INFORME DE LA COMISION AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO - Informe de seguimiento sobre la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la ejecución de la gestión del Presupuesto general del año 2000

ÍNDICE

1. RESUMEN

2. INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA RESOLUCIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2000 PARA LA COMISIÓN (Documento del PE A5/0103/2002)

I. Eficacia

La maquinaria administrativa de la Comisión

Los procedimientos

Subvenciones comunitarias y procedimientos de gestión contractual

La complejidad procedimental y legislativa

Los controles

Recursos propios

II. La regularidad, la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros

Restituciones a la exportación

Correcciones

En relación con la OLAF

Ampliación

Participación del Parlamento

Capítulos de gastos

III. Asuntos sectoriales

Justicia y asuntos de interior (JAI)

Agencias

Programa DAPHNE

Transporte transeuropeo

Cooperación

IV. Acceso a los documentos

1. RESUMEN

I/Contexto

1/Ámbito del informe de seguimiento

El artículo 276 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) determina el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria. Su apartado 3 estipula que "La Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos [... ]. A instancia del Parlamento Europeo o del Consejo, la Comisión informará acerca de las medidas adoptadas como consecuencia de dichas observaciones y comentarios y, en particular, acerca de las instrucciones impartidas a los servicios encargados de la ejecución del presupuesto [... ]." Así pues, la Comisión, a petición del Parlamento, elabora el presente Informe de seguimiento relativo a la resolución votada por el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2002. Este Informe, al igual que el dirigido al Consejo, se envía a todas las demás instituciones afectadas por el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria.

2/Objeto del Informe de seguimiento

De conformidad con el Tratado CE, el objeto del presente Informe de seguimiento es principalmente presentar las medidas adoptadas por la Comisión o las que pretende adoptar en respuesta a los comentarios que figuran en la Resolución relativa a la ejecución de la gestión del Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario de 2000 votada por el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2002.

2. informe DE seguimiento sobre la resolución relativa a la EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA del ejercicio 2000 para la comisióN (Documento del PE A5/0103/2002)

I. Eficacia

1. Constata que la eficacia de la Comisión debe medirse con arreglo a tres criterios no sólo en relación con el cumplimiento de los objetivos fijados por la autoridad política, sino también por la rapidez y la simplicidad de las medidas administrativas y presupuestarias adoptadas para alcanzar esos objetivos y la óptima utilización de los medios presupuestarios aplicados;

2. Estima que deben estudiarse, en su calidad de elementos de apoyo de esta eficacia, prioritaria: la maquinaria administrativa de la Comisión; los diferentes procedimientos reglamentarios y el sistema de controles; y el cumplimiento por parte de la Comisión de las prioridades políticas y las orientaciones presupuestarias definidas por el Parlamento Europeo;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión (Gestión basada en las actividades). Con ello, la Comisión desea aumentar paulatinamente la toma de conciencia de los costes mediante la aprobación de decisiones integradas sobre las prioridades y la distribución de los recursos, los objetivos, la planificación, el control y la evaluación de las actividades, así como mejorar la gestión de los resultados ejerciendo el control sobre éstos más que sobre las contribuciones. Eso muestra claramente los importantes esfuerzos realizados por la Comisión en este ámbito esencial, lo que representa un profundo cambio cultural de las prácticas de gestión.

La primera estrategia política anual (EPA), adoptada en febrero de 2001 para el año 2002, puso en marcha el ciclo de planificación y programación estratégicas que vincula las prioridades políticas, las acciones más importantes y los recursos correspondientes. Aunque la evaluación de este primer proceso ha revelado algunas lagunas inevitables, se advirtieron mejoras en la segunda decisión de EPA, adoptada en 2002 para el año 2003, en particular en lo relativo a la definición de las prioridades, en las orientaciones relativas a los recursos correspondientes y en un nuevo diálogo estructurado con el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión también reformó su programa de trabajo con el fin de centrarlo más claramente en las prioridades políticas e introdujo un nuevo sistema de programación operativa para garantizar una aplicación más eficaz de los objetivos.

Por otra parte, en 2002 se introdujeron nuevas herramientas de ayuda a la gestión: los Planes de gestión anuales son los principales instrumentos que permiten a los gestores integrar prioridades, objetivos y distribución de los recursos a nivel operativo, mientras que los Informes de actividad anuales reúnen información sobre los resultados y la utilización de los recursos con arreglo a los principios de buena gestión financiera (economía, eficiencia y eficacia).

No obstante, se trata de un complejo proceso de aprendizaje a largo plazo, que constituye un desafío importante para el éxito de la Reforma, y la Comisión deberá aprender de estas primeras acciones, con el fin de mejorar en el futuro la eficacia de este proceso.

La maquinaria administrativa de la Comisión

3. Considera que los servicios de la Comisión deben estructurarse con vistas a garantizar una gestión al más alto nivel de integridad y eficacia; toma nota de la reforma administrativa en curso, algunos de cuyos aspectos fundamentales se han puesto en marcha en el ejercicio 2000; alienta a la Comisión a proseguir en sus esfuerzos para que los resultados, en especial los relativos a la reforma del servicio exterior con arreglo a las orientaciones políticas aprobadas por el Parlamento Europeo y a la reforma de la gestión y del control financiero en los servicios, sean visibles lo antes posible;

Respuesta de la Comisión:

En primer lugar, en lo relativo a los recursos humanos, con el fin de hacer visibles las medidas de reforma tan pronto como sea posible, la Comisión ha iniciado una serie de acciones para aprovechar plenamente el potencial de reforma que presenta el Estatuto en su forma actual. La Comisión ha adoptado un gran número de decisiones de aplicación de la nueva política de personal en todos los ámbitos que no requieren modificación del Estatuto. Hasta el mes de junio de 2002, la Comisión había adoptado decisiones relativas a las siguientes cuestiones:

- realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios;

- movilidad;

- directrices para las descripciones de puestos de trabajo;

- denuncia de las disfunciones;

- política social;

- servicio de mediación;

- expertos nacionales;

- formación;

- y disposiciones generales para la aplicación de los artículos 43 y 45 del Estatuto (calificaciones y promoción).

Se están preparando actualmente decisiones y directrices de la Comisión relativas a otros puntos de la reforma, como la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a domicilio, la responsabilidad financiera (artículo 22 del Estatuto), el acoso moral, los asesores y los jefes de unidad.

Además de la introducción de nuevas normas, la reforma implica modificaciones organizativas. A principios del año 2002 se ha creado una nueva Oficina de investigación y disciplina de la Comisión Europea (IDOC). La Oficina interinstitucional de contratación del personal europeo (EPSO) estará operativa a partir del 1 de enero de 2003.

No obstante, un gran número de medidas de reforma requieren una modificación del Estatuto. La Comisión presentó sus propuestas de modificaciones al Consejo en abril de 2002. El Consejo podría adoptar estas modificaciones en junio de 2003. Así pues, todos los beneficios de la reforma no serán visibles hasta después de la entrada en vigor del Estatuto modificado.

En segundo lugar, el Consejo de 25 de junio ha adoptado por unanimidad el nuevo Reglamento financiero. Como el Parlamento recordará, el proceso que ha conducido a este nuevo Reglamento financiero estuvo marcado por un intenso diálogo interinstitucional que permitió tener en cuenta las opiniones de todos los agentes implicados.

Junto con sus normas de aplicación (una propuesta sobre éstas ha sido adoptada por la Comisión el 24 de julio y transmitida posteriormente a las otras instituciones para su dictamen), el nuevo Reglamento financiero formará la piedra angular de un sistema moderno de gestión y control financieros a partir del 1 de enero de 2003.

En tercer lugar, con la ayuda de la autoridad presupuestaria, las líneas BA creadas en 2000 ofrecen ahora un marco con arreglo al cual puede financiarse la ayuda técnica y administrativa para la aplicación del programa y que es tarea de autoridad no pública; esto ha aliviado considerablemente los obstáculos con los cuales tuvieron que funcionar muchos programas y ha proporcionado a la Comisión los medios sin los cuales no habría sido planteable ni el inicio de una desconcentración masiva de programas exteriores de ayuda ni la absorción de las OAT.

En cuarto lugar, en lo referente a los elementos más importantes de la reforma del servicio exterior, iniciada en mayo de 2000, ya se han obtenido los siguientes resultados:

- en lo relativo a la voluntad de lograr una mejor correspondencia entre la programación de la ayuda y las prioridades políticas, por medio de Documentos de estrategia nacional y regional: se han elaborado hasta ahora 110 Documentos de estrategia nacional;

- en lo relativo a la mejora de la coherencia de la ejecución de los proyectos, mediante la gestión de la totalidad del ciclo de proyecto por la nueva entidad única: la Oficina de cooperación EuropeAid: desde ese momento, se han reducido a la mitad los compromisos antiguos y no realizados;

- en lo relativo al objetivo de la gestión de estos proyectos a un nivel más local, por medio de la desconcentración de las responsabilidades en favor de las delegaciones de la Comisión Europea: a finales de 2002, las actividades de todas las delegaciones situadas en Europa, Asia Central, la región mediterránea, Asia y América Latina, así como las de trece delegaciones situadas en los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) se basarán en este nuevo modelo.

La Comisión aprecia el apoyo que le brindó el Parlamento Europeo y espera que prosiga el diálogo. Fue especialmente útil que, en el procedimiento relativo al presupuesto 2002 y por primera vez, la autoridad presupuestaria decidiera suprimir la reserva que pesaba sobre los recursos destinados a financiar a las delegaciones (título A-6 del presupuesto de la Comisión). Esto permitió una financiación armoniosa y eficiente de sus actividades. Siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios en los futuros presupuestos, el proceso continuará, debiendo conducir a un refuerzo del papel y la visibilidad de la Unión Europea (UE).

4. Constata, no obstante, un retraso en la aplicación de algunas de las acciones previstas en el Libro Blanco, según se desprende del cuadro de aplicación remitido por la Comisión (anexo 5 a las respuestas del cuestionario), debido a los procedimientos interinstitucionales en curso en relación con el Reglamento Financiero y el Estatuto de los Funcionarios; constata, en relación con la Acción 96 (recuperación de importes pagados indebidamente) que la Comisión ha establecido una nueva estructura organizativa para la recuperación de estos importes; constata asimismo que los procedimientos internos relativos a la recuperación reforzada están en preparación y desea que se le informe sobre la efectividad de este nuevo sistema de control en un ámbito que constituye una prioridad para la Comisión de Control Presupuestario;

Respuesta de la Comisión:

En primer lugar, en lo relativo a la reforma de la política de personal, en mayo de 2002 se transmitió al Parlamento un indicador actualizado que resumía el estado actual de la aplicación de las acciones de reforma al 31 de marzo de 2002, en el que se indicaba que podrían recuperarse algunos retrasos.

Es cierto, sin embargo, que en 2001 se produjeron retrasos con respecto al calendario inicial. No obstante, en lo relativo a la política de personal, el debate realizado en el marco de un grupo de alto nivel presidido por el antiguo Secretario General del Consejo, el Sr. Ersboell, dio un resultado muy positivo: el Acuerdo alcanzado entre la Comisión y los sindicatos que representan a la mayoría del personal en términos electorales sobre el paquete de medidas relativas a la reforma de la política del personal. En mayo, junio y octubre de 2001, el Grupo Ersboell organizó reuniones con representantes de las otras instituciones (Secretarios generales/representantes de la administración y el personal) antes de redactar su informe. Estas reuniones dieron lugar a debates muy fructíferos, que permitieron al grupo sacar sus conclusiones y esbozar sus recomendaciones a la Comisión, con un conocimiento completo de las diversas posiciones y contribuciones de las otras instituciones.

Por otra parte, las administraciones de las otras instituciones tuvieron ocasión de expresar su opinión sobre todas las propuestas de reforma en un Grupo de expertos en recursos humanos, creado por los responsables de la administración. El grupo celebró varias reuniones en 2001, en paralelo a las consultas en curso en la Comisión. El grupo compartió sus opiniones con respecto a las distintas propuestas formuladas y determinó rápidamente los puntos que presentaban un interés particular para las instituciones.

Como resultado de las reuniones antes citadas, de la consulta con el personal y de las concertaciones realizadas con los sindicatos, la Comisión aprobó en diciembre de 2001 un anteproyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto, la Comisión debe consultar al Comité interinstitucional del Estatuto sobre cualquier propuesta de revisión del mismo. Por ello, el anteproyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Estatuto hubo de presentarse en primer lugar a este Comité antes de poder ser adoptado por la Comisión como proyecto de Reglamento. En enero de 2002, la Comisión presentó su anteproyecto al Comité del Estatuto, que dio a conocer su dictamen a principios de abril. El 24 de abril de 2002, la Comisión adoptó un proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Estatuto, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Comité interinstitucional del Estatuto. El calendario global, acordado por el Consejo de Asuntos Generales de 15 de abril de 2002, prevé concluir las negociaciones para el final de la Presidencia griega (junio de 2003). Teniendo esto en cuenta, el Consejo de Asuntos Generales ha apelado a las otras instituciones para que presenten su dictamen para finales de 2002.

En segundo lugar, en lo relativo al control financiero, está programado que todas las decisiones finales previstas como parte de la reforma se adopten antes de finales de 2002. Pero, en algunos casos, la puesta en práctica de acciones de reforma no será posible hasta que ciertos puntos de la legislación entren en vigor: es decir, la entrada en vigor el 1 de enero de 2003 del nuevo Reglamento financiero adoptado por el Consejo el pasado 25 de junio y de las normas de aplicación, cuyo proyecto presentó la Comisión a las otras instituciones para su dictamen el 25 de julio de 2002.

Algunas de las medidas acordadas con arreglo al Plan de acción adoptado por la Comisión el 13 de diciembre de 2000 (Una gestión más efectiva de la recuperación de fondos pagados indebidamente, SEC (2000)2204/3) son disposiciones que no podrían entrar en vigor sin un cambio en la legislación. Sobre este asunto, y en lo relativo a las medidas que podrían adaptarse sin ningún cambio en la legislación, véanse los comentarios que figuran en el punto 79.

Se está elaborando una comunicación a las otras instituciones con el doble objetivo de informar sobre las medidas adoptadas de conformidad con el primer Plan de acción de diciembre de 2000 anteriormente mencionado sobre la recuperación de importes establecidos y, de conformidad con las garantías dadas por la Comisión en diciembre de 2000, de añadir nuevas medidas a este Plan de acción para asegurar la recaudación más eficiente de las deudas. Esta comunicación deberá tener en cuenta las conclusiones de un informe de IAS sobre las recaudaciones que estará pronto finalizado.

5. Pide que se informe con regularidad a las comisiones competentes del Parlamento Europeo sobre la puesta en marcha de determinadas acciones y decisiones en materia de gestión previstas en la reforma, en particular:

- pide una revisión exhaustiva, así como un auténtico programa de previsiones, de las operaciones de supresión o prórroga de las Oficinas de Asistencia Técnica (OAT) y organismos equivalentes y de creación de nuevos organismos, en especial en lo relativo al programa comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (línea B3-4012), cuya gestión es muy criticada por el Tribunal (informe anual - punto 3.95);

Respuesta de la Comisión:

Para el futuro, el artículo 57 del Reglamento financiero de 2002 (así como la propuesta de normas de aplicación) estipula unas normas claras en lo referente al tipo de tareas que pueden ofrecerse a entidades del sector privado y cómo proceder en esos casos. Ya no puede confiarse ninguna medida de ejecución de fondos a entidades del sector privado.

En lo relativo a las Oficinas de Asistencia Técnica según lo definido en la nota rectificativa nº 1 (anexo 3 a la nota rectificativa nº 1 al anteproyecto de presupuesto de 2001 SEC (2000) 1363 de 4 de septiembre de 2000), la lista es puesta al día regularmente por la Comisión y enviada a los Comités pertinentes del Parlamento Europeo. Esta lista contiene información detallada sobre:

- las fechas de vencimiento de los contratos;

- el número de OAT suprimidas;

- el número de OAT que deben suprimirse.

La actual situación es que, de un total de 126 OAT, ya se habían suprimido 87 a 1 de mayo de 2002, 7 deben suprimirse en 2002 y 1 en 2003.

Por lo que se refiere a la ayuda técnica y administrativa según lo que figura en la Guía "Directrices para externalizar la ayuda técnica y administrativa a entidades de Derecho privado para la aplicación del programa", la Comisión efectúa controles sistemáticos de progreso para asegurarse del cumplimiento de las normas y en especial de que las tareas que deban externalizarse no impliquen el ejercicio de autoridad pública o de poderes discrecionales.

En lo relativo al recurso a OAT en el marco del Programa de igualdad de oportunidades, la Comisión confirma:

- que las funciones atribuidas a la oficina de asistencia técnica a la que se refiere el Tribunal de Cuentas en su Informe anual de 2000 fueron reinternalizadas en los servicios de la DG EMPL a lo largo de los dos ejercicios presupuestarios 1999 y 2000;

- que las asignaciones relativas a la asistencia técnica se redujeron muy significativamente en el marco del Programa de igualdad de oportunidades 2001-2005;

- que esta política de reinternalización fue apoyada por recursos estatutarios que permitieron a la Comisión desempeñar sus tareas en condiciones adecuadas.

- en el marco de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas relativas a la gestión de programas comunitarios (COM(2000) 788), las tareas específicas identificadas por las distintas direcciones generales como de externalización viable;

Respuesta de la Comisión:

Según la propuesta de la Comisión, sobre la cual el Parlamento presentó su dictamen el pasado mes de julio, el nuevo instrumento "organismo ejecutivo" debe en principio ser potencialmente aplicable en la gestión de programas comunitarios en todos los ámbitos políticos. Recientemente, el 26 de septiembre de 2002, la Comisión presupuestaria del Consejo alcanzó un acuerdo sobre la propuesta. Habrá que evaluar la oportunidad de establecer un organismo ejecutivo para cada caso; se informará al Parlamento de los proyectos de ejecución individuales al menos anualmente durante el procedimiento presupuestario.

- los instrumentos reguladores por los que establecen los programas comunitarios en los que el método de gestión consiste en utilizar una red de agencias nacionales;

Respuesta de la Comisión:

El artículo 54 del nuevo Reglamento financiero (R. F.), que es el resultado de un intensivo diálogo interinstitucional, contiene normas generales sobre cómo y cuándo recurrir a los organismos nacionales en la aplicación de los programas comunitarios. En el proyecto de Reglamento que fija normas detalladas para la puesta en práctica del nuevo R. F., la Comisión se plantea la posibilidad de delegar competencias a los organismos del sector público nacionales o a entidades de Derecho privado bajo estrictas condiciones. Se refieren a la legislación aplicable, a las garantías financieras que se piden y al cumplimiento de normas sólidas de gestión financiera (economía, eficacia, eficiencia). En cuanto a los programas individuales, se adoptarán con arreglo a los procedimientos establecidos en el Tratado CE.

- la política de gestión de la ayuda financiera comunitaria a diferentes regiones del planeta, incluida la desconcentración en favor de las delegaciones de la Comisión y la descentralización en favor de las agencias exteriores, así como sus repercusiones sobre la mejora de la ayuda exterior comunitaria;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión seguirá informando regularmente al Parlamento Europeo del desarrollo del proceso de desconcentración hacia las delegaciones y se alegra de poder presentar al Parlamento su más reciente informe sobre el estado actual de la desconcentración.

Sobre la base de la comunicación de 16 de mayo de 2002 relativa a la reforma de la gestión de la ayuda exterior, así como del proceso de desconcentración en curso, el 2 de julio de 2002 se presentó a la Comisión un memorándum sobre la reforma administrativa del servicio exterior unificado. La aprobación de este memorándum por parte de la Comisión constituye un progreso importante en la vía de la mejora de la formación del personal y de la gestión de las delegaciones. Se propone que un nuevo servicio único se encargue de la gestión del personal de las delegaciones, que se definan más claramente las responsabilidades de éstas y que se introduzca una nueva estructura de carrera para los funcionarios que trabajen en terceros países. Estas medidas están concebidas para garantizar que la asistencia de la UE sea más rápida y más eficaz.

- la creación de una Escuela de Administración Europea y de una Oficina Europea de Contratación;

Respuesta de la Comisión:

Las Secretarías Generales de las Instituciones crearon un Grupo de trabajo interinstitucional para examinar la cuestión de una "Escuela de administración europea".

En la reunión de los Secretarios Generales celebrada el 9 de julio se analizó un primer documento de reflexión presentado por el grupo de trabajo y se le dio mandato de elaborar un proyecto más detallado para transmitírselo a los Secretarios Generales en enero de 2003.

A la vez que acordaron en principio la creación de dicha escuela a lo largo de 2004, los Secretarios Generales acordaron que la escuela se centrara fundamentalmente en tres prioridades principales: la inducción de nuevo personal, la formación sobre gestión y el desarrollo de las cualificaciones y la carrera. De esta manera, la creación de la Escuela de administración europea contribuiría a una cultura administrativa y gestora más coherente en las Instituciones.

Como consecuencia del acuerdo firmado entre todas las instituciones, la Oficina interinstitucional de contratación del personal europea se creará y comenzará sus actividades el 1 de enero de 2003 (véase también la respuesta al punto 11).

- el programa plurianual de conversión de puestos temporales en puestos permanentes y los sectores afectados por dicha conversión;

Respuesta de la Comisión:

En su Libro blanco sobre la reforma, la Comisión anunció su intención de iniciar una operación de transformación de empleos temporales en permanentes. Esta operación estaba justificada por el hecho de haber encontrado que una parte de los contratados temporales de la Comisión realizaba en realidad tareas que se han convertido en permanentes.

Estas transformaciones de empleos no significan de ninguna manera que la institución se verá privada del recurso a agentes temporales para satisfacer necesidades específicas que requieran conocimientos técnicos especiales. Tal y como se decía en el Libro blanco, otros tipos de puestos, como se propone en la Reforma, deberían sustituir algunos de los puestos temporales.

El documento sobre recursos humanos que acompañaba al Anteproyecto de Presupuesto de 2001 (APP) anunciaba una primera operación de 180 puestos A y 90 puestos B, en tres tramos anuales de 60 A y 30 B.

Durante los ejercicios presupuestarios de 2001 y 2002 se realizaron 150 transformaciones. En 2003, deberían afectar a 67 puestos (20 A4, 20 A5, 1 LA5, 6 LA7, 10 B1 and 10 B2). Las transformaciones restantes se pedirán para el ejercicio presupuestario 2004.

Las transformaciones se están llevando a cabo en todas las Direcciones Generales, con excepción de los gabinetes de los Comisarios.

- el refuerzo del elemento externo en el procedimiento disciplinario;

Respuesta de la Comisión:

El 19 de febrero de 2002, la Comisión adoptó una decisión sobre la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios (C 2002.540)). Con el fin de reforzar el aspecto exterior de los procedimientos disciplinarios, el artículo 10 de esta decisión establece que el Presidente del Consejo de disciplina será elegido entre los antiguos funcionarios, los funcionarios en servicio (en situación de permiso especial durante la duración de su mandato) o los antiguos miembros de las instituciones europeas. El nuevo Presidente del Consejo de disciplina, antiguo miembro del Tribunal de Primera Instancia, asumirá sus funciones el 1 de noviembre de 2002.

- una reforma de la normativa sobre pensiones de invalidez, en especial en lo relativo al sistema de ponderación;

Respuesta de la Comisión:

El principal punto de la Reforma propuesto al Consejo sobre el régimen comunitario de incapacidad consiste en la sustitución de la pensión por incapacidad por una asignación de incapacidad igual al 70% del último sueldo base percibido cuando el interesado aún estaba en servicio; esta asignación dará lugar a contribuciones al régimen de pensiones. Se suprimirá el ascenso de escalón. La asignación por incapacidad no será inferior al mínimo vital.

En la propuesta presentada en abril al Consejo por la Comisión, se estableció un coeficiente corrector específico para las pensiones, fijado después de comparar los niveles del coste de la vida de los distintos países. Los coeficientes correctores aplicados a las pensiones también se aplicarán a las asignaciones por incapacidad. Los nuevos coeficientes correctores basados en la comparación entre países y no entre las capitales, como es el caso actualmente, indicarán mejor las diferencias reales existentes entre los distintos países de la Unión Europea.

6. Pide a la Comisión, a la vista de la reciente proliferación de organismos descentralizados, que proponga un mecanismo de revisión para las agencias basado en la relación coste- beneficio y en el valor añadido comparado con otras alternativas;

Respuesta de la Comisión:

Como ya se ha indicado en el segundo guión del punto 5, la Comisión propone para el nuevo instrumento "Organismo ejecutivo" una evaluación individual de la oportunidad de crear un organismo ejecutivo en el caso específico en cuestión. Además, la propuesta de la Comisión prevé explícitamente la posibilidad de suprimir un Organismo ejecutivo cuando su mantenimiento ya no se considere oportuno. En lo relativo a los organismos comunitarios existentes, sólo en el caso del Organismo europeo para la reconstrucción, el mandato legal proporciona explícitamente la posibilidad de suprimir el Organismo.

7. Recalca que toda acción que conlleve modificaciones en el Estatuto de los Funcionarios y en el régimen aplicable a los otros agentes (como el nuevo sistema de carreras, la incompetencia profesional, la jubilación flexible y la normativa reguladora de la denuncia de irregularidades) debe ejercerse dentro del respeto de los principios de independencia, neutralidad y continuidad de la función pública europea y respetar las normas modernas de administración, especialmente las relativas a la transparencia y a la prestación de servicio al ciudadano;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión se comprometió en el Libro blanco a basar el proceso de reforma sobre los principios fundamentales de independencia, responsabilidad, obligación de rendir cuentas, eficiencia y transparencia.

En su propuesta de modificación del Estatuto, la Comisión sugirió una serie de medidas que reforzaban los principios de independencia, neutralidad y continuidad del servicio público europeo. Dicha propuesta expone claramente las principales obligaciones de los funcionarios europeos que regulan el ejercicio de sus funciones y su conducta, como la imparcialidad, la objetividad y la honradez, que son reconocidas por la jurisprudencia. Se han redefinido las obligaciones de los funcionarios que se encuentran en situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses. Las normas relativas a la discreción profesional se han revisado con el fin de acercarlas a las nuevas normas de la UE relativas al acceso público a los documentos. Por último, la Comisión ha introducido una serie de medidas que pueden garantizar el cumplimiento de las normas profesionales y éticas, como las nuevas normas disciplinarias, las normas sobre la denuncia de las disfunciones y la incompetencia profesional.

La continuidad del servicio público europeo estará garantizada en el marco del Estatuto modificado. Se mantendrán algunos principios básicos, como el empleo de por vida de los funcionarios europeos y un sistema basado en la carrera. Conviene, por otro lado, destacar que el Estatuto seguirá siendo aplicable a los funcionarios de todas las instituciones europeas y organismos.

8. Espera que los recursos humanos destinados a los distintos aspectos de la reforma sean suficientes para asegurar una implantación rápida y eficaz de la misma (por ejemplo, el personal afectado a la reforma del servicio exterior o el destinado a la reforma de la gestión y control financiero de las secciones y delegaciones de la Comisión); desea conocer los problemas de contratación a los que la Comisión debe enfrentarse en ocasiones;

Respuesta de la Comisión:

Los problemas encontrados por los servicios y las delegaciones de la Comisión en el marco de la reforma del servicio exterior están vinculados a la incertidumbre sobre la disponibilidad previa de recursos financieros suficientes que puedan garantizar una continua evolución según lo previsto. Conforme aumenta el papel de las delegaciones de la Comisión, ésta debe velar por la puesta a disposición de recursos suficientes y ha solicitado, por lo tanto, fondos suplementarios en 2003 (Título A6), con el fin de cubrir los gastos de infraestructura vinculados a la desconcentración y al aumento del personal.

La Comisión está decidida a descentralizar la gestión de la ayuda exterior y a realizar la transferencia de las responsabilidades que se derivan de ello a las 78 delegaciones que gestionan la ayuda, con arreglo al siguiente calendario: 21 delegaciones en 2001, 26 en 2002 y las otras 31 en 2003. Por otro lado, la Comisión tiene la intención de completar la creación de una nueva oficina en Kabul en 2002.

El enfoque de la Comisión siempre ha consistido en conceder a las delegaciones instaladas en terceros países los recursos que les permitan cumplir sus nuevas misiones respetando al mismo tiempo el nivel de calidad necesario. Esto requiere la puesta a disposición de recursos humanos, técnicos y presupuestarios complementarios procedentes de las distintas partes del presupuesto (líneas A6 y BA).

Parte de los nuevos puestos autorizados en los presupuestos de 2001 y 2002 correspondía al aumento de personal en las delegaciones y el AP 2003 incluye otras peticiones para acelerar el traspaso de puestos existentes de los servicios centrales a las delegaciones.

La transferencia de responsabilidades a la cartera de un país concreto será progresiva, dependiendo su ritmo del índice de crecimiento de la capacidad de absorción de las delegaciones. Las delegaciones han encontrado una importante necesidad de puestos y de personal no permanente. Parte de ello debe financiarse, con arreglo a los Acuerdos alcanzados en el marco de la supresión de las OAT, por medio de asignaciones inscritas en las líneas BA de los programas correspondientes de medidas exteriores.

Con el fin de asegurarse de que la dotación de recursos humanos sea suficiente para garantizar una aplicación eficaz de los diversos aspectos de la reforma de la política del personal, la Comisión, en el marco de la Estrategia política anual (EPA) 2003, ha decidido destinar a más personal a esta prioridad:

- Se propone que en torno a un tercio de los puestos que queden vacantes como consecuencia de las jubilaciones anticipadas en 2003 sea utilizado por los servicios para cubrir sus necesidades en este campo. El vínculo lógico de la utilización de estos puestos para una nueva política de personal es evidente, pues esta política se centra en la inversión en la gente, en especial intensificando la guía de la formación y la carrera.

- De este modo, la Comisión ha demostrado su determinación de concretar el refuerzo de los recursos humanos consagrados a la aplicación de la Reforma y seguirá garantizando en el marco del ciclo EPA 2004 que los puestos que se liberen como consecuencia de nuevas jubilaciones anticipadas se dediquen a la necesidad prioritaria de conseguir que la reforma sea un éxito.

En lo relativo a los problemas de contratación, habida cuenta de la falta de personas con las calificaciones adecuadas en las listas de reserva y, por consiguiente, de la necesidad de formar al personal inexperto, la Comisión ha decidido examinar lo más rápidamente posible los perfiles de las contrataciones necesarias para las DG en cuanto a la gestión financiera y los ámbitos conexos. Los comparará a continuación con el programa de oposiciones actual en este ámbito y organizará, cuando proceda, oposiciones generales adicionales. A este respecto, la DG Personal y administración establecerá un programa que deberá aplicar la nueva Oficina de contratación a partir de principios de 2003. Provisionalmente, se realizará la contratación de agentes temporales con cargo a puestos permanentes vacantes hasta que haya listas de reserva suficientemente largas para las oposiciones en cuestión. Por ello, la Comisión ha conseguido reducir el número de puestos vacantes (a 2 de octubre de 2002) a 594 (el 3,3% de la población total bajo el presupuesto operativo). Asimismo, la DG BUDG proporcionará al personal la formación necesaria en lo relativo a la gestión financiera, así como una formación consagrada específicamente a la aplicación del nuevo Reglamento financiero.

9. Entiende que un personal motivado es indispensable para el éxito de las políticas implantadas por la Comisión y pide a la Comisión que garantice la celebración de cuantas consultas sean necesarias a todos los niveles de personal; acoge con satisfacción que la Comisión y los sindicatos que representan a la mayor parte del personal hayan llegado a un acuerdo sobre la propuesta de modificación del Estatuto de los Funcionarios, que considera parte esencial del proceso de reforma de la Comisión, y pide a todas las partes implicadas que cooperen de manera constructiva en el proceso de reforma;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión sigue estando determinada a garantizar una consulta lo más amplia posible de todas las categorías de personal y de todas las partes interesadas, así como a trabajar de manera constructiva a la realización de la Reforma (véase la respuesta al punto 4). En todas las decisiones de reforma adoptadas en el marco del presente Estatuto, la Comisión no sólo se ha ajustado a los procedimientos formales de concertación, sino que ha ido mucho más allá del mecanismo tradicional. Así, la Comisión ha establecido un clima de confianza con los interlocutores sociales de la institución y ha aplicado el principio de un diálogo social plenamente transparente.

En relación con las reformas contenidas en la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo relativo a la modificación del Estatuto, la Comisión ha organizado amplias consultas políticas y ha realizado concertaciones de un nivel sin precedentes con el personal y con sus representantes. La Comisión también ha fomentado el diálogo social interinstitucional y ha acogido con satisfacción la presencia de representantes del personal de otras instituciones casi en cada concertación.

En lo referente a las negociaciones en curso en el Consejo, la Comisión, con motivo de la finalización del paquete de reforma, ha celebrado un protocolo de Acuerdo que garantizará un intercambio permanente de información y consulta. Hasta ahora han firmado este Acuerdo dos sindicatos que representan en términos electorales al 60% del personal de la Comisión. Estos dos sindicatos también están representados en otras instituciones. La Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para que el protocolo de Acuerdo sea operativo y para abrirlo a los sindicatos de las otras instituciones.

A la vista del objetivo de poner fin a las negociaciones en junio de 2003 y de las consecuencias que la reforma puede tener para la organización y el funcionamiento de cada institución, la Comisión y el Consejo han acordado crear un Grupo de contacto que permita intercambiar información de forma regular sobre el calendario y la evolución de los trabajos en cada institución. La primera reunión de este Grupo, que incluye a todas las instituciones, tuvo lugar al final de la Presidencia española, el 28 de junio de 2002.

10. Pide a la Comisión que se cerciore de que el proceso de reformas no tiene ninguna repercusión negativa, por ejemplo, en lo relativo a la disminución de los controles in situ efectuados por la Comisión (cf. punto 3.72 del informe anual del Tribunal de Cuentas);

Respuesta de la Comisión:

El objetivo general de dar más responsabilidades a las Direcciones Generales (DG) iniciada por la Reforma ha llevado a la transferencia del Control Financiero a las DG operativas de los recursos destinados a los controles in situ, cuya responsabilidad recae ahora totalmente en las DG.

En cuanto a la observación concreta del Tribunal de Justicia mencionada, el proceso de transición en 2000 resultante de la Reforma tuvo, en algunos casos, una incidencia sobre el número de controles efectuados in situ; ahora queda claro que se trataba de un fenómeno temporal. Se han realizado considerables esfuerzos asignando más personal a las tareas de auditoría y, cuando ha sido preciso, recurriendo en mayor medida a los auditores externos. La situación general permaneció estable en 2001, y en 2002 volvieron a reforzarse las unidades de auditoría. Esto tendrá su reflejo en el continuo aumento del nivel de la actividad auditora, en particular para el Fondo de cohesión.

Por ejemplo, para el FEDER, el número de controles in situ aumentó a 70 en 2001, habiendo sido de 52 en 2000 y de 61 en 1999. Para el Fondo de cohesión, las cifras son de 6 en 2001, 3 en 2000 y 7 en 1999. Asimismo, en 2001 se realizaron 80 controles in situ por parte de auditores externos a los que recurrió la DG para comprobar los proyectos gestionados directamente, financiados con arreglo a los artículos 7 y 10 del Reglamento n° 4254/88.

11. Pide a la Comisión que proceda a un análisis coste-beneficio de la implantación de la reforma, incluidos los costes de formación profesional (en especial en el ámbito de la gestión financiera), los costes de contratación y los costes de los ceses en interés del servicio (artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios), y que le informe de los resultados;

Respuesta de la Comisión:

El mandato de la Dirección General de Personal y Administración (DG ADMIN) precisa que una de sus principales misiones consiste "en contribuir a la Reforma en el ámbito del personal y la administración. Por ello, esta DG actualiza permanentemente su programación para la reforma de acuerdo con una cultura de cambio y experiencia adquiridos en el proceso de aplicación y evaluación." En 2001 se introdujo una función de evaluación en esta DG.

Las evaluaciones se realizan, y seguirán realizándose, para facilitar las decisiones de la DG ADMIN, proporcionar información que pueda servir de ayuda para (re)orientar sus estrategias o actividades y para dar cuenta de los resultados obtenidos. La función de evaluación examina de manera sistemática la eficacia, eficiencia (coste-beneficio), pertinencia, utilidad y sostenibilidad de una serie de actividades. Este ejercicio se concentra en particular en las iniciativas de reforma cuya responsabilidad le incumbe en virtud del Libro blanco sobre la Reforma de marzo de 2000. El programa de evaluación de la DG ADMIN para 2002, que forma parte integrante del Plan de gestión anual, incluye una muestra de las acciones que presentan un interés en el marco de la Reforma:

* Evaluación de la formación lingüística.

* Evaluación de la formación a la gestión.

* Evaluación de la política de igualdad de oportunidades en la Comisión, con un interés particular por la igualdad entre hombre y mujeres.

* Evaluación de la política de infraestructura de tecnología de la información (TI) y apoyo a la iniciativa e-Comisión.

Los resultados de estas evaluaciones estarán disponibles a lo largo del primer semestre de 2003. Para garantizar que las evaluaciones de las conclusiones sean lo más pertinentes que sea posible, se combinan distintos instrumentos de evaluación para recoger y analizar los datos relativos a un mismo "objeto de estudio" (como un grupo destinatario), método conocido bajo el nombre de triangulación metodológica. Así, los puntos fuertes de una herramienta pueden compensar las debilidades de otra.

En lo relativo a las medidas no cubiertas o cubiertas parcialmente por este plan de evaluación:

1. Formación profesional

Las principales líneas presupuestarias destinadas a la formación profesional del personal de la Comisión en 2001 fueron las siguientes:

* A-7060 (para formación general): 9.000.000 EUR

* A-4030 (para formación lingüística): 3.868.000 EUR

* A-2 & A-5 (para formación informática): 2.145.000 EUR

* C-651 (para formación del personal de investigación): 55.000 EUR

La formación sobre la gestión financiera fue prioritaria en 2001 y representó un 19% del total de los días de formación (general) organizados de manera centralizada para el personal de la Comisión en 2001 (4.802 días de formación de un total de 24.643).

El coste de esta formación sólo representó un 5% de la línea A-7060 para la formación centralizada. El personal de la DG BUDG se encargó de muchos de los cursos dada la naturaleza del tema. A este respecto, se dieron seis cursos distintos correspondientes a 203 personas/días.

La Comisión considera que estos gastos son indispensables. Como ya destacó en el Libro blanco sobre la Reforma de la Comisión, de 1 de marzo de 2000, "si se quiere que el nuevo sistema de auditoría, gestión y control financieros sea sólido, es esencial que las operaciones financieras sean realizadas por un personal de alta competencia. La falta de recursos humanos, competencias o conocimientos técnicos comprometería seriamente la fiabilidad del sistema. [...] Para conseguir el objetivo, que es que todo el personal de la Comisión entienda de la misma manera los conceptos y el vocabulario específicos del nuevo sistema de auditoría, gestión y control financieros, está previsto inmediatamente una formación sobre los principios en que se basan las reformas financieras. El personal responsable de los programas que impliquen gastos recibirán formación en la que se expondrán las estrategias que puedan maximizar la relación coste-eficacia de sus actividades. En cuanto se disponga de los nuevos manuales operativos con las normas y procedimientos simplificadas y consolidadas, se dará una formación intensiva y profunda a los funcionarios responsables de los programas que impliquen gastos. ... Una introducción a los sistemas presupuestarios y financieros de Comisión será obligatoria para todo el personal."

2. Artículo 50

En 2000, el coste total de las decisiones en virtud del artículo 50 ascendió a 3.861.715 euros. Esto representa un 0,11% del importe total destinado a los salarios, incluidas las pensiones (0,15% sin tener en cuenta las pensiones), lo que puede considerarse una cifra muy modesta.

Por otro lado, estas cifras no tienen en cuenta el hecho de que el coste de las decisiones en virtud del artículo 50 puede compensarse por el ahorro resultante de la sustitución de funcionarios que dejan el servicio con arreglo al artículo 50 por funcionarios situados en el primer nivel del grado en cuestión. En otras palabras, el coste salarial de los funcionarios recién nombrados es a menudo inferior al de sus antecesores.

Las disposiciones del artículo 50 constituyen un elemento de flexibilidad en la gestión y la organización de los servicios de las instituciones, en el sentido de que los altos funcionarios pueden ser jubilados cuando, por motivos organizativos, se considera en interés del servicio (por ejemplo, en el caso de la reestructuración o la reorganización de los servicios o para garantizar una mejor correspondencia entre el perfil de este tipo de funcionarios y las tareas de la institución).

3. Contratación -Análisis de la relación coste-beneficio de la Oficina interinstitucional europea para la selección del personal (EPSO).

Como se indica en las respuestas a los puntos 3 y 5, la EPSO estará operativa a partir del 1 de enero de 2003.

En el cuadro adjunto se ilustran los costes de contratación y el ahorro que genera la creación de la EPSO.

Se demuestra el ahorro si el coste por candidato seleccionado es inferior después de la creación de la EPSO.

La estimación del número de candidatos seleccionados necesarios cada año está vinculada a los puestos que deban cubrirse. El número de puestos que deben cubrirse depende de la rotación del personal (jubilaciones), de acciones específicas como la transformación de asignaciones en puestos o la finalización de servicio y del número de nuevos puestos (ya sean normales o vinculados a la ampliación).

La duración de una oposición varía entre 15 y 18 meses para las oposiciones multilingües. Se puede considerar que el 58% de los costes tienen lugar en el año de publicación de la opoosición y el 42% el año de la elaboración de las listas de candidatos seleccionados.

Teniendo en cuenta estos elementos se constata que, en el contexto de la ampliación, la EPSO reduce el coste de un candidato seleccionado a algo menos de la mitad. Este ahorro procede esencialmente del elevado número de candidatos que será necesario contratar a raíz de la ampliación. La racionalización de los procedimientos de selección a consecuencia de la creación de la EPSO ahorrará aproximadamente un 20% por candidato seleccionado con respecto a los gastos de la Unidad de contratación de personal de la Comisión, en 2001 y 2002. Cuando se produzca la ampliación, habrá economías de escala adicionales que llevarán a una reducción del coste de aproximadamente un 37% por candidato seleccionado.

12. Considera que las "declaraciones de gestión" de cada director general, establecidas por el nuevo sistema de gestión interna (en vigor a partir de mayo de 2002) constituirán un instrumento nuevo y positivo para la evaluación de las Direcciones Generales de la Comisión y facilitarán la identificación de los sectores que necesitan la introducción de mejoras; subraya que las declaraciones de gestión no reducen en modo alguno la responsabilidad individual o colectiva de los miembros de la Comisión;

Respuesta de la Comisión:

Dentro del nuevo marco de gestión y control, los Informes de actividad anuales y las Declaraciones constituyen nuevos instrumentos de gestión por medio de los cuales los Directores Generales y los Jefes de servicio de la Comisión, personalmente responsables de los recursos que deben administrar, rinden cuentas al Órgano colegiado y a las otras partes involucradas (Consejo y Parlamento Europeo). Como destacó la Comisión en su respuesta a la Resolución del Parlamento relativa a la aprobación de la gestión de 1999, esto no afecta de ningún modo a la responsabilidad individual o colectiva de los Comisarios.

Los primeros Informes de actividad anuales, referentes al año 2001, fueron elaborados por todos los Directores Generales y Jefes de servicio para el 1 de mayo de 2002. Estos informes deben considerarse como el primer paso hacia un ciclo de planificación y programación estratégicas totalmente coherentes, pero el proceso de elaboración y el ámbito del informe y la declaración aún deberán ser objeto de una profundización metodológica a la luz de la experiencia del primer año.

Sobre la base de estos informes, la Comisión adoptó un informe de síntesis el 24 de julio de 2002 que se presentó posteriormente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, junto con todos los Informes de actividad anuales y los informes del interventor y el auditor internos, elaborados con arreglo a los artículos 24 y 24bis del Reglamento financiero.

13. Espera que la Comisión informe al Parlamento Europeo en el supuesto de que existan otras reformas en curso;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión ha mantenido informado al Parlamento Europeo, al igual que a las otras instituciones, desde el principio del proceso de reforma. Por supuesto, seguirá haciéndolo en el caso de otras reformas, como por ejemplo la modernización del sistema y proceso contable que está en curso.

Los procedimientos

14. Constata, tal como destaca el informe anual del Tribunal de Cuentas, la inadecuación de los procedimientos a los objetivos que se persiguen, y en particular:

(a) lamenta la deficiente articulación entre la Comisión y los Estados miembros, algo que se pone de manifiesto en: la falta de homogeneidad de las informaciones remitidas a la Comisión por los Estados miembros en el marco, por ejemplo, de los recursos propios y relativas a los fraudes, las irregularidades detectadas y los controles establecidos para prevenirlas (cf. punto 1.61 del informe anual del Tribunal de Cuentas); la ausencia de transmisión de datos, por parte de algunos Estados miembros, en el marco de la intervención de cuentas (cf. FEOGA-Garantía, punto 2.59 del informe anual) y otro tanto en lo relativo a los Fondos Estructurales; la ausencia, en la Comisión, de informaciones estadísticas relativas a la aplicación de las primas en las OCM de la carne de ovino y caprino (cf. punto 2.117 del informe anual del Tribunal de Cuentas);

Respuesta de la Comisión:

Para los recursos propios tradicionales, y en especial en lo relativo a los casos de fraude y de irregularidades, la Comisión y los Estados miembros están vinculados por el sistema OWNRES que da una visión general de la situación. Sin embargo, a causa de las distintas definiciones de fraude e irregularidad utilizados por los Estados miembros, la información obtenida es a veces difícil de comparar. Para ofrecer una solución adecuada, en 2001 la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo y del PE sobre la protección del Derecho penal de los intereses financieros de la Comunidad, que incluye una distinción entre fraude e irregularidad. OWNRES, a la vez que funciona aceptablemente desde el punto de vista técnico, está siendo revisada actualmente con el objetivo de aumentar su facilidad de empleo.

Además, en el marco del Comité consultivo sobre la prevención del fraude (COCOLAF), la Comisión recuerda con frecuencia a los Estados miembros la importancia de facilitar información homogénea sobre los casos de fraude o irregularidad comunicados en el ámbito de los recursos propios.

En lo relativo a los Fondos estructurales, la información relativa a la manera en que los Estados miembros los utilizan debería mejorar gracias a la informatización y a una aplicación más estricta de la obligación de informar. Las innovaciones introducidas en este ámbito durante el nuevo período incluyen, en particular, la base común de datos financieros sobre los Fondos estructurales SFC, la vinculación de los pagos intermedios a la presentación de informes anuales, una mejor previsión de las solicitudes de pago, la atribución de códigos a los proyectos en función de una clasificación estándar, la elaboración de informes sobre las correcciones financieras y los cobros y el acceso a la información detallada relativa a los proyectos con el fin de permitir el análisis antes de la realización de auditorías.

En otoño de 2002 las Direcciones Generales de los fondos estructurales de la Comisión y la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) auditarán la observancia por los Estados miembros de los procedimientos para informar de las irregularidades en los fondos estructurales.

En lo relativo a las estadísticas sobre las primas a la carne de ovino y el régimen del caprino, sólo un Estado miembro transmitió datos incompletos y que la Comisión ya adoptó las medidas apropiadas. Por lo tanto, discrepa con la declaración relativa al sector ovino. La reforma de ese sector se hizo con estadísticas viables que eran la base del estudio de viabilidad y de las simulaciones presupuestarias de diversas alternativas políticas, incluido el cálculo de los pagos adicionales.

(b) constata que la Comisión admite este estado de cosas (en su respuesta al punto 2.117), pero no acepta que las carencias detectadas en un sector sirvan como excusas para los demás sectores; por consiguiente, pide a la Comisión que, antes de la próxima aprobación de la gestión, despliegue los esfuerzos necesarios para instar a los Estados miembros a que se atengan a sus obligaciones dentro de los plazos previstos al efecto y a que transmitan las informaciones con arreglo a un esquema de definiciones homogéneas (en particular tratándose de fraudes o irregularidades);

Respuesta de la Comisión:

En lo relativo a la reforma del sector ovino, véase la respuesta al punto a).

La Comisión prosigue, en el marco de las reuniones regulares del COCOLAF, Comité Consultivo para la coordinación de la lucha antifraude, un diálogo con los Estados miembros destinado a garantizar que la comunicación por los Estados miembros de los fraudes e irregularidades en los Fondos estructurales se efectúa con arreglo a los procedimientos estándar. Los servicios de la Comisión hicieron una presentación, en la reunión más reciente del COCOLAF, en julio de 2002, sobre la necesidad de disponer tanto de procedimientos normales en el ámbito de los Fondos estructurales como en el de los gastos agrícolas y en otoño de 2002 se realizará una auditoría de tres procedimientos (véase la respuesta al punto a).

(c) lamenta las reticencias de algunos Estados miembros a aplicar determinadas estrategias, como en el caso de las medidas adoptadas por la Comisión para detectar y erradicar la EEB (tal como señaló el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial 14/2001 [1]), y la falta de una normativa de urgencia que permita corregir prontamente situaciones de este tipo (el procedimiento ante el Tribunal de Justicia no es el adecuado para la gestión de situaciones de urgencia);

[1] DO C 342, 20.11.2001.

Respuesta de la Comisión:

Hasta la adopción del Reglamento n° 178/2002 del Parlamento Europeo y el Consejo que establecía los principios y condiciones generales de la legislación alimentaria, la Comisión sólo disponía de competencias muy limitadas (aparte de los procedimientos de infracción) para adoptar medidas rápidas cuando un Estado miembro no aplicaba las normas de seguridad alimentaria o para imponer correcciones financieras relacionadas con los gastos veterinarios o las medidas relacionadas con los mercados financiadas por la UE. Ésta era una desventaja importante para la detección y erradicación de la EEB.

Con la próxima propuesta relativa a los controles oficiales de los productos alimenticios, la Comisión se propone introducir nuevos instrumentos que le permitan adoptar medidas más eficaces contra los Estados miembros que no aplican correctamente la legislación de la UE sobre este tema. La Comisión desea presentar esta propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo antes de que finalice 2002.

(d) constata que algunos de los errores detectados por el Tribunal (cf. apartados 2.36 a 2.41 del informe anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2000) resultaron ser sistemáticos; señala que el tipo principal de error sistemático observado se refiere a deducciones no justificados de pagos (2.36); constata que el Tribunal menciona ejemplos de deducciones no justificadas de pagos en Suecia, Grecia y España; constata que la Comisión está investigando actualmente las tasas administrativas introducidas en Dinamarca para las solicitudes de restituciones a la exportación; pide a la Comisión que se mantenga plenamente informada sobre la evolución de este asunto;

Respuesta de la Comisión:

En lo relativo a las deducciones de subvenciones del FEOGA realizadas por cooperativas agrícolas, asociaciones de productores y organismos conexos que realicen las tareas vinculadas a la gestión de la ayuda en cuestión que les han sido delegadas por las autoridades públicas o se les han conferido en virtud de la legislación comunitaria vigente, la Comisión considera que si estas deducciones se realizan en sectores en los que es aplicable una disposición de pago íntegro y si están vinculadas a la gestión del régimen de ayudas por dichos organismos, dichas deducciones están prohibidas, salvo si la legislación comunitaria relativa al sector las autoriza explícitamente.

En cuanto a las tasas administrativos presentadas por Dinamarca para las solicitudes de restituciones a la exportación, las autoridades danesas han informado a la Comisión mediante carta de 23 de abril de 2002 que se han suprimido a partir del 1 de mayo de 2002.

En lo relativo a Grecia, en el procedimiento de liquidación de cuentas para las campañas 1993 y siguientes se han aplicado correcciones globales equivalentes a las deducidas de las ayudas a la superficie y primas a los bovinos. La aplicación de dichas correcciones financieras está siendo considerada con respecto a los pagos efectuados en los sectores ovino y caprino a partir del ejercicio 2000.

Con respecto a las medidas específicas relativas a la nuez en España, una vez examinado el caso, no se va a proponer ninguna corrección ya que, para el sistema en cuestión, no existe ninguna cláusula de pago integral y el beneficiario es la organización de productores y no el productor. Además, esto no representa una deducción, sino una compensación que no está prohibida por las normas comunitarias.

Para Suecia, la Comisión está planteándose la posibilidad de una corrección financiera equivalente a los importes recaudados por las autoridades suecas y deducidos de los pagos de las ayudas a la superficie en 1999 para la elaboración de mapas.

(e) lamenta que en el ámbito de la ayuda exterior el programa Tacis no haya podido, a los cuatro años de su lanzamiento, cumplir uno de sus principales objetivos, a saber, la mejora de las condiciones de vida en las regiones fronterizas (véase informe especial 11/2001 del Tribunal de Cuentas [2]); pide a la Comisión que refuerce la cooperación entre los distintos programas (Tacis, Interreg, Phare) y que otorgue prioridad a los proyectos destinados a la mejora de las condiciones de vida; pide que se le informe, antes de julio de 2002, de los resultados concretos del programa, que deberían haberse producido en 2001 según las previsiones de la Comisión;

[2] DO C 329 de 23.11.2001.

Respuesta de la Comisión:

La Comisión reconoce que la repercusión del programa era limitada en el momento en que fue examinado por el Tribunal de Cuentas (cuatro años después del comienzo del programa). El propio Tribunal de Justicia observó que, en el mejor de los casos, no se podía esperar de este programa más que un efecto reducido, debido al escaso importe de los fondos disponibles. Por otro lado, este programa conoció en su fase inicial problemas que se solucionaron más adelante.

El programa ha logrado algunos resultados mensurables. Se terminó un puesto fronterizo en Leushen, Moldavia, en 2001; un puente y otros cuatro cruces fronterizos se han acabado o casi lo están, y se abrirán formalmente en el tercer trimestre de 2002. Se trata del puente Jagodin sobre el río Bug, entre Ucrania y Polonia, incluida la vía de acceso a este puente; dos puestos fronterizos en Salla y Svetogorsk en la frontera entre Rusia y Finlandia; el puesto fronterizo de Chop en la frontera entre Hungría y Ucrania, y el puesto de Kameny Log entre Bielorrusia y Lituania. Estas acciones contribuyeron a la organización de controles más eficaces y redujeron el tiempo de espera. La construcción de un nuevo puesto fronterizo en Bagrationovsk entre Kaliningrad y Polonia comenzó en junio de 2002 y estará acabado a principios de 2003. Asimismo, las obras referentes a la delimitación de las fronteras entre Bielorrusia y Lituania comenzaron en marzo de 2002.

La zona empresarial creada en el marco del proyecto de desarrollo económico de Uzghorod en Ucrania está completa y cuenta con una lista de espera de clientes potenciales. Se ha puesto en marcha un programa con el fin de promover los proyectos innovadores de microempresas y para proporcionar más formación que pueda mejorar las competencias económicas de los empresarios. Un nuevo proyecto, en fase de elaboración, tiene por objeto favorecer el desarrollo económico de la Eurorregión del Bajo Danubio, apoyando a las PYME y fomentando los intercambios transfronterizos con Rumania. Aunque se espera con satisfacción el resultado de todo ello, el efecto sobre las condiciones de vida locales no se hará sentir hasta que pase cierto tiempo.

La mejora de la coordinación entre TACIS CTF, INTERREG y PHARE ha sido y sigue siendo prioritaria a los ojos de la Comisión. Puesto que se espera que la mayoría de las fronteras TACIS/PHARE actuales pasen a ser fronteras TACIS/INTERREG en 2004, se ha hecho mucho hincapié en esto último. En abril de 2001, la Comisión publicó un manual para la coordinación de la financiación TACIS e INTERREG que contenía una serie de medidas prácticas destinadas a facilitar la preparación y la ejecución de proyectos conjuntos transfronterizos. La aplicación de esta guía avanza satisfactoriamente y otros procedimientos destinados a acercar a estos dos instrumentos están en proceso de elaboración. Se han armonizado las prioridades de los dos instrumentos; los proyectos que reciben financiación con cargo a un instrumento recibirán trato prioritario para el otro, y se ha introducido un boletín electrónico para que las partes interesadas estén al corriente de los progresos con ambos instrumentos. Ya se ha producido un aumento importante del número de proyectos vinculados financiados en ambos lados de la frontera. En noviembre de 2001 tuvo lugar en San Petersburgo un seminario, en el que los participantes venidos de todos los NEI, países candidatos y Estados miembros pertinentes tuvieron la posibilidad de abordar cuestiones vinculadas a la coordinación de los distintos instrumentos comunitarios y a la cooperación transfronteriza en general, considerada como uno de los aspectos más importantes del enfoque estratégico de la UE en lo relativo a sus fronteras exteriores, presentes y futuras.

En las regiones de los países candidatos vecinas de los NEI, los fondos de los programas nacionales PHARE pueden servir para apoyar actividades sociales y económicas que presenten un carácter transfronterizo. Así, los programas nacionales PHARE pueden proporcionar los fondos necesarios para la mejora de la coordinación con el programa TACIS de cooperación transfronteriza.

(f) constata que la Comisión ha mejorado los procedimientos administrativos de ECHO a fin de permitir una mejor gestión de situaciones de urgencia (véase informe especial 2/2001 sobre la ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto de Kosovo [3]); pide que se proceda a un informe de evaluación sobre la gestión de las recientes crisis humanitarias (calendario de pagos, capacidad decisoria, cooperación con ONG y evaluación de la ayuda);

[3] DO C 168 de 12.6.2001.

Respuesta de la Comisión:

La Comisión adoptó un nuevo procedimiento marco de decisión para que los procedimientos primarios de urgencia puedan responder con más flexibilidad a las crisis humanitarias urgentes. Este nuevo procedimiento ha permitido a ECHO figurar entre los primeros donantes en todas las crisis ocurridas desde su creación en 2001. Ahora, ECHO puede adoptar una decisión en el caso de las nuevas urgencias en un marco determinado y en un plazo máximo de 72 horas. Desde la aprobación de estas nuevas disposiciones, el nuevo procedimiento de primera urgencia se ha aplicado en cuatro ocasiones. En todos los casos, la Comisión aprobó la decisión de financiación en un plazo máximo de tres días después de la aparición de la situación de emergencia. Estas decisiones son seguidas por un procedimiento acelerado para el desembolso de los fondos (5 días).

ECHO aplica también un procedimiento de decisión urgente que permite reaccionar en el plazo de cinco días desde el momento en que se produce una crisis o un acontecimiento similar. Este procedimiento se acompaña también de un proceso acelerado de desembolso de fondos, que tarda también cinco días. En 2001 se tomaron 31 decisiones urgentes por un importe de 92 millones de euros.

ECHO inició en 2001 diálogos estratégicos con sus socios internacionales, en particular con los organismos relacionados con el CICR y las Naciones Unidas, con el fin de planear y de orientar mejor la ayuda humanitaria en el caso de las crisis de larga duración y un tanto olvidadas. Estos diálogos son anuales, pero revisten un carácter permanente in situ y en situaciones particulares, de modo que se han establecido relaciones dinámicas entre ECHO y sus socios.

Las negociaciones generales entre la Comisión y el grupo de organismos de las Naciones Unidas, destinados a elaborar unos métodos de trabajo nuevos y simplificados, así como los diálogos estratégicos llevados a cabo con las Naciones Unidas y otros socios internacionales, progresan de manera regular y satisfactoria. La revisión del Acuerdo UE-ONU todavía llevará cierto tiempo, dado que ambos socios deben ponerse de acuerdo sobre indicadores de resultados mensurables y cuantificables. No obstante, está previsto que, a finales de 2002, las negociaciones habrán progresado considerablemente. Esto también dependerá, no obstante, de la capacidad de los organismos de las Naciones Unidas para abordar rápidamente las siguientes fases del diálogo.

El principal mecanismo de financiación utilizado por ECHO es el Contrato marco de asociación que incluye un procedimiento de aprobación del socio y constituye un contrato de subvención exhaustivo, adaptado a las necesidades de las operaciones humanitarias. El contrato será aún objeto de una revisión en 2002, con el fin de tener en cuenta la refundición de las normas de la Comisión y el mandato de ECHO con más flexibilidad y simplicidad.

(g) considera que en el marco de la PESC el actual estado de cosas es insatisfactorio (tal y como destaca el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial 13/2001 [4]); pide al Consejo y la Comisión que presenten inmediatamente - como indicó la Comisión en su respuesta al cuestionario 5.1 - una definición consensuada de gasto administrativo y de operaciones para los representantes especiales de la UE (REUE); pide que se establezcan unas normas claras sobre remuneraciones y costes salariales del personal adscrito a las oficinas de los REUE, así como sobre información, supervisión y evaluación;

[4] DO C 338 de 30.11.2001.

Respuesta de la Comisión:

En una Declaración común (doc. 14835/01 de 4 de diciembre de 2001), el Consejo y la Comisión acordaron revisar las "Directrices relativas al procedimiento de nombramiento de los representantes especiales de la UE (REUE) y a su régimen administrativo", adoptadas el 30 de marzo de 2000 (doc. 7089/00 PESC 136 FIN 104), con el fin de llegar antes del 31 de marzo de 2002 a un acuerdo sobre una definición del concepto de gastos administrativos y operativos.

En el Grupo de Trabajo de consejeros para las relaciones exteriores del Consejo se inició el debate relativo a la definición de los gastos administrativos y operativos de los REUE. La Comisión buscó activamente una definición y presentó su propia contribución en forma de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Desgraciadamente, el debate estuvo dominado por la cuestión de la falta de recursos disponibles para la financiación de los REUE, en particular del presupuesto administrativo del Consejo. Por supuesto, de acuerdo con las directrices de 30 de marzo de 2000, los REUE deben financiarse con cargo al presupuesto administrativo del Consejo, dado que están bajo la autoridad del Alto Representante/Secretario General. El Grupo de Trabajo no pudo llegar a una conclusión. La Comisión admite que el presente acuerdo no es satisfactorio, debido a la ausencia de una definición adecuada de los gastos administrativos y operativos en la versión actual de las directivas relativas a los REUE de marzo de 2000. La Comisión seguirá buscando activamente con el Consejo una solución a este problema.

La Comisión está elaborando actualmente unas normas claras sobre las remuneraciones y los gastos relacionados con los salarios del personal que trabaja en las oficinas de los REUE y de otros consejeros especiales de la Comisión.

En lo relativo a los informes de la Comisión al Parlamento Europeo (PE), los cuadros semanales relativos a la ejecución presupuestaria recibidos por el PE sobre cada capítulo incluyen la PESC, en la rúbrica 4. Con arreglo al Acuerdo interinstitucional (AII) de 6 de mayo de 1999, el apartado 40.3 establece que la Presidencia del Consejo informará regularmente al PE sobre la evolución y la ejecución de las acciones PESC. La información regular al PE sobre las acciones PESC es responsabilidad común del Consejo y de la Comisión. Además, de acuerdo con el apartado 40.1 de dicho Acuerdo, la Comisión informa de forma trimestral a la autoridad presupuestaria de la evolución y de la ejecución de las acciones PESC. Esta información se ha facilitado de manera regular desde principios de 2001.

Por lo que se refiere a la información por parte de los organismos ejecutivos a la Comisión, ya existen unas claras disposiciones. La presentación de informes intermedios y finales por parte de los organismos encargados de la ejecución de las acciones comunes es una condición previa a los pagos. La Comisión está haciendo hincapié en las auditorías y evaluaciones de las acciones PESC, habiendo organizado dos controles y una evaluación en 2001. Proseguirá sus esfuerzos en este sentido.

(h) recomienda que el Consejo y la Comisión presenten al Parlamento Europeo una propuesta relativa a los criterios para la definición de gasto de operaciones y de funcionamiento en la PESC y una propuesta de acuerdo interinstitucional que clarifique la función de la Comisión en la determinación del marco financiero y operativo de la ejecución presupuestaria y que presente los sistemas de auditoría y evaluación establecidos en este ámbito;

Respuesta de la Comisión:

En opinión de la Comisión, no es necesario presentar criterios particulares para la definición de los gastos administrativos y operativos de la PESC. Las normas generales en las que se basa el presupuesto comunitario también son aplicables a la PESC.

La necesidad de definir el alcance de los gastos administrativos y operativos sólo existe en relación con los mandatos de los Representantes especiales de la UE, que se benefician de un régimen especial establecido por las directivas del Consejo de marzo de 2000. Estos últimos distinguen entre los gastos administrativos, que se financian con cargo al presupuesto administrativo del Consejo, y los gastos operativos, que se financian con cargo al presupuesto de la PESC.

La Comisión acoge favorablemente la sugerencia del Parlamento Europeo de definir claramente el principio y los acuerdos operativos relativos al papel de la Comisión en la ejecución de la PESC y considera que un mayor papel en este ámbito conduciría a una mejor gestión de las acciones PESC. La Comisión tendrá debidamente en cuenta la recomendación del PE de proponer un nuevo Acuerdo interinstitucional.

15. Pide a la Comisión que proceda a efectuar auditorías especiales de sus representaciones en los Estados miembros dadas las acusaciones de mala gestión en la oficina de Estocolmo; pide que se le informe adecuada y exhaustivamente del resultado de los procesos disciplinarios que se apliquen en relación con la oficina de Estocolmo;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión ya adoptó una serie de disposiciones de prevención y control con el fin de limitar los riesgos de malversaciones en sus servicios descentralizados:

- En abril de 2001 se creó una Unidad "Inspecciones de las Representaciones en los Estados miembros" en la DG PRESS. Esta unidad tiene por competencia específica garantizar que la gestión en las Representaciones se ajusta plenamente a las distintas normas internas aplicables (y externas cuando proceda, como la legislación nacional). Con este fin seguirán realizándose Inspecciones regulares de las distintas Representaciones.

- La DG PRESS dispone también de una capacidad de auditoría interna desde la creación de una Unidad de auditoría en abril de 2001. Aunque la competencia de esta última abarca a toda la DG, también puede auditar a las Representaciones en los Estados miembros y velar así por que la gestión de éstas sea óptima con relación a algunos criterios predefinidos. En este marco podrán realizarse auditorías ad hoc de las Representaciones en coordinación con la Unidad de inspección, sin perjuicio, por otro lado, de la competencia general del Servicio de auditoría interna de la Comisión (IAS) de efectuar controles adicionales.

- Por último, la DG PRESS ha establecido normas internas de inspección, tal y como se requiere en el marco de la reforma, aplicables en todas las Direcciones Generales de la Comisión.

En lo relativo a los procedimientos disciplinarios relativos a la representación de Estocolmo, el consejo de disciplina emitió sus dictámenes en los tres procedimientos y la Comisión tiene intención de adoptar próximamente una decisión definitiva en dos de los tres asuntos. Hay que destacar que el procedimiento debió suspenderse en el tercer asunto, debido a las actuaciones lanzadas por las autoridades suecas. Es aplicable el quinto párrafo del artículo 88 del Estatuto del personal, que establece que cuando un funcionario sea objeto de actuaciones judiciales, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sólo adoptará una decisión definitiva cuando la sentencia del órgano jurisdiccional también lo sea.

16. Pide a la Comisión que mejore las previsiones presupuestarias, reduzca las discrepancias entre las estimaciones y los resultados y mejore la comunicación entre la Comisión y los Estados miembros, especialmente en el marco de la red presupuestaria para el intercambio de información;

Respuesta de la Comisión:

Con el fin de mejorar las previsiones de los gastos presupuestarios, especialmente en el área de las acciones estructurales, el Reglamento sobre los Fondos estructurales (1260/99) exige a los Estados miembros que presenten a la Comisión previsiones de solicitudes de pago detalladas para el 30 de abril de cada año que abarquen el ejercicio en curso y el siguiente. Una vez analizadas, las previsiones pueden servir para el establecimiento de los niveles de las asignaciones de pago necesarias para cada objetivo en el presupuesto del año siguiente. Hasta ahora, sin embargo, han tardado demasiado en incluirse en el proyecto de presupuesto, que debe ser presentado por la Comisión antes de que lleguen las respuestas de los Estados miembros.

La Comisión se ha esforzado por mejorar la fiabilidad y puntualidad de estas previsiones, de modo que puedan convertirse en un verdadero instrumento de gestión, a pesar de las incertidumbres inherentes (gastos procedentes de un elevado número de proyectos individuales) y de la falta de experiencia con el nuevo sistema de pagos basado en los reembolsos. En marzo de 2002, la Comisión dirigió a los Estados miembros una nota en la que les recordaba sus obligaciones y destacaba la importancia de las previsiones. Este mensaje se repitió en cartas de los Comisarios responsables de los Fondos estructurales y a través de los Comités Consultivos.

En 2002, todos los Estados miembros facilitaron las previsiones.

En lo relativo a las previsiones de ingresos presupuestarios, véase la respuesta dada en el punto 50.

17. Considera que la Comisión debe dotarse de los instrumentos necesarios para mejorar las previsiones presupuestarias y hacer mayor uso de la red presupuestaria, a fin de evitar que repitan unos superávits tan elevados;

Respuesta de la Comisión:

La Comisión remite a sus respuestas a los puntos 16 y 50.

18. Está convencido de que el método de gestión de la actual Unión, y también de la Unión ampliada del futuro, debe seguir descansando sobre el principio de descentralización, lo cual exige una capacidad gestora comparable e igualmente eficaz por parte de las diversas administraciones nacionales, tal como se refleja en la nueva normativa sobre los Fondos Estructurales (Reglamento (CE) n° 1260/1999), que contiene también disposiciones sobre la separación de funciones entre la Comisión, los Estados miembros y los diversos interlocutores enunciados en el artículo 8 del Reglamento; señala, no obstante, que cuando una actuación presupuestaria implique a varios Estados miembros en diversas operaciones de la PAC, puede ser necesaria una mayor intervención de la Comisión; insiste en que el éxito de la gestión descentralizada de Sapard e Ispa en los países candidatos y de la actividad de sus administraciones nacionales dependerá del compromiso de la UE de apoyar a estos países a mejorar su capacidad administrativa; alienta a la Comisión a perseverar en sus esfuerzos en materia de formación (por medio de hermanamientos con los países candidatos) e información (por ejemplo, mesas redondas con los organismos competentes de los Estados miembros);

Respuesta de la Comisión:

La Comisión considera que es prioritario garantizar que los Estados miembros dispongan de los sistemas necesarios para administrar correctamente los Fondos estructurales. Una gestión descentralizada sólida es una de las ideas principales del Reglamento n° 1260/99 sobre los Fondos estructurales y las exigencias a este respecto fueron reforzadas por los Reglamentos de aplicación n° 438/2001 (sistemas de gestión y control) y n° 448/2001 (correcciones). Un Reglamento paralelo sobre sistemas de control y correcciones, el Reglamento (CE) nº 1386/2002, fue adoptado por la Comisión en julio de 2002 para el Fondo de cohesión, que al igual que los Fondos estructurales después de la adhesión también van a operar en los Estados miembros. En sus auditorías, la Comisión se está concentrando ahora en los sistemas. La Comisión ha proseguido con sus actividades concebidas para apoyar el proceso de desarrollo institucional y de sistemas en los países candidatos en el ámbito del Control financiero interno público, particularmente mediante la formación de los funcionarios nacionales y del establecimiento de una red con organizaciones de las contrapartes en los Estados miembros y en los países candidatos. En marzo de 2002, se celebró en Ankara un seminario de formación sobre control financiero interno público para funcionarios turcos. En mayo se organizó en Cracovia, Polonia, un taller sobre aspectos regionales del control financiero de la ayuda estructural con participantes de tres Estados miembros y tres países candidatos. La quinta reunión del Grupo de contacto de las organizaciones europeas del control financiero (Estados miembros, países candidatos y Comisión) tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

La Comisión seguirá desarrollando estas actividades durante el período de preadhesión restante. También se hace hincapié en el refuerzo de las capacidades institucionales y en la creación de sistemas en los instrumentos de preadhesión.

La Comisión organizó en Bruselas los días 17 y 18 de junio de 2002 un seminario en el que participaron representantes del organismo SAPARD y de la autoridad de gestión de los programas SAPARD de los diez países beneficiarios. Todos los países participaron activamente en este seminario, intercambiando libremente información, tanto sobre los avances de la aplicación como sobre las dificultades encontradas.

La gestión descentralizada de ISPA en los países candidatos reviste un carácter prioritario a los ojos de la Comisión. El objetivo es que esos países operen en la mayoría de los casos bajo el Sistema de Ejecución Descentralizada Ampliada - SEDA (Extended Decentralisation Implementation System - EDIS) desde antes de su adhesión, presumiblemente en 2004. Esto debería permitir a los países adquirir antes de la adhesión suficiente experiencia en la gestión de un sistema de ejecución íntegramente descentralizado. Los países candidatos correspondientes se encuentran actualmente en la primera fase de la aplicación de SEDA a ISPA, es decir la evaluación de los retrasos (como se define en la Guía SEDA para PHARE e ISPA, comunicado a los países candidatos en 2001). En este contexto la Comisión adoptó la sugerencia del Parlamento Europeo de crear Grupos de trabajo de alto nivel en todos los países PHARE. Estos Grupos de trabajo de alto nivel supervisarán y controlarán el proceso de transición a SEDA. Constituyen instrumentos importantes en la buena gestión financiera de los fondos de preadhesión y son medios para garantizar el cumplimiento de compromisos en el control financiero realizado por los países candidatos en las negociaciones. La Guía de SEDA indica claramente que la responsabilidad y la propiedad para emprender esta transición corresponde a los países candidatos para los tres primeros pasos:

1. Evaluación del retraso: esto implica que se realice una evaluación de las entidades nacionales destinatarias (entre otros el Fondo nacional y los organismos de ejecución) con el fin de determinar en qué medida se cumplen las condiciones de SEDA y de definir las acciones, cambios y mejoras específicos necesarios.

2. Recuperación del retraso: las autoridades nacionales deben realizar las mejoras y modificaciones necesarias a las instituciones destinatarias y procedimientos aplicando las recomendaciones del Informe sobre la evaluación de los retrasos.

3. Evaluación de la conformidad: este ejercicio facilita a las autoridades nacionales, responsables de la gestión financiera de los instrumentos comunitarios, determinar si se cumplen las condiciones previas para la aplicación formal de SEDA.

La asistencia PHARE se proporciona a los países candidatos para permitirles llevar a cabo las fases 1 a 3 a tiempo y de manera eficaz.

El análisis final y la fase de verificación es responsabilidad exclusiva de los servicios de la Comisión para permitir que ésta decida si concede SEDA con arreglo al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de Coordinación nº 1266/1999.

La Comisión aporta fondos de asistencia técnica procedentes de ISPA (y de Phare en algunos países para algunas fases de la Guía) para ayudar a estos países a prepararse para SEDA. La mayoría de los países también reciben la asitencia de auditores externos. Esta asistencia también ayudará a consolidar las estructuras de aplicación para el Fondo de cohesión.

Se autoriza a los organismos de ejecución para ISPA a operar de manera descentralizada si demuestran la existencia de recursos, estructuras y sistemas apropiados para una gestión eficaz y a su debido tiempo de la asistencia comunitaria, así como de controles internos eficaces, incluyendo una función de auditoría independiente y un sistema de declaración contable y financiera efectivos que cumplan las normas de auditoría internacionalmente reconocidas.

Independientemente de la preparación a SEDA, en el primer semestre de 2002 se realizaron auditorías destinadas a evaluar los sistemas de gestión y control de los países candidatos, de acuerdo con las exigencias del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento n° 1267/1999. Estas auditorías proseguirán durante el segundo semestre de 2002. Sus resultados permitirán asegurarse de que los países candidatos han establecido unos sistemas de gestión y control que pueden garantizar que los fondos de ISPA se utilizan para los fines previstos, de acuerdo con las normas de buena gestión financiera.

Subvenciones comunitarias y procedimientos de gestión contractual

19. Pide al Tribunal de Cuentas que evalúe hasta qué punto los procedimientos de gestión contractual de los créditos comunitarios (licitaciones, adjudicaciones de contratos) se atienen a los principios de transparencia en lo que se refiere a objetivos, composición de los comités de selección, selección de candidatos, respeto de los procedimientos y motivación de las decisiones; y en particular, tiene sus dudas acerca de los procedimientos de licitación en el sector de la investigación; constata que el Tribunal de Cuentas, en su informe anual, ha llegado a conclusiones positivas acerca de los procedimientos de adjudicación de contratos utilizados por las instituciones para servicios, suministros y obras y destaca la necesidad de un mayor uso de los criterios de beneficio social y medioambiental a largo plazo en los procedimientos de selección; en especial, pide al Tribunal de Cuentas que evalúe la transparencia de las actuales prácticas de la Comisión en relación con las ayudas exteriores, como por ejemplo, la elaboración de juegos de listas reducidas en las que las mismas empresas parecen ser siempre la solución más eficiente para aplicar subvenciones comunitarias de hasta 200.000 euros en todos los rincones del planeta;

20. Pide a la Comisión que utilice en todos los casos el procedimiento más adecuado, teniendo en cuenta, por un lado, las posibles dificultades para los candidatos, especialmente en los proyectos de investigación, y por otro lado, los costes; destaca, sin embargo, que la investigación es un sector de alto riesgo y que requiere un control intensivo;

Respuesta de la Comisión:

El Reglamento financiero modificado, adoptado el 25 de junio de 2002, establece normas generales, transparentes y no discriminatorias para la concesión tanto de subvenciones como de contratos de compra. La consiguiente armonización de los procedimientos en todas las políticas comunitarias debería simplificar la presentación de candidaturas.

Además, las normas de aplicación propuestas permiten algunas cantidades y escalas fijas en la concesión de subvenciones, que deben resultar más fácil de gestionar tanto para los beneficiarios como para los funcionarios, a la vez que se garantiza una buena gestión financiera.

Asimismo, se fomentarán las acciones preventivas a través de un amplio sistema de exclusión para candidatos que no hayan actuado correctamente en el pasado, incluidos el fraude, la corrupción o cualquier actividad ilegal, así como la violación de normas comunitarias y la mala gestión de los fondos asignados con arreglo a contratos o acuerdos de subvención anteriores. También pueden imponerse sanciones financieras en el último caso o en caso de declaraciones falsas.

Por último, se desarrollará el uso de garantías financieras, especialmente cuando se hagan pagos importantes de prefinanciación, y no se hará ningún pago final sin controles.

En el sector de la investigación, la Comisión se esfuerza constantemente por encontrar un equilibrio adecuado entre los procedimientos simples y rápidos y las exigencias de una buena gestión financiera. En cuanto a la aplicación de los programas de investigación, la Comisión se asegura de que se observen unos procedimientos correctos y transparentes. El proceso de selección de las propuestas de investigación garantiza un trato igualitario e imparcial, observándose una total transparencia con respecto a los proponentes. Las propuestas contienen una parte técnica que se evalúa independientemente de las otras partes. La evaluación la realizan expertos científicos y técnicos e incluye evaluaciones individuales, reuniones de consenso y, en caso necesario, reuniones del panel. Por lo que se refiere a la aplicación del 5º Programa marco, los servicios afectados han elaborado un completo programa de divulgación de la información, incluidos los sitios de Internet y los servicios de asistencia técnica, una rápida información sobre el resultado del proceso de evaluación, así como un tratamiento interno acelerado de los contratos y pagos.

Por su propia naturaleza, la investigación y el desarrollo tecnológicos implican un riesgo inherente con relación a los resultados esperados. El progreso del trabajo es supervisado y revisado regularmente. Desde el punto de vista financiero la Comisión sigue esforzándose por mejorar sus sistemas de control. Éstos incluyen verificaciones legales y financieras de viabilidad durante la fase de preparación de los contratos y, si fuera necesario, la puesta en práctica de medidas protectoras. Las auditorías financieras han aumentado de manera importante en 2001, al igual que en los años precedentes. Se ha iniciado una acción experimental para los certificados de auditoría. Se exige que los contratistas presenten, junto con su reclamación de gastos, un certificado de auditoría emitido por un auditor independiente externo.

En cada etapa de la definición del Sexto programa marco, la Comisión ha tenido en cuenta estas consideraciones.

Al elaborar el Sexto programa marco, la Comisión intentó encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad de tener un sistema "fácil para los solicitantes" y la necesidad de procedimientos de gestión y control que permitan reducir el riesgo inherente a un nivel aceptable. Sin embargo, los medios propuestos para alcanzar este objetivo, que también contaban con la recomendación del Tribunal de Cuentas, no fueron aceptados en su totalidad por el Consejo y el Parlamento, en especial por lo que se refiere a la simplificación del sistema coste-reembolso o a la utilización de tipos fijos. A pesar de ello, el Sexto programa marco incluye varias mejoras, en especial la certificación exterior de costes, la responsabilidad limitada conjunta y solidaria de los socios y la introducción de sanciones sobre la base del Reglamento 2988/95.

21. Pide a la Comisión que explique, en relación con el procedimiento de selección para las propuestas Media y Media-Plus, qué tipo de OAT realiza los trabajos preparatorios que sirven de base para que la Comisión haga la selección final de los beneficiarios de los programas y decida el tipo de apoyo que se concederá (cf. Decisión del Consejo 2000/821/CE [5]); pide a la Comisión que haga un desglose por regiones de los beneficiarios en 2000;

[5] DO L 336 de 30.12.2000, p. 82.

Respuesta de la Comisión:

1. "Tipo" de Oficina de Asistencia Técnica (OAT) y papel de la misma en el proceso de selección de los proyectos

(Nota: las disposiciones pertinentes de las Decisiones por las que se crean los programas MEDIA II (1996-2000) y MEDIA Plus (2001-2005) se adjuntan como Anexo).

Las Decisiones por las que se crea el programa MEDIA II (1996-2000) establecían la obligación para la Comisión, en su valoración técnica de los proyectos propuestos a la financiación comunitaria, de obtener el dictamen de especialistas reconocidos en los ámbitos cubiertos por el programa (formación, desarrollo y distribución). Las Decisiones indicaban también que la Comisión "puede, a tal efecto, si fuere necesario, recurrir a organizaciones intermedias que, sobre la base de su peritaje profesional, le aportarán una asistencia técnica y formularán propuestas relativas a la elección de los beneficiarios, sin perjuicio de otras modalidades de selección".

Para la aplicación de estas disposiciones, la Comisión contrató, mediante concursos abiertos, a tres organismos intermediarios técnicos (uno en el ámbito de la formación, otro en el del desarrollo y el tercero en el sector de la distribución), que fueron seleccionados sobre la base de su excelente conocimiento del sector audiovisual.

Para el Programa MEDIA Plus (2001-2005), que se inició el 1 de enero de 2001, las Decisiones por las que se crea el programa establecen también el recurso a una o más oficinas de asistencia técnica (OAT) para asistir a la Comisión en la ejecución del programa.

De acuerdo con las orientaciones formuladas por la Comisión en su Nota rectificativa n° 1 al Anteproyecto de Presupuesto 2001 (SEC(2000)1363), la Comisión propuso que se prolongara el recurso a las OA para el Programa MEDIA, a manera de solución transitoria, en espera de la puesta en funcionamiento de un organismo de ejecución.

Por otro lado, la Comisión decidió limitar la asistencia técnica a una única OA (en lugar de tres, como era el caso en MEDIA II), que se seleccionó tras un procedimiento de licitación abierto en razón de sus conocimientos técnicos en el ámbito del sector audiovisual.

La asistencia proporcionada por la OA en el marco del proceso de selección de los proyectos es de carácter puramente técnico y administrativo y no incluye ninguna misión de poder público. Las tareas asumidas por las OAT se basan en directrices de evaluación claramente definidas por los criterios de elegibilidad y selección que figuran en la convocatoria de propuestas. Sólo se trata de un elemento del proceso de selección, que se puede describir del siguiente modo:

Fase 1 -Publicación de la convocatoria de propuestas por la Comisión Europea.

Fase 2 -La Comisión Europea recibe las propuestas. La Comisión conserva un ejemplar de cada propuesta y transmite otro a la OAT para su evaluación.

Fase 3 -Evaluación de todas las propuestas recibidas por las OAT, sobre la base de los criterios de elegibilidad y selección definidos en la convocatoria de propuestas. La OAT redacta para la Comisión, para cada propuesta, un informe de evaluación sobre la base de los modelos proporcionados por la Comisión.

Fase 4 -Todos los proyectos se presentan de nuevo a grupos de expertos independientes procedentes del sector audiovisual o a grupos de evaluación internos, que proceden a una segunda valoración de los proyectos.

Fase 5 -Sobre la base de estas dos series de evaluaciones (OAT + grupo de evaluación), la Comisión elabora y adopta la decisión de selección definitiva.

Fase 6 -En los casos definidos en las Decisiones del Consejo, los proyectos propuestos para la selección por parte de la Comisión se presentan también para su dictamen al Comité MEDIA en su procedimiento de gestión.

2. Distribución geográfica de los beneficiarios de los programas en 2000: véase el Anexo

22. Considera, en relación con los actuales procedimientos de concesión de subvenciones comunitarias a entidades específicas, en particular en el marco de la línea A-302, que un sistema que suponga tanto asignaciones de fondos como convocatorias de propuestas es insatisfactorio, y pide a la Comisión que proponga a la autoridad presupuestaria un sistema más transparente que pueda contribuir a paliar el estado de inseguridad permanente que pesa sobre algunas instituciones, sin generar dependencia de los fondos comunitarios para la supervivencia de las entidades; constata que una presupuestación por actividades puede contribuir a acabar con el sistema actual; pide a la Comisión que garantice que las nuevas organizaciones que deseen solicitar fondos no se vean privadas de la posibilidad de hacerlo; pide asimismo a la Comisión que colabore con la OLAF y con el Tribunal de Cuentas en el control de los centros o entidades financiadas casi exclusivamente con cargo al presupuesto de la Unión;

Respuesta de la Comisión:

El nuevo Reglamento financiero contiene un marco general para la concesión y supervisión de subvenciones de conformidad con los principios de transparencia, igualdad de trato y cofinanciación. Amplía el procedimiento de convocatoria de propuestas previsto ya en el vademécum sobre subvenciones y en la mayor parte de los fundamentos jurídicos, pues ésta es la manera más transparente y no discriminatoria de distribuir subvenciones, especialmente por lo que se refiere a las últimas concedidas. La Presupuestación por actividades (PPA) y la desaparición de las partes A y B del presupuesto implican efectivamente que este procedimiento se aplique también a las líneas que antes figuraban en la parte A, a menos que algunas excepciones justificadas (por ejemplo los beneficiarios institucionales) estén previstas en los fundamentos jurídicos que la Comisión propondrá a la autoridad legislativa en los próximos meses.

El Reglamento financiero modificado también establece la cofinanciación obligatoria y un control sobre la falta de rentabilidad para reforzar la independencia de los beneficiarios hacia los fondos comunitarios.

En cuanto a las auditorías, el Reglamento financiero modificado destaca la responsabilidad de los Ordenadores Nacionales en la buena gestión de los fondos comunitarios y declara claramente la necesidad de controles previos y posteriores, especialmente en relación con los pagos finales.

La Comisión, por otro lado, indicó su intención de presentar propuestas legislativas con el fin de determinar los criterios globales que deben aplicarse a las subvenciones en virtud de la letra b) del artículo 108. Estas medidas representarán el resultado de un proceso, iniciado por el vademécum de la Comisión sobre subvenciones, encaminado a crear un entorno jurídico claro, equitativo y estable para todos los beneficiarios.

En el contexto de la próxima desaparición de la parte A del presupuesto, la Comisión tendrá que presentar una o más propuestas de fundamento jurídico, para permitir la continuación de estas financiaciones en el contexto de la introducción del enfoque PBA. Con este motivo, presentará propuestas relativas al método de gestión que debe utilizarse para estas líneas y mencionará la cuestión de la imputación a fines específicos de algunas de ellas y la dificultad de hacer cohabitar los dos métodos actuales de atribución de estas subvenciones: la designación de los beneficiarios por parte de la autoridad presupuestaria en algunos casos, el recurso a convocatorias de propuestas en otros.

La Comisión considera que la apertura a la competencia (convocatoria de propuestas) para la concesión de subvenciones constituye un procedimiento igualitario, transparente y eficaz y, por consiguiente, sería contraproducente cuestionar