Tras el marco efectivo por el cual se recompensa la cooperación de las empresas investigadas en el ámbito de los cárteles, y un primer asunto no vinculado a los cárteles en 2016, en 2018 la Comisión concluyó varios asuntos de defensa de la competencia no vinculados a cárteles sobre la base de la cooperación de las empresas investigadas. Dicha cooperación permite que la Comisión aumente la importancia y el impacto de sus decisiones al agilizar sus investigaciones, mientras que las empresas pueden beneficiarse de reducciones considerables de las sanciones según el carácter y la fecha de su cooperación. En diciembre de 2018, la Comisión publicó una guía informal sobre cómo las empresas podrían cooperar en las investigaciones de defensa de la competencia a cambio de una reducción de las sanciones.

Desde estos inicios, la UE ha contado con normas en los Tratados que conferían a la Comisión facultades para proteger una competencia justa y no falseada en el mercado interior. Las normas de competencia de la UE establecen un marco jurídico bien definido para que las empresas de todo tamaño hagan negocios en el mercado interior y competir de manera justa. Este marco jurídico ha evolucionado durante los últimos seis decenios, pero respeta estrictamente el principio del Estado de Derecho bajo la estrecha vigilancia de los Tribunales europeos. La Comisión aplica rigurosamente los principios de no discriminación, equidad procedimental, transparencia, previsibilidad, el derecho a ser oídos y la protección de confidencialidad en sus prácticas diarias de ejecución. La previsibilidad y la credibilidad del sistema de la UE ha convertido a la Comisión en una de las autoridades líderes y más influyentes del mundo.

Asimismo, el 18 de septiembre de 2018, la Comisión abrió una investigación exhaustiva sobre la posible colusión de fabricantes de vehículos respecto al desarrollo tecnológico de sistemas de limpieza de emisiones para turismos. En octubre de 2017, la Comisión había llevado a cabo registros en las instalaciones de BMW, Daimler, Volkswagen y Audi en Alemania, como parte de su investigación inicial en este asunto. La Comisión está investigando si dichas empresas acordaron no competir entre ellas en el desarrollo y despliegue de sistemas de control de emisiones de vehículos vendidos en el EEE. Se trata de los sistemas de reducción catalítica selectiva, que reducen las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los turismos con motores diésel, y los filtros de partículas «Otto», que reducen las emisiones de partículas en suspensión de los turismos con motores de gasolina. La incoación formal del procedimiento no prejuzga el resultado de la investigación.

La Decisión de la Comisión exigió a Google que pusiera fin a su conducta ilegal de una manera efectiva en un plazo de 90 días a partir de la publicación de la Decisión y exigía a Google que, como mínimo, suspendiese los 3 tipos de restricciones descritos anteriormente y que no volviese a aplicarlas. Asimismo, exigía que Google se abstuviese de aplicar cualquier medida con el mismo objetivo o efecto, o equivalente, al de dichas prácticas. La Comisión controlará detenidamente el cumplimiento de la Decisión. La Decisión no impide que Google introduzca un sistema objetivo, justo y razonable para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos Android que utilizan servicios y aplicaciones de su propiedad, pero sin que ello afecte a la libertad de los fabricantes para producir dispositivos basados en Android.

Aunque tener una posición dominante como tal no es ilegal según la normativa de la UE en materia de defensa de la competencia, las empresas dominantes tienen la especial responsabilidad de no abusar de su posición restringiendo la competencia en el mercado en que son dominantes o en otros mercados vinculados. El comportamiento de Google privó a otras empresas de la posibilidad de competir y de innovar en función de sus méritos y, por tanto, infringió las normas de defensa de la competencia de la UE. Pero lo más importante es que se negó a los consumidores europeos el beneficio de una competencia efectiva en el importante ámbito de las tecnologías móviles.

La Comisión ha definido los objetivos de su «agenda digital» y sus objetivos para la «sociedad del gigabit» como una de sus prioridades estratégicas. Se estima que alcanzar los objetivos de conectividad del mercado único digital para 2020 y 2025 requerirá una inversión general de cerca de 500 000 millones EUR durante el próximo decenio. Aunque se espera que la financiación privada cubra una gran parte de dicha inversión, se requiere financiación pública para que las zonas rurales y remotas no queden excluidas. El control de las ayudas estatales pretende garantizar que dichas inversiones públicas no desplacen a las inversiones privadas (planificadas) y que la infraestructura financiada públicamente esté abierta para que compitan todos los operadores. En este contexto, la Comisión Europea aprobó en 2018, de acuerdo con las Directrices sobre banda ancha, un proyecto en Baviera para desplegar redes de gran capacidad en 6 municipios. Esta fue la primera vez que la Comisión consideraba una medida de apoyo a la luz de los objetivos de la Comunicación relativa a los gigabit. Las velocidades de transmisión están muy por encima de las que habían disfrutado los usuarios hasta el momento en las zonas objetivo. Por tanto, las nuevas redes propiciarán una mejora considerable en consonancia con los objetivos estratégicos de la Comunicación relativa a los gigabit.

Las reuniones y los contactos del cártel tuvieron lugar sobre todo en Japón, aunque las operaciones del cártel afectaron a todo el mundo, es decir, también al EEE. Las empresas se reunían periódicamente e intercambiaban información comercial confidencial sobre precios futuros, así como las necesidades futuras en términos de oferta y demanda. El objetivo era coordinar el comportamiento futuro y evitar la competencia de precios. Sanyo Electric Co., Ltd. y su empresa motriz, Panasonic Corporation, recibieron inmunidad total por confesar la existencia del cártel a la Comisión, por lo que evitaron las sanciones.

Mediante el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), las normas sobre ayudas estatales también tienen una función clave a la hora de alcanzar los objetivos climáticos mediante la bajada de los costes indirectos del mercado del carbono en la UE para las industrias de alto consumo eléctrico. El principio fundamental del RCDE es que los contaminadores paguen por sus emisiones de carbono. Sin embargo, no todos los países de fuera de la UE aplican este principio. Si las empresas deslocalizasen algunas de sus actividades de producción fuera de la UE como resultado de los costes del carbono, esto daría lugar a un incremento de las emisiones de carbono mundiales. Dado que los productores de electricidad no reciben derechos de emisión gratuitos, tienen que comprarlos, lo que incrementa el precio de la electricidad para los consumidores. A tal fin, los Estados miembros podrán compensar parcialmente a los grandes consumidores de electricidad por los costes indirectos derivados de los RCDE.

La Comisión acogió positivamente las medidas legislativas tomadas por el Gobierno de Luxemburgo para modificar el código tributario y armonizar las disposiciones relevantes con el proyecto de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y que asimismo, contienen una modificación de su ley relativa al impuesto sobre sociedades para evitar la no imposición de beneficios obtenidos en el contexto de la conversión de préstamos en acciones. No obstante, la modificación no afecta a las transacciones triangulares como las efectuadas por Engie.

La confianza en el mercado único de la UE depende de la creación de unas condiciones de competencia equitativas para que las empresas compitan en función de sus méritos, también por lo que respecta a la fiscalidad. Por ejemplo, un Estado miembro no puede conceder ventajas fiscales a grupos multinacionales si dichas ventajas no están disponibles para otras empresas (a menudo empresas locales), ya que ello falsearía gravemente la competencia.

El considerable crecimiento del tráfico aéreo continuó en 2018, en parte motivado por los beneficios de la intensa competencia entre aerolíneas y aeropuertos. El mantenimiento de una competencia efectiva en este sector ha seguido siendo una prioridad. En lo que respecta a los aeropuertos, la Comisión adoptó una decisión que constata que la prórroga por 20 años de la concesión del aeropuerto internacional de Atenas «Eleftherios Venizelos» no constituye una ayuda estatal. La decisión se adoptó solo tras el incremento del canon de concesión inicial de 484 millones EUR, que se basaba en parámetros comerciales y financieros que no eran acordes a las condiciones de mercado, a 1 115 millones EUR. En vista de este aumento, la Comisión constató que la concesión prorrogada no implicaba ayuda estatal, ya que Athens International Airport S.A. pagaría un precio de mercado adecuado para continuar operando dicho aeropuerto.

Las normas sobre ayudas estatales de la UE impiden que los Estados miembros ofrezcan ventajas fiscales desleales únicamente a determinadas empresas. Los Estados miembros no pueden hacer distinciones entre empresas en la misma situación jurídica y fáctica a la luz del objetivo de las mismas leyes nacionales. Tales distinciones distorsionan la competencia y son ilegales según la normativa sobre ayuda estatal. Además, las normas sobre ayudas estatales de la UE exigen que se recupere toda ayuda estatal ilegal e incompatible con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda. No existen sanciones según las normas sobre ayuda estatal y la recuperación no penaliza a la empresa en cuestión, simplemente restaura la igualdad de trato con otras empresas.

El 19 de septiembre de 2018, la Comisión concluyó que la no imposición de determinados beneficios de McDonald's en Luxemburgo no suponía una ayuda estatal ilegal. Este trato, que estaba en consonancia con las leyes fiscales nacionales y el convenio de doble imposición entre Luxemburgo y Estados Unidos, no concede una ventaja selectiva a favor de McDonald's, sino que fue la consecuencia de una discordancia entre las leyes fiscales de ambos países. Por consiguiente, la Comisión concluyó que Luxemburgo no había infringido la normativa sobre ayudas estatales de la UE.

Entre los cambios mencionados anteriormente al código tributario a fin de armonizar las leyes fiscales con el proyecto de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, Luxemburgo reforzó los criterios establecidos por su código tributario para definir un establecimiento permanente. Según las nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de enero de 2019, Luxemburgo puede, de conformidad con determinadas condiciones, exigir que aquellas empresas que aleguen tener su residencia a efectos fiscales en el extranjero presenten una confirmación de que efectivamente están sujetas a impuestos en otro país.

Asimismo, el 19 de diciembre de 2018, la Comisión concluyó que Gibraltar concedió ventajas fiscales ilegales a empresas multinacionales mediante un régimen de exención del impuesto sobre sociedades respecto a intereses y cánones desde 2011 hasta 2013, así como a través de 5 resoluciones fiscales que concedían beneficios fiscales selectivos sobre determinados ingresos generados por sociedades limitadas holandesas. Los beneficiarios deben devolver a Gibraltar impuestos impagados por un importe cercano a 100 millones EUR.

En el transcurso de la investigación de la Comisión, Gibraltar modificó sus normas fiscales para mejorar el procedimiento de las resoluciones fiscales, reforzar las normas sobre precios de transferencia, aumentar las obligaciones de los contribuyentes (por ejemplo, la presentación de declaraciones anuales o la inclusión de información detallada en las solicitudes de resoluciones) y mejorar la transparencia sobre el modo en que se aplica su sistema territorial de tributación. La Comisión acogió con satisfacción la mejora de estas normas, que entraron en vigor en octubre de 2018.

La Comisión continúa sus investigaciones relativas a las resoluciones fiscales adoptadas por los Países Bajos a favor de Inter IKEA y a un régimen fiscal para las multinacionales en el Reino Unido.

Las investigaciones de la Comisión sobre resoluciones fiscales en Estados miembros demuestra su efectividad

Las resoluciones fiscales como tales no constituyen un problema con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE si se limitan a confirmar que los acuerdos fiscales entre empresas de un mismo grupo cumplen la legislación tributaria pertinente. Sin embargo, las resoluciones fiscales que confieren una ventaja fiscal selectiva a determinadas empresas pueden falsear la competencia en el mercado único de la UE, incumpliendo lo dispuesto en las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Los Estados miembros han progresado considerablemente en cuanto a la aplicación de las decisiones de la Comisión sobre la recuperación de impuestos impagados adoptadas el año anterior por la Comisión, que de hecho evita que las empresas sigan beneficiándose de ventajas ilegales. En mayo de 2018, Luxemburgo completó la recuperación de más de 260 millones EUR de Amazon, además de una cantidad de 21 millones EUR por intereses de recuperación. En octubre de 2018, Luxemburgo también recuperó más de 120 millones EUR de Engie, más 1 millón EUR por intereses de recuperación. Ese mismo mes, Irlanda recuperó la ayuda ilegal e incompatible de Apple por completo, es decir, 13 100 millones EUR, más cerca de 1 200 millones EUR por intereses de recuperación. En todos estos casos, el dinero se encuentra en una cuenta de garantía bloqueada, pendiente del resultado de la apelación en curso de la decisión de la Comisión ante los tribunales de la UE.

8. Esfuerzo conjunto para fomentar una cultura de competencia mundial

A medida que los mercados mundiales siguen integrándose y cada vez más empresas dependen de cadenas de valor mundiales, las autoridades de defensa de la competencia deben aumentar su colaboración y acordar normas y procedimientos comunes. La aplicación efectiva de las normas de competencia depende cada vez más de la cooperación con otras autoridades de competencia. Cuando las prácticas comerciales de una empresa perjudican la competencia en diferentes países y continentes, solo se pueden restablecer las condiciones de mercado justas y equitativas si las autoridades de competencia trabajan en equipo.

La Comisión ha estado a la vanguardia de la cooperación internacional en el ámbito de la competencia, tanto a nivel multilateral como bilateral. En 2001, la Comisión fue uno de los miembros fundadores de la Red Internacional de Competencia (RIC), que cuenta actualmente con más de 130 miembros. Asimismo, la Comisión participa de forma activa en todos los foros internacionales dedicados a la competencia, como la OCDE, la UNCTAD, la OMC y el Banco Mundial.

En el ámbito bilateral, la Comisión tiene como objetivo fomentar la igualdad de condiciones a escala internacional, incluyendo disposiciones relativas a la competencia y las ayudas estatales en sus acuerdos de asociación y libre comercio. En 2018, la Comisión continuó sus negociaciones con Chile, México, el Mercosur, Azerbaiyán, Túnez, Indonesia, Andorra, Mónaco y San Marino, e inició negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, Kirguistán y Uzbekistán. A finales de 2018, los negociadores de la Unión Europea y Suiza acordaron el texto de un Acuerdo marco institucional, que también incluía normas sobre ayudas estatales. Además, la Comisión lleva a cabo una amplia gama de actividades de cooperación con las autoridades de competencia de varios terceros países, sobre la base de acuerdos o memorandos de acuerdo. En junio de 2018, la Comisión firmó un acuerdo administrativo con México.

En 2018, prosiguió la cooperación de la DG Competencia en asuntos y política de competencia, incluido el diálogo sobre control de ayudas estatales, con Administración Estatal de Regulación de Mercados de China, creada en 2018 como resultado de la reorganización de la Administración central china. Este organismo reagrupa la Oficina de Defensa de la Competencia del Ministerio de Comercio, la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma (NDRC) y e Industrias Estatales en materia de industria y comercio, así como la Oficina de Control de la Competencia Leal de la NDRC. La DG de Competencia cooperó con la Administración Estatal de Regulación de Mercados de China en 5 casos de concentraciones y respondió a la solicitud de dicha Administración de observaciones sobre sus proyectos de normas por las que prohibía el abuso de la posición dominante en el mercado. Además, mantuvo diversos intercambios a nivel técnico relativos a las actividades de la susodicha Administración para fomentar su sistema de control de la competencia leal.

La Comisión sigue comprometida en fomentar una cultura general de la competencia, así como en promover unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial, en las que las empresas puedan competir en función de sus méritos. En 2018, la Comisión prosiguió sus esfuerzos para mejorar las normas multilaterales relativas a las subvenciones, como parte del concepto de la UE para la modernización de la OMC. Los principales objetivos son incrementar la transparencia, disponer de mejores normas sobre subvenciones perjudiciales y resolver adecuadamente los problemas que planean las empresas públicas. Además, la Comisión siguió participando en iniciativas sectoriales para abordar las subvenciones en el contexto internacional, como en el caso del acero (Foro Mundial del G20 sobre el exceso de capacidad de producción de acero), los semiconductores (Directrices de apoyo regional para la industria de los semiconductores) y la construcción naval (OCDE). Finalmente, la Comisión continúa trabajando con los Estados miembros de la UE en el grupo internacional de política de subvenciones para intercambiar opiniones y coordinar iniciativas en lo relativo a las políticas internacionales a escala multilateral y bilateral sobre subvenciones.

Mantenimiento de un diálogo interinstitucional permanente y constructivo

El Parlamento Europeo, el Consejo y los comités consultivos, con sus funciones específicas con respecto a los ciudadanos europeos y las partes interesadas, son colaboradores clave en el diálogo sobre la política de competencia.

En abril, la comisaria Vestager intercambió opiniones con el pleno del Parlamento sobre los logros generales en curso en la política de competencia; en octubre, debatió sobre los beneficios de la competencia para impulsar la competitividad de las industrias europeas; y en noviembre, junto con el Parlamento, celebró la finalización de la nueva Directiva destinada a que los organismos de competencia nacionales aplicaquen con más eficacia las normas de competencia europeas. La comisaria también mantuvo debates sobre temas de actualidad con Comisiones del Parlamento: con la de Asuntos Económicos y Monetarios en junio y octubre, y con la de Industria e Investigación en julio. Por su parte, el director general, Johannes Laitenberger, visitó en mayo al Grupo de Trabajo de Competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y en noviembre intercambió opiniones con el pleno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tras un debate preparatorio celebrado en octubre en dicha Comisión por el director general adjunto, Carles Esteva Mosso.

Como en años anteriores, el Parlamento adoptó una Resolución relativa al informe anual de la Comisión sobre la política de competencia. El Parlamento respaldó una política de competencia sólida que preserve la integridad del mercado interior y ofrezca a los ciudadanos precios asequibles, posibilidades de elección e innovaciones en el mercado. Se trató de un apoyo a los esfuerzos realizados por la Comisión en 2018 para combatir los cárteles ilegales y los abusos de posición dominante por parte de las empresas, así como en el ámbito del control de las concentraciones y las ayudas estatales concedidas en el mercado único.

También en 2018, el Parlamento siguió participando en la lucha contra la elusión y evasión fiscales. El Parlamento celebró que el control de las ayudas estatales demostrase su eficacia a la hora de luchar contra las ventajas fiscales selectivas para las multinacionales. En 2018, la Comisión continuó tomando importantes medidas en este ámbito y adoptó un enfoque sistemático sobre el análisis de las pruebas de resoluciones fiscales de todos los Estados miembros.