COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.9.2020 SWD(2020) 321 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2020





Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Portugal que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2020



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}



Resumen El sistema judicial portugués sigue afrontando desafíos en lo que respecta a su eficiencia, concretamente en los tribunales de lo contencioso-administrativo y lo tributario. Se están desarrollando diversas iniciativas para mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia, haciendo hincapié en la implantación de soluciones digitales en todo tipo de tribunales. Asimismo, se han llevado a cabo importantes reformas para adaptar el mapa judicial y repartir los recursos existentes entre las necesidades identificadas. Tras alegarse infracciones específicas en el sistema electrónico de reparto de asuntos, el Consejo Superior de la Magistratura ha impuesto sanciones disciplinarias y está investigando posibles irregularidades en este ámbito. El marco jurídico penal de lucha contra la corrupción está ampliamente instaurado, y se está desarrollando una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Hasta diciembre de 2019, cuando el Gobierno anunció su intención de elaborarla, no existía un planteamiento estratégico coordinado en esta materia, sino que se introducían respuestas políticas y legislativas de manera muy fragmentada para subsanar los diversos defectos a medida que se tenía constancia de ellos. Aun así, se ha seguido avanzando en la lucha contra la corrupción gracias a la fiscalía especializada y a la policía judicial. No obstante, existen limitaciones al enjuiciamiento efectivo de los delitos de corrupción debido a la falta de recursos y especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En 2019 se aprobó y entró en vigor un paquete legislativo sobre la transparencia en cargos públicos, declaraciones patrimoniales e incompatibilidades. Por el momento, las acciones preventivas son limitadas, y el Consejo para la Prevención de la Corrupción no tiene capacidad suficiente en cuanto a recursos y especialización, por lo que se encarga principalmente de labores de concienciación. Recientemente se ha creado la Entidad de Transparencia, encargada de supervisar y llevar a cabo un seguimiento de las declaraciones patrimoniales y los conflictos de intereses, aunque todavía no está en funcionamiento. La Constitución consagra la libertad de expresión y de información, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Asimismo, prevalece una cultura de respeto hacia la libertad editorial de los periodistas. Se considera que la autoridad reguladora de los medios de comunicación audiovisuales (Entidade Reguladora para a Comunicação Social o ERC) es independiente y eficaz. En cuanto a otros ámbitos de interés, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que las sentencias penales por difamación vulneran la libertad de expresión. El sistema judicial incluye disposiciones relativas a la divulgación de información sobre la propiedad y la financiación de los medios de comunicación, así como relacionadas con la transparencia de las campañas publicitarias del Estado. La entidad reguladora de los medios de comunicación se encarga de supervisar ambos aspectos. Además, el acceso a la información y a la documentación que obra en poder de los organismos públicos está protegido por leyes específicas. En lo que respecta al sistema de contrapoderes institucionales, el control de constitucionalidad ofrece la posibilidad de realizar una revisión ex ante y ex post, y atañe también a la omisión legislativa. El Defensor del Pueblo ostenta amplias funciones para garantizar los derechos fundamentales, y la falta injustificada de colaboración con él está castigada con sanciones penales. Hay garantías de la transparencia del proceso legislativo, y la participación de las partes interesadas está asegurada. Por su parte, el Consejo Superior de la Magistratura tiene derecho a proponer iniciativas legislativas para la mejora de las instituciones judiciales. Por último, la sociedad civil goza de un marco legislativo propicio y es activa.

I.Sistema judicial El sistema judicial portugués se caracteriza por abarcar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los juzgados de primera y segunda instancia, así como el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, los tribunales de lo contencioso-administrativo y lo tributario de primera y segunda instancia, y el Tribunal de Cuentas. El Consejo Superior de la Magistratura, el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario, y el Consejo Superior del Ministerio Público ejercen acciones disciplinarias sobre los magistrados correspondientes y ostentan las funciones de gestión pertinentes. Asimismo, tienen competencia para designar, trasladar y ascender a jueces y fiscales, que son nombrados por el consejo competente mediante oposición general y según las calificaciones obtenidas en los cursos de formación obligatorios del Centro de Estudios Judiciales. La Fiscalía es independiente del poder judicial y funciona de forma autónoma del poder ejecutivo. Además, dispone de su propio sistema de gobierno, cuya entidad de mayor rango es la Fiscalía General. El Colegio de Abogados es una entidad jurídica independiente de Derecho público, que desempeña funciones reguladoras en el ejercicio de sus facultades públicas. Independencia Se están planteando cambios en la composición de los consejos superiores del sistema judicial. El Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo (que lo preside), dos miembros designados por el presidente de la República, siete miembros electos por el Parlamento y siete jueces elegidos por sus homólogos de conformidad con el principio de representación proporcional. Puesto que los consejos superiores están dotados de importantes facultades en lo que respecta a los nombramientos y carreras judiciales, se ha hecho hincapié en la importancia de salvaguardar su independencia de la influencia política. En 2018, el Parlamento rechazó una propuesta legislativa destinada a modificar la composición del Consejo Superior del Ministerio Público para aumentar el número de miembros no profesionales, de modo que la mayoría de los miembros de dicho consejo siguen siendo fiscales. En 2019, se distribuyó informalmente una propuesta similar para modificar la composición del Consejo Superior de la Magistratura, pero no prosperó. Si bien esta propuesta no se ha puesto sobre la mesa formalmente para su debate en el Parlamento, es importante que cualquier cambio tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. Se está examinando el sistema electrónico de reparto de asuntos en los tribunales. El reparto de asuntos tanto en los tribunales judiciales como de lo contencioso-administrativo y de lo tributario se lleva a cabo por vía electrónica a través de un sistema que realiza una asignación aleatoria atendiendo a un algoritmo predefinido, lo que permite consultar la distribución de los asuntos a través de internet. Sin embargo, a principios de 2020 se produjeron alegaciones de fallos del sistema e interferencias con la asignación aleatoria de los asuntos, cuando algunos de los principales jueces fueron imputados en un caso de corrupción de alto nivel, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El Consejo Superior de la Magistratura ha impuesto sanciones disciplinarias a dos de los jueces involucrados y está llevando a cabo una investigación sobre las posibles irregularidades en el reparto de los asuntos. Asimismo, el Consejo Superior abordó la situación públicamente, haciendo hincapié en la gravedad de estas acusaciones y los posibles daños que podrían implicar respecto de la percepción de la justicia que tienen los ciudadanos y las empresas. El nivel de percepción de la independencia judicial entre el público general ha disminuido. Entre el público general, el nivel de percepción de la independencia de los tribunales y jueces es intermedio (un 40 % la califican de «bastante buena» o «muy buena»), pero ha descendido desde 2017. Las empresas tienen una percepción más positiva (un 45 % la califican de «bastante buena» o «muy buena»), lo que supone una mejora con respecto a los años anteriores. Se han modificado el Estatuto del Ministerio Público y el Estatuto de la Magistratura. Una característica de ambas versiones revisadas es la eliminación de un umbral máximo, aplicable hasta entonces, de la remuneración del presidente del Tribunal Supremo y del fiscal general, que lo vinculaba a la remuneración del primer ministro. Estas enmiendas garantizan carreras paralelas a los jueces y fiscales. El nuevo Estatuto del Ministerio Público también adapta la estructura de los servicios de fiscalía a la nueva organización territorial introducida por las reformas del mapa judicial de 2013 y 2019. Además, incluye disposiciones destinadas a dejar claros los límites de la intervención jerárquica en los procedimientos penales. Durante el proceso legislativo, se consultó al Consejo Superior de la Magistratura, al Consejo Superior del Ministerio Público y a las asociaciones profesionales correspondientes. Calidad Se han llevado a cabo nuevas reformas del mapa judicial y de la especialización de los tribunales. Esta reorganización se adoptó en respuesta a una evaluación de la reforma general del mapa judicial llevada a cabo en 2013, y tiene por objetivo abordar algunos de los defectos detectados. Concretamente, incluyó la reapertura de veinte tribunales que se habían cerrado durante la reforma de 2013, a fin de aumentar la proximidad con los ciudadanos. Asimismo, la nueva reforma también establece un mayor grado de especialización mediante la creación de tribunales más especializados, concretamente en ámbitos en los que no existían anteriormente, así como la recalificación de los tribunales existentes. La reforma también pretende lograr un mejor reparto de los recursos existentes teniendo en cuenta el volumen de trabajo de los tribunales. Las autoridades esperan que esta reforma tenga un impacto positivo en la eficiencia de los tribunales. Por otro lado, también han entrado en vigor las enmiendas al Estatuto de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario. Estas modificaciones prevén, concretamente, la creación de cuatro nuevos tipos de salas especializadas: la sala de contratación pública, la sala de lo social contencioso-administrativo, la sala de recaudación tributaria y la sala de revisión de infracciones. Las primeras salas especializadas entrarán en funcionamiento en septiembre de 2020 y se integrarán en aquellos tribunales donde se ha detectado más trabajo acumulado. Continúan implantándose medidas para mejorar la digitalización del sistema judicial. En particular, mediante una enmienda al Código de Procedimiento Civil se implantó el principio de «digital por defecto» a todos los procedimientos civiles. El mismo principio ya era aplicable a los procedimientos tributarios y contencioso-administrativos. En concreto, las partes y los asesores jurídicos ahora pueden acceder a los expedientes y seguir todas las actuaciones procesales a través de internet. Se está llevando a cabo la segunda fase del programa «Justiça + Próxima», basado en cuatro pilares: eficiencia, innovación, proximidad y humanización. Este programa incluye el proyecto «Tribunal + 360º», que pretende implantar la digitalización total y un sistema sin papel en los tribunales, además de simplificar el contacto y la comunicación entre los ciudadanos y los tribunales. También se están introduciendo cambios en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para lograr que la experiencia de los ciudadanos en los tribunales resulte más sencilla. Las autoridades prevén la implantación total del proyecto «Tribunal + 360º» para 2023. En paralelo, se están desarrollando iniciativas de formación para familiarizar a los magistrados y secretarios judiciales con las nuevas herramientas. Se está debatiendo acerca de los recursos dedicados al sistema judicial. La asignación reducida de recursos presupuestarios al sistema judicial y la falta de recursos materiales y humanos es una preocupación que a menudo manifiestan las partes interesadas. Por ejemplo, el número total de jueces asignados a los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario en primera instancia está considerablemente por debajo de lo que establece el marco jurídico, algo que las partes interesadas relacionan con los problemas de eficiencia identificados en estos tribunales. Algunas de las medidas anunciadas para mejorar la eficiencia de los tribunales siguen pendientes debido a las limitaciones presupuestarias. Así ocurre con la creación de gabinetes consultivos para ayudar a los jueces: aunque figuran en la ley, el Consejo Superior ha informado de que la implantación de esta medida no será posible a falta de recursos específicos. La insuficiencia de los recursos humanos y técnicos a disposición de los servicios de fiscalía también se ha identificado como un obstáculo para un enjuiciamiento eficiente. Se han adoptado diversas medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el funcionamiento del sistema judicial. En el contexto de la pandemia de COVID-19, Portugal declaró el estado de emergencia, seguido por el estado de calamidad. Durante este periodo se adoptaron diversas medidas relativas al funcionamiento de los tribunales, concretamente para la aplicación de regímenes de teletrabajo y la posibilidad de celebrar vistas y llevar a cabo otros procedimientos de forma telemática. Las partes interesadas recalcan la importancia que tuvieron las herramientas digitales existentes para evitar la parálisis total del sistema durante este periodo. Aunque la distribución de los asuntos urgentes y no urgentes no llegó a interrumpirse en los tribunales de primera instancia, los plazos de los asuntos no urgentes quedaron suspendidos y los actos no urgentes se aplazaron. En el marco del levantamiento progresivo de las medidas de emergencia, Portugal prevé una serie de medidas relativas al ámbito judicial. En concreto, para hacer frente a los asuntos que hayan podido sufrir retrasos y a un posible aumento de los litigios, se ha creado un régimen temporal de reducción de las tasas judiciales con el fin de facilitar los acuerdos judiciales. Además, se reforzará el personal (jueces y secretarios judiciales) de los tribunales de lo laboral y lo mercantil, puesto que se espera un aumento de casos en los servicios económicos y sociales. Eficiencia A pesar de las mejoras introducidas, la eficiencia del sistema judicial sigue afrontando desafíos. Este problema se ha abordado en una recomendación específica por país en el marco del Semestre Europeo de 2020 con respecto a la necesidad de mejorar la eficiencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. Portugal ha realizado esfuerzos para solucionar estos problemas implantando diversas medidas para mejorar la eficiencia de sus tribunales. Concretamente, se han creado equipos de reacción rápida para tramitar los casos pendientes en los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. Estos esfuerzos se han traducido en mejoras considerables de la eficiencia. Sin embargo, los tribunales todavía tienen un número comparativamente elevado de asuntos pendientes, y los procedimientos siguen siendo prolongados. Estos problemas afectan especialmente a la justicia contencioso-administrativa y tributaria, puesto que la duración de los procedimientos en Portugal es de las más elevadas de la UE. En este sentido, cabe señalar que el plazo de resolución en los tribunales de lo contencioso-administrativo y lo tributario sigue siendo superior a 900 días en primera instancia, y a 1000 días en segunda instancia. Asimismo, a pesar de que la tasa de resolución ha superado el 100 %, Portugal sigue teniendo una de las tasas de pendencia más elevadas en casos contencioso-administrativos. En este sentido, también el Consejo de Europa ha puesto de manifiesto los problemas de eficiencia en los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario.

II.Marco de lucha contra la corrupción Las competencias para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción están repartidas entre varios organismos. El Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), dependiente de la Fiscalía General, y la Unidad Nacional de Lucha contra la Corrupción de la policía, son los organismos designados para investigar los casos de corrupción. El Tribunal de Cuentas también desempeña un papel importante en la lucha contra la corrupción. El Consejo para la Prevención de la Corrupción, que forma parte del Tribunal de Cuentas y está presidido por el presidente de este, es la autoridad responsable de la coordinación y el análisis de las actividades de prevención de la corrupción. Las últimas revisiones legislativas han creado una nueva Autoridad de Transparencia dentro del Tribunal Constitucional, que se encargará de supervisar y verificar las declaraciones patrimoniales. Asimismo, en diciembre de 2019 se anunció una estrategia nacional de lucha contra la corrupción que incluirá acciones como el informe nacional sobre la lucha contra la corrupción. En el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Portugal obtuvo una puntuación de 62/100 y ocupó el décimo puesto en la Unión Europea y el trigésimo en el mundo . El 94 % de los portugueses encuestados en el marco del Eurobarómetro especial de 2020 sobre corrupción considera que esta es habitual en su país (71 % de media en la UE), y el 59 % cree que la corrupción le afecta personalmente en su vida diaria (26 % de media en la UE). En lo que respecta a las empresas, el 92 % considera que la corrupción está extendida (63 % de media en la UE) y el 53 % considera que supone un problema cuando hace negocios (37 % de media en la UE). El 34 % de los ciudadanos cree que el número de procesamientos en su país es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (36 % de media en la UE), mientras que el 16 % de las empresas cree que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a altos funcionarios reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE). El marco jurídico penal de lucha contra la corrupción está ampliamente instaurado. El soborno activo o pasivo en los sectores público y privado, el tráfico de influencias, el desfalco y la malversación están tipificados en el Código Penal . Una reforma llevada a cabo en 2015 supuso la promulgación de diversas disposiciones de Derecho penal en consonancia con las recomendaciones del GRECO, especialmente en lo que respecta a la calificación de crimen para algunos delitos. Se está elaborando una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Tras anunciar su intención de establecer esta estrategia en diciembre de 2019, el Gobierno ha creado un grupo de trabajo encargado de desarrollarla. El grupo de trabajo tiene, inter alia, la función de redactar un informe nacional de lucha contra la corrupción, revisar el marco de protección de las personas que informan sobre infracciones, revisar la legislación para garantizar que no permite fraudes, mejorar los procesos de contratación pública, reforzar la transparencia de la financiación de los partidos políticos y asegurar que las medianas y grandes empresas disponen de planes de prevención de la corrupción. El 3 de septiembre, el Consejo de Ministros inició una consulta pública sobre la propuesta de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. El informe sobre Portugal del Semestre Europeo de 2020 señaló que hace falta una estrategia clara para crear un marco legislativo y político coherente y robusto de lucha contra la corrupción. La Fiscalía están realizando esfuerzos para mejorar su eficiencia, incluido en lo que respecta al tratamiento de casos de corrupción de alto nivel. El Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) y sus departamentos regionales (los DIAP) son los principales responsables de la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción. En cuanto a la investigación, el DCIAP se encarga de asuntos que abarcan varias regiones o que son especialmente complejos. Asimismo, lleva a cabo las actuaciones de coordinación necesarias entre diversos departamentos . El DCIAP está coordinado por un director (fiscal general adjunto) nombrado por el fiscal general, 3 fiscales adjuntos y 31 fiscales, y en el ejercicio de sus funciones cuenta con la asistencia de la policía judicial, que dispone de una unidad nacional especializada en la lucha contra la corrupción. Se ha seguido trabajando para mejorar la trayectoria de la Fiscalía, incluso en lo que respecta a los asuntos de corrupción de alto nivel . Al mismo tiempo, un porcentaje considerable de las investigaciones relacionadas con la corrupción concluye sin formular acusación alguna. En cuanto a la aplicación de sanciones por delitos de corrupción en 2017, solo el 10 % de las personas condenadas por delitos de corrupción fueron sentenciadas a penas de prisión, y en el 83 % de los casos se dictaminó la suspensión de las penas. En 2018, un 12,3 % recibieron condenas efectivas de prisión, mientras que en un 73,6 % de los casos se dictaminó la suspensión de las penas . La Unión de Fiscales ha señalado una carencia persistente de recursos en la unidad especializada de la policía judicial a la hora de rastrear los flujos financieros ilegales, así como una falta de especialización entre los fiscales para la investigación de delitos económicos y financieros. Según el DCIAP, esto puede afectar a la eficacia de la acción judicial. A fin de abordar las necesidades de formación y especialización, así como para facultar a los departamentos regionales para que puedan llevar a cabo actuaciones e investigaciones penales con vistas a un tratamiento más eficiente