[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 18.11.2008

COM(2008) 756 final

INFORME DE LA COMISIÓN

sobre la aplicación de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Transposición de la Directiva 3

3. Aplicación de la Directiva 6

4. Problemas encontrados 6

5. Impacto del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores 9

6. Conclusión 10

ANEXO 12

1. INTRODUCCIÓN

1. La Directiva 98/27/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores[1] (en lo sucesivo denominada la «Directiva»), dispone en su artículo 6, apartado 1, que se presente un informe sobre la aplicación de sus disposiciones. Aunque prevista inicialmente para el 1 de julio de 2003, la publicación de ese informe se retrasó para poder incluir en él la información referente a la aplicación de la Directiva en los Estados que ingresaron en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007.

2. Con el fin de preparar el informe, la Comisión Europea envió en 2005 un primer cuestionario sobre la aplicación de la Directiva en 2003/2004, cuestionario al que dieron respuesta los 25 Estados miembros consultados. Dos años más tarde, en 2007, remitió un nuevo cuestionario que, incluyendo ya a los dos nuevos Estados miembros, permitió actualizar la información obtenida anteriormente. La Comisión consultó también en 2005 y 2007 a los miembros del Grupo Consultivo Europeo de los Consumidores (GCEC). A la primera de esas consultas respondieron 14 asociaciones nacionales de consumidores y, a la segunda, ocho nacionales y una europea. En 2006, además, la Comisión envió cartas a los Estados miembros (salvo a Bulgaria y Rumanía) para aclarar algunos puntos de la legislación nacional que transpone en cada uno de ellos las disposiciones de la Directiva.

3. Ese mismo año, la Comisión Europea publicó un estudio, realizado por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), sobre los medios de recurso de los consumidores[2] y, un año más tarde, en 2007, un «Consumer Law Compendium»[3] (compendio de la normativa en materia de protección de los consumidores) que contiene alguna sección referente a la Directiva 98/27/CE. Además, en febrero de 2006, la Presidencia austríaca organizó en Viena una conferencia sobre las acciones de cesación y los medios de recurso colectivos.

2. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA

4. Todos los Estados miembros modificaron en mayor o menor medida su legislación nacional para incorporar a ella las disposiciones de la Directiva sobre las acciones de cesación. Con el paso del tiempo se ha ido ampliando el ámbito de aplicación del procedimiento de esas acciones.

Un procedimiento para las acciones de cesación en cada Estado miembro

5. No cabe duda de que uno de los resultados más importantes de la Directiva es la introducción en cada Estado miembro de un procedimiento para las acciones de cesación con el que se pretende proteger los intereses colectivos de los consumidores. Tal procedimiento es el único que existe actualmente en todos los Estados miembros con el objetivo específico de proteger al consumidor. Gracias a él se puede poner fin a prácticas ilícitas en el interés colectivo de los consumidores y al margen de los daños que esas prácticas hayan podido, en su caso, causar. De hecho, el procedimiento introducido por la Directiva no prevé ninguna indemnización para los consumidores que hayan sufrido algún daño por causa de una práctica ilícita.

6. En virtud del artículo 2 de la Directiva, cada procedimiento nacional incluye, con algunas excepciones, el posible uso de un procedimiento de urgencia, la posible publicación de una resolución o una declaración rectificativa y el posible pago de una cantidad para garantizar el cumplimiento de las resoluciones. Dos terceras partes de los Estados miembros optaron en su día por un procedimiento judicial civil o mercantil, mientras que sólo unos pocos (Hungría, Malta, Polonia y Rumanía, entre otros) optaron por un procedimiento esencialmente administrativo. Hay también algunos Estados miembros que, a pesar de elegir un procedimiento judicial, designaron a autoridades administrativas para decidir sobre ciertas infracciones (tal es, por ejemplo, el caso de Austria respecto de las actividades de radiodifusión televisiva o el de Finlandia respecto de la publicidad de los medicamentos para uso humano y de los viajes combinados). Por último, hubo también algunos Estados miembros que designaron a tribunales especiales para conocer de determinadas prácticas (así, por ejemplo, los tribunales de La Haya y de Varsovia tienen competencia exclusiva para entender en los casos de cláusulas contractuales abusivas).

7. El artículo 3 de la Directiva contiene una definición muy amplia de lo que se consideran entidades habilitadas para ejercitar una acción de cesación. Esta disposición señala, sin ánimo exhaustivo, dos grandes tipos y deja a los Estados miembros el establecimiento de los criterios concretos para definir qué organismos son los competentes para proteger los intereses colectivos de los consumidores. En la práctica, el concepto de entidad habilitada incluye desde las asociaciones de consumidores y las autoridades públicas encargadas específicamente de proteger a los consumidores, hasta las agencias de regulación de los productos farmacéuticos, las autoridades de la aviación civil, las asociaciones de usuarios y las organizaciones familiares, pasando por los sindicatos, las cámaras agrarias y las cámaras de industria y comercio. De conformidad con el artículo 4, todos los Estados miembros han notificado a la Comisión Europea las entidades habilitadas que están autorizadas para ejercitar una acción en otro Estado miembro. La lista publicada en el Diario Oficial[4] sirve como prueba de que las entidades en ella incluidas disponen de la capacidad jurídica necesaria para actuar ante los tribunales o las autoridades administrativas de otros Estados miembros.

8. Por último, el artículo 5 de la Directiva permite que los Estados miembros establezcan, si así lo desean, un procedimiento obligatorio de consulta previa entre la parte que pretende la cesación y el demandado. Un tercio de los Estados miembros (Irlanda, Italia, Chipre, Lituania, Malta, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Reino Unido) ha establecido ese procedimiento. En el caso de Rumanía y el Reino Unido, es necesario que participen en él autoridades públicas independientes que sean también entidades habilitadas según los términos de la Directiva. Entre los Estados miembros que no han optado por el procedimiento de consulta previa del artículo 5, se cuentan varios que propugnan la celebración de negociaciones antes del ejercicio de cualquier acción[5], pero, en general, la mayoría de los Estados miembros no han querido hacer obligatoria la consulta prevista en ese artículo. Una organización europea de consumidores ha afirmado incluso que la imposición de esa consulta podría alargar innecesariamente el procedimiento de las acciones de cesación. La Comisión no dispone de pruebas suficientes ni cuenta con la experiencia necesaria en este campo para, en aplicación del artículo 6, apartado 2, modificar la Directiva a fin de generalizar el procedimiento de consulta previa.

Ampliación del ámbito de aplicación

9. El ámbito de aplicación de las acciones de cesación se define en el artículo 1 de la Directiva con referencia a las directivas que se recogen en su anexo, transpuestas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Ese anexo, que contenía inicialmente nueve directivas, recoge ahora un total de trece[6]. Las directivas que se han añadido al anexo con posterioridad a la entrada en vigor de la Directiva son las siguientes: la 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, la 2000/31/CE sobre el comercio electrónico, la 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, la 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales y la 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. De esta forma, el anexo de la Directiva incluye ahora buena parte de la normativa comunitaria que tiene por objeto la protección de los consumidores. Aunque las consultas que se les hicieron revelaron que la mayor parte de los Estados miembros estaba satisfecha con el ámbito de aplicación de la Directiva, hubo dos de ellos, Bélgica y Portugal, que, planteando dudas sobre la idoneidad de una lista exhaustiva, sugirieron la conveniencia de suprimirla a fin de poder cubrir toda práctica contraria a los intereses colectivos de los consumidores.

10. La Directiva prevé en su artículo 7 la posibilidad de que los Estados miembros amplíen su ámbito de aplicación a nivel nacional. Así, por ejemplo, en los Países Bajos y en Polonia, es posible incoar acciones de cesación contra toda práctica que vulnere los intereses colectivos de los consumidores. Italia y Portugal, por su parte, han extendido el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir en él cualquier práctica que vaya en detrimento de la seguridad de los productos y, en Alemania y Austria, es posible intentar una acción de cesación frente a las prácticas contrarias a la competencia que dañen los intereses colectivos de los consumidores.

11. Algunos Estados miembros, particularmente Alemania, Eslovenia y Suecia, han ampliado a nivel nacional el ámbito de las acciones de cesación para incluir aquellas prácticas comerciales (por ejemplo, la publicidad engañosa) que perjudican los intereses colectivos de las empresas. Sin embargo, la mayor parte de los Estados miembros consultados no se mostró en su día favorable a la idea de ampliar el ámbito de la Directiva a esos intereses por considerar que el objetivo primordial de la normativa comunitaria recogida en su anexo consiste en proteger a los consumidores y que no es aconsejable mezclar los intereses de éstos con los de las pequeñas y medianas empresas, por mucho que éstas precisen también de protección.

12. En vista de lo que precede, la Comisión no considera justificado modificar el ámbito de aplicación de la Directiva haciendo uso de la posibilidad que prevé su artículo 6, apartado 2. Más concretamente, no le parece adecuado ampliar ese ámbito para que cubra los intereses colectivos de las empresas. En cambio, siempre que esté justificado, seguirá proponiendo la inclusión en el anexo de cualquier nueva norma comunitaria que venga a proteger a los consumidores.

3. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

13. El uso que se ha hecho del mecanismo de la Directiva para hacer frente a las infracciones transfronterizas ha sido hasta ahora decepcionante. De acuerdo con la información de la que dispone la Comisión, sólo ha utilizado ese mecanismo la Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido, que es la autoridad pública que se encarga de la protección de los consumidores. La OFT incoó una acción contra la empresa belga DUCHESNE . Esta empresa había enviado a consumidores del Reino Unido catálogos de ventas no solicitados y les había anunciado la obtención de un premio. Para recibirlo, los consumidores tenían que encargar un artículo del catálogo, pero los que lo hicieron no recibieron el premio prometido. La OFT llevó así a esa empresa a los tribunales de Bélgica por estimar que la información remitida a los consumidores del Reino Unido les había engañado a fin de que compraran productos del catálogo. El tribunal belga de primera instancia dictó una decisión contraria a la actuación de la sociedad DUCHESNE , y esa decisión fue confirmada después por el tribunal de apelación.

14. De la misma forma, tras la recepción de 300 denuncias procedentes de consumidores del Reino Unido, la OFT ejercitó una acción contra la empresa Best Sales B.V. ante los tribunales holandeses. Las circunstancias de este caso fueron similares a las arriba descritas: una empresa holandesa envió un correo electrónico no solicitado a consumidores del Reino Unido haciéndoles creer que habían ganado un premio. El mensaje daba a entender que, para recibir ese premio con más rapidez u otro premio de mayor valor, era preciso encargar artículos de uso doméstico incluidos en un catálogo que se adjuntaba al correo. En su decisión de 9 de julio de 2008, el tribunal holandés que había entendido en el caso consideró que la publicidad en liza era de carácter engañoso y ordenó a la empresa que dejara de enviar ese tipo de correos.

15. La OFT ha señalado la utilidad de la Directiva como medio de ejercer presión sobre las empresas de otros Estados miembros para que abandonen determinadas prácticas comerciales. Prueba de esa utilidad son los alrededor de diez casos que han sido resueltos a través de la negociación. También Bélgica ha destacado el efecto disuasorio de las acciones de cesación.

16. Si bien es verdad que estas acciones siguen sin apenas utilizarse para las infracciones transfronterizas, varios Estados miembros[7] y algunas de las asociaciones de consumidores consultadas han indicado que dichas acciones son utilizadas con bastante éxito cuando se trata de infracciones nacionales (a menudo para poner fin a casos de publicidad engañosa o para anular cláusulas abusivas en los contratos).

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS

17. Los principales motivos que han aducido los Estados miembros y las partes interesadas para explicar el escaso número de acciones de cesación que se han intentado en otro Estado miembro hacen referencia al coste que representa el ejercicio de esas acciones, a la complejidad y larga duración de su procedimiento y al limitado alcance de éste.

Coste

18. Tres cuartas partes de las asociaciones de consumidores consultadas han mencionado el coste de las acciones de cesación como uno de los principales obstáculos para su ejercicio, especialmente en el caso de las infracciones cometidas en otro Estado miembro. Varios Estados miembros han destacado las dificultades que esas acciones plantean a las entidades habilitadas debido a los riesgos financieros que su ejercicio conlleva. Las asociaciones de consumidores, por su parte, han mencionado como dificultades especiales los costes administrativos que supone la preparación de cada expediente, así como las costas judiciales y los honorarios de los abogados. Además, si la acción se ejerce en otro Estado miembro, no sólo hay que hacer frente a costes de traducción, sino que aumenta también el nivel de incertidumbre sobre las tarifas y costas cobradas en ese país (como, por ejemplo, los costes de citación o los asociados a la notificación de las decisiones). Las asociaciones indican, asimismo, el riesgo de que se duplique el importe correspondiente a los honorarios de los abogados y de los expertos.

19. El riesgo financiero resulta particularmente elevado cuando la acción se emprende en un Estado miembro donde la parte perdedora tiene que pagar todos los costes del procedimiento, incluidos los de la parte ganadora (la totalidad o una parte de sus gastos legales). Este principio existe en la mayoría de los Estados miembros. De acuerdo con él, la parte que ejercita la acción tiene que soportar, si pierde el proceso, no sólo sus propios gastos sino también los de la otra parte. En este sentido, algunas de las asociaciones de consumidores consultadas han declarado su incapacidad para afrontar los costes que conlleva la incoación de este tipo de procedimiento o para asumir los riesgos financieros a él asociados. Otras asociaciones han afirmado que sólo se deciden a actuar si el riesgo es muy pequeño y si tienen la seguridad de ganar, condiciones estas que en la práctica restringen considerablemente el número de acciones ejercitadas. Aún con todo, hay varios Estados miembros donde las asociaciones de consumidores han emprendido con éxito acciones de cesación contra infracciones nacionales.

20. Algunos Estados miembros han flexibilizado el principio por el que la parte perdedora debe soportar todos los costes del proceso o bien han optado por un enfoque que resulta más favorable a las entidades habilitadas. Así, por ejemplo, hay Estados miembros[8] donde los tribunales disfrutan de una mayor discrecionalidad y pueden, entre otras posibilidades, excluir la obligación de la parte perdedora de pagar los gastos legales de la ganadora. Otro ejemplo es el de Hungría, donde las asociaciones de consumidores no pagan costas. Sin embargo, estas medidas nacionales tienen a menudo un acentuado carácter ad hoc , de forma que los riesgos financieros que se corren normalmente son lo bastante fuertes como para disuadir de cualquier acción a las entidades habilitadas.

Complejidad y duración de los procedimientos

21. La complejidad y la larga duración de los procedimientos se invocan con frecuencia como obstáculos para el ejercicio de acciones transfronterizas. La complejidad se deriva principalmente de las diferencias que presentan en otros Estados miembros los procedimientos aplicables a las acciones de cesación (procedimientos judiciales o administrativos nacionales). La impresión de complejidad se ve además reforzada por la incertidumbre acerca de la ley nacional que se considerará aplicable en cada caso.

22. A pesar de armonizar algunos aspectos del ejercicio de las acciones de cesación en los Estados miembros, la Directiva deja a éstos cierto grado de libertad. Les permite así elegir entre un procedimiento judicial o uno administrativo y decidir si imponer o no un procedimiento de consulta previo y establecer las disposiciones que lo regulen. Les autoriza, asimismo, para adoptar o mantener a nivel nacional disposiciones que otorguen a las entidades habilitadas o a otras partes la facultad de emprender acciones de mayor alcance. El análisis de la transposición de la Directiva realizado en la sección anterior ha puesto de manifiesto la extensa gama de opciones que han aplicado los Estados miembros. Además, al abstenerse de regular muchos de los aspectos del procedimiento, como, por ejemplo, las tasas aplicables y los plazos de prescripción u otros plazos procedimentales, la Directiva deja que esos aspectos se concreten en procedimientos nacionales (civiles, comerciales o administrativos) que pueden diferir de uno a otro Estado miembro.

23. La conjunción de todos estos factores hace que los procedimientos aplicables a las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores presenten grandes diferencias entre los Estados miembros. En algunos de ellos, como los Países Bajos o Finlandia, hay incluso diferentes tipos de procedimientos según la rama del Derecho a la que corresponda cada caso. Esta diversidad hace que las entidades habilitadas que desean ejercitar una acción en otro Estado miembro se vean a menudo enfrentadas a dificultades al encontrarse con procedimientos muy diferentes de los que conocen en su propio país. Cada vez que emprenden una acción en un nuevo Estado miembro, las entidades habilitadas tienen que familiarizarse con un procedimiento igualmente nuevo.

24. Por último, tanto los Estados miembros como las asociaciones han destacado en su respuesta a las consultas la incertidumbre que reina actualmente en torno a la ley aplicable, es decir, si las infracciones han de ser juzgadas con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se hayan cometido o a la del Estado miembro donde se hayan sufrido sus efectos. La Directiva (artículo 2, apartado 2) no resuelve esta cuestión con claridad y, sin embargo, sería muy importante que lo hiciera dado que algunas de las directivas recogidas en su anexo contienen una cláusula por la que los Estados miembros pueden establecer o mantener disposiciones que, en lo referente a la protección de los consumidores, vayan más allá de lo dispuesto en esas directivas. Así pues, la cuestión de la ley aplicable es fundamental en todos aquellos casos en que hay una disyuntiva entre dos ordenamientos jurídicos que ofrecen grados distintos de protección. El caso, antes mencionado, que llevó la OFT a Bélgica fue examinado tanto por el tribunal de primera instancia como por el de apelación, pero mientras el primero aplicó la ley británica, el segundo decidió que la ley aplicable fuera la belga. En el futuro, la determinación de la ley aplicable podría simplificarse con la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)[9]. Este reglamento, que se adoptó el 7 de julio de 2007, entrará en vigor el 11 de enero de 2009.

Escaso impacto de las decisiones

25. Tanto los Estados miembros como las asociaciones consultadas han subrayado el escaso impacto que a veces tienen las acciones de cesación. En la mayor parte de los Estados miembros, las decisiones que se adoptan ante una solicitud de acción tienen un efecto limitado: sólo son obligatorias con relación al caso y a las partes directamente interesadas, es decir, la entidad habilitada que ejercita la acción y la empresa contra la que se dirige ésta. En la práctica esto significa que, aunque una empresa cometa una infracción idéntica a otra por la que otra empresa ya haya sido condenada anteriormente, será necesario ejercitar una nueva acción para poner fin a esa nueva infracción. En igual sentido, la anulación de una cláusula abusiva presente en un contrato propuesto por una empresa no le impedirá a ésta seguir utilizando esa cláusula en otros contratos similares.

26. Esta situación, sin embargo, es algo diferente en algunos Estados miembros, particularmente en lo que se refiere a las cláusulas contractuales abusivas. Tal es, por ejemplo, el caso de Polonia: cuando un tribunal de Varsovia decide que una cláusula contractual es abusiva, esta decisión se hace pública con efectos erga omnes , es decir, se aplica a cualquier cláusula idéntica que figure en contratos propuestos a los consumidores. En Hungría, si un tribunal considera abusiva alguna de las cláusulas de un contrato celebrado entre una empresa y un consumidor, dicho tribunal puede declarar esa cláusula nula de pleno derecho en todos los contratos que celebre o haya celebrado la misma empresa. En Austria, toda cláusula que se declare abusiva en un contrato entre una empresa y un consumidor no puede volver a ser utilizada por esa empresa en otros contratos. En fin, en Alemania y Eslovenia, los consumidores pueden invocar una decisión que declare abusiva una cláusula con el fin de impedir que se les aplique otra cláusula idéntica.

27. Por otra parte, como han indicado Bélgica y el Reino Unido, las acciones de cesación se ven también limitadas por el carácter nacional de las decisiones. Las empresas deshonestas que infringen la ley deliberadamente y que han sido condenadas por esa causa en un Estado miembro tienden a trasladarse a otro ya que en él será necesario ejercitar una nueva acción de cesación para poner fin a la actividad ilegal por ellas practicada. El alcance nacional de las decisiones implica que, cuando una empresa se ve condenada en un Estado miembro por una práctica ilegal que va en detrimento de los consumidores, dicha empresa puede seguir aplicando esa misma práctica a los consumidores de otro Estado miembro, a menos que una de las entidades habilitadas de éste ejercite la oportuna acción.

5. IMPACTO DEL REGLAMENTO SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

28. El Reglamento (CE) nº 2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores»)[10], crea una red de autoridades públicas responsables de la protección de los consumidores y armoniza en cierta medida las facultades de investigación y ejecución de esas autoridades. Gracias a los mecanismos de asistencia mutua creados por ese reglamento, las autoridades competentes de un Estado miembro pueden, a solicitud de las de otro, incoar en su propia jurisdicción una acción de cesación para poner fin a prácticas ilegales que menoscaben los intereses de los consumidores del Estado miembro al que pertenezcan las autoridades solicitantes.

29. Algunos de los Estados miembros consultados han destacado que los mecanismos de asistencia mutua creados por ese reglamento -al permitir, entre otras cosas, que las autoridades públicas con competencias específicas ejerciten acciones de cesación- facilitarán tal ejercicio para acabar con las infracciones intracomunitarias que puedan producirse. El Reglamento (CE) nº 2006/2004 viene, por tanto, a resolver uno de los principales obstáculos que ha puesto de manifiesto la aplicación de la Directiva en la práctica, a saber, las dificultades a las que se enfrenta un organismo o entidad nacional cuando trata de ejercitar directamente una acción de cesación en otro Estado miembro.

30. Esos mismos Estados miembros han indicado la conveniencia de adaptar el ámbito de aplicación de la Directiva al del Reglamento (CE) nº 2006/2004. En este sentido, la lista que figura en el anexo del reglamento recoge dos actos -la Directiva 98/6/CE, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios[11], y el Reglamento (CE) nº 261/2004, sobre los derechos de los pasajeros aéreos[12]- que no están recogidos en el anexo de la Directiva, pero no incluye la Directiva 2006/123/CE en materia de servicios, que sí figura, en cambio, en ese anexo. La adaptación que proponen esos Estados miembros entre el anexo de la Directiva 98/27/CE y el anexo del Reglamento (CE) nº 2006/2004 exigiría que estos dos actos se modificaran paralelamente.

6. CONCLUSIÓN

31. Un resultado muy positivo de la Directiva ha sido la introducción en cada uno de los Estados miembros de un procedimiento para las acciones de cesación destinadas a proteger los intereses colectivos de los consumidores. Las asociaciones de consumidores están utilizando ese procedimiento con bastante éxito para combatir las infracciones nacionales.

32. Es manifiesto, en cambio, que no ha dado los resultados que se esperaban el mecanismo creado por la Directiva para permitir que las entidades habilitadas de un Estado miembro puedan actuar en otro. De hecho, son muy pocos los casos en que se han intentado acciones de cesación para poner fin a infracciones intracomunitarias. El principal motivo de ello es la falta de recursos que afecta a las entidades habilitadas para afrontar los riesgos financieros que supone el ejercicio de esas acciones y la falta de conocimientos y experiencia de la que aquéllas adolecen para manejar las diferencias procedimentales de cada Estado miembro.

33. El Reglamento (CE) nº 2006/2004 representa una respuesta parcial a las dificultades que plantea la aplicación de la Directiva: sus disposiciones deberán mejorar considerablemente la lucha contra las infracciones intracomunitarias. También tendrá efectos positivos la entrada en vigor del Reglamento «Roma II». Es por ello por lo que la Comisión considera preferible esperar a tener más información sobre la aplicación de ambos reglamentos antes de establecer cualquier conclusión sobre el tratamiento concreto que haya de darse a la Directiva.

34. Por consiguiente, la Comisión opina que no es tiempo todavía de proponer la modificación o, en su caso, derogación de la Directiva, sino, antes bien, de seguir analizando la forma en que ésta se aplica. Más concretamente, considera que no hay motivo alguno para ampliar su ámbito a los intereses colectivos de las empresas ni para generalizar el requisito de consulta previa.

ANEX O

LISTA DE LAS DIRECTIVAS QUE FIGURAN EN EL ANEXO DE LA DIRECTIVA 98/27/CE

- Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

- Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372 de 31.12.1985, p. 31).

- Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48), modificada en último lugar por la Directiva 98/7/CE (DO L 101 de 1.4.1998, p. 17).

- Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva: artículos 10 a 21 (DO L 298 de 17.10.1989, p. 23), modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).

- Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23.6.1990, p. 59).

- Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano (DO L 113 de 30.4.1992, p. 13).

- Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

- Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO L 280 de 29.10.1994, p. 83).

- Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144 de 4.6.1997, p. 19).

- Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12).

- Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178 de 17.7.2000, p.1).

- Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).

- Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

[1] DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.

[2] http://ec.europa.eu/consumers/redress/reports_studies/comparative_report_en.pdf

[3] http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf

[4] La última actualización de esta lista se publicó el 8 de marzo de 2008 (DO C 63 de 8.3.2008).

[5] Por ejemplo, Dinamarca, Alemania, Austria, Eslovaquia y Finlandia.

[6] Véase el anexo.

[7] Por ejemplo, Bulgaria, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Letonia, Austria, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido.

[8] Por ejemplo, Luxemburgo, Portugal, Suecia y Reino Unido.

[9] DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

[10] DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.

[11] DO L 80 de 18.3.1998, p. 27.

[12] DO L 81 de 19.3.2004, p. 80.