COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 18.06.1996 
COM(96) 284 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
HACIA UN MARCO INTERNACIONAL DE 
NORMAS DE COMPETENCIA 

COMUNICACIÓN AL CONSEJO 
HACIA UN MARCO INTERNACIONAL DE 
NORMAS DE COMPETENCIA 
INDICE 
I. INTRODUCCIÓN 
a) Perspectiva global de las normas de competencia: por qué se necesitan normas 
internacionales. 
b) La perspectiva de la competencia. 
c) La perspectiva del comercio. 
d) Problemas jurisdiccionales: evitar las medidas unilaterales. 
e) Antecedentes históricos y novedades. 
II. ¿QUÉ FORO? 
III. UN MARCO INTERNACIONAL DE NORMAS DE COMPETENCIA: 
CUESTIONES A CONSIDERAR 
a) Adopción de estructuras nacionales de competencia. 
b) Adopción de normas comunes. 
c) Creación de un instrumento de cooperación entre autoridades de competencia. 
d) Solución de diferencias. 
IV. CUESTIONES CONEXAS 
a) ¿ Quién debería participar ? 
b) Interés de los países en desarrollo. 
c) Relación con los instrumentos de defensa del comercio. 
d) Relación con el ordenamiento jurídico comunitario y los Estados miembros. 
V. CONCLUSIONES 
ANEXO: ELEMENTOS POSIBLES DE UN MARCO INTERNACIONAL DE 
NORMAS DE COMPETENCIA 
a) Adopción dé estructuras nacionales de competencia. 
b) Acuerdo sobre normas comunes. 
c) Creación de instrumentos de cooperación entre las autoridades de competencia. 
1* 
d) Solución de diferencias. 
COMUNICACIÓN AL CONSEJO 
HACIA UN MARCO INTERNACIONAL DE 
NORMAS DE COMPETENCIA 
La presente Comunicación tiene por objeto los aspectos internacionales de la legislación 
de competencia. Se dilucida si el Derecho internacional público, y singularmente la 
OMC, debe completarse con un marco específico de apoyo a la aplicación del Derecho de 
competencia1. 
Los conceptos y propuestas que se exponen en este documento están basados en el 
informe elaborado por el grupo de expertos constituido por el Comisario Van Miert en 
junio de 1994. Ese informe, titulado "La política de competencia en el nuevo orden 
comercial: el reforzamiento de la cooperación y las normas internacionales", se publicó 
en julio de 1995. 
En el informe de los expertos se aborda la cooperación bilateral y multilateral en materia 
de competencia. Se considera que su desarrollo paralelo es complementario y 
mutuamente estimulante. Aunque la presente Comunicación se centra en los aspectos 
multilaterales, el desarrollo dé los acuerdos de cooperación bilateral es igualmente 
importante y tendría una incidencia favorable en el trabajo en un marco multilateral. 
I. INTRQPUCCIÓN 
a) Perspectiva global de las normas de competencia: por qué se necesitan 
normas internacionales 
Dos fenómenos han caracterizado la actividad económica internacional en las últimas 
décadas: la liberalización y la globalización. Ocho rondas de negociación desde la 
creación del GATT en 1947 han permitido reducir los aranceles de importación a niveles 
históricamente bajos: de cerca del 35% a menos del 4%2. Ello ha provocado un 
El contenido de esta Comunicación se limita a las prácticas anticompetitivas de las empresas. Son muchas las 
prácticas públicas, como es el caso de las subvenciones, que repercuten en la competencia y que figuran 
agrupadas junto con prácticas privadas en el capítulo del Tratado CE dedicado a las normas de competencia. 
Estas prácticas están reguladas en general por la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Se trata de medias de los aranceles industríales ponderadas según el comercio exterior y que se aplicarán en los 
países desarrollados cuando se cumplan plenamente los compromisos de reducción adquiridos en la Ronda 
Uruguay. El 40% de las importaciones europeas quedarán incluso exentas de derechos. Los países en desarrollo 
crecimiento impresionante del comercio de bienes y servicios, que se ha duplicado cada 
siete u ocho años y ha pasado de unos 200.000 millones de USD a principios de los 
sesenta a más de 5 billones de USD en 1994. La inversión directa extranjera ha crecido a 
un ritmo todavía más espectacular: un factor treinta de crecimiento en menos de 
veinticinco años. Las economías nacionales están más abiertas hoy a la competencia 
exterior que nunca antes en la historia. 
A escala microeconómica, las empresas han adoptado estrategias globales. La 
liberalización y el progreso tecnológico les han inducido a implantar nuevos métodos de 
producción, aprovechar la ventaja comparativa de los países, incrementar la movilidad, 
trasladar factores de producción, entrar en nuevos mercados, etc. Las empresas necesitan 
a menudo estar presentes en distintos mercados al mismo tiempo para mantener su 
competitividad. Como consecuencia, los países se han vuelto interdependientes y los 
mercados de numerosos bienes y servicios han adquirido una dimensión regional o 
incluso mundial. 
Ha aumentado el número y las dimensiones de las empresas transnacionales. Existen más 
prácticas comerciales de ámbito internacional que en ninguna otra época. Ello puede 
redundar en un incremento de las prácticas anticompetitivas transfronterizas: carteles con 
efectos internacionales, acuerdos para excluir a los competidores (extranjeros) de forma 
desleal, abusos internacionales de posición dominante o fusiones internacionales con 
efectos anticompetitivos. Estas prácticas pueden limitar la competencia y neutralizar las 
ventajas de la liberalización. 
Estos cambios ponen en cuestión el carácter nacional de las normas de competencia y la 
ausencia de normas vinculantes a escala internacional. Muchos países y regiones están 
llevando a cabo políticas globales de competencia, pero carecen de los instrumentos 
apropiados para aplicar las normas nacionales de competencia a las prácticas 
anticompetitivas de dimensión internacional y para obtener información pertinente fuera 
de su jurisdicción. Hace falta, por ello, un marco para reforzar la aplicación efectiva de 
las normas de competencia. 
En la Comunidad, el problema de las prácticas anticompetitivas se resuelve de manera 
equitativa y no discriminatoria en los distintos Estados miembros. La política de 
competencia es una de las piedras angulares del ordenamiento jurídico comunitario. Pero 
no existen normas globales de competencia y en muchos mercados exteriores son 
insuficientes los medios para corregir las prácticas anticompetitivas, que hacen baldíos 
los esfuerzos de nuestras empresas por competir. 
Existen pues cuatro razones principales para considerar la adopción de unas normas 
internacionales de competencia: 
se comprometieron en general en la Ronda y por vez primera a vincular sus derechos de modo horizontal, 
situándose los niveles más bajos en su mayoría en torno al 20%-35%. Las restantes limitaciones cuantitativas a 
las importaciones, en sectores específicos como la agricultura o los textiles, pero también relacionadas con 
prácticas genéricas como las restricciones voluntarias de las exportaciones, deben ser suprimidas 
progresivamente por todos los Estados miembros. 
En cuanto parte integrante de la estrategia comunitaria de acceso a los mercados: 
las prácticas anticompetitivas excluyen a nuestras empresas de los mercados de 
terceros países y, en ausencia de medidas apropiadas de aplicación de la ley en 
esos terceros mercados, no es posible hacerles frente sin una normativa 
internacional. Las empresas europeas padecen además una desventaja 
comparativa cuando tienen que competir en los mercados mundiales con 
productores extranjeros que operan desde mercados nacionales sujetos a unas 
normas de competencia menos rigurosas. Una normativa multilateral promovería 
una mayor igualdad de las condiciones de competencia a escala mundial. 
