Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (98/C 271/02) COM(98) 370 final - 98/0126(CNS)

(Presentada por la Comisión el 16 de julio de 1998)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 42 y 43,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

(1) Considerando que el funcionamiento y el desarrollo del mercado común para los productos agrícolas deben ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común y que ésta debe comprender, en especial, una organización común de los mercados agrícolas que pueda revestir distintas formas, según los productos;

(2) Considerando que la política agrícola común tiene como fin alcanzar los objetivos del artículo 39 del Tratado y en especial, en el sector vitivinícola, la estabilización de los mercados y la garantía de un nivel de vida equitativo para la población agrícola afectada; que dichos objetivos pueden alcanzarse adaptando los recursos a las necesidades, en particular mediante la aplicación de una política de adaptación del potencial vitícola y de una política de calidad;

(3) Considerando que la regulación vigente de la organización común del mercado vitivinícola se estableció por el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2087/97 (2), que, según la experiencia adquirida, parece adecuado sustituirla para gestionar la situación actual del sector vitivinícola, que presenta unos excedentes estructurales reducidos pero también la posibilidad de que se produzcan excedentes plurianuales, debido sobre todo a la capacidad intrínseca del sector de presentar inmensas fluctuaciones en la producción de una cosecha a otra;

(4) Considerando que la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de 1995 ha llevado, por un lado, a un mercado comunitario más abierto, donde las medidas tradicionales de intervención han perdido gran parte de su posible efecto, y, por otro, a una reducción del ámbito de las subvenciones por exportación, lo que exige a los productores comunitarios un incremento de su competitividad; que la mayoría de las exportaciones ya se está realizando sin subvenciones;

(5) Considerando que el problema de mercado más importante con que se enfrentan actualmente ciertas partes del sector vitivinícola comunitario es lo limitado de su capacidad para adaptarse con la suficiente rapidez a los cambios de competitividad en el mercado tanto interior como exterior; que la actual organización común de mercado no ha ofrecido soluciones a las zonas vitícolas cuya producción es claramente incapaz de encontrar un mercado remunerador; que las zonas con mercados en expansión no se han tratado con la suficiente flexibilidad que permitiera su desarrollo;

(6) Considerando que la Comisión presentó en 1994 una propuesta de reforma de la organización común del mercado vitivinícola que, sin embargo, no fue adoptada; que la situación del mercado ha cambiado desde la presentación de dicha propuesta;

(7) Considerando que, por tanto, es conveniente reformar la operación común del mercado vitivinícola a fin de garantizar la necesaria flexibilidad para seguir fácilmente la evolución con los objetivos generales siguientes: mantener el equilibrio mejorado entre la oferta y la demanda del mercado comunitario, permitir a los productores aprovechar los mercados en expansión, dar al sector la posibilidad de hacerse más competitivo a largo plazo, eliminar el recurso a la intervención como salida artificial para la producción excedentaria, seguir manteniendo todas las salidas tradicionales del alcohol de boca y otros productos de la viticultura, tener en cuenta la diversidad regional y dar carácter oficial a las posibles funciones de las organizaciones de productores e interprofesionales (o equivalentes);

(8) Considerando que el Reglamento (CEE) n° 822/87 ha sido completado y aplicado por los Reglamentos del Consejo (CEE) n° 346/79 (3); (CEE) n° 351/79 (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1029/91 (5); (CEE) n° 460/79 (6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3805/85 (7); (CEE) n° 456/80 (8), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1597/83 (9); (CEE) n° 457/80 (10); (CEE) n° 458/80 (11), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 596/91 (12); (CEE) n° 1873/84 (13), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2612/97 (14); (CEE) n° 895/85 (15), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3768/85 (16); (CEE) n° 823/87 (17), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1426/96 (18); (CEE) n° 1442/88 (19), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 191/98 (20); (CEE) n° 3877/88 (21); (CEE) n° 4252/88 (22), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1419/97 (23); (CEE) n° 2046/89 (24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2468/96 (25); (CEE) n° 2048/89 (26); (CEE) n° 2389/89 (27), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2088/97 (28); (CEE) n° 2390/89 (29), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2611/97 (30); (CEE) n° 2391/89 (31); (CEE) n° 2392/89 (32), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1427/96 (33); (CEE) n° 3677/89 (34), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2796/94 (35); (CEE) n° 3895/91 (36); (CEE) n° 2332/92 (37), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1419/97 y (CEE) 2333/92 (38), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1429/96 (39); que estos Reglamentos han sido modificados de forma substancial en varias ocasiones; que van a introducirse nuevas modificaciones, deberían refundirse, en aras de la claridad, en un solo texto;

(9) Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 822/87 se establece que el Consejo adoptaría sus disposiciones generales de aplicación; que de esa manera se ha establecido una estructura normativa compleja constituida por capas de normas; que los citados reglamentos del Consejo contienen gran cantidad de datos técnicos que exigen frecuentes modificaciones; que, por tanto, el nuevo Reglamento debe contener en general todas las directrices necesarias para su aplicación; que el Consejo debe atribuir a la Comisión todas las competencias necesarias de ejecución, de acuerdo con el artículo 155 del Tratado;

(10) Considerando que las normas por las que se rige la organización común del mercado vitivinícola son excepcionalmente complejas; que en ciertos casos no tienen en cuenta de forma suficiente la diversidad regional; que, en consecuencia y en la medida de lo posible, hay que simplificar las normas y elaborar y aplicar una estrategia lo más cercana que se pueda al productor dentro de un marco comunitario;

(11) Considerando que, para capitalizar y consolidar el equilibrio mejorado del mercado, y ajustar más la oferta a la demanda de los diferentes tipos de producto, debe haber un marco de medidas sobre la gestión de las posibilidades de la viticultura, con inclusión de restricciones a las plantaciones a medio plazo, primas por el abandono definitivo de la viticultura y ayudas a la reconversión de los viñedos;

(12) Considerando que las medidas estructurales no relacionadas directamente con la producción de vino deben incluirse en el ámbito del Reglamento (CE) n° . . . del Consejo [sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)] (40); que las medidas de promoción suponen una importante contribución a la competitividad del sector y que, en particular, debe fomentarse la promoción del vino comunitario en los mercados de terceros países; que, no obstante, las medidas relativas al sector vitivinícola deben incluirse en el ámbito del Reglamento (CE) n° . . . del Consejo, [Reglamento horizontal sobre promoción] (41) a fin de garantizar su coherencia con la política general de promoción de la Comunidad;

(13) Considerando que la mejora del equilibrio del mercado se ha logrado de forma relativamente lenta y difícil; que se ha comprobado que las restricciones vigentes de plantación constituyen un elemento fundamental de este éxito; que, según la experiencia obtenida, no parece posible utilizar otras medidas para capitalizar y consolidar este equilibrio mejorado del mercado; que, por tanto, parece necesario controlar de esta manera el uso que los productos hacen de sus propiedades de acuerdo con el interés general;

(14) Considerando, en consecuencia, que es necesario mantener las restricciones vigentes de plantación durante un periodo limitado a medio plazo para que pueda surtir efecto toda la gama de medidas estructurales, de forma que debe prohibirse toda plantación de vides hasta el 31 de julio de 2010 salvo disposición en contrario del presente Reglamento;

(15) Considerando que se ha comprobado que la vigente autorización de nuevas plantaciones relacionadas con viñas madre, concentración parcelaria, expropiación, experimentación vitícola, producción no comercializada y viveros de injertos no altera excesivamente el mercado vitivinícola, por lo que debe prolongarse, bajo los controles necesarios;

(16) Considerando que se ha comprobado que la vigente autorización de realizar nuevas plantaciones para obtener vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) y vinos de mesa designados mediante una indicación geográfica constituye un componente útil de la política de calidad cuyo objetivo es ajustar mejor la oferta y la demanda; que, no obstante, una vez sea plenamente funcional un sistema de reserva de derechos de plantación, dicho sistema deberá alcanzar el citado objetivo; que, en consecuencia, la autorización vigente debe prolongarse, bajo los controles necesarios, durante un periodo de transición que expirará el 31 de julio de 2003, fecha en la cual el sistema de reserva debería ser plenamente funcional;

(17) Considerando que la vigente autorización de replantación de vid es necesaria para que puedan renovarse normalmente los viñedos agotados; que, por tanto, el sistema actual debe seguir sujeto a los controles necesarios; que, en aras de una mayor flexibilidad, el sistema tiene que permitir también, bajo los controles necesarios, la adquisición y el uso de derechos de replantación antes de que se realice el arranque correspondiente; que deben respetarse los derechos de replantación adquiridos en virtud de normas anteriores, tanto comunitarias como nacionales; que, asimismo, debe ser posible transferir a otra explotación los derechos de replantación adquiridos en virtud de normas anteriores, tanto comunitarias como nacionales; que, asimismo, debe ser posible transferir a otra explotación los derechos de replantación, bajo controles estrictos, siempre que esta transferencia se haga con fines que no alteren excesivamente el mercado, corresponda a la política de calidad o esté relacionada con la transferencia de parte de la explotación;

(18) Considerando que, a fin de mejorar la gestión del potencial vitícula y fomentar el uso eficaz de los derechos de plantación, reduciendo más así el efecto de las restricciones de plantación, debe establecerse un sistema de reservas nacionales o regionales;

(19) Considerando que los Estados miembros deben tener amplias competencias en la gestión de las reservas, bajo los controles necesarios, a fin de que puedan adecuar mejor el uso de los derechos de reserva a las necesidades locales; que dichas competencias deberán prever la posibilidad de adquirir derechos de plantación para alimentar la reserva y vender derechos de plantación procedentes de ésta;

(20) Considerando que la concesión de ventajas especiales a los jóvenes viticultores puede facilitar no sólo su instalación sino también, con posterioridad a ella, la adaptación estructural de sus explotaciones; que, en consecuencia, es necesario que se les puedan conceder derechos de las reservas a título gratuito;

(21) Considerando que, para garantizar que los recursos se utilizen de la forma más eficaz y ajustar mejor la oferta y la demanda, los derechos de plantación deben ser utilizados por sus titulares dentro de un plazo razonable o, en su defecto, asignarse a las reservas; que, por las mismas razones, los derechos asignados a las reservas deben concederse dentro de un plazo razonable;

(22) Considerando que, teniendo en cuenta el equilibrio mejorado del mercado y la expansión del mercado mundial, puede justificarse un aumento de los derechos de plantación, el cual debe asignarse a las reservas siempre que la producción relacionada con tales derechos se ajuste a la demanda; que dicho aumento debe reducirse en la medida en que se hayan autorizado de otra manera derechos de nueva plantación y en que se regularice la situación de superficies plantadas ilegalmente;

(23) Considerando que, a pesar de las restricciones vigentes de plantación, se han plantado superficies infringiendo dichas restricciones; que se ha comprobado que es difícil aplicar las sanciones actuales, cuyo objetivo es garantizar que los productos de tales superficies no alteran el mercado vitícola; que, por tanto, deben arrancarse las superficies plantadas ilegalmente; que esta disposición debe aplicarse a todas las plantaciones ilegales que se efectúen tras la publicación de la propuesta del presente Reglamento, momento a partir del cual los productores deben tener conocimiento de la propuesta de introducir dicha disposición;

(24) Considerando que, sin perjuicio de las eventuales medidas nacionales vigentes y por razones de seguridad jurídica, no es posible imponer a nivel comunitario el requisito del arranque de las superficies plantadas infringiendo las citadas restricciones antes de la publicación de la propuesta del presente Reglamento; que, en consecuencia y a fin de controlar mejor el potencial vitícola, debe permitirse a los Estados miembros durante un periodo determinado que regularicen la situación de tales superficies; que esta regularización debe distinguir entre superficies donde haya habido replantación ilegal y donde haya habido nueva plantación ilegal, ya que es ésta la que puede provocar con mayor probabilidad un aumento de la producción;

(25) Considerando que debe permitirse a los Estados miembros tener en cuenta las condiciones locales y, por tanto, imponer cuando sea necesario normas más estrictas respecto a la nueva plantación y la replantación;

(26) Considerando que hay zonas cuya producción no se ajusta a la demanda; que, para favorecer el mejor ajuste del sector en su conjunto, debe fomentarse el abandono definitivo de la viticultura en estas zonas; que, en consecuencia, debe concederse una prima con tal objetivo; que la gestión de esta prima debe corresponder a los Estados miembros, dentro de un marco comunitario y bajo los controles necesarios, para focalizar mejor la prima en las regiones afectadas; que, por tanto, es necesario que los Estados miembros puedan designar las regiones afectadas y establecer los niveles de la prima, aplicando criterios objetivos y un límite máximo global;

(27) Considerando que la producción en los Estados miembros que elaboran menos de 25 000 hectolitros de vino al año no afecta gravemente al equilibrio del mercado; que, en consecuencia, tales Estados miembros deben quedar exentos de las restricciones de plantación pero no deben tener acceso a la prima por abandono definitivo de la viticultura;

(28) Considerando que hay otras zonas donde la producción no se ajusta a la demanda pero podría adaptarse mejor mediante la reconversión de los viñedos por conversión varietal, desplazamiento de los mismos o mejora de las técnicas de gestión del viñedo; que, por tanto, debería distribuirse ayuda con estos fines, bajo los controles necesarios;

(29) Considerando que, para la realización de tal reconversión de forma controlada, es necesario planificarla; que los planes deben elaborarse a un nivel lo más cercano posible al productor para garantizar que se tiene en cuenta la diversidad regional, y que por tanto deben ser elaborados por los Estados miembros, regiones, organizaciones interprofesionales o agrupaciones de productores; que, no obstante, los Estados miembros deben tener la responsabilidad de garantizar que los planes responden a la normativa comunitaria;

(30) Considerando que la reconversión tiene dos efectos económicos principales sobre los productores: la pérdida de ingresos durante el periodo de conversión y el coste material de la conversión; que, por tanto, la ayuda debe cubrir ambos efectos;

(31) Considerando que, para una mejor gestión del potencial vitícola, es conveniente que los Estados miembros elaboren un inventario de dicho potencial; que, para animar a los Estados miembros a elaborar dicho inventario, el acceso a la regularización de las superficies plantadas ilegalmente, el aumento de los derechos de plantación y la ayuda a la reconversión deben limitarse a quienes hayan realizado el inventario;

(32) Considerando que es mejor realizar la clasificación de las variedades de vid lo más cerca posible del productor; que, por tanto, los Estados miembros deben recibir este cometido de la Comunidad;

(33) Considerando que debe seguir vigente el Reglamento (CEE) n° 2392/86 (42), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1596/96 (43) sobre el registro vitícola comunitario para que puedan terminar su tarea los Estados miembros que se encuentren aún en fase de elaboración del mismo; que, no obstante, debe preverse la posibilidad de su posterior modificación o derogación;

(34) Considerando que, para conservar el equilibrio del mercado, conviene prever la concesión de una ayuda al almacenamiento privado de vino de mesa y de ciertos tipos de mosto de uva; que esta medida debe ser lo más flexible y sensible a las variaciones del mercado que se pueda; que, en particular, debe ser posible a tal fin terminar su aplicación sin demora;

(35) Considerando que, a fin de eliminar el recurso a la intervención como salida artificial para la producción excedentaria, pero manteniendo todas las salidas tradicionales del alcohol de boca y otros productos de la viticultura, debe modificarse el régimen de destilación; que, en consecuencia, debe contarse con las formas de destilación siguientes: la destilación obligatoria de los subproductos resultantes de la vinificación, la destilación obligatoria de los vinos procedentes de uvas no clasificadas exclusivamente como variedades de uvas de vinificación, la destilación para abastecer el mercado del alcohol de boca y la destilación de crisis; que deben abandonarse las demás formas de destilación; que este régimen debe ser lo más flexible que se pueda para responder a las necesidades del mercado y a las distintas condiciones regionales;

(36) Considerando que, dada la mala calidad de los vinos obtenidos mediante sobreprensado, procede prohibir esa práctica y, con objeto de evitarla, prever la destilación obligatoria del orujo y de las lías, así como la obligación de destilar o, en ciertas condiciones, retirar bajo supervisión los subproductos resultantes de la vinificación;

(37) Considerando que la producción de vinos procedentes de uvas no clasificadas exclusivamente como variedades de uvas de vinificación debe orientarse en primer lugar hacia los usos tradicionales en el sector de los aguardientes y otras salidas tradicionales; que debe preverse la destilación obligatoria de dichos vinos producidos por encima de las cantidades normales orientadas hacia tales usos;

(38) Considerando que el mercado del alcohol de boca constituye una salida tradicional importante del vino y otros productos de la viticultura; que, por tanto, la Comunidad debe apoyar la destilación de vino de mesa y de vino apto para elaborar vino de mesa a fin de abastecer este mercado, dando una ayuda principal para la destilación y una ayuda secundaria para el almacenamiento del destilado resultante;

(39) Considerando que, para casos excepcionales de alteración del mercado y graves problemas de calidad, debe preverse una destilación de crisis; que el nivel y la forma de la ayuda correspondiente deben ser determinados por la Comisión habida cuenta de las distintas situaciones; que esta destilación debe ser voluntaria para los productores;

(40) Considerando que la gestión del alcohol obtenido por destilación debe realizarse de manera que permita la mayor transparencia y control y evite la perturbación de los mercados tradicionales del alcohol;

(41) Considerando que, actualmente, no todos los productores comunitarios efectúan el aumento del grado alcohólico volumétrico natural en las mismas condiciones económicas, por razón de las diferentes prácticas enológicas admitidas en el presente Reglamento; que, con objeto de eliminar dicha discriminación, es conveniente estimular el empleo de productos de la vid para el aumento artificial del grado alcohólico natural, ampliando así las salidas de los mismos y contribuyendo a evitar la creación de excedentes de vino; que, a tal fin, procede acomodar los precios de los diferentes productos utilizados para dicho aumento del grado; que este resultado puede alcanzarse mediante el establecimiento de un régimen de ayuda en favor del mosto de uva concentrado y del mosto de uva concentrado rectificado, utilizados para dicho aumento del grado y procedentes de determinadas regiones;

(42) Considerando que, para garantizar un equilibrio más estable entre la producción y la utilización, sigue siendo necesario aumentar la utilización de productos de la vid; que la intervención parece estar justificada en una fase anterior a la producción de vino de mesa, fomentando la utilización de mosto con fines distintos de la vinificación mediante una ayuda que garantice a los productos vitivinícolas comunitarios el mantenimiento de sus salidas comerciales tradicionales; que esta medida debe aplicarse de forma que se evite la distorsión de la competencia, teniendo en cuenta los métodos tradicionales de producción;

(43) Considerando que los productores que no hayan cumplido sus obligaciones en relación con las destilaciones obligatorias no deben beneficiarse de ninguna otra de las medidas de intervención;

(44) Considerando que debe preverse la posibilidad de tomar medidas en caso de que se produzca dentro del mercado comunitario una situación de precios elevados;

(45) Considerando que, habida cuenta de las características especiales del mercado vitivinícola, la formación de organizaciones de productores que contemplen la obligación para sus asociados de someterse a determinadas normas, en particular en lo referente a la comercialización, puede contribuir a la realización de los objetivos de la organización común del mercado; que resulta conveniente, en consecuencia, establecer disposiciones para reconocer la constitución y el funcionamiento de tales organizaciones; que estas asociaciones deben tener carácter voluntario y demostrar su utilidad mediante el ámbito y la eficacia de los servicios que ofrezcan las organizaciones de productores a sus miembros;

(46) Considerando que, para reforzar aún más la acción de las organizaciones de productores o de sus asociaciones y garantizar al mercado la estabilidad deseable, conviene permitir a los Estados miembros que, en determinadas condiciones, hagan extensivas al conjunto de los productores no miembros de una región las normas aplicables, en particular en materia de producción, de comercialización y de protección del medio ambiente, adoptadas para sus miembros por la organización o asociación de la región considerada; que, previa justificación, determinados gastos derivados de la extensión de las normas pueden correr a cargo de los productores interesados, toda vez que se benefician de sus efectos;

(47) Considerando que las organizaciones interprofesionales (o equivalentes) constituidas por iniciativa de operadores individuales o ya agrupados y que representen una parte significativa de las diferentes categorías profesionales del sector vitivinícola pueden contribuir en sus actividades a una mayor comprensión de las realidades del mercado y a facilitar un enfoque comercial que mejore el control de la producción, es decir, la organización de ésta y la presentación y comercialización de los productos; que, dado que la actuación de estas organizaciones puede contribuir en general a la consecución de los objetivos del artículo 39 del Tratado y, en particular, a los del presente Reglamento, es conveniente que, una vez establecidos los tipos pertinentes de actuación, exista la posibilidad de proceder al reconocimiento específico de aquellas organizaciones que demuestren ser suficientemente representativas y realicen acciones con respecto a los objetivos anteriormente citados;

(48) Considerando que, habida cuenta de la similitud de los objetivos perseguidos, las disposiciones previstas en relación con la extensión de las normas adoptadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones, y con la distribución de los gastos derivados de dicha extensión, deben aplicarse asimismo a las organizaciones interprofesionales (o equivalentes);

(49) Considerando que, con el objetivo de la política de calidad, deben definirse, a nivel comunitario, aquellas prácticas y tratamientos enológicos que sean los únicos permitidos para la elaboración de los productos incluidos en el ámbito del presente Reglamento; que, por razones similares, para la elaboración de vinos destinados al consumo humano deben emplearse únicamente variedades de uva de vinificación; que, por motivos análogos, deben establecerse especificaciones de los productos destinados al consumo humano;

(50) Considerando que determinados tratamientos y prácticas, como el aumento artificial del grado alcohólico natural, la acidificación y la desacidificación, deben recogerse en el presente Reglamento; que cabe decir lo mismo respecto a determinadas especificaciones de productos; que los demás tratamientos, prácticas y especificaciones de este tipo deben recogerse en disposiciones de aplicación, en aras de la simplicidad y para facilitar su modificación en función de la experiencia y del progreso tecnológico;

(51) Considerando que deben contemplarse métodos autorizados de análisis de los productos del sector vitivinícola;

(52) Considerando que la descripción, la denominación y la presentación de los productos incluidos en el ámbito del presente Reglamento pueden afectar de forma importante a sus posibilidades comerciales; que, por tanto, debe haber normas sobre estos temas que tengan en cuenta los legítimos intereses de los consumidores y de los productores, y favorezcan el buen funcionamiento del mercado interior y la obtención de productos de calidad;

(53) Considerando que las disposiciones vigentes sobre estos temas están dispersas en muchos reglamentos y adolecen de falta de claridad y coherencia; que, por tanto, para mejorar su claridad, sencillez y coherencia, tales normas deben establecerse en disposiciones de aplicación con arreglo a determinados principios básicos, como el uso obligatorio de ciertos términos para identificar los productos y el uso optativo de otros, según la normativa comunitaria o si se demuestra su exactitud;

(54) Considerando que es válido el derecho de utilizar indicaciones geográficas y otros términos tradicionales; que, en consecuencia, las normas deben regular este derecho y proteger dichos términos; que, a fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, puede ser necesario que esta protección se refiera a productos no incluidos en el ámbito del presente Reglamento, e incluso no recogidos en el anexo II del Tratado;

(55) Considerando que, habida cuenta del interés de los consumidores y de la conveniencia de un tratamiento correspondiente de los vcprd en los terceros países, conviene prever la posibilidad de concertar acuerdos recíprocos mediante los cuales los vinos importados destinados al consumo humano directo y designados mediante una indicación geográfica puedan beneficiarse de tales acuerdos de control y protección cuando se comercialicen dentro del mercado comunitario;

(56) Considerando que, a fin de tener en cuenta las obligaciones derivadas, sobre todo, de los artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio aprobado por la Decisión 94/800/CEE del Consejo (44), conviene prever que las partes correspondientes puedan evitar, bajo ciertas condiciones, el uso ilícito de las indicaciones geográficas protegidas por un tercer país miembro de la OMC;

(57) Considerando que el desarrollo de una política de calidad en el sector agrícola y, especialmente, en el sector vitivinícola no puede sino contribuir a la mejora de las condiciones del mercado y, por ello mismo, al incremento de las salidas de los productos; que la adopción de normas comunitarias complementarias referentes a la producción y al control de los vcprd se inscribe en el marco de dicha política y puede contribuir a la consecución de los objetivos enunciados;

(58) Considerando que, para mantener un mínimo de calidad en los vcprd, evitar que la producción de estos vinos aumente de forma incontrolable y aproximar las disposiciones de los Estados miembros con el fin de establecer condiciones de competencia equitativa dentro de la Comunidad, conviene establecer un sistema de normas comunitarias que rijan la producción y el control de esos vinos, al que deberán ajustarse las disposiciones específicas adoptadas por los Estados miembros;

(59) Considerando que, habida cuenta de las condiciones tradicionales de producción, es necesario enumerar y definir la naturaleza y el alcance de los elementos que puedan permitir la caracterización de cada uno de los vcprd; que debe realizarse, sin embargo, un esfuerzo común de armonización con respecto a las exigencias de calidad; que estos elementos deben ser los siguientes: la delimitación de la región de producción, las variedades de vid, los métodos de cultivo, los métodos de vinificación, el grado alcohólico natural mínimo, el rendimiento por hectárea y el análisis y evaluación de las características organolépticas; que conviene establecer normas particulares para los vinos de licor de calidad producidos en regiones determinadas y para los vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas, dadas las particularidades de estos productos;

(60) Considerando que la experiencia ha confirmado la necesidad de establecer normas precisas para reclasificar los vcprd como vinos de mesa y de especificar los casos en que los productores tienen la opción de no solicitar que un producto recogido en su declaración de cosecha o de producción como producto adecuado para producir un vcprd se clasifique como vcprd;

(61) Considerando que, para conservar el carácter de calidad específica de los vcprd, conviene permitir que los Estados miembros apliquen normas complementarias o más rigurosas sobre la producción y la puesta en circulación de los vcprd, teniendo en cuenta las prácticas leales y tradicionales;

(62) Considerando que la creación, a escala comunitaria, de un mercado único del vino supone la implantación de un régimen único de intercambios comerciales en las fronteras exteriores de la Comunidad; que un régimen de intercambios comerciales que incluya derechos de importación y restituciones por exportación, además de medidas relativas al mercado interior, debe, en principio, estabilizar el mercado comunitario; que el régimen de intercambios comerciales debe basarse en los compromisos contraídos en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay;

(63) Considerando que, a fin de controlar el volumen de los intercambios comerciales de vino con terceros países, debe establecerse un régimen de certificados de importación y exportación de determinados productos, que incluya la constitución de una fianza que garantice la realización de las transacciones por las que se concedan tales certificados;

(64) Considerando que, a fin de evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que pudieran tener en el mercado comunitario las importaciones de determinados productos agrícolas, la importación de uno o varios de tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho de importación adicional, si se cumplen determinadas condiciones;

(65) Considerando que resulta adecuado, en determinadas condiciones, otorgar a la Comisión la facultad de abrir y de gestionar contingentes arancelarios resultantes de los acuerdos internacionales celebrados en virtud del Tratado o de otros actos del Consejo;

(66) Considerando que la posibilidad de conceder restituciones por exportación a terceros países, basada en la diferencia existente entre los precios registrados en la Comunidad y los del mercado mundial, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de agricultura de la OMC, debe servir para salvaguardar la participación de la Comunidad en el comercio internacional de vino; que dichas restituciones deben someterse a límites de volumen y de valor;

(67) Considerando que el cumplimiento de los límites de valor debe garantizarse al fijarse las restituciones, a través del control de los pagos en el marco de la normativa del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola; que el control puede ser facilitado mediante la fijación anticipada obligatoria de las restituciones, sin que ello afecte a la posibilidad, en el caso de las restituciones diferenciadas, de cambiar el destino previamente fijado dentro de una zona geográfica en la que se aplique un solo tipo de restitución; que, en el supuesto de cambio de destino, debe pagarse la restitución aplicable al destino real, estableciéndose como límite máximo el importe aplicable al destino previamente fijado;

(68) Considerando que el cumplimiento de los límites de volumen requiere la implantación de un sistema de control fiable y eficaz; que, a tal fin, conviene supeditar la concesión de las restituciones a la presentación de un certificado de exportación; que las restituciones deben concederse dentro de los límites disponibles en función de la situación concreta de cada producto; que únicamente se pueden autorizar excepciones a esta norma en el caso de las medidas de ayuda alimentaria, ya que éstas quedan exentas de toda limitación; que el control de las cantidades exportadas con restitución durante las campañas de comercialización contempladas en el Acuerdo de agricultura de la OMC debe llevarse a cabo sobre la base de los certificados de exportación para cada campaña de comercialización;

(69) Considerando que, como complemento del sistema anteriormente descrito, resulta conveniente prever, en la medida necesaria para su buen funcionamiento, la posibilidad de regular el recurso al régimen de perfeccionamiento activo y, en la medida en que la situación del mercado lo exigiere, la prohibición de dicho recurso;

(70) Considerando que el régimen de derechos de aduana permite renunciar a cualquier otra medida de protección en las fronteras exteriores de la Comunidad; que, no obstante, el mecanismo relativo al mercado interior y a los derechos de aduana puede, en circunstancias excepcionales, resultar deficiente; que, para no dejar en tales casos el mercado comunitario sin defensa ante las perturbaciones que pudieran derivarse de ello, resulta conveniente que la Comunidad pueda adoptar sin demora todas las medidas necesarias; que dichas medidas deben adecuarse a las obligaciones derivadas de los acuerdos de la OMC pertinentes;

(71) Considerando que es necesario someter los productos importados de terceros países a normas sobre ciertas especificaciones de los productos que permitan garantizar un determinado equilibrio con los vinos comunitarios; que también es necesario que cumplan todas las normas establecidas en su país de origen y vayan acompañados de un informe de análisis en las circunstancias pertinentes;

(72) Considerando que resulta conveniente prever, para todos los productos sometidos al presente Reglamento y que circulen dentro de la Comunidad, la necesidad de que vayan provistos de un documento de acompañamiento;

(73) Considerando que la consecución de un mercado único se vería comprometida por la concesión de determinadas ayudas; que, por tanto, deben aplicarse a la organización común del mercado vitivinícola las disposiciones del Tratado que permiten apreciar las ayudas concedidas por los Estados miembros y prohibir las que sean incompatibles con el mercado común; que las disposiciones sobre primas por abandono definitivo de la viticultura no deben ser obstáculo en sí para la concesión de ayudas nacionales con el mismo objetivo;

(74) Considerando que, dada la necesaria complejidad de la normativa del sector vitivinícola, debe haber en los Estados miembros autoridades responsables de garantizar su cumplimiento; que debe permitirse a la Comisión controlar y garantizar dicho cumplimiento mediante sus propios inspectores;

(75) Considerando que, a medida que vaya evolucionando el mercado vitivinícola común, los Estados miembros y la Comisión deben comunicarse recíprocamente los datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento; que, los productores de uva para vinificación, mosto y vino deben elaborar una declaración de cosecha, ya que esta información es necesaria; que es necesario que los Estados miembros puedan pedir más información a los productores; que ha de permitirse a la Comisión el recurso a ayuda exterior en caso necesario para poder evaluar todos los datos;

(76) Considerando que, para facilitar la aplicación de las disposiciones propuestas, conviene prever un procedimiento que establezca una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión en el seno de un comité de gestión;

(77) Considerando que determinados gastos efectuados por los Estados miembros como consecuencia de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento deben ser financiados por la Comunidad, de conformidad con el Reglamento (CE) n° . . . del Consejo, [relativo a la financiación de la política agrícola común] (45);

(78) Considerando que la organización común del mercado vitivinícola debe tomar en consideración, paralela y adecuadamente, los objetivos previstos en los artículos 39 y 110 del Tratado;

(79) Considerando que la organización común del mercado vitivinícola debe aplicarse también teniendo en cuenta los acuerdos celebrados de conformidad con el apartado 2 del artículo 228 del Tratado, en particular los que forman parte del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, como el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio;

(80) Considerando que la transición del régimen establecido en el Reglamento (CEE) n° 822/87 y demás reglamentos del sector vitivinícola al régimen del presente Reglamento puede originar dificultades que no se abordan en el presente Reglamento; que, para hacer frente a tal eventualidad, debe establecerse la posibilidad de que la Comisión adopte las medidas transitorias necesarias; que la Comisión debe poder resolver problemas prácticos específicos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

1. La organización común de mercado en el sector vitivinícola comprende normas para regular el potencial vitícola, mecanismos de mercado, organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales, prácticas y tratamientos enológicos, y características, descripción, denominación, presentación y protección de los productos, vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) y comercio con terceros países.

2. Dicha organización regula los siguientes productos:

>SITIO PARA UN CUADRO>

3. En el anexo I figuran las definiciones de los términos utilizados en el presente Reglamento para los productos; en el anexo II, las definiciones de grados alcohólicos y en el anexo III, la delimitación de las zonas vitícolas. Las disposiciones de aplicación de dichos anexos podrán adoptarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75.

4. La campaña vitícola de los productos a que se refiere el presente Reglamento (en lo sucesivo denominada «campaña») comenzará el 1 de agosto de cada año y finalizará el 31 de julio del año siguiente.

TÍTULO II POTENCIAL VITÍCOLA

CAPÍTULO I PLANTACIÓN DE VIDES

Artículo 2

1. La plantación de variedades clasificadas como uvas de vino queda prohibida hasta el 31 de julio de 2010 salvo que se realice en virtud de lo siguiente:

a) un derecho de nueva plantación;

b) un derecho de replantación;

c) un derecho de plantación procedente de una reserva.

2. En el caso de las superficies en las que se hayan plantado vides antes del 1 de agosto de 1998 infringiendo disposiciones comunitarias o nacionales relativas a la plantación, los Estados miembros deberán regularizar la situación de dichas superficies antes del 31 de julio de 2002, siempre que hayan efectuado para todo su territorio el inventario del potencial vitícola mencionado en el artículo 16 de una de las maneras siguientes:

a) mediante la concesión de derechos de plantación con carácter retroactivo para esa superficie cuando el productor del vino haya arrancado con anterioridad otras vides en una superficie equivalente;

b) permitiendo la utilización de derechos de replantación cuando el productor de vino los haya obtenido dentro de un periodo que será fijado con posterioridad a la plantación de la superficie de que se trate.

La uva recolectada en las zonas cuya situación no haya sido regularizada en virtud de la letra a) no podrá utilizarse para la producción de vino de mesa; los productos procedentes de dicha uva sólo podrán ponerse en circulación con destino a las destilerías; no obstante, no podrá obtenerse alcohol de dichos productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido inferior o igual al 80 % vol.

3. Deberán arrancarse las vides plantadas después del 1 de agosto de 1998 en contra de las disposiciones comunitarias o nacionales relativas a la plantación. Los gastos del arranque de vides correrán a cargo del productor correspondiente. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por la aplicación del presente apartado.

4. Cuando un Estado miembro haya asignado los nuevos derechos de plantación mencionados en el artículo 6 a una o varias reservas, la consiguiente regularización de una superficie en virtud del párrafo primero del apartado 2 significará que deberá suprimirse un derecho de plantación equivalente asignado a la reserva o reservas correspondientes a la región de que se trate. En caso de que no haya suficientes derechos de plantación disponibles en la reserva o reservas, no podrá efectuarse la regularización.

Artículo 3

1. Los Estados miembros pueden conceder a los productores derechos de nueva plantación en lo que se refiere a:

a) las superficies destinadas al cultivo de viñas madres de portainjertos;

b) las superficies destinadas a nuevas plantaciones en el marco de medidas de concentración parcelaria o de medidas de expropiación por causa de utilidad pública, adoptadas en aplicación de las legislaciones nacionales en vigor;

c) las superficies destinadas a la experimentación vitícola;

d) los productos vitícolas que no se destinan a la comercialización, o

e) las superficies destinadas a viveros de injertos, siempre que las uvas procedentes de esas vides no se recolecten, o, si se recolectan, se destruyan.

2. Los Estados miembros podrán también conceder derechos de nueva plantación que deberán utilizarse antes del 31 de julio de 2003 para la producción de vcprd o de un vino de mesa denominado mediante una indicación geográfica cuando se haya reconocido que, debido a su calidad, la producción de ese vino está muy por debajo de su demanda.

3. Los derechos de nueva plantación deberán ser utilizados por el productor al que le hayan sido concedidos y en relación con las superficies y para el propósito para el que se hayan concedido.

4. Los derechos de nueva plantación deberán utilizarse antes de que finalice la segunda campaña siguiente a aquélla en la que se hayan concedido. Los derechos de nueva plantación que no se utilicen durante ese periodo se asignarán a una reserva, de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 5.

5. Una vez que un Estado miembro haya asignado los nuevos derechos de plantación contemplados en el artículo 6 a una reserva o reservas, la consiguiente concesión de un derecho de nueva plantación supondrá que deberá abolirse un derecho de plantación equivalente asignado a la reserva o reservas correspondientes a la región de que se trate. En caso de que no haya suficientes derechos de plantación disponibles en la reserva o reservas en cuestión, no podrán concederse derechos de nueva plantación.

Artículo 4

1. Los derechos de replantación consistirán en lo siguiente:

a) derechos de replantación concedidos en virtud del apartado 2, o

b) derechos equivalentes adquiridos en virtud de una legislación nacional o comunitaria anterior.

2. Los Estados miembros concederán derechos de replantación a los productores que tengan previsto proceder al arranque de viñedos. Los derechos de replantación se concederán por una superficie equivalente en cultivo puro a la arrancada.

3. Los derechos de replantación se ejercitarán dentro de la explotación para la que se concedan. Los Estados miembros podrán prever que dichos derechos sólo se ejerciten sobre la superficie de la explotación en la que se haya procedido al arranque.

4. Por derogación de lo dispuesto en el apartado 3, los derechos de replantación podrán transferirse total o parcialmente a otra explotación cuando parte de la explotación se transfiera a esa otra explotación; en este caso, el derecho podrá ser utilizado en una superficie de la última explotación que no debe ser mayor a la superficie transferida.

Los derechos de replantación podrán transferirse igualmente a otra explotación, total o parcialmente, cuando superficies de ésta se destinen a la producción de vcprd o vinos de mesa denominados mediante una indicación geográfica, al cultivo de viñas madres de portainjertos o a viveros de injertos (siempre que las uvas procedentes de dichas vides no se recolecten, o, si lo son, se destruyan); en este caso, el derecho sólo podrá utilizarse en relación con las superficies y para el propósito para el que se haya concedido.

5. Los derechos de replantación adquiridos en virtud de la normativa comunitaria deberán utilizarse antes de que finalice la quinta campaña siguiente a aquélla durante la cual se haya procedido al arranque. Los derechos de replantación no utilizados durante ese periodo se asignarán a la reserva de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 5.

6. Cuando se transfieran derechos de replantación a otra explotación, los Estados miembros velarán por que el lugar donde se utilicen y las variedades y las técnicas de cultivo utilizadas garanticen que la consiguiente producción se adapte a la demanda del mercado y que el rendimiento no exceda de la media de la región donde se lleve a cabo la replantación.

Artículo 5

1. Con el fin de mejorar la gestión del potencial vitícola, tanto a escala nacional como regional, los Estados miembros crearán una reserva nacional, o, en su caso, reservas regionales de derechos de plantación.

2. Los siguientes derechos se asignarán a la reserva o reservas:

a) los derechos de nueva plantación, los derechos de replantación y los derechos de plantación concedidos a partir de una reserva que no hayan sido utilizados durante los periodos establecidos, respectivamente, en el apartado 4 del artículo 3, en el apartado 5 del artículo 4 y en el apartado 6 del presente artículo;

b) los derechos de replantación asignados a la reserva por los productores que poseen dichos derechos, en caso necesario a cambio de un pago en fondos nacionales, cuyo importe y otros pormenores serán determinados por los Estados miembros teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes;

c) los nuevos derechos de plantación, contemplados en el artículo 6.

3. Los Estados miembros podrán conceder los derechos asignados a la reserva:

a) sin pago a cambio, a los productores de menos de cuarenta años que posean la experiencia profesional y capacidad adecuadas y se establezcan por primera vez en una explotación vitivinícola como titulares, o

b) a cambio de un pago a los fondos nacionales, a los productores que tengan intención de utilizar los derechos para plantar viñedos cuya producción tenga una salida garantizada; los Estados miembros establecerán los criterios para determinar el importe del pago, que podrá variar según el producto final de los viñedos.

4. Los Estados miembros velarán por que el lugar donde se utilicen los derechos de plantación procedentes de la reserva así como las variedades y las técnicas de cultivo utilizadas garanticen que la consiguiente producción se adapte a la demanda del mercado y que el rendimiento no exceda de la media de la región donde se utilicen dichos derechos.

5. Los derechos de replantación asignados a una reserva deberán concederse antes de que finalice la quinta campaña siguiente a aquélla durante la cual se haya procedido a la asignación. Los derechos de replantación no asignados se abolirán.

6. Los derechos de plantación concedidos a partir de una reserva deberán utilizarse antes de que finalice la [segunda] campaña siguiente a aquélla durante la cual se hayan concedido. Los derechos de plantación concedidos a partir de una reserva que no se utilicen durante ese periodo se volverán a asignar a una reserva, de conformidad con la letra a) del apartado 2.

7. Cuando un Estado miembro cree una reserva regional, podrá establecer normas que permitan la transferencia de derechos de plantación entre reservas regionales. A dichas transferencias podrá aplicárseles un coeficiente reductor.

Artículo 6

1. Los nuevos derechos de plantación se calcularán, en la fecha de su asignación a la reserva o reservas, de la forma siguiente:

a) una superficie igual al 1 % de la superficie vitícola total del Estado miembro de que se trate (sin incluir en la superficie total las superficies que hayan sido plantadas infringiendo disposiciones comunitarias o nacionales sobre plantación, regularizadas o no en virtud del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2);

b) a la que se restarán la superficie vitícola total del Estado miembro de que se trate plantada antes del 1 de agosto de 1998 infringiendo disposiciones comunitarias o nacionales sobre nuevas plantaciones, regularizada o no en virtud del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2, y menos las superficies por las que se hayan concedido derechos de nueva plantación.

2. Los derechos de plantación de nueva creación sólo podrán asignarse a una reserva o reservas en aquellos Estados miembros que hayan realizado el inventario del potencial vitícola contemplado en el artículo 16 para todo su territorio.

3. La asignación de los derechos de plantación de nueva creación a la reserva o reservas sólo podrá efectuarse una vez.

Artículo 7

1. Las siguientes definiciones se aplicarán al presente capítulo:

a) «Arranque»: eliminación total de las cepas que se encuentren en un terreno plantado de vid;

b) «Plantación»: colocación definitiva de plantas de vid o partes de plantas de vid, injertadas o no, con vistas a la producción de uva o al desarrollo de una vid madre de portainjertos.

2. Las disposiciones de aplicación del presente capítulo, incluidas las relacionadas con el reconocimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 3 y la aplicación del coeficiente de reducción contemplado en el apartado 7 del artículo 5, se establecerán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 75.

CAPÍTULO II PRIMAS POR ABANDONO

Artículo 8

1. Podrá concederse una prima por el abandono definitivo de la viticultura en una superficie determinada.

De conformidad con las disposiciones del presente capítulo, la prima podrá concederse a los productores de superficies vitícolas cultivadas destinadas a la producción de uvas de vino. La superficie en cuestión no podrá ser inferior a 10 áreas.

2. Los Estados miembros podrán designar a qué superficies, en su caso, puede concederse la prima. Podrán también supeditar la concesión de la misma al cumplimiento de condiciones, incluidas las destinadas a garantizar un equilibrio entre producción y ecología en las regiones afectadas.

3. La concesión de la prima por abandono definitivo supondrá para el viticultor la pérdida del derecho de replantación de la superficie objeto de la prima.

4. Los Estados miembros fijarán el nivel de la prima por hectárea teniendo en cuenta lo siguiente:

a) el rendimiento agrario o la capacidad de producción de la explotación;

b) el método de producción;

c) la superficie de que se trate en relación con la superficie de la explotación;

d) el tipo de vino producido, y

e) la existencia de régimen de cultivo asociado.

5. El importe de la prima no rebasará los niveles que se establezcan.

Artículo 9

No podrán ser objeto de la prima por abandono definitivo las siguientes superficies:

a) las superficies vitícolas cultivadas en las que se hayan comprobado infracciones a las disposiciones comunitarias o nacionales relativas al régimen de plantaciones durante las cinco campañas anteriores;

b) las superficies vitícolas que hayan dejado de mantenerse;

c) las superficies vitícolas plantadas durante las cinco campañas anteriores, y

d) las superficies vitícolas que hayan recibido una financiación para su reconversión durante las cinco campañas anteriores.

Artículo 10

Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. Dichas disposiciones podrán incluir lo siguiente:

a) las fechas para la presentación de solicitudes y para la ejecución del arranque;

b) las condiciones para la concesión de pagos;

c) los niveles máximos de la prima mencionados en el apartado 5 del artículo 8;

d) consideraciones medioambientales.

CAPÍTULO III RECONVERSIÓN

Artículo 11

1. Por el presente artículo se establece un régimen para la reconversión de los viñedos de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.

2. Dicho régimen tendrá como objetivos la adaptación de la producción a la demanda del mercado y el fomento de lo siguiente:

a) el mantenimiento y la promoción de regímenes vitícolas sostenibles;

b) los métodos de utilización de las tierras agrarias compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, el paisaje y sus características, recursos naturales, el suelo y la diversidad genética;

c) la extensificación de la viticultura favorable al medio ambiente, y

d) la utilización de una planificación medioambiental en las prácticas vitícolas.

3. Dicho régimen abarcará lo siguiente:

a) la conversión varietal;

b) la nueva ubicación de los viñedos, y

c) las mejoras de las técnicas de gestión de viñedos relacionadas con los objetivos del régimen.

En este régimen no se incluirá la renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su vida natural.

4. Sólo podrán acceder a este régimen las regiones de un Estado miembro en relación con las cuales el Estado miembro haya realizado el inventario del potencial vitícola contemplado en el artículo 16.

Artículo 12

1. Podrán elaborar propuestas de planes de reconversión:

a) los Estados miembros;

b) las regiones de los Estados miembros;

c) las organizaciones de productores, y

d) las organizaciones interprofesionales.

2. En caso de que el plan no haya sido elaborado por el propio Estado miembro, éste se encargará de su aprobación o su rechazo.

3. Los planes deberán cumplir las normas establecidas en el presente capítulo y las disposiciones de aplicación.

Artículo 13

1. La ayuda a la reconversión se concederá únicamente si se ajusta a los planes que hayan sido elaborados y, en su caso, aprobados. La ayuda podrá adoptar las siguientes formas:

a) compensación a los productores por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del plan, y

b) participación en los gastos materiales de la reconversión.

2. La compensación a los productores por la pérdida de ingresos podrá adoptar una de las siguientes formas:

a) autorización para que coexistan las vides nuevas y viejas durante un periodo determinado que no podrá exceder de tres años, no obstante lo dispuesto en el capítulo I del presente título, o

b) compensación económica, financiada por la Comunidad.

3. La participación comunitaria en los gastos materiales de la reconversión no superará el 50 % de dichos costes. No obstante, en las regiones correspondientes al Objetivo n° 1 en virtud del Reglamento (CE) n° . . . del Consejo [por el que se establecen las disposiciones generales de los Fondos estructurales] (46), esa participación no superará el 75 %. En cualquier caso, los Estados miembros no podrán contribuir a la financiación de los gastos.

Artículo 14

1. La Comisión efectuará asignaciones iniciales a los Estados miembros por año basándose en criterios objetivos teniendo en cuenta situaciones y necesidades especiales y las medidas que deban llevarse a cabo de acuerdo con los objetivos del régimen.

2. Las asignaciones iniciales se adaptarán en función de los gastos reales a partir de las previsiones de gastos revisados presentadas por los Estados miembros teniendo en consideración los objetivos del régimen y la financiación disponible.

Artículo 15

Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. Dichas disposiciones podrán incluir lo siguiente:

a) el tamaño mínimo de los viñedos en cuestión;

b) disposiciones para regular la utilización de los derechos de replantación creados en aplicación de los planes;

c) disposiciones para prevenir un incremento de la producción en aplicación del presente capítulo;

d) importes máximos de la ayuda por hectárea.

CAPÍTULO IV INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16

El inventario del potencial vitícola incluirá la siguiente información:

a) las superficies plantadas de vides en el territorio del Estado miembro de que se trate;

b) las variedades;

c) la asignación de derechos de plantación y replantación a los productores y las reservas, y

d) las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación del capítulo I del presente título.

Artículo 17

1. La Comisión podrá evaluar lo siguiente:

a) la producción de los productos vitícolas;

b) los usos industriales de dichos productos;

c) la evolución del consumo de vinos y de otros productos vitivinícolas que puedan consumirse sin transformar;

d) cualquier otro aspecto de la gestión del mercado o la necesidad de modificar la oferta.

2. Para realizar estas evaluaciones, la Comisión podrá recurrir a la colaboración exterior.

Artículo 18

1. Los productores de uva destinada a la vinificación, así como los productores de mosto y de vino, declararán cada año las cantidades producidas de la última cosecha.

2. Los productores de mosto y de vino y los comerciantes que no sean minoristas declararán cada año las existencias de mosto y de vino que posean, tanto si proceden de la cosecha del año en curso como de cosechas anteriores; los mostos y vinos importados de terceros países serán objeto de una indicación especial.

Artículo 19

1. Los Estados miembros clasificarán las variedades de vid. Todas las variedades de vid recogidas en la clasificación deberán pertenecer a la especie Vitis vinifera o proceder de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis

2. En dicha clasificación, los Estados miembros mencionarán las variedades de vid aptas para la producción de cada uno de los vcprd producidos en su territorio, variedades que sólo podrán pertenecer a la especie Vitis vinifera.

3. Sin perjuicio de la existencia de disposiciones comunitarias más restrictivas, sólo podrán ser plantadas, replantadas e injertadas en la Comunidad las variedades que figuren en la clasificación arriba mencionada.

4. Las superficies plantadas con variedades de vid que no se mencionen en la clasificación deberán arrancarse salvo en el caso de que la producción de dichas superficies se destine exclusivamente al consumo doméstico del productor. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para controlar esta excepción.

5. En caso de que se supriman variedades de la clasificación, se procederá al arranque dentro de un plazo de quince años a partir de su supresión.

Artículo 20

Las normas que regularán el registro de viñedos comunitario serán las establecidas en el Reglamento (CEE) n° 2392/86.

Artículo 21

Los capítulos I y II del presente título no se aplicarán en aquellos Estados miembros cuya producción vitícola no supere los 25 000 hectolitros por campaña vitícola. Dicha producción se calculará sobre la base de la producción media de las cinco campañas vitícolas anteriores.

Artículo 22

Los Estados miembros podrán adoptar reglamentaciones nacionales más restrictivas en materia de nuevas plantaciones o replantaciones de vid.

Los Estados miembros podrán disponer que las solicitudes y la información previstas en el presente título se completen con otras indicaciones necesarias para el control de la evolución del potencial vitícola.

Artículo 23

1. Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. Dichas disposiciones tratarán de lo siguiente:

a) estructuración y minuciosidad de la información necesaria para elaborar el inventario contemplado en el artículo 16, y

b) gestión de la clasificación de las variedades de vid.

2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75 podrán adoptarse disposiciones para la elaboración de un documento de acompañamiento sobre los materiales de multiplicación vegetativa de las vides y sus disposiciones de aplicación incluidas las relativas al control.

3. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75 podrá modificarse o derogarse el Reglamento (CEE) n° 2392/86.

4. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75 se decidirá si un Estado miembro ha efectuado el inventario contemplado en el artículo 16, y si se revoca dicha decisión en las circunstancias adecuadas, especialmente cuando el Estado miembro no haya actualizado el inventario en caso necesario.

TÍTULO III MECANISMOS DE MERCADO

CAPÍTULO I AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO

Artículo 24

1. Se concederán ayudas para el almacenamiento privado de:

a) vino dé mesa;

b) mosto de uva, mosto de uva concentrado y mosto de uva concentrado rectificado.

2. La concesión de las ayudas mencionadas estará supeditada a la celebración de un contrato de almacenamiento a largo plazo con los organismos de intervención, durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de febrero del año siguiente y en las condiciones que se determinen.

3. Los contratos de almacenamiento a largo plazo se celebrarán por un periodo que finalizará:

a) en el caso de los vinos de mesa, no antes del 1 de septiembre siguiente a la fecha de celebración del contrato, y, en el caso de los mostos de uva, mostos de uva concentrados y mostos de uva concentrados rectificados, no antes del 1 de agosto siguiente a la fecha de celebración del contrato;

b) a más tardar, el 30 de noviembre siguiente a la fecha de celebración del contrato.

Artículo 25

1. La celebración de contratos de almacenamiento quedará supeditada a determinadas condiciones relativas, en especial, a la calidad de los productos.

2. En el caso de los vinos de mesa, los contratos de almacenamiento deberán incluir cláusulas que estipulen la suspensión de la entrega de la ayuda y de las correspondientes obligaciones del productor para la totalidad o parte de las cantidades almacenadas cuando los precios de mercado del tipo de vino de mesa de que se trate sean superiores al nivel que se fije.

3. El importe de la ayuda al almacenamiento privado solamente podrá cubrir los gastos técnicos de almacenamiento y los intereses, ambos establecidos a tanto alzado.

4. En el caso de los mostos de uva concentrados, dicho importe podrá ajustarse mediante un coeficiente que corresponda a su índice de concentración.

Artículo 26

1. Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. En dichas disposiciones podrá establecerse lo siguiente:

a) el nivel, el tanto alzado y el coeficiente mencionados en el artículo 25;

b) que los contratos de almacenamiento a largo plazo para los vinos de mesa sólo puedan celebrarse para vinos de mesa específicos;

c) que los mostos de uva que sean objeto de un contrato de almacenamiento a largo plazo puedan transformarse, en todo o en parte, en mostos de uva concentrados o en mostos de uva concentrados rectificados, durante el periodo de vigencia del contrato;

d) las normas relativas a la aplicación de las cláusulas para la suspensión de la entrega de la ayuda contempladas en el apartado 2 del artículo 25;

e) que los mostos de uva y los mostos de uva concentrados destinados a la elaboración de jugo de uva no puedan ser objeto de contratos de almacenamiento a largo plazo, y

f) la duración real de los contratos.

2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75 podrá establecerse lo siguiente:

a) que el régimen de ayuda al almacenamiento privado no se aplique si la situación del mercado no lo justifica, y

b) que puede suprimirse en cualquier momento la posibilidad de celebrar nuevos contratos de almacenamiento a largo plazo si la situación del mercado lo justifica y, en particular, el ritmo al que se hayan celebrado los contratos.

CAPÍTULO II DESTILACIÓN

Artículo 27

1. Quedan prohibidos el sobreprensado de la uva; estrujada o no, y el prensado de las lías de vino. Se prohíbe asimismo la reanudación de la fermentación del orujo de la uva con fines distintos de la destilación.

2. La filtración y la centrifugación de lías de vino no se considerarán prensado cuando:

a) los productos obtenidos sean de calidad sana, cabal y comercial, y

b) las lías no se reduzcan a estado seco.

3. Toda persona física o jurídica o agrupación de personas que haya procedido a una vinificación deberá entregar para su destilación todos los subproductos de dicha vinificación. Podrá concederse una derogación total o parcial a los productores que demuestren que han celebrado contratos de almacenamiento a largo plazo con transformadores de vino aromatizado.

4. La cantidad de alcohol contenida en los subproductos será al menos igual al 10 % del volumen de alcohol contenido en el vino producido si éste se ha obtenido directamente de la uva. No podrá ser inferior al 5 % cuando el vino se haya obtenido por vinificación de mosto de uva, mosto de uva parcialmente fermentado o vino nuevo todavía en fermentación.

En caso de que no se alcance dicho porcentaje, la persona sujeta a la obligación deberá entregar una cantidad de vino de su propia producción que garantice la observancia de ese porcentaje.

5. La obligación de entrega establecida en el apartado 3 podrá cumplirse también mediante la entrega a una vinagrería autorizada.

6. Toda persona física o jurídica o agrupación de personas que posea subproductos resultantes de cualquier transformación de uva distinta de la vinificación habrá de destinarlos a la destilación.

7. Los Estados miembros podrán establecer con respecto a todos sus productores o determinadas categorías de ellos que la obligación de destilación, impuesta en los apartados 3, 4 y 5, se sustituya por la retirada bajo control de los subproductos o por otros regímenes que garanticen que tales subproductos no se utilizarán en el sector vinícola. Dichos regímenes deberán aplicarse con arreglo a criterios objetivos. En caso de aplicación del citado régimen, los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas que hayan adoptado.

8. El precio de compra del orujo de uva, lías de uva y vino entregados para su destilación será igual a 0,995 ecus por % vol. y hl.

9. El precio pagado por el destilador no podrá ser inferior al precio de compra.

10. El destilador podrá:

a) ya sea beneficiarse de una ayuda por el producto que se vaya a destilar siempre que el producto obtenido de la destilación tenga un grado alcohólico de 52 % vol., cómo mínimo;

b) ya sea entregar al organismo de intervención el producto obtenido de la destilación, siempre que tenga un grado alcohólico de 92 % vol., como mínimo.

11. Podrá decidirse sustituir la entrega al organismo de intervención por una entrega a un operador que haya presentado una oferta dentro de las ventas organizadas para dar salida a los productos de la destilación.

12. Los apartados 1 al 11 del presente artículo no se aplicarán al jugo de uva ni al jugo de uva concentrado, ni al mosto de uva ni al mosto de uva concentrado destinado a la preparación de jugo de uva.

Artículo 28

1. Los vinos procedentes de uvas de variedades que figuren en la clasificación de una misma unidad administrativa simultáneamente como variedades de uvas de vinificación y como variedades de uvas para otros usos, que superen las cantidades normalmente vinificadas y no se exporten durante la campaña correspondiente, se destilarán antes de una fecha que habrá de determinarse. Sólo podrán circular con destino a una destilería.

2. Para la determinación de las cantidades normalmente elaboradas, se tendrán en cuenta, en particular:

a) las cantidades producidas durante un periodo de referencia que habrá de determinarse, y

b) las cantidades de vino reservadas a los destinos tradicionales.

3. El precio de compra del vino entregado a la destilación en virtud del presente artículo será de 1,34 ecus por % vol. y hl.

4. El precio pagado por el destilador no podrá ser inferior al precio de compra.

5. El destilador podrá:

a) ya sea beneficiarse de una ayuda para el producto que se vaya a destilar siempre que el producto obtenido de la destilación tenga un grado alcohólico de 52 % vol., como mínimo;

b) ya sea entregar al organismo de intervención el producto obtenido de la destilación siempre que tenga un grado alcohólico de 92 % vol., como mínimo.

6. Podrá decidirse sustituir la entrega al organismo de intervención por una entrega a un operador que haya presentado una oferta dentro de las ventas organizadas para dar salida a los productos de la destilación.

7. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1.

Artículo 29

1. La Comunidad podrá establecer una ayuda para la destilación de vinos de mesa y de vinos aptos para la obtención de vinos de mesa con objeto de mantener las ofertas tradicionales de vino en el sector del alcohol de boca.

2. Dicha ayuda se pagará a los destiladores en forma de ayuda principal y ayuda secundaria.

3. La ayuda principal se pagará sobre la base del volumen de vino de mesa y de vino apto para la obtención de vino de mesa que se destile.

4. El importe de la ayuda principal tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la necesidad de que los destiladores paguen a los productores de vino un importe medio de 2,488 ecus por % vol. y hl, y

b) la necesidad de mantener ofertas para las salidas tradicionales en el sector del alcohol de boca a precios competitivos.

5. La ayuda principal se aplicará sobre la base de un régimen de contratos celebrados entre destiladores y productores de vino.

6. La ayuda secundaria se abonará como pago por el almacenamiento del producto obtenido de la destilación. Estará destinada a facilitar la aplicación del régimen de la ayuda principal.

Artículo 30

1. Podrá contemplarse una destilación de crisis en situaciones excepcionales de desequilibrio del mercado causado por numerosos excedentes o problemas de calidad.

2. Los objetivos de esta medida serán los siguientes:

a) la eliminación de los focos específicos de excedentes, y

b) la garantía de una continuidad de la oferta de una cosecha a otra.

3. La aplicación de la medida por los productores será voluntaria.

4. Esta medida podrá limitarse a determinadas categorías de vino o determinadas zonas de producción.

Artículo 31

La salida al mercado del alcohol a cargo del organismo de intervención se efectuará mediante venta en subasta pública o mediante licitación. No podrá comercializarse en el sector del alcohol destinado a uso alimentario.

No obstante, en caso de que mediante la aplicación del artículo 29 no esté garantizada la oferta de la parte de ese sector en que la utilización de alcohol vínico es obligatoria, podrá decidirse la comercialización de dicho alcohol en ese sector.

Artículo 32

1. En el caso de los vinos obtenidos por productores que hayan aumentado el grado alcohólico mediante adición de sacarosa o de mosto y hayan recibido la ayuda contemplada en el artículo 34, al precio de compra fijado para cada destilación, con excepción de la contemplada en el artículo 27, se le restará, dentro de cada una de las zonas vitícolas, un importe similar a tanto alzado calculado sobre la base del nivel de la ayuda contemplada en el artículo 34 y del aumento del grado alcohólico previsto para la zona vitícola de que se trate.

2. A petición del productor interesado, esta reducción únicamente se aplicará dentro de los límites de las cantidades que hayan sido objeto de aumento del grado alcohólico contemplado en el apartado 1.

Artículo 33

1. Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. En dichas disposiciones se incluirá lo siguiente:

a) las excepciones contempladas en el presente capítulo;

b) en relación con los artículos 27 y 28, las condiciones en las que se llevará a cabo la destilación, el cálculo del volumen de alcohol contenido en el vino producido, las condiciones para la entrega de los productos al organismo de intervención y los precios de compra de los productos de la destilación de los que pueda hacerse cargo el organismo de intervención o los criterios para fijar dichos precios;

c) las normas mínimas que deban cumplir los orujos y lías de vino;

d) las condiciones en que pueda llevarse a cabo la retirada bajo control mencionada en el apartado 7 del artículo 27;

e) las cantidades de vino normalmente elaboradas que se mencionan en el apartado 2 del artículo 28, y

f) la especificación del mecanismo de aplicación de la medida mencionada en el artículo 30, incluidos los productos cubiertos por la misma, y la circulación de productos de la destilación para evitar los desequilibrios del mercado de las bebidas alcohólicas y espirituosas.

2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 75 se determinará el importe de las ayudas contempladas en los artículos 27 y 28 que permitirán la salida al mercado de los productos obtenidos, el importe de las ayudas mencionadas en el artículo 29 y las normas que delimiten las circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de la medida a que se refiere el artículo 30 así como la cuantía y la forma de la ayuda financiera comunitaria de esa medida.

CAPÍTULO III AYUDAS A LA UTILIZACIÓN

Artículo 34

1. Por el presente artículo se establece un régimen de ayudas para la utilización:

a) del mosto de uva concentrado, y

b) del mosto de uva concentrado rectificado,

producidos en la Comunidad, cuando se empleen para aumentar el grado alcohólico mencionado en la letra C del anexo IV y en la letra F del anexo V.

2. La concesión de la ayuda podrá reservarse a los productos procedentes de las zonas vitícolas C III en caso de que, de no existir dicha medida, resulte imposible mantener las corrientes de intercambios de mostos y de vinos para mezcla.

3. El importe de la ayuda se determinará en ecus por porcentaje de grado alcohólico volumétrico en potencia y por hectolitro de mosto de uva concentrado o de mosto de uva concentrado rectificado, teniendo en cuenta la diferencia entre los costes del aumento artificial del grado alcohólico natural obtenido mediante los productos antes mencionados y mediante la sacarosa.

Artículo 35

1. Por el presente artículo se establece un régimen de ayudas para la utilización:

a) de mostos de uva y de mostos de uva concentrados producidos en la Comunidad y destinados a la elaboración de jugo de uva o de otros productos obtenidos a partir de jugo de uva;

b) de mostos de uva y de mostos de uva concentrados producidos en las zonas vitícolas C III, destinados a la fabricación, en el Reino Unido y en Irlanda, de productos incluidos en el código NC 2206 00 para los cuales, en aplicación de las disposiciones del artículo 51, dichos Estados miembros admiten una denominación compuesta que incluya la palabra «vino»,

c) de mostos de uva concentrados producidos en la Comunidad, en calidad de elemento principal de un conjunto de productos comercializados en el Reino Unido y en Irlanda, con instrucciones claras para que el consumidor obtenga a partir de ellos un sucedáneo de vino (vino casero).

2. En derogación de la letra b), del apartado 1, cuando la restricción geográfica relativa a la producción de mostos de uva y de mostos de uva concentrados mencionada en dicha letra dé lugar a distorsiones de la competencia, podrá decidirse ampliar la concesión de dicha ayuda a los mostos de uva y a los mostos de uva concentrados producidos en otras regiones de la Comunidad con excepción de las zonas C III.

3. Las ayudas estarán limitadas a la utilización de productos obtenidos a partir de variedades de vid que estén clasificadas exclusivamente como uva de vino o como variedad de uva de vino y variedad destinada a otra utilización y podrá concederse asimismo a la uva originaria de la Comunidad procedente de las mismas variedades.

4. Los importes de las ayudas deberán fijarse de manera que los costes de abastecimiento de mostos de uva y mostos de uva concentrados, originarios de la Comunidad, permitan que los productos mantengan sus salidas de mercado tradicionales.

5. Una parte que habrá de determinarse de la ayuda contemplada en la letra a) del apartado 1 se destinará a la organización de campañas de promoción en favor del consumo de jugo de uva. El importe de la ayuda para la organización de tales campañas podrá fijarse a un nivel superior al resultante de la aplicación del apartado 4.

Artículo 36

Las disposiciones de aplicación del presente capítulo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75. Estas normas incluirán, en particular:

a) las condiciones de concesión de la ayuda contempladas en el apartado 1 del artículo 34;

b) las medidas necesarias para garantizar el control de la utilización de los productos contemplados en el apartado 1 del artículo 35;

c) el importe de la ayuda a que hacen referencia los artículos 34 y 35 se fijará antes del comienzo de la campaña vitícola;

d) la Decisión que figura en el apartado 2 del artículo 35.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37

Los productores sujetos a las obligaciones mencionadas en los artículos 27 y 28 podrán acogerse a las medidas de intervención previstas en el presente título, siempre que hayan satisfecho las citadas obligaciones durante el período de referencia que se determine. Las disposiciones y el periodo de aplicación del presente artículo se establecerán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 75.

Artículo 38

1. En caso de que se registre un incremento excesivo de los precios de un tipo de vino en el mercado comunitario y se considere que esta situación puede perdurar y, por consiguiente, producir perturbaciones en el mercado, la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias.

2. Podrán adoptarse medidas de intervención para los productos enumerados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1, distintos del vino de mesa, siempre que sean necesarias para sostener el mercado de los vinos de mesa, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 75.

TÍTULO IV ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES E INTERPROFESIONALES

CAPÍTULO I ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Artículo 39

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «organización de productores» toda persona jurídica:

a) que se constituya por iniciativa propia de los productores de los productos regulados por el presente Reglamento;

b) que tenga principalmente por objeto:

i) asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, en lo que respecta, en particular, a la calidad y la cantidad,

ii) fomentar la concentración de la oferta y la comercialización de la producción de sus miembros,

iii) reducir los costes de producción y estabilizar los precios del productor,

iv) promover la utilización de métodos de cultivo, técnicas de producción y prácticas de gestión de residuos compatibles con el medio ambiente, con el fin, en particular, de proteger la calidad del agua, del suelo y del paisaje y de conservar y fomentar la biodiversidad;

c) cuyos estatutos obliguen a sus miembros, en particular a:

i) aplicar las normas adoptadas por la organización de productores en materia de conocimiento de la producción, de producción propiamente dicha, de comercialización y de conservación del medio ambiente;

ii) estar afiliados, con respecto a la producción de una de las categorías de productos contemplados en el presente Reglamento de una explotación dada, a una sola organización de productores contemplada en la letra a);

iii) comercializar la totalidad de su producción a través de la organización de productores; no obstante, en caso de que la organización de productores lo autorice, y en las condiciones que ésta determine, los miembros podrán:

- vender en su explotación hasta el 25 % de su producción directamente al consumidor para sus necesidades personales, y

- comercializar directamente o a través de otra organización de productores designada por su propia organización, productos que representen un volumen marginal con relación al volumen comercializable de ésta;

- comercializar a través de otra organización de productores designada por su propia organización productos que, debido a sus características, no correspondan, en principio, a las actividades comerciales de esta última organización;

iv) facilitar la información solicitada por la organización de productores con fines estadísticos; en particular, sobre zonas de cultivo, cosechas, rendimientos y ventas directas;

d) cuyos estatutos contengan disposiciones relativas a:

i) los procedimientos para determinar, adoptar y modificar las reglas a que hace referencia el apartado i) de la letra c),

ii) la obligación de que los miembros abonen las cuotas necesarias para financiar la organización de productores,

iii) las normas que permitan a los miembros de la organización controlar democráticamente la organización y las decisiones de ésta,

iv) las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de las obligaciones estatutarias, en particular, el impago de las cuotas, o de las demás normas establecidas por la organización de productores,

v) las normas relativas a la admisión de nuevos miembros, en particular, el período mínimo de adhesión,

vi) las disposiciones contables y presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la organización;

e) que haya sido reconocida por el Estado miembro de que se trate de conformidad con lo establecido en el apartado 2.

2. A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros reconocerán como organización de productores a todas las agrupaciones de productores que lo soliciten, siempre que:

a) cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 y aporten entre otras la prueba de que reúnen un número mínimo de miembros y un volumen mínimo de producción comercializable, que se determinará con arregló al procedimiento establecido en el artículo 75;

b) ofrezcan suficientes garantías respecto a la ejecución, duración y eficacia de su acción;

c) den efectivamente a sus miembros la posibilidad de obtener la asistencia técnica necesaria para la utilización de prácticas de cultivo compatibles con el medio ambiente;

d) pongan efectivamente a disposición de sus miembros los medios técnicos necesarios para el almacenamiento, embalaje y comercialización de sus productos y garanticen una buena gestión comercial y presupuestaria de sus actividades.

Artículo 40

1. Los Estados miembros:

a) decidirán si conceden el reconocimiento a una organización de productores dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud acompañada de los justificantes pertinentes;

b) realizaran periódicamente controles para comprobar si las organizaciones de productores respetan las condiciones necesarias para su reconocimiento, aplicarán, en su caso, las sanciones correspondientes y decidirán, en caso necesario, la revocación de su reconocimiento;

c) comunicarán a la Comisión en el plazo de dos meses toda decisión de concesión, denegación o revocación del reconocimiento.

2. La Comisión comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 y en la letra b) del apartado 1 del presente artículo, mediante la realización de controles y, a la luz de los resultados de éstos, podrá solicitar a los Estados miembros que revoquen el reconocimiento.

Artículo 41

1. En caso de que una organización de productores, o una asociación de organizaciones de productores que haya adoptado las mismas normas, que opere en un área económica específica se considere, respecto de un producto concreto, representativa de la producción y de los productores de dicha área, el Estado miembro de que se trate podrá establecer, a petición de la organización o asociación, que las normas contempladas en el punto i) de la letra c) del apartado 1 del artículo 39 sean vinculantes para todos los productores de esa área que no pertenezcan a ninguna de las organizaciones antes citadas.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «área económica» una zona geográfica formada por regiones de producción colindantes o próximas, en las que las condiciones de producción y de comercialización sean homogéneas.

3. Una organización de productores o una asociación de organizaciones se considerará representativa a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando sus miembros constituyan al menos dos tercios de los productores del área económica en la que ésta opere y cubra, como mínimo, dos tercios de la producción del área.

4. Las normas obligatorias para todos los productores de un área económica determinada:

a) no deberán causar ningún perjuicio a los demás productores del Estado miembro o de la Comunidad;

b) no se aplicarán, a menos de que se incluyan expresamente, los productos entregados a la transformación en virtud de un contrato celebrado antes del comienzo de la campaña vitícola, con la excepción de las normas sobre notificación de la producción;

c) no entrarán en conflicto con las normas nacionales y comunitarias vigentes.

5. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión las normas obligatorias para todos los productores de un área económica determinada. Estas normas se publicarán en la Serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

6. La Comisión decidirá que un Estado miembro debe derogar una ampliación de las normas decididas por éste:

a) si considera qué la ampliación en cuestión a otros productos excluye la competencia en una parte considerable del mercado interior o perturba el libre comercio, o en caso de que se pongan en peligro los objetivos del artículo 39 del Tratado;

b) si considera que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado es aplicable al acuerdo, la decisión o la práctica concertada que se ha decidido ampliar a otros productores; la decisión de la Comisión en relación con este acuerdo, decisión o práctica concertada sólo se aplicará a partir de la fecha de dicha consideración;

c) en caso de que a raíz de controles posteriores compruebe el incumplimiento de las disposiciones de este artículo.

7. En caso de aplicación del apartado 1, el Estado miembro en cuestión podrá decidir, mediante el examen de las pruebas presentadas, que los productores que no sean miembros de la organización deban pagar a esta última o, en su caso, a la asociación, la parte de la cuota de los productores miembros, siempre que ésta se destine a cubrir:

a) los costes administrativos resultantes de la aplicación de las normas contempladas en el apartado 1, o

b) los costes de investigación, de estudios de mercado y de promoción de ventas llevados a cabo por la organización o asociación en beneficio de todos los productores del área.

8. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión una lista de las áreas económicas a que hace referencia el apartado 2. Dentro del mes siguiente a la comunicación, la Comisión aprobará la lista o decidirá, previa consulta con el Estado miembro en cuestión, las modificaciones que éste deba realizar a dicha lista. La lista aprobada se publicará en la Serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO II ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES

Artículo 42

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «organizaciones interprofesionales reconocidas», en lo sucesivo denominadas «organizaciones interprofesionales» toda persona que:

a) reúna a representantes de actividades económicas vinculadas a la producción, el comercio o la transformación de los productos regulados por el presente Reglamento;

b) haya sido constituida a iniciativa de la totalidad o de una parte de las organizaciones o asociaciones que la compongan;

c) lleve a cabo, en una o más regiones de la Comunidad, varias de las actividades siguientes, teniendo en cuenta los intereses de los consumidores:

i) mejora del conocimiento y de la transparencia de la producción y del mercado,

ii) contribución a una mejor coordinación de la comercialización de los productos, en particular, mediante la investigación y la realización de estudios de mercado,

iii) elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria,

iv) aprovechamiento al máximo del potencial de producción,

v) información y realización de la investigación necesarias para adaptar la producción a las necesidades del mercado y a las preferencias y expectativas de los consumidores, en particular, en lo que se refiere a la calidad del producto y a la protección del medio ambiente,

vi) búsqueda de métodos que permitan la reducción de la utilización de productos fitosanitarios y otros insumos y garantizar la calidad del producto y la protección del suelo y del agua;

vii) desarrollo de métodos e instrumentos para mejorar la calidad de los productos en las distintas etapas de la producción, vinificación y comercialización;

viii) potenciación y protección de la agricultura biológica, así como las denominaciones de origen, las etiquetas de calidad y las indicaciones geográficas, y

ix) fomento de la producción integrada y otros métodos de producción respetuosos con el medio ambiente;

d) que haya sido reconocida por el Estado miembro en cuestión, con arreglo a los requisitos establecidos en el apartado 2.

2. En caso de que sus estructuras lo permitan, los Estados miembros podrán reconocer como organizaciones interprofesionales, a todas las organizaciones establecidas en su territorio que presenten la solicitud correspondiente, siempre que:

a) ejerzan su actividad en una o más regiones de su territorio;

b) representen un parte significativa de la producción, el comercio o la transformación de los productos regulados por el presente Reglamento en la región o regiones en cuestión y, en caso de que se trate de más de una región, puedan demostrar un nivel mínimo de representatividad en cada región respecto de cada uno de los sectores que agrupen;

c) realicen varias de las acciones contempladas en la letra c) del apartado 1;

d) no ejerzan por sí mismas actividades de producción, transformación ni de comercialización de los productos regulados por el presente Reglamento;

e) no comprometan el buen funcionamiento de la organización de mercado ni realicen ninguna de las actividades a que hace referencia el apartado 1 del artículo 43.

3. Antes de proceder al reconocimiento, los Estados miembros notificarán a la Comisión las organizaciones interprofesionales que hayan presentado una solicitud de reconocimiento, junto con toda la información pertinente relativa a las distintas actividades de la organización, su representatividad y cualquier otro elemento de apreciación necesario. La Comisión podrá oponerse al reconocimiento dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

4. Los Estados miembros:

a) decidirán sobre la concesión del reconocimiento dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, acompañada de los justificantes correspondientes;

b) efectuaran controles periódicos con el fin de comprobar que las organizaciones interprofesionales cumplen los requisitos para su reconocimiento, impondrán las sanciones aplicables a estas organizaciones en caso de incumplimiento y, si procede, decidirán retirar el reconocimiento;

c) retirarán el reconocimiento en caso de que:

i) dejen de cumplirse los requisitos exigidos para el reconocimiento establecidos en el presente Reglamento;

ii) una organización interprofesional infrinja alguna de las prohibiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 43, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan aplicarse de conformidad con el derecho nacional;

d) comunicarán a la Comisión, en un plazo de dos meses, toda decisión de concesión, denegación o revocación del reconocimiento.

5. Solamente se reconocerá una organización de productores en relación con la producción de un vcprd en una región determinada, tal como se prevé en la letra A del anexo V.

6. La Comisión comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 y en la letra b) del apartado 4 mediante controles y, en función de los resultados de estos, podrá pedir al Estado miembro de que se trate que revoque el reconocimiento.

7. El reconocimiento consistirá en una autorización para llevar a cabo las acciones contempladas en la letra c) del apartado 1, de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

8. La Comisión publicará una lista de las organizaciones interprofesionales reconocidas en la Serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, con indicación de la circunscripción económica o la zona de sus actividades, así como las acciones que lleven a cabo con arreglo al artículo 44. Se publicarán asimismo, las revocaciones del reconocimiento.

Artículo 43

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento n° 26 del Consejo (47), no se aplicará el apartado 1 del artículo 85 del Tratado a los acuerdos, decisiones ni prácticas concertadas de organizaciones interprofesionales reconocidas que tengan por objeto las actividades contempladas en la letra c) del apartado 1 del artículo 42 que:

a) no traigan consigo la fijación de precios (sin perjuicio de las medidas adoptadas por las organizaciones interprofesionales para la aplicación de disposiciones específicas de la normativa comunitaria);

b) no resulten en algún tipo de fragmentación de los mercados de la Comunidad;

c) no supongan discriminación ni eliminen la competencia respecto de una parte significativa de los productos de que se trate;

d) no produzcan distorsiones de la competencia que no sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política agrícola común perseguida por la medida de la organización interprofesional.

2. La decisión de la Comisión en la que se declare que el apartado 1 del artículo 85 es aplicable al acuerdo, decisión o práctica concertada no tendrá efecto antes de la fecha de notificación a la organización interprofesional en cuestión.

Artículo 44

1. En caso de que una organización interprofesional que ejerza su actividad en una región o regiones determinadas de un Estado miembro, sea considerada representativa de la producción, el comercio o la transformación de un producto determinado, el Estado miembro interesado, previa solicitud de dicha organización, podrá disponer que sean obligatorios determinados acuerdos, decisiones o prácticas concertadas aprobados en esta organización; durante un periodo limitado, para otros operadores que ejerzan su actividad en la región o regiones correspondientes, bien se trate de particulares o de agrupaciones, que no pertenezcan a la organización.

2. Una organización interprofesional se considerará representativa tal como se prevé en el apartado 1, cuando represente al menos dos tercios de la producción, el comercio o la transformación del producto o productos de que se trate en una región o regiones determinadas de un Estado miembro. En caso de que la solicitud de aplicación de estas normas a otros agentes abarque más de una región, la organización interprofesional deberá demostrar un nivel mínimo de representatividad respecto de cada uno de los sectores que agrupe en cada una de las regiones correspondientes.

3. Las normas cuya extensión a otros operadores podrá solicitarse deberán referirse a uno de los siguientes ámbitos:

a) información sobre la producción y el mercado;

b) normas de producción más estrictas que las establecidas, en su caso, en la normativa nacional o comunitaria;

c) elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria;

d) normas de comercialización;

e) normas de protección del medio ambiente;

f) medidas dirigidas a promover y aprovechar el potencial de los productos;

g) medidas de protección de la agricultura biológica, así como denominaciones de origen, etiquetas de calidad e indicaciones geográficas.

Estas normas deberán ser aplicables por lo menos desde una campaña de comercialización; antes, no podrán ser obligatorias durante más de tres campañas de comercialización y no deberán causar ningún perjuicio a los demás operadores del Estado miembro o de la Comunidad.

Artículo 45

1. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión las normas obligatorias para todos los operadores de una o más regiones determinadas. Estas normas se publicarán en la Serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2. Previamente a la publicación, la Comisión informará al Comité previsto en el artículo 74, de toda notificación de ampliación de los acuerdos interprofesionales.

3. La Comisión decidirá si un Estado miembro deberá derogar una ampliación de las normas por él decididas en las circunstancias contempladas en el apartado 6 del artículo 41.

4. En caso de ampliación de las normas relativas a uno o más productos y cuando una o más de las actividades contempladas en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 44 sean realizadas por una organización interprofesional reconocida y se lleven a cabo en pro del interés económico general de los operadores cuyas actividades se refieran a alguno de los productos de que se trate, el Estado miembro que haya concedido el reconocimiento podrá decidir que los particulares o agrupaciones que no sean miembros de la organización pero que se beneficien de sus actividades paguen a la organización la totalidad o parte de las cuotas de sus miembros, siempre que estas cuotas se destinen a cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución de las actividades en cuestión.

TÍTULO V PRÁCTICAS Y TRATAMIENTOS ENOLÓGICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS; DESCRIPCIÓN, DENOMINACIÓN, PRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN

CAPÍTULO I PRÁCTICAS Y TRATAMIENTOS ENOLÓGICOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

Artículo 46

1. Podrán autorizarse prácticas y tratamientos comunitarios para la elaboración de los productos r