ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.4.4.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta del Plan de Acción de «ofrecer a los migrantes objeto de tráfico ilícito, y en particular a los grupos vulnerables, como los niños y las mujeres, asistencia y protección». No obstante, el CESE señala que, más allá de esta declaración de intenciones, el Plan de Acción no propone medidas concretas. Ello es importante, ya que muchas de las personas que buscan protección en Europa son menores no acompañados o separados de sus familias. Tan solo en Italia, Hungría y Malta, llegaron aproximadamente 19 000 menores no acompañados o separados de sus familias en los primeros nueve meses de 2015. Algunos Estados fronterizos de la UE no cumplen plenamente las normas internacionales, con condiciones de recepción inadecuadas, procedimientos deficientes para determinar el estatuto, bajas tasas de reconocimiento y una falta de acceso a soluciones duraderas en lo relativo al saneamiento y la vivienda. El Plan de Acción debe exponer exactamente cómo se asistirá a los Estados miembros con los recursos necesarios para que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con el derecho humanitario internacional y la legislación internacional sobre derechos humanos, especialmente con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (17).
3.3

Un método de sacrificio realmente humano no puede aplicarse de manera efectiva y coherente en la caza practicada por la población inuit y otras comunidades indígenas, al igual que en otros tipos de caza de focas. No obstante, a la luz del objetivo perseguido por el Reglamento (CE) no 1007/2009, conviene supeditar la comercialización en la Unión de productos obtenidos de la caza practicada por la población inuit y otras comunidades indígenas a la condición de que esa caza se practique con métodos que reduzcan en la medida de lo posible el dolor, la angustia, el miedo u otras formas de sufrimiento de los animales objeto de la caza.
1.7

La agricultura y la silvicultura son estructuras biológicas complejas que no se comprenden plenamente y en las que no deben proponerse y llevarse a cabo grandes cambios como soluciones temporales para alcanzar los objetivos a corto plazo. Centrarse en objetivos de 2020 y 2030 es un plazo demasiado corto para los sistemas biológicos. Teniendo en cuenta la diversidad, a veces sorprendente, de situaciones locales, no deberían proponerse soluciones globales sobre sistemas biológicos para toda la región de la UE.
4.2

La terminología actual que se utiliza para referirse a las aeronaves civiles o militares no tripuladas es variada: dron, vehículo aéreo no tripulado (UAV), sistema aéreo no tripulado (UAS), sistema de aeronave pilotada de forma remota (RPAS) o aeronave pilotada de forma remota (RPA). Estas descripciones no siempre muestran con claridad las características específicas de los diversos aparatos y sistemas. La palabra «dron» tiene origen militar pero en ocasiones se usa también en el ámbito civil.
1.3

En cuanto al objetivo político de «contribución al crecimiento económico», el Comité señala que las ambiciones en este ámbito se consideran como una prioridad importante, siempre y cuando, sin embargo, se trate de un crecimiento sostenible. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no puede ser considerado un objetivo de la política de justicia, dado que, según lo dispuesto en el TFUE, esta política debe ante todo garantizar un alto nivel de seguridad y un acceso fácil a la justicia, lo cual no puede supeditarse al crecimiento económico. No obstante, una justicia eficaz en los Estados miembros de la Unión Europea podría tener efectos positivos en el crecimiento económico sostenible de la UE, en particular, porque podrá conocerse de los litigios civiles con mayor rapidez y eficacia, se reforzará la seguridad jurídica y, en materia penal, se abordarán eficazmente fenómenos como el blanqueo de dinero y el crimen organizado, perjudiciales todos ellos para la economía formal.
4.9

El CESE considera que la información técnica relativa al producto industrial es un elemento constitutivo del contrato que formaliza la adquisición, de forma que la compra sea clara e informada, y, tras la adquisición, sirva para los casos de avería, de accidente o de que el producto no preste el rendimiento anunciado. No resulta «inútil» ni «antiestética», como sugiere la Comunicación de la Comisión, sino que debe ponerse a disposición del cliente en un formato perenne, auténtico, infalsificable y legible independientemente de la evolución, en el curso de la duración de vida del producto, de los medios electrónicos disponibles. Por este motivo, el CESE considera que una documentación en un soporte de papel, redactada en la lengua del país en el que se produce la venta, disponible en el lugar de venta y facilitada en el envoltorio, cumple estos requisitos, pero que no se puede aceptar un formato electrónico que no respete las particularidades funcionales anteriormente mencionadas.
4.4

El CESE toma nota de la decisión de la Comisión de iniciar procedimientos de investigación en relación con el mercado de seguros de impagos de deuda (CDS) para determinar si grandes bancos (JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Crédit Agricole y Société Générale) han utilizado prácticas restrictivas de la competencia en la información financiera imprescindible para operar en ese mercado (suministrándola solo a Markit) y en el sistema de clearing (favoreciendo a ICE Clear Europe, en este caso, nueve de los citados).
1.7

El CESE considera necesario que se aclaren completamente las condiciones de funcionamiento del FSUE con el objeto de que no se creen falsas expectativas y no se convierta en un instrumento de ejercicio político, y para no decepcionar a la población ya sometida a duras pruebas.
2.9

Sin embargo, cada año se desplegarán infraestructuras de servicios digitales, en función de los fondos disponibles y las prioridades definidas. Dado el contexto presupuestario europeo, las ayudas públicas procederán de fuentes distintas del Mecanismo «Conectar Europa», en particular de fuentes nacionales y de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos (Fondos EIE). El MCE solo podrá financiar un número limitado de proyectos de banda ancha, pero facilitará la asignación eficiente de los recursos de los fondos EIE, utilizando, en particular, los fondos asignados a los programas operativos. No obstante, estas contribuciones solo podrán utilizarse en el Estado miembro interesado. En el ámbito de la banda ancha, la propuesta se limita a prever mecanismos que permitan asignar, en particular, los recursos de los Fondos Estructurales.
3.1

Contexto: En esta Comunicación la Comisión nos informa de que el concepto de coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica fue introducido por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Aunque incluye un proceso de coordinación de la política económica, el actual marco de supervisión económica de la UE no contempla un debate y coordinación ex ante estructurados de los planes de grandes reformas económicas. Esta Comunicación constituye una contribución al debate entre las principales partes interesadas –en particular el Parlamento Europeo, los Estados miembros y los parlamentos nacionales– sobre las formas de aplicar la coordinación ex ante.
4.3.2

Cabe recordar que solo una parte de las utilizaciones dentro de la investigación y el desarrollo se convierten finalmente en productos comercializables. Por su propia naturaleza, la utilización con fines puramente científicos no aspira al desarrollo de productos. Todo ello conduciría a que las autoridades competentes no tendrían conocimiento de la mayor parte de las utilizaciones si la obligación de declarar no se impone desde el comienzo, es decir, en la fase de investigación y desarrollo.
3.8.2

No obstante, la letra f) del apartado 2 del artículo 28 propone que las personas físicas puedan incurrir en sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR. En opinión del Comité, se trata de un montante desproporcionado, aun para un límite máximo de una sanción administrativa, y cabe examinar la conveniencia de esta disposición, dado, en particular, que se trata de una sanción administrativa y no de una indemnización concedida a una persona perjudicada como resultado de un juicio.
1.3

No obstante, el CESE quisiera aprovechar la ocasión de la publicación de la Recomendación relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica para insistir en la necesidad de reformar la concepción de la política económica, en particular habida cuenta de la previsible reformulación de las orientaciones en 2014. El Comité considera desequilibrada la actual combinación de políticas macroeconómicas, ya que pasa por alto la importancia tanto de la demanda como de la equidad distributiva. Algunas medidas de reforma muestran indicios de estar estabilizando los mercados financieros, lo que debería permitir que las orientaciones de política económica actuales se centren en mayor medida en las políticas de crecimiento y creación de empleo. No obstante, todavía no se ha logrado restablecer la plena funcionalidad ni del sector bancario ni de los mercados financieros. Por otro, la política de austeridad tampoco permite seguir un programa creíble de expansión que reduzca la deuda pública y el desempleo. Por el contrario, la crisis se agravó y, en lugar de salir de la crisis mediante el crecimiento, la zona del euro se sumió en otra recesión por causa de la austeridad, lo que entraña profundas consecuencias, no solo económicas sino sobre todo sociales. No prestar atención a estas consecuencias sociales constituye a largo plazo un riesgo aún mayor para el crecimiento y la economía europea.
2.1

En el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, por el que se rigieron los Fondos Estructurales y la política de cohesión durante el período 2000-2006, se determinaban las diversas formas de ayuda, incluida la ayuda directa reembolsable y no reembolsable, que podían proporcionarse a través de los Fondos Estructurales de la UE. El artículo 44 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo relativo a la política de cohesión, que establece las normas correspondientes al período de programación actual (2007-2013), trata de los instrumentos de ingeniería financiera, aunque no define en términos jurídicos claros la ayuda, ya sea de carácter reembolsable o no reembolsable.
3.4.4

La intervención de la Unión llevada a cabo en el Derecho derivado (2) ha estado por ahora muy orientada hacia objetivos específicos, y hasta la fecha no existen normas sobre reconocimiento en un Estado miembro de situaciones vinculadas al estado civil y originadas en otro Estado miembro. Además, la Unión no tiene competencias para intervenir en el Derecho de familia material de los Estados miembros ya que el TFUE no ofrece ninguna base jurídica para aplicar una solución de este tipo.
3.2.1

Estas normas suponen una facilidad considerable para las PYME que se acogen al régimen de contabilidad de caja y para las empresas que aplican la inversión del sujeto pasivo pero no tienen factura. No obstante, establecen la facultad, no la obligación, de los Estados miembros respecto de su adopción, con lo que se debilita una vez más la armonización y, en cierto grado, el principio de igualdad de condiciones de competencia. En la exposición de motivos, la Comisión propone limitar las medidas facultativas a todos los Estados miembros. Sin embargo, la redacción del artículo («podrán») resulta ambigua respecto de la intención declarada.
7.1.4

Hay que estudiar la posibilidad de reequilibrar la carga entre los sectores cubiertos por el RCCDE y los que no lo están. El CESE se pregunta si la distribución de las obligaciones de reducción entre los sectores cubiertos por el RCCDE (-21 % en comparación con los niveles de 2005) y los demás (-10 % en comparación con los niveles de 2005) está justificada. Las investigaciones (6) muestran que en algunos sectores no cubiertos por el RCCDE, en particular en los dos más importantes, la construcción y el transporte, existe la posibilidad de reducir las emisiones a cero o incluso de lograr costes negativos. Además, se trata de sectores en los que el riesgo de fuga de carbono es relativamente bajo o inexistente. Asimismo, el sector de la construcción tiene un gran potencial de creación de empleo en la UE.
2.8.4

Si las medidas previstas por la Comisión no son conformes al dictamen del Comité, o en ausencia de dictamen, se aplicará el siguiente procedimiento: — la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deben adoptarse y la transmitirá al mismo tiempo al Parlamento Europeo; — el Consejo decidirá por mayoría cualificada sobre esta propuesta en un plazo de dos meses a partir de su consulta; — si, en este plazo, el Consejo se opone por mayoría cualificada a las medidas propuestas, éstas no serán aprobadas. En este caso, la Comisión podrá presentar al Consejo una propuesta modificada o presentar una propuesta legislativa sobre la base del Tratado; — si el Consejo prevé adoptar las medidas propuestas, las presentará sin demora al Parlamento Europeo. Si el Consejo no se pronuncia en el plazo de dos meses antes citado, la Comisión presentará sin demora las medidas al Parlamento Europeo; — el Parlamento Europeo, pronunciándose por mayoría absoluta en un plazo de cuatro meses a partir de la transmisión de la propuesta, podrá oponerse a la aprobación de las medidas de que se trate, justificando al mismo tiempo su oposición: — mediante la indicación de que las medidas propuestas rebasan las competencias de ejecución previstas en el acto de base, — o que dichas medidas no son compatibles con el objetivo o el contenido del acto de base, — o no respetan los principios de subsidiariedad o de proporcionalidad; — si, dentro de ese plazo, el Parlamento Europeo se opone a las medidas propuestas, éstas no serán aprobadas. En este caso, la Comisión podrá presentar al Comité un proyecto de medidas modificado o presentar una propuesta legislativa sobre la base del Tratado; — si, transcurrido el mencionado plazo, el Parlamento Europeo no se hubiere opuesto a las medidas propuestas, éstas serán aprobadas por el Consejo o por la Comisión según proceda.
2.5

A título comparativo, el CESE ha solicitado a la Comisión que facilite datos de los Estados Unidos que sean equivalentes a los reflejados en el cuadro para los Estados miembros de la UE. La inclusión de los Estados Unidos en el cuadro se debe a: — Reducción de restricciones –S–: En los Estados Unidos no se aplica ninguna de las restricciones más comunes encontradas en la UE (por ejemplo, impedir a un empresario que ha hecho quiebra ser director o administrador de una compañía, y establecer alguna especie de crédito limitado para un empresario que ha quebrado). De hecho, la sección 525 del código estadounidense de quiebras estipula que los individuos no pueden ser discriminados tan sólo por el hecho de que son o han sido objeto de un procedimiento de quiebra. — Mejor tratamiento jurídico –(S)–: Como otros países de la UE, no se concede ninguna exención de responsabilidad en caso de mala conducta, comportamiento fraudulento, etc. No existe otro «mejor tratamiento» adicional. — Breve período de exención de responsabilidad –S–: No hay un período específico durante el que el empresario en quiebra retenga su estatus de quiebra antes de que se le conceda la exención de responsabilidad. — Procedimientos simplificados –S–: El procedimiento más común de quiebra utilizado por los individuos es el capítulo 7 relativo a la liquidación o quiebra. Generalmente el proceso dura de tres a cuatro meses. A fin de evitar la introducción de varias demandas, el capítulo 7 no puede ser invocado por una persona que ya haya recurrido al mismo en el curso de los seis años anteriores.
4.6.1

La Comisión señala que, aunque no sea lo ideal limitarse a hacer extensivos al ámbito transfronterizo los regímenes aplicables a nivel nacional, supone una mejora con respecto a la situación actual. Pero el argumento es dudoso tanto desde el punto de vista jurídico como socioeconómico, ya que en la práctica supone aplicar, a través de una empresa extranjera, las normas nacionales de su país de origen en el territorio de otro país. Entre los efectos negativos de no aplicar una compensación de pérdidas transfronteriza enumerados por la Comisión, consideramos que el más grave es el de las dificultades en el momento de establecerse, ya que es normal incurrir en pérdidas cuando se inicia una actividad. En este caso, no habría posibilidad alguna de compensar las pérdidas de la fase inicial con los beneficios en el país de origen de la empresa, lo que tiene un efecto disuasorio cuando se trata de establecerse en nuevos países. Además, son las PYME quienes tienen mayores dificultades para hacer frente a estos costes iniciales. Los problemas mencionados afectan también, como es obvio, a las empresas nacionales; así que no son específicos del establecimiento en el extranjero.
3.12

El CESE es consciente de que, en este momento del proceso de integración comunitaria, no es posible adoptar un reglamento sobre la materia. Ahora bien, dos cuestiones suscitan preocupación: por una parte, la necesidad de una delimitación clara entre sanción administrativa y delito; por otra, que la transposición no dé lugar a divergencias fundamentales entre las legislaciones de los Estados miembros, pues no sería lógico que una conducta resultase sancionable en un Estado miembro y en otro no.
—

para poner en claro si realmente no existe incompatibilidad — hasta la fecha no reconocida o no declarada — entre la Estrategia de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Lisboa y, en particular, en la expresión «producto interior bruto» como indicador de bienestar social y prosperidad económica, y
2.2.3

Según el Istituto per la ricerca sociale, «el grado de toma en consideración de los elementos sociales no es forzosamente proporcional (…) al contenido político y a su posible incidencia. (…) Muy frecuentemente, estos impactos sólo son descritos de manera general (…)» y «reposan sobre (…) hipótesis comunes (…). Estas relaciones no suelen ser discutidas cuando se toma en consideración el contenido específico de la medida, la población destinataria y las circunscripciones territoriales afectadas, la elección particular de los instrumentos políticos y el efecto del proceso de aplicación» (11). El estudio realizado por este instituto revela igualmente que «varios estudios de impacto no prevén ninguna correlación con otros ámbitos de acción o políticas comunitarias». Los análisis de impacto representan una importante carga, pero no deben ser incompletos o superficiales, puesto que, si no, sus carencias cuestionarán el valor de la legislación.
3.4

Según las estadísticas presentadas en abril de 2003 (3) a la OMI por los Estados miembros y la Comisión Europea, en noviembre de 2002 se contaban aproximadamente 660 petroleros de casco único de la categoría 2 (de arqueo igual o superior a 20 000 TPM), 160 de los cuales eran superpetroleros (VLCC: Very Large Crude Carriers) y petroleros gigantes (ULCC: Ultra Large Crude Carriers), es decir, petroleros de arqueo superior a 200 000 TPM, dedicados esencialmente al transporte de petróleo crudo del área del Golfo Pérsico a Estados Unidos y Japón. Los petroleros se pueden retirar del servicio por muchas razones y en cualquier momento. Para finales de 2006 habrá menos de 50 superpetroleros y petroleros gigantes en servicio, y este número se irá reduciendo cada año según el calendario de reducción progresiva que finalizará en 2010. Con ello no se dice nada aún sobre los posibles beneficios económicos y sociales que pueden intervenir para el único Estado miembro que optó por acogerse a la excepción. A través del registro de buques del país en cuestión no se ha facilitado todavía la indicación exacta del número de buques eventualmente afectados, por lo que de momento no sería conveniente que el Comité hiciera conjeturas. Aunque, globalmente, se trataría de unos 23 buques y entre 300 y 400 marinos, el mayor peligro no es el cambio de pabellón, sino que los sagaces fletadores/armadores de los buques opten simplemente por transportar otros productos del petróleo, cuyo mercado es igualmente floreciente.
4.2.1

La definición que se hace en el Libro Verde (1) de los «miembros de los grupos de presión» es como mínimo confusa, en cuanto que se enuncian a las organizaciones profesionales, ONGs, asociaciones profesionales, etc., en tanto «realicen actividades con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones en las instituciones europeas». El CESE ya ha elaborado el concepto de «organizaciones de la sociedad civil» (2) con el ánimo de diferenciar éstas de los grupos de presión. Por otro, lado los artículos 137 a 139 TCE, establecen las condiciones de los «interlocutores sociales» para desarrollar el diálogo social (3). Las organizaciones que actúan como grupos de presión en la UE se diferencian en gran medida por sus objetivos, sus estructuras y por su forma de representación. Las federaciones industriales, las organizaciones empresariales y sindicales que representan los intereses de millares o millones de empresas o trabajadores europeos no deberían asimilarse a organizaciones que actúan como grupos de presión, que tienen intereses puramente comerciales o de otro tipo, porque aquellas representan intereses diversos, colectivos y públicos, y promueven el desarrollo de la industria y de la actividad económica, así como el progreso económico y social. Estas organizaciones no tienen ánimo de lucro. Sus actividades, destinadas al interés general, son vistas de modo favorable por la ciudadanía, la prensa habla ampliamente de ellas y ellas mismas desean dar a conocer sus actividades en la mayor medida posible. Estas organizaciones son interlocutores sociales que, junto con las instituciones del Estado, participan en el diálogo social a nivel europeo.
3.3

El CESE señala que existen y se encuentran ya en el comercio instrumentos que ejercen la misma función que los aparatos contemplados en la propuesta de Directiva y que contienen sustancias de sustitución del mercurio. Por consiguiente, la sustitución del mercurio ya es posible a partir de ahora y, al parecer, sin costes suplementarios (véase no obstante el punto 4.1, letras b), c) y e)). No obstante, el estudio de impacto no hace en absoluto alusión a los gastos que esta sustitución acarrearán a los consumidores. El CESE pide que se cuantifiquen estos gastos y se integren en el mecanismo de aplicación de la Directiva las medidas de apoyo oportunas.
4.1

La «simplificación» no debe confundirse con un medio para lograr la desregulación «por la puerta trasera». La simplificación administrativa no debe conducir a infiltrar y erosionar las normas sociales vigentes, en particular en materia de protección de los trabajadores, de los consumidores y del medio ambiente.
3.3

Para garantizar que, en particular, los trabajadores jóvenes no pierdan sus derechos en caso de cambiar de empleo, la Comisión considera que la edad mínima para poder adquirir derechos de pensión complementaria no debe ser superior a los 21 años en todos los Estados miembros. Además, el periodo de espera, es decir, el tiempo necesario después del establecimiento de una relación laboral para que un trabajador pueda afiliarse a un régimen complementario de pensión, no debe exceder de un año. Del mismo modo, el denominado «periodo de carencia», es decir, el tiempo que debe transcurrir desde el comienzo del pago de cotizaciones hasta que éstas confieran derechos de pensión, no debe exceder de dos años.