COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza /* COM/2011/0363 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza 1. Río+20: una oportunidad que el mundo no puede permitirse perder En junio de 2012 todas las miradas estarán puestas en Río de Janeiro, donde, veinte años después de la primera «Cumbre de la Tierra», los Jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible[1] (CNUDS, o «Río + 20»). Río+20 se basará en los resultados de anteriores cumbres mundiales: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo (1972), la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo («Cumbre de la Tierra»), celebrada en Río de Janeiro (1992), y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (2002). Es también continuación de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en 2000, y del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Río+20 ofrece a nuestro mundo interdependiente una oportunidad única para renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible. Se evaluarán los progresos realizados y se tratarán los fallos de aplicación y los nuevos desafíos. Todo ello se hará en el contexto de dos temas entrelazados: «la economía ecológica en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza», y «el marco institucional del desarrollo sostenible». Río+20 puede marcar el inicio de una transición más rápida y profunda, a nivel mundial, hacia una economía ecológica: una economía que genere crecimiento, cree empleo y erradique la pobreza, conservando el capital natural del que depende la supervivencia a largo plazo de nuestro planeta e invirtiendo en él. Puede poner en marcha también la necesaria reforma de la gobernanza del desarrollo sostenible a nivel internacional. La Comisión Europea tiene la determinación de ayudar a que Río+20 sea un éxito. Como base para un diálogo posterior con las instituciones de la UE, la sociedad civil, las empresas y los países a nivel mundial, en la presente Comunicación se exponen las ideas preliminares de la Comisión sobre algunos resultados concretos que podrían alcanzarse en Río+20. Esta reflexión se basa en el conjunto de políticas de la UE sobre el desarrollo sostenible y en la Estrategia EU 2020, y tiene en cuenta también una consulta pública que se puso en marcha en febrero de 2011[2]. 2. Balance desde el 92: fallos de aplicación y nuevos desafíos 2.1. Desarrollo sostenible a nivel internacional En los últimos decenios se han producido varias tendencias mundiales positivas. La más notable de todas ellas ha sido el crecimiento de la renta, que ha hecho que más de 120 millones de personas subieran por encima del umbral de «un dólar al día» entre 2000 y 2005. Ha mejorado también el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y el agua. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptado en Río en 1992 han demostrado el potencial de acción a nivel mundial. Las negociaciones sobre el clima mantenidas en 2010 en Cancún marcaron el progreso hacia una nueva gobernanza mundial del cambio climático y el objetivo de limitar este cambio climático a un incremento inferior a los 2 °C. Se lograron también progresos importantes en la reunión del CDB celebrada en 2010 en Nagoya. Ha habido también un incremento importante de la información científica y la sensibilización de la opinión pública respecto de las cuestiones medioambientales, en particular el cambio climático, y de la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas a nivel mundial, gracias, sobre todo, a la mejora de la comunicación por Internet. Durante los últimos veinte años, varios países en desarrollo se han convertido en agentes que desempeñan ahora un papel económico y político decisivo. El resultado es que ha empezado a formarse un nuevo equilibrio de poder e influencia, que ha traído consigo nuevos roles, que exigirán también la aceptación de nuevas responsabilidades. Pese a las evoluciones positivas, sigue habiendo deficiencias de aplicación y desafíos considerables, que tendrán que tratarse como parte del programa de Río+20. Unos 1 400 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema (gran parte de ellas en el África subsahariana y el sur de Asia) y una sexta parte de la población mundial padece desnutrición. Varios Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están aún muy lejos de alcanzarse. Por ejemplo, por lo que respecta al ODM sobre el saneamiento, solo la mitad de la población del mundo en desarrollo utiliza un saneamiento mejor. El avance en la realización de los ODM es muy desigual geográficamente, con algunas regiones mucho más retrasadas que otras, y ni uno solo de los ODM se ha realizado en los Estados frágiles. Los esfuerzos para tratar estos problemas se han visto obstaculizados por la reciente crisis económica y la subida de los precios de los alimentos, que han incrementado el número de personas que viven en la pobreza. Muchos problemas ambientales no solo no se han resuelto, sino que se han agravado más aún. La creciente demanda de recursos (como la tierra, el agua, los bosques y los ecosistemas) ha llevado a un aumento del agotamiento y la degradación, y prosiguen a un ritmo alarmante la pérdida de biodiversidad y la deforestación. La escasez de recursos materiales y el acceso a ellos se están convirtiendo también en preocupaciones a nivel mundial. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando, potenciadas por los cambios en los usos de la tierra y la demanda cada vez mayor de combustibles fósiles. Por otra parte, las consecuencias del cambio climático (como los cambios en las precipitaciones y la subida del nivel del mar) pueden multiplicar aún más los problemas medioambientales existentes. El agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos y el entorno marino plantean problemas cada vez más graves, y la escasez de agua podría afectar a un tercio de la población mundial en 2025. La desertización y la degradación del suelo afectan a países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de la agricultura y la agricultura de subsistencia. La exposición a sustancias peligrosas (como residuos peligrosos de plaguicidas) sigue existiendo en los países en desarrollo y las economías emergentes, pese a los avances en la aplicación de los convenios internacionales. Muchos de estos problemas medioambientales no son cuestiones aisladas, sino que guardan relaciones mutuas y son interdependientes. El crecimiento económico futuro será probablemente más rápido en las economías emergentes y, si se administra bien, podrá ayudar a paliar la pobreza. Sin embargo, la continuación de las pautas actuales de consumo y producción en muchos países de todo el mundo incrementará la utilización de recursos naturales, acelerará la degradación medioambiental y hará que empeore el cambio climático. Las presiones y los impactos sobre el medio ambiente se verán exacerbados por el crecimiento demográfico (se prevé que la población mundial llegue a los 9 000 millones en 2050), la urbanización y los cambios sociales (por ejemplo, 1 200 millones de personas más se incorporarán a la población de «clase media» en las economías emergentes). 2.2. Desarrollo sostenible en la UE En los últimos decenios, el desarrollo sostenible ha sido promovido por una serie de políticas de la UE. Por ejemplo, la UE ha adoptado objetivos climáticos vinculantes junto con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, así como una serie de instrumentos legislativos sobre la biodiversidad, la gestión de los residuos, el agua y la calidad del aire. Esto ha fomentado el crecimiento de las ecoindustrias de la UE, a las que actualmente corresponde más del 2,5 % del PIB de la UE y que proporcionan empleo a más de 3,4 millones de personas. En 2001, la UE adoptó una Estrategia de Desarrollo Sostenible, que fue renovada en 2006. Desde el informe más reciente sobre esta Estrategia, de 2009, el progreso en el logro de la sostenibilidad en la UE ha sido evaluado de distintas maneras, en particular mediante los indicadores de sostenibilidad y el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Estas publicaciones muestran que, aunque se han realizado progresos, siguen existiendo muchos desafíos, en particular para hacer que el crecimiento sea más sostenible. Un avance político clave fue la adopción en 2010 de la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es transformar la UE en una economía basada en el conocimiento, que haga un uso eficiente de los recursos y que genere pocas emisiones de carbono, y dar una respuesta sostenible a los desafíos que la UE tiene por delante hasta 2050. Esta Estrategia persigue incorporar la sostenibilidad en la elaboración de todas las políticas y reforzar su papel en ellas, estableciendo las prioridades —que se refuerzan mutuamente— de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, impulsadas por cinco objetivos principales y siete iniciativas emblemáticas (véase el anexo). Muchas de estas iniciativas emblemáticas son directamente pertinentes para la presente Comunicación. Por ejemplo, la iniciativa emblemática para un aprovechamiento eficaz de los recursos se propone desligar el uso de los recursos naturales del crecimiento económico y prevé una serie de nuevas medidas políticas sobre las materias primas, la eficiencia energética y la biodiversidad, así como hojas de ruta para reducir las emisiones de carbono de la economía, la energía y el transporte. Defiende asimismo un mayor uso de los instrumentos basados en el mercado, la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y la adopción de regímenes tributarios «más ecológicos». Los avances que se logren en una utilización más eficiente de los recursos y en los demás objetivos e iniciativas emblemáticas se supervisarán en el marco de gobernanza de la Estrategia Europa 2020 y el Semestre Europeo. Esto hará que coincidan la aportación de los Consejos sectoriales, los programas nacionales de reforma de los Estados miembros, los dictámenes de la Comisión y las conclusiones del Consejo Europeo. El resultado de este proceso será un mecanismo reforzado que dará mayor integración y coherencia a las políticas en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Para evaluar el progreso en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, la Comisión Europea, a través de su oficina estadística (Eurostat), la Agencia Europea de Medio Ambiente y otras partes, seguirá proporcionando información estadística e indicadores que permitan medir la sostenibilidad e informar al respecto, también en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Río+20 será un momento definitorio para el desarrollo sostenible, tanto en la UE como a nivel mundial. Sus resultados inspirarán la estrategia y las actuaciones de la UE en materia de desarrollo sostenible y, en particular, ayudarán a ir concretando la Estrategia Europa 2020 de la UE, como herramienta eficaz para hacer realidad el desarrollo sostenible. 3. Hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza 3.1. Hacer posible la transición Veinte años después de la Cumbre de Río, el mundo se enfrente todavía a dos desafíos fundamentales e interrelacionados: satisfacer las demandas para una vida mejor de una población mundial que crecerá en más de un tercio de aquí a 2050, y aportar solución a unas presiones ambientales que, si no se tratan, socavarán la capacidad del mundo para satisfacer esas demandas. Las respuestas a estos desafíos no vendrán de ralentizar el crecimiento, sino de promover el tipo adecuado de crecimiento. Hay razones apremiantes para repensar de modo fundamental el modelo convencional de progreso económico: trabajar en los márgenes de un sistema económico que promueve un uso ineficiente del capital y los recursos naturales no traerá por sí solo un cambio. Lo que hace falta es una economía que pueda garantizar el crecimiento y el desarrollo, y que, al mismo tiempo, mejore el bienestar humano, proporcione empleos dignos, reduzca las desigualdades, trate de resolver la pobreza y conserve el capital natural del que todos dependemos. Una economía así —ecológica— ofrece una manera eficaz de promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y afrontar desafíos emergentes y fallos pendientes en la aplicación. El avance hacia una economía ecológica exige conservar el activo de recursos naturales vitales e invertir en él. Esto es esencial para todas las economías, pero se aplica en particular a las de los países en desarrollo, que tienen la oportunidad de crecer económicamente basándose en la gestión sostenible de su capital natural. Significa también aplicar soluciones que conlleven bajas emisiones de carbono y una utilización eficiente de los recursos e intensificar los esfuerzos para promover pautas de consumo y de producción sostenibles. Todo esto implica establecer los marcos normativos adecuados, crear incentivos fuertes para los mercados y la innovación, movilizar recursos financieros y promover la iniciativa empresarial y una mayor participación del sector privado. Implica también hacer una valoración adecuada del capital natural y, en términos más generales, revisar nuestra manera de medir el crecimiento y el progreso. En una economía ecológica muchos desafíos pueden transformarse en oportunidades económicas, no solo invirtiendo tendencias medioambientales negativas, sino también impulsando crecimiento y empleo futuros. Por ejemplo, la experiencia muestra que los planteamientos basados en el mercado, como el comercio de emisiones, constituyen herramientas rentables con las que tratar los problemas medioambientales y son además una fuente de inversión. La economía ecológica ofrece oportunidades a todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo y de la estructura de sus economías. Mientras que, en muchos casos, las inversiones para promover una economía ecológica pueden dar lugar a soluciones beneficiosas para todos a corto plazo, en otros casos será necesaria una perspectiva a medio plazo y habrá que asumir costes de transición, como sucede con las políticas «a favor de los pobres». Aunque no hay un modelo único, sí existen problemas y soluciones comunes, y los países se beneficiarán con el intercambio de experiencias y la mejora de la cooperación internacional. Al mismo tiempo, el avance hacia la economía ecológica no parte de cero. Se aplican ya algunas estrategias en las que pueden basarse los países, como las adoptadas en materia de cambio climático, biodiversidad, consumo y producción sostenibles, investigación e innovación, que pueden contribuir a hacer posible una economía ecológica. Las futuras estrategias de economía ecológica que se adopten a nivel nacional e internacional deberían basarse en las anteriores y reforzarlas, como se ha hecho ya con la Estrategia Europa 2020 y, recientemente, con la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. Las organizaciones internacionales, y, en concreto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), están elaborando estrategias de economía y crecimiento ecológicos. La Organización Internacional de Trabajo está elaborando programas para fomentar puestos de trabajo respetuosos con el medio ambiente y en condiciones dignas. El G8 y el G20 asumen cada vez más el programa de la economía ecológica. En Cancún, las Partes en la UNFCCC acordaron que todos los países debían desarrollar estrategias de desarrollo con bajas emisiones de carbono, compatibles con la sostenibilidad. Partiendo de las iniciativas mencionadas, para realizar la transición a una economía ecológica es preciso tratar tres dimensiones políticas interrelacionadas: 1) Invertir en la gestión sostenible de los recursos y el capital natural vitales («qué») 2) Establecer las condiciones de mercado y normativas adecuadas («cómo») 3) Mejorar la gobernanza y la participación del sector privado («quién») En las secciones siguientes se analizarán con más detalles estas tres dimensiones, como marco para actuaciones e inversiones más específicas. 3.2. Invertir en la gestión sostenible de los recursos y el capital natural vitales («qué») Recursos como el agua, la energía, el suelo, los bosques y los materiales constituyen la base de toda economía, y, en especial, de la economía ecológica. El sustento de muchas personas en todo el mundo depende de ellos, especialmente en los países en desarrollo, donde la falta de acceso a recursos de calidad, y los conocimientos insuficientes sobre cómo gestionarlos de manera sostenible, son causas importantes subyacentes tras la pobreza. Hay muchos ejemplos ilustradores de cómo el acceso a recursos gestionados de manera sostenible puede sacar a la gente de la pobreza. De este modo, los sectores ligados a los recursos que se exponen a continuación podrían convertirse en los mercados clave de crecimiento de la economía ecológica, sustentando el futuro desarrollo económico, la creación de empleo y la erradicación de la pobreza, sobre todo en los países en desarrollo. El agua es uno de los recursos más valiosos, imprescindible para la vida y la salud, pero también para el crecimiento de numerosos sectores económicos, como la agricultura, la industria y la producción de energía. La gestión sostenible del agua es crucial en las iniciativas para eliminar la pobreza, ya que la vida de las personas pobres está estrechamente ligada al acceso al agua y sus múltiples usos y funciones. El agua tiene también implicaciones muy importantes para las relaciones regionales, la paz y la seguridad. Es obvio que deben consolidarse las políticas para mejorar el acceso al agua, su calidad y la eficiencia de su uso. El acceso a los servicios de energía es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico. El acceso a la energía es también clave para la erradicación de la pobreza. En los países en desarrollo, más de 1 400 millones de personas carecen actualmente de acceso a la electricidad y 2 700 millones de personas dependen del uso tradicional de biomasa para cocinar. Muchas regiones del mundo en desarrollo tienen un inmenso potencial de energía renovable, en especial cuando las extensiones de la red eléctrica no resultan económicas. El desarrollo de la energía renovable debe ir acompañado de medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los recursos marinos son una fuente de alimentos y prosperidad económica. El sector pesquero es esencial para el desarrollo económico y la subsistencia de millones de personas en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Los océanos y los mares son un componente esencial del ecosistema terrestre y desempeñan un papel clave en la moderación del cambio climático. Los arrecifes de coral y los bosques de manglares no son solo un depósito de carbono y una fuente de biodiversidad; además, protegen las zonas costeras frente a las inundaciones, lo cual reduce los riesgos de catástrofes. Sin embargo, el entorno marino está expuesto a diversas amenazas: el agotamiento de las poblaciones de peces, la pérdida de biodiversidad, los desechos marinos, los residuos y la contaminación, incluida la acidificación. Muchas cuestiones, por su alcance transfronterizo, deben tratarse a nivel internacional. Un reto clave para la agricultura es conseguir alimentar a 9 000 millones de personas de aquí a 2050 sin degradar ni contaminar más la tierra. El uso sostenible del suelo y la agricultura sostenible serán uno de los pilares de la economía ecológica. Las actuales prácticas agrícolas absorben más del 70 % de los recursos mundiales de agua dulce y son responsables de más del 13 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura sostenible puede incrementar sustancialmente las cosechas, sobre