P9_TA(2022)0044

Estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas (2020/2026(INL))

(2022/C 342/17)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Vistos los artículos 114 y 352 del TFUE,

— Visto el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea,

— Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 12,

— Visto el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

— Visto su dictamen (1) sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea (2),

— Vista su Resolución, de 13 de marzo de 1987, sobre las asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea (3),

— Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (4),

— Vista su Declaración, de 10 de marzo de 2011, sobre el establecimiento de un Estatuto Europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones (5),

— Visto el Dictamen del CESE titulado «Filantropía europea: un potencial sin explotar» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana),

— Vistas las Directrices conjuntas sobre la libertad de asociación (CDL-AD(2014)046), aprobadas por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE,

— Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

— Vistas la opinión de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0007/2022),

A. Considerando que el artículo 63 del TFUE y los artículos 7,8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») consagran la libertad de asociación a todos los niveles y protegen a las organizaciones sin ánimo de lucro frente a todo tipo de restricciones discriminatorias, innecesarias e injustificadas relativas a la financiación de sus actividades;

B. Considerando que, a efectos de la presente resolución, debe entenderse que el término «organización sin ánimo de lucro» refleja la multitud de modelos de organizaciones sin ánimo de lucro que existe en la Unión, tanto si se basan en la afiliación de miembros como si no, como, por ejemplo, las asociaciones, las organizaciones filantrópicas, las organizaciones cuyos activos se destinan a lograr una finalidad específica, como las fundaciones, y otras organizaciones similares;

C. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el Estado tiene una obligación positiva de garantizar el disfrute del derecho a la libertad de asociación y que ha declarado, en su sentencia de 21 de octubre de 2005 en el asunto Ouranio Toxo y otros contra Grecia (6), que el respeto auténtico y efectivo de la libertad de asociación no puede reducirse a un simple deber del Estado de no interferir; que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia en el asunto C-78/18 (7), declaró que la libertad de asociación no solo comprende la facultad de crear o de disolver una asociación, sino que engloba también la posibilidad de esta asociación de actuar entretanto;

D. Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro son fundamentales para que los intereses de los ciudadanos y de la sociedad civil estén representados, también mediante la prestación de servicios en ámbitos del sector social que a menudo no son rentables, el fomento de la participación en la vida social y la defensa de los derechos de las minorías; que, además, desempeñan un papel clave a la hora de anticipar y abordar los retos socioeconómicos, así como de colmar las lagunas en materia de servicios y actividades económicas, junto con los gobiernos nacionales, regionales y locales;

E. Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro a menudo utilizan y fomentan la libertad de expresión, en particular en relación con la promoción del interés público, apoyan la participación activa en la vida democrática y funcionan como escuelas de democracia;

F. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de ayudar a los ciudadanos a superar las numerosas dificultades a que se enfrentan, garantizando así la cohesión social; considerando que, sin embargo, su situación se ha visto sacudida por la crisis de la COVID-19, en particular debido a la interrupción de sus actividades y a la creación de nuevas necesidades y misiones;

G. Considerando que la democracia europea depende de que la sociedad civil y las organizaciones representativas puedan funcionar con libertad y de manera transfronteriza; que el papel esencial de la sociedad civil y de las organizaciones representativas en la contribución a la democracia se considera un valor fundamental de la Unión, tal como se reconoce, en particular, en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y exige la existencia de un diálogo abierto, transparente y estructurado;

H. Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro son parte integrante de la sociedad civil de la Unión e incluyen organizaciones filantrópicas, como las fundaciones que facilitan y contribuyen al trabajo de las personas, y organizaciones sin ánimo de lucro en pro del interés público;

I. Considerando que apenas existe información estadística fiable sobre las organizaciones sin ánimo de lucro o no es fácil acceder a ella;

J. Considerando que los estatutos europeos de las sociedades anónimas europeas, las sociedades cooperativas europeas o los partidos políticos europeos no resultan adecuados para permitir que las organizaciones sin ánimo de lucro cooperen de manera transfronteriza;

K. Considerando que las sociedades, las empresas comerciales y las agrupaciones de interés económico tienen la posibilidad de constituir una agrupación europea de interés económico;

L. Considerando que los organismos públicos pueden constituir agrupaciones europeas de cooperación territorial;

M. Considerando que el estatuto de la asociación europea debe estar abierto a las organizaciones y las personas que deseen participar en intercambios y aprendizajes mutuos transfronterizos;

N. Considerando que en la solicitud del Parlamento en favor de la creación de registros estadísticos nacionales de agentes de la economía social no se incluye a las organizaciones que no operan en la economía social;

O. Considerando que muchas organizaciones in ánimo de lucro desempeñan una función importante en la economía y el desarrollo del mercado interior, ya que participan de manera regular en alguna actividad económica; que en la última década ha aumentado considerablemente el volumen de flujos financieros transfronterizos entre las asociaciones o las organizaciones sin ánimo de lucro;

P. Considerando que en la actualidad ha aumentado la concienciación entre los responsables políticos y la sociedad civil sobre el potencial que albergan las organizaciones sin ánimo de lucro en cuanto a prestación de servicios, participación ciudadana e innovación social; que probablemente albergan un potencial sin explotar en una amplia variedad de ámbitos, como la educación, la cultura, la atención sanitaria, los servicios sociales, la investigación, la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria y la preparación para casos de desastres;

Q. Considerando el potencial socioeconómico cada vez mayor de las organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión, que ofrecen posibilidades de empleo en numerosos sectores;

R. Considerando que las organizaciones sim ánimo de lucro son esenciales a la hora de ayudar a las personas a participar activamente en la vida democrática;

S. Considerando que la gran mayoría de las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro se llevan a cabo en el ámbito nacional, aunque un número cada vez mayor de organizaciones sin ánimo de lucro operan de manera transfronteriza, reforzando así la cohesión social entre los Estados miembros a nivel social, especialmente en las regiones fronterizas, que representan casi el 40 % del territorio de la Unión;

T. Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro trasfronterizas, en particular, contribuyen enormemente al logro de los objetivos de la Unión y realizan numerosas y variadas actividades de interés general que tienen relevancia transnacional y redundan en beneficio del interés general en diferentes ámbitos que esto incluye, entre otras cosas, la protección y el fomento de los derechos y valores fundamentales, la protección del medio ambiente, la educación, la cultura, el trabajo social y la ayuda al desarrollo;

U. Considerando que, pese al creciente número de organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas en la Unión, no existe un marco legislativo paneuropeo armonizado que les permita operar y organizarse adecuadamente a escala transfronteriza;

V. Considerando que, actualmente, a falta de una normativa de la Unión que regule las organizaciones sin ánimo de lucro, sus actividades transfronterizas se caracterizan por las disparidades culturales, judiciales y políticas derivadas del Derecho nacional;

W. Considerando que el Parlamento subrayó ya en 1987 la necesidad de introducir un Reglamento europeo adecuado para las organizaciones europeas sin ánimo de lucro en su Resolución de 13 de marzo de 1987 sobre las asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea;

X. Considerando que las asociaciones que cuentan con un estatuto europeo o con normas mínimas comunes europeas deben actuar en favor de la promoción y la aplicación de los valores y objetivos comunes de la Unión, consagrados en los Tratados y en la Carta;

Situación actual

1. Observa que las organizaciones sin ánimo de lucro carecen de una forma jurídica a escala de la Unión que equipare la representación de los intereses de la sociedad civil con los de las empresas comerciales y las agrupaciones de interés económico, para las que existe una forma jurídica a escala de la Unión desde hace tiempo;

2. Observa que las diferencias jurídicas, culturales, políticas y económicas entre los Estados miembros siguen provocando que las actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro sean muy complejas, y que el actual tratamiento administrativo y fiscal de las actividades transfronterizas de estas organizaciones dé lugar a costes de transacción más elevados que a nivel nacional;

3. Subraya que el actual marco jurídico a nivel de la Unión y nacional no es suficiente para crear y apoyar una sociedad civil paneuropea sólida, cuya existencia es necesaria para la democracia; señala, por tanto, la necesidad de crear una nueva forma jurídica, la de asociación europea, así como normas sobre la constitución, transparencia, rendición de cuentas y gobernanza de una asociación europea;

4. Subraya la importancia de garantizar la coordinación a escala de la Unión, evitando la fragmentación y apoyando un enfoque armonizado en toda la Unión con respecto a la asociación europea, a través de un Consejo de Asociaciones Europeas designado; a tal fin, pide a la Comisión que examine las diferentes opciones y presente una propuesta sobre la forma y el estatuto más adecuados para dicho Consejo de Asociaciones Europeas, en el que estén representados todos los Estados miembros y que disponga de facultades de decisión bien definidas;

5. Considera que también se necesita legislación de la Unión que apoye a las organizaciones sin ánimo de lucro con miras a culminar el mercado interior;

6. Hace hincapié en que, si bien los Tratados consagran la libertad de circulación y de establecimiento, las jurisdicciones de varios Estados miembros no protegen ni fomentan plenamente el derecho fundamental de asociación debido a que no existen modelos de organización adecuados ni igualdad de trato para las formas jurídicas existentes en toda la Unión, lo que, por una parte, supone un obstáculo para las actividades y los proyectos, las misiones y la movilidad transnacionales de la sociedad civil y, por otra, genera inseguridad jurídica;

7. Lamenta que no exista un instrumento que facilite aún más la libertad de circulación para las organizaciones sin ánimo de lucro, con independencia del Estado miembro en el que hayan sido constituidas o donde residan sus miembros, en particular suprimiendo los obstáculos jurídicos y administrativos;

8. Destaca que, debido a la falta de aproximación de las prácticas, las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en toda la Unión a menudo se enfrentan a restricciones injustificadas, como tasas, formalidades y obstáculos administrativos y de otra índole, lo que pone en peligro sus actividades cotidianas y disuade a dichas organizaciones de ampliar sus misiones más allá de sus fronteras; subraya que tales obstáculos también dan lugar un aumento significativo de la carga de trabajo debido a que es necesario seguir múltiples procedimientos administrativos diferentes en más de un Estado miembro;

9. Lamenta que en varios Estados miembros se haya dejado a las organizaciones sin ánimo de lucro completamente fuera de los sistemas de asistencia de respuesta a la pandemia;

10. Pone de relieve que la falta de aproximación de las prácticas también genera desequilibrios en el espacio de actuación, debido a las distintas condiciones de mercado y a otros obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes Estados miembros, por ejemplo, a la hora de abrir cuentas bancarias, de obtener y contabilizar fondos extranjeros, de acceder a medidas y regímenes de ayudas públicas, de acogerse a determinados tratamientos financieros o fiscales, o de contratar personal, en particular al contratar de forma transfronteriza, lo que debería facilitarse conforme al principio de libre circulación de los trabajadores;

11. Pide a la Comisión que examine las diferentes formas en que operan las organizaciones sin ánimo de lucro en los Estados miembros y que elabore un análisis comparativo;

12. Señala que las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen a la innovación, la investigación, el desarrollo económico y la creación de empleo, particularmente en los sectores social, empresarial, tecnológico y cultural;

13. Reconoce las contribuciones de las organizaciones sin ánimo de lucro a ciertos objetivos estratégicos de la Unión, como la lucha contra la crisis climática, la transformación digital y la recuperación de la pandemia de COVID-19; subraya que sería imposible cumplir dichos objetivos sin que la sociedad civil contribuyese promoviendo tales cuestiones en toda Europa, en particular en lo relativo a la aplicación de las políticas necesarias a escala local, regional, nacional y de la Unión, respetando al mismo tiempo los derechos e intereses de los afectados;

14. Lamenta que los datos sean escasos o estén desactualizados; pide a los Estados miembros que proporcionen datos desglosados de manera periódica y a la Comisión que elabore recursos estadísticos fiables y frecuentemente actualizados, basados en una metodología establecida que garantice la transparencia y la comparabilidad, y que haga posible que estos datos se incluyan en los datos de Eurostat, sobre las actividades y contribuciones transfronterizas; señala que, según el estudio de 2017 «Evolución reciente de la economía social en la Unión Europea», encargado por el CESE, de un total de 13,6 millones de puestos remunerados en cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones y entidades similares en la Unión, 9 millones eran empleos en asociaciones y fundaciones, lo que las convierte en la principal fuente de empleo en dicho sector; destaca que esto también demuestra la importancia de disponer de más datos sobre un ámbito más amplio que la economía social;

15. Lamenta que la Comisión y los Estados miembros no hayan propuesto legislación para garantizar un entorno propicio en el que las organizaciones sin ánimo de lucro puedan contribuir al funcionamiento del mercado interior y garantizar la libre circulación de capitales a través de las fronteras, y que no se haya establecido un estatuto de asociación europea a pesar de varios intentos, así como de numerosos llamamientos de la sociedad civil y del Parlamento;

16. Acoge con satisfacción el próximo Plan de Acción para la Economía Social y considera que, dado que solo algunas organizaciones sin ánimo de lucro operan en la economía social, dicho plan de acción debe incluir recomendaciones sobre cómo superar las barreras transfronterizas y debe complementarse con iniciativas legislativas independientes destinadas a apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro;

17. Considera que, debido a su carácter particular, los instrumentos jurídicos propuestos no deben afectar a la regulación de los partidos políticos; recuerda, asimismo, que la Unión respeta el estatuto de las iglesias y las organizaciones o comunidades religiosas, así como de las organizaciones filosóficas o no confesionales reconocidas por el Derecho nacional; subraya que esto no impide que las organizaciones cuyos valores y finalidades se basen en creencias de carácter religioso, filosófico o no confesional, como las organizaciones sin ánimo de lucro caritativas basadas en la fe, se incluyan en el ámbito de aplicación de los instrumentos propuestos; señala que a los sindicatos de varios Estados miembros se les otorga una condición favorable especial y que, por tanto, los sindicatos deberían estar excluidos de los instrumentos propuestos; señala que las personas que deseen constituir una asociación pueden hacer uso de las disposiciones del Reglamento propuesto y adoptar la forma de una asociación europea; observa que la propuesta de Directiva sobre normas mínimas debe aplicarse a todas las organizaciones sin ánimo de lucro de la Unión;

Protección de la sociedad civil y de la libertad de asociación

18. Expresa su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro en toda la Unión y por las disparidades derivadas de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales o de las políticas nacionales; señala que esto puede afectar negativamente a la sociedad civil, restringir indebidamente los derechos fundamentales, especialmente la libertad de asociación, de expresión y de información, y disuadir a las organizaciones sin ánimo de lucro de ampliar sus actividades más allá de las fronteras;

19. Tiene debidamente en cuenta las posibilidades que ofrecen la digitalización e internet para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, por ejemplo, haciendo que el registro y la constitución de organizaciones sin ánimo de lucro sean más sencillos y fácilmente disponibles en línea;

20. Hace hincapié en que las organizaciones sin ánimo de lucro son fundamentales para la democracia y la formulación de políticas a todos los niveles; afirma que las organizaciones sin ánimo de lucro promueven el bien público y obran en su favor, forman parte del equilibrio de poderes necesario para el Estado de Derecho y son motores de compromiso cívico; acoge con satisfacción que la sociedad civil se involucre en la defensa del interés público y el activismo, y como parte de la vida social activa;

21. Reitera que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen libertad para participar en asuntos de debate político o público a través de sus objetivos o actividades; condena los intentos de restringir el espacio cívico por motivos políticos, y la denegación, el rechazo o el cuestionamiento de su carácter de organizaciones de utilidad pública, sobre la base de su actividad política real o percibida, cuando sus actividades no están destinadas a beneficiar a un partido en concreto o a sustituir la política partidaria de un partido determinado; considera que estos casos son peligrosos para la democracia europea;

22. Hace hincapié en la importancia de la independencia de las organizaciones sin ánimo de lucro y en la necesidad de garantizar un entorno favorable para ellas, en el que se respete su pluralidad y se comprenda que las organizaciones de utilidad pública contribuyen tanto prestando servicios sobre el terreno como defendiendo el bien público y haciendo un seguimiento de las políticas públicas;

23. Recuerda la importancia de un periodismo independiente, imparcial, profesional y responsable en lo que se refiere a proporcionar información sobre las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro tanto en los medios de comunicación privados como públicos, así como la importancia del acceso a información plural como pilares fundamentales de la democracia; expresa su preocupación por las campañas de difamación y las demandas abusivas que en varios Estados miembros utilizan algunos cargos electos, organismos públicos o entidades bajo control público, así como particulares y entidades privadas, contra quienes se implican en la participación pública, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro; destaca que el Parlamento aprobó una Resolución sobre las demandas estratégicas contra la participación pública el 11 de noviembre de 2021 ( 8 )

24. Sostiene que un Reglamento que estableciera el marco jurídico solo beneficiará a la sociedad civil europea si las organizaciones sin ánimo de lucro pudieran disponer de financiación adecuada y fácilmente accesible tanto a escala nacional como europea; destaca la importancia que reviste la financiación pública y privada de las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que estas organizaciones tienen un menor acceso a ingresos procedentes de actividades lucrativas; subraya, en este contexto, la existencia del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, dirigido, entre otros, a las organizaciones sin ánimo de lucro; señala que, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 9 ) , las subvenciones de la Unión han de implicar una cofinanciación, que puede revestir la forma de recursos propios, ingresos generados por la acción o el programa de trabajo o contribuciones financieras o en especie de terceros; considera que, en particular en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro con recursos financieros muy limitados, debe evaluarse un límite para el requisito de fondos propios y contabilizarse como tales las contribuciones no monetarias, siempre que este trato no distorsione la competencia a la hora de acceder a la financiación; observa que, con frecuencia, los fondos de la Unión a disposición de las organizaciones sin ánimo de lucro requieren cofinanciación, lo que a su vez significa que la organización beneficiaria tiene que obtener una parte de los fondos necesarios de otras fuentes; señala que exigir una cuota de recursos propios demasiado elevada puede ser perjudicial para las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que podrían no ser capaces de reunir dichos fondos, lo que da lugar a que algunas organizaciones queden excluidas; considera, por tanto, que debe evaluarse un límite para el porcentaje de cofinanciación y que deben tenerse en cuenta los diferentes medios que podrían monetizarse, como el tiempo de voluntariado o las contribuciones en especie;

25. Señala que es importante que las organizaciones sin ánimo de lucro publiquen información pertinente; llama asimismo la atención sobre el hecho de que la transparencia relativa a la financiación debe considerarse un interés público cuando las organizaciones sin ánimo de lucro tienen una influencia significativa en la vida pública y en el debate público;

26. Considera que la introducción de un estatuto para las asociaciones europeas va a brindar a las organizaciones nacionales y locales una oportunidad para participar más activamente en los asuntos europeos y realizar aprendizajes mutuos e intercambios transfronterizos, y las ayudará a acceder a la financiación a nivel de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fondos adecuados a disposición de los agentes de la sociedad civil, que aumenten la accesibilidad de los fondos y que simplifiquen en mayor medida los procedimientos para facilitar el acceso de los agentes de la sociedad civil a los fondos, incluidas las organizaciones pequeñas y locales;

27. Considera, además, que la legislación propuesta debe complementarse con medidas de apoyo a un diálogo periódico, eficaz y estructurado con las organizaciones representativas y de la sociedad civil, con arreglo al artículo 11 del TUE; pide, a este respecto, a la Comisión que evalúe la posibilidad de desarrollar un estatuto participativo para las organizaciones de utilidad pública a escala de la Unión;

28. Subraya que la discriminación por motivos arbitrarios y políticos basada en los objetivos y las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro, así como en las fuentes de financiación, socava la libertad de asociación y constituye, por tanto, una amenaza para la libertad de expresión;

Reconocimiento de las asociaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro y la utilidad pública en toda la Unión

29. Reconoce que en las legislaciones nacionales y las tradiciones jurídicas de los Estados miembros existen diferentes enfoques a la hora de definir o reconocer las organizaciones sin ánimo de lucro que se basan o no en la afiliación de miembros, así como de definir, reconocer y conceder el carácter de utilidad pública; subraya que, a pesar de estas diferencias, existe un consenso sobre la necesidad de establecer unas normas mínimas europeas y de ofrecer a las organizaciones sin ánimo de lucro la posibilidad de adquirir personalidad jurídica;

30. Insta a la Comisión a que reconozca y fomente las actividades de utilidad pública de las organizaciones sin ánimo de lucro mediante la armonización del carácter de utilidad pública en toda la Unión, y subraya que la legislación y las prácticas administrativas nacionales que regulan las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidos su constitución, registro, operaciones, financiación, trato financiero y fiscal o medidas de desgravación fiscal, así como las actividades transfronterizas, no deben discriminar por razón del lugar de establecimiento de la organización ni a ningún grupo o individuo por cualquier motivo;

31. Pide a la Comisión que considere adoptar una propuesta legislativa para facilitar el reconocimiento mutuo de las organizaciones de utilidad pública exentas de impuestos, incluidas las organizaciones filantrópicas, en todos los Estados miembros, si están reconocidas como organizaciones de utilidad pública exentas de impuestos en uno de los Estados miembros;

32. Destaca el hecho de que la regulación a escala de la Unión del estatuto y de las normas mínimas de las organizaciones sin ánimo de lucro puede contribuir a crear unas condiciones de igualdad, facilitando así la realización del mercado interior;

33. Insta a la Comisión a desarrollar una estrategia específica e integral de fortalecimiento de la sociedad civil en la Unión, por ejemplo, mediante la introducción de medidas para facilitar las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro a todos los niveles;

34. Pide a la Comisión que le someta, sobre la base del artículo 352 del TFUE, una propuesta de Reglamento por el que se establezca el estatuto de las asociaciones europeas, siguiendo las recomendaciones que se recogen en la presente resolución y en la parte I de su anexo;

35. Pide a la Comisión que le someta, sobre la base del artículo 114 del TFUE, una propuesta de Directiva sobre las normas mínimas comunes para las organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión, con vistas a establecer unas condiciones equitativas para las organizaciones sin ánimo de lucro mediante el establecimiento de unas normas mínimas, que permitan que la sociedad civil se beneficie de las libertades y los derechos fundamentales y contribuya a fortalecer la democracia europea, siguiendo las recomendaciones que se recogen en la presente resolución y en la parte II de su anexo;

36. Pide a la Comisión que utilice los resultados del análisis comparativo realizado de conformidad con el apartado 11 para acompañar la propuesta de Reglamento que figura en la parte I del anexo y la propuesta de Directiva que figura en la parte II del anexo, junto con una lista de las formas nacionales de organizaciones que deben considerarse incluidas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la propuesta que figura en la parte I del anexo y con el artículo 1 de la propuesta que figura en la parte II del anexo;

o

o o

37. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que la acompañan a la Comisión y al Consejo.

(1) Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a un Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea (DO C 42 de 15.2.1993, p. 89).

(2) Propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea (COM(1991)0273 — SYN 386).

(3) DO C 99 de 13.4.1987, p. 205.

(4) DO C 395 de 29.9.2021, p. 2.

(5) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 187.

(6) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de octubre de 2005, sobre la demanda n.o 74989/01, Ouranio Toxo y otros contra Grecia, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.

(7) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de junio de 2020, en el asunto C-78/18, Comisión/Hungría, ECLI:EU:C:2020:476, apartado 113.

(8) Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el refuerzo de la democracia y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a periodistas, ONG y a la sociedad civil (2021/2036(INI)).

(9) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).