ES Diario Oficial de la Unión Europea C 335/1

Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas

(2017/C 335/01)

ÍNDICE

Lista de abreviaturas 5

PREFACIO 9

INTRODUCCIÓN 10

1. Descripción general de la orden de detención europea (ODE) 10

1.1. Contexto de la ODE 10

1.2. Definición y características principales de la ODE 10

1.3. Formulario de la ODE 11

PARTE I: EMISIÓN DE UNA ODE 12

2. Requisitos para la emisión de una ODE 12

2.1. Ámbito de aplicación de la ODE 12

2.1.1. Ejercicio de acciones penales 12

2.1.2. Ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad 12

2.1.3. Requisito de una sentencia judicial firme 13

2.2. Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación 13

2.3. Infracciones accesorias 14

2.4. Proporcionalidad 14

2.5. Otras medidas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal 15

2.5.1. Orden europea de investigación (OEI) 16

2.5.2. Traslado de condenados 16

2.5.3. Orden europea de vigilancia (OEV) 17

2.5.4. Transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas 17

2.5.5. Sanciones pecuniarias 18

2.5.6. Transmisión de procesos penales 18

2.6. Principio de especialidad: posible enjuiciamiento por otras infracciones 18

3. Procedimiento de emisión de una ODE 19

3.1. Otros procesos penales en curso y ODE sobre la misma persona 19

3.1.1. En el Estado miembro de emisión 19

3.1.2. En otro Estado miembro 20

3.2. Cumplimentar el formulario de la ODE 20

3.2.1. Información obligatoria 20

3.2.2. Información complementaria de utilidad de la autoridad judicial emisora 20

3.3. Transmisión de la ODE 21

3.3.1. Si se desconoce el paradero de la persona buscada 21

3.3.2. Si se conoce el paradero de la persona buscada 22

3.3.3. Transmisión de la ODE a los Estados miembros que no usan el SIS 22

3.4. Traducción de la ODE 22

3.5. Tras el arresto de la persona buscada: cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución 22

PARTE II: EJECUCIÓN DE UNA ODE 23

4. Procedimiento de ejecución de una ODE 23

4.1. Plazos para tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE 23

4.2. Plazos para la entrega de una persona buscada (después de tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE) 23

4.3. Traducción de la ODE 24

4.4. Comunicación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros antes de la resolución de entrega 24

4.4.1. Cuándo comunicarse 24

4.4.2. Cómo comunicarse 25

4.5. Obligación de la autoridad judicial de ejecución en materia de información a la autoridad de emisión tras la decisión sobre la entrega 26

4.5.1. Información sobre la decisión relativa a la entrega 26

4.5.2. Información sobre el tiempo de privación de libertad 26

4.6. Mantenimiento de la persona buscada en detención en el Estado miembro de ejecución 27

5. Decisión sobre la entrega 28

5.1. Obligación general de ejecución de las ODE 28

5.2. Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación 28

5.3. Infracciones accesorias 28

5.4. Motivos para la no ejecución (denegación) 29

5.4.1. Motivos para la no ejecución obligatoria 29

5.4.2. Motivos para la no ejecución facultativa 30

5.5. Juicios en rebeldía 31

5.6. Consideraciones sobre los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial de ejecución 33

5.7. Proporcionalidad: la función del Estado miembro de ejecución 34

5.8. Garantías que debe dar el Estado miembro de emisión 34

5.8.1. Revisión de la cadena perpetua o de una medida privativa de libertad a perpetuidad 35

5.8.2. Retorno de nacionales y residentes 35

5.9. Suspensión o entrega temporal 35

5.9.1. Motivos humanitarios graves 35

5.9.2. Proceso penal en curso o ejecución de una pena privativa de libertad 36

5.9.3. Entrega provisional en vez de suspensión 36

5.9.4. Aplazamiento de la ODE debido a la identificación de un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a la persona buscada 36

5.10. Varias ODE relativas a la misma persona 36

5.10.1. Decidir qué ODE debe ejecutarse 36

5.10.2. «Procedimientos paralelos» 37

6. Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución 37

7. Entrega ulterior 38

7.1. A otro Estado miembro 38

7.2. A un tercer Estado 39

8. Obligaciones con respecto a terceros países 39

8.1. ODE y solicitudes de extradición simultáneas de la misma persona 39

8.1.1. Solicitudes de terceros Estados 39

8.1.2. Solicitudes de la Corte Penal Internacional (CPI) 40

8.2. Extradición anterior desde un tercer Estado miembro y principio de especialidad 40

9. Tránsito 40

9.1. Tránsito a través de otro Estado miembro 40

9.2. Nacionales y residentes del Estado miembro de tránsito 41

9.3. Extradición desde un tercer Estado a un Estado miembro 41

10. ODE no ejecutadas 41

10.1. Garantizar que la persona no es detenida nuevamente en el mismo Estado miembro 41

10.2. Comunicación al Estado miembro de emisión 41

10.3. Consideración de las autoridades judiciales de emisión sobre el mantenimiento de la ODE 41

10.4. Examen de ODE antiguas en el SIS 41

11. Derechos procesales de la persona buscada 42

11.1. Derecho a traducción e interpretación 42

11.2. Derecho a la información 42

11.3. Derecho a la asistencia de letrado 43

11.4. Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero 43

11.5. Derecho a comunicarse con terceros 43

11.6. Derecho a comunicarse con las autoridades consulares 43

11.7. Derechos específicos de los menores 44

11.8. Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita 44

ANEXO I — Decisión marco sobre la ODE, consolidación no oficial 45

ANEXO II — FORMULARIO DE LA ODE, contenido en el anexo a la Decisión marco sobre la ODE 60

ANEXO III — ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE LA ODE 65

ANEXO IV — LENGUAS ACEPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LAS ODE QUE RECIBEN 74

ANEXO V — LISTA DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA RELATIVAS A LA DECISIÓN MARCO SOBRE LA ODE 76

ANEXO VI — SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA RELATIVAS AL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 77

ANEXO VIII — FORMULARIO NORMALIZADO PARA LA DECISIÓN SOBRE LA ODE 80

ANEXO VIII — LISTA DE ESTADOS MIEMBROS CUYOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUEDEN PERMITIR LA ENTREGA POR INFRACCIONES SANCIONADAS CON UNA PENA INFERIOR AL UMBRAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, APARTADO 1, DE LA DECISIÓN MARCO SOBRE LA ODE, CUANDO DICHAS INFRACCIONES SEAN ACCESORIAS A LA INFRACCIÓN O INFRACCIONES PRINCIPALES DE LA ODE 82

ANEXO IX — MODELO INDICATIVO DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN APLICACIÓN DE UNA ODE 83

Lista de abreviaturas

CAAS Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen COE Consejo de Europa Decisión marco sobre la orden de detención europea Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros ODE Orden de detención europea OEI Orden europea de investigación OEV Orden europea de vigilancia RJE Red Judicial Europea SIRENE Solicitud de información complementaria a la entrada nacional SIS Sistema de Información de Schengen TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Exención de responsabilidad Este manual no es jurídicamente vinculante ni exhaustivo y se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de la Unión en vigor y su ulterior desarrollo. También se entiende sin perjuicio de la interpretación preceptiva del Derecho de la Unión que pueda realizar el Tribunal de Justicia.

EMISIÓN DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

Pasos principales

(AJ = autoridad judicial)

EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

Pasos principales

(AJ = autoridad judicial)

PREFACIO

El presente manual es una versión revisada del Manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo en 2008 (1) y revisado en 2010 (2). Una vez finalizado el período transitorio de cinco años contemplado en el Tratado de Lisboa relativo a los denominados instrumentos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar (3), incluida la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (4) («Decisión marco sobre la ODE»), la Comisión asumió la tarea de actualizar y revisar el manual.

El presente manual tiene en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos trece años de aplicación de la orden de detención europea en la Unión. Los objetivos de esta revisión son actualizar el manual y hacerlo más exhaustivo y accesible. Para preparar esta última versión del manual, la Comisión consultó a diversas partes interesadas y expertos, incluidos Eurojust, la Secretaría de la Red Judicial Europea y los expertos de las administraciones y autoridades judiciales de los Estados miembros.

El manual está disponible en internet en la dirección https://e-justice.europa.eu en todas las lenguas oficiales de la Unión.

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA (ODE)

1.1. Contexto de la ODE

La Decisión marco sobre la ODE fue adoptada por el Consejo el 13 de junio de 2002 y los Estados miembros estaban obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma antes del 31 de diciembre de 2003. El nuevo régimen de entrega sustituyó a los sistemas de extradición, con escasas excepciones, a partir del 1 de enero de 2004. Por lo que respecta al régimen de entrega entre los Estados miembros, las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios han sido sustituidas:

a) el Convenio europeo de extradición, de 13 de diciembre de 1957 (ETS n.o 024), su protocolo adicional, de 15 de octubre de 1975 (ETS n.o 086), su segundo protocolo adicional, de 17 de marzo de 1978 (ETS n.o 098), y el Convenio europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977 (ETS n.o 090), en lo que se refiere a la extradición;

b) el Acuerdo entre los doce Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición, de 26 de mayo de 1989;

c) el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (5), de 10 de marzo de 1995;

d) el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (6), de 27 de septiembre de 1996;

e) el capítulo IV del título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (7), de 19 de junio de 1990.

1.2. Definición y características principales de la ODE

La ODE es una resolución judicial con fuerza ejecutiva en la Unión, emitida por un Estado miembro y ejecutada en otro sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

Como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en los asuntos C-452/16 PPU Poltorak (8) y C-477/16 PPU Kovalkovas (9), del artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE se desprende que la ODE constituye una «resolución judicial», que debe ser emitida por una «autoridad judicial», en el sentido de su artículo 6, apartado 1. El Tribunal de Justicia dictaminó que los términos «autoridad judicial», que se encuentran en el artículo 6, apartado 1 de la Decisión marco sobre la ODE, no se limitan a designar a los jueces u órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, sino que son extensivos, en sentido lato, a las autoridades que participan en la administración de la justicia en el ordenamiento jurídico de que se trate. No obstante, el Tribunal de Justicia falló que el concepto de «autoridad judicial», a que se refiere dicha disposición, no puede interpretarse en el sentido de que es también extensivo a los servicios de policía o a un órgano del poder ejecutivo de un Estado miembro, como un ministerio, y que los actos emitidos por dichas autoridades no pueden considerarse una «resolución judicial».

La ODE ha supuesto la sustitución del sistema tradicional de extradición por un mecanismo más simple y más rápido de entrega de personas buscadas para el enjuiciamiento penal o la ejecución de penas de prisión o medidas de seguridad privativas de libertad. Se podrá emitir una orden para:

a) el enjuiciamiento penal de hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses (durante las fases de investigación, instrucción y juicio, hasta que la sentencia sea firme) o

b) la ejecución de sentencias o de medidas de seguridad privativas de libertad de duración no inferior a cuatro meses.

Los objetivos de las letras a) y b) no son acumulativos.

A fin de simplificar las solicitudes y de facilitar su cumplimiento, estas se formulan ahora por un procedimiento normalizado, mediante la cumplimentación de un formulario. No obstante, siempre será necesario que se haya dictado una sentencia nacional firme, una orden de detención nacional o una resolución judicial similar previamente y de forma independiente a la ODE (véase el apartado 2.1.3).

Las autoridades centrales, que solían desempeñar una función importante en el proceso de extradición, quedan excluidas del proceso de toma de decisiones en los procedimientos de ODE. Sin embargo, el artículo 7 de la Decisión marco sobre la ODE establece que los Estados miembros pueden designar autoridades centrales para que auxilien y apoyen a las autoridades judiciales, especialmente en la transmisión y recepción de las ODE.

En los Estados miembros en los que el Sistema de Información de Schengen (SIS) está en funcionamiento (en el momento de adoptarse este Manual, todos los Estados miembros salvo Chipre e Irlanda), los servicios nacionales SIRENE desempeñan un importante papel en el procedimiento de la ODE al crear la descripción correspondiente en el SIS. Las normas y procedimientos de cooperación de los Estados miembros en relación con las descripciones para detenciones basadas en las ODE se establecen en los artículos 24 a 31 de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (10) («Decisión SIS II») y el punto 3 del Manual SIRENE (11).

La Decisión marco sobre la ODE se inscribe en una filosofía de integración en un espacio judicial común. Es el primer instrumento jurídico que supone una cooperación entre los Estados miembros en materia penal basada en el principio del reconocimiento mutuo. La decisión de los Estados miembros emisores debe reconocerse sin más trámites y únicamente sobre la base de criterios judiciales.

La entrega de los nacionales del país de ejecución se ha constituido en principio y norma general, con escasas excepciones. Estas excepciones se refieren a la ejecución de una pena privativa de libertad en el país de origen y se aplican por igual a los residentes. La práctica demuestra que aproximadamente la quinta parte de las entregas en la Unión se refieren a nacionales del país de ejecución.

Los motivos por los que se puede denegar la ejecución son tasados y se enumeran exhaustivamente en los artículos 3, 4 y 4 bis de la Decisión marco sobre la ODE. No consta el control de la doble tipificación como motivo admisible para denegar la ejecución y la entrega en relación con una lista de treinta y dos categorías de delitos enumeradas en la lista del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, tal como se definen en el Derecho del Estado miembro de emisión, siempre que dichas categorías estén castigadas en este con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de al menos tres años en su grado máximo.

Si la autoridad del Estado miembro de emisión no considera las infracciones en cuestión como infracciones contempladas en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, se puede seguir aplicando el control de la doble tipificación. El Tribunal de Justicia dictaminó, en el asunto C-289/15, Grundza (12), que incumbe a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción también serían objeto, en cuanto tales, de una sanción penal en el territorio del Estado miembro de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio (véase el apartado 5.2).

Desde el 28 de marzo de 2011, la Decisión marco sobre la ODE ha sido modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo (13), que ha suprimido el artículo 5, apartado 1, e insertado un nuevo artículo 4 bis sobre las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (juicio en rebeldía).

1.3. Formulario de la ODE

La ODE es una resolución judicial dictada empleando el formulario previsto en un anexo de la Decisión marco sobre la ODE. El formulario está disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión. Únicamente puede emplearse este formulario, que no debe alterarse. La intención del Consejo era implantar una herramienta de trabajo que las autoridades judiciales de emisión pudieran cumplimentar con facilidad y que fuera reconocida por las autoridades judiciales de ejecución.

La utilización del formulario evita traducciones largas y costosas y hace que la información necesaria sea más fácilmente accesible. Puesto que este formulario constituye, en principio, la única base para la detención y ulterior entrega de la persona buscada, debe ser cumplimentado con especial cuidado, a fin de evitar solicitudes innecesarias de información adicional.

El formulario puede cumplimentarse directamente en línea mediante la herramienta electrónica Compendium de la Red Judicial Europea (RJE), disponible en el sitio web de la (RJE), o mediante un formulario en formato Word que puede descargarse de la sección Biblioteca Judicial del sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu).

Usar la herramienta electrónica es tan sencillo como cumplimentar el formulario en formato Word, pero cuenta con varias funcionalidades modernas, útiles y fáciles de utilizar como:

a) la posibilidad de importar directamente la autoridad judicial de ejecución competente desde la herramienta Atlas Judicial de la RJE;

b) obtener el formulario en la lengua o lenguas aceptadas por el Estado miembro de ejecución;

c) guardarlo y enviarlo por correo electrónico.

PARTE I: EMISIÓN DE UNA ODE

2. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE UNA ODE

2.1. Ámbito de aplicación de la ODE

Una autoridad judicial puede emitir una ODE por dos motivos (artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE):

a) ejercicio de acciones penales o

b) ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

La letra a) se refiere a procesos penales en los que la persona buscada pueda ser enjuiciada. La letra b) se refiere a penas o medidas de seguridad privativas de libertad firmes por delitos, emitidas por un órgano jurisdiccional. No es posible emitir una ODE para todos los delitos, sino solo para aquellos que sean suficientemente graves, como se explica más en detalle a continuación.

En los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, se puede emitir una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, incluso si la pena no es definitiva y sigue estando sujeta a revisión judicial. En los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros, este tipo de ODE puede emitirse únicamente cuando la pena o medida de seguridad privativas de libertad es definitiva. Se recomienda que la autoridad judicial de ejecución reconozca la tipificación de la autoridad emisora a efectos de ejecución de la ODE, incluso si no se corresponde con su propio ordenamiento jurídico a este respecto.

En este contexto, cabe señalar que se aconseja a las autoridades judiciales emisoras considerar si, en un caso concreto, sería proporcionado emitir una ODE (véase el apartado 2.4) y si se podría usar una medida de la Unión menos coercitiva para lograr un resultado adecuado (véase el apartado 2.5)

2.1.1. Ejercicio de acciones penales

Se puede emitir una ODE para el ejercicio de acciones penales relacionadas con hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses (artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

Esta referencia se hace a la pena máxima posible de la infracción prevista en la legislación nacional del Estado miembro de emisión. La pena máxima en la legislación del Estado miembro de ejecución no es pertinente a este respecto.

Auto del Tribunal de Justicia en el asunto C-463/15 PPU, Openbaar Ministerie/A (14)

«Los artículos 2, apartado 4, y 4, punto 1, de la Decisión marco 2002/584 del Consejo […] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la entrega con fundamento en una orden de detención europea se someta en el Estado miembro de ejecución no solo a la condición de que el hecho por el que se ha emitido esa orden de detención constituya un delito según el Derecho de ese Estado miembro, sino también a la condición de que sea punible según ese mismo Derecho con una pena privativa de libertad de una duración máxima no inferior a doce meses».

El ejercicio de acciones penales incluye la fase previa al proceso penal. Sin embargo, la finalidad de la ODE no es simplemente trasladar personas para interrogarlas como sospechosos. Para esa finalidad, se pueden considerar otras medidas, como la orden europea de investigación (OEI). En el apartado 2.5 se describen brevemente otras medidas de cooperación judicial.

2.1.2. Ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad

Se puede emitir una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de al menos cuatro meses (artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). Sin embargo, en situaciones en las que solo quede por cumplir una pequeña parte de la pena, se aconseja a las autoridades judiciales competentes que consideren si emitir una ODE supondría una medida proporcionada (véanse los apartados 2.4 y 2.5).

Las normas nacionales sobre libertad anticipada o condicional, libertad vigilada u otras normas similares que resultan en una pena de prisión efectiva más corta y que se pueden aplicar tras la entrega al Estado miembro de emisión, no son pertinentes para determinar el período mínimo de cuatro meses.

No existe conexión entre la duración de la pena real y la de la pena potencial. Esto significa que, cuando una persona ya ha sido condenada a una pena privativa de libertad combinada por múltiples infracciones y dicha pena es de cuatro meses o más, la ODE puede ser emitida independientemente de la pena máxima posible para cada una de las infracciones.

Cuando se sepa que la persona reside en otro Estado miembro, se aconseja a las autoridades competentes del Estado miembro de emisión que consideren la posibilidad de transmitir la pena ejecutoria al Estado miembro de residencia, en lugar de emitir una ODE, teniendo en cuenta los lazos sociales y la posibilidad de una mejor rehabilitación en dicho Estado miembro, así como otros requisitos de conformidad con la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (15) (véase el apartado 2.5.2).

2.1.3. Requisito de una sentencia judicial firme

Las autoridades judiciales emisoras deben garantizar en todo momento que existe una sentencia judicial nacional firme antes de emitir una ODE. La naturaleza de esta resolución depende de la finalidad de la ODE. Cuando la ODE se emita a efectos de entablar una acción judicial, las autoridades judiciales competentes del Estado miembro de emisión deben haber emitido una orden de detención nacional o cualquier otra sentencia judicial firme con el mismo efecto [artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco sobre la ODE] antes de emitir una ODE. El Tribunal de Justicia confirmó en el asunto C-241/15, Bob-Dogi (16) que la orden de detención nacional u otra resolución judicial es distinta de la propia ODE. Cuando se emita una ODE para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad debe existir una sentencia nacional firme a tal efecto.

Como señaló el Tribunal de Justicia en ese asunto, el sistema de la ODE entraña una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada: la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, y la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una ODE. Esa tutela judicial en dos niveles en principio no se produciría en una situación en la que, antes de la emisión de la ODE, ninguna autoridad judicial nacional haya adoptado una resolución nacional en la que la ODE se sustente.

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-241/15, Bob-Dogi

«El artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco 2002/584 […] debe interpretarse en el sentido de que, cuando una orden de detención europea, que se basa en la existencia de una “orden de detención” a efectos de dicha disposición, no mencioné la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si, habida cuenta de la información facilitada con arreglo al artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, en su versión modificada, así como de todos los demás datos de que disponga, dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se hubiera dictado efectivamente una orden nacional distinta de la orden de detención europea.»

El concepto de «resolución judicial» (que es distinto de la ODE misma) fue aclarado de nuevo por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto C-453/16 PPU, Özçelik (17), en el que se concluyó que la ratificación por el Ministerio Fiscal de una orden de detención emitida por un servicio de policía, y sobre la que se basa la ODE, está comprendida en el concepto de «resolución judicial».

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-453/16 PPU, Özçelik

«El artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo […] debe interpretarse en el sentido de que constituye una “resolución judicial”, a efectos de dicha disposición, una ratificación, como la controvertida en el asunto principal, por el Ministerio Fiscal, de una orden de detención nacional emitida anteriormente, con el fin de ejercitar una acción penal, por un servicio de policía.»

La existencia de la resolución judicial u orden de detención nacional debe indicarse en el formulario de la ODE cuando esta sea emitida [artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco sobre la ODE; véase asimismo el apartado 3.2 del presente manual]. No es necesario adjuntar la resolución u orden a la ODE.

2.2. Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación

Antes de emitir una ODE, la autoridad judicial competente debe determinar si uno o más de los delitos pertenecen a una de las treinta y dos categorías para las que no se requiere el control de la doble verificación. La lista de delitos se encuentra en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE así como en el formulario de la ODE en el que se deben señalar los delitos que pertenecen a la lista.

Es la legislación del Estado miembro de emisión la que resulta decisiva, como quedó confirmado en el asunto C-303/05, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, sentencia de 3 de mayo de 2007) (18), en el que el Tribunal consideró que el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE no es incompatible con el principio de legalidad de los delitos y las penas y no viola el principio de igualdad y no discriminación.

La autoridad judicial de ejecución solo puede controlar la doble tipificación de los delitos que no se incluyan en la lista de treinta y dos delitos del artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 5.2 del presente manual).

2.3. Infracciones accesorias

El Convenio Europeo de Extradición de 1957 contiene disposiciones sobre infracciones accesorias:

«Artículo 2 — Hechos que dan lugar a extradición 1. Darán lugar a la extradición aquellos hechos que las Leyes de la Parte requirente y de la Parte requerida castiguen, bien con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año por lo menos bien con pena más severa. Cuando en el territorio de la Parte requirente se hubiere pronunciado condena a una pena o se hubiere infligido una medida de seguridad, la sanción impuesta deberá tener una duración de cuatro meses cuando menos. 2. Si la solicitud de extradición se refiere a varios hechos distintos castigados, cada uno de ellos, por la Ley de la Parte requirente y por la Ley de la Parte requerida con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad pero algunos de tales hechos no cumplieren el requisito relativo a la duración mencionada de la pena, la Parte requerida tendrá la facultad de conceder también la extradición por estos últimos.»

La Decisión marco sobre la ODE no incluye ninguna disposición similar a esta. No regula la entrega por infracciones sancionadas con una pena inferior al umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, cuando estas son accesorias a las infracciones principales que alcancen el umbral. En la práctica, algunos Estados miembros han decidido permitir dicha entrega, mientras que otros no lo han hecho.

El anexo VIII contiene una lista de los Estados miembros cuyos ordenamientos jurídicos conceden la posibilidad de realizar la entrega por infracciones accesorias.

La autoridad judicial emisora puede incluir estas infracciones accesorias en el formulario de la ODE con la finalidad de obtener el consentimiento del Estado miembro de ejecución para el enjuiciamiento de esas infracciones. Sin embargo, siempre se debe exigir que la ODE se emita para al menos una de las infracciones que alcanzan el umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE.

Si el Estado miembro de ejecución no realiza entregas por infracciones accesorias, el principio de especialidad (artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE) puede impedir que el Estado miembro de emisión enjuicie estas infracciones (véase el apartado 2.6 del presente manual).

2.4. Proporcionalidad

Una ODE debe ser siempre proporcional a su objetivo. Incluso cuando las circunstancias del caso recaigan en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, se aconseja a las autoridades judiciales emisoras que consideren si la emisión de una ODE está justificada en un caso concreto.

Al tener en cuenta las graves consecuencias que la ejecución de una ODE tiene para la libertad de la persona buscada y las restricciones a la libre circulación, las autoridades judiciales emisoras deben considerar, antes de decidir emitir una ODE, la evaluación de un una serie de factores.

En particular, se podrían tener en cuenta los factores siguientes:

a) la gravedad de la infracción (por ejemplo, el daño o el peligro que ha causado);

b) la posible sanción que vaya a imponerse a la persona en caso de que sea declarada culpable de la infracción que se le imputa (por ejemplo, si fuera una pena privativa de libertad);

c) la posibilidad de detención de la persona en el Estado miembro de emisión tras la entrega, y

d) los intereses de las víctimas de la infracción.

Además, las autoridades judiciales emisoras deben considerar si pueden utilizarse otras medidas de cooperación judicial en lugar de la emisión de una ODE. Otros instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal ofrecen otras medidas que, en muchas situaciones, son efectivas, pero menos coercitivas (véase el apartado 2.5).

En términos más generales, aplicar el control de proporcionalidad antes de emitir una ODE puede reforzar la confianza mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Por tanto, este control contribuye de manera significativa al correcto funcionamiento de la ODE en toda la Unión.

2.5. Otras medidas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal

Antes de decidir emitir una ODE, se aconseja a las autoridades judiciales de emisión que tengan debidamente en cuenta otras posibles medidas.

Existen varias medidas jurídicas disponibles en el marco de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal, basadas en el principio del reconocimiento mutuo, que complementan a la ODE. En determinadas situaciones, estas medidas pueden ser más adecuadas que la ODE. Se trata, en particular, de:

a) la orden europea de investigación;

b) el traslado de condenados;

c) la transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas;

d) la orden europea de vigilancia;

e) la aplicación de sanciones pecuniarias.

El ámbito de aplicación de estas medidas se explica brevemente en los apartados 2.5.1 a 2.5.5. Además, las autoridades competentes pueden tener en cuenta las posibilidades ofrecidas por otras medidas internacionales, como el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal del Consejo de Europa, de 15 de mayo de 1972 (ETS n.o 073), como se explica brevemente en el apartado 2.5.6.

Para saber más acerca de la aplicación práctica de los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal, véase el sitio web de la RJE: www.ejn-crimjust.europa.eu.

La sección Biblioteca Judicial del sitio web de la RJE contiene información exhaustiva y práctica acerca de todos los instrumentos jurídicos, incluidos los textos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, los actos de modificación, el estado de aplicación, formularios en formato Word, notificaciones, declaraciones, informes, manuales y otra información práctica. Para un fácil acceso a los instrumentos jurídicos de la Unión sobre cooperación judicial en materia penal y a su estado de aplicación en los Estados miembros, existen puntos de entrada (accesos directos) independientes en la página de inicio del sitio web de la RJE.

Las siguientes medidas, en particular, pueden ser consideradas en la fase previa de los procesos penales:

a) emitir una orden europea de investigación (OEI) para la audiencia de un sospechoso a través de videoconferencia en otro Estados miembro;

b) emitir una orden europea de investigación (OEI) para la audiencia de un sospechoso en otro Estado miembro por parte de sus autoridades competentes;

c) emitir una orden europea de vigilancia (OEV) para ejecutar una medida de vigilancia que no suponga la privación de libertad del sospechoso por parte del Estado miembro de residencia de este en la fase previa al proceso;

d) emitir una descripción en el SIS a efectos de establecer el lugar de residencia o domicilio del sospechoso (artículo 34 de la Decisión SIS II). Estas descripciones difieren de las descripciones para la detención descritas en el apartado 3.3.1 del presente manual. Tan pronto como se facilite a la autoridad judicial emisora el lugar de residencia o domicilio, dicha autoridad deberá tomar las medidas de seguimiento necesarias (como citar al sospechoso para que comparezca en un proceso penal) y suprimirá la descripción del SIS de conformidad con el punto 6.5 del Manual SIRENE;

e) citar a un sospechoso ubicado en el Estado miembro de ejecución para que comparezca en un proceso penal en el Estado miembro de emisión;

f) invitar a comparecer voluntariamente en el proceso penal.

Las siguientes medidas, en particular, pueden ser consideradas en la fase posterior al proceso, una vez se haya dictado sentencia:

a) transmitir la pena privativa de libertad al Estado miembro de residencia del condenado para que sea ejecutada por dicho Estado miembro;

b) transmitir la pena sustitutiva (por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad) o el auto de libertad vigilada al Estado miembro de residencia del condenado para que sean ejecutados por dicho Estado miembro.

2.5.1. Orden europea de investigación (OEI)

Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (19)

La OEI puede usarse para obtener pruebas de otro Estado miembro. La OEI comprende todas las medidas de investigación con excepción de la creación de equipos conjuntos de investigación. El objetivo es permitir a los Estados miembros solicitar a otro Estado miembro que lleve a cabo medidas de investigación sobre la base del reconocimiento mutuo. Las OEI relativas a medidas de investigación que no existen o no están disponibles en los Estados miembros de ejecución pueden ser ejecutadas, no obstante, recurriendo a una medida de investigación sustitutiva.

La OEI sustituye al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (20) y al anterior conjunto de disposiciones jurídicas relativas a este ámbito. La incorporación de las medidas existentes a un nuevo instrumento único tiene como objetivo lograr que la cooperación en las investigaciones sea más rápida y eficiente. La OEI puede usarse en los procesos penales, pero también en los procedimientos incoados por autoridades administrativas, con validación judicial, cuando exista una dimensión penal. Los Estados miembros deben decidir sobre el reconocimiento o la ejecución de la OEI antes de treinta días y llevar a cabo las medidas de investigación antes de noventa días tras la adopción de dicha decisión.

En determinadas situaciones, puede emitirse una OEI para interrogar al sospechoso a través de videoconferencia para determinar si debe emitirse una ODE a fin de enjuiciarlo.

Ejemplo 1: Pierre se ha mudado recientemente del Estado miembro A al Estado miembro B. Existen pruebas que apuntan a que fue cómplice de una infracción grave en A. Sin embargo, las autoridades de A necesitan interrogarlo antes de poder decidir si lo enjuician. La autoridad judicial de A puede emitir una OEI para interrogar a Pierre a través de videoconferencia en B.

Ejemplo 2: De forma alternativa, teniendo en cuenta los hechos del ejemplo 1, la autoridad judicial de A podría emitir una OEI solicitando a las autoridades competentes de B que interroguen a Pierre y que redacten una transcripción escrita del interrogatorio.

2.5.2. Traslado de condenados

Decisión marco del Consejo 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea

La Decisión marco 2008/909/JAI prevé un sistema para el traslado de condenados a su Estado miembro de nacionalidad o de residencia o a otro Estado miembro con el que tengan vínculos próximos. La Decisión marco 2008/909/JAI también se aplica cuando el condenado ya se encuentra en ese Estado miembro. El consentimiento del condenado para el traslado ya no representa un requisito previo en todos los casos. Esta Decisión marco ha sustituido, en los Estados miembros, al Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983 (ETS n.o 112), y su protocolo adicional, de 18 de diciembre de 1997 (ETS n.o 167).

En determinadas situaciones, en lugar de emitir una ODE para la entrega de la persona para que cumpla la pena en el Estado miembro en el que esta fue impuesta, la Decisión Marco 2008/909/JAI podría usarse para ejecutar la pena en el lugar donde el condenado resida y pueda tener mejores oportunidades de reinserción.

Asimismo, el artículo 25 de la Decisión marco 2008/909/JAI contiene una disposición específica para la ejecución de penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE (véanse los apartados 5.4.2 y 5.8.2 del presente manual). En los supuestos en los que se apliquen el artículo 4, apartado 6, o el artículo 5, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, también debe aplicarse la Decisión marco 2008/909/JAI para transmitir la pena al Estado miembro donde esta se ejecutará.

Ejemplo 1

Jerzy es nacional del Estado miembro B y tiene su residencia habitual en él. Durante su visita al Estado miembro A comete una infracción. Es condenado a dos años de prisión en A.

Las autoridades de A pueden transferir la condena para su ejecución en B sin el consentimiento de Jerzy, si esto mejora sus posibilidades de reinserción y se cumplen otras condiciones de la Decisión marco 2008/909/JAI.

Ejemplo 2

Gustav es nacional del Estado miembro B pero vive en el Estado miembro A, donde tiene un trabajo fijo y también vive su familia. Es condenado en el Estado miembro B por un delito fiscal y se le impone una pena privativa de libertad. En lugar de emitir una ODE para la ejecución de la pena, las autoridades de B pueden transferir la pena privativa de libertad para que se cumpla en A.

2.5.3. Orden europea de vigilancia (OEV)

Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (21)

La Decisión marco 2008/829/JAI introduce la posibilidad de transmitir una medida de vigilancia que no suponga privación de libertad desde el Estado miembro en el que se sospecha que un no residente ha cometido una infracción, al Estado miembro en el que este reside. De este modo, el sospechoso puede estar sometido a una medida de vigilancia en su entorno habitual antes de la celebración del proceso en el Estado miembro extranjero. La orden europea de vigilancia (OEV) puede usarse para todas las medidas de vigilancia previas al proceso que no supongan privación de libertad, por ejemplo, la restricción de desplazamientos y el deber de informar periódicamente.

El Estado miembro en el que se incoan las diligencias determinará si se ordena la transmisión de la decisión sobre medidas de vigilancia. Los tipos de medidas de vigilancia contemplados se enuncian en la Decisión marco 2009/829/JAI, y algunos de ellos se prevén mediante las en declaraciones posteriores de los Estados miembros (enumeradas en el sitio web de la RJE). La transmisión de una medida de vigilancia exige el consentimiento de la persona sometida a dicha medida.

Ejemplo: Sonia vive y trabaja en el Estado miembro B. Temporalmente, su lugar de residencia se encuentra en el Estado miembro A, en el que está siendo investigada por fraude. La autoridad judicial de A sabe dónde reside Sonia en B y considera que el riesgo de fuga antes del juicio es bajo. En lugar de mantenerla detenida antes del juicio en A, la autoridad judicial de A puede emitir una orden que la obligue a informar periódicamente a la autoridad policial de B. A fin de permitir a Sonia volver y permanecer en B hasta la celebración del juicio en A, la autoridad competente de A puede, con el consentimiento de Sonia, emitir una OEV para reconocer y ejecutar en B la obligación de informar.

2.5.4. Transmisión de resoluciones de libertad vigilada y penas sustitutivas

Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (22)

La Decisión marco 2008/947/JAI introduce la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de penas sustitutivas de la detención y medidas que faciliten la libertad anticipada. Se relaciona con la fase posterior del proceso.

Dispone que una resolución de libertad vigilada u otra pena sustitutiva pueda ser ejecutada en un Estado miembro diferente a aquel en el que la persona fue condenada, siempre que esta esté de acuerdo.

Ejemplo: Anna es nacional del Estado miembro A, pero se encuentra de vacaciones en el Estado miembro B. Es declarada culpable de una infracción en B y condenada a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de a una pena privativa de libertad. Puede volver a A, tras lo cual las autoridades de A están obligadas a reconocer la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y vigilar que Anna la cumpla.

2.5.5. Sanciones pecuniarias

Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (23)

La Decisión marco 2005/214/JAI aplica el principio de reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias impuestas por autoridades judiciales o administrativas. El objetivo es facilitar la ejecución de estas sanciones en un Estado miembro diferente a aquel en el que se impusieron. Permite a una autoridad judicial o administrativa transmitir una sanción pecuniaria directamente a una autoridad de otro Estado miembro de la Unión y que dicha sanción sea reconocida y ejecutada sin más trámite.

El ámbito de aplicación de la Decisión marco 2005/214/JAI abarca todas las infracciones penales [artículo 1, letra a), incisos i) y ii)] y también la «infracción a normas legales», con la condición de que sea posible presentar un recurso ante «un órgano jurisdiccional competente en asuntos penales» (el Tribunal de Justicia ha dado indicaciones sobre esta última idea, en particular, en su sentencia en el asunto C-60/12 Baláž, apartados 39 y 40) (24).

El procedimiento se aplica en situaciones transfronterizas en las que se dicta una sanción pecuniaria en un Estado miembro y se espera que esta sea ejecutada en el Estado miembro en el que el infractor reside, posee propiedades u obtiene ingresos.

En los ordenamientos de algunos Estados miembros, una sanción pecuniaria no pagada puede convertirse en una pena privativa de libertad. En estas situaciones, puede emitirse una ODE para la ejecución de la pena privativa de libertad. Se aconseja que, cuando sea posible, la Decisión marco 2005/214/JAI sea considerada como uno de los métodos para ejecutar el pago antes de convertir la sanción pecuniaria en una pena privativa de libertad, y evitar de este modo la necesidad de emitir una ODE.

2.5.6. Transmisión de procesos penales

La transmisión de procesos penales al Estado miembro en el que reside el sospechoso debe considerarse en los casos pertinentes. La base jurídica para la transmisión es el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal de 1972. Para los Estados miembros que no ratificaron este Convenio, la transmisión puede basarse en la competencia ordinaria del Estado miembro receptor para iniciar una investigación penal. En este último caso, las solicitudes se basan normalmente en el artículo 21 del Convenio del Consejo de Europa sobre ayuda mutua en materia penal, de 20 de abril de 1959 (ETS n.o 030).

2.6. Principio de especialidad: posible enjuiciamiento por otras infracciones

En general, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado su entrega. Este es el principio de especialidad, previsto en el artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE.

El principio de especialidad está sujeto a una serie de excepciones. La Decisión marco sobre la ODE ofrece la posibilidad a los Estados miembros de informar de que, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, renuncian al principio de especialidad, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega (véase el artículo 27, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). Según la información a disposición de la Comisión, únicamente Estonia, Austria, y Rumanía han enviado dichas notificaciones.

Además, el artículo 27, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE, enumera otras situaciones en las que no se aplica el principio de especialidad:

«a) cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b) la infracción no sea punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad;

c) el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;

d) cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;

e) cuando la persona hubiere dado su consentimiento, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13;

f) cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su entrega. La renuncia se efectuará ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona tendrá derecho a la asistencia de un abogado;».

En otros casos, es necesario solicitar el consentimiento del Estado miembro de ejecución original para enjuiciar o dar curso a otras infracciones [artículo 27, apartado 3, letra g), de la Decisión marco sobre la ODE]. Se dará el consentimiento cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en la Decisión marco sobre la ODE, a menos que sea de aplicación un motivo obligatorio o facultativo de no ejecución.

Cuando proceda, la autoridad judicial de ejecución puede someter su consentimiento a una de las condiciones relativas a las penas privativas de libertad a perpetuidad y al retorno de nacionales y residentes establecidas en el artículo 5 (véase el apartado 5.8 del presente manual). En esos casos, el Estado miembro de emisión debe dar unas garantías adecuadas (artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

Procedimiento para renunciar al principio de especialidad con el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución

La solicitud de consentimiento debe presentarse mediante el mismo procedimiento y contener la misma información que una ODE normal. De este modo, la autoridad judicial competente transmite la solicitud de consentimiento directamente a la autoridad judicial de ejecución que entregó a la persona. La información incluida en la solicitud, como prevé el artículo 8, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE, debe traducirse con arreglo a las mismas normas que una ODE. La autoridad judicial de ejecución debe adoptar la resolución en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud (artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

El Tribunal de Justicia, en el asunto C-388/08 PPU, Leymann y Pustovarov (25), examinó cómo determinar si la infracción considerada no es una «infracción distinta» de la que hubiera motivado la entrega, en el sentido del artículo 27, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE, que exija la incoación del procedimiento de consentimiento previsto en el artículo 27, apartados 3, letra g), y 4, de dicha Decisión marco. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«[…] debe comprobarse si, según la tipificación jurídica que se hace de la infracción en el Estado miembro de emisión, los elementos constitutivos de aquella son los mismos por los cuales la persona ha sido entregada y si existe una correspondencia suficiente entre los datos que figuran en la orden de detención y los mencionados en el acto de procedimiento posterior. Son admisibles cambios en las circunstancias de tiempo y de lugar, siempre que se deriven de elementos obtenidos durante el procedimiento seguido en el Estado miembro de emisión en relación con los comportamientos referidos en la orden de detención, no alteren la naturaleza de la infracción y no impliquen ningún motivo de no ejecución, en virtud de los artículos 3 y 4 de la Decisión marco».

3. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE UNA ODE

3.1. Otros procesos penales en curso y ODE sobre la misma persona

3.1.1. En el Estado miembro de emisión

Antes de emitir una ODE, se aconseja a la autoridad judicial competente que compruebe si existen otros procesos penales iniciados u otras ODE emitidas sobre la persona buscada en el Estado miembro de emisión.

Si existen otros procesos penales en curso o penas privativas de libertad ejecutorias contra la persona buscada en el Estado miembro de emisión, es aconsejable comunicarse y, cuando sea posible, coordinarse con otras autoridades nacionales antes de emitir una ODE. Es importante garantizar que la ODE comprende todas las infracciones por las que la persona buscada será procesada o ha sido condenada en el Estado miembro de emisión. Esto es aconsejable, en particular, a causa del principio de especialidad, que puede impedir el enjuiciamiento o condena por infracciones distintas de aquellas por las que la persona fue entregada por el Estado miembro de ejecución (véase el apartado 2.6). Aunque después de la entrega puede solicitarse el consentimiento de la persona buscada o del Estado miembro de ejecución para incoar la acción penal o ejecutar la pena por estas infracciones [véase el artículo 27, apartado 3, letras f) y g), de la Decisión marco sobre la ODE], la práctica ha demostrado que obtener dicho consentimiento puede ser un proceso lento o laborioso.

Si es posible, todas las infracciones deben incluirse en una sola ODE, ya que esto permite que el procedimiento en el Estado miembro de ejecución sea más rápido y eficiente. Si existe una ODE anterior emitida para la misma persona, esta puede ser sustituida, cuando sea posible, por una nueva ODE que abarque las infracciones de la anterior ODE y las nuevas. Si existe una descripción anterior para la detención emitida para la misma persona, esta debe ser actualizada para incluir la nueva ODE. Es posible introducir más de una ODE por cada descripción para la detención (véase el punto 3.1 del Manual SIRENE).

3.1.2. En otro Estado miembro

Si existen indicaciones de otros procesos penales en curso o penas privativas de libertad ejecutorias contra la persona buscada en otro u otros Estados miembros, puede ser aconsejable contactar con las autoridades de estos antes de emitir una ODE. En estos casos, las autoridades de los diferentes Estados miembros pueden estudiar la posibilidad de coordinar qué Estado miembro debe emitir la (primera) ODE y la posibilidad de trasmitir procesos penales a un único Estado miembro o, al menos, a un número menor de Estados miembros.

Las autoridades competentes deben comprobar en el SIS si otro Estado miembro ha emitido una descripción para la detención sobre la misma persona. Varios Estados miembros pueden introducir una descripción para la detención sobre la misma persona. En caso de detención, el servicio SIRENE del Estado miembro de ejecución informará de forma simultánea a cada Estado miembro afectado (véase el punto 3.2 del Manual SIRENE).

Las autoridades competentes también pueden ponerse en contacto con Eurojust, con los puntos de contacto de la RJE o con ambos, o contactar directamente con la autoridad competente de otro Estado miembro (26).

Cabe señalar que cuando el Estado miembro de ejecución recibe varias ODE sobre la persona buscada, dicho Estado debe decidir, en cualquier caso, si esa persona debe ser entregada en primer lugar (véase el apartado 5.10). Por tanto, puede resultar más eficiente buscar el acuerdo entre las autoridades judiciales emisoras sobre a cuál de los Estados miembros debe entregarse la persona buscada, en primer lugar, antes de emitir varias ODE. Aunque la autoridad judicial de ejecución no está vinculada por los acuerdos relacionados con ODE simultáneas alcanzados entre autoridades judiciales emisoras, la autoridad de ejecución debería tenerlos en cuenta.

Por tanto, es aconsejable cumplimentar la sección «f» (Otras circunstancias relacionadas con el caso) del formulario de la ODE relativa a estos acuerdos, de forma que las autoridades judiciales de ejecución tengan un conocimiento inmediato de ellos.

3.2. Cumplimentar el formulario de la ODE

El anexo III contiene directrices detalladas sobre cómo cumplimentar la ODE.

3.2.1. Información obligatoria

La autoridad judicial de ejecución debe contar siempre con la información mínima necesaria para poder pronunciarse sobre la entrega (véase el artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). En particular, la autoridad judicial de ejecución necesita poder confirmar la identidad de la persona y evaluar si es de aplicación alguno de los motivos para la no ejecución. Por tanto, la autoridad judicial emisora debe prestar especial atención a la descripción de la infracción o infracciones en el formulario de la ODE.

La información exacta que debe facilitarse depende de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, es aconsejable tener en cuenta que la autoridad judicial de ejecución puede no saber nada o muy poco acerca del caso que dio origen a la ODE o del ordenamiento jurídico del Estado miembro de emisión. Por tanto, resulta vital que las autoridades judiciales emisoras garanticen la claridad, veracidad y exhaustividad de la información incluida en la ODE. Cuando un formulario de ODE está bien cumplimentado, no se necesitan documentos adicionales.

La experiencia ha demostrado que las solicitudes de información complementaria entre las autoridades judiciales emisoras y de ejecución suponen una de las causas principales de demora en la ejecución de las ODE. A menudo, esto deriva en el incumplimiento de los plazos previstos en la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 4.1 referente a los plazos).

3.2.2. Información complementaria de utilidad de la autoridad judicial emisora

Las fotografías y las huellas dactilares de la persona buscada deben añadirse a la descripción del SIS cuando estén disponibles. Por otra parte, deberían indicarse siempre las señas de contacto y el número de teléfono móvil del agente de guardia y de la persona encargada del expediente, a fin de que se les pueda informar de inmediato y en cualquier momento cuando se localice a la persona buscada.

Cuando sea probable que el Estado miembro de ejecución exija garantías al Estado miembro emisor sobre la base del artículo 5 de la Decisión marco sobre la ODE, se aconseja añadir la información pertinente a la ODE. Por ejemplo, la autoridad emisora puede manifestar ya en ese momento su consentimiento de devolver a la persona buscada al Estado miembro de ejecución bajo determinadas condiciones (véase el apartado 5.8).

3.3. Transmisión de la ODE

El procedimiento para transmitir la ODE depende de si la autoridad emisora conoce el paradero de la persona buscada (artículo 9 de la Decisión marco sobre la ODE). En la mayoría de los casos, no se conoce el paradero de la persona y la ODE debe transmitirse a todos los Estados miembros a través del SIS. Incluso cuando este se conoce, la autoridad judicial emisora puede decidir emitir una descripción en el SIS (artículo 9, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

3.3.1. Si se desconoce el paradero de la persona buscada

Si se desconoce el paradero de la persona buscada, la ODE debe transmitirse a todos los Estados miembros. A tal fin, debe crearse una descripción para la detención o la entrega en el SIS, de conformidad con el artículo 26 de la Decisión SIS II. Es importante resaltar que la autoridad judicial emisora debe emitir la ODE antes de introducir la descripción en el SIS.

La autoridad judicial emisora debe enviar, en su caso una copia del original de la ODE y toda la información pertinente relacionada con la persona al servicio nacional SIRENE, a través de la autoridad policial competente.

El servicio nacional SIRENE del Estado miembro de emisión comprueba que la información es completa (por ejemplo, si hay fotografías y huellas dactilares que puedan adjuntarse), adjunta la copia del original de la ODE a la descripción junto con una traducción, si se dispone de ella, y valida la introducción de la descripción en el SIS. Además, el servicio SIRENE comunica los contenidos de la ODE al resto de servicios SIRENE mediante el intercambio de información complementaria (formulario A). El formulario A se emite en inglés. Es importante indicar en el formulario A (campo 311) si la búsqueda de la persona se limita únicamente a los territorios de determinados Estados miembros (búsqueda geográfica).

Tras recibir este formulario, el resto de servicios SIRENE comprueban si la información incluida en él y en la ODE está completa. De conformidad con el artículo 25 de la Decisión SIS II, los servicios SIRENE también pueden comprobar, bajo control judicial, si resulta obvio que la ejecución de la ODE tendrá que denegarse y, en ese caso, añadirán una «indicación» a la descripción encaminada a impedir la detención. Durante este proceso de verificación, la descripción debe seguir disponible para los usuarios finales. Si un Estado miembro no ejecuta la ODE y, por tanto, decide añadir una indicación a una descripción, la descripción seguirá siendo visible para los usuarios finales. Esta acción no consistirá en detener a la persona buscada sino en averiguar su paradero (véase el punto 3.6 del Manual SIRENE).

Los servicios SIRENE receptores también comprueban las bases de datos nacionales, como las policiales y las de los sistemas penitenciarios, para verificar si ya conocen a la persona buscada o incluso si esta ya se encuentra detenida por otra infracción. Si se localiza a la persona a partir de esta verificación, el servicio SIRENE remite la información incluida en el formulario A a la autoridad competente que se encargará de ejecutar la ODE.

La descripción para la detención está a disposición de las autoridades competentes de todos los Estados miembros (normalmente, autoridades policiales y judiciales). Si la persona es detectada y detenida a partir de la descripción del SIS en otro Estado miembro, se informará a la autoridad judicial emisora mediante el servicio nacional SIRENE.

Las descripciones para la detención introducidas en el SIS que contengan una copia del original de la ODE constituirán y tendrán los mismos efectos que una ODE (Decisión SIS II, artículo 31, apartado 1). Desde la entrada en funcionamiento de la segunda generación del SIS, ya no se exige la transmisión del original en papel de la ODE, ya que la copia del original de esta se adjunta directamente a la descripción. No obstante, dado que la ODE original se emite en la lengua del Estado de emisión y el formulario A se emite en inglés, puede que sea necesario que la autoridad emisora remita una ODE traducida al Estado miembro de ejecución después de que la persona buscada haya sido detenida. Asimismo, es posible adjuntar a la descripción, de forma inmediata, una copia de una traducción de la ODE en más de una lengua oficial de la Unión.

El sitio web de la RJE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene una lista de las lenguas aceptadas por los Estados miembros (véase el apartado 3.4).

La autoridad judicial emisora debe garantizar que la descripción introducida en el SIS solo se conservará durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que haya sido introducida (Decisión SIS II, artículo 44, aparatado 1). Esto implica que la descripción debe ser suprimida cuando se retire la ODE (véase el apartado 10.4 del presente manual) o cuando se haya producido la entrega (véase el punto 3.11 del Manual SIRENE).

3.3.2. Si se conoce el paradero de la persona buscada

Si se conoce el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora puede enviar la ODE directamente a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución para que la ejecute (artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

En caso de que no conozca la autoridad judicial de ejecución competente, la autoridad judicial emisora debe hacer indagaciones, en particular a través de los puntos de contacto de la red judicial europea, con el fin de obtener dicha información del Estado miembro de ejecución (artículo 10, apartado 1). La herramienta Atlas del sitio web de la RJE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) también contiene información y datos de contacto de todas las autoridades competentes de los Estados miembros.

A fin de reducir el riesgo de fuga de la persona buscada, la autoridad judicial emisora también puede remitir la ODE a su servicio nacional SIRENE para su transmisión al resto de Estados miembros a través del SIS (véase el apartado 3.3.1, de la Decisión marco sobre la ODE). La descripción del SIS permite a las autoridades policiales de los Estados miembros saber que la persona es buscada para su detención. No obstante, debe indicarse claramente a todos los servicios SIRENE que se conoce el paradero de la persona para evitar el trabajo innecesario de comprobar si la persona es conocida o está presente en su territorio.

3.3.3. Transmisión de la ODE a los Estados miembros que no usan el SIS

Actualmente, los siguientes Estados miembros de la Unión no usan el SIS: Irlanda y Chipre. Cuando se necesita transmitir una ODE a estos Estados miembros, esta se puede remitir directamente o a través de la oficina nacional de Interpol. El artículo 10, apartado 3 de la Decisión marco sobre la ODE prevé la transmisión a través de Interpol.

Con todo, conviene señalar que, en algunos Estados miembros, una descripción de Interpol no es base suficiente para proceder a una detención. Por tanto, es importante indicar claramente la existencia de la ODE en la descripción ya que esta siempre conlleva la obligación de arrestar a la persona buscada.

3.4. Traducción de la ODE

El formulario de la ODE deberá cumplimentarse o traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución. Sin embargo, cuando el Estado miembro de ejecución haya declarado que aceptará también una traducción en uno o varias lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, la ODE debe, alternativamente, traducirse a una de esas lenguas (artículo 8, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

El sitio web de la RJE (herramienta Fichas belgas — http://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene una lista de las lenguas aceptadas por los Estados miembros.

Cuando la ODE se transmite a través del SIS, el Estado miembro de emisión también puede adjuntar una copia de la traducción de la ODE en una o más lenguas oficiales de las instituciones de la Unión a la descripción, como se prevé en el artículo 27, apartado 2, de la Decisión SIS II. Estas traducciones, al igual que los formularios A, deben servir como base suficiente para llevar a cabo las verificaciones que se indican en el apartado 3.3.1 del presente manual. Cabe señalar que esto no afecta a la obligación de traducir la ODE a una lengua aceptada por el Estado miembro de ejecución.

Cuando se pueda prever el lugar de detención de la persona buscada, quizá sea mejor traducir la ODE por adelantado a la lengua de ese Estado miembro. Esto facilita que se cumplan los ajustados plazos del procedimiento de ejecución de la ODE.

Las ODE que se remitan directamente a la autoridad judicial de ejecución o a una autoridad central deberán ir acompañadas de una traducción. Dado que las ODE deben transmitirse y ejecutarse con carácter de urgencia (artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE), el Estado miembro de emisión debe enviar la traducción lo antes posible y, en cualquier caso, dentro del plazo establecido por el Estado miembro para la recepción de ODE traducidas (véase el apartado 4.3 del presente manual).

Las traducciones deben realizarse usando el formulario normalizado de las ODE que se encuentra disponible en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión. Todas las versiones lingüísticas del formulario están disponibles en el sitio web de la RJE (Biblioteca Judicial y Compendium, tanto en formato Word como PDF).

3.5. Tras el arresto de la persona buscada: cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución

Tras el arresto de la persona buscada en otro Estado miembro, las autoridades competentes del Estado miembro de emisión deben responder rápidamente a las peticiones de información o cualquier otra petición de las autoridades del Estado miembro de ejecución. Se aconseja a las autoridades competentes del Estado miembro de emisión que consulten la PARTE II de este manual para obtener directrices sobre una buena cooperación y comunicación con las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución. La RJE o Eurojust pueden ayudar en caso de que surjan problemas de comunicación. Los servicios SIRENE también facilitan habitualmente la comunicación si la persona ha sido arrestada de conformidad con una descripción para la detención emitida en el SIS.

En caso de que la autoridad judicial emisora decida retirar su ODE, debe notificarlo sin demora a la autoridad judicial de ejecución, especialmente si la persona buscada ha sido privada de libertad. Asimismo, debe asegurarse de que la descripción del SIS es suprimida.

La autoridad judicial emisora podrá transmitir en cualquier momento a la autoridad judicial de ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad (artículo 15, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

PARTE II: EJECUCIÓN DE UNA ODE

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UNA ODE

4.1. Plazos para tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE

Se establecen unos plazos estrictos para la ejecución de una ODE. Estos plazos dependen de si la persona buscada consiente en su entrega. Cabe destacar que, a pesar de los plazos, todas las ODE deben transmitirse y ejecutarse con carácter de urgencia (artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

Si la persona buscada consiente en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE debería tomarse en el plazo de 10 días desde la manifestación del consentimiento (artículo 17, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Si la persona buscada no consiente en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE debería tomarse en el plazo de 60 días desde la detención de la persona buscada (artículo 17, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

Según la Decisión marco sobre la ODE, el consentimiento será, en principio, irrevocable. No obstante, todo Estado miembro podrá establecer que dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia a acogerse al principio de especialidad (véase el apartado 2.6) podrán revocarse de conformidad con las normas aplicables en sus respectivos Derechos internos. Si la persona buscada revoca su consentimiento, el límite inicial de diez días deja de aplicarse y pasa a ser de sesenta días, a contar desde el día de la detención (artículo 13, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE). Al establecer dicho plazo, el período comprendido entre la fecha del consentimiento y la de su revocación no se toma en consideración.

De manera excepcional, cuando en un caso concreto la ODE no pueda ser ejecutada dentro de los plazos aplicables, estos podrán prorrogarse otros 30 días. En tal caso, la autoridad judicial de ejecución debe informar inmediatamente a la autoridad judicial emisora de los motivos de la demora (artículo 17, apartado 4, de la Decisión marco sobre la ODE).

Como dictaminó el Tribunal de Justicia en el asunto C-168/13 PPU Jeremy F. (27), todo posible recurso suspensivo establecido por la normativa nacional contra la decisión sobre la entrega debe ejercerse en cualquier caso con observancia de los plazos previstos en la Decisión marco sobre la ODE para la adopción de una decisión definitiva.

En el asunto C-237/15 PPU Lanigan (28), el Tribunal de Justicia sostuvo que la expiración de los plazos para la toma de una decisión sobre la ejecución de una ODE no exime al órgano jurisdiccional competente de su obligación de adoptar una decisión a ese respecto y no impide, en sí misma, el mantenimiento en detención continuada de la persona buscada. Sin embargo, si la duración de la privación de libertad es excesiva, debe ordenarse la puesta en libertad de la persona buscada, junto con las medidas necesarias para evitar su fuga.

Obligación de informar a Eurojust acerca de las demoras

Cuando un Estado miembro no pueda cumplir los plazos, las autoridades competentes deberán informar a Eurojust, precisando los motivos de la demora (Artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco sobre la ODE). Dada la vital importancia de cumplir los plazos en el funcionamiento de la ODE, Eurojust supervisa los casos en los que no se cumplen dichos plazos, si se informa de ello. Sobre esta base, Eurojust puede ayudar a identificar los problemas que causan las demoras. En muchas situaciones, Eurojust puede ayudar a las autoridades competentes a respetar estos plazos, por ejemplo, facilitando el intercambio de información entre las autoridades competentes.

4.2. Plazos para la entrega de una persona buscada (después de tomar la decisión sobre la ejecución de una ODE)

El plazo para la entrega de una persona buscada empieza a contar inmediatamente después de tomar la decisión definitiva sobre la ejecución de una ODE. Las autoridades interesadas deben organizar y acordar la entrega de la persona lo antes posible (artículo 23, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE). En cualquier caso, la entrega deber tener lugar a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE (artículo 23, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). Por esta razón, es necesario acordar las disposiciones prácticas de la entrega sin demora.

Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros interesados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo de diez días, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se deberán poner inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega deberá tener lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada (Artículo 23, apartado 3, de la Decisión marco sobre la ODE).

En el asunto C-640/15 Vilkas (29), el Tribunal de Justicia concluyó que la autoridad judicial de ejecución puede acordar una nueva fecha de entrega con la autoridad judicial emisora, incluso si los dos anteriores intentos de entrega fracasaron debido a la resistencia opuesta por la persona buscada, siempre que dicha resistencia no haya podido ser prevista por las autoridades y que las consecuencias de esta resistencia para la entrega no hayan podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada por dichas autoridades, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Dichas autoridades siguen estando obligadas a acordar una nueva fecha de entrega en caso de expiración de los plazos fijados en el artículo 23.

En cuanto a la suspensión de la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, enfermedad grave de la persona buscada, véase el apartado 5.9.1.

4.3. Traducción de la ODE

La autoridad judicial de ejecución puede establecer un plazo para recibir la traducción de la ODE. La ODE debe traducirse a una de las lenguas oficiales de los Estados miembros ejecutivos u otra lengua que un Estado miembro haya indicado. Se anima encarecidamente a las autoridades judiciales de ejecución a que fijen un plazo de entre seis y diez días naturales.

La experiencia ha demostrado que, habitualmente, un plazo inferior a seis días es demasiado reducido para facilitar la traducción (con una calidad adecuada). Dar más de diez días podría ser percibido como una dilación excesiva del procedimiento, en particular cuando la persona buscada se halle detenida.

4.4. Comunicación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros antes de la resolución de entrega

4.4.1. Cuándo comunicarse

Información complementaria necesaria para permitir la resolución de entrega

Las peticiones de información complementaria deben ser excepcionales. Esta comunicación debe realizarse a través de los servicios SIRENE usando los formularios correspondientes (formulario M). El funcionamiento de la ODE se funda en la presunción general de que la autoridad judicial de ejecución puede pronunciarse sobre la entrega basándose en la información contenida en la ODE. Esta presunción descansa en el principio de reconocimiento mutuo y en la necesidad de pronunciarse rápidamente sobre la entrega. No obstante, las peticiones de información complementaria son necesarias en determinadas situaciones a fin de cumplir la obligación de ejecutar la ODE.

Si la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para que la autoridad judicial de ejecución pueda pronunciarse sobre la entrega, la autoridad judicial de ejecución debe comunicarse con la autoridad judicial emisora para obtener la información complementaria necesaria. Cabe destacar que en la Decisión marco sobre la ODE esto se contempla como una obligación de la autoridad judicial de ejecución (artículo 15, apartado 2).

La comunicación entre las autoridades judiciales de emisión y ejecución antes de la resolución de entrega debe referirse principalmente a la información complementaria que resulta pertinente para la resolución (véase el apartado 5.6). Por tanto, las peticiones de información complementaria deben referirse, en particular, al contenido exigido en el formulario de la ODE que es necesario para evaluar la posibilidad de ejecutar la ODE y la aplicabilidad de cualquier motivo de denegación.

De conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, la autoridad judicial de ejecución no puede poner en tela de juicio los fundamentos de las resoluciones de las autoridades judiciales del Estado miembro de emisión.

La comunicación se debe realizar siempre lo más rápido posible y, en cualquier caso, respetando los plazos de la ODE establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE.

Algunas situaciones típicas en las que la petición de información complementaria puede ser necesaria son las siguientes:

a) una parte importante del formulario de la ODE no se ha cumplimentado;

b) el contenido de la ODE no está claro;

c) existe un error manifiesto en la ODE;

d) no es seguro que se haya detenido a la persona correcta de conformidad con la ODE.

Antes de alegar un motivo de denegación

En muchas situaciones, la autoridad judicial de ejecución puede ponerse en contacto con la autoridad judicial de emisión antes decidir aplicar un motivo de no ejecución. Esto puede resultar beneficioso, por ejemplo, para establecer si existen otras medidas de cooperación judicial que puedan utilizarse cuando una ODE no pueda ser ejecutada.

Otras razones para la comunicación

También puede ser necesaria una comunicación complementaria:

a) para obtener garantías del Estado miembro de emisión relativas a penas privativas de libertad a perpetuidad o para devolver a los nacionales o residentes para que cumplan las penas privativas de libertad en el Estado miembro de ejecución (véase el apartado 5.8) y

b) en el caso de varias ODE relacionadas con la misma persona (véase el apartado 5.10).

4.4.2. Cómo comunicarse

La ODE se basa en el principio de contacto directo entre las autoridades competentes. La comunicación directa entre las autoridades judiciales de emisión y ejecución tiene la ventaja de ser rápida y fiable.

Sin embargo, la comunicación debe realizarse a través de las autoridades centrales cuando el Estado miembro haya designado una autoridad central para que se ocupe de la correspondencia oficial de conformidad con el artículo 7 de la Decisión marco sobre la ODE. El sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) incluye información sobre los Estados miembros que han hecho uso de esta posibilidad.

Atlas Judicial (datos de contacto)

La herramienta Atlas del sitio web de la RJE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) contiene los datos de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros. Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de identificar a las autoridades locales con competencias para recibir la resolución que debe ser ejecutada y de contactar con la persona interesada para debatir aspectos prácticos relacionados con la ODE y otros instrumentos de reconocimiento mutuo.

Métodos de comunicación

La Decisión marco sobre la ODE no contiene normas específicas sobre los formularios o procedimientos de comunicación posteriores a la recepción de la ODE. La comunicación puede llevarse a cabo a través de cualquier medio disponible y suficientemente seguro (por ejemplo, teléfono o correo electrónico). La forma más eficiente es comunicarse directamente con las mínimas formalidades y, cuando sea posible, acordando el uso de una lengua común.

Es aconsejable que el lenguaje usado en la comunicación escrita sea lo más simple posible. Deben evitarse o explicarse aquellos términos y conceptos que puedan tener diferentes connotaciones en los distintos ordenamientos jurídicos. Esto ayudará a evitar malentendidos y problemas con las traducciones.

Una buena comunicación ayuda a que el procedimiento siga siendo rápido, a evitar malentendidos y a respetar los reducidos plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE (véanse los apartados 4.1 y 4.2 de este Manual sobre los plazos).

Siempre urgente

La autoridad judicial emisora debe tramitar las peticiones de información complementaria con carácter de urgencia. La autoridad judicial de ejecución puede establecer un plazo (razonable) para la recepción de esta información teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17 de la Decisión marco sobre la ODE (artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE).

Asimismo, las autoridades competentes deben tener en cuenta las demoras que las peticiones de información complementaria puedan causar y deben intentar minimizarlas.

Los contactos de Eurojust o la RJE pueden facilitar la comunicación

Los puntos de contacto de la RJE o los miembros nacionales de Eurojust pueden facilitar la comunicación con las autoridades de otros Estados miembros. Tanto la RJE como Eurojust pueden ofrecer una comunicación rápida e informal entre los representantes de los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros.

Resulta especialmente aconsejable usar la RJE o Eurojust de acuerdo con sus funciones concretas en situaciones de urgencia o cuando resulta difícil contactar con la autoridad adecuada.

Por ejemplo, el sitio web de la RJE (Atlas Judicial, Fichas belgas) y sus puntos de contacto pueden ayudar a identificar a las autoridades judiciales de ejecución competentes y a ofrecer información acerca de los requisitos específicos del Estado miembro de ejecución, mientras que el miembro nacional de Eurojust debería participar en caso de que se repitan las demoras o se deniegue la ejecución, o en caso de solapamiento de ODE. Además, la conexión de telecomunicaciones protegida de la RJE puede usarse como canal para transmitir las ODE, como prevé el artículo 10, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE. Es una buena práctica mencionar en el formulario de la ODE si los puntos de contacto de la RJE, los miembros nacionales de Eurojust u otras personas a cargo de un caso han participado en la preparación de la ODE (30).

Función de los servicios SIRENE

En cuanto a las descripciones para la detención emitidas en el SIS, los servicios SIRENE son responsables del intercambio de información desde el momento en que se encuentra a la persona hasta, al menos, el inicio del procedimiento de entrega formal. Las autoridades judiciales deben mantener informado al servicio SIRENE acerca de las novedades que se produzcan entre la detección y la decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE.

4.5. Obligación de la autoridad judicial de ejecución en materia de información a la autoridad de emisión tras la decisión sobre la entrega

Tras tomar la decisión sobre la entrega de la persona buscada, la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de informar a la autoridad del Estado miembro de emisión acerca de la decisión así como sobre el tiempo de privación de libertad.

4.5.1. Información sobre la decisión relativa a la entrega

La autoridad judicial de ejecución debe notificar a la autoridad de emisión la decisión relativa a la entrega. Con independencia de si la persona buscada es entregada, esta notificación debe llevarse a cabo inmediatamente después de tomar la decisión a fin de permitir a las autoridades del Estado miembro de emisión tomar las medidas oportunas. Esta obligación de notificar al Estado miembro de emisión inmediatamente deriva del artículo 22 de la Decisión marco sobre la ODE.

A tal fin, es aconsejable usar el formulario normalizado incluido en el anexo VII del presente manual. Asimismo, se recomienda que la autoridad judicial de ejecución comunique la decisión directamente a la autoridad judicial de emisión, ya que esto facilita una comunicación rápida y clara (véase el apartado 4.4.2).

Toda denegación de ejecución de la orden de detención europea deberá justificarse (artículo 17, apartado 6 de la Decisión marco sobre la ODE).

Es importante que las autoridades de ejecución indiquen claramente la infracción o infracciones a las que se refiere la decisión de entrega. Esto resulta pertinente debido al principio de especialidad, consagrado en el artículo 27 de la Decisión marco sobre la ODE (véase el apartado 2.6 del presente manual). El principio de especialidad puede impedir que el Estado miembro de emisión incoe acciones penales por infracciones cometidas antes de la entrega, distintas a aquella o aquellas por las que se entregó a la persona buscada.

En los casos en que la ODE haya sido introducida en el SIS, la autoridad judicial de ejecución debe notificar su decisión al servicio SIRENE de su Estado miembro.

4.5.2. Información sobre el tiempo de privación de libertad

Toda la información relativa a la duración de la privación de libertad de la persona buscada sobre la base de la ODE debe ser remitida a la autoridad judicial de emisión. La Decisión marco sobre la ODE exige que esta información sea remitida en el momento de la entrega (artículo 26, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE). Esta información puede ser transmitida por la autoridad judicial de ejecución o la autoridad central designada.

Es importante que las autoridades del Estado miembro de emisión conozcan el tiempo exacto de privación de libertad. Este tiempo debe ser deducido de la condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad (artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE).

El formulario normalizado del anexo VII contiene un espacio para informar sobre el tiempo de privación de libertad.

En el asunto C-294/16 PPU JZ (31), el Tribunal de Justicia falló como sigue:

«47. […] debe interpretarse el concepto de “privación de libertad”, a los efectos del artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, en el sentido de que comprende, además del encarcelamiento, cualquier medida o conjunto de medidas impuestas a la persona afectada, que, por su tipo, duración, efectos y modalidades de ejecución, privan a dicha persona de su libertad de manera comparable a un encarcelamiento. […] 53. Al aplicar el artículo 26, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de la orden de detención europea debe examinar si las medidas adoptadas con respecto a la persona afectada en el Estado miembro de ejecución deben asimilarse a una privación de libertad, conforme se indica en el apartado 47 de la presente sentencia, y constituir, por tanto, una privación de libertad en el sentido de este artículo 26, apartado 1. Si, en el marco de este examen, dicha autoridad judicial llega a la conclusión de que tal es el caso, el artículo 26, apartado 1, impone la obligación de deducir del período de privación de libertad que esta persona debería cumplir en el Estado miembro emisor de la orden de detención europea la totalidad del período durante el cual se aplicaron esas medidas. […] 55. Sin embargo, dado que el artículo 26, apartado 1, se limita a imponer un nivel mínimo de protección de los derechos fundamentales de la persona a la que se refiere la orden de detención europea, no puede interpretarse, según indica el Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, que se oponga a que, sobre la base exclusiva del Derecho nacional, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de esta orden de detención pueda deducir del período total de privación de libertad que la persona afectada debería cumplir en este Estado miembro todo o parte del período durante el cual esta persona, en el Estado miembro de ejecución, fue objeto de medidas que no implican una privación de libertad, sino una restricción de esta. 56. Finalmente, es importante recordar que, al proceder al examen al que se ha hecho referencia en el apartado 53 de la presente sentencia, la autoridad judicial del Estado miembro emisor de la orden de detención europea, sobre la base del artículo 26, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, puede solicitar a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución toda la información cuya comunicación considere necesaria».

4.6. Mantenimiento de la persona buscada en detención en el Estado miembro de ejecución

Tras la detención de la persona buscada sobre la base de la ODE, la autoridad judicial de ejecución debe decidir si esa persona debe permanecer detenida o si es puesta en libertad hasta la decisión sobre la ejecución de la ODE. Por tanto, la detención no se exige necesariamente y la libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución (artículo 12, de la Decisión marco sobre la ODE).

Cuando no se mantiene detenida a la persona, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tiene la obligación de tomar las medidas que considera necesarias para evitar la fuga de la persona (artículo 12, de la Decisión marco sobre la ODE). Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la prohibición de viajar o la obligación de comparecer de manera periódica o estar sometido a vigilancia electrónica.

La decisión sobre la detención se toma con arreglo a la legislación nacional y de conformidad con el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prevé que toda persona tenga derecho a la libertad y a la seguridad.

En el asunto C-237/15 PPU Lanigan, el Tribunal de Justicia falló:

«Los artículos 15, apartado 1, y 17 de la Decisión marco 2002/584/JAI […] deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución sigue estando obligada a adoptar la decisión sobre la ejecución de la orden de detención europea tras la expiración de los plazos establecidos en el artículo 17. El artículo 12 de la Decisión marco, en relación con el artículo 17 de esta y a la luz del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en tal situación, a que se mantenga en detención a la persona buscada, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, aunque la duración total del período de detención de esa persona supere los plazos establecidos, siempre que esa duración no sea excesiva en relación con las características del procedimiento seguido en el asunto controvertido en el litigio principal, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Si la autoridad judicial de ejecución decide poner fin a la detención de la persona buscada, deberá acompañar la puesta en libertad provisional de esa persona de todas las medidas que considere necesarias para evitar su fuga y velar por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para su entrega efectiva mientras no se haya tomado ninguna decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea».

5. DECISIÓN SOBRE LA ENTREGA

5.1. Obligación general de ejecución de las ODE

La autoridad judicial de ejecución tiene la obligación general de ejecutar toda ODE, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco sobre la ODE (artículo 1). Estas disposiciones se describen en los apartados 5 a 8 del presente manual. La decisión sobre la entrega debe tomarse dentro de los plazos mencionados en el apartado 4.

Además, las autoridades competentes deben garantizar que se respeten los derechos procesales mínimos de la persona buscada, tal y como se menciona en el apartado 11.

5.2. Lista de treinta y dos delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación

La autoridad judicial de ejecución debe comprobar si alguna de las infracciones ha sido considerada por la autoridad judicial de emisión como una de las treinta y dos categorías de delitos enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE. La autoridad de ejecución solo puede controlar la doble tipificación de las infracciones que no están enumeradas en la lista de treinta y dos infracciones.

Cabe destacar que solo tiene relevancia la definición de la infracción y la pena máxima contempladas en la legislación del Estado miembro emisor. La autoridad de ejecución debe reconocer lo indicado por la autoridad de emisión en la ODE.

En el asunto C-289/15 Grundza, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 7, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión marco 2008/909/JAI (en concreto, cómo debe apreciarse la condición de doble tipificación). El Tribunal de Justicia falló como sigue:

«38. […] incumbe a la autoridad competente del Estado de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad competente del Estado de emisión, también estarían sujetos, en cuanto tales, a una sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio. […] 49. […] a la hora de apreciar dicha doble tipificación, lo que la autoridad competente del Estado de ejecución debe comprobar no es si ha resultado lesionado el interés protegido por el Estado de emisión, sino que debe tratar de determinar si, en el supuesto de que la infracción en cuestión se hubiera cometido en el territorio del Estado miembro al que pertenece aquella autoridad, se habría considerado que un interés semejante, protegido por el Derecho nacional de ese Estado, ha resultado lesionado.»

En caso de que la autoridad judicial de ejecución considere que existe un error manifiesto a este respecto, debe contactar con la autoridad judicial de emisión para aclarar el asunto (véase el apartado 4.4 sobre la comunicación).

5.3. Infracciones accesorias

Las infracciones accesorias se refieren a la entrega por una o más infracciones sancionadas con una pena inferior al umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE. Estas infracciones pueden ser incluidas en la ODE como infracciones accesorias. La autoridad judicial de emisión puede incluir dichas infracciones en el formulario de la ODE aunque estas no entren en el ámbito de aplicación de la ODE (véase el apartado 2.3).

Sin embargo, la ODE debe emitirse para al menos una de las infracciones que alcanzan el umbral establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco sobre la ODE.

La Decisión marco sobre la ODE no dispone expresamente el procedimiento aplicable a las entregas por infracciones accesorias. Algunos Estados miembros han decidido permitirlas, mientras que otros no lo han hecho. Si el Estado miembro de ejecución no realiza entregas por infracciones accesorias, el principio de especialidad puede impedir que el Estado miembro de emisión enjuicie dichas infracciones (véase el apartado 2.6 sobre el principio de especialidad).

Si la ODE incluye infracciones accesorias, se aconseja que la autoridad judicial de ejecución indique claramente en la decisión de entrega si esta última también se refiere a infracciones accesorias. La entrega por infracciones accesorias otorga al Estado miembro de emisión la competencia de incoar una acción penal o ejecutar una pena privativa de libertad por dichas infracciones.

El anexo VIII contiene una lista de los Estados miembros cuyo sistema legal permite realizar la entrega por infracciones accesorias.

5.4. Motivos para la no ejecución (denegación)

La obligación general de ejecutar ODE (consagrada en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión marco sobre la ODE) está limitada por los motivos para la no ejecución obligatoria y facultativa de la ODE, es decir, los motivos de denegación (artículos 3, 4 y 4 bis de la Decisión marco sobre la ODE). Cabe destacar que, de acuerdo con la Decisión marco sobre la ODE, estos motivos son los únicos que la autoridad judicial de ejecución puede alegar como base para la no ejecución. En cuanto a los motivos para la no ejecución facultativa, la autoridad judicial de ejecución solo puede alegar aquellos transpuestos a su legislación nacional. EL Tribunal de Justicia ha aclarado que la lista de motivos es exhaustiva (en particular, en sus sentencias en el asunto C-123/08 Wolzenburg, apartado 57, y asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU Aranyosi y Căldăraru, apartado 80) (32).

La autoridad judicial de ejecución puede contactar con la autoridad judicial de emisión antes de decidir denegar la entrega. Esto puede resultar aconsejable cuando existan dudas sobre la aplicación de cualquiera de los motivos para la no ejecución. La autoridad judicial de ejecución también puede informar acerca de otras medidas posibles, como el traslado de condenados, antes de tomar la decisión de denegación (véase el apartado 4.4 sobre la comunicación y el apartado 2.5 sobre otras medidas de la Unión sobre cooperación judicial).

Después de tomar la decisión de denegar la entrega, la persona buscada ya no puede permanecer detenida sobre la base de la ODE.

5.4.1. Motivos para la no ejecución obligatoria

Cuando sean de aplicación uno o más de los motivos para la no ejecución obligatoria, la autoridad de ejecución deberá denegar la ejecución de la ODE (artículo 3 de la Decisión marco sobre la ODE). Por tanto, una vez que la autoridad judicial de ejecución haya establecido que uno de estos motivos de denegación es aplicable, dicha autoridad deberá denegar la ejecución. Estos motivos se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco sobre la ODE.

Amnistía (artículo 3, apartado 1)

El delito en que se basa la orden de detención europea está cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución. También se exige que el Estado miembro de ejecución tenga competencia para perseguir dicho delito s