30. 3. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 83/9 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/ 
388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
los impuestos sobre el volumen de negocios en lo que se refiere al régimen particular aplicable 
a las pequeñas y medianas empresas 
(87/C 83/07) 
El 20 de octubre de 1986, el Consejo decidió, con arreglo a las disposiciones del artículo 198 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, solicitar ante el Comité económico y 
social un dictamen sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios, encargada de preparar los trabajos en 
la materia, emitió su dictamen el 13 de enero de 1987 según el informe del Sr. Broicher. 
Durante su 243a Sesión Plenaria (sesión del 28 de enero de 1987), el Comité adoptó por amplia 
mayoría y una abstención el siguiente dictamen: 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité aprueba, en principio, los esfuerzos 
realizados por la Comisión con vistas a conseguir la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de impuestos sobre el volumen de negocios. No 
obstante, considera que la propuesta de modificación de la 
Directiva 77/388/CEE no constituye, en su forma actual, 
una medida adecuada para alcanzar dicho objetivo. 
1.2. Según el Comité, convendría conceder un mayor 
margen de maniobra a los Estados miembros en lo que 
respecta a la imposición de las pequeñas y medianas 
empresas. De esta forma, sería posible tener en cuenta más 
específicamente en cada Estado miembro las condiciones 
individuales y, eventualmente, diferentes de estas catego­
rías económicas. Una franquicia de impuesto limitada sólo 
puede tener unos efectos escasos en materia de simplifica­
ción. Generalmente, una simplificación del régimen fiscal 
de los contribuyentes lleva consigo unos problemas de 
delimitación que no deben despreciarse. 
1.3. El establecimiento de un régimen uniforme aplica­
ble a las empresas cuyo volumen de negocios es inferior a 
35 000 ECU tampoco se impone si se toman en considera­
ción las distorsiones de competencia entre los Estados 
miembros, ya que esta categoría de empresas desempeña un 
papel de escasa importancia en los intercambios internacio­
nales de bienes y servicios. Unas distorsiones de competen­
cia aisladas tienen mucha menos importancia que las que se 
deben al hecho de que las empresas no exentas compiten 
con empresas exentas, debido a una escasa diferencia entre 
su volumen de negocios. 
2. Observaciones particulares 
Con arreglo a la posición de principio expuesta en las 
observaciones generales, el Comité hace constar lo 
siguiente respecto a las diferentes disposiciones de la 
propuesta de directiva: 
2.1. Artículo 1, apartado 1 
La delimitación de los volúmenes de negocios para los 
cuales los Estados miembros pueden establecer una 
franquicia sólo debe aplicarse al límite superior. El valor 
límite de 35 000 ECU previsto en la propuesta de directiva no suscita ninguna objeción. En cuanto a este límite, hay 
que dejar a los Estados miembros la libertad de decidir si 
desean establecer una franquicia y de fijar su valor máximo. 
A este respecto, las condiciones económicas propias de 
cada Estado, así como la voluntad de conseguir una 
relación equilibrada entre los costes de percepción y el 
producto fiscal pueden desempeñar un papel esencial. 
Si quieren establecer una franquicia — sea cual sea su nivel 
—, los Estados miembros deberían prever un régimen de 
transición progresiva para evitar, cuando existan unas 
diferencias mínimas en el volumen de negocios, el paso 
brusco de un régimen de franquicia a uno de imposición. 
2.2. Articulo 1, apartado 2 
No existe actualmente en la Comunidad una definición 
uniforme del concepto «pequeñas y medianas empresas». 
Incluso en los Estados miembros en los que se aplica una 
definición, ésta se limita generalmente a determinadas 
categorías económicas. Por tanto, se debería evitar la 
utilización de ambos términos en la directiva, para no 
suscitar incertidumbres o dudas. De hecho, se puede 
prescindir del apartado 2 de este artículo, puesto que el 
campo de aplicación de las franquicias y del régimen 
simplificado previsto se define con suficiente precisión en el 
apartado 3 del artículo 1. Por tanto, el apartado 2 debería 
suprimirse, pura y simplemente. 
2.3. Artículo 1, apartados 3 a 5 
El apartado 3 delimita útilmente las operaciones que deben 
tomarse en consideración para determinar una franquicia. 
Lógicamente, el apartado 4 prohibe a los empresarios que 
se acojan a la franquicia, deducir el impuesto o hacerlo 
constar en sus facturas. 
El apartado 5 concede una opción a los sujetos pasivos, de 
forma que se toma en consideración el hecho de que una 
franquicia de impuesto no significa en todos los casos una 
mejora. Los sujetos pasivos que cumplan los requisitos 
podrán decidir si desean recurrir o no a la franquicia de 
impuesto. 
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Los apartados 3 a 5 no suscitan ninguna objeción. 
2.4. Artículo 1, apartado 6 
El régimen simplificado de imposición debería limitarse a la 
posibilidad de establecer un porcentaje global de deduc­
ción. Al uniformar las medidas relativas a la declaración y 
la percepción de los impuestos, se corre el riesgo de 
complicar, en vez de facilitar, el trabajo de los sujetos 
pasivos, ya que una reglamentación comunitaria uniforme 
no toma en consideración las exigencias individuales de los 
diferentes Estados miembros. Por tanto, convendría 
suprimir las medidas contempladas en el apartado 6 bajo e) 
y f). El Comité considera oportuno que después de la 
expresión « sujetos pasivos » en la letra g) del apartado 6 del 
artículo 24 se añadan las palabras « del sector comercial y 
de los servicios». 
Así como para las franquicias de impuesto, sería convenien­
te fijar, en el marco del establecimiento de un porcentaje 
global para el cálculo del impuesto deducible, un límite 
superior al volumen de negocios para evitar distorsiones de 
competencia entre los Estados miembros. El importe 
previsto de 150 000 ECU no suscita ninguna objeción. 
Hasta este valor del volumen de negocios, los Estados 
miembros pueden prever un porcentaje global de deduc­
ción, con arreglo al apartado 6 g). Como para las 
franquicias de impuesto, los sujetos pasivos también 
deberían tener la posibidad de optar por el régimen 
simplificado o la imposición normal. La elección del 
régimen simplificado no debe necesariamente llevar 
consigo el paso a la imposición después del cobro del 
precio, tal y como se prevé en el apartado 6, letras b) a d). 
En este caso también, los sujetos pasivos deben disponer de 
un derecho de opción especial. 
2.5. Artículo 1, apartado 7 
Si se aplican las propuestas de la Sección, es preciso adaptar 
las reglamentaciones contempladas en los apartados 7 a 9 
respecto al control ejercido por la Comisión Europea. 
Debido al mayor margen de maniobra concedido a los 
Estados miembros para la fijación del régimen elegido, este 
control será por tanto en gran parte superfluo. Si se 
mantuviese el punto 9 del artículo 1, también se debería 
consultar al Comité económico y social, al mismo tiempo 
Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1987. que al Parlamento Europeo, como representante de las 
organizaciones económicas y sociales a nivel comunitario. 
2.6. Artículo 1, apartados 10 y 11 
El Comité no considera ni necesaria ni realizable una 
revisión anual de los valores límites del volumen de 
negocios por el que se determina el régimen aplicado ni del 
contravalor en moneda nacional de este importe expresado 
en ECU. Aunque sea preciso aceptar ciertas fluctuaciones, 
estos valores no deberían examinarse y, eventualmente, 
adaptarse más que con varios años de intervalo. A este 
respecto, hay que cuidar de informar a los sujetos pasivos 
con la suficiente antelación de cualquier modificación 
eventual, para que puedan adoptar las disposiciones 
correspondientes. Además, cabe señalar que toda modifica­
ción de los valores límites en los Estados miembros implica 
necesariamente un acto legal. Convendría disponer de un 
plazo mínimo de un año para realizar esta adaptación de la 
legislación. También hay que conseguir que cada enmienda 
entre en vigor al principio de un nuevo período fiscal, para 
evitar las dificultades de delimitación y percepción que se 
plantearían en caso contrario. 
2.7. Artículo 2, apartado 2 
Esta determinación se utiliza para calcular la base 
imponible de los recursos propios de la Comunidad. A este 
respecto, sería conveniente, independientemente del 
régimen de franquicia, mantener un límite mínimo de 
10 000 ECU a partir del cual la totalidad de las operaciones 
realizadas por los sujetos pasivos se tomarían en considera­
ción para calcular la base imponible. 
2.8. Artículo 2, apartado 3 
No sólo es irrealista sino también inadecuado fijar el 
primero de abril de 1987 como fecha límite para la 
aplicación de la directiva en los Estados miembros. Las 
modificaciones necesarias de la legislación relativa al 
impuesto sobre el volumen de negocios en los Estados 
miembros requieren unos plazos más largos, de manera que 
habría que prever una prórroga de por lo menos un año. 
Además, la nueva reglamentación debería entrar en vigor 
en los diferentes Estados miembros al principio de un nuevo 
período fiscal. 
El presidente 
del Comité económico y social 
Alfons MARGOT