Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inversión pública en infraestructuras energéticas como parte de la solución a las cuestiones climáticas»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 486/10)

Ponente: Thomas KATTNIG Coponente: Lutz RIBBE

Decisión del Pleno 20.1.2022 Base jurídica Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa Sección competente Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información Aprobado en sección 7.9.2022 Aprobación en el pleno 22.9.2022 Pleno n.o 572 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 162/7/8

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. Las consecuencias de la crisis climática están afectando enormemente a Europa y al mundo. Aunque en los últimos años han aumentado las posibilidades de que se dispone para adaptarse eficazmente al cambio climático, los expertos señalan que la movilización de fondos es insuficiente, que el compromiso de la ciudadanía y el sector privado es demasiado escaso y que falta liderazgo político.

1.2. Para satisfacer la creciente demanda de electricidad y cumplir los objetivos climáticos es necesario duplicar las inversiones en la red eléctrica para alcanzar los 55 000 millones de euros al año y aumentar los fondos anuales para la construcción de capacidad de generación limpia hasta los 75 000 millones de euros ( 1 ) . En este contexto, las inversiones públicas en sistemas inteligentes e infraestructuras de almacenamiento de energías renovables son de gran importancia de cara a garantizar la seguridad del suministro, luchar contra la pobreza energética, ofrecer precios asequibles y crear empleo.

1.3. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apoya las propuestas de la Comisión de acelerar y simplificar los procedimientos de autorización en el ámbito de las energías renovables y designar «zonas propicias» para este tipo de proyectos. Esto alberga un potencial significativo para acelerar la transición energética. Por ello es especialmente importante definir de la forma más concreta posible las simplificaciones que se aplican en las denominadas «zonas propicias».

1.4. La legislación europea en materia de energía no reconoce la protección del clima como un objetivo de la regulación de la red. Como consecuencia de ello, a las autoridades reguladoras nacionales también les resulta difícil establecer incentivos para una conversión, expansión y modernización de las redes de distribución de electricidad que se ajuste a los requisitos de neutralidad climática.

1.5. Por lo que se refiere a la futura organización de los sistemas e infraestructuras energéticos, el CESE ha subrayado reiteradamente la importancia de la participación activa de todos los consumidores (hogares, empresas y comunidades de energía) en el desarrollo de sistemas energéticos inteligentes y de que se establezcan incentivos para que la sociedad civil pueda participar en la transición energética, pero también para garantizar que contribuyan a la financiación.

1.6. En la Unión Europea (UE) el porcentaje de inversión pública en las tecnologías energéticas limpias necesarias para la descarbonización es el más bajo entre las grandes economías, lo que pone en riesgo la competitividad de la Unión. Desde el comienzo de la liberalización, las inversiones de las empresas eléctricas han experimentado una tendencia a la baja. Esta caída de la inversión ha provocado cuellos de botella en el suministro y dificulta una mayor expansión de las energías renovables. Por consiguiente, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de emplear para la puesta en práctica del plan REPowerEU los planes de recuperación y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como fondos adicionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de la política agrícola común de la UE.

1.7. La configuración y la regulación del mercado deben adaptarse a las nuevas realidades del futuro, donde las energías renovables que serán predominantes (por ejemplo, una producción más descentralizada y un aumento del consumo in situ ). También deben crear las condiciones necesarias para los distintos agentes implicados y garantizar una protección adecuada de los consumidores. El CESE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de estudiar diferentes opciones para optimizar la configuración del mercado de la electricidad y apoya firmemente las evaluaciones del mercado encaminadas a analizar el comportamiento de todos los agentes potenciales del mercado de la energía y la configuración de dicho mercado. En cualquier caso, el CESE subraya la importancia de una evaluación de impacto exhaustiva previa a cualquier propuesta.

1.8. El CESE recomienda una vez más que se aplique la «regla de oro» de la inversión pública para salvaguardar la productividad, así como la base social y ecológica para el bienestar de las generaciones futuras.

1.9. La financiación mixta con participación de inversores privados solo es una opción si se garantiza que la adjudicación sea transparente y que el sector público no incurra en costes adicionales injustificados en comparación con una financiación pública. Debe existir una transparencia plena en relación con los costes adicionales justificados. Por ello es especialmente importante que en estos modelos de financiación mixta se definan claramente los derechos y las obligaciones, se aclaren las cuestiones de responsabilidad y se prevea un sistema eficaz y rápido de resolución de conflictos con el fin de evitar costes adicionales a largo plazo y problemas relacionados con la responsabilidad.

1.10. El CESE subraya que la «transición justa» no es solo una cuestión de financiar la transición, también incluye el objetivo de crear empleo digno, puestos de trabajo de calidad y seguridad social, así como mantener la competitividad de las empresas europeas, y requiere medidas específicas a todos los niveles, especialmente a nivel regional.

1.11. El CESE cree firmemente que debe prestarse especial atención a la definición de la ampliación de las redes como de interés público superior, a la inclusión de la protección del clima como objetivo de la regulación y, en general, a una mayor sincronía en la planificación de las energías renovables y la red eléctrica. A este respecto, es absolutamente necesario establecer disposiciones reglamentarias concretas a nivel europeo.

1.12. Los acontecimientos de la última década, los retos que plantea el desarrollo de la red, el aumento masivo de los precios de la energía, el riesgo de ataques cibernéticos y, en particular, la guerra de Ucrania ponen claramente de manifiesto lo que está en juego, a saber, la cuestión de quién controlará en el futuro infraestructuras tan esenciales como la red energética. Por lo tanto, existe un interés público fundamental. Ello requeriría en consecuencia una propiedad pública comprometida con el bien común y que elimine las desigualdades existentes.

1.13. Las ventajas e inconvenientes de la propiedad pública y privada o de la financiación privada de las infraestructuras energéticas para el buen funcionamiento del mercado de la energía son un aspecto importante y deben examinarse en la evaluación prevista por la Comisión de las diferentes opciones para optimizar la configuración del mercado de la energía. Los resultados de este análisis pueden ser un valioso instrumento de toma de decisiones para los Estados miembros, que son responsables de decidir sobre la propiedad pública o privada de las infraestructuras energéticas. En opinión del CESE, la electricidad no es solo una mercancía estratégica clave para toda la economía de la UE, sino también un bien público. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión Europea que analice con detalle las implicaciones y consecuencias que todo el proceso de privatización y liberalización de la energía europea tiene para su estabilidad, la fiabilidad del suministro y el funcionamiento del mercado de la electricidad, y que refleje los resultados en una reestructuración de todo el sector energético, incluyendo opciones para reforzar las competencias de los sectores público y nacional.

2. Antecedentes

2.1. Las consecuencias de la crisis climática ya afectan a miles de millones de personas en todo el mundo, pero también a los ecosistemas, como ponen de relieve los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), a pesar de que el aumento de la temperatura aún no ha alcanzado el umbral de 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París. Es especialmente problemático que los sistemas y colectivos que se verán más duramente afectados por el calor, la sequía, las inundaciones, las enfermedades y la escasez de agua y alimentos son en general aquellos que disponen de menos recursos para hacer frente a estos problemas.

2.2. Las opciones disponibles para una adaptación efectiva al cambio climático han aumentado en los últimos años. Sin embargo, las medidas aplicadas y planificadas en muchas partes de Europa no son satisfactorias. Los expertos señalan que la movilización de fondos es insuficiente, que el compromiso de la ciudadanía y el sector privado es demasiado escaso y que falta liderazgo político.

2.3. El hecho de que actualmente en Europa se estén destinando rápidamente grandes cantidades de dinero a fines militares debido a la guerra en Ucrania hace temer que con ello queden bloqueados recursos financieros y, en consecuencia, se demore la acción por el clima. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción las medidas e instrumentos anunciados por la Comisión en el plan REPowerEU ( 2 ) para reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles —en particular los procedentes de Rusia— adoptando medidas de ahorro energético, acelerando la transición a energías renovables, promoviendo la diversificación de los proveedores y aunando fuerzas para lograr un sistema energético más resiliente y una auténtica Unión de la Energía.

