Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica» () (97/C 296/12)

El 8 de abril de 1997, de conformidad con el artículo 130 S del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de junio de 1997 (Ponente: Sr. Koopman).

En su 347° Pleno (sesión del 10 de julio de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 66 votos a favor y una abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. En diciembre de 1996 la Comisión publicó su largamente esperada propuesta de revisión del Reglamento 880/92 del Consejo relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. En la exposición de motivos se hace referencia a las dificultades que se plantearon en su aplicación. Con objeto de aumentar su efectividad, eficiencia y transparencia, se proponen modificaciones encaminadas a mejorar y simplificar el enfoque, las metodologías y los procedimientos de trabajo de dicho sistema, en aplicación del artículo 18 del Reglamento.

1.2. En su análisis la Comisión menciona las dificultades que, a su juicio, contribuyeron a retardar el progreso del sistema. Éstas son las siguientes:

i. la reticencia de las organizaciones de productores a aceptar una competencia entre sus miembros basada en la obtención de mejores resultados medioambientales;

ii. las diferencias en las condiciones del mercado dentro de la Comunidad;

iii. la escasa visibilidad para los consumidores;

iv. la existencia de sistemas nacionales;

v. la complejidad de los procedimientos seguidos para el establecimiento de criterios;

vi. la posibilidad de que se produzcan distorsiones en el comercio;

vii. los costes ulteriores de las concesiones.

El Comité se propone manifestar su opinión sobre estos obstáculos y examinar las medidas propuestas por la Comisión para mejorar el sistema.

1.3. No es la primera vez que el CES se ocupa de este asunto. El Comité expresó sus puntos de vista sobre la propuesta original en un dictamen () aprobado por unanimidad; también en un apartado de un dictamen reciente formuló numerosas sugerencias sobre la evolución futura del sistema. Estas sugerencias figuran en el punto 2.7 («Consumo sostenible») del Dictamen sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998) () y en el punto 4.4.3 («Nuevos instrumentos de la política de medio ambiente; sistemas de etiquetado ecológico») del Dictamen sobre comercio internacional y medio ambiente (). El presente dictamen hará uso de estas recomendaciones.

1.4. Además, el desempeño de funciones como Secretaría del Foro de consulta sobre la etiqueta ecológica ha permitido al Comité formarse un juicio ponderado sobre el funcionamiento del sistema y la contribución de todos los participantes. Para la elaboración de este dictamen se contó también con contribuciones de los organismos competentes, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y los grupos de interés europeos.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité considera que, teniendo en cuenta el corto período en que estuvo en vigor el Reglamento, el ritmo de adopción de criterios por categorías de productos y el número de etiquetas ecológicas concedidas no deberían ser juzgados negativamente. El «Blauer Engel» (ángel azul) alemán (1977) y el «Nordic Swan» (1989), que en la actualidad gozan de una posición reconocida en sus mercados nacionales y, en cierta medida, también en el extranjero, se enfrentaron en un principio con dificultades y contratiempos similares. Ambos tuvieron unos comienzos difíciles.

2.2. El CES considera también que la institución de numerosos sistemas de etiquetado ecológico en los Estados miembros, prácticamente al mismo tiempo que se introdujo el sistema de la UE, fue uno de los factores que explican los modestos comienzos de este último. Además, también puede aducirse como explicación la complejidad necesariamente mayor de su estructura organizativa, concebida para respetar el deseo de los Estados miembros de participar activamente en su aplicación. Sin embargo, la información facilitada recientemente por la Comisión indica que, a finales de marzo de 1997, el sistema había concedido 27 autorizaciones a 14 fabricantes con un total de 108 productos. Este hecho, junto con las estadísticas publicadas por la Comisión en su Propuesta, puede ser un indicio de que el sistema está adquiriendo auge.

2.3. El Comité está convencido de que, habida cuenta de los efectos restrictivos que tienen los sistemas nacionales para el comercio, el futuro del etiquetado ecológico pasa por fortalecer el sistema de la UE. A tal propósito, deberá realizarse un esfuerzo para armonizar en la medida de lo posible los criterios de estos sistemas nacionales de etiquetado ecológico ().

2.4. Es también muy importante que la aplicación del sistema de etiquetado ecológico de la UE sea un éxito ya que es el único instrumento de carácter voluntario vinculado a los productos y orientado hacia la demanda que existe para avanzar en pos del objetivo del consumo sostenible.

3. Observaciones específicas

3.1. La introducción de una etiqueta graduada

3.1.1. La Comisión aduce que las organizaciones industriales se muestran por lo general reticentes a la hora de apoyar el sistema de etiquetado ecológico puesto que fomenta un tipo de competencia (basado exclusivamente en el impacto medioambiental del producto). La etiqueta ecológica puede interesar a las empresas que intentan conseguir ventajas competitivas. La Comisión también hace referencia a las diferencias existentes en la estructura de los mercados de muchas categorías de productos en los Estados miembros y señala que para los productores extracomunitarios las condiciones son considerablemente diferentes de las vigentes en la UE. Estas consideraciones llevaron a la Comisión a concluir que a menudo no resultará posible establecer criterios uniformes.

3.1.2. Para solventar estos problemas, la Comisión propone la introducción de una etiqueta graduada basada en criterios (flexibles) diferentes para cada uno de los aspectos ecológicos de una determinada categoría de productos. Deberán establecerse cotas suficientemente estrictas para estos aspectos diferentes con objeto de mantener la integridad de la etiqueta de modo que se ajuste a los requisitos fundamentales.

3.1.3. En primer lugar debe hacerse hincapié en que el argumento principal para establecer criterios ecológicos comunitarios por categorías de productos es el deseo de reducir su impacto medioambiental en el interior de la Unión Europea. Esto implica que la selección de los aspectos ecológicos para los que deben fijarse los criterios y el rigor de éstos deberán reflejar las condiciones del medio ambiente en la UE. Por consiguiente, no siempre será posible acomodarse a los productores de fuera de la UE que puede que operen en condiciones medioambientales y legislativas significativamente diferentes ().

3.1.4. En segundo lugar, se pueden albergar dudas sobre si las condiciones nacionales (incluidas las expectativas de los consumidores de normas rigurosas de protección del medio ambiente) de la UE son tan diferentes que necesitan enfoques nacionales en el establecimiento de criterios (establecimiento de normas diferentes), sobre todo si se tiene en cuenta que el mercado interior aumentará el grado de armonización de las condiciones económicas y las políticas de medio ambiente en la UE.

3.1.5. En tercer lugar, se puede cuestionar el optimismo de la Comisión cuando afirma que la introducción de la etiqueta graduada contribuirá a aminorar las reticencias de los fabricantes para competir sobre la base de mejores resultados ecológicos. Es verdad que la etiqueta graduada ofrece a los fabricantes más flexibilidad para ajustarse a los criterios, pero al mismo tiempo no está en absoluto claro qué efectos puede tener para la competencia, en particular debido a la falta de transparencia inherente a esta etiqueta.

3.1.6. Es altamente cuestionable si la introducción de una etiqueta graduada dará una respuesta a todas las preocupaciones que los fabricantes albergan sobre el sistema de etiquetado ecológico comunitario. Hasta la fecha, no hay pruebas de que los fabricantes o sus organizaciones hayan mostrado una actitud positiva en favor de la etiqueta graduada.

3.1.7. Es cierto que este sistema permitiría que la autoridad responsable de fijar los criterios actuara con más flexibilidad, en el sentido de que ofrece más matices que el sistema de «apto o no apto». Sin embargo, es poco probable que esta libertad satisfaga a tales autoridades ya que provocará disputas en el momento de elegir las cotas subsiguientes debido a los diferentes intereses (nacionales) de los productores. Además, hay que ser consciente de la presión intrínseca a un sistema graduado para rebajar el umbral mínimo.

3.1.8. Finalmente, no es seguro que los consumidores estén satisfechos de tener más opciones por el sistema de ofrecerles «ramos» de flores diferentes. Resultará muy difícil explicarles la importancia de las diferentes etiquetas. Por consiguiente, el consumidor tendrá problemas a la hora de elegir entre etiquetas en las que figuran diferentes puntuaciones sobre distintos aspectos ecológicos. Además, al consumidor no le agrada emplear mucho tiempo en formarse un juicio sobre la información pertinente para la adquisición de un producto (), sin perjuicio de su interés en recibir información sobre el impacto específico en el medio ambiente y la situación general de este último.

3.1.9. Es cierto que el consumidor se toma más tiempo para elegir «la mejor oferta» cuando se trata de productos duraderos. Sin embargo, por regla general, quiere tener al menos una noción de las propiedades (adecuación para el uso) de los productos que considera importantes. E incluso en este caso, como saben todas las organizaciones de consumidores, es necesario tener una gran capacidad y hacer un enorme esfuerzo para proporcionar al consumidor información comprensible y pertinente mediante el sistema de efectuar pruebas comparativas entre dichos productos, un sistema que es análogo al recurso a una etiqueta ecológica graduada.

3.1.10. En este último caso, los problemas del consumidor se agravan porque estará mucho menos familiarizado con las cualidades ecológicas del producto y menos aún en condiciones de manifestar preferencia por él. Por lo tanto, el consumidor no perderá tiempo en asimilar la información contenida en la etiqueta que es posible que ni comprenda ni siquiera necesite para tomar una decisión de compra. Por consiguiente, es comprensible que las organizaciones de consumidores hayan manifestado su oposición a la introducción de una etiqueta graduada.

3.1.11. Por estas mismas razones las compañías industriales tienen dudas sobre la etiqueta graduada, ya que presenta desventajas como instrumento de comunicación en el terreno comercial.

3.1.12. Y por consiguiente, es comprensible que en ningún lugar del mundo se haya puesto en práctica un sistema de etiquetado ecológico graduado.

3.1.13. Por todas estas razones, el CES no cree que la introducción de una etiqueta graduada sea un instrumento adecuado para vencer las dudas de las compañías comerciales e industriales a la hora de adoptar el sistema. El Comité considera, en cambio, que se pueden llevar a cabo las suficientes adaptaciones dentro del actual sistema de «apto o no apto» a fin de aumentar de manera considerable su atractivo ante dichas compañías.

3.1.14. Habida cuenta de todos los riesgos que entraña, el Comité insta a la Comisión a que, si decide no tener en cuenta su consejo de abandonar este nuevo enfoque, al menos averigüe en primer lugar si los productores y comerciantes (que pueden sentirse responsables de ayudar a los consumidores a interpretar las etiquetas) no preferirían un (tipo de) sistema graduado en lugar del sistema actual de «apto o no apto» y, como consecuencia, estuviesen más dispuestos a participar en dicho sistema.

3.1.15. Y si es así, el Comité sugiere además a la Comisión que ensaye el sistema antes de presentar sus propuestas definitivas. El resultado del mismo podría mostrar ciertas variaciones entre los Estados miembros, aunque la etiqueta que se elija finalmente debería tener el mismo diseño en toda la UE. Al Comité le gustaría también proponer que el Comité de consumidores participe en este ejercicio previo de ensayo (véase también la referencia en el artículo 7).

3.2. La relación entre el sistema de la UE y los sistemas nacionales

3.2.1. El CES coincide con la opinión de la Comisión de que en el futuro las etiquetas nacionales deberían aplicarse exclusivamente a categorías de productos para las que no existan criterios comunitarios específicos de etiqueta ecológica. Sin embargo propone sustituir «are established» por «have been established» en la versión inglesa (apartado 1 del artículo 11) (). A juicio del Comité, el factor determinante es que tras cinco años de la entrada en vigor del nuevo Reglamento ya no habrá productos para los que se hayan establecido etiquetas de la UE que lleven etiqueta ecológica nacional. Esta adaptación permitiría la presencia de etiquetas nacionales en el mercado durante el período (a veces prolongado) que va desde el anuncio del mandato para el establecimiento de criterios para una categoría determinada de productos y la publicación de los criterios por parte de la Comisión (apartado 3 del artículo 5). Además, hay que reconocer que esta disposición es sólo aplicable a los denominados sistemas coordinados porque los gobiernos de los Estados miembros no son responsables de otras etiquetas existentes no reguladas. El CES recomienda que la Comisión aclare el significado exacto de este apartado. Sin embargo, puede hacerse una excepción en caso de adopción de criterios nacionales (más estrictos) en los sistemas coordinados para luchar contra problemas medioambientales que tienen una importancia nacional genuina. Se considera que esta excepción es correcta puesto que los acuerdos OTC y SPG () permiten, bajo determinadas circunstancias, el establecimiento de normas nacionales. La carga de la prueba para justificar el establecimiento de tales normas nacionales debería seguir siendo responsabilidad de la autoridad nacional competente para el etiquetado ecológico. No es probable que se recurra mucho a esta cláusula de excepción.

3.2.2. La Comisión propone el establecimiento de criterios sólo para un número muy limitado de categorías de productos, dada la modesta contribución financiera que está dispuesta a hacer (). Por consiguiente, no sólo apenas mejoraría la visibilidad del logotipo, sino que, lo que es todavía peor, es seguro que disminuiría incluso su cuota de participación en el sistema coordinado de etiquetado ecológico. Un método de contrarrestar esta tendencia negativa sería respaldar la encomiable iniciativa de varios sistemas nacionales para armonizar sus criterios para determinadas categorías de productos y establecer así criterios comunitarios adicionales. El CES quisiera hacer hincapié en que la armonización de criterios es preferible a un sistema de reconocimiento mutuo de criterios (no armonizados).

3.2.3. Un motivo de preocupación es la existencia de sistemas (privados) nacionales sin coordinar, un problema al que también hace referencia la Comisión. Por consiguiente, el CES acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de permitir a los comerciantes minoristas que soliciten la etiqueta ecológica para los productos comercializados con su propia denominación de marca (apartado 1 del artículo 6), ya que puede resultarles tentador abandonar su propio logotipo para participar en el sistema nacional o en el comunitario. Asimismo, insta a la Comisión a que declare que el sistema cubre también las marcas de mayoristas.

3.2.4. Debería desalentarse resueltamente la proliferación de etiquetas privadas y otras pretensiones relativas a un supuesto carácter ecológico. Estas etiquetas sin regular confunden al consumidor y sus pretensiones resultan algunas veces equívocas. Por consiguiente, perjudican el desarrollo de la etiqueta ecológica comunitaria y de las etiquetas nacionales nacidas al amparo de los organismos competentes.

3.2.5. Para permitir que las autoridades nacionales puedan luchar contra las pretensiones relativas a un supuesto carácter ecológico, el CES recomienda que la Comisión, en colaboración con el Comité como se propone en el artículo 13, examine la legislación y los códigos de conducta existentes sobre publicidad engañosa, con vistas a la necesidad de introducir modificaciones que tengan en cuenta las diferentes estructuras jurídicas e institucionales de los Estados miembros.

3.3. La estructura organizativa del sistema comunitario

3.3.1. La relación entre la OEEE () y la Comisión

3.3.1.1. El Comité está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de impulsar la creación de una asociación independiente de los organismos competentes para la etiqueta ecológica () que asuma la responsabilidad de fijar y actualizar los criterios, los requisitos correspondientes de evaluación y verificación y la coordinación de las actividades de los organismos competentes. El Comité ha adoptado esta opinión ya que reconoce que no existe una alternativa viable a la propuesta de la Comisión.

3.3.1.2. En los trabajos preparatorios del presente Dictamen, el Comité estudió la posibilidad de encomendar a la AEMA la responsabilidad final de establecer los criterios, e invitó al director de la Agencia a que diera su parecer al respecto. El director está firmemente convencido de que la tarea administrativa de establecer los criterios impediría el desempeño de su labor fundamental, la recopilación y divulgación independiente de información sobre el medio ambiente. Por consiguiente, el Comité reconoce que la AEMA no constituye una alternativa viable a la OEEE.

3.3.1.3. Debe aplaudirse a la Comisión por su disposición a «retirarse» del mecanismo de aplicación del sistema, dado que las experiencias anteriores demostraron que el sistema es (también) vulnerable debido a la posición predominante de la Comisión. Este traslado de responsabilidades hacia la OEEE es muy apropiado habida cuenta de la mayor sensibilidad hacia las distorsiones del comercio (). Una ventaja adicional de la constitución de la OEEE es que puede llevar a una mayor armonización de los sistemas nacionales (véase también punto 3.2.2).

3.3.1.4. No obstante, en una reunión informal (celebrada los días 29 y 30 de mayo de 1997) en la que participaron los organismos competentes y los representantes de los gobiernos para debatir la propuesta, varias delegaciones expresaron su preferencia, al menos en el contexto actual, por dejar la responsabilidad final de la adopción de los criterios a la Comisión.

Se esgrimieron los siguientes argumentos en apoyo de esta posición:

- la autoridad de la Comisión, si fuera necesario, en defensa de los criterios adoptados;

- la competencia de la Comisión para negociar en un contexto europeo e internacional;

- el sentido de «ownership» (sentido de responsabilidad hacia el órgano que se creará) y, por último, las consecuencias financieras.

El Comité considera que estos aspectos no deberían tomarse a la ligera e insta a la Comisión a que encuentre soluciones adecuadas a estos problemas.

3.3.1.5. La delimitación concreta de las responsabilidades aún deja mucho que desear. La propuesta no presta ninguna atención, por ejemplo, a la cuestión de la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan dictar los tribunales como consecuencia de las decisiones de la OEEE. El CES opina que la Comisión debería ser garante de la OEEE contra los posibles perjuicios que pueda ocasionarle el mero hecho de desempeñar adecuadamente el mandato de la Comisión.

