COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(94) 161 final 
Bruselas, 05.05.1994 
XXffl INFORME DE LA COMISIÓN 
SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 
- 1993 -
XXIII INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA - CONTENIDO 
Páginas 
INTRODUCCIÓN y VADEMÉCUM 1 
PRIMERA PARTE: EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 7 
Capítulo I - El esfuerzo por mantener un entorno competitivo 7 
§1. Contribución de la política de competencia al crecimiento, la 7 
competitividad y el empleo 
§2. Ayudas estatales .15 
§3. Liberalización y privatización 19 
§4. Control de las operaciones de concentración 25 
§5. Acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante 36 
§6. Consecuencias del Tratado de Maastricht 45 
Capítulo II - Dimensión internacional de la política de competencia 48 
§1. Observaciones generales 48 
§2. Promoción de la aplicación de la política de competencia en toda 50 
Europa 
§3. Una tarea aún más difícil: fomentar la aplicación de la política de 55 
competencia en países no europeos 
§4. Cooperación para la aplicación de la política de competencia en casos 59 
concretos 
§5. Repercusión de la Ronda Uruguay sobre la política de competencia 61 
Capítulo III - Desarrollo de la aplicación de las normas de competencia en 
algunos sectores específicos 63 
§1. Servicios financieros - Seguros 63 
§2. Telecomunicaciones y servicios postales 67 
§3. Energía 74 
§4. Transportes 77 
§5. Sector audiovisual 82 
Capítulo IV - La política de competencia y las demás políticas comunitarias 86 
§1. Finalización del mercado interior 86 
§2. Política industrial 89 
§3. Medio ambiente 93 
§4. Cultura 98 
§5. Política comercial 101 
Capítulo V - Las normas de competencia en la práctica 103 
§1. Transparencia 103 
§2. Subsidiariedad y aplicación descentralizada 106 
§3. Mejora de los procedimientos 109 
§4. Actividades de la Comisión (descripción cuantitativa) 122 
ir 
SEGUNDA PARTE: NORMAS DE COMPETENCIA APLICABLES A LAS EMPRESAS 126 
Capítulo I - Principales decisiones y medidas de la Comisión 126 
A. Consideraciones generales 126 
1 '"? A 
§1. Acuerdos horizontales 
§2. Acuerdos verticales 127 
§3. Abuso de posición dominante \2o 
B. Análisis de las decisiones y medidas individuales 130 
§1. Creación de empresas en participación y otras formas de cooperación 130 
Philips-Thomson-Sagem 
Alenia-Honeywell 
International Private Satellite Partners (IPSP) 
Intrax 
§2. Sector de los servicios 137 
CNSD 
§3. Sector audiovisual 139 
UER 
Auditel 
§4. Sector de la energía 141 
Electricidade de Portugal/Proyecto Pego 
Acuerdo de colaboración logística entre REPSOL y BPMED en las 
Islas Canarias 
Disma 
Texaco Ltd 
Acuerdos sobre gasolineras en España 
Acuerdos sobre gasolineras en las Islas Canarias 
§5. Sector del automóvil 152 
Acuerdos de cooperación entre Peugeot y FIAT a través de la 
filial común SEVEL 
Grupo Rover 
Distribución de piezas de repuesto de automóviles del grupo FIAT 
en Italia 
§6. Sector de los transportes 156 
a) Transporte marítimo 156 
Conferencia del África Oriental 
Acuerdo Transatlántico 
Irish Club Rules 
b) Servicios portuarios 
Sea Containers/Sealink 
c) Transporte por ferrocarril 
Decisión sobre la estructura de tarificación en el transporte 
combinado de mercancías 
d) Transporte aéreo 163 
IATA - Normas sobre divisas 
IATA - recargo en el transporte de mercancías 
SABRE/Air France e Iberia 
§7. Protección del medio ambiente 166 
Spa Monopole/GDB 
§8. Asuntos relativos a la propiedad industrial 169 
Becton-Dickinson-Cyclorore 
§9. Otros sectores 170 
Zera Montedison/Hinkens Stáhler 
Sistema Grundig de distribución selectiva 
Papeteries de Golbey 161 
162 
C. Control de las operaciones de concentración 175 
175 §1. Ámbito de aplicación 
a. Dimensión comunitaria (artículo 1) 
b. Cálculo de los umbrales del volumen de negocios (artículo 5) 
c) Definición de operación de concentración (artículo 3) 
§2. Evaluación de las operaciones de concentración 187 
a. Definición del mercado de productos afectado 
b. Determinación del mercado geográfico de referencia 
c. Evaluación de la compatibilidad de las operaciones 
§3. Aplicación de-los artículos 9, 21 y 22 204 
a. Aplicación del artículo 9 
b. Aplicación del apartado 3 del artículo 21 
c. Aplicación del apartado 3 del artículo 22 
§4. Aplicación del artículo 223 del Tratado 206 
D. Principales decisiones en el sector de la siderurgia 207 
§1. Evolución 207 
§2. Operaciones de concentración 207 
§3. Mecanismo financiero 208 
E. Normas sustantivas y procesales 211 
Aplicación de los reglamentos de exención por categorías 211 
a. Distribución de vehículos de motor 
b. Aplicación de los demás reglamentos de exención por categorías 
Capítulo II - Principales sentencias del Tribunal de Justicia y del 
Tribunal de Primera Instancia 216 
§1. Interpretación de la letra f) del artículo 3, del segundo párrafo del 216 
artículo 5 y del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE 
§2. Concepto de empresa 218 
§3. Aplicación del artículo 85 a un acuerdo horizontal sobre precios 220 
§4. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 1984/83 222 
§5. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 123/85 * 224 
§6. Abuso de posición dominante 226 
§7. Cuestiones prejudiciales 228 
§8. Problemas de procedimiento 230 
§9. Jurisprudencia sobre el Reglamento de control de las operaciones de 237 
concentración entre empresas 
TERCERA PARTE: EMPRESAS PÚBLICAS Y MONOPOLIOS NACIONALES 241 
Capítulo I - Principales acontecimientos 241 
§1. Telecomunicaciones y servicios postales 241 
§2. Energía 243 
§3. Transportes 244 
Capítulo II - Principales decisiones del Tribunal de Justicia 248 
§1. Sentencias del Tribunal relativas al artículo 90 del Tratado CE 248 
§2. Interpretación de la Directiva sobre terminales de telecomunicaciones 251 
§3. Empresas públicas y ayudas estatales 254 
\ 
CUARTA PARTE: AYUDAS ESTATALES 255 
Capítulo I - Evolución de la política de la Comisión 255 
§1. Problemas de política general 255 
§2. Empresas públicas y privatización 274 
§3. Regímenes de ayudas horizontales 286 
Ayudas a la inversión 
Ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de energía 
Ayudas a la exportación 
Ayudas a las pequeñas y medianas empresas 
Ayudas para la creación de empleo 
Ayudas de salvamento y de reestructuración 
§4. Ayudas para investigación y desarrollo 303 
§5. Ayudas regionales ^Ur 
§6. Ayudas a los sectores industriales sujetos a las directrices 315 
comunitarias 
a. Ayudas a la siderurgia 
Siderurgia comprendida en el ámbito de aplicación del 
Tratado CECA 
Productos siderúrgicos no comprendidos en el Tratado CECA 
b. Ayudas a la construcción naval 
c. Ayudas al sector del automóvil 
d. Ayudas al sector de las fibras sintéticas 
e. Sectores textil y de la confección 
f. Ayudas a la industria hullera 
§7. Ayudas a otros sectores industriales 344 
§8. Ayudas en el sector del transporte 346 
§9. Ayudas en otros sectores de servicios 352 
§10. Ayudas estatales en el sector agrario 356 
§11. Ayudas en el sector pesquero 362 
Capítulo II - Principales sentencias del Tribunal de Justicia 363 
QUINTA PARTE: DIMENSIÓN INTERNACIONAL 366 
> 
§1. Países de la AELC 366 
§2. Europa Central y Oriental 369 
§3. América del Norte 371 
§4. Japón y Corea 372 
§5. Organizaciones multilaterales 373 
SEXTA PARTE: CONTACTOS CON LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y CON OTROS 374 
ORGANISMOS 
§1. Parlamento Europeo 374 
§2. Comité Económico y Social 375 
§3. Comité consultivo de acuerdos entre empresas y posiciones dominantes 376 
§4. Comité consultivo sobre operaciones de concentración 377 
§5. Conferencia de los expertos gubernamentales de los Estados miembros 378 
§6. Contactos con las autoridades de competencia de los Estados miembros 379 
a. Acuerdos, posiciones dominantes y operaciones de concentración 
b. Ayudas 
§7. Derecho de competencia de los Estados miembros , 380 
§8. Otros contactos 384 
ANEXOS 
ANEXO III: DECISIONES, COMUNICACIONES Y SENTENCIAS RELATIVAS A ASUNTOS 
INDIVIDUALES 386 
A. Política de competencia en relación con las empresas 386 
1. Resúmenes de los asuntos 386 
B. Empresas públicas y monopolios nacionales 421 
ANEXO IV: EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y DE LA COMPETENCIA 423 
* 
A. Absorciones (inclusive fusiones y adquisiciones de participaciones 424 
mayoritarias), adquisiciones de participaciones minoritarias y 
empresas en participación en 1992/1993 
B. El programa de estudios de 1993 458 
C. Nota estadística sobre las operaciones de concentración notificadas 466 
con arreglo al Reglamento (CE) n° 4064/89 del Consejo 
Intro .p.l 
001 
<T4> Introducción 
1. El Informe anual sobre la política de competencia ofrece a la Comisión 
la posibilidad de exponer los principales acontecimientos y asuntos en este 
terreno ante las distintas instituciones comunitarias - el Parlamento, el 
Comité Económico y Social, los Estados miembros, - así como al sector 
industrial en general, que es el directamente afectado por su aplicación, y 
al público que, indirectamente, es el principal beneficiario de la aplicación 
de aquélla. Al presentar este Informe en un lenguaje lo menos técnico 
posible, se incrementa la transparencia, factor fundamental de cualquier 
sociedad democrática a la Inora de aplicar con éxito sus líneas directrices 
generales. 
2. Las actividades de este año se han caracterizado por varios 
acontecimientos importantes para la evolución de la Comunidad - la entrada en 
vigor del Tratado de la Unión Europea, la plena ratificación del Espacio 
Económico Europeo y el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y 
empleo. Gracias a ello, en este Informe, además de describir la evolución y 
actividades del año, se puede analizar la forma en que estos tres hitos 
principales influirán sobre la política de competencia y, viceversa, la 
manera en que la política de competencia es necesaria para alcanzar los 
objetivos que estos tres acontecimientos han venido a establecer para la 
Comunidad. Este vínculo entre los objetivos de la Comunidad y la política de 
competencia establece una relación en dos direcciones. No cabe concebir que 
la política de competencia pueda aplicarse sin hacer referencia a las 
prioridades determinadas por la Comunidad. Pero también es necesario 
comprender el modo en que una política eficaz de competencia puede 
contribuir a alcanzar estas metas. 
3. Aunque este principio no se discute, será necesario considerar con 
detenimiento la aplicación práctica de dicha política. De hecho, se 
desconocen todavía todas las repercusiones de los importantes acontecimientos 
antes mencionados y se espera que este informe contribuya al rico debate 
sobre cómo alcanzar el equilibrio adecuado entre la aplicación de la política 
de competencia y las distintas prioridades, que suele producirse a raíz de la 
publicación del Informe. A este respecto, el texto del presente año se 
proyecta hacia el futuro algo más de lo habitual, en el sentido de que, en un 
resumen que no pretende en absoluto ser exhaustivo, plantea algunas de las 
Intro .p.2 
002 
formas en las que la política de competencia puede adecuarse para hacer 
frente a las nuevas prioridades de la Comunidad. La pormenorización de estas 
consecuencias y la adaptación de la política a un mundo en el que se suceden 
los cambios con rapidez constituye un proceso en permanente evolución. 
Evidentemente, determinados principios subyacentes permanecen, tal y como 
están consagrados en el Tratado, pero no pueden ser aplicados de forma 
mecánica sin remitirse tanto al contexto en el que producen sus efectos como 
a los principales objetivos y prioridades de la Comunidad. 
4. Esta referencia al contexto en el que se aplica la política de 
competencia no es una novedad, sino que se deriva del hecho de que la 
competencia es un instrumento de la política comunitaria. Desde el inicio de 
la Comunidad, la política de competencia ha contribuido a lograr objetivos 
comunitarios fundamentales. Por ejemplo, ha participado en la creación de un 
mercado común, en el desarrollo armonioso de las condiciones económicas y en 
el rápido incremento del nivel de vida. Este cometido recibió un impulso 
adicional con el Acta Única Europea, que sentaba las bases de un verdadero 
mercado interior en el que el incremento de la competencia estaba considerado 
como el mecanismo mediante el cual se alcanzarían muchos de los beneficios 
previstos en dicho texto una vez que las barreras fiscales, administrativas y 
de otro tipo desapareciesen. La Comunicación de 1990 sobre política 
industrial en mercados abiertos y competitivos, que atribuye un importante 
papel a la política de competencia en la mejora de la productividad de la 
industria europea en un mundo en el que se suceden los cambios con rapidez y 
en el que los mercados adquieren un carácter cada vez más internacional, dio 
un nuevo aliento a la política de competencia. 
5. El Tratado de Maastricht ha añadido nuevos objetivos, al introducir 
objetivos industriales, culturales y medioambientales y profundizar en estos 
ámbitos. También recogía de forma explícita el principio de subsidiariedad. 
De hecho, estos tres objetivos, así como el principio citado, se estudian por 
separado y con detalle en el presente informe. El Libro Blanco definió 
claramente las políticas necesarias de cara al crecimiento, la competitividad 
y, lo que es más importante aún, el empleo. Así pues, se estudió también la 
necesidad de que la política de competencia logre estos tres objetivos y la 
forma en que éstos afectan a la aplicación de dicha política. Estos 
planteamientos no restan valor a la política de competencia, al contrario, le 
confieren un carácter sobresaliente y un vigor y una importancia renovados. 
Intro .p.3 
003 
Una política de competencia que no repercuta sobre estos aspectos o que no se 
vea influida por los mismos quedaría marginada y perdería toda su 
importancia. 
6. Es difícil e incluso peligroso, en un año cualquiera, destacar algunos 
aspectos o políticas concretos junto con las consideraciones genéricas 
primordiales que acabamos de esbozar. Por consiguiente, el hecho de que en 
las siguientes observaciones no se mencione algún punto concreto no significa 
que éste carezca de importancia. Se pretende más bien centrar la atención en 
aquellos ámbitos que se considera están adquiriendo una mayor transcendencia. 
El primero de estos aspectos es la introducción de la competencia en 
los sectores monopolisticos, entre los cuales los avances más 
considerables se han conseguido en el sector de las comunicaciones, lo 
cual no quiere decir que en otros no se haya progresado con firmeza. Si 
esto se menciona es a causa de los beneficios que se pueden obtener al 
introducir la competencia por vez primera en estos sectores y por el 
impacto positivo sobre la competencia y el empleo que tienen las redes 
transeuropeas, tal y como se destacaba claramente en el Libro Blanco. 
En segundo lugar, figura la introducción de la competencia en otros 
sectores, fundamentalmente el de servicios, que anteriormente estaban 
muy protegidos. A pesar de que no ha habido un caso concreto comparable 
a la liberalización en el sector de las comunicaciones, se ha seguido 
avanzando en este ámbito. También en este caso el Libro Blanco destacaba 
el potencial de empleo del sector servicios. 
Por último, el tercer ámbito que cabe destacar y cuya importancia 
relativa está aumentando es la dimensión internacional de la política 
comunitaria de competencia, ésta adquirió especial relevancia durante 
este año, a raíz de la conclusión, - el 15 de diciembre, de la Ronda 
Uruguay en el marco del GATT y de la finalización del proceso de 
ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y a raíz de 
su entrada en vigor a comienzos de enero de 1994. Estos acontecimientos, 
junto con la continuación de las negociaciones con los países de Europa 
Central y Oriental, constituyen etapas fundamentales para la 
liberalización del comercio internacional con la consiguiente 
modificación del entorno competitivo en el que se aplica la política de 
competencia de la Comunidad. 
Intro .p.4 
004 
Por otra parte, habría que destacar también que la supresión de los 
obstáculos estatales al comercio, tales como los obstáculos arancelarios 
y no arancelarios, ha sido objeto de importantes progresos hasta la 
fecha y que no será necesario mantener este ritmo en el futuro. El 
avance en la liberalización de las corrientes comerciales 
internacionales o regionales tiene por lo tanto que proceder, más 
concretamente, de la desaparición de los obstáculos privados al comercio 
y demás faseamientos de la competencia. 
Vade Mecum.p.5 
005 
T4> Vademécum 
7. El presente Informe consta de seis partes y de varios anexos. Este 
carácter pormenorizado se explica por el afán de permitir al lector 
identificar inmediatamente la información que necesita. 
8. La primera parte refleja los principales acontecimientos de la política 
de competencia y tiene un alcance más general que las demás. Se destaca la 
evolución que ha experimentado el derecho de competencia durante 1993 y, al 
mismo tiempo, intentar prever su evolución futura. Se abarcan todos los 
aspectos de la política de competencia y se pretende demostrar la coherencia 
entre las distintas facetas de la misma, así como con las demás políticas 
comunitarias. 
9. En la segunda parte se examina la aplicación de las normas de 
competencia a las empresas. Se trata de los artículos 85 y 86 del Tratado 
CEE, 65 y 66 del Tratado CECA y el reglamento sobre control de las 
operaciones de concentración. Esta parte es más descriptiva, aunque no se 
detiene en todos los asuntos en los que ha intervenido la Comisión, sino tan 
sólo de aquéllos que se ha considerado interesante destacar por uno u otro 
motivo. En los anexos se resumen otros asuntos. Esta parte no se limita 
únicamente a analizar las decisiones de la Comisión, sino que también hace 
referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de 
Primera Instancia. 
10. La tercera parte constituye una novedad en el presente Informe. Hasta 
ahora, los acontecimientos producidos en el ámbito de las empresas públicas y 
de los monopolios nacionales se reseñaban en la parte dedicada a las ayudas. 
Se ha considerado más adecuado separar estos dos aspectos. En efecto, por una 
parte, la mayor importancia de la política de competencia frente a estas 
empresas justifica sin duda alguna que se les conceda un trato particular. 
Por otra parte, los temas abordados en esta sección son de naturaleza mixta, 
ya que se refieren tanto a actuaciones estatales como empresariales. 
11. La cuarta parte se dedica al control de las ayudas e incluye también la 
jurisprudencia al respecto del Tribunal de Justicia. Es esta una sección 
tradicional del Informe, cuya importancia es ocioso señalar. 
Vade Mecum.p.6 
006 
12. También la quinta parte es nueva. Está dedicada a los acontecimientos 
ocurridos desde el punto de vista internacional de la política de 
competencia. Este aspecto adquiere, efectivamente, cada vez mayor relieve y 
resulta, por lo tanto, indispensable concederle una mayor preferencia. 
13. Por último, la sexta parte se refiere a las relaciones de la Comisión 
con las demás instituciones comunitarias, así como con otras organizaciones 
internacionales. Esta sección es, en cambio, ya habitual en el Informe, y 
subraya el importante papel de los primeros destinatarios de este texto, es 
decir, del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social, a la hora de 
formular la política de competencia comunitaria. 
14. El corpus del Informe se acompaña de numerosos anexos. En efecto, la 
Comisión tiene interés en que el Informe contenga una visión lo más 
exhaustiva posible de la evolución del Derecho de la competencia durante el 
pasado año. Todos los textos de tipo legislativo o de gran importancia, tales 
como las resoluciones del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social 
relativas al anterior Informe, se recogen íntegramente (Anexos I y II) . Por 
otra parte, tal y como ya se ha señalado anteriormente, el Anexo III resume 
los asuntos más interesantes resueltos con arreglo a los artículos 85 y 86 
del Tratado CE. Cabe también destacar la lista de comunicados de prensa 
relacionados con la política de competencia que figura en el punto 2 de dicho 
Anexo. Por lo que a 1 as ayudas se refiere, la lista de los comunicados de 
prensa acompaña a la lista de decisiones. Por otra parte, y con objeto de no 
sobrecargar el corpus del Informe, éste no contendrá referencia alguna. El 
lector que desee encontrar un texto o un documento hallará todas las 
indicaciones correspondientes en los Anexos. 
15. Finalmente, es necesario mencionar también el Anexo V, que contiene un 
análisis de los principales acontecimientos ocurridos en los Estados miembros 
y relacionados con su derecho de competencia. 
16. Para concluir, hay que destacar que la DG IV ha decidido crear un 
"servicio de información" con objeto de responder a cualquier pregunta del 
público relacionada con la política de competencia. 
l.I.§l.p.l 
007 
<T5> Primera parte 
<T1> Evolución de la política de competencia 
<T4> Capítulo 1 
<T2> El esfuerzo por mantener un entorno competitivo 
<T3> §1. Contribución de la política de competencia 
al crecimiento, la competitividad y el empleo 
17. El actual contexto, que se caracteriza por una disminución del 
crecimiento, una pérdida de competitividad de determinados sectores de la 
economía europea y, ante todo, por un índice de desempleo especialmente alto, 
exige una combinación de todas las políticas comunitarias para hacer frente a 
estos retos económicos y sociales. La política de competencia desempeña un 
cometido fundamental en la estrategia comunitaria dirigida a recuperar de 
forma duradera el crecimiento y el empleo. Las prioridades que la Comisión se 
ha fijado en el ámbito de la competencia se ven determinadas en gran medida 
por la contribución que esta política puede aportar al objetivo comunitario 
de crecimiento, competitividad y empleo, tal y como ha sido definido en el 
Libro Blanco aprobado por la Comisión y presentado al primer Consejo de la 
Unión Europea en diciembre de 1993 '-1-' . 
18. El Libro Blanco establece como prioridad política para la Unión Europea 
la creación de 15 millones de nuevos puestos de trabajo; reconoce que no 
existe una solución milagrosa y establece las distintas áreas en las que es 
necesario actuar para hacer frente al problema. Uno de los principales temas 
que aparecen reiteradamente en el Libro Blanco es la necesidad de 
reestructurar a fondo la economía europea si se quiere que ésta alcance los 
objetivos que se ha fijado. En este sentido, el Libro Blanco destaca la 
necesidad de aplicar sin titubeos las normas de competencia, incluyendo 
aquéllas referentes a las ayudas estatales, al tiempo que subraya el papel 
que esta política desempeña a la hora de eliminar las rigideces del mercado y 
de incrementar la flexibilidad en un contexto económico cada vez más 
dinámico. También la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
(1) Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas 
para entrar en el siglo XXI. Com(93) 700 final, de 5 de diciembre de 
1993. 
l.I.§l.p.2 
008 
diciembre hizo hincapié en esta firme aplicación de la política de 
competencia. 
19. De hecho, uno de los motivos que justifican la existencia de la política 
de competencia es el estímulo del crecimiento, la competitividad y el empleo. 
La competencia fomenta una eficaz asignación de recursos y estimula la 
investigación y el desarrollo, la innovación y la inversión. Es el mecanismo 
mediante el cual los recursos y los puestos de empleo se reorientan hacia 
sectores en crecimiento, apartándose de aquellos cuyo futuro es menos 
prometedor. La importancia de este cometido tradicional de la política de 
competencia se ha incrementado en los últimos años por dos motivos. En primer 
lugar, su participación en la realización del mercado interior, que creará 
puestos de empleo y estimulará el crecimiento y la competitividad, goza de 
gran predicamento^2^ . En segundo lugar, ocupa un puesto central en la 
política industrial comunitaria^3^. El Libro Blanco atribuye un carácter 
prioritario a la realización de un auténtico mercado interior y a la eficacia 
de la política industrial. Esto implica la necesidad de un nuevo vigor de la 
política de competencia en aquellos ámbitos en los que complementa y 
contribuye a estos objetivos. 
Aunque es necesario mantener esta firme política de competencia, el Libro 
Blanco plantea un nuevo reto. Es fundamental examinar en qué forma la 
política de competencia puede aplicarse aún más eficazmente para que 
contribuya a crear crecimiento y empleo y cómo puede contribuir o 
complementar las demás políticas comunitarias contempladas en dicho Libro 
Blanco. Este capítulo examinará el vínculo entre la política de competencia y 
los principales cambios estructurales que necesita la economía europea si 
deben cumplirse los objetivos del Libro Blanco. El presente Informe no 
constituye una declaración definitiva, que exigiría efectuar un análisis más 
exhaustivo y detallado, sino que recoge algunas orientaciones previas sobre 
las futuras tendencias analíticas. 
20. Una de las prioridades de la Comisión consiste en facilitar, mediante 
una política clara y decisiones rápidas, la dinámica de las operaciones de 
concentración y la cooperación entre empresas, siempre que no pongan en 
peligro la eficacia de la competencia y el dinamismo del mercado. Aquéllas 
pueden contribuir a la reestructuración de la economía, mientras que estas 
(2) Puntos 149 a 154 del presente Informe 
(3) Puntos 155 a 161 del presente Informe 
l.I.§l.p.3 
009 
últimas permiten, por ejemplo, obtener importantes economías de escala que, a 
su vez, facilitan el incremento de la calidad de los productos, la 
investigación tecnológica y la aplicación práctica de los resultados de esta 
última, así como la penetración de las empresas en nuevos mercados. El Libro 
Blanco destaca el incremento de la eficacia, así como el estímulo a la 
investigación, innovación y desarrollo de productos que pueden resultar de la 
cooperación de las empresas y que pueden contribuir a incrementar la presión 
de la competencia en el mercado. En particular, señala el modo en que la 
estructura de la competencia debe ser considerada en muchos sectores desde un 
punto de vista cada vez más internacional. Este equilibrio entre la eficacia 
de la cooperación y el contexto verdaderamente competitivo en que se 
desarrolla esta cooperación son dos elementos fundamentales que deben tenerse 
en cuenta a la hora de valorar dicha cooperación según las normas de 
competencia^4^. 
21. El incremento de la competitividad de las empresas europeas pasa también 
por una reducción de los costes y un acceso a servicios de mayor calidad en 
sectores claves tales como los servicios financieros y los servicios 
públicos, en particular, las telecomunicaciones, los transportes y la 
energía. Sólo mediante la liberalización se alcanzarán todos los efectos 
positivos sobre la productividad derivados tanto del estímulo al capital 
privado para que participe en la construcción de infraestructuras, como de la 
disminución del precio de bienes y servicios ofrecidos a través de estas 
últimas. Estas infraestructuras, que deben completarse para crear redes 
transeuropeas, sólo podrán contribuir plenamente a la reestructuración de la 
economía europea y a efectuar las modificaciones fundamentales en la 
inversión y los servicios si operan en un entorno liberalizado. De hecho, él 
Libro Blanco concede un papel fundamental a las redes transeuropeas, y la 
introducción progresiva de la competencia en estos ámbitos continúa siendo un 
objetivo prioritario para la Comisión^5'. No obstante, hay que tener en 
cuenta que cuando se introduce por vez primera la competencia en sectores que 
anteriormente estaban monopolizados, el precio de algunos bienes y servicios 
puede incrementarse al eliminar las subvenciones ocultas o cruzadas. 
Las directrices políticas en este campo, así como las razones por las que se 
les ha concedido importancia, pueden ilustrarse mediante el estudio del 
sector de las telecomunicaciones efectuado durante este año, que destacó el 
(4) Puntos 74 a 89 del presente Informe. 
(5) Puntos 36 a 42 del presente Informe. 
x.x..,p.« 0 
potencial de crecimiento del sector, su importancia para la competitividad 
del resto de la industria en su calidad de aportación crucial, su relevancia 
en términos de puestos de trabajo reales y potenciales, su demanda de grandes 
inversiones y tecnologías avanzadas (aportación de soportes físicos y 
lógicos) y, por último, su tarea social como prestador universal de servicio. 
Si tuviese éxito, los estrangulamíentos resueltos gracias a la inversión en 
esta y en otras redes transeuropeas tendrían un considerable efecto positivo 
sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo. Sólo se puede hacer 
frente a este reto mediante la coordinación de la política de competencia con 
las otras políticas comunitarias necesarias pendientes de aplicación. 
22. Otro ámbito destacado en el Libro Blanco por su carácter fundamental 
para la creación de empleo y para él fomento de la flexibilidad es el de las 
PYME. Hace tiempo que éstas reciben un trato de favor desde el punto de vista 
de la aplicación de la política de competencia^'. Podrá ser necesario hacer 
mayor hincapié en esta política con objeto de aprovechar aún más tanto su 
potencial generador de empleo como su capacidad para asumir con rapidez 
tecnologías nuevas e innovadoras y de aprovechar con rapidez las nuevas 
oportunidades del mercado. De acuerdo con el Libro Blanco, la política de 
ayudas estatales para las PYME, según se manifiesta en las directrices sobre 
ayudas, ya concede importancia a las ayudas "blandas" destinadas a 
incrementar la flexibilidad laboral (p.ej. ayudas para formación) y su 
potencial técnico y comercial (ayudas "blandas" para contribuciones técnicas 
y tecnológicas^7M . También se concede trato de preferencia a las PYME en 
cuanto a los incentivos a la inversión y las ayudas para I+D y medio 
ambiente. 
23. En realidad, la política de ayudas estatales en general tiene un 
importante cometido que desempeñar a la hora de estimular y facilitar los 
grandes cambios estructurales mencionados en el Libro Blanco(8*. En primer 
lugar, es necesario continuar aplicando una política firme que evite que los 
Estados miembros utilicen las ayudas con carácter defensivo y negativo para 
resistirse a los cambios estructurales necesarios y desplazar el coste del 
ajuste en términos de producción y empleo hacia otros Estados miembros. Por 
<6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 78 
79. 
(7) Puntos 430 a 432 del presente Informe. 
<8) Puntos 27 a 35 del presente Informe. 
l.I.§l.p.5 
011 
otra parte, las ayudas pueden desempeñar un papel positivo en esta 
reestructuración: pueden acelerar el cambio, estimular la I+D y la innovación 
y aliviar las repercusiones sociales de los cambios repentinos y produndos. A 
menudo se acusa a Europa de contar con una investigación básica de buen nivel 
que logra unos resultados muy insatisfactorios en cuanto a la innovación, así 
como con un mercado laboral rígido y con bajo potencial de creación de empleo 
a pesar del crecimiento económico global a largo plazo. La política de ayudas 
estatales debe ser estudiada teniendo en cuenta el Libro Blanco con objeto de 
comprobar si funciona correctamente, especialmente allí donde es necesario 
corregir la tendencia hacia la inversión en capital y en contra de la 
inversión en recursos humanos, organizativos y tecnológicos. 
Habrá que prestar especial atención a garantizar que las ayudas, 
independientemente de su forma o del factor de producción al que estén 
destinadas, no sirvan artificialmente de apoyo para unos puestos de trabajo 
insostenibles y sin futuro a largo plazo, sino que sirvan para que la 
economía se reestructure hacia unas inversiones que generen empleos viables. 
Las ayudas no deben ser utilizadas para rebatir las previsiones del mercado, 
ya que la intervención estatal en este sentido no siempre ha tenido éxito. En 
su lugar, la política tiene que concentrarse en las medidas horizontales y en 
aquellos ámbitos en los que el mercado no consigue invertir lo suficiente o 
con la rapidez adecuada (especialmente I+D y medio ambiente, innovación y 
formación) . De hecho, para el Libro Blanco, es primordial el papel de la 
investigación, el desarrollo y la tecnología, así cómo la inversión en 
capital humano y no físico con objeto de cambiar las pautas de crecimiento, 
competitividad y empleo de la Comunidad. La política de competencia en todas 
sus vertientes debe continuar desempeñando este cometido. 
24. La política de ayudas, junto con la dirigida a las empresas, deberá ser 
desarrollada y aplicada de forma coherente en aquellas áreas en las que las 
normas de competencia no se aplican todavía de forma plena y efectiva. Ello 
es así no sólo para los sectores monopolísticos antes mencionados sino, aún 
más, para muchos de los sectores de servicios - por ejemplo, servicios 
financieros y sector audiovisual^9' . 
El hecho de que estos sectores hayan estado, durante largo tiempo, a salvo de 
la competencia significa que los beneficios que se derivarán de la 
(9) Puntos 117 a 122 y 143 a 146 del presente Informe. 
i.r.§i.p.6 
012 
introducción de aquélla serán aún mayores no sólo en cuanto a la reducción de 
precios para los consumidores, sino que servirán además para apuntalar, la 
competitividad del resto de la industria que necesita la contribución de 
estos sectores en forma de servicios innovativos a precios razonables. 
Tampoco cabe pasar por alto el potencial de creación de empleo de estos 
sectores de servicios. Durante mucho tiempo su contribución como porcentaje 
del producto nacional bruto y al crecimiento del empleo ha sido mayor que la 
de la industria. El sector de servicios, cada vez más dinámico y con el apoyo 
de la aplicación eficaz de la política de competencia, continuará, 
inevitablemente, siendo una de las principales fuentes de generación de 
empleo. El Libro Blanco lo ilustra perfectamente mediante un ejemplo. Se 
considera que el sector audiovisual da trabajo a al menos 1,8 millones de 
personas. Las estimaciones recientes consideran que, a medio plazo, la parte 
del consumo nacional dedicada a productos audiovisuales se duplicará. Si este 
crecimiento se traduce en puestos de trabajo en Europa, podría llegar a crear 
2 millones de nuevos puestos en el año 2000. La aplicación de las normas de 
competencia en este sector debe, sin embargo, tener en cuenta otros objetivos 
de la política comunitaria, especialmente los relacionados con el pluralismo 
de los medios de comunicación y con la promoción cultural^10^ . 
25. Finalmente, el Libro Blanco destaca la dimensión internacional del 
problema que supone incrementar el crecimiento, la competitividad y el empleo 
en Europa. Ésta forma parte integrante de una economía cada vez más 
internacional. Al liberar el comercio de los obstáculos y restricciones 
estatales, hecho éste que ha adquirido un nuevo impulso a raíz de la 
conclusión satisfactoria de la Ronda Uruguay del GATT, el papel de la 
política de competencia a nivel internacional adquiere si cabe mayor 
importancia^11'. El desarrollo de la propia Comunidad es buen ejemplo de 
cómo la política de competencia puede facilitar la integración económica. 
Mientras que en la mayor parte de los países la política de competencia ha 
sido considerada tradicionalmente como una prerrogativa exclusivamente 
nacional, la Comunidad fue pionera a la hora de practicar una política que 
intentaba resolver el impacto que el falseamiento de la competencia producía 
sobre el comercio. Este enfoque, inicialmente aplicado sólo en la Comunidad, 
se ha extendido gradualmente también al comercio con los principales socios 
comerciales de la misma en Europa. De esta forma, la política de competencia 
(10) Puntos 90, 143 a 146 y 172 a 177 del presente Informe 
(11) Puntos 96, 97 y 114 a 116. 
l.I.§l.p.7 
013 
ha desempeñado un importante cometido, contribuyendo al desarrollo del 
comercio internacional y, en particular, de las posibilidades de nuestras 
empresas de exportar a otros mercados que, hasta el momento, estaban cerrados 
a causa de las prácticas contrarias a la competencia, las ayudas estatales o 
los monopolios públicos. Sin embargo, no todo los principales socios 
comerciales comunitarios han seguido la solución de aplicar la política de la 
competencia con objeto de abrir sus mercados a las importaciones. Esta 
política no existe, concretamente, en algunos países del Este y Sureste 
asiáticos, cuyos mercados están cerrados no tanto por los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios como por las prácticas contrarias a la 
competencia. El "Keiretsu" en Japón y los herméticos sistemas de distribución 
existentes en varios países no son sino dos importantes ejemplos de este 
fenómeno. 
Para la Comunidad es prioritario establecer unas reglas que rijan estos 
problemas relacionados con la competencia. Desde el punto de vista ideal, 
dichas reglas deberían ser acordadas multilateralmente con objeto de que 
tuvieran la mayor cobertura posible. La actual Ronda del GATT no se ocupa de 
ello, aun cuando determinados códigos (en particular los códigos TRIPS y 
Servicios) incluyen disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. 
La Organización Mundial del Comercio, creada como parte del paquete de la 
Ronda, debería incluir aspectos de política de competencia entre sus tareas 
inmediatas, centrándose especialmente en las prácticas comerciales 
restrictivas y los carteles. Sin duda alguna, el objetivo debería ser llegar 
a un acuerdo sobre unas normas sustantivas mínimas, y, más importante aún, 
establecer unos procedimientos que garantizasen la aplicación de dichas 
normas por cada una de las partes contratantes. En efecto, los efectos 
positivos de la apertura del mercado sólo se podrán obtener mediante la 
aplicación de dichas normas en casos concretos. Sería necesario reforzar el 
derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales del GATT, y consolidar 
la eficacia de sus decisiones. Puede que la implantación de este tipo de 
normas cueste trabajo y tiempo, pero es hora ya de empezar a hacerlo. 
26. A muy corto plazo, la primera etapa consiste en acordar un sistema de 
consultas y cooperación con las autoridades responsables de la competencia en 
terceros países con objeto de evitar cualquier posible conflicto. La Comisión 
ha concluido un acuerdo con las autoridades norteamericanas de defensa de la 
competencia con objeto de limitar estos conflictos mediante un proceso de 
consulta, cooperación y coordinación. 
l.I.§l.p.8 
014 
Si se acepta este acuerdo, que actualmente está examinando el Tribunal de 
Justicia, puede servir de modelo para otras negociaciones. Ya se han iniciado 
las conversaciones en este ámbito con las autoridades canadienses, y en breve 
podría haber nuevos candidatos. Como uno de los principales objetivos estriba 
en limitar los conflictos a los que pudiera dar lugar su aplicación, estos 
acuerdos sólo pueden ser firmados con las autoridades que verdaderamente 
aplican las normas de competencia. 
l.I.§2.p.9 
015 
<T3> §2. Ayudas estatales 
27. El control de las ayudas estatales forma parte del marco reglamentario 
fundamental que apoyará y facilitará la consecución de los objetivos del 
Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Buena prueba de la 
aceptación que el control de estas ayudas a nivel comunitario ha adquirido 
estriba en que el Libro Blanco parte de su existencia. Los Jefes de Estado y 
de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 10 
y 11 de diciembre destacaron la importancia de la política de ayudas 
estatales en el contexto de la estrategia del Libro Blanco. Los 
acontecimientos ocurridos durante 1993 en este terreno acentúan aún más esta 
importancia. 
28. El control de las ayudas estatales a nivel comunitario es fundamental, 
en primer lugar, para que el programa del Mercado Único tenga éxito, pues, a 
su vez, es uno de los factores que incrementará la competitividad de la 
Comunidad. Una de las principales funciones del control de las ayudas 
estatales, al igual que de la política de competencia en general, ha sido 
siempre abrir mercados y mantenerlos abiertos'12'. En un mercado aún más 
integrado, el efecto nocivo de determinados tipos de ayudas se ve 
amplificado, con lo que el control de las mismas adquiere aún mayor 
relevancia. Esto es especialmente evidente en aquellas industrias que sufren 
problemas estructurales crónicos, los denominados "sectores sensibles", que 
están sujetos a rigurosas directrices de ayuda. En 1993, año de la recesión, 
la vigilancia de las normas sobre ayudas en los sectores del acero, la 
construcción naval, las fibras sintéticas y los vehículos de motor constituyó 
una prioridad fundamental^13'. También es necesario prestar una mayor 
atención a las ayudas que pueden dar lugar a distorsiones en otros sectores. 
El Tribunal de Justicia recordó a la Comisión que, en caso de duda, debe 
comprobar cuidadosamente la situación del mercado antes de desestimar las 
denuncias de los competidores^14'. La preocupación por mantener abiertos los 
mercados y profundizar en la integración existe también en muchos otros 
campos relacionados con las ayudas estatales. La ayuda nacional a escala 
regional se controla con objeto de contrarrestar la tendencia a favorecer las 
regiones más prósperas y estimular las inversiones internas hacia las zonas 
(12) Punto 157 del presente Informe. 
(13) Puntos 480 a 533 del presente Informe. 
(14) Punto 53 3 del presente Informe. 
1.1.§2.p.10 
,01b 
subdesarrolladas o en declive industrial, con objeto de integrar estas 
últimas en el nivel general. Evidentemente, las ayudas estatales deben ser 
también controladas cuidadosamente en aquellos mercados que se acaban de 
abrir a la competencia, como el de la energía y las telecomunicaciones. 
29. El Libro Blanco considera que la resistencia al ajuste estructural de 
los sectores en declive a los sectores en expansión es uno de los motivos que 
explican el bajo nivel de crecimiento y creación de empleo en Europa en los 
últimos tiempos. La lentitud de las economías europeas a la hora de adecuar 
la oferta a la demanda se debe a muchas razones: mercados cerrados, un sector 
público inflado, las rigideces del mercado de trabajo, las subvenciones, etc. 
Afortunadamente, la situación ha mejorado considerablemente en muchos de 
estos aspectos durante los diez últimos años y continúa haciéndolo. Los 
obstáculos comerciales han sido desmantelados en la Comunidad y están 
desapareciendo actualmente entre la Comunidad y el resto de Europa y del 
mundo. Los gobiernos han reducido, o lo están haciendo, la participación 
estatal en la industria. Por lo que se refiere a las subvenciones, la 
Comisión siempre se ha manifestado contra las ayudas estatales que sirven 
simplemente para que las empresas eludan los procesos de reestructuración, 
enfoque que ha terminado prosperando. Se pueden admitir aquellas ayudas 
destinadas a aliviar la reestructuración y, en especial, las repercusiones 
sociales de la misma. El acceso a las ayudas que tienen este objetivo puede 
facilitar este proceso, pero no aplazarlo indefinidamente. Los 
acontecimientos del pasado año - la reestructuración del sector del acero y 
el enfrentamiento relacionado con las garantías automáticas de la deuda de 
las empresas del sector público^15' - corroboraban esta opinión, pero no 
hicieron sino confirmar lo difícil que es algunas veces aplicarla en la 
práctica(16). 
30. El cese del despilfarro de fondos públicos en empresas que necesitan una 
reestructuración produce efectos macroeconómicos beneficiosos y contribuye a 
reducir el déficit presupuestario. Tal y como señala el Libro Blanco, es 
condición fundamental de la estrategia de crecimiento cumplir los requisitos, 
macroeconómicos de la UEM y, especialmente, la reducción de los déficit. Este 
hecho, junto con el desplazamiento de la renta destinada al consumo privado 
hacia la inversión, liberará los inmensos recursos necesarios para las redes 
transeuropeas y la inversión en sectores en crecimiento. 
(15) Punto 3 74 del presente Informe. 
(16) Punto 23 del presente Informe. 
1.1.§2.p.11 
017 
31. La Comisión siempre ha destacado su actitud positiva frente a 
determinados tipos de ayuda, siempre que éstos se mantengan dentro de unos 
límites y contribuyan a los objetivos comunitarios. Entre estos tipos de 
ayudas figuran los incentivos para las PYME. El Libro Blanco confía en gran 
medida en que las PYME contribuyan al desarrollo de Europa y en su política 
de ayudas estatales, la Comisión ha reconocido esta contribución desde hace 
tiempo. Sus directrices dé mayo de 1992 sobre ayudas a PYME son bastante 
explícitas en lo referente, por ejemplo, a las desventajas económicas que 
padecen - aspecto destacado en las cumbres de Edimburgo y Copenhague 
celebradas en 1992 y 1993, respectivamente, mediante la propuesta de lanzar 
una garantía para préstamos y una -línea de créditos "blandos" - y la 
importancia de las ayudas "blandas" destinadas a la formación y asesoría. La 
Comisión debatió el aspecto de la ayuda para formación y difusión de la 
información a las PYMEs en una reunión multilateral con los Estados miembros 
celebrada en diciembre^17^. En sus nuevas directrices sobre ayudas para la 
protección al medio ambiente, la Comisión ha adoptado también una actitud más 
favorable hacia el apoyo a las PYME. 
32. Otra de las políticas tradicionales de la Comisión es la de considerar 
favorablemente el apoyo a la investigación y desarrollo (I+D y protección del 
medio ambiente, dos nuevas áreas a las que el Libro Blanco concede 
prioridad). La Comisión autoriza las ayudas de carácter nacional destinadas a 
cubrir una proporción relativamente alta del coste de los proyectos, 
dependiendo de la distancia entre la I+D y el mercado, que determina 
parcialmente el riesgo, y de la forma en que se concede la ayuda^18^ 
33. En 1993, se revisó la política referente a las ayudas para la protección 
medioambiental. En las nuevas directrices^19^, se avanza aún más hacia una 
ampliación de la aplicación del principio "quien contamina paga" y la 
Comisión cuenta con experiencia que demuestra la importancia de incentivar 
las inversiones que superan los requisitos reglamentarios. Estas inversiones 
pueden, en el futuro, contar con una ayuda superior que la que simplemente 
sirve para que las empresas adapten sus instalaciones de producción a las 
nuevas normas. También se. incluyen actualmente las subvenciones a la compra 
de productos no contaminantes, las deducciones en los nuevos impuestos 
(17) Puntos 383 y 430 a 432 del presente Informe 
(18) Puntos 160 y 414 a 464 del presente Informe 
(19) Punto 384 del presente Informe. 
1.I.§2.p.12 
018 
ecológicos y la ayuda para la recuperación y reciclado de residuos. Estas 
directrices deberían contribuir a plasmar la esperanza que el Libro Blanco ha 
puesto en el progreso medioambiental, al incrementar la transparencia y 
establecer un amplio marco político para las subvenciones medioambientales. 
34. Normalmente, la Comisión mantiene una actitud positiva ante las ayudas 
estatales para el sector audiovisual, otra de las áreas de crecimiento 
señalada en el Libro Blanco. Nunca se ha opuesto a los programas de apoyo a 
la industria cinematográfica, salvo para eliminar las discriminaciones (la 
discriminación contra ciudadanos comunitarios nunca puede permitirse, ni 
siquiera por motivos culturales). La nueva disposición de la letra d) del 
apartado 3 del artículo 92, introducida por el Tratado de la Unión Europea, 
establece una excepción concreta para aquellas ayudas a las actividades 
culturales y artísticas. 
35. Por consiguiente, se puede observar que el control de las ayudas 
estatales por parte de la Comisión avanza ya en el camino de los objetivos 
fijados en el Libro Blanco y en el Tratado de la Unión Europea. La Comisión, 
al mantenerse firme frente a las ayudas nocivas y antieconómicas y al 
controlar otras subvenciones sólo en la medida de lo necesario para evitar 
los abusos, contribuye a crear las condiciones necesarias para que esta 
estrategia tenga éxito. 
1.I.§3.p.13 
019 
<T3> §3. Liberalización y privatización 
36. Las normas comunitarias de competencia tiene una doble vertiente. Por 
una parte, pretenden mantener un entorno competitivo que no falseen las 
empresas o las intervenciones estatales. Este es el cometido de los artículos 
85 y 86 del Tratado CE, del Reglamento (CEE) n° 4064/89 sobre el control de 
las operaciones de concentración, de los artículos 65 y 66 del Tratado CECA, 
de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y, en cierto modo, del artículo 90 de 
dicho Tratado. Por otra parte, pueden también servir para introducir más 
competencia en algunos sectores en los que los Estados miembros crearon en el 
pasado situaciones monopolísticas en beneficio de determinadas empresas. En 
efecto, el artículo 90 del Tratado CE confiere también a la Comisión la 
posibilidad de actuar contra estos Estados cuando conceden derechos 
exclusivos o especiales en beneficio de determinadas empresas, infringiendo 
así las disposiciones del Tratado CE. El apartado 3 del artículo 90 ofrece a 
la Comisión dos mecanismos: puede, o bien adoptar directivas, es decir actos 
de alcance general, o bien decisiones individuales contra un Estado miembro 
concreto. Así pues, las disposiciones del Tratado que pueden ser infringidas 
son, por ejemplo, las destinadas a instituir la libre prestación de 
servicios, las referentes a la libertad de establecimiento o también los 
artículos 85 y 86. 
En cambio, el Tratado CE no entra a considerar la naturaleza pública o 
privada de las empresas beneficiarías de estos privilegios. En efecto, el 
artículo 222 del Tratado CE señala claramente que éste no prejuzga en modo 
alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. 
Junto con este mecanismo aplicable a los Estados miembros, el apartado 2 del 
artículo 90 confirma que las empresas públicas, así como aquellas que 
ostenten un derecho exclusivo o especial concedido por el Estado, no gozarán 
de trato privilegiado por lo que a la aplicación de las normas de competencia 
se refiere. La única excepción es la de las restricciones de la competencia 
que pueden autorizarse cuando son necesarias para desempeñar la misión 
especial que les ha sido asignada. En efecto, algunas empresas deben 
desempeñar una tarea específica en beneficio del conjunto de los usuarios. 
Ésta es una misión de interés económico general, que puede motivar la 
concesión de estos derechos exclusivos o especiales. El contenido de esta 
misión varía según el tipo de actividad y plantea, en la práctica, problemas 
1.I.§3.p.14 
020 
de delimitación'20'. La excepción incluida en el apartado 2 del artículo 90 
del tratado CE demuestra que los autores del mismo no pretendieron poner en 
peligro la realización de dicha misión. 
37. El examen de la situación en la Comunidad de aquellos sectores en los 
que existen dichos derechos exclusivos o especiales muestra que las tarifas 
aplicadas son a menudo superiores a las vigentes en aquellos países en los 
que estos mismos sectores están expuestos a la libre competencia. Esto es 
especialmente así en los sectores del transporte, telecomunicaciones y 
energía. Por otra parte, la carencia de presión competitiva no siempre incita 
a las empresas a innovar tecnológicamente y, sobre todo, priva a los 
consumidores de la posibilidad de elección entre distintas tecnologías. Esta 
situación es perjudicial para la competitividad del conjunto de la industria 
comunitaria, ya que ésta no puede gozar en estos sectores de las ventajas 
derivadas de un auténtico mercado interior. Tal y como ha señalado la 
Comisión en su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, es 
probable que la industria comunitaria sufra una pérdida de puestos de 
trabajo. De hecho, el efecto es doble: además de las pérdidas en toda la 
industria, sería conveniente que hubiese un mayor número de empresas activas 
en estos sectores que son, a su vez generadores de empleo. A medio y largo 
plazo, la introducción de la competencia producirá efectos beneficiosos. No 
obstante, a corto plazo, dicha introducción, que a menudo implica una 
privatización, con la consiguiente racionalización, puede causar una 
disminución del empleo como consecuencia de la reestructuración que se 
producirá al intentar anticiparse al incremento de la presión competitiva. 
Es evidente también que la falta de una competencia eficaz en estos sectores 
perjudica a todos los consumidores. Por una parte, el coste de estos 
servicios será alto para los consumidores y, por otra, tendrán que padecer 
las consecuencias de la pérdida de productividad de toda la industria 
comunitaria. Por este motivo, la Comisión considera que es indispensable 
introducir una mayor competencia para mejorar la productividad de la 
industria comunitaria en su conjunto. El capítulo III de la primera parte del 
presente Informe analiza con más detalle las evoluciones experimentadas por 
estos distintos sectores. 
(20) Puntos 123 a 135 del presente Informe 
1.I.§3.p.15 
021 
38. No obstante, y haciendo abstracción de peculiaridades concretas, cabe 
destacar distintos aspectos comunes. En primer lugar, aunque la Comisión 
dispone de las importantes facultades descritas anteriomente con arreglo al 
apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE, prefiere utilizar un enfoque 
consensual con objeto de efectuar una liberalización progresiva que tenga en 
cuenta, en particular, los plazos necesarios para garantizar la 
reestructuración tarifaria y la realización de la misión de servicio público 
(es decir, indispensable para todos los usuarios). El ritmo dependerá 
estrechamente de las características del sector. El mejor ejemplo de este 
enfoque diferenciado es, sin duda alguna, el sector de las 
telecomunicaciones. En efecto, en este sector, la evolución tecnológica ha 
hecho que las situaciones de monopolio de derecho existentes en la mayor 
parte de los Estados miembros hayan quedado obsoletas. Por consiguiente, la 
liberalización se producirá en él más rápidamente. 
39. Por otra parte, la progresiva introducción de una mayor competencia no 
implica la desaparición definitiva de cualquier tipo de norma. En efecto, es 
también necesario tener en cuenta los importantes objetivos que estos 
sectores deben perseguir, objetivos que hacen necesario adoptar medidas 
reglamentarias. De esta forma, en el sector de transporte, la competencia no 
debe introducirse en detrimento de la seguridad de los pasajeros y es por 
consiguiente indispensable establecer unas normas al respecto. Asimismo, en 
el sector de las telecomunicaciones o del servicio postal, hay que velar por 
que el denominado servicio universal se mantenga, sin menospreciar los 
aspectos sociales de las telecomunicaciones, tales como la ayuda a las 
personas de edad avanzada o minusválidas. Por último, por lo que a la energía 
se refiere, debe mantenerse la seguridad de abastecimiento, así como el 
servicio universal de electricidad. En todos los casos, no se trata de 
sustituir una burocracia por otra establecida a escala comunitaria. En 
efecto, la mejora de la competitividad de la industria comunitaria supone 
también que ésta no deba actuar en un entorno caracterizado por una excesiva 
rigidez. No obstante, es necesario elaborar a nivel comunitario unas normas 
básicas tendentes a garantizar la protección de los objetivos antes citados. 
Finalmente, en todos estos sectores, la principal dificultad estriba en 
definir el límite entre las actividades que pueden continuar estando 
reservadas a una empresa y aquellas a las que los terceros pueden tener libre 
acceso, sin poner en peligro el objetivo de la integración del mercado. La 
1.I.§3.p.16 022 
Comisión reconoce, en efecto, que algunos objetivos, legítimamente 
perseguidos por los Estados, exigen que determinadas actividades queden al 
margen de cualquier tipo de competencia, por lo menos de forma provisional. 
En caso contrario, existe el riesgo de que algunas empresas, actuando con 
arreglo a criterios estrictamente comerciales, sólo ejerzan las actividades 
más rentables en detrimento de la misión de interés público que los Estados 
miembros desean ver garantizada. Esta delimitación, al igual que la duración 
de la protección que se conceda, debe hacerse caso por caso, según las 
características de cada uno de los sectores afectados. La Comisión estima, no 
obstante, que los sectores que queden así reservados deben limitarse a los 
estrictamente indispensables para cumplir esta misión de servicio público. 
40. Las normas de competencia del Tratado CE tendrán también que desempeñar 
un importante cometido cuando se liberalicen estos "sectores. En efecto, hay 
que evitar que, mediante prácticas restrictivas, abusos de posición dominante 
u operaciones de concentración, las empresas presentes en estos mercados 
priven a los consumidores de los beneficios derivados de la desregulación. A 
este respecto, la Comisión prestará especial atención a los riesgos de 
infracción del artículo 86 del Tratado CE, que sanciona los abusos de 
posición dominante. En efecto, aún cuando el acceso a las infraestructuras 
quede liberalizado de derecho, las empresas que hayan dispuesto anteriormente 
de derechos exclusivos o especiales estarán de hecho, sin duda alguna, en 
situación de fuerza en estos mercados, al menos durante un cierto período. 
Por consiguiente, es necesario evitar que utilicen esta posición para 
restringir la competencia, ya sea en este mercado o en cualquier otro. 
Para dar respuesta a esta primera inquietud, es evidente que, cuando se 
liberalice el acceso a las infraestructuras, la Comisión deberá velar 
cuidadosamente por que el acceso de terceros a las ya existentes no dé lugar 
a limitaciones injustificadas. La implantación de la competencia exige que 
los terceros puedan disfrutar de estas infraestructuras en condiciones no 
discriminatorias. La Comisión es consciente de que, en algunos casos, puede 
ser difícil determinar unas tarifas justas para tal acceso. En efecto, podría 
considerarse justificado que los terceros que tengan acceso a 
infraestructuras ya existentes deban pagar al titular de las mismas, ya que 
ha tenido y tiene que hacer frente a determinados costes de mantenimiento y 
debe continuar desempeñando su misión de servicio universal, lo que le supone 
costes suplementarios no repercutidos sobre terceros. El precio así exigido 
1.I.§3.p.17 
023 
no debe, en cualquier caso, impedir toda posibilidad de acceso efectivo a los 
interesados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que éstos tienen que 
esforzarse por penetrar en un mercado que hasta el momento estaba cerrado. 
Actualmente, la Comisión está estudiando, por ejemplo, estos aspectos en el 
sector de las telecomunicaciones. 
Por otra parte, existe verdaderamente riesgo de que estas empresas se sirvan 
de su situación de fuerza en el sector en el que tenían un monopolio, o en el 
que todavía lo tienen, para subvencionar sus actividades en otros mercados en 
los que deben hacer frente a una competencia más intensa. El peligro de 
subvenciones cruzadas es indudablemente mayor en los sectores que habrán de 
ser liberalizados, ya que la transparencia ha brillado por su ausencia hasta 
ahora en la contabilidad de estas empresas. En principio, no se puede 
criticar el supuesto, contrario, es decir, la utilización parcial de los 
beneficios obtenidos en sectores liberalizados para cumplir la obligación de 
servicio público. 
Por último, las normas establecidas en el reglamento sobre control de las 
operaciones de concentración deben garantizar que aquellas empresas que gozan 
de derechos exclusivos no lleguen a crear, mediante adquisiciones, 
situaciones en las que es de hecho imposible la competencia por parte de 
terceros. No obstante, la Comisión no tiene intención de oponerse a estas 
agrupaciones cuando su objetivo real es permitir a las empresas afianzarse en 
el nuevo entorno competitivo que, en algunos casos, puede tener un carácter 
mundial. 
41. Tal y como se ha señalado anteriormente, el Tratado CE no prejuzga en 
absoluto la propiedad de estas empresas. Sin embargo, no deja de ser cierto 
que el acceso de nuevos competidores al mercado, junto con el limitado margen 
de crecimiento de los gastos públicos en los Estados miembros, supondrá 
probablemente una cierta privatización de estos sectores, sobre todo si las 
empresas privadas pueden esperar beneficiarse del entorno abierto. Es ésta, 
por cierto, una de las razones por las que la Comisión pretende favorecer la 
creación de auténticas redes transeuropeas en algunos sectores. El importe de 
las inversiones necesarias para acceder eficazmente a estos sectores, 
implicará, muy probablemente, unas formas de colaboración entre empresas del 
sector privado o entre el sector público y el privado. Estas formas de 
cooperación habrán de ser, sin duda alguna, examinadas en función de las 
1.I.§3.p.18 
024 
normas de competencia comunitarias, ya sea con arreglo al artículo 85 del 
Tratado o con arreglo al reglamento sobre el control de las operaciones de 
concentración, para evitar que den lugar a la creación de nuevos monopolios. 
Hecha esta reserva, la Comisión favorecerá, muy probablemente, este tipo de 
acuerdos en tanto en cuanto permiten satisfacer su objetivo fundamental de 
introducir más competencia en estos sectores y permitir su desarrollo. 
42. En las privatizaciones es fundamental garantizar un control estricto de 
todas las ayudas, ya que éstas pueden dar a las empresas privatizadas una 
ventaja injusta desde el punto de vista de la competencia que impide que esta 
última se desarrolle, con lo que se pone en peligro el objetivo de la 
liberalización. Las privatizaciones efectuadas mediante flotación en bolsas 
de valores o mediante licitación abierta y no restringida en las que la 
empresa se adjudica al mayor postor no suelen plantear problemas de ayudas 
estatales. En todos los demás casos, la Comisión exige que se notifique la 
venta propuesta con objeto de comprobar si se concede ayuda. El adquirente no 
debe recibir los activos a un precio inferior a su valor real. Tampoco debe 
continuar operando artificialmente una empresa gracias a las ayudas cuando 
necesita reestructuración o, simplemente, debe ser clausurada. Los principios 
que la Comisión aplica a la hora de vetar las privatizaciones con arreglo a 
las normas sobre ayudas estatales se describen en el capítulo correspondiente 
a las ayudas estatales(21). 
(21) Puntos 402 y 403 del presente Informe, 
1.I.§4.p.19 
025 
<T3> §4. Control de las operaciones de concentración 
<T5> a) Revisión del Reglamento: antecedentes 
43. El 21 de diciembre de 1989, tras arduas negociaciones, el Consejo aprobó 
por unanimidad el Reglamento sobre operaciones de concentración, que entró en 
vigor 9 meses después. Este reglamento había de ser revisado cuatro años más 
tarde, es decir en 1993. Sin embargo, no llegó a revisarse por las razones 
que se exponen a continuación. En el contexto de la creación del Mercado 
Único, era fundamental disponer de un instrumento jurídico adecuado, tanto 
para mantener la competencia efectiva que podría desaparecer a causa de las 
adquisiciones de efecto transíronterizo, como para facilitar el proceso de 
integración económica. Evidentemente, este objetivo.continúa vigente ya que 
la realización del mercado interior, y por consiguiente la necesidad para las 
empresas de estar presentes en mercados más amplios, constituye un fenómeno 
que se mantendrá en el futuro dadas las distintas medidas adoptadas por la 
Comunidad para ampliar el mercado interior a todos los sectores de actividad. 
Algunas de ellas se mencionan en el presente Informe. 
44. Salvo algunas excepciones producto de la aplicación del principio de 
subsidiariedad y de la justa necesidad de que los Estados miembros puedan 
proteger sus intereses legítimos compatibles con el Derecho comunitario, la 
característica fundamental del Reglamento estriba en que reconoce una 
competencia exclusiva a la Comunidad para valorar, desde el punto de vista de 
la competencia, todas aquellas concentraciones que superen determinados 
niveles de volumen de negocios. Por una parte, estos niveles no deben ser tan 
altos que den lugar a la exclusión de concentraciones que tienen una 
verdadera dimensión comunitaria, pero, por otra, no deben ser tan bajos que 
incluyan en el ámbito de aplicación operaciones cuyo alcance es 
fundamentalmente nacional. En efecto, el principio de subsidiariedad no 
implica que todas las operaciones deban ser tramitadas a escala nacional, 
sino, más bien, que cada operación de concentración sea examinada por la 
autoridad más adecuada, que en algunos casos podrá ser la nacional y en otros 
la Comisión. De acuerdo con esta aplicación del principio de subsidiariedad, 
existe el requisito concomitante de hallar el nivel adecuado para los 
umbrales antes mencionados que establezca el equilibrio correcto para 
resolver el difícil problema de la atribución de competencias 
institucionales. Al mismo tiempo, habida cuenta de la conveniencia de 
1.I.§4.p.20 
026 
disponer de una norma relativamente sencilla para dirimir los conflictos de 
competencia en aras de la seguridad jurídica y de la transparencia, hay que 
reconocer que, aun alcanzándose el equilibrio ideal, inevitablemente 
existirán ciertos casos límites excluidos de la jurisdicción comunitaria que 
merecerían entrar en el ámbito del reglamento, y viceversa. 
45. A la dificultad técnica de determinar los umbrales, se unía la falta de 
experiencia en la aplicación práctica del Reglamento. Por consiguiente, el 
Consejo asumió esta dificultad adoptando un enfoque en dos fases para la 
determinación de los umbrales, y acordó revisar los establecidos inicialmente 
a los cuatro años de la aprobación del texto, es decir antes de finales de 
1993 (22)# Además, esta revisión había de hacerse con arreglo a una propuesta 
de la Comisión que debía ser aprobada por mayoría cualificada. 
46. En el momento de la aprobación del Reglamento, la propia Comisión 
declaró que, al término de la fase inicial de aplicación, el umbral principal 
(es decir, mundial) del volumen de negocios había de ser reducido de 5 000 a 
2 000 millones de ecus y que el umbral correspondiente al volumen de negocios 
comunitario, establecido en 250 millones de ecus, había también de revisarse 
en función de la experiencia y de la tendencia del umbral principal. Si se 
aplicase al umbral comunitario la misma reducción proporcional establecida 
para el umbral principal, habría que fijar un umbral revisado para la 
Comunidad de 100 millones de ecus en lugar del actualmente vigente de 250 
millones de ecus. Esto no quiere decir que no quedaran operaciones 
importantes por debajo de estas cantidades. Más bien, se supone que, por 
debajo de dicho umbral, las concentraciones tendrían fundamentalmente 
repercusión nacional y, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, sería 
mejor efectuar el examen de las mismas a nivel nacional. 
47. Dado que cualquier modificación de los umbrales repercutiría sobre la 
atribución de competencias jurisdiccionales entre los Estados miembros y la 
Comisión, se consideró también adecuado revisar al mismo tiempo el articulo 9 
del Reglamento, que regula aquellos casos en los que un Estado miembro puede 
solicitar que la Comisión reenvíe a las autoridades nacionales competentes 
determinados asuntos a pesar de que éstos estén incluidos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre operaciones de concentración^23^, El reenvío 
con arreglo al artículo 9 refleja la aplicación práctica del principio de 
(22) Apartado 3 del artículo i. 
(23) Apartado 10 del artículo 9. 
1.I.§4.p.21 
027 
subsidiariedad, aunque éste se plasme fundamentalmente a través del nivel de 
los umbrales del volumen de negocios y, en particular, en la norma de los dos 
tercios aplicable al volumen de negocios nacional^24^ . 
48. Junto con los umbrales del volumen de negocios y el procedimiento de 
reenvío, tanto el Consejo como la Comisión manifestaron que habría que 
examinar otros aspectos de el Reglamento, entre los que se incluye la 
determinación del volumen de negocios para las empresas en participación, un 
concepto más concreto de los ingresos bancarios y el mecanismo de publicación 
de los dictámenes del Comité consultivo. 
<T5> b) Aplicación hasta la fecha 
<T6> Resumen de las decisiones y perfil económico de los asuntos 
49. En los tres años y tres meses que lleva en vigor el Reglamento, se han 
recibido [190] notificaciones. Dado que los comentarios sobre las decisiones 
individuales derivadas de estas notificaciones figuran en el presente Informe 
o en los de años anteriores, se destacan a continuación únicamente las 
características fundamentales. 
(24) El Reglamento establece que no será necesario notificar una operación 
de concentración comprendida en el mismo cuando cada una de las 
empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios 
en un único y mismo Estado. 
1.I.§4.p.22 
028 
1990 1991 1992 1993 Total 
Número de notificaciones 12 63 60 58 193 
Decisiones con arreglo a la letra a) 
del apartado 1 del artículo 6 20 
Decisiones con arreglo a la letra b) 
del apartado 1 del artículo 6 50 47 49 151 
Decisiones con arreglo a la letra c) 
del apartado 1 del artículo 6 14 
Decisiones al apartado 2 del 
artículo 8 
Sin condiciones 
Con condiciones 
Decisiones al apartado 3 del 
artículo 8 0 1 
0 3 
0 1 
Reenvío con arreglo al artículo 9 
50. Se han recibido 6 solicitudes en virtud del apartado 2 del artículo 9 y 
en un caso un Estado miembro solicitó que se aplicase el apartado 3 del 
artículo 22, que permite examinar una operación de concentración aunque no 
tenga dimensión comunitaria con arreglo al Reglamento. 
51. La mayor parte de los casos notificados correspondían al sector 
manufacturero, es decir, alimentación y bebidas, vehículos de motor y sector 
químico, aunque también se efectuó un importante número de operaciones en el 
sector de los servicios, es decir minoristas y mayoristas, informática, banca 
y seguros. La mayor parte de las notificaciones, con gran diferencia, se 
refería a empresas de Alemania, Reino Unido y, especialmente, Francia. 
52. Reflejando los objetivos del Reglamento sobre operaciones de 
concentración, casi las tres cuartas partes de las notificaciones afectaban a 
1.I.§4.p.23 
029 
empresas de otro Estado miembro o de Estados no comunitarios. Un número 
semejante de asuntos correspondían a mercados cuya dimensión • geográfica 
abarcaba toda la Comunidad o más de un Estado miembro. 
<T6> Efectividad y eficacia de la aplicación 
53. Durante los últimos tres años, la Comisión ha aplicado el Reglamento de 
acuerdo con sus objetivos fundamentales: autorizar aquellas concentraciones 
que dan lugar a las reorganizaciones empresariales necesarias en la Comunidad 
como consecuencia de la apertura de los mercados nacionales al mercado 
comunitario y mundial, prohibiendo o modificando al mismo tiempo aquellas que 
pueden dar lugar a un perjuicio duradero para la competencia efectiva en el 
mercado común o en parte sustancial del mismo. 
54. Aunque últimamente la Comisión sólo ha adoptado una decisión de 
prohibición^25^, y en otro caso'26' la notificación se retiró al iniciarse 
el procedimiento de la segunda fase, el alcance de la intervención de la 
Comisión es mucho mayor que el aparente a simple vista según estas escuetas 
estadísticas. 
55. La mera existencia de una normativa comunitaria para controlar las 
operaciones de concentración, junto con el considerable número de 
orientaciones informales facilitadas por los servicios de la Comisión a las 
empresas, ha producido un importante efecto preventivo en la Comunidad sobre 
las estrategias empresariales contrarias a la competencia. Por otra parte, de 
los 12 asuntos tramitados en segunda fase y finalizados mediante una decisión 
con arreglo al artículo 8, tan sólo 8 se resolvieron una vez que la Comisión 
impuso condiciones y obligaciones que modificaban el plan inicial de la 
operación. Además, en otros 7 asuntos tramitados en la primera fase, la 
Comisión resolvió el expediente una vez que las partes se comprometieron a 
solucionar los aspectos problemáticos relacionados con la competencia. 
56. En estos casos, se mantuvo y desarrolló la competencia principalmente 
mediante tres tipos de soluciones, a saber, la supresión de obstáculos de 
acceso, la eliminación de vínculos económicos, personales o estructurales y 
la venta de activos o acciones. 
(25) IV/M.052 - Aéroespatiale/Alenia/De Havilland. 
(26) IV/M.238 - Siemens/Philips. 
1.I.§4.p.24 
030 
57. Si las partes no hubieran estado dispuestas a modificar el proyecto 
inicial de la operación, él número de casos en los que se hubiera iniciado el 
procedimiento o se hubiera tomado una decisión de prohibición hubiera sido 
inevitablemente mayor. 
58. En términos generales, se ha considerado que la aplicación del 
Reglamento hasta la fecha ha tenido éxito. Tanto el sector empresarial como 
los profesionales del Derecho han valorado muy positivamente la rapidez, la 
seguridad jurídica y el control reglamentario único que ofrecen las 
decisiones de la Comisión. Al mismo tiempo, el Reglamento crea un régimen de 
acción igualitario para las operaciones de envergadura en la Comunidad, ya 
que éstas están sujetas a unas mismas normas aplicadas a escala comunitaria. 
Este es un nuevo ejemplo que demuestra que la creación de un verdadero 
mercado interior exige, principalmente, unas normas de competencia uniformes 
y eficaces. 
<T6> Relaciones entre la política comunitaria y nacional de control de 
las operaciones de concentración 
59. Al incrementarse la integración de los mercados comunitarios, cada vez 
quedan menos mercados puramente nacionales. Esta tendencia a la integración 
de los mercados nacionales favorece en sí misma a la competencia y queda 
parcialmente reflejada por el alto número de decisiones de autorización. 
Actualmente, casi todos los Estados miembros disponen de un mecanismo 
nacional de control de las operaciones de concentración que regula aquellas 
operaciones situadas por debajo del umbral establecido en el Reglamento. La 
Comisión ve con buenos ojos este hecho, ya que garantiza un sistema sin 
lagunas que mantiene la competencia efectiva tanto a nivel nacional como 
comunitario. 
60. Sin embargo, cuanto mayor es el grado de integración, es más conveniente 
que las empresas puedan adecuar su estrategia de adquisición de empresas con 
arreglo a una normativa común aplicable a escala comunitaria. Por 
consiguiente, resulta esencial que los objetivos, los métodos y los 
procedimientos de las políticas nacionales y comunitarias sobre operaciones 
en concentración converian en la mayor medida posible. Aun cuando disminuyan 
los r.?:ü:; rales de volumen de negocios contemplados en el Reglamento, la 
•necesidad imperiosa de incrementar la armonización en el mercado único 
permanece. En efecto, no cabe pensar en someter todas las concentraciones a 
1.I.§4.p.25 
031 
un único control. Por consiguiente, los respectivos ordenamientos nacionales 
conservarán en cualquier caso un cometido que desempeñar. 
<T5> c) Alcance de la revisión del Reglamento 
<T6> Umbrales y reenvío con arreglo al artículo 9 
61. De acuerdo con los requisitos del Reglamento, la Comisión ha examinado 
la oportunidad de revisar los umbrales de volumen de negocios y el 
procedimiento de reenvío. En este sentido, la Comisión estima que existen 
importantes argumentos que abogan por un recorte de los primeros. 
62. Una de las consecuencias de la aparición de nuevos sistemas nacionales 
de control de operaciones de concentración consiste en que se ha incrementado 
el número de controles reglamentarios para aquellas concentraciones que 
tienen una verdadera dimensión comunitaria pero que se sitúan por debajo de 
los umbrales vigentes. Simultáneamente, por una parte, el programa del 
mercado único ha dado lugar a que la actividad de fusiones transfronterizas 
en la Comunidad haya experimentado un crecimiento sin parangón. Por otra 
parte, la situación de crisis a la que se enfrenta la industria comunitaria 
ha dado lugar también a operaciones de reestructuración entre empresas que 
pueden adoptar la forma de fusiones. Mientras que el número de fusiones desde 
1985 ha ascendido y descendido paralelamente al nivel global de la actividad 
económica, el análisis de los datos generales obtenidos por la DG IV 
demuestra que el número de fusiones transfronterizas en la Comunidad se ha 
duplicado. En realidad, durante las reuniones anteriores a la notificación, 
la Comisión ha descubierto que muchos de los asuntos repercutían 
considerablemente sobre las condiciones de la competencia en la Comunidad, 
pero quedaban por debajo de los umbrales vigentes. Por consiguiente, las 
ventajas de la autoridad única y la necesidad de un régimen de igualdad de 
condiciones derivadas de una mayor integración son hoy aún superiores a las 
de 1989. 
63. Con objeto de investigar la repercusión práctica de la reducción de los 
umbrales, la Comisión efectuó una encuesta especial entre cerca de 3 00 de las 
más importantes empresas comunitarias así como entre asociaciones 
representativas del sector empresarial. Aunque la actividad de fusión está 
sujeta a importantes fluctuaciones, los resultados del estudio^señalaban que 
si se redujesen los umbrales mundial y comunitario a 2 000 y 150 millones de 
"IS4P" 032 
ecus respectivamente, la Comisión recibiría aproximadamente 110 asuntos al 
año, en comparación con los 60 anuales que se notifican actualmente. 
Asimismo, la inmensa mayoría de los asuntos nuevos tendrían también un 
auténtico efecto transfronterizo. 
64. La disminución de los umbrales cuenta también con apoyo institucional 
por parte del Parlamento^27^ y del Comité Económico y Social(28). Aunque el 
sector industrial está en su mayoría en favor de reducir los umbrales, existe 
una considerable disparidad de opiniones entre los Estados miembros: mientras 
que las asociaciones industriales nacionales del norte de Europa están por lo 
general a favor, las del sur de Europa mantienen una postura más reservada. 
65. En concreto, entre las autoridades nacionales de competencia existen 
considerables dudas no sólo respecto a la reducción de los umbrales, sino 
también respecto a la introducción hoy por hoy de cualquier tipo de 
modificación del texto. Consideran que la aplicación del Reglamento, que se 
estima aún relativamente reciente, no ha permitido adquirir suficiente 
experiencia y que, actualmente, aquellos asuntos que quedan por debajo de los 
umbrales vigentes podrían ser resueltos de forma adecuada por las autoridades 
nacionales. Además, destacan el hecho de que en el período transcurrido desde 
la aprobación del Reglamento, la inflación ha reducido ya de hecho el nivel 
real de los umbrales, subrayando al mismo tiempo el impacto de la futura 
ampliación de la Comunidad. 
66. Teniendo en cuenta esta disparidad de opiniones, la Comisión considera 
prematuro proponer actualmente una disminución de los umbrales. La Comisión 
está especialmente preocupada por el hecho de que, sin contar con una mayor 
base de apoyo por parte de las autoridades nacionales y de las empresas, una 
propuesta que exigiera modificar considerablemente el equilibrio 
jurisdiccional entre los Estados miembros y la Comunidad puede poner en 
peligro el consenso existente y el compromiso creado en torno al Reglamento. 
67. Por lo que se refiere al procedimiento de reenvío, dado que actualmente, 
la postura de la Comisión consiste, o bien en efectuar el reenvío a las 
(27) Punto 26 de la Resolución del Decimonoveno Informe sobre la Política de 
Competencia, 24.1.1991. Anexo I del Vigésimo Informe sobre la Política 
de Competencia. 
(28) Punto 1.3.2 del dictamen sobre el Vigésimo primer Informe sobre la 
Política de Competencia, 25.11.1991. Anexo I del Vigésimo segundo sobre 
la Política de Competencia. 
1.I.§4.p.27 033 
autoridades nacionales, o bien en iniciar el procedimiento de la segunda fase 
cuando se ha presentado una denuncia justificada, se estima, por lo general, 
que la actual redacción del artículo 9 constituye un instrumento adecuado si 
se mantienen los vigentes umbrales de volumen de negocios, aunque habría que 
volver a estudiar la redacción de dicho artículo si aquéllos se redujesen. 
68. Habida cuenta de que no se propone modificación alguna en este momento 
de los aspectos fundamentales objeto de la revisión (es decir, umbrales y 
reenvío), la Comisión considera que el estudio de cualquier otra posible 
mejora que exija una modificación del Reglamento, inclusive la introducción 
del concepto de ingresos bancarios para el cálculo de los umbrales, habría de 
aplazarse y volverse a examinar con ocasión de cualquier propuesta de 
modificación que pueda efectuar la Comisión, especialmente referente a los 
umbrales, entre el momento presente y finales de 1996. 
<T5> d) Conclusión 
69. Aunque la Comisión mantiene que existen buenos argumentos de índole 
administrativa, económica y jurídica en favor del recorte de los umbrales, 
considera que la propuesta de reducirlos en este momento no sería adecuada y 
podría suscitar efectos contraproducentes. Además, sería útil e interesante 
disponer de mayor experiencia en la aplicación del Reglamento. 
70. La Comisión considera que los argumentos en favor de reducir los 
umbrales adquirirán mayor peso. Las ventajas de la autoridad única aumentarán 
con las futuras fusiones transfronterizas y, al profundizar en la integración 
del mercado único, la necesidad y la lógica de la reducción de los umbrales 
no hará sino incrementarse y hacerse más evidente. 
71. Por consiguiente, aunque no se presenta propuesta alguna, la Comisión ha 
invitado al Consejo a que inicie la revisión formal a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 1 y el apartado 10 del artículo 9 del Reglamento 
sobre el control de operaciones de concentración, a más tardar, a finales de 
1996. 
72. El Informe sobre la aplicación de dicho Rc<ú.r.¡i:;ento pi clarado por la 
Comisión se ha presentado al Consejo, al Paii amento •/ al Comité Económico y 
Social. 
1.I.§4.p.28 
034 
<T5> e) Mejora de la transparencia y el procedimiento 
con arreglo al Reglamento vigente 
73. En el marco del Informe sobre la revisión del Reglamento y basándose en 
la experiencia práctica adquirida, la Comisión ha podido determinar algunas 
mejoras que incrementarían la transparencia y la eficacia procesal. Estas 
mejoras, que serán puestas en práctica por la Comisión sin modificar el 
Reglamento, se refieren a los siguientes ámbitos: 
compromisos durante la primera fase : Hasta ahora, la Comisión ha 
aceptado que las partes notificantes se comprometiesen a poner 
remedio a los problemas claramente relacionados con la competencia 
durante su examen inicial de un mes de duración (Fase I) . Aunque 
este sistema es eficaz desde el punto de vista administrativo, 
tiende en cierta medida a reducir la transparencia. En particular, 
los otros competidores y empresas no disponen de la oportunidad de 
presentar sus comentarios en cuanto a la pertinencia de los 
compromisos propuestos. Se puede mejorar la transparencia publicando 
previamente dichos compromisos, aunque será necesario que éstos se 
propongan al inicio del procedimiento si se quiere mantener el plazo 
original; 
compromisos durante la segunda fase : asimismo, los compromisos que 
las partes propongan durante la Fase II estarán también por lo 
general, sujetos a publicación previa, con las salvedades que impone 
la protección de los secretos comerciales; 
orientaciones de la Comisión : con objeto de mejorar la 
transparencia, la Comisión tiene previsto publicar unas 
orientaciones que abarquen aspectos técnicos y jurídicos tales como 
la competencia (incluyendo una nueva comunicación sobre empresas en 
participación de carácter cooperativo y concentrâtivo), cálculo del 
volumen de negocios y noción de operación de concentración; 
simplificación de Xosrequisitos de AfA... _ not i g Icac ionçg 
correspondientes a empresas mn _,Fayfc,igÁpación de nwnox 
importancia ; algunas empresas en participación de m@n©r importancia 
entran dentro ámbito dm aplicación del Reglamento ©implement© a 
1.I.§4.p.29 
035 
causa del volumen de las empresas matrices, mientras que otras no 
producen efectos directos o indirectos sobre los mercados en la 
Comunidad. La Comisión propone que se acepte que la notificación de 
dichas operaciones se efectúe de forma considerablemente 
simplificada, que baste para demostrar que no existe repercusión 
sobre las condiciones de la competencia en la Comunidad. No 
obstante, por lo general será necesario acordar previamente con la 
Comisión cuáles son los datos exigidos que se consideran superfluos, 
acuerdo al que se llegará durante las actuales reuniones 
informativas previas a la notificación que son práctica habitual; 
Comité consultivo : el Comité Consultivo, compuesto, por lo menos, 
por un representante de cada autoridad nacional competente, está 
obligado a emitir su dictamen en relación con todos los proyectos de 
decisión de la Comisión por los que se archiva el asunto cuando se 
ha iniciado el procedimiento de la segunda fase. En contraposición 
con los reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE, el Reglamento sobre control de las operaciones de 
concentración prevé la posibilidad de publicar dicho dictamen a 
petición del Comité. Aunque la Comisión no está legalmente obligada 
a publicarlo, en la práctica habitual se atiende a la solicitud y se 
publica el dictamen junto con la decisión formal en el Diario 
Oficial. Debido a la traducción, esta publicación suele producirse 
varios meses después de la decisión vinculante de la Comisión, 
cuando el asunto puede haber perdido parte de su interés inicial. Se 
puede mejorar la transparencia publicando el dictamen del Comité 
Consultivo junto con el anuncio del carácter de la decisión de la 
Comisión lo que contribuiría también a destacar la importancia de 
las opiniones de los Estados miembros. 
1.I.§5.p.30 
03b 
<T3> §5. Acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante 
74. Numerosos casos, descritos en la segunda parte del presente Informe, se 
examinaron con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Esto se debe 
al papel fundamental que deben desempeñar las normas de competencia como 
instrumento de apoyo a otras políticas comunitarias. En este sentido, la 
realización de un verdadero mercado interior supone no sustituir los antiguos 
obstáculos públicos a los intercambios por nuevos obstáculos privados. Por 
otra parte, hay que evitar que las prácticas contrarias a la competencia 
disminuyan la productividad de la industria comunitaria, perjudicando así a 
los consumidores europeos, al tiempo que impiden el progreso normal de la 
creación de puestos de trabajo. En el Capítulo IV del presente Informe se 
detalla el papel que debe desempeñar la política de competencia. 
75. Cabe destacar varias tendencias, algunas de las cuales no son sino la 
continuación de una evolución observada anteriormente. 
76. La primera es, sin duda alguna, la aplicación cada vez más extendida de 
las normas de competencia a todos los sectores de la vida económica. A este 
respecto, el sector del transporte es especialmente revelador, ya que la 
Comisión aplicó por vez primera las normas de competencia en el caso del 
transporte por ferrocarril, al tiempo que volvía a intervenir en varias 
ocasiones contra determinadas prácticas restrictivas de transportistas 
marítimos. En efecto, si la aplicación de las normas de competencia en este 
sector puede tener en cuenta algunas de sus peculiaridades, no es menos 
cierto que también han de obtenerse las ventajas de un auténtico régimen 
competitivo, más aún cuando es importante para toda la industria comunitaria. 
Otro tanto ocurre con el sector de la energía, en el que varios asuntos 
permitieron a la Comisión concretar su enfoque en este sector. La Comisión se 
ocupó también de ciertas conductas existentes en las profesiones liberales. 
Por último, las normas de competencia desempeñaron también un papel 
importante en el sector audiovisual. Es probable que este papel continúe 
adquiriendo importancia, dada, por una parte, la importancia de este sector 
para la Comunidad y, por otra, su permanente y rápida evolución. 
77. En otro orden de cosas, durante el presente año se resolvieron los 
primeros asuntos relacionados con empresas en participación de carácter 
cooperativo a las que se aplicaba el nuevo procedimiento aprobado a finales 
1.I.§5.p.31 
037 
del pasado año. En efecto, la Comisión manifestó' su intención de 
comprometerse a tramitar estos asuntos en un plazo de dos meses a partir de 
su notificación y se ha esforzado por cumplir este compromiso^29^. Esta 
modificación debe situarse en un contexto más amplio. Si bien es cierto que 
hay que prohibir estrictamente los carteles, es necesario fomentar muchas dé 
las formas de cooperación ente empresas, ya que sirven para incrementar la 
eficacia de la industria comunitaria, al tiempo que favorecen la difusión de 
nuevas tecnologías. Para la Comisión, es sin embargo más importante el efecto 
que estas formas de cooperación puedan, producir sobre el mercado que el 
instrumento jurídico utilizado por las partes. Ahora bien, mientras algunas 
operaciones podían acogerse al procedimiento de urgencia instituido en el 
Reglamento sobre control de las operaciones de concentración y otras 
continuaban sujetas al procedimiento, más lento, del artículo 85 del Tratado 
CE, subsistía el peligro de que las empresas organizasen su cooperación no 
sólo en función de sus intereses, sino también de la posibilidad de gozar de 
determinadas ventajas procesales. Evidentemente, había que evitar este hecho, 
ya que podía dar lugar a la creación de situaciones en cierto modo 
artificiales. Por ello, la Comisión considera que, más allá de la estructura 
jurídica que elijan las partes y que no puede tampoco pasarse por alto, lo 
más importante es situar estas operaciones en su contexto y prever sus 
efectos sobre la competencia en los mercados afectados. Si pretenden o 
producen el efecto de reducir la competencia, es necesario prohibirlas. En 
cambio, la Comisión pretende fomentar todas aquellas que den lugar a una 
cooperación que beneficie a todos. 
78. El tercer fenómeno es el número de asuntos en los que las empresas 
afectadas han preferido renunciar a prácticas consideradas contrarias a la 
competencia por parte de la Comisión sin esperar a que ésta adoptase una 
decisión formal. Esta situación explica el número relativamente limitado de 
decisiones adoptadas durante el presente año. No obstante, el objetivo de una 
política de competencia eficaz es producir un efecto directo sobre la 
actuación de las empresas en lugar de multiplicar los procedimientos de larga 
duración. Esto no quiere decir que el respeto de los derechos de la defensa 
no quede plenamente garantizado, ya que las empresas siempre tienen la 
posibilidad de negarse a modificar su conducta a falta de decisión. 
(29) Puntos 193 y 194 del presente Informe. 
1.I.§5.p.32 
038 
79. La cuarta característica es, indudablemente, el reconocimiento de la 
internacionalización de los mercados y de la existencia de una competencia 
mundial en gran número de sectores. El asunto Philips/Thompson/Sagem es 
particularmente ilustrativo a este respecto. En efecto, aunque las sociedades 
matrices de esta empresa en participación eran los principales fabricantes 
comunitarios del producto en cuestión, se autorizó su acuerdo ya que el 
mercado de este producto tenía un carácter manifiestamente mundial y existían 
importantes competidores en terceros países. En efecto, hay que situar cada 
operación en su contexto, para lo que hay que tener en cuenta todos los 
elementos económicos y de hecho. Ahora bien, la evolución tecnológica, así 
como la progresiva apertura de los mercados de terceros países, .debido 
fundamentalmente a la liberalización derivada de los acuerdos bilaterales o 
regionales firmados por la Comunidad o también a las negociaciones del GATT, 
dan lugar a la ampliación de hecho de numerosos mercados. La Comisión es 
consciente de ello y está decidida a tenerlo en cuenta a la hora de analizar 
los acuerdos o prácticas restrictivas que examina. De esta forma, al situar 
la actuación de las empresas comunitarias en este contexto más amplio, la 
Comisión está en condiciones de valorar si pueden admitirse estos acuerdos, 
ya que permiten mejorar la competitividad de la industria comunitaria. 
80. Por último, algunos de los asuntos resueltos durante este año presentan 
la característica común de referirse a situaciones relacionadas con el acceso 
a infraestructuras. En efecto, existen numerosos casos en los que una 
empresa, o un grupo de empresas, cuentan con un acceso privilegiado a 
infraestructuras que también son indispensables para sus competidores. Tal y 
como se ha señalado anteriormente, este aspecto adquiere especial importancia 
en aquellos sectores en los que existían anteriormente derechos exclusivos 
especiales concedidos a determinadas empresas, pero puede plantearse también 
en otras circunstancias. Para que pueda existir una verdadera competencia en 
estos casos, es necesario que todas las empresas competidoras puedan disponer 
de un acceso objetivo e indiscriminado a las infraestructuras. Ello es 
evidentemente importante en aquellos casos en los que la empresa que posee la 
infraestructura se encuentra en una posición dominante, pero también cuando 
se aplica el artículo 85 del Tratado CE. Buen ejemplo de esta segunda 
categoría en el asunto Disma. En efecto, la Comisión intervino en este caso 
para garantizar que todas las sociedades petrolíferas pudiesen gozar de un 
acceso indiscriminado a las instalaciones de trasvase de carburante 
directamente desde el depósito hasta los aviones, a través de canalizaciones 
1.1.§5.p.33 
039 
subterráneas, instaladas por el aeropuerto de Milán/Malpensa, a raíz de la 
cooperación entre algunas empresas petrolíferas, mediante la empresa en 
participación Disma. 
81. Junto con las tendencias observadas en el derecho comunitario de 
competencia, es necesario también destacar la evolución de las respectivas 
normativas nacionales de competencia. En el marco de la política de 
subsidiariedad, la Comisión fomenta la aplicación descentralizada de las 
normas de competencia. Sin embargo, los Estados miembros no tienen obligación 
alguna de promulgar normas nacionales al respecto que se ajusten a las 
existentes en el Tratado CE. A pesar de ello se observa que las normativas 
más recientes se inspiran en gran medida en los principios recogidos en los 
artículos 85 y 86 del Tratado CE. Este es el caso de la ley belga, que entró 
en vigor este año. La Comisión no puede sino mostrarse favorable a esta 
armonización espontánea de las legislaciones de competencia. En efecto, aun 
cuando textos similares puedan ser objeto de interpretaciones diferentes por 
parte de las autoridades comunitarias y nacionales, ello no es óbice para que 
la aproximación de las legislaciones suponga un incremento de la coherencia 
en beneficio de las empresas y, por lo tanto, una mejor definición del 
entorno en las que éstas deben actuar. Este fenómeno trasciende, por cierto, 
las fronteras de la Comunidad, y se ha observado una evolución similar en 
países que han firmado con la Comunidad acuerdos en los que las reglas de 
competencia son importantes, tales como el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o los acuerdos europeos firmados con los países de Europa Central y 
Oriental (PECO). 
Por lo tanto, ya no es ilusorio esperar que, en un futuro más o menos 
cercano, existirá una amplia zona en la que las prácticas de las empresas se 
valorarán con arreglo a principios comunes. Si se quiere garantizar el 
crecimiento de la industria comunitaria, es necesario, sin embargo, continuar 
avanzando. En efecto, tal y como señala el Libro Blanco sobre crecimiento, 
competitividad y empleo, el incremento de la productividad de la industria 
comunitaria supone que ésta puede estar presente en otros mercados sin por 
ello sufrir discriminación alguna. La Comunidad, por su parte, está abierta a 
las empresas de terceros países, ya que, por un lado, se atiene a las normas 
establecidas en el marco del GATT y, por otro, aplica de forma eficaz sus 
normas de competencia contra aquellas prácticas tendentes a compartimentar y 
cerrar los mercados. En efecto, los autores del Tratado CE fueron conscientes 
1.I.§5.p.34 
040 
de que la creación de un verdadero mercado interior exigía la supresión 
simultánea de los obstáculos estatales y privados a los intercambios. A 
escala internacional, y exceptuando los acuerdos antes mencionados firmados 
por la Comunidad, sólo se ha utilizado el enfoque tendente a suprimir los 
obstáculos estatales. El ejemplo de la Comunidad demuestra que ésto es 
insuficiente y que también es necesario disponer de normas que rijan aquellas 
conductas de las empresas que tengan por objeto u efecto, directo o 
indirecto, garantizar la protección de la industria nacional. Además, tal y 
como se explica en el capítulo siguiente, es necesario que estas normas se 
apliquen de forma eficaz. En otras palabras, también es necesario crear un 
verdadero "régimen de igualdad de condiciones" a escala internacional,, de tal 
manera que la industria comunitaria pueda acceder efectivamente a los 
mercados de terceros países sin tener que afrontar obstáculos privados que no 
existen para las empresas de dichos países cuando desean penetrar en el 
mercado comunitario. 
<T4> Carteles de crisis 
82. Una de las consecuencias de la crisis actual ha sido el resurgimiento 
del .interés por los carteles de crisis (cuya última aparición remonta a 
comienzos de los años 80, tras la segunda crisis del petróleo) como forma de 
hacer frente al exceso de capacidad estructural. En algunos sectores, los 
problemas de exceso de capacidad estructural junto con el considerable 
descenso de la demanda, se han visto multiplicados tanto por la recesión 
actual como por la cada vez mayor competencia mundial, que no sólo incrementa 
la oferta en el mercado comunitario sino que, algunas veces, supone la salida 
de la Comunidad de mercados tradicionales. En muchos casos, cuando las 
empresas deben de hacer frente a considerables reducciones de la demanda, de 
carácter estructural más que cíclico, recortan unilateralmente la capacidad 
de producción. En una economía libre de mercado, ésta es la forma más 
habitual de enfrentarse a una importante reducción de los porcentajes de 
utilización de la capacidad y al descenso de la producción que supone unas 
considerables pérdidas de explotación. No obstante, en algunas industrias 
este mecanismo no siempre garantiza la eliminación de la capacidad menos 
productiva. La competencia no sólo se ha visto falseada por las ayudas 
estatales (p.ej. ayudas regionales), utilizadas para crear capacidad, sino 
que cuando las industrias tienen unos costes fijos elevados y unos costes de 
funcionamiento relativamente bajos, una instalación vetusta e ineficiente, 
pero totalmente amortizada, puede continuar produciendo siempre que sus 
1.1.§5.p.35 
041 
costes de funcionamiento estén cubiertos. Esto puede dar lugar a importantes 
disminuciones de precio que, a corto plazo pueden ser beneficiosas para los 
consumidores, pero, a medio y largo plazo, socavan la capacidad de la 
industria para invertir y participar en I+D. Por consiguiente, a largo plazo, 
son los consumidores los perjudicados. 
83. Por ello, algunos sectores desean llegar a acuerdos de reestructuración 
bilateral o multilateral con objeto de reducir la capacidad y sanear la 
industria a largo plazo. Estos acuerdos entran, por lo general, en el ámbito 
de aplicación del artículo 85. En estos casos, la política de la Comisión ya 
ha quedado claramente establecida en anteriores Informes sobre política de 
competencia^30^, pero los principios no han perdido validez, por lo que vale 
la pena repetirlos íntegramente. 
84. La Comisión podrá otorgar una excepción a aquellos acuerdos que 
restrinjan la competencia y que se refieran a todo un sector, siempre que su 
único fin sea lograr una reducción coordinada del exceso de capacidad y no 
limiten en cualquier otro modo la libertad decisoria de las empresas 
participantes. La reorganización estructural necesaria no debe lograrse por 
medios inadecuados tales como los acuerdos de fijación de precios o de 
reparto de cuotas de mercado, ni debe verse entorpecida por ayudas estatales 
que den lugar a una conservación artificial del exceso de capacidad. 
85. No obstante, la Comisión podrá autorizar acuerdos de carácter sectorial 
cuando haya comprobado que se cumplen las demás condiciones expuestas en el 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, y, especialmente, en las 
circunstancias siguientes: 
i) se puede considerar que la producción mejora cuando la reducción de la 
capacidad puede, a largo plazo, incrementar la rentabilidad y 
restaurar la competitividad, y cuando la coordinación de los cierres 
contribuye a mitigar, difuminar y reducir su impacto sobre el empleo. 
Para ello, el acuerdo debe contener un programa pormenorizado y 
vinculante de cierres para cada centro de producción que garantice, 
por una parte, que el exceso de capacidad ha quedado irreversiblemente 
(30) Decimotercer Informe sobre la Política de Competencia, puntos 56-61 
Decimocuarto Informe sobre la Política de Competencia, puntos 80-85 
1.I.§5.p.36 
042 
desmantelado, y por otra, que durante el período de vigencia del plan 
no se crea ninguna capacidad nueva, salvo las capacidades de 
sustitución previstas en el programa de reestructuración; 
ii) se puede considerar que los usuarios participan de forma equitativa en 
el beneficio resultante del acuerdo si, al término de éste, pueden 
contar con una estructura de suministro en la Comunidad, competitiva y 
económicamente saneada sin que por ello se hayan visto privados, 
durante la vigencia del plan y a pesar de los efectos de los recortes 
de capacidad, de su libertad de elección o de las ventajas de una 
competencia permanente entre las empresas participantes; 
iii) las restricciones a la competencia que se derivan del acuerdo pueden 
considerarse indispensables para el objetivo de la reestructuración 
previsto cuando el acuerdo únicamente contempla la reducción del 
exceso de capacidad y se limita desde el principio al período 
necesario para la aplicación técnica del programa previsto de 
recortes. La creación de un sistema de intercambio de información que 
compruebe que las reducciones de capacidad previstas se están llevando 
a cabo será admisible, siempre que no contribuya en modo alguno a 
coordinar los criterios de utilización de la capacidad subsistente o a 
ajustar las condiciones de venta; 
iv) no se ofrecerá a las partes firmantes del acuerdo la posibilidad de 
eliminar posteriormente la competencia por los siguientes motivos: en 
primer lugar, dado que la reducción sistemática del exceso de 
capacidad no es sino un elemento, aunque de gran importancia, de la 
estrategia competitiva de las empresas participantes, éstas no pueden 
reununciar a su libertad de acción en el mercado, de tal forma que 
continúe existiendo un cierto grado de competencia interna. En segundo 
lugar, la presencia en el mercado de empresas no participantes en el 
acuerdo y el hecho de que la Comunidad esté abierta a importaciones de 
terceros países, constituirá, por lo general, una fuente de 
competencia externa. Por último, ya que el acuerdo debe, en principio, 
tener una vigencia temporal limitada, la seguridad de retorno a un 
entorno competitivo completamente libre a corto plazo hará que las 
empresas afectadas tengan en cuenta, en las decisiones que tomen 
incluso durante el período de vigencia "del acuerdo, que en su debido 
momento volverán a competir plenamente entre sí. 
1.I.§5.p.37 
043 
86. Como alternativa a estos acuerdos sectoriales, la Comisión puede también 
admitir los acuerdos entre un pequeño número de empresas que establezcan una 
especialización recíproca y que permitan el cierre de las instalaciones 
excedentarias. 
87. Independientemente del tipo de solución que se elija, la Comisión 
siempre habrá de comprobar que, una vez concluido el programa de 
organización, continúa existiendo un suficiente número de fabricantes 
comunitarios que mantiene la competencia efectiva en la Comunidad. Esta 
condición es necesaria para garantizar que la economía, en su conjunto, así 
como los usuarios y consumidores en particular, se beneficiarán también de 
los resultados positivos de los acuerdos. 
88. Las reestructuraciones deberían permitir también estabilizar y 
garantizar la situación del empleo en el sector afectado. 
89. La Comisión ha mantenido esta línea en los dos casos examinados. En 
primer lugar en el caso del acero'31' y, en segundo lugar, publicando una 
comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 
por la que anunciaba su intención de adoptar una decisión favorable a un 
cartel de crisis creado por los fabricantes de ladrillos en los Países Bajos. 
En este Estado se ha producido una reducción estructural de la demanda de 
ladrillos, concretamente de los comunes, que han sido sustituidos por una 
amplia gama de materiales alternativos para la construcción y el acabado como 
pueden ser el cemento, aluminio, acero, plástico y madera. Aunque la 
situación cíclica del sector de la construcción ha supuesto un aumento de la 
reducción de la demanda, existía, sin duda alguna, con arreglo a varios 
indicadores, un exceso de capacidad estructural subyacente a largo plazo. El 
descenso de los precios y las consiguientes pérdidas se vieron acentuadas por 
la estructura de costes de producción, con unos costes fijos relativamente 
elevados. El acuerdo original notificado a la Comisión incluía, junto con las 
medidas propuestas para solucionar el exceso de capacidad estructural, varias 
restricciones de la competencia que trascendían lo necesario y las 
condiciones mencionadas anteriormente. Concretamente, existían pactos sobre 
cuotas de producción, respaldados mediante un sistema de sanciones, que daban 
(31) Puntos 481 y 482 del presente Informe. 
1.1.§5.p.38 
044 
lugar a un reparto cuantitativo de prácticamente toda la producción de 
ladrillos en los Países Bajos. 
A raíz del pliego de cargos presentado por la Comisión, las partes acordaron 
suprimir estas restricciones. De esta forma, la Comisión pudo adoptar una 
postura previa favorable, ya que las partes limitaron su acuerdo a lo 
estrictamente necesario con objeto de reducir la capacidad sin pactar precios 
o volúmenes de producción. Por consiguiente, el nuevo acuerdo se ajustaba a 
los principios antes citados. 
1.I.§6.p.39 
045 
<T3> §6. Consecuencias del Tratado de Maastricht 
90. El 1 noviembre de 1993 entró en vigor el Tratado de Maastricht. Sus 
disposiciones sólo introducen dos modificaciones en las normas de competencia 
del Tratado CE, relativas al control de las ayudas estatales. Por una parte, 
la Comisión podrá, en principio, declarar compatibles con el Tratado CE, en 
lo sucesivo, aquellas "ayudas destinadas a promover la cultura y la 
conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los 
intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés 
común". Por otra parte, la Comisión deberá consultar al Parlamento Europeo 
cuando vaya a proponer al Consejo reglamentos de aplicación de los artículos 
92 y 93 del Tratado CE. Estas modificaciones no cambian en lo fundamental la 
estructura del Tratado CE, lo que significa que los autores del Tratado de 
Maastricht aceptan el cometido de la Comisión en su calidad de institución 
encargada de aplicar las normas de competencia. Esto debe ser así, pues la 
creación de una verdadera Unión Europea exige que exista un arbitro neutro 
encargado de controlar la actuación de las empresas. Ello no significa, no 
obstante, que no se pueda sacar ninguna otra conclusión del Tratado de 
Maastricht por lo que se refiere a la política de competencia. 
91. En primer lugar, este Tratado es más explícito que el Tratado CE por lo 
que a determinados objetivos se refiere. El primero de éstos es la política 
medioambiental. A pesar de haber sido mencionada por vez primera en el 
artículo 13 0 R del Acta Única, el Tratado de Maastricht amplía indudablemente 
su alcance. Por consiguiente, es necesario determinar su repercusión sobre la 
aplicación de las normas de competencia. 
Las nuevas directrices sobre ayudas con fines medioambientales, aprobadas por 
la Comisión en 1993, reflejan ya este mayor interés por el medio ambiente. En 
ellas, la Comisión reconoce el papel de las subvenciones en la política 
medioambiental, puesto de actualidad en su reciente experiencia relacionada 
con los programas de ayuda en los Estados miembros, que no quedaba incluida 
en el antiguo marco de 1974. De esta forma, las nuevas directrices suponen 
que el control de ayudas quede al servicio de la política medioambiental al 
tiempo que garantizan que dichas ayudas no falsean la competencia en una 
medida contraria al interés común. 
Por otra parte, hay que subrayar que la Comisión sólo podrá declarar exento 
un acuerdo que restrinja la competencia, pero que tenga un impacto favorable 
1.I.§6.p.40 
046 
sobre la política medioambiental, cuando reúna las cuatro condiciones 
expuestas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE. En efecto, éste no 
ha sido modificado con objeto de incluir consideraciones específicas 
relacionadas con el medio ambiente. Sin embargo, los términos de este 
artículo son lo suficientemente amplios como para incluir los objetivos de 
otras políticas, y particularmente los de la protección del medio ambiente. 
Este aspecto "se examina con mayor detalle más adelante^32^ . 
La política cultural forma parte de las novedades recogidas en el Tratado de 
Maastricht. Esta novedad supone también una modificación directa de las 
normas de competencia, ya que, tal y como se ha señalado anteriormente, se 
establece expresamente una nueva excepción a la prohibición de ayudas. 
92. El Tratado de Maastricht menciona expresamente por vez primera la 
política industrial. Tal y como se explica más adelante^33^, la noción de 
política industrial ya estaba presente de hecho en el enfoque aplicado por la 
Comunidad en general y por la Comisión en particular. 
93. Las consecuencias del Tratado de Maastricht superan, sin embargo, las 
modificaciones de las políticas comunitarias que acabamos de mencionar. En 
efecto, el Tratado de Maastricht supone también una evolución hacia una mayor 
participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio, mediante el 
procedimiento de codecisión, y, por consiguiente, un mayor control 
democrático. La política de competencia no puede hacer caso omiso de esta 
tendencia. 
La Comisión es bien consciente de que es necesario obtener la adhesión de los 
Estados miembros, de las empresas y de otros sectores interesados en cuanto a 
la necesidad de una política de competencia eficaz. Para lograr este 
objetivo, la Comisión debe plantear determinadas actuaciones. En primer lugar 
ha de definir sus prioridades y aplicarlas de forma coherente y eficaz. 
Cierto es que las orientaciones definidas en el Tratado de Maastricht 
influirán en gran medida a la hora de elegir dichas prioridades y la Comisión 
debe hacerlas públicas. A este respecto, la Comisión ha seguido organizando 
reuniones anuales con las autoridades nacionales de competencia, durante las 
cuales se explican y discuten estos objetivos. Por otra parte, uno de los 
objetivos del presente texto consiste en informar al Parlamento Europeo y al 
(32) Puntos 162 a 171 del presente Informe 
(33) Puntos 155 a 161 del presente Informe 
1.I.§6.p.41 
047 
Comité Económico y Social, y por ende al público en general, sobre las 
prioridades de la Comisión. Además, es necesario que la política de la 
Comisión tenga la mayor transparencia posible con objeto de que los agentes 
económicos conozcan perfectamente el marco en que deben actuar. En este 
sentido, el presente Informe contiene un análisis más pormenorizado de las 
medidas que la Comisión ha tomado o pretende tomar para alcanzar dicho 
objetivo(34)# 
Finalmente, es necesario que la cooperación entre la Comisión, las 
autoridades nacionales y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros 
funcione de forma óptima. 
94. El concepto de subsidiariedad se cita a menudo entre las modificaciones 
introducidas por el Tratado de Maastricht. Este principio ya existía en el 
derecho de competencia comunitario, tal y como se explica más adelante*35', 
pero debe continuar guiando la acción de la Comisión, ya que ésta debe 
concentrarse en los casos auténticamente interesantes desde el punto de vista 
comunitario, al tiempo que permita que sean las autoridades o tribunales 
nacionales quienes resuelvan los demás asuntos. 
95. En conclusión, es innegable que el Tratado de Maastricht tendrá una 
repercusión importante sobre la política de competencia. No obstante, este 
proceso no será unilateral. En efecto, también la política de competencia 
debe desempeñar un papel fundamental en la realización de las demás políticas 
de la Comunidad^36^ . 
(34) Puntos 182 a 188 del presente Informe. 
(35) Puntos 189 a 191 del presente Informe. 
(36) Puntos 149 a 181 del presente Informe. 
l.II.§l.p.l 
048 
<T4> Capítulo II 
<T2> Dimension internacional de la política de competencia 
<T3> §1. Observaciones Generales 
96. Durante el pasado año, la dimensión internacional de la política de 
competencia de la Comunidad se caracterizó por tres acontecimientos 
principales, ocurridos todos ellos durante el mes de diciembre. La Comunidad 
y sus Estados miembros finalizaron el proceso de ratificación del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. Dado que los cinco Estados de la AELC 
participantes ya habían hecho otro tanto, el EEE podía entrar en vigor el 1 
de enero de 1994. El 15 de diciembre, tras siete años de negociaciones, a 
menudo complicadas, las partes contratantes del GATT concluyeron concluir la 
denominada Ronda Uruguay de negociaciones sobre comercio multilateral. 
Finalmente, tuvo lugar la presentación, por parte de la Comisión, de su Libro 
Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Tal y como se ha señalado 
con anterioridad, este Libro Blanco contiene una importante declaración 
relacionada con la dimensión internacional de la política de competencia. 
97. Se puede considerar que estos tres acontecimientos marcan el final de 
una era en la que la política comunitaria relacionada con los aspectos 
internacionales de la competencia se centraba fundamentalmente en la 
inclusión de normas dirigidas a prohibir las prácticas, las estructuras y las 
ayudas estatales contrarias a la competencia en los acuerdos internacionales 
sobre comercio. Dichos acontecimientos significaron también el inicio de unas 
orientaciones basadas ante todo en tomar las medidas necesarias para que 
dichas normas se apliquen de eficazmente y de forma similar a la de la 
Comunidad, que ha usado las normas de competencia como instrumento para 
fomentar el comercio intracomunitario. 
De esta forma, se ha producido un ligero giro desde un enfoque 
fundamentalmente normativo a un enfoque básicamente general. Este hecho ha 
afectado a las relaciones de la Comunidad con todos sus socios comerciales, 
independientemente de las normas por las que éstos se rigen. Así, la Comisión 
ha utilizado las normas de los Acuerdos de libre cambio de 1972 firmados con 
algunos países europeos, con objeto de garantizar la aplicación de las normas 
de competencia al comercio con la Comunidad. También ha trabajado por que las 
l.II.§l.p.2 
049 
prácticas aplicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC (OVA) sean 
similares a las de la Comisión. Pero incluso con países tales como Japón, con 
los que hasta el momento no se han concluido normas concretas sobre 
competencia, ha intentado fomentar la aplicación eficaz de la política de 
competencia con objeto de estimular las posibilidades comerciales. 
1.II.§2.p.3 
050 
<T3> §2. Promoción de la aplicación de la política de competencia 
en toda Europa 
<T4> AELC 
98. La Comisión ha redoblado sus esfuerzos por introducir cambios en las 
ayudas estatales que los países de la AELC conceden infringiendo las normas 
de competencia recogidas en los Acuerdos de libre cambio firmados en 1972. 
Tras resolver con éxito el caso de ayudas estatales relacionado con Eurostar, 
empresa en participación entre Chrysler Motors Company y Steyr 
Nutzfahrzeuge^37^, la Comisión hubo de examinar otros cuatro casos de 
ayudas estatales relacionados con Austria y uno más referente a Finlandia. 
99. El 22 de julio de 1993, la Comisión comprobó que la ayuda prevista por 
las autoridades federales y regionales austríacas para General Motors 
Austria y la concedida a Steyr Nutzfahrzeuge AG, al igual que la subvención 
que el ayuntamiento de Viena había concedido en mayo de 1991 y en junio de 
1992 a Grundig Austria GmbH, eran incompatibles con el artículo 23 del 
Acuerdo. El inciso iii) del apartado 1 de dicho artículo establece que 
cualquier ayuda pública que afecte a los intercambios entre la Comunidad y 
Austria, que falsee o pueda falsear la competencia favoreciendo a 
determinadas empresas o productos, será incompatible con el buen 
funcionamiento del Acuerdo. En virtud de una declaración efectuada por la 
Comunidad en el momento del Acuerdo, la evaluación de estas prácticas se 
efectuará con arreglo a criterios derivados de la aplicación del artículo 92 
del Tratado CE. 
Las autoridades austríacas preveían conceder a General Motors Austria una 
ayuda pública del 15% para inversiones destinadas a ampliar las 
instalaciones de fabricación de cajas de cambio, árboles de levas y culatas 
de cilindros en su fábrica de Asperne/Viena. Sólo las cajas de cambio se 
exportan a la Comunidad para su montaje por parte de General Motors, 
mientras que los componentes de los motores se exportan a Hungría. Se 
concede a Steyr Nutzfahrzeuge AG (filiar de MAN) situada en Steyr, una ayuda 
estatal del 15,1% para la racionalización y ampliación de su fabricación de 
camiones en Steyr, destinada fundamentalmente al mercado comunitario. Por lo 
que se refiere a Grundig Austria GmbH, la subvención estatal concedida para 
(3 7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 344 
1.II.§2.p.4 
051 
la racionalización y ampliación de la producción de televisores es del 10%, 
con un máximo de 100 millones de ATS para un programa de inversiones por un 
importe de 1000 millones de ATS en su fábrica de Viena. 
En cada uno de estos casos, las empresas destinatarias de las ayudas compiten 
con empresas comunitarias. Según la Comisión, las ayudas no serían aceptables 
con arreglo a los criterios establecidos para la aplicación de los puntos a) 
y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE y, en particular, la 
aglomeración de Viena donde están situadas Grundig y General Motors no podría 
ser considerada susceptible de recibir ayudas regionales. 
Al no haber podido llegar a ninguna solución mutuamente satisfactoria para 
las autoridades comunitarias y austríacas en el Comité mixto, ni tras los 
contactos entre expertos celebrados en el plazo fijado, la Comisión remitió 
al Consejo, el 22 de septiembre de 1993, tres propuestas de retirada de las 
concesiones arancelarias para los correspondientes productos de General 
Motors, Steyr Nutzfahrzeuge y Grundig, con arreglo al apartado 3 del artículo 
27 del Acuerdo. Por lo que a General Motors y Grundig se refiere, la Comisión 
propuso que se volviesen a establecer derechos de aduana a un nivel igual al 
de los que hubieran sido aplicables de no haber entrado en vigor el Acuerdo 
de libre cambio. Estos derechos habían de ser mantenidos hasta que el Consejo 
llegase a la conclusión de que dichas ayudas no ejercían ya efectos negativos 
sobre la competencia y los intercambios comerciales, o, como máximo, por un 
período equivalente a la duración media de la amortización fiscal. 
Actualmente, se está examinando un nuevo asunto referente a una inversión en 
el sector automóvil, en este caso BMW, en la región de Steyr. 
A raíz de los contactos establecidos con las autoridades austríacas, se llegó 
a un acuerdo referente al caso Steyr Nutzfahrzeuge en el contexto del régimen 
de ayudas con finalidad regional de Austria, que está siendo objeto del 
examen para su ampliación. 
En el caso de Grundig, el Consejo se pronunció por mayoría cualificada, el 21 
de diciembre, en favor de la aprobación del reglamento propuesto por la 
Comisión. Al día siguiente, las autoridades austríacas aceptaron proceder al 
reembolso de los 67 millones de ATS que la Comisión había solicitado, con lo 
que la Comunidad renunció a implantar los derechos de aduana antes 
mencionados. 
1.II.§2.p.5 
052 
En cuanto a General Motors, el Consejo se pronunció también por mayoría 
cualificada en favor del reglamento propuesto por la Comisión, en virtud del 
cual se aplicará un derecho de aduana del 4,9% a las importaciones 
procedentes de Austria de las cajas de cambios F15 fabricadas por General 
Motors Austria. 
100. Todos los casos resueltos hasta el momento con arreglo a las normas de 
competencia incluidas en los Acuerdos de libre cambio de 1972 han puesto de 
relieve las dificultades inherentes a las normas de procedimiento de dichos 
Acuerdos. Por lo que a cinco de los países de la AELC se refiere, estas 
dificultades deberían desaparecer en cuanto a los futuros asuntos de 
competencia, con la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo el 1 de 
enero de 1994. No obstante, por lo que a otros países se refiere, la 
Comunidad ha decidido que para que la política de competencia sea más eficaz 
es necesario disponer de procedimientos más viables. 
<T4> Países de Europa Central y Oriental 
101. En el caso de los Acuerdos europeos e interinos firmados con 
determinados países de Europa Central y Oriental(38', este nuevo enfoque no 
sólo ha supuesto la aprobación de normas sustantivas de competencia más 
profundas. El aspecto más innovador de las disposiciones relacionadas con la 
competencia recogidas en estos Acuerdos estriba en que prevén la promulgación 
de unas normas de aplicación en un plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de los Acuerdos. Estas normas de aplicación deberían instituir unos 
procedimientos de vigilancia efectivos y razonablemente eficaces. 
De esta forma, la Comisión y las autoridades competentes de los países 
correspondientes han comenzado a preparar esta normativa a través de comités 
mixtos creados para cada uno de los acuerdos interinos. Es importante 
destacar que no se considera necesario aprobar unas normas de competencia que 
se superpongan a la normativa de las partes interesadas, tal y como se 
señalaba en el anterior informe'3^' . 
102. En el ámbito de las normas de competencia aplicables a las empresas, los 
asuntos deberían tramitarse principalmente con arreglo a las normativas 
vigentes en la Comunidad y en el país asociado, siendo competentes para su 
(38) Puntos 563 y 564 del presente Informe. 
(39) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 113 
1.II.§2.p.6 
053 
aplicación las autoridades correspondientes. Por consiguiente, es posible que 
se plantee el caso de que ambas autoridades tengan competencia sobre un mismo 
asunto. También es probable que, cuando sólo haya una autoridad competente, 
las medidas adoptadas por ésta puedan afectar a intereses importantes de la 
parte cuya autoridad nacional carece de competencia..También es posible que 
un caso escape a la competencia de las autoridades de ambas partes. Son 
precisamente estas situaciones las que hacen necesaria la adopción de normas 
de aplicación. 
Con arreglo a estas orientaciones, las autoridades polacas, y más 
concretamente la Oficina de defensa de la competencia, y la Comisión, han 
elaborado conjuntamente un proyecto que ha sido presentado a los 
copresidentes del Comité mixto Comunidad-Polonia para su examen y debate. La 
Comisión pretende utilizar este mismo enfoque en sus tareas con los demás 
países con objeto de establecer unas normas de procedimiento similares. 
103. Por lo que se refiere a las ayudas estatales, los progresos alcanzados 
han sido menores. La Comisión considera que las normas de procedimiento 
podrían basarse en una clasificación de las ayudas en tres categorías : las 
sujetas a la obligación de transparencia financiera, las que deberían ser 
notificadas a la otra parte y las que no están sujetas a la obligación de 
notificación pero podrían ser objeto de discusión a solicitud de la otra 
parte. Durante el período a que nos referimos, se iniciaron las primeras 
tareas con vistas a elaborar un inventario de las ayudas concedidas por 
algunos de estos países. Este inventario podría servir de guía para la 
elaboración de las normas de aplicación. 
104. Habida cuenta que los Acuerdos europeos contienen una disposición 
referente a la aproximación de legislaciones, los seis países interesados 
comenzaron a aproximar sus legislaciones de competencia a la de la Comunidad. 
No existe plazo previsto para alcanzar este objetivo pero debe ser 
prioritario, sobre todo para facilitar la definición de las normas de 
aplicación de los acuerdos, ya que la puesta en práctica de dichas normas se 
basa principalmente en las normas nacionales. Para ello, es necesario 
colaborar técnicamente con los países interesados. 
Esta colaboración técnica podría utilizarse también para la elaboración de un 
informe sobre la situación de las ayudas estatales, los monopolios 
nacionales, las empresas públicas y las beneficiarías de derechos especiales 
1.II.§2.p.7 
05 
o exclusivos. Este informe facilitará la aplicación práctica de los acuerdos, 
de las disposiciones sobre el ajuste progresivo de los monopolios estatales 
de carácter comercial y de los principios de los artículos 90 y 92 del 
Tratado CE. 
Por lo que a esta cooperación técnica se refiere, la Comisión y las 
autoridades de los países afectados han mantenido frecuentes contactos. 
Algunos de estos países presentaron una solicitud para que dicha cooperación 
se produzca en el marco del programa Phare y sea, por consiguiente, 
financiada a cargo del presupuesto de este último. No obstante, al tener que 
hacer frente a un número cada vez mayor de solicitudes de cooperación 
técnica, sin disponer de los efectivos necesarios para ello, la Comisión se 
ha visto obligada a encomendar parcialmente esta tarea a consultoras 
externas. Es evidente que la cooperación técnica constituye el medio más 
idóneo de ayuda para los países en cuestión a la hora de poner en práctica 
una política de competencia activa. 
1.II.§3.p.8 
055 
<T3> §3. Una tarea aún más difícil: fomentar la aplicación de la 
política de competencia en países no europeos 
105. En Europa el deseo de la Comunidad de fomentar la aplicación de la 
política de competencia se ha visto favorecido en gran medida por el hecho de 
que se han negociado o se están negociando nuevos acuerdos con casi todos los 
países europeos no pertenecientes a la Comunidad. La mayor parte de estos 
acuerdos, cuando no todos, incluyen disposiciones relacionadas con el ámbito 
comercial y han permitido a la Comunidad aplicar su enfoque bidireccional 
para la liberalización deï* comercio. Este enfoque consiste en eliminar no 
sólo los obstáculos a los intercambios de índole estatal, sino también los 
derivados de las prácticas privadas de las empresas. 
106. Esta situación no existe por lo que se refiere a la mayoría de los 
socios comerciales de la Comunidad no pertenecientes al continente europeo. 
Las relaciones comerciales con estos países se verán afectadas, lógicamente, 
por el nuevo Acuerdo del GATT. No obstante, este Acuerdo no ofrece al GATT un 
enfoque bidireccional para la liberación del comercio. Por consiguiente, 
durante el pasado año se han vuelto a alzar voces pidiendo la inclusión de 
las normas de competencia en el GATT como parte de las tareas pendientes tras 
la Ronda Uruguay. Estas peticiones proceden de grupos privados tales como el 
"International Antitrust Code Working Group", compuesto por expertos en 
política de competencia procedentes de Europa, los Estados Unidos y Japón, 
que publicaron en julio en Munich a un "Proyecto de Código Internacional de 
Competencia en forma de Acuerdo Comercial Plurilateral relativo a una 
organización comercial multilateral del GATT". También los gobiernos les 
prestan cada vez mayor atención. Así, los comités de la OCDE sobre derecho y 
política de competencia y sobre comercio han organizado una serie de 
reuniones conjuntas con objeto de discutir la convergencia de las políticas 
mercantiles y de competencia. 
107. Aunque un instrumento multilateral de política de competencia firmado en 
el marco del GATT parece ofrecer las mejores posibilidades para tratar las 
prácticas contrarias a la competencia que restringen el comercio 
internacional, parece obvio que esta solución requerirá discusiones 
complicadas y, por consiguiente, probablemente duraderas. En su Libro Blanco, 
la Comisión recomienda que la elaboración de estas normas multilaterales 
constituya una prioridad de la Comunidad, pero no pretende esperar de brazos 
1.II.§3.p.9 
056 
cruzados los resultados. Por este motivo, entre tanto, está centrando su 
atención en algunos de los principales socios comerciales de la Comunidad con 
objeto de encontrar los medios necesarios para ocuparse de aquellas prácticas 
y estructuras contrarias a la competencia que crean obstáculos al comercio 
con dichos países. 
108. El Acuerdo firmado en 1991 entre la Comisión y el Gobierno de los 
Estados Unidos contenía ya una disposición destinada a resolver este tipo de 
problemas. El artículo V de dicho Acuerdo contiene una disposición llamada de 
cortesía positiva. Con arreglo a esta disposición, cuando intereses 
importantes de una de las partes se vean afectados por prácticas contrarias a 
la competencia en el territorio de la otra parte, la primera podrá solicitar 
a la segunda que examine dichas prácticas. La parte en cuyo territorio se 
desarrollan presuntamente estas prácticas podrá investigar el asunto y tomar 
cualquier medida que considere conveniente. 
Obviamente, este procedimiento se puede aplicar, concretamente, cuando las 
prácticas contrarias a la competencia en un país crean obstáculos para el 
acceso al mercado de las importaciones procedentes de otro. En caso 
contrario, estas prácticas podrían no ser examinadas, bien porque el país en 
donde supuestamente existe el problema no conoce su existencia, bien porque, 
de conocerla, no figura entre sus prioridades. 
109. Por consiguiente, se pretende que este procedimiento sirva no sólo para 
estimular la aplicación de la política de competencia general, sino también 
para centrar especialmente dicha aplicación en aquellos casos que son de 
especial interés para otros países. Esto es especialmente importante cuando 
un país cuenta con una compleja normativa sobre competencia, así como una 
política activa de aplicación de la misma, pero se concentra en las prácticas 
contrarias a la competencia cuya impacto fundamental es nacional, dejando sin 
resolver los que repercuten fundamentalmente en otros países. Esto se debe a 
que, por lo general, los países consideran que el objetivo de su política de 
competencia estriba en incrementar al máximo su bienestar nacional, en lugar 
del bienestar mundial. 
Aunque, por ahora, la Comisión no ha firmado con otros países ningún acuerdo 
similar al firmado con Estados Unidos, esto no significa que no pueda 
utilizar el instrumento de la cortesía positiva con otros de sus socios 
comerciales más importantes. De hecho, una disposición de ese tipo se ha 
1.II.§3.p.10 
057 
incluido en la recomendación revisada del Consejo de la OCDE, de 21 de mayo 
de 1986, referente al comercio internacional. Por consiguiente, la Comisión 
ha invitado a cualquier persona que pudiera verse afectada por prácticas 
contrarias a la competencia en otros países de la OCDE a que lo pongan en 
conocimiento de la Comisión para que ésta pueda plantear el problema en 
virtud de las disposiciones de cortesía positiva. 
110. En otros casos, la Comisión ha recurrido a medios aun menos formales con 
objeto de estimular la aplicación de la política de competencia entre sus 
socios comerciales. Así, el 4 de noviembre la Comisión organizó un seminario 
sobre política de competencia en Tokio, junto con la Comisión japonesa de 
Defensa de la Competencia, organismo responsable de la aplicación de la 
política de competencia en Japón. El objetivo de dicho seminario era comparar 
los enfoques comunitario y japonés frente a determinados aspectos que son de 
particular interés para el comercio internacional. En este sentido, se 
debatieron temas relacionados con la distribución, las fusiones y 
adquisiciones, la liberalización y la dimensión internacional de la política 
de competencia. Los intervinientes en nombre de la Comisión subrayaron, en 
particular, la forma en que se había utilizado la política de competencia en 
la Comunidad con objeto de eliminar los obstáculos de índole privada al 
comercio intercomunitario y de establecer un régimen de igualdad en la CE. 
Asimismo, afirmaron que se debería seguir una línea semejante por lo que al 
comercio internacional se refiere. Se ha decidido organizar una segunda 
conferencia sobre el mismo tema en Europa durante el año 1994. 
111. Finalmente, es necesario mencionar que en algunos países, y en 
particular en Estados Unidos y Japón, se han producido durante el período que 
nos ocupa acontecimientos políticos que han dado lugar a una aplicación más 
estricta de la política de competencia. Desde la entrada en funciones del 
nuevo gobierno estadounidense a comienzos de año, la política de competencia 
de dicho país parece haber dado un giro hacia una vigilancia más estricta, 
incluso en ámbitos prácticamente olvidados durante doce años. De esta forma, 
el fiscal general adjunto decidió nuevamente comenzar a aplicar la 
legislación sobre competencia a las restricciones verticales. 
En Japón, el nuevo gobierno que entró en funciones a mediados del período que 
nos ocupa, hizo de la desregulación una de las piezas claves de su política 
económica. Esta liberalización se compaginará con una mayor aplicación de la 
1.II.§3.p.11 
058 
Ley sobre monopolios, mediante, entre otras cosas, una reducción del número 
de sectores excluidos. 
En algunos otros países, por ejemplo, Turquía, la República de Corea, Taiwan 
y varios países de América Central y del Sur, se está produciendo una 
evolución similar. La Comisión ve con buenos ojos esta evolución e intenta 
fomentarla siempre que puede. La Comisión cree firmemente que mediante una 
política de competencia activa pueden abrirse los mercados de todo el mundo y 
crear un régimen de igualdad para las empresas comunitarias y cualesquiera 
otras. 
1.II.§4.p.12 
059 
<T3> §4. Cooperación para la aplicación de la política de 
competencia en casos concretos 
112. Todas las iniciativas políticas antes mencionadas, emprendidas durante 
el período que nos ocupa, deberían contribuir a reforzar la aplicación de las 
normas de competencia entre los principales socios comerciales de la 
Comunidad, especialmente contra las prácticas de índole privada que afectan 
al comercio con la Comunidad. En algunos casos, estas prácticas privadas o 
cambios estructurales pueden entrar también dentro del ámbito de aplicación 
de las normas de competencia de la Comunidad. Por lo tanto, sería importante 
cooperar con las autoridades de competencia de los terceros países 
interesados con objeto de garantizar que ambas partes siguen un enfoque 
coherente. Esta cooperación es interesante para las autoridades competentes 
ya que puede evitar una duplicación de tareas y de costes. También es 
interesante para las empresas que son objeto de vigilancia ya que la 
cooperación puede evitar la imposición de dos tipos de soluciones cuyo efecto 
combinado podría ser superior a lo estrictamente necesario para resolver 
cualquier problema de competencia que se plantee. 
Tanto el Acuerdo CE-EEUU de 23 de septiembre de 1991, como la recomendación 
de 1986 de la OCDE sobre cooperación relativa a las prácticas comerciales 
restrictivas, constituyen un marco para dicha cooperación. No obstante, los 
requisitos de confidencialidad tales como los recogidos en el artículo 2 0 del 
Reglamento n° 17, reducen considerablemente las posibilidades de efectuar un 
intercambio útil de información y, por lo tanto de cooperación entre las 
autoridades interesadas. 
113. Por este motivo, la Comisión y el Departamento estadounidense de 
Justicia decidieron en diciembre del pasado año preguntar a una empresa que 
estaba siendo investigada por ambas autoridades si estaba de acuerdo en 
renunciar al amparo de los requisitos de confidencialidad, permitiendo así a 
la DG IV y a la División de Competencia del Departamento de Justicia que 
intercambiasen información y cooperasen en este caso concreto. 
En su solicitud, la Comisión señalaba- que la información que pudiera recibir 
del Departamento de Justicia no se usaría directamente en los procedimientos 
basados en el Reglamento n° 17. Sin embargo, la Comisión se reservaba el 
derecho de obtener dicha información por sus propios medios. La Comisión 
1.II.§4.p.13 
060 
señalaba también que pediría al Departamento de Justicia que garantizase que 
cualquier información que la Comisión pudiese enviar a dicho Departamento no 
sería revelada a terceros, salvo cuando dicha información pudiera ser 
comunicada de haber sido obtenida por dicho órgano. 
La Comisión pretende utilizar este mismo procedimiento para solicitar 
excepciones concretas al principio de confidencialidad en otros casos que 
considere conveniente. La Comisión está convencida de que, mientras no se 
modifiquen los requisitos de confidencialidad vigentes, estas renuncias 
constituyen un instrumento muy útil para facilitar la cooperación con otras 
autoridades de competencia, en beneficio tanto de las empresas afectadas como 
de las propias autoridades. 
1.II.§5.p.14 
061 
<T3> §5. Repercusión de la Ronda Uruguay sobre 
la política de competencia 
114. Tal y como se ha manifestado anteriormente, la Ronda Uruguay no 
proporcionaba una solución global para los problemas del mercado 
internacional que se puedan derivar de las estructuras y prácticas de índole 
privada. Ello no significa, empero, que la Ronda carezca de importancia a la 
hora de aplicar las normas de competencia. El Acta Final que se acordó en 
principio durante el mes de diciembre en Ginebra contenía un importante 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias por el cual las normas 
del GATT en este ámbito se acercaban a las disposiciones de la Comunidad 
sobre ayudas estatales, aunque siguen persistiendo algunas diferencias entre 
los dos regímenes. Además, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(GATS) incluye una cláusula de cortesía positiva que se introdujo por 
iniciativa de la Comunidad. 
115. Cabe hacer mención especial de las negociaciones de la Ronda Uruguay en 
el ámbito de las ayudas estatales. 
La versión final de acuerdo incluye elementos nuevos en este ámbito, 
principalmente por lo que se refiere a "lista verde" de las subvenciones 
consideradas "no recurribles". En el ámbito de las ayudas a la investigación 
y desarrollo, el acuerdo considera "no recurribles" aquellas ayudas cuya 
intensidad es claramente más elevada que las admitidas en las directrices 
comunitarias sobre investigación básica y sobre investigación aplicable y 
desarrollo. 
En cuanto a las ayudas a la protección del medio ambiente, sólo figuran en la 
lista verde cuando se refieren a inversiones para la adaptación de las 
instalaciones a nuevas reglamentaciones, y bajo determinadas condiciones 
relativas, concretamente, a su intensidad (20% de los costes de adaptación). 
Cabe también señalar que las ayudas al desarrollo de las regiones menos 
prósperas figuran también en la "lista verde". 
116. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) es el primer 
instrumento legal consensuado multilateralmente que incluye una cláusula de 
cortesía positiva. El artículo IX del Acuerdo reconoce en primer lugar que 
1.II.§5.p.15 
062 
algunas prácticas mercantiles de los prestadores de servicios pueden 
restringir la competencia y por lo tanto el comercio de- servicios. 
Posteriormente establece un procedimiento con arreglo al cual cada miembro, a 
petición de cualquier otro miembro, efectuará consultas con objeto de 
eliminar las prácticas mercantiles restrictivas. Aunque la única obligación 
consiste "prestar una atención plena y bien predispuesta a dicha solicitud" y 
en "cooperar mediante el suministro de la información públicamente disponible 
que no tenga carácter confidencial", este procedimiento parece constituir una 
oportunidad interesante para contribuir a controlar en mayor medida el sector 
servicios en los mercados de los socios comerciales de la Comunidad. 
l.III.Sl.p.l 
063 
<T4> Capítulo III 
<T2> Desarrollo de la aplicación de las normas de competencia 
en algunos sectores específicos 
<T3> §1. Servicios financieros - Seguros 
117. Siguiendo la tónica general, en la Comunidad Europea, los mercados de 
servicios -sector en el que la apertura a la competencia sería 
particularmente ventajosa- han estado protegidos de la competencia durante 
mucho tiempo debido a la falta de movilidad de los servicios entre mercados, 
por un lado, y de los operadores dentro de dichos mercados, por otro. 
El sector de los servicios desempeña un papel fundamental en la economía. En 
la actualidad, constituye el sector de actividad más importante con más del 
50% de la producción total de la economía comunitaria. Dentro de él, los 
servicios financieros cuentan con un peso considerable. Así pues, constituye 
uno de los sectores más importantes de la economía en términos de 
contribución a la riqueza global. 
En ese contexto, las normas de competencia están destinadas a adquirir una 
importancia creciente. Son varias las medidas legislativas^ que han 
contribuido a modificar la situación en el sector: progresivamente, está 
surgiendo un auténtico mercado interior. 
118. El escaso nivel de competencia en el sector de los servicios parece 
deberse a dos factores determinantes : la propia naturaleza de dichos 
servicios y las legislaciones nacionales. 
Según un reciente estudio de la Comisión'2', antes del lanzamiento del 
(1) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 42 a 
48. 
(2) "Los servicios comerciales en la economía comunitaria". Economía Europea 
Suplemento A, mayo de 1993. 
l.III.§l.p.2 
064 
programa de 1992, el nivel de competencia en los sectores bancario y de 
seguros era particularmente reducido debido a los dos factores mencionados. 
Además, la imperfecta difusión de la información relativa a la calidad de los 
servicios, así como la reputación ya adquirida confieren ventajas a las 
empresas ya establecidas. 
Evidentemente, esta apreciación global debe matizarse de acuerdo con la 
naturaleza de las operaciones : dentro del sistema financiero unos mercados 
son más competitivos que otros (por ejemplo, el de los créditos 
hipotecarios). 
Desde mediados de los años ochenta, los mercados de servicios de la Comunidad 
vienen registrando importantes cambios, no sólo debidos al programa del 
mercado interior (libre establecimiento y liberalización de los movimientos 
de los factores de producción) sino, asimismo, al progreso tecnológico. La 
incidencia de ambos elementos es particularmente importante en el sector 
bancario. 
119. Por lo que respecta a la aplicación concreta de las normas de 
competencia al sector financiero, cabe señalar que dicho sector presenta 
ciertas particularidades y, en concreto,: 
la importancia económica de este sector no se limita a su peso económico 
directo. Por un lado, debido a los efectos cruzados, el buen 
funcionamiento del sector financiero es un factor que determina la 
competitividad de los demás sectores productivos y el bienestar de los 
consumidores. Por otro lado, desde una perspectiva macroeconómica, el 
papel institucional del sector bancario es el de enlace con la política 
monetaria ; 
por lo que respecta a algunos productos, el funcionamiento de este 
mercado presenta la particularidad de facilitar el contacto de los 
operadores financieros al margen de su voluntad. Estos cumplen las 
órdenes de sus clientes y por lo tanto no hay una relación directa entre 
la oferta y la demanda; por ejemplo, cuando un operador extiende un 
cheque en favor de otra parte, el banco del acreedor está obligado a 
entrar en contacto con el banco del deudor; 
l.III.§l.p.3 
065 
Los operadores pueden participar en el mercado de un determinado 
producto, simultáneamente desde la perspectiva de la oferta y de la 
demanda. Tomando como ejemplo un medio de pago cualquiera, cada banco 
interviene en el mercado como acreedor y deudor. Esta particularidad 
implica que cada operador contribuye a la vez y en todo momento en la 
determinación de la oferta y la demanda en el mercado. 
120. Para lograr el desarrollo de una política de competencia que se base 
efectivamente en la situación real del mercado en el sector, es fundamental 
evaluar correctamente los elementos mencionados. 
En la actualidad, están pendientes varios asuntos sobre la compatibilidad de 
determinadas actuaciones de los bancos con las normas de competencia. Por 
otro lado, la cuestión de la utilización de las tarjetas bancarias de pago 
está siendo analizada en profundidad por la Comisión que, a continuación, 
deberá definir su actitud al respecto. 
121. Los casos de ayuda estatal están relacionados, a menudo, con bancos 
estatales en calidad de prestamistas, inversores'3' o bien como entidades de 
depósito que compiten con los bancos privados por el ahorro^4^. 
122. En el sector de los seguros, la Comisión aprobó a finales del año pasado 
el Reglamento (CEE) 3932/92 (5) de la Comisión de 21 de diciembre de 1992, 
por el que se eximía de la prohibición del apartado 1 del artículo 85 a 
determinadas categorías de acuerdos en el sector de los seguros. Dicho 
Reglamento entró en vigor el 1 de abril de 1993. Las asociaciones y empresas 
que antes de la entrada en vigor del Reglamento habían notificado acuerdos 
incluidos en estas categorías (algo más de 200) recibieron una carta de los 
servicios de la Comisión invitándoles a comprobar la conformidad de sus 
acuerdos con el Reglamento en el plazo de seis meses. Además, se informaba a 
las partes de que a falta de una solicitud explícita en el plazo mencionado, 
se consideraría que las asociaciones o empresas no deseaban que se diera 
(3) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 221 
(4) Puntos 540 y 541 del presente Informe. 
(5) DO L 398 de 31.12.1992 y puntos 274 a 288 del presente Informe. 
l.III.§l.p.4 
066 
curso de forma individual a sus antiguas notificaciones. En algunos casos, 
las asociaciones han informado ya a la Comisión de la supresión de sus 
acuerdos. En otros, los acuerdos se están modificando de forma que cumplan 
las condiciones de exención fijadas por el Reglamento. Son numerosos los 
casos en que no se ha producido reacción alguna ante la carta enviada, por lo 
que las notificaciones han sido o van a ser archivadas. 
1.III.§2.p.5 
067 
T3> §2. Telecomunicaciones y servicios postales 
<T4> - Telecomunicaciones 
123. En octubre de 1992, la Comisión publicó el "Informe sobre la situación 
del sector de los servicios de telecomunicación de 1992"^' con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva de la Comisión 90/388/CEE'7' . Con su publicación 
se iniciaba un periodo de intensas consultas destinadas a comprobar si los 
derechos exclusivos que aún existían para la prestación de servicios de 
telefonía pública vocal aún se justificaban y considerar la mejor forma de 
crear el entorno competitivo adecuado para los servicios de 
telecomunicaciones. 
Durante la consulta, la Comisión escuchó a más de 130 organizaciones y 
empresas en cinco sesiones diferentes y recibió más de 80 comentarios por 
escrito sobre el "Informe de 1992". Participaron en la consulta operadores de 
telecomunicaciones, usuarios, prestadores de servicios y candidatos a 
introducirse en el mercado, fabricantes de equipos, sindicatos y asociaciones 
de consumidores de toda la Comunidad. 
De las cuatro posibilidades propuestas en el Informe de 1992^8', la Comisión 
mostró su preferencia por la apertura a la competencia de los servicios de 
telefonía vocal intracomunitaria (cuarta posibilidad). No obstante, tras las 
diferentes consultas, la posibilidad más aceptada fue la tercera, es decir, 
la apertura a la competencia de todos los servicios de telefonía vocal. Así 
pues, este nuevo enfoque parece ir mucho más lejos de lo previsto en un 
principio, pero su preparación requerirá más tiempo y un marco más amplio de 
medidas de apoyo. 
Se trata de un gran avance en el proceso de consecución de un auténtico 
mercado único en un sector cuya importancia se ha puesto de relieve 
repetidamente en el presente Informe. Los consumidores europeos, todos ellos 
usuarios de servicios de telecomunicaciones, serán los primeros en 
(6) SEC(92) 1048 final. 
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 33 a 
36. 
(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 511. 
1.III.§2.p.6 
068 
beneficiarse de estos avances. Además, la industria comunitaria contará así 
con medios de comunicación más eficaces y económicos. Por último, este sector 
está llamado a tener un crecimiento importante y a convertirse en generador 
neto de empleo a condición de que su desarrollo tecnológico sea 
satisfactorio. 
124. Basándose en las conclusiones derivadas de las consultas , el 28 de 
abril de 1993, la Comisión aprobó una "Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la consulta relativa al Informe sobre la situación 
del sector de los servicios de telecomunicación" (COM(93)159 final). Una 
semana antes, el Parlamento Europeo había discutido la cuestión y aprobado 
una resolución que respaldaba la postura de mayor liberalización sostenida 
por la Comisión. 
En su Comunicación, la Comisión fija la liberalización plena de los servicios 
de telecomunicaciones en todos los Estados miembros para el 1 de enero de 
1988. Siempre que se justifique, los países con problemas específicos 
contarán con un periodo transitorio adicional de dos años. Se preveía 
asimismo la publicación de un Libro Verde sobre las telecomunicaciones 
móviles y personales para finales de 1993 así como otro más sobre 
infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones antes de 1995. 
La Comunicación recoge todas las cuestiones que se plantearon durante las 
consultas, en particular, las relacionadas con el servicio universal, las 
adaptaciones necesarias para lograr un mercado competitivo y la situación de 
las regiones periféricas y de las redes de pequeñas dimensiones o menos 
desarrolladas. 
La Comunicación propone medidas especiales en el contexto de los marcos 
comunitarios de apoyo, la obtención de fondos adicionales procedentes de los 
recursos propios, la aceleración del desarrollo de redes y del servicio 
universal en las regiones periféricas. La Comunicación hace hincapié en la 
necesidad de aprobar rápidamente las propuestas pendientes sobre la 
aplicación de la oferta de red abierta a la telefonía vocal, el 
reconocimiento mutuo de licencias y en el ámbito de las comunicaciones vía 
satélite que antes estaban excluidas de la competencia. 
1.III.§2.p.7 
069 
La Comunicación sugiere la utilización de infraestructura alternativa y de 
redes de televisión por cable para los servicios de telecomunicaciones ya 
liberalizados. Esta medida contribuiría a reforzar la aplicación de la 
legislación existente, objetivo que, a su vez, fue considerado prioritario en 
la consulta. 
125. En su reunión de 16 de junio de 1993, el Consejo aprobó una resolución 
en la que se apoyaban ampliamente las propuestas de la Comunicación de la 
Comisión de 28 de abril de 1993, en lo relativo a los objetivos, principios y 
calendario de la legislación necesaria. El punto más importante de la 
resolución adoptada por los doce Estados miembros fue el acuerdo de 
liberalizar los servicios públicos de telefonía vocal a más tardar el 1 de 
enero de 1998, como proponía la Comisión. 
No obstante, el Consejo consideraba que España, Portugal, Grecia e Irlanda, 
debían estar autorizados a ampliar, en su caso, el plazo hasta el 2003. La 
Comisión se ha comprometido a ayudar a estos países a desarrollar sus redes y 
a efectuar las adaptaciones necesarias. A petición de Luxemburgo, el Consejo 
consideró que en los casos en que fuera necesario, debía concederse a las 
redes de muy pequeñas dimensiones una ampliación del plazo hasta el año 2000. 
La propuesta de la Comisión sobre la utilización de infraestructura 
alternativa para los servicios de telecomunicaciones ya liberalizados no 
figuraba en la resolución del Consejo, a pesar de que había sido respaldada 
por Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. La Comisión está 
estudiando las repercusiones de ' la liberalización de la infraestructura 
alternativa, que incluye las redes de televisión por cable. 
La resolución del Consejo reconocía la importancia de preservar la 
estabilidad financiera del sector, mantener el empleo, desarrollar la 
formación, canalizar los recursos comunitarios hacia las regiones 
periféricas, fomentar la creación de redes transeuropeas con objeto de 
reforzar la cohesión económica y social y formular un enfoque coherente de 
las infraestructuras. Asimismo, planteaba la posibilidad de financiar el 
servicio universal cobrando el acceso a este último. El Consejo exponía 
asimismo la necesidad de ir reequilibrando progresivamente las tarifas, 
manteniendo el equilibrio entre liberalización y armonización, reconociendo 
la importancia de la cooperación entre los operadores de telecomunicaciones, 
1.III.§2.p.8 
070 
solicitando a los terceros países la igualdad en el acceso al mercado y 
coordinando las medidas nacionales y comunitarias con arreglo al principio de 
subsidiariedad^9'. 
Así pues, el enfoque global adoptado, que incluye medidas de liberalización y 
armonización, demuestra que la liberalización de un sector de la economía no 
lleva consigo la supresión de toda norma sino que, por el contrario, hace 
necesaria la creación de un marco reglamentario que evite distorsiones 
perjudiciales. 
126. El Comité Económico y Social apoyó la mayor parte de las iniciativas de 
la Comisión y el Consejo, aunque preguntándose si la fecha del 2003 fijada 
para la liberalización total en determinados países no era demasiado 
tardíaí10^ . 
127. A petición de la Presidencia belga, la Comisión elaboró una 
comunicación sobre el servicio universal en la que se ponía de relieve la 
importancia de este último y se reconocía, al mismo tiempo, la positiva 
contribución de la competencia en la prestación del servicio universal(-1-1). 
Por otro lado, se prestaba particular atención a la necesidad de 
reequilibrar las tarifas. 
En la comunicación se abordaban asimismo otros dos temas. En primer lugar, 
recurriendo a la legislación sobre la oferta de red abierta se definía el 
ámbito de aplicación del servicio universal. En segundo lugar, se trataba la 
cuestión fundamental de cómo financiar un servicio universal cuando, 
normalmente, la prestación de un servicio a un particular de forma 
comercial, no se realizaría exclusivamente con la actuación de las fuerzas 
del mercado. Se consideró que las tarifas y los gastos de acceso pagados por 
los nuevos operadores tenían también un papel importante que desempeñar. 
Asimismo se preveía la obtención de fondos dentro de los marcos comunitarios 
de apoyo de los fondos estructurales, sujetos a prioridades nacionales, para 
los problemas específicos de las regiones periféricas en relación con el 
servicio universal. 
(9) Resolución del Consejo de 22.7.1993-DO C 213 de 6.8.1993. 
(10) Dictamen del CES 1166/93 sobre los documentos COM(93)159 y SEC(92)1048 
de 24.11.1993. 
(11) COM(93)543. 
1.III.§2.p.9 
071 
El Consejo, inspirándose esencialmente en la comunicación de la Comisión, 
aprobó el 7 de diciembre una resolución sobre los principios del servicio 
universal en el ámbito de las telecomunicaciones en la que señalaba que el 
desarrollo del servicio universal constituye un factor clave para el futuro 
progreso de las telecomunicaciones, e invitaba a los Estados miembros a 
adoptar el marco reglamentario adecuado y. a fijar los objetivos necesarios a 
fin de garantizar el servicio universal en su territorio. La resolución 
reconoce que, en numerosos casos, las fuerzas del mercado garantizarán la 
realización del servicio universal sobre bases comerciales. Según la 
resolución, los servicios de telefonía vocal cuya prestación lleve aparejadas 
pérdidas deberán poder financiarse mediante subvenciones cruzadas, tasas de 
acceso u otros mecanismos compatibles con las normas de competencia del 
Tratado. 
128. En 1998, la Comisión tomará las medidas necesarias para realizar la 
programación y los ajustes estructurales en las regiones periféricas de forma 
que se logre la liberalización plena, decidir el marco reglamentario 
aplicable a las infraestructuras públicas y garantizar la total 
liberalización de los servicios públicos de telefonía vocal. 
129. La liberalización ha impulsado a las empresas presentes en el sector o 
deseosas de acceder a él a concluir ciertos acuerdos con objeto de adaptarse 
a la nueva situación. Los acuerdos cubren diversas formas de cooperación que 
van desde la alianza estratégica a la filial común cooperativa, llegando en 
algunos casos a la fusión. Las normas de competencia, en particular, los 
artículos 85 y 86 del Tratado, así como el Reglamento sobre el control de las 
concentraciones, constituyen un instrumento indispensable para distinguir las 
operaciones que conllevan un incremento de la competencia en el sector de las 
que, por el contrario, están destinadas a mantener posiciones ya adquiridas y 
a frenar el proceso de liberalización. 
<T4> - Servicios postales 
130. En el sector de correos, la Comisión intentó mantener el impulso logrado 
el año anterior con la adopción del Libro Verde sobre el desarrollo del 
mercado único de los servicios postales. El principal acicate en la 
elaboración del informe fue la importancia concedida por la Comunidad al 
1.III.§2.p.10 
072 
logro de unos servicios de calidad, mediante la combinación de una serie de 
medidas de armonización y liberalización. Tampoco en este caso habría que 
infravalorar el papel del sector postal en el logro de la cohesión económica 
y social dentro de la Comunidad. 
131. Tras la publicación en 1992 del Libro Verde sobre los servicios 
postales'12', el 2 de junio de 1993, la Comisión aprobó una Comunicación al 
Consejo y al Parlamento Europeo^13', titulada Líneas Directrices para el 
Desarrollo de los Servicios Postales Comunitarios. 
La Comunicación recoge las diversas tendencias manifestadas durante la 
consulta pública que se realizó tras la publicación del Libro Verde y 
propone una serie de orientaciones para el futuro desarrollo de los 
servicios postales en la Comunidad. 
Al finalizar el periodo de consulta pública, los servicios de la Comisión 
habían recibido unas doscientas contribuciones por escrito, que se 
resumieron en el Anexo a la Comunicación. 
En términos generales, las directrices están relacionadas con la definición 
de un servicio postal universal a escala comunitaria, el mantenimiento de un 
sector reservado, la fijación de unas normas de calidad del servicio, la 
adopción de medidas de fomento de la armonización, la separación de las 
competencias reglamentarias y las funciones operativas, los gastos 
terminales y aspectos internacionales del servicio postal. 
Más en concreto, las directrices son un reflejo del consenso alcanzado en 
torno al concepto básico de servicio universal y proponen una definición que 
refleje las obligaciones a las que están sujetos los Estados miembros en 
virtud del Convenio de la Unión Postal Universal. Asimismo, las directrices 
recogen el acuerdo sobre la necesidad de mantener un área reservada en 
beneficio del servicio universal pero advierten sobre divergencias en cuanto 
a la repercusión que tendrán algunas medidas específicas de liberalización 
tales como las aplicadas a los servicios postales nacionales, 
transfronterizos y directos sobre la viabilidad económica del servicio 
universal, así como en los problemas relacionados con el control. 
(12) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 38. 
(13) COM(93) 247 final. 
1.III.§2.p.11 
073 
132. A este respecto, la Comisión, aún manteniendo su preferencia por la 
liberalización, se ha comprometido a analizar más en profundidad las 
implicaciones de estas medidas en la prestación de un servicio universal. 
Las directrices respaldan asimismo las posturas adoptadas en el Libro Verde 
en relación,' por un lado, con la necesidad de ampliar y acentuar la 
separación existente entre las funciones reglamentarias y las operativas 
dentro del sector postal y, por otro, con la importancia de introducir un 
sistema de gastos terminales basado en los costes con vistas a lograr un 
desarrollo racional de los servicios de correos en la Comunidad. 
Las consultas pusieron de manifiesto que las propuestas de armonización de la 
Comisión gozaban de amplio respaldo. Las directrices prestan particular 
atención a la necesidad de introducir medidas de mejora de la calidad del 
servicio mediante la fijación de normas a escala comunitaria, el seguimiento 
de los avances logrados en este campo, así como la publicación de resultados. 
Asimismo, proponen que se refuerce la armonización de las condiciones de 
venta y la normalización técnica en la manipulación, transporte y entrega del 
correo. 
1.III.§3.p.12 
07 
T3> §3. Energía 
133. La creación de un mercado interior en el sector de la energía, con 
arreglo al Artículo 7 A del Tratado de la Unión, continúa siendo una de las 
prioridades de la Comisión, a pesar de lo difícil que resulta la introducción 
de una dinámica competitiva en un sector como éste que se ha mantenido tanto 
tiempo al margen de la competencia y de la aplicación de las disposiciones 
del Tratado. 
Las propuestas de Directiva efectuadas en 1992 por la Comisión basándose en 
el apartado 2 del artículo 57 y en los artículos 66 y 100 A relativas a las 
normas comunes para un mercado interior de la electricidad(14) y del 
gas'15', siguen siendo objeto de un amplio debate. 
En las conclusiones del Consejo de 3 0 de noviembre de 1992 se señalaba la 
necesidad de que los mercados de la electricidad y el gas fueran "más 
abiertos, transparentes y competitivos". Al mismo tiempo que indicaba que 
los obstáculos al mercado interior aún debían eliminarse y que aún era 
necesario progresar, el Consejo invitaba a la Comisión a "prever 
modificaciones a estas propuestas a la luz de los trabajos llevados a cabo 
por el Consejo y del dictamen del Parlamento Europeo". 
El Consejo de 25 de junio de 1993 ratificó estas conclusiones. El Parlamento 
Europeo emitió su dictamen durante la sesión plenaria de 17 de noviembre de 
1993. Teniendo en cuenta los debates en el seno del Consejo, así como las 
numerosas enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, el 10 de diciembre 
de 1993, la Comisión presentó al Consejo unas propuestas modificadas de 
Directiva relativas al gas y la electricidad. Las principales modificaciones 
introducidas fueron las siguientes: 
por un lado, la posibilidad de que los productores de gas y 
electricidad negocien el acceso a la red; esta posibilidad sustituye al 
acceso regulado establecido en las propuestas iniciales. Esta nueva 
posibilidad se complementa con unos mecanismos de arbitraje en caso de 
que surjan problemas en la negociación o en la ejecución del contrato 
que, sin embargo, no pueden suplantar a las vías de recurso que brinda 
el Derecho comunitario; 
(14) Propuesta de Directiva del Consejo (DO C65 de 14.3.92, p.4). 
(15) Propuesta de Directiva del Consejo (DO C65 de 14.3.92,p.5). 
1.III.§3.p.13 
075 
por otro, ía inclusión en las propuestas de un programa de trabajo 
concreto que permitirá a la Comisión elaborar las propuestas de 
armonización que requiere el correcto funcionamiento del mercado sin 
interferir en la aplicación del Derecho comunitario. 
Además, en el sector eléctrico, las propuestas modificadas incluyen 
procedimientos de licitación para la concesión de nuevas capacidades de 
transporte y producción destinadas a las redes, como alternativa al sistema 
de licencias previsto inicialmente. Asimismo, se establece un sistema de 
licencias transparente y no discriminatorio destinado a los autoproductores o 
productores independientes. Por último, se simplifican las normas de 
funcionamiento de las redes. En el Libro Blanco sobre el crecimiento, la 
competitividad y el empleo, la Comisión se compromete a impulsar la 
construcción de nuevas redes interconectadas en los sectores del gas y de la 
electricidad de la Unión europea, utilizando, si llega el caso, la 
financiación comunitaria (ayudas y préstamos). No obstante, la Comisión se 
asegurará de que las condiciones de utilización y de acceso a estas nuevas 
redes, así como las ya existentes, sean conformes con los principios que 
emanan del Tratado CE y, en su caso, con las propuestas de directiva 
mencionadas anteriormente. 
133 bis. Por otro lado, la Comisión continúa con su política de creación 
de un mercado intracomunitario de la energía más competitivo y abierto, 
mediante la aplicación de las normas de competencia. En esta línea, la 
Comisión autorizó un acuerdo notificado el 26 de enero de 1993, celebrado 
entre Electricidade de Portugal, National Power PLC (UK), Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A. (España) y Electricité de France, relativa a la 
adquisición y explotación de una central térmica de carbón en Pego (Portugal) 
compuesta de dos unidades. El acuerdo en cuestión, especialmente tras las 
modificaciones introducidas por las partes a petición de la Comisión, se 
orienta hacia la liberalización de la producción de electricidad, tal como 
establecen las propuestas de directiva mencionadas anteriormente. 
134. Por lo que respecta al sector petrolero y ,en particular, al transporte, 
la distribución y la venta de carburantes para automóviles y reactores, la 
Comisión mantuvo su política de liberalización efectiva de los mercados. En 
este sentido, tuvo que controlar la conformidad con los reglamentos 
aplicables en la materia de los acuerdos sobre estaciones de servicio 
celebrados entre las refinerías españolas y las gasolineras de la antigua red 
1.III.§3.p.14 
076 
de monopolio, recientemente suprimida'16' y del establecimiento en el Reino 
Unido de un sistema de franquicia^17' para las estaciones de servicio 
integradas en comercios que ofrecen productos usuales de consumo. 
Asimismo, la Comisión autorizó un acuerdo relacionado con la explotación 
conjunta por parte de British Petroleum y Repsol S.A de unas instalaciones 
logísticas destinadas al almacenamiento y manipulación de productos 
petrolíferos en las Islas Canarias'18' y un acuerdo por el que se creaba una 
empresa en participación encargada de la distribución de carburante para 
reactores en el nuevo aeropuerto de Milán. Al evaluar estos acuerdos, la 
Comisión tuvo en cuenta si se daban o no unas condiciones objetivas y no 
discriminatorias para el acceso de terceros a la red, puesto que dicho acceso 
es una condición indispensable para la participación en el mercado. 
13 5. En diciembre, tras largas negociaciones con el Consejo y el Parlamento 
Europeo que le llevaron a modificar la propuesta inicial presentada en 
diciembre de 1992 '19', la Comisión aprobó una Decisión con el acuerdo 
unánime del Consejo por la que se establecían nuevas normas para la 
autorización de ayudas a la industria comunitaria del carbón por el periodo 
comprendido entre 1994 y 2002, fecha en que está prevista la expiración de 
dichas ayudas CECA. Las nuevas directrices sobre ayudas^20' se asemejan más 
al código al que sustituyen que las de la propuesta inicial en la medida en 
que ya no se fija un límite máximo en los costes de producción que pueden 
subvencionarse de forma que queden equiparados" a los precios del mercado 
mundial. En un principio, se propuso restringir las ayudas a la producción a 
la cobertura estricta de la diferencia entre los costes medios comunitarios 
de producción y los precios del mercado mundial. No obstante, la novedad que 
introducen las nuevas directrices es la obligación de notificar y aprobar la 
ayuda antes de su concesión. Aparte del carbón, las demás decisiones sobre 
ayudas estatales de la Comisión en el sector de la energía están relacionadas 
con las energías renovables^21'. Con la adopción del programa ALTENER se dio 
un nuevo impulso al desarrollo de las fuentes de energía renovables'22' . 
(16) Punto 226 del presente Informe. 
(17) Punto 225 del presente Informe. 
(18) Punto 226 del presente Informe. 
(19) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 4 00 
(2 0) Recogido en el anexo II del presente Informe. 
(21) Puntos 532 y 533 del presente Informe. 
(22) Decisión del Consejo 93/500/CEE de 13.9.1993, DO L 235 de 18.9.1993. 
1.III.§4.p.15 
077 
T3> §4. Transportes 
<T4> - Transporte aéreo 
136. Desde un punto de vista reglamentario, el transporte aéreo comunitario 
constituye desde el 1 de enero de 1993 un mercado único que se inscribe en un 
sistema ampliamente liberalizado'23'. A partir de ahora, los transportistas 
tendrán acceso a la práctica totalidad de los enlaces intracomunitarios. 
Además, las tarifas aéreas ya no estarán sujetas a control previo alguno, lo 
que aumentará considerablemente la posibilidad de adoptar estrategias 
comerciales dinámicas y contribuirá a reforzar la competencia en el sector. 
Mientras la liberalización del mercado interior favorece el desarrollo de la 
competencia, el entorno renovado del sector mantiene algunas formas de 
cooperación entre compañías aéreas. Efectivamente, la cooperación puede 
seguir considerándose positiva en la medida en que los usuarios puedan 
beneficiarse de ella y en que pueda mejorar la posición competitiva de las 
empresas que la practican , en particular, los transportistas de pequeña 
envergadura que no disponen de una red extensa. Además, la Comisión a 
adoptado nuevas exenciones por categorías'24' relativas a la planificación 
conjunta de los horarios, la utilización conjunta de servicios aéreos en 
líneas de reciente creación o de escasa densidad de tráfico, la asignación de 
periodos horarios en los aeropuertos y la consulta relativa a las tarifas con 
objeto de desembocar en la concesión de facilidades de "interlining"'25'. No 
obstante, la Comisión ha manifestado su intención de controlar estrechamente 
el desarrollo del sistema de "interlining", con objeto de examinar si puede 
mantenerse la exención de las consultas relativas a las tarifas. Por último, 
se ha modificado la exención por categoría relativa a los sistemas 
informatizados de reserva'26' , tras la adopción por el Consejo de las nuevas 
normas relativas al funcionamiento de dichos sistemas'27'. 
(23) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 58. 
(24) Reglamento CEE n° 1617/93 de la Comisión (DO L 155 de 26.6.1993 y DO L 
177 de 29.6.1993) . 
(25) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 73 a 74. 
(26) Reglamento (CEE) n° 1618/93 de la Comisión (DO L 155 de 26.6.1993) y n° 
3652/93 (DO L 333 de 31.12.1993). 
(27) Reglamento (CEE) n° 3089/93 del Consejo (DO L 278 de 11.11.1993). 
1.III.§4.p.16 
078 
137. Por otro lado, la Comisión ha podido constatar que la intensificación de 
la competencia en el sector del transporte aéreo sacaba a la luz situaciones 
de monopolio en los servicios de asistencia en escala en la mayoría de los 
aeropuertos europeos. Teniendo en cuenta que las restricciones de competencia 
derivadas de esta situación pueden menoscabar los efectos positivos de la 
liberalización de los transportes, la Comisión, tras recibir numerosas 
quejas, decidió emprender, basándose en un documento de trabajo aprobado el 
15 de diciembre de 1993, un amplio proceso de consultas con el Parlamento 
Europeo , las autoridades nacionales, los operadores del sector y las 
instituciones y partes interesadas. En principio, la consulta debería 
permitir a la Comisión decidir el tipo de medidas que deben adoptarse así 
como la naturaleza del instrumento jurídico a utilizar. Actualmente, la 
Comisión está analizando las consideraciones presentadas en el proceso de 
consulta en el cuadro de los objetivos señalados en el XXII Informe sobre 
este particular. 
Estas medidas podrían consistir, por un lado, en medidas para la supresión 
del monopolio en todos los tipos de servicios (con la total liberalización de 
algunos de ellos) y, por otro, en medidas que garantizaran la existencia de 
una auténtica competencia, como por ejemplo, procedimientos imparciales de 
autorización y de licitación o incluso condiciones de acceso transparentes y • 
no discriminatorias para los nuevos participantes. 
Así pues, los principios básicos aplicados en este importante sector son 
representativos de aquellos que rigen normalmente la actuación de la Comisión 
en los sectores en que se da una situación de monopolio. 
138. Por otro lado, Noruega y Suecia celebraron con la Comunidad un acuerdo 
mediante el cual dichos países se integran en el mercado interior comunitario 
de la aviación civil y que lleva aparejado asimismo la aplicación de las 
normas de competencia'28'. Posteriormente, el acuerdo fue actualizado con 
objeto de adaptarlo a la evolución del marco reglamentario comunitario'29^. 
13 9. En un contexto comunitario e internacional de recesión e incluso de 
pérdidas en el sector del transporte aéreo, la Comisión se vio enfrentada a 
algunos importantes casos de ayuda estatal a compañías nacionales de 
(28) DO L 200 de 18.7.1992. 
(29) DO L 212 de 23.8.1993. 
1.III.§4.p.17 
079 
bandera. Dichos casos, en particular los relativos a Air France y Air Lingus, 
se exponen más adelante'30'. 
<T4> - Transporte marítimo 
140. En este sector, la Comisión siguió aplicando los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE, lo que le permitió precisar el alcance del Reglamento de exención 
por categorías (CEE) N 4056/86. Además, es posible que el año próximo elabore 
un documento en el que se expongan los principios que considera fundamentales 
para la aplicación de las normas de competencia a este sector. 
141. La Comisión aprobó asimismo un proyecto de Reglamento de exención por 
categorías que precisa las categorías de acuerdos de consorcio en el tráfico 
de línea que pueden autorizarse en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 85. Esta propuesta va a ser objeto de consultas con los sectores 
interesados según las modalidades previstas por el Reglamento de 
habilitación'31'. 
Los consorcios son acuerdos entre transportistas operadores de buques con 
objeto de establecer, en distintos grados, una cooperación para la 
explotación en común de un servicio de transporte marítimo de línea con 
arreglo a una serie de estipulaciones técnicas, operativas y comerciales. 
Por las razones ya aducidas en su comunicación de junio de 1990'32', la 
Comisión es partidaria de esta forma moderna de organización de los 
transportes marítimos de línea surgida con la aparición de los contenedores. 
Efectivamente, el desarrollo de los servicios mediante contenedores y la 
magnitud de las inversiones necesarias, por lo que a buques se refiere, para 
explotar dichos servicios, han incrementado la necesidad de una cooperación 
entre armadores que ha adoptado usualmente la forma de consorcios. 
Partiendo de la constatación de que dichos acuerdos son muy variados, ya que 
el grado de cooperación y la amplitud de la actividad conjunta difieren en 
función de las necesidades de los operadores y de las circunstancias del 
(30) Puntos 536 a 539 del presente Informe 
(31) DO L 55 de 29.2.1992. 
(32) COM(90) 260 de 18.6.1990. 
1.III.§4.p.18 
080 
tráfico en cuestión, la Comisión ha querido elaborar un marco legal de 
exención por categorías a la vez equilibrado y flexible, que tenga en cuenta, 
asimismo, las características especiales del transporte marítimo. Este marco 
debería permitir a los armadores operar conforme a lo estipulado en los 
distintos acuerdos con plena seguridad jurídica, al tiempo que se garantiza 
una participación equitativa de los cargadores en el beneficio resultante. 
Según el proyecto de Reglamento, la exención por categorías, prevista por un 
periodo inicial de cinco años, se aplicará tanto a los consorcios que operen 
dentro de una conferencia marítima como aquellos que se mantengan al margen 
de ella. 
Las condiciones fijadas para el nuevo Reglamento de exención por categorías 
se inspiran en las orientaciones publicadas anteriormente'33', que se han 
adaptado a fin de lograr que los consorcios operen en un entorno en el que 
estén sujetos a una competencia efectiva. 
Para ello, el proyecto de Reglamento prevé como condición la existencia de 
una cuota máxima de tráfico para que el consorcio pueda beneficiarse 
automáticamente de las exenciones por categorías. 
Este proyecto de Reglamento que en diciembre fue objeto de un primer examen 
por parte de los Estados miembros en el marco del Comité Consultivo, se 
publicó a principios de 1994 a fin de que los terceros interesados puedan 
pronunciarse al respecto. 
<T4> Transporte por ferrocarril 
142. Tradicionalmente, este sector estaba muy regulado, puesto que cada 
empresa ferroviaria mantenía el monopolio sobre su territorio. El 1 de enero 
de 1993 entraba en vigor la Directiva del Consejo N 91/440 de 29 de julio de 
1991 (34) relativa al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Dicha 
directiva constituye un jalón muy importante en la liberalización del sector 
ferroviario, puesto que autoriza a las compañías ferroviarias a utilizar, 
bajo determinadas condiciones, las infraestructuras ferroviarias situadas en 
(33) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, Anexo II.4 
(34) DO L 237 de 24.8.1991,p.25. 
1.III.§4.p.19 
081 
Estados miembros distintos de aquel en que se hallan establecidas, con vistas 
a la explotación de trenes internacionales de pasajeros y de mercancías. 
Así pues, la explotación de la infraestructura ferroviaria, cuya importancia 
es comparable a la de un puerto o un aeropuerto, no puede dejarse en manos de 
un único gestor. 
Estas nuevas condiciones de funcionamiento del mercado facilitan de forma 
incuestionable el libre juego de la competencia entre las empresas 
ferroviarias existentes y deben facilitar asimismo el acceso a dicho mercado 
de nuevos participantes. 
Esto no es óbice para que determinadas formas de cooperación entre empresas 
ferroviarias puedan seguir resultando necesarias. La Decisión de exención 
adoptada por la Comisión el 24 de febrero de 1993 en el sector del transporte 
combinado de mercancías se sitúa dentro de este contexto y ya ha permitido a 
la Comisión precisar determinados principios que se irán consolidando a 
medida que se traten otros asuntos en curso. 
En general, en los próximos años, la Comisión tiene previsto emprender una 
política activa a fin de dinamizar este tipo de transporte y aumentar su 
competitividad, particularmente frente al transporte por carretera. 
1.III.§5.p.20 
082 
<T3> §5. Sector audiovisual 
143. El sector audiovisual es, sin lugar a duda, un sector clave para la 
mejora de la productividad de la industria comunitaria. No obstante, conviene 
establecer una distinción entre la situación en que se encuentra el subsector 
de la televisión y el de la producción y distribución de películas. 
El primero es un subsector en plena expansión que cuenta con un número cada 
vez mayor de cadenas de televisión. Las formas que adoptan dichas cadenas son 
distintas a las de las clásicas, puede tratarse de cadenas temáticas, cadenas 
de peaje o incluso de las denominadas "pay per view" en las que el espectador 
sólo paga por el programa que ha visto. Esta evolución es posible gracias a 
un progreso tecnológico constante. Así, con la introducción de la compresión 
digital, debería aumentar considerablemente el número de cadenas de 
televisión por satélite. El progreso tecnológico es asimismo una de las 
causas de la creciente mundialización de la competencia. 
Por lo que respecta al segundo subsector, en la mayoría de los países de la 
Comunidad se registra un fenómeno de disminución de la frecuentación de salas 
de cine, así como una enorme competencia con los productores y distribuidores 
extracomunitarios. Podemos decir que la evolución en el subsector de la 
televisión no es ajena a la de la industria del cine. 
La competencia existente a escala mundial, hace más imperiosa la necesidad de 
asegurar, en la medida de lo posible, una auténtica igualdad de condiciones 
("level playing field") a fin de garantizar que la industria comunitaria 
pueda acogerse en los terceros países a condiciones no discriminatorias en 
comparación con aquellas de las que se benefician dichos países en la 
Comunidad. 
144. La expansión del sector televisivo no es únicamente un fenómeno 
generador de empleo en sí mismo, sino que además repercute en el conjunto de 
la industria comunitaria. Efectivamente, como se expone en el Libro Blanco 
sobre el crecimiento, la productividad y el empleo, la difusión de 
información es . un instrumento indispensable para que las empresas puedan 
adaptarse rápidamente a un entorno competitivo. 
1.III.§5.p.21 
083 
No obstante, el sector de la televisión constituye un caso particular ya que 
la apertura a la competencia es sólo un fenómeno de reciente aparición, 
registrado una vez que las técnicas modernas han permitido una zona de 
difusión de programas mucho más amplia. La evolución tecnológica actual 
podría conducir a una auténtica individualización de los programas de 
televisión en la que cada espectador tendría la posibilidad de seleccionar 
las emisiones de su interés. 
145. Por último, es necesario tener en cuenta asimismo los aspectos relativos 
al pluralismo en los medios de comunicación. A este respecto, la Comisión 
aprobó un Libro Verde'35' basándose en el cual inició, en 1993, un amplio 
proceso de consultas con todas las partes interesadas. El objetivo del Libro 
Verde es examinar si, teniendo en cuenta los objetivos del mercado interior, 
es necesario proponer a escala comunitaria una armonización de las 
reglamentaciones específicas sobre propiedad de los medios de comunicación, 
establecidas por los Estados miembros con objeto de garantizar su pluralismo. 
La Comisión se pronunciará sobre la necesidad de una acción comunitaria de 
aquí a la primavera de 1994. Cabe señalar que el control sobre las 
concentraciones constituye un instrumento eficaz de vigilancia de la 
evolución en el sector, aunque durante el año ninguno de los casos 
notificados en virtud de ese Reglamento ha tenido relación con el sector 
audiovisual. Asimismo, hay que recordar que una de las excepciones al 
principio de "autoridad única" ("one stop shop") se aplica al sector de los 
medios de comunicación. En efecto, aunque normalmente las concentraciones que 
reúnen los requisitos relacionados con los límites máximos se examinan 
exclusivamente a la luz del Reglamento sobre concentraciones, el apartado 3 
del artículo 21 de dicho Reglamento concede a los Estados miembros la 
posibilidad de intervenir para prohibir las concentraciones que constituyan 
una amenaza para la pluralidad de los medios de comunicación, incluso aunque 
éstas no creen una posición dominante que pueda restringir la competencia en 
el sentido del Reglamento. 
146. El interés por fomentar la competencia en el sector de la televisión 
unido a la novedad de la situación explican la actitud que la Comisión ha 
adoptado este año y que intentará mantener en un futuro. En efecto, 
(35) "Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el mercado 
interior-Evaluación de la necesidad de una acción comunitaria" COM (92) 
480 final. 
1.III.§5.p.22 
084 
repetidamente, la Comisión ha tenido que juzgar acuerdos entre cadenas de 
televisión que, en realidad, pretendían garantizar derechos exclusivos a las 
partes impidiendo al mismo tiempo el acceso de terceros a la retransmisión o 
distribución de imágenes. En todos esos casos, la Comisión intentó que las 
partes modificaran sus acuerdos de manera que' permitieran el acceso de 
terceros a los mercados de forma no discriminatoria. A este respecto, el 
asunto EBU-Eurovision System reviste particular interés. Este asunto está 
relacionado con la adquisición conjunta de los derechos de radiodifusión de 
determinadas manifestaciones. En un principio, el acuerdo sólo concedía 
derechos a los miembros de un organismo denominado Eurovisión. Ahora bien, 
únicamente las cadenas públicas ó privadas con obligación de servicio público 
podían pertenecer a dicho organismo. Así pues, el mecanismo establecido 
impedía que las cadenas privadas retransmitiesen las manifestaciones. La 
Comisión únicamente concedió la exención al acuerdo una vez que las partes 
hubieron aceptado ampliar el acuerdo, en cierta medida, a terceros. 
El enfoque de este asunto es similar al aplicado en otros sectores donde se 
plantea el problema del acceso a infraestructuras indispensables. 
147. Por el contrario, la industria cinematográfica se halla en una situación 
mucho más difícil. Hace años, la Comisión aprobó la creación de una empresa 
en común -United International Pictures (UIP)- creada por tres productores 
americanos para la distribución conjunta de sus películas. Este año se ha 
solicitado la renovación de la exención. A pesar de todo, también en este 
sector, la Comisión se propone garantizar la igualdad de condiciones en el 
acceso al mercado de terceros. 
<T4> - Ayudas estatales 
148. Como ya se ha señalado anteriormente, la Comisión se ha mostrado siempre 
partidaria de la concesión de ayudas a la producción audiovisual 
(largometrajes y producciones de televisión), por parte de los Estados 
miembros, especialmente habida cuenta de la situación tan difícil por la que 
atraviesa el sector y de la importancia cultural de éste. Sólo ha intervenido 
1.III.§5.p.23 
085 
contra las infracciones a otras disposiciones del Tratado tales como la 
discriminación de los ciudadanos de otros Estados miembros'36^. 
Por otro lado, tras las denuncias presentadas por varias cadenas de 
televisión privadas, la Comisión está controlando en varios países (España, 
Francia y Portugal) la financiación de las cadenas públicas. La Comisión ha 
encargado asimismo a unos expertos independientes un estudio para poder 
evaluar cuáles son los diferentes privilegios y obligaciones que determinan 
la financiación de la radiodifusión pública y privada en los Estados miembros 
y cuáles son sus posibles repercusiones transnacionales. 
(36) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 441-
444. 
l.IV.§l.p.l 
08o 
<T4> Capítulo IV 
« 
<T2> La política de competencia y las demás políticas comunitarias 
149. Siendo la política de competencia un instrumento complementario a otras 
políticas comunitarias, resulta imprescindible dedicar un capitulo a su 
función en el logro de las mismas. Además de los aspectos que se tratarán a 
continuación, la política de competencia también guarda relación con otras 
políticas que no se abordan en el presente Informe, como la política regional 
o la política de protección de los consumidores. Se ha optado por comentar 
los ámbitos más decisivos en el año en curso, sin menoscabo de la importancia 
concedida a la relación entre política de competencia y otras políticas que 
no se mencionan. 
<T3> §1. Finalización del mercado interior 
150. El año 1993 supuso el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del 
mercado interior. De conformidad con el artículo 7 A del Tratado CE (antiguo 
artículo 8 A del Tratado CE, introducido por el Acta Única Europea) , se han 
adoptado prácticamente todas las medidas destinadas a establecer el mercado 
interior antes del 1 de enero de 1993. Esta labor legislativa ha permitido 
suprimir las fronteras interiores a la libre circulación de bienes, servicios 
y capitales. No obstante, la Comisión es consciente de que la labor 
legislativa no es suficiente para convertir en realidad un espacio en el que 
la competencia actúa libremente a través de las fronteras interiores. La 
necesidad de prestar una atención permanente al funcionamiento de las normas 
básicas llevó a la Comisión a aprobar el Programa Estratégico para el Mercado 
Interior '-1-' . 
151. El programa estratégico precisa las orientaciones y las medidas 
necesarias para garantizar el funcionamiento del mercado interior y para 
permitir la competencia a escala comunitaria'2^. Se presta especial atención 
a la interacción entre política de competencia y creación del mercado 
(1) COM(93) 632 final de 22.12.1993. 
(2) El informe anual sobre el mercado interior describe las principales 
medidas comunitarias que influyen en el funcionamiento del mercado 
interior. La primera edición se publicó en marzo de 1994. 
l.IV.§l.p.2 
087 
interior, que resulta del objetivo fundamental común a ambas : aumentar la 
capacidad de creación de riqueza de la economía comunitaria, mediante un 
mejor reparto y un uso más eficaz de los recursos productivos. La aplicación 
estricta de normas de competencia es el complemento indispensable de la labor 
de supresión de los obstáculos legales y administrativos a los intercambios 
comerciales en la Unión; permitirá evitar que la dinámica de competencia, que 
ha de ser el motor de las ventajas económicas que aporta la realización de un 
mercado único, no se vea perturbada con actuaciones de empresas o de 
autoridades nacionales contrarias a la competencia. Una política de 
competencia decidida impedirá que actuaciones de este tipo pongan en peligro 
la labor de las empresas que Lrat*an de aprovechar la apertura creada por el 
mercado interior. 
152. En primer lugar, los Estados miembros pueden desear conceder ayudas a 
empresas que se enfrenten con la acentuación de la competencia generada por 
el Programa del Mercado Interior, a lo que podrían añadirse actuaciones 
similares por parte de otros Estados miembros más ricos que desearan proteger 
a sus empresas. La reacción en cadena desembocaría en una carrera que, en 
definitiva, beneficiaría a los Estados más ricos y que ya partían de una 
situación más avanzada. Por esta razón, resulta imprescindible que la 
Comisión siga desempeñando su función arbitral y aplique rigurosamente los 
principios del Tratado, a fin de mantener la disciplina en los regímenes de 
ayudas y garantizar la cohesión. 
Por otra parte, puede que surja cierta resistencia a la liberalización 
indiscriminada de la competencia a escalas nacional y comunitaria en sectores 
cuya organización se ha basado, tradicionalmente, en derechos exclusivos o 
especiales. Ese es el caso de algunas infraestructuras básicas como los 
transportes, la energía y las telecomunicaciones. Sin embargo, esta política 
resulta perjudicial a largo plazo para los intereses de estos Estados y de 
toda la Comunidad, ya que sin la presión de la competencia las empresas no se 
ven empujadas a mejorar su productividad; la falta de eficacia resultante es 
perjudicial para estas empresas y para la colectividad. Además, dado que las 
demás empresas de estos Estados precisan acceder a estas infraestructuras, su 
l.IV.§l.p.3 
083 
competitividad queda penalizada respecto a las empresas de otros Estados 
miembros o de terceros países. También en este caso la liberalización 
progresiva de estos sectores emprendida por la Comisión tiene como objetivo 
crear condiciones equitativas para el aprovechamiento de las ventajas de un 
auténtico mercado interior. 
153. En segundo lugar, las empresas pueden desear protegerse de competidores 
de otras regiones. En este caso no serían actuaciones de los Estados sino de 
particulares, que tratarían de lograr sus objetivos mediante acuerdos o, en 
su caso, abusos de posición dominante. Deben impedirse estas conductas, que 
obstaculizan que las empresas capitalicen al máximo sus ventajas competitivas 
y, además, frenan el desarrollo de determinadas regiones al obstaculizar un 
mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas regionales. Una vez más, 
la política de competencia, al sancionar severamente este tipo de 
actuaciones, puede contribuir a lograr la cohesión económica y social sin la 
cual no es posible un funcionamiento a largo plazo del mercado interior. Esa 
es también la finalidad que persigue el control de las concentraciones, que 
trata de evitar que las empresas se sitúen, mediante adquisiciones, en una 
posición en la que no pueda afectarles la competencia de otras empresas. 
154. La política de competencia seguirá siendo un instrumento fundamental 
para garantizar que la finalización del mercado interior aporta a la 
industria comunitaria y a los consumidores todos los beneficios del gran 
mercado. Como ejemplo pueden citarse los distintos reglamentos de exención 
por categoría aprobados para acuerdos de distribución exclusiva o de compra 
exclusiva. No se trata de una idea nueva, sino que una de las principales 
razones de que en el Tratado CE se incluyeran normas de competencia fue la 
voluntad de garantizar que los obstáculos de carácter político, cuya 
supresión preveía el Tratado CE, no quedaran sustituidos por obstáculos de 
carácter privado. 
1.IV.§2.p.4 
089 
<T3> §2. Política industrial 
155. Alguna vez en el pasado se ha opuesto política industrial a política de 
competencia. Para aclarar el alcance real de este supuesto conflicto, 
previamente debería definirse qué se entiende por política industrial. Todos 
los Estados cuentan con una política industrial, pero bajo este nombre se 
esconden realidades muy distintas, que van desde los Estados que intervienen 
en todos los ámbitos, hasta aquellos que se limitan a prestar funciones 
básicas (educación, seguridad, etc.). Es cierto que la política de 
competencia no puede concebirse en un Estado totalmente intervencionista, 
pero todas las demás formas de organización de la economía le dejan un margen 
de actuación más o menos amplio, que le permite influir en la política 
industrial. 
156. La Comisión expresó por vez primera su posición en relación con la 
política industrial en la comunicación "Política industrial en mercados 
abiertos y competitivos"'3' . Los autores del Tratado de Maastricht se 
inspiraron en ideas similares y recogieron en un nuevo título XIII 
- "Industria" - los objetivos de la política industrial: crear las 
condiciones para el rápido desarrollo de una industria comunitaria eficaz. No 
se trata de que la Comunidad sustituya a las empresas, sino de actuar de 
catalizador para fomentar innovaciones y de crear un entorno adecuado y 
estable. En este sentido, el principal logro ha sido sin duda alguna la 
realización del mercado interior, que permitirá que la industria comunitaria 
realice economías de escala, al mismo tiempo que queda sujeta a una mayor 
presión competitiva, lo que necesariamente ha de redundar en un aumento de su 
productividad. 
Este enfoque general se plasma en actuaciones más concretas. En este sentido, 
la Comisión ha aprobado documentos 'de carácter sectorial, en los que se 
insiste en la función de la competencia. También en el Libro Blanco sobre 
crecimiento, competitividad y empleo se proponen varias medidas. 
(3) COM(90)556. 
1.IV.§2.p.5 
090 
A título de ejemplo pueden citarse las medidas de fomento de 
infraestructuras, en particular redes transeuropeas, la aceleración del 
progreso técnico, en particular en el ámbito de la biotecnología o la 
apertura de los mercados en favor de terceros países. 
157. En este sentido, la Comisión considera que la política de competencia, 
lejos de ser contraria a la política industrial, es un instrumento 
indispensable de la misma, y que ambas son complementarias. El Tratado de 
Maastricht aplica el mismo enfoque. Por una parte, la política de competencia 
sigue siendo un objetivo fundamental, como recuerda el apartado g del 
artículo 3; por otra, el nuevo artículo 130 menciona que la actuación de la 
Comunidad para favorecer la competitividad de la industria comunitaria debe 
realizarse "dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos". Por 
último, el artículo 3 A confirma que la política económica de la Comunidad se 
llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de 
mercado y de libre competencia. El Tratado enumera varias medidas que pueden 
ser adoptadas, especialmente por parte de la Comisión, y en todas ellas la 
política de competencia desempeña una importante función. 
158. El Tratado prevé en primer lugar acelerar la adaptación de la industria 
a los cambios estructurales, lo cual exige que las empresas aprovechen el 
mercado interior para integrarse. La integración puede conducir a 
concentraciones y el Reglamento sobre control de las operaciones de 
concentración es un instrumento muy útil para que la Comisión controle las 
fusiones de empresas, a fin de evitar que desemboquen en situaciones 
perjudiciales para el mercado, pero, sobre todo, para autorizar todas las 
operaciones que no conlleven tal peligro. El debate sobre la disminución de 
los umbrales ha puesto de relieve que las empresas prefieren tratar con una 
única autoridad de competencia que adaptarse a las exigencias de varias 
autoridades nacionales. 
Existen otras formas de cooperación entre empresas que pueden ser 
beneficiosas sin que necesariamente conduzcan a una fusión completa, como la 
creación de empresas en participación o la simple celebración de acuerdos de 
cooperación. Estas formas de cooperación pueden aportar ventajas a los 
1.IV.§2.p.6 
091 
participantes y ayudarles a hacer frente a la competencia, que, cada vez más, 
es de ámbito mundial. EÍ apartado 3 del artículo 85, permite autorizar este 
tipo de acuerdos aún siendo restrictivos de la competencia. Esta posibilidad 
se ha aplicado numerosas veces este año. No obstante, es necesario que la 
Comisión actúe siempre con celeridad, ya que la rápida evolución de las 
situaciones exige que las empresas apliquen inmediatamente sus decisiones. 
Consciente de esta necesidad, para los asuntos estructurales la Comisión se 
ha comprometido a adoptar su postura en un corto plazo de tiempo. 
159. Por otra parte, el Tratado de Maastricht prevé el fomento de las 
pequeñas y medianas empresas. Tal como se indica en otro lugar del presente 
Informe, éstas gozan de un trato preferente en cuanto al control de las 
ayudas estatales. 
En relación con las normas de competencia aplicables a las empresas, debe 
recordarse que la Comisión aplica un trato favorable a las pequeñas y 
medianas empresas y ha decidido que como norma general no se ocupará de las 
actuaciones de las empresas de tamaño muy reducido. Cabe destacar que con 
frecuencia la aplicación de las normas de competencia tiene como consecuencia 
la prohibición de acuerdos o prácticas perjudiciales para* las pequeñas y 
medianas empresas. 
160. Por último, la política industrial de la Comunidad incluye también el 
fomento de la investigación y el desarrollo. En sus directrices de 1986'4' 
la Comisión estableció una política clara y de apoyo a las actividades de 
I+D. Basándose en el artículo 85 del Tratado CE, la Comisión está dispuesta a 
autorizar acuerdos que impliquen una restricción de la libertad de actuación 
de las partes cuando ello sea un medio necesario para llegar a innovaciones 
tecnológicas que aporten un beneficio general. Este año se adoptó una 
decisión en el asunto Becton-Cyclopore, particularmente ilustrativo de este 
enfoque. Por otra parte, cabe recordar que desde 1984 la Comisión dispone de 
un Reglamento de exención por categoría que autoriza determinados acuerdos de 
investigación y desarrollo en común. Dicho Reglamento se completó con otro 
que entró en vigor este año y que exime de determinadas condiciones a este 
(4) DO C 83 de 11.4.1986. También puntos 454 a 464 del presente Informe 
1.IV.§2.p.7 
092 
tipo de acuerdos, incluso cuando las empresas decidan explotar conjuntamente 
los resultados de su investigación creando a tal fin una filial común para 
comercializar los productos. 
161. Una parte importante del entorno de las empresas lo constituyen 
servicios como los transportes y las telecomunicaciones, tratados en otro 
capítulo del presente Informe, así como la existencia de mano de obra 
cualificada. De ahí que las infraestructuras bien desarrolladas y los 
sistemas de formación eficaces y constantemente actualizados sean importantes 
instrumentos de la política industrial. La financiación pública de 
infraestructuras accesibles a todos los prestadores de servicios no se 
considera, en general, una ayuda estatal. 
IV.§3.p.8 
093 
<T3> §3. Medio ambiente 
162. Este año supuso un importante avance en la aplicación de la política de 
competencia al ámbito del medio ambiente. La entrada en vigor del Tratado de 
Maastricht dio mayor relieve a los aspectos medioambientales, ya que el 
apartado 2 de su artículo 130 R establece que "las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la 
realización de las demás políticas de la Comunidad". El principio de 
integración de las consideraciones medioambientales en otras políticas 
comunitarias también fue un elemento básico del Quinto Programa de Actuación 
Comunitaria sobre medio ambiente titulado "Hacia un desarrollo 
sostenible" '5' , que se llenó de contenido en la Comunicación del mes de 
junio sobre "Integración de los objetivos medioambientales en otras 
políticas" '6^ . De ahí que la política de competencia, al igual que 
cualquier otra política comunitaria, deba tener en cuenta las 
consideraciones medioambientales. 
163. Sin embargo, la relación entre medio ambiente y política de competencia 
no es unidireccional, sino que la correcta aplicación de esta última puede 
contribuir en gran medida al logro de los objetivos medioambientales'7'. 
164. En primer lugar, una de las bases de la política comunitaria de medio 
ambiente es el principio "quien contamina, paga", cuya aplicación permite al 
precio - expresión, en coste, de las consecuencias nocivas para el medio 
ambiente de un determinado proceso o producto - desempeñar su función de 
señal, base de la economía de mercado. De esta forma se fomenta que las 
empresas expresen en términos financieros sus costes medioambientales. Así, 
la presión de la competencia será uno de los mecanismos que incitará a las 
empresas a reducir las emisiones, utilizando técnicas de producción y de 
eliminación de residuos menos contaminantes. A largo plazo, el incentivo de 
los precios estimula la investigación sobre productos o tecnologías de 
producción respetuosos del medio ambiente, con lo que la economía se sitúa 
en una senda estructural menos contaminante. 
165. La función atribuida a la competencia y a la economía de mercado puede 
encontrarse en toda la política de medio ambiente. En su Comunicación sobre 
(5) COM(92)23. 
(6) SEC(93) 785/5 de 28.5.1993. 
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 75-77 
1.IV.§3.p.9 
09 
"Competitividad Industrial y protección del medio ambiente"'8' , la Comisión 
pedía una política de competencia vigilante y afirmaba que, siempre que sea 
posible, la integración de la competitividad y la protección del medio 
ambiente deberá lograrse con soluciones basadas en la libre competencia en el 
mercado, lo cual implica que en la política medioambiental deberá concederse 
especial importancia a los instrumentos de mercado. Otras políticas 
medioambientales recientes responden a esta misma filosofía. El Libro Verde 
sobre reparación del daño ecológico'9' sitúa la responsabilidad de los daños 
al medio ambiente en el contaminador y el consumidor. El proyecto de 
directiva sobre la prevención y el control integrados de la 
contaminación'10' reconoce la función de la competencia al decidir cuáles 
son las mejores tecnologías disponibles par cumplir las normas establecidas. 
166. En las nuevas directrices sobre ayudas a la protección del medio 
ambiente, que fijan los principios por los que la Comisión evaluará las 
ayudas estatales para la protección del medio ambiente, se avanza un paso 
más en la aplicación del principio "quien contamina, paga"'1:L^. Las 
subvenciones para los gastos derivados del tratamiento de la contaminación 
no son una aplicación directa del principio, que exigiría que fuera el 
contaminador quien cargara con todos estos gastos. Sin embargo, esta otra 
alternativa también resulta aceptable. Desde la aprobación de las primeras 
directrices, en 1974, se reconoció la dificultad de aplicar este principio 
de forma total e inmediata; desde entonces se han reducido progresivamente 
los niveles de subvención. Las directrices todavía recortan más la ayuda 
para adaptaciones de plantas existentes, pero, partiendo de que las 
subvenciones representan la alternativa subóptima, permiten un porcentaje 
superior de ayuda (hasta el 30 %) para inversiones que superen 
considerablemente los requisitos medioambientales actuales. Al establecer 
normas más claras en ésta y otras áreas, las nuevas directrices contribuirán 
a mejorar la eficacia de la política medioambiental de los Estados miembros. 
167. Tan importante como la política sobre ayudas estatales es la 
cooperación entre empresas cuyos efectos puedan precisar un análisis a la 
luz de las normas de competencia. Por ejemplo, cada vez son más los Estados 
miembros que, con objeto de garantizar que los residuos y otros productos se 
reciclen o reutilicen al finalizar su ciclo de vida, han elaborado normas 
(8) SEC(92) 1986 final. 
(9) COM(93) 47 de 14.5.1993. 
(10) COMÍ93) 423 de 14.9.1993. 
(11) Puntos 419 a 426 del presente Informe 
1.IV.§3.p.10 
095 
que imponen el tratamiento de los embalajes de forma diferenciada del sistema 
público de eliminación de basuras domésticas'12^. 
168. A menudo la cooperación es la única vía con que cuentan las empresas 
para poder cumplir estas normas y para ello organizan sus propios sistemas de 
recogida y recuperación. Actualmente se están investigando varios asuntos 
importantes. El DSD (Duales System Deutschland) autoriza a las empresas 
participantes que abonen una tasa a colocar en sus productos el "Grüne 
Punkt", que indica que el embalaje será tratado selectivamente y podrá 
recliclarse. Se han presentado varias denuncias al respecto, que plantean 
cuestiones importantes, tales como la necesidad de contar con un único 
sistema, con el consiguiente riesgo de poder monopolístico, y la obligación 
impuesta de hecho a los fabricantes, sobre todo de fuera de Alemania, de 
participar en el sistema para poder acceder al mercado. En otras palabras, se 
trata de dilucidar si el sistema constituye una barrera a la entrada de 
nuevos competidores. 
Cuestiones similares se plantearon en otro asunto sujeto a investigación, a 
saber, el sistema de embalajes de plástico reutilizables empleados en el 
transporte de frutas y verduras frescas. IFCO (International Fruit Container 
Organisation, organismo creado por comerciantes de productos alimenticios) se 
compromete, en contrapartida de una tasa, a fabricar, suministrar, recoger y 
lavar estos embalajes, de forma que puedan reutilizarse. Los comerciantes de 
productos alimenticios informaron a sus proveedores de frutas y verduras que 
"siempre que fuera posible comprarían productos suministrados con embalajes 
IFCO" y notificaron el sistema a la Comisión. El sistema IFCO fue denunciado 
tanto por parte de agrupaciones nacionales y europeas de fabricantes de 
envases de cartón como por los productores de frutas y verduras. La Comisión 
todavía está analizando el asunto pero a inicios de junio de 1993 emitió un 
comunicado de prensa para aclarar una cuestión concreta. La carta por la que 
los comerciantes informaban a sus proveedores de la existencia del sistema 
IFCO difería de la notificación de dicho sistema, ya que de la primera podía 
deducirse que los comerciantes únicamente aceptarían las paletas IFCO, 
mientras que, según la notificación, los comerciantes simplemente se 
12) El Tribunal de Justicia confirmó que los obstáculos a la libre 
circulación de bienes, a los efectos del artículo 30, pueden 
justificarse por razones medioambientales, en particular cuando no se 
hayan adoptado todavía medidas comunitarias (asunto 240/83 Rec 532 y 
asunto 302/86 Rec 4607). 
1.IV.§3.p.11 
096 
comprometían a promover los citados embalajes, utilizando el mínimo número 
necesario para asegurar la puesta en marcha del sistema IFCO. El comunicado 
de prensa de la Comisión informaba al público en general de que, en respuesta 
a su solicitud, los comerciantes habían remitido una segunda carta a los 
proveedores, aclarando este aspecto'13'. 
169. En este año se llegó a una decisión en otro caso, interesante para poder 
de relieve el enfoque aplicado por la Comisión en un ámbito tan complejo. Se 
trata de los acuerdos entre productores de agua embotellada para normalizar 
las botellas de forma que pueda cumplirse la legislación sobre su 
reutilización cuando no existe un sistema para su reciclado'14^ . Las 
botellas normalizadas presentan varias ventajas, sobre todo en el comercio al 
por menor y en la recogida selectiva. Con la nueva legislación alemana, la 
participación en el sistema de botellas normalizadas, aún no siendo una 
obligación jurídica para acceder al mercado alemán, se convirtió en la 
práctica en una necesidad real. Tras un pliego de cargos en que la Comisión 
puso de relieve la discriminación en el acceso al sistema para los 
fabricantes de agua mineral no alemanes, lo que impedía seriamente su entrada 
en el mercado alemán, el sistema se modificó. La situación era distinta 
varios años antes, cuando la Comisión rechazó una queja similar dado que 
entonces existían otras posibilidades en la distribución de agua mineral y 
para acceder al mercado no era preciso participar en el sistema. 
170. Este asunto muestra claramente que la Comisión analizará en detalle 
cualquier acuerdo entre empresas, a fin de comprobar su carácter 
indispensable para el logro de los objetivos medioambientales. La Comisión 
pondrá especial cuidado en comprobar que tales acuerdos no impiden la entrada 
en el mercado a nuevos participantes y que cuando para acceder al mercado se 
exija la participación en el sistema, debido a que no existe otra 
alternativa, esta participación se concede sin discriminación. A este 
respecto el problema de la participación se trata de forma similar al del 
acceso a instalaciones básicas en sectores regulados o en transportes (por 
ejemplo, puertos) '15' . La Comisión, al analizar cada caso concreto, sopesará 
la restricción a la competencia que origina el acuerdo y los objetivos 
medioambientales que éste contribuye a obtener, y, a partir de este análisis 
de proporcionalidad, decidirá sobre la autorización. 
(13) IP (93)430 de 3.6.1993. 
(14) Punto 24 0 del presente Informe. 
(15) Punto 234 del presente Informe. 
1.IV.§3.p.12 
097 
171. Respecto al medio ambiente debe citarse, por último, la importancia que 
el Libro Blanco le concede en el nuevo modelo de desarrollo para la 
Comunidad. La infrautilización de los recursos basados en el trabajo 
contrasta con la subreutilización de los recursos medioambientales y los 
medios de producción intensivos en capital. La senda de desarrollo propuesta 
se basa en elementos ya establecidos para la politicarde medio ambiente, pero 
a los que se aplica un nuevo enfoque y un renovado vigor. La importancia de 
la competencia en el logro de un desarrollo sostenible, y las consecuencias 
que éste tiene en la aplicación de la política de la competencia, ponen de 
nuevo de relieve la influencia mutua entre medio ambiente y competencia 
descrita en este capítulo. 
1.IV.§4.p.13 
098 
<T3> §4. Cultura 
172. El Tratado de Maastricht dedica un título a la cultura, lo que 
constituye una novedad respecto a anteriores tratados. Esta nueva política 
comunitaria tiene una repercusión directa sobre las normas de competencia. En 
efecto, el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE establece ahora que 
podrán considerarse compatibles con el mercado común y, por consecuente, ser 
autorizadas, las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación 
del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la 
competencia en la Comunidad en contra del interés común. Esta importante 
nueva disposición permitirá a la Comisión conseguir un equilibrio entre el 
fomento de la cultura y el patrimonio y el mantenimiento del libre comercio y 
de la competencia en el mercado único. 
173. Debe valorarse positivamente que se haya introducido en el Tratado un 
fundamento jurídico explícito para autorizar ayudas estatales de carácter 
cultural, pero de ello no debe deducirse que en el pasado la Comisión 
aplicara una política distinta. De hecho, la práctica constante de la 
Comisión ha sido autorizar las ayudas estatales destinadas a promover la 
cultura y la conservación del patrimonio, siempre que no se falseara 
indebidamente la competencia y se respetaran plenamente otras normas del 
mercado. La postura de la Comisión respecto al cine y la televisión quedó 
establecida en el Informe del pasado año'16). 
Existen multitud de subvenciones culturales locales, regionales y nacionales 
que no falsean la competencia ni afectan a los intercambios entre Estados 
miembros de forma significativa. En estos casos, no se aplica el artículo 92 
del Tratado CE y no existe fundamento para la intervención de la Comisión. 
Cuando una subvención falsea la competencia, éste se analiza a la luz de las 
correspondientes políticas nacionales y comunitarias y de sus repercusiones 
sobre los competidores de los beneficiarios. En el análisis se presta 
especial atención al principio de proporcionalidad. La Comisión debe 
preguntarse si la subvención va más allá de lo necesario para el logro de sus 
objetivos y si el perjuicio causado a los competidores no sobrepasa el 
beneficio buscado con las medidas aplicadas. 
(16) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia (13552), 
puntos 64-66. 
1.IV.§4.p.14 
099 
174. Con frecuencia se argumenta que la cultura no es un producto como los 
demás. Tal vez sea así, pero los artistas, productores, distribuidores y, 
evidentemente, todos cuantos participan en el proceso de creación cultural y 
de conservación del patrimonio se ven obligados a menudo a competir entre sí 
por audiencias, anunciantes y mercados. Consecuentemente, tiene la misma 
importancia en este ámbito que en cualquier otro que la Comisión asegure que 
se evitarán los falseamientos indebidos de la competencia y las 
antieconómicas carreras de subvenciones. 
En los últimos años la Comisión ha adoptado varias decisiones que aclaran su 
postura sobre las ayudas• de carácter cultural. El mantenimiento de la 
diversidad cultural ha sido invocado para justificar ayudas a la industria 
del cine, subvenciones a la producción de programas de televisión en lenguas 
regionales, el fomento de las artes plásticas y las ayudas a la exportación 
de libros en lenguas de escasa difusión en el país destinatario. Se han 
encontrado métodos para proteger la cultura sin discriminar. La citada 
modificación del Tratado aclara la situación, pero no supondrá ningún cambio 
fundamental en la política aplicada. 
175. La protección de la cultura también se tenía presente al aplicar las 
normas de competencia relativas a las empresas. Aunque en el texto de los 
artículos 85 y 86 del Tratado CE no hay una referencia específica al 
respecto, la Comisión tiene en cuenta este aspecto cuando trata asuntos que 
afectan a este sector. No se trata de elaborar una política cultural ni de 
efectuar juicios de valor mediante la aplicación de estas disposiciones, sino 
de analizar la actuación de las empresas teniendo presentes las repercusiones 
que ésta puede tener para la política cultural comunitaria. 
176. El primer ejemplo de esta preocupación fue mencionado al tratar el 
sector audiovisual. La actuación de la Comisión en este sector, como en los 
demás, se propone ante todo evitar que se falsee la competencia y que 
determinadas empresas traten de excluir a las demás con actuaciones 
contrarias a la competencia. Así, la actividad de la Comisión ha logrado 
garantizar una cierta pluralidad en los medios de comunicación, lo cual 
constituye un medio eficaz para fomentar la cultura europea. Al impedir que 
determinados agentes económicos del sector limiten,el acceso de los demás a 
1.IV.§4.p.15 
100 
determinadas imágenes, la Comisión garantiza la mayor difusión posible de la 
información, contribuyendo con ello, indirectamente, a su difusión en toda la 
Comunidad. 
177. El segundo ejemplo tal vez sea aún más claro. Actualmente la Comisión 
está tratando varios asuntos relativos a los sistemas de precio de venta al 
público de los libros. Se trata de mecanismos creados por editores en varios 
Estados miembros con la finalidad de evitar una fuerte competencia de precios 
entre editores y entre librerías. Sin prejuzgar en absoluto la decisión final 
a que se llegue, la Comisión ha destacado varias veces que, desde la óptica 
de las normas de competencia, estos sistemas de precios del sector podrían 
aceptarse siempre que fueran individuales y puramente verticales. En otras 
palabras, aunque la Comisión no puede aceptar precios, métodos de fijación de 
precios o condiciones de venta fijados colectivamente por todos los editores, 
sí puede autorizar un sistema con arreglo al cual un editor individual fija 
las condiciones de venta y el precio de venta al público de sus libros en las 
librerías. Al efectuar este análisis, la Comisión es consciente de que es 
preciso proporcionar una cierta protección a aquellos editores cuyos libros 
tengan una tirada más limitada y que este factor influye en la aplicación de 
las normas de competencia. En efecto, un sistema de precios impuesto de forma 
individual permite proteger a librerías que ofrezcan gamas de libros más 
específicos y, por tanto, de menor tirada. Ese es otro ejemplo en que la 
Comisión aplica las normas de competencia teniendo en cuenta las 
preocupaciones propias de la política cultural. 
1.IV.§5.p.16 
101 
<T3> §5. Política comercial 
178. Hace tiempo que se viene debatiendo sobre la relación entre política de 
competencia y política comercial, y en concreto sobre las medidas 
antidumping. Incluso se ha llegado a proponer que estas últimas sean 
sustituidas por normas de competencia. Este enfoque sólo considera en las 
normas antidumping los aspectos de su aplicación frente a actuaciones que se 
produzcan en el interior de la Comunidad. 
La Comisión no comparte este enfoque y en el Libro Blanco sobre "Crecimiento, 
competitividad y empleo" destacaba que era preciso proteger la industria 
comunitaria de las prácticas desleales que efectúan en la Comunidad empresas 
situadas en terceros países, mediante una intensificación de las normas 
antidumping. De ahí que no resulte procedente en la actualidad sustituir 
estas medidas de política comercial por normas de competencia. 
179. Ello no significa que las normas de competencia no estén llamadas a 
desempeñar en el futuro una importante función en este ámbito, ya que la 
aplicación de medidas antidumping no permite a la industria comunitaria 
acceder a mercados de terceros países en los que la organización de los 
fabricantes nacionales excluye, en la práctica, a las empresas extranjeras. 
Por otra parte, las medidas antidumping consistentes en compromisos de los 
productores o en la fijación de contingentes pueden tener el paradójico 
efecto de incrementar los beneficios de las empresas de terceros países, que 
pasan a vender sus productos en la Comunidad a precios más elevados. Para 
llegar a una solución definitiva de estos problemas de la industria 
comunitaria, hay que recurrir a otros medios. 
180. La Comisión considera que estos medios son las normas de competencia, ya 
que el ejemplo de la Comunidad muestra que éstas son el complemento 
indispensable de la supresión de los obstáculos políticos a los intercambios. 
De ahí la importancia que la Comunidad ha atribuido siempre a la sanción de 
aquellas conductas de los agentes económicos que obstaculizan la integración 
de los mercados. Sin embargo, actualmente las medidas de liberalización del 
comercio mundial sólo se refieren a obstáculos de tipo político, sin tener en 
cuenta las barreras a los intercambios creadas por particulares. La Comisión 
considera que si se quiere situar a la industria comunitaria en igualdad de 
1.IV.§5.p.17 
102 
condiciones con sus competidores, es imprescindible establecer normas de 
competencia a escala internacional, y, sobre todo, aplicarlas eficazmente. 
181. Para lograrlo existen diversas fórmulas, que la Comisión no considera 
excluyentes. La solución mas ambiciosa es adoptar un código internacional de 
la competencia, con medios eficaces para garantizar su respeto. Por otra 
parte, la Comisión también trata de que los acuerdos que celebra con terceros 
países contengan normas de competencia. Por último, ha celebrado o prevé 
celebrar con las autoridades responsables de la competencia de terceros 
países varios acuerdos al respecto. Todo ello son condiciones previas e 
indispensables para que la industria comunitaria pueda acceder libremente a 
los mercados de terceros países. La nueva situación impediría que las 
empresas de estos terceros países obtuvieran los importantes beneficios que 
actualmente consiguen con el bloqueo de sus mercados; no podrían seguir 
practicando una competencia desleal en la Comunidad, ya que de seguir con su 
política de ventas a muy bajo precio sus productos podrían ser reexportados 
al mercado de origen o las empresas comunitarias podrían vender a precios más 
bajos que ellas en su país de origen. De esta forma se suprimirían las 
condiciones económicas que posibilitan el dumping. 
l.V.§l.p.l 
103 
<T4> Capítulo V 
<T2> Las normas de competencia en la práctica 
<T3> §1. Transparencia 
182. En los últimos años la Comisión ha realizado un especial esfuerzo para 
proporcionar, a las empresas y al público en general, un fácil y efectivo 
acceso a la información necesaria para la comprensión de la política de 
competencia comunitaria y, en el caso de las empresas, para su cumplimiento 
diario. En cuanto a las ayudas -estatales, es crucial que los gobiernos y 
autoridades locales cuenten con la información que permita asegurar que las 
subvenciones incluidas en sus planes cumplan las normas comunitarias 
sustantivas y de procedimiento. En el ámbito de la política de competencia, 
la Comisión ha considerado prioritario proporcionar información clara, ya que 
la política de competencia comunitaria sólo contará con el apoyo de los 
empresarios, las administraciones y el público en general si existe una 
amplia comprensión de la misma. Para lograr este objetivo es imperativo que 
la actuación comunitaria revista una total transparencia. 
En 1993, la Comisión siguió adoptando diversas medidas en este sentido. 
183. En primer lugar, en la Dirección General de Competencia se creó un 
servicio de información, al que pueden dirigirse las empresas y los 
ciudadanos, cuyo objeto es informar tanto de aspectos generales de la 
política de competencia como de disposiciones concretas. Este servicio se 
encuentra en Bruselas y puede accederse a él por teléfono (32 2 2 95 00 94) o 
por telefax (32 2 295 54 37) . 
184. En segundo lugar, la Comisión siguió tratando de aumentar la gama de 
publicaciones y otras fuentes de información a disposición del público. 
Además de publicar en el Diario Oficial el texto completo de las decisiones 
adoptadas por la Comisión con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE, 
se informa de todos los acontecimientos importantes en asuntos concretos o de 
política general, mediante comunicados de prensa que pueden consultarse 
libremente en la base de datos RAPID, a la que puede accederse por 
suscripción en la Comisión. Un resumen de dichos comunicados se publica 
l.V.§l.p.2 
104 
mensualmente en el Boletín de las Comunidades Europeas y anualmente en el 
Informe de Competencia. Por último, por primera vez en 1993 la Comisión 
publicó un extenso comunicado de prensa recogiendo su actividad en la 
aplicación de las normas de competencia en el primer semestre del año. A 
inicios de 1994 se publicó un segundo comunicado relativo al segundo semestre 
del año. 
Se están ultimando otros proyectos. Se están preparando diversos folletos 
sobre la política de competencia, que estarán disponibles en el curso de 
1994. Además se prevé publicar un boletín trimestral que, con un formato de 
fácil acceso, pondrá al día a las empresas y a la profesión jurídica sobre 
los últimos acontecimientos. 
185. En tercer lugar, la Comisión ha adoptado varias medidas destinadas a 
aumentar la información que recibe de los sectores implicados y de los 
consumidores, acerca de los asuntos que esté considerando. Así, en las 
concentraciones y en las empresas en participación estructurales a las que se 
aplica el apartado 1 del artículo 85, en cuanto se recibe la notificación la 
Comisión publica un anuncio breve en la serie C del Diario Oficial, en el que 
se describe someramente la operación y se solicitan observaciones de terceros 
interesados. Debe recordarse que cuando la Comisión estudia la posibilidad de 
aplicar una excepción formal o una decisión negativa, también publica un 
anuncio, con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 17/62, en 
el que se describe la operación y sus posibles efectos sobre el mercado e 
invita a terceros interesados a presentar sus observaciones, antes de adoptar 
una decisión final. 
186. En cuarto lugar, la Comisión ha aplicado una política de invitar a las 
empresas y a sus representantes a ponerse en contacto con la Dirección 
General de Competencia para mantener consultas antes de la notificación o la 
presentación de la denuncia. Tales contactos constituyen actualmente el 
procedimiento habitual para los asuntos a los que se aplica el Reglamento de 
Concentraciones y los afectados valoran positivamente el sistema. La Comisión 
sigue informando a las empresas de esta posibilidad, en particular en los 
casos de empresas en participación estructurales en las que los nuevos plazos 
internos aplicados por la Comisión imponen una estrecha colaboración entre 
ésta y las empresas. 
V l.V.Sl.p.3 
105 
187. Por último, debe mencionarse especialmente la transparencia en el ámbito 
de las ayudas estatales. En 1993 se publicaron nuevas directrices por las que 
se establecen los principios en que se basará la Comisión para evaluar la 
compatibilidad de las ayudas estatales para protección del medio 
ambiente '17^. La Comisión también aprobó un anuncio que normaliza los 
formatos de las notificaciones y los requisitos de información sobre planes 
de ayuda autorizados'18'. Los servicios de la Comisión mantuvieron dos 
reuniones multilaterales con expertos de los doce Estados miembros. 
188. La Comisión también remitió instrucciones a sus servicios para 
garantizar una mayor transparencia* de la legislación. El activo diálogo con 
los medios económicos y profesionales interesados y, de forma más general, 
con los ciudadanos europeos exige informarles mejor de los trabajos 
preparatorios previos a la adopción de la legislación. 
La Comisión sólo está legalmente obligada a publicar los proyectos de los 
textos legislativos que elabora cuando se trata de reglamentos de exención 
por categorías'19^. En el futuro, la Comisión se compromete a publicar 
todas las propuestas de directiva o de reglamento del Consejo, así como 
todos los proyectos de directiva, de reglamento o de comunicación 
interpretativa o política que prevea adoptar en relación con las normas de 
competencia aplicables a las empresas. 
La publicación se efectuará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
y, excepto para los reglamentos de exención por categorías, en el momento en 
que la Comisión remita los textos a los Estados miembros. Este procedimiento 
permitirá a la Comisión conocer la respuesta de los medios interesados 
cuando celebre la reunión de consulta con las autoridades nacionales. 
(1?) Punto 384 del presente Informe. 
(18) Punto 385 del presente Informe, 
(19) Reglamentos de habilitación del Consejo: artículos S y 6 del Reglamento 
n» lS»/€5/CEE (DO 36 de €.3.1965, p> S33) f Artículos 5 y 6 del Reglamento 
CEE n* 2821/71 (DO L 285 de 2S.12.1971, p.46). 
l.V.§2.p.4 
106 
<T3> §2. Subsidiariedad y aplicación descentralizada 
189. Las normas que han de garantizar el mantenimiento y el desarrollo de una 
competencia leal, efectiva y sin falseamientos, tanto a nivel comunitario 
como en cada uno de los Estados miembros, se inspiraron desde el primer 
momento en el principio de subsidiariedad instaurado en la letra b del nuevo 
artículo 3 del Tratado CE. En lo que se refiere a carteles y posiciones 
dominantes, los artículos 85 y 86 del Tratado CE han coexistido siempre con 
disposiciones análogas de derecho nacional. Sólo se aplican las normas de 
competencia comunitarias a los acuerdos y actuaciones que puedan afectar al 
comercio entre Estados miembros. La legislación comunitaria ha encontrado una 
solución similar para diferenciar las competencias de la Comunidad y de los 
Estados miembros en materia de concentraciones, ya que el Reglamento (CEE) 
n° 4064 únicamente somete al control de la Comisión aquellas operaciones que 
tienen una dimensión comunitaria'20'. 
Si bien de esta forma el principio de subsidiariedad ha quedado firmemente 
establecido en la política de competencia, su aplicación no siempre ha sido 
satisfactoria, ya que a veces ha faltado una adecuada delimitación de las 
competencias de la Comisión y de los Estados miembros. Ese es el caso por 
ejemplo de la línea de separación que traza el Reglamento (CEE) n° 4064/89 
entre los ámbitos de aplicación respectivos del derecho comunitario y del 
derecho interno de los Estados miembros. La experiencia adquirida en la 
aplicación de dicho Reglamento muestra que muchas operaciones que no llegan 
al umbral vigente revisten un auténtico carácter europeo y, por tanto, 
deberían someterse al control comunitario'21'. 
Para conseguir este objetivo, la Comisión seguirá insistiendo en la 
conveniencia de que en 1996 se revisen los umbrales de volumen de negocios 
establecidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, que determinan 
la dimensión comunitaria de una concentración. 
190. En cuanto a los artículos 85 y 86, el mismo texto de los artículos 
impide a la Comisión intervenir en caso de carteles o de abusos de posición 
dominante cuyos efectos previsibles queden limitados al territorio de un solo 
(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 120 
(21) Véase el capítulo dedicado a las concentraciones. 
l.V.§2.p.5 
107 
Estado miembro. Se trata de un ámbito reservado a la aplicación del derecho 
interno por parte de las autoridades nacionales. Por el contrario, en caso de 
carteles y abusos de posición dominante que tengan efectos en varios Estados 
miembros y que, en consecuencia, afecten a los intercambios 
intracomunitarios, no existe jurisdicción exclusiva de la Comunidad ni 
competencias exclusivas de la Comisión. Las autoridades nacionales pueden 
aplicar también su derecho interno y en tanto la Comisión no inicie un 
procedimiento incluso podrán recurrir a las prohibiciones previstas en el 
apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86. No obstante, sólo la Comisión 
podrá autorizar excepciones individuales en virtud del apartado 3 del 
artículo 85 (artículo 9 del Reglamento n° 17). 
Ello exige una cooperación constante y estrecha entre la Comisión y las 
autoridades de los Estados miembros, a fin de evitar procedimientos paralelos 
que podrían desembocar en decisiones incoherentes e incluso contradictorias. 
Es preciso también buscar un mejor reparto de la carga de trabajo entre la 
Comunidad y los Estados miembros en materia de protección de la competencia. 
La Comisión considera que los carteles y abusos de posición dominante que, 
aun afectando en gran medida a los intercambios intracomunitarios repercutan 
básicamente en un solo mercado nacional, deberían ser tratados por la 
autoridad del Estado miembro afectado, en el marco de sus competencias 
subsidiarias con arreglo al apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n° 17. 
En virtud de esta disposición, las autoridades nacionales podrían aplicar las 
prohibiciones del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86, bien solas, 
bien paralelamente a disposiciones análogas de derecho interno. De forma 
inversa, los asuntos con una repercusión importante en la competencia en toda 
la Comunidad o en una parte de la misma que supere ampliamente el territorio 
de un solo Estado miembro serían tratadas únicamente por la Comisión. 
Tal reparto de tareas no afectaría a la competencia exclusiva de la Comisión, 
prevista en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n° 17, de 
autorización de excepciones individuales en virtud del apartado 3 del 
artículo 85. Sólo debería permitirse que los tribunales y autoridades 
nacionales de los Estados miembros aplicaran esta disposición en acuerdos que 
no plantearan problemas importantes para la competencia y mediante 
reglamentos de exención por categoría. En los demás casos, sujetos a un 
l.V.§2.p.6 
108 
análisis individual, la dispensa a la prohibición de carteles presupone 
valorar situaciones complejas y ejercer un amplio poder discrecional, en 
particular cuando se consideran distintos objetivos del Tratado CE, función 
que debe corresponder necesariamente a la Comisión. 
191. La solución preconizada se inserta perfectamente en la política de mayor 
descentralización en la aplicación de los artículos 85 y 86 que la Comisión 
practica desde hace varios años. Un primer paso en esta dirección fue la 
adopción de una comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y 
los tribunales nacionales^22^ . En lo sucesivo, la Comisión tratará de 
incrementar la cooperación con las autoridades competentes de los Estados 
miembros a fin de sentar las bases para que éstas apliquen regularmente el 
Derecho comunitario. La conferencia anual de Directores Generales de 
Competencia celebrada en Bruselas el 15 de octubre de 1993 se dedicó 
únicamente a este asunto y continúan los trabajos en un grupo ad hoc formado 
por representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión. La misión 
de este grupo de trabajo es analizar las medidas que deben adoptarse para: 
garantizar en toda la Comunidad una política de competencia más eficaz 
en relación con las empresas, 
asociar en mayor medida a las autoridades de los Estados miembros a la 
aplicación de esta política, 
mejorar los procedimientos comunitarios, y 
lograr un mejor reparto de los asuntos entre la Comisión y los Estados 
miembros. 
La Comisión considera que dichos objetivos pueden lograrse sin modificar el 
Reglamento n° 17. Las medidas concretas precisas para ello serán objeto de 
una comunicación que se publicará en el Diario Oficial. 
(22) DO C 3 9 da 13.2. 1993, p. 6, Vigésimo seçrando 
de aonraetencia. "ounto 299, 
l,V.§3.p.7 
109 
<T3> §3. Mejora de los procedimientos 
192. La Comisión sigue estudiando la posibilidad de simplificar y acelerar 
sus procedimientos. Para ello es necesario, por un lado, normalizar las 
solicitudes, notificaciones e informes procedentes de las partes, así como 
las cartas remitidas por la Dirección General de Competencia, y, por otro 
lado, mejorar los flujos de información que constituyen la base de las 
decisiones de la Comisión. En el curso del pasado año se lograron 
considerables avances tanto el control de las ayudas estatales^23' como en 
la aplicación de los artículos 85 y 86. 
<T4> - Empresas en participación estructurales de carácter cooperativo 
<T5> a) Objetivos 
193. La Decisión de 23 de diciembre de 1992, dotó a la Comisión de nuevas 
normas internas destinadas a acelerar el tratamiento de las empresas en 
participación (EP) estructurales de carácter cooperativo^24'. Esta 
categoría incluye las EP de carácter cooperativo cuya creación implica 
importantes cambios en la organización de sus fundadores. La EP debe ser más 
que un simple instrumento jurídico creado para coordinar las políticas 
comerciales de los interesados. La EP debe tener su propio peso, resultado de 
la acumulación de un número significativo de activos cedidos por las empresas 
matrices. Generalmente son EP de producción y EP de fabricación y 
comercialización de determinados productos. 
Esta aceleración del procedimiento de la Comisión era necesaria para 
garantizar a las empresas la seguridad jurídica que precisan cuando efectúan 
inversiones importantes en aplicación de una estrategia industrial y 
comercial a medio o largo plazo. Para ello, las nuevas normas internas de la 
Comisión prevén que los servicios de la DG IV, en el plazo de dos meses a 
(23) Punto 385 del presente Informe. 
(24) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 122 a 
124. 
l.V.§3.p.8 
110 
partir de la notificación completa del acuerdo, deben informar a los 
interesados del resultado de un primer examen y, en su caso, de la duración 
probable del procedimiento administrativo que prevén iniciar. 
194. Para respetar este plazo extremadamente corto, las medidas internas 
adoptadas por la Comisión deben acompañarse con otras medidas que regulen las 
relaciones externas entre los servicios competentes de la Comisión y las 
empresas. Se trata, fundamentalmente, de garantizar un procedimiento 
administrativo eficaz para las EP estructurales de carácter cooperativo 
notificadas a la Comisión. El número creciente de este tipo de notificaciones 
justifica todavía más esta necesidad. La Comisión únicamente podrá efectuar 
una valoración económica y jurídica seria en un plazo de dos meses si cuenta, 
desde el inicio de la investigación, con una información completa sobre los 
distintos aspectos que debe considerar y, en particular, sobre las 
actividades de las empresas participantes y de los grupos a las que 
pertenecen, sobre su dimensión y cuota de mercado, el carácter, la función y 
la importancia de la EP, así como sobre la estructura de la competencia en 
los mercados afectados. 
<T5> b) Medidas previstas 
195. No era posible lograr este objetivo con la práctica administrativa 
habitual, basada en las normas de procedimiento vigentes, que eran las que 
hasta finales de 1992 se aplicaban también en los casos de EP estructurales 
de carácter cooperativo. 
La redacción actual del formulario A/B es excesivamente vaga para orientar a 
las partes notificantes sobre las cuestiones básicas de las que depende la 
valoración de una EP a los efectos de los apartados 1 y 3 del artículo 85. 
Demasiado a menudo el procedimiento administrativo se prolonga 
innecesariamente debido a que los servicios de la Comisión deben remitir un 
nuevo cuestionario a las empresas interesadas y esperar la respuesta. 
Para efectuar un correcto análisis de la estructura de los mercados afectados 
y de las condiciones de competencia en los mismos, dichos servicios con 
frecuencia también deben solicitar información a terceras empresas, lo que 
redunda en mayores retrasos en el procedimiento. La publicación del contenido 
l.V.§3.p.9 
111 
esencial de la notificación que prevé el apartado 3 del artículo 19 del 
Reglamento 17 no aporta solución alguna al problema, ya que sólo puede tener 
lugar al final de la investigación, al presuponer que la Comisión ya ha 
adoptado una posición (aunque provisional) sobre el asunto. Esta publicación, 
destinada a suscitar la presentación de observaciones por parte de los 
competidores y socios comerciales de las empresas interesadas, así como de 
los consumidores y sus organizaciones, se produce demasiado tarde para que 
pueda servir de ayuda en la instrucción previa del expediente. 
196. La solución del problema reside en un cambio tanto de la práctica 
administrativa como de determinadas normas en las que ésta se basa. El 
tratamiento aplicado a las EP estructurales de carácter cooperativo debe 
inspirarse en el de las operaciones de concentración que también requieren un 
estudio económico y jurídico rápido. A este respecto es fundamental contar 
con una actitud abierta y cooperativa por parte de las empresas afectadas. 
A fin de lograr acelerar los procedimientos, la Comisión aceptaría que sus 
servicios mantuvieran contactos con las empresas previamente a la 
notificación ya que estas reuniones preparatorias pueden contribuir a una 
mejor planificación de la investigación por parte de la DG IV. Por otro lado, 
la Comisión ha ampliado también a las EP estructurales de carácter 
cooperativo la práctica de publicar un resumen de la notificación en el 
Diario Oficial, en breve plazo tras la recepción de la misma. Esta 
publicación - que se inspira en la prevista en el apartado 3 del artículo 4 
del Reglamento CEE n° 4064/89 - tiene por objeto suscitar las observaciones 
de terceros interesados. Es importante que los servicios de la Comisión 
dispongan de esta información desde el inicio de la investigación. 
Lógicamente, la publicación habrá de respetar los legítimos intereses de las 
empresas implicadas y, en consecuencia, la Comisión deberá limitarse a una 
somera descripción objetiva del acuerdo, sin pronunciarse sobre sus méritos. 
También será necesario el consentimiento de las partes. 
Las medidas descritas deben completarse con otras disposiciones que, por una 
parte, garanticen el efecto útil de la notificación, y, por otra, 
simplifiquen el procedimiento administrativo. Para lograr este doble 
objetivo, la Comisión se propone aprobar un nuevo reglamento que sustituya al 
l.V.§3.p.lO 
112 
Reglamento n° 2 7 y que contenga disposiciones análogas en gran medida a las 
del Reglamento CEE n° 2367/90 sobre notificación de las operaciones de 
concentración y elaborar un nuevo formulario A/B a semejanza del modelo de 
formulario CO. 
197. Dada la importancia que tienen estas medidas tanto para las empresas 
como para los servicios encargados de la aplicación de las normas de 
competencia, la Comisión está efectuando amplias consultas con los Estados 
miembros y los medios interesados. También ha solicitado la opinión del 
Órgano de Vigilancia de la AELC (ESA - EFTA Surveillance Authority) . A 
inicios del mes de diciembre tuvo lugar un primer intercambio de opiniones en 
una Conferencia con expertos gubernamentales a la que asistieron 
representantes de la ESA como observadores, mientras proseguían, 
paralelamente, las consultas con los medios económicos. La Comisión espera 
poder aprobar el nuevo Reglamento y el nuevo formulario A/B en el primer 
semestre de 1994, tras una segunda lectura de los textos en la Conferencia de 
expertos gubernamentales. 
La Comisión también se propone acelerar sus procedimientos en otros ámbitos, 
además de las empresas en participación de carácter cooperativo. La 
experiencia que adquirirán sus servicios al aplicar las normas citadas será 
decisiva para conocer en qué medida el nuevo sistema de tramitación de los 
asuntos estructurales puede ampliarse a otros asuntos individuales. 
<T4> - Derecho a ser oído 
198. Dentro de la actual revisión de los procedimientos de aplicación de las 
normas de competencia, en 1993 la Comisión concedió una importancia especial 
a garantizar el derecho a ser oído. En este sentido, ha estudiado cómo 
mejorar los procedimientos, partiendo de tres objetivos fundamentales. 
Primero, que las empresas sujetas a procedimientos en relación con las normas 
de competencia tengan las máximas posibilidades para expresar su punto de 
vista sobre cualquier objeción que plantee la Comisión; segundo, que la 
Comisión aplique estos procedimientos de forma justa y objetiva, y que así lo 
perciban las empresas afectadas; tercero, que las trabas administrativas para 
las empresas afectadas y para la Comisión se reduzcan al mínimo. 
l.V.§3.p.ll 
113 
A pesar de que los procedimientos actuales siempre han funcionado bien y han 
sido muy pocos los asuntos en que han surgido problemas, algunos aspectos 
pueden mejorarse, fundamentalmente en lo que se refiere a la información a 
las partes sobre las pruebas documentales en poder de la Comisión (acceso a 
la información) y a la función del Consejero Auditor. 
<T4> - Acceso a la información 
199. Para garantizar el derecho a ser oído es fundamental que las partes 
tengan acceso a toda información relevante^25^. En los últimos años los 
Tribunales Europeos han insistido* repetidamente en los aspectos que deben 
tenerse presentes al proporcionar esta información: 
Garantizar que todos los documentos en que se basa la Comisión al 
formular su pliego de cargos están a disposición de las partes 
interesadas(26). 
Garantizar que, como parte del ejercicio efectivo del derecho a ser 
oído, la Comisión no sólo facilita los documentos empleados como prueba 
contra la empresa, sino también aquellos documentos favorables, a la 
misma^27^. 
Dispensar un especial cuidado al tratamiento de la información 
confidencialí28'. El artículo 20 del Reglamento n° 17 establece que 
"sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones de los artículos 
19 y 20, la Comisión y las autoridades competentes de los Estados 
miembros, así como sus funcionarios y otros agentes, estarán obligados a 
no divulgar las informaciones que hayan recogido en aplicación del 
presente Reglamento» las cuales, por su propia naturaleza, se hallan 
amparadas por el secreto profesional." 
La Comisión ha destacado^29) lo difícil que resulta en algunos casos 
(25) Asunto 85/76, Hoffmann-La Roche, (1979), Rec. 461, fundamentos 9-11. 
(26) Por ejemplo, VBVB y VBBB/ Comisión, asuntos 43 y 63/82 (1984) Rec. 19 y 
A2KÔ, asunto 62/86, (1991) Rec. I 3359. 
(27) Asunto T-7/89 Hercules / Comisión (1991), Rec-lI/1711, fundamento 54 y 
asunto T-10/89 Hoechst / Comisión (1992) Rec. II / 629, fundamento 54. 
(28) A2K0 / secreto profesional, asunto 53/85, (1986) Rec. 1985, fundamentos 
26 a 30. Decimosexto informe de Competencia, punto 126 y BAT / Comisión, 
asuntos acumulados 142 y 156 /84 (1987) Rec. 4487, fundamento 21. 
(29) Decimoctavo Informe sobre la política de competencia, punto 43. 
l.V.§3.p.l2 
114 
compaginar esta exigencia con la de acceso a toda la información 
relevante. La información confidencial no sólo incluye los secretos 
comerciales sino también otros documentos a los que la empresa no desea 
que tengan acceso las partes o terceros interesados. Aunque es necesario 
dispensar una amplia protección a la información confidencial, este 
carácter confidencial no debe impedir el acceso a la misma en aquellos 
casos excepcionales en que la Comisión considere que constituye la 
prueba de que se ha cometido una infracción a la normativa 
comunitaria'30^. No obstante, en principio, dada la necesidad de 
garantizar la confidencialidad de la información proporcionada, la 
Comisión considera que el acceso a la documentación que se le remite 
con arreglo a los poderes que le confiere el Reglamento n°17 deberá 
limitarse a los documentos que las empresas precisen para ejercitar 
efectivamente el derecho a ser oídas. Estos documentos incluyen los que 
contienen información favorable a las partes afectadas. 
200. En el Undécimo Informe sobre la política de competencia, de 1981 (31) , 
la Comisión afirmaba su disposición a permitir el acceso de las empresas a 
los expedientes, y en el Duodécimo Informe^32' sentaba las normas que 
habrían de regular este acceso: 
"Se informará a las empresas del contenido del expediente de la Comisión, 
mediante un anexo al pliego de cargos o a la carta por la que se decide no 
dar curso a la denuncia en el que se enumerarán todos los documentos que 
contiene el expediente y se indicarán aquellos o las partes de los mismos 
que se encuentran a su disposición. 
Se invitará a las empresas a consultar estos documentos en los locales de la 
Comisión. Si únicamente desean consultar alguno de ellos, la Comisión podría 
remitir una copia. La Comisión considera confidenciales y, consecuentemente 
no podrá proporcionar a las empresas, los siguientes documentos: 
i) documentos o partes de los mismos que contentan información 
confidencial sobre secretos comerciales de las empresas, 
ii) documentos internos de la administración: notas, borradores u otros 
documentos de trabajo, 
(30) Hoffmann-La Roche, asunto 85/87, (1979) Rec. 461 fundamentos 13-14. 
(31) Puntos 22-25 
(32) Puntos 34-35. 
l.V.§3.p.13 
115 
iii) cualquier otra información confidencial, como documentos que permitieran 
identificar a los denunciantes si éstos desean permanecer en el 
anonimato, e información remitida a la Comisión de forma confidencial. 
Cuando una empresa efectúe una solicitud justificada para consultar un 
documento no accesible, la Comisión le proporcionará un resumen no 
confidencial." 
En el Decimoctavo Informe la Comisión desarrolló estas normas con respecto a 
los asuntos de carteles con numerosos implicados, especificando que "el 
acceso de las partes a los documentos podrá efectuarse mediante el acceso al 
expediente o el envío de una copia del mismo, según las circunstancias". 
En CBR y otros / Comisión(33), el Tribunal de Primera Instancia afirmó que 
el procedimiento de acceso al expediente en los asuntos de competencia tiene 
por objetivo que los destinatarios de un pliego de cargos puedan examinar las 
pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, de forma que se 
encuentren en condiciones de expresar su opinión sobre las conclusiones a que 
ha llegado la Comisión en su pliego de cargos a partir de estas pruebas. 
201. Partiendo de la experiencia adquirida desde el Decimoctavo Informe y de 
las orientaciones de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia al 
respecto, la Comisión ha decidido consolidar y aclarar su actuación en este 
ámbito. 
En primer lugar, la Comisión ha llegado a la conclusión de que remitir junto 
con el pliego de cargos una copia de todos los documentos o datos a los que 
tienen acceso las empresas es preferible a ofrecer la posibilidad de examinar 
el expediente en los locales de la Comisión. Dado que las empresas 
prácticamente siempre efectúan una copia de dichos documentos, la remisión de 
la copia supone un ahorro de tiempo y de gastos y en el futuro esa será la 
actuación habitual. 
En segundo lugar, el envío de una lista de todos los documentos contenidos en 
el expediente de la Comisión, indicando a cuáles o a qué partes tienen acceso 
las empresas, aunque no es indispensable para garantizar que éstas recibirán 
todos los documentos necesarios para remitir sus observaciones a la Comisión, 
resulta sumamente útil. Así, en el futuro, el pliego de cargos se acompañará 
(33) Sentencia en los asuntos T-10, 11, 12 y 15/92 (1992) Rec. - II 2667, 
fundamento 3 8. 
l.V.§3.p.l4 
116 
de los documentos accesibles a las empresa de que se trate y de una lista de 
los documentos que contiene el expediente de la Comisión, indicando su número 
dentro del expediente, su naturaleza y la posibilidad de acceder a los 
mismos. 
En tercer lugar, la Comisión ha observado que la descripción, realizada en el 
Duodécimo Informe, de documentos a que pueden acceder las empresas era 
imprecisa y ha generado bastante confusión, en particular en los asuntos en 
que intervienen varias empresas. La confusión se originaba en parte por la 
imprecisión del término "expediente". Cuando en 1982 apareció por vez primera 
la expresión, "el expediente" se refería a los documentos que dentro de la DG 
IV pasaban de la Dirección de inspección a la Dirección de operaciones, 
responsable de seguir con el asunto. De ahí que el expediente no contuviera 
más que la información necesaria y relevante para continuar con el asunto y 
el acceso al mismo se refiera a un pequeño número de documentos, ya que 
aquellos innecesarios o irrelevantes ya habían sido separados del expediente 
en la Dirección de inspección. En 1984 se modificó el sistema y las 
direcciones operativas la DG IV pasaron a ser responsables de todos los 
aspectos de la preparación de los asuntos; el término "expediente" pasó a 
designar todos los documentos en poder de la Comisión que se habían recogido 
durante la investigación. 
202. Casi siempre la Comisión recoge mucha información durante su 
investigación; sólo una pequeña parte se utiliza como prueba de la existencia 
de infracción y la mayoría puede no guardar relación con el asunto. Además, 
los datos recogidos al amparo de los poderes que el Reglamento n° 17 confiere 
a la Comisión pueden ser confidenciales. Muchos documentos serán 
confidenciales para algunas empresas pero no para otras. La experiencia de 
los últimos años muestra que al haberse modificado la naturaleza del 
expediente, que ahora contiene muchos documentos irrelevantes, no es efectivo 
aplicar la división efectuada en el Duodécimo Informe entre tipos de 
l.V.§3.p.l5 
117 
documentos a que pueden acceder las empresas, muy especialmente en los 
asuntos que afectan a un número elevado de empresas'34'. 
En estos casos la Comisión ha aplicado las orientaciones sobre acceso a los 
expedientes formuladas por los Tribunales Europeos en los asuntos antes 
citados. La Comisión adjunta al pliego de cargos una copia de todos los 
documentos en que se basa para afirmar que se ha producido una infracción, 
así como cualquier documento que, tras un análisis cuidadoso del expediente, 
aporte dados que contradigan la posición de la Comisión (denominados 
documentos "exculpatorios"). Si a continuación una empresa solicita 
razonadamente a la Comisión que analice de nuevo el expediente para ver si 
contuviera cualquier otro documento específico que considera podría ser útil 
en su defensa, la Comisión deberá acceder a esta petición y remitir dichos 
documentos. En cualquier caso, antes de permitir el acceso al expediente, la 
Comisión tendrá especial cuidado en respetar el legítimo interés de las 
empresas en la protección de sus secretos comerciales. En cuanto a otras 
informaciones de carácter confidencial, la Comisión garantizará que se 
respetará el anonimato de aquellos informantes que así lo deseen y que no se 
facilitará información comercial sensible si ello conlleva unos efectos 
negativos sobre el suministrador de la misma. 
Dada esta experiencia y la necesidad de aplicar un único procedimiento, en lo 
sucesivo ésta será la actuación habitual de la Comisión, ya que está 
convencida de su viabilidad y eficacia y de que permite que las empresas 
ejerciten plenamente su derecho a ser oídas. 
<T4> - Función del Consejero Auditor 
203. En 1982 se creó la figura del Consejero Auditor^35', cargo que fue 
recibido positivamente y que en general se considera una aportación 
importante a los mecanismos que garantizan el tratamiento equitativo y 
objetivo de los asuntos por parte de la Comisión, que las empresas perciben 
como una garantía al respecto. 
(34) El derecho de la Comisión a excluir los documentos irrelevantes ha sido 
expresamente reconocido por el Abogado General Warner en el asunto 
30/78, Distillers Company, (1980) Rec. 2267, 2295. 
(35) Duodécimo Informe sobre la política de competencia, puntos 36-37. En 
1990, tras la aprobación del Reglamento de Concentraciones, se revisó el 
mandato del Consejero Auditor (Vigésimo Informe sobre la política de 
competencia, Anexo). 
l.V.§3.p.l6 
118 
Esta fue la opinión expresada en varias ocasiones por los participantes en la 
conferencia sobre procedimientos organizada por la Comisión en septiembre de 
1993. 
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la conferencia, así como la 
modificación del procedimiento de acceso al expediente antes descrita, la 
Comisión ha reconsiderado la función del Consejero Auditor . 
204. Si bien el sistema de normas que garantiza a los interesados y a 
terceros el derecho a ser oídos en general ha funcionado satisfactoriamente, 
hay que reconocer que puede mejorarse. En efecto, la Comisión podría aumentar 
la eficacia de sus procedimientos y la seguridad jurídica ofrecida a los 
agentes económicos transfiriendo la capacidad decisoria en materia de 
derechos de defensa al nivel más adecuado, a saber, el Comisario encargado de 
la competencia, con delegación al Consejero Auditor. 
205. De esta forma se ampliaría considerablemente la función del Consejero 
Auditor, que cubriría los ámbitos siguientes: 
Plazo para contestar al pliego de cargos. Cuando una empresa considere 
que el plazo que se le concede para contestar al pliego de cargos es 
demasiado corto, el Consejero Auditor decidirá si procede conceder una 
prórroga. 
Acceso a la información relevante. Las empresas deben confiar en que la 
Comisión cumple sus funciones respecto al acceso a la información, de 
forma cuidadosa, equitativa y objetiva, y que, respetando la obligación 
de confidencialidad, permite el acceso a todos los documentos favorables 
a la empresa interesada para preparar su defensa. En este sentido el 
Consejero Auditor puede cumplir una función importante. Aunque no es 
posible ni adecuado que realice el análisis inicial del expediente para 
determinar qué documentos pueden y deben remitirse a las empresas 
afectadas(36*, el Consejero Auditor debería actuar como arbitro una vez 
remitidos dichos documentos y abierto el acceso al expediente. Si la 
empresa, a partir de la lista de documentos enviada junto con el pliego 
(36) Puntos 199 a 202 del presente Informe. 
l.V.§3.p.17 
119 
de cargos y de su propio conocimiento del caso, cree, de forma 
fundamentada, que deberían remitírsele documentos adicionales, 
corresponderá al Consejero Auditor analizar cualquier petición en este 
sentido y decidir si procede acceder a la misma. Para que el Consejero 
Auditor pueda cumplir su función cualquier solicitud de este tipo deberá 
razonarse y precisarse. 
Derecho de los terceros interesados a ser oídos. Parecería oportuno que 
el Consejero Auditor también decidiera sobre la intervención de terceros 
interesados en los procedimientos relativos a otras personas, empresas o 
asociaciones de empresas. Con arreglo a las normas actuales, las 
personas físicas o morales que justifiquen un interés suficiente tienen 
derecho a ser oídas. El Consejero Auditor es quien mejor puede decidir 
sobre estas peticiones. 
Audiencias. El derecho a ser oído es uno de los principios fundamentales 
del Derecho comunitario. No obstante, los reglamentos que concretan este 
derecho^37^ parten del principio de que las partes y terceros 
interesados presentan sus observaciones por escrito dentro del plazo que 
les impone la Comisión y las audiencias sólo se prevén a título 
complementario. Aparte de los casos en que la Comisión se propone 
imponer multas, las personas, empresas o asociaciones de empresas 
afectadas por el procedimiento que desean expresar verbalmente su punto 
de vista deben demostrar un interés específico. "A contrario", ello 
supone que en algunos casos carece de interés que las partes tengan la 
posibilidad de intervenir oralmente; así ocurre cuando ya han podido 
exponer por escrito su punto de vista y la situación real y jurídica no 
ha variado desde entonces. Respecto al derecho de terceros interesados a 
ser oídos, 
(37) Artículo 7 del Reglamento n° 99/63/CEE 
Artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1630/69 
Artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 4260/88 
Artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 4261/88 
Apartado 1 del artículo 13 y artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 
2367/90. 
l.V.§3.p.l8 
120 
en general basta con que tengan la posibilidad de presentar 
observaciones escritas^38', aunque, excepcionalmente, pueden tener un 
interés legítimo en exponer verbalmente su punto de vista. Además nada 
impide a la Comisión, "ex officio", conceder a terceros interesados la 
posibilidad de exponer su punto de vista en el curso de una audiencia. 
Siendo el Consejero Auditor el responsable de organizar las audiencias, 
es lógico que también se le confíe la decisión sobre las personas que 
serán oídas. 
Secretos comerciales y otras informaciones confidenciales. Por último, 
en el ejercicio de las mencionadas funciones, correspondería al 
Consejero Auditor decidir qué datos, del expediente de la Comisión, 
facilitados por una empresa, pueden comunicarse a otras empresas o 
publicarse. El acceso de terceros interesados a los datos reunidos en el 
expediente de la Comisión queda limitado por la obligación que a ésta le 
incumbe de respetar el legítimo interés de las empresas a que no se 
difundan sus secretos comerciales. Se trata de un principio general del 
Derecho comunitario que se recoge en todos los reglamentos en materia de 
competencia. La Comisión únicamente permite acceder a otros datos 
confidenciales suministrados por empresas cuando su conocimiento es 
indispensable para que otras personas o empresas ejerciten su derecho a 
ser oídas. El principal objetivo de la Comisión es proteger la 
información comercial sensible cuya divulgación tendría un importante 
efecto negativo para quien la ha suministrado. 
El Consejero Auditor parece ser la persona más adecuada para decidir sobre 
los datos que pueden ponerse en conocimiento de terceros interesados, 
respetando el procedimiento fijado por el Tribunal de Justicia en su 
sentencia AZKO(3 9) 
206. Se prevé que a inicios de 1994 se modificará el mandato del Consejero 
Auditor a fin de recoger estas modificaciones^40' . 
(38) TJCE, FEDETAB, asuntos acumulados 209*215 y 218/78, Rec. 1980, p. 3125, 
3232. 
(39) Asunto 53/85, (1986) Rec. 1985. 
(40) El ... 1994, la Comisión decidió modificar el mandato del Consejero 
Auditor consecuentemente. El nuevo mandato se publicó en el DO C. de 
... 1994, p. 
l.V.§3.p.l9 
121 
<T4> - Normalización de los plazos de respuesta 
207. A fin de llegar a un equilibrio entre, por una parte, el respeto de los 
derechos de la defensa y la obligación de la Comisión de poner fin a la 
infracción, y, por otra parte, los problemas de efectivos de la Comisión y de 
disponibilidad de los directivos y abogados de las empresas afectadas, la 
DG IV ha decidido normalizar los plazos de respuesta al pliego de cargos, 
La primera situación es la del procedimiento principal. En asuntos de mediana 
importancia el plazo será de dos meses en general y de tres meses para los 
asuntos complejos. Estos plazos se*pr°l°ncjarán automáticamente dos semanas si 
incluyen el período de Navidad o de Pascua. También se concederá 
automáticamente una prórroga de un mes si el plazo incluye total o 
parcialmente el mes de agosto. Así pues, en los casos complejos el plazo 
máximo será de cuatro meses durante los períodos de vacaciones. No obstante 
- y ello constituye una novedad -, estos plazos relativamente largos no 
podrán, en principio, ampliarse. 
La segunda situación corresponde a los procedimientos acelerados, por 
ejemplo, la adopción de medidas cautelares. En estos casos es imperativo 
proceder rápidamente, en interés de las partes afectadas. De ahí que 
únicamente se conceda el plazo de dos semanas previsto en el artículo 11 del 
Reglamento n° 99/63, sin posibilidad de prórroga. 
l.V.§4.p.20 
122 
<T3> §4. Actividades de la Comisión (descripción cuantitativa) 
208. En fecha 31 de diciembre de 1993, el personal de la dirección General de 
Competencia estaba formado por 411 personas, 51 % de la categoría A (entre 
ellos, 24 expertos nacionales destacados en la Comisión). El 44 % del 
personal trabaja en los artículos 85 y 86 del Tratado CE, el 12 % en el 
control de concentraciones, el 3 % en el artículo 90 del Tratado, el 21 % en 
ayudas estatales, el 9 % en relaciones internacionales y coordinación y el 
11 % en procesamiento de datos, documentación y otros trabajos horizontales. 
Desde diciembre de 1992 el personal ha aumentado en un 1 %, debido a la 
atribución de nuevos empleos y al nuevo procedimeinto de conversión de 
créditos en empleos. 
<T5> a) Artículos 85 y 86 del Tratado CE 
A 1 de enero de 1994, en la DG IV estaban en curso 1231 casos de aplicación 
de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, lo cual supone una reducción de más 
de 300 asuntos respecto a 1 de enero de 1993. La razón de ello es el esfuerzo 
de la DG IV por concluir los asuntos del llamado "backlog". De estos asuntos 
- todos ellos registrados desde hacía varios años -, la mitad había quedado 
sobrepasada, por ejemplo por carecer de vigencia el acuerdo notificado. La 
otra mitad incluía notificaciones de acuerdos de seguros que resultaron 
conformes al Reglamento de exención por categoría adoptado por la Comisión a 
finales de diciembre de 1992. Prácticamente concluido el ejercicio "backlog", 
en los próximos años no se prevé que el número de asuntos en curso se reduzca 
más sino que incluso puede que aumente, debido a que, por ejemplo, el 
tratamiento más rápido de las notificaciones, en particular de empresas en 
participación estructurales de carácter cooperativo, podría incitar a las 
empresas a notificar sus acuerdos con más frecuencia. 
> 
La reducción del número de asuntos en curso ha afectado principalmente a los 
asuntos notificados. El peso relativo de las denuncias y de los 
procedimientos "ex officio" ha aumentado ligeramente a consecuencia de ello. 
A 1 de enero de 1994 las notificaciones suponían algo más del 60 % (749), las 
denuncias algo más del 2 5% (335) y los demás casos son procedimientos "ex 
officio". El número de denuncias es similar al de 1992, sin que se observe 
ninguna repercusión de la sentencia Automec II (asunto 24/90 de 18 de 
septiembre de 1992) en que el Tribunal de Primera Instancia indicó que la 
l.V.§4.p.21 
123 
Comisión dispone de un margen de discrecionalidad considerable para no 
aceptar las denuncias. La Comisión hace un uso moderado de este margen; si 
bien es cierto que actualmente tiende con más frecuencia a encauzar a los 
denunciantes hacia las autoridades nacionales o los tribunales nacionales, 
especialmente si considera que esta vía les permitirá resolver el problema, 
sigue tratando con la máxima atención las denuncias que considera revisten un 
interés comunitario importante. Por otra parte, el tratamiento de las 
denuncias, que por definición, implican la existencia de posturas 
contrapuestas, exige más tiempo que el tratamiento de las notificaciones. A 
este respecto es ilustrativo que mientras en 1993 el número total de asuntos 
archivados (832) fue dos veces superior al de asuntos presentados (404), las 
denuncias muestran una relación inversa: 37 asuntos archivados (cinco de 
ellos mediante decisión formal) y 107 asuntos presentados. 
En 1993 se archivaron doce asuntos mediante decisión formal. Aparte de los 
rechazos definitivos de denuncias ya mencionados (cinco en total) hubo tres 
prohibiciones (Zera/Montedison-Hinkens/Stâler, AICAI/CNSD y Auditel), tres 
sanciones (Eurovision, Estructuras de tarifas en transporte combinado y 
Grundig) y una decisión negativa (Institute of London Underwriters). Por el 
contrario, en el asunto Sealink se rechazó la solicitud de medidas 
cautelares. 
Desde inicios de 1993 se han notificado unas 2 5 empresas en participación 
estructurales de carácter cooperativo, que se han tratado por el 
procedimiento acelerado. Debe recordarse que con arreglo al mismo la DG IV 
informa a las partes de su valoración (provisional o definitiva) en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificación, plazo que no empieza a 
correr hasta que no se dispone de la notificación completa. El nuevo 
formulario de notificación A/B cuyo proyecto está siendo objeto de consultas 
con las autoridades nacionales y los medios interesados, tiene por objeto que 
las empresas puedan remitir en el momento de la notificación los datos que 
solicita la DG IV. En lo sucesivo las notificaciones de empresas en 
participación estructurales de carácter cooperativo serán sistemáticamente 
analizadas en una publicación denominada "Allied/Carlsberg" (es decir, una 
comunicación en el DO en la que se invitará a terceros interesados a formular 
sus observaciones, a semejanza de la práctica habitual con arreglo al 
Reglamento de concentraciones). 
l.V.§4.p.22 
124 
Entre los 25 asuntos notificados desde inicios de 1993, algunos siguen en 
curso al haber solicitado la DG IV a las partes notificantes que completaran 
la información proporcionada. La mayoría de los demás casos pudo tramitarse 
en el plazo de dos meses. En seis casos la DG IV efectuó una valoración 
provisional dentro de este plazo; en tres de ellos remitió una "carta de 
apercibimiento" a las partes (Potacan, Pasteur-Mérieux y Coca Cola/Netslé). 
En otros dos publicó en el DO una comunicación en virtud del apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento 17 expresando su posición favorable (Eurosport 
Mark III e International Private Satellite Partners). En un último caso, 
informó a las partes de su intención de proceder a publicar dicha 
comunicación (Fujitsu + AMD). 
<T5> b) Fusiones 
Con arreglo al Reglamento 4064/89 relativo a concentraciones, en 1993 se 
archivaron 58 asuntos (60 en 1992) . La mayoría de ellos (50) se autorizaron 
finalizada la primera fase (46 en 1992) , tres finalizada la segunda (5 en 
1992) - mientras que en la autorización de Pilkington/SIV no se impusieron 
condiciones, la Comisión las impuso en la de KNP/Bührmann/URG y 
Kali+Salz/MDK/Treuhand - y los cuatro restantes se consideraron de naturaleza 
no concentrativa (9 en 1992) y tres de ellos se trataron con arreglo al 
artículo 85 mediante procedimiento acelerado (Philips-Thomson-Sagem, Pasteur-
Mérieux/Merck y BT/MCI). Un asunto se remitió a las autoridades nacionales 
(McCormick). 
De los 50 asuntos concluidos en la primera fase, 24 se consideraron empresas 
en participación de carácter concentrativo. Este número es similar al de 
empresas en participación de carácter estructural analizadas con arreglo al 
artículo 85 del Tratado CE. 
Por último, la Comisión autorizó nueve concentraciones en virtud del artículo 
66 del Tratado CECA. 
l.V.§4.p.23 
125 
<T5> c) Ayudas 
En 1993 se decidió archivar 43 5 asuntos (502 en 1992) . Se trata en primer 
lugar de 399 decisiones de no plantear objeciones (455 en 1992). A 
continuación, en los casos en que se inició el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93, se llegó a 19 decisiones finales positivas (31 en 
1992) y 7 decisiones finales negativas, incluidas dos parcialmente negativas 
o condicionadas (6 en 1992). Por último, otras diez medidas (mismo número en 
1992), entre ellas las decisiones de llevar el asunto al Consejo con arreglo 
al artículo 95 del Tratado CECA, una medida cautelar con arreglo al artículo 
88. del Tratado CECA (ILVA) y una medida apropiada con arreglo al apartado 1 
del artículo 93. 
En unos treinta asuntos (mismo número en 1992), la Comisión incoó el 
procedimiento del apartado 2 del artículo 93. 
El pasado año se registraron 561 nuevos asuntos (558 en 1992): 475 ayudas 
notificadas (452 en 1992) , 85 ayudas no notificadas (102 en 1992) y 1 ayuda 
existente (8 en 1992). La reducción del número de ayudas no notificadas es un 
hecho esperanzador, en la medida en que indica que los Estados miembros 
respetan mejor las obligaciones que les impone el apartado 3 del artículo 93 
del Tratado CE de notificar a la Comisión cualquier proyecto de ayuda. 
Las cifras citadas se refieren únicamente a las ayudas tratadas por la DG 
IV(4D. 
(41) En el anexo III.C del presente Informe figura un cuadro con los datos 
estadísticos globales relativos a la actividad de la DG IV y de otras DG 
que tratan asuntos de ayudas (DG VI, DG VII y DG VIII). 
2.I.A.§1. p.l 
126 
<T5> Segunda parte 
<T1> Normas de competencia aplicables a las empresas 
<T4> Capitulo I 
<T2> Principales decisiones y medidas de la Comisión 
<T9> A. Consideraciones generales 
<T2> §1. Acuerdos horizontales 
209. Los acuerdos horizontales, es decir, los celebrados entre empresas que 
se encuentran en la misma fase de producción y comercialización de un 
producto, puedan adoptar formas muy diversas. Así, esta categoría general 
comprende tanto los acuerdos entre fabricantes para fijar el precio de venta 
de sus productos o repartirse el mercado, como los que tienen por objeto 
fomentar, en común, la investigación y el desarrollo de nuevos productos. 
La Comisión está decidida a actuar enérgicamente frente a aquellos carteles 
que impidan que los consumidores se beneficien del libre juego de la 
competencia. Esta postura se ha plasmado este año en las investigaciones que 
se están realizando en diversos sectores económicos con respecto a empresas 
cuyo objetivo principal era repartirse el mercado. No obstante, cabe señalar 
que la investigación y sanción de estas prácticas exige un esfuerzo 
significativo por parte de la Comisión, sobre todo en términos de recursos 
humanos. De ahí la duración, en ocasiones muy larga, de estos procedimientos. 
A pesar de ello, la Comisión está dispuesta a emplear todos los medios 
necesarios para luchar de forma eficaz contra este tipo de acuerdos, que se 
pretende eliminar por completo. 
210. Por el contrario, la Comisión sigue una política diferente con respecto 
a los acuerdos que tienen por objeto crear formas de colaboración entre 
empresas que permitan mejorar su productividad, en beneficio de la 
colectividad. El ejemplo más claro de este tipo de colaboración es la que 
lleva a las partes a crear una empresa en participación. Si bien en algunos 
casos estas operaciones pueden encubrir un cartel, la Comisión es partidaria 
de estos acuerdos por las ventajas que presentan, y ha introducido un 
2.I.A.§1. p.2 
127 
procedimiento acelerado para examinar estos asuntos'1'. Como ya se ha 
expuesto, se trata también de evitar que las partes opten por una forma 
jurídica determinada por la ventajas de procedimiento que ofrece ante la 
Comisión, en lugar de por su funcionamiento. A la hora de evaluar la 
compatibilidad de estas formas de cooperación con las normas de competencia 
comunitarias, • el factor determinante no ha de ser tanto la naturaleza del 
acuerdo como sus efectos en el mercado. 
<T3> §2. Acuerdos verticales 
211. El apartado 1 del articulo 85 del Tratado CE no establece diferenciación 
alguna entre los acuerdos horizontales y los verticales. Estos últimos se 
definen como acuerdos entre empresas que se encuentran en fases distintas del 
proceso de producción y comercialización de un producto. Desde que comenzó a 
aplicarse el Reglamento n° 17, el Tribunal de Justicia ha declarado que los 
acuerdos verticales pueden infringir lo dispuesto en el artículo 85 del 
Tratado CE. Con posterioridad a esta sentencia, la Comisión ha adoptado 
numerosas decisiones con respecto a este tipo de acuerdos. No obstante, 
también se han aprobado varios reglamentos de exención por categorías con 
respecto a los mismos. Es indiscutible que los acuerdos verticales 
constituyen un instrumento adecuado para el acceso de determinadas empresas a 
nuevos mercados. Los acuerdos de distribución pueden contribuir a aumentar la 
competencia entre productos de distintas marcas, sin que sea necesaria una 
inversión sustancial por parte de un nuevo competidor. Esta repercusión 
positiva de tales acuerdos justifica la postura favorable a los mismos que se 
refleja en los reglamentos de exención por categorías. Con todo, estos 
acuerdos pueden utilizarse también como instrumento para obstaculizar el 
acceso a un mercado. Por esta razón, la Comisión ha actuado siempre con 
cautela a este respecto. Buen ejemplo de ello es el asunto Grundig, zanjado 
este año. En este caso, la Comisión autorizó la prórroga de la exención 
individual con respecto a la red selectiva creada por Grundig para la venta 
de determinados aparatos electrónicos. En su análisis, la Comisión tuvo en 
cuenta la repercusión que este acuerdo podría tener sobre los consumidores, 
pero también la existencia de una intensa competencia entre las distintas 
marcas en el mercado. 
(1) Punto 77 del presente Informe. 
2.I.A.§1. p.3 
128 
212. Para comprender esta postura, que es también la del Tribunal de 
Justicia, conviene inscribir las normas de competencia del Tratado CE en su 
contexto global. Su objetivo no es únicamente proteger el sistema económico, 
sino también contribuir a la creación de un auténtico mercado interior. Se 
trata de evitar que los obstáculos comerciales de naturaleza pública, que se 
han suprimido progresivamente, sean sustituidos por obstáculos privados. Por 
ello, la postura de la Comisión en materia de acuerdos verticales ha 
consistido siempre en un análisis en dos etapas basado en la estructura del 
artículo 85 del Tratado CE. En primer lugar, se considera que el carácter 
exclusivo de la relación contractual entre un fabricante y un distribuidor 
constituye una restricción de la competencia, puesto que limita la libertad 
de acción de las partes en el territorio de referencia. En una segunda fase, 
puede concederse una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado CE, cuando el acuerdo no contenga ninguna cláusula que otorgue una 
protección territorial absoluta al distribuidor ni surta este efecto en la 
práctica. Nos hallamos, por tanto, ante el objetivo fundamental de los 
autores del Tratado, que es garantizar una auténtica circulación de 
mercancías en el mercado interior. Por consiguiente, el análisis efectuado 
por la Comisión va más allá del estudio de las ventajas de los acuerdos 
verticales desde el punto de vista de la competencia. Un asunto zanjado este 
año ilustra especialmente este aspecto. Se trata del asunto Zera-Montedison, 
en el que la combinación de un acuerdo de exclusiva y de los procedimientos 
nacionales de homologación impedían en la práctica cualquier importación 
paralela en Alemania. La Comisión intervino porque este resultado es 
contrario a la plena realización del mercado interior, dado que, a través del 
acuerdo, las partes pretendían aprovechar las diferencias entre las 
legislaciones nacionales para eliminar la posibilidad de que los consumidores 
obtuvieran precios más ventajosos en otros Estados miembros. 
<T3> §3. Abuso de posición dominante 
213. El análisis de las decisiones de la Comisión y de las sentencias del 
Tribunal de Primera Instancia viene a confirmar una tendencia que ya se había 
manifestado con anterioridad. Se observa cada vez con mayor frecuencia que 
una serie de actuaciones que, en principio, se aceptan cuando las realizan 
empresas con cuotas de mercado limitadas, pueden plantear problemas cuando se 
trata de empresas en posición dominante. Por lo tanto, estas actuaciones han 
de ser objeto de especial atención si se quiere evitar la infracción de lo 
dispuesto en el artículo 86 del Tratado CE. 
2.I.A.§1. p.4 
129 
Se puede ir incluso más allá y afirmar que, en determinadas circunstancias, 
la empresa que se encuentra en una posición dominante está obligada a 
cooperar con sus competidores. Como ya se ha expuesto ^ , la empresa que 
dispone de una infraestructura indispensable ha de permitir," en algunos 
casos, que otras empresas accedan a la misma de forma no discriminatoria, con 
objeto de garantizar una competencia efectiva. Si se optara por cualquier 
otra solución, se estaría manteniendo la situación privilegiada de la empresa 
en posición dominante, lo que frustraría en la práctica cualquier intento de 
acceder al mercado por parte de otras empresas. Por consiguiente, si bien es 
cierto que el artículo 86 del Tratado CE no prohibe la existencia de 
posiciones dominantes, no lo es menos que el concepto de abuso se define de 
forma muy amplia y limita considerablemente los privilegios de la empresa en 
posición dominante. 
Este distinto planteamiento cuando la empresa se encuentra en una posición 
dominante no puede calificarse de discriminatorio. Si se toma en 
consideración la repercusión que este tipo de actuaciones puede tener sobre 
la competencia, resulta innegable que, por su posición de fuerza en el 
mercado, la actuación de la empresa dominante tiene consecuencias de mucho 
mayor alcance que la de una empresa pequeña. Por tanto, resulta justificado 
exigir a la primera una mayor cautela. 
(2) Punto 40 del presente Informe. 
2.I.B.§1. p.l 
130 
<T9> B. Análisis de las decisiones y medidas individuales 
<T3> §1. Creación de empresas en participación y otras formas de cooperación 
214. Los primeros casos de aplicación del nuevo procedimiento de urgencia con 
respecto a empresas en participación de carácter cooperativo han finalizado 
este año. Cabe recordar que, además de las modificaciones introducidas el año 
pasado en determinados reglamentos de exención por categorías, la Comisión 
había declarado que intentaría dar una orientación a las empresas sobre la 
compatibilidad de sus acuerdos con el artículo 85 del Tratado CE en el plazo 
de dos meses a partir de la notificación. En algunos de los asuntos que 
figuran a continuación se ha seguido ya el procedimiento de urgencia. Como ya 
se ha expuesto, se ha aplicado este procedimiento en 25 asuntos'3'. En el 
presente capítulo tan sólo se analizan una parte de los mismos; otros se 
resumen en el anexo III.A.l del presente Informe. 
<T6> Philips-Thomson-Sagem 
215. La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación 
denominada Fiat Panel Display BV (FPD) conforme al artículo 85 del Tratado de 
Roma. Las sociedades matrices de la empresa en participación son Philips 
Electronics N.V., Thomson Consumer Electronics S.A. y Sagem. 
FPD se dedicará al desarrollo, diseño, fabricación y venta de pantallas de 
cristal líquido de matriz activa (AM-LCD). Las AM-LCD se utilizan, entre 
otras cosas, en monitores de televisión, pantallas de proyección para 
consumidores y profesionales y monitores de datos gráficos. 
Las AM-LCD pertenecen a un grupo de tecnologías denominadas pantallas de 
> 
cristal líquido (LCD) que, a su vez, constituyen una de las tecnologías 
alternativas, en varios grados de desarrollo, que se conocen como tecnologías 
de pantalla plana. 
(3) Punto 208 del presente Informe. 
2.I.B.§1. p.2 
131 
FPD será la primera empresa europea con la capacidad necesaria para producir 
series muy grandes de pantallas. Se esperaba que FPD iniciara la producción a 
gran escala este año. FPD contará con sus propios departamentos de 
desarrollo de procesos y productos, instalaciones y personal. Su producción 
se venderá en todo el mundo. 
El capital social de FPD se repartirá entre Philips (80%), Thomson (10%) y 
Sagem (10%). Pese a su participación mayoritaria, Philips no podrá tomar en 
solitario una serie de decisiones estratégicas sin el apoyo de, por lo menos, 
otro de los accionistas. Además, las partes prevén que otras empresas 
adquieran participaciones de FPD. 
El acuerdo de creación de FPD fue notificado inicialmente el 8 de diciembre 
de 1992 de conformidad con el Reglamento sobre control de las operaciones de 
concentración. Sin embargo, en su decisión formal de 18 de enero de 1993, la 
Comisión declaró que FPD no era una operación de concentración en el sentido 
del artículo 3 de dicho Reglamento. Más adelante, y a petición de las partes, 
la notificación inicial se transformó en una notificación conforme al 
artículo 4 del Reglamento n° 17 del Consejo. 
Por consiguiente, la Comisión evaluó la empresa en participación propuesta a 
la luz del artículo 8S del Tratado CE, y llegó a la conclusión de que la 
empresa en participación de carácter cooperativo notificada quedaba 
comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. 
Esta conclusión se apoyaba fundamentalmente en que, dadas las actividades 
restantes de las empresas matrices en el sector de AM-LCD, en materia de LCD 
en general, y en relación con otros tipos de pantallas planas y tubos de 
rayos catódicos (sector en el que Thomson y Philips son importantes 
competidores a escala mundial) , ha de considerarse que dichas empresas son 
competidores potenciales, o incluso reales, entre sí y con respecto a la 
empresa en participación. 
No obstante, la Comisión consideró que, en este caso, se cumplían los 
requisitos para conceder una exención individual a FPD. 
En concreto, la Comisión tuvo en cuenta que la empresa en participación 
permitirá a las empresas matrices desarrollar y mantener en Europa la 
2.I.B.§1. p.3 
132 
producción a gran escala de productos de una tecnología nueva y avanzada, en 
un ámbito en el que la competencia de los proveedores extranjeros 
(principalmente, Japón) es muy fuerte y en el que resulta esencial fabricar 
y comercializar los productos dentro de plazos estrictos, a una escala 
rentable y en el que el marco técnico e industrial es incierto. 
Por otra parte, las pantallas fabricadas por FPD no se venderán al gran 
público, sino a fabricantes de electrónica de consumo, automóviles y equipos 
de telecomunicaciones, quienes las integrarán en grupos de productos ya 
existentes o en otros completamente nuevos, con el fin de ampliar la gama de 
productos que ofrecen a los consumidores. 
Se trata de un factor importante, ya que estos compradores pueden representar 
un contrapeso eficaz con respecto a la empresa en participación. 
Finalmente, la Comisión llegó a la conclusión de que la empresa en 
participación no permitirá a las empresas matrices eliminar la competencia en 
el ámbito de las pantallas, en general, ni en el de las AM-LCD, en 
particular,. Con respecto a estas últimas, puede afirmarse que se incorporará 
una nueva tecnología a la producción en la CE. Lo que es más importante, se 
trata de un mercado de dimensiones mundiales. Por consiguiente, es en este 
contexto en el que ha de considerarse la posición de la empresa en 
participación en la Comunidad. De este modo, puede preverse que la nueva 
entidad no disfrutará de una posición dominante en el mercado. 
Por las razones expuestas y por la urgencia de este asunto, que forma parte 
de un proyecto más amplio que cuenta con el apoyo de la Comisión dentro del 
programa ESPRIT III, se puso fin al procedimiento mediante el envío de una 
carta administrativa a las partes. 
Este importante asunto es uno de los primeros en los que se ha aplicado la 
nueva normativa sobre el tratamiento de las empresas en participación 
estructurales de carácter cooperativo. 
2.I.B.§1. p.4 
133 
<T6> Al en i a-Honeywe11 
216. Con arreglo al nuevo procedimiento de urgencia para el análisis de las 
empresas en participación estructurales de carácter cooperativo, la Comisión 
autorizó también la creación en Italia de una empresa de este tipo entre 
Alenia Spa, empresa italiana especializada en el sector de la aeronáutica, y 
Honeywell INC, empresa estadounidense fabricante de ordenadores, de 
conformidad con el artículo 85 del Tratado de Roma. La nueva empresa, 
denominada Space Controls Alenia-Honeywe11 (SCAH), se dedicará al diseño, 
desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de cuatro productos de control 
espacial con la tecnología de Honeywell. Dichos productos se venderán a 
subcontratistas, quienes los integrarán en subconjuntos. Por último, los 
contratistas principales integrarán los subconjuntos para formar un satélite 
completo. 
El capital social de SCAH corresponderá en un 60% a Alenia y un 40% a 
Honeywell. El consejo de administración de SCAH estará formado por 5 
miembros, 3 designados por Alenia y 2 por Honeywell. Aunque las resoluciones 
sobre las actividades ordinarias de la empresa se adoptarán por mayoría 
simple, se requerirá unanimidad con respecto al plan estratégico y a los 
presupuestos de funcionamiento e I+D. 
Pese a que la empresa en participación presentaba todas las características 
de una empresa normal, la Comisión consideró que las empresas matrices la 
utilizarían como instrumento para lograr una serie de objetivos estratégicos. 
Así, Alenia intensificará su integración vertical como contratista en el 
sector de los satélites, y Honeywell accederá al mercado espacial europeo. 
Por consiguiente, la Comisión evaluó la empresa en participación con arreglo 
al artículo 85 del Tratado CE y llegó a la conclusión de que procedía emitir 
una declaración negativa con respecto a la creación de SCAH, puesto que las 
empresas matrices no son competidores reales ni potenciales éh el sector de 
los satélites, en general, ni en el de los componentes, en particular. Ambas 
empresas operan en distintos niveles del mercado. 
Con todo, la Comisión se opuso a una serie de cláusulas inhibitorias de la 
competencia que surtirán efecto tras la resolución del contrato, y solicitó a 
2.I.B.§1. p.5 134 
las partes que las modificaran o suprimieran. No se trataba de restricciones 
accesorias del acuerdo, puesto que no eran necesarias para llevar a cabo la 
operación. Tras atender las partes a la solicitud de la Comisión, se les 
envió una carta administrativa. 
<T6> International Private Satellite Partners (IPSP) 
217. La Comisión ha enviado una carta de intenciones a las empresas matrices 
de IPSP, empresa en participación bajo la forma de sociedad limitada 
constituida con arreglo al derecho estadounidense. Las empresas matrices de 
IPSP son, por una parte, filiales de sociedades especializadas en la 
fabricación y lanzamiento de satélites y, por otra, filiales de sociedades de 
telecomunicaciones. Los objetivos de IPSP son dos. En primer lugar, ofrece a 
las empresas servicios internacionales de telecomunicaciones con empresas de 
Europa y América del Norte, mediante el empleo centralizado de su propio 
sistema de satélites. En segundo lugar, ofrecerá una gran capacidad de 
transmisión a otras empresas, en la medida en que IPSP y sus socios no 
utilicen plenamente la capacidad de los satélites. 
El desarrollo del primero de estos dos mercados obedece a la necesidad de las 
empresas multinacionales de disponer de medios de telecomunicación rápidos 
entre sus distintas filiales. IPSP únicamente participará en el segundo 
mercado si la demanda de servicios en el primero es más baja de lo previsto. 
En su carta de intenciones, cuyo envío forma parte del nuevo procedimiento de 
urgencia relativo a las empresas en participación estructurales de carácter 
cooperativo, la Comisión informó a las partes de su conclusión inicial, 
conforme a la cual podía concederse una declaración negativa para los 
acuerdos notificados de conformidad con el artículo 85 del Tratado de Roma. A 
continuación, publicó una comunicación con arreglo al apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento n" 17. 
<T6> INTRAX 
218. La Comisión dio vía libre al acuerdo de creación de la empresa en 
participación Intrax B.V., entre PTT Telecom B.V., el organismo público de 
telecomunicaciones de los Países Bajos, y Nederlands Omroepproduktie Bedrijf 
N.V. (NOB), el mayor proveedor neerlandés de servicios de televisión. El 
objetivo de la empresa en participación es prestar servicios de "recogida de 
2.I.B.§1. p.6 
135 
información por satélite" dentro y fuera de los Países Bajos; estos servicios 
requieren la utilización de equipos móviles que permitan una rápida grabación 
audiovisual y la transmisión de señales de televisión vía satélite desde 
lugares aislados no enlazados con la red terrestre. Este asunto se notificó 
antes de que la Comisión introdujera el nuevo procedimiento de urgencia. 
Este asunto ilustra un fenómeno de creciente difusión: la asociación entre 
organismos públicos de telecomunicaciones y empresas externas al sector, para 
desarrollar de forma conjunta actividades comerciales no estrictamente 
vinculadas con las telecomunicaciones. En todos estos asuntos, la Comisión 
debe examinar -además de la compatibilidad de la empresa en participación de 
carácter cooperativo con las normas de competencia- si los derechos 
especiales o exclusivos del organismo de telecomunicaciones en cuestión, que 
continúan existiendo, pueden tener el efecto de situar a la empresa en 
participación en una posición competitiva indebidamente privilegiada. 
En este caso, la Comisión se cercioró de que los proveedores de servicios de 
recogida de información por satélite que desearan competir con Intrax en el 
mercado neerlandés no encontrarían obstáculos considerables para el acceso a 
dicho mercado. 
En los Países Bajos, el enlace ascendente de señales de televisión con 
satélites, actividad tradicionalmente reservada en exclusiva a los 
organismos de telecomunicaciones, se liberalizó en 1991 por lo que 
respecta a la recogida de información por satélite. 
Además, y por lo que atañe a la capacidad de los satélites, PTT Telecom 
ha garantizado a la Comisión que, en su calidad de signatario de los 
consorcios internacionales de utilización de satélites gestionados por 
los organismos de telecomunicaciones, como Eutelsat, dará a Intrax el 
mismo trato que a los demás competidores. 
Aun cuando realicen el enlace ascendente en los Países Bajos, estas 
empresas pueden obtener libremente un segmento espacial en los satélites 
de Eutelsat a través de los demás signatarios, por lo menos en Francia, 
Alemania y Reino Unido. Una tercera alternativa es la de adquirir dicha 
capacidad en satélites independientes que no pertenecen a los consorcios 
gestionados por organismos de telecomunicaciones. 
2.I.B.§1. p.7 
13b 
Fuera de los Países Bajos, Intrax estará sujeta a las mismas 
restricciones operativas relativas al enlace ascendente y a la capacidad 
de satélite que sus competidores. 
Habida cuenta de todo ello, la Comisión publicó su posición favorable a la 
operación en el Diario Oficial, y no recibió observación alguna. Tras 
celebrar consultas con las autoridades nacionales competentes, la Comisión ha 
puesto fin al procedimiento mediante el envío de una carta administrativa 
(equivalente a una declaración negativa). 
2.I.B.§2. p.8 
137 
<T3> §2. Sector de los servicios : 
<T6> CNSD 
219. El 30 de junio de 1993, la Comisión adoptó por primera vez una decisión 
en la que declaraba que la fijación, por parte de una asociación profesional, 
de la tarifa que debían aplicar obligatoriamente sus miembros por los 
servicios prestados constituía una infracción de las normas de competencia 
comunitarias, aun cuando dichas actividades se consideren una profesión 
liberal. 
La Comisión recibió varias denuncias de empresas comunitarias, en las que 
exponían los obstáculos encontrados en Italia para efectuar las operaciones 
de despacho de aduanas. 
Una de las denuncias hacía referencia, entre otras cosas, a la decisión del 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (Consejo Nacional de Agentes 
de Aduanas) de 21 de marzo de 1988, en la que se fijaba la tarifa que debían 
aplicar los agentes por la prestación de servicios vinculados al despacho de 
aduanas. 
En Italia, la actividad profesional de los agentes de aduanas se rige por la 
Ley n 1612 de 22 de diciembre de 1960, así como por varias disposiciones que 
la desarrollan. 
Para ejercer la actividad de agente de aduanas de forma autónoma, es preciso 
obtener una autorización e inscribirse en el registro nacional. La gestión de 
este último corresponde al Consejo Nacional (CNSD), que es quien fija las 
tarifas de los agentes. De este modo, y conforme a las sugerencias de los 
consejos de cada departamento, el Consejo Nacional fijó la tarifa de 21 de 
marzo de 1988, que sustituía a la aprobada el 16 de abril de 1970 y a todos 
los incrementos de esta última realizados entre 1970 y 1988, mediante la 
aplicación de un coeficiente de aumento. 
A continuación figuran las restricciones de la competencia derivadas de la 
decisión del CNSD de 21 de marzo de 1988, que afectaron al mercado de 
servicios prestados por los agentes de aduanas a las empresas importadores y 
exportadoras italianas: 
2.I.B.§2. p.9 
138 
fijación de tarifas mínimas y máximas, con carácter obligatorio, para 
cada una de las operaciones realizadas por los agentes de aduanas; 
establecimiento de modalidades obligatorias de facturación de dicha 
tarifa, como la facturación individual. 
A pesar de que las tarifas fijadas por el CNSD se aprueban a continuación 
mediante decreto ministerial, ello no impide que los actos del CNSD se 
consideren decisiones de empresas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que 
las decisiones por las que se establecen excepciones a la tarifa no requieran 
la aprobación del Ministerio, lo que demuestra que su fijación se hace con 
carácter autónomo. 
La decisión de la Comisión fue recurrida ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 
En la actualidad, la Comisión está analizando la conformidad de la Ley 
italiana N 1612 de 22 de diciembre de 1960 con el Derecho comunitario y, en 
concreto, con el apartado f) del artículo 3 y con el artículo 5, en conexión 
con el artículo 85 del Tratado CE, y ha decidido enviar una carta de 
apercibimiento a la República italiana. Se pretende determinar si esta Ley 
infringe lo dispuesto en el Tratado CE, al obligar al CNSD a celebrar 
acuerdos contrarios a la competencia. 
'i , U7*,S.T , O, 10 
139 
<T3> §3. Sector audiovisual : 
<T6> UER 
220. La Comisión concedió una exención al sistema Eurovisión, gestionado por 
la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85 del Tratado CE. 
La UER es la asociación de los organismos de radiodifusión europeos que 
prestan servicios de interés público. La mayoría de sus miembros son 
entidades públicas de televisión y radio. Aunque también participan en la 
asociación, algunas entidades privadas, han de cumplir una serie de 
obligaciones que reflejan su función de interés público. No pueden ser 
miembros de la asociación las cadenas puramente comerciales. 
El sistema Eurovisión, gestionado por la UER y por sus miembros, consiste en 
el intercambio de programas de televisión -principalmente deportivos- y la 
adquisición en común de derechos de radiodifusión y otros derechos afines. La 
adquisición en común de derechos de radiodifusión de acontecimientos 
deportivos internacionales restringe la libre competencia, dado el poder 
adquisitivo global del que disponen los miembros de la UER durante las 
negociaciones conjuntas. No obstante, este sistema aporta una serie de 
ventajas -como la racionalización y la reducción de los costes- que permiten 
a sus miembros, sobre todo a los de países pequeños, transmitir un mayor 
número de programas deportivos de calidad superior. Además, la cooperación 
entre los miembros facilita la radiodifusión transfronteriza, lo que 
contribuye al desarrollo de un auténtico mercado europeo de la radiodifusión. 
Los miembros de la UER aceptaron también permitir a los no integrantes de la 
misma el acceso mediante contrato a los programas deportivos en cuestión, 
conforme al nuevo sistema de reglas presentado a la Comisión el 26 de febrero 
de 1993. Dichas reglas permiten el acceso de estas entidades no sólo a las 
transmisiones en diferido y de partes de programas, sino también a la 
transmisión en directo de partes de acontecimientos deportivos que los 
miembros de la UER no retransmitan en directo. A petición de la Comisión, se 
han introducido bastantes mejoras en dichas reglas, cuya versión anterior 
había sido criticada por las entidades perjudicadas. De este modo, se ha 
facilitado el acceso de los terceros. 
2.I.B.§3. p.11 
140 
<T6> AUDITEL 
221. El 24 de noviembre de 1993, la Comisión adoptó una decisión en la que 
declaraba incompatible con las normas de competencia comunitarias el convenio 
celebrado entre los socios de Auditel, en el que se comprometían a utilizar 
exclusivamente los datos sobre audiencia televisiva en Italia suministrados 
por dicha sociedad. 
La decisión hacía referencia a la notificación, presentada por la sociedad 
S.R.L. Auditel, del sistema creado por dicha empresa en Italia para la 
recogida y difusión de datos sobre audiencia televisiva. 
Los accionistas de S.R.L. Auditel se dividen en tres grupos: 
la cadena de televisión pública, 
las cadenas de televisión privadas, y 
las asociaciones de los siguientes operadores: anunciantes, 
agencias de publicidad, organizaciones de técnica publicitaria y 
agencias especializadas en medios publicitarios. 
Los dos primeros grupos se harían cargo de los gastos de la operación. 
La cláusula 11 del convenio de constitución de Auditel establecía que, en sus 
actividades, los socios se comprometían, en lo que respecta a la medición de 
los índices de audiencia (índices para un período de tiempo determinado), a 
utilizar exclusivamente los datos de Auditel, con el único objetivo de evitar 
polémicas sobre audiencia y perturbaciones en la información que proporcionan 
al público la prensa, la radio o la televisión. 
En la práctica, el objetivo de la cláusula 11 era evitar una guerra de 
índices de audiencia entre las principales cadenas de televisión italianas. 
Este acuerdo constituye una restricción de la competencia, pues suprime la 
libertad de los miembros de utilizar datos de otra procedencia. Los usuarios 
de la publicidad y los operadores se basan precisamente en estos datos a la 
hora de decidir el importe de su presupuesto publicitario, su distribución 
> 
entre los distintos medios y la elección entre medios del mismo tipo. 
Así, se denegó la exención solicitada, por considerarse que la restricción 
que imponía la cláusula 11 no era imprescindible y suprimía por completo la 
competencia a este respecto. Poco antes de la adopción de esta decisión, 
S.R.L. Auditel suprimió la cláusula 11 del convenio. 
2.I.B.§4. p.12 
141 
<T3> §4. Sector de la energía 
<T6> Electricidade de Portugal/Proyecto Pego 
222. El 26 de enero de 1993, Electricidade de Portugal S.A. (EDP) notificó a 
la Comisión una serie de acuerdos celebrados en 1992 entre EDP, National 
Power PLC, Electricité de France y Empresa Nacional de Electricidad, S.A. y 
sus respectivas filiales, relativos a la adquisición y explotación de una 
central técnica de carbón en Pego. 
La notificación se refería a un proyecto de adquisición y explotación 
-conforme al sistema de construcción, propiedad, explotación y cesión- de una 
central térmica de carbón (formada por dos unidades) en Pego, Portugal; la 
empresa de generación, controlada conjuntamente por National Power PLC (Reino 
Unido), Electricité de France, Empresa Nacional de Electricidad S.A. (España) 
y Electricidade de Portugal S.A., se comprometía a adquirir el proyecto de 
EDP y suministrarle energía de las unidades 1 y 2. 
Se prevé que la central tendrá una capacidad instalada de 614 megawatios y 
que cada una de las unidades tendrá una capacidad de 307 megawatios. La 
selección de la empresa de generación se ha efectuado mediante licitación 
internacional. 
Tras examinar los acuerdos notificados, la Comisión informó a las partes en 
marzo de 1993 de que consideraba inaceptable la cláusula de suministro 
exclusivo durante 28 años, puesto que durante todo el período de vigencia de 
los contratos la empresa de generación no podría suministrar electricidad a 
consumidores distintos de EDP en Portugal y en otros Estados miembros. Como 
consecuencia del intercambio de opiniones que siguió a dicha carta, EDP 
propuso modificaciones sustanciales y se comprometió a llevarlas a la 
práctica. 
Las principales modificaciones eran las siguientes: 
la capacidad y la producción de la central eléctrica se ofrecerán en 
exclusiva a EDP durante los 15 primeros años; 
2.I.B.§4. p.13 
142 
durante los 13 años restantes, se seguirá un sistema de "preferencia", 
en virtud del cual la empresa de generación podrá vender a terceros, 
fuera del sistema de franquicia, si dispone de un exceso de capacidad 
que no necesita la red. Conforme a este sistema, la empresa de 
generación competirá con la red para buscar otros mercados (ya sea 
dentro del sistema libre portugués o en otro Estado miembro). 
El 30 de septiembre de 1993, la Comisión publicó una Comunicación con arreglo 
al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento N 17 del Consejo, en la que 
anunciaba que, habida cuenta de estas modificaciones y de la evolución 
prevista de las condiciones de suministro eléctrico en Portugal como 
consecuencia de los decretos leyes 99/91 y 7/91, la Comisión tenía la 
intención de adoptar una decisión favorable con respecto a dichos acuerdos. 
No se recibieron observaciones de terceros. 
Tras el examen llevado a cabo por la Dirección General de Competencia de la 
Comisión, se llegó a la conclusión de que la concesión de una exención por la 
Comisión de conformidad con el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE 
estaba justificada, dadas las modificaciones sustanciales introducidas por 
las partes en los acuerdos notificados inicialmente y las posibilidades 
jurídicas para introducir la competencia en el sector de la energía creadas 
por el nuevo régimen vigente en Portugal en esta materia (decretos leyes 
99/91 y 7/91). 
Los acuerdos son el reflejo de la política portuguesa de abrir a la 
competencia el sector de la generación de electricidad, mediante un proceso 
de convocatoria de ofertas. 
En el nuevo régimen jurídico se distinguen dos tipos de sistemas de 
suministro de electricidad: el que abastece al mercado de franquicia y el que 
abastece al mercado libre. 
Los clientes en franquicia (que pueden comprar electricidad de una única 
fuente) se diferenciarán de los clientes del mercado libre (que pueden 
comprar de cualquier fuente disponible) a través de un umbral de consumo de 
electricidad. 
2.I.B.§4. p.14 
143 
En el actual sistema de franquicias, EDP (que tiene una obligación de 
servicio público) desempeña las funciones de generación, transmisión, 
distribución y suministro. Conforme a los acuerdos Pego, la empresa de 
generación se integrará plenamente en el sistema de franquicia. 
El sistema de mercado libre, que prevé el libre acceso a los sistemas de 
transmisión y distribución, se encuentra en fase de desarrollo. Desde la 
aprobación del Decreto Ley 99/91, en el que se establecían las líneas 
generales de la futura organización del sector de la electricidad en 
Portugal, una serie de pequeños productores y autoproductores han conseguido 
obtener una cuota de mercado total* de cerca del 5%. A muy largo plazo, se 
espera que el sistema de mercado libre cubra del 20% al 25% del mercado. La 
posibilidad de crear este sistema se hará realidad sobre todo cuando otros 
productores puedan producir energía más barata que EDP. 
Cabe señalar que los clientes tendrán plena libertad para dejar un sistema y 
acceder a otro. Al principio, sólo los principales consumidores podrán 
pasarse del sistema existente al de mercado libre. Las empresas de 
distribución podrán comprar una parte de sus necesidades (en principio, del 
10% al 15%) en el sistema libre. Asimismo, los generadores podrán construir 
sus propias líneas de transmisión. Este sistema ofrece condiciones de 
competencia tanto en la generación como en el suministro de electricidad. Los 
clientes del mercado libre podrán contratar libremente sus necesidades de 
electricidad con distintos generadores o con otros proveedores que puedan 
competir por su clientela. Además, estos clientes tendrán la posibilidad de 
acceder de modo abierto y transparente a las redes existentes de transmisión 
y distribución. 
Conforme al sistema de "preferencia" previsto en el acuerdo, una vez 
transcurrido los 15 primeros años y durante los 13 restantes, la empresa de 
generación podrá suministrar electricidad a consumidores distintos de EDP, 
tanto en Portugal como en otros Estados miembros. 
La notificación examinada se tramitó mediante carta administrativa, ya que se 
consideraron cumplidos los requisitos del apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado CE. 
2.I.B.§4. p.15 
144 
<T6> Acuerdo de colaboración logística entre REPSOL y BPMED 
en las Islas Canarias 
El 14 de abril de 1993, la Comisión concedió una exención mediante carta 
administrativa al acuerdo notificado por REPSOL S.A. y BPMED S.A. el 2 de 
marzo de 1993, relativo a la explotación conjunta por ambas empresas de 
instalaciones logísticas destinadas al almacenamiento y manipulación de 
productos petrolíferos. A través de la nueva empresa, Terminales 
Canarios S.A., controlada conjuntamente por REPSOL S.A. y BPMED S.A. al 50%, 
se ofrecen nuevos medios de almacenamiento y transporte de productos 
petrolíferos en las Islas Canarias, no solamente para las dos empresas 
citadas, sino también para terceras empresas. 
Dadas las peculiaridades de este mercado, abastecido casi exclusivamente por 
la única refinería que existe en las Islas Canarias, la Comisión consideró 
que este acuerdo favorecía la presencia de nuevos operadores, al aumentar las 
instalaciones logísticas disponibles y, sobre todo, la importación de 
productos petrolíferos de la península y de otros Estados miembros. 
2.I.B.§4. p.16 
145 
<T6> Disma 
223. En virtud de un acuerdo entre determinadas empresas petrolíferas y la 
sociedad gestora del aeropuerto de Milán Malpensa, se creó una empresa en 
participación, DISMA, encargada de la instalación y puesta en marcha de 
equipos de almacenamiento y transporte de carburante a los puntos de 
suministro en el nuevo aeropuerto. Con objeto de garantizar el acceso no 
discriminatorio de otras empresas petrolíferas a este mercado, la Comisión 
exigió y logró que se introdujeran determinadas modificaciones. 
En el acuerdo se prevé la creación, en el aeropuerto, de una nueva 
instalación fija para el abastecimiento de los aviones, que estará formada, 
fundamentalmente, por un depósito de carburante y lubricante directamente 
conectado por tuberías subterráneas a los puntos de suministro. Este sistema 
permite transportar el carburante directamente del depósito a los aviones, a 
través de conexiones especiales instaladas a tal fin y de aparatos de bombeo, 
sin que sea preciso recurrir a los tradicionales camiones cisterna. Una vez 
instalado, este equipo será el único medio para repostar a disposición de las 
líneas aéreas en el nuevo aeropuerto de Milán Malpensa. 
224. En un primer momento, la Comisión observó que las características 
tecnológicas de las instalaciones de Disma permitirían almacenar y 
transportar carburante con una serie de ventajas desde el punto de vista de 
la legislación comunitaria sobre medio ambiente, en particular, en lo 
relativo al tráfico y a la contaminación atmosférica. Además, estas ventajas 
no redundan únicamente en beneficio de las empresas petrolíferas, sino 
también en el de las compañías aéreas y sus usuarios. 
Con todo, la versión inicial de los acuerdos notificada a la Comisión 
contenía una serie de cláusulas que impedían a las compañías petrolíferas que 
no fueran miembros de DISMA acceder en condiciones no discriminatorias a los 
servicios de la empresa en participación. Por una parte, existían obstáculos 
casi insuperables que impedían en la práctica la cesión de participaciones de 
DISMA a terceros, lo que imposibilitaba su acceso al mercado; por otra parte, 
los miembros fundadores habían convenido en fijar tarifas bastante más 
elevadas para los terceros. De este modo, los usuarios de las instalaciones y 
servicios de DISMA que no eran miembros de ésta se veían obligados a aceptar 
condiciones no equitativas por prestaciones equivalentes, lo que les situaba 
en una posición de desventaja competitiva. 
2.I.B.§4. p.17 
146 
Habida cuenta de todo ello y de la importancia creciente que tendrá el 
aeropuerto de Milán Malpensa para el transporte aéreo en la Comunidad 
Europea, materia que está siendo objeto de una liberalización progresiva, la 
Comisión inició un procedimiento dirigido a eliminar estos obstáculos de 
acceso no justificados y garantizar la neutralidad y la igualdad de trato 
entre los usuarios de las instalaciones de DISMA, puesto que todas las 
compañías petrolíferas, sean o no miembros de la empresa en participación, 
han de utilizar dichas instalaciones para abastecer a sus clientes. A 
continuación, los miembros de DISMA propusieron un baremo único de precios, 
con tarifas decrecientes en función del volumen de carburante. La 
degresividad del baremo puede justificarse por la existencia de costes fijos 
vinculados a las prestaciones a cada cliente. 
Por último, las partes aceptaron facilitar la participación de terceras 
empresas en el capital de DISMA, en cuanto entre en funcionamiento el sistema 
estático para repostar del aeropuerto de Milán Malpensa. 
Tras llegar a la conclusión de que los acuerdos relativos a la empresa en 
participación DISMA son ya compatibles con el mercado común, la Comisión 
adoptó una postura favorable frente a los mismos y puso fin al procedimiento 
mediante carta administrativa equivalente a una exención. 
2.I.B.§4. p.18 
147 
<T6> Texaco Ltd 
225. TEXACO LIMITED notificó en noviembre de 1992 un acuerdo de creación de 
un sistema de franquicia para la explotación de gasolineras. La empresa 
solicitaba una declaración de conformidad con el Reglamento (CE) 
N 4087/88/CEE, en la que se concediera una exención por categorías de 
acuerdos de franquicia a los contratos celebrados con los encargados de la 
gestión de las gasolineras y de los establecimientos integrados en la mismas. 
El objetivo de TEXACO no era únicamente vender el combustible y los productos 
petrolíferos comercializados con su nombre, en cuyo caso habría sido de 
aplicación el Reglamento (CEE) N 1984/83/CEE, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos 
de compra en exclusiva. TEXACO pretendía también organizar una red de 
gasolineras y tiendas de productos alimenticios, tabaco, prensa y artículos 
relacionados con los automóviles, mediante la utilización de un nombre común 
y una presentación uniforme de los establecimientos, lo que incluía también 
la prestación de conocimientos técnicos específicos y asistencia comercial y 
técnica. 
La Comisión consideró que los contratos examinados cumplían todos los 
requisitos establecidos en el artículo 1 del Reglamento N 4087/88/CEE. En 
dichos contratos se estipulaba la obligación de utilizar un nombre o 
distintivo común, la disposición uniforme de los establecimientos y la cesión 
por parte del franquiciador al franquiciado de conocimientos técnicos 
importantes, lo que incluía la formación y la información necesarias sobre 
dirección, gestión administrativa y financiera, promoción, almacenamiento y 
presentación de los productos a los consumidores. Por otra parte, la 
obligación de vender únicamente combustible de marca TEXACO estipulada en los 
contratos se ajusta a los criterios establecidos en el Reglamento para la 
concesión de la exención. 
Por lo que se refiere a las tiendas, la Comisión aceptó la obligación de los 
franquiciados de disponer en todo momento de determinados productos de marca 
conforme a la lista elaborada por TEXACO. Para cada categoría de productos en 
venta, el franquiciado está obligado a ofrecer el producto de la marca 
designada por TEXACO, pero queda en libertad de ofrecer otros productos 
competidores, siempre que cumplan unos criterios mínimos de calidad. El 
2.I.B.§4. p.19 
148 
franquiciador puede exigir que se reserve una parte de los estantes de la 
tienda a la exposición de los productos de marca. 
Además, TEXACO creó un sistema de compra centralizada de estos productos, 
conforme al cual esta empresa negocia las condiciones de compra con los 
fabricantes y los mayoristas e informa de quiénes ofrecen las condiciones más 
ventajosas. Es evidente que la compañía petrolífera puede obtener condiciones 
de compra mucho más favorables que las que podría lograr cada franquiciado 
por su cuenta. Si éstos deciden participar en el sistema, están obligados a 
adquirir todos los productos seleccionados de los proveedores designados por 
TEXACO. No obstante, quedan en libertad de adquirir los demás productos de 
otros proveedores de su elección. 
Tras varias conversaciones con la Comisión, TEXACO precisó que este sistema 
de compra era optativo y que no se vinculaba de forma automática al contrato 
de franquicia. Se trata de un sistema que ofrece una serie de ventajas, como 
bonificaciones y descuentos, pero el franquiciado puede optar en todo momento 
por participar en el mismo o por abandonarlo. 
Tras estas precisiones, la Comisión llegó a la conclusión de que el acuerdo 
notificado por TEXACO, incluidas las cláusulas relativas a la distribución de 
combustible, se ajustaba a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) N 4087/88/CEE. 
2.I.B.§4. p.20 149 
<T6> Acuerdos sobre gasolineras en España 
226. Por lo que respecta a la aplicación del Reglamento n° 1984/83 (relativo 
a los contratos de compra en exclusiva) a las gasolineras, la Comisión ha 
aclarado en varias ocasiones determinados aspectos relativos al alcance de 
esta exención y, sobre todo, a las restricciones de la competencia que 
constituyen un obstáculo para su aplicación. 
En el caso concreto de la reciente desaparición del monopolio petrolífero 
español^ , la Comisión examinó las relaciones contractuales entre las 
refinerías españolas y los distribuidores de la antigua red del monopolio, 
negociadas cuando dicha red estaba reservada por imperativo legal a los 
productos de las refinerías españolas. Se trata de contratos de 
abastecimiento en exclusiva con una duración de 10 años a partir de la fecha 
de desaparición del monopolio. 
La Comisión consideró que estos contratos no eran compatibles con el 
Reglamento (CEE) n° 1984/83, ya que, dada la dependencia jurídica y económica 
de los distribuidores, la fijación de una fecha de entrada en vigor de los 
contratos distinta del momento de la firma equivalía en la práctica a una 
duración indeterminada o superior al límite de diez años contemplado en el 
Reglamento. La Comisión se oponía también a que la exclusiva del 
abastecimiento abarcara no solamente el combustible, sino también los 
lubricantes vendidos en las gasolineras. 
Las refinerías españolas se declararon dispuestas a modificar los contratos 
para hacerlos compatibles con el Reglamento mencionado y, a tal fin, 
estipularon que la exclusiva de diez años comenzará en el momento de la firma 
del contrato y se referirá únicamente al combustible para automóviles, salvo 
que el proveedor haya puesto a disposición del distribuidor una instalación 
de engrasado. Habida cuenta de todo ello, la Comisión decidió archivar este 
asunto mediante carta administrativa equivalente a una exención. 
(4) Punto 362 del presente Informe 
2.I.B.§4. p.21 150 
<T6> Acuerdos sobre gasolineras en las Islas Canarias 
226bis. Como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación de 
distribuidores de productos derivados del petróleo de las Islas Canarias 
contra Texaco Petrolífera S.A., en la que se ponía en tela de juicio la 
compatibilidad de los contratos en exclusiva firmados por esta empresa en las 
Islas Canarias con las normas comunitarias aplicables(5', la Comisión envió 
un pliego de cargos a Texaco Petrolífera S.A. el 23 de diciembre de 1991. En 
opinión de la Comisión, los acuerdos de exclusiva celebrados por esta empresa 
con los propietarios de gasolineras en las Islas Canarias constituían una 
infracción de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, 
ya que determinadas cláusulas (como las relativas a la duración y alcance de 
la exclusiva de venta de combustible para automóviles y los mecanismos de 
fijación del precio de venta al público de los " productos) excedían los 
límites fijados en el Reglamento (CEE) n° 1984/83. 
El 28 de enero de 1992, Texaco Petrolífera S.A. respondió al pliego de cargos 
de la Comisión. 
Al mismo tiempo, la Comisión dirigió solicitudes de información, con arreglo 
al artículo 11 del Reglamento n° 17 del Consejo de 6 de febrero de 1962 ^^ , 
a todas las compañías petrolíferas que habían celebrado contratos en 
exclusiva con distribuidores de las Islas Canarias semejantes a los de Texaco 
Petrolífera S.A. Era el caso de las empresas Shell España S.A., Distribuidora 
Industrial S.A. (DISA) y Mobil Oil España S.A. 
Como consecuencia de la intervención de la Comisión en este asunto, tanto 
Texaco Petrolífera S.A. como las demás compañías que habían celebrado tales 
contratos se declararon dispuestas a adaptarlos a las normas comunitarias 
aplicables. Para ello, dichas compañías propusieron (y los distribuidores lo 
aceptaron) firmar anexos de los contratos en los que se modificaran las 
cláusulas rechazadas por la Comisión. 
(5) Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión de 22.06.1983, relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas 
categorías de acuerdos de compra en exclusiva. 
(6) Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, 
modificado y completado por los Reglamentos n" 59, 118/63 CEE y 
2822/71 CEE. 
2.I.B.§4. p.22 
15 1 
El 8 de febrero de 1993 se decidió archivar este asunto, dado que la mayoría 
de los distribuidores interesados habían firmado dichos anexos y expresado 
así su voluntad de continuar sus relaciones comerciales con la compañía de su 
elección durante un período no superior a diez años y en las condiciones 
previstas en el Reglamento 1984/83. En vista de esta situación, no era 
necesario seguir examinando este asunto a escala comunitaria, por lo que las 
autoridades nacionales competentes decidieron tramitar ellas mismas la 
denuncia. 
Por lo tanto, serán las autoridades españolas en materia de competencia 
quienes analizarán la situación dé los distribuidores que rechazaron la 
prórroga de los contratos propuestos por las compañías. Habida cuenta de la 
aplicabilidad directa del apartado 1 del artículo 85, el denunciante puede 
plantear ante los tribunales nacionales los problemas de compatibilidad con 
el derecho comunitario de los contratos en exclusiva no susceptibles de 
exención en virtud del Reglamento (CEE) n° 1984/83. Este asunto representa un 
ejemplo práctico de la política de subsidiariedad y descentralización seguida 
por la Comisión. 
2.I.B.§5. p.23 
152 
<T3> §5. Sector del automóvil 
<T6> Acuerdos de cooperación entre Peugot y FIAT 
a través de la filial común SEVEL 
227. La Comisión continuó examinado los acuerdos celebrados por FIAT y 
PEUGEOT para la producción conjunta de vehículos destinados a segmentos 
concretos del mercado automovilístico. Los acuerdos hacen referencia a la 
construcción de tres tipos de vehículos por parte de dos filiales comunes. 
SEVEL Val di Sangro fabrica vehículos industriales medianos, mientras que 
SEVEL NORD fabrica vehículos industriales ligeros y polivalentes. 
Los vehículos industriales medianos son el resultado de la cooperación 
inicial derivada del acuerdo celebrado el 29 de junio de 1978, relativo a la 
fabricación de los vehículos J5 Peugeot, C2 5 Citroën y Ducato Fiat. No 
obstante, cada una de las partes realizaba de forma independiente la 
distribución de dichos vehículos. La Comisión autorizó este acuerdo mediante 
carta administrativa, pues tenía por objeto fomentar la investigación y el 
desarrollo de un nuevo producto. A continuación se celebró un segundo 
acuerdo, con el fin de permitir a las empresas sustituir dichos vehículos por 
productos nuevos, mejor adaptados a la evolución del mercado. La Comisión 
tiene la intención de autorizar la ampliación de la cooperación a los nuevos 
productos mediante decisión formal, que incluirá en todo caso varias 
condiciones para garantizar una auténtica competencia entre FIAT y PEUGEOT en 
la distribución de estos vehículos en todo el mercado común. La Comisión ya 
ha publicado una comunicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, con el fin de conocer la opinión de los círculos interesados. 
Por otra parte, la fabricación en común de vehículos polivalentes y vehículos 
industriales ligeros constituye un nuevo ámbito de cooperación que ha sido 
objeto de un acuerdo más reciente. Dicha cooperación se refiere tanto al 
chasis, adaptable a todos los modelos, como a los motores de estos vehículos 
y a su carrocería. Tras un análisis en profundidad de la notificación, 
presentada a todos los efectos necesarios por ambas sociedades matrices, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que este acuerdo puede acogerse a lo 
dispuesto en el Reglamento N 418/85 que, de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 85 del Tratado CE, declara exentos determinados acuerdos de 
investigación y desarrollo en común. Por lo tanto, las dos empresas podrán 
continuar con la investigación iniciada en común y encargar a SEVEL NORD la 
fabricación de los vehículos. 
2.I.B.§6. p.24 
153 
<T6> Grupo Rover 
228. Entre 1986 y 1990, el Grupo Rover aplicó en el Reino Unido un sistema de 
fijación de limites máximos a los descuentos que podían ofrecerse a los 
clientes en relación con algunos de sus modelos. Los concesionarios oficiales 
Rover podían aplicar el margen habitual del 15%, pero se suprimía el otro 
margen del 2% (pagado por cumplimiento de las normas sobre concesionarios) en 
caso de que un concesionario concediera descuentos superiores a un 
determinado nivel. Esta práctica era claramente contraria a las normas de 
competencia comunitaria, puesto que restringía la competencia de precios 
entre concesionarios. 
La dirección de Rover puso fin a esta práctica, y, a continuación, notificó 
las modificaciones introducidas a la Oficina de Defensa de la Competencia del 
Reino Unido y a la Comisión. Para remediar esta situación, Rover informó a 
sus concesionarios de que se abandonaba la anterior política de descuentos. 
Además, se comprometió a reembolsarles cualquier margen que les hubiera sido 
retenido. Por último, y tras consultarlo con la Comisión, Rover se 
comprometió a aportar 1 millón de libras esterlinas para la financiación de 
dos proyectos en beneficio de los compradores de vehículos de motor en el 
Reino Unido. Ello no impide a los clientes individuales exigir una 
compensación de Rover o de cualquiera de sus concesionarios, como tampoco 
impide a las autoridades nacionales del Reino Unido adoptar las medidas 
pertinentes conforme a la legislación nacional. 
En vista de todo ello, la Comisión no tiene la intención de iniciar un 
procedimiento formal en este asunto. 
2.I.B.§5. p.25 
154 
<T6> La Comisión clarifica el sistema de distribución de piezas de 
repuesto de automóviles del grupo FIAT en Italia 
229. Como consecuencia de la denuncia presentada por CICRA (Asociación 
italiana de constructores de piezas de repuesto y accesorios), la Comisión se 
dirigió a FIAT Auto para persuadir a la empresa de que modificara su sistema 
de distribución de piezas de repuesto de vehículos en Italia. 
Conforme a la legislación italiana, los fabricantes de automóviles pueden 
adquirir el monopolio legal de las piezas de repuesto de carrocería si 
solicitan su registro como diseños industriales. FIAT Auto hizo uso de esta 
posibilidad, por lo que legalmente era la única empresa que podía suministrar 
determinadas piezas de repuesto. Por otra parte, los descuentos autorizados a 
los distribuidores de repuestos de todos los productos FIAT estaban 
estrechamente vinculados a los descuentos concedidos con respecto a las 
piezas comprendidas en el monopolio legal. Además, dichos descuentos 
dependían también de un umbral de compras aceptado por cada distribuidor. 
Junto a la red de distribución de automóviles, organizada de conformidad con 
el Reglamento N 123/85 de la Comisión, FIAT había creado un sistema de 
distribución en exclusiva formado por 315 concesionarios especializados en la 
distribución de piezas de repuesto. De este modo, la empresa superó los 
límites de un sistema homogéneo de distribución exclusivo y selectivo y 
perdió la posibilidad de acogerse a la exención contemplada en dicho 
Reglamento, por lo menos por lo que respecta a las piezas de repuesto. Este 
Reglamento de exención por categorías no contempla la distribución de piezas 
de repuesto, salvo cuando se vincula a la distribución de automóviles. 
Tras la intervención de la Comisión, FIAT decidió modificar a partir del 1 de 
enero de 1994 su sistema de descuentos, para ajustarlos a las normas de 
competencia. En concreto, la empresa dejará de aplicar el descuento'calculado 
para disuadir a los concesionarios de vender a clientes que no pertenecen a 
su zona, suprimirá el límite mínimo de 99 millones de liras italianas que 
debía alcanzarse para obtener determinados descuentos y desvinculará por 
completo los descuentos concedidos por las piezas protegidas por un derecho 
de diseño industrial y los previstos para las demás piezas de repuesto. 
Estos descuentos surtían el efecto de limitar las posibilidades de terceros 
de acceder al mercado de repuestos de FIAT. 
2.I.B.§5. p.26 
155 
Además, FIAT decidió abandonar la red de distribuidores especializados en la 
venta de piezas de repuesto. Estos distribuidores eran aproximadamente 750 en 
Italia, de los cuales 315 habían obtenido la denominación de "distribuidor 
autorizado FIAT", tras aceptar vincularse al fabricante mediante un contrato 
de concesión en exclusiva denominado "CSR". Dado el elevado número de 
contratos, la Comisión concedió a FIAT un plazo de cinco años para rescindir 
aquellos que lleguen a su fecha de expiración. Esta nueva política de FIAT 
supone un avance hacia un aumento de la competencia en el mercado de piezas 
de repuesto, ya que a partir de ahora los fabricantes independientes de 
piezas de repuesto podrán acceder a una clientela de distribuidores que hasta 
ahora estaba fuera de su alcance. 
2.I.B.§6. p.27 
i bo 
<T3> §6. Sector de los transportes 
<T5> a) Transporte marítimo 
<T6> Conferencia del África Oriental 
230. En septiembre de 1993, la Comisión archivó el procedimiento iniciado en 
1991 contra la Conferencia marítima que efectúa el tráfico entre Europa y 
África Oriental (EAC) y las compañías marítimas que la integran, en relación 
con la duración del plazo de preaviso estipulado para retirarse de la 
conferencia. 
La Comisión intervino en este asunto como consecuencia de la denuncia 
presentada en junio de 1989 por la Compagnie maritime belge (CMB) contra la 
EAC, porque le obstaculizaba la creación de un servicio no integrado en la 
conferencia. El origen del litigio entre las partes se remonta al momento en 
que CMB decidió suspender el servicio en cuestión como miembro de la 
conferencia y continuar prestándolo fuera de la misma, mediante la oferta de 
un nuevo servicio de línea regular que competía directamente con el de la 
EAC. 
La EAC entabló diversas acciones judiciales, así como un procedimiento de 
arbitraje, para impedir la puesta en funcionamiento de este servicio antes 
del 31 de diciembre de 1990, fecha en la que consideraba que el preaviso 
efectuado por la CMB liberaría a esta compañía de las diversas obligaciones y 
restricciones geográficas de transporte estipuladas en el acuerdo de 
conferencia. 
CMB alegaba que la cláusula del acuerdo de conferencia relativa a la duración 
del preaviso para retirarse de la misma no podía acogerse a la exención por 
categorías concedida a las conferencias marítimas^7'. La duración mínima 
estipulada en dicha cláusula era de doce meses, y la expiración tenía que 
coincidir con el final de un año natural. 
(7) Artículo 3 del Reglamento n° 4056/86 del Consejo, DO L 378 de 
31.12.1985. 
2.I.B.§6. p.28 
157 
La Comisión observó que el preaviso establecido podía limitar, durante un 
período de hasta dos años menos un día, la libertad de acción de las 
compañías pertenecientes a la conferencia que desearan retirarse de la misma 
para ofrecer un servicio como agente externo. 
La Comisión aceptó que la exigencia de un plazo de preaviso para retirarse de 
una conferencia constituye una cláusula habitual, puesto que las conferencias 
establecen cierta cooperación de horarios y capacidad que puede resultar 
alterada por la retirada de uno de sus miembros. Sin embargo, en este caso 
concreto, la Comisión consideró que la duración del plazo de preaviso 
estipulada en el acuerdo de conferencia era excesiva y constituía una 
restricción de la competencia que no cumplía los requisitos para acogerse a 
la exención por categorías concedida a las conferencias marítimas o a una 
exención individual. Por consiguiente, dicha cláusula era nula de pleno 
derecho en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 85 del 
Tratado CEE. 
231. En opinión de la Comisión, las cláusulas sobre preaviso en los acuerdos 
de conferencia están estrechamente vinculadas a la existencia de una 
competencia efectiva fuera de la misma, ejercida por empresas ajenas a la 
conferencia (los "outsiders" u operadores externos), competencia que 
constituye el contrapeso de la exención por categorías concedida a las 
conferencias marítimas. La Comisión considera que su obligación es velar por 
que las actividades de los operadores externos no se vean obstaculizadas por 
prácticas restrictivas de conferencias marítimas acogidas a la exención, así 
como garantizar que las compañías integradas en una conferencia puedan 
convertirse, en un plazo razonable, en operadores externos de servicios que 
compitan directamente con los de la conferencia. 
La Comisión considera que el plazo de preaviso que ha de observar un miembro 
para retirarse de una conferencia sin sanción alguna no debería exceder de 
seis meses, o incluso de un plazo inferior en algunos casos, y que el 
preaviso ha de poder darse en todo momento. 
La EAC modificó su acuerdo de conferencia en la dirección señalada por la 
Comisión, por lo que ésta decidió archivar el procedimiento sin adoptar una 
decisión formal. 
2.I.B.§6. p.29 
153 
<T6> Acuerdo Transatlántico 
232. Prácticamente todas las líneas marítimas que prestan servicios entre 
Europa y Estados Unidos son partes en este acuerdo, cuyo objetivo es congelar 
la capacidad en dichas rutas. 
Según las líneas marítimas, este tráfico se ha caracterizado en los dos 
últimos años por el exceso de capacidad y las graves pérdidas registradas por 
la mayoría de sus miembros. 
El acuerdo entró en vigor el 31 de agosto de 1992, y permite a los miembros 
del TAA fijar precios en común, tanto en relación con el sector del 
transporte marítimo como para el segmento del transporte fluvial. Además, el 
TAA establece un programa de gestión de la capacidad de los miembros que les 
permite reducir en un 25% la capacidad ofrecida anteriormente a los 
transportistas, al no utilizar parte del espacio disponible en los barcos. 
Este programa se aplica únicamente en las rutas hacia el oeste, por lo que 
afecta fundamentalmente a las exportaciones comunitarias a Estados Unidos. 
La Comisión ha recibido numerosas denuncias de transportistas (usuarios del 
transporte) en relación con este acuerdo. Cuando los miembros del TAA 
anunciaron un incremento considerable de las tarifas para 1993 (entre el 30% 
y el 100%), las asociaciones de transportistas británicos y franceses 
solicitaron a la Comisión la adopción de medidas cautelares consistentes en 
la suspensión de la aplicación del acuerdo. 
El 14 de abril de 1993, la Comisión remitió a los miembros del TAA un pliego 
de cargos con vistas a adoptar medidas cautelares como la suspensión del 
acuerdo. La respuesta escrita del TAA y la audiencia administrativa pusieron 
de manifiesto que el perjuicio grave e irreparable sufrido por los 
denunciantes no era de la suficiente entidad para justificar esta decisión. 
El 10 de diciembre de 1993, la Comisión envío a los miembros del TAA un 
pliego de cargos sobre el fondo del asunto, con vistas a la prohibición del 
acuerdo. Dicho pliego se basa en presuntas infracciones de los artículos 85 y 
86 del Tratado CE. 
2.I.B.§6. p.30 
159 
<T6> Irish Club Rules 
233. La Comisión recibió una solicitud de exención individual con arreglo al 
artículo 12 del Reglamento n° 4056/86 con respecto a un acuerdo sobre 
consultas, denominado "the Irish Club Rules", celebrado por seis compañías 
marítimas europeas de dimensiones pequeñas y medianas a escala mundial que 
prestan servicios de línea para el transporte de mercancías entre la Europa 
continental, por una parte, e Irlanda e Irlanda del Norte, por la otra. 
Conforme a las partes, este acuerdo no constituye un acuerdo de conferencia 
ni un consorcio. 
Dentro del procedimiento de oposición, la Comisión publicó una comunicación 
en junio de 1991 con arreglo al apartado 2 del artículo 12 de los Reglamentos 
n° 4056/86 y n° 1017/68, en la que resumía el contenido fundamental del 
acuerdo y de la solicitud de exención. 
Como consecuencia de esta publicación, se recibieron numerosas observaciones 
de terceros interesados que se oponían a la concesión de una exención 
individual para dicho acuerdo en su versión inicial. Por ello, en septiembre 
de 1991 la Comisión envío una carta a Irish Club Rules en aplicación del 
apartado 3 del artículo 12, en la que le expresaba sus dudas sobre la 
aplicabilidad del apartado 3 del artículo 85, porque el ámbito de aplicación 
del acuerdo comprendía también el transporte terrestre. 
Durante los contactos subsiguientes con las partes, la Comisión les informó 
también de que no podía concederse una exención a Irish Club Rules sobre la 
base del argumento de estabilidad, que en el Reglamento n° 4056/86 se 
considera suficiente únicamente para las conferencias marítimas; dicho 
acuerdo no puede desempeñar el papel estabilizador previsto en el octavo 
considerando del Reglamento n° 4056/86, función que se deriva principalmente 
de una cooperación entre compañías marítimas en materia de fletes que se 
traduzca en la adopción de una tarifa común, inexistente en el caso que nos 
ocupa. 
2.I.B.§6. p.31 
160 
Con el fin de tener en cuenta las dudas y objeciones de la Comisión, las 
partes notificaron en mayo de 1993 una versión modificada del acuerdo. Tras 
analizar dichas modificaciones, la Comisión publicó una comunicación(g), de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento n° 4056/86, en 
la que anunciaba su intención de adoptar una decisión favorable con respecto 
a Irish Club Rules. Esta comunicación contiene un resumen de las dudas más 
importantes, las modificaciones introducidas en el acuerdo y los principales 
motivos considerados por la Comisión para conceder una exención individual. 
Dado que, tras la segunda publicación, no se aportó ningún otro elemento que 
pudiera modificar su conclusión, la Comisión decidió archivar el expediente. 
A tal efecto, se envío a las partes del acuerdo Irish Club Rules una carta 
administrativa de cierre del procedimiento con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85. 
(8) DO C 263 de 29.9.1993, p.6 
2.I.B.§6. p.32 
161 
<T5> b) Servicios portuarios 
<T6> Sea Containers/Sealink 
234. La Comisión denegó las medidas cautelares solicitadas por Sea Containers 
(empresa dedicada, entre otras actividades, al transporte en transbordadores 
de alta velocidad entre Gran Bretaña y Francia e Irlanda) contra Stena 
Sealink (empresa británica de transporte por transbordador que es también la 
entidad gestora del puerto de Holyhead, en Gales), tras celebrar ambas 
empresas una serie de acuerdos como consecuencia de la intervención de la 
Comisión. 
En abril de 1993, Sea Containers denunció ante la Comisión que Stena Sealink 
se negaba a concederle acceso al puerto de Holyhead para iniciar un servicio 
de transporte por transbordador de alta velocidad, protegiendo así sus 
propios servicios frente a la competencia. Sea Containers solicitó a la 
Comisión que adoptara medidas cautelares contra Stena Sealink y obligara a 
esta última a concederle acceso al puerto. En julio de 1993, la Comisión 
remitió a Stena Sealink un pliego de cargos en el que le comunicaba que su 
actuación constituía un abuso de su posición dominante como empresa titular y 
gestora del puerto, en infracción de las normas de competencia comunitarias 
y, en particular, del artículo 86 del Tratado CE. La Comisión anunciaba su 
intención de adoptar medidas cautelares contra Stena Sealink para garantizar 
el acceso de Sea Containers al puerto de Holyhead. 
En octubre de 1993, Stena Sealink permitió el acceso de Sea Container al 
puerto en unas condiciones que. la Comisión juzgó razonables y no 
discriminatorias. Sea Containers aceptó la oferta, tras conocer que la 
Comisión consideraba que ya no se cumplían los requisitos necesarios para la 
adopción de medidas cautelares (es decir, la urgencia derivada de la 
probabilidad de que se causase un perjuicio grave e irreparable al 
solicitante). 
La Comisión decidió adoptar una decisión formal en este asunto para aclarar 
la situación jurídica a ambas empresas y a los terceros interesados. En su 
decisión, la Comisión afirmaba que Sea Containers no podía obtener por la vía 
de las medidas cautelares más de lo que ofrecía Sealink. Con todo, la 
Comisión precisó que, en un principio, Sealink había abusado de su posición 
dominante en el puerto de Holyhead; en su opinión, cuando una empresa que es 
2.I.B.§6. p.33 
162 
titular y usuaria de una instalación esencial, como un puerto, niega a sus 
competidores el acceso a la misma, o tan sólo lo permite en condiciones menos 
favorables que las que aplica a sus propios servicios, está infringiendo el 
artículo 86 del Tratado CE, siempre que ello repercuta en el comercio entre 
Estados miembros. 
Cuando una empresa se encuentra en una posición como la de Sealink, en el 
caso que nos ocupa, no cabe esperar que cumpla satisfactoriamente su 
obligación de permitir el acceso en condiciones no discriminatorias ni que 
resuelva sus conflictos de intereses si no se toman medidas para separar la 
gestión de las instalaciones de su utilización. Estas medidas podrían 
consistir, por ejemplo, en atribuir a personas distintas la competencia de la 
gestión del puerto y la de gestión del servicio de transbordador, la 
aprobación de normas de funcionamiento no discriminatorias, y la introducción 
de un procedimiento de consultas con otros usuarios del puerto y un régimen 
de arbitraje independiente en caso de conflicto. 
<T5> c) Transporte por ferrocarril 
<T6> Decisión sobre la estructura de tarificación 
en el transporte combinado de mercancías 
235. La Comisión adoptó una decisión en la que autorizaba el acuerdo 
celebrado entre las principales empresas ferroviarias de la Comunidad para 
establecer un marco de tarificación común. En el ámbito del transporte 
combinado de mercancías (es decir, la utilización de diversos modos de 
transporte, como el ferrocarril y el transporte marítimo), las empresas 
ferroviarias tan sólo ofrecen sus servicios directamente a los transportistas 
en casos excepcionales. La comercialización de prestaciones de transporte 
> 
combinado se efectúa a través de operadores especializados, independientes de 
las empresas ferroviarias, o a través de filiales de éstas. 
En el acuerdo celebrado por las empresas ferroviarias se establece un marco 
de tarificación común para la venta de la tracción ferroviaria a los 
operadores. El acuerdo contiene una tabla de coeficientes que han de tenerse 
en cuenta a la hora de fijar los precios, pero no hace referencia a estos 
últimos como tales. 
2.I.B.S6. p.34 
163 
236. La Comisión consideró que este acuerdo restringiría la competencia, ya 
que, de no ser por el mismo, las empresas ferroviarias podrían adoptar sus 
propias tarifas para atraer el tráfico realizado en rutas competidoras de 
transporte combinado. Por otra parte, la Comisión concluyó que el acuerdo no 
podía calificarse de técnico en el sentido del artículo 3 del Reglamento 
n° 1017/68 del Consejo, en el que se autorizan los acuerdos que tienen por 
único objeto y efecto la aplicación de mejoras técnicas o la cooperación 
técnica. 
Con todo, la Comisión llegó a la conclusión de que los efectos negativos del 
acuerdo resultarán compensados por la mayor facilidad para establecer precios 
internacionales y por que los operadores que contratan los servicios de 
empresas ferroviarias podrán comparar más fácilmente los distintos 
itinerarios y, de este modo, beneficiarse de la competencia entre las 
distintas rutas internacionales. Además, la existencia de unas tarifas 
comunes válidas durante varios años ofrecerá a los operadores una mayor 
estabilidad a la hora de realizar sus inversiones. 
Por todo ello, la Comisión decidió autorizar el acuerdo durante cinco años, 
con una serie de condiciones que han de garantizar a los operadores de 
transporte combinado que no se verán expuestos a actuaciones abusivas por 
parte de las empresas ferroviarias. 
<T5> d) Transporte aéreo 
<T6> IATA - Normas sobre divisas 
237. Las normas que regulan las condiciones de emisión de billetes de avión 
figuran en varias resoluciones adoptadas por las conferencias de la IATA 
sobre coordinación de tarifas. En una de estas resoluciones se restringió la 
libertad de los pasajeros de adquirir billetes fuera del país de partida. 
Se informó a la IATA de que la Comisión consideraba que esta norma equivalía 
a una segmentación del mercado y podía impedir a los usuarios obtener las 
mejores condiciones de transporte. Por tanto, la adopción de dicha resolución 
por las compañías aéreas integrantes de IATA restringía la competencia en la 
Comunidad, con lo que quedaba comprendida en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 
2.I.B.§6. p.35 
164 
Tras varios contactos con la IATA, la resolución fue modificada en una de sus 
conferencias, de tal forma que ya no se aplica a los viajes en la CE, Noruega 
y Suecia. 
<T6> IATA - Recargo en el transporte de mercancías 
238. Conforme al Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión, se autorizan las 
consultas anuales sobre tarifas del transporte de mercancías entre las 
compañías aéreas que asisten a las conferencias de la IATA sobre coordinación 
de tarifas, porque se considera que tales consultas - pero no el acuerdo 
sobre las mismas - pueden contribuir a la aceptación generalizada de los 
acuerdos de "interlining", en beneficio de transportistas y usuarios del 
transporte aéreo. 
En el curso del año, la IATA adoptó en dos ocasiones resoluciones en las que 
se imponía un recargo fijo de 15 centavos USA por kilo en todas las 
operaciones de transporte de mercancías en todo el mundo. El incrementos de 
ingresos en la Comunidad de los transportistas que aplicasen el recargo se 
estimó en 100 millones de ecus. La IATA afirmaba que la fijación del recargo 
quedaba comprendida en el ámbito de aplicación de la exención por categorías, 
ya que el recargo formaba parte de una tarifa sujeta a acuerdos de 
"interlining". 
La Comisión rechazó que pudiera concederse la exención por categorías a un 
recargo global cuyo principal objeto es aumentar los ingresos, y no facilitar 
el "interlining", y que no refleja la distinta evolución de los costes de 
cada transportista. Aunque se considerara incluido en la exención por 
categorías, el recargo surtía efectos contrarios a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado. 
La Comisión manifestó a la IATA que consideraba que su resolución no cumplía 
los requisitos necesarios para acogerse a la exención por categorías o a una 
exención individual, tras lo cual la IATA renunció a su primer intento de 
imponer el recargo. 
En una conferencia posterior, la IATA adoptó de nuevo una resolución para 
imponer un recargo en condiciones ligeramente diferentes. En la nueva 
resolución se otorgaba mayor libertad a cada transportista para la aplicación 
2.I.B.§6. p.36 
165 
de la resolución. Sin embargo, las observaciones procedentes del mercado 
revelaron que la mayoría de los transportistas consideraban que el recargo 
era vinculante, y que su principal objetivo no era facilitar los acuerdos de 
"interlining", sino aumentar los ingresos. En vista de ello, la Comisión no 
modificó su postura, hecho del que informó a la IATA. Ante la reacción de la 
Comisión, IATA decidió retirar el recargo. 
<T6> SABRE/Air France e Iberia 
239. La Comisión recibió una denuncia del sistema informatizado de reservas 
(SIR) SABRE relativa a la negativa de las filiales de dos importantes 
compañías aéreas (Air France e Iberia) de la Comunidad a participar en la 
medida necesaria en sus actividades de distribución. El denunciante alegaba 
que un SIR no está en condiciones de competir de forma efectiva en los 
mercados nacionales en los que opera si no puede distribuir los servicios de 
las compañías aéreas nacionales. Los SIR facilitan información sobre 
horarios, disponibilidad de plazas y tarifas del transporte aéreo. Las dos 
compañías aéreas nacionales son accionistas de un SIR competidor. 
Las compañías aéreas alegaron que su propio SIR, que controla más del 80% de 
sus mercados nacionales respectivos, ofrece todos los medios de distribución 
que necesitan. Además, afirmaron que SABRE, que es un sistema "controlado" 
(el sistema de reservas internacionales de su titular, American Airlines, 
está integrado en el propio SIR), incurría en un trato discriminatorio al 
ofrecer servicios de mayor calidad a American Airlines que a las demás 
compañías. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo entre las partes en virtud del cual las 
filiales nacionales de Air France e Iberia aceptaron participar en SABRE. 
Como consecuencia de las denuncias, tanto en la modificación del Código de 
conducta de los SIR^9' como en la revisión de la exención por categorías de 
los SIR^10' se han reforzado los requisitos relativos a la participación de 
las compañías matrices en SIR competidores y al funcionamiento no 
discriminatorio de los sistemas pertenecientes a compañías aéreas. 
(9) Reglamento n° 3089/93 del Consejo, DO L 278 de 11.11.1993. p.l. 
(10) Reglamento n° 3652/93 de la Comisión, DO L 333 de 31.12.1993, p. 37 
2.I.B.§7. p.37 
166 
<T3> §7. Protección del medio ambiente 
<T6> Spa Monopole/GDB 
240. En la junta general de Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) celebrada 
del 2 9 de abril de 1993 se adoptó por unanimidad la decisión de permitir el 
acceso de los productores de agua mineral de otros Estados miembros a su 
fondo en común de envases de vidrio retornable. Tras ello, la Comisión 
decidió dar por concluido el procedimiento contra GDB iniciado en 1989 con 
arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE, tras la denuncia presentada 
por un productor de agua belga que deseaba utilizar los envases GDB para 
vender sus productos en Alemania. Dicha denuncia ha sido retirada. 
La empresa belga de aguas minerales SPA presentó en-1989 una denuncia formal, 
ante la negativa de GDB a permitirle el acceso a un fondo en común alemán de 
botellas y otros envases de vidrio retornable. Cabe señalar que la Comisión 
rechazó en diciembre de 1987 una denuncia similar presentada por empresas de 
agua mineral de Bélgica y Francia. En aquel momento, la Comisión consideró 
que el acuerdo del GDB y la subsiguiente exclusión de los productores de agua 
extranjeros no tenían un efecto negativo considerable sobre la situación de 
terceros, ni sobre el comercio intracomunitario, dado que el mercado alemán 
estaba abierto o otros tipos de envase, como el PVC o el vidrio no 
retornable. De hecho, hasta 1988 las exportaciones de agua mineral a Alemania 
procedentes de Francia y Bélgica experimentaron un rápido aumento. Sin 
embargo, la Comisión declaró su intención de reconsiderar la situación en el 
caso de que se adoptasen medidas legales obligatorias con respecto al uso de 
botellas no retornables de agua mineral. Las botellas de plástico de PVC/PET 
constituían el envase más utilizado en las exportaciones de agua mineral a 
Alemania hasta finales de 1989. 
Mediante un pliego de cargos enviado en diciembre de 1992, la Comisión 
solicitó al GDB que permitiese el acceso al fondo en común a los productores 
de agua mineral del resto de la Comunidad, con el argumento de que las 
condiciones del mercado alemán de agua mineral habían experimentado una 
transformación tal que la única manera que tenían los productores no alemanes 
de mantener la competitividad en el mismo era disponer de la posibilidad de 
envasar el producto en botellas de GDB, con lo que el acceso al fondo en 
común era un factor fundamental para ellos. La transformación operada 
2.I.B.§7. p.38 
167 
consistía en que la normativa alemana en materia de residuos que entró en 
vigor en 1989 tuvo como consecuencia la desaparición de las botellas de 
plástico no retornable del mercado. El envasado por otros medios, como el 
plástico reciclable o las botellas de vidrio no retornable, no ha sustituido 
a las botellas de plástico no retornable hasta un grado suficiente. Además, 
tras la entrada en vigor de la nueva normativa de envasado (VerpackVO) a 
principios de 1993, no se permite la venta en botellas de vidrio no 
retornable y otros materiales, a menos que exista un sistema de reciclado. 
Los productores y distribuidores de envases no reutilizables están obligados 
a cobrar un suplemento. Por otro lado, las botellas de vidrio retornable 
compiten directamente con los envases de GDB. Sin embargo, la creación de un 
nuevo fondo en común de botellas no es una alternativa realista para las 
empresas ajenas a GDB, ya que la mayor parte de los mayoristas de agua 
mineral y supermercados no desean introducir un segundo fondo, que supondría 
importantes costes de manipulación y almacenaje. 
Cabe señalar que, en este caso, la Comisión no puso en entredicho la 
legislación alemana en materia de contaminación. Con todo, declaró que, en 
vista de la evolución del mercado alemán de agua mineral desde 1990 - en 
particular, la adopción de una normativa obligatoria en materia de 
utilización de botellas retornables de agua mineral, en conexión con la 
reacción de los minoristas a dicha legislación y sus efectos en las 
exportaciones comunitarias a Alemania -, el acuerdo GDB y su aplicación 
práctica podrían obstaculizar el acceso al mercado. Así, impedía el acceso de 
productores de agua extranjeros al mercado alemán, restringiendo la 
competencia y afectando de forma considerable al comercio interestatal en el 
sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE. Más aún, en vista de la 
posición dominante de GDB en el mercado de envases de agua mineral, su 
negativa a permitir a los demás productores comunitarios el acceso al fondo, 
posibilidad que era esencial para poder competir de forma efectiva en el 
mercado de agua mineral, constituía una abuso de posición dominante en el 
sentido del artículo 86 del Tratado CEE. 
Conforme al sistema modificado, los productores de agua de otros Estados 
miembros que deseen acceder al fondo de GDB han de firmar un contrato 
("Beitrittsvertrag") con GDB. En el mismo se estipula, entre otras novedades, 
que el nuevo miembro acepta las normas y estatutos de GDB y se compromete a 
utilizar las botellas únicamente para las exportaciones al mercado alemán. 
2.I.B.§7. p.39 
168 
Los productores de agua extranjeros deben utilizar etiquetas que indiquen 
claramente a los consumidores alemanes el origen del agua mineral y el lugar 
en que fue embotellada. En opinión de la Comisión, ello basta para evitar 
cualquier confusión que pueda derivarse de la utilización de botellas de GDB 
por productores de otros Estados miembros. 
2.I.B.§8. p.40 
169 
<T3> §8. Asuntos relativos a la propiedad industrial 
<T6> Becton-Dickinson - Cyclopore 
241. La Comisión envió una carta administrativa de exención con respecto al 
acuerdo de • licencia celebrado ente CYCLOPORE, empresa independiente 
establecida en Bélgica y estrechamente relacionada con una universidad (UCL), 
y la empresa estadounidense de suministros médicos BECTON DICKINSON AND 
COMPANY INC., acuerdo que incluía la obligación de suministro y compra en 
exclusiva. 
Cyclopore produce membranas conforme a una licencia de patente otorgada por 
UCL. La membrana es una película transparente muy fina con un mínimo de 
100 000 poros por centímetro cuadrado. Becton Dickinson ha desarrollado una 
técnica para soldar las membranas en productos de cultivo de tejidos. Estos 
productos se utilizan específicamente para el cultivo in vitro de células de 
mamíferos e insectos. 
Conforme al acuerdo, Cyclopore concede a Becton Dickinson la exclusiva 
mundial de fabricación y venta de sus membranas para su utilización en el 
cultivo de tejidos, con la condición de que Becton Dickinson adquiera una 
cantidad mínima, y Becton Dickinson se compromete a adquirir exclusivamente 
de Cyclopore todas sus membranas microporosas para su utilización en el 
cultivo de tejidos. En el acuerdo se impone también a Cyclopore la obligación 
de suministro en exclusiva. Tras la intervención de la Comisión, esta 
obligación se ha limitado, de tal forma que, transcurridos cinco años, 
Cyclopore podrá vender a otros clientes sus membranas para el cultivo de 
tej idos. 
Este acuerdo reviste especial interés porque garantiza la comercialización de 
tecnología procedente de un centro universitario, permitiendo al mismo tiempo 
el acceso de los competidores a un producto innovador después de un período 
transitorio. 
2.I.B.§9. p.41 
170 
<T3> §9. Otros sectores 
<T6> Zera Montedison/ Hinkens Stâhler 
242. En una decisión adoptada conforme al artículo 85 del Tratado CE, la 
Comisión declaró que se infringe el derecho comunitario cuando un fabricante 
concede a su distribuidor una protección territorial absoluta solicitando, en 
virtud del acuerdo que les vincula, la homologación en distintos Estados 
miembros de productos que a menudo presentan diferencias insignificantes. Esa 
diferenciación de productos impide las importaciones paralelas que no cumplen 
los requisitos de homologación en el Estado destinatario. 
En el caso que nos ocupa, las sociedades Farmoplant y Montedison Deutschland 
recurrieron a esta vía para conceder a su distribuidor exclusivo en Alemania, 
entre 1983 y 1988, una protección territorial absoluta para el herbicida 
Digermin. De este modo, las empresas mencionadas impidieron las importaciones 
paralelas en el mercado alemán de Digermin, producto que se vendía en los' 
demás Estados miembros a un precio netamente inferior (pero no homologado en 
su misma composición por las autoridades alemanas). 
De conformidad con la legislación alemana, un producto sólo puede ser 
importado en Alemania si el importador demuestra a las autoridades 
competentes que es idéntico al producto homologado en Alemania. Las 
modificaciones, incluso mínimas, de la composición pueden impedir la 
importación del producto fabricado legalmente en otro Estado miembro. 
La Comisión concluyó que las partes habían infringido lo dispuesto en el 
artículo 85 del Tratado CE al conceder, medíante su diferenciación, una 
protección territorial absoluta en Alemania al producto fitosanitario 
Digermin, con el fin de protegerlo frente a las importaciones paralelas 
procedentes de otros Estados miembros. 
Este asunto puede considerarse ejemplar en la medida en que la diferenciación 
de productos se practica también en otros sectores sujetos a exigencias 
oficiales de homologación. Teniendo en cuenta la ausencia de reconocimiento 
recíproco de las homologaciones nacionales y de un sistema uniforme de 
homologación a escala europea, las empresas pueden utilizar las disposiciones 
2.I.B.S9. p.42 
171 
nacionales vigentes para obstaculizar, e incluso impedir, la circulación de 
un producto entre Estados miembros, modificando mínimamente su composición o 
su marca. Las diferencias de precios entre Estados miembros no redundan, por 
lo tanto, en beneficio de los consumidores. 
<T6> Sistema Grundig de distribución selectiva 
243. El 21 de diciembre de 1993, la Comisión Europea adoptó una decisión por 
la que, en virtud del apartado 3 del artículo 8 5 del Tratado CEE, prorrogaba 
la exención concedida al sistema Grundig de distribución selectiva. 
La empresa alemana Grundig es uno de los fabricantes europeos del sector de 
la electrónica de consumo. Desde 1984, la dirección industrial corre a cargo 
de la empresa neerlandesa Philips Electronics, que recientemente ha 
conseguido el control de la totalidad de Grundig mediante la compra de las 
participaciones de los demás accionistas. 
Grundig explota un sistema de distribución selectiva, esto es, distribuye sus 
productos por medio de mayoristas y minoristas especializados que selecciona 
según ciertos criterios (cualificación del personal de venta y capacidad de 
asesorar al consumidor, presentación de los servicios y demostración de su 
funcionamiento, prestación de servicio postventa, etc) . En este caso, el 
contrato contenía dos cláusulas que ya se declararon restrictivas de la 
competencia en la primera decisión de exención. Se trataba, por una parte, de 
la obligación impuesta a mayoristas y minoristas de disponer de existencias 
de todos los productos Grundig y, por otra parte, de la obligación de los 
minoristas de presentar una selección representativa de estos productos. 
Conforme a la práctica y a la jurisprudencia reiteradas de la Comisión y del 
Tribunal de Justicia, estos sistemas son compatibles con las normas 
comunitarias de competencia en la medida en que puedan justificarse por el 
carácter específico de los productos de que se trate. Habida cuenta de esta 
situación, la Comisión concedió ya una exención al sistema Grundig el 10 de 
julio de 1985, que expiró el 28 de marzo de 1989. A solicitud de Grundig, la 
exención se prorrogó hasta 1999. 
2.I.B.§9. p.43 
172 
Con todo, con el fin de mejorar los derechos de los consumidores, la Comisión 
pidió a Grundig que modificara las condiciones de garantía de sus productos y 
que asegurara que los consumidores pueden solicitar los servicios de garantía 
en su Estado miembro de residencia, aun cuando hubieran comprado el producto 
en otro Estado miembro. Para ello, Grundig se propone crear una garantía 
contractual total y uniforme a escala europea destinada a los consumidores y, 
a tal fin, ha emprendido la creación de una red técnica. Hasta el 
establecimiento total de dicha red, Grundig se ha comprometido a prestar 
gratuitamente los servicios de garantía en las regiones transfronterizas. 
2.I.B.§9. p.44 
173 
<T6> Papeteries de Golbey 
244. La Comisión examinó una serie de acuerdos notificados por Norske 
Skogindustrier AS, E. Holtzmann & Co AG, SA Papeteries Matussiere et Forest y 
Papeteries de Golbey SA, relativos a la creación de una empresa en 
participación (Golbey) para la construcción y explotación de una nueva 
fábrica de papel en Golbey (Francia), así como para la distribución del papel 
(papel prensa) producido por la empresa en participación y la adquisición de 
materias primas (papel usado y madera) por dicha empresa. 
En los acuerdos notificados inicialmente se atribuían a la empresa en 
participación todas las funciones empresariales, se estipulaba que las 
empresas matrices pondrían a su disposición todos sus recursos para la 
comercialización y distribución de su producción y se establecía una división 
territorial del mercado a largo plazo entre Norske y Holtzmann con respecto a 
los productos de Golbey (mediante cláusulas de exclusiva). 
La Comisión observó que, en virtud de los acuerdos, las partes podrían 
coordinar sus estrategias de competencia y repartirse el mercado, lo que 
restringiría la competencia y afectaría al comercio entre Estados miembros. 
La Comisión expresó sus dudas a las partes y les solicitó que modificaran las 
cláusulas relativas a la comercializadión y distribución de la producción de 
Golbey. Ante la actitud de la Comisión, las partes se comprometieron a 
modificar el sistema de distribución, de manera que Papeteries de Golbey 
funcionara en el futuro únicamente como una empresa en participación de 
producción. 
La única repercusión de la empresa en participación, de haber alguna, será el 
aumento de la competencia entre los grupos europeos; el aumento de la 
capacidad incrementará la oferta en relación con la demanda y contribuirá al 
mantenimiento de precios bajos. 
Por lo que se refiere a la producción, tanto las partes como los consumidores 
resultarán beneficiados. Gracias al intercambio de conocimientos técnicos 
especializados entre las partes, la nueva planta de Golbey emplea una 
avanzada tecnología de destintado de papel usado, y los procesos de 
fabricación no son nocivos para el medio ambiente. 
2.I.B.§9. p.45 
174 
Tras tomar en consideración las modificaciones introducidas en los acuerdos 
iniciales, que limitan el riesgo de reparto de mercado y la restricción de la 
competencia, la Comisión informó a las partes mediante carta administrativa 
de que la operación podía acogerse a una exención en virtud del apartado 3 
del artículo 85. 
.I.C.Sl.a.p.l 
175 
<T9> C. Control de las operaciones de concentración 
245. El análisis del presente capítulo tiene como finalidad, en primer lugar, 
definir las operaciones que han sido declaradas comprendidas en el Reglamento 
(CEE) n° 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración entre 
empresas. En segundo lugar, se trata de examinar cómo han sido aplicados los 
criterios de evaluación de la compatibilidad de estas operaciones con el 
Reglamento í1' . 
<T3> §1. Ámbito de aplicación 
246. Para que una adquisición entre dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento sobre control de las operaciones de concentración, las partes 
deben cumplir determinados requisitos en cuanto a su volumen de negocios y, 
muy especialmente, en cuanto a su volumen de negocios dentro de la 
Comunidad '2'. A partir de este momento su operación podrá ser examinada 
como una concentración. 
<T5> a. Dimensión comunitaria (artículo 1) 
247. Uno de los objetivos fundamentales de los umbrales de volumen de 
negocios establecidos en el artículo 1 del Reglamento es actuar de filtre 
para determinar qué transacciones son de interés comunitario. Por ejemplo, 
en el asunto Fletcher Challenge/Methanex, dos empresas, una neozelandesa y 
otra comunitaria, pasaron a ejercer el control conjunto de una empresa 
canadiense, pero el volumen de negocios de las partes en la CE alcanzaba los 
umbrales del artículo 1. Este caso ilustra la necesidad de que las 
operaciones de estas características sean examinadas por la Comisión, 
porque, de hecho, la creación de la empresa en participación tenía 
repercusiones significativas para la CE. 
(1) En el Anexo figura una lista de las decisiones adoptadas sobre la base 
del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración 
entre empresas. 
(2) Actualmente, el volumen de negocios mundial acumulado de todas las 
empresas participantes debe ser superior a 5 000 millones de ecus, y el 
volumen de negocios en la Comunidad de al menos dos de las empresas 
participantes, superior a 250 millones de ecus. 
2.I.C.§l.a.p.2 
176 
248. Las reglas del artículo 1 también tienen como finalidad establecer una 
línea divisoria clara entre, por un lado, los asuntos que son competencia de 
la Comisión y, por otro, los que corresponde examinar a los Estados miembros, 
con objeto de salvaguardar el principio de autoridad única. El apartado 3 del 
artículo 22 del Reglamento precisa este principio al establecer que un Estado 
miembro podrá pedir a la Comisión que examine las repercusiones en su 
territorio de una operación de concentración sin dimensión comunitaria, en la 
medida en que afecte también al comercio entre Estados miembros. Por lo 
tanto, previa solicitud, la Comisión puede actuar en lugar de la autoridad 
competente de un Estado miembro y aplicar el Reglamento sobre operaciones de 
concentración para evaluar las repercusiones de una operación -que en 
principio no ha de ser notificada- en el territorio de dicho Estado miembro. 
249. Por vez primera desde la entrada en vigor del Reglamento, se recibió una 
petición con arreglo al apartado 3 del artículo 22 en el asunto British 
Ai rways/Dan Ai r. Como la adquisición de British Airways no incluía las 
operaciones de vuelos charter de Dan Air, el volumen de negocios atribuible a 
esta última no alcanzaba el umbral comunitario y, por lo tanto, se trataba de 
un caso que correspondía examinar a las autoridades nacionales. No obstante, 
a raíz de una solicitud formulada por el Gobierno belga, la Comisión examinó 
las repercusiones de la operación en Bélgica. 
2.I.C.§l.b.p.3 
177 
<T5> b. Cálculo de los umbrales de volumen de negocios (artículo 5) 
250. El apartado 4 del artículo 5 describe la forma de determinar el grupo 
al que pertenece una empresa afectada a efectos del cálculo del volumen de 
negocios. Con respecto a las empresas públicas, lo dispuesto en el artículo 5 
ha de interpretarse en combinación con el considerando 12 del Reglamento, que 
establece que, para evitar toda discriminación entre los sectores público y 
privado, se han de tomar en consideración "las empresas que constituyen un 
conjunto económico dotado de un poder de decisión autónomo..." para calcular 
el volumen de negocios de las empresas públicas. En el asunto 
Alean/Inespal/Palco, Inespal, filial propiedad al 100% del INI, un holding 
público español, proyectaba la venta del 50% de su participación en su 
filial, Palco, a la empresa Alean. A tenor de lo dispuesto en el considerando 
12, el cálculo del volumen de negocios de Inespal debía incluir únicamente el 
del INI^3), no el del conjunto de las empresas de propiedad estatal. La 
misma norma fue aplicada en el asunto Kali+Salz/MdK/Treuhand, que consistió 
en la obtención del control conjunto de la empresa productora de potasa MdK 
por parte de Kali & Salz, filial de BASF, y el Treuhand. El Treuhand es un 
organismo público encargado de la reestructuración de las antiguas empresas 
estatales de la RDA. La Comisión consideró que, en aquel caso, el Treuhand 
actuaba como una empresa con interés directo en la operación, pero, al mismo 
tiempo, no excluía la posibilidad de considerar las distintas divisiones 
organizativas de dicho organismo (hasta el nivel de dirección) como unidades 
económicas con poder de decisión autónomo en el sentido del considerando 12. 
Incluso asumiendo esta hipótesis, el volumen de negocios atribuible a la 
dirección responsable de las industrias extractoras excedía del umbral de 
v volumen de negocios comunitario. 
251. Además, al examinar si se alcanzan los umbrales del Reglamento, es 
necesario determinar el volumen de negocios desde un punto de vista 
geográfico, tanto entre la CE y el resto del mundo como entre los distintos 
Estados miembros. Sin embargo, en el caso de la compra, por parte de Alcatel 
(3) En esta misma idea de independencia económica se basa también la 
Comisión a la hora de evaluar las operaciones de concentración entre 
entidades públicas. 
2.I.C.§l.b.p.4 
178 
Cable S.A., de la división de sistemas submarinos de telecomunicación (es 
decir, las actividades de instalación de cables submarinos) de la empresa STC 
Limited, resultaba extremadamente difícil hacerlo. 
252. La Comisión rechazó el enfoque de las partes, que consistía en tomar 
como volumen de negocios en la CE el generado por todos los contratos en 
relación con los cuales el cable instalado tuviera como mínimo un punto de 
amarre en territorio comunitario y, por lo tanto, al menos un operador de 
telecomunicaciones (OT) comunitario obtuviera beneficios del tráfico basado 
en el sistema. Se desestimó este criterio porque la actividad de las partes 
era la instalación de cables submarinos y no la consiguiente prestación de 
servicios por parte del OT. 
253. Normalmente, los cables se instalan en aguas internacionales y se venden 
a consorcios internacionales compuestos en su mayor parte por OT. Los 
circuitos que contienen estos cables se distribuyen proporcionalmente entre 
los OT, en función de su respectiva participación en el consorcio de compra. 
La Comisión concluyó que, al calcular el volumen de negocios desde el punto 
de vista geográfico, era importante determinar dónde tenía lugar la 
competencia con respecto a los contratos, y el lugar de establecimiento de 
los compradores delt cable fue considerado un criterio sustitutivo suficiente 
en este caso concreto. Además, como había más de un comprador por cable, el 
volumen de negocios generado por un contrato se atribuía a los operadores en 
función de su respectiva participación en el consorcio. 
2.I.C.§l.c.p.5 
179 
<T5> c. Definición de operación de concentración (artículo 3) 
254. Para que una operación de concentración entre en el ámbito de aplicación 
del Reglamento, es necesario que dos o más sociedades adquieran el control 
exclusivo o en común de otra empresa. La diferencia entre control exclusivo y 
control conjunto también tiene repercusiones sobre la forma de cálculo del 
volumen de negocios. Tratándose del control conjunto, debe tomarse en ' 
consideración el volumen de negocios de todas las empresas participantes, 
mientras que en el caso del control exclusivo, sólo se tiene en cuenta el de 
la empresa que lo ejerce. 
<T6> Control exclusivo 
255. Con frecuencia, el control exclusivo se deriva de la adquisición, por 
parte de una empresa, de más del 50% del capital de otra. En ausencia de 
otros elementos de hecho o de derecho, es irrelevante, para determinar si se 
ha obtenido el control, que la participación adquirida sea del 50% más una 
acción, como en el asunto Crédit Lyonnaise/BFG Bank, o del 100%, como en el 
asunto Sara Lee/BP Food Division. El control exclusivo puede obtenerse 
también mediante la compra de activos, especialmente, como ilustra el asunto 
Zürich/MMI, cuando la compra afecta a una parte de la empresa sin 
personalidad jurídica. 
256. En consonancia con una práctica consolidada'4', la Comisión, en los 
asuntos VW AG/VAG UK y West LB/Thomas Cook, estimó que la adquisición por una 
de las partes del control exclusivo de una empresa, ejercido con anterioridad 
en común, constituía una operación de concentración en el sentido del 
Reglamento. 
257. En el asunto Société Générale de Belgique/Générale de Banque, la 
Comisión concluyó que el aumento de la participación de la primera en la 
segunda, que pasó del 2 0,94% al 2 5,96%, le confería el control exclusivo 
sobre esta última. Para llegar a esta conclusión, la Comisión hizo una 
proyección de las presencias en la futura Asamblea General de Générale de 
Banque bajo la hipótesis de la participación de todos los accionistas con más 
del 0,06% del capital. De ahí dedujo que la participación de Société Générale 
(4) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 149, Vigésimo 
segundo" Informe sobre la política de competencia, punto 228. 
2.I.C.§l.C.p.6 
180 
de Belgique en la Générale de Banque le conferiría en la Junta General, con 
toda probabilidad, la mayoría de los votos de los accionistas presentes y 
representados y que, habida cuenta de la dispersión del capital, esta mayoría 
perduraría. La Comisión también examinó si las disposiciones de la 
legislación belga destinadas a garantizar la autonomía de la función 
bancaria, contenidas en un Protocolo, dificultarían el control de hecho que 
normalmente se deriva de la mayoría en la Junta General de accionistas. 
Concluyó que ello no era así, una vez analizadas la concurrencia de 
competencias, habida cuenta de los poderes otorgados al Consejo de 
Administración. Efectivamente, éste puede estar compuesto en su mayoría por 
representantes de los accionistas signatarios del acta separada del Protocolo 
sobre la función bancaria. La Société Générale de Belgique se incluía entre 
estos signatarios. 
<T6> Control conjunto 
258. El control conjunto puede ser consecuencia de una participación idéntica 
de cada una de las partes en la empresa en participación. En este caso, no es 
necesario que existan reglas estatutarias particulares o un pacto de 
accionistas concreto. No obstante, en caso de existir las primeras o el 
segundo, estos textos deben confirmar, como en los asuntos Matra/Cap Gemini 
Sogeti, Alean/Inespal/Palco o Rhône-Poulenc/Snia(II), que ninguna de las 
partes puede actuar independientemente de la(s) otra(s) dentro de la empresa 
en participación, dado que, por ejemplo, todas disponen del mismo número de 
representantes en los órganos de representación o de dirección, y ninguno de 
los representantes tiene voto preferente. 
259. La clave para determinar el carácter conjunto del control consiste en 
investigar si las distintas partes deben necesariamente consultarse>a la hora 
de adoptar decisiones estratégicas de la empresa en participación. Por lo 
tanto, no es necesario que cada una de ellas tenga la misma participación en 
el capital social o los mismos poderes. En el asunto Ericsson/Hewlett 
Packard, Ericsson tenía el 6 0% del capital y el derecho a designar a cuatro 
consejeros, mientras que Hewlett Packard, con el 40%, podía designar a tres; 
sin embargo, todas las decisiones importantes exigían la unanimidad. Del 
mismo modo, en el asunto Aegon/Scottish Equitable, Aegon contaba, en una 
primera fase, con el 100% del capital y el 40% de los derechos de voto, y el 
2.I.C.§l.c.p.7 
181 
otro socio, Trustco, el 60% de los derechos de voto; sin embargo, las 
decisiones estratégicas y comerciales, así como la designación de los 
consejeros, exigían el común acuerdo(5^. 
260. No obstante, los derechos de cada una de las partes han de ser 
suficientes y mucho más amplios que los conferidos por lo general a los 
accionistas minoritarios de una empresa. En el asunto Sita-RP/Scori, la 
Comisión estimó que los derechos otorgados a determinados socios eran 
insuficientes para atribuirles el control conjunto, dado que no tenían ningún 
derecho de veto en materia de política comercial, estratégica, presupuestaria 
ni de planificación de la empresa. Del mismo modo, en el asunto Dasa/Fokker, 
la participación del Estado neerlandés fue considerada insuficiente para 
ejercer el control conjunto, teniendo en cuenta que aquél no podía por sí 
solo bloquear una decisión y que había autolimitado su derecho de oposición, 
aunque los casos en los que Dasa podía actuar de modo autónomo -es decir, sin 
el apoyo de un miembro independiente o del Estado neerlandés- fueran 
limitados. 
261. El control conjuntó no exige necesariamente que las partes que lo 
ejerzan ostenten la totalidad del capital de la empresa en participación; un 
pacto de accionistas, como en los asuntos Costa Crociere/Chargeurs/Accor o 
BHF/CCF/Charterhouse puede suplir esta condición. 
262. En consonancia con una práctica consolidada'6^ que se ajusta a lo 
dispuesto en el apartado 41 de la Comunicación de la Comisión sobre las 
operaciones de concentración y de cooperación con arreglo al Reglamento (CEE) 
n° 4064/89 del Consejo ^', la creación simultánea, y en el contexto de la 
misma operación, de varias empresas en participación entre las mismas partes 
se considera una sola operación de concentración. Este principio fue aplicado 
en el asunto Harrisons & Crosfield/Akzo. 
(5) Véanse también los asuntos Jcsat/Sajac y Costa Crociere/Chargeurs/Accor. 
(6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 229. 
(7) DO C 203 de 14.8.1990 y Vigésimo Informe sobre la política de 
competencia, punto 25. 
2.I.C.§l.c.p.8 
182 
263. En el asunto Fortis/CGER-ASLK, un análisis del conjunto de las 
circunstancias de hecho y de derecho llevó a la Comisión a concluir que la 
operación desembocaba en el control único de la división de seguros y en el 
control conjunto de la división de banca. Gracias a esta operación, Fortis, 
controlada por el grupo belga AG y el neerlandés Amev, adquirió el 49,9% de 
ASLK-CGER Banque y ASLK-CGER Assurance. Esta participación le fue cedida por 
ASLK Holding NV/CGER Holding SA ("Holding"), el holding bancario de interés 
público del Estado belga, que se reserva también el 49,9%. El resto está en 
régimen de autocontrol o de participación cruzada de ASLK/CGER Assurance en 
ASLK/CGER Banque. 
264. Desde el principio se tuvo en cuenta la igualdad de participación y 
representación de las dos partes en las nuevas entidades, así como el 
espíritu de asociación que les animaba, plasmado en la creación de un "Comité 
de concertación". No obstante, en la división de seguros (sector en el que 
tradicionalmente predominaba FORTIS), la regla de la mayoría simple en el 
mecanismo de voto del Consejo, combinada con un "voto de calidad" de Fortis 
en caso de desacuerdo persistente en el "Comité de concertación", llevó a 
reconocer la existencia de un control exclusivo por parte de esta última 
(poder decisorio). Por el contrario, en la división de banca (sector en el 
que tradicionalmente predominaba ASLK/CGER), además de los nueve votos de 
Fortis (un voto doble) y de los ocho de Holding, Fortis debía asegurar el 
acuerdo sobre sus propuestas de decisiones estratégicas de los seis miembros 
del Comité de dirección (cuya composición está sometida a la aprobación de la 
Comisión bancaria) para alcanzar la mayoría cualificada exigida, de 15 votos 
sobre 23. Como no puede excluirse la posibilidad de que uno de los miembros 
del Comité de dirección votase junto con Holding contra una propuesta de 
Fortis, y que ésta, por lo tanto, debía tener tal posibilidad en cuenta al 
presentar sus propuestas al Consejo de Administración, se concluyó que Fortis 
y Holding ejercían un control conjunto. 
2.I.C.§l.c.p.9 
183 
265. En el asunto Philips/Grundig, la Comisión consideró que, antes de la 
operación, Grundig estaba bajo control conjunto de Philips y tres bancos. 
Para concluir que había control conjunto de los tres bancos, en ausencia de 
pacto expreso entre ellos, la Comisión se basó fundamentalmente en el hecho 
de que los tres debían aprobar la designación de uno de los dos consejeros 
delegados de la sociedad gerente de Grundig -el otro lo nombraba Philips-, 
que, lógicamente, los bancos apoyarían sus propuestas dado que no conocían 
bien el sector y que su naturaleza -se trataba de entidades financieras- y 
sus objetivos les llevarían a un comportamiento similar. 
<T6> Operación de concentración entre empresas públicas 
pertenecientes a un mismo organismo de Derecho público 
266. En consonancia con su práctica en el ámbito de la CECA, y de conformidad 
con el considerando 12 del Reglamento, la Comisión confirmó que las 
operaciones de concentración entre empresas públicas pertenecientes a un 
mismo organismo de Derecho público (Estado, entidades regionales o locales) 
entran dentro del ámbito del Reglamento, siempre y cuando dichas empresas 
constituyan cada una unidad económica dotada de un poder de decisión 
autónomo. Este principio fue aplicado en el asunto CEA-Industrie/France 
Telecom/Finmeccanica/SGS-Thomson. En el asunto Fortis/ASLK-CGER, excluyendo 
la existencia de riesgo de coordinación de la actuación competitiva, la 
Comisión estimó que, aunque era propiedad del Estado, la "Office Central de 
Crédit Hypothécaire" estaba gestionada, a la espera de su cesión, por el 
"Crédit Communal", una entidad de crédito dependiente de los municipios y las 
entidades provinciales. 
<T6> Empresa en participación de carácter concentrativo 
267. El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 define los 
dos requisitos necesarios para que la creación de una empresa en 
participación ("EP") pueda ser considerada constitutiva de concentración. En 
los términos del primero de estos dos requisitos, calificado de requisito 
positivo por la citada Comunicación de la Comisión, la EP debe ejercer con 
carácter permanente todas las funciones propias de una entidad económica 
independiente. Según el segundo requisito, calificado de requisito negativo 
en el mismo texto, la EP no debe implicar coordinación de la actuación 
competitiva, ni entre las empresas matrices ni entre éstas y la EP. En caso 
2.I.C.§l.c.p.lO 
de no cumplirse uno de los dos requisitos, el acuerdo de las partes puede ser 
analizado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado. En 
principio, se someterá al procedimiento acelerado establecido para este tipo 
de operaciones^8'. 
<T8> Primer requisito: entidad económica autónoma 
establecida con carácter permanente 
268. En el asunto Philips/Thomson/Sagem, las partes habían creado una empresa 
en participación para la fabricación de pantallas de cristal líquido, 
principalmente para satisfacer sus propias necesidades de suministro. Aunque 
la Comisión no 'se pronunciara expresamente sobre la cuestión de la 
independencia, de su decisión se deduce que, si bien las partes sólo iban a 
adquirir cerca del 30% de la producción de la empresa en participación, no 
podía excluirse que este procentaje aumentara en el futuro. En estas 
condiciones, la independencia de la EP podía verse en peligro. Este enfoque, 
que se ajusta a lo dispuesto en el apartado 16 de la citada Comunicación y a 
la práctica de la Comisión en la materia (véase el asunto Flachglas/Vegla) 
también fue aplicado en el asunto British Telecom/MCI. 
269. En el asunto Pasteur-Mérieux/Merck, las dos empresas matrices, que 
ocupaban respectivamente el tercero y el décimo puesto en el mercado mundial 
de vacunas humanas, reagruparon sus actividades en Europa Occidental. 
Pasteur-Mérieux (PM) aportaba a la EP el conjunto de su infraestructura de 
distribución en la zona considerada, de forma que la EP podía encargarse de 
la distribución del conjunto de los productos previamente distribuidos por 
separado por las partes. Como contrapartida, habida cuenta de que el ámbito 
de actividad de la EP se limitaba exclusivamente a Europa Occidental, las 
partes no le transferían ni las actividades de investigación y desarrollo 
(I+D) , ni las actividades de producción, ni la totalidad de los derechos de 
propiedad industrial. El conjunto de estos elementos condujo a la Comisión a 
la conclusión de que la EP no tenía autonomía, y el asunto fue examinado a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado CE. 
(8) Puntos 193 y 194 del presente Informe. 
2.I.C.§l.c.p.ll 
185 
Por otro lado, las empresas matrices debían conservar íntegramente la 
totalidad de las actividades de I+D. La EP sólo podía acceder a ellas a 
través de un Comité de Desarrollo; por lo tanto, sus competencias se 
limitaban a la emisión de "recomendaciones" sobre las investigaciones que se 
debían realizar para la mejora de los productos ya comercializados. En cuanto 
a los productos nuevos, la EP no disponía de poder de decisión autónomo, 
salvo cuando debía adoptarse una decisión de carácter comercial en relación 
con su territorio, nunca en la fase anterior de la investigación. 
Reconociendo al mismo tiempo que las características específicas del sector 
podían dificultar la transferencia de las actividades de I+D, la Comisión 
observó que, por las razones que se acaban de exponer, la EP no ejercería una 
influencia dominante en todas las fases del proceso de I+D. Habida cuenta de 
la importancia de estas actividades en el sector de las vacunas, la 
conclusión fue que la inexistencia de influencia dominante no permitiría a la 
EP actuar como una entidad autónoma en el mercado. 
La Comisión llegó a la misma conclusión con respecto al proyecto de no 
transferir las actividades de producción a la EP, mientras que las 
posibilidades de ésta de acceder a proveedores independientes resultaban 
extremadamente limitadas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde 
la perspectiva económica. 
Por último, ni PM ni Merck cederían las patentes de los productos existentes; 
las de los futuros productos sólo se cederían en la medida en que la 
fabricación y la venta fuera del territorio de la CE resultara posible para 
las empresas matrices. La Comisión concluyó que estas disposiciones 
permitirían a las empresas matrices reincorporarse al mercado en caso de 
disolución de la EP. 
<T8> Segunda condición: falta de coordinación 
de la actuación competitiva 
270. En 1991 (en el asunto Thomson/Pilkington) y, posteriormente, en 1992 (en 
el asunto Del Monte/Royal Food/Angelo American) , la Comisión sostuvo que una 
presencia residual muy limitada de las empresas matrices en el mismo mercado 
que la EP no es suficiente, por lo general, para que exista coordinación de 
la actuación competitiva y que, por consiguiente, no constituye un obstáculo 
a la aplicación del Reglamento sobre operaciones de concentración. Durante 
2.I.C.§l.c.p.l2 
186 
1993, la Comisión reafirmó esta posición en repetidas ocasiones. En los 
asuntos Aegon/Scottish Equitable y Toyota Motor Corp./Walter Frey/Toyota 
France, Allied Signal/Knorr-Bremse y FORTIS/ASLK-CGER, una de las empresas 
fundadoras operaba de forma marginal en el mismo mercado que la EP sin que 
ello fuera óbice para calificar la operación como de carácter concentrativo. 
La coordinación de la actuación competitiva puede derivarse asimismo de la 
actividad de las empresas matrices en mercados de productos afines, ligados 
al mercado en el que opera la EP. La Comisión decide caso por caso, basándose 
en una evaluación específica. De este modo, en el asunto 
Philips/Thomson/Sagem, la Comisión estimó que el grado de interdependencia 
existente entre los mercados de los distintos tipos de pantallas (plasma, 
cristal líquido, tubos catódicos, etc.) era tal que la coordinación de la 
actuación competitiva era extremadamente probable, tanto entre las empresas 
fundadoras como entre éstas y la EP. Por el contrario, en su decisión en el 
asunto Harrisons & Crosfield/Akzo, la Comisión concluyó que, aunque la EP y 
las empresas matrices producían en parte los mismos productos, la existencia 
de un riesgo de coordinación no era previsible, dado que los productos de la 
EP y los de sus empresas matrices estaban destinados a aplicaciones muy 
diferentes. 
271. En el asunto Sita/RPC/Scori, las empresas matrices adquirieron el 
control conjunto de una empresa existente (Scori) que operaba en el sector de 
tratamiento de residuos industriales especiales, aunque ya operaban en el 
mismo mercado de producto y geográfico a través de una filial común 
(denominada Teris). En esta ocasión, la Comisión observó que, teniendo en 
cuenta el hecho de que Scori y Teris estarían sujetas con carácter permanente 
a una dirección económica única, independientemente de la estructura jurídica 
del grupo, no había coordinación posible entre estas dos empresas en 
participación. En la misma decisión, la Comisión sostuvo que el hecho de que 
> 
Scori, en cuanto a una parte de su actividad, actuase por cuenta de una de 
las empresas matrices, en calidad de gestora, no podía dar lugar a una 
coordinación de la actuación competitiva al no disponer Scori de ninguna 
autonomía real en ese ámbito. 
2.I.C.§2.a.p.13 
187 
<T3> §2. Evaluación de las operaciones de concentración 
2 72. La evaluación de las operaciones de concentración consta generalmente de 
tres fases: definición del mercado de producto, determinación del mercado 
geográfico de referencia y juicio de compatibilidad de la operación con el 
mercado común. Los mercados de productos y geográfico de referencia 
establecen el contexto en el que analizar el poder en el mercado de la nueva 
entidad. La Comisión, en sus decisiones con arreglo al artículo 6, puede 
dejar abierta la precisión del mercado de producto o geográfico de referencia 
si comprueba que ni siquiera partiendo de la definición de mercado más 
precisa posible se crea o refuerza una posición dominante. 
<T5> a. Definición del mercado de productos 
273. Las decisiones adoptadas muestran que la metodología de la Comisión se 
basa claramente en el criterio de sustituibilidad desde el punto de vista de 
la demanda y en la definición del mercado de productos como aquel que incluye 
"todos aquellos productos que el consumidor considera intercambiables o 
sustituibles entre sí debido a las características, precios y uso previsto de 
los mismos". Este enfoque implica una evaluación económica objetiva. En 
algunas ocasiones, la Comisión considera conveniente distinguir distintos 
mercados de producto para el mismo grupo de productos, que corresponden a 
distintas categorías de clientes cuya demanda presenta diferentes 
características. La Comisión también puede investigar si es conveniente 
integrar la sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta (facilidad 
que tienen otros fabricantes para cambiar su producción hacia los productos 
fabricados por las sociedades objeto de concentración) en la definición del 
mercado de productos. Por último, la Comisión también examina a veces datos 
sobre los precios (niveles, elasticidad y correlaciones) para determinar 
hasta qué punto pueden complementar las investigaciones basadas en los demás 
criterios. 
274. En algunas decisiones, se ha utilizado el criterio de la sustituibilidad 
desde el punto de vista de la demanda para definir mercados de productos. En 
el asunto Procordia/Erbamont, se consideró que medicinas diferentes 
pertenecían a mercados de productos distintos no sólo por sus propiedades 
2.I.C.§2.a.p.14 
188 
intrínsecas, sino también porque servían para tratar enfermedades 
diferentes ^9' . 
275. Algunas decisiones hacen referencia a la existencia de distintas 
categorías de clientes o segmentos de mercado. En el asunto Costa 
Crociere/Chargeurs/Accor, la Comisión se centró en el mercado de cruceros 
como segmento distinto dentro del mercado de viajes organizados, porque 
observó que una proporción significativa de clientes (cerca de la mitad) 
constituía un mercado "cautivo" de los cruceros y no mostraba reacción 
cuando los precios sufrían aumentos significativos (aunque la Comisión no 
llegó a investigar la posibilidad de que existiera discriminación en cuanto 
a los precios por parte de los organizadores de cruceros frente a estos 
clientes "cautivos"). En el asunto Nestlé/Italgel, el mercado de helados 
resultó estar dividido en tres segmentos distintos, correspondientes a tres 
categorías de productos: "de impulso", para consumo en el hogar y del sector 
de la restauración. En el asunto Ericsson/Hewlett Packard, los sistemas de 
gestión de redes de telecomunicación mostraban una evolución, como 
consecuencia de la liberalización del sector, para hacer frente a la gran 
variedad de clientes que estaban surgiendo al margen de los tradicionales, 
pertenecientes al sector público. 
276. Por lo general, la Comisión considera el criterio de sustituibilidad 
desde el punto de vista de la oferta en su evaluación de la posible posición 
dominante (es decir, como competencia potencial). A veces este criterio se 
tiene en cuenta en la definición del mercado de productos, pero, 
generalmente, no es condición suficiente para ampliar la definición del 
mercado de referencia. Así, en el asunto KNP/BT/VRG, el del cartón para 
artes gráficas fue considerado un mercado separado por las características 
de su uso final y por su precio más elevado, a pesar de la existencia de 
maquinaria de finalidad múltiple que permite a los fabricantes producir 
tanto cartón para artes gráficas como cartón para envasado. 
277. El factor precio también ha sido tomado en consideración en algunas 
decisiones. En el asunto Costa Crociere/Chargeurs/Accor se intentó 
investigar la elasticidad precio: una amplia encuesta, dirigida a clientes y 
operadores y agencias de viajes, reveló que un aumento del precio de los 
9) Véanse también los asuntos Costa Crociere/Chargeurs/Accoi 
Thomson/Short, Rhône Poulenc/SNIA II, Fletcher Challenge/.Me t. h^.ner: 
KNP/BT/VRG Y Zurich/MMI. 
2.:I.C.§2.a.p.15 
189 
cruceros en un 10% reduciría la demanda más o menos a la mitad, pero no 
afectaría a la otra mitad. En el asunto Thomson/Shorts, los misiles de muy 
corto, de corto y de medio alcance fueron considerados constitutivos de 
mercados de productos distintos, entre otras razones, porque a mayor alcance, 
los precios aumentaban significativamente. 
<T5> b. Determinación del mercado geográfico de referencia 
278. En los distintos mercados de productos considerados, la Comisión ha 
observado la existencia de mercados locales, nacionales, regionales, 
comunitarios y mundiales. La determinación del mercado geográfico de 
referencia en el que compiten los proveedores constituye una evaluación 
económica objetiva (véase la letra a) del apartado 1 del artículo 2). 
279. El Reglamento define el mercado geográfico de referencia como "un 
territorio sobre el que las empresas en cuestión intervienen en la oferta y 
la demanda de bienes y servicios, en el que las condiciones de competencia 
son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de los territorios 
vecinos en particular por las condiciones de competencia notablemente 
diferentes de las de dichos territorios"^10'. 
En las decisiones se hace hincapié en las características de la oferta y la 
demanda. Entre los factores considerados en el análisis de las condiciones de 
competencia en los mercados geográficos se cuentan estos dos indicadores 
generales, así como otros que ejercen una influencia decisiva en la 
delimitación del mercado. Los indicadores generales incluyen la distribución 
geográfica de las cuotas de mercado y los precios relativos, así como la 
localización de los principales proveedores. Desde el punto de vista de la 
demanda, que no se verá directamente influida por la normativa del mercado 
interior, la Comisión analiza los factores que determinan las preferencias 
del consumidor, tales como las diferencias lingüísticas y culturales, la 
fidelidad a una marca y las pautas que rigen la decisión definitiva del 
consumidor a la hora de comprar. Desde el punto de vista de la oferta, sobre 
la que la normativa del mercado interior sí puede ejercer una influencia 
significativa, la Comisión examina las barreras de acceso al mercado (cuotas, 
aranceles, normas técnicas y preferencias de contratación pública), los 
(10) Véase el apartado 7 del artículo 9 
2.I.C.§2.b.p.16 
190 
costes de transporte, los sistemas de distribución y las cifras generales 
sobre flujos comerciales. 
280. El uso de indicadores generales se pone de manifiesto en algunas 
decisiones. En el asunto Rhône Poulenc/SNIA II, la ausencia de diferencias en 
el precio de un producto intermedio (fibras textiles de nylon) sirvió para 
determinar un mercado geográfico que abarcaba todo el territorio de Europa 
Occidental. Por el contrario, en el asunto Nestlé/Italgel, las diferencias de 
precios entre países llevaron a determinar un mercado geográfico 
predominantemente nacional con respecto a un bien de consumo (el helado). En 
el asunto Harrisons/Crosfield/AKZO, se concluyó que el mercado geográfico de 
los tres grupos de productos industriales era de dimensión comunitaria, 
debido, entre otras razones, a la presencia de importantes proveedores en 
varios Estados miembros con elevadas cuotas de mercado. En el asunto 
Thomson/Shorts, la presencia de un proveedor nacional de equipamiento de 
defensa se consideró suficiente para establecer un mercado nacional, y la-
ausencia de proveedores nacionales indicaba una competencia internacional o 
incluso mundial^11'. 
281. En lo que respecta a factores específicos de la demanda, en casos 
relacionados con productos de consumo final se tomó en consideración la 
existencia de preferencias inherentes al consumidor y las repercusiones de la 
publicidad. Así, en el asunto Nestlé/Italgel, los mercados de helados se 
consideraron fundamentalmente nacionales al existir perfiles de consumidores 
y hábitos de consumo nacionales, además de darse el fenómeno de la fidelidad 
a una marca nacional. En el asunto Cpsta Crociere/Chargeurs/Accor, se 
determinó que los mercados de cruceros y de viajes organizados eran de 
dimensión nacional teniendo en cuenta, entre otras razones, las diferencias 
nacionales que presentaban las pautas de consumo (los cruceros son mucho más 
populares en Francia y en Alemania que, por ejemplo, en España), la necesidad 
de publicar prospectos en varios idiomas, y la existencia de campañas 
publicitarias destinadas a audiencias nacionales. También aquí las pautas de 
compra demostraron ser un factor importante para delimitar los mercados 
geográficos. El caso de los productos intermedios lo ilustra el asunto 
KNP/BT/VRG, en el que el mercado de distribución y de servicio técnico de 
prensas de imprenta resultó ser nacional, sobre todo porque los consumidores 
(impresores) insisten en que los distribuidores cuentan con una red de 
(11) Véanse también los asuntos Fletcher Challenge/Methanex, KNP/BT/VRG y 
Costa Crociere/Chargeurs/Accor. 
2.I.C.§2.b.p.17 
191 
servicio local de mantenimiento y reparación muy desarrollada; asimismo, en 
el asunto Pilkington-Techint/SIV, los breves plazos de respuesta y la calidad 
del servicio local en lo que respecta al suministro de determinados tipos de 
vidrio utilizado en el sector de la construcción parecía sugerir la 
existencia de mercados nacionales o incluso regionales. En cambio, en el 
asunto Continental/Kalicko/DG-Bank/Benecke, la política de compras a escala 
europea puso de manifiesto unos mercados comunitarios de componentes de 
automóvil. En cuanto a los bienes de consumo, las zonas de captación locales 
constituían los mercados geográficos de referencia en los dos asuntos 
examinados en relación con el comercio al por menor, Kingfisher/Party y 
Ahold/Jerónimo Mart ins /Inovacât». 
282. En lo que respecta a factores específicos de la demanda, la presencia de 
flujos comerciales significativos fue tomada en consideración para indicar la 
existencia de mercados de productos industriales por lo menos de dimensión 
comunitaria en varios asuntos: Harrisons & Crosfield/AKZO, Fletcher 
Challenge/Methanex y Rhône Poulenc/SNIA II. Por el contrario, en el asunto 
Kali und Salz/MdK/Treuhand, el insignificante nivel de importaciones de 
potasa en Alemania mostró la existencia de un mercado distintió. El reducido 
volumen de comercio transnacional (menos del 10% del consumo total) llevó a 
la conclusión de que los mercados de un bien de consumo (helado) eran de 
dimensión nacional en el asunto Nestlé/Italgel. 
283. En cuanto a las barreras de acceso a los mercados (otro factor desde el 
punto de vista de la oferta), en los asuntos Harrisons & Crosfield/AKZO Y 
Fletcher Challenge/Methanex, la existencia de un arancel comunitario externo 
mostró que se trataba de mercados comunitarios de productos industriales. En 
sentido contrario, en el asunto DASA/Fokker, la ausencia de obstáculos puso 
de relieve la dimensión mundial de los mercados de aeronaves. Las normas 
técnicas y la regulación pública también constituyen barreras de acceso a los 
mercados. Ambos factores fueron tomados en consideración para demostrar la 
existencia de mercados nacionales en el sector farmacéutico -asunto Gehe 
AG/OCP SA- y en el sector de seguros -asuntos Zurich/MMI Y Fortis/CGER-. Por 
otro lado, la armonización de normas técnicas sirvió de criterio para indicar 
que los mercados de productos electrónicos eran de dimensión comunitaria en 
el asunto Philips/Grundig. En el asunto American Cyanamid/Shell, se aludió al 
problema de cómo estimar el plazo en el que desaparecerán las barreras 
reglamentarias como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa del 
mercado interior; los regímenes reglamentarios nacionales, que fomentan la 
2.I.C.§2.b.p.18 
192 
comercialización nacional de productos de protección de los cultivos, fueron 
sustituidos en julio de 1993 por directivas comunitarias que establecen el 
mutuo reconocimiento de las autorizaciones nacionales, pero se sostuvo que 
ello no facilitaría a corto plazo el flujo comercial de estos productos en la 
Comunidad^12' . 
284. Los elevados costes de transporte se consideraron el factor que podía 
reducir la dimensión de los mercados geográficos de productos petroquímicos 
líquidos en el asunto Fletcher Challenge/Methanex, de cartón para envasado en 
el asunto KNP/BT/VRG, y de productos industriales de caucho en el asunto 
Synthomer/Yule Catto. Por el contrario, en el asunto Pilkington-Techint/SIV, 
los mercados de ciertos tipos de vidrio plano se consideraron comunitarios, 
porque los costes de transporte resultaron ser relativamente reducidos con 
respecto a los productos transportados, de alto valor añadido. Las 
diferencias nacionales en los canales de distribución de componentes de los 
sistemas de escape para automóviles apuntaron a la existencia de mercados 
nacionales en los asuntos Arvin/Sogefi y Knorr-Bremse/Allied Signal. 
<T5> c. L/UÍCÍO de compatibilidad de las operaciones 
285. En 1993, la Comisión autorizó 49 fusiones notificadas en la primera fase 
del procedimiento, al no surgir serias dudas respecto de su compatibilidad 
con el mercado común (decisiones con arreglo a la letra b) del apartado 1 del 
artículo 6) . En un asunto examinado en la primera fase, British Airways/Dan 
Air, la Comisión analizó por vez primera las repercusiones de una operación 
de concentración de dimensión no comunitaria sobre la competencia en el 
territorio de un Estado miembro, en respuesta a la solicitud presentada por 
Bélgica en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 del 
Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración entre 
empresas. En cuatro casos, la Comisión inició la segunda fase del 
procedimiento con objeto de llevar a cabo una investigación exhaustiva de 
operaciones que planteaban serias dudas (decisiones con arreglo a la letra c) 
del apartado 1 del artículo 6). De estos cuatro casos, la Comisión autorizó 
una fusión (Pilkington-Techint/SIV) sin imponer condiciones ni obligaciones, 
porque concluyó que no se creaba ni reforzaba una posición dominante 
(decisión con arreglo al primer párrafo del apartado 2 del artículo 8) . En 
otros dos casos (Kali+Salz/MdK/Treuhand), la Comisión estimó que la fusión 
(12) Véase también el asunto Hoechst/Schering, 
2.I.C.§2.c.p.19 
193 
llevaría a una posición dominante. No obstante, las partes contrajeron 
ciertos compromisos y, como consecuencia de ello, finalmente se adoptó una 
decisión de compatibilidad sujeta a una serie de condiciones y obligaciones 
(decisión con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8) . En 
el primero de estos dos casos, la Comisión fijó un criterio según el cual, en 
situaciones excepcionales, puede considerarse que una fusión no provoca una 
posición dominante si ésta se habría creado o reforzado igualmente de no 
producirse la fusión. El último de los cuatro asuntos que pasaron a la 
segunda fase (Mannesmann/Vallourec/Ilva) seguía pendiente a finales de 1993. 
286. En la decisión sobre eí^ asunto Nestlé/Perrier, adoptada en 1992, la 
Comisión interpretó el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento sobre el 
control de las operaciones de concentración en el sentido de que abarcaba 
también las posiciones dominantes colectivas u oligopolísticas. Durante 1993, 
la posibilidad de que se creara o reforzara una posición dominante colectiva 
fue objeto de análisis en una serie de casos, de los cuales cuatro se 
analizan a continuación (Rhône-Poulene/SNIA, Allied Signal/Knorr Bremse, 
Kali+Salz/MdK/Treuhand y Pilkington-Techint/SIV) . En su evaluación, la 
Comisión examinó las estructuras y condiciones de mercado con el fin de 
determinar: (i) la probabilidad de una actuación incompatible con las normas 
de la competencia por parte de los miembros del grupo oligopolistic©, proceso 
que puede requerir la evaluación de una serie de factores, entre los que 
destacan la transparencia del mercado, las respectivas posiciones de las 
partes en el mismo o los posibles vínculos estructurales; y (ii) las posibles 
limitaciones a esta actuación ejercidas por elementos competitivos externos 
al grupo oligopolístico. 
<T6> RHÔNE POULENC/SNIA (primera fase) 
287. Rhône-Poulenc y SNIA crearon una empresa en participación, Europa, a la 
que aportaban todas sus actividades en el ámbito de las fibras de nylon para 
aplicaciones textiles. Las dos empresas ya habían puesto en común sus 
actividades en sectores afines (fibras para alfombras, aplicaciones textiles 
e industriales) en una empresa en participación autorizada por la Comisión el 
10 de agosto de 1992<13). 
(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 258. 
2.1.C.§2.c.p.20 
194 
288. Aunque Europa tendrá una cuota de mercado significativa en el sector de 
las fibras de nylon para aplicaciones textiles en la CEE (cerca del 42%), la 
Comisión consideró que la operación no llevaría a la creación de una posición 
de dominio individual, habida cuenta de una serie de factores: presencia de 
poderosos competidores, en especial Du Pont, el líder mundial en el sector, 
con una cuota de mercado del 23% en la CE, exceso de capacidad productiva y 
falta de vínculos a largo plazo entre proveedores y clientes. 
289. A la luz del significativo aumento del grado de concentración del 
mercado comunitario de fibras textiles de nylon como consecuencia de la 
operación, gracias a la cual Du Pont y Europa alcanzaban una cuota de mercado 
combinada de cerca del 66%, la Comisión también examinó si la concentración 
podía crear o reforzar una posición dominante oligopolística, y llegó a la 
conclusión de que las características estructurales del mercado hacían poco 
probable la aparición de una actuación paralela derivada de una situación de 
interdependencia oligopolística. Se apreciaban las siguientes 
características: 
no se trata de un producto homogéneo; 
el entorno competitivo no es estable, debido a que la innovación es un 
factor esencial y en continua evolución en este sector, lo que conduce 
al desarrollo de nuevos productos que generalmente no están patentados; 
los precios son, por lo general, escasamente transparentes, debido a las 
negociaciones individuales entre proveedores y clientes; 
el exceso de capacidad estructural que caracteriza el mercado y las 
presiones competitivas procedentes del exterior de la CE limitan la 
capacidad de las partes de aumentar los precios; y 
no hay vínculos duraderos entre proveedores y clientes. 
290. En el pasado, la presencia de las partes en el mercado de las fibras 
textiles de nylon era enormemente competitiva, lo que permitió reducir los 
precios en los últimos años. Estos antecedentes llevaron a la Comisión a 
concluir que antes de la operación no existía una posición dominante 
2.I.C.§2.c.p.21 
195 
oligopolística. A la luz de los elementos señalados, no estaba previsto que 
la situación competitiva cambiara como consecuencia de la operación de 
concentración. 
<T6> ALLIED SIGNAL/KNORR BREMSE (primera fase) 
291. Knorr Bremse, una empresa alemana, y el grupo estadounidense Allied 
Signal crearon una empresa en participación de ámbito mundial en la que 
agruparon sus actividades en el sector de los sistemas de frenado neumático 
para camiones medianos y pesados, autobuses y remolques. Los sistemas de 
frenado neumático constan de dos partes: el sistema de mando, que genera y 
controla la fuerza de frenado, y el freno propiamente dicho, que aplica la 
fuerza de frenado a la rueda. Fueron objeto de la operación de concentración 
los dos componentes, así como otros productos afines. 
292. La Comisión analizó las repercusiones de la operación sobre los 
siguientes productos del mercado: componentes de sistemas de mando de frenado 
neumático, incluido el ABS, para vehículos comerciales de más de seis 
toneladas, frenos neumáticos para vehículos comerciales de más de seis 
toneladas, componentes del control de nivelación, cilindros, servoembragues, 
y mercado independiente de piezas de repuesto de los componentes de los 
sistemas de frenado neumático. 
293. En lo que respecta a los componentes de los sistemas de mando, en todos 
los mercados, a excepción del mercado de ABS, la empresa en participación 
reforzaría la posición de las partes frente al actual líder del mercado, 
Wabco, que pertenece al grupo Westinghouse; en cuanto a los compresores y 
secadores de aire, la empresa en participación se situaría a la cabeza del 
mercado, con una cuota próxima al 50%. Habida cuenta de la presencia de Wabco 
y otros importantes competidores con capacidad técnica y buena reputación en 
materia de innovación en todas las áreas relacionadas con los componentes de 
los sistemas de mando, el poder adquisitivo de los fabricantes de camiones y 
la posible competencia de empresas de sectores afines, la Comisión concluyó 
que la operación de concentración no crearía ni reforzaría una posición 
dominante singular para la empresa en participación. 
2.I.C.§2.C.p.22 
196 
2 94. Pero la operación resultaría en un aumento del nivel de-concentración en 
el mercado de componentes, con cuotas de mercado combinadas de la empresa en 
participación y Wabco de más de dos tercios, repartidas de forma más 
equitativa que antes dé la operación. Como consecuencia de ello, la Comisión 
examinó si la operación crearía o reforzaría una posición dominante 
oligopolísitca en dichos mercados. A pesar del alto grado de concentración, 
la Comisión llegó a una conclusión negativa, basándose en los siguientes 
argumentos : 
la falta de transparencia de los precios, derivada del hecho de que los 
proveedores negocian individualmente con los fabricantes de vehículos, 
la importancia de criterios distintos al de los precios y la falta de 
estabilidad del entorno competitivo, ante el rápido progreso tecnológico 
que experimenta el sector, dificultarían extremadamente un 
comportamiento coordinado; y 
el poder adquisitivo de los fabricantes de camiones y la competencia 
potencial de empresas de mercados adyacentes limitaría en la práctica el 
poder de la empresa en participación y de Wabco en el mercado 
considerado. 
2 95. En cuanto al mercado independiente de piezas de repuesto de componentes 
de los sistemas de frenado neumático, a pesar de que aumentaría el grado de 
concentración, la Comisión concluyó que no se crearía ni reforzaría una 
posición dominante individual ni oligopolística, porque la libertad de los 
fabricantes para aumentar los precios en dicho mercado resultaría limitada 
por los precios de venta de las piezas de repuesto que fijan los propios 
concesionarios de los fabricantes de camiones. En otros mercados afectados 
por la operación, la concentración no plantearía serias dudas en cuanto a su 
compatibilidad con el mercado común, habida cuenta de la reducida cuota de 
mercado de las partes y de la presencia de poderosos competidores. 
296. Sin perjuicio de su decisión de autorizar la concentración en 
consideración a los factores favorables que presentaba el caso, la Comisión 
acordó vigilar estrechamente la evolución de la competencia en los mercados 
de componentes de vehículos, teniendo en cuenta que el proceso de 
concentración se estaba acentuando. 
2.I.C.§2.c.p.23 
197 
<T6> KALI+SALZ/MdK/Treuand (segunda fase) 
2 97. Este asunto se refería a la operación de fusión de las actividades 
relativas a la sal y a la potasa de las empresas Kali+Salz (K+S) , filial de 
BASF, y MdK, empresa estatal de la antigua RDA. La operación consistía en la 
creación de una empresa en participación entre K+S y el único accionista de 
MdK, el Treuhand, organismo público encargado de la privatización de MdK. 
2 98. El centro de gravedad de la concentración reside en el ámbito de los 
productos basados en la potasa utilizados en la agricultura. La Comisión 
examinó las repercusiones de la operación en dos mercados geográficos 
distintos de potasa de uso agrario, el mercado alemán y el mercado 
comunitario excluida Alemania. 
299. En lo que respecta al mercado alemán de potasa de uso agrario, la 
Comisión observó que, como consecuencia de la concentración, la posición 
dominante de K+S se vería reforzada. La competencia fuera del grupo K+S/MdK 
sería insignificante, y el acceso de nuevas empresas al mercado sería poco 
probable, teniendo en cuenta la existencia de importantes barreras. 
300. No obstante, la Comisión concluyó que el reforzamiento de la posición 
dominante de K+S en el mercado alemán se produciría también si no tuviera 
lugar la operación de concentración que, por lo tanto, no podía considerarse 
la causa del deterioro de la estructura del mercado. En consonancia con esta 
línea argumentai, una fusión que normalmente llevaría a la creación o el 
reforzamiento de una posición dominante, podía, en casos excepcionales, no 
producir tales efectos, si se dan los siguientes factores: 
de no ser por su adquisición, la empresa adquirida se vería obligada a 
abandonar el mercado a corto plazo; 
la cuota de mercado de la empresa adquirida acrecería a la empresa 
adquiriente; y 
no existía otra alternativa de adquisición menos restrictiva de la 
competencia. 
2.I.C.§2.C.p.24 
198 
El caso presentaba los elementos, suficientes para concluir que se complían 
estas tres condiciones. Este resultado sería, además, coherente con el 
objetivo fundamental de reforzar la cohesión económica y social de la 
Comunidad a que hace referencia el considerando 13 del Reglamento sobre 
control de las operaciones de concentración. La Comisión, por consiguiente, 
decidió que, a este respecto, la operación era compatible con el mercado 
común. 
301. En lo que respecta al mercado comunitario excluida Alemania, K+S y SCPA, 
proveedor francés, controlarían, como consecuencia de la operación, cerca del 
60% de las ventas de potasa. La Comisión determinó que la oferta fuera de 
este grupo dominante estaba fragmentada, y que los restantes productores no 
parecían capaces de limitar el poder del grupo en el mercado. 
302. Además, las características estructurales del mercado -un producto 
homogéneo, condiciones de mercado transparentes y falta de innovación 
tecnológica- y los antecedentes de la actuación anterior de K+S y SCPA 
también sugerían que la operación llevaría a una situación de dominación 
colectiva por parte de K+S/MdK y SCPA. No obstante, característica específica 
del caso y, al mismo tiempo, argumento principal para demostrar la ausencia 
de competencia real entre los miembros del grupo dominante•era la existencia 
de vínculos excepcionalmente estrechos entre K+S y SCPA. En concreto, las dos 
empresas tenían una empresa en participación en Canadá denominada Potacan, 
con un volumen de producción equivalente a una gran parte de la producción 
total de SCPA. La empresa en participación revestiría una especial 
importancia para SCPA en el futuro, porque, sus reservas de potasa se iban a 
agotar próximamente. La cooperación entre K+S y SCPA en el cartel de 
exportación Kali Export GmbH, con sede en Viena, parecía también restringir 
la competencia efectiva entre las empresas dentro de la Comunidad. Por 
último, K+S y SCPA mantenían desde hace tiempo estrechos vínculos en lo que 
respecta al suministro de potasa, como consecuencia de los cuales K+S no 
actuaba de forma significativa como competidor independiente en el mercado 
francés. 
303. Con el fin de afianzar los vínculos entre K+S y EMC/SCPA y, de este 
modo, paliar los efectos negativos de la concentración en el mercado 
comunitario excluida Alemania, las partes ofrecieron los siguientes 
compromisos : 
2.I.C.§2.c.p.25 
199 
K+S y la empresa en participación creada entre K+S y el Treuhand se 
retirarían del cartel de exportación Kali Export GmbH; 
K+S establecería su propia red de distribución para los productos 
derivados de la potasa en la CE, especialmente en Francia; y 
K+S modificaría la estructura de Potacan de tal modo que cada miembro 
pudiera comercializar de forma independiente en la Comunidad la potasa 
obtenida de Potacan. 
304. La Comisión estimó que''-los dos primeros compromisos despejaban las 
dudas que surgían con respecto a los vínculos de K+S y SCPA en el cartel de 
exportación y a los suministros en el mercado francés. Por lo tanto, vinculó 
su decisión a una serie de obligaciones para garantizar que las partes 
cumplieran estos compromisos. En cuanto al tercero, la Comisión decidió no 
imponerlo como una obligación formal, teniendo en cuenta que un compromiso 
satisfactorio con respecto a Potacan sólo resultaría posible con el acuerdo 
de EMC. La empresa en participación Potacan ya ha sido objeto de un 
procedimiento conforme al artículo 85 del Tratado en el que, al contrario que 
en el procedimiento relativo a la fusión, EMC también es parte interesada. En 
caso de que K+S no logre llegar a un acuerdo con EMC a pesar de actuar con 
toda la diligencia debida en este sentido, habrá de encontrarse una solución 
en el marco del procedimiento del artículo 85. 
<T6> KNP/BT/VRG (segunda fase) 
305. Este caso se refería a la fusión entre dos grupos neerlandeses de 
fabricantes de papel, cartón y envases, KNP y BT, y un distribuidor 
neerlandés de papel y sistemas de impresión, VRG. La operación suscitaba un 
problema de posición dominante en los mercados de distribución y servicio 
técnico de prensas de imprenta en Bélgica y los Países Bajos. 
306. En cuanto a la transformación de papel viejo en cartón y a la 
distribución de papel para artes gráficas, 'la Comisión concluyó que la fusión 
no llevaría a una posición dominante. Aunque las partes alcanzarían cuotas de 
mercado superiores al 2 5% en algunos segmentos de estos mercados, no se 
crearía ni reforzaría una posición dominante, teniendo en cuenta, entre otros 
factores, la presencia de otros competidores significativos, las 
2.I.C.§2.c.p.26 
200 
posibilidades de sustitución y las opiniones de los clientes consultados por 
la Comisión en el sentido de que se podría disponer rápidamente de fuentes de 
suministro alternativas. 
307. Con respecto a las prensas de imprenta, con anterioridad a la fusión, 
las empresas BT y VRG distribuían y prestaban el servicio técnico en 
exclusiva de prensas de imprenta fabricadas por los dos principales 
proveedores europeos, Heidelberg y MAN-Roland, respectivamente, y competían 
entre sí en Bélgica y los Países Bajos. Como resultado de la fusión, la nueva 
entidad tendría una cuota de mercado de más de dos tercios en cada uno de los 
dos países considerados. 
308. Con objeto de determinar si la operación daría lugar a una posición 
dominante con respecto a las prensas de imprenta, la Comisión analizó los 
siguientes factores: 
los distribuidores de otras prensas de imprenta, como la empresa 
japonesa Komori, que actualmente compiten con las partes en Bélgica o 
los Países Bajos, tienen una presencia muy reducida en el mercado. No 
disponen de una red de servicio amplia, y las prensas que distribuyen no 
cuentan con la arraigada reputación de las de Heidelberg y MAN-Roland en 
Europa ; 
En lo que se refiere al mantenimiento y al servicio postventa, los 
escasos proveedores independientes existentes en Bélgica y los Países 
Bajos no podrían limitar de forma significativa el poder de la entidad 
fusionada en el mercado, teniendo en cuenta su reducido tamaño y su 
falta de capacidad tecnológica; 
El acceso satisfactorio a los mercados belga y neerlandés de 
distribución de prensas de imprenta dependería de la calidad y la 
reputación del producto. Dado que existen muy pocas marcas arraigadas, 
la posibilidad de acceder al mercado de distribución es extremadamente 
limitada; 
2.I.C.§2.c.p.27 
201 
los clientes son pequeñas empresas y están muy dispersos, de modo que es 
poco probable que pudieran restringir el poder de las partes en el 
mercado. Además, les resultaría difícil cambiar de fabricante de prensas 
de imprenta si no estuvieran satisfechos con el servicio ofrecido por 
las partes. t 
309. A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión llegó a la 
conclusión de que la operación llevaría a una posición dominante en los 
mercados de distribución y servicio técnico de prensas de imprenta en Bélgica 
y los Países Bajos. Teniendo en cuenta la estructura de los mercados 
considerados, cabe presumir que esta posición dominante no desaparecería 
prontamente, sino que sería duradera e impediría significativamente el 
desarrollo de una competencia efectiva. 
310. No obstante, las partes contrajeron un compromiso con la Comisión para 
poner fin a su relación de distribución bien con Heidelberg o con MAN-Roland 
en Bélgica y los Países Bajos. Además, se comprometieron a desprenderse de 
los activos relacionados con la distribución y el servicio técnico de las 
prensas de imprenta, dando así por terminada la relación, incluida la 
transferencia de personal y de los contratos para la prestación del servicio 
técnico, de tal manera que el comprador tuviera la garantía de poder 
establecerse como distribuidor independiente en los mercados belga y 
neerlandés. 
311. De conformidad con estos compromisos, la combinación de las actividades 
de distribución y de prestación del servicio técnico que se derivaría de la 
fusión no va a tener lugar. Por consiguiente, la Comisión declaró la 
operación compatible con el mercado común, siempre que se cumplan las 
obligaciones aceptadas por las partes. 
2.I.C.§2.c.p.28 
202 
<T6> PILKINGTON-TECHINT/SIV (segunda fase) 
312. Este asunto se refería a la adquisición del control conjunto, por parte 
de Pilkington y Techint, de SIV, un fabricante de vidrio plano y de seguridad 
para automóviles que anteriormente había sido propiedad del Estado italiano. 
313. La Comisión analizó las repercusiones de la operación de concentración 
en el mercado de vidrio flotado en dos niveles: (i) nivel 1, que corresponde 
a la producción y venta de vidrio flotado primario, en bruto; (ii) nivel 2, 
en el que el vidrio flotado en bruto se somete a un tratamiento posterior 
antes de la venta y distribución al usuario final (sector del automóvil o 
comercio en general). 
314. Como consecuencia de la operación de concentración, el suministro de más 
del 90% del mercado comunitario de vidrio flotado correría a cargo de cinco 
productores: St. Gobain, líder del mercado, seguido de Pilkington/SIV, las 
empresas de capital estadounidense PPG y Guardian, y la de capital japonés 
Glaverbel. Habida cuenta de las cuotas de mercado y de la solidez de los 
demás productores, especialemnte de St. Gobain, la Comisión concluyó que la 
concentración no supondría la creación o el reforzamiento de una posición 
dominante individual por parte de Pilkington/SIV. No obstante, la adquisición 
de SIV por parte de Pilkington-Techint acentuaría el grado de concentración 
en un sector que de antemano ya estaba muy concentrado y en el que, además, 
existían importantes obstáculos de acceso. Por consiguiente, la Comisión 
también examinó si la operación notificada crearía o reforzaría una posición 
dominante colectiva por parte del grupo oligopolistic^ formado por los. cinco 
productores. 
315. Con respecto a la posible creación o reforzamiento de una posición 
dominante colectiva, la Comisión estimó que la competencia fuera del grupo de 
los cinco productores comunitarios no sería considerable, y que las 
posibilidades de acceder al mercado a medio plazo eran muy reducidas. Pero 
llegó a la conclusión de que una serie de características, que se exponen a 
continuación, mermaban la posibilidad de que los miembros del grupo pudieran 
concertar prácticas contrarias a la competencia. Se trata de las siguientes: 
creciente exceso de capacidad productiva combinada con una reducida 
elasticidad precio; 
innovación y diferenciación del producto; 
2.I.C.§2.C.p.29 
203 
- • asimetrías en la posición en el mercado y en el grado de integración 
vertical de los cinco productores; 
insuficiente transparencia de los precios y del volumen de ventas; 
fuerte incentivo para concertar prácticas debido a las características 
económicas de la producción de vidrio flotado: costes variables 
relativamente reducidos y, como consecuencia de ello, elevados 
beneficios marginales por ventas adicionales; 
considerable poder adquisitivo de los fabricantes de vehículos. 
316. Al evaluar la posible creación o reforzamiento de una posición dominante 
colectiva, la Comisión también examinó el funcionamiento de las empresas en 
participación creadas entre los cinco productores de vidrio flotado en la 
Comunidad. Se consideró que la más importante de ellas era Flovetro, una 
empresa en participación que, tras la operación, sería gestionada 
conjuntamente por Pilkington/SIV y St. Gobain. La Comisión concluyó que el 
hecho de que Flovetro siguiera funcionando no supondría un obstáculo a la 
competencia efectiva, al tratarse de una empresa en participación dedicada 
exclusivamente a la producción, cuyo volumen representaba un porcentaje muy 
pequeño de las ventas comunitarias. Además, en Flovetro no participaban los 
otros tres productores de vidrio flotado, y en el sector no existían más 
vínculos de producción. 
317. Habida cuenta del conjunto de las consideraciones expuestas, la 
adquisición de SIV por parte de Pilkington/Techint fue declarada compatible 
con el mercado común. 
2.I.C.§3.a.p.30 
204 
<T3> §3. Aplicación de los artículos 9, 21 y 22 
<T5> a. Aplicación del artículo 9 
318. Las autoridades alemanas solicitaron a la Comisión la remisión del 
asunto McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann. Como norma general, cuando se cumplen 
los requisitos del artículo 9, la Comisión puede, o bien tramitar el asunto 
directamente, o bien remitirlo a las autoridades competentes del Estado 
miembro afectado, tomando en consideración el interés público de garantizar 
que no se falsee la competencia en el mercado común. 
La Comisión había previsto no remitir el asunto, teniendo en cuenta el riesgo 
que presentaba para el mercado alemán y los efectos que podía tener para 
otros mercados de la Comunidad. Pero esta opción quedó excluida como 
consecuencia de un error en el cálculo de los plazos legales establecidos en 
el apartado 1 del artículo 10, en su primera frase. No obstante, seguía 
existiendo la posibilidad de remisión conforme al artículo 9, a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 10 en combinación con la letra a) del 
apartado 4 del artículo 9. La Comisión, por lo tanto, consideró pertinente 
remitir el caso a las autoridades competentes de la República Federal de 
Alemania con objeto de que llevaran a cabo un juicio de compatibilidad 
exhaustivo. 
319. En cuanto al fondo, algunos factores sugerían que el mercado de hierbas 
y especias era de dimensión nacional, especialmente en el caso de Alemania. 
La estabilidad de la demanda y la saturación del mercado alemán, junto con 
las características específicas del sistema de distribución y 
comercialización y el coste relativamente elevado que suponía acceder al 
mercado, representaban una considerable barrera de acceso al mercado alemán. 
320. Conforme a la práctica de la Comisión, la remisión de un asunto que 
afecta a la totalidad de un mercado nacional sólo tendría lugar en 
circunstancias excepcionales, cuando el mercado de que se trate constituya 
una parte sustancial del mercado común. En este caso concreto, el hecho de 
que las hierbas y especias requieran un sistema de distribución y de servicio 
postventa específico y muy amplio, como consecuencia de lo cual existen en 
Alemania más de 85 000 puntos de venta, indicaba que las condiciones locales 
2.I.C.§3.a.p.31 
205 
constituían un factor crucial. Desde esta perspectiva, las autoridades 
alemanas estaban probablemente en una buena posición para llevar a cabo una 
investigación exhaustiva. 
<T5> b. Aplicación del apartado 3 del artículo 21 
321. La primera aplicación del apartado 3 del artículo 21, que concederá los 
Estados miembros la facultad de adoptar las medidas pertinentes para proteger 
intereses legítimos con respecto a las operaciones de concentración cubiertas 
por el Reglamento, se refiere al asunto IBM FRANCE/CGI, que recibió el visto 
bueno de la Comisión el 19 de mayo de 1993. La operación consistía en una 
oferta pública de intercambio como consecuencia de la cual IBM FRANCE obtuvo 
el control de la sociedad anónima francesa COMPAGNIE GENERALE DE 
L'INFORMATIQUE (CGI). Las autoridades francesas informaron a la Comisión de 
que habían adoptado determinadas medidas con respecto a dos filiales de la 
CGI< que formaban parte de la concentración y trabajaban con el Ministerio de 
Defensa. El objetivo de dichas medidas era la protección de intereses 
legítimos franceses relacionados con la seguridad pública, de conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 21. 
<T5> c. Aplicación del apartado 3 del artículo 22 
322. La primera solicitud conforme al apartado 3 del artículo 22 del 
Reglamento, que concede a los Estados miembros la facultad de solicitar a la 
Comisión que examine una operación de concentración sin dimensión 
comunitaria, relativa al asunto British Airways/Dan Air, planteó algunas 
cuestiones nuevas que, en su mayor parte, se derivaban del hecho de que, 
aunque el procedimiento es básicamente el mismo que en el caso de las 
operaciones notificadas, no se produce tal notificación. En este asunto, la 
Comisión consideró que la solicitud, formulada por Bélgica, no contenía 
suficientes datos para proceder a una investigación; por lo tanto, el plazo 
no comenzó a contar hasta que el Gobierno belga facilitó información 
adicional. 
323. En cuanto a una cuestión de fondo, ha de señalarse que, a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 22, la Comisión sólo puede intervenir 
"en la medida en que dicha concentración afecte al comercio entre Estados 
2.I.C.§3.C.p.32 
206 
miembros", y que su ámbito de actuación está limitado al territorio del 
Estado miembro de que se trate. A este respecto, la adquisición de los 
servicios de Dan Air, excluidos los vuelos charter, afectaba claramente al 
transporte aéreo entre Bélgica y el Reino Unido. No obstante, la única ruta 
afectada era la de Bruselas-Londres, y la Comisión concluyó que la operación 
no crearía ni reforzaría posición dominante alguna. 
<T3> §4. Aplicación del artículo 223 del Tratado 
324. El 17 de marzo, las autoridades francesas comunicaron a la Comisión que, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Tratado, habían solicitado a 
las partes de una operación de concentración que no notificaran una operación 
de dimensión comunitaria llevada a cabo en el sector de motores para misiles. 
325. La Comisión indicó que, en su opinión, un Estado miembro podía invocar 
el artículo 223 en este sentido con respecto a operaciones de concentración 
limitadas a actividades militares sin aplicación civil. Pero, en este caso, 
el Estado miembro debía facilitar a la Comisión la labor de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de aplicación de la letra b) del apartado 1 
del artículo 223 y comprobar que la operación no tenía repercusiones para los 
proveedores de las empresas implicadas, los posibles consumidores intermedios 
ni los consumidores finales -ministerios de defensa- de otros Estados 
miembros. Por otro lado, se reservaba el derecho de aplicar las disposiciones 
del párrafo primero del artículo 225 del Tratado. 
326. El 20 de octubre, las autoridades francesas facilitaron los elementos 
necesarios: razones por las cuales era imprescindible no notificar la 
operación con el fin de proteger los intereses esenciales de la seguridad del 
país, naturaleza precisa de la actividad como prueba de que entraba dentro 
del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 223, ausencia de efectos 
colaterales sobre los productos no militares y repercusiones de la operación 
para los proveedores, consumidores intermedios y ministerios de la defensa de 
los demás Estados miembros. El 29 de octubre, la Comisión comunicó que no 
tenía ninguna observación que formular. 
2.I.D.p.l 
207 
<T9> D. Principales decisiones en el sector de la siderurgia 
<T3> §1. Evolución 
327. La crisis del sector siderúrgico siguió sintiéndose acusadamente en 
1993, con un total de cincuenta y cinco expedientes tramitados. El número de 
acuerdos de especialización y de empresas en participación aumentó; en 
cambio, se redujo significativamente el de operaciones de concentración. 
Fueron adoptadas seis decisiones con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA, 
mientras que nueve casos quedaron resueltos mediante carta de exención 
conforme a la Decisión 25/67. v Por otro lado, catorce casos se resolvieron 
mediante carta administrativa conforme al artículo 65 del Tratado CECA. 
<T3> §2. Operaciones de concentración 
<T5> a) Mannesmann - Hoesch 
328. La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación, 
Mannesmann Hoesch Prázisrohr GmbH, por parte de Mannesmannrohren Werke AG y 
Hoesch AG, así como la adquisición por parte de Mannesmannrôhren Werke del 
50% del capital de la empresa Gebr. Fuchs GmbH, filial de Hoesch. 
Esta decisión se refiere exclusivamente a los productos CECA, aunque también 
se adoptó una decisión análoga, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89, 
sobre los aspectos de la operación relacionados con los productos CEE. 
<T5> b) Sollac - Bamesa 
329. La Comisión autorizó a Usinor Sacilor la adquisición, a través de su 
filial Sollac, de una participación del 30% en la empresa distribuidora de 
productos CECA Barcelonesa de Metales (Bamesa). 
<T5> c) Profilarbed - Unimetal 
330. La Comisión autorizó la concentración de las actividades de producción 
de perfiles pesados y alambrón y de distribución de Arbed y Usinor Sacilor, 
en el sector de los productos largos. Esta operación permite completar el 
proceso de racionalización e integración de las producciones iniciado cuando 
se obtuvo la autorización de Europrofil. 
2 .1. D . p . 2 
208 
<T5> d) Ensidesa - Velasco 
331. La Comisión autorizó a Ensidesa la adquisición de una participación en 
la sociedad de cartera Cosimet, que, junto con la familia Riberas, controla 
el grupo español de distribución de productos CECA Velasco. 
<T5> e) Thyssen Kohletechnik RAG - Fechner 
332. La Comisión autorizó la creación, por parte de Thyssen Schachtbau 
Kohletechnik GmbH (grupo Thyssen Schachtbau GmbH, Mûlheim/Ruhr) y Bruno 
Fechner GmbH & Co. KG (grupo Ruhrkohle AG) , de una empresa en participación 
denominada Micro Carbon Brennstofftechnik GmbH, así como la adquisición, por 
parte de esta última, de la sociedad Techno Carbon GmbH. La nueva empresa 
producirá y venderá carbón pulverizado para los hornos de cemento y de cal. 
<T5> f) Laubag - Espag 
333. La Comisión autorizó a Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) la adquisición 
de la totalidad del capital de Energiewerke Schwarze Pumpe AG (ESPAG), 
importante distribuidor de briquetas de lignito. Como consecuencia de la 
operación, el Treuhand, propietario de las dos empresas, dividirá LAUBAG en 
dos sociedades, una de las cuales reagrupará las actividades rentables bajo 
el nombre de "Braunkohlenwerke Brandenburg-Sachsen AG", con vistas a su 
futura privatización. 
<T3> §3. Mecanismo financiero 
334. Con el fin de combatir la crisis siderúrgica, la Comisión propuso un 
conjunto de iniciativas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 del 
Tratado CECA. 
Tres grupos de empresas, formados por numerosas sociedades, que operan en los 
subsectores de flejes y bandas anchas laminados en caliente, chapa en cuarto 
y perfiles pesados, notificaron unos acuerdos en virtud de los cuales, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del Tratado CECA, 
establecerán un mecanismo financiero común^1', cuyas características 
esenciales son las siguientes: 
(1) Decisión de la Comisión de 21.12.1993 (DO L 6 de 8.1.1994) 
2.I.D.p.3 
209 
Los participantes en el mecanismo que no tengan previsto cerrar o 
reducir sus capacidades de producción contribuirán a financiar la 
reducción de capacidades de las partes que opten por el cierre; la 
reducción de capacidad prevista se cifra en 2,5 millones de toneladas 
para los perfiles pesados, 6 millones de toneladas para los flejes y las 
bandas anchas laminados en caliente y 2 millones de toneladas para las 
chapas en cuarto. 
El cierre de las instalaciones se considerará definitivo cuando se 
realice con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión 
n° 3010/91/CECA de la Comisión^2'. La reinstalación en otro lugar, 
desde el cual la eventual^ exportación al mercado comunitario resultase 
improbable, podrá asimilarse al cierre definitivo. 
Las partes cesantes se comprometen a no incrementar, durante cinco años, 
su capacidad residual de producción de los productos objeto de un 
mecanismo financiero, so pena del pago de una multa de 100 ecus por 
tonelada de crecimiento de capacidad, que se haría efectiva a las demás 
partes. Los aumentos de capacidad derivados de obras de mantenimiento o 
de inversiones corrientes de productividad estarán limitados a un 2% 
anual durante un periodo de cinco años. Las inversiones en nuevas 
tecnologías no quedan excluidas, siempre y cuando estén destinadas a 
sustituir una capacidad existente y no supongan un aumento neto de la 
misma. 
El programa de cierre individual de capacidad de producción será 
notificado a la Comisión, haciendo mención de las instalaciones a cuyo 
cierre se deberá proceder en principio antes del 31 de diciembre de 
1994. 
La Comisión supeditó su autorización al cumplimiento de una serie de 
condiciones para garantizar la competencia en el mercado común. Las, empresas 
no podrán establecer, en relación con el mecanismo financiero, ningún acuerdo 
o práctica concertada, ni efectuar declaración unilateral alguna en lo 
relativo a los precios, los porcentajes de utilización de las capacidades o 
al nivel de producción con que contará cada una de las partes tras el cierre. 
(2) DO L 286 de 16.10.1991. 
2.I.D.p.4 
210 
Durante la vigencia del mecanismo, los miembros se abstendrán de participar 
en ninguna práctica concertada o acuerdo de intercambio de información que 
pueda restringir la competencia, sin informar previamente a la Comisión. Por 
otro lado, cada empresa deberá notificar su programa de cierre en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de notificación de la Decisión de 27 de 
octubre de 1993, y todas ellas habrán de someterse a los controles que la 
Comisión considere necesarios. 
2.I.E.a.p.1 
21 1 
<T9> E. Normas sustantivas y procesales 
<T3> Aplicación de los reglamentos de exención por categorías 
<T5> a) Distribución de vehículos de motor 
<T6> Reglamento (CEE) n° 123/85 
335. Por vez primera, los 23 principales fabricantes europeos y japoneses 
presentaron en 1993 datos semestrales sobre los precios de sus automóviles. 
Esta nueva práctica es resultado de una iniciativa emprendida por la Comisión 
en 1992 para lograr una mayor transparencia de los precios de los automóviles 
en la CE(3). 
Los fabricantes facilitaron información (el 1 de mayo y el 1 de noviembre de 
1993) sobre los precios de los modelos más vendidos, 55 europeos y 17 
japoneses, indicando los precios recomendados de venta al público, ajustados 
en función de las distintas opciones y expresados en la moneda local con y 
sin impuestos. 
La principal conclusión que ha de extraerse es que en 1993 hubo importantes 
fluctuaciones de los tipos de cambio, que no pueden pasarse por alto. 
Destacan los casos de España, Portugal e Italia, que sufrieron sendas 
devaluaciones y registraron los precios de mercado más reducidos en este 
periodo; en Alemania, con un marco fuerte, se registraron los más elevados. 
Dicho esto, cabe formular algunas observaciones: 
En noviembre, las diferencias de precios fueron, en términos generales, 
ligeramente superiores que en mayo. Aproximadamente el 80% de los 
automóviles europeos y el 90% de los modelos japoneses mostraron 
diferencias de precios por debajo del 20%. 
No obstante, dejando al margen las fluctuaciones monetarias (utilizando 
el tipo del ecu vigente en mayo para el análisis de noviembre) , se 
manifestó con toda claridad la tendencia de los fabricantes a reducir 
las diferencias de los precios de casi todos sus modelos. 
(3) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 2 90 
2.I.E.a.p.2 
212 
Por segmentos de mercado, no se produjo entre mayo y noviembre 
prácticamente ninguna alteración en los puestos que ocupan los 
automóviles que acaparan el mayor porcentaje de la cuota de mercado 
global del sector (o sea, los segmentos B, C y D) . Los automóviles 
medianos y grandes (segmentos C y D) mostraron disparidades de precios 
poco significativas (el 85% de los modelos registraba diferencias 
inferiores al 20%), mientras que los pequeños y muy pequeños (segmentos -
B y A) presentan las diferencias más pronunciadas (sólo el 67% y el 58%, 
respectivamente, de todos los modelos registran diferencias por debajo 
del 20%). 
La Comisión observó, entre mayo y noviembre de 1993, una tendencia 
general a la baja en los precios de los automóviles (tomando como 
referencia los precios recomendados de venta al público y los tipos de 
cambio del ecu correspondientes). 
Cada seis meses se realizará un informe de estas características sobre los 
precios de los automóviles en la Comunidad, lo que permitirá a la Comisión 
avanzar en su esfuerzo por fomentar la transparencia de precios. Gracias a 
estos informes, se podrán evaluar las tendencias y divergencias de los 
precios, que se espera se reduzcan como consecuencia de la iniciativa puesta 
en marcha en mayo de 1992, y tomarse en consideración estas tendencias en las 
reflexiones en torno al futuro del Reglamento (CEE) n° 123/85, que expirará 
en junio de 1995. 
En 1992, y dentro de su iniciativa para hacer frente a las diferencias de 
precios entre los Estados miembros, la Comisión pidió a los fabricantes de 
automóviles que confirmasen a sus distribuidores que podían vender a usuarios 
finales y a distribuidores autorizados de otros Estados miembros. Los 
fabricantes han cooperado con esta iniciativa, remitiendo circulares a sus 
distribuidores, y, a juzgar por el número significativamente reducido de 
denuncias presentadas por los usuarios en 1993, la iniciativa fue de gran 
utilidad. 
No obstante, la Comisión siguió recibiendo denuncias de usuarios en relación 
con la negativa de los distribuidores de cumplir los servicios de garantía de 
automóviles importados de otros Estados miembros. Estas dificultades se 
resolvieron gracias a la intervención de la Comisión y de los fabricantes, 
que recordaron a sus distribuidores su obligación de hacerlo en virtud de lo 
dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 123/85. 
2.I.E.a.p.3 
213 
Por otro lado, la Comisión confirmó a los fabricantes que el Reglamento (CEE) 
n° 123/85 sólo es aplicable a los vehículos de tres o más ruedas, de forma 
que no afecta a la distribución de motocicletas en la Comunidad^4'. Los 
fabricantes pueden adaptar sus contratos de distribución a las disposiciones 
del Reglamento (CEE) n° 1983/83 sobre distribución exclusiva para acogerse a 
la exención por categorías o bien presentar una solicitud de exención 
individual si consideran que este texto no responde a las exigencias de la 
distribución de motocicletas. 
336. Además, durante 1993, la Comisión siguió velando por que los 
intermediarios que operan en el mercado común no queden excluidos del 
suministro de vehículos, siempre y cuando demuestren suficientemente que 
actúan como proveedores de servicios por cuenta de terceros. 
Por otro lado, la Comisión se pronunció sobre la aplicabilidad del Reglamento 
n° 123/85 a las cláusulas contractuales que restringen la libertad de los 
concesionarios para suministrar a las sociedades de arrendamiento financiero. 
El problema se plantea en dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal está 
examinando conforme al artículo 177 del Tratado CE. Considerando que el punto 
12 del artículo 13 -que asimila las actividades de arrendamiento financiero 
(leasing) a la distribución- afecta exclusivamente a las relaciones entre 
fabricantes y concesionarios, la Comisión llegó a la conclusión de que el 
Reglamento (CEE) n° 123/85, en su redacción actual, no es aplicable cuando se 
trata de relaciones entre concesionarios y sociedades de arrendamiento 
financiero. 
(4) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 123. 
2.I.E.b.p.4 
214 
<T5> b) Aplicación de los demás reglamentos de exención por categorías 
<T6> Compra exclusiva 
337. En lo que respecta a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1984/83 a las 
estaciones de servicio, la Comisión tuvo ocasión de clarificar y especificar 
en varios casos algunos aspectos sobre el alcance de la exención y, 
especialmente, sobre las restricciones de la competencia que obstaculizan su 
aplicación. 
En concreto, la Comisión examinó las relaciones contractuales negociadas por 
las refinerías españolas con las estaciones de servicio de la antigua red 
monopolística, cuando ésta estaba aún reservada por ley a los productos de 
las refinerías españolas'5'. 
<T6> Acuerdos de especialización y de investigación y desarrollo 
338. En 1993, la Comisión recibió una sola notificación en virtud del 
procedimiento de oposición previsto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) 
n° 417/85 sobre los acuerdos de especialización(fi). El plazo de seis meses 
aún no ha expirado, y el asunto sigue bajo examen. 
En cuanto al Reglamento (CEE) nc 418/85 relativo a los acuerdos de 
investigación y desarrollo, hasta la fecha sigue utilizándose muy poco el 
procedimiento de oposición previsto en su artículo 7. En 1993 no se recibió 
notificación alguna en virtud de este artículo. 
<T6> Acuerdos de licencias de patentes y de conocimientos tecnológicos 
339. A lo largo del año, la Comisión recibió una sola solicitud de aplicación 
del procedimiento de oposición previsto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) 
n° 556/89(7V relativo a los acuerdos de conocimientos tecnológicos y de 
licencias mixtas de patentes y de conocimientos tecnológicos. El plazo de 
(5) Véase el punto 226 del presente Informe. 
(6) DO C 53 de 22 de febrero de 1985. 
(7) DO L 61 de 4 de marzo de 1989. 
2.I.E.b.p.5 
215 
seis meses aún no ha expirado, y prosigue pues el examen del asunto. La 
Comisión no recibió notificación alguna en virtud del artículo 4 del 
Reglamento n° 2349/84(Q' sobre las licencias de patentes. 
Por otro lado, la Comisión archivó el procedimiento mediante carta 
administrativa en dos asuntos notificados en 1990 y 1991, respectivamente, 
con arreglo a los dos Reglamentos, después de que las partes modificaran sus 
acuerdos para hacerlos compatibles con el artículo 85. 
<T6> Acuerdos de franquicia 
\ 
340. Durante 1993, la Comisión recibió tres solicitudes de aplicación del 
procedimiento de oposición previsto en el artículo 6 del Reglamento (CEE) 
n° 4087/88 (9) . 
En uno de los tres asuntos, la Comisión observó que el acuerdo en cuestión no 
afectaba seriamente a la competencia en el mercado común ni al comercio entre 
Estados miembros. Por consiguiente, el procedimiento no era aplicable, al no 
entrar el acuerdo dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 
85 del Tratado CE. La instrucción de las dos otras notificaciones está en 
curso. 
Por otro lado, la Comisión dio por finalizado el examen de dos notificaciones 
(10) recibidas en 1992 en virtud del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 
4087/88. En el primer caso, la Comisión concluyó que el acuerdo no afectaba 
significativamente a la competencia en el mercado común. En el segundo, 
consideró que el acuerdo reunía los requisitos de obtención de una exención 
por categorías después de que las partes hubieran suprimido la limitación de 
la facultad del franquiciado en cuanto a la fijación de los precios de venta 
de los productos objeto de la misma y previsto expresamente la libertad del 
franquiciado de comprar los productos a los otros titulares. Cabe también 
hacer mención del asunto Texaco, que se analiza más adelante'11^ . 
(8) DO L 219 de 16 de agosto de 1984. 
(9) DO L 359 de 28 de diciembre de 1988. 
(10) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 273. 
(11) Véase el punto 225 del presente Informe. 
2.II.p.l 
216 
<T4> Capítulo II 
<T2> Principales sentencias del Tribunal de Justicia 
y del Tribunal de Primera Instancia 
341. El presente Informe recoge un total de 12 sentencias y 5 resoluciones. 
<T3> §1. Interpretación de la letra f) del artículo 3, del segundo párrafo 
del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 85 
del Tratado CE 
342. En sus importantes sentencias de 17 de noviembre, Meng, Ohra y Reiff, 
sendas cuestiones prejudiciales, el Tribunal fijó los límites de su 
jurisprudencia en lo que respecta a la interpretación de la letra f) del 
artículo 3 (letra g) desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión 
Europea), y de los artículos 5 y 85 del Tratado CE. 
Los asuntos Meng y Ohra se referían a las normativas alemana (Meng) y 
neerlandesa (Ohra), que prohibían la concesión de ventajas financieras por 
parte de las compañías de seguros (Ohra) o de los mediadores de seguros (Ohra 
y Meng), que normalmente consistían en la cesión a sus clientes, por parte de 
los mediadores, de la totalidad o de una parte de su comisión. 
El asunto Reiff hacía referencia a la normativa alemana sobre fijación de 
tarifas de transporte de mercancías por carretera de largo recorrido. 
343. En los tres casos, el Tribunal aplicó a los hechos la fórmula que 
sintetiza su anterior jurisprudencia, ya sentada en su sentencia de 21 de 
septiembre de 1988 en el asunto Van Eycke (asunto 267/68, considerando 16, 
Rec. p. 4791) . De este modo, rechazó la interpretación según la cual se 
consideraban incompatibles con las citadas disposiciones cualesquiera 
normativas estatales que tuvieran los mismos efectos contrarios a la 
competencia que un acuerdo prohibido por el artículo 85, cuando no existía 
acuerdo alguno entre empresas. 
217 
En la fórmula sintética de que se sirvió el Tribunal, el primer elemento 
consiste en recordar que, en principio, el artículo 85 del Tratado se aplica 
exclusivamente a actuaciones de empresas, no a medidas legales o 
reglamentarias de ios Estados miembros. Por este motivo, en el asunto Meng, 
el Tribunal observó, a título preliminar, que las medidas impugnadas eran de 
carácter estatal, habida cuenta del rango administrativo y de los poderes de 
control y reglamentarios dé quien emanaban, la oficina federal de control de 
seguros. 
Partiendo de aquí, el segundo paso del razonamiento consistió en una 
matización. El artículo 85, en^combinación con el artículo 5 del Tratado CE, 
impone a los Estados miembros la obligación de no adoptar o mantener en vigor 
medidas, incluso de naturaleza legal o reglamentaria, que puedan eliminar la 
eficacia de las normas de competencia aplicables a las empresas. Esto ocurre 
en dos supuestos : o bien el Estado impone o favorece la conclusión de 
acuerdos incompatibles con el artículo 85, o refuerza los efectos de tales 
acuerdos, o bien retira a su propia reglamentación su carácter estatal, 
delegando en operadores privados la responsabilidad de adoptar decisiones de 
intrevención en materia económica. 
344. Con el fin de ofrecer, sobre la base de esta argumentación, una 
respuesta útil al tribunal de reenvío, el Tribunal comenzó por examinar, en 
el asunto Reiff, si en el caso de la reglamentación alemana se podía concluir 
que existía acuerdo en el sentido del artículo 85 del Tratado CE. Según esta 
normativa, las tarifas son fijadas por comisiones formadas por personas 
propuestas por los ramos que participan en el sector del transporte por 
carretera. Efectivamente, el Tribunal había señalado anteriormente que la 
designación, por parte de la autoridad pública, de personas propuestas por 
organizaciones profesionales no constituye un obstáculo a la existencia de un 
acuerdo, siempre y cuando estas personas hayan negociado y concluido un 
acuerdo sobre precios en su calidad de representantes de las organizaciones 
que les hayan propuesto'12' . Pero, en este caso, el Tribunal determinó que 
los miembros de las comisiones de tarifas actuaban en calidad de expertos, 
independientes de las empresas o asociaciones que les hubieran propuesto para 
su nombramiento por parte del Ministerio de Transportes, y que, para la 
fijación de tarifas, tenían la obligación de tener en cuenta intereses de 
otros sectores. Así, el Tribunal dio una respuesta negativa a esta cuestión. 
(12) 30.1.1985, BNIC/clair, asunto 123/83, Rec. p. 391 
2.II.p.3 
218 
En cuanto al reforzamiento de los efectos de un acuerdo, el Tribunal, en el 
asunto Meng, descartó el argumento según el cual la normativa impugnada había 
reforzado el alcance de un acuerdo destinado a prohibir las cesiones de 
comisiones en el sector de los seguros de vida haciéndolo aplicable a otros 
ramos de seguros. El Tribunal estimó que una normativa aplicable a un sector 
determinado no refuerza los efectos de un acuerdo existente previamente, 
salvo si se limita a recoger los elementos de un acuerdo entre los operadores 
del sector. 
Por último, la sentencia en el asunto Reiff constituye una verificación, por 
parte del Tribunal, de que los poderes públicos no han delegado sus 
competencias en operadores económicos privados. También en este punto dio el 
Tribunal una respuesta negativa, observando que la normativa alemana de 
fijación de tarifas de transporte por carretera confiere al Gobierno federal 
la misión de aproximar las condiciones de competencia de los distintos medios 
de transporte, para evitar la competencia desleal entre el transporte por 
carretera, el ferroviario y el fluvial. A tal fin, el Ministerio federal de 
Transporte puede participar personalmente o mediante representante en las 
reuniones de las comisiones de tarifas si considera que las tarifas fijadas 
por una comisión no responden al interés general. 
<T3> §2. Concepto de empresa 
345. Con respecto a dos litigios (asuntos acumulados C-159 y 160/91) que 
enfrentaban respectivamente a Christian Poucet con la Caisse Mutuelle 
régionale du Languedoc-RoussilIon (Calmurac) y la AGF, y a Daniel Pistre con 
la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des 
artisans (Concava), el Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse, mediante una 
sentencia dictada el 17 de febrero, sobre si un organismo encargado de la 
gestión de un régimen especial de seguridad social debe ser considerado una 
empresa en el sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado CE. 
2.II.p.4 
219 
Para responder a esta cuestión, el Tribunal se remitió a su sentencia de 23 
de abril de 1991^13', en la que precisaba la definición, fijada con 
anterioridad, del concepto de empresa: "En el contexto del Derecho de 
competencia, el concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una 
actividad económica, independientemente de su estatuto, jurídico y de su modo 
de financiación". 
Asimismo, el Tribunal observó que los regímenes de seguridad social en 
cuestión perseguían un objetivo social y obedecían al principio de 
solidaridad, y que el sistema de afiliación obligatoria a estos regímenes es 
indispensable para la aplicación de dicho principio y para su equilibrio 
financiero. 
Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal concluyó que las cajas de 
seguro de enfermedad o los organismos que colaboran en la gestión del 
servicio público de seguridad social cumplen una función de carácter 
exclusivamente social. Esta actividad se basa, efectivamente, en el principio 
de solidaridad nacional, y carecen de fin lucrativo alguno. Las prestaciones 
abonadas constituyen prestaciones legales e independientes del importe de las 
cotizaciones. De ello se deriva que esta actividad no es una actividad 
económica y que, por lo tanto, los organismos que se encargan de ella no 
constituyen, en lo que atañe a esta actividad, empresas en el sentido de los 
artículos 85 y 86 del Tratado CE. 
(13) Hôfner y Elser, C-41/90, Rec. p. 1979 
2. II.p.5 
220 
<T3>§3. Aplicación del artículo 85 a un acuerdo horizontal sobre precios 
346. El 31 de marzo, el Tribunal dictó sentencia en relación con un recurso 
contra una Decisión de la Comisión^14', que había observado que 40 
productores de pasta de madera y tres de sus asociaciones profesionales 
habían infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del 
Tratado CE, al acordar los precios (precios anunciados o precios reales de ' 
transacción) (asuntos acumulados "pastas de madera", Ahlstrôm Osakeyhtiô y 
otros). En este asunto, el Tribunal de Justicia ya había dictado sentencia 
sobre la competencia de la Comunidad para aplicar las normas de competencia a 
empresas situadas fuera de su territorio^15' . 
El Tribunal anuló varios apartados de la Decisión impugnada por dos razones 
principales: violación del derecho de defensa e incapacidad de la Comisión de 
demostrar válidamente la existencia de una concertación sobre los precios 
anunciados. 
En opinión del Tribunal, el sistema de anuncios trimestrales de los precios 
vigentes en el mercado de la pasta de madera no infringía por sí mismo lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 
Por otro lado, la Comisión no pudo demostrar válidamente que había habido 
concertación previa, y el Tribunal investigó si el sistema de anuncios 
trimestrales de los precios, la simultaneidad o casi simultaneidad de los 
anuncios y el paralelismo de los precios anunciados, factores que se habían 
observado en el periodo 1975/83, constituían indicios serios, precisos y 
concordantes de la existencia de concertación previa. Ahora bien, de los dos 
informes técnicos que el Tribunal encomendó, se deriva lo siguiente: 
estos elementos podían explicarse por factores distintos al de la 
existencia de concertación 
la explicación de que la uniformidad de los precios se debe al 
funcionamiento normal del mercado es más verosímil que la basada en la 
concertación. 
(14) 85/202/CEE, de 19.12.1984. 
(15) Sentencia de 27.9.1988 - Rec. p. 5193 
2.II.p.6 
221 
Habida cuenta de que la Comisión no pudo determinar que los precios estaban 
concertados, el Tribunal declaró nulo el apartado 1 del artículo 1 de la 
Decisión. 
Por consiguiente, anuló también las disposiciones del compromiso que figuraba 
en el anexo de la Decisión, en la medida en que imponen otras obligaciones 
distintas a las que se derivan de las declaraciones de infracción realizadas 
por la Comisión que no han sido invalidadas por el Tribunal. 
Por el contrario, el Tribunal declaró válido el resto de la Decisión, que 
determinaba : 
la existencia de concertación para la fijación de los "precios 
recomendados KEA" por parte de los miembros de esta asociación (no se 
había impuesto ninguna multa); 
la participación de la asociación finlandesa Fincell en la concertación 
(se mantuvo la multa); 
la presencia de cláusulas de prohibición de exportar y de revender en 
los contratos (multa reducida a 20 000 ecus como consecuencia de la 
cesación de la infracción). 
2.II.p.7 
222 
<T3> §4. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 1984/83 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado 
a determinadas categorías de acuerdos 
de compra exclusiva 
347. En su sentencia Petrogal (asunto C-39/92), dictada por reenvío de 
cuestión prejudicial por parte del "Tribunal Civel da Comarca" de Lisboa el 
10 de noviembre, el Tribunal se pronunció sobre la interpretación que debía 
hacerse de un punto concreto del Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión, 
de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 
85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva. 
En cuanto al fondo, el asunto enfrentaba a la empresa portuguesa Petrogal con 
el propietario de una estación de servicio que en 1990 había rescindido 
voluntariamente un contrato firmado en 1982 por un periodo de duración de 
quince años, por el cual se había comprometido a comprar carburantes a 
Petrogal. Según el tribunal de reenvío, la apreciación jurídica de esta 
actuación dependía de la interpretación de las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1984/83 en relación con los denominados acuerdos de estaciones de 
servicio. 
El artículo 10 de este Reglamento declara inaplicable el apartado 1 del 
artículo 85 del Tratado CE a los acuerdos de estaciones de servicios que 
define. Para optar a la exención por categorías, los acuerdos deben respetar 
las condiciones enunciadas en los artículos 11 a 13 del Reglamento. De 
conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 12, un acuerdo no 
podrá acogerse a la exención cuando se celebre por una duración indeterminada 
o por más de diez años. Por consiguiente, el contrato impugnado, cuya 
duración prevista era de quince años, entraría en el ámbito de aplicación de 
esta disposición. 
No obstante, el Reglamento (CEE) n° 1984/83 contiene una disposición 
particular con respecto a España y Portugal, según la cual, contrariamente a 
los demás requisitos previstos por sus artículos 10 a 13, el relativo a la 
duración máxima de los acuerdos definidos en el artículo 10 no es aplicable a 
los acuerdos vigentes en estos Estados en la fecha de su adhesión a la 
Comunidad. 
2.II.p.8 
223 
;. ^ oc...-. .v d estos acuerdos pueden optar a la exención prevista por 
•.O \., :.v amento ,;2--) n° 1984/83, siempre y cuando sus condiciones se hayan 
ajumada a. laí£ exigencias de los artículos 10 a 13 del Reglamento, a 
e^ercióii ¿¿ 1;?. relativa a su duración. 
2.II.p.9 
<T3> §5. Interpretación del Reglamento (CEE) n° 123/85 de la Comisión, 
de 12 de diciembre de 1984 (automóviles) 
y de la Comunicación de la Comisión, de la misma fecha, 
relativa a este Reglamento 
Concepto de intermediario autorizado 
348. En su sentencia de 22 de abril, en el asunto T-9/92 (Peugeot) f el 
Tribunal tuvo ocasión de precisar el concepto de intermediario autorizado. 
El origen del asunto arranca de la denuncia presentada en 198 9 por la 
sociedad Ecosystem contra Peugeot y tres de sus revendedores autorizados en 
Bélgica, en relación con las importaciones paralelas de vehículos efectuadas 
por Ecosystem en su calidad de mandatario por cuenta de usuarios finales 
franceses. La Comisión, en un primer momento, adoptó medidas provisionales 
sobre la denuncia de Ecosystem, y, posteriormente, la Decisión de 4 de 
diciembre de 1991, impugnada en el recurso'16'. 
En esta Decisión se concluye que el envío de una circular, por parte de 
Peugeot, a sus concesionarios en Francia, Bélgica y Luxemburgo el 9 de mayo 
de 1989, y el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por parte de estos 
últimos, que tuvo como efecto poner fin a los suministros de vehículos 
Peugeot a Ecosystem, es incompatible con el apartado 1 del artículo 85, y 
excede del ámbito de la exención del Reglamento (CEE) n° 123/85, relativo a 
la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas 
categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa 
de vehículos automóviles. 
En apoyo de su recurso, PEUGEOT invocaba fundamentalmente el punto 11 del 
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 123/85, que permite obtener la exención 
incluso en el caso de que el distribuidor se comprometa a no vender vehículos 
a usuarios finales recurriendo a los servicios de un intermediario, salvo 
cuando estos usuarios hayan dado al intermediario un mandato escrito previo 
para comprar el vehículo y hacerse cargo de su entrega. 
(16) Decisión de 4.12.1991, DO L 66 de 11.3.1992, p. 3 
2.II.p.10 225 
Además, PEUGEOT se refería a la Comunicación de la Comisión de 12 de 
diciembre de 1984, relativa al Reglamento (CEE) n° 123/85, que precisa que se 
puede obligar a las empresas de la red de distribución a no vender ningún 
vehículo nuevo de la gama objeto de un acuerdo a un tercero o por medio de un 
tercero cuando éste se presente como revendedor autorizado de vehículos 
nuevos o ejerza una actividad equivalente a la reventa (punto 3). 
Al rechazar el recurso, el Tribunal precisó el concepto de "intermediario 
autorizado por escrito", estableciendo que la sola condición que el 
Reglamento impone al intermediario es un mandato escrito previo expedido por 
el usuario final. De ello se deriva que, si el intermediario tiene un mandato 
debidamente expedido, el Reglamento no puede denegarle esta titularidad 
alegando exclusivamente que ejerce su actividad a título profesional. En esta 
ocasión, el Tribunal recordó que tal exclusión tendría como efecto 
obstaculizar las importaciones paralelas y sería incompatible con el objetivo 
de la plena realización del mercado único. 
Además, el Tribunal consideró que los demandantes no podían invocar la citada 
Comunicación, dado que, al no tratarse de un acto interpretativo, no podría 
modificar el Reglamento en cuanto al concepto de intermediario. 
2.II.p.11 
226 
<T3> §6. Abuso de posición dominante 
349. El asunto de las planchas de yeso (asunto T-65/89, BPB y British Gypsum) 
ofreció al Tribunal la ocasión de juzgar varias prácticas como abuso de 
posición dominante mediante una sentencia dictada el 1 de abril. 
Estaban implicadas en el asunto dos empresas en posición dominante: BPB, 
holding británico de un grupo que controla cerca de la mitad de la capacidad 
de producción de planchas de yeso en la Comunidad, y su filial, British 
Gypsum. 
El 5 de diciembre de 1988, la Comisión estimó que British Gypsum había 
abusado de su posición dominante en el suministro de planchas de yeso en el 
Reino Unido y que BPB, a través de su filial British Gypsum, también había 
abusado de la posición dominante que ocupaba en el suministro de estos 
productos en Irlanda e Irlanda del Norte. 
BPB y British Gypsum interpusieron un recurso para anular esta decisión con 
carácter subsidiario a la reducción de las multas impuestas. 
El Tribunal rechazó los motivos alegados por los recurrentes, que -además de 
la violación del derecho de defensa (véase la letra c) del apartado 8)-
invocaban diferentes abusos de posición dominante. 
En primer lugar, el Tribunal admitió que las campañas de promoción 
consistentes en el pago de dinero, propias de los sistemas verticales de 
distribución -incluso acompañadas, en contrapartida, de un compromiso de 
compra exclusiva, por parte del beneficiario del pago, a su proveedor-
constituyen prácticas corrientes, y que, en un mercado caracterizado por una 
competencia eficaz, tales contratos pueden beneficiar a las dos partes y no 
pueden estar en principio prohibidos. Por el contrario, señaló que estas 
consideraciones no pueden aceptarse sin reservas en el caso de un mercado en 
el que, como consecuencia -precisamente- de la posición dominante ejercida 
por uno de los operadores, la competencia ya esté restringida. 
2.II.p.12 
227 
En efecto, una empresa en posición dominante tiene una especial 
responsabilidad, que consiste en no obstaculizar la competencia efectiva y 
real en el mercado común. En opinión del Tribunal, este es el motivo por el 
cual British Gypsum abusó de su posición, al imponer a los consumidores un 
vínculo consistente en una obligación o una promesa de suministrarse, en lo 
que respecta a la totalidad o una parte considerable de sus necesidades, a 
través de la empresa, aun en el supuesto de que lo hagan a solicitud propia; 
esta práctica constituye un obstáculo inaceptable al acceso a este mercado. 
Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 1979 (17), el 
Tribunal estimó que puede haber explotación abusiva sin comisión de falta 
alguna, como consecuencia del carácter objetivo de este concepto, si bien 
consideró inaplicable el argumento de los demandantes, según el cual British 
Gypsum jamás tuvo la intención de restringir la competencia. 
Además, la facultad de romper en todo momento las relaciones contractuales 
con una empresa en posición dominante tampoco impide calificar su actuación 
de abusiva, habida cuenta de que una empresa en posición dominante dispone de 
un poder que puede permitirle imponer a sus clientes no sólo la conclusión, 
sino también el mantenimiento de este tipo de contratos. 
Seguidamente, el Tribunal admitió otro abuso referente a los criterios de 
prioridad en la satisfacción de los pedidos en situaciones de escasez. Sin 
embargo, no se impuso multa alguna por esta actuación. 
Por último, el Tribunal recordó el principio de que a las empresas en 
posición dominante no les está prohibido defender sus propios intereses, 
siempre y cuando las medidas que adopten en este sentido no tengan por objeto 
reforzar tal posición o abusar de ella. 
Pero, en su opinión, las prácticas de British Gypsum en Irlanda e Irlanda del 
Norte, como proveedor en posición dominante en virtud de la cual el cliente 
se encuentra en situación de dependencia más o menos pronunciada, tenían 
claramente por objeto penalizar a los comerciantes que pretendían importar 
planchas de yeso y disuadirles de hacerlo, consolidando de este modo aún más 
su posición. 
(17) Hoffmann-La Roche, asunto 85/76, Rec. 1979, p. 461. 
2.II.p.13 
<T3> §7. Cuestiones prejudiciales - Exigencia específica 
de precisión en el ámbito de la competencia 
350. En dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las 
disposiciones del Tratado en materia de competencia, el Tribunal declaró que 
no le correspondía pronunciarse al respecto. 
a) La primera declaración en este sentido la emitió en una sentencia de 26 
de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, dictada en una cuestión 
prejudicial reenviada por el Vice Pretore de Frascati (Italia). 
Las cuestiones planteadas por este tribunal se referían a la 
interpretación de las disposiciones del Tratado sobre competencia, 
especialmente del apartado 3 de su artículo 85 y del artículo 86, y su 
objeto era que el Tribunal examinara la compatibilidad con el Derecho 
comunitario de la normativa italiana por la cual el Gobierno se reserva 
el uso de determinados canales de radiodifusión televisiva, impidiendo 
de esta forma el acceso del sector privado a los mismos. 
Su origen se sitúa en un litigio que enfrentaba a las sociedades 
propietarias de emisoras de televisión con los ministerios italianos de 
Correos y Telecomunicaciones y de Defensa. En su argumentación, el juez 
nacional se limitó a explicar que el artículo 86 del Tratado prohibe 
cualquier forma de monopolio, sin precisar los elementos de hecho y de 
derecho que permitieran definir el objeto de las cuestiones planteadas. 
Ante tales circunstancias, el Tribunal recordó la exigencia'que incumbe 
al juez nacional de definir el contexto material y normativo en el que 
se inscriben las cuestiones formuladas o, al menos, de explicar las 
hipótesis materiales sobre las que se basan. Precisó que estas 
exigencias eran especialmente pertinentes en el ámbito de la 
competencia, que se caracteriza por situaciones de hecho y de derecho 
complejas. 
Además, si bien el expediente remitido por el tribunal nacional y el 
procedimiento ante el Tribunal ponían de manifiesto cierta inforisiací 'a. 
ésta, por • ser demasiado parcial, no permitía al Tribunal intarp:aca:.<aa 
adecuadamente las normas comunitarias 'con respecto a la situación 
planteada. 
2.II.p.14 
229 
b) El segundo asunto'18' quedó resuelto el 26 de abril de 1993 por simple 
resolución, sin procedimiento oral, y las cuestiones prejudiciales 
fueron declaradas manifiestamente inadmisibles. 
En la resolución, el Tribunal se pronuncia sobre cuestiones planteadas 
por el juez administrador de la liquidación de la sociedad Monin 
Automobiles. Esta sociedad importaba vehículos japoneses en Francia, y 
sus actividades se veían limitadas por la política de regulación 
nacional del Estado francés, cuya finalidad es restringir la importación 
de automóviles de origen asiático, como consecuencia de lo cual los 
cinco principales fabricantes japoneses se reparten la cuota. Monin 
había presentado denuncias ante la Comisión por violación de los 
artículos 30 y 85 del Tratado CE, que ésta desestimó^19^ . 
Entretanto, Monin quebró. El juez administrador de la liquidación de la 
empresa sometió varias cuestiones prejudiciales al Tribunal, con el 
objetivo fundamental de saber si la mencionada política francesa y la 
posición adoptada por la Comisión a este respecto eran compatibles con 
el Derecho comunitario. 
Pero no se definía el contexto material y normativo en el que se 
enmarcaban estas cuestiones. El Tribunal recordó que esta definición 
constituye una obligación, especialmente tratándose de materias de la 
competencia, que se caracteriza por situaciones de hecho y de derecho 
complejas. Considerando que, por este motivo, no le resultaba posible 
establecer una relación entre las cuestiones prejudiciales y el objeto 
del asunto en cuanto al fondo, el Tribunal las declaró inadmisibles. 
(18) Asunto C-386/92, Monin Automobiles. 
(19) Sentencia del Tribunal de 18.9.1992 en el asunto T-28/92, Asia Motors y 
otros, Rec. II, p. 2285. 
2.II.p.15 
230 
<T3> §8. Problemas de procedimiento 
<T5> a) Limitación en el procedimiento ante la Comisión 
de la jurisprudencia del asunto Orkem 
351. La sentencia del Tribunal de 10 de noviembre, dictada como resultado de 
una cuestión prejudicial que reenvió el "Arrondissementsrechtbank Amsterdam", 
se refería a la extensión de la jurisprudencia del asunto Orkem a los 
procedimientos ante los tribunales civiles nacionales(2°). En la sentencia 
Orkem, el Tribunal había fallado que el respeto del derecho de defensa, 
principio fundamental del ordenamiento jurídico comunitario, excluía la 
posibilidad de que la Comisión pudiera obligar a una empresa, mediante una 
decisión de petición de información con arreglo al apartado 5 del artículo 11 
del Reglamento n° 17, a facilitar respuestas por las que la empresa se vería 
obligada a admitir la existencia de una infracción, cuya prueba corresponde 
establecer a la Comisión. 
En la sentencia Postbank, el Tribunal, en primer lugar, observó que la 
aplicación de los artículos 85 y 86 por parte de las autoridades nacionales 
se rige en principio por las normas del Derecho nacional, aunque -sin 
perjuicio del respeto de los principios fundamentales del Derecho 
comunitario- las garantías de la defensa pueden diferir de las aplicables en 
los procedimientos comunitarios. 
Después, basándose en las diferencias existentes entre un procedimiento 
administrativo, como en el caso de la sentencia Orkam, y un procedimiento que 
se refiere exclusivamente a relaciones privadas entre particulares, 
procedimento que, ni directa ni indirectamente, puede concluir con la 
imposición de una sanción por parte de una autoridad pública, el Tribunal 
consideró que el Derecho comunitario no exige que le sea reconocida a una 
parte en un procedimiento de esta naturaleza la facultad de omitir respuestas 
por las que se vería obligada a admitir la existencia de una violación de las 
normas de competencia. 
(20) Tribunal de Justicia, 18 de octubre de 1989, Orkem, asunto 374/87, Rec. 
p. 3283. 
231 
loi otro lado, con respecto al argumento según el cual esta respuesta 
permitiría a la Comisión, mediante un procedimiento nacional, obtener 
información que no hubiera podido obtener directamente, el Tribunal estimó 
que la Comisión -al igual que una autoridad nacional- no podría utilizar esta 
información (que puede recibir legítimamente de cualquier parte interesada) 
ni como medio de prueba de una infracción de las normas de competencia en el 
contexto de un procedimiento que pueda concluir con la imposición de 
sanciones, ni como indicio justificativo de la apertura de una investigación 
previa a tal procedimiento. 
Desde este punto de vista,4'- la sentencia contiene dos precisiones 
interesantes. Por un lado, refleja la preocupación legítima del Tribunal por 
que la Comisión no pueda recabar por otras vías información que no haya 
podido obtener directamente. Por otro, confirma la voluntad del Tribunal de 
mantener una distinción clara entre los procedimientos nacionales y los 
comunitarios, voluntad que ya puso de manifiesto en su sentencia de 16 de 
julio de 1992 en el asunto C-67/91, denominado "de los bancos 
españoles" ^21'. La sentencia Postbank es incluso más restrictiva para la 
Comisión que la de los bancos españoles para las autoridades nacionales, 
dado que esta última admitía, bajo determinadas condiciones, que la 
información en poder de la Comisión y dirigida a las autoridades nacionales 
fuera considerada por éstas un indicio válido para justificar la apertura de 
un procedimiento nacional. 
<T5> b) Pliego de cargos insuficientemente claro -
infracción determinada a partir de documentos posteriores 
352. En su sentencia de 31 marzo, citada en el apartado 2, relativa a ios 
asuntos acumulados sobre "pastas de madera" (A. Ahlstróm Osakeyhtió y 
otros), el Tribunal concluyó que se daban varias violaciones del derecho de 
defensa. 
En primer lugar, consideró que el pliego de cargos de la Comisión no había 
sido formulado con la suficiente claridad, de modo que los interesados no 
pudieron tener conocimiento efectivo de las actuaciones que les eran 
(21) Rec. 1992, p. 1-4785. 
2.II.p.17 
O 3 ' 
imputadas (sobre los precios de transacción), dejando al margen el hecho de 
que éstos no lograran ejercer su defensa con eficacia durante el 
procedimiento administrativo. 
Por otra parte, el Tribunal anuló el artículo Io del apartado 3 de la 
Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a la infracción con 
respecto a los precios de transacción cometida por los miembros de una de las 
asociaciones denunciadas. La Comisión se vio obligada a basar su 
argumentación en documentos obtenidos con posterioridad a la presentación del 
pliego de cargos, de forma que los miembros de esta asociación no pudieron 
expresar su punto de vista sobre estos documentos. 
Por último, el Tribunal anuló el artículo Io del apartado 4 de la Decisión en 
lo que respecta al productor St. Anne, habida cuenta de que, en el momento de 
la presentación del pliego de cargos, a esta empresa le resultó imposible 
conocer el cargo sobre su participación en las reuniones en las que se 
organizó el acuerdo restrictivo. 
<T5> c) Derecho de audiencia 
353. En su sentencia en el asunto de las planchas de yeso (1 de abril, asunto 
T-65/89, BPB y British Gypsum) , al que ya se ha hecho referencia en el 
apartado 4, el Tribunal precisó qué documentos puede la Comisión decidir no 
comunicar a las partes, de conformidad con las normas sobre acceso al 
expediente. 
El Tribunal recuerda que, según estas normas, las empresas reciben por lo 
general, junto con el pliego de cargos, una relación de todos los documentos 
que obran en poder de la Comisión, con la indicación de a cuáles pueden 
acceder, total o parcialmente. Esta posibilidad se les ofrece para que puedan 
pronunciarse oportunamente sobre las conclusiones a las que haya llegado la 
Comisión. Son considerados confidenciales y, por consiguiente, no accesibles, 
los documentos internos de la Comisión, tales como las notas, los borradores 
u otros documentos de trabajo. Entre las demás informaciones confidenciales 
se cuentan las que permiten identificar a los demandantes que desean que no 
se revele su identidad, así como los datos facilitados a la Comisión a 
condición de que se respete su carácter secreto. 
2.II.p.18 
233 
En este asunto, el Tribunal consideró que los demandantes no habían 
demostrado que no se hubieran cumplido las normas de acceso al expediente. En 
su opinión, la correspondencia con terceras empresas, sobre todo, no debía 
ponerse en conocimiento de los demandantes. Efectivamente, una empresa 
destinataria de un pliego de cargos, que se encuentre en una posición 
dominante en un mercado, podría adoptar medidas de represalia contra empresas 
competidoras, proveedores o clientes que hubieran colaborado en la 
instrucción del caso por parte de la Comisión. 
<T5> d) Desestimación de la denuncia - inadmisibilidad de recursos 
contra la comunicación de observaciones previas 
354. El 29 de marzo, mediante resolución, el Tribunal se pronunció sobre esta 
cuestión en el asunto T-2/92, Rendo II, que hacía referencia a una denuncia 
presentada contra determinadas actuaciones de la SEP, sociedad neerlandesa 
encargada de estructurar la cooperación entre las empresas de producción de 
electricidad en los Países Bajos, y de algunas de estas empresas. El 16 de 
enero de 1991, la Comisión había adoptado una decisión sobre algunos de los 
aspectos planteados en la denuncia, que los recurrentes sometieron sin éxito 
al Tribunal'22' . El nuevo recurso se refería a una carta enviada el 20 de 
noviembre de 1991 a los demandantes por un director de la Dirección General 
de Competencia, en la que éste les comunicaba que por el momento no se podía 
dar curso a su denuncia, les explicaba la decisión adoptada con anterioridad 
y les recordaba los procedimientos en curso. 
Contra este recurso, la Comisión invocó una excepción de inadmisibilidad, 
alegando que la carta no era impugnable en el sentido del artículo 173 del 
Tratado CE. 
El Tribunal examinó la carta punto por punto, y llegó a la conclusión de que 
no podía asimilarse a una Comunicación con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento n° 99/63/CEE de la Comisión, habida cuenta de que no indicaba a 
los demandantes los motivos por los que se desestimaba su denuncia ni les 
concedía plazo alguno para presentar sus observaciones. 
[22) Sentencia de 18.11.1992, en el asunto T-16/91, Rendo NV y otros, Rec. p. 
11-2417. 
2.II.p.19 
234 
La carta tampoco constituye una nueva Decisión de la Comisión que surta 
efectos jurídicos y, por lo tanto, pueda ser objeto de un recurso de 
anulación. Su contenido se limita a recoger algunos datos y a formular 
apreciaciones que en ningún caso dan lugar a un acto decisorio nuevo. Además, 
no indica de ningún modo que el órgano colegiado de los miembros de la 
Comisión haya deliberado una segunda vez sobre la denuncia y adoptado una 
nueva Decisión al respecto. 
Por tanto, el Tribunal parece establecer un nuevo criterio formal de 
admisibilidad de denuncias: no se puede impugnar un acto que no constituya 
formalmente una Decisión de la Comisión. 
Por otro lado, el Tribunal desechó rápidamente el segundo argumento de la 
Comisión, según el cual los demandantes más bien deberían haber solicitado a 
la Comisión una Comunicación conforme al artículo 6 del Reglamento 
n° 99/63/CEE, siguiendo un procedimiento precontencioso, y después una 
decisión en la que constara la desestimación definitiva de la denuncia. A 
este respecto, consideró que la admisibilidad del recurso no dependía de la 
presentación de cualesquiera otros recursos por parte de los demandantes. 
<T5> e) Desestimación de la denuncia -
Legalidad de los motivos de desestimación -
Error manifiesto de apreciación 
355. Para determinar el alcance de la sentencia del Tribunal de 26 de junio 
en el asunto T-7/92, Asia Motors, cabe recordar que, en 1988, varios 
importadores de vehículos japoneses en Francia habían presentado una denuncia 
ante la Comisión, alegando que los importadores oficiales de las cinco 
principales marcas japonesas se habían comprometido con el Gobierno francés a 
limitar sus ventas al 3% del mercado francés, y que habían acordado el 
reparto de esta cuota. 
La Dirección General de Competencia reaccionó enviado sendas cartas a los 
importadores en virtud del artículo 11 del Reglamento n° 17. Éstos no 
respondieron, porque el Ministerio francés de Industria les había dado 
instrucciones en este sentido. Entonces, los servicios de la Comisión 
solicitaron información a las autoridades francesas, que respondieron que sus 
preguntas se referían a los elementos de la normativa francesa y que los 
importadores no disponían de ninguna autonomía en la gestión de la cuota. 
2 .11. p . 2 O 
235 
Ante esta situación, la Comisión desestimó la denuncia de los importadores 
paralelos mediante Decisión adoptada el 5 de diciembre de 1991, alegando que 
las actuaciones objeto de la misma se derivaban directamente de la política 
de las autoridades públicas francesas, de forma que los importadores 
oficiales no disponían de ningún margen de maniobra. Además, la posible 
aplicación del artículo 85 no resolvería la situación de los demandantes, 
teniendo en cuenta que la normativa francesa no permitía que importadores 
distintos de los denunciados participaran en el reparto. 
El Tribunal estimó que algunos de los elementos sometidos por los demandantes 
a la apreciación de la Comisión constituían, a primera vista, indicios serios 
de la existencia de una autonomía real en la actuación de los cinco 
importadores objeto de la denuncia en lo que respecta al reparto del mercado. 
A la vista de tales elementos de prueba, que afectaban principalmente a los 
concesionarios de Martinica, el Tribunal concluyó que la Decisión contenía un 
error manifiesto de apreciación de los hechos. 
Asimismo, el Tribunal consideró que el segundo motivo de desestimación estaba 
mal fundado, dado que los importadores paralelos tenían la posibilidad de 
importar sus vehículos en Francia y, por tanto, de ser admitidos en la cuota 
del 3%. La prohibición del acuerdo restrictivo de reparto de la cuota les 
habría dado, en consecuencia, acceso al mercado francés. 
A raíz de esta sentencia, la primera que anula una decisión de desestimación 
de denuncia, la Comisión volvió a solicitar información al Gobierno francés y 
a los importadores de las marcas japonesas admitidas en Francia, con arreglo 
al artículo 11 del Reglamento n° 17. 
<T5> f) Imputabilidad de la infracción a la empresa matriz 
por prácticas de su filial 
356. Su sentencia de 1 de abril, en el asunto T-65/89, BPB y British Gypsum 
(planchas de yeso), algunos de cuyos elementos ya han sido analizados 
(apartado 6 y letra c) del apartado 8) , permitió al Tribunal recordar la 
jurisprudencia según la cual la actuación de una filial puede ser imputada a 
la empresa matriz cuando la primera no determine con autonomía su línea de 
actuación en el mercado, sino que se limite a aplicar las instrucciones 
dictadas por la segunda. 
2.II.p.21 
236 
Más concretamente en lo que respecta a Irlanda del Norte, ni la posición 
dominante ni el abuso de la misma en el mercado podían ser atribuidos 
específicamente a una u otra filial de BPB. En este mercado, British Gypsum 
comercializa planchas de yeso producidas por la filial irlandesa de BPB, si 
bien esta filial incrementaba sus suministros a British Gypsum en una medida 
directamente dependiente de la eficacia de los abusos cometidos por British 
Gypsum en Irlanda del Norte. Por este motivo, estaba justificado imputar a 
BPB las prácticas de British Gypsum en Irlanda del Norte e imponerle la multa 
objeto del litigio. 
2.II.p.22 
237 
<T3> §9. Jurisprudencia sobre el Reglamento 
de control de las operaciones de concentración entre empresas 
<T4> Recursos interpuestos por órganos representativos 
del personal de las empresas implicadas 
El 22 de julio de 1992, la Comisión decidió que la adquisición de la empresa 
Perrier por parte del grupo Nestlé era compatible con el mercado común, a 
condición de que Nestlé vendiera algunas de sus aguas de manantial, que antes 
habían sido propiedad de Perrier, a un competidor autorizado por la Comisión. 
El personal empleado en estos manantiales, inquieto por su situación laboral, 
interpuso el 3 de febrero de 1993, a través de sus comités representativos, 
un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión. En otro acto 
separado, se solicitó también, de conformidad con los artículos 185 y 186 del 
Tratado CE, la suspensión de la Decisión en lo relativo a la exigencia de 
ceder los manantiales en cuestión (asunto T-12/93 R, Comité Central 
d'Entreprise de Vittel). 
En su resolución de 2 de abril de 1993, segunda decisión de un juez 
comunitario sobre operaciones de concentración reguladas por el Reglamento 
n° 4064/89, el presidente del Tribunal estimó que el recurso interpuesto por 
los comités no era manifiestamente inadmisible. A este respecto, se remitió 
al apartado 4 del artículo 18 del Reglamento n° 4064/89, que confiere al 
personal de las empresas afectadas el derecho a ser oído. No obstante, el 
presidente consideró prematuro pronunciarse sobre la solicitud de suspensión, 
dado que la cesión debía ser aprobada por varias autoridades francesas. En 
estas condiciones, ordenó, a título cautelar, la suspensión de la Decisión 
hasta que la Comisión informara del curso de estas actuaciones. 
En junio de 1993, la Comisión comunicó al Tribunal que los obstáculos a la 
cesión de los manantiales habían sido suprimidos y que se cumplían todos los 
requisitos para la misma. El presidente, por lo tanto, pudo pronunciarse 
sobre la demanda sobre medidas cautelares presentada por los comités de 
personal. 
2.II.p.23 
238 
En su resolución de 6 de julio de 1993, consideró que el perjuicio social que 
alegaba el personal no era grave ni irreparable. El personal no había 
demostrado por qué el traspaso de su empresa afectaría a su situación 
laboral. Según la Directiva 77/187 sobre el mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores en caso de traspasos de empresas, los derechos y 
obligaciones del cedente de una relación laboral existente en la fecha de la 
cesión se transfieren al concesionario. Por otro lado, la legislación 
francesa permite denunciar el convenio colectivo aplicable incluso fuera del 
contexto de la cesión. El perjuicio alegado -la pérdida de las ventajas 
previstas por este convenio- no podía, pues, derivarse de la Decisión 
impugnada. 
Por consiguiente, el presidente desestimó la demanda de medidas cautelares. 
<T4> Inadmisibilidad de recursos de accionistas minoritarios 
para la reapertura de un procedimiento 
El 28 de octubre, e] Tribunal dictó su primera sentencia sobre operaciones de 
concentración reguladas por el Reglamento n° 4064/89. La cuestión planteada 
era de procedimiento. El Tribunal juzgó inadmisible el recurso interpuesto 
por accionistas minoritarios de la empresa de seguros italiana Generali 
contra la denegación de reapertura del procedimiento por el cual la Comisión 
adoptó una Decisión conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del 
Reglamento. Según esta Decisión, el aumento de la participación de Mediobanca 
en el capital de Generali, que pasó del 5,98% al 12,84%, no entra dentro del 
ámbito de aplicación del Reglamento, teniendo en cuenta que Mediobanca, a 
raíz de la operación, no estaría en situación de ejercer una influencia 
decisiva sobre Generali. 
El 26 de junio de 1992, los accionistas minoritarios solicitaron la 
reapertura del procedimiento, a raíz de la publicación, en un diario italiano 
del 19 de marzo de 1992, del texto del acuerdo de 1985, hasta entonces 
secreto, celebrado entre Generali, Mediobanca y Lazard, cuya filial, Eurolux, 
era el segundo accionista más importante de Generali. 
2.II.p.24 
239 
Mediante carta de 31 de julio de 1992, la Dirección General de Competencia 
desestimó la denuncia porque, entre otras razones, la Comisión tenía 
conocimiento del acuerdo de 1985 y lo había tomado en consideración al 
adoptar su Decisión. 
En primer lugar, el Tribunal observó que el Reglamento n° 4064/89 no contiene 
ninguna disposición que prevea expresamente la posibilidad de solicitar a la 
Comisión la reapertura de un procedimiento. No obstante, la letra a) del 
apartado 5 de su artículo 8 permite a la Comisión revocar una Decisión por la 
que una operación de concentración haya sido declarada compatible con el 
mercado común, especialmente si la Decision se basa en datos inexactos u 
obtenidos fraudulentamente. 
A continuación, el Tribunal consideró que el recurso era inadmisible, porque 
los demandantes no eran los destinatarios de la Decisión cuya retirada 
solicitaban; su solicitud de reapertura del procedimiento implicaba la 
anulación de la Decisión, resultado del mismo, y los recursos interpuestos 
por terceros sólo son admisibles si aquéllos están individual y directamente 
afectados por la Decisión. 
El Tribunal estimó que sólo circunstancias excepcionales pueden permitir 
considerar a un accionista directa e individualmente afectado por un acto que 
pueda influir en las relaciones entre los accionistas de una empresa. 
Este caso no cumplía este requisito. En primer lugar, la conclusión extraída 
por la Comisión en el sentido de que el aumento de la participación de 
Mediobanca en el capital de Generali no entraba dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento no modificó el alcance o la solidez de los derechos 
de los accionistas. En segundo lugar, esta consideración alcanza tanto a los 
demandantes como al resto de los accionistas de la empresa, que en total son 
unos 140 000. Por último, no es exacto que, si hubieran solicitado intervenir 
en el procedimiento que condujo a la adopción de la decisión -lo habrían 
hecho si hubieran conocido los elementos que salieron a la luz 
posteriormente- habrían dispuesto de una vía de recurso judicial, posibilidad 
que pondría de manifiesto que estaban individualmente afectados por la 
2.II.p.25 
240 
Decisión. El Tribunal consideró que la seguridad jurídica de los agentes 
económicos y la brevedad de los plazos previstos por el Reglamento n° 4064/89 
exigen que toda solicitud de reapertura del procedimiento, motivada por el 
descubrimiento de un supuesto hecho nuevo, se presente en un plazo razonable. 
En su opinión, la solicitud, del 26 de junio de 1992, se presentó demasiado 
tarde, teniendo en cuenta que los propios solicitantes declararon haber 
tenido conocimiento del supuesto hecho nuevo a finales de marzo o principios 
de abril de 1992. 
3.1.§l.p.l 
241 
<T5> Tercera parte 
<T1> Empresas públicas y monopolios nacionales 
<T4> Capítulo 1 
<T2> Principales acontecimientos 
356. En la primera parte del presente Informe^' se trataron los principios 
que habían guiado a la Comisión al abordar la liberalización de determinados 
sectores. En este capítulo se expondrán las medidas adoptadas. 
<T3> §1. Telecomunicaciones y servicios postales 
<T4> - Legislación comunitaria 
358. El principal logro del presente año ha sido sin duda alguna la 
resolución de 22 de julio de 1993 del Consejo de Ministros en la que se 
decidió que la liberalización de los servicios telefónicos públicos tendría 
lugar a más tardar el 1 de enero de 1999 ^ . El Consejo de Ministros 
estimaba de esta forma que la aplicación efectiva de la legislación 
comunitaria existente en materia de servicios de telecomunicaciones era uno 
de los principales objetivos de la política comunitaria en este ámbito. 
359. Con arreglo a este objetivo, a lo largo del año la Comisión prosiguió 
los contactos bilaterales con determinados Estados miembros sobre la 
aplicación de la Directiva 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la 
competencia en los servicios de telecomunicaciones. El principal objeto de 
estos contactos es el alcance del servicio telefónico reservado, que la 
Directiva define de forma muy estricta, lo que implica que la telefonía 
ofrecida a grupos cerrados de usuarios no puede quedar sujeta a un régimen de 
monopolio. 
360. A consecuencia de tales contactos bilaterales, el 15 de enero de 1993, 
Alemania liberalizó los servicios telefónicos ofrecidos a las "Corporate 
(1) Puntos 36 a 42 del presente Informe. 
(2) Puntos 123 a 129 del presente Informe. 
3.1.§1.p.2 242 
Networks" mientras que Irlanda se comprometía, mediante una carta de fecha 22 
de julio de 1993, a atenerse estrictamente a la definición de la Comisión. En 
carta de fecha 15 de junio de 1993, el Gobierno belga confirmó que autorizaba 
el tráfico telefónico entre terceros mediante enlaces fijos siempre que no 
consistiera en la conmutación de voz entre dos puntos de terminación de la 
red pública conmutada o que no se ofreciera al público; también era preciso 
que entre los terceros existiera un vínculo más estrecho que la simple 
necesidad de comunicación telefónica, por ejemplo que fueran matriz y filial. 
En carta de fecha 16 de septiembre de 1993, Dinamarca se comprometió a 
liberalizar completamente el tráfico telefónico mediante enlaces fijos en 
1994, en lugar de definir los servicios de telefonía reservados y 
liberalizados. La Comisión sigue atenta a la aplicación de este aspecto de la 
Directiva y seguirá actuando si se presentan denuncias. 
La Comisión también tuvo que precisar la aplicación de las normas de 
competencia en el sector de las telecomunicaciones móviles, excluido del 
ámbito de aplicación de la Directiva. Tal exclusión no significa que los 
Estados miembros puedan ampliar a la radiotelefonía móvil el monopolio de su 
operador público. Tras la incoación de un procedimiento respecto a Italia, 
éste país se comprometió el 1 de octubre de 1993 a conceder una segunda 
licencia para la explotación de la radiotelefonía GSM en su territorio. Se 
incició un procedimiento similar respecto a Bélgica y se está debatiendo el 
asunto con Irlanda. 
La Comisión también solicitó a los Estados miembros que proyectaban iniciar 
procedimientos para la concesión de nuevas autorizaciones de operadores 
móviles que le presentaran las condiciones previstas al respecto, a fin de 
evitar futuras impugnaciones por falta de objetividad o por efectos 
discriminatorios. Mediante carta de 31 de marzo de 1993, la Comisión remitió 
al Gobierno neerlandés numerosas observaciones sobre el anteproyecto que 
había presentado. 
361. Por último, el 1 de diciembre, la Comisión adoptó en primera lectura un 
proyecto de directiva'3' por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE y 
90/388/CEE, que se propone ampliar al sector de las comunicaciones por 
satélite la liberalización realizada en materia de terminales y de servicios 
de telecomunicaciones. Antes de aprobar formalmente el proyecto, la Comisión 
decidió esperar las observaciones eventuales del Consejo, Parlamento y Comité 
Económico y Social. 
(3) SEC (93) 1891 final. 
3.I.§2.p.3 
243 
<T3> §2. Energía 
<T4> - Monopolio español del petróleo 
362. Con la entrada en vigor, el 14 de enero de 1993, de la Ley n° 34 de 22 
de diciembre de 1992, por la que se regula el sector del petróleo, dejó de 
existir legalmente el monopolio español del petróleo, creado en 1927. De esta 
forma desaparecía la última traba legal subsistente, a saber, los derechos 
exclusivos de comercialización al por menor de que gozaban la antigua 
empresa gestora del monopolio (CAMPSA) y, por extensión, las refinerías 
españolas, en la red monopolizada de estaciones de servicio. Habida cuenta 
del alcance de la nueva Ley, la Comisión decidió archivar el procedimiento de 
infracción en curso. 
No obstante, la Comisión velará por que el efecto útil de la norma adoptada 
no quede neutralizado y por que las restricciones legales a la competencia 
existentes hasta ahora no sean sustituidas por otras de carácter 
contractual^4' o contrarias a la apertura efectiva de este mercado. 
<T4> Derechos exclusivos de importación y exportación de 
electricidad y de gas 
363. La Comisión recibió las respuestas de las autoridades nacionales a los 
seis dictámenes motivados enviados en noviembre de 1992. La Comisión había 
continuado los procedimientos de infracción del artículo 169 del Tratado CE 
respecto a disposiciones de la legislación francesa, italiana, española, 
neerlandesa, danesa e irlandesa, que contienen derechos exclusivos de 
importación y exportación de electricidad y de gas. 
Algunos de estos Estados miembros manifestaron su intención de abrir un 
período de reflexión y debate que condujera a modificar la legislación en el 
sentido de una mayor liberalización del sector. No obstante, ninguno de 
ellos ha presentado ún proyecto concreto de supresión de los monopolios 
denunciados. 
A partir de estas respuestas y teniendo en cuenta la posible evolución de 
los Estados miembros, la Comisión finalmente decidió a inicios de 1994 
recurrir al Tribunal de Justicia. 
(4) Punto 226 del presente Informe. 
244 3.I.§3.p.4 
<T3> §3. Transportes (5) 
<T4> - Transportes marítimos 
<T7> España 
364. En lo que respecta a las nuevas discriminaciones por nacionalidad por 
parte de la empresa pública de transporte marítimo Transmediterránea citadas 
en el Informe precedente'6^, tras la carta de emplazamiento de fecha 24 de 
noviembre, fundada en el artículo 90 del Tratado CE en relación con el 
artículo 7, el Gobierno español comunicó finalmente a la Comisión que a 
partir de junio de 1992 ponía fin a la discriminación denunciada. Según las 
precisiones comunicadas, en lo sucesivo la reducción antes reservada a 
determinadas categorías de beneficiarios de nacionalidad española se aplicará 
indistintamente a los ciudadanos de todos los Estados miembros. 
<T4> - Transporte aéreo. Asistencia en escala 
365. La apertura del sector del transporte aéreo a una mayor competencia tras 
el tercer conjunto de medidas de liberalización obliga a las empresas de 
transporte a mejorar la calidad de sus servicios y a controlar más 
atentamente que nunca sus costes. Los servicios de asistencia en escala 
ofrecidos a estas empresas en los aeropuertos, como la gestión de equipajes, 
la recepción de pasajeros y su transporte desde los terminales hasta los 
aviones, los servicios de restauración ofrecidos durante el vuelo, el 
suministro de carburante a las aeronaves, el mantenimiento de las mismas, 
etc. constituyen una importante parte de los costes de las compañías aéreas, 
así como un elemento clave para su imagen comercial. 
Ahora bien, a diferencia del transporte aéreo, en la mayoría de Estados 
miembros el sector de los servicios de asistencia en escala sigue controlado 
por empresas que actúan al abrigo de la competencia y que, por tanto, pueden 
exigir precios excesivos en relación con la calidad del servicio ofrecido. 
Así ocurre en particular cuando la legislación permite que los aeropuertos se 
(5) Puntos 13 6 a 142 del presente Informe. 
(6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 253. 
3.I.§3.p.5 
245 
reserven la prestación exclusiva de estos servicios o la concesión del 
derecho exclusivo a una empresa, con frecuencia el transportista dominante en 
el mercado nacional. Los límites a la autoasistencia existentes en numerosos 
aeropuertos constituyen una manifestación particularmente grave del carácter 
contrario a la competencia del actual sistema^7' 
366. Un ejemplo de estas restricciones es la negativa de las autoridades 
alemanas a que la compañía aérea British Midlands recibiera los servicios de 
asistencia en escala en el aeropuerto de Francfort que la compañía SAS estaba 
dispuesta a proporcionarle^8'. 
Esta prohibición se sustenta en disposiciones nacionales que prevén que las 
compañías extranjeras no pueden prestar tales servicios excepto si en su país 
de origen conceden las mismas condiciones a los transportistas alemanes. Las 
autoridades alemanas invocaban al respecto que Lufthansa sufre restricciones 
similares en Dinamarca y en los demás países nórdicos. 
Siendo la exigencia de reciprocidad a un operador comunitario claramente 
ilegal, tras una intervención de la Comisión, las autoridades alemanas 
aceptaron que el denunciante recibiera los servicios de asistencia en escala 
prestados por SAS. 
367. En 1993 la Comisión recibió numerosas denuncias sobre los servicios de 
asistencia en escala prestados en varios aeropuertos alemanes, italianos, 
portugueses y españoles. Las denuncias ponen de relieve la importancia del 
problema y el peligro de que los efectos positivos esperados de la 
liberalización del transporte aéreo queden comprometidos por las 
restricciones de la competencia en la asistencia en escala. 
368. En este sentido, la Comisión ha constatado que España no ha puesto fin 
a la discriminación practicada en materia de bonificación de tarifas de los 
servicios de asistencia en tierra de la que sólo se benefician las compañías 
aéreas españolasO) . 
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 518. 
(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 520. 
(9) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 521. 
3.1.§3.p.6 r\ A ' 
24b 
Consecuentemente, la Comisión ha dirigido al Gobierno español una carta de 
emplazamiento denunciando las bonificaciones que Iberia, en su calidad de 
concesionaria de estos servicios en todo el territorio nacional, se ve 
obligada a acordar. Las medidas de las autoridades españolas que obligan a 
Iberia a conceder estas bonificaciones deben considerarse contrarias a las 
disposiciones del apartado 1 del artículo 90 del Tratado CE, en relación con 
los artículos 7 (prohibición de discriminaciones basadas en la nacionalidad), 
59 (prohibición de restricciones a la libre prestación de servicios) y 86 
(prohibición de actuaciones abusivas de las empresas, en particular aplicar 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes). 
369. Independientemente de la instrucción normal de los casos individuales, 
la Comisión considera que la amplitud del problema exige la adopción de 
medidas generales'10^. 
<T4> Puertos 
370. El Gobierno danés no dio respuesta a la petición de permitir el acceso 
al puerto de Rodby a una empresa que deseaba establecer un enlace marítimo 
con el puerto alemán de Puttgarden^1]-' . Consecuentemente, la Comisión adoptó 
una decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE'12^. 
371. Tras la abolición formal, mediante un decreto ley, del monopolio de las 
operaciones portuarias que poseían las empresas y grupos portuarios en 
Italia^13', la Comisión observó que dicho decreto ley no se convertía en 
ley en los plazos fijados, a resultas de lo cual el Gobierno italiano se 
había visto obligado a prorrogar sus efectos con la adopción sucesiva, hasta 
esta fecha, de una serie de decretos-ley. 
Tras la sentencia del Tribunal de fecha 10 de diciembre de 1991 (asunto C-
179/90, Porto di Genova), en la que se declara la incompatibilidad del 
citado monopolio con las disposiciones del apartado 1 del artículo 90 del 
Tratado CE en relación con los artículos 30, 48 y 86 y transcurridos varios 
meses del inicio del procedimiento de infracción'14', no se ha llegado a 
ninguna solución satisfactoria. 
(10) Punto 13 7 del presente Informe. 
(11) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 522 
(12) Anexo III.B del presente Informe. 
(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 524 
(14) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 524 
3.I.§3.p.7 
247 
La Comisión considera que el recurso repetido a medidas de urgencia de 
carácter temporal no genera condiciones de seguridad jurídica, las únicas que 
pueden permitir a los agentes económicos interesados, italianos o de otros 
Estados miembros, entrar en el mercado efectuando las inversiones necesarias. 
Consecuentemente, esta situación de incertidumbre ha dejado hasta ahora sin 
efectos la exigencia de instaurar una competencia efectiva entre las empresas 
que actúan en el puerto. 
3.11.§l.p.l 
243 
<T4> Capítulo II 
<T2> Principales decisiones del Tribunal de Justicia 
<T3> §1. Sentencias del Tribunal relativas al artículo 90 del Tratado CE 
372. En su sentencia de 19 de mayo de 1993 en el asunto C-320/91, Corbeau, el 
Tribunal de Justicia tuvo ocasión de precisar las condiciones de aplicación 
de los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Tratado CE. El apartado 1 del 
artículo 90 obliga a los Estados miembros a no promulgar ni mantener ninguna 
norma contraria a las del Tratado CE en beneficio de empresas públicas o de 
empresas a las que concedan derechos exclusivos. El apartado 2 de dicho 
artículo prevé que las empresas encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general quedarán sometidas a las normas del Tratado CE, en 
especial a las normas de competencia, en la medida en que la aplicación de 
dichas normas no impida, de derecho o de hecho, el cumplimiento de la misión 
específica a ellas confiada. 
En el origen de la sentencia se encuentra la actividad de una persona que, en 
Lie ja y en su zona limítrofe, prestaba un servicio de recogida de correo en 
el domicilio del expendedor y de distribución del mismo antes del mediodía 
del día siguiente, siempre que los destinatarios se situaran dentro del 
perímetro de la ciudad. Si los destinatarios residían fuera de este 
perímetro, se procedía a la recogida de la correspondencia en el domicilio 
del expendedor y a su envío por correo. 
Estas actividades fueron denunciadas y juzgadas por el Tribunal Correccional 
de Lieja, por infracción, sancionadas penalmente, de la legislación belga 
sobre monopolio postal, según la cual la Administración de Correos, persona 
jurídica de derecho público, posee en Bélgica el derecho exclusivo de 
recoger, transportar y distribuir todo tipo de correspondencia. No obstante, 
el Tribunal se preguntaba si tal monopolio era compatible con el artículo 90 
del Tratado CE. 
En su respuesta, el Tribunal constataba en primer lugar que la Administración 
de Correos belga era una empresa beneficiaría de un derecho exclusivo en el 
sentido del apartado 1 del articulo 90. Ahora bien, la posesión de un 
monopolio legal sobre una parte sustancial del mercado común puede dar lugar 
3.H.S1.P.2 249 
a una posición dominante, en el sentido del artículo 86. El Tribunal 
recordaba que si bien este artículo se refiere a abusos de empresas y no a 
disposiciones de los Estados, los Estados miembros deben abstenerse de 
adoptar medidas que puedan limitar el efecto útil de la disposición. 
El Tribunal considera que el apartado 1 del artículo 90 debe interpretarse 
teniendo en cuenta el apartado 2 del mismo artículo, del que recuerda el 
contenido. En este caso concreto, el Tribunal considera que la Administración 
de Correos asume un servicio de interés económico general, en el sentido del 
apartado 2 del artículo 90, consistente en la obligación de asegurar la 
recogida, transporte y distribución de correo, en beneficio de todos los 
usuarios, en todo el territorio del Estado miembro afectado, con tarifas 
uniformes y en condiciones cualitativas similares, sin tener en cuenta las 
situaciones particulares y la rentabilidad económica de cada operación 
particular. 
A continuación el Tribunal examina en que medida para que el titular del 
derecho exclusivo pueda cumplir su misión de interés general es necesaria una 
restricción de la competencia o incluso su total supresión, y si es preciso 
que goce de condiciones económicas aceptables. 
El Tribunal estima que para que la empresa que presta un servicio de interés 
económico general pueda cumplir su misión de forma rentable, debe tener la 
posibilidad de compensar las pérdidas que tenga en un sector con los 
beneficios que obtiene en otro. Esta razón justifica que en los sectores 
económicos rentables se limite la competencia de los particulares, que 
podrían ofrecer mejores condiciones que la empresa que asume el servicio de 
interés general, al no tener que compensar las pérdidas que originan los 
sectores no rentables. 
Sin embargo el Tribunal considera que la eliminación de la competencia no se 
justifica cuando se trata de servicios específicos, disociables del servicio 
de interés general, que respondan a necesidades particulares de los agentes 
económicos y que exigen determinadas prestaciones suplementarias que el 
servicio postal no ofrece, como la recogida a domicilio, una mayor rapidez o 
3.II.§1.p.3 
25ü 
fiabilidad en la distribución o incluso la posibilidad de variar el 
destinatario una vez efectuada la expedición, siempre que tales servicios no 
pongan en peligro el equilibrio económico del servicio de interés general 
asumido por el titular del derecho exclusivo. 
De la sentencia resulta que cualquier ampliación de un derecho exclusivo que 
no se justifica por el apartado 2 del artículo 90 coloca al beneficiario en 
una situación de abuso (monopolización) contraria al artículo 86. 
Por otra parte, la sentencia confirma la aplicabilidad directa del apartado 2 
del artículo 90, invitando al juez de reenvío a su aplicación. 
25 1 3.II.§2.p.4 
<T3> §2. Interpretación de la Directiva sobre terminales de 
telecomunciaciones 
El 27 de octubre el Tribunal de Justicia emitió tres sentencias en las que 
interpretaba el artículo 6 de la Directiva de la Comisión 88/3 01/CEE, de 16 
de mayo de 1988, relativa a la competencia en los mercados de terminales de 
telecomunicaciones, que prevé que a partir del 1 de julio de 1989 los Estados 
miembros deben garantizar que la formalización de las especificaciones 
técnicas, el control de su aplicación y la homologación de los materiales 
serán efectuados por una entidad independiente de las empresas públicas o 
privadas que ofrecen bienes o servicios competidores en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Dos de estas sentencias estaban originadas por cuestiones 
prejudiciales planteadas por tribunales franceses (asunto C-69/91 Decoster y 
asunto C-922/91, Taillandier). En la tercera sentencia, la cuestión 
prejudicial había sido planteada por un tribunal belga (asuntos acumulados C-
46/90 y C-93/91, Lagauche, Evrard y otros). La totalidad de los asuntos se 
refería a procesos contra vendedores de terminales de telecomunicaciones 
(telecopiadoras o teléfonos inalámbricos) sin homologar, que habían alegado 
ante tribunales nacionales la incompatibilidad de las leyes nacionales que 
exigían tal homologación con el Tratado CE y la Directiva, al no existir una 
entidad independiente competente para conceder dichas homologaciones. 
En el momento de los hechos, en Francia las homologaciones eran concedidas 
por la Dirección de Regulación General del Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones, mientras que la explotación comercial era asumida por 
France Telecom, dependiente del mismo Ministerio. Así, en las dos primeras 
sentencias el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si la 
separación administrativa dentro de un mismo ministerio era suficiente para 
el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva. El Tribunal declaró que dos 
direcciones distintas de una misma administración no podían considerarse 
independientes, ya que de lo contrario se perjudicaba la uniformidad de la 
aplicación de la Directiva en todos los Estados miembros. Se planteó también 
si para garantizar la independencia sería suficiente depender de dos 
administraciones distintas o de dos ministerios, sin que pudiera responderse 
afirmativamente a ello. En cualquier caso, quedó de manifiesto que las 
sentencias Decoster y Taillandier exigían analizar de nuevo las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para cumplir con la citada disposición. 
3.II.§2.p.5 
252 
En la tercera sentencia, en los asuntos acumulados Lagauche - Evrard, el 
Tribunal no examinó la cuestión de independencia orgánica puesto que el 
Gobierno belga admitió en el curso de la audiencia que en Bélgica no se había 
efectuado esta división de actividades. 
No obstante, la sentencia es interesante por los efectos jurídicos que el 
Tribunal concede a la fecha de 1 de julio de 1989 mencionada en el artículo 6 
de la Directiva de la Comisión. El Tribunal consideró, por una parte, que el 
artículo 90 del Tratado CE, en relación con el artículo 86, no se opone a que 
una misma entidad acumule funciones reguladoras y operativas, siempre que se 
limite a instruir las solicitudes de autorización presentadas en el 
ministerio, al no ser ésta más que una función accesoria al ejercicio del 
poder ministerial. Por otra parte, en lo que se refiere a los aparatos a los 
que es de aplicación la Directiva 88/301/CEE y siempre que sea con 
posterioridad al 1 de julio de 1989, el artículo 6 de la Directiva se opone a 
la obligación de que los terminales tengan que ser homologados por una 
empresa pública que ofrece bienes o servicios en el ámbito de las 
telecomunicaciones. 
Por tanto, el Tribunal consideró que en determinadas condiciones (función 
subsidiaria del operador, posibilidad de recurso) la acumulación de funciones 
era compatible con el Derecho comunitario antes del 1 de julio de 1989, y 
dejaba de serlo a partir de esta fecha. De ahí podría desprenderse que una 
directiva fundamentada en el apartado 3 del artículo 90 podría ir más allá de 
la simple precisión de las obligaciones que ya se desprenden del Tratado CE. 
Al señalar las diferencias entre las situaciones jurídicas antes y después de 
la entrada en vigor del artículo 6 de la Directiva 88/301/CEE, la sentencia 
Lagauche se opone a una interpretación restrictiva del apartado 3 del 
artículo 90. Aunque la concesión de funciones reguladoras a un operador no se 
opone, en sí, al artículo 90 en relación con el artículo 86, la Cotltisión, en 
el cumplimiento de la misión que le confiere el apartado 3 del artículo 90, 
es competente para prohibir tal acumulación de actividades si, bajo 
supervisión del Tribunal de Justicia, estima que en determinados casos la 
acumulación puede ser contraria al Tratado CE. 
3.II.§2.p.6 253 
La sentencia Lagauche destaca así los poderes de la Comisión para adoptar 
medidas cautelares que garanticen la igualdad de oportunidades en los 
mercados en que actúan empresas públicas o empresas que gocen de privilegios 
y recuerda la especial responsabilidad de la Comisión de cumplir, en estos 
mercados, la misión que le confiere el apartado 3 del artículo 90. 
254 3.II.§3.p.7 
<T3> §3. Empresas públicas y ayudas estatales 
<T4> - Comunicación sobre las empresas públicas 
373. Tras un recurso interpuesto por Francia(15) , el fallo del Tribunal de 
Justicia dejó sin efecto la Comunicación de 1991 de la Comisión sobre 
empresas públicas, en la que se solicitaba a los Estados miembros que 
remitieran a la Comisión informes anuales sobre sus relaciones financieras 
con las grandes empresas públicas del sector manufacturero^16'. 
La Comisión basaba su petición en el artículo 5 de su Directiva 80/723/CEE 
sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros 
y las empresas públicas. El apartado 2 del citado artículo establece que la 
Comisión puede solicitar a los Estados miembros que faciliten datos 
financieros sobre determinadas empresas cuando lo considere necesario. La 
Comisión argumentaba que el apartado 2 del artículo 5 proporcionaba una base 
jurídica suficiente para la exigencia de información contenida en la 
Comunicación de 1991. La Comunicación se limitaba a concretar una obligación 
existente de facilitar datos cuando se solicitaran. 
Por el contrario, el Tribunal consideró que el apartado 2 del artículo 5 no 
imponía el suministro de informes regulares sobre todas las empresas 
manufactureras de propiedad pública y de una determinada talla, que era lo 
que la Comisión exigía a los Estados miembros en su Comunicación. La 
Comunicación imponía a los Estados miembros una nueva obligación legal, que 
carecía de la base jurídica apropiada, y, por tanto era nula de pleno 
derecho. El Tribunal indicaba que esta nueva obligación que modificaba las 
exigencias del apartado 2 del artículo 5 sólo podía exigirse al amparo del 
apartado 3 del artículo 90 del Tratado, que también constituía la base 
jurídica de la directiva original. 
De acuerdo con la sentencia del Tribunal, la Comisión ha incorporado la 
exigencia de proporcionar información en una nueva directiva que modifica la 
de 1980 y ha publicado de nuevo la Comunicación en forma de declaración de 
principios sobre los flujos financieros a las emrpesas públicas, eliminando 
la exigencia de información^17' . 
(15) Sentencia de 16 de junio de 1993, Asunto C-325/91 Francia /Comisión, 
pendiente de publicación. 
(16) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
puntos 167 a 172. 
(17) Puntos 3 99 y 400 del presente Informe. 
4.I.§1.1 
255 
<T5> Cuarta parte 
<T1> Ayudas estatales 
<T4> Capítulo I 
<T2> Principales decisiones y medidas tomadas por la Comisión 
<T3> §1. Problemas de política general 
<T4> - Evolución global 
374. En 1993, la aplicación de la política en materia de ayudas estatales 
sufrió el influjo de la crisis del sector siderúrgico. El declive que la 
actividad siderúrgica viene experimentando desde hace ya largo tiempo se vio 
agravado por una de las mayores recesiones desde los años treinta, por la 
presión de las importaciones y por el deterioro de las condiciones de 
exportación, haciéndose patente la necesidad de proceder sin demora a nuevas 
reducciones de capacidad^1^ . La Comisión se mostró dispuesta a asumir la 
coordinación de tales reducciones de capacidad y, en el mes de marzo, el 
Consejo se comprometió a respaldar con fondos comunitarios el coste de los 
cierres. Sin embargo, hubo antes que resolver una serie de casos de ayudas 
que los Estados miembros deseaban conceder a empresas siderúrgicas del sector 
público. La tarea de la Comisión consistió en garantizar que, a cambio de las 
ayudas, los productores contribuyesen equitativamente a la reestructuración. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo en diciembre y el Consejo dio su visto 
bueno para que fuese otorgado un importe total de 6 800 millones de ecus en 
concepto de ayudas a seis productores, a cambio de una reducción de capacidad 
de 5,5 millones de toneladas. Para hacerse una idea de la dificultad que 
entrañó este primer paso en la reestructuración, basta con decir que el 
Consejo de Industria tuvo que reunirse varias veces y que, en julio, la 
Comisión se vio por primera vez obligada a llegar al extremo de tomar medidas 
cautelares, en virtud del artículo 88 del Tratado CECA, para impedir a Italia 
cancelar deudas de Uva, uno de los seis beneficiarios de las ayudas, por 
importe de 4 000 millones de ecus, operación que, según alegó insistentemente 
el Gobierno italiano, no constituía en absoluto una ayuda. 
(1) Puntos 2 9 y 481 del presente Informe. 
4.I.§1.2 
256 
375. Las ayudas a la industria del automóvil tuvieron también que someterse 
una vez más a un intenso control(2'. Muchos de los casos correspondían a 
medidas de salvamento y de reestructuración. Debido al crecimiento del exceso 
de capacidad, las ayudas a la inversión concedidas por Austria al sector del 
automóvil fueron igualmente objeto de una cuidadosa supervisión, dando lugar 
a la imposición de derechos compensatorios(3). En el sector de la 
construcción naval, la situación no permitió poner fin al régimen especial de 
ayudas, y la Sexta Directiva se prorrogó un año más^4' . Las medidas de 
salvamento y reestructuración, unidas a paquetes de ayudas, estuvieron 
también a la orden del día en muchos otros sectores, desde la construcción 
mecánica a las compañías aéreas^5^. Como siempre, fueron los casos de 
privatización y aquellos que afectaban a empresas públicas los que plantearon 
mayores problemas en relación con el control de las ayudas. No obstante, los 
logros habidos en materia de avales estatales^' y el nuevo texto jurídico 
fundamental en relación con las obligaciones de notificación de las empresas 
públicas'7^ facilitarán, en principio, dicho control en el futuro. El 
Tribunal de Justicia reiteró, asimismo, el deber de la Comisión de realizar 
un análisis completo del impacto de las ayudas previstas sobre las empresas 
competidoras(8' . 
3 76. Una parte más rutinaria, aunque no menos importante, del control de las 
ayudas estatales consiste en procesar notificaciones de ayudas que plantean 
menos problemas para la competencia y que, por consiguiente, pueden aprobarse 
con relativa facilidad siempre que se respeten determinados límites y 
condiciones, con frecuencia establecidos en las directrices correspondientes. 
La Comisión es también la única autoridad supervisora de tales ayudas y los 
Estados miembros requieren su consentimiento para concederlas. La Comisión 
tiene el deber de otorgar la autorización reglamentaria en un plazo 
razonable'9'. En un período de recesión, es especialmente importante 
responder con rapidez. 
377. En relación con las ayudas regionales, y de acuerdo con la práctica ya 
establecida, la Comisión siguió limitando la extensión de las zonas 
(2) Puntos 505 y siguientes del presente Informe. 
(3) Punto 506 del presente Informe. 
(4) Punto 497 del presente Informe. 
(5) Puntos 531 y siguientes y 536 y siguientes del presente Informe. 
(6) Puntos 386 y 401 del presente Informe. 
(7) Punto 399 del presente Informe. 
(8) Punto 3 95 del presente Informe. 
(9) Sentencia de 11 de diciembre de 1973, asunto 120/72, Lorenz/Alemania, 
Rec. [1973] 1471, 1481 (apdo.4). 
4.I.§1.3 
257 
asistidas y manteniendo diferenciales entre las zonas más y menos 
desarrolladas'10'. Asimismo, la Comisión siguió analizando las ayudas para 
proyectos de inversión con gran intensidad de capital. 
378. Los incentivos para la creación efectiva de empleo, la formación y el 
desarrollo de las pequeñas empresas se evaluaron con toda la benevolencia que 
merecen'11'. Tras la elaboración de las directrices sobre ayudas a las PYME 
en 1992 (12)/ ]_a comisión ha finalizado prácticamente la revisión de los 
regímenes de ayudas para dichas empresas. En lo que respecta a otro ámbito de 
creciente importancia, el medio ambiente, la Comisión fijó nuevas directrices 
sobre ayudas, mucho más i.detalladas y completas que las anteriores^13' . 
Asimismo, la Comisión siguió trabajando para garantizar condiciones 
equitativas a las empresas de seguro de crédito a la exportación que cubren 
riesgos comerciales a corto plazo en los intercambios entre países de la 
Comunidad y de la OCDE, con independencia de que pertenezcan al sector 
público o cuenten con su apoyo, o sean privadas. Cabe esperar que se aprueben 
directrices al respecto en breve'14'. También se prosiguió el análisis del 
posible falseamiento de la competencia provocado por las ayudas en otros 
sectores de servicios financieros y en la televisión. En este último sector, 
la Comisión encomendó la realización de un estudio a escala europea que le 
permita evaluar las denuncias de las cadenas privadas, cada día más 
numerosas'1^'. 
379. En el plano internacional, las ayudas estatales ocuparon un lugar 
destacado en las negociaciones para la adhesión de los países nórdicos, esto 
es, Finlandia, Noruega y Suecia, amén de Austria(16'. Entretanto, tras la 
entrada en vigor del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, el 1 de enero de 
1994, el Órgano de Vigilancia de la AELC se encargará de aplicar las normas 
comunitarias en materia de ayudas estatales a estos países, además de 
Islandia. Ante la necesidad de cooperar estrechamente con este Órgano, la 
Comisión ha tomado disposiciones, en virtud del Protocolo 2 7 del Acuerdo, 
para estudiar los casos pendientes en colaboración con el mismo e informarle 
de las decisiones finales antes de que se publiquen'17'. Los Acuerdos 
(10 
(11 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 Puntos 465 y 466 del presente Informe. 
Puntos 430 y 439 del presente Informe. 
Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 342 
Punto 384 del presente Informe. 
Punto 427 del presente Informe. 
Punto 546 del presente Informe. 
Punto 561 del presente Informe. 
Punto 557 del presente Informe. 
4.I.§1.4 
258 
Europeos firmados con varios países de Europa Central y Oriental contienen 
también disposiciones en materia de ayudas estatales (18' . La Comisión 
participó en las conversaciones de la OCDE que condujeron a la adopción de un 
acuerdo internacional sobre la construcción naval y está presente en las 
actuales negociaciones para la firma de un acuerdo multilateral sobre el 
sector siderúrgico. Asimismo, desempeñó un papel activo en las negociaciones 
del nuevo código de subvenciones del GATT'19'. 
380. El mercado único, ya existente, y el proyecto de unión económica y 
monetaria hacen que el control de las ayudas estatales sea más importante que 
nunca y obligan, en mayor medida, a la Comisión a utilizar sus limitados 
recursos con eficacia. A las innovaciones en materia procesal descritas en el 
Informe del pasado año^20' se añadió la adopción de formularios normalizados 
para la notificación de ayudas'21'. La tendencia hacia la codificación de 
las prácticas hasta ahora seguidas se mantuvo con las nuevas directrices 
sobre ayudas para el medio ambiente. Estas directrices fomentan la 
transparencia y certidumbre de las actuaciones y propician la confianza en 
una aplicación coherente de las normas. Asimismo, facilitan la evaluación de 
compatibilidad de muchos casos individuales de concesión de ayuda sin 
demasiada complejidad. La Comisión debate con los Estados miembros las nuevas 
medidas previstas y otros asuntos generales en las reuniones multilaterales 
periódicas. En 1993 tuvieron lugar dos reuniones de este tipo^22'. Además, 
se creó un "comité de sabios", compuesto por destacados especialistas de la 
economía de la empresa y el Derecho de competencia, para debatir la política 
en materia de ayudas estatales y ofrecer sus ideas al respecto. La 
publicación de la nueva recopilación de la normativa sobre ayudas estatales, 
anunciada el pasado año, tuvo que aplazarse hasta 1994, para incluir los 
últimos documentos (directrices sobre ayudas para el medio ambiente, guía de 
procedimientos, etc.). 
381. El 1 de agosto, se confirieron al Tribunal de Primera Instancia de la 
Comunidad Europea competencias para pronunciarse sobre los recursos 
presentados por las empresas en relación con las decisiones de ayudas 
(18) Puntos 101 y 563 del presente Informe. 
(19) Punto 114 del presente Informe. 
(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 337. 
(21) Punto 3 85 del presente Informe. 
(22) Punto 382 del presente Informe. 
4.1.§1.5 
259 
estatales. En esa fecha, se transfirieron al Tribunal de Primera Instancia 
11 casos pendientes ante el Tribunal de Justicia que aún no habían entrado en 
la fase de informe. Los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia en 
relación con las decisiones del TPI se referirán exclusivamente a aspectos de 
Derecho. El Tribunal de Justicia seguirá siendo competente para conocer de 
los recursos presentados por los Estados miembros y pronunciarse con carácter 
prejudicial en virtud del artículo 177 del Tratado CE. 
<T4> - Reuniones multilaterales 
382. En el mes de junio, tuvo lugar una reunión de expertos gubernamentales 
de los Estados miembros y funcionarios de la Comisión^23' para debatir las 
propuestas modificadas de directrices sobre ayudas para el medio ambiente y 
el seguro de crédito a corto plazo a la exportación^24' , así como los nuevos 
documentos sobre ayudas al sector turístico y las actividades de I+D y los 
tipos de interés de referencia empleados al calcular las intensidades de 
ayuda. La acogida del proyecto totalmente nuevo de directrices sobre ayudas 
para el medio ambiente fue relativamente favorable y, por consiguiente, la 
Comisión aprobó las citadas directrices^25' . En lo que respecta al seguro de 
crédito a la exportación, el debate se centró en puntos de fondo que estaban 
pendientes. Asimismo, se mantuvo durante la reunión un interesante debate 
preliminar sobre las ayudas al sector turístico y sobre la postura de la 
Comisión con respecto a las ayudas para I+D consistentes en préstamos 
reembolsables si el proyecto sale adelante pero no si fracasa. Por último, 
los Estados miembros acogieron favorablemente la propuesta de modificar con 
mayor frecuencia los tipos de interés de referencia utilizados al calcular la 
intensidad de las ayudas para adaptarlos a las fluctuaciones de los tipos de 
interés del mercado. En consecuencia, la Comisión revisó los mencionados 
tipos con efectos desde el 1 de julio de 1993, en lugar de proceder a la 
habitual revisión anual(26'. 
383. En diciembre, con ocasión de una segunda reunión multilateral, se 
discutió la posibilidad de perfeccionar el sistema de tipos de interés de 
(23) Punto 583 del presente Informe. 
(24) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 339 y 
340. 
(2 5) Punto 384 del presente Informe. 
(26) Punto 3 98 del presente Informe. 
4.I.§1.6 260 
referencia. Las delegaciones se declararon partidarias de que, en lo 
sucesivo, los tipos de referencia para el año siguiente se basaran en la 
media del período trimestral de septiembre a noviembre, en lugar de la media 
anual, y de que, en el curso del año, el tipo de referencia se revisara si la 
variación de los tipos en los que se basara excedía de un 15 %, en lugar de 
los dos puntos porcentuales anteriores. La Comisión aprobó posteriormente 
estas modificaciones^27' . 
La reunión giró también en torno a la cooperación con el Órgano de Vigilancia 
de la AELC, en virtud del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Los 
participantes coincidieron en que debería invitarse a dicho Órgano a asistir 
a las futuras reuniones multilaterales en calidad de observador y en que la 
Comisión debería enviarle todos los meses una lista de los asuntos de ayudas 
pendientes. Asimismo, se estudió la tramitación de denuncias presentadas por 
las empresas y los Estados miembros en la Comunidad y la AELC en relación con 
ayudas estatales concedidas en uno u otro grupo de países(28'. 
A continuación, el debate se centró en la definición de "ayudas blandas", es 
decir, de las ayudas para formación, asesoramiento y fines similares, que 
están ya sujetas a límites elevados debido a su incidencia positiva en la 
competitividad global de las pequeñas y medianas empresas. El documento 
elaborado a este respecto fue acogido favorablemente por la mayor parte de 
las delegaciones y, una vez se hayan pulido las definiciones, se volverá a 
tratar del tema en la próxima reunión multilateral. Por último, los 
participantes examinaron los resultados obtenidos por la Comisión al exigir 
la devolución de las ayudas concedidas ilegalmente y que no podían disfrutar 
de una exención. De un cuadro que recogía los casos en que se había ordenado 
la devolución se desprendía que una de las causas principales de los retrasos 
registrados a la hora de recuperar la ayuda eran los conflictos con las 
normas procesales nacionales'29'. Para evitar tales conflictos, es necesario 
que los Estados miembros inicien inmediatamente el procedimiento para 
recuperar la ayuda, aun cuando se recurra la decisión, puesto que las 
acciones legales contra las decisiones de la Comisión no tienen efectos 
suspensivos. 
(27) Punto 398 del presente Informe. 
(28) Punto 98 del presente Informe. 
(2 9) El cuadro se reproduce en el anexo ... al presente Informe. Véase 
también punto 3 96 del presente Informe. 
4.I.§1.7 
261 
<T4> - Ayudas para la protección del medio ambiente 
384. Las nuevas directrices sobre ayudas para el medio ambiente, aprobadas 
por la Comisión en diciembre, determinarán las actuaciones futuras en este 
ámbito'30'. Las anteriores directrices al respecto prácticamente no se 
habían modificado desde que se adoptaron en 1974 '31' . Muchas de las ayudas 
no entraban en el ámbito de aplicación de las mismas y habían de evaluarse de 
forma específica. Las nuevas directrices incluyen las modificaciones 
introducidas en la práctica de la Comisión y constituyen un marco de 
referencia más completo y manejable, al mismo tiempo que permiten avanzar 
hacia una total aplicación del principio de responsabilidad de "quien 
contamina paga" y reflejar el énfasis que el Quinto Programa de Acción para 
el Medio Ambiente pone en un "desarrollo sostenible" al objeto de evitar los 
problemas medioambientales. 
Las directrices establecen los principios o normas a los que deberán atenerse 
los distintos instrumentos financieros utilizados en materia de política 
medioambiental. Las disposiciones más estrictas se refieren a las ayudas a la 
inversión, las cuales quedan sujetas a las siguientes normas: 
para las inversiones destinadas a adaptar instalaciones ya existentes a 
las nuevas normas o requisitos legales impuestos para proteger el medio 
ambiente, las empresas pueden recibir ayudas equivalentes a un 15 % 
bruto(32^ del coste de la inversión estrictamente necesaria para ello. 
Por instalaciones existentes se entienden aquellas que tengan ya un 
mínimo de dos años cuando las nuevas normas o requisitos entren en 
vigor. Las instalaciones más recientes no pueden dar lugar a la 
concesión de ayuda. Las ayudas pueden otorgarse durante un período 
limitado antes o después de la fecha en que se introduzcan las nuevas 
normas ; 
(30) DO ... y punto 166 del presente Informe. 
(31) Cuarto Informe sobre la política de competencia, puntos 175-179; Décimo 
Informe sobre la política de competencia, puntos 222-226; Decimosexto 
Informe sobre la política de competencia, punto 259. A la espera de que 
se adopten las nuevas directrices, la normativa existente, que, en 
principio expiraba al término de 1992, se prorrogó, en diciembre de 1992 
(Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 448) y 
junio de 1993, al primer y segundo semestre de 1993, respectivamente. 
(32) Es decir, sin impuestos. De acuerdo con las anteriores directrices, 
podía concederse a tal fin una ayuda del 15 % neto (es decir, una vez 
deducidos los impuestos). 
4.1.§1.8 262 
para las inversiones en instalaciones nuevas o ya existentes que hagan 
posible un mayor control de la contaminación o permitan alcanzar un 
nivel de protección superior al de las normas medioambientales 
obligatorias, las empresas pueden recibir hasta un 30 % bruto del coste 
de la inversión estrictamente necesaria para ello. En el supuesto de que 
coexistan varias normativas, por ejemplo, normas comunitarias y 
disposiciones específicas nacionales o locales, debe superarse la más 
estricta de ellas. El nivel real de la ayuda debe ser proporcional a la 
mejora ambiental conseguida y a la inversión que haya sido necesaria; el 
30 % es un límite máximo. Asimismo, pueden concederse ayudas por un 
importe bruto de hasta un 30 % para las inversiones totalmente 
voluntarias que contribuyan a proteger al medio ambiente, si no existen 
normas o requisitos obligatorios aplicables a las empresas; 
las pequeñas y medianas empresas pueden recibir diez puntos porcentuales 
más en concepto de ayuda, que se añaden a los límites antes señalados; 
en las zonas asistidas, el nivel máximo de ayuda corresponde al 
porcentaje máximo permitido para las ayudas destinadas a la protección 
del medio ambiente o al porcentaje de ayuda regional autorizado por la 
Comisión en relación con la zona considerada, si éste es mayor; 
si un proyecto de inversión permite, por un lado, atenerse a las normas 
y, por otro, superar su alcance, los límites se aplicarán por prorrateo. 
Además de las inversiones, las directrices se refieren a las siguientes 
actividades : 
la divulgación de información; 
la asistencia en materia de formación y asesoramiento en beneficio de 
empresas concretas puede dar lugar a la concesión de ayudas de hasta un 
50 % para las PYME, con arreglo a lo establecido en las directrices 
sobre ayudas a estas empresas'33', o hasta el porcentaje de ayuda 
regional permitido, si éste es mayor, en las zonas asistidas; 
(33) DO C 213 de 19.8.1993. 
4.1.§1.9 
263 
los incentivos para adquirir productos que no sean nocivos para el medio 
ambiente; 
la recogida, tratamiento y reciclado de residuos y la reducción de 
impuestos ecológicos para evitar pérdidas excesivas de competitividad. 
Las directrices se aplican a todos los sectores, incluidos aquellos que están 
sujetos a normas comunitarias específicas en materia de ayudas estatales si 
éstas no disponen lo contrario, como ocurre con determinadas inversiones en 
la agricultura. Asimismo, se aplicarán a las ayudas para el ahorro de 
energía, con la diferencia de que, en este caso, se tomarán en consideración 
las reducciones de costes logradas por las empresas. 
Las directrices surtirán efecto desde el 1 de enero de 1994 hasta finales de 
1999, momento en que concluirá el Quinto Programa para el Medio Ambiente, 
pero se revisarán en 1996. Al objeto de adaptar los regímenes de ayuda para 
la protección del medio ambiente a las nuevas normas, y en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 93, la Comisión revisará antes del 30 
de junio de 1995 todos los regímenes existentes que no se notifiquen de nuevo 
voluntariamente. La Comisión ha decidido también realizar un seguimiento de 
la aplicación de las directrices en 1994 para determinar si debe o no 
imponerse a los Estados miembros la obligación de notificar todos los casos 
importantes de concesión de ayudas al amparo de regímenes autorizados. 
<T4> - Notificaciones e informes normalizados 
385. La Comisión ha adoptado un sistema de notificaciones e informes 
normalizados que permitirá facilitar la labor de los Estados miembros y 
mejorar la información de que dispone aquélla en relación con las ayudas 
estatales.. En lo sucesivo, los proyectos de ayudas habrán de notificarse con 
arreglo a un cuestionario normalizado en el que se especifican los datos que 
la Comisión considera necesarios para su examen. El nuevo sistema permitirá 
reducir considerablemente las solicitudes de información complementaria y 
acelerar así el proceso decisorio. Con fines también de simplificación 
administrativa, la Comisión ha resuelto dispensar a los Estados miembros de 
la obligación de notificar la refinanciación de regímenes autorizados por un 
tiempo indefinido o por un período determinado que aún no haya concluido, si 
el nuevo presupuesto anual no supera en más de un 20 % el notificado en un 
principio. Además, merced a la introducción de un sistema de presentación de 
4.I.§1.10 
264 
informes normalizados con arreglo a una estructura concreta, la Comisión 
podrá verificar con mayor eficacia, a efectos de lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 93, si un régimen previamente autorizado con determinadas 
condiciones de carácter socioeconómico sigue cumpliendo los requisitos 
necesarios para disfrutar de alguna de las exenciones previstas en el 
artículo 92. A fin de reducir la labor administrativa de los Estados 
miembros, sólo se exigirán informes normalizados detallados en relación con 
un número muy restringido de regímenes importantes de ayudas. Los informes 
correspondientes a los demás regímenes únicamente deberán contener algunos 
datos concretos. 
<T4> - Conclusiones que pueden extraerse de la práctica de la Comisión 
y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
<T5> a) Aspectos materiales 
<T6> Avales otorgados por las autoridades públicas 
386. Las autoridades públicas apoyan con frecuencia a las empresas avalando 
los préstamos que éstas obtienen. Estos avales constituyen en general ayuda 
estatal, ya que, sin ellos, la empresa se vería en la imposibilidad de lograr 
la financiación necesaria y tendría que abandonar el proyecto correspondiente 
o, incluso, entrar en liquidación. La Comisión aprueba muchos de los 
programas de avales de préstamos y de los avales a empresas concretas que le 
son notificados, requisito al que están sujetos en virtud del apartado 3 del 
artículo 93 del Tratado CE y de acuerdo con las cartas de 198 9 a los Estados 
miembros. La Comisión insiste siempre en que, como condición, el aval sólo 
pueda hacerse efectivo una vez que el acreedor haya recuperado la mayor parte 
posible de la deuda mediante la enajenación de los activos del deudor y, en 
su caso, mediante la liquidación de la empresa. 
387. Los avales sobre préstamos otorgados por las autoridades públicas pueden 
falsear seriamente la competencia si no se atienen a dicha condición y si 
4.1.§1.11 
265 
no se notifican. En el caso EFIM'34' , en el que las garantías se derivaban 
del artículo 2362 del Código Civil italiano, los bancos terminaron por seguir 
prestando fondos a empresas públicas que padecían serias dificultades 
financieras, al estar convencidos de que el Estado pagaría todas las deudas 
acumuladas. Este tipo de intervención proporciona un flujo continuo de 
financiación . a empresas que deberían ser objeto de una adecuada 
reestructuración o racionalización, en detrimento de sus competidores, que no 
reciben ayuda alguna. Además, en ese mismo caso, no se consideró que la 
situación de liquidación de las empresas en cuestión fuese condición 
suficiente para que los acreedores pudiesen ejecutar la garantía estatal. En 
el acuerdo al que llegaron f-inalmente la Comisión y las autoridades 
italianas, se autorizaron los pagos correspondientes a la garantía 
establecida por el artículo 2362 del Código Civil italiano, ya que las 
autoridades italianas se comprometieron a reducir, antes de 1996, la deuda de 
determinadas empresas públicas a un nivel aceptable para un inversor que 
actuase en una economía de mercado y a vender acciones de dichas sociedades, 
anulando así los efectos del mencionado artículo en el futuro. 
<T6> Factores que determinan la clasificación de una medida como ayuda 
estatal en virtud del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE 
<T4> - Ventajas financieras 
388. Varios de los casos en los que la Comisión hubo de pronunciarse en 1993 
ilustran el principio con arreglo al cual una medida constituye ayuda 
otorgada por los Estados a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 92 cuando proporciona una ventaja financiera con respecto a las 
condiciones normales de mercado. 
En el caso relativo al gas en los Países Bajos^35', el Gobierno neerlandés 
había notificado a la Comisión, tal como disponía la decisión adoptada por 
(34) Punto 401 del presente Informe (§ 2). En los anexos III.C figura una 
lista de todas las decisiones adoptadas por la Comisión durante el año 
en relación con ayudas estatales. La lista se subdivide por tipos de 
decisión. Se mencionan, asimismo, los posibles comunicados de prensa 
relativos al caso y el Diario Oficial en el que se han publicado las 
decisiones o comunicaciones pertinentes, siempre que éste se conozca en 
la fecha de redacción. 
(35) Punto 533 del presente Informe. 
4.I.§1.12 266 
ésta en 1992'36', su intención de conceder rebajas a los productores 
neerlandeses de amoniaco en determinados períodos de 1992 y 1993, cuando los 
precios de este producto eran tan bajos que los productores de toda Europa 
registraban pérdidas y tenían que cerrar fábricas. La Comisión estimó que la 
reducción de precios era una práctica comercial normal por parte del 
proveedor Gasunie, empresa perteneciente en un 50 % al sector público y que 
ocupa una posición de monopolio, puesto que, de pasarse por alto la caída de 
precios y las consiguientes dificultades financieras de sus clientes, Gasunie 
hubiese visto peligrar sus mercados futuros. Asimismo, existía el riesgo de 
que los clientes recurriesen a materias primas de sustitución. Los precios a 
los que Gasunie vendía el gas a proveedores de otros Estados miembros 
permitían a éstos reducir de forma semejante el precio de sus ventas a 
productores de amoniaco. 
También se consideraron como prácticas comerciales normales los contratos que 
la compañía de ferrocarriles alemana, Deutsche Bundesbahn, celebra con 
empresas que se ocupan de construir o mantener vías muertas y por los que se 
conceden a estas empresas líneas de crédito u otro tipo de ayuda a tal 
efecto (37) . La Comisión comprobó que DB recuperaba los gastos que le 
ocasionaban en cada caso concreto tales incentivos a través de las tarifas 
de transporte que posteriormente cobraba a la empresa y que el sistema no 
recibía subvenciones por otros cauces. 
389. En una serie de casos de concesión de subvenciones para la protección 
del medio ambiente, la Comisión estudió si estas medidas conferían una 
ventaja financiera al beneficiario. Se consideró que no era así en el caso 
de los pagos efectuados a empresas que se encargaban de recuperar aceites 
residuales en Dinamarca, ya que estos pagos equivalían claramente a una 
remuneración por los servicios prestados^38'. Por otra parte, en relación 
con un programa danés por el que se compensaba a las empresas que utilizan 
materias primas recicladas, por la mayor cantidad de residuos que este 
proceso genera, aplicándoles un tipo inferior del impuesto sobre la recogida 
de residuos, la Comisión consideró que este trato fiscal podía conllevar una 
ventaja financiera para los beneficiarios con respecto al sistema tributario 
general y que, por consiguiente, entraba en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 92 (39^ . 
(36) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 434-
437. 
(37) Punto 534 del presente Informe. 
(38) Punto 421 del presente Informe. 
(39) Punto 420 del presente Informe. 
4.I.§1.13 
267 
<T4> - Selectividad 
390. Ante una serie de programas daneses de creación de empleo, la Comisión 
tuvo que determinar si se trataba de programas de ayuda a los que era de 
aplicación el apartado 1 del artículo 92 o si eran "medidas generales". Para 
que el apartado 1 del artículo 92 sea de aplicación a un determinado programa 
por el que se subvenciona a empresas al objeto de que desarrollen actividades 
concretas, dicho programa ha de "favorecer", es decir, beneficiar 
especialmente, a ciertas empresas o sectores. En otras palabras, ha de haber 
una selección o discriminación de los beneficiarios. No es necesario que este 
grupo de favorecidos esté definido en las normas del programa o que sea 
fácilmente identificable. Basta con que el programa pueda beneficiar de forma 
especial a ciertas empresas, aun cuando éstas no puedan determinarse de 
antemano, y ello ocurre sobre todo cuando las autoridades que lo aplican 
disponen de facultades discrecionales para seleccionar a los beneficiarios o 
fijar el nivel de la subvención. La Comisión adoptó dos decisiones sobre 
variantes de un mismo programa por el que se concedían a las empresas 
subvenciones salariales si contrataban a desempleados de larga duración(4°). 
En el primero de estos casos, se consideró que el Estado miembro carecía 
prácticamente o por completo de facultades discrecionales: el programa se 
aplicaba automáticamente a toda empresa y persona desempleada que cumpliese 
los requisitos, que, en lo esencial, como por ejemplo las condiciones del 
contrato de trabajo, eran precisos y estaban perfectamente definidos. Se 
estimó, pues, que se trataba de una medida general y no de un régimen de 
ayuda. Sin embargo, una vez se hubo modificado dicho régimen, se consideró 
que el grado de discreción era mayor y que el régimen podía resultar 
selectivo, lo que lo incluía en el ámbito de aplicación del apartado 1 del 
artículo 92. Las autoridades podían conceder libremente las subvenciones 
tanto por contratos de trabajo breves e intermitentes, sin condiciones 
claras, como por contratos de trabajo fijo. 
<T4> - Exacciones 
391. Las exacciones son impuestos específicos sobre la producción o venta de 
determinados bienes o servicios. El producto de tales impuestos -que debe 
incluirse entre los "fondos estatales" a que se refiere el apartado 1 del 
(40) Punto 441 del presente Informe 
4.I.§1.14 
268 
artículo 92- puede servir para financiar ayudas estatales de diversas 
finalidades en el sector en el que se recaude el impuesto. Estos regímenes 
plantean una serie de problemas, tal como se refleja en las decisiones 
aprobadas en 1993. En primer lugar, de acuerdo con toda una serie de 
sentencias del Tribunal de Justicia y de decisiones de la Comisión, ni las 
importaciones pueden estar sujetas a tales exacciones ni las exportaciones 
pueden disfrutar de una desgravacion, ya que en ambos casos el régimen sería 
incompatible con el Derecho comunitario. 
392. La segunda conclusión que cabe extraer de las diversas decisiones en 
materia de exacciones es que el régimen no deja de ser ayuda estatal por el 
mero hecho de que sea el propio sector el que lo financie^41). La Comisión, 
que suele ser contraria a los regímenes de ayuda sectoriales, se muestra, sin 
embargo, menos rigurosa si la medida no beneficia directamente a empresas 
concretas del sector, sino que sirve para fomentar actividades que redundan 
en beneficio de todo él, tales como investigación, formación, ferias 
comerciales, mantenimiento o mejora de la calidad media, etc. Así pues, en 
1993, la Comisión declaró inaplicable lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 92 a las exacciones para respaldar el sector danés de la peletería y 
el británico de la lana'42', así como el sector francés de la construcción 
mecánica (COREM). Como ya es habitual, se aprobaron también varios regímenes 
de exacciones en el sector agrario(43' . Por otro lado, se adoptó una actitud 
mucho más estricta frente a los regímenes de ayudas sectoriales por los que 
se concedían subvenciones directas financiadas por el Ministerio de 
Hacienda'44'. 
<T4> - Ventas de terrenos para desarrollo industrial o comercial 
por las autoridades públicas 
3 93. La venta de terrenos para desarrollo industrial o comercial por parte 
de autoridades públicas a precios inferiores a los del mercado puede 
constituir otra forma de ayuda a las empresas'45'. La Comisión suele 
instruir numerosas denuncias relativas a supuestas ventas subvencionadas de 
terrenos. Si bien los terrenos sólo representan en general una pequeña parte 
(41) Véase asunto 78/76, Steinige und Weinlig/Alemania, considerando 22. 
(42) Punto 528 del presente Informe. 
(43) Punto 551 del presente Informe. 
(44) Punto 453 del presente Informe. 
(45) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 239; Vigésimo 
segundo Informe sobre la política de competencia, punto 345. 
4.1.§1.15 
269 
de los costes de inversión'46', los precios subvencionados podrían acabar 
con el frágil equilibrio existente entre los diferenciales de incentivos 
regionales, provocando así una quiebra de la política regional. La Comisión 
está estudiando la posibilidad de recomendar a los Estados miembros que sigan 
un código de conducta en este ámbito. En los casos en los que se adoptó una 
decisión formal en 1993, se llegó, tras realizar una detenida valoración de 
los terrenos, a la conclusión de que los precios finales de venta se situaban 
dentro de la gama de lo que podían considerarse precios de mercado. En lo que 
respecta a la adquisición por parte de Sony de un extenso terreno próximo a 
la Postdamer Platz de Berlín'47', se consideró que el precio era inferior a 
la valoración oficial efectuada con posterioridad, pero que estaba dentro del 
margen de desviación admisible en las valoraciones de terrenos una vez se 
habían efectuado los oportunos reajustes por la subida registrada en los 
precios de los terrenos, la obligación de preservar un edificio declarado de 
interés histórico y dedicar parte del terreno a actividades culturales, así 
como otras posibles restricciones en materia de edificación desconocidas en 
el momento de la venta. Asimismo, se adoptó una decisión con respecto a la 
venta de terrenos en Friedberg, Hesse, a la empresa farmacéutica 
Fresenius'48'. Tras una evaluación oficial, la empresa se comprometió a 
pagar por el terreno 280 000 ecus más de lo convenido inicialmente. Si bien 
el precio de venta seguía siendo un 10 % inferior al valor de tasación, la 
Comisión tomó en consideración el hecho de que el terreno había estado en 
venta durante algún tiempo antes de que se encontrase comprador. Podía, 
pues, considerarse que el precio acordado correspondía al valor de mercado y 
que equivalía, aproximadamente, al precio que se hubiese obtenido en una 
subasta pública. 
<T4> - Otro factor que impide automáticamente a los regímenes de ayuda 
disfrutar de excepciones: la infracción de otras disposiciones 
del Derecho comunitario 
3 94. Los regímenes de ayuda no pueden en modo alguno acogerse a excepciones 
si infringen otras disposiciones del Derecho comunitario, como las relativas 
a la libertad de establecimiento, según quedó demostrado con el régimen de 
ayudas a la inversión del País Vasco español'49'. Ningún Estado miembro 
puede, dentro de un régimen de ayuda, discriminar a los nacionales de 
(46) En las normas de coordinación en materia de ayudas regionales de 1971 se 
estiman en un 5 %, aproximadamente; DO C 111 de 4.11.1971. 
(47) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 264. 
(48) DO C 21 de 25.1.1994. 
(49) Punto 473 del presente Informe. 
4.I.§1.16 
270 
otros Estados miembros que residan en su territorio. Este principio se ha 
aplicado en reiteradas ocasiones a regímenes de apoyo a la industria 
cinematográfica'50'. Tampoco en las privatizaciones están permitidas las 
condiciones discriminatorias, razón por la cual se negó inicialmente la 
autorización para un programa portugués de privatización'51'. 
<T5> b) Aspectos de procedimiento 
<T6> Procedimiento del apartado 2 del artículo 93 y conciliación 
de los derechos de los competidores y del posible beneficiario de la ayuda 
3 95. En sus sentencias en los asuntos Cook'52' y Matra'53', el Tribunal de 
Justicia confirmó las circunstancias en las que la Comisión está obligada a 
incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE para permitir a terceros interesados, en general, las empresas 
competidoras, presentar sus observaciones sobre los proyectos de ayuda'54'. 
En el asunto Cook, el Tribunal declaró que, cuando la situación del mercado 
afectado tuviese alguna trascendencia para la decisión de la Comisión, ésta 
debía realizar un análisis del mercado antes de autorizar la ayuda sin incoar 
el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. En el mencionado asunto, y 
ante la denuncia de un competidor, en la que se alegaba claramente que la 
ayuda agravaría el exceso de capacidad y perjudicaría su posición en el 
mercado, la Comisión debía haber efectuado dicho análisis a través del 
procedimiento del apartado 2 del artículo 93, puesto que no disponía de los 
datos necesarios para formarse un juicio fundado (sobre la existencia de un 
exceso de capacidad) por sí misma. En el asunto Matra, por el contrario, el 
Tribunal consideró acertada la decisión de la Comisión de no incoar el 
procedimiento en relación con el proyecto de ayuda a una nueva planta para la 
fabricación de furgonetas de Ford/Volkswagen en Portugal, ya que se podía 
analizar con precisión el mercado sin necesidad de recurrir a dicho 
procedimiento. 
(50) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 442. 
(51) Punto 416 del presente Informe. 
(52) Punto 553 del presente Informe. 
(53) Punto 553 del presente Informe. 
(54) Véase también asunto 84/82, República Federal de Alemania/Comisión 
("plan Claes"), sentencia de 20 de marzo de 1984. 
4.1.§1.17 
271 
<T6> Cobro de intereses por las ayudas no recuperadas 
396. En las decisiones en las que ordena la recuperación de las ayudas 
concedidas ilegalmente y que no pueden disfrutar de una excepción, la 
Comisión suele ahora exigir que se cobren intereses por la ayuda, a contar, 
en general, desde la fecha en que haya sido otorgada. Esta práctica, que se 
anunció ya formalmente en la carta relativa a las multas por falta de 
notificación de ayudas enviada a los Estados miembros en marzo de 1991'55', 
fue confirmada por la nueva decisión sobre la recuperación de la ayuda 
concedida a British Aerospace con ocasión de la absorción del grupo 
Rover'56'. No obstante, la\ Comisión estimó que la práctica de cobrar 
intereses a contar desde la fecha de concesión de la ayuda no debía 
aplicarse retroactivamente a los casos en los que se había adoptado una 
decisión antes de que se enviase la carta de marzo de 1991. En esos casos, 
sólo se cobrarían intereses a partir de la fecha en que la decisión ordenase 
recuperar el principal. En el asunto BAe/Rover, se exigieron,, pues, 
intereses a contar desde la fecha, de agosto de 1990, en que comenzó a 
surtir efecto la decisión inicial, la cual fue anulada por el Tribunal de 
Justicia por motivos de procedimiento. 
<T6> Inclusión de una cláusula de reserva en las disposiciones legales 
sobre ayudas para evitar el incumplimiento de la 
obligación de notificación 
397. La obligación de notificar los proyectos de ayuda por adelantado a la 
Comisión, contenida en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, supone 
que los planes de ayuda no pueden "ejecutarse" antes de que la Comisión haya 
dado su consentimiento. Por "ejecutar" no sólo se entiende la concesión 
efectiva de la ayuda al beneficiario, sino también el otorgamiento de 
facultades para conceder la ayuda sin ningún otro trámite. En 198 9, la 
Comisión envió a los Estados miembros una carta en la que aclaraba este 
pormenor. Con todo, los Estados miembros incumplen aún, en ocasiones, la 
obligación de notificación, al notificar las disposiciones legales por las 
que se confiere, sin ninguna reserva sobre la facultad de conceder ayudas, 
lo cual da lugar a que, pese a no haberse hecho uso aún de la misma, la 
ayuda se considere no notificada. Para evitar esta infracción técnica, y con 
frecuencia no intencionada, la Comisión recomienda a las autoridades de los 
(55) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 159 y 
anexo II.7. 
(56) Punto 515 del presente Informe. 
4.I.§1.18 
272 
Estados miembros que incluyan una cláusula de reserva en las disposiciones 
legales por la que el organismo que conceda la ayuda no pueda efectuar los 
pagos hasta que la Comisión haya dado su visto bueno. 
Tanto las Administraciones centrales como las regionales se atienen cada vez 
más a esta práctica. Por ejemplo, en 1993, la región italiana de Emilia-
Romana estableció normas generales por las que no sólo se dispone que la 
concesión de ayudas está subordinada a la aprobación de la Comisión, sino 
también que las normativas correspondientes a todos los programas de ayuda 
deben incluir una cláusula en la que se señale que las medidas no podrán 
llevarse a efecto en tanto no se haya publicado en el boletín oficial de la' 
región la autorización de la Comisión. 
<T6> Tipos de interés de referencia utilizados para calcular 
el valor de la ayuda 
3 98. La determinación del valor de la ayuda contenida en la financiación 
otorgada implica la comparación con un tipo de interés de referencia y la 
deducción de los beneficios financieros que pueden obtenerse en el futuro a 
ese tipo. Los futuros pagos en concepto de impuestos también han de ser 
deducidos al evaluar el valor neto (es decir, después de impuestos) de la 
ayuda, incluidas las subvenciones. Al realizar estos cálculos, la Comisión se 
vale de un tipo de interés de referencia estándar para cada Estado miembro, 
que se fija una vez al año. El método para fijar dichos tipos de referencia 
fue establecido en el anexo a las normas de coordinación en materia de ayudas 
regionales de 1979'57', si bien en la actualidad sirve para calcular el 
valor de las ayudas en la mayoría de sectores sujetos a control, incluidas 
las PYME'58', la protección del medio ambiente'59' y los regímenes de 
minimis '60' . Con arreglo al método de 1979, los tipos de referencia se 
basaban en la media de un tipo básico específico durante el año anterior y 
sólo podían modificarse durante el año en curso si el tipo básico corriente 
se desviaba del tipo de referencia en más de dos puntos porcentuales. Debido 
a la rápida caída de los tipos de interés en los últimos meses de 1992 y en 
1993, la Comisión estimó que los tipos de referencia para 1993 de algunos 
Estados miembros eran muy superiores a los 
(57) DO C 31 de 31.12.1979. 
(58) DO C 217 de 19.8.1992, p. 2; Vigésimo segundo Informe sobre la política 
de competencia, puntos 78 y 342. 
(59) Punto 384 del presente Informe. 
(60) Punto 431 del presente Informe. 
4.1.§1.19 
273 
del mercado, lo que originaba una sobrevaloración de la subvención contenida 
en la financiación. En consecuencia, decidió revisar los tipos de referencia 
de todos los países correspondientes al segundo semestre, fijándolos en la 
media del tipo básico registrada durante el trimestre de marzo a mayo de 
1993. Asimismo, la Comisión decidió que, al objeto de que los tipos de 
referencia se adaptasen en mayor medida a la evolución de los tipos de 
interés en el futuro, los tipos de referencia para 1994 y los años siguientes 
se basarían en la media del tipo básico durante el trimestre de septiembre a 
noviembre del año anterior y se revisarían en el transcurso del año si 
durante un trimestre se producía una desviación entre el tipo básico 
corriente y el de referencia -que excediese de un 15 % de este último. 
4.I.§2.20 
274 
<T3> §2. Empresas públicas y privatización 
<T4> Empresas públicas 
<T7> - Comunicación relativa a las empresas públicas 
399. Con arreglo a lo previsto'61', el Tribunal de Justicia dictó 
sentencia'62' en relación con el recurso que había presentado Francia por 
considerar que la obligación de información impuesta a los Estados miembros 
por la comunicación de la Comisión relativa a las empresas públicas'63' 
carecía de fundamento jurídico. Al establecer la obligación de presentar 
informes anuales en los que se dejase constancia de las transferencias 
financieras a las principales empresas públicas del sector de manufacturas, 
la Comisión se amparaba en el artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE, 
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados 
miembros y las empresas públicas. 
El Tribunal falló à favor del recurrente y anuló la comunicación, alegando 
que la obligación de información general y sistemática que deseaba imponer 
la Comisión iba más allá de lo previsto por el artículo 5 de la mencionada 
Directiva, en el que se exigía la presentación de determinados datos 
financieros sobre empresas públicas concretas siempre que fuese necesario. 
La nueva obligación de información hubiese constituido una reforma a la 
Directiva de 1980, por lo que no podía introducirse mediante una 
comunicación. 
A raíz de esta sentencia, la Comisión decidió incorporar las obligaciones de 
información establecidas anteriormente en la comunicación de 1991 en una 
directiva de modificación'64'. La nueva directiva impone a los Estados 
miembros la obligación de facilitar a la Comisión datos financieros en 
relación con las empresas públicas del sector de manufacturas cuyo volumen 
de negocios anual exceda de 250 millones de ecus. 
Dado que, por lo demás, la Comunicación de 1991 se limitaba a exponer las 
disposiciones legales y prácticas existentes para evaluar los flujos 
(61) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 529. 
(62) Asunto C-325/92, República Francesa/Comisión. Punto 373 del presente 
Informe. 
(63) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 170. 
(64) DO L 254 de 12.10.1993. 
4.1.§2.21 
275 
financieros entre las autoridades y las empresas públicas, la Comisión envió 
a los Estados miembros una versión modificada de la comunicación de 
199l'65', junto con la directiva. 
<T7> Francia 
<T8> Bull 
400. En octubre, la Comisión decidió'66' incoar el procedimiento de examen 
previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación con la 
empresa Bull, fabricante francés de ordenadores. Esta decisión, con arreglo a 
la cual la Comisión estudiará el pago, que no había sido notificado a la 
Comisión, por parte del Estado francés de un anticipo de 380 millones de ecus 
sobre una futura aportación de capital, viene motivada por la decisión'67' 
adoptada en julio de 1992, por la que se declaró que una anterior aportación 
de capital a Bull, por importe de 600 millones de ecus, era constitutiva de 
ayuda'68' . 
Lo más destacable de este segundo caso de aportación de capital era que 
ninguno de los accionistas minoritarios de Bull pertenecientes al sector 
privado (NEC e IBM) participaba en la concesión del anticipo, cuando sí 
habían tomado parte en la aportación de capital de 1992. Ello había llevado a 
las autoridades francesas a afirmar en 1992 que la recapitalización se atenía 
a lo señalado en la comunicación de 1984 relativa a la participación de las 
autoridades públicas en el capital de empresas, según la cual la 
participación de accionistas privados en la ampliación de capital demostraba 
que no existía ayuda alguna. No obstante, este argumento no fue aceptado por 
la Comisión, ya que el Estado francés había tomado la decisión dé invertir en 
Bull antes de la adquisición de acciones en la misma por parte de NEC e IBM y 
estas inversiones no eran significativas en términos económicos. 
Antes de que finalizase el año, la Comisión envió una carta a las autoridades 
francesas en relación con una nueva aportación de capital a Bull, por valor 
de 1 3 00 millones de ecus, acordada por el Estado francés y France Télécom en 
diciembre. 
(65) DO C 307 de 13.11.1993. 
(66) DO C 346 de 24.12.1993. 
(67) DO C 244 de 23.9.1992. 
(68) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 425 
4.1.§2.22 
276 
<T7> Italia 
<T8> EFIM 
401. La Comisión adoptó dos decisiones finales parciales'69' referentes a 
EFIM, el holding estatal italiano actualmente en fase de liquidación'70'. 
Dichas decisiones, aprobadas en agosto y septiembre, se referían al elemento 
de ayuda que contenía la garantía global de las deudas de EFIM derivada del 
artículo 2362 del Código Civil italiano. 
La Comisión consideró que el pago, por el Estado italiano, de las deudas de 
las empresas en liquidación integradas en el grupo EFIM constituía ayuda 
estatal, puesto que, a raíz de la decisión IOR/Finalp '71', un inversor que 
actuase en una economía de mercado no hubiese asumido el mayor riesgo que 
representa la responsabilidad ilimitada, derivada del artículo 2362 del 
Código civil italiano en caso de participación del 100 %, sin un 
correspondiente aumento del rendimiento de la inversión. Además, dicho 
inversor hubiese tomado medidas para limitar los riesgos a los que se 
exponía, tales como la venta de activos o la puesta en marcha de un plan de 
reestructuración, al comprobar que las deudas aumentaban sin visos de que el 
proceso fuese a invertirse. 
Dado que EFIM no proporcionaba a su accionista (el Estado italiano) un 
rendimiento mayor, ni tan siquiera suficiente, y que su dirección (en 
definitiva, el Estado italiano) no tomó medidas correctoras para contener el 
aumento de las deudas, el reembolso de las deudas del grupo por parte del 
Estado no podía considerarse la actuación normal de un inversor en una 
economía de mercado y, por tanto, era constitutivo de ayuda. 
Si bien los fondos estaban destinados a empresas en liquidación, la referida 
intervención falseaba la competencia, ya que las sociedades en liquidación 
habían obtenido préstamos de la banca y prestado, a su vez, tales fondos a 
las empresas en funcionamiento del grupo. El reembolso de dichas deudas 
externas por el Estado hubiese supuesto la cancelación de las deudas 
intragrupales de las empresas en funcionamiento y, por tanto, la concesión a 
(69) DO C 267 de 2.10.1993 y DO C 349 de 29.12.1993. 
(70) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 475-
478. 
(71) DO L 183 de 3.7.1992. 
4.1.§2.23 
277 
estas empresas de una ventaja que provocaba un continuo falseamiento de la 
competencia. 
No obstante, la Comisión estimó que el reembolso de las deudas, en aplicación 
de lo previsto en el artículo 2362 del Código Civil italiano, era compatible 
con el mercado común a tenor de lo dispuesto en la letra c del apartado 3 del 
artículo 93, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno italiano en el que éste 
se comprometía a: 
congelar las deudas, a 31 de diciembre de 1993, de determinadas 
sociedades holding y subholding íntegramente propiedad del Tesoro 
italiano; 
reducir el endeudamiento de dichas sociedades a niveles similares a los 
de empresas comparables del sector privado, a más tardar para 1996; 
reducir la participación del Estado en dichas sociedades, al término del 
proceso de reducción del endeudamiento, de modo que lo dispuesto en el 
artículo 2362 del Código Civil italiano en relación con la 
responsabilidad ilimitada no fuese de aplicación; 
someter a supervisión el programa de reducción de deudas, junto con los 
planes de reestructuración industrial y financiera de las sociedades, lo 
cual se llevaría a cabo en colaboración con la Comisión. 
A juicio de la Comisión, los planes de reestructuración industrial y 
financiera ayudarían a estas empresas públicas italianas a ser competitivas, 
y la posterior venta de parte de las acciones del Tesoro en las empresas 
impediría, al cancelar la garantía ilimitada, que se les otorgasen en el 
futuro subvenciones encubiertas a través de préstamos bancarios no 
respaldados por sus resultados. La decisión de autorizar el reembolso de sus 
créditos a los acreedores no se refería a las continuas ayudas concedidas a 
Alumix, asunto cuya instrucción aún no ha concluido. 
<T4> - Privatizaciones 
402. La Comisión se mantuvo firme en la aplicación de los principios que ha 
4.1.§2.24 
278 
venido desarrollando con los años'72' a la privatización de empresas 
públicas. Si bien en algunos países el proceso de privatización estaba 
llegando a su fin, en otros, apenas comenzaba o se reanudaba tras una 
interrupción. La Comisión envió una carta a estos últimos en la que exponía 
su planteamiento al respecto. Así, se puso en contacto con los gobiernos 
belga, italiano y francés para tratar de sus respectivos planes generales de 
privatización y solicitó a las autoridades neerlandesas y españolas que le 
facilitasen una serie de datos sobre la venta de empresas concretas. 
Asimismo, adoptó una decisión definitiva con respecto al programa de 
privatización de Portugal. 
403. En pro de una mayor transparencia, conviene señalar una vez más los 
principios generales que la Comisión aplica a las privatizaciones, los cuales 
han ido desarrollándose con los años a partir del estudio de expedientes 
individuales. 
Cabe recordar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 222 del 
Tratado CE, el Derecho comunitario no establece distinciones en función del 
régimen de propiedf-.d, público o privado, de las empresas. Por consiguiente, 
las ayudas a la privatización como tales no pueden sustraerse al principio 
básico de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común 
establecido en el apartado 1 del artículo 92. 
Cuando la privatización se lleva a cabo por medio de la venta de acciones en 
bolsa, se considera en general que se ha efectuado en condiciones de mercado 
y que no supone la concesión de ayuda. Antes de la emisión de acciones, 
pueden condonarse o reducirse las deudas sin que ello haga suponer que se ha 
concedido ayuda, siempre que el producto de la emisión supere la reducción de 
la deuda. 
Si la empresa no se privatiza mediante la venta de acciones en bolsa, sino a 
través de una operación de compraventa, es decir, mediante la venta de la 
empresa íntegramente o por partes a otras empresas, han de concurrir las 
siguientes condiciones para que, sin ulterior examen del caso, pueda 
considerarse que no ha habido concesión de ayuda: 
(72) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 248 y 
siguientes; Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
puntos 464 y siguientes. 
4.I.§2.25 
27* 
que la empresa se saque a subasta pública, transparente y no 
condicionada a otras obligaciones, tales como la adquisición de activos 
distintos de aquellos a los que se refiera la oferta o la continuación 
de determinadas actividades; 
que la empresa se venda al mejor postor; 
que los ofertantes dispongan de tiempo suficiente para realizar una 
valoración adecuada de los activos antes de presentar su oferta. 
Las privatizaciones ppr emisión de acciones o subasta pública en las 
condiciones señaladas no han de notificarse previamente a la Comisión para 
que determine la existencia de ayuda, pero los Estados miembros pueden 
hacerlo si creen conveniente contar con la mayor seguridad jurídica que 
ofrece una aprobación formal. En los demás casos, las operaciones de 
compraventa deben examinarse para ver si suponen la concesión de ayuda, por 
lo que han de notificarse. Ello se aplica en particular a los siguientes 
casos : 
ventas previa negociación con un único adquirente potencial o un número 
restringido de ofertantes; 
ventas previa condonación de deudas por el Estado, otras empresas 
públicas o cualquier organismo público; 
ventas previa capitalización de deudas o ampliación de capital; 
ventas en condiciones inusuales en las transacciones similares entre 
operadores del sector privado. 
En ningún caso puede haber discriminación alguna basada en la nacionalidad de 
los adquirentes potenciales de las acciones o los activos de que se trate. 
Toda venta que no pueda considerarse efectuada en condiciones comerciales 
normales debe ir precedida por una valoración realizada por expertos 
independientes. Todas las privatizaciones'73' en sectores sensibles (fibras 
(73) Puntos 480 y siguientes del presente Informe 
4.1.§2.26 
280 
sintéticas, textil, industria del automóvil, etc.) han de notificarse 
previamente a la Comisión. 
404. En 1993, se adoptaron decisiones sobre programas u operaciones concretas 
de privatización en los siguientes Estados miembros: 
<T7> Alemania 
405. La Comisión siguió estudiando detenidamente las operaciones del 
Treuhandanstalt en la antigua República Democrática Alemana. Con arreglo a su 
decisión de noviembre de 1992'74', la Comisión examinó varias transacciones 
de dicho organismo por el procedimiento acelerado acordado con el Gobierno 
alemán. Asimismo, la Comisión se centró en los nuevos modelos de financiación 
y privatización desarrollados por el Treuhandanstalt. Una de las 
características de las privatizaciones germano-orientales es la magnitud de 
la reestructuración y las enormes aportaciones de fondos que requiere el 
proceso. La Comisión ha intentado evitar que tales operaciones den a las 
nuevas empresas una ventaja artificial sobre sus competidores, especialmente 
en sectores que registran un exceso de capacidad. Así pues, algunas de las 
disposiciones financieras se modificaron para solventar las objeciones 
inicialmente formuladas por la Comisión. Además, en varios casos, la Comisión 
tuvo que comprobar si la financiación concedida en conexión con la 
privatización estaba siendo utilizada para ofrecer precios de venta más bajos 
que los competidores, según se había aducido. A continuación se relacionan 
los principales asuntos de los que la Comisión hubo que ocuparse en 1993. 
406. La Comisión aprobó el proyecto de ayuda para la privatización del 
productor de abonos Stickstoff-Werke AG de Piesteritz (Sajonia-Anhalt). La 
absorción de la mayoría de los activos de la sociedad por SKW-Stickstoffwerke 
Piesteritz GmbH, filial del adquirente (SKW-Trostberg AG) , abrió el camino 
para la total privatización de la empresa. Durante el proceso de 
reestructuración, el Treuhandanstalt cubrirá, dentro de determinados límites, 
el 95 % de las pérdidas y, en total, se concederán garantías y créditos por 
valor de 280 millones de ecus. Dado que la reestructuración supondrá una 
reducción de la capacidad de producción de la empresa y su retirada de 
sectores en los que, de forma general, existe un exceso de capacidad, y que 
(74) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 19, 
349 y 466. Véase también Vigésimo primer Informe sobre la política de 
competencia, punto 249. 
4.I.§2.27 
281 
al mismo tiempo permitirá restablecer su rentabilidad, la Comisión estimó que 
la ayuda era compatible con el mercado común. 
407. La Comisión autorizó la concesión de dos lotes de ayudas a Buna AG 
(Sajonia-Anhalt), la segunda empresa química del nuevo estado federado, cuyas 
plantas están situadas en el centro germano-oriental de productos químicos de 
Halle-Merseburg. La primera de las ayudas consistía en una garantía para 
inversiones de 228 millones de ecus y en préstamos de tesorería por valor de 
54 millones de ecus. Posteriormente, la Comisión aprobó una nueva serie de 
préstamos por importe de 115 millones de ecus. Ante la reestructuración de 
Buna y la consiguiente.reducción de la capacidad de producción de la empresa 
para restablecer su rentabilidad y mejorar sus perspectivas de privatización, 
la Comisión consideró que la ayuda era compatible con el mercado común. 
408. Asimismo, la Comisión autorizó la concesión de ayuda a la refinería de 
Leuna por parte del Treuhandanstalt y del estado federado de Sajonia-Anhalt. 
El contrato de privatización celebrado entre el Treuhandanstalt y el grupo 
TED encabezado por Elf estipula la adquisición combinada de activos de la 
refinería existente de Leuna Werke AG y de las acciones de la sociedad de 
distribución Minol AG'75', la construcción de una nueva refinería y la 
explotación de la antigua refinería por una filial de Elf. La Comisión no se 
opuso a que el Treuhandanstalt cubriese, por un importe máximo de 
380 millones de ecus, las pérdidas que registraría la antigua refinería hasta 
que la nueva entrase en funcionamiento. El sistema de seguimiento previsto 
permitirá asegurarse de que la ayuda no redunda en beneficio de Elf ni de sus 
filiales. La Comisión aprobó también la concesión por el estado federado de 
Sajonia-Anhalt de ayudas a la inversión, por valor de 500 millones de ecus, 
para contribuir a la construcción de la nueva refinería. 
409. Se autorizó igualmente la concesión de ayuda por el Treuhandanstalt a 
Sachsische Olefinwerke de Bóhlen (Sajonia) como medida de acompañamiento a su 
reestructuración. La empresa produce principalmente etileno, propileno y 
otros monomeros, y estaba previsto otorgarle 115 millones de ecus en 
garantías y 127 millones de ecus en préstamos. En vista de la reducción de 
capacidad y dado que la reestructuración mejorará las posibilidades de 
privatización, la Comisión declaró que la ayuda era compatible con el mercado 
común. 
(75) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 264. 
4.1.§2.28 
282 
410. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 
93 en relación con la supuesta utilización indebida de la ayuda concedida por 
el Treuhandanstalt a Leuna AG para la fabricación y comercialización de 
caprolactama, una materia prima para la producción de nylon y otras fibras 
sintéticas '76' . 
A raíz de las denuncias presentadas por otros fabricantes, la Comisión 
estudió los precios a los que Leuna vende el mencionado producto en la 
Comunidad y la financiación recibida por la empresa del Treuhandanstalt. 
Basándose en la información disponible, la Comisión llegó a la conclusión de 
que Leuna vendía el producto a un precio inferior al coste de producción y 
mantenía la fabricación de un producto sin ninguna perspectiva de 
rentabilidad, dado el exceso general de capacidad que registra el sector en 
la Comunidad. 
411. Por otra parte, la Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado incoado en 1992'77' en relación con la supuesta 
utilización indebida de la ayuda concedida a Buna por el Treuhandanstalt para 
la producción y comercialización de acetato de butilo, producto empleado en 
la industria de la pintura. La Comisión estimó que la ayuda del 
Treuhandanstalt no debía servir para mantener la fabricación de un producto 
sin ninguna perspectiva seria de rentabilidad. Dado que incluso los 
productores más eficientes de acetato de butilo sufrían pérdidas en un 
mercado ya saturado, la continua financiación a fondo perdido de tal 
actividad por parte de Buna no podía considerarse sino una utilización 
inadecuada de la ayuda que el Treuhandanstalt fue autorizado a proporcionar a 
la empresa. No obstante, al decidir Buna suspender la producción de acetato 
de butilo en el mes de julio, la Comisión sobreseyó el procedimiento'78'. 
412. La Comisión autorizó la prórroga de una garantía por valor de 114 
millones de ecus y un préstamo de 46 millones de ecus concedidos por el 
Treuhandanstalt al fabricante de maquinaria y plantas de procesamiento SKET, 
hasta finales de junio de 1993, fecha en que había de fijarse un plan de 
reestructuración en el que se especificase la reducción de capacidad y 
plantilla necesaria. 
(76) DO C 220 de 14.8.1993. 
(77) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 416 
(78) DO C 16 de 19.1.1994. 
4.1.§2.29 
283 
Posteriormente, la Comisión accedió a que la garantía y el préstamo se 
prorrogasen de nuevo hasta finales de mayo de 1994 y a que se concediesen 
préstamos adicionales por un importe total de 72 millones de ecus. 
El objeto de la ayuda era facilitar la reestructuración de SKET, poniendo fin 
a las actividades no rentables y transfiriendo las restantes a seis filiales 
independientes. La reestructuración es una condición previa para la 
privatización de estas empresas. 
413. La Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado incoado en 1991'79' en relación con la ayuda otorgada por el 
Treuhandanstalt y el estado federado de Turingia para la privatización y 
reestructuración de Carl Zeiss Jena, Jenoptik y Jenaer Glaswerk. El Gobierno 
alemán había modificado previamente el proyecto de ayuda y descartado la 
posibilidad de que ésta fuera ilimitada. La Comisión consideró que la 
concesión de los restantes 960 millones de ecus en concepto de ayuda estaba 
justificada'80'. 
414. Se autorizó la concesión por parte del Treuhandanstalt de una ayuda por 
valor de 794 millones de ecus para la privatización parcial de Mitteldeutsche 
Kali AG, antigua empresa productora de potasa de Alemania Oriental. Tras una 
subasta pública, Mitteldeutsche Kali ha sido adquirida por el productor de 
Alemania Occidental Kali und Salz AG, filial de BASF. Kali und Salz contará 
con el 51 % de las acciones de la nueva empresa, Mitteldeutsche Kali GmbH, y 
el Treuhandanstalt con el restante 49 %. La fusión con Kali und Salz se 
examinó a la luz de lo dispuesto en el Reglamento sobre control de 
concentraciones y fue autorizada simultáneamente'81'. La ayuda, consistente 
en una aportación de capital de 53 9 millones de ecus, la condonación de 
préstamos bancarios por importe de 160 millones de ecus, una cantidad de 
hasta 70 millones de ecus para cubrir futuras pérdidas y de 24 millones de 
ecus para sufragar los costes de la reducción de plantilla, está destinada a 
reestructurar la empresa, de forma que su capacidad de producción quede 
reducida a una tercera parte y su personal a una décima parte (3 000 
trabajadores), tan sólo, en relación con 1989. Kali und Salz AG está 
reduciendo asimismo, en gran medida, su capacidad de producción, por lo que, 
en 1994, la capacidad 
(79) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 2 50 
(80) DO C 97 de 6.4.1993. 
(81) Punto 2 97 del presente Informe. 
4.I.§2.30 
284 
combinada de la nueva empresa representará sólo un 56 % de la de las dos 
empresas iniciales (3,1 millones de toneladas en 1994 frente a 5,5 millones 
en 1989). 
415. La Comisión aprobó la concesión de ayuda por valor de 130 millones de 
ecus para la privatización de Neptun Industry Rostock GmbH. El antiguo 
astillero había abandonado ya la construcción de nuevos barcos y, con arreglo 
al contrato de venta, debía también poner fin a sus actividades de 
reparación, prosiguiendo únicamente diversas actividades de ingeniería. La 
ayuda estaba destinada a la reestructuración e inversión e incluía 
48 millones de ecus en concepto de ayuda regional. 
<T7> Portugal 
416. En julio, la Comisión decidió cerrar el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE'82' que había incoado en relación con una 
cláusula discriminatoria contenida en la Ley 11/90 de 5 de abril de 1990, 
basada en la nacionalidad de los adquirentes potenciales de acciones de las 
empresas objeto de privatización (posibilidad de limitar el número de 
acciones que pueden ser suscritas por sociedades extranjeras) '83', tras 
comprobar que dicha cláusula no estaba relacionada con la concesión de 
ayudas. 
La Comisión optó, pues, por aprobar el mencionado programa de 
privatizaciones, a efectos de lo previsto en el artículo 92 del Tratado, 
siempre que se cumpliesen las siguientes condiciones: 
notificación previa, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 93 del Tratado CE, de los casos de privatización en los que las 
autoridades portuguesas se propongan recurrir al procedimiento 
restringido o la venta directa; 
(82) DO C 253 de 17.9.1993. 
(83) DO C 26 de 29.1.1993 y Vigésimo segundo Informe sobre la política de 
competencia, punto 465. 
4.1.§2.31 
285 
envío a la Comisión, antes del 30 de junio del año siguiente, de un 
informe anual que dé cuenta de la evolución del programa de 
privatización. 
En consecuencia, la Comisión prosiguió por separado las diligencias del 
procedimiento del artículo 16 9 incoado en relación con la referida cláusula 
de nacionalidad. 
4.I.§3.1 
286 
<T3> §3. Regímenes de ayudas horizontales 
<T4> - Ayudas a la inversión 
<T5> Revisión de los regímenes vigentes con arreglo al apartado 1 
del artículo 93 del Tratado CE 
417. En 1993, la Comisión concluyó prácticamente los trabajos iniciados en 
1990(84) para suprimir los regímenes generales de ayudas a la inversión, es 
decir, aquellos que ofrecen ayudas para inversiones a empresas de cualquier 
dimensión, incluidas las situadas fuera de las zonas asistidas. Tal como se 
señala en las directrices sobre ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas'85', dichos regímenes son contrarios tanto a la cohesión económica 
y social, como a la política en materia de PYME. 
418. Así, en Bélgica, a raíz de la decisión de la Comisión relativa a la 
derogación de la ley de expansión económica de 1959, la región de Flandes 
adoptó las disposiciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a 
dicha decisión. 
(84) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 171 y 247; 
Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 240 y 
241; Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 454. 
(85) DO C 213 de 19.8.1992, p. 2. 
4.1.§3.2 
287 
<T4> - Ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de energía 
419. Las antiguas directrices sobre ayudas para la protección del medio 
ambiente se prorrogaron durante un semestre, hasta finales de 1993, fecha en 
que la Comisión aprobó otras nuevas'86'. Entretanto, se aprobó un número 
considerable de regímenes y ayudas concretas, muchos de ellos con fines no 
contemplados en la antigua normativa, tales como medidas voluntarias para 
reducir la contaminación más allá de lo exigido legalmente. 
420. En febrero, la Comisión autorizó, en virtud de lo previsto en la letra 
c) del apartado 3 de\ artículo 93, los incentivos fiscales ofrecidos en 
Dinamarca a las empresas que utilicen, como mínimo, un 50 % de materias 
primas recicladas para su producción. El impuesto sobre la recogida de 
residuos cobrado a las empresas se había incrementado y el incentivo venía 
motivado por el hecho de que las empresas que empleaban materias recicladas 
se encontraban con cantidades mucho mayores de residuos que las que 
utilizaban materias primas sin reciclar. En términos generales, la reducción 
fiscal ponía a las empresas beneficiarías en régimen de igualdad con las 
demás a efectos del impuesto sobre residuos y permitía fomentar el uso de 
materias recicladas. La mayor parte de las empresas beneficiarías eran PYME. 
421. Asimismo, la Comisión aprobó un régimen modificado para retribuir a las 
empresas que recogen aceites usados en Dinamarca. La Comisión consideró que, 
en este caso, los pagos constituían claramente una remuneración por los 
servicios prestados y no una ayuda. El régimen formaba parte de las 
disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a la directiva del Consejo 
sobre gestión de los aceites usados'87'. 
si 
422. En septiembre'88', la Comisión autorizó un régimen de ayudas 
introducido en Bélgica por las autoridades de la región de Flandes para 
respaldar las inversiones que permiten reducir la contaminación, ahorrar 
energía o materias primas o disminuir los efectos nocivos de los productos 
(86) Puntos 166 y 3 84 del presente Informe 
(87) DO L ... de ... 
(88) Punto 432 del presente Informe. 
4.1.§3.3 
283 
sobre el medio ambiente. Para ser subveneionable, la inversión debía permitir 
a la empresa superar los requisitos legales en materia de control de la 
contaminación u obtener resultados excepcionales en materia de ahorro de 
energía o materias primas, seguridad de los productos, etc. A partir de un 
presupuesto anual de 18 millones de ecus, aproximadamente, podían concederse 
ayudas por el equivalente a un 2 0 % bruto de los costes de inversión. 
423. En febrero, la Comisión aprobó un proyecto de ayuda para un programa de 
inversiones de dos sociedades belgas, Solvic & Cié CNC y Solvay Interox S.A., 
cuyo objeto es reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente de 
los métodos de fabricación empleados por las empresas y los productos 
comercializados por las mismas (policloruro de vinilo, peróxido de hidrógeno 
y perboratô de sodio). Los nuevos procedimientos desarrollados por ambas 
sociedades son de carácter innovador y van más allá de lo exigido por la 
legislación vigente. Su incidencia en la capacidad de producción de las 
fábricas será nula. 
Las mencionadas ayudas incluyen una prima de 5 millones de ecus en favor de 
Solvic & Cié CNC y una prima de 3,6 millones de ecus, junto con una exención 
de la contribución urbana durante un período de cinco años, destinada a 
Solvay Interox S.A.. El equivalente neto de subvención de las ayudas era 
inferior al 10 % en ambos casos. 
424. En septiembre, la Comisión autorizó la concesión de ayudas a la empresa 
química Phenolchimie, radicada en Doel (Flandes Oriental). 
La empresa tenía previsto instalar una turbina de gas con un generador y una 
caldera de recuperación de vapor, con vistas a la producción combinada de 
electricidad y vapor. El proyecto permitía reducir de forma considerable las 
emisiones de C02. 
Del coste total de la inversión, que ascendía a 31 millones de ecus, las 
autoridades regionales de Flandes sólo tomaron en consideración la parte 
directamente relacionada con el ahorro de energía y la protección del medio 
ambiente, esto es, 21 millones de ecus, concediendo a la empresa una 
subvención inferior a 3 millones de ecus. 
La inversión permitía superar los requisitos legales impuestos por los 
poderes públicos con vistas a eliminar la contaminación atmosférica y de otro 
4.I.Í3.4 289 
tipo, y no suponía aumento alguno de la capacidad de producción de la empresa 
beneficiaría. 
425. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE en relación con dos decretos del Gobierno regional 
valón relativas a energías renovables y medio ambiente. Ambos textos 
planteaban una serie de problemas, debido tanto a su fundamento jurídico, 
como al hecho de que ofrecían la posibilidad de conceder ayudas no sólo a las 
empresas que instalasen nuevos equipos para ahorrar energía o reducir las 
emisiones contaminantes, sino también a los propios fabricantes de equipos. 
426. La Comisión decidió, asimismo, incoar el procedimiento del apartado 2 
del artículo 93 del Tratado en relación con el proyecto de la provincia 
italiana de Trento de conceder ayudas a Cartiere del Garda, fabricante de 
papel cuché de imprenta establecido en Riva del Garda'89'. La ayuda, por 
valor de 100 millones de ecus, estaba destinada a resarcir a la empresa de 
los gastos de inversión adicionales que habría de sufragar si, por motivos de 
protección del medio ambiente, se decidiese a ampliar sus instalaciones no en 
Riva sino en Mori, localidad situada a veinte kilómetros de distancia. 
La Comisión optó finalmente por prohibir que se concediese tal ayuda'90', al 
considerar que iba en contra del principio de "quien contamina paga", 
establecido en el apartado 2 del. artículo 130 R del Tratado CE, y del 
objetivo de cohesión, y que hubiese afectado al comercio en una medida 
contraria al interés común, dado el actual exceso de capacidad del sector. 
(89) DO C 75 de 17.3.1993. 
(90) DO L 273 de 5.11.1993. 
4.1.§3.5 
290 
<T4> - Ayudas a la exportación 
427. A lo largo del año, se siguió trabajando intensamente en un proyecto de 
comunicación relativa a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE 
al seguro de crédito a la exportación a corto plazo'91'. Los debates con los 
expertos nacionales mantenidos con motivo de una reunión multilateral en 
junio y de diversas reuniones del Grupo del Consejo sobre crédito a la 
exportación permitieron aclarar los puntos pendientes, en particular la 
posibilidad de que los Estados ofrezcan un reaseguro a sus aseguradores de 
crédito a la exportación. La comunicación exigirá a los Estados miembros que 
supriman por completo las posibles subvenciones concedidas a una serie 
limitada de actividades (riesgos comerciales a corto plazo o 
"comercializables") que, en la actualidad, corren a cargo sobre todo de 
aseguradores privados u organismos oficiales de crédito a la exportación que 
actúan por cuenta propia. La Comisión espera poder hacer pública la 
comunicación en 1994. 
428. La Comisión siguió estudiando los regímenes en los que se ofrecen 
garantías u otros incentivos para reducir los riesgos de las inversiones en 
los países de Europa Central y Oriental. En marzo, se aprobó un régimen por 
el que el Estado neerlandés garantiza los préstamos subordinados concedidos 
por el Nationale Investeringsbank a empresas de Europa Oriental en las que 
empresas de su país tengan una participación del 40 % como mínimo. Las 
obligaciones financieras contraídas por el Gobierno neerlandés en virtud de 
dicho régimen ascienden a un total de 68 millones de ecus, aproximadamente. 
En junio, la Comisión aprobó la Ley italiana n° 100, de 1990, en la que se 
establecen medidas para fomentar la participación empresarial en las empresas 
en participación creadas en Europa Oriental. Las empresas que accedan a este 
tipo de agrupaciones pueden recibir préstamos bonificados, a través de la 
sociedad pública SIMEST. El régimen cuenta con un presupuesto de unos 
135 millones de-ecus. 
429. Las ayudas para mejorar el volumen de exportación de las pequeñas y 
(91) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 166; 
Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 339; 
punto 3 82 del presente Informe. 
4.1.§3.6 
291 
medianas empresas pueden autorizarse, siempre que se concedan exclusivamente 
para formación, asesoramiento, participación en ferias comerciales y 
actividades similares y que no constituyan realmente una subvención de las 
exportaciones. En tales casos, el apoyo no ha de limitarse necesariamente a 
los mercados no comunitarios. En 1993 se aprobaron varios regímenes por los 
que se otorgaban ayudas de este tipo, incluidos el régimen británico de 
exacciones para el sector de la lana'92' y un régimen de Irlanda del Norte. 
<T4> - Ayudas a las pequeñas y medianas empresas 
430. Tal como se esperaba'93', la aprobación de las directrices sobre ayudas 
a las PYME y las consiguientes modificaciones de procedimiento facilitaron 
considerablemente la tramitación de los regímenes de ayuda destinados a estas 
empresas'94'. En general, los Estados miembros adaptaron sus regímenes, 
tanto los nuevos como los que fueron objeto de una notificación de 
renovación, a las definiciones e intensidades de ayuda fijadas en las 
directrices, ya fuera por iniciativa propia o después de que la Comisión les 
instase a ello. Muchos más regímenes de lo que hasta ahora era habitual 
pudieron tramitarse por el procedimiento de examen sumario, cuyo ámbito de 
aplicación se amplió el año pasado'95'. Asimismo, en muchos casos, la 
Comisión señaló a los Estados miembros que habían notificado regímenes cuya 
ayuda estaba por debajo del límite de minimis y que no requerían una 
autorización formal. Gran parte de estos regímenes tenían como destinatarias 
empresas artesanas o cooperativas en España e Italia. Entre las actividades 
contempladas en estos regímenes de ayuda, muchos de los cuales están 
cofinanciados por los fondos estructurales comunitarios, ocupaban un lugar 
destacado la formación y el asesoramiento ("ayudas blandas"). Algunos de los 
regímenes de ayuda a las PYME más importantes se enumeran a continuación. 
431. En marzo, la Dirección General de Competencia envió a los Estados 
miembros una nota explicativa referente a las normas de minimis'96', en la 
que se señalaba qué categorías de ayudas se encontraban dentro del límite de 
minimis y podían concederse sin notificación, se especificaban las normas en 
materia de acumulación de la ayuda de minimis con otras correspondientes a 
regímenes autorizados otorgadas en el mismo trienio, se indicaba cómo 
(92) Punto 52 8 del presente Informe. 
(93) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 467. 
(94) Punto 159 del presente Informe. 
(95) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 348. 
(96) Anexo II.B del presente Informe. 
4.1.§3.7 
292 
convertir las ayudas no consistentes en subvenciones en equivalente de 
subvención en efectivo, y se sugerían posibles métodos para que los Estados 
miembros supervisasen la correcta aplicación de estas normas. 
432. La Comisión aprobó un régimen belga de ayuda a las PYME, establecido 
mediante un decreto de las autoridades de la región de Flandes y que ofrece 
también ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de 
energía'97'. La ayuda se concederá para inversiones, así como para 
asesoramiento y formación. El régimen se atiene tanto a la definición como a 
las intensidades de ayuda de las directrices. En circunstancias 
excepcionales, podrá otorgarse la garantía de las autoridades regionales, 
siempre que concurran las condiciones señaladas por la Comisión, a saber, la 
remuneración de la garantía y el recurso a la misma única y exclusivamente 
cuando se hayan agotado todos los demás medios de cobro con cargo al 
beneficiario y a los demás garantes. 
433. En Dinamarca se aprobó un régimen para mejorar la calidad de la gestión 
de las PYME de los sectores de fabricación y servicios, mediante 
asesoramiento y formación. El régimen va dirigido a proyectos destinados 
principalmente a mejorar la gestión y desarrollar los recursos humanos, de 
acuerdo con el denominado "concepto de calidad total", y no a desarrollar 
productos o procesos de producción específicos. Su presupuesto para el 
período 1993-1995 es de 32 millones de ecus y la intensidad máxima de la 
ayuda, del 50 %. 
434. La Comisión autorizó una ampliación del régimen especial de reservas 
para amortización acelerada introducido en Alemania en favor de las PYME. El 
actual sistema permite a las empresas muy pequeñas deducir de los beneficios 
imponibles, durante el primer año, un 20 % más de los costes de inversión 
que el porcentaje normal de amortización. Con arreglo al régimen ampliado, 
estas mismas empresas pueden constituir, dos años antes de la inversión, 
como máximo, una reserva libre de impuestos en relación con un máximo del 
45 % de los costes de inversión previstos. Este préstamo de dos años libre 
de impuestos a la empresa tendrá un valor neto de entre un 2 % y un 3 % de 
la inversión y, añadido a la amortización acelerada habitual, se mantendrá 
por debajo de los límites de ayuda a las PYME fijados en las directrices. El 
régimen ampliado entrará en vigor en 1995 y ofrecerá 450 millones de ecus 
97) Punto 422 del presente Informe 
4.1.§3.8 
293 
adicionales para las inversiones de las pequeñas empresas. 
435. La Comisión aprobó también la ampliación del régimen de préstamos para 
aportación de capital que permite a las pequeñas y medianas empresas de los 
nuevos estados federados de Alemania obtener préstamos subordinados a largo 
plazo. Si bien, inicialmente, estaba previsto que el régimen, que fue 
instituido tras la reunificación, se suprimiera al término de 1993, se ha 
prorrogado hasta finales de 1995. El régimen ofrece ahora préstamos a los 
nuevos socios que deseen invertir capital en una empresa existente, y no sólo 
para el comienzo de las actividades o los proyectos de expansión. Antes de 
autorizar el régimen ampliado, la Comisión se aseguró de que la ayuda estaba 
principalmente destinada a la inversión y no a la aportación de capital 
circulante o a medidas de salvamento, así como que se observaban los niveles 
máximos de ayuda a las PYME de la región. A este régimen se destinarán unos 
52 0 millones de ecus al año. 
436. La Comisión aprobó, asimismo, una serie de programas de ayuda de menor 
importancia a las PYME en los estados de Alemania Oriental, como, por 
ejemplo, un régimen de ayuda a la inversión en Turingia para las empresas de 
nueva creación o las PYME con problemas para adaptarse a las nuevas 
condiciones del mercado. Con arreglo a este régimen, únicamente pueden 
recibir ayudas las empresas con perspectivas de viabilidad positivas, las 
cuales han de quedar plasmadas en un plan de actividad consistente. La 
intensidad máxima de ayuda autorizada será el nivel más alto de ayuda 
regional autorizado por la Comisión para Turingia, en la actualidad un 3 5 %, 
más el 15 % adicional para las PYME que autorizan las directrices sobre 
ayudas a las PYME en las zonas asistidas a las que sea de aplicación lo 
dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. El 
régimen contará con un presupuesto anual de 7 millones de ecus. Además se 
aprobó un régimen para respaldar a las pequeñas empresas manufactureras de 
Turingia que se enfrentan con serias dificultades financieras debido, sobre 
todo, a la magnitud de la deuda heredada en el proceso de privatización y a 
la lenta recuperación de sus mercados. La ayuda se reserva a las empresas con 
buenas perspectivas situadas en las zonas del estado federado que registran 
las mayores tasas de desempleo, y está destinada en gran parte a reajustar la 
antigua deuda mediante préstamos a tipos de interés ligeramente ventajosos. 
El régimen contará con una dotación de 17 millones de ecus en 1993 y 
52 millones de ecus en 1994-1996. 
4.1.§3.9 
294 
437. El régimen francés de deducciones fiscales por ampliación de capital, 
aprobado el año pasado únicamente para 1992'98', fue aprobado de nuevo en 
1993. Si bien disfrutaban del derecho a deducción empresas de mayores 
dimensiones que las PYME, de acuerdo con la definición comunitaria, las 
cifras correspondientes a 1992 mostraban que, en la práctica, las empresas 
que recurrían a tal sistema eran muy pequeñas. Este hecho, unido a la escasa 
cuantía de la ayuda por empresa y a la expiración del régimen al término de 
1993, persuadió a la Comisión de pasar por alto el incumplimiento del 
programa, en su momento, de las directrices sobre ayudas a las PYME. 
438. Se adoptó una postura similar en relación con la Ley italiana 317, de 5 
de octubre de 1991. En mayo, la Comisión aprobó el paquete de medidas de 
ayuda a las PYME contenido en dicha Ley, después de que las autoridades 
italianas hubieron reducido el nivel de la ayuda a la inversión fuera de las 
zonas asistidas al máximo autorizado por las directrices sobre ayudas a las 
PYME'99'. En julio, se promulgó un decreto de modificación por el que se 
fijaban los nuevos porcentajes de ayuda a la inversión, además de 
introducirse otras enmiendas, y se adaptaba la definición de las pequeñas y 
medianas empresas a la contenida en las directrices. La Comisión no solicitó 
que se recuperasen las ayudas concedidas ilegalmente después de que, a 
finales de abril de 1992, expirase su autorización inicial de un año, ya que, 
según mostraban los informes pormenorizados facilitados por las autoridades 
italianas, en la práctica las ayudas concedidas no rebasaban los límites de 
las directrices y representaban un importe sumamente reducido, al estar muy 
repartidas en toda la industria. 
(98) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 469 
(99) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 471 
4.I.§3.10 
295 
<T4> - Ayudas para la creación de empleo 
439. En 1993, frente a la crisis económica, que generaba un número de 
desempleados en constante aumento, la Comisión prestó especial atención a los 
incentivos económicos creados por los Estados miembros con vistas a fomentar 
la contratación de desempleados, especialmente cuando su integración en el 
mercado laboral es más difícil, como ocurre con los jóvenes y los 
desempleados de larga duración. Si tales incentivos se aplican de forma 
general y automática, pueden quedar excluidos de lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 92. 
Si bien mantiene una postura globalmente favorable a dichas medidas, la 
Comisión intenta, no obstante, asegurarse de que, a la luz de sus condiciones 
de aplicación, son realmente instrumentos de creación de empleo y no de 
simple ayuda para sufragar los costes laborales de la empresa. En este último 
caso, se trataría de ayudas de funcionamiento a través de las cuales podrían 
mantenerse a flote empresas con un exceso de capacidad, lo que daría lugar a 
un traspaso e intensificación del problema del desempleo en otros Estados 
miembros. 
440. La Comisión autorizó la aplicación, en la región valona de Bélgica, de 
un proyecto de decreto por el que se establece la concesión de ayuda a las 
PYME que contraten entre uno y cinco desempleados para trabajar en "proyectos 
de desarrollo", es decir, de estudio e investigación en determinados ámbitos, 
tales como la concepción de nuevos productos, la protección del medio 
ambiente, el uso racional de la energía y el fomento de las energías 
alternativas, así como el respeto de normas de calidad más estrictas que las 
legalmente impuestas. Las ayudas consistirán en subvenciones salariales 
decrecientes y no podrán superar el 50 % del coste del proyecto, salvo cuando 
las beneficiarías sean pequeñas empresas, de acuerdo con la definición dada 
en las directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME, y contraten a 
determinadas categorías de parados cuya integración o reintegración en el 
mercado laboral resulte especialmente difícil. 
Estas ayudas, que se refieren únicamente a programas de estudio o 
investigación y no a una actividad de producción, se sitúan en los límites 
fijados por las directrices sobre ayudas a las PYME. La excepción prevista en 
relación con la contratación, por pequeñas empresas, de 
4.I.§3.11 296 
desempleados en situación especialmente difícil está justificada por la seria 
preocupación que suscita la inserción profesional de esta categoría de 
desempleados y, además, por la dimensión de las empresas beneficiarías. 
441. La Comisión aprobó tres importantes regímenes para la creación de empleo 
en Dinamarca, a través de los cuales se espera reducir el número de parados 
en 100 000 personas por año durante el período 1994-rl996. Dos de los 
programas habían sido ya autorizados en febrero y abril en una versión 
ligeramente distinta y fueron notificados de nuevo en diciembre. El coste 
anual de estos regímenes es de 2 000 millones de ecus. Dos de ellos ofrecen 
subvenciones salariales a las empresas y organismos que contraten a 
desempleados, el tercero ofrece subvenciones a los desempléados que creen su 
propia empresa. 
442. Con arreglo al más importante de dichos programas, toda empresa que 
contrate a un desempleado (en la práctica, toda persona sin empleo desde hace 
más de un año) tiene derecho a una ayuda de 5,5 ecus por hora, esto es, un 
42 %' aproximadamente del sueldo medio en Dinamarca. La subvención puede 
concederse por un paríodo máximo de 12 meses, de modo que la ayuda no supera 
los 9 300 ecus por persona. La plantilla de la empresa ha de registrar un 
aumento neto y, en el supuesto de que se conceda una subvención salarial 
durante más de seis meses, el trabajador debe permanecer en la empresa 
durante un determinado período una vez se ponga fin a la subvención o recibir 
una formación. El segundo régimen es similar, salvo que va dirigido a los 
grupos de desempleados con mayores problemas para hallar un trabajo fijo, 
tales como los inmigrantes, y que serán más bien los organismos que presten 
servicios públicos los que contraten a estos trabajadores. En virtud del 
mismo, la subvención puede llegar a un 70 %, aproximadamente, del sueldo 
medio y concederse por un período de 12 meses. Las condiciones en materia de 
permanencia del trabajador al finalizar la subvención o de formación son las 
mismas. Por último, el tercer régimen ofrece ayudas del 50 % del subsidio 
máximo de desempleo durante un período máximo de dos años y medio a los 
desempleados que creen su propia empresa. Basándonos en el actual subsidio 
máximo de desempleo, la ayuda puede alcanzar unos 19 000 ecus por persona. 
La Comisión estimó que todos estos programas estaban sujetos à lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, ya que las autoridades 
disponían de ciertas facultades discrecionales, sobre todo en relación con la 
4.1.§3.12 
297 
duración y el nivel de las subvenciones concedidas, así como las condiciones 
de contratación de los trabajadores en virtud de los dos primeros regímenes. 
En febrero, la Comisión había considerado la versión del primer régimen 
entonces notificada como una "medida general" no sujeta a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 92, dado que sus condiciones, en particular las 
referentes a la contratación, no dejaban en absoluto, o prácticamente, margen 
para el ejercicio de facultades discrecionales, descartándose así la 
posibilidad de una aplicación selectiva del régimen. En las decisiones 
posteriores, se consideró que, en cualquier caso y a pesar del factor 
discrecional de la ayuda, estos programas se ajustaban a la política 
comunitaria en materia vde creación de empleo y podían, por tanto, disfrutar 
de una exención. 
443. En junio, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado en 
relación con el proyecto italiano de conceder ayudas de intensidad muy 
elevada a toda empresa dirigida o controlada mayoritariamente por mujeres, y 
autorizar su aplicación'100'. Las autoridades italianas limitaron el alcance 
del régimen, de modo que las ayudas quedasen reservadas para las pequeñas 
empresas, según se definen en las directrices sobre ayudas a las PYME, y 
reducidas a las intensidades máximas fijadas en dichas directrices, es decir, 
a importes que permitiesen considerarlas ayudas de minimis (durante tres 
años, 50 000 ecus por empresa en concepto de ayudas a la inversión y 
50 000 ecus por otros conceptos, esto es, un importe total máximo de 
100 000 ecus). 
El régimen así modificado responde a dos objetivos frente a los cuales la 
Comisión muestra, en general, una actitud favorable, a saber, el fomento del 
empleo de mujeres y de la igualdad de oportunidades para éstas, por un lado, 
y el desarrollo de las PYME, por otro. 
(100) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 474. 
4.I.§3.13 
298 
<T4> - Ayudas de salvamento y de reestructuración 
444. La recesión dio lugar a numerosos nuevos casos de ayudas estatales para 
el salvamento y la reestructuración de empresas en dificultades financieras. 
Al estudiar estos casos y pronunciarse sobre otros que se habían planteado en 
años anteriores, la Comisión aplicó los principios perfectamente establecidos 
que rigen tales ayudas y cuyo objeto es evitar que los competidores se vean 
indebidamente perjudicados por la operación'101'. La Comisión establece una 
distinción entre el salvamento, que constituye una medida de sostenimiento en 
tanto se decide sobre el futuro de la empresa en dificultades -cierre o 
reestructuración-, y la reestructuración. Para rescatar empresas, los 
gobiernos pueden recurrir a préstamos puente a corto plazo a tipos de mercado 
o garantías de préstamos. La financiación puente no debe, en principio, 
concederse por más de seis meses, si bien la Comisión reconoce que este 
período puede prolongarse, a instancia del Estado miembro interesado, hasta 
que se haya llevado a cabo un examen con arreglo al procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 '102' . Las ayudas de reestructuración deben 
restablecer la viabilidad de la empresa a través de un plan consistente cuya 
ejecución se someta a la oportuna supervisión, pero, además de esta condición 
sine qua non, la reestructuración ha de contribuir a reducir el exceso de 
capacidad del sector si es que existe, como ocurre en la mayoría de los 
casos. De lo contrario, los competidores que tengan que financiar su 
reestructuración con sus propios recursos se verán perjudicados. Aun en los 
casos en que el sector considerado no registre un exceso de capacidad, las 
ayudas de reestructuración deberían ir condicionadas a una cierta 
contribución al interés común, si bien ésta no tiene por qué consistir en una 
reducción adicional de capacidad o de cuotas de mercado. 
Muchos de los asuntos que se plantearon en 1993 se referían a las industrias 
siderúrgica y del automóvil y a otros sectores sensibles, así como a las 
privatizaciones, especialmente en Alemania Oriental. Éstos se presentan en la 
sección correspondiente. A continuación expondremos algunos de los demás 
casos. 
445. En Alemania Occidental, la Comisión autorizó una ayuda a la empresa 
fabricante de máquinas herramienta Berstorff Machinenbau GmbH consistente en 
(101) Octavo Informe sobre la política- de competencia, puntos 227 y 
228. 
(102) Punto 52 7 del presente Informe. 
4.1.§3.14 
299 
una garantía de crédito concedida por las autoridades de Baja Sajonia en 
virtud de un régimen aprobado. Berstorff, establecido en Hanóver, fabrica 
máquinas herramienta que se utilizan para la producción de caucho y productos 
sintéticos. La garantía cubría el 80 % de un préstamo de 8 millones de ecus 
concedido a la empresa en condiciones de mercado. La empresa estaba llevando 
a cabo un plan de reestructuración elaborado por un consultor independiente 
que le permitiría restablecer su viabilidad en un futuro próximo. Sus 
dificultades se debían a la pérdida de mercados en Europa Central y Oriental. 
446. Asimismo, la Comisión autorizó al Gobierno del estado bávaro a 
garantizar, hasta finales de 1993, un préstamo de 9 millones de ecus 
concedido a una fábrica de celulosa, Bayerische Zellstoff GmbH, Kelheim. La 
empresa se había declarado en quiebra como consecuencia de las dificultades 
iniciales planteadas por un nuevo proceso que evita la utilización de 
sulfúrico y cloro y resulta, por tanto, menos nocivo para el medio ambiente. 
447. Las autoridades bávaras fueron también autorizadas a conceder una 
subvención de intereses en relación con un préstamo de 15,5 millones de ecus 
otorgado por bancos privados a dos fabricantes de máquinas herramienta, Maho 
AG y Deckel AG, cuyas actividades se hallaban en fase de reestructuración y 
fusión. La subvención de intereses, por valor de 1,3 millones de ecus, era la 
única financiación pública concedida con vistas a la operación de salvamento 
y reestructuración, que afectaba a las plantillas de ambas empresas, sus 
proveedores y acreedores de la banca privada. Los bancos privados condonaron 
una deuda de 52 millones de ecus, las ventas de terrenos reportaron otros 
15,5 millones de ecus y los accionistas aportaron una cantidad similar de 
nuevo capital. 
448. La Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 
incoado en relación con la ayuda concedida por el Gobierno vasco para la 
reestructuración de Esmaltaciones San Ignacio S.A., fabricante de cocinas de 
acero esmaltado, botellas de gas y calderas industriales establecido en 
Vitoria (Álava). La Comisión había incoado el procedimiento en julio de 
1992(103). 
(103) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 423. 
4.I.§3.15 
300 
La ayuda consistía en una garantía de 7 años sobre un préstamo de 7 millones 
de ecus a tipos de interés de mercado. El préstamo garantizado serviría a la 
empresa para financiar parte de un programa de reestructuración que implicaba 
una fuerte reducción de plantilla. 
En su decisión final, la Comisión reconoció que el plan de reestructuración 
revisado presentado por las autoridades españolas podía restablecer la 
viabilidad a largo plazo de la empresa. La reestructuración suponía el cierre 
de las líneas de producción deficitarias y la reducción de la capacidad 
restante en un 13 %, aproximadamente. La Comisión tomó, asimismo, en 
consideración la escasa intensidad de ayuda que representaba la garantía de 
un préstamo a tipos de interés de mercado, dado que éste estaba totalmente 
garantizado por activos y el beneficiario contaba con un sólido programa de 
reestructuración. 
44 9. La Comisión cerró también el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 incoado, en julio de 1990'104', en relación con la ayuda 
concedida por las autoridades españolas para la venta de determinados activos 
del grupo de construcciones mecánicas Cenemesa a Asea Brown Boveri (ABB). 
Pese a que el grupo no estaba bajo su control, el Estado español había 
participado activamente en la búsqueda de un comprador para el mismo y en 
agosto de 1989 aceptó la oferta de adquisición de ABB. En virtud del acuerdo, 
el Estado se comprometió a que los acreedores del grupo pertenecientes al 
sector público desistirían de reclamar unos 230 millones de ecus en concepto 
de deudas, y renunciarían unilateralmente a las hipotecas sobre los activos, 
accediendo además a sufragar los costes de un plan de jubilación anticipada 
para unos 1 700 empleados. 
La Comisión consideró que, al renunciar al cobro de las deudas y 
comprometerse a financiar los despidos, el Estado español no había actuado 
como un acreedor privado sino como un donante de ayuda. En su opinión, el 
acuerdo entre ABB y el Estado español no formaba parte de un proceso normal 
de liquidación y ABB se había visto beneficiada al adquirir los activos del 
grupo Cenemesa, esto es de empresas en funcionamiento, sin tener que absorber 
las deudas que normalmente van unidas a tal adquisición. 
(104) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 275 
4.1.§3.16 301 
No obstante, de acuerdo con la información facilitada por ABB y corroborada 
por las autoridades españolas, estaba previsto reestructurar las anteriores 
actividades industriales del grupo, ahora en manos de ABB, con arreglo a un 
plan que podía considerarse satisfactorio desde el punto de vista 
comunitario. El programa de reestructuración ha reducido la capacidad de 
producción en todas las ramas de actividad en un promedio de más del 50 %. 
Esta intervención ha eliminado el exceso de capacidad en el mercado español, 
ofreciendo a las líneas de actividad españolas de ABB la posibilidad de ser 
rentables y viables. ABB ha aportado considerables fondos y conocimientos 
técnicos para restablecer la viabilidad de dichos activos. 
Por último, la Comisión tomó en consideración el hecho de que el plan de 
reestructuración permitiría salvar puestos de trabajo en zonas con problemas 
específicos de subdesarrollo y crisis industrial. 
450. La Comisión cerró el procedimiento'105' del apartado 2 del artículo 93 
incoado en julio de 1992 '106' en relación con una propuesta del Gobierno 
vasco de conceder ayuda, consistente en una garantía de 33 millones de ecus, 
para la reestructuración de La Papelera Española, grupo de empresas que 
produce y procesa pasta y papel. 
El Gobierno español había presentado un plan revisado de reestructuración 
elaborado por las autoridades vascas y el grupo beneficiario, a través del 
cual parecía probable que el grupo restableciese su rentabilidad para 1995 
mediante el aumento de la productividad y calidad y la reducción de la 
capacidad. La Comisión tomó también en consideración la escasa intensidad de 
ayuda que representaba la garantía. 
451. La Comisión hizo extensivo el examen iniciado en marzo de 1992 y ya 
ampliado en septiembre del mismo año'107' a la posible ayuda adicional 
concedida a la empresa de construcciones mecánicas CMF Sud SpA y su sucesora, 
CMF SpA. La Comisión está estudiando la ayuda anterior y la nueva a la luz 
del programa de reestructuración de las actividades del grupo que se está 
debatiendo con las autoridades italianas. 
(105) DO C 123 de 5.5.1993. 
(106) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 422. 
(107) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 426. 
«.I..3.X7 302 
A raíz de la ampliación del procedimiento en septiembre de 1992, las 
autoridades italianas informaron a la Comisión de una reorganización de CMF 
Sud SpA a través de la cual la sociedad holding IRITECNA crearía una nueva 
sociedad, CMF SpA, a la que la primera traspasaría su línea de actividad 
principal por una cantidad simbólica que se había fijado inicialmente en 
100 000 ecus. 
Posteriormente, CMF Sud SpA entraría en liquidación voluntaria e IRITECNA 
haría frente a todas sus obligaciones en la liquidación. 
La Comisión estimó que la aportación de capital a la nueva empresa, el 
traspaso a la misma de la línea de actividad principal de la antigua empresa 
por una cantidad simbólica y la garantía de reembolso de todas las deudas de 
esta última con motivo de su liquidación, constituían medidas de ayuda. 
452. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en 
relación con la financiación concedida en 1991 a Avenir Graphique, una 
imprenta de Torcy (Marne la Vallée), por tres bancos propiedad del Estado. 
Los bancos renunciaron posteriormente a la mayor parte de sus derechos, 
cuando Avenir Graphique fue absorbida por otro grupo editorial. 
453. La Comisión adoptó una decisión final'108' con respecto al régimen 
establecido por la región italiana de Lazio para ayudar al sector de la 
cerámica. En diciembre de 1992'109' se había incoado el procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 en relación con las ayudas al funcionamiento y la 
inversión, por valor de 3,5 millones de ecus, concedidas a fabricantes de 
aparatos sanitarios y loza. 
La Comisión declaró que era incompatible con el mercado común, y por tanto no 
podía concederse, ninguna ayuda que rebasase los límites fijados en sus 
directrices sobre ayudas a las pequeñas y medianas empresas'110', pero sí 
podían autorizarse las que se mantuvieran por debajo de tales límites. 
(108) DO L 238 de 23.9.1993. 
(109) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 42 9. 
(110) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 342. 
415418 303 
<T3> §4. Ayudas para investigación y desarrollo 
<T4> Evolución general 
454. La Comisión considera que el texto original de las directrices sobre 
ayudas estatales para I+D'111' sigue constituyendo un instrumento adecuado 
de cara al control de tales ayudas. 
455. Durante la reunión multilateral celebrada en el mes de junio, los 
servicios de la Comisión debatieron con los expertos de los Estados miembros 
las condiciones de las^ ayudas consistentes en un anticipo reembolsable en 
caso de que la investigación obtenga buenos resultados. La mayor parte de los 
Estados miembros cuentan con regímenes de este tipo. 
De acuerdo con su práctica administrativa, la Comisión acepta que el anticipo 
cubra inicialmente el 40 % de los costes de los proyectos de investigación 
aplicada o desarrollo. Si los proyectos producen los resultados apetecidos, 
la ayuda se reembolsa, de modo que la intensidad efectiva de la misma no 
exceda del 25 % en equivalente bruto de subvención. 
Al término de los debates se llegó a la conclusión de que no había motivos 
suficientes para que la Comisión modificase de momento su política en 
relación con este tipo de ayudas. 
456. Todas las ayudas autorizadas en 1993 se ampararon en la excepción 
prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, salvo dos proyectos 
EUREKA (HDTV EU 95 y JESSI EU 127) , que se acogieron a lo dispuesto en la 
letra b) del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. A continuación se 
resumen algunas de las decisiones más importantes. 
<T7> Bélgica 
457. En marzo, y con motivo de la f ederalización del Estado belga, la 
Comisión autorizó el régimen de ayudas para investigación y desarrollo de la 
región valona, que sustituye a dos programas nacionales ("IRSIA industrie" y 
"Prototypes") ya aprobados por la Comisión. El presupuesto de 1993 ascendía a 
(111) DO C 83 de 11.4.1986. 
4.1.§4.19 
30 
73 millones de ecus y estaba destinado a financiar todas las fases de la 
investigación realizada por institutos públicos y empresas. 
La ayuda a la investigación básica consiste en una subvención del 50 % (60 % 
para las PYME). La ayuda para investigación aplicada y desarrollo viene 
constituida por un anticipo del 40 % (50 % para las PYME) que debe 
reembolsarse en caso de éxito, de forma que la intensidad real quede reducida 
a un 25% (35% para las PYME) . No está previsto reembolso alguno en el 
supuesto de que la investigación fracase. 
<T7> Alemania 
458. La Comisión aprobó una ayuda estatal a la investigación dentro del 
proyecto "VERBMOBIL". Esta medida consistente en una subvención, está 
destinada a las universidades, los institutos de investigación y las empresas 
que trabajan en un proyecto para posibilitar de que las máquinas reconozcan 
expresiones no programadas y las traduzcan de forma automática. 
El responsable científico del programa es el centro alemán de inteligencia 
artificial. El importe de la ayuda asciende a 30 millones de ecus para un 
período de 4 años y su intensidad es del 47 % bruto. Dado su carácter de 
investigación básica, y habida cuenta de que se respetaban los criterios de 
complementariedad e interés común, la Comisión aplicó la excepción prevista 
en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. 
459. La Comisión dio, asimismo, luz verde al programa de investigación 
"Arbeit und Technik". Este régimen, que cuenta con un presupuesto de unos 
163 millones de ecus para el período 1993-1996, permite financiar la 
investigación fundamental e industrial encaminada a proteger la salud de los 
trabajadores mediante una reducción de las tareas peligrosas y la 
introducción de dispositivos de seguridad, así como a adaptar el trabajo y la 
tecnología al individuo. Las dos terceras partes del presupuesto están 
destinadas a institutos científicos y el resto, a empresas, cuyos costes 
pueden financiarse en un 50 % (60 % en la antigua RDA). 
460. La Comisión no opuso ninguna objeción a un programa de investigación 
conjunta reservado para las PYME. Este régimen, que abarca el período 
comprendido entre 1993 y el año 2000, dispone de un presupuesto global de 
4.1.§4.20 
305 
150 millones de ecus y sus objetivos son, por un lado, el acceso de las PYME 
a la investigación realizada tanto a nivel nacional como internacional y, por 
otro, el intercambio de investigadores entre la industria y los centros 
públicos de investigación. La intensidad admitida es del 35 % (40 % en la 
antigua RDA) del coste del proyecto, con un máximo de 155 000 (210 000) ecus 
por empresa para la colaboración nacional y 260 000 (310 000) ecus para la 
colaboración internacional. En lo que respecta al intercambio de 
investigadores, la intensidad máxima es del 40 % (50 %) del salario bruto. 
461. La Comisión aprobó una prórroga, durante 1993, del principal programa de 
investigación en el sector del transporte, "Verkehrsforschung", el cual había 
sido aprobado inicialmente en 1989 y 1990'112'. La mayor parte del 
presupuesto, que ascendía a 82 millones de ecus, estaba destinada a proseguir 
los trabajos sobre el tren de suspensión magnética "Transrapid", asignándose 
una dotación menor a la investigación básica en otros aspectos del 
funcionamiento de los trenes de alta velocidad, el transporte público urbano, 
el transporte de mercancías y las "cadenas de transporte". 
462. Asimismo, se aprobaron dos importantes programas de investigación sobre 
tecnología del láser y "microsistemas", esto es, sistemas capaces de detectar 
y procesar estímulos y reaccionar ante los mismos, con posibles aplicaciones 
para la atención sanitaria, la protección del medio ambiente y los 
transportes. El programa referente a la tecnología del láser dispone de un 
presupuesto de 84 millones de ecus hasta 1997 y el relativo a la tecnología 
de microsistemas cuenta con una dotación de 13 0 millones de ecus para el 
período 1994-1999. De acuerdo con las directrices en materia de ayudas de I+D 
y con la práctica establecida, los porcentajes de ayuda pueden incrementarse 
en 10 puntos porcentuales para las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de los nuevos estados federados alemanes (15 puntos porcentuales 
para las PYME de estos estados). 
<T7> Francia 
463. En enero, febrero y abril, la Comisión aprobó la refinanciación anual de 
cuatro regímenes franceses orientados a la investigación, el desarrollo y la 
innovación. 
!112) Decimonoveno Informe sobre la política de competencia, 
punto 145; Vigésimo Informe sobre la política de competencia, 
punto 197. 
4.1.§4.21 
30o 
Entre ellos figuraba el programa ATOUT-PUMA, destinado esencialmente a las 
PYME y que respalda, mediante subvenciones y anticipos reembolsables, los 
proyectos de I+D encaminados a integrar materiales avanzados en las 
tecnologías industriales. El segundo régimen, denominado "Fonds de la 
Recherche et de la Technologie (FRT)", ayuda a las empresas en sus proyectos 
de investigación fundamental o industrial básica mediante subvenciones que 
pueden llegar al 50 % del coste del proyecto. 
El tercer régimen, denominado "GRANDS PROJETS INNOVANTS", va dirigido a las 
empresas industriales que trabajan en campos tecnológicos muy específicos, 
tales como las máquinas inteligentes y flexibles, los vehículos no 
contaminantes y económicos, el TAV del futuro o los grandes procesos 
industriales innovadores. 
El último de los programas se refiere a la Agence Nationale pour la 
Valorisation de la Recherche (ANVAR) y abarca todas las fases de la I+D, con 
cierto predominio de la investigación aplicada. La ayuda a las empresas se 
concede en forma de anticipos reembolsables en caso de éxito (85 % del 
presupuesto) y de subvenciones directas (estudios de viabilidad). 
Globalmente, la contribución pública a los cuatro regímenes aprobados fue de 
536 millones de ecus en 1993. 
<T7> Reino Unido 
464. En el mes de mayo, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda 
estatal para investigación a la empresa Shorts pie de Belfast (Irlanda del 
Norte), con vistas al diseño y desarrollo de un nuevo avión de negocios 
llamado Learjet 45. La contribución pública consiste en un anticipo 
reembolsable en caso de éxito, que se ha fijado en la comercialización de 101 
aviones. El anticipo cubre el 25 % de los costes de la empresa. 
Aun cuando no sea de aplicación a este proyecto el acuerdo firmado en julio 
de 1992 entre la CE y EE UU y relativo al comercio de aviones civiles de gran 
capacidad'113', las condiciones de la ayuda se atienen a lo estipulado en 
dicho acuerdo. 
(113) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 3 56. 
4.1.§5.p.l 
307 
<T3> §5. Ayudas regionales 
<T4> Observaciones generales 
465. Mediante el control de las ayudas con finalidad regional otorgadas por 
los Estados, la Comisión siguió intentando reforzar la cohesión económica y 
social entre los Estados más desarrollados y los menos favorecidos de la 
Unión, para reforzar los efectos de los fondos estructurales'1'. Este 
objetivo de cohesión se conseguirá autorizando mayores niveles de ayuda 
nacional en las regiones menos desarrolladas. En otras palabras, las regiones 
menos desarrolladas tendrán la posibilidad de ofrecer mayores niveles de 
ayuda, para atraer así la inversión, que las más desarrolladas. Además, en 
las regiones más prósperas, en las que los problemas de desarrollo son, en 
términos relativos, menos graves, las ayudas de finalidad regional deberán 
concentrarse en las zonas más necesitadas, al tiempo que se reduce su ámbito 
global de cobertura. Asimismo, las distintas formas de ayuda en las zonas no 
asistidas de los países en desarrollo deben controlarse estrictamente y los 
incentivos a la inversión limitarse a las pequeñas y medianas empresas o 
concederse únicamente con una finalidad especial, como por ejemplo, la 
protección del medio ambiente'2'. 
466. Al presentar sus propuestas de revisión de los reglamentos relativos a 
los fondos estructurales'3', la Comisión se comprometió a lograr una mayor 
coherencia entre las políticas estructurales y las políticas de ayudas 
estatales. Por otro lado, la adopción de un calendario común para determinar 
las condiciones que hacen a una región elegible en el marco de estas dos 
políticas, asegura una creciente coherencia entre ellas al cuidar de que las 
zonas elegibles para una ayuda de los Fondos Estructurales lo sean también 
para ayudas regionales nacionales que pueda conceder un Estado Miembro. Por 
supuesto, según el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2081/93 del Consejo de 
20 de Julio de 1993, las acciones que se financien mediante Fondos 
Estructurales deben ajustarse a las disposiciones de las políticas 
comunitarias, incluyendo las reglas de defensa de la competencia. 
(1) Vigésimo Primer Informe sobre la política de competencia, puntos 54 a 
56. 
(2) Punto 419 y siguientes y 430 y siguientes del presente Informe. 
(3) COM(93)67 final, p.15. 
4.1.§5.p.2 
308 
467. La Comisión siguió trabajando en la elaboración de una estrategia para 
hacer frente al importante falseamiento de la competencia que pueden originar 
las ayudas a la inversión intensiva en capital'4'. Basándose en los datos 
facilitados por los Estados miembros, la Comisión estuvo analizando la 
posibilidad de calcular el importe de la ayuda en función del valor añadido, 
como alternativa al criterio de la relación entre el coste de la inversión y 
la creación de empleo! Sin embargo, este método de cálculo no parece viable a 
corto plazo. A continuación, se exponen las principales decisiones adoptadas 
con respecto a los programas nacionales de ayuda regional. 
<T7> Bélgica 
468. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE con relación a un régimen de ayudas en favor de las empresas que 
participan en la realización de programas industriales europeos objeto de 
acuerdos internacionales específicos. Además de las irregularidades de 
procedimiento detectadas, el régimen establecía la posibilidad de conceder 
ayudas a la producción en las regiones que podían optar a las ayudas 
regionales con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del 
Tratado, mientras que dichas ayudas sólo son admisibles, en determinadas 
condiciones, en las regiones que pueden beneficiarse de ayudas en virtud de 
lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, del artículo 92. 
Dinamarca 
469. La Comisión autorizó la creación de seis polos industriales dentro de 
las zonas asistidas de Bornholm, Nordjylland y Storestram. El nivel de las 
ayudas destinadas a los mencionados polos industriales, que adoptan 
fundamentalmente la forma de amortizaciones aceleradas, se mantiene dentro de 
los límites ya autorizados por la Comisión para las zonas en cuestión. Con 
objeto de canalizar más fondos de inversión hacia la zona de Bornholm, las 
autoridades danesas decidieron que, en ella, la concesión de deducciones 
fiscales a los empresarios y pequeñas empresas con objeto de fomentar la 
inversión no estaría sujeta a la condición exigida normalmente de ser socio 
activo de la empresa a la que se destina la inversión. Esta medida fue 
asimismo aprobada por la Comisión. 
(4) • Vigésimo Primer Informe sobre la política de competencia, punto 164 
4.I.§5.p.3 
309 
<T7> Alemania 
470. La Comisión aprobó el Plan General del principal programa de ayudas 
regionales, denominado Programa Conjunto del Gobierno Central y de los 
Estados Federados para 1993 (Gemeinschaftsaufgabe) que, en comparación con 
años anteriores, había sufrido muy pocos cambios. Siguiendo la tendencia 
adoptada tras la reunificación y que probablemente se mantendrá en el futuro, 
aproximadamente el 89 % de los 5.200 millones de ecus concedidos en concepto 
de ayudas dentro del programa de 1993 se destinaban a los nuevos estados 
federados. 
471. La Comisión autorizó la introducción de una serie de mejoras en los 
incentivos regionales concedidos en los nuevos estados federados. El régimen 
especial de amortización acelerada de la inversión aplicado en esa zona se 
ampliará hasta finales de 1996'5' con una aportación adicional de unos 5.400 
millones de ecus a la economía de los nuevos estados. El programa, de avales 
aprobado en 1991 para la inversión en los estados de la antigua República 
Democrática Alemana'6' se amplió a los casos de reestructuración en zonas en 
que el desempleo alcanza niveles particularmente elevados. Por último, la 
Comisión autorizó la venta de terrenos industriales de propiedad estatal en 
los nuevos estados federados por la mitad de su valor de mercado y permitió a 
las autoridades de Berlín la subvención de los arrendamientos de edificios 
con finalidad comercial o industrial en las zonas asistidas de la ciudad (en 
las zonas no asistidas, sólo las PYME pueden gozar de alquileres más bajos). 
472. La Comisión archivó el procedimiento incoado con arreglo al apartado 2 
del artículo 93 en relación con la concesión de una ayuda en el marco del 
programa de ayudas a la inversión para los nuevos estados federados, 
denominado "ERP-Aufbauprogramm", en el antiguo Berlín occidental'7'. Las 
autoridades alemanas habían accedido a interrumpir la concesión de ayudas a 
las empresas de Berlín occidental en el marco del programa y, por otro lado, 
las ayudas ya concedidas no superaban los límites fijados en las Directrices 
(5) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 484 
(6) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 285. 
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punfo 485 
4.1.§5.p.4 
310 
sobre ayudas a las PYME. Por lo que respecta a la disposición contenida en el 
programa de desgravaciones a la inversión en los nuevos estados federados'8' 
en la que se reconoce a las empresas establecidas en dicho territorio antes 
de la unificación el derecho a solicitar un porcentaje mayor que las empresas 
instaladas posteriormente, la Comisión solicitó al Gobierno alemán su 
supresión, aduciendo su carácter discriminatorio, antes del 30 de junio de 
1994. 
<T7> España 
473. En el mes de mayo, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa 
en relación con un régimen de ayudas fiscales a la inversión en el País 
Vasco'9'. En su decisión, la Comisión ratificaba la postura que había 
adoptado al incoar el procedimiento'10', basada en la infracción al 
artículo 52 del Tratado CE sobre libertad de establecimiento. De hecho, la 
mencionada discriminación es uno de los elementos esenciales por los que la 
Comisión considera que el régimen en cuestión se inscribe en el ámbito de 
aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE y no constituye una 
medida de carácter general. 
Así, se solicitó a las autoridades competentes que pusieran fin a la 
infracción del artículo 52 antes del 31 de diciembre de 1993. Además, la 
Comisión decidió que durante el periodo transitorio hasta la supresión de la 
discriminación, las autoridades españolas debían velar por que las ayudas se 
concedieran dentro de las zonas establecidas y de acuerdo con los límites 
máximos de las ayudas nacionales de carácter regional en el plazo de dos 
meses a partir de la notificación de la Decisión. 
<T7> Francia 
474. La Comisión decidió no plantear objeción alguna a la política de 
crédito aplicada por el Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer 
(IEDOM) . Esta política se concretaba en acuerdos de redescuento por los que 
el IEDOM se comprometía a refinanciar a un tipo reducido algunas 
(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 483 y 
486. 
(9) DO L 134 de 3.6.1993, p. 25. 
(10) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 292. 
4.I.§5.p.5 
311 
aportaciones efectuadas por las entidades de crédito de los departamentos de 
ultramar a las empresas locales. 
La Comisión consideró que dichas medidas constituían ayudas que beneficiaban, 
por un lado a las entidades de crédito, disminuyendo el coste de sus 
recursos, y por otro, a las empresas, que obtienen créditos a un precio 
inferior. 
No obstante, la Comisión decidió no plantear objeciones al respecto, 
basándose en que dichas ayudas se destinaban a regiones desfavorecidas .que 
podían acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del 
artículo 92 del Tratado CE con respecto a las cuales el Consejo reconocía la 
necesidad de medidas específicas en su Decisión de 22 de diciembre de 1989 
por la que se instituía el programa POSEIDOM'11'. 
<T7> Italia 
475. La Comisión aprobó algunas medidas adoptadas por las autoridades 
sicilianas, para la aplicación anticipada o sustitución de los programas 
nacionales de ayuda en el Mezzogiorno, cuyo pago estaba registrando un 
considerable retraso. 
Este retraso supone un gasto importante para los inversores que, con objeto 
de realizar las inversiones previstas y a la espera del abono de las ayudas, 
se ven obligados a solicitar de los bancos préstamos al tipo de mercado. 
El programa en cuestión incluye préstamos con bonificación de intereses en 
favor de las PYME y el anticipo de las ayudas adeudadas a las empresas en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 64/86, respetando los límites autorizados 
por la Comisión para la intervención extraordinaria en el Mezzogiorno. 
476. Por razones parecidas, es decir, a fin de paliar los retrasos en el pago 
de las ayudas concedidas en virtud de la Ley nacional 488/92 en materia de 
intervención extraordinaria en el Mezzogiorno, la Comisión autorizó la 
concesión a las PYME por parte de la región de Cerdeña de préstamos con 
bonificación de intereses. En caso de que estas ayudas vengan a sumarse a 
(11) DO L 339, de 30.12.1989, p. 39, 
4.I.§5.p.6 
312 
otras concedidas en virtud de otros programas regionales, nacionales o 
comunitarios, deberán respetarse los límites máximos autorizados por la 
Comisión en la región. 
477. La Comisión sobreseyó el procedimiento incoado en septiembre de 
1992'12', en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE, en relación con determinadas ayudas previstas por la Ley 
italiana n° 102, de 2 de mayo de 1990, en la que se establecían una serie de 
disposiciones para la reconstrucción y el desarrollo de la Valtellina. 
Las ayudas consistían en subvenciones, abono de intereses, préstamos con 
bonificación de intereses, garantías y ventajas fiscales en favor de las 
empresas de la Valtellina y zonas limítrofes afectadas por las inundaciones 
de 1987. 
En el curso del procedimiento, las autoridades italianas se comprometieron a 
modificar el régimen en cuestión de forma que éste se aplicara 
exclusivamente a las PYME, se respetaran los límites máximos fijados por la 
Comisión, las ayudas a la producción se transformaran en ayudas a la 
inversión y, en cualquier caso, no se superara el nivel de las ayudas "de 
minimis"'13'. Habida cuenta de las modificaciones propuestas, la Comisión 
las declaró compatibles con el mercado común. 
<T7> Portugal 
478. En el mes de julio, la Comisión autorizó las ayudas previstas por el 
Programa RETEX, notificado por las autoridades portuguesas. Dicho programa 
incluye diversos tipos de medidas, que en su mayor parte constituyen ayudas 
en el sentido del artículo 92 del Tratado CE y están destinadas a favorecer 
la diversificación económica de las regiones afectadas por la 
reestructuración de la industria textil y de la confección. Las ayudas 
adoptan tres formas distintas: subvenciones a fondo perdido, préstamos con 
un tipo de interés cero y participación pública procedente de un fondo de 
capital de riesgo. En la mayoría de los casos, se destinan al sector de 
(12) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 497. 
(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 337 
Punto 431 del presente Informe. 
4.I.§5.p.7 
313 
servicios y están relacionadas con los gastos no vinculados directamente a la 
producción. 
Las medidas individuales del programa establecen diversas intensidades de 
ayuda. Las ayudas pueden acumularse entre sí, cuando se aplican a la 
subvención de los mismos gastos, hasta una intensidad máxima de un 75 % 
(bruto). Por otro lado, pueden acumularse a otras ayudas que no estén 
incluidas en el programa, como por ejemplo, las fiscales. No obstante, la 
suma de las ayudas previstas y las ayudas fiscales tampoco podrá superar un 
75 % (bruto). 
El presupuesto nacional previsto en el programa para la financiación de las 
ayudas mencionadas en el periodo 1993-1997 es de 48 millones de ecus (a 
precios de 1993). Dichas ayudas se inscriben en el marco del programa 
comunitario RETEX y, a tal título, pueden acogerse a una cofinanciación de 
los fondos estructurales. 
<T7> Reino Unido 
479. En el mes de julio, la Comisión decidió no plantear objeción alguna en 
relación con el nuevo mapa de regiones asistidas en el Reino Unido. Dicho 
mapa, que sustituye al aprobado en diciembre de 1984, está compuesto por 
zonas de empleo ("Travel to Work Areas-TTWA") y sus subdivisiones. 
Como en el mapa anterior, las zonas asistidas se reparten en dos categorías: 
las "Development Areas" (zonas de desarrollo) en las que la ayuda puede 
alcanzar un 3 0 % en ENS y las "Intermediate Areas" (zonas intermedias) en las 
que el ENS se limita a un 2 0 %. 
El principal programa en vigor en las zonas asistidas del Reino Unido es el 
"Regional Selective Assistance", que se aprobó al mismo tiempo que el 
anterior mapa de zonas asistidas; la ayuda se concede en forma de subvención 
en capital y su intensidad se halla dentro de los límites máximos mencionados 
anteriormente. 
Algunas zonas de empleo se han subdividido, concediéndose a una de las partes 
el estatuto de "Development Area" y a la otra el de "Intermediate Area". 
4.I.§5.p.8 
314 
Dichas zonas son, concretamente, Birmingham, Blaenau, Gwent, Abergavenny, 
Pontyridd, Rhondda, Wirrai y Chester. 
Las zonas de empleo, de las que el nuevo mapa recoge únicamente una parte, 
son las siguientes: Newport, Shotton, Flint y Rhyl, Wrexham, Dorcester y 
Weymounth, Cardiff (parte del objetivo 2) y Londres (una mínima parte, que 
representa el 0,5 % de la población total del Reino Unido) . Esta zona de 
Londres se incluyó en el mapa de regiones asistidas debido a su gran 
concentración de desempleo, provocada por el constante deterioro de su tejido 
industrial. 
El nuevo mapa refleja un cambio importante en relación con el anterior, que 
consiste en la inclusión de las zonas asistidas de una parte importante del 
condado de Kent (las zonas de empleo de Thanet, Dover, Deal, Folkestone, 
Sittingbourne y Sheerness) tras la pérdida anticipada de empleos relacionados 
con las actividades portuarias, los servicios de enlace por transbordador con 
el continente y los servicios de aduana, todo ello debido a la puesta en 
marcha del túnel bajo el Canal de la Mancha. 
El porcentaje de población cubierta (un 35,15 % del total) sólo es 
ligeramente inferior al anterior (en 0,15 puntos). 
4.1.§6.p.l 
315 
<T3> §6. Ayudas a los sectores industriales 
sujetos a las directrices comunitarias 
<T4> Observaciones generales 
480. En 1993, se hizo más patente que nunca la necesidad de establecer un 
estricto control de las ayudas en los sectores que adolecen de graves 
problemas estructurales'14'. Es precisamente en los momentos de recesión 
cuando las normas. o directrices especiales de ayuda para dichos sectores 
demuestran su utilidad. Al igual que a mediados de los años ochenta, la 
Comisión inició una reestructuración metódica del sector siderúrgico y trató 
de evitar una carrera de subvenciones'15' . La diferencia es que, en la 
actualidad, las Directrices sobre ayudas a la Siderurgia ya no autorizan la 
concesión de ayudas a la reestructuración, salvo para el cierre de 
instalaciones por lo que, en numerosos casos, fue necesario obtener el 
acuerdo del Consejo con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA. En los 
sectores de la construcción naval, las fibras sintéticas y los vehículos de 
motor, la firme aplicación de las normas sobre ayudas por parte de la 
Comisión creó unas condiciones equitativas mientras las empresas emprendían 
la reestructuración. 
<T5> a) Ayudas a la siderurgia 
<T6> - Siderurgia comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CECA 
481. A finales de año, la Comisión consiguió suprimir algunas de las trabas 
al indispensable recorte de capacidades en el sector siderúrgico comunitario, 
al lograr que el Consejo accediera a que determinados Estados miembros se 
acogieran a las excepciones especiales previstas en el artículo 95 del 
Tratado CECA con vistas a otorgar ayudas en apoyo de la reestructuración y, 
en determinados casos, de la privatización de las empresas siderúrgicas 
estatales con pérdidas. En este contexto se trataros seis casos relativos a 
seis empresas de cuatro Estados miembros: Uva en Italia, CSI y SIDENOR en 
(14) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 375 y 
Puntos 2 9 y 3 74 del presente Informe. 
(15) Decimoquinto Informe sobre la política de competencia, punto 177 y 
siguientes. 
4.I.§6.p.2 
316 
España'16', EKO Stahl y SEW Freital en la antigua RDA y Siderurgia Nacional 
en Portugal. 
Con la resolución de estos asuntos se suprimió uno de los obstáculos que 
impedían que las empresas siderúrgicas privadas ampliaran las reducciones 
voluntarias de capacidad, que el Consejo se comprometió a respaldar mediante 
la concesión de fondos adicionales para hacer frente a las indemnizaciones 
por despido y de préstamos CECA a las empresas siderúrgicas que efectuaran 
reducciones de capacidad de forma voluntaria. 
La línea de actuación seguida por la Comisión en los seis asuntos 
relacionados con el artículo 95 del Tratado CECA iba encaminada a comprobar 
la viabilidad de los planes de reestructuración (en algunos casos con la 
ayuda de expertos independientes), garantizar que las ayudas se limitarían a 
lo estrictamente necesario y que no afectarían a las condiciones de 
comptencia dentro de la Comunidad de forma contraria al interés común, 
requiriendo contrapartidas, en forma de reducciones de capacidad para 
contribuir al necesario ajuste del sector. Con objeto de conceder un trato 
equitativo por lo que respecta a este último aspecto, la Comisión fijó un 
coeficiente reducción de capacidad/importe de la ayuda de 750.000 toneladas 
anuales por 1 000 millones de ecus de ayuda. Este coeficiente se consideró el 
adecuado, habida cuenta de la actual situación del mercado. 
Tras largas y, en algunos casos, espinosas negociaciones con los Estados 
miembros afectados y un año de infructuosos debates en el seno del Consejo de 
Industria, este último, el 17 de diciembre, aceptó una serie de propuestas 
modificadas, dejando a la Comisión vía libre para adoptar decisiones con 
vistas a la autorización de estos paquetes de ayuda a principios de 1994. 
482. El Consejo y la Comisión hicieron hincapié en la finalidad y 
excepcionalidad de dichas decisiones y advirtieron que ya no se concederían 
más ayudas que no se atuvieran a las Directrices sobre siderurgia. Además, la 
autorización se supeditaba al cumplimiento de una serie de condiciones muy 
importantes, por ejemplo una reducción de capacidad de 5,5 millones de 
toneladas anuales en el sector de los productos laminados en caliente. Para 
garantizar el carácter definitivo e irreversible de las reducciones de 
(16) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos .392 a 
398. 
4.I.§6.p.3 
317 
capacidad, se prevé el desmantelamiento o la venta de las instalaciones para 
su utilización fuera de la Comunidad. Por otro lado, las capacidades 
restantes no deben dar lugar a un aumento de la producción, aparte de las 
mejoras de productividad, como mínimo durante cinco años a partir del momento 
del último cierre de capacidad o del pago de la última ayuda según las 
inversiones previstas por el plan. Otro de los requisitos es que las 
empresas beneficiarías deberán soportar un nivel mínimo de cargas financieras 
del 3,5 % del volumen de negocios, no tendrán derecho a deducciones fiscales 
sobre antiguas pérdidas y deberán ejecutar dentro del plazo fijado a tal fin 
todas las medidas establecidas en los planes de reestructuración. 
A fin de garantizar que se cumplen todos los requisitos necesarios, los 
planes de reestructuración serán sometidos a un estrecho control durante los 
próximos cinco años. Para ello, los Estados miembros deberán enviar a la 
Comisión informes semestrales y, en caso necesario, trimestrales, con 
información detallada sobre la empresa beneficiaría y su reestructuración, 
amén de datos que permitan a la Comisión evaluar si se cumplen todos los 
requisitos. Habrá que prestar particular atención a las reducciones de 
capacidad y empleo, a las inversiones, al cumplimiento del calendario de 
cierres, a la producción y sus repercusiones, a los resultados en los 
mercados financieros, cuando proceda, a la privatización y creación de nuevas 
empresas, a las fuentes y condiciones para una posible refinanciación y por 
último, al logro de la viabilidad. 
Con objeto de evaluar la precisión de los datos facilitados, la Comisión 
podrá realizar las comprobaciones necesarias de acuerdo con el artículo 47 
del Tratado CECA y, en caso de denuncia, contra una empresa subvencionada, 
por aplicar precios inferiores a los habituales, podrá iniciar una 
investigación con arreglo al artículo 60 del Tratado CECA. 
Cada seis meses, la Comisión presentará al Consejo un informe para mantenerle 
informado de la evolución de la cuestión. Con el acuerdo de los Gobiernos 
afectados, la Comisión podrá designar asesores independientes para ayudarle 
en su labor de vigilancia. La Comisión cuenta con las atribuciones necesarias 
para ordenar la suspensión o la devolución de las ayudas si considera que las 
condiciones no se han respetado. En caso de que los Estados miembros no se 
avengan a esta decisión, se podrá aplicar el artículo 88 del Tratado CECA. 
4.I.§6.p.4 
318 
Asimismo, en caso de que observara que no se logra restablecer la viabilidad, 
la Comisión podrá exigir la adopción de nuevas medidas para consolidar la 
reestructuración. 
Las reducciones de capacidad comprometidas por los Gobiernos autorizados a 
conceder las ayudas facilitarán un mayor esfuerzo de reestructuración. La 
Comisión ha estimado la reducción total necesaria de capacidad para 
restablecer unas condiciones de viabilidad del mercado siderúrgico 
comunitario en 19 millones de toneladas/año en el sector de los productos 
laminados en caliente, y en 30 millones de toneladas/año en la producción de 
acero. Un representante especial de la Comisión, Fernand Braun, ha sido el 
encargado de determinar en cooperación con la industria los posibles recortes 
que podría ser necesario efectuar. En noviembre, la Comisión accedió a 
conceder fondos CECA para préstamos a las empresas que contribuyan a un fondo 
común de reestructuración con cargo al cual podrán cubrirse algunos de los 
costes originados por el cierre. 
A continuación, se exponen los casos relacionados con el artículo 95 del 
Tratado CECA, así como otros asuntos de interés tratados a lo largo del año. 
<T7> Bélgica 
483. La Comisión procedió a una investigación en relación con la concesión de 
un préstamo puente por valor de 12,5 millones de ecus a la empresa Forges de 
Clabecq por parte de Société Wallonne pour la Sidérurgie, una empresa holding 
propiedad íntegra del Gobierno de la Región Valona'17'. El caso fue 
archivado una vez que las autoridades regionales propusieron aumentar el tipo 
de interés del préstamo un 0,5 % hasta el 9,3 %, un nivel que incluiría una 
prima de riesgo apropiada y que, por lo tanto, representarían un tipo de 
interés comercial razonable para una empresa productora de acero en las 
actuales condiciones de mercado'18'. 
<T7> Alemania 
484. Una de las dos ayudas autorizadas por el Consejo en diciembre con 
arreglo al artículo 95 del Tratado CECA correspondía a la reestructuración de 
(17) DO C 248 de 11.9.1993 
(18) DO C 71 de 9.3.1994. 
4.I.§6.p.5 
319 
Sâchsische Edelstahlwerke, en Freital, Sajonia. La ayuda ascendía a unos 177 
millones de ecus, de los cuales la Comisión podía autorizar 37 en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 5 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia 
y el artículo 92 del tratado CE'19'. En mayo, la Comisión había propuesto ya 
la adopción de una decisión favorable con respecto a los 140 millones de ecus 
restantes, habida cuenta de la importante reducción de capacidad (un 53 %) 
registrada en el sector de los productos acabados laminados en caliente, que 
ascendía a 160.000 toneladas/año. 
485. La segunda decisión adoptada por el Consejo en diciembre, estaba 
relacionada con EKO Stahl, (Eisenhüttenstadt, Brandeburgo). Se autorizaba la 
concesión por parte del Treuhand de una ayuda de 428 millones de ecus a la 
mencionada empresa para la cobertura de los costes de reestructuración y 
parte de los costes de inversión para la construcción de un nuevo tren de 
laminación en caliente para flejes que, durante cinco años a partir del pago 
de la última ayuda correspondiente al programa o, en caso de que éste se 
produjera más tarde, del último cierre de capacidad relacionado con dicha 
ayuda, limitaría su capacidad a 900.000 toneladas anuales. Se decidió que el 
60 % de EKO Stahl pasaría a manos de una empresa siderúrgica italiana del 
sector privado, Riva. A pesar de la capacidad adicional creada por el nuevo 
tren de laminación de EKO Stahl, en términos netos, la industria siderúrgica 
de Alemania Oriental estaba registrando una reducción capacidad de 462.000 
toneladas anuales en comparación con las cifras de 1990 (año de su 
integración en la Comunidad). La~ reducción incluía el cierre, autorizado en 
diciembre, de un tren de laminación con una capacidad de 320.000 toneladas 
anuales en una planta de Hennigsdorf, ya en manos de la empresa italiana 
Riva. Se concedió una ayuda adicional de 158 millones de ecus para la 
inversión en EKO Stahl procedentes de los programas regionales de ayuda a la 
inversión, autorizados en virtud del artículo 5 de las Directrices sobre 
ayudas a la siderurgia. 
En el mes de abril, la Comisión se pronunció en contra de un programa 
anterior de reestructuración de EKO Stahl, para cuya financiación hubiesen 
sido necesarios unos 1 000 millones de ecus de ayuda. Este programa se basaba 
en el concepto de "autonomía" y se hacía recurso al capital privado. 
(19) DO C 302 de 9.11.1993 
4.1.§6.p.6 
320 
En noviembre de 1993 y respondiendo a una nueva propuesta del Gobierno 
alemán, la Comisión consideró que, en comparación con la ayuda estatal 
propuesta (464,7 millones de ecus), la reducción de capacidad de productos 
laminados en caliente (142.000 toneladas anuales) que se ofrecía como 
contrapartida no justificaba una propuesta al Consejo autorizando la ayuda 
otorgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado CECA. Según 
la Comisión, para ajustarse con el nivel de ayuda fijado, la reducción de 
capacidad debía situarse en unas 350.000 toneladas anuales. 
486. Como ya había hecho en 1992 con los principales programas de ayuda 
regional'20', la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de las 
Directrices sobre ayudas a la siderurgia, autorizó la posible concesión de 
ayudas en el marco de los principales regímenes ERP ("European Recovery 
Programe")'21' a la industria siderúrgica de los huevos estados federados 
antes de finales de 1994'22'. A lo largo del año, autorizó asimismo la 
concesión de varias ayudas regionales a la inversión con arreglo al artículo 
5 de las mencionadas Directrices en el territorio de la antigua RDA, que 
ascendían a 18 y 12 millones de ecus, respectivamente, a las empresas 
Hennigsdorfer Elektrostahlwerke y Brandemburger Elektrostahlwerke, que habían 
sido adquiridas por Riva el año anterior'23', así como una serie de ayudas a 
una serie de empresas de tratamiento de chatarra en los nuevos estados 
federados. 
487. La Comisión inició una investigación con arreglo al apartado 4 del 
artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia en relación con 
una ayuda de 17 millones de ecus que el Gobierno del estado federado de Baja 
Sajonia tenía previsto conceder a la empresa Georgmarienhütte, en Baja 
Sajonia, anteriormente denominada Klóckner Edelstahl, para cubrir los costes 
derivados de la construcción de un nuevo horno eléctrico de arco'24'. La 
ayuda fue notificada para su autorización a título de ayuda de I+D, pero la 
Comisión se preguntaba si no habría que considerarla más bien una ayuda a la 
inversión. 
(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 386 y 
391. 
(21) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 468. 
(22) DO.... 
(23) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 388 y 
DO .... 
(24) DO C 71, 9.3.1994. 
4.I.§6.p.7 
321 
<T7> España 
488. En diciembre, el Consejo dictaminó favorablemente la concesión de una 
ayuda por valor de 505 millones de ecus en apoyo del programa de 
reestructuración de la empresa de aceros especiales Sidenor. La 
reestructuración llevará aparejado un cierre de capacidades de producción de 
laminados en caliente cifrado en 379.000 toneladas anuales. El aplazamiento 
del plan, previsto en principio para noviembre de 1992, hizo necesaria la 
introducción de ciertas modificaciones'25'. 
489. Al mismo tiempo, «se dictaminó favorablemente una ayuda de 2 817 
millones de ecus para la reestructuración de la empresa de propiedad estatal 
Corporación de la Siderurgia Integral (CSI). En noviembre de 1992, la 
Comisión había rechazado una versión anterior del plan de reestructuración en 
el que, como contrapartida a una ayuda de 3.592 millones de ecus, se proponía 
una reducción neta de la capacidad de laminado en caliente (teniendo en 
cuenta la inversión propuesta en una acería compacta de producción de flejes 
en Sestao) que sólo ascendía a 1,3 millones de toneladas anuales y que no se 
completaría hasta 1997'26'. El plan modificado, aprobado por el Consejo, 
reducía el importe de la ayuda otorgada en virtud del artículo 95 del Tratado 
CECA, anticipaba el cierre del tren de laminado en caliente de Ansio a 
finales de 1995, como muy tarde, y disociaba la inversión en Sestao del plan 
de reestructuración subvencionado, supeditando el proyecto a una intervención 
del sector privado efectiva, y mayoritaria a largo plazo, que no contaría con 
ayuda estatal. Así se ampliaba la reducción de la capacidad de laminado en 
caliente prevista en el plan de reestructuración subvencionado a 2,3 millones 
de toneladas anuales. 
<T7> Italia 
490. En el mes de julio, la Comisión inició un procedimiento en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA en 
relación con un proyecto presentado por las autoridades italianas en abril 
con vistas a reducir en 4.000 ecus las deudas del grupo siderúrgico estatal 
(25) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 393 
(26) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 394 
4.1.§6.p.8 
322 
Uva antes de constituirse en una nueva empresa pública denominada Nuova 
Siderúrgica'27'. La Comisión comprobó que el grupo estaba atravesando una 
situación económica y financiera extremadamente delicada y que, en 1991 y 
1992, había registrado importantes pérdidas, acompañadas de un aumento 
considerable del endeudamiento. En 1993, la coyuntura siguió deteriorándose. 
A pesar de la gravedad de la situación, el grupo Uva pudo continuar 
ejerciendo sus actividades gracias a intervenciones financieras públicas y, 
en particular, a la pasividad de su único accionista, el Estado, que le ha 
permitido incrementar su endeudamiento mediante la garantía explícita 
prevista en el artículo 2362 del Código Civil italiano, que correspondía a un 
mecanismo de crédito. 
491. Con el mismo motivo, la Comisión aprobó, por primera vez, medidas 
provisionales basadas en el artículo 88 del Tratado CECA, por las que 
ordenaba al Gobierno italiano que renunciara a la aplicación del plan para 
condonar la mayor parte de la deuda de la siderurgia italiana. La Decisión 
emplazaba asimismo al Gobierno italiano a presentar sus observaciones en un 
plazo de quince días antes de que la Comisión tomara una decisión motivada de 
declaración de infracción. Antes de finales de junio, las autoridades 
italianas informaron a la Comisión de su decisión de plegarse a sus 
exigencias. 
492. El plan definitivo de reestructuración de Uva, aprobado en diciembre, 
incluía la cancelación de 1.579 millones de ecus de deuda, antes de que los 
activos de la empresa se escindieran para formar dos nuevas empresas 
dedicadas a dos líneas de actividad diferentes: Uva Laminati Piani, en el 
sector de los productos .planos, y Acciai Speciali Terni, en el del acero 
inoxidable, respectivamente, y antes de proceder a su privatización. El resto 
de la deuda de Uva, estimada en 5 400 millones de ecus a finales de 1993, se 
transferiría a los compradores o sería cubierta por el precio de venta. La 
ayuda al grupo estatal Uva incluía asimismo una aportación de capital de 351 
millones de ecus y 643 millones de ecus en concepto de gastos de 
reestructuración y de liquidación. En total, la ayuda ascendía a 2 573 
millones de ecus. Se acordó, como contrapartida, una reducción de capacidad 
de laminado en caliente de 1,2 millones de toneladas anuales, así como el 
cierre de dos hornos de recalentamiento en Taranto, el cierre definitivo del 
(27) DO C 213 de 6.8.1993. 
4.1.§6.p.9 
323 
tren de laminación de banda ancha de Bagnoli y, por último, el compromiso por 
parte de la empresa que adquiriera las instalaciones de Taranto de eliminar 
otras 500 000 toneladas anuales de capacidad en los seis meses posteriores a 
la privatización'28'. 
<T7> Portugal 
4 93. Dentro de las ayudas globales dictaminadas en diciembre, el Consejo 
dictaminó favorable y unánimemente la concesión de una ayuda a la 
reestructuración de 3 06,3 millones de ecus a la empresa estatal Siderurgia 
Nacional. La empresa, por su parte, se comprometía a reducir su capacidad de 
producción de laminado en caliente en 140.000 toneladas anuales en sus 
plantas de Maia y Seixal. El plan de reestructuración incluía, asimismo, 
ayudas para la cobertura de los costes por despido y para las inversiones en 
protección ambiental, que la Comisión examinará por separado con arreglo a 
las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. En la decisión se tuvo en 
cuenta la situación específica de Portugal, pequeño Estado miembro con una 
sola compañía siderúrgica de envergadura'29'. 
<T6> Productos siderúrgicos no comprendidos en el Tratado CECA 
<T7> Alemania 
494. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE en relación con la propuesta de otorgar una ayuda regional a la 
inversión por valor de 186.000 ecus a Berg-Spezial-Rohr GmbH, empresa de 
fabricación de tubos soldados situada en Siegen. La mencionada inversión 
contribuiría a un incremento de las capacidades en un sector que adolece -de 
capacidad excedentaria dentro de la Comunidad'30'. 
495. Por otro lado, la Comisión autorizó una ayuda a la inversión por valor 
de 9 millones de ecus en concepto de subvenciones y deducciones fiscales, así 
( 2 8) DO. . . 
(29) DO... 
(30) DO C 122 de 4.5.1993. 
4.1.§6.p.10 
324 
como una garantía de préstamo de 15,5 millones de ecus a la empresa 
productora de tuberías Klôckner Rohrwerk Muldenstein GmbH de Sajonia 
Hanhalt'31'. La empresa estaba reduciendo su capacidad global en un 25 %, y 
en un 80 % en las conducciones de pequeño diámetro. 
<T7> España 
496. Acatando la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Cook'32', 
en la que se consideraba que la Comisión no había actuado correctamente al 
desestimar una denuncia presentada en relación con la concesión de una ayuda 
a PYRSA, empresa española de fabricación de molduras de acero, sin haber 
procedido a investigar la situación del mercado, la Comisión inició un 
procedimiento con relación a dicha ayuda, que consistía en subvenciones por 
valor de 1,4 millones de ecus y en un aval y una bonificación de intereses 
sobre un préstamo de 3,8 millones de ecus'33'. 
(31) DO... 
(32) Puntos 3 95 y 553 del presente Informe 
(33) DO C 281 de 19.10.1993. 
4.I.§6.p.11 
325 
<T5> b) Ayudas a la construcción naval 
<T6> Observaciones generales 
497. El 16 de diciembre de 1993, el Consejo aprobó la Directiva 93/115/CE por 
la que se ampliaba el plazo de vigencia de la Séptima Directiva del Consejo 
sobre ayudas a la construcción naval (90/684/CEE) por un periodo adicional de 
doce meses, hasta el 31 de diciembre de 1994. Basándose en el informe 
presentado por diversos expertos, la Comisión mantuvo el límite máximo de 
ayudas a la producción para 1994 en un 9 % en los buques de gran tamaño y en 
un 4,5 % en los buques cuyo valor contractual es inferior a 10 millones de 
ecus, así como para la transformación naval. 
498. En el marco de la OCDE, continuaron las negociaciones sobre la creación 
de un nuevo instrumento que pusiera freno a las prácticas abusivas en el 
ámbito de la construcción naval'34'. Dichas negociaciones tuvieron por 
objeto tanto las ayudas directas como las indirectas, tales como las ayudas a 
la producción, los planes nacionales de crédito, las restricciones sobre 
derechos de tráfico de los buques construidos fuera del territorio nacional 
así como la financiación de la exportación'35'. 
499. En su sentencia con relación a dos quejas elevadas por Bélgica contra 
las decisiones por las que se le exigía la reducción de las subvenciones 
sobre los préstamos a armadores belgas para que construyan de sus buques en 
astilleros del país, el Tribunal de Justicia confirmó que las ayudas a las 
compañías de navegación que encargaran buques debían estar sujetas a los 
mismos límites máximos fijados para la construcción naval'36'. 
<T6> Decisiones sobre casos individuales 
<T7> Bélgica 
500. En el mes de octubre, la Comisión autorizó un programa de ayudas a la 
reestructuración en favor de Boelwerf, el astillero más importante de la 
(34) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 9. 
(3 5) Punto 575 del presente Informe. 
(36) Punto 555 del presente Informe. 
4.I.§6.p.12 
326 
región flamenca. La empresa realizará una reducción del empleo del 40 %, así 
como una disminución de la capacidad de construcción naval del 50 %, a través 
del cierre definitivo de sus instalaciones de Hoboken. El programa incluye 53 
millones de ecus en concepto de ayudas de funcionamiento de conformidad con 
el límite máximo de ayuda aplicable en virtud de la Séptima Directiva y 26 
millones a título de ayudas al cierre para cubrir las indemnizaciones por 
despido. 
<T7> Alemania 
501. La Comisión autorizó la concesión de una ayuda a la producción por valor 
de 790 millones de ecus destinada a los astilleros -Warnow Werft, Peene 
Werft, Elbe Werft Bolzenburg, y Volkswerft- situados, todos ellos, en el 
estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (antigua RDA). La 
Directiva 92/68/CEE establece una excepción con respecto a la Séptima 
Directiva, en virtud de la cual los astilleros de los nuevos estados 
federados podrán recibir un máximo de ayuda a la producción del 36 % del 
volumen de negocios anual por un periodo de tres años que finaliza en 
1993 '37' . La Decisión con respecto al astillero MTW quedó aplazada hasta 
evaluar si el traslado de sus instalaciones impediría que pudiera acogerse a 
la excepción de 1992. La Comisión aprobó asimismo tramos de inversión y 
ayudas al cierre para los cuatro astilleros mencionados después de comprobar 
que sus planes de inversión cumplían la reducción de capacidad del 40 % con 
relación a los niveles de 1990. 
502. En el mes de abril, la Comisión tomó una decisión negativa con respecto 
a una ayuda a Bremer Vulkan para la adquisición de una empresa especializada 
en electrónica naval propiedad de Krupp'38'. La Comisión concluyó que se 
había concedido a Bremer Vulkan una ayuda estatal ilegal por valor de 65 
millones de ecus cuando ésta adquirió una participación mayoritaria en Krupp 
Atlas Elektronik, a través de HIBEG, un organismo de inversión propiedad del 
estado federado de Bremen. En la Decisión se solicitaba a Bremer Vulkan la 
devolución de la ayuda a HIBEG que, a cambio de la participación, pagó a 
Krupp 65 millones de ecus más que el valor de mercado de las acciones que 
Krupp había adquirido de Bremer Vulkan. HIBEG pudo realizar esta operación 
gracias al aval concedido por el estado federado de Bremen. 
(37) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 376 
(38) DO L 185 de 28.7.1993. 
4.I.§6.p.13 
327 
<T7> España 
503. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Séptima Directiva, 
hasta el 1 de enero de 1992, España quedaba exenta de la aplicación de las 
normas sobre ayudas a la producción establecidas en el Capítulo II de la 
misma Directiva (a excepción del apartado 5 del artículo 4), a condición de 
que, entre 1991 y 1992, llevara a cabo un programa de reestructuración que 
permitiera que su industria naviera operara con el mismo nivel de ayudas que 
los demás Estados miembros. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 9 de la 
Directiva, el plan de reestructuración ha sido objeto de informes de control 
periódicos elaborados por un consultor independiente designado conjuntamente 
por el Gobierno español y la Comisión. En el último informe, que data de 
1992, se concluía que, en conjunto, se habían logrado los objetivos fijados 
en el plan de reestructuración, si bien el rendimiento de los astilleros por 
separado había sido irregular, lo que unido a la incertidumbre sobre la 
posibilidad de nuevos pedidos planteaba serias dudas sobre su futuro nivel de 
competitividad. En tales circunstancias, el artículo 9 contiene medidas 
adicionales para consolidar la reestructuración. En la actualidad la Comisión 
analiza con las autoridades españolas los datos obtenidos por los expertos. 
<T7> Reino Unido 
504. La Comisión autorizó la concesión, por parte del Gobierno británico, de 
una ayuda a la producción de 9 millones de ecus (7 millones de UKL) al 
astillero Swan Hunter, para que este último pudiera competir por dos o tres 
contratos para la construcción de buques mercantes en 1994 y 1995 (en caso de 
que la ayuda también se autorizara el año próximo), facilitando así la venta 
del astillero y evitando su cierre. Swan Hunter no había llegado nunca a 
cerrar sus instalaciones para la construcción de buques mercantes, pero a 
partir de 1986 no se le había permitido acogerse al fondo de intervención 
para la construcción naval en el Reino Unido. El Gobierno británico garantizó 
que se trataba de una operación excepcional, que la concesión de la ayuda se 
realizaría con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 12 de la Séptima 
Directiva ampliada y que no sentaría precedente con respecto a los demás 
astilleros militares. Teniendo en cuenta los mencionados compromisos del 
Gobierno británico, la Comisión consideró pertinente la concesión de este 
pequeño volumen de ayuda al astillero Swan Hunter. 
4.I.§6.p.14 
328 
<T5> c) Ayudas al sector del automóvil 
505. La política de control de las ayudas a la inversión en el sector del 
automóvil llevada a cabo por la Comisión se vio plenamente avalada una vez 
que el Tribunal de Justicia hubo respaldado su decisión de autorizar ciertas 
ayudas a Ford y Wolkswagen para la construcción de una nueva planta para 
fabricar furgonetas en Portugal'39'. 
506. En el mes de diciembre, el Consejo fijó un derecho compensatorio del 
4,9 % sobre las cajas de cambios importadas en la CE procedentes de una nueva 
planta de General Motors en Viena, para cuya construcción la empresa había 
recibido ayudas a la inversión. En las negociaciones emprendidas en el marco 
del Acuerdó de Libre Comercio entre Austria y la CE no se llegó a una 
solución que satisficiera a ambas partes. Otro caso relacionado también con 
el sector del automóvil, el de la empresa Steyr Nutzfahrzeuge AG, quedó 
archivado, una vez que la ayuda se hubo reducido a un nivel que la Comisión 
consideró adecuado en relación con el de otras zonas similares de la 
Comunidad. 
507. A continuación, se exponen las decisiones tomadas por la Comisión con 
arreglo a las Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos de motor. 
Cabe señalar que, en diciembre de 1992, la Comisión procedió a la revisión de 
dichas directrices, si bien no introdujo en ellas ningún cambio'40'. 
<T7> Bélgica y los Países Bajos 
508. En el mes de octubre, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a la supuesta 
concesión de una ayuda estatal por parte del Gobierno neerlandés y la Región 
de Flandes a la empresa de fabricación de camiones DAF. En los últimos años, 
la situación financiera de DAF se había ido deteriorando, y la empresa había 
solicitado a las autoridades el aplazamiento del reembolso del préstamo o 
bien la renegociación de éste último y la concesión de nuevos créditos. Las 
autoridades flamencas y neerlandesas no notificaron las operaciones. De no 
(39) Punto 553 del presente Informe. 
(40) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 250 y 251, DO 
C 36, p. 2. 1993. 
4.I.§6.p.15 _ 
v.' Z. 7 
cancelarse y devolverse las ayudas íntegramente a sus respectivos gobiernos, 
dichas operaciones serán objeto de una investigación más en profundidad en el 
marco del procedimiento pertinente. 
Tras la quiebra de DAF en marzo de 1993, se creó la nueva empresa DAF Trucks 
N.V. , que adquirió los activos principales de la antigua DAF. Aunque las 
autoridades flamencas y neerlandesas acordaron con los accionistas privados 
que la participación pública quedaría reducida a menos del 50 %, en realidad, 
ésta se mantuvo en un 61 %. El Gobierno de los Países Bajos y la Región 
Flamenca contribuyeron con 72 millones de ecus y 24 millones de ecus, 
respectivamente, de t capital en acciones y con 21 millones de ecus y 9 
millones de ecus en préstamos de riesgo. Para evaluar en qué medida las ayuda 
mencionadas constituyen ayudas estatales, el plan estratégico de la nueva 
empresa se analizará a la luz de las disposiciones sobre ayudas de salvamento 
y reestructuración contenidas en las Directrices sobre las ayudas al sector 
de los vehículos de motor. La Comisión examinará asimismo si la venta de los 
activos de la antigua empresa DAF a la nueva, sin dejar una posibilidad de 
acceso a nuevos compradores, provocó una reducción de los precios por debajo 
del valor de mercado. 
En caso de que su análisis confirmara que, efectivamente, se otorgó una ayuda 
estatal incompatible con el mercado común, la Comisión deberá decidir si la 
nueva empresa está obligada a reembolsar cualquiera de las ayudas, incluidas 
las concedidas a la antigua empresa DAF, que nunca fueron devueltas. 
<T7> Alemania 
509. En el mes de junio, la Comisión autorizó las garantías sobre préstamos 
comerciales por valor de 77 millones de ecus, concedidas por el 
Treuhandanstahlt a Sáchsische Automobilbau GmbH (SAB). Esta empresa es una de 
las incluidas en el vasto proyecto de Volkswagen para la modernización de la 
producción de automóviles en los nuevos estados federados. 
Para este proyecto, las autoridades habían concedido ayudas directas e 
indirectas estimadas aproximadamente en 670 millones de ecus, que abarcaban 
la cobertura por parte del Treuhandastalt de algunas pérdidas de explotación 
de SAB. La Comisión consideraba que las garantías ofrecidas por este 
organismo a SAB contenían elementos de ayuda estatal. Aunque las garantías 
4.I.§6.p.16 
330 
constituían ayudas de salvamento, cumplían los requisitos establecidos por la 
Comisión para las ayudas en general y para aquellas relacionadas con el 
sector del automóvil, conforme a la definición de las directrices 
sectoriales. La concesión de garantías estaba asimismo en consonancia con la 
postura de la Comisión con respecto a la concesión de garantías a las 
empresas propiedad del Treuhandastalt, en los casos en que una financiación 
prolongada de éstas por parte del mencionado organismo fuera objeto de 
investigación, tras la incoación del procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 93'41'. De hecho, este procedimiento, iniciado en diciembre de 
1991 (42)/ reveló que para incrementar su flujo de tesorería, SAB había 
tenido que recurrir a los mercados financieros, por lo que el pago de las 
ayudas relacionadas con el proyecto Volkswagen se suspendieron a la espera de 
una decisión definitiva. La decisión sobre este proyecto para los nuevos 
estados federados se tomará próximamente. 
510. En octubre, la Comisión aprobó la concesión de una ayuda regional a 
Saginaw, una filial al 100 % de Adam Opel AG, para apoyar su plan de 
inversión en Kaiserlautern. El proyecto consistía en la instalación de una 
línea de producción y control para motores Diesel por parte de Saginaw en la 
planta de Opel en Kaiserlautern, en sustitución de una antigua línea de 
motores. El proyecto cubrirá el periodo comprendido entre 1993 y 1996 y su 
coste global será de 260 millones de ecus, de los cuales, 220 podrán 
subvencionarse a título de ayuda de finalidad regional. La ayuda consistía en 
una subvención al proyecto de 33 millones de ecus, que se pagarán entre 1994 
y 1996, lo que representa un equivalente neto de subvención del 14 %. Antes 
de autorizarla, la Comisión sopesó las ventajas que supondría para el 
desarrollo regional con respecto a los posibles efectos negativos para el 
sector en su conjunto, como por ejemplo, la creación de una importante 
capacidad excedentaria. La Comisión llevó a cabo un análisis para tratar de 
determinar las desventajas netas desde el punto de vista regional que 
Saginaw/Opel encontraría al invertir en la zona asistida de Kaiserlautern. 
Las desventajas se consideraron proporcionales a la ayuda regional propuesta. 
Por otro lado, no pareció que el proyecto fuera a tener una repercusión 
negativa sobre el sector a escala comunitaria, ya que, en parte, la nueva 
producción sustituirá a las importaciones extracomunitarias de motores por 
parte de la empresa. Por todo ello, la ayuda era compatible con los criterios 
(41) Punto 405 del presente Informe. 
(42) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 235 
4.1.§6.p.17 
331 
para la concesión de ayudas regionales establecidos en las directrices. 
511. También en octubre, la Comisión había aprobado una ayuda regional en 
favor de MAN Nutzfahrzeuge destinada a su plan de inversión en Salzgitter. El 
proyecto incluía la ampliación de las instalaciones y la introducción de 
nuevo equipamiento con objeto de incrementar la fabricación de autobuses y de 
sus componentes, El proyecto abarca el periodo comprendido entre 1991 y 1994 
y su coste total es de 48 millones de ecus, de los cuales 46 son 
subveneionables a título de ayuda de finalidad regional. 
La ayuda propuesta, que adoptaba la forma de subvención al proyecto de 
1,6 millones de ecus representaba un equivalente bruto de subvención del 
2,8 %.. 
Al aprobar la ayuda estatal, la Comisión concluyó que el proyecto se atenía a 
los criterios para la concesión de ayudas regionales establecidos en la 
Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos de motor. Además, la 
Comisión se muestra satisfecha de que el proyecto vaya a contribuir a 
resolver los serios problemas de desempleo existentes en la región, sin 
provocar por ello un importante aumento de la capacidad excedentaria, 
especialmente, teniendo en cuenta la creciente demanda en Alemania Oriental, 
donde las antiguas capacidades para la producción de autobuses han ido 
desapareciendo en su mayor parte. 
<T7> España. 
512. En el mes de abril, la Comisión decidió autorizar la concesión de una 
ayuda estatal a Cádiz Electrónica S.A., filial al 100 % de Ford Motor 
Company. El proyecto incluía la instalación de maquinaria más adecuada a fin 
de racionalizar la fabricación de los actuales módulos electrónicos y crear 
instalaciones para la fabricación de módulos electrónicos para sistemas 
avanzados de frenado. La inversión se valoraba en 46 millones de ecus y 
llevaba consigo la creación de 150 puestos de trabajo. La ayuda al proyecto 
consistía en una subvención regional de 12 millones de ecus por parte de la 
Administración central. Al evaluar esta ayuda, la Comisión no aplicó 
estrictamente los criterios con que suele juzgar los proyectos definitivos 
sobre ensamblado de vehículos o fabricación de motores,puesto que esto 
supondría un tratamiento injusto con respecto a las ayudas a los proyectos de 
4.I.§6.p.18 
332 
los productores de piezas sueltas que, según las directrices sobre ayudas, no 
requieren notificación. Dado que el aumento de la producción se limitaba a la 
nueva producción de módulos electrónicos ABS que se utilizan exclusivamente 
en . los sistemas ABS de los vehículos de la marca Ford y que la ayuda 
notificada era muy inferior al límite fijado para las zonas asistidas, no era 
probable que se produjera un falseamiento de la competencia. 
513. En el mes de julio, la Comisión aprobó una ayuda regional a SEAT en 
apoyo de sus proyectos de inversión en Arazuri, Pamplona. El origen de estos 
proyectos estaba en la decisión del Grupo Volkswagen de centralizar la 
producción del modelo Polo en una sola planta y utilizar las capacidades que 
quedaran disponibles en Wolfsburg como consecuencia del traslado para 
incrementar la producción de los modelos Golf y Vento. El coste total del 
proyecto se elevaba a 375 millones de ecus, de los cuales 367 podían 
subvencionarse a través de una ayuda regional. En principio, la inversión 
incrementaría los puestos de trabajo, que pasarían de 1 425 a 4 369, la 
empresa recibiría subvenciones a la inversión y ayudas al empleo por valor de 
36 millones de ecus y el equivalente bruto de subvención de la ayuda sería 
del 8 %. Al aprobar la ayuda estatal la Comisión consideró que el proyecto 
reunía los requisitos para la concesión de ayudas regionales establecidos en 
las Directrices, ya que la ayuda compensaba estrictamente las desventajas 
regionales de SEAT al invertir en la región asistida de Navarra. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los demás cambios de capacidad llevados a cabo por el 
mismo fabricante dentro de su grupo en el segmento de mercado considerado, la 
inversión de SEAT en Arazuri llevaría aparejado un aumento de capacidad. Por 
lo tanto, con objeto de evitar un falseamiento de la competencia, la Comisión 
solicitó a las autoridades españolas que garantizaran que la intensidad 
nominal real de la ayuda no rebasaría el 9,7 % de los gastos subveneionables, 
porcentaje equivalente al nivel de la desventaja regional neta. 
<T7> Francia 
514. En el mes de junio, la Comisión aprobó la concesión de una ayuda estatal 
a Renault y PSA para un proyecto conjunto de I+D en relación con el automóvil 
y la seguridad en carretera denominado "Véhicule et Sécurité Routière". El 
proyecto, que se centraba en la seguridad activa y pasiva en el automóvil y 
la prevención de accidentes y que estaba dividido en cuatro subproyectos, 
constituía un complemento a los programas Prometheus de Eureka y Drive 
4.I.§6.p.19 
333 
Research de la Comunidad. El proyecto de investigación, de una duración de 
cinco años, tendrá un coste aproximado de 99 millones de ecus y será 
coordinado por la empresa conjunta GIE PSA Renault; además, está prevista la 
participación de varios fabricantes de componentes. La ayuda en forma de 
subvenciones, que se concederá en el marco de dos planes gestionados por los 
Ministerios de Investigación y Ciencia y Comercio e Industria, ascenderá a 32 
millones de ecus y cubrirá el 50 % del gasto subvencionable en investigación 
básica y el 25 % en investigación aplicada, lo que supondrá un promedio de 
intensidad del 32 %. Al aprobar la ayuda estatal la Comisión concluyó que el 
proyecto reunía los requisitos establecidos en las Directrices comunitarias 
sobre vehículos de motor y de I+D. En concreto, se respetaban los límites 
fijados en las últimas directrices aprobadas. 
<T7> Reino Unido 
515. En marzo de 1992, la Comisión inició el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con una ayuda no 
notificada concedida por las autoridades del Reino Unido a British Aerospace 
para la adquisición del grupo Rover que rebasaba los límites fijados por la 
Comisión en 1988'43'. En julio de 1990, la Comisión había tomado ya una 
decisión por la que desautorizaba la ayuda, pero ésta fue anulada por el 
Tribunal de Justicia en febrero de 1992 por razones de procedimiento, 
aduciendo que la Comisión no había dado a las autoridades británicas la 
oportunidad de responder con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 93. En marzo de 1993, la Comisión tomó una nueva decisión de acuerdo 
con el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, en la que consideraba 
que las concesiones financieras adicionales acordadas por las autoridades 
británicas a British Aerospace en 1988 constituían una ayuda estatal 
incompatible con el mercado común'44'. Además, la Comisión decidió que los 
beneficiarios no sólo debían proceder al reembolso de la ayuda, sino a la 
devolución de los intereses correspondientes. Más adelante, las autoridades 
británicas confirmaron que British Aerospace había devuelto la ayuda y los 
intereses, que ascendían en total a 73 millones de ecus, al Ministerio de 
Comercio e Industria. Los intereses cubrían el periodo comprendido entre el 
18 de agosto de 1990 (fecha en que el principal empezaba a devengar intereses 
con arreglo a la decisión de 1990) y el 23 de mayo de 1993. Eligiendo como 
(43) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 413 
(44) DO L 143 de 15.6.93. 
4.1.§6.p.20 
334 
fecha inicial la mencionada, en vez de aquella en que la ayuda había sido 
concedida, la Comisión aceptaba la petición de las autoridades británicas y 
de los beneficiarios de la ayuda de que la nueva política en este ámbito 
emprendida en marzo de 1991, por la que los intereses de las ayudas que deban 
reembolsarse empezarán a devengarse a partir de la fecha efectiva de su pago, 
no se aplicara retroactivamente. La Comisión valoró positivamente el hecho de 
que la empresa y las autoridades británicas hubieran acatado la nueva 
decisión'45'. 
516. En el mes de junio, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda 
regional a Leyland Daf Vans (LDV) para un proyecto de inversión con vistas a 
la recuperación de la empresa. El proyecto, que tendrá una duración de cinco 
años, supondrá un gasto total de inversión de 34 millones de ecus, de los que 
2 7 podrían subvencionarse a través de una ayuda regional. Las subvenciones a 
conceder de 6,4 millones de ecus, suponen una intensidad inferior al 15 % de 
equivalente neto en subvención, es decir, por debajo del límite máximo de las 
ayudas regionales fijado en el 20 %. Basándose en los criterios para la 
concesión de tales ayudas, la Comisión llegó a la conclusión de que, al 
invertir en unas instalaciones obsoletas y de dimensiones excesivas, la 
empresa tenía que hacer frente a una desventaja neta de funcionamiento 
importante. Por ello, la ayuda regional no causaría un grave falseamiento de 
la competencia en un segmento del mercado sin capacidad excedentaria 
estructural a escala comunitaria. La ayuda regional contribuiría asimismo a 
frenar posibles pérdidas de empleo en la zona de Birmingham, en la que el 
nivel de desempleo es bastante elevado. De acuerdo con los criterios 
aplicados para la reestructuración, la Comisión concluyó que la ayuda a la 
recuperación de las actividades relacionadas con la fabricación de furgonetas 
de la antigua Leyland DAF, no permitiría a LDV incrementar su pequeña cuota 
de mercado a expensas de los competidores no beneficiarios de ayudas. LDV no 
sólo estaba diversificando sus actividades, sino concentrando las ventas de 
furgonetas en un segmento de mercado muy especializado dentro del Reino 
Unido, abasteciendo fundamentalmente a clientes con un parque móvil bastante 
amplio. Por lo tanto, la repercusión de la ayuda de reestructuración 
concedida a LDV sobre los demás productores de furgonetas comunitarios no 
será demasiado importante. 
(45) Punto 396 del presente Informe 
4.I.§6.p.21 33b 
<T5> d) Ayudas al sector de las fibras sintéticas 
517. El 1 de enero de 1992, entraban en vigor las nuevas directrices sobre 
ayudas al sector de las fibras sintéticas. Dichas directrices, que serán de 
aplicación hasta el 31 de diciembre de 1994, exigen la notificación de todo 
proyecto de concesión de ayudas, de cualquier naturaleza, a los productores 
de fibras sintéticas, tal como queda definido en las directrices. En 
principio, Alemania sólo aceptó las Directrices por un año, aunque en 
diciembre de 1993 informó que ampliaba el plazo para cubrir asimismo 1994. 
Todos los demás Estados miembros habían aceptado ya las directrices por dos 
años. 
Con arreglo a las Directrices, la autorización de la ayuda sé subordina a una 
reducción significativa de las capacidades de producción por parte de la 
empresa beneficiaría. Para determinar la importancia de la reducción en cada 
caso, la comisión evalúa, entre otras cosas, la intensidad y la localización 
de la ayuda, la magnitud de la inversión, así como la posible contribución de 
ésta a la cohesión comunitaria y su repercusión en el promedio de utilización 
de capacidades al que tiende el beneficiario de la ayuda, el grupo industrial 
al que pertenece y el sector en general. 
<T7> Alemania 
518. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado con relación a cuatro casos de ayudas a empresas situadas en los 
nuevos estados federados, concretamente: 
(i) Márkische Faser AG (Brandeburgo), con respecto a algunas cuestiones 
relacionadas con la privatización de la empresa'46', la adquisición de 
bienes inmobiliarios y algunas aportaciones de capital. 
(ii) Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (Brandeburgo) (3,75 millones de ecus de ayuda 
para la nueva planta de texturacion de hilo de filamentos de poliamida para 
uso textil). 
(iii) SST Garngesellschaft GmbH (Turingia) (2,5 millones de ecus de ayuda 
(46) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 402 
4.I.§6.p.22 
336 
para la nueva planta de producción de fibra discontinua de poliéster. 
(iii) Textilwerke Deggendorf GmbH (Turingia) (22 millones de ecus de ayuda 
para una nueva planta para la fabricación de hilo de filamentos de poliamida 
y de poliéster para uso textil. 
519. Dos de los casos se cerraron con la autorización de la ayuda. En el caso 
de Rhône Poulenc Rhotex, la ayuda fue autorizada, al constatarse que la 
empresa estaba reduciendo de forma significativa sus capacidades para este 
tipo de proceso no sólo en el territorio de la antigua RDA, sino en las 
empresas del grupo en general. Igualmente, la Comisión consideró que la ayuda 
a SST Garngesellshaft podía autorizarse teniendo en cuente que constituía un 
elemento específico del plan a través del cual se quería lograr la 
reestructuración del sector de la fibra sintética en la antigua RDA, 
reduciendo la capacidad de producción a 143 075 toneladas anuales. 
<T7> Francia 
520. Acatando la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, 
por la que se anulaba la decisión inicial de la Comisión de autorizar la 
ayuda'47', la Comisión inicoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 
93 del Tratado CE en relación con la concesión de unos 30 millones de ecus a 
Allied Signal Fibers Europe SA, de Meurthe-et-Moselle, para la construcción 
de una nueva planta para la producción de hilo de filamentos de poliéster 
para uso industrial. 
<T7> Irlanda 
521. La Comisión autorizó la concesión de una ayuda por valor de 180 000 ecus 
a Wellman International Ltd (Cavan), un empresa productora de fibra de 
poliéster y poliamida, para la transformación del equipo actual y la 
concepción de nuevos procedimientos que permitan el ahorro de energía. Las 
razones aducidas por la Comisión para la autorización de la ayuda fueron que 
la inversión iría acompañada de una reducción de capacidad significativa, 
según las directrices, en particular, teniendo en cuenta su intensidad y la 
zona de localización. 
(4 7) Punto 554 del presente Informe 
4.1.§6.p.23 
337 
<T7> Portugal 
522. La Comisión autorizó una ayuda de 2 millones de ecus a la empresa Textil 
Antonio Falcâo Lda, de Braga, para una nueva máquina de extrusión de hilo de 
poliamida y poliéster. Al haber sido notificada antes de la entrada en vigor 
de las nuevas Directrices, la ayuda fue evaluada de acuerdo con las 
anteriores, que expiraban a finales de 1992. La Comisión decidió autorizar la 
ayuda, considerando adecuada la localización de la inversión y escasa su 
repercusión en el comercio intracomunitario. 
<T7> Reino Unido 
523. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en 
relación con la propuesta de conceder una ayuda de 1 millón de ecus a la 
empresa Abingdon Carpets pic para unas instalaciones de fabricación de hilo 
de polipropileno creadas en su fábrica de alfombras de Gwent en 1989. Aunque 
la empresa había solicitado la ayuda para su proyecto en 1988, las 
autoridades británicas no notificaron la propuesta hasta septiembre de 1993. 
524. De acuerdo con las Directrices, que exigen la notificación de toda 
propuesta para la concesión de ayuda a los productores de fibras sintéticas, 
La Comisión recibió notificación de una propuesta para la concesión de una 
ayuda de 1,2 millones de ecus a Bonard Textiles Ltd, Tayside, para la 
adquisición de nuevo equipamiento con vistas a incrementar la capacidad de 
producción de cinta de polipropileno. El 23 de abril de 1993, la Comisión 
decidió no plantear objeciones dado que este producto no constituye una fibra 
en el sentido de las directrices. 
4.1.§6.p.24 
338 
<T5> e) Sectores textil y de la confección 
525. Aunque las actuales normas sobre ayudas a los sectores textil y de la 
confección, que datan de 1977, no exigen específicamente, como en el caso de 
las fibras sintéticas, la notificación por separado de cada una de de ayudas 
concedidas dentro de un programa autorizado, por ejemplo, en el marco de la 
política regional o para las PYME, en un sector como éste, que adolece de 
graves problemas de ajuste estructural, es necesario ejercer un control 
estricto de las ayudas y proceder a la notificación individual de aquellas 
que puedan repercutir en un aumento de las capacidades. A continuación, se 
exponen los casos que la Comisión tuvo que tratar en 1993 y que le fueron 
notificados integrando otros planes generales o constituyendo en sí mismos 
programas sectoriales especiales. 
526. La Comisión autorizó un proyecto de ayuda de unos 4 millones de ecus y 
de una intensidad del 8 % en favor de la empresa Sofisilk, en Mouscron 
(Hainaut), Bélgica. La ayuda consistía en una subvención y una bonificación 
de intereses. 
La ayuda prevista no llevará consigo un aumento de los productos textiles en 
el mercado, ya que Sofisilk no tiene ninguna capacidad para el hilado o 
tejido, sino que sólo interviene en las últimas fases del proceso. Así pues, 
respeta todos los requisitos establecidos por la Comisión en materia textil, 
así como las condiciones fijadas para un régimen de ayuda regional para la 
provincia de Hainaut aprobado por la Comisión en 1975. 
52 7. La Comisión inició una investigación con arreglo al procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación con una ayuda ofrecida por 
el estado federado de Baja Sajonia a Nino Textil AG, en Nordhorn. Las 
autoridades de dicho estado propusieron pagar la garantía bancaria de 13 
millones de ecus que la Comisión había autorizado en 1990 y renunciar a 
exigir su reembolso a Nino. 
La Comisión consideró que proceder al pago de la garantía sin exigir el 
reembolso del préstamo constituía una nueva ayuda que debía notificarse en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado. 
4.1.§6.p.25 
339 
No obstante, durante el procedimiento, la Comisión permitió que la empresa 
recibiera una nueva garantía bancaria provisional para un préstamo reducido 
al mínimo necesario para que Nino pudiera seguir funcionando durante otros 
seis meses hasta que la Comisión tomara una decisión definitiva, con arreglo 
al procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Sin esta ayuda, la empresa 
no hubiera podido sobrevivir durante este periodo'48'. Si al cabo de ios 
seis meses el procedimiento del apartado 2 del artículo 92 no hubiera 
concluido, la Comisión consideraría la posibilidad de ampliar la garantía 
mientras durara el procedimiento. 
528. La Comisión autorizó un programa existente destinado a la mejora de las 
actividades de exportación de la industria textil de la lana en el Reino 
Unido. El programa corre a cargo del British National Wool Textile Export 
Cooperation y sus beneficiarios son, en su mayor parte, pequeñas y medianas 
empresas. El régimen se financia mediante una exacción pagada por las 
empresas que llevan a cabo actividades específicas en los sectores de 
tratamiento de la lana, está íntegramente autofinanciado y su presupuesto es 
muy pequeño. No existe ningún gravamen sobre las importaciones y las 
exportaciones no están exentas del pago del impuesto. Así pues, el régimen 
puede considerarse compatible. 
529. La Comisión inició una investigación con arreglo al apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado en relación con una ayuda a la inversión por valor de 
76 millones de ecus destinada a Hualon Corporation, empresa radicada en 
Belfast. 
El plan de inversión, que se desarrollará en cuatro fases durante el periodo 
1993-2000, prevé la construcción de edificios y la instalación de una planta 
para el hilado, el teñido y el acabado de 23 000 toneladas de poliéster, 
poliamida y polialgodón. 
La ayuda no entraba dentro del ámbito de aplicación de las Directrices sobre 
ayudas al sector de las fibras sintéticas, ya que las actividades de Hualon 
se situarían en una fase posterior a la producción. Sin embargo, la ayuda 
estaba cubierta por las directrices para el sector textil fijadas por la 
Comisión en 1971 y 1977, por las que se establece que ninguna ayuda puede 
(48) Punto 444 del presente Informe 
4.1. §6. p. 26 "7 A Pi 
provocar un aumento de capacidades y que se deberá tener en cuenta la 
situación global del sector dentro de la Comunidad. Aunque el nivel de la 
ayuda (38 %) era inferior al límite fijado para la región, la Comisión señaló 
.que, habida cuenta de que la inversión no se completaría hasta el 2 001, por 
el momento no se podía evaluar si las ventajas de esta ayuda de finalidad 
regional (creación de 1 800 puestos de trabajo en Irlanda del Norte) 
compensarían los efectos negativos sobre el sector textil en cuestión. 
4.I.§6.p.27 
341 
<T5> f) Ayudas a la industria hullera 
530. En aplicación de lo dispuesto en la Decisión n° 2064/86/CECA'49', 
relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros 
en favor de la industria hullera, a lo largo de 1993, la Comisión veló por 
que las medidas financieras previstas en favor del sector respetaran 
rigurosamente estas reglas. 
Las medidas financieras se han sido autorizadas en la medida en que cumplían 
los objetivos y criterios de aplicación de tales disposiciones y los 
objetivos específicos previstos en los artículos 3 y 4 del Tratado CECA. 
En este contexto, la Comisión aprobó mediante decisión los proyectos de ayuda 
para el año 1993 de la República Federal de Alemania, el 24 de diciembre de 
1992 (50) (51) / de Bélgica, el 24 de febrero de 1993'52', de Francia el 18 
de mayo de 1993'53' y de Portugal el 7 de diciembre de 1993'54'. 
Mediante sus decisiones de 23 de diciembre de 1992'55' '56', dirigidas al 
Gobierno español, la Comisión autorizó las medidas financieras en favor de la 
industria hullera española para el año 1993. A través de dichas decisiones, 
la Comisión regulaba otras intervenciones financieras para los años 1991 y 
1992 que el Gobierno se proponía efectuar, una vez tomadas las medidas de 
reestructuración, racionalización y modernización del sector minero, así como 
la intervención financiera que constituyen los montantes compersatorios que 
se pagarán a los productores de electricidad en el marco del régimen de ayuda 
OFICO en. el año 1992. 
El Reino Unido omitió notificar las ayudas a la producción en favor de la 
industria hullera para el ejercicio 1993/94. Esta falta de notificación se 
inscribe en la política del Gobierno británico de limitar la concesión de 
(49) DO L 177 de 1.7.1993, p.l. 
(50) DO L 58 de 11.0.1993, p. 60. 
(51) DO L 59 de 12.03.1993, p.33. 
(52) DO 1 85 de 6.4.1993. 
(53) DO L 198 de 7.8.1993, p.33. 
(54) DO L 23 de 28.1.1994, p.30. 
(55) DO L 57 de 10.03.1993, p.24. 
(56) DO L 57 de 10,03.1993, p.26. 
4.1.§6.p.28 
342 
ayudas a los costes por despido y otros costes sociales vinculados a la 
reestructuración, racionalización y modernización de la industria hullera. 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión n° 2064/86/CECA, 
La Comisión presentó al Consejo el informe anual sobre la aplicación de tales 
normas en 1992'57' . 
Previendo que el vigente régimen comunitario de intervenciones financieras de 
los Estados miembros en favor de la industria hullera (Decisión n° 
2064/86/CECA) expiraba el 31 de diciembre de 1993, el 28 de diciembre la 
Comisión aprobó la Decisión n° 3632/93'58' por la que se establecía un nuevo 
régimen de ayudas a la industria hullera comunitaria que debía entrar en 
vigor el 1 de enero de 1994. 
Por último, el 25 de marzo de 1993, la Comisión aprobó el informe sobre el 
mercado de combustibles sólidos en la Comunidad en 1992 y sus perspectivas 
para 1993'59' . La revisión de dicho informe'60'fue aprobado por la Comisión 
el 23 de septiembre de 1993. 
(57) COM(93)589 final de 26.11.1993. 
(58) DO L 329 de 30.12.1993. 
(59) SEC(93) 441 final de 25.3.1993. 
(60) SEC(93) 1399 final de 23.9.1993 
4^ 
Ayudas al sector hullero 
Ayudas a la producción corriente en 1992 y 1993 o^ 
•d 
en millones de ecus 
Ayudas con arreglo a la 
Decisión 2064/86/CECA 
1. Intervenciones directas 
- artículo 3 
- artículo 4 
- artículo 5 
- artículo 6 
- Otros 
TOTAL 
ecus/tonelada beneficiaria 
2. Intervenciones indirectas 
TOTAL 
ecus/tonelada beneficiaria Bélgica 
1993 
-
. 
-
-1992 
33,5 
33.5 
153,67 
7,4 
40,9 
187,61 R F Alemania 
1993 
139,4 
1513,3 
61,6 
1714,3 
26,66 
2566,7 
4281,0 
66,58 1992 
177,7 
1787,7 
65,6 
2031,0 
28,15 
2466,7 
4497,7 
62,34 España 
1993 
355,4 
24,9 
380,3 
20,56 
15,5 
395,8 
21,39 1992 
379,7 
66,3 
446,0 
23,94 
17,3 
463,3 
24,87 Francia 
1993 
191,3 
191,3 
21,33 
-
191,3 
21,33 1992 
186,9 
186,9 
19,72 
-
186,9 
19,72 Portugal 
1993 
6,1 
0,6 
6,7 
27,73 
-
6,7 
27,73 1992 
5,0 
0,8 
5,8 
26,36 
-
5,8 
26,36 Reino Unido 
1993 
-
. 
-
-1992 
-
-
-
-Comunidad 
1993 
692,2 
1513,3 
24,9 
61,6 
0,6 
2292,6 
14,33 
2582,2 
4874,8 
30,47 1992 
782,8 
1787,7 
65,6 
67,1 
2703,2 
14,64 
2491,4 
5194,6 
28,14 
Osi 
4.1.§7.p.26 
344 
<T3> §7. Ayudas a otros sectores industriales 
531. En 1993, la mayor parte de las ayudas a sectores industriales no sujetos 
a directrices fueron ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en 
dificultad, tal como se menciona anteriormente'1'. También se evaluaron 
algunos regímenes de apoyo a sectores industriales específicos financiados 
mediante impuestos especiales. Los problemas que generan estos regímenes se 
describen en la sección introductoria de este capítulo'2'. Los demás 
asuntos, relativos al sector de la energía, se mencionan a continuación. 
<T4> - Energía 
532. En julio, la Comisión autorizó al Gobierno británico a mantener un 
impuesto especial sobre el precio de la electricidad para fomentar la 
producción de energías renovables en Inglaterra y en el País de Gales. Este 
impuesto, denominado "Fossil Fuel Levy", se introdujo en 1990, coincidiendo 
con la privatización de gran parte del sector de la electricidad en el Reino 
Unido, y se utilizó principalmente para contribuir a los gastos de 
almacenamiento y gestión de residuos de las centrales nucleares. Aunque este 
impuesto especial también constituye una ayuda a la electricidad producida 
con fuentes de energía renovables, la Comisión, al autorizarlo en 1990'3', 
limitó su aplicación hasta 1998, en atención a su componente nuclear. 
Para las energías renovables, que requieren un apoyo a más largo plazo, esta 
fecha constituía un obstáculo al desarrollo, por lo que la Comisión amplió 
este plazo, siempre que se tratara de energía renovable, y autorizó al Reino 
Unido a mantener este impuesto más allá del año 2000 para financiar una 
capacidad adicional de 90 000 MW de energía renovable en Inglaterra y en el 
País de Gales. En su momento álgido, el impuesto oscilará en torno a 240 
millones de ecus anuales para el fomento de energías renovables. En julio y 
agosto, la Comisión autorizó asimismo regímenes para subvencionar 
electricidad producida con fuentes de energía renovables en Irlanda del Norte 
y Escocia. Estos dos últimos regímenes abarcan una capacidad total de 3 00 MW. 
(1) Véase punto 444 del presente Informe. 
(2) Véase punto 3 91 del presente Informe. 
(3) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 293. 
4.1.§7.p.27 
345 
Las ayudas para electricidad producida con energías renovables no se 
contabilizan en el máximo del 20 % de demanda de electricidad que la Comisión 
aplica al evaluar las subvenciones y demás acuerdos destinados a proteger los 
hidrocarburos nacionales'4'. 
533. En 1992,. la Comisión decidió que la nueva tarifa para el suministro de 
gas aplicada por Gasunie a los productores de amoniaco en los Países Bajos no 
constituía ayuda, pero solicitó del Gobierno neerlandés que notificara las 
condiciones de una cláusula de revisión por la que el productor podía obtener 
descuentos sobre los precios de tarifa'5'. Estas rebajas no debían situar 
los precios por debajo de los aplicados al gas exportado de los Países Bajos 
para ser utilizado como materia prima. 
En 1993, las autoridades neerlandesas notificaron a la Comisión que Gasunie 
deseaba conceder a los productores neerlandeses de amoniaco un descuento de 
0,88 céntimos por metro cúbico de marzo a octubre de 1992 y 0,58 céntimos por 
metro cúbico de mayo a julio de 1993. En estos dos períodos, se registró una 
reducción considerable, de hasta un 20 %, en los precios del amoniaco, 
principal materia prima para la producción de abonos nitrogenados. Las 
rebajas se situaron en torno al 6 y al 3,8 % respectivamente del precio de 
tarifa y, con todo, los precios se situaron por encima de los aplicados por 
Gasunie para el suministro a los distribuidores belgas, alemanes y franceses. 
La Comisión consideró que estas rebajas constituían una actuación comercial 
normal de Gasunie. Ante la caída de los precios, debida en parte a 
importaciones a bajo precio procedentes de los países de Europa Oriental, los 
clientes de Gasunie tuvieron que cerrar fábricas de amoniaco para contener 
las fuertes pérdidas. Las rebajas no supusieron una ventaja en términos de 
competencia para los productores neerlandeses sobre los productores 
extranjeros de amoniaco, ya que los precios de exportación del gas neerlandés 
seguían siendo inferiores a los que se facturó a los productores 
neerlandeses. 
(4) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 146 
y 433. 
(5) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 434-437. 
4.1.§8.p.l 
346 
<T3> §8. Ayudas en el sector del transporte 
<T5> a) Transporte terrestre 
534. Las ayudas estatales para el mantenimiento de los servicios públicos 
esenciales son un elemento vital de la política común de transporte. El 
artículo 77 del Tratado autoriza las ayudas destinadas a compensar las 
obligaciones de servicio público. Por lo que se refiere al tráfico por 
ferrocarril, el Reglamento 1893/91'6' permite, desde el 1 de julio de 1992, 
la celebración por las autoridades competentes de contratos que garanticen la 
prestación de servicios. La Comisión examinará la forma en que se ha hecho 
uso de esta nueva posibilidad para garantizar su plena eficacia. 
A la luz de lo dispuesto en la Directiva 91/440'7', en materia de separación 
contable entre los costes de infraestructura y las actividades de transporte, 
se puso de manifiesto el tema general del pago de los costes de 
infraestructura, especialmente para el transporte de mercancías. Con arreglo 
al apartado 3 del artículo 93 del Tratado, el Reino Unido notificó su 
intención de instituir subvenciones para el transporte de mercancías y un 
sistema de tasas por la utilización de vías. Tras examinar estos regímenes, 
la Comisión decidió no plantear objeciones, dado que contribuyen al objetivo 
de la Comisión de aprovechar mejor el ferrocarril para el transporte de 
mercancías. 
La Comisión decidió que no constituyen ayuda estatal las ventajas financieras 
concedidas por los ferrocarriles alemanes (DB) a algunas empresas para 
estimular la construcción de apartaderos o mantener los existentes. La 
Comisión consideró que estos acuerdos (préstamos y puesta a disposición de 
material y de personal) fueron financiados íntegramente al margen de los 
costes relativos al transporte de mercancías pagados posteriormente a DB por 
la empresa constructora, por lo que se ajustaban al principio del inversor 
privado. 
Por lo que se refiere al transporte por vía navegable, el Reglamento 3690/92 
de la Comisión'^' introduce cambios en las condiciones financieras de las 
acciones de desguace para retirar más buques de las flotas y poder reducir el 
(6) DO L 169, 29.6.1991, pág. 1. 
(7) DO L 237, 24.8.1991, pág.25. 
(8) DO L 374/22, 22.12.1992, pág. 22 
4.I.§8.p.2 _ 
347 
exceso de capacidad en este sector. Estas medidas entraban en vigor el 1 de 
enero de 1993. 
La Comisión, tras incoar el procedimiento en virtud del apartado 2 del 
artículo 93, adoptó una decisión negativa respecto del Decreto italiano de 28 
de enero de 1992 que establecía un crédito fiscal para los transportistas por 
carretera italianos. La Comisión decidió que esta ayuda era incompatible con 
el Tratado, ya que no cumplía ninguno de los requisitos de exención que 
establecen los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado o el Reglamento 
(CEE) 1107/70 del Consejo. 
En 1991, la Comisión incoó este mismo procedimiento con respecto a un 
proyecto de ley del Gobierno italiano que incluía ayudas públicas para la 
reestructuración del sector italiano del transporte por carretera. En marzo 
de 1993, la Comisión decidió ampliar el procedimiento a otra ley italiana, 
aprobada en febrero de 1992, que contenía las mismas ayudas estatales que 
dieron lugar al inicio del procedimiento en 1991. 
Por último, en mayo de 1993, la Comisión autorizó un programa español de 
ayudas por un importe máximo de 81 millones de ecus destinado a mejorar el 
sector del transporte por carretera durante el período 1993-1995. Se tuvo 
especialmente presente que el programa permitirá reducir la sobrecapacidad 
del sector en al menos un 8 %. 
<T5> b) Transporte marítimo 
535. La Comisión está examinando varios asuntos que incluyen ayudas estatales 
y sigue revisando las Orientaciones para el examen de las ayudas estatales a 
las compañías marítimas de la Comunidad, aprobadas en 1989, a la luz de lo 
acaecido desde entonces. 
La Comisión también emprendió un estudio sobre la transparencia de las 
relaciones financieras entre las autoridades públicas y los puertos, que 
concluirá antes de finales de año. 
Este año, la Comisión adoptó decisiones sobre varios casos de ayudas 
estatales relacionados con el transporte marítimo y los puertos. En julio, 
aprobó una nueva ayuda estatal provisional para fomentar el transporte 
4.1.§8.p.3 
348 
marítimo en los Países Bajos. El presupuesto previsto para el año civil 1993 
es de 27 millones de ecus. La medida sólo se aplicará durante un año. 
La Comisión autorizó dos regímenes de ayudas estatales para el transporte 
marítimo en Alemania. Uno de ellos autoriza contribuciones financieras para 
armadores con buques de construcción reciente que naveguen bajo pabellón 
alemán. Este régimen, aprobado en diciembre, sólo se aplicará en 1993 y 1994 
y su importe total para los dos años asciende aproximadamente a 110 millones 
de ecus. 
En octubre, la Comisión aprobó unas ayudas para la privatización de Deutsche 
Seereederei Rostock, por un importe de 170 millones de ecus, destinadas a 
mantener los niveles de empleo en el estado federado de Mecklemburgo-
Pomerania occidental. 
La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de 
unas ayudas propuestas por las autoridades vascas para una nueva línea 
marítima entre Bilbao y Portsmouth. El procedimiento permitirá a la Comisión 
determinar si la ayuda, que asciende a 8,5 millones de ecus, es compatible 
con el mercado común. 
Por lo que se refiere a los puertos, la Comisión autorizó en julio el pago de 
ayudas para apoyar la reestructuración del sector portuario italiano (70 
millones de ecus), pero inició el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 respecto de unas ayudas de 34 millones de ecus destinadas a 
reducir los déficit comerciales de las compañías portuarias. 
La Comisión consideró que el apoyo financiero de 3 millones de ecus concedido 
por las autoridades españolas para los puertos de recreo catalanes son 
compatibles con el mercado común a efectos del artículo 92. 
<T5> c) Transporte aéreo 
536. Desde la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, de los Reglamentos 
2407/92, 2408/92 y 2409/92'9', que representan la tercera y última fase de 
medidas de liberalización en el transporte aéreo comunitario, es 
imprescindible un enfoque más riguroso para evaluar las ayudas a los 
transportistas aéreos comunitarios. 
(9) DO L 240, 24.8.1992 
4.1.§8.p.4 349 
La Comisión decidió considerar compatible con el mercado común, en virtud de 
la letra a) del apartado 3 del artículo 92, una ayuda notificada por el 
Gobierno portugués destinada a compensar el déficit acumulado de TAP para el 
período 1978-1991, debido a las obligaciones de servicio público en las rutas 
hacia las regiones autónomas de Azores y de Madeira'1^*'. La ayuda ascendía a 
178 millones de ecus aproximadamente (163 millones para la liquidación de la 
deuda y 5 millones de aportación de capital) . Por otra parte, en la misma 
Decisión, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 
respecto del nuevo método adoptado por las autoridades portuguesas para 
compensar las pérdidas sufridas por TAP en el cumplimiento de sus 
obligaciones de servicio público en estas mismas rutas. De acuerdo con este 
método, la compensación se calcula sobre la base de la diferencia entre las 
tarifas impuestas a TAP y las tarifas que TAP aplicaría si tuviese en cuenta 
sus intereses comerciales. El procedimiento se incoó porque este método, amén 
de no ser transparente, encierra el riesgo de que la compensación sea 
superior al déficit. 
También se incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de 
ayudas no notificadas en el contexto de la privatización y venta de la 
academia de pilotos RLS a KLM'11'. El Gobierno neerlandés vendió dicha 
academia de pilotos a KLS (propiedad al 100 % de KLM) por el importe 
simbólico de un florín neerlandés y se comprometió a cubrir su déficit de 
explotación en los cinco años siguientes a la privatización. La Comisión 
incoó el procedimiento porque duda que el precio de venta de un florín 
neerlandés refleje el valor real de mercado del centro y alberga serias dudas 
en cuanto a la compatibilidad con el mercado común de las ayudas consistentes 
en cubrir los déficit de explotación. 
537. En noviembre, la Comisión inició el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con la suscripción por 
parte de una filial de la Caisse des Dépôts et Consignations - Participations 
de las obligaciones emitidas por Air France en el mes de marzo. La emisión de 
224 millones de ecus incluye dos tipos de obligaciones: obligaciones 
reembolsables en acciones (112 millones de ecus) y el resto en títulos 
subordinados con un tipo de interés progresivo que incluyen cupones de 
suscripción de acciones. 
(10) DO C 178, 30.6.1993. 
(11) DO C 293, 29.10.1993 
,,§s.P, 350 
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento refleja sus dudas sobre 
el carácter comercial de la operación que, habida cuenta de la situación 
financiera de Air France, parece ser una ayuda estatal a efectos del Tratado. 
Por consiguiente, la Comisión habrá de comprobar si la operación financiera 
está relacionada con un plan de reestructuración presentado por la compañía 
francesa a finales de 1992 para recuperar su viabilidad. Asimismo, estudiará 
la incidencia de la ayuda en la, competencia comunitaria, teniendo presente la 
posición competitiva de Air France en el sector del transporte aéreo y, en 
particular, en su mercado nacional. 
538. En diciembre, la Comisión decidió autorizar la aportación de capital de 
216 millones de ecus del Gobierno irlandés a Aer Lingus. Esta operación, que 
deberá realizarse en tres tramos, permitirá a Aer v Lingus aplicar un plan 
global de reestructuración. La Comisión considera que la compañía podrá 
recuperar su viabilidad comercial en los próximos dos años. 
Ante la competencia creciente en el sector del transporte aéreo, a raíz de la 
entrada en vigor de los Reglamentos 2407/92, 2408/92 y 2409/92 ("tercer 
paquete") el 1 de enero de 1993, la Comisión considera necesario un control 
más estricto de las ayudas estatales para evitar efectos contrarios al 
interés común. 
En general, las compañías aéreas que reciben ayuda estatal deben competir de 
forma equitativa y libre en el mercado único, teniendo en cuenta la demanda 
existente y el crecimiento futuro del mercado. Ahora bien, sería injusto que 
se les concediera una mayor posibilidad de competencia frente a los demás 
transportistas de la Comunidad. 
La Comisión exige el compromiso firme de que no se utilizarán las ayudas 
estatales para permitir a Aer Lingus competir en condiciones desiguales en el 
mercado común. 
En este caso, el compromiso del Gobierno irlandés, contraído para toda la 
duración del programa de reestructuración, incluye los siguientes puntos: 
4.I.§8.p.6 
351 
se llevará a cabo el programa de reducción de costes según lo previsto; 
el Gobierno irlandés informará periódicamente a la Comisión sobre la 
evolución financiera y económica de Aer Lingus y de la aplicación del 
programa ; 
Aer Lingus no ampliará su flota operativa; 
el Gobierno irlandés no concederá más ayudas a Aer Lingus; 
en caso de que se cree antes de que finalice el período de 
reestructuración, la filial de bajo coste Aer Lingus Express, ésta 
operará en el marco de la flota operativa de Aer Lingus; 
los vuelos en Europa, los vuelos transatlánticos y, si se crea, Aer 
Lingus Express, se englobarán en entidades jurídicas independientes y se 
operarán como tales, con una contabilidad auditada por separado que 
permita un análisis transparente de sus operaciones; 
Aer Lingus no ampliará las plazas ofrecidas a la venta para el público 
en los servicios regulares de las rutas Irlanda/Reino Unido y de la ruta 
Dublin/Londres (Heathrow) por encima de los límites especificados, 
teniendo en cuenta los niveles de tráfico alcanzados en el año anterior 
a la notificación; 
Aer Lingus utilizará estos fondos exclusivamente con fines de 
reestructuración y no adquirirá acciones de ninguna compañía aérea 
comunitaria. 
539. La. Comisión emitió dos Recomendaciones en virtud del apartado 1 del 
artículo 93 del Tratado destinadas a los Gobiernos alemán y portugués'12' 
para suprimir las exenciones fiscales concedidas a TAP y el sistema de 
amortización excepcional en favor de las compañías aéreas alemanas. Ante la 
negativa del Gobierno alemán a suprimir dicho sistema, la Comisión incoó el 
procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de este privilegio 
fiscal'13'. 
La Comisión está actualizando sus directrices para la evaluación de los 
regímenes de ayuda en favor de las compañías aéreas comunitarias. La Comisión 
tendrá presentes las conclusiones del "comité de sabios". Por consiguiente, 
las nuevas directrices se publicarán cuando finalice la labor de este comité 
sobre el futuro de la aviación civil comunitaria. 
(12) DO C 163, 15.6.1993 
(13) DO C 16, 19.1.1994. 
4.1.§9.prl 
7 52 
<T3> §9. Ayudas en otros sectores de servicios 
<T4> - Servicios financieros 
540. La liberalización de los servicios de correos y financieros siguió dando 
lugar a denuncias de competidores privados contra los bancos estatales y 
administraciones de correos. Las reclamaciones se refieren a los privilegios 
especiales de que disfrutan los operadores del sector público, a las 
aportaciones de fondos públicos en la privatización de estas empresas y a la 
ampliación de sus actividades a mercados reservados hasta entonces al sector 
privado. 
541. De acuerdo con las orientaciones del Libro Verde sobre servicios 
postales'14', la Comisión siguió examinando las medidas adoptadas por las 
autoridades belgas respecto del OCP (Office des Chèques Postaux), así como la 
situación del OCCH (Office Central de Crédit Hypothécaire) y las 
disposiciones que aprobó el Gobierno francés en 1990 sobre la fiscalidad 
aplicable a los servicios financieros de Correos. 
(14) COM(92) 476 final de 11.6.1992 
4.1.§9.p.2 
óbó 
<T4> Apuestas hípicas 
542. En diciembre de 1990, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 
del artículo 93 del Tratado CE respecto de algunas ayudas financieras 
concedidas a Pari Mutuel Urbain (PMU). 
Tres de estas ayudas no fueron suspendidas a raiz del inicio del 
procedimiento, por lo que la Comisión adoptó en junio de 1991 una Decisión 
provisional por la que emplazaba a las autoridades francesas a que las 
suspendiesen en un plazo de quince días. 
Una de las peculiaridades del sector de las apuestas hípicas es que la 
competencia y los intercambios entre Estados miembros sólo se han 
desarrollado en los últimos años. Las empresas en competencia son escasas y 
los intercambios se refieren ante todo a apuestas hechas en un Estado miembro 
sobre carreras hípicas de otros Estados miembros y al intercambio de imágenes 
televisadas de las mismas. Por estos motivos, la Comisión experimentó ciertas 
dificultades para formular una evaluación con fundamento respecto de las 
posibles ayudas estatales en las medidas adoptadas por el Gobierno francés en 
favor de PMu'15'. 
En septiembre, la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado adoptando una Decisión cuyo contenido esencial es el 
siguiente. 
De las tres medidas que indujeron a la Comisión a adoptar una decisión 
provisional, dos deben considerarse ayudas incompatibles. En particular, PMU 
deberá reembolsar los importes de que se benefició gracias a la exención de 
la contribución empresarial para construcción de viviendas sociales. La otra 
medida, consistente en una dispensa de la norma del mes vencido para la 
deducción del IVA, aunque constituye una ayuda incompatible, se viene 
compensando mediante un depósito permanente de las sociedades de carreras en 
el Tesoro, por lo que se anula su incidencia en la competencia y en los 
intercambios. Las demás medidas deben considerarse parte de la tesorería 
normal de PMU, por lo que no plantean objeciones a la luz del apartado 1 del 
artículo 93 del Tratado CE. 
(15) Ver anexo III.A.1. apartado c) del presente Informe. 
4.I.§9.p.3 
354 
<T4> - Sector de la edición 
543. En mayo, la Comisión autorizó cuatro regímenes de ayuda de la 
Coopérative d'exportation du livre français (CELF) para fomentar la venta de 
libros franceses en países no francófonos. Pese a tratarse de subvenciones a 
la exportación de libros -en cantidades reducidas-, se justificó su 
autorización por motivos culturales, ya que todos los editores de libros 
franceses de la Comunidad pueden acogerse a estos regímenes. La Société 
internationale de diffusion et d'édition (SIDE) interpuso un recurso contra 
esta Decisión ante el Tribunal de Primera Instancia'16'. 
<T4> - Industria audiovisual 
544. En junio, la Comisión aprobó una propuesta del Gobierno francés cuyo 
objeto es ampliar a la venta de cintas de vídeo grabradas un régimen de 
impuestos especiales sobre el precio de las entradas de cine y los ingresos 
de las cadenas de televisión. La recaudación de este gravamen se destina a 
financiar la producción cinematográfica y de programas de televisión de 
calidad'17'. Las ventas de cintas de vídeo representan una parte creciente 
de los ingresos del sector cinematográfico, por lo que el Gobierno francés 
abogaba por que este medio de distribución participara en el sistema de apoyo 
a la industria. En 1992, la Comisión aprobó un régimen de ayudas a la 
industria cinematográfica alemana que incluía un impuesto especial sobre las 
cintas de vídeo grabadas'18'. 
545. En octubre, la Comisión aprobó una subvención de 6 millones de ecus 
concedida por el estado federado de Brandeburgo a los estudios Baselberg. Los 
antiguos estudios "Ufa/Defa", en los que se rodaron muchas de las películas 
alemanas más famosas anteriores a la guerra, fueron comprados al 
Treuhandanstalt por un consorcio internacional que tiene previsto 
convertirlos en un centro moderno de producción de películas europeas. La 
subvención del estado federado se destinó a inversiones en los estudios de 
sonido. 
546. Cuatro cadenas privadas de televisión de España, Francia y Portugal 
denunciaron a la Comisión la supuesta competencia desleal de las empresas 
(16) Asunto T-49/93, DO C 272 de 8.10.1993. 
(17) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 444. 
(18) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 442. 
4.I.§9.p.4 
355 
públicas de radiodifusión, que reciben subvenciones e incurren en prácticas 
anticompetitivas. Estas cadenas consideran que la financiación de las 
empresas estatales de radiodifusión, mediante cánones, aportaciones de 
capital y otros pagos, constituye una compensación excesiva por las 
obligaciones de servicio público que pueden serles impuestas, y representan 
por tanto ayudas estatales que pueden falsear la competencia. Para colaborar 
en el análisis de estas reclamaciones, la Comisión ha solicitado de 
consultores independientes que realicen un estudio sobre el equilibrio 
adecuado entre los derechos y obligaciones y los recursos financieros de las 
cadenas de televisión públicas y privadas, respectivamente, en la Comunidad 
Europea. El estudio concluirá a mediados de 1994. 
4.I.§10.p.1 356 
<T3> §10. Ayudas estatales en el sector agrario 
547. En el sector agrario, la actividad de la Comisión está determinada en 
gran parte por las disposiciones de la Política Agrícola Común, cuyos 
principios figuran en numerosos Reglamentos del Consejo. Por lo que se 
refiere a las organizaciones comunes de mercados, se trata ante todo de 
reglamentos, en principio exhaustivos, relativos a los distintos productos y 
que excluyen medidas de apoyo adicionales a los mercados nacionales mediante 
ayudas estatales. En cuanto a las medidas sobre estructuras agrarias y medio 
ambiente, la política de la Comisión en materia de evaluación de las ayudas 
estatales, con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE, también viene 
determinada en gran parte por los Reglamentos del Consejo. En este contexto, 
es especialmente importante la aprobación del Reglamento (CEE) 2078/92 del 
Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de 
protección del medio ambiente y conservación del espacio natural'19'. Este 
Reglamento, en el que se establece que los Estados miembros pueden conceder 
ayudas estatales adicionales con requisitos distintos y por importes 
superiores a los que dispone la normativa, constituye una de las medidas 
complementarias de la reforma de la PAC de 1992. Para evaluar estos regímenes 
de ayudas estatales, la Comisión debe tener en cuenta los criterios básicos 
que figuran en el Reglamento. Con respecto a los aplicados anteriormente, en 
virtud del Reglamento (CEE) 2328/91 del Consejo, que marcaba la pauta en 
materia de requisitos medioambientales, cabe destacar los siguientes cambios: 
también podrán concederse ayudas para mantener determinadas prácticas 
agrarias, incluso si no existe un peligro inmediato de desaparición 
los programas de ayuda podrán abarcar regiones enteras y no deberán 
limitarse exclusivamente a las zonas sensibles en términos ambientales 
la ayuda (por ejemplo, prima por hectárea) puede considerarse un 
incentivo y, en este caso, será superior a las pérdidas de ingresos o a 
los posibles costes adicionales que requiera el cumplimiento de las 
normas sobre protección del medio ambiente. 
No se ha definido aún la totalidad de los nuevos parámetros que establece 
esta normativa. Ahora bien, es obvio que ya existe una amplia gama de 
;i9) DO L 215 de 30.7.1992, p. 85. Asimismo, Punto 384 del presente Informe 
4.I.§10.p.2 
357 
posibilidades para acogerse a ventajas medioambientales. 
Las ayudas estatales relacionadas con el medio ambiente pueden generar 
ingresos adicionales en el sector agrario, en los Estados miembros que estén 
dispuestos a ofrecer a sus agricultores las nuevas posibilidades que brinda 
el Reglamento (CEE) 2078/92, al margen de las que contienen las medidas 
cofinanciadas por la Comunidad. 
548. Como ya se ha mencionado, la Comisión suele plantear objeciones a las 
ayudas que constituyen medidas de apoyo a mercados nacionales de productos 
sujetos a las distintas organizaciones comunes de mercado. Estas ayudas 
nacionales por unidad de producto o insumo suelen perturbar los mecanismos 
del mercado comunitario y, en su calidad de ayudas de funcionamiento, no 
tienen efectos duraderos para el desarrollo del sector considerado. Así pues, 
la Comisión aprobó dos decisiones finales denegatorias respecto de dos 
regímenes de ayuda italianos, uno sobre ayudas a los productores de aceite de 
oliva, que rebasaba el importe total de ayuda que autoriza la organización de 
mercado de las materias grasas y aceites, y otro sobre ayudas para el 
almacenamiento privado de frutos de cascara. 
La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado 
respecto del supuesto uso incorrecto de un régimen aprobado en 1992'20' para 
la exportación de champiñones irlandeses. La Comisión consideró que esta 
ayuda era contraria a la organización de mercados de las frutas y verduras y 
constituía una ayuda de funcionamiento sin efectos duraderos para el 
desarrollo del sector. De acuerdo con los datos que obraban en poder de la 
Comisión, la ayuda se basaba en la cantidad de champiñones exportados y 
reducía los costes de los exportadores. Por consiguiente, se consideró que 
esta ayuda no se ajustaba al régimen del que dependía, que había sido 
aprobado. Su objetivo era evitar despidos masivos en las pequeñas y medianas 
empresas, que registraron importantes pérdidas como consecuencia de la 
depreciación de la libra. La Comisión no planteó objeciones en 1992 respecto 
de este régimen, por considerar que productos como los champiñones, para los 
que existe una organización común de mercados, no podían acogerse a apoyos 
directos para evitar infracciones a dicha organización. 
(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 470. 
4.I.§10.p.3 358 
Otro motivo por el que se incoó el procedimiento en este asunto fue que uno 
de los requisitos para la concesión de la ayuda constituía una medida de 
efecto equivalente a una restricción cuantitativa del comercio, en infracción 
de los artículos 30 y siguientes del Tratado. De acuerdo con los datos de que 
dispuso la Comisión, la ayuda sólo se concedía a los productores que 
compraban abono a una o varias de las cinco empresas irlandesas de 
fertilizantes. Este asunto es un buen ejemplo de cómo la Comisión, al 
analizar las ayudas estatales, ha de tener presentes las demás disposiciones 
del Tratado. Debe considerarse que una ayuda es incompatible con el artículo 
92 si los requisitos para su concesión son contrarios a cualquier otra 
disposición de la normativa comunitaria. 
Otro asunto relacionado con una organización común de mercado en el que la 
Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CEE fue el de la ayuda (en forma de transferencia de activos a una 
nueva cooperativa que había de llamarse Milk Marque) del Milk Marketing Board 
de Inglaterra y Gales, que constituye en la actualidad un monopolio virtual 
en materia de recogida y comercialización de leche. 
Sobre la base de esta transferencia, Milk Marque expedirá a los productores 
de leche certificados de asociación, que no podrán ser cedidos y que los 
productores que no se adhieran a la nueva cooperativa podrán canjear por 
efectivo en el quinto aniversario de su fundación. Milk Marque abonará un 
interés anual del 7% tras una moratoria de un año. 
La Comisión consideró que estos acuerdos, que probablemente subestiman el 
valor de los activos que han de ser transferidos a Milk Marque, no reflejan 
condiciones normales de mercado, y en cambio infringen el principio de 
mercado abierto que establece la sentencia del Tribunal de Justicia en el 
asunto 177/78 (Pigs and Bacon Commission - Me Carren and Company Ltd). Los 
productores de leche que no quieran adherirse a Milk Marque serán inversores 
a la fuerza de la nueva cooperativa, que no se constituirá de forma 
auténticamente voluntaria. Por consiguiente, la Comisión hubo de considerar 
que la medida constituía una infracción de la organización de mercado de la 
leche y otros productos lácteos. 
549. En el sector vinícola, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 
del artículo 93 contra una ayuda alemana para destilación adicional de 
4.1.§10.p.4 359 
vino en Renania-Palatinado superior a las cantidades que establece esta 
organización común de mercado. Posteriormente, en febrero de 1993, el Consejo 
decidió autorizar esta ayuda en virtud del tercer párrafo del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE, alegando la concurrencia de circunstancias 
excepcionales, criterio que la Comisión no puede invocar al evaluar las 
ayudas estatales. 
No obstante, cabe observar que no es éste el único caso en que la Comisión, 
tras recurrir el Consejo a esta disposición del Tratado para autorizar ayudas 
en el sector vinícola, decide incoar el procedimiento'21'. En 1992 y 1993, 
el Consejo aprobó cuatro decisiones sobre ayudas en el sector vinícola en las 
que invocó circunstancias "excepcionales". 
550. Por lo que se refiere a las ayudas a la inversión para la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, la 
política comunitaria figura en el Reglamento (CEE) 866/90 y se define con más 
precisión en la Decisión de la Comisión de 7 de junio de 1990 sobre los 
criterios de selección para estas inversiones, denominados "límites de 
sector". Aunque el Reglamento (CEE) 866/90 del Consejo autoriza la 
introducción por los Estados miembros de ayudas en condiciones distintas, 
mediante los artículos 92 y 93 del Tratado CE, esta libertad queda limitada 
por los criterios de selección que establece el Reglamento mencionado y que 
se aplican, por analogía, a la evaluación de las ayudas estatales. 
Esta práctica de la Comisión se explica porque estos "límites de sector" se 
crearon para tener en cuenta la situación comunitaria del mercado de los 
productos de referencia, y no para reflejar la prioridad relativa en la 
utilización de los fondos comunitarios. Así pues, por motivos de coherencia 
de la política comunitaria, no sería adecuado fomentar inversiones en 
sectores que no pueden acogerse a ayudas como consecuencia de la política 
comunitaria estructural y de mercados permitiendo, por otro parte, la 
concesión de ayudas estatales. 
La Comisión tuvo que examinar varios asuntos relacionados con ayudas para 
modernización de empresas en sectores excluidos (molinos de cereales, 
transformación de semillas oleaginosas) de los nuevos estados federados de 
Alemania. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CEE, por considerar injustificado que se aceptara una 
(21) Por ejemplo, Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 
punto 503. 
4.I.§10.p.5 
360 
excepción a los límites mencionados anteriormente invocando la situación 
especial de estos territorios. Ahora bien, en principio podrán autorizarse 
estas excepciones en casos específicos, siempre que exista una justificación 
sólida, basada en un análisis económico que refleje el interés comunitario. 
Esa derogación tuvo lugar cuando la Comisión no hizo ninguna objeción a una 
ayuda a la inversión para una fábrica de piensos, que normalmente se 
consideraba como un sector excluido (excepto para aquellas fábricas de 
pequeño tamaño); esta derogación se consintió porque las autoridades danesas 
pudieron asegurar que la medida, que se localizaba en la isla de Bornholm no 
tenía ningún impacto sobre el comercio intra-comunitario. 
Estas garantías se basaban en las circunstancias particulares del caso y en 
especial, en la situación geográfica de la inversión y su aislamiento del 
resto de mercados comunitarios relevantes. 
551. En el caso de las ayudas financiadas mediante exacciones parafiscales 
(impuestos especiales obligatorios), la Comisión debe evaluar tanto la ayuda 
como su modo de financiación. El caso de un régimen alemán de ayudas 
financiado mediante exacciones parafiscales ("Absatzfondsgesetz") puso de 
manifiesto nuevos aspectos en el examen de este tipo de ayudas. La Comisión 
no planteó objeciones respecto de este régimen, aunque en el caso de algunos 
productos (por ejemplo, semillas oleaginosas), sólo se gravaba la parte de la 
producción que se acogía a ayudas (en este caso, la producción de aceité). La 
ayuda sólo se utilizó para promocionar los distintos tipos de aceite en el 
mercado nacional. Por consiguiente, no se consideró ayuda indirecta de 
funcionamiento la exención del impuesto sobre la producción tratándose de 
exportación o de usos ajenos a la producción de aceite. 
Por lo que se refiere a las ayudas financiadas mediante exacciones 
parafiscales que gravan productos importados de otros Estados miembros, la 
política de la Comisión, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, consiste en considerarlas en principio incompatibles con el mercado 
común por su modo de financiación. Sólo en caso de que se produzca una 
transformación substancial de estos productos tras la importación, que 
modifique el origen del producto, y que la exacción grave exclusivamente los 
productos transformados, podrá considerarse esta financiación compatible con 
el mercado común. 
4.1.§10.p.6 
361 
Por consiguiente, la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado respecto de una ayuda para investigación financiada 
mediante una exacción parafiscal que gravaba frutas y verduras transformadas. 
En este caso, se había incoado el procedimiento porque se gravaban productos 
frescos importados de los demás Estados miembros. Al modificar las 
autoridades neerlandesas las normas que regulaban la recaudación de la 
exacción, pudo comprobarse que sólo gravaba las frutas y verduras 
transformadas sujetas a un proceso de elaboración substancial que otorgaba a 
los productos finales el origen neerlandés. 
En cambio, de conformidad con el apartado 1 del artículo 93 del Tratado, la 
Comisión recomendó al Gobierno francés que suprimiera la concesión de las 
ayudas de la Association nationale interprofessionnelle des vins de table et 
vins de pays de France. Estas ayudas eran incompatibles, ya que se 
financiaban mediante una cotización que gravaba la comercialización de los 
productos en el mercado nacional y la exportación. Los productos importados 
de los demás Estados miembros también estaban sujetos a este gravamen en 
ambas fases. 
En este caso, la Comisión no pudo considerar que la mezcla de vinos de mesa 
franceses y vinos importados de los demás Estados miembros constituyera una 
transformación substancial que modificara el origen de los vinos procedentes 
de los demás Estados miembros. 
Además, la Comisión observó que los vinos de mesa destinados a su 
transformación en Francia no están sujetos a impuesto, mientras que los vinos 
de mesa sí deben abonar la cotización al ser exportados, independientemente 
de que se destinen o no a la transformación. Se consideró por consiguiente 
que esta cotización equivale a un derecho de aduana a la exportación. 
4.I.§11.p.1 
362 
<T3> § 11. Ayudas en el sector pesquero 
552. En 1993, la Comisión registró 23 nuevos regímenes de ayuda y otros dos 
regímenes notificados después de su aprobación por los Estados miembros 
correspondientes. 
La Comisión decidió no oponerse a la aplicación de 21 de estos regímenes. 
En el transcurso de 1993, la Comisión decidió incoar el procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto de una medida de ayuda 
danesa y otra italiana. Durante el mismo período, la Comisión decidió 
archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de tres 
medidas de ayuda adoptadas por Francia e Italia. 
El cuadro siguiente refleja la evolución del número de regímenes de ayuda 
aplicados en el sector pesquero y de la acuicultura examinados por la 
Comisión y el número de decisiones por ella adoptadas sobre la compatibilidad 
de dichas medidas con las normas de competencia y con la normativa pesquera 
comunitaria. Las cifras se refieren a los datos disponibles en la fecha de la 
decisión, por lo que no coinciden necesariamente con el número de casos 
registrados o examinados. 
Año 
1990 
1991 
1992 
1993 Total 
23 
45(22) 
33(23) 
25(24) Decisión de la Comisión 
Sin 
Objeciones 
12 
18 
28 
21 Apertura del 
procedimiento 
del apartado 2 
del artículo 93 
2 
7 
10 
2 Archivo del 
procedimiento 
2 
4 
9 
3 Decisión 
negativa 
1 
(22) Posteriormente se retiraron siete medidas de ayuda antes de que hubiera 
comenzado el procedimiento. 
(23) Posteriormente se retiró una medida de ayuda antes de que hubiera 
comenzado el procedimiento. 
(24) Posteriormente se retiraron cinco medidas de ayuda antes de que hubiera 
comenzado el procedimiento. 
4.II.p.l 
363 
<T4> Capítulo II 
<T2> Principales sentencias del Tribunal de Justicia 
<T3> § 1. Ponderación de los derechos de terceros 
y posibles beneficiarios de ayudas 
en la decisión de incoar el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE 
553. Las terceros interesados pueden alegar un perjuicio por la decisión de 
no incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 ya que no se 
respeta su derecho a ser oídos. Por lo que se refiere a los posibles 
beneficiarios de ayudas, la apertura del procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 tiene efectos jurídicos importantes, dado que supone la 
suspensión de la ayuda'25' . El Tribunal confirmó en dos sentencias'26' el 
alcance de las obligaciones de la Comisión respecto de terceros y posibles 
beneficiarios de ayudas al decidir si incoa o no el procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93. 
En la sentencia Cook, el Tribunal anuló la decisión de la Comisión de 
autorizar varias ayudas concedidas a PYRSA, empresa española de productos de 
fundición, que hubiesen incrementado su capacidad de producción. 
El Tribunal consideró que la Comisión decidió no plantear objeciones por no 
existir exceso de capacidad en ese subsector. Sin embargo, la Comisión no 
disponía en aquel entonces de las cifras y estadísticas necesarias que 
demostraran la fiabilidad de dicho análisis. 
Por consiguiente, resultaba especialmente difícil para la Comisión determinar 
si la ayuda podía considerarse compatible con el mercado común, por lo que 
hubiese correspondido incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 
del Tratado para comprobar el fundamento de su evaluación. 
;25) Rec. 1992, 1-4117; Vigésimo segundo Informe sobre la política de 
competencia, punto 532 y asunto C-47/91, República Italiana / Comisión 
(Italgrani), sentencia de 30 de junio de 1992. 
;26) Cook/Comisión, asunto C-198/91, sentencia de 19 de mayo de 1993; 
Matra/Comisión, asunto C-225/91, sentencia de 15 de junio de 1993. 
4.II.p.2 
364 
En cambio, en el asunto Matra, el Tribunal ratificó la decisión de la 
Comisión por la que aprobaba la concesión, por el Gobierno portugués, de 
ayudas regionales a Volkswagen y Ford para la construcción de una fábrica de 
vehículos polivalentes en Setúbal. La Comisión no incoó el procedimiento, 
basándose en el informe de un consultor en el que se indicaba que no existe 
exceso de capacidad. En estas circunstancias, al no albergarse serias dudas 
sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, no era preciso 
incoar el procedimiento, si se tenía el convencimiento de que podían 
aplicarse las excepciones del apartado 2 del artículo 93. 
<T3> § 2. Valor jurídico de las directrices sobre ayudas 
y de su interpretación 
554. En la sentencia CIRFS/Comisión de 24 de marzo de 1993'27', el Tribunal 
confirmó el carácter vinculante de las normas que establecen la práctica de 
la Comisión en el control de las ayudas, siempre que hayan sido notificadas a 
los Estados miembros y aceptadas por éstos con arreglo al apartado 1 del 
artículo 93 del Tratado. 
El Tribunal consideró que la Comisión cometió un error de interpretación en 
cuanto al ámbito de aplicación de las directrices sobre ayudas en el sector 
de las fibras sintéticas, al aducir que la ayuda a un proyecto de inversión 
de Allied Signal no requería notificación por tratarse de fibras sintéticas 
para fines industriales. La Comisión se remitió en este caso a la 
interpretación adoptada en una decisión anterior, por la que aprobó una ayuda 
a un productor alemán de fibras sintéticas. No obstante, el Tribunal 
consideró que un acto de alcance general no podía modificarse implícitamente 
por medio de una decisión individual; por consiguiente, anuló la decisión de 
la Comisión de no incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado contra la ayuda concedida por Francia a la empresa Allied Signal. 
La Comisión ya ha decidido incoar al respecto el procedimiento del apartado 2 
del artículo 93'28'. 
(27) CIRFS/Comisión (Allied Signal), asunto C 373/89, sentencia de 24 de 
marzo de 1993. 
(28) Punto 52 0 del presente Informe. 
4.II.p.3 
365 
<T3> Ayudas a armadores que efectúen pedidos de buques 
que deben incluirse en los 
límites de las ayudas a la construcción naval 
555. El Tribunal desestimó dos recursos de anulación presentados por el 
Gobierno belga contra decisiones de la Comisión sobre ayudas en forma de 
créditos bonificados concedidos a armadores para la construcción de buques 
en astilleros belgas'29'. El equivalente de subvención de estos créditos 
rebasaba el límite máximo de ayuda establecido por la Comisión de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 4 de la Sexta Directiva del Consejo sobre 
ayudas a la construcción naval'30'. En las susodichas decisiones, la 
Comisión instaba al Gobierno belga a revisar las condiciones de los créditos 
impugnados para que su equivalente de subvención se ajustara a los límites 
establecidos para el año 1989. 
En su recurso, el Gobierno belga aducía que parte de las ayudas concedidas no 
constituía un apoyo a los astilleros, sino una ayuda de funcionamiento al 
transporte marítimo bajo pabellón belga, por lo que cabía examinar la 
compatibilidad de dichas ayudas a la luz de las excepciones que establecen 
las letras a), b) y c) del artículo 92 del Tratado. 
556. En su sentencia, el Tribunal confirmó que las ayudas concedidas a los. 
armadores para comprar buques eran ayudas en favor de los astilleros, por lo 
que estaban totalmente sujetas a las normas sobre el límite máximo común. 
Asimismo, confirmó que las Directivas del Consejo basadas en la letra d) del 
apartado 2 del artículo 93 ya incorporan lo dispuesto en las letras a), b) y 
c) . 
(29) Bélgica/Comisión, asuntos acumulados C-356/90 y C-180/91, sentencia de 
18 de mayo de 1993. 
(30) Directiva 87/167/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1987. 
5.§l.p.l 
366 
<T5> Quinta parte 
<T1> Dimensión internacional 
<T3> § 1. Países de la AELC 
556. En el referéndum de 6 de diciembre de 1992, los suizos decidieron que su 
país no se integrase en el Espacio Económico Europeo. El Acuerdo hubo de 
modificarse en consecuencia y se firmó un protocolo adicional, que no altera 
ninguna de las disposiciones sobre competencia. Liechtenstein también ha 
decidido no unirse al EEE por el momento, si bien podrá hacerlo más adelante. 
Todos los demás países participantes consiguieron ultimar los procesos 
respectivos de ratificación durante el año 1993, por lo que el EEE entró en 
vigor el 1 de enero de 1994. 
La aplicación de las normas de competencia en los países de la AELC 
corresponderá a su Órgano de Vigilancia. En 1993, se estableció una estrecha 
colaboración entre la Comisión y el Comité Preparatorio de la AELC para el 
Órgano de Vigilancia con el fin de cumplir lo mejor posible el nuevo cometido 
que supone la entrada en vigor del EEE. 
Por otra parte, el 15 de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo 
sobre el EEE, la Comisión aprobó nuevos formularios de notificación que las 
empresas deberán utilizar para notificarle sus acuerdos o proyectos de 
concentración'31'. 
<T4> -Los acuerdos de libre cambio de 1972 
558. La Comisión siguió aplicando las normas de competencia que figuran en 
los acuerdos de libre cambio de 1972, especialmente en materia de ayudas 
estatales '32' . 
Dado que el Acuerdo sobre el EEE sólo abarca las ayudas estatales y las 
prácticas contrarias a la competencia, concedidas y aplicadas, 
respectivamente, después del 1 de enero de 1994, la Comisión tiene previsto 
examinar los sucesos anteriores y proponer al Consejo que adopte, si procede, 
las medidas pertinentes. 
(31) DO L 336 de 31.12.. 1993. 
(32) Punto 98 y 101 a 104 del presente Informe. 
5.§l.p.2 
367 
<T4> - Acuerdos sectoriales en el ámbito de la aviación 
559. El acuerdo que la Comunidad celebró con los Reinos de Noruega y Suecia 
entró en vigor el 6 de julio de 1992 y fue modificado el 10 de septiembre de 
1993 para ampliar a estos dos países la aplicación del denominado "tercer 
paquete" en el sector de la aviación civil. Aunque, en un principio, se 
estableció que el Acuerdo expiraría en la fecha de entrada en vigor del EEE, 
las tres partes se percataron de que surgiría un problema. Por el momento, el 
EEE no incluye el "tercer paquete" en el acervo comunitario que define el 
Anexo 13. Esta incorporación se producirá posteriormente, por lo que se 
decidió mantener en v^gor el acuerdo con Noruega y Suecia en lo que respecta 
al tercer paquete, en principio hasta que se produzca dicha incorporación. 
560. Tras la decisión de Suiza de no participar en el Acuerdo sobre el EEE, 
El Gobierno suizo manifestó su voluntad de suscribir un acuerdo similar al de 
Noruega y Suecia en materia de aviación civil. Además, el Gobierno suizo 
solicitó un acuerdo en materia de transporte por carretera. En septiembre, la 
Comisión recomendó al Consejo que le diera un mandato para iniciar las 
negociaciones correspondientes, que deberían responder a un enfoque doble, es 
decir, abarcar las cuestiones relacionadas con los transportes y con la 
competencia. El mayor problema será la aplicación de las normas resultantes. 
A diferencia del acuerdo con Noruega y Suecia, que siempre se pensó limitar a 
un período concreto, en el caso de Suiza podría mantenerse en vigor 
indefinidamente, por lo que resulta más apremiante el tema de la aplicación. 
<T4> -Negociaciones sobre la adhesión 
561. La labor en materia de competencia efectuada en el contexto del Espacio 
Económico Europeo fue de gran utilidad en las negociaciones con Austria, 
Finlandia, Noruega y Suecia para la ampliación de la Comunidad. 
La aceptación del acervo comunitario no plantea mayores dificultades, pero 
las negociaciones pusieron de manifiesto dos temas especialmente delicados 
para los países candidatos: se trata de la adaptación de los monopolios 
5.§l.p.3 
368 
estatales de carácter comercial y de los regímenes de ayuda de finalidad 
regional. Estos países alegaron imperativos de sanidad pública que han de 
tenerse presentes en el caso de los monopolios de alcoholes y bebidas 
alcohólicas, y las especificidades de las zonas de poca densidad de población 
en las regiones septentrionales. 
Tras un canje de cartas entre la Comisión y las autoridades suecas y 
finlandesas, respectivamente, se estableció la supresión de los derechos 
exclusivos de importación, producción y comercialización al por mayor de los 
monopolios de alcoholes de estos países. Por lo que respecta a los derechos 
exclusivos en el comercio al por menor, el acervo comunitario actual no 
requiere la eliminación de los monopolios estatales existentes, sino la 
supresión de todos los factores discriminatorios en su funcionamiento. La 
Comisión recordó que estos principios deberían aplicarse en cuanto entre en 
vigor el Acuerdo sobre el EEE. 
562. Con arreglo a las conclusiones de la cumbre de Copenhague, la Comisión 
analizó en los dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de Chipre y Malta 
la situación de la competencia en estos dos países. 
369 
<T3> § 2. Europa Central y Oriental 
563. En 1993, la Comunidad y los Estados miembros celebraron un acuerdo 
europeo con Rumania. Este país también suscribió un acuerdo provisional con 
la Comunidad. Además, la Comunidad mantuvo sus programas de asistencia 
técnica para que estos países de Europa Central y Oriental puedan cumplir las 
obligaciones de los acuerdos provisionales y europeos en lo que respecta a la 
armonización de sus normas de competencia con las comunitarias y puedan 
adquirir la experiencia necesaria para la aplicación de las mismas. 
564. Prosiguieron las negociaciones sobre los acuerdos de asociación y 
cooperación con Rusia y varias repúblicas de la antigua Unión Soviética. La 
Comisión ha propuesto que se incluya un artículo sobre competencia en el 
acuerdo con Rusia, que se halla en una fase más avanzada. El proyecto de 
acuerdo no propone la creación de una zona de libre cambio con la Federación 
Rusa, por lo que no pareció adecuado incluir un artículo sobre competencia 
tan ambicioso como el de los acuerdos europeos. 
<T4> • Otros países 
565. También se iniciaron conversaciones sobre posibles acuerdos comerciales 
con los Estados bálticos y Eslovenia. Se prevé la introducción de 
disposiciones sobre competencia similares a las de los acuerdos de asociación 
con los PECO. En efecto, para los agentes económicos/ puede ser beneficioso 
en sus relaciones comerciales que el mayor número posible de países socios de 
la Comunidad posea un cuerpo coherente de normas de competencia y aplicación 
de las mismas. 
566. Por lo que se refiere a las relaciones con Israel, la adaptación del 
acuerdo de 1975 suponía la consolidación de las normas sobre competencia, 
especialmente para incluir las actividades de servicio y definir mejor las 
condiciones de aplicación de los principios establecidos. 
5.§2.p.5 370 
567. Por último, en el caso de los acuerdos euromagrebíes, que han de ser 
negociados con Marruecos y Túnez, en materia de normas de competencia podría 
adoptarse el enfoque seguido con los PECO. Uno de los principales argumentos 
en favor de esta solución radica en el interés mutuo de las partes 
contratantes en que la posible adopción de medidas comerciales 
proteccionistas se sustituya por una aplicación armonizada de las normas de 
competencia. 
568. Por otra parte, el acuerdo celebrado en 1964 entre la Comunidad y 
Turquía, completado mediante un protocolo adicional en 1973, establecía la 
creación de una Unión Aduanera tras un período transitorio de 22 años a 
partir de esta última fecha. Se han iniciado las conversaciones para preparar 
el paso a esta nueva etapa, que debería iniciarse en 1995. Es obvio que las 
normas de competencia constituyen un elemento importante de la negociación, 
ya que permiten garantizar que no se producirá un falseamiento de los 
intercambios por la actuación de las empresas, lo cual es imprescindible dado 
que el Tratado prevé la supresión de todas las restricciones aduaneras. 
5.§3.p.6 371 
<T3> § 3. América del Norte 
569. Tanto la Comisión como las autoridades de defensa de la competencia de 
Estados Unidos siguieron aplicando el acuerdo que la Comisión y el Gobierno 
estadounidense celebraron el 23 de septiembre de 1991'33'. 
Se recibieron treinta y seis notificaciones y se enviaron otras treinta y 
tres. Se trataba básicamente de concentraciones, adquisiciones y, en algunos 
casos, de acuerdos de fijación de precios y autorizaciones. 
En principio, la aplicación del convenio debía evaluarse a más tardar 24 
meses tras su entrada en vigor, es decir, antes del 23 de diciembre de 1993, 
pero se decidió aplazar la revisión a la espera de la decisión del Tribunal 
de Justicia en el asunto C-327/91 (Francia/Comisión) '34' . Cabe observar al 
respecto que el abogado general encargado del caso emitió dictamen a finales 
de 1993 y propone que se anule el acuerdo. No se ha determinado aún la fecha 
de la sentencia del Tribunal. 
La DG IV y las autoridades estadounidenses celebraron dos reuniones 
bilaterales, el 2 0 de septiembre en Bruselas y el 9 de diciembre en París. Se 
debatieron las prioridades en materia de aplicación de las normas de 
competencia, haciéndose hincapié en los puntos que el nuevo Gobierno 
estadounidense considera prioritarios, se procedió a un intercambio de 
opiniones sobre determinados aspectos internacionales de la política de 
competencia y se estudiaron las posibilidades de una cooperación más estrecha 
en algunos casos específicos. 
Hubo otros contactos, al margen de las reuniones internacionales de la OCDE o 
en relación con casos específicos de aplicación de estas normas. 
570. En 1993, la DG IV y la Oficina canadiense de Defensa de la Competencia 
no celebraron ninguna reunión bilateral oficial, debido principalmente a 
cambios de personal en este órgano. Ahora bien, se produjeron los contactos 
informales que requiere la aplicación cotidiana de las normas de competencia. 
(33) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 64 y 
362. 
(34) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 64. 
5.§4.p.7 
372 
<T3> § 4. Japón y Corea 
571. Las relaciones con el Servicio japonés de Defensa de la Competencia 
entraron en una nueva fase tras el seminario conjunto sobre política de 
competencia en la CE y en Japón, organizado por ambas instituciones y 
celebrado en Tokio el 4 de noviembre. Ante el éxito del seminario, se decidió 
organizar un nuevo seminario en Bruselas en 1994'35'. En una reunión 
informal celebrada en París el 9 de diciembre, se decidió que este seminario 
se centraría en los problemas de aplicación de las normas de competencia 
entre la CE y Japón. 
Antes del seminario, se celebró el 2 de noviembre, también en Tokio, la 
octava reunión bilateral entre la Comisión y el Servicio japonés de Defensa 
de la Competencia. Se trataron varios temas de mutuo interés, incluido el 
intercambio de estudios sectoriales realizados por el Servicio (automóviles, 
piezas de automóvil, papel y vidrio plano) . Uno de los objetos de estos 
estudios es examinar si las prácticas contrarias a la competencia de algunos 
países pueden generar obstáculos para el acceso al mercado japonés. La 
Comisión está analizando estos estudios y, si procede, pedirá al Servicio 
japonés de Defensa de la Competencia que aclare algunas dudas. 
572. El 13 de diciembre, una delegación del Servicio coreano de Defensa de la 
Competencia celebró en Bruselas su primera reunión bilateral con la DG IV. Se 
trató principalmente de facilitar información sobre la forma en que la CE 
aplica sus normas de competencia, para que las autoridades coreanas puedan 
inspirarse en la experiencia comunitaria al aplicar sus propias normas en el 
mercado nacional. 
(35) Punto 110 del presente Informe 
5.§5.p.8 
373 
<T3> § 5. Reuniones multilaterales 
<T4> OCDE 
573. En 1993, el Comité de la OCDE sobre derecho y política de competencia 
celebró varias reuniones. Además, se organizaron algunas sesiones conjuntas 
entre los grupos de trabajo de este Comité y el Comité de comercio sobre la 
relación entre la política comercial y de competencia. La Comisión participó 
de forma activa en estos debates, ya que pueden considerarse una fase 
preliminar de la posible negociación, en el marco del GATT, sobre normas 
internacionales de competencia. También se habló de restricciones verticales 
y horizontales en el Comité de la OCDE sobre derecho y política de 
competencia. 
574. La Comisión participó en las actividades del Comité sobre industria 
relativas a las subvenciones para ajustes estructurales. En este contexto, se 
elaboraron y actualizaron este año conceptos y métodos comunes para la 
evaluación de las ayudas públicas a la industria, con el fin de realizar un 
cuestionario detallado destinado a los países miembros de la OCDE. Este 
cuestionario representa una etapa importante del proyecto que llevará a la 
cuantificación del coste neto de las ayudas a la industria. 
575. La Comisión siguió participando en las conversaciones de la OCDE sobre 
normas de competencia en el sector de la construcción naval'36'. 
<T4> UNCTAD 
576. El grupo intergubernamental de expertos (GIE) sobre prácticas 
comerciales restrictivas de la UNCTAD celebró su duodécima reunión en 
Ginebra, del 18 al 22 de octubre de 1993. 
(36) Punto 498 del presente Informe 
6.§1. p.l _ 
374 
<T5> Sexta parte 
<T1> Contactos con las instituciones comunitarias y 
con otros organismos 
<T3> §1. Parlamento Europeo 
577. A lo largo de 1993, el Parlamento manifestó un vivo interés por los 
problemas de competencia. Sus observaciones constructivas son de gran ayuda 
para la Comisión, que siempre intentará mantener un diálogo regular con el 
Parlamento sobre la política de competencia. 
El 8 de Febrero de 1994, el Parlamento aprobó su resolución sobre el Vigésimo 
segundo Informe sobre la política de competencia. Esta resolución, así como 
la respuesta de la Comisión, figuran en los anexos al presente Informe'1'. 
El Parlamento adoptó otras dos resoluciones relacionadas con la competencia 
y, en concreto, con los siguientes aspectos: 
construcción naval (aprobada el 16 de noviembre de 1993) y 
situación de DAF/LEYLAND (aprobada el 11 de febrero de 1993) . 
578. En el transcurso de 1993, los miembros del Parlamento presentaron 159 
preguntas escritas relacionadas con la competencia (frente a 141 en 1992), 
así como 29 preguntas para las que se solicitaba respuesta oral (66 en 1992). 
(1) Anexo I.A. 
6.§2. p.2 
375 
<T3> §2. Comité Económico y Social 
579. El 24 de noviembre, el Comité Económico y Social emitió su dictamen 
sobre el Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia. En el 
Anexo I.B. figura dicho dictamen, así como la respuesta de la Comisión. 
El 30 de junio de 1993, el Comité se pronunció también sobre las ayudas 
estatales a la construcción naval. 
580. La Comisión agradece al Comité Económico y Social sus valiosas 
aportaciones y confía en que las relaciones entre ambas instituciones 
continuarán siendo igualmente fructíferas. 
6.§3. p.3 
376 
<T3> §3. Comité consultivo de acuerdos entre empresas y 
posiciones dominantes 
581. En 1993, el Comité consultivo se reunió en seis ocasiones para examinar 
anteproyectos de decisión de la Comisión sobre aplicación de los artículos 85 
y 86 del Tratado CE, dos de ellos relativos a medidas cautelares. 
En total, el Comité ha emitido siete dictámenes. También ha sido consultado 
en 13 asuntos en los que la Comisión había decidido enviar a las empresas 
afectadas una carta administrativa de compatibilidad, previa publicación de 
una comunicación de acuerdo con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 
n° 17. Asimismo, el Comité ha sido debidamente informado de *la instrucción de 
varios asuntos importantes. 
En el ámbito legislativo, el Comité ha celebrado, en sus diversas 
composiciones, cuatro reuniones. Tres de ellas se dedicaron a analizar 
anteproyectos de reglamento por los que se modifican los reglamentos de 
exención por categorías vigentes en el ámbito del transporte aéreo. La otra 
reunión se dedicó a debatir el texto de un nuevo reglamento de exención por 
categorías relativo a los consorcios en el ámbito del transporte marítimo. 
6.§3. p.4 
377 
<T3> §4. Comité consultivo sobre operaciones de concentración 
582. El Comité consultivo sobre operaciones de concentración se reunió en 
cinco ocasiones. Asimismo, emitió dictámenes sobre los proyectos de decisión 
en los asuntos KNP/Bührmann Tetterode/VRG, Pilkington-Techint/SIV, 
Kali+Salz/MDK/Treuhand y Mannesmann/Vallourec/ILVA. 
El Comité celebró dos reuniones con expertos gubernamentales de los Estados 
miembros en relación con la revisión del Reglamento (CE) n° 4064/89. A la 
hora de redactar su informe al Consejo'2', la Comisión se ha basado en gran 
medida en los resultados de este intercambio de opiniones. 
La conferencia de Directores Generales de competencia, celebrada el 15 de 
octubre de 1993, se dedicó por entero a los problemas que plantea la 
cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Esta materia continuará debatiéndose en el seno de un grupo de 
trabajo formado por expertos. 
(2) Punto 43 del presente Informe. 
6.§5. p.5 
378 
<T3> §5. Conferencia de los expertos gubernamentales de los Estados miembros 
583. El 7 de diciembre de 1993 se celebró en Bruselas la conferencia n° 44 de 
expertos gubernamentales en materia de restricciones de competencia, durante 
la cual se analizaron los anteproyectos de un nuevo reglamento de la Comisión 
relativo a la forma, el contenido y demás aspectos de las solicitudes y 
notificaciones presentadas en aplicación del Reglamento n° 17, así como de un 
nuevo formulario A/B. Se acordó proceder a una segunda lectura de estos 
textos, tan pronto como la Comisión finalice las consultas con los círculos 
económicos y profesionales interesados. 
6.§6.a. p.6 
379 
<T3>§6. Contactos con las autoridades de competencia de los Estados miembros 
<T5> a) Acuerdos, posiciones dominantes y operaciones de concentración 
584. Conforme a un principio jurídico general consagrado en todos los 
reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86, la Comisión aplica los 
diversos procedimientos en estrecha y constante cooperación con las 
autoridades competentes de los Estados miembros. Estos contactos -que fueron 
también muy numerosos durante 1993- no sirven únicamente para intercambiar 
opiniones sobre los asuntos concretos analizados por la Comisión, sino que 
permiten también evaluar las posibilidades de cooperar en la fase de 
investigación y, en su caso, de un reparto del trabajo, conforme a los 
principios de subsidiariedad y descentralización'3'. 
585. Conforme a este principio, la Comisión decidió delegar en los Estados 
miembros una serie de verificaciones que debían realizarse en las empresas 
del sector óptico y que fueron realizadas en parte por las autoridades 
nacionales, en virtud del artículo 13 del Reglamento n° 17, y en parte por la 
Comisión, conforme al artículo 14. En un asunto relativo a la distribución de 
artículos de oficina, la Comisión solicitó a las autoridades de tres Estados 
miembros que efectuaran en su lugar la investigación, en sus respectivos 
territorios, de las prácticas restrictivas denunciadas. En dos asuntos que 
dieron lugar a la incoación de un procedimiento por infracción de los 
artículos 85 y 86, relativos a los sectores de productos alimenticios y 
materiales de construcción, la Comisión separó del conjunto de hechos 
averiguados en su investigación aquellos que presentaban un carácter 
nacional, para que conocieran de ellos las autoridades competentes de los 
Estados miembros. 
<T5> b) Ayudas 
586. La Comisión organizó dos reuniones multilaterales con funcionarios de 
los ministerios nacionales competentes en materia de ayudas, con el fin de 
debatir la política de ayudas estatales. Estas reuniones se recogen también 
en el presente Informe'4'. 
(3) Véase, a este respecto, el apartado 2 del capítulo 5 de la primera 
parte del presente Informe. 
(4) Puntos 382 y 383 del presente Informe. 
6.§7. p.7 
380 
<T3> §7. Derecho de competencia en los Estados miembros 
587. Por lo que se refiere a la evolución de las normas sobre competencia en 
los Estados miembros, sigue observándose la tendencia a adaptar las 
disposiciones nacionales a las normas sobre competencia de la Comunidad 
Europea. A tal fin, en varios Estados miembros se han aprobado nuevas normas 
que sustituyen, modifican o completan la legislación vigente. En otros 
Estados miembros se están preparando proyectos legislativos en este sentido. 
588. El 1 de abril de 1993, entró en vigor en Bélgica la Ley de 5 de agosto 
de 1991 sobre protección de la competencia económica, junto con las 
disposiciones que la desarrollan. En esta ley, cuyo tenor literal sigue de 
cerca al de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, se prohiben los acuerdos 
horizontales -con la posibilidad de conceder exenciones- y los abusos de 
posición dominante, y se prevé un procedimiento de control de las operaciones 
de concentración entre empresas. La aplicación de la Ley corresponde a 
diversos órganos. Las actividades de investigación se atribuyen al Servicio 
de Competencia, adscrito al Ministerio de Economía. La adopción de decisiones 
corresponde al Consejo de Competencia, formado por seis jueces y seis 
expertos en la materia. Los recursos han de presentarse ante el Tribunal de 
segunda instancia de Bruselas, que es también competente para resolver 
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Ley a instancia de 
otros tribunales. El Ministerio de Economía puede aprobar reglamentos de 
exención por categorías. Se atribuyen también funciones consultivas a un 
Comité paritario de competencia. 
589. En Portugal se han refundido en una sola ley los decretos leyes sobre 
protección de la competencia y control de las operaciones de concentración 
entre empresas. Al mismo tiempo, se introdujeron modificaciones importantes 
en las disposiciones vigentes. La nueva ley no contiene -al igual que las 
normas sobre competencia del Tratado CE- disposiciones sobre prácticas 
restrictivas de la competencia de empresas individuales. Se han suprimido las 
anteriores disposiciones sobre prácticas desleales y discriminatorias, así 
como sobre la denegación de venta. La prohibición de los abusos de posición 
dominante horizontal se ha completado con la prohibición de la explotación 
abusiva de relaciones de dependencia económica. Se ha dado una nueva 
formulación a las normas sobre control de operaciones de concentración, con 
el fin de adaptarlas a los principios del Reglamento (CE) n° 4064/89 del 
6.§7. p.8 
381 
Consejo. Por último, en la nueva Ley se prohiben las ayudas estatales que 
restrinjan la competencia de forma significativa o la obstaculicen de 
cualquier otro modo. El Ministerio de Comercio examina las ayudas a petición 
de las empresas interesadas y, en su caso, propone al ministerio competente 
la adopción de las medidas necesarias para restablecer la libre competencia. 
590. En los Países Bajos se está preparando una reforma en profundidad de la 
Ley sobre competencia económica de 1956. Se trata de sustituir el texto 
vigente, basado en el control de posibles abusos, por una norma moderna en la 
que se prohiban los acuerdos horizontales y el abuso de posición dominante, 
semejante en gran medida a los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Por otra 
parte, se está examinando la conveniencia de adoptar disposiciones legales 
sobre control de operaciones de concentración entre empresas. El proyecto de 
ley se ha remitido ya a los organismos consultivos para que se pronuncien al 
respecto. Anticipándose a la próxima reforma, el Gobierno ha intensificado el 
control de determinados acuerdos horizontales. Mediante decretos leyes se han 
prohibido los acuerdos sobre precios, reparto de mercado y licitaciones. Tan 
sólo se conceden dispensas a la prohibición en casos excepcionales, cuando se 
demuestre que el acuerdo reviste un interés público. 
591. En Irlanda se está preparando una modificación de la Ley de competencia 
de 1991, con el fin de aumentar la eficacia en su aplicación. El Ministerio 
de Asuntos Empresariales y Empleo ha aprobado un reglamento en el que se 
duplican los umbrales para la notificación de operaciones de concentración. 
Las autoridades de competencia han aprobado exenciones por categorías para 
los acuerdos de distribución y compra en exclusiva celebrados con 
gasolineras. Estas disposiciones se ajustan en gran medida a los Reglamentos 
(CE) de exención por categorías n° 1983/83 y n° 1984/83. 
592. En Dinamarca, se ha encargado a una comisión la elaboración de un 
proyecto de ley de competencia basada en el principio de prohibición; la 
comisión ha de pronunciarse también sobre las ventajas e inconvenientes de 
reformar la legislación vigente, y examinar la posibilidad de introducir un 
control de las operaciones de concentración entre empresas. 
593. El Gobierno del Reino Unido sigue adelante con sus planes de reformar 
las disposiciones sobre abuso de posición económica. En la actualidad se está 
6.§7. p.9 
382 
consultando con los círculos interesados un documento oficial que contiene 
diversas opciones para el legislador. 
Las nuevas disposiciones se aprobarán conjuntamente con normas prohibitivas 
de los acuerdos horizontales, tan pronto como lo permita el calendario 
parlamentario. 
594. La Comisión considera muy positiva esta evolución, vinculada en parte a 
la liberalización de los mercados y la eliminación de las excepciones 
sectoriales, porque contribuye de forma sustancial a la armonización de las 
políticas de competencia de la Comunidad y los Estados miembros y a la 
creación de los presupuestos necesarios para una estrecha cooperación de las 
autoridades de competencia y una aplicación descentralizada de las normas. 
Este objetivo, perseguido con empeño por la Comisión, encuentra cada vez 
mayor eco. En otros dos Estados miembros (Francia y Portugal) se han creado 
los presupuestos legales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del 
Tratado CE por las autoridades nacionales de competencia. Esta posibilidad 
aún no existe en Dinamarca, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. La 
Comisión hará lo posible por que en dichos Estados miembros se aprueben las 
disposiciones correspondientes. 
595. Las autoridades nacionales de competencia legalmente facultadas aplican 
cada vez con mayor frecuencia las prohibiciones contenidas en los 
artículos 85 y 86. En 1993, se comunicaron a la Comisión 9 asuntos de este 
tipo (2 en Alemania, 6 en España, 8 en Francia y 2 en Portugal) . En la 
mayoría de estos asuntos, las prohibiciones de Derecho comunitario se 
aplicaron conjuntamente con las prohibiciones establecidas en las normas de 
competencia nacionales. En los dos asuntos examinados en Alemania, se aplicó 
exclusivamente la interdicción del apartado 1 del artículo 85, porque el 
Derecho nacional atribuye facultades muy limitadas a las autoridades de 
competencia para el control de los posibles abusos en el sector económico 
afectado (energía). 
596. Cada vez son más las sentencias de los tribunales nacionales en las que 
se aplican las normas de competencia comunitarias. En los informes 
presentados por los Estados miembros a la Comisión con respecto a 1993 se 
registran 60 sentencias de este tipo, de las cuales 3 7 destacan por su 
especial relevancia. Al no disponer las autoridades nacionales de competencia 
6.§7. p.10 
383 
de estadísticas globales, cabe que el número real de sentencias sea superior. 
Esta tendencia hace que la Comisión se reafirme en su política de aplicación 
normativa descentralizada. 
597. Pueden consultarse los pormenores de la evolución del Derecho de 
competencia en los Estados miembros en los informes sobre cada país 
publicados en el anexo. 
6.§8. p.11 
384 
<T3> §8. Otros contactos 
598. Además de los contactos mencionados en el presente Informe, durante el 
proceso de elaboración de proyectos legislativos y documentos generales la 
Comisión recibe comentarios y mantiene contactos con organizaciones que 
representan a los consumidores, empresarios y otros colectivos importantes. 
Así, la Comisión mantiene contactos periódicos con la Oficina europea de 
uniones de consumidores (EBUC), la Mesa redonda europea y la Unión de 
confederaciones empresariales e industriales europeas (UNICE). La Comisión 
mantiene también contactos con las cámaras de comercio de los Estados 
miembros y de los principales socios comerciales de la Comunidad, como 
Estados Unidos. 
Varios funcionarios de la Comisión han intervenido a título personal en 
conferencias relacionadas con la competencia, lo que, por un lado, contribuye 
a aumentar la transparencia de la política comunitaria y, por otro lado, 
permite obtener información de las empresas y otros círculos sobre la 
repercusión de esta política en el mercado. La Comisión considera que los 
contactos con los consumidores, empresarios y otros colectivos son una buena 
forma de obtener información sobre la repercusión de su política de 
competencia. 
599. Por otra parte, la Comisión respondió al cuestionario enviado por el 
Sr. Charié, Presidente del Grupo de Trabajo de la Asamblea Nacional francesa 
sobre perturbaciones de la competencia, al que informó sobre el progreso de 
los trabajos realizados en las materias recogidas en el cuestionario y, en 
particular, el abuso de dependencia económica, posiciones dominantes, 
transparencia de tarifas y denegación de ventas. El Informe Charié refleja en 
gran medida las observaciones de la Comisión. 
<T4> Organizaciones nacionales 
600. En el curso de este año, la Comisión se ha reunido también con las 
organizaciones nacionales de empresarios de Alemania, España, Francia, 
Irlanda y Reino Unido. La Comisión invita a las organizaciones empresariales 
y otros grupos interesados a que se pongan en contacto con los servicios 
competentes, si desean tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista 
sobre cuestiones generales. 
6.§8. p.12 
385 
601. Por último, se dio respuesta a una consulta de la Cámara de los Lores 
británica sobre la normativa de competencia y, en particular, los 
procedimientos en asuntos individuales con arreglo a los artículos 85 y 86. 
ANEXOS 
Anexo III.A.l.p.l 
386 
<T4> Anexo III 
<T2> Decisiones, comunicaciones y sentencias relativas a 
asuntos individuales 
<T9> A. Política de competencia en relación con las empresas 
<T3> 1. Resúmenes de los asuntos 
<T4> a) Acuerdos restrictivos 
<T5> * Acuerdos horizontales 
<T6> International Secutities Market Associaton (ISMA) (anteriormente AIBD) 
1. Este caso se refiere a la notificación, efectuada por ISMA, de su 
reglamento de régimen interno. ISMA es una asociación de operadores o 
intermediadores de valores mobiliarios internacionales, en su mayor parte 
"Eurobonos", que cuenta con cerca de 900 bancos miembros. La mayor parte de 
las normas notificadas se refieren a acuerdos previstos por ISMA con objeto 
de regular el funcionamiento de mercado (armonización de los procedimientos 
de conciliación y arbitraje y procedimientos para validar el incumplimiento 
de las entregas, etc.). La mayor parte de las normas notificadas no 
planteaban problema alguno desde el punto de vista de la competencia, aunque 
se solicitó que se efectuasen algunas modificaciones de poca importancia en 
las referentes a la afiliación. 
ISMA cuenta con un subgrupo denominado "Council of Reporting Dealers" (CRD), 
que tiene aproximadamente 100 miembros. Se denomina "creadores de mercado" a 
aquellos operadores que emprenden la "creación de un mercado" en un sector 
concreto de los valores mobiliarios, es decir, negociando mediante la 
cotización de un precio de compra y otro de venta de dicho valor durante un 
período concreto y con una cantidad mínima en otros mercados. El término 
"reporting dealer" se utiliza por lo general para designar a aquellos 
creadores de mercado que son también miembros del CRD, del que también pueden 
ser miembros los agentes de bolsa. El cometido de estos agentes consiste en 
poner en contacto un comprador con un vendedor y en pactar la transacción 
entre ambos. Básicamente, existen dos tipos de agentes de bolsa, en primer 
Anexo III.A.1.p.2 
387 
lugar el que se limita a poner a las partes en contacto actuando por cuenta 
de las mismas; y, en segundo lugar el "matched principal" que participa como 
comitente en operaciones "back-to-back" con el comprador y el vendedor. No 
revela el nombre de los intervinientes y no tiene valores en su cartera. Las 
normas notificadas se refieren exclusivamente a ésta última categoría de 
agentes. 
El 14 de diciembre de 1991 se publicó una comunicación en virtud del apartado 
3 del artículo 19, por la que se manifestaba que la Comisión pretendía 
adoptar una decisión favorable en cuanto a los estatutos. Posteriormente, la 
Comisión recibió dos denuncias que argumentaban que las normas n° 931 y n° 
932 infringían el artículo 85 del Tratado CE. La primera establecía que los 
agentes "efectuarán transacciones únicamente entre "reporting dealers" y 
deberán comprometerse a no efectuar transacciones con, o entre otras, partes. 
Con arreglo a la norma 932, los "reporting dealers" estaban obligados a 
operar únicamente con agentes de bolsa que se hubiesen comprometido a acatar 
la norma 931. Como resultado de dichas denuncias, aparecieron nuevos hechos 
que llevaron a la Comisión a reconsiderar su valoración de ambas normas y a 
concluir que : 
a) la norma 931 constituía una restricción considerable de la competencia 
con arreglo al apartado 1 del artículo 85, en el sentido de que prohibía a 
los agentes efectuar transacciones con operadores que no fuesen creadores de 
mercado miembros de un CRD y les impedía efectuar transacciones con sus 
clientes (mucho de los cuales no eran creadores de mercado miembros de un 
CRD) . Uno de los objetos, así como el efecto de esta prohibición, estriba en 
facilitar el mantenimiento de unos precios artificialmente altos y en 
incrementar los precios ofrecidos a los operadores que no son creadores de 
mercado de un CRD y al "inversor final". No podía justificarse la concesión 
de una exención dado que la restricción sólo beneficiaba a los creadores de 
mercado de los CRD al tiempo que producía efectos perjudiciales para los 
demás participantes en el mercado. 
b) La norma 932 constituía también una considerable restricción de la 
competencia, ya que tenía por objeto reforzar el efecto restrictivo de la 
norma 931, al evitar que los creadores de mercado de un CRD efectuasen 
transacciones con agentes que no estuviesen dispuestos a limitar su actividad 
exclusivamente a los creadores de mercado de un CRD. No se podía conceder una 
Anexo III.A.I.p.3 
88 7 
exención ya que esta restricción sólo beneficia a los creadores de mercado de 
un CRD. 
A raíz de una carta informal que recogía las objeciones planteadas a las 
normas 931 y 932, ISMA decidió suprimirlas. La Comisión envió así una carta 
administrativa por la que confirmaba que el reglamento de régimen interno se 
ajustaba al apartado 1 del artículo 85. Esta carta no prejuzgaba el aspecto 
de los subcomités del CRD, sus normas y estructura, e incluía la advertencia 
habitual en cuanto a la modificación de las circunstancias. 
III.A.1.p.4 
<T6> Acriss 
2. El 29 mayo de 1993, la Comisión publicó una comunicación en virtud del 
apartado 3 del artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17, referente a una 
notificación de ACRISS (Asociación de Empresas del Sector de Alquiler de 
Automóviles-Sistemas Uniformes). La notificación se refería a la constitución 
de la asociación, código de conducta, sistema de clasificación de 
automóviles, normas sobre equipamiento especial y resguardo tipo de alquiler, 
todo ello en relación con el alquiler de automóviles en la Comunidad a través 
de un sistema informático de reservas (CRSs). 
Actualmente, ACRISS está formada por las 5 principales empresas de alquiler 
de automóviles que operan en la Comunidad: Avis, Budget, Hertz, Europcar 
Interrent y EuroDollar. No obstante, el sistema está abierto a todas las 
empresas del ramo. 
Los sistemas informatizados de reservas (SIR), que se utilizan en el sector 
aeronáutico'1', también funcionan actualmente en el sector del alquiler de 
automóviles de la Comunidad. ACRISS ha elaborado un código de conducta para 
uso de las empresas de alquiler de automóviles que operan a " través de los 
servicios del SIR. Las reglas se basan principalmente en el código de 
conducta elaborado por la Comisión para su utilización en el sistema de 
distribución y ventas de billetes de avión a través del SIR. El código 
pretende garantizar que el SIR se utilice de forma leal, no discriminatoria y 
transparente. La Comisión ha llegado a la conclusión de que los acuerdos 
entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado 
CE, dado que la disponibilidad de la información sobre el mercado a través de 
un SIR permite a las empresas de alquiler de automóviles estar informadas de 
forma permanente sobre los precios de sus competidores y las condiciones de 
oferta. 
No obstante, la Comisión considera que, en general, los acuerdos contribuyen 
a incrementar la competencia en el sector y ha decidido enviar a las partes 
una carta administrativa. 
En su valoración, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta el hecho de 
(1) Declarada exenta del apartado 1 del artículo 85 por el Reglamento de 
exención por categorías de la Comisión 83/91 (1991, DO L 10/9). 
III.A.1.p.5 
389 
que todas las empresas de alquiler de automóviles pueden participar, mediante 
una tarifa razonable, y que se facilita al consumidor comunitario una 
información de fácil acceso, completa y precisa, sobre un servicio de 
alquiler de automóviles a precios competitivos. 
No obstante, teniendo en cuenta que este hecho constituye una innovación en 
el mercado de alquiler de automóviles en la Comunidad, la Comisión tiene 
especial interés en que estos acuerdos no impidan a todas las partes 
interesadas ejercer su derecho a oponerse a cualquier acto perjudicial, 
recurriendo a un arbritaje o apelación independiente. Además, la Comisión 
intervendrá inmediatamente si existen pruebas de una coordinación de precios 
entre las empresas participantes o cualquier indicio de que se está actuando 
de forma concertada con objeto de restringir la competencia en algún modo. 
También cabe esperar que no se limitará la diversidad de la información 
ofrecida y, en la medida de lo técnicamente posible, incluida en el SIR. Por 
último, si las empresas participantes desean efectuar concesiones 
suplementarias a sus clientes, como por ejemplo, descuentos, ofertas 
especiales etc., sin que éstas aparezcan en el SIR, deberán poder hacerlo 
libremente. 
Anexo III.A.l.p.6 __ 390 
T6> UTC (Pratt & Whitney) / MTu'2' 
3. La Comisión autorizó, mediante el envío de una carta administrativa a 
los grupos United Technologies (división Pratt & Whitney) de Estados Unidos 
(P&W) y MTU Motoren- und Turbinen-Union de Alemania, el acuerdo de 
cooperación firmado entre ambas empresas pertenecientes al sector de los 
motores para aviones comerciales. 
Mediante este acuerdo de cooperación, ambos grupos imcrementan la parte 
correspondiente a MTU de los programas existentes y reparten entre las dos 
sociedades las tareas referentes a los futuros programas de fabricación de 
motores. De esta forma, MTU consolidará su actividad en el suministro de 
componentes, y en la revisión y reparación de motores, comprometiéndose a 
compartir con P&W los riesgos e ingresos derivados de la realización de 
dichos programas. 
El proyecto inicial comunicado a la Comisión anunciaba una colaboración de 
carácter "estratégico" de alcance general que trascendía el marco de 
proyectos industriales concretos. No obstante, tras la publicación de la 
parte fundamental del contenido del acuerdo notificado y las observaciones 
efectuadas por terceros, las partes se comprometieron, a petición de la 
Comisión, a limitar la aplicación de su cooperación en el ámbito de los 
grandes motores a proyectos concretos. A partir de ahora, estos proyectos se 
refieren a unos tipos concretos de motores de aviones comerciales. 
La 'Comisión considera que, con estas condiciones, la cooperación ofrece 
ventajas para la competencia, ya que prevé importantes intercambios de 
tecnología avanzada. No obstante, ante semejantes acuerdos-marco la Comisión 
confirma su intención de eximir únicamente proyectos concretos de 
cooperación, especialmente cuando los mercados afectados se caracterizan por 
una estructura oligopolística. 
A través de esta carta administrativa, la Comisión ha valorado por primera 
vez unos acuerdos de cooperación en este sector. Se prevé volver a examinar 
la situación del acuerdo en este mercado concreto tras un período inicial de 
diez años. 
(2) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, Anexos 
III.A.1. 
III.A.1.p.7 
39 1 
T6> Datacentralen - Maersk Data 
4. Datacentralen A/S ("Datacentralen"), empresa propiedad del Estado danés, 
y Maerst Data A/S ("Maersk"), empresa perteneciente al grupo danés A. P. 
Meller, que desarrolla sus actividades a escala mundial en los sectores 
naviero, manufacturero, de la aviación, petrolífero y comercial, comunicaron 
un conjunto de acuerdos para la creación de dos empresas en participación al 
50%, Dan Computer Management A/S ("DCM") y Dan Software International A/S 
("DSI"). Una vez completada la notificación con información sobre varios 
aspectos, la Comisión pudo archivar el expediente enviando una carta 
administrativa de declaración negativa en el plazo de dos meses previsto en 
el procedimiento de urgencia. 
Datacentralen y Maersk son dos empresas de servicios informáticos dedicadas al 
desarrollo de sistemas (análisis, diseño, programación, comprobación) y a la 
producción o "gestión de instalaciones" ("FM") de equipos informáticos. 
Fundamentalmente, Datacentralen ofrece FM a empresas del sector público. Sus 
actividades en el exterior consisten básicamente en el desarrollo de sistemas 
fuera de la Comunidad. Maersk suministra servicios informáticos específicos al 
grupo A.P. Moller. Al igual que DC, no desarrolla actividades de FM en la 
Comunidad, salvo en Dinamarca. 
El principal objeto de los acuerdos estriba en cumplir una decisión del 
Gobierno danés con vistas a la privatización de Datacentralen. De esta forma, 
DCM absorbe las actividades de FM de Datacentralen y Maersk, pero reserva 
servicios para el grupo A.P.Móller. Se pretende que DSI funcione como una 
empresa en participación de exportación de sistemas. 
Las partes cuentan con cuotas de mercado mínimas en el conjunto de la 
Comunidad y la Comisión consideró que la conjunción de la cartera de clientes 
y de los conocimientos técnicos de Maersk y Datacentralen, por lo que a FM se 
refiere, difícilmente produciría un impacto considerable sobre la posibilidad 
de que las empresas radicadas fuera de Dinamarca logren contratos en dicho 
país. 
III.A.l.a) p.8 
392 
<T6> * Acuerdos BP/Montedipe 
5. Montedipe (MD) acordó vender y BP acordaba adquirir la división de MD de 
venta y distribución de productos de acetileno fabricados por MD en Porto 
Margher y Priolo. MD continuará fabricando exclusivamente para BP. 
El acuerdo establecía la transferencia de todo su fondo de comercio, otros 
activos y todo el pasivo, así como el personal comercial perteneciente a la 
actividad en funcionamiento de MD. MD se comprometió también a no competir 
directamente o a través de sus filiales con BP en este sector, durante un 
período de cinco años. 
El acuerdo de compraventa incluía el cumplimiento por parte de MD y BP de 
determinados acuerdos secundarios referentes entre otras cosas, a la 
fabricación, contra el pago de un canon, de los citados productos de 
acetileno por parte de MD para ser vendidos por BP. Una proporción de 
monómero de acetato de vinilo se venderá a los asociados de MD. 
* 
Los acuerdos secundarios establecen, entre otras cosas, lo siguiente: 
MD deberá transformar las materias primas suministradas por BP durante 
un período inicial de 10 años y tendrá derecho a ampliar dicho plazo 
hasta cinco períodos más de un año cada uno. Se prevé que, para 
entonces, las fábricas habrán finalizado su vida económica útil. MD 
tiene la obligación de asignar toda su capacidad de "producción- a BP y de 
utilizar las instalaciones a pleno rendimiento. 
BP está facultada para exigir a MD que cierre temporalmente las 
fábricas, así como a cerrarlas incluso permanentemente y, en caso 
necesario, a desmantelarlas. > 
Se establece además que la responsabilidad del funcionamiento de las 
fábricas corresponde a MD, que deberá indemnizar a BP de todos y cada 
uno de los riesgos y accidentes medioambientales derivados . del 
funcionamiento, así como del manejo, distribución y almacenamiento de 
las materias primas y de los productos acabados. 
III.A.l.a) p.9 
393 
El coste de transformación por parte de MD será igual a los costes fijos 
y variables de esta última, más el reembolso de los costes de capital 
convenidos y un elemento de beneficio o cobro del servicio (canon). 
También se acordó que las cantidades de etileno que sean necesarias para 
su transformación por parte de MD en acetaldehido serían suministradas 
por MD desde su planta de etileno situada en Priolo. Este acuerdo, 
basado en una relación en plano de igualdad, deberá perdurar mientras 
esté vigente la cláusula anterior. 
La Comisión afirmó que los acuerdos entre algunas empresas del grupo BP y 
otras del grupo ENI eran acuerdos entre competidores que restringían la 
competencia entre sí, ya que daban lugar a una coordinación de la actuación 
competitiva entre las partes por lo que se refiere al suministro y producción 
de los productos en cuestión. Por consiguiente, entraban dentro del ámbito de 
aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 
La restricción de la competencia era considerable, especialmente por lo que 
al acetato de etilo se refiere, ya que BP contaba en 1991 con una cuota 
relativamente importante del mercado comunitario. 
No obstante, la Dirección General de la Competencia consideró que las partes 
habían aducido justificaciones razonables y suficientes para que la Comisión 
pudiese conceder una exención. Se consideró, concretamente, que los acuerdos 
ofrecían ciertas ventajas, especialmente medioambientales, ya que los 
conocimientos técnicos adquiridos por Montedipe en cuanto a los requisitos 
legales y técnicos de la legislación italiana de protección medioambiental 
permitirían resolver eficazmente los problemas ecológicos. No se trataba de 
determinar si los conocimientos técnicos de MD eran preferibles a los de BP 
sino que, dado que, por una parte, MD había sido el anterior usuario de las 
instalaciones, ya no se planteaban los aspectos de reparto de 
responsabilidades desde el punto de vista medioambiental y, por otra parte, 
que MD utilizaba otras unidades de producción en el mismo lugar, con lo que 
se evitaba el reparto de responsabilidades medioambientales entre diferentes 
fábricas. 
Se consideró que la notificación podía quedar resuelta mediante una carta 
administrativa de archivo del expediente. 
III.A.l.a) p.10 
394 
T6> * Bioetanol 
6. La Dirección General de Competencia hubo de examinar las condiciones de 
comercialización de los aditivos para carburantes. Se efectuaron inspecciones 
en distintas compañías petrolíferas con objeto de aclarar los motivos por los 
que éstas se negaban a comprar un nuevo producto aparecido en el mercado, el 
bioetanol. Las empresas alegaron argumentos técnicos y comerciales para 
justificar su negativa, y la investigación de la Comisión no reveló elemento 
alguno que sugiriese la existencia de una concertación ilegal. Por 
consiguiente, la Comisión decidió finalizar la instrucción del asunto. 
<T6> * Agencia Internacional de la Energía 
7. El 12 de diciembre de 1983, la Comisión adoptó una decisión de exención, 
con arreglo al apartado 3 del artículo 8 5 del Tratado CE, y por un período de 
10 años, de unas prácticas acordadas entre empresas petrolíferas, prácticas 
necesarias para permitir la aplicación del sistema de reparto urgente de 
petróleo establecido en el marco de la Agencia Internacional de la Energía. 
Las empresas afectadas solicitaron una prórroga de la exención, que vencía el 
31 de diciembre de 1993, por un período de diez años. Por consiguiente, la 
Comisión inició el procedimiento y, antes de tomar una decisión en virtud del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado, publicó una Comunicación en el Diario 
Oficial con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17/62. 
III.A.l.a) p.11 
395 
T6> Empresa en participación Solvay-Asahi 
8. Se envío una carta administrativa por la que se archivaba el expediente 
en el caso de una empresa en participación entre Solvay y Asahi Glass 
referente a una mina de trôna y a una planta de sosa natural situadas en 
Estados Unidos, que eran antes propiedad de Tennelo. Solvay, el mayor 
fabricante europeo de sosa sintética, adquirió el capital en aciones de una 
empresa estadounidense en mayo de 1992, con lo que adquirió una cuota del 80% 
en las actividades de trona y sosa. El 2 0% restante correspondía a Asahi 
Glass. La producción de la mina se reparte entre Solvay y Asahi en proporción 
a sus intereses. 
Los acuerdos de venta complementarios mencionaban expresamente que no 
afectaban a Europa. No obstante, Asahi Glass es propietaria de uno de los 
principales clientes de Solvay consumidores de sosa natural en el Benelux. Su 
participación del 20% le confiere acceso a las sosa natural procedente de 
Estados Unidos. Tras obtener garantías por parte de Solvay de que no existía 
acuerdo o compromiso alguno referente al reparto de clientes en la CE, la 
Comisión pudo archivar el expediente. 
III.A.l.a) p.12 
396 
<T6> Enimont-Orkem 
9. En 1989, Enimont (actualmente Enichem) y Orkem (actualmente Elf Atochem) 
llegaron a un acuerdo sobre la base de una transferencia recíproca de 
actividades entre ambos grupos. 
A raíz de este acuerdo, Orkem cedió a Enimont, en particular, las actividades 
desarrolladas en los sectores del polietileno de baja densidad radicular 
explotado en las dos instalaciones de Dunkerque y Carling Saint-Avoid, así 
como del polietileno estándar de baja densidad lineal producido en Dunkerque. 
Enimont, por su parte, cedía a Orkem, en particular, la sociedad Vedril que 
fabrica en Rho (Italia) metacrilato de metilo y polimetacrilato de metilo, 
así como la sociedad Vedril Deutschland GmbH que 'explota una planta de 
polimetacrilato de metilo en Stókstadt, (Alemania). Además, Enimont cedía 
también a Orkem las instalaciones de producción de polimetacrilato de metilo 
situadas en Porto Marghera (Italia). 
Por otra parte, Enimont y Orkem habían previsto explotar, mediante una 
entidad común, la planta de craqueo de Dunkerque, compartiendo la propiedad 
de la sociedad Stocknord que explota en dicho lugar los medios de 
almacenamiento necesarios, así como las prestaciones y servicios 
correspondientes. 
Estos acuerdos, y en particular el intercambio cruzado de actividades, tiene 
como objetivo facilitar a cada una de las partes la especialización en sus 
puntos fuertes: el polietileno para Enimont, los metilmetacrilatos para 
Orkem. A raíz de este intercambio, las dos partes dejaban de ser competidoras 
en los mercados en cuestión, ya que el polietileno y los metilmetacrilatos 
son productos completamente diferentes. 
A raíz de la reorganización del sector químico público francés de 1990, las 
actividades de Orkem se redistribuyeron entre las respectivas filiales 
químicas, Atochem y Total-Chimie, de los grupos Elf-Aquitaine y Total-CFP. De 
esta forma, las actividades químicas de Orkem quedaron agrupadas con las de 
Atochem. Ahora bien, mientras Orkem había decidido desvincularse 
completamente de las actividades transferidas a Enimont (el polietileno), 
Atochem, por su parte, ya desarrollaba su actividad en este sector. 
III.A.l.a) p.13 
397 
Tras la intervención de Atochem en la negociación, los acuerdos referentes al 
craqueador a vapor de Dunkerque (que atribuían a Enimont la facultad de 
aumentar su parte en la propiedad y explotación del 50% al 100%) se 
modificaron para garantizar a Atochem un derecho de propiedad y de 
explotación del craqueador a vapor de un 30%. 
En 1991, Enichem sucedió a Enimont y, desde hace algún tiempo, está 
estudiando un programa de racionalización de sus propias actividades. 
Con arreglo a este programa y al interés de Elf Atochem por consolidar su 
presencia en el sector del polietileno, en 1993 se decidió poner fin a una 
parte de los acuerdos antes firmados entre Orkem y Enimont. Concretamente, 
las instalaciones industriales de producción de polietileno de baja densidad 
lineal de Carling (que antes habían sido transferidas por Orkem a Enimont) 
vuelven a ser transferidas a Elf Atochem. 
La Comisión consideró que estos acuerdos, en su conjunto, constituyen una 
cooperación que entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 
8 5 del Tratado CE. 
No obstante, estos acuerdos han permitido una racionalización de la 
producción en los sectores afectados y la organización más eficaz de la 
distribución en unos mercados geográficos más grandes en relación con los 
explotados anteriormente por cada una de las partes. 
De esta forma, las partes pueden ofrecer a los usuarios una gama más amplia 
de productos complementarios, concentrando sus esfuerzos en las actividades 
en las que obtienen mejores resultados, mejorando por consiguiente sus 
productos. 
Por lo tanto, la Comisión archivó el asunto mediante carta administrativa. 
III.A.l.p.14 
398 
<T6> Abim Card 
10. El 6 de agosto de 1992, cuatro compañías petrolíferas, Aral Ag, BP Oil 
Intrenational Ltd., Italiana Petroli S.p.A. y Mobil Petroleum Company, Inc. 
(los "participantes") notificaron su intención de suscribir un acuerdo por el 
cual cada una de ellas emitiría individualmente su propia tarjeta comercial 
internacional para la adquisición sin dinero en metálico de carburante y 
productos y servicios afines ("tarjetas comerciales") por parte de los 
operadores de transportes y fletes ("clientes comerciales") en todas las 
estaciones de servicio repartidas por Europa y designadas por cada 
participante. Esta operación facilitará la aceptación recíproca de Tarjetas 
Comerciales emitidas por cada participante en la llamada Red "ROUTEX". 
Los aspectos técnicos de la Operación se recogen en acuerdos complementarios, 
entre los cuales figuran un contrato de compraventa y otro de gestión de 
marca registrada. 
La operación pretendía responder al crecimiento del transporte 
transíronterizo por carretera en Europa, derivado de la ampliación a toda 
Europa de las actividades de los operadores de transportes y fletes, y hacer 
frente a la demanda cada vez mayor de los clientes comerciales para disponer 
de un medio sencillo y adecuado de compra de carburante sin pagar en metálico 
en cualquier lugar de Europa. Dado que ninguno de los participantes se 
encontraba en una situación que le permitiera ofrecer un conjunto de 
estaciones de servicio que, por su número y localización, pudiesen responder 
a la demanda de los clientes comerciales, cada participante acordó aceptar 
las tarjetas comerciales de los demás con carácter recíproco. Los 
participantes consideraron que este acuerdo de aceptación internacional de 
las tarjetas les capacitaría para desarrollar una red viable que contase con 
un tamaño suficiente para hacer frente a las expectativas de los clientes 
comerciales suministrándoles un servicio y una cobertura a escala pan-
europea . 
La cooperación establece que cada participante aceptará determinadas 
obligaciones, a. saber: i) llevar a la práctica la operación en cada uno de 
los países europeos en los que el participante disponga de puntos autorizados 
de suministro; ii) poner todos los medios a su alcance para promover las 
III.A.l.p.15 399 
tarjetas comerciales; iii) emitir una tarjeta comercial identificada mediante 
una marca registrada común y iv) reconocer las tarjetas comerciales emitidas 
por los demás participantes. 
Al integrarse en la operación, cada participante acordó también promover la 
aceptación de la tarjeta para camiones UTA (Union Tank Eckstein GmbH) en las 
estaciones de servicio que determinasen, y conceder al mercado UTA unas 
condiciones similares para el combustible diesel. 
Salvo algunos acuerdos .transitorios de duración limitada, se suprimieron 
algunas restricciones de la competencia a petición de la Comisión. Los 
servicios de la Comisión se centraron especialmente en el hecho de que no 
figurasen en los acuerdos ningún descuento acordado de forma conjunta entre 
los participantes y UTA, que no se concediesen rebajas acordadas 
conjuntamente a los clientes comerciales, o que no se incluyese en los 
acuerdos una gama de productos autorizada conjuntamente, y que los 
distribuidores pudiesen determinar libremente si los costes adicionales 
derivados del pago mediante tarjeta deberían correr a cargo de los clientes. 
En octubre de 1993 se presentaron los acuerdos definitivos, una vez 
modificados, y se archivó el asunto mediante carta administrativa. 
Anexo III.A.I.p.16 400 
<T6> Reglamento de coordinación de la programación MPEAA/NOS y NOS 
11. Este asunto se refiere a determinadas normas por las que se coordina la 
compra y producción de programas de televisión por parte de las 
organizaciones públicas neerlandesas de radiodifusión. Estas últimas cooperan 
a través de una organización central de radiodifusión, "NOS", que aplica 
dicho sistema de coordinación de la programación. 
Los principales suministradores de programas de televisión a las 
organizaciones públicas neerlandesas de radiodifusión son los grandes 
productores americanos. El de abril de 1989, la Motion Picture Export 
Association of America (MPEAA), asociación de productores y distribuidores de 
películas, junto con sus empresas miembros, presentó una denuncia ante la 
Comisión contra las normas antes citadas. El 20 de septiembre de 1990, NOS 
notificó a la Comisión sus normas de coordinación de la programación. 
Tras la publicación de una comunicación con arreglo al apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento n° 17, relacionada con estas normas, el sistema ha 
sido declarado exento mediante carta administrativa de 1 de marzo de 1993 . La 
exención se basa en que este sistema ofrece ventajas en cuanto a la 
organización y eficiencia de costes para el funcionamiento del sistema 
público neerlandés de radiodifusión. Los denunciantes no presentaron objeción 
alguna al archivo del asunto mediante carta administrativa. 
Anexo III.A.1.p.17 . 
<T6> BSB/Football Association 
12. Tras publicar una Comunicación con arreglo al apartado 3 de artículo 19 
del Reglamento n° 17 del Consejo, la Comisión archivó el expediente relativo 
a los acuerdos firmados entre la English Football Association (FA), la BBC .y 
BSkyB (antes BSB). 
En virtud de sus acuerdos con la FA, la BBC y BSkyB habían obtenido la 
exclusiva de la cobertura televisada de los partidos de fútbol de las 
temporadas 1988/89 a 1992/93. Estos acuerdos abarcaban todos los partidos 
nacionales e internacionales cuyos derechos de retransmisión televisiva 
correspondían a la FA, es decir los partidos de copa nacional organizados por 
la FA (FA Cup y Charity Shield), así como los partidos internacionales en los 
que participaba la selección nacional inglesa. BBC y BSB, que habían 
efectuado una oferta conjunta de compra de dichos derechos, se los 
repartieron retransmitiéndolos de forma alternativa. 
La Comisión consideró que la concesión de unos derechos exclusivos a BBC y 
BSkyB entraba dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. 
En efecto, para que todas las cadenas tengan una oportunidad real de acceder 
a partidos de fútbol que atraigan a un numeroso público, sería necesario, por 
lo general, que la duración de los contratos se limitase a una temporada. En 
este caso, no obstante, la exención se justificaba por el hecho de que BSB 
(hoy BSkyB), cuyas actividades sólo se iniciaron en 1990, necesitaba un 
contrato de mayor duración para facilitar su penetración en el nuevo mercado 
(en expansión) de la retransmisión en directo vía satélite. Esta valoración 
no prejuzga la posición que la Comisión podría adoptar posteriormente frente 
a cualquier nuevo contrato firmado por las partes. 
Inicialmente, BBC y BSB (actualmente BSkyB) habían obtenido también una 
autorización exclusiva de retransmisión de los partidos de fútbol jugados en 
el extranjero, que se condicionaba, con arreglo al artículo 14 de los 
estatutos de la UEFA, a la autorización previa de la FA. Esta cláusula, que 
era -la que suscitaba las mayores objeciones en la denuncia planteada por 
Indépendant Television Association, fue retirada de los acuerdos en 1992 a 
petición de la Comisión. A la espera de la decisión de la Comisión sobre el 
Anexo III.A.1.p.18 
402 
artículo 14 de los estatutos de la UEFA, la FA se comprometió a no efectuar 
discriminación alguna entre BBC y BSkyB, por- una parte, y los demás 
candidatos a la retransmisión de partidos jugados en el extranjero (por 
ejemplo, sociedades miembros de ITV) por otra. 
Anexo III.A.1.p.19 
403 
<T6> BBC Enterprises 
13. En diciembre de 1991, BBC Enterprises Limited, filial de British 
Broadcasting Corporation "BBC", presentó a la Comisión una solicitud de 
declaración negativa, o de exención, con arreglo a la normativa comunitaria 
de competencia, para un acuerdo tipo de licencia de derechos de autor, 
destinado a facilitar la retransmisión de programas de televisión del Reino 
Unido a los suscriptores en Irlanda de servicios de radiodifusión (redes de 
cable y "multipoint microwave distribution systems, "MMDS"). 
Los licenciadores participantes en el acuerdo con BBC Entreprises Limited son 
los otros radiodifusores y organizaciones de radiodifusión vía terrestre del 
Reino Unido que representan a los titulares de derechos de autor y derechos 
afines de los servicios de radiodifusión de programas de televisión en el 
Reino Unido, incluidos Independent Televisión Association, Chanel 4 y la 
Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles, 
"AGICOA", de Suiza. Los licenciatarios con los que se han concluido acuerdos 
hasta la fecha son varias empresas de televisión por cable y empresas que 
proponen el suministro de servicios de MMDS en Irlanda, incluidas Cablelink 
Limited en Dublin y Cork Communications Limited. 
La Comisión consideró que el acuerdo contenía restricciones que entraban en 
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. En su valoración de 
la solicitud de exención en virtud del apartado 3 del artículo 83, la 
Comisión aceptó la opinión de las partes notificantes de que la licencia 
colectiva era el medio más efectivo para que un operador de cable o de 
sistemas MMDS se cerciorase de no infringir los derechos de autor o afines a 
la hora de retransmitir programas de televisión a sus suscriptores. 
A pesar de ello, y teniendo en cuenta, que, anteriormente, en algunos Estados 
miembros, determinados radiodifusores habían quedado excluidos de acuerdos 
similares, la Comisión debía verificar que dichos riesgos quedaban en este 
caso reducidos al mínimo para proteger la competencia. De esta forma, las 
partes modificaron el acuerdo a solicitud de la Comisión, para garantizar un 
acceso suficiente a los radiodifusores que no son actualmente partes 
firmantes del acuerdo. 
Anexo III.A.1.p.20 40 
Tras la publicación de una Comunicación'3' con arreglo al apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17/62'4', que no dio lugar a que 
se presentase observación alguna, la Comisión anunció a las partes 
notificantes, el 8 de julio de 1993, mediante carta administrativa que se 
cumplían los requisitos necesarios para la exención. 
(3) DO C 105, 16.4.1993. 
(4) DO 13, 21.2.1962. 
Anexo III.A.1.p.21 
405 
T6> Philips/Matsushita - DCC 
14. El 14 de noviembre de 1991, Philips International BV "Philips", notificó 
a la Comisión, solicitando una exención o declaración negativa, una serie de 
acuerdos referentes a una licencia de patente relacionada con el desarrollo y 
explotación del casette compacto digital "DCC" y del reproductor de DCC. El 
DDC es un nuevo tipo de sistema de reproducción y grabación en casette de 
cinta magnética que ofrece un sonido digital, en contraposición con el actual 
sonido analógico de las casettes tradicionales. Las otras empresas 
principales firmantes de los acuerdos son Matsushita Electric Industrial 
Company Ltd. y Sony Corporation, ambas japonesas, junto con Thomson Consumer 
Electronics SA, empresa perteneciente al grupo francés Thomson. Además, se 
notificó también un memorándum de acuerdo referente a la prevención de la 
piratería de derechos de autor entre Philips y la International Federation of 
the Phonographic Industriy, "IFPI", que representa a la industria musical 
internacional. 
A pesar de que los acuerdos contenían restricciones de la competencia que 
entraban en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del 
Tratado, a saber, la puesta en común de patentes y conocimientos técnicos, 
así como normalización de las especificaciones, la Comisión opinó que 
existían motivos suficientes para conceder una exención con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85. 
Tras la publicación de una Comunicación con arreglo al apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17/62, que no suscitó observación 
alguna, la Comisión comunicó a Philips, el 29 de abril de 1993, mediante 
carta administrativa, que se reunían los criterios necesarios para la 
exención. 
Anexo III.A.1.p.22 . _ ^ 406 
<T4> b) Abusos de posición dominante : 
<T6> Compromiso IBM 
15. La Comisión continúa efectuando el seguimiento del compromiso ofrecido 
por IBM el 1 de agosto de 1984. 
Este compromiso establece que se facilitará información sobre el interfaz 
para la conexión de los productos de los competidores a los productos del 
Sistema/370 de IBM y al SNA (System Network Architecture). 
Desde su lanzamiento, se han producido un total de 189 solicitudes 
procedentes de 23 competidores, que contienen 1 487 preguntas individuales. 
De estas empresas, siete han firmado y recibido información con arreglo a los 
acuerdos de revelación de información técnica. 
Anexo III.A.1.p.23 
407 
<T4> c) Decisiones de desestimación de denuncias 
<T6> Excelvisión - France Télécom 
16. La Comisión rechazó formalmente, mediante decisión, una denuncia 
presentada en 1987 por la empresa francesa Exelvision contra France Télécom 
por un abuso de posición dominante consistente en el ofrecimiento, por parte 
de esta última, de terminales gratuitos de Minitel destinados a prestar a los 
usuarios finales servicios de videotex con valor añadido. 
El denunciante era un fabricante de terminales de características similares a 
los ofrecidos por Trance Télécom. 
La valoración del caso se complicaba aún más, dada la modificación del marco 
reglamentario en Francia y en toda la CEE, por lo que se refiere a la 
prestación de servicios de valor añadido, ocurrida desde la presentación de 
la denuncia. Así, mientras que en 1987 la prestación de servicios de valor 
añadido era todavía un monopolio en Francia, en 1988 se produjo su 
liberalización. 
En su razonamiento, la Comisión estimó que, durante un período limitado de 
tiempo, la oferta efectuada por France Télécom a los usuarios finales de 
terminales básicos de Minitel de forma gratuita constituía una promoción 
destinada, como muchas otras, a garantizar un rápido despegue del servicio 
videotex que lo haría atractivo para los posibles prestadores de servicios y 
usuarios finales. Así sucedió de hecho, y actualmente cerca del 90% de los 
terminales de videotex en la CEE están instalados en Francia. Además, muchos 
países siguen, en mayor o menor medida, la estrategia francesa. 
En cuanto al período siguiente a la liberalización de servicios de vidéotex, 
la Comisión consideró si la conducta de France Télécom equivalía a un abuso 
de posición dominante al intentar eliminar un competidor mediante una acción 
predatoria. Así, la Comisión tuvo en cuenta que France Télécom no era quien 
fabricaba de hecho los terminales, sino que los compraba en grandes 
cantidades mediante contratos públicos de suministro, en los que nunca 
participaba el denunciante, y que desde 1989 en adelante France Télécom 
introdujo un canon de alquiler mensual de los nuevos terminales de Minitel y 
dejó de adquirir los antiguos modelos. 
Anexo III.A.1.p.24 
408 
Según el resultado de la valoración, no se podía considerar que hubiese 
existido abuso de posición dominante, ya que no se probó la existencia de la 
intención de eliminar a Exelvision y no existía indicio alguno de la 
aplicación de unos precios inferiores a los costes medios variables tanto por 
lo que se refiere a todo el servicio videotex como a los nuevos terminales de 
Minitel. 
Anexo III.A.1.p.25 
409 
<T6> Tierce Ladbroke (B)/PMU-DSV-Sociétès de coursés français 
17. En 1990, el Tiercé Ladbroke, filial belga del grupo más importante de 
corredores de apuestas ingleses, presentó una denuncia ante la Comisión por 
infracción de los artículos 85 y 86 del Tratado CE contra: 
la agrupación de interés económico Pari Mutuel Urbain (PMU), organismo 
corredor de apuestas creado en virtud de la ley francesa por las 10 
sociedades francesas de carreras hípicas autorizadas para aceptar 
apuestas mutuas fuera de los hipódromos, 
las propias 10 sociedades de carreras, 
el Pari Mutuel International S.A. (PMI), filial del PMU, encargada de la 
explotación de sus derechos en el extranjero, 
la Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH (DSV), de Colonia, 
sublicenciataria de PMU en Alemania. 
Esta denuncia tenía un doble objeto: 
1. Las 10 sociedades de carreras titulares de los derechos de propiedad 
intelectual sobre las carreras que organizan habrían infringido el 
artículo 86 del Tratado CE al negarse a transmitir a Ladbroke en 
Bélgica, las imágenes, el sonido y los comentarios televisados de las 
carreras francesas. Ahora bien," las carreras francesas constituyen el 
objeto de una parte fundamental de las apuestas a tanto fijo que 
Ladbroke ofrece a los apostadores belgas. En cambio, las 10 sociedades 
francesas de carreras suministran estas imágenes, sonido y comentarios a 
las agencias francesas de PMU, así como a DSV (a través de PMI), que a 
su vez los retransmite a los apostadores alemanes. 
En primer lugar, la Comisión consideró que el mercado afectado no era el 
mercado belga de las apuestas sobre carreras hípicas, sino el de la 
retransmisión televisada en Bélgica de las imágenes, sonido y 
comentarios de las carreras hípicas en general. Por otra parte, llegó a 
la conclusión de que no estaba demostrado que ninguna sociedad de 
carreras, considerada individualmente, ni tampoco el PMU, PMI o DSV, 
estuviese en posición dominante en este mercado. Además, consideró que 
Ladbroke no había aportado prueba alguna de que, consideradas 
Anexo III.A.1.p.26 
410 
conjuntamente, las 10 sociedades de carreras ostentasen una posición 
dominante colectiva. 
Aun suponiendo que esta posición dominante existiese, la Comisión 
manifestó que las sociedades francesas de carreras eran libres, en cada 
mercado, de elegir si concedían o no licencias de explotación de sus 
derechos. Hasta el momento estas sociedades han elegido no difundir 
ellas mismas en el mercado belga las imágenes, el sonido y los 
comentarios televisados de las carreras hípicas que organizan. La 
situación sería diferente si estas sociedades decidieran conceder 
licencias a determinados apostadores y las denegasen a otros. En este 
caso, este comportamiento podría ser una discriminación con•arreglo al 
artículo 86. 
2. Ladbroke discutía, en virtud del artículo 85 del Tratado CE, la validez 
de las disposiciones de los acuerdos que prohiben a PMU y a DSV la 
retransmisión a otros países de ' las imágenes, sonido y comentarios 
televisados que reciben de las sociedades francesas de carreras. 
La Comisión consideró que, en la situación actual del derecho 
comunitario, estas restricciones corresponden a los derechos de los que 
dispone el licenciatario y que, por lo tanto, no entran en el ámbito de 
aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 
Por consiguiente, la Comisión decidió desestimar la denuncia. 
Anexo III.A.1.p.27 
41 1 
<T6> Ladbroke Racing Ltd (UK)/PMU-Sociedades de carreras francesas 
18. En 1989, Ladbroke Racing Ltd, principal corredor de apuestas inglés, 
presentó una denuncia por infracción de los artículos 85 y 86 y del Tratado 
CE contra las 10 sociedades de carreras francesas - cinco de la región 
parisiense y otras tantas de provincias - autorizados por el Decreto francés 
de 11/07/1930 a aceptar apuestas mutuas fuera del hipódromo por haber 
confiado conjuntamente la organización a un organismo único, la AIE, Pari 
Mutuel Urbain (PMU). 
La Ley de 16 de abril de 193 0 y su Decreto de aplicación de 11 de julio de 
193 0 autorizaban, en efecto, a cinco sociedades de carreras parisinas y cinco 
sociedades de provincias a aceptar conjuntamente y en común apuestas mutuas 
fuera del recinto de sus hipódromos. Las 10 sociedades autorizadas 
encomendaron la gestión de sus apuestas a la "Société du PMU, s.à.r.l.". La 
Ley de 2 3 de diciembre de 1964 estableció que las sociedades de carreras eran 
las únicas encargadas de aceptar apuestas correspondientes a carreras 
extranjeras. El Decreto de 14 de noviembre de 1974 obligó a las sociedades de 
carreras a recurrir únicamente al PMU para la aceptación de apuestas fuera 
del hipódromo. El Decreto de 13 de septiembre de 1985 dispuso que cualquier 
aceptación de apuestas correspondientes a carreras corridas en Francia sólo 
podría ser efectuada por una sociedad de carreras en el recinto de su 
hipódromo o por el PMU. 
La Comisión desestimó la denuncia de Ladbroke contra las sociedades de 
carreras en la medida en que aquélla impugnaba la elección entre 1962 y 1974, 
de un operador común, PMU, para la organización de sus apuestas fuera del 
hipódromo. En efecto, la designación de un único operador, encargado de 
globalizar las apuestas, calcular las relaciones y pagar a los ganadores, 
constituye para ellas una obligación legal derivada del decreto de 193 9 que 
autoriza las apuestas mutuas fuera del hipódromo. Por otra parte, antes de la 
publicación del decreto de 1974, que hacía obligatoria la intervención del 
PMU, Ladbroke no solicitó en ningún momento a las sociedades de carreras que 
se le designara en lugar del PMU. Por último, con arreglo al decreto de 193 0, 
se prohibía a las sociedades de carreras elegir un operador individual, tal y 
como mantiene Ladbroke. 
Asimismo, la Comisión consideró que la aprobación del decreto de 193 9 no 
Anexo III.A.1.p.28 
412 
constituía una regularización legislativa a posteriori de acuerdos o 
prácticas concertadas contempladas en el artículo 8 5 del Tratado constitutivo 
de là CE, ya que éste no existía en dicha fecha. 
Por último, la Comisión estimó que los acuerdos concluidos por las sociedades 
de carreras para la organización de las apuestas mutuas (elaboración de un 
calendario de carreras, etc.) son también consecuencia lógica del decreto de 
1930. Por lo que a los demás aspectos de la denuncia Ladbroke se refiere, la 
Comisión se remitió a los otros procedimientos que se están tramitando 
actualmente. 
Anexo III.A.1.p.29 
413 
<T6> Tiercé Ladbroke (B)/PMU francés y belga 
19. En 1991, Tiercé Ladbroke, filial belga del principal grupo inglés de 
corredores de apuestas, presentó ante la Comisión una reclamación contra el 
PMU francés (AIE Pari Mutuel Urbain) y el PMU belga, integrado por la 
a.s.b.l. Pari Mutuel Unifié belge y la Société coopérative auxiliare PMU 
belga, creada por éste para la aceptación de apuestas mutuas en Bélgica. El 
reclamante alegaba que estas dos empresas habían concluido los días 2 5 de 
mayo de 1990 y 18 de marzo de 1991, unos acuerdos que permitían, desde el 20 
de marzo de 1991, a los apostantes de 17 departamentos del norte de Francia 
efectuar, 4 veces al mes y en oficinas del PMU francés, apuestas mutuas 
correspondientes a' las carreras organizadas en Bélgica por las sociedades de 
carreras de este país. 
El sistema es el siguiente': el PMU francés acepta las apuestas en sus centros 
de Francia y las totaliza. Posteriormente, se transfieren al sistema 
totalizador belga que retiene el 35% de su importe con arreglo a la 
legislación belga. De este 35%, el 26% queda en manos del PMU belga y el 9% 
se devuelve al PMU francés el cual, a su vez, guarda, junto con las 
sociedades de carrera un 5%, mientras que el 4% restante se destina al 
Gobierno francés, mientras que en las carreras francesas el porcentaje 
conservado por el PMU y las sociedades de carreras es del 10% y la retención 
estatal del 18%. 
En Francia, al igual que en Bélgica, los PMU son creación de las sociedades 
de carreras y están autorizados por la ley a aceptar apuestas 
correspondientes a carreras nacionales según el principio de las apuestas 
mutuas. Mientras en Francia sólo se autoriza las apuestas mutuas, y, por 
consiguiente, el PMU francés disfruta de una posición de monopolio, en 
Bélgica los corredores de apuestas están autorizados a aceptar no sólo 
apuestas a tanto fijo, sino también apuestas mutuas en el interior de los 
hipódromos, bajo el control de las sociedades de carreras a las que pagan un 
canon. Además, se les autoriza, y son los únicos que pueden hacerlo, a 
aceptar apuestas a un tanto fijo convencional. 
Por 3.0 que se refiere a la dimensión geográfica del mercado afectado, éste 
abarca, según la Comisión, tanto Francia como Bélgica, ya que las normas 
nacionales sobre aceptación de apuestas de ambos Estados producen el efecto 
Anexo III.A.1.p.30 
414 
no sólo de establecer unas condiciones homogéneas de competencia en cada uno 
de dichos Estados sino también de diferenciarlas de las de todos los demás 
Estados miembros. 
Teniendo en cuenta las disposiciones legales actualmente vigentes en el 
mercado francés, en donde sólo se pueden efectuar apuestas en el PMU francés, 
no puede existir ni abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86 
del Tratado CE, ni restricción de la competencia con arreglo al apartado 1 
del artículo 8 5 del Tratado CE, por el simple motivo de que no puede existir 
competencia alguna. 
Por último, por lo que se refiere al mercado belga, habida cuenta de la falta 
de posición- dominante del PMU belga, éste no pudo infringir^ el artículo 86 
del Tratado. Además, el hecho de comercializar en el extranjero el soporte de 
apuestas que constituyen las carreras que sus miembros (es decir las 
sociedades de carreras) organizan, debe considerarse como una mera venta de 
servicios de un Estado miembro a otro, venta que aún pudiendo afectar al 
comercio entre los Estados miembros, no tiene por objeto ni produce el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común, de tal 
forma que no infringe tampoco el apartado 1 del artículo 85. 
Anexo III.A.1.p.31 
415 
<T6> Tiercé Ladbroke (B)/PMU belga 
20. En 1992, Tiercé Ladbroke, filial belga del grupo inglés de corredores de 
apuestas más importante, presentó ante la Comisión una denuncia contra la 
empresa PMU Belge, integrada por a.s.b.l. Pari Mutuel Unifié Belge y Société 
Coopérative Auxiliare PMU Belge, a la que las sociedades de carreras belgas 
confían las apuestas mutuas efectuadas fuera del hipódromo en relación con 
las carreras que ellas organizan. 
La empresa reclamante alegaba que el PMU Belge, que la había autorizado a 
actuar de agente en las apuestas mutuas para las carreras hípicas belgas de 
1982 a 1988, se negaba a acreditarla nuevamente para esa función. 
Con anterioridad (diciembre de 1991), PMU Belge y cuatro directivos de 
sociedades de carreras miembros de dicha empresa se hicieron con el control 
de una empresa competidora de Tiercé Ladbroke, Tiercé Franco-Belge, a la que 
PMU Belge siguió autorizando como agente en el mencionado tipo de apuestas. 
Según Tiercé Ladbroke, al obrar de ese modo, PMU Belge la eliminaba del 
mercado de apuestas para las carreras belgas, dejándole sólo, en virtud de la 
legislación belga, la posibilidad de tomar apuestas para las carreras 
extranjeras. 
Tiercé Ladbroke llegaba a la conclusión de que PMU Belge, que, en su opinión, 
disfrutaba de un monopolio para las apuestas efectuadas fuera del hipódromo 
en relación con las carreras belgas, abusaba de esa posición dominante, en el 
sentido de lo dispuesto en el artículo 86 CEE. 
La Comisión considera que, en cualquier caso, tal monopolio dejó de existir 
desde el momento en que el Tribunal de Apelación de Bruselas (en Sentencia de 
11.5.93) reconoció a la Société de l'Hippodrome d'Ostende el derecho a 
confiar las apuestas para las carreras que ella organiza a un agente que no 
fuera PMU Belge. La Société de l'Hippodrome d'Ostende hizo, además, uso 
inmediato de esa posibilidad, en la temporada de verano de 1993, confiando 
las apuestas para sus carreras a Tiercé Ladbroke. 
Por otra parte, la Comisión considera que PMU Belge (y su filial, Tiercé 
Anexo III.A.1.p.32 
416 
Franco-Belge) no ocupaba una posición dominante en el mercado afectado, esto 
es, el de las apuestas en Bélgica para las carreras hípicas, 
independientemente del lugar en que éstas tengan lugar y del tipo de apuesta. 
En realidad, es Tiercé Ladbroke la que ocupa la posición más preponderante. 
Por último, la Comisión considera que, aun suponiendo que PMU Belge y Tiercé 
Franco-Belge hubieran ocupado una posición dominante, la negativa a acreditar 
a Ladbroke no hubiera afectado al comercio entre los Estados miembros, ya que 
la realización de apuestas en la frontera franco-belga no reviste mucha 
importancia y las apuestas a que se refiere la empresa denunciante se toman 
en agencias belgas para carreras belgas y no conllevan transferencias 
financieras entre Bélgica y otros Estados miembros. 
Por todo ello, la Comisión ha desestimado la reclamación de Tiercé Ladbroke. 
Anexo III.A.1.p.33 
417 
<T6> MTVE/VPL-IFPI 
21. En junio de 1992 la Comisión recibió una denuncia de MTV Europa "MTVE", 
emisora paneuropea de televisión vía satélite, que emite vídeos de música 
pop, contra la empresa Video Performance Limited "VPL", así como contra la 
International Federation of the Phonographic Industry "IFPI" y las cinco 
principales compañías mundiales discográficas: Sony, Polygram, Warner, BMG, y 
Thorn/EMI, las llamadas "grandes". 
VPL concede licencias y administra derechos de difusión y ejecución de vídeos 
musicales con arreglo a la legislación del RU para sus miembros, entre los 
que se incluyen las cinco grandes. IFPI es una asociación internacional de 
productores de discos y vídeos que coordina las actividades de sus miembros, 
incluidas las grandes, en las distintas sociedades nacionales recaudadoras a 
las que pertenecen. 
MTVE denunciaba: a) que la existencia de VPL y su actividad como licenciadora 
de los derechos de autor de vídeos musicales de sus miembros en la CEE y sus 
actividades conjuntas con IFPI, que facultan a las compañías discográficas a 
conceder licencias paneuropeas a través de acuerdos conjuntos de venta (el 
80% en nombre de las cinco grandes) infringía el apartado 1 del artículo 85 
y; b) que VPL e IFPI ocupaban conjuntamente una posición dominante en la 
Comunidad, en el sentido del artículo 86, ya que pueden ejercer un control 
absoluto sobre las licencias de los vídeos musicales de sus miembros. Según 
MTVE, han abusado de esta posición dominante en el mercado correspondiente al 
imponer precios injustos a MTV por las licencias de transmisión paneuropea de 
vídeos musicales. 
MTVE había firmado inicialmente un acuerdo con VPL/IFPI en 1987 sobre los 
derechos antes descritos. Este acuerdo se renovó en 1990, pero debía 
finalizar el 31 de julio de 1992 y MTVE temía que VPL e IFPI no estaban 
dispuestas de renovarlo. Por consiguiente, junto con la denuncia solicitó a 
la Comisión que adoptase medidas cautelares por las que se exigiese a VPL e 
IFPI que llegasen a un nuevo acuerdo con MTVE. No obstante, a raíz de la 
intervención de la Comisión, VPL e IFPI aceptaron prorrogar el acuerdo con 
MTVE hasta el 31 de julio de 1993 (posteriormente se prorrogó hasta el 31 de 
julio de 1994). 
Anexo III.A.1.p.34 
418 
El 11 de mayo de 1993, la Comisión rechazó la solicitud de medidas cautelares 
presentada por MTVE, alegando que, dada la prórroga del acuerdo, no existía 
riesgo de daños serios e irreparables para MTVE que pudiesen justificar la 
adopción de tales medidas. 
Habida cuenta de ello, la Comisión no investigó la existencia, o los indicios 
de existencia, de infracción a las normas de competencia comunitarias. 
Actualmente, la Comisión procede a estudiar el fondo de la denuncia 
presentada por MTVE. 
Anexo III.A.1.p.35 
419 
<T6> Pentos 
22. La Comisión denegó la concesión de medidas cautelares a raíz de la 
presentación de una denuncia por Pentos Retailing Group, librero minorista 
del RU, referente a los Net Book Agreements (NBA). 
Los NBA establecen una condiciones tipo uniformes de venta que los editores 
británicos deben imponer a los vendedores minoristas para la reventa de 
libros a precio neto. Tras la decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 
1988 de no conceder una exención a la NBA'5' y la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia, de 9 de julio de 1992, que ratificaba dicha decisión'6', 
Pentos presentó una denuncia a la Comisión, alegando que el hecho de que los 
NBA continuasen vigentes, y en particular la aplicación de la cláusula 
referente a la reimportación de otros Estados miembros de libros editados en 
el RU (cláusula de circunvención), le impedía tomar medidas de promoción de 
precios, afectando así negativamente a sus ventas. 
La Comisión estimó que, por lo que se refiere a la cláusula de circunvención, 
no se podía descartar que hubiese indicios de infracción del artículo 85. No 
obstante, la Comisión consideró que no se cumplía el requisito de producir un 
daño serio e irreparable ya que Pentos no había aportado pruebas suficientes 
al respecto. 
(5) Décimo octavo Informe sobre la Política de Competencia, punto 52. 
(6) Vigésimo sengundo Informe sobre la Política de Competencia, punto 318. 
III.A.1.p.36 
420 
<T6> Inspección CECA 
Al igual que otros años, la inspección CECA procedió a una serie de controles 
de la producción de carbón y acero sujetas a exacción (artículo 49/50 CECA). 
Se efectuaron 103 . visitas de control de la producción declarada en las 
oficinas centrales y fábricas de empresas del sector del carbón y el acero. 
III.B.l.p.l 
421 
<T9> B. Empresas públicas y monopolios nacionales 
<T4> Decisiones con arreglo al artículo 90 del Tratado 
<T6> Puerto de Rodby'7' 
El 21 de diciembre la Comisión adoptó una decisión con arreglo al apartado 3 
del artículo 90 del Tratado CE por la que se exigía al Reino de Dinamarca que 
pusiese fin a una infracción del apartado 1 del artículo 90, en conexión con 
el artículo 86 del Tratado CE, correspondiente a una negativa a conceder 
acceso a las instalaciones portuarias situadas en Redby (Dinamarca). 
Las autoridades danesas se habían negado a permitir a Euro-Port A/S, filial 
de STENA Rederi AB, el acceso a las instalaciones portuarias existentes en 
Rodby o, alternativamente, a que construyese nuevas instalaciones en unos 
terrenos adyacentes al puerto. Euro-Port A/S deseaba penetrar en el mercado 
de servicios de transbordador en la línea Radby/Puttgarden (Alemania). El 
puerto de Rodby es propiedad y está gestionado por DSB, empresa ferroviaria 
propiedad del Estado, que posee el derecho exclusivo de organizar el tráfico 
ferroviario en Dinamarca. DSB presta también servicios de transbordador desde 
dicho puerto en colaboración con Deutsche Bundesbahn, empresa pública 
alemana. 
La Comisión consideró que una empresa propietaria y gestora de unas 
instalaciones fundamentales, es decir, unas infraestructuras sin las cuales 
sus competidores no pueden ofrecer sus servicios a los clientes, y que se 
niega a concederles acceso a dichas instalaciones está abusando de su 
posición dominante. Más concretamente, una empresa que posee y gestiona unas 
instalaciones portuarias fundamentales desde las que presta un servicio de 
transporte marítimo no puede, sin motivos objetivos, negar a una naviera que 
desee operar en la misma línea marítima el acceso a dichas instalaciones sin 
infringir el artículo 86. Además, el apartado 1 del artículo 90 prohibe a los 
Estados miembros situar a una empresa en una situación en la que no se podría 
haber situado ella misma por su propia conducta sin infringir el artículo 86. 
Por consiguiente, cuando un Estado miembro se niega a conceder acceso a unas 
instalaciones portuarias fundamentales y ha reforzado los efectos de dicha 
(7) Decisión de la Comisión 94/119/CE, DO L 55, 26.2.94. 
III.B.l.p.2 
422 
negativa al denegar también la autorización para la construcción de un nuevo 
puerto, está infringiendo el apartado 1 del artículo 90 en conexión con el 
artículo 86. 
Tras examinar las alegaciones de las partes, la Comisión consideró que no 
existían motivos objetivos que justificasen la doble negativa de las 
autoridades danesas y que, en efecto, impedía a los competidores de DSB la 
penetración en el mercado de 'los servicios de transbordador entre Dinamarca y 
Alemania, fortaleciendo así la posición dominante conjunta de DSB y Deutsche 
Bundesbahn en la línea Rodby/Puttgarden, infringiendo el apartado 1 del 
artículo 90 en conexión con el artículo 86. 
Anexo IV.A. p.1 
423 
<T5> Anexo IV 
<T1> Evolución de la concentración y de la competencia 
<T4> Introducción 
23. Tal y como se explicaba en el Vigésimo segundo Informe anual, la 
Comisión puso fin en 1992 a la recopilación directa de datos mediante la base 
DOME, que servía de fuente para la preparación de la información estadística 
en el presente anexo. A partir de este año, la información contenida en esta 
sección de nuestro informe anual procederá de bases de datos externas. La 
mayor parte de la información presentada a continuación procede de la base de 
datos AMDATA, perteneciente a Acquisitions Monthly and Computasoft Ltd, a la 
que están suscritos los servicios de la Comisión. Los datos de AMDATA se han 
completado con información sobre empresas en participación suministrada por 
KPMG'1'. Este complemento era necesario con objeto de mejorar nuestra 
cobertura de estos tipos de operaciones a las que no se dedica concretamente 
AMDATA. 
Las características de las bases de datos AMDATA y DOME han sido objeto de un 
estudio comparativo efectuado por la Dirección General de Asuntos Económicos 
y Financieros y publicado en European Economy. Desde el punto de vista del 
presente informe es importante destacar las siguientes características de 
AMDATA en comparación con DOME. 
a) AMDATA tiene una cobertura mucho mayor que DOME. Así queda reflejado en 
el gran número de operaciones que engloba en comparación con DOME (véase 
gráfico 1). Además, AMDATA no sólo reseña la operación propiamente dicha 
sino un gran número de variables y características de la misma, entre 
las que se incluye su valor (aunque no siempre). 
b) Tal y como refleja el gráfico 1, a pesar de las diferencias de cobertura 
de las dos bases de datos, la comparación temporal de las operaciones de 
concentración y de la mayoría de las adquisiciones suministrada por DOME 
sigue una pauta temporal similar a la suministrada por AMDATA en cuanto 
(1) Agradecemos a KPMG su amabilidad al suministrar esta información. 
Anexo IV.A. p.2 
42 4 
al número y valor de este tipo de operaciones'2'. 
c) AMDATA suministra información detallada sobre la nacionalidad del 
adquirente y sobre las empresas adquiridas. Gracias a esto se puede 
conocer mejor el flujo transfronterizo de la actividad adquisitiva. 
d) AMDATA suministra también información detallada sobre la SIC (Standard 
Industrial Classification) de la operación lo que facilita el análisis 
sectorial de las transacciones. 
Con objeto de mantener cierta continuidad en la presente publicación, se ha 
intentado conservar en la presentación un formato lo más parecido posible al 
antiguo en la medida en que lo permitían las diferentes fuentes estadísticas. 
Se ha mantenido también el período anual, por lo que los datos recogidos a 
continuación abarcan el período del 1 de junio de 1992 al 31 de mayo de 1993. 
La fecha de cada una de las operaciones corresponde a la fecha en que se 
anunció la transacción según la información de AMDATA. 
Finalmente, cabe recordar que el objetivo del presente anexo siempre ha sido, 
y lo continuará siendo en un futuro próximo, suministrar una descripción de 
las principales pautas de la evolución de las fusiones y operaciones de 
concentración en la CE. No se pretende analizar en profundidad las causas de 
dicha evolución. Nuestro objetivo principal es meramente descriptivo. 
<T9>A. Absorciones (inclusive fusiones y adquisiciones de 
participaciones mayoritarias), adquisiciones de participaciones 
minoritarias y empresas en participación en 1992/1993 
<T4> Panorama general 
24. El cuadro 1 refleja la evolución entre 1987/1988 y 1992/1993 de las 
fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias, así como de las 
adquisiciones minoritarias y de las empresas en participación. La primera 
parte del cuadro abarca los datos relativos a la agricultura, minería,. 
\2) La comparación de datos correspondientes a adquisiciones de 
participación minoritaria y a empresas en participación no es posible 
dado que la cobertura de este tipo de operaciones por parte de AMDATA y 
KPMG es relativamente reciente. 
FUSIONES Y ADQUISICIONES^pE^PARTICIPACIONES 
MAYORITARIAS: CIFRAS DE DOME Y AMDATA GRÁFICO 
DOME: H° de Operaciones 
1000 
800 
600 
400 
200 t-
0 N£ de Operaciones (x1000) Vol. en 10 000 millones 
de ecus: AMDATA « ~ 
-JK 
.Xr 
-K 15 
10 
0 
87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 rt> 
x O 
< 1 
-o 
—AMDATA: N£ Oper. —[.— DOME: N- Oper. —&-- AMDATA: Vol. en ecus 
Fuentes: Bases de datos AMDATA Y DOME 4^ 
CJ"í 
Anexo IV.A. p.4 
426 
servicios públicos, construcción y manufacturas, mientras que la segunda se 
refiere a la información sobre servicios. Los sectores de actividad se 
definen mediante un dígito según la SIC británica. Con dos dígitos, esta 
clasificación es casi equivalente al código NACE. Los espacios en blanco 
significan que no se dispone de información en ambas fuentes. 
Las operaciones se clasifican según su dimensión geográfica. Se han 
establecido cinco categorías : las transacciones nacionales son las 
operaciones entre empresas del mismo país. Las transacciones comunitarias 
abarcan las operaciones en las que participan empresas de, como mínimo, dos 
Estados miembros distintos. Por lo que se refiere a las adquisiciones de 
participaciones mayoritarias y minoritarias, se ha diferenciado las 
operaciones extracomunitarias según la nacionalidad del adquirente y de la 
empresa objeto de la operación. "CE-internacional" abarca aquellas 
operaciones en las que empresas comunitarias adquieren empresas de origen no 
comunitario. Las transacciones "internacional-CE" son aquellas operaciones en 
las que el adquirente es una empresa no comunitaria que adquiere una o varias 
empresas comunitarias. La última categoría (no CE) se refiere a aquellas 
operaciones en las que no participó ninguna empresa comunitaria. 
25. Tal y como muestran el gráfico 1 y el cuadro 1, durante el pasado año se 
mantuvo la tendencia descendente de las concentraciones, tendencia que se 
había iniciado en 1990/1991. Tanto el número de operaciones como el valor 
total de las transacciones han registrado un descenso más acusado que el del 
año anterior. La disminución del número de transacciones tiene un carácter 
general y afecta prácticamente a todos los sectores. En el sector de 
manufacturas, existe un descenso del número de fusiones y adquisiciones 
mayoritarias de, aproximadamente, el 12 %. El subsector que ha experimentado 
la mayor contracción en las actividades de concentración fue el del metal, 
ingeniería y automóviles con un descenso del 15 % en 1992/1993. No'obstante, 
este sector se mantuvo en 1991/1992 al mismo nivel que en 1990/1991. Todos 
los subsectores de manufacturas experimentaron en 1992/1993 un ritmo de 
transacciones similar al de 1988/1989, inmediatamente antes del máximo del 
año siguiente. En la agricultura, la minería y los servicios públicos, el 
porcentaje de disminución de las concentraciones fue más elevado que en los 
sectores manufactureros. 
Cuadro 1 
Operaciones de concentración por sector y área geográfica 1987/1988 - 1992/1993 Anexo IV/A-3. p. 5 
Fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias 
Código SIC 
(1 dígito) Oper. 
Nac. 
Años Oper. 
Ccm. CE/ 
intern. Intern./ 
CE No 
CE Adquisiciones de participaciones minoritarias 
Oper. 
Nac. Oper. 
Can. CE/ 
intern. Intern./ No 
Œ CE Oper. 
Nac. Empresas en participación 
Oper. 
Can. CE/ 
intern. Intern./ 
CE No 
CE Oper. 
Nac. Oper. 
Ccm. TOTAL 
CE/ 
intern. Intern./ 
Œ No 
CE 
Agricultura 
1987/1988 6 
1988/1989 11 
1989/1990 35 
1990/1991 33 
1991/1992 27 
1992/1993 13 6 
11 
35 
33 
30 
16 
Energ i a/Agua 
1987/1988 26 
1988/1989 
1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1992/1993 6 
21 
10 
18 
11 
5 20 
16 
16 
12 
17 
18 1 
4 
5 
10 
9 
16 3 
12 
7 
6 
11 
11 26 
38 
44 
49 
71 
51 6 
21 
10 
20 
16 
6 21 
20 
21 
24 
30 
38 3 
12 
7 
7 
14 
14 
Miner/Quím. 
1987/1988 84 
1988/1989 195 
1989/1990 247 
1990/1991 271 
1991/1992 230 
1992/1993 194 37 
105 
151 
134 
92 
94 72 
94 
117 
77 
88 
73 22 
58 
79 
107 
79 
91 17 
32 
47 
62 
61 
63 0 
0 
9 
9 
14 12 
22 
17 
34 40 
90 
65 
75 26 
87 
84 
68 84 
195 
247 
280 
239 
208 37 
105 
163 
157 
113 
132 94 
152 
236 
278 
243 
245 17 
32 
73 
150 
154 
140 
Met/Ing/Autcm 
1987/1988 399 
1988/1989 568 
1989/1990 715 
1990/1991 647 
1991/1992 687 
1992/1993 564 50 
160 
178 
182 
169 
123 102 
148 
130 
130 
122 
118 37 
102 
208 
178 
176 
136 36 
80 
107 
83 
69 
102 0 
0 
8 
9 
18 0 
0 
2 
10 
11 5 
7 
12 0 
2 
14 
10 30 
46 
28 
34 129 
176 
138 
77 65 
15 
166 
131 399 
568 
715 
655 
696 
582 50 
160 
208 
231 
204 
163 139 
250 
467 
491 
453 
354 36 
80 
172 
105 
249 
243 
Mamrfactur. 
1987/1988 385 
1988/1989 675 
1989/1990 777 
1990/1991 846 
1991/1992 851 
1992/1993 701 50 
180 
249 
209 
164 
122 85 
131 
114 
104 
98 
118 40 
104 
167 
147 
117 
120 21 
63 
62 
79 
48 
69 1 
0 
12 
25 
29 2 
0 
7 
15 
11 3 
19 
13 
14 21 
60 
54 
51 21 
60 
81 
60 385 
676 
777 
858 
876 
730 50 
182 
252 
235 
192 
147 125 
235 
302 
315 
280 
299 21 
63 
84 
144 
138 
138 
Construcción 
1987/1988 59 
1988/1989 80 
1989/1990 107 
1990/1991 92 
1991/1992 127 
1992/1993 106 4 
12 
35 
25 
16 
15 0 
5 
16 
9 
12 
12 8 
19 
13 
9 3 
10 
9 
8 59 
81 
107 
97 
133 
110 4 
12 
36 
35 
27 
24 6 
12 
30 
37 
32 
26 1 
3 
9 
19 
13 
12 
Cuadro 1 (continuación) 
Operaciones de concentración por sector y área geográfica 1987/1988 - 1992/1993 Anexo IV/A-3. p. 6 
Fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias 
Código SIC 
(1 dígito) Oper. 
Nac. 
Años Oper. 
Con. Œ/ 
intem. Intern./ 
CE No 
Œ Adquisiciones de participaciones minoritarias 
Oper. 
Nac. Oper. 
Con. Œ/ 
intem. Intem./ 
CE No 
CE Oper. 
Nac. Enpresas en participación 
Oper. 
Can. CE/ 
intem. Intem./ 
CE No 
CE Oper. 
Nac. Oper. 
Con. TOTAL 
CE/ 
intem. Intem./ 
CE No 
CE 
Distr./Hoteles 
1967/1988 399 
1988/1989 602 
1989/1990 744 
1990/1991 570 
1991/1992 768 
1992/1993 508 48 
121 
214 
157 
121 
104 79 
85 
110 
70 
53 
82 12 
57 
109 
108 
87 
103 16 
41 
38 
36 
44 
44 0 
1 
14 
12 
15 0 
0 
4 
10 
8 8 
29 
16 
15 39 
75 
30 
30 13 
73 
74 
41 399 
602 
745 
584 
780 
523 48 
121 
222 
190 
147 
127 91 
142 
258 
258 
177 
219 16 
41 
51 
109 
123 
92 
Transp./Com. 
1987/1988 78 
1988/1969 113 
1989/1990 152 
1990/1991 164 
1991/1992 159 
1992/1993 138 9 
24 
53 
33 
23 
33 6 
15 
10 
23 
23 
20 2 
26 
38 
37 
33 
33 3 
19 
12 
22 
14 
17 1 
0 
5 
12 
6 6 
10 
19 
13 19 
49 
67 
30 19 
48 
60 
54 78 
114 
152 
169 
171 
144 9 
24 
59 
43 
48 
50 8 
41 
67 
111 
125 
86 3 
19 
31 
72 
80 
79 
Banca/Fin/Seg., 
1987/1968 540 
1988/1989 704 
1989/1990 859 
1990/1991 800 
1991/1992 683 
1992/1993 606 41 
123 
206 
168 
136 
122 121 
139 
122 
106 
76 
82 46 
80 
122 
122 
73 
108 17 
53 
64 
69 
63 
51 4 
4 
33 
73 
80 2 
2 
21 
27 
17 1 
2 
4 
13 
10 8 
12 
12 0 
6 
16 
2 41 
125 
47 
18 58 
130 
87 
67 32 
108 
77 
82 540 
708 
863 
833 
756 
686 41 
125 
249 
312 
210 
157 167 
219 
302 
366 
248 
269 17 
53 
96 
183 
156 
135 
Otros servicios 
1987/1988 134 
1938/1989 203 
1989/1990 173 
1990/1991 167 
1991/1992 123 
1992/1993 132 5 
12 
20 
15 
22 
15 19 
28 
17 
13 
20 8 
22 
10 
16 
30 3 
8 
4 
13 
19 0 
0 
6 
8 
18 9 
9 
4 
15 8 
13 
16 
24 1 
18 
17 
22 134 
203 
173 
173 
131 
150 5 
12 
29 
25 
30 
34 0 
27 
58 
40 
45 
77 0 
3 
9 
23 
33 
45 
Totales 
1987/1968 2110 
1988/1989 3187 
1989/1990 3853 
1990/1991 3638 
1991/1992 3720 
1992/1993 3004 252 
761 
1122 
947 
760 
634 499 
659 
655 
550 
497 
537 160 
447 
768 
729 
605 
656 114 
310 
356 
376 
326 
381 0 
9 
5 
93 
163 
196 0 
4 
2 
44 
82 
58 0 
2 
3 
17 
47 
49 0 
0 
0 
25 
45 
42 0 
0 
1 
18 
67 
54 0 
0 
110 
266 
151 
149 0 
0 
322 
612 
470 
363 0 
0 
65 
247 
228 
199 1151 
1627 
1933 
1759 
1838 
1503 103 
282 
559 
570 
435 
368 266 
429 
685 
775 
595 
651 36 
116 
187 
387 
392 
351 
Fuente: AMDATA (adquisiciones) y KPMG (enpresas en participación). 
Nota: Los valores de las enpresas en participación correspondientes a 1990/199V abarcan únicamente desde enero a mayo de 1991. 4^ 
hO 
oo 
Anexo IV.A. p.7 
429 
26. En el sector servicios la evolución no ha sido tan uniforme. Por 
ejemplo, el sector de la distribución y el turístico alcanzaron en 1991/1992 
un alto nivel de concentraciones, inferior, sin embargo, a las cifras de 
1989/1990. No obstante, en 1992/1993 las fusiones y las adquisiciones de 
participaciones mayoritarias descendieron considerablemente, en un 22 % con 
relación a las cifras de 1991/1992. El sector bancario y financiero 
experimentó también una reducción del número de transacciones, aunque en 
menor medida (6 %) . El único subsector en el que se incrementaron las 
concentraciones fue el de "otros servicios", que alcanzó un número de 
transacciones similar al de 1990/1991 (e incluso mayor si se contabilizan las 
adquisiciones de participaciones minoritarias). Se incluyen en este sector 
los servicios de salud y sanidad, la educación, investigación y desarrollo y 
los servicios recreativos, culturales y personales. 
Esta contracción de las concentraciones sigue pautas muy distintas según la 
naturaleza geográfica de las operaciones. En el sector de las manufacturas, 
las operaciones transfronterizas con participación de empresas comunitarias 
(es decir, operaciones intracomunitarias o transacciones entre empresas 
europeas y no europeas) han descendido menos que las operaciones nacionales 
(10 y 18 % respectivamente) . No obstante, la evolución de las operaciones 
transfronterizas no ha sido uniforme. En realidad, las operaciones 
intracomunitarias descendieron más que las nacionales, registrando una 
reducción del 2 0 % con relación a las cifras del pasado año. En cambio, el 
número de operaciones en las que participaban empresas europeas y no europeas 
refleja una cierta resistencia al descenso, con unas disminuciones situadas 
entre el 3 y el 4 %. 
Esta tendencia aparece con mayor claridad aún en el sector servicios. En este 
caso, las operaciones nacionales descendieron el pasado año un 2 0 %, mientras 
que las transfronterizas se incrementaron en un 9 %. También en este caso se 
debe al incremento del número de operaciones entre empresas comunitarias y no 
comunitarias, número que aumentó considerablemente, mientras que las 
operaciones intracomunitarias descendieron en un 9 %. 
Las cifras correspondientes a las transacciones entre empresas no 
comunitarias reflejaron considerables incrementos en el sector de las 
manufacturas durante los últimos 2 años. El sector del metal, ingeniería y 
automóviles explica este ascenso de lasHfusiones extracomunitarias. Aunque la 
Anexo IV.A. p.8 
430 
cobertura de este tipo de operaciones por parte de la base de datos no es 
comparable con su cobertura comunitaria, los datos del cuadro 1 parecen 
sugerir que la contracción de las concentraciones ha sido más importante en 
Europa que en el resto del mundo durante los pasados años. 
<T4> Distribución por sectores de las fusiones y adquisiciones 
de participaciones mayoritarias 
27. El cuadro 2 refleja con detalle la distribución por sectores de las 
fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias en las que 
intervinieron empresas de la Comunidad y que tuvieron lugar durante 
1992/1993. Las tres primeras columnas reflejan la información sobre la 
dimensión geográfica de estas operaciones mientras que la cuarta columna, así 
como las restantes, reflejan las figuras globales correspondientes al período 
1987/1988 a 1992/1993. 
En este cuadro se incluyen únicamente las fusiones y adquisiciones de 
participaciones mayoritarias resultantes de la suma de las siguientes 
categorías suministradas por AMDATA: ofertas públicas, ofertas privadas, 
compras de la empresa por parte de la dirección, enajenaciones y absorciones 
inversas'3^ . 
La primera parte del cuadro refleja el número de operaciones de estos tipos 
que se produjeron en los sectores de la agricultura, minería y servicios 
públicos, construcción y manufacturas. Esta última categoría se ha dividido a 
su vez en tres grupos: minerales y química; metal, ingeniería y vehículos de 
motor, y manufacturas en general. La segunda parte del cuadro incluye todos 
los sectores de los servicios divididos en cuatro subgrupos: distribución y 
hoteles, transportes y comunicación, sector bancario y financiero y seguros y 
otros servicios. 
Tal y como se reflejaba ya en el cuadro 1, el grupo de manufacturas en 
general y el de metal, ingeniería y vehículos de motor son los dos subgrupos 
que registraron el mayor número de fusiones y adquisiciones de 
participaciones mayoritarias en 1992/1993, característica que se ha mantenido 
(3) La definición de estas categorías se recoge más adelante en la sección 
sobre distribución por dimensión y tipo de la oferta. 
Anexo IV.A. p.9 
Cuadro 2 
FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS CLASIFICADAS POR SUBSECTORES 431 
Dimensión geográfica y año 
Destino SIC (2 dígitos) 1992/1993 
Nacional Comunidad CE/no CE Total TOTALES 
1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 
Agricultura y Horticultura 11 1 5 17 
Productos forestales 10 0 1 
Pesca 10 3 4 
AGRICULTURA 13 1 8 22 
Carbón y combustibles sólidos 2 0 5 7 
Petróleo y gas natural 7 2 13 22 
Transformación del petróleo 5 1 1 7 
Producción de combustible nuclear 2 0 3 5 
Electricidad/Gas y otra energía 24 1 11 36 
Suministro de agua 2t 1 1 4 
ENERGÍA Y AGUA 42' 5 34 81 
Menas metalíferas 1 1 6 8 
Manufactura del metal 37 9 17 63 
Extracción de otros minerales 15 3 12 30 
Productos minerales no metálicos 76 35 30 141 
Industria química 64 45 97 206 
Fabricación de fibras artificiales 112 4 
MINERALES/QUÍMICA 194 94 164 452 
Manufactura de otros prod, de metal 87 15 23 125 
Ingeniería mecánica 225 47 95 367 
Maquin. de of ic./equ. de proc. datos 18 2 15 35 
Ingeniería eléctrica y electrónica 127 34 77 228 
Vehículos de motor y recambios 38 14 12 64 
Otos equipamientos de transporte 38 3 11 52 
Ingeniería de precisión 31 8 21 60 
METAL/INGENIERÍVAUTCMÓVILES 564 123 254 941 
Industria alimenticia 114 29 35 178 
Azúcar y derivados 104 15 54 173 
Industria textil 44 16 11 71 
Piel y artículos de piel 4 0 4 8 
Vestido y calzado 69 9 14 92 
Madera y muebles de madera 52 6 14 72 
Manufactura y productos de papel 239 29 56 324 
Procesamiento de caucho y plástico 52 15 37 104 
Otras industrias manufactureras 23 3 13 39 
MANUFACTURAS 701 122 238 1061 
Construcción/ingeniería civil 106 15 17 138 
CONSTRUCCIÓN 106 15 17 138 14 
,1 
2 
16 
10 
42 
6 
0 
2 
2 
53 
6 
23 
9 
69 
107 
2 
215 
85 
184 
35 
187 
26 
30 
41 
588 
76 
71 
46 
2 
40 
54 
170 
71 
30 
560 
69 
69 21 
0 
1 
22 
9 
24 
17 
1 
8 
18 
77 
7 
65 
30 
141 
204 
5 
452 
131 
302 
58 
308 
67 
49 
60 
975 
140 
146 
78 
9 
97 
117 
304 
157 
42 
1090 
104 
104 39 
1 
5 
45 
9 
30 
14 
1 
12 
9 
75 
9 
96 
35 
166 
283 
5 
594 
146 
445 
50 
353 
87 
65 
83 
1229 
195 
184 
94 
13 
101 
110 
386 
174 
50 
1307 
164 
164 38 
2 
5 
45 
7 
20 
15 
2 
30 
14 
10 
108 
23 
192 
252 
4 
589 
154 
392 
36 
320 
80 
64 
91 
1137 
235 
215 
74 
15 
98 
91 
381 
148 
49 
1306 
134 
134 36 
0 
1 
37 
5 
35 
16 
3 
39 
4 
102 
17 
58 
36 
145 
226 
7 
489 
156 
415 
34 
321 
80 
73 
75 
1154 
217 
203 
111 
7 
76 
101 
337 
136 
42 
1230 
161 
161 
Total 1620 360 715 2695 1501 2720 3414 3299 3173 
Anexo IV.A. p.10 
Cuadro 2 (continuación) 
FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS CLASIFICADAS PCR SUBSECTORES 432 
Dimensión geográfica y año 
Destino SIC (2 dígitos) 1992/1993 
Nacional Ccmunidad Œ/no CE Total TOTALES 
1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 
Distribución/mayoristas 262 73 125 460 
Tratamiento de residuos 10 0 1 11 
Distribución - minoristas (nacional) 95 10 10 115 
Distribución - minoristas (otros) 78 6 17 101 
Hoteles y catering 56 14 31 101 
Reparación de productos y vehículos 7 11 9 
DISTRIBUCIÓN/HOTELES 508 104 185 797 
Trans. Gen./Cooriicación 9 0 1 10 
Ferrocarril 3 0 1 4 
Otro transporte terrestre 36 6 7 49 
Transporte marítimo 11 3 5 19 
Transporte aéreo 12 3 4 19 
Servicios carpí ementar i os de transp. 17 3 6 26 
Otros servie, de trans./almacenan. 49 18 26 93 
Serv. postal/teleccm. 10 3 4 
TRANSPCRTE/TELECCMUNICACICNES 138 33 53 224 
Bancos e inst. fin. 123 28 43 194 
Seguros (sin seguridad social) 48 15 21 84 
Servicios a empresas 333 66 110 509 
Arrendamientos de bienes muebles 29 7 8 44 
Transacciones inmobiliarias 73 6 8 87 
BANCA/FINANZA/SEGUROS 606 122 190 918 
Servicios sanitarios 33 5 16 54 
Educación 10 0 6 16 
Investigación y desarrollo 8 3 5 16 
Servie, médicos y sanit.;veterinar. 13 1 3 17 
Otros servicios públicos 0 0 2 2 
Servicios culturales y de ocio 63 5 15 83 
Servicios personales 5 13 9 
OTROS SERVICIOS 132 15 50 197 
TOTALES 1384 274 478 2136 288 
8 
89 
77 
70 
15 
547 
0 
0 
39 
6 
7 
13 
36 
0 
95 
78 
44 
498 
62 
66 
748 
20 
12 
8 
12 
2 
46 
66 
159 
1549 480 
6 
114 
135 
116 
12 
863 
3 
3 
56 
21 
17 
11 
67 
0 
178 
195 
81 
608 
92 
70 
1046 
48 
10 
12 
32 
0 
74 
66 
242 
2329 614 
11 
141 
227 
155 
25 
1173 
15 
2 
47 
33 
25 
18 
110 
3 
253 
242 
94 
773 
104 
96 
1309 
23 
38 
31 
13 
25 
96 
17 
243 
2978 455 
3 
140 
185 
103 
13 
899 
15 
0 
62 
21 
23 
15 
108 
13 
257 
280 
98 
685 
53 
78 
1194 
57 
16 
16 
15 
8 
87 
10 
209 
2559 526 
18 
256 
136 
75 
14 
1025 
4 
2 
68 
29 
21 
30 
72 
12 
238 
243 
73 
535 
39 
78 
968 
49 
11 
19 
5 
1 
75 
14 
174 
2405 
Fuente: AMDATA 
Anexo IV.A. p.11 
433 
constante desde 1987/1988. La distribución geográfica de estas operaciones 
presenta, no obstante, importantes diferencias. Mientras que en estos dos 
subsectores el número de operaciones transfronterizas es aproximadamente el 
mismo, el número de transacciones nacionales en las manufacturas en general 
es mucho más elevado que en el metal/ingeniería/vehículos. 
Los subsectores que registraron la frecuencia más alta de operaciones durante 
el pasado año fueron los de las manufacturas en general, el papel y sus 
derivados, la alimentación y el azúcar. A pesar del descenso general del 
número de transacciones, las concentraciones en el subsector del papel se 
mantuvieron, en 1992/1993, en un nivel alto. Como consecuencia, ha 
incrementado su parte relativa dentro del grupo de manufacturas, al 
corresponderle más del 30 % de todas las transacciones en dicho grupo. El 
porcentaje en los subsectores de la alimentación y el azúcar descendió 
considerablemente por lo que al número de transacciones se refiere, pero 
mantuvo su importancia relativa que es mayor que la de 1987/1988. 
En el sector del metal, la ingeniería y los vehículos de motor, cabe destacar 
que los dos subsectores principales -ingeniería mecánica y eléctrica e 
ingeniería electrónica- han seguido una evolución diferente. En 1987/1988 
ambos subsectores experimentaron aproximadamente el mismo número de 
transacciones. Desde dicha fecha, las concentraciones en el sector de la 
ingeniería mecánica aumentaron con más rapidez que en el sector de la 
ingeniería eléctrica y electrónica. Cabe también destacar que las 
transacciones nacionales son más frecuentes en el sector mecánico que en el 
de la ingeniería eléctrica. 
A pesar de su pequeño número, el incremento de las transacciones en el 
subsector de la "electricidad, gas y otras energías" es muy considerable. 
En el sector servicios, existe una gran concentración de transacciones en dos 
subsectores que representan aproximadamente el 50 % del número total de 
fusiones y adquisiciones mayoritarias de participaciones. Estos subsectores 
son el de la distribución mayorista y el de servicios a empresas en el grupo 
financiero. 
Casi todos los subsectores han seguido la tendencia general de las 
concentraciones durante los últimos años, con un máximo en torno a 1989/1990 
y 1990/1991, seguido del actual declive. Esto supone una distribución muy 
Anexo IV.A. p.12 
434 
estable de las operaciones por sector en este periodo con unos pocos 
acontecimientos dignos de mención: 
a) en primer lugar, el declive relativo de los servicios a empresas frente 
a la distribución mayorista, aunque el primero se mantiene todavía en 
cabeza en cuanto al número de transacciones registradas; 
b) el subsector bancario ha incrementado su importancia relativa con 
firmeza durante los últimos años, pero, en 1992/1993, experimentó una 
drástica disminución del número de transacciones; 
c) todos los demás servicios financieros (es decir, seguros, arrendamiento 
de bienes muebles y sector inmobiliario) han registrado un mayor número 
de transacciones en 1992/1993 que en el año anterior, aunque este 
incremento fuese relativamente pequeño; 
d) la distribución minorista al extranjero experimentó un nivel 
excepcionalmente bajo de concentraciones en 1991/1992, por lo que el 
considerable incremento del pasado año debe considerarse como la 
recuperación de un nivel normal de las actividades de concentración; 
e) la distribución minorista nacional experimentó un nivel excepcionalmente 
alto de transacciones en 1991/1992, pero durante el año siguiente las 
operaciones de concentración en este subsector disminuyeron hasta 
alcanzar el nivel de los años anteriores. 
Para finalizar esta sección, el cuadro 3 refleja la distribución por países 
de todas las operaciones intracomunitarias, es decir tanto nacionales como a 
escala comunitaria, efectuadas en 1992/1993. 
El Reino Unido registra el mayor número de transacciones en 6 de los 10 
sectores económicos incluidos en el cuadro (agricultura; metal e ingeniería; 
manufacturas en general; distribución y hoteles; banca y seguros y otros 
servicios). Alemania cuenta con el mayor número de transacciones en 4' 
sectores (energía y servicios públicos; minerales y química; construcción y 
transporte y comunicaciones). Este elevado nivel de las operaciones de 
concentración en Alemania parece reflejar la influencia de la reunificación 
alemana habida cuenta de la naturaleza de los _sectores en los que Alemania 
Anexo IV.A. p.13 
435 
ocupa el primer lugar. El tercer país en relación con el número total de 
operaciones de dimensión intracomunitaria fue Francia. 
Cuadro 3 
FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE DIMENSIÓN INTRACOMUNITARIA 
POR SECTOR Y PAÍS DESTINATARIO - 1992/1993 
Nacional/Comunidad 92/93 
País de destino B DK Irl F . D fir I Lux NL PT SP UK Total 
Destino SIC 
Agricultura 2111100 0 2 0 3 3 14 
Energía y agua 2004220 2 04 0 2 11 47 
Min/Química 13 11 3 31 87 1 31 2 11 1 29 68 288 
Metal/Irg/Auton. 13 41 2 131 185 1 64 1 45 0 13 191 687 
Manufacturas 2732 13 158 184 393 1 60 4 40 208823 
Construcción 6 4 1 11 47 0 2 0 6 0 1 43 121 
Distrib/Hoteles 20 19 4 82 199 1 13 0 40 4 24 206 612 
Transport/Ccm. 9 12 1 28 45 1 17 0 25 0 6 27 171 
Banca/Fin/Segur. 43 38 7 125 114 2 70 3 74 4 45 203 728 
Otros servicios 5 3 1 20 39 0 10 0 6 1 3 59 147 
TOTALES 140 161 33 591 923 9 302 7 273 14 166 1019 3638 
Fuente: AMMTA 
Anexo IV.A. p.14 
436 
<T4> Distribución geográfica de las operaciones de concentración 
28. Gracias a la base de datos AMDATA podemos suministrar un desglose 
detallado de la distribución geográfica de las operaciones de concentración. 
En la presente sección, las operaciones intracomunitarias están separadas de 
aquellas en las que han participado empresas comunitarias y no comunitarias. 
<T5> Operaciones intracomunitarias 
29. El cuadro 4 refleja la distribución de fusiones y adquisiciones de 
participaciones mayoritarias en las que han participado únicamente empresas 
de los Estados miembros. La diagonal de dicho cuadro muestra las operaciones 
de alcance exclusivamente nacional, mientras que los demás datos se refieren 
a operaciones a escala comunitaria, es decir operaciones entre empresas 
pertenecientes como mínimo a dos Estados miembros distintos. Este cuadro 
incluye todas las operaciones efectuadas durante 1992/1993 en todos los 
sectores (agricultura; minería y servicios públicos; manufacturas y 
servicios). 
Según el cuadro 4, los tres países que son objeto más a menudo de fusiones y 
adquisiciones de participaciones mayoritarias a escala nacional y comunitaria 
(RU, Alemania y Francia) han sido también los países en los que se ha 
originado el mayor número de ofertas de adquisición de empresas dentro de la 
Comunidad. El RU ocupa el primer lugar en ambos casos. En 1992/1993 se 
efectuaron más operaciones de este tipo en el RU que en cualquier otro lugar 
de la Comunidad. Contabilizando únicamente el número de operaciones 
nacionales efectuadas en el Reino Unido se obtiene un resultado superior al 
de operaciones efectuadas en cualquier otro lugar de la Comunidad: se 
efectuaron 92 9 operaciones exclusivamente nacionales en el RU, mientras que 
el total de operaciones nacionales más el total de transacciones comunitarias 
que tenían como objetivo Alemania (que ocupa el segundo lugar) fue únicamente 
de 92 3. Francia ocupa el tercer lugar en cuanto a la actividad de las 
operaciones de concentración en 1992/1993, en las dos vertientes, activa y 
pasiva, de dichas operaciones. 
No obstante, el cuadro refleja algunas diferencias considerables entre estos 
tres países. El número de ocasiones en las que el RU aparece como país de 
origen de la empresa adquirente en la transacción es algo mayor que el número 
de casos en los que las empresas de dicho país son las adquiridas en la 
Anexo IV.A. p.15 
437 
Cuadro 4 
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE DIMENSIÓN INTRACCMUNITARIA 
(Nacional y CE) (Todos los sectores) - 1992/1993 
País de destino B DK Irl F D Gr I Lux NL PT SP UK Total 
País de origen 
Bélgica 7810830 03 40 3 3 103 
Dircrrarca 1 134 0 3 3 1 10 1 1 2 16 163 
Irlande 10250. 20 00 4 0 1 19 52 
Francia 19 30 477 342 251 11 2 28 23625 
Alanania 5 13 0 26 801 0 8 2 14 0 8 16 893 
Grecia 000104 00 00 0 0 5 
Italia 1 1 "0 18 6 1 249 1 1 1 8 2 289 
Luxemburgo 101100 00 00 2 1 6 
Países Bajos 22417290 30 215 1 7 9298 
Portugal 000000 00 04 1 0 5 
España 000220 00 04 89 198 
Reino Unido 12 5 6 48 43 1 16 0 23 1 17 929 1101 
TOTALES 140 161 33 591 923 9 302 7 273 14 166 1019 3638 
Fuente: AMDATA 
Anexo IV.A. p.16 
438 
operación (1 101 y 1 019 respectivamente). Por consiguiente, cabe afirmar que 
el RU es un "país adquirente" en el ámbito comunitario ya que el balance neto 
por lo que al número de operaciones es negativo, es decir con más 
adquisiciones de empresas extranjeras por parte de empresas del RU, que de 
empresas británicas por empresas extranjeras^4'. A pesar de todo, en el RU 
la proporción de transacciones nacionales en relación con la de operaciones 
comunitarias es relativamene elevada: por cada oferta efectuada por una 
empresa del RU para una empresa extranjera de otro Estado miembro, hay 5,4 
operaciones en las que sólo participan empresas británicas. 
Francia siguió una pauta diferente, al menos en 1992/1993. Al igual que en el 
RU, las empresas francesas son más frecuentemente adquirentes de empresas 
extranjeras .de otros países comunitarios que objeto de las operaciones de 
concentración intracomunitarias'5^ . Ahora bien, las operaciones nacionales 
son relativamente menos importantes en Francia (en comparación con las 
comunitarias) que en el RU: por cada operación transfronteriza se produjeron 
3,2 operaciones en las que sólo participaban empresas francesas. 
También Alemania presenta unas características distintas. Las empresas de 
dicho país han hecho más ofertas por empresas alemanas que por empresas de 
otros Estados miembros. En este sentido, la situación en Alemania es 
diferente de la existente en el RU y en Francia. Sin embargo, al igual que en 
el RU, las operaciones nacionales (801) fueron relativamente mucho más 
importantes que las adquisiciones de empresas extranjeras por parte de 
sociedades alemanas (92) o que las adquisiciones de empresas alemanas por 
empresas extranjeras (122). 
El resto de los Estados miembros sigue aproximadamente estas tres pautas. 
Bélgica, Grecia y los países de la Península Ibérica suelen ser sujeto pasivo 
(4) Evidentemente, el balance real neto debería efectuarse en función del 
valor de las operaciones, pero teniendo en cuenta el gran número de 
casos en que se desconoce dicho valor, se considera que el número de 
operaciones constituye un indicador mejor. Por lo que se refiere al RU y 
a las operaciones de dimensión comunitaria, el balance en cuanto al 
valor es también muy negativo. El valor de las ofertas efectuadas por 
empresas británicas fue de 7 700 millones de ecus, mientras que el valor 
de las ofertas que tenían como objetivo empresas británicas fue 
únicamente de 2 600 millones de ecus. 
(5) No obstante, el balance en términos de valor agregado de las ofertas 
está, en el caso francés, más o menos equilibrado. 
Anexo IV.A. p. 17 A -r r\ 439 
de las operaciones más que activo fuera de sus respectivos países pero dentro 
de la Comunidad. En este sentido, se parecen a Alemania. Al igual que en 
Francia, el porcentaje de operaciones nacionales en relación con las 
comunitarias es proporcionalmente menor comparado con otros países. Cabe 
decir lo contrario de Italia, por ejemplo, en donde el 82 % de todas las 
operaciones intracomunitarias fueron exclusivamente nacionales. 
<T5> Operaciones CE/no CE 
30. Los cuadros 5 y 6 completan la descripción de las actividades 
transnacionales de concentración. El cuadro 5 refleja la distribución de las 
adquisiciones de participaciones mayoritarias por parte de empresas europeas 
en países no comunitarios según la nacionalidad de las empresas objeto de la 
operación. El cuadro 6 refleja la nacionalidad de origen de las empresas no 
comunitarias que se fusionaron o adquirieron participaciones mayoritarias en 
empresas comunitarias. 
Según refleja el cuadro 5, Norteamérica fue el lugar de destino preferente de 
las empresas comunitarias que adquirieron o se fusionaron con empresas no 
comunitarias. En cuanto a los compradores, también el RU fue el país 
comunitario más activo, seguido de Francia y Alemania. Pero también en este 
caso estos países siguen pautas distintas. Aproximadamente un 50 % de las 
empresas británicas que adquirieron empresas no comunitarias lo hicieron en 
Estados Unidos o Canadá. Por otra parte, los países de destino de las 
empresas alemanas o francesas están más repartidos entre América del Norte y 
Europa Occidental (no comunitaria) y Oriental. 
Es de destacar que, según el cuadro 5, el quinto país comunitario en donde se 
efectuaron más operaciones fue Dinamarca, cuyas operaciones se dirigieron, en 
un 50 % aproximadamente, hacia los países escandinavos'6'. También es de 
destacar la relativamente elevada actividad de las empresas italianas en 
América Latina. 
El cuadro 6 muestra que Alemania fue, en 1992/1993, el país favorito de 
destino de los fondos no comunitarios destinados a adquirir empresas 
comunitarias. En 88 casos, empresas norteamericanas adquirieron 
[6) De hecho, Dinamarca representa un tercio de todas las adquisiciones 
comunitarias efectuadas en los países escandinavos. 
Cuadro 5 
DISTRIBUCIÓN POR REGIONES MUNDIALES DE US FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE EMPRESAS NO COMUNITARIAS 
POR PARTE DE EMPRESAS COMUNITARIAS (Todos los sectores) - 1992/1993 
País destinatario 
País de origen EEUU/Can Escandinavia Resto de Eur. 
Occid. Lejano Oriente América Latina Oriente Medio Europa Oriental Australia Asia Africa Internacional TOTAL < 
•d 
H 
00 
Bélgica 
Dinamarca 
Irlanda 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Reino Unido 4 
7 
6 
24 
25 
1 
10 
0 
14 
0 
2 
102 0 
21 
1 
4 
12 
0 
2 
0 
8 
0 
0 
15 0 
1 
0 
19 
27 
0 
2 
1 
5 
0 
0 
25 1 
2 
0 
6 
3 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
15 1 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
1 
1 
0 
2 
5 4 
4 
1 
19 
25 
1 
7 
0 
9 
0 
0 
9 0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
o 
14 10 
37 
8 
85 
98 
2 
33 
2 
53 
0 
5 
201 
TOTALES 195 63 80 34 25 79 21 15 12 534 
Fuente: AMDATA 
-4^ 
O 
Anexo IV.A. p.19 , . „ 441 
Cuadro 6 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES MAYORITARIAS 
DE EMPRESAS COMUNITARIAS POR PARTE DE EMPRESAS NO COMUNITARIAS (Todos los sectores) - 1992/1993 
País destinatario B DK Irl F D Gr I Lux NL PT SP IX Total 
País de origen 
EEUU/Canadá 5 6 3 35 88 2 19 1 19 0 20 75 273 
Escandinavia 2 16 0 5 26 0 7 0 11 0 12 12 91 
Eur. Occid. 4 3 0 21 62 1 13 0 16 4 10 11 145 
Caribe 00000010 10 0 2 4 
Lejano Oriente 1 1 0 11 15 0 4 0 1 0 3 26 62 
América Latina 00002000 00 5 0 7 
Oriente Medio 00024000 00 1 1 8 
Eur. Orient. 01012010 00 0 0 5 
Australasia 00114000 40 0 5 15 
Asia 00005000 00 0 0 5 
Africa 00023000 11 2 5 14 
Internacional 001331 2.0 30 5 9 27 
TOTALES 12 27 5 81 214 4 47 1 56 5 58 146 656 
Fuente: AMDATA 
Anexo IV.A. p.20 
442 
participaciones mayoritarias en empresas alemanas. En segundo lugar se 
encuentra Europa occidental con 62 casos, cifra que se puede calificar de 
importante. Tal y como cabía esperar, la mayor parte de las operaciones 
corresponde a estas dos regiones del mundo, seguidas de los países 
escandinavos. El Lejano Oriente fue el cuarto inversor más importante, pero 
teniendo en cuenta la dimensión de las economías asiáticas como Japón, esto 
supone un nivel relativamente bajo de operaciones de concentración con 
empresas comunitarias. Así se demuestra claramente si se compara la cifra 
correspondiente a los países escandinavos (91 operaciones) con la 
correspondiente al Extremo Oriente (62 operaciones). 
El desglose por sectores de las fusiones y adquisiciones de participaciones 
mayoritarias por parte de empresas extranjeras en empresas no comunitarias 
refleja que existe una tendencia a concentrar las adquisiciones en los 
sectores del metal, la ingeniería y los vehículos automóviles y en el sector 
de las manufacturas (118 operaciones cada uno) seguido por el sector de la 
distribución y hoteles y el sector bancario, financiero y de seguros (con 82 
operaciones cada uno). Estas cifras se atienen a la pauta general de la 
distribución sectorial de las operaciones reflejada en el cuadro 2. No 
obstante, la distribución por regiones del mundo refleja ciertas diferencias. 
En las concentraciones entre empresas norteamericanas y comunitarias, existe 
una diferencia considerable en el número de operaciones efectuadas en el 
sector del metal, la ingeniería y los vehículos de motor (50 operaciones) y 
el de las manufacturas en general (33 operaciones, cifra similar a la del 
sector químico, 31; de distribución y hoteles, 30; y bancario, 30). Cuando 
las empresas comunitarias adquieren o se fusionan con empresas de Europa 
oriental, el sector que registra un mayor número de operaciones es el de las 
manufacturas en general (31) , seguido por el de metal y la ingeniería y el de 
la distribución y hoteles (18 y 10 respectivamente). El número de operaciones 
en las que han participado empresas de Europa occidental del sector'bancario, 
financiero y de seguros se limita a 5. En cambio, el sector financiero cuenta 
con el número más alto de operaciones de concentración dirigidas hacia 
empresas de Australasia. Por lo que se refiere a las empresas de Europa 
occidental, las pertenecientes a los sectores de las manufacturas, del metal 
e ingeniería y al sector químico (con 18, 17 y 18 operaciones 
respectivamente) fueron objeto de las operaciones con mayor frecuencia que 
las del sector servicios (12 en el sector de la distribución y 10 en el 
sector financiero). 
Por último, 19 empresas escandinavas del sector del metal y la ingeniería y 
Anexo IV.A. p.21 
443 
15 del sector de la distribución y hoteles fueron objeto de las 
transacciones. 
La distribución sectorial de las operaciones de concentración en las que una 
empresa comunitaria fue el destino de una operación de una empresa no 
comunitaria refleja ciertas diferencias con relación a la distribución 
sectorial de las operaciones intracomunitarias examinadas anteriormente en el 
cuadro 3. En primer lugar, existieron más operaciones de concentración en el 
sector del metal y la ingeniería en 1992/1993 que en el sector general de las 
manufacturas (136 y 120 operaciones respectivamente). Esta situación es 
diametralmente opuesta a la existente por lo que a las transacciones 
intracomunitarias se refiere, en las que las manufacturas en general ocupan 
el primer lugar de los sectores objeto de las transacciones. El número de 
operaciones que tenían como objetivo el sector financiero fue también 
relativamente elevado cuando las empresas ofertantes no eran comunitarias, en 
comparación con el número de casos en los que todas las firmas participantes 
eran europeas (17 % y 20 % respectivamente) . Otro tanto cabe decir de los 
sectores químico, minero, de servicios públicos y agrícola. El gran número de 
operaciones de concentración en las que participaban empresas extranjeras que 
adquirían empresas comunitarias en el sector del metal y la ingeniería se 
debe en gran parte al elevado número de transacciones de estos tipos en las 
que empresas alemanas eran el objetivo de la transacción (56 casos, que 
representan el 41,2 % de las transacciones en dicho sector). La gran 
importancia de Alemania en la distribución geográfica de las transacciones 
determina en gran medida la distribución sectorial (Alemania atrajo un 32,6 % 
de este tipo de operaciones) . También fue muy importante la actividad en el 
sector alemán de la distribución en el que se produjeron 4 8 casos de empresas 
no comunitarias cuyo objetivo eran empresas alemanas de dicho sector. En 
Francia, la distribución fue aproximadamente la misma entre los cinco 
sectores principales. Es de destacar el caso de Bélgica en el que el número 
de operaciones en que empresas no comunitarias efectuaron transacciones cuyo 
objetivo eran empresas belgas fue considerablemente menor que el número de 
transacciones en las que la empresa autora de la oferta era comunitaria. 
<T4> Flujo de las actividades de concentración 
31. Al determinar la nacionalidad de la empresa autora de la oferta y de la 
empresa destinataria de la misma en cada operación, se pueden describir con 
detalle los distintos flujos de las actividades de concentración entre los 
Anexo IV.A. p.22 
444 
diferentes países. La combinación de esta información con la dimensión 
geográfica de las operaciones sirve para determinar pautas o características 
de cada Estado miembro por lo que se refiere a su situación en el flujo 
internacional de operaciones de concentración. En la presente sección, se 
definirán tres indicadores que contribuirán a determinar la pauta para cada 
país. 
El primero se refiere a la cualidad de cada Estado miembro como 
ofertante o destinatario de las operaciones de dimensión 
intracomunitaria y extracomunitaria. Esta clasificación se basa en la 
propensión de cada país de efectuar ofertas (o de recibirlas) para, o 
por parte de, empresas situadas dentro o fuera de la CE. 
El segundo indicador, el índice de balance neto, es una especie de 
balance externo para cada país que mide la diferencia entre el número de 
transacciones transfronterizas en las que dicho país aparece como 
ofertante y destinatario de la operación. 
Por último, el índice de "apertura" refleja la proporción entre las 
transacciones nacionales y transnacionales « en las que participan 
empresas de un determinado Estado miembro. Los gráficos 2 y 3 resumen 
las características de los Estados miembros basándose en estos índices. 
32. Con objeto de identificar el papel de cada Estado miembro como país 
ofertante o destinatario, se han dividido los datos correspondientes de las 
últimas dos filas de los cuadros 3 y 6. Se puede observar que el número de 
operaciones en las que el ofertante es comunitario es mucho mayor que el de 
operaciones en que el ofertante no lo es. Por ejemplo, se efectuaron 3 638 
operaciones intracomunitarias y sólo 656 transacciones por las que empresas 
extracomunitarias adquirían compañías comunitarias. Esto quiere decir que por 
cada empresa no comunitaria que adquiere una comunitaria hay 5,55 
transacciones en las que empresas comunitarias adquieren participaciones 
mayoritarias en otras empresas de la Comunidad. Se puede caracterizar así a 
los distintos Estados miembros según su propensión a ser destinatarios de 
operaciones procedentes del interior o del exterior de la Comunidad. Aquellos 
países cuya proporción es inferior a 5,55 serían, en este caso, países con 
propensión a ser objeto de ofertas por parte de empresas no comunitarias en 
mayor medida que la media comunitaria. Por otra parte, si la proporción es 
Anexo IV.A. p.23 
445 
superior a 5,55 cabe afirmar que las empresas de dicha nacionalidad son, en 
términos relativos, destinatarias de ofertas efectuadas por empresas 
comunitarias en mayor medida que la media de la CE. Según este método, 
resulta que Grecia, Portugal, España, Alemania y los Países Bajos son los 
Estados miembros más abiertos relativamente a las operaciones de 
concentración procedentes del exterior que del interior de la Comunidad. En 
los demás Estados miembros sucede lo contrario, ocupando Bélgica el primer 
lugar con 11,7 operaciones intracomunitarias por cada transacción en la que 
la empresa ofertante no es comunitaria. 
Se puede hacer un análisis similar con los cuadros 4 y 5 con objeto de medir 
la propensión relativa de las empresas comunitarias de cada Estado miembro a 
efectuar ofertas en operaciones de concentración dentro de la Comunidad o 
fuera de la misma. Para ello, se puede dividir dato por dato la información 
contenida en las últimas columnas de ambos cuadros. Por término medio, cada 
vez que una empresa comunitaria absorbe a una empresa no comunitaria, hay 
6,81 operaciones entre empresas de la Comunidad. Aquellos países cuya 
proporción es inferior a 6,81 muestran una propensión a absorber empresas no 
comunitarias más alta que la media comunitaria. Si la proporción es superior 
a 6,81 cabe afirmar que dicho país tiene una tendencia relativamente mayor a 
la media comunitaria a ser ofertante en transacciones intracomunitarias que 
en transacciones CE/no CE. Según esta clasificación, Portugal, España, 
Alemania, Italia, Francia'y Bélgica tienen una propensión relativamente mayor 
a efectuar sus ofertas dentro de la Comunidad mientras que Grecia, los Países 
Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda y el Reino Unido tienden a dirigir sus 
ofertas más hacia el exterior que hacia el interior de la Comunidad. 
Estos criterios describen los Estados miembros según su participación en las 
concentraciones sea intra o extracomunitaria, tal y como se describe en el 
gráfico 2. Evidentemente, cuanto menor sea la actividad de concentración 
global en un país determinado, más inestable es la situación del mismo en el 
gráfico. En este sentido, la situación de países tales como Grecia, Portugal 
o Luxemburgo debe considerarse como muy inestable ya que el pequeño número de 
operaciones registrado en dichos países puede hacer que su posición fluctúe 
en gran medida de un año a otro. 
Origen 
interno 
ó.8 
Origen 
externo ESTADOS, MIEMBROS. pE^LA^CE .COMO ORIGEN, 0. DESTINO 
pa.í.ses. .comjunit.ac.ins.y no comunitarios 
ù 
Portugal *B 
España 
Alemania. 
Media CE 
Países.Ba jos 
a Grecia 
Destinó' externo Italia 
Francia 
Irlanda 
s... Re i no Unido 
® Dinamarca 
m Luxemburgo 
_L_ 
5. o 5 GRÁFICO 2 
Bélgica 
Destinó"interno 
Fuente: Cuadros 3, 4, 5 y 6 3> 
ON 
Anexo IV.A. p.25 
447 
El gráfico 3 contiene más información sobre las características de los 
Estados miembros por lo que se refiere a las operaciones de concentración 
internacionales. El índice de balance neto se ha calculado para cada Estado 
miembro tomando la diferencia entre el número de transacciones 
transfronterizas ^7^ en las que las firmas de dicho país han sido 
destinatarias de ofertas procedentes del exterior y las ocasiones en que han 
sido ofertantes en operaciones extracomunitarias, y dividiendo dicho 
resultado por el número total de transacciones internacionales en dicho país. 
Tan sólo cinco países registran un balance negativo, es decir, como países 
cuyas empresas son más frecuentemente adquirentes de empresas situadas en 
otros países comunitarios o no comunitarios que destinatarias de las ofertas 
efectuadas por empresas extranjeras. Irlanda y el Reino Unido presentan el 
balance más negativo seguidos por Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Por 
otra parte, Portugal, España, Grecia, Bélgica y Alemania, seguidos por 
Italia, tienen un balance neto positivo del número de operaciones en el que 
han participado empresas no pertenecientes a sus respectivos países. 
El gráfico 3 incluye también un índice de apertura. Este índice mide la 
importancia relativa de las operaciones de concentración transfronteriza en 
un país, en comparación con el número de operaciones nacionales. Se calcula 
hallando la diferencia entre todas las operaciones internacionales y 
nacionales, dividida por la suma de ambas. Los países pequeños tales como 
Luxemburgo, Portugal, Grecia e Irlanda tienden a ser muy abiertos, como cabía 
esperar, mientras que los países grandes tales como Alemania tienen tendencia 
a ser menos abiertos. No obstante, es interesante destacar algunas 
excepciones. En particular, Dinamarca tiene un índice negativo que demuestra 
que la actividad interna de concentraciones es muy importante en relación con 
las operaciones internacionales. También cabe señalar que Francia tiene un 
índice negativo, pero muy pequeño en términos absolutos (si se compara, por 
ejemplo, con Italia), que refleja cierto equilibrio entre el número de 
operaciones transfronterizas y nacionales en las que han participado empresas 
francesas. Existen algunas diferencias importantes entre los países que 
tienen balances netos positivos e índices de apertura positivos. Por ejemplo, 
el balance neto es aproximadamente el mismo en España y Portugal. No 
(7) Tanto comunitarias como no comunitarias, pero excluyendo las 
transacciones nacionales. 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
IRLANDA 
FRANCIA 
ALEMANIA 
6R.E.CÍ.A 
ITALIA 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
ESPAÑA 
REINO UNIDO BALANCE NETO E ,INDKE DE# APERTURA^ DE LOS ,PAISES# COMUNITARIOS 
EN CUANTO A FUSIONAS, .X AD.QJUJSJ£JPNES. PE .ÇARUQIPACJJWS MAYORITARIAS 3> 
X 
o 
GRÁFICO 3 
•0,6 -0,4 -0,2 O 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 
Balance neto índice de apertura 
Fuente: AMDATA 4^ 
4*> 
OO 
Anexo IV.A. p.2 7 
449 
obstante, el índice de apertura en España es menos de la mitad del portugués, 
lo que muestra una actividad de operaciones de concentración nacionales mucho 
más importante en España que en Portugal. 
<T4> Distribución de las operaciones de concentración 
según el tipo y el valor de las ofertas 
33. La base de datos AMDATA no suministra información sobre el volumen de 
negocios de las empresas participantes en las operaciones de concentración, a 
diferencia de la base DOME que sí lo hacía. Por consiguiente, no es posible 
dar información sobre la dimensión de las empresas participantes en las 
operaciones. Sin embargo, AMDATA suministra alguna información que puede 
darnos una idea en cuanto a la distribución según la dimensión de las 
operaciones, en lugar de según la dimensión de las empresas participantes. 
AMDATA recoge información sobre el valor de la oferta de cada operación. Sin 
embargo, según muestra el cuadro 7, en un gran porcentaje de operaciones se 
desconoce el valor de la oferta. Sólo se dispone de este valor para un tercio 
de todas las transacciones en las que han participado firmas europeas (es 
decir, transacciones nacionales y comunitarias y transacciones en las que 
participaba una empresa comunitaria y otra no comunitaria). El porcentaje de 
datos no disponibles sobre el valor no es el mismo en todos los sectores. El 
problema se agudiza en las operaciones intracomunitarias efectuadas en el 
sector de la construcción, respecto del cual sólo se conoce el valor de la 
oferta de, aproximadamente, una de cada seis operaciones. Por otra parte, el 
problema es menos importante en las operaciones CE/no CE efectuadas en el 
sector de la energía y el agua cuyo valor sólo se desconoce en 13 de las 34 
operaciones efectuadas en total. 
Las transacciones intracomunitarias suelen ser de menores dimensiones que 
aquellas en las que participan empresas comunitarias y de terceros países. 
Por ejemplo, en el sector de las manufacturas en general, el valor del 6 5 % 
de las transacciones comunitarias era inferior a 10 millones de ecus mientras 
que dicho porcentaje era del 43 % por lo que se refiere a las operaciones 
CE/no CE. No obstante, el valor del 56 % de las transacciones CE/no CE en 
dicho sector oscilaba entre 10 y 500 millones de ecus, mientras que tan sólo 
un 34 % de las operaciones intracomunitarias correspondía a dicha gama de 
valores. No obstante, el valor de dos operaciones intracomunitarias excedió 
los 200 millones de ecus. 
Anexo IV.A. p.2 8 
450 
Cuadro 7 
DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN SEGÚN SU VALOR Y EL SECTOR DE ACTIVIDAD - 1992/1993 
Valor de la oferta 
en MilIones de Ecus Sin datos < 10M < 50M < 100M < 200M < 500M < 9O0M Superior Totales 
Destino 
Agricultura 
Energía y Agua 
Min/Quím. 
Metal/Ing/Autcm. 
Manufacturas 
Construcción 
Distrib./Hoteles 
Transp./Ccm. 
Banca/F i n/Seguros 
Otros servicios intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 
intra Œ 
CE/no Œ 
intra CE 
CE/no Œ 
intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 
intra CE 
CE/no CE 7 
6 
31 
13 
187 
102 
466 
171 
600 
156 
98 
10 
398 
130 
129 
35 
469 
126 
97 
28 6 
1 
8 
5 
55 
15 
151 
36 
144 
29 
16 
4 
138 
27 
24 
9 
143 
28 
32 
8 1 
1 
3 
5 
30 
25 
52 
31 
59 
24 
5 
1 
54 
18 
13 
5 
59 
21 
15 
7 0 
0 
0 
3 
9 
10 
12 
10 
9 
11 
2 
2 
9 
8 
3 
3 
24 
8 
2 
3 0 
0 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
5 
8 
0 
0 
6 
2 
1 
0 
25 
4 
1 
1 14 
8 
47 
34 
288 
164 
687 
254 
823 
238 
121 
17 
612 
185 
171 
52 
728 
191 
147 
47 
TOTALES 3259 879 429 128 78 41 4828 
Fuente: AMDATA 
Anexo IV.A. p.29 451 
La distribución de la dimensión de las operaciones por sector de actividad y 
por valor de la oferta refleja algunos hechos interesantes. La envergadura de 
las operaciones en el sector de la energía y el agua está por encima de la 
media. Por lo que se refiere a las transacciones intracomunitarias, el valor 
de la oferta del 31 % de todas aquellas operaciones para las que se dispone 
de información fue superior a 200 millones de ecus. En las operaciones CE/no 
CE, dicho porcentaje asciende hasta el 3 8 %, contándose tres operaciones en 
las que el valor de la oferta fue superior a 900 millones de ecus. También el 
valor de las ofertas de los sectores químico y extractivo fue superior ' a la 
media. El valor de la oferta de 4 7 operaciones de dimensión extracomunitaria 
fue superior a 50 millones de ecus y 7 operaciones superaron la barrera de 
los 500 millones de ecus. El sector financiero, el del metal y la ingeniería 
y el de las manufacturas en general ocupan los puestos siguientes por lo que 
se refiere a la envergadura media de las transacciones. 
El cuadro 8 refleja la distribución de las operaciones de concentración 
(excluyendo las empresas en participación y las adquisiciones de 
participaciones minoritarias, al igual que en los cuadros anteriores) según 
el tipo de operación. Las ofertas públicas son aquellas transacciones en las 
que cualquiera de las empresas destinatarias de la oferta cotiza en una de 
las bolsas de valores existentes en el mundo. El grupo de adquisiciones 
privadas incluye cualquier transacción en las que la empresa adquirida no 
cotiza en una bolsa de valores y al mismo tiempo la operación no está 
incluida en ninguna otra categoría. Las adquisiciones de la empresa por parte 
de la dirección de la misma son aquellas operaciones en las que el adquirente 
es propiedad, total o parcialmente, de miembros de la dirección de la empresa 
adquirida. Las enajenaciones son, según AMDATA, aquellas adquisiciones en las 
que la empresa adquirida está inscrita en el registro mercantil del Reino 
Unido. Por último, las absorciones inversas son aquellas operaciones en las 
una empresa que cotiza en bolsa adquiere una empresa que no cotiza y la 
emisión de acciones que constituye la contraprestación de la operación da por 
resultado que la empresa que no cotiza adquiere el control de la que 
cotiza(8) . 
(8) AMDATA incluye las "alianzas estratégicas", participaciones 
(minoritarias) y las "desconcentraciones" como categoría suplementarias 
no incluidas en el concepto general de adquisición de participaciones 
mayoritarias. Las participaciones minoritarias se recogen en la sección 
siguiente. 
Cuadro 8 
Tipo ote oferta 
Destino SIC DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES POR TIPO DE OFERTA Y SECTOR DE ACTIVIDAD - 1992/1993 X O 
< 
u> o 
Ccnpras por parte 
Ofertas públicas Adquisiciones privadas de la dirección Enajenaciones Absorciones inversas Totales 
Intra CE CE/no CE Intra Œ CE/no Œ Intra CE CE/no CE Intra Œ CE/no CE Intra CE CE/no CE Intra CE Œ/no Œ 
Agricultura 
Energía y Agua 
Min/Quím. 
Metal/Ing/Autcm. 
Manufacturas 
Construcción 
Distrib./Hoteles 
Transp./Ccm. 
Banca/Fin/Seguros 
Otros servicios 1 
5 
12 
17 
29 
1 
17 
2 
60 
3 0 
3 
12 
5 
3 
1 
8 
3 
9 
4 9 
38 
209 
492 
617 
94 
467 
140 
532 
107 6 
24 
133 
230 
214 
15 
156 
45 
156 
37 1 
0 
30 
117 
97 
19 
65 
20 
80 
16 3 
4 
37 
61 
80 
7 
63 
9 
55 
21 1 
7 
16 
16 
19 
0 
20 
3 
23 
6 14 
47 
288 
687 
823 
121 
612 
171 
728 
147 8 
34 
164 
254 
238 
17 
185 
52 
191 
47 
TOTALES 147 48 2705 1016 445 13 340 111 3638 1190 
Fuente: AMDATA 
On 
ro 
Anexo IV.A. p.31 
453 
El cuadro 8 muestra que las adquisiciones privadas son, con mucho, el tipo de 
operación más frecuente, con 3 821 operaciones de un total de 4 828 
operaciones intracomunitarias y CE/no CE. Las adquisiciones privadas son 
especialmente frecuentes en las operaciones CE/no CE ya que tan sólo 184 
operaciones de concentración extracomunitaria pertenecen a las demás 
categorías. Por otra parte, las absorciones inversas son muy escasas, 
habiéndose registrado tan sólo tres casos en 1992/1993. Las adquisiciones por 
parte de la dirección fueron relativamente frecuentes en la categoría 
intracomunitaria, representando más del 12 % del número total de operaciones. 
La mayor parte de los. 184 casos de operaciones extracomunitarias se 
concentraron en la categoría de las enajenaciones. Estas operaciones fueron 
relativamente frecuentes en los sectores de la distribución y financiero. Las 
ofertas públicas de dimensión intracomunitaria fueron especialmente 
importantes en el sector bancario, financiero y de seguros, con 6 0 
operaciones. 
Cabe señalar que la clasificación de AMDATA por tipos de operación es mucho 
más detallada que la que suministraba DOME, que sólo contemplaba tres tipos 
de operaciones: fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias, 
adquisiciones de participaciones minoritarias y empresas en participación. 
También cabe destacar que AMDATA no incluye las fusiones en una categoría 
separada. Incluso cuando dos empresas se fusionan para constituir una nueva, 
con la consiguiente desaparición de las empresas originales, AMDATA no 
incluye una categoría separada que abarque las fusiones. Si dos empresas se 
fusionan para constituir una nueva, desapareciendo las empresas existentes 
originalmente, AMDATA determina que al menos una de las empresas tiene cierto 
control o prioridad sobre alguna de las demás, como si de una absorción o 
adquisición de participaciones mayoritarias se tratase. Para esta base de 
datos, siempre existe (como mínimo) una empresa ofertante y una empresa 
objeto de la oferta^9'. Además, gracias a este método estadístico se ha 
podido efectuar el análisis geográfico de los flujos de operaciones de 
concentración basándose en la nacionalidad de las empresas ofertantes y 
destinatarias de las operaciones. 
(9) Aunque esto pueda ser problemático^en algunas ocasiones, y por lo tanto 
cuestionable, es cierto también que el número de fusiones "puras" es 
proporcionalmente muy pequeño. 
Anexo IV.A. p.32 
454 
<T4> Adquisiciones de participaciones minoritarias 
y empresas en" participación 
34. Los cuadros 1 y 9 reflejan la evolución de las adquisiciones de 
participaciones minoritarias'10' durante el último año en comparación con el 
período de 1987/1988 a 1991/1992. Al revés de lo que ocurría con las fusiones 
y las adquisiciones de participaciones mayoritarias, las de participaciones 
minoritarias no han disminuido muy drásticamente con relación a los datos de 
1991/1992. Las operaciones nacionales y comunitarias internacionales 
aumentaron en relación con las cifras de 1991/1992. La evolución fue 
relativamente similar en los sectores de manufacturas y servicios. El número 
de operaciones de este tipo se incrementó ligeramente en los sectores del 
metal, ingeniería y vehículos de motor, así como en el sector financiero y de 
otros servicios. La mayor concentración de adquisiciones de participaciones 
minoritarias se produjo en el sector bancario, el de seguros y financiero, en 
el que se registraron 80 operaciones nacionales y 39 transfronterizas con la 
participación de empresas comunitarias. Este elevado nivel de actividad ya se 
manifestaba en años anteriores, aunque dada la insuficiente cobertura 
temporal de este tipo de operaciones por parte de AMDATA en los años 
anteriores a 1990/1991, no permite efectuar comparaciones a largo plazo. 
El cuadro 9 resume la actividad internacional de adquisiciones de 
participaciones minoritarias en las que participaron empresas comunitarias. 
Las transacciones intracomunitarias fueron mucho más numerosas que las 
transacciones en las que participaban empresas no comunitarias. El país en el 
que se registró el mayor número de operaciones nacionales en 1992/1993 fue 
Francia, seguido de Italia. En el Reino Unido y en Alemania, países que 
cuentan con un nivel muy alto de actividades de concentración en lo que a las 
adquisiciones de participaciones mayoritarias se refiere, el número de 
adquisiciones de participaciones minoritarias fue bastante pequeño. 
También Francia fue el país en el que se originó un mayor número de ofertas 
en operaciones transfronterizas de este tipo, registrando 16 operaciones 
intraeuropeas y 14 operaciones con empresas de países no comunitarios. 
(10) AMDATA define las adquisiciones de participaciones minoritarias como 
aquellas operaciones en las que el adquirente no posee más del 50 % del 
adquirido. Los umbrales definidos para su inclusión en esta categoría 
son o bien que la proporción de participaciones adquiridas sea superior 
al 30 % o que, si este porcentaje es inferior, el valor de la 
transacción sea superior a 10 millones de UKL. 
Cuadro 9 
PAÍSES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS - 1992/1993 
País de destino 
País de origen B DK Irl F Gr I Lux NL PT ES UX Total I EEUU/Can Escan. Eur.Occ. Lej.Orie Amér.Lat. Eur.Occ. Otros Total TOTAL V 
u> 
Bélgica 
Dinamarca 
Irlanda 
Francia 
Alemania 
Italia 
Luxenburgo 
España 
Reino unido 
Países Bajos 
Total Intra CE 
EEUU/Canadá 
Escandí revia 
Eur. Occid. 
Lejano Oriente 
Oriente Medio 
Eur. Oriental 
Internacional 
Total Resto del Mundo 0 
14 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 
0 
77 
0 
2 
0 
0 
5 
1 1 
0 
0 
3 
11 
0 
0 
1 
o 
0 0 
0 
0 
5 
2 
41 
0 
0 
3 
1 1 
0 
0 
0 
1 
o 
o 
0 
3 
15 0 
1 
0 
3 
2 
3 
0 
15 
3 
0 0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
14 
0 11 
15 
3 
93 
19 
46 
1 
17 
28 
21 
14 16 1 86 16 0 52 1 20 3 27 18 254 | 10 0 
1 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
10 
2 0 10 4 0 5 0 5 1 14 
5 
10 
7 
1 
2 
3 
42 3 
2 
14 
12 
3 
1 
12 
2 
49 11 
18 
5 
107 
31 
49 
1 
18 
41 
23 
304 
TOTAL CE+resto del nuxto 16 18 1 96 20 0 57 1 25 4 32 26 296 
Fuente: AM3ATA 
en 
On 
Anexo IV.A. p.34 
456 
También Francia fue muy frecuentemente el destinatario de este tipo de 
operaciones con ofertas procedentes de otras empresas tanto comunitarias como 
no comunitarias (19 operaciones). Cabe también señalar que España, con 17 
operaciones internacionales fue frecuentemente otro país destinatario. En 
tercer lugar figura Italia, con 16 operaciones. 
Los datos correspondientes a las empresas en participación se limitan a los 
recogidos en el cuadro 1. Estos datos han sido amablemente suministrados por 
KPMG. Estas series temporales incluyen datos correspondientes a tres tipos de 
acuerdos : 
a) Acuerdos entre dos o más empresas, que no eran filiales de la misma 
empresa matriz, para crear algo nuevo, que podría ser una nueva empresa, 
, un campo de prospección petrolífera o cualquier cosa siempre que sea 
nueva e independiente. 
b) Acuerdos por los que se crea un consorcio que efectuará adquisiciones o 
suministrará bienes o servicios de forma permanente o a largo plazo. 
c) Acuerdos por los que dos empresas separadas fusionan algunas de sus 
filiales. 
Esto significa que las categorías incluidas en el cuadro 1 bajo distintos 
encabezamientos no siempre son excluyentes recíprocamente. Además, hay que 
tener en cuenta que las empresas en participación se contabilizan cada vez 
que una empresa sale de sus fronteras nacionales. Esto quiere decir que si 
una empresa en participación está formada por tres empresas de las cuales dos 
salen de sus propias fronteras, la operación se contibiliza dos veces. 
La base de datos KPMG no recoge información sobre las empresas en 
participación nacionales, tal y como se ha señalado anteriormente. Asimismo, 
las operaciones CE/no CE se contabilizan sin hacer referencia a la 
nacionalidad de las empresas ofertantes o destinatarias, dado que es más 
difícil, o incluso algunas veces imposible, de determinar en este tipo de 
operaciones. 
Anexo IV.A. p.3 5 
457 
El cuadro 1 refleja que el número de empresas en participación 
intracomunitarias en el sector de las manufacturas se incrementó 
considerablemente durante el pasado año, sin llegar a superar, el nivel de 
1992/1992. No obstante, las operaciones CE/no CE en el sector de las 
manufacturas continuaron su tendencia decreciente iniciada en 1991/1992. Cabe 
señalar que en el sector de las manufacturas las empresas en participación 
entre empresas comunitarias y no comunitarias son mucho más frecuentes que 
las operaciones intracomunitarias. El sector del metal, la ingeniería y los 
vehículos de motor abarcó gran parte de las empresas en participación 
intracomunitarias y extracomunitarias en las manufacturas, seguido por el 
sector de minerales y productos químicos y las manufacturas en general. 
La evolución en el sector servicios fue más uniforme, habiendo disminuido 
todos los tipos de operaciones. El número de empresas en participación de 
carácter intracomunitario se ha reducido a un tercio de la cifra 
correspondiente a 1991/1992 en el sector servicios. Esta disminución también 
ha sido constante aunque menos pronunciada en el ámbito CE/no CE. 
La mayor parte de las operaciones de este tipo corresponden al sector 
bancario, seguros y financiero, con 85 empresas en participación en las que 
tomaban parte empresas comunitarias creadas en 1992/1993. También es 
importante destacar el elevado nivel de creación de empresas en participación 
observado por KPMG fuera de la Comunidad. 
IV.B. p . 1 
458 
<T9> B. El programa de estudios de 1993 
35. Durante 1993, la DG IV encargó ocho estudios. Uno de ellos, titulado 
"Análisis de los problemas técnicos y económicos para la aplicación de las 
normas de competencia al sector eléctrico" será publicado, pero no así otros 
dos: el primero se refiere a las diferencias de precio de los artículos 
electrónicos de consumo. El segundo aborda el tema de las subvenciones 
recíprocas. Durante el pasado año se encargaron cinco estudios de carácter 
confidencial, que han servido de instrumento para el trabajo de la DG IV. 
Habida cuenta del carácer confidencial de los mismos, no se puede ofrecer un 
resumen en la presente sección. 
<T4> Resumen de los estudios destinados a su publicación 
<T5> - Análisis de los problemas técnicos y económicos para 
la aplicación de las normas de competencia al sector eléctrico 
36. El problema de la discriminación de precios en el sector eléctrico se 
aborda en cuatro capítulos. La primera parte estudia el problema desde un 
punto de vista metodológico que determina la organización del resto del 
informe. El segundo capítulo presenta las distintas variantes de bienes y 
servicios que pueden ser objeto de discriminación respecto a los precios; 
asimismo, introduce los conceptos de coste a los que se puede recurrir para 
analizar la discriminación. La tercera sección se dedica a caracterizar la 
discriminación de precios mediante un análisis de costes. Por último, el 
cuarto capítulo examina como se puede explicar la discriminación de precios 
por una conducta económica normal, o como dicha discriminación puede estar 
justificada por una conducta regulada. 
El primer capítulo examina el problema de la discriminación de precios en el 
sector eléctrico. Se señalan los tres tipos de discriminación que contempla 
normalmente la teoría económica. Se llega a la conclusión de que todos ellos 
son pertinentes a la hora de analizar el sector eléctrico. Asimismo, el 
capítulo introduce la distinción entre mercado regulado y no regulado; se 
afirma que, si el mercado regulado constituye actualmente el marco natural en 
el que se deben examinar los problemas de discriminación en el sector 
eléctrico, también es necesario definir las prácticas discriminatorias que 
IV.B. p . 2 
459 
podrían ser producto de una conducta económica normal. Estas últimas están en 
función del tipo de competencia existente en el mercado. Desde este punto de 
vista, y en las actuales circunstancias, el sector eléctrico es relativamente 
simple, ya que es comparable al caso simple del monopolio. Las prácticas 
discriminatorias existentes en los mercados regulados pueden tener su origen 
en muy distintos motivos. Entre éstos cabe efectuar la distinción, reconocida 
explícitamente en la práctica reglamentaria americana, entre discriminación 
justificada e injustificada. La justificación se basa en un incremento de la 
eficiencia económica, de tal forma que las discriminaciones que no suponen 
semejante incremento se denominan injustificadas. Partiendo de estas 
nociones, se deduce que el estudio de la discriminación puede desglosarse en 
cinco aspectos, que contribuyen individualmente a definir el carácter de las 
prácticas discriminatorias. El primero se refiere a la caracterización 
jurídica de la discriminación; en efecto, esta caracterización podría ser 
diferente de la que se efectúa normalmente desde el punto de vista económico. 
Este aspecto de índole jurídica no se aborda en el presente informe. El 
segundo tema es de la caracterización económica de una práctica 
discriminatoria en el sector de la electricidad. Para esta caracterización es 
necesario definir los bienes y sus variantes así como las categorías de coste 
utilizadas. El tercer y cuarto aspectos se refieren a la caracterización de 
las discriminaciones resultantes, respectivamente, de una conducta económica 
normal y de una conducta reglamentada. En este último aspecto, adquiere 
especial importancia la cuestión del nivel de discriminación que puede quedar 
justificado por el incremento de la eficacia económica. Por último, el quinto 
aspecto es la caracterización numérica del efecto de una discriminación en 
términos de eficiencia económica (medida en función del bienestar). Por 
definición, este aspecto debe ser objeto de estudios individuales y no puede 
ser abordado en este informe. Sin embargo, se llega a la conclusión de que 
estos estudios deberían poder efectuarse en el ámbito de la electricidad 
siempre que nos atengamos a una conducta económica normal de un monopolio y a 
una conducta reglamentada. 
El segundo capítulo define el mercado en el que se deben abordar los aspectos 
de discriminación, así como las categorías de coste que pueden utilizarse en 
el análisis. Para evitar cualquier discusión técnica o matemática, todo el 
estudio se basa en ejemplos. Cabe destacar que, en la mayor parte de los 
casos (con la excepción de la interruptibilidad definida en términos de 
potencia y energía), esto no constituye una restricción a la mayor parte de 
IV.B. p.3 
460 
los conceptos. Los conceptos aquí presentados mediante ejemplos pueden 
extrapolarse a casos auténticos utilizando los instrumentos de cálculo 
adecuados. Se define el mercado de la electricidad como aquel que incluye el 
suministro de electricidad y los servicios de transporte de electricidad. 
Este suministro y estos servicios se comercializan de distintas maneras. 
Pueden diferenciarse por su localización geográfica, su volumen, su 
regularidad y su interruptibilidad. Pueden estar agrupados (suministro 
compuesto de producción y transporte) o separados (servicio de transporte 
independiente de la producción). Se pueden señalar distintas categorías de 
coste con objeto de justificar las diferencias de precio. Se introducen las 
categorías de coste imputado, coste diferencial y coste marginal. 
El tercer capítulo se ocupa de la caracterización económica de la 
discriminación. Si esta noción no plantea excesivas dificultades al aplicarse 
a los modelos estilizados habituales de la teoría económica, a partir del 
momento en que es necesario referirse a los costes reales, surgen 
dificultades de aplicación. Se analizan las distintas variantes de 
suministros y servicios presentados en el capítulo 2. Se recurre a los 
conceptos de coste introducidos en dicho capítulo. Las conclusiones en cuanto 
a la existencia de una discriminación pueden divergir considerablemente según 
el contexto en el que se concluyan las transacciones y según los tipos de 
coste utilizados. Los costes marginales se prestan menos a efectuar una 
discriminación; no obstante, plantean problemas de aplicación práctica y son 
a veces de difícil interpretación y comprobación. Los costes marginales 
eliminan algunas de estas dificultades, pero introducen un grado de libertad 
que puede servir para introducir discriminación. La caracterización de la 
designación plantea, por lo tanto, dificultades de uniformización de los 
métodos de evaluación de coste utilizados. Es necesario, por lo menos, pedir 
a todas las empresas que justifican la diferencia de precios mediante las 
diferencias de los costes marginales, que demuestren, en este aspecto, que 
utilizan un método de cálculo de costes correcto y no discriminatorio por lo 
que a sus distintas transacciones se refiere. Cuando el cálculo del coste 
marginal está armonizado a nivel nacional o comunitario, la situación es 
mejor. Estas observaciones se aplican en mayor medida a los costes imputados. 
Por definición, éstos se prestan más fácilmente a prácticas discriminatorias. 
De hecho, salvo que se pueda confirmar mediante otros enfoques (coste 
marginal o diferencial), la justificación de las diferencias de precios 
mediante las diferencias de costes imputados carece de fundamento económico. 
Los costes 
IV.B. p . 4 
461 
imputados ofrecen una gran ventaja puesto que son los más fáciles de 
comprobar mediante datos contables. También en este caso parece necesario, 
por lo menos, que cualquier justificación de las diferencias de precios 
basada en las diferencias de los costes imputados sea objeto de un 
procedimiento formal y no discriminatorio. La situación ideal consiste en que 
los procedimientos de imputación de costes puedan ser objeto de una cierta 
armonización entre las empresas de los países miembros. 
El cuarto capítulo se refiere a la caracterización de las discriminaciones 
resultantes de una conducta económica normal y de una conducta reglamentada. 
La primera abarca una amplia gama de posibilidades de discriminación. En la 
práctica, si se quiere evitar que el recurso a la conducta económica normal 
permita explicar prácticamente cualquier tipo de discriminación, parece 
importante definir, tanto desde el punto de vista jurídico como mediante 
valores cuantificados de bienestar, las discriminaciones que, aun siendo 
compatibles con la conducta económica normal, constituyen de hecho un abuso 
de posición dominante. El concepto de precio excesivo podría facilitar 
considerablemente esta caracterización. 
Igualmente, la conducta reglamentada puede abarcar un gran número de 
prácticas discriminatorias. También en este caso parece fundamental poder 
caracterizar, bien desde el punto de vista jurídico, bien mediante valores 
cuantificados de bienestar, lo que se puede considerar como exigencias 
reglamentarias aceptables. Dentro de estas obligaciones reglamentarias 
aceptables, las discriminaciones prácticas deben poder justificarse en 
términos de eficiencia económica. Esto se puede conseguir parcialmente 
partiendo de análisis sin cuantificar. 
<T4> Resumen de los estudios no destinados a su publicación 
<T5> Estudio sobre los precios de la electrónica de consumo 
37. Este estudio fue efectuado por el "International Economics Research 
Centre" de la Universidad de Sussex (Reino Unido). El estudio consiste en una 
combinación de fuentes de datos con objeto de comparar los precios 
comunitarios de varios artículos de electrónica de consumo: reproductores de 
discos compactos, aparatos de televisión en color, cámaras de video y 
magnetoscopios. Como conclusión principal, el estudio afirma que existen 
considerables diferencias de precios en algunos productos concretos según los 
IV. B . p . 5 
462 
mercados y que determinados mercados comunitarios parecen tener unos precios 
considerablemente más elevados que otros. Por otra parte, se observa una 
considerable convergencia media de los precios si se tienen únicamente en 
cuenta los precios de Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque el estudio no 
tiene un carácter exhaustivo, ilustra las diferencias de precios y los 
problemas de cuantificación de los mismos. 
El estudio abarca los precios del Reino Unido, Francia y Alemania de forma 
bastante exhaustiva e incluye también información sobre los Países Bajos, 
Dinamarca, Bélgica, España, Grecia e Italia, así como sobre Japón. 
En el Reino Unido, Francia y Alemania es difícil encontrar diferencias 
importantes de precio (IVA incluido) de aquellos productos cuyos modelos 
idénticos están en venta en varios países. No obstante en algunos casos 
existen una considerables diferencias de precios entre los tres países. El 
muestreo sugiere que, por lo que a los radiocasetes se refiere, los precios 
eran más elevados en Francia que en los otros dos países. Los tipos de cambio 
vigentes en el otoño de 1992 supusieron un incremento de los precios 
franceses, que se situaron un 20 % por encima de los precios vigentes en el 
Reino Unido. 
La semejanza relativa de los precios en estos tres Estados miembros no se 
extiende a toda la Comunidad. 
En Italia, Grecia, Dinamarca y España (en menor medida), los precios solían 
ser considerablemente más elevados que en Francia, Alemania y el Reino Unido. 
En Dinamarca, por ejemplo, los precios son un 50 % más altos por lo que a los 
magnetoscopios, radiocasetes y aparatos de televisión se refiere, a pesar de 
que los tipos de IVA aplicados en Dinamarca no son mucho más elevados. 
En este orden de cosas, y por lo que a los precios medios se refiere, existen 
ciertas diferencias concretas en algunos modelos. Existen diferencias de 
precios según las marcas: por ejemplo, algunas de ellas parecen ser 
relativamente más caras en determinados mercados, aun cuando el nivel general 
de precios en dichos mercados no sea excepcional. Un muestreo muy simple de 
los precios en el mercado japonés no indica a primera vista que muchos de los 
artículos vendidos en la Comunidad sean más caros que en Japón. 
El estudio destaca también algunos problemas técnicos a la hora de efectuar 
IV.B. p.6 
463 
las comparaciones de precios. Por ejemplo, abundaban las diferencias técnicas 
en todos los productos, salvo en los puramente de sonido, y dado que no 
siempre se disponía de modelos idénticos, no era fácil establecer las 
equivalencias exactas de precios. Además, las diferencias en cuanto a las 
condiciones de garantía complicaban aún más la comparación. Asimismo, los 
datos correspondientes a las diferencias medias entre mercados dependen en 
gran medida del enfoque de muestreo y del método de cálculo de las medias. 
<T5> Asignación de costes y subvenciones cruzadas 
38. Este estudio examina el aspecto de las subvenciones cruzadas entre 
distintas actividades de una misma empresa que repercuten sobre la política 
de competencia. 
Las subvenciones cruzadas dentro de una empresa pueden surgir cuando existen 
costes comunes a dos o más actividades. La asignación de dichos costes entre 
estas actividades puede repercutir sobre la competencia. Asimismo, las 
subvenciones cruzadas pueden surgir en un contexto monopolístico. En estas 
circunstancias, el monopolio que actúa también en un mercado competitivo 
puede absorber parte de los costes de dicho mercado en el sector 
monopolístico, falseando así la competencia en el sector competitivo. El 
monopolio puede también encontrarse en situaciones en las que existen costes 
comunes considerables. 
Estos aspectos son de especial interés para las autoridades de competencia, 
especialmente cuando se están suprimiendo los derechos exclusivos a los 
monopolios, abriéndose a la competencia mercados que antes estaban cerrados. 
Cuando un monopolio efectúa subvenciones cruzadas desde las actividades 
exclusivas hacia actividades sujetas a la competencia, surge un problema que 
afecta claramente a la política de competencia. No obstante, la existencia de 
costes comunes al compartir activos puede dar lugar a incrementos de 
productividad. Sin embargo, se pueden plantear problemas relacionados con la 
competencia cuando la asignación de costes es inadecuada. 
39. El estudio examina tres métodos de asignación de costes en estas 
circunstancias. Estos tres métodos son: coste totalmente distribuido, coste 
IV.B. p.7 464 
diferencial y coste independiente. Todos ellos pueden servir para detectar 
las subvenciones cruzadas. Todos estos métodos dependen en gran medida de la 
base utilizada para su cálculo. Por lo general, las empresas eligen entre 
estos tres métodos, dependiendo en gran medida de la información que desean 
generar, del contexto del mercado de la empresa de que se trate y de la 
normativa vigente. 
40. El sistema de contabilización de costes de las redes propias del Estado 
suele ser poco riguroso, situación que cambiará con la liberalización de los 
mercados. Cuando estas empresas estatales sean privatizadas, el aspecto de la 
contabilización de las subvenciones cruzadas adquirirá mayor importancia, ya 
que la empresa pretenderá eliminar cualquier subvenciones cruzadas 
redistributiva o las utilizará como obstáculo de acceso. En algunos casos, 
los sistemas contables de este tipo de empresas vienen impuestos por una 
autoridad nacional reglamentaria. 
41. El estudio destaca el vínculo entre los principios que rigen la política 
de precios y los sistemas contables de costes comunes y subvenciones cruzadas 
en las redes. Este vínculo existe especialmente en aquellos casos en que se 
han impuesto limitaciones a los precios, como pueden ser los de 
"universalidad", "precios asequibles" o "media geográfica". En estas 
circunstancias, el estudio admite la posibilidad de que existan 
contradicciones cuando dichas redes deban hacer frente a la aparición de 
nuevos competidores. 
42. El estudio demuestra la importancia de las subvenciones cruzadas y de la 
asignación de costes por lo que al mercado único se refiere. La respuesta a 
estos temas de sectores tales como el de la energía y las telecomunicaciones 
podría influir sobre la integración económica. Por consiguiente, se considera 
que, desde el punto de vista normativo, es importante hacer frente a estos 
problemas. 
43. Se sugieren y examinan algunas de las posibles soluciones políticas a 
los problemas de contabilidad y de cruce de subvenciones. La separación 
estructural de las actividades en cuestión podría ser una solución, pero con 
el riesgo de perder economías de alcance. Asimismo, la reglamentación 
pormenorizada de los sistemas contables podría ser una solución, pero 
impondría también costes económicos. 
IV. B . p . 8 
465 
44. Los resultados del estudio sugieren que la mejor solución consistiría en 
recurrir a amplias declaraciones de principios y obligar a las empresas a 
mantener unos registros contables de gestión que, por su naturaleza, bastasen 
para demostrar que la actividad de la empresa no infringe dichos principios. 
El estudio afirma que, una vez sentados dichos principios generales, deberían 
ser reforzados mediante el control de los métodos de asignación existentes, 
mediante un mayor desarrollo del "principio del inversor en una economía de 
mercado" y por la aplicación de las normas de competencia. 
<T4> Estudios confidenciales 
Estudio del plan de reestructuración de la Corporación Siderúrgica 
Integral (CSI) española. 
Estudio del plan de reestructuración de la empresa española de aceros 
especiales Sidenor. 
Estudio sobre el mercado de la construcción naval en 1993. 
Reducciones de capacidad previstas en los astilleros de la antigua RDA. 
Examen de las prácticas de la gestión colectiva de los derechos 
consustanciales a la distribución por cable en Bélgica. 
IV.C. p.l 466 
<T9> C. Nota estadística sobre las operaciones de concentración 
notificadas con arreglo al Reglamento (CE) N° 4064/89 del Consejo 
<T3> §1. Introducción 
45. El Reglamento (CE) N° 4064/89 del Consejo, sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas, entró en vigor en septiembre de 
1990. Según la costumbre establecida en los dos anteriores Informes sobre 
política de competencia, la Comisión ha elaborado un análisis estadístico 
pormenorizado de los asuntos tramitados en aplicación de dicho Reglamento 
hasta septiembre de 1993. Para una mayor coherencia, se ha utilizado la misma 
metodología que el pasado año. 
46. Los cuadros que se presentan más adelante ofrecen una descripción 
estadística de los asuntos clasificados según el tipo de concentración, su 
dimensión geográfica, los sectores económicos implicados y la nacionalidad de 
las empresas. 
47. Se han excluido de la relación los asuntos notificados oficialmente a la 
Comisión pero no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. También 
se han excluido las notificaciones anuladas o retiradas. 
48. Los asuntos han sido agrupados en tres periodos (1990/91, 1991/92 y 
1992/93). Cada grupo incluye las notificaciones realizadas o las decisiones 
tomadas desde el 21 de septiembre hasta el 20 de septiembre del año 
siguiente. Esta clasificación, determinada por la fecha de entrada en vigor 
del Reglamento, no coincide exactamente con los períodos utilizados en la 
parte A del presente Anexo. 
<T3> §2. Tipo de operación y dimensión geográfica de las 
operaciones de concentración (cuadro 1) 
49. El cuadro 1 refleja el desglose de las operaciones efectuadas en 
1990/91, 1991/92 y 1992/93, clasificadas por tipo de operación y dimensión 
geográfica. 
50. Existen seis tipos diferentes de concentración. Las "adquisiciones de 
participaciones mayoritarias" abarcan los asuntos en los que una o más 
IV.C. p.2 
467 
empresas adquieren valores o activos mediante contratos o por algún otro 
medio, pasando así a ejercer un control directo o indirecto de la totalidad o 
de parte de una o varias empresas. Sin embargo, los asuntos en los que la 
adquisición tiene lugar mediante oferta pública por los valores de la empresa 
adquirida han sido excluidos de este grupo. Los casos de oferta pública se 
han dividido entre aquellos en los que la empresa adquirida se opuso a la 
oferta y aquellos en los que ésta había sido concertada. El epígrafe "otros" 
incluye un acuerdo de intercambio de acciones en 1990/91 y otro en 1992/93, 
así como una desconcentración en 1991/92. 
51. Por lo que se refiere a la dimensión geográfica, se han utilizado los 
mismos cuatro grupos del año pasado: acuerdos nacionales, que afectan a dos o 
más empresas del mismo país (no necesariamente un Estado miembro), acuerdos 
de dimensión comunitaria, que afectan a empresas de al menos dos Estados 
miembros diferentes, acuerdos entre al menos una empresa de un Estado miembro 
y al menos una empresa de un Estado no comunitario y, por último, acuerdos 
extracomunitarios, en los que participan empresas de al menos dos Estados no 
comunitarios, sin participación de empresas de los Estados miembros. 
52. En 1992/93 el número de casos comprendidos en el ámbito de aplicación 
del Reglamento descendió relativamente en comparación con el año anterior (52 
y 57 asuntos respectivamente). Esto no debe sorprendernos, habida cuenta del 
clima económico menos positivo existente actualmente. 
53. Las empresas en participación y las adquisiciones de participaciones 
mayoritarias fueron nuevamente, y con mucha diferencia, el tipo de 
operaciones más común representando, respectivamente, el 51 % y el 35 % de 
todos los casos notificados en 1992/93. Parece que el fuerte.incremento del 
porcentaje de asuntos correspondientes a empresas en participación 
experimentado en 1991/92 en comparación con 1990/91 (49 % y 32 % 
respectivamente) se ha estabilizado actualmente en torno a un 50 % de todos 
los casos, dado que la cifra correspondiente a 1992/93 sólo experimenta un 
incremento marginal (51 %) . Por lo que sé refiere a los demás tipos de 
operaciones de concentración, a saber ofertas públicas hostiles, concertadas, 
fusiones y otros, el número de casos continúa siendo pequeño y comparable al 
de años anteriores. 
54. Por lo que se refiere a la dimensión geográfica de las operaciones, la 
característica más importante de las estadísticas del presente año parece ser 
IV.C. p.3 
468 
el considerable incremento de las operaciones de dimensión exclusivamente 
comunitaria en las que no participaron empresas no comunitarias. En 1991/92, 
estas operaciones representaban el 33 % del total, pero en 1992/93 esta cifra 
aumentó hasta representar más de la mitad del total (51 %) . Esta cifra 
refleja un incremento de la integración transfronteriza dentro de la 
Comunidad. La contrapartida al incremento de las operaciones exclusivamente 
comunitarias fue una fuerte, disminución del número de operaciones en las que 
participaban empresas comunitarias y no comunitarias. Estas operaciones 
pasaron de 20 en 1991/92 a tan sólo 10 en 1992/93. 
<T3> §3. Sectores económicos afectados por las operaciones (Cuadro 2) 
55. Los asuntos notificados han sido clasificados por sectores de actividad 
económica de acuerdo con el código NACE correspondiente a la principal 
actividad económica de la concentración resultante de la operación. Este 
desglose sectorial queda completado con otro basado en la dimensión 
geográfica de la concentración. 
56. En 1992/93 hubo un mayor número de casos en el sector de servicios en 
comparación con las manufacturas en general. Se invierte así la situación 
existente durante los dos años anteriores. Mientras que las actividades 
manufactureras, a saber las categorías genéricas números 1, 2 y 3 de la 
clasificación NACE, representaron el 62% y el 58 % del total de operaciones 
en 1990/91 y 1991/92 respectivamente, estos grupos representaron menos de la 
mitad de todas las operaciones notificadas en 1992/93 (23 operaciones, lo que 
equivale al 44%). El incremento de las actividades del sector servicios se 
explica en gran medida por el fuerte incremento del número de operaciones en 
el sector de las actividades inmobiliarias y los servicios informáticos y 
profesionales, así como por la perseverancia del alto número de operaciones 
en el sector del transporte, las comunicaciones y los servicios financieros. 
En 1992/93 el primero de dichos sectores registró nueve operaciones, en 
comparación con las tres del año anterior, mientras que el segundo sector fue 
el que registró un mayor número de operaciones en 1992/93 con un total de 13 
casos. 
IV.C. p.4 
469 
<T3> §4. Operaciones según la nacionalidad de las empresas (Cuadro 3) 
57. El cuadro 3 incluye los datos relativos a la nacionalidad de las 
empresas implicadas en las operaciones. Como en un mismo acuerdo pueden 
participar dos o más empresas de un mismo país o de diferentes países, la 
información puede presentarse de distintas maneras. Para simplificar el 
análisis y facilitar la comparación entre los últimos tres años, el cuadro 3 
establece un desglose según la nacionalidad de las empresas participantes en 
las operaciones contempladas en el Reglamento. Los países se clasifican según 
el número de operaciones en las que ha participado una empresa de dicho país; 
los países están divididos en dos grupos : comunitarios y no comunitarios. 
58. Como cabía esperar por lo general, existe una correlación relativamente 
importante entre la frecuencia de la nacionalidad de las empresas y la 
importancia económica del país respectivo. Los cinco mayores Estados miembros 
encabezan la lista de países comunitarios, mientras que Estados Unidos 
encabeza la de países no comunitarios. 
59. En 1992/93, al igual que ocurrió en otros años anteriores, Francia, 
Alemania y el Reino Unido registran el mayor número de casos. También este 
año las empresas francesas se muestran especialmente activas en su 
participación en fusiones y adquisiciones durante 1992/93 y durante los tres 
años registran el mayor número de operaciones (80) en comparación con el 
Reino Unido (64) y Alemania (59) . Las empresas italianas y españolas han 
descendido en comparación con 1991/92 (8 y 5 operaciones respectivamente, por 
16 y 11 durante el año anterior). En 1992/93 las empresas de los Países Bajos 
fueron relativamente más activas con 8 operaciones, en comparación con las 
tres registradas durante cada uno de los años anteriores. 
<T3> §5. Análisis de los asuntos que dieron lugar a decisión con arreglo 
a los apartados 2 ó 3 del artículo 8 (Cuadro 4) 
60. El cuadro 4 refleja con detalle las decisiones individuales tomadas con 
arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Reglamento. Aunque gran 
parte de los casos notificados contemplados en el Reglamento se tramitan por 
lo general en el plazo de un mes mediante una decisión con arreglo a la letra 
b) del apartado 1 del artículo 6, cuando la operación propuesta plantea 
serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, la Comisión 
IV. C . p . 5 
470 
inicia la segunda fase del análisis, más exhaustiva, mediante un decisión con 
arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 6. Por lo general^1) este 
procedimiento concluye con una decisión en virtud de los apartados 2 ó 3 del 
artículo 8. 
61. El número de casos que han dado lugar a decisión con arreglo al 
artículo 8 es relativamente pequeño como para poder extraer un gran número de 
conclusiones generales. No obstante, el número de casos que han llegado a la 
segunda fase del procedimiento parece mantenerse relativamente estable, con 
cuatro casos al año, aproximadamente (cuatro en 90/91, tres en 91/92 y cuatro 
en 92/93) . Esto corresponde a algo menos del 10 % de todos los casos 
contemplados en el Reglamento. No obstante, cabe señalar que estas 
estadísticas sólo tienen en cuenta aquellos casos resueltos durante el año 
correspondiente y que, a finales del período 1992/93, la Comisión inició la 
segunda fase del procedimiento en otros tres asuntos que constarán en las 
estadísticas correspondientes a 1993/94. 
62. El estudio de las decisiones individuales del cuadro 4 demuestra que son 
relativamente pocos los casos en los que están implicadas empresas en 
participación (sólo dos casos de 11) y que, con una excepción, todos los 
casos correspondían al sector de las manufacturas. 
(1) Esta norma tiene una única excepción: la del asunto N° IV/M.23 8 
Siemens/Philips, en el que las partes retiraron su notificación una vez 
que la Comisión decidió iniciar la segunda fase del procedimiento. 
IV. C . p . 6 
471 
Cuadro 1 Operaciones según tipo de concentración y dimensión geográfica 
Tipo de concentración 
Acquisición de 
participación mayoritaria 
Oferta pública concertada 
Oferta pública hostil 
Empresa en part./Control 
Fusión 
Otros 
Total 1990/91 
A B C D Total 
5 11 8 2 26 
1 15 
0 0 
7 18 16 6 47 1991/92 
A B C D Total 
6 6 9 1 22 
0 0 1 
3 10 9 
10 0 
0 10 
10 19 20 0 1 
6 28 
1 2 
0 1 
8 57 
Tipo de concentración 
Acquisición de 
participación mayoritaria 
Oferta pública concertada 
Oferta pública hostil 
Empresa en part./Control 
Fusión 
Adquisición cruzada 
de acciones 
Adquisición de 
participación minoritaria 
Total 1992/93 
ABC 
5 15 
1 1 D Total 
0 19 
1 3 
0 0 
2 26 
0 2 
10 0 
11 26 11 0 1 
4 52 
A= nacional, B= Comunidad, C= Comunidad + no CE, D= no Comunidad 
Fuente: Base de datos MTF 
IV. c p.7 
472 
Cuadro 2 Operaciones según sector económico y dimensión geográfica 
1991/92 1990/91 
A B C D Total 
1 Código NACE 
1. Alimentación, 
industria textil y 
de la confección 
2. Madera, papel, refino 3 6 1 " 1 11 
de productos químicos, 
metal y maquinaria 
3. Equipamiento y 2 3 6 
suministros electric. 
y del transporte 
4. Suministros públicos 0 1 0 
básicos y 
construcción 
5. Comercio al por mayor 0 4 1 
hoteles/restaurantes 
6. Transport., comunic. 0 3 0 
y servicios finane. 
7. Activ. inmobiliarias, 0 0 5 
servicios informât. 
y profesionales 
8. Educación y sanidad 0 0 0 
pública 
9. Servicios prestados a 0 
la comunidad, servie, 
sociales y personales 2 13 
1 1 
Total 7 18 16 6 47 C D Total 
1 1 4 
7 3 18 
5 2 11 
1 1 1 2 12 
0 0 
10 19 20 8 57 1992/93 
A B C D Total 
0 13 15 
4 3 5 0 12 
0 5 10 6 
0 10 0 1 
0 5 10 6 
3 8 0 2 13 
4 3 119 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
11 26 11 4 52 
A= nacional, B= Comunidad, C* Comunidad + no CE, D= no Comunidad 
Fuente: Base de datos MTF 
IV. c. p.8 
473 
Cuadro 3 Operaciones según la nacionalidad de las empresas participantes 
Francia 
Reino Unido 
/Alemania 
Italia 
España 
Países Bajos 
Bélgica 
Portugal 
Dinamarca 
Irlanda 
Luxemburgo 
Grecia 
EEUU 
Suecia 
Suiza 
Japón 
Canada 
Sudáfrica 
Kuwait 
Australia 
Austria 
Finlandia 
Hong Kong 
Nueva Zelanda 
Islas Vírgenes 1990/91 
27 
16 
14 
6 
5 
3 
' 1 
14 
3 
5 
5 
1 1991/92 
23 
31 
25 
16 
11 
3 
5 
1 
2 
13 
12 
6 
2 
2 
2 
1 
1 1992/93 
30 
17 
20 
8 
5 
8 
4 
3 
2 
1 
1 TOTAL 
80 
64 
59 
30 
21 
14 
10 
4 
4 
1 
1 
0 
34 
17 
17 
8 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Total empresas 101 
Total operaciones 47 159 
57 119 
52 
Cuadro 4 Desglose de las decisiones definitivas en los procedimientos iniciados 
en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento del Consejo 4064/89 vo 
Número de casos 
Tipo de 
operación 
Dimensión 
geográfica 
Código NACE 
Nacionalidad 
de las empresas I I 1 
| 1990/91 | 1991/92 | 
| , 1 ! 1 
| Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3| Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3| 
| del artículo 8 | del artículo 8 | del artículo 8 | del artículo 8 | 
I '' I I I l I I 
| Con condiciones | Sin condiciones | | Con condiciones | Sin condiciones | | 
| 3 | 1 | 0 |2| 0| 1 | 
| Adquisición de | Adquisición de | - | Oferta concertada | - | Adquisición de | 
| participaciones | participación | | Oferta hostil | | participación | 
| mayoritarias(2) | mayoritaria | III mayoritaria | 
| Empresa en | | | | | | 
| participación/ | | III I 
| control (1) | | | | | | 
| Nac. (1) | No CE | - | Comunidad (1) | - | Comunidad/no CE (1) | 
| Com. (2) | | | Comunidad/ | | | 
I I I | no CE (lf | | | 
| 31 (2) | 29 | - | 159 | - | 35 | 
| 32 (1) | | | 55 | | | 
| Francia/Italia | Suecia/Suiza | - | Bélgica/Francia | - | Canada/Francia/ | 
| (2) | | - | Francia/Suiza | - | Italia | 
| Alemania/Alemania| | | | | | 4^ 
Número de casos 
Tipo de 
operación 
Dimensión 
geográfica 
Código NACE 
Nacionalidad 
de las empresas r i 
| 1992/93 | 
I 1 I 
| Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3| 
| del artículo 8 | del artículo 8 | 
| f 1 1 
| Con condiciones | Sin condiciones | | 
| 2 | 1 | 0 | 
| Adquisición de | Empresa en | - | 
| participaciones | participación/ | | 
| mayoritarias(1) | control | | 
| Fusiones (1) | | | 
| Nacional | Nacional | - | 
| Com/no CE | | | 
[ 211-247 | 272 | - | 
| Holanda/Holanda/ | Alemania/Alemania | - | 
| Holanda | | | 
|Inglaterra/América| | | H O 
Códigos NACE 
159 Aguas minerales 
29 Fabricación de maquinaria y equipos N.E.C. 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.E.C. 
32 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones 
35 Fabricación de otros equipamientos de transporte 
55 Hoteles y restaurantes 
211 Papel 
247 Fabricación de fibras de nylon 
272 Tubos de acero 4^ 
en 
Fuente : Base de datos MTF 
IV. c p.11 
476 
Cuadro 5: Iniciación de procedimientos en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 
1990/91 1991/92 1992/93 
Número de casos 
Tipo de operación 
D i mens i ón 
geográfica 
Código NACE 
Pais Adquisición de 
participación 
mayoritaria (4) 
Empresa en 
participación/ 
Control (1) 
Nacional (1) 
Comunidad (2) 
Comunidad/no 
Comunidad (1) 
no Comunidad 
no Comunidad (1) 
314 <2) 
32 
295 
353 
Alemania/Alemania 
Francia/1 tal i a (2) 
Francia/Canadá/ 
Italia 
Sui za/Suecia Adquisición de 
participación 
mayoritaria (1) 
Empresa en 
participación/ 
Control (1) 
Oferta concertadaO ) 
Oferta hostil (1) 
Nacional (1) 
Comunidad (1) 
Comunidad/no 
Comunidad (2) 
55 
159 
247 
272 
Aleman i a/Aleman i a 
Francia/Bélgica 
Suiza/Francia 
América/Inglaterra Adquisición de 
participación 
mayoritaria (1) 
Empresa en 
participación/ 
Control (2) 
Fusión (1) 
Nacional (2) 
Comunidad (2) 
211 
241 
261 
272 
Alemania/Alemania 
Holanda/Holanda/Holanda 
Aleman i a/F ranci a/ 
Italia 
Inglaterra/I talia 
159 Aguas minerales 
211 Papel 
241 Derivados de la potasa 
247 Fabricación de fibras de nylon 
261 Vidrio plano 
272 Tubos de acero 
295 Máquinas de embalaje y productos alimenticios 
314 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías de pilas eléctricas 
353 Fabricación aeronáutica y espacial 
55 Hoteles y restaurantes 
M» 
ISSN 0257-9545 
COM(94) 161 final 
DOCUMENTOS 
ES 08 
N° de catálogo : CB-CO-94-174-ES-C 
ISBN 92-77-67847-X 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo