fondo de Cohesión, al igual que para los Fondos Estructurales, se 
aplica el artículo 12§1 del Reglamento (CEE) n° 1164/94186, para la verificación 
de las acciones financiadas por la Comunidad. El artículo 12§4 concede a la 
Comisión la facultad de inspeccionar in situ determinados proyectos financiados 
por el Fondo. El artículo G permite a la Comisión requerir a un Estado miembro 
que efectúe un control in situ en el que pueden participar funcionarios o agentes 
de sus propios servicios; 
otros reglamentos específicos establecen disposiciones particulares en materia de 
inspección, especialmente en el sector vitivinícola y en el de frutas y hortalizas; 
por último, el Reglamento Financiero, aplicable al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas, autoriza en su artículo 24 al Interventor de la Comisión 
a inspeccionar los expedientes relativos a gastos e ingresos, también in situ si 
fuera necesario. 
DO L 67 de 14.03.1991. 
DO L 374 de 31.12.1988. 
DO L 193 de 31.07.1993. 
DO L 130 de 25.05.1994. Este Reglamento deroga el Reglamento (CEE) n° 792/93 del Consejo por el que se crea el 
instrumento financiero de cohesión. 
91 
2. Las comunicaciones 
Con arreglo a sus obligaciones de inspección, los Estados miembros deben detectar y 
reprimir todos los casos de fraude o irregularidades e informar a la Comisión de estos 
casos y del curso que se les ha dado. Esta información es necesaria para que la Comisión 
ejerza su misión de coordinación, vigilancia y análisis con vistas a mejorar la prevención, 
y para apoyar a las autoridades competentes de los Estados miembros en sus misiones 
operativas. 
La obligación de los Estados miembros de comunicar los casos de fraude detectados por 
sus administraciones nacionales se regula detalladamente en los Reglamentos del Consejo 
correspondientes a cada materia: 
para los recursos propios tradicionales (derechos de aduana y exacciones 
reguladoras agrícolas), el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE, 
Euratom) n° 1552/89; 
para los gastos del FEOGA-Garantía, los artículos 3 y 5 del Reglamento (CEE) 
n° 595/91; 
para los Fondos Estructurales, el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento (CEE) 
n° 4253/88; 
para el instrumento financiero de cohesión, que el 26 de mayo de 1994 se 
convirtió en el Fondo de Cohesión, los apartados 1 y 2 del artículo 12 del 
Reglamento (CE) n° 1164/94; 
para las comunicaciones de informaciones detectadas en el marco de la asistencia 
mutua entre Estados miembros relativas a los sectores aduanero y agrícola, los 
artículos 14, 14 bis y 19 del Reglamento (CEE) n° 1468/81187 (para la descripción 
de los elementos operativos relativos a las sospechas de fraude o de 
irregularidades). 
DOL 144 de 02.06.1981. 
92 
ANEXO 2: LISTA DE NUMEROS DE TELEFONO DE LLAMADA 
GRATUITA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
Alemania: 0130820595 
Bélgica: 080012426 
Dinamarca: 80018495 
España: 900993295 
Francia: 05917295 
Grecia: 08003212595 
Irlanda: 1800553295 
Italia: 167878495 
Luxemburgo: 
Países Bajos: 
Portugal: 08003595 
060224595 
0505329595 
Reino Unido: 0800963595 
93 
ano 
comienzo 
irregularidad Cuadro 1 
Comunicaciones de los Estados miembros sobre las 
Irregularidades FEOGA-GARANTÍA de 1994 
CASOS 
comunicados cerrados abiertos IMPORTE en ECUS 
declarado ya recuperado 
desconocido 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 175 
2 
2 
3 
15 
15 
65 
116 
192 
258 
277 
318 
159 29 
1 
0 
3 
7 
7 
17 
21 
48 
73 
81 
131 
89 146 
1 
2 
0 
8 
8 
48 
95 
144 
185 
196 
187 
70 190.997.081 
106.106 
16.843 
33.186 
3.163.360 
562.975 
23.369.701 
26.754.202 
16.815.274 
43.748.798 
23.711.896 
74.957.490 
7.675.456 5.137.401 
101.400 
0 
33.186 
293.460 
62.495 
568.214 
1.845.082 
1.532.764 
3.593.496 
3.088.676 
4.782.451 
545.271 
O tal 1.597 501 11090 411.912.368 21.583.896 
(*) Luxemburgo aún no ha comunicado las irregularidades/Bélgica y Grecia sólo el trimestre 1+2 + 3 de 1994 
año 
comienzo CASOS IMPORTE 
irregularidad comunicados declarado 
inconnu 11% 46% 
1983 <1% <1% 
1984 <1% <1% 
1985 <1% <1% 
1986 1% 1% 
1987 1% <1% 
1988 4% 6% 
1989 7% 7% 
1990 12% 4% 
1991 16% 11% 
1992 17% 6% 
1993 20% 19% 
1994 10% 2% 
l total I 100% | 100% 1 
29 -03/95 
4q 
Comunicaciones de los Estados miembros sobre los 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
(únicamente el 1er. semestre 1994) 
F CASOS I IMPORTE i 
declarados declarado (ECU) 
¡BELGIQUE 45 16.013.024 
DANMARK 11 540.235 
DEUTSCHLAND 727 29.264.095 
ELLAS 10 1.442.947 
ESPAÑA 35 5.157.635 
FRANCE 74 9.482.976 
IRELAND 10 616.050 
ITALIA 81 24.061.295 
NEDERLAND 7 2.057.179 
PORTUGAL 20 637.380 
UNITED KINGDOM 201 22.621.189 
l TOTAL |~ 1,221 l 111.894,0051 I CASOS II IMPORTE | 
declarados declarado 
4% 14% 
1% ^ 0% 
60% ' 26% 
1 % 1 % 
3% 5% 
6% 8% 
1 % 1 % 
7% 22% 
1% 2% 
2% 1 % 
16% 20% 
[ 100% || 100% | c 
Q. 
16:55 29/03/95 FONDOS ESTRUCTURALES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Comunicaciones según el artículo 3 del Reg. (CE) n° 1681/94 
3er. trimestre 94 
& 
Comunicaciones según el artículo 23 del Reg. (CE) n° 4253/88 
Periodo 1990-30.06.1994 Cuadro 3 
Número de casos por Estado miembro 
Fondos 
Estados miembros 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
TOTAL FEOGA-OR 
9 
7 
9 
1 
1 
5 
0 
12 
2 
4 
50 FSE 
0 
3 
25 
10 
1 
0 
0 
2 
0 
41 FEDER 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
4 
8 IFOP Instrumento financiero 
de cohesión 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 0 
0 
0 
-TOTAL 
9 
10 
34 
17 
3 
5 
0 
12 
6 
8 
104 
- : no se ha recibido ninguna comunicación 
0 : comunicación de que no hay ningún caso 
I FEOGA-OR. B FSE H FEDER E3IFOP HIFC 
Teniendo en cuenta la aplicación reciente de la nueva legislación (Reg. (CE) n° 1681/94, véase Cap. 1, Sección 2, 
punió 3 ). algunos Estados miembros aún no han transmitido las comunicaciones. 
Page 1 
16:55 29/03/95 FONDOS ESTRUCTURALES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Comunicaciones según el artículo 3 del Reg. (CE) n° 1681/94 
3er. trimestre 94 
& 
Comunicaciones según el articulo 23 del Reg. (CE) n° 4253/88 
Periodo 1990-30.06.1994 Cuadro 4 
Importe en ecus por Estados miembros 
Fondos 
Estados miembros 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschlartd 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
TOTAL FEOGA-OR 
122.291,00 
57.701,71 
70.648,00 
60.539,00 
248.132,00 
43.006,00 
0,00 
128.845,00 
22.711,85 
261.119,00 
1.014.993,56 FSE 
0,00 
326.171,79 
763.668,70 
384.256,54 
392.715,00 
0,00 
0,00 
35.583,20 
0,00 
1.902.395,22 FEDER 
0,00 
0,00 
0,00 
24.866,32 
283.949,00 
0,00 
0,00 
294.900,57 
165.532,00 
769.247,89 IFOP 
0,00 
0,00 
0,00 
1.692.580,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.692.580,00 Instr. financ. 
de cohesión 
0,00 
0,00 
0,00 
-TOTAL 
122.291,00 
383.873,50 
834.316,70 
2.162.241,86 
924.796,00 
43.006,00 
0,00 
128.845,00 
353.195,61 
426.651,00 
5.379.216,68 
- : no se ha recibido ninguna comunicación 
0 : comunicación de que no hay ningún caso 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 
500.000 
I FEOGA-OR. EFSE H FEDER D3IFOP BIFC 
Teniendo en cuenta la aplicación reciente de la nueva legislación (Reg. (CE) n° 1681/94, véase Cap. 1, Sección 2, 
punto 3), algunos Estados miembros aún no han transmitido las comunicaciones. 
Page 1 
Gráfico 1 
Comunicaciones de los Estados miembros sobre 
el periodo 1991 - 1994, por años 24-Mar-95 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
ANO 
1991 
1992 
1993 Número de casos 
702 
1116 
1254 
1994 
(primer semestre) 
TOTAL 1223 
4295 Importe ( M ecus) 
117 
95 
180 
112 
504 
AÑO 
1991 
1992 
1993 
1994 
TOTAL GASTOS FEOGA-GARANTÍA 
Número de casos 
622 
1036 
1605 
1597 
4860 Importe (Mecus) 
121 
109 
300 
412 
942 
Gráfico 2 
Comunicaciones de los Estados miembros para el periodo 1991 - 1994* por Estado miembro 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES Y GASTOS 
Número de casos 
B 
328 
132 DK 
86 
230 1548 
552 GR 
66 
363 E 
192 
525 F 
544 
389 IRL 
32 
65 I 
408 
955 NL 
44 
436 P 
84 
270 UK TOTAL 
961 4295 
673 4590 
Importe en millones de ecus 
Sector 
RP 
GASTOS 
700 B 
49 
17 D 
171 
66 GR 
3 
87 E 
14 
83 F 
54 
54 I 
92 
561 NL 
10 
23 UK TOTAL 
92 503 
27 949 
I GASTOS 
IRP 
(*) RP 1994: únicamente cifras del primer semestre 
<VB 
Gráfico 3 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
Comunicaciones de los Estados miembros para el periodo 1991 - 19944 
por tipo de recurso 
Número de casos 24-Mar-95 
ANO 
1991 
1992 
1993 
1994 
TOTAL DERECHOS DE ADUANA 
246 
523 
540 
551 
1860 ANTIDUMPING 
25 
29 
47 
20 
121 EXACCIÓN REG. AGR. 
9 
215 
82 
376 
682 INDETERMINADO 
422 
351 
585 
274 
1632 TOTAL 
702 
1118 
1254 
1221 
4295 
1991 1992 1993 
Importe en millones de ecus 1994 • INDETERMINADO 
©EXACCIÓN REG. AGR. 
m ANTIDUMPING 
• DERECHOS DE ADUANA 
ANO 
1991 
1992 
1993 
1994 DERECHOS DE ADUANA 
15 
24 
63 
44 ANTIDUMPING 
3 
8 
5 
2 EXACCIÓN REG. AGR. 
2 
35 
53 
32 «DETERMINADO 
96 
28 
60 
35 116 
95 
181 
113 
146 18 122 219 505 
• INDETERMINADO 
ü EXACCIÓN REG. AGR. 
m ANTIDUMPING 
• DERECHOS DE ADUANA 
1991 1992 1993 1994 
(*) 1994: únicamentecifras del primer semestre 
3<3 
Gráfico 4 
FEOGA-GARANTÍA 
comunicaciones de los Estados miembros para 
el periodo 1991-1994 por categoría 
de gasto agrícola 
Número de casos 24-Mar-95 
ANO RESTITUCIONES AYUDAS VEGETALES AYUDAS ANIMALES TOTAL 
1991 
1992 
1993 
1994< 181 
213 
299 
365 198 
589 
606 
800 221 
226 
379 
432 600 
1028 
1284 
1597 
TOTAL 1058 2193 1258 4509 
m RESTITUCIONES 
S AYUDAS VEGETALES 
«AYUDAS ANIMALES 
1991 1992 1993 1994* 
Importe en millones de ecus 
ANO RESTITUCIONES AYUDAS VEGETALES AYUDAS ANIMALES TOTAL 
1991 
1992 
1993 
19941 78 
18 
173 
233 34 
86 
94 
164 9 
5 
35 
15 121 
109 
302 
412 
TOTAL 502 378 64 944 
m RESTITUCIONES 
0 AYUDAS VEGETALES 
B AYUDAS ANIMALES 
1991 1992 1993 1994H 
AW 
82580000.X05 
Cuadro 5 
Irregularidades comunicadas por los Estados miembros durante el periodo 1991-1993 (en millones de ecus) 
en relación con los gastos FEOGA-Garantía en favor de los Estados miembros 
Irregularidades 
Año 1991 
Año 1992 
Año 1993 
Total B 
0,8 
2,0 
7,0 
9,8 DK 
1,4 
1,2 
4,8 
7,4 D 
5,0 
7,2 
20,3 
32,5 GR 
0,1 
1,3 
82,4 
83,8 E 
1,3 
4,0 
4,6 
9,9 F 
5,8 
6,7 
35,9 
48,4 IRL 
2,9 
1,0 
1,1 
5,0 1 
94,6 
68,9 
129,5 
293,0 L 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 NL 
3,6 
6,6 
6,0 
16,2 P 
0,1 
3,8 
4,8 
8,7 UK 
5,4 
6,3 
3,7 
15,4 
Relación 0,24% 0,20% 0,22% 1,17% 0,09% 0,23% 0,11% 1,92% 0,00% 0,23% 0,71% 0,21% 
Irregularidades comunicadas por los Estados miembros durante el periodo 1991 -1993 (en millones de ecus) 
en relación con los recursos propios tradicionales puestos a disposición por los Estados miembros 
Irregularidades 
Año 1991 
Año 1992 
Año 1993 
Total B 
3,2 
9,9 
20,1 
33,2 DK 
0,9 
3,4 
2,0 
6,3 D 
75,2 
23,2 
43,8 
142,2 GR 
1 1,0 
0,4 
0,4 
1,8 E 
1,4 
0,6 
6,9 
8,9 F 
13,5 
12,7 
17,8 
44,0 IRL 
0,2 
4,4 
2,8 
7,4 1 
3,0 
19,2 
46,2 
68,4 L 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 NL 
0,4 
1,3 
5,8 
7,5 P 
0,4 
1,2 
0,7 
2,3 UK 
17,7 
18,1 
33,8 
69,5 
Re/ación 1,23% 0,78% 1,19% 0,33% 0,41% 0,85% 1,50% 1,73% 0,21% 0,17% 0,38% 0,94% 
Cuadro 6 
NÚMERO E IMPACTO FINANCIERO DE LOS CASOS ALMACENADOS EN LAS BASES DE DATOS POR SECTORES (AÑO 1994) 
FUENTE 
Comunicaciones Estados miembros 
Investigaciones Comisión 
Asistencia mutua 
FUENTE 
Comunicaciones Estados miembros 
Investigaciones Comisión 
Asistencia mutua NUMERO DE CASOS 
AGRICULTURA FONDOS ESTRUCTURALES OTROS GASTOS 
16 1597 
26 42 
•34 
REPERCUSIÓN FINANCIERA ( en MECU) 
AGRICULTURA FONDOS ESTRUCTURALES OTROS GASTOS 
23 412 
72 1.5 
16 RECURSOS PROPIOS 
1221 
23 
122 
RECURSOS PROPIOS 
112 
107 
181 
Recursos propios: únicamente primer semestre 
450-, 
400 H 
350-4 
<A 300 
250 
200 REPERCUSIÓN FINANCIERA 
Asistencia mutua 
Investigaciones Comisión 
Comunicaciones Estados miembros Fuente 
AJ>«L. 
Comunicaciones de los Estados miembros sobre las 
irregularidades FEOGA-GARANTÍA 1994 (*) Cuadro 7 
MEDIDAS 
conjunto "pequeñas medidas" 
RESTITUCIONES QUESOS 
VITICULTURA PRIMA ABANDONO DEFINITIVO 
LECHE DEDUCCIÓN LINEAL 
ALMACENAMIENTO DE CARNE DE VACUNO 
RESTITUCIONES MANTEQUILLA Y BUTTEROIL 
PRIMAS DE OVEJAS Y CABRAS 
TABACO 
CEREALES OTRAS INTERVENCIONES 
RESTITUCIONES FÉCULA DE PATATA 
CEREALES TASA DE CORRESPONSABILIDAD 
ALGODÓN AYUDA A LA PRODUCCIÓN 
LECHE PARA ESCOLARES 
SEMILLAS AYUDA A LA PRODUCCIÓN 
RESTIT. PROD. AGR. TRANSF. EXCL. ANEXO II 
DESTILACIÓN DE VINOS 
AYUDAS A TOMATES TRANSFORMADOS 
AYUDA RETIRADA CULTIVOS HERBÁCEOS 
JUGO DE AGRIOS, COMPENS. FINANCIERAS 
RESTITUCIONES PRODUCTOS LÁCTEOS 
RESTITUCIONES PARA LA CEBADA EN GRANO 
CARNE DE VACUNO ALMACENAM, PÚBLICO 
FORRAJES DESECADOS - AYUDA A LA PRODUCCIÓN 
RESTITUCIONES SECTOR VITIVINÍCOLA 
RESTITUCIONES CARNE DE VACUNO 
ACEITE DE OLIVA AYUDAS AL CONSUMO 
ALMACENAMIENTO DE CEREALES 
RESTITUCIONES CEREALES 
TOTAL CASOS 
declarados 
512 
21 
7 
36 
6 
8 
127 
1 
41 
16 
53 
14 
61 
11 
64 
17 
25 
241 
4 
14 
5 
2 
34 
20 
68 
141 
16 
32 
1,597 cerrados 
211 
11 
0 
9 
0 
3 
16 
0 
0 
12 
27 
0 
41 
1 
34 
0 
3 
76 
1 
7 
0 
1 
12 
3 
16 
17 
0 
6 
SO? i abiertos 
301 
10 
7 
27 
6 
5 
111 
1 
41 
4 
26 
14 
20 
10 
30 
17 
22 
165 
3 
7 
5 
1 
22 
17 
52 
124 
16 
26 
r 1,09o IMPORTE en ECUS 
comunicado 
16.718.351 
1.089.151 
1.110.256 
1.176.255 
1.313.251 
1.390.990 
1.497.138 
1.501.590 
1.722.657 
1.785.392 
1.911.518 
1.995.479 
2.136.927 
2.189.815 
2.260.328 
2.372.848 
2.909.326 
3.273.050 
3.350.071 
3.709.521 
4.502.880 
4.691.622 
5.569.943 
20.485.450 
53.217.980 
60.378.408 
65.414.319 
142.237.852 
411.9ia.360 recuperado 
3.896.197 
283.085 
0 
246.425 
0 
1.197.844 
141.129 
0 
0 
310.751 
497.407 
0 
714.746 
54.489 
629.308 
0 
151.234 
162.160 
0 
73.130 
0 
65.672 
262.696 
0 
410.582 
2.661.996 
4.840.740 
4.984.305 
21.683-sae saldo 
12.822.154 
806.066 
1.110.256 
929.830 
1.313.251 
193.146 
1.356.009 
1.501.590 
1.722.657 
1.474.641 
1.414.111 
1.995.479 
1.422.181 
2.135.326 
1.631.020 
2.372.848 
2.758.092 
3.110.890 
3.350.071 
3.636.391 
4.502.880 
4.625.950 
5.307.247 
20.485.450 
52.807.398 
57.716.412 
60.573.579 
137.253.547 
300.328.472 
(*) Luxemburgo aún no ha comunicado las irregularidades/Bélgica y Grecia sólo el trimestre 1 +2 + 3 de 1994 
29/03/95 
Comunicaciones de los Estados miembros relativas a las 
irregularidades FEOGA-GARANTÍA 1994 (*) Cuadro 8 
W$W^^M&ÊËMMWMW8MÊWi^^MMMf^M 
total de los MÉTODOS de detección diversos 
105 CONTROL ADUANERO 
209 INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
307 VERIFICACIÓN DE RUTINA 
104 INSPECCIÓN FISCAL 
203 ANÁLISIS DE MUESTRAS 
107 ENCUESTA JUDICIAL 
110 INICIATIVA COMUNITARIA 
206 CONTROL DOCUMENTAL A POSTERIORI 
TOTAL ->:•::?;;:• ::¡-::;:::;CASO¡S:> :XWï;.i^. 
x declarados > 
317 
84 
102 
303 
44 
55 
11 
19 
662 
1.597 Xo^xcerrádos:; :.;.; 
155 
36 
33 
96 
6 
16 
0 
2 
163 
507 abiertos 
162 
48 
69 
207 
38 
39 
11 
17 
499 
1.090 IMPORTE en ECUS 
comunicado; •.•;•:•: 
32.119.094 
11.443.717 
12.558.778 
24.144.948 
30.469.760 
43.086.972 
49.483.159 
63.512.818 
145.093.122 
411.912.368 recuperado .• 
3.825.888 
680.348 
1.360.404 
524.514 
117.374 
191.089 
0 
5.219.411 
9.664.868 
21.583.896 saldo 
28.293.206 
10.763.369 
11.198.374 
23.620.434 
30.352.386 
42.895.883 
49.483.159 
58.293.407 
135.428.254 
390.328.472 
(*) Luxemburgo no ha comunicado las irregularidades. Para Bélgica y Grecia, únicamente el trimestre 1 +2 + 3 de 1994 
Comunicaciones de los Estados miembros relativas a las 
irregularidades FEOGA-GARANTÍA 1994 (*) 
(en %) 
SS;X;C^SÔS:S;:X:; ;:x::::lrrtpórté:í::::: 
tljllllfjl^ declarado 
total de los MÉTODOS de detección diversos 20% 8% 
209 INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 5% 3% 
105 CONTROL ADUANERO 6% 3% 
307 VERIFICACIÓN DE RUTINA 19% 6% 
107 ENCUESTA JUDICIAL 3% 7% 
104 INSPECCIÓN FISCAL 3% 10% 
203 ANÁLISIS DE MUESTRAS 1% 12% 
110 INICIATIVA COMUNITARIA 1 % 15% 
206 CONTROL DOCUMENTAL A POSTERIORI 41% 35% 
Comunicaciones de los Estados miembros relativas a los 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
periodo : 1991 - 1994 ( 1er semestre) Cuadro 9 
BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
TOTAL CASOS 
declarados 
328 
86 
1.548 
66 
192 
544 
32 
408 
2 
44 
84 
961 
4.295 cerrados : 
203 
41 
115 
0 
15 
9 
13 
41 
1 
1 
39 
224 
702 abiertos 
125 
45 
1.433 
66 
177 
535 
19 
367 
1 
43 
45 
737 
3,533 IMPORTE en ECUS 
49.205.846 
6.848.827 
171.442.258 
3.223.998 
14.051.855 
53.500.248 
8.001.875 
92.474.916 
85.220 
9.513.448 
2.969.940 
92.167.252 
503.405,683 recuperado 
7.267.239 
2.799.554 
7.715.408 
0 
1.025.938 
5.093.467 
1.183.211 
654.257 
45.417 
122.232 
579.444 
1.844.104 
28.330,271 41.938.607 
4.049.273 
163.726.850 
3.223.998 
13.025.917 
48.406.781 
6.818.664 
91.820.659 
39.803 
9.391.216 
2.390.496 
90.323.148 
475,155.412 
CASOS IMPORTE 
declarado» declarados 
BELGIQUE 8% 10% 
DANMARK 2% 1% 
DEUTSCHLAND 36% 34% 
ELLAS 2% 1% 
ESPAÑA 4% 3% 
FRANCE 13% 11% 
IRELAND 1% 2% 
ITALIA 9% 18% 
LUXEMBOURG 0% 0% 
NEDERLAND 1% 2% 
PORTUGAL 2% 1% 
UNITED KINGDOM 22% 18% 
" TOTAL 100% l 100%' % del importé declarado 
ya recuperado | por recuperar 
15% 
41% 
5% 
0% 
7% 
10% 
15% 
1% 
53% 
1% 
20% 
2% 
6% 85% 
59% 
95% 
100% 
93% 
90% 
85% 
99% 
47% 
99% 
80% 
98% 
94% 
29/03/95 
fe Comunicaciones de los Estados miembros relativas a las 
irregularidades FEOGA-GARANTÍA : periodo 1991 - 1994 (*) Cuadro 10 
BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS (*) 
ESPAÑA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
TOTAL CASOS 
declarados 
119 
221 
546 
327 
519 
389 
65 
955 
428 
270 
670 
4.509 cerrados 
58 
175 
265 
65 
218 
254 
48 
108 
331 
38 
466 
2.026 abiertos 
61 
46 
281 
262 
301 
135 
17 
847 
97 
232 
204 
2.483 IMPORTE en ECUS 
comunicados 
11.450.094 
10.503.868 
66.217.645 
86.353.034 
82.746.803 
54.252.457 
5.507.529 
560.685.454 
22.621.210 
14.961.534 
26.774.056 
942.073.684 recuperados 
734.154 
4.908.684 
12.301.686 
(*) 58.267.596 
2.263.922 
17.282.240 
2.137.890 
35.748.902 
11.093.595 
1.037.472 
11.006.035 
166.782.17£ salda 
10.715.940 
5.595.184 
53.915.959 
28.085.438 
80.482.881 
36.970.217 
3.369.639 
524.936.552 
11.527.615 
13.924.062 
14.825.247 
784.348.734 
(*) aprox. 56 millones de ecus recuperados por la Comisión en la Revisión de cuentas 1991, 
CASOS IMPORTE 
declarados declarado 
(BELGIQUE 3% í% 
DANMARK 5% 1% 
DEUTSCHLAND 12% 7% 
ELLAS!*) 7% 9% 
ESPAÑA 12% 9% 
FRANCE 9% 6% 
IRELAND 1 % 1 % 
ITALIA 21% 60% 
NEDERLAND 9% 2% 
PORTUGAL 6% 2% 
UNITED KINGDOM 15% 3% 
|. TOTAL |[ 100% | 100% 1 % del importe declarado 
ya recuperado I por recuperar 
6% 
47% 
19% 
66% 
3% 
32% 
39% 
6% 
49% 
7% 
41% 
lili 94% 
53% 
81% 
33% 
97% 
68% 
61% 
94% 
51% 
93% 
55% 
lili 
EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 1994 
Cuadro 12 
ir -i PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
A 2554 
A 3530 
A 3531 
A 3532 DENOMINACIÓN 
Conferencias, congresos y reuniones en 
relación con las actividades de las 
asociaciones de juristas europeos para la 
protección de los intereses financieros de la 
Comunidad 
Unidad de coordinación de la lucha contra el 
fraude 
Controles, estudios y análisis en el marco de 
la lucha contra el fraude 
Tafi (acción antifraude textil) MEDIDAS FINANCIADAS 
Seminarios, reuniones, acciones de 
formación en los Estados miembros 
- Reuniones, coloquios, estudios 
- Bases de datos 
- R. (CEE) 4045/89 
- Seminarios y estudios jurídicos 
- Seminarios aduana, IVA 
- Estudios aduana y fiscalidad 
indirecta 
- Investigaciones y misiones 
- Otros seminarios 
- Informe lucha antifraude 
- Análisis 
- Informática y bases de datos 
(IRENE y Pré-IRENE, DAF) 
- Subvenciones 
- Órgano de conciliación (FEOGA) 
- SCENT 
- Seminarios, estudios 
- Subvención 
- Cofinanciación de una célula de 
investigación 
SUMA Y SIGUE CRÉDITOS 
DISPONIBLES 
DESPUÉS DE 
LAS TRANS­
FERENCIAS 
240.000 
104.000 
4.145.000 
800.000 
5.289.000 CRÉDITOS 
COMPRO­
METIDOS 
239.999 
102.095 
14.595 
87.500 
4.103.478 
1.690.000 
199.975 
.462.848 
49.500 
250.770 
13.560 
50.000 
18.766 
256.900 
587.000 
414.040 
110.119 
799.901 
449.901 
50.000 
300.000 
5.245.473 PORCENTAJE 
DE 
UTILIZACIÓN 
100 
98,2 
99 
99,9 CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
130.997 
85.280 
2.473.019 
376.695 PAGOS CON 
CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
120.277 
91,8% 
62.939 
73,8% 
1.618.776 
65,5% 
314.126 
83,4% 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN MEDIDAS FINANCIADAS 
SUMA ANTERIOR 
A 355 
B1.360 
B2.102 
B2.111 
B2.121 
B2.131 Red europea de documentación, de 
coordinación y de investigación para luchar 
contra el fraude y la criminalidad fuera de 
las fronteras 
Medidas de lucha contra el fraude en el 
ámbito del Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agraria, Sección de Garantía 
Acciones de lucha contra el fraude en el 
ámbito del Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agraria, Sección "Orientación" 
Acciones de lucha contra el fraude en el 
sector del Instrumento Financiero de 
orientación pesquera 
Medidas de lucha contra el fraude en el 
ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional 
Medidas de lucha contra el fraude en el 
ámbito del Fondo Social Europeo Creación de una fundación de 
Derecho neerlandés (estructura 
jurídica de la red) que reúne a 5 
países: D, I, GR, L, NL. 
- R. (CEE) 307/91 
- R (CE) 165/94 (Teledetección) 
- Teledetección (imágenes) 
- R. (CEE) 3508/92 (SIGC) 
- Sistema integrado (parcelario) 
- Gastos de experto (SIGC) 
- Estudios técnicos 
SUMA Y SIGUE CRÉDITOS 
DISPONIBLES 
DESPUÉS DE 
LAS TRANS­
FERENCIAS 
5.289.000 
p.m. 
78.000.000 
200.000(*) 
50.000Í*) 
300.000(*) 
200.000(*) 
84.039.000 CRÉDITOS 
COMPRO­
METIDOS 
5.245,000 
75.920.652 
10.000.000 
12.000.000 
1.518.475 
50.000.000 
322.061 
200.300 
1.879.816 
-
-
15.000 
100.000 
81.281.125 PORCENTAJE 
DE 
UTILIZACIÓN 
97,33 
-
-
5 
50 CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
-
30.624.834 PAGOS CON 
CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
375.000 
100% 
15.024.860 
49,1% 
(*) Los créditos correspondientes estaban consignados en la reserva B0.40 (las líneas incluían un p.m.). La transferencia de estos créditos a las líneas se supeditaba a la decisión de 
la autoridad presupuestaria, que se basa en un informe presentado por los servicios de la Comisión (SG/UCLAF). La decisión se adoptó a finales de noviembre de 1994, por lo 
que la puesta a disposición tardía de los créditos no ha permitido utilizarlos de manera óptima en 1994. 
o PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN MEDIDAS FINANCIADAS 
SUMA ANTERIOR 
B2.5110 
B2.519 
B5.3051 
B6.840 
B7.530 Inspecciones en la agricultura 
Medidas de ludia contra el fraude en la 
agricultura 
Programa de acción comunitaria en materia de 
formación profesional de los funcionarios de 
aduanas (Matthaeus) y Hacienda (Matthaeus-
Tax) 
Medidas de ludia contra el fraude en el sector 
de la investigación a gastos compartidos 
Medidas de ludia contra el fraude en el sector 
de la cooperación - Controles y análisis 
- Organismos de control de 
aceite de oliva 
- Misiones, investigaciones 
- Teledetección (programas) 
- Estudios, análisis, controles 
- Gastos de 
- Medios operativos (SG/UCLAF) 
- Compra de material diverso 
- Matthaeus 
- Matthaeus-Tax 
TOTAL GENERAL CRÉDITOS 
DISPONIBLES 
DESPUÉS DE 
LAS TRANS­
FERENCIAS 
S4.039.000 
28.500.000 
2.500.000 
2.900.000 
50.000(*) 
p.m. 
117.989.000 CRÉDITOS 
COMPRO­
METIDOS 
81.281.125 
12.217.000 
217.000 
12.000.000 
637.038 
56.229 
138.214 
138.750 
30.000 
260.000 
13.845 
2.899.985 
2.305.880 
594.105 
97.035.148 PORCENTAJE 
DE 
UTILIZACIÓN 
42.9 
25.5 
100 
-
82,2 CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
S85.4(v0 PAGOS CON 
CRÉDITOS 
PRORROGA­
DOS DE 1993 
520.159 
(*) Los créditos correspondientes estaban consignados en la reserva B0.40 (las líneas incluían un p.m.). La transferencia de estos créditos a las líneas se supeditaba a la decisión 
autoridad presupuestaria, que se basaba en un informe presentado por los servicios de la Comisión (SG/UCLAF). La decisión se adoptó a finales de noviembre de 1994, por 1 
la puesta a disposición tardía de los créditos no ha permitido utilizarlos de manera óptima en 1994. 
SITUACIÓN al 12.1.95 
Cuadro 13 
LÍNEA PRESUPUESTARIA AO-3531 -UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 1994 (parte proporcional DG VI) (*) 
CRÉDITO INICIAL DG VI = 2,550 Millones de ecus 
CRÉDITO DEFINITIVO DG VI DESPUÉS DEL REPARTO = 2,250 millones de ecus 
S. M. 
BE 
DK 
DE 
EL 
ES 
FR 
IRL 
IT 
LU 
NL 
PT 
UK 
TOT REG. 4045/89 
PRESU­
PUESTO 
0,150 
0,150 
0,300 
0,150 
0,300 
0,300 
0,150 
0,300 
0,030 
0,300 
0,150 
0,300 
2,580 u 
ce. 
a 
0,072 
0,134 
0,298 
0,114 
0,295 
0,291 
0,029 
0,133 
0,000 
0,130 
0,150 
0,044 
1,690 tilizaciôn 
C.P. 
b 
0,053 
0,100 
0,211 
0,042 
0,222 
0,216 
0,022 
0,000 
0,000 
0,064 
0,106 
0,033 
1,068 % 
bla 
74% 
75% 
71% 
36% 
75% 
74% 
74% 
0% 
0% 
50% 
71% 
75% 
63% OTRAS ACCIONES (**) 
.0) 
PRESU­
PUESTO 
1 
1 
1 
1 , 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0,300 u 
ce. 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,534 tilizaciôn 
C.P. 
b 
/ 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,000 % 
bla 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0% TOTAL E.M. 
PRESU­
PUESTO 
0,150 
0,150 
0,300 
0,150 
0,300 
0,300 
0,150 
0,300 
0,030 
0,300 
0,150 
0,300 
2,580 
0,300 
2,880 utilización 
C.C. C.P. 
a b 
0,072 
0,134 
0,298 
0,114 
0,295 
0,291 
0,029 
0,133 
0,000 
0,130 
0,150 
0,044 
1,690 
0,534 
2,224 0,053 
0,100 
0,211 
0,042 
0,222 
0,216 
0,022 
0,000 
0,000 
0,064 
0,106 
0,033 
1,068 
0 
1,068 % 
bla 
74% 
75% 
71% 
36% 
75% 
74% 
74% 
0% 
0% 
50% 
71% 
75% 
48% 
*) SITUACIÓN PROVISIONAL 
Notas: PRESUPUESTO: créditos disponibles en el presupuesto; C.C: créditos comprometidos; C.P.: créditos pagados. 
**) Grupo de simplificación agraria, SCENT, etc. 
1) Importe no repartido por Estados. 
AAO 
SITUACIÓN al 12.1.95 
Cuadro 14 
LÍNEA PRESUPUESTARIA AO - 3531 - UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1993 (parte proporcional DG VI) 
CRÉDITO INICIAL DG VI = 2,880 Millones de ecus 
CRÉDITO FINAL DG VI DESPUÉS DEL REPARTO = 2,574 millones de ecus 
S.M. 
BE 
DK 
DE 
EL 
ES 
FR 
IRL 
IT 
LU 
NL 
PT 
UK 
TOT REG. 4045/89 
PRESU­
PUESTO 
0,150 
0,150 
0,300 
0,150 
0,300 
0,300 
0,150 
0,300 
0,030 
0,300 
0,150 
0,300 
2,580 C.C. 
a 
0,076 
0,131 
0,278 
0,136 
0,286 
0,289 
0,031 
0,189 
0,000 
0,106 
0,130 
0,054 
1,706 utilización 
C.P. 
b 
0,095 
0,123 
0,280 
0,059 
0,248 
0,274 
0,026 
0,031 
0,000 
0,112 
0,116 
0,050 
1,413 % 
bla 
125% 
94% 
101% 
43% 
87% 
95% 
84% 
16% 
0% 
106% 
89% 
93% 
83% OTRAS ACCIONES (*) 
(D 
PRESU­
PUESTO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,300 i 
C.C. 
a 
1 
1 
/ 
/ 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
0,400 itilización 
C.P. 
b 
1 
1 
/ 
1 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
1 
I 
1 
0,226 % 
b/a 
1 
1 
/ 
1 
1 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
1 
1 
56% TOTAL E.M. 
PRESU­
PUESTO 
0,150 
0,150 
0,300 
0,150 
0,300 
0,300 
0,150 
0,300 
0,030 
0,300 
0,150 
0,300 
2,580 
0,300 
2,880 C.C. 
a 
0,076 
0,131 
0,278 
0,136 
0,286 
0,289 
0,031 
0,189 
0,000 
0,106 
0,130 
0,054 
1,706 
0,400 
2,106 utilización 
C.P. 
b 
0,095 
0,123 
0,280 
0,059 
0,248 
0,274 
0,026 
0,031 
0,000 
0,112 
0,116 
0,050 
1,413 
0,226 
1,639 % 
b/a 
125% 
94% 
101% 
43% 
87% 
95% 
84% 
16% 
0% 
106% 
89% 
93% 
78% 
Notas: PRESUPUESTO: créditos disponibles en el presupuesto; C.C: créditos comprometidos; C.P.: créditos pagados. 
**) Grupo de simplificación agraria, SCENT, etc. 
1) Importe no repartido por Estados. 
A^LA 
SITUACIÓN al 12.1.95 
Cuadro 15 
LINEA PRESUPUESTARIA Bl-3600 - UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 1994 (*) 
(en millones de ecus) 
X 
fi CRÉDITO CC/CP INICIAL: 71 + 15 en reserva = 86 millones de ecus 
CRÉDITO CC/CP FINAL DESPUÉS DE LA TRANSFERENCIA = 78 millones de ecus 
EM. 
BE 
DK 
DE 
EL 
ES 
FR 
IRL 
IT 
LU 
NL 
PT 
UK 
TOT REG. 307/91 
PRES. 
1.028 
0.957 
2,249 
1,804 
1,910 
4,424 
0,609 
3,282 
0,000 
1,843 
0,241 
1,653 
20,000 C.C. 
a 
0,154 
0,377 
1,153 
0,137 
1,910 
3,080 
0,185 
1,016 
0,000 
1,350 
0,241 
0,397 
10.000 itilizaciôt 
C.P. 
b 
0,096 
0,299 
0,856 
0.086 
0.363 
1.935 
0,116 
0,435 
0,000 
0,836 
0,151 
0,248 
5.421 i 
% 
bla 
63% 
79% 
74% 
63% 
19% 
63% 
63% 
43% 
0% 
62% 
63% 
62% 
54% REG. 3508/92 
PRES. 
1,150 
1,200 
5,050 
4,350 
9,050 
7.300 
2,250 
10,050 
0,300 
1,500 
2,850 
4,950 
50,000 C.C. 
a 
1.150 
1.200 
5.050 
4,350 
9,050 
7.300 
2,250 
10,050 
0,300 
1,500 
2,850 
4,950 
50,000 itilizaciói 
C.P. 
b 
0,863 
0,851 
3,788 
3,263 
6,788 
5,475 
1,688 
7,538 
0,073 
1,125 
1,589 
3,713 
36.750 i 
% 
b/a 
75% 
71% 
75% 
75% 
75% 
75% 
75% 
75% 
24% 
75% 
56% 
75% 
74% TELEDETECCIÓN (R. 165/94) 
PRES. 
0,345 
0,360 
1,515 
1,305 
2,715 
2,190 
0,675 
3,015 
0,090 
0,450 
0,855 
1,485 
15,000 
0) C.C. 
a 
0.276 
0.288 
1.212 
1.044 
2.172 
1.752 
0.540 
2.412 
0.072 
0.360 
0.684 
1.188 
12,000 ttilizaciôn 
C.P. % 
b b/a 
0.207 
0.216 
0.342 
0.750 
1.386 
0.195 
0.267 
1.809 
0.000 
0.270 
0 
0.891 
6,332 75% 
75% 
28% 
72% 
64% 
11% 
49% 
75% 
0% 
75% 
0% 
75% 
53% TELED. IMÁGENES 
C.C. 
a 
1 
1 
/ 
1 
1 
/ 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
/ 
1,618 utilización 
C.P. % 
b b/a 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
1 
/ 
1 
. / 
/ 
0,707 / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
' / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
46% R. 3151/90 
SINGA (2) 
PRES . 
pm 
pm util. 
CC 
CP 
1,863 
1,863 R. 595/91 
(3) 
PRES. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,600 util. 
CC 
CP 
-
0 CONSUL. 
3508/91 
(4) 
PRES. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,500 util. 
CC 
CP 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,504 
0,204 TOTAL E.M. 
PRES. 
2,523 
2.517 
8,814 
7,459 
13.675 
13,914 
3,534 
16,347 
0,390 
3,793 
3,946 
8,088 
85,000 
1,000 
86,000 utilizado/ 
CC CP 
a b 
1,580 
1.865 
7,415 
5,531 
13.132 
12.132 
2,975 
13,478 
0,372 
3,210 
5,638 
6,535 
73,863 
2.058 
75,921 1,166 
1,366 
4,986 
4,098 
8,536 
7,605 
2,070 
9,781 
0,073 
2,231 
3.602 
4,852 
50,366 
0,911 
51,227 % 
b/a 
74% 
73 Je 
677c 
74% 
65% 
63% 
70% 
73% 
20% 
70% 
64% 
74% 
687c 
(*) SITUA CIÓN PROVISIONAL 
Notas: PRESUPUESTO: créditos disponibles en el presupuesto; C.C: créditos comprometidos; C.P.: créditos pagados. 
(1) créditos que incluyen los créditos destinados a las imágenes (Spot Image y Eur image). Estaban en la reserva y se transfirieron el 21.4.94 
(2) este Reglamento afecta a Portugal 
(3) créditos no distribuidos por países 
(4) créditos destinados a sufragar los gastos de consultores externos 
SITUACIÓN al 12.1.95 
Cuadro 16 
¿ 
5 LINEA PRESUPUESTARIA Bl-3600 -UTILIZACIÓN DE LOS CREDTITOS DEL PRESUPUESTO 1993 
(en millones de ecus) 
CRÉDITO INICIAL CC/CP: 22 + 60 en reserva = 82 millones de ecus 
CRÉDITO FINAL DESPUÉS DE TRANSFERENCIA: 82 millones de ecus 
EM. 
BE 
DK 
DE 
EL 
ES 
FR 
IRL 
IT 
LU 
NL 
PT 
UK 
TOT REG. 307/91 
PRES. 
