Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países"

(COM(2003) 49 final - 2003/0019 (CNS))

(2003/C 220/16)

El 17 de junio de 2003, de conformidad con el apartado 2 del articulo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de mayo de 2003 (ponente: Sr. Pariza Castaños).

En su 400o Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2003 (sesión del 18 de junio), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 82 votos a favor, 5 votos en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. EL CESE considera necesario realizar en el presente Dictamen una valoración sobre la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsiones de nacionales de terceros países, por diversos motivos.

1.2. En su día, cuando la Presidencia francesa adoptó la iniciativa de proponer al Consejo esta Directiva, el CESE no fue consultado, y por lo tanto no tuvo la oportunidad de emitir el preceptivo dictamen.

1.3. El CESE, en todos sus dictámenes, ha desarrollado un criterio favorable para que la Unión Europea disponga de una política común de inmigración y de asilo, de acuerdo con el mandato del Tratado y para desarrollar el enfoque político del Consejo de Tampere; y, en consecuencia, ha reforzado los progresos en la armonización de la legislación comunitaria sobre estos asuntos.

1.4. No es posible emitir un dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, sin incluir previamente una opinión en relación con la citada Directiva, que es la base para el reconocimiento de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros.

1.5. Los criterios técnicos y de procedimiento para compensar los desequilibrios financieros no se pueden analizar sin un análisis político y jurídico de la Directiva 2001/40/CE, en relación con el necesario respeto de todas las garantías que otorga nuestro ordenamiento comunitario, establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH), para las personas que pueden ser afectadas por dicha Directiva.

1.6. Por lo tanto, el CESE desea en este Dictamen incluir sus consideraciones respecto a la Directiva 2001/40/CE, antes de pasar al análisis de la Propuesta de Decisión del Consejo para la compensación de los desequilibrios financieros conforme al artículo 7 de la citada Directiva.

2. Síntesis de la Directiva del Consejo 2001/40/CE

2.1. La Directiva 2001/40/CE del Consejo de 28 de mayo de 2001, que se inscribe en el marco del Consejo Europeo de Tampere (15 y 16 de octubre de 1999), aprobó el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países.

2.2. La citada Directiva tiene como objetivo permitir el reconocimiento de una decisión de expulsión adoptada por una autoridad competente de un Estado miembro contra un nacional de un tercer país que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro.

2.3. Las expulsiones a que se refiere la Directiva conciernen a los siguientes casos:

a) el nacional de un tercer país es objeto de una decisión de expulsión basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales y adoptada en los siguientes casos:

- Condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro a causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año.

- Existencia de sospechas fundadas de que el nacional de un tercer país ha cometido hechos punibles graves o existencia de indicios reales de que tiene la intención de cometer tales hechos en el territorio de un Estado miembro.

b) El nacional de un tercer país objeto de una decisión de expulsión basada en el incumplimiento de las normas nacionales sobre entrada o residencia de extranjeros.

2.4. En el caso de que el interesado fuera titular de un permiso de residencia expedido por el Estado miembro de ejecución o por otro Estado miembro, el primero consultará al Estado miembro autor y al Estado que haya expedido el permiso.

2.5. La existencia de una decisión de expulsión adoptada conforme al apartado a) del artículo 3.1 de la precitada Directiva permitirá retirar dicho permiso, siempre que la legislación nacional del Estado que haya expedido el permiso lo autorice, siendo concordante con lo estipulado en el artículo 25.2 del Convenio de Schengen.

2.6. Las decisiones de expulsión contempladas en la Directiva no deberán ser revocadas ni suspendidas por el Estado miembro autor.

2.7. Los Estados miembros se cerciorarán de que el nacional de un tercer país podrá recurrir contra toda medida contemplada en los casos en que procede la expulsión.

2.8. Se garantizarán la protección de datos de carácter personal y la seguridad de los datos personales y la libre circulación de estos datos. Los ficheros de datos personales podrán utilizarse únicamente para los fines que establecidos en el Acuerdo de Schengen.

2.9. Las autoridades de los Estados miembros utilizarán todos los medios de cooperación y de intercambio de informaciones. En este marco de cooperación el Estado miembro autor proporcionará al Estado miembro de ejecución todos los documentos necesarios para certificar por los medios adecuados más rápidos que la naturaleza ejecutiva de la decisión de expulsión tiene carácter permanente.

2.10. El Estado miembro de ejecución examinará previamente la situación de la persona interesada para cerciorarse de que ni los actos internacionales pertinentes ni las normas nacionales aplicables se oponen a que se haga ejecutiva la decisión de expulsión.

2.11. Los Estados miembros compensarán entre ellos el desequilibrio financiero que pueda resultar de la aplicación de la presente Directiva cuando no pueda realizarse a cargo del nacional o nacionales de un país tercero.

2.12. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento de la Directiva a más tardar el 2 de diciembre de 2002, así como los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países.

3. Síntesis de la propuesta de Decisión del Consejo

3.1. Propuesta de Decisión de Consejo por el que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países.

3.2. La aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsiones de los nacionales de terceros países, puede generar desequilibrios financieros cuando las decisiones de expulsión no pueden ejecutarse a expensas del nacional del tercer país interesado, por lo tanto deben adoptarse criterios y modalidades prácticas apropiadas para la compensación bilateral de los Estados miembros.

3.3. Los repartos de los costes financieros en el marco de la cooperación entre los Estados miembros en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, no pueden alcanzarse de manera suficiente solo por los Estados miembros por lo que puede ser necesario actuaciones a escala comunitaria.

3.4. El Estado miembro emisor de una decisión de expulsión compensara al Estado miembro ejecutor por cualquier desequilibrio financiero que resultara de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE. El reembolso se efectuará a petición del Estado miembro ejecutor sobre la base de los costes reales.

3.5. Se considerarán costes mínimos recuperable para cada repatriado y hasta un máximo de dos escoltas por repatriado incluyendo los siguientes gastos:

- Gastos de transporte

- Gastos administrativo

- Alojamiento.

3.6. Los Estados miembros podrán acordar sobre la base bilateral rembolsar los gastos que excedan de los costes mínimos o rembolsar otros gastos adicionales.

3.7. Las solicitudes de reembolso se cursarán por escrito e irán acompañadas de los oportunos justificantes de los costes recuperables. No podrá exigirse reembolso por la ejecución de las decisiones de expulsión emitidas más de tres años antes de su ejecución. Podrán rechazarse las solicitudes de reembolso presentadas más de un años después de la correspondiente ejecución.

3.8. Los pagos se abonarán a la autoridad competente del Estado miembro ejecutor dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud por el punto de contacto nacional del Estado miembro emisor. Los Estados pueden establecer acuerdos bilaterales en relación con la forma de pago. Cualquier rechazo de pago deberá establecerse por escrito, motivando las razones para comunicarle a la autoridad competente del Estado miembro ejecutor dentro de los tres meses.

3.9. Los puntos de contacto nacional deberán presentar a la Comisión un informe anual que deberá incluir declaraciones sobre la aplicación de la Decisión y recomendaciones para la mejora de criterios y modalidades prácticas.

4. Observaciones sobre la Directiva 2001/40/CE

4.1. La citada Directiva parte de un planteamiento equivocado al establecer el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, sin que exista todavía una legislación común de inmigración y de asilo. El CESE ha reclamado en varios dictámenes que es necesario acelerar los trabajos del Consejo para elaborar una adecuada legislación común de inmigración y de asilo, desarrollando las conclusiones del Consejo de Tampere, para gestionar con más eficiencia los flujos migratorios. Sin embargo esta legislación, hasta el momento, se encuentra "detenida" en el Consejo, que de manera contradictoria, acelera los trabajos legislativos en relación con el retorno obligatorio y el reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión. El Consejo está retrasando la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia donde los derechos y deberes de los ciudadanos de terceros países sean garantizados adecuadamente.

4.2. No obstante, contribuye a la armonización de la legislación comunitaria para el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsiones de los nacionales de terceros países.

4.3. Con esta Directiva, el Consejo sigue "empezando la casa por el tejado", tal como el CESE ya advirtió en dictámenes anteriores. La aplicación de esta norma es precipitada mientras no se disponga de normas y criterios armonizados, como por ejemplo sobre la protección subsidiaria que se otorga a los asilados (y lo solicitantes de asilo) de acuerdo con el Convenio de Ginebra de 1951, tal como ha sido manifestado en el Dictamen(1) del CESE sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento relativa a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales".

4.4. Por lo tanto, el mecanismo de reconocimiento mutuo de decisiones de expulsión debería situarse en el marco de una legislación común de inmigración y de asilo. Mientras no se disponga de la legislación común, cualquier Estado miembro ejecutor se verá obligado a prestar colaboración en la ejecución de una sanción de expulsión en supuestos que su propia legislación no contempla, o que impide expresamente. Esta Directiva repite los errores y las faltas de garantías que en muchos aspectos tiene el Convenio de Schengen.

4.5. Es positivo que la Directiva no se aplique a los miembros de las familias de los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho a la libre circulación; el CESE entiende que esta protección se extiende a todos los familiares independientemente de su nacionalidad (pueden ser nacionales de países no miembros de la Unión Europea).

4.6. En la aplicación de lo previsto en esta Directiva, el CESE considera que no se respetan adecuadamente algunas de las garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales, y las del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto, exige a los Estados miembros que respeten todas las garantías citadas así como a las contempladas en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.

4.7. El CESE considera que las decisiones de expulsión o retorno forzoso no pueden ser sólo decisiones administrativas, pues deben intervenir los tribunales de justicia. A todas las personas afectadas por estos procedimientos de expulsión o retorno forzoso, se les debe garantizar la tutela de los tribunales de justicia con las debidas garantías del Estado de Derecho, y de conformidad con la legislación de cada Estado miembro. No se podrá ejecutar la expulsión cuando existan medidas cautelares de suspensión y/o revocación dictada por una autoridad judicial o administrativa.

4.8. El Estado miembro de ejecución de una medida de expulsión no debe limitarse a "cerciorarse" desde un punto de vista formal, sino que ha de garantizar de forma material la tutela judicial, para que el nacional de un tercer país pueda recurrir contra toda medida de expulsión según la legislación del Estado miembro de ejecución(2). El recurso judicial contra toda medida de expulsión o retorno forzoso debe tener siempre efectos suspensivos, pues ésta es la única forma de garantizar los derechos fundamentales de la persona(3).

4.9. Sin cuestionar la naturaleza de una "resolución permanente", el Estado miembro de ejecución que examine la situación de la persona interesada debe tomar en consideración aspectos jurídicos como la prescripción y la caducidad; humanitarios como la situación del país de origen(4) (guerras civiles(5), persecuciones, catástrofes); personales, como padecer una grave enfermedad(6) etc.(7); arraigo, como los vínculos con familiares en el país miembro ejecutor u otros países miembros de la UE; y la pérdida de vínculos personales con el país de origen por la larga ausencia del país que puedan hacer ineficaz una orden de expulsión.

4.10. El CESE considera que los Estados miembros que ejecuten las decisiones de expulsión, en el desarrollo de los procedimientos, también deben garantizar a las personas afectadas el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en base a la legislación vigente en dicho Estado.

4.11. El CESE(8) respalda a la Comisión cuando propone políticas de retorno voluntario. En consecuencia, hay que considerar que las expulsiones y el retorno forzoso son decisiones muy duras, que se deben aplicar sólo en circunstancias excepcionales, por lo que las autoridades deben analizar de forma individualizada cada caso, y considerar otras alternativas en función del arraigo laboral de la persona, su situación familiar y su integración en la sociedad de acogida(9).

4.12. Las decisiones en materia de expulsión no serán de aplicación a los nacionales de terceros países que:

- residan legalmente en un Estado de la UE y

- estén integrados por sus relaciones laborales y familiares y

- hayan perdido los vínculos con el tercer país de origen a consecuencia de una ausencia prolongada.

Estos nacionales de terceros países deberán someterse plenamente a las leyes, igual que cualquier nacional de la UE.

4.13. En las expulsiones, es importante puntualizar que la decisión de la expulsión tiene que estar basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacional establecidas mediante una resolución judicial dictada por los tribunales de justicia. Las consecuencias administrativas deben ser proporcionales a las resoluciones judiciales(10). El concepto que utiliza la Directiva de "existencia de sospechas fundadas" puede suponer la violación de ciertos derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Art. 1 de la CEDH)(11) y por la Carta de los Derechos Fundamentales. Ciertamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos proclama determinados derechos a favor de los extranjeros que vayan a ser expulsados. Además existe abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que debe ser tenida en cuenta en la legislación de la Unión.

5. Observaciones sobre la Propuesta de Decisión del Consejo

5.1. La Propuesta de Decisión del Consejo tiene como objetivo que los costes reales que se deriven de la aplicación de una expulsión, cuando no puedan efectuarse a expensas del nacional del país tercero interesado, sean abonados por el Estado miembro autor de la decisión de expulsión, para evitar desequilibrios económicos en la aplicación de la Directiva 2001/40/CE.

5.2. El CESE considera que el procedimiento propuesto en la Decisión del Consejo para compensar los desequilibrios financieros se podrá establecer sólo cuando exista una legislación común de inmigración y asilo.

5.3. En situaciones excepcionales, cuando se desplacen numerosas personas a los Estados miembros a causa de crisis humanitarias, podrá establecerse un presupuesto comunitario con el fin de asegurar el trato adecuado a las personas afectadas por los procedimientos de retorno.

5.4. Los Estados miembros sólo deberán compensar los gastos derivados de la aplicación de la Directiva en aquellas expulsiones que sean firmes conforme a la tutela judicial efectiva y con el respeto a los derechos humanos.

5.5. El CESE considera que no es aceptable que los Estados miembros de la UE financien los gastos de la expulsión de personas cuando, tras las investigaciones necesarias, se constate una vulneración los derechos humanos. Recuerda que los artículos 3, 5, 6, 8, y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y los artículos 3, 4, 19, 24, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales son de aplicación a los procedimientos de expulsión.

5.6. Los Estados miembros tienen dificultades para alcanzar acuerdos de readmisión con algunos países terceros. Es conveniente que la UE, en el ámbito de su política exterior, alcance acuerdos para la readmisión. La UE puede firmar convenios de repatriación con terceros países, y en los mismos debe incorporar cláusulas de respeto a los derechos humanos para los readmitidos, garantizando que no serán sancionados por motivos de su salida del territorio. Estos acuerdos deberán ser complementados con otros instrumentos políticos, económicos y sociales de interés para los terceros países, en el marco de la política exterior de la Unión, como ha sido propuesto en el Dictamen del CESE(12) sobre el Libro Verde relativo a una política de comunitaria de retorno de los residentes ilegales.

5.7. Es muy importante que en el futuro la UE establezca una adecuada relación entre política de inmigración y política de desarrollo. En este contexto, algunas actuaciones de retorno bien gestionadas pueden ser positivas tanto para el desarrollo económico y social de los países terceros, como para la integración de las personas afectadas.

5.8. El CESE considera necesario establecer programas para fomentar el retorno voluntario a través de las organizaciones internacionales y ONG. Dichos programas pueden ser financiados por la UE como lo recomienda el Dictamen(13) del CESE sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal". En muchas ocasiones será más eficaz la ejecución de las decisiones de expulsión, a través de su conversión en acuerdos de retorno, dedicando a los mismos, el presupuesto previsto para la gestión de las decisiones de expulsión.

5.9. El artículo 2, apartado 4, permite que los Estados miembros realicen acuerdos bilaterales para reembolsar gastos cuando superen los mínimos establecidos. Esta práctica favorecerá que puedan llevarse a cabo vuelos charter de expulsados a su país de origen para reducir los costes de transporte. Las condiciones del transporte deben garantizar el respeto a la dignidad de la persona y el derecho a su vida y a su integridad física y psíquica.

5.10. Aunque este método colectivo de gestionar las expulsiones no corresponde jurídicamente al tipo de "expulsiones colectivas", el CESE recomienda que su utilización se limite a situaciones excepcionales. Conviene recordar que el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe las expulsiones colectivas.

5.11. Para los reembolsos, es adecuada la limitación en el tiempo durante los tres años siguientes a la emisión de una decisión de expulsión. También es adecuado que se rechace cualquier solicitud de reembolso presentada más de un año después de la ejecución. Cualquier rechazo de pago deberá estar suficientemente motivado.

5.12. La creación de los puntos de contacto nacionales garantizará una adecuada gestión, con la máxima transparencia, sobre la base de una normativa común y con el procedimiento legalmente establecido.

5.13. La Decisión del Consejo propone que se puedan financiar los gastos de alojamiento por un período no superior a tres meses. El CESE en el Dictamen(14) sobre el Libro Verde relativo a una política de retorno de los inmigrantes ilegales, manifestó que la detención en espera de traslado no debe superar los treinta días, y que los centros de detención deben ser específicos, y no en cárceles para delincuentes. Sólo podrá utilizarse la cárcel como lugar de detención, en los casos en los que la expulsión viene causada por la condena tras cometer algún delito.

5.14. En los informes anuales que cada punto de contacto presentará a la Comisión, deberá agregarse un dato que especifique el motivo de la orden de expulsión en base al artículo 3 de la Directiva, así como el coste financiero de las repatriaciones forzosas ejecutadas.

6. Observaciones finales

6.1. Cuando exista una política común de inmigración y de asilo, los mecanismos de compensación financiera para la gestión de las decisiones de expulsión serán más rápidos y eficaces. El método abierto de coordinación debe ser complementario a la legislación común y no una excusa que evite su desarrollo.

6.2. Las limitaciones presupuestarias no deben nunca reducir el grado de la protección y el trato debido hacia las personas afectadas por las decisiones de expulsión. En ningún caso los límites presupuestarios pueden suponer prolongaciones ilegítimas del tiempo de detención, ni reducción de la calidad del trato a las personas, ni limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales (con la excepción de la libertad de movimiento).

6.3. Hay que considerar a determinados grupos con situaciones especiales, como establece el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en cuyo caso no procede la expulsión como medida sancionadora. Se debe hacer extensible esta consideración a las personas especialmente vulnerables, como lo recomienda el citado Dictamen del Comité Económico y Social sobre el Libro Verde relativo a una política de comunitaria de retorno de los residentes ilegales(15) que se encuentren en alguna de estas situaciones:

- Cuando el retorno suponga separación familiar, si implica separación con los hijos o ascendientes.

- Cuando suponga un perjuicio grave para los menores a su cargo.

- Cuando la persona sufra grave enfermedad física o psíquica.

- Cuando la persona pueda tener riesgos graves para su seguridad, vida y libertad, en el país de origen o de tránsito.

Bruselas, 18 de junio de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Dictamen del CESE sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales" - DO C 85 de 8.4.2003.

(2) TJCE, Sentencia de 9.11.2000, que establece: "Además, el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 8 de la Directiva en el sentido de que no cabe deducir de dicha disposición que los Estados miembros estén obligados a admitir la presencia de un extranjero en su territorio mientras dure el proceso, a condición, sin embargo, de que éste pueda tener un proceso equitativo y ejercitar todos los medios de defensa (sentencia de 5 de marzo de 1980, Pecastaing, 98/79, Rec. 691, apartado 13)".

(3) Dictamen del CESE sobre el "Libro Verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales" DO C 61 de 14.3.2003.

(4) Dictamen del CESE sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal" DO C 149 del 21.6.2002 y DO C 61 de 14.3.2003.

(5) Ver jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente el caso de la STEDH Ahmed/Austria, del 17.12.1996, suspensión de una orden de expulsión de un ciudadanos somalí por la circunstancia de evidente peligro en su país de origen (Somalia) porque su expulsión implicaría la violación de la Convención por parte de Austria; Hatami vs. Suecia, de 9.10.1998, sobre la decisión de expulsar hacia Irán a un iraní, expulsión suspendida y después anulada.

(6) STEDH B.B. vs Francia, de 7.10.1998: sobre amenaza de reenvío de un ciudadano de la República del Congo (ex-Zaire) enfermo de Sida a su país de origen, donde no podrá beneficiarse de un tratamiento médico apropiado. En igual sentido el caso Andric vs Suecia, Majic vs Suecia y otros, de 23.2.1999, que establece que la orden de expulsión debe suspenderse mientras el extranjero reciba tratamiento psiquiátrico obligatorio.

(7) DO C 61 de 14.3.2003.

(8) DO C 85 de 8.4.2003 y DO C 61 de 14.3.2003.

(9) Todo expediente administrativo de expulsión tiene una pervivencia en el tiempo (a pesar de los mecanismos de rapidez que muchos Estados miembros han incorporado a su legislación), durante esa prolongación en el tiempo es posible el sobrevenimiento de factores o circunstancias que modifiquen el estatus jurídico del extranjero (matrimonio, nacimiento de hijo de nacionalidad de un Estado miembro de la UE, etc.) y circunstancias que hagan ineficaz una decisión de expulsión desde el punto de vista humanitario.

(10) Las legislaciones de los Estados miembros prohíben la doble penalización. Recientemente, la Presidencia griega ha elaborado una iniciativa para una Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio "ne bis in idem".

(11) STEDH, de 13 de diciembre de 2001, Caso Ezzouhdi contra Francia, "El recurrente entró en Francia a la edad de 5 años, donde reside desde entonces. Cursó sus estudios en Francia y trabajó varios años. Su madre y sus hermanos también residen en Francia, por lo que la medida de prohibición de residencia sí incide, a juicio del Tribunal, en el derecho a su vida familiar. Por otra parte las medida adoptada se basaba en una condena por uso y consumo de estupefacientes prevista en el CP ... El Tribunal considera que los delitos por los que fue condenado el demandante (dos años de cárcel por delitos contra la legislación sobre estupefacientes vinculados principalmente con el uso y consumo de drogas) no se sostienen de manera razonable que por esos delitos, el demandante constituya una amenaza grave para el orden de público, como la muestra la levedad de la pena impuesta pese a la constatación de reincidencia. Los delitos cometidos por el demandante no podrían considerarse ni separadamente ni en su conjunto de tal gravedad, teniendo en cuenta la severidad de la injerencia al poseer vínculos con Francia y no parece tener con Marruecos otra relación que la nacionalidad, frente al carácter definitivo de la prohibición".

(12) DO C 61 de 14.3.2003.

(13) Dictamen del CESE sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal" - DO C 149 de 21.6.2002.

(14) DO C 61 de 14.3.2003.

(15) La propia Comisión recomienda que Una política europea en materia de retorno debe ser respetuosa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, como tal, debe inscribirse en el contexto de las políticas de la Unión Europea sobre los derechos humanos, tanto dentro de la Unión como en sus relaciones exteriores. El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea reafirma que la Unión Europea "se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros".