Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta La finalidad de la presente propuesta es revisar el Reglamento (CE) nº 1781/2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos[1] (en lo sucesivo, «el Reglamento relativo a las transferencias de fondos»), con vistas a mejorar el seguimiento de los pagos y garantizar que el marco de la UE siga siendo plenamente conforme con las normas internacionales. Contexto general El Reglamento relativo a las transferencias de fondos establece normas en virtud de las cuales los proveedores de servicios de pago deben enviar información sobre el ordenante a través de la cadena de pago con fines de prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Reglamento se basa, en gran medida, en la Recomendación Especial VII sobre las transferencias electrónicas, adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[2], y tiene por objeto garantizar que esta norma internacional se transponga de forma uniforme en toda la Unión, y, en particular, que no exista discriminación entre los pagos nacionales, esto es, dentro de un Estado miembro, y los pagos transfronterizos, esto es, entre Estados miembros. Ante la variable naturaleza de la amenaza que representan el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como consecuencia de la permanente evolución de la tecnología y los medios a disposición de los delincuentes, el GAFI emprendió una profunda reforma de las normas internacionales, que culminó en la adopción de una nueva serie de Recomendaciones en febrero de 2012. Paralelamente, la Comisión Europea ha emprendido su propia revisión del marco normativo de la UE. En el contexto de esa revisión, se ha procedido a la elaboración de un estudio externo, publicado por la Comisión, sobre la aplicación del Reglamento relativo a las transferencias de fondos y se han celebrado amplias consultas y mantenido numerosos contactos con interesados del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, así como con representantes de las autoridades de reglamentación y supervisión de los Estados miembros de la Unión. Este trabajo ha llevado a la conclusión de que el marco normativo de la UE, en el que se inscribe el Reglamento relativo a las transferencias de fondos, tendrá que evolucionar y adaptarse a cambios que han de poner mas énfasis en: a) la eficacia de los regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, b) una mayor claridad y coherencia de las normas de todos los Estados miembros, y c) una ampliación del ámbito de aplicación, a fin de hacer frente a las nuevas amenazas y puntos vulnerables. Disposiciones vigentes en este ámbito La Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[3] (en lo sucesivo, «la Tercera Directiva sobre blanqueo de capitales») establece el marco destinado a proteger la solidez, integridad y estabilidad de las entidades de crédito y financieras, así como la confianza en el conjunto del sistema financiero, contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Directiva 2006/70/CE[4] (en lo sucesivo, «la Directiva de aplicación») establece disposiciones de aplicación de la Directiva sobre el blanqueo de capitales en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente, así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada. El Reglamento relativo a las transferencias de fondos complementa esas disposiciones garantizando que la información básica sobre los ordenantes de las transferencias de fondos esté inmediatamente a disposición de las autoridades policiales y/o judiciales competentes, a fin de ayudarlas a detectar, investigar y enjuiciar a los terroristas y otros delincuentes, así como a localizar los activos de los terroristas. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión La propuesta es coherente con la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estos dos actos legislativos persiguen el objetivo común de revisar el actual marco normativo de la UE aplicable al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a efectos de mejorar su eficacia y garantizar, al mismo tiempo, su conformidad con las normas internacionales. La propuesta guarda también coherencia con los objetivos de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE[5], que señala los retos más urgentes a que se enfrenta la seguridad europea en los próximos años y propone cinco objetivos estratégicos y medidas específicas para el periodo 2011-2014 a efectos de contribuir a dotar a la UE de mayor seguridad. Ello incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del terrorismo, en particular actualizando el marco normativo de la UE para incrementar la transparencia de la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas. En relación con la protección de datos, las aclaraciones propuestas sobre el tratamiento de los datos personales son acordes con el enfoque adoptado por la Comisión en sus recientes propuestas sobre la protección de datos[6]. En lo tocante a las sanciones, la propuesta de introducir un conjunto de normas mínimas basadas en principios y destinadas a reforzar las sanciones y medidas administrativas es coherente con la política expuesta por la Comisión en su Comunicación «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»[7]. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Consulta con las partes interesadas En abril de 2012, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/60/CE y solicitó observaciones a todos los interesados[8]. El anexo de ese informe abordaba, en particular, las transferencias electrónicas transfronterizas y, más en concreto, las dos nuevas obligaciones de incluir en ellas información sobre el beneficiario y adoptar las medidas de congelación que se deriven de las Resoluciones de Naciones Unidas. La Comisión recibió solo cuatro aportaciones que se referían expresamente al anexo del informe. En las observaciones enviadas se pedía que se consultara a los interesados de todos los países y territorios afectados por el Reglamento relativo a la transferencia de fondos, y se subrayaba la necesidad de que toda nueva exigencia u obligación impuesta a los proveedores de servicios de pago fuera proporcionada y fácil de cumplir. En el contexto del estudio externo[9] realizado por encargo de la Comisión Europea, se llevaron a cabo extensas consultas entre 108 interesados, que incluyeron entrevistas telefónicas y la cumplimentación de un cuestionario estructurado. Utilización de asesoramiento técnico En el curso de 2012, se realizó un estudio externo por encargo de la Comisión, dirigido a recopilar información sobre el funcionamiento del Reglamento relativo a las transferencias de fondos en los Estados miembros y los problemas que hayan surgido[10]. El estudio contiene, en particular, una serie de recomendaciones, a saber: – introducir la obligación de que los proveedores de servicios de pagos garanticen que junto a las transferencias electrónicas se conserve toda la información relativa al ordenante y al beneficiario; – determinar qué información del beneficiario ha de verificarse, y quién debe hacerlo; – estudiar la posibilidad de introducir un régimen «simplificado» para las transferencias electrónicas transfronterizas cuyo importe no exceda de 1 000 EUR, salvo cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; – aclarar más las obligaciones de información de los proveedores de servicios de pago; – prohibir explícitamente la ejecución de las transferencias electrónicas que no reúnan los requisitos necesarios (exhaustividad y exactitud de la información); – que los proveedores de servicios de pago beneficiarios apliquen políticas y procedimientos efectivos, basados en el riesgo, con el fin de determinar las oportunas medidas de actuación; – que se tengan en cuenta las consecuencias en lo referente a la protección de datos. Evaluación de impacto La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto en la que se indican los principales problemas detectados en el vigente marco normativo de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo[11]: i) falta de coherencia con las normas internacionales recientemente revisadas; ii) diferentes interpretaciones de las normas en los distintos Estados miembros; y iii) deficiencias y lagunas por lo que respecta a los nuevos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ello trae como consecuencia una reducción de la eficacia de los regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que tiene efectos negativos por lo que atañe a la reputación, así como en el orden económico y financiero. La evaluación de impacto analiza los tres escenarios siguientes: (1) un escenario de base, consistente en que la Comisión no adopta ninguna medida; (2) un escenario de ajuste, que comporta cambios limitados del Reglamento relativo a las transferencias de fondos, necesarios para: i) adaptar el texto legislativo a las normas internacionales revisadas, o ii) garantizar un grado suficiente de coherencia entre las disposiciones nacionales, o iii) solucionar las deficiencias más importantes en relación con las nuevas amenazas; y (3) un escenario de plena armonización, que conlleva importantes cambios de política y elementos de armonización adicionales, en reconocimiento de posibles especificidades de la UE. El análisis efectuado en la evaluación de impacto ha demostrado que el segundo escenario es el más equilibrado, ya que, a la vez que adapta el Reglamento relativo a las transferencias de fondos a las normas internacionales revisadas, garantiza un grado de coherencia suficiente entre las normas nacionales y deja margen de maniobra para su aplicación. Asimismo, la evaluación de impacto analizó los efectos de las propuestas legislativas sobre los derechos fundamentales. En consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales, las propuestas persiguen, en particular, garantizar la protección de los datos personales (artículo 8 de la Carta) por lo que atañe a su almacenamiento y transferencia. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Base jurídica Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Subsidiariedad y proporcionalidad Existe consenso en general entre todos los interesados (en particular los Estados miembros y el sector de servicios de pago) en cuanto a que los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor con la intervención de la UE. La actuación descoordinada de los Estados miembros en el ámbito de las transferencias de fondos transfronterizas podría incidir significativamente en el buen funcionamiento de los sistemas de pago a escala de la UE y, en consecuencia, afectar negativamente al mercado interior de servicios financieros (véase el considerando 2 del Reglamento relativo a la transferencia de fondos). Por la escala de su intervención, la Unión garantizará la transposición uniforme de la nueva Recomendación 16 del GAFI en toda la UE, y, en particular, garantizará que no exista discriminación entre los pagos nacionales, dentro de un Estado miembro, y los pagos transfronterizos, entre Estados miembros. La propuesta se atiene, pues, al principio de subsidiariedad. En cuanto al principio de proporcionalidad, de acuerdo con el análisis efectuado en la evaluación de impacto, la propuesta transpone la Recomendación revisada del GAFI sobre las transferencias electrónicas, introduciendo los requisitos mínimos que garanticen el seguimiento de las transferencias, limitándose a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente propuesta no tiene repercusiones para el presupuesto de la Unión. 