COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93)684 final 
Bruselas, 10 de diciembre de 1993 
Comunicación de la Comisión 
al Consoló y al Parlamento Europeo 
(i) Propuesta de Decisión, basada en el articulo K3 del Tratado de 
la Unión Europea, por la que se aprueba el Convenio sobre el 
paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
(H) Propuesta de Reglamento, basado en el articulo 100C del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, por el que se determinan 
los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de 
un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados 
miembros. 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Comunicación de la Comisión 
al Consejo v al Parlamento Europeo 
(i) Propuesta de Decisión, basada en el articulo K3 del Tratado de 
la Unión Europea, por la oue se aprueba el Convenio sqb_re__ej_ 
paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
(i i) Propuesta de Reglamento, basado en el articulo, IQOC delTratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, por el oue se determinan 
los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de 
un visado ai cruzar las fronteras exteriores de los Estados 
miembros. 
1. Por la presente, la Comisión transmite al Consejo y al Parlamento 
dos propuestas que están estrechamente ligadas y que necesitan ser 
examinadas conjuntamente. 
2. Un proyecto revisado del Convenio sobre el paso de las fronteras 
exteriores de los Estados miembros se hace necesario como consecuencia 
de una serle de importantes acontecimientos que han tenido lugar desde 
que, en Junio de 1991, las negociaciones sobre un proyecto anterior que 
mantenían los ministros encargados de la política de inmigración se 
rompieron al resultar imposible encontrar una solución a la única 
cuestión pendiente —el artículo sobre la aplicación territorial— que 
impedía la firma del Convenio. El texto propuesto por la ComisJón__ng 
pretende solucionar este problema para lo cual los dos Estados miembros 
más directamente implicados deberán celebrar nuevas e intensas 
negociaciones bilaterales. 
3. El más importante de esos acontecimientos fue la entrada en vigor, 
el 1 de noviembre de 1993, del propio Tratado de la Unión Europea, y en 
particular la de su articulo 100C. Este artículo establece que 
determinados aspectos de la política sobre visados, hasta ahora 
cubiertos por artículos del proyecto de Convenio, deben pasar a ser 
competencia de la Comunidad y a aprobarse sobre la base de instrumentos 
legales comunitarios. 
4. Juntos, estos dos proyectos de propuestas abarcan todos los 
elementos importantes contemplados con anterioridad en el único 
instrumento legal que era el proyecto de Convenio. La explicación de 
por qué son necesarios cada uno de los cambios introducios en el 
Convenio se realiza en el memorándum explicativo. 
5. Estas propuestas, una vez aprobadas, proporcionarán el fundamento 
jurídico para fijar unas normas consensuadas sobre el cruce de las 
fronteras exteriores que ofrezcan sufientes garantías para todos los 
Estados miembros. Como el Consejo Europeo ha declarado en numerosas 
ocasiones, la más reciente en su reunión de Edimburgo en diciembre de 
1992, este es un elemento esencial para la creación de un espacio sin 
fronteras interiores, tal y como establece el articulo 7A del Tratado 
de la Unión Europea. 
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A&-
PROPUESTA DE DECISION DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 
POR LA QUE SE CELEBRA EL CONVENIO 
RELATIVO AL CONTROL DE LAS PERSONAS EN EL CRUCE DE LAS 
FRONTERAS EXTERIORES 
(Presentada por la Comisión al Consejo 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo K 3 
del Tratado de la Unión Europea) 
% h 
INDICE 
Exposición de motivos página 3 
Propuesta de Decisión del Consejo página 13 
Propuesta de Convenio relativo al control 
de las personas en el cruce de las fronteras 
exteriores página 17 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
3 
1. Los esfuerzos de los Ministros encargados de la inmigración, 
actuando en el marco de la cooperación intergubernamental, por celebrar 
un Convenio relativo al cruce de las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Comunidad Europea -considerado fundamental por 
éstos para la realización del espacio sin fronteras exteriores, tal 
como se prevé en el artículo 7A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea- se han visto superados por el destino alcanzado por 
la Unión Europea. En efecto, el Tratado de la Unión instituye un 
procedimiento específico para la celebración de convenios en el ámbito 
de la justicia y de los asuntos de interior. 
Desde el punto de vista formal, los trabajos anteriores ya no 
pueden formalizarse, puesto que, al no haberse firmado, este Convenio 
no existe jurídicamente. En cuanto al fondo, queda al acervo político 
de las negociaciones llevadas a cabo entre 1989 y 1991, en las que se 
cristalizó el consenso de los Estados miembros sobre las normas de 
principio aplicables a las fronteras exteriores, aun cuando este 
acuerdo nunca se haya materializado, debido sólo a un desacuerdo 
bilateral entre el Reino Unido y España acerca de Gibraltar. 
2. El objetivo de la presente propuesta es conservar este acervo 
político, a la vez que se adapta el texto a las exigencias jurídicas 
del Tratado de la Unión Europea, en concreto, de su Título VI, así como 
del futuro Espacio Económico Europeo. 
I. GÉNESIS DEL PROYECTO DE CONVENIO 
Contexto de los trabajos anteriores 
3. En el marco del programa de trabajo aprobado por el Consejo 
Europeo de Madrid para la realización de un espacio sin fronteras 
exteriores previsto por el artículo 7A, ("Documento de Palma"), los 
Estados miembros han venido trabajando desde 1989, en foros 
intergubernamentales, en la preparación de un Convenio sobre el cruce 
de las fronteras exteriores de los Estados miembros. Estos trabajos, 
llevados a cabo bajo la égida de los Ministros encargados de la 
Inmigración, desembocaron en junio de 1991, gracias al apoyo de los 
sucesivos Consejos Europeos, en un acuerdo de los Estados miembros 
sobre una serie completa de principios, que debían formalizarse en un 
Convenio, que esos mismos Ministros debían firmar al finalizar la 
presidencia luxemburguesa. 
4. En el estadio último de las negociaciones surgió el desacuerdo 
bilateral entre el Reino Unido y España sobre el campo de aplicación 
territorial a Gibraltar. A pesar de los años de esfuerzos de las 
sucesivas presidencias para llegar a un compromiso, el Convenio nunca 
pudo firmarse. No obstante, sin la conclusión formal de los Ministros, 
se decidió que todas las restantes disposiciones del Convenio se 
considerarían aceptadas "de facto" entre los Estados miembros. 
5. Esta paralización se prolongó hasta la entrada en vigor del 
Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993, que dedica su 
Título VI a la cooperación de los Estados miembros en el ámbito de la 
justicia y de los asuntos de interior. 
i 
En cuanto al fondo, el artículo Kl del Tratado establece "que 
para la realización de los fines de la Unión, en particular de la libre 
circulación de personas, y sin perjuicio de las competencias de la 
Comunidad Europea", conviene considerar, entre otras cosas, de interés 
común "las normas por las que se rigen el cruce de personas por las 
fronteras exteriores de los Estados miembros y la práctica de controles 
sobre esas personas" (punto 2). En cuanto a los medios, el apartado 2 
del artículo K3 establece que el Consejo dispone de tres métodos, entre 
los cuales se encuentra la posibilidad de "celebrar convenios, 
recomendando su adopción a los Estados miembros según sus respectivas 
normas constitucionales) (punto c)". El Título VI especifica el 
procedimiento específico aplicable en la materia. 
Necesidad de aprobarel texto 
6. Los Ministros encargados de la Inmigración, aunque reconocen la 
necesidad de respetar este nuevo marco jurídico, están preocupados por 
preservar el acervo político de la anterior negociación. De este modo, 
en su reunión celebrada los días 1 y 2 de junio de 1993 en Copenhague: 
"Los Ministros tomaron conocimiento de las eventuales 
incidencias del Tratado de la Unión Europea y del Acuerdo EEE 
en el proyecto de Convenio sobre el cruce de fronteras 
exteriores. Los Ministros consideraron que: 
- las eventuales modificaciones que deben aportarse al 
proyecto de Convenio para hacerlo compatible con el Tratado 
de la Unión Europea deberán ser de naturaleza técnica y 
limitarse a lo estricto necesario, quedando excluida la 
reapertura de las negociaciones sobre otros artículos 
distintos de aquellos cuya revisión parece necesario para 
tal fin. 
la cuestión presenta un carácter puramente técnico y hay 
que evitar que provoque un bloqueo por razones jurídicas, 
cualquier plazo de vacío jurídico debe asimismo evitarse". 
7. Los principales acontecimientos ocurridos a partir de junio de 
1991 que exigen adaptaciones del texto son los siguientes: 
a) evolución en el marco comunitario 
por un lado, mientras que en julio de 1991 todavía no se 
había aprobado toda la legislación comunitaria relativa a 
la supresión de los controles en las fronteras interiores 
de las mercancías, en la actualidad esa legislación está 
vigente y dichos controles se han suprimido efectivamente 
desde el 1 de enero de 1993. 
por otro lado, la Comunidad celebró el 2 de mayo de 1992 el 
acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, 
que concederá, cuando esté vigente, a los subditos de los 
países AELC beneficiarios de dicho acuerdo, unos derechos 
idénticos en materia de entrada y de residencia a los de 
los subditos de los Estados miembros. 
b) Procedimiento introducido por el Título VI del Tratado de 
la Unión Europea. El artículo K3 del Tratado define un 
procedimiento específico para la adopción de instrumentos 
jurídicos de cooperación en los ámbitos enumerados en el 
Título VI del Tratado, que se caracteriza, en concreto, por 
un derecho de iniciativa de la Comisión, pero también de 
los Estados miembros, la consulta (por parte de la 
Presidencia) del Parlamento Europeo y la posibilidad de 
conferir competencias al Tribunal de Justicia. Por esta 
razón, desde la entrada en vigor del Tratado, los Estados 
miembros ya no pueden, en las materias enumeradas en el 
artículo Kl, celebrar entre sí convenios, según las normas 
clásicas del Derecho internacional público clásico. 
c) Competencia comunitaria en materia de visados. El nuevo 
artículo 100 C establece que en la determinación "de los 
países terceros cuyos nacionales deban estar provistos de 
un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados 
miembros", así como la puesta a punto "de las medidas 
relativas a un modelo uniforme de visado" son de la 
competencia comunitaria. Estas materias deberán, por 
consiguiente, dar lugar a decisiones de acuerdo con los 
procedimientos del Tratado CE y no del Título VI del TUE. 
