Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios /* COM/2012/0763 final - 2012/0354 (NLE) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta El artículo 397 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[1] (en lo sucesivo, «la Directiva del IVA») establece que «el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva ». Basándose en dicho artículo, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo[2] (en lo sucesivo, «el Reglamento de Ejecución del IVA»), mediante el que se establecieron las modalidades de aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva del IVA y se incorporó a la legislación una serie de orientaciones que el Comité del IVA había ido adoptando desde 1977. Numerosos pasajes del Reglamento de Ejecución del IVA están relacionados con los cambios introducidos en las normas sobre el lugar de la prestación de servicios en 2008 (mediante el «paquete del IVA»[3]). Es preciso aclarar en mayor medida algunos de estos cambios, en particular, los relacionados con los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos prestados a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, los cuales, a partir del 2015, serán objeto de gravamen en el Estado miembro en el que el cliente esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual. Los prestadores de este tipo de servicios no necesitarán identificarse ni pagar el IVA en ese Estado miembro. Aunque ya se han adoptado disposiciones de aplicación de los regímenes especiales en favor de los prestadores no establecidos en el Estado miembro de imposición[4], es preciso tomar medidas adicionales para garantizar una aplicación uniforme de las normas que regulan el lugar de prestación de los servicios mencionados. Resulta esencial modificar el Reglamento de Ejecución del IVA a fin de establecer normas sobre las modalidades de aplicación de las disposiciones pertinentes de la Directiva del IVA. El Consejo debe adoptar dichas normas lo antes posible y, en cualquier caso, antes de finales de 2013, a fin de dejar a las empresas de los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a los cambios. La presente propuesta y las definiciones que en ella se incluyen no prejuzgan el resultado de los actuales debates sobre la aplicación de tipos reducidos del IVA a los productos y servicios en línea. Contexto general Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos se gravan, por lo general, en el lugar de establecimiento o residencia del cliente[5]. Cuando el prestador está establecido en la UE y el cliente no tiene la condición de sujeto pasivo, la prestación, sin embargo, está sujeta al impuesto actualmente en el lugar de establecimiento del prestador. A partir del 1 de enero de 2015, todos los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos estarán sujetos a gravamen en el lugar de pertenencia del cliente (salvo que se aplique la norma de uso y disfrute efectivo), incluso aunque este último no tenga la condición de sujeto pasivo. En ese caso, los prestadores de la UE y de terceros países habrán de determinar el lugar de establecimiento, domicilio o residencia habitual del cliente. Si el prestador no tiene acceso a un número de identificación a efectos del IVA –generalmente reservado a los sujetos pasivos– que le permita orientarse, dependerá en cierta medida de la información que le facilite el cliente. A fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar la doble imposición o la no imposición, es preciso que los prestadores dispongan de normas claras y vinculantes sobre la forma de proceder. 2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO Consulta de las partes interesadas En el marco del seminario Fiscalis, se consultó ampliamente a los Estados miembros y las empresas con objeto de determinar los ámbitos en los que es necesario adoptar normas de desarrollo con vistas a una aplicación uniforme de las disposiciones de la Directiva del IVA. Se procedió asimismo a un intercambio de opiniones con motivo de la reunión de un grupo de expertos formado por representantes de los Estados miembros, denominado el Grupo de Trabajo nº 1[6], y de una reunión ad hoc de expertos con el sector empresarial. Obtención y utilización de asesoramiento técnico No ha sido necesario recurrir a asesoramiento externo. Evaluación de impacto Las medidas previstas son de carácter puramente técnico y prevén simplemente la aplicación de disposiciones ya adoptadas por el Consejo. Por tanto, no ha sido necesario realizar una evaluación de impacto. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Principio de subsidiariedad Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no se inscribe entre las competencias exclusivas de la UE. Por sí solos, los Estados miembros no pueden lograr en grado suficiente los objetivos de la propuesta. Aunque corresponda a los Estados miembros transponer el Derecho de la UE a sus ordenamientos jurídicos nacionales, resulta esencial que las normas que regulan el lugar de prestación de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, y electrónicos se apliquen uniformemente a fin de evitar divergencias que conduzcan a la doble imposición o a la no imposición. Por las razones arriba mencionadas, solo una acción a escala de la UE puede garantizar un trato equitativo de las empresas y los ciudadanos de la Unión. Por tanto, la propuesta se atiene al principio de subsidiariedad. Principio de proporcionalidad Es preciso introducir los presentes cambios a fin de adaptar el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo a las disposiciones pertinentes de la Directiva del IVA que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. Las nuevas disposiciones están relacionadas con la Directiva 2008/8/CE por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios y, en particular, con su artículo 5. La propuesta se atiene, pues, al principio de proporcionalidad. 