Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere al régimen del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido», y - la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre las medidas de control, las medidas relativas al sistema de restitución y las medidas de cooperación administrativa necesarias para la aplicación de la Directiva 98/xxx/CE» () (1999/C 101/17)

El 27 de julio de 1998, de conformidad con el artículo 99 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su Dictamen el 15 de diciembre de 1998 (Ponente: Sr. Walker).

En su 360° Pleno (sesión del 28 de enero de 1999), el Comité Económico y Social ha aprobado por 99 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Las modificaciones que el régimen transitorio ha introducido en el sistema común del IVA han permitido suprimir, a 1 de enero de 1993, los controles y procedimientos administrativos previos o asociados al cruce de una frontera interior de la Unión Europea, salvaguardando al máximo la discrecionalidad de los Estados miembros para definir el régimen nacional del IVA, en concreto mediante el mantenimiento de un gran número de opciones y facultades en la Directiva.

1.1.1. Sin embargo, la supresión de las barreras físicas ha puesto de relieve de forma mucho más evidente los obstáculos inmateriales a las actividades transnacionales que afrontan las empresas.

1.2. La multiplicidad de normas que determinan el lugar de imposición de las operaciones y, por lo tanto, el lugar de deducción o de devolución del impuesto, así como la falta de uniformidad en la aplicación de las disposiciones del sistema actual del IVA, demuestran que el mercado único se encuentra efectivamente segmentado en quince espacios fiscales, lo cual trae consigo confusión, cargas de trabajo suplementarias, complejidad administrativa e inseguridad jurídica para los operadores. Así pues, los operadores deben conocer las legislaciones, y la aplicación que de ellas se hace en cada Estado miembro en el que efectúan operaciones imponibles, así como en los Estados miembros donde realizan gastos sujetos al IVA.

1.2.1. Por otro lado, los operadores explotan estas diferencias utilizando sistemas de ingeniería fiscal, con lo que se falsea la libre competencia, que se considera el principio esencial del mercado único.

1.3. En julio de 1996, la Comisión presentó un programa de trabajo acompañado de un calendario de propuestas en el que se contemplaba la introducción de un verdadero sistema común del IVA que respondiera a las exigencias del mercado único. En el marco de este programa, la acción comunitaria se basará en tres pilares:

- una aplicación más uniforme del impuesto;

- una modernización del impuesto, y

- una modificación del sistema impositivo (lugar de imposición).

1.4. No obstante, independientemente del paso a un régimen de tributación en el lugar de origen, la Comisión considera que es necesario modernizar las disposiciones generales del sistema actual y conseguir una aplicación más uniforme con toda urgencia. Esta etapa se ha convertido en la prioridad absoluta del programa de trabajo.

1.5. Asimismo, en un documento de trabajo del 14 de mayo de 1997, la Comisión se refirió a las obligaciones del IVA como uno de los sectores que deberían incluirse en la segunda fase de la iniciativa SLIM (Simplificar la Legislación relativa al Mercado Interior). En efecto, la Comisión consideró que era necesario analizar con toda urgencia las medidas de simplificación destinadas a reducir las cargas de las empresas a corto plazo y, al mismo tiempo, a preparar el terreno para la introducción del nuevo sistema común del IVA.

1.5.1. El grupo de trabajo constituido para examinar esta cuestión estableció el procedimiento de devolución del IVA fijado por la Octava Directiva IVA como uno de los temas que requerían una simplificación urgente.

1.5.2. Tras los trabajos de este grupo, el informe de la Comisión sobre la iniciativa SLIM, aprobado por el Consejo de Mercado interior el 27 de noviembre de 1997, recomendó reflexionar sobre el modo de lograr una reforma radical de los procedimientos de devolución actualmente contemplados por la Octava Directiva.

1.6. La primera sección de la Directiva propuesta es el resultado de esas reflexiones. El objetivo de las medidas propuestas consiste en simplificar los procedimientos que permiten a los sujetos pasivos establecidos en la Comunidad recuperar el impuesto pagado en un Estado miembro en el cual no estén establecidos.

1.6.1. La segunda sección se refiere a los gastos que no conllevan el derecho a la deducción completa del IVA. Esta sección forma parte del ejercicio de modernización y de aplicación más uniforme del sistema actual. En efecto, el objetivo de las medidas propuestas consiste en realizar una aproximación de las normativas nacionales, actualmente muy divergentes en este ámbito. La necesidad de dicha aproximación se ha intensificado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso ARO Lease BV ().

1.7. También se ha propuesto un reglamento relativo a las medidas de control, al sistema de recuperación del impuesto restituido a los operadores por el Estado miembro en el que se realizó el gasto y a la cooperación administrativa que será necesaria.

1.8. Las dos secciones de la Directiva propuesta, a primera vista independientes entre sí, son en realidad indisociables si se quiere garantizar la neutralidad del impuesto.

1.8.1. En primer lugar, si la normativa que regula la devolución y la deducción del impuesto pagado en un Estado miembro, en el cual el operador no esté establecido, se modificase sin aproximación del derecho de deducción, ello proporcionaría una solución a las distorsiones de la competencia existentes, pero crearía a su vez nuevas distorsiones, en lo que se refiere, especialmente, a los proveedores de servicios que se encontraran en situación de competencia directa en el mercado de un determinado Estado miembro y que se vieran sujetos a normas de deducción distintas. En segundo lugar, el IVA no es enteramente deducible según la normativa de gastos propuesta y los Estados miembros conservan un margen de apreciación. El cambio en el procedimiento de devolución impide a los operadores beneficiarse de las diferencias resultantes, evitando así situaciones de competencia desleal.

2. Las propuestas de la Comisión

2.1. Deducción del IVA pagado en un Estado miembro en el que el sujeto pasivo no está establecido

2.1.1. La Sexta Directiva IVA establece el principio de que todo sujeto pasivo tiene derecho a la deducción o a la devolución del IVA, independientemente de cuál sea el Estado miembro en el que haya efectuado los gastos gravados con el IVA.

2.1.2. La Octava Directiva IVA armonizó en toda la UE las disposiciones relativas a la devolución del IVA a los sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro distinto del de devolución. El objetivo principal de esta Directiva consiste en poner a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro en el que pagan IVA en una situación similar a la de los sujetos pasivos de dicho Estado miembro que ejercen su derecho a deducción mediante imputación directa en sus declaraciones periódicas.

2.1.3. En la práctica, el funcionamiento del procedimiento de devolución previsto por la Octava Directiva plantea considerables problemas tanto para los operadores como para las Administraciones nacionales de los Estados miembros. Por una parte, los operadores opinan que han de soportar procedimientos interminables y, a veces, actitudes adversas que hacen que carezca de objeto presentar una queja; por otra parte, las Administraciones de los Estados miembros llevan a cabo procesos de control que requieren mucho tiempo y esfuerzo y que no producen beneficio alguno para sus haciendas nacionales.

2.1.4. Como resultado de esta situación, la Comisión ha decidido que es necesario ponerle remedio a estos problemas con urgencia. Los detalles de las propuestas de la Comisión se exponen en el anexo 1.

2.2. Gastos que no originan el derecho a la deducción completa

2.2.1. Si no se continúa armonizando la normativa que regula el derecho a la deducción, los cambios operados por las propuestas de la Comisión acerca del lugar de la deducción incrementarán el falseamiento de la competencia debido a las diferencias entre la normativa del Estado donde se paga el impuesto y la de aquel en el que se deduce.

2.2.2. Las propuestas de la Comisión se exponen en el anexo 2.

2.3. Procedimientos de control, restitución y cooperación administrativa

2.3.1. El anexo 3 recoge las propuestas de la Comisión relativas a un reglamento que regule los procedimientos de control, las solicitudes interpuestas por los Estados miembros que conceden las deducciones para conseguir la restitución del IVA por parte del Estado miembro en el cual se haya pagado el mismo, así como los procedimientos de cooperación administrativa.

3. Observaciones generales

3.1. En su Dictamen de 11 de julio de 1997 sobre las propuestas de la Comisión para un sistema común del IVA () el Comité afirmaba que «la propuesta de implantación de un sistema definitivo no debe ocultar la necesidad de acometer nuevas reformas provisionales del actual régimen transitorio, que debería prorrogarse hasta la entrada en vigor del nuevo régimen definitivo.» Por lo tanto, el Comité se muestra favorable a las propuestas actuales por ser completamente coherentes con esta idea. Sin embargo, al Comité le preocupa lo mucho que está tardando la puesta en marcha del nuevo sistema común del IVA y no desearía que la actualización del régimen transitorio se tradujese en un impedimento o un retraso en la introducción del nuevo sistema definitivo.

3.2. El Comité ha expresado en numerosas ocasiones su completo apoyo a la iniciativa SLIM y aprueba por tanto la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación de las recomendaciones para la reforma de los procedimientos de la Octava Directiva realizadas en el marco de dicha iniciativa.

3.3. En general, se reconoce que el procedimiento de devolución de la Octava Directiva ha caído en el descrédito de forma generalizada tanto entre los operadores como entre los representantes de las administraciones nacionales. En el mejor de los casos, el procedimiento es tan complicado y largo que los operadores han de hacer frente a la incertidumbre y consideran a menudo más rentable no hacer una reclamación, mientras que, en el peor de los casos, la posición adoptada por algunos Estados miembros resulta tan obstruccionista que interponer una reclamación es una pérdida de tiempo.

3.4. El resultado de todo ello es que, en un número inaceptablemente elevado de casos, los operadores pierden efectivamente la esperanza de obtener una devolución. Se ven privados, por tanto, de un derecho que les reconoce la Sexta Directiva, lo cual es incompatible tanto con los principios básicos del IVA como con el concepto de un mercado único.

3.5. Del mismo modo, las administraciones nacionales encuentran los procedimientos tan complejos y costosos de gestionar que la gran mayoría de ellas ha buscado exenciones. Obviamente, un sistema en el cual las exenciones son la norma en lugar de la excepción está abocado al fracaso.

3.6. La Comisión muestra de manera convincente que la situación actual conduce a distorsiones de la competencia. Hay que reconocer que la competencia en condiciones de igualdad absoluta es un ideal por cuya consecución debe trabajarse sin dejar de tener presente que

a) nunca podrá realizarse por completo;

b) cada etapa sucesiva hacia su consecución lleva aparejados costes adicionales y, cuanto más cerca se está de la igualdad absoluta, mayor resulta el aumento exponencial de tales costes.

3.6.1. Conviene tener en cuenta que dichos costes no son sólo financieros sino también políticos, por lo que respecta a la inevitable pérdida de soberanía.

3.6.2. Por lo tanto, aunque los Estados miembros se verían obligados, en el marco de estas propuestas, a renunciar a algunas de las opciones de las que actualmente disponen para imponer limitaciones al derecho de deducción del IVA y para aplicar criterios nacionales a la hora de interpretar la definición de lo que constituye un gasto de explotación admisible con respecto al IVA, ello estaría justificado por la necesidad de eliminar o de reducir un falseamiento de la competencia.

3.6.3. En este contexto, es importante recordar que, incluso allí donde el nivel de falseamiento no es elevado en términos de la balanza comercial global, puede dar lugar a distorsiones sectoriales significativas que perjudican la competencia leal en los sectores afectados.

3.7. El Comité acepta la sugerencia de que, para garantizar la neutralidad del impuesto, las dos secciones de la propuesta queden inextricablemente vinculadas.

3.8. Asimismo, el Comité está de acuerdo en que la discrecionalidad de que disponen actualmente los Estados miembros y las diferencias de interpretación y de aplicación existentes en los distintos Estados miembros, exponen al sistema a un riesgo de fraude fiscal y manipulación legítima.

4. Observaciones específicas

4.1. Deducción del IVA pagado en un Estado miembro en el que el sujeto pasivo no está establecido

4.1.1. El objetivo principal de esta sección de la propuesta es la simplificación de los procedimientos existentes.

4.1.2. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que la única modificación que puede simplificar sustancialmente el régimen actual debe permitir a los operadores deducir el IVA pagado en un Estado miembro en el que no estén establecidos imputándolo con cargo al importe del IVA adeudado en el Estado o Estados miembros donde dispongan de un número de identificación del IVA.

4.1.3. Si el sujeto pasivo está identificado en un único Estado miembro, ello no debería plantear problema alguno, porque todo impuesto pagado en la Comunidad se deducirá en ese Estado miembro, independientemente de cuál sea el lugar donde fue satisfecho, siempre y cuando obedezca a gastos profesionales legítimos.

4.1.4. No obstante, si esta sección fuese independiente continuaría conduciendo a distorsiones de la competencia debido a que los distintos Estados miembros aplicarían normas diferentes para determinar lo que se entiende por gastos profesionales legítimos en este contexto. Esta es la razón por la que las dos secciones son interdependientes y deben ser consideradas como una única propuesta: ninguna de ellas producirá el efecto deseado sin la otra.

4.1.5. Cuando el sujeto pasivo dispone de un número de identificación del IVA en más de un Estado miembro, la situación se complica todavía más porque pueden darse situaciones en las que resulta difícil, o incluso imposible, determinar el país en el cual tuvieron lugar las operaciones imponibles (las que se refieren a bienes o servicios sobre los que se pagó el impuesto) y, en consecuencia, el país en el que la deducción debería permitirse.

4.1.5.1. Para ilustrar esto último, tomemos el ejemplo de un camión propiedad de una empresa alemana, matriculado en los Países Bajos, y utilizado para transportar mercancías entre el Reino Unido e Italia, en ambas direcciones. La empresa propietaria está establecida y sujeta al régimen del IVA en ambos países. La situación es complicada por el hecho de que en algunos casos es el proveedor y en otros el destinatario el que paga los gastos de transporte. El transportista puede necesitar comprar combustible, neumáticos o recambios, o reparar el vehículo durante su viaje por Francia, país en el cual la empresa no tiene presencia física ni está sujeta al régimen del IVA y donde no realiza operaciones imponibles. En estas circunstancias, para repartir el derecho de deducción entre el Reino Unido e Italia habría que apoyarse forzosamente en una base puramente arbitraria.

4.1.6. Sin embargo, no debemos pensar que esta complicación reduce el valor de las propuestas de la Comisión, que representan una importante mejora tanto para los operadores como para las Administraciones nacionales con respecto a la situación actual de la Octava Directiva.

4.1.7. El requisito de que los sujetos pasivos presenten en sus declaraciones fiscales periódicas los correspondientes justificantes, desglosados por Estado miembro, así como copias de las facturas o documentos de importación, constituye en efecto una formalidad adicional pero cuya carga administrativa será para las empresas mucho menor que aquella que soportan actualmente al interponer, en el marco de la Octava Directiva, reclamaciones que muy a menudo se revelan infructuosas.

4.1.8. Según las propuestas de la Comisión, los reglamentos por los que se regula el tipo de gastos que originan el derecho a la deducción serían los del Estado miembro de deducción y no los del Estado donde se realizaron los gastos, como ocurre actualmente. El Comité acepta la lógica de este cambio. El Estado miembro que concede la deducción puede, obviamente, obtener un reembolso del Estado miembro donde se pagó el impuesto.

4.2. Gastos que no originan el derecho a la deducción completa.

4.2.1. Los objetivos de esta sección son la simplificación de los procedimientos existentes y la eliminación de las distorsiones de la competencia. Este último objetivo sólo podrá lograrse mediante un elemento de armonización.

4.2.2. Hay que reconocer que muchos de los gastos de alojamiento, alimentos y bebidas pueden considerarse, hasta cierto punto, gastos profesionales legítimos debido a que se realizan principalmente por motivos profesionales y no se habrían producido si no fuera por las exigencias del negocio. Si un hombre de negocios, por ejemplo, viaja para visitar a un cliente y pernocta en un hotel, donde consume una comida, esos gastos deberían considerarse gastos de carácter profesional porque, de no ser por la necesidad de visitar a su cliente, el hombre de negocios no habría hecho el viaje, ni habría pernoctado en el hotel, ni habría consumido esa comida.

4.2.2.1. Es cierto que, si bien ese hombre tendría que haber pernoctado en alguna parte y tendría que haber consumido alimentos de todos modos, ya que el alojamiento y los alimentos son necesidades básicas, también habría podido satisfacer tales necesidades permaneciendo en su domicilio, donde el alojamiento no le habría supuesto ningún coste adicional y la comida le habría resultado mucho menos onerosa.

4.2.2.2. Del mismo modo, si un hombre de negocios invita a un cliente a almorzar, lo hace con la esperanza de establecer relaciones comerciales con dicho cliente o seguir manteniéndolas y, por tanto, ese gasto puede considerarse también un gasto profesional legítimo.

4.2.2.3. No obstante, hay que reconocer que los gastos de esta naturaleza están expuestos a abusos, en el sentido que se asignan a menudo a actividades económicas cuando en realidad el objetivo principal no es comercial, y que, mientras exista esta posibilidad, sería ingenuo pensar que los sujetos pasivos no sacarían provecho de la misma.

4.2.2.4. Por otra parte, no cabe duda de que a las administraciones les resulta difícil distinguir entre reclamaciones legítimas y fraudulentas y verificar el carácter profesional de los gastos cuando se da una verdadera combinación del consumo profesional y privado.

4.2.2.5. Por estas razones, el Comité aprueba, como solución práctica y pragmática, la propuesta de la Comisión de fijar un límite de deducción global del 50 % para los gastos de esta naturaleza.

4.2.3. El Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que cualquiera que sea la definición de los gastos suntuarios deberán seguir sin poder deducirse. No obstante, cree que los Estados miembros seguirán disfrutando de un considerable margen de interpretación que dará cabida a sus diferencias con respecto a este tipo de gastos, por tratarse de una opinión en gran medida subjetiva. No es posible establecer una única definición al respecto, pues lo que puede considerarse suntuario en un contexto, podría no serlo en otro.

4.2.3.1. Las diferencias entre los Estados miembros en la interpretación y la aplicación de estas normas seguirán dando lugar a algunas distorsiones de la competencia, pero el Comité considera poco probable que el nivel de la distorsión llegue a ser significativo de forma global o en un determinado sector.

4.2.4. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que los gastos de representación también deben examinarse de modo análogo a los gastos suntuarios, porque son básicamente imputables al consumo final. Por tanto, la deducción del IVA no es aplicable a los gastos de representación.

4.2.5. La cuestión relativa a los automóviles de turismo es más compleja debido a que los importes implicados podrían incidir de un modo significativo en los presupuestos de los Estados miembros (la mayoría) que no conceden actualmente ningún derecho de deducción. Por otra parte, el grado de distorsión de la competencia queda considerablemente acentuado por este hecho.

4.2.5.1. Esta situación se ha puesto aun más de relieve con motivo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso ARO Lease BV, donde se afirma que el arrendamiento financiero de automóviles es un servicio y no constituye un suministro de mercancías. Según la legislación existente, esto significa que un sujeto pasivo establecido en uno de los Estados miembros que no conceden el derecho de deducción podría alquilar un vehículo de turismo a una empresa establecida en uno de los tres Estados miembros (Alemania, Países Bajos y Luxemburgo) que sí conceden tal derecho e interponer después una reclamación en el marco de la Octava Directiva para obtener de la devolución del Estado miembro en el que estaba establecida la sociedad de arrendamiento financiero. Para ello no sería necesario ni que el vehículo procediera de dicho Estado miembro, ni que estuviera en él registrado, ni siquiera que hubiera circulado por el territorio del mismo.

4.2.5.2. Es obvio que la mencionada sentencia da lugar a un gran potencial de importantes distorsiones de la competencia si bien, en la práctica, su impacto puede ser mayor en unos Estados miembros en que en otros. Los Estados miembros que no conceden actualmente un derecho de deducción corren un gran peligro de sufrir pérdidas importantes en los ingresos, y esto debería tenerse presente a la hora de elaborar estimaciones de los efectos que las propuestas de la Comisión podrían causar en los presupuestos de esos Estados miembros.

4.2.6. Las propuestas de la Comisión solucionarían el problema suscitado por el caso ARO Lease BV y supondrían una mejora significativa de la situación actual tanto para los operadores como para las administraciones nacionales, aunque siguen siendo complejas y las facultades concedidas a los Estados miembros podrían dar lugar a distorsiones residuales de la competencia debido a las diferencias de la forma en que los Estados miembros deciden hacer uso de esas facultades.

4.2.7. El Comité, no obstante, se congratula de la mejora de la situación que supone la propuesta de la Comisión. Una simplificación más importante -por ejemplo, la utilización de un importe global con un porcentaje del 50 %- causaría una desigualdad de trato fiscal a gran escala, porque determinados grupos de ciudadanos obtendrían un beneficio excesivo, mientras que el erario público se vería privado de recursos en unas proporciones posiblemente considerables.

4.2.8. El Comité considera que, si bien todo gasto contiene inevitablemente elementos profesionales y privados y se niega el derecho a la deducción con respecto a estos últimos, no es coherente exigir el pago de un impuesto de rendimiento correspondiente a esa parte del gasto, ya que esto constituiría indudablemente doble imposición. Este caso se daría igualmente incluso cuando un empleado reembolsara a su empresa la parte correspondiente al elemento privado del gasto efectuado.

4.3. Procedimientos de control, restitución y cooperación administrativa

4.3.1. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que las propuestas respaldarán en gran medida el proceso de control porque las administraciones nacionales de cada Estado se ocuparán de operadores con un número de identificación del IVA en ese Estado y sobre los que dispondrán de algunos datos. La Directiva 77/799/CEE sobre la asistencia mutua permite a los Estados miembros intercambiar toda la información que estimen necesaria con el fin de ejercer sus poderes de inspección respectivos.

4.3.2. Sin embargo, el Comité constata que la experiencia previa ha demostrado que los Estados miembros no hacen uso aún plenamente de las oportunidades que les ofrece el instrumento comunitario y que, en consecuencia, la Comisión se ha visto obligada a prever medidas adicionales transitorias de control.

4.3.3. Tal y como la propia Comisión reconoce, estas medidas adicionales reducen los efectos de simplificación -consecuencia de la modificación del régimen de deducción- y son solamente aceptables a corto plazo. El Comité acoge favorablemente la afirmación de la Comisión de que la duración para la que se aplican debe limitarse estrictamente al tiempo requerido para mejorar la cooperación entre los Estados miembros. El Comité se complace de que la Comisión esté dispuesta a examinar con regularidad el uso de estas medidas y sus resultados prácticos para los Estados miembros.

4.3.3.1. El Comité insta a la Comisión a que derogue estas medidas lo antes posible y a que, para lograrlo, estimule a los Estados miembros -haciendo uso de todos los medios de que dispone- a que mejoren sus niveles de cooperación.

5. Conclusiones

5.1. El Comité acoge favorablemente las propuestas de la Comisión por representar una mejora fundamental de la situación jurídica actual. Las empresas y las administraciones nacionales se verían aliviadas de una parte considerable de las cargas que soportan actualmente y muchos operadores lograrían, por fin, la devolución del impuesto pagado en los Estados miembros en los cuales no estén establecidos.

5.2. Por estas razones, el Comité aprueba la propuesta de permitir a los operadores deducir el IVA pagado en los Estados miembros donde no estén establecidos en las declaraciones periódicas que presenten en los Estados donde sí estén establecidos, así como suprimir el procedimiento de la Octava Directiva. El Comité está de acuerdo en que esa es la única manera eficaz de simplificar el sistema actual.

5.2.1. El Comité aprueba también en términos generales las propuestas relativas a los gastos que no conllevan el derecho a la deducción completa.

5.3. El Comité espera que el período en que las medidas adicionales de control estén en vigor sea lo más corto posible.

5.4. El Comité considera que estas propuestas constituyen un importante paso adelante en la creación de un verdadero mercado único, en línea con su recomendación anterior de que las reformas que se están produciendo en el actual sistema del IVA deben continuar llevándose a cabo hasta la introducción de un nuevo sistema definitivo. No obstante, el Comité considera que estas medidas afectan a problemas que en último término sólo pueden resolverse con un nuevo sistema común del IVA. En este contexto, el Comité insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque constructivo y positivo con respecto a la cuestión de la reforma del IVA, por el bien de la integración europea y de la consecución del mercado único.

5.5. El Tribunal de Cuentas, en el Informe anual relativo al ejercicio 1997 (), señala, respecto del actual sistema transitorio de IVA, que a pesar de la introducción de un sistema de intercambio de información a posteriori, las posibilidades de fraude han aumentado; añade que a falta de una alternativa viable, el actual sistema seguirá en vigor durante varios años, que no parece probable que se vayan a introducir mejoras al no existir una voluntad clara de conceder prioridad a la lucha contra el fraude en el comercio intracomunitario. El CES comparte la postura del Tribunal de Cuentas y destaca la necesidad de que los Estados miembros reúnan la determinación y voluntad políticas necesarias para aprobar un nuevo sistema definitivo de IVA sin más demoras. Asimismo, pone de relieve que el régimen transitorio entró en vigor el 1 de enero de 1993 y se preveía que estaría en vigor sólo hasta el 31 de diciembre de 1996.

Bruselas, el 28 de enero de 1999.

La Presidenta del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() DO C 219 de 15.7.1998, p. 16-20.

() Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de julio de 1997. Asunto C-190/95. Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-4383.

() DO C 296 de 29.9.1997, p. 51 (ponente: Sr. Walker).

() DO C 349 de 17.11.1998, p. 16-17.

ANEXO I al Dictamen del Comité Económico y Social

En la práctica, el funcionamiento del procedimiento de devolución previsto por la Octava Directiva plantea considerables problemas tanto para los operadores como para las administraciones nacionales de los Estados miembros.

Por una parte, el procedimiento suscita entre los operadores numerosas quejas referidas a:

- la complejidad de las formalidades administrativas (necesidad de hacer la solicitud en una de las lenguas oficiales del país de la devolución, rigidez de los plazos para la presentación de documentos, etc.). En la práctica es frecuente que los operadores se vean obligados a recurrir a asesores locales para realizarlas;

- el incumplimiento del plazo de devolución previsto por la Directiva en un número cada vez mayor de Estados miembros. Esto obliga a los operadores a una prefinanciación del impuesto durante largos períodos, lo que puede representar una considerable carga financiera. La incertidumbre sobre el plazo de reembolso y, por lo tanto, sobre la importancia de la carga financiera, supone para los operadores una inseguridad en relación con los costes que deben repercutir en sus clientes;

- la aplicación extremadamente formal por parte de las administraciones nacionales de la Octava Directiva, que, al provocar el frecuente rechazo de las solicitudes por razones formales, da la impresión a los operadores de que las administraciones nacionales quieren desalentar la utilización del procedimiento de devolución.

Tanto la carga y el coste de los trámites administrativos como el largo plazo de los pagos de devolución hacen que algunos sujetos pasivos que tienen derecho a una devolución del IVA renuncien al ejercicio de ese derecho. De ello se desprende que las dificultades con las que se enfrentan los sujetos pasivos en la práctica ponen en tela de juicio el propio principio de la deducibilidad del impuesto y, en consecuencia, la neutralidad del mismo, que es en principio independiente del Estado miembro en el que se produce la adquisición.

Por otra parte, el procedimiento de devolución plantea a las administraciones nacionales competentes considerables problemas en la medida en que ha resultado más difícil de aplicar de lo previsto. En efecto, cada solicitud de devolución requiere una intervención material por parte de la administración del Estado miembro de devolución. Los Estados miembros deben, pues, asignar un gran número de agentes a la realización de tareas que se consideran ingratas, cuyo objeto es la devolución a sujetos pasivos extranjeros de un impuesto recaudado en el territorio nacional. Más importante todavía es la falta de un control eficaz del fundamento de una solicitud de devolución, y del importe que debe reembolsarse. Las informaciones disponibles sólo permiten al Estado miembro comprobar:

- la calidad de sujeto pasivo del solicitante (sobre la base de la atestación del Estado miembro en el que esté establecido);

- la conformidad de la factura o del documento de importación;

- la correcta aplicación de las limitaciones del derecho de deducción vigentes en el Estado miembro de devolución.

Sin embargo, el Estado miembro de devolución carece de las informaciones relativas al destino efectivo de los gastos a actividades gravadas, exentas o fuera del ámbito de aplicación del IVA, así como de las relativas a las modalidades del ejercicio del derecho de deducción (según la regla de prorrata o de afectación real). Así pues, dicho Estado miembro se encuentra en la imposibilidad de tener en cuenta la situación fiscal global del sujeto pasivo y se ve obligado a tomar decisiones sobre la base de informaciones incompletas.

Los Estados miembros son plenamente conscientes de esta situación. En efecto, en 1993, la complejidad y el coste del procedimiento llevaron a once de los doce Estados miembros de entonces a solicitar medidas especiales de exención sobre la base del artículo 27, con el fin de poder introducir medidas impositivas particulares para ciertos trabajos en bienes muebles materiales, situados en el territorio del país pero directamente vinculados al transporte intracomunitario de mercancías, de modo que los operadores no se vieran obligados a recurrir sistemáticamente a la Octava Directiva.

Estas medidas especiales, autorizadas por decisiones del Consejo, se justificaban por el hecho de que la multiplicación de los casos de recurso al procedimiento de devolución podía constituir un obstáculo al desarrollo de los intercambios intracomunitarios de algunos servicios.

El Consejo modificó asimismo las quince propuestas de decisión de la Comisión relativas a medidas particulares de imposición de los servicios de telecomunicaciones con objeto de simplificar la recaudación del impuesto y evitar así que los operadores tuvieran que recurrir al procedimiento de la Octava Directiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sorprendente que el procedimiento de devolución contemplado por la Octava Directiva sea objeto de una recomendación en el marco de la iniciativa SLIM, que cuenta con el respaldo de representantes tanto de las administraciones nacionales como del mundo empresarial.

Es importante destacar que las dificultades anteriormente mencionadas se solucionarán de manera definitiva mediante la instauración del nuevo sistema común del IVA, desarrollado en el programa de trabajo adoptado por la Comisión en julio de 1996. En este nuevo régimen, basado en el principio de imposición en el lugar de origen y de un único lugar de imposición y de deducción, todo sujeto pasivo podrá deducir el IVA en un único lugar, aunque la operación se haya gravado en otro Estado miembro. Por lo tanto, el procedimiento de la Octava Directiva ya no tendrá objeto.

No obstante, la Comisión decidió reaccionar con rapidez a las recomendaciones de la iniciativa SLIM, aunque sin olvidar que cualquier iniciativa legislativa en este ámbito será siempre de carácter temporal, a la espera de la entrada en vigor del nuevo sistema común del IVA.

Así pues, el objetivo de la presente propuesta consiste en mejorar a corto plazo el funcionamiento del sistema actual del IVA, simplificando un procedimiento que la comunidad empresarial ve como un obstáculo al funcionamiento del mercado único, sin que ello signifique poner en entredicho la prosecución de los trabajos previstos por el programa de trabajo para el nuevo sistema común.

Por tanto, algunos elementos de esta propuesta se revisarán a medida que se vayan presentando las propuestas relativas a la instauración del futuro régimen.

La Comisión propone medidas complementarias de comprobación, cuya justificación y necesidad se revisará regularmente, con el único objetivo de permitir inmediatamente un control suficiente de la deducción a falta de una cooperación satisfactoria entre los Estados miembros en materia de vigilancia.

De todo lo cual se desprende asimismo que, en el supuesto de que el Consejo no llegara a adoptar la presente propuesta durante un plazo razonable, la Comisión se vería obligada a retirarla con el fin de evitar que el Consejo siguiera debatiendo una propuesta cuyo objetivo no podría alcanzarse y cuya adopción tardía podría comprometer la transición al nuevo sistema común.

La Comisión opina que la única modificación que puede simplificar sustancialmente el régimen común del IVA en general, y el procedimiento de devolución en particular, consiste en autorizar al sujeto pasivo a deducir el IVA pagado en un Estado miembro en el que no esté establecido, imputándolo en su declaración periódica con cargo al importe del IVA adeudado en un Estado miembro en el que efectúe operaciones gravables a cuyos efectos se utilicen los bienes y servicios gravados con el IVA.

La presente propuesta tiene por objeto introducir este derecho de deducción en el artículo 17 de la Sexta Directiva, lo cual tendrá como consecuencia la desaparición del procedimiento de devolución específico para los sujetos pasivos establecidos en la Unión (es decir, el procedimiento previsto por la Octava Directiva).

Básicamente, las medidas propuestas, concretadas a nivel jurídico en la modificación del apartado 3 y la introducción del apartado 3 bis en el artículo 17, conducen al siguiente resultado por lo que se refiere a los sujetos pasivos establecidos en la Comunidad Europea:

- el sujeto pasivo se identifica en un único Estado miembro: el IVA se deduce en dicho Estado miembro, independientemente del Estado miembro donde haya realizado gastos gravados con el IVA.

- El sujeto pasivo se identifica en varios Estados miembros:

a) se identifica en el Estado miembro donde ha realizado gastos gravados con el IVA:

- el IVA se deduce en dicho Estado miembro (sin cambios en relación con la situación actual);

b) no se identifica en el Estado miembro donde ha realizado gastos gravados con el IVA:

- el IVA se deduce en el Estado miembro en el cual haya efectuado las entregas de bienes y las prestaciones de servicios correspondientes a los gastos.

De esta modificación del artículo 17 se desprende lógicamente que el importe del IVA que dará derecho a deducción se determinará en lo sucesivo según las normas del Estado miembro de establecimiento, y no según las normas del Estado miembro que haya recaudado el impuesto, como ocurre actualmente.

En materia de formalidades la presente propuesta establece la obligación para los sujetos pasivos de presentar un documento específico, que deberán adjuntar a su declaración periódica, en el que deberán inscribir los importes del IVA pagados en otros Estados miembros y en relación con los cuales ejercen su derecho de deducción. Estos importes deberán desglosarse por Estado miembro. Con el fin de justificar dichos importes, deberá adjuntarse a este documento específico una copia de las facturas o de los documentos de importación.

ANEXO II al Dictamen del Comité Económico y Social

En el régimen de la deducción del IVA, el apartado 6 del artículo 17 de la Sexta Directiva establece que:

«Antes de cuatro años a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, el Consejo determinará, a propuesta de la Comisión y por unanimidad, los gastos que no conlleven el derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Del derecho de deducción se excluirán en todo caso los gastos que no tengan un carácter estrictamente profesional, tales como los de lujo, recreo o representación.

Hasta la entrada en vigor de las normas del apartado anterior, los Estados miembros podrán mantener todas las exclusiones previstas por su legislación nacional en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva.»

Las propuestas presentadas por la Comisión no lograron un consenso en el Consejo y fueron retiradas finalmente el 21 de noviembre de 1996, como consecuencia lógica de la aprobación por la Comisión, en julio de 1996, del programa de trabajo para la instauración de un nuevo sistema común del IVA.

Por su parte, los Estados miembros fueron abordando la cuestión de distintas maneras. Tres de ellos (Alemania, Países Bajos y Luxemburgo) conceden el derecho a la deducción íntegra, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 17, para los gastos en cuestión o para las categorías más importantes de estos gastos, quedando tan sólo excluidos los que revisten un carácter profesional. El resto de los países excluye o limita el derecho de deducción con el fin de evitar o reducir en gran medida los casos en que procede distinguir entre los gastos relativos a las necesidades privadas del sujeto pasivo y de otras personas y los gastos vinculados a las actividades económicas del sujeto pasivo.

Esta situación no responde a los imperativos de uniformidad de la base imponible y de neutralidad del impuesto.

Los sujetos pasivos de un Estado miembro que autoriza la deducción completa del impuesto para todos los gastos, con excepción de aquéllos que no revisten carácter profesional alguno, disfrutan de un beneficio frente a los sujetos pasivos de un Estado miembro en que algunas categorías de gastos están excluidas del derecho de deducción. Eso puede provocar distorsiones de la competencia en el comercio internacional de bienes y servicios en la medida en que sus efectos se reflejan en el precio.

Aunque la existencia de esta diversidad de tratamiento no constituya un problema nuevo, la instauración del mercado interior, el 1 de enero de 1993, evidenció más claramente estas diferencias contrastando de forma más directa las legislaciones nacionales y la aplicación que de ellas hacen los Estados miembros.

Así pues, la Comisión estima que se impone dar curso al mandato contemplado en el apartado 6 del artículo 17 de la Sexta Directiva, y reanudar un ejercicio de aproximación de las distintas normativas nacionales actuales, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros un cierto margen de apreciación que les permita tener en cuenta la situación específica de su país.

No debe olvidarse que el derecho de deducción constituye un elemento fundamental del sistema del IVA. En efecto, toda exclusión de este derecho es una excepción a la norma que sólo puede aceptarse en caso de estar debidamente justificada.

Por lo tanto, es obvio que la propuesta debe limitarse a las categorías de gastos que, incluso cuando se realizan en el marco del funcionamiento normal de la empresa, suelen contener una dimensión de consumo final y privado. Además, debería aplicarse, en general, a las situaciones en las que no puede darse un control real de la forma en que tales gastos se desglosan entre vertiente profesional y vertiente privada, lo que genera riesgos de abuso o fraude fiscal.

En general, suele tratarse de gastos relativos a los automóviles de turismo, gastos de alojamiento, alimentos y bebidas, y gastos suntuarios, de recreo o representación.

Los gastos relativos a los automóviles de turismo deben considerarse como bienes de inversión, cuya utilización no profesional no puede excluirse y que, sobre todo, puede cambiar de un año para otro.

Aunque los gastos para el alojamiento, alimentos y bebidas puedan ser consecuencia de la actividad profesional ejercida, no hay duda de que presentan también un carácter privado, en la medida en que se trata de gastos que cubren necesidades primarias.

Conviene tener en cuenta que el principio fundamental de la deducción del impuesto que grava los bienes y los servicios utilizados para cubrir las necesidades de las operaciones gravadas es que la deducción no está abierta a los gastos que no tienen un carácter estrictamente profesional, tales como los gastos suntuarios, de recreo o representación, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 17 en su redacción actual.

Con el fin de tomar en consideración la naturaleza específica de tales gastos en el marco de la actividad de los sujetos pasivos, la propuesta de la Comisión establece diferentes regímenes.

En general, las normas habituales de deducción se aplicarían al IVA que grava los gastos relativos a los automóviles de turismo. Sin embargo, en el caso de que las dificultades de control relativas a la utilización no profesional de estos bienes fueran de tal magnitud que impidieran a un Estado miembro aplicar en la práctica las normas habituales de deducción, se establecería un régimen facultativo de limitación de la deducción que permitiese a los Estados miembros que así lo desearan determinar de manera simplificada la utilización no profesional de los automóviles de turismo.

En efecto, un Estado miembro que hiciera uso de esta opción, podría fijar un porcentaje máximo de deducción no inferior al 50 % del impuesto soportado, y cuyo importe correspondería a la utilización profesional máxima a la que se supone que se destinan los automóviles de turismo.

Si se utiliza esta opción, la administración queda exonerada de su tarea de control del desglose que una gran mayoría de los sujetos pasivos hace en su contabilidad entre utilización privada y utilización profesional de los automóviles de turismo.

Sin embargo, cuando el porcentaje de utilización profesional no alcance el porcentaje del límite máximo de deducibilidad del IVA fijado por un Estado miembro de deducción, la deducción se realizará según las normas habituales.

La aplicación de un porcentaje máximo de deducción permite distinguir de manera simplificada el impuesto soportado:

a) vinculado a la utilización no profesional de los vehículos, es decir, una utilización privada pero también una utilización para operaciones que quedan fuera del ámbito de aplicación del IVA; o,

b) vinculado a la utilización profesional de los vehículos, es decir, para operaciones en el ámbito de aplicación del IVA (tanto las operaciones que conllevan el derecho a la deducción como las operaciones exentas que no conllevan ese derecho).

En consecuencia, cuando el sujeto pasivo efectúa al mismo tiempo operaciones que conllevan el derecho a la deducción del IVA y operaciones que no conllevan el derecho a la deducción, la parte del IVA soportado vinculada a la utilización profesional de los automóviles de turismo deberá desglosarse ulteriormente con el fin de determinar el IVA correspondiente al primer tipo o al segundo tipo de operaciones.

Sin embargo, cuando la utilización profesional de los bienes en cuestión resulta desdeñable, el tiempo dedicado por las administraciones al proceso de control no estará justificado por el resultado. Ésta es la razón por la que la propuesta prevé una exclusión total del derecho de deducción en el caso de que la utilización profesional sea inferior al 10 %.

Se da una consideración especial a los casos en los que los automóviles de turismo constituyen el objeto de la actividad profesional de los sujetos pasivos o un medio estrictamente necesario para el ejercicio de dicha actividad (por ejemplo, los sujetos pasivos cuya actividad profesional consiste en la venta, alquiler, arrendamiento o arrendamiento financiero de automóviles de turismo, o que trabajan con taxis, vehículos de autoescuelas, etc.). En este caso se aplican las normas habituales de deducción, siempre y cuando la utilización no profesional de los vehículos resulte desdeñable, es decir, inferior al 10 %.

Por lo que se refiere a los gastos de alojamiento, alimentos y bebidas, la Comisión considera que su carácter de consumo final puede justificar su exclusión del derecho de deducción. Sin embargo, tales gastos pueden ser necesarios para la actividad profesional (por ejemplo, en el caso de realizarse con motivo de un viaje de negocios). Por lo tanto, se considera oportuna una limitación global de la deducción que fijara el porcentaje global de la deducción en el 50 % del IVA soportado por los gastos de alojamiento, alimentos y bebidas.

No obstante, se mantendría una exclusión total de la deducción para los gastos que no guardasen una relación directa y estricta con las necesidades de las operaciones gravadas, es decir, para los gastos de lujo, recreo y representación.

ANEXO III al Dictamen del Comité Económico y Social

Un sistema de restitución y de compensación bilateral de las deudas

El mencionado documento contiene las informaciones indispensables para la aplicación de un sistema de restitución entre los Estados miembros que permita al Estado miembro en el cual se haya ejercido la deducción (Estado miembro de deducción) conseguir la restitución del importe del IVA deducible por el Estado miembro en que dicho IVA se haya pagado (Estado miembro de adquisición). Este sistema de restitución y compensación de las deudas, así como las medidas de control que establezcan los Estados miembros, son objeto de la propuesta de Reglamento aneja.

La propuesta de Reglamento prevé la introducción de un sistema de restitución y compensación de las deudas que funcione de manera bilateral entre los Estados miembros. En este sentido, cada Estado miembro deberá comunicar cada seis meses a cada uno de los demás Estados miembros el importe del IVA deducido durante el semestre pasado que el Estado miembro de adquisición debe restituirle.

El importe que deberá comunicarse representa el importe del IVA deducido realmente, es decir, previa aplicación de la prorrata cuando el sujeto pasivo ejerza al mismo tiempo actividades que originan el derecho a la deducción y actividades que no lo originan, y previa aplicación asimismo de las limitaciones del derecho de deducción vigentes en el Estado miembro de deducción.

Así, cualquier Estado miembro podrá determinar el saldo que debe pagar o recibir de los demás Estados miembros. El pago efectivo de estos saldos se hará más tarde en la medida en que aún pueden ser objeto de correcciones a raíz de los controles previstos en este Reglamento. No obstante, está previsto que los Estados miembros puedan, mediante acuerdos bilaterales, modificar a título excepcional el plazo fijado en el Reglamento, fijando otros plazos o decidiendo, bajo determinadas condiciones, la prórroga del saldo al período siguiente.

Medidas de control

En el sistema actual de IVA, cada Estado miembro es responsable de la aplicación, control y recaudación del impuesto, que entra directamente a formar parte de su presupuesto nacional. Uno de los principios básicos de este sistema es que la deducción del IVA se ejerce en el Estado miembro donde el impuesto se adeuda y/o se ha pagado. Así pues, un único Estado miembro es el encargado del control del pago y de la deducción del impuesto.

La presente propuesta tiene por objeto establecer, para los casos actualmente cubiertos por la Octava Directiva, una excepción al citado principio.

Del régimen propuesto se desprende que, para las operaciones en cuestión, el control del pago del IVA incumbe al Estado miembro de adquisición, mientras que el control de la deducción de este impuesto incumbe al Estado miembro de deducción.

Al igual que cualquier otro control, debería basarse en el conocimiento que las Administraciones fiscales tienen de sus sujetos pasivos, en la evaluación de su fiabilidad, el análisis del riesgo que representan estos sujetos pasivos en términos de fraude y en una cooperación profunda y eficaz con las Administraciones de los restantes Estados miembros. Un control eficaz en el Mercado interior requiere, antes que una transmisión sistemática de las copias de las facturas (que supone una carga suplementaria tanto para los sujetos pasivos como para las administraciones), el establecimiento de criterios comunes de valoración del riesgo que un determinado sujeto pasivo representa en términos de fraude. Los casos identificados a partir de estos criterios comunes para determinar cuándo se precisa un control más estricto resultarían de interés para todas las Administraciones implicadas. Sobre la base del interés común que todas las Administraciones afectadas tienen en una cooperación eficaz, ello permitiría aprovechar al máximo las informaciones y experiencias atesoradas.

La Directiva 77/799/CEE en materia de asistencia mutua permite a los Estados miembros interesados intercambiar cualquier información que consideren necesaria para ejercer sus respectivos poderes de control. Las experiencias del pasado muestran no obstante que los Estados miembros todavía no utilizan plenamente las posibilidades que ofrece este instrumento comunitario.

Habida cuenta de estas experiencias, así como de la singularidad del régimen propuesto con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema actual de IVA, la Comisión se ve en la necesidad de establecer medidas de control complementarias para acompañar la introducción de dicho régimen.

Estas medidas complementarias atenuarán los efectos de simplificación del cambio del régimen de deducción y sólo resultan aceptables a corto plazo. Su aplicación deberá limitarse estrictamente al plazo necesario para mejorar la cooperación entre los Estados miembros.

La Comisión analizará regularmente la utilización de estas medidas y los resultados concretos que éstas suponen para los Estados miembros. En este sentido, los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión las oportunas informaciones. La Comisión deberá presentar al Consejo, antes de que finalice el segundo año de aplicación de estas medidas, un informe sobre su justificación y necesidad en el marco de su vigilancia del desarrollo de la cooperación entre los Estados miembros en materia de control, acompañado, en su caso, de propuestas de derogación de las medidas complementarias.

Por lo que se refiere a las medidas de control previstas por la presente propuesta, es importante tener presente la naturaleza de la mayoría de los gastos que actualmente son objeto de una solicitud de devolución con arreglo al procedimiento de la Octava Directiva.

En efecto, habida cuenta de las normas de localización de las operaciones, la mayor parte de estas solicitudes se refieren a gastos generales, tales como gastos de hotel, gastos de restaurante, gastos vinculados a la participación en una feria y gastos de automóvil, así como a gastos de combustible en el caso de los transportistas internacionales.

Es, pues, poco probable que el sistema propuesto, que prevé la imputación de estos importes al impuesto adeudado por el sujeto pasivo, aumente de manera sustancial las situaciones de elevado crédito fiscal para los operadores: dichas situaciones requieren generalmente un seguimiento administrativo más importante.

Por lo tanto, es necesario garantizar que las medidas de control propuestas específicamente para el funcionamiento del régimen de deducción no resulten desproporcionadas en relación con los riesgos de pérdidas fiscales para los Estados miembros

Con las medidas previstas por el Reglamento se consigue un control en varias etapas, estableciendo para cada una de las etapas las responsabilidades financieras de los Estados miembros implicados.

Este control gradual representa una importante ventaja frente al sistema actual por cuanto no requiere una decisión «inmediata y casi definitiva» por parte de la administración, como ocurre hoy en día.

En primer lugar, la administración del Estado miembro de deducción efectúa un primer control en el momento en que recibe la declaración periódica con el documento específico y sus anexos. Contrariamente a lo que ocurre con la administración del Estado miembro de devolución en el régimen actual, la administración competente ya dispone, en ese momento, de datos más precisos relativos a la situación fiscal del sujeto pasivo.

Obviamente, el importe de las regularizaciones necesarias a raíz de esta primera verificación no se incluye en el importe del IVA cuya restitución pide el Estado miembro de deducción al Estado miembro de adquisición.

A continuación, el Estado miembro de deducción procede a informar al Estado miembro de adquisición (normalmente por medios electrónicos) sobre algunas operaciones en relación con las cuales se ejerce el derecho a deducción en virtud del apartado 3 bis del artículo 17.

Cuando el Estado miembro de adquisición constata irregularidades en las operaciones para las que se haya efectuado la deducción, informa al Estado miembro de deducción en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la información. En tal caso, además, el Estado miembro de adquisición no tiene que restituir el importe de IVA pendiente al Estado miembro de deducción.

Corresponde al Estado miembro de deducción adoptar las medidas de recaudación que considere convenientes, teniendo en cuenta, en particular, la situación fiscal del sujeto pasivo en cuestión (presentación de las declaraciones periódicas, pago del impuesto adeudado, otras deudas fiscales existentes, etc.)

Además, el Estado miembro de deducción examina el fundamento de la deducción, independientemente del lugar donde este IVA se haya pagado, en el marco del control habitual del conjunto de las actividades del sujeto pasivo.

Por último, el procedimiento de control contemplado en la presente propuesta no impide a las Administraciones solicitar informaciones utilizando el procedimiento establecido por la Directiva sobre asistencia mutua.

Por otra parte, la Comisión es plenamente consciente del hecho de que la no armonización de las informaciones que deben figurar en las facturas puede plantear numerosos problemas. Conviene no obstante tener presente que este problema ya se plantea en el comercio intracomunitario corriente (entregas/adquisiciones intracomunitarias, transportes intracomunitarios, etc.) con la única diferencia de que, en el caso presente, se factura efectivamente un IVA en el Estado miembro de adquisición. El informe relativo a la iniciativa SLIM contiene asimismo la recomendación de estudiar esta problemática. La Comisión no dejará de dar curso a esta recomendación.

En espera del resultado de estos trabajos, el funcionamiento del sistema propuesto requiere un mínimo de flexibilidad por parte de los Estados miembros. En efecto, los Estados miembros deben garantizar que a un sujeto pasivo cuya factura menciona, como mínimo, las informaciones exigidas por la Sexta Directiva, no se le deniegue el ejercicio de su derecho de deducción.

Esto no significa sin embargo que una administración no tenga derecho a pedir al sujeto pasivo la traducción de las menciones contenidas en la factura en caso de hallarse en la imposibilidad de apreciar el carácter profesional de los gastos.

ANEXO IV al Dictamen del Comité Económico y Social (De conformidad con el apartado 3 del artículo 47 del Reglamento Interno)

Las enmiendas que figuran a continuación, que obtuvieron a favor más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas durante el debate:

Enmienda presentada por el Sr. Tosh y la Sra. Williams

Punto 4.2.4

Sustitúyase por el siguiente texto:

«4.2.4. El Comité considera que los gastos de representación deben examinarse del mismo modo que los gastos de alojamiento y alimentarios, en lugar de asimilarse a los gastos suntuarios..»

Exposición de motivos

Los gastos de representación constituyen gastos justificados de una empresa, ya que su objetivo esencial es asegurar o incrementar el negocio. Si bien hay un elemento de consumo privado, el motivo expuesto lo sitúa en el mismo plano que el alojamiento y los gastos alimentarios. No debe tratarse igual que el gasto suntuario, que por definición no reporta ningún beneficio apreciable a la empresa.

Resultado de la votación

Votos a favor: 25, votos en contra: 51, abstenciones: 4.

Enmienda presentada por los Sres. Lustenhouwer y Regaldo

Punto 4.2.7

Sustitúyase por los siguientes puntos:

«4.2.6.1. El Comité no ve razón imperiosa alguna por la cual los automóviles de turismo no deban someterse a la misma deducción global aplicable a las otras categorías de gastos tratadas en las propuestas y opina que ello aportaría una importante contribución a la hora de reducir el falseamiento de la competencia y limitar el alcance de las actividades fraudulentas y de la manipulación legítima.

4.2.6.2. Las grandes desigualdades entre los porcentajes de deducción permitidos en los distintos Estados miembros colocarían a los empresarios que operasen en países con porcentajes bajos de deducción en situación de desventaja con respecto a los operadores establecidos en países con altos porcentajes de deducción, lo cual daría lugar, inevitablemente, al desarrollo de sistemas complejos para burlar la normativa, tanto dentro como fuera de la legalidad.

4.2.6.3. Por otra parte, conviene tener presente que el IVA ha de pagarse cuando el vehículo se compra por vez primera, y, en ese momento, no es posible determinar con ninguna exactitud el posible porcentaje de utilización profesional o privada que se le dará durante su vida útil. Dicho porcentaje podría variar de un año a otro, lo que, al carecerse de un importe global único, requeriría ajustes retrospectivos, creando así complicaciones adicionales tanto para los operadores como para las administraciones nacionales.

4.2.6.4. La utilización de un importe global constituiría también una medida deseable de simplificación de la situación. Por ejemplo, ya no sería necesario que los operadores llevasen un registro del porcentaje de utilización profesional -ni que las administraciones lo verificaran-, ni que se hiciese una distinción entre la utilización profesional relativa a las operaciones imponibles y a las no imponibles.

4.2.6.5. El Comité señala que, si el objetivo del ejercicio de esas facultades es la simplificación (y ésta es una de las metas perseguidas por la Comisión), los procedimientos deberían hacerse también lo más sencillos posible, lo cual no parece ser el caso en las presentes propuestas. Cuando un Estado miembro hace uso de esa opción, seguirá siendo necesario comprobar, al menos aproximadamente, el porcentaje del kilometraje profesional, y hasta puede que haya que realizar ajustes retrospectivos. Ello supondrá una carga de trabajo adicional tanto para las administraciones nacionales como para los operadores, y creará al mismo tiempo un elemento de incertidumbre para estos últimos.

4.2.7. Obviamente, no parece existir razón alguna por la cual no deban incluirse en el ámbito de aplicación de estos reglamentos otras formas de transporte privado, como los aviones y los helicópteros.»

Exposición de motivos

El texto actual fue incluido en el proyecto de dictamen tras la aprobación por mayoría de una enmienda en la reunión de la Sección. Como resultado de esta enmienda, el actual punto 4.2.7 pasó a sustituir seis puntos redactados por el ponente.

El objetivo de la presente enmienda es restaurar el texto original del ponente por considerar que el texto actual no aporta nada al contenido de las propuestas de la Comisión y oscurece el sentido del dictamen en este apartado.

Resultado de la votación

Votos a favor: 39, votos en contra: 56, abstenciones: 8.