ES Diario Oficial de la Unión Europea C 317/120

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas»

[COM(2009) 28 final — 2009/0007(CNS)]

y la

«Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad»

[COM(2009) 29 final — 2009/0004(CNS)]

(2009/C 317/23)

Ponente: Sergio SANTILLÁN CABEZA

El 13 de febrero de 2009, de conformidad con el artículo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre los documentos siguientes:

«Propuesta de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas»

(COM(2009) 28 final - 2009/0007 (CNS))

y

«Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad» (COM(2009) 29 final – 2009/0004 (CNS)).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 24 de junio de 2009 (ponente: Sergio SANTILLÁN CABEZA).

En su 455o Pleno de los días 15 y 16 de julio de 2009 (sesión del 16 de julio de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 114 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El CESE acoge con satisfacción las propuestas de Directivas sobre asistencia mutua en el cobro de créditos fiscales y cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad porque responden a una perentoria necesidad. Las normas que se sustituyen, establecidas hace tres décadas, han demostrado su ineficacia frente a las actuales exigencias. El hecho de que actualmente se perciba sólo un 5 % de los créditos reclamados requiere una urgente respuesta.

1.2. Las propuestas de la Comisión atienden a estudios, sugerencias y recomendaciones que se han formulado en la UE, en los Estados miembros y en foros e instituciones internacionales, como el G-20 y la OCDE. También el CESE ha apoyado sin reservas, en varios dictámenes, las propuestas de dotar de mayor eficacia a los sistemas de cooperación entre los Estados en materia tributaria (punto 4.8 del presente dictamen).

1.3. La necesidad de la reforma se incrementa en la actualidad, cuando las sociedades deben afrontar las consecuencias sociales y económicas del cataclismo económico provocado por prácticas financieras especulativas y fraudulentas descubiertas desde finales de 2007. Esto, que supondrá durante años una fuerte carga para los contribuyentes, ha provocado una urgente demanda de adoptar medidas eficaces contra los defraudadores que actúan al amparo de paraísos fiscales o utilizan artilugios legales para evadir el pago de los impuestos.

1.4. La mundialización incrementa la necesidad de cooperación de los Estados en materia fiscal. En la UE, las libertades básicas que constituyen la esencia de su funcionamiento no pueden servir de cobertura para el incumplimiento del deber público de pagar los impuestos.

1.5. Como consecuencia de todo ello, la Comisión ha optado, acertadamente, por establecer una nueva regulación en estas materias en lugar de introducir reformas parciales en las normas actuales.

1.6. El CESE apoya el objetivo central de las propuestas de establecer una cultura administrativa comunitaria y de dotar a las administraciones de instrumentos adecuados que permiten las modernas tecnologías (como son los formularios tramitados electrónicamente) para lograr la simplificación y mayor rapidez en los trámites. Merecen destacarse también las previsiones establecidas sobre el régimen lingüístico, uno de los grandes obstáculos para la cooperación en materia tributaria (punto 5.1).

1.7. La obligación de información y sus límites que se establecen (punto 5.2) son acordes con la OCDE y tratan de impedir, acertadamente a juicio del CESE, el uso indebido del secreto bancario y otros procedimientos de apariencia legal para defraudar al fisco.

1.8. La participación de funcionarios del Estado requirente en las investigaciones que se realizan en el Estado requerido tiene antecedentes en ciertas normas actualmente vigentes (punto 5.3). En este y en otros aspectos, las propuestas preservan la soberanía de los Estados (punto 5.5).

1.9. Las garantías del contribuyente frente al fisco se mantienen en el marco de la cooperación entre Estados, ya que cuenta con la posibilidad de impugnar la legalidad de las investigaciones y de los actos que emanan de las autoridades (punto 5.4

1.10. El CESE sugiere que la Comisión considere en el futuro la unificación de las normas tributarias (punto 5.6).

2. Propuesta de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (COM(2009) 28 final)

2.1. Motivación expuesta por la Comisión

2.1.1. Las normas jurídicas vigentes en materia de asistencia mutua (1) adolecen de lentitud, disparidad, falta de coordinación y transparencia.

2.1.2. Las autoridades tributarias carecen de competencia para proceder al cobro de impuestos fuera del territorio de su Estado porque las normas tienen un carácter nacional: para lograrlo deben solicitar la asistencia de otro (u otros) Estados mediante procedimientos que se han revelado ineficaces. Esta limitación competencial crea un problema de dimensión creciente dado el aumento de la movilidad de capitales y personas. De tal manera, la libre circulación – un objetivo central de la Unión Europea – tiene en este caso una consecuencia negativa en cuanto favorece a los defraudadores. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de adoptar nuevas medidas.

2.1.3. Basta para explicarlo el hecho de que en 2007 los Estados miembros recibieron 11 794 solicitudes de asistencia de otros Estados miembros para proceder al cobro de créditos tributarios. Sin embargo, los importes efectivamente percibidos sólo llegan a aproximadamente el 5 % del total.

2.1.4. El fraude es especialmente significativo en el caso del IVA, lo que provoca dos efectos que deben evitarse: falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y disminuye la recaudación de los Estados miembros y de la Comunidad (2).

2.2. Medidas propuestas en materia de cobro de créditos

2.2.1. Ampliación del ámbito de aplicación de la asistencia mutua. A diferencia de la Directiva 2008/55/CE, que contiene una enumeración limitada de los créditos susceptibles de cobro, la propuesta abarca ahora al «conjunto de impuestos y derechos recaudados por las subdivisiones territoriales o administrativas de los Estados miembros, o por cuenta de las mismas, incluidas las autoridades locales», las cotizaciones sociales de carácter público, «las restituciones, intervenciones y otras medidas» relacionadas con el FEAGA (3) y el FEADER (4) y «las cotizaciones y otros derechos previstos en la organización común de mercado del sector del azúcar» (art. 1 y 2).

2.2.2. Mejora del intercambio de información. Además del intercambio espontáneo de información (art. 5) se añade, y ello tiene alta significación, la posibilidad de que los funcionarios de un Estado miembro tengan una participación activa en las actuaciones de otros Estados (art. 6).

2.2.3. Simplificación del procedimiento de notificación de documentos (arts. 7 y 8).

2.2.4. Mayor eficacia de las medidas de cobro y de las medidas cautelares (Capítulo IV). Estas disposiciones, que constituyen un aspecto destacable de la propuesta, se refieren a los siguientes aspectos:

— La regulación de la petición de cobro para su ejecución en el Estado miembro requirente (arts. 9 a 12).

— Consideración del crédito: «A efectos del cobro en el Estado miembro requerido, y salvo disposición en contrario, todo crédito que sea objeto de una petición de cobro tendrá la consideración de crédito del Estado miembro requerido» (art. 12.1) (5). El cobro se realizará en la moneda del Estado requerido.

— Otros aspectos relativos al cobro: información al Estado requirente, transferencia de las sumas eventualmente cobradas, intereses por mora, pago fraccionado (arts. 12.2 a 12.5).

— Las medidas cautelares para garantizar el cobro de los créditos (arts. 15 y 16).

— El límite de las obligaciones de la autoridad requerida (art. 17).

— La prescripción de los créditos (art. 18).

— Los gastos del procedimiento (art. 19).

2.2.5. Uniformidad y simplificación de las normas generales referidas a las solicitudes de asistencia en materia de impresos, comunicaciones, régimen lingüístico, etc. (arts. 20 a 23).

3. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (COM(2009) 29 final)

3.1. Motivación expuesta por la Comisión

3.1.1. Tanto el Grupo de Alto Nivel del Consejo en materia de fraude (6) como la Comisión (7) y los Estados miembros han constatado que no son adecuadas las normas relativas a la asistencia mutua entre las autoridades competentes en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros (8). Según la Comisión, las graves deficiencias de la Directiva 77/799 producen una dificultad creciente para determinar correctamente los impuestos, afectan al funcionamiento de los sistemas fiscales y llevan aparejada la doble imposición, que, a su vez, incita a la evasión y al fraude fiscal cuando, por otra parte, las atribuciones de control siguen ejerciéndose a escala nacional (9).

3.1.2. Como consecuencia, se propone adoptar un enfoque innovador que excede la mera introducción de modificaciones a la directiva vigente. El nuevo régimen constituye, por lo tanto, un marco jurídico nuevo e integrado que contempla todos los aspectos fundamentales de la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad reforzando de manera notable la capacidad de las autoridades para combatir el fraude y la evasión fiscal.

3.1.3. Dado que se trata de establecer mecanismos eficaces de colaboración entre las autoridades comunitarias y los Estados miembros, así como de estos entre sí, el objetivo central de ambas propuestas es el establecimiento de reglas comunes dentro del respeto a la plena soberanía nacional en materia tributaria.

3.2. Medidas propuestas para mejorar la cooperación administrativa entre los Estados

3.2.1. Ampliación del ámbito en términos similares a los de la propuesta precedente (cobro de créditos).

3.2.2. Intercambio de información. Se prevén al respecto tres supuestos de intercambio:

— Previa solicitud por parte de la autoridad requirente (arts. 5 a 7). La solicitud de información puede conllevar la realización de «cualquier investigación administrativa» para obtenerla.

— Automático (art. 8). Se trata de la comunicación sistemática de información preestablecida de un Estado a otro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad o a medida que se vaya disponiendo de ella (art. 3.4). Sin embargo, será el procedimiento de comitología del art. 24 el que determine, en el plazo de dos años, los aspectos específicos de este intercambio de información.

— Espontáneo, cuando la autoridad competente de un Estado miembro lo considera oportuno (art. 9).

3.2.3. Otras expresiones de colaboración:

— Presencia de funcionarios de la autoridad requirente en las oficinas de la administración y participación en las investigaciones administrativas de la autoridad requerida (art. 10).

— Controles simultáneos de una o más personas en distintos territorios (art. 11).

— Formalidades de la notificación administrativa decidida en otro Estado (art.12).

3.2.4. Aspectos generales de la cooperación administrativa.

— Información de retorno (art. 13). Se hace hincapié, entre otras cosas, en la celeridad de las respuestas.

— Intercambio de buenas prácticas y de experiencia (art. 14).

— Diversos aspectos de la cooperación. Las autoridades (requirente o requerida) podrán transmitir la información y la documentación que obtengan a otras autoridades y utilizarlas para fines distintos de los originariamente previstos (art. 15). Otros aspectos contemplados son: condiciones a las que están sometidas las obligaciones de los Estados (art. 16); límites de los deberes de colaboración (art. 17); aplicación del principio de «nación más favorecida» (art. 18); formularios y formatos electrónicos (art. 19); y utilización de la red común de información (red CCN. Art. 20).

4. Observaciones generales

4.1. El CESE comparte plenamente la afirmación de la Comisión de que «en la era de la mundialización, la necesidad de asistencia mutua de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad y, en particular, de la fiscalidad directa se hace cada vez más imperiosa. El enorme incremento de la movilidad de los sujetos pasivos, el número de transacciones transfronterizas y la internacionalización de los instrumentos financieros dificulta de forma creciente la adecuada determinación de los impuestos adeudados por parte de los Estados miembros, al tiempo que estos últimos siguen aferrados a su soberanía nacional en lo que atañe al nivel de los impuestos» (10).

4.2. Las dos propuestas parten de constatar que las normas establecidas hace más de tres décadas (en momentos en que la UE contaba con nueve Estados miembros) son insuficientes en la actualidad en virtud de los cambios producidos en el mercado interior desde entonces: en la segunda mitad de los años setenta aún no se había logrado la libre circulación y la integración era escasa.

4.3. Desde hace años, existe una preocupación por los elevados niveles de fraude y de evasión fiscal en la UE. En 2004, la Comisión se refirió a esta cuestión con motivo de escándalos provocados por las prácticas irregulares de algunas empresas (11) sugiriendo una serie de medidas para «mejorar la transparencia de los sistemas fiscales», proponiéndose elaborar «propuestas concretas destinadas a los casos de fraude y evasión fiscal que impliquen estructuras complejas y opacas». Mencionando casos concretos (12), señalaba la Comisión que esos escándalos «han suscitado incertidumbre en los mercados de capitales, perjudicando a toda la economía».

4.4. Cinco años después se constata que los hechos relatados en la Comunicación de 2004 resultan nimios comparados con los que han estallado en los últimos tiempos y también es sensiblemente mayor el daño sufrido por la economía.

4.5. Esta materia tiene ahora un alcance global como consecuencia del cataclismo económico y financiero provocado por las prácticas fraudulentas que comenzaron a salir a la luz desde finales de 2007. Uno de los cometidos del G-20 es proponer el establecimiento de reglas internacionales para dar transparencia y fiabilidad a las transacciones comerciales combatiendo el fraude y la evasión fiscal (13).

4.6. Los escándalos suscitados en algunos países de la Unión por los mecanismos de evasión de impuestos al amparo de los paraísos fiscales (como es el caso de los fraudes perpetrados en Liechtenstein en perjuicio de la hacienda alemana) han producido un generalizado rechazo de la población, que reclama medidas más eficaces para combatir la evasión fiscal y la delincuencia financiera.

4.7. El intercambio de información y la mayor facilidad de acceso a los datos para luchar contra el fraude fiscal son también uno de los objetivos de la OCDE (14).

4.8. A lo largo de los años el CESE ha apoyado firmemente las medidas de refuerzo de la cooperación reclamando mayores instrumentos y mecanismos de control (15).

4.9. En línea con todos esos antecedentes, el CESE acoge con satisfacción las dos propuestas de directiva en cuanto suponen un sensible avance en la integración europea. El cumplimiento de las obligaciones tributarias es una base esencial para el funcionamiento del Estado social.

5. Observaciones particulares

5.1. La creación de una cultura administrativa comunitaria

5.1.1. Para el CESE, el aspecto más destacable en ambas propuestas – particularmente en la referida a cooperación administrativa – es la voluntad de crear una cultura administrativa comunitaria que resulta fundamental en la lucha contra el fraude, como se destaca en la Comunicación de 2006 (16).

5.1.2. Esta decisión, que responde a la experiencia constatada en las administraciones fiscales a lo largo del tiempo, se traduce en diversos aspectos, como: la obligación de designar en cada Estado Miembro una única oficina tributaria de enlace, pudiendo también designarse servicios específicos de enlace que mantendrán comunicaciones directas entre sí; la posibilidad de designar funcionarios competentes facultados para participar directamente en las actuaciones; el establecimiento de plazos (que actualmente no existen) para la transmisión de la información; la obligación de informar «de retorno», etc.

5.1.3. El CESE aplaude el establecimiento de formularios normalizados y formatos electrónicos, que agilizarán sensiblemente la realización de los trámites.

5.1.4. También debe destacarse la simplificación del régimen lingüístico – un gran obstáculo para la cooperación y motivo de encarecimiento de los trámites – y el uso de las nuevas tecnologías en esta materia en cuanto los formularios pueden traducirse automáticamente.

5.2. Los límites de la cooperación administrativa, el secreto bancario, la actuación de intermediarios y la participación en el capital

5.2.1. La cooperación administrativa prevista está sujeta a limitaciones. El Estado miembro requerido deberá facilitar la información solicitada «siempre que ello no suponga una carga administrativa desproporcionada» y que el Estado requirente «haya agotado las fuentes habituales de información» que podría haber utilizado. Sin embargo, el Estado requerido podrá denegar la petición en determinados supuestos: a) si las investigaciones o la recopilación de información que se solicita infringe su propia legislación; b) si, por motivos legales, el Estado requirente no pudiera facilitar información similar a la que solicita; c) si ello supusiera la divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional, de un procedimiento comercial, o de una información cuya divulgación sea contraria al interés público (17). El CESE considera adecuadas tales limitaciones.

5.2.2. Pero no podrá negarse el Estado requerido «por el hecho de que esa información obre en poder de un banco u otra entidad financiera, un representante o una persona que actúe en calidad de intermediario o agente fiduciario, o porque esté relacionada con la participación en el capital de una persona» (18). Dada la experiencia reiteradamente comprobada en materia de fraude fiscal, el CESE aplaude esta aclaración, sin la cual los objetivos perseguidos por ambas propuestas para lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias podrían verse frustrados (19).

5.2.3. Debe destacarse que las obligaciones de información y sus límites están contemplados en términos similares con la Convención Modelo de la OCDE (20).

5.3. La presencia de funcionarios de otro Estado miembro

5.3.1. Tanto la propuesta de Directiva sobre cooperación administrativa como la de asistencia para el cobro de créditos establecen la posibilidad de que funcionarios del Estado requirente estén presentes en las investigaciones administrativas que se realizan en el Estado requerido. El CESE considera adecuada esta forma de cooperación, que está sometida a dos importantes condiciones: que haya un acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida y que los funcionarios «se atengan a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Estado miembro requerido» (21).

5.3.2. La presencia de funcionarios de otro Estado miembro ya está prevista en el caso de los impuestos especiales (22) y del IVA (23), aunque en el presente caso las competencias son mayores puesto que los funcionarios pueden ejercer las facultades de inspección.

5.4. Legalidad del instrumento de ejecución del crédito tributario

5.4.1. Suscita especial interés lo relativo a la legalidad de los procedimientos de investigación que pueden llevar a cabo las autoridades tributarias. El CESE considera que esa cuestión está adecuadamente contemplada en la propuesta de Directiva sobre asistencia para el cobro de créditos. De entrada, debe tenerse presente que los sistemas previstos, tanto en las dos propuestas de Directiva que son objeto del presente dictamen como en los casos del IVA e impuestos especiales, sólo establecen procedimientos de cooperación entre los Estados, que conservan plena soberanía para determinar la legalidad de los procedimientos de investigación que realizan en su territorio.

5.4.2. Conforme a los principios generales, los funcionarios deben actuar conforme a la ley (24) y los actos administrativos tienen presunción de validez. Como consecuencia, obligan al cumplimiento, quedando a salvo el derecho del interesado para impugnarlos ante los tribunales de justicia. En materia de litigios relativos al cobro de créditos, es competencia del Estados miembro que los reclama (es decir, el Estado requirente) determinar la validez del crédito, del instrumento inicial de ejecución, del instrumento uniforme y de las notificaciones que dicho Estado efectúa (25).

5.4.3. En cambio, en caso de litigio, corresponde a las instancias correspondientes del Estado requerido determinar, si son impugnadas, las medidas de ejecución o las notificaciones por este Estado realizadas (26). En ambos supuestos, la garantía del contribuyente está asegurada, porque, salvo que la ley prevea la posibilidad referida en el punto siguiente, se suspende el procedimiento de ejecución en la parte del crédito afectada por el litigio. Está prevista la obligación de los Estados de informar sobre las impugnaciones, aunque, naturalmente, también podrán hacerlo los interesados.

5.4.4. En el caso de créditos impugnados judicialmente se podrán adoptar medidas cautelares si lo permite la legislación del Estado requerido. Además, si así lo establece la legislación del Estado requirente, éste puede solicitar el cobro ante los tribunales mediante resolución motivada (27).

5.4.5. En lo que concierne a la legislación penal, debe recordarse que es competencia exclusiva de los Estados miembros (28).

5.5. La soberanía de los Estados miembros

5.5.1. El CESE destaca que las propuestas respetan plenamente la soberanía de los Estados miembros, que, en definitiva, en el marco de las Directivas, aplican su propia legislación y sus propias instituciones en los ámbitos que les corresponden. Entre otros supuestos, son ilustrativos de ello los casos a los que se refieren los puntos 5.3 y 5.4 de este dictamen.

5.5.2. Esto concierne también a la revelación de información y documentación recibidas en el marco de la Directiva, en cuanto se prevé que:

— La autoridad (requirente o requerida) pueda transmitirla a otras autoridades del mismo Estado miembro cuando así lo autorice su legislación. La información puede utilizarse incluso para fines distintos de los tributarios.

— La autoridad competente de un Estado miembro la transmita a su vez a la autoridad competente de un tercer Estado miembro «siempre que dicha transmisión se atenga a los marcos y procedimientos previstos en la presente Directiva».

— Por otra parte, toda la documentación e información que la autoridad requirente reciba puede ser utilizada como elemento de prueba en las mismas condiciones que la obtenida en su propio territorio (29).

5.5.3. A diferencia de lo que prevé al Acuerdo sobre Intercambio de Información Tributaria de la OCDE (30) no se requiere la autorización del Estado requerido.

5.6. Conveniencia de unificar las normas

5.6.1. Regulaciones con idéntico o similar contenido se incluyen en ambas propuestas de Directivas. Un ejemplo de ello es el relativo a la notificación de documentos (31) y pueden citarse otros. Como se ha señalado, la presencia de funcionarios de otros Estado está contemplada en dos Directivas y dos Reglamentos que, además, difieren en la amplitud de facultades.

5.6.2. Como mejor técnica legislativa considera el CESE que, en el futuro, debería realizarse un esfuerzo para unificar la legislación tributaria en la medida en que fuera posible.

5.7. La puesta en práctica del nuevo sistema

5.7.1. La puesta en vigor del complejo sistema de nueva planta que se propone implantar supondrá un esfuerzo considerable para las instituciones comunitarias y nacionales. En primer lugar, por los plazos: se establece como fecha límite de transposición de las dos directivas (que afectan a diversas materias del ordenamiento jurídico) el 31 de diciembre de 2009, lo que parece de difícil cumplimiento. Exigirá un trabajo intenso la elaboración, por parte del Comité de Cooperación Administrativa en materia Tributaria, en el plazo de dos años, de las normas referidas al intercambio automático de información.

5.7.2. En segundo lugar, la adaptación de los aparatos administrativos a las nuevas exigencias implicará la dotación de recursos materiales y humanos adecuados a las administraciones tributarias. Es particularmente destacable la necesidad de realizar un esfuerzo para la formación de los funcionarios, lo que en muchos casos requerirá asignaciones presupuestarias adicionales.

5.7.3. En todo caso, señala el CESE que los objetivos de las propuestas sólo se materializarán en resultados tangibles en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal si hay una decidida voluntad política de poner los medios adecuados.

Bruselas, 16 de julio de 2009. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Mario SEPI

(1) Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de mayo 1976, posteriormente codificada por la Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008.

(2) COM(2009) 28 final: «El efecto de la Directiva 2000/65/CE, que suprimió la posibilidad de hacer obligatoria la designación de representantes fiscales a efectos del IVA, unida al aumento del fraude en el IVA — en particular, el denominado fraude carrusel —, ha llevado a una situación en la que el 57,50 % de todas las peticiones de cobro corresponden a créditos del IVA (situación en 2007)». V. también la Comunicación de la Comisión sobre «Una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude del IVA en la UE» (COM(2008) 807 final).

(3) Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

(4) Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

(5) La vigente Directiva 2008/55/CE contiene una disposición similar (art. 6, párrafo 2o). Según los términos del precepto, el crédito no es del Estado requerido pero tiene la consideración de serlo, es decir, un trato similar al que concede el Estado requerido a sus propios créditos.

(6) Informe de mayo de 2000 (Documento 8668/00 del Consejo «Fight against tax fraud»).

(7) V. Comunicaciones de 2004 (COM(2004) 611 final) y 2006 (COM(2006) 254 final).

(8) Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977.

(9) COM(2009) 29 final, p. 2.

(10) Exposición de motivos, COM(2009) 29 final.

(11) Comunicación de la Comisión sobre la prevención y la lucha contra las prácticas irregulares empresariales y financieras (COM(2004) 611 final).

(12) Como Parmalat y Enron, cuyos accionistas perdieron 67 mil millones de dólares.

(13) G-20 Declaración de Washington (15/11/2008): «Tax authorities, drawing upon the work of relevant bodies such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), should continue efforts to promote tax information exchange. Lack of transparency and a failure to exchange tax information should be vigorously addressed.»

(14) Global Forum on Taxation, en el que participan también países no-OCDE. V. «Tax co-operation: towards a level playing field – 2008 Assessment by the Global Forum on Taxation». OCDE, agosto de 2008.

(15) V. Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal», DO C 161 de 13.7.2007, p. 8. En este dictamen figura una exhaustiva referencia de la normativa comunitaria. También, dictámenes sobre las siguientes propuestas:

— «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido» y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE del Consejo relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos», DO C 80 de 3.4.2002, p. 76.

— «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales» y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE del Consejo, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de seguros y la Directiva 92/12/CEE del Consejo, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales», DO C 112 de 30.4.2004, p. 64.

— «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario destinado a Mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2013)», DO C 93 de 27.4.2007, p. 1.

(16) Recoge una consideración del grupo ad hoc del Consejo sobre el fraude fiscal (V. COM(2006) 254, punto 3.1).

(17) COM(2009) 29 final, art. 16.

(18) COM(2009) 29 final, art. 17.2.

(19) Se calcula que en Suiza se encuentra aproximadamente un tercio de los 11 billones de dólares de capital personal clandestino en el mundo. «Swiss banks ban top executive travel. Concern that employees will be detained» (Financial Times, 27.3.2009).

(20) Model Convention with respect to taxes on income and capital, arts. 26 y 16; OECD, 17 de julio de 2008.

(21) COM(2009) 28 final, art. 6.2 y COM(2009) 29 final, art. 10.2.

(22) Reglamento (CE) no 2073/2004 del Consejo, de 16 de noviembre de 2004, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales, art. 11.

(23) Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003. relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 218/92, art. 11.

(24) Según el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, «el funcionario velará por que las decisiones que afecten a los derechos o intereses de los ciudadanos estén basadas en la ley y que su contenido cumpla la legislación» (art, 4).

(25) COM(2009) 28 final, art. 13.1.

(26) COM(2009) 28 final, art. 13.2.

(27) Si la sentencia fuera favorable al deudor la autoridad requirente deberá hacerse cargo de la devolución de todo importe cobrado, junto con las indemnizaciones debidas, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro de la autoridad requerida. COM(2009) 28 final, art. 13.4, último párrafo.

(28) «… sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior», Tratado de la Unión Europea, art. 33.

(29) COM(2009) 29 final, arts. 15.1, 15.2 y 15.3.

(30) La información no podrá comunicarse a ninguna otra persona, entidad, autoridad o a cualquier otra jurisdicción sin el expreso consentimiento por escrito de la autoridad competente de la Parte requerida (art. 8).

(31) COM(2009) 28 final, arts. 7 y 8; COM(2009) 29 final, art. 12.