Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversiónParte I(Texto pertinente a efectos del EEE) /* COM/2011/0452 proyecto */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta 1.1. Motivación y objetivos de la propuesta La magnitud de la crisis financiera ha puesto al descubierto una serie de riesgos inaceptables inherentes a la actual regulación de las entidades financieras. Según las estimaciones del FMI, las pérdidas registradas por las entidades de crédito europeas a raíz de la crisis, entre 2007 y 2010, rondan el billón de euros o el 8 % del PIB de la UE. Con el propósito de restaurar la estabilidad del sector bancario y garantizar la afluencia de crédito a la economía real, tanto la UE como sus Estados miembros adoptaron medidas sin precedentes y muy diversas, cuyo coste ha sido soportado, en última instancia, por el contribuyente. En este contexto, en octubre de 2010, la Comisión había aprobado ayudas estatales a las entidades financieras por valor de 4,6 billones de euros, de los cuales más de 2 billones fueron efectivamente utilizados en 2008 y 2009. El apoyo presupuestario otorgado a las entidades de crédito debe ir unido a una sólida reforma que subsane las carencias reglamentarias observadas durante la crisis. Con tal fin, la Comisión propuso ya ciertas modificaciones de la legislación bancaria que entraron en vigor en 2009 (Directiva sobre requisitos de capital II) y en 2010 (Directiva sobre requisitos de capital III). La presente propuesta contiene normas sobre el capital y la liquidez de las entidades de crédito elaboradas y acordadas a nivel internacional y conocidas como «Basilea III», y armoniza otras disposiciones de la legislación actual. Las elecciones normativas realizadas se explican pormenorizadamente en el siguiente apartado 5. La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, contiene disposiciones que se refieren específicamente al acceso a la actividad de las entidades de crédito (entre otras, disposiciones que regulan la autorización de la actividad, el ejercicio de la libertad de establecimiento, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y la revisión supervisora de las entidades de crédito). Estos elementos se integran en la propuesta de Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, que forma parte del mismo paquete que la presente propuesta. No obstante, la Directiva 2006/48/CE y, en particular sus anexos, establecen también normas prudenciales. A fin de aproximar en mayor medida las disposiciones legislativas derivadas de la transposición de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE a los ordenamientos jurídicos nacionales y de velar por que les sean aplicables directamente las mismas normas prudenciales, algo esencial para el funcionamiento del mercado interior, estas normas prudenciales son objeto de la presente propuesta de Reglamento. En aras de la claridad, la presente propuesta unifica también los requisitos prudenciales relativos a las entidades de crédito y las empresas de inversión; estas últimas se abordan en la Directiva 2006/49/CE. 1.1.1. Problemas abordados y nuevos elementos del acuerdo de Basilea III La propuesta pretende subsanar las carencias de la normativa en los siguientes ámbitos: Gestión del riesgo de liquidez (parte seis): La crisis demostró que las actuales prácticas de gestión del riesgo de liquidez no eran adecuadas para aprehender plenamente los riesgos ligados a la titulización de tipo «originar para distribuir», al uso de instrumentos financieros complejos y al recurso a la financiación mayorista con instrumentos de vencimiento a corto plazo. Ello contribuyó al hundimiento de varias entidades financieras y debilitó considerablemente la salud financiera de muchas otras, poniendo en peligro la estabilidad financiera y haciendo necesario el apoyo público. Si bien algunos Estados miembros imponen actualmente normas cuantitativas de algún tipo para regular la liquidez, no existe a escala de la UE ningún régimen armonizado y suficientemente explícito con respecto a los niveles adecuados de liquidez a corto y largo plazo. La diversidad de las normas nacionales vigentes dificulta la comunicación entre autoridades supervisoras e impone a las entidades que operan en varios Estados costes adicionales de información. Definición del capital (parte dos, título I): Las entidades abordaron la crisis con capital cuantitativa y cualitativamente insuficiente. Dados los riesgos con que se enfrentaban, muchas entidades no poseían una cantidad suficiente de instrumentos de capital de la máxima calidad, esto es, instrumentos que puedan realmente absorber pérdidas cuando surjan y ayudar a preservar la continuidad de la entidad. Los instrumentos híbridos del capital de nivel 1, que anteriormente se consideraban aptos para absorber pérdidas en condiciones normales de funcionamiento, se revelaron ineficaces en la práctica. Los instrumentos del capital de nivel 2 no pudieron cumplir su función de absorber pérdidas una vez la entidad se hubiera declarado insolvente, ya que con frecuencia no se permitió que las entidades quebraran. Se comprobó que la calidad de los instrumentos de capital necesaria para absorber pérdidas imprevistas derivadas de riesgos de la cartera de negociación o de riesgos de la cartera de inversión era igualmente elevada, y los instrumentos del capital de nivel 3 resultaron no ser de calidad suficiente. Con objeto de salvaguardar la estabilidad financiera, los Gobiernos de muchos países otorgaron un apoyo sin precedentes al sector bancario. La insuficiente armonización en la UE de la definición del capital exacerbó esa situación, dado que los distintos Estados miembros adoptaron planteamientos muy diferentes a la hora de determinar qué elementos del capital debían incluirse en los fondos propios o excluirse de ellos. Unido al hecho de que los ratios reglamentarios no reflejaban con exactitud la verdadera capacidad de una entidad para absorber las pérdidas, ello mermó la capacidad del mercado de evaluar con precisión y de forma sistemática la solvencia de las entidades de la UE, lo cual, a su vez, amplificó la inestabilidad financiera en la UE. Riesgo de contraparte (parte tres, título II, capítulo 6): La crisis puso de manifiesto una serie de lagunas en el tratamiento que la normativa vigente contempla para el riesgo de contraparte que entrañan los derivados, las operaciones de recompra y las actividades de financiación de valores, y demostró que las actuales disposiciones no garantizaban una gestión adecuada y una suficiente capitalización en lo que respecta a este tipo de riesgo. Las normas vigentes tampoco ofrecían suficientes incentivos para pasar de la compensación bilateral de los contratos de derivados no negociados en mercados organizados a su compensación multilateral a través de entidades de contrapartida central. Opciones, facultades discrecionales y armonización (Reglamento en su totalidad): En 2000, siete directivas bancarias fueron sustituidas por una sola Directiva, la cual fue objeto de refundición en 2006 al tiempo que se introducían en la UE las disposiciones del acuerdo marco de Basilea II. Como consecuencia de ello, las actuales disposiciones de la Directiva incluyen un número significativo de opciones y facultades discrecionales. Además, se permitía a los Estados miembros imponer normas más estrictas que las de la Directiva, lo que ha dado lugar a un grado elevado de divergencia, que resulta particularmente gravoso para las empresas que operan en varios países. Asimismo, es causa de una insuficiente claridad jurídica y de condiciones de competencia no equitativas. 1.1.2. Objetivos de la propuesta El objetivo global de la presente iniciativa consiste en reforzar la eficacia de la regulación del capital de las entidades en la UE y limitar las repercusiones adversas sobre la protección de los depositantes y la prociclicidad del sistema financiero, preservando, al mismo tiempo, la competitividad del sector bancario de la UE. 1.2. Contexto general La crisis financiera impulsó una labor global a nivel internacional y de la UE con vistas a desarrollar políticas eficaces para atajar los problemas de fondo. Un grupo de alto nivel, presidido por Jacques de Larosière, formuló una serie de recomendaciones para reformar la supervisión y regulación financiera europea. Dichas recomendaciones fueron desarrolladas en una comunicación presentada por la Comisión en marzo de 2009. La presente propuesta contiene numerosas reformas que figuran en el plan de acción detallado incluido en dicha comunicación. A nivel mundial, la declaración del G-20 de 2 de abril de 2009 expresaba el compromiso de desarrollar una labor coherente a nivel internacional para hacer frente a la crisis, con vistas a mejorar en calidad y cantidad el capital del sistema bancario, introducir una medida adicional no basada en el riesgo para contener el apalancamiento, instaurar un marco que favorezca la constitución por las entidades de mayores colchones de liquidez, y llevar a la práctica las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera orientadas a mitigar la prociclicidad. En respuesta al mandato otorgado por el G-20, en septiembre de 2009 el Grupo de Gobernadores de los Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (GHOS), que constituye el órgano de vigilancia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB)[1], acordó una serie de medidas dirigidas a reforzar la normativa del sector bancario. Dichas medidas fueron refrendadas por el Consejo de Estabilidad Financiera y los dirigentes del G-20 con ocasión de la Cumbre de Pittsburgh de los días 24 y 25 de septiembre de 2009. En diciembre de 2010, el CSBB publicó un marco regulador global pormenorizado con nuevas normas sobre la adecuación del capital y la liquidez de las entidades de crédito, que se conocen colectivamente como acuerdo de Basilea III. La presente propuesta está directamente relacionada con las normas reguladoras incluidas en el acuerdo de Basilea III. La Comisión, en su calidad de observadora en el CSBB, colaboró estrechamente con este Comité en la elaboración de dichas normas, así como en la evaluación de su impacto. En consecuencia, las medidas propuestas respetan fielmente la esencia de los principios de Basilea III. Con vistas a alcanzar el doble objetivo de mejorar la resistencia del sistema financiero mundial y crear condiciones de competencia equitativas, es imprescindible que se apliquen coherentemente en todo el mundo los más rigurosos requisitos prudenciales. Al mismo tiempo, en el proceso de elaboración de la presente propuesta legislativa, la Comisión se ha esforzado particularmente por que algunos aspectos y especificidades importantes de dimensión europea reciban una respuesta adecuada. En este contexto, cabe recordar que, en la UE, a diferencia de otras grandes economías, la aplicación de los principios reguladores aprobados a nivel mundial bajo los auspicios del CSBB no queda restringida únicamente a los bancos que operan a escala internacional. Dichas normas se aplican en la UE a todo el sector bancario, que engloba la totalidad de las entidades de crédito y, en general, también las empresas de inversión. Tal como se explica más detenidamente en el apartado 4.2, la UE siempre ha considerado que solo ese enfoque permite crear condiciones de competencia realmente equitativas en la UE, maximizando a un tiempo las ventajas que, en términos de estabilidad financiera, ello lleva aparejadas. Este es uno de los motivos por los cuales se justifican ciertas adaptaciones de los principios de Basilea III, que aporten una respuesta adecuada a los aspectos y especificidades de dimensión europea. Con todo, dichas adaptaciones siguen siendo coherentes con la naturaleza y los objetivos de la reforma de Basilea III. De forma más general, cabe destacar que una de las prioridades de la Comisión en el marco de la reforma normativa de los servicios financieros en la UE ha sido asegurar que el sector bancario pueda cumplir su cometido fundamental, a saber: conceder préstamos a la economía real y prestar servicios a los ciudadanos y las empresas europeos. En este contexto, la Comisión adoptó el 18 de julio una recomendación sobre el acceso a una cuenta de pago básica[2]. 2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de la evaluación de impacto 2.1. Consulta con las partes interesadas Los servicios de la Comisión han seguido de cerca y tomado parte en los trabajos de foros internacionales, en particular el CSBB, que se encargó de elaborar el acuerdo marco de Basilea III. El Comité Bancario Europeo y el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, y su sucesora a partir de 2011, la Autoridad Bancaria Europea (ABE), han sido consultados extensamente y desempeñado un activo papel en el proceso. Sus opiniones han contribuido a la elaboración de la presente propuesta y la evaluación de impacto que la acompaña. 2.1.1. Comité de Supervisores Bancarios Europeos El Comité de Supervisores Bancarios Europeos llevó a cabo un completo estudio cuantitativo del impacto de esta propuesta legislativa sobre el sector bancario europeo. Participaron en él 246 entidades de crédito. Asimismo, este Comité realizó extensas consultas públicas y, en octubre de 2008, presentó un dictamen técnico acerca de las opciones y facultades discrecionales nacionales. 2.1.2. Grupo de trabajo DRC En lo referente a las opciones y facultades discrecionales nacionales, entre 2008 y 2011 los servicios de la Comisión organizaron seis reuniones del grupo de trabajo sobre la Directiva de requisitos de capital, cuyos miembros son nombrados por el Comité Bancario Europeo. Además, los subgrupos del citado grupo de trabajo que se ocupan de la liquidez, la definición del capital, el ratio de apalancamiento y el riesgo de contraparte también han realizado trabajos de carácter aún más técnico. 2.1.3. Otras consultas públicas En 2009, 2010 y 2011, la Comisión realizó cuatro consultas públicas que abarcaban todos los elementos de la presente propuesta. En abril de 2010, los servicios de la Comisión organizaron una audiencia pública sobre esta propuesta a la que asistieron todos los grupos de interesados. Las respuestas a las consultas públicas y las opiniones expresadas durante la audiencia se exponen en el informe de evaluación de impacto adjunto. Las respuestas individuales pueden consultarse en la página web de la Comisión. Asimismo, la Comisión efectuó por separado consultas entre los interesados del sector, incluido el grupo de expertos en temas bancarios creado por la Comisión y varias asociaciones profesionales y entidades del sector bancario de la UE. 2.2. Evaluación de impacto Globalmente, se han evaluado y comparado 27 opciones de actuación, con vistas a resolver los diversos problemas detectados[3]. El cuadro que figura a continuación enumera las diversas opciones consideradas dentro de cada ámbito y las clasifica en función de su eficacia[4] y eficiencia[5] relativas de cara a la consecución de los pertinentes objetivos a más largo plazo. Las opciones preferidas, determinadas a partir de esta clasificación, se ponen de relieve y comentan más adelante. Ámbito || Opciones de actuación || Criterios de comparación de las opciones Eficacia || Eficiencia Mejorar adecuación de los requisitos de capital || Mejora gestión de los riesgos bancarios || Suprimir posibilidades de arbitraje regulador || Aumentar la seguridad jurídica || Reducir las cargas de cumplimiento || Lograr condiciones más equitativas || Mejorar cooperación y convergencia en la supervisión || Adecuar requisitos prudenciales de las EFIS a los riesgos que suponen || Reducir ciclicidad de los requisitos de capital y provisiones Liquidez y ratio de cobertura de liquidez (RCL) || Mantener planteamiento actual || 3 || 3 || || || || || || || || 3 Introducir un RCL según lo especificado en la consulta pública de febrero 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 1 Introducir el RCL aprobado por el Comité de Basilea sujeto a un período de observación || 1 || 1 || || || || || || || || 2 Liquidez y ratio de financiación estable neta (RFEN) || Mantener planteamiento actual || 3 || 3 || || || || || || || || 3 Introducir un RFEN según lo especificado en la consulta pública de febrero 2010 || 2 || 2 || || || || || || || || 2 Introducir el RFEN aprobado por el Comité de Basilea sujeto a un período de observación || 1 || 1 || || || || || || || || 1 Admisibilidad de instrumentos de capital y aplicación de ajustes normativos || Mantener planteamiento actual || 5 || 5 || 5 || || || 5 || || 5 || 5 || 5 Modificar solo los criterios de admisibilidad según lo especificado en la consulta pública de febrero 2010 || 4 || 4 || 4 || || || 4 || || 4 || 4 || 4 Modificar los criterios de admisibilidad y los ajustes normativos según lo especificado en la consulta pública de febrero 2010 || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 1 || 1-3 || 3 Modificar los criterios de admisibilidad y los ajustes normativos con arreglo al planteamiento de Basilea || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 2-3 || || 2-3 || 1-3 || 2 Modificar los criterios de admisibilidad y los ajustes normativos según el planteamiento de Basilea con adaptaciones a las especificidades de la UE || 1-3 || 1-3 || 1-3 || || || 1 || || 2-3 || 1-3 || 1 Riesgo de contraparte || Mantener planteamiento actual || 3 || 3 || || || || || || 3 || 3 || 3 Reforzar requisitos por riesgo de contraparte || 2 || 2 || || || || || || 2 || 2 || 2 Reforzar requisitos por riesgo de contraparte y aplicar tratamiento diferenciado a las exposiciones frente a entidades de contrapartida central || 1 || 1 || || || || || || 1 || 1 || 1 Ratio de apalancamiento || Mantener planteamiento actual || 3 || 3 || || || || || || || 3 || 3 Introducir un ratio de apalancamiento según lo especificado en la consulta pública de febrero 2010 || 2 || 2 || || || || || || || 2 || 2 Hacer extenso seguimiento del ratio de apalancamiento || 1 || 1 || || || || || || || 1 || 1 Colchones de capital || Mantener planteamiento actual || 4 || 4 || || || || || || || 4 || 4 Colchón de conservación de capital || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 3 || 2-3 Colchón de capital anticíclico || 3 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 2-3 Doble colchón de capital || 1-2 || 1-3 || || || || || || || 1-2 || 1 Código normativo único || Mantener planteamiento actual || || || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || 4 Armonización mínima || || || 3 || 3 || 1-3 || 3 || 3 || || || 1-3 Armonización máxima || || || 1-2 || 1 || 1-3 || 1 || 1 || || || 1-3 Armonización máxima con algunas excepciones || || || 1-2 || 2 || 1-3 || 2 || 2 || || || 1-3 Instrumento jurídico elegido || Modificar DRC || || || 2 || 2 || 2 || || 2 || || || 2 Limitar ámbito de DRC y proponer un reglamento || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || || || 1 Escala de clasificación de las opciones: 1=más eficaz / eficiente, 5=menos eficaz / eficiente 2.2.1. Medidas concretas Gestión del riesgo de liquidez (parte seis): A fin de mejorar la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de las entidades financieras, se introducirá un ratio de cobertura de liquidez en 2015, tras un período de observación y evaluación. El ratio de cobertura de liquidez obligará a las entidades a disponer de un colchón de activos líquidos de «elevada calidad» por valor equivalente a sus salidas netas de liquidez durante un período de 30 días. Las salidas cubiertas (denominador) reflejarían tanto las tensiones específicas de la entidad como las tensiones sistémicas determinadas a partir de circunstancias reales observadas en la crisis financiera mundial. Las disposiciones relativas a la lista de activos de gran calidad (numerador) destinados a cubrir dichas salidas deben garantizar que los activos sean de la máxima calidad en términos crediticios y de liquidez. Sobre la base de la definición del ratio de cobertura de liquidez incluida en el acuerdo de Basilea III, se espera que el cumplimiento de ese requisito en la UE redunde en un aumento neto anual del PIB de entre un 0,1 % y un 0,5 %, merced a la reducción de la frecuencia prevista de crisis sistémicas. Con objeto de resolver los problemas de financiación que plantean los desfases de vencimiento entre activos y pasivos, la Comisión estudiará la posibilidad de instaurar un ratio de financiación estable neta (RFEN) en 2018, tras un período de observación y evaluación. El RFEN obligaría a las entidades a mantener una sólida estructura de financiación a lo largo de un año en el supuesto de que se vieran específicamente afectadas por una situación prolongada de tensión, como puede ser una disminución significativa de su rentabilidad o solvencia. A tal fin, los activos actualmente financiados y las posibles obligaciones contingentes de financiación deberían corresponderse hasta cierto punto con fuentes de financiación estable. Definición del capital (parte dos): Partiendo de los cambios introducidos en la DRC2, la propuesta refuerza aún más los criterios de admisibilidad de los instrumentos de capital. Además, armoniza considerablemente los ajustes realizados en la contabilidad del patrimonio neto a fin de determinar el importe de fondos propios que resulta prudente reconocer a efectos de regulación. Esta nueva definición armonizada aumentaría de forma significativa el importe de capital reglamentario que las entidades tendrían que poseer. Los nuevos requisitos de capital en situaciones normales –capital ordinario de nivel 1 y capital de nivel 1– se introducirían gradualmente entre 2013 y 2015. Los nuevos ajustes prudenciales se introducirían, asimismo, gradualmente, a razón del 20 % por año a partir de 2014, hasta alcanzar el 100 % en 2018. Ciertos instrumentos de capital se beneficiarían igualmente de disposiciones de anterioridad, en aras de una transición sin sobresaltos al nuevo régimen. Riesgo de contraparte (parte tres, título II, capítulo 6): Se reforzarán las obligaciones de gestión y capitalización del riesgo de contraparte. Las entidades estarán sujetas a una exigencia de capital adicional por las posibles pérdidas que se deriven del deterioro de la solvencia de una contraparte. Se fomentarán así las buenas prácticas en la gestión de este riesgo y se reconocerá su cobertura, lo que permitirá a las entidades mitigar la incidencia de dicha exigencia de capital. Las ponderaciones de riesgo aplicables a las exposiciones frente a entidades financieras, en comparación con las empresas no financieras, registrarán un aumento. A través de esta modificación se espera fomentar la diversificación del riesgo de contraparte entre las entidades más pequeñas y, sobre todo, contribuir a una menor interconexión entre las entidades de mayores dimensiones o sistémicamente importantes. La propuesta incentivará también la compensación de los instrumentos no negociados en mercados organizados a través de entidades de contrapartida central. Se prevé que estas propuestas afectarán ante todo a las mayores entidades de la UE, dado que el riesgo de contraparte interesa solo a los bancos que desarrollan una importante actividad con derivados no negociados en mercados organizados y de financiación de valores. Ratio de apalancamiento (parte siete): Con vistas a impedir un apalancamiento excesivo en los balances de las entidades de crédito y empresas de inversión y ayudar así a reducir la ciclicidad del crédito, la Comisión propone también instaurar un ratio de apalancamiento no basado en el riesgo. Tal como acordó el CSBB, se utilizará como instrumento de revisión supervisora de las entidades. La incidencia del ratio será objeto de seguimiento, con objeto de convertirlo en medida vinculante del primer pilar en 2018, tras una adecuada evaluación y calibración, en consonancia con los acuerdos internacionales. Código normativo único (Reglamento en su totalidad): La propuesta armoniza los planteamientos nacionales divergentes en materia de supervisión, eliminando casi por completo las opciones y facultades discrecionales. Se exceptúan algunas áreas muy determinadas, en las que las divergencias obedecen a consideraciones de evaluación del riesgo, a especificidades de mercados o productos y a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, y en relación con las cuales estos podrán adoptar normas más estrictas. 2.2.2. Instrumento de actuación La presente propuesta separa los requisitos prudenciales de los otros dos ámbitos de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, esto es, la autorización y la supervisión permanente, que seguirían estando regulados a través de una directiva, a la que esta propuesta va unida. Este enfoque refleja las diferencias de objeto, naturaleza y destinatarios de las disposiciones. 2.2.3. Incidencia acumulada del paquete legislativo Con el propósito de completar su propia evaluación del impacto del acuerdo de Basilea III, la Comisión analizó una serie de estudios realizados tanto por el sector público como por el privado. A continuación se resumen sus principales resultados. Se estima que esta propuesta, junto con la DRC III, incrementan los activos ponderados por riesgo de las grandes entidades de crédito en un 24,5 % y los de las pequeñas entidades en un modesto 4,1 %. Los fondos propios adicionales que será necesario obtener a raíz de los nuevos requisitos y del colchón de conservación se estiman en 84 000 millones de euros de aquí a 2015 y 460 000 millones de euros de aquí a 2019. Se prevén claros beneficios económicos a largo plazo consistentes en un aumento anual del PIB de la UE comprendido entre un 0,3 % y un 2 %, y que se derivarán de una reducción de la frecuencia y probabilidad previstas de futuras crisis sistémicas. Se estima que la propuesta reducirá la probabilidad de una crisis bancaria sistémica en siete Estados miembros entre un 29 % y un 89 %, cuando las entidades de crédito se recapitalicen hasta alcanzar un ratio total de capital del 10,5 % como mínimo. Asimismo, los requisitos más elevados de capital, incluido el colchón de capital anticíclico, y de liquidez aminorarán la amplitud de los ciclos económicos normales, lo cual reviste particular importancia para las pequeñas y medianas empresas, que dependen relativamente más de la financiación de las entidades de crédito durante todo el ciclo económico que las grandes empresas. 2.2.4. Carga administrativa Aquellas entidades con un mayor volumen de actividad transfronteriza serán las que más se beneficien de la armonización de las actuales disposiciones nacionales, ya que la consiguiente reducción de los requisitos administrativos aliviará previsiblemente la carga que para ellas supone la aplicación de las medidas de Basilea III. 3. Supervisión y evaluación Las modificaciones propuestas están relacionadas con las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, que son anteriores al presente Reglamento. Así pues, tanto los elementos de las anteriores Directivas como los nuevos elementos introducidos por el presente Reglamento se someterán a un riguroso seguimiento. El ratio de apalancamiento y las nuevas medidas en materia de liquidez se supervisarán con particular atención a partir de los datos estadísticos recopilados de conformidad con las disposiciones de esta propuesta. La supervisión y la evaluación se realizarán tanto a nivel de la UE (ABE y Banco Central Europeo) como internacional (CSBB). 4. Elementos jurídicos de la propuesta 4.1. Base jurídica La base jurídica de un reglamento que crea condiciones uniformes orientadas al funcionamiento del mercado interior se halla en el artículo 114, apartado 1, del TFUE. En tanto que la propuesta de Directiva [a insertar por la OP] regula el acceso a la actividad de las empresas y se basa en el artículo 53 del TFUE, la necesidad de separar estas normas de las que regulan la forma en que dicha actividad se lleva a cabo justifica el recurso a una base jurídica diferente para estas últimas. Los requisitos prudenciales establecen criterios para la evaluación de los riesgos vinculados a ciertas actividades bancarias y de los fondos necesarios para contrarrestar tales riesgos. En sí mismos no regulan el acceso a las actividades de captación de depósitos, sino la manera de desarrollar esas actividades, a fin de proteger a los depositantes y garantizar la estabilidad financiera. El Reglamento propuesto racionaliza los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, actualmente contenidos en dos Directivas diferentes (2006/48/CE y 2006/49/CE), agrupándolos en un solo instrumento jurídico, lo que simplifica considerablemente el marco legal vigente. Tal como se ha señalado anteriormente (apdos. 1.1.1 y 2.2.1), las disposiciones en vigor comportan numerosas opciones y facultades discrecionales y permiten a los Estados miembros imponer normas más estrictas que las de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. De ello se deriva un importante grado de divergencia, que no solo puede plantear problemas de estabilidad financiera tal como se reseña en el apartado 1.1.1 anterior, sino que también dificulta la prestación transfronteriza de servicios y el establecimiento en otros Estados miembros, puesto que, cada vez que una entidad desea realizar operaciones en otro Estado miembro, tiene que estudiar un conjunto de normas diferente. Ello crea condiciones de competencia no equitativas contrarias al mercado interior y que merman, asimismo, la seguridad jurídica. Las anteriores codificaciones y refundiciones no han reducido la divergencia, siendo por ello necesario adoptar un Reglamento que establezca normas uniformes en todos los Estados miembros, al objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Formular los requisitos prudenciales a través de un Reglamento garantizaría que tales requisitos fueran directamente aplicables a las entidades. Se aseguran así condiciones de competencia equitativas, al evitar requisitos nacionales divergentes como consecuencia de la transposición de una directiva. El Reglamento propuesto demostraría claramente que las entidades se atienen a las mismas reglas en todos los mercados de la UE, lo que favorecería también la confianza en la estabilidad de las entidades de toda la UE. Asimismo, un Reglamento permitiría a la UE instrumentar las posibles modificaciones futuras más rápidamente, puesto que, una vez adoptadas, estas pueden aplicarse de manera casi inmediata. La UE podría así cumplir los plazos de aplicación acordados a nivel internacional y no quedar a la zaga de los cambios importantes que registren los mercados. 4.2. Subsidiariedad De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, consagrados en el artículo 5 del TFUE, los objetivos de la medida propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE. Sus disposiciones no exceden de lo necesario para alcanzar tales objetivos. Solo una acción de la UE puede garantizar que las entidades de crédito y las empresas de inversión que operan en varios Estados miembros estén sujetas a los mismos requisitos prudenciales, asegurando de esta forma unas condiciones de competencia equitativas, reducir la complejidad de la regulación, evitar costes de cumplimiento injustificados para las actividades transfronterizas, favorecer una mayor integración del mercado de la UE y contribuir a la eliminación de posibilidades de arbitraje reglamentario. La acción a escala de la UE garantizaría también un alto grado de estabilidad financiera en su territorio. Así lo corrobora el hecho de que los requisitos prudenciales contenidos en la propuesta hayan figurado en la legislación de la UE durante más de veinte años. El artículo 288 del TFUE permite elegir entre varios instrumentos jurídicos. Un reglamento queda, pues, sujeto al principio de subsidiariedad al igual que cualquier otro instrumento jurídico. Es necesario mantener un equilibrio entre la subsidiariedad y otros principios consagrados por los Tratados, tales como las libertades fundamentales. Si bien las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE se dirigen formalmente a los Estados miembros, están destinadas en última instancia a las empresas. Un reglamento crea condiciones de competencia más equitativas, puesto que es directamente aplicable, y, como las normas son exactamente las mismas, no se requiere un estudio de la legislación de otros Estados miembros antes de emprender una actividad, lo cual resulta menos gravoso para las entidades. Además, la adopción de un reglamento permite también evitar los retrasos ligados a la transposición de las directivas. 4.3. Papel de la ABE y cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE En más de cincuenta disposiciones de la presente propuesta, se exige a la ABE que presente normas técnicas de regulación y ejecución a la Comisión a fin de especificar los criterios fijados en algunas disposiciones del Reglamento y garantizar una aplicación uniforme del mismo. La Comisión está facultada para adoptar dichas normas a través de actos delegados y de ejecución. El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó sendas propuestas de Reglamentos por los que se instituían la ABE, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)[6]. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisón, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.». 4.4. Interacción y coherencia entre los componentes del paquete legislativo El presente Reglamento se complementa con la propuesta de Directiva [a insertar por la OP]. Este paquete legislativo sustituirá a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Ello significa que tanto la Directiva como el Reglamento se referirán a las entidades de crédito y a las empresas de inversión. Actualmente, estas últimas se «añaden» a la Directiva 2006/48/CE en virtud de la Directiva 2006/49/CE, gran parte de la cual contiene simplemente referencias a la Directiva 2006/48/CE. Así pues, agrupar las disposiciones aplicables a ambas actividades mejorará la legibilidad de las disposiciones que las regulan. Por otro lado, los extensos anexos de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE se integrarán en la parte dispositiva, lo que simplificará aún más su aplicación. Las normas prudenciales aplicables directamente a las entidades se recogen en la propuesta de Reglamento. En la propuesta de Directiva se mantienen las disposiciones relativas a la autorización de las entidades de crédito y al ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios. Ello no afectará a las empresas de inversión, cuyos derechos y obligaciones se regulan en la Directiva 2004/39/CE («MiFID»). Los principios generales para la supervisión de las entidades, que van dirigidos a los Estados miembros, requieren ser incorporados al ordenamiento jurídico interno y suponen el ejercicio de facultades discrecionales, se mantendrán también en la Directiva. Estos principios se refieren en particular al intercambio de información, la distribución de tareas entre los supervisores de los países de origen y de acogida y el ejercicio de las facultades sancionadoras (que se introducen por primera vez). La Directiva seguirá conteniendo las disposiciones que regulan la revisión supervisora de las entidades por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas disposiciones completan los requisitos prudenciales generales establecidos en el Reglamento en relación con las entidades con medidas individuales decididas por las autoridades competentes como resultado de la revisión supervisora permanente que llevan a cabo en cada entidad de crédito y empresa de inversión. Se indicará en la Directiva la gama de estos dispositivos de supervisión, ya que las autoridades competentes han de estar en condiciones de determinar los dispositivos que deben imponerse. Entre ellos cabe citar los procesos internos de las entidades, concretamente en relación con la gestión de riesgos, y los nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo. 5. Explicación detallada de la propuesta y comparación con el acuerdo de Basilea III Para garantizar una aplicación equilibrada del acuerdo de Basilea III a las entidades de la UE, la Comisión ha tenido que tomar diversas decisiones en materia de regulación, que se explican en este apartado. 5.1. Armonización máxima (Reglamento en su totalidad) Crear verdaderamente un solo código normativo exige una armonización máxima. La imposición en ciertos Estados miembros de requisitos más estrictos no coordinados y que resulten inadecuados podría dar lugar a una transferencia de las correspondientes exposiciones y riesgos al sector bancario en la sombra o de un Estado miembro de la UE a otro. Además, las evaluaciones de impacto efectuadas por el Comité de Basilea y la Comisión Europea se basan en los ratios de capital específicos adoptados. No se sabe con certeza cuál podría ser el impacto, en términos de costes y crecimiento, en caso de aplicarse mayores requisitos de capital en uno o varios Estados miembros, que podrían expandirse a través de un mecanismo de «escalada» a toda la UE. Si fuera necesario imponer requisitos prudenciales más estrictos a nivel de la UE, ha de ser posible modificar oportunamente el código normativo único de forma temporal. La Comisión podría adoptar un acto delegado por el que se incrementen, durante un período de tiempo limitado, los requisitos de capital o las ponderaciones de riesgo de ciertas exposiciones, o por el que se impongan requisitos prudenciales más estrictos para todas las exposiciones o las exposiciones a uno o varios sectores, regiones o Estados miembros, cuando ello resulte necesario para afrontar cambios de intensidad de los riesgos macroprudenciales y microprudenciales derivados de la evolución del mercado tras la entrada en vigor del Reglamento propuesto, en particular con arreglo a una recomendación o dictamen de la JERS. La presente propuesta y la propuesta de Directiva que la acompaña ofrecen ya tres posibilidades a las autoridades competentes para resolver los problemas macroprudenciales a nivel nacional: – En el caso de los préstamos garantizados por bienes inmuebles, los Estados miembros podrían ajustar los requisitos de capital. – Los Estados miembros podrían imponer requisitos de capital adicionales a determinadas entidades o grupos de entidades, cuando circunstancias concretas así lo justifiquen, en el marco del denominado «segundo pilar». – Los Estados miembros fijan el nivel del colchón de capital anticíclico en función de los riesgos macroeconómicos específicos a los que se enfrenten, lo que, en la práctica, puede modificar sensiblemente los requisitos de capital. Por otra parte, los Estados miembros estarían autorizados a anticipar algunas de las nuevas normas más estrictas derivadas del acuerdo de Basilea III durante el período transitorio, es decir, a aplicarlas más rápidamente de lo previsto en ese acuerdo. 5.2. Definición del capital (parte dos) 5.2.1. Deducción de las participaciones significativas en empresas aseguradoras y conglomerados financieros El acuerdo de Basilea III exige a los bancos que operen a escala internacional que deduzcan de sus fondos propios las inversiones significativas en empresas de seguros no consolidadas. Con ello se pretende garantizar que un banco no pueda contabilizar en sus fondos propios el capital utilizado por una filial de seguros. En relación con los grupos que comprenden importantes actividades bancarias o de inversión, así como actividades de seguros, la Directiva 2002/87/CE, sobre los conglomerados financieros, contiene normas específicas referentes al «doble cómputo» del capital. La Directiva 2002/87/CE se basa en principios acordados a nivel internacional con vistas a hacer frente al riesgo en todos los sectores. La presente propuesta refuerza la aplicación de esas normas sobre los conglomerados financieros a los grupos de entidades bancarias y empresas de inversión, garantizando una aplicación sólida y coherente de las mismas. Las demás modificaciones que, en su caso, resulten necesarias se estudiarán con ocasión de la evaluación de la Directiva 2002/87/CE, prevista en 2012. 5.2.2. Fondos propios de la máxima calidad: criterios, exclusión progresiva y cláusula de anterioridad Con arreglo al acuerdo de Basilea III, los únicos instrumentos admitidos como fondos propios de la máxima calidad en el caso de los bancos constituidos como sociedades anónimas que operen a escala internacional son las «acciones ordinarias» que cumplan criterios estrictos. La presente propuesta incorpora esos criterios estrictos de Basilea III. No restringe la forma legal de los elementos de mayor calidad del capital emitido por las entidades que estén constituidas como sociedades anónimas a las acciones ordinarias. La definición de una acción ordinaria varía en función del Derecho de sociedades nacional. Los criterios estrictos fijados en la presente propuesta garantizarán que solo los instrumentos de máxima calidad se reconozcan como elementos del capital reglamentario de calidad superior. Con arreglo a dichos criterios, solo podrían tener esa consideración los instrumentos cuya calidad sea tan elevada como la de las acciones ordinarias. Para asegurar la total transparencia de los instrumentos reconocidos, la propuesta exige a la ABE que confeccione, actualice y publique una lista de los tipos de instrumentos reconocidos. El acuerdo de Basilea III prevé un período de diez años para la exclusión gradual de algunos instrumentos emitidos por las sociedades anónimas que no se atienen a las nuevas normas. En consonancia con las modificaciones aportadas a los fondos propios por la Directiva 2009/111/CE, y atendiendo a la necesidad de tratar de manera coherente diferentes formas jurídicas de sociedad, la presente propuesta (parte diez, título I, capítulo 2) aplica también una cláusula de anterioridad a los instrumentos de máxima calidad emitidos por las sociedades anónimas y que no sean acciones ordinarias, así como a las correspondientes cuentas de primas de emisión. El acuerdo de Basilea III permite que aquellos instrumentos que no se atengan a las nuevas normas y hayan sido emitidos antes del 12 de septiembre de 2010 se excluyan del capital reglamentario de forma gradual, en aras de una transición fluida al nuevo régimen. Esa fecha es la que se conoce como «fecha límite» a efectos de las disposiciones transitorias. Todos los instrumentos que no cumplan las nuevas normas y se hayan emitido con posterioridad a la fecha límite quedarían plenamente excluidos del capital reglamentario a partir de 2013. La presente propuesta hace coincidir la fecha límite con la fecha de adopción de esta propuesta por la Comisión, lo que constituye una necesidad a fin de evitar la aplicación retroactiva de los requisitos de la propuesta, solución que jurídicamente es imposible. 5.2.3. Sociedades mutuas, bancos cooperativos y entidades similares El acuerdo de Basilea III garantiza que las nuevas normas puedan aplicarse a los instrumentos de capital de máxima calidad de empresas que no sean sociedades anónimas, por ejemplo, mutuas, bancos cooperativos y entidades similares. La presente propuesta regula con más detenimiento la aplicación de la definición del capital de Basilea III a los instrumentos de máxima calidad emitidos por empresas no constituidas como sociedades anónimas. 5.2.4. Intereses minoritarios y determinados instrumentos de capital emitidos por filiales Se entiende por intereses minoritarios el capital de determinadas filiales que está en poder de un accionista minoritario no perteneciente al grupo. El acuerdo de Basilea III reconoce los intereses minoritarios –y ciertos elementos del capital reglamentario emitido por filiales– únicamente en la medida en que las filiales sean entidades (o estén sujetas a las mismas normas) y el capital se utilice para cubrir los requisitos de capital y el colchón de conservación del capital, una nueva reserva de capital que impone restricciones al pago de dividendos y de ciertos cupones y primas. El otro nuevo colchón de capital, denominado «colchón anticíclico», es una importante herramienta macroprudencial, que los supervisores pueden imponer para moderar o intensificar la actividad de préstamo en distintas fases del ciclo del crédito. Esta propuesta establece a nivel de la UE sólidos procesos para coordinar la utilización del colchón anticíclico por los Estados miembros. El planteamiento de la presente propuesta en relación con los intereses minoritarios y algunos otros elementos del capital emitido por filiales comporta el reconocimiento del colchón anticíclico en caso de utilizarse. Ello pone de manifiesto la importancia del colchón y del capital utilizado para constituirlo y suprime un freno potencial a la exigencia de colchón. 5.2.5. Deducción de ciertos activos por impuestos diferidos Un activo por impuestos diferidos es un activo del balance que puede emplearse para reducir el gasto derivado del impuesto sobre la renta del ejercicio siguiente. El acuerdo de Basilea III especifica que ciertos activos por impuestos diferidos no precisan ser deducidos del capital. La presente propuesta aclara que aquellos activos por impuestos diferidos que se conviertan automáticamente en un crédito sobre el Estado cuando la empresa incurra en pérdidas no habrán de ser deducidos, siempre que se garantice su capacidad de absorción de pérdidas. 5.3. Tratamiento de exposiciones específicas (parte tres, título II, capítulo 2) 5.3.1. Exposiciones frente a PYME Con arreglo a la legislación vigente de la UE, los bancos pueden aplicar ponderaciones de riesgo preferentes a las exposiciones frente a PYME. Este trato preferente se mantendrá tanto con arreglo al acuerdo de Basilea III como a la presente propuesta. La aplicación de requisitos de capital más ventajosos para cubrir las exposiciones frente a PYME exigiría, en primer lugar, una revisión del marco internacional de Basilea. Esta cuestión queda sujeta a una cláusula de reexamen en la propuesta. Es fundamental evaluar cuidadosamente las ponderaciones de riesgo de los préstamos a PYME. Por este motivo, se insta a la ABE a que presente un informe a más tardar el 1 de septiembre de 2012, tras haber analizado las actuales ponderaciones de riesgo y comprobado las posibilidades de reducción, partiendo de un escenario de reducción en una tercera parte frente a la situación actual. En este contexto, la Comisión se propone presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de dicho análisis, acompañado, si procede, de propuestas legislativas encaminadas a la revisión de las ponderaciones de riesgo de las PYME. Por otra parte, la Comisión, veinticuatro meses después de la entrada en vigor de este Reglamento y previa consulta a la ABE, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con las oportunas propuestas, en su caso, sobre los préstamos concedidos a pequeñas y medianas empresas y personas físicas. 5.3.2. Exposiciones derivadas de la financiación del comercio El CSBB no se pronunciará previsiblemente sobre la conveniencia de fijar requisitos de capital menos rigurosos con respecto a la financiación del comercio sino hacia finales de 2011. Por consiguiente, su opinión no se refleja en la propuesta, si bien se ha previsto una cláusula de reexamen en relación con el tratamiento de estas exposiciones. 5.4. Riesgo de contraparte (parte tres, título II, capítulo 6) Con arreglo al acuerdo de Basilea III, los bancos tendrán la obligación de contar con capital adicional para cubrir el riesgo de que la calidad crediticia de su contraparte se deteriore. La presente propuesta introduce esa nueva exigencia de capital. No obstante, el acuerdo de Basilea III solo reconoce de forma muy limitada las pérdidas que un banco contabiliza por anticipado con efecto inmediato en la cuenta de resultados (ajustes de valoración del crédito realizados). A la luz de la información recibida en respuesta a una consulta realizada por la Comisión en torno a este tema en febrero/marzo de 2011, y con el apoyo de una amplia mayoría de Estados miembros, esta propuesta ofrecería a los bancos que utilicen el método avanzado para el riesgo de crédito la posibilidad de un reconocimiento mayor, aunque prudente, de tales pérdidas y reflejaría, por tanto, mejor la práctica habitual entre numerosos bancos de la UE de constitución de provisiones para pérdidas futuras. 