COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 18.12.2018 COM(2018) 858 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales



1.Introducción 1.1.Contexto La Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales («la Directiva») es el segundo instrumento que se ha adoptado de conformidad con el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales. El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogió favorablemente el plan de trabajo y lo incorporó al Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. La primera medida que se aprobó en virtud del plan de trabajo fue la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Tras la adopción de estas dos primeras directivas, se ha realizado una labor adicional relacionada con los derechos procesales. Posteriormente, la UE ha adoptado otras cuatro directivas sobre el derecho a la asistencia de letrado y a comunicarse con terceros durante la privación de libertad; sobre el refuerzo de determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; sobre las garantías procesales de los menores y sobre la asistencia jurídica gratuita. Estas seis Directivas tienen por objeto contribuir al objetivo general de aumentar la confianza mutua, permitiendo una mejor aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que es la piedra angular del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. Para ello, establecen normas mínimas comunes respecto de los derechos procesales en todos los procesos penales, y permiten una aplicación más coherente del derecho a un juicio equitativo establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 1.2.Objeto y elementos principales de la Directiva La Directiva 2012/13/UE tiene por objeto contribuir a garantizar la aplicación en la práctica del derecho de los sospechosos y acusados a la información en los procesos penales. Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que regulan el derecho a la información en los procesos penales (y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea), la Directiva pretende aumentar la confianza de los Estados miembros en sus respectivos sistemas de justicia penal. Para ello, se basa en los derechos establecidos, por ejemplo, en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y trata de promoverlos. La Directiva establece unas normas mínimas para toda persona sospechosa o acusada dentro de la UE, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad. Está diseñada para ayudar a prevenir los errores judiciales y reducir el número de apelaciones. La Directiva establece el derecho a la información en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea. Toda persona tiene este derecho desde el momento en que las autoridades competentes ponen en su conocimiento que es sospechosa o se le acusa de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso. Establece el derecho a la información sobre los derechos procesales verbalmente (artículo 3) o por escrito si la persona está privada de libertad (artículo 4) o es objeto de una orden de detención europea (artículo 5), el derecho a la información sobre la acusación (artículo 6) y el derecho a acceder a los materiales del expediente (artículo 7). 1.3.Ámbito del presente informe de aplicación La presente evaluación de la aplicación de la Directiva se ha llevado a cabo de conformidad con su artículo 12, que exige a la Comisión que presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe la medida en que los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva. La descripción y el análisis del presente informe se basan principalmente en la información proporcionada por los Estados Miembros. Dicha información se complementa con estudios de acceso público realizados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o por partes interesadas externas que evalúan la aplicación de las Directivas sobre derechos procesales mediante subvenciones para acciones del Programa «Justicia». El informe se centra en las medidas que los Estados miembros han adoptado hasta la fecha para aplicar la Directiva. Evalúa si los Estados miembros han aplicado la Directiva en el plazo especificado y si la legislación nacional logra los objetivos y cumple los requisitos de la Directiva. 2.Evaluación general De conformidad con el artículo 11, los Estados miembros debían transponer la Directiva al Derecho nacional antes del 2 de junio de 2014. En la fecha de expiración del plazo de transposición, siete Estados miembros no habían comunicado a la Comisión las medidas necesarias: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Luxemburgo y Malta. Por consiguiente, en julio de 2014, en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión decidió incoar procedimientos de infracción contra estos siete Estados miembros por no haber comunicado sus medidas de transposición.

El principal objetivo de la Comisión ha sido garantizar que todos los Estados miembros transpongan los requisitos de la Directiva a su legislación nacional, de modo que los derechos que contiene estén protegidos en toda la Unión Europea. La transposición de la Directiva es un requisito previo para evaluar de forma adecuada la medida en que los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para su cumplimiento. La Comisión comenzó a evaluar si las medidas nacionales dan cumplimiento a la Directiva tan pronto como los Estados miembros las notificaron. Sin embargo, Luxemburgo, por ejemplo, no transpuso la Directiva hasta marzo de 2017 y Rumanía completó su notificación inicialmente parcial con medidas de transposición el 12 de julio de 2016 y el 6 de octubre de 2017. Estos retrasos en la transposición han pospuesto el proceso de evaluación global. El último procedimiento de infracción por ausencia de comunicación no se pudo concluir hasta enero de 2018. En estas circunstancias, dada la complejidad de la evaluación de todas las medidas comunicadas por los 27 Estados miembros obligados por la Directiva, con particular atención a sus diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, la Comisión no ha estado en condiciones de presentar este informe antes. El impacto de la Directiva se limita al establecimiento de normas mínimas y, por consiguiente, deja abierta la posibilidad de que existan diferencias entre las leyes nacionales de enjuiciamiento penal, aunque impone obligaciones claras a los Estados miembros. La evaluación ha planteado algunos problemas de cumplimiento en varios Estados miembros, en particular respecto de la declaración de derechos en los procesos penales, los procedimientos relativos a la orden de detención europea, el derecho a la información sobre la acusación y el derecho de acceso los materiales del expediente. Si no se corrigen, estas divergencias pueden afectar negativamente a la efectividad de los derechos establecidos en la Directiva. La Comisión adoptará todas las medidas adecuadas para garantizar la conformidad con la Directiva en toda la Unión Europea, incluida, en su caso, la incoación de procedimientos de infracción en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22), Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Por tanto, Dinamarca no se tiene en cuenta en la siguiente evaluación. De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (n.º 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ambos países han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la Directiva. 3.Puntos específicos de la evaluación 3.1.Objeto (artículo 1) El artículo 1 especifica que la Directiva establece normas sobre el derecho de las personas sospechosas y acusadas a recibir información en relación con sus derechos en los procesos penales y las acusaciones formuladas contra ellas, así como con las personas objeto de la ejecución de una orden de detención europea. La mayoría de los Estados miembros ya disponía de legislación sobre el derecho a la información. Por tanto, el proceso de transposición implicó la modificación de la legislación preexistente o la adopción de una legislación más específica por parte de los Estados miembros. 3.2.Ámbito de aplicación (artículo 2) El artículo 2 de la Directiva establece su ámbito de aplicación. 3.2.1.Ámbito de aplicación – artículo 2, apartado 1 El artículo 2, apartado 1, de la Directiva, establece que el derecho a la información en los procesos penales y en los procedimientos de ejecución de una orden de detención europea se aplica desde el momento en que las autoridades competentes ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o se le acusa de haber cometido una infracción penal hasta la conclusión del procedimiento, es decir, hasta que la resolución sea definitiva. Según el considerando 19 de la Directiva, «las autoridades competentes deben informar a las personas sospechosas o acusadas con prontitud [...] y a más tardar antes del primer interrogatorio oficial [...] por parte de la policía o de otra autoridad competente». La mayoría de los Estados miembros no regulan específicamente el momento en que «se pone en conocimiento» de una persona sospechosa o acusada la sospecha o acusación, ni especifican que el derecho a la información se aplica a lo largo de todo el proceso penal. Sin embargo, un análisis sistemático de las diferentes fases de los procesos penales en los respectivos contextos jurídicos nacionales muestra que, para un gran número de Estados miembros, puede deducirse la conformidad. Sin embargo, se plantean problemas con respecto a tres Estados miembros que establecen la obligación de proporcionar información sobre los derechos solo cuando una persona está privada de libertad. A las personas que no están privadas de libertad no se les aplican las mismas salvaguardias. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación personal, en las legislaciones de los Estados miembros han aparecido ciertas discrepancias sobre los términos «sospechoso» y «acusado». La mayor parte de los Estados miembros hace distinciones entre ambos términos cuando se menciona a las personas que son objeto de un proceso penal. Sin embargo, dos Estados miembros utilizan únicamente el concepto de «acusado» en sus ordenamientos jurídicos, pero no el concepto de «sospechoso». Una persona se considera acusada cuando se le ha imputado una infracción penal. 3.2.2.Infracciones menores – artículo 2, apartado 2

El artículo 2, apartado 2, de la Directiva, garantiza que cuando la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de sanciones por infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanción pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, el derecho a la información se concede para el proceso de recurso. Esta disposición es pertinente para aquellos Estados miembros en los que las autoridades administrativas, la policía o los tribunales competentes en asuntos no penales son responsables de tratar las infracciones menores. En los demás Estados miembros esta disposición no se aplica porque las sanciones por infracciones menores las imponen los tribunales competentes en materia penal. 3.3.Derecho a la información sobre los derechos (artículo 3) El artículo 3 de la Directiva establece que las personas sospechosas o acusadas deben recibir con prontitud información acerca, como mínimo, de los derechos procesales establecidos de forma explícita en dicho artículo. Esta información debe proporcionarse verbalmente o por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables. 3.3.1.Información sobre los derechos procesales – artículo 3, apartado 1 De conformidad con el artículo 3, apartado 1, y teniendo en cuenta el considerando 19 de la Directiva, la información debe proporcionarse con prontitud a las personas sospechosas y acusadas. La mayoría de los Estados miembros ha transpuesto esta disposición en consecuencia. Aunque varios Estados miembros no hacen referencia explícita al requisito de informar «con prontitud», esto puede deducirse del hecho de que los sospechosos o acusados reciben información sobre sus derechos a más tardar antes del primer interrogatorio. Sin embargo, en tres Estados miembros solo se proporciona información sobre los derechos cuando la persona está privada de libertad (véase el punto 3.2.1). 3.3.1.1. Información sobre el derecho a tener acceso a un abogado – artículo 3, apartado 1, letra a) El artículo 3, apartado 1, letra a), ha sido fielmente transpuesto por casi todos los Estados miembros. No obstante, tres Estados miembros no transpusieron esta disposición o no la transpusieron para los procedimientos por faltas. En tres Estados miembros no se facilita información a las personas sospechosas o acusadas que no estén privadas de libertad. 3.3.1.2. Información sobre el derecho a recibir asistencia letrada gratuita y sus condiciones – artículo 3, apartado 1, letra b) 25 Estados miembros cuenta con normas que informan a las personas sospechosas y acusadas sobre el derecho a recibir asistencia letrada gratuita, aunque dos de ellos carecen de las disposiciones correspondientes. En algunos Estados miembros se detectaron discrepancias porque la legislación nacional no establece de forma clara que debe facilitarse información a los sospechosos o acusados sobre las condiciones para obtener asistencia letrada gratuita. En un Estado miembro, la información sobre el derecho a recibir asistencia letrada gratuita no está garantizada en el contexto de los procedimientos por faltas. Por último, en tres Estados miembros la información pertinente solo se proporciona a las personas que están privadas de libertad. 3.3.1.3. Información sobre el derecho a ser informado de la acusación – artículo 3, apartado 1, letra c) Casi todos los Estados miembros transpusieron esta disposición. Sin embargo, en tres Estados miembros esta información solo se proporciona cuando la persona está privada de libertad. 3.3.1.4. Información sobre el derecho a interpretación y traducción – artículo 3, apartado 1, letra d) La mayoría de los Estados miembros cumplió esta disposición. No obstante, se plantean problemas de conformidad en algunos Estados miembros en los que el derecho a la información sobre interpretación y traducción no está claramente regulado. En dos Estados miembros, la legislación nacional no prevé ni el derecho a traducción ni el derecho a recibir información al respecto. 3.3.1.5. Información sobre el derecho a permanecer en silencio – artículo 3, apartado 1, letra e) Todos los Estados miembros, excepto uno, transpusieron correctamente esta disposición. Muchos Estados miembros transpusieron la disposición con mayor detalle, añadiendo, por ejemplo, que el derecho a permanecer en silencio conlleva el derecho a hacer comentarios sobre la acusación, a hacer una declaración o a responder, o no, preguntas. 3.3.2.Proporcionar información en un lenguaje «sencillo y accesible» y tener en cuenta las necesidades particulares de las personas vulnerables – artículo 3, apartado 2 La mayoría de los Estados miembros transpuso esta disposición, aunque sus planteamientos varían. Algunos Estados miembros hicieron referencias generales a las personas vulnerables, sin mencionar ninguna categoría específica ni definir la vulnerabilidad. Otros Estados miembros mencionan categorías específicas de personas vulnerables, tales como: ·personas con deficiencias de audición y habla;

·personas con discapacidad visual; ·personas con discapacidad mental; ·personas con dificultades de aprendizaje; ·personas que padecen enfermedades mentales; ·personas mayores de 75 años; ·mujeres embarazadas; ·padres solteros con hijos menores y ·personas que han sufrido torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Sin embargo, algunos Estados miembros no prevén un trato especial para las personas vulnerables, lo cual no se ajusta plenamente a la Directiva. En un Estado miembro, las necesidades de las personas vulnerables solo deben tenerse en cuenta si la persona está detenida. En algunas jurisdicciones no está claramente regulado quién está protegido y cuándo. Once Estados miembros han transpuesto la obligación de proporcionar información sobre los derechos en un «lenguaje sencillo y accesible» de forma explícita en su legislación nacional. Sin embargo, catorce Estados miembros no cumplen el requisito de proporcionar la información pertinente en una lengua que la persona comprenda o no indican que la información debe proporcionarse en un «lenguaje sencillo y accesible». 3.4.Declaración sobre los derechos en el momento de la detención (artículo 4) El artículo 4 de la Directiva obliga a los Estados miembros a facilitar con prontitud a las personas privadas de libertad una declaración de derechos que contenga información sobre otros derechos específicos enumerados en la Directiva. El anexo de la Directiva establece modelos de declaraciones para I) las personas detenidas o privadas de libertad y II) las personas detenidas sobre la base de una orden de detención europea. 3.4.1.Disposiciones de la declaración de derechos – artículo 4, apartado 1 El artículo 4, apartado 1, de la Directiva establece que los Estados miembros deben garantizar que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad reciba con prontitud una declaración de derechos escrita. Se le dará ocasión de leer la declaración de derechos y se le permitirá conservarla en su poder durante todo el tiempo que dure la privación de libertad. Casi todos los Estados miembros disponen de normas nacionales que exigen una declaración de derechos. Mientras que algunos Estados miembros mencionan literalmente la declaración de derechos, otros utilizan una terminología diferente, como «declaración», «información, notificación o aviso por escrito» o «folleto». Sin embargo, a pesar de la diferencia de terminología, todos los documentos mencionados en las respectivas legislaciones nacionales cumplen la función de una declaración de derechos con arreglo a la Directiva. La legislación de un Estado miembro no prevé una declaración de derechos como tal. Aunque hace referencia a una declaración de derechos escrita, su finalidad no es solo informativa. La declaración se entrega a la persona cuando se la acusa formalmente y se le presenta un escrito de acusación y un acta del interrogatorio para que la firme. Este documento menciona algunos de los derechos de la persona acusada, pero no se ajusta a la lista establecida en la Directiva. Otro Estado miembro tampoco dispone de una declaración de derechos estándar. Los tribunales y la policía utilizan diferentes modelos y no está claro si estos modelos diferentes incluyen todos los derechos exigidos por la Directiva. Además, no se garantiza que la persona pueda conservar la declaración. La mayoría de los Estados miembros transpuso el requisito de presentar la declaración de derechos «con prontitud», aunque lo expresaron de diferentes maneras en sus legislaciones nacionales. Sin embargo, la legislación nacional de algunos Estados miembros no determina cuándo debe facilitarse la declaración o permite que la obligación de la autoridad varíe en función del tipo de procedimiento. No todos los Estados miembros transpusieron de forma explícita la obligación de dar a los sospechosos y acusados la ocasión de leer y conservar la declaración de derechos. Además, un Estado miembro permite apartarse de la obligación de facilitar información escrita a la persona (incluso en una fase posterior) en los casos en que sea razonable no facilitar información escrita y se considere que facilitar información oral es suficiente. 3.4.2.Contenido de la declaración de derechos – artículo 4, apartado 2

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva introduce la lista de derechos que debe contener la declaración, además de la información establecida en el artículo 3 de la Directiva, a saber: a)el derecho de acceso a los materiales del expediente; b)el derecho a informar a las autoridades consulares y a una persona; c)el derecho de acceso a atención médica urgente; y d)el máximo número de horas o días que una persona sospechosa o acusada puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial. 3.4.2.1. Información sobre el derecho de acceso a los materiales del expediente – artículo 4, apartado 2, letra a) Casi todos los Estados miembros transpusieron esta disposición de forma adecuada. Algunos Estados miembros utilizan una referencia general al derecho de acceso a los materiales del expediente, por ejemplo, el derecho a consultar o examinar el expediente del caso, el derecho a acceder a las pruebas o a la documentación judicial, a los documentos del caso penal o a la información recopilada durante la investigación judicial. Sin embargo, en ocho Estados miembros se plantean algunos problemas. El Estado miembro que no dispone de una «declaración de derechos» (véase el punto 3.4.1) no tiene normas que hagan referencia al derecho de acceso a los materiales del expediente. Cuatro Estados miembros prevén el acceso a los documentos esenciales relacionados con la detención y la privación de libertad en lugar de la información general sobre el acceso a los materiales del expediente. Por último, en un Estado miembro no está claro si, para determinados tipos de procesos penales, la información sobre el derecho de acceso a los materiales del expediente está incluida en la declaración de derechos. 3.4.2.2. Información sobre el derecho a informar a las autoridades consulares y a una persona – artículo 4, apartado 2, letra b) Una gran mayoría de Estados miembros transpuso correctamente esta disposición. En algunos Estados miembros existían algunos problemas de conformidad con la Directiva, por ejemplo, debido al hecho de establecer un límite para ponerse en contacto con los miembros de la familia exclusivamente, o ponerse en contacto con un pariente, una institución educativa o un empleador. En un Estado miembro, el derecho a ponerse en contacto con las autoridades consulares no está incluido en la declaración de derechos. 3.4.2.3. Información sobre el derecho de acceso a atención médica urgente – artículo 4, apartado 2, letra c) Casi todos los Estados miembros (excepto uno) transpusieron esta disposición. Un Estado miembro prevé el derecho a atención médica, pero no se menciona en la propia declaración de derechos. 3.4.2.4.Información sobre el máximo número de horas o días que una persona sospechosa o acusada puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial – artículo 4, apartado 2, letra d) La mayor parte de los Estados miembros transpuso esta disposición de forma adecuada. Sin embargo, la legislación nacional de cada país varía en cierta medida, ya que la Directiva no especifica el tiempo máximo que una persona puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial. En cinco Estados miembros surgen problemas debido a la falta de información sobre estos plazos en las declaraciones de derechos nacionales. En un Estado miembro, la declaración de derechos que se entrega a las personas privadas de libertad contiene información pertinente, mientras que la declaración de derechos que se entrega a las personas bajo arresto no contiene ninguna referencia al plazo máximo. 3.4.3.Información básica sobre la posibilidad de impugnar la detención o privación de libertad y solicitar la libertad provisional – artículo 4, apartado 3 De conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, la declaración de derechos debe contener información sobre las posibilidades, con arreglo al Derecho nacional, de impugnar la legalidad de la detención, obtener la revisión de la privación de libertad o presentar una solicitud de libertad provisional. Una mayoría de Estados miembros transpuso esta disposición de forma adecuada. Sin embargo, en cinco Estados miembros las normas nacionales no garantizan que las declaraciones de derechos incluyan información sobre la posibilidad de impugnar la legalidad de la detención, obtener una revisión de esta o presentar una solicitud de libertad provisional. En un Estado miembro, en el que no existe una declaración de derechos propiamente dicha (véase el punto 3.4.1), esta información no se facilita a la persona sospechosa o acusada. 3.4.4.Modo de redactar la declaración de derechos –modelo indicativo– artículo 4, apartado 4 El artículo 4, apartado 4 de la Directiva, establece que la declaración de derechos debe redactarse en un lenguaje sencillo y accesible. En el anexo I de la Directiva también se establece un modelo indicativo de declaración de derechos.

La mayoría de los Estados miembros prevé una declaración de derechos redactada en un lenguaje sencillo y accesible. Doce Estados miembros así lo establecen de forma explícita en su legislación nacional, mientras que en ocho Estados miembros esto puede deducirse del contenido real del modelo de declaración de derechos. Sin embargo, la legislación nacional de cinco Estados miembros no garantiza que la información escrita se proporcione en un lenguaje sencillo y accesible y, debido a la ausencia de un modelo nacional, no se pudo determinar si se cumple este requisito. En un Estado miembro en el que no existe una declaración de derechos propiamente dicha (véase el punto 3.4.1), este requisito no se cumple. 3.4.5.Lengua de la declaración de derechos – artículo 4, apartado 5 El artículo 4, apartado 5, de la Directiva, obliga a los Estados miembros a que garanticen que la persona sospechosa o acusada reciba una declaración de derechos escrita en una lengua que comprenda. Cuando no se disponga de la declaración de derechos en la lengua apropiada, se debe informar a la persona sospechosa o acusada de sus derechos oralmente, en una lengua que comprenda. Posteriormente se le deberá entregar, sin demora indebida, una declaración de derechos en una lengua que comprenda. Trece Estados miembros transpusieron esta disposición de forma correcta. Tres Estados miembros no la transpusieron. Otros no transpusieron plenamente este artículo porque, por ejemplo, no garantizan que, si la declaración de derechos en la lengua apropiada no está disponible, se proporcione información oral a las personas sospechosas y acusadas en una lengua que comprendan y que a dicha información le siga una traducción de la declaración de derechos. Además, algunos Estados miembros no exigen que se facilite «sin demora indebida» una traducción de la declaración de derechos. Por último, en un Estado miembro la información solo debe facilitarse oralmente cuando la persona no sepa leer ni escribir y no cuando la información no esté disponible en la lengua apropiada. 3.5.Declaración sobre los derechos en el marco del procedimiento de la orden de detención europea (artículo 5) De conformidad con el artículo 5 de la Directiva, las personas detenidas para ejecutar una orden de detención europea deben recibir una declaración de derechos en la que se enumeren sus derechos específicos, con arreglo a la legislación de aplicación de la Decisión marco 2002/584/JAI. El apartado 1 exige que la información se facilite con prontitud, y el apartado 2 establece que la declaración de derechos debe redactarse en un lenguaje sencillo y accesible y hace referencia al modelo de declaración que figura en el anexo II. 3.5.1.Proporcionar una declaración de derechos en el marco del procedimiento de la orden de detención europea – artículo 5, apartado 1 Casi todos los Estados miembros transpusieron esta disposición de forma adecuada. Varios Estados miembros mencionan la declaración de derechos de forma literal, otros han elegido una terminología diferente, como «declaración», «información escrita», «notificación escrita», «aviso escrito» o «folleto». La mayoría de los Estados miembros transpuso el requisito de «con prontitud» (a veces parafraseado como «inmediatamente», «sin demora indebida», «en el momento de notificación de la detención», «en el momento de la recepción», «lo antes posible» o «tan pronto como sea posible»). No obstante, tres Estados miembros no cumplen este requisito. En varios Estados miembros no existen disposiciones específicas que regulen la obligación de informar sobre los derechos de las personas sospechosas y acusadas en el marco del procedimiento de la orden de detención europea. Una «disposición puente» significa que las normas aplicables en los procesos penales se aplican también en el marco del procedimiento de la orden de detención europea. Esto es motivo de preocupación, ya que el contenido de la declaración de derechos en virtud del artículo 4 de la Directiva difiere del exigido en virtud del artículo 5. Por último, un Estado miembro no exige una declaración de derechos para los procedimientos relativos a la orden de detención europea. En otros dos Estados miembros no está claro si la información pertinente se facilita por escrito. 3.5.2.Modo de redactar la declaración de derechos –modelo indicativo– artículo 5, apartado 2 De conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la declaración de derechos en el marco del procedimiento de la orden de detención europea debe redactarse en un lenguaje sencillo y accesible. En el anexo II de la Directiva también se establece un modelo indicativo de declaración de derechos. La mayoría de los Estados miembros dispone la existencia de una declaración de derechos redactada en un lenguaje sencillo y accesible. Once Estados miembros establecen este requiso de forma explícita en su legislación nacional, mientras que en seis Estados miembros esto puede deducirse del contenido real del modelo de declaración de derechos. Sin embargo, en el caso de los demás Estados miembros, la legislación nacional no garantiza que la información escrita se proporcione en un lenguaje sencillo y accesible. Debido a que no existe un modelo nacional, no pudo determinarse si se cumple este requisito. 3.6.Derecho a recibir información sobre la acusación (artículo 6) El artículo 6 de la Directiva establece la obligación de informar a las personas sospechosas y acusadas sobre la acusación y cualquier cambio en ella. 3.6.1.Información con prontitud y detalle sobre la infracción penal: artículo 6, apartado 1 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva, obliga a los Estados miembros a que garanticen que se proporcione a toda persona sospechosa o acusada información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o de cuya comisión se le acusa. Esta información debe facilitarse con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y garantizar que la defensa pueda ejercer sus derechos de forma efectiva.

Todos los Estados miembros, excepto dos, cumplieron la obligación de facilitar con prontitud la información sobre la acusación. Muchos de ellos optaron por paráfrasis como «lo antes posible», «inmediatamente», «sin demora indebidas», «en el plazo más breve posible» o «urgentemente», aunque, no obstante, la información se facilita por lo general antes del primer interrogatorio. El alcance y el contenido de la información proporcionada difieren según la legislación nacional. Algunos Estados miembros optaron por introducir normas más detalladas y la información que se facilita a la persona sospechosa o acusada va más allá de los requisitos de la Directiva. 3.6.2.Información sobre el motivo de la detención y la privación de libertad y sobre la infracción penal – artículo 6, apartado 2 De conformidad con el artículo 6, apartado 2, toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad tiene derecho a ser informada de los motivos de su detención o privación de libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de cuya comisión se le acusa. La mayoría de los Estados miembros dispone que toda persona sospechosa o acusada privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de libertad. Sin embargo, en dos Estados miembros este derecho no se garantiza de forma explícita a las personas que han sido detenidas, sino solo a las privadas de libertad. En un Estado miembro, la información sobre los motivos de la detención o privación de libertad solo se facilita cuando se entrega a la persona a una institución penitenciaria. Por último, en la legislación nacional de otro Estado miembro se dispone que la persona detenida o privada de libertad debe ser informada de los hechos, pero no se especifica que deban indicarse los motivos de la detención o privación de libertad. 3.6.3.Información sobre la acusación: la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación – artículo 6, apartado 3 Con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva, los Estados miembros deben garantizar que se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada. Esta información debe facilitarse a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presenta ante un tribunal. La mayoría de los Estados miembros transpuso fielmente esta disposición. En varios Estados miembros se producen disparidades en cuanto al momento en que se facilita la información sobre la acusación. En seis Estados miembros, la fiscalía remite primero el contenido del asunto al tribunal y solo después a la persona acusada. En un Estado miembro es posible que los cargos se notifiquen al acusado solo unos instantes antes de su comparecencia ante el tribunal. En dos Estados miembros no está claro si la decisión se entrega a la persona acusada, a más tardar, en el momento en que el contenido de la acusación se presenta ante un tribunal. Por último, en un Estado miembro se facilita información detallada sobre la acusación a más tardar en el momento de la audiencia sustantiva del caso o asunto por el tribunal. La interpretación de la expresión «a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente ante un tribunal» fue objeto de una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia. El Tribunal declaró que «el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13/UE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se comunique a la defensa información detallada sobre la acusación después de que se haya presentado el escrito de acusación ante el juez, pero antes de que este último comience a examinar el fondo de la acusación y de que se abran los debates ante él, o incluso con posterioridad a la apertura de esos debates pero antes de la fase de deliberación en el caso de que la información así comunicada sea objeto de modificaciones ulteriores, a condición de que el juez adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de defensa y la equidad del proceso». En algunos Estados miembros se plantean problemas en relación con el contenido de la información facilitada. Por ejemplo, la legislación nacional no estipula que la persona sospechosa o acusada deba recibir información de manera detallada sobre la acusación, que mencione la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, o especifique la naturaleza de la participación del acusado. En algunas legislaciones nacionales siguen existiendo incertidumbres generales sobre el nivel de detalle proporcionado respecto del contenido de las resoluciones. Por último, la cuestión de cómo informar a las personas que no tienen domicilio o residencia fijos en la jurisdicción territorial de un Estado miembro ha sido objeto de dos peticiones de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. 3.6.4.Información actualizada – artículo 6, apartado 4 Con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva, la persona sospechosa o acusada debe ser informada con prontitud sobre cualquier cambio que se produzca en la información sobre la acusación cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del procedimiento. La mayoría de los Estados miembros transpuso correctamente esta disposición, pero en cinco de ellos no se pudo identificar ninguna medida de aplicación. En otros Estados miembros surge la preocupación porque solo es necesario comunicar determinados cambios (por ejemplo, cambios en la tipificación jurídica) o porque no se especifica el momento de la información. 3.7.Derecho de acceso a los materiales del expediente (artículo 7) El artículo 7 de la Directiva establece normas relativas al acceso a los materiales del expediente. 3.7.1.Derecho de acceso a los documentos esenciales para impugnar la detención o la privación de libertad – artículo 7, apartado 1 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva, cuando una persona sea objeto de detención y privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, aquellos documentos relativos al expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad, deben entregarse a la persona detenida o a su abogado. La evaluación de las medidas nacionales de aplicación muestra que la comprensión de «documentos esenciales», así como el alcance global del acceso, difiere en los distintos Estados miembros. Solo algunos Estados miembros especifican el criterio de «documentos esenciales». Un Estado miembro enumera los documentos esenciales; otro Estado miembro define y nombra explícitamente los documentos esenciales. Otras dos jurisdicciones también ofrecen una definición, pero la decisión sobre este asunto corresponde al oficial de custodia o al tribunal. Los demás Estados miembros no definen qué constituye un documento esencial.

Además, algunos Estados miembros permiten que se deniegue el acceso a documentos esenciales. En varios Estados miembros, las restricciones existentes en relación con el acceso a los materiales del expediente (véanse a continuación el punto 3.7.2 relativo al artículo 7, apartado 2 y el punto 3.7.4 relativo al artículo 7, apartado 4) se extienden también a los documentos esenciales para impugnar la legalidad de la detención o de la privación de libertad. Las autoridades encargadas del caso pueden denegar el acceso a documentos esenciales si se vulneran los derechos o intereses fundamentales de otras personas o si se compromete seriamente otra investigación. En consonancia con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se excluye que una parte de los materiales del expediente pueda mantenerse en secreto para evitar que los sospechosos manipulen las pruebas y perjudiquen el curso de la justicia. Sin embargo, esta denegación de acceso no puede llevarse a cabo a expensas de restricciones sustanciales de los derechos de defensa. En algunos casos se hace referencia a la presencia de «factores de contrapeso» que deberían garantizar que la persona o su abogado tengan la posibilidad de impugnar de manera efectiva la detención. Otros problemas que se plantean en el contexto de esta disposición se refieren principalmente al momento del acceso a los documentos esenciales. Mientras que el artículo 7, apartado 1, hace referencia a «cualquier fase del proceso penal», en algunos Estados miembros el acceso a los documentos esenciales solo se concede tras los primeros interrogatorios o incluso una vez concluida la investigación previa al juicio. En un Estado miembro no todos los documentos esenciales se entregan a las personas detenidas que se encuentran bajo custodia policial. 3.7.2.Derecho de acceso a la totalidad de las pruebas materiales – artículo 7, apartado 2 El artículo 7, apartado 2, de la Directiva, obliga a los Estados miembros a que garanticen que la persona sospechosa o acusada, o sus abogados tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa. La mayoría de los Estados miembros transpuso plenamente esta disposición. No obstante, surgen problemas cuando se concede el acceso al expediente del caso, pero este no contiene todas las pruebas materiales. En algunos casos, las pruebas que se mantienen fuera del expediente del caso no son accesibles, o lo son únicamente en la fase de juicio. Como se ha mencionado anteriormente (véase el punto 3.7.1), en un Estado miembro solo el abogado tiene pleno acceso al expediente del caso. Si una persona sospechosa o acusada no está representada por un abogado no tiene pleno acceso al expediente, sino solo a determinados documentos. Por último, también existe preocupación porque algunos Estados miembros aplican numerosas excepciones al derecho de acceso al expediente (véase el punto 3.7.4). 3.7.3.Disponibilidad de la totalidad de las pruebas materiales con la debida antelación – artículo 7, apartado 3 El artículo 7, apartado 3, de la Directiva, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1), el acceso a las pruebas materiales debe concederse con la debida antelación que permita el ejercicio efectivo de los derechos de defensa y a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal. Si llegan a poder de las autoridades competentes más pruebas materiales, debe concederse acceso a las mismas con la debida antelación para que puedan ser estudiadas. La mayoría de los Estados miembros transpuso fielmente esta disposición. Sin embargo, siguen existiendo algunas discrepancias en las jurisdicciones nacionales. Un Estado miembro no establece ningún plazo límite para el acceso al expediente, mientras que en otros el acceso solo se concede una vez concluida la investigación previa al juicio y se haya adoptado o notificado el escrito de acusación. En este contexto, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto Kolev anteriormente mencionado que «El artículo 7, apartado 3, de esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional asegurarse de que se ofrezca a la defensa una posibilidad efectiva de acceder a los materiales del expediente, acceso que puede tener lugar, en su caso, después de que se haya presentado el escrito de acusación ante el órgano jurisdiccional que indica la fase de juicio del procedimiento, pero antes de que este último comience examinar el fondo de la acusación y de que se abra la vista, o incluso con posterioridad a la apertura de dicha vista pero antes de la fase de deliberación en el caso de que se hayan aportado a los autos nuevas pruebas en el transcurso del procedimiento, a condición de que el órgano jurisdiccional adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de defensa y la equidad del proceso». Por último, en otro Estado miembro solo se garantiza el acceso en la fase previa al juicio si ello «redunda en interés de la justicia en relación con los hechos del caso concreto». Por último, en dos jurisdicciones no existen disposiciones claras sobre el acceso a las pruebas materiales y sigue habiendo dudas sobre cuándo y en qué medida se concede el acceso al expediente. 3.7.4.Excepción al derecho de acceso a la totalidad de las pruebas materiales tras una decisión judicial o una decisión sujeta a control judicial – artículo 7, apartado 4 Con arreglo al artículo 7, apartado 4, de la Directiva, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 3, podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como cuando se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros deben garantizar que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a determinados materiales en virtud de este apartado o, por lo menos, que dicha decisión se someta a control judicial. La excepción prevista en el artículo 7, apartado 4, se aplicará siempre que no afecte al derecho a un juicio equitativo. La evaluación de las medidas nacionales de aplicación muestra que el artículo 7, apartado 4, es una de las disposiciones que presenta un mayor nivel de disparidad entre los Estados miembros. Diez Estados miembros permiten las denegaciones basadas en los motivos establecidos en la Directiva, mientras que otros aplican un enfoque menos restrictivo. Por lo que se refiere a la denegación de acceso al expediente sobre la base de una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de las personas, algunos Estados miembros requieren un «peligro grave para la vida, la salud, la integridad física o la libertad de una persona», o «un riesgo para las personas y una violación grave de su intimidad». Sin embargo, en otras jurisdicciones no es necesario que el «riesgo» para las personas sea grave. Algunos establecen que se pueden invocar «intereses privados o intereses de otras personas». En varios Estados miembros puede restringirse el acceso debido a «riesgos de presión o amenaza sobre las víctimas, los testigos, los investigadores, los peritos o cualquier otra persona que interviene en el proceso». Por lo que se refiere a la denegación de acceso al expediente debido a la necesidad de salvaguardar un interés público importante, solo algunos Estados miembros hacen referencia explícita a la necesidad de salvaguardar un interés público «importante» y, en general, se refieren a un «interés público» o a un «interés de la sociedad». En algunos Estados miembros, la «seguridad nacional» se considera un motivo de denegación y en una jurisdicción se añade los motivos de «defensa». Muchos Estados miembros también deniegan el acceso cuando dicho acceso pudiera perjudicar una investigación en curso. Las leyes nacionales invocan un perjuicio general, peligro o daño para la propia investigación. En algunas jurisdicciones, estos motivos también pueden estar relacionados con otras investigaciones. También se utilizan términos más generales, como «motivos graves», sin describir sus implicaciones de forma más detallada. Por último, casi todos los Estados miembros cumplen el requisito de que la decisión de denegar el acceso a los documentos la adopte una autoridad judicial o que, al menos, esté sometida a control judicial. Algunos Estados miembros no prevén el control judicial en la fase de investigación policial. En estos casos, el fiscal o un fiscal superior son los encargados de examinar los recursos.

3.7.5.Acceso gratuito a la documentación – artículo 7, apartado 5 De conformidad con el artículo 7, apartado 5, de la Directiva, el acceso a los materiales del expediente debe facilitarse gratuitamente. La mayoría de los Estados miembros transpuso fielmente esta disposición. No obstante, en algunos Estados miembros se han detectado problemas de conformidad, que a menudo se relacionan con el coste de las copias de los expedientes. 3.8.Registro y recursos (artículo 8) El artículo 8 dispone que los Estados miembros registren cuándo se proporciona información a los sospechosos y acusados. También garantiza que el hecho de no proporcionar información de conformidad con la Directiva, o la negativa a hacerlo, pueda impugnarse. 3.8.1.Obligación de registro – artículo 8, apartado 1 El artículo 8, apartado 1, de la Directiva, obliga a los Estados miembros a exigir que, cuando se proporcione a la persona sospechosa o acusada información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 6 de la Directiva, ello debe hacerse constar mediante el procedimiento de registro conforme a la legislación del Estado miembro de que se trate. La mayoría de los Estados miembros transpuso esta disposición conforme a la Directiva. En general, el mantenimiento de registros incluye registrar el hecho de que se ha facilitado información sobre los derechos enumerados en el artículo 3 de la Directiva, registrar la entrega de la declaración de derechos en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, así como hacer constar el hecho y la amplitud de la información proporcionada en relación con las acusaciones. Algunos Estados miembros establecen disposiciones generales sobre la obligación de registro, otros cláusulas específicas o disposiciones nacionales tanto generales como más concretas. En algunos Estados miembros se plantean problemas de conformidad debido a la falta de especificidad de las disposiciones nacionales y a su imprecisión. En algunos Estados miembros, no existe obligación de registro en determinados tipos de procesos penales o en determinadas fases. 3.8.2. Procedimiento de recurso por el hecho de que las autoridades competentes no faciliten o se nieguen a facilitar la información – artículo 8, apartado 2 El artículo 8, apartado 2, de la Directiva, establece la obligación de garantizar que la persona sospechosa o acusada, o sus abogados, tenga derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información de conformidad con la Directiva o se hayan negado a hacerlo. La mayor parte de los Estados miembros transpuso fielmente esta disposición. Casi todos ellos prevén el derecho general a impugnar la negativa a facilitar la información o las omisiones pertinentes de las autoridades competentes. Ello incluye también la negativa a facilitar información sobre los derechos de conformidad con la Directiva, o el hecho de no proporcionarla. Otros Estados miembros tienen disposiciones específicas sobre el derecho a impugnar estas denegaciones u omisiones. Sin embargo, se plantean problemas en algunos Estados miembros. Por ejemplo, el derecho a impugnar la no comunicación de información no ha sido promulgado en la legislación nacional, o el derecho a impugnar la posible omisión o denegación de la información por parte de las autoridades competentes abarca únicamente ciertos derechos o tipos de procedimientos, mientras que otros quedan excluidos. 3.9.Formación (artículo 9) De conformidad con el artículo 9 de la Directiva, los Estados miembros están obligados a exigir a las personas encargadas de la formación de los jueces, fiscales y personal policial y judicial que intervienen en los procesos penales que ofrezcan la formación adecuada con respecto a los objetivos de la Directiva. En general, la mayoría de los Estados miembros no han transpuesto esta disposición de forma explícita. Sin embargo, sus marcos nacionales incluyen, en general, medidas no vinculantes que garantizan programas de formación para el personal judicial. 4.Conclusiones La Directiva se introdujo con el fin de garantizar la aplicación del derecho de las personas sospechas o acusadas a la información en los procesos penales. Al establecer unas normas mínimas comunes europeas, la Directiva tiene un impacto significativo en la protección de las personas sospechosas o acusadas en los Estados miembros, ya que proporciona una aplicación más coherente de los derechos y garantías establecidos en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De este modo, la Directiva contribuye a mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros, tal como se establece en el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales. En general, la Directiva ha aportado valor añadido de la UE al mejorar la protección de los ciudadanos implicados en procesos penales, en particular en algunos Estados miembros en los que el derecho a la información (como el derecho de acceso al expediente) no existía con anterioridad o no estaba tan detallado. El alcance del impacto de la Directiva en los Estados miembros varía en función de los sistemas nacionales de justicia penal existentes. La evaluación pone de manifiesto que en algunos Estados miembros siguen existiendo dificultades respecto de disposiciones fundamentales de la Directiva. Esto ocurre en particular respecto de la declaración de derechos en los procesos penales, los procedimientos relativos a la orden de detención europea, el derecho a la información sobre la acusación y el derecho de acceso a los materiales del expediente.