Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos /* COM/2013/0516 final - 2013/0239 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA El Reglamento sobre los traslados de residuos [Reglamento (CE) nº 1013/2006[1], en lo sucesivo denominado el «RTR»] establece requisitos para los traslados de residuos dentro de la UE y entre la UE y terceros países a fin de proteger el medio ambiente. El RTR establece reglas más estrictas para los residuos peligrosos que para los residuos no peligrosos. El RTR prohíbe todas las exportaciones de residuos peligrosos a países no miembros de la OCDE y todas las exportaciones de residuos destinados a la eliminación fuera de la UE/AELC (artículos 34 y 36 del RTR). La prohibición de exportación de residuos peligrosos fuera de la OCDE establecida en el RTR aplica la prohibición de exportación del Convenio de Basilea de 1995. Los residuos no peligrosos pueden exportarse para su valorización fuera de la OCDE siempre que se gestionen de manera ambientalmente correcta, es decir, de una forma que sea equivalente en gran medida a la establecida en las normas aplicadas en la UE[2]. En la UE, todos los residuos que se trasladen con fines de valorización podrán circular libremente[3]. Por lo que respecta a los residuos no peligrosos, esos traslados no están sujetos a ninguna notificación previa y solo tienen que cumplir los requisitos generales de información (títulos II-IV del RTR). Los traslados de residuos peligrosos con fines de valorización y los traslados de residuos para su eliminación están sujetos al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito. No obstante, en lo que se refiere a los residuos para valorización, las autoridades competentes solo pueden oponerse a una transferencia por los motivos ambientales establecidos en el RTR (artículo 12). Se establecen obligaciones específicas, en particular la de devolución de los traslados de residuos cuando se compruebe que son ilícitos o que no pueden llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto (artículos 22-25 del RTR). El artículo 50 del RTR incluye una disposición general sobre las medidas ejecutivas que estipula que los Estados miembros deben disponer la realización de inspecciones de establecimientos y empresas de conformidad con los requisitos de inspección de la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco de residuos) y que pueden controlar los transportes por carretera, en los puertos, etc. o en una fase posterior cuando los residuos se encuentran ya en una instalación de valorización o eliminación. De lo contrario, los controles se dejan a discreción de los Estados miembros. El RTR no incluye ninguna disposición específica sobre cómo deben realizarse las inspecciones: solo estipula que «los controles de los traslados incluirán la inspección de documentos, la comprobación de la identidad y, cuando proceda, el control físico de los residuos.». Debido a esta formulación general de requisitos de inspección en el RTR, existen grandes diferencias de un Estado miembro a otro. Algunos de ellos han establecido sistemas de inspección completos y eficaces de los traslados de residuos en los puertos o en los lugares de los productores o recogedores de residuos, mientras que otros se enfrentan a problemas de cumplimiento y a la falta de estructuras y recursos adecuados para controlar los flujos de residuos y realizar inspecciones. Esta situación conduce al «port hopping», es decir, los exportadores de residuos ilícitos deciden enviar sus residuos a través de los Estados miembros que menos controles realizan. Si un Estado miembro refuerza las medidas de ejecución, los exportadores de residuos ilícitos transfieren sus exportaciones a otro Estado miembro. Por tanto, la única manera eficaz de lograr evitar los traslados de residuos ilícitos es realizar suficientes controles en todos los Estados miembros. Los traslados de residuos ilícitos más problemáticos son los relativos a los residuos peligrosos y a los residuos que, tras un traslado ilícito, se abandonan o son objeto de un tratamiento que no satisface las normas. El abandono o el tratamiento de residuos no conforme a las normas tiene con frecuencia repercusiones graves sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones próximas a las zonas de eliminación/tratamiento. Además, las fugas procedentes de residuos desechados perjudican los suelos y los flujos de agua, y contaminan el aire, en particular por las emisiones de metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes. Si las normas y capacidades de reciclado de los países de destino no son adecuadas, los riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud simplemente se están exportando a otras partes del mundo. Ello contribuye también al calentamiento global y al agotamiento de la capa de ozono. La presente propuesta legislativa apoyará y orientará las inspecciones de los Estados miembros a fin de identificar los flujos de residuos problemáticos y de alto riesgo arriba descritos. Los Estados miembros deben realizar evaluaciones de riesgo que abarquen flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y considere los datos recibidos por los servicios de información, tales como investigaciones policiales y análisis de actividades delictivas. Cada año deben seleccionarse prioridades de inspección sobre la base de las evaluaciones de riesgo y publicarse en los planes anuales de inspección. Esos planes se pondrán a disposición del público. Los inspectores deberán tener en cuenta los planes de inspección y exigir pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la propuesta. Los traslados de residuos ilícitos constituyen un problema grave y frecuente. A menudo se incumplen las prohibiciones de exportación de residuos peligrosos y de residuos destinados a eliminación previstas en el RTR. Las exportaciones de residuos peligrosos suelen calificarse como mercancías de segunda mano y los residuos destinados a eliminación, como residuos para valorización. Así lo confirman las inspecciones conjuntas efectuadas por la «Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente — Grupo responsable de los traslados transfronterizos de residuos» (IMPEL-tfs) y lo respalda la Comisión; esas inspecciones indican unas tasas muy elevadas de incumplimiento del RTR debido a traslados ilícitos de residuos. En el contexto de las inspecciones conjuntas efectuadas durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y noviembre de 2010, veintidós Estados miembros realizaron controles y notificaron los transportes por carretera y en los puertos (más de 20 000 inspecciones de transporte y más de un centenar de inspecciones de empresas)[4]. Teniendo en cuenta el número total de traslados de residuos con origen y en el interior de la UE inspeccionados durante ese periodo (3 454) y el número de infracciones (863), la tasa global de incumplimiento sería el 25 %. En 2011, un estudio estimó el tonelaje de traslados ilícitos respecto a la cantidad total de traslados de residuos en la UE y fuera de ella[5]. La conclusión del estudio fue que, si solo fuera ilícito el 1 % de todos los traslados de residuos, el tonelaje total de los traslados ilícitos de residuos ascendería a 2,8 millones de toneladas al año. Los traslados ilícitos de residuos fuera de la UE suelen proceder de instalaciones de recogida, almacenamiento y clasificación no controladas, en las que los operadores obtienen los residuos y los trasladan ilícitamente a países en desarrollo. Un estudio de Europol de 2011[6] llegaba a la conclusión de que suelen utilizarse lugares de almacenamiento intermedios para encubrir el destino final de los residuos y frustrar los esfuerzos policiales para identificar a las empresas de origen. Los puertos situados en la parte noroccidental de la UE (Amberes, Hamburgo, Le Havre y Rotterdam) desempeñan un papel fundamental en la exportación de residuos (residuos electrónicos, vehículos al final de su vida útil, plásticos, papel y diferentes tipos de residuos peligrosos) a países de África y Asia. Dado que grandes cantidades de residuos (tanto lícitos como ilícitos) se trasladan fuera de la UE a partir de muchos de esos puertos, la frecuencia de los controles es mayor en ellos y, por tanto, cabe suponer que se detecta un número mayor de traslados de residuos ilícitos. Unas medidas de ejecución y unas inspecciones eficaces de los traslados de residuos no solo permitirían prevenir las graves repercusiones ambientales y sanitarias derivadas de los traslados ilícitos de residuos, sino también ahorrar costes elevados y generar beneficios económicos directos para los Estados miembros y la industria. Entre otros beneficios financieros, una mejor aplicación de la normativa evitaría costes de reparación y repatriación. Por ejemplo, un estudio reciente pone de manifiesto que una aplicación más estricta de la normativa en el puerto de Rotterdam genera una mayor calidad y cantidad de residuos reciclados, dado que los residuos se envían por cauces legales a instalaciones con mejores técnicas de tratamiento. Además, el refuerzo de las inspecciones en dicho puerto ha dado lugar a la creación de veintidós puestos de trabajo en aduanas, inspecciones y plantas de tratamiento de residuos[7]. En las conclusiones del Consejo de 3 de junio de 2010 se invitó a la Comisión, entre otras cosas, a considerar el refuerzo de los requisitos de la UE respecto a las inspecciones y los controles sobre el terreno previstos en el RTR. En respuesta a esta invitación, la Comisión ha evaluado la cuestión más en detalle y ha elaborado una evaluación de impacto ex ante, de acuerdo con sus orientaciones al respecto. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO El 25 de enero de 2011, la Comisión emprendió una consulta en línea de las partes interesadas a través de su página web EUROPA, de acuerdo con las normas mínimas de consulta. La consulta estuvo abierta a todas las partes interesadas durante once semanas, accesible a través del punto de acceso único en Internet[8]. Durante la consulta se recibieron sesenta y cinco contribuciones procedentes de autoridades de dieciocho Estados miembros, de una autoridad de un país del EEE, de veinticinco organizaciones industriales, cinco empresas privadas, dos organizaciones públicas, tres ONG y once particulares[9]. Las partes interesadas expresaron un amplio apoyo a los requisitos legislativos de la UE sobre las inspecciones de los traslados (el 90 % de los encuestados). Durante la consulta pública de 2012 sobre los actos legislativos que más cargas entrañan para las PYME, se hizo patente la preocupación de que el RTR no había dado lugar a la creación de un mercado común para la utilización y el reciclado de los residuos debido a las diferencias existentes en la aplicación y la interpretación de la legislación entre los Estados miembros y la necesidad de reforzar una aplicación uniforme del RTR, haciendo más hincapié en los residuos peligrosos y menos en los residuos no problemáticos. Otra cuestión planteada fue la necesidad de seguir simplificando los procedimientos de traslado de residuos entre los Estados miembros, dejando la inspección y evaluación de las instalaciones de tratamiento de residuos a las autoridades del Estado miembro receptor. La presente propuesta legislativa sobre las inspecciones de traslados de residuos pretende contribuir a garantizar una aplicación más uniforme del RTR mediante el establecimiento de requisitos mínimos de inspección en toda la UE, prestando especial atención a los flujos de residuos problemáticos[10]. En el marco del RTR, ya existe un procedimiento simplificado para los traslados de residuos con fines de valorización respecto a los traslados de residuos destinados a la eliminación. El correcto funcionamiento del mercado interior exige que las inspecciones de traslados de residuos se realicen de forma eficaz en toda la UE. La ausencia actual de unas condiciones de competencia equitativas debido a las grandes diferencias existentes en las prácticas de control de la aplicación constituye una desventaja económica para las empresas que actúan dentro de la legalidad. Las tasas elevadas de traslados ilícitos suponen por tanto un perjuicio para las industrias legítimas de tratamiento y eliminación de residuos. Si el RTR se aplicara de forma adecuada, se reforzarían la seguridad y la confianza en el sistema de traslado de residuos entre los operadores económicos. Las empresas del sector del reciclado y gestión de los residuos tendrían así un incentivo para invertir y crear nuevos puestos de trabajo La inspección de las instalaciones de tratamiento de residuos corresponde a las autoridades de los Estados miembros en que estén situadas. No obstante, es preciso que la autoridad competente del Estado miembro expedidor pueda evaluar cómo va a gestionar los residuos la instalación del Estado miembro receptor. Por ejemplo, la autoridad competente de expedición puede llegar a la conclusión, tras examinar la naturaleza de los residuos, que la instalación del Estado miembro receptor no puede gestionarlos de conformidad con los artículos 11 y 12 del RTR. Esa evaluación debe realizarse antes de que el traslado salga del país expedidor, pues de lo contrario los traslados ilícitos son inevitables. Si el traslado es ilícito, el país expedidor puede tener que pagar los gastos, entre otras cosas, de devolución de los residuos. Por tanto, la evaluación de las instalaciones de tratamiento de los residuos no puede dejarse exclusivamente a cargo de las autoridades del Estado miembro receptor. La evaluación de impacto ex ante de la Comisión sobre la presente propuesta legislativa examinó varias opciones par reforzar las inspecciones y las medidas de ejecución del RTR. La «Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente — Grupo responsable de los traslados transfronterizos de residuos» (IMPEL-tfs) de la UE, las autoridades de los Estados miembros y diferentes grupos de interesados participaron activamente en la preparación de los estudios realizados en apoyo de la evaluación. En la evaluación se llegó a la conclusión de que una combinación de requisitos legislativos y orientaciones de la UE sería la solución más eficaz para resolver los problemas relacionados con los traslados ilícitos de residuos. Además, esta solución tendría los costes netos más bajos y los impactos económicos, sociales y ambientales más positivos. Supondría un ahorro significativo de costes de reparación y repatriación, así como un ahorro de costes indirectos para los Estados miembros por los que transitan los residuos. La industria se beneficiaría asimismo de la armonización de la legislación. El aumento de la cantidad de residuos tramitada a través de cauces legales conduciría a la optimización de los procesos, así como a la mejora de las técnicas de clasificación y de la calidad de los residuos. Asimismo, el establecimiento de un requisito jurídico para reforzar las inversiones permitiría crear nuevos empleos y evitar la deslocalización fuera de la UE. En la evaluación de impacto se han estimado los costes que supone para los Estados miembros la falta de sistemas de inspección adecuados (por ejemplo, de contratación de personal y de modernización de infraestructuras e inspecciones). Esos costes ascenderían a unos cuatro millones de euros al año para el conjunto de la Unión, pero podrían compensarse por los beneficios económicos y sociales y/o financiarse mediante las multas percibidas. Según la evaluación de impacto, las inspecciones adicionales necesarias llegarían a ser rentables incluso si menos del 1 % de todas las inspecciones anuales se saldara con multas medias. De la evaluación de impacto se deduce que la «planificación de las inspecciones» propuesta constituye la medida legislativa más importante. La segunda medida más importante que contribuiría a resolver el problema sería la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros exigieran pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados, y, a continuación, en orden descendente, los «controles de las instalaciones» y la «formación de las autoridades». 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA El artículo 1, apartado 3, letra b), de la presente propuesta modifica el artículo 50 del RTR introduciendo requisitos para la planificación de las inspecciones de los traslados de residuos. El artículo 1, apartado 3, letra c), introduce en el artículo 50 la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados. Puede tratarse de probar si la sustancia u objeto es «residuo» o no, o si el traslado está destinado a la valorización o la eliminación, o la naturaleza de los métodos de tratamiento de residuos específicos y las normas aplicadas por la instalación en el país de destino, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 49 del RTR. El artículo 1, apartados 2 y 4, ajusta el RTR al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el compromiso de la Comisión de revisar las disposiciones relativas al procedimiento de reglamentación de cada instrumento que pretenda modificar. El artículo 2 de la presente propuesta estipula que el Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea [1 de enero de xxxx o 1 de julio de xxxx en función de cuál de estas dos fechas sea anterior y siempre que hayan transcurrido hasta ella al menos seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento]. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS No procede. 5. ELEMENTOS FACULTATIVOS No procede. 2013/0239 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[12], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) El Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos[13], establece requisitos para los traslados de residuos tanto dentro de la Unión como entre los Estados miembros y terceros países, a fin de proteger el medio ambiente. No obstante, se han detectado lagunas en la ejecución y en las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros debido, entre otros factores, a la falta de claridad de las disposiciones del Reglamento en esos aspectos. (2) Las inspecciones de los traslados de residuos deben planificarse adecuadamente para determinar la capacidad que requieren y prevenir con eficacia los traslados ilícitos. Por tanto, deben reforzarse las disposiciones sobre medidas ejecutivas e inspecciones del artículo 50 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 con vistas a garantizar una planificación periódica y coherente de las inspecciones. La planificación debe incluir una serie de elementos clave, en particular evaluaciones de riesgos, estrategias, objetivos, prioridades, número y tipos de inspecciones previstas, distribución de tareas, medios de cooperación entre autoridades y disposiciones sobre formación de inspectores. (3) En la Unión existen normas divergentes respecto a la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados. Puede tratarse de probar si la sustancia u objeto es «residuo» a tenor del Reglamento (CE) nº 1013/2006 o si los residuos se trasladarán a instalaciones respetuosas del medio ambiente de conformidad con el artículo 49 del Reglamento. Por tanto, el artículo 50 del Reglamento debe prever la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados. (4) Los traslados ilícitos de residuos proceden frecuentemente de instalaciones no controladas de recogida, almacenamiento y clasificación. Así pues, deben introducirse requisitos de inspección para esas instalaciones de residuos. (5) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 1013/2006 deben adaptarse al artículo 290 del Tratado. (6) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado con objeto de adoptar requisitos técnicos y organizativos a efectos de la aplicación práctica del intercambio electrónico de datos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, contando también con la intervención de expertos. (7) Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo. (8) La Comisión puede adoptar directrices para la aplicación del artículo 12, apartado 1, letra g), del Reglamento; directrices para la aplicación del artículo 15 del Reglamento; directrices para la colaboración de las autoridades competentes respecto a traslados ilícitos; más directrices relativas al uso de lenguas, y mayores aclaraciones de los requisitos de procedimiento del título II del Reglamento por lo que se refiere a su aplicación a las exportaciones, importaciones y al tránsito de residuos con origen o destino en la Comunidad o a través de ella. (9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 1013/2006 en consecuencia. (10) El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de [xxxx] o a partir del 1 de julio de [xxxx] en función de cuál de estas dos fechas sea anterior y siempre que hayan transcurrido hasta ella al menos seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento a fin de que los Estados miembros y las empresas puedan prepararse con la suficiente antelación para la aplicación de las medidas necesarias con arreglo al artículo 50 del Reglamento. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Reglamento (CE) nº 1013/2006 queda modificado como sigue: 1) En el artículo 2, se añade el punto 36 siguiente: «36. “reutilización”: cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.». 2) En el artículo 26, se añade el apartado 5 siguiente: «5. Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 59 en lo referente a los requisitos técnicos y organizativos a efectos de la aplicación práctica del intercambio electrónico de datos para la presentación de documentos e información.». 3) El artículo 50 queda modificado como sigue: a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Los Estados miembros, mediante medidas ejecutivas del presente Reglamento, dispondrán, entre otras cosas, la realización de inspecciones de establecimientos y empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos[14], y controles sobre el terreno de los traslados de residuos o la valorización o eliminación correspondientes.». b) Se inserta el apartado 2 bis siguiente: «2 bis. Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes establezcan planes relativos a las inspecciones destinadas a controlar el cumplimiento del presente Reglamento. Los planes comprenderán toda la zona geográfica del Estado miembro correspondiente y se aplicarán a todas las inspecciones de los traslados de residuos que se lleven a cabo de conformidad con el apartado 2, incluidas las inspecciones de establecimientos y empresas, los transportes por carretera y ferrocarril y los envíos en los puertos. Los planes incluirán los siguientes elementos: a) estrategia y objetivos de las inspecciones de los traslados de residuos referentes a los recursos humanos, financieros y de otro tipo que resulten necesarios; b) una evaluación de riesgos que abarque flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y considere los datos recibidos por los servicios de información, tales como investigaciones policiales y análisis de actividades delictivas; c) prioridades y descripción del proceso de selección de tales prioridades sobre la base de las estrategias, los objetivos y la evaluación de riesgos; d) información sobre número y tipos de inspecciones previstas de instalaciones de residuos, transportes por carretera y ferrocarril y envíos en los puertos; e) distribución de tareas entre cada una de las autoridades que participen en las inspecciones de los traslados de residuos; f) medios de cooperación entre las distintas autoridades que participen en las inspecciones, y g) evaluación de las necesidades de formación de los inspectores en aspectos técnicos o legales relativos a la gestión de residuos y los traslados de residuos, así como disposiciones sobre programas de formación permanente. Los planes se revisarán, como mínimo, una vez al año y, cuando proceda, se actualizarán. En la revisión se evaluará la medida en la cual se han aplicado los objetivos y otros elementos de los planes. La autoridad competente pondrá los planes a disposición del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental[15].». c) Se insertan los apartados 4 bis y 4 ter siguientes: «4 bis. A fin de determinar si un traslado no contiene residuos a tenor del artículo 2, apartado 1, la autoridad competente podrá: i) verificar si se ha previsto una protección adecuada del traslado frente a daños durante el transporte, la carga y la descarga; y ii) en caso de sospecha de traslado ilícito, requerir a la persona responsable del traslado que presente una copia de la factura y del contrato relativos a la venta o transferencia de propiedad de la sustancia u objeto donde se indique que se destina a su reutilización a tenor del artículo 2, punto 36, y que demuestre que es plenamente funcional. 