N° C 139/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
ANEXO 
al dictamen del Comité Económico y Social 
(Cuarto párrafo del artículo 43 del reglamento interno) 
Propuestas de enmiendas rechazadas 
Durante el debate en asamblea plenaria se rechazaron las siguientes enmiendas: 
Punto 4.4 
Añadir la siguiente frase: 
« Habría que considerar seriamente la rápida puesta en práctica de eficaces sistemas de gestión del suministro, 
que en el caso de los cereales podría adoptar la forma de un sistema obligatorio de abandono de tierras.» 
Exposición de motivos 
La actual política de presión sobre los precios aumentada por un sistema voluntario de abandono de tierras 
sólo podrá dar lugar a un mejor equilibrio del mercado a muy largo plazo. En el Ínterin, los efectos de una 
dramática recesión en los ingresos se traducirá en problemas inaceptables a nivel político, social y del medio 
ambiente. Asimismo, el control efectivo de la producción podría allanar el camino hacia un comercio 
internacional más metódico. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 36, votos en contra: 44, abstenciones: 11. 
Cítricos 
Modificar el primer párrafo como sigue: 
«El Comité considera que no se puede aceptar la reducción del 7,5% propuesta para las naranjas y 
mandarinas, al tiempo que solicita que se puedan destinar... » 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 23, votos en contra: 34, abstenciones: 21. 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
78/660/CEE sobre las cuentas anuales y la Directiva 83/349/CEE sobre las cuentas consolida­
das en lo relativo a las excepciones en favor de las pequeñas y medianas empresas, así como 
la elaboración y la publicación de cuentas en ECU (J) 
(89/C 139/12) 
El 4 de noviembre de 1988, de conformidad con el artículo 54 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 1 de marzo de 1989 (ponente: Sr. Speirs). 
En su 264a sesión plenaria (sesión del 31 de marzo de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado con 50 votos a favor, 11 en contra y una abstención el siguiente dictamen 
(votación nominal). 
El Comité, sin perjuicio de las observaciones específicas 
que se exponen más adelante, puede aceptar la modifi-
(!) DO n° C 287 de 11. 11. 1988, p. 5. cación propuesta de la séptima Directiva. Si bien sus­
cribe plenamente la idea de la Comisión de intentar 
reducir las cargas administrativas de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), opina que la modificación 
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/43 
propuesta de la cuarta Directiva sobre derecho de socie­
dades, en particular sus artículos 4 y 11, es totalmente 
inaceptable en su forma actual e insta a la Comisión a 
que lleve a cabo una revisión sustancial por las siguien­
tes razones: 
1. Observaciones generales 
1.1. La armonización de la normativa comunitaria 
sobre derecho de sociedades debería enmarcarse en el 
contexto de la normativa sobre la libertad de estableci­
miento. El objetivo es garantizar que las empresas de 
los distintos Estados miembros —en particular las que 
operan fuera de su país de origen— proporcionen salva­
guardias equivalentes tanto a terceros como a sus 
socios. De esta forma, la legislación comunitaria impide 
por un lado que se produzcan distorsiones en la compe­
tencia entre empresas de Estados miembros diferentes 
y, por otro, impide que la protección a terceros y a 
socios sea un obstáculo para la libertad de estableci­
miento o para la libertad de prestación de servicios. 
1.2. Esas son las ideas en las que se basa la cuarta 
Directiva sobre derecho de sociedades, cuyos conside­
randos son muy explícitos a este respecto: 
« Considerando que la coordinación de las disposi­
ciones nacionales relativas a la estructura y al conte­
nido de las cuentas anuales ... así como a la publici­
dad de estos documentos en lo que se refiere espe­
cialmente a la sociedad anónima y a la sociedad de 
responsabilidad limitada, reviste una importancia 
particular en cuanto a la protección de los socios y 
de los terceros » (primer considerando) 
« Considerando que es necesaria una coordinación 
simultánea en estas materias para dichas formas de 
sociedad, debido a que, por una parte, la actividad 
de tales sociedades se extiende frecuentemente más 
allá de los límites del territorio nacional y que, por 
otra parte, ofrecen como garantía ante los terceros 
únicamente su patrimonio social» (segundo consi­
derando) 
«Considerando que es necesario asimismo que se 
establezcan en la Comunidad unas condiciones jurí­
dicas mínimas equivalentes, en cuanto a la amplitud 
de las informaciones financieras que se han de poner 
en conocimiento del público por parte de las socie­
dades competidoras» (tercer considerando). 
1.3. La cuarta Directiva sobre derecho de sociedades, 
si bien fue adoptada en 1978 y modificada en 1984, se 
halla actualmente en su primer año de aplicación prác­
tica en varios Estados miembros de la Comunidad y 
todavía no se ha aplicado en otros tres. Así pues, la 
presente propuesta, que significa un cambio en determi­
nados principios básicos de la cuarta Directiva, se intro­
duce antes de que ésta haya podido pasar la prueba del 
tiempo y de la viabilidad. Más significativo es aún el 
hecho de que las excepciones propuestas, que actual­
mente pueden ser concedidas facultativamente por los 
Estados miembros pero que conforme a la Directiva se convierten en obligatorias, sólo han sido aplicadas por 
tres Estados miembros en total. Tal situación pone en 
tela de juicio la afirmación de la Comisión según la 
cual existe una amplia demanda en todos los sectores 
de la Comunidad a favor del cambio propuesto. 
1.3.1. El Comité lamenta el hecho de que en la Comi­
sión parece haber habido un cambio de actitud impor­
tante respecto a los derechos de terceros, cambio que, 
en su opinión, amenaza con socavar la confianza en las 
instituciones comunitarias y la credibilidad del derecho 
comunitario y de las distintas políticas adoptadas por 
la Comunidad. 
1.3.2. La presente propuesta de la Comisión consti­
tuye un distanciamiento notable de la opinión predomi­
nante hoy sobre el papel de las cuentas anuales, el 
significado de su publicación, la protección de los socios 
y de terceros y la importancia social y económica de 
las pequeñas y medianas empresas. 
También hay que tener en cuenta, sobre todo a la 
vista de los límites revisados, que las propuestas de la 
Comisión tendrán consecuencias importantes tanto en 
lo que se refiere al número de empresas afectadas como 
al tamaño de las mismas. 
1.4. La Comisión funda la modificación propuesta en 
las siguientes razones principales: es necesario reducir 
la carga administrativa que soportan las PYME; se 
establece obligatoriamente el carácter facultativo de 
determinadas excepciones, habida cuenta de que el uso 
sumamente diverso de las posibilidades de excepción 
causa distorsiones en la competencia —en suma, es 
necesario conseguir una mayor armonización y simplifi­
cación—; y las pequeñas empresas de tipo cerrado 
quedan exentas de la mayoría de las normas comunita­
rias porque es improbable que participen en el comercio 
intracomunitario. 
1.5. Al Comité le resulta difícil aceptar los argumen­
tos de la Comisión. La presente propuesta no beneficia 
a las PYME, ya que éstas necesitan la disciplina de la 
contabilidad de gestión y de las auditorías oficiales 
independientes. Además, es obvio que el acceso fácil a 
información financiera significativa sobre sociedades 
supone una condición previa para que las PYME obten­
gan la necesaria financiación y amplíen sus actividades. 
Hasta ahora, en los Estados miembros que aplican esta 
norma, la publicación y el archivo de las cuentas de 
sociedades no se ha considerado como una carga, sino 
más bien como el cumplimiento de una obligación 
natural que tienen las sociedades para con sus interlocu­
tores comerciales. Por otra parte, el procedimiento que 
deberían seguir las sociedades para establecer relaciones 
N° C 139/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
con las personas que desean ejercer el derecho de inspec­
ción de cuentas podría resultar aún más farragoso que 
las medidas ya existentes. Así pues, el Comité aboga 
por el mantenimiento del sistema de registro. 