Para evitar conflictos de leyes y jurisdiccionales entre países y promover una 
convergencia gradual de las leyes de competencia. Es de todo punto necesario 
reducir los conflictos jurisdiccionales y los consiguientes litigios comerciales que 
puede originar no sólo la aplicación extraterritorial de determinadas leyes de 
competencia, sino también la aplicación de la legislación de competencia a 
prácticas anticompetitivas ideadas en el extranjero pero realizadas en el ámbito de 
la jurisdicción propia. Esa convergencia y evitación de conflictos incrementaría 
asimismo la seguridad jurídica de las empresas que operan en diferentes 
jurisdicciones y reduciría sus costes de cumplimiento de las leyes de competencia. 
Para aumentar la eficacia y coherencia de la aplicación de la propia normativa 
comunitaria de competencia. Al igual que en muchos otros países, la política de 
competencia es un factor clave para contribuir a la competitividad de la industria 
europea, velar por la solidez de nuestras economías de mercado y mejorar el 
bienestar de los consumidores, que precisa instrumentos de cooperación para 
adaptarse a los efectos de la globalización. 
Un compromiso más firme de aplicación de las normas de competencia 
fortalecería el sistema comercial de conformidad con nuestros sistemas jurídicos y 
economías de mercado, una de cuyas características básicas es la legislación de 
competencia. 
Estos conceptos se desarrollan más adelante. 
b) La perspectiva de la competencia 
En la Comunidad, la supresión de las barreras comerciales y la aplicación de la 
legislación de competencia han estado estrechamente relacionadas. Este planteamiento es 
único en el mundo. La normativa comunitaria de competencia ha alcanzado, en una 
evolución de más de treinta y cinco años, su plena madurez y su aplicación es rigurosa y 
neutral3. En consecuencia, la Comunidad se ha convertido en un mercado muy integrado, 
en el que las disposiciones del Tratado en materia de competencia protegen la integridad 
Paralelamente, aquellos Estados miembros que no contaban con autoridades de competencia antes de la 
creación de la Comunidad han promulgado una legislación nacional e instituido las correspondientes estructuras 
de aplicación. 
del mercado común. Pero, vistos desde una perspectiva más amplia, la normativa 
comunitaria de competencia y sus instrumentos de ejecución han seguido siendo en lo 
fundamental nacionales, internos y limitados a las conductas manifestadas dentro del 
mercado común y que afectan al comercio entre nuestros Estados miembros. 
Ausencia de un instrumento para resolver los casos trasfronterizos 
Muchos países o regiones que han adoptado políticas generales de competencia carecen 
sin embargo de los instrumentos necesarios para aplicar las normas de competencia 
nacionales a las prácticas anticompetitivas de dimensión internacional. Así, por ejemplo, 
la información esencial para la investigación puede hallarse extramuros de su jurisdicción 
y, por lo tanto, fuera de su alcance. Faltándoles la prueba necesaria de la conducta 
anticompetitiva, las autoridades de competencia no pueden ponerle remedio. 
Evitación de conflictos de leyes y soluciones 
Durante los años 80 y 90 ha aumentado considerablemente el número de fusiones, 
alianzas estratégicas, empresas conjuntas, contratos de licencia, etc. de ámbito 
internacional. Estos acuerdos pueden ser objeto de examen por distintas autoridades al 
mismo tiempo, situación de la que cabe nazcan conflictos entre las leyes o soluciones 
aplicadas al mismo caso. Por poner un ejemplo extremo, las divergencias entre las 
legislaciones aplicables a los mismos hechos pueden dar lugar a conclusiones 
contradictorias sobre la legalidad de la conducta examinada. En cualquier caso, aun 
cuando exista un parecer común sobre la naturaleza anticompetitiva de la conducta, las 
soluciones dadas en cada jurisdicción pueden ser incompatibles. 
El incremento de la convergencia de las legislaciones y de la cooperación reduciría la 
probabilidad de esos conflictos y ofrecería una mayor certidumbre jurídica a las 
empresas. 
Evitar una duplicación innecesaria de trabajo y costes 
El examen de las prácticas comerciales supone un trabajo y unos costes considerables, 
tanto para las autoridades de competencia como para las empresas cuya conducta se 
somete a examen. Si se incurre en la misma práctica comercial en varias jurisdicciones, el 
coste se eleva en correspondencia. Una mayor cooperación y la eliminación de una 
duplicación innecesaria de esfuerzos puede reducir los costes por igual a las autoridades 
de competencia y a las empresas. 
Carteles de exportación 
A todos los organismos les resulta difícil hacer frente a determinadas prácticas con la 
normativa actual. Los carteles de exportación4, por ejemplo, no están sujetos, por razones 
comerciales (la voluntad de los países de mejorar su relación de intercambio), a la 
legislación de competencia de los países exportadores, que tampoco se les aplica por 
razones jurídicas y prácticas. Al no producirse efecto alguno en los mercados del país 
exportador, la autoridad de competencia carece de jurisdicción sobre los carteles de 
exportación. En el mercado del país importador sí tienen efecto las actividades de los 
4 
Los carteles de exportación constituyen un problema específico en la medida en que sus efectos negativos sólo 
se perciben en el mercado del país importador, mientras que la información pertinente se halla en el país 
exportador. Este último carece, naturalmente, de interés y de competencia para emprender acciones. 
carteles de exportación, pero los elementos necesarios para probar la existencia de los 
carteles están fuera de la jurisdicción del país importador. 
En todos estos casos son insuficientes los instrumentos de que disponen la Comunidad y 
sus Estados miembros. 
En términos más generales, en el mundo liberalizado de hoy día la Comunidad no puede 
privarse de una dimensión exterior de su política de competencia. A la Comunidad le 
conviene obtener de sus socios el compromiso de que aplicarán las normas de 
competencia en sus mercados del mismo modo que nosotros las aplicamos a todos los 
operadores, con independencia de su origen, en los nuestros. 
c) ka perspectiva del comercio 
El equilibrio de las posibilidades de acceso 
Las prácticas anticompetitivas afectan al equilibrio de las posibilidades de acceso 
negociado entre los miembros de la OMC. Pertenecen a la siguiente generación de 
obstáculos al comercio en un mundo liberalizado. La aplicación de la legislación de 
competencia contribuye a crear mercados accesibles y a asegurar la apertura y estabilidad 
general del sistema comercial. Es preciso que nuestros socios se sitúen a la altura de las 
medidas comunitarias en este sector. La normativa de competencia está ahora a todas 
luces relacionada con el comercio y la aplicación de los principios de la legislación de 
competencia contribuirá a igualar las reglas de juego y a promover unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas comunitarias que compiten en los mercados 
internacionales. 
Si bien los gobiernos están sujetos en la actualidad a una vigilancia internacional muy 
rigurosa de las leyes que elaboran o de las medidas que aplican en tanto en cuanto tienen 
efectos sobre el comercio, no existen normas internacionales para controlar las prácticas 
comerciales anticompetitivas. Esas prácticas pueden sustituir a los obstáculos públicos 
oficiales que se han reducido o suprimido. Cabe presumir que el incentivo que 
encuentran las empresas para incurrir en conductas anticompetitivas que dificultan el 
acceso a los mercados (carteles combinados con boicoteos, abuso excluyente de posición 
dominante, restricciones verticales excluyentes) aumenta con la reducción de los 
aranceles y otras barreras. Por otra parte, a medida que las estructuras industriales de las 
economías emergentes se van refinando, también se perfeccionan los mecanismos 
utilizados por las empresas para proteger el mercado contra la competencia exterior. Por 
último, los gobiernos, cuya libertad de acción para apoyar a las industrias nacionales con 
medidas administrativas ha sido recortada por normas internacionales, pueden caer en la 
tentación de regular o aplicar las normas de competencia sin la diligencia debida o de 
establecer excepciones para proteger a sectores industriales concretos. 
Aunque existen normas de competencia en muchos de nuestros mercados de exportación, 
resulta a menudo imposible combatirlas mediante su aplicación efectiva por las 
autoridades de competencia nacionales. A falta de una normativa internacional, nuestras 
empresas tienen que confiar exclusivamente en la dedicación y tenacidad de los 
organismos de los terceros países en la resolución de sus problemas5. 
Sucesos recientes confirman que las prácticas anticompetitivas reales o indiciarías 
pueden generar fricciones comerciales y que el sistema comercial no es capaz de resolver 
los litigios en ausencia de unas normas de conducta convenidas6. 
Instrumentos comerciales 
La insuficiente aplicación de los principios de competencia en los diferentes mercados 
puede tener otros efectos comerciales. La constitución de carteles y otras conductas 
restrictivas semejantes en un país extranjero pueden permitir a las empresas obtener 
beneficios supracompetitivos en su país y vender después sus productos en los mercados 
de exportación por debajo de su precio de coste. Puede responderse entonces con el uso 
de instrumentos comerciales legítimos, como el establecimiento de derechos antidumping 
por el país importador. Pero el empleo de esos instrumentos no incidirá en la actividad 
del mercado del país exportador y puede tener además efectos secundarios negativos. 
Desde la perspectiva económica, se trata en consecuencia de una solución menos 
eficiente que abordar esa conducta en el mercado nacional de la sociedad exportadora. 
Aun cuando no existan pruebas de dumping, la protección otorgada a las sociedades por 
una aplicación insuficiente de las normas de competencia en sus mercados nacionales 
puede colocarlas en situación de desventaja cuando compiten en mercados exteriores. 
d) Problemas jurisdiccionales: evitar las medidas unilaterales 
Algunas autoridades de competencia intentan solucionar los problemas de acceso a los 
mercados originados por las prácticas anticompetitivas en los mercados exteriores 
extendiendo el ámbito de aplicación territorial de su normativa nacional de competencia. 
Ello plantea problemas de jurisdicción7 y soberanía y puede ser causa de conflictos entre 
países. Existen además límites a la eficacia de esa política, dados los obstáculos jurídicos 
y prácticos a la búsqueda de información fuera de la jurisdicción propia. 
El reforzamiento de la cooperación internacional reduciría la necesidad de las autoridades 
de competencia de recurrir a la actuación extraterritorial. La solución de estos problemas 
Hay que señalar, no obstante, que en Estados Unidos el sistema de aplicación se basa en la acción de los 
particulares ante la jurisdicción civil: se fomenta el recurso de los particulares a los tribunales por la posibilidad 
de obtener indemnizaciones por el triple de los perjuicios. También pueden invocarse ante los tribunales las 
disposiciones del Tratado CE y las legislaciones nacionales. Pero los tribunales nacionales de los terceros países 
no suelen ser tan accesibles. 
En mayo de 1995 Kodak presentó al gobierno estadounidense (USTR) una demanda fundada en el artículo 301 
de la Ley de Comercio estadounidense, alegando que existen obstáculos anticompetitivos que restringen el libre 
acceso al mercado japonés del papel y las películas fotográficas de venta a los consumidores. 
Véanse las directrices estadounidenses de 1995 para la aplicación internacional de las leyes antimonopolio. 
Los intentos de EE.UU. de imponer su ley más allá de su jurisdicción indujeron a Canadá, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos y Suiza a adoptar una legislación obstructiva. El artículo 301 de la Ley de Comercio 
de 1974 autoriza también a adoptar medidas comerciales para contrarrestar la tolerancia de los gobiernos 
extranjeros ante las prácticas anticompetitivas. 
mediante la cooperación ofrece ventajas innegables, sobre todo si con ella aumentan las 
probabilidades de acabar con la conducta anticompetitiva. 
e) Antecedentes históricos y novedades 
Históricamente se han adoptado numerosas iniciativas de regulación de las conductas 
anticompetitivas. La Carta de La Habana se basaba en unas normas generales, que 
abarcaban las prácticas públicas y privadas, y dedicaba un capítulo entero a las prácticas 
empresariales restrictivas8. Pero la Carta no fue ratificada y su lugar lo ocupó el más 
modesto GATT, que examinó la relación entre comercio y competencia en distintas 
ocasiones en los años 50 y 60, pero sin resultados claros9. En los años 70 se negoció 
finalmente en el marco de la UNCTAD10, a petición de los países en desarrollo, un 
Código de Competencia completo, cuyas disposiciones no son vinculantes. 
La OCDE ha llevado a cabo durante muchos años una labor importante en materia de 
competencia internacional. Ha adoptado una Recomendación que incluye un instrumento 
de notificación no vinculante, pero eficaz, entre organismos y que ha sido revisado varias 
veces11. 
La OMC cuenta con una normativa sobre competencia limitada y a la medida en cada uno 
de sus tres acuerdos fundamentales12. Anexo al Acuerdo general sobre el comercio de 
mercancías (GATT) figura un Acuerdo sobre las medidas de inversión relacionadas con 
el comercio (MIRC) que prevé su revisión, al cabo de cinco años desde su entrada en 
vigor, para considerar si el Acuerdo debe completarse con disposiciones en materia de 
competencia13. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) incluye disposiciones sobre el control de las 
prácticas anticompetitivas o las condiciones de explotación de las licencias por contrato 
8 Véase el Capítulo V. La Carta de 1947 preveía el establecimiento de una Organización Internacional del 
Comercio para supervisar el comercio mundial. La organización tenía el mandato de actuar contra las prácticas 
anticompetitivas: habría tenido capacidad de investigación y la facultad de recomendar soluciones. La Carta, que 
incluía también normas sobre inversiones, no fue aprobada y algunas de sus disposiciones fueron incorporadas 
en bloque a un Tratado GATT menos ambicioso que fue sustituido a su vez por la OMC el 1 de enero de 1995. 
9 Véase GATT BISD 7S/29, 9S/28, 170. 
10 El Catálogo de normas y principios equitativos acordados multilateralmente para el control de las prácticas 
empresariales restrictivas fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1980. 
Doc. NU A/35/48 (1980)). 
" Modificada en 1995. Esta Recomendación incluye un procedimiento voluntario de solución de diferencias 
que nunca ha sido utilizado. (C (95) 130/fínal). 
1 La OMC tiene tres acuerdos fundamentales, relativos al comercio de mercancías (GATT), el comercio de 
servicios (GATS) y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). 
El Acuerdo por el que se establece la OMC, así como el Entendimiento sobre la solución de diferencias que 
forma parte integrante del mismo, sirve de marco a estos tres acuerdos. La OMC cuenta también con una serie de 
acuerdos plurilaterales, que sólo vinculan a sus signatarios. 
El Acuerdo del GATT sobre el comercio de mercancías incluye una disposición para garantizar la conducta 
comercial de las empresas a las que se han otorgado derechos especiales o exclusivos (Artículo XVII del GATT, 
que no ofrece unos resultados excesivamente buenos). Se ha argumentado que contra la conducta 
anticompetitiva podría interponerse una denominada demanda de "no vulneración". 
* Las normas multilaterales sobre inversiones se están negociando en la actualidad en la OCDE y la OMC podrá 
empezar a trabajar pronto en este sector. Las normas de competencia pueden contribuir a garantizar que las 
inversiones (extranjeras) se realicen exclusivamente en condiciones de seguridad y competitividad. 
relativas a la transferencia de tecnología o de otra información en propiedad. Reconoce 
también el derecho de los países a regular esas prácticas mediante sus legislaciones 
nacionales y prevé consultas e intercambios de información entre las administraciones 
cuando existan razones para creer que las prácticas o condiciones de explotación de las 
licencias constituyen un abuso y tienen efectos adversos sobre la competencia en el 
mercado en cuestión. El Acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS) 
contiene asimismo disposiciones en materia de consulta e intercambio de información 
semejantes a las del Acuerdo sobre los ADPIC y exige a los países que garanticen que los 
proveedores de servicios en régimen de monopolio no abusan de su posición en 
actividades ajenas a su privilegio de monopolio. 
Pero el alcance de estas disposiciones sigue siendo muy limitado para ejercer un control 
eficaz de las prácticas anticompetitivas a escala internacional. Y lo que es todavía más 
importante, la falta de unos principios y normas multilaterales más generales para la 
aplicación y ejecución de las políticas de competencia puede dar al traste con los 
esfuerzos pasados y presentes de liberalización del comercio internacional. 
Paralelamente a la evolución reseñada, un número cada vez mayor de países han 
negociado acuerdo bilaterales de cooperación entre sus autoridades de competencia. En 
la Unión se han negociado acuerdos de este tipo, tanto a escala comunitaria como 
nacional. A escala comunitaria, por ejemplo, se ha celebrado un acuerdo de cooperación 
con Estados Unidos, que, entre otras cosas, prevé la notificación de los actos de 
aplicación de una de las partes que puedan afectar a intereses importantes de la otra, el 
intercambio de información en determinadas circunstancias, la consulta y cooperación y 
la evitación de conflictos con motivo de los actos de aplicación. Destaca el instrumento 
denominado cortesía positiva14, que autoriza a aquella Parte cuyos intereses vitales estén 
afectados por prácticas anticompetitivas en el territorio de la otra a solicitar a ésta que las 
examine y adopte las medidas apropiadas. En general, la sustancia de estos tratados ha 
evolucionado también y su contenido está hoy más desarrollado. 
No obstante el amplio consenso existente sobre el fomento de una mayor cooperación 
bilateral entre las autoridades de competencia, los acuerdos de cooperación bilateral, 
semejantes a las iniciativas de la OCDE, siguen siendo limitados en su alcance y en sus 
efectos. En su alcance, porque aunque su número aumenta, sólo EE.UU. y algunos otros 
países muy comprometidos en la aplicación de políticas de competencia se han adherido 
a ellos; y en sus efectos, porque estos acuerdos no incluyen normas o principios 
sustantivos. 
Otro problema es que la proliferación, junto con los anteriores, de acuerdos comerciales 
sectoriales que incluyen disposiciones en materia de competencia, cada uno con sus 
características propias, permita mantener una coherencia. Este problema se agudiza a 
medida que aumenta la interrelación entre el comercio de bienes y servicios y la inversión 
extranjera y se solapan los respectivos mercados geográficos. En el mejor de los casos, 
las empresas presionarán a sus gobiernos para asegurar la coordinación y coherencia de 
14 
Véase el Artículo V. 
10 
sus normativas. En el peor, procurarán servirse de esos acuerdos para obtener unos 
mezquinos beneficios sociales mediante la elección del más conveniente. 
Es por todo ello necesario plantearse una política más coordinada, que agrupe a una serie 
de países y abarque todos los sectores de la economía. 
II. ¿QUÉ FORO? 
Son cuatro los foros aptos para acoger un marco internacional: la OCDE, la UNCTAD, 
un acuerdo independiente y autónomo y la OMC. 
La OCDE está interesada desde hace largo tiempo en las normas internacionales de 
competencia y cuenta con una secretaría independiente. Dispone de capacidad 
organizativa para atender a la negociación de un acuerdo sobre las normas internacionales 
de competencia. Pero la OCDE tiene tres inconvenientes: carece de experiencia en 
materia de compromisos vinculantes y solución de diferencias, no dicta la reglamentación 
de las medidas comerciales relacionadas con la competencia (cuya regulación está 
atribuida a la OMC) y, un dato importante, tiene un número limitado de miembros. 
La UNCTAD elaboró en los años 70 un Código de Competencia completo, que desde 
entonces se ha revisado periódicamente. Pero muchas de las objeciones hechas a la 
OCDE son también aplicables a la UNCTAD, a saber, la falta de tradición en materia de 
compromisos vinculantes y de atribuciones para reglamentar las medidas de comercio 
relacionadas con la competencia (facultades que corresponden a la OMC). 
Resultaría, por otra parte, difícil conjugar la iniciativa política necesaria en distintos 
países para establecer un acuerdo independiente y autónomo, y su funcionamiento 
probablemente tendría unos costes generales más elevados. 
La OMC es el principal candidato para ofrecer un marco a las normas de competencia: su 
afiliación es casi universal15. La OMC puede dar una respuesta equilibrada y considerada 
a los diversos intereses y preocupaciones de los países desarrollados y en desarrollo. 
La OMC es la institución facultada para formular las normas económicas internacionales 
relacionadas con el comercio. Muchas de sus normas vigentes atañen muy directamente a 
cuestiones de competencia (sobre todo la normativa de subvenciones, empresas públicas 
y propiedad intelectual). Algunos de sus acuerdos incluyen ya una serie de disposiciones 
específicas destinadas a poner remedio a las prácticas anticompetitivas (véase el punto Le 
anterior). 
La infraestructura institucional de la OMC cuenta con un sistema de transparencia y 
vigilancia, consistente en requisitos de notificación y disposiciones de supervisión 
comunes a muchos de los acuerdos de la OMC/GATT. La OMC constituye también un 
foro de negociación y consulta constantes, en el que sus miembros podrían plantear sus 
Más de veinticinco países antaño sujetos a un régimen de comercio de Estado, entre los cuales China y Rusia, 
están negociando en la actualidad su adhesión a la OMC. 
11 
problemas de competencia en relación con el comercio. Esta organización dispone 
además de un sistema consolidado y legitimado de solución de diferencias entre 
gobiernos, que puede afianzar las normas convenidas y ofrecer medios para la resolución 
de conflictos. 
La OMC brinda asimismo la posibilidad de negociar un acuerdo que establezca normas 
específicas entre un número limitado de signatarios (un acuerdo plurilateral en virtud del 
Anexo IV del Acuerdo de la OMC). 
III. UN MARCO INTERNACIONAL DE NORMAS DE COMPETENCIA: 
CUESTIONES A CONSIDERAR 
Una de las premisas de la presente Comunicación es que la creación de una autoridad 
internacional de competencia, con sus propias facultades de investigación y ejecución, no 
constituye una opción viable a medio plazo. Ningún país estaría en estos momentos 
dispuesto a aceptar las limitaciones a la soberanía y normativa nacionales que esa 
estructura impondría. Las propuestas que se formulan más adelante y en el anexo son, por 
lo tanto, expresión de un planteamiento más modesto, que se basa en compromisos que 
vinculan a los gobiernos e instauran procedimientos intergubernamentales. Es también el 
modelo conforme al cual se ha construido el sistema comercial internacional desde la 
Segunda Guerra Mundial. 
La mejor manera de avanzar en el establecimiento de un marco de normas internacionales 
de competencia es la adopción de un método progresivo. Se trataría de reforzar 
paulatinamente la coordinación de las normativas de competencia (método de 
construcción por elementos), lo que podría conseguirse mediante la creación de un grupo 
de trabajo en la OMC que se centrara inicialmente en aquellos sectores en los que es 
posible alcanzar un acuerdo en poco tiempo y se propusiera después objetivos más 
ambiciosos. Los pasos principales serían los siguientes: 
a) Adopción de estructuras nacionales de competencia 
El primer paso lo podrían dar los miembros de la OMC comprometiéndose 
individualmente a garantizar la existencia de estructuras nacionales de competencia. Los 
elementos fundamentales de esas estructuras serían: 
la inclusión de unas normas básicas de competencia en las legislaciones 
nacionales para hacer frente a las prácticas anticompetitivas, incluidos los 
acuerdos empresariales restrictivos, el abuso de posición dominante y las 
fusiones; 
la existencia o la creación de estructuras nacionales de ejecución, dotadas de 
instrumentos de investigación idóneos y de un sistema sancionador apropiado, 
para asegurar la aplicación efectiva de esas normas; 
12 
la garantía del acceso de los particulares a las autoridades ejecutivas nacionales, 
incluidos los tribunales nacionales, en condiciones de igualdad, transparencia y no 
discriminación. 
b) Adopción de normas comunes 
Al mismo tiempo, los miembros de la OMC podrían intentar establecer una serie de 
principios comunes y procurar su adopción a escala internacional. Estos principios serían: 
promover la igualdad de condiciones de competencia a escala mundial; 
facilitar una cooperación más estrecha entre las autoridades de competencia y 
sentar las bases de la coordinación de la labor de ejecución internacional de las 
normas; 
fomentar la convergencia gradual de las legislaciones de competencia. 
Los principios o normas comunes pueden elaborarse progresivamente y paso a paso. 
Acaso fuera conveniente centrarse en un principio en las restricciones horizontales 
(carteles de fijación de precios o producción o de reparto de mercados, ofertas 
concertadas, boicoteos colectivos, carteles de exportación). El trabajo sobre otras 
prácticas (abuso de posición dominante, determinadas restricciones verticales como los 
acuerdos exclusivos de distribución o suministro) podría iniciarse paralelamente, pero 
posiblemente requiera más tiempo. 
c) Creación de un instrumento de cooperación entre las autoridades de 
competencia 
La transparencia es uno de los elementos esenciales de un marco de competencia. Podrían 
formularse disposiciones en materia de notificación, intercambio de información y 
cooperación entre las autoridades de competencia y fijarse en algunos casos, como 
pueden ser las investigaciones paralelas de una misma práctica, los procedimientos. 
Cabría también perfeccionar los instrumentos de cortesía negativa y positiva16. 
d) Solución de diferencias 
Además de su función natural de foro permanente de negociación para adaptar o 
consolidar las normas y obligaciones convenidas, la OMC ofrece también un mecanismo 
de conciliación para ayudar a solucionar las diferencias entre gobiernos cuando un país 
denuncia la infracción de normas convencionales de la OMC. El mecanismo de la OMC 
podría aplicarse en el supuesto de que un país no lograra instaurar una estructura nacional 
Estos instrumentos podrían inspirarse en disposiciones de la OCDE y de los acuerdos bilaterales. El principio 
de cortesía negativa supone que una Parte tendrá en cuenta antes de actuar los intereses fundamentales de otra 
Parte. Merced al instrumento de cortesía positiva (véase también la página 9), una Parte puede requerir a otra 
que actúe con arreglo a sus propias competencias en la investigación de actividades que perjudican intereses 
fundamentales de la primera Parte. 
13 
de competencia o no respondiera en un caso concreto a la solicitud de intervención 
ejecutiva presentada por otro miembro de la OMC. Cabría adaptar, si fuera necesario, las 
disposiciones pertinentes a las especificidades de la legislación y de la política de 
competencia y aplicarlas de manera progresiva. 
Los conceptos anteriores se exponen con más detalle en el Anexo. 
IV. CUESTIONES CONEXAS 
a) ¿ Quién debería participar ? 
Un acuerdo internacional de normas de competencia sería beneficioso para todas las 
naciones de la comunidad comercial. Todos los países podría participar en un acuerdo 
para incorporar las diposiciones de la normativa de competencia a sus legislaciones 
nacionales. 
Pero para cumplir las disposiciones de cooperación y ejecución sería asimismo necesario 
que los países participantes tuvieran una administración perfeccionada, capaz de manejar 
información confidencial y de evaluar las prácticas comerciales en un contexto dinámico. 
Muchos países en desarrollo no cuentan todavía con una maquinaría administrativa así. 
Lo más realista es suponer, por lo tanto, que, si se adoptara un acuerdo de competencia, 
las disposiciones de cooperación únicamente se aplicarían en una primera fase entre un 
número reducido de signatarios con organismos antimonopolio consolidados. Los 
destinatarios de esas disposiciones podrían ser en un principio los países desarrollados y 
los países en desarrollo avanzados, grupo al que se adherirían gradualmente más países. 
Todo país capaz de cumplir las obligaciones del acuerdo podría participar. 
Cabría establecer una intensidad de cooperación diferente, por ejemplo en lo que respecta 
al intercambio de información, entre los distintos países. 
b) Interés de los países en desarrollo 
Las prácticas anticompetitivas privadas constituyen desde hace largo tiempo un motivo 
de preocupación para los países en desarrollo. Habiendo llegado el volumen de negocios 
de muchas multinacionales a superar el PIB de los países en desarrollo medianos, los 
países en desarrollo consideran cada vez más necesario imponer una disciplina mínima a 
las conductas privadas en sus mercados. La UNCTAD elaboró en 1980 su Código de 
Competencia precisamente en respuesta a esta situación. El apoyo de los países en 
desarrollo a un reforzamiento de las normas internacionales sería sin duda coherente con 
esa postura, máxime si su ámbito de aplicación llegara a incluir prácticas, como los 
carteles de exportación, que hoy día escapan a un control real17. 
17 
Hay que advertir, no obstante, que un marco de competencia no puede ser la panacea de las dificultades que 
afrontan los países en desarrollo como consecuencia de las limitaciones de su capacidad y de sus instrumentos 
de investigación nacionales. Ello aumenta la necesidad de que los países en desarrollo puedan beneficiarse de la 
oferta de asistencia técnica. 
14 
Aun cuando los países en desarrollo no pudieran participar en una primera etapa de las 
disposiciones de cooperación entre las autoridades de competencia (véase el punto JR. a 
anterior), se beneficiarían en cualquier caso de un mayor control de las prácticas 
anticompetitivas de dimensión internacional. Tendrían además acceso, como los restantes 
miembros de la OMC, al sistema de solución de diferencias si las normas básicas y las 
estructuras de ejecución convenidas no fueran debidamente aplicadas por los demás 
países. También redundaría en su provecho la aceptación, por parte de los países 
desarrollados o de reciente industrialización, de las obligaciones NMF en el ámbito de la 
competencia, aunque sus propias obligaciones fueran menores (en lo que atañe, por 
ejemplo, a los períodos transitorios). Por último, todos los miembros de la OMC, 
incluidos los países en desarrollo, se beneficiarían de la posible apertura de nuevas vías 
de acceso a los mercados de resultas de los fallos emitidos en el procedimiento de 
solución de diferencias. 
En la medida en que las normas de competencia puedan garantizar que las inversiones se 
realizan en condiciones de seguridad y equitatividad, el establecimiento de unas 
estructuras de competencia eficientes será uno de los puntales de la libertad de inversión. 
La creación de unas estructuras de competencia apropiadas es una tarea compleja que 
requiere unos recursos y una formación considerables. Un marco de competencia debe 
incluir disposiciones en materia de asistencia técnica para aquellos países que la soliciten. 
c) Relación con los instrumentos de defensa del comercio 
La relación entre la elaboración de un marco de competencia y el funcionamiento de los 
instrumentos comerciales existentes es una de las cuestiones clave en el debate sobre 
comercio y competencia. Es verdad que la incorporación de disposiciones en materia de 
competencia a la legislación comercial y una aplicación más global y eficaz de las 
políticas de competencia mediante una mayor cooperación internacional reducirían la 
necesidad de recurrir a los instrumentos de defensa comercial. Pero los instrumentos de 
competencia no pueden considerarse sustitutos de los instrumentos comerciales. Estos 
últimos sólo pierden su razón de ser en el contexto de la plena integración de los 
mercados. Un marco de normas de competencia complementaría, en consecuencia, la 
legislación comercial vigente y crearía un nuevo instrumento para hacer frente a las 
conductas anticompetitivas en los mercados no integrados. Los nuevos instrumentos no 
reemplazarían, pues, a los instrumentos actuales, sino que serían su complemento. 
La manera de proceder en la CE constituye un buen ejemplo de esta afirmación. Las 
medidas antidumping están excluidas del comercio intracomunitario, puesto que se trata 
de un mercado plenamente integrado18. Para los Estados miembros, esta integración ha 
supuesto la supresión de todos los aranceles y de las medidas de efecto equivalente a los 
18 
El Acuerdo del EEE entre la CE y los países de la AELC hace suyo el mismo planteamiento: las medidas 
antidumping están excluidas de aquellos sectores que han asumido el "acervo comunitario". Pero cabe adoptar 
todavía medidas antidumping en el comercio entre la Comunidad y los países de Europa central y oriental, así 
como entre EE.UU., Canadá y México en el marco del TLCAN. Lo mismo sucede entre EE.UU. y Turquía: las 
medidas antidumping siguen siendo posibles a pesar del acuerdo de unión aduanera. 
