La relación entre el Fiscal General y el Gobierno suscita controversia. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Jefe del Estado, a propuesta del Gobierno, entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Antes de proponer un candidato, el Gobierno debe haber oído al Consejo General del Poder Judicial, y la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados debe haber valorado la idoneidad del candidato . El Tribunal Supremo puede ejercer un control ex post de la legalidad del nombramiento. El Gobierno no tiene poderes para cesar al Fiscal General, pero los mandatos de ambos terminan al mismo tiempo . Este sistema ha sido objeto de crítica, entre otras razones porque la coincidencia en el mandato puede afectar a la percepción de independencia . El Consejo de Europa ha subrayado que es crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política . Aunque reconoce que esta cuestión ha sido abordada debidamente, ha instado a las autoridades a adoptar mejoras más fundamentadas para dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal, en particular, en lo que se refiere a la transparencia de la comunicación con el Gobierno . El Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Ahora bien, el Gobierno puede interesar del Fiscal General que promueva las actuaciones pertinentes en defensa del interés público . Si bien la ley determina que toda la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado , no exige que estas comunicaciones se hagan públicas ni prevé la obligación de registrarlas por escrito. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) también se ha referido a esta cuestión como motivo de preocupación . No obstante, parece existir una práctica consistente en publicar algunas comunicaciones a través de notas de prensa en el sitio web del Ministerio de Justicia . Las partes interesadas resaltan la importancia de garantizar esa publicidad para disipar cualquier posible impresión de interferencia política del Gobierno en la Fiscalía y reforzar la confianza pública en la justicia penal .

El Consejo General del Poder Judicial viene ejerciendo sus funciones ad interim desde diciembre de 2018. De acuerdo con la Constitución, el Consejo está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) y 20 vocales: 12 jueces o magistrados y 8 abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión . Los vocales del turno judicial son elegidos por las Cortes Generales sobre la base de una lista presentada por el Consejo , compuesta por los candidatos que hayan recibido el aval de una asociación de jueces o de veinticinco miembros de la carrera judicial . Los nuevos miembros del Consejo son nombrados por mayoría cualificada de tres quintos. En el contexto de las dos elecciones generales celebradas en 2019 no se alcanzó esa mayoría y los miembros del Consejo se han mantenido en funciones a la espera de que se elija la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces. Las asociaciones profesionales han reclamado la renovación del Consejo y han impugnado, por falta de competencia, el nombramiento de altos cargos judiciales por parte del Consejo en funciones . Aunque la ley prevé que mantenga todas sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo , la institución decidió suspender los nombramientos de cargos judiciales en enero de 2020 . Sin embargo, en mayo de 2020 los reactivó . El presidente del Consejo en funciones ha llamado reiteradamente la atención del Congreso y del Senado sobre la necesidad de proceder a la renovación del Consejo . Asimismo, se ha referido a las circunstancias actuales como una «anomalía institucional» y ha advertido de que la prolongación de esta situación podría desacreditar al Consejo . El Consejo de Europa ha señalado que estos hechos confirman la importancia de velar por que el Consejo no sea percibido como una institución expuesta a influencia política .

El sistema judicial español está compuesto por juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y especializados , y se estructura en consonancia con la organización territorial del Estado. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes del Derecho. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los asuntos constitucionales y de los recursos interpuestos por vulneración de los derechos fundamentales. El Consejo General del Poder Judicial, establecido por la Constitución Española, es el órgano de gobierno del poder judicial y garantiza la independencia de los tribunales y jueces . No forma parte del sistema judicial en sí mismo. Ejerce una acción disciplinaria y es competente para nombrar, trasladar y promover jueces, así como responsable de su formación y designación. El Ministerio Fiscal está integrado en el poder judicial y dispone de autonomía funcional; su misión es promover la justicia en defensa de la ley, los derechos de los ciudadanos y el interés general. El Fiscal General es nombrado por el Jefe del Estado a propuesta del Gobierno, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial . Los Colegios de Abogados locales son entidades de Derecho público que agrupan a profesionales; actúan con independencia de la Administración Pública, no dependen de los presupuestos públicos y sus activos no son públicos. Tienen competencias para la organización de la profesión y la deontología profesional, y aprueban su propio Código Deontológico.

No hay coherencia entre las normas sobre publicación del patrimonio, conflictos de intereses e incompatibilidades aplicables en los diferentes niveles del Gobierno y categorías de funcionarios de la Administración. En lo que respecta a la prevención de la corrupción, a nivel autonómico y local no existen estrategias preventivas específicas. El régimen de declaración patrimonial está implantado, y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, establece los requisitos relativos a la declaración de bienes y derechos, los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los altos funcionarios y miembros del Gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) fue establecida en 2006 y reforzada en 2015. Tiene la responsabilidad de controlar las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, las incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado y gestionar el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado. La Oficina está adscrita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, según la legislación, actúa con plena autonomía funcional . Las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses se han ido ampliando a lo largo de los años. No existe un mecanismo permanente de cooperación periódica con estructuras similares a nivel autonómico. Ahora bien, la Oficina presta asistencia a las oficinas regionales que se lo soliciten .

No se ha implantado una estrategia global específica de lucha contra la corrupción. No obstante, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, adoptada en febrero de 2019, fija como prioridad la lucha contra la corrupción. La Estrategia define, entre otras cosas, la necesidad de reforzar el acceso a datos financieros y la cooperación y coordinación entre los distintos actores implicados en la lucha contra este tipo de delitos, así como de aplicar las medidas previstas en el Convenio Penal sobre la Corrupción. A esta cuestión también se ha referido el GRECO, que aboga por que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la Policía y la Guardia Civil, mejoren su coordinación y juntos elaboren una estrategia contra la corrupción que refuerce los mecanismos internos de cumplimiento .

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists – Spain. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/spain .

CEPEJ (2018), European judicial systems: efficiency and quality of justice.

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media pluralism monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

Consejo General de la Abogacía Española (2020), aportación a la consulta en línea a las partes interesadas acerca del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Consejo General del Poder Judicial (23 de diciembre de 2019), nota de prensa http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-presidente-del-TS-y-del-CGPJ-recuerda-de-nuevo-al-Congreso-y-al-Senado-la-necesidad-de-renovar-el-organo-de-gobierno-de-los-jueces .

Consejo General del Poder Judicial (16 de enero de 2020), nota de prensa http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-CGPJ-decide-paralizar-temporalmente-el-nombramiento-de-cargos-judiciales-en-la-confianza-de-una-pronta-renovacion-de-la-institucion .

Consejo General del Poder Judicial (15 de julio de 2020), nota de prensa. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-presidente-del-TS-y-del-CGPJ-recuerda-por-cuarta-vez-al-Congreso-y-al-Senado-la-necesidad-de-renovar-el-organo-de-gobierno-de-los-jueces- .

Dirección General de Comunicación (2016-2020) (2016-2020), Eurobarómetro: perceived independence of the national justice system in the EU among the general public.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º 502: La corrupción.

Dirección General de Comunicación (2020) Eurobarómetro flash 482: Businesses' attitudes towards corruption in the EU.

El País (20 de febrero de 2020), Los jueces exigen al ministro la renovación cuanto antes del Poder Judicial. https://elpais.com/politica/2020/02/19/actualidad/1582142956_826283.html .

Europapress (13 de noviembre de 2019) Vox mantendrá el veto a medios en sus sedes y, si le obligan a rectificar, suspenderá las ruedas de prensa. https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-mantendra-veto-medios-sedes-si-le-obligan-rectificar-suspendera-ruedas-prensa-20191113140316.html .

Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (2018), Memoria Anual 2018 https://www.fiscal.es/documents/20142/183863/memoria2018_fiscalia_anticorrupcion.pdf/f6fb3789-9dde-d9cf-eb39-c7223e13794f .

Gobierno de España (2020): aportación de España al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

GRECO (2013), Cuarta ronda de evaluación, Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales, Informe de evaluación, España.

GRECO (2019), Cuarta ronda de evaluación, Prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales, Segundo informe intermedio de cumplimiento, España.

GRECO (2019), Quinta ronda de evaluación, Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Informe de evaluación, España.

Grupo de Acción Financiera Internacional (2014), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, Mutual Evaluation Report on Spain, 2014. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Spain-2014.pdf .

Juezas y Jueces para la Democracia (18 de mayo de 2020), comunicado. http://www.juecesdemocracia.es/2020/05/18/comunicado-jjpd-reclama-la-inmediata-reanudacion-la-actividad-judicial/ .

OCDE (2008), Specialised Anti-Corruption Institutions – Review of Models, Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia.

Red Europea de Consejos de Justicia (2020): Aportación de la Red Europea de Consejos de Justicia a la consulta a las partes interesadas acerca del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2020), The rule of law in the European Union – Reports from National Human Rights Institutions.

Reporteros sin Fronteras (2019), RSF exige que cesen las agresiones a periodistas en Cataluña y pide responsabilidad a políticos y medios para rebajar la tensión. https://rsf.org/es/informes/espana-rsf-exige-que-cesen-las-agresiones-periodistas-en-cataluna-y-pide-responsabilidad-politicos-y .