La Comisión y los Estados miembros se reúnen periódicamente para definir y acordar estos documentos de los proyectos para cada uno de los sistemas transeuropeos. Además, la Comisión consulta sistemáticamente a la comunidad comercial a través del Grupo de contacto con los operadores. Uno de los principales desafíos es garantizar que los sistemas existentes siguen funcionando sin dificultades mientras se desarrollan los nuevos sistemas. Una vez estén listos, será de vital importancia garantizar una transición sin contratiempos de los sistemas actuales a los mejorados. Es crucial asegurarse de que las operaciones comerciales y aduaneras no se verán afectadas.

-En este contexto, se elaboran especificaciones técnicas para detallar cómo se construirá el sistema, la arquitectura que deberá utilizarse, los mensajes que deberán enviar los operadores económicos y las aduanas, las interfaces con otros sistemas, los planes de pruebas, etc.

También se compararon los datos recopilados con los de 2019, con el fin de detectar cambios importantes. En la encuesta se pedía a los gestores de los proyectos que indicaran cualquier demora de la que se tuviera conocimiento en los calendarios de planificación de los sistemas electrónicos, las razones de dichas demoras y las medidas adoptadas al respecto. La encuesta ha proporcionado datos tanto cuantitativos en forma de plazos y etapas, alcanzados o no, como cualitativos, en forma de descripciones pormenorizadas de los retos a los que ha habido que hacer frente, los riesgos previstos y la complejidad estimada de los proyectos.

·Mejora del Sistema de Control de la Importación en el ámbito del CAU – ICS2 (perfeccionado): tiene como finalidad reforzar la seguridad y la protección de la cadena de suministro mediante la mejora de la calidad de los datos, así como de su presentación, disponibilidad y puesta en común en relación con las notificaciones previas a la llegada («declaraciones sumarias de entrada») y con la información conexa sobre riesgos y control. En particular, el proyecto facilitará también la colaboración entre los Estados miembros en el proceso de análisis de riesgos. El proyecto se ejecutará en tres entregas a fin de permitir una transición viable por modo de transporte.

·Gestión de las Garantías en el ámbito del CAU – GUM (nuevo): su objetivo es garantizar la gestión y asignación en tiempo real de los distintos tipos de garantías en la UE en su conjunto. Está previsto que la mejora de la velocidad de tramitación, la trazabilidad y la cooperación de las aduanas en la supervisión de las garantías por medios electrónicos se traduzca en una detección más rápida de los casos en los que las garantías no se consideran válidas o no bastan para cubrir la deuda contraída o que pueda originarse.

·Información Arancelaria Vinculante en el ámbito del CAU – IAV (perfeccionado): tiene por objeto armonizar con las normas del CAU la antigua base de datos que incluye toda la información arancelaria vinculante emitida por las autoridades aduaneras de los Estados miembros. La mejora de los mecanismos de control garantizará que todos los derechos de aduana y el IVA conexo legalmente adeudados se recauden correctamente y pueda detectarse el fraude de forma más eficaz. En octubre de 2017 se completaron las etapas 1 y 2 de la primera fase. La segunda fase sufrió un retraso de dos trimestres durante la fase de elaboración. No obstante, se mantuvo el objetivo fijado para la planificación general, y el sistema eIAV armonizado con el CAU se implantó en octubre de 2019. Ello supuso asimismo la construcción del acceso a este sistema a través del Portal de Aduanas para los Operadores de la UE.

Avances: no se han registrado retrasos con respecto a la fase 5 del NSTI, las especificaciones técnicas se completaron y aprobaron, al igual que la estrategia de transición en el ámbito informático. Actualmente el proyecto está bien encaminado y debe completarse a más tardar el 1 de diciembre de 2023 con arreglo al programa de trabajo del CAU; la primera implantación por parte de los Estados miembros precursores está prevista para marzo y diciembre de 2021. Cuatro Estados miembros han notificado que ya han completado sus especificaciones técnicas para la fase 5, mientras que otros nueve siguen trabajando en ello.

Resumiendo: por lo que respecta a los sistemas nacionales, los Estados miembros están realizando grandes esfuerzos, a veces mediante una intensa colaboración, por avanzar en la implantación de los requisitos para la NA, la PN y el TS, los ajustes en los Sistemas Nacionales de Importación y los regímenes especiales interrelacionados. Dado que se aproxima el vencimiento de los plazos de implantación (31 de diciembre de 2022 para los tres proyectos nacionales), los Estados miembros deben prestar especial atención a esta cuestión, concretamente los diez Estados miembros que no pudieron confirmar la implantación de la NA dentro del plazo fijado, los cuatro Estados miembros que no lo pudieron hacer con respecto a la PN y los tres Estados miembros que no lo pudieron hacer con respecto al TS, tal y como se muestra en los cuadros 9, 10 y 11 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente informe.

Avances: un Estado miembro ha completado sus especificaciones técnicas para el componente 1 de los SP, mientras que otros nueve las han completado para el componente 2. Existen interrelaciones con el AES y con la mejora de los Sistemas Nacionales de Importación. Hasta ahora, los Estados miembros no han notificado demoras y todos están bien encaminados hacia el cumplimiento del primer plazo fijado para 2022.

Los Estados miembros deben completar el perfeccionamiento de sus tres sistemas nacionales a más tardar en 2022. Sin embargo, esto no incluye el componente de exportación del sistema nacional relativo a los Regímenes Especiales, cuya actividad y planificación están interrelacionadas con el Sistema Automatizado de Exportación (AES).

Por último, es importante destacar que, teniendo en cuenta la aplicación del programa de trabajo del CAU, en diciembre de 2020, las actividades llevadas a cabo por la Comisión representan aproximadamente el 79 % (en el informe del año pasado suponían el 66 %) de la totalidad de la labor de desarrollo que debe finalizar a más tardar en 2025. Este porcentaje se basa en indicadores clave de rendimiento para las actividades asignadas a la Comisión únicamente y no refleja las actividades que deben llevar a cabo los Estados miembros. El siguiente cuadro refleja las previsiones teniendo en cuenta los progresos y la planificación proporcionada por los servicios de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera.

·en el informe faltaba información sobre la sostenibilidad financiera de la aplicación del CAU (en particular, sobre la viabilidad del ICS2);

·la estabilidad del anexo B (requisitos comunes en materia de datos) del CAU es fundamental.

En respuesta a las observaciones del Consejo, la Comisión confía en que el presente informe presente una visión general correcta de la situación, ya que se basa, por un lado, en las propias actividades que desarrolla para avanzar con respecto a los sistemas transeuropeos centrales y, por otro, en las actividades de los Estados miembros, según se comunican a la Comisión. Se solicitó a los Estados miembros que en sus informes sobre los elementos descentralizados de los sistemas transeuropeos y sobre sus sistemas nacionales aportaran una visión realista de los progresos realizados con respecto a los proyectos y de los riesgos detectados.

En cuanto a la sostenibilidad y la situación en el ámbito financiero, en las conclusiones del Consejo sobre el marco financiero plurianual, la asignación presupuestaria aprobada para el programa Aduana ascendió a 950 millones EUR. Esto representa un compromiso significativo de llevar a cabo y apoyar económicamente el trabajo de las aduanas y, en particular, el desarrollo de sistemas electrónicos durante el período que transcurra hasta 2027. En este contexto, la Comisión ya no considera que exista un riesgo de falta de presupuesto de la UE para el desarrollo de los componentes de los sistemas bajo su responsabilidad. Cabe señalar que en el momento en que se redacta el presente informe, se está negociando el presupuesto con el Parlamento Europeo, así que es posible que esta cifra no sea la definitiva.

La inestabilidad del anexo B del Acto Delegado del CAU (AD CAU) y del Acto de Ejecución del CAU (AE CAU), así como las inminentes modificaciones, fueron mencionadas por el Consejo y las administraciones aduaneras de los Estados miembros como un riesgo importante en el marco del informe del año pasado. Los requisitos comunes en materia de datos recogidos en el anexo B se utilizan para los sistemas nacionales y transeuropeos y la aplicabilidad de las distintas columnas del anexo B del AD CAU está vinculada a las fechas de implantación de los sistemas electrónicos definidos en el programa de trabajo del CAU. A la Comisión le complace comunicar que, gracias a los progresos realizados en 2020, el riesgo ha disminuido. La labor de armonización de los requisitos comunes en materia de datos para las declaraciones, las notificaciones y la prueba del estatuto aduanero de las mercancías de la Unión, ha concluido y ha quedado reflejada en las modificaciones del AD CAU y el AE CAU, que serán adoptadas por la Comisión a principios de 2020. Estas modificaciones se precisaban para garantizar que las disposiciones legales se ajustaran plenamente a las especificaciones funcionales y técnicas para los sistemas transeuropeos, así como para garantizar la estabilidad necesaria.

En cuanto a la encuesta para evaluar los progresos realizados en 2020, la Comisión avanza correctamente en el desarrollo de los proyectos bajo su responsabilidad y no se han detectado ni materializado retrasos que excedan los plazos legales. Además, no se han notificado riesgos importantes que puedan traducirse en un retraso de la implantación.

Los Estados miembros también están avanzado de forma significativa en el desarrollo de los proyectos de los que son responsables. Sin embargo, tal y como se expone en la sección 4.2, existe un proyecto con respecto al que se ha notificado un retraso que excede el plazo legal (en este caso, el 31 de diciembre de 2022), a saber, el proyecto relativo a la NA, la PN y el TS, clasificado como proyecto estrictamente nacional. Los retrasos comunicados por los Estados miembros se especifican en los cuadros 9, 10 y 11 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente informe y pueden resumirse de la siguiente manera:

·por lo que respecta a la introducción de la Notificación de la Llegada, los siguientes Estados miembros han establecido una fecha prevista de implantación posterior al plazo contemplado en el programa de trabajo del CAU: BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, NL y RO. DK no ha previsto ninguna fecha para la implantación de la NA.

Más concretamente, cuatro Estados miembros han notificado que utilizarán la NA integrada en la entrega 2 del ICS2 (implantación prevista para el 1 de marzo de 2023). En ocho Estados miembros, el retraso se limita a un período de dos a tres meses.

·Para la introducción de la Notificación de la Presentación y del Depósito Temporal, los siguientes Estados miembros han indicado una fecha prevista de implantación para la PN posterior al plazo contemplado en el programa de trabajo: BE, FR y NL. DK no han comunicado ninguna fecha prevista para la implantación de la PN.

En particular, en dos Estados miembros el retraso estimado se limita a un período de dos meses.

Por lo que respecta al proyecto relativo a los Sistemas Nacionales de Importación, parece que el riesgo de retrasos mencionado por algunos Estados miembros en el informe del año pasado está bajo control y ya no se traduce en una finalización fuera de plazo, que pueda afectar al proyecto transeuropeo del CAU.

En cuanto al proyecto nacional sobre los Regímenes Especiales, todos los Estados miembros indicaron que finalizaría en los plazos previstos, excepto para el componente de exportación, en relación con el cual un Estado miembro (DK) no indicó ninguna fecha.

Del lado de los Estados miembros, desde el año pasado han vuelto a repetirse una serie de riesgos generales, que pueden afectar a los progresos de sus actividades. Una de las mayores fuentes de dificultades y riesgo de retrasos indicada por los Estados miembros es su falta de recursos y la necesidad de una mayor integración de los proyectos del CAU. En comparación con el informe del año pasado, solo persisten algunos casos en los que aún no se han adjudicado las licitaciones, en otros el riesgo relacionado con la contratación ha desaparecido. En lo relativo a la falta de recursos financieros, la aprobación por parte de la Comisión del programa de trabajo del CAU y del informe anual de situación a finales de 2019 contribuyó a que los Estados miembros obtuvieran recursos presupuestarios adicionales. Un Estado miembro comunicó explícitamente este resultado positivo. En cuanto a los recursos humanos, los Estados miembros han señalado reiteradamente que su escasez supone un riesgo particular de cara a la ejecución satisfactoria y oportuna de los proyectos. A menudo los recursos humanos trabajan en paralelo en otros proyectos informáticos. Además, existen muchos factores que contribuyen a la complejidad de los proyectos del CAU (en términos de interdependencias de los proyectos, transición y ensayos con los operadores económicos, integración en los sistemas).

En el informe anual de situación de 2019, los Estados miembros ya indicaron las dificultades a las que se enfrentan para cumplir con las obligaciones en el ámbito de los sistemas aduaneros impuestas por el conjunto de medidas sobre el IVA del comercio electrónico, adoptado el 5 de diciembre de 2017 . Los Estados miembros mencionaron que con las implantaciones paralelas se corría el riesgo de provocar retrasos que impidieran completar los sistemas electrónicos establecidos en virtud del CAU en los plazos correspondientes. La Comisión ha seguido supervisando la situación este año. El 8 de mayo de 2020, la Comisión propuso posponer la introducción de normas nuevas durante seis meses (del 1 de enero de 2021 al 1 de julio de 2021 o más adelante). El 20 de julio de 2020, el Consejo aceptó esta propuesta y adoptó la legislación necesaria . Gracias a este aplazamiento, los Estados miembros tienen más tiempo para cumplir los plazos legales para el desarrollo de los proyectos a escala nacional, y, en 2020, un número menor de Estados miembros comunicó un riesgo de impacto colateral de la iniciativa relativa al IVA del comercio electrónico en la aplicación del CAU. Principalmente dos Estados miembros notificaron la necesidad de modificar la planificación de algunas actividades del CAU y de ampliar las plataformas y prestar apoyo a los sistemas informáticos. Sin embargo, también afirmaron que estaban valorando la adopción de medidas de mitigación para evitar un retraso real en el inicio de la implantación. Cabe señalar que los Estados miembros valoraron el riesgo de forma conjunta con otros factores externos, como la COVID-19 y el Brexit (véanse las páginas 29, 35 y 41 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente informe).

Por lo que respecta a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19 y la salida del Reino Unido de la UE, la Comisión comunicó que sus propias actividades no se han visto afectadas por la COVID-19 y que se han adoptado medidas de mitigación para contrarrestar el impacto del Acuerdo de Retirada. Los Estados miembros comunicaron que los efectos no estaban claros en aquel momento, pero que cabía esperar un aumento de la presión sobre su planificación nacional y sobre el número de recursos humanos disponibles, tanto interna como externamente (contratistas del ámbito de las tecnologías de la información, operadores económicos).

Para concluir, la evaluación de los principales riesgos para la implantación oportuna de los sistemas establecidos en virtud del CAU reveló que los riesgos afectan fundamentalmente a las actividades de los Estados miembros y están relacionados con la complejidad de los proyectos, la contratación y las dificultades contractuales, la limitación de los recursos, el proceso de transformación y algunos factores externos, como la COVID-19 y el Brexit. La Comisión continuará proporcionando apoyo a los Estados miembros en la aplicación de medidas de mitigación para evitar que los riesgos se materialicen en un retraso de la implantación de los sistemas electrónicos tal y como describe anteriormente la sección 4.4.

4.4 Medidas de mitigación

Por lo que se refiere a los proyectos nacionales, la planificación y los progresos comunicados por los Estados miembros muestran, por una parte, una mejora de la situación frente a la del año pasado en el caso de los sistemas nacionales de importación, respecto de los cuales ya no se indican retrasos, pero ponen de manifiesto, por otra, que la situación del proyecto nacional relativo a la AN, la PN y el TS se está deteriorando ligeramente. Teniendo en cuenta los riesgos evaluados, la Comisión tiene previsto aumentar el apoyo prestado a los Estados miembros mediante varias iniciativas. Dado que varios Estados miembros vinculan sus actividades nacionales a las que se prevén en el marco de la entrega 2 del ICS2, la Comisión estudiará más detalladamente este desfase de dos meses en la planificación. Supervisará los progresos con mayor frecuencia, establecerá contactos bilaterales para comprender los problemas y enviará cartas formales a los Estados miembros implicados para mitigar el riesgo de retrasos. Mientras tanto, se aconseja a los Estados miembros que sigan colaborado y aceleren su intensa labor de cooperación para la ejecución del proyecto relativo a la AN, la PN y el TS y que aúnen fuerzas en el equipo de expertos. La Comisión mantiene la cofinanciación aportada por el programa Aduana para el Equipo de expertos en nuevos enfoques para desarrollar y gestionar los sistemas informáticos aduaneros. En última instancia, la implantación oportuna de los componentes nacionales sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros.