Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La República Checa en el contexto de la ampliación y del fortalecimiento de la estrategia de preadhesión»

(98/C 407/43)

El 29 de enero de 1998, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «La República Checa en el contexto de la ampliación y del fortalecimiento de la estrategia de preadhesión».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de julio de 1998 (ponente: Sr. Masucci).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre), el Comité Económico y Social ha aprobado por 115 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Con la apertura formal de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea de los PECO y de Chipre, decidida por el Consejo del 13 y 14 de diciembre de 1997, la preparación de los países candidatos experimentó una nueva y decisiva aceleración.

Lo que parecía un objetivo deseable pero no alcanzable en un plazo definido, hoy prevé para cada país una serie de etapas precisas en el camino de las reformas económicas, políticas y sociales para poder cumplir los criterios definidos en Copenhague y Madrid.

1.2. En estos últimos años, el Comité ha seguido con la máxima atención la compleja problemática de la ampliación: desde un punto de vista más político y general, emitió su dictamen sobre el «Libro Blanco» de 1996 () y sobre la apertura de las negociaciones y los efectos de la ampliación (); y por lo que se refiere a temas específicos, dedicó varios dictámenes () a las consecuencias de la adhesión de los PECO para las políticas comunitarias.

1.3. Más recientemente, la Comisión adoptó diez propuestas de decisión () que fijan los principios, las prioridades, los objetivos intermedios y las condiciones de las Asociaciones para la adhesión aplicables a cada uno de los países candidatos.

Las Asociaciones para la adhesión constituyen un elemento esencial de la estrategia reforzada de preadhesión de la UE e indican para cada candidato las prioridades para la transposición del acervo comunitario así como los recursos financieros disponibles para apoyar esta estrategia.

1.4. El Comité se propone contribuir a la resolución de los problemas indicados por la Comisión en cada país candidato mediante dictámenes en los que examinará las principales cuestiones de carácter constitucional, económico y social.

En particular, el Comité desea, con estos dictámenes, resaltar y apoyar por una parte las posiciones de los interlocutores sociales de los PECO por lo que se refiere a los efectos económicos y sociales de la ampliación en estas sociedades sometidas a profundos cambios, y, por otra, los pronósticos y los interrogantes planteados por los interlocutores sociales de los Estados miembros en cuanto a las consecuencias que tendrá la ampliación de la Unión sobre las políticas comunitarias.

2. El proceso de adhesión de la república checa a la UE

2.1. El Acuerdo de Asociación

2.1.1. Las relaciones entre la República Checa y la UE se iniciaron formalmente, en el plano diplomático, en septiembre de 1988. Después de los acontecimientos de 1989, hubo un primer acuerdo relativo al comercio y la cooperación comercial y económica firmado en 1990, seguido por el Acuerdo de Asociación firmado el 16 de diciembre de 1991.

Después de la constitución de las Repúblicas Checa y Eslovaca, este acuerdo se renegoció en octubre de 1993 y entró en vigor el 1 de febrero de 1995. El 17 de enero de 1996, la República Checa presentó su candidatura a la adhesión.

2.1.2. En noviembre de 1994, se creó la Comisión gubernamental para la integración europea presidida por el Primer Ministro. Forman parte de ella los ministros de Hacienda, Comercio e Industria, Agricultura, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, así como un ministro sin cartera, y está asistida por 22 grupos de trabajo especializados, entre ellos uno dedicado a la armonización legislativa.

2.1.3. El marco institucional del Acuerdo europeo es plenamente operativo, e incluye una estrecha cooperación con la Comisión por lo que se refiere a las ayudas estatales, los derechos de propiedad industrial y comercial, las políticas macroeconómicas y los derechos de aduana. No hubo ningún problema hasta principios del año 1997, cuando se registra la no admisión en el mercado checo de algunos productos de origen comunitario y conformes a las normas europeas. En abril de 1997 se introduce además un régimen de depósito previo a la importación que está en conflicto con el Acuerdo europeo y que posteriormente fue abolido.

2.1.4. La República Checa se comprometió a realizar la aproximación de las legislaciones a partir de 1991, y a principios del año 1995 se fijó un calendario. En la primavera 1996, el Gobierno checo redactó un documento en respuesta al Libro Blanco de la Comisión sobre el mercado interior, en el cual definía las acciones prioritarias hasta el año 2000.

Se preveían asimismo nuevas estructuras por lo que se refiere a la gestión del medio ambiente, los impuestos directos e indirectos, la protección de los datos personales y la política social. La Comisión indicaba no obstante que en el momento de la redacción del dictamen sobre la República Checa, contenido en la «Agenda 2000», aún no se habían concretado esas intenciones.

2.1.5. Aunque participa en todos los niveles del diálogo estructurado, la República Checa ha formulado exigencias de mayor concreción por lo que se refiere a las reuniones y parece preferir un diálogo político bilateral en el Consejo de asociación.

2.2. Agenda 2000

2.2.1. La situación política, económica y social de la República Checa se sometió a un examen profundo, más allá de las contingencias, tal y como se decidió en los Consejos de Copenhague y Madrid.

En julio de 1997, la Comisión presentó en el marco de la Agenda 2000 su dictamen sobre la solicitud de adhesión de la República Checa, dictamen que constituyó la base de las evaluaciones del Consejo de Luxemburgo de diciembre de 1997.

2.2.2. La evaluación de los criterios políticos es globalmente positiva, en la medida en que dichos criterios se cumplen en lo fundamental.

Según la Comisión, las instituciones checas funcionan correctamente y los distintos poderes respetan escrupulosamente los límites de sus competencias y se esfuerzan por cooperar entre ellos. El Parlamento funciona de modo satisfactorio; sus competencias se respetan, con la plena participación de la oposición.

2.2.2.1. La Administración pública adolece de la ausencia de un estatuto de la función pública y de remuneraciones muy bajas que provocan el éxodo del personal más competente hacia el sector privado.

2.2.2.2. El funcionamiento del poder judicial constituye una cuestión delicada, no tanto por la insuficiencia de personal y estructuras como por algo más grave: la escasa experiencia y la profesionalidad insuficiente de los jueces, enfrentados con legislaciones completamente nuevas y sin el apoyo de una jurisprudencia consolidada.

2.2.2.3. Los derechos civiles y políticos están garantizados, así como el acceso a la justicia y la libertad de asociación y de manifestación, aunque subsisten dificultades en el ámbito de la información: la prensa escrita está regulada por una ley de 1966, que prevé un acceso limitado a los documentos administrativos, mientras que las leyes relativas al sector audiovisual no tienen en cuenta el establecimiento de las cadenas privadas.

Existen problemas bastante serios con la situación de los gitanos rom, que son objeto de discriminación y violencia y no tienen protección suficiente por parte de las fuerzas del orden. Después de un momento de profunda crisis en la época de la escisión en dos Estados independientes, durante la cual una serie de rom que no habían efectuado determinados trámites relativos a la nueva nacionalidad fueron objeto de sanciones administrativas, las autoridades lanzaron recientemente una campaña de apoyo cultural en favor de la población cíngara; no obstante, queda aún mucho por hacer.

2.2.3. En cuanto a los criterios económicos, no se puede olvidar que la República Checa tiene un pasado de gran prestigio: la Comisión recuerda, con mucha razón, que antes de la Segunda Guerra Mundial la República Checa era uno de los países más ricos de Europa.

Se trata de un detalle importante en la medida en que ha facilitado, incluso a nivel psicológico, la vuelta a la economía de mercado, con la liberalización de los precios, la privatización de las empresas, la convertibilidad de la moneda y una política monetaria y fiscal rigurosa.

2.2.3.1. La privatización de las empresas públicas se ha producido incluso demasiado rápidamente, implicando a la población en un sistema de «bonos». Se ha llevado así a cabo una privatización rápida e igual en todos los sectores de la economía, aunque la presencia del Estado es todavía fuerte, en particular en algunos sectores, como el de la banca y en unas sesenta grandes empresas.

2.2.3.2. Los precios al consumo están liberalizados casi por completo; algunos precios que hasta hace dos años estaban sometidos a un régimen de control por razones sociales, como los de los transportes, comunicaciones, agua y energía, conocieron en 1997 una subida importante, que continuará en 1998.

También se han reducido las subvenciones, principalmente con el fin de no obstaculizar el desarrollo del mercado y la competencia.

2.2.3.3. El comercio experimentó en cambio un retroceso -seguramente debido a la coyuntura desfavorable- con la introducción en abril de 1997 de un régimen de depósito previo a la importación para algunos bienes de consumo, con el fin de frenar el déficit comercial y reducir el déficit presupuestario.

2.2.3.4. Existen también restricciones relativas a las salidas de capitales. Hasta finales de 1996, la considerable afluencia de capitales mantuvo estable la moneda a pesar del gran déficit comercial. Pero en 1997, la inestabilidad política, junto con el gran déficit comercial, provocó una tormenta monetaria que desembocó en mayo en una devaluación de la corona del 20 % en relación con el dólar y del 7 % en relación con el marco. La consecuencia inevitable fue un aumento de la inflación y un retraso en la convergencia con las tasas de la UE.

2.2.4. Por lo que se refiere al criterio relativo a la economía de mercado, la Comisión responde que la República Checa es una economía de mercado operativa. Desde los precios a la propiedad industrial, el proceso de desarrollo de una plena economía de mercado se encuentra en una fase avanzada, aunque puede haber problemas de estabilidad macroeconómica debido a la persistencia del déficit comercial y la estructura de los intercambios comerciales.

Además, para garantizar un crecimiento a más largo plazo, debe reestructurarse a fondo el sistema de producción. Con todo, es significativo que la República Checa haya sido el primer país candidato que se ha adherido a la OCDE.

2.2.4.1. Por lo que se refiere a la capacidad para hacer frente a la competencia, la Comisión considera que es difícil pronunciarse en cuanto a la capacidad del sistema económico checo para satisfacer este criterio.

La República Checa podría estar en condiciones de hacer frente a la competencia a condición de que se acelere la reestructuración de las empresas y, por consiguiente, la mejora de la calidad de los productos, dado que el país tiene una mano de obra cualificada, aunque insuficiente, y buenas infraestructuras.

2.2.5. La capacidad para garantizar las cuatro libertades de circulación (mercancías, capitales, servicios y personas) es el fundamento de la adhesión a la Unión. Esta capacidad consiste concretamente en transponer el acervo comunitario, no sólo en el plano de la legislación, sino también en el de la creación de estructuras administrativas y judiciales adecuadas.

En ese aspecto, la Comisión declara de nuevo que no está aún en condiciones de evaluar cada una de las medidas que, según las autoridades checas, se han adoptado.

En general, la República Checa afirma haber transpuesto 417 de los 899 reglamentos y directivas citados en el Libro Blanco. Pero la Comisión destaca, con razón, que no basta con la transposición de los textos; es necesario que ésta vaya acompañada de medidas concretas de aplicación y de la creación de una infraestructura administrativa eficaz.

