Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario"

(2001/C 221/19)

El 14 de febrero de 2001, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de mayo de 2001 (ponente Sr. Zöhrer).

En su 382o Pleno de los días 30 y 31 de mayo de 2001 (sesión del 30 de mayo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por 118 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Contenido de la propuesta de la Comisión

Veinte años después de la adopción de la Directiva 80/987/CEE por el Consejo, la Comisión considera que ha llegado el momento de extraer las conclusiones de los debates y las reflexiones en torno a las dificultades que ha supuesto la aplicación práctica de determinadas disposiciones de aquella, así como de proponer al Consejo su modificación.

La Comisión considera que debe mantenerse la estructura básica de la Directiva, ya que no pueden ponerse en tela de juicio su objetivo de protección, el mecanismo establecido ni los resultados obtenidos. No obstante, conforme pasan los años, las nuevas realidades del mercado de trabajo y las reestructuraciones y reconfiguraciones realizadas dentro de las empresas imponen una revisión de la Directiva en una serie de puntos concretos en los que no está al día.

Los principales acontecimientos que han puesto de relieve sus lagunas o sus insuficiencias están relacionados con la evolución del Derecho de insolvencia en los Estados miembros, el dinamismo del mercado interior, la preocupación por mantener la coherencia con otras directivas comunitarias en materia de Derecho del trabajo que se adopten más adelante y la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

- precisión del campo de aplicación en los artículos 1 y 2 de la Directiva y supresión del anexo actual;

- nueva noción de insolvencia en el artículo 2: definición basada en la que figura en el Reglamento del Consejo relativo a los procedimientos de insolvencia;

- simplificación de los artículos 3 y 4;

- nueva disposición del artículo 8 bis por la que se establece la institución de garantía competente en situaciones transnacionales;

- nueva disposición del artículo 8 ter por la que se establece la cooperación administrativa entre los Estados miembros para facilitar la aplicación del artículo 8 bis.

2. Observaciones generales

2.1. En líneas generales, el Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión. Los cambios del mercado de trabajo, la dinámica del mercado interior europeo, así como las reestructuraciones y reorganizaciones que han tenido lugar en las empresas hacen necesario adaptar la Directiva, adoptada hace ahora veinte años.

La simplificación y aproximación de las legislaciones así como el uso de conceptos y definiciones uniformes en el derecho comunitario conducen por lo general a un mayor grado de transparencia y seguridad jurídica.

2.2. El Comité subraya la opinión expresada por la Comisión en el sentido de que, en el caso de la Directiva objeto de examen, conviene mantener la función de protección de la Directiva originaria. A fin de cuentas, el objetivo de la Directiva consiste en garantizar que, en caso de insolvencia del empresario, los trabajadores afectados recibirían al menos una parte de sus ingresos.

Dada la evolución del Derecho de insolvencia, concretada en las nuevas modalidades de contratos de trabajo que tienen en cuenta la mayor flexibilidad del mercado laboral, la actual redacción de la Directiva no parece realmente adecuada para satisfacer plenamente el objetivo de protección.

En particular, no se deben excluir del campo de aplicación de la Directiva determinadas modalidades flexibles de contratos de trabajo, cuya importancia se ha acrecentado recientemente.

2.3. Desde la adopción de la Directiva se han producido cambios importantes en el Derecho de insolvencia de los Estados miembros. Éstos tienen cada vez más por objeto evitar la liquidación completa de las empresas en dificultades de pago y posibilitar su subsistencia.

No obstante, son precisamente estos casos los que, en una interpretación estricta de la Directiva, como la que ha realizado el Tribunal de Justicia Europeo en sus resoluciones, no están cubiertos por su campo de aplicación. Por ello, el Comité se pronuncia a favor de una actualización del concepto de insolvencia. Esto no sólo contribuye al mantenimiento del carácter de protección de la Directiva, sino que también hace posible que, en determinadas circunstancias, los trabajadores puedan conservar sus puestos y participar en la reconstrucción de la empresa.

2.4. A medida que el mercado interior europeo sigue desarrollándose, las estructuras empresariales adquieren también un carácter europeo cada vez más fuerte. Esto hace que sean cada vez más frecuentes los casos en que los trabajadores pueden verse afectados por la insolvencia de sus empleadores más allá de las fronteras nacionales.

Aunque el Tribunal de Justicia Europeo ya ha emitido las sentencias correspondientes en casos de esa naturaleza, el Comité estima que, en aras de la claridad y la seguridad jurídica, conviene que esto también quede regulado en la Directiva.

2.5. En cuanto al fundamento jurídico, el Comité comparte la interpretación de la Comisión de que con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se ha conseguido una base clara en el Tratado. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 137 constituye el fundamento jurídico apropiado para la Directiva.

2.6. En aras de un máximo de transparencia, el Comité también recomienda que la Directiva se publique en una versión codificada. Por la misma razón, el Comité recomienda igualmente que en la aplicación de esta Directiva los Estados miembros produzcan una versión codificada de sus legislaciones nacionales.

3. Observaciones particulares

3.1. Campo de aplicación y definiciones

3.1.1. El concepto de insolvencia

Como arriba quedó señalado, la propuesta de la Comisión objeto de examen tiene en cuenta la evolución del Derecho de insolvencia y la aplicación práctica de la Directiva en los Estados miembros. El Comité apoya la propuesta de la Comisión, ya que contribuye a mantener el objetivo de protección de la Directiva.

No obstante, se debe guardar prudencia para evitar un uso abusivo de los llamados casos de "reconstrucción". Se excede el límite del carácter de protección de la Directiva cuando se utiliza ésta para justificar un saneamiento de empresas a expensas de las instituciones de garantía. En este punto, el Comité sugiere que en el artículo 10 de la Directiva se haga referencia a esta posibilidad y se deje a los Estados miembros la responsabilidad de impedir que se produzcan dichos usos abusivos, incluso si se trata de casos aislados.

En cuanto a la obligación de notificar los procedimientos aplicables en los Estados miembros, el Comité observa que una lista de los procedimientos previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) 1346/2000 ya existe en el anexo A de dicho Reglamento. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto una referencia a este anexo no sería suficiente. La obligación de notificación de los Estados miembros podría con ello limitarse a modificaciones, añadidos o procedimientos suplementarios relacionados con la aplicación de la Directiva.

3.1.2. Los trabajadores asalariados cubiertos

3.1.2.1. El Comité acoge favorablemente la precisión aportada por la Directiva, en cuyo campo de aplicación se ha incluido a los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con contratos de duración determinada, los trabajadores con una relación laboral de trabajo temporal y los trabajadores que trabajan en su propio domicilio(1).

Se debería discutir en qué medida se puede incluir en el campo de aplicación de la Directiva a las personas con un estatuto similar al de los trabajadores asalariados. Se trata de personas que trabajan para un empresario sobre una base contractual que no constituye una relación de trabajo, pero presenta rasgos similares o, en un sentido amplio, equivalentes, a los de un contrato de trabajo.

Dado que esto se halla en conexión directa con las respectivas disposiciones del Derecho laboral nacional, el Comité pide a los Estados miembros que tengan en cuenta a estas personas en sus definiciones.

3.1.2.2. El Comité considera que -en lugar de mantener la actual Directiva, con sus notables diferencias entre los Estados miembros- se debería dar preferencia a la introducción en la Directiva de una disposición clara que recogiera qué trabajadores, y en qué condiciones, pueden excluirse de su campo de aplicación.

En este sentido, se prevén dos motivos de exclusión. De conformidad con el apartado 2 del artículo 1 se puede excluir a los trabajadores asalariados que se benefician de una protección equivalente mediante otras formas de garantía. El Comité apoya esta disposición.

En el apartado 3 del artículo 1 se establece que los Estados miembros podrán excluir del campo de aplicación de la Directiva al personal doméstico empleado por una persona física y a los pescadores remunerados a la parte.

El Comité considera que esto representa una diferencia de trato que no se corresponde con los objetivos sociales y políticos de la Comunidad. En el actual anexo, sólo dos Estados miembros cuentan con una medida de excepción para excluir al personal doméstico, y dos Estados miembros también disponen de una medida correspondiente que les permite excluir a los pescadores pagados mediante participación en el resultado de la pesca. En consecuencia, estos trabajadores deberían ser excluidos de la lista de excepciones.

3.1.2.3. Sin embargo, la Comisión no ve ninguna posibilidad de excepción para las personas que ejercen una influencia determinante en la gestión de la empresa y, en este sentido, se remite al artículo 10 de la Directiva, que, en opinión del Comité, no tiene suficientemente en cuenta este aspecto.

Por consiguiente, el Comité recomienda que en el apartado 3 del artículo 1 se recojan los siguientes criterios de exclusión que pueden ser invocados por los Estados miembros:

- miembro del órgano ejecutivo de una persona jurídica autorizado a representarla legalmente;

- socios habilitados para ejercer una influencia determinante en la empresa, incluso cuando ésta se basa en un mandato fiduciario.

3.2. Limitación temporal de la garantía

En principio, el Comité apoya la simplificación en este ámbito. Comparte el punto de vista de la Comisión con relación a la necesidad de aplicación de la subsidiariedad a la vez que se establece un mínimo de protección. Esto, sin embargo, no debe llevar a una reducción de las garantías ya existentes para los trabajadores.

Además, conviene plantearse la cuestión de si han de tenerse en cuenta los créditos atrasados de los trabajadores asalariados cuando una sentencia de un tribunal los reconoce como deuda del empresario, pero cuyo pago no tuvo lugar en razón de la declaración de insolvencia.

En cuanto a la posibilidad de los Estados miembros de fijar un límite a la garantía (apartado 3 del artículo 4), el Comité expresa su reserva, ya que esta nueva formulación no contiene restricciones de ningún tipo. Aquí debería añadirse lo siguiente: "los Estados miembros asegurarán que se garantiza el objetivo de protección".

3.3. Casos transnacionales

En este punto, la Comisión sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. El Comité apoya el principio según el cual los derechos de pago se originan donde el empresario ejerce su actividad; esto se corresponde también con el carácter protector de la Directiva. Una condición esencial para ello es el reconocimiento de la insolvencia en el otro Estado miembro.

Bruselas, 30 de mayo de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15.12.1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, DO L 14 de 20.1.1998, p. 9. Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28.6.1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, DO L 175 de 10.7.1999, p. 43. Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25.6.1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal, DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.