Dictamen no 5/2002

del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre una propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la reforma de la Comisión

(2002/C 236/01)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de marzo de 2002, la Comisión presentó una propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la reforma de la Comisión(1).

El Consejo solicitó al Tribunal, mediante carta recibida por éste el 11 de abril de 2002, que emitiera dictamen sobre dicha propuesta modificada.

La propuesta modificada tiene por objeto autorizar la jubilación anticipada (cese incentivado) de 600 funcionarios de la Comisión, 200 cada año entre 2002 y 2004, para tener en cuenta las necesidades de renovación de las competencias profesionales.

El Tribunal ha examinado la propuesta modificada y emitido el presente Dictamen, apoyándose en los argumentos siguientes:

1. En su exposición de motivos, la Comisión declara que la jubilación anticipada de 600 de sus funcionarios permitiría contratar 273 nuevos funcionarios y sería una operación neutra a efectos presupuestarios, ya que el coste de las contrataciones se equilibraría con el ahorro generado por las jubilaciones. Según esta misma exposición, la cifra de 600 funcionarios se estableció a partir de un análisis de perfiles especializados y capacidades requeridas en la Comisión. No se describe la naturaleza de dichos perfiles y capacidades ni se da una explicación más amplia sobre esta cifra (600).

2. La propuesta original, objeto del Dictamen n° 3/2001(2) del Tribunal, establecía conceder una indemnización por cese a 600 funcionarios que hubieran cumplido 50 años de edad y, al menos, 10 años de servicio. Según la propuesta modificada, este cese incentivado afectaría a 600 funcionarios con 55 años de edad cumplidos y 15 al menos de servicio.

3. La propuesta modificada establece un nivel medio de indemnización por cese inferior al previsto en la propuesta original (es decir, el 62,5 % del sueldo base, en lugar del 65 %).

4. El ahorro y los costes anuales que figuran en la ficha financiera aneja a esta propuesta recapitulan los principales costes e ingresos salariales imputados al presupuesto anualmente en relación con los funcionarios que cesan y los nuevos contratados. Las diferencias con respecto a la propuesta original se deben a la perspectiva de realizar economías suplementarias, que permitirían contratar un número más elevado de nuevos funcionarios (273, frente a los 258 que figuran en la propuesta original).

5. La Comisión ha seguido el mismo método de cálculo que en la propuesta original. En su dictamen anterior, el Tribunal opinaba que dicho cálculo podría haberse realizado de manera más compleja, pero que la forma de presentar la incidencia directa en el presupuesto resulta, en sí, razonable. No obstante, el incremento del coste de las pensiones futuras, derivado del nombramiento de los nuevos funcionarios, no parece haberse tenido en cuenta. Como ya indicaba el Tribunal en su anterior dictamen, "esto implica que el coste total a largo plazo (no el coste directo inmediato) de los nuevos agentes contratados sería alrededor del 25 % superior al que figura en el cálculo de la Comisión".

6. El ahorro presupuestario se realizará dejando sin cubrir 327 puestos vacantes de los 600 liberados por las jubilaciones anticipadas y contratando, para los puestos restantes, funcionarios de un nivel de carrera y de remuneración inferiores. La propuesta no explica los mecanismos presupuestarios que se utilizarán para garantizar el mantenimiento de este ahorro a largo plazo.

7. El régimen de cese incentivado que se propone (que constituye, de hecho, un régimen de jubilación anticipada) parece ir en contra del objetivo de la política de empleo, propuesto por la Comisión y aprobado por el Consejo(3), de aumentar el nivel de empleo de los trabajadores mayores (de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años). En su reunión de los días 15 y 16 de marzo de 2002 en Barcelona, el Consejo Europeo confirmó este objetivo y recomendó ofrecer a los trabajadores de mayor edad más posibilidades de permanecer en el mercado laboral, por ejemplo, mediante fórmulas de jubilación flexibles y graduales.

8. De conformidad con el considerando 5 de la propuesta de Reglamento, "las cualificaciones de algunos funcionarios, particularmente entre los de mayor edad, parecen demasiado alejadas de las nuevas tareas requeridas". Ello explica por qué éstos deberían beneficiarse de una jubilación anticipada. Del grupo objetivo de 600 funcionarios, 312 pertenecen a la categoría de funcionarios de grado superior A 3 (Jefe de División) y A 5/A 4 (Administrador Principal, Jefe de Unidad), lo que muestra la necesidad de mejorar la política de gestión de personal.

9. Teniendo en cuenta el nivel de retribución de los funcionarios de grado A 5 a A 3, una indemnización correspondiente al 62,5 % del sueldo base permitiría probablemente, en algunos casos, mantener un nivel de vida relativamente elevado. Además, un beneficiario de la indemnización por cese de funciones podrá tener la libertad de aceptar una nueva ocupación para compensar la pérdida de parte del sueldo base. En estas condiciones, la indemnización por cese podría resultar atractiva para los funcionarios de mayor rendimiento.

10. Los objetivos del régimen no se cumplirían si éste también se aplicara a los funcionarios de mayor rendimiento atraídos por las condiciones financieras propuestas. El Tribunal toma nota del hecho de que no se han establecido criterios de selección claros y apropiados.

11. El régimen debe aplicarse de manera que el personal capaz de actualizar sus cualificaciones sea tratado con equidad.

12. En el capítulo de las consideraciones acerca de una jubilación flexible, el Sr. Jan O. Karlsson, anterior Presidente del Tribunal, señaló en una carta enviada el 10 de septiembre de 2001 al Sr. Neil Kinnock, Vicepresidente de la Comisión, que convendría establecer un sistema de pensiones equitativo y transparente que constituya un aliciente suficiente para acogerse a la jubilación anticipada. Se consideraba que el sistema actual de jubilación resultaba inflexible y penalizaba a aquellas personas que desearan cesar sus funciones antes de haber cumplido 60 años. En la misma carta se opinaba que, efectivamente, el cese incentivado no sólo resultaba costoso sino también injusto, porque la compensación financiera se concede con independencia del número de años de servicio. Este sistema debería emplearse sólo como último recurso (por ejemplo, en el caso de una reorganización importante de las instituciones) y convendría también considerar la posibilidad de dejar a las instituciones la iniciativa de recurrir a sistemas más económicos y justos, como una jubilación anticipada atractiva (es decir, sin coeficiente de reducción).

13. Consciente de la necesidad de disponer de un sistema de control adecuado de los recursos humanos para asegurar la renovación regular y necesaria del personal, el Tribunal señala que la propuesta incluida en el proyecto de reforma del Estatuto(4) de facilitar el cese definitivo una vez cumplida la edad de 55 años, respondería mejor a los criterios de flexibilidad y buena gestión financiera con un coste presupuestario inferior(5). La aplicación del régimen mencionado reducirá, probablemente, la utilización en el futuro de procedimientos de jubilación anticipada.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 283,

Vista la propuesta modificada de la Comisión de 20 de marzo de 2002(6),

Vista la solicitud de dictamen sobre esta propuesta modificada, formulada por el Consejo al Tribunal y recibida por éste el 11 de abril de 2002,

HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1. Como ya había observado el Tribunal en su Dictamen n° 3/2001, no parece haberse tenido en cuenta el incremento de los futuros costes de jubilación en razón del nombramiento de nuevos funcionarios.

2. La propuesta debería definir los mecanismos presupuestarios que se utilizarán para garantizar el mantenimiento del ahorro a largo plazo.

3. El preámbulo de la propuesta de Reglamento debería explicar la coherencia del régimen con el objetivo de la política europea de empleo de incrementar el nivel de empleo de los trabajadores de más edad mediante fórmulas de jubilación flexibles y graduales.

4. El Tribunal toma nota del hecho de que no se han establecido criterios de selección claros y apropiados.

5. El régimen se debe aplicar de manera que el personal capaz de actualizar sus cualificaciones sea tratado con equidad.

6. En opinión del Tribunal, un sistema de jubilación anticipada como el propuesto debería constituir, únicamente, una solución puntual. En el futuro, debería ponerse el acento en mejorar la política de promoción del personal.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de los días 17 y 18 de julio de 2002.

Por el Tribunal de Cuentas

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente

(1) COM(2002) 136 final, de 20 de marzo de 2002.

(2) DO C 162 de 5.6.2001.

(3) Decisión del Consejo, de 18 de febrero de 2002, relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2002 (2002/177/CE) y Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros (2002/178/CE), publicadas en el DO L 60 de 1.3.2002.

(4) Documento COM(2002) 213 final.

(5) La posibilidad defendida por el Tribunal a lo largo de todos los debates sobre el plan de reforma administrativa sólo se contempla "en interés del servicio, a partir de criterios objetivos y procedimientos transparentes". No prevé una "indemnización global", sino únicamente tiene por objetivo reducir e incluso, en algunos casos, suprimir los coeficientes correctores previstos en el Estatuto.

(6) COM(2002) 136 final, de 20 marzo de 2002.