Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los reaseguros y por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE y 92/49/CEE y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE {SEC(2004)443}

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBSERVACIONES GENERALES [1]

[1] Para una exposición más detallada de las cuestiones tratadas en este capítulo, véase la Evaluación de Impacto Ampliada relativa a la propuesta de Directiva sobre reaseguros, disponible en el sitio de Internet de la Comisión: http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/reinsurance_en.htm.

Un mercado financiero único en la Unión será un factor fundamental para mejorar la competitividad de la economía europea y reducir el coste del capital para las empresas. Un mercado integrado, correctamente regulado y sólido desde el punto de vista prudencial reportará grandes beneficios a los consumidores y a los demás agentes del mercado al ofrecer mayor seguridad en caso de deficiencias de orden institucional. El medio para lograr este mercado integrado es el Plan de acción en materia de servicios financieros. El Plan de acción en materia de servicios financieros prevé una propuesta de directiva sobre la supervisión de los reaseguros para comienzos de 2004.

Se entiende por reaseguro constituye la transferencia estructurada del riesgo entre una empresa de seguros y una empresa de reaseguros. Los reaseguros prestan a las compañías de seguros las siguientes funciones: reducción de los riesgos técnicos, transferencia permanente de riesgos técnicos a la reaseguradora, mayor homogeneidad de la cartera de seguros, menor volatilidad de los resultados técnicos, alternativa al capital o los fondos propios, suministro de fondos para financiación y prestación de servicios.

Pese a su evidente relación con el negocio de los seguros directos, los reaseguros presentan ciertas características específicas que pueden ser dignas de mención. No existe relación contractual alguna directa entre la reaseguradora y los inicialmente asegurados, y los tomadores de seguros no suelen tener prioridad alguna sobre los activos de la reaseguradora para cubrir sus siniestros. Por otra parte, los reaseguros constituyen una actividad económica entre profesionales. El negocio de los reaseguros es más internacional y tiene un mayor grado de diversidad, en cuanto a geografía y combinaciones de ramas aseguradas, que el del seguro directo.

El sector de los reaseguros desempeña un papel clave en la economía al ofrecer una cobertura global de los riesgos que asumen las compañías de seguros por sus clientes. Si bien el nivel medio de cesión en la Unión es bastante bajo (se reasegura alrededor del 10% de todas las primas de seguro), en determinadas actividades es relativamente alto (se reasegura el 18% de las primas de seguro no de vida, frente al 3% por término medio de las primas de seguros de vida). Además de asegurar a las aseguradoras, las reaseguradoras son importantes intermediarios financieros e inversores institucionales; en 2001 sus activos financieros representaban un 1% del mercado global de valores [2]. Así pues, la estabilidad del sector de los reaseguros no sólo es vital para la estabilidad del sector de seguros en general, sino que además tiene importantes repercusiones en el sistema financiero en su conjunto.

[2] Fuente: "Reinsurance - a systemic risk?"; Sigma 5/2003, Swiss Re.

Pruebas recientes de la resistencia financiera de las reaseguradoras han puesto de manifiesto el nivel y la naturaleza de los riesgos asumidos en el sector. Las reaseguradoras afrontan dos riesgos más que las aseguradoras primarias. En primer lugar, sus resultados financieros se exponen por lo general a una mayor volatilidad, pues protegen al mercado primario contra grandes riesgos tales como los de catástrofes. Ante riesgos de esta envergadura, estas empresas se ven obligadas a mantener niveles de capitalización relativamente altos. En segundo, pueden verse llamadas a acudir en ayuda de filiales en dificultades, por ser a menudo las empresas con mayor volumen de negocios dentro de un grupo. Pese a estos riesgos adicionales, las reaseguradoras actúan en un mercado en el cual sus actividades a menudo no están sujetas a supervisión prudencial, o el régimen es menos riguroso que el aplicado a las aseguradoras primarias. A ello hay que añadir que no existe un marco jurídico global para la supervisión de los reaseguros. Semejante situación suscita inquietud, dados los riesgos potenciales del sector. No obstante, las reaseguradoras pueden disfrutar en mayor grado que las empresas de seguro directo de efectos significativos de diversificación geográfica y sectorial.

Los reaseguros constituyen un sector sumamente internacional, con un pequeño número de grandes empresas. En 2002, la prima total de reaseguro de los 40 mayores grupos de reaseguros ascendió a 138 601 200 000 millones de dólares, de los cuales 58 544 000 000 millones de dólares procedieron de reaseguradoras de la UE [3]. En la Unión, Alemania ocupa la primera posición, con empresas como Munich Re, Hannover Re y Allianz Re. Lloyd's es la mayor empresa británica de reaseguros, y SCOR, junto con Axa Re, las mayores reaseguradoras francesas.

[3] Standard & Poor's, Global Reinsurance Highlights 2003 Edition, London/New York 2003.

1) Necesidad de un marco jurídico europeo para la supervisión de los reaseguros

No existen hoy en día normas armonizadas de supervisión de los reaseguros en la Unión. La ausencia de marco regulador de los reaseguros en la UE ha dado lugar a grandes diferencias en cuanto al nivel de supervisión de las empresas de reaseguros en la Unión. La diversidad de normativas nacionales ha creado incertidumbre entre las compañías de seguro directo (y sus tomadores), obstáculos al comercio en el mercado interior, trámites y costes administrativos y debilidad de la UE de cara a las negociaciones comerciales internacionales:

Incertidumbre entre las compañías de seguro directo (y sus tomadores): los distintos regímenes de supervisión de los reaseguros en la UE han dado lugar a mayores dificultades para que las empresas de seguro directo elijan a sus reaseguradoras de manera prudente y eficiente. La elección de reaseguradoras es para una compañía de seguros de importancia decisiva y podría también afectar a la capacidad de la empresa de pagar siniestros a los tomadores.

Obstáculos comerciales: Determinados países de la UE utilizan sistemas en virtud de los cuales los activos de la reaseguradora deben pignorarse (depositarse en garantía) a fin de cubrir las provisiones para siniestros pendientes. Esto dificulta una gestión óptima de las inversiones y acarrea así mayores costes operativos para las empresas de reaseguros. Podría incluso aumentar el precio que practica la reaseguradora por cubrir los riesgos de las compañías de seguro directo. Las empresas de reaseguros pueden también optar por no operar en mercados en los que se exija la prestación de garantías, lo cual limita las posibilidades de protección mediante reaseguro.

Trámites administrativos: En la Unión, el Comité Europeo de Seguros (CES) y la OCDE han enumerado una serie de obstáculos administrativos a los servicios transfronterizos de reaseguros. La ausencia de reconocimiento mutuo entre autoridades supervisoras de los reaseguros de la UE lleva, en algunos casos, a que las empresas de reaseguros estén sujetas a normas de supervisión diferentes en varios Estados miembros. Para las empresas de reaseguros, esto podría acarrear una considerable duplicación de tareas y mayores trámites administrativos. Como ejemplos de trámites administrativos engorrosos cabe citar los controles múltiples de la idoneidad de la dirección del grupo, el doble requisito de confirmación de los balances por auditores o la obligación de que las sucursales publiquen los estados financieros de todo el grupo conforme a los GAAP (principios contables generalmente aceptados) locales.

Negociaciones comerciales internacionales: Se ha afirmado que la ausencia de sistema armonizado en la UE dificulta la conclusión de acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo. La ausencia de acuerdos plantea a los reaseguradores europeos grandes obstáculos para su incorporación a los mercados extranjeros, tales como el requisito de depositar una garantía por el valor de sus compromisos en el mercado extranjero en el cual pretendan ejercer sus actividades.

Si no se toman medidas en el ámbito de la UE, existe el riesgo de que el mercado interior de los servicios de reaseguro siga funcionando de manera no óptima, lo que perjudicaría al sector de reaseguros de la Unión. Las negociaciones con terceros mercados sobre acuerdos de reconocimiento mutuo se verían considerablemente dificultadas.

En los últimos años, la supervisión de los reaseguros ha sido objeto de gran atención internacional. El G7 y el FMI han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la ausencia de regulación de los reaseguros pueda afectar a la estabilidad financiera internacional. De hecho, el FMI, en recientes análisis de los Estados miembros realizados dentro de su Programa de evaluación del sector financiero, ha reiterado la necesidad de una normativa en este ámbito. El FSF (Foro sobre la estabilidad financiera) ha expresado en varias ocasiones su inquietud por la transparencia del mercado de los reaseguros, cuestión sobre la cual ha creado un grupo de trabajo. La OCDE viene realizando trabajos en el campo de los reaseguros, en particular acerca del intercambio de información entre supervisores sobre las empresas del sector. Los trabajos sobre reaseguros de la AISS (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros) están estrechamente coordinados con el proyecto de procedimiento acelerado de la UE. Se ha adoptado un conjunto de principios con vistas a unos requisitos mínimos de supervisión de las reaseguradoras, así como una norma sobre supervisión de los reaseguros.

2) Planteamiento de la Directiva

Al inicio de los trabajos sobre supervisión de los reaseguros, los servicios de la Comisión establecieron tres principios rectores para un futuro régimen de la UE en este ámbito:

* El sistema debe establecer un régimen sólido y prudente, en interés de los tomadores de seguros. Unas reaseguradoras fuertes y bien supervisadas contribuyen a la solidez del mercado interior y a la estabilidad financiera internacional.

* El sistema debe basarse en la coordinación esencial de la legislación de los Estados miembros y el reconocimiento mutuo de la supervisión en el Estado miembro en el cual esté autorizada la empresa de reaseguros. Una vez autorizadas por su Estado miembro de origen, debe permitirse automáticamente a las empresas de reaseguros realizar actividades de reaseguro en toda la Comunidad Europea en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios. Los supervisores de los Estados miembros de acogida no deben llevar a cabo ningún tipo de supervisión o control adicional de la empresa de reaseguros. Este planteamiento, introducido por las Terceras Directivas sobre Seguros [4], ha demostrado su validez a lo largo de muchos años en el ámbito de los seguros directos.

[4] Directiva 92/49/CEE (DO L 228, 11.8.1992, p. 1, modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1), y Directiva 92/96/CEE (DO L 360 de 9.12.1992, p.1), modificada por la Directiva 2002/83/CE (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1).

* La introducción de un sistema armonizado para la supervisión de los reaseguros debe llevar a la abolición de los sistemas basados en el depósito de activos a fin de cubrir las provisiones para siniestros pendientes.

Tras amplias consultas, la Comisión ha optado por presentar una propuesta de directiva de las características siguientes:

* un planteamiento de la supervisión basado en la armonización y el reconocimiento mutuo;

* planteamiento de vía rápida para una directiva basada fundamentalmente en las normas actuales en materia de supervisión directa;

* sistema de autorización obligatoria;

* requisitos sobre margen de solvencia acordes con los aplicados en seguro directo, pero con la posibilidad de incrementar el margen hasta el 50 % mediante un procedimiento de comitología en los reaseguros no de vida, cuando ello esté objetivamente justificado.

El planteamiento de la UE en materia de supervisión debe basarse en disposiciones jurídicas armonizadas que garanticen el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. La Comisión cree que la supervisión de los seguros y reaseguros es cuestión de interés público y, por tanto, debe ser objeto de regulación pública. Los sistemas de otro tipo (por ejemplo, planteamientos voluntarios basados en la información facilitada) no ofrecerían confianza suficiente en el sistema de supervisión. En planteamientos de ese tipo, basados en la información facilitada, la ausencia de sanciones concretas podría restar eficacia al sistema a la hora de abordar los posibles problemas de las empresas de reaseguros.

La Comisión cree que, para obtener resultados tangibles a corto o medio plazo, es preciso actuar con rapidez. Esa solución "por procedimiento acelerado" tendría, con los ajustes oportunos, las normas y prácticas actuales de supervisión de las empresas de seguro directo como punto de partida. Pero el proyecto a largo plazo "Solvencia II" sobre seguros directos también afectará a los reaseguros, y los trabajos a este respecto podrían en gran parte basarse en los resultados de un proyecto de legislación por procedimiento acelerado.

La Directiva propuesta obliga a las empresas de reaseguros --al igual que las de seguro directo-- a estar autorizadas para realizar actividades de reaseguro. La eficiencia de un sistema de autorización ha quedado demostrada por su uso extendido en el sector financiero. Además, los sistemas de este tipo dan un mandato claro a los supervisores, que incluye la facultad de retirar del mercado de los reaseguros a aquellas empresas que no cumplan los requisitos. Un sistema de autorización asegurará además el tratamiento coherente de todas las entidades de reaseguros en la UE, a diferencia de la solución denominada de "pasaporte" (en la cual la propia empresa decide si solicita o no un pasaporte). Por otra parte, el sistema reforzará la responsabilidad de las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen, ya que serán las únicas competentes en la Comunidad para la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros. Este sistema hará necesaria una mayor cooperación reforzada entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

Los seguros y los reaseguros son actividades conexas, y por ello también debieran ser similares los requisitos de solvencia para ambas actividades. En consecuencia, la Directiva propuesta recoge requisitos de solvencia sobre el reaseguro de vida idénticos a los de los seguros de vida. En reaseguros no de vida, el punto de partida es que deben aplicarse normas similares. Sin embargo, para los reaseguros no de vida, la Directiva propuesta recoge la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio previa decisión por procedimiento de comitología. La Comisión estudia esta posibilidad de "incremento en función del ramo" para determinados ramos o tipos de contratos de reaseguros (hasta el 50%) como parte fundamental de la Directiva propuesta. Ofrecería un medio de refinar los requisitos de solvencia para mejor adaptarlos a la naturaleza del negocio de los reaseguros. La opción de la comitología únicamente se utilizará previo análisis detenido y amplia consulta con las partes interesadas. A fin de garantizar igualdad de condiciones entre las empresas de reaseguros y las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, la propuesta también prevé posteriores adaptaciones de la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida y de la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida. En consecuencia, las empresas de seguros que practiquen el reaseguro a través de aceptaciones deberán someterse a lo dispuesto en la presente Directiva en materia de margen de solvencia obligatorio cuando el volumen de sus actividades de reaseguros represente una parte importante del total de sus negocios (apartados 5 del artículo 57 y 8 del artículo 59). Estas disposiciones sólo serán aplicables una vez que la Comisión haya adoptado la decisión por la que se ajusta el margen de solvencia obligatorio de las operaciones de reaseguros no de vida.

2. Consultas con los participantes e interesados y evaluación del impacto

a) Consultas con los participantes e interesados

A lo largo de proyecto se ha consultado periódicamente a los participantes, cuya contribución a los trabajos de la Comisión ha sido muy importante. Al principio del proyecto se organizó una gran audiencia con más de 100 asistentes, todos los cuales se incluyeron posteriormente (al igual que otros interesados) en una lista de destinatarios a la que se remitieron todos los documentos elaborados dentro del proyecto o un aviso de que había nuevos documentos en el sitio Internet de la Comisión sobre reaseguros. También se publicó un estudio sobre supervisión de los reaseguros [5].

[5] http://europa.eu.int/comm/internal_market/ insurance/studies/reins-sup_en.htm

El proyecto ha sido seguido por interesados de muy diversos sectores y profesiones. Los sectores consultados fueron, entre otros, los siguientes: seguros (empresas, mutuas, cooperativas, etc.), asociaciones de seguros (del ámbito tanto nacional como de la Unión), intermediarios de seguros (corredores, etc.), asociaciones de contables, asociaciones de actuarios, la industria en general (UNICE), analistas, gestores de riesgos/cautivas, organizaciones de PYME (OEUC), empresas de consultoría, bancos, bufetes de abogados y agencias de calificación.

A la Comisión le han beneficiado sin duda las aportaciones de los participantes e interesados, máxime dadas las numerosas y muy arduas cuestiones técnicas que implicaba el proyecto. Los documentos remitidos para observaciones abordaban tanto temas de política como cuestiones de detalle.

Observaciones recibidas sobre los objetivos del proyecto de reaseguros

Los comentaristas se muestran en general sumamente favorables a los tres principales objetivos del proyecto. Algunos Estados miembros formulan comentarios en el sentido de que la coordinación fundamental de la legislación nacional y el reconocimiento mutuo impedirían a los Estados miembros de acogida introducir controles o requisitos adicionales. En particular, y como era de esperar, los Estados miembros que actualmente emplean sistemas de depósitos de activos para cubrir las provisiones técnicas para siniestros pendientes manifiestan su oposición a que se eliminen sistemas de este tipo. Sin embargo, todos los demás participantes concuerdan unánimemente con el objetivo formulado por los servicios de la Comisión. Algunos Estados miembros formulan observaciones sobre la diferencia entre las garantías en seguros de vida y no de vida.

Observaciones recibidas sobre las principales cuestiones políticas

Planteamiento para un marco de supervisión de los reaseguros

La mayor parte de las observaciones son favorables a un planteamiento basado en la supervisión de los reaseguros. Algunas empresas se manifiestan a favor de soluciones voluntarias, pero un mayor número de empresas y asociaciones creen que sólo una solución de supervisión dará una impronta de calidad adicional a los reaseguros en la UE. Ninguno de los principales participantes está a favor de mantener el statu quo.

Los Estados miembros se muestran favorables a un procedimiento acelerado, opinión claramente compartida por el Comité de Seguros. Otros participantes son sumamente favorables a una solución por procedimiento acelerado y basada en las normas actuales de supervisión de los seguros directos. Sin embargo, los especialistas técnicos (tales como actuarios y contables) señalan que el breve plazo previsto (2004) limita el número de soluciones posibles, y por ello abogan por posponer la introducción de determinados métodos hasta que concluya el proyecto Solvencia II.

Requisitos de solvencia para los reaseguros no de vida: Las respuestas de los participantes sobre el nivel de los requisitos de solvencia han sido muchas e importantes. Ha habido gran número de reuniones con los interesados y, en particular, con el sector de seguros, el sector de las empresas de reaseguros cautivas, gestores de riesgos, actuarios, consultores y contables. En general, los representantes del sector y los consultores de seguros sostienen que los reaseguros constituyen una actividad afín al seguro directo y, por tanto, deben aplicársele los mismos requisitos de solvencia. En cambio, algunos supervisores de seguros creen firmemente que los reaseguros son más volátiles y difíciles de supervisar y, en consecuencia, abogan por requisitos algo más estrictos. La Comisión, al elaborar los requisitos de solvencia recogidos en la propuesta de Directiva, ha atendido a los distintos puntos de vista. (Artículos 37 y 40).

Requisitos de solvencia para los reaseguros de vida: Este asunto también ha sido objeto de amplio debate, tanto por lo que se refiere a los requisitos en sí como a los métodos de cálculo. De hecho, los servicios de la Comisión consultaron sobre las diferentes soluciones. Dados los comentarios recibidos, la Comisión ha concluido que es preferible aplicar el mismo planteamiento que a los seguros directos (emplear las normas sobre seguro de vida directo en los reaseguros de vida y las normas sobre seguro no de vida directo en los reaseguros no de vida) (Artículos 38-40).

Observaciones sobre cuestiones jurídicas concretas.

En 2003 hubo también consultas sobre cuestiones jurídicas concretas. La actual propuesta se ha elaborado atendiendo a los comentarios de los interesados y, en particular, del sector de seguros y la profesión actuarial. Algunas de las observaciones fueron muy detalladas y de gran ayuda para los trabajos de los servicios de la Comisión.

b) Evaluación de impacto

Se ha llevado a cabo una amplia evaluación de impacto a fin de determinar si es necesaria una medida en el ámbito de la Unión y, en ese caso, cuál.

La evaluación de impacto pone de manifiesto el acuerdo general sobre la necesidad de esa medida a fin de alcanzar los objetivos expuestos en la sección 1 de la presente exposición de motivos.

En cuanto a las diversas políticas alternativas para alcanzar dichos objetivos, se estudiaron tres grandes opciones:

1. Statu quo, es decir, sin cambios con respecto a la situación actual

2. Solución basada en los mecanismos del mercado o en la publicación voluntaria de la información sobre reaseguros o, como alternativa, una recomendación sobre las prácticas de supervisión indirecta.

3. Soluciones basadas en la supervisión.

Tal como se señalaba en la sección 2, la mayoría de los Estados miembros y organizaciones del sector creen que son precisas medidas en materia de supervisión en este ámbito. La Opción 1 no ha merecido prácticamente ningún apoyo. Tampoco se consideró que la opción 2 ofreciera fiabilidad suficiente al sistema de supervisión. En planteamientos de ese tipo, basados en la información facilitada, la ausencia de sanciones concretas podría restar eficacia al sistema a la hora de abordar los posibles problemas de las empresas de reaseguros.

Por lo que se refiere a la opción 3 (planteamiento de supervisión), se estudiaron dos alternativas:

1. Un sistema voluntario de pasaporte para las empresas que deseen incorporarse al sistema;

2. Un sistema de autorización obligatoria

Tras amplias consultas con los Estados miembros, el sector de seguros y otros interesados, la Comisión ha decidido proponer un sistema basado en la autorización. Un sistema basado en la autorización sería el más acorde con el planteamiento que la Unión aplica para crear un mercado interior en el sector financiero en general y en el de los seguros en particular (autorización única y control de cuestiones prudenciales por el país de origen). Se trata de un sistema cuya eficacia se viene demostrando desde su creación, en virtud de las Terceras Directivas de Seguros de 1994. Es un sistema que garantiza la solidez financiera de las empresas de reaseguros y, con ello, la estabilidad de los mercados de seguros, ya que se aplica a cualquier empresa de reaseguros comunitaria, y no sólo a aquéllas que poseen una perspectiva europea. Un sistema basado en la autorización permitiría, además, mayor coordinación entre el tratamiento por los Estados miembros de todos los reaseguradores, y se adapta mejor al objetivo de establecer un verdadero mercado interior de los reaseguros. Por último, la introducción de un régimen de supervisión basado en la supervisión de todas las empresas de reaseguros por las autoridades públicas competentes también es acorde con la orientación del proyecto sobre supervisión de los reaseguros que actualmente lleva a cabo la AISS, de la cual son miembros todos los Estados miembros y la Comisión Europea.

También se ha efectuado una amplia evaluación del impacto relacionado con los requisitos cuantitativos de solvencia para las empresas de reaseguros. Se han estudiado dos posibles planteamientos básicos:

1. alternativas en las cuales los requisitos de solvencia para las empresas de reaseguros serían similares a los aplicados al seguro directo

2. alternativas en las cuales los requisitos de solvencia para las empresas de reaseguros serían más rigurosos que los aplicados al seguro directo.

La Comisión ha optado por crear un régimen basado en los requisitos de solvencia contemplados en las actuales Directivas sobre seguros. No obstante, dadas las características particulares de algunos tipos de contratos de reaseguro o de ramos específicos de los reaseguros no de vida, la propuesta prevé la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio al 50% en ramos diferentes de la responsabilidad civil. Este aumento será efectuado por la Comisión en ejercicio de sus poderes ejecutivos y previa consulta al Comité de Seguros.

3. Fundamento jurídico de la propuesta

La presente propuesta se basa en el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 55 del Tratado, que constituyen el fundamento jurídico para la adopción de medidas comunitarias con vistas a a la realización del mercado interior en el sector de servicios. El instrumento elegido es la Directiva, por resultar el más adecuado para alcanzar los objetivos que se persiguen. Por otra parte, la acción legislativa de la Unión Europea a fin de realizar el mercado interior en el sector de seguros se lleva a cabo mediante Directivas basadas en las citadas disposiciones del Tratado. Por último, las disposiciones de esta Directiva no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos propuestos.

4. Comentarios sobre los artículos

La presente propuesta establece un régimen prudencial para los reaseguros que resulta compatible con el marco jurídico aplicable a los seguros. Se basa en el planteamiento que siguen las Directivas vigentes sobre seguros. Algunas disposiciones de las Directivas 73/239/CEE, 92/49/CEE y 2002/83/CE, reproducidas en la propuesta, son largas; en particular, las relativas a las condiciones para la autorización de una empresa de reaseguros, las participaciones cualificadas, el secreto profesional y el margen de solvencia. Esto a menudo da lugar a disposiciones complejas, cuya presentación puede no ser coherente con las directrices vigentes para la elaboración de legislación comunitaria. A efectos de interpretación, no es necesario que un solo artículo contemple todos los aspectos de las normas establecidas en una disposición jurídica. Por ello, las disposiciones de la presente propuesta se dividen en artículos que, en su caso, se agrupan a su vez en títulos, capítulos y secciones para mayor claridad y mejor comprensión.

Artículo 1: Objeto de la Directiva - Ámbito de aplicación

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco jurídico para la supervisión prudencial de las actividades de reaseguros en la Comunidad. Como ya se ha señalado, no existe legislación comunitaria en la materia. En consecuencia, las empresas de reaseguros que únicamente ejercen actividades en ese sector (reaseguradoras profesionales) no se encuentran sometidas a ninguna disposición comunitaria particular.

La Directiva colmará pues una laguna en el régimen comunitario de supervisión de los seguros. Se aplicará a los reaseguros un régimen prudencial basado en los mismos principios aplicables a los seguros directos, a saber, los principios de autorización única y supervisión prudencial de la empresa de reaseguros por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen.

La Directiva se aplica a las empresas de reaseguros con domicilio social en la Comunidad y que únicamente realizan actividades de reaseguros (reaseguradoras profesionales). No se aplica a las empresas de seguros ya reguladas por las directivas sobre seguros de vida y no de vida [6], ya que sus actividades de reaseguros por medio de aceptaciones ya se contempla en esas Directivas. Además, las empresas de seguros y los organismos excluidos del ámbito de aplicación de las citadas Directivas también lo están del ámbito de aplicación de la presente. No obstante, las disposiciones de la presente Directiva en materia de cálculo del margen de solvencia obligatorio (artículos 20 a 23) pueden ser aplicables a las compañías de seguros reguladas por las directivas sobre seguro de vida y no de vida con respecto a sus aceptaciones de reaseguro (véanse los artículos 57(5), y 59(8)).

[6] Directiva 73/239/CEE (DO L 228 de 16.8.1973, p. 3), Directiva 92/49/CEE (DO L 228 de 11.8.1992, p. 1) y Directiva 2002/83/CE (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1).

En atención a una situación sumamente particular que puede plantearse en un Estado miembro, a saber, cuando no sea posible obtener cobertura de reaseguro en el mercado comercial, la propuesta no se aplica en caso de cobertura de reaseguro por parte de un Estado miembro, cuando éste actúe como reaseguradora de último recurso por motivos de interés público. Sin embargo, esta disposición no exime al Estado miembro de cumplir las normas comunitarias sobre competencia y ayudas estatales. Valga como ejemplo la situación planteada en los seguros del transporte aéreo a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el mercado de reaseguros no pudo proporcionar cobertura de algunos riesgos; los Estados miembros hubieron de ofrecer dicha cobertura. Antes de autorizarse, los mecanismos creados se examinaron conforme a la legislación comunitaria y, en particular, a las normas en materia de ayudas estatales.

Artículo 2: Definiciones

En el artículo 2 se recogen definiciones de los conceptos esenciales empleados en la propuesta a fin de clarificar su significado y contribuir así a su mejor comprensión. En su mayoría, ya se han utilizado en otros actos legislativos comunitarios aplicables a los seguros, tales como la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE sobre seguros no de vida y la Directiva 98/78/CE relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros.

Se ofrece una definición de "empresa de reaseguro cautiva" que se refiere a aquellas empresas de reaseguros que son propiedad de una o varias empresas industriales o comerciales o de una empresa financiera distinta de una empresa o un grupo de seguros o reaseguros. Este tipo de empresas ofrece cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o grupo de empresas a los cuales pertenece o a una empresa o grupo de empresas de los que forman parte. Esta definición es necesaria, pues la propuesta establece un régimen especial aplicable a estas empresas en relación con el fondo mínimo de garantía exigido en el artículo 40 para el ejercicio de la actividad de reaseguros.

Artículos 3-14: Disposiciones sobre acceso a la actividad del reaseguro

La presente propuesta sigue el enfoque de las directivas vigentes en el sector de seguros por lo que respecta al acceso a la actividad del reaseguro en la Comunidad. La propuesta sienta los principios de la autorización única y control por el Estado miembro de origen de la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros. Ello es posible gracias a la coordinación de los aspectos esenciales de la supervisión, lo que permite el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y regímenes prudenciales entre los Estados miembros.

En consecuencia, toda empresa de reaseguro deberá obtener una autorización administrativa previa de las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. La propuesta establece las condiciones mínimas que deben cumplirse para obtener la autorización oficial. La empresa de reaseguros debe tener una forma jurídica específica, presentar un programa de actividades que ofrezca información esencial sobre su plan de empresa y poseer el fondo mínimo de garantía contemplado en el artículo 40. La Directiva exige también que la empresa de reaseguros esté dirigida efectivamente por personas que reúnan las calificaciones técnicas o la experiencia adecuadas. La empresa de reaseguros debe limitar sus actividades a los reaseguros y operaciones conexas. Esta exigencia puede no obstante autorizar a una empresa de reaseguros a ejercer actividades tales como la asesoría estadística o actuarial, el análisis de riesgos o la investigación por cuenta de sus clientes. También pueden autorizarse el funcionamiento de una sociedad de cartera, así como actividades relacionadas con el sector financiero a efectos del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE. Estas últimas actividades, en todo caso, estarán sometidas a lo dispuesto en materia de supervisión adicional de los grupos de seguro o reaseguro y los conglomerados financieros en las Directivas 98/78/CE y 2002/87/CE (artículos 5-11).

Además, antes de conceder la autorización, las autoridades competentes deberán ser informadas de la identidad de los accionistas o socios que posean una participación cualificada en la empresa de reaseguros. Esta disposición pretende permitir a las autoridades competentes evaluar la idoneidad de los accionistas con vistas a una gestión adecuada y prudente de la empresa de reaseguros. En caso de no estar convencidas de tal idoneidad, las autoridades no concederán la autorización. De la misma manera, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de reaseguros y otras personas físicas o jurídicas, la autorización se rechazará si dichos vínculos no permiten a las autoridades competentes ejercer adecuadamente sus funciones de supervisión. Estos requisitos tienen un objetivo prudencial, a saber, garantizar una gestión adecuada y una supervisión eficaz de la empresa de reaseguros. Otros objetivos, basados en consideraciones de política industrial o económica del país o en necesidades del mercado, no se contemplan en estas disposiciones y deben prohibirse a la hora de examinar la solicitud de autorización, pues serían contrarios a los principios del Tratado (artículos 7, 9, 10 y 12).

La solicitud de autorización deberá estudiarse en el plazo de seis meses tras su presentación por la empresa de reaseguros. Toda denegación o retirada de la autorización deberá justificarse, y se darán los motivos exactos de la misma. La empresa de reaseguros debe tener derecho a recurrir la decisión ante los tribunales (artículo 13).

La autorización concedida será válida en toda la Comunidad. La autorización permite a la empresa de reaseguros ejercer sus actividades en toda la Comunidad, ya sea en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, sin más trámite (artículo 4).

Artículos 15-31: Condiciones que regulan la actividad de reaseguros; Principios y métodos de supervisión prudencial

Un régimen de supervisión prudencial basado en una autorización única, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de cada empresa de reaseguros y válida en toda la Comunidad, lleva a delegar los poderes de supervisión en dichas autoridades a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las condiciones que regulan la actividad de las empresas de reaseguros, ya se ejerza en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.

El artículo 15 de la propuesta establece la competencia exclusiva de las autoridades competentes del Estado miembro de origen con respecto a la supervisión financiera de toda empresa de reaseguros, incluidas las actividades que desempeñe en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Dada la competencia exclusiva del Estado miembro de origen respecto de la supervisión de todos los aspectos financieros de las empresas de reaseguros, las autoridades competentes de una empresa de reaseguros no podrán rechazar un contrato de retrocesión celebrado por esta empresa con una empresa de reaseguros comunitaria regulada por la presente Directiva [7] por motivos directamente relacionados con la solvencia financiera de la empresa de reaseguros (o de seguros). Esta supervisión indirecta de las empresas interferiría con los poderes de supervisión de las autoridades competentes sobre estas empresas y atentaría al principio fundamental del reconocimiento mutuo, base del marco jurídico establecido por la presente propuesta.

[7] O de una empresa de seguros comunitaria autorizada en virtud de las Directivas de seguro de vida o no de vida (Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE).

Toda empresa de reaseguros debe poseer procedimientos administrativos y contables, así como mecanismos adecuados de control interno. Ello es necesario a fin de garantizas un ejercicio ordenado y financieramente estable de las actividades. El Estado miembro de origen establecerá las condiciones que garanticen el cumplimiento de este requisito.

El artículo 16 establece el derecho de las autoridades competentes del Estado miembro de origen a efectuar comprobaciones in situ en las sucursales de la empresa de reaseguros en otros Estados miembros. El artículo establece el procedimiento que debe seguirse a la hora de efectuar las comprobaciones. Esta disposición es similar a la prevista en las Directivas sobre seguros de vida y no de vida [8].

[8] Directiva 73/239/CEE, artículo 16, modificado por la Directiva 92/49/CEE, artículo 11, y Directiva 2002/83/CE, artículo 11.

Para garantizar la eficacia de la supervisión que ejercen sobre las empresas de reaseguros, las autoridades competentes deben disponer de poderes adecuados para efectuar investigaciones detalladas, exigir la presentación de documentos o tomar medidas tales como sanciones contra la empresa de reaseguros o sus directivos (artículo 17).

Los artículo 19 al 23 recogen disposiciones específicas sobre la supervisión de las participaciones cualificadas en una empresa de reaseguros. Su objetivo es garantizar que las autoridades competentes estén al corriente de la estructura de propiedad de la empresa de reaseguros. Esta disposición no es sino corolario de la supervisión de los accionistas cualificados en el momento de estudiar la solicitud de autorización establecida en el artículo 12. Se trata de un régimen que ya se aplica a los seguros [9] y otros servicios financieros.

[9] Directiva 92/49/CE, artículo 15, y Directiva 2002/83/CE, artículo 15.

Los artículos 24 al 30 contemplan la confidencialidad de la información en poder de las autoridades competentes. Todas las personas que trabajan o hayan trabajado para las autoridades competentes, incluidos los auditores y los expertos que actúen en nombre de las autoridades competentes, estarán vinculadas por la obligación de secreto profesional. La naturaleza confidencial de esta información no impide a las autoridades competentes intercambiar información sobre la supervisión de las empresas de reaseguros, dado que tal intercambio pretende garantizar una supervisión satisfactoria. En todo caso, la información intercambiada quedará también sujeta a la obligación de confidencialidad, y sólo podrá revelarse con el consentimiento expreso de las autoridades competentes que la hayan remitido.

Los artículos 28 al 30 establecen asimismo las condiciones y circunstancias en las cuales esta información puede comunicarse a autoridades y organismos distintos de las autoridades de supervisión de los reaseguros. El régimen establecido es el aplicable a las empresas de seguros [10].

[10] Directiva 92/49/CEE, artículo 16, y Directiva 2002/83/CE, artículo 16.

El artículo 31 establece el deber de los auditores de informar sin demora a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de cualquier hecho o decisión relativos a una compañía de seguros que afecten a las condiciones de ejercicio de la actividad de reaseguros y que descubran en ejercicio de sus tareas en la empresa de reaseguros o en cualquier otra empresa que tenga vínculos estrechos con la empresa de reaseguros. La Directiva sigue el régimen ya aplicado a las compañías de seguros [11].

[11] Directiva 92/49/CEE, artículo 16 bis, introducido por la Directiva 95/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7), y Directiva 2002/83/CE, artículo 17.

Artículos 32-34: Normas relativas a las provisiones técnicas

Las provisiones técnicas constituyen un elemento fundamental de la técnica de seguros. Su propósito es permitir a las compañías de seguros o reaseguros cumplir sus compromisos con arreglo a los contratos de seguros o reaseguros. Por tal motivo, es principio fundamental de todo régimen prudencial la obligación de toda empresa de seguros (o reaseguros) de constituir provisiones técnicas adecuadas. En un sistema de autorización única concedida por el Estado miembro de origen, corresponde a sus autoridades competentes exigir a las compañías de seguros o reaseguros que constituyan provisiones técnicas suficientes en relación con todas sus actividades, incluidas las ejercidas en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios en la Comunidad. Por otra parte, el Estado miembro de origen deberá comprobar el cumplimiento de este requisito y tener a su disposición medios adecuados para garantizarlo.

El artículo 32 establece el principio del control por el país de origen de la definición y el cálculo de las provisiones técnicas de las empresas de reaseguros. El importe de las provisiones técnicas se determinará de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros [12]. La propuesta establece asimismo que, con respecto a las actividades de reaseguro de vida, el Estado miembro de origen podrá establecer normas más específicas para el cálculo de las provisiones técnicas, de conformidad con los principios enunciados en el artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE sobre seguro de vida. Esta disposición contiene los principios actuariales que deben aplicarse con vistas a determinar las provisiones técnicas para las actividades de seguro de vida.

[12] DO L 374 de 31.12.1991, p. 7.

El Estado miembro de origen exigirá asimismo a sus empresas de reaseguros que establezcan una reserva de estabilización en relación con sus operaciones de reaseguro de crédito (artículo 33). El importe de dicha reserva se calculará conforme a las normas previstas en la Directiva 73/239/CEE, y, en particular, en su Anexo, en el que figuran cuatro métodos considerados equivalentes. El Estado miembro de origen puede eximir de la obligación de constituir una reserva de estabilización a las empresas de reaseguros en cuyas actividades no represente una parte importante el reaseguro de crédito.

El Estado miembro de origen puede también exigir a sus empresas de reaseguros que constituyan reservas de estabilización en ramos de riesgo diferentes del reaseguro de crédito, conforme a las normas que dicho Estado miembro haya adoptado. Esto es acorde con la legislación vigente en materia de seguros y, en particular, con la Directiva 73/239/CEE y la Directiva 91/674/CEE sobre las cuentas anuales de las empresas de seguros.

La introducción de un régimen prudencial para las empresas de reaseguros, que actualmente no están sujetas a ningún marco legislativo comunitario, tiene por corolario la supresión de la obligación de pignorar activos que representen las provisiones para primas no consumidas y siniestros pendientes cuando la empresa de reaseguros sea reasegurada por otra empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o por una compañía de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE (seguros no de vida) o 2002/83/CE (seguros de vida). No obstante, los Estados miembros siguen siendo competentes para imponer la pignoración de activos a sus empresas de reaseguros cuando sean reaseguradas por empresas de reaseguros no comunitarias, ya que éstas no están sujetas al régimen prudencial basado en la autorización única y el reconocimiento mutuo que establece la presente Directiva.

El artículo 34 propone un planteamiento cualitativo de las normas sobre inversión. La especificidad de los reaseguros hace preferible este planteamiento al método más cuantitativo aplicado en seguro directo. El artículo 19 establece que los activos deben atender al tipo de negocio realizado por la empresa de reaseguros, así como al importe y la duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, calidad, rentabilidad y congruencia de sus inversiones. En reaseguros no de vida, el requisito de congruencia debe considerarse a la luz de las prácticas del sector y de la complejidad que trae consigo determinar la duración de los flujos de tesorería de responsabilidad civil. Además, las inversiones deben diversificarse y dispersarse adecuadamente a fin de permitir una respuesta ante la evolución de las circunstancias económicas.

Artículos 35-31: Margen de solvencia de las empresas de reaseguros

El margen de solvencia constituye un criterio importante de la supervisión prudencial. La presente propuesta establece requisitos de margen de solvencia para las empresas de reaseguros basados en las normas aplicables a las empresas de seguros. Como ya se ha señalado, los seguros y los reaseguros son actividades afines y, por consiguiente, los requisitos de solvencia aplicables deben también ser similares.

En reaseguros no de vida, la propuesta aplica los requisitos que figuran en la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida (artículo 37). Sin embargo, dada la índole particular de algunos tipos de contratos o ramas específicas de los reaseguros, la propuesta recoge la posibilidad de aumentar el margen de solvencia obligatorio. La Directiva sobre seguros no de vida ya contemplaba un aumento del 50% en los seguros de responsabilidad civil, que presentan un perfil de riesgo particularmente volátil. La propuesta establece un aumento del margen de solvencia de hasta el 50% en tipos específicos o ramas distintas de la responsabilidad civil. El ajuste del margen de solvencia será efectuado por la Comisión, previa consulta al Comité de Seguros, en ejercicio de las competencias de ejecución que le atribuye el Tratado. Estas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/648/CE (artículo 55). Este aumento del margen de solvencia únicamente se producirá previo análisis detallado y amplia consulta a las partes interesadas.

A fin de garantizar igualdad de condiciones entre las empresas de reaseguros y las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, la propuesta prevé posteriores adaptaciones de la Directiva 73/239/CEE sobre seguros no de vida y de la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida. En consecuencia, las empresas de seguros que practiquen el reaseguro a través de aceptaciones deberán someterse a lo dispuesto en la presente Directiva en materia de margen de solvencia obligatorio cuando el volumen de sus actividades de reaseguros represente una parte importante del total de sus negocios (apartados 5 del artículo 57 y 8 del artículo 59). Estas disposiciones serán aplicables una vez que la Comisión haya adoptado la decisión por la que se ajusta el margen de solvencia obligatorio de las operaciones de reaseguros no de vida (artículo 43).

En reaseguro de vida, el margen de solvencia obligatorio se calculará con arreglo a las normas contempladas en la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida (artículo 38).

Cuando una empresa de reaseguros practique a la vez el reaseguro de vida y no de vida, el margen de solvencia será igual al total de de los márgenes de solvencia obligatorios respectivamente aplicables a las actividades de reaseguro de vida y no de vida (artículo 39)

El margen de solvencia disponible estará representado por los activos enumerados en el artículo 36. Los activos autorizados son aquéllos que ya pueden representar el margen de solvencia en virtud de las Directivas sobre seguros de vida y no de vida.

El artículo 40 contempla el fondo mínimo de garantía necesario para llevar a cabo actividades de reaseguro. El fondo de garantía corresponde al capital mínimo obligatorio del que debe disponer permanentemente una empresa de reaseguros para ejercer sus actividades con la solvencia financiera adecuada. La propuesta fija en 3 millones de euros el importe mínimo del fondo de garantía. No obstante, en el caso de las empresas de reaseguro cautivas, el Estado miembro de origen podrá reducir el fondo de garantía a un millón de euros. Esta disposición pretende atender a las características específicas de las empresas de reaseguro cautivas y, en particular, a que se trata en general de pequeñas o medianas empresas cuyas actividades se reducen a cubrir los riesgos de las empresas a las que pertenecen.

Artículos 42-44: Empresas de reaseguros en dificultades - Retirada de la autorización

Las autoridades competentes de una empresa de reaseguros deben poseer las facultades adecuadas que les permitan adoptar medidas contra una empresa de reaseguros cuando su situación financiera se deteriore, por ejemplo, cuando no constituya provisiones técnicas adecuadas o su margen de solvencia no alcance el nivel obligatorio. En ese caso, las autoridades competentes deben tener la facultad de exigir un plan de financiación, un plan de saneamiento o un plan de recuperación financiera, o de prohibir la libre disposición de los activos de la empresa de reaseguros.

Del mismo modo, es fundamental establecer que la autorización concedida a una empresa de reaseguro podrá serle retirada en determinadas circunstancias (por ejemplo, incumplimiento de las condiciones de autorización, infracción grave a las condiciones y reglamentaciones para el ejercicio de la actividad, etc.).

Las normas establecidas en la presente Directiva son idénticas a las ya aplicadas a las empresas de seguros.

Artículos 45-46: Actividades de reaseguro ejercidas en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios

Toda empresa de reaseguros debidamente autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de origen tiene derecho a ejercer su actividad en toda la Comunidad, ya sea en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios (apartado 1 del artículo 4).

El artículo 45 recoge una serie de disposiciones para el caso de que una empresa de reaseguros que opera en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios no cumpla las disposiciones legales aplicables en el Estado miembro de acogida. El régimen propuesto, en parte inspirado en el previsto en las directivas sobre seguros, se basa en la cooperación entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y el Estado miembro de acogida.

El artículo 46 establece el principio de igualdad de trato de todos los acreedores reasegurados en caso de liquidación de una empresa de reaseguros, sin distinción debido a la forma en que se suscribieran los contratos de reaseguro (régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios). Sin embargo, esta disposición no introduce una coordinación de las normas nacionales en materia de liquidación. Esta coordinación, en el caso de las compañías de seguros, fue introducida por la Directiva 2001/17/CE (sobre liquidación de las empresas de seguros) [13]. También podría ser necesario adaptar esta Directiva, previo estudio detallado, a fin de hacerla aplicable a las empresas de reaseguros.

[13] DO L 110 de 20.04.2001, p. 28.

Artículos 47-50: Empresas de reaseguros de terceros países

Las empresas de reaseguros con domicilio social en un tercer país y que ejerzan actividades de reaseguros en un Estado miembro no recibirán tratamiento más favorable que el dado a las empresas de reaseguros con domicilio social en este Estado miembro (artículo 47).

El artículo 48 prevé la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros países relativos a la supervisión de las empresas de reaseguros. Dichos acuerdos internacionales tendrían por objetivo, en particular, intercambiar información sobre las empresas de reaseguros entre las autoridades competentes de la Unión Europea y los terceros países interesados, así como el reconocimiento mutuo de las respectivas normas y prácticas de supervisión de los reaseguros. Esta disposición sería de considerable importancia con vistas a suprimir los obstáculos reglamentarios al reaseguro que impiden la entrada de empresas comunitarias de reaseguros en terceros países.

Artículos 51-54: Derechos adquiridos por las empresas de reaseguros existentes - empresas de reaseguros en cese de actividad

Toda empresa de reaseguros autorizada o facultada para ejercer su actividades de reaseguros conforme a las disposiciones de su Estado miembro de origen antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva podrá seguir ejerciéndolas sin solicitar autorización. La empresa estará sin embargo sujeta a lo dispuesto en la Directiva, y, en particular, a los requisitos sobre solvencia financiera de las empresas de reaseguros (provisiones técnicas, margen de solvencia, fondo de garantía), capacidad profesional y honorabilidad de sus directivos o idoneidad de los accionistas cualificados. La Directiva autoriza a los Estados miembros a conceder un período transitorio de dos años a fin de evitar que las empresas de reaseguros existentes se expongan a dificultades financieras debido al esfuerzo necesario para cumplir estos requisitos (artículo 51).

Por otra parte, la Directiva no se aplica a las empresas de reaseguros que, en la fecha de su entrada en vigor, hayan dejado de suscribir nuevos contratos de reaseguro y administren exclusivamente su cartera a fin de poner término a sus actividades. Sin embargo, y toda vez que estas empresas no estarán sujetas al régimen de autorización única establecido en la Directiva, por motivos de transparencia y seguridad jurídica es esencial que cada Estado miembro elabore la lista de empresas de reaseguros interesadas y se la remita a todos los demás Estados miembros (artículo 52).

Por último, el artículo 53 contempla el derecho de toda empresa de reaseguros a interponer recurso judicial contra cualquier decisión adoptada respecto de la misma por las autoridades competentes en aplicación de la normativa nacional adoptada para dar cumplimiento a la presente Directiva.

Artículos 55-56: Competencias de ejecución de la Comisión para introducir adaptaciones técnicas a la Directiva.

La propuesta prevé la posibilidad de introducir adaptaciones técnicas a determinadas normas de la Directiva. La Directiva otorga a la Comisión competencias de ejecución de las disposiciones expresamente contempladas en el artículo 56. En ejercicio de dichas competencias de ejecución, la Comisión será asistida por el Comité de Seguros creado en virtud de la Directiva 91/675/CEE. Las medidas que adopte la Comisión estarán sujetas al procedimiento establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Las competencias de ejecución se ejercerán, en particular, a fin de aumentar el margen de solvencia obligatorio en el caso de determinados tipos de contratos o actividades en ramos distintos de la responsabilidad civil (artículo 37, apartados 3 y 4).

Artículos 57-60: Modificaciones técnicas a las Directivas sobre seguro de vida, no de vida y grupos de seguros

La introducción de un marco reglamentario comunitario de los reaseguros tiene consecuencias para las directivas vigentes en materia de seguros (de vida, no de vida y grupos de seguros) [14]. Dado que, una vez adoptada, la presente propuesta completará el marco legislativo aplicable al sector de los seguros, es preciso atender a dicho marco a fin de garantizar la coherencia del marco reglamentario. En consecuencia, deben adaptarse las directivas sobre seguros vigentes. Es el caso, por ejemplo, de la supervisión indirecta de una empresa de reaseguros por parte de las autoridades competentes de la empresa de seguros que haya concluido un contrato de reaseguro con el reasegurador comunitario sujeto a la presente Directiva [15]. La autoridad competente de la empresa de seguros no podrá rechazar este tipo de contratos por motivos directamente relacionados con la solvencia financiera de la reaseguradora.

[14] Seguros no de vida: Directivas 73/239/CEE, 88/357/CEE y 92/49/CEE; Seguros de vida: Directiva 2002/83/CEE; Grupos de seguros: Directiva 98/78/CEE (DO L 330 de 5.12.1998, p. 1).

[15] O de una empresa de seguros comunitaria autorizada en virtud de las Directivas de seguro de vida o no de vida (Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE).

La propuesta también contempla la eliminación de la obligación de pignorar activos para cubrir las provisiones para primas no consumidas y siniestros pendientes de una compañía de seguros cuando sea reasegurada, bien por una empresa de reaseguros autorizada con arreglo a la presente Directiva, bien por una empresa de seguros autorizada con arreglo a la Directiva 73/239/CEE (seguros no de vida) o a la Directiva 2002/83/CE (seguros de vida).

Estas adaptaciones también obedecen a la voluntad de someter a las empresas de seguro directo que acepten reaseguros a los requisitos de solvencia establecidos para las empresas de reaseguros y garantizar la igualdad de condiciones entre las distintas empresas que aceptan reaseguros.

La Directiva 98/78/CE sobre los grupos de seguros también se adapta, dado que en adelante las empresas comunitarias de reaseguros estarán sujetas a supervisión [16]. Posteriormente, también será necesario adaptar la Directiva 2002/87/CE sobre los conglomerados financieros [17].

[16] DO L 330 de 05.12.1998, p. 1.

[17] DO L 35 de 11.02.2003, p. 1.

Por otra parte, tal vez sea también necesario adaptar la Directiva 2001/71/CE de modo que sea aplicable a las empresas de reaseguros, ya que no están sujetas actualmente a la Directiva sobre procedimientos de liquidación en el sector de seguros. A este respecto se requieren ulteriores trabajos a fin de determinar qué cuestiones deben abordarse a fin de introducir las adaptaciones oportunas.

2004/0097 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los reaseguros y por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE y 92/49/CEE y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión [18],

[18] DO C , , p. .

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [19],

[19] DO C , , p. .

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [20],

[20] DO C , , p. .

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [21],

[21] DO C , , p. .

Considerando lo que sigue:

(1) La Directiva del Consejo 73/239/CEE de 24 de julio de 1973 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio [22], la Directiva 92/49/CEE de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE [23] y la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida [24] han establecido las disposiciones que regulan el acceso y ejercicio del seguro directo en la Comunidad;

[22] DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.

[23] DO L 228 de 11.08.1992, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.02.2003, p. 1).

[24] DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.

(2) Las citadas Directivas crean el marco jurídico en el cual las empresas de seguros ejercen la actividad de los seguros en el mercado interior, en su doble vertiente de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en los Estados miembros, al objeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio social en la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de la Comunidad, facilitando con ello a los tomadores la posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en su país, sino también a empresas con domicilio social en la Comunidad y establecidas en otros Estados miembros;

(3) El régimen establecido en virtud de las citadas Directivas se aplica a las empresas de seguros respecto de todas sus actividades, tanto las de seguro directo como las de reaseguro a través de aceptaciones; sin embargo, las actividades de reaseguros ejercidas por empresas especializadas en reaseguros no se rige ni por este régimen ni por ningún otro régimen establecido en el Derecho comunitario;

(4) Los reaseguros constituyen una actividad financiera de gran importancia, ya que, al facilitar una distribución más amplia de riesgos en el ámbito mundial, permiten que las empresas de seguro directo tengan una mayor capacidad de suscripción y una mayor cobertura de seguros, además de reducir sus costes de capital; por otra parte, por tratarse de grandes intermediarios financieros e inversores institucionales, desempeñan un papel fundamental para la estabilidad financiera y constituyen un factor esencial para la fortaleza, la solvencia financiera y la estabilidad de los mercados del seguro directo y del sistema financiero en general;

(5) La Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios [25], eliminó las restricciones a los derechos de establecimiento y libre prestación de servicios por motivos de nacionalidad o residencia del proveedor de reaseguro. Sin embargo, no eliminó las restricciones debidas a divergencias entre disposiciones nacionales en materia de regulación prudencial de los reaseguros. Esta situación ha dado lugar a divergencias significativas en los niveles de supervisión de las empresas de reaseguros de la Comunidad, lo que crea obstáculos al ejercicio de las actividades de reaseguro, tales como la obligación de que la empresa de reaseguros pignore activos para cubrir su parte en las provisiones técnicas de la empresa de seguro directo, así como el cumplimiento por las empresas de reaseguros de las diferentes normativas en materia de supervisión de los diferentes Estados miembros en los cuales ejercen sus actividades o la supervisión indirecta de los distintos aspectos de sus actividades por parte de las autoridades competentes de las empresas de seguro directo.

[25] DO L 56 de 4.4.1964, p. 878.

(6) En el Plan de Acción en materia de Servicios Financieros se considera el de los reaseguros como un sector en el que es precisa actuación comunitaria a fin de completar el mercado interior de servicios financieros. Por otra parte, foros financieros de primer orden, tales como el Fondo Monetario Internacional y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), han señalado la falta de normas armonizadas de supervisión de los reaseguros a nivel comunitario como una carencia importante del marco reglamentario de los servicios financieros que debe subsanarse.

(7) La presente Directiva pretende establecer un marco reglamentario prudencial para las actividades de reaseguro en la Comunidad. Forma parte de la legislación comunitaria en el ámbito de los seguros cuyo objetivo es establecer el Mercado interior en este sector.

(8) La presente Directiva es compatible con los principales trabajos realizados en el plano internacional sobre la normativa prudencial de los reaseguros, en particular por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS).

(9) La presente Directiva sigue el planteamiento de la legislación comunitaria adoptada en el sector del seguro directo, consistente en llevar a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial, haciendo así posible la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el Estado miembro de origen;

(10) Por consiguiente, el acceso a la actividad de seguros y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una autorización administrativa única, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su domicilio social. Dicha autorización permitirá a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. El Estado miembro en que se ubique la sucursal o en el que tenga lugar la prestación de servicios no podrá exigir una nueva autorización a las empresas de reaseguros que deseen ejercer en él la actividad de reaseguros y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen. Por otra parte, una empresa de reaseguros que ya haya sido autorizada en su Estado miembro de origen no debe ser sometida en relación con su solvencia financiera a supervisión o control adicional por las autoridades competentes de una empresa de seguros reasegurada por dicha empresa de reaseguros. Asimismo, no debe permitirse a los Estados miembros que exijan a una empresa de reaseguros autorizada en la Comunidad que preste activos en garantía de su parte en las provisiones técnicas del cedente. Deben definirse las condiciones para la concesión o retirada de la autorización. Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a empresas de reaseguros que no cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(11) La presente Directiva debe aplicarse a las empresas de reaseguros que realicen exclusivamente actividades de reaseguro, y no actividades de seguro directo; debe aplicarse asimismo a las denominadas "empresas cautivas" de reaseguro, creadas por empresas industriales, comerciales o financieras distintas de las contempladas en la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros [26] o propiedad de dichas empresas industriales y que tienen por objetivo proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen;

[26] DO L 330 de 05.12.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2002/87/CE (DO L 35 de 11.02.2003, p. 1).

