Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco común para la firma electrónica

(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE)

RESUMEN

El 13 de enero de 1999 el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa por la que aprobaba, con algunas enmiendas, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece un marco común para la firma electrónica (COM 1998)297 final - C4-0376/98 - 98/091(COD) y pidió a la Comisión que modificase el texto en consonancia.

Con esta Directiva se pretende contribuir al buen funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la firma electrónica creando un marco legal armonizado y adecuado para su uso en la Comunidad. La Directiva establece un conjunto de criterios, que constituyen la base del reconocimiento legal de las firmas electrónicas. El fundamento jurídico de la propuesta lo constituyen el apartado 2 del Art. 57, así como los artículos 66 y 100A del Tratado.

Por otra parte, la Directiva establece un marco legal para determinados servicios de certificación a disposición del público. El texto se centra especialmente en los servicios de certificación y define una serie de requisitos comunes aplicables a los proveedores de tales servicios y a los propios certificados, a fin de garantizar el reconocimiento a través de las fronteras de certificados y firmas en el interior de la Comunidad Europea. La Directiva adopta un planteamiento tecnológicamente neutral, al aplicarse a una amplia variedad de "firmas electrónicas". La concepción subyacente es doble: los proveedores de servicios de certificación pueden en general ofrecer libremente sus servicios sin necesidad de autorización previa. Paralelamente, se permite que los Estados miembros introduzcan sistemas voluntarios de acreditación basados en requisitos comunes y orientados a un mayor nivel de seguridad. La Directiva contribuye a la armonización del marco jurídico comunitario otorgando reconocimiento legal a las firmas electrónicas. Para fomentar la confianza, tanto de los consumidores como de las empresas que utilicen los certificados, la propuesta introduce normas en materia de responsabilidad aplicables a los proveedores de servicios de certificación. Por último, la Directiva incluye una serie de mecanismos de cooperación con terceros países, con miras al reconocimiento mundial de certificados.

De las 32 enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, la Comisión acepta plenamente 22 enmiendas (3, 11, 12, 14, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 33 y 34); parcialmente o en principio enmiendas 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 21, 22 y 25.

La Comisión no puede aceptar 10 de las enmiendas propuestas por razones jurídicas (enmiendas 1, 10, 24, 28, 29), porque contienen disposiciones superfluas (enmiendas 6 y 7) o porque suscitarían problemas de aplicación (enmiendas 15, 23 y 26).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión presenta en este documento una propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece un marco común para la firma electrónica. La propuesta modificada incorpora las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura que son aceptables para la Comisión.

1) INTRODUCCIÓN

a) Antecedentes

A modo de primer paso, el 8 de octubre de 1997 la Comisión presentó la comunicación "El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica - Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado" (COM (97) 0503 final - C4-0648/97), en la que señalaba la necesidad de una estrategia coherente. El 1 de diciembre de 1997, el Consejo acogió favorablemente esa comunicación e invitó a la Comisión a que presentase una propuesta de Directiva sobre firma digital lo más pronto posible. En su Resolución de 17 de julio de 1998 (A 4 ( 0189/98) el Parlamento Europeo insistía en la necesidad de crear un marco legal que garantizase en toda la Unión la confianza en la firma digital y estimulase el desarrollo de la comunicación y el comercio electrónicos.

El 13 de mayo de 1998, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco común para la firma electrónica (COM (1998)297 final - C4-0376/98 - 98/0191(COD)). El texto se anticipa a las iniciativas de varios Estados miembros, que estaban ya comenzando a elaborar legislación en esta materia. Así pues, se trata de una medida preventiva que tiene por objeto la creación de un marco armonizado para los servicios de autenticación en Europa. Además, tiene en cuenta el carácter planetario de la comunicación electrónica. El fundamento jurídico de la propuesta lo constituyen el apartado 2 del Art. 57, así como los artículos 66 y 100 A del Tratado.