2.2.5.1. El papel específico del CES le lleva a examinar con especial atención la cohesión económica y social, y las observaciones de la Comisión plantean serios interrogantes.

En lo que se refiere en particular al diálogo social, se dice que las políticas del Gobierno no han animado a la patronal a negociar en el marco del diálogo social y que los sindicatos se muestran preocupados por el hecho de que el Gobierno no tenga en cuenta el dictamen de los interlocutores sociales salvo en cuestiones salariales y referentes a las condiciones de trabajo en las empresas. Por esa razón, y por otras, la Comisión concluye que el diálogo social no está aún demasiado consolidado.

2.2.5.2. Una nota más positiva merece en cambio el mercado de trabajo, que aún no se encuentra enfrentado con una tasa de desempleo realmente alta. Pero esto es algo que podrá ocurrir (y que en parte está ya ocurriendo) con los procesos de reestructuración industrial. Dentro de poco se plantearán problemas de reconversión de una parte de la mano de obra, en particular de la menos cualificada. De ahí la necesidad de prepararse para una operación de gran envergadura en materia de formación de adultos, con vistas a su adaptación a los cambios estructurales.

2.2.5.3. Respecto al gasto social, la Comisión prevé que será necesario mejorar los niveles e instrumentos de protección social y el sistema sanitario. En cuanto a la protección jurídica de los trabajadores, la situación es bastante positiva, debido a la adopción de los principios generales relativos a la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, así como en materia de igualdad de oportunidades.

2.3. La Asociación para la adhesión

Para las respuestas concretas a todos los problemas puestos de relieve en la Agenda 2000, el Comité concede gran importancia a las propuestas de decisión sobre las Asociaciones para la adhesión previamente mencionadas.

Para cada país candidato se proponen prioridades derivadas del profundo análisis contenido en los dictámenes de la Comisión. El objetivo consiste en ayudar a los candidatos a identificar los sectores en los cuales es necesario seguir trabajando y prepararlos para el proceso de adhesión.

El Comité se propone examinar el contenido de estas propuestas y hacer después un seguimiento del programa nacional para la adopción del acervo comunitario que cada país candidato está obligado a presentar antes del 30 de marzo de 1998.

El Comité examinará con extrema atención el seguimiento de las Asociaciones para la adhesión que se efectuará a través de los dispositivos previstos por el Acuerdo europeo (subcomités, Comité de asociación y Consejo) y manifiesta el deseo de ser consultado sobre el primer informe al Consejo Europeo que la Comisión deberá presentarle a finales de 1998.

3. El contexto político y económico

3.1. Después de varios años de estabilidad (1990-1995), el Partido Cívico Democrático (ODS) de Klaus perdió la mayoría en las elecciones de 1996, y desde entonces ha prevalecido la inestabilidad política, con grandes litigios entre los partidos. En estos últimos años ha habido poco diálogo entre la oposición y la mayoría e incluso con la opinión pública. Los medios de comunicación hablan de «arrogancia e incomunicabilidad».

3.2. En 1997, la República Checa atravesó una profunda crisis política e institucional. Salieron a la luz graves escándalos de corrupción política: en diciembre dimitió el Gobierno Klaus por una cuestión de presuntas financiaciones ilícitas. A nivel institucional surgieron tensiones entre el Gobierno y la Presidencia de la República, que acabó con la constitución de un nuevo Gobierno técnico, presidido por el Gobernador del Banco Central, Josef Tosovsky, destinado a permanecer en el cargo hasta las siguientes elecciones, que se celebraron el 19 de junio de 1998.

El 2 de febrero de 1998, Vaclav Havel fue reelegido Presidente de la República.

3.3. La opinión pública está descontenta, tanto por el aumento de los precios de los servicios básicos debido a la crisis financiera que desembocó en la devaluación de la corona en julio de 1997, como por los escándalos financieros que han sacudido la banca y los fondos de inversión, creando un clima de incertidumbre y desconfianza.

Los problemas fueron aún más complejos con Eslovaquia: controles estrictos en las fronteras, tarifas internacionales entre zonas fronterizas donde antes las llamadas telefónicas eran urbanas o regionales, relaciones políticas casi inexistentes, etc.

3.4. A nivel económico, es necesario no perder de vista que, a diferencia de Hungría y Polonia (donde en los años ochenta se introdujeron reformas -aunque tímidas- del mercado), Checoslovaquia era, antes de 1989, uno de los países donde se aplicaba de forma más rígida la economía planificada.

A principios de los años noventa se puso rápidamente en práctica una economía de mercado que transformó profundamente el país y que lo hizo cada vez más atractivo para el inversor extranjero. El Gobierno implantó la convertibilidad de la moneda, la liberalización de los precios y un extenso proceso de privatización que afectó al conjunto de la población.

3.5. Alrededor del 80 % de la industria checa cambió de manos, con millones de «bonos» convertibles que permitieron a más de 6 millones y medio de ciudadanos entrar en contacto con el mercado bursátil. Este modelo ha sido admirado e imitado en otros PECO.

Pero este proceso de privatización se reveló casi ficticio y se realizó en ausencia de toda norma. El sistema de privatización benefició a los fondos de inversión y a los bancos que crearon dichos fondos y que administraron las acciones de los ahorradores. Pero los bancos estaban y están aún en manos del Estado, y la ausencia de control y normas favoreció la comisión de enormes fraudes: millones de dólares pertenecientes a pequeños ahorradores desaparecieron, debido a la falta de organismos de control.

Algunas privatizaciones sí fueron positivas, en particular, la del sector de las telecomunicaciones, donde el monopolio Spt pasó a manos de un consorcio suizo-holandés, o la del sector energético, donde las dos grandes refinerías checas fueron adquiridas por un consorcio formado por Agip-Conoco-Shell.

3.6. La República Checa, considerada hasta hace dos años como «la primera de la clase» en el complejo proceso de transición, se encuentra hoy ante una crisis de identidad, con la necesidad de nuevas leyes para luchar contra la corrupción galopante y lograr una mayor transparencia en el mercado de capitales y un crecimiento económico más equilibrado.

La crisis económica y política actual ha puesto de relieve que el proceso de transformación no estaba tan avanzado como se creía y que requiere plazos más largos y más meditados.

3.7. En cambio, existe una verdadera libertad de prensa, de pensamiento y de asociación. A nivel cultural, la República Checa se presenta indudablemente como uno de los países más dinámicos y más interesantes del este de Europa.

3.8. Si hasta hace un año existía el peligro de dar una imagen mejor de lo que era en realidad, hoy se corre el riesgo de dar una imagen exageradamente pesimista. No faltan, ciertamente, indicadores negativos: el estancamiento de la inflación, estabilizada en torno a los dos dígitos, el aumento del desempleo y el deterioro de la balanza comercial son síntomas de una situación de crisis económica generalizada de la que el Gobierno Tosovsky ha intentado sacar al país con una política de austeridad y transparencia.

3.9. La adopción de medidas micro y macroeconómicas permite prever para 1998 un crecimiento real de entre el 1 % (OCDE) y el 2,5-3 % (FMI). Durante los primeros meses de este año se registraron algunos resultados positivos, con la mejora de las cuentas exteriores y de los demás indicadores económicos, un aumento de la productividad debido en particular a la moderación salarial, y la reactivación de la creación de empleo. El programa de privatización continúa en pie, en particular en el sector bancario, y se ha mejorado la legislación sobre las inversiones financieras (Bolsa). La inflación sigue siendo sin embargo elevada: el objetivo del Banco Central es de reducirla al 6 %. Persisten considerables problemas en el sector del medio ambiente y la energía, en particular por lo que se refiere a la aplicación de las directivas comunitarias en la materia, debido a la insuficiencia de las inversiones.

4. El empleo, las políticas sociales y el diálogo social ()

4.1. El dictamen sobre «La ampliación de la Unión Europea», adoptado en el Pleno del 29 y 30 de octubre de 1997, brindó la ocasión de definir de manera esquemática el concepto de «modelo social europeo» con el fin de proporcionar un punto de referencia y de comparación; este modelo incluye tres elementos fundamentales, a saber:

- las políticas sociales, es decir, la corresponsabilidad del Estado en la búsqueda de un elevado nivel de empleo, las políticas de redistribución de la renta, el sistema de seguridad social, la protección de la salud de los trabajadores y las políticas de igualdad de oportunidades;

- el diálogo social, a través de las estructuras de representación de los trabajadores y de los intereses organizados de la sociedad civil en las decisiones de las empresas y de las autoridades públicas;

- las relaciones laborales, basadas en la autonomía colectiva de los interlocutores sociales.

4.2. Entre las prioridades a medio plazo del Acuerdo de Asociación para la adhesión concluido con la República Checa figuran: el desarrollo de estructuras adecuadas del mercado de trabajo, junto a la revisión de las políticas de empleo como preparación para la participación en las actividades de coordinación en la UE; alineación de la legislación relativa a la salud y la seguridad en el trabajo y refuerzo de las estructuras; refuerzo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; mayor desarrollo de un diálogo social activo y autónomo; mayor desarrollo de la protección social, y progresos en la aproximación de la salud pública a los tipos y normas comunitarios.

4.3. El empleo

4.3.1. En el transcurso de los últimos años (1991-1997), el nivel y la estructura del empleo en la República Checa han experimentado importantes cambios:

- la población en edad activa aumentó en cerca de 290 000 unidades;

- entre 1990 y 1993, la cifra de ocupación oficial disminuyó en cerca del 10 %, pasando de 5,4 millones a 4,9 millones; la cifra de ocupación femenina disminuyó también; la desocupación aumentó y el número de trabajadores extranjeros bajó;

- durante el período de 1994-1996, la cifra oficial de ocupación aumentó en aproximadamente 200 000, de los cuales 100 000 eran extranjeros; en 1997 se estabilizó la cifra de ocupación, mientras que aumentó la de desocupación; los extranjeros representan actualmente alrededor de 3,5 % de la cifra total de ocupación;

- los sectores más afectados por la pérdida de ocupación son la agricultura, la industria y la construcción, mientras que el sector servicios conoció una subida de 53 %;- aumenta también el número de trabajadores por cuenta propia (artesanos, pequeñas empresas, comerciantes), que asciende a un total de más de 750 000;

- se está desarrollando un sector relativamente fuerte de economía sumergida (se calcula que entre 1992 y 1997 un mínimo de 250 000 ciudadanos checos y entre 80 y 100 000 extranjeros estuvieron implicados en actividades económicas ilegales, incluidas las de carácter delictivo).

Las perspectivas a medio plazo (hasta el año 2000) son las siguientes:

- en el año 2000, la población activa habrá aumentado en cerca de 236 000 unidades; la demanda de trabajo experimentará un aumento cada vez más lento debido a la mayor demanda en materia de estudios y formación por parte de los jóvenes;

- en el año 2000, la demanda de ocupación seguirá siendo sin embargo elevada, con el riesgo de un aumento de la desocupación.

4.3.2. En 1996, la República Checa tenía la tasa de desocupación más baja, con diferencia, de las economías en proceso de transformación de la Europa Central (186 000, alrededor del 3,5 %). El estancamiento económico de 1997 provocó una subida de la cifra de desocupación (más de 260 000).

La estructura de la desocupación se caracteriza por:

- una tasa más alta entre las personas de bajo nivel de escolarización, en particular los obreros, las mujeres y los jóvenes; el paro aumentó considerablemente entre las personas minusválidas (que representan el 3 % de los trabajadores con empleo, pero el 18 % de los parados); otro problema grave es la falta de empleos para los gitanos;

- existen también diferencias significativas de empleo a nivel regional;

- también ha aumentado el desempleo de larga duración, que afecta a un 20 % de los parados; un cierto número de ellos han renunciado a buscar un empleo y sobreviven con el subsidio de paro.

4.3.3. La República Checa ha conocido recientemente una ola de inmigración, legal o clandestina, procedente de los otros países de Europa Central y Oriental. En junio de 1997 estaban registrados más de 178 000 trabajadores extranjeros con residencia legal en el país, entre ellos 73 000 eslovacos, 42 000 ucranianos y 13 000 polacos, a los cuales hay que añadir entre 80 y 100 000 trabajadores clandestinos.

Esta afluencia de trabajadores extranjeros, legales o clandestinos, constituye una mano de obra barata y con mayor flexibilidad de empleo, con innegables ventajas para las empresas, que no se exponen a graves sanciones, ni siquiera en el caso de violación de las obligaciones contractuales.

4.3.4. La ley n° 1 de 1991, que define el derecho al trabajo como un derecho de los ciudadanos, prevé la organización de oficinas públicas de empleo, autoriza las oficinas privadas de empleo sin fines lucrativos y establece los procedimientos para la contratación y la reducción de plantilla como consecuencia de una reestructuración. Por otro lado, existen numerosas ventajas económicas para las empresas que contratan a nuevos trabajadores.

4.3.5. Las relaciones laborales están reguladas solamente por el Código de Trabajo de 1965, que no ha sufrido modificaciones significativas en su enfoque fundamental. En este código sólo se prevén dos tipos de contrato de trabajo: los de duración determinada y los de duración indeterminada.

Todo el mundo reconoce la necesidad de modificar a fondo este Código, que resulta inadecuado para regular las nuevas realidades del mercado de trabajo.

4.3.6. La participación de los interlocutores sociales en la definición de esta normativa, tanto por medio de la concertación como de los convenios colectivos, es escasa. Lo mismo sucede con el papel de los sindicatos en la protección del empleo, entre otras cosa porque hasta ahora no ha representado un problema importante. La legislación se refiere solamente al despido individual, pero las nuevas leyes sobre los convenios colectivos abren espacios de intervención para medidas alternativas a los despidos colectivos.

4.4. El diálogo social

4.4.1. El instrumento y el foro del diálogo social en la República Checa es el Consejo de concertación económica y social, en el que están representados el Gobierno y los interlocutores sociales, con competencias sobre la legislación laboral, los salarios y los asuntos sociales.

4.4.1.1. El pasado año, paralelamente a la crisis económica, hubo una crisis del diálogo social en general y del diálogo social a nivel central en particular. Dentro de la coalición gubernamental adquirió peso el grupo que considera el diálogo social como inoportuno en cuestiones de política social y que intenta reducir el diálogo social al mínimo, incluso en lo referente a las reformas sociales. Este planteamiento creó una situación de tensión entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

4.4.1.2. Así pues, mientras que los sindicatos exigían una reforma social que crease condiciones y medidas jurídicas concretas para una verdadera política activa del trabajo y para garantizar condiciones de vida dignas, una mejor legislación del trabajo y de la protección social y medidas en favor de las familias y grupos sociales más desfavorecidos, la propuesta del Gobierno se basaba exclusivamente en una política de austeridad económica con el objetivo principal de reducir el gasto social.

4.4.1.3. La dificultad (y, en algunos casos, la negativa del Gobierno) de un diálogo a tres bandas ha obligado a los interlocutores sociales a buscar modos y formas de presión directa sobre el Parlamento y a promover cambios legislativos. En muchos casos, las mejoras propuestas a través de enmiendas presentadas por algunos diputados de acuerdo con los sindicatos permitieron reducir los efectos más graves de algunas leyes para los trabajadores y los ciudadanos.

4.4.2. Así pues, con vistas también a las necesarias reformas económicas y sociales exigidas por la adopción del acervo comunitario, es necesario reanudar y reforzar el diálogo social a todos los niveles.

4.4.3. En líneas generales, la concepción, las instituciones y los procedimientos del Derecho del trabajo en la República Checa son parecidos a los de los sistemas vigentes en la UE. Pero es necesario seguir avanzando e integrar también las normas mínimas previstas por las directivas europeas. En particular, debería adoptarse la Carta social europea y ratificarse los convenios internacionales sobre la protección de los trabajadores, concretamente los convenios n° 131, 151 y 154 de la OIT. La elaboración del nuevo Código de Trabajo puede constituir una excelente ocasión para iniciar una estrecha colaboración tripartita y reactivar el diálogo social.

4.4.4. Por lo que se refiere a los convenios colectivos, el papel de los sindicatos parece en general un tanto limitado, tanto a nivel nacional como en las empresas. Eso se debe sobre todo al hecho de que el paso a un sistema basado en la iniciativa privada amplió los poderes que el sistema existente concede al empresario por lo que se refiere al contenido y el tiempo de la prestación del trabajo, la remuneración y la estabilidad de la relación laboral. Una segunda causa es la debilidad de la organización patronal a nivel nacional, que no permite configurarla como contrapartida representativa de un sindicato con autoridad.

4.4.5. En general se puede afirmar que el Gobierno no ha llevado a cabo una política de apoyo al desarrollo del diálogo social y de los convenios colectivos, sino que, por el contrario, ha adoptado una postura de distanciamiento. Cabe preguntarse hasta qué punto esta actitud responde a una posición ideológica o más bien a la conciencia de tener que afrontar -en el marco del proceso de integración europea- un desafío económico difícil basado en la competitividad.

4.4.6. En cuanto a la política en favor de la igualdad de oportunidades, las medidas actuales se dirigen sobre todo a las mujeres con hijos pequeños. Existen normas que impiden a las mujeres ejercer el derecho a acceder a un trabajo en los sectores público y privado y a cargos en las instituciones públicas. En el nuevo Código de Trabajo se introducirán normas para fomentar la igualdad de oportunidades.

4.4.6.1. El Gobierno aprobó el pasado mes de abril una resolución sobre las prioridades para fomentar la igualdad de oportunidades (). En ella se prevén medidas para sensibilizar a la opinión pública en el plano cultural y social, así como favorecer el acceso de las mujeres a los cargos gubernamentales y de las administraciones públicas, obligando a los ministros a realizar las políticas que les competan en la materia y utilizando las posibilidades que ofrece la participación de la República Checa en programas y actividades internacionales, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Otras medidas se refieren a la normativa sobre igualdad de trato, participación en actividades empresariales y productivas, medidas de asistencia familiar, protección de la maternidad y de la infancia y lucha contra la violencia que padecen las mujeres.

4.5. Protección social y demás políticas

4.5.1. En la actualidad, el gasto social supone cerca del 20 % del PIB, desglosado de la siguiente forma: 9 % en pensiones, 2,5 % en seguro de enfermedad, 7,5 % en sanidad, 1 % para ayudas en favor del empleo. Si se añaden las medidas de ayuda a los discapacitados y a las familias con menores de edad, así como los nuevos subsidios de desempleo y «mínimo vital», se alcanza el 25 % del PIB. De forma global, la protección social beneficia más al núcleo familiar que a los individuos.

4.5.2. Salta a la vista el bajo nivel de gasto en pensiones, muy inferior a la media comunitaria, que es del 14 %. El sistema de seguridad social debe garantizar de forma gradual un mejor nivel de vida a las personas de la tercera edad. Habida cuenta de las tendencias demográficas actuales, será difícil mantener el poder adquisitivo real de las prestaciones (de por sí insuficiente) en una coyuntura de incremento previsible del PIB pero también de los precios. En ese sentido, parece necesario proceder a una revalorización de las pensiones en función del aumento del coste de la vida.

4.5.2.1. Un tercio de la población se ha adherido al sistema privado de pensiones complementarias. Hasta la fecha, los empresarios no han contribuido a los gastos de pensiones, pero para mantener el sistema de pensiones en equilibrio parece inevitable hallar un forma de contribución por parte de las empresas, que se declaran dispuestas a ello. En la actualidad tiene lugar un intenso debate sobre la reforma de dicho sistema que se orienta hacia una solución con tres niveles: pensiones de base, complementarias e individuales.

4.5.3. La enseñanza y la salud constituyen dos sectores problemáticos, puesto que las propuestas gubernamentales de reforma tienen por finalidad, sobre todo, controlar el gasto.

4.5.3.1. La situación del sector de la enseñanza es especialmente delicada. A pesar de la ausencia de un plan general de desarrollo del sistema, el Gobierno ha propuesto una reforma de la enseñanza superior en la que se prevé que los estudiantes asuman gastos suplementarios. Asimismo, el Gobierno ha aprobado un aumento del número de horas lectivas, aunque persisten los problemas de escasez de personal, en particular debido al bajísimo nivel de salarios y a las consiguientes dificultades de contratación.

Las sucesivas huelgas de profesores en enero de 1997 y la gran manifestación organizada en abril constituyen síntomas de un profundo malestar.

4.5.3.2. En materia de salud, se ha reducido la aplicación del principio de solidaridad. Merced a la oposición de los sindicatos y de otros agentes sociales, el Gobierno aún no ha conseguido imponer, como era su intención, la financiación parcial o total de la atención sanitaria por parte del paciente.

4.5.4. También es necesario actuar en el ámbito de la seguridad y la salud de los trabajadores. En este campo deberían aplicarse plenamente los convenios n° 155 y n° 161 de la OIT relativos a la salud y la seguridad de los trabajadores. El Gobierno aún debe ratificar el convenio n° 81 de la OIT sobre la inspección laboral, así como el n° 176 relativo a la salud y la seguridad de los mineros. Asimismo, es necesario introducir formas de seguro contra los accidentes de trabajo, intensificando las acciones de información y prevención dirigidas a los trabajadores.

5. Perspectivas

5.1. Los días 25 y 26 de junio, el Grupo de estudio mantuvo en Praga una serie de contactos interesantes con los representantes de la delegación de la UE; responsables políticos y altos cargos de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales e Industria; dirigentes del sindicato CMKOS (Czech-Moravian Confederation of Trade Unions), de la Confederación de empresarios del sector privado, de una organización de agricultores y de la Confederación de las artes y la cultura. Estas reuniones han permitido formarse una opinión más precisa de la situación.

5.2. Las elecciones celebradas el 19 de junio modificaron el marco político, pero sin ofrecer una mayoría clara y definitiva. Ninguno de los dos partidos mayoritarios puede formar gobierno por sí solo y deberá establecer pactos nada fáciles de gestionar: el Partido Socialdemócrata obtuvo el 32,3 % de los votos y 74 escaños (de un total de 200), el Partido Cívico Democrático el 27,7 % y 64 escaños, el Partido Comunista el 11,1 % y 25 escaños, la Unión Democratacristiana el 9 % y 19 escaños, la Unión para la Libertad el 8,6 % de los votos y 18 escaños. En consecuencia, se prevé un período de inestabilidad que dificultará la gestión económica y la aplicación de las reformas necesarias para avanzar en el proceso de integración, especialmente de las que requieren una fuerte voluntad política.

5.2.1. En cualquier caso, a nivel político existe una aceptación generalizada de la adhesión a la UE, ocupando un lugar destacado en los programas electorales de casi todos los partidos (con excepción del Partido Comunista). Hasta el momento no se han registrado retrasos notables y tampoco se prevén bloqueos administrativos en la medida en que está garantizada la continuidad de la negociación con la UE. Pero si el nuevo Gobierno no dispone de una mayoría sólida, no cabe duda de que será difícil mantener el ritmo de incorporación del acervo.

5.3. Se han revisado a la baja las previsiones de la Oficina Nacional de Estadística sobre el crecimiento del PIB para 1998 (del 1,6-2 % al 1,4 %), pero las de 1999 siguen siendo más optimistas (un 3 %). Por una parte, algunas cifras macroeconómicas confirman una tendencia al empeoramiento de la situación económica: en concreto, la OCDE y el Gobierno checo coinciden en que aumentará el desempleo hasta el 6 % a finales de 1998; en cambio, las previsiones sobre la inflación divergen: la OCDE considera que en el mes de marzo se alcanzó una tasa del 13,4 % interanual, mientras que el Gobierno prevé un 12 % para final de año. Por otra parte, los datos sobre intercambios son positivos: el déficit comercial debería reducirse de forma considerable merced a un mejor comportamiento de las exportaciones.

La recuperación de la actividad económica se basa sobre todo en la evolución positiva de las exportaciones, que registraron un aumento del 45 % en el primer trimestre del año. Ello se debe a tres elementos: el efecto de la devaluación de la corona en mayo de 1997, la aceleración de la demanda en Alemania y en los principales países europeos, así como el inicio del proceso de reestructuración que está generado un incremento gradual de la competitividad. No obstante, la reestructuración requiere conocimientos técnicos, tecnología y capitales; estos últimos, sobre todo, no existen en estos momentos.

5.4. Entre las prioridades fijadas por el propio Ministerio de Industria para los próximos años () deben señalarse medidas de exención fiscal de las rentas empresariales y el valor añadido, disminución gradual de los impuestos indirectos, liberalización de los precios, construcción de un aparato legislativo adecuado (especialmente, sobre el mercado de capitales, competencia económica, legislación comercial, etc.) y su armonización con la legislación de la UE.

5.5. Desde el punto de vista de la política industrial, será importante superar la baja competitividad de las empresas checas en el mercado interior y exterior, debida no tanto al nivel técnico y tecnológico como al nivel de productividad laboral y a un escaso valor añadido. Por consiguiente, los siguientes aspectos adquieren especial importancia: continuación del proceso de reestructuración industrial () desde el punto de vista de la organización, propiedad, estructura financiera y personal; creación de condiciones previas para incrementar la productividad laboral (como una relación entre aumento salarial y productividad); y un entorno más favorable para la inversión financiera extranjera. También es relevante el compromiso del Gobierno de completar la privatización del sector bancario, utilizando un método distinto, más transparente y controlado.

5.5.1. El Gobierno Tosovsky ha intentado crear condiciones más favorables para las inversiones extranjeras, para lo que aprobó en abril de 1998 un conjunto de medidas que prevén, entre otros aspectos, una exención fiscal completa para los inversores durante los primeros cinco años de actividad. Pero la respuesta ha sido bastante tibia, porque se establece un límite de la inversión relativamente alto (25 millones de dólares) y porque los países limítrofes como Polonia y Hungría ofrecen mejores condiciones y una economía en plena expansión.

5.6. En conclusión, se confirma que la economía checa depende en gran medida de la coyuntura económica de la UE, a la vez que aparece en el horizonte un nuevo problema: el trabajo.

5.6.1. No queda claro en qué medida la previsión de un aumento de la tasa de desempleo hasta el 6 % a finales de 1998 tiene en cuenta:

- los procesos de reestructuración pendientes;

- los programas existentes de reducción de plantillas en la administración pública y en determinados sectores de servicios que deberán abrirse al capital extranjero (transportes y energía).

5.6.2. Una tasa de desempleo del 6 % puede no ser excepcional en la UE, que tiene tasas mucho más elevadas, pero la cifra probablemente aumentará, porque se trata de un fenómeno nuevo y poco conocido en este país, y el sector de servicios está saturado y no parece capaz de absorber el nuevo desempleo.

Por otra parte, cabe prever que la reestructuración del sector agrario de Polonia generará un flujo de inmigración en la República Checa, lo que agravaría la situación del mercado laboral.

5.6.3. La solución del problema del desempleo requiere políticas, recursos e instrumentos adecuados, inexistentes hasta ahora o no adaptados porque no había paro y por el enfoque neoliberal del Gobierno:

- los recursos destinados al mercado laboral son los mismos que cuando el desempleo era del 3 %;

- las competencias están repartidas entre varios ministerios y es necesario coordinarlas;

- el servicio público de empleo se limita a facilitar listas de puestos vacantes.

5.6.4. Las reuniones mantenidas con la administración permiten afirmar que se está elaborando un plan para abordar de forma global el problema del trabajo, integrando todas las competencias relativas a los objetivos fundamentales del crecimiento económico, medidas para atraer capital extranjero, transferencia de tecnología y programas para tratar a nivel regional el declive industrial. Asimismo, se piensa transformar el subsidio de desempleo en incentivos para la creación de nuevos puestos de trabajo.

5.6.5. Las PYME, que representan más del 50 % del sector industrial, podrán contribuir de forma considerable al empleo. Se ha aprobado una ley especial para facilitar la financiación pública, con un banco especializado. Por otra parte, mediante PHARE se han creado centros de innovación para asistir a las PYME.

5.7. Respecto del diálogo social, los interlocutores sociales se quejan de que a veces han recibido información pero no han participado en el proceso de integración; en cambio, querrían intervenir al menos en la fijación de las prioridades: por ejemplo, en la elección de las intervenciones financieras por parte de PHARE.

5.7.1. Hasta la fecha, el Gobierno ha desarrollado las negociaciones de adhesión con la UE como si fuera una cuestión exclusiva del Gobierno y de la Presidencia de la República. Los interlocutores sociales lamentan el escaso margen de participación y la falta de información y de debate en la opinión pública, y reivindican el derecho a examinar y debatir los aspectos de política social. Por otra parte, los sindicatos acusan al Gobierno de utilizar la incorporación del acervo comunitario para reducir a la mínima expresión las garantías de que gozan los trabajadores.

5.8. En cuanto a la negociación colectiva, sigue siendo exigua y remota la posibilidad de contar con un sistema capaz de regular -completando el establecimiento de una economía de mercado- a todos los niveles, de forma autónoma, las condiciones salariales y normativas propias de la relación laboral. En realidad, sólo existen acuerdos colectivos en las grandes empresas, donde los sindicatos están arraigados y los interlocutores sociales son claramente identificables.

5.8.1. Las razones que motivan este retraso son complejas y abarcan la reciente constitución de una organización patronal poco representativa, unos sindicatos representativos (cerca del 45 % de la mano de obra) pero excesivamente centralizados y carentes de una estructura territorial, y por último la voluntad de que el país disfrute de paz social en una fase de transición difícil.

5.9. Ante esta situación, la reforma del Código de Trabajo adquiere una importancia fundamental, ya que constituye la ocasión para debatir a fondo la filosofía en que deben basarse la legislación y las relaciones laborales. Existen dos planteamientos enfrentados al respecto: uno, que quiere lograr la supresión del Código de Trabajo para alcanzar una total libertad contractual entre las partes; el otro, más equilibrado, que reconoce el derecho de los trabajadores a ser protegidos por la legislación en la materia. Las formas de representación de los trabajadores en la empresa son otra cuestión fundamental.

5.9.1. El problema es que el debate que tiene lugar no se traduce en un proceso de concertación. En este punto, el Gobierno y los interlocutores sociales mantienen posturas muy divergentes.

5.10. El programa de asistencia comunitaria PHARE destinó a la República Checa, entre 1990 y 1997, 493 millones de ecus asignados a programas de información e investigación, formación, protección del medio ambiente, aspectos sociales, sanidad, derechos humanos y protección de las minorías, especialmente los gitanos. El programa de 1997 sirvió para favorecer la transición hacia las nuevas orientaciones de PHARE, centrándose en los esfuerzos relativos a la preadhesión. Los principales objetivos fueron la consolidación institucional y el acervo comunitario, incluida la modernización de la administración pública y la participación en programas comunitarios; el desarrollo de la sociedad civil mediante el refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, elemento esencial para consolidar la democracia; la cohesión económica y social y la competitividad, teniendo como objetivo principal la preparación para participar en los fondos estructurales. Para el período 1998-1999 se prevén 117 millones de ecus.

El Comité es partidario de que se fomenten los programas de cooperación transfronteriza con los países limítrofes.

5.11. En determinados sectores como el medio ambiente, los transportes y la agricultura, que no sólo requieren reformas estructurales para que sean compatibles y competitivos dentro del mercado único, sino también recursos financieros enormes que la asistencia financiera de la UE sólo satisfará de forma parcial, las autoridades checas prevén que serán necesarios períodos de transición de una duración aún por determinar. A este respecto, el Comité reitera que, para una ampliación sostenible, los períodos de transición sólo deben utilizarse en casos excepcionales.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 30 de 30.1.1997.

() DO C 19 de 19.1.1998.

() DO C 75 de 10.3.1997, DO C 30 de 30.1.1997.

() IP/98/117 de 4.2.1998.

() Véase «The Social and Economic Consequences of CR's Integration into the UE», del Research Institute for Labour and Social Affairs, y «Le trasformazioni del mercato del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro in alcuni paesi dell'Europa Centrale», informe preparado por el CNEL bajo la dirección de la Sra. Roberta Bortone.

() Resolución n° 236 de 8 de abril de 1998.

() Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, «The policy of the development and improvement of the Czech industry competitiveness», Informe, mayo de 1998.

() Para hacerse una idea del proceso de privatización y reorganización actual basta con analizar los datos del sector de la construcción. En 1992 existían 788 empresas: 339 con menos de 100 trabajadores y 449 con más de 100 trabajadores (de estas últimas, 106 con más de 500 trabajadores); a finales de 1997 había 2 370 empresas: 1 920 con menos de 100 trabajadores y 450 con más de 100 (las de más de 500 se han reducido más de la mitad, quedando sólo 48). Fuente: Ministerio de Industria ...; op. cit.