(2)El informe específico de 2020 sobre Italia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la elevada deuda pública y la prolongadamente débil dinámica de la productividad implican riesgos con relevancia transfronteriza, en un contexto de elevado desempleo y un nivel aún elevado de préstamos no productivos.

(3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, causando graves perturbaciones en la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de las personas y la actividad de las empresas. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicha cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en épocas de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones existentes permitían la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros aceptaron la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también puede decidir, previa recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros apartarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales y paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, así como garantizar unas condiciones sanitarias y de protección adecuadas en el lugar de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para recobrar un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione normalmente tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha dejado patente la necesidad disponer de planes de preparación frente a las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de compra, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Dichos elementos son clave con vistas al desarrollo de planes más amplios de preparación frente a las crisis.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes para permitir que los Estados miembros movilicen todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan paliar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. A través de esas modificaciones se logrará mayor flexibilidad, así como la simplificación y racionalización de los procedimientos. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros pueden beneficiarse también de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión durante el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Italia a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por los desafíos actuales.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual entre las regiones y territorios italianos debido a las persistentes disparidades económicas y sociales, las divergencias en el potencial de competitividad y el distinto grado de dependencia del turismo. Ello entraña el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales dentro del país y se agraven así las tendencias divergentes entre las regiones más y menos desarrolladas, entre los barrios deprimidos y el resto de las zonas urbanas, así como entre ciertas zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 30 de abril de 2020, Italia presentó su Programa de Estabilidad de 2020.

(11)Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

(12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore pasando de un déficit del 1,6 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,4 % en 2020. Se prevé que ese déficit se reduzca al 5,7 % del PIB en 2021. Tras haberse estabilizado en el 134,8 % en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente al 155,7 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por un elevado nivel de incertidumbre como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Existen riesgos específicos del país en los que se basan las previsiones presupuestarias, a saber, el considerable tamaño de las garantías públicas y la volatilidad de los rendimientos de la deuda soberana.

(13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y en el marco de un enfoque de la Unión coordinado, Italia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a aquellas personas y sectores que se han visto especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, estas medidas presupuestarias ascienden al 4,5 % del PIB en 2020. Las medidas incluyen el refuerzo de la asistencia sanitaria y la protección civil, la ampliación de los regímenes de complemento salarial y el apoyo financiero a los trabajadores autónomos y las empresas. Además, Italia ha introducido medidas que, sin tener un impacto presupuestario directo, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas, como, por ejemplo, aplazamientos de pagos tributarios y garantías de préstamos. En general, las medidas adoptadas por Italia se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirán a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de las políticas, el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas de Italia sería del -11,1 % del PIB en 2020 y el -5,6 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las Administraciones Públicas alcance el 158,9 % del PIB en 2020 y el 153,6 % en 2021.

(15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado debido al incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2019 y la infracción prevista del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020. En general, el análisis indica que no hay pruebas suficientes para concluir que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 no se cumple, mientras que el criterio de déficit no se cumple.

(16)La pandemia de COVID-19 ha sometido al sistema sanitario nacional a una tensión sin precedentes, dejando patentes las debilidades estructurales y la necesidad de aumentar la preparación ante situaciones de crisis. A pesar de que el gasto en sanidad es inferior a la media de la UE, el sistema sanitario de Italia se caracteriza por unos servicios universales altamente especializados y de buena calidad y ha logrado, en general, ofrecer acceso a la asistencia. No obstante, al inicio de la pandemia en particular, la fragmentación de la gobernanza del sistema sanitario y la coordinación entre las autoridades centrales y regionales ralentizaron la aplicación de las medidas de contención. La respuesta de los sistemas sanitarios regionales a la crisis se basó principalmente en una movilización extraordinaria, especialmente del personal sanitario y de los servicios sociales locales. Ello compensó las limitaciones de la infraestructura física, del número de trabajadores sanitarios y de las inversiones destinadas en los últimos años a mejorar las estructuras y los servicios. El Gobierno italiano ha realizado enormes esfuerzos por mitigar la propagación del virus, aliviar la presión sobre los hospitales y generar capacidad asistencial adicional. En la actualidad, se está desarrollando una estrategia de contención a más largo plazo a fin de garantizar un retorno seguro a la actividad productiva. Además de la mejora de los procesos de gobernanza y los planes de preparación frente a las crisis, las políticas posteriores a la COVID-19 deben tener como objetivo la reducción del déficit de inversión pública en asistencia sanitaria. A medio y largo plazo, será crucial desarrollar un plan estratégico de inversión a fin de mejorar la resiliencia del sistema sanitario italiano y garantizar que prosiga la prestación de asistencia accesible. Ante las proyecciones actuales relativas al personal sanitario, debe darse prioridad al desarrollo de políticas que acaben con los estrangulamientos existentes en su formación, contratación y retención.

(17)Las medidas de confinamiento adoptadas en respuesta a la crisis sanitaria tienen un fuerte impacto negativo en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Antes de la crisis, la situación social registraba una lenta mejora, aunque el riesgo de pobreza o exclusión social, de pobreza entre las personas con empleo y de desigualdades de renta siguiera siendo elevado y mostrara grandes diferencias regionales. Dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, es preciso reforzar las redes de protección social para garantizar una sustitución adecuada de la renta de las personas, independientemente de su situación laboral, incluidas aquellas que tienen que hacer frente a deficiencias en el acceso a la protección social. El refuerzo de la renta sustitutiva y del apoyo a la renta es especialmente importante para los trabajadores atípicos y las personas en situación de vulnerabilidad. También es fundamental la prestación de servicios destinados a la inclusión social y laboral. El nuevo régimen de renta mínima, que durante el pasado año proporcionó ayudas a más de un millón de hogares (513 EUR por término medio), puede mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, podría mejorarse la capacidad para hacerla llegar a los grupos vulnerables. El Gobierno ha introducido con carácter temporal una «renta de emergencia» adicional para ayudar a los hogares que no cumplen los requisitos para acogerse a la renta mínima. Las personas empleadas en la economía sumergida, especialmente en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la vivienda, también corren el riesgo de sufrir carencias en el acceso a la protección social y el apoyo a la renta. Para hacer frente a este problema, el Gobierno ha simplificado recientemente las normas para la legalización de la situación laboral de los trabajadores no declarados y para la obtención o la prórroga de los permisos de residencia para los trabajadores migrantes. Las tendencias demográficas negativas y la fuga de cerebros podrían obstaculizar asimismo las perspectivas de crecimiento. Además de dificultar en mayor medida las condiciones del mercado de trabajo, la falta de servicios de calidad impulsa la despoblación en las regiones meridionales y en las zonas rurales. Es fundamental mejorar el acceso a los servicios electrónicos, especialmente en un contexto de movilidad limitada.

(18)Desde el estallido de la crisis, Italia está tomando medidas para mitigar su impacto en el empleo. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo (Cassa integrazione) han venido desempeñando un papel importante y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. La posibilidad de acogerse a ellos se ha ampliado para incluir a las pequeñas empresas y microempresas y a todos los sectores económicos y trabajadores. Además, se ha creado un régimen (temporal) independiente para los trabajadores autónomos. Antes de la crisis, las condiciones del mercado laboral habían seguido mejorando. En 2019, la tasa de empleo alcanzó un 64 %, el índice más alto jamás registrado. Sin embargo, todavía estaba bastante por debajo de la media de la Unión. La tasa de desempleo era persistentemente elevada, al igual que otros indicadores de la atonía del mercado de trabajo, y se espera que aumente hasta el 11,8 % en 2020 y se recupere descendiendo al 10,7 % en 2021, según las previsiones de la Comisión. La proporción de contratos temporales también era elevada, aunque desde mediados de 2018 la creación de empleo se había visto impulsada por la provisión de puestos de trabajo permanentes. De cara al futuro, a fin de promover una recuperación sostenible e integradora, es esencial integrar en el mercado laboral a los jóvenes inactivos y a las mujeres. Se han adoptado algunas medidas para reforzar los servicios públicos de empleo e integrarlos mejor con los servicios sociales, el aprendizaje de adultos y la formación profesional. Sin embargo, su capacidad de colocación sigue siendo débil y varía considerablemente dependiendo de las regiones. La participación de los empleadores también sigue siendo marginal. A medida que se vayan levantando las medidas de confinamiento, los acuerdos de trabajo flexibles y el teletrabajo pueden ayudar a las empresas y a los trabajadores. En respuesta a la crisis, el Gobierno adoptó medidas temporales destinadas a conciliar la vida privada y la profesional, como el fomento del trabajo inteligente y de los permisos especiales y la oferta de bonos para servicios de cuidados de niños a domicilio. A pesar de los esfuerzos realizados recientemente, las medidas para promover la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida profesional y la privada, así como la oferta servicios de educación y cuidados de la primera infancia y de cuidados de larga duración asequibles, siguen siendo débiles y no se han integrado de forma satisfactoria.

(19)La actual emergencia también pone de manifiesto la necesidad de mejorar el aprendizaje y las competencias digitales, en particular de los adultos en edad de trabajar, y el aprendizaje a distancia. La inversión en educación y capacitación es fundamental para promover una recuperación inteligente e integradora y seguir avanzando hacia la transición verde y digital. A este respecto, los resultados en educación y formación siguen constituyendo un reto importante para Italia. Existen grandes diferencias regionales en cuanto al dominio de las capacidades básicas, y la tasa de abandono escolar prematuro es notablemente superior a la media de la UE (13,5 % frente al 10,3 % en 2019), en particular en el caso de los alumnos nacidos fuera de la Unión (33 %). En un contexto de limitación de la movilidad, existe el riesgo de que se agudicen las disparidades regionales y territoriales. Ante tales circunstancias, es especialmente importante invertir en el aprendizaje a distancia, así como en la infraestructura y las competencias digitales tanto de los educadores como de los alumnos. Asimismo, en Italia, la proporción de titulados en ciencias e ingeniería es inferior a la media de la Unión y la de titulados superiores sigue siendo muy baja (27,6 % en 2019). Por otra parte, en comparación con la de países similares, la inversión de las empresas italianas en formar a sus empleados en tecnologías de la información y la comunicación es menor. El bajo índice de participación de los adultos poco cualificados en la formación es también motivo de preocupación, dado el descenso del número de puestos de trabajo que requieren poca cualificación. La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son más esenciales que nunca a fin de dotar a los trabajadores de competencias que se adecúen al mercado de trabajo y promover una transición justa hacia una economía más digital y sostenible.

(20)La crisis ha reforzado la necesidad de apoyar el acceso a financiación por parte de las empresas. Italia ha adoptado varios regímenes para apoyar el flujo de liquidez a las empresas, en particular en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. La aplicación efectiva de dichos regímenes, por ejemplo, mediante garantías canalizadas a través del sistema bancario, es fundamental para garantizar que se beneficien de ellos todas las empresas, y, en particular, las de pequeño y mediano tamaño (pymes), las pertenecientes a los sectores y zonas geográficas más afectados, y las empresas innovadoras. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las subvenciones directas y los incentivos a la financiación a través del mercado también pueden contribuir a la liquidez de las pymes y de las empresas innovadoras. A estas últimas (que a menudo no cuentan con el respaldo de una garantía) les resulta más difícil acceder al crédito, y la crisis actual podría empeorar la situación. El aplazamiento del pago al Estado de los impuestos y las cotizaciones sociales ha contribuido a mejorar los flujos de tesorería de las empresas. Sin embargo, deben evitarse los retrasos en los pagos autorizados, ya sea de las administraciones a las empresas o de las empresas entre sí, ya que son una rémora para la liquidez de todas las empresas, especialmente de las más pequeñas.

(21)A fin de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, en particular introduciendo las reformas pertinentes. La inversión en apoyo de la transición verde será especialmente importante para respaldar la recuperación y aumentar la resiliencia futura. Italia es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos e hidrogeológicos extremos, incluidas las sequías y los incendios forestales. La transformación de la economía italiana en una economía climáticamente neutra requerirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado de tiempo, en particular en los ámbitos de la producción de nuevas energías renovables, de las infraestructuras de electricidad y de la eficiencia energética, entre otros. Las inversiones en el marco del Pacto Verde destinadas a combatir el cambio climático se recogen en el Plan Nacional de Energía y Clima de Italia. Dichas inversiones son esenciales para hacer frente a la amenaza que representa el cambio climático, y desempeñan al mismo tiempo un papel fundamental en la recuperación de Italia y en el refuerzo de su resiliencia. Las inversiones en el marco del Pacto Verde también son esenciales para reducir los efectos sobre la salud humana de la contaminación atmosférica de las ciudades italianas, especialmente en la Cuenca del Po. Por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas de movilidad sostenible, como la renovación del parque de autobuses públicos a escala local, supone un ejemplo de cómo hacer frente al mismo tiempo a la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica. El déficit de infraestructuras para la gestión del agua y de los residuos, en particular en las regiones meridionales, tienen repercusiones medioambientales y sanitarias que suponen para la economía italiana costes considerables y una pérdida de ingresos. En términos más generales, la resiliencia ante el cambio climático tiene incidencia en todas las infraestructuras, incluida la sanitaria. Para lograrla se requieren estrategias de adaptación. Afrontar los retos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como los riesgos hidrológicos, la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, la economía circular y la transformación industrial, representa una oportunidad para mejorar la productividad, al tiempo que se evitan prácticas no sostenibles. Paralelamente, la inversión en tales proyectos puede contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de la recuperación tras la crisis. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Italia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país de 2020. Ello permitiría al país garantizar una utilización óptima de ese Fondo.

(22)El confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir en la digitalización de la economía y ha demostrado la relevancia de las infraestructuras digitales. El bajo nivel de intensidad digital y de conocimientos informáticos de las empresas italianas, especialmente de las pymes y las microempresas, les ha impedido ofrecer modalidades de comercio electrónico y regímenes de teletrabajo, y facilitar y utilizar herramientas digitales durante el confinamiento. La inversión en la digitalización y capacitación a través de una aplicación sostenida y oportuna de políticas nacionales específicas es esencial para mejorar los modelos de comercio electrónico y ayudar a las empresas a adaptarse, así como para impulsar la productividad y la competitividad. El acceso a una infraestructura digital rápida y fiable ha demostrado ser fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la Administración Pública, la educación, la salud y la medicina, y es clave para el seguimiento y el control de la epidemia. Italia sigue rezagada respecto al despliegue de las redes de fibra óptica en las zonas rurales. Deben adoptarse medidas específicas para colmar esa laguna, así como para fomentar en mayor medida la adopción de la banda ancha por parte de la población.