(12) No obstante, la presente Directiva no debe aplicarse a las empresas de seguros ya contempladas en las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE; sin embargo, y a fin de garantizar la solvencia financiera de las empresas de seguros que también ejercen actividades de reaseguro y velar por que los requisitos de capital atiendan a las características específicas de estas actividades, las disposiciones en materia de margen de solvencia de las empresas de reaseguros que se recogen en la presente Directiva deben también aplicarse a las actividades de reaseguro de dichas empresas de seguros cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades;

(13) Conviene que la presente Directiva precise las facultades y los medios de control de las autoridades competentes. Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizar la vigilancia de la solidez financiera de la empresa de reaseguros, y, en particular, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas suficientes, así como de la representación de éstas por activos congruentes.

(14) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de los medios de control necesarios para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de la empresa de reaseguros en el conjunto de la Comunidad, ya se efectúen en régimen de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios; en particular, dichas autoridades deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregularidades, así como posibles infracciones contra las disposiciones en materia de control de la actividad de reaseguros;

(15) Deben contemplarse los intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada. Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen los intercambios de información anteriormente mencionados; por otra parte, cuando se establece que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. A este respecto, y a fin de garantizar la adecuada supervisión de las empresas de reaseguros por parte de las autoridades competentes, la presente Directiva debe establecer normas que permitan a los Estados miembros concertar acuerdos de cooperación que prevean intercambios de información con terceros países, siempre y cuando la información comunicada goce de adecuadas garantías de secreto profesional.

(16) A fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de reaseguros, debe establecerse que todo auditor deberá informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una empresa de reaseguros. Dado el objetivo que se pretende, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor, en el ejercicio de su función, observe tales hechos en una empresa que tenga vínculos estrechos con una empresa de reaseguros. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinada información relativa a una empresa de reaseguros verificada en el ejercicio de su función en una empresa no reaseguradora no modifica en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella.

(17) Debe establecerse el modo en que debe aplicarse la presente Directiva a las empresas de reaseguros existentes que ya estuvieran autorizadas o facultadas para ejercer actividades de reaseguro en virtud de disposiciones de los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva.

(18) A fin de que toda empresa de reaseguros pueda cumplir sus compromisos, el Estado miembro de origen debe exigirle que constituya provisiones técnicas adecuadas. Su importe debe determinarse de conformidad con la Directiva 91/674/CEE de 19 de diciembre de 1991 relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros [27] y, en el caso de las actividades de reaseguros de vida, debe también permitirse al Estado miembro de origen que establezca normas más específicas de conformidad con la Directiva 2002/83/CE.

[27] DO L 374 de 31.12.1991, p. 7. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.07.2003, p. 16).

(19) Debe exigirse a toda empresa de reaseguros que ejerza actividades de reaseguro relacionadas con el seguro de crédito y cuyas actividades de reaseguro de crédito representen más que una pequeña proporción del conjunto de sus actividades constituya una reserva de estabilización que no forme parte del margen de solvencia; dicha reserva debe calcularse con arreglo a uno de los métodos, reconocidos como equivalentes, contemplados en la Directiva 73/239/CEE. por otra parte, la presente Directiva debe autorizar al Estado miembro de origen a exigir también a las empresas de reaseguros con domicilio social en su territorio que constituyan reservas de estabilización en ramos distintos del reaseguro de crédito con arreglo a las normas que dicho Estado miembro determine.

(20) La empresa de reaseguros debe poseer activos representativos de las provisiones técnicas que deberán tener en cuenta el tipo de operaciones efectuadas por la empresa de reaseguros y, en particular, la naturaleza, cuantía y duración de los pagos de siniestros previstos, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de las inversiones de la empresa, que velará por una diversificación y dispersión adecuada de las mismas y por que ofrezcan a la empresa posibilidades de responder adecuadamente ante cambios de las circunstancias económicas y, en particular, los debidos a la evolución de los mercados financieros e inmobiliarios o a acontecimientos catastróficos de gran repercusión.

(21) Es necesario que las empresas de reaseguros dispongan, además de provisiones técnicas, de una reserva complementaria, denominada "margen de solvencia", representada por el patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad competente, por elementos implícitos del patrimonio, que actúen como un amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad. Este requisito constituye un elemento importante de la supervisión prudencial. En espera de la revisión del régimen actual de margen de solvencia, que la Comisión lleva a cabo en el marco del denominado "Proyecto Solvencia II", a la hora de determinar el margen de solvencia obligatorio de las empresas de reaseguros deben ser aplicables las normas contempladas en la legislación vigente en el ámbito del seguro directo;

(22) Dada la naturaleza particular de determinados tipos de contratos de reaseguro o ramos específicos, deben adoptarse disposiciones que permitan efectuar ajustes al cálculo del margen de solvencia obligatorio; la Comisión deberá efectuar dichos ajustes, previa consulta al Comité de Seguros establecido por Directiva 91/675/CEE del Consejo [28] en ejercicio de las competencias de ejecución que le confiere el Tratado. Estas medidas deben adoptarse mediante el procedimiento reglamentario contemplado de conformidad con el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [29].

[28] DO L 374 de 31.12.1991, p. 32.

[29] DO L 184 de 17.07.1999, p. 23.

(23) La lista de elementos aptos para representar el margen de solvencia disponible que establece la presente Directiva debe ser la contemplada en las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE.

(24) Las empresas de reaseguros deben también poseer un fondo de garantía que permita garantizar que a su creación posean los recursos adecuados y que a lo largo de sus actividades el margen de solvencia no disminuya en ningún caso por debajo de un mínimo de seguridad; sin embargo, y habida cuenta de las características específicas de las empresas de reaseguros cautivas, deben adoptarse disposiciones que permitan al Estado miembro de origen exigir a las empresas de reaseguros cautivas un fondo mínimo de garantía de importe inferior.

(25) Determinadas disposiciones de la presente Directiva definen normas mínimas. Un Estado miembro de origen debe poder dictar reglas más estrictas respecto de las empresas de reaseguros autorizadas por sus propias autoridades competentes y, en particular, en relación con los requisitos sobre margen de solvencia.

(26) Es necesario prever medidas para el caso en el que la situación financiera de la empresa de reaseguros llegase a ser tal que le fuera difícil cumplir sus obligaciones. En situaciones concretas, es también necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades competentes deben informar a las empresas de reaseguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa de reaseguros tiene un margen de solvencia suficiente.

(27) Es preciso contemplar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de garantizar que toda empresa de reaseguros que ejerza sus actividades en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios cumpla las disposiciones que le sean aplicables en el Estado miembro de acogida.

(28) Debe contemplarse el derecho de recurso judicial en caso de denegación o retirada de autorización.

(29) Es importante garantizar que las empresas de reaseguros que tengan domicilio social fuera de la Comunidad y ejerzan actividades de reaseguro en la Comunidad no reciban un trato más favorable que el dispensado a las empresas de reaseguros que tienen domicilio social en un Estado miembro.

(30) Habida cuenta de los aspectos internacionales del reaseguro, debe contemplarse la celebración con terceros países de acuerdos internacionales que determinen los medios de supervisión de las empresas de reaseguros que ejerzan actividades en el territorio de cada parte contratante.

(31) Debe establecerse un procedimiento flexible que permita evaluar la equivalencia prudencial con terceros países a escala comunitaria a fin de contribuir a la liberalización de los servicios de reaseguros en terceros países, ya sea mediante el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios. Para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociaciones con terceros países.

(32) La Comisión debe tener competencia para adoptar medidas de ejecución, siempre que dichas medidas no modifiquen los elementos esenciales de la presente Directiva. Dichas medidas de ejecución deben permitir a la Comunidad tener en cuenta las innovaciones que se produzcan en el sector de reaseguros. Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE.

(33) Debe adaptarse la legislación comunitaria vigente en materia de seguros a fin de atender al nuevo régimen de supervisión de los reaseguros creado por la presente Directiva y garantizar la coherencia del marco reglamentario en todo el sector de los seguros. En particular, deben adaptarse las disposiciones vigentes que permiten la "supervisión indirecta" de las empresas de reaseguros por las autoridades responsables de la supervisión de las empresas de seguros. Asimismo, deben eliminarse las disposiciones actuales que permiten a los Estados miembros exigir el depósito de activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros cuando la aseguradora sea reasegurada por una empresa de reaseguros autorizada con arreglo a la presente Directiva o por una empresa de seguros. Debe por último establecerse que el margen de solvencia exigido a las empresas de seguros que ejercen actividades de reaseguros, cuando dichas actividades representen una parte importante de su negocio, se someta a las normas sobre solvencia que la presente Directiva establece para las empresas de reaseguros. Las Directivas 73/239/CEE, 92/49/CEE y 2002/83/CE deben por tanto modificarse en consecuencia.

(34) La Directiva 98/78/CE debe modificarse a fin de de garantizar que las empresas de reaseguros que formen parte de un grupo de seguros o reaseguros sean objeto de supervisión adicional, como lo son las empresas de seguros que actualmente forman parte de un grupo de seguros.

(35) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, el establecimiento de un marco jurídico para el acceso a las actividades de reaseguro y su ejercicio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Dado que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros podrán fijar normas más estrictas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I - DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1 - Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas relativas al acceso a la actividad no asalariada del reaseguro, practicada por las empresas de reaseguros que únicamente realicen actividades de reaseguro y estén establecidas en un Estado miembro o deseen establecerse en él.

2. La presente Directiva no se aplicará:

a) a las empresas de seguros a las cuales sean aplicables las Directivas 73/239/CEE y 2002/83/CE,

b) a las actividades y organismos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 73/239/CEE,

c) a las actividades y organismos contemplados en el artículo 3 de la Directiva 2002/83/CE,

d) a las actividades de reaseguro ejercidas por el Gobierno de un Estado miembro cuando, por razones importantes de interés público, actúe en calidad de reasegurador de último recurso en circunstancias en que así lo requiera una situación en el mercado tal que resulte objetivamente imposible obtener cobertura de reaseguro.

Artículo 2: Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) reaseguro: la actividad que consiste en aceptar los riesgos cedidos por una empresa de seguros, otra empresa de reaseguros o un organismo de previsión para la jubilación contemplado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [30];

[30] DO L 235 de 23.09.2003, p. 10.

b) empresa de reaseguros: una empresa que haya recibido autorización administrativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3;

c) sucursal: toda agencia o sucursal de una empresa de reaseguros;

d) establecimiento: la sede social o sucursal de una empresa de reaseguros, teniendo en cuenta lo dispuesto en la letra c);

e) Estado miembro de origen: el Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la empresa de reaseguros;

f) Estado miembro de la sucursal: el Estado miembro en que esté situada la sucursal de una empresa de reaseguros;

g) Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una empresa de reaseguros tenga una sucursal o preste servicios;

h) control: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo [31], o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

[31] DO L 193 de 18.07.1983, p. 1.

i) participación cualificada: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de la empresa en la cual se posea una participación.

j) empresa matriz: la empresa matriz definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

k) filial: la empresa filial definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

l) autoridades competentes: las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o de una reglamentación, para controlar las empresas de reaseguros.

m) vínculos estrechos: una situación en la que dos o varias personas físicas o jurídicas estén vinculadas por:

i) una participación, es decir, el hecho de poseer en una empresa, de manera directa o mediante vínculo de control, al menos un 20% del capital o de los derechos de voto, o

ii) un vínculo de control, en todos los casos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o toda relación análoga entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

n) empresa de reaseguros cautiva: empresa de reaseguros que sea propiedad: o bien de una empresa financiera diferente de una empresa de seguros o reaseguros o un grupo de compañías de seguros o reaseguros al que se aplique la Directiva 98/78/CE, o bien de una o más empresas no financieras que tengan por objetivo ofrecer una cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o grupo de empresas a los cuales pertenece o a una empresa o grupo de empresas de los cuales forma parte la empresa de reaseguros cautiva.

2. A efectos de la letra c) del apartado 1, se asimilará a una agencia o sucursal toda presencia permanente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia, y se ejerza por medio de una simple oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia.

A efectos de la letra i) del apartado 1, así como en los artículos 7 y 14 y para la aplicación de los otros porcentajes de participación indicados en el artículo 14, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refiere el artículo 92 de la Directiva 2001/34/CE [32];

[32] DO L 184 de 06.07.2001, p. 66.

A efectos de la letra k) del apartado 1, cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas.

A efectos de la letra m) del apartado 1, toda empresa filial de una empresa filial se considerará filial de la empresa matriz a la cabeza de dichas empresas.

A efectos de la letra m del apartado 1, se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que éstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de control.

3. Cada vez que la presente Directiva haga referencia al euro, el contravalor en moneda nacional que deba tomarse en consideración a partir del 31 de diciembre de cada año será el del último día del mes de octubre anterior para el que se disponga de los contravalores del euro en todas las monedas de la Comunidad.

TÍTULO II - ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LOS REASEGUROSAUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA DE REASEGUROS

Artículo 3 - Principio de autorización

El acceso a la actividad del reaseguro estará supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.

Dicha autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de origen, por:

a) la empresa de reaseguros que fije su domicilio social en el territorio de dicho Estado miembro;

b) la empresa de reaseguros que, tras haber recibido la autorización, extienda sus actividades a actividades de reaseguros diferentes de las ya autorizadas.

Artículo 4 - Ámbito de la autorización

1. Toda autorización concedida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 será válida para toda la Comunidad. Permitirá a la empresa de reaseguros ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

2. La autorización se concederá para actividades de reaseguros no de vida, reaseguros de vida o todos los tipos de actividades de reaseguros según la solicitud formulada por la empresa solicitante.

Deberá estudiarse atendiendo al programa de actividades que deberá presentarse con arreglo a la letra b) del artículo 6 y el artículo 11 y al cumplimiento de los requisitos de autorización que establezca el Estado miembro cuya autorización se solicita.

Artículo 5 - Forma de la empresa de reaseguros

1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización adopten una de las formas contempladas en el Anexo I.

La empresa de reaseguros también podrá adoptar la forma de Sociedad Anónima Europea (SE), definida en el Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 (SE) [33].

[33] DO L 294 de 10.11.2001, p.1.

2. Los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos organismos tengan por objeto la realización de operaciones de reaseguro en condiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado;

Artículo 6 - Condiciones

El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de reaseguros que soliciten autorización:

a) limiten su objeto social a la actividad del reaseguro y a las operaciones conexas; este requisito podrá incluir funciones de sociedad de cartera y actividades vinculadas al sector financiero a efectos del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE [34];

[34] DO L 35 de 11.02.2003, p. 1.

b) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 11;

c) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2 del artículo 40;

d) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o experiencia profesionales.

Artículo 7 - Vínculos estrechos

1. Cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de reaseguros y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.

Las autoridades competentes denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la empresa de reaseguros mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con su aplicación.

2. Las autoridades competentes exigirán a las empresas de reaseguros el suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el apartado 1.

Artículo 8 - Domicilio social de la empresa de reaseguros

Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social.

Artículo 9 - Condiciones de las pólizas y primas

1. La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.

2. No obstante, los Estados miembros no podrán establecer disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas, de las tarifas, de los formularios y demás impresos que la empresa de reaseguros se proponga utilizar en sus relaciones con las empresas cedentes o retrocedentes.

Artículo 10 - Necesidades económicas del mercado

Los Estados miembros no podrán exigir que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 11 - Programa de actividades

1. El programa de actividades contemplado en la letra b) del artículo 6 deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a:

a) la naturaleza de los riesgos que la empresa de reaseguros se propone cubrir;

b) los tipos de acuerdos de reaseguro que la empresa de reaseguros se proponga celebrar con empresas cedentes;

c) los principios rectores en materia de retrocesión;

d) los elementos constitutivos del fondo mínimo de garantía;

e) las previsiones de gastos de instalación de los servicios administrativos y de la red de producción; los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos.

2. Además de los requisitos del apartado 1, el programa de actividades deberá incluir, para los tres primeros ejercicios sociales:

a) las previsiones relativas a los gastos de gestión distintos de los gastos de instalación, en particular los gastos generales corrientes y las comisiones;

b) las previsiones relativas a las primas o cuotas y a los siniestros;

c) los balances de situación previstos;

d) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.

Artículo 12 - Accionistas y socios cualificados

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no concederán la autorización que permita el acceso de una empresa a la actividad de reaseguros antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en una empresa de seguros para la cual se ha solicitado la autorización, y el importe de dicha participación.

Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de reaseguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.

Artículo 13 - Denegación de la autorización

Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y notificada a la empresa interesada.

Cada Estado miembro preverá la posibilidad de un recurso judicial, con arreglo al artículo 53, contra las decisiones denegatorias.

Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades competentes no se hubieran pronunciado sobre la petición de autorización, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de su recepción.

Artículo 14 - Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros

1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de reaseguros que sea

a) filial de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro,

b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente de un Estado miembro interesado, que sea responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión, será consultada antes de que se conceda una autorización a una empresa de reaseguros que sea

a) filial de una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad.

3. Las autoridades competentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, especialmente a la hora de evaluar la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que sea relevante para las demás autoridades competentes interesadas, para la concesión de una autorización, así como para la evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

TÍTULO III - CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL REASEGURO

Capítulo 1 - Principios y métodos de supervisión financiera

sección 1 - autoridades competentes y normas generales

Artículo 15 - Autoridades competentes y objeto de la supervisión

1. El control financiero de una empresa de reaseguros, incluido el control de las actividades que ejerza a través de sucursales y en régimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen.

Si las autoridades competentes del Estado miembro de origen tienen motivos para considerar que las actividades de una empresa de reaseguros podrían afectar a su solidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comprobarán que la empresa de reaseguros observa las normas prudenciales definidas en la presente Directiva.

2. El control financiero con arreglo al apartado 1 consistirá, en particular, en la comprobación, para el conjunto de actividades de la empresa de reaseguros, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas, así como de los activos que las representan con arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

3. El Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros no rechazará un contrato de retrocesión celebrado por la empresa de reaseguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o con una empresa de seguros autorizada de conformidad con las Directivas 73/239/CEE o 2002/83/CE por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de dichas empresas de reaseguros o de seguros.

4. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que las empresas de reaseguros dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

Artículo 16 - Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado miembro

Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una empresa de reaseguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder realizar el control financiero de la empresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verificación.

Artículo 17 - Información contable, estadística y prudencial - Poder de supervisión

1. Cada Estado miembro obligará a las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en su territorio a rendir cuenta anualmente, para todas sus operaciones, de su situación y de su solvencia.

2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de reaseguros que tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódica de los documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán los documentos e informaciones útiles para el ejercicio del control.

3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los medios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresas de reaseguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas las actividades ejercidas