(1)El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporciona ayuda financiera para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un impulso fiscal financiado por la Unión. Contribuye a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular para promover las transiciones ecológica y digital, al mismo tiempo que fortalece la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [fue] actualizada el [XX] de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

(23)Irlanda todavía no ha presentado el Acuerdo de Asociación ni los demás documentos de programación de la política de cohesión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, Irlanda tendrá en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes en la programación de los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027. Este es un requisito esencial para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se reciba de los fondos de la política de cohesión, y al mismo tiempo promover la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre estos fondos y otros instrumentos y fondos de la Unión. La ejecución satisfactoria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los programas de la política de cohesión depende también de que se eliminen los impedimentos a la inversión en apoyo de la transición ecológica y digital y un desarrollo territorial equilibrado.

(21)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Estas contribuyen a hacer frente a la totalidad o a una parte significativa de los retos económicos y sociales señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Irlanda por el Consejo en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, además de en las recomendaciones específicas por país formuladas hasta la fecha de adopción de un plan. En particular, el plan se centra en reformas e inversiones que faciliten la transición ecológica y digital, así como en el apoyo a la integración activa en el mercado laboral y en la mejora de las capacidades. Las inversiones también ayudan a adelantar proyectos de inversión pública ya avanzados, promover la inversión privada y utilizar instrumentos de financiación más directos para estimular la investigación y la innovación. Además, el plan se compromete a llevar a cabo reformas en los ámbitos de la vivienda social y asequible, las pensiones, la asistencia sanitaria y los obstáculos reglamentarios al emprendimiento, al tiempo que introduce medidas que se espera que aborden parcialmente los retos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la planificación fiscal abusiva.

(16)El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Irlanda que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que preservara la inversión financiada a nivel nacional. También le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo y que, al mismo tiempo, fomentara la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(15)En 2022, el Gobierno ha suprimido gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, de modo que se prevé que las medidas temporales de emergencia disminuyan del 2,7 % del PIB en 2021 al 0,6 % del PIB en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,2 % del PIB en 2022 y en el 0,0 % del PIB en 2023. Estas medidas consisten principalmente en transferencias sociales a los hogares más pobres y recortes en los impuestos indirectos sobre el consumo de energía, y en su mayoría se han presentado como temporales. Sin embargo, si los precios de la energía siguen siendo elevados en 2023, algunas de estas medidas podrían mantenerse. Algunas de ellas no tienen carácter específico, en particular los pagos para contribuir a los gastos de electricidad doméstica y las reducciones generales de los impuestos especiales. El déficit público también se ve afectado por los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,1 % del PIB tanto en 2022 como en 2023.

Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo (medio a diez años) se estima en un 6,6 %. Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y que pueden impulsar el crecimiento potencial de Irlanda.

(11)La Comisión publicó el informe específico de 2022 sobre Irlanda el 23 de mayo de 2022. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo en 2019, 2020 y 2021, y se hace balance de la ejecución por parte de Irlanda del plan de recuperación y resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia. Sobre la base de este análisis, el informe por país señala las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes, incluidos los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evalúa los avances de Irlanda en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(9)El 28 de mayo de 2021, Irlanda presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación del anexo V de dicho Reglamento. El 8 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Irlanda. El desembolso de los tramos está supeditado a una decisión de la Comisión, adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Irlanda ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)En lo que respecta a las orientaciones de la política fiscal publicadas el 2 de marzo de 2022, las recomendaciones para 2023 tienen en cuenta las perspectivas económicas deterioradas, el aumento de la incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja, así como el aumento de la inflación respecto de las previsiones de invierno. En vista de estas consideraciones, la respuesta fiscal debe ampliar la inversión pública en las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, así como mantener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables a fin de amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas provocadas por los efectos indirectos a través de medidas específicas y temporales. La política fiscal debe seguir siendo ágil para adaptarse a la rápida evolución de las circunstancias, y diferenciarse de un país a otro en función de su situación fiscal y económica, en particular en lo que se refiere a la exposición a la crisis y a la afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(6)De acuerdo con el enfoque expuesto en el dictamen del Consejo de 18 de junio de 2021 sobre el Programa de Estabilidad de 2021, en la actualidad, la mejor manera de medir la orientación de la política fiscal es mediante la variación de los gastos primarios (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos), excluidas las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19, pero incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo. Más allá de la orientación fiscal general, para determinar si la política fiscal nacional es prudente y si su composición favorece una recuperación sostenible y compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención al crecimiento de las inversiones y los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19).

(24)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Irlanda afronta algunos retos adicionales relacionados con la economía circular y las aguas residuales. La generación de residuos en Irlanda es casi un 25 % superior a la media de la UE, lo que la convierte en el quinto mayor generador de residuos municipales per cápita de la UE. Los progresos realizados en el aumento de las tasas de reciclaje se han ralentizado en los últimos años, mientras que la incineración ha aumentado significativamente. El uso circular de materiales en Irlanda fue del 1,8 % en 2020, muy por debajo de la media de la UE del 12,8 %. Se necesitan más incentivos e inversiones para que Irlanda aplique una estrategia más ambiciosa en materia de residuos y economía circular, evitando al mismo tiempo la creación de una capacidad de incineración excesiva. Se requieren mayores esfuerzos para apoyar modelos de negocio circulares que abarquen todo el ciclo de vida de los materiales con el fin de reducir los residuos y el consumo de recursos. Aunque se han realizado algunos avances a la hora de facilitar la inversión en la gestión de aguas residuales, menos del 50 % de las aguas residuales de Irlanda se tratan de conformidad con la legislación de la UE. El obstáculo más significativo para la calidad de las aguas superficiales en Irlanda se deriva del exceso de nutrientes procedentes tanto de las aguas residuales no tratadas como de la agricultura. Se requieren considerables mejoras en la infraestructura, así como un enfoque más firme para controlar la contaminación del agua procedente de actividades agrícolas. Una infraestructura de aguas residuales adecuada también resulta fundamental para mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de la población en general. Además, unas infraestructuras adecuadas de aguas residuales contribuyen a mejorar el desarrollo regional, generan crecimiento sostenible y empleo, y son beneficiosas para el turismo.

(25)En respuesta al mandato de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE expuesto en la Declaración de Versalles, el plan REPowerEU tiene por objeto eliminar gradualmente, lo antes posible, la dependencia de la Unión Europea respecto de las importaciones de combustibles fósiles rusos. A tal fin, se están determinando, en diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas más adecuados a nivel nacional, regional y de la UE. Estas medidas tienen por objeto reducir la dependencia de los combustibles fósiles en general y desviar de Rusia las importaciones de estos combustibles.

(26)Según datos de 2020, Irlanda no importa petróleo crudo ni gas de Rusia. La dependencia de Irlanda del carbón ruso (22 % de las importaciones de carbón) es inferior a la media de la UE, en un contexto en el que el peso de los combustibles fósiles sólidos en la combinación energética (7,6 %) es inferior a la media de la UE. Aunque la exposición al petróleo y al gas ruso es más limitada que la media de la UE, la actual situación geopolítica y los elevados precios de la energía hacen que sea más urgente que Irlanda intensifique sus esfuerzos de cara a cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en su plan nacional de energía y clima. El plan de acción por el clima de Irlanda recoge el ambicioso objetivo de transformar el sistema energético del país de aquí a 2030. Esto permitirá a Irlanda lograr una reducción del 51 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 2018 y 2030. Las reformas necesarias y la magnitud de esta transformación serán considerables, ya que conllevarán desde garantizar la inversión pública y privada necesaria hasta cumplir los compromisos a tiempo. Es necesaria una mejora integral de la infraestructura energética de Irlanda para que el país pueda beneficiarse plenamente de las fuentes de energía renovables y alcanzar sus objetivos climáticos. La creación de un marco de inversión que facilite e incentive la inversión en la transición energética ecológica será clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En el caso de las energías renovables, persisten retos en el sistema de planificación y autorización, en particular en lo que se refiere a los prolongados procedimientos de concesión de permisos de planificación y a los largos y costosos procedimientos de recurso. Si se mejora la eficiencia del sistema de planificación y autorización garantizando la disponibilidad de recursos adecuados en todas las fases de los procesos de planificación y simplificando el marco general, podrían acelerarse unos avances a gran escala, lo que a su vez aceleraría la transición ecológica. Además, la ampliación y el refuerzo de la red eléctrica y las infraestructuras de apoyo en lugares clave serán fundamentales para reducir la congestión. En particular, unos nuevos interconectores de transporte de electricidad con los países vecinos contribuirán a una mayor seguridad del abastecimiento energético. También será necesario aumentar la capacidad de almacenamiento y desplegar de forma masiva puntos de recarga de vehículos eléctricos. Además, el desarrollo de una estrategia nacional de hidrógeno renovable también ayudaría a diversificar la combinación energética.

