INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO - Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 2001

ÍNDICE

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 2001

I. Resolución de Parlamento Europeo sobre el presupuesto general

a) Contabilidad, tesorería, recuperación

b) Eurostat, Lucha contra el fraude

c) Externalización

d) Infrautilización del presupuesto/SAPARD, Fondos estructurales

e) Ampliación

f) Agricultura y productos alimenticios

g) Fondo Social Europeo

h) Medio ambiente, salud pública y política del consumidor

i) Pago de penalizaciones

j) Políticas exteriores

k) Instrumentos financieros

l) Otras observaciones

m) OLAF

II. Resolución del Parlamento Europeo relativa al Fondo Europeo de Desarrollo

III. Resolución del Parlamento Europeo relativa a la CECA

IV. Resolución del Parlamento Europeo relativa a las agencias

V. Recomendación del Consejo

a) Reforma de la Comisión

b) Recursos propios

c) Política Agrícola Común

d) Acciones estructurales

e) Políticas internas

f) Acciones exteriores

g) Ayuda a la preadhesión

h) Gastos administrativos

i) Instrumentos financieros y actividades bancarias

j) Declaración de fiabilidad

PREÁMBULO

1/Naturaleza del informe

El artículo 276 del Tratado CE y el artículo 180b del Tratado de la CEEA establecen el procedimiento de descargo en los siguientes términos: "La Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos, así como a los comentarios que acompañen a las recomendaciones de aprobación adoptadas por el Consejo. A instancia del Parlamento Europeo o del Consejo, la Comisión informará acerca de las medidas adoptadas como consecuencia de dichas observaciones y comentarios y, en particular, acerca de las instrucciones impartidas a los servicios encargados de la ejecución del presupuesto. Dichos informes se enviarán también al Tribunal de Cuentas".

En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto general del ejercicio presupuestario de 2001, la Comisión, actuando a instancia del Consejo y del Parlamento, presenta por tanto este informe de seguimiento, relativo a la Recomendación del Consejo de 7 de marzo de 2003 y a la Resolución votada por el Parlamento Europeo el 8 de abril de 2003. Respecto de años anteriores, el presente informe se refiere además a la aprobación de la ejecución del presupuesto del sexto, séptimo y octavo Fondos Europeos de Desarrollo y del presupuesto de la CECA para el ejercicio de 2001.

Por último, el informe recoge también el seguimiento de las recomendaciones a la Comisión relativas a la aprobación de la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y de las agencias CEDEFOP, EUROFOUND y EAR.

2/Objetivo del informe de seguimiento

De conformidad con los Tratados, el objetivo principal del informe es presentar las medidas tomadas por la Comisión o las que se propone adoptar en respuesta a los comentarios contenidos en las resoluciones relativas a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio presupuestario de 2001, el presupuesto del sexto, séptimo y octavo Fondos Europeos de Desarrollo y el presupuesto de la CECA para el ejercicio de 2001.

3/Metodología

En aras de la claridad y la brevedad, presentamos una versión resumida de las demandas expresadas por la autoridad presupuestaria. Estas demandas pueden encontrarse en su integridad en las recomendaciones adjuntas, publicadas por el PE y el Consejo.

Para facilitar una rápida localización de las demandas originales, las referencias de estas aparecen entre paréntesis al final de cada resumen. Cada referencia empieza con el nombre del ponente responsable de la recomendación (así, por ejemplo, Casaca 52 remite a la demanda presentada en el punto 52 de la Recomendación de aprobación de la ejecución del presupuesto general de 2001). El mismo procedimiento se aplica para las demás recomendaciones,:

Sorensen - Recomendación relativa al FED de 2001;

Langenhagen - Recomendación relativa a la CECA de 2001;

Consejo - recomendación del Consejo de 2001.

Las medidas adoptadas por la Comisión respecto de cada demanda/recomendación figuran en recuadro.

I. Resolución de Parlamento Europeo sobre el presupuesto general

a) Contabilidad, tesorería, recuperación

1. Presentar, antes de finales del presente año, un plan plurianual que incluya un calendario y un desglose por fases, a fin de obtener una declaración positiva de fiabilidad del Tribunal de Cuentas para el presupuesto en su conjunto (Casaca - 5)

Respuesta de la Comisión:

Con su reforma administrativa, la Comisión crea gradualmente la estructura necesaria para ofrecer esta garantía. En el aspecto contable, para 2005 está previsto un nuevo marco de contabilidad de ejercicio basado en las normas internacionales de contabilidad del sector público, de conformidad con el Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 y su reglamento de aplicación. Estas normas han sido acordadas últimamente. Pero el Tribunal de Cuentas ha indicado reiteradamente que las cuentas han reflejado fielmente a lo largo del tiempo los ingresos y gastos de las Comunidades, salvo 4 observaciones menores.

Por lo que se refiere a la reforma de la gestión financiera de la Comisión, los estándares de los sistemas de control interno están claramente establecidos y las Direcciones Generales hacen un esfuerzo importante para lograr en la medida de lo posible el pleno cumplimiento de los requisitos de base de las 24 normas de control interno para finales de 2003 (véase la acción 5.4.5 de la síntesis 2002 de los informes anuales de actividad y de las declaraciones anuales de los directores generales y jefes de servicio de la Comisión Europea, - COM (2003) 391 de 9.7.2003).

Además, la Comisión ha adoptado medidas para reducir el riesgo de irregularidad en las operaciones que no gestiona directamente. Por ejemplo:

- en lo que respecta a la gestión compartida, un grupo interservicios está considerando posibles medidas para implicar a los Estados miembros más de cerca;

- por lo que se refiere a los programas de coste compartido, el plan de acción adoptado el 10.1.2003 permite ya generar una mayor coherencia entre Direcciones Generales en la gestión de los contratos. Varias Direcciones Generales han adoptado medidas correctoras para reducir al mínimo el riesgo de error;

- en lo que respecta a los programas cofinanciados en general, un grupo interservicios trabajará desde finales de 2003 sobre la posibilidad de introducir componentes de tipo uniforme en las subvenciones, con una metodología uniforme de control.

Por último, dada la permanente preocupación del Tribunal ante tales riesgos, la Comisión examinará la viabilidad de formalizar criterios de evaluación de las medidas tomadas en cada sector de actividades afectado, así como de información sobre el resultado de las evaluaciones.

2. Plan de actuación de cada DG por separado, en el contexto de la descentralización, en el que se consigne el modo y los plazos en que éstas obtienen una declaración positiva de fiabilidad (Casaca - 5)

Respuesta de la Comisión: La Comisión da la máxima importancia al logro de una DF positiva. Pero en el sistema establecido por el Tratado (artículo 248 CE), las Direcciones Generales no necesitan obtener una declaración de fiabilidad. Esta debe darse a nivel de la Comisión. En este sentido, se está poniendo remedio a todas las insuficiencias detectadas, a nivel de los servicios y al nivel de la Comisión, como se indica en el plan de acción anexo a la síntesis 2001 y 2002 de los informes anuales de actividad y declaraciones de los directores generales y jefes de servicio de la Comisión Europea.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, la declaración puede ser completada mediante evaluaciones específicas en cada gran ámbito de la actividad comunitaria. En el futuro la Comisión pedirá al Tribunal de Cuentas que defina criterios para medir el avance de la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones en términos de buena gestión financiera. Mientras tanto, las observaciones del Tribunal se tendrán en cuenta gradualmente, mediante mejoras puntuales de los sistemas de control interno de cada Dirección General.

3. Tratamiento urgente y frecuente de la conciliación de los datos en el sistema contable (Casaca - 6)

Respuesta de la Comisión:

Los datos financieros para 2002 se han conciliado entre los dos subsistemas de SINCOM2. En marzo de 2003 se creó un equipo para supervisar la coherencia de ambos sistemas de forma continua. Se hace actualmente sobre la base de informes semanales que comparan ambos sistemas.

4. Insta a la Comisión a que conceda la máxima prioridad en su política de recursos humanos al gran movimiento de personal administrativo en puestos cruciales y de alto nivel, así como a la falta de personal cualificado en los sectores de contabilidad y auditoría (Casaca - 11)

Respuesta de la Comisión:

En principio, y como regla general, la Comisión aplica una política de movilidad de sus altos funcionarios. Desde la entrada en funciones de la Comisión actual, han tenido lugar varios ejercicios de movilidad entre funcionarios A1 (directores generales o equivalente) y A2 (directores o equivalente), el más reciente en noviembre de 2002. La Comisión considera que esta política va en interés de la institución y contribuye a mejorar la motivación y la profesionalización de su personal directivo, y no va de ninguna manera en detrimento de la continuidad ni de la calidad del liderazgo. En sus nombramientos la Comisión asegura el máximo equilibrio entre las cualificaciones del funcionario y los requisitos e importancia del puesto.

La Comisión ha tenido dificultades para contratar a corto plazo un número importante de auditores internos y de personal jerárquico, tanto en el plano interno como a través de oposiciones externas. El actual mercado de trabajo no satisface la considerable demanda de este tipo de perfiles. Actualmente se han colmado en gran parte las necesidades mediante oposiciones especializadas de grado A. Una política a largo plazo basada en la planificación de necesidades y competencias, la organización de oposiciones anuales y la reconversión del personal mediante una formación apropiada ha dado a la Comisión la posibilidad de cubrir estos puestos altamente especializados.

5. Responder a la declaración del PE de que el cierre de las cuentas 2001 se llevó a cabo vulnerando el Reglamento financiero (Casaca - 13)

Respuesta de la Comisión: Las cuentas de 2001 fueron elaboradas por los departamentos pertinentes de la Dirección General de Presupuesto y presentadas bajo la responsabilidad del Contable en ejercicio a 31 de diciembre al Director General de la DG de Presupuesto y a la Comisaria responsable, quien las aprobó en nombre de la Comisión el 30 de abril, mediante habilitación del Colegio de Comisarios.

El artículo 18 del Reglamento de la Comisión, que establece normas detalladas de aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento financiero, no prevé la aprobación del Interventor.

Dados los plazos para el cierre de las cuentas anuales, las cuentas de 2001 no fueron presentadas por el Contable al Interventor antes de su aprobación.

6. Pide la mayor sobriedad en la asignación de fondos a las líneas presupuestarias, en particular en el capítulo A-30 (subvenciones comunitarias) (Casaca - 14)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión acoge con satisfacción este deseo del Parlamento Europeo. Coincide con el planteamiento del nuevo Reglamento financiero. La asignación en los comentarios presupuestarios del capítulo A-30 nunca es propuesta por la Comisión en su AP. En el pasado, cuando la autoridad presupuestaria decidía asignaciones en los comentarios, mediante enmienda del AP de la Comisión, ésta estaba de acuerdo en aceptar estas asignaciones como expresión de las prioridades políticas de la autoridad presupuestaria, siempre que fueran compatible con su responsabilidad en la ejecución del presupuesto. A partir de 2004, las nuevas bases jurídicas de las subvenciones del capítulo A-30, actualmente debatidas por el legislador, aclararán la situación.

La Comisión ha abogado siempre por el principio de licitar las subvenciones, principio ahora explícito en el Reglamento financiero. La Comisión ha propuesto normas con vistas a la presentación del AP de 2004 y para los casos en los que sea preciso designar a un beneficiario específico [COM(2003) 275 final y COM(2003)276 final].

7. Auditoría externa de su sistema de tesorería antes de finales de 2003 e informe de sus resultados al Parlamento (Casaca - 16)

Respuesta de la Comisión:

El 13 de mayo de 2003, la Comisión pidió a su auditor externo, el Tribunal de Cuentas Europeo, una auditoría del sistema de tesorería de la Comisión antes de finales de 2003. En su respuesta de 23 de mayo de 2003, el Tribunal expresó su voluntad de considerar dicha auditoría, para la que se tendrían en cuenta las auditorías realizadas por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión. El Tribunal señala que no podrá culminar esta tarea antes de finales de 2003.

8. Definir claramente lo que entiende por "sistema contable basado totalmente en la acumulación" (Casaca - 17)

Respuesta de la Comisión:

La contabilidad de ejercicio (accrual accounting) es definida por el IFAC en sus Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (IPSAS) (y así la entiende la Comisión) como "un método de contabilidad en el que las transacciones y demás actos se anotan en el momento en que se producen (y no cuando se efectúan los cobros o los pagos, en efectivo o en su equivalente). Por tanto, dichas transacciones y actos se registran en los documentos contables y se reconocen en los estados financieros de los períodos correspondientes. Los elementos que registra la contabilidad de ejercicio son los activos, los pasivos, el patrimonio/capital, los ingresos y los gastos."

En la contabilidad de ejercicio, por tanto, las operaciones se registran en los estados financieros del ejercicio correspondiente, con independencia de la fecha de pago o de cobro.

El artículo 125 del nuevo Reglamento financiero, del mismo modo, se refiere al principio de la contabilidad de ejercicio diciendo que "... en los estados financieros se incluirán los gastos e ingresos correspondientes al ejercicio, sin consideración de la fecha de pago o de cobro."

9. Expresa su deseo de que se comiencen a utilizar los módulos SAP/R3 "contabilidad de acreedores" y "contabilidad de deudores" antes de finales de 2003 (Casaca - 18)

Respuesta de la Comisión: La Comisión utiliza ya estos módulos, pero se está analizando una nueva estructura en el contexto de la reforma contable. Un grupo establecido para la reforma contable ha examinado la mejora de las cuentas de clientes y de proveedores y está ultimando las conclusiones de su trabajo, de forma que la Comisión pueda responder a las necesidades de la contabilidad y de las DG usuarias. Una vez conocido el informe del grupo, será posible ocuparse de su traducción en el sistema operativo.

10. Respetar el principio de la contabilidad de doble entrada e informar a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la transición a este sistema al menos cada trimestre (Casaca - 19 y 20)

Respuesta de la Comisión:

El principio de la contabilidad de doble entrada está aceptado y se utiliza desde hace años en la contabilidad general. Aunque el uso de la contabilidad de doble entrada en las cuentas presupuestarias no esté prevista en el artículo 137 del Reglamento financiero ni en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), la Comisión examina si es factible introducirla en su proyecto de modernización del sistema contable. En este caso, y si hay un claro valor añadido, se introducirá también en 2005.

En la contabilidad general de la Comisión se utiliza ya el método de partida doble, de conformidad con el artículo 134 del Reglamento financiero.

La Comisión informará trimestralmente a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la modernización de la contabilidad. La Sra. Schreyer presentó a la COCOBU el 8 de julio la primera "Nota informativa de la Comisaria Schreyer a la Comisión - Informe de avance sobre la modernización del sistema contable de la Comisión Europea."

11. En el nuevo comité de normas contables deben participar, en funciones de asesoramiento, expertos del Tribunal de Cuentas (Casaca - 22)

Respuesta de la Comisión:

Dos funcionarios del Tribunal asisten a las reuniones del Comité como observadores, y lo asesoran a título personal.

12. Falta de integración en el actual sistema automático de contabilidad; no está garantizado el nivel de seguridad de acceso exigido ni la fiabilidad de la introducción de datos procedentes de diferentes partes del sistema (Casaca - 25)

Respuesta de la Comisión:

La arquitectura del actual sistema SINCOM2 requiere conciliar los datos para asegurar la coherencia de los subsistemas. Se ha hecho para 2001 y 2002. Los datos de 2003 se examinan semanalmente para asegurar su coherencia. Esta actividad continuará hasta la instalación de un nuevo sistema integrado, siguiendo el actual proceso de reforma contable.

El acceso a SINCOM2 se concede sobre la base de las normas internas de la Comisión y de peticiones validadas por la jerarquía. El acceso de los administradores del sistema ha sido severamente restringido - ningún administrador del sistema tiene acceso permanente y el acceso se concede por períodos limitados y para tareas definidas de tipo técnico. Todas las acciones se registran en el sistema. Se ha desarrollado una política de seguridad revisada para SINCOM2 conforme a los estándares internacionales, aplicada desde julio de 2003.

13. Análisis coste-beneficio de las dos alternativas expuestas en las opciones 2 (paquete estándar único) y 3 (nuevo sistema integrado) para el desarrollo del sistema contable informatizado (Casaca - 26)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión ha estudiado ambas opciones, y ha concluido que la opción 3, un sistema central integrado que recibe la información contable de varios sistemas locales, es el único medio de introducir la contabilidad de ejercicio dentro del plazo (2005). Una vez que el nuevo sistema central esté plenamente operativo, se hará un análisis coste/beneficio de cada sistema local antes de decidir si debe integrarse en el sistema central.

14. Antes de tomar una decisión, detallada y completa auditoría por expertos externos de los planes de la Comisión para mejorar el marco contable (detalles Casaca - 23) y de los correspondientes sistemas TI (detalles Casaca - 28). Información y debate sobre sus resultados en audiencia de la Comisión de Control Presupuestario (Casaca - 29)

Respuesta de la Comisión:

El 13 de mayo de 2003, la Comisión pidió a su auditor externo, el Tribunal de Cuentas Europeo, una auditoría de su proyecto de modernización de la contabilidad. En su respuesta del 23 de mayo de 2003, el Tribunal señala que esta auditoría sería prematura, dado el grado de ejecución del proyecto. Para responder a la preocupación del Parlamento, el Contable de la Comisión pidió a consultores externos un estudio de viabilidad sobre la Comunicación de diciembre y sobre la ejecución del proyecto. Este estudio fue entregado a principios de julio y sus conclusiones fueron presentadas a la COCOBU por la Sra. Schreyer el 8 de julio. Véase también la respuesta al punto 10.

15. Que la Comisión facilite, en lo sucesivo, explicaciones completas de sus cuentas y referencias a su base jurídica, incluidos los distintos volúmenes y cuadros (Casaca - 32)

Respuesta de la Comisión:

Las cuentas anuales consolidadas de las Comunidades Europeas para 2001 se elaboran de conformidad con los artículos 78, 80 y 81 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, modificado en último lugar por el Reglamento n° 762/2001 del Consejo de 9 de abril de 2001. Son elaboradas cada año por la Comisión Europea y registran los datos presupuestarios y contables de todas las instituciones europeas.

Las cuentas anuales de las Comunidades se presentan en cuatro volúmenes:

. Volumen I - Comisión - Análisis de la gestión financiera,

. Volumen II:

- Tomo I: Comisión - Declaración sobre la ejecución presupuestaria,

- Tomo II: Estados financieros de la Comisión y de la Agencia de aprovisionamiento de Euratom,

. Volumen III - Estados financieros del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo,

. Volumen IV - Estados consolidados de la ejecución presupuestaria y los estados financieros consolidados

16. Evaluación inmediata de la fiabilidad y exactitud de las cifras incluidas en los volúmenes I y IV de sus estados financieros (Casaca - 33)

Respuesta de la Comisión:

Las cifras de 2001 han sido auditadas por el TC, que confirmó su fiabilidad en el capítulo 9 de su informe anual bajo el título "Fiabilidad de las cuentas": "III. Con excepción de las observaciones que se resumen en los apartados a) a d) a continuación y del comentario formulado en el apartado IV, el Tribunal opina que las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, publicadas en el Diario Oficial, reflejan fielmente los ingresos y gastos, así como la situación financiera de las Comunidades al final del ejercicio... ".

17. Recurrir a cifras certificadas de sus estados financieros como la única fuente para cualquier publicación oficial de cifras presupuestarias (Casaca - 34)

Respuesta de la Comisión:

Las cifras publicadas por los servicios contables del Tribunal de Cuentas son oficiales, al igual que las enviadas a las autoridades que aprueban la gestión.

Esta información se basa en los datos de origen incluidos en el sistema contable.

18. Establecer un programa piloto para introducir la información relativa a las fechas de las facturas y los pagos en las notificaciones a los beneficiarios (Casaca - 38)

Respuesta de la Comisión:

En 2003 se aplicará un proyecto piloto en el marco de los programas de la DG EMPL. Los beneficiarios de subvenciones serán informados de los pagos a recibir en cuanto la demanda de pago sea efectuada por el Ordenador. La información de retorno pedida a los beneficiarios permitirá asegurarse de los plazos de pago reales. La evaluación de este nuevo procedimiento tendrá en cuenta el interés manifestado por los beneficiarios por esta información previa.

19. Presentar en julio de 2003 un plan de acción detallado para incluir próximamente en el presupuesto la utilización de los intereses pagados sobre anticipos y recuperaciones (Casaca - 43), véase también Casaca - 40 y 42);

Respuesta de la Comisión:

Todos los intereses percibidos por la Comisión se incorporan a los estados presupuestarios. En la prevista modernización del sistema contable, la Comisión examina también la mejor forma de registrar los intereses devengados por prefinanciaciones y recuperaciones pero aún no percibidos por la Comisión.

En cuanto a la deducción del 20% de las recuperaciones cobradas conforme al Reglamento (CEE) 595/91 del Consejo, se informó a la COCOBU, por carta (AGRI 10440 de 13/4/2003), de que las cantidades que corresponden a la deducción del 20% se inscriben en líneas presupuestarias específicas. También se comunicó a la COCOBU el desglose de los importes así inscritos. En cuanto al uso de estos importes en los Estados miembros, en la misma carta se explicó que son recursos de los Estados miembros y que por tanto la Comisión no investiga su utilización concreta.

En cuanto a los intereses generados en las cuentas SAPARD se remitió a la COCOBU una carta (AGR 7132 de 7 de marzo de 2003) sobre la cuestión específica de la utilización de estos fondos. La Comisión declara en dicha carta que los países candidatos comunican tanto la recepción como el uso de los intereses. Los intereses generados en las cuentas SAPARD están sujetos al control presupuestario y, en particular, al procedimiento de liquidación de cuentas. La legislación aplicable al programa SAPARD (Reglamento de la Comisión (CE) n° 2222/2000) establece que los intereses abonados en la cuenta SAPARD deben utilizarse exclusivamente para el programa (artículo 11.3), y que la liquidación de cuentas de la agencia SAPARD cubre también la cuenta SAPARD EUR y los intereses abonados en la misma (artículo 13.3).

b) Eurostat, Lucha contra el fraude

Eurostat

20. El Servicio de Auditoría Interna de la Comisión debe examinar e incluir en la investigación los contratos concluidos por otros servicios de la Comisión por recomendación de Eurostat (Casaca - 57)

Respuesta de la Comisión:

En respuesta específica a la petición del Parlamento, el 11 de junio de 2003 la Comisión encargó a su Servicio de Auditoría Interna un examen de los contratos y subvenciones otorgados por EUROSTAT y de los otorgados por otros servicios de la Comisión por recomendación de EUROSTAT. El examen se realiza según los procedimientos establecidos. Los resultados de este examen fueron transmitidos al Parlamento con carácter confidencial, de conformidad con el artículo 3.2 del anexo III del acuerdo marco, el 24 de octubre de 2003.

21. Plena aplicación de las recomendaciones del informe de auditoría sobre EUROGRAMME, incluidas las relativas al artículo 24 del Estatuto (Casaca - 58)

Respuesta de la Comisión:

Las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones hechas durante el análisis del expediente Prodcom pueden resumirse como sigue:

(1) "Aplicar mejores métodos de comprobación de los criterios establecidos en la Directiva 92/50 del Consejo, y en especial en sus artículos 31 y 32".

El manual sobre anuncios de licitación, actualizado periódicamente, y más recientemente en 2003, intensifica el control de estos criterios.

EUROSTAT realiza ahora un control más estricto de los estados financieros proporcionados por las empresas.

Para mejorar la formación financiera, el curso sobre el ciclo del gasto fue impartido a 56 personas en 2001, 36 en 2002 y 12 en 2003.

(2) "En casos evidentes de falsedad de la información dada a la Comisión, podría aplicarse el artículo 29 g)".

Los responsables de EUROSTAT consideraron que la información a su disposición no justificaba la aplicación de la del artículo 29 g) de la Directiva 92/50. Interpretaron que la información adicional proporcionada por Eurogramme a petición de EUROSTAT mostraba que la información inicial era incoherente, pero no falsa.

La OLAF examinó el caso a finales de 1999 y concluyó, sobre la base de los elementos disponibles a la fecha, que no había justificación para interrumpir el pago o la adjudicación de contratos a Eurogramme.

La OLAF decidió el 2 de diciembre de 2000 abrir una investigación externa, y el 5 de julio de 2002 trasladar la información a las autoridades judiciales de Luxemburgo.

El informe final de la investigación de la OLAF ha sido transmitido recientemente a la Secretaría General, que lo remitió de inmediato a la DG ESTAT. Por otra parte, la OLAF informará a la Comisión de las actuaciones de las autoridades judiciales.

(3) "La DG ESTAT debería incluir en los procedimientos de gestión de los proyectos una declaración clara de que no se prestará ayuda alguna a los contratistas para la contratación de personal, ni siquiera en aras del éxito del proyecto"; y

(7) "Deben aplicarse instrucciones y reglas claras a la gestión de proyectos externalizados, incluidos los archivos del proyecto, y debe intensificarse la formación en gestión de proyectos".

Se han elaborado reglas más claras y sucintas para la gestión de proyectos, y en particular para la gestión de actividades externalizadas. Los gestores de proyectos reciben formación de forma regular.

Se ordena a los gestores de proyectos que no colaboren en la selección de personal de los contratistas.

Entre tanto, se ha impartido una formación general sobre gestión de proyectos. Alrededor de 100 personas asistieron a los cursos en 2001 y 2002.

(4) "Considerando la propuesta de arreglo del jefe de unidad, debe hacerse el pago final a pesar de la infracción del contrato".

El pago final a Eurogramme (EUR192 250, frente a los EUR250 000 del contrato inicial) refleja una decisión que tiene en cuenta el trabajo realmente efectuado.

(5) "Deberían seguirse y respetarse mejor las obligaciones contractuales, tales como plazos y calidad de los productos suministrados".

Se ha mejorado la información financiera de los contratos. Las reglas de gestión de proyectos y actividades externalizadas reforzarán y formalizarán las medidas de seguimiento.

(6) "Deberán aplicarse instrucciones claras en caso de infracción del contrato": y

(12) "Deberán aplicarse instrucciones claras para los procedimientos de renovación de contratos".

EUROSTAT ha modificado sus manuales internos sobre anuncios de licitación, compromisos y subvenciones conforme al nuevo Reglamento financiero y sus normas de aplicación y a las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna.

Estos manuales entraron en vigor 1 de enero de 2003.

(8) "Deberá tenerse en cuenta el artículo 24.1 del Estatuto en la respuesta a la nota del contratista de 14 de septiembre de 2000".

El artículo 24 del Estatuto fue invocado por la persona responsable de proyecto de Prodcom, señora Schmidt-Brown, en el contexto de su denuncia contra Eurogramme ante el Alto Tribunal de Londres. En particular, la señora Schmidt-Brown solicitó ayuda financiera de la Comisión relativa a los gastos derivados de su denuncia en Londres. Sin embargo, la señora Schmidt-Brown comunicó posteriormente a la Comisión haberse llegado a un arreglo en este procedimiento, por lo que el asunto presentado al Alto Tribunal ha sido archivado.

El arreglo significa que la solicitud inicial de la señora Schmidt-Brown ya no es pertinente.

Ante estos hechos, la Comisión declaró por escrito a la señora Schmidt-Brown (en mayo de 2003) que su conducta profesional ha sido siempre de gran calidad. La Comisión reconoció asimismo que su caso podría no haber sido tratado de forma plenamente conforme con los elevados estándares que la Comisión trata de fijarse a sí misma.

Por tanto, la Comisión ha apoyado a la señora Schmidt-Brown.

(9) "Toda la gestión de datos confidenciales debería ser interna",

(10) "Deberá considerarse la internalización del proyecto PRODCOM"; y

(11) "Todas las bases de datos y aplicaciones deberán cumplir las normas de la Comisión".

Se designó un nuevo responsable del proyecto Prodcom en septiembre de 2001. Una de sus responsabilidades era internalizar las actividades confiadas a empresas externas (la última empresa que obtuvo este contrato fue Eurogramme).

Estas actividades consistieron en:

- tratamiento de los datos de los Estados miembros utilizando un sistema desarrollado y mantenido por Eurogramme;

- análisis de los datos;

- elaboración de los datos para su distribución.

La internalización se realiza mediante el desarrollo interno de un sistema informático para recibir y procesar los datos de los Estados miembros, posteriormente tratados por otra base de datos de EUROSTAT a efectos de producción, análisis y distribución.

Los datos de 2001 se han tratado ya con el nuevo sistema, que cumple las normas de la Comisión.

22. Revisión detallada de todos los contratos y pagos efectuados a EUROGRAMME, suspensión del otorgamiento de nuevos contratos a dicha empresa y aplicará las disposiciones del Reglamento financiero en lo que se refiere a la transferencia de acciones de dicha empresa a una nueva sociedad (Casaca - 59)

Respuesta de la Comisión:

Dada la incertidumbre sobre la naturaleza exacta de la transacción entre Eurogramme y Calethon y la falta de información completa sobre la capacidad financiera y operativa de Calethon, EUROSTAT decidió suspender todos los pagos relativos a los contratos en vigor a Eurogramme y a Calethon, por motivos de precaución. Sin embargo, la Comisión sigue obligada a pagar los trabajos efectivamente realizados.

Antes de proceder a cualquier pago se efectuó un análisis comparativo exhaustivo de las sumas adeudadas contractualmente y de los trabajos realizados. Esta misma decisión está siendo aplicada por otros servicios de la Comisión involucrados.

Además, y según el compromiso asumido por la Comisión ante la COCOBU el 28 de febrero de 2003, la Comisión ha notificado a la empresa la terminación de los contratos en curso relacionados con la actividad estadística, de conformidad con el artículo 7.1 de las Condiciones Generales de los Contratos.

Las dos cuentas bancarias de EUROGRAMME listadas en el "fichero de terceros" fueron objeto de avisos en el sistema de detección temprana el 31/03/2003, en respuesta a una petición formal de la OLAF.

Por tanto, a partir de esta fecha (31/03), cualquier Ordenador nacional que deba efectuar un pago en una de estas cuentas bancarias es informado de la situación "en línea" y puede/debe ponerse en contacto con el funcionario designado por la OLAF .

Además, el SAI ha iniciado un examen de las modalidades de adjudicación de una muestra de contratos comerciales y subvenciones, sobre la base de los compromisos autorizados en los ejercicios presupuestarios 1999 a 2002, otorgados por EUROSTAT o a recomendación de ésta.

Lucha contra el fraude

23. Revisar el procedimiento de información entre OLAF y la Comisión y tomar las medidas necesarias para poner remedio al hecho de que la Comisión ignora las denuncias de la OLAF a las autoridades judiciales nacionales (Casaca - 60)

Respuesta de la Comisión:

En el marco de la evaluación de la OLAF, de conformidad con el artículo 15 de la reglamentación aplicable, se detectó la necesidad de mejorar el intercambio de información sobre investigaciones internas y externas, respetando plenamente las disposiciones reglamentarias aplicables a las actividades de la Oficina.

Se están tomando medidas para mejorar la relación operativa entre la OLAF y la Comisión. Las instrucciones publicadas por la OLAF a sus investigadores relativas a la información a la Comisión sobre investigaciones internas entraron en vigor el 23 de junio de 2003. Estas instrucciones se aplicarán durante un período de prueba de seis meses para decidir, sobre la base de la experiencia así adquirida, si se amplían a las demás instituciones y órganos.

Además, Comisión aprobó el 25 de julio de 2003 un proyecto de memorándum de acuerdo entre la Comisión y la OLAF relativo a un código de conducta que asegure el intercambio oportuno de información entre OLAF y la Comisión sobre investigaciones internas de la OLAF en la Comisión. El proyecto ha sido transmitido por la Comisión al Parlamento Europeo, y por el Director General de la Oficina al Comité de Supervisión de la OLAF para recabar sus observaciones.

La Comisión se comprometió el pasado 25 de mayo, ante la conferencia de Presidentes, a presentar un plan de acción con recomendaciones de mejora, en particular con objeto de consolidar la reforma y garantizar la plena autonomía de la OLAF dentro de un marco político claro.

Es la OLAF la que mantiene los contactos con las autoridades judiciales nacionales. Cuenta con una unidad en la que trabajan magistrados de los Estados miembros, una de cuyas tareas es asegurar un mejor seguimiento judicial de los asuntos remitidos por la Oficina a las autoridades judiciales nacionales.

Corresponde a la OLAF, cuando remite un expediente a las autoridades judiciales nacionales, comunicar a la Comisión los datos que le permitan adoptar las medidas que sean necesarias, El artículo 10.2 del Reglamento aplicable establece, en efecto, que en el curso de una investigación interna la OLAF puede informar a la institución de que se trate.

24. Asegurar que los Estados miembros tengan sistemas apropiados de contabilidad, auditoría y control, creen unidades antifraude con la OLAF y mejorar la cooperación con el TC.. (Casaca - 67)

Respuesta de la Comisión: La Comisión verifica ya periódicamente que los Estados miembros tengan sistemas adecuados de control y auditoría. La forma en que los Estados miembros organizan sus administraciones es materia de competencia nacional, aunque la Comisión prefiere claramente estructuras antifraude horizontales. La OLAF coopera regularmente con todos los servicios responsables de la lucha contra el fraude contra el presupuesto comunitario en los Estados miembros. Además, la OLAF y Tribunal de Cuentas han firmado un memorándum de acuerdo sobre intercambio mutuo de información.

Entre noviembre de 2002 y enero de 2003, la OLAF realizó una auditoría conjunta con las Direcciones Generales responsables de los fondos estructurales sobre la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1681/94 de la Comisión, relativo a los sistemas y procedimientos de notificación y seguimiento de las irregularidades, y sobre la aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 438/2001. Las conclusiones de esta auditoría se transmitirán a los Estados miembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas.

c) Externalización

POLÍTICA DE PERSONAL

25. Establecer un código de conducta para su personal que garantice la transparencia y la separación entre intereses privados y públicos (Casaca - 44)

Respuesta de la Comisión:

Se ha elaborado a una guía administrativa, publicada en el intranet de la Comisión, que ayuda a los funcionarios en lo que se refiere a sus obligaciones en general y a la necesidad de asegurar la separación entre sus intereses privados y públicos.

En cumplimiento de las normas de control interno de la Comisión (específicamente, el estándar nº 1, "ética e integridad"), las DG y servicios han puesto a disposición del personal distintos documentos (entre ellos el Estatuto, el Código de buen comportamiento administrativo).

La aplicación de estas normas es supervisada por la jerarquía y por el IAS.

Estos normas serán reiteradas en una nota al personal con objeto de mejorar su atención, su vigilancia permanente y su sensibilidad ante estos problemas.

26. Controlar cuidadosamente la concesión de permisos por razones personales y revisar las decisiones que tomó en el pasado (Casaca - 45)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión, en el contexto del proceso de reforma, ha decidido fomentar la movilidad exterior para permitir que los funcionarios adquieran nuevas cualificaciones y conocimientos, en beneficio tanto de los funcionarios como de la institución. Sin embargo, la Comisión considera también que, en aras de la transparencia, las disposiciones relativas al permiso de ejercer una actividad exterior deben agruparse en una medida única que establezca detalladamente los factores a tener en cuenta para la concesión del permiso.

La Comisión, por tanto, se propone adoptar nuevas normas para la autorización de actividades exteriores a finales de 2003 o principios de 2004. Estas normas revisadas aclararán mejor la relación entre la autorización de actividades exteriores y la autorización de permisos por razones personales.

Estas normas se aplicarán también a los permisos concedidos en el momento de su renovación anual.

27. Modificar sus propuestas de revisión del Estatuto de los funcionarios en lo que se refiere a los coeficientes aplicados a las pensiones (Casaca - 47)

Respuesta de la Comisión:

El 19 de mayo de 2003, el Consejo adoptó una "Propuesta de la Presidencia relativa a la revisión del Estatuto" que incluye el siguiente acuerdo político sobre los coeficientes correctores de las pensiones:

"La ponderación (coeficientes correctores) no se aplicará a los derechos de pensión acumulados después de la entrada en vigor del nuevo Estatuto. Se respetarán los derechos adquiridos de los actuales funcionarios que se retiren a su Estado de origen, aplicando coeficientes por países (que no serán inferiores al 100%, incluso para los pensionistas actuales) a la parte de la pensión que resulte de los derechos de pensión acumulados hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto."

La Comisión apoya el compromiso alcanzado en el Consejo y lo integrará en sus propuestas modificadas, que se presentarán al Consejo en el otoño de este año.

POLÍTICA DE EXTERNALIZACIÓN

28. Antes de tomar una decisión sobre la creación de una agencia ejecutiva, realizar un análisis riguroso de su necesidad y del valor añadido de las funciones administrativas que desempeñará (Casaca - 51)

Respuesta de la Comisión:

La preparación de la decisión de crear una agencia ejecutiva compete a la DG concernida; el expediente comprende un análisis "coste-beneficio", lo que cubriría la acción mencionada en el punto 28. El artículo 3 del Reglamento 58/2003, que establece el estatuto de las agencias ejecutivas, contiene disposiciones exactas sobre el análisis coste-beneficio. Antes de tomar una decisión sobre la creación de una agencia ejecutiva, la Comisión debe presentar el proyecto a un comité regulador. Este comité dispone de todos los elementos del análisis coste-beneficio. La DG Presupuesto es consultada en el marco de la consulta interservicios iniciada por la DG o servicio de que se trate. En cuanto responsable del procedimiento del comité para las agencias ejecutivas y autora del reglamento marco que establece su estatuto (nº 58/2003), la DG Presupuesto aporta también sus conocimientos técnicos y su ayuda a la buena preparación de los expedientes.

La Comisión estudia la creación de una agencia ejecutiva para sustituir a las oficinas de asistencia técnica que aún se mantienen con carácter transitorio. La decisión final de creación de esta agencia se tomará a la luz de las conclusiones de un estudio de viabilidad y de un estudio coste-beneficio encargados a un consultor externo.

29. Poner en marcha una revisión cuidadosa de la política de privatización de actividades, teniendo en cuenta, en particular, el principio de anualidad presupuestaria (Casaca - 52)

Respuesta de la Comisión:

Desde 1999, la Comisión reorganiza su política de externalización para recentrarse en sus tareas y actividades de base y recuperar el control efectivo de sus actividades ejecutivas y de apoyo mediante estructuras mejor controladas y dotadas del personal especializado necesario.

Se han diseñado nuevos instrumentos de externalización para aplicar esta política y hacerse cargo de las tareas realizadas por las OAT. El nuevo reglamento de las agencias ejecutivas, adoptado por el Consejo el pasado mes de diciembre, es parte esencial de este paquete. Sin embargo, la adopción de los instrumentos jurídicos y la ejecución han llevado y aún llevarán tiempo. Entre tanto, la Comisión decidió adoptar medidas para rectificar la situación relativa a las tareas confiadas a algunas OAT.

La externalización de la gestión de programas comunitarios puede adoptar varias formas, según sectores o actividades. Deben respetarse determinados límites y condicionantes cuando se exteriorizan las tareas. En especial, la externalización no puede liberar a la Comisión de las responsabilidades que le confieren los Tratados, a través de las competencias de ejecución que le son delegadas por el Consejo (artículo 202) o de su responsabilidad en la ejecución del presupuesto (artículo 274). Sus tareas de autoridad pública, en particular, no pueden delegarse a organismos privados.

El organismo de externalización debe ser diseñado de forma que se mantenga la continuidad de la cadena de responsabilidad entre la Comisión y los organismos a los que se delegan competencias, guardando la Comisión el control efectivo de las tareas confiadas a organismos externos.

La decisión de externalizar tareas debe tomarse siempre por razones de buena gestión, acompañadas en su caso por la simplificación y clarificación de los procedimientos de gestión, y porque sea más rentable que una gestión centralizada directa.

Las tareas confiadas a entidades u organismos externos del sector privado distintos de aquellos que tienen una misión de servicio público, son tareas técnicas especializadas y tareas administrativas, preparatorias o auxiliares que no suponen ni el ejercicio del poder público ni el uso de poderes discrecionales de apreciación.

Estos principios están consagrados en el nuevo Reglamento financiero, que especifica, en su artículo 54, que la Comisión no puede confiar a terceros poderes ejecutivos que impliquen un gran margen de discrecionalidad propia de los poderes políticos. El mismo artículo define la "gestión central indirecta" y permite la externalización. Además, el artículo 57 recuerda los principales condicionantes de la externalización de tareas al sector privado.

Se aplican tres formas de externalización de la gestión de programas.

Las tareas ejecutivas que son responsabilidad de los poderes públicos, o para las cuales no hay ningún mercado verdaderamente competitivo, pueden realizarse mediante:

(i) cesión, es decir, delegación de responsabilidades ejecutivas a organismos públicos comunitarios (agencias ejecutivas) concebidos como parte de una arquitectura administrativa comunitaria ampliada;

(ii) descentralización, es decir, delegación de responsabilidades ejecutivas a organismos nacionales, con una misión de servicio público respaldada por el Estado, en calidad de socios para la aplicación de determinadas políticas comunitarias.

Algunas tareas que requieren una especialización técnica, y diversas tareas administrativas preparatorias o auxiliares, que no pertenecen intrínsecamente al ámbito de los poderes públicos ni requieren el ejercicio de poderes discrecionales, pueden realizarse mediante:

(iii) externalización a través de contratos con el sector privado. La relación entre la Comisión y el prestatario de servicios se define en un contrato privado, generalmente bajo la forma de contrato de servicios otorgado en un procedimiento de licitación. Los servicios contratados son tareas específicas del ciclo de operaciones de aplicación de un programa comunitario. La Comisión es responsable de asegurar el debido cumplimiento de las tareas según los términos de referencia estipulados.

30. Cuantificar lo antes posible la externalización de funciones administrativas, desglosada por servicios de la Comisión; con arreglo al número de licitadores y de procedimientos de licitación, número de contratos y lista de los principales receptores de los contratos por orden de valor financiero

Respuesta de la Comisión:

En 2000, la Comisión efectuó una completa evaluación de las OAT, actuales y previstas, y revisó sus tareas a la luz de los criterios que determinan el alcance y los límites de las distintas formas de externalización. La información disponible para cuantificar la externalización de tareas administrativas comprende las oficinas de asistencia técnica (OAT) enumeradas en el anexo a la carta rectificativa nº 1 de 4 de septiembre de 2000 al anteproyecto de presupuesto (AP) para 2001.

Esta carta rectificativa enumeró 124 contratos con OAT que la Comisión utilizaba o tenía previsto utilizar. El gasto anual agregado correspondiente se calculó en alrededor de 133,6 millones de euros.

Podrán mantenerse algunas OAT si las tareas subcontratadas están estrictamente limitadas al peritaje técnico y a tareas administrativas, preparatorias o auxiliares que no supongan el ejercicio del poder público ni el uso de poderes discrecionales de la apreciación.

La carta rectificativa prevé el mantenimiento de 24 OAT.

La lista es puesta al día periódicamente por la Comisión y enviada a las comisiones responsables del Parlamento Europeo. Contiene información precisa sobre el número de OAT cerradas y abiertas, con las fechas de término de sus contratos.

Para las OAT que no cumplían los criterios mínimos para la delegación de responsabilidades en condiciones aceptables, la Comisión propuso soluciones alternativas. Para la mayoría de las OAT, la mejor solución a largo plazo era la creación de agencias ejecutivas. En espera de la adopción del Reglamento sobre las agencias ejecutivas, que se produjo sólo a finales de 2002, la Comisión diseñó un sistema de transición ordenado que permitiera reducir progresiva y rápidamente las OAT, como pedía la autoridad presupuestaria. Esto supuso una reincorporación progresiva de sus tareas a los servicios de la Comisión, preservando al mismo tiempo la continuidad de los programas y minimizando el riesgo de conflictos contractuales.

En la práctica, la Comisión ha aplicado las siguientes soluciones transitorias, caso por caso:

- devolver temporalmente las tareas a los servicios de la Comisión correspondientes, en la sede o en las delegaciones en terceros países, los cuales podrán contratar intra muros personal contractual externo con cargo a las líneas presupuestarias BA de los programas afectados;

- ampliar los contratos en curso y establecer, si es preciso, términos de referencia más rigurosos para las tareas a realizar.

En 2002, los pagos ascendieron a 28,1 millones de euros, reducción drástica respecto de lo anunciado en 2000. Esta tendencia es aún más notable en compromisos (alrededor de 16 millones comprometidos en 2002).

Las cifras, actualizadas a 3 de julio de 2003, son las siguientes: el número total de OAT ha bajado a 12. Esto significa que han desaparecido 114 OAT y que otras desaparecerán una vez que se reúnan las condiciones para crear una agencia ejecutiva de conformidad con el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios [1].

[1] DO L 11 de 16.1.2003, p.1.

Las reglas para la subcontratación de tareas de ayuda técnica y administrativa en la aplicación de programas comunitarios [2] han sido reforzadas, en particular, por el artículo 57 del nuevo Reglamento financiero [3], conforme al cual:

[2] Comunicación de la Sra. Schreyer y del Sr. Kinnock sobre las orientaciones para la política de externalización, SEC (1999) 2051/7 de 14 de diciembre de 1999;

[3] Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n 1605/2002 sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002, p.1.

1. La Comisión no puede confiar medidas de aplicación de fondos que procedan del presupuesto, incluidos pagos y cobros, a entidades u organismos externos del sector privado, excepto los que tengan una misión de servicio público de conformidad con el artículo 54,2.c).

2. Las tareas que pueden ser confiadas por contrato a entidades u organismos externos del sector privado distintos de aquellos que tienen una misión de servicio público son las tareas de peritaje técnico y las tareas administrativas, preparatorias o auxiliares que no supongan ni el ejercicio del poder público ni el uso de poderes discrecionales de apreciación.

Para asegurar el respeto de estas disposiciones, la Comisión consulta a la Dirección General de Presupuesto antes de subcontratar servicios de asistencia técnica.

31. Hacer un estudio de conjunto de las actividades realizadas en la actualidad por diferentes organismos comunitarios que puedan solaparse o pretender los mismos objetivos, a fin de proponer las soluciones adecuadas, incluida la posible fusión de Agencias (Casaca - 54)

Respuesta de la Comisión:

Los posibles solapamientos o duplicaciones entre el trabajo de la FEF y del CEDEFOP han sido evaluados tanto en la evaluación externa del CEDEFOP realizada en 2001 como en la evaluación externa de la FEF (COM(2003)287 final). Las evaluaciones externas confirman que no hay solapamiento entre estos dos organismos, que tienen una cobertura geográfica distinta y misiones y tareas muy diferentes: el CEDEFOP contribuye a la política de formación profesional de la Comunidad a través de la cooperación transnacional en la UE, mientras que la FEF apoya a la Comisión en el diseño y puesta en práctica de actividades de reforma de la formación profesional en terceros países, dentro del marco de la política exterior de la Comunidad .

La Comisión se ha asegurado en los últimos años de que estos dos organismos se doten de herramientas que permitan una sinergia y complementariedad máximas (por ejemplo, un marco de cooperación acordado en 2001, un anexo común al programa del trabajo anual de cada organismo, establecimiento de un grupo de trabajo FEF/CEDEFOP, etc...).

Cabe señalar además que la estructura de los consejos de administración del CEDEFOP y de la FEF son de naturaleza muy diferente: el CEDEFOP tiene un consejo tripartito como corresponde a una agencia dedicada a la política de formación profesional, mientras que la FEF tiene un consejo compuesto exclusivamente por los Estados miembros. Los representantes del consejo del CEDEFOP deben tener experiencia y cualificaciones en materia de política de formación profesional, mientras que los de la FEF deben poseer además experiencia en relaciones exteriores y en programas de ayuda a terceros países. El perfil de los miembros de cada consejo necesario para su buen funcionamiento y el cumplimiento de sus tareas es, por tanto, muy diferente.

De entre los actuales organismos comunitarios, hay cuatro candidatos más obvios al examen de su posible solapamiento: el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), Salónica, la Fundación Europea de la Formación (FEF), Turín, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, Dublín, y el Instituto Europeo de Salud y Seguridad en el Trabajo, Bilbao.

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y el Instituto Europeo de Salud y Seguridad en el Trabajo firmaron un memorándum de acuerdo el 7 de febrero de 2001, y a partir de 2003 han ampliado (junio de 2003) sus ámbitos de colaboración y acordado un plan de acción con actividades concretas de cooperación, con objeto de optimizar sinergias y eliminar posibilidades de duplicación de actividades.

32. Fijar objetivos y un calendario para reducir el nivel de gasto administrativo como proporción del gasto total (Casaca - 55)

Respuesta de la Comisión: Los órganos comunitarios descentralizados tienen misiones específicas según sus reglamentos de base, adoptados por el legislador de la UE, es decir, el Consejo y en algunos casos, el Consejo en codecisión con el Parlamento Europeo.

Actúan como personas jurídicas independientes y adoptan sus programa de trabajo basándose estrictamente en las tareas previstas en sus reglamentos de base. Para ejecutar sus programas de trabajo, los consejos de administración adoptan sus presupuestos anuales, teniendo en cuenta las subvenciones comunitarias aprobadas por la autoridad presupuestaria de la UE para la financiación de los organismos descentralizados.

En algunos casos el legislador ha previsto para estos organismos tareas intensivas en mano de obra, y pocas o ninguna que impliquen la aplicación de asignaciones operativas. Cuando las tareas de la agencia implican principalmente mano de obra, y por tanto sueldos y espacio de oficina, estos costes entran en los "gastos de administración" de los títulos 1 y 2 ("gastos administrativos y de personal") del presupuesto de las agencias. Sería engañoso comparar estos gastos administrativos con los llamados "gastos de funcionamiento" (título 3 del presupuesto de las agencias), y concluir que las agencias que tienen un mayor porcentaje de gastos administrativos son menos eficientes y productivas que las que tienen un mayor porcentaje de gastos de funcionamientos, ya que de dicha comparación sólo puede inferirse una diferencia en cuanto a la naturaleza del trabajo.

Como se ha indicado, ni las agencias ni la Comisión tienen competencia para elegir las tareas que deben ser llevadas a cabo por las agencias: es la voluntad del legislador la que se expresa en el programa de trabajo anual y en el presupuesto correspondiente.

33. Podría encargarse a las Agencias más tareas operativas; pide a la Comisión que presente las propuestas adecuadas a más tardar el 30 de junio de 2003 y antes de crear cualquier otra agencia ejecutiva (Casaca - 56)

Respuesta de la Comisión:

Al adoptar el reglamento marco sobre las agencias ejecutivas, el poder legislativo ya creó un instrumento que permitía proporcionar la asistencia necesaria para la gestión de los programas. La propuesta destinada a crear un instrumento de este tipo respondió a la necesidad de precisar la naturaleza de los organismos encargados de aplicar o apoyar políticas comunitarias (las agencias descentralizadas mencionadas en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, las agencias ejecutivas o las oficinas).

Este razonamiento llevó a preferir en general la utilización de agencias ejecutivas que estuvieran bajo el control de la Comisión en lugar de agencias descentralizadas para la gestión de programas. Uno de los factores tenidos en cuenta fue el hecho de que se coloca a las agencias descentralizadas bajo la autoridad de consejos de administración en los cuales la Comisión es minoritaria, lo que dificultaría la idea de responsabilidad, en particular la de responsabilidad financiera que seguiría asumiendo la Comisión en caso de externalización del trabajo. Además, las agencias descentralizadas no están normalmente situadas en los lugares donde la Comisión dispone de oficinas, mientras que las agencias ejecutivas están situadas en el mismo lugar que la Comisión y sus servicios.

Por lo que se refiere a la agencia ejecutiva prevista para la DG EAC, del estudio de viabilidad resulta que el análisis coste/beneficio (previsto por el reglamento marco de diciembre de 2002) debería tener en cuenta la existencia de dos agencias descentralizadas en el ámbito de la educación y la cultura al examinar la asistencia requerida por la DG.

Como indica la respuesta al punto 32, las actividades realizadas por los organismos comunitarios descentralizados se definen en sus reglamentos de base. Cualquier modificación o adición de tareas exigiría una modificación del acto jurídico que crea la agencia. Sin embargo, no parece que ésta sea la vía que deba seguirse, puesto que la creación prevista de agencias ejecutivas tiene por objeto responder a necesidades diferentes de gestión financiera.

El Reglamento n° 58/2003 del Consejo establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios.

Este Reglamento establece que las agencias ejecutivas, a las que la Comisión puede encargar una parte de la gestión de programas comunitarios, deben realizar los créditos correspondientes bajo la responsabilidad de la Comisión. Ésta es la razón por la que la naturaleza de las agencias ejecutivas es fundamentalmente diferente de la de las agencias tradicionales, que realizan su presupuesto bajo la responsabilidad de sus propios directores.

Además, el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento n° 58/2003 del Consejo prevé la implantación de las agencias ejecutivas, disponiendo que "La agencia ejecutiva estará establecida en uno de los lugares donde lo estén la Comisión y sus servicios de conformidad con el Protocolo sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades Europeas, así como Europol.". Este principio diverge de la situación en la Unión Europea de los órganos comunitarios centralizados.

Estos aspectos resaltan las diferencias conceptuales entre los organismos comunitarios descentralizados y las agencias ejecutivas, que permiten difícilmente concebir que organismos comunitarios descentralizados existentes se hagan cargo de las tareas de futuras agencias ejecutivas.

No obstante, la Comisión no puede decidir la creación de una agencia ejecutiva hasta después de realizar un análisis previo de coste-beneficio (véase el artículo 3 del Reglamento 58/2003 del Consejo).

d) Infrautilización del presupuesto/SAPARD, Fondos estructurales

SAPARD

34. Tener en cuenta la situación de los países candidatos en ámbitos como el acceso a los créditos y la ausencia de un mercado inmobiliario (Casaca - 78)

Respuesta de la Comisión:

Al afirmar que el acceso al crédito es inexistente en Bulgaria no se tienen en cuenta los recientes avances. En este país, el Fondo público para la agricultura y los directores ejecutivos de catorce bancos comerciales firmaron, el 14 de marzo de 2002, un protocolo de acuerdo sobre una acción común destinada a aplicar el programa SAPARD. Así pues, los bancos se comprometieron a liberar aproximadamente 150 millones de euros como créditos de cofinanciación para proyectos financiados por el SAPARD. Sin embargo, es cierto que algunos beneficiarios potenciales pueden tener problemas específicos de acceso al crédito. Para intentar reducir estos problemas, la Comisión, con ayuda del fondo PHARE, financia un proyecto para mejorar el acceso de las PYME al crédito en los países candidatos. La Comisión estudia, por otro lado, la posibilidad de garantizar un recurso más amplio a este "instrumento".

En cuanto a la cuestión de la prefinanciación de los proyectos, uno de los principios en los que se basa SAPARD es el de que los beneficiarios no obtienen la ayuda de la Comunidad hasta después de haber incurrido en gastos, por razones de buena gestión financiera. La Comunidad no condiciona, sin embargo, la concesión de una ayuda a la terminación previa de un proyecto, aunque un gran número de países beneficiarios (entre ellos Bulgaria) haya preferido exigir la terminación de los proyectos antes de conceder las ayudas. Esta manera de proceder impone a los beneficiarios una dificultad inevitable en términos de flujo de tesorería, pero presenta también ventajas, en particular la de reducir los gastos de gestión y los costes administrativos para las autoridades nacionales, como pide el Parlamento en el punto 80.

En lo relativo al mercado de bienes inmuebles, en particular a los aspectos vinculados a la propiedad privada, los beneficiarios potenciales que no tienen derechos de propiedad o disfrute claramente establecidos sufren algunos problemas, en particular para determinadas inversiones, en especial, aunque no únicamente, para los edificios. La Comunidad ya aportó una ayuda considerable, por medio de PHARE, a todos los países para ayudar a desarrollar los mercados de bienes inmuebles. Está claro, sin embargo, que esta ayuda no puede solucionar todos los problemas relacionados con la propiedad cuando, por ejemplo, todos los herederos no pueden ser identificados o si, por una razón cualquiera, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre el uso futuro de un terreno.

35. En lo relativo a la derogación de la regla n+2, seguir con especial cuidado la ejecución de la nueva decisión y advertir lo antes posible al Parlamento en caso de anulaciones (Casaca - 79)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión sigue atentamente la aplicación de esta nueva norma. Durante el otoño 2002, inició un ejercicio consistente en dar cuenta de los importes adoptados por cada organismo SAPARD para los beneficiarios finales, sobre la base de la información procedente del país candidato. Gracias a esta información y a la procedente de los Comités de seguimiento, informes anuales y solicitudes de pago, la Comisión está en condiciones de establecer una alerta precoz para los países candidatos. Además, el Sr. Fischler transmitió la información así obtenida el 10 de marzo de 2003 a la Comisión de control presupuestario y, más tarde, el 2 de abril de 2003, escribió a todos los países beneficiarios para informar de los riesgos de anulación (y exponer las soluciones que permitirían hacerles frente).

Está previsto informar cada cierto tiempo al Parlamento sobre el riesgo de anulación. La última comunicación sobre este tema se realizó el 11 de junio de 2003, en forma de una carta del Sr. Fischler dirigida a la Sra. Theato y al Sr. Casaca.

36. Dar prioridad a la adaptación estructural de la agricultura en los países candidatos, otorgando una adecuada ayuda financiera a los agricultores que deben hacer frente a los desafíos de la integración, pero garantizando al mismo tiempo que existan controles adecuados y que las estructuras de control y los costes administrativos sean proporcionales al importe asignado (Casaca - 80)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión también habría preferido que el efecto de la asistencia europea sobre la reforma estructural de la agricultura en los países candidatos hubiera sido más importante. Sin embargo, no está claro que lo que se ha hecho perjudique seriamente al proceso de ampliación o a la imagen de la ampliación en la UE. Por el contrario, SAPARD permitió la introducción de algunos mecanismos, de modo que, independientemente de los gastos registrados, todos los países dispusieran desde ahora de sistemas capaces de administrar la ayuda destinada a estimular la adaptación estructural de su agricultura. Estos sistemas prevén controles sobre justificantes e in situ antes de las fases de contratación y pago, y en última instancia son completados por un seguimiento a posteriori de las inversiones, de acuerdo con los criterios mencionados en el convenio de financiación plurianual (CFP). Todos los países beneficiarios obtienen una contribución financiera considerable de la Comunidad, cuyo nivel se determina en el procedimiento presupuestario, para ayudar, en particular, a los agricultores que se enfrentan a los retos de la integración. La Comisión considera que todas estas ayudas están sometidas a sistemas de control suficientes que deben existir antes de cualquier desbloqueo de fondos, y que estas estructuras de control y estos costes administrativos son proporcionales a los créditos asignados, habida cuenta de los riesgos que implica.

37. Facilitar, lo antes posible, las notas de orientación para el programa SAPARD Sapard en los idiomas de los países candidatos (Casaca - 81)

Respuesta de la Comisión:

SAPARD se aplica de forma totalmente descentralizada. La Comisión señala que en todas las circunstancias es al país candidato correspondiente al que incumbe elaborar la documentación en su lengua. La Comisión no tiene conocimiento de que se hayan producido problemas al respecto ni de ninguna petición de notas de orientación que no haya tenido respuesta.

FONDOS ESTRUCTURALES

38. Presentar, en el marco de la próxima reforma de los Fondos estructurales, propuestas para evitar en el futuro retrasos en la aplicación sin perjudicar a las prioridades políticas, respetando al mismo tiempo los principios enunciados por el Parlamento (concentración en un número reducido de prioridades claras, nuevas medidas de simplificación administrativa, mayor consideración de los resultados alcanzados a la hora de repartir los fondos, y evitar pasar de manera abrupta de un periodo de programación al siguiente). (Casaca - 63, 65 y 72)

Respuesta de la Comisión:

La Comisión lamenta el retraso en la negociación de los documentos de programación a principios del período de programación 2000-2006 y las consecuencias resultantes para el comienzo de la aplicación. Ésta es la razón por la que la Comisión presentará, tan pronto como sea posible, sus propuestas legislativas para el período posterior a 2006, en 2004, de modo que toda la legislación se introduzca antes del comienzo del próximo período de programación (1 de enero de 2007). La Comisión prevé un nuevo método de aplicación basado en un sistema de programación, gestión y control más descentralizado, más simple y más efectivo. También tiene previsto reducir considerablemente el número de etapas en la programación.

Para garantizar una transición más armoniosa hacia el siguiente período de programación, deben adoptarse los reglamentos relativos a los Fondos estructurales y al Fondo de cohesión -así como sus modalidades de ejecución- y el marco financiero plurianual para el período de programación posterior a 2006, con suficiente antelación para que los preparativos relativos a la aprobación de medidas, la atribución de los fondos, la adopción de las directrices, la presentación de propuestas, etc., estén prácticamente finalizados para finales de 2006.

39. Desglosar los periodos de programación de los diferentes programas por objetivos e iniciativas comunitarias (Casaca - 63)

Respuesta de la Comisión: La Comisión toma nota de la sugerencia de desglosar los períodos de programación para las acciones estructurales por objetivos y por iniciativas comunitarias. El sistema de período único de programación para el conjunto de los Fondos estructurales está vinculado al mecanismo de las perspectivas financieras, que se fija para un período de varios años.

40. Mejorar los métodos de previsión de los pagos en colaboración con los Estados miembros (Casaca - 64)

Respuesta de la Comisión: Es cierto que, hasta ahora, las previsiones de los Estados miembros han sido muy vagas y tendían a sobrestimar los gastos. También han sido muy fluctuantes; sucede a menudo que un Estado miembro presenta unas estimaciones bastante buenas para un año y muy malas para el año siguiente o viceversa.

Aunque, hasta ahora, las previsiones hayan tenido un valor limitado para la consignación presupuestaria, la Comisión considera que guardan todo su potencial para convertirse en una herramienta de consignación presupuestaria muy preciosa que permita simplificar la elaboración y ejecución del presupuesto de los Fondos estructurales. En consecuencia, ya ha adoptado varias medidas destinadas a mejorar estas previsiones.

La Comisión ha empezado a informar regularmente a la autoridad presupuestaria sobre el ejercicio de previsión. El 12 de noviembre de 2002, envió un primer documento de trabajo sobre los resultados provisionales para 2002. Posteriormente se envió un estudio más pormenorizado, en particular un análisis final del ejercicio 2002, a la autoridad presupuestaria junto con el documento de trabajo (Comisión, DG BUDG) sobre el "Análisis de la ejecución presupuestaria de los Fondos estructurales en 2002". Más recientemente, la Comisión envió a la autoridad presupuestaria un análisis cualificado de las previsiones de los Estados miembros para 2003 y 2004.

Las solicitudes de previsiones ahora también se envían a título informativo a las autoridades de gestión de los distintos programas, en lugar de enviarlas solamente a las Representaciones permanentes, como en el pasado. Se espera que esto haga que la tarea de previsión de los Estados miembros resulte más fácil.

Por último, en noviembre de 2002, la Comisión envió a los Estados miembros un cuestionario sobre su experiencia con el ejercicio de previsión de 2002. La información obtenida de este modo ha permitido seguir mejorando el procedimiento. Eso se reflejó ya en la carta de recordatorio enviada en 2003 a los Estado miembros, acompañada de instrucciones razonadas relativas a la recogida y transmisión de las previsiones relativas al año 2003.

La Comisión corrige las previsiones recibidas de los Estados miembros a la luz de su propia información. Para 2004, los importes consignados en el presupuesto son inferiores a los transmitidos por los Estados miembros en sus previsiones.

Aunque las previsiones de los Estados miembros hayan sobrestimado sistemáticamente en gran parte las necesidades financieras, la Comisión debe tener en cuenta que proceden de las fuentes más próximas a la aplicación de los programas in situ. Ésta es una consecuencia de la gestión compartida.

41. Aplicar las medidas simplificadas propuestas en octubre de 2002 con el fin de mejorar el índice de ejecución de los créditos de pago disponibles en 2003 (Casaca - 66)

Respuesta de la Comisión: La Comisión ya aplicó la mayor parte de una serie de medidas de simplificación adoptadas en 2003 (comunicación de 25 de abril de 2003 (C(2003) 1255). Estas medidas prevén tanto modificaciones en la legislación (Reglamentos n° 1685/2000 y 438/2001) como cambios en las prácticas que no requieren modificaciones legislativas.

Por ejemplo, entre estas medidas que contribuirán a aumentar el índice de ejecución figura un procedimiento más flexible para calcular los tipos de cofinanciación para los pagos intermedios. La Comisión también introdujo un sistema de alerta precoz para los Estados miembros con riesgo siguiendo las normas M+18 (reembolso de los anticipos) y N+2 (liberación).

42. Introducir un modelo único de auditoría (Casaca - 68)

Respuesta de la Comisión: Se adoptarán medidas concretas para promover la coherencia de metodologías y procesos de auditoría entre las Direcciones Generales y los servicios que trabajan en la gestión compartida. Se prestará una atención especial a la elaboración de normas comunes, teniendo en cuenta las mejores prácticas bien establecidas, los procesos de control y auditoría complementarios, a escala comunitaria y de los Estados miembros, y las declaraciones de garantía con los Estados miembros. El enfoque de la auditoría única implica una mayor cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en el control de los Fondos estructurales. La Comisión y los Estados miembros coordinan de este modo sus planes de auditoría para evitar los solapamientos y se comunican la información sobre este tema, y la Comisión tiene en cuenta en una medida más amplia los trabajos efectuados por los organismos de auditoría nacionales. El concepto de auditoría única ya es aplicado por todos los servicios encargados de los Fondos estructurales en virtud de los protocolos de coordinación de la auditoría. Otro aspecto actualmente examinado con los Estados miembros es el "contrato de confianza", que la Comisión celebraría con los Estados miembros para programas específicos o para todos los programas en el país en cuestión, en virtud del cual el Estado miembro garantizaría un nivel de auditoría satisfactorio de los sistemas de gestión y control para los Fondos estructurales, lo que permitiría a la Comisión reducir sus propias auditorías.

Esta estrategia de auditoría fue acogida favorablemente por las delegaciones nacionales y por el representante del Tribunal de Cuentas. Se inscribe en la metodología aplicable a todos los Fondos estructurales, establecida y actualizada a principios de 2003 en el manual de los Fondos para la auditoría del sistema de gestión y control.

43. Tomar en consideración, para el procedimiento presupuestario de 2005, métodos alternativos con los que adaptar los créditos de pago disponibles a los importes que los Estados miembros pueden ejecutar de forma realista (Casaca - 69)

Respuesta de la Comisión: Es difícil considerar los créditos de pago solamente sobre la base de la "capacidad de absorción" de los Estados miembros, dado que el Parlamento exige que se mantenga un vínculo entre los pagos y los compromisos, puesto que los segundos se definen como objetivos de gastos.

Hasta ahora, la aplicación de los programas de Fondos estructurales ha sido inferior a lo esperado en algunos países. Los créditos de pago relativos a los programas del período 2000-2006 se ajustaban a la capacidad de absorción para 2002 y probablemente 2003, año que concentra los problemas vinculados al cierre de los programas de 1994-1999. En el AP 2004, el enfoque considerado consistió en determinar el nivel de los créditos de pago pedidos sobre la base de la ejecución en 2002 y no en función de las previsiones recibidas de los Estados miembros.

Para 2004, la Comisión calculó el nivel de los pagos sobre la base de la experiencia de ejecución adquirida hasta finales de 2002. Este enfoque produjo un nivel de pagos más bajo que el resultante de las previsiones comunicadas por los Estados miembros. En consecuencia, la Comisión seguirá en el futuro precisando sus previsiones sobre la base del análisis de la experiencia previa.

44. Orientar más a los Estados miembros acerca de las denuncias de irregularidades e informar de ello al Parlamento (Casaca - 71)

Respuesta de la Comisión: Los servicios de la Comisión encargados de los Fondos estructurales y la OLAF efectuaron una investigación sobre la comunicación y el seguimiento de las irregularidades relativas a los Fondos estructurales en los 15 Estados miembros. Esta investigación tuvo lugar a finales de 2002 y a principios de 2003. A lo largo del otoño de 2003 se publicará un informe sobre sus resultados. Se mantendrá informado al Parlamento. Ya se obtuvo un resultado general: la aclaración de las obligaciones de los Estados miembros y una mejor coordinación entre estos últimos y la OLAF.

45. Efectuar cambios profundos en el próximo programa sobre los Fondos estructurales, en consonancia con las propuestas recogidas en el "Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea" (Casaca - 72)

Respuesta de la Comisión: Como este Libro Blanco se aplica a todas las políticas comunitarias, los principios y los objetivos que en él se exponen se reflejarán en las propuestas de la Comisión para el próximo período de programación de los Fondos estructurales.

46. En el contexto de la Convención Europea, crear estructuras de auditoría proporcionales al importe asignado (Casaca - 73)

Respuesta de la Comisión: Las estructuras de auditoría deberían tener un tamaño correspondiente al presupuesto administrado y al perfil de riesgo, que puede depender de otros factores, como la gestión indirecta o la complejidad de la legislación. Las estructuras de auditoría requeridas en los Estados miembros en virtud de la normativa relativa a los Fondos estructurales tienen en cuenta ya el volumen de los fondos administrados. En el marco de la gestión compartida, los Estados miembros son principalmente responsables del control y la auditoría de los Fondos estructurales. En la Comisión, los servicios encargados de los Fondos estructurales han reforzado en general su capacidad de auditoría para poder comprobar la adecuación de los sistemas nacionales.

e) Ampliación

47. PHARE e ISPA: mejorar el nivel de utilización (Casaca - 82/83)

Respuesta de la Comisión: Por lo que se refiere a ISPA, el nivel de utilización del 58% era relativamente elevado para un instrumento que sólo existe desde el año 2000. Los proyectos que se han preparado para ISPA estos dos últimos años entran ahora en la fase de ejecución, de modo que la Comisión está convencida de que el nivel de utilización aumentará en los próximos años (en 2002, el tipo pasó al 78 %). La Comisión sigue atentamente la preparación de los proyectos y proporciona, también en la perspectiva de las futuras adhesiones, un apoyo permanente por medio de los fondos de asistencia técnica, con el fin de mejorar estos preparativos y reforzar la capacidad administrativa de los países beneficiarios de ISPA para la aplicación. Estas actividades incluyen, en particular, la preparación técnica de los proyectos, las evaluaciones de impacto ambiental, los estudios de viabilidad, las formaciones sobre adjudicación de contratos, las asociaciones entre los sectores público y privado o la gestión y el control financieros.

En su informe anual relativo al ejercicio 2001, el Tribunal de Cuentas felicitó a la Comisión por el elevado tipo de ejecución de los programas PHARE (81,6 %).

48. TACIS: indicar la proporción de empresas locales seleccionadas para la realización de los proyectos; y elaborar las licitaciones de manera que las empresas locales tengan una oportunidad justa de ganarlas (Casaca - 84)

Respuesta de la Comisión: TACIS es un programa de asistencia técnica destinado a promover la transición de los países beneficiarios hacia una economía de mercado que funcione y a reforzar la democracia y el Estado de Derecho.

La asistencia se aporta en general en forma de ayudas a la financiación de contratos de asistencia técnica.

Cuando se pone en marcha un proyecto, se selecciona a un contratante para prestar servicios a la organización beneficiaria.

El contratante seleccionado es generalmente una organización de los Estados miembros, que pertenece la mayoría de las veces al sector privado, pero también a veces al sector público, o que es un organismo sin ánimo de lucro.

El contratante es normalmente el destinatario final de los fondos comunitarios, mientras que el beneficiario final que recibe la asistencia es una institución generalmente gubernamental del país TACIS.

Los servicios prestados por el contratante tienen como objetivo la transferencia de conocimientos técnicos en los siguientes ámbitos de cooperación seleccionables:

- ayuda a las reformas institucionales, jurídicas y administrativas,

- apoyo al sector privado y ayuda al desarrollo económico,

- ayuda destinada a reducir las consecuencias sociales de la transición,

- desarrollo de las redes de infraestructuras,

- refuerzo de la protección del medio ambiente y gestión de los recursos naturales,

- desarrollo de la economía rural,

- ayuda en el ámbito de la seguridad nuclear.

La transferencia de asistencia técnica implica la selección de contratantes que tengan unos conocimientos técnicos específicos de los que no se disponga en los países beneficiarios de los que se trate. Por eso, la selección de empresas locales en proyectos TACIS es muy excepcional.

Sin embargo, la Comisión desea destacar que el principio de igualdad entre contratantes seleccionables potenciales (incluso los de los países beneficiarios) siempre se ha aplicado en la normativa sobre la adjudicación de contratos TACIS.

No existen estadísticas relativas al origen de los contratantes ya que, debido al fenómeno de asociación de los contratantes y de su reagrupación en consorcios, estos datos no serían suficientemente pertinentes.

49. Asegurarse de que todos los países candidatos aplican sistemas de contabilidad, de auditoría y de control apropiados, crean unidades antifraude con el fin de cooperar con la OLAF y continúan mejorando la cooperación con el Tribunal de Cuentas Europeo (Casaca - 85)

Respuesta de la Comisión:

Los instrumentos de preadhesión y la certificación de los sistemas de gestión que exigen han permitido a los países candidatos adquirir mucha práctica en la gestión de los fondos de la UE y la aplicación de su legislación. Antes de las adhesiones, la Comisión comprueba que los sistemas de gestión y control establecidos en los países candidatos responden a las normas definidas en los Reglamentos n° 438 y 448/2001 (Fondos estructurales) y 1386/2002 (Fondo de cohesión). La Comisión concibió y aplicó una estrategia de seguimiento y asesoramiento con el fin de garantizar que estos países cumplan las condiciones del acervo en lo relativo a contabilidad, control y auditoría interna (capítulos 28 y 29) antes de la fecha de adhesión. Para el 1 de noviembre de 2003 está previsto un informe de seguimiento exhaustivo sobre los progresos realizados. Hay que señalar que, aunque las acciones de seguimiento permitieron hacerse una idea clara y no señalaron grandes problemas en la situación de los distintos países en fase de adhesión, una verdadera auditoría de resultados no podrá efectuarse provechosamente hasta que estos países se hayan adherido a la Unión.

En lo relativo a la prevención del fraude, la Comisión vela por que cada uno de los países disponga de un servicio administrativo claramente identificado encargado de la protección de los intereses financieros de las Comunidades y de la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto comunitario, que esté también en condiciones de cooperar directamente con la OLAF. En Polonia, este servicio fue reforzado por la presencia de un agente de la OLAF en 2001 y 2002. En 2002, la Comisión comprometió 15 millones de euros con cargo al presupuesto PHARE en favor de un programa especial destinado a apoyar y hacer más eficaces las estructuras antifraude de los países PHARE.

f) Agricultura y productos alimenticios

Sistemas de gestión y control (SIGC)

50. Armonizar y simplificar las exigencias del SIGC en el conjunto de la UE (Casaca - 88).

Respuesta de la Comisión:

La Comisión tiene intención de armonizar y simplificar la gestión, el control y las sanciones cuando sea necesario y posible. El Reglamento n° 2419/2001 sobre el SIGC se refundió con este objetivo en mente y se considera que introdujo ventajas significativas tanto para las Administraciones nacionales como para los agricultores.

Los artículos 6 (solicitudes de ayuda por superficies) y 10 (solicitudes de ayuda por ganado) del Reglamento de la Comisión (CE) n° 2419/2001 precisan la información necesaria en las solicitudes para permitir establecer la admisibilidad. Corresponde, sin embargo, a los Estados miembros definir la composición precisa de estos formularios (dentro del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Reglamento). El artículo 11 del mismo Reglamento autoriza la transmisión por vía electrónica de las solicitudes, además de la transmisión en papel. No existe, por lo tanto, ningún formulario "común" utilizado por los Estados miembros y la Comisión no ve ninguna ventaja a su introducción en estos momentos.

51. Normas comunes para medir las zonas de cultivo elegibles (Casaca - 87).

Respuesta de la Comisión:

Sobre la base del artículo 22 del Reglamento n° 2419/2001, se publicaron directrices en mayo de 2003 para los controles in situ. También se difundió un documento del Centro Común de Investigación (CCI) sobre las tolerancias específicas de los distintos tipos de equipos de medición. Estos documentos deberían garantizar en conjunto que se aplican normas comunes en toda la Comunidad. Por otra parte, la Comisión está preparando actualmente enmiendas al Reglamento a este respecto.

52. Garantizar que Grecia aplica plenamente el sistema SIGC antes de finales de 2003 (Casaca - 89).

Respuesta de la Comisión:

La Comisión es plenamente consciente de los retrasos registrados en Grecia en la aplicación del SIGC. El organismo liquidador griego ha sido objeto de una supervisión regular y rigurosa, tanto por lo que se refiere a su estructura institucional como a la aplicación efectiva del régimen, desde la expiración en enero de 1997 del plazo concedido para la aplicación del SIGC. Por estas razones, el Director General de Agricultura reservó formalmente su posición sobre este punto en el IAA 2002.

Para completar los trabajos de auditoría en curso, y con el fin de tener plenamente en cuenta la situación poco satisfactoria de Grecia, la DG Agricultura incitó, a finales de 2002/principios de 2003, a la realización de un plan de acción reforzado destinado a supervisar y controlar el desarrollo del proceso. Con arreglo a este plan, el nuevo organismo pagador griego, OPEKEPE, ofrece actualizaciones periódicas sobre los progresos realizados y, ya en la primera mitad de 2003, se emprendieron misiones de auditoría in situ en el marco del procedimiento de revisión de cuentas de la Comisión en los sectores de los cultivos herbáceos, las primas animales, el aceite de oliva, las industrias textiles y las uvas pasas.

Cualquier corrección financiera resultante se basará no sólo en las insuficiencias constatadas por lo que se refiere al SIGC, sino que también debe corresponder a una estimación razonable del riesgo real de carga injustificada impuesta al presupuesto comunitario. Sobre esta base, la Comisión ha decidido hasta ahora exigir correcciones anuales por un porcentaje igual o superior al 5% para los cultivos herbáceos, de al menos un 5% para las primas sobre las ovejas y las cabras y un 10% para las primas a los bovinos. Actualmente está en curso un procedimiento de revisión de cuentas sobre las primas a los bovinos solicitadas en 2000 que podría desembocar en una corrección financiera muy elevada. Los servicios de la Comisión prevén, por otro lado, una corrección financiera muy importante para algunos otros regímenes de ayudas.

En 2002, la Comisión también interpuso un recurso contra Grecia ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 226 del Tratado, debido a su incumplimiento a la hora de introducir un sistema de gestión y control.

Por último, hay que señalar que la responsabilidad de la aplicación del SIGC en Grecia incumbe a las autoridades griegas. Cuando el PE pide a la Comisión que vele por la aplicación del SIGC se trata de una petición que la Comisión no puede satisfacer tal cual. La Comisión sólo puede iniciar acciones judiciales contra un Estado miembro que no se ajusta al acervo y velar por que cualquier riesgo financiero para el presupuesto comunitario esté cubierto en el procedimiento de liquidación de cuentas.

53. Pedir que el sistema de identificación bovina sea operativo en todos los Estados miembros a finales de 2003 (Casaca - 90).

Respuesta de la Comisión:

El sistema de identificación bovina definido en el Reglamento (CE) n° 820/97 del Consejo, seguido por el Reglamento (CE) n° 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000 estableciendo, en particular, un sistema de definición y registro de los bovinos, comprende los siguientes elementos: marcas auriculares, pasaportes, registros por explotación y base de datos informatizada. Con arreglo al artículo 5 de los Reglamentos antes citados, el sistema de identificación bovina habría debido estar operativo en todos los Estados miembros desde el 31 de diciembre de 1999, fecha en la cual la base de datos informatizada establecida por la autoridad competente habría debido ser plenamente operativa.

Habida cuenta del apartado 3 del artículo 6 de los Reglamentos antes citados, la Comisión reconoció, a petición de los Estados miembros en cuestión, el carácter plenamente operativo de las bases de datos relativas a los bovinos en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Francia, Alemania e Irlanda del Norte (Reino Unido). Por lo que se refiere a los otros Estados miembros (Portugal, Reino Unido por lo que se refiere a Gran Bretaña, Italia, Irlanda, España y Grecia), la situación está analizándose en los servicios de la Comisión, en el marco de las solicitudes de reconocimiento. Este análisis tiene en cuenta los informes redactados tras las misiones sobre la rastreabilidad y el etiquetado de la carne de vacuno y la carne picada de vacuno efectuadas por la Oficina alimentaria y veterinaria en todos los Estados miembros. Estas misiones también incluyeron una evaluación del funcionamiento de las bases de datos que sirven para la identificación del vacuno en los Estados miembros. Esta serie de misiones acabó a finales de 2002. Los informes de las distintas misiones están disponibles en el sitio web sanco-FVO y proporcionan información sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación de estos sistemas. La Comisión analiza actualmente las conclusiones que deben sacarse de esta serie de misiones y prepara un informe general de la situación que se transmitirá al Parlamento y se introducirá en el sitio web en cuestión en 2003.

54. Nivel de control: proponer lo antes posible unos indicadores claramente definidos y objetivamente controlables (Casaca - 92).

Respuesta de la Comisión:

La elaboración de indicadores comprobables de las buenas prácticas agrícolas ha sido difícil. Se publicaron, sin embargo, algunas orientaciones actualizadas, elaboradas con los Estados miembros, en 2002 y el sistema está actualmente activo y funcionando. Uno de los objetivos de la Agenda 2000 era permitir que la PAC se adaptase mejor a las circunstancias o prioridades locales. Así, los criterios de buenas prácticas agrícolas y los indicadores controlables se definen a nivel nacional o regional. Vista la extrema diversidad de las situaciones entre los diversos Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, la Comisión no desea proponer criterios o indicadores armonizados a escala comunitaria, puesto que no permitiría la consideración del contexto local.

La Comisión concede una gran importancia a la incidencia sobre el medio ambiente de las actividades agrícolas realizadas en la UE. La reforma de la PAC -una perspectiva a largo plazo para la agricultura sostenible- prevé, por lo que se refiere a las ayudas directas, un apoyo condicional, vinculado al respeto de las normas ambientales. Para la elaboración de las modalidades de ejecución, la Comisión tiene en cuenta la necesidad, destacada por el Parlamento, de definir obligaciones objetivas de control.

55. Elaborar un informe antes de noviembre de 2003 sobre una mayor seguridad informática de los organismos pagadores (Casaca - 86).

Respuesta de la Comisión:

La Comisión elabora actualmente un informe sobre el refuerzo de la seguridad informática en los organismos pagadores que se pondrá a disposición del PE.

Organización común del mercado (OCM) del azúcar

56. Realizar un meticuloso análisis interno de las razones del fracaso de la reforma del mercado del azúcar (Casaca - 94).

Respuesta de la Comisión:

En mayo de 2001, el Consejo decidió, de acuerdo con el dictamen del Parlamento Europeo, que mantendría la OCM del azúcar hasta la campaña 2005/2006. El 23 de septiembre de 2003, la Comisión transmitió una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo. Mediante esta comunicación, la Comisión satisface su compromiso de presentar en 2003 al Consejo un informe sobre el régimen del azúcar en la UE y sus perspectivas, tal como se prevé en el apartado 2 del artículo 50 del Reglamento (CE) n° 1260/2001 del Consejo. Describe tres opciones para el futuro del sector del azúcar. La Comunicación "Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada - sectores del tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el azúcar" puede consultarse en Internet en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/ capreform/com554/index_es.htm

La complejidad del sector y los retos a los que se enfrenta, tanto a escala nacional como internacional, así como la incidencia potencial de las distintas opciones, se exponen con todo detalle en la Evaluación de impacto ampliada del sector del azúcar. Esta evaluación se realizó con la ayuda de un grupo de control interservicios (GCI) en el que estaban representadas catorce Direcciones Generales, realizándose una amplia consulta de las partes interesadas. Esta evaluación puede encontrarse en Internet en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/ publi/reports/sugar/index_es.htm

57. Suprimir lo antes posible las restituciones a la exportación para la exportación de azúcar a aquellos países que gozan de un acceso libre de impuestos al mercado europeo (Casaca - 98).

Respuesta de la Comisión:

Esta cuestión formaba parte de una de las reservas (riesgo de fraude por "carrusel") formuladas por el Director General de la DG Agricultura en su declaración anual. Esta reserva fue seguida por la aplicación de un plan de acción destinado a colmar las lagunas detectadas. Las medidas adoptadas se centraban en la exportación/importación de azúcar con destino/procedente de los Balcanes occidentales. Por ello, para los certificados de exportación expedidos desde el 8 de marzo de 2003, la Comisión dejó de conceder restituciones para el azúcar exportado hacia cinco países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo). Véanse los Reglamentos de la Comisión n° 430/2003, 431/2003 y 432/2003.

Otro aspecto de las medidas decididas consiste en la suspensión provisional, por un período de tiempo de tres meses a partir del 8 de mayo de 2003, del régimen preferencial de importación en franquicia de derecho del azúcar procedente de Serbia-Montenegro, tras un informe de la OLAF poniendo de relieve graves incumplimientos en los controles aduaneros (para la certificación y el control del origen preferencial del azúcar) en este país (véase el Reglamento (CE) n° 764/2003 - DO L 109 de 1.5.2003). La medida de suspensión provisional se prolongó seis meses, hasta el 8 de febrero de 2004 (véase el Reglamento (CE) n° 1343/2003 - DO L 189 de 27.7.2003).

Restituciones a la exportación

58. Evaluar todos los regímenes de restituciones a la exportación y su impacto sobre el hambre en el mundo, así como el aumento correspondiente de las ayudas alimentarias (Casaca - 99).

Respuesta de la Comisión:

La Comisión estudia actualmente la manera en que puede proceder a la evaluación pedida. Se integrará al programa de trabajo de evaluaciones de la Comisión. Un proceso completo de evaluación lleva un tiempo considerable (definición del proyecto, licitación, proceso de selección, aplicación, informe de evaluación).

Pesca

59. Aumentar considerablemente el nivel de verificación de los proyectos, tanto por lo que respecta a los controles sobre el terreno como a las auditorías basadas en la información recopilada (Casaca - 100).

Respuesta de la Comisión:

Los proyectos de "empresas conjuntas" se examinarán sistemáticamente en las misiones de control. Tras la solicitud del Parlamento, los proyectos de "empresas conjuntas" ya se han analizado en 2003 en tres Estados miembros.

Se verificarán exhaustivamente todos los expedientes relacionados con solicitudes de pagos administradas directamente por la Comisión para los proyectos de empresas conjuntas para asegurarse de su conformidad con las normas aplicables.

Varios

60. Publicar la lista de subvenciones a empresas comerciales de conformidad con los mecanismos de la PAC (Casaca - 102).

Respuesta de la Comisión:

Sobre la base de los Reglamentos (CE) n° 1663/95 y (CE) n° 2390/1999, modificados por el Reglamento (CE) n° 419/2002, la Comisión recibe información contable de los Estados miembros. La Comisión no puede utilizar esta información, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 2390/1999, más que para ejercer sus funciones en el marco de la revisión de cuentas, seguir las evoluciones y establecer previsiones en el sector agrícola.

El apartado 3 del artículo 2 del mismo Reglamento impone a la Comisión la obligación de garantizar la confidencialidad y la seguridad de esta información.

La Comisión sólo puede proporcionar estadísticas de forma agregada, lo cual no permite la identificación de los distintos beneficiarios. La comisión del control presupuestario ha recibido recientemente información de este tipo relativa a las restituciones a la exportación.

61. Adoptar medidas contra las empresas implicadas en la adulteración a gran escala de productos alimenticios, en particular de productos lácteos (Casaca - 103/104).

Respuesta de la Comisión:

Caso de la mantequilla adulterada:

Cualquier sanción que pudiera aplicarse en el caso de la mantequilla adulterada sería competencia de las autoridades judiciales nacionales interesadas. OLAF asistió a las autoridades judiciales en Francia e Italia e intervino en la investigación administrativa en Alemania. En esta fase, las investigaciones (penales) prosiguen en Italia y Francia. Las autoridades belgas, por otro lado, denunciaron ante los tribunales a dos sociedades belgas a principios del mes de octubre de 2003, pidiendo intervenir como parte civil (acción civil por daños y perjuicios en el marco de las diligencias penales).

g) Fondo Social Europeo

62. Informar al Parlamento en cuanto se tengan los resultados, sobre la investigación y las medidas adoptadas con arreglo al artículo 24 del Reglamento (CEE) nº 4253/88 (Casaca - 105).

Respuesta de la Comisión:

La Comisión aplica regularmente los procedimientos contemplados en el artículo 24 del Reglamento del Consejo (CEE) n° 4253/88, modificado, en el seguimiento de sus auditorías y controles, y los efectuados por el Tribunal de Cuentas o cuando las conclusiones de la auditoría nacional no van seguidas de efecto. No obstante, la aplicación de los procedimientos destinados a obtener una reducción neta de la ayuda comunitaria lleva tiempo, antes de que la irregularidad pueda confirmarse de manera formal y que se establezcan los motivos que pued