Estos fenómenos se siguen observando más de dos años después de la declaración de la pandemia, si bien su impacto es más limitado ahora debido a que existe un mayor grado de concienciación sobre estas amenazas delictivas, y los ciudadanos han retomado en gran medida sus hábitos anteriores al brote. No obstante, los delincuentes adaptarán sus modos de proceder. Entretanto, las estructuras delictivas que operan en la UE pueden seguir aprovechándose de los cambios introducidos a raíz de la pandemia y podrían mejorar su capacidad.

·la comisión de ciberdelitos aprovechando el aumento del volumen de compras por internet, en particular mediante el uso de identidades fraudulentas;

·el aumento de las oportunidades para que los grupos delictivos obtengan ingresos por la venta de productos sanitarios no autorizados y productos farmacéuticos y vacunas ilícitos, en particular a los Gobiernos;

El paquete de medidas legislativas de 2021 forma parte del compromiso de la Comisión de proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la Unión frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su objetivo es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y colmar las lagunas utilizadas por los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. Se considera el eje central de las medidas de mitigación propuestas y el modo de abordar los problemas clasificados como estructurales y que las anteriores revisiones de las normas de la UE en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no pueden resolver por sí solas.

En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva antiblanqueo se exige a la Comisión que actualice su informe cada dos años (o con más frecuencia si procede). En el presente ejercicio, que ha sufrido un ligero retraso por los efectos de la pandemia de COVID-19, se vuelven a evaluar todos los sectores analizados en ejercicios anteriores y, en los casos en que las circunstancias no han cambiado, se actualiza y matiza la información incluida en el informe de 2019. En cuanto a los sectores o productos en que se han detectado cambios relevantes, la evaluación también ha llevado a recalcular los niveles de riesgo correspondientes (por ejemplo, los criptoactivos y los juegos de azar en línea son dos sectores cuyo riesgo es más elevado actualmente).

3)Productos y servicios no financieros (instrumentos jurídicos, bienes de valor elevado, activos de valor elevado, transporte de piedras y metales preciosos, bienes inmuebles, servicios prestados por contables y servicios jurídicos).

En este contexto, el objetivo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE de proteger la integridad del sistema financiero de la UE contribuye a proteger la libertad, la justicia y la seguridad de Europa en su conjunto. La adecuada aplicación de las medidas restrictivas de inmovilización de bienes de la UE exige también el cumplimiento efectivo de las normas sobre titularidad real (es decir, la transparencia de los registros de empresas y del ámbito corporativo); un mayor impulso de las interconexiones entre los distintos registros (registros de titularidad real, registros de empresas/mercantiles y registros de la propiedad); una cooperación y un intercambio de información más fluidos, así como la detección y supervisión adecuadas de los activos ocultos a las autoridades tributarias. La creación de sociedades fantasma puede resultar relativamente fácil, por lo que siguen utilizándose para hacer circular cientos de millones de euros a través de transacciones opacas. Recurriendo a sociedades fantasma, los delincuentes pueden encubrir el origen y el destino de los fondos, además de ocultar al beneficiario real de la operación. Estos fondos pueden utilizarse simplemente para fines de lucro personal, pero también para desestabilizar países enteros. Así pues, al arrojar luz sobre los flujos de dinero sucio no solo se contribuye a defender la democracia y la seguridad de los ciudadanos de la UE, sino que también se ayuda a contrarrestar la influencia de las autocracias.

La Recomendación de la Comisión, de 28 de marzo de 2022 , sobre las medidas inmediatas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en relación con los regímenes de ciudadanía para inversores y los regímenes de residencia para inversores insta a los Estados miembros a reevaluar las naturalizaciones y los permisos de residencia concedidos en virtud de dichos regímenes a nacionales rusos y bielorrusos, a fin de asegurarse de que no forman parte de la lista de las sanciones de la UE relacionadas con la guerra en Ucrania. La Comisión también recomendó suspender la expedición de permisos de residencia concedidos en virtud de regímenes de residencia para inversores a todos los nacionales rusos y bielorrusos.

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de inmovilización de bienes de la UE contra personas y entidades vinculadas a la agresión rusa, la Comisión creó el grupo de trabajo «Inmovilización y Decomiso» cuyo objetivo consiste en coordinar las acciones emprendidas por los organismos de la Unión y las autoridades nacionales para abordar cualquier dificultad relativa a la aplicación de las sanciones de la UE. El grupo de trabajo ya está obteniendo resultados notables: Los Estados miembros han inmovilizado activos por valor de casi 10 000 millones EUR, lo que asciende a 32 000 millones EUR si se incluyen los fondos del Banco Central de Rusia. El efecto general de las sanciones ya se empieza a sentir en la economía rusa. El grupo de trabajo también tiene por objeto facilitar los intercambios entre las autoridades policiales en relación con las investigaciones y las medidas de decomiso adoptadas con respecto a posibles delitos vinculados a las personas sujetas a sanciones (en particular, a la elusión de dichas sanciones). El grupo de trabajo también está considerando opciones para utilizar los activos confiscados en beneficio del pueblo ucraniano.

La UE ha ido imponiendo progresivamente medidas restrictivas (sanciones) contra Rusia desde marzo de 2014, inicialmente en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol y a la desestabilización deliberada de Ucrania. El 23 de febrero de 2022, la UE amplió las sanciones en respuesta al reconocimiento de las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y a la orden de entrada de las fuerzas armadas rusas en dichas zonas. A partir del 24 de febrero de 2022, en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la UE amplió considerablemente las sanciones. Incorporó un número significativo de personas y entidades a la lista de sanciones y adoptó medidas sin precedentes con el fin de debilitar considerablemente la base económica de Rusia, privarle de tecnologías y mercados críticos y reducir sensiblemente su capacidad para librar la contienda.

2.1.3.2. Sector y productos no financieros. Bienes de valor elevado

2.1.3.1. Sector y productos no financieros. Entidades y acuerdos jurídicos

En este capítulo, en la evaluación supranacional de riesgos se examinan las estructuras jurídicas de acuerdo con un nuevo enfoque, apartándose de los informes anteriores. Ahora se centra en las principales vulnerabilidades relacionadas con la ocultación de la titularidad real (fideicomisos, testaferros y empresas) y no en etapas concretas de la vida de las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos (creación, actividad empresarial y extinción). También se tienen en cuenta el mercado de bienes de valor elevado, la inversión en bienes inmuebles y los servicios prestados por contables, auditores, asesores y asesores fiscales, así como los servicios jurídicos de notarios y otros profesionales independientes del Derecho.

2.1.3.Sector y productos no financieros

Los riesgos asociados a los criptoactivos exigen no solo que se garantice un elevado grado de protección de los consumidores e inversores y la integridad del mercado, sino también que se adopten medidas contra la manipulación del mercado y para evitar actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También deben abordarse los riesgos para la estabilidad financiera y la política monetaria que puedan derivarse del uso generalizado de los criptoactivos y los instrumentos basados en la tecnología de registro descentralizado en los mercados financieros.

Como sucedía en los informes anteriores, la presente evaluación supranacional de riesgos contempla en esta categoría una serie de productos y sectores (diecisiete en total) que prestan servicios financieros a clientes comerciales y minoristas. Este capítulo comprende una amplia selección de sectores, en particular la banca, la inversión, los seguros, la microfinanciación colectiva, el dinero electrónico, la transferencia de fondos (legal o no), los criptoactivos y los servicios de pago.

Si bien las transacciones minoristas en efectivo han disminuido, la demanda de billetes de euros parece haber aumentado, siguiendo una tendencia denominada «paradoja del efectivo», lo cual pone en evidencia que el efectivo sigue siendo un depósito de valor popular incluso tras la pandemia de COVID-19. A pesar de los constantes cambios de la delincuencia, la economía delictiva sigue estando basada principalmente en el efectivo, lo que expone a la UE a importantes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dados el anonimato y la relativa facilidad de movimiento asociados con el efectivo y los activos similares al efectivo. Los delincuentes tratan de trasladar los ingresos en efectivo a lugares donde utilizarlos o introducirlos en el sistema financiero resulte más fácil, normalmente lugares con un uso predominante de efectivo o una supervisión deficiente del sistema financiero. El efectivo puede convertirse asimismo en activos anónimos como las tarjetas de prepago, que actualmente no se someten a control en las fronteras. Las denuncias son muy escasas, posiblemente debido a la dificultad de detectar las transacciones en efectivo. La aparición de cajeros automáticos de propiedad privada aumenta la posibilidad de que las organizaciones delictivas introduzcan sus ganancias en el sistema financiero sin ser detectadas.

Así pues, en esta evaluación se ha actualizado la información del informe de 2019, ajustando y optimizando varios ámbitos (como las monedas y los activos virtuales y el análisis del sector financiero y de los productos no financieros), y se han revisado las cifras y las fuentes de información.

Se han revisado a la luz del marco jurídico revisado de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, en su caso, de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Cuando las circunstancias no hayan cambiado, no se han modificado sustancialmente las descripciones ni las evaluaciones de los productos y servicios analizados en el informe de 2019.

Se han denunciado con profusión los vínculos entre el comercio de antigüedades y el tráfico de drogas, especies silvestres y armas, el blanqueo de capitales y los delitos fiscales y la financiación de maquinaria bélica y las organizaciones terroristas, lo que sitúa al tráfico de antigüedades en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional grave. Tal como se anunció en la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, la Comisión adoptará a finales de 2022 su plan de acción sobre el tráfico de bienes culturales, en el que establecerá un enfoque político integral dirigido a la desarticulación de esta forma de delincuencia y a la protección de los bienes culturales de los daños causados por actividades delictivas.

2.1.3.3. Sector y productos no financieros. Proveedores de servicios

Las empresas proveedoras de servicios siguen expuestas al riesgo de que grupos de delincuencia organizada se infiltren en ellas o se apropien de ellas para blanquear ganancias ilícitas. Los infractores pueden aprovechar sus servicios de asesoramiento y sus conocimientos especializados sobre la creación y gestión de estructuras, así como su capacidad para proporcionar documentación y garantías en relación con las actividades empresariales. La respetabilidad asociada a determinadas profesiones las convierte en objetivos atractivos para los blanqueadores, al igual que su uso de cuentas de clientes. Los profesionales pueden estar implicados involuntariamente, pero también pueden ser cómplices de delincuentes o ser deliberadamente negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La exposición al riesgo se debe a que estos profesionales participan en la gestión de asuntos jurídicos complejos y de sociedades y estructuras jurídicas, en concreto sociedades fantasma y offshore.

La disparidad entre los Estados miembros a la hora de aplicar la supervisión basada en el riesgo en algunos sectores, en particular cuando la llevan a cabo los organismos autorreguladores, afecta a la eficacia en la prevención y a la capacidad de detectar usos indebidos. El bajo número de denuncias de transacciones y actividades sospechosas por parte de la mayoría de las empresas y profesiones no financieras designadas en el conjunto de los Estados miembros indica que las sospechas no se están detectando ni denunciando de manera eficaz.

El sector inmobiliario también se ve significativamente expuesto a los riesgos de blanqueo de capitales y es especialmente vulnerable desde el punto de vista de los delitos fiscales. Según un estudio de la Comisión, 1,4 billones EUR en bienes inmuebles extraterritoriales están en manos de residentes en la UE. Los complejos métodos de financiación, la intermediación y el uso de instrumentos corporativos plantean dificultades a la hora de identificar la titularidad real. Los estudios del GAFI y Egmont Group ofrecen ejemplos de las complejas argucias que emplean para ocultar la fuente de los fondos.

Como indican las evaluaciones nacionales de riesgos, los proveedores de servicios son los que más se benefician de las actividades de sensibilización, de la formación y de la mejora de la supervisión.

2.1.4.Características comunes a los sectores financiero y no financiero (entidades y estructuras jurídicas)

La debilidad asociada a la cuestión de la titularidad real sigue siendo una amenaza considerable para el sistema financiero. El anonimato sigue siendo una vulnerabilidad crítica en el sistema financiero internacional, ya que los bancos, los reguladores y las autoridades policiales son incapaces de determinar con celeridad quiénes son los verdaderos titulares de las empresas. Los organismos de inversión colectiva presentan un riesgo similar, ya que la identidad de los inversores finales no suele ser transparente y el uso de cuentas combinadas complica aún más el intercambio de información entre intermediarios.

En el sector no financiero, los delincuentes aprecian a las entidades y estructuras jurídicas por su capacidad para reforzar el anonimato y ocultar la identidad de los titulares reales, así como por ser un medio para llevar a cabo sus actividades ilícitas, por ejemplo facilitando la logística o el transporte de mercancías ilícitas.

Así pues, la transparencia de la titularidad real se revela como un elemento crucial en ambos ámbitos. La clave para abordar los riesgos relacionados con el anonimato reside en las iniciativas adoptadas en los últimos años a escala mundial y, en concreto en la UE —pionera en este ámbito—, para fomentar la transparencia de las empresas y evitar su uso indebido por parte de los delincuentes. El establecimiento de registros de titularidad real y el aumento de la transparencia de las empresas son solo algunos ejemplos de los esfuerzos que están en marcha para luchar contra el uso de sociedades fantasma. Además de saber quién controla realmente una empresa, levantar el velo sobre cómo se controlan las empresas da pistas para su investigación y orienta la evaluación de riesgos, impulsando la detección precoz de estos y permitiendo la identificación de pautas ocultas que no serían visibles con un enfoque tradicional.

2.1.5.Sector de los juegos de azar

El sector de los juegos de azar se caracteriza por un crecimiento económico y un desarrollo tecnológico acelerados y por el sólido crecimiento de su segmento en línea durante la pandemia de COVID-19 y después de esta. A este respecto, varias autoridades competentes informaron de que los riesgos derivados del juego en línea han aumentado aún más desde la publicación de la última evaluación supranacional de riesgos en 2019.

La presente evaluación considera, por primera vez, que las fichas intercambiables utilizadas en los videojuegos se asimilan a los criptoactivos. Por lo tanto, su evaluación de amenazas debe seguir el mismo régimen.

Por su parte, aunque los casinos presentan un elevado riesgo de exposición intrínseco, su incorporación al marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde 2005 ha tenido un efecto atenuante. Las loterías y las máquinas tragaperras (fuera de los casinos) presentan un nivel moderado de riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Para las loterías hay algunos controles, en particular para abordar los riesgos relacionados con grandes ganancias. Se considera que el bingo tradicional presenta un bajo nivel de riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo debido a las apuestas y ganancias relativamente bajas que conlleva.

2.1.6.Recaudación y transferencias de fondos a través de organizaciones sin ánimo de lucro

En el presente informe se contemplan las categorías de organizaciones sin ánimo de lucro definidas en la Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. El escenario de riesgo está relacionado con la recaudación y las transferencias de fondos de las organizaciones sin ánimo de lucro dentro del mercado interior, así como con la recaudación de fondos para su transferencia desde y hacia terceros países.

La heterogeneidad del sector y los subsectores de las organizaciones sin ánimo de lucro supone un obstáculo para la evaluación de los riesgos. La naturaleza y el nivel de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden variar en función de las fuentes de financiación, los métodos y canales de desembolso y los beneficiarios de los fondos. Las organizaciones sin ánimo de lucro que prestan ayuda humanitaria suelen operar en zonas de conflicto o de crisis, donde, en ocasiones, puede haber grupos armados o personas considerados como terroristas. La eliminación del riesgo por parte de las instituciones financieras pone a las organizaciones sin ánimo de lucro en riesgo de exclusión financiera, y la dificultad de acceder a los canales bancarios formales aumenta aún más el riesgo.

Las organizaciones sin ánimo de lucro son más conscientes de los riesgos a los que se enfrentan, como demuestra el aumento de la inversión en actividades de cumplimiento y auditoría entre aquellas bien consolidadas. Queda margen para una mayor colaboración y compromiso de los Estados miembros con el sector financiero para facilitar el acceso de las organizaciones sin ánimo de lucro a los canales regulados.

Casi todos los Estados miembros cuentan con algún tipo de supervisión, ya sea a través de organismos reguladores de las organizaciones sin ánimo de lucro, autoridades tributarias u otros tipos de autoridades de supervisión. Los procedimientos de diligencia debida para el registro y el acceso a los servicios financieros se han vuelto más estrictos, lo que puede hacer que las organizaciones sin ánimo de lucro resulten menos atractivas para la financiación del terrorismo.