(27)Las medidas de eficiencia energética desempeñarán un papel fundamental en la reducción del consumo de energía. Se necesita un importante ahorro de energía para alcanzar no solo los objetivos climáticos de Irlanda, sino también el objetivo a escala de la UE de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55 %. Si bien el plan de acción por el clima va por buen camino, Irlanda se ha quedado rezagada hasta la fecha en lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al aplicar el principio de «primacía de la eficiencia energética» y buscar un ahorro mediante renovaciones energéticas en profundidad en los edificios, Irlanda podría reducir su dependencia de las importaciones de energía. Si hubiera un mayor número de vehículos eléctricos se podría aprovechar la producción nacional de electricidad en lugar de depender de las importaciones de combustible. Dado que el plan de acción por el clima recoge el objetivo de llegar a un millón de coches eléctricos en las carreteras irlandesas de aquí a 2030, se necesitará un importante despliegue de puntos de recarga eléctrica. Será necesario aumentar aún más la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética para que Irlanda se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55».

(28)Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática y el abandono de los combustibles fósiles generará importantes costes de reestructuración en varios sectores, Irlanda puede recurrir al Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Además, Irlanda puede utilizar el Fondo Social Europeo Plus para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(29)A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022 y su dictamen se refleja en la recomendación 1 que figura a continuación.

(30)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro. En el caso de Irlanda, esto se refleja en particular en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2022 y 2023 con el fin de:

1.Garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Ampliar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, en particular mediante la utilización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plan REPowerEU y otros fondos de la UE. Para el período posterior a 2023, aplicar una política fiscal destinada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo. Abordar el aumento previsto del gasto en pensiones relacionado con el envejecimiento de la población garantizando la sostenibilidad fiscal del sistema público de pensiones.

2.Proceder a la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, de acuerdo con los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de 8 de septiembre de 2021. Presentar los documentos de programación de la política de cohesión para 2021-2027 con vistas a finalizar sus negociaciones con la Comisión e iniciar posteriormente su aplicación.

3.Dirigir esfuerzos al impulso de la economía circular. En particular, desarrollar tanto infraestructuras como políticas para prevenir los residuos y aumentar el contenido reutilizado y reciclado, así como desarrollar un sistema más eficaz para la recogida separada de residuos reciclables, incluidos los residuos biodegradables. Promover circuitos de aguas residuales más seguros y limpios.

4.Reducir la dependencia global de los combustibles fósiles. Acelerar el despliegue de las energías renovables, en particular la energía eólica marina, entre otras cosas mediante la introducción de reformas para mejorar la eficiencia del sistema de planificación y autorización, en particular reduciendo la duración de los procedimientos. Mejorar la infraestructura energética, también para el almacenamiento. Garantizar la rápida aplicación de reacondicionamientos energéticos profundos en los edificios. Acelerar la electrificación del transporte, en particular mediante la instalación de puntos de recarga.

Hecho en Bruselas, el