5.5. Liquidez (parte seis) 5.5.1. Requisito de cobertura de liquidez La Comisión está firmemente resuelta a lograr establecer un requisito de cobertura de liquidez armonizado de aquí a 2015. Al mismo tiempo, habrá que considerar muy seriamente la incertidumbre en cuanto a las posibles consecuencias no deseadas y el período de observación previsto en el acuerdo de Basilea III. Las siguientes disposiciones garantizarán que no se imponga un requisito vinculante hasta tanto no se haya realizado una adecuada evaluación: – como primera medida, obligación general de los bancos, aplicable a partir de 2013, de mantener una adecuada cobertura de liquidez; – obligación de comunicar a las autoridades nacionales los datos necesarios para comprobar que mantienen una adecuada cobertura de liquidez, sobre la base de los formatos uniformes de información desarrollados por la ABE, a fin de poner a prueba los criterios de Basilea III; – facultad de la Comisión de precisar en mayor medida el requisito de cobertura de liquidez a la luz de las conclusiones extraídas del período de observación y la evolución internacional; evitar el dilatado procedimiento legislativo ordinario (codecisión) permitiría aprovechar al máximo el período de observación y aplazar la calibración hacia el final de este período. En el seno de los grupos de entidades de crédito o de empresas de inversión, o de ambas, el requisito de cobertura de liquidez se aplicará en principio a cada entidad de crédito o empresa de inversión individual. A diferencia de las sucursales, que carecen de personalidad jurídica, las entidades de crédito o empresas de inversión están en sí mismas sujetas a obligaciones de pago, que pueden dar lugar a salidas de liquidez en condiciones de tensión. No es posible dar por supuesto que las entidades de crédito o empresas de inversión se beneficiarán de aportaciones de liquidez recibidas de otras entidades de crédito o empresas de inversión pertenecientes al mismo grupo si tienen dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago. No obstante, bajo estrictas condiciones, las autoridades competentes podrán renunciar a la aplicación del requisito a las entidades de crédito o empresas de inversión individuales e imponerles un requisito consolidado. Esas condiciones estrictas están contenidas en el artículo 7, apartado 1, y garantizan, entre otras cosas, que las entidades de crédito o empresas de inversión estén legalmente obligadas a prestarse apoyo mutuo y tengan realmente capacidad para hacerlo. Cuando se trate de un grupo con entidades de crédito o empresas de inversión en varios Estados miembros, todas las autoridades competentes encargadas de las distintas entidades de crédito o empresas de inversión deben, para que la renuncia a los requisitos individuales sea posible, determinar de común acuerdo que se cumplen las condiciones para tal renuncia. En estas situaciones transfronterizas, además de las condiciones del artículo 7, apartado 1, se contemplan otras condiciones en el apartado 2 del mismo artículo. Con arreglo a estas otras condiciones, el conjunto de las distintas autoridades competentes debe considerar satisfactorias la gestión de la liquidez en el grupo y la liquidez que poseen las entidades de crédito o empresas de inversión individuales integradas en él. En caso de desacuerdo, cada autoridad competente que supervise a una entidad de crédito o empresa de inversión decidirá por sí sola si renuncia o no al requisito individual. Existe, además, la posibilidad de recurrir a la mediación de la ABE en caso de discrepancia entre las autoridades competentes. No obstante, el resultado de la mediación solo es vinculante en lo que respecta a las condiciones del artículo 7, apartado 1. Las autoridades competentes tienen la última palabra en lo referente a las condiciones del artículo 7, apartado 2, es decir, en relación con la idoneidad de la gestión de la liquidez por parte del grupo y con la idoneidad de la liquidez de las entidades de crédito o empresas de inversión individuales. 5.5.2. Requisito de financiación estable neta La Comisión está firmemente resuelta a lograr establecer normas mínimas acerca del requisito de financiación estable neta de aquí al 1 de enero de 2018. Dado que el acuerdo de Basilea III establece un período de observación a este respecto hasta 2018, habría tiempo suficiente para definir un requisito de financiación estable a través de una propuesta que el Parlamento y el Consejo deberían aprobar por procedimiento de codecisión antes de que concluya el citado período de observación. 5.6. Apalancamiento (parte siete) El ratio de apalancamiento constituye una nueva herramienta reguladora en la UE. En consonancia con el acuerdo de Basilea III, la Comisión no propone por ahora establecer un ratio de apalancamiento vinculante, sino utilizarlo en un primer momento como instrumento complementario que las autoridades supervisoras puedan aplicar discrecionalmente a determinados bancos, con vistas a convertirlo en medida vinculante (primer pilar) en 2018, tras una oportuna evaluación y calibración. Las obligaciones de información permitirán analizar su introducción como requisito vinculante en 2018 y tomar una decisión informada al respecto. En consonancia con el acuerdo de Basilea III, se propone que las entidades publiquen sus ratios de apalancamiento a partir de 2015. 5.7. Límite previsto en Basilea I (parte trece) El acuerdo de Basilea II impone mayores exigencias de capital que Basilea I para las actividades con mayor riesgo. En lo que respecta a las actividades de menos riesgo, Basilea II exige menos capital que Basilea I. Ello obedece a que el acuerdo de Basilea II se pensó para responder más al riesgo que Basilea I. A fin de evitar que los bancos estén sujetos a requisitos de capital inadecuadamente bajos, Basilea II no permite que el capital sea inferior al 80 % del capital que exigiría Basilea I. Si bien este requisito dejó de estar vigente a finales de 2009, la Directiva 2010/76/CE lo reintrodujo hasta el término de 2011. Basándose en la prórroga de dicho requisito por el CSBB en julio de 2009, la propuesta vuelve a instaurarlo hasta 2015. Las autoridades competentes podrán, previa consulta a la ABE, renunciar a la aplicación del límite de Basilea I a una entidad, siempre que se cumplan todas las condiciones para la utilización de los métodos avanzados en relación con el riesgo de crédito y el riesgo operativo. 6. Repercusiones presupuestarias La ABE desempeñará un papel importante en la consecución del objetivo de este Reglamento, puesto que la propuesta pone en sus manos la elaboración de más de 50 normas técnicas vinculantes sobre diversos aspectos. Dichas normas técnicas vinculantes, que serán en última instancia aprobadas por la Comisión, serán fundamentales para asegurar una aplicación uniforme en toda la UE de disposiciones sumamente técnicas y para garantizar que las medidas propuestas produzcan los resultados esperados. Con vistas a hacer frente a esta considerable carga de trabajo, la ABE necesitaría más recursos que los que ya le fueron otorgados a raíz de su creación por el Reglamento (UE) nº 1093/2010. La ficha financiera legislativa contiene información más detallada al respecto. 2011/0202 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[7], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) En su declaración sobre el fortalecimiento del sistema Financiero[8], de 2 de abril de 2009, el G-20 exhortaba a la adopción de medidas coherentes a escala internacional que reforzaran la transparencia, la rendición de cuentas y la normativa, incrementando, para ello, la cantidad y calidad del capital del sistema bancario europeo una vez afianzada la recuperación económica. Se abogaba, asimismo, por la introducción de una medida adicional, no basada en el riesgo y dirigida a limitar el apalancamiento en el sistema bancario, así como por el desarrollo de un marco que previera colchones de liquidez más estrictos. En respuesta al mandato otorgado por el G-20 en septiembre de 2009, el Grupo de Gobernadores de los Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (GHOS) acordó una serie de medidas de refuerzo de la normativa del sector bancario. Esas medidas obtuvieron el respaldo de los dirigentes del G-20 en la Cumbre de Pittsburgh, el 24 y 25 de septiembre de 2009, y se detallaron en diciembre de 2009. En julio y septiembre de 2010, el GHOS emitió adicionalmente dos comunicados sobre el diseño y la calibración de estas nuevas medidas, y, en diciembre de 2010, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó las medidas definitivas, que se conocen como «Basilea III». (2) El Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE, presidido por Jacques de Larosière, invitó a la Unión Europea a desarrollar una normativa financiera más armonizada. En el contexto de la futura estructura europea de supervisión, el Consejo Europeo de 18 y 19 de junio de 2009 subrayó también la necesidad de crear un código normativo europeo único aplicable a todas las entidades de crédito y empresas de inversión en el mercado único. (3) La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006[9], relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006[10], sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (en lo sucesivo, «entidades») han sido modificadas sustancialmente en varias ocasiones. Muchas de las disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE son aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. Así, a fin de garantizar una aplicación coherente de tales disposiciones, es deseable reunirlas en una nueva legislación aplicable tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. En aras de la claridad, las disposiciones de los anexos de dichas Directivas deben integrarse en la parte dispositiva de esa nueva legislación. (4) La nueva legislación debe consistir en dos instrumentos legislativos diferentes, a saber, una Directiva y el presente Reglamento. Ambos instrumentos jurídicos deben constituir conjuntamente el marco jurídico que regule el acceso a la actividad, el marco de supervisión y las disposiciones prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El presente Reglamento debe, por tanto, leerse en relación con dicha Directiva. (5) La Directiva [a insertar por la OP] debe contener las disposiciones relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, las modalidades de su gobierno y su marco de supervisión, tales como las disposiciones que regulen la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, y las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, así como las disposiciones que regulen el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. (6) El presente Reglamento debe recoger aquellos requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión que se refieran exclusivamente al funcionamiento de los mercados de servicios bancarios y financieros, y que tengan por objeto garantizar la estabilidad financiera de los operadores en esos mercados, así como un elevado grado de protección de los inversores y los depositantes. La finalidad de este acto jurídico directamente aplicable es contribuir de manera decisiva al buen funcionamiento del mercado interior y, consiguientemente, debe basarse en las disposiciones del artículo 114 del TFUE, según han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiterada jurisprudencia. (7) Las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, si bien armonizan en cierta medida las normas aplicables por los Estados miembros en el ámbito de la supervisión prudencial, prevén un importante número de opciones y facultades discrecionales, y los Estados miembros están aún autorizados a imponer normas más estrictas que las establecidas en esas Directivas. Ello genera divergencias entre las normas nacionales, que obstaculizan el ejercicio de las libertades fundamentales y, por tanto, afectan directamente al funcionamiento del mercado interior y originan un importante falseamiento de la competencia. En particular, esas divergencias obstruyen la prestación transfronteriza de servicios y el establecimiento en otro Estado miembro, pues los operadores tienen, en cada caso, que examinar y cumplir distintas normas cuando desarrollan una actividad en otro Estado miembro. Al mismo tiempo, las entidades de crédito y las empresas de inversión autorizadas en diversos Estados miembros están, a menudo, sujetas a requisitos diferentes, lo que da lugar asimismo a un importante falseamiento de la competencia. La divergente evolución de las normativas nacionales erige obstáculos, potenciales y reales, al buen funcionamiento del mercado interior, debido a la desigualdad en las condiciones de ejercicio de la actividad, y es fuente de dificultades para las entidades de crédito y las empresas de inversión que operan dentro de diferentes sistemas jurídicos en la Unión. (8) Al objeto de eliminar los obstáculos al comercio e importantes falseamientos de la competencia que aún persisten como consecuencia de las divergencias existentes entre las normativas nacionales, e impedir cualesquiera otros probables obstáculos al comercio e importantes falseamientos de la competencia, es necesario adoptar un Reglamento que establezca normas uniformes aplicables en todos los Estados miembros. (9) Formular los requisitos prudenciales a través de un Reglamento garantiza que tales requisitos sean directamente aplicables. Se aseguran así condiciones uniformes, al evitar requisitos nacionales divergentes como consecuencia de la transposición de una directiva. Merced al presente Reglamento, todas las entidades han de seguir unas mismas normas en toda la Unión, incrementándose así la confianza en la estabilidad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, especialmente en momentos de tensión. Un Reglamento reduce también la complejidad normativa y los costes de cumplimiento de las empresas, especialmente en el caso de las entidades de crédito y empresas de inversión que operan transfronterizamente, y contribuye a eliminar el falseamiento de la competencia. En lo que atañe a la especificidad de los mercados de bienes inmuebles, caracterizados por diferentes situaciones económicas y jurídicas, propias de cada Estado miembro, región o municipio, las autoridades competentes deben estar autorizadas a fijar ponderaciones de riesgo más elevadas o aplicar criterios más estrictos basados en la experiencia en materia de impagos y en las previsiones de evolución del mercado en lo que atañe a las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles en determinadas zonas. (10) Los Estados miembros deben estar facultados para mantener o introducir disposiciones nacionales cuando el presente Reglamento no prevea disposiciones uniformes, siempre que esas disposiciones nacionales no entren en contradicción con el Derecho de la Unión, ni socaven su aplicación. (11) Cuando los Estados miembros adopten directrices de alcance general, en particular en ámbitos en los que esté pendiente la adopción por la Comisión de proyectos de normas técnicas, tales directrices no deben entrar en contradicción con el Derecho de la Unión, ni socavar su aplicación. (12) El presente Reglamento no obsta para que los Estados miembros impongan requisitos equivalentes a empresas que no entren en su ámbito de aplicación. (13) Los requisitos prudenciales generales establecidos en el presente Reglamento se complementan con dispositivos individuales que decidan las autoridades competentes como resultado de la revisión supervisora permanente que llevan a cabo en cada entidad de crédito y empresa de inversión. Conviene establecer en una Directiva la gama de estas medidas de supervisión, ya que las autoridades competentes han de ser capaces de decidir las medidas que deben imponerse. (14) El presente Reglamento no debe afectar a la facultad de las autoridades competentes de imponer requisitos específicos, dentro del proceso de revisión supervisora y de evaluación establecido en la Directiva [a insertar por la OP], adaptados al perfil de riesgo específico de las entidades de crédito y empresas de inversión. (15) La Autoridad Bancaria Europea (ABE) se creó mediante el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión[11]. Dicho Reglamento persigue mejorar la calidad y coherencia de la supervisión nacional y reforzar la supervisión de los grupos transfronterizos. (16) De conformidad con el Reglamento (UE) nº 1093/2010, la ABE debe actuar en el ámbito de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Asimismo, debe actuar en el ámbito de actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión con relación a cuestiones no contempladas directamente por dichas Directivas, siempre que esta actuación sea necesaria para garantizar una aplicación eficaz y coherente de los citados actos. El presente Reglamento debe tener en cuenta el papel y las funciones de la ABE y facilitar el ejercicio de las facultades de esta Autoridad previstas en el citado Reglamento. (17) Es necesario imponer a las entidades de crédito y las empresas de inversión requisitos financieros equivalentes para asegurar garantías similares a los ahorradores así como condiciones de competencia justas entre categorías similares de entidades de crédito y empresas de inversión. (18) Dado que las entidades de crédito y las empresas de inversión compiten directamente en el mercado interior, las obligaciones aplicables en materia de supervisión deben ser equivalentes en toda la Unión. (19) Cuando, en el proceso de supervisión, sea necesario determinar el importe de los fondos propios consolidados de un grupo de entidades de crédito y empresas de inversión, el cálculo debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. (20) Con arreglo al presente Reglamento, los requisitos de fondos propios se aplican en base individual y consolidada, a menos que las autoridades competentes opten, cuando así lo juzguen oportuno, por no aplicar la supervisión en base individual. La supervisión individual, la consolidada y la transfronteriza consolidada constituyen instrumentos útiles para controlar las entidades de crédito y las empresas de inversión. (21) A fin de garantizar un grado suficiente de solvencia de las entidades de crédito y las empresas de inversión integradas en un grupo, es fundamental que los requisitos de capital se apliquen en función de la situación consolidada de dichas entidades dentro del grupo. Para garantizar que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y que, en su caso, estén disponibles para proteger el ahorro, los requisitos de capital deben aplicarse a cada una de las entidades de crédito y las empresas de inversión integrantes del grupo, salvo en caso de que este objetivo pueda alcanzarse eficazmente de otra manera. (22) La técnica contable precisa que deba utilizarse para calcular los fondos propios, para determinar su adecuación al riesgo al cual se encuentre expuesta una entidad de crédito o empresa de inversión, y para evaluar la concentración de las exposiciones debe tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras[12], que incluye determinadas adaptaciones de las disposiciones de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas[13], o en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad[14], según cuál sea la disposición que regule la contabilidad de las entidades de crédito y las empresas de inversión con arreglo al Derecho nacional. (23) Para garantizar un nivel de solvencia suficiente, es importante establecer requisitos de capital que ponderen los activos y las partidas fuera de balance en función del grado de riesgo. (24) El 26 de junio de 2004, el CSBB aprobó un acuerdo marco para la convergencia internacional de la medición del capital y los requisitos de capital («acuerdo marco de Basilea II»). Las disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE que el presente Reglamento retoma se corresponden con las disposiciones del acuerdo marco de Basilea II. En consecuencia, al incorporar los elementos adicionales contenidos en el acuerdo de Basilea III, el presente Reglamento se corresponde con lo dispuesto en los acuerdos de Basilea II y III. (25) Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito y empresas de inversión en la Unión, ofreciendo, para el cálculo de los requisitos de capital por riesgo de crédito, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y comporten diferentes grados de complejidad. El empleo de calificaciones externas y de estimaciones propias de las entidades de crédito y las empresas de inversión para parámetros específicos del riesgo de crédito supone una mejora considerable de la sensibilidad al riesgo y de la solidez prudencial de la normativa sobre riesgo de crédito. Deben ofrecerse a las entidades de crédito y las empresas de inversión incentivos adecuados para que pasen a aplicar métodos más sensibles al riesgo. Al elaborar las estimaciones necesarias para aplicar los métodos relativos al riesgo de crédito contenidos en el presente Reglamento, resulta oportuno que las entidades de crédito y las empresas de inversión mejoren sus propios procedimientos de medición y gestión del riesgo de crédito con objeto de disponer de métodos para la determinación de los requisitos de fondos propios de las entidades de crédito y empresas de inversión que reflejen la complejidad de sus procesos. A este respecto, debe considerarse que el tratamiento de datos en relación con la asunción y gestión de exposiciones frente a clientes incluye el desarrollo y validación de sistemas de gestión y de medición del riesgo de crédito. Ello es conforme tanto con el legítimo interés de las entidades de crédito y las empresas de inversión como con los objetivos del presente Reglamento de aplicar mejores métodos de gestión y de medición del riesgo y de emplearlos asimismo a efectos de los fondos propios reglamentarios. (26) Los requisitos de capital deben ser proporcionales a los correspondientes riesgos. En particular, los requisitos deben reflejar la reducción de los niveles de riesgo que se deriva de la presencia de un número elevado de exposiciones relativamente limitadas. (27) En consonancia con la decisión del CSBB, refrendada por el GHOS el 10 de enero de 2011, todos los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de capital de nivel 2 de una entidad deben ser plena y permanentemente cancelados o convertidos por completo en capital ordinario de nivel 1 cuando se alcance el punto de no viabilidad de la entidad. (28) Las disposiciones del presente Reglamento respetan el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad de tamaño y de escala de las operaciones y la gama de actividades de las entidades de crédito y de las empresas de inversión. El respeto del principio de proporcionalidad significa asimismo que, en el caso de exposiciones minoristas, se reconocen los procedimientos de calificación más sencillos posibles, incluso si se trata del método basado en calificaciones internas (método IRB). (29) La naturaleza «evolutiva» del presente Reglamento permite que las entidades de crédito y las empresas de inversión escojan entre tres métodos de complejidad variable. Para permitir a las entidades de crédito y las empresas de inversión más pequeñas, en particular, optar por el método IRB, más sensible al riesgo, las pertinentes disposiciones deben interpretarse de manera tal que las categorías de exposición incluyan todas las exposiciones que, directa o indirectamente, se asimilen a ellas en el presente Reglamento. Como regla general, las autoridades competentes no deben discriminar entre los tres métodos en lo relativo al proceso de revisión supervisora; es decir, las entidades de crédito y empresas de inversión que operen con arreglo a las disposiciones del método estándar no deben someterse a una supervisión más estricta solo por esta razón. (30) Debe otorgarse un mayor reconocimiento a las técnicas de reducción del riesgo, siempre dentro de un marco normativo que permita garantizar que la solvencia no se vea perjudicada por un reconocimiento indebido. Las garantías bancarias empleadas habitualmente para la reducción del riesgo de crédito en los Estados miembros deben, en la medida de lo posible, reconocerse, no solo en el método estándar sino también en los otros métodos. (31) A fin de garantizar que los riesgos y las reducciones de riesgos que se derivan de las actividades de titulización y las inversiones efectuadas por las entidades de crédito y las empresas de inversión queden adecuadamente reflejados en los requisitos de capital de las mismas, es preciso incluir normas que contemplen un tratamiento sensible al riesgo y prudencialmente adecuado de dichas actividades e inversiones. (32) El riesgo operativo es un riesgo importante al que se enfrentan las entidades de crédito y las empresas de inversión, y debe cubrirse mediante fondos propios. Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito y empresas de inversión en la Unión, ofreciendo, para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo operativo, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y comporten diferentes grados de complejidad. Deben ofrecerse a las entidades de crédito y las empresas de inversión incentivos adecuados para que pasen a aplicar métodos más sensibles al riesgo. Dado el carácter aún incipiente de las técnicas para la medición y gestión del riesgo operativo, la normativa debe someterse a revisión y actualización siempre que sea necesario, incluso en relación con las exigencias aplicables a distintas líneas de negocio y con el reconocimiento de las técnicas de reducción del riesgo. A este respecto es especialmente importante tener en cuenta los seguros en los métodos simples para calcular los requisitos de capital por riesgo operativo. (33) El seguimiento y el control de las exposiciones de las entidades de crédito deben ser parte integrante de la supervisión de estas. Por consiguiente, una concentración excesiva de exposiciones en un único cliente o grupo de clientes vinculados entre sí puede suponer un riesgo inaceptable de pérdidas. Cabe estimar que tal situación perjudica a la solvencia de la entidad de crédito. (34) A la hora de determinar la existencia de un grupo de clientes vinculados entre sí y, por ende, las exposiciones que constituyen un único riesgo, también es importante tener en cuenta los riesgos que emanan de una fuente común de financiación significativa procedente de la propia entidad de crédito o empresa de inversión, su grupo financiero o partes vinculadas a ella. (35) Si bien es conveniente basar el cálculo del valor de la exposición en el previsto a efectos de los requisitos de fondos propios, resulta oportuno adoptar normas para el control de las grandes exposiciones sin aplicar ponderaciones de riesgo o grados de riesgo. Además, las técnicas de reducción del riesgo de crédito aplicadas en el régimen de solvencia fueron concebidas a partir de la premisa de un riesgo de crédito diversificado. En el caso de las grandes exposiciones, al tratarse del riesgo de concentración con respecto a una única contraparte, el riesgo de crédito no está diversificado. En consecuencia, los efectos de dichas técnicas deben estar sujetos a garantías prudenciales. En este contexto, es necesario prever una recuperación efectiva de la cobertura del riesgo de crédito a efectos de las grandes exposiciones. (36) Dado que la pérdida resultante de una exposición frente a una entidad de crédito o a una empresa de inversión puede ser tan grave como la resultante de cualquier otra exposición, es oportuno que tales exposiciones se traten y comuniquen como todas las demás. No obstante, se ha introducido un límite cuantitativo alternativo a fin de mitigar un impacto desproporcionado de dicho enfoque en entidades de menor tamaño. Además, las exposiciones a muy corto plazo relacionadas con las operaciones de pago, incluida la prestación de servicios de pago, compensación, liquidación y custodia a los clientes, están exentas para facilitar el buen funcionamiento de los mercados financieros y de las infraestructuras relacionadas. Estos servicios incluyen, por ejemplo, la compensación y la liquidación de efectivo, así como actividades similares para facilitar la liquidación. Entre las exposiciones conexas figuran las exposiciones que puedan no ser previsibles y, por consiguiente, no estén bajo el total control de una entidad de crédito, entre otras, los saldos de cuentas interbancarias resultado de los pagos de los clientes, incluidas las comisiones y los intereses abonados o cobrados y otros pagos por servicios a los clientes, así como las garantías prestadas o recibidas. (37) Es importante eliminar las discrepancias entre los intereses de las empresas que «reconvierten» los préstamos en valores negociables y otros instrumentos financieros (originadoras o patrocinadoras) y los de las empresas que invierten en tales valores o instrumentos (inversoras). También es importante que los intereses de la originadora o de la patrocinadora coincidan con los intereses de los inversores. Para lograrlo, la originadora o la patrocinadora debe mantener un interés significativo en los activos subyacentes. Resulta oportuno, por tanto, que las originadoras o patrocinadoras permanezcan expuestas al riesgo de los préstamos en cuestión. En términos más generales, las transacciones de titulización no deben estar estructuradas de manera que se evite aplicar el requisito de retención, especialmente por medio de una estructura de comisiones o primas o ambas. Dicha retención debe ser aplicable en todas las situaciones en que sea aplicable el contenido económico de una titulización, cualesquiera que sean las estructuras o los instrumentos jurídicos utilizados para obtener ese contenido económico. Cuando se transfiera el riesgo de crédito mediante titulización, en particular, conviene que los inversores no tomen su decisión sino después de un riguroso proceso de diligencia debida, con vistas al cual necesitan información adecuada acerca de las titulizaciones. (38) No debe producirse ninguna aplicación múltiple del requisito de retención. Para una titulización determinada, basta con que la originadora, la patrocinadora o el acreedor original estén sujetos a ese requisito. De igual modo, cuando las transacciones de titulización contengan otras titulizaciones subyacentes, el requisito de retención solo debe aplicarse a la titulización que es objeto de la inversión. Los derechos de cobro adquiridos no deben estar sujetos al requisito de retención si se derivan de actividades empresariales y son transferidos o vendidos con descuento para financiar esas actividades. Las autoridades competentes deben aplicar la ponderación de riesgo con respecto al incumplimiento de las obligaciones en materia de diligencia debida y de gestión del riesgo, en los casos de titulización, por infracciones significativas de políticas y procedimientos pertinentes para el análisis de los riesgos subyacentes. (39) Debe utilizarse la debida diligencia para evaluar adecuadamente los riesgos derivados de las exposiciones de titulización, tanto de las que resulten de la cartera de negociación como de las ajenas a ella. Además, las obligaciones en materia de diligencia debida deben ser proporcionadas. Los procedimientos de diligencia debida deben contribuir a reforzar la confianza entre las originadoras, las patrocinadoras y los inversores. Por consiguiente, es oportuno que la información pertinente relativa a los procedimientos de diligencia debida se comunique adecuadamente. (40) Cuando una entidad de crédito o una empresa de inversión asume exposiciones frente a su propia empresa matriz, o frente a otras filiales de dicha empresa matriz, se impone una especial prudencia. La gestión de las exposiciones asumidas por las entidades de crédito y las empresas de inversión debe realizarse con absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana gestión, y fuera de cualquier otra consideración. En lo que se refiere a las grandes exposiciones, procede establecer normas específicas, incluidos límites más severos, para aquellas que asuma una entidad de crédito frente a las empresas de su propio grupo. Estas normas no deben aplicarse, no obstante, cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito o cuando las demás filiales sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas de servicios auxiliares, siempre que todas estas empresas estén comprendidas en la supervisión de la entidad de crédito en base consolidada. (41) Dada la sensibilidad al riesgo de las normas relativas a los requisitos de capital, es conveniente atender en todo momento a sus posibles efectos significativos en el ciclo económico. La Comisión, teniendo en cuenta la contribución del Banco Central Europeo, debe informar de estos aspectos al Parlamento Europeo y al Consejo. (42) Resulta oportuno revisar los requisitos de capital aplicables a los operadores en materias primas, incluidos aquellos que están actualmente exentos de las exigencias impuestas por la Directiva 2004/39/CE. (43) El objetivo de liberalización de los mercados del gas y la electricidad es importante para la Unión tanto desde el punto de vista económico como político. Por ello, los requisitos de capital y otras normas prudenciales aplicables a las empresas activas en dichos mercados deben ser proporcionados y no interferir indebidamente en el logro del objetivo de liberalización. Este objetivo debe tenerse en cuenta, en particular, cuando se lleven a cabo revisiones del presente Reglamento. (44) Resulta oportuno que las entidades de crédito y las empresas de inversión que inviertan en retitulizaciones lleven a cabo también un proceso de diligencia debida con respecto a las titulizaciones subyacentes y a las exposiciones no consistentes en titulizaciones que representen el subyacente último de aquellas. Las entidades de crédito y las empresas de inversión deben evaluar si las exposiciones en el contexto de los programas de pagarés de titulización constituyen exposiciones de retitulización, incluidas las que se generan en el contexto de programas que adquieren tramos preferentes de conjuntos separados de préstamos enteros en los que ninguno de los préstamos correspondientes constituye una exposición de titulización o retitulización, y en los que el vendedor de los préstamos proporciona cobertura frente a la primera pérdida para cada inversión. En esta última situación, una línea de liquidez específica del conjunto no debe considerarse de manera general una exposición de retitulización, puesto que representa un tramo de un único conjunto de activos (es decir, el pertinente conjunto de préstamos enteros) que no contiene exposiciones de titulización. En contraposición a esto, una mejora crediticia a escala de un programa que cubra únicamente algunas de las pérdidas que rebasen la protección proporcionada por el vendedor en los distintos conjuntos constituiría, de manera general, una división en varios tramos del riesgo de un conjunto de activos múltiples que contendría al menos una exposición de titulización, con lo que sería una exposición de retitulización. No obstante, si dicho programa se financia enteramente con una única clase de pagarés, y si la mejora crediticia a escala del programa no es una retitulización, o bien si los pagarés están plenamente respaldados por la entidad de crédito o empresa de inversión patrocinadora, dejando al inversor en pagarés efectivamente expuesto al riesgo de impago de la patrocinadora en lugar de al riesgo correspondiente a los conjuntos o activos subyacentes, en tal caso los pagarés no deben considerarse de manera general una exposición de retitulización. (45) Resulta oportuno que las disposiciones sobre valoración prudente referentes a la cartera de negociación se apliquen a todos los instrumentos valorados al valor razonable, con independencia de que figuren en la cartera de negociación o en la cartera de inversión de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Es conveniente aclarar que, en el supuesto de que la aplicación de una valoración prudente lleve a un valor contable inferior al importe realmente reconocido en la contabilidad, habrá de deducirse de los fondos propios el valor absoluto de la diferencia. (46) Resulta oportuno que las entidades de crédito y las empresas de inversión puedan elegir entre aplicar un requisito de capital a las posiciones de titulización a las que corresponda una ponderación de riesgo del 1 250 % en virtud del presente Reglamento o deducirlas del capital ordinario de nivel 1, con independencia de que tales posiciones pertenezcan a la cartera de negociación o a la de inversión. (47) Las entidades originadoras o patrocinadoras no deben poder eludir la prohibición de proporcionar apoyo implícito utilizando para ello sus carteras de negociación. (48) La Directiva 2006/48/CE introdujo una ponderación de riesgo preferente, en el marco del método estándar, para las exposiciones frente a pequeñas o medianas empresas o personas físicas, así como la posibilidad de que las entidades apliquen métodos basados en calificaciones internas con arreglo a los cuales ellas mismas estimen la ponderación de riesgo, reflejando la solidez de sus propios criterios de suscripción. Procede que el presente Reglamento mantenga también las ponderaciones de riesgo preferentes. No obstante, conviene que, en el plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, se analicen las posibles ventajas de reducir las ponderaciones de riesgo o de hacerlas extensivas a otras exposiciones. Este análisis debe basarse en hechos y tener en cuenta datos fiables sobre las pérdidas crediticias derivadas de exposiciones frente a pequeñas o medianas empresas o personas físicas durante un ciclo económico completo. En el contexto del referido análisis debe prestarse particular atención a las repercusiones sobre los préstamos a consumidores. (49) Sin perjuicio de la información cuya divulgación esté expresamente prevista en el presente Reglamento, el objetivo de las obligaciones de divulgación ha de consistir en proporcionar a los participantes en el mercado información exacta y exhaustiva sobre el perfil de riesgo de cada entidad. En consecuencia, si fuera necesario para alcanzar ese objetivo, debe exigirse a las entidades de crédito y empresas de inversión que divulguen información adicional que no esté expresamente contemplada en el presente Reglamento. (50) En el supuesto de que una evaluación crediticia externa de una posición de titulización integre el efecto de la cobertura del riesgo de crédito proporcionada por la propia entidad inversora, es conveniente que la entidad no pueda disfrutar de la ponderación de riesgo más baja resultante de dicha cobertura. Ello no debe llevar a deducir del capital la titulización, si existen otros medios para determinar una ponderación de riesgo que se ajuste al riesgo real de la posición, sin tener en cuenta la citada cobertura del riesgo de crédito. (51) Dados sus escasos resultados observados recientemente, procede reforzar los criterios aplicados a los modelos internos para calcular los requisitos de capital frente al riesgo de mercado. En particular, conviene completar su alcance en lo que respecta a los riesgos de crédito de la cartera de negociación. Por otra parte, ante un posible deterioro de las condiciones del mercado y con vistas a reducir la potencial prociclicidad, resulta oportuno que las exigencias de capital integren un componente adaptado a condiciones de tensión a fin de reforzar los requisitos de capital. Las entidades de crédito y las empresas de inversión deben proceder también a pruebas de resistencia inversas para examinar qué situaciones podrían amenazar su viabilidad, salvo si pueden demostrar que puede prescindirse de tales pruebas. Habida cuenta de la particular dificultad que ha planteado recientemente el tratamiento de las posiciones de titulización a través de métodos basados en modelos internos, procede limitar la posibilidad de que las entidades de crédito y las empresas de inversión modelicen los riesgos de titulización de la cartera de negociación e imponer una exigencia de capital estándar por defecto en relación con las posiciones de titulización de dicha cartera. (52) El presente Reglamento establece excepciones limitadas para determinadas actividades de negociación de correlación, según las cuales los supervisores pueden permitir a las entidades calcular una exigencia de capital global frente al riesgo sujeta a estrictos requisitos. En tales casos, debe exigirse a la entidad que someta dichas actividades a una exigencia de capital igual al importe más elevado de entre la exigencia de capital resultante de este planteamiento definido internamente y el 8 % de la exigencia de capital por riesgo específico de conformidad con el método de medición estándar. No debe requerírsele que someta esas exposiciones a la exigencia de capital por riesgo incremental pero aquellas deben incorporarse tanto al cálculo del valor en riesgo como al cálculo del valor en riesgo en situación de tensión. (53) Habida cuenta de la naturaleza y magnitud de las pérdidas imprevistas registradas por las entidades de crédito y las empresas de inversión durante la crisis económica y financiera, es necesario mejorar la calidad y la armonización de los fondos propios que estas entidades están obligadas a poseer. Para ello conviene establecer una nueva definición de los elementos básicos del capital disponibles para absorber las pérdidas imprevistas cuando surjan, perfeccionar la definición del capital híbrido y proceder a una serie de ajustes prudenciales uniformes de los fondos propios. Asimismo, es preciso aumentar considerablemente el nivel de los fondos propios, fijando, en particular, nuevos ratios de capital que se centren en los elementos básicos de los fondos propios disponibles para absorber pérdidas cuando surjan. (54) Con vistas a reforzar la disciplina del mercado e incrementar la estabilidad financiera, es necesario introducir obligaciones más pormenorizadas de divulgación de la forma y naturaleza del capital reglamentario y de los ajustes prudenciales efectuados, a fin de garantizar que los inversores y depositantes estén suficientemente bien informados sobre la solvencia de las entidades de crédito y empresas de inversión. (55) La nueva definición del capital y los requisitos reglamentarios de capital debe fijarse de tal modo que se tenga en cuenta el hecho de que las situaciones de partida y las circunstancias difieren en función de los países y que la variación inicial con respecto a las nuevas normas se reduzca durante el período de transición. A fin de garantizar la adecuada continuidad del nivel de fondos propios, las aportaciones de capital del sector público realizadas disfrutarán de una cláusula de anterioridad durante todo el período transitorio. (56) La Directiva 2006/48/CE exigía a las entidades de crédito que dispusieran de fondos propios, al menos, equivalentes a unos determinados importes mínimos hasta el 31 de diciembre de 2011. A la luz de los efectos que la crisis financiera aún tiene en el sector bancario y de la prórroga de las disposiciones transitorias en materia de requisitos de capital adoptadas por el CSBB, resulta oportuno reintroducir un límite inferior durante un período restringido, hasta tanto se constituyan volúmenes suficientes de fondos propios, de conformidad con las disposiciones transitorias relativas a los fondos propios previstas en el presente Reglamento, que se introducirán progresivamente entre 2013 y 2019. En relación con los grupos que comprenden importantes actividades bancarias o de inversión, así como actividades de seguros, la Directiva 2002/87/CE, sobre los conglomerados financieros, contiene normas específicas referentes al «doble cómputo» del capital. La Directiva 2002/87/CE se basa en principios acordados a nivel internacional con vistas a hacer frente al riesgo en todos los sectores. El presente texto refuerza la aplicación de esas normas sobre los conglomerados financieros a los grupos de entidades bancarias y empresas de inversión, garantizando una aplicación sólida y coherente de las mismas. Las demás modificaciones que, en su caso, resulten necesarias se estudiarán con ocasión de la evaluación de la Directiva 2002/87/CE, prevista en 2012. (57) La crisis financiera dejó patente que las entidades de crédito y las empresas de inversión subestimaban extremadamente el riesgo de contraparte asociado a los derivados no negociados en mercados organizados (OTC). En septiembre de 2009, ello llevó a los dirigentes del G-20 a pedir que un mayor volumen de dichos derivados se compensaran a través de una entidad de contrapartida central (ECC). Asimismo, preconizaron que aquellos derivados no negociados en mercados organizados que no pudieran compensarse a nivel central quedaran sujetos a mayores requisitos de fondos propios, a fin de reflejar adecuadamente los riesgos más elevados que llevan aparejados. (58) A raíz del llamamiento de los dirigentes del G-20, el CSBB, en el marco del acuerdo de Basilea III, modificó sustancialmente el régimen del riesgo de contraparte. Según cabe esperar, el acuerdo de Basilea III incrementará de forma significativa los requisitos de fondos propios asociados a las operaciones de financiación de valores y con derivados no negociados en mercados organizados que realizan las entidades de crédito y las empresas de inversión, e incentivará considerablemente el recurso por parte de estas a las ECC. Asimismo, se prevé que el acuerdo de Basilea III creará incentivos adicionales para reforzar la gestión de las exposiciones al riesgo de contraparte y para revisar el actual tratamiento de las exposiciones con riesgo de contraparte frente a las ECC. (59) Resulta oportuno que las entidades dispongan de fondos propios adicionales debido al riesgo de ajuste de valoración del crédito que conllevan los derivados no negociados en mercados organizados. Las entidades deben también aplicar una mayor correlación con el valor de los activos al calcular los requisitos de fondos propios aplicables a las exposiciones al riesgo de contraparte frente a determinadas entidades financieras resultantes de los derivados no negociados en mercados organizados y las operaciones de financiación de valores. Las entidades de crédito y las empresas de inversión deben asimismo mejorar considerablemente la medición y gestión del riesgo de contraparte mediante un tratamiento más eficaz del riesgo de correlación adversa, de las contrapartes con un elevado grado de apalancamiento y de las garantías reales, unido a las pertinentes mejoras en los ámbitos de las pruebas retrospectivas y de resistencia. (60) Las exposiciones de negociación frente a ECC se benefician habitualmente del mecanismo multilateral de compensación y reparto de pérdidas que ofrecen las ECC. Por ello, entrañan un riesgo de contraparte muy bajo y deben estar sujetas a requisitos de fondos propios muy reducidos. Al mismo tiempo, esos requisitos deben ser positivos a fin de asegurar que las entidades de crédito y las empresas de inversión hagan un seguimiento de sus exposiciones frente a ECC y las controlen, dentro de una correcta gestión del riesgo, y de tener en cuenta que incluso las exposiciones de negociación frente a ECC no están libres de riesgo. (61) El fondo para impagos de una ECC es un mecanismo que permite repartir (mutualizar) las pérdidas entre los miembros compensadores de la ECC. Se utiliza en el supuesto de que las pérdidas en que incurra la ECC como consecuencia del impago de un miembro compensador sean más elevadas que los márgenes y las contribuciones al fondo para impagos abonadas por ese miembro y cualquier otro recurso del que la ECC pueda valerse antes de hacer uso de las contribuciones al fondo de los restantes miembros compensadores. Así pues, el riesgo de pérdida asociado a las exposiciones resultantes de las contribuciones al fondo para impagos es más elevado que el que llevan aparejado las exposiciones de negociación. Por tanto, las exposiciones de ese tipo deben quedar sujetas a mayores requisitos de fondos propios. (62) El «capital hipotético» de una ECC ha de ser una de las variables que se utilicen para determinar los requisitos de fondos propios frente a las exposiciones de un miembro compensador derivadas de sus contribuciones al fondo para impagos de la ECC. No debe atribuirse a este concepto ningún otro significado. En particular, no debe entenderse como el importe del capital que la autoridad competente de una ECC obligue a esta a mantener. (63) La revisión del tratamiento del riesgo de contraparte, y, en particular, la instauración de requisitos de fondos propios más elevados en relación con los contratos de derivados bilaterales, a fin de reflejar el mayor riesgo que tales contratos suponen para el sistema financiero, forman parte integrante de la labor de la Comisión en pro de unos mercados de derivados eficientes, sanos y seguros. En consecuencia, el presente Reglamento es complementario de la propuesta de Reglamento relativo a los derivados OTC, las contra