5. INFORMACIÓN ADICIONAL Explicación detallada de la propuesta Conforme a la nueva Recomendación 16 del GAFI sobre las transferencias electrónicas, y a la Nota Interpretativa que la acompaña, los cambios propuestos están destinados a abordar aspectos en los que aún existen lagunas en materia de transparencia. Se trata de mejorar el seguimiento mediante los siguientes requisitos principales: – incluir información sobre el beneficiario; – con respecto al ámbito de aplicación del Reglamento, especificar que las tarjetas de crédito o de débito, los dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro dispositivo digital o de tecnología de la información estén sujetos a lo dispuesto en el Reglamento cuando se utilicen para efectuar transferencias de fondos entre particulares; asimismo, especificar que en importes inferiores a 1 000 euros, en el caso de transferencias fuera de la UE, es de aplicación un régimen simplificado en el que la información sobre el ordenante y el beneficiario no se verifica (frente a posibles exenciones del ámbito de aplicación como en el Reglamento (CE) nº 1781/2006); – en cuanto a las obligaciones del proveedor de servicios de pago (PSP) del beneficiario, la obligación de verificar la identidad de este último (si no ha sido identificado previamente) en el caso de pagos procedentes de fuera de la UE y de un importe superior a 1 000 EUR; por lo que atañe al PSP del beneficiario y al PSP intermediario, la obligación de establecer procedimientos basados en el riesgo y destinados a determinar cuándo debe ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que carezca de la información necesaria, así como determinar las medidas oportunas que deban adoptarse; – en relación con la protección de datos, adaptar los requisitos de conservación de la información a las normas del GAFI, de acuerdo con el nuevo régimen previsto en la Directiva [xxxx/yyyy]; – en relación con las sanciones, reforzar las facultades sancionadoras de las autoridades competentes y establecer la obligación de coordinar las actuaciones en los casos transfronterizos; la obligación de publicar las sanciones impuestas por infracciones cometidas; y la obligación de establecer mecanismos eficaces que alienten a notificar las infracciones de las disposiciones del Reglamento. Espacio Económico Europeo El acto propuesto es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo y, por consiguiente, debe hacerse extensivo a su territorio. 2013/0024 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[12], Visto el dictamen del Banco Central Europeo[13], Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos[14]: De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Los flujos de dinero negro a través de transferencias de fondos pueden dañar la estabilidad y reputación del sector financiero y amenazar el mercado interior. El terrorismo quebranta las bases mismas de nuestra sociedad. La solidez, la integridad y la estabilidad del sistema de transferencias de fondos y la confianza en el sistema financiero en su conjunto podrían verse seriamente comprometidas por los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices por encubrir el origen de sus ingresos delictivos o por transferir fondos con propósitos terroristas. (2) Si no se adoptan medidas de coordinación en el ámbito de la Unión, los blanqueadores de capitales y los financiadores del terrorismo podrían aprovechar la libre circulación de capitales que trae consigo un espacio financiero integrado para facilitar sus actividades delictivas. Por su escala, la acción de la Unión garantizará que la Recomendación 16 sobre transferencias electrónicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sea transpuesta de manera uniforme en toda la Unión Europea y, en especial, que no haya ninguna discriminación entre los pagos nacionales, en un Estado miembro, y los pagos transfronterizos entre Estados miembros. Una actuación no coordinada de los Estados miembros por sí solos en el ámbito de las transferencias transfronterizas de fondos podría afectar significativamente al buen funcionamiento de los sistemas de pagos a nivel de la UE y, por lo tanto, perjudicar al mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. (3) En la revisión de la Estrategia revisada de la Unión sobre la financiación del terrorismo, de 17 de julio de 2008, se indica que han de proseguir los esfuerzos dirigidos a impedir la financiación del terrorismo y el uso por las personas sospechosas de terrorismo de sus propios recursos financieros. Se reconoce que el GAFI persigue constantemente la mejora de sus Recomendaciones y se esfuerza por llegar a una interpretación común de cómo deben aplicarse. Asimismo, en la citada Estrategia revisada de la Unión se señala que la aplicación de esas Recomendaciones por los miembros del GAFI y los miembros de organismos regionales similares al GAFI se evalúa periódicamente y que, en este sentido, es importante que los Estados miembros adopten un mismo enfoque. (4) Para prevenir la financiación del terrorismo, se han adoptado medidas dirigidas a la congelación de fondos y