de las investigaciones complejas, se prevén medidas organizativas y que permitan seguir desarrollando sus capacidades. El Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC) es el organismo público responsable de llevar a cabo acciones nacionales relativas a la prevención de la corrupción y los delitos relacionados. El CPC es una entidad independiente que depende del Tribunal de Cuentas y está presidida por el presidente de dicho tribunal. La capacidad del CPC en términos de recursos humanos y financieros es muy limitada. Las actividades del CPC en el ámbito de la prevención de la corrupción se centran sobre todo en proporcionar directrices sobre riesgos de corrupción y organizar campañas de concienciación en las escuelas. El consejo también colabora con varios ministerios a fin de integrar los planes contra la corrupción en las auditorías, y publica estadísticas sobre el tratamiento de quejas sobre prácticas corruptas, incluidas las relacionadas con acusaciones y sentencias judiciales firmes . En 2019 se introdujeron nuevas normas a fin de aumentar la transparencia y la integridad en la vida pública. Como respuesta a diversas polémicas de las que dieron cuenta los medios de comunicación y relacionadas con lazos familiares en los altos cargos del Gobierno y el gabinete, en septiembre de 2019 entraron en vigor nuevas normas para el nombramiento de asesores para los gabinetes y de personal apoyo, dirigentes y gestores públicos. La ley introduce reglas más estrictas para impedir el nepotismo y los conflictos de intereses. Meses antes, también en 2019, concluyó un proceso legislativo más amplio dirigido a promulgar diversas disposiciones de lucha contra la corrupción. El proceso, encabezado por una comisión parlamentaria ad hoc establecida en 2016 para reforzar la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, dio pie a revisiones del marco de integridad de los diputados y altos funcionarios, centrándose particularmente en algunos aspectos del sistema de declaración patrimonial y de intereses, así como en las normas relativas a las incompatibilidades. Concretamente, la nueva ley prevé la creación de la Entidad de Transparencia, un nuevo organismo encargado de supervisar y verificar las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por las personas que ocupen cargos políticos y los altos funcionarios designados mediante nombramiento. Esta entidad estará adscrita al Tribunal Constitucional. El objetivo de la reforma es solventar los defectos del sistema de verificación patrimonial, que también fueron objeto de varias recomendaciones del GRECO, concretamente en lo que respecta a los diputados. No obstante, todavía hay que valorar su verdadero alcance y eficacia, puesto que la Entidad de Transparencia todavía no está en activo. En el marco de las reformas de 2019, el Parlamento también aprobó un código de conducta para los diputados. Se trata del primer documento de esta naturaleza en el Parlamento . El código establece que, en el ejercicio de sus funciones, los diputados deben cumplir los principios generales de conducta, concretamente los de libertad, independencia, defensa del interés público, transparencia y responsabilidad política. También se ha revisado el Estatuto de los Diputados para introducir un nuevo conjunto de disposiciones relativas al interés público, la transparencia y la responsabilidad política. Asimismo, se ha introducido una nueva serie de incompatibilidades. En general, los diputados no pueden compaginar su cargo en el Parlamento con otras funciones públicas, incluidos los cargos de funcionario . La enmienda reciente amplió el alcance de lo que se puede considerar función pública de modo que incluya cargos en empresas públicas, otras entidades públicas descentralizadas o autónomas, asociaciones público-privadas o cualquier otra empresa en la que el Estado sea titular de acciones . La Comisión Parlamentaria sobre la Transparencia y el Estatuto de los Diputados ha sustituido a la anterior Comisión de Ética, si bien conserva sus funciones . Se han implantado nuevas normas para reforzar el régimen que regula las «puertas giratorias», pero las actividades de presión siguen sin regularse. Los cambios introducidos afectan a los consejeros de las empresas públicas, quienes a partir de ahora no podrán ocupar cargos en las entidades compradoras o concesionarias en un plazo de tres años desde una enajenación o concesión de bienes en la cual hayan intervenido. También afecta a los miembros del gabinete, para quienes se ha establecido un periodo de incompatibilidad de tres años, durante el cual tienen prohibido asumir funciones subordinadas de trabajo o consultoría en organizaciones internacionales con las cuales los miembros del gabinete hayan entablado relaciones institucionales en el ejercicio de un cargo público . Sin embargo, no parece existir apenas supervisión de cómo se aplican estas restricciones. En cuanto a los grupos de presión, los esfuerzos por promover una ley que regule su actividad han fracasado, pues el presidente volvió a remitir para su valoración un proyecto de ley ya aprobado por el Parlamento en junio de 2019. Entretanto, algunos grupos parlamentarios han presentado nuevos proyectos de ley. No obstante, la necesidad de priorizar las iniciativas relacionadas con la COVID-19 han dado pie a demoras en su valoración. Existen disposiciones generales para los funcionarios públicos en lo que respecta a la protección de las personas que informan sobre infracciones. Las disposiciones prevén que quienes informen de infracciones de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones no podrán sufrir daños de ningún tipo, incluido el traslado involuntario o el despido. Las sanciones disciplinarias contra las personas que denuncien infracciones se presuponen abusivas, salvo que se demuestre lo contrario, cuando estas se impongan durante el año posterior a la denuncia. Asimismo, las personas informantes tienen derecho al anonimato hasta que se haga efectiva la acusación, y podrán acogerse a medidas de protección de testigos. No obstante, aunque estas disposiciones existen, las partes interesadas han hecho hincapié en que debe reforzarse su aplicación en la práctica. III.Pluralismo de los medios de comunicación La Constitución consagra la libertad de expresión y de información, así como la libertad de prensa y el pluralismo de los medios. En Portugal, prevalece una cultura de respeto por la libertad editorial de los periodistas.La autoridad reguladora de los medios de comunicación supervisa las actividades de los medios. La autoridad reguladora de los medios de comunicación se considera independiente y eficiente. La Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) es un organismo administrativo independiente creado en virtud de la Constitución y la ley ordinaria . Las funciones reguladoras de la ERC atañen a todas las personas jurídicas que realicen actividades de comunicación en los medios dentro de la jurisdicción portuguesa, incluidas las agencias de prensa, los periódicos, las emisoras de radio y los proveedores de emisiones televisivas. La ERC lleva a cabo las tareas reguladoras de los medios de comunicación recogidas en la Constitución, con independencia de las instrucciones que pueda recibir de cualquier autoridad política. Debe informar al Parlamento de sus decisiones y actividades mediante informes mensuales y anuales, así como facilitar un estado de cuentas anual. La ERC se compone del consejo regulador, la dirección ejecutiva, el consejo consultivo y el auditor. El consejo regulador se encarga de definir y llevar a cabo las actividades reguladoras de la ERC, y está integrado por el presidente, el vicepresidente y tres consejeros. Cuatro de los cinco miembros del consejo regulador son elegidos por el Parlamento, y el quinto es nombrado por estos cuatro. De estos cinco miembros se elige al presidente y al vicepresidente. Todos ellos son nombrados por un mandato de 5 años no prorrogable, y permanecen en el cargo hasta su sustitución efectiva o hasta su cese del cargo. Los estatutos de la ERC detallan las condiciones para el cese de los miembros y la disolución del consejo regulador. Estas disposiciones salvaguardan la independencia de la autoridad reguladora, en consonancia con los objetivos de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada . El informe del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación sobre Portugal en 2020 considera que la independencia de la autoridad reguladora tiene un riesgo muy bajo. Portugal dispone de un exhaustivo marco para garantizar la transparencia de la propiedad de los medios. La obligación de comunicar la propiedad y la financiación de los medios está recogida en la Constitución, y la supervisión de esta información compete a la ERC. La Ley n.º 78/2015, de 29 de julio de 2015, regula la transparencia de la propiedad, la gestión y los medios de financiación de las entidades que llevan a cabo actividades informativas. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación en 2020 evaluó la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en Portugal como de bajo riesgo . Existen normas que regulan la transparencia de la publicidad estatal. La ley recoge disposiciones sobre la transparencia de las campañas publicitarias estatales. Además, estas también deben cumplir las normas de contratación pública , que obligan a los contratistas a supervisar la ejecución de los contratos, concretamente en lo que respecta a posibles relaciones de subcontratación y a la adquisición de espacios publicitarios. La Ley n.º 95/2015 también incluye medidas relativas a la publicidad estatal en la prensa regional y en la radio local y regional. Asimismo, esta ley establece una distribución de las campañas publicitarias entre la prensa, la radio, la televisión y los medios de comunicación digitales. La supervisión de su cumplimiento compete a la ERC, que dispone de un portal web exclusivo para la puesta en marcha de todas las campañas públicas. Las posibles anomalías o desviaciones con respecto a la ley se remiten al Tribunal de Cuentas. Si bien el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2020 no encontró indicios de que existieran normas o situaciones no transparentes sobre la distribución de la publicidad estatal en Portugal durante el periodo 2018-2019, las asociaciones de periodistas manifestaron su preocupación acerca de los criterios aplicados para distribuir un paquete de ayuda a los medios de comunicación en 2020. Según las autoridades portuguesas, dichos criterios para elegir los medios de comunicación y las cantidades se acordaron en diálogo con los representantes de los medios de comunicación y son vinculantes para el Estado a la hora de adquirir tiempo o espacio para la publicidad institucional en los medios de comunicación pertenecientes a cada grupo, atendiendo a las cantidades especificadas Existen salvaguardas para garantizar la independencia de los medios y proteger el ejercicio de la profesión periodística de la interferencia de las autoridades estatales. En concreto, la Constitución prohíbe cualquier interferencia, ya sea política o económica, y la censura de todo tipo. La independencia de los periodistas también se desarrolla en el Estatuto de los Periodistas, adoptado en virtud de la Ley n.º 1/99, de 13 de enero de 1999. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación en 2020 calificó el riesgo de influencia política en los medios de comunicación como bajo . Aunque las normas básicas de protección de los periodistas están consolidadas, la difamación se castiga con penas de prisión. El marco portugués de protección de los periodistas es exhaustivo y está bien consolidado. Según la Constitución, los delitos perpetrados contra los periodistas en el ejercicio de su profesión se someten a la jurisdicción de los tribunales y del organismo regulador independiente. Por tanto, la ERC también se encarga de garantizar la libertad de prensa. En cuanto a las normas básicas de protección, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación en 2020 estima que el riesgo es bajo . No obstante, el insulto y la difamación pueden castigarse con penas de prisión, a pesar de que diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apuntan a la vulneración de la libertad de expresión. No se han publicado alertas sobre Portugal desde la creación, en 2015, de la Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas. El acceso a la información y a la documentación que obra en poder de los organismos públicos está protegido por leyes específicas. Estas leyes tienen por objetivo facilitar el ejercicio de las funciones periodísticas. Aunque la Constitución garantiza el derecho de los periodistas a acceder a las fuentes de información , las normas de aplicación general regulan el acceso a la documentación y la información administrativas. La vulneración del derecho de acceso a los documentos administrativos puede recurrirse ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo tributario. También puede presentarse una queja a la Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa, una entidad administrativa independiente, si bien sus opiniones sobre las quejas no son vinculantes para las instituciones públicas.

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Portugal es una república democrática representativa con un presidente elegido por sufragio directo y un Parlamento unicameral. En el régimen semipresidencial, el presidente de la República, electo por sufragio directo, tiene poderes constitucionales y políticos considerables, incluida la competencia de disolver el Parlamento. El primer ministro tiene competencias para dirigir la política general del Gobierno y coordinar y orientar las acciones de todos los ministros. El Parlamento y el Gobierno comparten las competencias legislativas. Los diputados y grupos parlamentarios, el Gobierno, las asambleas regionales y un grupo de al menos 20 000 ciudadanos ostentan el derecho de iniciativa legislativa. Por su parte, el Defensor del Pueblo, como institución independiente, se encarga de proteger y promocionar las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos, y tiene la facultad de solicitar el control de constitucionalidad. El sistema constitucional establece garantías para el régimen de contrapoderes institucionales. El Tribunal Constitucional puede llevar a cabo controles de constitucionalidad ex ante o ex post, así como examinar la omisión legislativa de disposiciones necesarias para ejecutar las normas constitucionales. Aunque tanto el Parlamento como el Gobierno pueden legislar, la Constitución reserva la competencia legislativa al Parlamento en determinadas cuestiones, y el Tribunal Constitucional tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de los actos legislativos gubernamentales que hayan incumplido esta división de poderes. Asimismo, un grupo de diez diputados puede solicitar que los actos legislativos del Gobierno se remitan al Parlamento para su valoración. El proceso legislativo prevé la participación de las partes interesadas, y existen garantías de transparencia. En determinados casos, la participación de los representantes de la sociedad civil en el proceso legislativo está consagrada en la Constitución. El Consejo Superior de la Magistratura y el Consejo Superior del Ministerio Público no solo tienen derecho a emitir dictámenes consultivos, sino también a proponer iniciativas legislativas relativas a la eficiencia y la mejora de las instituciones judiciales. La iniciativa legislativa del Gobierno está sujeta a una evaluación del impacto de los beneficios y costes económicos de la propuesta legislativa. Si bien la Constitución prevé la posibilidad de presentar un proyecto legislativo por procedimiento urgente, lo que implica una reducción de los plazos de debate y valoración de la propuesta, esta modalidad está sujeta a un dictamen de la comisión parlamentaria competente y a un debate en el pleno. En el contexto de la pandemia de COVID-19 se han ejercido los poderes de emergencia. El presidente de la República declaró el estado de emergencia, tras consulta con el Consejo de Estado y el Gobierno , y con la autorización del Parlamento. Posteriormente, el estado de emergencia fue prorrogado en dos ocasiones. El Gobierno debe presentar al Parlamento informes sobre la aplicación del estado de emergencia que permiten al Parlamento ejercer también un control ex post de las medidas adoptadas, así como incoar procedimientos de responsabilidad civil o penal por el incumplimiento de las disposiciones de la declaración del estado de emergencia. El Defensor del Pueblo goza de importantes prerrogativas para proteger los derechos fundamentales. El defensor del pueblo («Provedor de Justiça»), que es también el mecanismo nacional de prevención de la tortura, recibió de nuevo la calificación A por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) de la ONU. Sus funciones incluyen la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales, garantizando, por medios informales, la justicia y la legalidad del ejercicio de los poderes públicos. El Defensor del Pueblo tiene derecho a exigir cualquier información y llevar a cabo todas las investigaciones y consultas que considere necesarias. La falta injustificada de colaboración con él constituye un delito de desobediencia. Además, tiene competencias para solicitar un control de constitucionalidad de las leyes (tanto con respecto a los actos como a las omisiones legislativas) y para formular recomendaciones al Parlamento. El defensor del pueblo informa sobre el respeto por parte de las autoridades públicas de la independencia e integridad de la institución en el ejercicio de sus deberes. En 2019, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a Portugal que destinara recursos adecuados a la oficina del defensor del pueblo para la promoción y la protección de los derechos del niño. Las leyes portuguesas protegen la participación ciudadana. El espacio cívico del país se considera abierto . A la vista de su importante papel en la implantación de programas sociales, culturales, medioambientales, cívicos y económicos, las ONG de cooperación y desarrollo gozan de un estatuto jurídico especial. Las asociaciones de representación de las mujeres, los migrantes, los jóvenes y las personas con discapacidades, así como las dedicadas a la protección medioambiental, también están sujetas a un régimen jurídico específico. El marco existente parece garantizar un espacio abierto para las organizaciones de la sociedad civil, y les permite actuar sin riesgos particulares para su autonomía y seguridad. No obstante, se ha informado de que las ONG se encuentran con dificultades relativas a la disponibilidad de fondos y a la escasa diversidad de las fuentes de financiación. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético. * * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión). Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2019), Decriminalisation of Defamation – Factsheet. https://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2019/01/decriminalisation-of-defamation_Infographic.pdf . Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), 2020 Media Pluralism Monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 . CEPEJ (2018), European judicial systems: efficiency and quality of justice. CIVICUS (2020), Perfil de Portugal. https://monitor.civicus.org/country/portugal/ Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), «Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors». https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1 . Consejo de Europa: Comité de Ministros (2018), H46-20 Grupo Vicente Cardoso/Portugal (demanda n.º 30130/10), Supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia CM/Del/Dec(2018)1331/H46-20. Consejo de la Unión Europea (2020), Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Portugal. Conselho de Prevenção da Corrupção (2019), Informe anual de actividad. http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/ra/rel_actv_cpc_2019.pdf . Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2019, AK, asuntos acumulados C‑585/18, C-624/18 y C‑625/18. Direção Geral das Políticas da Justiça (2019), Estatísticas de Justiça: Corrupção. https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Corrupcao.aspx .

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Partido Popular Portugués, Comunicado de prensa de 30 de agosto de 2019. https://www.psd.pt/rui-rio-apresentou-medidas-para-a-justica/ . Autoridad portuguesa reguladora de los medios de comunicación, estatutos de la ERC (Ley n.º 53/2005, de 8 de noviembre). http://www.erc.pt/download.php?info=YTozOntzOjU6ImFjY2FvIjtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9maWNoZWlyb3Mvb2JqZWN0b19vZmZsaW5lLzM1MC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjE1OiJTdGF0dXRlcytvZitFUkMiO30= . Fiscalía: Distrito judicial de Lisboa (2019), Informe anual de 2018. Fiscalía: Distrito judicial de Oporto (2020), Informe anual de 2019. Transparencia Internacional (2020), Índice de percepción de la corrupción. https://www.transparency.org/en/countries/portugal . Transparencia Internacional Portugal (2020), aportación por escrito al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2019), Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Portugal. Visita virtual a Portugal en el marco de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Anexo II: Visita a Portugal

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con: ·expertos del sector académico ·el Colegio de Abogados ·el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) ·el Tribunal de Cuentas ·el Consejo para la Prevención de la Corrupción ·la Autoridad reguladora de los medios de comunicación ·el Consejo Superior de la Magistratura ·el Consejo Superior de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario ·el Consejo Superior del Ministerio Público ·la Inspección General de Finanzas ·la Comisión de Licencias Profesionales de Periodismo ·el Sindicato de Periodistas ·el Ministerio de Asuntos Exteriores ·el Ministerio de Justicia ·la Fiscalía General ·el Defensor del pueblo ·la Unión de Fiscales ·el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·el Tribunal Supremo

·Transparencia Internacional – Portugal * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Civil Liberties Union for Europe ·Civil Society Europe ·Conference of European Churches ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·European Centre for Press and Media Freedom ·European Civic Forum ·Free Press Unlimited ·Front Line Defenders ·ILGA-Europe ·la Comisión Internacional de Juristas ·la Federación Internacional de Derechos Humanos ·International Press Institute ·Lifelong learning Platform ·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute ·Reporteros sin Fronteras