Posición Común (CE) no 33/2001

aprobada por el Consejo el 23 de julio de 2001

con vistas a la adopción de la Directiva 2001/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea

(2001/C 307/03)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 137,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251(4),

Considerando lo siguiente:

(1) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del Tratado, la Comunidad y los Estados miembros tienen como objetivo, en particular, promover el diálogo social entre los interlocutores sociales.

(2) El punto 17 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores prevé, entre otras cosas, que "la información, la consulta y la participación de los trabajadores deben desarrollarse según mecanismos adecuados y teniendo en cuenta las prácticas vigentes en los diferentes Estados miembros".

(3) La Comisión consultó a los interlocutores sociales comunitarios sobre la posible orientación de una acción comunitaria en materia de información y consulta de los trabajadores en las empresas de la Comunidad.

(4) La Comisión, estimando tras dicha consulta que era conveniente una acción comunitaria, volvió a consultar a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta contemplada y aquéllos transmitieron a la Comisión sus puntos de vista.

(5) Al concluir esta segunda fase de consultas, los interlocutores sociales no han informado a la Comisión de su voluntad de iniciar el proceso que podría dar lugar a la celebración de un acuerdo.

(6) La existencia de marcos jurídicos a nivel comunitario y nacional destinados a garantizar la participación de los trabajadores en la marcha de las empresas y en las decisiones que les conciernen no siempre ha impedido que se hayan adoptado y hecho públicas determinadas decisiones graves que afectan a los trabajadores sin que se hayan observado previamente procedimientos adecuados de información y de consulta.

(7) Es necesario reforzar el diálogo social y fomentar relaciones de confianza mutua en la empresa a fin de favorecer la prevención de los riesgos, flexibilizar la organización del trabajo y facilitar el acceso de los trabajadores a la formación dentro de la empresa en un marco de seguridad, concienciar a los trabajadores acerca de las necesidades de adaptación, aumentar la disponibilidad de los trabajadores para adoptar medidas y emprender acciones destinadas a reforzar sus posibilidades de empleo, promover la participación de los trabajadores en la marcha y el futuro de la empresa y fortalecer la competitividad de ésta.

(8) En particular, es necesario promover y reforzar la información y la consulta sobre la situación y la evolución probable del empleo en la empresa, así como, cuando de la evaluación efectuada por el empresario se desprenda que el empleo en la empresa pueda estar amenazado, sobre las eventuales medidas preventivas previstas, sobre todo en lo referente a formación y la cualificación de los trabajadores, con el fin de contrarrestar estos efectos negativos o sus consecuencias, y de aumentar las posibilidades de empleo y de adaptación de los trabajadores que pudieran resultar afectados.

(9) La información y la consulta con la suficiente antelación constituyen una condición previa para el éxito de los procesos de reestructuración y adaptación de las empresas a las nuevas condiciones inducidas por la globalización de la economía, en particular a través del desarrollo de nuevos métodos de organización del trabajo.

(10) La Comunidad ha definido y está aplicando una estrategia para el empleo basada en los conceptos de "anticipación", "prevención" y "empleabilidad", que deben ser incorporados como elementos clave en todas las políticas públicas, incluidas las políticas de empresa, que pueden influir positivamente en el empleo, mediante la intensificación del diálogo social a fin de facilitar un cambio compatible con la salvaguardia del objetivo prioritario del empleo.

(11) El desarrollo del mercado interior debe hacerse de manera armoniosa preservando los valores esenciales en los que se basan nuestras sociedades y garantizando que todos los ciudadanos se beneficien del desarrollo económico.

(12) La entrada en la tercera fase de la unión económica y monetaria ha implicado la profundización y la aceleración de las presiones competitivas a nivel europeo. Ello supone la necesidad de reforzar las medidas de acompañamiento a nivel nacional.

(13) Los marcos jurídicos existentes a nivel comunitario y nacional en materia de información y consulta de los trabajadores están a menudo excesivamente orientados hacia el tratamiento a posteriori de los procesos de cambio, descuidan los factores económicos de las decisiones y no favorecen una auténtica previsión de la evolución del empleo en la empresa ni la prevención de los riesgos.

(14) El conjunto de esta evolución política, económica, social y jurídica hace necesaria la adaptación del marco jurídico existente mediante el establecimiento de instrumentos jurídicos y prácticos que permitan ejercer el derecho a la información y la consulta.

(15) La presente Directiva no afecta a los sistemas nacionales relativos al ejercicio de este derecho en la práctica en los casos en que se exige a los titulares del mismo que expresen su voluntad de manera colectiva.

(16) La presente Directiva no afecta a los sistemas que prevén medios de participación directa de los trabajadores, siempre que éstos tengan en todo caso la posibilidad de ejercer el derecho a la información y a la consulta a través de sus representantes.

(17) Dado que el objetivo de la acción propuesta, es decir, establecer un marco para la información y la consulta de los trabajadores adaptado al nuevo contexto europeo anteriormente descrito, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad, consagrado en el mencionado artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(18) El presente marco general tiene por objetivo el establecimiento de disposiciones mínimas aplicables en toda la Comunidad y no impide a los Estados miembros prever disposiciones más favorables para los trabajadores.

(19) Este marco general tiene como finalidad asimismo evitar dificultades administrativas, financieras o jurídicas que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Para ello, se debe limitar el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a elección de los Estados miembros, a las empresas que empleen al menos a 50 trabajadores o a los centros de trabajo que empleen al menos a 20 trabajadores.

(20) No obstante, con carácter transitorio, los Estados miembros en los que no exista un sistema obligatorio de información y consulta de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores podrán restringir aún más el ámbito de aplicación de la Directiva en lo que respecta al número de trabajadores.

(21) El marco comunitario de la información y consulta debe limitar al mínimo posible las cargas impuestas a las empresas y centros de trabajo, al tiempo que debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos concedidos.

(22) El objetivo de la presente Directiva se debe lograr estableciendo un marco general que incluya los principios, las definiciones y las modalidades de la información y la consulta, marco que corresponderá a los Estados miembros cumplir y adaptar a sus realidades nacionales, concediendo a los interlocutores sociales, cuando proceda, un papel preponderante que les permita definir con total libertad, por medio de un acuerdo, las modalidades de información y de consulta de los trabajadores que consideren más adecuadas a sus necesidades y a sus deseos.

(23) Debe procurarse no incidir en determinadas normas específicas existentes en algunos Derechos nacionales en el ámbito de la información y la consulta de los trabajadores, y que van dirigidas a empresas o centros de trabajo que persiguen fines políticos, de organización profesional, confesionales, benéficos, educativos, científicos o artísticos, así como fines de información o de expresión de opiniones.

(24) Es preciso proteger a las empresas y a centros de trabajo contra la divulgación de determinadas informaciones especialmente sensibles.

(25) El empresario debe tener la posibilidad de no informar ni consultar cuando ello pueda ocasionar un perjuicio grave a la empresa o centro de trabajo o cuando deba cumplir de inmediato una orden dictada por un órgano de control o de supervisión.

(26) La información y la consulta implican tanto derechos como obligaciones para los interlocutores sociales a nivel de empresa o de centro de trabajo.

(27) La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones más específicas de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(5) y de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad(6).

(28) No deben resultar afectados por la presente Directiva otros derechos de información y consulta, incluidos los derivados de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un Comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(7).

(29) La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no debe constituir un motivo suficiente para justificar la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en los ámbitos que son objeto de la misma.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto y principios

1. La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general que fije unos requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo situados en la Comunidad.

2. Las modalidades prácticas de información y de consulta se determinarán y aplicarán conforme a la legislación nacional y las prácticas de las relaciones laborales en cada Estado miembro de modo que se garantice su eficacia.

