Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicación»

(96/C 204/06)

El 14 de marzo de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de abril de 1996 (Ponente: Sr. Hernández Bataller).

En su 335° Pleno (sesión del 24 de abril de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 108 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones, el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. La Comisión presentó un Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable (doc. COM(94) 682 final), en el que entre otras cuestiones abordaba los procedimientos de concesión de licencias, criterios de selección y condiciones que pueden ir ligadas a las licencias de infraestructura.

1.2. En dicho Libro Verde se exponía un enfoque básico de la concesión de licencias de infraestructura; la concesión de licencias de infraestructura y la posición de los servicios; los procedimientos de concesión de licencias; los criterios de selección para la concesión de las licencias y autorizaciones; las condiciones que se pueden vincular a las licencias de infraestructura, incluidas las obligaciones de servicio público en forma de regulaciones de comercio, así como otros aspectos de las licencias de infraestructura, tales como la duración de las mismas, las tasas por licencias, los cambios en la propiedad, la exención de los Organismos de Telecomunicaciones de las obligaciones no relacionadas con las telecomunicaciones y la promoción de la prestación de servicios competitivos.

1.3. El 3 de mayo de 1995, la Comisión emitió una Comunicación al Parlamento y al Consejo sobre el período de consulta relativa a la concesión de licencias que viene a distinguir entre las licencias para las infraestructuras y las referentes a los servicios.

1.4. El Comité Económico y Social emitió un dictamen sobre el Libro Verde () en el que se suscribía el objetivo de la Comisión para la creación de un marco jurídico y estable, a la vez que reconocía que la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones es de capital importancia para proseguir la modernización económica y social de Europa.

1.5. La Resolución del Consejo de 18 de septiembre de 1995 sobre el establecimiento del futuro marco reglamentario viene a reconocer como uno de los elementos clave de la elaboración del futuro marco reglamentario el establecimiento de principios comunes relativos a los regímenes de autorizaciones generales y licencias individuales de los Estados miembros basadas en categorías de derechos y obligaciones equilibrados, la ausencia de cualquier tipo de limitación a la entrada en el mercado que no esté justificada y la utilización de criterios y procedimientos de concesión, objetivos, transparentes y no discriminatorios, así como una gestión eficaz de los recursos esenciales, en especial de las frecuencias, de los números de llamada y de los derechos de paso, garantizando un trato equitativo de los distintos agentes del mercado, bajo el control de las autoridades nacionales competentes.

2. Propuesta de la Comisión

2.1. La Propuesta de Directiva de la Comisión pretende establecer un marco común para los regímenes nacionales de autorización. Sus principales características son las siguientes:

a) Prohibición de la limitación «a priori» del número de autorizaciones para cualquier categoría de servicios o infraestructuras de telecomunicación, excepto en la medida en que sea necesario para garantizar una atribución eficaz de radiofrecuencias.

b) Distinción entre autorizaciones generales (definidas por concederse con arreglo a normas generales y por no precisar de autorización individual previa para permitir la entrada en un mercado) y licencias individuales (definidas por la necesidad de control «a priori»), concediéndose prioridad a las autorizaciones generales con respecto a las licencias individuales a fin de satisfacer los requisitos de interés público.

c) Definición de principios armonizados, creación de mecanismos de armonización tanto sobre los procedimientos de concesión de autorizaciones como sobre las condiciones asociadas a las mismas e introducción de disposiciones para facilitar los servicios transfronterizos.

d) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de no supeditar la entrada en el mercado a la obtención de una autorización.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité Económico y Social acoge con satisfacción la Propuesta de la Comisión, y reitera su opinión de que se debe tender a un procedimiento de concesión de licencias poco burocrático y de la máxima simplicidad.

3.2. El régimen de concesión de autorizaciones, tanto generales como individuales, deben respetar los objetivos de interés público y de servicio público.

3.2.1. El Comité Económico y Social está de acuerdo con la posibilidad de introducción de condiciones específicas que puedan asociarse a las autorizaciones que se concedan a los operadores que deseen acceder a las redes públicas.

3.3. En todo caso, las categorías de derechos y obligaciones para las autorizaciones deben ser equilibradas, sin que se impongan a los operadores que accedan al mercado obligaciones innecesarias.

3.4. La Propuesta debería partir del principio general de exigencia de autorización, sea ésta general o específica, ya que no parece razonable que en un sector de la importancia estratégica del de las telecomunicaciones se configure como principio de actuación para los Estados miembros la prestación de servicios sin autorización, salvo que ello se pueda estimar conveniente.

3.5. Sería deseable que se aclarase que en las autorizaciones, aunque sean generales, no pueden incluir por sí la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones, sino sólo para unos determinados.

3.6. La complejidad de algunos de los servicios comprendidos en el ámbito de las autorizaciones generales, puede hacer excesivamente corto el tiempo a disposición de los órganos nacionales de regulación para comprobar el cumplimiento de las condiciones que los operadores deben cumplir. Deberían, pues, establecerse plazos razonables en función de los servicios involucrados.

3.7. El Comité Económico y Social también reitera su opinión de que los intereses de los ciudadanos no deben quedar subordinados a los intereses técnicos y comerciales. Para los trabajadores, la base de una sociedad de la información progresista, pero al mismo tiempo social, está constituida por el trabajo y la formación, así como por la existencia de condiciones de trabajo humanas. Éste es el único medio de que una política de comunicaciones moderna y progresista y un fortalecimiento de la economía europea logren una amplia aceptación en Europa.

3.8. El Comité comparte, en líneas generales, el criterio de la Comisión consistente en que aquellos servicios que requieran el uso de recursos escasos puedan estar sometidos a licencias individuales, mientras que el resto de servicios podrán estar sometidos a autorizaciones generales.

3.8.1. Sin embargo, es conveniente establecer una separación entre los servicios que requieran interconexión a la red telefónica de aquéllos que no la requieran. Todos aquellos servicios que pueden tener derecho a interconectarse a la red pública podrán quedar sometidos a procedimientos de licencia individual.

3.9. El Comité considera necesario el establecimiento de obligaciones de servicio público en forma de regulaciones de comercio, siempre que las condiciones vinculadas a las licencias sean coherentes con la legislación comunitaria relativa a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de servicios, garanticen un alto grado de protección de los consumidores y respeten las reglas de la competencia.

4. Observaciones específicas

4.1. No parece razonable lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 2° ya que si se establece un principio general de publicidad en el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones, se obligue a los Estados miembros a otorgar autorizaciones sin cumplir el procedimiento, a menos que pudieran existir razones motivadas que justificasen la excepción y con carácter temporal. Además el plazo previsto resulta excesivamente corto en relación a la complejidad que puede revestir alguno de los servicios involucrados.

4.2. Según la Propuesta de Directiva, los Estados miembros deberán revisar la limitación del número de licencias. Hay que señalar que ello introduce un elemento de incertidumbre en el mercado, tanto para los licenciatarios como para los posibles nuevos entrantes. Por ello, en caso de revisión del número de éstos se deberían de introducir una serie de condiciones para respetar las planificaciones empresariales ya efectuadas con otros planteamientos.

4.2.1. Aunque el principio general de la propuesta sea el de prohibir la limitación «a priori» del número de autorizaciones, debería reflexionarse sobre la limitación en el número de autorizaciones cuando se trate de la construcción de infraestructuras, fundamentalmente cuando ello implique el uso del dominio público, ya que éste puede ser también un recurso escaso; tampoco parece razonable permitir inversiones inadecuadas que puedan terminar en la quiebra de las empresas con las consecuencias sociales y económicas que ello puede tener.

4.2.2. El Comité comparte el criterio de la Comisión de poder condicionar específicamente las licencias individuales -de forma justificada y de conformidad al principio de proporcionalidad- respecto a requisitos relativos a la calidad, disponibilidad y permanencia del servicio o red, incluidas las competencias financieras, técnicas y de gestión, así como las condiciones que pueden establecer una duración mínima de funcionamiento.

4.3. Según la Propuesta, todas las autorizaciones existentes deberán ser adaptadas a esta Directiva para el 1 de enero de 1999, aunque podrá existir un período transitorio para ello. Hay que destacar que este período transitorio no deberá ser usado para prolongar una serie de obligaciones existentes sobre ciertos operadores, que pueden perjudicar a la libertad comercial y ser por tanto incompatibles con un mercado competitivo.

4.4. Por ello, el Comité reitera () que las repercusiones sociales y societales revisten una importancia esencial para continuar con el proceso de liberalización, y más concretamente:

«El Comité manifiesta su temor ante la posibilidad de que la creación de empleo en el sector de las telecomunicaciones no pueda compensar las pérdidas, pasadas o futuras, especialmente para los antiguos operadores públicos. No debe omitirse el hecho de que también los adelantos técnicos, o la aplicación de nuevas tecnologías han originado pérdidas de puestos de trabajo. El proceso de armonización y liberalización exige cierto equilibrio, entre otras cosas, para asegurar en interés de los trabajadores del sector, que el proceso de liberalización sea socialmente aceptable.»

4.5. La Propuesta debería garantizar un trato equitativo de los distintos agentes del mercado, contemplando un conjunto equilibrado de derechos y obligaciones para los futuros licenciatarios, y dando igualdad de oportunidades a todas las empresas, ya que resulta fundamental que todas las empresas tengan una libertad de acción comercial similar.

4.5.1. La Propuesta de Directiva contempla un criterio de aplicación de obligaciones basado en el «poder significativo de mercado», al igual que se expone en la Propuesta de Directiva de interconexión.

4.5.1.1. Se debería eliminar la referencia a dicho criterio y acudir a la normativa y jurisprudencia existente sobre competencia.

4.5.1.2. Este criterio de «poder significativo de mercado» rompe el principio de simetría, dando lugar a que se impongan obligaciones adicionales a ciertas organizaciones en base a su porcentaje del mercado, lo que supondrá una merma de la libertad y capacidad para competir de los operadores actuales. En un entorno competitivo habría que evitar tal distinción, estableciéndose en las licencias un conjunto equilibrado de derechos y obligaciones para todos los operadores, sin favorecer a operadores establecidos ni a nuevos entrantes en el mercado.

4.6. No se especifica claramente los supuestos de prestación del servicio universal ni las formas de financiación del mismo.

4.7. El derecho a la interconexión a la red telefónica supone un punto de inflexión de la máxima importancia a la hora de determinar un conjunto de obligaciones inherentes. La obtención de la autorización es necesaria, por tanto, para poder comprobar exactamente que las compañías autorizadas cumplen el propósito general contenido en la autorización, esto es, con las obligaciones asociadas a poder acceder a la interconexión a la red pública.

4.7.1. El conjunto de obligaciones asociadas a poder acceder a la interconexión han de ser fundamentalmente: ofrecer servicio al público en general, cumplir con los requisitos esenciales y someterse a una serie de salvaguardias competitivas de transparencia para los términos y condiciones de la interconexión que los nuevos agentes que se interconectan ofrecen.

4.8. A pesar de que la definición de ventanilla única del artículo 2 ya contiene alguna referencia al respecto, debe quedar claro que dicho procedimiento sólo cabe para servicios que pretendan prestarse en distintos Estados miembros.

4.8.1. Por otro lado, los plazos previstos para el procedimiento de ventanilla única, deberían articularse con atención razonable, en función de la complejidad de los servicios a los que el procedimiento se pueda referir.

4.9. El Comité Económico y Social estima que es necesario un organismo regulador europeo, con plenas competencias al respecto, para lo cual la Comisión debería presentar las propuestas oportunas.

4.10. En la Propuesta de la Comisión se establece un Comité de Telecomunicaciones de la Unión Europea (CTUE) con funciones consultivas.

4.10.1. La Comisión debería definir con más claridad las medidas que puede adoptar en aplicación de los artículos 13 y 17 de la Propuesta, ya que en cuanto a la intervención del Comité de Telecomunicaciones de la Unión Europea, por un lado la solución propuesta en el artículo 13 parece insatisfactoria en cuanto se remite al artículo 17, donde sólo se pone en síntesis que la Comisión podrá adoptar unas medidas sin especificar cuáles son ni cómo se van a instrumentar.

4.10.2. Por otro lado, en relación con los procedimientos de los artículos 13 y 17 de la Propuesta, si en el Comité (CTUE) ya está el representante de la Comisión, por qué no atribuir directamente al Comité (CTUE) la determinación de las medidas a adoptar, simplificando de esa manera el procedimiento.

Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 301 de 13. 11. 1995, p. 24.

() DO n° C 301 de 13. 11. 1995, p. 24.