1.5.1. El Comité considera que la propuesta de la 
Comisión constituye una excepción al principio 
supremo de la cuarta Directiva relativo a la protección 
de terceros. Así, por lo que respecta a los acreedores, 
las propuestas podrían plantear graves problemas en 
temas como la evaluación del activo y el pasivo, la cual, 
si se deja en manos de los empresarios, quedaría en 
opinión del Comité a merced de interpretaciones dispa­
res. El hecho de que la determinación de tal cantidad 
de factores relacionados con la contabilidad vaya a 
dejarse en manos de las propias empresas invalida indu­
dablemente el argumento de la Comisión según el cual 
las propuestas son necesarias para conseguir la armoni­
zación. 
1.6. El argumento de la Comisión de que es necesaria 
la propuesta para conseguir una mayor armonización 
de la legislación comunitaria también pierde credibili­
dad por el hecho de que los Estados miembros pueden 
incrementar o disminuir en un 50% los criterios de 
tamaño utilizados para definir a las pequeñas empresas. 
1.6.1. Así, en el apartado 1 del Artículo 11, el límite 
cuantitativo para el total del balance puede variar entre 
775 000 ECU y 2 325 000 ECU, y el límite del volumen 
de negocios neto entre 1 600 000 ECU y 4 800 000 ECU. 
La cifra total del balance que aparece en el Artículo 27 
puede variar entre 6 200 000 ECU y 9 300 000 ECU, y el 
volumen de negocios entre 12 800 000 ECU y 19 200 000 
ECU. 
1.6.2. Existe por lo tanto verdadero peligro de que 
empresas del mismo tamaño se clasifiquen como peque­
ñas en un Estado miembro y como medianas en otros, 
dando lugar a obligaciones legales y condiciones de 
publicación dispares y, por ende, a una competencia 
desigual. 
1.6.3. La Comisión intenta justificar sus propuestas 
afirmando que existe una amplia demanda a su favor 
y que los sectores exentos son relativamente poco 
importantes o afectan a ingresos y gastos poco sustan­
ciales. El Comité se pregunta qué amplitud tuvo la 
encuesta de opinión y cuántos grupos de intereses se 
tuvieron en cuenta antes de decidir seguir adelante. 
Además, el Comité desea señalar que la cuarta Directiva 
permite expresamente no revelar determinados elemen­
tos que no son materiales [véase por ejemplo la última 
frase del Artículo 18, la primera frase del Artículo 29(2) 
y la primera frase del Artículo 40(2)], por lo que se 
vuelve a poner en duda la validez del argumento de la 
Comisión a este respecto. 
1.7. Asimismo, la medida relativa a la excepción 
total de la aplicación de la cuarta Directiva a determina­das pequeñas empresas de carácter cerrado no parece 
adecuarse a los principios establecidos en la cuarta 
Directiva ni a los objetivos fijados por la Comisión. 
1.7.1. Esta disposición se aplica a las empresas que 
cumplen los criterios de tamaño establecidos en el Artí­
culo 11 de la Directiva y que tienen carácter cerrado en 
el sentido de que no pertenecen a ningún grupo, sus 
acciones no son libremente transferibles y están dirigi­
das por sus socios. Así, se pretende excluir a un gran 
número de empresas del proceso de armonización por 
ser improbable que participen en el comercio intraco-
munitario. El Comité se opone a esta propuesta por 
dos motivos. En primer lugar, en opinión del Comité, 
resulta inexacto afirmar, como lo hace la Comisión, 
que la exención a favor de dichas empresas, «en la 
perspectiva del mercado interior, puede justificarse por 
el hecho de que es poco probable que estas empresas 
se lancen al comercio intracomunitario». En segundo 
lugar, resulta aún más importante el hecho de que esta 
disposición contrasta totalmente con la línea seguida 
hasta ahora por la Comisión, según la cual todas las 
sociedades de la CEE deberían incluirse en el proceso 
de armonización del derecho de sociedades, tomen parte 
o no en intercambios transfronterizos. La adopción de 
esta propuesta significaría que las leyes comunitarias 
que rigen la elaboración y publicación de las cuentas 
anuales dejarían de aplicarse a la mayoría de las socie­
dades. 
1.7.2. La propuesta de Directiva va aún más lejos, 
ya que prohibe la aplicación continuada a dichas socie­
dades de las leyes nacionales relativas a la elaboración 
y publicación de las cuentas anuales. 
1.8. Las Directivas en cuestión prevén actualmente 
determinadas exenciones y excepciones para las peque­
ñas empresas mencionadas en el Artículo 11 de la 
Directiva. No obstante, dichas excepciones tienen 
carácter optativo, dado que los Estados miembros pue­
den decidir libremente si las aplican o no en el derecho 
nacional. Así, un determinado número de Estados 
miembros no ha hecho uso de la opción prevista en la 
cuarta Directiva mediante la cual se puede dispensar a 
pequeñas empresas de la necesidad de publicar las cuen­
tas de pérdidas y beneficios, dada la importancia que 
le otorgan a este documento. 
1.8.1. Finalmente, el Comité desea aclarar que consi­
dera a las PYME un sector muy importante dentro de 
la Comunidad Europea dado que proporciona empleo 
a muchos de sus ciudadanos. En reiteradas ocasiones 
se han adoptado dictámenes en los que se solicita que 
se tomen medidas para fomentar y promover las PYME. 
El Comité apoya dichos dictámenes, pero considera que 
la presente propuesta en su forma actual no beneficia 
a las PYME ni a los demás grupos de intereses represen-
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/45 
tados por el Comité. Por lo tanto, el Comité solicita a 
la Comisión que formule nuevas propuestas que tengan 
en cuenta los argumentos mencionados más arriba. 
2. Observaciones específicas 
Sin perjuicio de su deseo de que la Comisión modifique 
substancialmente su propuesta, el Comité expone las 
siguientes observaciones específicas. 
2.1. Artículo 1 
Este artículo debería revisarse. Debería ampliarse el 
punto (b) con el fin de incluir a las personas que, sin 
tomar parte en la sociedad, son familiares próximos de 
quienes participan en la dirección o administración de 
dicha sociedad. También hay que señalar que existe la 
posibilidad de abuso por el hecho de que la titularidad 
de acciones nominativas podría utilizarse para satisfa­
cer dicha condición. Se podría evitar el abuso haciendo 
referencia a los titulares beneficiarios de la sociedad. 
Finalmente, la expresión «contabilidad adecuada» es 
vaga e imprecisa y no debería utilizarse en un instru­
mento jurídico. 
2.2. Artículo 2 
Este artículo, junto con el artículo 3, es el corolario 
lógico de dar carácter obligatorio a las excepciones 
previstas en la cuarta Directiva para pequeñas empre­
sas. Por las razones mencionadas más arriba, el Comité 
no puede por tanto aceptar esta propuesta en su forma 
actual. Sin embargo, si se adopta la Directiva, la redac­
ción del artículo deberá revisarse en cualquier caso de 
acuerdo con el memorándum explicativo, ya que es 
manifiestamente absurdo, por ejemplo, prohibir a socie­
dades, que deseen hacerlo por razones comerciales, la 
publicación de un mayor volumen de información que 
el estipulado. 
2.3. Artículo 4 
El Comité no entiende cómo este artículo puede resultar 
beneficioso para las pequeñas empresas. Una vez más, 
afirma que la posibilidad de llevar a cabo incrementos 
o disminuciones de hasta un 50% atenta contra el 
propio deseo de armonización de la Comisión. Asi­
mismo, señala que el incremento de los niveles límite 
supera ampliamente el 20% aproximado garantizado 
por las adaptaciones puramente matemáticas a la infla­
ción. Se debe examinar más detenidamente la gran 
disparidad existente entre el máximo y el mínimo de 
los límites cuantitativos puesto que ello podría distor­sionar la competencia, e incluir a sociedades que en 
principio no se considerarían pequeñas o merecedoras 
de un trato especial. 
