[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 9.2.2007

COM(2007) 51 final

2007/0022 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

(presentada por la Comisión) {SEC(2007) 160}{SEC(2007) 161}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA |

110 | Motivación y objetivos de la propuesta Para garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente, objetivo reconocido por el Tratado CE (artículo 174, apartado 2), debe resolverse el problema cada vez mayor del delito ambiental. La presente propuesta sustituye a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal (2001/0076(COD)), modificada tras la primera lectura del Parlamento Europeo, con el fin de aplicar las conclusiones formuladas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 13 de septiembre de 2005 (C-176/03, Comisión contra Consejo), que anuló la Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. De acuerdo con esta sentencia, la Comunidad es competente para adoptar las medidas relacionadas con el Derecho penal de los Estados miembros que estime necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en materia de protección medioambiental. La Comunidad y los Estados miembros han adoptado numerosos actos legislativos destinados a proteger el medio ambiente. Sin embargo, diversos estudios muestran[1] que las sanciones actualmente en vigor en los Estados miembros no siempre son suficientes para aplicar eficazmente las políticas comunitarias de protección del medio ambiente. No en todos los Estados miembros hay sanciones penales vigentes para todos los delitos ambientales graves, aunque sólo estas sanciones tienen efecto disuasorio suficiente, por diversas razones: Primero, la imposición de sanciones penales simboliza una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un mecanismo de compensación conforme al Derecho civil. Segundo, las sanciones administrativas u otras pecuniarias pueden no ser disuasorias en los casos en que los delincuentes sean insolventes o, al contrario, muy fuertes desde el punto de vista financiero. En tales casos pueden ser necesarias penas de reclusión. Además, los medios de investigación y de procesamiento penales (y la asistencia judicial mutua entre los Estados miembros) son más poderosos que las herramientas del Derecho administrativo o civil y pueden aumentar la eficacia de esos procedimientos. Por último, hay una garantía adicional de imparcialidad de la investigación, porque las autoridades competentes de una investigación penal no son las mismas que las autoridades administrativas que conceden permisos de explotación o autorizaciones para contaminar. Además de que los tipos de sanciones aplicables difieren de un Estado miembro a otro, hay también diferencias significativas por lo que respecta a los niveles de sanciones que se aplican a delitos similares o idénticos. El delito ambiental tiene a menudo carácter e impactos transfronterizos. Por lo tanto, actualmente, los delincuentes están en condiciones de aprovechar en su favor las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros. Por eso el problema debe tratarse mediante una actuación a nivel comunitario. Contexto general En 1998 el Consejo de Europa adoptó el Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. El Consejo Europeo reunido en Tampere en octubre de 1999 pidió que se trabajara para acordar definiciones, inculpaciones y sanciones comunes en relación con una serie limitada de sectores de especial importancia, entre ellos el delito ecológico. En febrero de 2000, el Reino de Dinamarca presentó una iniciativa relativa a una Decisión marco para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acordó el 28 de septiembre de 2000 que debía constituirse tal acervo sobre delitos contra el medio ambiente. El 13 de marzo de 2001 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. El propósito de la Directiva propuesta era asegurar una aplicación más efectiva de la legislación comunitaria relativa a la protección del medio ambiente estableciendo en la Comunidad una serie mínima de delitos. El Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la propuesta en primera lectura el 8 de abril de 2002. El 30 de septiembre de 2002, la Comisión adoptó una propuesta modificada, que incluía varias de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. El Consejo no discutió la propuesta de la Comisión, sino que adoptó en su lugar, el 27 de enero de 2003, por iniciativa de Dinamarca, la Decisión marco 2003/80/JAI relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló esta Decisión marco, mediante su sentencia de 13 de septiembre de 2005 (C-176/03), por infracción del artículo 47 UE, y sostuvo que, tanto por su finalidad como por su contenido, los artículos 1 a 7 de la citada Directiva marco tenían como objetivo principal la protección del medio ambiente y podrían haber sido adoptados válidamente sobre la base del artículo 175 CE. El 30 de noviembre de 2005 la Comisión adoptó una Comunicación en la que resumía sus opiniones sobre las consecuencias de la sentencia en el asunto C-176/03, incluida la necesidad de adoptar una nueva propuesta legislativa sobre el delito ecológico. Habida cuenta de la sentencia, es necesario retirar la propuesta de 2001 de Directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, y presentar una nueva propuesta que incorpore el contenido de los artículos 1 a 7 de la Directiva marco anulada. Será preciso modificar determinados delitos, a tenor de la evolución de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Además, se han añadido algunos nuevos elementos considerados necesarios para garantizar una protección eficaz del medio ambiente, en concreto la aproximación de las sanciones aplicables a delitos ecológicos especialmente graves. Como seguimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 176/03, la Comisión tiene previsto presentar, en el transcurso de 2007, una propuesta de Directiva que modifique la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones. |

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta Si bien la legislación medioambiental exige en diversos casos a los Estados miembros que adopten sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas para las infracciones de la legislación medioambiental, no hay disposiciones que les exijan establecer sanciones penales específicas para delitos ambientales graves. |

Coherencia con otras políticas de la Unión La Directiva propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, se ha redactado de conformidad con los principios sobre justicia expuestos en el capítulo VI de la Carta y tiene por objeto promover la integración en las políticas comunitarias de un alto nivel de protección del medio ambiente, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, según lo establecido en su artículo 37. |

CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |

Consulta de las partes interesadas |

El problema del delito ambiental se viene debatiendo desde hace muchos años en diversos foros internacionales y europeos. La Comisión organizó una conferencia pública sobre el delito ambiental, en noviembre de 2003, y apoyó el seminario sobre el tema celebrado por el Royal Institute of International Affairs en Londres, en 2002. Además, expertos en el delito específico del comercio ilegal de especies amenazadas se reunieron en Frankfurt, en 2001, y en Budapest, en 2004. No se consideraron necesarias ni viables en el presente caso otras consultas con las partes interesadas. Desde que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló, el 13 de septiembre de 2005, la Directiva marco 2003/80/JAI, ha existido en el ámbito del delito ambiental un vacío legal que debía colmarse lo más rápidamente posible. |

Obtención y utilización de asesoramiento técnico |

En los últimos años se ha celebrado una serie de seminarios, conferencias y reuniones de expertos, que ha proporcionado información sobre el tema y ha ayudado a dar forma a la presente propuesta. |

Evaluación de impacto En la evaluación de impacto se consideraron diversas opciones: la posibilidad de no actuar al nivel de la UE; la posibilidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros por medio de iniciativas voluntarias; la posibilidad de armonizar completamente la legislación penal sobre medio ambiente, y, por último, una aproximación limitada de la legislación nacional sobre delito ambiental vigente en los Estados miembros. La no actuación o una actuación no vinculante del legislador comunitario no tendría ningún efecto positivo de protección del medio ambiente ni resolvería las dificultades existentes para hacer frente al delito ambiental, que, en buena medida, radican en las diferencias entre las respectivas legislaciones de los Estados miembros. La armonización completa de la legislación penal sobre medio ambiente excedería de lo necesario y haría caso omiso del hecho de que la legislación penal nacional sigue estando muy influida por los respectivos valores culturales de cada Estado miembro, por lo cual hace falta cierta flexibilidad en la aplicación. Por lo que respecta a una aproximación limitada, se consideraron tres posibles medidas diferentes: armonización de una lista de delitos graves, armonización del ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas, y aproximación de los niveles de sanción aplicados a los delitos cometidos en circunstancias agravantes. En los tres casos, la posible repercusión en el nivel de protección del medio ambiente y en la cooperación policial y judicial fue evaluada muy positivamente, mientras que los costes para las empresas y la carga para las autoridades públicas no serían significativos. |

La evaluación de impacto se puede consultar en: http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm. |

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |

Resumen de la acción propuesta La directiva propuesta establece una serie mínima de acciones que deben considerarse delitos ambientales graves en toda la Comunidad cuando se cometan deliberadamente o al menos por negligencia grave. La participación en tales acciones y la instigación a las mismas también deben considerarse delito. Se define detalladamente el ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas. Los delitos deben ser punibles mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en el caso de las personas físicas, mientras que se aplicarán sanciones de carácter penal o no penal a las personas jurídicas. En el caso de los delitos cometidos en determinadas circunstancias agravantes, como el que hayan causado un resultado especialmente grave o la participación en ellos de una organización delictiva, el nivel mínimo de las sanciones máximas aplicables a las personas físicas y jurídicas es también objeto de aproximación. |

Base jurídica Las disposiciones de la presente Directiva se refieren a la protección del medio ambiente. Por consiguiente, la base jurídica elegida es el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE. |

Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que el ámbito de la propuesta no es competencia exclusiva de la Comunidad. |

Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí mismos suficientemente los objetivos de la propuesta por los motivos que se exponen a continuación. |

La aplicación de sanciones más rigurosas en determinados Estados miembros no resolvería bien el problema, ya que a los autores les sería fácil eludir esos Estados miembros y operar desde lugares con una legislación menos severa. |

Los objetivos de la propuesta se conseguirán mejor mediante una acción comunitaria por las razones que se exponen a continuación. |

La propuesta proporcionará una norma mínima a nivel comunitario sobre los elementos que constituyen delitos ambientales graves, un ámbito similar de responsabilidad para las personas jurídicas y los niveles de las penas aplicables a los delitos ambientales especialmente graves. Esto garantizará que los casos de delitos ambientales graves se tratan de manera similar en todos los Estados miembros y que los autores no pueden beneficiarse de las diferencias existentes en las legislaciones nacionales. Además, facilitará la cooperación entre los Estados miembros en los casos con implicaciones transfronterizas. |

La política comunitaria para la protección del medio ambiente debe aplicarse plenamente en toda la Comunidad. Con este fin, es necesario aproximar las sanciones. El delito ambiental suele tener repercusiones transfronterizas, ya que en muchos casos implica actividades internacionales que a menudo tienen efectos transfronterizos, como la contaminación ambiental resultante. |

La directiva propuesta establece tan sólo un nivel mínimo de armonización por lo que respecta a las actividades que deben considerarse delito, y aproxima los niveles mínimos de las penas que deben aplicarse en los casos más graves, cuando el delito tenga un resultado especialmente grave o se haya cometido en circunstancias agravantes. |

La propuesta se atiene, pues, al principio de subsidiariedad. |

Principio de proporcionalidad La propuesta cumple el principio de proporcionalidad por los motivos que se exponen a continuación. |

La acción elegida es una directiva, lo cual deja a los Estados miembros un alto grado de flexibilidad en la aplicación. Conforme al artículo 176 CE, los Estados miembros tienen libertad para mantener o introducir medidas más rigurosas que las previstas en la directiva. Por ejemplo, pueden establecer más delitos, ampliar el nivel de culpabilidad penal a la mera negligencia o añadir otros tipos y niveles superiores de penas. |

La aplicación de la directiva no acarrea una carga financiera y administrativa significativa, puesto que el Derecho penal y las estructuras judiciales ya existen en los Estados miembros. El posible aumento de los procesos y los procedimientos penales podría suponer cierta carga adicional para los Estados miembros, pero, al mismo tiempo, el efecto disuasorio de unas sanciones más elevadas debería reducir el número de delitos cometidos y, en consecuencia, el número de procedimientos penales a largo plazo. |

Instrumentos elegidos |

Instrumento propuesto: Directiva. |

Otros instrumentos no serían adecuados por las siguientes razones. Una directiva es el instrumento apropiado para esta acción: establece un nivel mínimo vinculante de protección del medio ambiente a través del Derecho penal, pero deja flexibilidad a los Estados miembros al incorporar la directiva a su ordenamiento penal nacional. |

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS |

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto comunitario. |

INFORMACIÓN ADICIONAL |

Tabla de correspondencias Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales que transponen la Directiva, así como una tabla de correspondencias entre esas disposiciones y la presente Directiva. |

Espacio Económico Europeo La propuesta se refiere a un asunto que concierne al EEE y debe, por tanto, hacerse extensiva a su territorio. |

Explicación detallada de la propuesta 1. Definición de los delitos La definición de los delitos se corresponde en gran medida con las definiciones que figuran en la Decisión marco 2003/80/JAI, si bien se han tenido en cuenta algunas enmiendas formuladas por el Parlamento Europeo a la propuesta de directiva original y aceptadas por la Comisión tras la primera lectura. El carácter delictivo de la mayoría de las actividades está supeditado a su resultado, es decir, al hecho de que causen o puedan causar un daño grave a personas o al medio ambiente. De todos los delitos menos de uno se exige que se hayan cometido «ilícitamente», donde la «ilicitud» se define como la infracción de la legislación de la Comunidad o de los Estados miembros o de los reglamentos administrativos o las decisiones de una autoridad competente cuya finalidad sea la protección del medio ambiente. En el único delito autónomo —artículo 3, letra a)—, su resultado, a saber, la muerte o la lesión grave de una persona, es tan grave que el requisito de la ilicitud no es necesario para justificar su penalización. A diferencia de la Directiva marco, los delitos se refieren a «materiales» y no a «sustancias» (artículo 3, letras a) y b)), ya que el primero es un término más abarcador. La Comisión había rechazado ya en consecuencia una enmienda del Parlamento Europeo a la propuesta de directiva original. De acuerdo con la propuesta original, se ha añadido un delito relativo al deterioro ilícito significativo de un hábitat protegido. Además, se ha incluido un delito especial relativo a los traslados ilegales de residuos, teniendo en cuenta la nueva legislación comunitaria. Los traslados ilegales de residuos únicamente deben considerarse delitos en los casos graves, es decir, cuando se lleven a cabo en cantidad no desdeñable y para la obtención de un beneficio. Varios delitos contienen términos relativamente vagos, como los de «daño sustancial» o «lesión grave». Estos términos no se definen, y se deja a cada Estado miembro que los interprete a la luz de sus tradiciones y su ordenamiento jurídico. La conducta descrita debe considerarse delictiva cuando se haya cometido deliberadamente o, al menos, por negligencia grave, incluida su comisión como participante o instigador. 2. Responsabilidad de las personas jurídicas Como se establece en la Decisión marco, los Estados miembros deben asegurarse de que se puede imputar responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos cometidos en su beneficio por determinadas personas que actúen en su nombre o cuando la falta de supervisión o control haya permitido a esas personas actuar. No se especifica si la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser de naturaleza penal. Por lo tanto, los Estados miembros cuya legislación nacional no reconozca la responsabilidad penal de las personas jurídicas no estarán obligados a modificar su ordenamiento nacional. 3. Sanciones Las sanciones aplicadas a los delitos contra el medio ambiente deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Además de este requisito, y debido a las significativas diferencias actualmente existentes en la legislación nacional de los Estados miembros, resulta necesario prever, al menos para los casos especialmente graves, una aproximación de los niveles de las penas proporcionales a la gravedad del delito. De no realizarse esta aproximación, los autores podrían aprovechar las lagunas jurídicas existentes en el ordenamiento nacional de los Estados miembros. Las circunstancias agravantes para las cuales se prevé una aproximación de las penas son el resultado especialmente grave de un delito, como la muerte o la lesión grave de personas o un daño sustancial al medio ambiente, o la comisión del delito en el marco de una organización delictiva. En general, esas circunstancias ya se consideran especialmente graves en el ordenamiento penal nacional de los Estados miembros y ya han sido previstas por otros instrumentos de la UE. Por lo que respecta a las penas de reclusión, la aproximación propuesta en tres grados se ajusta a las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 25 y 26 de abril de 2002. Los grados dependen del elemento mental (negligencia grave o intención) y de la respectiva circunstancia agravante. El sistema de multas para las personas jurídicas se ajusta también a un planteamiento de tres grados análogo al desarrollado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para las penas de privación de libertad. La gradación del importe de las multas aplicadas a las personas jurídicas es similar a la acordada por el Consejo en la Decisión marco 2005/667/JAI relativa a la contaminación procedente de buques. Se sugieren sanciones alternativas tanto para las personas físicas como para las jurídicas. En muchos casos, estas sanciones pueden ser más efectivas que la privación de libertad o las multas y son, entre otras, la obligación de rehabilitar el medio ambiente, la imposición de supervisión judicial, la prohibición de participar en actividades comerciales o la publicación de decisiones judiciales. Aunque en muchos casos la confiscación de objetos relacionados con el delito será un instrumento esencial, no se ha considerado necesario incluir una disposición específica, ya que la mayoría de los delitos ambientales graves estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la Decisión marco 2005/212/JAI relativa a la confiscación de los productos, instrumentos y bienes producto de la delincuencia. 4. Período de ejecución El período de ejecución para los Estados miembros es de [18] meses, teniendo en cuenta que, en concreto, los artículos 3, 4 y 6 incorporan en gran medida el contenido de los artículos 2 a 6 de la Decisión marco 2003/80/JAI anulada. Puesto que el período de aplicación de esta Decisión marco finalizó el 27 de enero de 2005, los Estados miembros habrán realizado ya una parte significativa de la labor necesaria para la aplicación de la presente Directiva. |

1. 2007/0022 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 175, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[3],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[4],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[5],

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 174, apartado 2, del Tratado, la política comunitaria de medio ambiente debe aspirar a un nivel de protección elevado.

(2) La Comunidad considera preocupante el aumento de los delitos ambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más fuera de las fronteras de los Estados en los que esos delitos se cometen. Tales delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requieren una respuesta apropiada.

(3) La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no son suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la protección del medio ambiente. Este cumplimiento puede y debe reforzarse mediante la aplicación de sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un mecanismo de compensación conforme al Derecho civil.

(4) Las normas comunes sobre sanciones penales permiten utilizar métodos de investigación y ayuda en y entre los Estados miembros más eficaces que los que ofrece la cooperación administrativa.

(5) Al confiar a las autoridades judiciales, en vez de a las administrativas, la tarea de imponer sanciones, la responsabilidad de investigar y hacer cumplir la normativa ambiental recae en autoridades independientes de las facultadas para conceder permisos de explotación o autorizaciones de vertidos.

(6) Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es necesario en particular aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, las aguas, los animales o las plantas, incluida la conservación de las especies.

(7) El incumplimiento de la obligación legal de actuar puede tener el mismo efecto que un comportamiento activo y, en consecuencia, debe estar sujeto también a las sanciones correspondientes.

(8) Por lo tanto, este tipo de conducta debe ser considerado delito en la Comunidad cuando se cometa deliberadamente o por negligencia grave.

(9) A fin de lograr una protección eficaz del medio ambiente, deben considerarse también delito la participación en tales actividades y la instigación a ellas.

(10) Las actividades perjudiciales para el medio ambiente deben ser punibles mediante sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, que deben aplicarse también a las personas jurídicas en la Comunidad, ya que los delitos ambientales se cometen, en gran medida, por el interés de personas jurídicas o en su beneficio.

(11) Además, habida cuenta de las diferencias significativas en cuanto al nivel de las sanciones en los Estados miembros, es necesario prever, en determinadas circunstancias, una aproximación de esos niveles proporcional a la gravedad del delito.

(12) Esta aproximación es especialmente importante cuando se trata de delitos de consecuencias graves o cometidos en el marco de organizaciones delictivas que desempeñan un papel significativo en el delito ambiental.

(13) Puesto que la presente Directiva ofrece unas normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener disposiciones más estrictas cuya finalidad sea la protección eficaz del medio ambiente mediante el Derecho penal.

(14) Para que la Comisión pueda evaluar el efecto de la presente Directiva, los Estados miembros deben proporcionarle información sobre su aplicación.

(15) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, proteger con más eficacia el medio ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad es competente para adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(16) El presente acto respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en concreto, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 Objeto

En la presente Directiva se establecen medidas relacionadas con el Derecho penal para proteger con mayor eficacia el medio ambiente.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por

(a) «ilícito»: que infringe la legislación comunitaria o una ley, un reglamento administrativo o una decisión adoptados por una autoridad competente de un Estado miembro con la finalidad de proteger el medio ambiente;

(b) «persona jurídica»: toda persona jurídica conforme al Derecho nacional aplicable, a excepción de los Estados u otros organismos públicos que actúen en el ejercicio de sus derechos soberanos y para organizaciones internacionales públicas.

Artículo 3 Delitos

Los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes conductas son constitutivas de delito, cuando se cometan deliberadamente o, al menos, por negligencia grave:

(a) el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause la muerte o lesiones graves a personas;

(b) el vertido, la emisión o la introducción ilícitos en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

(c) el tratamiento, incluidos la eliminación y el almacenamiento, el transporte, la exportación o la importación ilícitos de residuos, incluidos los peligrosos, que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

(d) la explotación ilícita de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa, o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que, fuera de dichas instalaciones, causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

(e) el traslado ilícito de residuos, según la definición que figura en el artículo 2, apartado 35, del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo[6] para la obtención de un beneficio y en cantidad no desdeñable, tanto si el traslado se ha efectuado en una sola operación como si se ha efectuado en varias operaciones que parezcan vinculadas;

(f) la fabricación, el tratamiento, el almacenamiento, la utilización, el transporte, la exportación o la importación ilícitos de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

(g) la posesión, la apropiación, el daño, la matanza o el comercio ilícitos de ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres o de partes o derivados de los mismos;

(h) el deterioro significativo ilícito de un hábitat protegido;

(i) el comercio o la utilización ilícitos de sustancias destructoras del ozono.

Artículo 4 Participación e instigación

Los Estados miembros se asegurarán de que la participación en las conductas a las que se hace referencia en el artículo 3 o la instigación a ellas son constitutivas de delito.

Artículo 5 Sanciones

1. Los Estados miembros se asegurarán de que la comisión de los delitos a los que se hace referencia en los artículos 3 y 4 es punible mediante sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la comisión de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a h), es punible con penas de una duración máxima de al menos entre uno y tres años de reclusión, cuando el delito se haya cometido por negligencia grave y cause un daño sustancial al aire, el suelo las aguas o a animales o plantas.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que la comisión de los siguientes delitos es punible con penas de una duración máxima de al menos entre dos y cinco años de reclusión:

2. el delito al que se hace referencia en el artículo 3, letra a), cuando se haya cometido por negligencia grave;

3. los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a f), cuando el delito se haya cometido por negligencia grave y cause la muerte o lesiones graves a personas;

4. los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a h), cuando el delito se haya cometido deliberadamente y cause daños sustanciales al aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

5. los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, cuando el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva a efectos de lo dispuesto en la Decisión marco […sobre la lucha contra la delincuencia organizada][7].

4. Los Estados miembros se asegurarán de que la comisión de los siguientes delitos es punible con penas de una duración máxima de al menos entre cinco y diez años de reclusión:

6. el delito al que se hace referencia en el artículo 3, letra a), cuando se haya cometido deliberadamente;

7. los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a f), cuando el delito se haya cometido deliberadamente y cause la muerte o lesiones graves a personas.

5. Las sanciones penales previstas en el presente artículo pueden estar acompañadas de otras sanciones o medidas, en particular:

8. la inhabilitación de una persona física para participar en una actividad que exija autorización o aprobación oficiales, o para fundar, gestionar o dirigir una empresa o una fundación, cuando los hechos que hayan dado lugar a su condena presenten un riesgo elevado de que pueda volver a realizar el mismo tipo de actividad delictiva;

9. la publicación de la decisión judicial relativa a la condena o a cualesquiera sanciones o medidas aplicadas;

10. la obligación de rehabilitar el medio ambiente.

Artículo 6 Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que se puede imputar a las personas jurídicas responsabilidad por los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3 cuando tales delitos hayan sido cometidos en su beneficio por cualquier persona, a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que tenga una posición directiva en la persona jurídica, basada en

11. un poder de representación de la persona jurídica, o

12. la autoridad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, o

13. la autoridad para ejercer control dentro de la persona jurídica.

Los Estados miembros se asegurarán también de que las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables de su participación como cómplices o instigadores en la comisión de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3.

2. Los Estados miembros se asegurarán también de que una persona jurídica puede ser considerada responsable cuando la ausencia de supervisión o control de una persona que se ajuste a lo descrito en el apartado 1 haya hecho posible que una persona bajo su autoridad cometa, en beneficio de esa persona jurídica, alguno de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3.

3. La responsabilidad de una persona jurídica de conformidad con los apartados 1 y 2 no excluirá la adopción de medidas penales contra las personas físicas que sean autoras, instigadoras o cómplices de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3.

Artículo 7 Sanciones a las personas jurídicas

1. Los Estados miembros se asegurarán de que una persona jurídica considerada responsable de un delito de conformidad con el artículo 6 es punible mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o no penal.

2. Las multas previstas en el apartado 1 serán:

14. de un importe máximo de al menos entre 300 000 y 500 000 euros en los casos en que un delito de los mencionados en el artículo 3, letras b) a h), se haya cometido por negligencia grave y cause un daño sustancial al aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

15. de un importe máximo de al menos entre 500 000 y 750 000 euros en los casos en que:

i) el delito al que se hace referencia en el artículo 3, letra a), se haya cometido por negligencia grave, o

ii) uno de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a h):

- se haya cometido por negligencia grave y cause la muerte o lesiones graves a personas, o

- se haya cometido deliberadamente y cause daños sustanciales al aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas, o

iii) uno de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3 se haya cometido deliberadamente en el marco de una organización delictiva a efectos de lo dispuesto en la Decisión marco […sobre la lucha contra la delincuencia organizada];

16. de un importe máximo de al menos entre 750 000 y 1 500 000 euros en los casos en que:

i) uno de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letra a), se haya cometido deliberadamente, o

ii) uno de los delitos a los que se hace referencia en el artículo 3, letras b) a f), se haya cometido deliberadamente y cause la muerte o lesiones graves a personas.

Los Estados miembros podrán aplicar un sistema por el cual las multas sean proporcionales al volumen de negocios de la persona jurídica, a la ventaja financiera conseguida o que se preveía conseguir mediante la comisión del delito, o a cualquier otro valor que indique la situación financiera de la persona jurídica, siempre que dicho sistema permita fijar multas máximas que sean al menos equivalentes al mínimo establecido para las multas máximas. Los Estados miembros que apliquen la Directiva con arreglo a un sistema de este tipo deberán notificar a la Comisión su intención de hacerlo.

3. Los Estados miembros en los que no se haya adoptado el euro aplicarán el tipo de cambio entre el euro y su moneda publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el […].

4. Las sanciones previstas en el presente artículo podrán estar acompañadas de otras sanciones o medidas, en particular:

17. la obligación de rehabilitar el medio ambiente;

18. la exclusión del derecho a obtener prestaciones o ayudas públicas;

19. la inhabilitación temporal o permanente para ejercer actividades industriales o mercantiles;

20. la imposición de una supervisión judicial;

21. una orden judicial de liquidación;

22. la obligación de adoptar medidas específicas para eliminar las consecuencias de conductas análogas a aquella en la que se basó la responsabilidad penal;

23. la publicación de la decisión judicial relativa a la condena o a cualesquiera sanciones o medidas aplicadas.

Artículo 8 Informes

A más tardar …, y cada tres años a partir de esa fecha, los Estados miembros transmitirán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Sobre la base de esos informes, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 9 Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar […]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten esas disposiciones, incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas por ella con motivo de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 10 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 11 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

[1] Los estudios más importantes pueden consultarse en la página web sobre delito ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm#studies.

[2] DO C […] de […], p. […].

[3] DO C […] de […], p. […].

[4] DO C […] de […], p. […].

[5] DO C […] de […], p. […].

[6] DO L 190 de 12.7.2006, p. 1-98.

[7] DO L […] de […], p. […].