Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Una política para la agricultura de montaña en Europa»

(97/C 379/12)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista su decisión de 15 de enero de 1997, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre «Una política para la agricultura de montaña en Europa», y de encargar su preparación a la Comisión de Ordenación del Entorno, Agricultura, Caza, Pesca, Bosques, Mar y Montaña (Comisión 2);

visto el proyecto de dictamen (CDR 178/97 rev.), aprobado por la Comisión 2 el 25 de junio de 1997 (Ponente: Sr. Durnwalder);

vista la «Carta Europea de Regiones de Montaña», elaborada por el Consejo de Europa, y el dictamen correspondiente del Comité de las Regiones de 21 de abril de 1995 ();

vista la Decisión del Parlamento Europeo de 27 de mayo de 1987, adoptada hace diez años, y el Dictamen del Comité Económico y Social de 28 de abril de 1988, en los que ambas instituciones abogan por un enfoque integrado del problema de las regiones de montaña;

considerando que las zonas de montaña de la Unión Europea tienen una gran importancia como espacio de vida y ocio para toda la población;

considerando que la agricultura de montaña constituye una necesidad imprescindible para la producción alimentaria debido a su especificidad y a la calidad de sus productos;

considerando que la agricultura de montaña aporta además una contribución fundamental e insustituible al mantenimiento y desarrollo de estas zonas de montaña;

considerando que la desaparición de las explotaciones agrícolas de montaña repercute decisivamente en la estructura socioeconómica de las zonas de montaña;

considerando que la mundialización de los mercados agrarios y de productos alimenticios puede perjudicar especialmente a las explotaciones de pequeñas dimensiones si no se prevén medidas específicas para ellas;

considerando que, por consiguiente, es necesario elaborar una política económica específica para estas regiones en la que se establezcan excepciones a las normas de la competencia, siempre que sean compatibles con el Tratado de Maastricht;

considerando que el objetivo de esta política específica debe ser establecer un programa de acción global y a largo plazo para la agricultura de montaña y para las zonas de montaña;

considerando que la Política Agrícola Común está en pleno proceso de revisión a raíz de las negociaciones de la OMC;

considerando que, con motivo de la reforma estructural prevista para 1999, se prevé dar una nueva orientación a la política estructural de la UE;

considerando el peligro de que la especificidad de las regiones de montaña y las particularidades que se derivan de ello desaparezcan o pasen totalmente desapercibidas,

ha aprobado en su 19° Pleno celebrado los días 17 y 18 de septiembre de 1997 (sesión del 18 de septiembre) por mayoría, con 1 abstención, el presente Dictamen.

1. Objetivos de la política para la agricultura de montaña

1.1. El segundo párrafo del artículo 130 A del Tratado CE menciona el objetivo siguiente:

«La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.»

1.2. Asimismo, la letra a) del apartado 2 del artículo 39 dispone lo siguiente:

«En la elaboración de la política agrícola común (...) se deberán tener en cuenta: a) las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas.»

1.3. El objetivo de la presente política para la agricultura de montaña es desarrollar, adaptar y orientar a la nueva situación económica general el enfoque de la Directiva sobre la agricultura de montaña 75/268/CEE ().

1.4. A este respecto, es necesario compensar los obstáculos naturales de la agricultura de montaña y fomentar en especial su función de mantenimiento y configuración de las zonas de montaña como espacio de vida, dando prioridad a la producción agrícola, primer factor de realización de este objetivo.

1.5. En relación con esto es preciso subrayar que las medidas de protección y conservación de las zonas de montaña como espacio habitable influyen de modo positivo y directo en la seguridad del territorio en que se sitúan las poblaciones de las zonas de montaña y sus estribaciones (protección contra la erosión, reducción del peligro de inundaciones, etc.).

1.6. Para lograr este objetivo se propone lo siguiente:

- apoyar la función globalizadora de la agricultura de montaña mediante un conjunto de medidas específicas;

- garantizar una política a largo plazo para las zonas de montaña;

- tener en cuenta la diversidad pronunciada de algunas zonas de montaña, permitiendo el mayor margen de maniobra posible a nivel regional conforme al principio de subsidiariedad, en lo referente a los procedimientos y a la interposición de recursos;

- fomentar y mantener la sinergia y la cooperación entre los diferentes sectores económicos y culturales;

- posibilitar y desarrollar la coordinación entre las diferentes políticas de agricultura de montaña a nivel comunitario y nacional;

- garantizar a largo plazo la seguridad de la financiación de las medidas de apoyo y desarrollo de la agricultura de montaña.

2. Propuestas

En consecuencia, el Comité de las Regiones expone lo siguiente:

2.1. Observaciones generales

2.1.1. La propuesta de elaborar una política global para las zonas de montaña debe incluir tanto políticas sectoriales como políticas generales, es decir, políticas intersectoriales, procurando conjugar ambas. Para ello es imprescindible determinar previamente las zonas de montaña en función de los objetivos perseguidos y, una vez delimitadas dichas zonas, adoptar las medidas necesarias. Esto no implica echar por tierra los instrumentos que han dado buen resultado hasta ahora, sino mejorarlos. En concreto, el desarrollo global de las zonas de montaña debe ir unido a los cuatro ámbitos siguientes, que están interrelacionados:

- política de mantenimiento de la actividad de las zonas de montaña;

- política estructural agraria;

- política regional estructural regional;

- política de los mercados agrarios.

2.1.2. En función de las características de cada sector y de cada coyuntura socioeconómica estructural se tendrá en cuenta en mayor o menor medida uno u otro ámbito.

2.1.3. Esto presupone, naturalmente, que las zonas de montaña se consideran en su totalidad regiones incluidas en los objetivos de la política estructural, dentro de la cual es competencia propia de los Estados miembros o las regiones establecer las prioridades de desarrollo.

2.2. Definición de las zonas de montaña

2.2.1. En principio, la definición debería establecerse en función de condiciones naturales como la altitud, la pendiente, el alejamiento de los centros económicos, la densidad de población, etc. La Carta Europea de Regiones de Montaña propone la siguiente definición:

«Regiones cuyas características naturales como la altitud, el relieve y el clima crean condiciones de vida particulares.»

Asimismo, se hace referencia a las recomendaciones de las ONG, sobre la base de la Agenda 21, en las que se subraya la enorme importancia que tienen las zonas de montaña como fuente de recursos naturales dentro del ecosistema europeo.

2.2.2. La definición actual, propuesta en la Directiva 75/268/CEE, se limita a establecer unidades administrativas (municipios o partes de municipios), pero dentro de ellas no puede distinguirse la situación específica de cada una de las unidades.

2.2.3. Dado que las dificultades y los obstáculos naturales permanentes de las diferentes zonas de montaña constituyen un elemento esencial a la hora de solicitar subvenciones, con arreglo a la delimitación actualmente vigente y como complemento de la misma, convendría procurar establecer una clasificación de los obstáculos naturales permanentes en cada situación específica (por ejemplo, mediante un catastro de granjas o un archivo de explotaciones agrarias, etc.).

2.3. Propuestas para la organización de los mercados agrarios

2.3.1. El paisaje actual de las zonas de montaña, que es deseable conservar, está esencialmente caracterizado por la función productiva de la agricultura de montaña. Es impensable diseñar una política para las zonas de montaña sin la agricultura. Las rentas agrarias y forestales seguirán siendo en el futuro una contribución fundamental para los ingresos de las explotaciones familiares agrarias. Además, el abandono de estas zonas muestra cada vez más a las claras que la conservación del paisaje sólo será viable con una productividad suficiente. No obstante, esto implica que, debido a las dificultades de recogida y transporte, la producción y comercialización debe disfrutar de una garantía adecuada, ya que la mundialización de los mercados agrícolas conduce a que se comercialicen con más facilidad en el mercado mundial productos procedentes de lugares donde la producción es más barata. La continuación de la política agrícola común, más allá también de las próximas negociaciones de la OMC, garantiza las condiciones necesarias para poder poner en marcha medidas específicas para la organización de mercados en el sector de la agricultura de montaña. Tal garantía debe basarse en el contenido y la conjunción de los tres elementos esenciales de la organización de mercados agrarios:

- regulación de los contingentes (derecho de prima y cuotas);

- indemnizaciones compensatorias;

- garantía de calidad.

2.3.2. Garantizar las posibilidades de producción

Para garantizar las posibilidades de producción es preciso comenzar con la ganadería, ya que la cría de ganado, incluido el ovino, al aire libre tiene una importancia fundamental para el mantenimiento de las zonas de montaña. En consecuencia, para las regiones es imprescindible que el sistema de cuotas lecheras que finaliza el 31 de marzo del año 2000 continúe al cumplirse dicha fecha con una nueva regulación de las cuotas lecheras. Para ello es conveniente que, en la atribución de los derechos de producción y cuotas lecheras, las zonas de montaña reciban un trato prioritario y proporcionado en función de las superficies explotadas.

2.3.3. Indemnizaciones compensatorias

2.3.3.1. La ganadería en las zonas de montaña entraña unos costes de producción superiores hasta en un 30 % y un porcentaje aún más elevado en la comercialización; por otra parte, la ganadería, y, en particular, la ganadería destinada a la producción lechera, representa la base esencial de los ingresos agrarios de estas regiones. Las rentas del sector se han visto afectadas de modo particularmente negativo por la caída de precios de los últimos años.

Hasta ahora, por contraposición a los grandes cultivos, la producción de carne de vacuno y la cría de ganado ovino, las empresas dedicadas al pastoreo de ganado lechero no reciben indemnizaciones compensatorias.

2.3.3.2. Dado que con los instrumentos habituales de la política de precios y mercado no parece posible conseguir una mejora duradera de las rentas, es esencial poner en marcha de inmediato una política de rentas complementaria dentro de la organización de mercados del sector lechero. De este modo, las explotaciones controladas de productos biológicos medioambientales podrían recibir pagos compensatorios adicionales.

2.3.3.3. Esto debería garantizarse a corto plazo estableciendo una prima por las vacas e indemnizaciones compensatorias por los costes de transporte excesivamente elevados derivados de las condiciones naturales. A largo plazo, las rentas podrán garantizarse de manera duradera si la ejecución de los pagos directos destinados a asegurar las rentas agrarias y la correspondiente asignación financiera se deja a los Estados miembros y a las regiones, conforme a sus respectivas estructuras constitucionales (véase el Dictamen del Comité de las Regiones de 17 de enero de 1997 sobre la Política Agrícola Común ().

2.4. Etiquetado de productos típicos de las zonas de montaña

2.4.1. El etiquetado de productos típicos de las zonas de montaña constituye la mejor condición de partida para desarrollar estrategias regionales de mercado. Por ello se presenta la propuesta de ampliar las normas de protección de marcas, sobre todo, para ofrecer una protección especial a productos típicos regionales como, por ejemplo, el queso de fabricación local que se haya elaborado y envasado en la localidad.

2.4.2. En general, es preciso crear un marco jurídico comunitario para los productos alimentarios agrícolas de las zonas de montaña, dejando suficiente margen de maniobra para introducir una etiqueta de calidad y denominación de origen para los productos típicamente locales procedentes de regiones pequeñas, cuyo objetivo consistiría en proteger la denominación «producto de montaña» y las correspondientes referencias geográficas. Para ello, el requisito idóneo es la aplicación de las medidas propuestas en el Dictamen del Comité de las Regiones de 18 de septiembre de 1996 sobre el tema «Protección y promoción de los productos regionales típicos: una baza importante para las regiones» ().

2.4.3. En relación con esto debe preverse también que un requisito indispensable para la protección de los etiquetados de calidad y origen es proporcionar ayudas a la creación de un sistema de garantía de la calidad (gestión de calidad).

2.5. Propuestas para una política de mantenimiento de la función de las zonas de montaña

2.5.1. El mantenimiento de la multifuncionalidad de la agricultura de montaña depende ineludiblemente de la capacidad de supervivencia de las explotaciones agrícolas de montaña. Hasta el momento se ha procurado de diversos modos garantizar la seguridad de las explotaciones. Las indemnizaciones compensatorias pretenden paliar los obstáculos naturales para competir en el mercado, al tiempo que las medidas de acompañamiento pretenden sostener la nueva PAC y los aspectos ecológicos y de conservación del paisaje. No obstante, la prima por superficie perjudica a las pequeñas explotaciones, que son las que predominan en las zonas de montaña, de modo que resulta necesario adoptar medidas adicionales.

2.5.2. Por consiguiente, el Comité recomienda crear un soporte independiente para la política destinada al mantenimiento de la actividad de las zonas de montaña, basado en las indemnizaciones compensatorias existentes y las medidas de acompañamiento de la PAC, pero reformulando y ampliando algunos de sus elementos. Conviene explorar a tal fin soluciones administrativas que impliquen una reducción clara de los costes burocráticos. El Comité de las Regiones considera necesarias en particular las siguientes medidas:

2.5.3. Contribución al mantenimiento de la función

2.5.3.1. Las indemnizaciones compensatorias en función de la superficie explotada deben completarse con una contribución cofinanciada destinada al mantenimiento de la función (contribución de base) por cada explotación, contemplando asimismo las situaciones de agricultura a tiempo parcial, que debe establecerse en función de los obstáculos naturales y de la situación socioestructural de las explotaciones, así como de otros criterios regionales específicos, y que debe tener en cuenta la seguridad del empleo y, por tanto, el número de empleados necesarios en las explotaciones agrícolas de montaña.

2.5.3.2. Esta contribución permitirá cubrir las prestaciones a que da lugar la actividad de las empresas agrarias gracias al mantenimiento de una multiplicidad de funciones de gran valor para el conjunto de la sociedad.

3. Reglamento por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura (Reglamento (CEE) n° 2080/92) ()

3.1. El objetivo de este Reglamento debe ser contribuir a preservar las zonas rurales agrarias, no debe servir para acentuar el éxodo rural. Por ello, en las zonas de montaña es necesario desarrollar el Reglamento (CEE) n° 2080/92 en lo que respecta a la gestión y conservación de los bosques de montaña y protegidos. La gestión y la renovación de los bosques protegidos exige una actuación de apoyo específica que incluya la elaboración de un marco normativo para las medidas forestales de protección del medio ambiente. Para ello es necesario un programa de ayudas a largo plazo que permita compensar adecuadamente las prestaciones de los agricultores de montaña.

3.2. Ello implica, en particular, compensar en mayor medida la contribución que prestan los agricultores de montaña para conservar la función ambiental de los bosques (erosión, reservas hídricas, etc.) y para mantener una silvicultura sostenible, prestando especial atención a los condicionamientos locales a través de los cauces correspondientes de autonomía regional.

4. Ayudas a los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio (Reglamento (CEE) n° 2078/92) ()

4.1. Así como la función complementaria de la política de los mercados agrarios (supresión de los excedentes) tendrá prioridad en zonas con condiciones favorables, en las zonas de montaña deberá pasar a primer plano la protección del espacio natural, en especial, en lo que respecta a la gestión sostenible de los terrenos en declive. El Reglamento debe tener en cuenta la cría de ganado bovino, equino, asnino, ovino y caprino, razas éstas que, aunque no están en peligro de extinción, sí han experimentado un fuerte retroceso, así como el patrimonio genético en cada una de las razas a nivel de subrazas, variedades locales, etc. Las prestaciones correspondientes deberán compensarse dentro de un programa a largo plazo, en el cual no parece adecuado fijar una prima por superficie en general, sino financiar las prestaciones concretas aprobadas en el programa relativas al mantenimiento de la función y a las medidas de protección del medio ambiente como, por ejemplo, la conservación de carreteras públicas y senderos privados, el mantenimiento de prácticas extensivas, la conservación del paisaje, etc. Este procedimiento debería orientarse asimismo conforme a los principios de la Agenda 21 y la Agenda 21 a nivel local.

4.2. Todas estas primas por prestación y las indemnizaciones compensatorias podrían resumirse, conforme a sistemas de puntos por explotación diferentes según la región, en un único pago directo por cada período de programación. De esta manera se simplificarían considerablemente los trámites administrativos.

4.3. El Comité de las Regiones pide a la Comisión que apoye la aplicación práctica de estos sistemas de puntos, diferentes según la región, dentro de proyectos piloto.

5. Propuestas de política agraria estructural

5.1. Llegados a este punto, es preciso subrayar que una política integrada de las zonas rurales y de las zonas de montaña no supone una sustitución de la PAC sino más bien un complemento indispensable. Además, las medidas estructurales aplicadas a cada explotación [hasta ahora, el objetivo n° 5a)] y los programas estructurales integrados [hasta ahora, el objetivo n° 5b)] deben coordinarse para dar lugar a una estrategia de desarrollo sostenible. En cuanto a las medidas horizontales, es preciso consolidar el tejido social de las zonas de montaña, como es preciso apoyar a los agricultores con problemas especiales en cuanto al tamaño o la estructura de la explotación o al deterioro de sus condiciones de funcionamiento. Deben ponerse en marcha programas de ayuda específicos acordes con las estructuras que funcionan, ya que, sobre todo en las zonas de alta montaña, las posibilidades de adaptación estructural de las explotaciones por medio de una ampliación son muy limitadas, cuando no totalmente inexistentes.

5.2. En cuanto al programa integral, sería recomendable que las ayudas se concedieran formalmente con arreglo a un nuevo objetivo dentro de los Fondos estructurales, aunque esto no tiene por qué ser obligatorio; se trata fundamentalmente de crear el marco institucional y financiero (con partida presupuestaria propia) que garantice que se tiene en cuenta y se apoya del mejor modo posible la situación específica de las zonas de montaña. Se trata también de regionalizar la política complementaria en materia de rentas agrarias conforme al principio de subsidiariedad, para responder mejor a los desequilibrios regionales y las necesidades de las diferentes zonas de montaña. Resumiendo, se trata de orientar las intervenciones hacia el mantenimiento de los puestos de trabajo en un entorno y un sector de utilidad pública, en el entendimiento de que los puestos de trabajo perdidos no se podrán recuperar. La protección del medio ambiente debe tener en cuenta, en cierta medida, el carácter económico de las actividades de las empresas.

5.3. Por tanto, el objetivo esencial de este enfoque estructural global es el mantenimiento de la gestión y conservación de un espacio natural de gran valor para la sociedad en su conjunto.

5.4. En estas condiciones deben coordinarse las medidas estructurales de mejora de las explotaciones y las iniciativas regionales integradas. En este contexto no se justifica excluir a priori de la cofinanciación comunitaria determinadas medidas, como ocurre con la limitación actualmente prevista del objetivo n° 5a), dado que la especificidad del mundo de la montaña hace que no pueda regirse por el patrón de las normas de la competencia aplicadas a zonas con condiciones más favorables.

5.5. El empleo eficaz de los Fondos estructurales en las zonas de montaña sólo será posible si no se ve frenado por los regímenes de ayudas regidos por las normas de la competencia.

5.6. Es importante que para los conjuntos de medidas subvencionables destinadas a cada explotación se apliquen las mismas condiciones generales que para los programas estructurales integrados de las zonas de montaña.

5.7. Medidas estructurales destinadas a cada empresa

En la línea presupuestaria actual habrá que prestar especial atención a los siguientes ámbitos de ayuda a las explotaciones de las zonas de montaña:

- primas de compensación de los obstáculos naturales permanentes;

- ayudas a las inversiones destinadas a las explotaciones;

- medidas especiales en favor de los jóvenes agricultores;

- ayudas a las estructuras de transformación y comercialización;

- fomento de la calidad de los productos y defensa de las denominaciones geográficas específicas;

- fomento de las inversiones colectivas para valorizar las superficies destinadas a pastos y pastos alpinos.

6. Indemnizaciones para compensar los obstáculos naturales permanentes (Indemnización compensatoria)

6.1. La indemnización compensatoria representa la relación directa entre la compensación por los obstáculos para competir en el mercado y el mantenimiento de la función de las explotaciones agrícolas de montaña. La relación con la ganadería demuestra claramente que mantener la ganadería en las zonas de montaña permite también mantener la función de conjunto de dichas zonas, por lo que es conveniente adoptar un enfoque diferenciado en función de las distintas zonas.

6.2. En consecuencia, el límite máximo de la indemnización compensatoria vigente, al igual que la prima por las medidas de protección del medio ambiente en las zonas de montaña, sólo debe delimitar la cuantía de la cofinanciación de la UE y no el importe total de las ayudas, ya que los Estados miembros deben tener la posibilidad de configurar estas ayudas de la forma que mejor se ajuste a su región.

7. Ayudas a las inversiones en las explotaciones

7.1. El carácter integrado de las explotaciones agrarias de las zonas de montaña hace necesaria la supresión de la diferenciación obligatoria entre los agricultores que ejercen su profesión como actividad principal o secundaria y, por consiguiente, una aplicación más flexible de las ayudas. Esto implica asimismo la necesidad de evaluar los límites del tiempo de trabajo empleado en las actividades extra agrícolas con más amplitud que en otras zonas con condiciones más favorables. Por supuesto, esto requiere a su vez definir con más precisión la actividad de los agricultores no profesionales («aficionados a la jardinería»), estableciendo como requisitos para que los agricultores puedan beneficiarse de las ayudas el domicilio permanente en la explotación y la actividad agrícola durante todo el año.

7.2. Por consiguiente, no está justificada la imposición de los llamados planes de mejora de la explotación.

7.3. Para la creación y mantenimiento de estructuras que permitan el ejercicio de diversas actividades complementarias en la explotación es preciso prever otras ayudas específicas.

7.4. Además, los niveles de las ayudas actualmente sólo tienen en cuenta de manera muy limitada que los costes son más elevados en las zonas de montaña, por ejemplo, para el transporte de material de construcción o para el empleo de maquinaria especial muy cara, etc.

7.5. Por consiguiente, el Comité de las Regiones considera necesario a corto plazo aumentar el límite máximo de las ayudas y a largo plazo traspasar a las regiones, en el marco de sus competencias respectivas, la capacidad de decisión en la materia.

8. Medidas específicas para los jóvenes agricultores

8.1. En general, es preciso integrar la seguridad del empleo para los jóvenes agricultores dentro de las programaciones plurianuales y las medidas de apoyo (véase el dictamen del Comité de las Regiones de 18 de enero de 1996 sobre «Las consecuencias regionales de la reforma de la PAC») ().

8.2. Para los jóvenes agricultores, el pluriempleo a menudo es la única manera de poder permanecer en la explotación. Por lo tanto, no está justificado en modo alguno excluir de las ayudas a los jóvenes agricultores que ejerzan otras actividades.

8.3. En lo que respecta a las ayudas a la creación de nuevas explotaciones, es preciso plantear un aumento de las ayudas cofinanciables, teniendo especialmente en cuenta a los jóvenes agricultores que adquieran explotaciones endeudadas.

9. Fomento de las estructuras de transformación y comercialización

9.1. El Comité de las Regiones pide expresamente a las instituciones europeas que desarrollen el Reglamento (CEE) n° 866/90 () en función de las necesidades de la agricultura de montaña. Las instalaciones de almacenamiento y comercialización en las zonas de montaña tienen una estructura mínima y están orientadas hacia los productos de calidad locales (punto 2.3.3), de modo que los criterios de elección fijados por la Comisión para las inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización (Decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1994) no tienen en cuenta esta circunstancia. Las zonas de montaña requieren unas medidas de apoyo específicas para dichas instalaciones de comercialización, en las que, sobre todo por razón de los costes, los criterios deben ser menos estrictos.

9.2. Aunque en las pequeñas estructuras colectivas de las zonas de montaña se fomenta especialmente la formación de capital propio, ésta es prácticamente inviable por falta de medios financieros. Por ello, el Comité de las Regiones opina que las comunidades de productores de las zonas de montaña deben beneficiarse de alguno de los fondos operativos cofinanciados por la UE, los Estados miembros o las regiones (véase la nueva OCM de frutas y hortalizas). La cuantía de los niveles de cofinanciación debe enfocarse en función de los resultados económicos de las regiones afectadas. El capital de explotación cofinanciado con fondos públicos debe destinarse según convenga a medidas de inversión, a métodos de producción ecológica, a fomentar la comercialización y a crear líneas de productos ecológicos.

9.3. Por último, en opinión del Comité, es preciso tender a una mayor utilización de la biomasa para la producción de energías renovables, porque este uso de la fuente de energía natural de la madera puede contribuir sustancialmente a mantener la agricultura de montaña. Por tanto, debe adaptarse el Reglamento (CEE) n° 867/90 ().

10. Propuestas para una política estructural regional integrada en las zonas de montaña

10.1. La condición previa para poner en marcha una estrategia de desarrollo sostenible e integrado es aprovechar la dinámica endógena de las zonas de montaña. En esta dinámica desempeñan un papel decisivo las políticas comunitarias interrelacionadas (PAC, política de garantía de la calidad, política estructural) y los enfoques intersectoriales. De este modo, las iniciativas en favor de la protección y la promoción de los productos típicos regionales, por ejemplo, pueden favorecer en gran medida la organización común de mercados en el sector agrario y crear a la vez las condiciones óptimas para reforzar la cooperación entre los diferentes sectores económicos en las zonas rurales. Por supuesto, la coordinación de los diversos programas, como el programa del objetivo n° 5b), la iniciativa Leader, los proyectos piloto, etc., es particularmente importante y podría concretarse en la elaboración de un único programa para las zonas de montaña imputable a una línea presupuestaria propia.

10.2. Por un lado, de este modo pueden coordinarse e integrarse dentro de un programa conjunto los programas estructurales, las iniciativas comunitarias y las medidas innovadoras; por otro lado, la integración de los tres programas estructurales existentes en una única línea presupuestaria conducirá a una mayor transparencia y a una sustancial simplificación de los procedimientos.

10.3. En cambio, en lo que respecta a la delimitación de las zonas de montaña, el problema depende principalmente de las condiciones naturales. Pude utilizarse como base la delimitación geográfica según las condiciones naturales adoptada hasta ahora en las regiones agrarias desfavorecidas. Por ejemplo, las zonas de montaña beneficiarias de ayudas dentro de sus objetivos respectivos se caracterizan por su situación en regiones de montaña aisladas, conforme a la directiva 75/268/CEE, y, conforme a lo establecido en la Carta Europea de Regiones de Montaña, deben cumplir al menos dos de los cuatro criterios, ponderados por una apreciación relativa que tenga en cuenta el estado actual de las valoraciones con respecto al potencial no explotado, por falta de un número suficiente de activos y medios otorgados a dichos activos:

a) menor densidad de población con explotaciones agrarias situadas en zonas aisladas o fuerte tendencia a las actividades agrarias secundarias o complementarias;

b) ecosistemas especialmente sensibles o amenazados y necesidad subsiguiente de preservar los recursos naturales (en especial, el agua);

c) espacio económico y habitable (poblaciones, infraestructuras, etc.) especialmente amenazado por los peligros naturales, en especial, los torrentes, los aludes y los corrimientos de tierra;

d) especial importancia de la función compensadora de las regiones, concretamente, como espacio de esparcimiento y de equilibrio ecológico de los centros urbanos.

10.4. Debido a la situación tan particularmente distinta de las zonas de montaña es necesario prever un plan integrado en cada zona que tenga en cuenta sus particularidades y su potencial endógeno de desarrollo. Para ello, no obstante, hay que traspasar competencias a los Estados miembros y a las regiones para que tengan autonomía de decisión e instrumentar sobre la forma de las ayudas y sobre el reparto de los Fondos estructurales en función de prioridades temáticas y geográficas. Una gestión coordinada y sinérgica de los canales de financiación reuniendo los recursos financieros adquiridos en un fondo especial permanente contribuiría sustancialmente a una política eficaz para la agricultura de montaña.

10.5. Como complemento a los criterios vigentes para el objetivo n° 5b) hay que citar los ámbitos siguientes:

- creación y conservación de empleos para los agricultores que ejercen la agricultura como actividad complementaria o secundaria, teniendo especialmente en cuenta las prestaciones en los servicios de turismo, comercio, medio ambiente y cultura;

- desarrollo y promoción de empleos de representación;

- medidas de apoyo específicas para las agricultoras;

- ayudas específicas a los pastos alpinos;

- medidas de apoyo a la economía forestal;

- medidas para la protección y conservación del espacio rural (protección contra los peligros naturales);

- creación y mantenimiento de medidas colectivas indispensables, también a nivel municipal, especialmente en materia de infraestructuras;

- apoyo a una política global de gestión de los recursos hídricos en las zonas de montaña;

- medidas de protección del patrimonio cultural, por ejemplo, la utilización de casas de campo de valor arquitectónico e histórico, la creación de polos agroturísticos y culturales, museos, etc.;

- medidas a favor del desarrollo y uso de las tecnologías de la información para apoyar la economía de zonas remotas.

10.6. El Comité de las Regiones valora especialmente que en la aplicación de estas medidas se pueda desarrollar el potencial endógeno, conforme al principio de subsidiariedad, en aquellas zonas en donde se dan las mejores condiciones para ello, es decir, en las zonas de montaña.

11. Conclusiones

11.1. Con motivo de la reforma estructural de 1988 se consiguió coordinar la política agrícola común con la política regional y de medio ambiente, incluyendo también la dimensión social. No obstante, no se tuvieron en cuenta específicamente las zonas de montaña, en particular, la agricultura de montaña, con su multiplicidad de funciones, sino que se las incluyó en general en la categoría de regiones desfavorecidas. Por ello hasta el momento sólo se han podido tener en cuenta parcialmente las particularidades de la agricultura de montaña.

11.2. La presente iniciativa en favor de una política para la agricultura de montaña, por el contrario, pretende responder globalmente a los problemas específicos de la agricultura de montaña, para garantizar la existencia a largo plazo y la conservación de las zonas de montaña como espacio natural para toda la población.

Bruselas, el 18 de septiembre de 1997.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGALL i MIRA

() DO C 100 de 2. 4. 1995, p. 22.

() Reemplazada o recogida en el Reglamento n° 950/97 de 20 de mayo de 1997 - DO L 142 de 2. 6. 1997, p. 1.

() DO C 116 de 14. 4. 1997, p. 39.

() DO C 34 de 3. 2. 1997, p. 8.

() DO L 215 de 30. 7. 1992, p. 96.

() DO L 215 de 30. 7. 1992, p. 85.

() DO C 129 de 2. 5. 1996, p. 15.

() DO L 91 de 6. 4. 1990, p. 1; DO L 118 de 9. 5. 1990, p. 46.

() DO L 91 de 6. 4. 1990, p. 7.