4. INFORMACIÓN ADICIONAL Explicación detallada de la propuesta Las medidas de ejecución propuestas están relacionadas con los siguientes tipos de servicios: · servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos; · servicios vinculados a bienes inmuebles; · suministro de entradas para eventos culturales, artísticos, deportivos, científicos, educativos, recreativos o similares. Las propuestas para cada tipo de servicio son las siguientes: Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos A partir del 1 de enero de 2015, tanto las empresas de la UE como las de terceros países estarán obligadas a determinar el lugar de pertenencia de sus clientes (que no tengan la condición de sujetos pasivos ) a fin de garantizar la correcta imposición de estos servicios. Con objeto de asegurar una transición fluida y coordinada a escala de la UE, la Comisión propone medidas para la aplicación de las nuevas normas. La propuesta se presenta a raíz de una serie de intensas consultas con las empresas y los Estados miembros. Dichas medidas no modificarán las normas aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos contempladas en la Directiva del IVA, pero aportarán precisiones sobre la forma en que deben aplicarse en la práctica. Los artículos 6 bis y 6 ter, junto con los cambios propuestos en el artículo 7 y en el anexo II, tratan de aclarar la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos. Es preciso definir cada uno de estos servicios a fin de delimitar las nuevas normas. Así pues, se ofrece una definición de servicios de radiodifusión y televisión acompañada de ejemplos que sirven para ilustrar cuáles son los servicios incluidos en la misma y cuáles no. En aras de la seguridad jurídica, la definición de los servicios se efectúa preferentemente en términos positivos. Se ha adaptado la lista de ejemplos de servicios electrónicos en vigor y se han confeccionado listas similares en relación con los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión. Dichas listas no son ni definitivas ni exhaustivas. El artículo 9 bis precisa el trato que debe dispensarse a los servicios de radiodifusión y televisión y electrónicos cuando se prestan a través de la red de telecomunicaciones o a través de una interfaz o un portal, como por ejemplo un mercado de aplicaciones perteneciente a un intermediario (o a un tercero que intervenga en la prestación). Se supone que en la prestación de tales servicios el intermediario actúa por cuenta del prestador pero en su propio nombre. Salvo que se disponga de otro modo, se considerará que es el intermediario quien ha recibido y prestado esos servicios. Cuando el servicio se preste a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo, el intermediario tendrá que pagar el IVA en el Estado miembro del cliente. El artículo 13 bis especifica que, como en el caso de un sujeto pasivo, el lugar de establecimiento de una persona jurídica que no sea sujeto pasivo es aquel en el que radica su actividad económica o en el que cuenta con un establecimiento permanente. El artículo 18 trata de la condición del cliente. En virtud de este artículo, el prestador puede considerar persona sin la condición de sujeto pasivo al cliente que no haya comunicado su número de identificación a efectos del IVA, aunque solo en el caso de que no disponga de información que indique lo contrario. Cuando el lugar de imposición depende de que el cliente sea o no un sujeto pasivo, el hecho de basarse únicamente en el número de identificación a efectos del IVA entraña el riesgo de que pueda cambiar el lugar de imposición de la prestación si un cliente que sea sujeto pasivo decide no comunicar ese número. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos no existe tal riesgo, ya que dichos servicios se gravan, en cualquier circunstancia, en el lugar de establecimiento del cliente. El nuevo apartado 2 precisa que, en relación con esos servicios, el prestador puede considerar persona sin la condición de sujeto pasivo a todo cliente que no facilite su número de identificación a efectos del IVA. Gracias a ello, el prestador podrá determinar inmediatamente y con certeza si el pago del IVA recae en él (como ocurre en la prestación a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo, o a un sujeto pasivo en el mismo Estado miembro) o en el cliente (puesto que se trata de una prestación a un sujeto pasivo en otro Estado miembro). Ahora bien, esta determinación inicial deberá revisarse y rectificarse si el cliente comunica ulteriormente su número de identificación a efectos del IVA. El artículo 24 aborda las situaciones en que el cliente está establecido o reside en varios Estados miembros. Su finalidad es evitar conflictos de competencias entre Estados miembros. El nuevo apartado 3 precisa los elementos que han de tenerse en cuenta para determinar el emplazamiento que mejor garantice la imposición en el lugar de consumo efectivo. La subsección 3 bis establece presunciones irrefutables cuando al prestador le resulta imposible o prácticamente imposible determinar la condición de un cliente o conocer su lugar de establecimiento efectivo, de domicilio o de residencia habitual. El artículo 24 bis aborda los casos en que un prestador de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos presta dichos servicios a un cliente en unos emplazamientos determinados. Cuando el servicio se presta en una cabina telefónica o en un cibercafé, el prestador no conoce la identidad del cliente o puede resultarle prácticamente imposible comprobar su lugar de pertenencia efectiva. Dado que para la prestación del servicio se requiere la presencia física de su destinatario, se presume que el cliente pertenece al país del emplazamiento en cuestión. El artículo 24 ter trata de los casos en los que los servicios recibidos se remuneran con créditos prepagados almacenados en una tarjeta SIM. Habida cuenta de que, por lo general, la venta de dichas tarjetas se lleva a cabo sin exigir la comunicación de datos personales, el prestador, que no es necesariamente quien ha vendido la tarjeta al cliente, no conocerá la identidad de este último. El país de emisión de la tarjeta SIM es un dato esencial para saber dónde se encuentra el cliente. Dado que la utilización se llevará a cabo a menudo en dicho país, se establece la presunción de que el cliente pertenece asimismo a ese país, a tales efectos. La subsección 3 ter establece presunciones refutables cuando es difícil pero no imposible que el prestador conozca el lugar de establecimiento efectivo, domicilio o residencia habitual del cliente. Dichas presunciones refutables no se aplicarán cuando el prestador disponga de información que indique que el cliente pertenece a otro lugar. El artículo 24 quater aborda los casos en que los servicios se prestan al cliente a través de una línea fija terrenal conectada a un edificio residencial. Dado que ese es también el lugar donde se utilizará el servicio, se establece la presunción de que el cliente pertenece al mismo. El artículo 24 quinquies abarca los casos en que, para recibir los servicios, el cliente utiliza una tarjeta SIM de postpago. Como en el caso de los créditos prepagados, se establece la presunción de que el cliente pertenece al país de emisión de la tarjeta SIM de postpago. Cuando los servicios se reciben mediante la utilización de una tarjeta SIM de postpago, el prestador conoce la identidad del cliente, por lo que es preciso prever la posibilidad de refutar tal presunción. De acuerdo con el artículo 24 sexies, puede suponerse que un cliente que para la recepción de los servicios necesita un dispositivo o una tarjeta de televisión pertenece al lugar en el que está instalado el dispositivo o al que se ha enviado la tarjeta para su utilización. Esta presunción no se aplicará en los casos en que el dispositivo se venda sin instalación o en que la tarjeta de televisión se venda pero no sea enviada al cliente. El artículo 24 septies cubre todos los demás casos en que se presume que el cliente pertenece al lugar determinado por el prestador mediante pruebas suficientes. Esta presunción es válida en la medida en que el prestador no disponga de pruebas en contrario. La subsección 3 quater se centra en las pruebas que se utilizan para determinar la localización del cliente. El artículo 24 octies establece una lista de datos que el prestador puede utilizar como prueba para la determinación del lugar de pertenencia de un cliente que no tenga la condición de sujeto pasivo. Dado que no dispone de un número de IVA que le permita orientarse, el prestador necesita conocer cualquier otra información en la que pueda basarse. Pese a no ser exhaustiva, la lista muestra cuáles son los datos más importantes que pueden utilizarse como prueba. Para ser proporcionada, la prueba utilizada debe bastar para determinar con relativa certeza el lugar al que pertenece el cliente, pero la carga de la prueba no debe resultar excesiva. Para ello, es preciso fijar un nivel de prueba común. No resulta adecuado basarse en un solo elemento de prueba, ya que ello dejaría demasiado margen para una aplicación dispar. Por tanto, es preciso que coincidan dos elementos de prueba diferentes. Servicios vinculados a bienes inmuebles El artículo 47 de la Directiva del IVA dispone que el lugar de prestación de los servicios vinculados a bienes inmuebles es aquel en el que radican dichos bienes. Se incluyen medidas para precisar el ámbito de aplicación de dicha disposición tomando como base las directrices acordadas por el Comité del IVA. El artículo 13 ter ofrece una definición de lo que constituye un bien inmueble. El concepto de bien inmueble es una noción común independiente de la legislación nacional. Es preciso definirlo para facilitar la correcta aplicación de las normas relativas al lugar de prestación de los servicios. La definición se basa en gran medida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo 31 bis especifica que para que los servicios estén vinculados a un bien inmueble, dicha vinculación debe ser suficientemente directa (apartado 1). Ello abarca los servicios derivados de un bien inmueble si este supone un elemento constitutivo del servicio y es central y esencial para el servicio prestado, como, por ejemplo, la concesión de licencias de pesca; o los servicios prestados en relación con un bien inmueble o destinados a él que tengan como objeto principal una modificación física o jurídica del mismo, como, por ejemplo, los servicios de los arquitectos o de los agentes inmobiliarios. El artículo brinda ejemplos que ilustran los tipos de servicios que están vinculados a un bien inmueble (apartado 2) y los que no lo están (apartado 3). El artículo 31 ter dispone que cuando se alquile a un cliente equipo para la ejecución de una obra en un bien inmueble, acompañado o no de personal, dicho alquiler solo se considerará un servicio vinculado al bien si el prestador asume la responsabilidad de la ejecución de la obra. Cuando el equipo se ponga a disposición del cliente junto con personal suficiente para su utilización, se supondrá que el prestador ha asumido tal responsabilidad. En ese caso, el servicio deberá gravarse en el país en el que radique el bien inmueble. El artículo 31 quater precisa que los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos prestados por hoteles o establecimientos similares a sus clientes en relación con el alojamiento de los mismos, tendrán la misma consideración a efectos del IVA que la propia prestación de servicios de alojamiento. En función de la forma en que se proceda al cobro, dichos servicios formarán parte de una única prestación de servicios de alojamiento (en caso de que se fijen precios globales) o se considerarán accesorios a dicha prestación. Distribución de entradas a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares. La entrada a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas y similares sigue considerándose imponible donde tienen lugar efectivamente las manifestaciones. Cuando el acceso a dichas manifestaciones se otorga a un sujeto pasivo, la entrega está regulada por el artículo 53 de la Directiva del IVA. El artículo 54 de la Directiva del IVA se refiere a la prestación de acceso a dichos eventos a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo. El artículo 33 bis confirma que el trato fiscal dispensado no debe estar influido por la forma en que se organice la distribución de entradas a dichas manifestaciones. En todos los casos, la entrega de entradas debe gravarse en el lugar donde tenga lugar la manifestación en cuestión. Disposiciones transitorias En virtud del artículo 63 de la Directiva del IVA, el devengo del impuesto se produce y el IVA se hace exigible, en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. Ahora bien, si el pago se realiza acogiéndose al artículo 65 de la Directiva del IVA, o si los Estados miembros se sirven de la opción prevista en el artículo 66 de esa misma Directiva, el impuesto puede hacerse exigible antes de la prestación o inmediatamente después. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos que se presten en torno al 1 de enero de 2015, es decir, en el momento en que entren en vigor las nuevas normas sobre el lugar de prestación, las condiciones a las que se supedite la prestación o las diferencias en materia de aplicación entre Estados miembros podrían provocar una doble imposición o la no imposición. A fin de evitarlo, el artículo 2 de la propuesta precisa que, independientemente del momento en que el IVA se haga exigible, el momento decisivo para la determinación del lugar de prestación será aquel en que se presten los servicios o, para las prestaciones que den lugar a sucesivos descuentos o sucesivos pagos, el momento en que se complete cada prestación, es decir, el momento en que el hecho imponible tenga lugar en cualquier Estado miembro. Estas medidas son necesarias para garantizar que la transición hacia las normas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015 se lleve a cabo sin sobresaltos. 2012/0354 (NLE) Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[7] , y, en particular, su artículo 397, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 2006/112/CE, modificada por la Directiva 2008/8/CE[8], dispone que, a partir del 1 de enero de 2015, todos los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo deberán gravarse en el Estado miembro en el que el cliente esté establecido o tenga su domicilio o su residencia habitual, independientemente de donde esté establecido el sujeto pasivo que preste dichos servicios. Los demás servicios prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo seguirán siendo, en su mayoría, objeto de gravamen en el Estado miembro de establecimiento del prestador. (2) A fin de determinar cuáles son los servicios que deben estar sujetos al impuesto en el Estado miembro del cliente, resulta esencial ofrecer una definición de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos. En particular, conviene precisar el concepto de servicios de radiodifusión y televisión basándose en las definiciones de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)[9]. (3) Con objeto de aclarar conceptos, en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 se incluyó una lista de las operaciones consideradas servicios electrónicos que no es ni definitiva ni exhaustiva. Resulta oportuno actualizar dicha lista y confeccionar otras similares en relación con los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión. (4) Cuando la prestación de servicios de radiodifusión y televisión y electrónicos a un cliente no se efectúa directamente, sino que tiene lugar a través de redes de telecomunicaciones, o de una interfaz o un portal propiedad de otro sujeto pasivo, es preciso especificar quién realiza dicha prestación al cliente. (5) A fin de garantizar una aplicación uniforme de las normas que regulan el lugar de realización de la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y electrónicos, resulta necesario especificar dónde debe considerarse establecida una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo. (6) Con objeto de determinar en quién recae el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grava las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, y habida cuenta de que el lugar de imposición es el mismo independientemente de que el cliente sea o no un sujeto pasivo, es preciso que el prestador pueda determinar la condición de un cliente basándose exclusivamente en si este comunica su número personal de identificación a efectos del IVA. De conformidad con las normas generales, esta condición debe poder modificarse si el cliente procede a dicha comunicación ulteriormente. (7) Cuando una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo esté establecida en varios Estados miembros o esté domiciliada en un Estado miembro pero resida habitualmente en otro, debe darse prioridad al emplazamiento que mejor garantice la imposición en el lugar de consumo efectivo. A fin de evitar conflictos de competencias entre Estados miembros, resulta oportuno especificar el lugar de consumo efectivo. (8) Es preciso establecer normas que aclaren el tratamiento fiscal dispensado a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos prestados a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, cuyo lugar de establecimiento o de residencia sea prácticamente imposible de determinar o no pueda determinarse con seguridad. (9) Dado que el tratamiento fiscal de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo depende del lugar de establecimiento o de domicilio o residencia habitual del cliente, resulta necesario precisar cuáles son las pruebas cuya obtención debe exigirse al prestador a la hora de identificar la ubicación del cliente. (10) A fin de garantizar un tratamiento uniforme de las prestaciones de servicios vinculadas a bienes inmuebles, procede definir este concepto. Conviene especificar el grado de proximidad necesario para que exista una vinculación a un bien inmueble y confeccionar, asimismo, una lista de las operaciones que se consideren servicios vinculados a bienes inmuebles, sin que dicha lista tenga carácter definitivo ni exhaustivo. (11) También conviene aclarar el trato fiscal dispensado a los servicios de entrega de equipo a un cliente con vistas a la ejecución de una obra en un bien inmueble. (12) Por razones de orden práctico, conviene precisar que los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos prestados por un sujeto pasivo que actúe en su propio nombre en conexión con una prestación de servicios de alojamiento en el sector hotelero o en otros sectores con una función similar deben recibir el mismo tratamiento, a efectos del IVA, que la propia prestación de servicios de alojamiento. Ambas operaciones deben considerarse una única prestación en caso de que se fije un precio global. Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos que se cobren al cliente por separado deben considerarse prestaciones accesorias al alojamiento. (13) De conformidad con la Directiva 2006/112/CE, el acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas y similares debe ser objeto de gravamen, en todos los casos, donde tenga lugar efectivamente la manifestación. Resulta adecuado precisar que esta disposición se aplicará también cuando las entradas para dichas manifestaciones no sean vendidas directamente por el organizador, sino distribuidas a través de intermediarios. (14) De conformidad con la Directiva 2006/112/CE, la exigibilidad del impuesto puede producirse antes o inmediatamente después de la entrega de bienes o la prestación de servicios. En relación con los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos que se presten durante el periodo de transición a las nuevas normas relativas al lugar de la prestación, las condiciones a las que se supedite la prestación o las diferencias en materia de aplicación entre Estados miembros podrían provocar una doble imposición o la no imposición. A fin de evitarlo, resulta oportuno prever disposiciones transitorias. (15) A efectos del presente Reglamento, puede resultar adecuado que los Estados miembros adopten medidas legislativas que restrinjan determinados derechos y obligaciones establecidos por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[10] , a fin de salvaguardar los intereses mencionados en el artículo 13, apartado 1, letra e), de dicha Directiva cuando tales medidas sean necesarias y proporcionadas atendiendo al riesgo de fraude y evasión fiscales existente en los Estados miembros y a la necesidad de garantizar una percepción correcta del IVA cubierto por el presente Reglamento. (16) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 queda modificado como sigue: (1) Se insertan los artículos 6 bis y 6 ter siguientes: «Artículo 6 bis 1. Los servicios de telecomunicación a tenor del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE abarcarán, en particular: a) los servicios de telefonía fija y móvil para la transmisión y conmutación de voz, datos y vídeo, comprendidos los servicios de telefonía que incluyan un elemento de vídeo, comúnmente denominados servicios de videofonía; b) los servicios de telefonía prestados a través de Internet, incluido el Protocolo de transmisión de la voz por Internet (VoIP); c) los servicios de correo vocal, llamada en espera, desvío de llamadas, identificación de llamada, llamada tripartita y demás servicios de gestión de llamadas; d) los servicios de radiobúsqueda; e) los servicios de audiotexto; f) los servicios de fax, telégrafo y télex; g) los servicios de ayuda telefónica mediante los cuales se brinde a los usuarios asistencia cuando tengan problemas con su red de radio o televisión, con Internet o con una red electrónica similar; h) el acceso a Internet, incluida la World Wide Web; i) las conexiones a redes privadas que faciliten enlaces de telecomunicaciones para uso exclusivo del cliente; j) contenidos de audio y audiovisuales suministrados a través de las redes de comunicaciones que no sean facilitado por un prestador de servicios de comunicación bajo su responsabilidad editorial; k) la entrega subsiguiente de producciones de audio o audiovisuales de un prestador de servicios de comunicación a través de las redes de comunicaciones por una persona distinta de dicho prestador. 2. Los servicios de telecomunicación a tenor del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE no abarcarán: a) los servicios prestados por vía electrónica; b) los servicios de radiodifusión y televisión; y c) los servicios de ayuda telefónica distintos de los contemplados en el apartado 1, letra g). Artículo 6 ter 1. Los servicios de radiodifusión y televisión incluirán los servicios consistentes en el suministro de contenidos de audio y audiovisuales tales como los programas suministrados a través de las redes de comunicaciones por un prestador de servicios de comunicación, que actúe bajo su propia responsabilidad editorial, para ser escuchados o vistos simultáneamente por el público siguiendo un horario de programación. 2. El apartado 1 abarcará, en particular: a) los programas de radio o de televisión transmitidos o retransmitidos a través de las redes de radiodifusión o de televisión; b) los programas de radio o de televisión distribuidos a través de Internet o de redes electrónicas similares (IP streaming), siempre que se emitan en directo o de forma simultánea a su transmisión o retransmisión a través de las redes de radiodifusión o de televisión. 3. El apartado 1 no abarcará: a) los servicios de telecomunicación; b) los servicios prestados por vía electrónica; c) los servicios accesorios, tales como el suministro de información, previa solicitud, sobre programas concretos; d) la cesión de derechos de radiodifusión o retransmisión o de derechos de retransmisión; e) el arrendamiento financiero de equipo técnico o de instalaciones para su utilización en una emisión.». (2) En el artículo 7, el apartado 3 se modifica como sigue: a) La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: «El apartado 1 no abarcará los casos siguientes:» b) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) los servicios de radiodifusión y de televisión; ». c) La letra n) se sustituye por el texto siguiente: «n) los servicios de ayuda telefónica distintos de los contemplados en el artículo 6 bis, apartado 1, letra g); ». d) Se suprimen las letras q), r) y s); e) Se añaden las letras t) y u) siguientes: « t) el suministro en línea de entradas a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares; u) la reserva en línea de alojamiento hotelero o similar.». (3) En el capítulo IV «Hecho Imponible», se añade el artículo 9 bis siguiente : «Artículo 9 bis Cuando los servicios de radiodifusión y televisión o electrónicos de un prestador de servicios se presten a través de la red de telecomunicaciones, de una interfaz o de un portal, como por ejemplo un mercado de aplicaciones propiedad de un intermediario o de un tercero que intervenga en la prestación, se supondrá, en aplicación del artículo 28 de la Directiva 2006/112/CE, que el intermediario o el tercero actúan en su propio nombre pero por cuenta del prestador de servicios, salvo que, en relación con el consumidor final, el prestador del servicio sea reconocido expresamente como tal.». (4) En el capítulo V «Lugar de realización del hecho imponible», sección I «Conceptos», se añaden los artículos 13 bis y 13 ter siguientes: «Artículo 13 bis El lugar de establecimiento de una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo, contemplado en el artículo 56, apartado 2, párrafo primero, y en los artículos 58 y 59 de la Directiva 2006/112/CE, será el lugar en que dicha persona haya establecido la sede de su actividad económica, tal como se define en el artículo 10, o haya fijado su establecimiento permanente, tal como se define en el artículo 11, apartado 1, del presente Reglamento. Artículo 13 ter A efectos de la aplicación de la Directiva 2006/112/CE, por «bienes inmuebles» se entenderá: a) un área determinada de la corteza terrestre, sobre su superficie o en su subsuelo, en la que puede fundarse la propiedad y la posesión. b) cualquier edificio o construcción fijado al suelo, o enraizado en él, sobre o por debajo del nivel del mar, que no pueda desmantelarse o trasladarse con facilidad; c) cualquier elemento que forme parte integrante de un edificio o de una construcción y sin el cual estos no puedan considerare completos, como, por ejemplo, puertas, ventanas, tejados, escaleras y ascensores; d) cualquier elemento, equipo o máquina instalado de forma permanente en un edificio o en una construcción que no pueda trasladarse sin destruir o modificar dicho edificio o construcción.». (5) En el artículo 18, apartado 2, se añade el párrafo segundo siguiente : «No obstante, independientemente de que disponga de información que indique lo contrario, el prestador de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos podrá considerar que un cliente establecido en la Comunidad no tiene la condición de sujeto pasivo mientras este último no le haya comunicado su número de identificación individual a efectos de IVA.». (6) En el artículo 24, se añade el apartado 3 siguiente: «3. A fin de determinar el emplazamiento que mejor garantice la imposición en el lugar de consumo efectivo en el sentido de los apartados 1 y 2, habrá de tenerse en cuenta, en particular: a) por lo que respecta a un arrendamiento de medios de transporte distinto del arrendamiento a corto plazo, el lugar donde el medio de transporte se ponga a disposición del cliente o de un tercero que actúe por cuenta de este último, salvo que existan indicios de que el medio de transporte va a utilizarse en otro lugar; b) por lo que respecta a los servicios distintos del arrendamiento de medios de transporte, la sede de la actividad económica en el caso de una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo o el domicilio en el caso de una persona física, salvo que existan indicios de que el servicio se está utilizando realmente en el lugar de residencia habitual de dicha persona.». (7) En el capítulo V «Lugar de realización del hecho imponible», sección 4 «Lugar de realización de las prestaciones de servicios», se añaden las subsecciones 3 bis, 3 ter y 3 quater siguientes: «Subsección 3 bis Presunciones irrefutables en relación con la ubicación del cliente Artículo 24 bis 1. Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y electrónicos preste dichos servicios en ubicaciones tales como una cabina telefónica, una zona de acceso inalámbrico WIFI, un cibercafé, un restaurante o el vestíbulo de un hotel, en las que se requiera la presencia física del destinatario de los mismos, se presumirá que, a efectos de aplicación de los artículos 44, 58 y 59 bis de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual en dicha ubicación y que es en ella donde tiene lugar el uso y disfrute efectivo del servicio. Tal presunción no podrá ser refutada mediante instrumento alguno de hecho o de derecho. 2. Cuando la ubicación mencionada en el apartado 1 esté situada a bordo de un buque, un avión o un tren que lleve a cabo un transporte de pasajeros dentro de la Comunidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 57 de la Directiva 2006/112/CE, el país de la ubicación será el país de partida del transporte de pasajeros. Artículo 24 ter Cuando para tener acceso a servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos un cliente utilice créditos prepagados almacenados en una tarjeta SIM, se presumirá que, a efectos de aplicación de los artículos 44, 58 y 59 bis de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual, en el país identificado por el código de teléfono móvil nacional de esa tarjeta SIM, y que es en él donde tiene lugar el uso y disfrute efectivo del servicio. Tal presunción no podrá ser refutada mediante instrumento alguno de hecho o de derecho. Subsección 3 ter Presunciones refutables en relación con la ubicación del cliente Artículo 24 quater En el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo a través de una línea fija residencial, se presumirá que, a efectos de aplicación del artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual, en el lugar de instalación de la línea fija terrenal. Esta presunción se aplicará a menos que el prestador disponga de información que indique que el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual en otro lugar. Artículo 24 quinquies En el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo a través de redes móviles, mediante percepción ulterior del pago, se presumirá que, a efectos de aplicación del artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual en el país identificado por el código de teléfono móvil nacional de la tarjeta SIM utilizada para la recepción de dichos servicios. Esta presunción se aplicará a menos que el prestador disponga de información que indique que el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual en otro lugar. Artículo 24 sexies En el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos prestados a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo, consistentes en una transmisión de señales para los que sea necesario utilizar un dispositivo o una tarjeta de televisión, se presumirá que, a efectos de aplicación del artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual, en el lugar de instalación del dispositivo o, si ese lugar no se conociera, en el lugar al que se envíe la tarjeta de televisión para su utilización in situ. Esta presunción se aplicará a menos que el prestador disponga de información que indique que el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual en otro lugar. Artículo 24 septies Cuando se presten servicios a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo en circunstancias distintas de las mencionadas en los artículos 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies y 24 sexies, se presumirá que, a efectos de aplicación del artículo 56, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, el cliente está establecido o tiene su domicilio o residencia habitual en el lugar que se determine como tal de conformidad con el artículo 24 octies del presente Reglamento. Subsección 3 quater Elementos de prueba para la determinación de la ubicación del cliente Artículo 24 octies 1. A efectos de aplicación de las normas que regulan el lugar de prestación contemplado en el artículo 56, apartado 2, párrafo primero, y en el artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, se utilizarán como prueba los siguientes elementos: a) los datos relacionados con el cliente, como, por ejemplo, su dirección de facturación; b) la dirección de Protocolo Internet del dispositivo utilizado por el cliente o cualquier método de geolocalización; c) los datos bancarios, como, por ejemplo, el lugar donde radica la cuenta bancaria utilizada para el pago y la dirección de facturación del cliente que obra en poder del banco de que se trate; d) el código de país de móvil (MCC) de la Identidad Internacional del Abonado del Servicio Móvil almacenado en la tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Abonado) utilizada por el cliente; e) la ubicación de la línea fija residencial a través de la que se presta el servicio al cliente; f) en el caso de un cliente que venda productos a través de Internet o de una red electrónica similar, el lugar donde se inicie el transporte o el envío de los productos vendidos por dicho cliente; g) en el caso de un cliente que compre productos a través de Internet o de una red electrónica similar, el lugar donde finalice el transporte o el envío de los productos comprados por dicho cliente; h) los datos de matriculación del medio de transporte arrendado por el cliente, si se requiere la matriculación del medio de transporte en el lugar donde se utilice, u otra información similar; i) otra información relevante desde el punto de vista comercial que obtenga el prestador. 2. A la hora de determinar el lugar en que el cliente está establecido o tiene su domicilio o su residencia habitual, se exigirán dos elementos de prueba distintos que no sean contradictorios.». (8) En el capítulo V «Lugar de realización del hecho imponible», sección 4 «Lugar de realización de las prestaciones de servicios», se añade la subsección 6 bis siguiente: «Subsección 6 bis Prestaciones de servicios vinculadas a bienes inmuebles Artículo 31 bis 1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles contemplados en el artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE solo abarcarán aquellos servicios que tengan una conexión suficientemente directa con los bienes en cuestión. Se considerará que los servicios tienen una conexión suficientemente directa con los bienes inmuebles en los siguientes casos: a) cuando se deriven de un bien inmueble y dicho bien sea un elemento constitutivo de los servicios y sea central y esencial para los mismos; b) cuando se presten en relación con un bien inmueble o se destinen a él y tengan por objeto la modificación física o jurídica de dicho bien. 2. El apartado 1 abarcará, en particular: a) el trazado de planos para un edificio o partes de un edificio que vaya a construirse en una parcela concreta, independientemente de que la construcción tenga lugar; b) la prestación de servicios de seguridad o vigilancia in situ ; c) la construcción de un edificio sobre un terreno, así como las obras de construcción y demolición ejecutadas en un edificio o en partes del mismo; d) la construcción de estructuras permanentes sobre un terreno, así como las obras de construcción y demolición ejecutadas en estructuras permanentes tales como redes de canalizaciones de gas, agua, aguas residuales, y similares; e) la labor del suelo, incluidas actividades agrícolas tales como la labranza, la siembra, el riego y la fertilización; f) la supervisión y evaluación del riesgo y la integridad de los bienes inmuebles; g) la tasación de bienes inmuebles, por ejemplo, cuando se requiera dicho servicio a efectos de seguro, para determinar el valor de una propiedad como garantía de un préstamo o para evaluar los riesgos y daños en caso de litigio; h) el arrendamiento, con o sin opción de compra, de bienes inmuebles, distintos de los cubiertos por el apartado 3, letra c), incluido el almacenamiento de mercancías cuando a tal fin se asigne una parte específica del bien inmueble para el uso exclusivo del cliente; i) la prestación de servicios de alojamiento en el sector hotelero o en sectores con una función similar, como campos de vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, incluido el derecho a permanecer en un determinado lugar derivado de la conversión de los derechos de aprovechamiento por turnos y situaciones similares; j) la concesión y la transmisión de derechos distintos de los cubiertos en las letras h) e i) para la utilización parcial o íntegra de un bien inmueble, incluida la licencia de utilización parcial de una propiedad, como, por ejemplo, la concesión de derechos de caza o de pesca, el acceso a las salas de espera en los aeropuertos, o la utilización de infraestructuras tales como puentes o túneles cuyo uso esté supeditado al pago de un peaje; k) el mantenimiento, la renovación o la reparación de un edificio o de partes del mismo, incluidas tareas tales como la limpieza, el alicatado, el empapelado o la colocación de parqué; l) el mantenimiento, la renovación o la reparación de estructuras permanentes tales como las canalizaciones de gas, agua, aguas residuales y similares; m) la instalación o el montaje de máquinas o equipos que, a continuación, pasen a considerarse bienes inmuebles; n) el mantenimiento y la reparación, inspección y supervisión de máquinas o equipos si dichas máquinas o equipos se consideran bienes inmuebles; o) la gestión inmobiliaria, distinta de la gestión de una cartera de inversiones inmobiliarias cubierta por el apartado 3, letra h), que consista en la explotación de inmuebles comerciales, industriales o residenciales por su propietario o en nombre de este último; p) la intermediación en la venta o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de bienes inmuebles y en determinados derechos sobre bienes inmuebles o derechos reales asimilados a bienes corporales distinta de la intermediación cubierta por el apartado 3, letra d); q) los servicios jurídicos relacionados con la transmisión o cesión de un título de propiedad sobre bienes inmuebles o con determinados derechos sobre bienes inmuebles o derechos reales asimilados a bienes corporales, como, por ejemplo, las actividades de notaría, o la elaboración de contratos de compra o venta de dichos bienes, incluso si la transacción subyacente que da lugar a la modificación de la propiedad de los mismos no llega a efectuarse. 3. El apartado 1 no abarcará: a) el trazado de planos para un edificio o partes del mismo si dichos planos no se destinan a un terreno determinado; b) el almacenamiento de mercancías en un bien inmueble si no se destina a tal fin una parte específica del mismo para uso exclusivo del cliente; c) la prestación de servicios publicitarios, aunque lleven aparejada la utilización de bienes inmuebles; d) la intermediación en la prestación de servicios de alojamiento en el sector hotelero o en sectores con una función similar, como campos de vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, si el intermediario actúa en nombre o por cuenta de un tercero; e) los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, a menos que queden cubiertos por el artículo 31 quater; f) el suministro de un stand en una feria o exposición junto con otros servicios conexos que permitan al expositor mostrar sus productos, como, por ejemplo, el diseño del stand, el transporte y almacenamiento de los productos, el suministro de máquinas, el tendido de cables, los seguros y la publicidad; g) la instalación o el montaje, el mantenimiento y la reparación, inspección o supervisión de máquinas y equipos que no sean ni vayan a convertirse en bienes inmuebles; h) la gestión de una cartera de inversiones inmobiliarias; i) los servicios jurídicos distintos de los cubiertos en el apartado 2, letra q), vinculados a contratos, incluido el asesoramiento prestado en relación con las condiciones de un contrato de cesión de bienes inmuebles, o para la ejecución de dicho contrato o la demostración de su existencia, cuando tales servicios no sean específicos de la cesión de un derecho sobre un bien inmueble. Artículo 31 ter Cuando se ponga a disposición de un cliente equipo para ejecutar una obra en un bien inmueble, dicha operación solo se considerará una prestación de servicios vinculada a bienes inmuebles en caso de que el prestador asuma la responsabilidad de la ejecución de la obra en cuestión. Se presumirá que el prestador ha asumido la responsabilidad de la ejecución de la obra en cuestión cuando suministre al cliente equipo y personal suficiente para utilizarlo con vistas a la ejecución de esa obra. Dicha presunción podrá refutarse mediante cualquier instrumento de hecho o de derecho a fin de determinar quién asume la mencionada responsabilidad . Artículo 31 quater La prestación de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos por un sujeto pasivo que actúe en su propio nombre en combinación con servicios de alojamiento en el sector hotelero o en sectores con una función similar, como campos de vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, se considerará, bien parte integrante de una única operación consistente en la prestación de servicios de alojamiento, bien una prestación accesoria al alojamiento, en función de que se cobre junto con el alojamiento, o por separado.». (9) En el capítulo V «Lugar de realización del hecho imponible», sección IV «Lugar de realización de las prestaciones de servicios», subsección 7 «Prestaciones de servicios culturales, artísticos, deportivos, científicos, educativos, recreativos o similares», se añade el artículo 33 bis siguiente: «Artículo 33 bis El suministro de entradas que permitan acceder a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares por parte de un intermediario que actúe en su propio nombre pero por cuenta de un organizador o un sujeto pasivo, distinto del organizador, que actúe por su propia cuenta, quedará regulado por el artículo 53 y el artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE.». (10) En el punto 4 «Punto 4 del anexo II de la Directiva 2006/112/CE:» del anexo I, se añaden las letras f) y g) siguientes: «f) recepción de programas de radio o televisión distribuidos a través de la red de radiodifusión o televisión, de Internet o de redes electrónicas similares, para escucharlos o verlos en el momento elegido por el usuario y previa petición individual de este último basándose en un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación, como por ejemplo, televisión y vídeo a la carta; g) recepción de programas de radio o televisión a través de Internet o de redes electrónicas similares (IP streaming), salvo que los programas se retransmitan simultáneamente a través de las redes tradicionales de radio o televisión.». Artículo 2 En relación con los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o electrónicos prestados por un prestador establecido dentro de la Comunidad a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo que esté establecida o tenga su domicilio o residencia habitual dentro de la Comunidad, se aplicará lo siguiente: a) si los servicios se prestan o la prestación de servicios se completa antes del 1 de enero de 2015, el lugar de prestación será aquel en que esté establecido el prestador, de conformidad con el artículo 45 de la Directiva 2006/112/CE independientemente de la fecha en que el IVA sea exigible; b) si los servicios se prestan o la prestación de servicios se completa el 1 de enero de 2015 o ulteriormente, el lugar de prestación será aquel en esté establecido o tenga su domicilio o residencia permanente el cliente, aunque el IVA sea exigible antes de esa fecha. Artículo 3 El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2015. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. [2] Reglamento de Ejecución (UE) n° 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (refundición) (DO L 77 de 23.3.2011, p. 1). [3] Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p.11). [4] Reglamento (UE) nº 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos (DO L 290 de 20.10.2012, p. 1) y Reglamento de Ejecución (UE) nº 815/2012 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos (DO L 249 de 14.9.2012, p. 3). [5] También denominado lugar de pertenencia del cliente. [6] El orden del día, el documento de trabajo y el informe sobre dicha reunión se encuentran disponibles en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/discussions_member_states/index_en.htm. [7] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. [8] DO L 44 de 20.2.2008, p. 11. [9] DO L 95 de 15.4.2010, p. 1. [10] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.