La propuesta fue transmitida oficialmente al Parlamento Europeo y al Consejo el 16 de junio de 1998. El Comité Económico y Social emitió su dictamen los días 2 y 3 de diciembre de 1998, y el Comité de las Regiones, el 13 y 14 de enero de 1999. El Parlamento Europeo aprobó una resolución favorable en primera lectura, incluyendo 32 enmiendas, el 13 de enero de 1999.

b) Finalidad de la Directiva

La Directiva pretende contribuir al buen funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la firma electrónica creando un marco legal armonizado y adecuado para su uso dentro de la Comunidad. La Directiva establece un conjunto de criterios, que forman la base para el reconocimiento legal de las firmas electrónicas. La comunicación y el comercio electrónicos mundiales dependen de la adaptación progresiva de las legislaciones internacionales y nacionales a la rápida evolución de la infraestructura tecnológica. Para que los consumidores y la industria europeos aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece la comunicación electrónica, es necesario abordar estas cuestiones.

c) Principios fundamentales de la Directiva

- Ámbito de aplicación

La Directiva establece un marco legal para determinados servicios de certificación a disposición del público. El texto se centra especialmente en los servicios de certificación y define una serie de requisitos comunes aplicables a los proveedores de tales servicios y a los propios certificados, a fin de garantizar el reconocimiento a través de las fronteras de certificados y firmas en el interior de la Comunidad Europea. Las aplicaciones de la tecnología de firma electrónica en entornos cerrados son obvias, por ejemplo, en la red local de las empresas o en los sistemas bancarios. Los certificados y firmas electrónicas se utilizan también con fines de autorización, por ejemplo, para acceder a una cuenta privada. La Comisión no ve aquí necesidad de armonización.

- Neutralidad tecnológica

Se prevé que, en un futuro, se desarrollarán mecanismos de autenticación diversos. Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la Directiva debe ser lo bastante amplio para cubrir todo el espectro de las "firmas electrónicas". Aunque actualmente se considera que la firma digital producida con técnicas criptográficas constituye un tipo importante de firma electrónica, la propuesta establece claramente que el marco regulador europeo debe poseer la flexibilidad suficiente para incluir otras tecnologías que puedan utilizarse con fines de autenticación.

- Doble estrategia

En la Directiva subyace una concepción doble: su objetivo más importante es estimular la prestación de servicios de certificación en redes abiertas en toda la Comunidad. Dada la variedad de servicios existentes y de sus aplicaciones, conviene que los proveedores puedan ofrecerlos libremente en general, sin necesidad de autorización previa. En este ámbito, el mercado debe desarrollarse con autonomía. Paralelamente, hay que permitir a los Estados miembros que introduzcan sistemas voluntarios de acreditación basados en requisitos comunes y orientados a un mayor nivel de seguridad. Dicho sistemas brindarán a los proveedores de servicios de certificación el marco adecuado para desarrollar su actividad en un contexto de creciente confianza, seguridad y calidad, acorde con la demanda del mercado, los consumidores y los ciudadanos.

- Requisitos esenciales

La propuesta de Directiva establece unos requisitos esenciales para los certificados y los proveedores de servicios de certificación, para crear un marco armonizado en la Unión Europea. Dichos requisitos, no muy pormenorizados, hacen referencia exclusivamente al reconocimiento legal de la firma electrónica.

- Reconocimiento legal de la firma electrónica

La Directiva contribuye a la armonización del marco jurídico comunitario otorgando reconocimiento legal a las firmas electrónicas. Por reconocimiento legal se entiende que la firma electrónica basada en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación que cumple las prescripciones establecidas en el anexo 2, por una parte cumple los requisitos legales que se exigen a la firma manuscrita, y por otra, es admisible como prueba ante los tribunales.

- Normas en materia de responsabilidad

Para fomentar la confianza de los consumidores y las empresas que utilizan los certificados, la propuesta contiene una serie de disposiciones en materia de responsabilidad que se aplicarán a los proveedores de servicios de certificación. En particular, se establece que dichos proveedores serán responsables por la validez del contenido de los certificados.

- Aspectos internacionales

La Directiva incorpora mecanismos de cooperación con terceros países, con el fin de contribuir al reconocimiento mundial de certificados. Con tales mecanismos se pretende que los Estados miembros reconozcan, en circunstancias claramente especificadas, los certificados expedidos en terceros países; asimismo se prevé que la Comisión negociará acuerdos bilaterales y multilaterales. Ello es importante para el desarrollo del comercio electrónico internacional.

- Protección de datos

La Directiva pretende armonizar, en el contexto específico de la firma electrónica, determinadas disposiciones nacionales de protección del interés público tales como la protección del derecho a la intimidad y de los datos personales. Además, proporciona el instrumento necesario (utilización de pseudónimos en lugar de nombres en los certificados) para ofrecer a los consumidores la posibilidad del anonimato en sus transacciones en línea.

2) ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTADAS POR LA COMISIÓN

De las 32 enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, la Comisión acepta 22 en su integridad, parcialmente o en principio.

