ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.1.7

Hay que priorizar que la financiación del ejercicio en curso se utilice para aplicar de manera eficiente el paquete legislativo renovado. No obstante, el Comité llama la atención sobre la necesidad de seguir reforzando las capacidades de los Estados miembros que se enfrentan a flujos de refugiados. Teniendo en cuenta que la situación geopolítica de las zonas en las que se originan estos flujos sigue siendo inestable, no podemos esperar que los flujos disminuyan de manera significativa. Por consiguiente, la consolidación de los sistemas en los países expuestos tiene que continuar en paralelo a los esfuerzos de armonización y aplicación de la legislación. Los proyectos existentes, muchos de ellos innovadores, tienen que continuar y recibir el respaldo correspondiente. Si no logran alcanzar resultados, se socavará la confianza de los Estados miembros en el respaldo comunitario y su motivación para involucrarse más en el futuro se verá afectará.
3.9

Por último, a la hora de evaluar los objetivos de la ayuda, la Comisión debe ser clara –e indicar claramente– cómo encaja su programa de ayuda –y en qué se distingue– respecto de los objetivos de las negociaciones de sus Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y de sus Acuerdos de Libre Comercio (ALC). La falta de claridad a este respecto no sólo induce a confusión y malentendidos, sino que también puede llevar a no reconocer que hasta ahora la ayuda al desarrollo ha estimulado de manera insuficiente la realización de los Objetivos del Milenio, al no haber coherencia entre los objetivos de la ayuda y el resto de la política exterior de la UE, en particular la política comercial.
3.5

Si bien no existe un corpus legislativo en la UE expresamente dedicado a la seguridad de las actividades de petróleo y gas mar adentro, varias de las Directivas existentes abordan temas estrechamente relacionados con los de la propuesta, como la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE), la Directiva marco sobre los residuos (2008/98/CE), la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (85/337/CEE, modificada), las medidas adoptadas en virtud de la Directiva marco para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE), que incluye los requisitos mínimos para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en las industrias extractivas por sondeos, y la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE). Dado que no encajan exactamente con los objetivos de la propuesta, sólo podrán aplicarse de manera poco sistemática y, aun así, con muchas dificultades si no se procede a una adaptación. La Directiva sobre responsabilidad medioambiental, por ejemplo, aborda la contaminación marina, si bien no cubre los daños causados en las aguas de la Zona Económica Exclusiva o la plataforma continental, que necesitan ser protegidas con arreglo a la Directiva sobre la estrategia marina.
4.16

Con respecto al nuevo instrumento de financiación concebido para facilitar el acceso de pymes y otros operadores al crédito, recurrir a un instrumento financiero de este tipo no es una práctica común en el sector cultural. Existe el riesgo de que las instituciones financieras no tengan interés en participar, debido a que las cantidades en juego son pequeñas, a la falta de conocimientos sobre los problemas específicos del ámbito cultural y a la escasa rentabilidad de unos tipos de proyectos culturales que no podrían existir sin la ayuda de fondos públicos.
3.1

Dado que el Reglamento (CE) no 717/2007 expirará el 30 de junio de 2012 y que en el informe sobre la evolución de los servicios de itinerancia elaborado por la Comisión se ha constatado que las tarifas (con excepción de los planes de precios) no han disminuido lo suficiente para que los usuarios no tengan que abonar unos precios excesivos en comparación con los precios nacionales competitivos, la Comisión acaba de presentar la nueva propuesta de modificación del reglamento mencionado más arriba.
2.8

Según las estadísticas en línea de la Comisión, se ha informado sobre 745 accidentes de este tipo durante los 30 años de vigencia de la Directiva. Se han notificado otros 42 accidentes, pero aún no se han añadido a la base de datos pública eMARS (2). Aunque no se dispone de estadísticas completas, y las que hay no son fáciles de obtener, el 80 % de los mismos se han producido aparentemente en establecimientos de nivel superior, y el resto en establecimientos considerados de nivel inferior. 35 de ellos fueron notificados voluntariamente por terceros países pertenecientes a la OCDE. El número de accidentes comunicados al año alcanzó su nivel máximo en el período 1996-2003, y desde entonces se ha reducido considerablemente. No está claro si esto representa una mejora real de la seguridad de los establecimientos o se trata tan solo de retrasos bastante largos a la hora de analizar y comunicar accidentes por parte de los Estados miembros y retrasos posteriores en la traducción de los documentos.
4.4

Como igualmente positiva es la idea de una evaluación ex-post más estratégica e integrada que tenga en cuenta no sólo el actual marco jurídico, sino también las repercusiones económicas, sociales y medioambientales y que no sea meramente casuística y aislada para cada iniciativa legislativa per se.
3.6

También se exige notificación cuando las posiciones en corto se adquieren fuera de los mercados regulados (over the counter — OTC) o mediante derivados tales como opciones, futuros, etc.
b)

Crear, a partir de proyectos piloto emprendidos en algunas zonas de la Unión, lugares de encuentro y experimentación de carácter informal (basados en el modelo de los science shops, centros del futuro, parques multimedia, etc.) que puedan fomentar la participación directa de los grupos destinatarios formados por ciudadanos/usuarios/asociaciones y de la sociedad civil organizada. El objetivo estriba en fomentar la participación de todo el territorio de la UE en el desarrollo del potencial de la industria creativa, y no sólo de los grandes centros urbanos, que a menudo se consideran los únicos promotores de los procesos de desarrollo creativo. En este contexto, las comunidades locales y regionales, las asociaciones de PYME y del artesanado pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de integrar las ICC en el desarrollo regional (aplicando el principio «pensar primero a pequeña escala» (Think Small First), previsto en el «Small Business Act para Europa»).
4.9

La gestión correcta de los datos dependerá fundamentalmente de la elección de la arquitectura del sistema. La explotación comercial siempre debería dar lugar a una participación en los gastos tras un período apropiado de adaptación al mercado, como es el caso de algunos servicios de Internet que hasta la fecha han sido gratuitos, pero que poco a poco empiezan a ser de pago. Los datos destinados a las administraciones públicas deberían, en principio, ser gratuitos y accesibles desde diversas plataformas en función de las normas de confidencialidad y seguridad. Recientemente, se han desarrollado importantes aplicaciones de vigilancia por satélite: los satélites altimétricos del proyecto My Ocean detectaron la reaparición del fenómeno «El Niño» en 2009; el Programa MACC (Monitoring Atmosphere Composition and Climate), que forma parte integrante de los servicios GMES, ha facilitado la información necesaria para llevar a cabo simulacros sobre la posible difusión de la nube de cenizas del volcán islandés; otro servicio del programa GMES, el SAFER (Services and Applications For Emergency Responses), tiene por objeto facilitar mapas detallados a las seis horas de haberse producido catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o deslizamientos de tierra, lo que puede ser de gran ayuda para los servicios de protección civil; el G-Mosaic (servicios de pilotaje de seguridad) vigilará el territorio para fines de seguridad, desde la vigilancia de las centrales nucleares hasta la inmigración clandestina, pasando por la vigilancia de las fronteras y la evaluación de los daños de guerra y las correspondientes necesidades.
3.1.1

La política de mercado de trabajo por sí sola no crea puestos de trabajo. Puede apoyar los procesos de creación de empleo, pero no sirve para reemplazar la dinámica de creación de puestos de trabajo. El fundamento de una política de mercado de trabajo eficiente es una economía estable. Si no hay recuperación económica no se producirá una evolución positiva del empleo. En este orden de cosas, en la situación actual de incertidumbre en el mercado de trabajo las medidas de política del mercado laboral sólo pueden tener éxito si se aplican en un entorno macroeconómico más favorable. A este respecto, en diciembre de 2008 el CESE manifestó su apoyo al Plan Europeo de Recuperación Económica anunciado. Aunque considera que se trata del enfoque adecuado para reaccionar ante los desafíos pendientes, exhorta a todas las partes interesadas –en particular, a la Comisión Europea y a los Estados miembros– a que sin más dilación inicien la aplicación del Plan Europeo de Recuperación Económica (4).
5.4

Por otra parte, convendría evitar hacer previsiones a largo plazo acerca del posible agotamiento de las reservas disponibles en el subsuelo. Se trata de un temor recurrente ya desde hace décadas que, no obstante, podría resultar infundado. En un reciente número de la célebre revista The Economist –en su edición del 21 de junio de 2008– se observaba que las reservas conocidas de petróleo deberían durar, al ritmo de producción actual, 42 años, algo que no es poco si nos planteamos todo lo que podría suceder en este periodo de tiempo, especialmente en materia de innovación científica y tecnológica. Además, se constataba que las reservas atribuidas a los países de Oriente Medio vienen siendo las mismas desde hace muchos años, de lo cual puede deducirse, siempre en opinión de la revista, que o bien los nuevos descubrimientos tienden a compensar el petróleo producido y quemado, o bien las estimaciones acerca de las reservas no son muy exactas. Cabe destacar, sin embargo, que el cálculo se basa en los niveles de producción actuales. Pero el problema no estriba tanto en el agotamiento de las reservas a largo plazo como en las perspectivas de crisis, que dependen de los desequilibrios que se registran entre la demanda y la oferta a corto plazo, en particular tras eventuales interrupciones de la producción en las zonas estratégicas.
2.1.1

Las enfermedades raras –incluidas las enfermedades genéticas– son objeto de un programa de acción comunitaria que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2003 [Decisión no 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2003)], conforme al cual una enfermedad rara es una enfermedad cuya prevalencia no afecta a más de cinco personas de cada diez mil en la Unión. Sobre esta misma definición se basa el Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.
3.3

El TJCE ha adoptado criterios precisos para definir qué no es un montaje puramente artificial: el mero hecho de establecer una filial en el extranjero no está incluido en esta definición, ni siquiera si se diera la circunstancia de que la actividad desarrollada por la filial en otro Estado miembro podría haberla desarrollado la empresa matriz. Tampoco basta por sí mismo el argumento de que la decisión de establecer una filial se apoye en consideraciones de tipo fiscal: si no se producen prácticas abusivas, es perfectamente legítimo aprovechar la fiscalidad de otro Estado miembro si es más favorable. Por último, en la definición tampoco se incluye el hecho de que se decida establecer una filial para aprovechar las ayudas estatales que concede otro Estado miembro: las distorsiones derivadas de unas ayudas estatales incompatibles con el Tratado se deben resolver en la fuente con otros medios, pero ello no autoriza a adoptar medidas unilaterales para combatir los efectos negativos.
1.3.1

Admitiendo la propuesta de la Comisión Europea en el sentido de no ser necesaria la creación de partidas presupuestarias específicas para desarrollar el Año Europeo, y estando de acuerdo en que se utilicen las posibilidades presupuestarias del Programa de Aprendizaje Permanente, que incluye objetivos específicos sobre el fomento de la innovación, el texto de la Propuesta no refleja ninguna cantidad destinada a este evento, y se limita a mencionar que la fuente presupuestaria es el referido Programa de Aprendizaje Permanente y que otros programas, que no concreta ni menciona, cofinanciarán las actuaciones. A la vista de lo expuesto en la Propuesta de Decisión, el Comité estima necesaria la inclusión de alguna cifra sobre la previsión de gasto que va a conllevar esta actuación. El CESE cree oportuno que en la Propuesta se incluya una estimación presupuestaria.
4.3.2.2

Asegurar que las legislaciones respeten los principios fundamentales. Para el CESE, la eficacia de legislaciones a todos los niveles y de programas o medidas colectivas o individuales a favor de las PYME depende de cuatro principios, y desea que estos principios se inscriban en la SBAE y se apliquen sistemáticamente a todos los niveles: europeo, nacional y regional: — análisis del impacto sistemático para las PYME : no debería poder adoptarse ningún texto legislativo si previamente no ha sido objeto de un análisis de impacto sistemático en las diferentes categorías de empresas del sector de actividades en cuestión, midiendo los efectos económicos y sociales directos e indirectos, como la carga administrativa y los costes de información e inversión que se impondrán, así como los beneficios que les podrá reportar; — principio de proporcionalidad : la legislación no debe imponer medidas inútiles a las PYME y limitarse a lo estrictamente necesario; las condiciones para la aplicación de la legislación deben adaptarse a la realidad y la diferente situación de las empresas afectadas, así como a la capacidad de éstas para ponerlas en práctica; — principio «only once» : las PYME tienen el cometido de producir y no ser servicios administrativos; no pueden someterse más de una vez a declaraciones y procedimientos administrativos para un mismo asunto; corresponde a las autoridades administrativas pertinentes comunicarse esta información entre sí; este principio «only once» podría practicarse por medio de las ventanillas únicas que aplican el principio «un empresario — un solo interlocutor», con la ayuda de las organizaciones intermediadoras que ya desempeñan este cometido a nivel nacional; — principio de salvaguardia : una legislación no puede adoptarse si es contraria al desarrollo de las PYME y amenaza con frenar su competitividad. Toda nueva propuesta legislativa que no se haya sometido a un análisis de impacto completo o para la que sea evidente que las medidas propuestas entran en contradicción con el desarrollo socioeconómico de las PYME debería poder bloquearse. El CESE subraya, por otra parte, la necesidad de operar y garantizar una total transparencia en los procedimientos administrativos, permitiendo a las PYME tener acceso a todos los datos administrativos que les conciernan y corregirlos de acuerdo con sus necesidades.
«Analysis of the Anti-Segregation Policies in the Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion» (www.romadecade.org).
3.2.5

Para los segundos (nuevos alimentos obtenidos por técnicas no tradicionales de cría o mediante nuevos procesos de producción), que son en los que se concentra la I+D de la industria alimentaria de la UE, se hace imprescindible una evaluación de seguridad única por la EFSA y un procedimiento (artículo 19) claro, sencillo y eficaz que permita acelerar los hasta ahora largos trámites de autorización. No obstante, pese a la importancia de este aspecto, el procedimiento a seguir en estos casos no está plenamente desarrollado en la propuesta, puesto que se remite al procedimiento de autorización uniforme de aditivos, enzimas y aromas. Esta remisión al procedimiento de autorización uniforme de aditivos, enzimas y aromas (todavía no adoptado en la UE) se perfila como una propuesta interesante, pero no parece que se haya reflexionado suficientemente sobre su alcance.
4.8

Asimismo, y teniendo en todo momento presente el apartado 5 del artículo 54 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, el Comité considera que es necesario precisar mejor las mencionadas dificultades y obstáculos al uso conjunto y coordinado de los instrumentos aplicables a nivel nacional, regional y local (19) por parte de los distintos operadores, no sólo por las diferencias en materia de fundamentos jurídicos, especialización temática, áreas geográficas o modalidades de actuación, sino también por lo que se refiere a divergencias fundamentales y, en ocasiones, de índole impeditiva, como: — el carácter transnacional o no de los proyectos, — la concordancia en los plazos de lanzamiento, — la concordancia de los plazos de asignación de las ayudas financieras, — la concordancia en los plazos de aplicación, y — la posibilidad y capacidad de desglosar un proyecto global de acción territorial en una serie de «subproyectos», aplicables en función de los requisitos exigidos por cada uno de los programas e instrumentos comunitarios, paneuropeos e internacionales.
1.12

La actuación de los interlocutores sociales debe guiarse por los siguientes objetivos centrales: — influir en los gobiernos nacionales para que lleven a cabo reformas adecuadas y desarrollen políticas nacionales que contribuyan a mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo; — utilizar todos los medios a su disposición, en particular los programas del Fondo Social Europeo (3), para ofrecer a todos los jóvenes la posibilidad de realización personal a través de un puesto de trabajo estable, de calidad y adecuadamente remunerado, recurriendo a formas de trabajo y de gestión de los horarios laborales nuevas y más avanzadas, combinadas con nuevas formas de seguridad en el empleo, con el fin de garantizar transiciones más suaves, una mayor movilidad y un mayor equilibrio entre la vida profesional y la privada; — acortar el período de transición entre el final de la vida escolar y la inserción definitiva en la vida activa, y proporcionar a los jóvenes su primera oportunidad laboral con una perspectiva de seguridad en el futuro durante ese período de transición; — llenar de manera constructiva el período de inactividad de los jóvenes que se encuentran en situación de desempleo o buscando el primer empleo; — facilitar la integración de los sectores más vulnerables de la juventud (jóvenes con problemas sociales, con discapacidad, o que han abandonado prematuramente el sistema escolar, jóvenes migrantes, etc.); — garantizar la conciliación de la vida profesional con la vida personal y familiar; — asegurar un equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad, diferenciando entre aquellos que pueden escoger la flexibilidad porque disponen de seguridad y aquellos que son víctimas de la flexibilidad porque carecen de seguridad; — garantizar una mayor cooperación entre empresas, centros de enseñanza secundaria y universidades; — incentivar el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y ayudar a los jóvenes a entender que es su responsabilidad continuar aprendiendo; en este contexto, las autoridades públicas deben asumir su parte de responsabilidad proporcionando un vínculo eficaz entre el sistema educativo y el mercado laboral; — aumentar la calidad y los atractivos del aprendizaje en el entorno laboral (prácticas); — fomentar medidas que eviten el desempleo de larga duración en los grupos más jóvenes; — divulgar entre los jóvenes sus derechos económicos y sociales, y respetar y hacer respetar el principio de igualdad y no discriminación.
2.8

Riesgos. En la medida en que estos costes considerables no se contrarrestan con ahorros conseguidos con un menor consumo de los recursos, y hasta que las economías no europeas en competencia no tengan unos costes semejantes, se origina una carga perjudicial para la competitividad europea. «Europa puede ser un ejemplo para la lucha contra el cambio climático, pero no puede aceptar una competencia desleal con los países que no establecen restricciones medioambientales de ningún tipo» (11) Los costes de personal (salarios, prestaciones sociales) ya son, en comparación con otras economías nacionales que aspiran al progreso, como, por ejemplo, China e India, claramente más altos y suponen por sí solos exigencias notabilísimas a la competitividad de Europa. Todos los demás encarecimientos unilaterales de la productividad debidos a los objetivos de protección climática son en tanta mayor medida especialmente gravosos y peligrosos.
4.2.4.3

Una tesis publicada recientemente (6) pone de manifiesto que: 1. Cuando se aborda la cuestión de la renovación energética de un edificio existente para uso residencial, comercial o escolar, no siempre se pueden alcanzar los objetivos previstos para las viviendas de bajo consumo y las viviendas pasivas (…). 2. Para emprender un proyecto de renovación es necesario realizar una inversión que puede constituir una carga para un particular, y a falta de recursos económicos disponibles, ni siquiera la inversión potencialmente más rentable se tendrá en cuenta. 3. Para alcanzar el nivel de consumo energético de las viviendas pasivas gracias a un mejor aislamiento se necesitan unos conocimientos técnicos específicos que, desde luego, no son imposibles de adquirir. Estos conocimientos no deberían utilizarse exclusivamente durante la fase de elaboración del proyecto, sino también, y sobre todo, durante la fase operativa. 4. El uso que se hace de la energía responde a unas necesidades básicas de los usuarios que, desde luego, no son flexibles: esto significa que unas variaciones incluso bruscas en el precio de la energía no implican necesariamente una modificación tan rápida de los comportamientos a corto plazo. Reducir el consumo o buscar fuentes de energía alternativas constituyen reacciones de adaptación a un nuevo equilibrio que se producen más tarde, en una perspectiva a largo plazo en la que, sin embargo, la elasticidad de la curva de demanda de energía no registra más que una escasa mejora.
3.12

El Informe conjunto sobre el empleo 2006/2007 valora positivamente el rápido incremento en las tasas de empleo de las mujeres y considera que supone un avance para alcanzar el objetivo de Lisboa. (7) No obstante, destaca de que «en la mayor parte de los informes remitidos por los Estados miembros no se hace ninguna referencia a medidas específicas destinadas a promover el empleo de las mujeres o a reducir las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo., con la excepción de las medidas destinadas a mejorar el acceso a las instalaciones de cuidado de niños. Algunos Estados miembros (AT, BE, DK, DE, ES, IE, IT, LU, PT y UK) han establecido objetivos nacionales sobre instalaciones para el cuidado de niños, pero pocos de ellos comunican progresos hacia el objetivo europeo en este ámbito. El progreso hacia la consecución de este objetivo sigue siendo lento. Únicamente en AT, DK, FI, IE, MT y NL se señala la existencia de medidas destinadas a hacer más asequible el cuidado de niños a través de precios máximos o de costes reducidos. No se menciona la necesidad de reforzar el papel de los hombres en la reconciliación del trabajo y la vida familiar. SI ha lanzado una campaña para que los hombres desempeñen un papel más activo en la vida familiar, LT ha brindado nuevas posibilidades de permiso por paternidad pagado y CZ, DE y EL ampliarán la posibilidad de que los padres tomen permisos parentales».