En primer lugar, la reprogramación no puede afectar a los topes máximos anuales fijados por el marco financiero plurianual o a los tramos anuales de las asignaciones de los programas comprometidos en los años anteriores al año en que se adoptó la reprogramación. En segundo lugar, las transferencias entre Fondos EIE solo pueden efectuarse entre el FEDER y el FSE y deben respetar la proporción mínima del FSE (artículo 92, apartado 4, del RDC). En tercer lugar, cualquier reprogramación entre fondos y dentro de ellos deberá cumplir las proporciones de los requisitos de concentración temática fijados para los diversos Fondos EIE. La reprogramación también debería tener en cuenta la intención de destinar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a los objetivos relativos al cambio climático. En cuarto lugar, todas las transferencias de recursos dentro de los Fondos Estructurales o entre ellos deberán cumplir la asignación financiera por categoría de región. Por último, el artículo 23 no se aplica a los programas en virtud del objetivo de cooperación territorial europea.

El primer y claro caso de que no se han tomado medidas eficaces se da cuando un Estado miembro simplemente no presenta —dentro de los plazos previstos por el Reglamento— ni una respuesta preliminar ni una propuesta de modificación de su acuerdo de asociación y de los programas afectados. Al ignorar la solicitud de reprogramación de la Comisión, el Estado miembro afectado se inhibe de adoptar medidas eficaces.

Si el Estado miembro no adopta medidas eficaces dentro de los plazos establecidos en el artículo 23, apartados 3 y 4, la Comisión podrá presentar una propuesta al Consejo para que se suspenda una parte o la totalidad de los pagos correspondientes a los programas o prioridades afectados. El Reglamento de disposiciones comunes no proporciona criterios explícitos para evaluar las medidas eficaces. La Comisión tendrá en cuenta diversos criterios para llevar a cabo esta evaluación.

Cuando un Estado miembro haya presentado los documentos exigidos dentro del plazo, la Comisión, teniendo en cuenta su solicitud de reprogramación, llevará a cabo un control de calidad de las modificaciones propuestas. El control de calidad se basará en criterios como:

¿Las enmiendas propuestas asignan más o menos financiación (según el caso) a todos los programas y prioridades indicados en la solicitud de la Comisión?

¿La magnitud del aumento o la reducción de los programas y prioridades es consecuente con la evaluación de la Comisión en su solicitud de reprogramación?

¿Los motivos, los objetivos específicos y los resultados previstos de estas modificaciones están suficientemente explicados?

¿Las modificaciones necesarias se reflejan correctamente en las prioridades pertinentes de los programas y en las secciones pertinentes del acuerdo de asociación?

¿Las modificaciones propuestas son coherentes? ¿La estrategia del programa revisado es coherente con la contribución prevista para el logro de los retos identificados en la REP pertinente, en la recomendación pertinente del Consejo o en el memorando de entendimiento que dio lugar a la solicitud?

¿El marco de rendimiento ha sido revisado y es coherente con las modificaciones propuestas para los programas y las prioridades?

¿Los programas y las prioridades revisados son coherentes con las actuales necesidades de programación específicas de los fondos?

Teniendo en cuenta el carácter bastante prescriptivo de la solicitud de reprogramación y la posibilidad de que el Estado miembro mejore su propuesta durante este proceso, la Comisión solo considerará que existe una medida eficaz cuando la respuesta transmitida por el Estado miembro se considere satisfactoria con arreglo a los criterios expuestos anteriormente.

Si un Estado miembro no adopta medidas eficaces, la Comisión podrá proponer al Consejo una suspensión de los pagos y deberá justificar su propuesta. Explicará por qué las modificaciones o la revisión de las asignaciones propuestas en todos los programas y prioridades no son suficientes o no se ajustan a lo necesario para alcanzar los objetivos fijados en la REP pertinente, en la recomendación pertinente del Consejo o en el memorando de entendimiento que dio lugar a la solicitud.

5.Circunstancias que pueden dar lugar a una suspensión de pagos

De acuerdo con el artículo 23, apartado 6, la Comisión podrá proponer al Consejo que suspenda una parte o la totalidad de los pagos correspondientes a los programas o prioridades afectados si el Estado miembro no adopta medidas eficaces. El Reglamento no especifica en qué casos la Comisión debe presentar una propuesta de suspensión. En la presente sección se explica en qué casos la Comisión consideraría la posibilidad de una suspensión. No obstante, cuando proceda, podrán tenerse en cuenta circunstancias excepcionales de un Estado miembro, como la contracción de su PIB real durante dos o más años consecutivos anteriores a la solicitud de reprogramación.

La Comisión consideraría la posibilidad de proponer la suspensión en el caso de «inacción», es decir, si el Estado miembro no facilita una respuesta preliminar a la solicitud de la Comisión, ni ninguna propuesta para modificar su acuerdo de asociación y los programas en los plazos previstos en el Reglamento. La Comisión no se plantearía la posibilidad de proponer la suspensión en caso de que el Estado miembro haya presentado su respuesta preliminar en el plazo establecido en el artículo 23, apartado 3, pero la Comisión estima que dicha respuesta no aborda la solicitud de reprogramación. El Estado miembro sigue teniendo la posibilidad de mejorar notablemente la calidad de su respuesta, basándose, en particular, en las observaciones que formule la Comisión, en caso necesario, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la respuesta preliminar. En tal caso, la Comisión solo consideraría la posibilidad de proponer una suspensión tras haber llevado a cabo un control de calidad de la modificación formal del acuerdo de asociación y de los programas (artículo 23, apartado 4) presentados dentro del plazo previsto por el Reglamento. Si la Comisión considera que la propuesta no aborda su solicitud de reprogramación, o si los cambios propuestos no se reflejan correctamente en el acuerdo de asociación y los programas, o si no son suficientemente ambiciosos, podrá considerar la posibilidad de una suspensión de pagos en el plazo de tres meses fijado en el artículo 23, apartado 6.

6.Criterios para determinar los programas que deben suspenderse y el nivel de suspensión

Una suspensión con arreglo al primer capítulo de medidas (artículo 23, apartados 6 y 7 del RDC) no es automática y se refiere solo a los pagos. El efecto inmediato es la interrupción de los flujos de tesorería al Estado miembro.

Al proponer al Consejo una suspensión de pagos, la Comisión indicará los programas o prioridades afectados y los importes correspondientes. El artículo 23, apartado 7, establece la competencia del Consejo de fijar el tope máximo para la suspensión en el 50 % de los pagos de cada uno de los programas afectados. El artículo 23, apartado 7, establece que el nivel de la suspensión podrá aumentarse hasta el 100 % si el Estado miembro insiste en no adoptar medidas eficaces en un plazo de tres meses desde que el Consejo decida la suspensión.

Además del tope expresado como el 50 % de los pagos, el artículo 23, apartado 7, también establece que el alcance y el nivel de la suspensión «serán proporcionados y eficaces y respetarán la igualdad de trato entre Estados miembros, en particular por lo que respecta al impacto de la suspensión en la economía del Estado miembro afectado».

La Comisión considera que la proporcionalidad y la eficacia significan que la suspensión se fijará en el importe necesario para proporcionar los incentivos adecuados para que el Estado miembro cumpla la solicitud de la Comisión, teniendo también en cuenta la magnitud de la desviación entre esta y la propuesta del Estado miembro. Este aspecto se evaluará caso por caso.

Se tendrá en cuenta la magnitud de la suspensión como proporción del PIB nacional para garantizar la igualdad de trato entre los distintos Estados miembros. Esto evitaría que los mayores beneficiarios de los Fondos EIE tengan que soportar un efecto indebido en comparación con Estados miembros más desarrollados que reciben menos Fondos EIE en relación con su población y la dimensión de su economía.

Se tendrán en cuenta las circunstancias económicas y sociales de los Estados miembros, al considerar factores atenuantes similares a los previstos en las suspensiones con arreglo al artículo 23, apartado 9. Estos factores reducen la suspensión por un coeficiente determinado, tal como se establece en el anexo III del RDC, en función de la tasa de desempleo, la proporción de la población con riesgo de pobreza o exclusión social, o la contracción del PIB en el Estado miembro afectado.