EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto implica que, de no ratificarse el acuerdo de retirada, a partir del 30 de marzo de 2019 («la fecha de retirada»), el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido. En ese momento, el Reino Unido pasará a ser un tercer país.

Dentro de la Unión, la libertad de los transportistas de mercancías por carretera de los Estados miembros (transportistas de mercancías por carretera de la Unión) para prestar servicios de transporte internacional de mercancías por carretera se regula principalmente por medio del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, que establece las normas comunes para acceder a esta profesión y al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, respectivamente.

En caso de que no se formalice un acuerdo de retirada, los servicios de transporte de mercancías por carretera entre el Reino Unido y los Estados miembros dejarán de regirse por dichos Reglamentos tras la retirada. Como consecuencia de esto, las licencias comunitarias expedidas por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera hasta la fecha de retirada dejarían de ser válidas y, por consiguiente, los titulares de dichas licencias no podrían acceder al mercado del transporte de mercancías por carretera de la Unión. Del mismo modo, con arreglo a las licencias comunitarias existentes, los transportistas de mercancías por carretera de la Unión Europea perderían igualmente su acceso automático al mercado del transporte de mercancías por carretera del Reino Unido.

De ello se deriva que, en caso de no formalizarse un acuerdo de retirada, a partir del 30 de marzo de 2019 no existiría ningún fundamento en el Derecho de la Unión para que los transportistas de mercancías por carretera presten los servicios de transporte de mercancías por carretera entre el Reino Unido y los Estados miembros. El sistema de cuotas multilaterales del Foro Internacional del Transporte (ITF) pasaría a ser el único marco jurídico en el que podría basarse la continuidad de dichos servicios, condicionado a contar con una autorización del ITF. Los vehículos que cuentan con una autorización del ITF pueden transportar mercancías entre cualquiera de los 43 países que participan en el sistema, entre los que se encuentran 26 de los Estados miembros de la EU-27 (todos a excepción de Chipre), el Reino Unido y otros 16 países. Tras llevar a cabo una operación de transporte internacional desde el país de matriculación del vehículo a otro país perteneciente al ITF, antes de que el vehículo deba regresar al país en el que está matriculado puede realizar un máximo de tres operaciones que no tengan relación con el país de matriculación.

El número de autorizaciones del ITF está limitado para cada uno de los Estados miembros y son distribuidas por las autoridades competentes de estos en el ámbito nacional. Las autorizaciones correspondientes a 2019 ya se han distribuido y su número no puede incrementarse con poca anticipación. Las cuotas del ITF se establecen con carácter anual y las variaciones en el número de autorizaciones asignadas a un país perteneciente al Foro deben acordarse por unanimidad entre todos los países que lo componen.

Por ejemplo, en 2019 contarán con autorizaciones anuales 23 252 vehículos registrados en la EU-27. Además, habrá 984 autorizaciones anuales correspondientes al Reino Unido y 23 472 autorizaciones anuales para vehículos de otros países que participan en el sistema. Si se tienen en cuenta los volúmenes de servicios de transporte de mercancías por carretera y las mercancías transportadas por carretera entre el Reino Unido y los Estados miembros (aproximadamente 50 millones de toneladas en 2017; unos 30 millones de toneladas de la EU-27 al Reino Unido y unos 20 millones de toneladas del Reino Unido a la EU-27), es evidente que basarse en exclusiva en el sistema de cuotas del ITF actualmente no parece una solución adecuada para garantizar la conectividad del transporte de mercancías por carretera básico inmediatamente después de la fecha de retirada en caso de que no se formalice un acuerdo de retirada. La Unión y los Estados miembros deben trabajar para garantizar que se cuenta con un número de autorizaciones adecuado dentro del régimen del ITF, a fin de asegurar la conectividad básica.

El transporte de mercancías por carretera entre el Reino Unido y los Estados miembros está prácticamente en su totalidad en manos de los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido y la Unión. Por consiguiente, el hecho que de dichos transportistas pierdan su derecho a realizar el transporte de mercancías por carretera entre el Reino Unido y los Estados miembros daría lugar a graves perturbaciones, incluso en lo referente al orden público.

Es, por lo tanto, oportuno que la Unión adopte medidas de contingencia temporales y de duración limitada destinadas a mitigar los efectos de potencial perturbación en la conectividad.

En su comunicación «Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia» de 13 de noviembre de 2018, la Comisión anunció su intención de proponer una serie de medidas de contingencia destinadas a afrontar la posibilidad de que el Reino Unido se retire de la Unión sin contar con un acuerdo de retirada. En lo referente al transporte por carretera, en dicha comunicación la Comisión señaló que las autorizaciones del ITF únicamente permitirían un flujo de tránsito entre la Unión y el Reino Unido considerablemente menor que los niveles existentes.

El 13 de diciembre de 2018, el Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su llamamiento a intensificar los trabajos de preparación a todos los niveles para las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en cuenta todos los posibles resultados. Este acto forma parte de un paquete de medidas que va a adoptar la Comisión en respuesta a dicho llamamiento.

Por consiguiente, la presente propuesta tiene por objeto establecer medidas de carácter temporal que rijan el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido con posterioridad a la retirada de este último de la Unión (artículo 1). Estas medidas pretenden mantener la conectividad básica durante un período de tiempo estrictamente limitado (artículo 9).

En primer lugar (artículo 3), la propuesta de Reglamento prevé la concesión unilateral de derechos de transporte bilateral a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido, de forma que puedan continuar transportando mercancías entre los respectivos territorios.

Los derechos otorgados a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido están sujetos a su conformidad con las pertinentes disposiciones del Derecho de la Unión aplicables al transporte de mercancías por carretera (artículo 4) y los derechos equivalentes concedidos por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera de la Unión. La propuesta de Reglamento establece un mecanismo (artículo 5) que tiene por objeto garantizar que los derechos de los que disfrutan los transportistas de mercancías por carretera de la Unión en el Reino Unido son equivalentes a los concedidos a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido con arreglo al Reglamento propuesto. De no ser así, la Comisión está facultada para adoptar las medidas necesarias para corregir la situación por medio de actos delegados, lo que incluye limitar la capacidad a disposición de los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido o el número de viajes o ambos. La evaluación del nivel de equivalencia y la adopción de medidas correctivas por parte de la Comisión no se limitan a una estricta correspondencia formal entre los dos ordenamientos jurídicos; esto se debe a las notables diferencias existentes entre los respectivos mercados y tiene por objeto evitar que se aplique un planteamiento «de reproducción a ciegas», lo que en última instancia podría resultar contrario a los intereses de la Unión.

Pese a que su objetivo es garantizar temporalmente la conectividad básica del transporte de mercancías por carretera, la propuesta de Reglamento establece un mecanismo flexible para garantizar que los transportistas de mercancías por carretera de la Unión disfrutan de oportunidades leales y equitativas para competir con los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido a partir del momento en el que su país deje de estar vinculado por el Derecho de la Unión. Las condiciones de competencia equitativas exigen que, incluso tras su retirada, el Reino Unido siga aplicando normas suficientemente estrictas y comparables en el ámbito del transporte de mercancías por carretera en lo referente a: la competencia leal, incluida la regulación de los cárteles, el abuso de posición dominante y las fusiones; la prohibición de subvenciones públicas injustificadas; la protección de los trabajadores y un elevado nivel de seguridad vial; la protección del medio ambiente; la protección y la seguridad, o con relación a la concesión de licencias a transportistas de mercancías por carretera o a la cualificación, la formación y los controles médicos a los conductores profesionales. Además, es preciso garantizar que los transportistas de la Unión no son discriminados en el Reino Unido, ya sea de iure o de facto. Por lo tanto, la propuesta de Reglamento atribuye a la Comisión (artículo 6) la labor de supervisar las condiciones de competencia entre los transportistas de mercancías por carretera de la Unión y del Reino Unido y le otorga facultades para adoptar, por medio de actos delegados, las medidas necesarias con el fin de garantizar que tales condiciones son equitativas en todo momento.

Se establecen los procedimientos necesarios que permiten a los Estados miembros y a la Comisión verificar que los transportistas de mercancías por carretera hacia la Unión en el marco del presente Reglamento cuentan con una licencia o certificación del Reino Unido de conformidad con las normas pertinentes, que se cumple la totalidad de la legislación nacional y de la Unión pertinente y que no se superan los derechos otorgados.

Se establece una disposición explícita para recordar que los Estados miembros no deben negociar ni celebrar ningún acuerdo bilateral con el Reino Unido para el transporte de mercancías por carretera sobre asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que, con relación al transporte de mercancías por carretera, no deben otorgar de ningún otro modo a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido ningún derecho distinto de los que se otorgan en el presente Reglamento (artículo 3). No obstante, las respectivas autoridades competentes podrán cooperar según sea necesario en la correcta aplicación del Reglamento (artículo 7), a fin de que la gestión de los servicios de transporte de mercancías por carretera que seguirán desarrollándose bajo sus auspicios tras la retirada del Reino Unido se vea perturbada en la menor medida posible.