P6_TA(2005)0222

Lucha contra la financiación del terrorismo

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo Europeo y al Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo (2005/2065(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, presentada por Stefano Zappalà en nombre del Grupo del PPE-DE, con vistas a prevenir y luchar contra la financiación del terrorismo con medidas destinadas a mejorar el intercambio de información, la transparencia y la trazabilidad de las transacciones financieras (B6-0221/2005),

- Vista la declaración sobre la lucha contra el terrorismo adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 24 y 25 de marzo de 2004,

- Visto el plan de acción revisado de la Unión Europea contra el terrorismo, del que el Consejo tomó nota en su reunión de los días 17 y 18 de junio de 2004,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo a través de medidas para mejorar el intercambio de información, aumentar la transparencia y mejorar la trazabilidad de las transacciones financieras (COM(2004)0700),

- Visto el paquete de medidas para la prevención y la supresión del terrorismo establecido en el programa de La Haya, adoptado en la reunión del Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre de 2004 y completado por las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 16 y 17 de diciembre de 2004, en particular las que se refieren a la financiación del terrorismo,

- Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera [1],

- Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo (COM(2004)0448),

- Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 6, 7, 8, 10, 12, 21 y 22,

- Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el artículo 94 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0159/2005),

A. Considerando que, con el fin de reforzar la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión, han de aplicarse dentro de unos plazos razonables y de modo eficaz, para proteger la confidencialidad de los datos, las medidas contempladas en el programa de La Haya, en particular las que tienen que ver con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y con el intercambio de información,

B. Considerando que la estrategia europea de seguridad prevé un enfoque integrado de cara a la lucha contra el terrorismo, que se ha de plasmar en medidas políticas, diplomáticas, humanitarias, económicas y financieras, así como mediante la cooperación judicial y policial,

C. Considerando que la fuente de financiación más notable del terrorismo internacional se alimenta del tráfico internacional de drogas y armas,

D. Considerando que el blanqueo de capitales, a través de entidades de crédito cómplices o de inversiones en paraísos fiscales, contribuye a la financiación de las organizaciones terroristas internacionales,

E. Considerando que la estrategia de la guerra preventiva no ha servido para debilitar a las organizaciones terroristas internacionales ni para reducir su capacidad de financiación,

F. Considerando que la organización, el mantenimiento en actividad y el desarrollo operacional de las organizaciones terroristas necesitan una actividad de recolección de fondos en permanente evolución y, al mismo tiempo, la búsqueda de métodos siempre novedosos e intercambiables para conseguir los fondos y transferirlos a través de canales legales o ilegales, como las empresas internacionales, los consorcios, las compañías registradas en paraísos fiscales, los "pasadores" de dinero, las transferencias de fondos como la hawala o la utilización de determinadas asociaciones de beneficencia,

G. Considerando que el sector de la beneficencia disfruta de exenciones fiscales en la mayor parte de los Estados miembros y que, por lo tanto, las autoridades fiscales ya disponen de información detallada sobre las cuentas y las operaciones financieras de estas organizaciones,

H. Considerando que, en la situación actual de enormes flujos financieros propios del mercado global y a la vista de la multiplicidad y la evolución continua de la economía actual, es muy difícil y complejo localizar y perseguir los abusos en las transferencias financieras, tales como el blanqueo de capitales ilegales procedentes del fraude fiscal y aduanero, de la corrupción, de las actividades de la delincuencia organizada y de las mafias, entre ellas el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y la trata de seres humanos, así como la financiación mediante la extorsión, incluido el llamado "impuesto revolucionario",

I. Teniendo en cuenta que los fondos obtenidos cada año por las asociaciones de beneficencia ascienden a cientos de millardos de dólares y que no es nada evidente el control del uso del dinero de tales organizaciones; que por ese motivo el sector de la beneficencia está especialmente expuesto a los abusos, por lo que se necesita un aumento de la transparencia de las personas jurídicas que participan en esas actividades,

J. Considerando que, en ciertos casos, el terrorismo ha podido utilizar el producto de las recogidas de fondos de beneficencia, a espaldas de los donantes y de los directivos y el personal de las organizaciones de ayuda; considerando asimismo que algunas organizaciones sin ánimo de lucro han dado cobertura y ayuda logística tanto a las actividades operacionales de los terroristas como al transporte de las armas utilizadas por las redes terroristas,