3. En la definición o aplicación de las modalidades de información y de consulta, el empresario y los representantes de los trabajadores trabajarán con espíritu de cooperación en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa o centro de trabajo como los de los trabajadores.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) "empresa": las empresas públicas o privadas que ejercen una actividad económica, independientemente de que tengan o no ánimo de lucro, situadas en el territorio de los Estados miembros;

b) "centro de trabajo": una unidad de actividad definida conforme a la legislación y la práctica nacionales, situada en el territorio de un Estado miembro, y en la que se desarrolla una actividad económica de forma continuada con medios humanos y materiales;

c) "empresario": la persona física o jurídica que es parte en los contratos o relaciones de trabajo con los trabajadores, conforme a la legislación y la práctica nacionales;

d) "trabajador": cualquier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral nacional y con arreglo a las prácticas nacionales del Estado miembro de que se trate;

e) "representantes de los trabajadores": los representantes de los trabajadores con arreglo a lo dispuesto en las legislaciones y/o prácticas nacionales;

f) "información": la transmisión de datos por el empresario a los representantes de los trabajadores para que puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo;

g) "consulta": el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre los representantes de los trabajadores y el empresario.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva será de aplicación, a elección de los Estados miembros:

a) a las empresas que empleen en un Estado miembro al menos a 50 trabajadores; o

b) a los centros de trabajo que empleen en un Estado miembro al menos a 20 trabajadores.

Los Estados miembros determinarán el modo de calcular el número de trabajadores empleados.

2. Dentro del respeto a los principios y objetivos a que se refiere la presente Directiva, los Estados miembros podrán aprobar disposiciones específicas aplicables a las empresas o centros de trabajo que persigan, directa y sustancialmente, fines políticos, de organización profesional, confesionales, benéficos, educativos, científicos o artísticos, así como fines de información o de expresión de opiniones, siempre que, el día de entrada en vigor de la presente Directiva, ya existan en el Derecho nacional disposiciones en la materia.

3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la presente Directiva mediante disposiciones específicas aplicables a las tripulaciones de buques que naveguen en alta mar.

Artículo 4

Modalidades prácticas de la información y la consulta

1. De acuerdo con los principios enunciados en el artículo 1 y sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y de consulta al nivel que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

2. La información y la consulta abarcarán:

a) la información sobre la evolución reciente y la evolución probable de las actividades de la empresa o centro de trabajo y de su situación económica;

b) la información y la consulta sobre la situación, la estructura y la evolución probable del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como sobre las eventuales medidas preventivas previstas, especialmente en caso de riesgo para el empleo;

c) la información y la consulta sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo, incluidas las previstas por las disposiciones comunitarias mencionadas en el apartado 1 del artículo 9.

3. La información se facilitará en un momento, de una manera y con un contenido apropiados, de tal modo que, en particular, permita a los representantes de los trabajadores proceder a un examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta.

4. La consulta se efectuará:

a) en un momento, de una manera y con un contenido apropiados;

b) al nivel pertinente de dirección y de representación, en función del tema tratado;

c) con arreglo a las informaciones pertinentes proporcionadas por el empresario y al dictamen que los representantes de los trabajadores tienen derecho a formular;

d) de tal modo que permita a los representantes de los trabajadores reunirse con el empresario y obtener una respuesta justificada a su eventual dictamen;

e) con el fin de llegar a un acuerdo sobre las decisiones que se encuentren dentro de las potestades del empresario mencionadas en la letra c) del apartado 2.

Artículo 5

Información y consulta derivadas de un acuerdo

Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores sociales al nivel apropiado, incluido el de la empresa o el centro de trabajo, la tarea de definir libremente y en cualquier momento, por medio de acuerdo, las modalidades de información y consulta de los trabajadores. Dichos acuerdos, y los acuerdos que existan en la fecha establecida en el artículo 11, así como cualquier posterior renovación de dichos acuerdos podrán prever, dentro del respeto de los principios enunciados en el artículo 1 y en las condiciones y límites establecidos por los Estados miembros, disposiciones diferentes de las previstas en el artículo 4.

Artículo 6

Información confidencial

1. Los Estados miembros dispondrán que, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las legislaciones nacionales, los representantes de los trabajadores, así como los expertos que en su caso les asistan, no estén autorizados a revelar a trabajadores ni a terceros la información que, en legítimo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter confidencial. Esta obligación subsistirá, independientemente del lugar en que se encuentren, incluso tras la expiración de su mandato. No obstante, un Estado miembro podrá autorizar a los representantes de los trabajadores o a cualquiera que les asista a que transmitan información confidencial a trabajadores o a terceros sujetos a una obligación de confidencialidad.

2. Los Estados miembros dispondrán que, en casos específicos y en las condiciones y dentro de los límites establecidos por las legislaciones nacionales, el empresario no esté obligado a facilitar información o a proceder a consultas que, por su naturaleza, pudieran según criterios objetivos crear graves obstáculos al funcionamiento de la empresa o centro de trabajo o perjudicarles.

3. Sin perjuicio de los procedimientos nacionales existentes, los Estados miembros establecerán recursos administrativos o judiciales cuando el empresario exija confidencialidad o no facilite información con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2. Podrán establecer además procedimientos destinados a salvaguardar la confidencialidad de la información en cuestión.

Artículo 7

Protección de los representantes de los trabajadores

Los Estados miembros velarán por que los representantes de los trabajadores gocen, en el ejercicio de sus funciones, de la protección y las garantías suficientes que les permitan realizar de manera adecuada las tareas que les hayan sido encomendadas.

Artículo 8

Defensa de los derechos

1. Los Estados miembros establecerán las medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la presente Directiva por parte del empresario o de los representantes de los trabajadores. En particular, garantizarán que existan procedimientos administrativos o judiciales adecuados para hacer respetar las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros establecerán las sanciones adecuadas aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por el empresario o los representantes de los trabajadores. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 9

Relación entre la presente Directiva y otras disposiciones comunitarias y nacionales

1. La presente Directiva no afectará a los procedimientos específicos de información y de consulta contemplados en el artículo 2 de la Directiva 98/59/CE y en el artículo 7 de la Directiva 2001/23/CE.

2. La presente Directiva no afectará a las disposiciones adoptadas de conformidad con las Directivas 94/45/CE y 97/74/CE.

3. La presente Directiva no supondrá menoscabo de otros derechos de información, consulta y participación existentes en las legislaciones nacionales.

4. La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no supondrá motivo suficiente para justificar regresiones respecto de la situación ya existente en los Estados miembros en lo relativo al nivel general de protección de los trabajadores en los ámbitos objeto de la misma.

Artículo 10

Disposiciones transitorias

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, todo Estado miembro que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, no tenga establecido con carácter general, permanente y obligatorio un sistema de información y de consulta de los trabajadores, ni un sistema igualmente general, permanente y obligatorio de representación de los trabajadores en el lugar de trabajo que permita a los trabajadores estar representados a dichos efectos, podrá limitar la aplicación de las disposiciones nacionales de aplicación de la presente Directiva:

a) a empresas que empleen al menos a 150 trabajadores, o a centros de trabajo que empleen al menos a 100 trabajadores hasta el ...(8); y

b) a empresas que empleen al menos a 100 trabajadores, o a centros de trabajo que empleen al menos a 50 trabajadores durante los dos años siguientes a la fecha contemplada en la letra a).

Artículo 11

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ...(9), o garantizarán que los interlocutores sociales hayan adoptado para dicha fecha las disposiciones necesarias mediante acuerdo, debiendo adoptar los Estados miembros todas las medidas para poder garantizar en todo momento los resultados que impone la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 12

Revisión por parte de la Comisión

A más tardar el ...(10) la Comisión, en consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales a escala comunitaria, revisará la aplicación de la presente Directiva, a fin de proponer, en caso necesario, las modificaciones necesarias.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 2 de 5.1.1999, p. 3.

(2) DO C 258 de 10.9.1999, p. 24.

(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 58.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de abril de 1999 (DO C 219 de 30.7.1999, p. 223), confirmado el 16 de septiembre de 1999 (DO C 54 de 25.2.2000, p. 55), Posición común del Consejo de 23 de julio de 2001, y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(6) DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

(7) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64, Directiva modificada por la Directiva 97/74/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 22).

(8) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(9) Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(10) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

El 17 de noviembre de 1998, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. La propuesta se basaba en el apartado 2 del artículo 137 del Tratado.

El Parlamento Europeo, El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron sus dictámenes el 14 de abril de 1999, el 7 de julio de 1999 y los días 13 y 14 de diciembre de 2000, respectivamente.

El 23 de mayo de 2001, la Comisión presentó una propuesta modificada.

Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado, el Consejo adoptó su Posición común el 23 de julio de 2001.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La propuesta de Directiva tiene por objeto establecer un marco general que fije unos requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores aplicable a nivel nacional a las empresas situadas en los Estados miembros. Pretende también complementar las Directivas existentes sobre despidos colectivos y traspasos de empresas, así como la Directiva sobre la constitución de un Comité de empresa europeo aplicable a empresas situadas en dos o más Estados miembros.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. OBSERVACIONES GENERALES

Según el artículo 136 del Tratado, la Comunidad y los Estados miembros "tienen por objetivo [...] la mejora de las condiciones de vida y de trabajo [...], el diálogo social entre los interlocutores sociales [...]", etc. A tal fin, en el apartado 2 del artículo 137, el Tratado dispone que el Consejo "podrá adoptar, mediante Directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros".

La Posición común del Consejo respeta los objetivos del apartado 2 del artículo 137 del Tratado en el área cubierta, puesto que se pretende introducir requisitos mínimos para la información y la consulta de los trabajadores en las empresas o los establecimientos de la Unión Europea. Además, la Posición común respeta en gran medida los objetivos presentados por la Comisión y apoyados por el Parlamento.

La Directiva debe aplicarse a las empresas que emplean a por lo menos 50 trabajadores o a los establecimientos que emplean a por lo menos 20 trabajadores en un Estado miembro, de conformidad con la elección del Estado miembro.

Sin embargo, los Estados miembros en que no hay actualmente ningún sistema general, permanente y estatutario de información y consulta de los trabajadores, ni de representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, podrán aplicar un período transitorio adicional. Podrán, durante los primeros cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva, limitar la aplicación de las disposiciones nacionales que aplican la Directiva a las empresas que emplean a por lo menos 150 trabajadores o a los establecimientos que emplean a por lo menos 100 trabajadores y, por otros dos años, a las empresas que emplean a por lo menos 100 trabajadores o establecimientos que emplean a por lo menos 50 trabajadores. Esta excepción se ha incluido en el texto de la Directiva debido a la necesidad de proporcionar un calendario adecuado para que las pequeñas y medianas empresas que no tienen actualmente ninguna obligación formal de información y consulta se ajusten a los requisitos de la Directiva.

Los Estados miembros deberían definir y ejecutar las modalidades prácticas para la información y la consulta al nivel apropiado, de conformidad con la legislación nacional y de las relaciones laborales.

Esto supone confiar a los empresarios y trabajadores al nivel nacional apropiado el definir libremente y en cualquier momento, mediante un acuerdo negociado, las modalidades prácticas para informar y consultar a los trabajadores. Estos acuerdos pueden establecer disposiciones diferentes de las mencionadas en el artículo 4 de la Directiva.

El elemento clave es el derecho de los trabajadores a ser informados sobre la evolución reciente y probable de aspectos centrales de las actividades de la empresa y de la situación económica y de empleo, y a ser consultados al respecto así como sobre medidas preventivas relativas a la situación de empleo, así como sobre las decisiones que pueden llevar a cambios sustanciales de la organización del trabajo o las relaciones contractuales. La consulta incluye un cambio de impresiones y un diálogo entre el empleador y los representantes de los trabajadores, que permite a estos últimos expresar sus opiniones al empleador y obtener una respuesta razonada, con objeto de alcanzar un acuerdo sobre decisiones que deben ser tomadas por el empleador.

La Directiva contiene disposiciones que permiten al empleador proporcionar confidencialmente cierta información a los representantes de los trabajadores, cuando esto es en el interés legítimo del empleador. También autoriza al empleador a no comunicar la información o a no emprender la consulta cuando esto pueda perjudicar seriamente el funcionamiento de la empresa o el establecimiento.

La Directiva requiere sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables en caso de incumplimiento de la Directiva por parte del empleador o de los representantes de los trabajadores.

2. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO EN PRIMERA LECTURA

2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo adoptadas por el Consejo

2.1.1. Las siguientes 10 enmiendas se recogieron totalmente, tanto en la propuesta modificada de la Comisión como en la Posición común del Consejo, textualmente, o por lo menos en su espíritu y sustancia: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 (frase introductoria) 16, 25 y 32.

2.1.2. Las siguientes 24 enmiendas no se recogieron ni en la propuesta modificada de la Comisión ni, por las siguientes razones, en la posición común del Consejo:

- enmienda 1: esta enmienda se consideró coherente con los considerandos 7 y 8, pero, al mismo tiempo, innecesariamente detallada,

- enmiendas 4 y 15: el considerando y el artículo sobre el llamado "Tendenzschutz" se consideraron necesarios, conforme a la "Directiva sobre el Comité de empresa europeo",

- enmienda 37: esta enmienda se consideró demasiado inflexible por lo que se refiere al derecho del empleador a retener la información particularmente sensible, conforme a la posición del Consejo sobre la enmienda 27; además, los considerandos no deberían contener una redacción que tenga carácter de disposición vinculante,

- enmiendas 5 y 31: estas enmiendas se consideraron innecesarias, pues ya estaban cubiertas por lo previsto en el apartado 3 del artículo 9,

- enmienda 8: aunque se consideró que esta enmienda es coherente con el espíritu del apartado 3 del artículo 1, también se consideró que imponía a los Estados miembros exigencias que éstos no podrían cumplir,

- enmienda 11: esta enmienda se consideró demasiado restrictiva para los asuntos que deben dejarse al derecho y a las prácticas nacionales, incluidos los interlocutores sociales,

- enmienda 41: esta enmienda se consideró demasiado detallada e innecesaria, e incompatible con la situación en algunos Estados miembros,

- enmienda 13: (guiones primero y tercero): esta enmienda se consideró innecesariamente detallada, puesto que, en cualquier caso, la consulta puede realizarse solamente sobre la base de la información dada,

- enmienda 17: esta enmienda se consideró potencialmente pesada para las pequeñas y medianas empresas, y no enteramente apropiada como disposición legal,

- enmienda 43: si bien esta enmienda se consideró coherente con el espíritu del artículo 5, se estimó que constituía una innecesaria restricción de la libertad de negociación de los interlocutores sociales,

- enmienda 20: se consideró que esta enmienda restringía en exceso la libertad de los interlocutores sociales a la hora de celebrar acuerdos,

- enmienda 21: se consideró que esta enmienda era demasiado detallada y abarcaba ámbitos impropios para la consulta,

- enmiendas 22 y 23: se consideró que estas enmiendas se ajustaban al espíritu de la Directiva, pero que, al mismo tiempo, eran innecesariamente detalladas,

- enmienda 24: se consideró que el alcance de esta enmienda era excesivo a la luz de la legislación nacional de la mayoría de los Estados miembros, la cual no confería a los representantes de los trabajadores ese derecho a ejercer un veto suspensivo,

