COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.5.2016 COM(2016) 287 final 2016/0151(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 168 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El paisaje audiovisual está transformándose a un ritmo acelerado, debido a la creciente convergencia entre la televisión y los servicios distribuidos a través de internet. Los consumidores acceden cada vez en mayor medida a contenidos a la carta a través de televisores inteligentes o conectados y de dispositivos portátiles. Los consumidores jóvenes, en particular, contemplan vídeos, incluidos los contenidos generados por los usuarios, en internet. La radiodifusión tradicional sigue teniendo peso en la UE en términos de audiencia, ingresos por publicidad e inversiones en contenidos (aproximadamente un 30 % de los ingresos). No obstante, están surgiendo nuevos modelos empresariales. Las entidades de radiodifusión están ampliando sus actividades en línea y los nuevos operadores que ofrecen contenidos audiovisuales a través de internet (por ejemplo, proveedores de vídeo a petición y plataformas de distribución de vídeos) adquieren cada vez más fuerza y compiten por el mismo público. Sin embargo, la radiodifusión televisiva, el vídeo a petición y los contenidos generados por los usuarios están sujetos a normativas diferentes y a niveles de protección de los consumidores desiguales. La Estrategia del Mercado Único Digital para Europa aboga por la modernización de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) a fin de reflejar todas estas mutaciones en el mercado, el consumo y la tecnología. Pide que la Comisión se centre en el ámbito de aplicación de la DSCA y en la naturaleza de las normas aplicables a todos los agentes del mercado (especialmente las relativas a la promoción de obras europeas), la protección de los menores y la normativa sobre publicidad. En función de este compromiso, y de acuerdo con los requisitos de «legislar mejor», la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post (también denominada «REFIT»). Se evaluaron, en relación con la DSCA, su eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE, y se pusieron de relieve ámbitos en los que existe un potencial de simplificación, sin detrimento de los objetivos de la Directiva. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La Directiva 89/552/CEE del Consejo, modificada por las Directivas 97/36/CE y 2007/65/CE y codificada en la Directiva 2010/13/UE (DSCA), incluye normas relativas tanto a la «radiodifusión televisiva» como a los servicios de comunicación audiovisual a petición. La presente propuesta tiene en cuenta las transformaciones que se han producido en el paisaje audiovisual desde la última revisión a fin de garantizar que la DSCA constituya un marco jurídico moderno, flexible y orientado al futuro. •Coherencia con otras políticas de la Unión La propuesta complementa la legislación de la UE vigente, y en particular la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, la Directiva 2003/33/CE sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco, la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva 2011/93/UE sobre lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. En diciembre de 2015, la Comisión adoptó una propuesta de Acta Europea de Accesibilidad, que fija los requisitos de accesibilidad de una amplia gama de productos y servicios, incluidos los servicios de comunicación audiovisual. Por lo tanto, la revisión de la DSCA no aborda la cuestión de la accesibilidad. Directiva 2000/31/CE relativa al comercio electrónico (DCE) La DSCA actual no es aplicable a los contenidos generados por usuarios ofrecidos en las plataformas de distribución de vídeos, ya que los proveedores de servicios de dichas plataformas a menudo no tienen la responsabilidad editorial del contenido en ellas almacenado. En muchos casos, estos servicios están sujetos a la Directiva sobre comercio electrónico (DCE), pues constituyen servicios de la sociedad de la información. La DCE no exige que los intermediarios supervisen los contenidos que alojan; al contrario, prohíbe a los Estados miembros imponer una obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos que indiquen actividades ilícitas (artículo 15). De conformidad con dicha Directiva, los intermediarios, y más concretamente los proveedores de los servicios denominados de «alojamiento», están exentos de responsabilidad por cualquier información ilegal que alojen (artículo 14). Solo puede considerarse que un proveedor lo es de servicios de alojamiento con arreglo a la DCE cuando no tenga conocimiento ni control sobre la información en cuestión. Esta exención de responsabilidad solo es posible si los proveedores garantizan que, cuando se detecte un contenido ilícito, actuarán con prontitud para suprimirlo o hacerlo inaccesible. La presente propuesta complementaría la DCE en algunos puntos, como se explica a continuación en la sección 5, sin afectar a las citadas disposiciones de la Directiva ni a su artículo 3, relativo al mercado interior. Directiva relativa a la publicidad y patrocinio de los productos del tabaco (2003/33/CE) La Directiva 2003/33/CE prohíbe la publicidad de cigarrillos y otros productos del tabaco en la prensa y otras publicaciones impresas, así como en la radio y los servicios de la sociedad de la información. También prohíbe el patrocinio por parte de empresas tabaqueras de programas radiofónicos y acontecimientos transfronterizos. Además, el considerando 14 de la Directiva 2003/33/CE señala claramente que toda forma de comunicación comercial audiovisual de cigarrillos y otros productos del tabaco en los servicios de radiodifusión está prohibida por la DSCA. Tales restricciones se han hecho extensivas, a través de sucesivas modificaciones, a todas las comunicaciones comerciales audiovisuales, incluido el patrocinio y el emplazamiento de productos en los servicios de comunicación audiovisual (artículo 9, apartado 1, letra d), artículo 10, apartado 2, y artículo 11, apartado 4, letra a), de la DSCA). Además, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra e), de la Directiva 2014/40/UE sobre la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados, las prohibiciones aplicables a las comunicaciones relativas a los productos del tabaco en virtud de la DSCA son también aplicables a los cigarrillos electrónicos y envases de recarga. La prohibición de las comunicaciones comerciales en lo que respecta al tabaco y productos relacionados se recuerda en un considerando de la Directiva ahora propuesta. Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales (DPCD) La DPCD constituye el principal corpus legislativo de la UE sobre prácticas comerciales entre empresas y consumidores, como la publicidad engañosa. Se aplica a todas las prácticas comerciales entre empresas y consumidores, antes, durante y después de producirse una transacción, sea en línea o fuera de línea.

La DPCD establece tres niveles de protección del consumidor: 1.La lista negra de 31 prácticas comerciales específicas que están prohibidas en cualquier circunstancia. 2.Las prácticas engañosas y agresivas, que deben evaluarse caso por caso. 3.La prohibición general de las prácticas desleales contrarias a la diligencia profesional, que deben evaluarse caso por caso. Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil La Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil armoniza en toda la Unión los delitos relacionados con el abuso sexual de los niños, la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Asimismo, establece sanciones mínimas. •Coherencia con las obligaciones derivadas del Derecho internacional Veintiún Estados miembros de la UE son partes contratantes del Convenio Europeo de 1989 sobre Televisión Transfronteriza (CETS nº 132), que fue modificado por un Protocolo de 1998. La Unión no es Parte en dicho Convenio. El Convenio autoriza a las partes contratantes a aplicar normas más estrictas o más detalladas a los servicios de programas transmitidos por las entidades de radiodifusión que están bajo su competencia judicial. En la medida en que algunas de las normas actuales de la DSCA son menos estrictas que las del Convenio, la aplicación de dichas normas por parte de los Estados miembros de la UE que son partes contratantes en el Convenio podría ya dar lugar a algunas diferencias entre los Estados miembros de la UE, dependiendo de si son partes contratantes en el Convenio, con respecto a sus obligaciones internacionales. Lo mismo sucederá con algunas de las modificaciones contenidas en la presente propuesta, que introduciría en la DSCA nuevas normas que son menos estrictas que las del Convenio. En lo que se refiere a los asuntos cubiertos por la DSCA, la Unión ha adquirido una competencia exclusiva para celebrar acuerdos internacionales. Cualquier modificación de las obligaciones derivadas del Convenio exige, por tanto, una actuación de la Unión. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La DSCA se basa en las competencias de la UE para coordinar las legislaciones de los Estados miembros para impulsar la libre prestación de servicios en el mercado interior (artículo 53, apartado 1, del TFUE, leído en relación con el artículo 62 del TFUE). •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) El mercado audiovisual tiene una dimensión cada vez más europea, en particular debido al crecimiento del sector en línea y al hecho de que las cadenas de televisión están adquiriendo un carácter más internacional. A finales de 2013, estaban establecidas en la UE 5 141 cadenas de televisión (sin contar los canales y ventanas locales). De ellas, casi 1 989 estaban dirigidas a mercados exteriores (ya sean de la UE o de fuera de la UE). Este porcentaje había pasado del 28 % en 2009 (año de la aplicación) hasta el 38 % en 2013. En lo que respecta a los servicios de vídeo a la carta, un promedio del 31 % de los servicios de este tipo disponibles en un Estado miembro están establecidos en otro país de la UE (2015). Estas cifras subrayan el valor añadido permanente de la intervención de la UE. La propuesta respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad al mantener, en general, un enfoque de armonización mínima y mejorar los mecanismos de excepción y de elusión. Ello permitirá a los Estados miembros tener en cuenta sus circunstancias nacionales. Los Estados miembros han adoptado, en la práctica, normas más estrictas, en particular en lo que se refiere a la definición de servicio de comunicación audiovisual a petición, la creación de autoridades reguladoras nacionales, la promoción de las obras europeas, la protección de menores y las comunicaciones comerciales. Habida cuenta de que la DSCA prevé una armonización mínima, las normas vigentes solo puede simplificarse a nivel de la UE. En cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación de la DSCA a las plataformas de distribución de vídeos, la acción de la UE garantiza la coherencia con los servicios ya cubiertos por dicha Directiva. Una armonización máxima en este ámbito impide cualquier posible fragmentación futura resultante de la intervención nacional. •Proporcionalidad

Como se ha señalado anteriormente, al mantener el enfoque de armonización mínima y los mecanismos de cooperación, la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad. •Elección del instrumento La Directiva propuesta recomienda la utilización de la corregulación y la autorregulación, en particular en lo que se refiere a la protección de los menores, la lucha contra la incitación al odio y las comunicaciones comerciales. Se considera que estos regímenes gozan de amplia aceptación entre los principales interesados y permiten su aplicación efectiva. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente La conclusión general es que los objetivos de la DSCA siguen siendo pertinentes. La evaluación constató que el principio del país de origen ha permitido el desarrollo y la libre circulación de los servicios de comunicación audiovisual en la UE, con seguridad jurídica, y ha contribuido a reducir los costes de cumplimiento de los proveedores y a ampliar las posibilidades de elección de los consumidores. La evaluación en el contexto del programa REFIT concluyó que existe un margen para la simplificación, específicamente de los procedimientos que respaldan la aplicación del «principio del país de origen» (PPO) (es decir, los criterios que determinan la competencia judicial sobre los proveedores y los procedimientos de excepción y cooperación que limitan la libertad de recepción y retransmisión en casos específicos) y de algunas normas sobre las comunicaciones comerciales. Otras disposiciones no resultan ya adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos, debido principalmente a la evolución del mercado y a los cambios en las pautas de visionado. La Directiva también se simplifica a través de la armonización de las normas sobre protección de menores en la radiodifusión televisiva y en los servicios a la carta. •Consultas con las partes interesadas En 2013, la Comisión publicó el Libro Verde «Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores» e invitó a las partes interesadas a exponer sus puntos de vista sobre el panorama cambiante de los medios de comunicación y la internet sin fronteras, en particular en relación con las condiciones del mercado, la interoperabilidad y la infraestructura, y sus consecuencias para la normativa de la UE. Las conclusiones del Libro Verde se reflejan en el documento sobre las respuestas y su resumen, publicado por la Comisión en septiembre de 2014. Con vistas a la revisión actual de la DSCA, la Comisión llevó a cabo una consulta pública, denominada «La DSCA: Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI», que se desarrolló entre el 6 de julio y el 30 de septiembre de 2015. Los resultados principales en lo que se refiere a las opciones políticas para el futuro fueron: –la convergencia de los puntos de vista de las partes interesadas en cuanto a la necesidad de posibles cambios en las normas sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, aun sin que existiera un patrón común ni claro entre ellas por lo que se refiere a la forma de avanzar; –la convergencia de puntos de vista en cuanto a la necesidad de garantizar la independencia de las autoridades reguladoras nacionales; –el apoyo de las partes interesadas al mantenimiento del statu quo por lo que respecta al principio del país de origen; las obligaciones de transmisión/localización; la accesibilidad para las personas con discapacidad; las normas sobre acontecimientos importantes para la sociedad, los resúmenes informativos y el derecho de réplica; –no hay un consenso claro entre las partes interesadas sobre las comunicaciones comerciales, la protección de los menores y la promoción de las obras europeas. Entre los diferentes grupos de contribuyentes surgieron las siguientes tendencias: –buena parte de los representantes del sector de la radiodifusión abogaba por garantizar unas condiciones de competencia equitativas mediante la regulación de los nuevos servicios y/o la flexibilización de las normas existentes; –las organizaciones de consumidores pedían el refuerzo de las normas de la DSCA destinadas a proteger a los espectadores, en particular a los más vulnerables; –el sector de internet, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) instaba a no introducir nuevas reglamentaciones, con el fin de salvaguardar la innovación;

–la industria de contenidos solicitaba el reforzamiento de las normas destinadas a promover las obras europeas en todos los servicios de comunicación audiovisual. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La Comisión se basó en el siguiente asesoramiento externo: –Recomendaciones políticas de otras instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. –Recopilación de datos sobre costes y beneficios de la DSCA. El cuestionario fue elaborado por un grupo de trabajo de los reguladores audiovisuales de los Estados miembros reunido por la Comisión Europea. Se presentó a los reguladores de los Estados miembros en el marco del Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA), a los sectores pertinentes de la industria y a las organizaciones de consumidores. Su envío se produjo en mayo y junio de 2015. En él se preguntaba sobre las ventajas e inconvenientes de ciertas normas de la DSCA y se solicitaban datos cuantitativos en términos de ingresos anuales o costes directos e indirectos de su cumplimiento. Hacía referencia a las normas sobre: 1. Las comunicaciones comerciales 2. Las obras europeas 3. La protección de menores 4. El principio del país de origen El período de referencia para las cuestiones cuantitativas era de 2010 a 2014, inclusive. Se recibieron 107 respuestas: 40 procedentes de cadenas comerciales de radiodifusión(38 %), 20 de organismos de radiodifusión públicos (19 %), 18 de proveedores de vídeo a la carta (17 %), 12 de asociaciones nacionales centradas en la protección de los menores (12 %), 10 de asociaciones nacionales que representan a productores independientes (10 %) y 4 de asociaciones de consumidores (4 %). También participaron una asociación que representa a los organismos de radiodifusión y otra que representa a los vendedores de espacios publicitarios. Las entidades que enviaron respuestas están establecidas en 19 Estados miembros. –Estudios y dictámenes del Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA). En su programa de trabajo de 2015, el ERGA se comprometió a facilitar análisis e informes sobre cuatro temas principales: la independencia de las autoridades reguladoras del sector audiovisual: la competencia judicial material en un mundo audiovisual convergente; la protección de los menores en el entorno fruto de la convergencia; y la cuestión de la competencia judicial territorial en el contexto de la UE. Cada tema se abordó en subgrupos con participación de miembros del ERGA. Los tres primeros informes fueron adoptados por el procedimiento escrito (con arreglo al artículo 11 del reglamento interno del ERGA) en diciembre de 2015. El informe sobre la competencia judicial territorial se adoptará en el transcurso de 2016. –Estudios externos sobre la exposición a la publicidad de bebidas alcohólicas, las repercusiones de la comercialización en línea para los niños, la independencia de los reguladores del sector audiovisual, la autorregulación y corregulación y la normalización: –Un estudio sobre la exposición a la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de evaluar si las normas relativas a la comunicación comercial audiovisual sobre bebidas alcohólicas han conferido a los menores el nivel de protección requerido. –Un estudio sobre las repercusiones en el comportamiento de los niños del marketing a través de las redes sociales, los juegos en línea y las aplicaciones móviles. El informe final se publicará en mayo de 2016. –Un estudio sobre la independencia de los reguladores del sector audiovisual, que actualiza un estudio anterior sobre la independencia de las autoridades reguladoras. En él se informa sobre los cambios y novedades recientes en los Estados miembros y los países candidatos en lo que se refiere a la independencia y el funcionamiento eficiente de los organismos reguladores de los servicios de comunicación audiovisual. El informe final se publicó el 8 de diciembre de 2015. –Un estudio sobre la autorregulación que revisa los planteamientos de autorregulación existentes en una serie de Estados miembros y tiene por objetivo proporcionar información sobre los datos pertinentes de los sistemas existentes y su eficacia. El informe final está previsto para el segundo trimestre de 2016. –Cuatro estudios sobre encuestas y recopilación de datos al servicio de la evaluación del impacto de una posible nueva propuesta legislativa sobre la DSCA, encargados en virtud del contrato marco EAC-22-201. Se refieren a las comunicaciones comerciales, la protección de menores, la diversidad cultural y la libertad de los medios de comunicación/el interés público y el acceso de las personas con discapacidad. Los proyectos de informes finales de los estudios se enviarán a la Comisión en el segundo trimestre de 2016. –Dos informes de Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (EAO) («Estudio sobre los datos e información relativa a los costes y beneficios de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA)» y «Mercados a la carta en la Unión Europea —evolución en 2014 y 2015») realizados en el contexto del contrato marco PN/2011-27/A6. Estos dos informes se centran en: 1.la medición de audiencias;

2.la publicidad en línea en la UE; 3.el mercado de los abonos al vídeo a la carta en la UE en 2014; 4.la visibilidad de las películas en los servicios a la carta; 5.la proporción de obras de ficción europeas en una muestra de canales de televisión; 6.los servicios audiovisuales a petición, incluyendo los ingresos y la inversión en programación original; 7.los servicios audiovisuales lineales, incluyendo los ingresos y la inversión en programación original. •Evaluación de impacto El resumen de la evaluación de impacto y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario pueden consultarse en el sitio web de la Comisión: XXX Se han examinado las opciones siguientes (en cada sección, se subraya la opción preferida): 8.Opciones que abordan el problema de la insuficiente protección de los menores y los consumidores en las plataformas de distribución de vídeos La opción A fomenta la autorregulación para la protección de los menores y los consumidores en las plataformas de distribución de vídeos. La opción B impone a las plataformas de distribución de vídeos una obligación de medios en relación con la protección de los menores y la incitación al odio, aplicada a través de la corregulación. 9.Opciones que abordan el problema de la ausencia de condiciones de competencia equitativas y los puntos débiles del mercado interior a) Promoción de las obras europeas La opción A ofrece más flexibilidad tanto a la radiodifusión televisiva como a los servicios a petición en cuanto a la forma de cumplir la obligación de promover las obras europeas. La opción B mantiene el statu quo para la radiodifusión televisiva y refuerza las normas para los prestadores de servicios a petición. b) Protección de los menores en los servicios a petición La opción A aumenta el nivel de protección de los menores en los servicios de comunicación audiovisual a petición, simplifica la noción de contenidos nocivos y favorece la corregulación sobre descriptores de contenidos en la UE. c) Principio del país de origen

La opción A simplifica y mejora las normas sobre competencia y los procedimientos de cooperación. d) Independencia de los reguladores La opción A exige que los Estados miembros dispongan de una autoridad reguladora independiente y establece una serie de requisitos para respaldar su independencia y eficacia. Se refuerza la función de coordinación y asesoramiento del ERGA y se incluye en la DSCA. 10.Opción que aborda el problema de las normas sobre comunicaciones comerciales que no resultan ya adecuadas para su finalidad prevista. La opción A flexibiliza algunas de las normas relativas a las comunicaciones comerciales audiovisuales. Se considera que la combinación de las opciones preferidas ofrece el mejor equilibrio entre la necesidad de introducir flexibilidad con respecto a los niveles actuales de regulación y la garantía de una adecuada protección de los consumidores. Por una parte, la industria se beneficiará de unas normas cuantitativas más flexibles sobre las comunicaciones comerciales. La mayor eficiencia del principio del país de origen y los requisitos para la independencia de los reguladores mejoraría el entorno empresarial en el que actúan los agentes audiovisuales. Por otra parte, se garantizará al consumidor un elevado nivel de protección mediante la extensión limitada de la DSCA a las plataformas de distribución de vídeos y el refuerzo de los requisitos aplicables a los servicios a petición por lo que respecta a la protección de los menores. Los consumidores también se beneficiarán de un mayor acceso a las obras europeas en los servicios a petición. Todas las opciones tienen en cuenta, si procede, la necesidad de flexibilidad del sector al considerar la posible aplicación a través de la autorregulación o la corregulación (ámbito de aplicación, información sobre los contenidos nocivos). La mayoría de las opciones se complementan mutuamente. Por ejemplo, la independencia de los reguladores será de vital importancia si los Estados miembros deciden encomendarles la aplicación de las nuevas normas relativas a las plataformas de distribución de vídeos. También el aumento potencial de los ingresos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual derivado de la mayor flexibilidad de las normas cuantitativas sobre publicidad abrirá la posibilidad de una mayor contribución a la producción de obras europeas. La combinación de opciones logra una mayor igualdad de condiciones entre los distintos agentes del mercado de la comunicación audiovisual a través, por ejemplo, de la elevación del nivel de determinados requisitos aplicables a los servicios a petición y las plataformas de distribución de vídeos en relación con la protección de los consumidores y la promoción de las obras europeas, al tiempo que se aporta más flexibilidad a los servicios de radiodifusión televisiva en relación con determinadas normas sobre las comunicaciones comerciales. •Adecuación regulatoria y simplificación La evaluación ex post señaló que las comunicaciones comerciales constituían uno de los ámbitos en los que podría concederse mayor flexibilidad, en particular por lo que se refiere a las cadenas de televisión. El mercado de la radiodifusión televisiva ha evolucionado y es necesaria una mayor flexibilidad por lo que se refiere a las comunicaciones comerciales audiovisuales, y en particular a las normas cuantitativas para los servicios de comunicación audiovisual lineales, el emplazamiento de productos y el patrocinio. La aparición de nuevos servicios, incluso sin publicidad, ha conducido a una mayor libertad de elección para los espectadores, que pueden pasar fácilmente a ofertas alternativas. El emplazamiento de productos puede generar importantes recursos adicionales para los prestadores de servicios de comunicación. El marco reglamentario debe adaptarse a esta nueva situación, mediante una mayor flexibilidad con respecto a las normas relativas a los servicios de radiodifusión. En este contexto, la propuesta permite (en determinadas circunstancias) el emplazamiento de productos e introduce una mayor flexibilidad por lo que respecta a las normas cuantitativas. Al mismo tiempo, la propuesta tiene en cuenta los datos recopilados sobre los posibles efectos del emplazamiento de productos sobre los niños, ya que sigue limitando su exposición a tales contenidos. Por lo que se refiere a los posibles ahorros para los proveedores de servicios, serían bastante limitados. Los horarios de la publicidad constituyen un elemento fundamental de la programación de la radiodifusión y las normas cuantitativas impuestas por la DSCA son solo una pequeña parte de los muchos parámetros que se tienen en cuenta en las estrategias de programación, cuyo objetivo es optimizar la audiencia y los ingresos. Los costes relacionados con la programación, incluidos los informáticos, son «costes derivados de la actividad normal», es decir que se soportarían incluso en ausencia de la DSCA. Por lo que se refiere a las autoridades reguladoras nacionales, no les supondría costes administrativos adicionales. En la actualidad, las actividades de los reguladores relacionadas con la supervisión y control del cumplimiento de la limitación del 20 % de publicidad por hora de televisión ascienden hasta a un millón EUR. Por lo que se refiere a la normativa sobre emplazamiento de productos y patrocinio, sus costes ascienden respectivamente a 2,2 millones EUR y 2.1 millones EUR al año a nivel de la UE. Dado que una parte importante de estos costes deriva de la aplicación de criterios subjetivos, como la prominencia indebida del emplazamiento de productos, los gastos corrientes de los reguladores disminuirán ciertamente. Sin embargo, no resulta posible cuantificar estos ahorros con precisión. Por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las microempresas, la propuesta prevé posibles excepciones en relación con las disposiciones sobre promoción de las obras europeas. En efecto, los Estados miembros quedarían autorizados a establecer excepciones respecto a los servicios de comunicación audiovisual temáticos o de baja audiencia. En relación con las disposiciones relativas a la protección de los consumidores, incluidos los menores, la propuesta no prevé excepciones para las pymes y las microempresas, ya que afectan a valores de extremada importancia. •Derechos fundamentales La propuesta tiene también plenamente en cuenta los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la protección de los datos de carácter personal (artículos 7 y 8), la libertad de expresión y de información (artículo 11), la libertad de empresa (artículo 16) y la no discriminación (artículo 21), los derechos del niño (artículo 24) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información El seguimiento de la aplicación seguirá corriendo a cargo de la Comisión sobre la base de: –informes de aplicación de la Comisión, sobre la Directiva en su conjunto, dos años después de su adopción y, posteriormente, cada tres años; –informes sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la promoción de las obras europeas cada dos años (para la radiodifusión televisiva y los servicios a petición); –seguimiento de la aplicación de las disposiciones sobre las plataformas de distribución de vídeos sobre la base de un estudio independiente llevado a cabo después de la transposición; –seguimiento de la aplicación de la disposición sobre los descriptores de contenidos para la protección de los menores. •Documentos explicativos (para las Directivas) No aplicable. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Se mantiene el principio del país de origen para los proveedores de servicios de comunicación, fortaleciéndolo mediante la simplificación de las normas que determinan qué país es competente y la mejora de los mecanismos de derogación en caso de excepciones. La Directiva modificada se seguirá basando en una armonización mínima. No obstante, se busca un mayor grado de armonización reforzando la independencia de los reguladores audiovisuales. Se trata de una novedad importante, dado el papel clave de los reguladores del sector audiovisual en la configuración y preservación del mercado interior. Además, reviste gran importancia para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación. La propuesta refuerza el papel del Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA) y le confiere más cometidos en el asesoramiento y asistencia a la Comisión para una aplicación coherente de la Directiva en todos los Estados miembros. Como consecuencia de ello, la Decisión de la Comisión, de 3 de febrero de 2014, por la que se crea el Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual quedará derogada cuando entre en vigor la Directiva. Se suprime el artículo 7 de la Directiva actual, habida cuenta de que la propuesta de Acta Europea de Accesibilidad establece ya unos requisitos comunes más estrictos en materia de accesibilidad para los prestadores de servicios de comunicación. Por lo que se refiere a la protección de los menores, la Directiva revisada prevé la armonización de las normas de protección para la radiodifusión televisiva y los servicios a petición. El artículo 12 exige que los programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores se propongan únicamente de tal manera que quede garantizado que normalmente los menores no los verán ni oirán. Todo ello con independencia de si estos programas los difunden las cadenas de televisión o los prestadores de servicios audiovisuales a petición. Con vistas a esta armonización, se suprime el artículo 27 de la Directiva actual (aplicable solo a la radiodifusión televisiva). La Directiva revisada crea unas condiciones más equitativas para la promoción de las obras europeas, al obligar a los servicios a petición a reservar en sus catálogos una cuota de al menos un 20 % a las obras europeas y garantizar la adecuada visibilidad de dichas obras (artículo 13). El artículo 13 también permitirá a los Estados miembros imponer contribuciones financieras (inversiones directas o exacciones asignadas a fondos cinematográficos nacionales) a los servicios a petición dentro de su competencia judicial, así como, en determinadas condiciones, a los establecidos en otro Estado miembro, pero dirigidos a su público nacional. A fin de garantizar que las obligaciones en materia de promoción de las obras europeas no socaven el desarrollo del mercado y permitir la entrada de nuevos operadores, las empresas con escasa presencia en el mercado no deben estar sujetas a tales requisitos. Este es el caso, en particular, de las empresas con un bajo volumen de negocio. La presente propuesta garantiza un equilibrio entre la competitividad y la protección de los consumidores mediante, por un lado, la introducción de una mayor flexibilidad en todos los servicios de comunicación audiovisual en materia de emplazamiento de productos y patrocinio y una mayor flexibilidad para la radiodifusión televisiva. La limitación horaria se sustituye por un límite diario del 20 % de publicidad durante el período comprendido entre las 7.00 y las 23.00 horas (artículo 23). Las películas realizadas para la televisión, las obras cinematográficas y los noticiarios podrían interrumpirse con mayor frecuencia (artículo 20) y serían admisibles los anuncios aislados (artículo 19). Por otra parte, la futura Directiva reforzará asimismo las disposiciones que protegen a los menores de las comunicaciones comerciales audiovisuales inadecuadas de alimentos con alto contenido en grasas, sal o sodio y azúcares y bebidas alcohólicas, fomentando, en caso necesario, los códigos de conducta a escala de la UE (artículo 9, apartados 2 y 4). Otra novedad es la ampliación de su ámbito de aplicación para cubrir, en determinados aspectos, los servicios de las plataformas de distribución de vídeos que no tienen la responsabilidad editorial sobre los contenidos que almacenan, pero organizan dichos contenidos por diversos medios. La Directiva modificada introduciría la obligación de los Estados miembros de velar por que, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, los proveedores de plataformas de distribución de vídeos adopten, preferiblemente a través de la corregulación, las medidas adecuadas para: i) proteger a los menores frente a los contenidos nocivos; y ii) proteger a todos los ciudadanos contra la incitación a la violencia o al odio. La propuesta establece lo que pueden implicar esas medidas, según proceda en cada caso. El sistema sería compatible con la exención de responsabilidad de los proveedores de servicios de alojamiento establecida en artículo 14 de la DCE, en la medida en que la disposición se aplica en un caso particular, ya que estas obligaciones se refieren a las responsabilidades del proveedor en el ámbito organizativo y no implican responsabilidad por cualquier información ilícita almacenada en las plataformas como tal.

Los Estados miembros siguen estando vinculados por las disposiciones de la DCE. Por tanto, no podrían imponer a los proveedores una obligación general de supervisar el contenido ni de participar activamente en investigaciones, sin que esto excluya la imposición de requisitos de supervisión en casos concretos (artículo 15 de la DCE). Los Estados miembros no estarán autorizados a exigir a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos bajo su competencia judicial que apliquen medidas más estrictas que las previstas en la Directiva, en su versión modificada. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas que los Estados miembros puedan aplicar, con arreglo a la Directiva 2000/31/CE, por lo que se refiere a los contenidos ilícitos almacenados en las plataformas. Debe entenderse, asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE, que exige a los Estados miembros que adopten medidas contra los sitios web que contengan o difundan pornografía infantil. En particular, se prevé que los Estados miembros puedan adoptar medidas para bloquear el acceso a las páginas web que contengan o difundan pornografía infantil a los usuarios de internet en su territorio, sin perjuicio de las salvaguardias necesarias para garantizar la transparencia, necesidad y proporcionalidad de tales medidas, así como la posibilidad de reparación legal. Por lo que respecta a la prestación de servicios de la sociedad de la información a partir de otro Estado miembro, la DCE establece el principio del país de origen, sujeto a una serie de posibles excepciones (artículo 3). Este sistema continuará aplicándose a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos. La propuesta tiene por objeto garantizar que se apliquen también las mismas normas a los proveedores que no estén establecidos en un Estado miembro, pero tengan una empresa matriz, una filial u otra entidad del mismo grupo que sí lo esté. La Comisión facilitará, con el apoyo del ERGA, la coordinación de los códigos de conducta a escala de la UE. Por otra parte, debería preverse un mecanismo de reclamación y reparación a nivel nacional. 2016/0151 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La última modificación sustancial de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, posteriormente codificada por la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, se llevó a cabo en 2007 con la adopción de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Desde entonces, el mercado de los servicios de comunicación audiovisual ha evolucionado de forma significativa y rápida. Los avances técnicos hacen posibles nuevos tipos de servicios y experiencias de los usuarios. Los hábitos de visionado, en particular de las generaciones más jóvenes, han cambiado significativamente. Aunque la pantalla de televisión principal siga siendo un dispositivo importante para compartir experiencias audiovisuales, muchos de los espectadores contemplan los contenidos audiovisuales en otros dispositivos, de tipo portátil. Los contenidos televisivos tradicionales siguen representando un porcentaje importante del tiempo de visionado diario medio. No obstante, los nuevos tipos de contenidos, como los vídeos cortos o los contenidos generados por los usuarios, adquieren cada vez más importancia y los nuevos proveedores, incluidos los de servicios de vídeo a petición y de plataformas de distribución de vídeos, están ya bien asentados. (2)El 6 de mayo de 2015, la Comisión adoptó una «estrategia para el mercado único digital de Europa», en la que anunciaba una revisión de la Directiva 2010/13/UE. (3)La Directiva 2010/13/UE debe seguir siendo aplicable únicamente a aquellos servicios cuyo objeto principal es suministrar programas con el fin de informar, entretener o educar. Debería también considerarse que se cumple el requisito del objetivo principal si el servicio tiene una forma y contenido audiovisuales disociables de la actividad principal del prestador de servicios, como las partes autónomas de los periódicos en línea que ofrecen programas audiovisuales o vídeos generados por usuarios, en los que estas partes puede considerarse disociables de su actividad principal. No se incluyen los servicios de redes sociales, excepto si prestan un servicio que entra en el ámbito de la definición de plataforma de distribución de vídeos. Un servicio debe considerarse meramente un complemento indisociable de la actividad principal como consecuencia de los vínculos entre la oferta audiovisual y la actividad principal. Como tales, los canales o cualquier otro servicio audiovisual que estén bajo la responsabilidad editorial de un proveedor pueden constituir servicios de comunicación audiovisual en sí mismos, aunque se ofrezcan en el marco de una plataforma de distribución de vídeos, que se caracteriza por la ausencia de responsabilidad editorial. En tales casos, corresponderá a los proveedores con responsabilidad editorial atenerse a lo dispuesto en la presente Directiva.

(4)Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la presente Directiva, resulta fundamental que los Estados miembros mantengan unos registros actualizados de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y de los proveedores de plataformas de distribución de vídeos bajo su competencia judicial y compartan periódicamente estos registros con sus autoridades reguladoras independientes competentes y con la Comisión. Estos registros deben incluir información sobre los criterios en los que se fundamenta la competencia judicial. (5)Determinar la competencia judicial exige evaluar las situaciones de hecho sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva 2010/13/UE. La evaluación de tales situaciones de hecho puede dar lugar a resultados contradictorios. En la aplicación de los procedimientos de cooperación previstos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2010/13/UE, es importante que la Comisión pueda basar sus conclusiones en datos fiables. El Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA) debe, por lo tanto, estar facultado para formular dictámenes en materia de competencia judicial a petición de la Comisión. (6)Los procedimientos y las condiciones para restringir la libertad de prestación y recepción de servicios deben ser los mismos para los servicios lineales y no lineales. (7)En su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Un programa de la UE» , la Comisión hizo hincapié en que, al estudiar las soluciones políticas, tendrá en cuenta los medios tanto reglamentarios como no reglamentarios bien concebidos, siguiendo el modelo de la Comunidad de Prácticas y los principios para una mejor autorregulación y corregulación. Se ha demostrado que una serie de códigos establecidos en los ámbitos coordinados por la Directiva están bien concebidos, en consonancia con los principios para una mejor autorregulación y corregulación. La existencia de un mecanismo legislativo de protección se ha considerado un importante factor de éxito a la hora de promover el cumplimiento de un código de autorregulación o de corregulación. Es igualmente importante que los códigos establezcan objetivos y metas específicos que permitan un seguimiento y una evaluación periódicos, transparentes e independientes de los objetivos de los códigos. Se suele considerar que las sanciones progresivas que mantengan un elemento de proporcionalidad constituyen un enfoque eficaz a la hora de garantizar el cumplimiento de un régimen. Los códigos de autorregulación o corregulación adoptados en los ámbitos coordinados por la presente Directiva deben ajustarse a estos principios. (8)Con el fin de garantizar la coherencia y dar seguridad a las empresas y las autoridades de los Estados miembros, procede ajustar el concepto de «incitación al odio», en la medida que corresponda, a la definición que figura en la Decisión marco 2008/913/JHA del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, que define la incitación al odio como «la incitación pública a la violencia o al odio». Deben ajustarse igualmente los motivos en los que se basa la incitación a la violencia o al odio. (9)Con el fin de facultar a los espectadores, incluidos los padres y menores de edad, para adoptar decisiones con conocimiento de causa acerca de los contenidos que se contemplan, es necesario que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual faciliten información suficiente acerca de los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante un sistema de descriptores de contenidos que indicasen la naturaleza de estos. Los descriptores de contenidos se podrían presentar a través de medios escritos, gráficos o acústicos. (10)Existen directrices nutricionales ampliamente reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como el modelo de perfiles nutricionales de la Oficina Regional para Europa de la OMS, que permiten diferenciar los alimentos sobre la base de su composición nutricional en el contexto de la publicidad televisiva dirigida a los niños. Debe alentarse a los Estados miembros a garantizar el uso de los códigos de conducta de autorregulación y corregulación para reducir eficazmente la exposición de los niños y los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a alimentos y bebidas con alto contenido en sal, azúcares o grasas, o que no se ajustan por otros conceptos a estas directrices nutricionales nacionales o internacionales. (11)De igual modo, debe alentarse a los Estados miembros a garantizar el uso de los códigos de conducta de autorregulación y corregulación para limitar la exposición de los niños y los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas. Existen algunos sistemas de corregulación o autorregulación a nivel nacional y de la Unión cuyo fin es la comercialización responsable de las bebidas alcohólicas, en particular en las comunicaciones comerciales audiovisuales. Conviene fomentar aún más dichos sistemas, en particular los destinados a garantizar que las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas vayan acompañadas de mensajes sobre consumo responsable. (12)Con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de los servicios transfronterizos dentro de la Unión, es necesario garantizar la eficacia de las medidas de autorregulación y corregulación destinadas, en particular, a proteger a los consumidores o la salud pública. Correctamente aplicados y supervisados, los códigos de conducta a nivel de la Unión podrían constituir una buena forma de garantizar un planteamiento más coherente y eficaz. (13)El mercado de la radiodifusión televisiva ha evolucionado y es necesaria una mayor flexibilidad por lo que se refiere a las comunicaciones comerciales audiovisuales, y en particular a las normas cuantitativas para los servicios de comunicación audiovisual lineales, el emplazamiento de productos y el patrocinio. La aparición de nuevos servicios, incluso sin publicidad, ha conducido a una mayor libertad de elección para los espectadores, que pueden pasar fácilmente a ofertas alternativas. (14)El patrocinio representa un importante medio de financiación de los servicios o programas de medios audiovisuales, promoviendo al mismo tiempo el nombre, la marca, la imagen, las actividades o los productos de una persona física o jurídica. Así, para que el patrocinio constituya una forma valiosa de técnica publicitaria para los anunciantes y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, los anuncios de patrocinio pueden contener referencias promocionales a los productos o servicios del patrocinador, pero sin incitar directamente a la compra de bienes y servicios. Los anuncios de patrocinio deben seguir informando claramente a los espectadores de la existencia de un acuerdo de patrocinio. El contenido de un programa patrocinado no debe verse influido de manera que se vea afectada la independencia editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual. (15)La liberalización del emplazamiento de productos no ha aportado el esperado despegue de esta forma de comunicación comercial audiovisual. En particular, la prohibición general de emplazamiento de productos, con algunas excepciones, no ha dado seguridad jurídica a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Así pues, debería permitirse el emplazamiento de productos en todos los servicios de comunicación audiovisual, con determinadas excepciones. (16)El emplazamiento de productos no debe admitirse en los programas de noticias y actualidad, los programas de asuntos del consumidor, los programas religiosos y los programas con una importante audiencia infantil. En particular, está demostrado que el emplazamiento de productos y la publicidad incorporada pueden afectar al comportamiento de los niños, ya que estos a menudo no son capaces de reconocer los contenidos comerciales. Por consiguiente, es necesario mantener la prohibición del emplazamiento de productos en programas con una importante audiencia infantil. Los programas de asuntos del consumidor ofrecen asesoramiento a los espectadores, o incluyen análisis sobre la compra de productos y servicios. Permitir el emplazamiento de productos en dichos programas desdibujaría la distinción entre publicidad y contenido editorial de cara a los espectadores que pueden esperar en dichos programas un análisis genuino y leal de los productos o servicios. (17)La norma de que no debe darse una prominencia indebida a un producto ha resultado difícil de aplicar en la práctica. Además, limita el despegue del emplazamiento de productos que, por definición, implica cierto nivel de exposición prominente para poder generar valor. Los requisitos relativos a los programas que contengan emplazamiento de productos deberán centrarse, por lo tanto, en informar claramente a los espectadores de la existencia de dicho emplazamiento y en garantizar que no se vea afectada la independencia editorial del prestador de servicios de comunicación audiovisual. (18)Dado que el incremento del número de servicios nuevos ha propiciado una mayor libertad de elección para los espectadores, se concede a los organismos de radiodifusión una mayor flexibilidad con respecto a la inserción de anuncios publicitarios y de televenta cuando ello no redunde en un perjuicio indebido de la integridad de los programas. No obstante, a fin de salvaguardar el carácter específico del panorama televisivo europeo, deben seguir limitándose las interrupciones de las obras cinematográficas y películas realizadas para la televisión, así como de algunas categorías de programas que siguen necesitando protección específica. (19)Aunque la presente Directiva no incrementa el tiempo global admisible de publicidad durante el período comprendido entre las 7.00 y las 23.00 horas, es importante que los organismos de radiodifusión disfruten de una mayor flexibilidad para decidir cuándo programan los anuncios, a fin de maximizar la demanda de los anunciantes y el flujo de espectadores. Conviene, pues, suprimir la limitación horaria e introducir un límite diario de un 20 % de publicidad en el período comprendido entre las 7.00 y las 23.00 horas. (20)Muchos organismos de radiodifusión forman parte de grandes grupos de medios de comunicación y efectúan anuncios no solo en relación con sus propios programas y los productos accesorios derivados directamente de dichos programas, sino también en relación con los programas de otras entidades pertenecientes al mismo grupo de medios de comunicación. El tiempo de transmisión dedicado a los anuncios realizados por el organismo de radiodifusión en relación con programas procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo de medios de comunicación no debe incluirse en el tiempo máximo de transmisión diario que puede dedicarse a la publicidad y la televenta. (21)Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición deben promover la producción y distribución de las obras europeas, garantizando que sus catálogos contengan un porcentaje mínimo de obras europeas y que se conceda a estas suficiente prominencia. (22)A fin de garantizar unos niveles adecuados de inversión en obras europeas, los Estados miembros deben poder imponer obligaciones financieras a los prestadores de servicios a petición establecidos en su territorio. Estas obligaciones pueden adoptar la forma de contribuciones directas a la producción y adquisición de derechos de obras europeas. Los Estados miembros pueden también imponer tasas, con destino a un fondo, sobre la base de los ingresos obtenidos con los servicios a petición que se ofrecen en su territorio y van dirigidos a él. La presente Directiva precisa que, dado el vínculo directo existente entre las obligaciones financieras y las políticas culturales de cada Estado miembro, se permite a estos imponer igualmente tales obligaciones a los prestadores de servicios a petición establecidos en otro Estado miembro que se dirijan a su territorio. En este caso, solo deben imponerse obligaciones financieras sobre los ingresos generados a través del público de dicho Estado miembro. (23)Al evaluar caso por caso si un servicio de comunicación audiovisual a petición establecido en otro Estado miembro se dirige a un público situado en su territorio, un Estado miembro se remitirá a indicadores tales como la publicidad u otras promociones dirigidas específicamente a clientes de su territorio, la lengua principal del servicio o la existencia de contenidos o comunicaciones comerciales destinadas específicamente al público del Estado miembro de recepción.

(24)Cuando los Estados miembros impongan contribuciones financieras a los prestadores de servicios a petición, dichas contribuciones se orientarán a la adecuada promoción de las obras europeas, al tiempo que se evita el riesgo de doble imposición para los prestadores de servicios. Teniendo esto presente, si el Estado miembro en que está establecido el proveedor impone una contribución financiera, deberá tener en cuenta las eventuales contribuciones financieras impuestas por los Estados miembros de recepción. (25)A fin de garantizar que las obligaciones en materia de promoción de las obras europeas no socaven el desarrollo del mercado y permitir la entrada de nuevos operadores, las empresas con escasa presencia en el mercado no deben estar sujetas a tales requisitos. Este es el caso, en particular, de las empresas con un bajo volumen de negocios y bajas audiencias o de los servicios de comunicación audiovisual a petición temáticos, y de las pequeñas empresas y microempresas, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. También podría resultar inadecuado imponer tales requisitos cuando resultasen impracticables o injustificados, dado el tema o la naturaleza del servicio de comunicación audiovisual a petición. (26)Existen nuevos retos, en particular en relación con las plataformas de distribución de vídeos en que los usuarios -en especial los menores- consumen contenidos audiovisuales cada vez en mayor medida. En este contexto, suscitan creciente preocupación los contenidos nocivos y la incitación al odio almacenados en dichas plataformas. Es necesario, a fin de proteger a los menores de los contenidos nocivos, así como a todos los ciudadanos de los contenidos con incitaciones a la violencia o al odio, establecer normas proporcionadas sobre estas cuestiones. (27)Por lo que se refiere a las comunicaciones comerciales de las plataformas de distribución de vídeos, ya están reguladas por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que prohíbe las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, como las prácticas agresivas y engañosas que se producen en los servicios de la sociedad de la información. Por lo que se refiere a las comunicaciones comerciales relativas al tabaco y los productos relacionados en las plataformas de distribución de vídeos, las prohibiciones previstas en la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las prohibiciones aplicables a las comunicaciones relativas a los cigarrillos electrónicos y envases de recarga con arreglo a la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, garantizan una protección suficiente de los consumidores. Las medidas establecidas en la presente Directiva complementan, por lo tanto, las de las Directivas 2005/29/CE, 2003/33/CE y 2014/40/UE. (28)Una parte importante de los contenidos almacenados en una plataforma de distribución de vídeos no están bajo la responsabilidad editorial del proveedor de dicha plataforma. No obstante, esos proveedores suelen determinar la organización de los contenidos, a saber, programas o vídeos generados por los usuarios, incluso por medios o algoritmos automáticos. Por lo tanto, los proveedores deben estar obligados a adoptar las medidas adecuadas para proteger a los menores de los contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral y proteger a todos los ciudadanos frente a la incitación a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con el sexo, la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico. (29)En vista de la naturaleza de la relación de los proveedores con los contenidos almacenados en las plataformas de distribución de vídeos, esas medidas adecuadas deben guardar relación con la organización de los contenidos, y no con los contenidos como tales. Por consiguiente, los requisitos al respecto establecidos en la presente Directiva deben aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que prevé una exención de la responsabilidad por la información ilícita almacenada por algunos prestadores de servicios de la sociedad de la información. Cuando se presten los servicios contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, dichos requisitos también deben aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de dicha Directiva, el cual se opone a que se impongan a los proveedores obligaciones generales de supervisión de tal información y de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, sin afectar no obstante a las obligaciones de supervisión en casos específicos y, en particular, a las solicitudes de las autoridades nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional. (30)Cuando se apliquen las medidas apropiadas que deban adoptarse con arreglo a la presente Directiva, conviene implicar a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos en la medida de lo posible. Por lo tanto, debe fomentarse la corregulación.



Con vistas a garantizar un enfoque claro y coherente a este respecto en toda la Unión, los Estados miembros no deben estar facultados para exigir a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos que adopten medidas más estrictas que las previstas en la presente Directiva para proteger a los menores de los contenidos nocivos y a todos los ciudadanos de los contenidos que inciten a la violencia o al odio. No obstante, debe seguir siendo posible que los Estados miembros adopten tales medidas más estrictas cuando los contenidos sean ilegales, siempre que se ajusten a los artículos 14 y 15 de la Directiva 2000/31/CE, y que adopten medidas con respecto a los contenidos de las páginas web que contengan o difundan pornografía infantil, de conformidad con lo exigido y permitido por el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. También debe seguir siendo posible que los proveedores de plataformas de distribución de vídeos adopten medidas más estrictas con carácter voluntario. (31)A la hora de adoptar las medidas oportunas para proteger a los menores de los contenidos nocivos y proteger a todos los ciudadanos de los contenidos que inciten a la violencia o al odio de conformidad con la presente Directiva, debe buscarse un cuidadoso equilibrio con los derechos fundamentales aplicables, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Están afectados en particular, según el caso, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, la prohibición de discriminación y los derechos del niño. (32)Los proveedores de plataformas de distribución de vídeos cubiertos por la presente Directiva prestan servicios de la sociedad de la información en el sentido de la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2000/31/CE. Dichos proveedores están, por tanto, sujetos a las normas sobre el mercado interior contenidas en el artículo 3 de dicha Directiva, si están establecidos en un Estado miembro. Conviene velar por que se apliquen las mismas normas a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos que no estén establecidos en un Estado miembro, con objeto de garantizar la eficacia de las medidas para proteger a los menores y a los ciudadanos contenidas en la presente Directiva y garantizar lo más posible la igualdad de oportunidades, en la medida en que dichos proveedores tengan una empresa matriz o una filial establecida en un Estado miembro, o cuando formen parte de un grupo y otra entidad de ese grupo esté establecida en un Estado miembro. A tal efecto, deben adoptarse disposiciones para determinar el Estado miembro en que debe considerarse que están establecidos los proveedores. La Comisión debe ser informada de los proveedores bajo la competencia judicial de cada Estado miembro en aplicación de las normas en materia de establecimiento contenidas en la presente Directiva y en la Directiva 2000/31/CE. (33)Las autoridades reguladoras de los Estados miembros solo pueden alcanzar el grado de independencia estructural requerido si se establecen como entidades jurídicas independientes. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las autoridades reguladoras nacionales sean independientes tanto del gobierno como de los organismos públicos y de la industria, con el fin de garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros establezcan reguladores que supervisen diversos sectores, como el de telecomunicaciones y el audiovisual. Las autoridades reguladoras nacionales deben contar con los poderes coercitivos y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en cuanto a personal, conocimientos técnicos y medios financieros. Las actividades de las autoridades reguladoras nacionales establecidas con arreglo a la presente Directiva deben garantizar el respeto de los objetivos de pluralismo de los medios de comunicación, diversidad cultural, protección de los consumidores, mercado interior y fomento de una competencia leal. (34)Cualquier parte afectada por una decisión de una autoridad reguladora nacional debe tener derecho a recurrir ante un organismo que sea independiente de las partes interesadas. Dicho organismo puede ser un tribunal. El procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de la división de competencias en el seno de los ordenamientos jurídicos nacionales. (35)Con vistas a garantizar una aplicación coherente del marco regulador del sector audiovisual de la Unión en todos los Estados miembros, la Comisión creó el ERGA mediante su Decisión de 3 de febrero de 2014. La función del ERGA consiste en asesorar y asistir a la Comisión en su labor de garantizar la aplicación coherente de la Directiva 2010/13/UE en todos los Estados miembros y facilitar la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales, así como entre estas autoridades y la Comisión. (36)El ERGA ha efectuado una aportación positiva a la coherencia de la práctica reguladora y ha proporcionado asesoramiento de alto nivel a la Comisión en cuestiones relacionadas con la aplicación. Procede incluir en la presente Directiva el reconocimiento formal y el refuerzo de su papel. Por consiguiente, conviene volver a establecer el Grupo en virtud de la presente Directiva. (37)La Comisión debe tener la posibilidad de consultar al ERGA sobre cualquier asunto relativo a los servicios de comunicación audiovisual y a las plataformas de distribución de vídeos. El ERGA debe asistir a la Comisión aportando sus conocimientos técnicos y asesoramiento y facilitando el intercambio de las mejores prácticas. En particular, la Comisión debe consultar al ERGA en la aplicación de la Directiva 2010/13/UE, con el fin de facilitar su aplicación convergente en todo el mercado único digital. A petición de la Comisión, el ERGA debe emitir dictámenes, en particular sobre la competencia judicial y los códigos de conducta de la Unión en materia de protección de los menores e incitación al odio, así como de las comunicaciones comerciales audiovisuales de alimentos con alto contenido en grasas, sal o sodio y azúcares. (38)La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de imponer obligaciones para garantizar la descubribilidad y accesibilidad de los contenidos de interés general con arreglo a objetivos de interés general definidos, tales como el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la diversidad cultural. Tales obligaciones solo deben imponerse cuando sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. A este respecto, los Estados miembros deben examinar, en particular, la necesidad de una intervención reguladora contra los resultados de la acción de las fuerzas del mercado. En los casos en que los Estados miembros decidan imponer normas sobre descubribilidad, deben limitarse a imponer obligaciones proporcionadas a las empresas, por razones legítimas de orden público. (39)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva pretende garantizar el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de empresa y la tutela judicial efectiva, y promover la aplicación de los derechos del niño consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (40)El derecho a acceder a los programas de actualidad política resulta esencial para proteger la libertad fundamental de recibir información y garantizar una protección completa y adecuada de los intereses de los espectadores de la Unión. Dada la creciente importancia de los servicios de comunicación audiovisual para las sociedades y la democracia, la radiodifusión de noticiarios políticos debería, en la mayor medida posible, y sin perjuicio de la normativa sobre derechos de autor, ofrecerse con carácter transfronterizo en la UE. (41)La presente Directiva no afecta a las normas de Derecho internacional privado, en particular a las que regulan la competencia judicial de los tribunales y al Derecho aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales. (42)De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. (43)Procede, por tanto, modificar la Directiva 2010/13/UE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La Directiva 2010/13/UE queda modificada como sigue: 1) En el artículo 1, el apartado 1 se modifica como sigue: a) en la letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: «i) un servicio, tal como lo definen los artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuya principal finalidad, del propio servicio o de una de sus partes disociables, sea ofrecer programas, bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de comunicación, con objeto de informar, entretener o educar al público en general, a través de redes de comunicaciones electrónicas, en el sentido de la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE; este servicio de comunicación audiovisual es bien una emisión de radiodifusión televisiva según la letra e) del presente apartado, bien un servicio de comunicación audiovisual a petición según la letra g) del presente apartado;» b) se inserta la letra a bis) siguiente: «a bis) «servicio de plataforma de distribución de vídeos», un servicio, tal como lo definen los artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que cumple los requisitos siguientes: i) el servicio consiste en el almacenamiento de una gran cantidad de programas o vídeos generados por los usuarios, cuya responsabilidad editorial no recae sobre el proveedor de la plataforma de distribución de vídeos; ii) la organización de los contenidos almacenados está determinada por el prestador del servicio, incluso por medios o algoritmos automáticos, en particular mediante el alojamiento, la presentación, el etiquetado y la secuenciación; iii) la finalidad principal del servicio o de una de sus partes disociables es ofrecer programas y vídeos generados por los usuarios al público en general, con objeto de informar, entretener o educar; iv) el servicio se presta a través de redes de comunicaciones electrónicas, en el sentido de la letra a) del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE;» c) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) «programa», un conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario dentro de un horario de programación o de un catálogo elaborado por un prestador de servicios de comunicación audiovisual, incluidos los largometrajes, los vídeos de corta duración, las manifestaciones deportivas, las comedias de situación, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales;» d) se inserta la letra b bis) siguiente: «b bis) «vídeo generado por usuarios», un conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario que uno o más usuarios crean y/o transfieren a una plataforma de distribución de vídeos;» e) se inserta la letra d bis) siguiente: «d bis) «proveedor de plataforma de distribución de vídeo», la persona física o jurídica que presta un servicio de plataforma de distribución de vídeos;» 2) El título del capítulo II se sustituye por el siguiente: «DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL»

3) El artículo 2 queda modificado como sigue: a) en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) si un prestador de servicios de comunicación tiene su sede central en un Estado miembro, pero las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman en otro Estado miembro, se considerará que tal prestador está establecido en el Estado miembro en que trabaje la mayoría del personal que realiza las actividades de servicios de comunicación audiovisual;» b) se insertan los apartados 5 bis y 5 ter siguientes: «5 bis) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia judicial y los criterios establecidos en los apartados 2 a 5 en los que basa dicha competencia judicial. Posteriormente, informarán a la Comisión sin demora indebida de cualquier modificación que se produzca en dicha lista. La Comisión velará por que las autoridades reguladoras independientes competentes tengan acceso a esta información. 5 ter) Cuando, al aplicar los artículos 3 y 4 de la presente Directiva, los Estados miembros interesados no lleguen a un acuerdo sobre qué Estado miembro tiene competencia judicial, se someterá el asunto a la atención de la Comisión sin demora indebida. La Comisión podrá solicitar al Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA) que emita un dictamen sobre el asunto en un plazo de quince días hábiles a partir de la presentación de la solicitud de la Comisión. En caso de que la Comisión solicite un dictamen al ERGA, los plazos establecidos en el artículo 3, apartado 5, y en el artículo 4, apartado 5, quedarán suspendidos hasta que el ERGA haya adoptado su dictamen.» 4) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 3 1. Los Estados miembros garantizarán la libertad de recepción y no obstaculizarán las retransmisiones en su territorio de servicios de comunicación audiovisual procedentes de otros Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la presente Directiva. 2. Los Estados miembros podrán, con carácter provisional, establecer excepciones en relación con el apartado 1 en caso de que un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador de servicios de comunicación que esté bajo la competencia judicial de otro Estado miembro: a) infrinja de manera manifiesta, seria y grave lo dispuesto en los artículos 6, 12 o ambos; b) vaya en detrimento, o presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento, de la seguridad pública, incluida la salvaguarda de la seguridad y la defensa nacionales; o bien c) vaya en detrimento, o presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento, de la salud pública. 3. Los Estados miembros solo podrán aplicar el apartado 2 cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) durante los doce meses anteriores a la notificación a que se refiere la letra b) del presente apartado, el prestador de servicios de comunicación ha vulnerado, en opinión del Estado miembro afectado, las letras a), b) o c) del apartado 2 al menos en dos ocasiones; b) el Estado miembro afectado ha notificado por escrito al prestador de servicios de comunicación, al Estado miembro que tiene competencia judicial sobre dicho prestador y a la Comisión las presuntas infracciones y las medidas que se dispone a adoptar en caso de que se repitan; c) las consultas con el Estado miembro que tiene competencia judicial sobre el prestador y la Comisión no han conducido a un arreglo amistoso en un plazo de un mes a partir de la notificación prevista en la letra b); d) el prestador de servicios de comunicación ha infringido las letras a), b) o c) del apartado 2 al menos una vez después de la notificación prevista en la letra b) del presente apartado; e) el Estado miembro notificador ha respetado el derecho de defensa del prestador de servicios de comunicación de que se trate y, en particular, le ha dado oportunidad de expresar su opinión sobre las presuntas infracciones y las medidas que el Estado miembro prevé adoptar; se tendrá debidamente en cuenta dicha opinión, así como la del Estado miembro judicialmente competente. Las letras a) y d) del apartado 3 se aplicarán únicamente en relación con los servicios lineales.

4. En un plazo de tres meses a partir de la notificación de las medidas adoptadas por el Estado miembro en aplicación de los apartados 2 y 3, y previa consulta al ERGA, la Comisión adoptará una decisión sobre si dichas medidas son compatibles con el Derecho de la Unión. Ese plazo empezará a contar el día siguiente a la recepción de una notificación completa. Una notificación se considerará completa si, en el plazo de tres meses a partir de su recepción, o de la recepción de cualquier información adicional solicitada, la Comisión no solicita más información. Cuando la Comisión considere que la notificación está incompleta, solicitará toda la información adicional necesaria. La Comisión informará al Estado miembro de la recepción de la respuesta a dicha solicitud. Cuando el Estado miembro interesado no facilite la información requerida en el plazo fijado por la Comisión, o cuando la facilite de forma incompleta, la Comisión adoptará la decisión de que las medidas adoptadas por el Estado miembro de conformidad con el apartado 2 son incompatibles con el Derecho de la Unión. Si la Comisión decide que las medidas son incompatibles con el Derecho de la Unión, el Estado miembro pondrá fin a dichas medidas con carácter de urgencia. 5. Los apartados 3 y 4 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de cualquier procedimiento, medida o sanción relativos a las infracciones en cuestión en el Estado miembro que tenga competencia judicial sobre el prestador de servicios de comunicación de que se trate. 6. Los Estados miembros podrán, en caso de urgencia, establecer excepciones a las condiciones previstas en el apartado 3, letras b) y c). Cuando así ocurra, las medidas se notificarán con la mayor brevedad a la Comisión y al Estado miembro a cuya competencia judicial esté sujeto el prestador de servicios de comunicación, explicando los motivos por los que el Estado miembro considera urgente establecer dichas excepciones. 7. Sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro adopte las medidas mencionadas en el apartado 6, la Comisión examinará la compatibilidad de las medidas notificadas con el Derecho de la Unión en el más breve plazo. En caso de que llegue a la conclusión de que las medidas son incompatibles con el Derecho de la Unión, la Comisión requerirá a dicho Estado miembro que se abstenga de tomar ninguna de las medidas previstas o que ponga fin lo antes posible a las mismas. 8. Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán periódicamente sus experiencias y mejores prácticas en relación con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 7 en el marco del comité de contacto establecido con arreglo al artículo 29 y del ERGA.» 5) El artículo 4 se modifica como sigue: a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de exigir a los prestadores de servicios de comunicación bajo su competencia judicial el cumplimiento de normas más estrictas o pormenorizadas en lo que respecta a los artículos 5, 6, 6 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 a 26, 30 y 30 bis, siempre que dichas normas sean conformes al Derecho de la Unión.» b) en el apartado 3, se inserta el párrafo segundo siguiente después de la letra b) del párrafo primero: «El Estado miembro que haya tomado medidas de conformidad con las letras a) y b) del apartado 2 deberá justificar los motivos en los que basa su evaluación de la presunta elusión.» c) los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: «4. Un Estado miembro únicamente podrá tomar medidas con arreglo al apartado 3 cuando se reúnan las condiciones siguientes: a) ha notificado a la Comisión y al Estado miembro en el que está establecido el organismo de radiodifusión su intención de adoptar dichas medidas, al tiempo que razona los motivos en los que basa su decisión; b) ha respetado el derecho de defensa del organismo de radiodifusión de que se trate y, en particular, le ha dado oportunidad de expresar su opinión sobre la presunta elusión y las medidas que el Estado miembro notificador se propone adoptar; c) la Comisión entiende, tras haber consultado al ERGA, que las medidas son compatibles con el Derecho de la Unión, y en particular que las evaluaciones del Estado miembro que las adopta en virtud de los apartados 2 y 3 están correctamente fundamentadas. 5. La Comisión adoptará una decisión dentro de los tres meses siguientes a la notificación prevista en el apartado 4, letra a). Ese plazo empezará a contar el día siguiente a la recepción de una notificación completa. Una notificación se considerará completa si, en el plazo de tres meses a partir de su recepción, o de la recepción de cualquier información adicional solicitada, la Comisión no solicita más información. Cuando la Comisión considere que la notificación está incompleta, solicitará toda la información adicional necesaria. La Comisión informará al Estado miembro de la recepción de la respuesta a dicha solicitud. Cuando el Estado miembro interesado no facilite la información requerida en el plazo fijado por la Comisión, o la facilite de forma incompleta, la Comisión adoptará la decisión de que las medidas adoptadas por el Estado miembro de conformidad con el apartado 3 son incompatibles con el Derecho de la Unión. Si la Comisión decide que las medidas son incompatibles con el Derecho de la Unión, el Estado miembro en cuestión se abstendrá de adoptar ninguna de ellas.»

d) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: «7. Los Estados miembros fomentarán la corregulación y la autorregulación mediante códigos de conducta adoptados a nivel nacional en los ámbitos coordinados por la presente Directiva en la medida permitida por sus ordenamientos jurídicos. Estos códigos deberán gozar de amplia aceptación entre los principales interesados en los Estados miembros de que se trate. Los códigos de conducta expondrán de manera clara e inequívoca sus objetivos. Deberán prever un seguimiento y evaluación periódicos, transparentes e independientes de la consecución de los objetivos perseguidos. Preverán asimismo los medios para una aplicación efectiva, incluyendo, cuando proceda, sanciones eficaces y proporcionadas. Los proyectos de códigos de conducta de la Unión a que hacen referencia el artículo 6 bis, apartado 3, y el artículo 9, apartados 2 y 4, y las modificaciones o ampliaciones de los códigos de conducta de la Unión ya existentes deberán ser presentados a la Comisión por sus signatarios. La Comisión podrá solicitar al ERGA que emita un dictamen sobre los proyectos, modificaciones o ampliaciones de dichos códigos. La Comisión podrá publicar dichos códigos según proceda.» 6) El título del capítulo III se sustituye por el siguiente: «DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL» 7) En el artículo 5, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: «d) el Estado miembro que tenga competencia judicial sobre los proveedores de servicios de comunicación y las autoridades reguladoras u organismos supervisores competentes.» 8) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: «Los Estados miembros velarán, aplicando las medidas idóneas, por que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores bajo su competencia judicial no contengan incitaciones a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.» 9) Se inserta el artículo 6 bis siguiente: «Artículo 6 bis 1. Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual faciliten información suficiente a los espectadores sobre los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. A tal efecto, los Estados miembros podrán utilizar un sistema de descriptores que indiquen la naturaleza del contenido de un servicio de comunicación audiovisual. 2. Con vistas a la aplicación del presente artículo, los Estados miembros fomentarán la corregulación. 3. La Comisión y el ERGA instarán a los prestadores de servicios de comunicación a intercambiar las mejores prácticas en materia de sistemas de corregulación en toda la Unión. Cuando proceda, la Comisión facilitará la elaboración de códigos de conducta de la Unión.» 10) Se suprime el artículo 7. 11) El artículo 9 se modifica como sigue: a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la elaboración de códigos de conducta de autorregulación y corregulación en relación con las comunicaciones comerciales audiovisuales inadecuadas, que van incluidas en programas con una importante audiencia infantil o los acompañan, de alimentos y bebidas que contengan nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico cuya ingesta excesiva en la dieta general no se recomienda, en particular grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares. Estos códigos deben utilizarse para reducir eficazmente la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales sobre alimentos y bebidas con alto contenido en sal, azúcares o grasas, o que no se ajustan por otros conceptos a las directrices nutricionales nacionales o internacionales. Dichos códigos deben prever que las comunicaciones comerciales audiovisuales no hagan hincapié en las cualidades positivas de los aspectos nutricionales de tales alimentos y bebidas.

La Comisión y el ERGA fomentarán el intercambio de las mejores prácticas en materia de sistemas de autorregulación y corregulación en toda la Unión. Cuando proceda, la Comisión facilitará la elaboración de códigos de conducta de la Unión.» b) se insertan los apartados 3 y 4 siguientes: «3. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la elaboración de códigos de conducta de autorregulación y corregulación en relación con las comunicaciones comerciales audiovisuales inadecuadas para las bebidas alcohólicas. Estos códigos deben utilizarse para limitar eficazmente la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas. 4. La Comisión y el ERGA fomentarán el intercambio de las mejores prácticas en materia de sistemas de autorregulación y corregulación en toda la Unión. Cuando se considere oportuno, la Comisión facilitará la elaboración de códigos de conducta de la Unión.» 12) En el artículo 10, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) no deberán incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios;» 13) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 11 1. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 se aplicará solamente a los programas producidos con posterioridad al 19 de diciembre de 2009. 2. El emplazamiento de productos será admisible en todos los servicios de comunicación audiovisual, excepto en los programas de noticias y actualidad, los programas de asuntos del consumidor, los programas religiosos y los programas con una importante audiencia infantil. 3. Los programas que contengan emplazamiento de productos deberán observar las siguientes prescripciones: a) bajo ninguna circunstancia se podrá influir en su contenido y, en el caso de la radiodifusión televisiva, en su horario de programación de manera que se vea afectada la responsabilidad e independencia editorial del prestador de servicios de comunicación; b) no deberán incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios; c) los espectadores deberán ser claramente informados de la existencia de emplazamiento de productos. Los programas que contengan emplazamiento de productos deberán estar debidamente identificados al principio y al final del programa, así como cuando se reanude el programa tras una pausa publicitaria, con el fin de evitar toda confusión al espectador. Excepcionalmente, los Estados miembros podrán optar por no exigir las prescripciones establecidas en la letra c) siempre que el programa de que se trate no haya sido ni producido ni encargado por el propio prestador del servicio de comunicación o una empresa filial de este último. 4. En ningún caso podrán los programas emplazar los siguientes productos: a) productos del tabaco o cigarrillos, ni otros productos de empresas cuya principal actividad sea la fabricación o venta de cigarrillos y otros productos del tabaco; b) medicamentos o tratamientos médicos específicos que solo puedan obtenerse mediante receta en el Estado miembro bajo cuya competencia judicial se encuentre el prestador del servicio de comunicación.» 14) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente y se traslada al capítulo III: «Artículo 12

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para velar por que los programas suministrados por prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia judicial que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores se propongan únicamente de tal manera que se garantice que normalmente no serán vistos ni oídos por menores. Dichas medidas podrán incluir la elección de la hora de emisión, instrumentos de verificación de la edad u otras medidas técnicas. Deberán ser proporcionales al perjuicio potencial del programa. Los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, estarán sujetos a las medidas más estrictas, como el cifrado y un control parental eficaz.» 15) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 13 1. Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición que estén bajo su competencia judicial dispongan de un porcentaje de al menos el 20 % de obras europeas en su catálogo y garanticen la prominencia de dichas obras. 2. Los Estados miembros podrán exigir a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia judicial una contribución financiera a la producción de obras europeas, por ejemplo mediante inversiones directas en contenidos y aportaciones a fondos nacionales. Los Estados miembros podrán exigir la realización de estas contribuciones financieras a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición dirigidos a públicos de sus territorios, pero establecidos en otros Estados miembros. En este caso, las contribuciones financieras se basarán exclusivamente en los ingresos obtenidos en los Estados miembros de recepción. Si el Estado miembro en que está establecido el prestador impone una contribución financiera, deberá tener en cuenta las eventuales contribuciones financieras impuestas por los Estados miembros de recepción. Cualquier contribución financiera deberá ajustarse al Derecho de la Unión, en particular a la normativa sobre ayudas estatales. 3. A más tardar el [fecha - a más tardar a los tres años de la adopción], y posteriormente cada dos años, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la aplicación de los apartados 1 y 2. 4. Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y de un estudio independiente, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de los apartados 1 y 2, teniendo en cuenta la evolución del mercado, el desarrollo tecnológico y el objetivo de la diversidad cultural. 5. Los Estados miembros dispensarán de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 a los proveedores con un bajo volumen de negocios o una baja audiencia, o que sean pequeñas empresas y microempresas. Los Estados miembros podrán también obviar los requisitos en los casos en que resulten impracticables o injustificados en razón de la naturaleza del tema del servicio de comunicación audiovisual a petición.» 16) En el artículo 20, apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: «La transmisión de películas realizadas para la televisión (con exclusión de las series, los seriales y los documentales), obras cinematográficas y programas informativos podrá ser interrumpida por publicidad televisiva y/o televenta una vez por cada período programado de veinte minutos como mínimo.» 17) El artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 23 1. La proporción diaria de anuncios de publicidad televisiva y de anuncios de televenta en el período comprendido entre las 7.00 y las 23.00 horas no excederá del 20 %. 2. El apartado 1 no se aplicará: a) a los anuncios realizados por el organismo de radiodifusión en relación con sus propios programas y los productos accesorios directamente derivados de dichos programas, o con los programas procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo de comunicación; b) a los anuncios de patrocinio; c) al emplazamiento de productos.» 18) Se suprime el capítulo VIII. 19) Se inserta el capítulo IX bis siguiente:

«CAPÍTULO IX bis DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VÍDEOS Artículo 28 bis 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Directiva 2000/31/CE, los Estados miembros velarán por que los proveedores de plataformas de distribución de vídeos tomen las medidas adecuadas para: a) proteger a los menores de los contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral; b) proteger a todos los ciudadanos de los contenidos que inciten a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con el sexo, la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico. 2. Qué se entienda por medida adecuada a efectos del apartado 1 se determinará a la luz de la naturaleza del contenido en cuestión, los perjuicios que puede ocasionar, las características de la categoría de personas que deben protegerse, así como los derechos e intereses legítimos en juego, incluidos los de los proveedores de plataformas de distribución de vídeos y los usuarios que hayan creado y/o transferido el contenido, así como el interés público. Dichas medidas consistirán, según proceda, en: a) definir y aplicar en los términos y condiciones de los proveedores de plataformas de distribución de vídeos los conceptos de incitación a la violencia o al odio a que se refiere la letra b) del apartado 1 y de contenidos que pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, de conformidad con los artículos 6 y 12, respectivamente; b) establecer y operar mecanismos que permitan a los usuarios de las plataformas de distribución de vídeos notificar o indicar al proveedor de que se trate los contenidos a que se refiere el apartado 1 almacenado en su plataforma; c) establecer y operar sistemas de verificación de la edad para los usuarios de las plataformas de distribución de vídeos con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores; d) establecer y operar sistemas que permitan a los usuarios de las plataformas de distribución de vídeos calificar los contenidos a que se refiere el apartado 1; e) facilitar sistemas de control parental con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores; f) establecer y operar sistemas a través de los cuales los proveedores de plataformas de distribución de vídeos expliquen a los usuarios de dichas plataformas qué curso se ha dado a las notificaciones e indicaciones a que se refiere la letra b). 3. A efectos de la aplicación de las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2, los Estados miembros fomentarán la corregulación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 7. 4. Los Estados miembros establecerán los mecanismos necesarios para evaluar la idoneidad de las medidas a que se refieren los apartados 2 y 3 adoptadas por los proveedores de plataformas de distribución de vídeos. Los Estados miembros confiarán esta tarea a las autoridades designadas de conformidad con el artículo 30. 5. Los Estados miembros no impondrán a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos medidas más estrictas que las mencionadas en los apartados 1 y 2. No se impedirá a los Estados miembros imponer medidas más estrictas con respecto a los contenidos ilícitos. Cuando adopten tales medidas, deberán respetar las condiciones establecidas por el Derecho de la Unión aplicable, tales como, en su caso, las establecidas por los artículos 14 y 15 de la Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE. 6. Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos de reclamación y reparación para la solución de litigios entre los usuarios y los proveedores de plataformas de distribución de vídeos relativos a la aplicación de las medidas adecuadas a que se refieren los apartados 1 y 2. 7. La Comisión y el ERGA instarán a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos a intercambiar las mejores prácticas en materia de sistemas de corregulación en toda la Unión. Cuando proceda, la Comisión facilitará la elaboración de códigos de conducta de la Unión. 8. Los proveedores de plataformas de distribución de vídeos o, en su caso, las organizaciones que los representen a este respecto presentarán a la Comisión proyectos de códigos de conducta de la Unión, así como modificaciones de los ya existentes. La Comisión podrá solicitar al ERGA que emita un dictamen sobre los proyectos, modificaciones o ampliaciones de dichos códigos de conducta. La Comisión podrá dar la publicidad adecuada a estos códigos de conducta.

Artículo 28 ter 1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de plataformas de distribución de vídeos que no estén establecidos en su territorio, pero que tengan una empresa matriz o una filial establecida en su territorio o que formen parte de un grupo y otra entidad del mismo grupo esté establecida en su territorio, se consideren establecidos en su territorio a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE. A efectos de aplicación del párrafo primero, cuando la sociedad matriz, la filial o la otra entidad del grupo estén establecidas en Estados miembros diferentes, se considerará que el proveedor está establecido en el Estado miembro en que esté establecida su sociedad matriz o, en ausencia de tal establecimiento en un Estado miembro, en el que esté establecida su filial o, en ausencia de tal establecimiento en un Estado miembro, en el que esté establecida la otra entidad del grupo. A efectos de la aplicación del párrafo segundo, cuando existan varias filiales que están establecidas en Estados miembros diferentes, o cuando existan varias otras entidades del grupo que están establecidas en Estados miembros diferentes, los Estados miembros de que se trate velarán por que el proveedor designe en cuál de estos Estados miembros debe considerarse establecido. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de los proveedores de plataformas de distribución de vídeos esta