15 
aranceles (un concepto más amplio que la obligación de trato nacional del GATT) y la 
adopción de las cuatro libertades (bienes, servicios - incluido el establecimiento -, 
capitales - incluidas las inversiones - y trabajo). A ello se ha sumado el programa del 
mercado único y una estabilidad monetaria relativa. La legislación de competencia ha 
sido aplicada eficazmente, con el objetivo explícito, entre otros, de integrar los mercados 
de los Estados miembros, por una autoridad con facultades propias de investigación y 
ejecución. Ninguno de estos elementos está presente en el comercio mundial actual. Por 
último, el marco apuntado en el apartado II anterior no está ni mucho menos a la altura de 
las estructuras comunitarias de competencia y debería probarse su validez. 
d) Relación con el ordenamiento jurídico comunitario v los Estados miembros 
Una de las premisas de la presente Comunicación es que un marco de normas de 
competencia, negociado en la OMC, sería compatible con la legislación comunitaria de 
competencia y singularmente con las disposiciones del Tratado de la CE. El instrumento 
de la OMC se aplicaría, como es tradicional en el GATT/OMC, a los gobiernos y no sería 
directamente aplicable ni tendría efectos directos. Sería también mucho más general que 
las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y en un principio se otorgaría 
prioridad a las obligaciones procedimentales. Sólo por estos motivos es muy improbable 
que se produjera alguna fricción entre un informe de un grupo especial de la OMC sobre 
las normas convenidas en la OMC y la jurisprudencia del TJCE sobre los artículos 85 y 
86 y la legislación conexa19. 
Además, las empresas están ya sujetas, también en la Comunidad, a diferentes regímenes 
de competencia y uno de los objetivos de un marco internacional consiste precisamente 
en promover una aplicación equivalente y racional de los principios de competencia en 
distintos mercados. 
Una segunda cuestión es la participación en un marco internacional. Como la regulación 
de la competencia no está atribuida en exclusiva a la Comunidad, en los asuntos de 
dimensión internacional puede intervenir sea la Comunidad (si afectan al comercio entre 
los Estados miembros) sea un único Estado miembro (si sólo le afecta a él). Un marco de 
normas debería tener en cuenta ambos supuestos, preservando al mismo tiempo la unidad 
de la actuación comunitaria en el ámbito del comercio. 
V. CONCLUSIONES 
La Comisión solicita al Consejo que tome nota de la presente Comunicación. 
Observando que la multiplicación de los esfuerzos multilaterales redundaría en una 
mayor convergencia y en una mejora de las normas de competencia y de su aplicación a 
escala mundial; 
Las medidas antidumping representan un caso en el que entre un instrumento de la OMC y la reglamentación 
comunitaria correspondiente existe una relación incluso más estrecha que en el ámbito de la competencia. No 
siendo de hecho la reglamentación comunitaria sino una aplicación del instrumento de la OMC, se ha evitado 
hasta la fecha todo conflicto entre los informes de los grupos especiales con arreglo al instrumento de la OMC y 
las sentencias del TJCE de conformidad con la reglamentación comunitaria. 
16 
Considerando que un marco internacional de normas de competencia puede favorecer 
una nivelación de las condiciones comerciales y reducir en consecuencia los costes, las 
distorsiones y los conflictos que en el comercio internacional genera la diversidad de 
regímenes nacionales de competencia; 
Reconociendo que, sin perjuicio de la continuación de la cooperación bilateral con los 
principales socios, es en estos momentos conveniente y viable una mayor cooperación 
multilateral en el ámbito de la competencia, que contribuiría considerablemente a una 
economía global más eficiente, estable é integrada, de la que se beneficiarían tanto la 
Comunidad y sus Estados miembros como todos los miembros de la OMC; 
Reconociendo que la posible constitución de un marco internacional de normas de 
competencia interesa a todas las naciones comerciantes, con independencia de su nivel de 
desarrollo; 
Considerando que la Comunidad tiene una probada experiencia en la aplicación de 
principios de competencia uniformes a diferentes países, 
la Comisión propone al Consejo que formule sus conclusiones con arreglo a las 
directrices siguientes: 
La Comunidad debe definir una posición para la reunión ministerial que la OMC 
celebrará en Singapur en diciembre de 1996 que incluya la propuesta a los 
miembros de la OMC de que la organización cree un grupo de trabajo que 
prepare, a partir de 1997, la elaboración de un marco internacional de normas de 
Competencia. 
Ese marco podría incluir en particular: el compromiso de todos los países de 
adoptar normas de competencia y estructuras de ejecución nacionales y el 
establecimiento, entre un número limitado de países, de un instrumento para que 
las autoridades de competencia puedan intercambiar información, un instrumento 
para solicitar la intervención en los mercados extranjeros y un mecanismo 
intergubernamental de solución de diferencias. 
La preceptiva consulta y debida incorporación de la comunidad empresarial 
europea a medida que se progrese en este sector, 
La atribución a la Comunidad de la dirección del proceso y de la iniciativa para 
construir un consenso internacional e inducir a otros miembros de la OMC a 
respaldar el trabajo multilateral en este ámbito. 
La petición a la OCDE y la UNCTAD de que prosigan su trabajo en materia de 
comercio y competencia teniendo en cuenta los progresos de la OMC. 
17 
18 
ANEXO. 
En el presente Anexo se exponen los principales conceptos enunciados en la Parte HI de 
la Comunicación. Muchos de estos conceptos se han tomado de documentos de la OCDE 
y de otras fuentes y se incluyen con fines exploratorios: 
a) Adopción de estructuras nacionales de competencia 
El proceso de elaboración de un marco internacional de normas de competencia puede 
llevarse a cabo de forma progresiva. Un primer paso podría consistir en asegurarse de que 
todos los países promulguen en sus legislaciones nacionales normas de competencia 
sobre los acuerdos restrictivos, el abuso de posición dominante y las fusiones. Ello 
incluiría el establecimiento de una serie de procedimientos equitativos que garanticen la 
aplicación efectiva de las normas y prevean además los instrumentos de investigación y 
las sanciones apropiadas, el acceso al sistema judicial y el cumplimiento de los principios 
de transparencia y no discriminación. 
Aunque son cada vez más los países que disponen de refinadas leyes de competencia para 
controlar eficazmente las prácticas comerciales restrictivas, algunos países (en desarrollo) 
no han aprobado todavía esas normas. Una ventaja añadida de un acuerdo entre todos los 
países para promulgar leyes de competencia es que los tribunales nacionales serían parte 
integrante de los procedimientos de ejecución, como lo son ya en la mayoría de los países 
industrializados20. No se podría entonces obligar a las empresas a cumplir acuerdos que 
estuvieran prohibidos, que no serían ejecutables ante los tribunales nacionales. 
Otra cuestión importante es el alcance sectorial. Un estudio reciente de la OCDE ha 
puesto de manifiesto que incluso en los países miembros de esta organización existen 
considerables diferencias en cuanto al ámbito de aplicación de las leyes de competencia; 
la mayoría de los países excluyen sectores económicos de la aplicación de su legislación 
de competencia21. Una primera medida para solucionar este problema podría ser la 
elaboración de una lista de estos sectores y el compromiso unánime de congelar su 
número y reducirlo gradualmente22. 
Las normas de competencia deben aplicarse asimismo a todos los agentes económicos. 
Su ámbito de aplicación debe extenderse a las empresas y sociedades públicas con 
derechos especiales o exclusivos, exceptuando aquella parte de sus actividades en que la 
función pública prevalezca sobre los intereses de aplicación de la legislación de 
competencia. 
20 En las negociaciones de la Ronda Uruguay se adoptó un planteamiento similar con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual (ADPIC). 
Estudio general del ámbito de aplicación de las leyes y normativas de competencia, realizado por el profesor 
B. Hawk. 
22 
Véase el trabajo de la OCDE a este respecto. 
19 
b) Acuerdo sobre normas comunes 
Se admiten en general los efectos negativos que tienen sobre la competencia las prácticas 
restrictivas horizontales: carteles, reparto de mercados, boicoteo de empresas extranjeras, 
fijación de precios, ofertas concertadas, transacciones colectivas exclusivas. Ha de ser 
posible formular en una primera fase disposiciones internacionales para combatir estas 
prácticas. Las disposiciones pertinentes deberían extenderse también a los carteles de 
exportación, a los que no se aplica la legislación de competencia en los países 
exportadores. Aunque a esos carteles les es aplicable la legislación de la mayoría de los 
países importadores23, resulta difícil hacerlo por la falta de información en el país 
importador. Un acuerdo internacional que ¿legalizara los carteles de exportación pondría 
fin a estas fórmulas para "empobrecer al vecino". 
Deben considerarse también las restricciones verticales, como los acuerdos exclusivos de 
distribución o suministro, pero acaso se necesite más tiempo para llegar a un consenso y 
los países prefieran conservar un mayor grado de libertad en su evaluación de los efectos 
de las restricciones verticales sobre la competencia24. 
Podría formularse un planteamiento común de las restricciones verticales centrándose en 
las restricciones que obstaculizan el acceso a los mercados. El grupo de trabajo podría 
estudiar hasta qué punto estarían facultadas las autoridades de competencia para tener en 
cuenta la dimensión internacional de las restricciones de acceso a los mercados y 
ponderar sus efectos sobre la competencia nacional al presentarse una denuncia en virtud 
de las disposiciones del marco internacional (véase más adelante). 
Ese examen de las autoridades de competencia pondría de manifiesto que es imposible 
evaluar debidamente los litigios de competencia sin un análisis concienzudo del contexto 
internacional: las normativas de competencia no pueden ser iguales en países distintos y 
es necesario evaluar cada mercado en su propio contexto, atendiendo a las condiciones y 
estructuras económicas que influyen en su apertura y, en definitiva, en la situación 
competitiva de ese mercado. En su análisis de esas prácticas, las autoridades de 
competencia ponderarían, como ya lo vienen haciendo muchas de ellas, factores como el 
efecto de las barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias), las barreras 
reglamentarias (normas divergentes, restricciones de los servicios de distribución y de 
apoyo), los obstáculos a la inversión extranjera, la relación entre importaciones e 
inversión extranjera y la estructura de agrupaciones de sociedades. Las autoridades de 
competencia seguirían basando sus decisiones en los objetivos de eficiencia, 
fundamentales en una normativa de competencia. Pero el principio de que es necesario 
tener en cuenta la dimensión internacional en los asuntos internacionales se incorporaría 
23 
Por ejemplo, Pasta de madera: sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de 
septiembre de 1988, 1988 RJTJCE 5193. 
Debido en parte a diferencias en los objetivos y principios informadores, la Comunidad y algunos de sus 
socios comerciales tienen planteamientos distintos: la Comunidad es relativamente rigurosa con las restricciones 
verticales que dificultan la integración de los mercados - prohibición de exportaciones y algunas restricciones 
territoriales -, mientras que la postura de EE.UU. es más tolerante. Una excepción es el mantenimiento del precio 
de reventa, que está prohibido en la mayoría de los países. 
20 
a las normas comunes en relación con todas las prácticas anticompetitivas25: si se 
considerara que un mercado está demasiado cerrado, se ponderaría más la importancia de 
la competencia exterior para compensar los obstáculos al acceso. 
Este planteamiento podría ser también de utilidad para preparar un acuerdo sobre el 
abuso de posición dominante. Se admite en general que todas las prácticas excluyentes -
las trabas al acceso a servicios esenciales, las prácticas con posibles efectos de exclusión, 
como los descuentos de fidelidad o los acuerdos vinculantes, y la limitación de la 
producción - pueden catalogarse en última instancia como abuso de posición dominante. 
Como se ha demostrado con la ejecución de la normativa de competencia europea, estas 
prácticas pueden afectar al comercio y crear obstáculos al acceso. Otras prácticas 
deberían considerarse más atentamente: la fijación de precios excesivos y de dumping y 
algunos acuerdos verticales. 
Ha aumentado enormemente el número de fusiones internacionales. Sería prematuro 
proponer el establecimiento de normas sustantivas internacionales en este sector. Por otra 
parte, las empresas tienen que notificar hoy día la misma fusión a varias autoridades de 
competencia. La armonización del procedimiento evitaría una duplicación innecesaria de 
esfuerzos de las empresas y organismos y, al fomentar la cooperación, reduciría las 
posibilidades de que se adopten decisiones contradictorias26. Una primera medida podría 
ser la armonización de los formularios y plazos de notificación27. 
c) Creación de instrumentos de cooperación entre las autoridades de 
competencia 
El intercambio de" información válida es uno de los elementos clave de la cooperación 
entre las autoridades de competencia. Por otra parte, la información comercial es objeto 
de una estricta protección legal en todas las jurisdicciones y resulta difícil imaginar que 
las autoridades de competencia se intercambien documentos confidenciales de modo 
rutinario28. 
25 
Este planteamiento es semejante al adoptado en la Carta de La Habana (Artículo 46), según el cual la omisión 
de una actuación gubernamental para impedir una limitación del acceso a los mercados podría constituir una 
vulneración de sus disposiciones. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sigue 
una línea parecida, consistente en la reiteración de que toda práctica debe evaluarse en su contexto económico y 
jurídico y en función de la importancia tradicionalmente otorgada al objetivo de garantizar el acceso a los 
mercados, aunque sólo sea entre los Estados miembros. Por ejemplo, Henninger (Delimitis): sentencia del TJCE 
de 28 de febrero de 1991. 
El Reglamento de fusiones de 1990 tiene efectos extraterritoriales: atribuye a la Comisión la competencia de 
examinar las fusiones de sociedades cuyo domicilio social está fuera de la CE siempre que su volumen de 
negocios sea igual o superior a 5.000 millones de ecus y que dos de las sociedades interesadas tengan en la CE 
un volumen de negocios mínimo de 250 millones de ecus. Al aumentar el número de organismos que examinan 
las fusiones, es posible que uno de ellos la prohiba y otro en cambio imponga condiciones como la desinversión 
de parte del patrimonio social o, por el contrario, no formule objeción alguna. 
En el "Informe sobre la convergencia del procedimiento de fusión" elaborado en 1993 por Whish y Wood 
para la OCDE se formulan varias propuestas de armonización de los procedimientos internacionales en materia 
de notificación de fusiones. 
Hay que señalar que en algunos sectores existen amplias posibilidades de efectuar intercambios de 
información internacional, como es el caso de las autoridades que controlan el comercio de valores. Se han 
acordado ya diferentes niveles de intercambio de información en el ámbito de la competencia: el Acuerdo del 
EEE prevé, por ejemplo, que la información sea compartida por la Comisión y el órgano de Vigilancia de la 
21 
El intercambio de información debería desarrollarse con precaución. En términos 
generales, la voluntad de cooperación de los organismos será ciertamente máxima cuando 
investiguen un mismo asunto y pretendan poner en práctica criterios de ejecución 
semejantes. El intercambio se hace más difícil cuando se contemplan diferentes 
soluciones. En un supuesto extremo, puede que un organismo pretenda adoptar medidas 
ejecutivas inequívocas mientras que su homólogo no tenga intención de intervenir. 
Aunque éste sea el supuesto más difícil, la necesidad de contar con información exacta 
sería aquí más acuciante que en ningún otro caso. 
Una primera e importante medida con miras a la elaboración de las normas rectoras del 
intercambio de información podría consistir en catalogar las clases de información que se 
consideran confidenciales en los diferentes países y la protección legal de que gozan. 
Un marco internacional podría, en un principio, prever el intercambio de información 
comercial no confidencial entre un grupo de países participantes fundamentales. Si se 
considerara que este mecanismo funciona correctamente, se podría averiguar entonces si 
algunas autoridades están dispuestas a intercambiarse información más detallada 
bilateralmente y de común acuerdo. Evidentemente, ese intercambio de información 
confidencial debería estar sujeto a una serie de criterios y garantías. Cabe pensar que los 
organismos interesados quieran supeditar el intercambio al cumplimiento de 
determinadas condiciones (p. ej., garantías de confidencialidad o limitaciones del uso de 
la información proporcionada): la autoridad receptora debería comprometerse, 
concretamente, a renunciar a la adopción de medidas extraterritoriales sobre la base de 
esa información. En cualquier caso, es probable que la asunción de obligaciones plenas 
de intercambio constituya un objetivo a más largo plazo. 
Naturalmente, la comunidad empresarial europea deberá ser consultada y vinculada 
estrechamente al proceso a medida que se exploren las opciones y condiciones del 
intercambio de información. 
En las investigaciones antidumping, los funcionarios tienen realmente la posibilidad de 
reunir información extrajurisdiccional: se les suele permitir el acceso directo a los 
archivos de las sociedades que investigan en terceros países. Podría pensarse en 
introducir un elemento semejante en la cooperación en materia de competencia, 
permitiendo a los funcionarios que ayudaran a sus colegas de terceros países a realizar las 
investigaciones. Los procedimientos de cooperación entre la DG IV y los Estados 
miembros en los asuntos intracomunitarios son un ejemplo a este respecto. 
Otro elemento clave de la cooperación entre autoridades es el instrumento de cortesía 
positiva, que se ha incluido ya en recientes acuerdos bilaterales de cooperación29. Hay que 
AELC. Aunque el Acuerdo de cooperación entre la CE y EE.UU. no contempla el intercambio de información 
confidencial, el Congreso estadounidense promulgó en 1994 una nueva ley por la que se le autoriza a suscribir 
acuerdos recíprocos para el intercambio de información confidencial, incluso en aquellos casos en que las 
sanciones que se puedan adoptar sean distintas a las previstas en la legislación estadounidense. 
Véase también la nota 15. 
22 
estudiar fórmulas para desarrollar este concepto e incorporar las disposiciones que 
generará su aplicación por los organismos de terceros países, respetando al mismo tiempo 
su autonomía. Se podría examinar, concretamente, la posibilidad y las condiciones en que 
se podría obligar, dentro de unos límites razonables, a una autoridad de competencia a 
investigar en nombre de otra y a comunicar dentro de un plazo convenido al organismo 
solicitante si tiene la intención de adoptar medidas ejecutivas30. La decisión de no 
intervenir debería ser motivada y justificada con datos objetivos pertinentes. 
d) Solución de diferencias 
Se han expuesto ya los beneficios de la cooperación internacional. Es, por otra parte, 
evidente que las ventajas serían máximas si se pudiera obligar a los países a atenerse a las 
normas convenidas, puesto que ello entrañaría un compromiso de aplicación. El marco 
debe tener, en consecuencia, carácter vinculante. 
Una cuestión fundamental para el establecimiento de un sistema de solución de 
diferencias, que se aplicaría entre los gobiernos, es el alcance del examen que podría 
llevar a cabo un grupo especial internacional. En una primera fase, el examen efectuado 
por el grupo especial podría centrarse en los aspectos procedimentales: comprobar si un 
país ha promulgado una estructura nacional de competencia según lo convenido, si ha 
cumplido las obligaciones de intercambio de información adquiridas y si ha respetado, en 
su caso, el principio de transparencia, el deber de motivar la decisión y los plazos del 
instrumento de cortesía positiva. El sistema de solución de diferencias podría ampliarse 
para someter a examen la fundamentación de los motivos justificativos de la decisión 
nacional, la exactitud en la exposición de los hechos y la existencia de un "error 
manifiesto de apreciación" de los hechos o de un "abuso de facultades". 
Un elemento importante son los plazos de solución de las diferencias internacionales, 
porque las empresas afectadas por prácticas anticompetitivas pueden solicitar en muchos 
casos la aplicación de medidas comerciales de protección de rápida ejecución. Es 
evidente que un marco para hacer frente a las prácticas anticompetitivas con instrumentos 
de competencia tendrá que funcionar con plazos breves para constituir una alternativa 
creíble. 
Otro aspecto esencial son las soluciones aplicables cuando un grupo especial 
independiente condene a un país. Podría autorizarse a los países, a falta de una actuación 
correctora por parte de un organismo extranjero y en condiciones determinadas, a adoptar 
medidas extraterriotriales sirviéndose de su propia legislación nacional de competencia. 
En aquellos casos en que ello no fuera viable (si no existieran, por ejemplo, en el 
territorio de ese país filiales de la sociedad o de las sociedades denunciadas), es probable 
que las medidas habitualmente previstas en el comercio, como la retirada de concesiones 
Ello repercutiría en la asignación de recursos de los organismos antimonopolio. Al principio acaso fuera 
necesario fijar un número máximo de denuncias anuales que un organismo puede presentar a otro o establecer un 
límite mínimo (p. ej., el volumen de negocios del producto en cuestión) por debajo del cual no procedría el 
recurso a este mecanismo. 
23 
arancelarias31, resulten entonces más aceptables que las sanciones de competencia, por 
ejemplo las multas internacionales32. 
Dado que un acuerdo de competencia podría incluir disposiciones vinculantes, no hay 
que descartar que se considere necesario incluir una cláusula de exención. Esta cláusula 
se aplicaría en aquellos casos en que se estime que el interés esencial de una Parte es 
superior al interés que en la ejecución de las normas tiene el socio comercial que solicita 
su actuación, recurriendo, por ejemplo, al instrumento de cortesía positiva. Podría darse 
una situación excepcional como ésta si se autorizaran acuerdos de reestructuración con 
efectos restrictivos. Estos problemas se han resuelto en la jurisprudencia mercantil 
permitiendo a los miembros del GATT/OMC eximirse, en supuestos excepcionales, 
transitoriamente de sus obligaciones y adoptar medidas de salvaguardia para proteger sus 
industrias nacionales. Quizá fuera conveniente pensar en una fórmula semejante para los 
asuntos de competencia, siempre que las medidas adoptadas sean de duración limitada, 
estén justificadas, no sean discriminatorias y se establezcan de manera transparente. 
31 
El sistema de la OMC está concebido para la solución de litigios y la retirada de concesiones comerciales sólo 
se utiliza como último recurso. En la OMC, la solución de litigios sigue una escala descendente que empieza por 
(1) el acuerdo, mediante consultas, entre las partes en cualquier momento del procedimiento; (2) previa 
determinación por un grupo especial de la existencia de una vulneración de la normativa de la OMC, el 
requerimiento de adecuación a la norma de la medida o práctica infractora; (3) si ello no fuera posible, la oferta 
de una compensación (de nuevas o mayores posibilidades de aceso al mercado mediante, por ejemplo, 
reducciones arancelarias u otros compromisos de liberalización) y, por último, si las soluciones (1), (2) y (3) 
resultaran inviables, (4) la autorización para suspender un número de concesiones equivalente. 
Desde el punto de vista de la competencia, la retirada de concesiones comerciales puede parecer 
contradictoria con el objetivo de incrementar la competencia, puesto que su consecuencia sería una reducción de 
las posibilidades de acceso a un mercado. Pero la experiencia del GATT/OMC revela que la potestad de retirar 
concesiones comerciales ha tenido realmente un efecto liberalizador y ha inducido a los países a acomodar sus 
prácticas a las normas del GATT. Sólo en una ocasión se ha autorizado la adopción de medidas de respuesta. 
24 

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