ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 23.12.2005 
COM(2005) 696 final 
  
LIBRO VERDE 
sobre los conflictos de jurisdicción y el principio non bis in idem  en los procedimientos 
penales 
(presentado por la Comisión)  
  
{SEC(2005) 1767} 
 
ES 2   ES LIBRO VERDE 
sobre los conflictos de jurisdicción y el principio non bis in idem en los procedimientos 
penales 
El objetivo del presente Libro Ve rde es abrir un amplio proces o de consulta con las partes 
interesadas en los conflictos de  jurisdicción en materia penal, proceso en el que también se 
tratará del principio non bis in idem.  El Libro Verde señala los problemas que pueden surgir 
en la situación actual y propone posibles soluciones. El documento de trabajo adjunto contiene un análisis más detallado. 
La Comisión ruega a las partes interesadas que presenten sus observaciones antes del 31 de 
marzo de 2006 en la siguiente dirección: 
Comisión Europea 
Dirección General de Justic ia, Libertad y Seguridad 
Unidad D3 – Justicia penal Oficina LX 46 3/20B - 1049 Bruselas 
Dirección electrónica: JLS-criminaljustice@cec.eu.int
 
Fax: +32-2/296 76 34 Los interesados que no deseen que sus observaciones se publiquen en el sitio web de la 
Comisión, deberán indi carlo expresamente. 
 
ES 3   ES 1. ANTECEDENTES 
A medida que la delincuencia adquiere una dimensión internacional, la justicia penal 
se enfrenta cada vez más en la UE a situaciones en las que varios Estados miembros son competentes para ejercer la acción penal en el mismo asunto. Además, actualmente ha aumentado el número de procesamientos múltiples por un mismo asunto y el número de conflictos “posit ivos” de jurisdicción, dado que muchos 
órganos jurisdiccionales pe nales nacionales han amplia do considerablemente el 
alcance de sus competencias en los últimos años.  
Los procesamientos múltiples son perjudiciales para los derechos e intereses de las 
personas y pueden producir una duplicación de tareas. Los demandados, las víctimas y los testigos pueden ser citados para compar ecer en vistas celebradas en diferentes 
países. Los procedimientos paralelos suponen, en particular, la multiplicación de restricciones sobre sus derechos e inte reses como, por ejemplo, el de libre 
circulación. También producen más desgaste psicológico y aumentan los costes y la 
complejidad de la representación legal. En el  espacio de libertad, seguridad y justicia 
desarrollado, es conveniente evitar, siempre que sea posible, estos efectos 
perjudiciales, limitando los casos de procesamientos múltiples por un mismo asunto. 
Actualmente, las autoridades nacionales pue den entablar sus propios procedimientos 
paralelos sobre un mismo asunto. El único impedimento jurídico es el principio non 
bis in idem , establecido en los artículos 54 a 58 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen. Sin embargo, este principio no evita los conflictos de 
jurisdicción derivados de la existencia de múltiples procesamientos en curso en dos o 
más Estados miembros; sólo puede aplicar se para evitar un segundo procesamiento 
por el mismo asunto, cuando una resolución que prohibe el procesamiento posterior 
(res judicata) ha puesto fin al procedimiento en un Estado miembro.  
Pero lo más importante es que, sin un sistema que atribuya los asuntos a la 
jurisdicción adecuada en el curs o del procedimiento, el principio non bis in idem 
puede producir resultados impr evistos e incluso arbitrarios: al dar preferencia al 
primer órgano jurisdiccional que pueda dictar una resolución definitiva, produce un efecto similar al “principio de orden de llegada”. Actualmente, la elección de la 
jurisdicción se deja al azar, lo cual  parece explicar por qué el principio non bis idem 
sigue siendo objeto de diversas excepciones.  
Una respuesta adecuada al problema de los conflictos (positivos) de jurisdicción 
podría ser la creación de un mecanismo para atribuir los asuntos a las jurisdicciones 
adecuadas. Si los procesamientos se concentr an en una jurisdicci ón única, dejarán de 
plantearse casos de non bis in idem.  Además, dicho mecanismo sería complementario 
del principio de reconocimiento mutuo, que establece que una resolución judicial dictada en un Estado miembro es reconocid a y – en caso necesario - ejecutada en 
otro Estado miembro. 
En el presente Libro Verde, la Comisión expone las posibilidades de creación de un 
mecanismo que facilitaría la elección de  la jurisdicción más adecuada en los 
procedimientos penales, y la posible revisión de las normas en materia de non bis in 
idem.  Responde al punto 3.3 del Programa de La Haya, y al Programa de 
reconocimiento mutuo de 29.11.2000 (puntos 2 y 3, y medidas 1 y 11 de este último). 
 
ES 4   ES Podrían adoptarse medidas de la UE pertinentes como la decisión marco, basada en 
el artículo 31, apartado 1, le tra d) del Tratado de la Un ión Europea (TUE), según el 
cual la acción en común incluirá la prev ención de conflictos de jurisdicción entre los 
Estados miembros. Si se considera necesario, la letra c) del apartado 1 del artículo 31 podría constituir una base complementaria pa ra garantizar la co mpatibilidad de las 
normas aplicables en los Estados miembros, en la medida necesaria para mejorar dicha cooperación.  
2. 
CREACIÓN DE UN MECANISMO DE ELECCIÓN DE LA JURISDICCIÓN  
2.1. Requisitos previos 
El mecanismo para asignar asuntos a las jurisdicciones adecuadas debería evitar 
trámites burocráticos excesivos, y garant izar al mismo tiempo un tratamiento 
equilibrado que respete debidamente los dere chos de las personas afectadas. Para que 
funcione, deben cumplirse dos requisitos previos.  
En primer lugar, las autoridades compet entes deberán tener conocimiento de los 
procedimientos o decisiones correspondi entes adoptados en sus respectivas 
jurisdicciones, de manera que se les pe rmitirá y se les podrá obligar incluso a 
intercambiar la información relevante. 
En segundo lugar, tras conocer los procedimientos adoptados en otros Estados 
miembros, las autoridades judiciales penale s de cualquier Estado miembro tendrán la 
capacidad de abstenerse de iniciar un procesamiento, o podrán interrumpir un 
procesamiento existente, por el mero hecho de que el mismo asunto se está 
enjuiciando en otro Estado miembro.  
Abstenerse de iniciar un procesamiento (o  interrumpir un procesamiento existente) 
puede plantear problemas en el ordenamien to jurídico de los Estados miembros que 
reconocen el principio de legalidad, ya que las autoridades competentes tienen la 
obligación de perseguir todos los delitos que sean de su competencia. Podrían surgir 
problemas en el caso de que el principio esté establecido en la Constitución nacional. Por ello, en un futuro instrumento se podr ía establecer una excepción a la aplicación 
de este principio. A este respecto, puede  alegarse que en el espacio común de 
libertad, seguridad y justicia, este princi pio se cumple cuando otro Estado miembro 
enjuicia el asunto de que se trate. 
2.2. Procedimiento 
Una vez cumplidos los requisitos previos, el procedimiento del mecanismo propuesto 
podría constar de las siguientes fases: 
Fase 1: identificación e informac ión de las “partes interesadas" 
En primer lugar, es conveniente identific ar e informar a los Estados miembros que 
podrían estar interesados en participar en el  proceso de elección de la jurisdicción 
más adecuada para un asunto específico. A tal fin, una norma de la UE podría 
establecer que las autoridades naci onales de un Estado miembro que ha iniciado o 
va a iniciar próximamente un proceso penal (Estado de iniciativa) en un asunto 
que muestre vínculos significativos con otro Estado miembro, deberán informar 
 
