Este es el vigésimo cuarto informe, correspondiente a 2021. Dicho año se ha caracterizado por un mayor debilitamiento del principio de «un país, dos sistemas», la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), una reforma electoral, la reducción de la libertad de prensa, la disolución de muchos grupos de la sociedad civil defensores de la democracia, en particular sindicatos, y más restricciones de acceso al territorio de Hong Kong como resultado de la pandemia de COVID-19.

Durante los primeros nueve meses de 2021, la economía de Hong Kong volvió a registrar un crecimiento del 7,0 % interanual . La economía se sustenta en los buenos resultados de los sectores comercial, logístico y financiero, mientras que el comercio minorista, el transporte y la construcción todavía atraviesan una situación difícil. Sin embargo, la posición de Hong Kong como centro de negocios internacional podría verse debilitada si continúa el recorte de personal en las empresas extranjeras no chinas. Esto también plantearía nuevos retos en términos de competitividad mundial, disponibilidad de talento y escasez de mano de obra (según una encuesta reciente, la cantidad de empleados de las empresas extranjeras de Hong Kong disminuyó un 4 %, es decir, perdieron 20 000 empleados en dos años).

Hong Kong obtuvo buenos resultados económicos en 2021. Fue el tercer destino más importante para las inversiones y se convirtió en la sexta economía comercial del mundo. Durante los doce meses que finalizaron en junio, al tiempo que el personal extranjero abandonaba el país, la presencia de empresas de la UE aumentó un 3,5 % (hasta alcanzar las 1 614 empresas), de manera que siguió siendo la mayor comunidad empresarial no china de Hong Kong. En 2021, la UE fue el tercer socio comercial de mercancías más importante de Hong Kong, después de China continental y Taiwán.

Durante 2021, la propagación de la COVID-19 se mantuvo en buena medida bajo control en Hong Kong mediante la aplicación de varias restricciones, como la prohibición de las reuniones públicas. Las restricciones de acceso al territorio de Hong Kong se intensificaron cada vez más y, a finales de año, alcanzaron el nivel de severidad de las restricciones de acceso a China continental. La frontera con China continental no se había reabierto a finales de año.

El proyecto de ley relativo a la prestación de juramento añadió otro elemento a la reforma electoral: el 23 de febrero, el Gobierno presentó el proyecto de ley Public Offices (Candidacy and Taking Up Offices) (Miscellaneous Amendments) Bill 2021 [«Proyecto de ley sobre los funcionarios públicos (candidatura y ocupación de cargos) (modificaciones diversas) de 2021», documento no disponible en español], que establece la obligación de que los miembros actuales y futuros de los consejos de distrito presten juramento al asumir sus funciones. La ley entró en vigor el 21 de mayo. Como consecuencia de ello, en julio se produjo la dimisión de un primer grupo de 214 concejales de distrito, después de que los medios de comunicación empezaran a informar de que el Gobierno podía reclamar retroactivamente los sueldos y otras prestaciones de las personas inhabilitadas. A partir de septiembre, las autoridades inhabilitaron a 49 concejales de distrito defensores de la democracia, poniendo en tela de juicio la sinceridad de su juramento de defender la Ley Fundamental y ser leales a la RAE, supuestamente basándose en opiniones que estos habían expresado anteriormente, de forma que se confirmó el carácter retroactivo de la ordenanza. Este cambio invalidó los resultados de las elecciones a los consejos de distrito de noviembre de 2019, en las que los candidatos defensores de la democracia habían conseguido más del 80 % de los escaños y obtenido la mayoría absoluta en 17 de los 18 consejos de distrito. El 21 de octubre, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) emitió una declaración sobre la expulsión de los concejales de distrito elegidos democráticamente y la reducción del espacio para la sociedad civil.

Asimismo, la reforma electoral exigió la creación de un Comité de Revisión de la Admisibilidad de los Candidatos para excluir a los candidatos considerados «antipatriotas» de las elecciones al Comité Electoral, al Consejo Legislativo y al Poder Ejecutivo. Las decisiones adoptadas previa consulta con el Comité de Seguridad Nacional no serían objeto de recursos judiciales. La reforma también consideró que constituía delito pedir a los votantes que emitieran votos en blanco.

El Comité Electoral se amplió de 1 200 a 1 500 miembros (en la práctica, cuenta con 1 448 miembros, fundamentalmente partidarios del régimen). En septiembre, este comité fue elegido por 4 389 personas, lo que representa un índice de participación electoral del 89,77 %. Los votantes solo eligieron a un político que se autoproclamó «no partidario del régimen». Se modificaron la composición y el papel del comité. Se eliminaron los 117 escaños reservados a concejales de distrito y se añadieron nuevos escaños para miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y para miembros de Hong Kong de organizaciones nacionales seleccionadas. Se dotó al Comité Electoral de nuevas competencias de escrutinio, en particular de la facultad de intervenir en la elección de prácticamente la mitad de los miembros del Consejo Legislativo.

Las disposiciones relativas a la aplicación extraterritorial de la LSN siguen siendo motivo de preocupación. Al parecer, cerca de treinta activistas radicados en el extranjero figuran en una lista de personas buscadas por las fuerzas del orden. En esta lista figuran varios nacionales no chinos.

Se revisó el código impositivo para establecer que cualquier grupo que apoyase, promulgase o participase en actividades perjudiciales para la seguridad nacional no se reconocería como organización benéfica. Al igual que en China continental, solo las organizaciones de la sociedad civil que participan en ámbitos que no cuestionan al Gobierno pudieron mantener su actividad.

En 2021 también se produjeron profundos cambios en la sociedad civil de Hong Kong. Todas las organizaciones de la sociedad civil importantes que no eran partidarias del régimen se disolvieron por miedo a la LSN, y algunos activistas alegaron que se enfrentaban a amenazas a su seguridad personal. También se disolvieron el Frente Civil de Derechos Humanos, el Grupo de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos en China, la Alianza de Hong Kong en apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, la Alianza Democrática, el grupo local de Amnistía Internacional, así como uniones de estudiantes, sindicatos, grupos de medios de comunicación y grupos vinculados a la iglesia. En total, se disolvieron más de cincuenta organizaciones. Muchos de sus dirigentes fueron detenidos.

En 2021 se puso fin a la oposición política efectiva en Hong Kong. El Partido Democrático, el Partido Cívico y otros pocos partidos siguen existiendo, pero su posición es cada vez más débil, ya que se cuestionó su existencia a menos que desempeñaran el papel de «oposición leal». Sin embargo, estos partidos no presentaron candidatos a las elecciones del Consejo Legislativo, y a la mayoría de los líderes políticos democráticos se les impidió presentarse a las elecciones. Pasión Civil, el único partido «no partidario del régimen» que seguía formando parte del Consejo Legislativo en 2021, se disolvió en septiembre. La Alianza por la Democracia Genuina se disolvió en agosto y los Neodemócratas, en junio.

Por el contrario, el acceso a Hong Kong desde otros países se volvió cada vez más difícil. Esto contribuyó al relativo aislamiento de Hong Kong y suscitó dudas sobre su condición de centro internacional a largo plazo. Los debates de Hong Kong sobre posibles «burbujas de viajes» no fueron concluyentes. En junio, la UE añadió a Hong Kong a la lista de países y territorios con los que podrían realizarse viajes no esenciales.

La libertad de los medios de comunicación ha disminuido. En enero, funcionarios de policía visitaron las salas de prensa de Stand News y Apple Daily con órdenes de registro que exigían la entrega de documentos relacionados con las elecciones primarias democráticas de 2020. Apple Daily cerró en junio. Los antiguos ejecutivos y editores de Apple Daily, junto con tres empresas anteriormente asociadas al periódico, fueron acusados de colusión con fuerzas extranjeras según la LSN. Las dificultades para Next Digital, la empresa matriz de Apple Daily, continuaron mucho después de que el periódico dejara de imprimirse.

Con arreglo a la Declaración Conjunta Chino-Británica, Hong Kong mantuvo su sistema jurídico de Derecho común y forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Ley Fundamental establece que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como se aplica en Hong Kong, seguirá en vigor y se aplicará a través de la legislación de Hong Kong. El cierre de las oficinas locales y regionales de Amnistía Internacional en octubre de 2021 confirmó que Hong Kong ya no es un puerto seguro para el activismo en defensa de los derechos humanos.

El 4 de junio, la policía detuvo a título preventivo a un líder de la Alianza. Varios ciudadanos que acudieron al Parque Victoria, donde se realizó la vigilia en años anteriores, también fueron detenidos. El Museo del 4 de junio, gestionado por la Alianza desde hace diez años, cerró en junio después de que el Departamento de Higiene Alimentaria y Medioambiental declarara que no disponía de licencia como local de entretenimiento público. La policía hizo una redada en dicho Museo septiembre, poco después de la detención de los dirigentes de la Alianza. Las autoridades de Hong Kong adoptaron medidas exhaustivas para suprimir la conmemoración de la represión del 4 de junio en otros ámbitos. El Pilar de la Vergüenza, una escultura concebida para conmemorar la represión de la Plaza de Tiananmen, fue retirada del lugar donde se encontraba en ese momento en la Universidad de Hong Kong, a petición de la universidad. Desde entonces, la Universidad China de Hong Kong, la Universidad de Lingnan y la Universidad de la Ciudad de Hong Kong han seguido su ejemplo y han retirado de sus campus las obras de arte relacionadas con dicho acontecimiento. Las bibliotecas públicas también han retirado libros sobre la represión.

Por segundo año consecutivo, las autoridades no permitieron que se celebraran actos en conmemoración de la represión de la Plaza de Tiananmen de 1989, alegando para ello motivos de salud pública relacionados con la pandemia. Veinticuatro activistas que participaron en la vigilia en 2020 fueron acusados de «haber participado en una reunión no autorizada». De todos ellos, veintiuno fueron condenados a penas de entre cuatro y veinticuatro meses de prisión, mientras que el resto recibió penas suspendidas.

La libertad de reunión fue objeto de restricciones, como consecuencia de la LSN y de la pandemia de COVID-19. Desde julio de 2020 se rechazan las solicitudes de reunión pública. Desde marzo de 2020 están prohibidas las reuniones públicas de más de cuatro personas. El Frente Civil de Derechos Humanos decidió no organizar su marcha anual del 1 de julio que conmemora el aniversario del traspaso de poderes. Por motivos de salud pública, se prohibió la vigilia del 4 de junio, organizada durante más de veinte años por la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China.

Según el informe anual del Departamento de Servicios Correccionales, en 2020, la cantidad promedio de personas en prisión provisional en centros de internamiento pasó de 1 436 a 1 962, aumentando así un 37 %, y alcanzando el nivel más alto de los últimos diez años. Con frecuencia se socavaron los derechos de los reclusos debido al hacinamiento, en particular en los centros de detención preventiva. Wall fare, el principal grupo de defensa de los derechos de los reclusos, se disolvió en septiembre de 2021. Otra asociación importante que presta apoyo a los reclusos, el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, cesó sus actividades y está siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de la policía por «sospecha de violación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong o de otras leyes de Hong Kong».

Las uniones civiles o entre personas del mismo sexo aún no son reconocidas en Hong Kong, pero se han observado algunos avances en relación con los derechos de las personas LGBTI. En junio, el Tribunal de Primera Instancia dictaminó que la política del Gobierno de negar a las parejas del mismo sexo el derecho de añadir inquilinos y transferir la propiedad de viviendas subvencionadas constituía un acto de discriminación ilegal basada en la orientación sexual. En octubre, en una demanda interpuesta por un viudo homosexual, el Gobierno aclaró que las políticas y directrices de diversos departamentos no prohibían la prestación de servicios funerarios a los cónyuges del mismo sexo de los fallecidos y negaron a dichos cónyuges la posibilidad de solicitar un certificado de defunción. La representación positiva de las personas LGBTI en los medios de comunicación dominantes se generalizó con The Gay Games, la primera serie televisiva de Hong Kong que aborda las relaciones homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo, inicialmente prevista para noviembre de 2022 y cuyo lanzamiento se pospuso debido a los problemas que suponían las restricciones de viaje impuestas debido a la COVID-19. La jefa ejecutiva y otros políticos defensores del régimen expresaron su apoyo a la serie. El acto anual Pink Dot y el Desfile del Orgullo se realizaron en lugares cerrados.

Las minorías étnicas representaban el 4 % de los residentes permanentes de Hong Kong. Fueron víctimas de discriminación, en particular en los ámbitos del acceso a la vivienda, la atención sanitaria y la educación de calidad. Dado que a menudo ocuparon puestos de escasa cualificación, se vieron especialmente afectados por el impacto social de la pandemia. Se calcula que uno de cada tres miembros de esta comunidad vive en la pobreza.

Hong Kong siguió sin firmar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La política del Gobierno consiste en no determinar el estatuto de los refugiados ni conceder asilo a nadie. Sin embargo, acepta solicitudes de no devolución y protección frente el retorno, la entrega y la expulsión de Hong Kong, en el marco del Mecanismo Unificado de Selección. Según el Gobierno, en 2021 13 000 refugiados presentaron solicitudes en Hong Kong. Según algunas estimaciones, el promedio de solicitudes aceptadas en los últimos once años era del 1 %. La legislación en vigor prohíbe trabajar a los solicitantes de protección.

En abril, el Gobierno modificó la nueva ley de inmigración, que entró en vigor en agosto. La ley otorgó plenas facultades a las autoridades para impedir que los residentes y otras personas entren o salgan de la RAE sin una resolución judicial. La Oficina de Seguridad prometió que propondría leyes subsidiarias que limiten dichas facultades a los vuelos de llegada, con el fin de combatir la inmigración ilegal a través de las fronteras, pero no estableció un calendario.

La asistencia a la infancia y la vejez siguió dependiendo de los trabajadores domésticos extranjeros, en su mayoría procedentes de Filipinas e Indonesia. Sus condiciones de trabajo siguen siendo problemáticas, ya que siguen teniendo la obligación legal de residir con sus empleadores, lo que en ocasiones dificulta la protección de dichos trabajadores frente a los abusos. Las restricciones de acceso a Hong Kong provocaron escasez de empleados domésticos. Para hacer frente a la escasez, el Gobierno abrió hoteles de cuarentena específicos para empleados domésticos, pero congeló su salario mínimo.

Desde la declaración del Gobierno de China en el momento de la adhesión, el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas no se aplica a Hong Kong.

El sistema de lucha contra la corrupción siguió siendo resiliente. Las autoridades y los líderes políticos y empresariales reconocen que la transparencia es vital para que Hong Kong mantenga su preeminencia como centro de negocios internacional.

II. Evolución económica

Hong Kong sigue teniendo una economía muy abierta (el comercio de mercancías representó cerca del 300 % del PIB). Se intensificó la integración política y económica con China continental, en particular a través de la Gran Área de la Bahía y de unos vínculos más estrechos entre los mercados financieros. Sin embargo, siguen existiendo algunas diferencias económicas, como el comercio libre y abierto, la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias poco significativas, la protección de la propiedad privada y de los derechos de propiedad intelectual.