todo en las explotaciones pequeñas. Aunque se dispone ya de muchas técnicas sostenibles de gestión del suelo, no basta con invertir en ellas. La degradación del suelo está directamente vinculada a la agricultura y tiene un efecto directo en unos 1 500 millones de personas, entre los que se cuenta el 42 % de los pobres del mundo. La degradación del suelo es un problema de relevancia mundial, no solo para las regiones áridas y semiáridas, y exige una respuesta mundial. La buena gobernanza es esencial para tratar estos problemas, a través del respeto de los derechos territoriales y la propiedad de la tierra, en concreto de las comunidades y los pueblos indígenas. Todos estos aspectos deben tratarse para garantizar el suministro sostenible de alimentos. Los bosques son la base de la subsistencia de millones de personas, muchas de las cuales viven en los trópicos y pertenecen a los segmentos sociales más pobres. Además, los bosques son una parte crucial del ecosistema terrestre, cumpliendo funciones como la de proteger el suelo, el agua y la biodiversidad. Sin embargo, el ritmo de deforestación mundial sigue siendo alarmantemente elevado y tiene impactos significativos en el cambio climático mundial y la biodiversidad. Se calcula que las emisiones procedentes de la deforestación tropical y la degradación forestal y de la turba representan actualmente el 15 % de las emisiones mundiales de CO2. Los bosques adquirirán probablemente una importancia cada vez mayor en una economía ecológica al ser fuente de nuevos materiales, como los plásticos biológicos, y para las estrategias de energía renovable. En estas circunstancias, la conservación y la gestión sostenible de los bosques son cruciales. La sostenibilidad del uso de la tierra, la agricultura, los bosques, el agua y los océanos está sustentada por los ecosistemas y la biodiversidad, que determinan la resistencia y la salud a largo plazo del medio ambiente. Hay una concienciación creciente sobre los beneficios que reportan los servicios ecosistémicos para las empresas y la sociedad en general[3], y sobre el potencial que representa para la economía ecológica la inversión en capital natural. Los residuos pueden ser un recurso valioso, pero, si no se gestionan adecuadamente, causan riesgos medioambientales y para la salud. Una buena gestión de los residuos reduce al mínimo impactos ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero, promueve una utilización eficiente de los recursos y proporciona una nueva fuente de materiales reciclados. El potencial económico de la gestión de los residuos, cada vez mayor en muchas regiones del mundo, ofrece importantes oportunidades empresariales y de empleo. Es fundamental asegurar que estos puestos de trabajo sean dignos, en particular por lo que respecta a las condiciones laborales. El crecimiento económico de los países en desarrollo trae consigo un incremento de las necesidades y las oportunidades económicas de mejora de la gestión de los recursos. Los residuos peligrosos y las sustancias químicas siguen siendo también un área de especial preocupación, tanto a nivel nacional como mundial. La transición hacia una economía ecológica mundial necesitará políticas mundiales reforzadas basadas en las áreas expuestas, y Río+20 debería brindar la plataforma para ayudar a lograrlo. 3.3. Establecer las condiciones de mercado y normativas adecuadas Es preciso que se den ciertas condiciones de mercado y normativas para hacer posible y orientar el crecimiento en las áreas mencionadas. Estas condiciones posibilitadoras no solo son clave para promover objetivos medioambientales, sino que además aseguran la previsibilidad y un marco de actuación equitativo para las empresas. Proporcionan también una base sólida para las inversiones y para promover la ecoinnovación a través de nuevas tecnologías y nuevos métodos de trabajo. Los instrumentos normativos desempeñarán un papel importante en la evolución hacia una economía más ecológica tanto a nivel nacional como internacional. Deben combinarse con instrumentos basados en el mercado (como impuestos, permisos negociables y subvenciones medioambientales), que son herramientas flexibles y rentables que pueden ayudar a realizar objetivos económicos, sociales y medioambientales. La introducción de reformas tributarias que desplacen la carga fiscal del trabajo a los impactos ambientales y la energía puede reportar beneficios netos para el empleo y el medio ambiente. Los regímenes de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, han demostrado ser eficaces instrumentos de mercado. Otros sistemas eficaces son los incentivos fiscales para las PYME, la aplicación de cánones sobre el agua, las ecotasas y las tarifas de alimentación a la red. Los pagos por los servicios ecosistémicos se están aplicando ya en algunos países y se reflejan en las negociaciones en curso sobre la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal. Las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente son un obstáculo fundamental para una economía más ecológica. Perpetúan prácticas insostenibles y desvían recursos financieros que serían necesarios para inversiones ecológicas. Existe una voluntad cada vez mayor de tratar esta cuestión. En 2009, el G20 se comprometió a racionalizar y eliminar gradualmente subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el despilfarro. Este compromiso se revisará en 2011. En 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica se comprometieron a eliminar, suprimir gradualmente o reformar, antes de que finalice 2020, las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad. Para permitir la transición a una economía mundial ecológica, deberán movilizarse recursos financieros a gran escala. Esto exigirá la actuación de todos los países, organizaciones internacionales y bancos. Según cálculos del PNUMA, podría hacer falta una inversión global del orden del 2 % del PIB mundial anual hasta 2050. Esto exigirá un cambio de paradigma en los planteamientos de la financiación que permita a los países adoptar soluciones públicas y privadas innovadoras. Los fondos públicos no serán por sí solos suficientes: la financiación pública deberá actuar más bien como catalizador y palanca para movilizar una inversión privada mucho mayor. Deberán aplicarse incentivos para fomentar las inversiones privadas favorables al medio ambiente, y podrían establecerse a mucho mayor escala sistemas para canalizar las participaciones en el capital, los seguros y los fondos de pensiones hacia el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, tanto el sector público a escala nacional como la financiación pública internacional deberán desempeñar un papel importante en el establecimiento de condiciones que ayuden a reducir los riesgos para la inversión privada y a garantizar la justicia y la equidad de las inversiones. Además, el acceso a la financiación y al capital riesgo, complementado con un entorno normativo favorable, es crucial para fomentar la ecoinnovación, las tecnologías medioambientales y las PYME ecológicas. Sin las cualificaciones y los conocimientos técnicos necesarios, no será posible la transición a una economía ecológica. Al mismo tiempo, debe garantizarse que los nuevos puestos de trabajo sean dignos, es decir, que estén amparados por garantías de derechos laborales, protección social y diálogo social. Las políticas económicas deberán estar acompañadas de políticas laborales que doten a los trabajadores de nuevas calificaciones y ayuden a crear nuevas oportunidades laborales. De los 211 millones de desempleados que se calcula que había en el mundo en 2009, casi el 40 % se situaba entre los 15 y los 24 años de edad: hace falta adoptar medidas para proporcionar oportunidades a los jóvenes. Además, muchos de los obstáculos que dificultan la transición a una economía ecológica y un futuro más sostenible solo podrán eliminarse mediante una mayor cooperación en los campos de la ciencia y la investigación. Podrían apoyarse modelos sostenibles de oferta y demanda a nivel internacional mejorando el refuerzo mutuo entre el comercio y el desarrollo sostenible. Esto incluye mantener un sistema comercial multilateral abierto y no discriminatorio y velar por que no se impida a ningún país tomar medidas para promover el desarrollo sostenible, siempre que esas medidas no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción camuflada del comercio internacional. El reforzamiento mutuo puede promoverse también reduciendo o eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias aplicadas a los bienes, las tecnologías y los servicios beneficiosos para el medio ambiente, así como a los productos respetuosos con el medio ambiente o de comercio justo. Además, al extenderse los sistemas de garantía de la sostenibilidad comercial y las prácticas de responsabilidad social corporativa, el desarrollo de directrices y normas internacionales, regímenes de certificación y etiquetas puede reportar beneficios económicos, medioambientales y sociales. Deben reforzarse las medidas internacionales para combatir el tráfico ilegal de bienes sensibles desde el punto de vista medioambiental (como las especies de flora y fauna silvestre, las sustancias peligrosas y los recursos naturales); un buen ejemplo de lo que puede hacerse son los Acuerdos de Asociación Voluntarios que la UE está negociando en el contexto de su iniciativa sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT). Debe promoverse también la incorporación de disposiciones sobre sostenibilidad en los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Para avanzar y medir los avances hacen falta sistemas de medición e indicadores comparables. Algunas organizaciones, como la OCDE, han desarrollado indicadores que permiten reflejar el estado del medio ambiente y los activos naturales, el bienestar y la calidad de vida. Estos indicadores deberían utilizarse junto con el Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, solo algunos de ellos se han utilizado hasta ahora de forma generalizada para comunicar necesidades políticas; es el caso de los indicadores de intensidad de CO2 y el índice de desarrollo humano. En la Agenda 21 se pedía ya a los gobiernos que desarrollaran indicadores de desarrollo sostenible y métodos de contabilidad ambiental. No obstante, el progreso ha sido lento y desigual. Río+20 debe promover la transparencia de la elaboración de informes a nivel nacional y llegar a un acuerdo sobre el uso de la contabilidad ambiental y unos indicadores sólidos a nivel nacional y mundial que permitan medir este concepto más amplio de progreso que rebasa el PIB. 3.4. Mejorar la gobernanza y la participación del sector privado Las estructuras de gobernanza son cruciales para ayudar a conseguir un desarrollo sostenible, hacer que nuestras economías sean más ecológicas y erradicar la pobreza. Ahora bien, es un hecho ampliamente reconocido que las estructuras de gobernanza actuales necesitan una reforma significativa. Deben abordarse cuatro líneas generales de reforma. Es preciso reforzar e incorporar la gobernanza del desarrollo sostenible en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas, entre otras cosas, mejorando la coherencia y la integración política entre las actividades que se llevan a cabo en los ámbitos económico, social y medioambiental. En las Naciones Unidas se han puesto en marcha una serie de actuaciones, como la mejora de los mecanismos de colaboración entre los distintos organismos y la iniciativa «Unidos en la Acción», cuya finalidad es promover la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en los ámbitos del desarrollo, la ayuda humanitaria y el medio ambiente. Asimismo, cuestiones transversales como el cambio climático exigen una mayor integración en todos los ámbitos de actuación. Estos procesos deben reforzarse. Si bien el refuerzo de la gobernanza internacional a favor del desarrollo sostenible es crucial, se ha de prestar también atención a las correspondientes estructuras regionales, nacionales y locales. Comparada con las estructuras económicas de ámbito mundial, la gobernanza internacional del medio ambiente es precaria. Esto se debe a la fragmentación institucional, a la falta de rendición de cuentas acerca de la aplicación de las políticas acordadas, a la falta de una voz fuerte y con autoridad en el sistema de gobernanza mundial, así como a la falta de recursos humanos y financieros. Además, los nuevos papeles y responsabilidades de las economías emergentes no están suficientemente definidos. A lo largo del pasado decenio se han hecho intentos de mejorar la gobernanza internacional del medio ambiente —los más recientes, como parte del grupo consultivo de alto nivel bajo los auspicios del PNUMA (proceso Nairobi-Helsinki)—, pero lograr un progreso tangible ha resultado difícil hasta ahora. Hay diversas instituciones que se ocupan de la gobernanza económica y social a nivel internacional. Las instituciones financieras internacionales (como el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) y los bancos de desarrollo regionales (como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones) desempeñan un papel central en las políticas y las acciones económicas mundiales. El papel de la Organización Mundial del Comercio en la regulación del comercio mundial es esencial. Otras instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos de las Naciones Unidas, contribuyen a dar forma a las cuestiones sociales y de empleo. Todos ellos tendrán una función que desempeñar en la evolución hacia una economía mundial más ecológica. En la Agenda 21 y el Plan de Aplicación de Johannesburgo se destaca el importante papel de los agentes no estatales (los «grupos principales»), como los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los agricultores, las administraciones locales, la comunidad científica, las empresas y la industria y las ONG. Sin embargo, deben fortalecerse su papel y su repercusión, hasta ahora limitados. En concreto, será esencial impulsar la participación de las empresas. Algunas de ellas, en sectores como los de la alimentación, las bebidas y los productos químicos, dirigen ya sus operaciones de manera más ecológica. Es preciso promover esta tendencia mediante asociaciones más dinámicas entre los sectores público y privado, nuevas redes y alianzas entre empresas, y facilidades de financiación para agilizar la actuación empresarial y la innovación respetuosas con el medio ambiente. 4. Líneas de acción propuestas para Río+20 4.1. Un marco en el que obtener resultados Para dar un impulso renovado al desarrollo sostenible, Río +20 tiene que generar una visión compartida del cambio, respaldada por un marco de decisión sobre actuaciones específicas. Los «ingredientes» principales de un resultado global podrían plantearse de la siguiente manera: 1. Un amplio llamamiento a la movilización política, con una visión y objetivos ambiciosos y compartidos. 2. Una serie de actuaciones específicas a nivel internacional, regional y nacional, estructuradas como una «hoja de ruta hacia una economía ecológica». 3. Una «caja de herramientas» de planteamientos políticos y ejemplos de mejores prácticas que puedan utilizarse para realizar los objetivos acordados. 4. Un mecanismo para promover y supervisar el progreso general. Una hoja de ruta hacia una economía ecológica ayudaría a garantizar la continuidad del compromiso después de Río+20, al asegurar un seguimiento sistemático de la visión y los objetivos acordados. Pueden estructurarse en ella una serie de acciones a nivel internacional, regional y nacional, con etapas de referencia, indicadores y objetivos, así como mecanismos para supervisar el progreso general. Una hoja de ruta hacia una economía ecológica ayudaría a todos los países a avanzar más deprisa en esa dirección, aprovechando las iniciativas existentes y respetando las diferencias nacionales. Será esencial establecer estrategias para lograr una economía más respetuosa del medio ambiente en las políticas y los planes económicos y de desarrollo generales de los países. Esas estrategias —que deberán diseñarse «de abajo arriba»— deberán contener objetivos y calendarios de actuación a nivel nacional y, cuando proceda, regional. Las actuaciones deberían basarse en esfuerzos que ya se estén llevando a cabo y podrían incorporarse en las estrategias económicas y de desarrollo nacionales, sumándose también a las estrategias para la reducción de las emisiones de carbono y a los planes para un consumo y una producción sostenibles. Cuando sea necesario, países y organizaciones internacionales donantes podrían aportar ayuda, de acuerdo con las estrategias nacionales de desarrollo. Para diseñar acciones concretas, los países podrían utilizar una «caja de herramientas» de estrategias de mejores prácticas. No obstante, los esfuerzos nacionales no bastarán por sí solos para hacer que la economía mundial sea más ecológica. Puesto que muchos problemas exigen una respuesta mundial y regional, la hoja de ruta hacia una economía ecológica deberá incluir también acciones a estos niveles. A fin de supervisar los progresos hacia una economía ecológica, será esencial definir y elaborar indicadores clave, así como un sistema de contabilidad medioambiental y social acordado a nivel mundial, que complemente la actual contabilidad económica. Esta labor podría basarse en iniciativas existentes, como el sistema internacional de contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), el Índice de Desarrollo Humano (PNUD) y la Medición del Progreso de las Sociedades (OCDE). El marco normativo previsto de la UE para la contabilidad ambiental podría servir también como ejemplo. Tomando como base las dimensiones políticas bosquejadas en la sección 3 («qué», «cómo» y «quién»), en las secciones siguientes se propone un conjunto inicial de acciones específicas, que formarían parte de la hoja de ruta hacia una economía ecológica. 4.2. Acción sobre los recursos, los materiales y el capital natural Río+20 tiene que renovar el compromiso para promover una gestión sostenible del agua. Esto podría hacerse estableciendo asociaciones internacionales en materia de agua. Para ello se podría partir, ampliándola, de la Iniciativa de la UE sobre el agua, que ha contribuido a mejorar la gestión y la gobernanza del agua, pero haciendo mayor hincapié en los aspectos económicos y en una mayor participación de las empresas. Deberán tratarse también los planes hidrológicos de cuenca de ámbito internacional, en particular en las comisiones fluviales transfronterizas. Podrían promoverse también asociaciones para aumentar el acceso a la energía y la seguridad del abastecimiento energético y promover las energías renovables y la eficiencia energética. Para ello, podrían servir de base acciones existentes como la Asociación UE-África en materia de energía, los instrumentos de inversión regionales de la UE, el Fondo fiduciario de la UE para infraestructuras en África, el Fondo ACP-UE para la Energía y el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables, que podrían aportar experiencias de movilización de inversiones privadas para este tipo de asociaciones. Para reforzar la protección del medio marino y de los océanos, se debería promover que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) aquellos Estados que aún no lo han hecho. Hacen falta nuevas iniciativas para proteger y conservar las áreas no sujetas a jurisdicción nacional («alta mar y los fondos marinos»), por ejemplo a través de un acuerdo de aplicación al amparo de la CNUDM. Para ayudar a conservar la biodiversidad marina en estas áreas, deben establecerse mediante acuerdo zonas marinas protegidas para múltiples fines y ha de garantizarse el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización. Deben establecerse también mecanismos de vigilancia y de control. Se debería estudiar también especialmente la elaboración de un programa de acción mundial para combatir los desechos y la contaminación marinos. Deben adoptarse medidas para promover la sostenibilidad de la agricultura y los usos de la tierra y la seguridad alimentaria. Estas medidas deben incluir el fortalecimiento de las iniciativas existentes sobre agricultura sostenible y deben aprovechar las acciones multilaterales (como la FAO), las actividades regionales (por ejemplo, las dedicadas a la agricultura ecológica) y las iniciativas empresariales. Además, podrían establecerse asociaciones internacionales sobre productos alimentarios para promover una producción y un consumo más sostenibles de esos productos. Dado que la agricultura depende de la calidad de la tierra, se ha de trabajar más para mejorar esa calidad y luchar contra la desertización. Por ejemplo, se podría poner en marcha una valoración económica a nivel mundial de los costes y los beneficios de la mejora de la calidad de la tierra. Otras iniciativas podrían ser dar un mayor impulso a la Alianza Mundial para el Suelo, y establecer servicios para el seguimiento mundial del uso de la tierra, como parte de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). Mediante asociaciones con las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado se podría contribuir también a promover la gestión sostenible de los bosques y la lucha contra la deforestación. Estas asociaciones podrían aprovechar los buenos resultados de la acción para la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) y las experiencias iniciales del programa REDD+ (reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques). Ha llegado el momento de establecer un régimen internacional en materia de productos químicos y sustancias peligrosas más sólido y coherente, y Río+20 puede poner en marcha el proceso para lograrlo. Se basaría en compromisos anteriores, como el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), y en la experiencia adquirida a través de las políticas de la UE para la gestión de los productos químicos. Tal régimen —que podría adoptar la forma de convenio marco— debería guiarse por el objetivo de Johannesburgo de que, para 2020, los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la minimización de los efectos adversos importantes en la salud y el medio ambiente. Además, debería tenerse en cuenta el Global Chemicals Outlook que prepara actualmente el PNUMA y los trabajos en curso sobre las opciones de financiación para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la mundialización de la industria de los productos químicos y los residuos. El régimen debería incluir criterios para identificar los productos químicos y las sustancias de riesgo en todo el mundo, así como un marco para evaluar las sustancias. Todos estos desafíos exigirán un nivel sin precedentes de cooperación científica y tecnológica a nivel mundial, y un mecanismo para la cooperación en el campo de la ciencia y la investigación a nivel mundial en relación con retos sociales de relevancia mundial (como la escasez de recursos, el cambio climático o los océanos). 4.3. Instrumentos económicos y financiación e inversión en capital humano Río+20 debe animar a los países, sobre todo a los industrializados y a las economías emergentes, a desarrollar regímenes de comercio de emisiones de carbono de ámbito nacional y regional para reducir las emisiones al menor coste, y como piezas de un futuro mercado internacional del carbono. Estos instrumentos podrían desempeñar también un papel importante en la generación de formas innovadoras de financiación. Además, Río+20 debe poner en marcha un conjunto coordinado de acciones de los países, acompañadas de objetivos y calendarios, para identificar y eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. El compromiso del G20 de estudiar las subvenciones que se conceden a los combustibles fósiles podría ser un ejemplo específico. Para esta iniciativa se utilizarían las directrices y las buenas prácticas de otros casos de eliminación de subvenciones perjudiciales llevados a cabo con éxito en el pasado. Para orientar y movilizar fondos a favor de la economía ecológica, Río+20 debe recomendar que se consoliden y fortalezcan las estrategias y los mecanismos de financiación existentes, o que se establezcan nuevos regímenes de financiación público-privados cuando sea necesario. Las organizaciones dedicadas al desarrollo (como el PNUD) y las instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial) deben desempeñar un papel preponderante comprometiéndose a establecer estrategias de financiación de la economía ecológica que puedan conducir a resultados demostrables. Los bancos privados, las compañías de seguros y los fondos de pensiones deben desempeñar también su papel. Un objetivo específico importante de estos mecanismos y regímenes de financiación debe ser ayudar a los países menos desarrollados y a las PYME. En los países en desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) seguirá representando una fuente de inversión significativa. La UE mantiene su compromiso de elevar el volumen de ayuda al 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) para 2015; actualmente, la UE proporciona alrededor del 58 % de la ayuda mundial. La ayuda oficial al desarrollo, que se seguirá concediendo, podrá ayudar a poner en práctica las estrategias nacionales y regionales de economía ecológica de los países asociados, en el marco de sus planes nacionales de desarrollo. En este contexto, programas como EU SWITCH, que ha promovido prácticas de consumo y producción sostenibles en Asia, podrían incorporarse a una actuación global para el consumo y la producción sostenibles. Río+20 debe establecer programas de formación en cualificaciones ecológicas en áreas prioritarias como la energía, la agricultura, la construcción, la gestión de los recursos naturales, los residuos y el reciclaje. Puesto que la transición a una economía ecológica creará puestos de trabajo y sustituirá otros, será preciso recualificar la mano de obra existente. Esta tarea podría incluir planes para proteger los intereses de los trabajadores, proporcionar protección social y regularizar trabajos no declarados, por ejemplo basándose en la labor de la OIT para una «transición justa». Hacen falta también programas de formación para los jóvenes que apoyen el tránsito de la escuela al trabajo con formación específica, y que fomenten la inclusión de cualificaciones ecológicas en los planes de estudio nacionales de educación secundaria. 4.4. Mejora de la gobernanza Es necesaria una gobernanza mundial mejor y más eficiente para acelerar la actuación global hacia una economía más ecológica y más sostenible y para erradicar la pobreza. Todas las partes interesadas deberían tener la oportunidad de participar y contribuir en esta tarea. Existen varias opciones para reforzar la gobernanza del desarrollo sostenible dentro de las Naciones Unidas. Una de ellas sería fortalecer las competencias del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en materia de desarrollo sostenible, dando igual peso a los pilares económico, social y medioambiental. Un planteamiento alternativo sería convertir la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en un órgano más permanente con funciones ampliadas. Estas medidas deberían estar encaminadas a garantizar que en todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas se haga mucho más hincapié en el desarrollo sostenible. En algunos casos, podrían hacerse mejoras con arreglo a los mandatos existentes. De acuerdo con las recomendaciones del proceso de Nairobi-Helsinki para fortalecer la gobernanza ambiental a nivel internacional, el PNUMA debe reforzarse. Esto podría hacerse de varias maneras: i) mejorando el PNUMA con arreglo a su mandato actual; ii) fortaleciéndolo con nuevas tareas y responsabilidades; iii) creando una organización multilateral dedicada al medio ambiente, por ejemplo transformando el PNUMA en un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas (como la OIT). Esta última opción, que podría conllevar la adopción de un tratado jurídicamente vinculante, sería la más prometedora para mejorar la gobernanza ambiental a nivel internacional y progresar hacia el desarrollo sostenible mundial. No obstante, es obvio que todas las opciones tienen ventajas y desventajas y deberán analizarse con mayor detenimiento. Como parte del fortalecimiento de la gobernanza ambiental a nivel internacional, es preciso acelerar el trabajo de racionalización y consolidación del sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Respetando la autonomía de los diferentes acuerdos, podría racionalizarse sustancialmente su administración y podrían reducirse las duplicaciones, lo cual mejoraría la plataforma para lograr una visión y un liderazgo políticos coherentes y bien orientados y para promover unas condiciones favorables al crecimiento ecológico. Es necesario reforzar la creación de capacidad en materia de medio ambiente en las Naciones Unidas. Esto debería incluir mejorar los conocimientos ambientales y la sensibilización con respecto a la economía ecológica en los equipos de país de las Naciones Unidas para promover su integración en los programas nacionales, ampliar la gama de conocimientos en las oficinas regionales de la ONU/PNUMA, y desarrollar en todo el sistema un marco de creación de capacidades para la aplicación de los acuerdos multilaterales. Deben reforzarse también las capacidades para supervisar el medio ambiente mundial. Puesto que las empresas son el motor de la economía, Río+20 debe reforzar la participación del sector privado. Las empresas y la sociedad civil tienen que desempeñar un papel importante en las diferentes asociaciones y regímenes propuestos en la presente Comunicación, como los relativos al agua, la energía, los productos alimentarios, los bosques y la financiación. 5. Próximos pasos Aunque en algunos aspectos se ha progresado hacia el desarrollo sostenible desde la Cumbre de Río de Janeiro celebrada en 1992, el mundo todavía tiene por delante desafíos medioambientales, económicos y sociales de primera importancia. En la presente Comunicación se exponen las ideas preliminares de la Comisión como parte del proceso preparatorio que conducirá a Río+20. Río+20 brinda una valiosa oportunidad para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo. Ahora bien, su resultado no deben ser solo declaraciones de buenas intenciones: hacen falta acciones tangibles para que Río+20 marque una etapa en la transición hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza. La UE está abierta al debate con todos los países y agentes para seguir dando forma a esta agenda en los meses previos a Río+20. Es preciso que todos los países y agentes trabajen juntos para lograr que los resultados de Río+20 respondan a nuestros desafíos mundiales. Juntos debemos asegurar una actuación tangible y eficaz que pueda tener verdadera repercusión en el mundo entero. Anexo La Estrategia Europa 2020: objetivos e iniciativas emblemáticas Objetivos principales 1) el 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada; 2) el 3 % del PIB de la UE debería invertirse en I+D; 3) deberían cumplirse los objetivos de clima y energía «20/20/20»: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %; incrementar el porcentaje de energías renovables al 20%, y mejorar la eficiencia energética en un 20 % (incluido un incremento al 30 % de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero si se dan las condiciones adecuadas); 4) el porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos; 5) el riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. Iniciativas emblemáticas 1) «Unión por la innovación»: mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación a fin de garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. 2) «Juventud en movimiento»: mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. 3) «Una agenda digital para Europa»: acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado digital único para las familias y empresas. 4) «Una Europa que aproveche eficazmente los recursos»: ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficiencia energética. 5) «Una política industrial para la era de la mundialización»: mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. 6) «Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos»: modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de puestos de trabajo, en particular mediante la movilidad laboral. 7) «Plataforma europea contra la pobreza»: garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad. [1] www.uncsd2012.org [2] http://ec.europa.eu/environment/consultations/un_2012.htm. [3] The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Business – «TEEB for Business»