31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/31 
Dictamen sobre los Aspectos sociales del mercado interno (espacio social europeo) 
(87/C 356/08) 
El 24 de septiembre de 1987 el Comité Económico y Social, de conformidad con el apartado 
4 del artículo 20 de su REglamento Interno, decidió elavorar un dictamen sobre la materia 
mencionada arriba. 
La Sección de Asuntos Sociales, Familiares, Educación y Cultura, responsable de la prepara­
ción de los trabajos del Comité sobre este tema, adoptó su dictamen el 12 de noviembre de 
1987, basándose en el informe del Sr. Beretta. 
En su 250a sesión plenaria (sesión del 19 de noviembre de 1987), el Comité Económico y 
Social, teniendo en cuenta los análisis y conclusiones de la reseña informativa remitida a las 
instituciones comunitarias por decisión de la sesión plenaria del día 24 de septiembre de 
1987, adoptó el siguiente dictamen por 97 votos a favor, 44 votos en contra y 13 abstenciones: 
1. Realizar con éxito el mercado interno y el espacio 
social europeo 
1.1. El Comité confirma la valoración positiva ya 
manifestada (*) respecto al deseo de realizar y consolidar 
el mercado interno, por cuanto lo considera un paso 
importante hacia la unidad europea en el ámbito polí­
tico, mientras que en el económico constituye una 
condición esencial para su futuro desarrollo, así como 
para el incremento del empleo y para las perspectivas 
comerciales de las producciones comunitarias en el mer­
cado mundial. El mercado interno unificado constituye, 
por consiguiente, el elemento básico de un proyecto 
más amplio destinado a estimular el desarrollo de la 
economía europea permitiendo a las empresas benefi­
ciarse de las economías de escala y mejorar su competiti-
vidad. 
Por otra parte, el Comité, al considerar las políticas 
económicas y sociales como complementarias, destaca 
que no pueden perseguirse los objetivos del mercado 
interno si paralelamente al despliegue de medidas que 
éste comporta en los sectores industrial, comercial, 
financiero y fiscal no se adoptan medidas de tipo social 
destinadas a salvaguardar y a mejorar los equilibrios 
existentes. 
1.2. En la situación actual, el Comité comprueba 
asimismo que no parece haberse adquirido plenamente 
el convencimiento por parte de los Estados miembros 
de que el desarrollo comunitario constituye una parte 
crucial de los intereses nacionales, lo que se traduce en 
la falta de transferencias a las instituciones comunitarias 
de recursos adecuados y de la legitimidad política para 
promover y mantener los procesos de desarrollo. 
Todo ello da lugar a contradicciones e incertidumbres 
que determinan una sustancial debilidad de los procesos 
de decisión cuyas consecuencias se traducen en los 
retrasos en el calendario fijado para la puesta en prác­
tica gradual de las medidas necesarias para la realiza­
ción del mercado interno, mientras que sería necesario 
un ritmo más dinámico dada la importancia de los 
objetivos perseguidos. 
(') DO n°C 344 de 31. 12. 1985. 1.3. Por otra parte, las profundas transformaciones 
actuales, la elevada tasa de desempleo y su carácter 
estructural plantean serios y complejos problemas en 
relación con las opciones necesarias para alcanzar los 
objetivos económicos y sociales del mercado interno. 
Por esta razón, las instituciones comunitarias han deci­
dido acertadamente avanzar según una lógica pragmá­
tica centrada en la búsqueda del consenso. 
1.4. El diálogo social es un instrumento para conse­
guir el consenso, tal como lo afirma expresamente el 
Acta Única. Asimismo, a fin de favorecer el desarrollo 
del mismo en términos concretos, es necesario que las 
instituciones comunitarias asuman sus propias respon­
sabilidades en la elaboración y en la realización de las 
estrategias para el crecimiento. 
1.5. Ante problemas como el empleo, la restructura­
ción del mercado de trabajo, el reparto, duración y 
organización del trabajo, la adaptabilidad de las empre­
sas a las transformaciones tecnológicas y su capacidad 
competitiva, y las medidas de los sistemas de seguridad 
social, que se entrelazan con los problemas de conver­
gencia de las normativas nacionales para adecuarlas a 
los procesos relacionados con el mercado interno y con 
su dimensión social, el Comité considera que deben 
definirse normas básicas en el ámbito social sin demora, 
que puedan adaptarse el conjunto de la Comunidad. 
Todo ello tiene como fin evitar desequilibrios de mer­
cado, así como ofrecer a las fuerzas productivas y 
económicas una base estable sobre la cual elaborar más 
amplias perspectivas de diálogo social. 
1.6. Por consiguente, el Comité considera esencial 
la definición y adopción de normas comunitarias que 
garanticen los derechos sociales fundamentales, que no 
pueden ser puestos en tela de juicio ni por presión de 
la competencia ni por la búsqueda de la competitividad. 
