Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se imponen una serie de medidas restrictivas en apoyo del cumplimiento efectivo del mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

(1) El 16 de abril de 2003, el Consejo adoptó la Posición común 2003/280/PESC, en la que señala que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para evitar que entren o transiten en sus respectivos territorios determinadas personas involucradas en actividades que contribuyan a que personas huidas soslayen la acción judicial por delitos de los que les acusa el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), o que realicen otro tipo de acciones que puedan impedir que el TPIY cumpla de manera efectiva con su mandato. Estas medidas restrictivas fueron ratificadas en la Posición común 2004/293/ PESC, de 30 Marzo de 2004.

(2) Al ratificar estas medidas restrictivas, los Estados miembros manifestaron que adoptarían una Posición común para la adopción de nuevas medidas y pidieron a la Comisión que presentara una propuesta de Reglamento sobre el bloqueo de ciertos capitales y recursos económicos en apoyo del cumplimiento efectivo del mandato del TPIY. El proyecto de Posición común establece que el Consejo aprobará una lista de las personas enjuiciadas por el TPIY cuyos capitales y recursos económicos deben bloquearse.

(3) El TPIY está facultado para enjuiciar a las personas consideradas responsables de haber infringido gravemente el Derecho humanitario internacional en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. Este Tribunal fue creado mediante las Resoluciones 808 y 827 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad manifestó que las extensas y flagrantes infracciones del Derecho humanitario ocurridas en el territorio de la antigua Yugoslavia constituían una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que la creación de un tribunal internacional, como medida ad hoc, y la acción judicial contra las personas responsables de infracciones graves del Derecho humanitario internacional contribuirían al restablecimiento y mantenimiento de la paz.

(4) El 28 de agosto de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1503 (2003), en la que se emplaza a todos los Estados a que intensifiquen la cooperación con el TPIY y le presten cuanta ayuda resulte necesaria, en particular con la finalidad de llevar ante dicho Tribunal a todos los acusados prófugos.

(5) La Comisión propone aprobar legislación basada en los artículos 60, 301 y 308 del Tratado CE. Las personas, grupos y entidades cuyos capitales y recursos económicos se propone bloquear no forman parte del régimen de un tercer país, y el objetivo de las medidas restrictivas es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así pues, su consideración desde la óptica del Tratado es similar a la de aquellas personas, grupos y entidades cuyos capitales y recursos económicos han sido bloqueados por existir indicios de su vinculación con el terrorismo internacional (Reglamentos (CE) nº 2580/2001 y 881/2002).

(6) El planteamiento y las disposiciones que se proponen son coherentes con reglamentos recientemente aprobados y que imponen restricciones financieras, en particular con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 314/2004 relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe.

(7) A fin de impedir, en la medida de lo posible, que antes de la entrada en vigor del Reglamento se retiren los capitales y recursos económicos que se pretende bloquear, la Comisión pide que el contenido del mismo no se haga público antes de que sea aprobado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2004/0114 (CNS)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se imponen una serie de medidas restrictivas en apoyo del cumplimiento efectivo del mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición común 2004/.../PESC sobre la imposición de nuevas medidas en apoyo del cumplimiento efectivo del mandato del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia [1],

[1] DO C [...] de [...], p. [...].

Vista la propuesta de la Comisión [2],

[2] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [3],

[3] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) fue creada mediante las Resoluciones 808 y 827 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El TPIY está facultado para enjuiciar a las personas consideradas responsables de haber infringido gravemente el Derecho humanitario internacional en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. El Consejo de Seguridad manifestó que las extensas y flagrantes infracciones del Derecho humanitario ocurridas en el territorio de la antigua Yugoslavia constituían una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que la creación de un tribunal internacional, como medida ad hoc, y la acción judicial contra las personas responsables de infracciones graves del Derecho humanitario internacional contribuirían al restablecimiento y mantenimiento de la paz.