3.3.1.6. Por desgracia, tampoco en la propuesta figura un reparto inequívoco de responsabilidades entre la Comisión y la OEEE en lo que se refiere a la introducción de nuevos criterios. Es verdad que los criterios de la etiqueta ecológica serán establecidos por la OEEE, pero no entrarán en vigor antes de que la Comisión declare estar satisfecha con el cumplimiento por parte de la OEEE de los términos del mandato. El mandato especificará los requisitos de procedimiento para el establecimiento de los criterios de la etiqueta ecológica, de acuerdo con los principios del Anexo 4. Con arreglo a la propuesta (véase el apartado 2 del artículo 5), la responsabilidad de la Comisión consiste en la selección de una categoría de productos y la verificación de la observancia de los principios de procedimiento enumerados en el Anexo 4.

3.3.1.7. No obstante, en el punto 32 de la propuesta se afirma que la Comisión deberá también verificar que la OEEE desempeñe sus funciones de conformidad con el Reglamento. Además, considera que hay una analogía con el procedimiento de «nuevo enfoque» (punto 33).

3.3.1.8. El CES lamenta en particular esta referencia al «nuevo enfoque». En primer lugar, el «nuevo enfoque» favorece, en sus objetivos y ambiciones, un enfoque nacional. Además, la normalización (CEN) y el etiquetado ecológico (OEEE) son conceptos fundamentalmente diferentes. Mientras que el primero es técnico, el segundo es selectivo y un instrumento de política. Por lo tanto, el modelo CEN y sus procedimientos no son adecuados para el funcionamiento de la OEEE.

3.3.1.9. El Comité cree firmemente que la función de la Comisión debería ser facilitar y estipular reglas de juego adecuadas y garantizar la igualdad de condiciones. Ni más ni menos. Por consiguiente, considera que los intereses de la Comisión quedan suficientemente salvaguardados con su papel de colaboradora en la redacción de un estatuto apropiado para la OEEE y la verificación de que ésta se ajusta a las exigencias establecidas en el Anexo 4. Con el fin de garantizar un nivel suficiente de compatibilidad con otros objetivos y preocupaciones de política medioambiental, la Comisión podría, sin embargo, remitir el mandato de la OEEE a cualquier documento de política comunitaria pertinente a fin de establecer criterios para una determinada categoría de productos. Sin embargo, será la responsabilidad de la OEEE decidir sobre las posibles consecuencias a la hora de determinar los criterios.

3.3.1.10. Dada la naturaleza de sus funciones, tal como se definen en el Reglamento 1210/90 y las competencias que ha desarrollado, la Agencia Europea del Medio Ambiente puede desempeñar un papel activo en la recopilación de información necesaria para determinar la categoría de producto (fase 1 de las directrices de procedimiento) y la elaboración de evaluaciones de impacto medioambiental (fase 3). La AEMA manifestó su disposición a asumir estas funciones. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a que siga examinando la participación formal de la Agencia en el sistema (). En una relación de estas características será necesario establecer líneas directas de comunicación entre la AEMA y la OEEE.

3.3.2. La relación entre la OEEE y los organismos competentes

3.3.2.1. La propuesta no dice mucho sobre esta relación. Ello es comprensible porque la OEEE será una asociación de los organismos competentes y apenas han comenzado las negociaciones entre la Comisión y dichos organismos. Dado que en la propuesta se afirma correctamente que el Reglamento entrará en vigor sólo cuando la Comisión decida (énfasis añadido) que la OEEE está en condiciones de desempeñar su función, es de lamentar que la Comisión todavía no haya manifestado una postura sobre esta relación. Una orientación de este tipo aceleraría la creación de la OEEE.

3.3.2.2. El CES acoge con satisfacción la oportunidad de adelantar algunas ideas sobre esta relación. Cree firmemente que el estatuto de la OEEE debería estipular claramente que sólo es responsable ante los organismos competentes, sin perjuicio de la responsabilidad de verificación que compete a la Comisión (véase más arriba). Los organismos competentes deberían funcionar como órgano supervisor de la OEEE y al mismo tiempo asumirían en la medida de lo posible la responsabilidad de fijar las propuestas de criterios para las categorías de productos incluidas en el mandato. De este modo, el personal de la OEEE puede mantenerse al mínimo. A fin de garantizar un funcionamiento eficiente, las decisiones rutinarias deberían adoptarse en votación por mayoría simple, mientras que para otras decisiones podría establecerse un sistema de votación cualificada.

