1.La Unión pondrá a disposición de España una contribución financiera en forma de ayuda no reembolsable por un importe de 69 512 589 611 EUR. Se desembolsará un importe de 46 592 869 727 EUR para ser objeto de un compromiso jurídico a más tardar el 31 de diciembre de 2022. A reserva de la actualización prevista en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241, que calcula un importe para España igual o superior a dicho importe, se desembolsará un importe adicional de 22 919 719 884 EUR para ser objeto de un compromiso jurídico desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

(63)La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualquier procedimiento relativo a la concesión de fondos de la Unión en el marco de cualquier otro programa de la Unión distinto del Reglamento (UE) 2021/241 o de los procedimientos relativos a las distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(58)A raíz de la evaluación positiva de la Comisión en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en la que se constate que cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241, de conformidad con el artículo 20, apartado 2, y el anexo V de dicho Reglamento, la presente Decisión debe establecer las reformas y los proyectos de inversión necesarios para la ejecución del Plan, los hitos, objetivos e indicadores pertinentes y el importe puesto a disposición por la Unión para su ejecución en forma de ayuda financiera no reembolsable.

(48)El sistema de control interno descrito en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se basa en procesos y estructuras sólidos, desarrollados previamente para el seguimiento de los Fondos Estructurales. Identifica claramente a los agentes y sus funciones y responsabilidades en la ejecución de las tareas de control interno. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de auditoría, que también coordinará el trabajo de los organismos regionales. La IGAE y las unidades de control interno de las diferentes autoridades son los principales agentes responsables del control y la auditoría del Plan. En conjunto, el sistema de control y otras disposiciones pertinentes, en particular para la recogida y puesta a disposición de datos sobre los beneficiarios finales, son adecuados para prevenir, detectar y corregir la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses al utilizar los fondos proporcionados en el marco del Reglamento (UE) 2021/241 y evitar la doble financiación en virtud de dicho Reglamento y de otros programas de la Unión. Debe incluirse un hito específico para garantizar la aplicación del sistema de información integrado, incluido el cumplimiento de la obligación de recoger y almacenar datos sobre los beneficiarios finales, contratistas, subcontratistas y titulares reales de conformidad con el artículo 22 del mencionado Reglamento.

(46)España ha facilitado estimaciones individuales de costes para todas las inversiones y reformas que tienen asociado un coste en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, justificándolas a partir de varias fuentes. Entre ellas se incluyen las convocatorias de manifestaciones de interés publicadas específicamente a los efectos del Plan, las referencias externas proporcionadas por organizaciones internacionales y los contratos públicos relativos a servicios similares o inversiones anteriores de naturaleza similar, entre otros. Como consecuencia de ello, las estimaciones de costes de la mayoría de las medidas del Plan se consideran razonables. España ha utilizado opciones de costes simplificados con respecto tanto a las cantidades a tanto alzado como a los costes unitarios. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mediante una validación independiente, ha considerado razonable una parte significativa de las estimaciones de costes del Plan. El importe de los costes totales estimados del Plan está en consonancia con la naturaleza y el tipo de las reformas e inversiones previstas. Por tanto, las estimaciones de costes de la mayoría de las medidas del Plan se consideran plausibles. España ha facilitado información y pruebas suficientes de que el importe de los costes totales estimados no está cubierto por financiación de la Unión, ya sea actual o prevista. Finalmente, el importe de los costes totales estimados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es proporcional al impacto social y económico nacional esperado.

(41)El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye numerosas inversiones que apoyan la innovación e impulsan la modernización y la competitividad de la industria, en particular de las pymes, con vistas a lograr un impacto duradero. Las medidas deben ayudar a España a adoptar con mayor rapidez los principios de sostenibilidad y digitalización. La plena ejecución de las inversiones previstas en estos ámbitos tiene el potencial de situar a las empresas españolas en una mejor posición para competir en los mercados que surgirán de la transición digital y ecológica, descarbonizar la industria tradicional e impulsar una nueva economía eficiente y sostenible. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia invierte en la renovación energética de edificios en España. Además, el Plan también pretende contribuir a la consecución de los objetivos de descarbonización y calidad del aire acordados a escala internacional a través de acciones para transformar los entornos urbanos. Se espera que todas estas medidas apoyen la transición energética de España y reduzcan la dependencia de las importaciones de energía a medio plazo, protegiendo al mismo tiempo el capital natural y los ecosistemas. El impacto duradero del Plan también puede potenciarse mediante sinergias entre el propio Plan y otros programas financiados por los fondos de la política de cohesión, en particular abordando de manera sustantiva los problemas territoriales profundamente arraigados y promoviendo un desarrollo equilibrado.

(40)Se espera que las reformas esbozadas en el Plan traigan consigo un cambio estructural en las políticas pertinentes y en la Administración, en particular reforzando el mercado laboral, modernizando la protección social y mejorando el funcionamiento de la Administración, a través de su digitalización entre otros medios. Por lo que se refiere al mercado de trabajo, el Plan presenta un amplio abanico de reformas destinadas a luchar contra el desempleo y la segmentación del mercado laboral, también en la Administración Pública. Se espera que estas medidas tengan un impacto duradero, ya que, en particular, fomentan la creación de empleo de calidad y contribuyen a reducir la elevada tasa de desempleo que se viene registrando desde hace tiempo, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la cohesión social de manera sostenible. El Plan también incluye reformas pertinentes en el ámbito de las capacidades, en particular las digitales, con especial atención a la mejora de las capacidades de las personas poco cualificadas y al reciclaje profesional de la mano de obra en consonancia con las necesidades del mercado laboral. Los esfuerzos por modernizar y mejorar la eficacia de la protección social pueden tener un efecto duradero en el apoyo a una mayor participación en el mercado laboral, la estabilización de los ingresos a lo largo del ciclo económico, la mejora de la integración social y económica de todos y la reducción de las desigualdades. La digitalización de la Administración Pública debe ir acompañada de medidas que garanticen que las políticas públicas estén sujetas a análisis y evaluaciones de impacto, también en relación con el gasto. Además, se espera que las reformas previstas del sistema de contratación pública y del marco de insolvencia contribuyan a una asignación más eficaz de los fondos y activos en el país.

(38)El Plan incluye inversiones para colmar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales y desarrollar todo el potencial de la conectividad 5G. Se prevén inversiones en el despliegue de banda ancha ultrarrápida en determinadas zonas que carecen de este tipo de infraestructuras, como las zonas rurales o los centros urbanos históricos. Se espera que la red 5G se despliegue a lo largo de determinadas zonas transfronterizas con Francia y Portugal, a lo largo de los principales corredores nacionales de transporte, en determinadas zonas no cubiertas por operadores móviles y en determinados puntos críticos como parques empresariales, zonas industriales y servicios públicos prioritarios. Se presta apoyo a los servicios de conectividad para los grupos vulnerables y las pymes con el fin de ampliar la proporción de personas y empresas conectadas a internet. El Plan incluye medidas para aumentar el nivel de capacidades digitales de la población, medidas específicas para el sistema educativo (como la digitalización de la educación y la formación de los docentes y de la formación profesional) e inversiones en el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de los trabajadores y los demandantes de empleo. Además, el Plan incluye ayudas a la digitalización de las empresas y la integración de las tecnologías avanzadas, con un apoyo específico para las pymes mediante la implantación sustancial de un «conjunto de herramientas digitales». Además, el Plan incluye reformas e inversiones en capacidades digitales avanzadas, incluidas la inteligencia artificial y la ciberseguridad, de las que se espera que aumenten la confianza en los servicios y las tecnologías digitales, y ayuden a la adopción de tales tecnologías digitales avanzadas de forma duradera. Por último, el Plan incluye un paquete completo de reformas e inversiones para mejorar la digitalización de la Administración Pública en todos sus niveles, prestando especial consideración a la interconexión y la interoperabilidad. Este paquete abarca el sistema judicial, la Administración tributaria, los servicios públicos de empleo, la contratación pública digital, la salud pública, el sector del transporte, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la preservación del espacio litoral y la gestión del agua, y las redes eléctricas.

(37)El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye inversiones y reformas de las que se espera un impacto duradero en la transformación digital de los sectores económicos y sociales y una contribución significativa a la superación de los retos derivados de la transición digital. En particular, se espera que España invierta en ámbitos tales como las capacidades digitales, la digitalización de las empresas y la integración de las tecnologías avanzadas en el sector empresarial. Las acciones horizontales que benefician al conjunto de la economía y la población (como la mejora de la conectividad) se complementan con medidas específicas destinadas a determinados sectores (como los del turismo, las pymes, la cultura y los medios de comunicación) o segmentos específicos de la población (como estudiantes, funcionarios y desempleados). El Plan incluye el desarrollo de los siete planes estratégicos en el marco de la Agenda Digital para España 2025: el Plan para la Conectividad, la Estrategia de impulso a la tecnología 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, el Plan de Digitalización de Pymes y el Plan «España, Hub Audiovisual de Europa». Las medidas digitales previstas tienen en cuenta la Estrategia Digital de la UE, la Estrategia Industrial Europea, la Agenda de Capacidades de la UE, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Espacio Europeo de Educación y el Plan «España, Hub Audiovisual de Europa».

(32)El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye reformas e inversiones relacionadas con la transición ecológica, con una contribución particularmente importante a los objetivos climáticos derivados de los componentes relativos a la renovación energética de viviendas y zonas urbanas, la movilidad sostenible y las energías renovables. De este modo, la contribución financiera destinada a España permite concentrar anticipadamente las inversiones necesarias para alcanzar la mayor ambición climática de la UE de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en al menos un 55 % con respecto a las de 1990, con la vista puesta en lograr la neutralidad climática de la UE para 2050, según lo acordado provisionalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de la Ley Europea del Clima. En cuanto a la eficiencia energética, la contribución de España a alcanzar el objetivo a nivel de la UE, que figura en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEC 2021-2030), consiste en reducir su consumo de energía primaria en un 39,5 %. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece el objetivo de rehabilitar, para el 31 de agosto de 2026, al menos 355 000 viviendas únicas en el contexto de al menos 510 000 intervenciones de rehabilitación, al menos 600 hectáreas de zonas urbanas, un equivalente de al menos 40 000 edificios residenciales y 690 000 m2 de edificios no residenciales, al menos 26 000 edificios residenciales en municipios y zonas urbanas con menos de 5 000 habitantes, y al menos 1 230 000 m2de edificios públicos. Las inversiones en la renovación energética de edificios residenciales recogidas en el Plan representan una parte importante del apoyo público previsto en el PNEC en este ámbito. Contribuirán al objetivo de ahorro energético de aquí a 2030 y al objetivo establecido en el PNEC en términos del número de viviendas que deben rehabilitarse. Sin embargo, seguirá siendo necesaria financiación pública adicional para movilizar el volumen total de inversiones necesario para alcanzar el objetivo establecido en el PNEC para 2030, y garantizar un factor de apalancamiento relativamente más elevado que permita atraer inversiones privadas. Las reformas y las inversiones en energías renovables deben aumentar sustancialmente el desarrollo y la implantación de las fuentes de energía renovables en España y contribuir a la consecución de su objetivo de lograr una cuota de energías renovables del 42 % para 2030, tal como se establece en el PNEC. El Plan incluye el apoyo a fuentes de energía renovables innovadoras en la industria y los edificios (cerca de 4 GW) y a las energías renovables en las islas. Las medidas relativas a la infraestructura eléctrica tienen por objeto la promoción de las redes inteligentes y la implantación de medidas de flexibilidad y almacenamiento. Con este fin, las reformas prevén establecer un marco propicio para facilitar la integración de las energías renovables en el sistema energético y el despliegue del almacenamiento de energía, así como la gestión de la demanda y los servicios de flexibilidad. El Plan también invertirá en hidrógeno renovable y contribuirá al objetivo general de España de instalar, de aquí a 2030, 4 GW de capacidad de electrólisis de hidrógeno a fin de generar hidrógeno renovable y hasta 200 estaciones de repostaje de hidrógeno. Esto debe contribuir a la descarbonización de sectores con emisiones difíciles de reducir, como la industria y el transporte.

(30)En vista de que las medidas seleccionadas contribuyen sustancialmente a los objetivos medioambientales, o bien pueden causar un impacto insignificante o nulo en tales objetivos, se espera que muchas de las medidas del Plan no causen un perjuicio significativo desde el primer momento, como las relativas a educación y formación, mercado laboral, Administración Pública, y cultura y deporte. La evaluación llevada a cabo en relación con otras medidas demuestra que están concebidas para garantizar el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo». Entre ellas se incluyen amplios regímenes de apoyo que abarcan distintos sectores y actividades, como la investigación, el desarrollo y la innovación, y el apoyo a la industria y a las pymes). España ha proporcionado pruebas y garantías que demuestran que las medidas no deben perjudicar significativamente a ninguno de los seis objetivos medioambientales, a saber, la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación, y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. En los casos necesarios, España ha propuesto la aplicación de medidas de mitigación o ha incluido elementos específicos en el diseño de las medidas para evitar perjuicios significativos, que deben acreditarse mediante hitos y objetivos pertinentes. Este es el caso, en particular, de las medidas de apoyo a proyectos estratégicos que abarcan instalaciones en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, actividades específicas de tratamiento de residuos, irrigación para la producción agrícola y regímenes de apoyo amplios que abarcan diversos sectores y actividades.

(29)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra d), y el anexo V, sección 2.4, del Reglamento (UE) 2021/241, se espera que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia garantice que ninguna de las medidas de ejecución de las reformas y los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales (Calificación A) en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (principio de «no causar un perjuicio significativo»). De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 y la Guía técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», España ha presentado una evaluación completa según la cual no se espera que ninguna medida de ejecución de las reformas y proyectos de inversión incluidos en el Plan cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales..

No causar un perjuicio significativo

(27)El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España incluye medidas destinadas a abordar los retos de la cohesión social señalados en anteriores informes y recomendaciones específicas por país a España, y supervisados a través del cuadro de indicadores sociales. Las medidas específicas pretenden resolver las vulnerabilidades del sistema de protección social, como la simplificación y mejora de la asistencia al desempleo, la racionalización del sistema de prestaciones no contributivas y la revisión del sistema de prestaciones familiares, con el fin de reducir la pobreza infantil. La plena aplicación del régimen nacional de renta mínima, adoptado en junio de 2020, debe apoyarse en la realización de proyectos piloto para contribuir a la inclusión socioeconómica de los beneficiarios del régimen. Además, el Plan tiene por objeto reforzar la cohesión social y el sistema de protección social mediante el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del tiempo, en consonancia con las prácticas de otros Estados miembros.

(26)Las reformas e inversiones esbozadas en el Plan tienen el potencial de superar las vulnerabilidades significativas de la economía española relacionadas con el sector exterior. Así, por ejemplo, las inversiones en investigación e innovación, en reciclaje y mejora de las capacidades de la mano de obra y en apoyo a la internacionalización de las pymes pueden aumentar la competitividad de las empresas. Además, las inversiones en energías renovables y eficiencia energética pueden reducir las importaciones de energía. El Plan contribuye en parte a resolver las actuales vulnerabilidades del país desde el punto de vista fiscal. Se espera que las políticas previstas destinadas a combatir y prevenir el fraude fiscal y a garantizar un gasto público más eficiente, en particular mediante reformas en el ámbito de la contratación pública y de la fiscalidad, sienten las bases para reforzar los marcos fiscal y de contratación pública También se espera que el Plan reduzca eficazmente las disparidades territoriales mediante reformas e inversiones para hacer frente al reto demográfico en las zonas rurales y los pequeños municipios, como inversiones específicas para mejorar la eficiencia energética en los municipios de menos de 5 000 habitantes, implantar la banda ancha ultrarrápida, impulsar el emprendimiento en las zonas rurales y apoyar una transición justa en los territorios que se enfrentan a problemas derivados del proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra.

(25)Las simulaciones realizadas por los servicios de la Comisión muestran que el Plan tiene el potencial para aumentar el PIB de España entre un 1,8 % y un 2,5 % de aquí a 2024. La combinación de inversiones y reformas presentada por España aspira a estimular el crecimiento económico a través de múltiples canales, en particular mediante la mejora de la productividad total de los factores, el impulso de la capacidad de negociación y las capacidades en esta materia, la eliminación de los obstáculos a la inversión y el aumento de la eficiencia en el mercado laboral. En particular, se espera que las reformas y las inversiones en los ámbitos de la educación y las capacidades, la digitalización y la investigación y la innovación contribuyan en la máxima medida al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(24)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra c), y el anexo V, sección 2.3, del Reglamento (UE) 2021/241, se espera que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incida muy significativamente (Calificación A) en el refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional del Estado miembro, contribuyendo a la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, también a través del fomento de políticas destinadas a la infancia y la juventud, y en la mitigación del impacto económico y social de la crisis de la COVID-19, reforzando así la cohesión económica, social y territorial y la convergencia en la Unión.

(23)Al abordar los retos mencionados, se espera que el Plan contribuya también a corregir los desequilibrios que está experimentando España, en particular en lo que respecta a la elevada deuda externa e interna, tanto pública como privada, en un contexto de elevada tasa de desempleo.

(18)La creación de 135 000 nuevos puestos de educación y formación profesionales y la acreditación formal de las capacidades profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no reglada, entre otras inversiones y reformas en el ámbito de las capacidades, tienen por objeto contribuir a aportar al mercado laboral capacidades y cualificaciones pertinentes que acompañen la transición ecológica y digital del país. En el ámbito de la educación, la creación de 1 000 unidades de acompañamiento para apoyar al alumnado vulnerable y la ejecución de un programa destinado a apoyar y orientar a los alumnos con bajo rendimiento aspiran a prevenir el abandono escolar prematuro. Además, se espera que el acceso al aprendizaje digital reciba un impulso significativo mediante inversiones en dispositivos y capacidades, así como mediante el desarrollo de cursos en línea.

(17)Varias reformas del mercado laboral que figuran en el Plan siguen dependiendo de los resultados del proceso de diálogo social, por lo que aún no se ha perfilado su diseño definitivo. Estas reformas deben formar parte de un paquete global que apoye la creación y la redistribución del empleo y aborde la segmentación del mercado laboral. Los hitos deben especificar que estas reformas han de llevarse a cabo respetando el diálogo social y en el contexto de un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral. Esto se aplica, en particular, al nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización y a la reforma de la negociación colectiva.

(15)El Plan incluye reformas legislativas para reducir el recurso a los contratos temporales en los sectores público y privado, simplificando la tipología de contratos y generalizando el uso de los contratos indefinidos, entre otras cosas. Las reformas y las inversiones en el ámbito de las políticas activas del mercado laboral deben dar prioridad a los grupos vulnerables, en particular a través del plan de acción contra el desempleo juvenil y la racionalización de los incentivos a la contratación. Estas acciones deben contar con el apoyo de la digitalización de los servicios públicos de empleo, con el objetivo de prestar un apoyo más eficaz a los demandantes de empleo y a los trabajadores en transición.

(14)El Plan incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar eficazmente un subconjunto significativo de los retos económicos y sociales esbozados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a España por el Consejo, en el contexto del Semestre Europeo, en 2019 y en 2020, en particular en los ámbitos relacionados con el empleo, como la segmentación del mercado laboral, las políticas activas del mercado de trabajo y la capacidad de los servicios públicos de empleo; la educación y las capacidades, como el abandono escolar prematuro y las capacidades pertinentes para el mercado laboral, incluidas las digitales; las políticas sociales, como los regímenes de renta mínima, la ayuda al desempleo y el apoyo a las familias; la inversión, como la transición ecológica y digital, los sectores estratégicos y la investigación e innovación; el clima empresarial, como la Ley sobre la unidad de mercado, la morosidad y el marco de insolvencia; la Administración Pública y la contratación pública.

(13)Puede considerarse que las recomendaciones relativas a la respuesta inmediata de la política fiscal a la pandemia quedan fuera del ámbito de aplicación del Plan de España, a pesar de que, en general, el Estado miembro ha respondido adecuada y suficientemente a la necesidad inmediata de apoyar la economía a través de recursos fiscales en 2020 y 2021, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula general de salvaguardia. Por otra parte, la recomendación de avanzar suficientemente hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020 ya no es pertinente, debido tanto a la expiración del período presupuestario correspondiente como a la activación, en marzo de 2020, de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el contexto de la crisis pandémica.

(4)[La Recomendación del Consejo relativa a la política económica de la zona del euro recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, orientadas entre otras cosas a garantizar una orientación política que respalde la recuperación y a seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador. La recomendación del Consejo también hacía referencia al refuerzo de los marcos institucionales, la garantía de la estabilidad macrofinanciera y la culminación de la unión económica y monetaria, así como al incremento del papel internacional del euro.] [If the Council recommendation is not adopted by the time of the CID adoption, please remove the recital].

(3)El 2 de junio de 2021, la Comisión publicó un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con España. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos, en particular vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda externa e interna, tanto pública como privada, en un contexto de elevada tasa de desempleo, y que estos desequilibrios presentan relevancia transfronteriza.

(2)El 9 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, el Consejo dirigió recomendaciones a España en el contexto del Semestre Europeo. En particular, en el ámbito de las finanzas públicas, el Consejo recomendó preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones; reforzar los marcos fiscal y de contratación pública a todos los niveles de la Administración; adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de manera eficaz y reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario; apoyar la economía y la recuperación subsiguiente y, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. En lo que respecta al empleo, el Consejo recomendó fomentar la transición hacia contratos indefinidos; apoyar el empleo mediante acuerdos para preservar los puestos de trabajo, incentivos efectivos a la contratación y el desarrollo de capacidades, y reforzar la capacidad de los servicios sociales y de empleo, así como la protección contra el desempleo, en particular para los trabajadores atípicos. En el ámbito de la educación y las capacidades, el Consejo recomendó mejorar el acceso al aprendizaje digital, reducir el abandono escolar prematuro, mejorar los resultados educativos y aumentar la cooperación entre los centros educativos y las empresas con vistas a mejorar la oferta de capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a las políticas sociales, el Consejo recomendó mejorar el apoyo a las familias, subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes de renta mínima y reducir la fragmentación de la asistencia nacional al desempleo. En el ámbito de la inversión, el Consejo recomendó a España concentrar en su fase inicial los proyectos maduros de inversión pública, promover la inversión privada y centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en el fomento de la investigación y la innovación, una producción y utilización de energía limpias y eficientes, las infraestructuras energéticas y las interconexiones con el resto de la Unión, la infraestructura ferroviaria de mercancías, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible. En lo relativo al clima empresarial, el Consejo recomendó que se siguiera aplicando la Ley de garantía de la unidad de mercado y se garantizara la aplicación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia, entre otras cosas evitando la morosidad. Por último, en el ámbito de la Administración Pública, el Consejo recomendó a España mejorar la coordinación entre sus distintos niveles competenciales. Tras evaluar los avances en la aplicación de estas recomendaciones específicas por país en el momento de la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Comisión considera que se han logrado avances sustanciales con respecto a las recomendaciones relativas a todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para hacer frente a la pandemia de manera eficaz y a apoyar la economía y la recuperación subsiguiente.

(1)La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto perturbador en la economía de España. En 2019, el producto interior bruto per cápita (PIB per cápita) de España ascendió al 84,8 % de la media de la UE. Según las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, el PIB real de España descendió un 10,8 % en 2020 y se espera que se contraiga un 5,6 % acumulativamente en 2020 y 2021. Entre los factores de mayor arraigo que repercuten en los resultados económicos a medio plazo se encuentran la elevada tasa de desempleo y la gran proporción de trabajadores con contratos temporales; los grandes volúmenes de deuda externa, privada y pública; un crecimiento estructuralmente bajo de la productividad; y una inversión insuficiente.

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular su artículo 20,

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 16.6.2021 COM(2021) 322 final ANEXO

de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España {SWD(2021) 147 final}



SECCIÓN 1: REFORMAS E INVERSIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 1.Descripción de las reformas e inversiones A. COMPONENTE 1: PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español trata cuestiones relativas a la calidad del aire, que afecta sobre todo a las mayores áreas metropolitanas y que en 2018 estuvo detrás de la muerte prematura de más de 20 000 personas en España. El objetivo general de las reformas e inversiones de este componente es lograr la transición a una movilidad urbana limpia, segura e inteligente. Los objetivos específicos de este componente son: ·acelerar la penetración de la movilidad eléctrica y la delimitación de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50 000 habitantes y en las capitales de provincia; ·fomentar la movilidad activa, así como otras medidas para ayudar a reducir el uso de coches privados; ·impulsar la transformación digital y sostenible del sector del transporte público como verdadera alternativa a la utilización del vehículo privado; ·mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios ferroviarios de corta distancia para aumentar su uso efectivo en entornos metropolitanos, en detrimento del vehículo privado; ·optimizar la gestión del tráfico y facilitar la toma de decisiones para promover una movilidad más limpia. El componente da repuesta a las recomendaciones específicas para España relativas al fomento de la inversión pública y privada y de la transición ecológica (recomendación específica por país 3 de 2020), al fomento de las inversiones en innovación y eficiencia energética (recomendación específica por país 3 de 2019) y al refuerzo de la cooperación entre las Administraciones (recomendación específica por país 4 de 2019). Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). A.1. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas financieras no reembolsables Reforma 1 (C1.R1): Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico El objetivo de esta medida es reforzar el marco operativo y normativo para facilitar el despliegue de las infraestructuras de recarga para el impulso del vehículo eléctrico. La reforma consiste en la adopción del siguiente marco normativo, destinado a eliminar los obstáculos que dificultan actualmente la difusión de los puntos de recarga: -un Real Decreto que regule los servicios de recarga de acceso público y garantice el funcionamiento adecuado y fiable de los puntos instalados; -el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que contribuye a acelerar la tramitación de las infraestructuras de recarga al otorgar la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga con potencia superior a 250 kW; -la Orden TMA/178/2020, que reduce la carga administrativa para la aprobación y el despliegue de instalaciones de recarga eléctrica en las estaciones de servicio;