ES 5   ES a las autoridades competentes de este Esta do miembro, con la suficiente antelación. 
Esta obligación podría imponerse a las auto ridades judiciales penales o a otras 
autoridades judiciales o servicios de segur idad e investigación, en función de las 
características particulares de los sistemas penales de los Estados miembros. A su 
vez, las autoridades a las que se informa podr ían explicar su interés en enjuiciar el 
asunto de que se trate. Se podría prever la  posibilidad de que esta manifestación de 
interés se declarara dentro de un plazo de tiempo determinado. No obstante, el 
sistema también podría permitir reaccione s fuera de plazo, en circunstancias 
excepcionales. Si ningún Estado miembro manifiesta un interés, el Estado de 
iniciativa seguirá con la investigación del as unto, sin más consultas, a menos que 
surjan nuevos hechos que cambien la situación.  
Fase 2: consulta/debate 
Cuando dos o más Estados miembros estén in teresados en enjuiciar el mismo asunto, 
sus autoridades competentes respectivas podr án examinar conjuntamente cuál es el 
“mejor lugar” para enjuiciarlo. Un a opción podría ser establecer el deber de debatir, 
a fin de tener en cuenta la s opiniones de todos los Estados  miembros interesados. En 
esta fase, los contactos directos entre éstos parecen ser el medio más eficaz de 
debate. Si fuera necesario, podrían solicitar la asistencia de Eurojust o de otros 
mecanismos de asistencia de la Unión.  
La fase 2 puede conducir con frecuenci a a lograr un consenso rápido sobre la 
elección de la jurisdicción más adecuada para enjuiciar un asunto que plantea un 
conflicto de jurisdicción. En consecu encia, algunas autoridades nacionales 
terminarán o interrumpirán los procedimientos de forma voluntaria (o se abstendrán 
de iniciar procedimientos), mientras que otra autoridad iniciará o proseguirá las 
diligencias sobre el asunto. En esta situación, las autoridades nacionales competentes 
se limitarán a actuar de acuerdo con sus legislaciones nacionales.  Por lo tanto, no 
parece existir ninguna necesidad de normas obligatorias a nivel de la UE para tales medidas. Según el mecanismo propuesto, las decisiones nacionales podrían ser 
revisadas por los Estados miembros inte resados si surgen nuevos hechos que 
cambian la situación. Sin embargo, en algunos casos, las autoridades nacionales 
pueden preferir celebrar un acuerdo obligatorio que garant ice la seguridad jurídica y 
evite la reapertura del debate. Si tal es el caso, pueden utilizar el modelo de  acuerdo 
UE que, entre otras cosas, puede proporciona r normas comunes para denunciar tales 
acuerdos.  
Fase 3: solución de controversias/mediación 
Cuando no sea fácil alcanzar un acuerdo, se ne cesitará un mecanismo de solución de 
controversias. Esta fase ofrecerá la opor tunidad de celebrar un diálogo estructurado 
entre las partes interesadas que permitirá considerar, objetivamente, los intereses que están en juego. Para ello, parece conveniente  la intervención de un organismo de la 
UE que actúe como mediador, prestando su asistencia a los Estados miembros 
interesados, para alcanzar un acuerdo voluntario  en función de los criterios que se 
exponen más adelante. Eurojust parece esta r en condiciones de desempeñar esta 
función. También sería posible crear un nuevo órgano para la solución de 
controversias que podría ser un consejo o grupo compuesto por jueces o fiscales 
nacionales con experiencia.  
 
ES 6   ES Esta tercera fase podría inic iarse a instancia de cualqui er Estado miembro que haya 
manifestado su interés por enjuiciar el as unto. También sería adecuado defender la 
obligatoriedad del procedimiento de resolu ción de controversias una vez transcurrido 
cierto tiempo en la fase 2, con objeto de garantizar que los casos de desacuerdo se 
sometan rápidamente a la etapa asistida por la UE. Si el consenso se alcanza en la fase 3, las autoridades competentes tendrán  las mismas opciones que en la fase 2 
(interrupción voluntaria del procedimient o en algunos Estados miembros para que 
prosiga en otro, o celebraci ón de un acuerdo obligatorio). 
El cumplimiento estricto de las reglas del mecanismo en tres fases propuesto, 
combinado con el conjunto de criterios de  elección de la jurisdicción que se expone 
más adelante (punto 2.5), puede conducir al  consenso, sino en todos, en muchos 
casos. El mecanismo puede establecerse a corto plazo y puede considerarse 
suficiente, a menos que la experiencia pong a de manifiesto la necesidad de otras 
fases. Si no se alcanza el  consenso, el principio non bis idem  volverá a aplicarse de 
nuevo. 
Posible fase adicional: ¿decisión obl igatoria de un órgano de la UE? 
A largo plazo, en los casos en que fracase la solución de controversias propuesta, 
puede considerarse la posibi lidad de una nueva fase en  la que un órgano de nivel 
comunitario estaría facultado para adoptar  una decisión obligatoria sobre la 
jurisdicción más adecuada. No obstante, es ta fase adicional sería muy difícil de 
realizar en el marco del act ual Tratado. En primer lugar,  habría que crear un nuevo 
órgano, ya que los papeles de mediador  y de instancia que adopta decisiones 
obligatorias, no parecen compatibles. En segundo lugar, se plantearían cuestiones complejas sobre el control judicial de una  decisión adoptada a nivel de la UE, tal 
como se expone a continuación.  
2.3. Papel de las personas y control jurisdiccional 
En la etapa anterior al juicio, el mecanismo propuesto se centra en la consulta a las 
autoridades judiciales penales competentes.  Con frecuencia, al tratar cuestiones de 
jurisdicción con las personas afectadas se  ponen de relieve hechos que pueden poner 
en peligro el proceso o afectar a los der echos e intereses de víctimas y testigos. 
Podría dejarse a los órganos jurisdiccionales naci onales que decidieran si existe ese 
riesgo en un asunto específic o. Si no se descubre ningún riesgo, se podría pedir a las 
autoridades competentes que informaran rápi damente a la defensa y las víctimas de 
la decisión sobre la jurisdicción más ad ecuada. En cualquier caso, las personas 
interesadas tendrán que ser informadas de las razones principales por las que se ha 
elegido una jurisdicción determinada, a más ta rdar, cuando se presente el escrito de 
acusación ante el órgano jurisdiccional.  
A diferencia de la etapa anterior al juic io, en la que el papel de las personas 
interesadas suele ser bastante reducido, en  la etapa del juicio (o en la etapa 
intermedia), el órgano jurisdiccional que recibe un escrito de acusación determina si 
es competente para juzgar el asunto. Tamb ién puede considerarse la posibilidad de 
que una disposición comunita ria exija a la jurisdicción elegida por el mecanismo 
propuesto, que determine si es el fuero adecuado para conocer del asunto. Los 
órganos jurisdiccionales nacionales parecen estar en condiciones de decidir en este 
sentido. El examen exhaustivo de todos los aspectos que pue den influir en la 
 
ES 7   ES asignación no parece viable ni necesario. Por tanto, el control jurisdiccional de la 
adjudicación podría basars e en que el asunto esté bien fundado  y se ajuste a 
Derecho . Así, el tribunal competente podría no acatar la decisión por la que se elige 
una jurisdicción determinada si considera que  la elección es arbi traria, basándose en 
doctrinas conocidas para el ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros, 
como la utilización de procedimientos in adecuados. De conformidad con el artículo 
35 del TUE, el Tribunal de Justicia  de las Comunidades Europeas podrá 
pronunciarse, con carácter prejudicial, sobr e la interpretación de normas de alcance 
comunitario en materia de procedimientos  y sobre los criterios de elección de la 
jurisdicción. 
Es necesario prever un recurso judicial, a inst ancia de la persona interesada, contra la 
asignación de jurisdicción, al menos en los casos en que la jurisdicción se atribuya a 
través de un acuerdo obligatorio. El motivo es que tales acuerdos obligatorios pueden 
limitar la capacidad de los Estados miembros interesados para denunciar la asignación de jurisdicción en una etapa posterior. En cuanto al recurso judicial en los casos en que no se han celebrado acuerdos obligatorios, permitir esta posibilidad puede dejarse a la discrecionalidad de los Estados miembros y sus legislaciones 
nacionales. (por ejemplo, cuando las autori dades de determinados Estados miembros 
se limitan a terminar o a no iniciar un proceso porque otro Estado miembro se ocupará de enjuiciar el asunto). 
Si, en una fase adicional, se confiriera a un órgano de la UE la facultad de adoptar 
decisiones, se plantearían cuestiones má s complejas. En tal caso, el control 
jurisdiccional sería indispensable. Si n embargo, sería inadecuado y, actualmente, 
imposible desde el punto de vista legal, atribuir a los órganos jurisdiccionales nacionales funciones de contro l jurisdiccional de un órgano de la UE. Por otra parte, 
los Tratados actuales no contienen los fundame ntos jurídicos necesarios para conferir 
esa función de control jurisdiccional al Tribunal de Justicia  de las Comunidades 
Europeas. El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa prevé los fundamentos jurídicos de dicho control en su artículo III-359. En el marco del 
Tratado actual, podría considerarse la posibilidad de una modificación en este 
sentido. 
2.4. Prioridad del procesamiento en el Estado miembro “principal” 
Junto con el mecanismo de asignación, una disposición de la UE podría obligar a los 
Estados miembros a concentrar los pro cedimientos relativos a un asunto en la 
jurisdicción "principal". A partir de una determinada fase del procedimiento, los 
demás Estados miembros estarían obligados a interrumpir sus y abstenerse de iniciar 
otros nuevos. Esta norma de prioridad debería aplicarse de forma paralela al 
mecanismo anteriormente expuesto; en caso contrario, los resultados dependerían del 
azar.  
Dado que, a menudo, surgen nuevos datos que ca mbian la opinión sobre cuál es el 
"mejor lugar" para enjuiciar el asunto, no parece acertado obligar a las autoridades 
competentes a elegir definitivamente la jurisdicción en una fase temprana. La fase más adecuada para exigir por norma que todos los procesamientos paralelos se concentren en una jurisd icción única parece ser el momento de la presentación del 
escrito de acusación o de procesamiento ante un ór gano jurisdiccional nacional, ya 
que en esta fase, las autoridades compet entes disponen de la información necesaria 
 
ES 8   ES para proceder a una evaluación global de  todos los aspectos relativos a la 
jurisdicción. Además, las principales carg as para las personas afectadas suelen 
aparecer después de la acu sación, así que la proliferaci ón de dichas cargas podrá 
evitarse en gran medida si la norm a se aplica a partir de esta fase.  
Para evitar la elusión del mecanismo procedimental, no se permitirá presentar un 
escrito de acusación ante un órgano juri sdiccional mientras esté en curso un 
procedimiento de consulta o de solución de conflictos. En otros términos, antes de presentar un escrito de acusación o de pr ocesamiento, las autoridades nacionales 
tendrán que cumplir sus obligaciones de información y consulta. Si no lo hacen, deberán interrumpir el procedimiento judi cial a instancia de otro Estado miembro. 
No obstante, la norma de prioridad no deberá impedir, en ningún caso, que otros 
Estados miembros presten cualquier forma de ayuda al Estado principal, a través de 
los acuerdos internacionales y de la UE exis tentes. Al contrario, prestarán asistencia 
de forma, si cabe, más decidida. 
2.5. Criterios aplicables 
Junto al mecanismo procedimental y la norma de prioridad, el tercer elemento de la 
estrategia global para prevenir y resolver lo s conflictos de jurisdicción será la lista de 
criterios que aplicarán los Estados miembros para elegir la jurisdicción principal. Es 
factible definir una serie de criterios re levantes que se aplicarán y ponderarán de 
forma flexible en cada caso, para lo cual las autoridades competentes tendrán que disponer de un considerable margen de discrecionalidad. 
Esos criterios, o elementos relevantes, que influirán en el proceso de determinación 
de la jurisdicción adecuada, deberán ser objetivos y se enumerarán en un futuro 
instrumento de la UE. En partic ular, la lista podría incluir la territorialidad, criterios 
relativos al sospechoso o al demandado, los intereses de las víctimas, criterios 
relacionados con los intereses del Estado, y ot ros criterios relativos a la eficacia y 
rapidez de los procedimientos. Tal vez podrían señalars e ciertos elementos no 
relevantes.  
En una fase posterior, los Estados miembros  podrían acordar determinados principios 
básicos relativos a la fijación de prioridades u ordenación de la lista de criterios, si 
fuera necesario. Por otra parte, se podría  optar por un enfoque más flexible. Con 
independencia de que la fijación u ordenación de los criterios pertinentes se recoja en 
un instrumento de la UE, parece factible y necesario llegar al menos a un acuerdo 
sobre un principio general de orientación para la asignación de jurisdicción. Por 
ejemplo, dicho principio podría re ferirse a que el asunto esté bien fundado y 
ajustado a Derecho.  En otros términos, podría obligarse a las autoridades 
competentes a tener en cuenta los intereses de las personas afectadas. El criterio de 
referencia, así como la cuestión fundament al del posible cont rol jurisdiccional, 
debería ser una administración de justicia equitativa, basada en la consideración 
global de los hechos relevantes y en una  ponderación equilibrada de los criterios 
pertinentes. 
 
ES 9   ES 3. EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM  
Actualmente, los artículos 54 a 58 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, relativos al principio non bis in idem , son obligatorios en todo el espacio 
de Schengen, en los diez Estados de la UE  que se adhirieron en 2004, en Islandia, 
Noruega y Reino Unido; próximamente serán obligatorios en Irlanda. El programa de 
reconocimiento mutuo de diciembre de 2000 propugnaba la revisión de estas 
disposiciones y, en particular, de las excepciones al principio. El Consejo no pudo 
alcanzar un acuerdo sobre la iniciativa de Grecia para una Decisión marco1, pero hizo 
hincapié en que deberían proseguir los trab ajos, "a la luz de la publicación de la 
Comunicación de la Comisión sobre los conflic tos de jurisdicción, a fin de garantizar 
la realización del va lor añadido demostrado”  
Si puede llegar a establecerse un mecan ismo que permita hacer una elección 
equilibrada de la jurisdicción, en luga r de basarse exclusivamente en el 
procesamiento “más rápido” (principio de l orden de llegada) , podrá reanudarse el 
debate sobre el principio non bis in idem , con mayores posibilidades de éxito. En este 
contexto, podrían tratarse las cuestiones siguientes. 
En primer lugar, habría que considerar si  es necesario aclarar ciertos elementos y 
definiciones en relación, por ejemplo, con los tipos de decisiones que pueden surtir 
un efecto non bis in idem ; y qué debe entenderse por idem o por "los mismos 
hechos".  
En segundo lugar, actualmente, en caso de se ntencia condenatoria, el principio sólo 
se aplica si la sanción “ha sido ejecutada, está en curso de ejecución o no puede ser 
ejecutada…” Esta condición estaba justificada en el sistema tradicional de asistencia recíproca, en el que la ejecución de la sa nción en otros Estados miembros resultaba a 
veces difícil. Es discutible que sea si endo necesaria en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia, en el que  la ejecución transfronteriza se lleva a cabo a través de 
los instrumentos de la UE para el reconocimiento mutuo. 
En tercer lugar, es discutible que sigan siendo necesarias las posibilidades actuales de 
excepciones del principio non bis in idem . Actualmente, el artículo 55 del Convenio 
de aplicación del Acuerdo de Schengen pr evé excepciones relacionadas con intereses 
en el enjuiciamiento de asuntos específicos en determinadas jurisdicciones (por ejemplo, territorialidad, delitos contra la seguridad nacional y actos de los funcionarios de los Estados miembros).  Estas excepciones pueden caer en desuso 
como consecuencia de la creación de un mecanismo equilibrado de elección de la 
jurisdicción.  
                                                
 
1 DO C 100 de 26.04.2003, p. 24. 
 
ES 10   ES 4. FORTALECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO  
Las medidas propuestas también podrían permitir a la Unión reducir el número de 
motivos de no ejecución de las resolucione s judiciales de otro s Estados miembros 
que actualmente se recogen en los instrument os de la UE. Dada la actual situación de 
conflictos de jurisdicción en materia penal,  algunos de esos mo tivos de no ejecución 
podrán considerarse necesarios. Este parece ser el caso, por ejem plo, de los motivos 
basados en el hecho de que un acto tuvo lugar en el territo rio del Estado de 
ejecución, como se recoge en el artículo 4, apartado 7, letra a), de la Decisión marco 
sobre la orden de detención europea.  
 
ES 11   ES Preguntas 
(1) ¿Es necesaria una disposición de la UE que establezca que la legislación nacional 
permitirá suspender un procedimiento en razón de los procedimientos en curso en otros Estados miembros? 
(2) ¿Debe existir un deber de informar a otras jurisdicciones sobre los procesamientos en 
curso o previstos, cuando existan vínculos significativos con esas otras jurisdicciones? 
¿Cómo debe intercambiarse la información sobre los procedimientos en curso, las 
resoluciones definitivas y otras resoluciones relacionadas?  
(3) ¿Debe existir el deber de debatir con lo s Estados miembros que tienen vínculos 
significativos con el asunto? 
(4) ¿Es necesario un modelo comunitario de acuerdo obligatorio entre las autoridades 
competentes?  
(5) ¿Debe existir un sistema de mediación/solución de controversias para los casos en que 
el debate directo no conduzca a un acuerdo?  ¿Qué órgano parece ser el más adecuado 
para mediar en los confli ctos de jurisdicción?  
(6) Aparte de la mediación/solución de controve rsias, ¿son necesarias otras etapas a largo 
plazo, como la decisión de un órgano a nivel de la UE?  
(7) ¿Qué tipo de mecanismo de control jurisd iccional o de recurs o sería necesario y 
adecuado en materia de asignación de jurisdicciones?  
(8) ¿Se necesita una norma o un principio que exija la interrupción o terminación de los 
procedimientos paralelos en la UE? En caso afirmativo, ¿en qué fase del 
procedimiento se aplicaría? 
(9) ¿Se necesitan normas sobre la consulta o tran sferencia de procedimientos en relación 
con terceros países, especialmente con los que son miembros del Consejo de Europa? 
¿Qué enfoque debería a doptarse al respecto?  
(10) El futuro instrumento sobre conflictos de ju risdicción ¿deberá incluir una lista de los 
criterios aplicables para el egir la jurisdicción?  
(11) Aparte de la territorialidad, ¿qué otros crite rios se recogerían en esa lista? ¿Debe ser 
una lista exhaustiva?  
(12) ¿Considera usted que es preciso que la list a también incluya fact ores que no deberían 
considerarse relevantes para la elecci ón de la jurisdicción adecuada? En caso 
afirmativo ¿cuáles?  
(13) ¿Es necesario, factible y adecu ado fijar un orden de priori dad de los criterios para 
determinar la jurisdicción? En caso afirmativo, ¿cree us ted que la territorialidad 
debería ser un criterio prioritario? 
(14) ¿Es necesario revisar las normas de la UE sobre el principio non bis in idem ?  
 
ES 12   ES (15) ¿Está usted de acuerdo con la siguient e definición del alcance del principio non bis in 
idem ?: “una resolución en materia penal adopt ada por un órgano jurisdiccional o que 
ha sido recurrida ante dicho órgano”   
(16) ¿Está usted de acuerdo con la  siguiente definición de "resolución definitiva"?: “… una 
resolución por la que se prohíbe un nuevo pr oceso penal con arregl o a la legislación 
nacional del Estado miembro en el que se ha adoptado, a menos que esta prohibición 
nacional sea contraria a los objetivos del TUE.”   
(17) ¿Es conveniente que la defi nición de “resolución defi nitiva” prevea excepciones 
expresas? (por ejemplo, “una resolución por la que se prohíbe un nuevo 
procesamiento penal con arreglo a la legisl ación del Estado miembro en el que se ha 
adoptado, a excepción de...")  
(18) Además de los elementos mencionados en la s preguntas 16 y 17, el examen previo del 
fondo de la resolución ¿debería ser decisivo para determinar si una resolución surte un 
efecto non bis in idem a nivel de la UE?  
(19) ¿Es factible y necesario definir el concepto de idem , o debería definirlo la 
jurisprudencia del Tribunal de Jus ticia de las Comunidades Europeas? 
(20) ¿Cree usted que existen situaciones en la s que sigue siendo nece sario mantener la 
condición de ejecución? En caso afirmativo, ¿cuáles son es as situaciones? En caso 
afirmativo ¿podría suprimirse esta condi ción si se establece un mecanismo para 
determinar la jurisdicción?  
(21) ¿En qué medida pueden seguir justificándose las excepciones previs tas en el artículo 
55 del Convenio de aplicación del Acuerdo de  Schengen? ¿Podrían suprimirse si se 
establece un mecanismo para determinar la  jurisdicción, o considera usted que es 
necesario adoptar nuevas medidas para “com pensar” la supresión de las excepciones 
en estas circunstancias?  
(22) ¿Debe ser el principio non bis in idem una razón para la denegación obligatoria de la 
asistencia judicial mutua? En caso afirmati vo, ¿qué disposiciones normativas de la UE 
deberían adaptarse?  
(23) ¿Es necesario un enfoque más coherente sobre el principio non bis in idem en relación 
con los terceros países? ¿Deb e diferenciarse entre miembros del Consejo de Europa y 
los demás países? 
(24) ¿Está usted de acuerdo en que con un mecan ismo equilibrado para determinar la 
jurisdicción,  
(a) algunos motivos de no ejecución reco gidos en los instrumentos de 
reconocimiento mutuo de la UE no serí an necesarios, al menos en parte? 
¿Cuáles sería esos motivos? 
(b) algunos motivos de no ejecución facultativa deberían convertirse en motivos de 
no ejecución obligatoria o viceversa ? ¿Cuáles sería esos motivos?