2.4. Para cumplir los objetivos climáticos, la capacidad de las energías renovables debe ser más del doble de la actual. Ya en la actualidad, los costes de la electricidad verde cuya generación debe limitarse al no poderse utilizar o transportar ascienden a varios cientos de millones de euros al año en países grandes como Alemania. Esta pérdida económica se multiplicará si no se amplían rápidamente las redes eléctricas y las capacidades de almacenamiento a la vez que se mejoran las posibilidades de utilizar la electricidad directamente a nivel local. A la hora de planificar y regular la red es importante que el desarrollo de las redes energéticas se guíe por el objetivo de neutralidad climática. Las redes de distribución desempeñan un papel crucial a este respecto, puesto que la mayoría de las instalaciones de energías renovables se conectan a ellas.

2.5. Para cumplir estos requisitos es necesario duplicar las inversiones en la red eléctrica para alcanzar los 55 000 millones de euros al año y aumentar los fondos anuales para la construcción de capacidad de generación limpia hasta los 75 000 millones de euros ( 3 ) . En este contexto, el CESE subraya la utilidad añadida de las propuestas de la Comisión relativas a los procedimientos rápidos de autorización para proyectos de energías renovables y al establecimiento de «zonas propicias» para dichos proyectos. El CESE apoya la aceleración y simplificación de los procedimientos de autorización en el ámbito de las energías renovables. En ese sentido debe prestarse especial atención a las redes de distribución, ya que es en ellas donde suelen verterse las energías renovables.

2.6. En este contexto, las inversiones públicas en sistemas inteligentes de energías renovables son de gran importancia de cara a garantizar la seguridad del suministro, luchar contra la pobreza energética, ofrecer precios asequibles y crear empleo. No cabe duda de que la transformación ecológica con arreglo al Pacto Verde Europeo tendrá un enorme impacto en la situación del empleo en los sectores energéticos con elevadas emisiones de carbono. Al mismo tiempo, un aumento adecuado de la inversión pública en sistemas energéticos climáticamente neutros creará múltiples nuevas oportunidades de empleo. Esto requiere márgenes de maniobra presupuestarios adecuados a través de una remodelación del marco presupuestario, como ya propuso el CESE en octubre de 2021 en su Dictamen de iniciativa titulado «Remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa».

2.7. La legislación europea en materia de energía no reconoce por ahora la protección del clima como un objetivo de la regulación de la red. Como consecuencia de ello, a las autoridades reguladoras nacionales también les resulta difícil establecer incentivos para una conversión, expansión y modernización de las redes de distribución de electricidad que se ajuste a los requisitos de neutralidad climática.

2.8. Por lo que se refiere a la futura organización de los sistemas e infraestructuras energéticos, el CESE ha subrayado reiteradamente la importancia de la participación activa de todos los consumidores (hogares, empresas y comunidades de energía) en el desarrollo de sistemas energéticos inteligentes. Lamentablemente, en ese ámbito no se ha visto ninguna iniciativa, sino solamente promesas. El CESE pide que por fin se ofrezcan incentivos para activar a los prosumidores, a las comunidades de energías renovables o a las comunidades ciudadanas de energía para permitir a la sociedad civil participar en la transición energética y dar a los consumidores la posibilidad de tomar parte activa en el mercado. Esto también puede mitigar el problema de los costes cada vez mayores asociados a la limitación de la generación de energías renovables por congestión de la red.