3.3.2.3. Las principales funciones de la OEEE serán: i) recibir un mandato de la Comisión para establecer o modificar criterios, ii) otorgar un mandato correspondiente a uno o más organismos competentes para establecer las propuestas de criterio (el enfoque país de cabeza que funcionó bien en los primeros años del presente Reglamento), iii) aprobar las propuestas de criterio o criterios establecidos, iv) solicitar asesoramiento al foro sobre el establecimiento de las propuestas de criterio y las adaptaciones deseadas de sus orientaciones, procedimientos y métodos de trabajo, v) presentar los criterios establecidos a la Comisión, vi) asesorar a la Comisión sobre las medidas que pretende tomar en relación con el Reglamento. El órgano supervisor de la OEEE también debería constituir grupos de trabajo compuestos por personal de los organismos competentes a fin de preparar lo mejor posible la toma de decisiones. Los estatutos de los organismos competentes deberían inspirar la elaboración del estatuto de la OEEE.

3.3.2.4. La OEEE tendrá libertad, una vez que el Reglamento haya entrado en vigor, para adoptar los cambios necesarios en sus modalidades de funcionamiento, siempre que éstos no entren en conflicto con el Reglamento. Por ejemplo, debería tener libertad para adaptar sus métodos de trabajo si lo considera necesario. En lo que se refiere a los métodos de trabajo (iniciales) de la OEEE, puede resultar prudente seguir lo más cerca posible las «directrices de procedimiento» () acordadas con anterioridad. Puede que valga la pena examinar si la burocracia excesiva y otras disposiciones que entorpecen el procedimiento y aumentan los costes de funcionamiento pueden ser eliminados sin detrimento de la calidad de los criterios (). Un análisis comparativo de los procedimientos aplicados por los sistemas nacionales (coordinados) podría dar resultados prometedores. Debe señalarse que el Ministerio danés del Medio Ambiente realizó un estudio de estas características.

3.3.2.5. Si se considera útil, la Comisión y los organismos competentes podrían acordar encargar a un organismo independiente la elaboración de una propuesta de estatuto para la OEEE basándose en las condiciones pertinentes que se estipulan tanto en el proyecto de Reglamento como en este dictamen. Dicha propuesta de estatuto podría facilitar las negociaciones entre la Comisión y los organismos competentes en las primeras fases de la creación de la OEEE, que de momento, desafortunadamente carece de dirección. Su creación es, tal y como se señala en el punto 3.3.2.1, una condición necesaria para la derogación del presente Reglamento y la entrada en vigor de un nuevo acuerdo muy necesario.

3.4. La participación de los grupos económicos y sociales

3.4.1. El Comité lamenta extraordinariamente que en la propuesta apenas se preste atención a la participación y parecer de los diferentes grupos de interés social en el proceso de establecimiento de criterios. Estos grupos de interés, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento actual, son la industria y el comercio (incluidos los sindicatos si se considera apropiado), las asociaciones de consumidores y las organizaciones ecologistas. Al Comité le gustaría dejar claro ya que la participación de los sindicatos, que representan una experiencia práctica única en cuestiones sobre el medio laboral, debería tener lugar en pie de igualdad con el resto de los grupos de interés mencionados. Por otra parte, el Comité apoya la referencia de la Comisión a la participación de las profesiones cualificadas y de las PYME a través de sus organizaciones más representativas.

3.4.2. El CES desea reiterar su absoluto convencimiento de que estos grupos de interés deben desempeñar un papel fundamental en el proceso de etiquetado ecológico para crear y mantener un sistema de concesión viable. Por consiguiente, es indispensable insistir en que el artículo 6 del Reglamento actual se mantenga en vigor () con la notable excepción de que ahora el Foro será responsable ante la OEEE y no ante la Comisión.

3.4.3. Para involucrar más al CES y comprometerlo en el éxito de la aplicación del sistema, el Reglamento podría encomendarle formalmente la tarea de designar tanto a los miembros del Foro a partir de las propuestas formuladas por los grupos de interés como al Presidente del Foro (). El hecho de que el Comité reúna a los interlocutores económicos y sociales en el seno de la UE significa que está bien situado para supervisar las actividades del Foro y de este modo garantizar la transparencia, una representación equilibrada y la información tanto para los intereses de la UE como de fuera de la UE. Hasta la fecha, el CES ha provisto tanto la sede como la secretaría del Foro sobre una base ad hoc. A fin de garantizar una continua eficacia en las actividades del Foro, debería formalizarse el actual acuerdo sobre su secretaría ().

3.4.4. Tal como sucede ahora, los métodos de trabajo de la OEEE deberían incluir la participación de los grupos económicos y sociales en los grupos de trabajo que elaboran las propuestas de criterios para las categorías de productos seleccionadas (véase también el punto 3.3.2.3) Estos grupos de interés deberían participar en todas las fases del proceso de etiquetado ecológico ya que mantienen un contacto más directo con los minoristas, productores y consumidores.

3.5. Aspectos financieros

3.5.1. En su declaración financiera, la Comisión señala que dará por terminada su participación financiera cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento. A juicio de la Comisión, el sistema debería ser capaz entonces de mantenerse por sí mismo. El CES quisiera manifestar que la experiencia con los sistemas nacionales ha demostrado con creces que este punto de vista es insostenible. La participación de la AEMA en la elaboración de los costosos análisis del impacto medioambiental puede, sin embargo, reducir el coste total del sistema. No obstante, el CES recomendaría que se procediera a una revisión al final del tercer año a fin de evaluar hasta qué punto el sistema puede ser autosuficiente.

3.5.2. No obstante, el Comité coincide con la postura de que la Comisión suspenda el apoyo financiero al sistema siempre que los organismos competentes estén dispuestos y sean capaces de sostener el funcionamiento de la OEEE. Dado que los organismos competentes sólo tienen a su disposición recursos limitados, los gobiernos nacionales debería aportar los recursos suplementarios necesarios. El Comité considera que la aceptación por parte de los Estados miembros de la cesación de la financiación comunitaria y la asunción de las consecuencias que ello entraña es crucial para la realización de este propósito de la Comisión. Esta cuestión debe también incluirse en las negociaciones a las que se hace referencia en el punto 3.3.2. Sin embargo, está persuadido de que las tarifas que figuran en el Anexo 5 no deberían aumentarse ya que ello induciría a la industria a no solicitar la etiqueta.

3.5.3. Dado que los beneficios sociales que reportan la fijación de los criterios y los productos etiquetados (debido a una reducción del impacto medioambiental que no implica pago de ningún tipo) superarán las cantidades recaudadas en concepto de cánones y gastos, el CES considera apropiadas y necesarias las contribuciones de fuentes nacionales (gobiernos) a los organismos competentes, si termina la participación financiera de la Comisión.

3.5.4. El CES no está en condiciones de evaluar totalmente las propuestas financieras contenidas en el Anexo 5. Aunque simpatiza con la idea de ofrecer apoyo extra a los solicitantes de las PYME y a los proveedores (nacionales) de los países en vías de desarrollo (véase punto 3.5, no está claro que este tratamiento preferencial sea coherente con la noción de competencia leal. El CES recomienda que el Anexo 5 sea objeto de examen y evaluación por parte de los organismos competentes puesto que éstos no sólo son verdaderamente competentes para emitir un juicio, sino que a la larga son los responsables financieros últimos del sistema.

3.6. Algunos comentarios sobre los artículos de la propuesta de Reglamento

3.6.1. Artículo 4. Ámbito de aplicación

3.6.1.1. Debe felicitarse a la Comisión por haber establecido las condiciones para la elección de una categoría de productos ya que el presente Reglamento carece de orientación al respecto. El Comité está de acuerdo con que la notoriedad de una categoría de productos en el mercado es un criterio importante. Sin embargo, sería prudente no aplicar estos criterios de manera demasiado rígida y conceder suficiente margen a la OEEE para la definición exacta de la categoría de producto en cuestión. Además debería añadirse una cláusula en la que se estipule que los productos fabricados en la UE constituirán una parte considerable de las ventas totales dentro de la UE. La justificación es que la etiqueta ecológica se establece para resolver problemas medioambientales de la UE. De este modo se evitaría la aparición de indeseables distorsiones del comercio ().

3.6.2. Artículo 5. Procedimientos para el establecimiento de criterios para la concesión de la etiqueta ecológica

3.6.2.1. En el primer párrafo del apartado 2 del artículo 5, la Comisión estipula que los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica serán revisados tras intervalos no superiores a 3 años. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 3, el periodo de validez del criterio se especificará, sin embargo, en cada serie de criterios de la etiqueta ecológica. Por consiguiente, esta última especificación debería ser aplicable para determinar el intervalo de su revisión.

3.6.2.2. En el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 5, la Comisión manifiesta su intención de consultar a todas las partes interesadas antes de seleccionar una categoría de productos. A juicio del Comité, sería suficiente con que la Comisión, antes de seleccionar una categoría de productos, se limitara a recabar la opinión de la OEEE.

3.6.2.3. En el tercer párrafo se afirma que la publicación en el Diario Oficial () tendrá lugar cuando la Comisión declare estar satisfecha con el cumplimiento de los términos del mandato. En consonancia con la opinión expresada en el punto 3.3.1.7, el Comité desearía sugerir que la Comisión obtenga esta garantía con ayuda de un informe de la OEEE en el que se demuestre que se han cumplido las exigencias del Anexo 4. Debería añadirse una disposición provisional en la que se estipule que la publicación en el Diario Oficial tendrá lugar antes de un mes después de la recepción de dicho informe, a no ser que la Comisión notifique a la OEEE que no está satisfecha con su observancia de las disposiciones específicas del Anexo 4.

3.6.3. Apartado 4 del artículo 6, verificación

3.6.3.1. El Comité está de acuerdo con que los organismos acreditados para llevar a cabo las pruebas y verificaciones a fin de evaluar si la solicitud para la concesión se ajusta a los requisitos, deberían cumplir las normas de las series EN 45000, o normas internacionales equivalentes. Debido a su carácter voluntario, exigir tal acreditación constituiría una violación de las normas de competencia. El modo en que dichos órganos examinadores quieran demostrar el cumplimiento de las normas ante los organismos competentes debería ser libre (). Las dos últimas líneas del apartado 4 deberían estar redactadas de la manera siguiente: «verificaciones realizadas por organismos acreditados que cumplan las normas de las series EN 45000 o las normas internacionales equivalentes».

3.6.4. Artículo 13. Comité consultivo

3.6.4.1. El CES valora positivamente la creación de un órgano consultivo compuesto por los representantes de los Estados miembros, también en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 5, 11 y 12. Debe acogerse con satisfacción la constitución de este Comité porque compromete también a los gobiernos de los Estados miembros en el éxito de la aplicación del sistema.

Bruselas, el 10 de julio de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 114 de 12. 4. 1997, p. 9.

() DO C 339 de 31. 12. 1991.

() DO C 295 de 7. 10. 1996.

() DO C 56 de 24. 2. 1997, p. 11.

() Véanse notas 3 y 4 y puntos 2.7.5 y 4.4.3.4 respectivamente.

() El CES ya manifestó este punto de vista en el DO C 56, p. 11, punto 4.4.3.5.

() Un instituto neerlandés de investigación del consumo (SWOKA) determinó que el 45 % de una muestra de consumidores interesados en la información sobre productos fabricados genéticamente se contentaba con saber que el producto en cuestión había sido «aprobado» por un organismo competente. No se consideraba que fuera necesaria más información.

() En algunas versiones lingüísticas, como la neerlandesa (y la española, N.d.T.) se ha utilizado ya el tiempo perfecto.

() Obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias respectivamente.

() Véase la declaración financiera, punto 9.1. Se prevé la fijación de criterios para cinco nuevas categorías de productos por año en un período cuatrienal.

() Organización Europea de Etiquetado Ecológico.

() La organización u organizaciones de los Estados miembros a las que los fabricantes o importadores pueden solicitar la etiqueta ecológica y que están encargados de aplicar el sistema en su país.

() Estas responsabilidades tienen más peso para los gobiernos que para las organizaciones no gubernamentales. (Véase artículo 4 y Anexo 3 del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio).

() Para evaluar el impacto del sistema, la Comisión podría también pedir a la AEMA que realizara esta evaluación en intervalos regulares.

() Véase también la información de la Comisión sobre el etiquetado ecológico, n° 6 de junio de 1994. Es obvio que los procedimientos deben ser valorados en relación con el papel (predominante) de la Comisión en la mayor parte de las fases definidas, en concreto en las fases 1, 2 y 6.

() Véase DO C 295 de 7. 10. 1996, punto 2.7.6.

() Teniendo en cuenta la posición del Comité sobre la participación en pie de igualdad de los sindicatos y de las PYME, tal como se expresa en el punto 3.4.1.

() Se puede remitir a la decisión de la Comisión 97/150/CE de 24 de febrero de 1997, DO L 58, sobre la creación de un foro consultivo europeo sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, con la notable excepción de que los miembros de este foro son designados por la Comisión.

() Véase DO C 295 de 7. 10. 1996, punto 2.7.7.

() Véase DO C 56 de 24. 2. 1997, punto 4.4.3.4., últimas nueve líneas.

() Más concretamente, se afirma que la Comisión publicará las referencias a esos criterios y requisitos y sus actualizaciones. El CES entiende que esta formulación implica que toda la información relevante será publicada tal como sucede con el Reglamento actual.

() A pesar del hecho de que la mayoría, si no todos los laboratorios, etc., aprovecharán la oportunidad para conseguir dicha acreditación.