COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva sobre las actividades y la supervisión de los organismos que ofrecen servicios de previsión para la jubilación

2000/0260 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva sobre las actividades y la supervisión de los organismos que ofrecen servicios de previsión para la jubilación

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y el Consejo (documento COM(2000)507 final -2000/0260 (COD): // 11.10.2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: // 28.03.2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: // 04.07.2001

Fecha de la adopción de la posición común: // 05.11.2002.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El Consejo Europeo de Lisboa subrayó la necesidad de completar la integración de los mercados financieros de la Unión. Dicha integración pasa por la plena aplicación hasta 2005 del Plan de acción en materia de Servicios Financieros [1]. La coordinación de las normas aplicables a los organismos de previsión para la jubilación (OPJ), hasta ahora desprovistas de régimen comunitario adecuado, constituye un elemento fundamental del Plan de acción. Estas instituciones deben estar en condiciones de ejercer sus actividades en el mercado interior de modo seguro, en beneficio de las empresas y trabajadores que recurren a sus servicios para la gestión de sus ahorros de jubilación.

[1] COM (1999) 232.

Al elaborar esta propuesta de Directiva, la Comisión siguió un doble deseo de seguridad y eficacia. Es vital garantizar un nivel de protección elevado para los recursos de los futuros jubilados. Pero los OPJ deben también funcionar con eficacia, sobre todo en cuanto a inversiones y operaciones transfronterizas. Una protección insuficiente supondría una amenaza a las prestaciones de jubilación. La falta de eficacia aumenta el coste del ahorro y perjudica a la competitividad de las empresas y el equilibrio financiero de los planes. Por ello, la propuesta de Directiva contiene:

-normas prudenciales rigurosas para proteger a los beneficiarios. Los OPJ deben someter sus actividades a requisitos específicos. Los miembros y beneficiarios deben ser informados adecuadamente de las condiciones del plan, la situación financiera del organismo y sus derechos. Las promesas de prestaciones deben calcularse con prudencia y representarse en el balance mediante activos suficientes. En caso de ofrecer una garantía financiera, el OPJ debe disponer de fondos propios. Por último, es importante que las autoridades de control dispongan de todos los poderes necesarios para supervisar adecuadamente los OPJ de los cuales sean responsables.

-normas de inversión adaptadas a las características de los OPJ y gestión eficaz del ahorro. Los OPJ invierten a muy largo plazo y pueden prever fácilmente cuáles serán las prestaciones que deberán garantizar. Por ello deben gozar de cierta flexibilidad a la hora de determinar la política de inversión adecuada a los compromisos suscritos. Dicha política deberá en cualquier caso contemplar una gran diversificación de activos. Los Estados miembros podrán en su caso establecer normas más detalladas para la supervisión de los OPJ establecidos en su territorio. No obstante, tales normas no deben ir en detrimento de la diversificación internacional de la cartera de inversiones y a las inversiones en acciones, que en general ofrecen seguridad y elevados rendimientos a largo plazo.

-normas que permitan una gestión transfronteriza y, en consecuencia, más eficaz de la previsión para la jubilación. Hoy en día es imposible para un OPJ administrar el plan de jubilación de una empresa establecida en otro Estado miembro. Así, una empresa que esté presente en los 15 Estados miembros debe elaborar 15 planes diferentes de jubilación. Podrían obtenerse considerables economías de escala si existiera un solo OPJ que administrara los distintos planes cumpliendo las normativas sociales y profesionales locales. Para ello es preciso el reconocimiento mutuo de los regímenes de supervisión, objetivos clave de la propuesta. Ésta contiene además un procedimiento de cooperación entre autoridades de supervisión en caso de gestión transfronteriza de un plan de previsión para la jubilación.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

Gracias a los considerables esfuerzos de la Presidencia española, el Consejo ha adoptado la posición común el 5 de noviembre de 2002. La Comisión acepta las modificaciones introducidas en la posición común del Consejo, que conserva los aspectos fundamentales de la propuesta de la Comisión.

La posición común también atiende a la gran mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo y aceptadas por la Comisión. Éstas, en algunos casos, se incorporan con una redacción distinta por motivos de coherencia interna del texto. Sin embargo, no pudieron integrarse tres enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión debido principalmente a una reorganización del texto y por motivos de coherencia interna. La posición común desarrolla y clarifica las principales disposiciones de la propuesta de la Comisión, y, en particular, las relativas al ámbito de aplicación (artículo 2), la aplicación facultativa a las empresas de seguro de vida (artículo 4), las condiciones de actividad (artículo 9), la información que debe proporcionarse a los miembros y beneficiarios (artículo 11), las provisiones técnicas (artículo 15), las normas de inversión (artículo 18), la gestión y custodia (artículo 19) y las actividades transfronterizas (artículo 20). Se añade además un artículo 21 sobre la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión.

Las adaptaciones aportadas por la posición común no desvirtúan la propuesta de la Comisión. Aportan precisiones o aclaraciones útiles al régimen por ella propuesto, en particular respecto a las normas necesarias para garantizar el reconocimiento mutuo de los sistemas prudenciales nacionales, condición necesaria para garantizar la afiliación transfronteriza.

Las principales modificaciones de la posición común del Consejo a la propuesta de la Comisión son objeto de comentarios detallados más adelante.

3.2. Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura

El Parlamento Europeo adoptó 99 enmiendas. La Comisión aceptó, total o parcialmente, íntegramente o en lo fundamental, 44.

3.2.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión y recogidas en el texto de la posición común

a) Título de la Posición Común

El título se adapta de acuerdo con la enmienda 1 del PE para reflejar mejor que se trata de una Directiva no sólo relativa a las actividades de las organismos de previsión para la jubilación sino también destinada a permitir la vigilancia de sus actividades.

b) Considerandos

Considerando 4 de la posición común

Este considerando destaca la importancia de la Directiva no sólo debido a la ausencia de marco legislativo que permita a los OPJ aprovechar el mercado interior, sino también al papel que desempeñan en los mercados financieros, en particular como inversores a largo plazo. Este considerando tiene en cuenta la enmienda 4 del Parlamento.

Considerando 5

Este nuevo considerando recoge en parte la enmienda 7 del PE. Destaca que esta Directiva forma parte de un conjunto de medidas a fin de crear un verdadero mercado interior de OPJ y desarrollar el sector. La redacción de esta enmienda se ha adaptado a fin de conformarla al contenido de las nuevas disposiciones en materia de inversión (artículo 18)

Considerando 6

Se trata de un nuevo considerando, que recoge la enmienda 8 del PE y la conforma a las modificaciones introducidas en las normas de inversión. Cita el doble objetivo de seguridad y rentabilidad de la inversión como objetivos esenciales de la Directiva.

Considerando 8

Este considerando destaca que la presente Directiva no pretende poner en entredicho la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la organización de sus planes de jubilación y el papel que desempeñan los distintos organismos que ofrecen planes de jubilación de segundo nivel. Este considerando recoge la enmienda 10 del PE.

Considerando 12

Este considerando guarda relación con el artículo 5 de la posición común. Precisa el alcance de la opción que se ofrece a los Estados miembros de no aplicar esta Directiva a los organismos de pequeño tamaño y a los planes estatutarios. Sin embargo, dichos organismos deben poder disponer siempre de las ventajas de la libre prestación de servicios para la gestión y custodia de activos, lo cual es fiel al espíritu de la primera parte de la enmienda 15 del PE.

Considerando 15

Este considerando destaca la importancia de la separación jurídica entre el OPJ y la empresa promotora como factor esencial para garantizar la protección de los miembros. Semejante separación jurídica debe sin embargo complementarse mediante medidas de seguridad mínimas, lo cual recoge la enmienda 17 del PE.

Considerando 28

Este considerando guarda relación con el artículo 18 de la posición común. En él se precisa que la política de inversión debe adaptarse a las características del OPJ en cuanto a afiliación y recoge pues en parte la enmienda 25, en parte aceptada por la Comisión. Por otro lado, el contenido del considerando se ha adaptado para conformarlo a las nuevas disposiciones sobre inversión introducidas en el artículo 18.

Considerando 32

Este considerando precisa que la libre elección del gestor de activos debe quedar en manos del OPJ y no de las empresas promotoras. Recoge la enmienda 28 del Parlamento Europeo.

Considerando 33

Este considerando se corresponde con el artículo 20. Es fiel al espíritu de la enmienda 29 del Parlamento, según la cual el Estado miembro de origen es responsable de la supervisión prudencial. Este considerando también corresponde a la nueva formulación del artículo 20, según el cual la Directiva no pretende interferir en la organización de los planes de pensiones en los Estados miembros. También se detalla el alcance de la afiliación transfronteriza.

c) Parte dispositiva

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Apartado 1 del artículo 2

Esta disposición garantiza la aplicación de la Directiva cuando los OPJ no poseen personalidad jurídica y son administrados por entidades de gestión, como ocurre en algunos Estados miembros. Esta nueva redacción refleja el espíritu de la enmienda 33 del Parlamento.

Artículo 4. Aplicación facultativa a los organismos cubiertos por la Directiva 79/267/CEE

Esta disposición precisa las condiciones en las cuales los Estados miembros pueden decidir aplicar algunas disposiciones de la Directiva a las empresas de seguros de vida. La posición común del Consejo precisa que, en ese caso, deben delimitarse los activos y pasivos correspondientes a las actividades de previsión para la jubilación. Asimismo indica que corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen comprobar la estricta separación de las actividades de las empresas de seguros de vida. Esto refleja el espíritu de la enmienda 36 del Parlamento Europeo.

Artículo 5. Pequeños fondos de pensiones y planes estatutarios

Apartado 1 del artículo 5

La posición común del Consejo precisa que, además de permitir a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación a las empresas de pequeño tamaño, debe garantizarse que puedan en todo momento aprovechar la libre prestación de servicios para sus actividades de gestión y custodia. Esto recoge parte de la enmienda 37 del Parlamento. La posición común añade sin embargo que, si estos organismos lo desean, deben poder gozar de la posibilidad de aplicar la Directiva; toda actividad transfronteriza se supeditará al cumplimiento íntegro de lo dispuesto en la Directiva.

Artículo 6 Definiciones

Artículo 6 (a)

La posición común del Consejo precisa en su definición de OPJ que éstos no deben adoptar entidad jurídica concreta alguna y que sus actividades deben estar directamente relacionadas con el objetivo principal de ofrecer prestaciones de jubilación. Esto se atiene al espíritu de la enmienda 38 del Parlamento. También se detallan las condiciones bajo las cuales estas instituciones pueden administrar planes de previsión para la jubilación de trabajadores independientes y se precisa que deberán cumplir plenamente la legislación nacional. Este punto guarda relación con el nuevo considerando 9 (véase más adelante).

Artículo 6(c)

Se modifica la definición de empresa promotora a fin de eliminar toda ambigüedad en cuanto al papel de los particulares, en especial de los trabajadores independientes. Así se respeta el espíritu de la enmienda 40 del Parlamento Europeo.

Artículo 7 Actividades de los organismos

Se añade un nuevo apartado que establece que cuando un organismo de seguros administre estas actividades mediante la separación de activos y pasivos, éstos se limitarán a las prestaciones de jubilaciones, conforme al espíritu del primer apartado. Esta disposición es fiel al el espíritu de la enmienda 46 del Parlamento.

Artículo 9 Condiciones de funcionamiento

Apartado 1 del artículo 9

La formulación introducida en la posición común precisa el principio del país de origen, que establece el derecho del Estado miembro a supervisar las condiciones de funcionamiento de los organismos establecidos en su territorio. Se recoge en espíritu la enmienda 47 del Parlamento Europeo.

La posición común del Consejo modifica también la letra d) a fin de concretar las modalidades de cálculo y certificación de las provisiones técnicas. Esta labor debe ser efectuada en general por un actuario o, si éstos no están reconocidos, por un interventor de cuentas u otro especialista conforme a la legislación nacional. Los métodos actuariales utilizados deben además ser reconocidos por las autoridades competentes de los Estados miembros.

Por último, la letra f) se modifica en atención a la especificidad del derecho de algunos Estados miembros donde los planes de pensiones no son aún de carácter contractual.

Apartado 3 del artículo 9

Este nuevo apartado tiene por objeto permitir a los Estados miembros autorizar o exigir la delegación de esta actividad en otras entidades que operen en nombre de un OPJ. Este apartado corresponde a la enmienda 52 del Parlamento.

Artículo 10 Cuentas anuales e informes de gestión

La posición común precisa que el Estado miembro de origen establecerá los requisitos de este artículo aplicables a los OPJ situados en su territorio. Esto refleja el espíritu de la enmienda 53 del Parlamento.

Por otra parte, las disposiciones de este artículo se modifican a fin de precisar que, cuando un OPJ administre varios planes de previsión para la jubilación, se entregarán cuentas e informes de gestión para cada plan de jubilación administrado. Estas disposiciones definen también más claramente la información recogida en los informes y los criterios de calidad que deben cumplir.

Artículo 11 Información que debe facilitarse a los miembros y beneficiarios

Apartado 1 del artículo 11

La posición común confirma que será el Estado miembro de origen quien, dentro del respeto del acervo comunitario, establezca las normas sobre la información que debe facilitarse a los miembros y beneficiarios. Esto refleja el espíritu de la enmienda 54 del Parlamento. Por otro lado, en este apartado se introduce una modificación a fin de la lista mínima de datos que deben transmitirse y se deja a los Estados miembros la posibilidad de establecer normas más detalladas sobre la información que deben comunicar los OPJ situados en su territorio.

Artículo 13 Información que debe facilitarse a la autoridad competente

La posición común confirma que será el Estado miembro de origen quien establezca las normas sobre la información que debe facilitarse a la autoridad competente. Esto refleja el espíritu de la enmienda 62 del Parlamento.

La posición común del Consejo también introduce una serie de precisiones en cuanto a la información que puede exigir la autoridad competente del Estado miembro de origen, en particular sobre las relaciones (que aún no son de carácter contractual) entre OPJ y otras empresas u OPJ, sobre la declaración relativa a los principios de inversión, las hipótesis empleadas en las evaluaciones actuariales y los informes de las personas responsables de la auditoría de cuentas.

Artículo 14 Poderes de intervención y deberes de la autoridad competente

La posición común del Consejo conforma la redacción del título de este artículo con su contenido real, recogiendo así la enmienda 66 del Parlamento.

Las disposiciones precisan que se trata efectivamente del Estado miembro de origen quien establecerá las normas relativas a los derechos y poderes de las autoridades de supervisión y, en particular, a los apartados 1, 2, 3 y 4. Esto refleja el espíritu de las enmiendas 67, 68, 69 y 71 del Parlamento Europeo.

Artículo 16 Financiación de las provisiones técnicas

Apartado 2 del artículo 16

Esta disposición enumera las condiciones bajo las cuales un Estado miembro puede eximir a un organismo de la norma de cobertura íntegra de los activos. La posición común del Consejo precisa que los procedimientos de transferencia no se aplican sólo a los activos, sino también a los correspondientes compromisos. Esto responde a la enmienda 78 del Parlamento.

Artículo 17 Fondos propios reguladores

Apartado 1 del artículo 17

Esta disposición explica las condiciones bajo las cuales el OPJ debe disponer fondos propios reguladores. Se clarifica precisando, en la determinación del "amortiguador", el tipo exacto de riesgo en que incurre el OPJ. Esto responde a la enmienda 80 del Parlamento

Artículo 18 Normas de inversión

Apartado 1 del artículo 18

La posición común del Consejo clarifica la redacción de este apartado haciendo referencia al principio de prudencia o del buen padre de familia, conceptos reconocidos, y precisa los elementos esenciales que constituyen tal comportamiento. Así se responde a las enmiendas 82 y 85 del Parlamento Europeo.

La norma sobre autoinversión (inversión en la empresa promotora) se confirma y complementa con un umbral del 10% en caso de que la empresa promotora pertenezca a un grupo. La posición común señala no obstante que, cuando el OPJ opere por cuenta de varias empresas promotoras, las inversiones de estas empresas se efectuarán con prudencia. Esto refleja el espíritu de la enmienda 84 del Parlamento.

Las disposiciones de los apartados 3, 4 y 6 precisan que la autoridad competente del país de origen establecerá las normas y principios aplicables a los OPJ situados en su territorio. Esto es fiel a las enmiendas 86, 87 y 89 del Parlamento.

Artículo 20 Actividades transfronterizas

Artículo 20 Apartados 1, 2 y 3

La posición común modifica la redacción de estos apartados a fin de conformarlos a las nuevas definiciones de empresa promotora del artículo 6 e incorporar a dicha definición la noción de individuo, eliminando el término "individuo" de estos apartados. Esto refleja las enmiendas 91 y 92 del Parlamento. También se clarifica, en el apartado 2, el requisito de autorización previa para todo OPJ que desee prestar sus servicios a una empresa situada en otro Estado miembro. Esto refleja la enmienda 131 del Parlamento Europeo. Por último, se clarifica la redacción de la letra c) del apartado 3, especificando que uno de los datos que deben facilitarse en la notificación al Estado miembro de acogida es el relativo a las principales características del plan de jubilación que debe administrarse. Esto refleja el espíritu de la enmienda 132 del Parlamento.

La posición común del Consejo especifica también que toda actividad transfronteriza debe cumplir plenamente lo dispuesto en el derecho social nacional de los Estados miembros en materia de organización de los planes de jubilación y, en particular, sobre afiliación obligatoria. Esto es plenamente conforme con los objetivos de la Directiva, que no pretende interferir en los planes de jubilación nacionales.

Apartado 8 del artículo 20

Esta disposición precisa la obligación para el Estado miembro de acogida de notificar al Estado miembro de origen toda modificación del derecho social y laboral sobre planes de jubilación. Esta modificación refleja el espíritu de la enmienda 94 del Parlamento Europeo. La posición común especifica además que la actualización de estos intercambios de información también se refiere a las normas de inversión previstas en el apartado 7 del artículo 18 y a los requisitos de información contemplados en el apartado 7 del artículo 20.

Artículo 20 apartados 9 y 10

Estos nuevos apartados introducidos por el Consejo reflejan el espíritu del apartado 5 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión y las enmiendas 72 y 95 del Parlamento Europeo. Se refieren a la vigilancia por la autoridad competente del Estado miembro de acogida en cuanto al cumplimiento por parte del OPJ de las disposiciones del derecho social y laboral, incluidas las referentes a información de los miembros y beneficiarios, del Estado miembro de acogida. Se refieren asimismo a las medidas que pueden tomarse en caso de irregularidad en el cumplimiento de estas disposiciones. Estas medidas son en principio competencia de la autoridad competente del Estado miembro de origen o, si ésta no toma medidas o no vela por el cumplimiento de las medidas adoptadas, de la autoridad competente del Estado miembro de acogida, el cual puede intervenir en última instancia e incluso ordenar el cese de actividad de una empresa situada en el Estado miembro de acogida. Todas estas disposiciones van en el sentido de las disposiciones vigentes sobre seguros de vida.

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y no recogidas en el texto de la posición común

La enmienda 16 conformaba el contenido del considerando 14 de la posición común a la redacción del artículo 7 de la propuesta de la Comisión. Dado que este artículo se ha modificado a fin de reflejar del mejor modo posible las actividades de los OPJ en determinados países, no había motivo alguno para mantener esta enmienda en el texto de la posición común.

La enmienda 43, aceptada en lo fundamental por la Comisión, precisaba la definición del lugar de establecimiento. Sin embargo, la supresión de la referencia al establecimiento en las definiciones de los Estados miembros de acogida y origen (véase artículo 6, letras i) y j) supone la supresión de la definición del lugar de establecimiento, lo que implica no incluir esta enmienda en la posición común.

La enmienda 77 destacaba que las disposiciones del apartado 2 del artículo 16 relativas a la posibilidad de una financiación no completa de las provisiones técnicas no tenían carácter único. En la modificación del apartado 2, en el que no se utiliza ya el término "dispensa", sino que se describe una situación de hecho, la posibilidad de interpretación de carácter único desaparecía. Por consiguiente, esta enmienda no se recoge en la posición común.

3.3. Nuevas disposiciones introducidas en la posición común del Consejo

a) Los considerandos

Considerando 9

Este nuevo considerando guarda relación con el artículo 6 letra a) de la posición común relativo a la definición de OPJ. En él se detalla la diversidad de situaciones que existen en la Unión Europea en cuanto a cobertura por OPJ de planes de jubilación para trabajadores independientes, que en unos países se incluyen en el tercer nivel y en otros en el segundo. Este considerando es necesario para comprender el alcance del artículo 6 (a).

Considerando 16

Este considerando especifica que, en algunos Estados miembros, la vigilancia prudencial puede referirse a la vez al OPJ y a las sociedades autorizadas a gestionar dichos organismos. La posición común precisa que las entidades que gestionan OPJ pueden ser empresas de seguros u otras entidades financieras.

Considerando 19

Este considerando se corresponde con el artículo 10. Destaca la importancia de las cuentas e informes anuales como fuente de información esencial tanto para los miembros como para las autoridades competentes. La posición común destaca la obligación en todos los Estados miembros de elaborar dichas cuentas para cada organismo y, en su caso, para cada plan de pensiones.

Considerando 21

Este considerando se modifica para conformarlo al máximo al texto del artículo 12 de la posición común. Así, introduce la idea de que los principios de inversión, una vez establecidos, deben revisarse al menos cada tres años y ponerse a disposición de las autoridades competentes.

Considerando 23

Este considerando guarda relación con el artículo 15 de la posición común. Enuncia de manera más precisa los factores y métodos utilizados para un cálculo prudente de las provisiones técnicas.

Considerando 27

Este considerando guarda relación con el artículo 17 de la posición común. Precisa que en caso de cobertura de los riesgos biométricos por el OPJ y no por la empresa promotora, los OPJ deben poseer fondos propios al menos comparables a los exigidos a las empresas de seguros de vida.

Considerando 30

Este considerando guarda relación con el artículo 18. La posición común refuerza, de acuerdo con el principio del buen padre de familia, el grado de prudencia de la política de inversiones de los fondos, en particular, en las categorías de activos de más alto riesgo, y sólo permite restringir determinados tipos de inversión por motivos de prudencia.

Considerando 31

Este nuevo considerando guarda relación con el apartado 7 del artículo 18, también nuevo. Explica la introducción en la Directiva de límites cuantitativos a la inversión y especifica en qué circunstancias puede ser necesario aplicar dichos límites.

Considerando 34

Este nuevo considerando guarda relación con el artículo 20 y precisa que la afiliación transfronteriza sólo es posible si respeta plenamente el derecho social y laboral del país en el cual se encuentre la empresa promotora. Precisa también qué se entiende por derecho social y laboral.

Considerando 35

Este nuevo considerando hace referencia a las situaciones en las que un OPJ gestiona varios planes de pensiones de empresas de las cuales al menos una está situada en otro Estado miembro, y al cual puede solicitársele que separe los activos y pasivos de dichos planes de pensiones. Estipula que, en tal caso, las disposiciones de la Directiva se aplicarán a cada plan por separado y no al organismo.

Considerando 36

Este nuevo considerando guarda relación con el nuevo artículo 21 y estipula la necesidad de garantizar una estrecha coordinación entre los Estados miembros y entre las autoridades competentes y la Comisión.

Considerando 37

Este nuevo considerando estipula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, que la Comisión será asistida por un Comité de Seguros y Pensiones, y que se tendrá en cuenta en la organización de las actividades de este Comité, de las características específicas de los organismos de previsión para la jubilación y de las empresas de seguros. La creación de este Comité es esencial para garantizar la aplicación correcta de la directiva. Además se inscribe dentro de los trabajos actualmente en curso en torno a la estabilidad, la vigilancia y la integración financieras, y más concretamente sobre comitología. La Comisión considera sin embargo que las disposiciones oportunas para instituir este Comité y definir su cometido preciso habrán de ser tomadas una vez que el Consejo haya adoptado sus conclusiones definitivas sobre la estabilidad, la vigilancia y la integración financieras..

b) Parte dispositiva

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Apartado 2 del artículo 2

Las nuevas disposiciones introducidas por la posición común del Consejo tienen por objeto precisar que se excluyen del ámbito de aplicación las compañías de seguros no de vida contempladas en la Directiva 73/239 y las empresas cuyo método de funcionamiento es similar a las "Unterstützungskassen" alemanas. En este último caso, la formulación se modifica a fin de ofrecer una definición más general de estas instituciones, sin referencia específica a su denominación. Por último, la posición común elimina la referencia al Anexo II del Reglamento 1408/71 del Consejo, que recoge una lista de prestaciones y no de organismos.

Artículo 3 Aplicación a los organismos que gestionan regímenes de seguridad social

La posición común precisa que, en caso de aplicación de la Directiva a los organismos que también gestionan planes de primer nivel, debe garantizarse que los activos y compromisos correspondientes a las actividades del organismo en el ámbito de la previsión para la jubilación estén separadas, sin posibilidad de transferencia a los regímenes de seguridad social.

Artículo 5. Planes de pequeño tamaño y planes estatutarios

Apartado 2 del artículo 5

La posición común precisa que si los organismos para los cuales la prestación de previsión para la jubilación tiene carácter estatutario y es garantizada por una autoridad pública pueden excluirse del ámbito de aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva por los Estados miembros, sólo pueden realizar una actividad transfronteriza siempre y cuando se apliquen íntegramente todas las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 6 Definiciones

Artículo 6 (d)

La posición común clarifica el alcance de las prestaciones de jubilación, precisando que se trata esencialmente de prestaciones asignadas por referencia a la jubilación a la perspectiva de una jubilación. Como complemento pueden también cubrir de manera accesoria, en algunos casos, pagos (incapacidad, muerte, cese de actividad) o, en otros, servicios o ayudas (enfermedades, muerte). Se trata únicamente de una aclaración del texto original de la Comisión.

Artículo 6 de (e)

La posición común precisa el concepto de afiliado y confirma que la actividad profesional otorga derecho a prestaciones de jubilación.

Artículo 6 (h)

La posición común delimita mejor la definición de riesgos biométricos al relacionarlos con la muerte, la incapacidad o la longevidad.

Artículo 6 (i)

La posición común precisa la definición del Estado miembro de origen, fusionando los artículos 6 (j) y (l) primer párrafo de la propuesta de la Comisión y precisando que si el organismo de previsión para la jubilación no tuviera domicilio social, el Estado miembro de origen será aquél donde tenga su administración principal.

Artículo 6 (j)

La posición común define al Estado miembro de acogida por referencia al Estado miembro cuya legislación social y laboral se aplique a las relaciones entre empresa promotora y miembros en el ámbito de la previsión para la jubilación. Esta definición sustituye a la definición inicial de la Comisión, que determinaba el Estado miembro en relación con el domicilio social de la empresa promotora.

Supresión de una definición

El Consejo decidió suprimir la definición de mercados de capital riesgo prevista en el artículo 6 i), pues no existe ninguna definición de este tipo en la legislación comunitaria.

Artículo 11 Información que debe proporcionarse a los miembros y beneficiarios

Apartado 2 del artículo 11

La posición común introduce la idea de que la información que debe transmitirse a los miembros y beneficiarios puede deber transmitirse a los representantes de los mismos. Por otro lado, precisa que, en caso de que un OPJ gestione varios planes de pensiones, las cuentas y planes de gestión que deben suministrarse a los miembros y beneficiarios son los correspondientes a los planes de jubilación de los mismos.

Apartado 3 del artículo 11

Esta disposición se introduce para precisar que la declaración de principios de inversión se comunicará también a petición de los miembros y beneficiarios, o incluso, en su caso, a sus representantes. Esta disposición refleja el espíritu del apartado 2 del artículo 12 de la propuesta original de la Comisión.

Apartado 4 del artículo 11

La obligación de transmitir esta información al mismo tiempo que las cuentas anuales y el informe de gestión, presente en la propuesta de la Comisión, se suprime en la posición común dado que la solicitud de información puede referirse a datos que no necesariamente guardan relación con los informes anuales y de gestión.

Apartado 5 del artículo 11

Esta disposición se refiere al importe de las prestaciones de jubilación adeudadas y sus modalidades de pago. La posición común especifica que esta información debe transmitirse al pasar a la jubilación o cuando sean exigibles otras prestaciones.

Artículo 12 Declaración relativa a los principios de la política de inversión

Estas disposiciones obligan a los OPJ a elaborar y revisar al menos cada tres años una declaración de estrategia de inversión que recoja datos de los métodos de evaluación de riesgos y la distribución estratégica de activos. Sin embargo, la posición común recoge, en artículos distintos el principio de establecimiento de la declaración (artículo 12, 2) su transmisión a los miembros y beneficiarios (artículo 11) y su transmisión a las autoridades competentes (artículo 13).

Artículo 14 Poderes de intervención y deberes de la autoridad competente

Apartado 2 del artículo 14

Esta disposición aclara las medidas que puede adoptar la autoridad competente frente a un OPJ en caso de irregularidad. La posición común precisa que estas medidas podrán ser de carácter administrativo o financiero.

Por motivos de coherencia, la posición común desplaza el apartado 5 de la propuesta de la Comisión al artículo 20, dado que estas disposiciones se refieren al caso específico de una afiliación transfronteriza.

Artículo 15 Provisiones técnicas

Artículo 15 apartados 1 y 2

La posición común establece que el Estado miembro de origen definirá las normas aplicables al cálculo de las provisiones técnicas. Además introduce la precisión de que dichas provisiones deben aplicarse a toda la gama de planes de jubilación.

Apartado 3 del artículo 15

Esta disposición establece como principio general que el cálculo debe tener lugar cada año. Sin embargo, permite a los Estados miembros autorizar que se efectúe cada tres años. La posición común introduce dos modificaciones a fin de que esta excepción pueda aplicarse: el OPJ debe transmitir a los miembros y/o a la autoridad competente (y no sólo a esta última) un certificado o informe que certifique los ajustes realizados en los años de intervención.

Apartado 4 del artículo 15

Enuncia los principios que deben regir el cálculo de las provisiones técnicas, así como los principales parámetros que intervienen en dicho cálculo. Las modificaciones introducidas por la posición común se refieren a los siguientes aspectos:

-el grado de prudencia en la utilización actuarial, que debe tener en cuenta el conjunto de compromisos contraídos por el OPJ;

-el grado de prudencia en la elección de los escenarios económicos y actuariales, teniendo en cuenta, cuando proceda, un margen de divergencia desfavorable;

-la fijación de los tipos de interés máximos, que debe hacerse bien en referencia al rendimiento de los activos correspondientes o al de obligaciones del Estado de alta calidad;

-la utilización de cuadros biométricos adecuados dadas las características del plan de pensiones;

-el ajuste del método y las bases de cálculo a las variaciones cambios de los datos no sólo jurídicos y económicos sino también demográficos

Apartado 6 del artículo 15

La posición común incluye una solicitud dirigida a la Comisión de que informe cada dos años o a instancias de un Estado miembro sobre el posible impacto de las normas relativas al cálculo de las provisiones técnicas en las actividades transfronterizas. La posición común precisa que este informe deberá ir dirigido al futuro Comité de seguros y pensiones, el cual, en su caso, podría solicitar a la Comisión que proponga medidas a fin de evitar posibles falseamientos de la competencia. Esta modificación debe englobarse en un contexto de seguimiento del impacto de la normativa en el desarrollo de los sistemas de previsión para la jubilación. En respuesta a esta solicitud y a fin de tranquilizar a los Estados miembros sobre sus intenciones, la Comisión ha adoptado la declaración unilateral recogida en el apartado 5.

La Comisión hace notar que la redacción dada al apartado 6 del artículo 15 deberá ser ajustada por medio de medidas o disposiciones apropiadas para que el mismo sea plenamente compatible con las conclusiones que el Consejo adoptará próximamente acerca de la estabilidad, la vigilancia y la integración financieras.

Artículo 16 Financiación de las provisiones técnicas

Apartado 2 del artículo 16

La posición común detalla en este apartado una serie de cuestiones sobre las condiciones en las cuales un Estado miembro puede autorizar excepciones en favor de un organismo a la norma de cobertura íntegra de activos. Por una parte, especifica a título preliminar la obligación de establecer un plan de saneamiento para restablecer una situación de cobertura íntegra. Estipula que en su caso tal plan debe también poder ponerse a disposición de los miembros y sus representantes. Por último, en caso de desaparecer el plan, el procedimiento de transferencia también debe poder ponerse a disposición de los miembros y sus representantes, siempre y cuando se respete el principio de confidencialidad.

Apartado 3 del artículo 16

En caso de actividad transfronteriza, debe estar garantizada la cobertura total de los compromisos. La posición común precisa los poderes de intervención de la autoridad competente del Estado miembro de origen en caso de infracción de este principio. Estipula asimismo que el Estado miembro de origen podrá exigir la separación de los activos a fin de asegurarse del cumplimiento de esta norma. Tal podrá ser el caso en cuando un OPJ gestione varios planes de pensiones.

Artículo 17 Fondos propios reguladores

Apartado 2 del artículo 17

La posición común precisa que las normas de la Directiva 79/267 que deben aplicarse son las recogidas en sus artículos 18 y 19. Por otro lado, especifica que las disposiciones sirven para delimitar el importe mínimo de los activos suplementarios que deben poseerse.

Apartado 3 del artículo 17

Esta nueva disposición introducida por la posición común establece que los Estados miembros serán libres de imponer normas más precisas en cuanto a los fondos propios reguladores, siempre y cuando se justifiquen desde el punto de vista prudencial, a los organismos establecidos en su territorio.

Artículo 18 Normas de inversión

Apartado 1 del artículo 18

Este apartado establece el principio del buen padre de familia como fundamento de la política de inversión. La posición común, sin embargo, desea completar este principio básico con una serie de principios generales basados en lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de la propuesta de la Comisión. Éstos precisan más concretamente que los activos deben invertirse 1) en interés de los miembros y beneficiarios, 2) con vistas a garantizar la seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad de la cartera, 3) principalmente en mercados regulados, 4) en su caso, en productos derivados, siempre y cuando contribuyan a reducir el riesgo de inversión, y 5) de manera diversificada, a fin de evitar el recurso excesivo a un tipo particular de activo.

Apartado 2 del artículo 18

La posición común introduce esta nueva disposición, asimismo integrada en el principio de buen padre de familia, que prohibe al OPJ contraer préstamos o ser garante de terceros, salvo para fines de liquidez y provisionalmente. Esto es acorde con la naturaleza de las actividades de los OPJ y con el principio general de cobertura de los compromisos.

Apartado 5 del artículo 18

Estas disposiciones permiten a los Estados miembros aplicar normas detalladas, incluso cuantitativas, a los organismos establecidos en su territorio. La posición común precisa que dichas normas más detalladas pueden ser las recogidas en la Directiva sobre empresas de seguros de vida (92/96/CEE).

A este derecho se establecen sin embargo algunos límites. La posición común especifica que, si se autoriza a los organismos a invertir hasta un 70% de su cartera en acciones o productos similares, los Estados miembros podrán aplicar un límite inferior a los OPJ que ofrezcan productos de jubilación con garantía de tipos de interés a largo plazo, asumiendo ellos mismos el riesgo de inversión y la garantía.

Apartado 7 del artículo 18

Este nuevo apartado introduce límites cuantitativos a la inversión y especifica las circunstancias en las cuales pueden deber aplicarse estos límites. Los tres límites a la inversión se refieren a las inversiones en activos no negociables en un mercado regulado, las inversiones en activos procedentes de la misma empresa o grupo de empresas y las inversiones en activos denominados en divisa no congruente. Las condiciones en las cuales pueden aplicarse estos límites son las siguientes: 1) el OPJ debe administrar un plan de pensiones para una empresa situada en otro Estado miembro (Estado miembro de acogida), 2) la autoridad del Estado miembro de acogida debe presentar una solicitud expresa de aplicación de estas normas y 3) sólo podrá hacerlo a condición de que el Estado miembro de acogida aplique las mismas normas u otras más estrictas a los OPJ situados en su territorio nacional. Para garantizar el cumplimiento de estas normas, el Estado miembro de origen podrá exigir que el OPJ separe sus activos.

Estas normas obedecen al deseo de algunos Estados miembros de crear una especie de red de seguridad para la protección de sus ciudadanos en caso de afiliación transfronteriza. Se inscriben, sin embargo, en una definición amplia de los conceptos de prudencia y diversificación, y no tendrán consecuencias de importancia para la asignación del capital.

Artículo 19 Gestión y Custodia

Apartado 1 del artículo 19

La posición común del Consejo amplía el derecho de gestión de los activos a los servicios ofrecidos por gestores autorizados conforme a la nueva Directiva sobre OPCVM (Directiva 2001/107/CEE), así como a las entidades de gestión contempladas en el apartado 1 del artículo 2.

Apartado 2 del artículo 19

La posición común del Consejo especifica que el ejercicio de la libre prestación de servicios en cuanto a custodia de activos será plenamente compatible con el derecho de algunos Estados miembros a hacer obligatoria la designación de un depositario.

Apartado 3 del artículo 19

Esta nueva disposición introducida por la posición común del Consejo prevé la creación en la legislación nacional de un mecanismo de congelación de los haberes que posea un depositario en caso de que se lo solicite la autoridad del Estado miembro del país de origen. Esta disposición es similar a la ya vigente en seguros de vida (artículo 24 de la Directiva 79/267/CEE).

Artículo 20 Actividades transfronterizas

Artículo 20 Apartados 4, 5 y 6

Estas disposiciones se refieren a los intercambios de información entre autoridades de supervisión y entre éstas y el OPJ antes de que éste pueda iniciar actividades transfronterizas. La posición común del Consejo pretende clarificar las etapas del intercambio de información y las referencias a disposiciones de derecho social y laboral en materia de planes de jubilación, así como incluir en la información que debe transmitirse las posibles disposiciones que deben aplicarse en virtud del apartado 7 del artículo 189 (normas de inversión - v. supra) y el apartado 7 del artículo 20 (información -v. infra).

Apartado 7 del artículo 20

Esta nueva disposición introducida por la posición común del Consejo obliga a los OPJ que operan de modo transfronterizo a cumplir los requisitos del Estado miembro de acogida en materia de información conforme a lo dispuesto en el artículo 11. Esto guarda relación con el principio general de cumplimiento de las disposiciones del derecho social y laboral del Estado miembro de acogida en caso de actividad transfronteriza. Estas disposiciones se aplican por supuesto únicamente a los miembros del plan de pensiones administrado de manera transfronteriza.

Artículo 21 Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión

Este nuevo artículo introducido por la posición común del Consejo establece como principio esencial para la correcta aplicación de la Directiva una cooperación eficaz entre los Estados miembros y la Comisión. Ello también es necesario para garantizar el buen funcionamiento de la afiliación transfronteriza. ElC artículo prevé asimismo que los Estados miembros notifiquen a la Comisión cualquier dificultad grave que se les plantee a la hora de aplicar la Directiva, la cual será examinada por la Comisión y los Estados miembros interesados.

El artículo establece por otra parte que la Comisión presentará transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de la Directiva un informe sobre la aplicación de las normas de inversión y las relativas al depositario.

En materia de cooperación entre Estados miembros, el artículo prevé la posibilidad de que el Estado miembro de acogida, si así lo desea, solicite al Estado miembro de origen que exija la separación de activos y compromisos para los OPJ que operen de modo transfronterizo conforme a lo dispuesto en los artículos 16 (apartado 3) y 18 (apartado 7).

Por último, este artículo prevé asimismo que la Comisión estará asistida por un Comité de Seguros y Pensiones. La Comisión subraya el carácter incompleto de esta última disposición que habrá de ser adaptada por medio de medidas o disposiciones apropiadas .para que sea plenamente compatible con las conclusiones que el Consejo adoptará en breve acerca de la estabilidad, la vigilancia y la integración financieras.

Artículo 22 Aplicación

La posición común del Consejo establece un plazo de 24 meses para la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva. Introduce asimismo dos cláusulas de inaplicación:

(1) La primera, relativa a las normas sobre fondos propios reguladores, permite a los Estados miembros retrasar cinco años la aplicación del artículo 17, apartados 1 y 2, a los OPJ que no posean fondos propios reguladores.

(2) La segunda, relativa al umbral de inversión en la empresa promotora, permite a los Estados miembros retrasar cinco años la aplicación del artículo 18, apartado 1, letra f.

No obstante, en ambos casos, los organismos que deseen administrar planes de previsión para la jubilación transfronterizos a efectos del artículo 20 únicamente podrán hacerlo si cumplen inmediatamente todo lo dispuesto en la presente Directiva.

4. CONCLUSIONES

La Comisión considera que la posición común adoptada por el Consejo por unanimidad conserva lo esencial de su propuesta, así como la sustancia de las enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión. Pese al gran número de modificaciones introducidas en su propuesta inicial, la Comisión considera que la posición común alcanza el equilibrio entre, por una parte, un alto nivel de control prudencial y de seguridad de las pensiones y, por otra, el mantenimiento de la eficacia de los planes existentes y un alto nivel de accesibilidad financiera de las pensiones.

La Comisión espera por consiguiente que la Directiva pueda adoptarse antes de finales de año según el calendario fijado por los Jefes de Estado y de Gobierno en Barcelona.

Siempre que se tengan cuenta los comentarios formulados, en particular aquéllos relativos a la plena compatibilidad con las conclusiones que el Consejo adopte en breve acerca de la estabilidad, la vigilancia y la integración financieras, la Comisión puede aprobar la posición común y puede por consiguiente recomendar al Parlamento Europeo su aprobación..

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión formuló la siguiente declaración unilateral con ocasión de la adopción de la posicón común :

"La Comisión considera que la Directiva pretende ofrecer un elevado grado de protección a los miembros y beneficiarios. A tal fin, es imprescindible un cálculo prudente de las provisiones técnicas. Para ello es preciso elegir con prudencia el tipo de interés y demás factores económicos y demográficos.

La Comisión considera que el informe previsto en el apartado 6 del artículo 15 constituye un factor importante a la hora de reforzar la transparencia y la confianza recíproca. La Comisión se compromete a verificar de forma minuciosa y periódica, en estrecha consulta con los Estados miembros, si la situación en cada uno de ellos se presta a "ventas al mejor postor" y al establecimiento de normas prudenciales insuficientes. La Comisión estudiará también atentamente toda información que los Estados miembros pongan en su conocimiento sobre los riesgos de semejantes "ventas al mejor postor". Previa consulta a los Estados miembros, la Comisión propondrá las medidas necesarias a fin de evitar posibles falseamientos y proteger los intereses de los beneficiarios y miembros de todos los planes de pensiones."