Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) en 1991

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo), basándose en la legislación vigente sobre la evaluación del impacto ambiental, estableció los procedimientos de consulta a las partes que pudieran resultar afectadas por las consecuencias transfronterizas para el medio ambiente de los proyectos propuestos. El Convenio entró en vigor en 1997. La Comunidad Europea lo firmó el 26 de febrero de 1991 y lo ratificó el 24 de junio 1997. Sus disposiciones principales la aplica la Directiva 97/11/CE, cuyo plazo de transposición a la legislación nacional era marzo de 1999.

Decisiones ya tomadas en planes o políticas pueden constreñir la capacidad de evitar repercusiones negativas sobre el medio ambiente en la etapa de proyectos, por lo que se admite en general la conveniencia de llevar a cabo un trabajo similar de evaluación en aquellas etapas. Se trata de lo que se conoce generalmente por el nombre de evaluación estratégica medioambiental. En consideración de ello, el Convenio de Espoo ya disponía que «las Partes se esforzarán por aplicar, en su debida medida, los principios de evaluación del impacto sobre el medio ambiente en sus políticas, planes y programas».

La legislación de la UE sobre la evaluación estratégica medioambiental figura en la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (la Directiva sobre la evaluación estratégica medioambiental). Esta Directiva se aplica a una amplia gama de planes y programas y establece requisitos detallados de evaluación y notificación de sus efectos sobre el medio ambiente, además de constar de una disposición sobre efectos transfronterizos inspirada en el Convenio de Espoo.

La segunda reunión de las Partes en el Convenio de Espoo (26 y 27 de febrero de 2001) decidió abrir negociaciones con miras a elaborar un instrumento jurídicamente vinculante en forma de Protocolo sobre la evaluación estratégica medioambiental del Convenio, con el objeto de finalizarlo a tiempo para su posible adopción en la quinta conferencia ministerial «Medio ambiente para Europa», cuya celebración está prevista en Kiev (Ucrania) en mayo de 2003. El Consejo adoptó el 27 de septiembre de 2001 una Decisión por la que autorizaba a la Comisión a negociar el Protocolo en nombre de la comunidad, velando por la coherencia con el Derecho comunitario pertinente.

El texto del Protocolo se acordó en la octava sesión de negociación celebrada el 30 de enero de 2003.

Los objetivos del Protocolo se fijan en el artículo 1. Se trata de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, incluida la salud, y velar por que estas preocupaciones se integren en las medidas e instrumentos destinados a promover el desarrollo sostenible.

Las obligaciones dispositivas del Protocolo se dividen en tres grupos.

En primer lugar, están las disposiciones generales sobre la ayuda y orientación al público, el reconocimiento y apoyo de las asociaciones pertinentes, el fomento internacional de los objetivos del Protocolo y los derechos de las personas que ejercen sus derechos en virtud del Protocolo a no verse penalizadas o discriminadas por razones de nacionalidad, etc.

En segundo lugar, otras disposiciones tratan de la evaluación ambiental de determinados planes y programas, que se dividen en dos grupos: uno (apartado 2 del artículo 4) en que la evaluación será obligatoria excepto en algunos casos limitados, y otro (apartado 3 del artículo 4) en que hará falta la evaluación cuando las Partes consideren probable la existencia de efectos significativos. Hay disposiciones detalladas sobre las diversas etapas de la evaluación ambiental.

En tercer lugar, el Protocolo se funda en la disposición relativa a las políticas del Convenio de Espoo al establecer requisitos sobre las políticas y la legislación. Las Partes tienen que velar «por tener en cuenta las consideraciones sobre el medio ambiente, incluida la salud, e integrarlas, en la medida oportuna, en el proceso de elaboración de sus propuestas de políticas y textos legislativos de las que puedan derivarse importantes efectos sobre el medio ambiente». Al obrar así, deberán «tener en cuenta los principios y elementos pertinentes» del Protocolo. Cuando proceda, deberán definir las medidas prácticas para hacerlo y notificar a la reunión de las partes su aplicación de esos requisitos.

La Comisión Europea, con arreglo a su estrategia de desarrollo sostenible y mejor normativa, se propone aplicar el artículo 13 del Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de Espoo mediante los procedimientos de evaluación del impacto establecidos en la Comunicación sobre Evaluación del impacto (COM (2002) 276 final), que se ocupa de forma equilibrada de los componentes económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

A las expresiones del Protocolo «medio ambiente» o «medioambiental» siempre acompaña la fórmula «incluida la salud». La salud humana ya forma parte de los aspectos del medio ambiente que deben notificarse en el informe sobre medio ambiente contemplado en la Directiva sobre la evaluación estratégica medioambiental. La consolidación de las referencias en el Protocolo tiene el propósito de añadir peso a un aspecto del medio ambiente que se suele desatender en las evaluaciones del impacto ambiental actuales. No se trata de que sea obligatorio llevar a cabo una evaluación médica, como se deduce de la definición de «efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud», definición que cubre esencialmente los mismos factores ambientales que se deben abordar en los informes sobre el medio ambiente con arreglo a la Directiva.

La mayoría de la parte dispositiva del Protocolo ya la cubren los requisitos de la Directiva sobre la evaluación estratégica medioambiental. La principal excepción es el artículo 13 sobre políticas y legislación, que no tiene paralelos en la Directiva.

Varios aspectos de la dimensión de la UE son dignos de consideración. La CE y sus Estados miembros se cuentan entre los que ha liderado la elaboración de la idea y la práctica de la evaluación estratégica medioambiental y deberían confirmar su apoyo mediante la firma del Protocolo. Como los problemas ambientales no respetan fronteras nacionales, convendría que las evaluaciones ambientales se llevaran a cabo conforme a normas coherentes, por lo que la legislación de la UE y la de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas debería estar armonizadas en la medida de lo posible.

La firma es el último paso antes de ratificación y, como Parte en el Protocolo, la Comunidad misma estará obligada a cumplir sus disposiciones en la medida en que sus actividades entren en el ámbito de aplicación del Protocolo, lo que coincide con el Libro Blanco europeo de la gobernanza y la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto ambiental. La ratificación por la CE y sus Estados miembros debería asegurar un suficiente número de ratificaciones para que el Protocolo pueda entrar en vigor (son necesarias 16).

Por cuanto antecede, conviene que la Comunidad firme, sin perjuicio de posterior celebración, el Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo.

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) en 1991

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular el apartado 1 de su artículo 175, conjuntamente con la primera frase del primer párrafo del apartado 2 de su artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) En virtud de una Decisión del Consejo de 27 de septiembre de 2001, la Comisión participó en nombre de la Comunidad, en consulta con los representantes de los Estados miembros, en las negociaciones entabladas en el seno de grupo de trabajo de composición abierta sobre la evaluación estratégica medioambiental, bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, al efecto de elaborar un Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.

(2) Como consecuencia de estas negociaciones, el texto del Protocolo se finalizó el 30 de enero de 2003 y el Protocolo quedará abierto a la firma con motivo de la quinta conferencia ministerial «Medio ambiente para Europa», cuya celebración está prevista en Kiev (Ucrania) del 21 al 23 de mayo de 2003.

(3) El Protocolo contribuirá a proteger el medio ambiente al contemplar la evaluación de las repercusiones significativas probables en el medio ambiente, incluida la salud, de los planes y programas y, en su debida medida, de las políticas y la legislación, integrando así los aspectos medioambientales, incluidos los sanitarios, en las medidas e instrumentos planeados para fomentar el desarrollo sostenible.

(4) Conviene que se firme, en nombre de la Comunidad y sin perjuicio de posterior celebración, el Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo.

DECIDE:

Artículo único

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona o personas habilitadas para firmar en nombre de la Comunidad, sin perjuicio de posterior celebración, el Protocolo sobre evaluación estratégica medioambiental del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, y a conferir a tal persona o personas los poderes necesarios a tal fin.

Hecho en

Por el Consejo

El Presidente

[...]

Naciones Unidas

Distr.

Generale

MP. EIA/2003/1

13 febrero 2003

ESPAGNOL

Original: ANGLAIS

Comisión Económica para Europa

Encuentro de las Partes en el Convenio sobre Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en un Contexto Transfronterizo

(Reunión extraordinaria, Kiev... mayo de 2003)

(Punto 2 del orden del día provisional)

PROYECTO DE PROTOCOLO

SOBRE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA MEDIOAMBIENTAL [1]

[1] Elaborado por el Grupo de trabajo ad hoc sobre el Protocolo sobre Evaluación Estratégica Medioambiental, con vistas a su adopción en la reunión extraordinaria de las Partes en el Convenio.

LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

RECONOCIENDO que es importante tener en cuenta el medio ambiente, incluida la salud, en la elaboración y adopción de planes y programas y, cuando así convenga, de las políticas y la legislación,

RESUELTAS a promover un desarrollo sostenible, basado, por consiguiente, en las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992) y, en particular, en los principios 4 y 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21, así como en los resultados de la Tercera Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud (Londres, 1999) y de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002),

TENIENDO EN CUENTA el Convenio sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, hecho en Espoo, Finlandia, el 25 de febrero de 1991 y la decisión II/9 de las Partes reunidas en Sofía los días 26 y 27 de febrero de 2001, relativa a la elaboración de un protocolo jurídicamente vinculante sobre evaluación estratégica medioambiental,

RECONOCIENDO que la evaluación estratégica medioambiental debe desempeñar un papel importante en la elaboración y adopción de planes y programas y, cuando así convenga, de las políticas y la legislación y que una aplicación más amplia de los principios por los que se regirá dicha evaluación a los planes y programas, las políticas y la legislación fortalecerá el análisis sistemático de sus importantes efectos sobre el medio ambiente,

TOMANDO NOTA tanto de la Convención sobre el acceso a la información, la participación en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales, adoptada en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, como de los apartados pertinentes de la Declaración de Lucca adoptada por la primera Reunión de las Partes en dicha convención,

CONSCIENTES, por lo tanto, de que es importante garantizar la participación del público en la evaluación estratégica medioambiental,

ADMITIENDO las ventajas que se derivarán para la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras si la necesidad de proteger y mejorar la salud de las personas se tiene en cuenta como elemento constitutivo de la evaluación estratégica medioambiental y reconociendo las actividades dirigidas por la Organización Mundial de la Salud a este respecto,

SABEDORAS de la necesidad e importancia de fortalecer la cooperación internacional a efectos de la evaluación de los efectos transfronterizos sobre el medio ambiente, incluida la salud, de los planes y programas propuestos y, cuando así convenga, de las políticas y la legislación,

CONVIENEN en lo siguiente:

Artículo 1

OBJETIVO

El presente Protocolo tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, incluida la salud, mediante:

a) la garantía de que los aspectos relativos al medio ambiente, incluida la salud, se tengan plenamente en cuenta en la elaboración de planes y programas;

b) la contribución a la consideración de las preocupaciones que suscita el medio ambiente, incluida la salud, en la elaboración de las políticas y la legislación;

c) el establecimiento de procedimientos claros, transparentes y eficaces de evaluación estratégica medioambiental;

d) la apertura de la participación del público en la evaluación estratégica medioambiental y

e) la integración , por estos medios, de las preocupaciones que suscita el medio ambiente, incluida la salud, en las medidas e instrumentos destinados a promover el desarrollo sostenible.

Artículo 2

DEFINICIONES

A efectos del presente Protocolo,

Por "Convenio" se entenderá el Convenio sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo.

Por "Partes" se entenderán, salvo indicación en contrario, las Partes en el presente Protocolo.

Por "Parte originante" se entenderá la Parte o Partes en el presente Protocolo bajo cuya jurisdicción se prevé la elaboración de un plan o programa.

Por "Parte afectada" se entenderá la Parte o Partes en el presente Protocolo que probablemente resultarán afectadas por los efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, de un plan o programa.

Por "planes y programas" se entenderán aquellos planes, programas y sus posibles modificaciones:

a) cuya realización constituya un requisito exigido por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y

b) que sean objeto de un proceso de elaboración y/o de adopción por parte de una autoridad o que elabore una autoridad a efectos de adopción por un parlamento o gobierno, en el marco de un procedimiento formal.

Por "evaluación estratégica medioambiental" se entenderá una evaluación de los efectos probables sobre el medio ambiente, incluida la salud, que comprenderá la delimitación del ámbito de un informe medioambiental y su elaboración, la aplicación de un proceso de participación y consulta del público y la consideración en un plan o programa del informe medioambiental y los resultados del proceso de participación y consulta del público.

Por "efecto sobre el medio ambiente, incluida la salud" se entenderá todo efecto sobre el medio ambiente, lo cual incluye la salud humana, la flora, la fauna, la diversidad biológica, los suelos, el clima, el aire, el agua, el paisaje, los lugares naturales, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interacción entre estos factores.

Por "público" se entenderán una o varias personas físicas o jurídicas, así como las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por dichas personas, con arreglo a la legislación o a las prácticas nacionales.

Artículo 3

DISPOSICIONES GENERALES

Cada Parte tomará las medidas legislativas, reglamentarias o de otro tipo adecuado para aplicar las disposiciones del presente Protocolo en un marco preciso y transparente.

Cada Parte velará por que los agentes y las autoridades ayuden al público y le proporcionen orientación en los ámbitos contemplados por el presente Protocolo.

Cada Parte otorgará el reconocimiento y el apoyo necesarios a las asociaciones, organizaciones o grupos que trabajen para la protección del medio ambiente, incluida la salud, en el contexto del presente Protocolo.

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán al derecho de cada Parte de mantener o adoptar medidas complementarias en relación con las cuestiones que este contempla.

Cada Parte fomentará los objetivos del presente Protocolo en los procesos de toma de decisiones internacionales pertinentes y en el marco de las organizaciones internacionales competentes.

Cada Parte velará por que las personas que ejercen sus derechos conforme a las disposiciones del presente Protocolo no se vean penalizadas, perseguidas o acosadas por ello en modo alguno. La presente disposición no afectará a la capacidad de los tribunales nacionales para imponer costas de un importe razonable en el marco de un procedimiento judicial.

Dentro del ámbito de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, el público estará habilitado para ejercer sus derechos sin discriminación fundada en la nacionalidad, la ciudadanía o el domicilio y, en el caso de las personas jurídicas, sin discriminación por el lugar en que tengan su sede oficial o un centro verdadero de actividades.

Artículo 4

ÁMBITO DE APLICACIÓN POR LO QUE RESPECTA A LOS PLANES Y PROGRAMAS

Cada Parte velará por que se efectúe una evaluación estratégica medioambiental en relación con los planes y programas mencionados en los apartados 2, 3 y 4 de los que se puedan derivar importantes efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud.

Se deberá llevar a cabo una evaluación estratégica medioambiental en relación con los planes y programas que se elaboren para la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, incluida la explotación minera, los transportes, el desarrollo regional, la gestión de los residuos, la gestión del agua, las telecomunicaciones, el turismo, el urbanismo y la ordenación del territorio o la utilización del suelo, y que establezcan el marco para la autorización futura de la realización de los proyectos enumerados en el anexo I, así como de cualquier otro proyecto enumerado en el anexo II que deba ser objeto de una evaluación estratégica en virtud de la legislación nacional.

En el caso de los planes y programas diferentes de aquellos a los que se aplica el apartado 2 que establezcan el marco para la autorización futura de la realización de proyectos, se llevará a cabo una evaluación estratégica medioambiental si una Parte así lo decide con arreglo al apartado 1 del artículo 5.

En el caso tanto de los planes y programas contemplados en el apartado 2 que determinen la utilización de pequeñas zonas a nivel local, como de las modificaciones menores de los planes y programas contemplados en dicho apartado, sólo se llevará a cabo una evaluación estratégica medioambiental si una Parte así lo decide con arreglo al apartado 1 del artículo 5.

No se verán afectados por el presente Protocolo:

a) los planes y programas exclusivamente destinados a fines de defensa nacional o de protección civil

b) los planes y programas financieros o presupuestarios.

Artículo 5

COMPROBACIÓN PRELIMINAR

Cada Parte determinará si de los planes y programas contemplados en los apartados 3 y 4 del artículo 4 pueden derivarse importantes efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, ya sea mediante un análisis caso por caso o mediante la especificación de tipos de planes y programas, o a través de una combinación de ambos. Para ello, cada Parte deberá tener en cuenta, sin excepción, los criterios establecidos en el anexo III.

Cada Parte velará por que se consulte a las autoridades competentes en materia de medio ambiente y de salud mencionadas en el apartado 1 del artículo 9 cuando se apliquen los procedimientos previstos en el apartado 1.

Cada Parte tratará de proporcionar al público interesado, en la medida oportuna, la posibilidad de participar en la comprobación preliminar de los planes y programas en virtud del presente artículo.

Cada Parte adoptará las medidas necesarias para que las conclusiones a las que llegue en aplicación del apartado 1, incluidas las razones para no prever una evaluación estratégica medioambiental, se pongan a disposición del público a su debido tiempo, ya sea a través de una comunicación que le vaya destinada o por otros medios convenientes, como pueden ser los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 6

DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Cada Parte adoptará las disposiciones oportunas para determinar la información que deberá figurar en el informe medioambiental, de conformidad con el apartado 2 del artículo 7.

Cada Parte velará por que se consulte a las autoridades competentes en materia de medio ambiente y de salud mencionadas en el apartado 1 del artículo 9 a la hora de determinar la información que deberá figurar en el informe medioambiental.

Cada Parte tratará de proporcionar al público interesado, en la medida oportuna, la posibilidad de participar en el proceso de determinación de la información que deberá figurar en el informe medioambiental.

Artículo 7

INFORME MEDIOAMBIENTAL

Cada Parte velará por que se elabore un informe medioambiental en relación con los planes y programas que deban ser objeto de una evaluación estratégica medioambiental.

En dicho informe se determinarán, describirán y evaluarán, de conformidad con la delimitación efectuada en virtud del artículo 6, los efectos importantes sobre el medio ambiente, incluida la salud, que probablemente se derivarán de la aplicación del plan o el programa y las soluciones alternativas razonables. El informe incluirá la información especificada en el anexo IV que pueda exigirse razonablemente, teniendo en cuenta:

a) los conocimientos y los métodos de evaluación disponibles

b) el contenido y grado de detalle del plan o programa y la fase del proceso de toma de decisiones en la que se encuentra

c) el interés del público y

d) las necesidades de información del órgano encargado de la adopción de decisiones.

Cada Parte velará por que los informes medioambientales sean de calidad suficiente para satisfacer los requisitos del presente Protocolo.

Artículo 8

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Cada Parte velará por que el público tenga la posibilidad de participar en la evaluación estratégica medioambiental de los planes y programas de manera efectiva y oportuna desde las primeras fases, cuando todas las opciones todavía están abiertas.

Cada Parte velará por que el proyecto de plan o programa y el informe medioambiental se pongan a disposición del público a su debido tiempo, a través de medios de comunicación electrónicos u otros medios adecuados.

Cada Parte velará por la identificación del público interesado, incluidas las organizaciones no gubernamentales pertinentes, a efectos de los apartados 1 y 4.

Cada Parte velará por que el público mencionado en el apartado 3 tenga la posibilidad de expresar su parecer sobre el proyecto de plan o programa y sobre el informe medioambiental en plazos razonables.

Cada Parte velará por que se adopten y hagan públicas las disposiciones particulares para informar al público y consultar al público interesado. A tal efecto, cada Parte deberá tener en cuenta, en la medida oportuna, los elementos enumerados en el anexo V.

Artículo 9

CONSULTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE SALUD

Cada Parte designará a las autoridades que se deberá consultar, las cuales pueden verse afectadas por los efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, derivados de la aplicación del plan o el programa, debido a sus competencias específicas en materia de medio ambiente o de salud.

El proyecto de plan o programa y el informe medioambiental se pondrán a disposición de las autoridades mencionadas en el apartado 1.

Cada Parte velará por que las autoridades mencionadas en el apartado 1 tengan la posibilidad de emitir de manera efectiva y oportuna, lo antes posible, su dictamen sobre el proyecto de plan o programa y sobre el informe medioambiental.

Cada Parte adoptará las disposiciones particulares para informar y consultar a las autoridades competentes en materia de medio ambiente y de salud mencionadas en el apartado 1.

Artículo 10

CONSULTAS TRANSFRONTERIZAS

Cuando una Parte originante considere que la aplicación de un plan o un programa puede tener importantes efectos transfronterizos sobre el medio ambiente, incluida la salud, o cuando una Parte con probabilidades de verse afectada de manera importante así lo solicite a la Parte originante, esta enviará a la Parte afectada una notificación, con la mayor antelación posible a la adopción del plan o programa.

Dicha notificación contendrá, en particular:

a) el proyecto de plan o programa y el informe medioambiental, en el que figurará la información relativa a sus probables efectos transfronterizos sobre el medio ambiente, incluida la salud

b) información sobre el procedimiento de toma de decisiones, incluida la indicación de un plazo razonable para la comunicación de observaciones.

La Parte afectada señalará a la Parte originante, en el plazo fijado en la notificación, si desea entablar consultas antes de la adopción del plan o el programa. Si así fuese, las Partes interesadas iniciarán consultas en relación con los efectos transfronterizos probables sobre el medio ambiente, incluida la salud, de la aplicación del plan o el programa y con las medidas contempladas para prevenir, reducir o paliar los efectos negativos.

Cuando se celebren tales consultas, las Partes interesadas acordarán las disposiciones particulares para garantizar que el público interesado y las autoridades de la Parte afectada mencionadas en el apartado 1 del artículo 9 sean informados y puedan expresar su parecer sobre el proyecto de plan o programa y el informe medioambiental en un plazo razonable.

Artículo 11

DECISIÓN

Cada Parte velará por que los planes o programas adoptados tengan debidamente en cuenta:

a) las conclusiones del informe medioambiental

b) las medidas contempladas para prevenir, reducir o paliar los efectos negativos que figuran en el informe medioambiental y

c) las observaciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 a 10.

Cada Parte velará por que, cuando se adopte un plan o un programa, el público, las autoridades mencionadas en el apartado 1 del artículo 9 y las Partes consultadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 sean informados y se ponga a su disposición el plan o programa, acompañado de una declaración en la que se resuma cómo se han integrado las consideraciones sobre el medio ambiente, incluida la salud, así como la manera en que se han tenido en cuenta las observaciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 a 10 y los motivos de su adopción, habida cuenta de las alternativas razonables que se habían previsto.

Artículo 12

SEGUIMIENTO

Cada Parte hará un seguimiento de los importantes efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, de la aplicación de los planes y programas adoptados en virtud del artículo 11, al objeto, en particular, de determinar en una fase precoz los efectos negativos imprevistos y así poder iniciar las acciones paliativas convenientes.

Los resultados del seguimiento se pondrán a disposición de las autoridades mencionadas en el apartado 1 del artículo 9, así como del público, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional.

Artículo 13

POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN

Cada Parte velará por tener en cuenta las consideraciones sobre el medio ambiente, incluida la salud e integrarlas, en la medida oportuna, en el proceso de elaboración de sus propuestas de políticas o de textos legislativos de las que puedan derivarse importantes efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud.

En la aplicación del apartado 1, cada Parte tendrá en cuenta los principios y elementos pertinentes del presente Protocolo.

Cada Parte establecerá, cuando proceda, las modalidades prácticas de la toma en consideración y la integración de las consideraciones sobre el medio ambiente, incluida la salud, de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la transparencia del proceso de adopción de decisiones.

Cada Parte informará de las medidas que haya adoptado para aplicar el presente artículo a la Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo.

Artículo 14

REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL CONVENIO EN CALIDAD DE REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO

La Reunión de las Partes en el Convenio hará las veces de Reunión de las Partes en el presente Protocolo. La primera reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo será convocada, a más tardar, un año después de la fecha de entrada en vigor del Protocolo y coincidiendo con una reunión de las Partes en el Convenio, si estas tienen programada una reunión en dicho período. Posteriormente, las reuniones de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán con motivo de las reuniones de las Partes en el Convenio, a menos que la Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo decida lo contrario.

Las Partes en el Convenio que no lo sean en el presente Protocolo podrán asistir en calidad de observadores a los debates de cualquier sesión de la Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Reunión de las Partes en el Convenio actúe en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo, sólo podrán participar en la adopción de decisiones en virtud del presente Protocolo las Partes en el mismo.

Cuando la Reunión de las Partes en el Convenio actúe en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de la Reunión de las Partes que represente a una Parte en el Convenio que, en el momento en cuestión, no sea Parte en el Protocolo, será sustituido por otro miembro procedente de las Partes en el presente Protocolo elegido por estas.

La Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo hará un seguimiento permanente de la aplicación del presente Protocolo. A tal efecto:

a) examinará las políticas y los enfoques metodológicos aplicados en el ámbito de la evaluación estratégica medioambiental, con el fin de perfeccionar los procedimientos previstos en el presente Protocolo;

b) procederá al intercambio de información sobre la experiencia adquirida en el ámbito de la evaluación estratégica medioambiental y en el marco de la aplicación del presente Protocolo;

c) procurará obtener, cuando así convenga, los servicios y asistencia de los órganos cuyas competencias puedan resultar útiles para la realización de los objetivos del presente Protocolo;

d) creará los órganos subsidiarios que juzgue necesario para la aplicación del presente Protocolo;

e) examinará y adoptará, cuando proceda, las propuestas de enmienda al presente Protocolo y

f) examinará y emprenderá las actuaciones complementarias, y en particular las iniciativas conjuntas en virtud del presente Protocolo y del Convenio, que puedan ser necesarias para la realización de los objetivos del presente Protocolo.

El reglamento interno de la Reunión de las Partes en el Convenio se aplicará mutatis mutandis en el marco del presente Protocolo, a menos que la Reunión de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo decida lo contrario por consenso

La primera Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo estudiará y adoptará las modalidades para aplicar al presente Protocolo el procedimiento de examen del cumplimiento de las disposiciones del Convenio.

Cada Parte informará a la Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el presente Protocolo, en los intervalos que esta fije, de las medidas que haya adoptado para aplicar el Protocolo.

Artículo 15

RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES

Las disposiciones pertinentes del presente Protocolo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los Convenios de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo y sobre el acceso a la información, la participación del público en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Artículo 16

DERECHO A VOTO

A reserva de las disposiciones del apartado 2, las Partes en el presente Protocolo tendrán, cada una, un voto.

Las organizaciones regionales de integración económica dispondrán, para ejercer su voto en materias que sean de su competencia, de un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Parte en el presente Protocolo. Estas organizaciones no ejercerán su derecho a voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 17

SECRETARÍA

La Secretaría creada en aplicación del artículo 13 del Convenio ejercerá las funciones de secretaría del presente Protocolo. Las letras a) a c) del artículo 13 del Convenio relativo a las funciones de la Secretaría se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo.

Artículo 18

ANEXOS

Los anexos del presente Protocolo forman parte integrante de este.

Artículo 19

ENMIENDAS AL PROTOCOLO

Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo.

A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, el procedimiento de propuesta, adopción y entrada en vigor de las enmiendas al Convenio establecido en los apartados 2 a 5 del artículo 14 del Convenio se aplicará mutatis mutandis a las enmiendas al presente Protocolo.

A efectos del presente Protocolo, la proporción de tres cuartos de las Partes requerida para que una enmienda entre en vigor para las Partes que la hayan ratificado, aprobado o aceptado se calculará sobre la base del número de Partes a la fecha de la aprobación de la enmienda.

Artículo 20

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las disposiciones del artículo 15 del Convenio relativo a la solución de controversias se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo.

Artículo 21

FIRMA

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Comisión Económica para Europa, de los Estados que gozan de estatuto consultivo ante la Comisión Económica para Europa en virtud de los párrafos 8 y 11 de la resolución 36 (IV) del Consejo Económico y Social de 28 de marzo de 1947, y de las organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados soberanos miembros de la Comisión Económica para Europa, que les han transferido competencias para los asuntos tratados por el presente Protocolo, incluida la competencia de firmar tratados relativos a estos asuntos, en Kiev (Ucrania) desde el .......... hasta el .......... y en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el .......... .

Artículo 22

DEPOSITARIO

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ejercerá las funciones de Depositario del presente Protocolo.

Artículo 23

RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y organizaciones regionales de integración económica contemplados en el artículo 21.

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de los Estados y organizaciones contemplados en el artículo 21, a partir del .......... .

Cualquier Estado distinto de los contemplados en el apartado 2 que sea Miembro de la Organización de las Naciones Unidas podrá adherirse al Protocolo, previa aprobación de la Reunión de las Partes en el Convenio en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo.

Toda organización regional de integración económica a que se refiere el artículo 21 que se convierta en Parte del presente Protocolo, no siéndolo ninguno de sus Estados miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones que se deriven del presente Protocolo. Si uno o varios de sus Estados miembros son Partes del presente Protocolo, dicha organización y sus Estados miembros decidirán sobre sus respectivas responsabilidades para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo. En este caso, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos derivados del presente Protocolo.

En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones regionales de integración económica a que se refiere el artículo 21 indicarán el alcance de sus competencias con respecto a los asuntos regulados por el presente Protocolo. Estas organizaciones informarán, además, al Depositario de cualquier modificación pertinente relacionada con la amplitud de sus competencias.

Artículo 24

ENTRADA EN VIGOR

El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha de depósito del decimosexto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

A efectos del apartado 1 del presente artículo, el instrumento depositado por una organización regional de integración económica contemplada en el artículo 21 no se considerará añadido a aquellos presentados por los Estados miembros de dicha organización.

Con respecto a cada Estado u organización contemplados en el artículo 21 que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo, o se adhiera después del depósito del decimosexto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, este Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha del depósito por dicho Estado o por dicha organización de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El presente Protocolo se aplicará a los planes, programas, políticas y textos legislativos cuyo primer acto preparatorio oficial sea posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Cuando a la Parte bajo cuya jurisdicción se prevé la elaboración de un plan, programa, política o texto legislativo le sea aplicable el apartado 3, el presente Protocolo se aplicará a los planes, programas, políticas y textos legislativos cuyo primer acto preparatorio oficial sea posterior a la fecha en la que el presente Protocolo entre en vigor para dicha Parte

Artículo 25

RETIRADA

En todo momento, transcurridos cuatro años a partir de la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor con relación a una Parte, esta podrá retirarse del Protocolo por notificación escrita enviada al Depositario. La retirada entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha de su recepción por el Depositario. Esta retirada no afectará a la aplicación de los artículos 5 a 9, 11 y 13 a una evaluación estratégica medioambiental ya iniciada en virtud del presente Protocolo, ni a la aplicación del artículo 10 a una notificación o una solicitud ya efectuada antes de que la retirada tenga efecto.

Artículo 26

TEXTOS AUTÉNTICOS

El original del presente Protocolo, cuyos textos en francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados, firman el presente Protocolo.

Hecho en Kiev (Ucrania), a .......... de mayo de 2003.

Anexo I

Lista de los proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 4

1. Refinerías de petróleo (con exclusión de las empresas dedicadas exclusivamente a la fabricación de lubricantes a partir de petróleo crudo) e instalaciones de gasificación y licuefacción de al menos 500 toneladas métricas de carbón o esquisto bituminoso por día.

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia calorífica mínima de 300 megavatios y centrales nucleares y otros reactores nucleares (excepto las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias fisibles y materias fértiles cuya potencia máxima no supere 1 kilovatio de carga térmica continua).

3. Instalaciones destinadas exclusivamente a la producción o al enriquecimiento de combustibles nucleares, a la reelaboración de combustibles nucleares irradiados o al almacenamiento, eliminación y tratamiento de residuos radioactivos.

4. Grandes instalaciones de primera fusión de fundición y acero y de producción de metales no férreos.

5. Instalaciones destinadas a la extracción del amianto y al tratamiento y transformación del amianto y de los productos con amianto: en el caso de los productos de amianto-cemento, la producción anual deberá ser superior a 20.000 toneladas métricas de productos terminados; en el caso de los materiales de fricción, la producción anual deberá ser superior a 50 toneladas métricas de productos terminados; en el resto de los casos, la producción anual deberá ser superior a 200 toneladas métricas.

6. Instalaciones químicas integradas.

7. Construcción de autopistas, vías rápidas* [2]y de vías para el tráfico ferroviario de larga distancia, así como de aeropuertos [3] dotados de una pista de despegue de una longitud mínima de 2.100 metros.

[2] A efectos del presente Protocolo:

[3] A efectos del presente Protocolo, la noción de "aeropuerto" corresponderá a la de la definición que figura en el Convenio de Chicago de 1944 por el que se crea la Organización de Aviación Civil Internacional (anexo 14).

8. Oleoductos y gasoductos de gran diámetro.

9. Puertos comerciales, así como vías y puertos de navegación interior que permitan el paso de buques de más de 1.350 toneladas métricas.

10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos o peligrosos mediante incineración, tratamiento químico o descarga en vertedero.

11. Grandes presas y embalses.

12. Actividades de captación de aguas subterráneas en los casos en que el volumen anual de aguas que debe recogerse sea igual o superior a 10 millones de metros cúbicos.

13. Instalaciones de fabricación de papel y pasta de papel con una producción diaria mínima de 200 toneladas métricas secadas al aire.

14. Grandes instalaciones de arranque, extracción y tratamiento de minerales metálicos o carbón.

15. Instalaciones de producción de hidrocarburos en el mar.

16. Grandes instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y productos químicos.

17. Desmonte de grandes superficies.

Anexo II

Demás proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 4

1. Proyectos de concentración rural.

2. Proyectos de utilización de tierras sin cultivar o áreas seminaturales con fines de explotación agraria intensiva.

3. Proyectos de gestión del agua en la agricultura, incluidos los proyectos de irrigación y drenaje de tierras.

4. Instalaciones de ganadería intensiva (incluidas las explotaciones avícolas).

5. Proyectos de repoblación y desmonte con fines de reconversión de suelos.

6. Piscicultura intensiva.

7. Centrales nucleares y otros reactores nucleares [4] incluidos el desmantelamiento o la clausura de dichas instalaciones (excepto las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias fisibles y materias fértiles cuya potencia máxima no supere 1 kilovatio de carga térmica continua), en la medida en que no estén contemplados en el anexo I.

[4] A efectos del presente Protocolo, las centrales nucleares y los demás reactores nucleares dejarán de constituir instalaciones nucleares cuando hayan sido definitivamente retirados todos los combustibles nucleares y demás elementos contaminados del lugar de instalación.

8. Construcción de líneas eléctricas aéreas de un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios y de una longitud igual o superior a 15 kilómetros y otros proyectos de transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas.

9. Instalaciones industriales destinadas a la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente.

10. Instalaciones industriales destinadas al transporte de gas, vapor y agua caliente.

11. Almacenamiento en superficie de combustibles fósiles y gas natural.

12. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.

13. Aglomeración industrial de hulla y lignito.

14. Instalaciones de producción de energía hidroeléctrica.

15. Instalaciones destinadas a la explotación de la energía eólica para la producción de energía (parques eólicos).

16. Instalaciones, no contempladas al anexo I, concebidas:

- para la producción o enriquecimiento de combustibles nucleares

- para el tratamiento de combustibles nucleares irradiados

- para la eliminación definitiva de combustibles nucleares irradiados

- exclusivamente para la eliminación definitiva de residuos radioactivos

- exclusivamente para el almacenamiento (programado para más de 10 años) de combustibles nucleares irradiados en un lugar diferente del centro de producción, o

- para el tratamiento y almacenamiento de residuos radioactivos.

17. Canteras, minas a cielo abierto y turberas no contempladas en el anexo I.

18. Explotaciones mineras subterráneas no contempladas en el anexo I.

19. Extracción de minerales mediante dragado marino o fluvial.

20. Perforaciones a gran profundidad (en particular, las perforaciones geotérmicas, las perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares y las perforaciones para el suministro de agua), a excepción de las perforaciones que tengan por objeto estudiar la estabilidad de los suelos.

21. Instalaciones industriales de superficie para la extracción de carbón, petróleo, gas natural y minerales, así como de esquistos bituminosos.

22. Fábricas integradas de primera fusión de fundición y acero no contempladas en el anexo I.

23. Instalaciones destinadas a la producción de arrabio o acero (de primera o segunda fusión), particularmente en colada continua.

24. Instalaciones destinadas a la transformación de metales férricos (laminado en caliente, forja por martilleo, aplicación de recubrimientos protectores de metal fundido).

25. Fundiciones de metales férricos.

26. Instalaciones destinadas a la producción de metales brutos no férricos a partir de mineral, concentrados o materias primas secundarias por procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos, no contempladas en el anexo I.

27. Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), no contempladas en el anexo I.

28. Instalaciones para tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos mediante procedimientos electrolíticos o químicos.

29. Fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.

30. Astilleros.

31. Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves.

32. Fabricación de material ferroviario.

33. Embutido de fondo mediante explosivos.

34. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos.

35. Hornos de coque (destilación seca del carbón).

36. Instalaciones para la fabricación de cemento.

37. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio.

38. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales.

39. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana.

40. Instalaciones para la producción de productos químicos y tratamiento de productos intermedios, no contempladas en el anexo I.

41. Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.

42. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, no contempladas en el anexo I.

43. Elaboración de grasas y aceites vegetales y animales.

44. Envasado y enlatado de productos animales y vegetales.

45. Fabricación de productos lácteos.

46. Fábricas de cerveza y malta.

47. Elaboración de confituras y almíbares.

48. Instalaciones para el sacrificio de animales.

49. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas.

50. Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado.

51. Azucareras.

52. Plantas industriales para la producción de pasta de papel, papel y cartón, no contempladas en el anexo I.

53. Instalaciones para tratamiento previo o para el tinte de fibras o productos textiles.

54. Instalaciones para el curtido de cueros.

55. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa.

56. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

57. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.

58. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.

59. Instalaciones para la producción de amianto y para la fabricación de productos a base de amianto, no contempladas en el anexo I.

60. Instalaciones de descuartizamiento.

61. Bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.

62. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.

63. Conducciones para el transporte de gas o petróleo, no contempladas en el anexo I.

64. Conducciones para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de mm y una longitud superior a km.

65. Construcción de vías ferroviarias, y de instalaciones de transbordo intermodal, y de terminales intermodales, no contemplados en el anexo I.

66. Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.

67. Proyectos de construcción de carreteras, incluidos el realineamiento y/o ensanche de una carretera existente, no contemplados en el anexo I.

68. Proyectos de construcción de puertos e instalaciones portuarias, incluidos los puertos pesqueros, no contemplados en el anexo I.

69. Proyectos de construcción de vías y puertos de navegación interior, no contemplados en el anexo I.

70. Puertos comerciales, muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores, no contemplados en el anexo I.

71. Obras de canalización y de alivio de inundaciones

72. Proyectos de construcción de aeropuertos [5] y aeródromos, no contemplados en el anexo I.

[5] A efectos del presente Protocolo, por "aeropuerto" se entenderá una instalación que se ajusta a la definición que figura en el Convenio de Chicago de 1944 por el que se crea la Organización de Aviación Civil Internacional (anexo 14).

73. Instalaciones para la eliminación de residuos peligrosos (incluidos los depósitos de residuos), no contempladas en el anexo I.

74. Instalaciones para incineración o tratamiento químico de residuos no peligrosos

75. Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados.

76. Lugares para depositar los lodos.

77. Proyectos de extracción de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos, no contemplados en el anexo I.

78. Proyectos de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.

79. Plantas de tratamiento de aguas residuales.

80. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla a largo plazo o permanentemente, no contempladas en el anexo I.

81. Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras.

82. Instalación de acueductos de larga distancia.

83. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.

84. Puertos deportivos.

85. Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas.

86. Terrenos de camping y caravaning permanentes.

87. Parques temáticos.

88. Proyectos de zonas industriales.

89. Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos.

90. Recuperación de tierras al mar.

Anexo III

Criterios para determinar los importantes efectos probables sobre el medio ambiente, incluida la salud, contemplados en el apartado 1 del artículo 5

1. La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos medioambientales, incluida la salud, con el objeto en particular de promover el desarrollo sostenible.

2. La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, las características, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

3. El grado en que el plan o programa influye en otros planes y programas, incluidos los que estén jerarquizados.

4. Los problemas relacionados con el medio ambiente, incluida la salud, significativos para el plan o programa.

5. La naturaleza de los efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, como consecuencia de su probabilidad, duración, frecuencia, reversibilidad, magnitud y alcance (zona geográfica y tamaño de la población que puedan verse afectadas).

6. Los riesgos para el medio ambiente, incluida la salud.

7. La naturaleza transfronteriza de los efectos.

8. El grado en que el plan o programa afectará a zonas valiosas o vulnerables, incluidos los parajes con estatuto de protección reconocido de ámbito nacional o internacional.

Anexo IV

Información contemplada en el apartado 2 del artículo 7

1. El contenido y los objetivos principales del plan o programa y su relación con otros planes o programas.

2. Los aspectos pertinentes del estado del medio ambiente, incluida la salud, en el momento en cuestión y su evolución probable si el plan o el programa no se aplica.

3. Las características del medio ambiente, incluida la salud, en las zonas que pueden verse afectadas de manera importante.

4. Los problemas de medio ambiente, incluida la salud, relevantes para el plan o programa.

5. Los objetivos en cuanto al medio ambiente, incluida la salud, establecidos a nivel internacional o nacional, o a otros niveles, que resulten pertinentes para el plan o programa y la manera en que se han tenido en cuenta durante la elaboración del plan o programa dichos objetivos y otras consideraciones de medio ambiente, incluida la salud.

6. Los efectos [6] probables sobre el medio ambiente, incluida la salud, con arreglo a la definición tales como se define en el apartado 7 del artículo 2.

[6] A saber, los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

7. Las medidas para prevenir, reducir o paliar cualquier efecto negativo importante sobre el medio ambiente, incluida la salud, de la aplicación del plan o programa.

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que puedan haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos).

9. Medidas contempladas para efectuar el seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente, incluida la salud, de la aplicación del plan o el programa.

10. Los efectos transfronterizos importantes que puedan afectar al medio ambiente, incluida la salud.

Anexo V

Información contemplada en el apartado 5 del artículo 8

1. El plan o programa propuesto y la naturaleza del mismo.

2. La autoridad competente para adoptarlo.

3. El procedimiento previsto y, en particular:

a) la fecha de su inicio;

b) las posibilidades de participación con que cuenta el público;

c) el lugar y la fecha de las audiencias públicas previstas;

d) la autoridad de la que puede obtenerse la información pertinente y el lugar de depósito de la documentación pertinente para su consulta por el público;

e) la autoridad a la que pueden dirigirse observaciones o preguntas y el plazo establecido para hacerlo y

f) la información sobre el medio ambiente, incluida la salud, disponible que resulte pertinente para el plan o programa propuesto.

4. Indicación de las probabilidades de que el plan o programa sea objeto de un procedimiento de evaluación transfronterizo.