30. 11. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 319/37 
Dictamen sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) 
n° 3796/81 por le que se establece la organización común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y el Reglamento (CEE) n° 950/68 relativo al arancel aduanero común i1) 
(87/C 319/13) 
De conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, el 20 de mayo de 1987 el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
El Comité Económico y Social decidió nombrar al Sr. Hancock Ponente general, encargado 
de preparar los trabajos correspondientes. 
En su 248a Sesión Plenaria, celebrada los días 23 y 24 de septiembre de 1987 (sesión del 23 
de septiembre), el Comité adoptó el siguiente dictamen por unanimidad: 
1. Observaciones generales 
1.1.1. El Comité toma nota de la observación formu­
lada por la Comisión, en el sentido de que como conse­
cuencia de la presente modificación de la normativa, 
junto con las normas actualmente en vigor, todas las 
variedades de pescado, ya sean de importancia comuni­
taria o regional, quedan cubiertas por un mecanismo 
de sostenimiento de precios. 
1.1.1. Se observa, además, que los mecanismos de 
precios difieren de los aplicados anteriormente en que 
las ayudas a las especies incluidas en el Anexo VI, 
exceptuado el atún, se basarán en los precios de retirada 
fijados por las mismas organizaciones de productores. 
1.2. El Comité estima que es necesario equilibrar 
todos los reglamentos de modo que a largo plazo pue­
dan coexistir en la Comunidad una industria pesquera 
y una industria de transformación estables. Aunque se 
confirma que algunas de estas propuestas son útiles, 
sobre todo para algunas de las organizaciones de pro­
ductores más pequeñas, cabe la duda de si este paquete 
de medidas merece realmente el esfuerzo que supone, y 
de si no proporcionará otra cosa que una asistencia 
marginal. En realidad, algunos de sus aspectos son 
totalmente contraproducentes. 
1.2.1. Los motivos que llevaron a adoptar esta acti­
tud serán tratados en las observaciones detalladas relati­
vas a cada sección de los reglamentos. 
1.3. Es evidente que el sector pesquero ha adoptado 
siempre una actitud de responsabilidad financiera en 
armonia con la cantidad presupuestada para las medi­
das de sostenimiento. Dicho sector nunca ha padecido 
los excedentes endémicos presentes en algunas áreas de 
la agricultura. La retirada de los productos, cuando 
es necesaria, se efectúa por un corto período, como 
resultado de excedentes temporales. Hay que tener en 
cuenta que si en el sector agrario existe dificultad para 
planificar cosechas de una determinada cantidad o volu­
men, en el caso de la pesca es imposible. 
0) DO n" C 145 de 3. 6. 1987, p. 4. Considerando esta actitud responsable y la necesidad 
de un desarrollo más cuidadoso del sector pesquero 
comunitario, este no debe sufrir ahora recortes presu­
puestarios que podrían poner en peligro la realización 
de programas de sostenimiento. Tales programas de 
sostenimiento de precios son, y continuarán siendo, 
necesarios para contribuir a estabilizar el mercado, en 
interés tanto de la industria como de los consumidores. 
1.4. Si bien el Comité se congratula por el reconoci­
miento dado, aunque de forma limitada, a los proble­
mas de los productores de especies demersales de las 
regiones del sur, espera que la Comisión no considere 
que de este modo ha quedado liberada de todas sus 
obligaciones para con estos productores. 
1.5. Es importante que la situación relativa a las 
especies incluidas en el Anexo VI sea revisada con 
regularidad, dado que el propósito es transferir especies 
al Anexo I cuando las condiciones en toda la Comuni­
dad sean más uniformes. Se sugiere que esta revisión se 
realice a intervalos de tres años, siendo la fecha inicial, 
la de entrada en vigor de los reglamentos de modifica­
ción. 
2. Observaciones específicas 
2.1.1. Artículo 1.2 
Con respecto al apartado 2 del artículo 1 y a la propues­
ta para un nuevo artículo 14 bis, cabe señalar que la 
letra a) del apartado 1 de dicho artículo 14 bis puede 
provocar graves problemas logísticos a algunas organi­
zaciones de productores, especialmente las de reciente 
creación, en el momento de la fijación de los niveles de 
precios en los casos en que los datos relativos a los 
precios en los últimos tres años sean insuficientes o 
inexistentes. Por consiguiente, los Estados miembros 
responsables de la supervisión del sistema tendrán que 
mostrar cierta flexibilidad en la aplicación de las nor­
mas durante los primeros tres años de funcionamiento. 
2.1.2. Cabe reconocer la lógica de la propuesta de la 
Comisión en el sentido de que, en primer lugar, los 
precios para una zona estén basados en los de un puerto 
representativo designado por el correspondiente Estado 
miembro y, en segundo lugar, las organizaciones de 
productores puedan elegir qué especies se incluyen o 
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excluyen del sistema; sin embargo, ello podría conducir 
a distorsiones en el mercado, especialmente en el caso 
de que las regiones adyacentes estén situadas a ambos 
lados de una frontera. 
2.1.3. Si bien el Comité reconoce las razones de un 
sistema en el cual las organizaciones de productores 
establecen niveles de precios para productos que se 
beneficien de los fondos de la Comunidad, considera 
que este hecho sienta un precedente indeseable. Ello 
puede ser necesario debido a la gran divergencia de 
precios para la misma especie entre una zona y otra. 
Sin embargo, considera que sólo en situaciones muy 
excepcionales debería continuar este sistema tras la 
expiración del primer período de aplicación de tres 
años. Seguidamente deberían aplicarse las disposiciones 
del titulo 3 del Reglamento (CEE) n° 3796/81, junto 
con los correspondientes reglamentos de aplicación. 
2.2. Considerando que la clasificación existente para 
las especies del Anexo I no está resultando satisfactoria 
en la práctica, sería conveniente introducir un sistema 
simplificado de clasificación para las especies del 
Anexo VI. En caso contrario, el coste de clasificación, 
teniendo en cuenta que el mecanismo de sostenimiento 
de precios quizá sólo se aplique al 4% del total de las 
capturas, puede sobrepasar los beneficios de muchas 
organizaciones de productores. 
2.2.1. Existen incluso motivos para dudar de que sea 
realmente necesario un sistema comunitario de clasifica­
ción para las especies consideradas en el Anexo VI. Al 
menos durante el primer período de tres años, los 
mismos Estados miembros podrían fijar las normas, 
teniendo en cuenta las prácticas y tradiciones locales y 
las correspondientes normativas nacionales. 
2.2.2. En cualquier caso, los puertos grandes, donde 
los inspectores están siempre presentes, no deben estar 
en desventaja con relación a los puertos más pequeños, 
donde la inspección tiende a ser menos rigurosa. 
2.2.3. Con relación a las normas de calidad, los 
reglamentos de aplicación deben garantizar que todo 
pescado que se beneficie de las medidas de sosteni­
miento sea apto para el consumo humano. 
2.3. El Comité aprueba el concepto de corresponsa­
bilidad tal como se establece en la letra c) del apartado 
1 del artículo 14 bis, puesto que implica una mayor 
responsabilidad por parte de las organizaciones de pro­
ductores en el momento de la fijación de los precios 
de retirada. Por otra parte, las disposiciones no están 
destinadas a tratar una situación de mercado en la 
que el exceso de producción no es normal. Asimismo, 
muchas de las organizaciones de productores afectadas 
están compuestas por pequeños pescadores con rentas 
bajas que tendrían dificultad para financiar indemniza­
ciones de un 25 ó 50 %. En consecuencia, se recomienda 
que se establezcan niveles menos onerosos, tal vez equi­
valentes a los aplicables a las especies del Anexo I. 2.4. Puesto que el sistema de la prima de transferen­
cia no ha sido eficaz para especies tales como el bacalao 
y la cigala, existen grandes reservas sobre la convenien­
cia de aplicar este procedimiento a las especies del 
Anexo VI. Es probable que la transformación y el 
almacenamiento entren en funcionamiento únicamente 
cuando se haya agotado la capacidad de transformación 
y el mercado no esté preparado para comprar ni siquiera 
a precios muy bajos. Mediante el almacenamiento de 
productos es probable que sólo se consiga posponer el 
día en que se tengan que devolver al mercado dichos 
productos y venderse prácticamente a cualquier precio, 
probablemente ocasionando graves distorsiones del 
mercado. 
2.5. La limitación de ayudas globales a cantidades 
no superiores a un 10% de las cantidades anuales 
puestas a la venta es aceptable, aunque algunos repre­
sentantes del sector se hayan pronunciado expresa­
mente por un incremento de dicho porcentaje hasta el 
20%. Una solución podría ser la aplicación de un 
sistema progresivo, si bien la aplicación de un sistema 
de este tipo debería ser únicamente responsabilidad de 
la Comisión. 
2.6. Al Comité le resulta difícil entender por qué se 
han modificado, en la letra b) del apartado 4 del artículo 
14 bis, las normas relativas a la ayuda para los costes de 
transformación y almacenamiento. El sistema presente 
está basado en los costes reales originados, y no existe 
verdaderamente ninguna necesidad de cambiar de fór­
mula. 
2.7. El Comité acoge favorablemente el nuevo artí­
culo 16, pero piensa que el periodo de almacenamiento 
máximo debería aumentarse de dos a tres meses, y 
además debería concederse una ayuda a los productos 
pescados y después congelados en tierra en el caso de 
la flota de pesca costera. 
2.8. En cuanto al último párrafo del apartado 2 
del artículo 16, el Comité considera que la palabra 
« Comunidad » debería suprimirse. 
2.9. Se observa que se ha efectuado un cambio en las 
disposiciones referentes a la ayuda al almacenamiento 
privado, en el sentido de que esta se canalizará a través 
de las organizaciones de productores en lugar de conce­
derse, como anteriormente, a los barcos de forma indivi­
dual. El Comité acoge favorablemente este cambio, 
pero llama la atención de la Comisión y del Consejo 
sobre la situación existente, en la que algunas de las 
regiones más afectadas no tienen todavía organizacio­
nes de productores de acuerdo con los criterios estable­
cidos en el Reglamento (CEE) n° 3796/81 y las corres­
pondientes normas de aplicación. El Comité solicita 
que se conceda la importancia debida a esta situación 
potencialmente grave de algunas de las regiones más 
pobres de la Comunidad. 
2.10.1. El Comité no puede aprobar las propuestas 
de la Comisión formuladas tanto en el artículo 17 como 
en el artículo 17 bis. En su opinión, las propuestas no 
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solucionan ninguno de los problemas con los que se 
enfrenta la Comunidad, a saber, el mantenimiento de 
un sector de pesca atunero económicamente viable y el 
abastecimiento de la industria atunera de transforma­
ción, y especialmente de la industria conservera de 
materias primas, a un precio que la hagan competitiva 
frente a los productos conserveros de terceros países. 
El Comité admite que la solución no es fácil, puesto que 
establecer un precio de referencia para los productos 
del Capítulo 16 pondría en peligro las negociaciones 
actuales en el marco del GATT. La otra alternativa — 
conceder una subvención de carburante a los atuneros 
que faenan fuera de aguas comunitarias — es evidente­
mente una práctica de la que no es partidaria la Comi­
sión. En cualquier caso, la segunda alternativa discrimi­
naría a los atuneros que faenan en el Golfo de Vizcaya. 
2.10.2. Otro punto censurable de las propuestas de 
la Comisión es que se presentan como un medio de 
legalizar las disposiciones ad hoc de 1986, que actual­
mente están siendo impugnadas en el Tribunal de Justi­
cia Europeo. Es de lamentar cualquier intento de utiliza­
ción de la legislación retrospectivamente. 
2.10.3. Este no es un asunto que pueda quedar en 
suspenso. Si no se toma ninguna medida, es probable 
que se produzca una reducción considerable en la flota 
atunera de la Comunidad en un plazo de 4 ó 5 años, con 
graves consecuencias económicas y sociales. Tampoco 
sería conveniente para la industria conservera comuni­
taria depender de fuentes de abastecimiento exteriores 
que podrían dejar de ser abundantes. 
La mejor solución parece ser continuar con el sistema 
existente. Es necesario reconocer que existe una seria 
preocupación de que este sistema lleve al presupuesto 
de la Comunidad a afrontar con unos compromisos 
financieros sin límites. Por consiguiente, le corresponde 
a la Comisión examinar el asunto y ver cómo puede 
solucionarse este problema específico sin ocasionar 
daños considerables a la flota pesquera comunitaria. 
2.11.1. Con referencia al Anexo VI, se afirma que la 
inclusión de algunas especies ha tenido una acogida 
favorable entre las organizaciones pesqueras directa­
mente interesadas. El Comité no ha encontrado pruebas 
directas de que éste sea el caso, ni de que ninguna de 
las especies incluidas, salvo el atún, reúna los criterios 
de la Comisión, en el sentido de hallar dificultades 
específicas en el mercado. No obstante, el Comité no 
es partidario de rechazar categóricamente ninguna pro­
puesta que pueda ayudar a un sector de la industria 
que en estos momentos experimenta dificultades y que, 
además, desempeña un papel importante en la estruc­
tura social y económica de muchas de las regiones más 
desfavorecidas. Sin embargo, le preocupa que en la 
práctica el coste que conlleva el cumplimiento de los 
reglamentos pueda superar los beneficios, y que, por 
consiguiente, después de un tiempo, sólo puedan partici­
par de forma activa muy pocas organizaciones de pro­
ductores. 2.11.2. Además, es preciso expresar reservas respecto 
a la inclusión de algunas especies: 
— bacaladilla, teniendo en cuenta las previsiones bioló­
gicas y la situación económica, 
— las dos especies de atún, teniendo en cuenta nuestros 
comentarios sobre las propuestas relativas al atún, 
— mendo limón, puesto que es un mercado asentado 
y no debería ser necesaria la asistencia financiera 
de la Comunidad, 
— faneca y jurel, para las que existe un mercado co­
munitario, y por tanto deberían incluirse en el 
Anexo I. 
2.11.3. Por otro lado, el espadín no destinado a 
harina de pescado (que es lo más corriente), sino para 
ahumarlo y destinarlo al consumo humano, no está 
incluido en ningún reglamento y sería lógico hacerlo en 
el Anexo VI. 
2.12. Se observa que en este reglamento de modifica­
ción no se hace ninguna referencia a los graves proble­
mas con los que se enfrenta la industria del arenque. El 
Comité solicita a la Comisión que considere urgente­
mente los métodos mediante los cuales podría regularse 
el comercio con terceros países, especialmente los de 
economía de Estado, para que no se originen niveles de 
precios desventajosos en la Comunidad. 
2.13. Se advierte con sorpresa que en ninguna parte 
del reglamento se hace referencia a una medida urgente, 
a saber, la ampliación del sistema de clasificación por 
muestreo para el aranque y la caballa a las sardinas, 
y se solicita de nuevo a la Comisión que considere 
urgentemente este asunto, así como el relativo al jurel, 
por dos motivos: primero, porque es una especie que 
en buena medida se autoclasifica y, segundo, porque la 
clasificación por muestreo se practica ya en los dos 
Estados miembros recién incorporados. Puede ser que 
haya que complementar este sistema con una limitación 
del tamaño. 
2.14. El Anexo VII debe adaptarse a la nueva nomen­
clatura arancelaria tan pronto como sea posible técnica­
mente. Pero ello no deberá hacerse en detrimento de 
los derechos otorgados a España y a Portugal en sus 
respectivos Tratados de Adhesión. 
2.15. Respecto al artículo 2, puesto que el Comité 
recomienda la retención de los subsidios compensato­
rios y la búsqueda de una solución presupuestaria alter­
nativa, no puede aceptar la derogación del Reglamento 
(CEE) n° 1196/76. 
N° C 319/40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 11. 87 
2.16. El artículo 3 carece totalmente de realismo en 
lo que se refiere al plazo de entrada en vigor, a causa 
del elevado número de disposiciones de aplicación que 
deben ser consensuadas y publicadas, y dado que debe 
concederse a la industria un período de adaptación. En 
cualquier caso, el carácter sumamente reciente de estos 
reglamentos y de algunas organizaciones de productores 
exige presentar a la mayor brevedad posible los oportu­
nos reglamentos de aplicación. Existen razones incluso para aplazar hasta dentro de 
tres años la aplicación de las medidas que no han sido 
rechazadas en este dictamen. Ello permitiría efectuar 
cálculos precisos con relación a las capturas y al movi­
miento de los precios de mercado, y quizás serviría 
también para aplicar criterios bastante más generosos 
en la concesión de ayudas. 
Hecho en Bruselas, el 23 de septiembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT