COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 23.11.2016 COM(2016) 854 final 2016/0364(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital (Texto pertinente a efectos del EEE)



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La propuesta de modificación de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre los requisitos de capital o DRC) forma parte de un paquete legislativo que comprende también modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre los requisitos de capital o RRC), la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias o DRRB) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 (Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución o RMUR). En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial del marco regulador de los servicios financieros, dirigida a aumentar la resiliencia de las entidades (esto es, las entidades de crédito y las empresas de inversión) que operan en el sector financiero de la UE y basada, en gran medida, en normas acordadas a escala mundial con los socios internacionales de la UE. En particular, el paquete de medidas de reforma comprende el Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre los requisitos de capital o RRC), la Directiva 2013/36/UE, sobre los requisitos y la supervisión prudenciales de las entidades (Directiva sobre los requisitos de capital o DRC), la Directiva 2014/59/UE, sobre la reestructuración y resolución de las entidades (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias o DRRB) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Estas medidas se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que estalló en 2007-2008 y son reflejo de normas acordadas a escala internacional. Si bien las reformas efectuadas han aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero frente a muchos tipos de perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, aún no resuelven íntegramente todos los problemas observados. Así pues, las presentes propuestas tienen por objeto completar el programa de reformas, abordando, para ello, las deficiencias que aún persisten y aplicando algunos elementos pendientes de la reforma que son esenciales para garantizar la resiliencia de las entidades pero que, hasta ahora, no habían completado los organismos internacionales de normalización (a saber, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o CSBB y la Junta de Estabilidad Financiera o JEF): una ratio de apalancamiento vinculante, que impedirá que las entidades aumenten excesivamente su apalancamiento, por ejemplo, para compensar una baja rentabilidad; un coeficiente de financiación estable neta (NSFR) vinculante, que se basará en los perfiles de financiación mejorados de las entidades y establecerá una norma armonizada para determinar cuántas fuentes de financiación a largo plazo estables necesita una entidad para resistir en períodos de tensión del mercado y dificultades de financiación; requisitos de fondos propios (es decir, de capital) más sensibles al riesgo en el caso de las entidades que operen, en gran medida, con valores y derivados, lo que evitará una excesiva divergencia entre esos requisitos cuando tal divergencia no se base en los perfiles de riesgo de las entidades; por último y no menos importante, nuevas normas sobre la capacidad total de absorción de pérdidas de las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), que exigirán que dichas entidades dispongan de más capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización, abordarán las interconexiones entre los mercados financieros mundiales y potenciarán más la capacidad de la UE en lo que atañe a la resolución de EISM en situación de quiebra, minimizando, al mismo tiempo, los riesgos de los contribuyentes. En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015, la Comisión reconoció la necesidad de reducir más el riesgo y se comprometió a presentar una propuesta legislativa basada en los acuerdos internacionales antes mencionados. Tales medidas de reducción del riesgo, además de potenciar más la resiliencia del sistema bancario europeo y la confianza de los mercados en este, sentarán las bases de ulteriores avances de cara a la culminación de la Unión Bancaria. La necesidad de adoptar una serie de nuevas disposiciones legislativas para reducir los riesgos en el sector bancario ha sido reconocida también en las Conclusiones del Consejo Ecofin de 17 de junio de 2016. La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, sobre la Unión Bancaria — Informe anual 2015 señala también algunos aspectos del actual marco regulador en los que cabría ahondar. Al mismo tiempo, la Comisión debía tener en cuenta el marco regulador vigente y la evolución de la regulación a escala internacional, y responder a los retos a que se enfrenta la economía de la UE, especialmente la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo en momentos de incertidumbre en las perspectivas económicas. Con miras a fortalecer la economía de la Unión, se han emprendido diversas iniciativas de actuación importantes, tales como el Plan de Inversiones para Europa (FEIE) y la Unión de los Mercados de Capitales. Es necesario mejorar la capacidad de las entidades de contribuir a financiar la economía, sin poner en riesgo la estabilidad del marco regulador. Con el fin de garantizar que las recientes reformas del sector financiero interactúen fácilmente entre sí y con nuevas iniciativas de actuación, pero también con reformas más generales recientemente adoptadas en el sector financiero, la Comisión, sobre la base de una convocatoria de datos, realizó una profunda evaluación global del marco de servicios financieros vigente (esto es, el RRC, la DRC, la DRRB y el RMUR). Asimismo, se analizó la próxima revisión de las normas internacionales desde la perspectiva de su impacto económico más general. Las modificaciones basadas en la evolución internacional suponen la implementación fiel de las normas internacionales en el Derecho de la Unión, con determinados ajustes destinados a reflejar las especificidades de la UE y consideraciones estratégicas más generales. Por ejemplo, el hecho de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los proyectos de infraestructura dependan primordialmente de financiación bancaria exige ajustes normativos específicos que garanticen que las entidades puedan seguir financiándolos ya que constituyen la espina dorsal del mercado único. Se precisa una interacción sencilla con los requisitos vigentes, tales como los referidos a la compensación central y la cobertura de las exposiciones en derivados mediante garantías reales, o la transición gradual a algunos de los nuevos requisitos. Estos ajustes, limitados en alcance o duración, no afectan a la solidez global de las propuestas, que están consonancia con el nivel básico de ambición de las normas internacionales. Además, basándose en la convocatoria de datos, las propuestas persiguen mejorar las normas vigentes. Según el análisis de la Comisión, el marco actual puede aplicarse de forma más proporcionada, teniendo en cuenta, en particular, la situación de las entidades más pequeñas y menos complejas, en relación con las cuales algunas de las presentes obligaciones por lo que se refiere a la divulgación y presentación de información y la complejidad de la cartera de negociación no se justifican por razones prudenciales. Por otra parte, la Comisión ha examinado el riesgo de los préstamos destinados a pymes y a la financiación de proyectos de infraestructuras y ha llegado a la conclusión de que, en el caso de algunos de esos préstamos, estaría justificado aplicar requisitos de fondos propios inferiores a los aplicados hasta ahora. Así, las presentes propuestas rectificarán esos requisitos e intensificarán la proporcionalidad del marco prudencial de las entidades. De este modo, aumentará la capacidad de estas de financiar la economía sin poner en riesgo la estabilidad del marco regulador. Por último, la Comisión, en estrecha colaboración con el Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros, ha evaluado la aplicación de las opciones y facultades discrecionales previstas en la DRC y el RRC. Sobre la base de este análisis, la presente propuesta pretende eliminar algunas opciones y facultades discrecionales conexas a las disposiciones sobre la ratio de apalancamiento, los grandes riesgos y los fondos propios. Se propone eliminar la posibilidad de crear nuevos activos por impuestos diferidos con garantía estatal que no dependan de una futura rentabilidad y que estarían exentos de la deducción del capital reglamentario. •Coherencia con las disposiciones existentes en este ámbito de actuación Algunos elementos de las propuestas de DRC y RRC son consecuencia de las revisiones inherentes y otras adaptaciones del marco regulador se han hecho necesarias a la luz de hechos posteriores, como son la adopción de la DRRB, la creación del mecanismo único de resolución y los trabajos realizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a escala internacional. La propuesta modifica la legislación vigente y la hace plenamente coherente con las actuales disposiciones sobre los requisitos prudenciales aplicables a las entidades, su supervisión y el marco de reestructuración y resolución. •Coherencia con otras políticas de la Unión

Cuatro años después de que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos acordaran crear una Unión Bancaria, ya se han erigido dos pilares de esta, a saber, la supervisión y la resolución únicas, sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las entidades de la UE. Aunque se han logrado avances importantes, se requieren medidas adicionales para completar la unión bancaria, entre ellas la creación de un sistema único de garantía de depósitos. La revisión de la DRC y el RRC forma parte de las medidas de reducción del riesgo necesarias para reforzar la resiliencia del sector bancario y que son paralelas a la introducción por etapas del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La revisión persigue, además, garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya formen parte o no de la unión bancaria. Los objetivos generales de la presente iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE, esto es, fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a una financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor. Estos objetivos generales son acordes también con los objetivos de otras iniciativas importantes de la UE, tal como se indica más arriba. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la propuesta de RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en el caso de la propuesta de Directiva que modifica la IV DRC. •Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas) Las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación de la UE ya vigente y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE, antes que con diferentes iniciativas nacionales. Medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a reducir el apalancamiento de las entidades y reforzar su financiación estable y los requisitos de capital para la cartera de negociación, no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas de la UE, vista la libertad de que gozan las entidades para establecerse y prestar servicios en otros Estados miembros y la consiguiente magnitud de la prestación de servicios transfronterizos, los flujos de capitales y la integración del mercado. Por el contrario, las medidas nacionales podrían falsear la competencia y afectar a los flujos de capitales. Por otra parte, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente compleja, pues la DRC ya regula el ámbito bancario, entre otras cosas los requisitos de apalancamiento (presentación de información), la liquidez (concretamente, la ratio de cobertura de liquidez o LCR) y los requisitos aplicables a la cartera de negociación. Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código normativo único. Las modificaciones favorecerían más la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la convergencia de las prácticas supervisoras y garantizarían condiciones de competencia equitativas en todo el mercado único de servicios bancarios. Estos objetivos no pueden lograrlos en grado suficiente los Estados miembros por sí solos. Esto es particularmente importante en el sector bancario, pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado único de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del mecanismo único de supervisión (MUS) y en los colegios de supervisores y por lo que respecta a las autoridades competentes ajenas al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas eficazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas nacionales. •Proporcionalidad La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta. Además de evaluar individualmente todas las opciones propuestas en los diferentes ámbitos reglamentarios a la luz del objetivo de proporcionalidad, se ha expuesto también como problema aparte la falta de proporcionalidad de las normas vigentes y se han analizado opciones específicas destinadas a reducir los costes administrativos y de cumplimiento de las entidades de menor tamaño (véanse las secciones 2.9 y 4.9 de la evaluación de impacto). •Elección del instrumento Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y la DRC a través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. Las medidas propuestas se refieren a disposiciones ya existentes en esos actos jurídicos (liquidez, apalancamiento, remuneración, proporcionalidad) o desarrollan más tales disposiciones. Por lo que respecta a la nueva norma acordada por el Consejo de Estabilidad Financiera sobre la capacidad total de absorción de pérdidas, se propone incorporar el grueso de la norma al RRC, ya que solo mediante un reglamento puede lograrse la necesaria aplicación uniforme, de forma similar a los vigentes requisitos de fondos propios basados en el riesgo. Configurar requisitos prudenciales a través de una modificación del RRC garantizaría que esos requisitos fueran directamente aplicables a las EISM. Esto evitaría que los Estados miembros aplicaran requisitos nacionales divergentes en un ámbito en el que resulta conveniente que exista una plena armonización en aras de impedir condiciones de competencia no equitativas. No obstante, será necesario adaptar las disposiciones vigentes de la DRRB para garantizar que el requisito relativo a la capacidad total de absorción de pérdidas y el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles sean plenamente coherentes y acordes entre sí. Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con la proporcionalidad permitirían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para mantener diferentes normas en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico nacional. De este modo, los Estados miembros tendrían la opción de imponer normas más estrictas en relación con determinados aspectos, tales como la remuneración y la presentación de información. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas La Comisión ha emprendido diversas iniciativas a fin de evaluar si el actual marco prudencial y las revisiones previstas de las normas internacionales son los instrumentos más adecuados para garantizar objetivos prudenciales en lo que respecta a las entidades de la UE, así como si permitirían seguir obteniendo la financiación necesaria para la economía de la UE. En julio de 2015, la Comisión inició una consulta pública sobre el posible impacto del RRC y la DRC en la financiación bancaria de la economía de la UE, con especial atención a la financiación de las pymes y las infraestructuras, y en septiembre de 2015 abrió una convocatoria de datos que abarcaba la legislación financiera de la UE en su conjunto. Las dos iniciativas perseguían obtener pruebas empíricas y respuestas concretas sobre i) las normas que afectan a la capacidad de la economía de autofinanciarse y crecer, ii) las cargas reglamentarias innecesarias, iii) las interacciones, incoherencias y lagunas de las normas, y iv) las normas que generan consecuencias no buscadas. Además, la Comisión recabó las opiniones de las partes interesadas en el contexto de análisis específicos sobre las disposiciones que regulan la remuneración y sobre la proporcionalidad de las normas del RRC y la DRC. Por último, se inició una consulta pública en el contexto del estudio encargado por la Comisión para evaluar el impacto de la RRC en la financiación bancaria de la economía. Todas las iniciativas arriba mencionadas han puesto claramente de manifiesto la necesidad de actualizar y completar las normas actuales para i) reducir aún más los riesgos en el sector bancario y, de este modo, reducir la dependencia respecto de la ayuda estatal y el dinero de los contribuyentes en caso de crisis, y ii) incrementar la capacidad de las entidades de canalizar financiación suficiente hacia la economía.

Los anexos 1 y 2 de la evaluación de impacto recogen un resumen de las consultas, evaluaciones e informes. •Evaluación de impacto El 7 de septiembre de 2016, se discutió la evaluación de impacto con el Comité de Control Reglamentario y fue rechazada. En consecuencia, dicha evaluación se reforzó añadiendo i) una explicación mejor sobre el contexto estratégico de la propuesta (es decir, su relación con la evolución internacional y de la UE), ii) información más detallada sobre las opiniones de las partes interesadas, y iii) nuevas pruebas sobre el impacto (en términos de costes y beneficios) de las distintas opciones de actuación que se examinan en ella. El 27 de septiembre de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la nueva evaluación de impacto presentada. La propuesta va acompañada de la evaluación de impacto y es coherente con esta. Tal como indica el análisis de simulación y la modelización macroeconómica efectuados en la evaluación de impacto, cabe prever que los nuevos requisitos que se introducen, en particular las nuevas normas de Basilea, tales como las referentes a la ratio de apalancamiento y a la cartera de negociación, ocasionen costes limitados. El impacto a largo plazo estimado sobre el producto interior bruto (PIB) oscila entre el -0,03 % y el -0,06 %, y el incremento de los costes de financiación del sector bancario se estima en 3 puntos básicos en el escenario más extremo. En cuanto a los beneficios, el ejercicio de simulación ha demostrado que los recursos públicos necesarios para respaldar el sistema bancario en caso de una crisis financiera de importancia similar a la de 2007-2008 se reducirían en un 32 %, de 51 000 millones de EUR a 34 000 millones EUR. • Adecuación y simplificación de la reglamentación Se considera que el mantenimiento de métodos simplificados para calcular los requisitos de fondos propios garantizará la continuidad de la proporcionalidad de las normas en el caso de las entidades de menor tamaño. Además, las medidas adicionales dirigidas a aumentar la proporcionalidad de algunos de los requisitos (en materia de presentación de información, divulgación y remuneración) se espera que reduzcan los costes administrativos y de cumplimiento de esas entidades. En lo referente a las pyme, se prevé que la propuesta de recalibración de los requisitos de fondos propios aplicables a las exposiciones de las entidades frente a pymes tendrá efectos positivos para la financiación de estas. Ello afectaría esencialmente a las pymes cuyas exposiciones actuales ascienden a más de 1,5 millones EUR, ya que tales exposiciones no se benefician del factor de apoyo a las pymes que prevén las normas vigentes. Otros elementos de la propuesta, especialmente las destinadas a aumentar la resiliencia de las entidades en crisis futuras, se espera que aumenten la sostenibilidad de los préstamos a las pymes. Por último, las medidas destinadas a reducir los costes de cumplimiento de las entidades, en particular las más pequeñas y complejas, se estima que reducirán los costes en que incurren las pymes por préstamos. En lo relativo a terceros países, la propuesta incrementará la estabilidad de los mercados financieros de la UE y reducirá así la probabilidad de repercusiones negativas para los mercados financieros mundiales, así como el coste de las mismas. Además, las modificaciones propuestas armonizarán más el marco regulador en toda la Unión, lo que disminuirá los costes administrativos de las entidades de terceros países que operen en la UE. La propuesta es coherente con las prioridades de la Comisión con vistas al mercado único digital. •Derechos fundamentales La UE está comprometida en la existencia de un alto nivel de protección de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de implementación y mecanismos para el seguimiento, la evaluación y la presentación de información Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor antes de 2019. Estas modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la DRC que están ya en vigor y que vienen siendo objeto de seguimiento desde 2014. El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento de la ratio de apalancamiento y las nuevas medidas en materia de liquidez con vistas a la elaboración de la futura evaluación de impacto de las nuevas herramientas de actuación. El proceso de revisión y evaluación supervisoras y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia, de carácter periódico, servirán también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Al mismo tiempo, los servicios de la Comisión seguirán participando en los grupos de trabajo del CSBB y en el grupo operativo conjunto creado por el Banco Central Europeo (BCE) y por la ABE, que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente. El conjunto de indicadores destinado a hacer el seguimiento de los avances en los resultados derivados de la aplicación de las opciones seleccionadas son los siguientes:

Coeficiente de financiación estable neta (NSFR): Indicador Coeficiente de financiación estable neta de las entidades de la UE Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades que participen en el ejercicio de seguimiento de la ABE (Basilea III) satisfagan el coeficiente de financiación estable neta en un 100 % (el 65 % de las entidades de crédito del grupo 1 y el 89 % de las del grupo 2 satisfacían dicho coeficiente a finales de diciembre de 2015). Fuente de los datos Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de Basilea III. Ratio de apalancamiento: Indicador Ratio de apalancamiento de las entidades de la UE. Objetivo Que a partir de la fecha de aplicación, el 99 % de las entidades de crédito de los grupos 1 y 2 tengan una ratio de apalancamiento de al menos el 3 % (el 93 % de las entidades del grupo 1 satisfacían ese objetivo en junio de 2015). Fuente de los datos Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de Basilea III. PYME: Indicador Déficit de financiación de las pymes en la UE, es decir, la diferencia entre la necesidad de financiación externa y la disponibilidad de fondos. Objetivo Desde dos años después de la fecha de aplicación, < 13 % (la última cifra conocida un – 13 % a finales de 2014) Fuente de los datos Encuesta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (datos limitados a la zona del euro) Capacidad total de absorción de pérdidas: Indicador La capacidad total de absorción de pérdidas de las EISM Objetivo Que todos los bancos de importancia sistémica mundial cumplan el objetivo (> 16 % de los activos ponderados por riesgo / 6 % de la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento desde 2019, > 18 % de los activos ponderados por riesgo / 6,75 % de la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento desde 2022) Fuente de los datos Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de Basilea III. Cartera de negociación; Indicador Los activos ponderados por riesgo en lo referente a los riesgos de mercado de las entidades de la UE Variabilidad observada de los activos ponderados por riesgo de las carteras agregadas aplicando el método de modelos internos. Objetivo - Que a partir de 2023 todas las entidades de la UE satisfagan los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado según la calibración final adoptada en la UE. - Que a partir de 2021 la variabilidad injustificable (es decir, no motivada por diferencias en los riesgos subyacentes) de los resultados de los modelos internos de todas las entidades de la UE sea menor que la variabilidad actual* de los modelos internos de todas las entidades de la UE. _______________ * Los valores de referencia en cuanto a la «variabilidad actual» del valor en riesgo (VaR) y la exigencia de capital por riesgo incremental deben ser los estimados en el último informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos ponderados por riesgo en las carteras de riesgo de mercado, calculados por carteras agregadas, publicados antes de la entrada en vigor del nuevo marco aplicable al riesgo de mercado. Fuente de los datos Informes de seguimiento semestrales de la ABE en el marco de Basilea III. Informe de la ABE sobre la variabilidad de los activos ponderados por riesgo de las carteras de riesgo de mercado. Los nuevos valores deben calcularse con arreglo a un mismo método. Remuneración: Indicador Uso por las entidades del diferimiento y el pago en instrumentos Objetivo Que el 99 % de las entidades que no sean ni pequeñas ni complejas, de acuerdo con lo dispuesto en la DRC, difieran al menos el 40 % de la remuneración variable entre tres y cinco años y paguen al menos el 50 % de esa remuneración en instrumentos por lo que respecta a aquel de su personal cuyo nivel de remuneración variable se considere significativo. Fuente de los datos Informes comparativos de la ABE en materia de remuneración Proporcionalidad: Indicador La reducción de la carga que representa la presentación y divulgación de información a efectos de supervisión. Objetivo Que el 80 % de las entidades más pequeñas y menos complejas notifiquen que se ha reducido la carga. Fuente de los datos Encuesta elaborada y realizada por la ABE antes de 2022-2023 La evaluación de los efectos de la presente propuesta se hará cinco años después de la fecha de aplicación de las medidas propuestas, basándose en la metodología que se acordará con la ABE tan pronto como se adopte. La ABE se encargará de determinar y recoger los datos necesarios para efectuar el seguimiento de los indicadores antes citados, así como otros indicadores que resulten necesarios para la evaluación del RRC y la DRC modificados. El método podría desarrollarse para opciones individuales o para una serie de opciones interconectadas, en función de las circunstancias existentes antes de emprender la evaluación y del resultado de los indicadores de seguimiento. El cumplimiento y la ejecución estarán continuamente garantizados, en su caso, por la Comisión, que incoará procedimientos de infracción por falta de transposición o por una incorrecta transposición o aplicación de las medidas legislativas. La notificación de infracciones de la legislación de la UE puede realizarse a través del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, integrado por las autoridades nacionales competentes y la ABE, así como a través del BCE. La ABE seguirá también publicando sus informes periódicos sobre el ejercicio de seguimiento (Basilea III) del sistema bancario de la UE. Dicho ejercicio examina los efectos de los requisitos de Basilea III (según se plasman en el RRC y la DRC) sobre las entidades de la UE, en particular por lo que atañe a las ratio de capital de las entidades (las basadas y las no basadas en el riesgo) y las ratios de liquidez (LCR, NSFR). Se efectúa de forma paralela al realizado por el CSBB. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Entes exentos Se modifica el artículo 2, apartado 5, de la DRC a fin de añadir entes de Croacia exentos de la aplicación de la DRC y el RRC en virtud del Tratado de Adhesión. En algunos Estados miembros, los bancos públicos de desarrollo y las cooperativas de crédito ya están exentos del marco regulador que constituyen la DRC y el RRC. Con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas, todos los Estados miembros deben poder permitir que este tipo de entes operen solo con arreglo a salvaguardas reglamentarias nacionales acordes con los riesgos en que incurren. A tal fin, la Comisión, en su «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales», de 30 de septiembre de 2015, se ha comprometido a explorar la posibilidad de que todos los Estados miembros autoricen cooperativas de crédito que operen fuera del marco de la UE sobre los requisitos de capital aplicables a los bancos. En consonancia con ese compromiso y a petición de los Países Bajos, las cooperativas de crédito de este país se incluyen también en la lista de entidades del artículo 2, apartado 5, de la DRC. Además, para facilitar que en otros Estados miembros las entidades similares a las incluidas en dicha lista estén exentas del marco regulador de la DRC y el RRC, se añaden a la DRC el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter. Estos artículos autorizan a la Comisión a eximir a determinadas entidades o categorías de entidades de la DRC, siempre que satisfagan una serie de criterios claramente definidos. Estas nuevas exenciones solo pueden aplicarse caso por caso si se trata de bancos como los bancos públicos de desarrollo o para todo el sector de las cooperativas de crédito de un Estado miembro.

En el artículo 9, se modifica el apartado 2 para encuadrar mejor las excepciones a la prohibición de que personas o empresas que no sean entidades de crédito ejerzan la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público. Se aclara que la prohibición no se aplica a aquellas personas o empresas en relación con las cuales el acceso a la actividad y su ejercicio se rija por legislación de la Unión distinta de la DRC, siempre que quepa considerar que tal actividad sujeta a esa otra legislación consiste en la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público. Ello no obsta para que una entidad pueda estar sujeta a autorización en virtud tanto de la DRC como de esa otra legislación de la Unión. Asimismo, se aclara que solo los entes que figuran en el artículo 2, apartado 5, de la DRC quedan exentos de la prohibición que establece el artículo 9, apartado 1, de la DRC, por estar regulados por marcos jurídicos nacionales específicos, lo que elimina la ambigüedad de la actual redacción. Requisitos y orientación de capital en lo relativo al pilar 2 La redacción actual de las disposiciones sobre los requisitos de capital adicional fijados por las autoridades competentes conforme al artículo 104 admite diversas interpretaciones en cuanto a en qué casos pueden imponerse esos requisitos y qué lugar ocupan estos en lo que respecta a los requisitos mínimos de capital previstos en el artículo 92 del RRC y los requisitos combinados de colchón (artículo 128). Estas diversas interpretaciones han redundado en la imposición de importes de capital muy diferentes a las entidades individuales en los distintos Estados miembros, así como en umbrales diferentes en lo que atañe a las restricciones aplicables a las distribuciones previstas en el artículo 141. Por otra parte, el texto actual no indica nada sobre la posibilidad de que las autoridades competentes comuniquen las expectativas que tengan en cuanto a que las entidades dispongan de fondos propios superiores a los requisitos mínimos de capital, los requisitos de fondos propios adicionales y los requisitos combinados de colchón. El artículo 104 modificado prevé, entre otras facultades de las autoridades competentes, la posibilidad de imponer requisitos de fondos propios adicionales. Se introduce un nuevo artículo 104 bis que aclara las condiciones para establecer requisitos de fondos propios adicionales y pone de relieve que se trata de requisitos específicos en función de la entidad. Se añade un nuevo artículo 104 ter a fin de especificar las principales características de la orientación de capital y se modifica el artículo 113 para establecer que la orientación de capital debe abordarse también en el marco de los colegios de supervisores. Se inserta un nuevo artículo 141 bis a fin de aclarar mejor, a efectos de las restricciones aplicables a las distribuciones, la relación entre los requisitos de fondos propios adicionales, los requisitos mínimos de fondos propios, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, y los requisitos combinados de colchón (esto es, el «orden de prelación»). Por último, se modifica el artículo 141 para reflejar el orden de prelación en el cálculo del importe máximo distribuible. Presentación y divulgación de información en lo relativo al pilar 2 Al objeto de reducir la carga administrativa y prever un régimen de presentación y divulgación de información más proporcionado en el contexto del pilar 2, la propuesta modifica el artículo 104, apartado 1, de la DRC para limitar la facultad discrecional de las autoridades competentes a la hora de imponer a las entidades obligaciones adicionales de presentación y divulgación de información. Las autoridades competentes solo podrán utilizar esas facultades de supervisión si se cumplen las condiciones jurídicas que establece el artículo 104 en su nuevo apartado 2. Limitar el proceso de revisión y evaluación supervisoras y el pilar 2 a fines macroprudenciales La experiencia reciente indica que convendría delimitar más claramente los ámbitos de responsabilidad que corresponden a las autoridades competentes y a las autoridades designadas. Esto es válido, en particular, en lo referente al proceso de revisión y evaluación supervisoras y los correspondientes requisitos de supervisión. Las autoridades competentes son responsables de dicho proceso, así como de imponer los correspondientes requisitos de supervisión en función de la entidad (esto es, los requisitos del pilar 2). En este contexto, pueden también evaluar el riesgo sistémico que se derive de una determinada entidad y abordar tal riesgo imponiendo a esta requisitos de supervisión. La utilización de medidas del pilar 2 en este contexto puede minar la efectividad y eficacia de otros instrumentos macroprudenciales. Visto lo anterior, la propuesta establece que el proceso de revisión y evaluación supervisoras y los correspondientes requisitos de supervisión deben limitarse a una perspectiva puramente microprudencial. Se modifican los artículos 97, 98, 99 y 105 en consecuencia. Se suprime el artículo 103 y se aclara en el nuevo artículo 104 bis, apartado 1, que los requisitos de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, letra a), no se impondrán para cubrir el riesgo macroprudencial o sistémico. Introducción de un marco modificado para el riesgo de tipo de interés Tras la reciente evolución habida a escala internacional en lo referente a la medición de los riesgos de tipo de interés, se modifican los artículos 84 y 98 de la presente Directiva y el artículo 448 del RRC para introducir un marco revisado que englobe los riesgos de tipo de interés de las posiciones de la cartera de inversión. Las modificaciones incluyen la introducción de un método estándar común, que las entidades puedan utilizar para reflejar estos riesgos o que las autoridades competentes puedan exigir a la entidad que utilice si los sistemas desarrollados por esta para reflejar dichos riesgos no son satisfactorios, así como una prueba de valores atípicos y requisitos de divulgación, ambos mejorados. Además, en el artículo 84 de la RCD se establece que la ABE debe detallar el método estándar en cuanto a los criterios y condiciones que deben aplicar las entidades para identificar, evaluar, gestionar y reducir los riesgos de tipo de interés. Asimismo, en el artículo 98 de la RCD se establece que la ABE debe definir los seis escenarios de shock a efectos de supervisión aplicables a los tipos de interés y la hipótesis común que deban aplicar las entidades para realizar la prueba de valores atípicos. Sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera Al objeto de que las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera entren directamente en el ámbito del marco prudencial de la UE, se introducen nuevas disposiciones y se realizan ajustes en varios artículos de la DRC y el RRC. Así, se establece un requisito de autorización junto con competencias directas de supervisión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera (artículo 21 bis de la DRC). Se modifica el artículo 11 del RRC para aclarar que, cuando los requisitos se apliquen en base consolidada a escala de esas sociedades de cartera, serán estas las directamente responsables del cumplimiento y no sus entidades filiales. Se realizan ajustes en los artículos 13 y 18 del RRC, a fin de reflejar la responsabilidad directa de las sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixtas de cartera. Empresa matriz intermedia de la UE A efectos de facilitar la implementación en el Derecho de la Unión de las normas internacionalmente acordadas sobre la capacidad de absorción de pérdidas de las EISM de terceros países y, más en general, de simplificar y reforzar el proceso de resolución de grupos de terceros países que desarrollen actividades significativas en la UE, el artículo 21 ter de la DRC introduce un nuevo requisito para el establecimiento de una empresa matriz intermedia de la UE cuando dos o más entidades establecidas en la UE tengan la misma empresa matriz última en un tercer país. La empresa matriz intermedia de la UE puede ser una sociedad de cartera sujeta a los requisitos del RRC y la DRC o una entidad de la UE. Este requisito se aplicará únicamente a grupos de terceros países identificados como EISM no de la UE o que posean entes en el territorio de la UE el total de cuyos activos ascienda a 30 000 millones EUR (en el cálculo se tendrán en cuenta los activos tanto de las filiales como de las sucursales de esos grupos de terceros países). Remuneración De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161, apartado 2, de la DRC, la Comisión ha reexaminado la eficacia, aplicación y ejecución de las normas de la DRC en materia de remuneración. Las conclusiones del reexamen, recogidas en el informe de la Comisión COM(2016) 510, son en general positivas. No obstante, se constató que algunas de las normas, concretamente las referidas al diferimento y el pago en instrumentos, no son válidas para las entidades más pequeñas y menos complejas ni para el personal cuya remuneración variable es baja. Asimismo, el reexamen puso de manifiesto que, en lo que atañe a tales entidades, la proporcionalidad, según contempla el artículo 92, apartado 2, de la DRC se ha interpretado de diversas formas, dando lugar a una implementación heterogénea de las normas en los Estados miembros. Se propone, por tanto, una modificación específica para atender a los problemas surgidos en la aplicación de las normas en materia de diferimiento y pago en instrumentos en el caso de las entidades pequeñas y no complejas y del personal cuya remuneración variable es baja. A tal fin, se modifica el artículo 94 para aclarar que las normas se aplican a todas las entidades y a todo aquel de su personal que haya sido identificado, excepto el personal que se sitúe por debajo de los umbrales establecidos para aplicar las excepciones. Al mismo tiempo, se otorga cierta flexibilidad a las autoridades competentes para adoptar un enfoque más estricto. Las modificaciones de las disposiciones relativas a la remuneración persiguen también colmar otra necesidad de normas más proporcionales constatada en el reexamen de la Comisión, permitiendo que las entidades cotizadas utilicen instrumentos vinculados con acciones para satisfacer los requisitos de la DRC. 2016/0364 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008. Estas medidas legislativas han contribuido de manera importante a fortalecer el sistema financiero de la Unión y han dotado a las entidades de mayor resiliencia frente a posibles futuras perturbaciones. Aun siendo muy exhaustivas, estas medidas no abordaban todas las deficiencias constatadas que afectan a las entidades. Además, algunas de las medidas propuestas inicialmente han estado sujetas a cláusulas de revisión o no se han especificado en grado suficiente que permita su correcta aplicación. (2)La presente Directiva tiene por objeto abordar las cuestiones suscitadas por las disposiciones que han demostrado no ser suficientemente claras y, por tanto, han estado sujetas a interpretaciones divergentes, o que se han considerado excesivamente onerosas para determinadas entidades. Contiene, asimismo, adaptaciones de la Directiva 2013/36/UE que son necesarias a raíz de la adopción de otra legislación pertinente de la Unión, como la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o las modificaciones, paralelamente propuestas, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Por último, las modificaciones propuestas suponen una mayor adaptación del marco regulador actual a la evolución internacional, a fin de favorecer la coherencia y la comparabilidad entre países. (3)Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera podrían ser empresas matrices de grupos bancarios, por lo que se prevé aplicar requisitos prudenciales basados en la situación consolidada de esas sociedades de cartera. Dado que las entidades controladas por tales sociedades puede que no siempre cumplan los requisitos en base consolidada, resulta coherente con el ámbito de la consolidación que las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera queden incluidas en el ámbito de aplicación directa de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Por tanto, resulta necesario prever un procedimiento de autorización específico para dichas sociedades, así como su supervisión por las autoridades competentes. Esto garantizaría que los requisitos prudenciales consolidados los cumpla directamente la sociedad de cartera, que no estará sujeta a requisitos prudenciales aplicados a nivel individual. (4)Se encomiendan al supervisor en base consolidada las principales responsabilidades por lo que atañe a la supervisión en base consolidada. Por consiguiente, es necesario que la autorización y supervisión prudenciales de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera se atribuyan también al supervisor en base consolidada. El Banco Central Europeo, en el ejercicio de su cometido de efectuar la supervisión en base consolidada de las empresas matrices de las entidades de crédito, conforme al artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, debe también ser responsable de la autorización y supervisión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera. (5)El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, puso de manifiesto que, aplicados a entidades pequeñas y poco complejas, algunos de los principios, tales como los requisitos sobre diferimiento y pago en instrumentos que establece el artículo 94, apartado 1, letras l) y m), de la Directiva 2013/36/UE, resultan demasiado gravosos y no guardan proporción con sus ventajas prudenciales. En él, se consideraba, asimismo, que el coste de aplicar estos requisitos es superior a sus ventajas prudenciales en el caso del personal con un bajo nivel de remuneración variable, pues tales niveles de remuneración variable conllevan poco o ningún incentivo que mueva a dicho personal a asumir un exceso de riesgo. Por consiguiente, si bien todas las entidades deben estar obligadas, en general, a aplicar todos los principios a todo aquel de su personal cuyas actividades profesionales afecten significativamente a su perfil de riesgo, es necesario que la Directiva exima a las entidades pequeñas y poco complejas, y al personal con un bajo nivel de remuneración variable, de los principios sobre diferimiento y pago en instrumentos. (6)Es necesario establecer criterios claros, sistemáticos y armonizados para identificar las entidades pequeñas y poco complejas, así como los niveles de remuneración variable que se consideran bajos, a fin de garantizar la convergencia supervisora y favorecer condiciones equitativas entre las entidades y una adecuada protección de los depositantes, los inversores y los consumidores en toda la Unión. Al mismo tiempo, resulta conveniente otorgar a las autoridades competentes cierta flexibilidad para adoptar un enfoque más estricto cuando lo consideren necesario. (7)La Directiva 2013/36/UE exige que una parte sustancial, y en todo caso al menos el 50 % de cualquier elemento de remuneración variable consista en un equilibrio de acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate, o instrumentos vinculados con acciones u otros instrumentos no pecuniarios equivalentes, en el caso de una entidad de crédito no cotizada; y, si es posible, otros instrumentos de nivel l o nivel 2 que reúnan determinadas condiciones. Este principio limita la utilización de instrumentos vinculados a acciones a las entidades no cotizadas y obliga a las entidades cotizadas a utilizar acciones. El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, indicaba que el uso de acciones puede conllevar importantes costes y cargas administrativas para las entidades cotizadas. Por otra parte, cabe obtener ventajas prudenciales equivalentes permitiendo que las entidades cotizadas utilicen instrumentos vinculados a acciones que reflejen el valor de las acciones. Así pues, la posibilidad de utilizar instrumentos vinculados a acciones debe extenderse a las entidades cotizadas. (8)Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes son un factor importante por lo que atañe al nivel global de fondos propios de las entidades y son pertinentes para los participantes en el mercado, ya que el nivel de fondos propios adicionales impuesto afecta al umbral a partir del cual se aplican las restricciones sobre los pagos de dividendos, los pagos de incentivos y los pagos relativos a instrumentos de capital de nivel 1 adicional. Procede definir claramente las condiciones en que deben imponerse adiciones de capital, a fin de garantizar la aplicación uniforme de las normas en todos los Estados miembros y el buen funcionamiento del mercado. (9)Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes deben fijarse en función de la situación específica de la entidad y deben estar debidamente motivadas. Estos requisitos no deben utilizarse para afrontar riesgos macroprudenciales y deben situarse, en el orden de prelación de los requisitos de fondos propios, por encima de los requisitos mínimos de fondos propios y por debajo de los requisitos combinados de colchón. (10)El requisito de ratio de apalancamiento constituye un requisito paralelo a los requisitos de fondos propios basados en el riesgo. Por tanto, cualquier adición de fondos propios impuesta por las autoridades competentes para hacer frente al riesgo de exceso de apalancamiento debe agregarse al requisito de ratio de apalancamiento mínimo y no a los requisitos mínimos de fondos propios basados en el riesgo. Además, todo el capital de nivel 1 ordinario utilizado por las entidades para cumplir sus obligaciones en materia de apalancamiento puede utilizarse también para cumplir sus requisitos de fondos propios basados en el riesgo, inclusive los requisitos combinados de colchón.

(11)Las autoridades competentes deben tener la posibilidad de comunicar a las entidades cualquier otro ajuste del importe de capital por encima de los requisitos mínimos de fondos propios, los requisitos de fondos propios adicionales y los requisitos combinados de colchón que consideren que dichas entidades deben efectuar para afrontar situaciones futuras, ya sea previsibles o remotas. Se trata de una orientación que constituye un objetivo de capital, por lo que debe considerarse que se sitúa por encima de los requisitos de fondos propios y los requisitos combinados de colchón, en el sentido de que el incumplimiento de tal objetivo no activa las restricciones en materia de distribuciones previstas en el artículo 141 de la presente Directiva, y esta y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 no deben establecer exigencias de divulgación obligatoria por lo que atañe a esa orientación. Cuando una entidad incumpla reiteradamente el objetivo de capital, la autoridad competente debe estar facultada para tomar medidas de supervisión y, en su caso, imponer requisitos de fondos propios adicionales. (12)En las respuestas a la convocatoria de datos de la Comisión en relación con el marco regulador de los servicios financieros de la UE se señalaba que la carga que representa la presentación de información se ve incrementada por la información sistemática que las autoridades competentes exigen de manera adicional a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013. La Comisión debe elaborar un informe en el que se identifiquen esos requisitos adicionales de información sistemática, y evaluar si son coherentes con el código normativo único sobre la presentación de información a efectos de supervisión. (13)Las disposiciones de la presente Directiva 2013/36/UE sobre el riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión están relacionadas con las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º [XX] por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013, que prevé un plazo de aplicación más largo para las entidades. En aras de la concordancia en la aplicación de las normas sobre el riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión, las disposiciones necesarias para cumplir las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben aplicarse a partir de la misma fecha que las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º [XX]. (14)Al objeto de armonizar el cálculo del riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión cuando los sistemas internos de la entidad para la medición de dicho riesgo no sean satisfactorios, debe facultarse a la Comisión para que adopte normas técnicas de regulación dirigidas a establecer los pormenores de un método estándar, mediante las normas técnicas de regulación previstas en el artículo 84, apartado 4, de la presente Directiva a través de actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. (15)Con vistas a que las autoridades competentes identifiquen mejor qué entidades pueden estar expuestas a un exceso de pérdidas en sus actividades de la cartera de inversión, por posibles variaciones de los tipos de interés, la Comisión debe poder adoptar normas técnicas de regulación que especifiquen los seis escenarios de shock a efectos de supervisión que todas las entidades deben utilizar para calcular los cambios en el valor económico del patrimonio neto a que se refiere el artículo 98, apartado 5, las hipótesis comunes que todas las entidades han de emplear en sus sistemas internos a efectos de ese mismo cálculo y de cara a determinar la posible necesidad de establecer criterios específicos que permitan identificar las entidades con respecto a las cuales puede estar justificado adoptar medidas de supervisión a raíz de una disminución de los ingresos netos por intereses atribuibles a variaciones de los tipos de interés, mediante actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 del TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. (16)A fin de orientar a las autoridades competentes a la hora de identificar situaciones en las que deben imponerse adiciones de capital a una entidad en concreto, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación en lo que respecta a la forma de medir los riesgos o elementos de riesgo no cubiertos, o insuficientemente cubiertos, por los requisitos de fondos propios que establece el Reglamento (UE) n.º 575/2013, mediante actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 del TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. (17)En algunos Estados miembros, los bancos públicos de desarrollo y las cooperativas de crédito han estado tradicionalmente exentos de la legislación de la Unión sobre las entidades de crédito. Con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas, debe permitirse también que otros bancos públicos de desarrollo y cooperativas de crédito estén exentos de la legislación de la Unión sobre las entidades de crédito y operen solo conforme a salvaguardas reglamentarias nacionales acordes con los riesgos en que incurran. En aras de la seguridad jurídica, es necesario establecer criterios claros con respecto a esas exenciones adicionales y delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que atañe a verificar si determinadas entidades o categorías de entidades cumplen dichos criterios. (18)Antes de la adopción de actos en virtud del citado artículo 290 del TFUE, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. (19)Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, reforzar y perfilar la legislación ya vigente en la Unión, que garantiza que requisitos prudenciales uniformes se apliquen a las entidades de crédito y a las empresas de inversión en toda la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (20)De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. (21)Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/36/UE en consecuencia. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2013/36/CE La Directiva 2013/36/UE queda modificada como sigue: 1)El artículo 2 queda modificado como sigue: a)El apartado 5 queda modificado como sigue: 1)El punto 16 se sustituye por el texto siguiente: «16) en los Países Bajos, al “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, a la “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, al “NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, a la “Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV” y a las “kredietunies,”. 2)Se añade el punto 24 siguiente: «24) En Croacia, a las “kreditne unije” y al “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”,»

b)Se insertan los apartados 5 bis y 5 ter siguientes: «5 bis. La presente Directiva no se aplicará a aquellas entidades en relación con las cuales la Comisión establezca en un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 148, basándose en la información de que disponga, que cumplen la totalidad de las siguientes condiciones, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales: a)que la entidad haya sido creada en virtud de Derecho público por la administración central, una administración regional o una autoridad local de un Estado miembro; b)que las disposiciones jurídicas y de otro tipo que regulen su actividad corroboren que esta se limita a impulsar determinados objetivos de política pública financiera, social o económica de conformidad con las disposiciones jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha entidad, en condiciones no competitivas, sin ánimo de lucro. A estos efectos, los objetivos de política pública podrán incluir la concesión de financiación para el desarrollo o la promoción a determinadas actividades económicas o zonas geográficas del Estado miembro de que se trate; c)que esté sujeta a requisitos prudenciales adecuados y eficaces, incluidos requisitos mínimos de fondos propios, y a un marco de supervisión adecuado de efectos similares al establecido por el Derecho de la Unión; d)que la administración central, administración regional o autoridad local, según proceda, esté obligada a proteger la viabilidad de la entidad o garantice, directa o indirectamente, al menos el 90 % de sus requisitos de fondos propios, requisitos de financiación o exposiciones; e)que no pueda aceptar depósitos con cobertura según se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; f)que sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su administración central; g)que el valor total de sus activos sea inferior a 30 000 millones EUR; h)que la ratio del total de sus activos respecto del PIB del Estado miembro de que se trate sea inferior al 20 %; i)que la entidad no sea de importancia significativa para la economía nacional del Estado miembro de que se trate. La Comisión verificará periódicamente si una entidad sujeta a un acto delegado adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo primero. 5ter. La presente Directiva no se aplicará a aquellas categorías de entidades de un Estado miembro con respecto a las cuales la Comisión establezca en un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 148, basándose en la información de que disponga, que las entidades que componen tal categoría se consideran cooperativas de crédito con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro y reúnen las siguientes condiciones: a)que sean entidades financieras de naturaleza cooperativa; b)que estén integradas exclusivamente por una serie de socios que comparten determinadas características o intereses personales predefinidos; c)que solo puedan prestar servicios financieros y de crédito a sus miembros; d)que solo puedan aceptar depósitos o fondos reembolsables procedentes de sus socios, y tales depósitos pueden considerarse depósitos con cobertura a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE; e)que solo pueden llevar a cabo las actividades mencionadas en los puntos 1 a 6 y 15 del anexo I de la presente Directiva; f)que estén sujetas a requisitos prudenciales adecuados y eficaces, incluidos requisitos mínimos de capital, y a un marco de supervisión de efectos similares al establecido por el Derecho de la Unión; g)que el valor agregado de los activos de esta categoría de entidades sea inferior o igual al 3 % del PIB del Estado miembro de que se trate y el valor total de los activos de las entidades individuales es inferior o igual a 100 millones EUR;

h)que sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su administración central. La Comisión verificará periódicamente si una categoría de entidades sujeta a un acto delegado adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo primero.». c)El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Los entes a que se refieren el apartado 5, puntos 1 y 3 a 24, y los actos delegados adoptados conforme a los apartados 5 bis y 5 ter del presente artículo se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.». d)Se añade el apartado 7 siguiente: «A más tardar [5 años después de la entrada en vigor], la Comisión revisará la lista establecida en el artículo 2, apartado 5, a fin de examinar si las razones que llevaron a incluir las entidades que figuran en esa lista siguen siendo válidas, así como el marco jurídico y de supervisión nacional aplicables a dichas entidades, el tipo y la calidad de la cobertura de sus depósitos y, teniendo en cuenta, en el caso de entidades del tipo especificado en el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter, los criterios que ahí se indican.». 2)El artículo 3 queda modificado como sigue: a)En el apartado 1, se añaden los siguientes puntos: «60) «Autoridad de resolución»: una autoridad de resolución tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE. 61) «Entidad de importancia sistémica mundial (EISM)»: una EISM según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 132, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 62) «Entidad de importancia sistémica mundial no de la UE» una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 133, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 63) «Grupo»: un grupo según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 137, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 64) «Grupo de un tercer país»: un grupo cuya empresa matriz esté establecida en un tercer país. b)Se añade el apartado 3 siguiente: «3. A efectos de la aplicación de los requisitos establecidos en la presente Directiva y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada, así como del ejercicio de la supervisión en base consolidada con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (UE) n.º 575/2013, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado miembro», «entidad matriz de la UE» y «empresa matriz» se aplicarán también a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que estén sujetas a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre una base consolidada y estén autorizadas de conformidad con el artículo 21 bis.». 3)En el artículo 4, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: «8. Los Estados miembros velarán por que cuando autoridades distintas de las autoridades competentes estén facultadas para llevar a cabo la resolución, esas otras autoridades cooperen estrechamente y consulten con las autoridades competentes en lo relativo a la preparación de los planes de resolución y en toda otra circunstancia, cuando así lo exijan la presente Directiva, la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o el Reglamento (UE) n.º 575/2013.». 4)En el artículo 8, el apartado 2 queda modificado como sigue: a)La letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de crédito, incluido el programa de actividades contemplado en el artículo 10, así como la información necesaria por lo que atañe a las condiciones de autorización establecidas por los Estados miembros y notificadas a la ABE conforme al apartado 1;».

b)La letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cualificadas, o, en caso de que no haya participaciones cualificadas, a los veinte mayores accionistas o socios, de conformidad con el artículo 14; y». 5)En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. El apartado 1 no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por: a)un Estado miembro; b)autoridades regionales o locales de un Estado miembro; c)organismos públicos internacionales de los que uno o varios Estados miembros sean miembros; d)personas o empresas cuyo acceso a la actividad y su ejercicio esté explícitamente regulado por legislación de la Unión distinta de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.º 575/2013; e)las entidades a que se refiere el artículo 2, apartado 5, cuya actividad se rige por la legislación nacional.». 6)El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 10

Programa de actividades y estructura organizativa Los Estados miembros dispondrán que la solicitud de autorización se acompañe de un programa de actividades en el que se indique el tipo de operaciones previstas y la estructura organizativa de la entidad de crédito, con indicación de las empresas matrices, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera del grupo.». 7)En el artículo 14, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Las autoridades competentes denegarán la autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, no estuvieran convencidas de la idoneidad de los accionistas o socios de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 23, apartado 1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23, apartados 2 y 3, y en el artículo 24.». 8)En el artículo 18, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: «d) deje de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, excepto por lo establecido en sus artículos 92 bis y 92 ter, o impuestas en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores, y en especial deje de garantizar los activos que le hayan confiado los depositantes;». 9)Se insertan los artículos 21 bis y 21 ter siguientes: «Artículo 21 bis

Autorización de sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera 1.Los Estados miembros exigirán a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que obtengan autorización del supervisor en base consolidada, determinado de acuerdo con el artículo 111. Cuando el supervisor en base consolidada sea distinto de la autoridad competente del Estado miembro en el que la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera haya sido creada, el supervisor en base consolidada consultará a la autoridad competente.

2.La solicitud de autorización a que se refiere el apartado 1 contendrá información sobre lo siguiente: a)la estructura organizativa del grupo del que la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera sea parte, con indicación precisa de las filiales y, en su caso, las empresas matrices; b)el cumplimiento de los requisitos en materia de dirección efectiva de la actividad y localización de la administración central que establece el artículo 13; c)el cumplimiento de los requisitos en materia de accionistas y socios que establece el artículo 14. 3.El supervisor en base consolidada podrá conceder la autorización únicamente si tiene el convencimiento de que se cumplen todas las condiciones siguientes: a)que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de esos requisitos; b)que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera no obstruya la supervisión efectiva de las entidades filiales o las entidades matrices. 4.Los supervisores en base consolidada exigirán a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que les faciliten la información que necesitan para verificar la estructura organizativa del grupo y el cumplimiento de los requisitos de autorización a que se refiere el presente artículo. 5.Los supervisores en base consolidada solo podrán revocar la autorización concedida a una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera cuando dicha sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera: a)no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a esta expresamente o haya vendido todas sus filiales que sean entidades; b)haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular; c)deje de reunir las condiciones a las que la autorización esté vinculada; d)esté sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada y haya dejado de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o impuestos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores; e)se encuentre en alguno de los restantes supuestos de revocación de la autorización previstos por el Derecho nacional; o f)cometa una de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1. Artículo 21 ter

Empresa matriz intermedia de la UE 1.Los Estados miembros exigirán que dos o más entidades en la Unión que pertenezcan a un mismo grupo de un tercer país cuenten con una empresa matriz intermedia de la UE que esté establecida en la Unión. 2.Los Estados miembros exigirán que las empresas matrices intermedias de la UE obtengan autorización de entidad conforme al artículo 8, o de sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera conforme al artículo 21 bis. 3.Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el valor total de los activos en la Unión del grupo del tercer país sea inferior a 30 000 millones EUR, a menos que dicho grupo sea una EISM no de la UE. 4.A efectos del presente artículo, el valor total de los activos en la Unión del grupo de un tercer país incluirá lo siguiente:

a)los activos totales de cada entidad en la Unión del grupo de un tercer país, según se desprenda de su balance consolidado; y b)los activos totales de cada sucursal del grupo de un tercer país autorizada en la Unión. 5.Las autoridades competentes notificarán a la ABE toda autorización concedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 6.La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las empresas matrices intermedias de la UE que hayan recibido autorización en la Unión. Las autoridades competentes velarán por que exista una sola empresa matriz intermedia de la UE para todas las entidades que pertenezcan al mismo grupo de un tercer país.». 10)En el artículo 23, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) la reputación, conocimientos, capacidades y experiencia, con arreglo a lo indicado en el artículo 91, apartado 1, de todo miembro del órgano de dirección que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;». 11)En el artículo 47, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Las autoridades competentes notificarán a la ABE lo siguiente: a)todas las autorizaciones de sucursales concedidas a entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país; b)los activos y pasivos totales de las sucursales autorizadas de entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país, según se comuniquen periódicamente. La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las sucursales de terceros países autorizadas a operar en los Estados miembros, indicando el Estado miembro y los activos totales de cada sucursal.». 12)En el artículo 75, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Las autoridades competentes recabarán la información divulgada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el artículo 450, apartado 1, letras g), h), i) y k), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la utilizarán para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. Las autoridades competentes facilitarán a la ABE dicha información.». 13)El artículo 84 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 84

Riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión 1.Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas internos o utilicen el método estándar para identificar, evaluar, gestionar y reducir los riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses procedentes de las actividades de la cartera de inversión de una entidad. 2.Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas para evaluar y controlar los riesgos derivados de posibles variaciones de los diferenciales crediticios que incidan tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses procedentes de las actividades de la cartera de inversión de una entidad. 3.Las autoridades competentes podrán exigir que las entidades utilicen el método estándar a que se refiere el apartado 1 cuando los sistemas internos implantados por dichas entidades para evaluar los riesgos contemplados en el apartado 1 no sean satisfactorios. 4.La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar, a los fines del presente artículo, los pormenores de un método estándar que las entidades puedan utilizar a efectos de evaluar los riesgos contemplados en el apartado 1.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor]. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 5.La ABE emitirá directrices para especificar lo siguiente: a)los criterios que rijan el sistema interno de la entidad para evaluar los riesgos a que se refiere el apartado 1; b)los criterios aplicables por las entidades para la identificación, gestión y reducción de los riesgos a que se refiere el apartado 1; c)los criterios aplicables por las entidades para la evaluación y el control de los riesgos a que se refiere el apartado 2; d)los criterios para determinar qué sistemas internos aplicados por las entidades a efectos del apartado 1 no son satisfactorios según lo contemplado en el apartado 3; La ABE emitirá dichas directrices a más tardar [un año después de la entrada en vigor].» 14)En el artículo 85, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades apliquen políticas y procedimientos para evaluar y gestionar la exposición al riesgo operativo, incluido el riesgo de modelo y los riesgos resultantes de la externalización, que abarquen asimismo los eventos poco frecuentes pero muy graves. Las entidades definirán lo que constituye un riesgo operativo a efectos de dichas políticas y procedimientos.». 15)El artículo 92 queda modificado como sigue: a)Se suprime el apartado 1. b)En el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: «Las autoridades competentes velarán por que, al fijar y aplicar la política de remuneración global, incluidos los salarios y los beneficios discrecionales de pensión, de las categorías de personal que abarcan los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, así como todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, las entidades se atengan a los siguientes principios de manera acorde con su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades.» 16)El artículo 94 queda modificado como sigue: a)En el apartado 1, letra 1), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: «i) acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate; o instrumentos vinculados a acciones o instrumentos no pecuniarios equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate;». b)Se añaden los apartados siguientes: «3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los principios enunciados en las letras l) y m), y en la letra o), párrafo segundo, no se aplicarán a: a)aquellas entidades el valor de cuyos activos sea, en promedio, igual o inferior a 5 000 millones EUR durante el período de cuatro años inmediatamente anterior al actual ejercicio.

b)aquellos miembros del personal cuya remuneración variable anual no exceda de 50 000 EUR y no represente más de la cuarta parte del total de su remuneración anual. No obstante lo dispuesto en la letra a), la autoridad competente podrá decidir que las entidades cuyo activo total sea inferior al umbral a que se refiere dicha letra a) no estén sujetas a la excepción debido a la naturaleza y el alcance de sus actividades, su organización interna o, en su caso, las características del grupo al que pertenezcan. No obstante lo dispuesto en la letra b), la autoridad competente podrá decidir que los miembros del personal cuya remuneración anual variable sea inferior al umbral y al porcentaje a que se refiere dicha letra b) no estén sujetas a la excepción debido a las especificidades del mercado nacional en términos de prácticas de remuneración o a la naturaleza de las responsabilidades y el perfil profesional de aquellos. 4. Antes de [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión, en estrecha colaboración con la ABE, reexaminará la aplicación del apartado 3 y elaborará un informe al respecto que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa. 5. La ABE aprobará directrices para facilitar la aplicación del apartado 3 y garantizar su aplicación coherente.» 17)En el artículo 97, apartado 1, se suprime la letra b). 18)El artículo 98 queda modificado como sigue: a)En el apartado 1, se suprime la letra j); b)El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: «5. La revisión y evaluación efectuadas por las autoridades competentes abarcarán la exposición de las entidades al riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión. Se exigirá la adopción de medidas de supervisión como mínimo en el caso de las entidades en las que el valor económico del patrimonio neto a que se refiere el artículo 84, apartado 1, disminuya en una cifra superior al 15 % de su capital de nivel 1 como consecuencia de una variación súbita e inesperada de los tipos de interés según alguno de los seis escenarios de shock a efectos de supervisión aplicados a los tipos de interés.» c)Se inserta el apartado 5 bis siguiente: «5 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar a los fines del apartado 5 lo siguiente: a)seis escenarios de shock a efectos de supervisión que deberán aplicarse a los tipos de interés para cada divisa; b)hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades deberán reflejar en los cálculos del valor económico del patrimonio neto con arreglo al apartado 5; c)si será preciso adoptar medidas de supervisión también en caso de descenso de los ingresos netos por intereses de las entidades conforme al artículo 84, apartado 1, como consecuencia de posibles variaciones de los tipos de interés. La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor]. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.». 19)En el artículo 99, apartado 2, se suprime la letra b). 20)Se suprime el artículo 103. 21)El artículo 104 queda modificado como sigue:

a)Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: «1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97, el artículo 98, apartado 4, el artículo 101, apartado 4, el artículo 102 y la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes estarán facultadas, como mínimo, para tomar las medidas siguientes: a)exigir a las entidades que mantengan fondos propios adicionales superiores a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en las condiciones establecidas en el artículo 104 bis; b)exigir que se refuercen los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias aplicados de conformidad con los artículos 73 y 74; c)exigir a las entidades que presenten un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión conforme a la presente Directiva y al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y fijen un plazo para su ejecución, y que introduzcan en el plan las mejoras necesarias en lo que atañe a su alcance y al plazo de ejecución; d)exigir que las entidades apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos propios; e)restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades o solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de una entidad; f)exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de las entidades, incluidas las actividades externalizadas; g)exigir a las entidades que limiten la remuneración variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital; h)exigir a las entidades que utilicen los beneficios netos para reforzar los fondos propios; i)prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos o intereses a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, siempre y cuando la prohibición no constituya un evento de impago de la entidad; j)imponer obligaciones de presentación de información adicionales o más frecuentes, incluida información sobre la situación de capital y liquidez; k)imponer requisitos específicos de liquidez, incluidas restricciones de los desfases de vencimiento entre activos y pasivos; l)exigir la comunicación de información adicional solo de forma ad hoc. 2. A efectos del apartado 1, letra j), las autoridades competentes solo podrán imponer requisitos de presentación de información adicionales o más frecuentes a las entidades cuando la información que deba comunicarse no sea reiterativa y se dé uno de los siguientes supuestos: a)que se cumpla cualquiera de las condiciones a que se refieren las letras a) y b) del artículo 102, apartado 1; b)que la autoridad competente considere razonable imponer dichos requisitos para recabar los datos a que se refiere el artículo 102, apartado 1, letra b); c)que la información adicional se exija durante el período de duración del programa de examen supervisor de la entidad conforme al artículo 99. La información que pueda exigirse a las entidades se considerará reiterativa, con arreglo al párrafo primero, si la autoridad competente ya dispone de información igual o sustancialmente igual, o dicha autoridad puede elaborarla u obtenerla por otros medios que no sean la imposición a la entidad de la obligación de presentarla. Cuando la autoridad competente disponga de información en un formato o nivel de detalle distintos de los de la información adicional que haya de presentarse, dicha autoridad no exigirá tal información adicional si ese formato o nivel de detalle no le impide elaborar información esencialmente similar.». b)Se suprime el apartado 3.

22)Se insertan los artículos 104 bis, 104 ter y 104 quater siguientes: «Artículo 104 bis

Requisitos de fondos propios adicionales 1.Las autoridades competentes impondrán los requisitos de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), solo cuando, a la luz de las revisiones efectuadas de conformidad con los artículos 97 y 101, constaten la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones en relación con una determinada entidad: a)que la entidad está expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no suficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 según lo especificado en el apartado 2; b)que la entidad no cumple los requisitos establecidos en los artículos 73 y 74 de la presente Directiva o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y la mera aplicación de otras medidas administrativas no es probable que mejore suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un plazo adecuado; c)que los ajustes contemplados en el artículo 98, apartado 4, se consideran insuficientes para que la entidad pueda vender o cubrir sus posiciones en un plazo corto sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales; d)que la evaluación efectuada conforme al artículo 101, apartado 4, pone de manifiesto que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del método permitido dará lugar probablemente a unos requisitos de fondos propios insuficientes; e)que la entidad reiteradamente incumple la obligación de constituir o mantener un nivel de fondos propios adicionales suficiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 ter, apartado 1. Las autoridades competentes no impondrán el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), para cubrir riesgos macroprudenciales o sistémicos. 2.A efectos del apartado 1, letra a), solo se considerará que los riesgos o elementos de riesgo no están cubiertos o suficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos y la distribución del capital que la autoridad competente considera adecuados a la luz de la revisión supervisora de la evaluación realizada por las entidades conforme al artículo 73, párrafo primero, son superiores a los requisitos de fondos propios de la entidad conforme a las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013. A efectos del párrafo primero, el capital considerado adecuado deberá cubrir todos los riesgos significativos o elementos de dichos riesgos que no estén sujetos a un requisito de fondos propios específico. Esto podrá incluir los riesgos o elementos de riesgo expresamente excluidos de los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013. El riesgo de tipo de interés derivado de posiciones de la cartera de inversión solo se considerará significativo cuando el valor económico del patrimonio neto disminuya en una cifra superior al 15 % del capital de nivel 1 de la entidad como consecuencia de alguno de los seis escenarios de shock a efectos de supervisión a que se refiere el artículo 98, apartado 5, que se aplican a los tipos de interés o en cualquier otro supuesto determinado por la ABE conforme al artículo 98, apartado 5, letra c). Los riesgos contemplados en el apartado 1, letra a), no incluirán riesgos en relación con los cuales la presente Directiva o el Reglamento (UE) n.º 575/2013 prevean un tratamiento transitorio, o que estén sujetos a disposiciones sobre derechos adquiridos. 3.Las autoridades competentes determinarán el nivel de fondos propios adicionales requeridos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), como la diferencia entre el capital considerado adecuado con arreglo al apartado 2 y los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 4.La entidad cumplirá el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), con instrumentos de fondos propios y en las siguientes condiciones: a)al menos las tres cuartas partes del requisito de fondos propios adicionales se satisfarán con capital de nivel 1; b)al menos las tres cuartas partes del capital de nivel 1 se compondrán de capital de nivel 1 ordinario. Los fondos propios utilizados para cumplir el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), no se utilizarán para cumplir ninguno de los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o los requisitos combinados de colchón definidos en el artículo 128, apartado 6, de la presente Directiva. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, los fondos propios utilizados para cumplir el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), impuesto por las autoridades competentes para afrontar riesgos o elementos de riesgo no suficientemente cubiertos por el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán utilizarse para cumplir los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la presente Directiva. 5.La autoridad competente justificará debidamente por escrito a cada entidad la decisión de imponer un requisito de fondos propios adicionales conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), al menos mediante una exposición clara de la evaluación completa de los elementos mencionados en los apartados 1 a 4. Esto incluye, en el caso mencionado en el apartado 1, letra d), una declaración específica de las razones por las cuales la imposición de una orientación de capital ya no se considera suficiente.

6.La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen cómo deberán medirse los riesgos y elementos de riesgo a que se refiere el apartado 2. La ABE deberá garantizar que los proyectos de normas técnicas de regulación sean proporcionados a la luz de: a)la carga que la aplicación represente para las entidades y autoridades competentes; y b)la posibilidad de que el mayor nivel general de requisitos de capital que se aplica cuando las entidades no utilizan modelos internos pueda justificar la imposición de requisitos de capital inferiores cuando se evalúen los riesgos y elementos de riesgo conforme al apartado 2. La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor]. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el apartado 6, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Artículo 104 ter

Orientación sobre los fondos propios adicionales 1.Con arreglo a las estrategias y los procedimientos a que se refiere el artículo 73 y previa consulta a la autoridad competente, las entidades establecerán un nivel adecuado de fondos propios que sobrepase suficientemente los requisitos establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en la presente Directiva, incluidos los requisitos de fondos propios adicionales impuestos por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), con el fin de garantizar que: a)las fluctuaciones económicas cíclicas no den lugar al incumplimiento de dichos requisitos; y b)los fondos propios de la entidad puedan absorber, sin incumplir los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los requisitos de fondos propios adicionales impuestos por las autoridades competentes conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), las pérdidas potenciales determinadas con arreglo a las pruebas de resistencia con fines de supervisión a que se refiere el artículo 100. 2.Las autoridades competentes revisarán periódicamente el nivel de fondos propios establecido por cada entidad de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas con arreglo a los artículos 97 y 101, incluidos los resultados de las pruebas de resistencia a que se refiere el artículo 100. 3.Las autoridades competentes comunicarán a las entidades los resultados de la revisión prevista en el apartado 2. En su caso, las autoridades competentes podrán comunicar a las entidades toda expectativa de ajuste del nivel de fondos propios establecido de conformidad con el apartado 1. 4.Las autoridades competentes no comunicarán a las entidades ninguna expectativa de ajuste del nivel de fondos propios según lo previsto en el apartado 3 en el supuesto de que se impongan requisitos de fondos propios adicionales en virtud del artículo 104 bis. 5.Las entidades que incumplan las expectativas a que se refiere el apartado 3 no estarán sujetas a las restricciones a que se refiere el artículo 141. Artículo 104 quater

Cooperación con las autoridades de resolución 1.Las autoridades competentes consultarán a las autoridades de resolución antes de determinar cualquier requisito de fondos propios adicionales conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), y antes de comunicar a las entidades cualquier expectativa de ajuste del nivel de los fondos propios, de acuerdo con el artículo 104 ter. A estos efectos, las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la información disponible. 2.Las autoridades competentes informarán a las autoridades de resolución pertinentes del requisito de fondos propios adicionales impuesto a las entidades conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), y de cualquier expectativa de ajuste del nivel de los fondos propios de acuerdo con el artículo 104 ter.». 23)En el artículo 105, se suprime la letra d). 24)En el artículo 108 se suprime el apartado 3. 25)En el artículo 109, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. Las autoridades competentes exigirán a las empresas matrices y filiales sujetas a la presente Directiva que cumplan las obligaciones establecidas en la sección II del presente capítulo en base consolidada o subconsolidada, a fin de velar por que los sistemas, procedimientos y mecanismos requeridos en virtud de la sección II del presente capítulo sean coherentes y estén bien integrados y que se pueda facilitar cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. En particular, velarán por que las empresas matrices y filiales que estén sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva apliquen dichos sistemas, procedimientos y mecanismos en aquellas de sus filiales que no estén sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva, inclusive las establecidas en centros financieros extraterritoriales. Los mencionados sistemas, procedimientos y mecanismos también deberán ser coherentes y estar bien integrados, y dichas filiales también deberán estar en condiciones de facilitar cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. 3. Las obligaciones resultantes de la sección II del presente capítulo y relativas a filiales que no estén, ellas mismas, sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva no serán de aplicación si la entidad matriz de la UE puede demostrar a las autoridades competentes que la aplicación de la sección II es ilícita conforme al ordenamiento jurídico del tercer país en el que esté establecida la filial.». 26)El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 113

Decisiones conjuntas sobre requisitos prudenciales específicos en función de las entidades 1.El supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE en un Estado miembro, harán cuanto esté en su poder por alcanzar una decisión conjunta: a)sobre la aplicación de los artículos 73 y 97 para determinar la adecuación del nivel consolidado de fondos propios mantenido por el grupo de entidades en relación con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de fondos propios requerido para la aplicación del artículo 104, apartado 1, letra a), a cada uno de los entes del grupo y en base consolidada; b)sobre las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez, inclusive en lo que respecta a la adecuación de la organización