·miembros de la familia de las dos categorías de personas citadas, en los casos de familias ya constituidas en Ucrania en el momento de las circunstancias que rodearon a la afluencia masiva, independientemente de que el miembro de la familia pueda o no regresar a su país de origen en condiciones seguras y duraderas. De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2001/55/CE del Consejo, se considera miembro de la familia el cónyuge de las dos categorías de personas citadas o su pareja de hecho con la que mantenga una relación estable, si la legislación o los usos del Estado miembro afectado otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su propia normativa de extranjería; los hijos menores solteros de las dos categorías de personas o de su cónyuge, sin distinción en cuanto a si nacieron dentro o fuera del matrimonio o se adoptaron; otros parientes cercanos que vivían juntos como parte de la unidad familiar en el momento de las circunstancias que rodearon a la afluencia masiva, y que dependían total o principalmente de las dos personas citadas.

·nacionales de terceros países o apátridas que residían legalmente en Ucrania desplazados a partir del 24 de febrero de 2022 a raíz de la invasión militar de las fuerzas armadas rusas en dicha fecha y que no pueden regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en dicho país. Esto incluiría a las personas que gozaban de estatuto de refugiado o de protección equivalente o que eran solicitantes de asilo en Ucrania en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva. Los nacionales de terceros países que residían en Ucrania de forma duradera en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva deberían disfrutar de una protección temporal independientemente de que puedan o no regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas; y

Los elementos de la propuesta también son coherentes con el Pacto sobre Migración y Asilo de septiembre de 2020, y con las propuestas legislativas que lo acompañan. Como parte del Pacto, la Comisión propuso derogar la Directiva sobre protección temporal para sustituirla por un nuevo Reglamento mejorado, que conserva el concepto del estatus de protección temporal pero que aborde más en general situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo, asegurándose de que todos los nuevos instrumentos europeos actúen de manera coherente en el marco del nuevo enfoque global propuesto por el Pacto. No obstante, como las propuestas legislativas pertinentes se están negociando actualmente y su adopción no es inminente, el Reglamento para abordar las situaciones de crisis y de fuerza mayor no puede servir como respuesta a los retos inmediatos que plantea la crisis ucraniana. La Directiva sobre protección temporal es el acervo actual en vigor que ofrece el instrumento pertinente para abordar la situación de forma eficaz y proporcionada.

De conformidad con la Directiva 2001/55/CE, la duración de la protección temporal será de un año, y salvo que se concluya de otra manera, podrá prorrogarse automáticamente por períodos de seis meses por un máximo de un año. La Comisión, como parte de su función de supervisión, y de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2001/55/CE, puede proponer en cualquier momento al Consejo que ponga fin a la protección temporal, basándose en que la situación en Ucrania sea tal que permita el regreso seguro y duradero de aquellos a quienes se concedió protección temporal. La Comisión podrá proponer también al Consejo la prórroga de la protección temporal, si el período inicial no se considera suficiente para permitir a los Estados miembros afectados gestionar eficazmente la situación, o si la situación todavía no permite a las personas que gozan de la protección temporal regresar con seguridad a Ucrania.

El artículo 2 describe el grupo de personas a las que se aplicaría la protección temporal. La disposición introduce una protección temporal para los nacionales ucranianos residentes en Ucrania desplazados a partir del 24 de febrero de 2022 a raíz de la invasión militar de las fuerzas armadas rusas en dicha fecha. Para respetar el espíritu de la Directiva 2001/55/CE, el artículo 2 introduce también una protección temporal para los nacionales de terceros países y apátridas que residieran legalmente en Ucrania, desplazados a partir del 24 de febrero de 2022 y que no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en dicho país. Esto incluiría a las personas que gozaban de estatuto de refugiado o de protección equivalente o a quienes eran solicitantes de asilo en Ucrania en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva. Los nacionales de terceros países que residían en Ucrania de forma duradera en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva deberían disfrutar de una protección temporal independientemente de que puedan o no regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duradera.

Esta propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como las obligaciones derivadas del Derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967.

(7)Dichas cifras muestran que es probable que la Unión Europea se enfrente a una situación caracterizada por una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania que no pueden volver a su país o región de origen debido a la agresión militar rusa, y que la escala de la afluencia será tal que existe también un claro riesgo de que los sistemas de asilo de los Estados miembros no sean capaces de gestionar estas llegadas sin efectos adversos para su funcionamiento eficiente, los intereses de las personas afectadas y los de otras personas que solicitan protección.

(11)El objetivo de la presente Decisión de Ejecución es introducir una protección temporal para los nacionales ucranianos residentes en Ucrania desplazados a partir del 24 de febrero de 2022 a raíz de la invasión militar de las fuerzas armadas rusas en dicha fecha. Para respetar el espíritu de la Directiva 2001/55/CE, debe introducirse también una protección temporal para los nacionales de terceros países que residieran legalmente en Ucrania desplazados a partir del 24 de febrero de 2022 y que no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en dicho país. Esto incluiría a las personas que gozaban de estatuto de refugiado o de protección equivalente o que eran solicitantes de asilo en Ucrania en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva. Además, para los no ucranianos nacionales de terceros países que hayan sido residentes de larga duración en Ucrania, la condición de no poder regresar a su país o región de origen no debe aplicarse y por lo tanto ellos deben gozar también de protección temporal. También es importante preservar la unidad de las familias y evitar que diferentes miembros de la misma familia gocen de diferentes estatutos. Por consiguiente, es necesario introducir la protección temporal para los miembros de la familia, en los casos de familias ya constituidas en Ucrania en el momento de las circunstancias que rodearon a la afluencia masiva, independientemente de que el miembro de la familia pueda regresar a su país de origen en condiciones seguras y duraderas.

(12)Sin embargo, los no ucranianos nacionales de terceros países o los apátridas que puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas y que ya no puedan ser considerados residentes de larga duración en Ucrania ni miembros de la familia de una persona que goce de protección temporal no deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Decisión. Entre estas personas estarían los nacionales de terceros países que estaban estudiando o trabajando en Ucrania coyunturalmente en el momento de los acontecimientos que condujeron a la afluencia masiva y que pueden regresar con seguridad a su país de origen. No obstante, dichas personas deben ser admitidas en la Unión por razones humanitarias sin exigirles, en particular, que estén provistos de un visado válido o de medios de subsistencia suficientes o de un documento de documento de viaje válido, para garantizar un paso seguro con vistas a regresar a su país o región de origen.

(13)De conformidad con la Directiva 2001/55/CE, los Estados miembros podrán ampliar la protección temporal a categorías adicionales de personas desplazadas además de las contempladas en la presente Decisión del Consejo, cuando sean desplazadas por las mismas razones y procedan del mismo país o región de origen. En dicho caso, deberán notificarlo inmediatamente al Consejo y a la Comisión inmediatamente. En este contexto, debe animarse a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de ampliar la protección temporal a las personas que huyeron de Ucrania poco antes del 24 de febrero de 2022, al paso que crecían las tensiones, o que se encontraron en el territorio de la Unión (por vacaciones o por motivos laborales) justo antes de la fecha y que como resultado del conflicto armado no pueden regresar a Ucrania.

(14)La protección temporal es el instrumento más adecuado para la situación actual. Habida cuenta del carácter extraordinario y excepcional de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y la magnitud de la afluencia masiva, la protección temporal debe permitir a las personas desplazadas disfrutar de derechos armonizados en toda la Unión que permitan un nivel de protección adecuado. La introducción de la protección temporal también beneficiará a los Estados miembros, ya que los derechos que la acompañan limitan la necesidad para las personas desplazadas de buscar inmediatamente protección internacional y por lo tanto el riesgo de desbordar los sistemas de asilo de los Estados miembros, al reducir al mínimo las formalidades debido a la urgencia de la situación. Además, los nacionales ucranianos, como viajeros exentos de la obligación de visado, tienen derecho a circular libremente dentro de la Unión tras ser admitidos en el territorio durante un período de 90 días. Sobre esta base, pueden elegir el Estado miembro en el que desean disfrutar de los derechos vinculados a la protección temporal y reunirse con sus familiares y amigos de las importantes redes de diásporas que existen actualmente en toda la Unión. En la práctica, esto facilitará un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros, reduciendo así la presión sobre los sistemas de acogida nacionales. Una vez que un Estados miembros que hayan concedido un permiso de residencia de conformidad con la Directiva 2001/55/CE, la persona que goce de la protección temporal, mientras tenga el derecho a viajar dentro de la Unión durante 90 días dentro de un período de 180 días, solo deberá poder hacer uso de los derechos derivados de la protección temporal en el Estado miembro que haya concedido un permiso de residencia. Esto debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro decida expedir en cualquier momento un permiso de residencia a personas que gozan de protección temporal en virtud de la presente Decisión de Ejecución.

(15)La presente Decisión será compatible y se aplicará complementariamente con los sistemas nacionales de protección temporal, que pueden considerarse como transposición de la Directiva. Si el Estado miembro tiene un sistema nacional que es más favorable que la Directiva, el Estado miembro debe poder seguir aplicándolo puesto que, de conformidad con la Directiva 2001/55/CE, los Estados miembros podrán adoptar o mantener condiciones más favorables para las personas cubiertas por la protección temporal. No obstante, si el sistema nacional es menos generoso, el Estado miembro debe asegurar los derechos adicionales previstos en la Directiva.

(16)La Directiva 2001/55/CE tiene debidamente en cuenta las responsabilidades que corresponden a los Estados miembros en relación con el mantenimiento de la ley y el orden y la salvaguardia de la seguridad interior, ya que permite a los Estados miembros excluir a una persona desplazada de la protección cuando existan razones graves para considerar que la persona ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; ha cometido un delito grave de carácter no político fuera del Estado miembro de acogida antes de su admisión en dicho Estado miembro como persona que goza de protección temporal; o se ha hecho culpable de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Directiva también permite a los Estados miembros excluir a una persona desplazada de la protección temporal cuando existan motivos razonables para considerarla un peligro para la seguridad del Estado miembro de acogida o un peligro para la comunidad del Estado miembro de acogida.

(17)Al conceder protección temporal, los Estados miembros deben garantizar que el tratamiento de los datos personales de las personas que gozan de protección temporal respete los requisitos establecidos en el acervo de la Unión Europea en materia de protección de datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(18)La presente Decisión de Ejecución debe permitir a la Unión coordinar y supervisar estrechamente la capacidad de acogida en los Estados miembros a fin de tomar medidas y prestar apoyo adicional en caso necesario. La Directiva 2001/55/CE exige a los Estados miembros, junto con la Comisión, cooperar e intercambiar información para facilitar la aplicación de la protección temporal. Esto debe hacerse a través de una «plataforma de solidaridad» en la que los Estados miembros intercambien información sobre sus capacidades de acogida y el número de personas que gocen de protección temporal en sus territorios. Hasta el momento, sobre la base de la información comunicada por los Estados miembros en el marco de la Red de preparación y gestión de crisis migratorias, el total de las capacidades de acogida, excluida la capacidad de absorción de la diáspora residente en la Unión, es como mínimo superior a 310 000 plazas. A efectos de dicho intercambio de información, la Comisión debe asumir una función de coordinación. Además, en los últimos años, se han creado diferentes plataformas con el objetivo de garantizar la cooperación entre los Estados miembros. Entre dichas plataformas, la Red de preparación y gestión de crisis migratorias (de conformidad con la Recomendación (UE) 2020/1366 de la Comisión) es la más adecuada para la cooperación administrativa prevista en la Directiva 2001/55/CE. También debe animarse a los Estados miembros a contribuir a un conocimiento común de la situación, mediante la puesta en común de información pertinente a través de la respuesta política integrada a las crisis (RPIC). El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser consultado cuando proceda. En este contexto, los Estados miembros también deben colaborar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

(19)De conformidad con Directiva 2001/55/CE, la duración de la protección temporal debe ser durante el período inicial de un año. Salvo que se concluya en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, dicho período debe prorrogarse automáticamente por seis períodos de seis meses durante un plazo máximo de un año. La Comisión mantendrá la situación bajo supervisión y revisión constantes. En cualquier momento, podrá proponer al Consejo que ponga fin a la protección temporal, basándose en que la situación en Ucrania sea tal que permita el regreso seguro y duradero de aquellos a quienes se concedió protección temporal o ampliar la protección por un plazo máximo de un año.

(20)A los efectos del artículo 24 de la Directiva 2001/55/CE, la referencia al Fondo Europeo para los Refugiados establecido mediante la Decisión 2000/596/CE debe entenderse como una referencia al Fondo de Asilo, Migración e Integración creado mediante el Reglamento (UE) 2021/1147. Todos los esfuerzos de los Estados miembros para cumplir las obligaciones derivadas de la presente Decisión de Ejecución contarán con el apoyo financiero de los Fondos de la Unión. Los mecanismos de emergencia y flexibilidad en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027 también podrán movilizar fondos para hacer frente a necesidades urgentes específicas dentro de los Estados miembros. Por otra parte, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión ha sido activado. A través de dicho Mecanismo, los Estados miembros pueden solicitar artículos cruciales para atender a las necesidades de las personas desplazadas de Ucrania presentes en su territorio y beneficiarse de la cofinanciación para prestar dicha asistencia.

(21)Desde la adopción de la Directiva 2001/55/CE, se han creado varias agencias de la UE o se han reforzado sus mandatos. En ese contexto, la Comisión debe cooperar con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), con vistas a mantener la situación bajo supervisión y revisión constantes. Además, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) y Europol deben prestar apoyo operativo a los Estados miembros que solicitaron su asistencia para ayudarles a hacer frente a la actual situación de crisis, también con fines de aplicación de la presente Decisión de Ejecución.

(22)La presente Decisión de Ejecución respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(23)De conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado mediante carta de 11 de abril de 2003, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la Directiva 2001/55/CE. Por consiguiente, Irlanda está vinculada por la presente Decisión de Ejecución del Consejo.

(24)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión de Ejecución y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(25)Habida cuenta de la urgencia de la situación, la presente Decisión de Ejecución debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Objeto

Se constata la existencia de una afluencia masiva a la Unión de personas desplazadas que han tenido que abandonar Ucrania como consecuencia de un conflicto armado.

Artículo 2