ES Diario Oficial de la Unión Europea C 267/46

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la cooperación local y regional para la protección de los derechos de la infancia en la Unión Europea

(2010/C 267/10)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1. señala que los niños representan una quinta parte de la población de la Unión Europea, por lo que la creación de unas condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo, incluyendo la protección y el fomento de sus derechos, debería ser una de las principales prioridades de la Unión, sus instituciones y los Estados miembros;

2. subraya que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce de forma expresa, en su artículo 24, los derechos del niño; que los derechos fundamentales de la infancia representan además una cuestión horizontal y transversal, relacionada con múltiples dimensiones y que, por lo tanto, se debe incorporar como una prioridad transversal y horizontal en todas las políticas nacionales y europeas aplicables; considera que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas podría activarse no sólo en caso de violación de los derechos, sino también de manera más amplia, para favorecer el desarrollo y las oportunidades brindadas a todos los niños y jóvenes;

3. observa que el marco institucional y jurídico para el respeto de los derechos de la infancia, incluidos la ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de otros acuerdos internacionales fundamentales en este ámbito, se encuentra suficientemente desarrollado dentro de la Unión Europea. No obstante, esto no impide que surjan nuevos desafíos y amenazas en este mismo ámbito, que por ello exige nuevas medidas políticas, acciones bien coordinadas y un constante control de las mismas;

4. considera que el objetivo del respeto efectivo de los derechos de la infancia no se puede conseguir sin una colaboración global de todos los agentes implicados, en particular las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros, las ONG y otros agentes activos en este ámbito, entre los que se incluyen los propios niños, pero también ante todo los entes locales y regionales (ELR). Los ELR son los principales responsables de garantizar diariamente los derechos de la infancia y tienen competencias fundamentales en este ámbito;

5. señala que la aplicación de los derechos de la infancia forma parte predominantemente de ámbitos de acción en los que tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen competencias (p.ej. política social, educación y juventud, salud, espacio de libertad, seguridad y justicia, etc.); así pues, subraya la importancia de que las acciones emprendidas por la Unión Europea respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y se apliquen en el espíritu de la gobernanza multinivel; la acción de la Unión Europea debe adoptar una forma tal que fomente el debate y los intercambios de buenas prácticas, así como una investigación, un control y una evaluación comparativos;

6. respalda la intención de la Comisión Europea de concentrarse, de manera prioritaria, en la lucha contra la violencia y la protección de los grupos infantiles vulnerables, como los menores no acompañados y las víctimas de la trata de personas, así como aquellos que están expuestos a la pobreza y la exclusión social. No obstante, el CDR señala que, en todos estos ámbitos, resultará imposible alcanzar los objetivos fijados si no se colabora con todos los agentes pertinentes, en particular los ELR;

7. señala que se necesitan también medidas para el fomento de la salud desde una fase temprana para hacer frente a parte de los problemas que pueden producirse cuando los menores y jóvenes viven en un entorno de riesgo;

8. acoge con satisfacción la intención de la Comisión de elaborar una Comunicación sobre los Derechos de la Infancia, así como la metodología seleccionada para este objetivo —la organización de una consulta pública sobre el tema—. Por otra parte, el CDR espera poder cooperar con la Comisión tanto en el Grupo Director del Foro Europeo para los Derechos de la Infancia como en el propio Foro;

9. acoge con satisfacción las disposiciones del Programa de Estocolmo (Programa plurianual para un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio del ciudadano), adoptado por el Consejo Europeo en 2010, que han incluido la protección y el fomento de los derechos fundamentales de la infancia como asunto prioritario;

10. a pesar de que lamenta que los ELR y su función no se mencionen de forma explícita en el Programa de Estocolmo, subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades y los conocimientos de los ELR a la hora de formular el Plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo;

11. apoya de forma activa el Diálogo Anual sobre el fomento y la protección de los derechos fundamentales en varios niveles, organizado conjuntamente por la Comisión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Comité de las Regiones, como una herramienta para superar las deficiencias en la aplicación de una estrategia europea sobre los derechos de la infancia y para garantizar la implicación efectiva de los ELR en la cooperación europea por lo que se refiere a los derechos de los menores;

12. acoge con satisfacción los indicadores de los derechos de la infancia desarrollados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como un paso importante hacia la aplicación de políticas más fundamentadas y basadas en la realidad. No obstante, llama la atención sobre las deficiencias que presentan todavía estos indicadores, ya que solamente abordan brevemente el ámbito de competencia de los ELR y, por lo tanto, tienen un uso limitado para los mismos;

13. lamenta que, a pesar de que todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan suscrito el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no está claro cuántos menores son víctimas de la trata de personas y la explotación laboral. Por lo tanto, como parte del Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010, el CDR insiste en la necesidad de garantizar una mejor coordinación entre las organizaciones competentes y los organismos especializados a todos los niveles para que puedan afrontar de modo más eficaz la explotación infantil;

14. señala la necesidad de subrayar también el papel fundamental que desempeñan los ELR en el ámbito de la protección de los derechos de la infancia, en particular con respecto al acceso a la educación, la sanidad, la protección social y el acceso de los jóvenes al mercado laboral;

15. observa que los ELR deben considerarse socios esenciales en virtud de los procedimientos de consulta de la Unión Europea, especialmente por hallarse bien situados para informar a la opinión pública y fomentar el diálogo con las comunidades locales, a fin de reforzar el nivel de protección de los derechos de la infancia y de organizar campañas informativas sobre estos derechos a nivel local y regional con la ayuda financiera de la Unión para que los menores conozcan mejor sus derechos;

16. señala el importante papel desempeñado por las ONG que operan en el plano nacional y europeo en el ámbito de los derechos de la infancia;

17. acoge con satisfacción las iniciativas de designación de políticas, tales como el concepto de UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia, que prevé la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en las acciones en el plano local e incluye medidas tanto para garantizar los derechos del niño como su integración en los procesos de toma de decisiones correspondientes;

18. recomienda que, para facilitar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, los ELR exploten plenamente las estructuras existentes, como la sociedad civil organizada, el ámbito académico y los políticos activos en el ámbito de los derechos de la infancia. A este respecto, se deberán respaldar, a nivel europeo, medidas innovadoras que fomenten la cooperación y formas de colaboración más eficaces entre los ELR de los diferentes Estados miembros, así como el intercambio de buenas prácticas correspondiente;

19. solicita a la Comisión que incluya ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembros en los documentos de la Unión Europea en materia de protección de los derechos de la infancia. Por consiguiente, las disposiciones de la Carta Europea de Ciudades Amigas de la Infancia y de las orientaciones políticas del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los menores contra la violencia se deberán reflejar en la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia, subrayando, al mismo tiempo, la necesidad de hacer mayor hincapié en el mejor método para poner en práctica los compromisos políticos;

20. señala el importante papel desempeñado por el Consejo de Europa en el ámbito de los derechos de la infancia e insta a las instituciones de la Unión Europea a que refuercen su cooperación con esta institución.

Marco jurídico y administrativo

21. teniendo en cuenta la complejidad y el carácter multidimensional del concepto de derechos de la infancia, subraya la necesidad de abordar este asunto, sobre todo, como una herramienta para garantizar un entorno seguro, completo y beneficioso para el desarrollo de los menores, para ayudarles a convertirse en miembros hechos y derechos, conscientes y socialmente responsables de sus comunidades locales y Estados miembros respectivos, así como de toda la sociedad europea multicultural;

22. solicita a los Estados miembros que se concentren más en garantizar los derechos de la infancia, incluyendo el respeto de las condiciones básicas necesarias para su desarrollo. En este sentido, los ELR disponen de una oportunidad única para desarrollar sus propias políticas y servir de ejemplo tanto para sus propios países como para la Unión Europea;

23. señala que algunos de los grupos infantiles más vulnerables no están cubiertos por las medidas utilizadas para garantizar los derechos de la infancia. Esto es particularmente importante en el caso de los denominados «menores invisibles» –los hijos de familias sin permiso legal de residencia y los niños de la calle–;

24. señala que resulta de vital importancia garantizar que las autoridades policiales de los Estados miembros trabajen juntas de forma eficaz y explotar todo el potencial de unas medidas menos rígidas y más basadas en la sociedad, como la línea directa para informar de niños desaparecidos 116000. El CDR solicita a los Estados miembros que pongan los «números tipo 116» a disposición del público gratuitamente y fomenten su uso entre los ciudadanos;

25. solicita a todas las partes interesadas pertinentes que reúnan fuentes de información más completas, así como que continúen mejorando la recopilación de datos y las técnicas de análisis de los indicadores de los derechos de la infancia. Se deberá consultar a los ELR en todas las fases de este proceso, tanto como proveedores de datos cuantitativos y cualitativos como en su calidad de usuarios finales fundamentales de esta herramienta;

26. teniendo en cuenta que falta una información completa sobre la protección de los derechos de la infancia en los Estados miembros, solicita a la Comisión que desarrolle, publique y actualice regularmente un cuadro de indicadores de los derechos de la infancia, como herramienta para cubrir la mejora de los indicadores de estos derechos y para ofrecer información fiable, comparable y actualizada sobre su respeto en los Estados miembros. El cuadro de indicadores se podría basar en la metodología del cuadro de indicadores del mercado único, ya existente, que indica la transposición de las directivas en materia de mercado interior. Esta herramienta no solamente serviría de punto de referencia para la investigación, sino que también —al poner de manifiesto las buenas prácticas— podría impulsar de forma significativa un cambio político en los Estados miembros, superando la inexistencia de un acervo obligatorio, a través del método abierto de coordinación, como se promueve en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea;

27. solicita a la Comisión que promueva el concepto de derechos de la infancia, así como la cooperación en este ámbito de los entes locales de dentro y fuera de la UE, en el marco de la política exterior de la Unión Europea. A tal efecto, se debería fomentar la cooperación con el Consejo de Europa, así como con otros marcos de cooperación exterior de la Unión Europea, entre los que cabe citar, de manera no exhaustiva, la Política Europea de Vecindad, la Unión por el Mediterráneo, el diálogo UE-África y la cooperación con los países de África, Caribe y Pacífico, contribuyendo así a una mejora de la calidad de vida de los países socios de la Unión y concentrándose sobre todo en sus países limítrofes.

Garantizar los derechos fundamentales y afrontar los principales desafíos

28. señala el papel positivo desempeñado por los defensores del menor a nivel nacional y otras organizaciones similares en materia de protección de los derechos de la infancia, así como las posibles ventajas que los ELR y otras partes interesadas pertinentes pueden obtener de la comunicación bidireccional y de una estrecha cooperación con estos funcionarios. Al mismo tiempo, pide a los Estados miembros que refuercen la institución del Defensor del Menor, en consonancia con las recomendaciones del Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales;

29. señala que la pobreza puede representar un obstáculo determinante para que todos disfruten de la igualdad de oportunidades, por lo que debe afrontarse si se quiere garantizar la protección efectiva de los derechos del niño. La pobreza infantil puede privar a los menores y a sus familias de sus derechos y limitar oportunidades futuras. Así pues, la acción se debe concentrar, sobre todo, en los menores de los grupos sociales más vulnerables y en garantizar una educación de calidad para todos, con el fin de que cada niño goce de la posibilidad de un buen desarrollo;

30. señala que los ELR podrían ayudar a abordar esta cuestión de forma eficaz mediante el fomento de sistemas de protección social multidimensionales y orientados a la infancia, dado que se puede proteger a los menores mejor si estos y sus padres también tienen acceso a una sanidad y unas condiciones de vida decentes. El planteamiento más rentable implica tanto prevención como protección social. En particular, las medidas como la exención de tasas para los huérfanos y menores vulnerables han permitido un mayor acceso a los servicios sanitarios y educativos. Por lo tanto, el CDR recomienda que se anime insistentemente a las instituciones europeas, organizaciones internacionales, asociaciones especializadas y autoridades públicas nacionales a respaldar la capacidad de los ELR para llevar a cabo estas cruciales actividades;

31. solicita a la Comisión que elabore y adopte recomendaciones para hacer frente a la pobreza infantil. Esto se podría desarrollar sobre la base de amplias consultas públicas, con el objeto de garantizar la máxima cobertura posible y la máxima implicación de las partes interesadas pertinentes y de reflejar los diversos planteamientos posibles;

32. en el contexto de la creciente movilidad de los trabajadores de la Unión Europea y de la migración laboral en su interior, señala la necesidad de garantizar los derechos de los menores migrantes, especialmente con respecto a las competencias de los ELR. Esto incluye, de manera no exhaustiva, la ayuda en el proceso de reunificación de la familia migrante, asesoramiento familiar y servicios sociales, educativos y sanitarios para los niños migrantes que les respalden en el proceso de adaptación a la vida de su país de destino y de integración en las comunidades locales y escolares;

33. señala las potenciales ventajas derivadas de una integración con éxito de los menores migrantes intra-Unión Europea en los estratos sociales correspondientes de los países de destino. Una acción próspera en este ámbito puede mejorar los conocimientos sobre otros Estados miembros de la UE tanto de los niños nativos como de los migrantes, así como el capital social y la tolerancia tanto en los países de origen como en los de destino de la migración. Por tanto, el CDR solicita a los ELR y a los Estados miembros que presten más atención a este asunto y que conviertan en oportunidades los desafíos derivados de la migración dentro de la Unión Europea;

34. señala las amenazas que supone el fenómeno, que lamentablemente todavía existe, de la trata de personas, particularmente por lo que se refiere a los menores. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen todos los esfuerzos posibles —incluyendo la adopción de la legislación europea pertinente— a combatir este tipo de delitos y garantizar la máxima protección posible para sus víctimas, en estrecha colaboración con los ELR, dado que son los principales responsables de ofrecer una importante ayuda, como es la educación, la atención social y el tratamiento psicológico, así como el refuerzo de la cooperación con las fuerzas del orden y los órganos judiciales;

35. señala la necesidad de ofrecer una protección adecuada a los menores no acompañados;

36. señala la necesidad de mejorar la justicia de menores y desarrollar métodos adecuados a la edad para la prevención de la delincuencia juvenil, así como la intervención y reintegración, y para separar a los delincuentes menores de edad con un régimen de separación física y organizativa de los internos adultos.

Medidas informativas y educativas

37. subraya la importancia de ofrecer una educación completa para todos, tanto adultos como niños, en materia de derechos de la infancia, contribuyendo así a un mejor conocimiento de la verdadera naturaleza de estos derechos y del proceso de información y concienciación de los jóvenes ciudadanos;

38. teniendo en cuenta la indivisibilidad de los derechos y responsabilidades sociales, el CDR recomienda que se preste más atención al contexto más amplio en el que se encuadran los derechos del niño –concretamente el concepto de los derechos humanos y las responsabilidades sociales–. Por otra parte, recomienda que se fomente el concepto de las responsabilidades de los menores frente a sus familias, comunidades, países, padres, mayores, niños más pequeños, personas menos favorecidas, el medio ambiente y otras estructuras fundamentales de la sociedad contemporánea;

39. llama la atención sobre el hecho de que cuando se trata de políticas relativas a los derechos de la infancia, debe considerarse a los menores como socios, capaces de ofrecer una información valiosa. Esta información se deberá emplear para actualizar la política nacional y europea. Los ELR pueden desempeñar un papel fundamental en este sentido, como intermediarios y facilitadores, recurriendo a las buenas prácticas existentes, como por ejemplo un consejo municipal para menores, lo que les permite disponer de una institución adecuada para formular sus reivindicaciones;

40. acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de desarrollar seis plataformas para la comunicación, que permitan a los niños y jóvenes expresar sus opiniones, y subraya la necesidad de desarrollar esta iniciativa e incluir a los ELR como los agentes que disponen de los mejores conocimientos locales y de la capacidad de mantener una comunicación estructurada;

41. señala la necesidad de garantizar el derecho de los menores de acceder a una educación de calidad, vivir en un entorno seguro y cómodo, y disfrutar de protección frente a todas las formas de violencia física y psicológica, y subraya asimismo el papel fundamental de los ELR para garantizar estos derechos;

42. destaca la necesidad de garantizar el derecho a una educación de calidad, también para los menores con una discapacidad física y mental, y recuerda la importancia de las iniciativas destinadas a promover la autonomía y garantizar su plena integración en el entorno social, tal como se establece en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el marco educativo existen dos conceptos divergentes: uno que propone el desarrollo de programas de formación y enseñanza especiales y otro que propone la máxima integración posible de los menores discapacitados con los demás alumnos. El CDR solicita a los ELR, las autoridades nacionales, el sector pedagógico-docente, las ONG y otras partes interesadas pertinentes que inicien un debate a escala europea sobre las posibles soluciones y las mejores prácticas en este ámbito, y que pongan sus resultados a disposición de todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos en este campo. A este respecto, se recuerdan, y se considera que deben incentivarse, las experiencias de integración de niños con discapacidad que ofrecen a todos oportunidades reales de integración y no generan ningún tipo de marginación o discriminación;

43. señala la importancia de la educación y formación permanentes y de calidad para los especialistas sociales y de otros ámbitos que trabajan con menores;

44. hace hincapié en los problemas relativos a la violación de los derechos de la infancia que adopta diversas formas: desde el acoso, que tiende a generar formas de emulación mediante la imitación de comportamientos negativos, hasta otras formas de violencia psicológica y física ejercida por menores hacia otros menores y todo tipo de abusos, en particular el acoso escolar;

45. considera que el adecuado desarrollo de los niños corre peligro si pasan demasiado tiempo en redes sociales virtuales e inmersos en juegos de ordenador y mundos virtuales. Las oportunidades de que estos niños puedan desarrollar habilidades sociales y adquirir los conocimientos necesarios a menudo se ven reducidas por estas actividades virtuales. Por ello, todas las instituciones interesadas deberían velar por que los niños desarrollen la idea de que las tecnologías de la información y los mundos virtuales son principalmente instrumentos para conseguir objetivos en el mundo real;

46. llama la atención sobre los beneficios que puede tener la «vida de la calle» para el desarrollo completo de los menores al enseñarles, por ejemplo, a descubrir y utilizar los espacios públicos, crecer, crear lazos sociales y relacionarse con otros niños y con su propia comunidad, pero señala asimismo los peligros de esta vida, que en algunas zonas y ciudades de Europa puede degenerar en la creación de bandas de jóvenes;

47. en el contexto de los dos puntos anteriores, el CDR solicita a los ELR de los Estados miembros que se impliquen de forma más activa en el intercambio de buenas prácticas sobre la organización de actividades extracurriculares para niños, como un medio desarrollar sus aptitudes sociales y profesionales. Los ejemplos de buenas prácticas se deberán fomentar también a nivel nacional y europeo, impulsando una orientación respectiva de los instrumentos nacionales y europeos;

48. solicita a la Comisión que implique al mayor número de partes interesadas posible en el proceso de desarrollo del cuadro de indicadores de los derechos de la infancia, incluyendo las organizaciones pertinentes de la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales, ELR y el Comité de las Regiones;

49. considera que, en vista del rápido desarrollo de las tecnologías de la información (TI) y de las posibilidades tecnológicas para utilizarla para llevar a cabo diversas formas de acoso infantil, el fomento de una Internet más segura se considerará una tarea fundamental para la Unión Europea;

50. subraya el hecho de que el concepto de una Internet más segura debe incluir la lucha contra el abuso y la pornografía infantil en la red, así como contra otras formas extendidas de violencia que se producen en el mundo virtual, como el «ciberacoso»;

51. considera que la educación de los menores y de los adultos que interactúan con ellos y les influencian puede ayudar a prevenir y atajar de forma notable el acoso infantil relacionado con Internet. Se debe prestar especial atención a la formación de niños y adultos, especialmente de aquellos que trabajan con niños –como los profesionales del sector de la sanidad, la educación y el trabajo social–, por lo que respecta al uso seguro de Internet, al reconocimiento de los delitos en línea y otras actividades malintencionadas a través de la red y a cómo informar a las autoridades pertinentes;

52. llama la atención sobre la necesidad de proteger a los niños de entornos sociales negativos, en particular de entornos que promueven el consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias dañinas para la salud física y mental). Los entes regionales y locales tienen un papel clave que desempeñar a este respecto: son el primer eslabón de la cadena de la protección social, cuyo fin es asegurar el desarrollo seguro y armonioso de la infancia. Los entes regionales y locales tienen la misión de observar, identificar y evaluar los riesgos potenciales y utilizar todos los recursos disponibles para combatirlos. Las instituciones nacionales y europeas, por su parte, incluido el Defensor del Menor, las organizaciones no gubernamentales y otros interlocutores económicos y sociales deben apoyar de múltiples formas a los entes regionales y locales en este terreno y fomentar una actitud de rechazo al consumo de sustancias psicotrópicas por parte de la sociedad.

Medidas financieras y de apoyo

53. subraya que los ELR se deberán considerar como socios esenciales en el desarrollo y la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia, así como en las demás iniciativas europeas en este ámbito;

54. considera que todos los programas y herramientas desarrollados en el marco de esta Estrategia deben estar a disposición de las administraciones locales y regionales;

55. acoge con satisfacción el efecto positivo de la financiación y los instrumentos de apoyo europeos, tales como el programa Daphne para la protección de los derechos de la infancia, aunque lamenta la escasez de recursos y la insuficiente información facilitada sobre las posibilidades de financiación y de apoyo. Los resultados de este programa se vincularán estratégicamente a la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia y se emplearán para conformar las futuras políticas;

56. llama la atención sobre el hecho de que los entes locales y regionales de toda Europa ya han acumulado una importante experiencia en el uso de la ayuda de la Unión Europea para la protección de los derechos de la infancia, en asociación con otros agentes. Los resultados de estas actividades se vincularán estratégicamente a la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia, se publicarán periódicamente y se debatirán y emplearán como una contribución importante para la actualización de las políticas pertinentes;

57. solicita a la Comisión que mejore la comunicación e información sobre los planes de financiación y ayuda existentes a disposición de los ELR, previendo las posibilidades de ayuda para iniciativas relacionadas con los derechos de la infancia, tanto con una orientación explícita, como el Programa Daphne III, como aquellas en las que se pueda identificar entre otras prioridades, como los programas de cooperación transfronteriza, los programas de desarrollo urbano (como URBACT II), etc. Todos los recursos financieros disponibles en virtud de diferentes partidas del presupuesto de la Unión Europea y en diferentes campos se deberán exponer de forma más clara y eficaz, evitando la duplicación y aumentando así la eficiencia de las actividades realizadas.