DICTAMEN DE LA COMISION con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales POR EL QUE SE MODIFICA LA PROPUESTA DE LA COMISION con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 251 del Tratado de la CE, la Comisión emite un dictamen sobre las modificaciones propuestas del Parlamento Europeo en segunda lectura.

La presente exposición contiene el dictamen de la Comisión sobre las 25 enmiendas propuestas por el Parlamento. De conformidad con el apartado 2 del artículo 250, la Comisión adjunta asimismo una propuesta modificada que incorpora las 23 enmiendas que la Comisión ha aceptado total o parcialmente.

1. Antecedentes

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo: 23 de abril de 1998

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 10 de septiembre de 1998

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, adoptado en primera lectura: 17 de septiembre de 1998

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 30 de octubre de 1998

Fecha de adopción de la posición común: 29 de julio de 1999

Fecha de la posición del Parlamento Europeo, adoptada en segunda lectura: 16 de diciembre de 1999.

2. Tema de la propuesta de la Comisión

La morosidad tiene consecuencias graves para todas las empresas europeas que ven mermados sus beneficios, liquidez y competitividad. Se ha calculado que una de cada cuatro quiebras se debe a la morosidad.

La morosidad también está obstaculizando el buen funcionamiento del Mercado Único. Los informes disponibles indican que más del 20% de las empresas europeas exportarían más si pudieran obtener plazos de pago más cortos de sus clientes extranjeros.

La propuesta de directiva de la Comisión contiene un paquete de medidas para luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales en la Comunidad Europea. La Directiva tiene por objeto tratar del problema de la morosidad entre todas las empresas, incluidas las del sector público, y establece un marco jurídico para impedir a los morosos retrasar sus pagos o imponer plazos de pago excesivamente largos a sus proveedores. Además, la Directiva agiliza los procedimientos de cobro de deudas.

3. Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento Europeo

3.1. Generalidades

La posición común aceptada por el Consejo en julio de este año redujo de seis a dos los artículos dispositivos de la propuesta de la Comisión. En su dictamen sobre la posición común [1], la Comisión mostró su deseo de encontrar un planteamiento más ambicioso para dar solución al problema de la morosidad. El Parlamento Europeo comparte esta opinión y ha reincorporado tres de los cuatro artículos eliminados por el Consejo.

[1] Documento SEC(1999)1398 final.

3.2. Enmiendas propuestas

3.2.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión e incorporadas al texto consolidado

La Comisión acepta la mayoría de las modificaciones propuestas ya que recuperan una parte sustancial de sus propuestas originales y corrigen deficiencias de la posición común (enmiendas 1, 3 a 17, 19, 21, 22, 24 y 26).

En particular, el Parlamento pide con razón que los intereses se eleven en dos puntos porcentuales (enmienda 16, letra d) del apartado 1 del artículo 3). De hecho, las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen que hacer frente al pago de los elevados intereses que les imponen sus bancos (entre un 15 y un 20%) siempre que necesitan un descubierto debido a la morosidad de sus clientes. El tipo de interés establecido por el Consejo no les compensaba adecuadamente.

La enmienda del Parlamento Europeo relativa a la compensación (enmienda 17, letra e) del apartado 1 del artículo 3) está justificada. En particular, el cobro de pequeñas deudas puede ser muy costoso y el importe de los intereses de esas cantidades normalmente es insuficiente para garantizar la rentabilidad. Por consiguiente, el deudor debería estar obligado a compensar las pérdidas sufridas por el acreedor a causa de la demora del pago.

El reforzamiento propuesto de la cláusula de prevención del abuso (enmienda 19, apartados 3 a 6 del artículo 3) hace más efectiva esta disposición ya que establece salvaguardias de procedimiento similares a las previstas en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos [2]. De esta forma, los acreedores estarán mejor protegidos frente a grandes clientes que tratan de imponerles plazos contractuales de pago excesivamente largos.

[2] DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.

Hay enmiendas que la Comisión acepta en principio, pero que prefiere redactar de otra forma (enmiendas 20 y 25).

En particular, la Comisión se alegra de la reintroducción de un conjunto de normas en toda la Comunidad sobre el reconocimiento de la reserva de dominio (enmienda 20, artículo 4). La Comisión opina no obstante que el artículo 4 no debería limitarse a grupos determinados de mercancías. Además, la Comisión querría reducir el número de informes que se le pide que elabore (enmienda 25, apartado 5 del artículo 8).

3.2.2. Enmiendas que la Comisión no puede aceptar

Solamente hay dos enmiendas que la Comisión no puede aceptar (enmiendas 2 y 23).

En particular, un nuevo considerando sobre los alimentos perecederos introduciría un enfoque sectorial que debe evitarse (enmienda 2).

Además, la Comisión no apoya la enmienda para reducir la duración de los procedimientos de cobro de 90 a 60 días (enmienda 23, artículo 7). Si bien es verdad que la Comisión ha propuesto 60 días, hay que tener en cuenta que la propuesta original de la Comisión excluía el período que necesita el deudor para su defensa. Este período está ahora incluido en los 90 días. Si bien una reducción a 60 días podría parecer excesivamente ambiciosa, la Comisión podría imaginar una cifra de compromiso situada entre los 60 y los 90 días.

4. Conclusiones

La Comisión espera que la presente Directiva beneficie de forma significativa a las empresas, en particular a las PYME. La reducción de la morosidad mejorará la liquidez de las empresas y reducirá las onerosas cargas administrativas y financieras que genera el cobro de las deudas.

Por último, la Directiva repercutirá positivamente en el empleo al aportar estabilidad económica a las empresas y al reducir el número de puestos de trabajo perdidos por las quiebras en Europa.

1998/0099 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales

(Texto pertinente a los fines del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

en vista del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

vista la propuesta de la Comisión [3],

[3] DO C 168 de 3.6.1998, p. 13 y OJ C 374, 3.12.1998, p. 4.

visto el dictamen del Comité Económico y Social [4],

[4] DO C 407 de 28.12.1998, p. 50.

de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [5],

[5] Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1998 (DO C 313 de 12.10.1998, p. 142), posición común del Consejo de 29.7.1999 (DO C 284 de 6.10.1999, p. 1) y posición del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 1999.

considerando lo siguiente:

(1) El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el programa integrado en favor de las PYME y del artesanado [6], insistió en que la Comisión debe presentar propuestas con objeto de solucionar el problema de la morosidad.

[6] DO C 323 de 21.11.1994, p. 19.

(2) El 12 de mayo de 1995, la Comisión adoptó una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales [7].

[7] DO L 127 de 10.6.1995, p. 19.

(3) El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la Recomendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales [8], instó a la Comisión a estudiar la posibilidad de convertir su Recomendación en una propuesta de Directiva del Consejo para su presentación en el plazo más breve posible.

[8] DO C 211 de 22.7.1996, p. 43.

(4) El 29 de mayo de 1997, el Comité Económico y Social emitió un dictamen sobre el Libro Verde de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea. Reflexiones para el futuro" [9], en el que se recomiendan plazos de pago máximos e intereses de demora para las administraciones públicas.

[9] DO C 287 de 22.9.1997, p. 92.

(5) El 4 de junio de 1997, la Comisión publicó un plan de acción para el mercado interior en el que se recalca que la morosidad representa un obstáculo cada vez más fuerte para el éxito del mercado único.

(6) El 17 de julio de 1997, la Comisión publicó un "Informe sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales" [10], en que se resumen los resultados de la evaluación de los efectos de la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995.

[10] DO C 216 de 17.7.1997, p. 10.

(7) Onerosas cargas administrativas y financieras pesan sobre las empresas y, especialmente, sobre las pequeñas y medianas, debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad; estos problemas son además una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

(8) En algunos Estados miembros, los plazos de pago contractuales difieren notablemente de la media comunitaria.

(9) Las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a las normas y prácticas de pago constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior.

(10) Ello limita considerablemente las transacciones comerciales entre Estados miembros, contradice el artículo 14 del Tratado, ya que los empresarios deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las transacciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional, y podría producir un falseamiento de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las transacciones en el mercado nacional y a las transfronterizas.

(11) Las estadísticas más recientes indican que, en el mejor de los casos, en muchos Estados miembros no ha habido mejoras en materia de morosidad desde la adopción de la Recomendación de 12 de mayo de 1995.

(12) El objetivo de la lucha contra la morosidad en el mercado interior no puede ser alcanzado de manera suficiente si cada uno de los Estados miembros actúa por su cuenta y, por consiguiente puede lograrse mejor a nivel comunitario; la presente Directiva no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar este objetivo y, por tanto, cumple plenamente con los requisitos de los principios de subsidariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado.

(13) Conviene limitar el alcance de la presente Directiva a los pagos efectuados como contraprestación en transacciones comerciales y no regular las transacciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos, como, por ejemplo, los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio o los pagos de indemnizaciones por daños.

(14) El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no implica que los Estados miembros deban tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos no regulados por la presente Directiva.

(15) La presente Directiva únicamente define el término "título ejecutivo", sin regular los diferentes procedimientos para la ejecución forzosa de dicho título ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecución forzosa del mismo.

(16) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados a los pagos que incurren en mora y de la lentitud de los procedimientos de reclamación; es necesario un cambio decisivo para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias y al mismo tiempo sirvan para compensar a los acreedores por los gastos en que hayan incurrido.

(17) Pueden existir determinados tipos de contrato en los que pueden estar justificados un período de pago más largo combinado con una restricción de la libertad de contratar los tipos de interés más altos.

(18) Es necesario que la presente Directiva aborde los problemas relacionados con los plazos de pago contractuales dilatados.

(19) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor; la presente Directiva no afecta a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales no equitativas para el deudor.

(20) El recurso a cláusulas de reserva de dominio como medio de acelerar el pago está limitado actualmente por cierto número de disparidades entre las diferentes legislaciones nacionales; es necesario garantizar que los acreedores puedan hacer uso de la cláusula de reserva de dominio en toda la Comunidad, por medio de una misma cláusula reconocida por todos los Estados miembros, y que la excesiva duración de los plazos de pago y la morosidad no distorsionen las transacciones comerciales en el mercado interior.

(21) Las administraciones públicas realizan pagos de un volumen considerable a las empresas; una estricta disciplina de dichas autoridades en materia de pagos tendría un efecto en cadena beneficioso para el conjunto de la economía; en el ámbito de la contratación pública, las empresas contratistas, a su vez, también demoran los pagos a sus proveedores y subcontratistas, recurriendo habitualmente a la imposición de unos plazos de pago excesivos, conductas que afectan gravemente a los intereses de numerosas empresas, especialmente PYME; por lo que se refiere a los pagos realizados por la Comisión, ya se decidió otorgar a determinados acreedores el derecho a percibir intereses de demora por los pagos atrasados.

(22) La expresión "entidades adjudicadoras" corresponde a la definición contemplada en las Directivas 92/50/CEE [11] y 93/37/CEE [12], e incluye, a los efectos de la presente Directiva, las "entidades contratantes" definidas en la Directiva 93/38/CEE [13].

[11] DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

[12] DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.

[13] DO L 199 de 9.8.1993, p. 84.

(23) Las consecuencias de la morosidad sólo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de reclamación rápidos y eficaces para el acreedor; de conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 12 del Tratado, tales procedimientos deben estar a disposición de todos los acreedores establecidos en la Comunidad.

(24) El artículo 7 de la presente Directiva dispone que el procedimiento de cobro de las deudas no impugnadas se concluya en breve plazo de conformidad con la legislación nacional,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en transacciones comerciales.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1. "Transacciones comerciales", las realizadas entre empresas o entre empresas y autoridades públicas que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios; se entenderá por "empresa" cualquier organización que actúen en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona.

2. "Morosidad", el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.

3. "Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales transacciones de refinanciación", el tipo de interés aplicado a tales transacciones en caso de licitaciones a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación de refinanciación principal con arreglo a un procedimiento de licitación a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de la correspondiente licitación. Todo ello se aplicará tanto a las subastas a tipo único como a las subastas a tipo variable.

4. "Reserva de dominio", la estipulación, no sujeta a requisitos formales, de que el vendedor sigue siendo propietario de los bienes en cuestión hasta el pago completo del precio. El término "vendedor" incluirá al proveedor de bienes que hayan de producirse o fabricarse.

5. "Entidades adjudicadoras", la definición que se establece en las Directivas 92/50/CEE y 93/37/CEE, incluida la definición de "entidades contratantes" que figura en la Directiva 93/38/CEE.

6. "Contrato público", cualquier contrato que implique remuneración, celebrado por escrito entre una de las entidades adjudicadoras previstas en el punto 5 y una empresa que no sea entidad adjudicadora.

7. "Título ejecutivo", toda decisión, sentencia u orden de pago, ya sea de pago inmediato o de pago a plazos, dictada por un tribunal u otra autoridad competente, que permita al acreedor obtener mediante ejecución forzosa el cobro del título de crédito que ostente frente al deudor; e incluirá las decisiones, sentencias u órdenes de pago que sean ejecutivas provisionalmente y que conserven su carácter ejecutivo aún en el caso de que el deudor las recurra.

Artículo 3

Intereses de demora

1. Los Estados miembros velarán por que:

(a) el interés devengado con arreglo a la letra (d) sea pagadero el día siguiente a la fecha o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de recordatorio:

(i) 21 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, o

(ii) si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente se presta a duda, 21 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, o

(iii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 21 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, o

(iv) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 21 días después de esta última fecha;

(c) el acreedor tenga derecho a intereses de demora en la medida en que:

(i) haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y

(ii) no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso;

(d) el tipo de interés de demora ("tipo legal") que el deudor estará obligado a pagar sea la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su principal y más reciente operación de refinanciación efectuada el primer día natural del semestre de que se trate ("tipo de referencia") más al menos 8 puntos porcentuales ("margen"), salvo que se especifique otra cosa en el contrato. Respecto a los Estados miembros que no participen en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de referencia mencionado anteriormente será el tipo equivalente establecido por sus bancos centrales nacionales. En ambos casos, se aplicará durante los siguientes seis meses el tipo de referencia vigente el primer día natural del semestre de que se trate;

(e) además de los intereses de demora, el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor una indemnización plena por las pérdidas que le haya causado la morosidad, lo que incluye:

(i) los costes de los créditos bancarios o de descubierto del acreedor, en la medida en que no queden totalmente compensados por el derecho a los intereses de demora;

(ii) los costes administrativos en que incurra la empresa del acreedor como consecuencia del cobro;

(iii) los costes del cobro por medio de entidades dedicadas al cobro de deudas, y

(iv) los costes derivados del cobro mediante acción judicial.

Los Estados miembros podrán velar por que las indemnizaciones que pudieran reclamarse en virtud de los puntos ii), iii) y iv) sean razonablemente proporcionales a la deuda realmente contraída.

2. En el caso de algunos tipos de contrato que deberá definir la legislación nacional, los Estados miembros podrán fijar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de 60 días cuando obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superior al tipo legal.

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier acuerdo sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora que no sea conforme a lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2 o no sea aplicable o dé lugar al derecho a reclamar por daños si, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos habituales del comercio y la naturaleza del producto, es gravemente injusto para el acreedor. Para determinar si un acuerdo es gravemente injusto para el acreedor, se tendrá en cuenta si el deudor tiene alguna razón objetiva para desviarse de lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2 o si el acuerdo sirve únicamente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a costa del acreedor. En caso de determinarse que el acuerdo es gravemente injusto, se aplicarán las disposiciones legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras condiciones que sean justas.

4. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los acreedores y competidores, existan medios adecuados y efectivos para evitar que sigan aplicándose cláusulas que resulten gravemente injustas en el sentido del apartado 3.

5. Los medios a los que se refiere el apartado 4 incluirán disposiciones que permitan a las personas o entidades que representen intereses de pequeñas o medianas empresas, en el sentido de la Recomendación de la Comisión 96/280/CE [14], recurrir, con arreglo a la legislación nacional que proceda, ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas contractuales redactadas para uso general resultan gravemente injustas en el sentido del apartado 3, de forma que puedan aplicarse los medios adecuados y efectivos para que cese la aplicación de tales cláusulas.

[14] DO L 107 de 30.4.1996, p. 4.

6. Los recursos a los que se refiere el apartado 5 podrán dirigirse, observando lo dispuesto en las leyes nacionales, por separado o conjuntamente, contra un cierto número de compradores del mismo sector económico, o contra las asociaciones de éstos, que utilicen o recomienden el uso de las mismas cláusulas generales de contratación o cláusulas similares.

Artículo 4

Reserva de dominio

1. Los Estados miembros velarán por que el vendedor conserve la propiedad de los bienes duraderos y/o de capital si se ha acordado una reserva de dominio. Aparte de un contrato individual, tal acuerdo se considerará válido si la cláusula de reserva de dominio está incluida en el contrato tipo del vendedor, sin que el comprador se haya opuesto a la misma. No se exigirá ninguna otra formalidad.

2. Los Estados miembros deberán reconocer la validez de las cláusulas que se incluyen en el Anexo o de cláusulas que tengan un efecto equivalente.

3. Transcurrido el plazo para el pago sin que el comprador haya procedido a efectuarlo, el vendedor podrá reclamar que se le devuelvan los bienes en cuestión. Los Estados miembros deberán prever la oponibilidad a terceros de la cláusula de reserva de dominio incluso en caso de quiebra del deudor o de cualquier otro procedimiento reconocido como de esa misma naturaleza por las legislaciones de los Estados miembros. A más tardar en el momento en que el comprador tome posesión de los bienes, será responsable de los posibles daños causados a los mismos o de su posible pérdida.

4. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones en que se regulen los pagos a cuenta ya efectuados por el deudor. También podrán limitar o excluir el ejercicio del derecho de reserva de dominio en los casos siguientes:

(a) cuando un tercero haya adquirido los bienes en cuestión de buena fe, y

(b) cuando dichos bienes se hayan incorporado o mezclado con otros bienes, excepto si dicho proceso puede invertirse sin causar daños de consideración a esos otros bienes.

Artículo 5

Transparencia de los contratos públicos

Los Estados miembros velarán por que en las convocatorias de licitación y en los contratos públicos conste información precisa sobre los plazos y fechas de pago aplicados por las entidades adjudicadoras aún cuando estos plazos estén determinados en las condiciones contractuales generales prescritas por la ley. Se fijarán especialmente plazos para la realización de las formalidades administrativas previas al pago, como los procedimientos de recepción de obras públicas.

Artículo 6

Pronto pago, vencimientos e intereses por mora

Los Estados miembros velarán por que:

1. El plazo para el pago de las deudas contractuales de las entidades adjudicadoras tal como se determina en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 3, no supere los 45 días naturales salvo cuando el valor del contrato supere los 100 000 euros, en cuyo caso el plazo máximo para el pago será de 60 días naturales; el contrato no podrá prever en ningún caso que se sobrepase el plazo para el pago; en un contrato público, el contratista principal tendrá que garantizar a los subcontratistas y a los proveedores unas condiciones al menos tan favorables como las concedidas al contratista principal por la entidad adjudicadora; para garantizar a los proveedores y subcontratistas estas condiciones, el contratista principal estará obligado a constituir una garantía en favor del proveedor o del subcontratista, garantizando el pago de todos los importes debidos. Dicha garantía será ejecutable a partir del vencimiento del plazo de 60 días naturales a contar desde la fecha de presentación al contratista principal de la factura por el proveedor o subcontratista. Estas mismas condiciones serán aplicables entre el contratista principal y la entidad adjudicadora;

2. El acreedor tenga derecho a reclamar intereses a las entidades adjudicadoras por cualquier importe pendiente de pago una vez sobrepasado el plazo para el pago; los intereses se calcularán con arreglo a la letra d) del apartado 1 del artículo 3 y se abonarán automáticamente por las entidades adjudicadoras sin necesidad de que medie reclamación;

3. Las entidades adjudicadoras no podrán solicitar o exigir al acreedor la renuncia a cualquiera de los derechos contemplados en el presente artículo. El acreedor tampoco podrá solicitar o exigir a sus proveedores o subcontratistas la renuncia a estos derechos.

Artículo 7

Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo dicha tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Comunidad Europea.

3. En el plazo de 90 días naturales mencionado en el apartado 1 no se incluirán los períodos siguientes:

(a) los plazos requeridos para notificación,

(b) los retrasos ocasionados por el acreedor, como por ejemplo los plazos para subsanar demandas o recursos no admisibles.

4. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [15].

[15] Versión consolidada en el DO C 27 de 26.1.1998, p. 3.

Artículo 8

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar .......... [16] e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

[16] 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva.

3. Al transponer la presente Directiva los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación:

(a) las deudas sometidas a procedimientos de insolvencia incoados contra el deudor,(b) los contratos celebrados antes de ........ [17] y

[17] 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(c) las reclamaciones de intereses de menos de 5 euros.4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

5. La Comisión realizará, tres años después de......... [18], una evaluación, entre otros aspectos, del tipo legal, de los plazos contractuales de pago y los pagos atrasados, para valorar en la práctica las repercusiones en las operaciones comerciales y la aplicación de la legislación. Los resultados de esta evaluación y de otras evaluaciones se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañados, cuando proceda, de propuestas destinadas a mejorar la presente Directiva.

[18] 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 10

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo, Por el Consejo,

La Presidente El Presidente

ANEXO

Lista de las cláusulas que deben reconocer los Estados miembros a efectos de lo dispuesto en el artículo 4

ES: // 'El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago final.'

DA: // 'Varen forbliver sælgerens ejendom, indtil den er fuldstændig betalt.'

DE: // 'Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.'

EL: // 'Ï ðùëçôÞò ðáñáêñáôåß ôçí êõñéüôçôá ôùí áãáèþí ìÝ÷ñé ôçí ðëÞñç åîüöëçóç ôïõ ôéìÞìáôïò'

EN: // 'The goods remain the property of the seller until fully paid.'

FR: // 'Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet.'

IT: // 'Le merci restano di proprietà del venditore fino al pieno pagamento.'

NL: // 'De waren blijven tot de volledige betaling eigendom van de verkoper.'

PT: // 'O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento final.'

FI: // 'Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.'

SV: // 'Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats helt och hållet.'