(2) El 28 de agosto de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 1503 (2003), emplazó al TPIY a que completara su labor para 2010, y exhortó a todos los Estados a que intensificaran la cooperación con aquél y le prestaran cuanta ayuda resultara necesaria, en particular con la finalidad de llevar ante el Tribunal a todos los acusados prófugos.

(3) La Posición común 2004/.../PESC estipula que ciertos capitales y recursos económicos deben bloquearse, en apoyo del cumplimiento efectivo del mandato del TPIY. Esta medida restrictiva adicional debe utilizarse con el propósito de controlar todas las transacciones que afecten a los capitales y recursos económicos en posesión de personas enjuiciadas por el TPIY y aún no detenidas, y de impedir que se preste a éstas apoyo alguno dentro de la Comunidad.

(4) El bloqueo de capitales y recursos económicos entra en el ámbito de lo dispuesto en el Tratado y, en consecuencia, a fin de evitar toda posible distorsión de la competencia, es preciso adoptar legislación comunitaria que regule la aplicación de esa medida dentro de la Comunidad. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entenderá que el territorio de la Comunidad comprende los territorios de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado, en las condiciones establecidas en éste.

(5) Por razones de conveniencia, la Comisión debe estar facultada para modificar los anexos del presente Reglamento.

(6) A fin de velar por la eficacia de las medidas previstas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

(1) «Capitales»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

a) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;

b) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;

c) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones y contratos sobre derivados;

d) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;

e) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

f) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

g) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;

h) cualesquiera otros instrumentos de financiación de la exportación;

(2) «Bloqueo de capitales»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores.

(3) "Recursos económicos": los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;

(4) «Bloqueo de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

2. Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá que las instituciones financieras que reciban capitales transferidos por terceros los abonen en las cuentas bloqueadas de las personas o entidades enumeradas, siempre y cuando todo nuevo aporte a esas cuentas quede también bloqueado. Las instituciones financieras informarán inmediatamente a las autoridades competentes sobre las transacciones.

Artículo 2

1. Se bloquearán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas físicas enjuiciadas por la CIPY y enumeradas en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas enumeradas en el anexo I ni se utilizará en beneficio de las mismas ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. Se prohíbe la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea infringir, directa o indirectamente, las medidas establecidas en los apartados 1 y 2.

Artículo 3

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, las autoridades competentes de los Estados miembros recogidas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos bloqueados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que dichos capitales o recursos económicos:

a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;

b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos bloqueados;

d) son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente haya notificado a las demás autoridades competentes y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.

La autoridad competente informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al presente apartado.

2. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas bloqueadas de lo siguiente:

i) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o

ii) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaran sujetas a las disposiciones del presente Reglamento,

siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2.

Artículo 4

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos::

a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como las cuentas y los importes bloqueados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, según figuran en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;

b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.

2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.

3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 5

El bloqueo de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido bloqueados por negligencia.

Artículo 6

La Comisión y los Estados miembros se informarán sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 7

Se autoriza a la Comisión a modificar:

a) el anexo I, atendiendo a las decisiones del Consejo adoptadas en cumplimiento de la Posición común 2004/.../PESC, y

b) el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 8

Los Estados miembros establecerán las disposiciones en materia de sanciones aplicables en caso de incumplimiento del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros notificarán sin demora esas disposiciones a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 9

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio comunitario, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales en la Comunidad.

Artículo 10

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, [...]

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I

Lista de las personas contempladas en el artículo 2

(1) Ante GOTOVINA. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1955. Lugar de nacimiento: isla de Pasman, Zadar, Croacia.

(2) Radovan KARADZIC. Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1945. Lugar de nacimiento: Savnik, Montenegro, Serbia y Montenegro.

(3) Ratko MLADIC. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1942. Lugar de nacimiento: Kalinovik, Bosnia y Hercegovina.

ANEXO II

Lista de las autoridades competentes mencionadas en los artículos 3 y 4

(Pendiente de añadir)

BÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

HUNGRÍA

MALTA

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

COMUNIDAD EUROPEA

Comisión de las Comunidades Europeas

Dirección General de Relaciones Exteriores

Dirección PESC

Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores y sanciones

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int