2.4. Artículo 5 
Valen los mismos argumentos expuestos en relación 
con el artículo 4. 
2.5. Artículo 7 
El Comité está de acuerdo con la Comisión en que los 
Estados miembros pueden autorizar a las sociedades 
unipersonales a prescindir del requisito de indicar el 
importe de los emolumentos. No obstante, piensa que, 
en este contexto de sociedades unipersonales, es necesa­
rio distinguir entre el importe de los emolumentos y los 
anticipos y créditos, los cuales, en su opinión, sí debe­
rían indicarse. 
2.6. Artículo 8 
La administración de la sociedad debe recoger la mayor 
parte de la información contenida en este artículo para 
sus propios fines internos. Por lo tanto, la única pre­
gunta pertinente es si dicha información debería expre­
sarse en el Anexo. Si se dispone de ella y el hecho de 
que se exprese va en beneficio del interés público, no 
debería considerarse como perjudicial, y la Comisión 
debería revisar este artículo a partir de este enfoque. En 
su forma actual, este artículo es totalmente inaceptable. 
2.7. Artículo 11 
Hay que suponer que las pequeñas empresas publican 
dicha información tal como la ley lo exige. Por esta 
razón, sería menos costoso y más conveniente tanto 
para las propias empresas como para el público que 
tenga un interés legítimo, que los documentos contables 
siguieran estando disponibles para inspección en un 
registro. Asimismo, no queda claro la manera de evitar, 
en caso de que se siga manteniendo la inspección en el 
domicilio social de la empresa, que un particular quede 
indefenso en caso de que se le prive de su derecho de 
inspección. 
El aspecto más importante de este artículo se refiere a 
la publicación de los balances simplificados y de los 
Anexos simplificados, y a la dispensa de publicación de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Debería revisarse 
este Artículo en su totalidad al mismo tiempo que se 
revisa el Artículo 8. 
2.8. Artículos 13 y 14 
Muchos Estados miembros no autorizan a las socieda­
des a llevar sus cuentas en ECU. Ahora bien, la presente 
propuesta introduce dicha posibilidad, de la que es 
partidaria el Comité. No obstante, es necesario revisar 
N° C 139/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
el texto y aclarar que el requisito de indicar el tipo de 
cambio en la fecha de cierre del balance sólo se aplica 
Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1989. a los casos en que las cuentas no se han llevado en ECU 
sino que se han convertido en ECU. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
APÉNDICE 
del dictamen del Comité Económico y Social 
Han votado a favor del dictamen los siguientes miembros, presentes o representados: 
Sras./Srtas./Sres. Arets, Aspinall, Ataide, Bento Goncalves, Beretta, Boddy, Campbell, Cavazzuti, Ceballo 
Herrero, Ceyrac, Clavel, Collas, Cortois, Coyle, van Dam, Delhomenie, Etty, Eulen, Forgas, Gómez Martinez, 
Green, Hancock, Houthuys, Jakobsen, Kaaris, Kenna, Laka Martin, Liverani, Moreland, Orsi, Pardon, 
Pearson, Perrin-Pelletier, Poéton, Proumens, Roseingrave, Schade-Poulsen, Schmitz, Schnieders, Schnitker, 
Smith A., Speirs, Stádelin, Straufi, Telles, Tukker, Vallejo Calderón, Vanden Broucke, Velasco Mancebo, 
Yverneau. 
Han votado en contra del dictamen los siguientes miembros, presentes o representados: 
Sras./Srtas./Sres. Berger, Boisserée, Bos, Kelly, Lów, Lustenhouwer, Margot, Marvier, Muller, Petersen, Rea. 
Se han abstenido los siguientes miembros, presentes o representados: 
Sr. Mayayo Bello.