El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea determina que «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está teniendo graves efectos en Moldavia. Con un verdadero espíritu de solidaridad y respeto de los valores europeos, Moldavia está apoyando activamente a quienes huyen de Ucrania, siendo el país que está acogiendo al mayor número de refugiados per cápita. A pesar de este reto, el Gobierno moldavo está firmemente comprometido a cumplir sus claros objetivos de reforma, especialmente en lo que se refiere a la reforma judicial, la reforma de la Administración Pública y la modernización de la economía, en beneficio de la población moldava. Los resultados recientes de la encuesta del Eurobarómetro muestran un mayor apoyo a la integración en la UE y que la UE es la organización extranjera más digna de confianza.

Moldavia participa en la Asociación Oriental. La Asociación Oriental se basa en el principio de inclusividad y diferenciación. La guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado que la cooperación y la cohesión multilaterales son ahora más importantes que nunca, al igual que el reforzamiento de la resiliencia de la región. También será importante hacer hincapié en las relaciones bilaterales para que Moldavia pueda llevar a cabo reformas esenciales, en particular en el ámbito de la gobernanza, la justicia y el Estado de Derecho.

La mejora de la gestión de los servicios públicos y de los recursos humanos todavía no ha logrado el impacto deseado, esto es, la construcción de una función pública profesional y basada en los méritos, debido a la inestabilidad política y a la falta de voluntad política, que afectan a las reformas. Atraer y retener a funcionarios profesionales es un reto permanente y crucial para desarrollar la capacidad administrativa que permita desempeñar las funciones del Estado y prestar servicios de calidad. Moldavia está trabajando en una reforma salarial de la función pública para hacerla más atractiva.

La Constitución garantiza la libertad de reunión y asociación y una ley de 2020 sobre organizaciones no comerciales simplifica el registro y elimina las tasas de registro y las restricciones a la afiliación. Existe una estrategia y un plan de acción para el desarrollo de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de ser socios importantes en el desarrollo del país. El establecimiento de un procedimiento sistemático de consulta pública les permitiría contribuir de forma más significativa al proceso de reforma.

El recurso a procedimientos urgentes para aprobar legislación, en particular en ámbitos pertinentes para el acervo de la UE, ha disminuido considerablemente en los últimos cuatro años. Son necesarias evaluaciones de impacto exhaustivas de la legislación propuesta.

Moldavia se encuentra en una importante encrucijada para el contrabando de personas y mercancías ilegales (incluidas drogas y armas) con destino a la UE. Moldavia es país de origen, de tránsito y de destino de la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, aunque se han dictado pocas condenas contra sus autores. La Inspección General de la Policía aborda la delincuencia organizada, aunque no se dispone de tasas de condenas para la delincuencia organizada. La Inspección cuenta con un departamento central y dos departamentos regionales (inspecciones nacionales de investigación) responsables de todo el espectro.

c) Delincuencia organizada

Es necesario avanzar para llevar los casos de corrupción ante los tribunales y enjuiciarlos eficazmente. La investigación de pequeños casos de corrupción sigue siendo competencia del Centro Nacional contra la Corrupción y de la Fiscalía Anticorrupción. Ello significa que estas instituciones no han podido centrarse en los casos de corrupción de alto nivel. Son necesarios nuevos esfuerzos para verificar eficazmente las declaraciones de patrimonio y garantizar la recuperación de activos. Siguen pendientes de aplicación algunas recomendaciones de los mecanismos internacionales y regionales de seguimiento de la lucha contra la corrupción, incluido el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Desde el punto de vista preventivo, la Agencia Nacional de Integridad es responsable de verificar los activos declarados por personas que ocupan cargos públicos y de aplicar el régimen jurídico relativo a los conflictos de intereses. El Centro Nacional contra la Corrupción verifica desde 2017 el carácter anticorrupción de los proyectos legislativos, habiéndose aceptado aproximadamente el 50 % de las recomendaciones (relacionadas principalmente con ambigüedades o lagunas en la redacción o los procedimientos administrativos).

El principal documento estratégico encaminado a prevenir la corrupción y aumentar la integridad es la Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el período 2017-2023. La Estrategia incluye acciones relativas a la recuperación de los activos de origen delictivo, la protección de los denunciantes de irregularidades, el refuerzo de la ética y la integridad en los sectores público, privado y no gubernamental, y la garantía de la transparencia de las instituciones públicas y de la financiación de los partidos políticos y los medios de comunicación.

Existen códigos de deontología de los jueces y fiscales, así como un sistema integrado de asuntos con asignación automatizada de los mismos. El nombramiento de jueces y fiscales todavía no se basa totalmente en criterios objetivos. Es necesario abordar las injerencias internas y externas indebidas en el poder judicial. Las vacantes en el Consejo Superior de la Magistratura y en sus órganos especializados no han sido cubiertas por la Asamblea General de Jueces, dejando al Consejo Superior de la Magistratura sin el quórum necesario para nombrar nuevos jueces por dos años. La reforma de esta institución está en curso y constituye una prioridad política. El número de jueces por cada 100 000 habitantes (16,4) es inferior a la media europea (21) y el número de fiscales (24,2) duplica la media europea (12).

Las enmiendas constitucionales relativas al funcionamiento del poder judicial entraron en vigor en abril de 2022. Las modificaciones mejoran significativamente el marco jurídico relativo a la independencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del poder judicial y la administración judicial, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Europa. En particular, las enmiendas adaptan la composición del Consejo Superior de la Magistratura a las normas europeas, al excluir la composición de oficio y revisar el proceso de nombramiento de los miembros no profesionales del Consejo Superior de la Magistratura. Esto refuerza el papel del presidente en el nombramiento de los jueces, regula la inmunidad funcional de los jueces a nivel constitucional y cambia el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia para reducir el riesgo de politización.

El sector de las empresas públicas de Moldavia sigue siendo de gran magnitud, estando compuesto por unas 900 empresas, y sigue necesitando apoyo del Gobierno. La influencia del Estado sigue siendo importante en sectores clave de la economía, como las telecomunicaciones, la energía y el transporte. En conjunto, las empresas estatales poseen activos por un valor aproximado del 26 % del PIB y emplean a alrededor del 6 % de la población activa. El sector sigue padeciendo una falta de prácticas adecuadas de gobernanza empresarial, ineficiencia y una supervisión escasa. Esto socava aún más la inversión del sector privado y la competitividad en el conjunto de la economía e implica riesgos presupuestarios. Nuevas reformas, especialmente en relación con la mejora de la gobernanza empresarial, la reorganización, la privatización y la liquidación de empresas inviables, son necesarias y figuran entre las prioridades del Gobierno. Además, el sector informal sigue siendo relativamente importante, representando aproximadamente el 27 % del PIB en 2020. La importancia del sector informal se deriva en parte de una pesada carga normativa y no solo implica pérdidas sustanciales de ingresos presupuestarios, sino también una menor productividad.

Moldavia es una pequeña economía abierta con un producto interior bruto (PIB) per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) equivalente a aproximadamente el 30 % de la media de la UE en 2020, frente al 25 % en 2013. En general, Moldavia demuestra una trayectoria satisfactoria en la aplicación de políticas macroeconómicas globalmente saneadas. Sin embargo, la falta de voluntad política y los frecuentes cambios de Gobierno a veces han hecho que la aplicación de las reformas sea desigual y han retrasado la transformación en una economía de mercado competitiva.

Por lo que respecta a la igualdad de las mujeres en el mercado laboral, el marco jurídico ya no les prohíbe el acceso a determinadas profesiones, pero las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos de hecho y a discriminación por motivos de edad. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en Moldavia, ya que en 2019 las mujeres ganaron un 14,1 % menos que los hombres por término medio (lo que coincide con la media de la UE), y el 39,6 % de los parlamentarios elegidos en 2021 son mujeres (por encima de la media de la UE). Son necesarios esfuerzos adicionales para proteger los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales o queer (LGBTIQ). La ley prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual, pero continúa la discriminación social. El proceso de desinstitucionalización de los niños ha avanzado mucho en los últimos años. Es necesario seguir trabajando en relación con la mortalidad infantil, el trabajo infantil, incluidos los vínculos con la trata y la explotación sexual, y la situación particular de los niños gitanos y de los niños abandonados por sus padres. El número de bebés y niños con discapacidad en centros de asistencia institucional es motivo de preocupación.

El principio de igualdad está consagrado en la Constitución. El Código Penal garantiza la protección contra la discriminación y los delitos de odio. El Consejo de Igualdad no tiene un mandato adecuado en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad. En abril de 2022, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal y al Código de infracciones para mejorar la respuesta del Estado a los delitos de odio. Recientemente se ha adoptado legislación pendiente desde hace tiempo sobre los delitos de odio, lo que ha dado lugar a una ampliación del ámbito de aplicación de los motivos protegidos y, por tanto, al reforzamiento del marco jurídico para enjuiciar y castigar los delitos motivados por prejuicios. Son necesarios más esfuerzos luchar contra la incitación al odio y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como contra la violencia de género.

Aún queda mucho por hacer en relación con el derecho a un juicio justo y la investigación y el enjuiciamiento adecuados de los actos de malos tratos. Las personas privadas de libertad no disfrutan de todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de su detención. La investigación inadecuada de los presuntos casos de malos tratos da lugar a un sentimiento de impunidad. Las condiciones en los lugares de detención y prisión preventiva siguen estando por debajo de las normas internacionales, en particular debido al hacinamiento de los centros penitenciarios, a la falta de un servicio médico eficaz o al uso de un confinamiento prolongado como medida disciplinaria.

c) Cuestiones clave en materia de derechos fundamentales

El marco jurídico e institucional que regula los derechos fundamentales está establecido y las leyes suelen ajustarse a las normas europeas e internacionales. La capacidad de las instituciones encargadas de la protección y el respeto de los derechos humanos y la aplicación de las estrategias y planes de acción existentes siguen siendo limitadas e impiden la aplicación efectiva de los derechos humanos. En particular, el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y garantizar la igualdad adolece de una grave falta de personal.

Moldavia ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (aunque no ha ratificado el Protocolo adicional n.º 12). El país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y dos de los protocolos facultativos, pero no el tercero (sobre un procedimiento de comunicación), ni el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El sector financiero de Moldavia ha sido objeto de importantes reformas, especialmente a raíz de un grave fraude bancario en 2014, equivalente al 12 % del PIB. Desde entonces, se han reestructurado los principales bancos sistémicos, y la mayoría de las acciones se han vendido a accionistas internacionales transparentes. En la actualidad, el sector bancario parece estar bien capitalizado, cumpliendo todos los bancos el coeficiente de adecuación de capital y habiéndose reducido sustancialmente la proporción de préstamos no productivos en los últimos años. Gracias al éxito de las reformas del sector bancario, el acceso a la financiación ha mejorado recientemente, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la intermediación financiera sigue siendo baja, y la proporción de préstamos concedidos al sector privado se situó, por término medio, en el 20 % del PIB entre 2017 y 2021. Además, los avances generales en la recuperación de los activos robados y los procedimientos judiciales en relación con el fraude bancario de 2014 han sido lentos y no transparentes.

El mercado de trabajo presenta importantes debilidades estructurales, como se refleja en la muy baja tasa de empleo (alrededor del 49 % en 2020). Esto se debe en parte al importante porcentaje de empleo informal, en particular en el sector agrícola y en la construcción. También existe un desajuste entre las cualificaciones y las exigencias profesionales. Aunque el desempleo entre los titulados universitarios sigue siendo, por término medio, inferior al de los que solo tienen un título de educación secundaria, algunos titulados universitarios siguen teniendo dificultades para encontrar un empleo que se ajuste a sus cualificaciones. Los servicios de empleo y los programas del mercado de trabajo se ven obstaculizados por una financiación limitada, mientras que la creación de puestos de trabajo de buena calidad se ve frenada por la insuficiente inversión privada y extranjera en los sectores de mayor valor añadido.

2.2. Capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado de la UE

Moldavia padece un bajo nivel de capacidades y una baja adecuación de estas debido a la baja calidad de la educación y a la importante emigración de trabajadores cualificados. Aunque la inversión en educación ha sido relativamente elevada, situándose en el 5,7 % del PIB durante 2019-2022, Moldavia se sitúa por debajo de la media de la OCDE según los resultados del informe PISA, ocupando el puesto 51 de un total de 78 países. Sin embargo, sigue siendo relativamente mejor que otros países de la región, y se han observado avances a lo largo de los años. La formación profesional ha mejorado y actualmente se está aplicando una nueva forma de educación dual para colmar la brecha entre las instituciones educativas y el sector privado.

La infraestructura física de Moldavia sigue estando relativamente poco desarrollada, a pesar del importante apoyo de los socios internacionales y de una inversión significativa por parte del Gobierno, aunque a partir de un bajo nivel. La formación bruta de capital fijo se aceleró en los últimos años, representando alrededor del 25 % del PIB en 2020. Al mismo tiempo, el volumen total de IED es bajo, en torno al 25 % del PIB, lo que refleja deficiencias en el entorno empresarial y problemas persistentes en materia de corrupción y derechos de propiedad. El sector de la energía adolece de importantes deficiencias estructurales, descubiertas tras la crisis del gas que comenzó en octubre de 2021. Moldavia depende plenamente del suministro de gas procedente de Rusia y no tiene capacidad de almacenamiento en su territorio, lo que hace al país extremadamente vulnerable frente al proveedor. El mercado de la electricidad sufre problemas similares, con escasa diversificación de los recursos energéticos y unas infraestructuras poco desarrolladas. Por tanto, la disociación de los servicios públicos de energía es una de las prioridades de cara del futuro, y Moldavia está colaborando estrechamente con la UE a tal efecto.

La economía moldava no está muy diversificada y sigue dependiendo en gran medida del sector agrícola, lo que la hace menos productiva y especialmente vulnerable a las condiciones climáticas. La agricultura representa alrededor del 12 % del PIB oficial de Moldavia (según datos de 2021) y la agricultura informal de subsistencia representa otro 11 % del PIB. El sector manufacturero sigue siendo relativamente débil, con una participación en el PIB que ha disminuido del 15,4 % en 2016 al 12,4 % en 2021. Sin embargo, el sector de las tecnologías de la información ha experimentado una notable expansión, especialmente desde la pandemia, aunque partiendo de un nivel bajo, lo que se refleja en su creciente contribución al crecimiento del PIB. La adaptación de Moldavia al marco jurídico de la UE en materia de comunicaciones electrónicas es limitada.

La economía de Moldavia está estrechamente integrada con la de la UE. Los vínculos económicos entre ambas economías se han reforzado aún más desde la entrada en vigor de la ZLCAP. La UE es el mayor socio comercial de Moldavia, con una cuota de alrededor del 66 % de sus exportaciones totales, muy por encima de sus homólogos regionales, y alrededor del 45 % del total de sus importaciones en 2021. Los productos alimenticios y agrícolas y otros productos básicos representan casi la mitad de las exportaciones de Moldavia, lo que refleja su débil estructura de exportación y la necesidad de avanzar en las cadenas de valor mundiales. Moldavia es miembro de la OMC desde 2001, con una política comercial ampliamente abierta.

3. CAPACIDAD DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE IMPLICA LA ADHESIÓN

La capacidad de Moldavia para asumir las obligaciones de la adhesión se ha evaluado sobre la base de los siguientes indicadores:

-los compromisos del Acuerdo de Asociación, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (AA/ZLCAP) y su aplicación;

-el nivel de adopción, aplicación y cumplimiento del acervo al margen del AA/ZLCAP.

El Acuerdo de Asociación UE-Moldavia, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (AA/ZLCAP), forma parte de una nueva generación de acuerdos de asociación ambiciosos que la UE ha celebrado con sus países socios. El Acuerdo, con un calendario de aplicación detallado que va de tres a siete años, recoge una parte sustancial del acervo de la UE y aproximará al país a la Unión Europea en materia de armonización reglamentaria.

Desde la entrada en vigor provisional del AA/ZLCAP en 2014, los Estados miembros de la UE participan estrechamente en su aplicación a través del Consejo de Asociación y del Comité de Asociación. Se adoptan posiciones comunes para el Consejo de Asociación y se acuerda un programa detallado anotado para el Comité de Asociación. Las reuniones del Consejo de Asociación al más alto nivel político proporcionan orientación estratégica. Además, la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia asocia al Parlamento Europeo y al Parlamento moldavo en la aplicación del Acuerdo. Los debates se basan en las aportaciones de la sociedad civil a través de la Plataforma de la Sociedad Civil UE-Moldavia, que se tienen debidamente en cuenta.

La estructura institucional incluye el Comité de Asociación y el Comité de Asociación en su configuración «Comercio», subcomités específicos y subcomités por bloques temáticos que abarcan casi todos los capítulos del acervo de la UE, lo que permite un análisis continuo y exhaustivo de los avances en las relaciones. La UE y Moldavia han colaborado estrechamente para determinar los principales ámbitos de actuación, establecer objetivos para la reforma y el progreso legislativo y hacer un balance de los logros en esos ámbitos. Los programas de asociación actualizados periódicamente establecen los objetivos políticos a corto y medio plazo de la cooperación UE-Moldavia.

La aplicación por Moldavia del acervo de la UE está documentada en los «Informes de la UE sobre la ejecución de la Asociación» , publicados periódicamente desde 2017. En una fase posterior se llevará a cabo un examen completo de todos los capítulos del acervo de la UE.

Tras la adopción de la metodología revisada en materia de ampliación , y a efectos de la política de ampliación de la UE, el acervo de la UE se estructura en torno a seis bloques temáticos. El acervo de la UE correspondiente a estos bloques temáticos está cubierto sustancialmente por el AA/ZLCAP y Moldavia se ha aproximado gradualmente a dicho acervo. Moldavia tiene un historial satisfactorio de aplicación, aunque los avances son desiguales y los retrasos en el cumplimiento de los ambiciosos plazos del AA/ZLCAP han sido frecuentes. A la espera del examen completo de todos los capítulos, el análisis que figura a continuación ofrece ejemplos de capítulos de los bloques temáticos en los que Moldavia ha obtenido resultados especialmente satisfactorios y pone de relieve ámbitos en los que la aproximación al acervo de la UE ha sido limitada.

El bloque temático Elementos fundamentales incluye los capítulos del acervo sobre Poder judicial y derechos fundamentales, Justicia, libertad y seguridad, Contratación pública, Estadísticas y Control financiero. Este bloque temático ya ha sido evaluado en el marco de las secciones dedicadas a los criterios políticos y económicos.

En determinados ámbitos del bloque temático, la aproximación al acervo de la UE sigue siendo limitada, por ejemplo, en los ámbitos de Poder judicial y derechos fundamentales y Justicia, libertad y seguridad.