A4-0192/97

Resolución sobre la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales en la Unión monetaria

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el Título VI del Tratado CE sobre la política económica y monetaria,

- Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Dublín de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, de Florencia de los días 21 y 22 de junio de 1996, de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995, y de Cannes de los días 26 y 27 de junio de 1995,

- Vistas sus resoluciones sobre la Unión económica y monetaria y, en particular, las de 28 de noviembre de 1996 sobre la política de convergencia ((DO C 380 de 16.12.1996, pág. 56)), de 18 de junio de 1996 sobre las relaciones de cambio entre los Estados miembros que participan en la tercera fase de la Unión económica y monetaria y los demás Estados miembros ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 52)), de 19 de junio de 1996 sobre las orientaciones generales de la política económica de los Estados miembros ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 115)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial (A4-0192/97),

A. Considerando que la tercera fase de la Unión económica y monetaria, al dotar a los Estados miembros que participen en la misma de una política monetaria común cuyo objetivo es garantizar la estabilidad de los precios, ya no les permitirá continuar utilizando a nivel nacional el instrumento de regulación económica que constituye la política monetaria,

B. Considerando que la fijación irrevocable de los tipos de cambio y después la moneda única, que acompañará a la Unión monetaria, ya no permitirá a los Estados miembros seguir jugando con el margen de flexibilidad o con los ajustes de las paridades entre las monedas,

C. Considerando, por éstos y otros motivos, que el papel de la política presupuestaria y fiscal como instrumento de la política económica, cambiará y crecerá a partir de la introducción de la Unión monetaria,

D. Considerando, no obstante, que las políticas presupuestarias nacionales de los Estados miembros de la Unión monetaria estarán enmarcadas por las disposiciones relativas, por una parte, al refuerzo de la vigilancia y a la coordinación de las situaciones presupuestarias y, por otra parte, a la aceleración y a la clarificación de la aplicación del procedimiento relativo a los déficits excesivos, disposiciones que constituyen los principales elementos del pacto de estabilidad y de crecimiento,

E. Considerando que los Estados miembros «pre-ins» (países aspirantes), comprometidos ellos mismos en el proceso de convergencia y, por consiguiente, sujetos a la disciplina presupuestaria, se encontrarán a este respecto en una situación similar a la de los Estados miembros de la Unión monetaria, aun cuando su tipo de cambio no esté aún irrevocablemente fijado con relación al euro,

F. Considerando que el nuevo marco presupuestario no implica necesariamente para los Estados miembros una identidad de sus opciones presupuestarias nacionales y que el principio de subsidiariedad deberá aplicarse a este ámbito,

G. Considerando que el nivel actual del 1,2% del PIB a que asciende el presupuesto comunitario no permitiría la utilización de la política presupuestaria y fiscal a nivel comunitario, ni tampoco transferencias presupuestarias considerables, como instrumento de estabilización económica en caso de dificultades encontradas por uno o varios Estados miembros,

H. Considerando que los principales objetivos de la moneda única deben ser garantizar un funcionamiento óptimo del mercado interior y permitir así su evolución final hacia un auténtico mercado interior europeo y, en particular, procurar un crecimiento económico sostenible desde el punto de vista ambiental, el empleo y la estabilidad y una mejor calidad de vida de los ciudadanos europeos,

I. Considerando que es necesario un grado mínimo de armonización fiscal para evitar distorsiones económicas y garantizar condiciones iguales de competencia en el interior del mercado único,

J. Considerando que las disposiciones relativas a la armonización de las legislaciones fiscales, de conformidad con el artículo 99 del Tratado CE, están sujetas a la regla de la unanimidad,

K. Considerando que es conveniente anticipar las situaciones en las que pueden encontrarse los Estados miembros de la Unión en caso de choques asimétricos o simétricos,

L. Considerando que, aunque el Tratado prevé el establecimiento de una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas económicas en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, conducida conforme al principio de una economía de mercado abierta donde la competencia es libre y donde debe existir la posibilidad de contrarrestar los choques mediante una política presupuestaria nacional, con el fin de lograr una armonización efectiva, debiendo contar los Estados miembros con un mayor margen de maniobra para luchar contra los problemas nacionales, sobre todo, el desempleo, a fin de lograr una armonización del desarrollo económico de la UE,

M. Considerando el papel preponderante que desempeñará el Comité económico y financiero a partir del inicio de la tercera fase en la coordinación de las políticas de los Estados miembros con vistas a garantizar el buen funcionamiento del mercado interior,

N. Considerando, además, que las disposiciones relativas a la Unión Económica y Monetaria dejan que desear en lo que se refiere al control democrático acordado a los órganos electos,

1. Constata que la introducción de la moneda única, que tiene como corolario una política monetaria común que se supone no afectará en principio a las políticas fiscales nacionales, sitúa a los Estados miembros de la Unión monetaria en una situación inédita para la realización de sus políticas económicas respectivas;

2. Señala, además, que los Estados miembros de la Unión se verán de hecho todos ellos afectados por esta nueva situación desde el inicio de la tercera fase, ya estén o no en la Unión monetaria, con la excepción de los Estados miembros que decidan no participar en el nuevo mecanismo de los tipos de cambio (MTC2);

3. Considera que, en las perspectivas económicas y políticas actuales, no puede proponerse un presupuesto comunitario considerablemente incrementado (solución teórica óptima para hacer frente a los choques económicos), pero que esto podría cambiar en el futuro, y que habrá que continuar las reflexiones con objeto de buscar las vías y los medios de acción comunitarios apropiados para una respuesta más colectiva a las crisis económicas;

4. Considera que, en un primer momento, la coordinación efectiva de las políticas económicas de los Estados miembros, acompañada de políticas presupuestarias y fiscales apropiadas, debería ser suficiente para garantizar un desarrollo económico y social armonioso de la Unión, y propone una concentración en los instrumentos económicos de que disponemos actualmente;

En lo que se refiere a las políticas presupuestarias

5. Considera que, en su forma actual, las políticas presupuestarias de los Estados miembros expresan, a través de la naturaleza de los gastos públicos realizados (respetando, por supuesto, el pacto de estabilidad y de crecimiento), unas opciones políticas económicas y sociales nacionales específicas y que no se impone ninguna otra adaptación que no sea la disciplina presupuestaria;

6. Considera que, para luchar contra el desempleo u otros problemas económicos de carácter excepcional, los Estados miembros deben contar con la posibilidad de aplicar una política de expansión, mediante presupuestos deficitarios, o, una política de austeridad, mediante presupuestos excedentarios;

7. Considera, por consiguiente, que las políticas presupuestarias nacionales deberán continuar siendo durante un largo período de tiempo un medio fundamental y que el equilibrio o el déficit presupuestario no debe ser juzgado anualmente, sino en el marco de todo el ciclo económico, y que las sanciones económicas, cuando el déficit supere el 3%, no se deben establecer anualmente sino en función de todo el ciclo;

8. Desea, no obstante, señalar que, con objeto de evitar la aparición de factores externos perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior, como consecuencia de orientaciones presupuestarias divergentes, tendría mucha utilidad un procedimiento de información mutua, en el marco del control multilateral previsto, sobre las opciones presupuestarias nacionales (procedimiento que implicaría no solamente a los Gobiernos sino también a los Parlamentos nacionales);

En lo que se refiere a las políticas fiscales

9. Reconoce que en la situación actual de disparidad de los sistemas fiscales, la comparabilidad directa de las ventajas o de los inconvenientes fiscales u otros a que dará lugar la evaluación en una moneda única que elimina los riesgos de cambio y disminuye los costes de transacción creará naturalmente las condiciones de una competencia fiscal entre los Estados miembros, competencia que podría afectar a todas las formas de imposición sobre los factores de producción más móviles;

10. Manifiesta su inquietud por la posibilidad de distorsiones económicas que podrían resultar de determinadas diferencias fiscales entre los Estados miembros de la Unión monetaria, distorsiones que perjudicarían a la correcta asignación de los recursos en la Unión Europea;

11. Considera asimismo que, teniendo en cuenta las importantes disparidades existentes entre los sistemas de fiscalidad indirecta de los diferentes Estados miembros, sería conveniente reunir a las diferentes partes interesadas para estudiar los principios que regulan dicha fiscalidad;

12. Es consciente de que unos niveles impositivos más bajos pueden animar a las empresas a deslocalizarse; señala, sin embargo, a raíz de la audiencia pública celebrada por su Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que las decisiones administrativas sobre deslocalizaciones se basan en varias razones, como el fácil acceso al mercado en el que se venderá el producto, los costes de producción más reducidos, los limitados riesgos del cambio de divisas, la existencia de mano de obra cualificada y de infraestructuras, la lentitud de los procedimientos administrativos públicos, la estabilidad política y social en un país, etc.;

13. Manifiesta asimismo su preocupación por la aplicación, a nivel regional y/o nacional de estrategias de «atracción» basadas en la fiscalidad y en las prestaciones sociales (es decir, en la reglamentación del trabajo) que puedan conducir a una competencia desleal mediante una práctica de «dumping» fiscal (y social), cuyas consecuencias podrían ser perjudiciales para los Estados miembros, que serían sus víctimas, en términos económicos y sociales (traslado de actividades, desempleo, empobrecimiento fiscal), pero también desastrosas en términos de relaciones políticas en el interior de la Unión;

14. Considera que hay que evitar la aplicación del dumping fiscal (y social) ya sea mediante un «código de buena conducta» fiscal ya sea mediante una armonización fiscal mínima, en particular en materia de ahorro, de impuesto sobre sociedades y de fiscalidad transfronteriza; pide a la Comisión que le presente un informe anual sobre esta cuestión;

15. Reconoce que, de todos modos, la situación política actual no es en absoluto propicia a una renuncia a la regla de la unanimidad para la armonización fiscal y ´que, por el contrario, la Unión monetaria podría conllevar un refuerzo del sentimiento de soberanía fiscal;

En lo que se refiere a la política económica de la Comunidad

16. Considera que, de conformidad con el Tratado y con miras a una gestión y un control democráticos de la Unión, la tercera fase de la U.E.M. debe expresarse en su dimensión económica mediante una política comunitaria que equilibre una política monetaria común dirigida por un banco central independiente que garantice la estabilidad de los precios europeos;

17. Señala la necesidad de un banco central independiente cuya existencia permitiría aplicar una política activa de inflación reducida y de bajos tipos de interés;

18. Considera, por consiguiente, que la aplicación y el seguimiento de la «coordinación» fiscal, así como la elaboración de una verdadera «policy- mix» y la aplicación de mecanismos reguladores, que serán indispensables para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria durante la tercera fase, requieren un órgano político, integrado por representantes de todos los Estados miembros y sometido a un estricto control democrático, con competencias económicas significativas y obligado a rendir cuentas periódicamente ante nuestra Institución;

19. Se propone iniciar una reflexión profunda en su seno sobre los medios para reforzar su capacidad de análisis de la situación económica de la U.E.M. y de lograr una mayor credibilidad de sus opciones presupuestarias y, de una manera más general, económicas, y sugiere, para iniciar el debate, recurrir a un «Comité de consejeros económicos del Parlamento Europeo» constituido por expertos reconocidos encargados de elaborar una o dos veces al año un informe sobre la situación económica y recomendaciones en función de los objetivos políticos que el Parlamento Europeo les hubiere asignado;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Instituto Monetario Europeo..