1.7. El Comité considera, por lo tanto, que las insti­
tuciones comunitarias deben aprovechar las posibilida­
des que ofrece el Acta Única, y recurrir al voto por 
N° C 356/32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
mayoría cualificada modificando la base jurídica de las 
propuestas sobre algunos aspectos sociales, aplicando el 
artículo 118 A del Acta Única en base a su interpretación 
amplia, como ha propuesto el Parlamento Europeo. Las 
perplejidades que siguen existiendo en algunos Estados 
miembros y en algunos ambientes comunitarios sobre 
el recurso al instrumento legislativo podrían superarse 
teniendo presente que el artículo 189 del Tratado esta­
blece claramente que, si bien la Directiva «vincula el 
Estado miembro al que va dirigida en lo que respecta 
al resultado a alcanzar » queda a salvo «la competencia 
de los órganos nacionales en lo relativo a la forma y 
medios » de alcanzar el resultado deseado. 
2. Propuestas 
2.1. En esta perspectiva, y para dar un nuevo impulso 
y fuerza al conjunto de la política comunitaria, el 
Comité, planteándose la posibilidad de formular direc­
tivas marco en el campo de la política social, considera 
en la situación actual posible y necesaria la formulación 
de una directiva marco que defina los derechos sociales 
fundamentales como inalienables. Tal iniciativa podría 
basarse en las propuestas ya avanzadas por la Comisión 
teniendo en cuenta los consiguientes dictámenes del 
Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social, 
así como los resultados del diálogo social y los pronun-
ciamentos de la Organización internacional del trabajo 
(OIT) y del Consejo de Europa, con el fin de garantizar: 
— el derecho de todos los trabajadores, sea cual sea la 
naturaleza de su relación de trabajo (incluidos, por 
lo tanto, los trabajadores a jornada reducida, por 
tiempo determinado, etc) a estar comprendidos en 
la negociación colectiva o los convenios profesiona­
les, en las prestaciones en materia de seguridad y 
en el seguro de enfermedad en el puesto de trabajo, 
así como en la contribución y las prestaciones de 
los sistemas de seguridad social, 
— una normativa que no permita renovar indefinida­
mente los contratos de trabajo temporales, 
— derechos de información y consulta de los trabaja­
dores en los niveles en que se adopten las decisiones 
en los casos de renovación tecnológica y de cambios 
que comporten consecuencias sobre la estructura, 
sobre la organización productiva y sobre el empleo. 
Con la definición de tales derechos se establecería una 
base segura que facilitaría a los interlocutores sociales 
una relación más ágil para el desarrollo de la negocia­
ción tradicional en los niveles sectoriales, sobre la diná­
mica salarial, la organización del trabajo y la flexibili­
dad necesaria para la adaptación de las empresas a 
las nuevas exigencias del mercado, y se evitarían las 
situaciones de falta total de normativa. 
2.2. Los temas que afectan a las relaciones industria­
les son en su mayoría aspectos sociales pero no agotan 
las garantías necesarias para el mantenimiento de un 
tejido social europeo. Por lo tanto, es conveniente 
prever: — la salvaguardia de las medidas de ayuda a las catego­
rías más vulnerables y desfavorecidas, que se hallan 
fuera del mercado de trabajo, sobre la base de la 
reafirmación de la responsabilidad social individual 
y colectiva, 
— medidas de ayuda para favorecer la salvaguardia de 
la unidad y de los valores de la familia que puedan 
reflejarse positivamente en la sociedad, 
— definición de normas que aseguren plena libertad 
de movimiento de los cuidadanos europeos, con 
referencia particular a los trabajadores emigrantes 
y fronterizos; las condiciones para el reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales y de los títulos 
de estudio obtenidos en otros países, 
— medidas orientadas a la protección de los derechos 
de las minorías étnicas, 
— refuerzo de acciones positivas encaminadas a una 
igualdad más concreta de la mujer en lo que respecta 
a las oportunidades de acceso a la formación y al 
empleo, 
— afirmación de principios sobre el derecho de los 
consumidores y de los usuarios a participar en la 
definición de las normas de defensa respecto a los 
establecimientos y a la calidad de los productos por 
las consecuencias que puedan producir sobre la 
salud y sobre el ambiente. 
2.3. Tanto en la mayor parte de los Estados miem­
bros como a nivel comunitario se debaten y se empren­
den acciones relacionadas con la reforma de los sistemas 
de seguridad social. Debido al perfeccionamiento del 
mercado interior y teniendo en cuenta la voluntad de 
«cohesión económica y social» manifestada por los 
gobiernos de la Comunidad, el Comité subraya la posi­
bilidad de que, los cambios que se introduzcan en los 
diferentes sistemas sean objeto de una política mejor 
coordinada a nivel comunitario; dicha coordinación, 
por otra parte, no debe dar lugar a un ajuste «a la 
baja» del nivel de prestaciones. 
Por otra parte, hay que admitir que la protección social, 
además de garantizar la solidaridad con los sectores más 
desfavorecidos y especialmente respecto de las personas 
que no encuentran trabajo, es una condición necesaria 
para el mantenimiento en el sistema económico de un 
nivel aceptable de cualificación, eficacia y motivación, 
y contribuye considerablemente a mantener las activida­
des de producción. 
2.4. En lo relativo a un eventual crecimiento cuanti­
tativo y cualitativo, las previsiones de la Comisión para 
1988 son del orden del 2% anual, y se contempla, para 
los años 1987-91, un índice anual del 2,5%. 
