Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en el que se expidió el título ()

(95/C 256/05)

El 29 de mayo de 1995, de conformidad con el artículo 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de junio de 1995 (Ponente : Sr. Cavaleiro Brandão).

En su 327° Pleno (sesión del 5 de julio de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría, con 3 abstenciones, el siguiente dictamen.

1. Introducción

El ejercicio de la abogacía a nivel europeo ya ha sido objeto de dos iniciativas comunitarias.

1.1. Con la Directiva 77/249/CEE se pretendió facilitar la libertad de prestación de servicios por parte de los abogados, dejando al margen expresamente el ejercicio del derecho de establecimiento, que requiere medidas más elaboradas.

En líneas generales, esta Directiva establece el principio del reconocimiento recíproco de las autorizaciones para el ejercicio de la profesión. Con ello regula la facultad de que un abogado establecido en un Estado miembro pueda ejercer la profesión y prestar sus servicios en otro Estado miembro.

No obstante, los servicios profesionales del abogado sólo pueden prestarse amparándose en la titulación profesional del país de origen, y no en otra del país de acogida.

Por otra parte, la representación y defensa de un cliente ante los tribunales puede estar condicionada, como de hecho ocurre en casi todos los Estados miembros, a una actuación concertada con un abogado que esté establecido en el país de acogida.

1.2. Con la Directiva 89/48/CEE se estableció un sistema general de reconocimiento de diplomas de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en el que figuran algunas reglas específicas destinadas a los abogados.

Según esta Directiva, un abogado que posea un título exigido en un Estado miembro para acceder a esta profesión o ejercerla, puede, para ser autorizado a acceder a esta profesión o a ejercerla en otro Estado miembro, ser sometido a un cursillo de adaptación o a una prueba de aptitud, a elección del Estado miembro de acogida. A excepción de Dinamarca, que sólo exige un cursillo de adaptación, los demás Estados miembros han optado por la prueba de aptitud.

De esta manera, esta Directiva constituye el marco jurídico a través del cual se ha pretendido garantizar el ejercicio real de la profesión, con carácter permanente, en cualquier Estado comunitario distinto de aquel en que se haya obtenido la titulación correspondiente.

2. Observaciones generales

2.1. La reglamentación resultante de estas dos Directivas ha sido considerada por muchos, durante cierto tiempo, suficiente en lo que se refiere a la actividad específica de los abogados.

No obstante, tras años de intensos debates y reflexiones en el seno del CCBE (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea), esta organización representativa de los abogados europeos aprobó en su sesión plenaria de octubre de 1992, en Lisboa, por amplia mayoría, un proyecto de reglamentación del que nació el presente proyecto de la Comisión.

2.2. En realidad, se pensó que era conveniente ir más allá de la simple definición de algunas reglas generales y formales para el reconocimiento de los diplomas de los abogados, objetivo este que ya se alcanzó con la Directiva 89/48/CEE.

Por consiguiente, se consideró que sería positivo :

- profundizar en la reglamentación del sistema de integración profesional de los abogados migrantes en el Estado de acogida, flexibilizando y facilitando dicho proceso de integración;

- prever y enmarcar a nivel europeo el ejercicio colectivo de la abogacía;

- establecer un sistema de principios deontológicos y regular el régimen disciplinario aplicable.

2.3. El Comité está de acuerdo con estos objetivos y acoge favorablemente los principios que inspiran la propuesta en su conjunto, sin perjuicio de las observaciones que formula a continuación.

No obstante, señala que la propuesta de la Comisión difiere de la propuesta del CCBE en aspectos esenciales, a saber, en que :

a)

limita temporalmente el derecho de establecimiento al amparo del título profesional de origen, y

b)

renuncia en general a una prueba de aptitud para la plena integración en la abogacía del Estado de acogida (art. 10.1).

2.4. El Comité hace suyas las preocupaciones que el Informe Sutherland puso de manifiesto con relación al sistema judicial en el marco de la Unión Europea.

Por una parte, es cierto que la plena realización del mercado interior implica un estrechamiento cada vez mayor entre los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y que los ciudadanos y las empresas dispongan de un apoyo jurídico cada vez mejor informado y coordinado a nivel transnacional o intereuropeo.

Por otra parte, es evidente que la construcción de un ordenamiento jurídico europeo más integrado y cada vez más armonizado sólo será posible en la medida en que se facilite y estimule la fluidez de circulación de los profesionales interesados en este proceso de conocimiento mutuo y recíproca aproximación.

La presente propuesta de Directiva, encaminada a estimular y facilitar realmente la libertad de circulación y de establecimiento de los abogados, puede contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos señalados.

3. Observaciones específicas

3.1. Los artículos 2 a 9 regulan el derecho de ejercicio y el propio ejercicio de la abogacía por un abogado migrante desplazado a un Estado europeo de acogida, con carácter temporal por un período de cinco años y con titulación profesional del país de origen.

3.2. En dichos artículos se prevé que, durante una etapa transitoria, no superior a cinco años, el abogado migrante vaya integrándose progresivamente en el sistema de normas y de organización profesionales del Estado de acogida hasta alcanzar, al cabo de dicha etapa, el reconocimiento y la confirmación formal de su plena integración.

Para ello, se establece que deberá inscribirse ante la autoridad competente del Estado de acogida y que ejercerá su actividad utilizando el título profesional de origen, sometiéndose a la normativa profesional y deontológica del Estado miembro de acogida y a las normas procesales, sanciones y recursos previstos en dicho Estado. El Comité está de acuerdo con estos principios, si bien no ve justificación al límite de cinco años.

3.3. En el artículo 5 se atribuye al abogado migrante la facultad de atender consultas jurídicas relativas no sólo a su Estado miembro de origen, sino también al derecho internacional y comunitario, así como al derecho del Estado miembro de acogida.

3.4. Como se ha señalado anteriormente, el Comité respalda el objetivo de garantizar al abogado migrante su integración profesional en el Estado miembro de acogida, en especial cuando dicha integración signifique el acceso y la adquisición real de conocimientos técnicos, jurídicos y profesionales necesarios para el desempeño responsable y competente de la profesión.

3.5. En este sentido, el Comité manifiesta sus reservas en cuanto a la solución adoptada de atribuir al abogado migrante, desde su llegada al Estado de acogida, la facultad de atender consultas jurídicas relativas al derecho de dicho Estado, es decir, sin que haya tenido que asistir con anterioridad a cursillos de formación complementaria sobre el mismo, o sin que se haya evaluado previamente su competencia en dicho ámbito.

Es evidente que, en tal caso, los derechos de los consumidores no están suficientemente protegidos.

3.6. El artículo 6 regula las reglas profesionales y deontológicas aplicables, esencialmente a partir del principio según el cual son las normativas del Estado de acogida las que prevalecen.

El Comité considera que sería oportuno hacer una referencia al código deontológico aprobado por el CCBE y que ya ha sido adoptado por la mayoría de los colegios de abogados de los diferentes Estados miembros, en la medida en que se trata de un código de dimensión europea con una sana voluntad integradora y que las organizaciones profesionales interesadas han asumido para sí, de manera libre y espontánea, por la dimensión y vocación que lleva consigo.

4. El artículo 10 se refiere a la asimilación al abogado del Estado miembro de acogida y regula los términos en los que se concreta y ultima formalmente la integración del abogado migrante.

4.1. De esta manera, en el apartado 1 del artículo 10 se estipula que tendrán acceso a la profesión de abogado en el Estado miembro de acogida, con dispensa de la prueba de aptitud prevista en la Directiva 89/48/CEE, los abogados migrantes que justifiquen el ejercicio efectivo y permanente de su profesión durante un período mínimo de tres años en relación con el derecho de dicho Estado, incluido el derecho comunitario.

No obstante, el texto de la propuesta contiene dos expresiones cuya ambigueedad podrá acarrear dificultades de interpretación.

No es evidente que de la expresión « actividad efectiva y permanente », cuya definición, que figura en el segundo párrafo del mismo apartado, se ha extraído de la sentencia « van de BIJL » (asunto 130/88), se pueda deducir un contenido suficiente, preciso y riguroso, adecuado para una aplicación práctica y concreta.

Por otra parte, la expresión « Derecho del Estado miembro de acogida, incluido el Derecho comunitario » es difícil de interpretar. Si el abogado migrante sólo ha practicado el Derecho del Estado de acogida y no el Derecho comunitario, ¿se le impedirá el acceso a la profesión ? Además, dicha expresión puede querer decir que, a efectos preceptivos, el Derecho comunitario se considera englobado (« incluido ») en el Derecho del Estado de acogida y, en este sentido, ¿bastará que el abogado haya practicado, con carácter efectivo y permanente, el derecho comunitario para acceder al título del Estado al que emigró ?

El Comité considera que sería conveniente volver a formular y aclarar las dos expresiones señaladas.

4.2. En el apartado 2 del artículo 10 se estipula que a pesar de la dispensa de la prueba de aptitud prevista en la Directiva de 1989, el abogado migrante podrá quedar sujeto a una prueba de aptitud limitada al Derecho procesal y a las normas de deontología del Estado miembro de acogida.

El Comité destaca la importancia que reviste el conocimiento de la lengua en general y del lenguaje jurídico en particular para el ejercicio responsable y competente de la abogacía. Por consiguiente, entiende que este aspecto debe ser objeto de expresa consideración en el contexto de la integración profesional del abogado migrante.

Por otra parte, el Comité admite que, en lugar de la prueba de aptitud sumaria prevista en el apartado 2 del artículo 10 de la Propuesta, pueda llegar en su momento a ser considerada suficiente y más adecuada alguna otra forma de evaluación equivalente del proceso de integración y de sus resultados.

4.3. En el apartado 3 del artículo 10 se recuerda y se insiste en que, en cualquier caso, el abogado que ejerza con su título profesional de origen podrá solicitar el reconocimiento de su título con arreglo a la Directiva 89/48/CEE, es decir, a través de la realización de la prueba de aptitud.

No obstante, se precisa que (¿sólo ?) lo podrá hacer « durante el período de cinco años a que se refiere el artículo 2 ».

Esta precisión da lugar a dudas y suscita una cierta perplejidad.

4.3.1. En primer lugar, parece que el derecho de exigir el reconocimiento de un diploma, con arreglo a la Directiva 89/48/CEE, existe en cualquier momento siempre que el abogado candidato solicite y realice con éxito la prueba de aptitud, prevista y regulada a nivel interno por cada Estado miembro. No parece que dicha facultad pueda, y aun menos deba, tener una limitación temporal y no se entiende cuál es la relación entre el ejercicio de esa facultad, que se deriva de una regla general y abstracta, y el período transitorio de cinco años que, también para otros efectos, establece la propuesta de Directiva.

4.3.2. En segundo lugar, no están claras las consecuencias en el caso de que termine el período transitorio de cinco años sin que el abogado migrante (ejerciendo temporalmente con el título profesional de origen en el Estado de acogida) haya tomado ningún tipo de iniciativa.

Es decir, la propuesta no aclara qué sucede, o qué debe sucederle, al abogado que, al final del período transitorio de cinco años, no haya solicitado su integración en el Estado de acogida al amparo del apartado 1 de este artículo 10 ni el reconocimiento de su diploma con arreglo a la Directiva de 1989.

El Comité llama la atención sobre la necesidad de aclarar este aspecto, ya que no parece tratarse de un simple lapsus, sino más bien de una verdadera omisión en la adopción de una opción política o de fondo.

4.3.3. De esta manera, y resumiendo, deben quedar explícitamente señalados los siguientes principios, sin limitaciones temporales :

- libertad de prestación de servicios al amparo del título profesional de origen (de conformidad con las normas establecidas en los artículos 3 a 9);

- libertad para solicitar la realización de pruebas de aptitud reguladas por la Directiva 89/48/CEE.

4.4. En el apartado 6 del artículo 10 se reconoce y consagra lo que parece ser un derecho indiscutible del abogado migrante, a saber, el de poder continuar utilizando su título profesional de origen junto con el del Estado miembro de acogida.

El Comité, independientemente de su posición favorable a este principio, plantea al respecto otra cuestión que considera particularmente relevante.

En realidad, el Comité considera que la indicación del título de origen no es sólo un derecho del abogado migrante, sino que además refleja, simultáneamente, un verdadero deber de éste.

El consumidor en este ámbito, el cliente del abogado o cualquiera de las partes que intervienen en el tejido de relaciones profesionales que se establecen en torno a una determinada situación, tienen pleno derecho a saber que el abogado correspondiente, si bien está en legítima posesión del título profesional del Estado de acogida, procede, desde un punto de vista profesional, de otro Estado miembro en el que adquirió su formación de base.

La necesidad de transparencia e incluso el más estricto deber de lealtad para con los clientes y demás partes interesadas imponen que, al margen de la utilización del título adquirido a posteriori en el Estado de acogida, se exhíba simultáneamente el título de origen, que determina y justifica la adquisición del segundo título profesional.

4.5. En el artículo 11 se regula, con carácter innovador, el ejercicio profesional en grupo, en su dimensión transnacional, dentro del territorio de la Unión.

Habida cuenta de este carácter innovador y la extrema diversidad de soluciones existentes a nivel de los diferentes Estados miembros para el ejercicio en grupo, la práctica aconsejará, muy probablemente y en un futuro no muy lejano, una nueva formulación de las normas ahora propuestas.

Entretanto, el Comité respalda el principio de la propuesta con el presupuesto de que se ha de avanzar por el camino señalado y considera que, en las circunstancias actuales, no resultaría fácil obrar mejor.

4.6. El Comité formula sólo algunas reservas relativas al apartado 5 de este artículo 11, si bien es consciente de que no difiere sustancialmente de la propuesta del CCBE.

Esta disposición, tal y como está formulada, admite expresamente la existencia de las llamadas « MDP's » (multidisciplinary partnerships) que incluyen abogados. Este tipo de sociedades están legalizadas sólo en dos Estados miembros (Alemania y Países Bajos) y han sido prohibidas en casi todos los demás Estados miembros.

El amplio debate que los abogados han llevado a cabo sobre este asunto, fundamentalmente de contenido deontológico, ha producido numerosos y bien elaborados argumentos.

No es el lugar apropiado para recordar dichos argumentos, pero el Comité considera que sería inoportuno y descabellado soslayar y eludir de alguna manera un problema tan complejo, utilizando para este fin un instrumento normativo cuyos objetivos y fundamentos son totalmente distintos y con el que no guarda relación directa. Por consiguiente, considera preferible que la Directiva no aborde este problema.

Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 128 de 24. 5. 1995, p. 6.