COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 17.11.2021 COM(2021) 706 final 2021/0366(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 995/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} - {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} - {SWD(2021) 329 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La deforestación y la degradación forestal están avanzando a un ritmo alarmante, agravando así el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El factor que más influye en la deforestación y la degradación forestal es la expansión de las tierras agrícolas para obtener materias primas tales como ganado bovino, madera, aceite de palma, soja, cacao o café. Se prevé que el aumento de la población mundial y la creciente demanda de productos agrícolas, especialmente los de origen animal, refuercen la demanda de suelo agrícola y ejerzan una presión adicional sobre los bosques, mientras que la transformación de las pautas climáticas afectará a la producción de alimentos, por lo que será preciso empezar a producir de una forma sostenible que no provoque más deforestación y degradación forestal. La UE es un gran consumidor de materias primas asociadas a la deforestación y la degradación forestal y carece de normas específicas y efectivas para reducir su contribución a esos fenómenos. El objetivo de la presente iniciativa es, por tanto, detener la deforestación y la degradación forestal impulsadas por el consumo y la producción de la UE. Se espera que esto, a su vez, reduzca las emisiones de GEI y la pérdida de biodiversidad mundial. La iniciativa tiene por objeto reducir al mínimo el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o a la degradación forestal y aumentar en la UE la demanda y el comercio de materias primas y productos legales y «libres de deforestación». •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La propuesta se anunció por primera vez en la Comunicación de la Comisión de 2019 «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (en lo sucesivo «la Comunicación de 2019»), en la que la Comisión se comprometió a evaluar «otras medidas reglamentarias y no reglamentarias que incidan en la demanda para garantizar la igualdad de condiciones y una interpretación común de "cadenas de suministro libres de deforestación", a fin de aumentar la transparencia de la cadena de suministro y minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a las importaciones de productos básicos en la UE». Ese compromiso se corroboró en el Pacto Verde Europeo, así como en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y en la Estrategia «de la granja a la mesa», y en estos dos últimos documentos se anunciaba la correspondiente propuesta legislativa para 2021. La propuesta forma parte integrante de los objetivos generales del Pacto Verde Europeo y de todas las iniciativas desarrolladas con arreglo a él, y es coherente con ellos. En particular, complementa otras medidas propuestas en la Comunicación de 2019, en particular: 1) trabajar en asociación con los países productores para hacer frente a las causas profundas de la deforestación y promover la gestión forestal sostenible, y 2) cooperar a nivel internacional con los principales países consumidores con objeto de minimizar las fugas y promover la adopción de medidas similares para evitar que se introduzcan en el mercado productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación y la degradación forestal. Por consiguiente, la Comisión va a seguir trabajando en asociación con los países productores, les ofrecerá nuevos tipos de ayudas e incentivos a favor de la protección de los bosques, mejorará la gobernanza y los regímenes fiduciarios, reforzará el control del cumplimiento de la ley y promoverá una gestión forestal sostenible, una agricultura resiliente al cambio climático, una diversificación y una intensificación sostenibles, la agroecología y la agrosilvicultura. El marco legislativo actual de la UE aborda la deforestación solo de forma parcial. El Plan de Acción de la UE sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), en vigor desde 2003, constituye la estrategia clave de la UE para combatir la explotación forestal ilegal y el comercio asociado a esa práctica. Aunque el Plan de Acción FLEGT aborda la explotación forestal ilegal y el comercio asociado, no se ocupa de la deforestación en sí. Un elemento clave del Plan de Acción FLEGT es un sistema voluntario para garantizar que solo se importe a la UE madera aprovechada legalmente procedente de países que hayan aceptado participar en ese sistema. El marco jurídico interno de la UE para ese sistema es el Reglamento sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (Reglamento FLEGT), que establece un sistema de licencias basado en acuerdos de asociación voluntarios (AAV) FLEGT. Otro elemento clave del Plan de Acción FLEGT es el Reglamento de la UE sobre la madera, que prohíbe la comercialización en el mercado de la UE de madera y productos de la madera aprovechados ilegalmente y establece obligaciones para los agentes que comercializan madera por primera vez. Tanto el Reglamento FLEGT como el Reglamento sobre la madera han sido sometidos a un control de adecuación, en cuyas conclusiones se basan las opciones de actuación que se exponen en el presente Reglamento. Partiendo de la experiencia y las lecciones aprendidas en el contexto del Plan de Acción y del Reglamento FLEGT, la Comisión establecerá asociaciones forestales con los países socios pertinentes, según proceda. El principal objetivo de las asociaciones forestales será proteger, restaurar y/o garantizar el uso sostenible de los bosques de una manera global e integrada para cumplir las prioridades del Pacto Verde Europeo y los objetivos de la UE en materia de cooperación al desarrollo, como la reducción de la pobreza, una buena gobernanza y los derechos humanos. Se promoverán la gobernanza forestal y reformas políticas para llevar a cabo una gestión forestal sostenible y contribuir a detener la deforestación y la degradación forestal. •Coherencia con otras políticas de la Unión La Comunicación de 2019 establece el objetivo general de proteger los bosques existentes, especialmente los bosques primarios, y aumentar de manera significativa una cobertura boscosa sostenible y con diversidad biológica en todo el mundo. En el contexto del Pacto Verde Europeo, tanto la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 como la Estrategia «de la granja a la mesa» caracterizan la presente propuesta legislativa y otras medidas para evitar o reducir al mínimo la introducción en el mercado de la UE de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o la degradación forestal como elementos importantes para el logro de sus objetivos. Otras iniciativas pertinentes son, por ejemplo, la Comunicación «Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE». La nueva Estrategia de la UE en favor de los bosques confirma que las medidas ya identificadas en la Comunicación de 2019 establecen el marco básico para la actuación de la UE a nivel mundial, incluida la presente iniciativa legislativa, y serán tenidas en cuenta de manera adecuada y coherente a la hora de configurar las políticas internas. El presente Reglamento complementará la iniciativa legislativa de gobernanza empresarial sostenible, que tiene por objeto mejorar el marco normativo de la UE en materia de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial. La iniciativa de gobernanza empresarial sostenible se basa en un enfoque horizontal que aborda las repercusiones adversas sobre los derechos humanos y el medio ambiente mediante la adopción de medidas en relación con el comportamiento de las empresas en sus propias operaciones y en sus cadenas de valor. Mientras que el régimen de gobernanza empresarial sostenible abordará las operaciones empresariales y las cadenas de valor en general, el enfoque aplicable a la deforestación se centra en productos y cadenas de suministro específicos. Así pues, aunque ambas iniciativas puedan compartir sus objetivos generales, que se refuerzan mutuamente, sus objetivos específicos son distintos. Está previsto que la obligación de diligencia debida de la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible se aplique a una serie de grandes empresas de la UE en todos los sectores (con un régimen más específico para determinadas medianas empresas), y también a empresas de terceros países. La iniciativa legislativa sobre la deforestación tiene un objetivo muy específico, a saber, limitar la introducción en el mercado de la UE de productos asociados a la deforestación y, en algunos ámbitos, sus requisitos serán más específicos que las obligaciones generales de la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible. También incluye una prohibición, que será aplicable a todos los agentes que introducen los productos relevantes en el mercado, tanto empresas de la UE como de terceros países, independientemente de su forma jurídica y su tamaño. Cuando los requisitos de la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible sean más rigurosos que los del Reglamento sobre la deforestación, se aplicarán conjuntamente. La presente iniciativa no se dirige específicamente al sector financiero ni a las inversiones. Algunas iniciativas existentes sobre finanzas sostenibles, como la aplicación del Reglamento de la UE sobre la taxonomía y la futura Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (en la actualidad, Directiva sobre divulgación de información no financiera), resultan idóneas para hacer frente a las repercusiones que tienen en la deforestación los sectores de las finanzas y la inversión, y, por tanto, complementan y apoyan la presente iniciativa legislativa sobre deforestación. La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la taxonomía imponen obligaciones de divulgación de información también a empresas no financieras: la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad prevé la publicación de normas de presentación de información por sectores a más tardar en octubre de 2023; con arreglo al Reglamento de la UE sobre la taxonomía, ya se han establecido criterios técnicos en el marco del acto delegado para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en relación con la silvicultura, pero se ha retrasado la publicación de criterios aplicables a la agricultura. Ambas actividades económicas pueden tenerse en cuenta en los actos delegados sobre los otros cuatro objetivos medioambientales. Se prevé, asimismo, que el presente Reglamento propuesto se aplique junto con la Directiva sobre energías renovables por lo que se refiere a algunas materias primas utilizadas como biocombustibles o para producir biocombustibles, como los pellets de madera o productos derivados de soja y aceite de palma. Los objetivos de las dos series de normas de la UE son complementarios, ya que en ambos casos se abordan los objetivos generales de combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La presente iniciativa legislativa establece requisitos aplicables a las materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal que vayan a introducirse en el mercado de la UE con objeto de frenar la deforestación impulsada por la UE. La Directiva sobre energías renovables establece, entre otras cosas, criterios para que los biocombustibles, los biolíquidos y la biomasa puedan considerarse sostenibles, así como objetivos específicos para que en la UE la cuota de las energías renovables sea como mínimo del 32 % a más tardar en 2030. Por lo que se refiere a su interacción práctica, las materias primas y productos incluidos en el ámbito de aplicación de ambos actos estarán sujetos a los requisitos sobre el acceso general al mercado y a los criterios para que puedan considerarse energía renovable. Esos requisitos son compatibles y se refuerzan mutuamente. En el caso específico de los sistemas de certificación en relación con el riesgo bajo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra (CIUT) con arreglo al Reglamento (UE) 2019/807 de la Comisión, por el que se completa la Directiva (UE) 2018/2001 en lo que respecta a la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra, los agentes y comerciantes pueden usar también esos sistemas de certificación en sus sistemas de diligencia debida para obtener la información exigida por el presente Reglamento y cumplir algunos de los requisitos de trazabilidad e información contemplados en su artículo 9. Como ocurre con cualquier otro sistema de certificación, su uso debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad y las obligaciones legales que impone el presente Reglamento a agentes y comerciantes de actuar con la diligencia debida.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La competencia de la UE para actuar en el ámbito de la deforestación y la degradación forestal se deriva de los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos a la protección del medio ambiente. De conformidad con el artículo 191, apartado 1, del TFUE, los objetivos de la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente son: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático. La adopción a escala de la Unión de medidas destinadas a luchar contra la deforestación y la degradación forestal contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a aumentar la resiliencia al cambio climático y a reducir el impacto humano en la biodiversidad, contribuyendo así de manera significativa a cada uno de los objetivos de la política de medio ambiente. Por consiguiente, la base jurídica de la propuesta debe ser el artículo 192 del TFUE. Como sucede con muchos otros problemas medioambientales, las consecuencias de la deforestación en una zona pueden tener repercusiones en todo el mundo. Procede, por tanto, que los productos nacionales y los productos despachados a libre práctica o exportados estén cubiertos por la propuesta con arreglo a la base jurídica propuesta. Esto permitirá cumplir lo dispuesto en el artículo 191, apartado 2, del TFUE, que exige que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tenga como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, y en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), según el cual el fomento de un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente es uno de los objetivos de la Unión. El artículo 192, apartado 1, del TFUE dispone lo siguiente: «El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el artículo 191». •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Los principales factores que conducen a la deforestación y a la degradación forestal están vinculados tanto al mercado de la UE como al comercio internacional. Es necesaria una actuación a nivel de la UE para abordar la huella del consumo de la UE y los problemas relacionados con el comercio internacional de una manera coordinada y armonizada, y proporcionar al mismo tiempo la seguridad y la claridad jurídicas necesarias para el correcto funcionamiento del mercado de la UE. En ausencia de un enfoque armonizado, varios Estados miembros podrían tomar medidas restrictivas del comercio dentro de la Unión, lo que perturbaría el funcionamiento del mercado interior. Esto tendría graves repercusiones en el funcionamiento del mercado de la UE, pondría en peligro la capacidad de los agentes europeos de abastecerse de las materias primas o productos del ámbito de aplicación del presente Reglamento y socavaría la credibilidad de las medidas de la UE. Otros Estados miembros podrían decidir no adoptar ninguna medida y limitar el impacto potencial de las medidas adoptadas por otros Estados miembros sobre la deforestación. Las cadenas de suministro de los productos cubiertos por la iniciativa son internacionales y muy a menudo globales. La experiencia de la UE en el tratamiento de cuestiones complejas relacionadas con las cadenas de suministro (por ejemplo, la obtenida con la legislación relacionada con la explotación forestal ilegal) pone de manifiesto que es fundamental garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los agentes en cuanto a los requisitos que deben cumplir antes de introducir productos (materias primas y productos derivados) en el mercado de la UE por primera vez. La ausencia de normas aplicables a nivel europeo pone en una situación de desventaja competitiva a los explotadores de empresas que son responsables y están dispuestos a sanear sus cadenas de suministro y recompensa un comportamiento insostenible. Por consiguiente, aunque el medio ambiente es una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, son necesarias medidas a escala de la UE para garantizar una interpretación común de «cadenas de suministro libres de deforestación y de degradación forestal», aumentar la transparencia de esas cadenas de suministro y permitir que la actuación, por su magnitud, tenga un impacto significativo en la deforestación. En la medida en que la presente iniciativa abarca tanto las mercancías despachadas a libre práctica como las exportadas desde el mercado de la Unión, la actuación a nivel de la Unión sería más eficaz que la acción a nivel nacional, ya que evitaría posibles efectos adversos en el funcionamiento del mercado interior y en los aspectos comerciales. La acción de la UE puede, por tanto, complementar y reforzar los esfuerzos nacionales de los Estados miembros. Si la UE no actuara, el problema de la deforestación y la degradación forestal vinculadas al consumo de la UE persistiría y se deterioraría aún más. Esto podría afectar negativamente a los esfuerzos de la UE en el ámbito de la protección de la biodiversidad mundial y el cambio climático. •Proporcionalidad Con la presente iniciativa legislativa, la UE intensifica su acción contra la deforestación y la degradación forestal mediante el establecimiento de un marco reglamentario que aspira a ser ambicioso y aplicable y que incentiva la transición a unas cadenas de suministro sostenibles en todos los países productores, dentro o fuera de la UE. Esto puede convertir a la UE en un referente normativo a nivel mundial. Los mínimos beneficios monetarios compensan claramente los costes. La iniciativa también está en consonancia con la gravedad y la urgencia del problema al que pretende hacer frente, así como con las prioridades del Pacto Verde Europeo. La presente iniciativa legislativa tiene por objeto reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación y la degradación forestal. Este objetivo se alcanzará mediante el establecimiento de un sistema de diligencia debida obligatorio y por etapas, basado en una definición de «libre de deforestación», combinado con un sistema de evaluación comparativa. Tal como se concluye en la evaluación de impacto relativa a la reducción del riesgo de deforestación y degradación forestal asociadas a los productos introducidos en el mercado de la UE (en lo sucesivo, «la evaluación de impacto»), se espera que estas medidas sean las más eficaces para detener la deforestación impulsada por la UE y las más eficientes entre las analizadas en la preparación de la presente iniciativa. Las conclusiones de la evaluación de impacto ponen de manifiesto que las opciones jurídicamente vinculantes (como el requisito de «libre de deforestación», la diligencia debida obligatoria, etc.) serían más eficaces que medidas voluntarias (como la diligencia debida voluntaria, el etiquetado voluntario o la certificación privada voluntaria). Esas conclusiones se vieron corroboradas por el resultado de la consulta pública abierta, en la que la inmensa mayoría de las partes interesadas (asociaciones empresariales y ONG) respaldaron un régimen de diligencia debida obligatorio. •Elección del instrumento El instrumento propuesto es un reglamento porque es necesario garantizar el máximo nivel de armonización para evitar la coexistencia de normas diferentes entre Estados miembros, lo cual socavaría el principio fundamental de la libre circulación de mercancías. Por medio de un reglamento se establecerán requisitos directos para todos los agentes, ofreciendo de tal modo la seguridad jurídica necesaria y la posibilidad de controlar su cumplimiento en un mercado plenamente integrado dentro de la UE. Un reglamento también garantiza que las obligaciones se apliquen simultáneamente y por igual en los veintisiete Estados miembros. El reglamento también reducirá las incertidumbres relacionadas con los plazos durante el proceso de transposición que normalmente se asocian a una directiva, en un ámbito en el que el tiempo y la seguridad jurídica son vitales debido a que se prevén un crecimiento del mercado y cambios en la dinámica del mercado en general. El instrumento también se ha concebido como un sistema dinámico con visión de futuro para que pueda adaptarse a la evolución del mercado y a los nuevos datos y pruebas científicas. A tal fin, se ha previsto otorgar a la Comisión la facultad de desarrollar medidas de ejecución, entre otras cosas para publicar los resultados de la evaluación comparativa de países y revisar las materias primas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente La presente iniciativa se basa en las conclusiones del control de adecuación del Reglamento FLEGT y del Reglamento sobre la madera, que se llevó a cabo al mismo tiempo que la evaluación de impacto del presente Reglamento. Por lo que se refiere al Reglamento sobre la madera, el control de adecuación puso de manifiesto que gracias a ese Reglamento ha mejorado la situación en terceros países, incluidos los que han optado por no participar en procesos AAV. Los principales socios comerciales de la UE han tomado medidas para reforzar sus sistemas de gobernanza forestal y reducir la explotación forestal ilegal para cumplir los requisitos del Reglamento sobre la madera. El Reglamento sobre la madera, a pesar de una serie de deficiencias en su concepción y de las dificultades que surgen a la hora de controlar su cumplimiento, ha tenido algunos resultados positivos en términos de eficacia y eficiencia. Su cobertura mundial ha proporcionado a la UE una base para colaborar estrechamente con otros países consumidores. Otros países consumidores y socios comerciales de todo el mundo han adoptado enfoques legislativos similares al Reglamento sobre la madera. En el contexto más amplio de la deforestación, esto es especialmente importante, ya que demuestra que la UE, incluso con una cuota de mercado decreciente, puede tener un impacto y liderar el camino a escala mundial.

A pesar de los problemas planteados en la aplicación del Reglamento sobre la madera, las conclusiones del control de adecuación muestran que el enfoque que adopta —diligencia debida— ofrece flexibilidad para responder a los retos nuevos y emergentes relacionados con la explotación forestal ilegal y los cambios de uso de la tierra ilegales. El requisito general (diligencia debida) impuesto a todos los agentes establecidos en la UE también permite que el Reglamento sea flexible a los cambios en las pautas comerciales y en los perfiles de riesgo de los países. La opción propuesta incorporará y mejorará el marco establecido por el Reglamento sobre la madera, que, por consiguiente, quedaría derogado. El procedimiento de diligencia debida establecido en el marco del Reglamento sobre la madera se adaptará y mejorará en el presente Reglamento mediante la introducción de nuevos elementos, como la declaración de diligencia debida (artículo 4), el requisito de información geográfica o geolocalización, la vinculación de las materias primas y los productos a la parcela de terreno en la que se produjeron (artículo 9), una mayor cooperación con las aduanas (artículos 14 y 24), unos niveles mínimos de inspección (artículo 14) y la evaluación comparativa de países (artículos 25 a 26). Por lo que se refiere al Reglamento FLEGT, el control de adecuación confirmó los logros de los acuerdos de asociación voluntarios (AAV) FLEGT en cuanto a una mayor participación de las partes interesadas y la mejora de los marcos de gobernanza forestal en países socios y, al mismo tiempo, puso de relieve una serie de deficiencias. También concluyó que había pocas pruebas de la contribución de los AAV en general a la reducción de la explotación forestal ilegal. Aunque el sistema de la UE establecido en virtud del Reglamento puede ser un instrumento eficaz para reducir los costes de cumplimiento para los agentes de la UE, el principal instrumento para su funcionamiento, es decir, los AAV, no ha funcionado. Uno de los principales problemas del Reglamento FLEGT es el hecho de que los principales socios comerciales de la UE no han mostrado interés en participar en procesos AVV, lo que supone que solo el 3 % de las importaciones de madera a la UE han estado amparadas por un sistema AAV operativo. Más de quince años después de que el Plan de Acción FLEGT sentara las bases para estos procesos (en 2003), solo un país de los quince con los que la UE ha participado en un proceso AAV dispone de un sistema de licencias FLEGT operativo y solo un país de los diez principales socios de la UE en el comercio de madera participa en un proceso AAV. Para respetar los compromisos bilaterales contraídos por la Unión Europea y preservar los progresos realizados con los países socios que disponen de un sistema operativo (fase de concesión de licencias FLEGT), el presente Reglamento incluye una disposición por la que se declara que la madera amparada por una licencia FLEGT cumple el requisito de legalidad. Algunos componentes de los AAV podrían integrarse cuando fuera posible y ser acordados por los socios en programas específicos de cooperación, como las asociaciones forestales u otros, para seguir apoyando la gobernanza forestal. •Consultas con las partes interesadas En la consulta pública abierta llevada a cabo por la Comisión en 2020 se recibieron casi 1,2 millones de respuestas. La mayoría de las partes interesadas coincidió en que era necesaria una intervención a nivel de la UE para reducir la contribución de la Unión a la deforestación y a la degradación forestal en el mundo. La mayoría de ellas también estuvo de acuerdo en establecer una definición de «libre de deforestación» en la UE como requisito de la actuación. En cuanto a las medidas estratégicas, en la consulta se puso de manifiesto un firme apoyo a las opciones jurídicamente vinculantes (requisito «libre de deforestación», diligencia debida obligatoria, certificación pública obligatoria, etc.) y la opinión de que medidas no vinculantes tales como la diligencia debida voluntaria, el etiquetado voluntario o la certificación privada voluntaria eran ineficaces. La inmensa mayoría de las partes interesadas —asociaciones empresariales y ONG— se mostraron favorables a un régimen de diligencia debida obligatorio, aunque los elementos preferidos de tal sistema variaban de un encuestado a otro. Las conclusiones detalladas de las consultas con las partes interesadas, incluidas las observaciones sobre la evaluación de impacto inicial, los resultados de la consulta pública abierta y los de la consulta específica a las partes interesadas figuran en el anexo 2 de la evaluación de impacto. En consonancia con el anuncio hecho en la Comunicación de 2019, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2030 y la Estrategia «de la granja a la mesa», la presente iniciativa se centra en los bosques. El Parlamento Europeo y las ONG abogaron por la inclusión de otros ecosistemas. Sobre la base de la experiencia adquirida con la legislación vigente, esa ampliación del ámbito de aplicación se consideró prematura, ya que la falta de experiencia práctica podía ir en detrimento de la eficacia de las medidas estratégicas evaluadas y del control de su cumplimiento. No obstante, la necesidad y la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación para incluir otros ecosistemas se evaluarán en una revisión temprana. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Para facilitar el análisis de las distintas opciones, la Comisión adjudicó un contrato de asistencia a expertos externos para llevar a cabo dos estudios: Impact assessment on demand side measures to address deforestation (Evaluación de impacto de medidas que incidan en la demanda para hacer frente a la deforestación) y Support study for a Fitness Check of the EUTR and FLEGT Regulation (Estudio de apoyo para un control de adecuación del Reglamento sobre la madera y del Reglamento FLEGT). Esos estudios proporcionaron parte de los datos y análisis subyacentes a las opciones estratégicas expuestas en la evaluación de impacto y, a su vez, en el presente Reglamento. La presente iniciativa también se basa en las conclusiones de un tercer estudio sobre los sistemas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados de la madera (Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products), que se llevó a cabo al mismo tiempo que la evaluación de impacto. La Comisión también utilizó las aportaciones facilitadas durante las reuniones del Grupo de expertos / Plataforma multilateral sobre la protección y la restauración de los bosques del mundo, incluidos el Reglamento sobre la madera y el Reglamento FLEGT, de la Comisión. Desde la puesta en marcha de la hoja de ruta de la presente iniciativa legislativa en febrero de 2020, el Grupo se reunió en nueve ocasiones en diferentes configuraciones y organizó cuatro talleres específicos para recabar aportaciones sobre las opciones estratégicas estudiadas en la evaluación de impacto. Junto con los estudios de apoyo mencionados, las reuniones del Grupo de expertos y las consultas con las partes interesadas, la Comisión también prestó especial atención a la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión [2020/2006 (INL)], así como a las posiciones del Consejo de la UE, en particular sus Conclusiones sobre la Comunicación de 2019. •Evaluación de impacto En el análisis inicial de viabilidad realizado en la evaluación de impacto preparatoria se estudió un total de diecisiete medidas estratégicas. Esta lista inicial de posibles medidas abarcaba una amplia gama de intervenciones posibles, incluidos instrumentos tanto reglamentarios como no reglamentarios. En el análisis de viabilidad se examinaron cada una de las medidas estratégicas en relación con una serie de criterios, como la viabilidad jurídica, técnica y política y la proporcionalidad, su eficacia y eficiencia potenciales, así como las observaciones recibidas de las partes interesadas, los Estados miembros de la UE y terceros países. Sobre la base del análisis de viabilidad, se seleccionaron y estudiaron con más detalle cinco opciones de actuación: 1) un procedimiento de diligencia debida obligatorio mejorado; 2) un sistema de evaluación comparativa y una lista de agentes infractores, en combinación con un sistema de diligencia debida obligatorio por etapas mejorado; 3) una certificación pública obligatoria combinada con un requisito mejorado de diligencia debida; 4) un etiquetado obligatorio combinado con un requisito mejorado de diligencia debida; 5) un requisito de «libre de deforestación» aplicable a la introducción en el mercado de la UE, respaldado por sistemas de evaluación comparativa y de tarjetas nacionales. Todas las opciones de actuación consideradas se basan en elementos comunes: 1) una definición de «libre de deforestación», basada en la definición de la FAO, a la que deben ajustarse los productos, y un requisito adicional de que los productos sean legales con arreglo a la legislación del país de producción; 2) una cobertura de productos, que se revisa y actualiza periódicamente, centrándose en las materias primas con mayor deforestación incorporada de la Unión (carne de vacuno, aceite de palma, soja, madera, cacao y café) y productos derivados; 3) la prohibición de introducir en el mercado de la UE materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal y que no se hayan producido de conformidad con la legislación aplicable y pertinente de los países productores. Las opciones 2 a 4 se combinan con un requisito obligatorio de diligencia debida, tal como se propone en la opción 1. La opción preferida fue la 2. Combina un requisito de diligencia debida con un sistema de evaluación comparativa de países que clasificará a los países teniendo en cuenta la deforestación y la degradación forestal vinculadas a las materias primas relevantes, junto con criterios relacionados con la implicación de los países en la lucha contra la deforestación y la degradación forestal. Habrá tres categorías de países: de riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Las obligaciones de los agentes y de las autoridades de los Estados miembros variarán en función del nivel de riesgo que represente el país de producción, con obligaciones de diligencia debida simplificadas para los países de riesgo bajo y un control exhaustivo para los países de riesgo alto. Se espera que la opción preferida impida la deforestación impulsada por el consumo y la producción en la UE de las seis materias primas incluidas en el ámbito de aplicación, con unos beneficios previstos muy superiores a 71 920 hectáreas menos de bosques afectados anualmente por la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la UE de aquí a 2030. Esto significaría también una reducción de al menos 31,9 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año debidas al consumo y la producción de las materias primas relevantes en la UE, lo que podría traducirse en un ahorro económico de al menos 3 200 millones EUR al año. Además, se espera que esta opción contribuya de manera decisiva a proteger la biodiversidad, lo que, a su vez, está estrechamente vinculado a la prevención del cambio climático. Esta opción también debería contribuir a la consecución de los objetivos específicos de la intervención de la UE, a saber, crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas que operan en el mercado de la UE; reducir al mínimo el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o la degradación forestal, y aumentar la demanda y el comercio en la UE de materias primas y productos legales y «libres de deforestación». Los pequeños agricultores que producen las materias primas relevantes pueden enfrentarse a problemas de adaptación. Se espera que todos estos factores se atenúen gracias a la fecha límite propuesta de 2020, ya que la mayoría de los productos actualmente comercializados procederían de terrenos que empezaron a explotarse antes de 2020. •Adecuación regulatoria y simplificación

Se espera que el presente Reglamento cree unas condiciones de competencia equitativas para las empresas que operan en el mercado de la UE. Se confía en que los productores que lleven a cabo una producción más sostenible y unas cadenas de suministro más transparentes aumenten su cuota en el mercado de la UE y refuercen su competitividad en comparación con los productores que provocan deforestación, independientemente de su tamaño. El principal factor que influye en los costes de las obligaciones de diligencia debida es la complejidad de las cadenas de suministro y los riesgos asociados al país de origen, no el tamaño de las empresas. Aunque aplicar procedimientos de diligencia debida (y, cuando sea necesario, cambiar de cadenas de suministro) puede resultar más difícil para las pymes, el requisito de diligencia debida combinado con la evaluación comparativa puede permitir a los agentes y comerciantes que sean pymes beneficiarse de los menores costes de la diligencia debida simplificada si optan por productos procedentes de cadenas de suministro de riesgo bajo. La propuesta incluye un «sistema de información y comunicación» (artículo 29) para facilitar el tratamiento electrónico de la información tanto entre las autoridades competentes como entre estas y los agentes económicos. Ese sistema facilitará y racionalizará las obligaciones de los agentes y el control del cumplimiento por parte de las autoridades competentes. •Derechos fundamentales La opción de actuación propuesta exigirá que los productos se hayan producido de conformidad con la definición de «libre de deforestación» y con la legislación del país de producción. Esto implica que la legislación laboral, medioambiental y de derechos humanos aplicable en el país de producción (tanto nacional como internacional) deberá tenerse en cuenta a la hora de evaluar la conformidad de los productos con la presente iniciativa. Esto incluye los derechos de los pueblos indígenas, lo que se espera contribuya a la protección de los derechos de las comunidades locales vulnerables. A nivel de la Unión, la propuesta respeta la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y en particular su artículo 2 (derecho a la vida), el artículo 8 (protección de datos de carácter personal), el artículo 16 (libertad de empresa), el artículo 17 (derecho a la propiedad) y el artículo 37 (protección del medio ambiente). De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ella deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Solo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y mejorar la calidad del medio ambiente constituye, en particular, un objetivo de interés general reconocido por la Carta que podría justificar limitaciones a otros derechos fundamentales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS En la ficha de financiación legislativa adjunta a la presente propuesta se recogen las implicaciones en términos de recursos presupuestarios, humanos y administrativos. Se ha previsto un presupuesto total de 16 519 000 EUR para el establecimiento y aplicación del Reglamento durante los cinco primeros años de funcionamiento (según las previsiones provisionales, de 2023 a 2027). En él se incluye un presupuesto de 6 650 000 EUR con cargo a la rúbrica 7 del marco financiero plurianual (MFP) para recursos humanos (cinco puestos adicionales en la DG ENV encargados de la aplicación del Reglamento y la cooperación internacional, dos puestos adicionales en la DG INTPA para la cooperación y el desarrollo asociados, y un puesto en la DG TAXUD para la aplicación de las obligaciones aduaneras) y otros gastos administrativos. También incluye un presupuesto de 9 869 000 EUR con cargo a la rúbrica 3 del MFP. Este último está relacionado con el apoyo a diversas tareas de ejecución relacionadas con las disposiciones legislativas que llevarán a cabo los servicios de la Comisión de 2022 a 2027, incluidas contratos y posibles acuerdos administrativos. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Las autoridades de los Estados miembros (en particular, las autoridades competentes descritas en el capítulo 3) son responsables de la aplicación del presente Reglamento. A tal fin, elaborarán planes de inspección con un enfoque basado en el riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asignado por el sistema de evaluación comparativa de países. El marco de presentación de informes establecido en el artículo 20 se basa en la experiencia con el Reglamento sobre la madera y tiene por objeto reforzar la revisión de la actividad de supervisión de los Estados miembros, el contenido y la calidad de los controles, así como su seguimiento. El sistema debe revisarse al cabo de tres años de pleno funcionamiento para identificar cualquier problema y posible mejora, y posteriormente cada cinco años. El artículo 32 prevé específicamente que la primera revisión incluya una evaluación de la necesidad y viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a otros ecosistemas. Además, a más tardar dos años después de la entrada en vigor, la Comisión llevará a cabo una primera revisión del anexo I, siguiendo las indicaciones proporcionadas por pruebas científicas. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta · Artículo 1: objeto y ámbito de aplicación El artículo 1, apartado 1, establece el ámbito de aplicación rationae materiae del Reglamento, a saber, las «materias primas relevantes» (es decir, ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, soja y madera) y los productos derivados relevantes (es decir, los enumerados en el anexo I, que contengan materias primas relevantes, hayan sido alimentados con ellas o se hayan fabricado utilizándolas) a los que se aplicará el presente Reglamento. También aclara que el Reglamento se aplicará por igual a la introducción en el mercado y a la comercialización en la Unión, así como a la exportación desde la Unión. El apartado 2 aclara la aplicación rationae temporis del presente Reglamento y establece que este no será aplicable a las materias primas y productos derivados relevantes introducidos en el mercado de la Unión o exportados desde él que se hayan producido antes de la fecha de entrada en vigor, prevista en el artículo 36. ·Artículo 2: definiciones El artículo 2 establece las definiciones utilizadas a lo largo de la parte dispositiva del Reglamento. Entre ellas se incluyen las definiciones [puntos 1) a 8)] necesarias para que el objetivo principal del instrumento sea operativo, por ejemplo, «deforestación», «bosque», «plantaciones», «libre de deforestación» y «producido». Las definiciones se basan, en la medida de lo posible, en conceptos desarrollados a nivel internacional, en particular en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El establecimiento de una definición de «libre de deforestación» es una de las principales innovaciones del Reglamento propuesto en comparación con el Reglamento de la UE sobre la madera. Los resultados de la evaluación de impacto muestran que el establecimiento de un requisito común para las materias primas y productos derivados, independientemente de su país de producción, puede aumentar la eficacia de la intervención política, al evitar las lagunas asociadas a la deforestación legal y facilitar su aplicación a través del seguimiento por teledetección. Además, se espera que la definición de «libre de deforestación» evite la creación de incentivos erróneos para los países socios, que de otro modo podrían verse tentados a adoptar normas ambientales menos estrictas para facilitar el acceso de sus productos a la UE si en la propuesta solo se contemplaran controles de legalidad. La definición de «libre de deforestación» fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2020. Esto significa que ninguna materia prima o producto derivado incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento podrá entrar en el mercado de la UE o salir de él si se ha producido en tierras que hayan sido objeto de deforestación o degradación forestal después de esa fecha. La fecha propuesta reduce al mínimo las perturbaciones de las cadenas de suministro y las posibles repercusiones negativas en los países socios. Corresponde a los compromisos internacionales de detener la deforestación, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 15.2). El resto de las definiciones [puntos 9) a 30)] se refieren a los responsables del cumplimiento y a las actividades reguladas, como «agente», «comerciante», «introducción en el mercado», «comercialización», etc. En la medida de lo posible, se basan en conceptos ya existentes en la legislación de la UE en materia de mercado interior y de aduanas, y también abordan cuestiones específicas planteadas durante la aplicación del Reglamento sobre la madera. Las definiciones se han modificado ligeramente con respecto a la evaluación de impacto con el fin de aumentar su precisión jurídica y adaptarlas a la evolución de la legislación asociada de la UE. ·Artículo 3: prohibición El artículo 3 constituye la piedra angular del Reglamento porque establece claramente la prohibición de introducir o comercializar en el mercado de la Unión, o de exportar desde él, las materias primas y productos derivados relevantes de su ámbito de aplicación que no sean conformes con lo dispuesto en el presente Reglamento, junto con la aclaración de que siempre es necesaria una declaración de diligencia debida cuando se lleven a cabo tales actividades comerciales. La referencia a) a la deforestación y b) a la legalidad es necesaria para abordar de forma exhaustiva los objetivos del presente Reglamento. La prohibición contemplada en la letra c) complementa a las demás porque impone una obligación general de presentar declaraciones de diligencia debida cuando se introduzcan en el mercado materias primas y productos derivados relevantes. Esa prohibición garantiza que los agentes sean conscientes de sus obligaciones de diligencia debida y les disuade de omitir los procedimientos asociados. Sobre la base de la experiencia adquirida con el Reglamento sobre la madera, este requisito facilitará el control del cumplimiento y, en su caso, las acciones legales necesarias para remediar o sancionar infracciones. ·Artículo 4: obligaciones de los agentes El artículo 4 establece las obligaciones de los agentes en el marco del Reglamento. Describe el procedimiento de diligencia debida y, por lo tanto, sirve como norma general sobre las obligaciones de los agentes. El apartado 1 impone a los agentes la obligación de actuar con la diligencia debida en relación con todas las materias primas y productos derivados relevantes para garantizar que se atienen a la prohibición establecida en el artículo 3, letras a) y b), así como de presentar una declaración de diligencia debida antes de introducirlos en el mercado de la Unión o de exportarlos desde él. La información necesaria exigida por la declaración de diligencia debida se detalla en el anexo II. El apartado 2 describe el procedimiento específico para la presentación de las declaraciones de diligencia debida. Tras asegurarse de que la materia prima o el producto derivado relevante es conforme con el Reglamento, el agente debe presentar una declaración de diligencia debida al sistema de información (véase el artículo 31) antes de su introducción en el mercado. En el caso de las materias primas y productos derivados relevantes incluidos en el régimen de despacho a libre práctica o de exportación, en la declaración en aduana deberá hacerse referencia a la declaración de diligencia debida, lo que permitirá establecer una estrecha cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes. De conformidad con el apartado 3, los agentes asumen la responsabilidad de la conformidad de los productos mediante la declaración de diligencia debida. El apartado 4 exige explícitamente a los agentes que se abstengan de introducir en el mercado o de exportar productos si no presentan previamente una declaración de diligencia debida. El apartado 5 establece la misma obligación cuando 1) las materias primas y productos derivados relevantes no cumplan los requisitos de «libre de deforestación» o de «legalidad», o 2) cuando tras la diligencia debida se haya llegado a la conclusión de que existe un riesgo no despreciable de no conformidad, o 3) cuando no se haya completado el procedimiento de diligencia debida. El apartado 6 obliga a los agentes a tomar medidas e informar a las autoridades competentes en caso de que se disponga de nueva información después de concluido el procedimiento de diligencia debida y de haber presentado la declaración. ·Artículo 6: obligaciones de los comerciantes A efectos del presente Reglamento, como en caso del Reglamento sobre la madera, un comerciante puede definirse como «cualquier persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, comercialice en el mercado de la Unión materias primas y productos derivados relevantes» [artículo 2, letra j)]. En general, los comerciantes están sujetos a obligaciones menos estrictas que los agentes, ya que en el momento en que un comerciante puede acceder a las materias primas y productos derivados relevantes, estos ya han sido introducidos en el mercado. No obstante, los comerciantes, especialmente los grandes, tienen una influencia significativa en las cadenas de suministro y desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que las materias primas y productos derivados relevantes sean «libres de deforestación». Por ese motivo, este artículo distingue entre la obligación aplicable a los grandes comerciantes que no son pequeñas y medianas empresas (pymes) y las aplicables a los comerciantes que son pymes. De conformidad con los apartados 2 y 3, los comerciantes que sean pymes están obligados a establecer un registro de sus proveedores y clientes y a conservar esa información durante al menos cinco años y ponerla a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten. Se estima que este requisito solo implica costes insignificantes, ya que cabe esperar que esa información forme parte del funcionamiento normal de la empresa. También se espera que los comerciantes que sean pymes tomen medidas e informen a las autoridades competentes si se dispone de nueva información sobre la no conformidad de sus materias primas y productos derivados (apartado 4). Por su parte, los grandes comerciantes que no son pymes están sujetos a las mismas obligaciones que los agentes (apartado 5). Por consiguiente, los grandes comerciantes deben presentar una declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 4, pasando así a ser responsables de la conformidad de la materia prima o el producto derivado relevante con el presente Reglamento. Por otra parte, están sujetos al mismo procedimiento de diligencia debida que los agentes: además de recopilar información, deben haber llevado a cabo una evaluación del riesgo de conformidad con el artículo y, en caso necesario, haber reducido el riesgo con arreglo al artículo 10. Los comerciantes que son pymes están exentos de estas obligaciones. Del mismo modo, los grandes comerciantes están sujetos a los mismos controles que los de los agentes, contemplados en el artículo 15, mientras que los comerciantes que son pymes están sujetos a los controles a que se refiere el artículo 16. ·Artículo 8: diligencia debida El artículo 8 describe el procedimiento de diligencia debida que constituye la obligación de los agentes con arreglo al artículo 4, apartado 1, y de los comerciantes que no sean pymes con arreglo al artículo 6, apartado 5. Todo procedimiento de diligencia debida debe garantizar que el riesgo de introducción en el mercado de la UE o de exportación desde él de materias primas o productos derivados relevantes no conformes sea despreciable. Para ello, los agentes y los comerciantes que no sean pymes recopilarán toda la información pertinente (como se indica en el artículo 9), lo que constituye la primera etapa del procedimiento de diligencia debida. Sobre la base de esa información, identificarán y evaluarán el riesgo de que las materias primas y productos derivados relevantes no sean conformes con los requisitos del presente Reglamento (artículo 10, apartados 1 a 4, y apartado 6), lo que constituye la segunda etapa del procedimiento de diligencia debida. Cuando sea necesario, reducirán adecuadamente esos riesgos hasta un nivel despreciable (artículo 10, apartado 5), lo que constituye la tercera etapa del procedimiento de diligencia debida. La diligencia debida debe llevarse a cabo antes de introducir cualquier materia prima o producto derivado relevante en el mercado de la UE o antes de su exportación desde el mercado de la UE. Si la conclusión de la evaluación del riesgo es que el riesgo de que se introduzcan en el mercado de la UE materias primas o productos derivados no conformes no es despreciable, el agente debe adoptar medidas adecuadas para reducir el riesgo a un nivel despreciable. Si no se puede acceder a la legislación aplicable o a otra información pertinente, el riesgo no puede evaluarse de manera exhaustiva y, por tanto, no puede reducirse a un nivel despreciable. Si el riesgo no puede reducirse a un nivel despreciable, el agente no podrá introducir las materias primas y productos derivados relevantes en el mercado de la UE (artículo 10, apartado 1). ·Artículo 9: requisito de información Una innovación importante en comparación con el Reglamento sobre la madera es la obligación de presentar información geográfica prevista en el artículo 9, según el cual los agentes deben recopilar las coordenadas geográficas (o coordenadas de geolocalización, latitud y longitud) de todas las parcelas en las que se produjeron las materias primas y productos derivados relevantes. Puesto que la deforestación está vinculada al cambio del uso de la tierra, para realizar su seguimiento es preciso establecer un vínculo preciso entre la materia prima o el producto derivado introducido en el mercado de la UE o exportado desde él y la parcela de terreno en la que se cultivó o crio. La exigencia de identificar la parcela de terreno o la explotación donde se haya producido la materia prima permite utilizar imágenes y posicionamiento por satélite —herramientas digitales ampliamente disponibles y gratuitas— para comprobar si una materia prima o un producto derivado es o no conforme. La información geográfica sobre la parcela de terreno y el seguimiento por satélite son una combinación probada en la práctica que en el pasado resultó ser capaz de frenar la deforestación en una zona determinada y se espera que aumenten la eficacia de la intervención, al tiempo que hacen que el fraude en las cadenas de suministro sea más complicado y más fácil de detectar. La Unión ha desarrollado su propia tecnología de posicionamiento, navegación y temporización (PTN) por satélite (EGNOS/Galileo) y su propio sistema de observación y vigilancia de la Tierra (Copernicus). EGNOS/Galileo y Copernicus ofrecen servicios avanzados que aportan importantes beneficios económicos a los usuarios públicos y privados. Por consiguiente, las imágenes y el posicionamiento por satélite derivados del uso de EGNOS/Galileo y Copernicus pueden formar parte de la información utilizada para los controles del cumplimiento. La información geográfica que vincula los productos a la parcela de terreno ya es utilizada por el sector y las organizaciones de certificación, así como en relación con la legislación pertinente de la UE. La Directiva (UE) 2018/2001 exige información sobre la «zona de abastecimiento» en el caso de los países problemáticos. Una serie de normas de la UE garantizan la trazabilidad de la carne de vacuno desde el nacimiento hasta la muerte de los animales, incluso a través de medios como marcas auriculares, pasaportes para los bovinos y una base de datos informatizada.

·Artículo 10: evaluación y reducción del riesgo El artículo 10 describe las medidas que deben adoptarse para evaluar y reducir el riesgo de que se introduzcan en el mercado materias primas y productos derivados relevantes asociados a la deforestación y la degradación forestal. Así, este artículo describe detalladamente los criterios y las modalidades para llevar a cabo la evaluación y la reducción del riesgo, que son, respectivamente, las etapas 2 y 3 del procedimiento de diligencia debida, tal como se establece en el artículo 8. El apartado 1 del artículo 10 aclara la finalidad de la evaluación del riesgo, que es identificar la posible no conformidad con el presente Reglamento de las materias primas y productos derivados relevantes, y establece la obligación central de que los agentes no introduzcan en el mercado tales materias primas y productos derivados relevantes, a menos que puedan demostrar que el riesgo de no conformidad es despreciable. Según la definición del artículo 2, punto 18), un riesgo despreciable se da cuando una evaluación exhaustiva tanto de la información específica del producto como de la información general sobre la conformidad de las materias primas y productos derivados relevantes con el artículo 3, letras a) y b), no suscita preocupación. El apartado 2 desarrolla los criterios de evaluación del riesgo establecidos en el Reglamento sobre la madera y los matiza, y proporciona indicaciones adicionales a los agentes sobre los elementos que deben tenerse en cuenta, reflejando el hecho de que el presente Reglamento se centra tanto en la legalidad como en la sostenibilidad (es decir, «libre de deforestación»). Más allá del nivel de riesgo establecido por el sistema de evaluación comparativa de países, la lista incluye información sobre el país o zona de producción, las características de la materia prima o producto derivado relevante y de la cadena de suministro, así como otra información complementaria pertinente, como la certificación u otras herramientas de verificación por terceros, siempre que se cumplan los requisitos de información establecidos en el artículo 9. ·Artículo 12: procedimiento simplificado de diligencia debida El artículo 12 describe las obligaciones derivadas del abastecimiento de materias primas o productos derivados relevantes de un país o zonas de un país que haya sido evaluado como de riesgo bajo con arreglo a la evaluación comparativa de países descrita en el capítulo 4. Cuando el país de producción o zonas de él presentan un riesgo bajo con arreglo a la evaluación comparativa, los agentes siguen estando sujetos a la obligación prevista en el artículo 9 (etapa 1 del procedimiento de diligencia debida), es decir, deben recopilar información, documentos y datos que demuestren que las materias primas o productos derivados relevantes cumplen lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento. No obstante, se les dispensa de llevar a cabo las etapas segunda y tercera del procedimiento de diligencia debida, es decir, la evaluación y la reducción del riesgo descritas en el artículo 10. En este caso, pues, los agentes no están obligados, en principio, a demostrar que el riesgo de no conformidad es despreciable. No obstante, en caso de que el agente tenga conocimiento, por ejemplo a través de la recogida de información, de cualquier información relativa a un riesgo específico de no conformidad, deberán cumplirse todas las obligaciones del artículo 8 y, por tanto, las tres etapas del procedimiento de diligencia debida (artículo 12, apartado 2). ·Artículo 14: obligaciones de control El artículo 14 establece las obligaciones generales de las autoridades competentes en el marco del Reglamento. Sus apartados 1 y 2 imponen la obligación central de las autoridades competentes de llevar a cabo controles a los agentes y comerciantes a fin de evaluar si cumplen los requisitos de diligencia debida, así como de determinar si las materias primas y productos derivados relevantes introducidos o comercializados en el mercado de la Unión o exportados desde él cumplen el Reglamento. El apartado 3 hace referencia al plan basado en el riesgo, un instrumento clave que debe guiar los controles llevados a cabo por la autoridad competente. Los planes de control deben incluir criterios de riesgo para llevar a cabo el análisis del riesgo de las declaraciones de diligencia debida. Los planes deben revisarse periódicamente a la luz de los resultados de su aplicación. Los agentes y comerciantes que presenten un historial coherente de cumplimiento deben estar sujetos a una frecuencia de controles reducida. El apartado 4 exige que las autoridades competentes lleven a cabo el análisis del riesgo de las declaraciones de diligencia debida mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos integradas en el sistema de información establecido en el artículo 31. El apartado 5 establece que el análisis del riesgo debe permitir a las autoridades competentes identificar a los agentes o comerciantes o a las materias primas y productos derivados relevantes que deben someterse a control. El apartado 6 exige a las autoridades competentes que adopten medidas inmediatas en caso de que el análisis del riesgo revele que determinadas materias primas y productos derivados presentan un riesgo alto de no conformidad. Dichas medidas podrán incluir medidas provisionales para detener la comercialización o introducción en el mercado de las materias primas y productos derivados considerados. En el caso de las mercancías que entren en el mercado de la Unión o salgan de él, y una vez que se haya establecido la interfaz electrónica prevista en el artículo 26, apartado 1, las autoridades competentes podrán solicitar a las autoridades aduaneras que suspendan el despacho a libre práctica o la exportación de las mercancías de riesgo alto. La suspensión temporal de materias primas y productos derivados de riesgo alto debe permitir a las autoridades competentes llevar a cabo los controles necesarios de su conformidad. El apartado 7 establece un período inicial de suspensión de tres días laborables, que puede prorrogarse si las autoridades competentes requieren más tiempo. El apartado 8 dispone que las autoridades competentes deben intercambiar información y coordinar la elaboración de los criterios de riesgo incluidos en los planes de control. Esto debería fomentar una aplicación uniforme del Reglamento y mejorar su eficacia. El apartado 9 establece una importante obligación para los Estados miembros de garantizar la eficacia de los controles a través de sus autoridades competentes. Los dos parámetros utilizados garantizan el control de un determinado número de agentes y comerciantes, al tiempo que requieren un determinado porcentaje del valor de mercado en cada categoría de materias primas y productos derivados. Un enfoque dimensional, como el control de unos pocos agentes y comerciantes con una gran cuota de mercado o el de un número mayor de pequeños agentes y comerciantes con una cuota de mercado insignificante, no daría al presente Reglamento la eficacia necesaria y, por lo tanto, se descarta en el apartado 5. Los porcentajes de cobertura son necesarios para permitir un control exhaustivo del mercado que disuada de posibles infracciones. El apartado 10 se refiere al sistema de evaluación comparativa de países y establece la necesidad de un control exhaustivo (artículo 20) por parte de las autoridades competentes en relación con las materias primas y productos derivados producidos en países o zonas de países de riesgo alto. Así pues, vincula las obligaciones de las autoridades competentes con el sistema de evaluación comparativa en tres etapas (tal como se describe en el artículo 27). A pesar de la importancia de los controles realizados de conformidad con el plan basado en el riesgo, el apartado 11 aclara que las autoridades competentes deben llevar también a cabo controles fuera del ámbito de aplicación de dichos planes cuando dispongan de pruebas u otra información pertinente sobre una posible no conformidad con el presente Reglamento. ·Artículo 15: controles a los agentes Este artículo establece la obligación de las autoridades competentes de efectuar controles a los agentes. Se basa en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento sobre la madera, aunque aporta claridad y orientaciones adicionales sobre los criterios específicos para los controles que debe llevar a cabo la autoridad competente a fin de analizar mejor la documentación pertinente del sistema de diligencia debida utilizado y evaluar mejor el riesgo de no conformidad. Unas normas claras para los controles del cumplimiento efectuados por las autoridades competentes son un elemento esencial para garantizar una aplicación eficaz y uniforme del presente Reglamento en toda la Unión. El apartado 2 distingue entre medidas obligatorias y medidas facultativas. Las medidas obligatorias a que se refieren las letras a) a d) incluyen controles de la documentación y procedimientos de diligencia debida que no requieren análisis técnicos de productos u otras actividades in situ por parte de las autoridades competentes. Las medidas facultativas que figuran en las letras e) a h) incluyen inspecciones in situ y comprobaciones técnicas y científicas adecuadas para determinar el lugar exacto en el que se produjo la materia prima o el producto derivado relevante y si es «libre de deforestación». ·Artículo 19: presentación de información

El artículo 19 establece las obligaciones de los Estados miembros en materia de información sobre la aplicación del Reglamento propuesto. Este artículo se basa en el artículo 20 del Reglamento sobre la madera, relativo a la presentación de información, modificado posteriormente por el Reglamento (UE) 2019/1010, que armoniza las obligaciones de información de la legislación sobre medio ambiente. Por consiguiente, el artículo 19 confirma que los Estados miembros deben informar cada año sobre la aplicación del presente Reglamento (apartado 1) y que los servicios de la Comisión deben poner a disposición del público, con carácter anual, una visión general a nivel de la Unión sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros (apartado 3). El apartado 2 matiza la información que los Estados miembros deben facilitar para reforzar las obligaciones de información y permitir a la Comisión analizar con mayor precisión la calidad de la actividad de seguimiento de los Estados miembros. Esto está en consonancia con las conclusiones del Informe Especial n.º 21/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, que puso de relieve las deficiencias del sistema de presentación de informes en el marco del Reglamento sobre la madera y permitirá a la Comisión abordar eficazmente la recomendación del Tribunal de reforzar su revisión de los controles de los Estados miembros. ·Artículo 20: control exhaustivo Cuando las materias primas y productos derivados relevantes procedan de un país o zonas de un país que haya sido clasificado de riesgo alto con arreglo al sistema de evaluación comparativa de países descrito en el capítulo 5, serán objeto de un control exhaustivo por parte de las autoridades competentes pertinentes. A diferencia del artículo 12, el artículo 20 no matiza un conjunto diferente de obligaciones de diligencia debida para los agentes o comerciantes. Las autoridades competentes deben velar por que los controles que realicen anualmente abarquen al menos al 15 % de los agentes, así como al 15 % de la cantidad de materias primas y productos derivados relevantes producidos en países de riesgo alto o en zonas de los mismos. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 27, en el momento de la entrada en vigor del Reglamento, se asignará a todos los países un nivel de riesgo estándar. Por lo tanto, las citadas obligaciones se impondrán a las autoridades competentes en cuanto un país o zonas de un país de riesgo alto figuren en la lista que publicará la Comisión de conformidad con el artículo 27, apartado 1, y siempre que las materias primas y productos derivados relevantes producidos en países o zonas de países de riesgo alto se comercialicen o se introduzcan en su mercado. ·Artículo 22: medidas de vigilancia del mercado El artículo 22 impone a las autoridades competentes la obligación de actuar sin demora una vez que hayan determinado que una materia prima o un producto derivado relevante no es conforme con el presente Reglamento. En tal caso, las autoridades competentes deben exigir que el agente o comerciante pertinente adopte medidas correctoras adecuadas y proporcionadas para poner fin a la no conformidad. El apartado 2 describe las posibles medidas correctoras que el agente o comerciante puede estar obligado a adoptar. Esta disposición se inspira específicamente en el artículo 16 del Reglamento sobre vigilancia del mercado; según el artículo 3 de dicho Reglamento, «recuperación» es toda medida destinada a recobrar un producto ya puesto a disposición del usuario final; y «retirada», toda medida destinada a impedir la comercialización de un producto presente en la cadena de suministro. ·Artículo 23: sanciones El artículo 23 impone a los Estados miembros la obligación de establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento. La existencia y la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en los sistemas nacionales es un elemento fundamental para la aplicación efectiva y uniforme del presente Reglamento en toda la Unión. Por consiguiente, el apartado 2 establece la lista de sanciones que deben establecerse en los ordenamientos jurídicos nacionales. Esa lista incluye multas, la confiscación de las materias primas y productos derivados relevantes, así como la confiscación de ingresos, la suspensión o prohibición de las actividades económicas pertinentes y la exclusión de los agentes y comerciantes que infrinjan el Reglamento de los procedimientos de contratación pública. La legislación de los Estados miembros debe prever un importe de las multas variable en función del volumen de negocios anual del agente o comerciante que infrinja el Reglamento. Esto es especialmente importante, ya que disuade de infringir el Reglamento a los grandes agentes y comerciantes que no son pymes. Por lo tanto, responde al objetivo de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. ·Artículo 24: controles El artículo 24 establece las normas para el control de las materias primas y productos derivados relevantes incluidos en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» o «exportación». El apartado 2 establece que las autoridades competentes son responsables de verificar el cumplimiento del presente Reglamento, también en el caso de materias primas y productos derivados que entren en la Unión o salgan de ella. También aclara la interacción con las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y del Reglamento (UE) 2019/1020. El apartado 3 define el papel fundamental de las aduanas, consistente en controlar la correcta declaración de las materias primas y productos derivados relevantes que entran en el mercado de la Unión o salen de él. La declaración de diligencia debida en relación con una materia prima o un producto derivado relevante que entre en la Unión o salga de ella se registrará en el sistema de información a que se refiere el artículo 31. De conformidad con el apartado 4, dicho sistema de información asignará a continuación un número de referencia a la declaración de diligencia debida, que se pondrá a disposición de la aduana al presentar la declaración en aduana para el despacho a libre práctica o la exportación de dicha materia prima o producto derivado relevante, excepto cuando la declaración de diligencia debida se presente de conformidad con el artículo 26, apartado 2. El apartado 5 exige que, cuando se presente una declaración en aduana para el despacho a libre práctica o la exportación de una materia prima o un producto derivado relevante que entre en el mercado de la Unión o salga de él, las autoridades aduaneras deben verificar el estado de la declaración de diligencia debida en relación con dicha materia prima o producto derivado relevante utilizando la interfaz electrónica a que se refiere el artículo 26, apartado 1. El apartado 6 establece que, cuando el análisis del riesgo realizado por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 14, apartado 4, determine que una materia prima o un producto derivado relevante presenta un riesgo alto de no conformidad con los requisitos del presente Reglamento, el estado de la declaración de diligencia debida en relación con esa materia prima o producto derivado relevante se modificará en consecuencia en el sistema de información. En tales circunstancias, las autoridades aduaneras deben suspender el despacho a libre práctica o la exportación de esa materia prima o producto derivado relevante. El apartado 7 indica las condiciones en las que las autoridades aduaneras deben permitir el despacho a libre práctica o la exportación de una materia prima o un producto derivado relevante. El apartado 8 establece la línea de actuación en caso de que las autoridades competentes concluyan que una materia prima o un producto derivado relevante que entre en el mercado de la Unión o salga de él no es conforme con el presente Reglamento. En tal caso, las autoridades competentes deben modificar en consecuencia el estado de la declaración de diligencia debida correspondiente en el sistema de información y también pueden indicar en ese sistema que se oponen a la inclusión de la materia prima o el producto derivado relevante en otros regímenes aduaneros.

Tras la notificación de dicho estado, las autoridades aduaneras no deben autorizar el despacho a libre práctica o la exportación de esa materia prima o producto derivado relevante y deben incluir un aviso en el sistema aduanero de tratamiento de datos y, cuando sea posible, en cualquier documento que acompañe a esa materia prima o producto derivado relevante. Cuando la materia prima o el producto derivado relevante se declare posteriormente para otros regímenes aduaneros, y siempre que las autoridades competentes no se opongan a tal inclusión, los agentes incluirán el aviso en las declaraciones en aduana de los agentes y ese aviso se registrará, en las mismas condiciones, en el sistema aduanero de tratamiento de datos y, cuando sea posible, en los documentos de acompañamiento utilizados en el marco de dichos procedimientos. De conformidad con el apartado 10, las autoridades aduaneras podrán destruir o inutilizar de otro modo una materia prima o un producto derivado relevante que no sea conforme a petición de las autoridades competentes o cuando lo consideren necesario y proporcionado. El coste de esa medida correrá a cargo del titular de la materia prima o del producto derivado relevante. ·Artículo 25: intercambio de información y cooperación entre autoridades Este artículo impone la obligación de que las autoridades competentes, las autoridades aduaneras y la Comisión cooperen en la aplicación del Reglamento (apartado 1). Los apartados 2 y 3 establecen un vínculo con los mecanismos de cooperación e intercambio de información previstos en el Reglamento (UE) n.º 952/2013. ·Artículo 26: interfaces electrónicas El apartado 1 exige a la Comisión que establezca una interfaz electrónica para conectar el entorno de ventanilla única de la UE con el sistema de información establecido en virtud del artículo 31. El apartado 2 establece la funcionalidad básica de dicha interfaz, y el apartado 3 faculta a la Comisión para adoptar actos de ejecución con objeto de definir los datos detallados y el funcionamiento de la interfaz. ·Artículo 27: evaluación de los países El artículo 27 introduce el sistema de evaluación comparativa de países, que es un elemento clave del presente Reglamento. El objetivo de la evaluación comparativa es incentivar a los países para que garanticen una protección y gobernanza reforzadas de los bosques, faciliten el comercio y calibren mejor los esfuerzos de control del cumplimiento ayudando a las autoridades competentes a concentrar los recursos allí donde sean más necesarios y reducir los costes de cumplimiento de las empresas. A través del sistema de evaluación comparativa, la Comisión evaluará el riesgo de que los países, o zonas de los mismos, produzcan materias primas y productos derivados relevantes que no sean «libres de deforestación». El sistema de evaluación comparativa asignará a cada país o zonas de él un nivel de riesgo, de tres posibles: riesgo bajo, estándar y alto. En el momento de la entrada en vigor del Reglamento, se asignará a todos los países un nivel de riesgo estándar. La evaluación se basará en los criterios expuestos en el apartado 2. El apartado 3 describe el procedimiento que debe seguir la Comisión antes de cambiar de categoría de riesgo a un país o zonas de él. Como parte de ese procedimiento se solicitará al país que responda en un plazo adecuado y facilite la información que se considera útil, por ejemplo sobre las medidas adoptadas por el país para remediar la situación. La Comisión puede hacer pública la clasificación del riesgo del país mediante la adopción de actos de ejecución y actualizar la lista cuando sea necesario, en caso de que nuevas pruebas científicas lo requieran. Las obligaciones de los agentes y las autoridades competentes de los Estados miembros se diferencian según el nivel de riesgo del país de producción o de zonas de él con obligaciones simplificadas de diligencia debida para los agentes que se abastecen de países de riesgo bajo o de zonas de ellos (artículo 12) y un control exhaustivo por parte de las autoridades competentes que comprueban materias primas y productos derivados relevantes producidos en países de riesgo alto o zonas de los mismos (artículo 20). ·Artículo 29: preocupaciones justificadas de personas físicas o jurídicas De conformidad con los artículos 15 y 16, una autoridad competente podrá llevar a cabo controles de agentes y comerciantes cuando esté en posesión de información pertinente, incluso sobre la base de preocupaciones justificadas comunicadas por terceros. De conformidad con el artículo 2, punto 21), por «preocupación justificada» debe entenderse una reclamación fundamentada basada en información objetiva y verificable sobre la no conformidad con el presente Reglamento y que pueda requerir la intervención de las autoridades competentes. Las preocupaciones justificadas pueden referirse a envíos, proveedores, agentes, comerciantes o cualquier situación específica en determinados países de producción que genere riesgos de introducción en el mercado de materias primas y productos derivados relevantes y que, en consecuencia, puedan requerir la intervención de las autoridades competentes. Las preocupaciones justificadas formaban parte también del sistema establecido en el Reglamento sobre la madera (artículo 10, apartado 2). El artículo 29 se basa en esa experiencia y aclara las obligaciones de la autoridad competente de evaluar las preocupaciones justificadas y adoptar las medidas operativas que puedan ser necesarias para detectar infracciones y evitar la introducción y circulación en el mercado interior. Las preocupaciones justificadas también son pertinentes para agentes y comerciantes. El artículo 4, apartado 6, del presente Reglamento impone a los agentes que hayan tenido conocimiento, a través de una preocupación justificada, de la no conformidad de una materia prima o un producto derivado relevante, la obligación de informar inmediatamente a la autoridad competente del país en el que el producto haya sido introducido en el mercado o desde el que haya sido exportado. La misma obligación se aplica a los comerciantes, independientemente de su tamaño (artículo 6, apartados 4 y 5). El artículo 10, apartado 2, letra i), también exige que se tenga en cuenta como criterio de evaluación del riesgo la existencia de una preocupación justificada. ·Artículo 31: sistema de información «Registro» El artículo 31 exige a la Comisión que establezca un sistema de información a través del cual las declaraciones de diligencia debida previstas en el artículo 4, apartado 2, deben ponerse a disposición de las autoridades competentes. El apartado 2 establece las funciones mínimas exigidas del sistema, incluida, entre otras cosas, su conexión con las aduanas a través del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El apartado 3 encomienda a la Comisión la tarea de establecer las normas de funcionamiento del sistema a través de un acto de ejecución.

Los apartados 4 y 5 se refieren al acceso al sistema de información. Como base de datos central para la aplicación del Reglamento, los agentes y comerciantes, así como las autoridades competentes, deben tener acceso al sistema, y los detalles de ese acceso dependerán de sus obligaciones. Un público más amplio también debe tener acceso a los datos, de forma anonimizada. ·Artículo 32: revisión El artículo 32 establece las normas que rigen la revisión del Reglamento. El apartado 1 prevé la realización de un primer proceso de revisión a más tardar dos años después de la entrada en vigor, tras lo cual deberá presentarse un informe y podrán presentarse propuestas legislativas para modificar el Reglamento. Esa primera revisión se centrará en la necesidad y la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a otros ecosistemas además de los bosques y a otras materias primas. La revisión general prevista en el apartado 2 tendrá lugar cinco años después de la fecha prevista en el artículo 32, apartado 2, es decir, doce meses después de la entrada en vigor. Esta disposición también anticipa el contenido de esa primera revisión general, que incluirá una evaluación de la conveniencia de introducir nuevos instrumentos que faciliten el comercio y del impacto de los primeros años de aplicación del presente Reglamento en los agricultores. Por último, el apartado 3 se centra en la revisión de los productos pertinentes enumerados en el anexo 1. Esa revisión tendrá lugar dos años después de la entrada en vigor del Reglamento y, posteriormente, a intervalos regulares, permitiendo así una cobertura progresiva de productos. La modificación de la lista de productos incluidos en el anexo 1 se llevará a cabo mediante un acto delegado (apartado 4). ·Artículo 36: entrada en vigor y fecha de aplicación El presente Reglamento será aplicable a partir de la fecha de su entrada en vigor. No obstante, el apartado 2 establece que los artículos 3 a 12, 14 a 22, 24, 29 y 30 se aplicarán doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento. No obstante, según el apartado 3, esos artículos serán aplicables veinticuatro meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento a los agentes que sean microempresas, establecidos a más tardar el 31 de diciembre de 2020, excepto en el caso de los productos cubiertos por el anexo del Reglamento (UE) n.º 995/2010 (Reglamento sobre la madera). Esos retrasos en la aplicación crean un período transitorio en el que no son aplicables las obligaciones de los agentes y comerciantes, ni las que incumben a las autoridades competentes relativas a los controles. Ese período transitorio, que es más largo para las microempresas, dará a los agentes y comerciantes tiempo suficiente para adaptarse a sus obligaciones en virtud del Reglamento. 2021/0366 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 995/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: (1)Los bosques aportan una gran variedad de beneficios ambientales, económicos y sociales, incluidos la madera y los productos forestales distintos de la madera, y prestan servicios medioambientales esenciales para la humanidad, ya que albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de nuestro planeta. Mantienen las funciones ecosistémicas, contribuyen a la protección del sistema climático, proporcionan aire limpio y desempeñan un papel fundamental en la purificación de las aguas y los suelos, así como en la retención de agua. Además, los bosques proporcionan sustento e ingresos a aproximadamente un tercio de la población mundial, y su destrucción tiene graves consecuencias para los medios de subsistencia de las poblaciones más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen enormemente de los ecosistemas forestales. Además, la deforestación y la degradación forestal provocan la reducción de sumideros esenciales de carbono y aumentan la probabilidad de que se propaguen nuevas enfermedades de los animales a los seres humanos. (2)La deforestación y la degradación forestal están avanzando a un ritmo alarmante. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo (alrededor del 10 % de los bosques que quedan en el mundo y una superficie mayor que la Unión Europea). La deforestación y la degradación forestal son, a su vez, factores importantes del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad en el mundo: los dos problemas medioambientales más importantes de nuestra época. El mundo, sin embargo, sigue perdiendo cada año 10 millones de hectáreas de bosque. (3)La deforestación y la degradación forestal contribuyen de muchas maneras a la crisis climática mundial. Y, lo que es más importante, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero a través de los incendios forestales asociados, la eliminación permanente de capacidades de sumidero de carbono, la reducción de la resiliencia al cambio climático de las zonas afectadas y la merma considerable de su biodiversidad. La deforestación, por sí sola, es responsable del 11 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. (4)La crisis climática provoca la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y la pérdida de biodiversidad, por su parte, agrava el cambio climático, por lo que ambos fenómenos están estrechamente ligados, como lo confirman estudios recientes. La biodiversidad contribuye a atenuar el cambio climático. Los insectos, las aves y los mamíferos actúan como polinizadores y dispersadores de semillas y pueden ayudar, directa o indirectamente, a almacenar carbono con mayor eficiencia. Los bosques también garantizan un reaprovisionamiento constante de recursos hídricos y la prevención de sequías y sus efectos perjudiciales para las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas. Reducir drásticamente la deforestación y la degradación forestal y restaurar sistemáticamente los bosques y otros ecosistemas representan la mayor oportunidad natural para mitigar el cambio climático. (5)La biodiversidad es esencial para la resiliencia de los ecosistemas y los servicios que estos prestan, tanto a nivel local como mundial. Más de la mitad del producto interior bruto mundial depende de la naturaleza y de los servicios que esta proporciona. Tres grandes sectores económicos (construcción, agricultura y alimentación y bebidas) dependen enormemente de la naturaleza. La pérdida de biodiversidad constituye una amenaza para unos ciclos hidrológicos sostenibles y nuestros sistemas alimentarios, y pone así en peligro nuestra seguridad alimentaria y nuestra nutrición. Más del 75 % de los distintos tipos de cultivos alimentarios en el mundo depende de la polinización animal. Además, varios sectores industriales dependen de la diversidad genética y de los servicios ecosistémicos como insumos esenciales para la producción, especialmente en el caso de los medicamentos. (6)El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación son preocupaciones de la máxima importancia mundial que afectan a la supervivencia de la humanidad y a unas condiciones de vida sostenidas en la Tierra. La aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente, y ejemplos tangibles de sus efectos devastadores sobre la naturaleza, las condiciones de vida humana y las economías locales, han llevado al reconocimiento de la transición ecológica como el objetivo más trascendental de nuestra época y una cuestión de equidad intergeneracional. (7)El consumo de la Unión es un factor sumamente importante de la deforestación y degradación forestal en todo el mundo. La evaluación de impacto de la iniciativa estimó que, sin una intervención reguladora adecuada, el consumo y la producción en la UE de las seis materias primas incluidas en el ámbito de aplicación (madera, ganado bovino, soja, aceite de palma, cacao y café) harán que de aquí a 2030 la deforestación aumente hasta aproximadamente 248 000 hectáreas. (8)Por lo que se refiere a la situación de los bosques en la UE, el informe sobre el estado de los bosques de Europa de 2020 afirma que, entre 1990 y 2020, la superficie forestal en Europa aumentó en un 9 %, el carbono almacenado en la biomasa creció un 50 % y el suministro de madera subió un 40 %. No obstante, menos del 5 % de los bosques europeos se consideran bosques primarios o naturales de acuerdo con el informe sobre el estado del medio ambiente de 2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente. (9)En 2019, la Comisión adoptó varias iniciativas para hacer frente a la crisis medioambiental mundial, incluidas acciones específicas en materia de deforestación. En su Comunicación «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo», la Comisión señaló como prioridad la reducción de la huella sobre la tierra asociada al consumo de la Unión y el fomento del consumo de productos procedentes de cadenas de suministro libres de deforestación en la Unión. La Comisión, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo», estableció una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos y ninguna persona o lugar se quedará atrás. Su objetivo es proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos y las generaciones futuras frente a los riesgos y efectos medioambientales. Además, el Pacto Verde Europeo aspira a proporcionar a los ciudadanos y a las generaciones futuras, entre otras cosas, aire fresco, agua limpia, suelo sano y biodiversidad. A tal fin, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la Estrategia «de la granja a la mesa», la Estrategia de la UE en favor de los bosques, el Plan de Acción de la UE «Contaminación cero» y otras estrategias pertinentes desarrolladas en el marco del Pacto Verde Europeo destacan también la importancia de actuar en pro de la protección y la resiliencia de los bosques. En particular, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad tiene por objeto proteger la naturaleza e invertir la degradación de los ecosistemas. Por último, la estrategia sobre bioeconomía de la UE refuerza la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, al tiempo que aborda la creciente demanda de alimentos, piensos, energía, materiales y productos mediante la búsqueda de nuevas formas de producir y consumir. (10)Los Estados miembros han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la deforestación persistente. Subrayaron que, dado que las políticas y acciones actuales a nivel mundial en materia de conservación, restauración y gestión sostenible de los bosques no son suficientes para detener la deforestación y la degradación forestal, es necesaria una actuación reforzada de la Unión para contribuir de manera más eficaz a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015. El Consejo apoyó específicamente el anuncio presentado por la Comisión en la Comunicación «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» de que su intención de evaluar otras medidas reglamentarias y no reglamentarias y de elaborar las propuestas correspondientes. (11)El Parlamento Europeo destacó que la destrucción continua de los bosques del mundo está relacionada, en gran medida, con la expansión de la producción agrícola, en particular la conversión de los bosques en tierras agrícolas dedicadas a la producción de una serie de materias primas y productos derivados de gran demanda. El 22 de octubre de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución de conformidad con el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en la que pedía a la Comisión que presentara, sobre la base del artículo 192, apartado 1, del TFUE, una propuesta de «marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión». (12)La lucha contra la deforestación y la degradación forestal constituye una parte importante del conjunto de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir el compromiso de la Unión en el marco del Pacto Verde Europeo, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015 y el compromiso jurídicamente vinculante en virtud de la Legislación Europea sobre el Clima de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y reducir de aquí a 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990. (13)La expansión agrícola causa cerca del 90 % de la deforestación mundial: más de la mitad de las pérdidas de bosque se debe a su conversión en tierras de cultivo, mientras que casi el 40 % de esas pérdidas corresponde al pastoreo. (14)Entre 1990 y 2008, la Unión importó y consumió una tercera parte de los productos agrícolas objeto de comercio mundial asociados a la deforestación. Durante ese período, el consumo de la Unión fue responsable del 10 % de la deforestación mundial asociada a la producción de bienes o servicios. Aunque su cuota relativa está disminuyendo, el consumo de la UE es un factor que influye de manera desproporcionada en la deforestación. Por consiguiente, la Unión debe tomar medidas para minimizar la deforestación y la degradación forestal a nivel mundial impulsadas por su consumo de determinadas materias primas y productos derivados y, de ese modo, intentar reducir su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial, así como promover modelos sostenibles de producción y consumo en la Unión y en el mundo. Para que tenga el mayor impacto posible, la política de la Unión debe aspirar a influir en el mercado mundial, no solo en las cadenas de suministro de la Unión. A este respecto, son fundamentales las asociaciones y una cooperación internacional eficaz con los países productores y consumidores. (15)Detener la deforestación y la degradación forestal es una parte esencial de los ODS. El presente Reglamento debe contribuir, en particular, al cumplimiento de los siguientes objetivos: vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), acción por el clima (ODS 13), producción y consumo responsables (ODS 12), hambre cero (ODS 2) y salud y bienestar (ODS 3). No se ha cumplido el objetivo pertinente 15.2 de detener la deforestación antes de 2020, lo que pone de relieve la urgencia de adoptar medidas ambiciosas y eficaces. (16)El presente Reglamento también debe responder a la Declaración de Nueva York sobre los bosques, una declaración política no vinculante que respalda un calendario mundial para reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales antes de 2020 y hacer todo lo posibles por detenerla de aquí a 2030. La Declaración recibió el apoyo de decenas de gobiernos, muchas de las mayores empresas del mundo y organizaciones influyentes de la sociedad civil y de pueblos indígenas. Además, instó al sector privado a cumplir el objetivo de eliminar la deforestación asociada a la producción de productos agrícolas básicos como el aceite de palma, la soja, el papel y los productos a base de carne de vacuno a más tardar en 2020, objetivo que no se ha alcanzado. Por otra parte, el Reglamento debe contribuir al Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques (2017-2030), cuyo Objetivo forestal mundial 1 es invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo mediante la gestión forestal sostenible, incluidas actividades de protección, restauración, forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para prevenir la degradación de los bosques y contribuir a las iniciativas mundiales para hacer frente al cambio climático. (17)El presente Reglamento también debe responder a la Declaración de los líderes de Glasgow de 2021 sobre los bosques y el uso de la tierra, que reconoce que para cumplir con nuestros objetivos de uso de la tierra, clima, biodiversidad y desarrollo sostenible, tanto a nivel mundial como nacional, se requerirán más acciones transformadoras en las áreas interconectadas de producción y consumo sostenibles; desarrollo de infraestructuras; comercio, finanzas e inversiones, y apoyo a los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los signatarios también subrayaron en dicha Declaración que redoblarán sus esfuerzos compartidos para facilitar políticas de comercio y desarrollo, a nivel internacional y nacional, que promuevan el desarrollo sostenible y la producción y el consumo sostenibles de materias primas, que redunden en beneficio mutuo de los países y que no impulsen la deforestación y la degradación de la tierra. (18)Como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión se ha comprometido a promover un sistema multilateral de comercio universal, basado en normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la OMC, así como una política comercial abierta, sostenible y firme. Por consiguiente, el ámbito de aplicación del presente Reglamento incluirá tanto materias primas y productos derivados producidos en la Unión como materias primas y productos derivados importados a la Unión. (19)El presente Reglamento responde también a la Comunicación de la Comisión «Una política comercial abierta, sostenible y firme», que afirma que como consecuencia de la aparición de nuevos desafíos internos y externos, y más concretamente del nuevo mode