II. ADAPTACIONES NECESARIAS 
Por qué una iniciativa de la Comisión 
8. En el marco intergubernamental en el que se ha preparado el 
texto de julio de 1991, la Comisión carecía del derecho de iniciativa. 
Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión dispone jurídicamente 
de poder de iniciativa, del que también disponen los Estados miembros 
(primer guión del apartado 2 del artículo K3 ) . La Comisión, guardiana 
del Tratado, debe prevenir cualquier riesgo de retraso suplementario en 
la realización de la libre circulación de personas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7A del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que pudiera derivarse de la falta de la necesaria aprobación 
del Convenio. El Consejo Europeo de Edimburgo señaló claramente que uno 
de los instrumentos indispensables es la puesta en marcha de dicho 
Convenio. Por consiguiente es necesario presentar una propuesta al 
Consejo lo más rápidamente posible. 
Forma de la propuesta 
9. El artículo K 3 define las funciones del Consejo: "El Consejo 
podrá celebrar convenios, recomendando su adopción". El 
artículo 220 CEE se limitaba a establecer que: "Los Estados miembros 
entablarán negociaciones entre sí a fin de asegurar 
". Por consiguiente, ya no conviene presentar el Convenio como un 
instrumento de Derecho internacional público clásico, celebrado por los 
plenipotenciarios de los Jefes de Estado. 
A partir de ahora, el Consejo es competente para celebrar 
dichos convenios. Tiene el poder autónomo propio de recomendar su 
adopción a los Estados miembros según sus respectivas normas 
constitucionales. La traducción de estas funciones será un acto 
específico del Consejo, firmado únicamente por su Presidente, distinto 
del Convenio mismo. 
10. A falta de indicaciones del Tratado sobre la naturaleza 
jurídica del acto por el que se traduce dicho poder autónomo del 
Consejo, puesto que las normas del artículo 189 del Tratado CE no son 
aplicables al Título VI, el acto que debe adoptarse tiene 
necesariamente el carácter de una "decisión" sui géneris. Por esta 
razón, la presente propuesta se articula en dos partes distintas: por 
un lado, una "Decisión del Consejo" y, por otro, como anexo a esta 
última, el texto del Convenio. 
Proyecto de Decisión del Consejo^) 
11. La parte preliminar del proyecto, además de los vistos clásicos 
(base jurídica, propuesta de la Comisión, intervención del Parlamento 
Europeo en la forma establecida en el artículo K 6), incluye los 
considerandos. Éstos justifican no solamente la decisión, sino también 
el Convenio que se anexiona a la misma. Por esta razón, los 
considerandos que antes precedían el texto del Convenio figuran en 
adelante en la decisión. El texto de éstos se ha adaptado al Tratado, 
mediante la mención de una cooperación más estrecha en materia de 
(1) Las comparaciones se efectúan respecto del texto de julio de 1991, 
llamado antiguo artículo... 
1* 
política de visados (tercer considerando) y la referencia al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (quinto considerando). 
Además, se ha introducido un considerando suplementario, que 
hace referencia al artículo K.l y, en concreto, al hecho de que dicho 
Convenio se celebra sin prejuicio de las competencias de la Comunidad. 
Esta disposición sustituye el antiguo apartado 2 del artículo 27, ahora 
inútil en la parte dispositiva, puesto que este Convenio se inserta en 
la parte dispositiva institucional de la Unión. 
12. La parte dispositiva es la traducción del poder del Consejo. 
Además del aspecto formal del establecimiento del texto del Convenio 
que figura como anexo a la Decisión, ésta incluye en el apartado 1 del 
artículo 1 la recomendación a los Estados miembros de su adopción según 
sus respectivas normas constitucionales. Para que dicha disposición sea 
eficaz, conviene asignarla un plazo. En la medida en que dicho Convenio 
contribuye a un objetivo que está previsto para el 1 de enero de 1993, 
este plazo necesariamente tiene que ser breve y se fija el 31 de 
diciembre de 1994. Ello significa una entrada en vigor del Convenio con 
fecha de 1 de enero de 1995, como muy tarde, recogiendo así la fecha 
mencionada en el artículo 6, que prevé una derogación aplicable 
únicamente a los aeropuertos (referencia que, al resultar en adelante 
inútil puede suprimirse de los apartados 1 y 4 de dicho artículo). Por 
tanto, no se ha introducido ninguna modificación en el tiempo. 
13. Aún más, puesto que la Decisión se convierte en el texto 
operativo, conviene que en ella figuren las disposiciones relativas a 
la entrada en vigor del Convenio, contenidas en el antiguo artículo 32 
de éste. Se trata de la obligación de notificar la aprobación del 
Convenio en el plazo establecido (apartado 2 del artículo 1) y de las 
normas de entrada en vigor del Convenio (artículo 2). 
Aún más, puesto que dicho Convenio se concluye en el marco de 
la Unión Europea, los instrumentos de ratificación deberán depositarse 
ahora, como ocurre con los convenios concluidos con arreglo al 
artículo 220 del Tratado CE, ante el Secretario General del Consejo. 
Adaptación del texto del Convenio mismo 
14. Las enmiendas al texto de julio de 1991 tienen como primera 
justificación la entrada en vigor del Tratado de la Unión. Asimismo 
conviene garantizar la compatibilidad con el futuro Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo cuando esté vigente. Además, para mejorar la 
lectura del texto, se estructura el Convenio en títulos y artículos, 
que reciben, cada uno, una denominación. 
a) Adaptaciones impuestas por el Tratado de la Unión Europea 
i) Puramente formales; 
15. Concluido en el marco de la Unión, el Convenio necesariamente 
se celebra entre los Estados miembros. Por consiguiente, resulta 
superfluo mencionarlo expresamente en cada ocasión: ya desde el título 
y a lo largo del texto se ha introducido esta adaptación. Asimismo, 
resulta necesario suprimir los antiguos artículos 33 y 34 relativos a 
la adhesión de futuros Estados miembros y a la revisión del Convenio, 
puesto que dichas materias ahora están regidas por los artículos O y 
K 3 del Tratado de la Unión. 
Al haberse transferido los considerandos a la decisión, no hay 
necesidad de repetirlos en el Convenio. Además, al estar éste 
anexionado a la Decisión, ya no cabe prever la firma de los 
plenipotenciarios de los Jefes de Estado. La desaparición de estas 
menciones no entraña ninguna modificación sustancial. 
16. Al ubicarse en las disposiciones sobre el Tratado de la Unión, 
que deden aplicarse sin perjuicio de las competencias de la Comunidad, 
el Convenio no puede aportar una definición de las fronteras 
interiores, que es competencia del Tratado CE. Por esta razón, conviene 
remitir a los instrumentos comunitarios pertinentes. Por consiguiente, 
en el artículo primero, la letra h (nueva), que sustituye a las letras 
f y g (antiguas), ya no da una definición de fondo, sino que remite a 
los actos comunitarios que especifican el concepto de vuelos 
intracomunitarios y de travesías marítimas intracomunitarias.(2) ^ fin 
de cuentas, esto no aporta cambios en cuanto al fondo. 
Lo mismo ocurre con el apartado 2 del artículo 13, en el que 
los trabajos para el sistema informatizado en preparación se están 
elaborando en el marco del Convenio sobre creación del Sistema Europeo 
de Información. Se trata de una simple precisión. 
ii) Formales, pero con consecuencias operativas: 
17. Puesto que el Tratado contiene ahora unas normas relativas a 
los procedimientos de aplicación de los convenios, resulta 
indispensable adaptar las disposiciones correspondientes a las normas 
del Tratado. Por esta razón, el comité del antiguo artículo 26, como 
órgano de decisión, ya no necesita especificarse como tal. Este poder 
pertenece ahora el Consejo. No hay ninguna necesidad de especificarlo, 
puesto que el artículo K3 en el segundo párrafo de la letra c del 
segundo apartado dispone de este modo. Por consiguiente, basta 
simplemente con limitarse a declarar que se trata de modalidades 
adoptadas con arreglo a las medidas de aplicación del Convenio. Esta 
adaptación se encuentra ahora en numerosos artículos, que antes hacían 
referencia a este tema. 
Estas normas deben respetar el principio establecido por el 
Título VI del Tratado: la norma es la mayoría de dos tercios y la 
unanimidad no es sino la excepción. El alcance de dichas excepciones 
debe especificarse expresamente en el Convenio. Por esta razón, cuando 
no se especifique ningún otro procedimiento, la mera remisión a la 
noción de "medidas de aplicación" implica el recurso al procedimiento 
definido en el segundo párrafo de la letra c) del apartado 2 del 
artículo K.3 (que vale, salvo disposiciones en contrario establecidas 
en el Convenio), es decir, aprobación en el seno del Consejo por 
mayoría de dos tercios. Por razones de eficacia, esta norma debe 
seguirse en todas aquellas modalidades de aplicación expresamente 
previstas en el Convenio. Por razones de realismo, para defender los 
intereses de los Estados miembros, es legítimo prever expresamente el 
recurso a la unanimidad para aquellas medidas no expresamente previstas 
en el Convenio. El artículo 26 se adapta ahora en este sentido. 
18. En cuanto a la aplicación territorial del Convenio, al haber 
estado la cuestión de Gibraltar en la raíz del bloqueo persistente 
desde 1991, la Comisión considera que no debe tomar posición sobre este 
(2) Actualmente se trata del apartado 3 del artículo 2 y del artículo 5 
del Reglamento (CEE) Ne 3925/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 
1991. 
aspecto. En efecto, la solución sólo puede surgir de las negociaciones 
bilaterales en curso desde 1991. Por esta razón, la Comisión propone 
que en este estadio únicamente figure un simple "pro memoria", para que 
puedan proseguirse las negociaciones bilaterales con la indispensable 
serenidad. De este modo, el Consejo podrá iniciar sin tardanza el 
examen de este texto para, en su momento, incorporar el resultado de 
los esfuerzos de las partes afectadas. 
19. En la medida en que el Convenio ahora se celebra por la Unión, 
ya no cabe prever un acta final de la conferencia. Como mucho, los 
Estados miembros podrán proponer declaraciones que se consignarán en el 
acta del Consejo. 
i i i) Substanciales, para tener en cuenta las transferencias de 
competencias y el Derecho derivado 
20. El artículo 100 C del Tratado CE da a la Comunidad competencia 
para regular determinados aspectos de la política de visados: la 
determinación de los países cuyos nacionales deberán estar provistos de 
visado y el modelo uniforme de visado. Esta transferencia de 
competencias exige la aprobación por el Consejo de una legislación 
comunitaria. Para garantizar la coherencia con el Tratado y la 
complementariedad con futuras decisiones comunitarias, conviene 
suprimir del antiguo texto del Convenio las disposiciones que ahora 
dependen del artículo 100 C. Por esta razón se han suprimido las 
disposiciones pertinentes de los artículos 17, 18, apartado 3 del 19 y 
21. habiéndose adaptado el resto del texto en consecuencia. Del mismo 
modo es necesario prever una definición del visado uniforme que figura 
en la letra f) (nueva) del artículo 1. 
21. Al establecer expresamente el artículo K.l que el Título VI del 
Tratado se aplica "sin perjuicio de las competencias de la Comunidad", 
conviene tener en cuenta que el Derecho comunitario ya trata de alguna 
manera del cruce de las fronteras, sin que se efectúe ninguna 
distinción entre fronteras interiores y exteriores. Por esta razón, 
este Convenio no puede poner en tela de juicio el principio de este 
reparto de competencias y, por consiguiente, se aplica principalmente a 
los no beneficiarios del Derecho comunitario. Esta precisión se recoge 
en el nuevo apartado 2 del artículo primero, que permite a lo largo del 
texto referirse simplemente al concepto de "personas". No obstante, 
sigue siendo necesario la adopción de normas comunes aplicables a todos 
los viajeros. En efecto, resulta indispensable poder distinguir los 
beneficiarios del Derecho comunitario de los restantes viajeros. Son 
los únicos controles aplicables a todos los viajeros, indistintamente 
de su situación. El Convenio puede aportar esta precisión puesto que 
sus disposiciones no son contrarias al Derecho comunitario. Este 
principio se recuerda en el tercer considerando. Las modalidades de 
dicho control se recogen en el artículo 2. 
22. Al haberse redactado antes la aprobación de los textos 
relativos al transporte de mercancías, el texto de julio de 1991 no 
podía tenerlos en cuenta. En primer lugar, conviene ahora adaptar el 
mismo título del Convenio, para especificar que únicamente se aplica al 
control de las personas. En segundo lugar, el apartado 5 del artículo 5 
y el apartado 2 del artículo 6, que contemplan asimismo el control de 
iD 
los equipajes, contienen ahora la precisión de que dichos controles se 
efectúan sin perjuicio de las disposiciones comunitarias'^), 
iv) Substanciales, para tener en cuenta el nuevo marco jurídico 
del Título VI 
23. El artículo K 3 del Tratado establece expresamente que "tales 
convenios podrán disponer que el Tribunal de Justicia será competente 
para interpretar las disposiciones de los mismos y dictar sentencia en 
los litigios relativos a su aplicación, de conformidad con los arreglos 
que puedan haber establecido". La Comisión considera que la aplicación 
de esta disposición se justifica, tanto para garantizar la 
interpretación uniforme del presente Convenio, en razón de la conexión 
del objeto del Convenio con las materias competencia del Tratado CE, 
como para resolver los litigios que pudiera suscitar su aplicación. Tal 
disposición permite también responder favorablemente a la preocupación 
del Parlamento Europeo y de organizaciones no gubernamentales. 
Se contempla la interpretación uniforme al retener el 
procedimiento de la cuestión prejudicial, según las normas del artículo 
177 del Tratado CEE. Además, el Tribunal de Justicia podrá decidir 
sobre cualquier desacuerdo relativo a la aplicación de este Convenio, 
si a tal efecto se interpone ante el mismo una demanda por parte del 
Estado miembro o la Comisión. Este es el objetivo del nuevo artículo 
29. 
b) Adaptaciones impuestas por el futuro Espacio Económico Europeo. 
24. Cuando esté vigente, el acuerdo por el que se crea el Espacio 
Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, permitirá a los subditos de los 
países AELC beneficiarios de dicho acuerdo asimilarse en materia de 
control de entrada y de residencia a los subditos de los Estados 
miembros de la Comunidad. La Comisión considera que el mejor medio de 
anticipar esta evolución es sustituir la noción de subditos de los 
Estados miembros por la de "beneficiario del Derecho comunitario", 
definida en la letra a) (nueva) del artículo 1, para cubrir no sólo a 
los súbitos de los Estados miembros de la Comunidad Europea sino 
también a los subditos de terceros Estados, que en virtud de acuerdos 
entre la Comunidad Europea y dichos Estados disfrutarán de idénticos 
derechos en materia de entrada y residencia. 
Esta técnica permite igualmente especificar que los miembros de 
la familia de un subdito de un Estado miembro que tenga la nacionalidad 
de un tercer Estado, tal como se define en el artículo 10 del 
Reglamento del Consejo n* 1612/68, de 15 de octubre de 1968, no podrán 
someterse, en los términos de las Directivas 68/360, 73/148, 90/364, 
90/365 y 93/... relativas a la entrada y la residencia, a un control 
que vaya más allá del que se aplica a los subditos de los Estados 
miembros, con la única excepción del visado de entrada (esta excepción 
se formula en la segunda frase del segundo apartado del artículo 5). 
(3) Ello abarca, en concreto, los Reglamentos 3925/91 del Consejo, de 
19 de diciembre de 1991, relativo a la supresión de los controles y 
formalidades aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes 
facturados de las personas que efectúen un vuelo intracomunitario y 
n2 1823/92 de la Comisión, de 3 de julio de 1992, por el que se 
aplica dicho Reglamento del Consejo. 
25. De este modo se aportan al texto del proyecto de Convenio las 
adaptaciones exigidas por la evolución jurídica producida desde julio 
de 1991. El texto se esfuerza por respetar las conclusiones del 1 de 
junio de 1993 de los ministros encargados de la emigración, con objeto, 
sobre todo, de no reabrir la negociación sobre un texto que ya ha sido 
objeto de acuerdo en cuanto al fondo y cuya rápida adopción constituye 
una prioridad política absoluta para la libre circulación de personas. 
1% 
PROPUESTA DE DECISION 
DEL CONSEJO 
POR LA QUE SE CELEBRA EL CONVENIO 
RELATIVO AL CONTROL DE LAS PERSONAS EN EL CRUCE DE LAS 
FRONTERAS EXTERIORES 
ii 
PROPUESTA DE DECISION N2 DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 
de 
por la que se celebra el Convenio 
relativo al control de las personas en el cruce de las 
fronteras exteriores 
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 
Visto el Tratado de la Unión Europea y, en concreto, el apartado 2 de 
su artículo K3, 
Vista la propuesta de la Comisión^ ) de ..., 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que, con arreglo a las disposiciones del artículo Kl del 
Tratado de la Unión Europea, las normas por las que se rige el cruce de 
personas por las fronteras exteriores de los Estados miembros y la 
práctica de controles sobre esas personas son, sin perjuicio de las 
competencias de la Comunidad Europea, cuestiones de interés común que 
entran dentro del ámbito de la cooperación instituida por el Título VI 
de dicho Tratado, 
Considerando que las normas por las que se rige el cruce de los 
ciudadanos de la Unión y los restantes beneficiarios del Derecho 
comunitario por las fronteras exteriores de los Estados miembros entran 
dentro del ámbito del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y 
que el presente Convenio define, en primer lugar, las normas aplicables 
a las personas no beneficiaras del Derecho comunitario; que, no 
obstante, en el cruce de las fronteras exteriores deben efectuarse 
controles en todas las personas que se presenten en una frontera, en la 
medida necesaria para distinguir los beneficiarios del Derecho 
comunitario de las restantes personas, 
Considerando el objetivo de un espacio sin fronteras interiores en el 
que la libre circulación de personas esté garantizada con arreglo a las 
disposiciones del artículo 7 A del Tratado CEE constitutivo de la 
Comunidad Europea, 
Considerando que el logro de dicho objetivo requiere controles eficaces 
de las personas, efectuados con arreglo a criterios comunes, en las 
fronteras exteriores de dichos Estados y una cooperación más estrecha 
en la aplicación de una política común en materia de visados, 
Considerando que los controles de las personas ejercidos por cada 
Estado miembro en sus fronteras exteriores deben efectuarse de 
conformidad con normas que conviene adoptar conjuntamente y teniendo en 
cuenta los intereses de todos los Estados miembros, 
Considerando que el objetivo de dicho control es permitir la 
eliminación de los riesgos para el orden y la seguridad públicos en 
(1) DO N! 
lí 
dichos Estados miembros de la Unión Europea y luchar contra la 
emigración irregular, a la vez que se mantienen la apertura al resto 
del mundo de estos Estados y la intensidad de sus intercambios, en 
particular, culturales, científicos y económicos, con los demás países. 
Considerando que la aplicación de este sistema de control en las 
fronteras exteriores requiere una atención especial en lo que se 
refiere a las cuestiones de infraestructura y control fronterizo de los 
países que, debido a su situación y configuración geográfica, están 
expuestos a crecientes presiones migratorias, 
Considerando que los Estados miembros deben realizar dichos controles 
en la observancia de sus compromisos internacionales comunes, en 
particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, y la 
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, modificada por el 
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los 
refugiados, así como de las disposiciones constitucionales más 
favorables en materia de asilo, 
DECIDE 
if 
Artículo 1 
1. Se recomienda a los Estados miembros que aprueben, según sus 
respectivas normas constitucionales, como muy tarde el 31 de 
diciembre de 1994, el Convenio relativo al control de las personas 
en el cruce de las fronteras exteriores, celebrado por la presente 
Decisión y cuyo texto figura como anexo. 
2. Los Estados miembros notificarán y depositarán ante la Secretaría 
General del Consejo los instrumentos por los que se acredite el 
cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivas 
normas constitucionales para la adopción del Convenio cuyo texto 
figura como anexo. 
Artículo 2 
1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes 
siguiente al depósito del instrumento de aprobación del último 
Estado miembro que cumpla esta formalidad ante la Secretaría 
General del Consejo. 
Las disposiciones relativas a la adopción de medidas de aplicación 
del presente Convenio se aplicarán desde su entrada en vigor. Las 
restantes disposiciones se aplicarán desde el primer día del tercer 
mes siguiente a ésta. 
2. El Secretario General del Consejo informará a los Estados miembros 
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 
Articulo 3 
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
i¿ 
CONVENIO 
RELATIVO AL CONTROL DE LAS PERSONAS 
EN EL CRUCE DE LAS FRONTERAS EXTERIORES 
TITULO I: GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1 
Definiciones 
A efectos del presente Convenio, se entenderá por: 
a) beneficiarios del Derecho comunitario: 
i) los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea con 
arreglo al apartado 1 del artículo 8 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea; 
ii) los familiares de estos últimos que posean la nacionalidad de 
un Estado tercero, que posean el derecho de entrada y de 
residencia en un Estado miembro en virtud de un acto adoptado 
en aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea; 
iii) los nacionales de países terceros que, en virtud de acuerdos 
establecidos entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros 
y dichos países, posean en materia de entrada y residencia en 
un Estado miembro derechos idénticos a los de los ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión, así como los familiares 
de estos últimos que posean la nacionalidad de un Estado 
tercero y que posean el derecho de entrada y de residencia en 
un Estado miembro en virtud de dichos acuerdos. 
b) "documento de residencia": toda autorización expedida por las 
autoridades de un Estado miembro por la que se autorice la estancia 
en su territorio de una persona que no esté sujeta al Derecho 
comunitario, con excepción de los visados y de las autorizaciones 
provisionales contempladas en los artículos 8 y 15; 
c) "visado de entrada": la autorización o decisión de un Estado 
miembro tomada con arreglo a las decisiones adoptadas en virtud del 
artículo 100 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
por la que se permite la entrada en su territorio a una persona 
sujeta a la obligación del visado para entrar en su territorio, 
siempre que se cumplan los demás requisitos para la entrada; 
d) "visado de tránsito": la autorización o decisión de un Estado 
miembro tomada con arreglo a las decisiones adoptadas en virtud del 
artículo 100 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
por la que permite el tránsito de una persona sujeta a esta 
obligación para transitar por su territorio o en la zona de 
tránsito de un puerto o aeropuerto, siempre que se cumplan los 
demás requisitos para el tránsito, sin que el tiempo de tránsito 
pueda exceder de los cinco días; 
e) "visado de retorno": la autorización de un Estado por la que se 
permite a una persona que no tenga la nacionalidad de dicho Estado, 
que se encuentre en su territorio, a regresar al mismo en un plazo 
determinado sin necesidad de un nuevo visado de entrada a dicho 
Estado; 
lf 
f) "visado uniforme": visado de entrada, de tránsito o de retorno 
establecido con arreglo al modelo previsto en el apartado 3 del 
artículo 100 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y 
expedido con arreglo a las normas establecidas en los artículos 19 
a 22 del presente Convenio; 
g) "estancia de corta duración": un periodo de estancia ininterrumpido 
o de estancias sucesivas, de duración no superior a tres meses, en 
el territorio de los Estados miembros, calculado durante seis meses 
a partir de la fecha de la primera entrada; 
h) "fronteras exteriores": 
i) la frontera terrestre de un Estado miembro que no sea limítrofe 
con una frontera de otro Estado miembro, así como las fronteras 
marítimas; 
ii) los aeropuertos y los puertos marítimos, salvo cuando estos se 
consideren frontera interna en el sentido de los actos 
adoptados en aplicación del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
i) "tráfico menor fronterizo": la circulación, en una zona geográfica 
limitada, definida por un Convenio celebrado por un Estado miembro 
con un Estado limítrofe no perteneciente a las Comunidades 
Europeas, de personas que entren en el ámbito de aplicación, de 
dicho Convenio y que en virtud del mismo puedan cruzar la frontera 
terrestre exterior de ese Estado miembro en condiciones especiales. 
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a todas las 
personas que no sean beneficiarías del Derecho comunitario, salvo 
excepciones mencionadas expresamente. 
45 
TITULO II: PRINCIPIOS GENERALES 
ARTÍCULO 2 
Cruce de las fronteras exteriores 
1. Las fronteras exteriores de los Estados miembros de las Comunidades 
Europeas solo podrán cruzarse por los puntos de paso autorizados 
que los Estados miembros deberán controlar permanentemente. 
2. El cruce de las fronteras exteriores por lugares distintos de los 
puntos de paso autorizados estará sujeto a sanciones definidas por 
cada Estado miembro. 
Cada Estado miembro establecerá el lugar y las condiciones de 
apertura de los puntos de paso autorizados para el cruce de sus 
fronteras exteriores y los comunicará, lo mismo que las posibles 
modificaciones posteriores, a la Secretaría General del Consejo, 
que informará de ello a los demás Estados miembros. Fuera de los 
períodos de apertura no se autorizará el cruce por los puntos de 
paso. 
4. Con arreglo al apartado 2 del artículo 1, las disposiciones del 
presente artículo también serán aplicables a los beneficiarios del 
Derecho comunitario que crucen la frontera exterior de dicho 
Estado, salvo que la legislación de este último disponga lo 
contrario. 
5. Las excepciones y normas específicas aplicables a las categorías 
especiales de tráfico marítimo que crucen las fronteras exteriores, 
así como las modalidades de tráfico menor fronterizo se adoptarán 
en las medidas de aplicación del presente Convenio. 
ARTÍCULO 3 
Vigilancia de las fronteras exteriores 
Las fronteras exteriores, fuera de los puntos de paso autorizados, se 
someterán a una vigilancia eficaz, llevada a cabo por unidades móviles 
o por otros medios adecuados. Los Estados miembros se comprometen a 
garantizar una vigilancia en la totalidad de sus fronteras exteriores 
que permita obtener resultados igualmente eficaces; sus servicios de 
control se concertarán y cooperarán a tal fin. 
ARTÍCULO 4 
Control de las fronteras exteriores 
El cruce de las fronteras exteriores estará sujeto al control de las 
autoridades competentes del Estado miembro correspondiente. Este 
20 
control se ejercerá con arreglo al Derecho nacional, y ateniéndose a lo 
dispuesto en el presente Convenio. 
ARTÍCULO 5 
Naturaleza del control en las fronteras exteriores 
1. Toda persona que cruce una frontera exterior, tanto para entrar 
como para salir del territorio de los Estados miembros, será 
sometida a un control visual en condiciones que permitan verificar 
su identidad mediante el examen de sus documentos de viaje. 
Al entrar, las personas serán objeto además de un control que 
permita comprobar que cumplen las condiciones enumeradas en el 
artículo 7. Además, con arreglo al apartado 2 del artículo 1, los 
beneficiarios del Derecho comunitario que sean nacionales de un 
Estado tercero sometidos a la condición establecida en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 7, deberán tener un visado con arreglo 
a los actos adoptados en aplicación del artículo 100 C del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. 
3. Las modalidades de aplicación de los controles se establecerán en 
las medidas de aplicación del presente Convenio. 
4. Con carácter excepcional, algunos controles podrán flexibilizarse, 
respetando las condiciones que puedan haberse establecido en las 
medidas de aplicación del presente Convenio. Los controles de 
entrada tendrán prioridad sobre los controles de salida. 
5. Sin perjuicio del control del equipaje transportado por los 
viajeros y de los vehículos, realizados con arreglo a las 
disposiciones comunitarias aplicables, en los controles de las 
personas, sus vehículos y sus equipajes, se tendrán en cuenta las 
necesidades: 
de la investigación y prevención de las amenazas contra la 
seguridad nacional y el orden público; 
- de la lucha contra la inmigración clandestina. 
6. Al efectuar dichos controles, cada Estado miembro tomará en 
consideración los intereses de los demás Estados miembros. 
ARTÍCULO 6 
Modalidades específicas aplicables a los aeropuertos 
1. Los Estados miembros garantizarán que a partir del 1 de enero de 
1995 los pasajeros de vuelos procedentes de Estados terceros que 
embarquen en vuelos interiores, sean sometidos previamente, en la 
entrada, a un control personal y a un control de equipajes de mano 
21 
en el aeropuerto de llegada del vuelo exterior. Los pasajeros de un 
vuelo interior que embarquen en vuelos con destino a Estados 
terceros serán sometidos previamente, en la salida, a un control 
personal y a un control de equipajes de mano en el aeropuerto de 
salida del vuelo exterior. 
2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones comunitarias en materia de control de equipajes. 
3. Los Estados miembros adoptarán, además, las medidas necesarias para 
que: 
- los pasajeros que embarquen en un Estado miembro en un vuelo 
procedente de un país tercero con destino a un Estado miembro 
sean sometidos en el aeropuerto de destino a los controles 
previstos para los pasajeros procedentes de países terceros; 
- los pasajeros que embarquen en un Estado miembro en un vuelo con 
destino a un Estado tercero y que desembarquen en otro Estado 
miembro sean sometidos en el aeropuerto de embarque a los 
controles previstos para los pasajeros con destino a países 
terceros; 
los pasajeros que embarquen en un Estado miembro hacia otro 
Estado miembro en un vuelo procedente de uno o varios Estados 
terceros, y con destino a uno o varios Estados terceros, sean 
sometidos en los aeropuertos de los Estados miembros a los 
controles previstos para los pasajeros procedentes de países 
terceros o con destino a países terceros, según que salgan de un 
Estado miembro o que lleguen a un Estado miembro. 
2% 
TÍTULO III 
MODALIDADES DE CONTROL EN LAS FRONTERAS EXTERIORES 
ARTÍCULO 7 
Control de las personas no beneficiarías del Derecho comunitario 
1. Toda persona podrá ser autorizada a entrar para una estancia corta 
en el territorio de los Estados miembros si cumple las siguiente 
condiciones: 
a) presentar un documento de viaje válido para el cruce de 
fronteras: en las medidas de aplicación del presente convenio se 
establecerá la lista de dichos documentos y sus características; 
b) en su caso, estar en posesión de un visado válido para el 
período de estancia previsto; 
c) no suponer un peligro para el orden público, la seguridad 
nacional o las relaciones internacionales de los Estados 
miembros, y, en particular, no estar incluido en la lista común 
mencionada en el artículo 10; 
d) presentar, en su caso, los documentos que justifiquen el objeto 
y las condiciones de estancia o del tránsito previstos, y en 
particular las autorizaciones exigidas para trabajar si cabe 
suponer que tiene previsto hacerlo; 
e) disponer de medios suficientes de subsistencia tanto para el 
período de estancia o de tránsito previsto como para el regreso 
al país de procedencia o el viaje hacia un Estado tercero que 
acepte admitirlo, o estar en condiciones de obtener legalmente 
dichos medios. 
2. Por otra parte, se podrá denegar la entrada a una persona: 
a) si están incluidas en la lista nacional de personas no 
admisibles del Estado miembro en que soliciten la entrada; 
b) en todas las circunstancias en que a un nacional de un Estado 
miembro se le pueda denegar la entrada en otro Estado miembro. 
ARTICULO 8 
Cruce de la frontera exterior 
por los nacionales de países terceros que residan en un Estado miembro 
Ningún Estado miembro podrá exigir visado a una persona que desee 
entrar en su territorio para una estancia breve o para un tránsito, 
siempre que dicha persona: 
2J 
a) cumpla las condiciones que se enumeran en el artículo 7, excepto 
en la letra b) del apartado 1, y 
b) esté en posesión de un documento de residencia o de una 
autorización expedidos por otro Estado miembro que le permita 
residir en dicho Estado y que, en el momento de la entrada, aún 
tenga un período de validez de más de cuatro meses. 
2. Con carácter excepcional, las disposiciones del apartado 1 podrán 
aplicarse también a las personas que sean titulares de una 
autorización provisional de residencia expedida por un Estado 
miembro y de un documento de viaje expedido por ese Estado miembro. 
Los Estados miembros deberán readmitir, en las condiciones que se 
establezcan en las normas de aplicación del presente Convenio, a 
cualquier persona a quien hayan expedido un documento o una 
autorización de residencia con arreglo a los apartados 1 y 2 y que 
resida de manera irregular en el territorio de otro Estado miembro. 
4. Con carácter excepcional, los Estados miembros podrán no aplicar 
las disposiciones de los apartados 1 y 2 por motivos apremiantes de 
seguridad nacional, sin dejar por ello de tener en cuenta los 
intereses de los demás Estados miembros. 
El Estado miembro de que se trate informará adecuadamente a los 
demás Estados miembros, con arreglo a las modalidades adoptadas en 
las medidas de aplicación del presente Convenio. 
Estas medidas deberán utilizarse en la medida y durante el tiempo 
estrictamente necesarios para cumplir los objetivos mencionados en 
el párrafo primero. 
5. Para la aplicación del presente artículo, en las medidas de 
aplicación del presente Convenio se establecerá: 
- la lista de los documentos y autorizaciones provisionales de 
residencia mencionados en los apartados 1 y 2 que tendrán valor 
equivalente a un visado; 
la lista indicativa de las condiciones excepcionales por las que 
las autoridades de los Estados miembros admitirán de forma 
equivalente a un visado las autorizaciones provisionales de 
residencia y los documentos de viaje contemplados en el 
apartado 2. 
ARTICULO 9 
Estancias que no sean de corta duración 
Las personas que vayan a efectuar en un Estado miembro una estancia que 
no sea de corta duración entrarán en dicho Estado en las condiciones 
que exige la legislación nacional del mismo. En tal caso el acceso 
estará limitado al territorio de dicho Estado. 
2* 
TÍTULO V 
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
ARTÍCULO 14 
Responsabilidad de los transportistas 
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 27 y de los actos 
adoptados en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, los Estados miembros se comprometen a introducir en su 
legislación nacional medidas relativas a las compañías de 
transporte aéreo y marítimo y a las compañías que efectúen enlaces 
internacionales de servicio público por carretera en autocar, con 
excepción, no obstante, del tráfico fronterizo. 
2. Dichas medidas tendrán como finalidad: 
obligar a los transportistas a tomar todas las precauciones 
necesarias para cerciorarse de que las personas que procedan de 
países terceros tengan en su poder los documentos de viaje 
válidos y eventualmente los visados necesarios y establecer las 
sanciones adecuadas para los transportistas que incumplan dicha 
obligación; 
- obligar al transportista, cuando se lo requieran las autoridades 
de control, a volver a hacerse cargo inmediatamente, pudiendo 
ello incluir gastos de alojamiento hasta la salida, y a llevar 
al Estado desde donde fue transportado o al Estado que le 
hubiere expedido el pasaporte o bien a cualquier otro Estado que 
acepte admitir a la persona que proceda de un país tercero 
cuando se le deniegue la entrada en el primer control de entrada 
en el territorio de la Comunidad. 
ARTÍCULO 15 
Cruce irregular de una frontera exterior 
Una persona que haya cruzado irregularmente una frontera exterior 
sin tener autorización de residencia o que incumpla o haya dejado 
de cumplir las condiciones para residir en un Estado miembro 
deberá, en principio, abandonar inmediatamente el territorio de los 
Estados miembros, a menos que se regularice su estancia. 
Si dicha persona dispone de un documento de residencia o de una 
autorización de residencia provisional no caducada, expedido por 
otro Estado miembro, deberá dirigirse inmediatamente al territorio 
de dicho Estado miembro, a menos que se le autorice a dirigirse a 
otro país que acepte admitirlo. 
2. Cuando no tenga lugar la salida voluntaria de dicha persona que no 
sea nacional de un Estado miembro o cuando pueda presumirse que 
que lo inscribió en la lista y tendrá en cuenta los intereses de 
éste; el documento de residencia se expedirá únicamente cuando 
exista un motivo importante, en particular de carácter humanitario 
o como consecuencia de obligaciones internacionales. 
En caso de que se expida el documento de residencia, el Estado 
miembro que hubiere incluido al interesado en la lista común 
procederá a retirarlo de la misma. 
2. Cuando se haya incluido en la lista común a una persona titular de 
un documento de residencia no caducado, expedido por uno de los 
Estados miembros, el Estado miembro que lo haya incluido y el 
Estado miembro que haya expedido el documento de residencia se 
consultarán para determinar si existen motivos suficientes para 
retirar el documento de residencia. 
En caso de que el documento de residencia no sea retirado, el 
Estado miembro que hubiere incluido a dicha persona en la lista la 
retirará de la misma. 
3. En las medidas de aplicación del presente Convenio se establecerán 
las modalidades de aplicación del presente artículo. 
ARTICULO 12 
Denegación de entrada en un Estado miembro 
1. La entrada en el territorio de los Estados miembros se denegará a 
las personas que no cumplan alguna de las condiciones a que se 
refieren el apartado 1 del artículo 7 y el artículo 9. 
Sin embargo, un Estado miembro podrá conceder, por motivos 
humanitarios, de interés nacional o a causa de obligaciones 
internacionales, la admisión a una persona que no cumpla tales 
condiciones. En ese caso, la admisión quedará circunscrita al 
territorio de dicho Estado miembro, el cual, si la persona figura 
en la lista común informará a los demás Estados miembros de forma 
apropiada, con arreglo a los procedimientos que se establezcan en 
las medidas de aplicación del presente Convenio. 
ARTICULO 13 
Intercambio de datos 
1. El intercambio de los datos que figuren en la lista común se 
efectuará de modo informatizado. 
La institución, organización y funcionamiento de dicho sistema 
informatizado será objeto del Convenio por el que se cree el 
sistema europeo de información. Tal Convenio incluirá garantías 
para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal. 
2« 
3. La lista común podrá ser consultada por las autoridades competentes 
de los Estados miembros que, de acuerdo con la legislación 
nacional, tengan por cometido: 
- tramitar la solicitud de visados, 
- realizar los controles fronterizos, 
realizar los controles policiales, 
- autorizar y regular la residencia de las personas que no tengan 
la nacionalidad de un Estado miembro. 
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros los servicios facultados, en virtud del presente 
artículo, para consultar la lista común. 
2? 
TÍTULO V 
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
ARTÍCULO 14 
Responsabilidad de los transportistas 
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 27 y de los actos 
adoptados en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, los Estados miembros se comprometen a introducir en su 
legislación nacional medidas relativas a las compañías de 
transporte aéreo y marítimo y a las compañías que efectúen enlaces 
internacionales de servicio público por carretera en autocar, con 
excepción, no obstante, del tráfico fronterizo. 
2. Dichas medidas tendrán como finalidad: 
obligar a los transportistas a tomar todas las precauciones 
necesarias para cerciorarse de que las personas que procedan de 
países terceros tengan en su poder los documentos de viaje 
válidos y eventualmente los visados necesarios y establecer las 
sanciones adecuadas para los transportistas que incumplan dicha 
obligación; 
obligar al transportista, cuando se lo requieran las autoridades 
de control, a volver a hacerse cargo inmediatamente, pudiendo 
ello incluir gastos de alojamiento hasta la salida, y a llevar 
al Estado desde donde fue transportado o al Estado que le 
hubiere expedido el pasaporte o bien a cualquier otro Estado que 
acepte admitir a la persona que proceda de un país tercero 
cuando se le deniegue la entrada en el primer control de entrada 
en el territorio de la Comunidad. 
ARTICULO 15 
Cruce irregular de una frontera exterior 
Una persona que haya cruzado irregularmente una frontera exterior 
sin tener autorización de residencia o que incumpla o haya dejado 
de cumplir las condiciones para residir en un Estado miembro 
deberá, en principio, abandonar inmediatamente el territorio de los 
Estados miembros, a menos que se regularice su estancia. 
Si dicha persona dispone de un documento de residencia o de una 
autorización de residencia provisional no caducada, expedido por 
otro Estado miembro, deberá dirigirse inmediatamente al territorio 
de dicho Estado miembro, a menos que se le autorice a dirigirse a 
otro país que acepte admitirlo. 
2. Cuando no tenga lugar la salida voluntaria de dicha persona que no 
sea nacional de un Estado miembro o cuando pueda presumirse que 
dicha salida no tendrá lugar o en caso de que se imponga la salida 
inmediata de dicho extranjero por motivos de seguridad nacional o 
de orden público, se expulsará a dicha persona con arreglo a la 
legislación del Estado en que se encuentre. La expulsión se 
realizará desde el territorio de dicho Estado hacia el país de 
origen de dicha persona. También podrá realizarse hacia cualquier 
otro país en el que sea posible su admisión, en particular en 
aplicación de las disposiciones pertinentes de los acuerdos de 
readmisión entre los Estados miembros. 
La lista de los documentos de residencia o autorizaciones de 
residencia provisional expedidos por los Estados miembros se 
establecerá en las medidas de aplicación del presente Convenio. 
Los Estados miembros celebrarán entre sí acuerdos bilaterales de 
readmisión de las personas que no sean beneficiarías del Derecho 
comunitario, si una de ellas lo solicitase. 
ARTÍCULO 16 
Compensación de los desequilibrios financieros 
Sin perjuicio de la definición que se formule en las medidas de 
aplicación del presente Convenio de los criterios y modalidades 
prácticas apropiadas, los Estados miembros se compensarán 
recíprocamente los desequilibrios financieros que puedan resultar de la 
obligación de expulsión prevista en el artículo 15 cuando dicha 
expulsión no pueda realizarse a expensas de la persona o de un tercero. 
&&¿* 
TÍTULO VI 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS VISADOS 
ARTÍCULO 17 
Política común de visados 
Los Estados miembros se comprometen a armonizar progresivamente sus 
políticas de visados, sin perjuicio de las decisiones adoptadas en 
virtud del artículo 100 C del Tratado CE. 
ARTICULO 18 
Visado uniforme 
1. Un Estado miembro no podrá exigir un visado expedido por sus 
propias autoridades a una persona que solicite efectuar una corta 
estancia en su territorio y que sea titular de un visado uniforme. 
ARTÍCULO 19 
Condiciones para la expedición del visado uniforme 
1. El visado uniforme se expedirá únicamente si la persona cumple las 
condiciones de entrada fijadas en el apartado 1 del artículo 7, con 
excepción de lo dispuesto en la letra b). 
2. La expedición de los visados uniformes se efectuará con arreglo a 
las siguientes condiciones y criterios comunes: 
se deberá verificar la regularidad y autenticidad de los 
documentos de viaje presentados con ocasión de una petición de 
visado; 
la fecha de expiración del documento de viaje deberá ser 
posterior por lo menos en tres meses a la fecha límite de 
residencia indicada en el visado, teniendo en cuenta el periodo 
de utilización de éste; 
- el documento de viaje deberá ser reconocido por todos los 
Estados miembros; 
- el documento de viaje deberá ser válido para todos los Estados 
miembros; 
- el documento de viaje deberá permitir el retorno al país de 
origen del solicitante o su entrada en un país tercero; 
la existencia y la validez de la autorización o del visado de 
retorno al país de salida deberán ser verificadas si tal 
30 
formalidad es exigida por las autoridades de dicho país. De la 
misma forma se procederá, en su caso, con la autorización de 
entrada en un país tercero. 
ARTÍCULO 20 
Consulta previa a las autoridades centrales 
1. Cuando en un Estado miembro la expedición de visados esté sometida 
en determinados casos a un procedimiento de consulta previa a las 
autoridades centrales y dicho Estado miembro desee ser consultado 
en tales casos para la expedición de un visado uniforme por otro 
Estado miembro, dicho visado sólo podrá expedirse si las 
autoridades centrales del Estado miembro de que se trate han sido 
consultadas previamente y no han formulado objeciones al respecto. 
La falta de respuesta de dichas autoridades al cabo de un plazo que 
deberá fijarse en las medidas de aplicación del presente Convenio 
equivaldrá a ausencia de objeciones para la expedición del visado. 
Dicho plazo será de catorce días como máximo. 
Si se formulase alguna objeción o si, debido a la urgencia, no se 
pudiese recurrir al procedimiento de consulta estipulado en el 
párrafo primero, sólo podrá expedirse un visado nacional con 
validez territorial limitada. 
Las medidas de aplicación del presente Convenio determinarán el 
procedimiento de aplicación del presente artículo, prestando 
atención particularmente a la seguridad de los Estados miembros. 
Dichas normas podrán precisar los casos en que la expedición de un 
visado uniforme deba supeditarse a la consulta previa de las 
autoridades centrales del Estado o Estados miembros que soliciten 
dicha consulta, sin que pueda restringir la posibilidad de los 
Estados miembros de recurrir a la consulta previa de sus propias 
autoridades centrales en otros casos. 
ARTÍCULO 21 
Visado uniforme de entradas múltiples 
1. El visado uniforme podrá ser un visado válido para una o varias 
entradas. La duración de una estancia ininterrumpida o la duración 
total de las estancias sucesivas no podrá exceder de tres meses 
durante un periodo de seis meses contado desde la fecha de entrada. 
2. En las medidas de aplicación del presente Convenio se establecerán 
las condiciones y criterios de los que dependerá la concesión de un 
visado uniforme de entradas múltiples. 
31 
ARTÍCULO 22 
Expedición del visado uniforme 
1. El visado uniforme será expedido por las representaciones 
diplomáticas y consulares de los Estados miembros y, 
excepcionalmente, por otras autoridades que determine la 
legislación nacional. 
2. En principio será competente para expedir el visado el Estado 
miembro de destino principal. Si no es posible determinar dicho 
destino, será competente el Estado miembro de la primera entrada. 
3. En las medidas de aplicación del presente Convenio se establecerán 
las modalidades de aplicación de los principios del presente 
artículo. 
ARTÍCULO 23 
Prolongación de la estancia 
Durante un mismo periodo de seis meses, un Estado miembro podrá 
expedir, en caso de necesidad, un visado de validez limitada a su 
territorio a una persona que ya haya obtenido un visado uniforme. 
Dichas disposiciones tampoco será obstáculo para que un Estado miembro 
autorice, más allá de un periodo de tres meses, la residencia en su 
territorio a una persona que posea un visado uniforme. 
ARTICULO 24 
Visado nacional 
1. En los casos previstos en los artículos 20, 23 y 25 los Estados 
miembros tendrán la posibilidad de expedir visados cuya validez 
esté limitada a su propio territorio. 
Además, por motivos humanitarios o de interés nacional o por 
obligaciones internacionales, los Estados miembros podrán expedir 
un visado cuya validez esté limitada a su propio territorio a toda 
persona que no cumpla ninguna o alguna de las * condiciones de las 
letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 7. 
3. El Estado miembro que, en virtud del apartado 2, haya expedido un 
visado a una persona informará de ello a los demás Estados miembros 
en caso de que dicha persona figure en la lista común o de que el 
Estado consultado en aplicación del artículo 20 formule alguna 
objeción. Dicha información será comunicada según los 
procedimientos que definan las medidas de aplicación del presente 
Convenio de acuerdo con el apartado 2 del artículo 12. 
3«, 
4. Los visados expedidos con arreglo a los apartados 1 y 2 llevarán 
una mención especial y serán materialmente distintos del visado 
uniforme. 
ARTÍCULO 25 
Visados para estancias prolongadas 
Los visados para una estancia superior a tres meses serán visados 
nacionales expedidos por cada Estado miembro con arreglo a su propia 
La expedición de dicho visado estará sujeta a la consulta de la lista 
común. 
3* 
TITULO VII 
NORMAS DE APLICACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 
ARTÍCULO 26 
Medidas de aplicación 
Las decisiones necesarias para la aplicación del presente Convenio, con 
excepción de las previstas expresamente por éste, serán adoptadas por 
unanimidad en el Consejo, a propuesta de la Comisión o por iniciativa 
de un Estado miembro. 
ARTÍCULO 27 
Normas jurídicas aplicables 
Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Convenio europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de 
noviembre de 1950 y de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 
1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 
1967, relativos al Estatuto de los refugiados, y sin perjuicio de 
las disposiciones constitucionales más favorables de los Estados 
miembros en materia de asilo. 
2. Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los acuerdos 
bilaterales, relativos al tráfico menor fronterizo. 
ARTÍCULO 28 
Relaciones con países terceros 
1. Todo Estado miembro que vaya a celebrar con un Estado tercero 
negociaciones sobre controles fronterizos informará de ello con la 
suficiente antelación a los demás Estados miembros y a la Comisión. 
2. Ningún Estado miembro celebrará con uno o varios Estados terceros 
acuerdos para simplificar o suprimir controles en las fronteras sin 
el acuerdo previo del Consejo. 
Las disposiciones del presente apartado no se aplicarán a los 
acuerdos sobre tráfico menor fronterizo, siempre y cuando dichos 
acuerdos respeten las medidas de aplicación que se establezcan en 
cumplimiento del artículo 2 y sin perjuicio de las disposiciones 
del apartado 2 del artículo 27. 
34 
ARTÍCULO 29 
Competencia del Tribunal de Justicia 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente 
para pronunciarse: 
- con carácter prejudicial, sobre la interpretación de las 
disposiciones del presente Convenio. Los requisitos para acudir al 
Tribunal son los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 
177 del Tratado CE; 
a petición de un Estado miembro o de la Comisión, sobre cualquier 
litigio relativo a la aplicación del presente Convenio. 
39 
TITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 30 
Aplicación territorial 
p.m." (pro memoria) 
3* 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. Observaciones generales 
El nuevo artículo 100 C del Tratado de Roma impone al Consejo la 
obligación de determinar los terceros países cuyos nacionales deben 
estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de la 
Comunidad. Este artículo se ha incorporado deliberadamente entre las 
disposiciones del Tratado relativas al mercado interior. Por 
consiguiente, cabe deducir que está destinado a contribuir a la 
realización de la libre circulación de las personas en el mercado 
interior, tal como se contempla en el artículo 7 A CE (antiguo 
artículo 8 A CEE). 
En octubre de 1986 los doce Estados miembros instauraron una cooperación 
intergubernamental en el ámbito de la justicia y de los asuntos de 
interior. Uno de los primeros resultados de la coordinación progresiva 
de sus políticas en materia de visados fue la adopción por los ministros 
responsables de la inmigración (Copenhague, diciembre de 1987) de una 
lista de 50 terceros países cuyos nacionales necesitaban un visado en 
todos los Estados miembros. Esto supone que un nacional de uno de estos 
países que desee visitar los doce Estados miembros debe estar provisto 
de 10 visados distintos (para los países del Benelux basta un visado 
expedido por uno de los tres países). A partir de la reunión de Munich 
(junio de 1988), los ministros siguieron la evolución en materia de 
armonización de visados y tomaron nota, en cada una de sus reuniones 
posteriores, del número de terceros países cuyos nacionales tenían la 
obligación de presentar un visado en todos los Estados miembros para 
poder entrar en su territorio. Así, en la reunión celebrada en 
Copenhague, en junio de 1993, los ministros responsables de la 
emigración observaron que el número de países incluidos en esta 
categoría se eleva a 73. Asimismo, la información facilitada por los 
Estados miembros muestra que son 19 los terceros países cuyos nacionales 
no requieren un visado en ningún Estado miembro y 92 los terceros países 
cuyos nacionales deben poseer un visado en como mínimo uno y como máximo 
once Estados miembros. 
Las medidas complementarias consideradas esenciales o deseables para la 
realización de la libre circulación de las personas quedaron 
establecidas en el Documento de Palma, adoptado por el Consejo Europeo 
celebrado en Madrid en junio de 1989. Una de las medidas juzgadas 
esenciales es un convenio entre los Estados miembros sobre el cruce de 
las fronteras exteriores. La armonización de las políticas de los 
Estados miembros sobre visados constituye una parte importante de dicho 
convenio. Aparte de la creación de un marco jurídico para la 
determinación de los terceros países cuyos nacionales deben estar 
provistos o no de un visado, el proyecto de Convenio sobre las fronteras 
exteriores de 1991, aún por firmar, contempla la instauración de un 
visado uniforme (incluidas las condiciones de expedición) e incluye 
disposiciones relativas a los visados de validez territorial limitada y 
el derecho de circular para determinadas categorías de nacionales de 
terceros países. 
El Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990, que deberá 
entrar en vigor próximamente, contiene también disposiciones relativas a 
los visados. El artículo 9 de dicho texto estipula que las partes 
contratantes se comprometen a adoptar un régimen común en materia de 
visados y a armonizar sus políticas en este ámbito. En aplicación de 
i~r 
- 2 -
este artículo, los nueve Estados signatarios de Schengen han elaborado 
tres listas de terceros países: una lista relativamente larga de los 
terceros países cuyos nacionales deberán estar provistos de visados para 
entrar en todos los Estados del Acuerdo de Schengen, un "inventario" 
relativamente corto y no vinculante de terceros países cuyos nacionales 
quedan dispensados de dicha exigencia en todos los Estados del Acuerdo 
de Schengen, y otro "inventario" no vinculante de países cuyos 
nacionales deben poseer un visado únicamente en algunos de los Estados 
del Acuerdo de Schengen. 
La Comisión, por supuesto, ha tenido en cuenta todos estos textos al 
elaborar la presente propuesta y, cuando lo ha considerado apropiado, se 
ha inspirado en ellos. 
Además, la presente propuesta no debe considerarse aisladamente, sino en 
el contexto del enfoque global adoptado por la Comisión para la 
consecución de la libre circulación de las personas, y del que forman 
parte: el Convenio sobre fronteras exteriores revisado, propuesto 
conjuntamente con el presente Reglamento; una propuesta relativa a un 
modelo uniforme de visado, de acuerdo con el apartado 3 del 
artículo 100 C, que se presentará en cuanto se hayan resuelto los 
distintos problemas técnicos relacionados especialmente por la 
confidencialidad; y cualquier otro instrumento comunitario que pueda 
considerarse necesario. 
Del apartado 1 del artículo 100 C se deduce claramente que la Comunidad 
deberá llevar a cabo la acción prevista en el apartado 1 y que está 
vedada la realización de una iniciativa de este tipo por parte de los 
Estados miembros a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de 
la Unión Europea. Al mismo tiempo, la primera frase del apartado 3 
implica que estas decisiones deben adoptarse antes de 1996. Así pues, 
conviene proponerlas lo antes posible después de la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht, sobre todo teniendo en cuenta que dicho 
acontecimiento ha sido aplazado casi un año. 
El presente Reglamento no está limitado al período anterior al 1 de 
enero de 1996, fecha en que el Consejo se pronunciará por mayoría 
cualificada de conformidad con el apartado 3 del artículo 100 C. No es 
necesario adoptar un nuevo reglamento simplemente porque varía el 
procedimiento de votación en el Consejo. Por tanto, el Reglamento 
seguirá vigente después de dicha fecha bajo, con las posibles 
modificaciones que puedan efectuarse a raíz del nuevo procedimiento. 
2. Subsidiariedad y proporcionalidad 
El artículo 100 C confiere competencia absoluta a la Comunidad en este 
tema. 
En teoría, esta disposición podría llevarse a la práctica mediante un 
reglamento o mediante una directiva. La Comisión ha preferido un 
reglamento a una directiva por dos motivos: el establecimiento de una 
lista de países cuyos nacionales deban poseer obligatoriamente un visado 
no deja, por definición, ningún poder discrecional a los Estados 
miembros y proceder a la "trasposición" de dicha lista no tendría 
sentido; además, dado que en algunos casos puede ser necesario actuar 
rápidamente, los retrasos relacionados con la aplicación de una 
directiva podrían originar graves dificultades de tipo práctico. 
lí 
- 3 -
3. Comentario sobre los artículos 
Artículo 1 
El objetivo central del artículo 100 C es establecer una lista uniforme 
de terceros países cuyos nacionales estén obligados a solicitar un 
visado, lo que implica inevitablemente que deben suprimirse todas las 
divergencias entre las prácticas de los Estados miembros al respecto. Al 
establecer que el Consejo "determinará los terceros países cuyos 
nacionales deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras 
exteriores de los Estados miembros", el artículo 100 C implica 
necesariamente que el Consejo debe también determinar los terceros 
países que quedarán exentos de dicha exigencia. El punto de vista 
contrario no puede concillarse ni con el texto ni con el espíritu de 
dicha disposición. 
El apartado 1 del artículo 1 hace referencia al Anexo, donde se enumeran 
los países cuyos nacionales tienen la obligación de presentar un visado. 
Para facilitar la referencia al mismo se denominará la "lista negativa". 
La Comisión hubiera deseado que todo tercer país figurara a partir de 
ahora en la lista negativa o en una "lista positiva" de países cuyos 
nacionales estuvieran dispensados de visado. Esto es claramente lo que 
se contempla en el artículo 100 C, pero resultó imposible habida cuenta 
del número muy elevado de terceros países para los que las prácticas de 
los Estados miembros divergen y del carácter delicado de la decisión que 
debe adoptarse con respecto a muchos de ellos. En consecuencia, la 
Comisión acepta que los Estados miembros decidan si desean o no imponer 
la obligación del visado a los nacionales de terceros países no 
mencionados en el Anexo, siempre que se den las dos condiciones citadas 
en el preámbulo, es decir: que no den lugar a controles contrarios al 
artículo 7 A CE (antiguo artículo 8 A CEE) y que solo sea aplicable 
durante un período estrictamente limitado, después del cual cada tercer 
país deberá acogerse, bien a la lista positiva, bien a la negativa. Esta 
situación sólo será compatible con el Tratado si se dan las dos 
condiciones anteriores. En el apartado 2 del artículo 1 se contemplan 
estos principios. 
El apartado 3 del artículo 1 está destinado a garantizar el respeto del 
principio de la transparencia administrativa: todas las medidas 
adoptadas por los Estados miembros de conformidad con el apartado 2 
deberán publicarse en la sección C del Diario Oficial. 
Artículo 2 
Este artículo, que establece el principio del reconocimiento mutuo por 
los Estados miembros de visados concedidos por otros Estados miembros, 
constituye en cierto sentido la piedra angular de la presente propuesta. 
Como se afirma en el preámbulo, el artículo 100 C es una disposición 
relativa al mercado interior. Por consiguiente, su objetivo es, entre 
otras cosas, contribuir a la realización del mercado interior previsto 
en el artículo 7 A del Tratado. De ello se deduce necesariamente que la 
mera elaboración de una lista común de terceros países distaría mucho de 
cumplir el objeto previsto en el artículo 100 C. Así pues, este artículo 
pretende más bien acelerar la supresión de los controles de las personas 
en las fronteras internas de la Comunidad. Esto solo se logrará mediante 
el principio de reconocimiento mutuo. 
^7 
- 4 -
Sin embargo, este artículo se aplica únicamente a los visados válidos en 
la Comunidad. El Convenio sobre fronteras exteriores regula este tema. 
Esta condición se consideró necesaria porque no podía esperarse que los 
Estados miembros reconocieran visados concedidos por otros Estados 
miembros sin una armonización mínima. De no ser así, se expondrían a la 
práctica abusiva de "compra de visados". 
Asimismo, el Convenio sobre las fronteras exteriores establece que las 
personas con un permiso de residencia concedido por un Estado miembro 
quedan exentas de la obligación de presentar un visado. 
Artículo 3 
Dado que en el artículo 100 C se emplea el término "visado", el Consejo 
debe considerarse habilitado para definir dicho término en aplicación de 
esa disposición. Una definición es indispensable si se pretende que las 
restantes disposiciones del presente Reglamento sean plenamente 
eficaces, como lo han demostrado claramente los trabajos realizados en 
el Grupo de Schengen y en el Grupo ad hoc sobre la inmigración. La 
Comisión no pretende tampoco innovar en este ámbito. Por consiguiente, 
la definición que figura en el artículo 3 corresponde ampliamente a la 
del artículo 1 del proyecto de Convenio sobre las fronteras exteriores. 
En la gran mayoría de los Estados miembros una estancia es considerada 
corta cuando no excede un período de 3 meses. Esto explica por qué se 
utilizó este criterio en el artículo 21 del proyecto de Convenio sobre 
las fronteras exteriores de 1991. Por tanto, el primer guión se adjunta 
fielmente a esta última disposición. 
Artículo 4 
El párrafo primero es una fórmula habitual. 
El objetivo del párrafo segundo es garantizar que toda la información 
contenida en el apartado 3 del artículo 1 se publique en el Diario 
Oficial antes de que entren en aplicación las demás disposiciones del 
Reglamento. 
UtT 
Propuesta de 
Reglamento por el que se determinan los terceros países cuyos 
nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras 
exteriores de los Estados miembros 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular 
su artículo 100 C, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que con arreglo al artículo 100 C del Tratado la Comunidad 
debe determinar los terceros países cuyos nacionales deben estar 
provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados 
miembros; que el lugar que ocupa este artículo en el Tratado muestra que 
forma parte de las disposiciones relativas al mercado interior; 
Considerando que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 3 B 
del Tratado, ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario 
para alcanzar los objetivos del Tratado; que el reconocimiento mutuo por 
los Estados miembros de los visados expedidos por ellos, necesario para 
la plena realización del artículo 100 C, es una medida complementaria 
esencial para la consecución del objetivo establecido en el artículo 7 A 
por lo que respecta a la libre circulación de las personas; 
Considerando que los terceros países deben clasificarse en función de su 
situación política y económica y de sus relaciones con la Comunidad y 
los Estados miembros, para lo que se tendrá en cuenta el grado de 
armonización conseguido a nivel de los Estados miembros; 
Considerando que el objetivo del artículo 100 C es armonizar las normas 
y las prácticas de los Estados miembros al respecto; que las 
divergencias entre las normas y las prácticas de los Estados miembros 
deberían autorizarse por un período limitado mediante una medida 
transitoria, no pudiendo dar lugar a controles contrarios al 
artículo 7 A; que debería estipularse que este régimen transitorio 
expire el 30 de junio de 1996 y que con anterioridad a dicha fecha el 
Consejo deberá decidir respecto a cada tercer país si sus nacionales 
requerirán o no un visado; 
Considerando que, a fin de garantizar que este sistema se gestiona de 
modo transparente y que se informa a las personas afectadas, los Estados 
miembros que adopten medidas destinadas a establecer este régimen 
transitorio y excepcional deberán notificarlo a los demás Estados 
miembros y a la Comisión; que por los mismos motivos dicha información 
deberá también publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas; 
Considerando que la información prevista en el apartado 3 artículo 1 del 
presente Reglamento deberá publicarse antes de que los apartados 1 y 2 
del artículo 1 y el artículo 2 sean de aplicación; que, por 
consiguiente, es necesario posponer la aplicación de dichas 
disposiciones hasta que se cumpla un mes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, 
- 2 -
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Artículo 1 
1. Los nacionales de los terceros países que figuren en el Anexo del 
presente Reglamento deberán estar provistos de un visado al cruzar las 
fronteras exteriores de los Estados miembros. 
2. Hasta el 30 de junio de 1996 los Estados miembros decidirán si 
exigen visados a los nacionales de terceros países no mencionados en el 
Anexo. Con anterioridad a esa fecha, el Consejo decidirá, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 100 C, si añade dichos países a 
la citada lista o si dispensa a sus nacionales de la necesidad de poseer 
un visado. 
3. Cada Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la 
Comisión las medidas adoptadas de acuerdo con el apartado 2 dentro de un 
plazo de 10 días laborables a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Toda nueva medida adoptada con arreglo al apartado 2 deberá 
notificarse dentro de un plazo de 5 días laborables. La Comisión 
publicará la información notificada de conformidad con este apartado en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artículo 2 
Un Estado miembro no podrá exigir un visado a una persona que intente 
cruzar sus fronteras exteriores y que posea ya un visado expedido por 
otro Estado miembro, ya que dicho visado es válido en toda la Comunidad. 
Artículo 3 
A los efectos del presente Reglamento se aplicará la siguiente 
definición: 
Visado: toda autorización concedida por un Estado miembro que: 
- autoriza a una persona a entrar en su territorio, siempre que se 
cumplan otros requisitos de entrada, y es válido para una estancia 
no superior a tres meses o un número de estancias que no exceda un 
total de tres meses durante un período de seis meses a partir de la 
fecha de la primera entrada; o 
- autoriza a una persona a atravesar su territorio o a entrar en la 
zona de tránsito de un puerto o aeropuerto, siempre que se cumplan 
otros requisitos de tránsito; o 
- autoriza a una persona que ya se encuentra en su territorio a 
volver a ese país dentro de un plazo determinado. 
Artículo 4 
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
No obstante, los apartados 1 y 2 del artículo 1 y el artículo 2 entratán 
en vigor un mes después de tal publicación. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miembro. 
Li 
- 3 -
Anexo* 
Afganistán 
Albania 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudf 
Argelia 
Armenia 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Baharain 
Bangladesh 
Barbados 
Belice 
Benin 
Botsuana 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Bután 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Comoras 
Congo 
Corea (Norte) 
Costa de Marfil 
Cuba 
Chad 
China 
Dominica 
Egipto 
Emiratos Árabes Unidos 
Eritrea 
Etiopia 
Fideicomiso de las 
Islas del Pacífico F ili pinas 
Fiyi 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Guayana 
Guinea 
Guinea Bisau 
Guinea (Ecuatorial) 
Haitf 
India 
Indonesia 
Irak 
Irán 
Islas Marianas Sept. 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Jordania 
Kazajstán 
Kirguizistán 
Kiribati 
Kuwait 
Laos 
Lesoto 
Líbano 
Liberia 
L i bi a 
Madagascar 
Maldivas 
Mali 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Micronesia Moldavia 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Niger 
Nigeria 
Omán 
Pakistán 
Papua Nueva Guinea 
Qatar 
Ruanda 
Rumania 
Rusia 
San Cristóbal y Nieves 
San Vicente y 
las Granadinas 
Samoa (Occidental) 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Siria 
Sri Lanka 
Somalia 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Sudán 
Sur i nam 
Tailandia 
Taiwan 
Tanzania 
Tayikistán Togo 
Tonga 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turkemenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Vietnam 
Yemen 
Zaire 
Zambia 
* La presente lista no prejuzga la posición de la Comunidad Europea ni 
de sus Estados miembros con respecto al estatuto internacional de los 
países mencionados ni con respecto a las relaciones que mantienen con 
ellos. 
hi 
ISSN 0257-9545 
COM (93) 684 final 
DOCUMENTOS 
ES oí 06 il 
N° de catálogo : CB-CO-93-737-ES-C 
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