- enmienda 26: esta enmienda se consideró innecesaria a la luz del apartado 1 del artículo 6, que ya menciona a "los expertos que, en su caso, [...] asistan" a los representantes de los trabajadores, y también demasiado imprecisa respecto de los derechos y funciones de dichos expertos,

- enmienda 27: se consideró necesario el derecho del empleador a no comunicar información o a no proceder a consultas cuando ello pueda perjudicar gravemente a la empresa,

- enmienda 28: esta enmienda se consideró demasiado detallada y ajena a la situación existente en muchos Estados miembros,

- enmienda 29: se consideró que esta enmienda planteaba problemas jurídicos de aplicación, ya que el propósito del empleador sería muy difícil de establecer; de hecho, el Consejo rechazó la totalidad del párrafo al que se refería la enmienda,

- enmienda 33: esta enmienda, cuya finalidad era hacer extensivo el ámbito de aplicación de la Directiva a todo el sector público, no se consideró adecuada, ya que en cualquier caso las empresas públicas entrarían en dicho ámbito, pero la Directiva no se adaptaba a la índole, las actividades y el tipo de decisiones adoptadas por otras instancias del sector público,

- enmienda 34: se consideró que esta enmienda se inmiscuía indebidamente en el proceso legislativo de los Estados miembros, el cual, de todas formas, incluye normalmente la consulta de los interlocutores sociales,

- enmienda 35: esta enmienda se consideró innecesaria porque ponía de relieve un aspecto concreto de la Directiva que, en cualquier caso, probablemente se incluirá en la versión revisada.

3. LA POSICIÓN COMÚN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA MODIFICADA DE LA COMISIÓN

3.1. El apartado 3 del artículo 3, en virtud del cual los Estados miembros pueden eximir de lo dispuesto en la Directiva a las tripulaciones de los buques que navegan en alta mar, no se incluyó en la propuesta modificada de la Comisión, pero fue considerado necesario por el Consejo debido a lo difícil que resulta en la práctica consultar a los marinos que se hallan ausentes en largos viajes, y fue posteriormente aceptado por la Comisión.

3.2. En la propuesta modificada de la Comisión (y en su propuesta inicial) figuraba una disposición (apartado 3 del artículo 8) sobre sanciones específicas en caso de grave infracción por parte del empleador de sus obligaciones de información y consulta. No obstante, si bien el Consejo reconoció que las sanciones eran necesarias en ese caso, consideró que el apartado 2 del artículo 8 constituía base suficiente para adoptar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en la legislación nacional. Por consiguiente, el Consejo no podía aceptar el apartado 3, respecto del cual varios Estados miembros mencionaron también los siguientes motivos específicos:

- la disposición estipulaba la "no producción de efectos jurídicos" de determinadas decisiones del empleador, algo ajeno a la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales,

- la disposición podía generar incertidumbre jurídica debido a los largos procedimientos judiciales, lo que tendría graves consecuencias financieras para la empresa, para su capacidad de mantener el nivel existente de empleo y para sus relaciones con sus socios, y

- la disposición podía generar incertidumbre jurídica respecto de la información y la consulta en situaciones previstas por las Directivas vigentes en materia de despidos colectivos y traslados de empresas.

3.3. El artículo 10, que establece períodos transitorios respecto de los umbrales estipulados en el artículo 3 para la aplicación de la Directiva, no se incluyó en la propuesta modificada de la Comisión; la Comisión lo propuso en la reunión del Consejo del 11 de junio de 2001 y el Consejo lo aceptó.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que, en su conjunto, la Posición común concuerda con los objetivos de la propuesta modificada de la Comisión. Considera asimismo que, en lo esencial, dicho texto ha tenido en cuenta los principales objetivos que trataba de lograr el Parlamento Europeo con las enmiendas que propuso.