Propuesta de Reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se crea una oficina Europea de Investigación del Fraude (1999/C 21/06) COM(1998) 717 final - 98/0329(CNS)

(Presentada por la Comisión el 4 de diciembre de 1998)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 203,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

(1) Considerando que las instituciones y los Estados miembros conceden gran importancia a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y a la lucha contra el fraude y a cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros comunitarios; que la importancia de esta acción se ve confirmada por el artículo 209 A del Tratado CE y el artículo 183 A del Tratado CEEA;

(2) Considerando que es necesario utilizar todos los medios disponibles para alcanzar estos objetivos, en particular desde el punto de vista de la misión de investigación encomendada a nivel comunitario, conservando al mismo tiempo el reparto y el equilibrio actuales de responsabilidades entre el nivel nacional y el nivel comunitario;

(3) Considerando que es preciso alcanzar estos objetivos de manera efectiva garantizando la autonomía necesaria para el cumplimiento de la misión de investigación; que, para reforzar los medios de lucha, es conveniente crear un organismo que goce de una autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente para poder ejercer con plena independencia labores de control y verificación in situ en el marco del Derecho comunitario, sin afectar a las responsabilidades y competencias ejercidas por las instituciones, de conformidad con los Tratados;

(4) Considerando, por tanto, que conviene crear un organismo dotado de personalidad jurídica, denominado «Oficina Europea de Investigación del Fraude» (en lo sucesivo «Oficina»), que se encargue de efectuar investigaciones administrativas contra el fraude en los Estados miembros y en las instituciones y los organismos creados por los Tratados o sobre la base de éstos;

(5) Considerando que, a fin de aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude y las demás actividades ilegales que perjudican los intereses financieros de las Comunidades Europeas, es preciso que la Oficina asista a la Comisión y, en su caso, a las demás instituciones u organismos creados por el Tratado o el Derecho derivado; que, en el marco de esta asistencia, reviste importancia que la Oficina pueda efectuar investigaciones sin afectar a la responsabilidad y las funciones de la Comisión en materia de ejecución del presupuesto, control de la correcta aplicación de las disposiciones comunitarias y coordinación de la lucha contra el fraude en los Estados miembros, ni a la responsabilidad del Tribunal de Cuentas en materia de control de la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de las Comunidades;

(6) Considerando que la Comisión ha de poder encargar a la Oficina que lleve a cabo controles y verificaciones in situ en los Estados miembros, o que participe en ellos, con vistas a investigar irregularidades de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1), y del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (2), o en las condiciones previstas por las normativas sectoriales; que, a tal fin, procede establecer las condiciones y disposiciones específicas por las que se han de regular dichas investigaciones separadamente del presente Reglamento con objeto de definir la articulación de las tareas y el correcto funcionamiento de la cooperación entre la Comisión y la Oficina, sobre todo en el momento de su preparación con los Estados miembros y tras su conclusión;

(7) Considerando que, habida cuenta de la necesidad de intensificar las investigaciones internas en las instituciones u organismos creados por el Tratado o el Derecho derivado, debe conferirse a la Oficina la autoridad necesaria para efectuar dichas investigaciones con plena independencia;

(8) Considerando que conviene establecer las condiciones en que los agentes de la Oficina llevarán a cabo su misión, así como las condiciones relativas al ejercicio de la responsabilidad del Director en lo referente a la ejecución de las investigaciones por parte de los agentes de la Oficina;

(9) Considerando que, en aras de una fructífera cooperación entre, por una parte, la Comisión y la Oficina, y, por otra parte, la Oficina y los Estados miembros, así como con las instituciones u Organismos interesados, es necesario facilitar el intercambio recíproco de información respetando la confidencialidad de los datos cubiertos por el secreto profesional, garantizando que se les dispensa la protección concedida a los datos de esta índole;

(10) Considerando que, para garantizar que se tienen en cuenta los resultados de las investigaciones realizadas por los agentes de la Oficina y permitir a la Comisión realizar el seguimiento necesario, conviene establecer que los informes de los agentes puedan constituir elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales; que, a tal fin, deben prepararse teniendo en cuenta las condiciones de elaboración de los informes administrativos nacionales;

(11) Considerando que la Oficina ha de disfrutar de una máxima autonomía para el cumplimiento de su misión; que, por tanto, el Consejo de Administración debe estar compuesto, además de representantes de las instituciones directamente encargados de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, de personalidades independientes, especializadas en el ámbito de competencia de la Oficina;

(12) Considerando que las investigaciones administrativas deberán realizarse bajo la exclusiva responsabilidad del Director de la Oficina, con plena independencia respecto de las instituciones y los organismos comunitarios y del Consejo de Adminstración;

(13) Considerando que la externalización de la labor de efectuar investigaciones administrativas a fin de proteger los intereses financieros de las Comunidades no puede tener por efecto la disminución de la protección jurídica de las personas afectadas, en particular en lo que respecta a la protección de los datos personales y al respeto de la confidencialidad de los datos recogidos en tales investigaciones; que, por consiguiente, procede establecer la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sobre todo para controlar la legalidad de los actos de la Oficina y pronunciarse en caso de responsabilidad extracontractual de la Oficina; que, además, es conveniente garantizar a los funcionarios y demás agentes de las Comunidades una protección jurídica equivalente a la prevista en los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y por el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades;

(14) Considerando que conviene, tras un periodo de tres años, evaluar las actividades de la Oficina;

(15) Considerando que el presente Reglamento no merma en modo alguno las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para tomar medidas de lucha contra el fraude cometido en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad; que, por consiguiente, la creación de una Oficina independiente encargada de efectuar las investigaciones administrativas externas en la materia, hasta ahora realizadas por la Comisión, respeta plenamente el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 3 B del Tratado (CE); que la creación de una Oficina de estas características hace posible una lucha más eficaz contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudiquen los intereses financieros de las Comunidades y respeta asimismo, por tanto, el principio de proporcionalidad;

(16) Considerando que, a los efectos de la adopción del presente Reglamento, el Tratado (CE) no prevé más poderes de acción que los del artículo 235, y el Tratado CEEA no prevé más poderes de acción que los del artículo 203,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Institución de la Oficina

Se crea una Oficina Europea de Investigación del Fraude, en lo sucesivo denominada «Oficina».

Artículo 2

Objetivo y funciones

A fin de intensificar la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Oficina prestará asistencia a la Comisión y a las demás instituciones y organismos creados por los Tratados (CE) y (CEEA) o sobre la base de éstos (en lo sucesivo, «instituciones y organismos»), efectuando para ello investigaciones administrativas en los Estados miembros y en las instituciones y organismos.

Además, la Oficina podrá desempeñar las siguientes funciones:

a) Prestar ayuda a la Comisión en la concepción de la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades.

b) Participar en el desarrollo de las infraestructuras necesarias.

c) Participar en la recogida y utilización de información.

d) Participar en las actividades de cooperación de la Comisión con los Estados miembros.

e) Prestar asistencia técnica a la Comisión, a las demás instituciones y organismos, y a las autoridades nacionales competentes.

Artículo 3

Investigaciones

1. Por propia iniciativa, o a petición de un Estado miembro o de la Oficina, la Comisión podrá encargar a la Oficina los siguientes cometidos:

a) Efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros, previstos en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96.

b) Efectuar los controles y verificaciones in situ previstos en las normativas sectoriales contempladas en el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95.

c) Participar en los controles y verificaciones in situ que efectúe la Comisión en los Estados miembros, contemplados en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95.

Dichos controles y verificaciones y la participación en ellos, (en lo sucesivo, «investigaciones externas»), se ejecutarán de acuerdo con las condiciones y normas previstas en los actos por los que se atribuye a la Oficina la competencia para efectuar investigaciones externas.

2. Cada institución y organismo podrá decidir asignar a la Oficina la función de efectuar investigaciones administrativas internas en la institución u organismo de que proceda la solicitud. Las instituciones, se concertarán respecto del régimen que deberá establecer dicha decisión.

Estas investigaciones administrativas, (en lo sucesivo, «investigaciones internas»), se realizarán de acuerdo con las condiciones previstas en las citadas decisiones.

3. Podrán confiarse a la Oficina misiones de investigación en otros ámbitos.

Artículo 4

Realización de las investigaciones

1. El Director de la Oficina será responsable de la realización de las investigaciones.

2. Los agentes de la Oficina llevarán a cabo sus tareas previa presentación de una habilitación escrita en la que se indicarán su identidad y la calidad en que concurren.

3. Los agentes de la Oficina designados para efectuar una investigación deberán llevar consigo, en todas sus intervenciones, un mandato escrito del Director que indique el objeto y la finalidad de la investigación.

4. Durante los controles y verificaciones in situ, los agentes encargados de los mismos adoptarán una actitud compatible con las normas y usos que se imponen a los funcionarios del Estado miembro en cuestión.

5. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes presten la ayuda necesaria a los agentes encargados de los controles y verificaciones in situ para el cumplimiento de su misión.

Artículo 5

Información recíproca

1. La Comisión y, en su caso, las demás instituciones y organismos, remitirán a la Oficina, a petición de ésta, o por propia iniciativa, cualquier documento e información que obre en su poder y sea necesario para las investigaciones en curso.

2. La Comisión podrá remitir a la Oficina cualquier documento e información que obre en su poder y resulte útil de manera general para la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudiquen los intereses financieros de las Comunidades.

3. Los Estados miembros remitirán a la Oficina cualquier documento e información que consideren útil para la investigación en curso. Podrán, asimismo transmitir a la Oficina cualquier documento e información que consideren útil de manera general para la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses financieros de las comunidades.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, la Oficina podrá, si lo considera oportuno, transmitir en todo momento la información obtenida durante las investigaciones externas a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, así como la información obtenida durante las investigaciones internas en la institución u organismo de que proceda la solicitud de investigación. En este último caso, la Oficina podrá asimismo informar directamente a las autoridades judiciales del Estado miembro interesado, si lo estimare necesario a la vista de la gravedad de las informaciones obtenidas.

Artículo 6

Confidencialidad y protección de datos

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, sea cual sea la forma en que se presenten, estarán amparados por el secreto profesional y recibirán la protección concedida a los datos análogos por la legislación nacional del Estado miembro en que se hayan recogido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones comunitarias.

Dichos datos sólo podrán comunicarse a personas distintas de las que, en las instituciones comunitarias o en los Estados miembros, tengan acceso a ellos en el ejercicio de sus funciones, y utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades, cuando el Estado miembro en que se hayan recogido o la institución o el organismo interesados lo hayan autorizado previamente.

2. El Director velará por que los agentes encargados y las demás personas que actúen bajo su autoridad respeten las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la protección de datos personales, y especialmente las previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

Artículo 7

Informe de investigación

1. Al finalizar una investigación efectuada por la Oficina, ésta elaborará, bajo la autoridad del Director, un informe final que incluirá los hechos constatados, en su caso el perjuicio financiero y las conclusiones de la investigación.

2. Los informes finales se elaborarán teniendo en cuenta las exigencias de procedimiento previstas por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. Los informes constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. Estarán sujetos a las mismas normas de apreciación que se aplican a los informes administrativos de los inspectores de las Administraciones nacionales y tendrán un valor idéntico a aquéllos.

3. El informe elaborado a raíz de una investigación interna y cualquier otro documento útil sobre la misma se transmitirán a la Comisión.

4. El informe elaborado a raíz de una investigación interna y cualquier otro documento útil sobre la misma se transmitirán a la institución o al organismo de que proceda la solicitud de investigación.

5. La Comisión o, en su caso, la institución o el organismo interesados, decidirán el curso que ha de darse a la investigación sobre la base del informe elaborado por la Oficina.

Artículo 8

Personalidad jurídica

1. La Oficina tendrá personalidad jurídica propia.

2. La Oficina gozará en todos los Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que la legislación nacional reconozca a las personas jurídicas.

Artículo 9

Consejo de Administración

1. La Oficina tendrá un Consejo de Administración compuesto por 9 miembros, a razón de:

a) Tres personalidades independientes, especializadas en el ámbito de competencia de la Oficina, designadas por el Parlamento Europeo.

b) Tres personalidades independientes, especializadas en el ámbito de competencia de la Oficina, designadas por el Consejo.

c) Dos representantes de la Comisión.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

2. La duración del mandato de los miembros contemplados en las letras a) y b) del apartado 1 será de tres años. Dicho mandato podrá renovarse.

Al término de su mandato, los miembros seguirán en funciones hasta que se proceda a la renovación de su mandato o a su sustitución.

3. Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros que lo componen.

4. El Consejo de Administración designará a su Presidente entre los miembros contemplados en las letras a) y b) del apartado 1.

5. El Consejo de Administración adoptará su reglamento interno.

6. A petición del Director o por propia iniciativa, el Consejo de Administración expresará su opinión al Director sobre las actividades de la Oficina, sin interferir, empero, en el desarrollo de las investigaciones en curso.

7. El Consejo de Administración aprobará todos los años un informe de actividades, que dirigirá a las Instituciones.

Artículo 10

Director

1. La Oficina estará dirigida por un Director nombrado por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión, por un período renovable de cinco años.

2. El Director será el representante legal de la Oficina.

Artículo 11

Personal

1. El personal de la Oficina estará sujeto a los reglamentos y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.

2. El Director ejercerá respecto del personal las facultades conferidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

El Consejo de Administración ejercerá poder disciplinario sobre el Director.

3. El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, adoptará las disposiciones necesarias para la aplicación de los apartados 1 y 2.

Artículo 12

Privilegios e inmunidades

Se aplicará a la Oficina el Protocolo sobre privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas.

Artículo 13

Presupuesto

1. Todos los ingresos y gastos de la Oficina serán objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consignarán en el presupuesto de la Oficina.

2. El Director elaborará anualmente, antes del 15 de febrero, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. Dicho anteproyecto incluirá los gastos de funcionamiento previstos para el siguiente ejercicio presupuestario. El Director presentará el anteproyecto, acompañado del cuadro de personal, al Consejo de Administración.

3. El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

4. Sin perjuicio de otros recursos, la Oficina se financiará a partir del presupuesto general de las Comunidades Europeas.

5. Los gastos de la Oficina incluirán, en particular, la retribución del personal, los gastos administrativos y de infraestructura y los gastos de funcionamiento.

6. El Consejo de Administración aprobará el proyecto de presupuesto y lo remitirá a la Comisión, que elaborará sobre esta base las previsiones correspondientes en el anteproyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas, que deberá presentar al Consejo en virtud del artículo 203 del Tratado CE y del artículo 177 del Tratado CEEA.

7. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto definitivo de la Oficina antes del comienzo del ejercicio presupuestario, ajustándolo en caso necesario a la financiación comunitaria y a los demás recursos de la Oficina.

8. El Director ejecutará el presupuesto de la Oficina.

9. El control de los compromisos y los pagos de todos los gastos de la Oficina y el control de la comprobación y recaudación de todos sus ingresos correrán a cargo del interventor de la Comisión.

10. Antes del 31 de marzo de todos los años, el Director dirigirá al Consejo de Administración y al Tribunal de Cuentas las cuentas de todos los ingresos y gastos de la Oficina con cargo al ejercicio transcurrido.

El Tribunal de Cuentas examinará dichas cuentas de conformidad con el artículo 188 C del Tratado CE y con el artículo 160 C del Tratado CEEA.

11. El Consejo de Administración aprobará la gestión del Director en la ejecución del presupuesto.

12. El Consejo de Administración adoptará, previa consulta de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, las disposiciones financieras internas, que especificarán, en particular, las disposiciones relativas a la elaboración y la ejecución del presupuesto de la Oficina.

Artículo 14

Control de la legalidad

1. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para resolver los recursos que se presenten contra la Oficina, de acuerdo con las condiciones previstas en los artículos 173 y 175 del Tratado (CE), sin perjuicio del procedimiento previsto en el párrafo segundo.

La Oficina deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.

2. Todo funcionario o agente de las Comunidades podrá presentar al Consejo de Administración una reclamación dirigida contra un acto que le sea lesivo, efectuado por la Oficina dentro de una investigación interna. La reclamación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir del día en que el interesado haya tenido conocimiento del acto.

El Consejo de Administración tomará una decisión sobre la procedencia de la reclamación en un plazo de un mes. Transcurrido ese plazo, la falta de respuesta a la reclamación equivaldrá a una decisión implícita de rechazo.

Podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 91 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas contra toda decisión explícita e implícita del Consejo de Administración.

Artículo 15

Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la legislación aplicable al contrato en cuestión.

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado por la Oficina.

2. En materia de responsabilidad extracontractual, la Oficina deberá indemnizar, de conformidad con los principios generales comunes al Derecho de los Estados miembros, por los daños causados por ella o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre todos los litigios relativos a la reparación de dichos daños.

3. La responsabilidad personal de los agentes frente a la Oficina se regirá por las disposiciones aplicables al personal de la Oficina.

Artículo 16

Informe de evaluación

Durante el tercer año siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación de las actividades de la Oficina, acompañado, en su caso, de propuestas para la adaptación o ampliación de sus tareas.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a la fecha en que las autoridades competentes fijen la sede de la Oficina.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1

(2) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

(3) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.