Enmiendas aceptadas en su integridad: 3, 11, 12, 14, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 33 y 34.

Enmiendas aceptadas parcialmente o en principio: 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 21, 22 y 25.

La Comisión acepta las enmiendas que:

. aclaran y completan el texto (enmiendas 2, 3, 5, 9, 11 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 25, 27, 30 - 34)

. ofrecen orientaciones útiles para la futura revisión de la Directiva, prevista para fines del año 2002 (enmienda 4).

En su propuesta modificada, la Comisión ha incluido las enmiendas según la propuesta del Parlamento Europeo, efectuando algunas adiciones por motivos de coherencia el texto.

3) ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO RECHAZADAS POR LA COMISIÓN

El rechazo de 10 de las enmiendas se basa en las siguientes razones:

. dificultades jurídicas, en particular, porque las enmiendas no se ajustan a la normativa comunitaria vigente;

. las enmiendas contienen disposiciones superfluas;

. las enmiendas provocarían problemas de aplicación.

a) Dificultades jurídicas

. El Parlamento propone que el considerando 3 haga referencia a la firma electrónica, en lugar de mencionar la firma digital (enmienda 1). La Comisión coincide con el planteamiento general del Parlamento Europeo de referir el texto exclusivamente a la firma electrónica, objeto de la Directiva, pero el considerando 3 cita una conclusión del Consejo de 1 de diciembre de 1997. En consecuencia no procede modificar su redacción.

. El Parlamento propone sustituir el "comité consultivo" por un "comité de contacto" (enmiendas 10 y 28) y añadir una serie de obligaciones de consulta e información (enmienda 28). Ello no se compadece con el procedimiento de comitología establecido por la Decisión del Consejo 87/373/CEE, de 13 de julio. Esta Decisión establece diferentes tipos de comités. Las obligaciones de consulta e información que se proponen no se corresponden con los procedimientos previstos ni tampoco reflejan los usos de los grupos de trabajo existentes. Sin embargo, la Comisión se compromete a mantenerse en contacto con el sector, los usuarios y los grupos de consumidores, de manera voluntaria.

La tarea del comité debe ser aclarar las prescripciones establecidas en los anexos I y II, así como las cuestiones relativas a la normalización, pero no desarrollar dichas prescripciones. En caso contrario, el comité adquiriría un carácter cuasi legislativo.

. La distinción entre el tipo de comité y el procedimiento del artículo 9 y la función del comité en el artículo 10 contribuye a la claridad de texto. En consecuencia, la Comisión prefiere conservar este último artículo (enmienda 29).

. En la enmienda 24, el Parlamento sugiere que las propuestas de mandato para la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales se presenten, no sólo al Consejo sino también al Parlamento Europeo. Ello contradice lo dispuesto en el artículo 113 del Tratado CE. Dicho artículo establece que la Comisión sólo presentará propuestas al Consejo, no al Parlamento Europeo.

. El Parlamento propone añadir una nueva frase en virtud de la cual se permitirá a los proveedores de servicios de certificación consignar un seudónimo en un certificado siempre y cuando la legislación nacional en materia de relaciones comerciales que no sean electrónicas lo permita (enmienda 26). No existen normas nacionales generales en materia de pseudónimo para las transacciones fuera de línea, porque no son necesarias. En principio, los consumidores pueden conservar el anonimato en ellas. El objetivo del apartado 3 del artículo 8 es justamente proveer el instrumento necesario para que las transacciones en línea puedan realizarse también anónimamente.

b) Disposiciones superfluas

. El Parlamento propone añadir un considerando según el cual los acuerdos internacionales no deben impedir a la Unión Europea el mantenimiento y desarrollo de su normativa sobre protección de datos (enmienda 6). Es un hecho que la normativa vigente al respecto ha de ser observada, y que todo acuerdo relativo a la firma electrónica tiene que respetar el derecho a mantener y seguir desarrollándola. En consecuencia, la disposición propuesta resulta superflua.

. El Parlamento propone un nuevo considerando según el cual los acuerdos en materia de firma electrónica deben abordar también los aspectos de la protección de datos y la intimidad (enmienda 7). Es un hecho que en el marco de acuerdos de este tipo han detenerse en cuenta las normas vigentes sobre protección de datos y, en particular, las disposiciones relativas a la transmisión internacional de información. Por lo tanto, la Comisión considera que esta disposición resulta superflua.

c) Dificultades de aplicación

. Añadir el adjetivo independiente en la definición del proveedor de servicios de certificación que figura en el apartado 6 del artículo 2 (enmienda 15) dificultaría a la aplicación de la norma. No estaría claro qué se entiende exactamente "independiente", si independencia económica, independencia organizativa, etc. Además, el lugar adecuado para esta puntualización sería en todo caso el anexo 2, no la definición.

. Por motivos similares, no se acepta la enmienda 23. El Parlamento propone añadir un apartado en el artículo 6 según el cual los proveedores de servicios de certificación deberán limitarse a los cometidos que figuren en sus estatutos. En primer lugar, no está claro qué se pretende exactamente con esta disposición. Por otra parte, los proveedores de servicios de certificación no están obligados a tener unos estatutos, ni tampoco se ve con claridad qué efectos jurídicos surtirían éstos. En tercer lugar, cabe cuestionarse que estos proveedores puedan garantizar no estar sometidos a ninguna forma de control administrativo. En todo caso, puesto que el artículo 6 no es el lugar adecuado para una disposición semejante, ya que ésta no hace referencia a la responsabilidad.

4) CONCLUSIÓN

La Comisión acepta 22 de las 32 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura, en su totalidad o parcialmente.

De conformidad con el apartado 2 del artículo 189B del tratado CE, la Comisión modifica su propuesta inicial para incorporar dichas enmiendas.

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco común para la firma electrónica - (Texto pertinente a los fines del EEE)

Texto original // Texto modificado

Considerando 4

(basado en la enmienda 2)

(4) Considerando que la comunicación y el comercio electrónicos requieren firmas electrónicas y servicios conexos de autenticación de datos; que la heterogeneidad normativa en materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y acreditación de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados miembros puede entorpecer gravemente el uso de las comunicaciones electrónicas y del comercio electrónico e impedir el desarrollo del mercado interior; que la diversidad de actuaciones de los Estados miembros en este ámbito evidencia la necesidad de una armonización comunitaria; // (4) Considerando que la comunicación y el comercio electrónicos requieren firmas electrónicas y servicios conexos de autenticación de datos; que la heterogeneidad normativa en materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y acreditación de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados miembros puede entorpecer gravemente el uso de las comunicaciones electrónicas y del comercio electrónico; que, en cambio, unas condiciones marco comunes y claras para las firmas electrónicas refuerzan la confianza en las nuevas tecnologías y aumentan la aceptación general de las mismas; que la diversidad de actuaciones de los Estados miembros en este ámbito no debe obstaculizar la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior;

Considerando 6

(basado en la enmienda 3)

(6) Considerando que los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de Internet precisan un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios de autenticación electrónica de datos; que, no obstante, la firma digital basada en la criptografía de clave pública constituye actualmente la forma más reconocida de firma electrónica; // (6) Considerando que los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de Internet precisan un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios de autenticación electrónica de datos;

Considerando 6 bis (nuevo)

(basado en la enmienda 4)

// Considerando que la Comisión deberá presentar una revisión de la presente Directiva antes de 2003, en parte para garantizar que el avance de la tecnología o los cambios en el entorno jurídico no han dado origen a obstáculos a la consecución de los objetivos fijados en ella; que debería examinar las repercusiones de sectores técnicos asociados, tales como la confidencialidad, y presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre este tema;

Considerando 10 bis (nuevo)

(basado en la enmienda 5)

// (10 bis) Considerando que el mercado interior incluye asimismo la libre circulación de personas, lo que supone que los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tendrán necesariamente cada vez más contactos con las autoridades de Estados miembros diferentes de aquél en el que residan; que, por esta razón, el Parlamento Europeo ha decidido aprobar la presentación electrónica de las peticiones; que la disponibilidad de las comunicaciones electrónicas podría resultar útil en este terreno, siempre que la normativa nacional que regule los requisitos complementarios no constituya un obstáculo para las posibilidades de acceder más fácilmente a la administración;

Considerando 13 bis (nuevo)

(basado en la enmienda 9)

// (13 bis) Considerando que la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales vigentes en materia de orden y seguridad pública o referentes a la provisión de servicios de carácter confidencial;

Artículo 1

(basado en la enmienda 11)

Artículo 1

La presente Directiva regula el reconocimiento legal de la firma electrónica.

La presente Directiva no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras formalidades no contractuales que precisen firma. La presente Directiva establece un marco jurídico para determinados servicios de certificación accesibles al público. // Artículo 1

La presente Directiva regula el reconocimiento legal de la firma electrónica.

Asimismo establece un marco jurídico para determinados servicios de certificación accesibles al público.

La presente Directiva no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras formalidades no contractuales que precisen firma.

Artículo 2, apartado 1

(basado en la enmienda 12)

1) "firma electrónica": la firma en forma digital integrada en unos datos, anexa a los mismos o asociada con ellos, que utiliza un signatario para expresar conformidad con su contenido y que cumple los siguientes requisitos: // 1) "firma electrónica": la firma en forma electrónica integrada en unos datos, anexa a los mismos o asociada con ellos, que utiliza un signatario para expresar conformidad con su contenido y que cumple los siguientes requisitos:

Artículo 2, apartado 2

(basado en la enmienda 13)

2) "signatario": la persona que crea una firma electrónica; // 2) "signatario": la persona física que, firmando en nombre propio o en nombre de una persona jurídica, crea una firma electrónica;

Artículo 2, apartado 5

(basado en la enmienda 14)

5) "certificado reconocido": el certificado digital que vincula un dispositivo de verificación de firma a una persona y confirma su identidad, y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I; // 5) "certificado reconocido": el certificado electrónico que vincula un dispositivo de verificación de firma a una persona y confirma su identidad, y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I;

Artículo 3, apartado 2

(basado en la enmienda 16)

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán introducir o mantener sistemas voluntarios de acreditación para mejorar la calidad de los servicios de certificación. Todas las condiciones relativas a tales sistemas deberán ser objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros no podrán limitar el número de proveedores de servicios de certificación amparándose en la presente Directiva. // 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán introducir o mantener sistemas voluntarios de acreditación para mejorar la calidad de los servicios de certificación. Los Estados miembros también podrán reconocer sistemas de acreditación gestionados por organizaciones que sean independientes de las administraciones de los Estados miembros y cuyo objetivo sea mejorar el nivel de la prestación del servicio de certificación. Todas las condiciones relativas a tales sistemas deberán ser objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros no podrán limitar el número de proveedores de servicios de certificación amparándose en la presente Directiva.

Artículo 3, apartado 4

(basado en la enmienda 17)

4. Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica en el sector público a prescripciones adicionales. Estas prescripciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sólo harán referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate. // 4. Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica en el sector público a prescripciones adicionales. Estas prescripciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sólo harán referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate. Estas prescripciones no deberán obstaculizar los servicios transfronterizos al ciudadano en lo que se refiere, por ejemplo, a las prestaciones sociales o a las pensiones.

Artículo 5

(basado en la enmienda 18)

1. Los Estados miembros velarán por que no se nieguen efectos jurídicos, validez ni obligatoriedad a una firma electrónica por el hecho de que ésta se presente en forma electrónica, o no se base en un certificado reconocido o en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación acreditado.

2. Los Estados miembros velarán por que la firma electrónica basada en un certificado reconocido que haya expedido un proveedor de servicios de certificación, que cumpla lo prescrito en el anexo II, por un lado, sea considerada como firma que cumple los requisitos legales de una firma manuscrita y, por otro, sea admisible como prueba a efectos procesales de la misma forma que una firma manuscrita. // 1. Los Estados miembros velarán por que la firma electrónica basada en un certificado reconocido que haya expedido un proveedor de servicios de certificación, que cumpla lo prescrito en el anexo II sea, por un lado, considerada como firma que cumple los requisitos legales de una firma manuscrita y sea, por otro, admisible como prueba a efectos procesales de la misma forma que una firma manuscrita.

2. Los Estados miembros velarán por que no se nieguen efectos jurídicos, validez ni obligatoriedad a una firma electrónica por el hecho de que ésta se presente en forma electrónica, o no se base en un certificado reconocido o en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación acreditado.

Artículo 6, apartado 1 (b)

(basado en la enmienda 20)

b) la conformidad con todos los requisitos de la presente Directiva en la expedición del certificado reconocido; // b) la conformidad con todos los requisitos del anexo I de la presente Directiva en la expedición del certificado reconocido;

Artículo 6, apartado 3

(basado en la enmienda 21)

3. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reconocido eventuales límites en cuanto a sus posibles usos. El proveedor de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios causados por el uso indebido de un certificado reconocido en el que consten tales límites cuando estos se hayan transgredido. // 3. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reconocido eventuales límites en cuanto a sus posibles usos. Dichos límites deberán ser suficientemente perceptibles para terceros. El proveedor de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios causados por el uso indebido de un certificado reconocido en el que consten tales límites cuando estos se hayan transgredido.

Artículo 6, apartado 4

(basado en la enmienda 22)

4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reconocido un valor límite de las transacciones válidas que puedan realizarse mediante el mismo. El proveedor de servicios de certificación no será responsable de los eventuales daños y perjuicios que excedan de dicho valor límite. // 4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reconocido un valor límite de las transacciones válidas que puedan realizarse mediante el mismo. Dicho límite debe ser suficientemente perceptible para terceros. El proveedor de servicios de certificación no será responsable de los eventuales daños y perjuicios que excedan de dicho valor límite.

Artículo 8, apartado 2

(basado en la enmienda 25)

2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de certificación únicamente puedan recabar datos personales directamente del titular de los mismos, y sólo con el alcance necesario a efectos de la expedición del certificado. Los datos no podrán obtenerse o tratarse con fines distintos sin el consentimiento de su titular. // 2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de certificación únicamente puedan recabar datos personales directamente del titular de los mismos o con el consentimiento expreso de éste, y sólo con el alcance necesario a efectos de la expedición del certificado. Los datos no podrán obtenerse o tratarse con fines distintos sin el consentimiento de su titular.

Artículo 8, apartado 4

(basado en la enmienda 27)

4. En relación con los usuarios de pseudónimo, los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación transmita los datos relativos a la identidad de los mismos, contando con su consentimiento previo, a las autoridades públicas que los soliciten. Si el ordenamiento jurídico nacional obliga a entregar datos que revelen la identidad de su titular con fines de investigación penal en caso de utilización de firma electrónica bajo pseudónimo, se consignará que se ha procedido a tal entrega, y el titular de los datos será informado de la misma lo antes posible una vez finalizada la investigación. // 4. Si, de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con la legislación nacional, es necesario entregar a las autoridades públicas datos que revelen la identidad del titular/signatario para investigar un asunto penal relacionado con la utilización de firmas electrónicas y certificados de pseudónimo, o para acciones legales relativas a transacciones efectuadas con firmas electrónicas y certificados de pseudónimo, se consignará que se ha procedido a tal entrega, y el titular de los datos será informado de la misma.

Artículo 11

(basado en la enmienda 30)

1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información siguiente:

a) información sobre los sistemas voluntarios de acreditación, incluidos cualesquiera requisitos adicionales con arreglo al apartado 4 del artículo 3;

b) el nombre y dirección de los organismos nacionales competentes en materia de acreditación y supervisión;

c) el nombre y dirección de los proveedores de servicios de certificación nacionales acreditados.

2. Toda la información facilitada en virtud el apartado 1 y cualesquiera modificaciones de su contenido serán notificadas por los Estados miembros a la mayor brevedad posible. // 1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información siguiente:

a) información sobre los sistemas voluntarios de acreditación, incluidos cualesquiera requisitos adicionales con arreglo al apartado 4 del artículo 3;

b) el nombre y dirección de los organismos nacionales reconocidos, competentes en materia de acreditación y supervisión;

c) el nombre y dirección de los proveedores de servicios de certificación nacionales acreditados.

2. Toda la información facilitada en virtud el apartado 1 y cualesquiera modificaciones de su contenido serán notificadas por los Estados miembros y por los organismos reconocidos, en el plazo de un mes.

Anexo I, letra b

(basado en la enmienda 31)

b) el nombre inconfundible del titular o un pseudónimo inequívoco y señalado como tal; // b) el nombre del titular o un pseudónimo señalado como tal;

Anexo I, letra f

(basado en la enmienda 32)

f) el código identificativo único del certificado; // f) el código identificativo del certificado;

Anexo I, letra i

(basado en la enmienda 33)

i) los límites de la responsabilidad del proveedor de servicios de certificación y del valor de las transacciones para las que tiene validez el certificado. // i) los límites del uso del certificado y del valor de las transacciones para las que tiene validez el certificado.

Anexo II, letra e

(basado en la enmienda 34)

e) utilizar sistemas dignos de confianza y productos de firma electrónica que garanticen la protección contra toda alteración de los mismos que posibilite su uso con fines diferentes de aquellos para los que fueron concebidos; también deberán utilizar productos de firma electrónica que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación sustentados por los productos; // e) utilizar sistemas dignos de confianza y productos de firma electrónica que garanticen la protección contra toda alteración de los mismos; también deberán utilizar productos de firma electrónica que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación sustentados por los productos;