La evolución del índice de desempleo debería ser del 
orden del 12% en la Comunidad en 1988, para dismi­
nuir después ligeramente hasta 1991. Evidentemente, el 
crecimiento propuesto por la Comisión desde 1985 en 
el marco de su programa en aras de una « estrategia de 
cooperación para el crecimiento y el empleo» tiene 
lugar sólo de un modo imperfecto. 
31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/33 
2.4.1. Es, por lo tanto, evidente que el mercado, por 
sí solo, no puede ofrecer perspectivas concretas de 
reequilibrio a corto y medio plazo; el desarrollo técnico 
progresivo, que afecta a todos los sectores de actividad, 
así como a la evolución demográfica y sociológica, no 
permiten recurrir a los modelos experimentados en el 
pasado para reabsorber el exceso de mano de obra 
procedente de los sectores en crisis. 
Junto al mantenimiento del crecimiento económico, que 
se expresa mediante políticas apropiadas de la oferta y 
la demanda tal como las formula la Comisión, se consi­
dera indispensable proponere otras medidas destinadas 
a acelerar la creación de empleo y a mejorar la calidad 
del crecimiento. 
Por consiguiente, el Comité considera necesario, por 
un lado, destinar una parte de los incrementos de la 
productividad a una reducción negociada de la jornada 
laboral, teniendo en cuenta las características propias 
de los diversos sectores de actividad, y por otro, prestar 
mayor atención a los problemas de la calidad del creci­
miento, a fin de abrir nuevos sectores de actividad 
correspondientes a la esperada evolución de la 
demanda. 
En este sentido, la aspiración de mejorar la calidad de 
vida supone demandas precisas, de cuya satisfacción, 
según un orden de prioridades consensuado y progra-
Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de mado, se podrán extraer motivos de nueva actividad 
capaces de movilizar las inversiones públicas rentables 
a largo plazo, y también, mediante la activación de los 
sectores afines, ofrecer interesantes oportunidades al 
empleo de capitales y a la actividad del sector privado. 
La defensa y la revalorización de los patrimonios natu­
rales y culturales, la ordenación óptima del territorio, 
el habitat, la protección de los equilibrios naturales, las 
tecnologías limpias y la segundad de los productos del 
suelo y de la técnica, se plantean de hecho como nuevos 
sectores suplementarios hacia los que parece conve­
niente dirigir las inversiones. 
2.4.2. En esta perspectiva, pueden adquirir mayor 
fiabilidad las cinco prioridades definidas por la Comi­
sión en su comunicación «Una nueva frontera para 
Europa », al tiempo que podrán consolidarse las motiva­
ciones encaminadas a incrementar, en incluso duplicar, 
las dotaciones de los fondos estructurales. 
Por último, una mayor atención a las orientaciones 
cualitativas de la iniciativa y de las ayudas comunitarias 
podrá representar un importante aspecto para pasar de 
la ayuda a proyectos aislados a programas plurianuales 
que favorezcan la participación de los interlocutores 
sociales y la implicación de las colectividades locales. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
N° C 356/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 87 
ANEXO AL DICTAMEN 
del Comité Económico y Social 
Las siguientes enmiendas obtuvieron un número de votos favorables equivalente a la cuarta parte de los votos 
emitidos y fueron rechazadas en los debates: 
Punto 1.5, sexta línea 
Sustituir el texto « normas básicas en el ámbito social» por « orientaciones generales que permitan administrar 
en forma positiva las diversidades existentes actualmente en la Comunidad». 
Exposición de motivos 
No resulta adecuado proponer una estrategia de reglamentación o legislación comunitaria uniforme sin los 
necesarios y complejos análisis previos de unas situaciones muy diversas, formulación de hipótesis de 
contenidos, extensión u objeto de las normas, y la evaluación de los efectos directos, indirectos e inducidos 
de distinta naturaleza (jurídica, económica, social) que previsiblemente se derivarían de las mismas. 
Las diversidades existentes en la Comunidad hacen inadecuado e inviable el recurso a la legislación por la 
Comisión en los términos propuestos. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 54, votos en contra: 84, abstenciones :7. 
Punto 2.1 
Supresión del mismo. 
Exposición de motivos 
Es contradictorio «cuestionar la posibilidad de formular directivas marco en el campo de la política social» 
y considerar posible y necesaria una directiva marco. 
Es contradictorio pedir la definición de «derechos sociales fundamentales inalienables» y pedir que se 
garanticen áreas jurídicas laborales concretas que recogen los tres apartados específicos que recoge el proyecto 
de dictamen. 
En fin, no es admisible el contenido de este punto por lo expresado en la enmienda número 2. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 50, votos en contra: 82, abstenciones: 10. 
Punto 2.1 (línea 3) 
Sustituir «considera en la situación actual posible y necesaria.. » por «estima que puede ser útil». 
Exposición de motivos 
Es prematuro afirmar que es necesario elaborar una directiva marco. Por contra, sería poco realista excluir 
definitivamente la posibilidad. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 46, votos en contra: 85, abstenciones: 16.