2.9. El CESE es partidario de adaptar mejor las normas europeas sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) a los objetivos del Pacto Verde Europeo, que incluyen en particular la descarbonización del sistema energético, la transición a la neutralidad climática, el desarrollo de fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y la prevención del riesgo de pobreza energética. Dado que las redes energéticas cumplen una función esencial en cuanto al equilibrio, la resiliencia y el desarrollo del sistema energético, el CESE pide que el Reglamento se enmarque más claramente en una dinámica de integración del sistema energético, para fomentar todos los tipos de energía descarbonizada e imposibilitar cualquier forma de desintegración. En este contexto cabe celebrar la iniciativa emprendida por el Consejo y el Parlamento Europeo de definir como «interés público superior» no solo las energías renovables, sino también las redes de distribución.

2.10. Las actuales subidas de precios constituyen una carga para la ciudadanía y las empresas europeas. El CESE lamenta que, hasta ahora, su llamamiento ( 4 ) en favor de una reducción de la dependencia estratégica con respecto a terceros no fiables no haya llevado a los dirigentes políticos a actuar, sino que, por el contrario, dicha dependencia haya aumentado. Rusia es el mayor exportador de petróleo, gas natural y carbón a la UE y muchas centrales nucleares dependen de las barras de combustible y las tecnologías rusas. La actual crisis de los precios de la energía no habría golpeado de manera tan dura a los ciudadanos y empresas europeos si Europa hubiese reducido ya las importaciones de combustibles fósiles como había prometido. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción los esfuerzos contemplados en el plan REPowerEU para reducir rápidamente esta dependencia, en particular con respecto a Rusia. El CESE apoya los esfuerzos de las instituciones de la UE y de los Estados miembros para abordar eficazmente el problema de los precios en consonancia con la Comunicación de octubre de 2021, la Comunicación sobre el mercado de la electricidad COM(2022) 236 final y los instrumentos previstos en el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal.

2.11. En el contexto actual, el CESE vuelve a señalar que, sin embargo, no se trata principalmente de diversificar las dependencias, sino de alcanzar, en la medida de lo posible, una «independencia y autonomía estratégicas en materia de energía». Las energías renovables y el hidrógeno serán un motor que impulsará el proceso de descarbonización, y su producción debería ubicarse en la medida de lo posible dentro de la UE.

2.12. En algunas regiones, el gas natural licuado (GNL) se plantea actualmente —junto con importantes medidas de ahorro energético— como sustituto a corto y medio plazo del gas natural ruso. A largo plazo, el hidrógeno verde es una opción compatible con los objetivos climáticos siempre que esté disponible en cantidades suficientes y a un precio razonable. En la medida en que Europa no pueda producir por sí misma el volumen total de los gases necesarios —lo que ocurre claramente con el GNL, mientras que en el caso del hidrógeno aún es posible lograr una independencia de las importaciones— deben extraerse las lecciones adecuadas del desastre ruso. El CESE advierte que Europa debe ser especialmente cautelosa con los recursos utilizados para sustituir el gas ruso por su impacto en el medio ambiente y por las nuevas dependencias respecto de terceros países que no comparten valores europeos como la estabilidad democrática, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

2.13. En la UE el porcentaje de inversión pública en las tecnologías energéticas limpias necesarias para la descarbonización es el más bajo entre las grandes economías, lo que pone en riesgo su competitividad mundial. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte de que la estrategia REPowerEU podría no movilizar los fondos suficientes. Por consiguiente, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de emplear para la puesta en práctica del plan REPowerEU los planes de recuperación y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como fondos adicionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de la política agrícola común de la UE.

2.14. En algunos Estados miembros, y a nivel de la UE, el impacto de la guerra de Ucrania se considera el impulso definitivo para una mayor independencia energética y neutralidad climática. El CESE lo celebra. Sin embargo, el panorama es contradictorio: el aumento del uso de gas licuado y la vuelta al carbón están sobre la mesa y podrían suponer un retroceso en la transición energética. El CESE se muestra crítico al respecto, pero es consciente de que, a corto plazo, la diversidad de opciones para la generación de energía contribuye como medida de emergencia a la seguridad del suministro energético. Por consiguiente, además de la energía eólica y solar, es importante aprovechar la amplia variedad de fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, que sean económica y ecológicamente compatibles dentro de un sistema energético. Al mismo tiempo, pide que se redoblen los esfuerzos en la transformación ecológica del sistema energético.

2.15. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) publicó un informe ( 5 ) que confirma que la liberalización del sistema energético ha aportado pocas respuestas ante el avance de la crisis climática. El uso generalizado de alternativas viables a las fuentes de energía que emiten carbono se ha hecho posible en gran medida con la ayuda de importantes subvenciones públicas, y no gracias a la libre competencia del mercado. El informe indica que sin un cambio en el modelo actual del sistema energético europeo no se podrán cumplir los compromisos del Acuerdo de París.

3. Observaciones generales

3.1. El rápido avance del cambio climático y la actual crisis energética hacen necesario invertir sin demora en las infraestructuras para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 y garantizar el suministro de energía. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la energía ha puesto de manifiesto las debilidades del mercado energético. Es necesario plantear cuestiones fundamentales sobre el futuro de la energía para garantizar un suministro energético respetuoso con el medio ambiente, asequible y fiable, así como el derecho a la energía. El CESE señala explícitamente la urgencia de las inversiones públicas para lograr la independencia energética respecto a las importaciones de gas ruso y apoya las medidas propuestas a ese respecto por la Comisión en el plan REPowerEU.

3.2. En ese sentido también se debe tener en cuenta la organización del mercado, así como su regulación, la creación de las condiciones necesarias para los diferentes agentes y el refuerzo de una protección adecuada de los consumidores. El CESE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de estudiar opciones para optimizar la configuración del mercado de la electricidad y toma nota del análisis de la Comisión sobre los mercados del gas y la electricidad y de las medidas propuestas para hacer frente a los elevados precios de la energía, así como de las propuestas para mejorar las redes de energía y las capacidades de almacenamiento y de la reiteración de las promesas de mejorar el acceso al mercado para los pequeños operadores (prosumidores) y garantizar la seguridad del suministro.

3.3 La configuración y regulación del mercado deben adaptarse a las nuevas realidades del futuro, en el que las energías renovables que serán predominantes. Las claves: producción descentralizada y aumento del consumo in situ . Sin embargo, para ello aún es necesario establecer las condiciones necesarias para los distintos agentes y garantizar una protección adecuada de los consumidores. Hacen falta evaluaciones del mercado que analicen el comportamiento de todos los agentes potenciales en el mercado de la energía y la configuración de dicho mercado. En cualquier caso, el CESE subraya la importancia de una evaluación de impacto exhaustiva previa a cualquier propuesta. El CESE señala la urgente necesidad de combatir los elevados precios de la electricidad —en particular, su vinculación con los precios del gas—, que tienen un impacto negativo en las economías de los Estados miembros.

3.4. Durante mucho tiempo se ha dejado de lado la cuestión de hasta qué punto, y con qué configuración del mercado, se puede lograr la seguridad del suministro con los medios del mercado. En principio, un sistema energético basado en energías renovables (en gran parte de producción interna) promete un alto grado de seguridad de suministro. No obstante, esto no ocurrirá por sí solo: la condición necesaria es establecer un marco normativo adecuado. Las redes inteligentes son particularmente importantes, ya que envían señales claras a los muchos millones de productores y consumidores para que puedan actuar de un modo favorable al sistema y, de esa manera, contribuir a la seguridad del suministro.

3.5. En lo que respecta a la financiación de los proyectos de infraestructura, la rigidez de las normas presupuestarias ha demostrado repetidamente ser el mayor obstáculo para el sector público. Por tanto, el objetivo debe ser eximir a los proyectos relacionados con el Pacto Verde Europeo, la independencia energética y el sector digital de toda normativa que impida tales inversiones públicas. Así pues, en consonancia con su Dictamen sobre la remodelación del marco presupuestario de la UE ( 6 ) , el CESE recomienda aplicar la «regla de oro» a las inversiones públicas con el fin de preservar la productividad y la base social y ecológica para el bienestar de las generaciones futuras.

3.6. La financiación mixta con participación de inversores privados solo es una opción si se garantiza que la adjudicación sea transparente y que el sector público no incurra en costes adicionales injustificados en comparación con una financiación pública. Debe existir una transparencia plena en relación con los costes adicionales justificados. Un informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) señaló que, por ejemplo, los contratos de colaboración público-privada en el sector europeo del transporte por carretera eran en promedio un 24 % más caros que otros proyectos comparables que utilizaban financiación tradicional ( 7 ) . Por ello es especialmente importante que en estos modelos de financiación mixta se definan claramente los derechos y las obligaciones, se aclaren las cuestiones de responsabilidad y se prevea un sistema eficaz y rápido de resolución de conflictos con el fin de evitar costes adicionales a largo plazo y problemas relacionados con la responsabilidad.

3.7. La Comisión señala acertadamente que las inversiones públicas pueden y deben activar el dinero privado. Sin embargo, el plan REPowerEU no aborda la refinanciación de los fondos públicos correspondientes. Un posible enfoque para ello sería la eliminación de las subvenciones a los recursos fósiles; otro, la imposición de los beneficios extraordinarios obtenidos especialmente por las grandes empresas petroleras y por algunas empresas energéticas a raíz de la grave crisis del petróleo y del gas. Al CESE le preocupa que los beneficios extremadamente elevados de las empresas energéticas y el aumento de la pobreza energética causado por unos precios de la energía disparados supongan una combinación socialmente explosiva. El CESE propone que estos beneficios se reduzcan mediante impuestos y se transfieran como compensación financiera a los consumidores de energía, por ejemplo, hogares financieramente más vulnerables o empresas intensivas en energía, y se utilicen para la expansión de la producción de energía renovable y la infraestructura de red necesaria, especialmente porque estas medidas ya se están debatiendo o aplicando en algunos Estados miembros. El CESE considera que, para no disuadir a las empresas energéticas de invertir en soluciones hipocarbónicas, este tipo de imposición debería definirse como sensible. El CESE pide a la Comisión que proponga sin más demora medidas en ese sentido.

3.8. La finalidad de las infraestructuras es, ante todo, funcionar, y no transportar electricidad de A hacia B como un fin en sí mismo para generar beneficios constantes. Los acontecimientos de la última década, los retos que plantea el desarrollo de la red, el aumento masivo de los precios de la energía, el riesgo de ataques cibernéticos y, en particular, la guerra de Ucrania ponen claramente de manifiesto lo que está en juego, a saber, la cuestión de quién controlará en el futuro infraestructuras tan esenciales como la red energética. Por lo tanto, existe un interés público fundamental. Ello requeriría en consecuencia una propiedad pública comprometida con el bien común y que elimine las desigualdades existentes.

3.9. El CESE subraya que la «transición justa» no es solo una cuestión de financiar la transición, también incluye el objetivo de crear empleo digno, puestos de trabajo de calidad y seguridad social, así como mantener la competitividad de las empresas europeas, y requiere medidas específicas a todos los niveles, especialmente a nivel regional. Otros factores clave para una «transición justa» son el papel activo y organizador del sector público y la garantía de una participación democrática de los interlocutores sociales a todos los niveles.

3.10. La red energética forma parte de las infraestructuras críticas. Todo fallo o alteración de estas infraestructuras puede causar dificultades devastadoras para el suministro y poner en peligro la seguridad pública. En Europa, infraestructuras críticas como el transporte y el tráfico, los servicios sanitarios, las finanzas y la seguridad, por nombrar algunas, se encuentran cada vez más en manos de agentes privados debido a la ola de liberalización y privatización de las últimas décadas. Esta circunstancia es problemática porque los sectores están interconectados y la vulnerabilidad de un sector disminuye o impide la capacidad de funcionamiento de las demás infraestructuras críticas (efecto cascada). Por un lado, es difícil estimar estas dependencias mutuas; por otro, garantizar la capacidad de funcionamiento de estos sectores redunda en el interés público. Especialmente en caso de perturbaciones del mercado o de catástrofe resulta decisiva la importancia de la intervención de organismos públicos de coordinación que tengan poder de disposición sobre las infraestructuras para poder garantizar una resiliencia coordinada territorialmente. Estos riesgos son especialmente elevados en el caso de la electricidad, sin la cual el funcionamiento de una civilización avanzada del siglo XXI es prácticamente impensable, y apagones eléctricos generalizados provocarían la desestabilización de toda la sociedad.

3.11. Habida cuenta de que en Europa los edificios representan aproximadamente el 40 % del consumo de energía, una combinación inteligente de nuevas tecnologías, renovaciones eficaces y fomento de nuevos modelos de participación ciudadana es especialmente importante para la transición energética y el aumento de la eficiencia energética en el sector de la vivienda. La Directiva sobre el mercado interior de la electricidad promueve esta participación de los consumidores en la producción de electricidad renovable y constituye una base esencial para la aceptación de la producción descentralizada de energía. En este contexto, la armonización en todo el espacio europeo es importante para que el mayor número posible de hogares europeos pueda participar en la transición energética. Conceptos como el intercambio de energía y la energía comunitaria en general ofrecen perspectivas útiles a la hora de utilizar las redes energéticas para el suministro a pequeña escala orientado a la demanda y a la descongestión de la red.

3.12. El CESE reitera su posición de que el objetivo es reducir al máximo las emisiones con el menor coste socioeconómico posible. Recomienda combinar instrumentos compatibles con un mercado bien regulado y medidas reglamentarias cuando sea necesario, incluidos instrumentos financieros con el apoyo del marco financiero plurianual y NextGenerationEU para contribuir a un entorno energético más eficiente. Sin embargo, también debe quedar claro que, cuando existan indicios bien fundados de un fallo del mercado existente o inminente basados en un análisis minucioso, el sector público debe remediarlo, por ejemplo, mediante inversiones o intervenciones en el mercado.

4. Observaciones específicas

4.1. Con las inversiones en infraestructuras energéticas se pretende impulsar la seguridad del suministro y la expansión de las energías renovables de forma rápida, eficiente y rentable en interés de los consumidores y de la economía. En este contexto está en juego una cuestión muy importante: quién controlará en el futuro infraestructuras tan esenciales como la red energética y la infraestructura de almacenamiento. Desde el comienzo de la liberalización, las inversiones de las empresas eléctricas han experimentado una tendencia a la baja. Esta caída de la inversión, tanto en la red como en la producción, ha provocado cuellos de botella en el suministro y dificulta una mayor expansión de las energías renovables.

4.2. Desde un punto de vista económico cabe preguntarse por qué una red energética que representa una inversión atractiva para los inversores por su fiabilidad no debería ser también una inversión atractiva para el Estado. En manos del sector público, los dividendos distribuidos anualmente por las empresas privadas podrían reinvertirse en aras del bienestar común y aliviarían los presupuestos públicos. Y es que, además, con algunas privatizaciones parciales realizadas en el pasado ya ha quedado demostrado que aunque solo fuera por razones financieras la propiedad pública habría sido la decisión más acertada. Varios Estados miembros ya están volviendo a recurrir a estructuras públicas o semipúblicas. Al mismo tiempo se observa una tendencia hacia la remunicipalización. Las ventajas e inconvenientes de la propiedad pública y privada o de la financiación privada de las infraestructuras energéticas para el buen funcionamiento del mercado de la energía son un aspecto importante y deben examinarse en la evaluación prevista por la Comisión de las diferentes opciones para optimizar la configuración del mercado de la energía. Los resultados de este análisis pueden ser un valioso instrumento de toma de decisiones para los Estados miembros, que son responsables de decidir sobre la propiedad pública o privada de las infraestructuras energéticas.

4.3. En este contexto cobran importancia el suministro local y regional de energía y la remunicipalización de las empresas de suministros básicos, especialmente en relación con las estrategias de descentralización. En este sentido, las inversiones públicas en favor de la producción descentralizada de energía a nivel municipal desempeñan un papel fundamental. Deben examinarse otras opciones de financiación, como la aportación directa de recursos financieros a través de fondos. Las cubiertas de los edificios públicos son especialmente adecuadas para suministrar energía solar de bajo coste a barrios enteros.

4.4. En algunos Estados miembros se ofrecen incentivos financieros para impulsar la expansión de la energía fotovoltaica. En una carta dirigida a la Comisión, Austria, Bélgica, España, Lituania y Luxemburgo piden que, en determinadas circunstancias, exista obligación de instalar sistemas fotovoltaicos en los edificios administrativos, los supermercados, las cubiertas planas y las instalaciones industriales. Los sistemas fotovoltaicos también deberían ser la norma tanto en las viviendas nuevas como en las renovadas. Los Estados miembros citados solicitan a la Comisión que destine más dinero del presupuesto de la UE a la expansión de dichos sistemas. El CESE valora positivamente esta idea y pide a la Comisión que analice las inversiones, reglamentaciones y medidas de acompañamiento (por ejemplo, en el ámbito de la investigación y desarrollo) necesarias para impulsar la expansión de la energía fotovoltaica y la producción en el interior de la UE.

4.5. La energía como bien social: el CESE recuerda en este contexto la aplicación de los valores comunes de la Unión por lo que respecta a los servicios de interés económico general en el sentido del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), contemplados en el Protocolo n. o 26 anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, relativo a los servicios de interés general. Esto podría garantizar una mayor eficiencia y asequibilidad y evitar los fallos del mercado.

4.6. La actual crisis energética pone de manifiesto la especial importancia de la energía como bien socialmente relevante. Además de preservar puestos de trabajo y empleo de calidad, el vínculo entre los aspectos sociales y medioambientales se vuelve transparente. La propiedad pública puede garantizar el control democrático, la inversión pública, la seguridad del suministro y una distribución justa de los costes de la transición del sector energético hacia fuentes de energía renovables.

4.7. Para evitar inversiones incorrectas o fallidas se han de eliminar de inmediato las ambigüedades y contradicciones existentes en relación con las estructuras esenciales del nuevo sistema energético, la arquitectura del mercado, las funciones y las reglas del mercado y, sobre todo, las consecuencias sociales para los trabajadores y los consumidores. Un reparto equitativo de las cargas de la inversión desempeña un papel central, al igual que un reparto equitativo de los posibles beneficios. El modo de garantizar que se realicen las inversiones necesarias y que estas sean rentables es una de las cuestiones importantes que deben abordarse para garantizar un funcionamiento óptimo del mercado de la energía a largo plazo. El CESE toma nota de las conclusiones a este respecto contenidas en el estudio de la ACER y en la Comunicación sobre los mercados de la electricidad y acoge con satisfacción la intención de la Comisión de evaluar el mercado de la electricidad.

4.8. Un aspecto importante en la transición energética será la coordinación y organización entre importadores, operadores de redes regionales, empresas ciudadanas de energía, autoconsumidores y comunidades de energía que usan su electricidad localmente, empresas de almacenamiento y proveedores.

Bruselas, 22 de septiembre de 2022. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) Esta es la conclusión a la que ha llegado la asociación de la industria eléctrica Eurelectric.

(2) Plan REPowerEU — COM(2022) 230 final.

(3) Esta es la conclusión a la que ha llegado la asociación de la industria eléctrica Eurelectric.

(4) Dictamen del CESE sobre los precios de la energía (DO C 275 de 18.7.2022, p. 80).

(5) A Decarbonised, Affordable and Democratic Energy System for Europe.

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report%202019%20-%20EN.pdf.

(6) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa» (DO C 105 de 4.3.2022, p. 11).

(7) BEI 2006. Ex ante construction costs in the European road sector: a comparison of public-private partnerships and traditional public procurement. Economic and Financial Report 2006/01, Blanc-Brude, F., Goldsmith, H. and Välilä, T., https://www.eib.org/attachments/efs/efr_2006_v01_en.pdf.