1.137 
0,878 
2.526 
1,524 
1,605 
4,127 
0,542 
3,360 
0,000 
1,749 
1,016 
1,536 
20,000 ce 
a 
1,137 
0,878 
2.526 
1,524 
1,605 
4,127 
0,542 
3,360 
0,000 
1,749 
1,016 
1,536 
20,000 utilización 
CP 
b 
0,189 
0,700 
1,496 
0,192 
0,795 
3,320 
0,280 
0,455 
0,000 
2,316 
0,454 
0,173 
10,370 % bla 
17% 
80% 
59% 
13% 
50% 
80% 
52% 
14% 
0% 
132% 
45% 
11% 
52% REG. 3508/92 
PRES. 
1,150 
1,200 
5.050 
4,350 
9,050 
7.300 
• 2,250 
10,050 
0,300 
1,500 
2,850 
4,950 
50,000 
(1) CC 
a 
1,150 
1,200 
5.050 
4,350 
9,050 
7.300 
2,250 
10,050 
0,300 
1,500 
2,850 
4,950 
50,000 utilización 
CP 
b 
0.846 
1,200 
5.050 
1,932 
9,050 
7,300 
2,250 
10,050 
0,035 
1,500 
0,818 
4,950 
44,981 % b/a 
74% 
100% 
100% 
44% 
100% 
100% 
100% 
100% 
12% 
100% 
29% 
100% 
90% TELEDETECCIÓN 
PRES. 
0,202 
0,211 
0,889 
0,766 
1,593 
1,285 
0,396 
1,770 
0,053 
0,264 
0,502 
0,872 
8,804 
(D ce 
a 
0,202 
0,211 
0,889 
0,766 
1,593 
1,285 
0,396 
1,770 
0,053 
0,264 
0,502 
0,872 
8,804 utilización 
CP 
b 
0,202 
0,211 
0,303 
0,000 
1,593 
0,715 
0,396 
1,770 
0,000 
0,264 
0,192 
0,872 
6,518 % b/a 
100% 
100% 
34% 
0% 
100% 
56% 
100% 
100% 
0% 
100% 
38% 
100% 
74% TELED. IMÁGENES 
PRES. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
(D(2) 
1,197 ce 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,197 tíilizaciót 
CP 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,069 % b/a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
89% R. 3151/90 
SINGA (3) 
PRES. 
1,000 
1,000 util. 
CCI 
CP 
0 
0 R. 565191 
(4) 
PRES. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
0,600 util. 
CCI 
CP 
-
0 CONSUL. 
3508/91 
(5) 
PRES. 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
0,500 util. 
CCI 
CP 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,121 
0,108 TOTAL E.M. 
PRES. 
2,490 
2,289 
8.465 
6,640 
12,248 
12,712 
3,188 
15,180 
0.353 
3,513 
5,368 
7,358 
79,803 
2,197 
82,000 CC 
a 
2,490 
2,289 
8,465 
6,640 
12.248 
12,712 
3,188 
15,180 
0,353 
3,513 
5,368 
7,358 
79,803 
1,318 
81.121 utilización 
CP 
b 
1,237 
2,111 
6,849 
2,124 
11,438 
11,335 
2,926 
12,275 
0,035 
4,080 
1,464 
5,995 
61,869 
1.167 
63,036 % 
bla 
50% 
92% 
81% 
32% 
93% 
89% 
92% 
81% 
10% 
116% 
34% 
81% 
78% 
(*) SITUACIÓN PROVISIONAL 
Notas: PRESUPUESTO: créditos disponibles en el presupuesto; C.C: créditos comprometidos; C.P.: créditos pagados. 
(1) estos créditos estaban en la reserva y han sido transferidos 
(2) no distribuidos por Estados. Los créditos disponibles se destinan a las sociedades Spot Image y Eurimage 
(3) este Reglamento afecta a Portugal . 
(4) créditos no distribuidos por países 
(5) créditos destinados a sufragar los gastos de consultores externos 
Cuadró 17 
CRÉDITOS ANTIFRAUDE - PRESUPUESTO 1995 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE (ecus) 
A-2554 Conferencias, congresos y reuniones en relación con las 260.000 
actividades de las asociaciones de juristas europeos para la 
protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
A-3530 Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude. 200.000 
A-3531 Controles, estudios y análisis en relación con la lucha 2.808.000 
contra el fraude. 
A-3532 Acción contra el fraude textil (TAFI). 800.000 
A-355 Red europea de documentación, de coordinación y de 350.000 
investigación para luchar contra el fraude y la criminalidad 
fuera de las fronteras. 
B1-360 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del Fondo 85.000.000 
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, Sección de 
Garantía. 
B2-101 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del Fondo 200.0001 
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, Sección 
"Orientación". 
B2-111 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del 50.0001 
instrumento financiero de orientación pesquera. 
B2-121 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del Fondo 300.000' 
Europeo de Desarrollo Regional. 
B2-131 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del Fondo 200.0001 
Social Europeo. 
B2-301 Medidas de lucha contra el fraude en el ámbito del Fondo 300.0001 
de Cohesión. 
B2-511 Inspecciones en la agricultura. 32.500.000 
B2-519 Medidas de lucha contra el fraude en la agricultura. 1.500.0001 
B5-3051 Programa de acción comunitaria en materia de formación 3.000.000 
profesional de los funcionarios de aduanas (Matthaeus) y 
de Hacienda (Matthaeus-Tax). 
B5-800 Cooperación en el ámbito de la Justicia y los asuntos 5.000.0001 
interiores. 
B6-910 Medidas de lucha contra el fraude en el sector de la 50.0001 
investigación a gastos compartidos. 
B7-530 Medidas de lucha contra el fraude en el sector de la 100.000' 
cooperación. 
Créditos consignados en su totalidad en el Capítulo B0-40 
vU</ 
CRÉDITOS ANTIFRAUDE 1995 
distribución por grandes sectores 
Sectores 
- Feoga-Garantfa 
- Agricultura (inspección) 
- Cooperación justicia 
- Formación, diversos 
- Información, aduanas y fiscalidad indirecta Imputación 
presupuestaria 
B1-360 
B2-511 
B5-8 
A 
B5-3 Importa 
(mlMdtacu*) 
- Asistencia técnica, autoasistencia en el sector de los Fondos Estructurales, 
del Fondo de Cohesión, de la agricultura y otros sectores B2 - B6 
TOTAL B7 85000 
32500 
5000 
4418 
3000 
2700 
132618 
M£ 
ISSN 0257-9545 
COM(95) 98 final 
DOCUMENTOS 
ES 01 02 
N° de catálogo : CB-CO-95-124-ES-C 
ISBN 92-77-87180-6 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo