Posición Común (CE) no 58/2003

aprobada por el Consejo el 18 de septiembre de 2003

con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales

(2003/C 277 E/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1) Actualmente existen en la Comunidad muchos sitios contaminados que presentan importantes riesgos sanitarios, y la pérdida de biodiversidad ha sufrido una aceleración radical durante las últimas décadas. La falta de acción puede acarrear que la contaminación se extienda a otros parajes y que la pérdida de biodiversidad aún sea mayor en el futuro. La prevención y la reparación, en la medida de lo posible, de los daños ambientales contribuye a la realización de los objetivos y principios de la política de medio ambiente de la Comunidad establecida en el Tratado. A la hora de decidir el modo de reparar los daños, deben tenerse en cuenta las circunstancias locales.

(2) La prevención y reparación de los daños ambientales debe llevarse a cabo mediante el fomento del principio con arreglo al cual "quien contamina, paga", tal como se establece en el Tratado y coherentemente con el principio de desarrollo sostenible. El principio fundamental de la presente Directiva debe, por tanto, consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan daños ambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras.

(3) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco común para la prevención y la reparación de los daños ambientales a un coste razonable para la sociedad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, en razón de la dimensión de la presente Directiva y de sus implicaciones con otra legislación comunitaria, a saber, la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(4), la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(5), y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(6), puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(4) Por daño ambiental debe entenderse también los daños provocados por los elementos transportados por el aire siempre que causen daños a las aguas, al suelo o a especies y hábitats naturales protegidos.

(5) Conviene definir los conceptos que contribuyan a interpretar correctamente y a aplicar el programa facilitado por la presente Directiva, en particular, por lo que respecta a la definición de daño ambiental. Cuando el concepto en cuestión se derive de otra legislación comunitaria pertinente, es preciso utilizar la misma definición de forma que puedan seguirse criterios comunes y promoverse una aplicación uniforme.

(6) Las especies y hábitats naturales protegidos pueden definirse asimismo por referencia a las especies y hábitats protegidos en cumplimiento de la legislación nacional vigente en materia de conservación de la naturaleza. No obstante, deben tenerse en cuenta situaciones específicas para las cuales se contemplen determinadas excepciones en la legislación comunitaria o en las legislaciones nacionales equivalentes, con respecto al nivel de protección proporcionado al medio ambiente.

(7) A la hora de evaluar los daños al suelo, según se definen en la presente Directiva, es conveniente recurrir a procedimientos de evaluación de riesgos para determinar en qué medida la salud humana puede quedar afectada negativamente.

(8) La presente Directiva debe aplicarse, en cuanto a los daños ambientales se refiere, a las actividades profesionales que presenten un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Estas actividades deben identificarse, en principio, por referencia a la legislación comunitaria pertinente que establece requisitos normativos respecto de determinadas actividades o prácticas que entrañan un riesgo potencial o real para la salud humana o para el medio ambiente.

(9) La presente Directiva debe asimismo aplicarse por lo que respecta a los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, a cualquier actividad profesional además de las que ya se ha identificado directa o indirectamente, por referencia a la legislación comunitaria, como actividades que entrañan un riesgo real o potencial para la salud humana o para el medio ambiente. En tales casos el operador sólo debería ser responsable en virtud de la presente Directiva en los casos en que haya incurrido en falta o negligencia.

(10) Hay que tener en cuenta de forma expresa el Tratado Euratom y los convenios internacionales pertinentes, así como la legislación comunitaria que regula de forma más amplia y rigurosa la realización de cualquiera de las actividades que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Ésta, que no establece reglas adicionales de conflicto de normas cuando especifica las competencias de las autoridades competentes, debe entenderse sin perjuicio de las normas relativas a la jurisdicción internacional de los tribunales prevista, entre otros, en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, sobre la jurisdicción y el reconocimiento y la aplicación de sentencias en cuestiones civiles y comerciales(7). No debe aplicarse la presente Directiva a las actividades cuyo primer objetivo consiste en servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional.

(11) La presente Directiva tiene por objeto prevenir y reparar el daño ambiental y no afecta a los derechos de compensación por daños tradicionales otorgados con arreglo a cualquiera de los acuerdos internacionales correspondientes que regulan la responsabilidad civil.

(12) Varios Estados miembros son parte de acuerdos internacionales relativos a la responsabilidad civil en relación con ámbitos concretos. Dichos Estados miembros podrán seguir siendo parte de dichos acuerdos tras la entrada en vigor de la presente Directiva; los demás Estados miembros, por su parte, no perderán su derecho a ser parte de dichos acuerdos.

(13) No es posible subsanar todas las formas de daño ambiental mediante el mecanismo de la responsabilidad. Para que ésta sea eficaz, es preciso que pueda identificarse a uno o más autores contaminantes, los daños deben ser concretos y cuantificables y es preciso establecer un vínculo causal entre los daños y los contaminantes identificados. Por consiguiente, la responsabilidad no es un instrumento adecuado para abordar la contaminación de carácter extendido y difuso, en la cual es imposible asociar los efectos negativos medioambientales con actos u omisiones de determinados agentes individuales.

(14) La presente Directiva no se aplicará a las lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada o a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños.

(15) Dado que la prevención y la reparación de los daños ambientales es una tarea que contribuye directamente a la finalidad de la política medioambiental de la Comunidad, las autoridades públicas deben garantizar la aplicación y el cumplimiento adecuados del programa establecido en la presente Directiva.

(16) La reparación del medio ambiente debe realizarse de manera efectiva, de modo que se cumplan todos los objetivos de la misma. Es preciso definir un marco común para tal fin, cuya correcta aplicación debe ser supervisada por la autoridad competente.

(17) Deben establecerse disposiciones apropiadas para las situaciones en que se hayan producido varios casos de daño ambiental, que impidan a la autoridad competente garantizar que se adopten a la vez todas las medidas reparadoras necesarias. En tal caso, la autoridad competente debe poder decidir las prioridades de reparación de los daños.

(18) De acuerdo con el principio de "quien contamina paga", un operador que cause daños ambientales o que amenace de forma inminente con causar tales daños debe sufragar, en principio, el coste de las medidas preventivas o reparadoras necesarias. Cuando una autoridad competente actúe por sí misma o a través de un tercero en lugar de un operador, dicha autoridad debe garantizar que el coste en que haya incurrido se cobre al operador. Procede igualmente que sean los operadores quienes sufraguen en último término el coste ocasionado por la evaluación de los daños ambientales y, en su caso, por la evaluación del riesgo inminente de que tales daños se produzcan.

(19) Los Estados miembros podrán disponer que los costes administrativos, ejecutivos y otros gastos generales que hayan de recuperarse se calculen a tanto alzado.

(20) No deberá exigirse al operador que se haga cargo de los costes de las medidas preventivas o reparadoras adoptadas con arreglo a la presente Directiva en las situaciones en que los daños en cuestión o la amenaza inminente de tales daños se deriven de actos que estén fuera del control del operador. Los Estados miembros podrán permitir que los operadores que no hayan incurrido en falta o negligencia no sufraguen el coste de las medidas preventivas o reparadoras en aquellas situaciones en las que el daño de que se trate sea resultado de emisiones o actos explícitamente autorizados, o en que no pueda haberse conocido la naturaleza perjudicial cuando tuvieron lugar.

(21) Los operadores deben sufragar los costes ocasionados por las medidas preventivas cuando éstas hayan sido adoptadas como una cuestión de principio con vistas al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulen sus actividades, o de los términos de cualquier permiso o autorización.

(22) Los Estados miembros podrán establecer normas nacionales relativas a la imputación de los costes en caso de varios responsables. Los Estados miembros podrán tener en cuenta, en particular, la situación específica de los usuarios de productos a los que no puede imputarse la responsabilidad de daños ambientales en las mismas condiciones que quienes producen dichos productos. En este caso, el reparto de responsabilidades debe determinarse de conformidad con el Derecho nacional.

(23) Las autoridades competentes deben poder exigir la restitución de los costes de las medidas preventivas o reparadoras imputables a un operador, durante un período razonable a partir de la fecha en que se hayan llevado a efecto dichas medidas.

(24) Es necesario garantizar la disponibilidad de medios efectivos de aplicación y cumplimiento, así como la debida salvaguardia de los intereses legítimos de los operadores afectados y otras partes interesadas. Conviene que las autoridades competentes se encarguen de tareas específicas que impliquen la discreción administrativa apropiada, a saber, la obligación de evaluar la importancia de los daños y determinar qué medidas reparadoras deben adoptarse.

(25) Las personas que se hayan visto o puedan verse afectadas negativamente por daños ambientales deben poder solicitar a la autoridad competente que adopte medidas. No obstante, la protección del medio ambiente es un interés difuso en el nombre del cual no siempre actúan las personas o no siempre están en condiciones de actuar. Por lo tanto, procede otorgar asimismo a las organizaciones no gubernamentales que fomentan la protección del medio ambiente la posibilidad de contribuir adecuadamente a una aplicación efectiva de la presente Directiva.

(26) Las personas físicas o jurídicas de que se trate han de poder acceder a los procedimientos para examinar las decisiones, los actos o las omisiones de la autoridad competente.

(27) Es necesario que los Estados miembros tomen medidas para animar a los operadores a utilizar seguros apropiados u otras formas de garantía financiera y para fomentar el desarrollo de los instrumentos y mercados de garantía financiera, a fin de proteger de forma eficaz las obligaciones financieras que establece la presente Directiva.

(28) Cuando un daño ambiental afecte o pueda afectar a varios Estados miembros, dichos Estados miembros deben colaborar con vistas a garantizar una adecuada y eficaz acción preventiva o reparadora con respecto a cualquier daño ambiental. Los Estados miembros podrán tratar de recuperar los costes de las acciones preventivas o reparadoras.

(29) Conviene que la presente Directiva no constituya obstáculo para que los Estados miembros mantengan o adopten disposiciones más rigurosas en relación con la prevención y la reparación de daños ambientales, ni para que adopten disposiciones apropiadas en relación con situaciones de doble recuperación de los costes resultante de una acción concurrente por parte de una autoridad competente al amparo de la presente Directiva y por parte de una persona cuya propiedad se haya visto afectada por los daños.

(30) Los daños causados antes de la expiración del plazo de transposición de la presente Directiva no deben estar cubiertos por sus disposiciones.

(31) Los Estados miembros deben poner en conocimiento de la Comisión la experiencia que hayan adquirido en la aplicación de la presente Directiva, de modo que la Comisión tenga elementos de juicio para determinar, teniendo en cuenta las repercusiones en el desarrollo sostenible y los riesgos futuros para el medio ambiente, si es conveniente proceder a la revisión de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco de responsabilidad ambiental, basado en el principio de "quien contamina paga", para la prevención y la reparación de los daños ambientales.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "daño ambiental":

a) los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichos hábitats o especies. El carácter significativo de dichos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I;

los daños a las especies y hábitats naturales protegidos no incluirán los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado por las autoridades competentes de conformidad con disposiciones que apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 6 o el artículo 16 de la Directiva 92/43/CEE o el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE, o, en el caso de hábitats o especies no regulados por el Derecho comunitario, de conformidad con disposiciones equivalentes de la legislación nacional sobre conservación de la naturaleza;

b) los daños a las aguas, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo, o en el potencial ecológico definidos en la Directiva 2000/60/CE, de las aguas en cuestión, con excepción de los efectos adversos a los que se aplica el apartado 7 del artículo 4 de dicha Directiva;

c) los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana debidos a la introducción directa o indirecta de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o el subsuelo;

2) "daños": el cambio adverso mensurable de un recurso natural o el perjuicio mensurable a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen directa como indirectamente;

3) "especies y hábitats naturales protegidos":

a) las especies mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 o enumeradas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE, o enumeradas en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE;

b) los hábitats de especies mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 o enumeradas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE o enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, y los hábitats naturales enumerados en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE y lugares de reproducción o zonas de descanso de las especies enumeradas en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE; y

c) en caso de que así lo determine un Estado miembro, cualesquiera hábitats o especies no enumerados en dichos anexos que el Estado miembro designe para fines equivalentes a los establecidos en esas dos Directivas;

4) "estado de conservación":

a) con respecto a un hábitat natural, la suma de influencias que actúan sobre él y sobre sus especies típicas que puedan afectar a su distribución natural a largo plazo, a su estructura y funciones, así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas, según el caso, en el territorio europeo de los Estados miembros al cual se aplica el Tratado, en el territorio de un Estado miembro o en el medio natural de dicho hábitat.

El estado de conservación de un hábitat natural se considerará "favorable" cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- su extensión natural y las zonas que abarque esa extensión sean estables o estén en crecimiento;

- concurran la estructura específica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible; y

- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable, tal como se define en la letra b);

b) con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan sobre ella que puedan afectar a su distribución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones, según el caso, en el territorio europeo de los Estados miembros al cual se aplica el Tratado, en el territorio de un Estado miembro o en el área de distribución natural de dicha especie.

El estado de conservación de una especie se considerará "favorable" cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- los datos de dinámica de población para la especie de que se trate indiquen que se está manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitats naturales;

- el área de distribución natural de esa especie no se esté reduciendo ni sea probable que vaya a reducirse en un futuro previsible;

- exista un hábitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo;

5) "aguas": todas las aguas consideradas en la Directiva 2000/60/CE;

6) "operador": cualquier persona física o jurídica, privada o pública, que realice o controle el desempeño de una actividad profesional o en la que se hayan delegado competencias económicas en cuanto al funcionamiento técnico de esa actividad, cuando la legislación nacional contemple este supuesto, incluido el titular de un permiso o autorización para la misma, o la persona que registre o notifique tal actividad;

7) "actividad profesional": cualquier actividad efectuada con ocasión de una actividad económica, un negocio o una empresa, con independencia de que su carácter privado o público y de que tenga o no fines lucrativos;

8) "emisión": la liberación en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de sustancias, preparados, organismos o microorganismos;

9) "amenaza inminente de daños": una probabilidad suficiente de que se produzcan daños ambientales en un futuro próximo;

10) "medida preventiva": toda medida adoptada en respuesta a un suceso, acto u omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño ambiental, con objeto de impedir o reducir al máximo dicho daño;

11) "medida reparadora": toda acción o conjunto de acciones, incluidas las medidas paliativas o provisionales, que tenga por objeto reparar, rehabilitar o reemplazar los recursos naturales y servicios dañados, o facilitar una alternativa equivalente a los mismos según lo previsto en el anexo II;

12) "recurso natural": las especies y hábitats naturales protegidos, el agua y el suelo;

13) "servicios" y "servicios de recursos naturales": las funciones que desempeña un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público;

14) "estado básico": el estado en que, de no haberse producido el daño ambiental, se habrían hallado los recursos naturales y servicios en el momento en que sufrieron el daño, considerado a partir de la mejor información disponible;

15) "recuperación", incluida la "recuperación natural": tratándose de las aguas y de las especies y hábitats naturales protegidos, el retorno de los recursos naturales y servicios dañados a su estado básico, y, tratándose de los daños al suelo, la eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana;

16) "costes": los costes justificados por la necesidad de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de la presente Directiva, incluidos los costes de evaluación de los daños ambientales, de evaluación de una amenaza inminente de tales daños y de las opciones de actuación posibles, así como los costes administrativos, jurídicos y de ejecución, los costes de la recopilación de datos y otros costes generales, y los costes de seguimiento y supervisión.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Se aplicará la presente Directiva:

a) a los daños ambientales causados por alguna de las actividades profesionales enumeradas en el anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños debido a alguna de esas actividades;

b) a los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido falta o negligencia por parte del operador.

2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de legislación comunitaria más rigurosa que regule el desempeño de las actividades en ella consideradas y sin perjuicio de normas comunitarias que contengan reglas sobre conflictos de jurisdicción.

3. Sin perjuicio de la legislación nacional pertinente, la presente Directiva no concederá a los particulares derechos de indemnización con motivo de daños ambientales o de una amenaza inminente de los mismos.

Artículo 4

Excepciones

1. La presente Directiva no se aplicará a los daños ambientales ni a las amenazas inminentes de tales daños provocados por:

a) un acto derivado de un conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección;

b) un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.

2. La presente Directiva no se aplicará a los daños ambientales, ni a la amenaza inminente de tales daños, que surja de un incidente con respecto al cual la responsabilidad o indemnización estén reguladas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, que esté vigente en los Estados miembros de que se trate.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional de desarrollo del Convenio de 19 de noviembre de 1976 sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, incluida cualquier modificación futura de dicho Convenio, y en el Convenio de Estrasburgo sobre limitación de la responsabilidad en la navegación interior, de 1988, y modificaciones futuras de dicho Convenio.

4. La presente Directiva no se aplicará a los riesgos nucleares, ni a los daños ambientales, ni a la amenaza inminente de tales daños, que pueda causar el desempeño de las actividades contempladas en el Tratado por el que se establece la Comunidad Europea de la Energía Atómica o un incidente o actividad con respecto al cual la responsabilidad o indemnización estén reguladas por alguno de los instrumentos internacionales enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras.

5. La presente Directiva sólo se aplicará a los daños ambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.

6. La presente Directiva no se aplicará a las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, ni a las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.

Artículo 5

Acción preventiva

1. Cuando aún no se hayan producido los daños ambientales pero exista una amenaza inminente de que se produzcan, el operador adoptará, sin demora, las medidas preventivas necesarias.

2. Los Estados miembros dispondrán que, cuando resulte oportuno y, en cualquier caso, cuando no desaparezca la amenaza inminente de que se produzca daño ambiental pese a las medidas preventivas adoptadas por el operador, los operadores comuniquen lo antes posible todos los aspectos pertinentes de la situación a la autoridad competente.

3. La autoridad competente podrá en cualquier momento:

a) exigir al operador que facilite información sobre toda amenaza inminente de daño ambiental o cuando sospeche que va a producirse esa amenaza inminente;

b) exigir al operador que adopte las medidas preventivas necesarias;

c) dar al operador instrucciones a las que deberá ajustarse sobre las medidas preventivas necesarias que deberá adoptar; o

d) adoptar por sí misma las medidas preventivas necesarias.

4. La autoridad competente exigirá que el operador adopte las medidas preventivas. Si el operador incumple las obligaciones estipuladas en el apartado 1 o en las letras b) o c) del apartado 3, no puede ser identificado o no está obligado a sufragar costes en virtud de la presente Directiva, la propia autoridad competente podrá adoptar dichas medidas preventivas.

Artículo 6

Acción reparadora

1. Cuando se hayan producido daños ambientales, el operador informará sin demora a la autoridad competente de todos los aspectos pertinentes de la situación y adoptará:

a) todas las medidas posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales, con objeto de limitar o impedir mayores daños ambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los servicios, y

b) las medidas reparadoras necesarias de conformidad con el artículo 7.

2. La autoridad competente podrá en cualquier momento:

a) exigir al operador que facilite información adicional sobre cualquier daño que se haya producido;

b) adoptar, exigir al operador que adopte, o dar instrucciones al operador respecto de todas las medidas posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales, con objeto de limitar o impedir mayores daños ambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los servicios;

c) exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias;

d) dar al operador instrucciones a las que deberá ajustarse sobre las medidas reparadoras necesarias que deberá adoptar; o

e) adoptar por sí misma las medidas reparadoras necesarias.

3. La autoridad competente exigirá que el operador adopte las medidas reparadoras. Si el operador incumple las obligaciones estipuladas en el apartado 1 o en las letras b) o c) del apartado 2, no puede ser identificado o no está obligado a sufragar costes en virtud de la presente Directiva, la propia autoridad competente podrá adoptar dichas medidas reparadoras.

Artículo 7

Determinación de las medidas reparadoras

1. Los operadores definirán con arreglo al anexo II las posibles medidas reparadoras y las someterán a la autoridad competente para que ésta decida, a menos que la autoridad competente haya actuado con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 6.

2. La autoridad competente decidirá qué medidas reparadoras deben aplicarse de acuerdo con el anexo II, si fuese necesario con la cooperación del operador correspondiente.

3. Cuando se hayan producido varios casos de daños ambientales, de manera tal que a la autoridad competente le resulte imposible hacer que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, dicha autoridad podrá fijar las prioridades de reparación del daño ambiental.

Para tomar esta decisión, la autoridad competente deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, alcance y gravedad de cada caso de daño ambiental, así como las posibilidades de recuperación natural. También deberán tenerse en cuenta los riesgos para la salud humana.

4. La autoridad competente invitará a las personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 12 y, en cualquier caso, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse las medidas reparadoras a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta.

Artículo 8

Costes de prevención y reparación

1. El operador sufragará los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, la autoridad competente -entre otras cosas mediante el embargo de propiedades u otras garantías adecuadas- recuperará del operador que haya causado los daños o la amenaza inminente de esos daños, los costes que le haya supuesto la adopción de acciones preventivas o reparadoras en virtud de la presente Directiva.

Sin embargo, la autoridad competente podrá decidir no recuperar los costes íntegros cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable, o cuando no pueda identificarse al operador.

3. No se exigirá a un operador que sufrague el coste de las acciones preventivas o reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva cuando pueda demostrar que los daños ambientales o la amenaza inminente de que se produzcan tales daños:

a) fueron causados por un tercero, habiéndose producido a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas; o

b) se produjeron como consecuencia del cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria cursada por una autoridad pública, salvo las órdenes o instrucciones subsiguientes a una emisión o incidente generados por las propias actividades del operador.

En tales casos, los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para permitir que el operador recupere los costes en que haya incurrido.

4. Los Estados miembros podrán permitir que el operador no sufrague el coste de las acciones reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva cuando demuestre que no ha habido falta o negligencia por su parte y que el daño ambiental ha sido causado por:

a) una emisión o un hecho autorizados mediante autorización expresa, y plenamente ajustados a las condiciones en ella fijadas, concedida por, u otorgada de conformidad con, la legislación y la reglamentación nacionales aplicables que incorporan las medidas legislativas adoptadas por la Comunidad especificadas en el anexo III, tal como se apliquen en la fecha de la emisión o del hecho en cuestión;

b) una emisión o actividad, o cualquier forma de utilización de un producto en ejercicio de una actividad, respecto de las cuales el operador demuestre que no se habían considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente según el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento en que se produjo la emisión o tuvo lugar la actividad.

5. Las medidas adoptadas por la autoridad competente de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 5 y con los apartados 2 y 3 del artículo 6 se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad del operador correspondiente en virtud de la presente Directiva y sin perjuicio de los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

Artículo 9

Imputación de los costes en caso de varios responsables

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones vigentes en las normativas nacionales en relación con la imputación de costes en caso de varios responsables, especialmente, en lo que respecta al reparto de responsabilidades entre el productor y el usuario de un producto.

Artículo 10

Limitación del período para la recuperación de los costes

La autoridad competente podrá incoar procedimientos de recuperación de los costes contra el operador o, cuando proceda, contra un tercero que haya causado los daños o la amenaza inminente de daños, en relación con las medidas adoptadas en virtud de la presente Directiva, antes de que haya transcurrido un período de cinco años a partir de la fecha en que se haya llevado a término la aplicación de las medidas o se haya identificado al operador o al tercero responsable, de ambas fechas la que sea posterior.

Artículo 11

Autoridad competente

1. Los Estados miembros designarán las autoridades competentes encargadas de desempeñar los cometidos considerados en la presente Directiva.

2. Corresponderá a la autoridad competente establecer qué operador ha causado el daño o la amenaza inminente del mismo, evaluar la importancia del daño y determinar qué medidas reparadoras han de adoptarse de acuerdo con el anexo II. A tal efecto, la autoridad competente podrá exigir al operador correspondiente que efectúe su propia evaluación y que facilite todos los datos e informaciones que se precisen.

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente pueda facultar o requerir a terceros para que ejecuten las medidas preventivas o reparadoras necesarias.

4. Toda decisión adoptada en virtud de la presente Directiva que imponga medidas preventivas o reparadoras expondrá los motivos exactos en los que se basa. Dicha decisión se notificará inmediatamente al operador interesado, al que se informará al mismo tiempo de los recursos previstos en la legislación vigente en el Estado miembro de que se trate y de los plazos en que deban interponerse dichos recursos.

Artículo 12

Solicitud de acción

1. Una persona física o jurídica que:

a) se vea o pueda verse afectada por un daño ambiental, o bien

b) tenga un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter ambiental relativas al daño, o bien

c) alegue la vulneración de un derecho, si así lo exige como requisito previo la legislación de procedimiento administrativo de un Estado miembro,

podrá presentar a la autoridad competente observaciones en relación con los casos de daño ambiental o de amenaza inminente de tal daño que obren en su conocimiento, y podrá solicitar a la autoridad competente que actúe en virtud de la presente Directiva.

Corresponderá a los Estados miembros determinar lo que constituye "interés suficiente" y "vulneración de un derecho".

Con este fin, se considerará suficiente, a efectos de lo dispuesto en la letra b), el interés de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional. Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser vulnerados a efectos de lo dispuesto en la letra c).

2. Se adjuntarán a la solicitud de acción todos los datos e informaciones pertinentes que respalden las observaciones presentadas en relación con los daños ambientales en cuestión.

3. Cuando la solicitud de acción y las observaciones adjuntas demuestren de manera convincente que existe daño ambiental, la autoridad competente deberá estudiar tales observaciones y solicitudes de acción. En tales casos, la autoridad competente concederá al operador de que se trate la posibilidad de dar a conocer su opinión respecto de la solicitud de acción y de las observaciones adjuntas.

4. Lo antes posible, y en todo caso de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, la autoridad competente informará a las personas a que se refiere el apartado 1 que hayan presentado observaciones a la autoridad de su decisión de acceder a la solicitud o denegarla y de los motivos de la misma.

5. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los apartados 1 y 4 a casos de amenaza inminente de daño.

Artículo 13

Procedimientos de revisión

1. Las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 podrán emprender acciones legales ante un tribunal o cualquier otro órgano público independiente e imparcial encargado de controlar la legalidad, procedimental y sustantiva, de las decisiones, actos u omisiones de la autoridad competente en virtud de la presente Directiva.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno que regulen el acceso a la justicia y de las que exijan que se agoten los procedimientos administrativos de revisión antes de recurrir a la acción judicial.

Artículo 14

Garantía financiera

1. Los Estados miembros adoptarán medidas para fomentar el desarrollo, por parte de los operadores económicos y financieros correspondientes, de mercados e instrumentos de garantía financiera, incluyendo mecanismos financieros en caso de insolvencia, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garantías financieras para hacer frente a sus responsabilidades en virtud de la presente Directiva.

2. Antes del ...(8), la Comisión presentará un informe sobre la eficacia de la Directiva en lo que respecta a reparación real de los daños ambientales, sobre la oferta a un coste razonable y sobre las condiciones de los seguros y otros tipos de garantía financiera para las actividades enumeradas en el anexo III. A la vista de dicho informe, la Comisión podrá hacer propuestas relativas a una garantía financiera obligatoria.

Artículo 15

Cooperación entre los Estados miembros

1. Cuando un daño ambiental afecte o pueda afectar a varios Estados miembros, dichos Estados miembros colaborarán, entre otras cosas mediante un intercambio adecuado de información, para velar por que se adopten medidas preventivas y, en caso necesario, reparadoras, respecto de cualquier daño ambiental de esta índole.

2. Cuando se haya producido un daño ambiental, el Estado miembro en cuyo territorio se haya originado el daño proporcionará información suficiente a los Estados miembros que puedan verse afectados.

3. Cuando un Estado miembro identifique dentro de sus fronteras un daño que no se haya ocasionado dentro de ellas podrá informar de ello a la Comisión y a cualquier otro Estado miembro afectado; podrá formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras y podrá intentar, de conformidad con la presente Directiva, recuperar los costes que le haya supuesto la adopción de medidas preventivas o reparadoras.

Artículo 16

Relación con la legislación nacional

1. La presente Directiva no constituirá obstáculo para que los Estados miembros mantengan o adopten disposiciones más rigurosas en relación con la prevención y reparación de daños ambientales, incluyendo la determinación de otras actividades que hayan de someterse a los requisitos de prevención y reparación de la presente Directiva y la determinación de otros responsables.

2. La presente Directiva no constituirá obstáculo para que los Estados miembros adopten disposiciones adecuadas, como la prohibición de la doble recuperación de los costes, en relación con situaciones en las que la doble reparación pueda producirse como consecuencia de acciones concurrentes por parte de una autoridad competente en virtud de la presente Directiva y por parte de una persona cuya propiedad sufra daños ambientales.

Artículo 17

Aplicación temporal

La presente Directiva no se aplicará a:

- los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido antes de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 19;

- los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido después de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 19, cuando éstos se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha fecha;

- los daños, si han transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que los produjo.

Artículo 18

Informes y examen

1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva a más tardar el ...(9). Los informes nacionales incluirán los datos e informaciones mencionados en el anexo VI.

2. La Comisión, basándose en dichos informes, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes del ...(10), acompañado en su caso de las oportunas propuestas de modificación.

3. El informe a que se refiere el apartado 2 incluirá un examen de:

a) la aplicación de los apartados 2 y 4 del artículo 4 en relación con la exclusión del ámbito de aplicación de la presente Directiva de la contaminación regulada por los instrumentos internacionales enumerados en los anexos IV y V, atendiendo especialmente a la experiencia adquirida en los foros y convenios internacionales pertinentes, como la OMI y Euratom, así como a la medida en que dichos instrumentos hayan entrado en vigor o hayan sido aplicados por los Estados miembros o se hayan modificado, y teniendo en cuenta todos los casos pertinentes de daños ambientales derivados de tales actividades y la acción reparadora adoptada;

b) la aplicación de la Directiva a los daños ambientales causados por organismos modificados genéticamente (OMG), atendiendo especialmente a la experiencia adquirida en los foros y convenios internacionales pertinentes, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, así como a las consecuencias de los posibles incidentes de daños ambientales causados por OMG;

c) la aplicación de la Directiva en relación con las especies y hábitats naturales protegidos;

d) los instrumentos que puedan optar a incorporarse a los anexos III, IV y V.

Artículo 19

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ...(11). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como una tabla de correspondencia entre la presente Directiva y las disposiciones nacionales adoptadas.

Artículo 20

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 21

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 151 E de 25.6.2002, p. 132.

(2) DO C 241 de 7.10.2002, p. 162.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de mayo de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 18 de septiembre de 2003 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

(5) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva modificada por la Directiva 97/62/CE (DO L 305 de 8.11.1997, p. 42).

(6) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión n° 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

(7) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

(8) Ocho años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(9) Nueve años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(10) Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(11) Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

ANEXO I

CRITERIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A)

El carácter significativo del daño que produzca efectos adversos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de hábitats o especies se evaluará en relación con el estado de conservación que tuviera al producirse el daño, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con su capacidad de regeneración natural. Los cambios adversos significativos en el estado básico deberían determinarse mediante datos mensurables como:

- el número de individuos, su densidad o la extensión de la zona de presencia;

- el papel de los individuos concretos o de la zona dañada en relación con la especie o la conservación del hábitat, la rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario);

- la capacidad de propagación de la especie (según la dinámica específica de la especie o población de que se trate), su viabilidad, la capacidad de regeneración natural del hábitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus poblaciones);

- la capacidad de la especie o del hábitat, después de haber sufrido los daños, de recuperar en breve plazo, sin más intervención que el incremento de las medidas de protección, un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.

Los daños con efectos demostrados en la salud humana deberán clasificarse como daños significativos.

No tendrán que clasificarse como daños significativos los siguientes:

- las variaciones negativas inferiores a las fluctuaciones naturales consideradas normales para la especie o el hábitat de que se trate;

- las variaciones negativas que obedecen a causas naturales o se derivan de intervenciones relacionadas con la gestión corriente de los parajes, según se definan en el registro de hábitats o en la documentación de objetivos o según hayan sido efectuadas anteriormente por los propietarios u operadores;

- los daños a especies o hábitats con demostrada capacidad de recuperar, en breve plazo y sin intervención, el estado básico o bien un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.

ANEXO II

REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL

El presente Anexo establece un marco común que habrá de seguirse a fin de elegir las medidas más adecuadas para garantizar la reparación del daño ambiental.

1. REPARACIÓN DE DAÑOS A LAS AGUAS Y A LAS ESPECIES Y HÁBITATS NATURALES PROTEGIDOS

Por lo que atañe a las aguas y a las especies y hábitats naturales protegidos, la reparación del daño ambiental se consigue restituyendo el medio ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y compensatorias, entendiéndose por:

a) "reparación primaria", toda medida reparadora que restituya o aproxime los recursos naturales y servicios dañados a su estado básico;

b) "reparación complementaria", toda medida reparadora adoptada en relación con los recursos naturales o servicios para compensar el que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales o servicios dañados;

c) "reparación compensatoria", toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales o servicios que tengan lugar desde la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya surtido todo su efecto;

d) "pérdidas provisionales", las pérdidas derivadas de que los recursos naturales o servicios dañados no puedan desempeñar sus funciones ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan surtido efecto las medidas primarias o complementarias. No consiste en una compensación financiera al público.

Si la reparación primaria no da lugar a la restitución del medio ambiente a su estado básico, se efectuará una reparación complementaria. Además, se efectuará una reparación compensatoria para compensar las pérdidas provisionales.

La reparación de daños ambientales consistentes en daños a las aguas y a las especies y hábitats naturales protegidos supone asimismo eliminar todo riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana.

1.1. Objetivos de la reparación

Finalidad de la reparación primaria

1.1.1 La finalidad de la reparación primaria es restituir o aproximar los recursos naturales o servicios dañados a su estado básico.

Finalidad de la reparación complementaria

1.1.2 Si los recursos naturales o servicios dañados no se restituyen a su estado básico, se efectuarán reparaciones complementarias. La finalidad de la reparación complementaria es proporcionar un nivel de recursos naturales o servicios -inclusive, si procede, en un paraje alternativo- similar al que se habría proporcionado si el paraje dañado se hubiera restituido a su estado básico. En la medida en que sea posible y adecuado, el paraje alternativo deberá estar vinculado geográficamente al paraje dañado, teniendo en cuenta los intereses de la población afectada.

Finalidad de la reparación compensatoria

1.1.3 Las reparaciones compensatorias se efectuarán con el fin de compensar la pérdida provisional de recursos naturales y servicios durante la recuperación. Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies y hábitats naturales protegidos o a las aguas, ya sea en el paraje dañado o en un paraje alternativo, y no en compensar económicamente al público.

1.2. Determinación de medidas reparadoras

Determinación de medidas reparadoras primarias

1.2.1 Se estudiarán opciones de acciones encaminadas a restituir directamente los recursos naturales y servicios a su estado básico de forma acelerada, o bien mediante la recuperación natural.

Determinación de medidas reparadoras complementarias y compensatorias

1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias o compensatorias se considerará en primer lugar la utilización de criterios de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerarán en primer lugar acciones que proporcionen recursos naturales o servicios del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. De no ser esto posible, se proporcionarán recursos naturales o servicios alternativos. Por ejemplo, una disminución de la calidad podría compensarse con un aumento del número de medidas reparadoras.

1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio, se aplicarán técnicas de valoración alternativas. La autoridad competente podrá prescribir el método, por ejemplo la valoración monetaria, para determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos o servicios perdidos pero no es posible valorar los recursos naturales o servicios de reposición en un plazo o con unos costes razonables, la autoridad competente podrá optar por medidas reparadoras cuyo coste sea equivalente al valor monetario aproximado de los recursos naturales o servicios perdidos.

Las medidas reparadoras complementarias y compensatorias habrán de concebirse de tal modo que prevean que los recursos naturales o servicios adicionales obedezcan a las preferencias en el tiempo y a la cronología de las medidas reparadoras. Por ejemplo, cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el estado básico, mayores serán las medidas de reparación compensatoria que se lleven a cabo (en igualdad de condiciones).

1.3. Elección de opciones reparadoras

1.3.1 Las opciones reparadoras razonables deberían valorarse utilizando las mejores tecnologías disponibles, atendiendo a los siguientes criterios:

- el efecto de cada opción en la salud y la seguridad públicas;

- el coste que supone aplicar la opción;

- la probabilidad de éxito de cada opción;

- la medida en que cada opción servirá para prevenir futuros daños y evitar daños colaterales como consecuencia de su aplicación;

- la medida en que cada opción beneficiará a cada componente del recurso natural o servicio;

- la medida en que cada opción tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad;

- el período de tiempo necesario para que sea efectiva la reparación del daño ambiental;

- la medida en que cada una de las opciones logra reparar el sitio que ha sufrido el daño ambiental; y

- la vinculación geográfica con el sitio dañado.

1.3.2 Al evaluar las distintas opciones de reparación determinadas, podrán elegirse medidas reparadoras primarias que no restituyan por completo a su estado básico las aguas o las especies y hábitats naturales protegidos que hayan sufrido el daño, o que lo hagan más lentamente. Se podrá adoptar esta decisión únicamente si los recursos naturales o servicios desaparecidos del paraje primario como consecuencia de la decisión se compensan mediante un incremento de las acciones complementarias o compensatorias que proporcione un nivel de recursos naturales o servicios similar al de los desaparecidos. Así sucederá, por ejemplo, si se pueden proporcionar recursos naturales o servicios equivalentes de menor coste en otro lugar. Dichas medidas reparadoras adicionales se determinarán de conformidad con las normas establecidas en el punto 1.2.2.

1.3.3 No obstante las normas establecidas en el punto 1.3.3 y de conformidad con el apartado 3 del artículo 7, la autoridad competente podrá decidir que no han de adoptarse más medidas reparadoras si:

a) las medidas reparadoras ya adoptadas garantizan que ya ha dejado de existir un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana, el agua o las especies y hábitats naturales protegidos; y

b) el coste de las medidas reparadoras que deberían adoptarse para alcanzar el estado básico o un nivel similar es desproporcionado en comparación con los beneficios ambientales que se vayan a obtener.

2. REPARACIÓN DE DAÑOS AL SUELO

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan los contaminantes de que se trate de modo que el suelo contaminado, habida cuenta de su uso actual o su futuro uso planificado en el momento del daño, deje de suponer un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana. La presencia de tales riesgos se evaluará mediante procedimientos de evaluación de riesgos que tengan en cuenta las características y función de la tierra, el tipo y la concentración de las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos, su riesgo y sus posibilidades de propagación. El uso se determinará en función de la normativa de ordenación del territorio o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de producirse el daño.

Si cambia el uso del suelo, se adoptarán todas las medidas necesarias para impedir cualquier efecto adverso para la salud humana.

Si no existe normativa de ordenación del territorio, será la naturaleza de la zona correspondiente en que se haya producido el daño, habida cuenta de sus expectativas de desarrollo, la que determinará el uso de la superficie de suelo.

Se estudiará la posibilidad de optar por una recuperación natural, es decir, sin ninguna intervención directa del ser humano en el proceso de recuperación.

ANEXO III

ACTIVIDADES A QUE HACE REFERENCIA EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 3

1. La explotación de instalaciones sujetas a un permiso de conformidad con la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(1). Esto incluye todas las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 96/61/CE, salvo las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos.

2. Las actividades de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperación y el vertido de residuos y residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades y la gestión posterior al cierre de los vertederos, que estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(2) y con la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos(3).

Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotación de vertederos de conformidad con la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos(4) y la explotación de instalaciones de incineración de conformidad con la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos(5).

A los efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán decidir que dichas operaciones no incluyan la aplicación de lodos de depuración procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, tratados hasta un nivel aprobado, con fines agrícolas.

3. Todas las descargas en aguas superficiales interiores sujetas a autorización previa de conformidad con la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad(6).

4. Todas las descargas en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de conformidad con la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas(7).

5. La descarga o inyección de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas sujetas a permiso, autorización o registro de conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

6. La captación y el represamiento de aguas sujetos a autorización previa de conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

7. La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en el medio ambiente y transporte in situ de:

a) las sustancias peligrosas definidas en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas(8);

b) los preparados peligrosos definidos en la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos(9);

c) los productos fitosanitarios definidos en el n° 1 del artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios(10);

d) los biocidas definidos en letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas(11).

8. El transporte por carretera, por ferrocarril, por vías fluviales, marítimo o aéreo de mercancías peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definición que figura en el anexo A de la Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera(12) o en el Anexo de la Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril(13) o en la Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes(14).

9. La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales(15) en relación con la liberación a la atmósfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la Directiva mencionada.

10. Toda utilización confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados genéticamente, de acuerdo con la definición y el ámbito de aplicación de la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente(16).

11. Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de organismos modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17).

12. El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto a autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea(18).

(1) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).

(2) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32).

(3) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva modificada por la Directiva 94/31/CE (DO L 168 de 2.7.1994, p. 28).

(4) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

(5) DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.

(6) DO L 129 de 18.5.1976, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

(7) DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.

(8) DO 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

(9) DO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2001/60/CE de la Comisión (DO L 226 de 22.8.2001, p. 5).

(10) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 1).

(11) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

(12) DO L 319 de 12.12.1994, p. 7. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/28/CE de la Comisión (DO L 90 de 8.4.2003, p. 45).

(13) DO L 235 de 17.9.1996, p. 25. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/29/CE de la Comisión (DO L 90 de 8.4.2003, p. 47).

(14) DO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 324 de 29.11.2002, p. 53).

(15) DO L 188 de 16.7.1984, p. 20. Directiva modificada por la Directiva 91/692/CEE (DO L 377 de 31.12.1991, p. 48).

(16) DO L 117 de 8.5.1990, p. 1. Directiva modificada por la Decisión 2001/204/CE (DO L 73 de 15.3.2001, p. 32).

(17) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva modificada por la Decisión 2002/811/CE del Consejo (DO L 280 de 18.10.2002, p. 27).

(18) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2557/2001 de la Comisión (DO L 349 de 31.12.2001, p. 1).

ANEXO IV

CONVENIOS INTERNACIONALES A QUE HACE REFERENCIA EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 4

a) Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 sobre responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.

b) Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación por hidrocarburos.

c) Convenio internacional de 23 de marzo de 2001 sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques.

d) Convenio internacional de 3 de mayo de 1996 sobre responsabilidad e indemnización por daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

e) Convenio de 10 de octubre de 1989 sobre responsabilidad civil por daños causados durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y por vías navegables.

ANEXO V

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES A QUE HACE REFERENCIA EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 4

a) Convenio de París de 29 de julio de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963.

b) Convención de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre responsabilidad civil por Daños Nucleares.

c) Convención de 12 de septiembre de 1997 sobre indemnización suplementaria por daños nucleares.

d) Protocolo común de 21 de septiembre de 1988 relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París.

e) Convenio de Bruselas de 17 de diciembre de 1971 relativo a la responsabilidad civil en la esfera de transporte marítimo de materiales nucleares.

ANEXO VI

INFORMACIONES Y DATOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 18

Los informes a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 incluirán una lista de casos de daño ambiental y de casos de responsabilidad en virtud de la presente Directiva, cada uno de ellos con los siguientes datos e informaciones:

1) Tipo de daño ambiental, fecha en que se produjo o descubrió el daño y fecha en que se emprendieron acciones en virtud de la presente Directiva.

2) Código de clasificación de las actividades de la(s) persona(s) jurídica(s) responsable(s)(1).

3) Interposición, en su caso, de un recurso de revisión judicial, ya sea por partes con responsabilidad o por entidades cualificadas (deberá especificarse el tipo de demandantes y el resultado del procedimiento).

4) Resultado del proceso de reparación.

5) Fecha de conclusión del procedimiento.

Los Estados miembros podrán incluir en sus informes cualesquiera otros datos e informaciones que consideren útiles para la correcta valoración del funcionamiento de la presente Directiva, por ejemplo:

1) Costes ocasionados por las medidas de prevención y reparación, de acuerdo con la definición de la presente Directiva:

- sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta información;

- restituidos por los responsables a posteriori;

- sin restituir por los responsables (deberá especificarse el motivo de la falta de restitución).

2) Resultados de las acciones de fomento y de la aplicación de los instrumentos de garantía financiera utilizados de conformidad con la presente Directiva.

3) Una evaluación de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la Administración pública por la creación y gestión de las estructuras administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir la presente Directiva.

(1) Podrá utilizarse el código NACE [Reglamento (CEE) n° 3037/90 del Consejo relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (DO L 293 de 24.10.1990, p. 1)].

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 21 de febrero de 2002, la Comisión presentó al Consejo su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 14 de mayo de 2003.

El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 18 de julio de 2002.

El Comité de las Regiones anunció su intención de no emitir dictamen mediante carta de 9 de abril de 2002.

3. El 18 de septiembre de 2003, el Consejo adoptó su posición común de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

El objeto de la Directiva es establecer un marco mediante el cual poder prevenir y reparar el daño ambiental. La propuesta se basa en el principio de que "quién contamina paga": todo operador cuya actividad haya generado daños ambientales o una amenaza inminente de que se produzcan tales daños se considerará responsable desde el punto de vista económico de las medidas preventivas o reparadoras que deban tomarse. Con ello, los operadores se verán impulsados a adoptar medidas y a desarrollar prácticas que minimicen los riesgos de daño ambiental, para así reducir su riesgo de incurrir en responsabilidades financieras.

Las disposiciones institucionales y de procedimiento detalladas sobre la forma de alcanzar los objetivos prescritos se han dejado en gran medida en manos de los Estados miembros, en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

No obstante se han establecido ciertas normas sobre los objetivos de reparación que han de lograrse y sobre cómo elegir las medidas para alcanzarlos, para que los Estados miembros compartan una base común mínima que garantice una aplicación eficaz.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Aspectos generales

El ámbito de la Directiva abarca los daños ambientales causados al suelo, a las aguas y a la biodiversidad por actividades profesionales (se prevé una serie de excepciones). No abarca las pérdidas económicas. La Directiva impone a los operadores la obligación de adoptar medidas preventivas, cuando haya una amenaza inminente de daños, y medidas reparadoras, cuando se hayan producido los daños, sufragando el coste de las mismas.

La Directiva distingue entre ciertas actividades profesionales de alto riesgo enumeradas en un anexo, con respecto a las cuales está cubierto todo daño ambiental y a las que se aplica la responsabilidad estricta, y actividades profesionales distintas de las enumeradas, para las que sólo contempla el daño a las especies y hábitats naturales protegidos, si el operador ha incurrido en falta o negligencia.

Además, el texto prevé la posibilidad de que el público interesado solicite a la autoridad que actúe, la cooperación entre Estados miembros en caso de contaminación transfronteriza y el fomento de la creación de instrumentos de garantía financiera. Las disposiciones de esta Directiva no son retroactivas, es decir, no son aplicables a los daños causados antes de su fecha de aplicación.

La Comisión ha aceptado la posición común acordada por el Consejo.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo

En la votación de su sesión plenaria del 14 de mayo de 2003, el PE adoptó 48 enmiendas a la propuesta. El Consejo:

a) incorporó a la posición común (totalmente, en parte o su esencia) 26 enmiendas, a saber:

Enmienda 2: se incorporó la intención que anima su segunda parte en el considerando 1, pero no se estimó necesaria la referencia al número concreto de parajes contaminados existentes.

Enmienda 3: el contenido de su primera parte se incorpora en el considerando 2, mientras que no se admite la segunda parte, porque la Directiva, en general, no establece límites para la responsabilidad.

Enmienda 7: el considerando 10 toma en consideración, hasta cierto punto, la última parte de esta enmienda; en cambio, por lo que respecta a la energía nuclear, el Consejo está de acuerdo con la posición manifestada por la Comisión.

Enmienda 10: se incorpora parcialmente en el considerando 13.

Enmienda 14: se ha plasmado en el considerando 22.

Enmiendas 16 y 18: figuran en los considerandos 25 y 30 respectivamente.

Enmienda 21: se contempla, en parte, en el considerando 31, aunque, por lo que respecta al calendario para la revisión de la Comisión, el Consejo prefiere quedarse con un período más largo.

Enmienda [93, 94, 23, 90, 95, 96 y 97] sobre definiciones: la mayor parte de esta enmienda se incluye en el artículo 2. En concreto, se han modificado las definiciones de "biodiversidad" (ahora "especies y hábitats naturales protegidos"), "estado de conservación" y "valor" (suprimido) conforme a lo sugerido por el Parlamento Europeo, en ciertos casos con una ligera modificación de redacción. La definición de "daños" se ha simplificado, mientras que la definición de "operador" se amplía conforme a la enmienda. No obstante, el Consejo está de acuerdo con las observaciones de la Comisión en relación con el resto de la enmienda, en particular, por lo que respecta a las definiciones de "biodiversidad" y "operador" y sobre la mención de la "radiación".

Enmienda [85, 99]: parte del fundamento de esta enmienda, relativa a la vinculación entre el ámbito de la Directiva y los acuerdos internacionales, se ha recogido en el apartado 2 del artículo 4 y en los apartados 2 y 3 del artículo 18 (sobre la revisión de la Directiva). Por lo que respecta al resto de la enmienda, el Consejo coincide con los argumentos presentados por la Comisión.

Enmienda 100: en su mayor parte, se ha incorporado en el artículo 5. En cuanto a su parte final, el Consejo no puede aceptar que se imponga a los Estados miembros la obligación de garantizar la adopción de las medidas preventivas en caso de que el operador no lo haga (responsabilidad subsidiaria del Estado). Según el Consejo, la decisión de intervenir debe ser tomada por las autoridades competentes caso por caso.

Enmienda 101: en su mayoría está contemplada en los artículos 6 y 7. En cuanto a la responsabilidad subsidiaria del Estado, la posición del Consejo ya se ha expuesto (véase enmienda 100). El Consejo considera que corresponde a las autoridades competentes decidir, en función de cada caso, si se toman o no medidas reparadoras.

Enmienda 32: El apartado 1 del artículo 6 incorpora lo esencial de dicha enmienda al disponer que el operador actúe sin que se lo pida la autoridad competente.

Enmienda 36: aunque la posibilidad de recuperar los costes de un tercero que haya causado daños no esta prevista expresamente en la nueva redacción del apartado 2 del artículo 8, sí que aparece claramente en el artículo 10.

Enmienda [86, 103 y 38]: parcialmente contemplada en el artículo 4, donde se han suprimido de la lista de excepciones los daños causado por actividades "autorizadas" y las ejercidas conforme al "estado de los conocimientos científicos y técnicos", para incorporarlas al artículo 8, relativo a los costes de las medidas preventivas y reparadoras.

El Consejo no añadió en el artículo 4 la referencia al terrorismo por considerar que esta eventualidad estaría contemplada, según el caso, por el término "hostilidades" de la letra a) del apartado 1 del artículo 4) o por la letra a) del apartado 3 del artículo 8, relativa a los daños causados por terceros. El Consejo considera asimismo que no es necesario añadir una referencia específica a las "buenas prácticas agrícolas y forestales", porque esta cuestión se aborda con mayor acierto en la disposición horizontal de la letra b) del apartado 4 del artículo 8 ("estado de los conocimientos científicos y técnicos"). Por último, no se modificó la frase introductoria del artículo 4 para evitar una ampliación del ámbito de la Directiva.

Enmienda 91: el principio rector de esta enmienda se contempla parcialmente en el apartado 4 del artículo 8. En el caso de las actividades "autorizadas" o ejercidas conforme al "estado de los conocimientos científicos y técnicos", y siempre que el operador demuestre que no incurrió en falta o negligencia, compete al Estado miembro la decisión de permitir que el operador no sufrague los costes de las medidas reparadoras que se hayan tomado de conformidad con la Directiva.

Enmienda 41: parcialmente contemplada en el artículo 9, relativo a la imputación de los costes en caso de varios responsables.

Enmienda 44: contemplada implícitamente en la actual redacción del artículo 13.

Enmienda 47: incorporada en el apartado 2 del artículo 12.

Enmienda 107: la última parte de esta enmienda está incluida en el apartado 1 del artículo 14. Sin embargo, dada la escasa disponibilidad en el mercado de productos adecuados y sus consiguientes dificultades de aplicación, el Consejo no puede aceptar la sugerencia del Parlamento Europeo de imponer gradualmente la obligación de utilizar garantías financieras que cubran las actividades enumeradas en el anexo III de la Directiva.

Enmienda 52: el fundamento de esta enmienda se contempla en el artículo 15.

Enmienda 63: se incorpora en parte y en su esencia en el preámbulo del anexo II.

Enmienda 65: su fundamento se contempla en la última frase del apartado 1 del anexo II.

Enmienda 66: su fundamento se plasma en la primera frase del apartado 2 del anexo II.

Enmiendas 72 y 74: parcialmente presentes en los apartados 1.2.3 y 1.3.2 (del anexo II), respectivamente.

b) no incorporó 22 enmiendas (5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34, 35, 43, 106, 53, 54, 55, 60, 108, 76) en la Posición común.

En relación con las enmiendas 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 27, 33, 43, 106, 54, 55, 108 y 76, el Consejo suscribió la posición manifestada por la Comisión. En cuanto a las enmiendas 6, 17, 34, 35, 53 y 60, que fueron total o parcialmente aceptadas por la Comisión pero no incluidas en la Posición común, cabe señalar lo siguiente:

Enmienda 6: no se considera necesario este añadido, dado que el texto del proyecto de Directiva ya ofrece flexibilidad suficiente.

Enmienda 17: el Consejo prefirió no hacer esta modificación, habida cuenta de que los procedimientos de revisión previstos en el artículo 13 ya brindan suficiente cobertura, también en el caso de operadores.

Enmienda 34: no se incluyó esta enmienda sobre responsabilidad de los Estados miembros en caso de daño transfronterizo porque, en general, la posición común no estipula la responsabilidad subsidiaria del Estado, como inicialmente previó la Comisión.

Enmienda 35: esta enmienda sobre limitación de los costes de recuperación no se consideró necesaria, dado que, a tenor del apartado 4 del artículo 4, la Directiva sólo se aplicará a los daños, o amenazas inminentes de daños, cuando sea posible establecer la relación de causalidad ente los daños y las actividades de operadores concretos.

Enmienda 53: dada la existencia de legislación nacional en este ámbito, el Consejo ha preferido mantener el texto propuesto por la Comisión.

Enmienda 60: no se ha aceptado la referencia a la coincineración en el anexo III (2) porque, implícitamente, está recogida en el texto actual.

3. Principales innovaciones aportadas por el Consejo

Definiciones: se ha racionalizado el artículo 2, que contiene definiciones. Algunas de ellas se han suprimido y otras fusionado o trasladado al anexo pertinente (anexo II Reparación del daño ambiental) sin cambiar sustancialmente la propuesta de la Comisión. No obstante, en relación con la definición de "daño ambiental", el Consejo elaboró una serie de criterios, que ahora se recogen en el anexo I de la Directiva propuesta, para facilitar la evaluación del carácter "significativo" del daño a las especies y hábitats naturales protegidos.

Excepciones (artículo 4): la Posición común no excluye los daños causados por emisiones o incidentes permitidos por la legislación aplicable o autorizados en permisos o autorizaciones expedidas al operador o los daños causados por emisiones o actividades que no debieran considerarse nocivas con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos del momento en el que se produjo la emisión o se desarrolló la actividad. No obstante, en tales casos, los Estados miembros podrán permitir que el operador no sufrague los costes de las medidas reparadoras adoptadas con arreglo a la presente Directiva si éste demuestra que no incurrió en falta o negligencia (apartado 4 del artículo 8).

Se ha añadido en el artículo 4, relativo a las excepciones, un nuevo apartado en el que se contemplan dos instrumentos internacionales en materia de responsabilidad, en la navegación marítima y en la navegación interior respectivamente, con el fin de que los armadores puedan limitar su responsabilidad con arreglo a la legislación nacional.

Responsabilidad subsidiaria del Estado (apartado 4 del artículo 5 y apartado 3 del artículo 6): se ha modificado la obligación de los Estados miembros de garantizar que se tomen las medidas preventivas o reparadoras necesarias cuando no pueda saberse la identidad del operador responsable, éste incumpla sus obligaciones o no se le exija que sufrague los costes. En tales casos, con arreglo a la Posición común, la autoridad competente podrá decidir si adopta ella misma dichas medidas preventivas o reparadoras. Además, el artículo 6 diferencia entre la actividad reparadora a largo plazo y las respuestas inmediatas. En caso de producirse un accidente, con el fin de limitar o impedir mayores daños, el primer guión del apartado 1 del artículo 6 establece la inmediata contención y eliminación de contaminantes.

Imputación de los costes en caso de varios responsables: el artículo 9 de la Posición común se ha simplificado y deja esta cuestión en manos de los Estados miembros.

Solicitud de acción: el artículo 12 de la Posición común contempla también, con posibles adaptaciones, los casos de amenaza inminente de daño ambiental.

Aplicación temporal: el artículo 17 de la Posición común clarifica dichas disposiciones.

Informes y revisión: se ha añadido en el artículo 18 de la Posición común un nuevo apartado en el que se enumeran algunos de los puntos que la Comisión ha de revisar sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva. Parte del anexo VI, relativo a la información que ha de aportarse en los informes nacionales, ha pasado a ser facultativa para los Estados miembros.

Por último, se ha cambiado el orden de algunos artículos y se ha reorganizado su contenido (en el caso del artículo 4, añadiendo los anexos IV y V), sin hacer modificaciones esenciales. El anexo II (reparación del daño ambiental) y el anexo III (actividades a que hace referencia el artículo 3 sobre el ámbito de la Directiva) se han hecho más operativos. Los considerandos han experimentado algunos añadidos y cambios en consonancia con los nuevos elementos de la posición común.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que en su posición común, que incorpora las enmiendas mencionadas en el punto III.2.a), ha tomado ampliamente en consideración el dictamen emitido por el Parlamento Europeo en primera lectura. A su juicio, la posición común constituye una solución equilibrada y realista, habida cuenta de los intereses del público y de los operadores y del actual mercado de garantía financiera, que se basa ampliamente en la competencia de los Estados miembros, fijando al mismo tiempo una serie de normas y objetivos comunes para garantizar que éstos últimos puedan alcanzarse en un plazo de tiempo razonable.