-una modificación del Código Técnico de la Edificación por la que se aumente el número mínimo de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos tanto en los aparcamientos residenciales como terciarios, para así satisfacer los requisitos mínimos de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; y -una modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión que incorpore obligaciones para las infraestructuras de recarga en los aparcamientos que no pertenezcan a un edificio. La implementación de la reforma estará terminada a más tardar el 30 de junio de 2022. Reforma 2 (C1.R2): Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte El objetivo de esta medida, que se materializará por medio de una Ley, es proporcionar el marco normativo de base para la nueva política de movilidad en España, basada en la mejora de la sostenibilidad y la dimensión digital. La Ley que se promulgue contemplará, como mínimo: ·La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de «quien contamina paga». El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ·Una serie de guías metodológicas y obligaciones aplicables a municipios y empresas de cierta envergadura para incentivar la ejecución de un plan de movilidad urbana sostenible y de planes de movilidad laboral sostenible, respectivamente. ·La creación de un mecanismo para aumentar el rigor en la planificación de infraestructuras en consonancia con las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), incorporando consideraciones sobre la sostenibilidad y el análisis de costes y beneficios sociales. ·La implantación de un sistema de financiación previsible del transporte urbano en los municipios estatales basado en criterios de distribución uniforme de los fondos estatales. ·La introducción de un sandbox regulatorio que facilite las innovaciones en el sector de la movilidad y el transporte y su implantación en el mercado. ·La mejora de la gobernanza en consonancia con las recomendaciones de la AIReF mediante la creación de: i) un sistema nacional de movilidad para fomentar la coordinación y la cooperación entre los tres niveles territoriales de la Administración competentes en materia de transporte y movilidad; ii) un consejo superior del transporte y la movilidad, como órgano de asesoramiento y debate en el que se definan las políticas de transporte y movilidad y tengan representación los sectores productivos, el mundo académico y la sociedad civil; y iii) una plataforma integrada de información sobre transporte y movilidad que compendie información de diferentes Administraciones y fuentes externas sobre transporte y movilidad que permita a las Administraciones optimizar la elaboración de las políticas públicas y mejorar su capacidad para responder a crisis y emergencias. La medida se publicará en el BOE a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Inversión 1 (C1.I1): Zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano El objetivo de esta medida es fomentar la transformación digital y sostenible de los servicios de transporte, con el objetivo de contribuir a reducir el uso de vehículos privados en entornos urbanos en un 35 % a más tardar en 2030. La medida también cubrirá los incentivos para la transición a flotas de transporte más limpias, tanto de viajeros como de mercancías, de las empresas que prestan servicios de transporte. Esta inversión será ejecutada por las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Los proyectos de inversión que emprenderán las Comunidades Autónomas podrán referirse a: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa, incluidos carriles peatonales e infraestructuras ciclistas; e) el incentivo de la penetración en España de tecnologías de cero emisiones en el ámbito del transporte; f) aparcamientos disuasorios a las afueras de dichos municipios y capitales de provincia que reduzcan el tráfico en el centro urbano; y g) la ampliación o actualización de la red de transporte ferroviario (metro o tren); h) proyectos de digitalización, siempre que sean complementarios a medidas que redunden en el fomento de un transporte más sostenible, como, por ejemplo, la implantación de sistemas digitales públicos de información en tiempo real sobre los servicios de transporte, implantación de proyectos de movilidad como servicio, proyectos de mejora del ticketing intermodal o interservicio y proyectos de ayuda a la gestión de la movilidad y el tráfico, y el análisis de la información para mejorar la eficiencia del sistema de transporte; y i) cualquier otro proyecto que: 1) suponga una mejora en la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas; 2) facilite la reducción de necesidad de uso de vehículo privado en zonas urbanas y metropolitanas; 3) suponga un incremento de uso de transporte público; y 4) incentive la movilidad activa y saludable. Los proyectos de las Entidades Locales consistirán en, por ejemplo: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; y d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa. Esta ayuda se asignará a municipios de más de 50 000 habitantes y a capitales de provincia y, en determinadas condiciones, también podrá asignarse a municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Los proyectos de inversión del MITMA se centrarán en la humanización y la organización del tráfico en las carreteras urbanas de su ámbito. Las inversiones contribuirán a fomentar la movilidad de los peatones y ciclistas y otras nuevas formas de movilidad (patinetes) o a reducir los espacios para automóviles y la velocidad de los vehículos, con el objetivo de reducir tanto las emisiones atmosféricas como la contaminación acústica. Los incentivos para transformar las flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas consistirán en las siguientes líneas de ayuda: a) ayudas para la adquisición de vehículos de pasajeros y mercancías de cero emisiones y de bajas emisiones; b) ayudas para el despliegue de infraestructuras de repostaje para vehículos comerciales con combustibles alternativos (electricidad, gas natural licuado o «GNL», gas natural comprimido o «GNC» y biometano); c) ayudas a las empresas para la adquisición o adaptación de remolques y semirremolques al transporte intermodal; y d) ayudas a las empresas para el desguace de vehículos antiguos.