4 ter. A fin de determinar si un traslado se destina a operaciones de valorización conformes a lo dispuesto en el artículo 49, la autoridad competente podrá requerir a la persona responsable del traslado que presente un contrato, una carta u otro documento firmado por la instalación de valorización donde se especifiquen los métodos de tratamiento de los residuos, las tecnologías y las normas aplicadas por esa instalación en el país de destino.». 4) Los artículos 59 y 59 bis se sustituyen por el texto siguiente: «Artículo 59 Ejercicio de la delegación 1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 26, apartado 5, se confiere a la Comisión por tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 26, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 26, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y el Consejo, ninguna de esas dos instituciones formulan objeciones al respecto o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto la una como la otra informan a la Comisión de que no las formularán. Dicho plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. Artículo 59 bis Procedimiento de comité 1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud del artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE. Dicho Comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) nº 182/2011. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.». Artículo 2 El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del [1 de enero de [xxxx] o a partir del 1 de julio de [xxxx] en función de cuál de estas dos fechas sea anterior y siempre que hayan transcurrido hasta ella al menos seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento]. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente [1] Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1). [2] Artículos 18 y 49 y anexo VII del RTR. Véase asimismo el Reglamento (CE) nº 674/2012 de la Comisión, de 23 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a determinados países no miembros de la OCDE. [3] Los traslados de residuos municipales mezclados (residuo 20 03 01) recogidos de hogares particulares, incluso cuando dicha recogida también abarque ese tipo de residuos procedentes de otros productores, están sujetos a las mismas disposiciones que los residuos destinados a la eliminación, artículo 3, apartado 5, del RTR. Los traslados entrantes de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como valorización están sujetos a normas específicas, artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE («Directiva Marco de Residuos»). [4] El informe detallado de IMPEL, elaborado sobre la base de las inspecciones conjuntas, está disponible en: http://impel.eu/wp-content/uploads/2012/01/IMPEL-TFS-EA-II-Project-_Final-report-adopted-v1-4.pdf. [5] Evaluación y orientaciones para la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, BiPRO, 16 de noviembre de 2011, http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm. [6] «Evaluación de la delincuencia organizada en la UE» de Europol, 28 de abril de 2011, p. 30. https://www.europol.europa.eu/. [7] Estudio titulado «Implementation of EU waste legislation for green growth», BioIntelligence Service, 2011, http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf. [8] La consulta de las partes interesadas se basó en parte en dos estudios, «Inspection requirements for waste shipments», informe final de 12 de agosto de 2009, Biointelligence http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm; y «Environmental, social and economic impact assessment of possible requirements and criteria for waste shipment inspections, controls and on-the-spot-checks», informe final de 4 de junio de 2010, Biointelligence SA http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm. [9] http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm. [10] Véase asimismo la Comunicación de la Comisión titulada «Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las PYME sobre las diez medidas más gravosas de la normativa de la UE». [11] DO C de , p. . [12] DO C de , p. . [13] DO L 190 de 12.7.2006, p. 1. [14] DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. [15] DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.