K. Considerando que, en la lucha contra la financiación del terrorismo en la Unión Europea, conviene mejorar el intercambio de información, reforzar la cooperación judicial y policial, mejorar la rastreabilidad de las transacciones y aumentar la transparencia del sistema financiero, de las modalidades de funcionamiento y de las actividades de las personas jurídicas,

L. Considerando que, en la lucha contra la financiación del terrorismo, el intercambio de información es uno de los sistemas más eficaces para acabar con dicha financiación, pero que dicho intercambio de información debe realizarse en el marco de unas medidas legislativas vinculantes en materia de protección de datos, que deben compensarlo, de conformidad con el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales con vistas a impedir el desarrollo de una sociedad basada en el modelo del Estado policial,

M. Considerando que las organizaciones terroristas internacionales han tejido una densa red de relaciones con numerosas organizaciones criminales y mafiosas; que las relaciones entre las organizaciones terroristas y las organizaciones criminales y mafiosas están basadas en sus intereses económicos comunes y en las mismas fuentes de financiación,

1. Formula al Consejo Europeo y al Consejo las siguientes recomendaciones:

a) adoptar la tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales y la propuesta de Reglamento relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera;

b) exigir de los Estados miembros que ratifiquen el protocolo de 29 de mayo de 2000 al Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 9 de diciembre de 1999, así como que incorporen a su legislación la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo [2] y la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia [3];

c) crear estructuras de cooperación e intercambio, también en el ámbito técnico, para permitir un intercambio estructurado de información entre los servicios de información de la Unión, entre ellos Europol y Eurojust; establecer la obligación de intercambiar información exhaustiva y actualizada relativa a cualquier acto delictivo de índole terrorista, incluida la participación en las actividades de un grupo terrorista mediante su financiación;

d) apoyar con fondos consistentes el proyecto FIU.NET (Financial Intelligence Units Network), destinado a crear una red informática que permita el intercambio de información entre las unidades de información financiera, en particular, en lo relativo a las modalidades de financiación de las redes terroristas, pero velando por la protección de los datos personales;

e) instar a los Estados miembros a que mejoren la cooperación con SUSTRANS y a que procedan a la ratificación del Protocolo anejo al Convenio Europol, que permite extender la competencia de Europol a todo delito de blanqueo de capitales;

f) tomar medidas, mediante la adopción urgente de normativas adecuadas, que aseguren el control y la rastreabilidad de las transacciones bancarias internacionales a través de las cuales se efectúa una parte considerable de los pagos por el suministro de armas y drogas, ingresos que se pueden utilizar con fines terroristas;

g) instar a los Estados miembros a que apliquen todas las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales) y a que tomen medidas para mejorar la rastreabilidad de las transferencias de fondos, la identificación de la clientela, el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia, evitando toda utilización abusiva de la técnica del perfilado en el ámbito bancario y financiero y garantizando el respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos personales;

h) promover la adopción de normas internacionales y tomar medidas en el marco comunitario a fin de reducir considerablemente la opacidad del sistema financiero, remediar la falta de transparencia de las estructuras utilizadas para las transacciones financieras internacionales y la transferencia de fondos, entre ellas las sociedades comerciales internacionales, los consorcios y las empresas registradas en paraísos fiscales, con el objetivo, entre otros, de luchar contra la persistencia de los denominados "paraísos fiscales";

i) adoptar medidas para vigilar las transferencias de fondos realizadas fuera de los canales oficiales y para impedir que las organizaciones terroristas utilicen y se infiltren en organizaciones sin ánimo de lucro y de beneficencia, apoyando concretamente la propuesta referente a un código europeo de conducta del sector de la beneficencia que prevea la publicación de los balances y unas normas comunes de auditoría y control de cuentas;

j) instar a los Estados miembros a la mayor vigilancia frente a posibles conexiones entre las redes terroristas y organizaciones criminales de carácter mafioso que pretendan blanquear capitales en relación con la financiación del terrorismo;

k) imponer unas obligaciones de diligencia debida reforzadas para las operaciones que impliquen a entidades o personas establecidas en zonas en que no se aplique la reglamentación referente a la lucha contra el blanqueo de capitales;

l) instar a los Estados miembros a que vigilen atentamente tanto las instituciones financieras como los servicios de transferencia de fondos, con objeto de identificar las actividades sospechosas de transferencias de fondos en caso de que no vayan acompañadas de una información completa sobre el nombre, la dirección y el número de cuenta de la persona física o jurídica que ha dado la orden de transferencia de los fondos;

m) prever que las entidades financieras y cualquier otro organismo sujeto a las obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales tengan la obligación de comunicar inmediatamente toda información útil a las autoridades públicas competentes, cuando surja una sospecha fundada sobre la posibilidad de que algunos fondos estén destinados a actividades terroristas o, en general, a las redes terroristas; estima que el concepto de "sospechoso" debe ser definido de modo riguroso y que las disposiciones en materia de Derecho penal relacionadas, por ejemplo, con el blanqueo de dinero y las acciones terroristas no deben utilizarse para perseguir otra clase de delitos y, por consiguiente, deben respetar los principios recogidos en el Corpus Juris [4], así como que la definición que debe elaborarse del concepto de "sospechoso" debe alcanzar el objetivo perseguido y ser proporcional;

n) desarrollar sistemas que controlen automáticamente las operaciones de transferencia que resulten sospechosas a la vista de las sumas elevadas con respecto al promedio, la frecuencia y la situación geográfica de los proveedores y beneficiarios, para proteger el sistema oficial de transferencias de fondos del peligro real de participación en actividades ilegales y, en particular, en actividades de financiación del terrorismo; elaborar nuevas normas para los pagos bancarios, pero sin perder de vista el equilibrio entre la libre circulación de capitales y la localización de dinero sospechoso;

o) elaborar una serie de normas mínimas para regular la transparencia del sector de la beneficencia de modo que que los bancos, las entidades de crédito, las compañías de seguros, las sociedades financieras y las organizaciones sin ánimo de lucro apliquen la máxima transparencia en sus procedimientos de gestión, financieros y presupuestarios, utilizando exclusivamente cuentas bancarias oficiales para el depósito de los fondos y circuitos regulares y formales para la transferencia de los fondos, presentando balances lo más completos posibles, que incluyan la identidad exacta de los destinatarios y la utilización prevista de los fondos, y sometiendo el control de la propia gestión a revisores independientes;

p) pedir a los bancos, las entidades de crédito, las compañías de seguros, las sociedades financieras y las organizaciones sin ánimo de lucro que colaboren más estrechamente con los expertos en materia de financiación del terrorismo internacional, con objeto de protegerse de cualquier implicación en actividades de terrorismo ante el peligro real de utilización abusiva de sus actividades para financiar las redes terroristas;

q) exigir sin demora de los Estados miembros la transposición al ordenamiento jurídico nacional y la aplicación de las medidas destinadas a contrarrestar las actividades criminales de financiación del terrorismo, en particular la segunda Directiva sobre el blanqueo de capitales [5] y las obligaciones de vigilancia e identificación que ésta prevé, en espera de que se adopten rápidamente la tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales y el Reglamento relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera, con objeto, entre otras cosas, de introducir a tiempo las modificaciones necesarias que permitan optimizar las actividades de lucha contra el terrorismo internacional;

r) proceder a una evaluación constante de las medidas adoptadas para luchar contra la financiación internacional del terrorismo, en estrecha cooperación con la Comisión y el Parlamento Europeo;

s) averiguar si las medidas legislativas de emergencia, aplicadas por determinados Estados miembros tras el 11 de septiembre de 2001, han permitido obtener resultados positivos en la lucha contra el terrorismo y su financiación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo Europeo, al Consejo y, para información, a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización de las Naciones Unidas y a sus agencias especializadas.

[1] DO C 227 E de 24.9.2002, p. 574.

[2] DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.

[3] DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.

[4] Protección de los intereses económicos comunitarios (COM(1997)0199).

[5] Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76).

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