Se espera que esta medida no cause un perjuicio significativo a objetivos medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). En particular, el apoyo a la línea de ayuda a) solo cubrirá los autobuses «de plataforma baja» eléctricos y de hidrógeno (categorías M2 y M3; autobuses urbanos y suburbanos por lo general); los autobuses de «plataforma alta», inclusive los de GNL/GNC, los híbridos, los híbridos y los de hidrógeno, conformes con EURO VI-E (categorías M2 y M3; autocares interurbanos por lo general); y los camiones de cero emisiones , de bajas emisiones y de GNL/GNC que funcionan con biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa . En cuanto a la línea de ayuda b), la infraestructura de repostaje de vehículos comerciales cumplirá las condiciones para los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa . Los criterios de selección garantizarán que al menos 310 000 000 EUR contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 100 % y que al menos 2 195 000 000 EUR lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las inversiones de esta medida estarán terminadas a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Inversión 2 (C1.I2): Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde Esta medida tiene por objeto apoyar el cumplimiento del Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, acelerar la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y apoyar la cohesión territorial mediante la electrificación de la movilidad en las zonas rurales. La inversión se articula en diferentes regímenes de ayuda que incentivarán la adquisición del vehículo eléctrico y el vehículo con pila de combustible, fomentando al mismo tiempo proyectos singulares de innovación relacionados con la cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilístico en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde. La inversión también incluirá la instalación de puntos de recarga públicos en zonas residenciales, así como en la red nacional de carreteras. Los criterios de selección utilizados en las convocatorias de propuestas para asignar las ayudas serán: i) la reducción del impacto medioambiental, ii) la viabilidad económico-técnica, iii) el nivel de desarrollo e innovación tecnológicos, iv) la reproducibilidad y extensibilidad, v) la generación de empleo directo e indirecto ligada al proyecto, y vi) repercusión en la cadena de valor y sinergia con otros sectores, sobre todo el industrial. La inversión estará terminada a más tardar el 31 de agosto de 2025. Inversión 3 (C1.I3): Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías El objetivo de esta medida es mejorar el atractivo y la accesibilidad de la red de Cercanías, para que se convierta en la columna vertebral de la movilidad en las zonas urbanas y sustituya al vehículo privado en las áreas metropolitanas. Los proyectos serán ejecutados por ADIF y RENFE. ADIF realizará inversiones de infraestructura en los ferrocarriles de la red de Cercanías, incluidas la renovación de vías, la actualización de estaciones y la mejora del sistema de electrificación y la señalización. Además, RENFE será responsable de las inversiones de modernización de la gestión del transporte ferroviario público. Las inversiones se canalizarán principalmente en cinco ejes: a) digitalización de los sistemas de seguridad en las estaciones; b) sistemas de información a los pasajeros; c) mejora del control del acceso; d) adaptación de las máquinas expendedoras a las nuevas tecnologías; y e) acondicionamiento de las instalaciones en las estaciones de la red de Cercanías. La implementación estará terminada a más tardar el 30 de junio de 2026. A.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables Véase el cuadro a continuación. La fecha que se tiene en cuenta para el valor de referencia de todos los indicadores es el 1 de febrero de 2020, salvo que se indique otra cosa en la descripción de la actuación. Los importes del cuadro no incluyen el IVA. Número Medida Hito / Objetivo Nombre Indicadores cualitativos (para los hitos) Indicadores cuantitativos (para los objetivos) Tiempo Descripción de cada hito y objetivo Unidad Valor de referencia Meta Trimestre Año 1 C1.R1 Hito Orden TMA/178/2020 y Real Decreto-ley 23/2020 Disposición de la Orden y del Real Decreto-ley por la que se establece su entrada en vigor. Q4 2020 Entrada en vigor de: i) la Orden TMA/178/2020, que reduce la carga administrativa de la instalación de puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio y define el tiempo necesario para la retirada de las instalaciones, ii) el Real Decreto-ley 23/2020, de junio de 23, que otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga con potencia superior a 250 kW con el fin acelerar el despliegue de este tipo de instalaciones. 2 C1.R1 Hito Modificación del Código Técnico de la Edificación (pendiente de confirmación) y del Reglamento electrotécnico para baja tensión y aprobación de un Real Decreto para regular los servicios públicos de recarga. Disposición del Código, del Reglamento y del Real Decreto por la que se establece su entrada en vigor. Q2 2022 Entrada en vigor de: i) modificaciones del Código Técnico de la Edificación (pendientes de confirmación) que dispongan: a) la obligación de prever la preinstalación de puntos de recarga en el 100 % de las nuevas plazas de aparcamiento en edificios residenciales y el 20 % de las nuevas plazas de aparcamiento en edificios comerciales y de otro tipo, b) la obligación de instalar un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento nuevas (y uno por cada 20 plazas de aparcamiento en los edificios de la Administración General del Estado) y c) la obligación de que los aparcamientos no residenciales ya existentes de más de 20 plazas de aparcamiento se adapten al requisito anterior (es decir, instalar un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento) a más tardar en 2023; ii) modificaciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión que incorporen obligaciones para las infraestructuras de recarga en los aparcamientos que no pertenezcan a un edificio; y iii) un Real Decreto que regule los servicios públicos de recarga, incluida la relación de quienes participan en la prestación del servicio (operadores de puntos de recarga y prestadores de servicios de movilidad eléctrica), y que establezca sus derechos y obligaciones. 3 C1.R2 Hito Promulgación de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Disposición de la Ley por la que se establece su entrada en vigor. Q4 2023 Entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público y establecer un sistema de financiación para la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras públicas y que internalice los costes medioambientales. 4 C1.I1 Objetivo Presupuesto invertido en adquisiciones o concedido por los municipios destinado a fomentar la movilidad sostenible. En millones EUR 0 400 Q4 2022 Publicación de la adjudicación de proyectos o subvenciones en el BOE o en la plataforma de contratación pública o de la ejecución de gastos relacionados con adquisiciones por parte de municipios que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50 000 habitantes y capitales de provincia; en determinadas condiciones, también podrán asignarse a municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Los proyectos apoyarán, por ejemplo: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; y d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa. Los criterios de selección garantizarán que, del objetivo presupuestario total de 1 500 000 000 EUR, al menos 310 000 000 EUR contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 100 % y que al menos 1 190 000 000 EUR lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 5 C1.I1 Objetivo Presupuesto invertido en adquisiciones o concedido por las Comunidades Autónomas de al menos 900 millones EUR destinado a fomentar la movilidad sostenible. En millones EUR 0 900 Q4 2023 Publicación de la adjudicación de proyectos o subvenciones en el BOE o en la plataforma de contratación pública o de la ejecución de gastos asociados a adquisiciones por parte de las Comunidades Autónomas. Los proyectos y subvenciones adjudicados y las adquisiciones realizadas por las Comunidades Autónomas deberán: 1) contribuir a fomentar la movilidad sostenible proporcionando subvenciones a empresas privadas para: a) desguazar los vehículos pesados antiguos, b) renovar sus flotas pesadas de pasajeros y mercancías para que sus vehículos sean más limpios, c) comprar o adaptar sus remolques o semirremolques para el transporte intermodal o d) instalar puntos de repostaje con combustibles alternativos (electricidad, GNL, GNC y biometano); las subvenciones deben concederse con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); o 2) contribuir a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50 000 habitantes y capitales de provincia apoyando a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa; e) el incentivo de la penetración en España de tecnologías de cero emisiones en el ámbito del transporte; f) aparcamientos disuasorios a las afueras de dichos municipios y capitales de provincia que reduzcan el tráfico en el centro urbano; g) la ampliación o actualización de la red de transporte ferroviario (metro o tren); h) proyectos de digitalización, siempre que sean complementarios a medidas que redunden en el fomento de un transporte más sostenible, como, por ejemplo, la implantación de sistemas digitales públicos de información en tiempo real sobre los servicios de transporte, implantación de proyectos de movilidad como servicio, proyectos de mejora del ticketing intermodal o interservicio y proyectos de ayuda a la gestión de la movilidad y el tráfico, y el análisis de la información para mejorar la eficiencia del sistema de transporte; y i) cualquier otro proyecto que: 1) suponga una mejora en la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas; 2) facilite la reducción de necesidad de uso de vehículo privado en zonas urbanas y metropolitanas; 3) suponga un incremento de uso de transporte público; y 4) incentive la movilidad activa y saludable. Los criterios de selección garantizarán que al menos 900 000 000 EUR contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 6 C1.I1 Objetivo Proyectos finalizados de fomento de la movilidad sostenible, especialmente en zonas urbanas y metropolitanas Número 0 25 Q4 2023 Al menos 25 proyectos de fomento de la movilidad sostenible finalizados, en 150 zonas urbanas o metropolitanas de más de 50 000 habitantes y, en determinadas condiciones, en zonas urbanas de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Son proyectos de fomento de la movilidad sostenible los siguientes: i) Proyectos desarrollados por municipios que contribuyan a fomentar la movilidad sostenibles en municipios de más de 50 000 habitantes y capitales de provincia; en determinadas condiciones, también podrán concederse a municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Los proyectos apoyarán, por ejemplo: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; y d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa. Un proyecto es un conjunto de actividades definidas, interrelacionadas y coordinadas, realizadas con un objetivo común dentro de determinados plazos y límites presupuestarios, para las que se solicita una subvención. Un municipio puede desarrollar más de un proyecto. ii) Proyectos de fomento de la movilidad sostenible en zonas urbanas y metropolitanas desarrollados por las Comunidades Autónomas. Concierne a las tipologías a) a i) especificadas en la inversión 1 del componente 1. Las zonas urbanas y metropolitanas se definen como municipios con más de 50 000 habitantes, capitales de provincia y, en determinadas condiciones, municipios de más de 20 000 habitantes. Cada Comunidad Autónoma puede desarrollar más de un proyecto. iii) Proyectos de subvención a empresas privadas para: a) desguazar vehículos antiguos, b) renovar sus flotas pesadas de pasajeros y mercancías para que sus vehículos sean más limpios, c) comprar o adaptar sus remolques o semirremolques para el transporte intermodal o d) instalar puntos de repostaje con combustibles alternativos (electricidad, GNL, GNC y biometano). Deben subvencionarse al menos 8 500 vehículos pesados o puntos de repostaje para considerar que se ha finalizado un proyecto de fomento de la movilidad sostenible. Las subvenciones deben concederse de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). 7 C1.I1 Objetivo Presupuesto invertido en adquisiciones o concedido por los municipios destinado a fomentar la movilidad sostenible. En millones EUR 400 1 500 Q4 2024 Publicación de la adjudicación de proyectos o subvenciones en el BOE o en la plataforma de contratación pública o de la ejecución de gastos relacionados con adquisiciones por parte de municipios que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50 000 habitantes y capitales de provincia; en determinadas condiciones, también podrán asignarse a municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Los proyectos apoyarán, por ejemplo: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; y d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa. Los criterios de selección garantizarán que al menos 310 000 000 EUR contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 100 % y que al menos 1 190 000 000 EUR lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (Fecha para el valor de referencia: 31 de diciembre de 2022). 8 C1.I1 Objetivo Adjudicación en proyectos de mejora de nuevas formas de movilidad en las carreteras estatales. En millones EUR 0 105 Q4 2024 Publicación en el BOE o en la plataforma de contratación pública de la adjudicación por parte del MITMA de al menos 105 millones EUR en proyectos de mejora de las carreteras estatales en las zonas urbanas. Los proyectos consistirán en la construcción de nuevos carriles bici, la ampliación de las zonas peatonales, la reducción de las zonas de aparcamiento o la mejora de la seguridad en los cruces. 9 C1.I1 Objetivo Proyectos finalizados de fomento de la movilidad sostenible, especialmente en zonas urbanas y metropolitanas Número 25 280 Q4 2025 Al menos 280 proyectos de fomento de la movilidad sostenible finalizados en zonas urbanas y metropolitanas, para contribuir a la movilidad sostenible en 150 zonas urbanas o metropolitanas de más de 50 000 habitantes y, en determinadas condiciones, en zonas urbanas de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Son proyectos de fomento de la movilidad sostenible los siguientes: i) Proyectos desarrollados por municipios que contribuyan a fomentar la movilidad sostenibles en municipios de más de 50 000 habitantes y capitales de provincia; en determinadas condiciones, también podrán concederse a municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Los proyectos apoyarán, por ejemplo: a) la transformación de las flotas de transporte público para lograr los objetivos de la Directiva de vehículos limpios, con arreglo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1); b) la delimitación y gestión de zonas de bajas emisiones; c) la digitalización del transporte público, su gestión administrativa y la mejora de su accesibilidad; y d) medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa. Un proyecto es un conjunto de actividades definidas, interrelacionadas y coordinadas, realizadas con un objetivo común dentro de determinados plazos y límites presupuestarios, para las que se solicita una subvención. Un municipio puede desarrollar más de un proyecto. ii) Proyectos de fomento de la movilidad sostenible en zonas urbanas y metropolitanas desarrollados por las Comunidades Autónomas. Concierne a las tipologías a) a i) especificadas en la inversión 1 del componente 1. Las zonas urbanas y metropolitanas se definen como municipios con más de 50 000 habitantes, capitales de provincia y, en determinadas condiciones, municipios de más de 20 000 habitantes. Cada Comunidad Autónoma puede desarrollar más de un proyecto. iii) Proyectos de subvención a empresas privadas para: a) desguazar vehículos antiguos, b) renovar sus flotas pesadas de pasajeros y mercancías para que sus vehículos sean más limpios, c) comprar o adaptar sus remolques o semirremolques para el transporte intermodal o d) instalar puntos de repostaje con combustibles alternativos (electricidad, GNL, GNC y biometano). Deben subvencionarse al menos 3 000 vehículos pesados o puntos de repostaje o de recarga para considerar que se ha finalizado un proyecto de fomento de la movilidad sostenible. Las subvenciones deben concederse de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). (Fecha para el valor de referencia: 31 de diciembre de 2023). 10 C1.I1 Objetivo Carreteras estatales mejoradas en zonas urbanas para fomentar nuevas tipos de movilidad Número 0 34 Q4 2025 Al menos 34 carreteras estatales mejoradas mediante la construcción de nuevos carriles bici, la ampliación de las zonas peatonales, la reducción de las zonas de aparcamiento o la mejora de la seguridad en los cruces. Esta inversión la emprenderá el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en las carreteras de su competencia en zonas urbanas. 11 C1.I2 Objetivo Adjudicación de proyectos innovadores de fomento de la electromovilidad En millones EUR 0 250 Q2 2023 Publicación en el BOE de la concesión de al menos 250 millones EUR en convocatorias de apoyo a proyectos innovadores de fomento de la electromovilidad. Los criterios de selección utilizados en las convocatorias de propuestas para asignar las ayudas serán: i) la reducción del impacto medioambiental, ii) la viabilidad económico-técnica, iii) el nivel de desarrollo e innovación tecnológicos, iv) la reproducibilidad y extensibilidad, v) la generación de empleo directo e indirecto ligada al proyecto, y vi) repercusión en la cadena de valor y sinergia con otros sectores, sobre todo el industrial. 12 C1.I2 Objetivo Vehículos eléctricos y puntos de recarga desplegados Número 0 238 000 Q4 2023 Al menos 238 000 vehículos eléctricos (vehículos eléctricos a batería, vehículos eléctricos de autonomía extendida, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de hidrógeno) y puntos de recarga subvencionados. 13 C1.I2 Objetivo Finalización de proyectos innovadores de fomento de la electromovilidad Número 0 85 Q4 2025 Finalización de al menos 85 proyectos en el marco del programa de ayudas MOVES Proyectos Singulares. 14 C1.I3 Objetivo Líneas ferroviarias de Cercanías Número (en km) 0 200 Q4 2023 Al menos 200 km de líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas en el marco de alguno de los subsistemas siguientes: andenes, vías, electrificación, seguridad e comunicaciones/señalización. La longitud de las líneas ferroviarias de Cercanías que se actualicen debe interpretarse como el tramo situado en zonas urbanas o metropolitanas en el que se haya llevado a cabo una intervención significativa que no represente todo lo que se ha de realizar o reparar. Las intervenciones podrán consistir en electrificación, renovación de vías, mejora de los sistemas de señalización y seguridad y mejoras en las estaciones que vayan más allá del mantenimiento y las reparaciones, y se ejecutarán en el territorio nacional en todos los centros de población a los que llegue la red de Cercanías. 15 C1.I3 Objetivo Estaciones mejoradas con la digitalización Número 0 420 Q4 2023 Al menos 420 estaciones mejoradas con la totalidad o parte de los proyectos desarrollados por RENFE como operador de operaciones comerciales especializadas, enumerados a continuación: • Digitalización de los sistemas de seguridad en las estaciones (como análisis inteligente de vídeos, ciberseguridad y control del fraude) • Sistema de información al pasajero • Mejora del control del acceso a las estaciones • Proyectos de máquinas de venta de billetes • Adaptación de instalaciones 16 C1.I3 Objetivo Estaciones de Cercanías mejoradas Número 0 20 Q4 2023 Al menos 20 estaciones de Cercanías mejoradas por ADIF, principalmente en términos de obras de accesibilidad y vías férreas nuevas o renovadas. 17 C1.I3 Objetivo Presupuesto acumulado concedido para inversiones en líneas ferroviarias de corta distancia. En millones EUR 0 1 619 Q4 2024 Publicación en el BOE de la presupuesto acumulado concedido para inversiones en líneas ferroviarias de corta distancia; al menos: 1 619 000 000 EUR 18 C1.I3 Objetivo Líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas Número (en km) 200 700 Q2 2026 Al menos 700 km de líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas en el marco de alguno de los subsistemas siguientes: andenes, vías, electrificación, seguridad e comunicaciones/señalización. La longitud de las líneas ferroviarias de Cercanías que se actualicen debe interpretarse como el tramo situado en zonas urbanas o metropolitanas en el que se haya llevado a cabo una intervención significativa que no represente todo lo que se ha de realizar o reparar. Las intervenciones podrán consistir en electrificación, renovación de vías, mejora de los sistemas de señalización y seguridad y mejoras en las estaciones que vayan más allá del mantenimiento y las reparaciones, y se ejecutarán en el territorio nacional en todos los centros de población a los que llegue la red de Cercanías. (Fecha para el valor de referencia: 31 de diciembre de 2023). 19 C1.I3 Objetivo Estaciones mejoradas con la digitalización Número 420 850 Q2 2026 Al menos 850 estaciones mejoradas con la totalidad o parte de los proyectos desarrollados por RENFE como operador de operaciones comerciales especializadas, enumerados a continuación: • Digitalización de los sistemas de seguridad en las estaciones (como análisis inteligente de vídeos, ciberseguridad y control del fraude) • Sistema de información al pasajero • Mejora del control del acceso a las estaciones • Proyectos de máquinas de venta de billetes • Adaptación de instalaciones (Fecha para el valor de referencia: 31 de diciembre de 2023). 20 C1.I3 Objetivo Estaciones de Cercanías mejoradas Número 20 70 Q2 2026 Al menos 70 estaciones de Cercanías mejoradas por ADIF, principalmente en términos de obras de accesibilidad y vías férreas nuevas o renovadas. (Fecha para el valor de referencia: 31 de diciembre de 2023).



B. COMPONENTE 2: Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español tratará la rehabilitación energética del parque edificado, su descarbonización y la mejora de su calidad y comodidad. También tratará cuestiones como las viviendas de alquiler social: aumentará el parque de vivienda en alquiler social y velará por una recuperación más justa e inclusiva. Además, el componente trata de hacer frente a la pobreza energética mediante las ayudas para el alquiler de viviendas sociales o a precio asequible. Se incluyen asimismo actividades de digitalización. Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español apoya la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, que prevé la renovación de 1 200 000 edificios residenciales a más tardar en 2030 y de los sistemas de calefacción y refrigeración de una media de 300 000 edificios residenciales al año. En este contexto, España propone: a)desarrollar y ejecutar medidas de reforma, incluida la Agenda Urbana Española, la estrategia española a largo plazo de rehabilitación energética, una Ley de Vivienda, una Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno Construido y la creación de una ventanilla única para la rehabilitación de edificios; b)rehabilitar al menos 355 000 viviendas unifamiliares como parte de al menos 510 000 actuaciones de rehabilitación, al menos 600 hectáreas de zonas urbanas, un equivalente de al menos 40 000 edificios residenciales y 690 000 m² de edificios no residenciales, al menos 26 000 edificios residenciales en municipios y zonas urbanas con menos de 5 000 habitantes y al menos 1 230 000 m² de edificios públicos a más tardar en 2026, con un ahorro medio de energía primaria de más del 30 %, en particular renovando y mejorando los sistemas de calefacción y refrigeración; c)construir al menos 20 000 viviendas nuevas para alquiler social a precios asequibles con una demanda de energía primaria al menos un 20 % inferior a los requisitos de los edificios de consumo de energía casi nulo; y

d)ejecutar al menos 100 proyectos piloto locales que apoyen la eficiencia energética y la implementación de la Agenda Urbana Española. Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español apoya la transición ecológica (recomendación específica por país 3 de 2019) y, en particular, las mejoras de la eficiencia energética (recomendación específica por país 3 de 2020). También mejora el apoyo a las familias (recomendación específica por país 2 de 2019 y 2 de 2020) y ayuda anticipar los fondos para aplicar proyectos de inversión pública en fase avanzada y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica (recomendación específica por país 3 de 2020). Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). B.1. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas financieras no reembolsables Reforma 1 (C2.R1): Implementación de la Agenda Urbana Española y su plan de acción El objetivo de esta medida es la elaboración y aprobación de la Agenda Urbana Española, que será un documento estratégico y no normativo que integrará la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. También será un método de trabajo que guíe a todas las partes interesadas públicas y privadas para lograr un desarrollo equitativo, justo y sostenible en sus zonas concretas y servir a la Administración local, las ciudades y los pueblos, independientemente de su población, como herramienta con una perspectiva estratégica, integrada y global, tal como exigen la agenda urbana para la UE y la Nueva Carta de Leipzig. La Agenda Urbana Española incluirá un diagnóstico de las deficiencias y las dificultades a las que se enfrentan las ciudades y pueblos españoles, con el fin de lograr un desarrollo urbano sostenible desde el punto de vista medioambiental, socialmente cohesivo y económicamente viable. Incluirá un marco estratégico estructurado en torno a los diez objetivos estratégicos siguientes: problemas demográficos; medioambientales; económicos y sociales, la situación del parque inmobiliario, su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, su alta dependencia del turismo y todos los riesgos relacionados con la contaminación. La Agenda Urbana también incluirá un plan de acción específico para la Administración General del Estado e incluirá directrices para apoyar a las Entidades Locales en la elaboración de sus propios planes de acción locales de acuerdo con la metodología propuesta por la Administración General del Estado, comprometiéndose a mejorar las gobernanzas pública y público-privada. La inversión 6 complementará esta reforma apoyando la elaboración de al menos 100 planes de acción locales. Como parte de la Agenda Urbana Española y para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2018/844, relativa a la eficiencia energética de los edificios y a la eficiencia energética, España establecerá una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales. Comprenderá edificios privados y públicos y tiene por objetivo lograr un inmobiliario con alta eficiencia energética y descarbonizado antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. La implementación de la medida concluirá a más tardar el 30 de junio de 2020. Reforma 2 (C2.R2): Actualización de 2020 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE) y su plan de acción El objetivo de esta medida es la implementación de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE). Esto incluirá acciones para preparar, debatir en grupos de trabajo específicos, aprobar y difundir el documento estratégico del plan de acción de la ERESEE. El plan de acción se ajustará a las actuaciones incluidas en la ERESEE. Con el fin de implementar la ERESEE, se crearán varios grupos de trabajo con el fin de elaborar recomendaciones claras para la ejecución del plan de acción de rehabilitación y regeneración urbanas. Se publicarán informes con las recomendaciones de los grupos de trabajo. En la parte III de la ERESEE, «Implementación», la ERESEE incluirá un conjunto de actuaciones, que supondrán un conjunto de reformas como parte de una hoja de ruta que promueva la rehabilitación y renovación urbanas y fomente las transiciones ecológica y digital. La hoja de ruta se estructurará en torno a once ejes y actuaciones destinados a mejorar la gobernanza, la normativa y la financiación. Esta hoja de ruta se incluirá en el documento estratégico como paso principal hacia la implementación de la ERESEE. Destacan especialmente: ·la rehabilitación los edificios de la Administración Pública (en consonancia con el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español); ·las medidas de financiación aspectos susceptibles de mejora, incluidos nuevos impuestos favorables a la rehabilitación, tanto en el sector residencial como en el terciario; ·el fomento y movilización de la financiación privada; ·la lucha contra la pobreza energética; ·el despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de la construcción para fomentar las energías renovables en los edificios; ·la activación y agregación de la demanda de rehabilitación; ·la mejora de las condiciones en el lado de la oferta impulsando la modernización del sector de la rehabilitación a través de la I+D+i, la digitalización, la supervisión, la mejor de las capacidades y la formación;

·la información a los ciudadanos y a las empresas y el intercambio de buenas prácticas entre las Administraciones; y ·el desarrollo de estadísticas e indicadores para supervisar las actuaciones financiadas con fondos públicos, de modo que puedan evaluarse adecuadamente las políticas públicas. Este documento estratégico permitirá la implementación del ERESE, en el marco de la Agenda Urbana española, integrando las distintas Administraciones (central, regional y local). La implementación de la medida concluirá a más tardar el 30 de junio de 2023. Reforma 2 (C2.R3): Ley de Vivienda El objetivo de esta medida es introducir, a través de la Ley de la Vivienda, una regulación pionera en España de los distintos instrumentos públicos de planificación, programación y colaboración existentes para apoyar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Tratará la rehabilitación y mejora del parque de viviendas existente, tanto públicas como privadas, y la regeneración y renovación de los entornos residenciales en los que se encuentran, con el fin de mejorar la calidad de vida. Se propone lograr un objetivo numérico suficiente de viviendas para alquilar a precios asequibles. La Ley regulará diversos instrumentos de planificación, programación y colaboración para garantizar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada e incluirá, como una de sus prioridades, la rehabilitación y mejora del parque de viviendas existente, así como la regeneración y renovación de los entornos residenciales en los que se encuentran. Además, fomentará un aumento de la oferta de viviendas asequibles y sociales velando por el cumplimiento de los requisitos actualmente establecidos para los edificios de consumo de energía casi nulo de acuerdo con el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación e impedirá que se adopten medidas que puedan obstaculizar la oferta de vivienda a medio plazo. La ejecución de la reforma estará terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Reforma 3 (C2.R4): Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido y nueva estrategia nacional de arquitectura El objetivo de esta Ley es declarar la calidad de la arquitectura y los edificios como bien de interés general para la mejora de la calidad de vida, fomentar las raíces sociales de la arquitectura, promover el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y los núcleos urbanos, contribuir al desarrollo económico y social y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Para ello, articulará diversas iniciativas y actuaciones estrechamente relacionadas con los programas de rehabilitación y regeneración de este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. En particular, dispondrá: i) medidas de cooperación interadministrativa en el ámbito de la contratación pública de proyectos y obras de arquitectura, ingeniería y urbanismo; ii) herramientas para difundir buenas prácticas y formación, prestar ayuda y propiciar asociaciones público-privadas; y iii) el fomento de la rehabilitación desde una perspectiva integral, como la descrita anteriormente. La ejecución de la reforma estará terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Reforma 4 (C2.R5): Oficinas de Rehabilitación («ventanilla única») El objetivo de esta medida es promover y ampliar las oficinas locales de rehabilitación establecidas en algunos municipios para acompañar a los hogares y las comunidades de propietarios en el proceso sumamente complejo de rehabilitar un edificio residencial. A tal fin, esta medida seguirá fomentando y extendiendo este enfoque mediante el establecimiento de un proceso que garantice una colaboración y cooperación eficaces entre las Administraciones central, regionales y locales. Para ello se reforzará la coordinación de todas las ayudas públicas (a nivel central, regional o local). Todos los niveles de la Administración participarán en estas ventanillas únicas para maximizar la eficacia de las actuaciones de rehabilitación. La implementación de la reforma estará terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2021. Reforma 5 (C2.R6): Mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación El objetivo de esta medida es solucionar uno de los principales impedimentos al inicio de las actuaciones de rehabilitación, a saber, el acceso a la financiación en condiciones favorables. Para obtener la aprobación de un préstamo de renovación es necesario, en ocasiones, conceder un préstamo personal a cada uno de los propietarios de un edificio. Esto ha supuesto un obstáculo para la rehabilitación integral y completa de los edificios. Para tratar esta cuestión, la medida:

·establece una nueva línea de garantía ICO para cubrir parcialmente el riesgo de los préstamos concedidos por entidades financieras privadas para la rehabilitación de edificios residenciales; ·promueve la adopción de disposiciones normativas específicas, incluida la reforma de la Ley sobre propiedad horizontal, para mejorar el acceso de las comunidades de propietarios a la financiación; y ·fomentar la implantación de la financiación ecológica por parte de las entidades financieras. La implementación de la reforma estará terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Inversión 1 (C2.I1): Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales El objetivo de esta medida es apoyar las renovaciones de eficiencia energética en edificios residenciales y barrios. En el marco de esta medida se ejecutarán al menos 510 000 acciones de renovación en al menos 355 000 viviendas únicas, con una reducción media de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, que se acreditará mediante certificados de eficiencia energética. Se apoyarán las actuaciones siguientes: a)Un programa de apoyo a las renovaciones energéticas en los barrios, mediante la concesión de subvenciones y otras ayudas; la media será de 20 000 EUR por vivienda. El programa renovará al menos 600 hectáreas de suelo urbano, con una reducción media de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, que se acreditará mediante certificados de eficiencia energética. Se incluyen actuaciones como la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de infraestructuras para la movilidad eléctrica, la mejora de la accesibilidad de los edificios y la eliminación de sustancias peligrosas. Un máximo del 15 % de la medida se dedicará a mejoras en los barrios, como la mejora de la iluminación exterior, los carriles para bicicletas, las infraestructuras verdes y el alcantarillado, teniendo en cuenta las características socioeconómicas del barrio. b)Un programa de apoyo a las renovaciones energéticas en los edificios residenciales, mediante la concesión de subvenciones; la media será de 15 000 EUR por vivienda. La ayuda será mayor para los hogares con renta baja y para las actuaciones en las que la reducción de la demanda de energía primaria sea mayor. Se incluyen actuaciones como la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de infraestructuras para la movilidad eléctrica, la mejora de la accesibilidad de los edificios y la eliminación de sustancias peligrosas. c)Un conjunto de actuaciones tratará los incentivos para la renovación energética. Integran estas, entre otras actuaciones, i) la posibilidad de deducirse del IRPF las renovaciones si se logra una reducción de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, y ii) la mejora del marco de financiación mediante el fomento de asociaciones público-privadas. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos técnicos para garantizar el cumplimiento de la reducción media del 30 % de la demanda de energía primaria. Las modificaciones del IRPF se aprobarán mediante Real Decreto-ley y tendrán por objeto definir los incentivos fiscales para las renovaciones de edificios con el fin de mejorar la eficiencia energética. La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2026. Inversión 2 (C2.I2): Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes El objetivo de esta medida es construir al menos 20 000 viviendas nuevas para alquiler social o a precio asequible que cumplan los criterios de eficiencia energética. Estas se construirán, en particular, en zonas en las que la vivienda social es actualmente insuficiente y en predios de dominio público. La demanda de energía primaria de las viviendas sociales será como mínimo un 20 % inferior a los requisitos de los edificios de consumo de energía casi nulo. A tal efecto, mediante Real Decreto se establecerán los requisitos técnicos para limitar el valor de la demanda de energía primaria al 80 % del límite establecido en el apartado HE 0 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2026. Inversión 3 (C2.I3): Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) El objetivo de esta medida es apoyar la rehabilitación energética del equivalente a un mínimo de 40 000 edificios residenciales y 690 000 m² de edificios no residenciales, mediante mejoras de la eficiencia energética y la incorporación de las energías renovables. El programa solo apoya las energías renovables, excluidos los combustibles fósiles, proporciona una mayor ayuda a las comunidades de energía y permite la prefinanciación de las actuaciones de renovación. Las actuaciones específicas abarcan la mejora de la eficiencia energética mediante el aislamiento térmico, el uso de energías renovables en los sistemas de calefacción y refrigeración y la mejora del sistema de iluminación. Se prevé un criterio de admisibilidad: debe lograrse una reducción media de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, que se acreditará mediante certificados de eficiencia energética. La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2026. Inversión 4 (C2.I4): Programa de regeneración y reto demográfico El objetivo de esta medida es apoyar la renovación de edificios en municipios y zonas urbanas con menos de 5 000 habitantes. Entre las actuaciones figuran la mejora de la eficiencia energética de los edificios, los equipos e infraestructuras públicos, la generación y el consumo de energías renovables, el autoconsumo y las comunidades locales de energía de propietarios, y la movilidad sostenible (como las estaciones de recarga eléctrica). Se llevarán a cabo dos tipos de actuaciones:

a)En lo que respecta a la eficiencia energética, se llevarán a cabo al menos 26 000 renovaciones energéticas en edificios residenciales, con una reducción media de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, que se acreditará mediante certificados de eficiencia energética. b)Al menos 250 proyectos singulares de energía limpia se ejecutarán mediante licitaciones o inversiones de las Entidades Locales en los ámbitos siguientes: i) instalación de electricidad o calefacción y refrigeración renovables en edificios o infraestructuras públicos (incluido al menos un 80 % de autoconsumo); ii) renovaciones energéticas de edificios o infraestructuras públicos (con un ahorro de energía primaria de al menos el 30 %, acreditada mediante certificados de eficiencia energética); iii) movilidad sostenible (proyectos de cambio modal o electromovilidad); iv) reducción de la contaminación lumínica mediante la mejora de la iluminación pública; y v) comunidad local de energía u otros proyectos dirigidos por las comunidades locales en estos municipios. A tal fin, se publicarán en el BOE las bases y la convocatoria de ayudas a la inversión extendidas a las Entidades Locales. La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2026. Inversión 5 (C2.I5): Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) El objetivo de esta medida es apoyar las renovaciones energéticas de edificios públicos y, en particular, en la Administración Pública, la educación, la asistencia social, el deporte, la salud, la cultura y los servicios públicos. Se rehabilitarán al menos 1 230 000 m² de edificios públicos, con una reducción media de la demanda de energía primaria de al menos el 30 %, que se acreditará mediante certificados de eficiencia energética. La medida apoya: i) mejoras en el uso del agua, los materiales, la gestión de residuos y la adaptación al cambio climático; ii) mejoras en la accesibilidad de los edificios; iii) la eliminación de sustancias peligrosas y la mejora de la calidad del aire en interiores; y iv) la conservación de edificios. La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2026. Inversión 6 (C2.I6): Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española El objetivo de esta medida es apoyar a las Entidades Locales a logar los diez objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española mediante la aprobación de al menos 100 planes de acción locales. Los diez objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española son los siguientes: i) planificar el uso del suelo y usarlo de forma más racional, conservarlo y protegerlo; ii) evitar la expansión urbana y revitalizar las ciudades existentes; iii) prevenir y reducir los efectos del cambio climático y la resiliencia; iv) utilizar de forma sostenible los recursos y fomentar la economía circular; v) fomentar la proximidad y la movilidad sostenible; vi) fomentar la cohesión social y la igualdad; vii) fomentar y promocionar la economía urbana; viii) garantizar el acceso a la vivienda; ix) liderar y promover la innovación digital; y x) mejorar los instrumentos de participación y gobernanza. La medida: i) servirá de paradigma y guía para otras Entidades Locales a la hora de elaborar sus propios planes de acción; ii) ejecutar la Agenda Urbana Española con planes de acción a nivel local; y iii) ejecutar proyectos concretos como parte de los planes de acción locales para poner de relieve el potencial de la Agenda Urbana Española. La ayuda se concede mediante licitación, dirigida, en particular, a proyectos transversales e integrados con una visión estratégica, y a través de un modelo de gobernanza que garantice la mayor participación posible. Las inversiones de esta medida estarán terminadas a más tardar el 31 de diciembre de 2022. B.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables Véase el cuadro a continuación. La fecha que se tiene en cuenta para el valor de referencia de todos los indicadores es el 1 de febrero de 2020, salvo que se indique otra cosa en la descripción de la actuación. Los importes del cuadro no incluyen el IVA. Número Medida Hito / Objetivo Nombre Indicadores cualitativos (para los hitos) Indicadores cuantitativos (para los objetivos) Tiempo Descripción de cada hito y objetivo Unidad Valor de referencia Meta Trimestre Año 21 C2.R1 Hito Entrada en vigor de la Agenda Urbana Española y de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España. Publicación en el BOE. Q2 2020 Entrada en vigor de la Agenda Urbana Española, como política urbana nacional que garantizará una planificación estratégica integrada y global de las ciudades y los pueblos, y la actualización de 2020 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE). El objetivo de la ERESEE es hacer un diagnóstico del parque inmobiliario en España y eliminar obstáculos y generar nuevos enfoques para impulsar la renovación de edificios, fomentar la inversión en el sector, aumentar el ahorro energético y reducir las emisiones de carbono en consonancia con los objetivos climáticos. 21bis C2.R2 Hito Publicación de recomendaciones de los grupos de trabajo para la implementación de la ERESEE. Publicación de las recomendaciones de los grupos de trabajo. Q2 2023 Publicación de recomendaciones pormenorizadas de los grupos de trabajo para implementar la actualización de 2020 de la ERESEE. El objetivo de la ERESEE es hacer un diagnóstico del parque inmobiliario en España y eliminar obstáculos y generar nuevos enfoques para impulsar la renovación de edificios, fomentar la inversión en el sector, aumentar el ahorro energético y reducir las emisiones de carbono en consonancia con los objetivos climáticos. Con el fin de implementar la ERESEE, se crearán varios grupos de trabajo con el fin de elaborar recomendaciones claras para la ejecución del plan de acción de rehabilitación y regeneración urbanas. Las recomendaciones pormenorizadas incluirán una hoja de ruta y guías metodológicas para cada medida que deba realizarse, dirigidas a todos los interlocutores implicados (Administración pública, partes interesadas, etc.). 22 C2.R3 Hito Entrada en vigor de la Ley de Vivienda, incluidas acciones de apoyo al aumento de la oferta de viviendas que cumplan los requisitos de los edificios de consumo de energía casi nulo. Disposición de la Ley de Vivienda por la que se establece su entrada en vigor. Q3 2022 La Ley de Vivienda regulará diversos instrumentos de planificación, programación y colaboración para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada e incluirá, como una de sus prioridades, la rehabilitación y mejora del parque de viviendas existente, así como la regeneración y renovación de los entornos residenciales en los que se encuentran. Fomentará un aumento de la oferta de viviendas asequibles y sociales velando por el cumplimiento de los requisitos actualmente establecidos para los edificios de consumo de energía casi nulo de acuerdo con el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación. 23 C2.R4 Hito Entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido. Disposición de la Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido por la que se establece su entrada en vigor. Q3 2022 Promulgación de la Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido, incluido un enfoque integrado de la rehabilitación que impulsará el crecimiento del parque de edificios de consumo de energía casi nulo, no solo de edificios nuevos, sino también de edificios existentes. La Ley establecerá el principio de calidad de la arquitectura y el entorno construido, estableciendo la sostenibilidad medioambiental y la contribución a la consecución de los objetivos de eficiencia energética como uno de los criterios clave de evaluación, y orientando la necesaria rehabilitación del parque hacia un enfoque integrado de la rehabilitación. 24 C2.R5 Hito Entrada en vigor del Real Decreto sobre Oficinas de Rehabilitación («ventanillas únicas») Disposición del Real Decreto sobre Oficinas de Rehabilitación («ventanillas únicas») por la que se establece su entrada en vigor. Q3 2021 Promulgación de un Real Decreto por el que se establezca el ámbito de competencia de las oficinas de rehabilitación («ventanillas únicas») y su financiación. Se celebrará la Conferencia Sectorial de Vivienda y se completará la fase de información al público y demás procedimientos legales antes de la ultimación del Real Decreto. 25 C2.R6 Hito Entrada en vigor de las modificaciones de la Ley sobre propiedad horizontal para facilitar la financiación de la rehabilitación. Disposición de la Ley sobre propiedad horizontal por la que se establece su entrada en vigor. Q3 2022 Modificaciones de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, con el fin de promover la realización de reformas y mejoras en los edificios por parte de las comunidades de propietarios, así como el acceso a la financiación. El objetivo de la modificación es facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de renovación de edificios que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y facilitar el acceso a la financiación bancaria. 26 C2.I1 Hito Entrada en vigor del Real Decreto del marco normativo de la ejecución del programa de renovación y del Real Decreto-ley que regule los incentivos en el IRPF para apoyar el programa. Disposición del Real Decreto y del Real Decreto-ley («ventanillas únicas») por la que se establece su entrada en vigor. Q3 2021 Promulgación de un Real Decreto sobre el marco normativo de la ejecución del programa de renovación y un Real Decreto-ley que regule los incentivos en el IRPF para apoyar el programa. El Real Decreto que fije el marco normativo establecerá los requisitos técnicos para garantizar el cumplimiento de la reducción media del 30 % del consumo de energía primaria no renovable. Se celebrará la Conferencia Sectorial de Vivienda y se completará la fase de información al público y demás procedimientos legales antes de la ultimación del Real Decreto. 27 C2.I1 Objetivo Finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (al menos 231 000 actuaciones en al menos 160 000 viviendas únicas). Número 0 231 000 Q4 2023 Al menos 231 000 actuaciones de renovación de viviendas completadas en al menos 160 000 viviendas únicas, con una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (acumulada). A efectos de este indicador, el concepto de vivienda será compatible con la definición de Eurostat («Una vivienda es una habitación o conjunto de habitaciones —incluidos sus accesos, vestíbulos y pasillos— en un edificio permanente o una parte estructuralmente separada de un edificio que, por el modo en que se ha construido, reconstruido o transformado, está destinada a ser usada como vivienda por una familia durante todo el año») y puede incluir, en su caso, viviendas sociales o públicas. Los indicadores de mejora de la eficiencia energética utilizados se acreditarán mediante el correspondiente certificado de eficiencia energética en el marco de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. El número de actuaciones de rehabilitación de viviendas será la suma de todas las actuaciones de mejora y rehabilitación (dentro de los barrios delimitados, ya sea en el edificio o en una vivienda) llevadas a cabo mediante la aplicación de una de las líneas de ayuda (rehabilitación completa o solo parte de la construcción) o de incentivos fiscales. El porcentaje medio de ahorro del consumo de energía primaria no renovable a efectos del cumplimiento del mínimo del 30 % se calculará ponderando el conjunto de actuaciones de rehabilitación por el importe de ayuda o financiación desembolsado en el marco del Plan de Recupera