recursos económicos de determinadas personas, grupos y entidades, concretamente el Reglamento (CE) nº 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo[15] y el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida[16]. Con ese mismo objeto, se han adoptado medidas encaminadas a proteger el sistema financiero contra la canalización de fondos y recursos económicos con fines terroristas. La Directiva [xxxx/yyyy] del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[17], contiene una serie de esas medidas. Sin embargo, dichas medidas no impiden del todo que los terroristas y otros delincuentes tengan acceso a los sistemas de pago para hacer circular sus fondos. (5) Para estimular un planteamiento coherente en el contexto internacional en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las nuevas medidas comunitarias deben tener en cuenta la evolución a ese respecto, más concretamente las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas en 2012, y en especial la Recomendación 16 y la nota interpretativa revisada para su aplicación. (6) La capacidad de seguimiento total de las transferencias de fondos puede ser una herramienta particularmente importante y valiosa en la prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo. Resulta, por lo tanto, pertinente para asegurar la transmisión de la información a lo largo de la cadena de pago establecer un sistema que imponga la obligación a los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario. (7) Las disposiciones del presente Reglamento se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional de transposición de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[18]. Por ejemplo, lo datos personales recogidos a efectos del cumplimiento del presente Reglamento no deben ser tratados posteriormente de forma que resulte incompatible con lo dispuesto en la citada Directiva 95/46/CE. En especial, debe estar terminantemente prohibido todo tratamiento posterior con fines comerciales. La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se reconoce como un importante motivo de interés general en todos los Estados miembros. Por consiguiente, en la aplicación del presente Reglamento, la transferencia de datos personales a un tercer país que no garantice un nivel adecuado de protección en el sentido de lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE debe autorizarse de acuerdo con el artículo 26, letra d), de esa misma Directiva. (8) Las personas que se limitan a convertir documentos en soporte papel en datos electrónicos y que actúan con arreglo a un contrato celebrado con un proveedor de servicios de pago no están incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento; esto mismo es válido en lo que atañe a las personas físicas o jurídicas que solo proporcionan a los proveedores de servicios de pago un sistema de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y liquidación. (9) Es adecuado excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento las transferencias de fondos que representen un bajo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Estas exclusiones deben comprender las tarjetas de crédito y de débito, los teléfonos móviles u otros dispositivos digitales o de tecnología de la información, las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, los pagos en concepto de impuestos, multas u otros gravámenes, y las transferencias de fondos en las que tanto el ordenante como el beneficiario sean proveedores de servicios de pago que actúen por cuenta propia. Además, a fin de tener en cuenta las características especiales de los sistemas de pago nacionales, los Estados miembros deben poder establecer exenciones para las transferencias electrónicas siempre que sea posible realizar un seguimiento de las transferencias de fondos hasta localizar al ordenante. No obstante, no debe otorgarse exención alguna cuando una tarjeta de débito o de crédito, un teléfono móvil u otro dispositivo digital o de tecnología de la información, de prepago o postpago, se utilice para efectuar una transferencia entre particulares. (10) Con el fin de no obstaculizar la eficiencia de los sistemas de pago, deben diferenciarse los requisitos de verificación aplicables a las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas de los aplicables a las transferencias no efectuadas a partir de cuentas. Para contrarrestar el riesgo de que se realicen operaciones fuera de los cauces reglamentarios por la aplicación de unas exigencias de identificación demasiado estrictas con respecto a la potencial amenaza del uso de las pequeñas transferencias de fondos para fines terroristas, en caso de transferencias de fondos no realizadas a partir de una cuenta, la obligación de verificar que la información sobre el ordenante sea exacta debe aplicarse únicamente a las transferencias individuales que superen los 1 000 EUR. En el caso de las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas, no debe requerirse que los proveedores de servicios de pago verifiquen la información sobre el ordenante que acompañe a cada transferencia de fondos, cuando se cumplan las obligaciones que establece la Directiva [xxxx/yyyy].. (11) En el contexto de la legislación de la Unión en materia de pagos –Reglamento (CE) nº 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad[19], Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros[20] y Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior[21]– resulta suficiente prever que las transferencias de fondos efectuadas en la Unión vayan acompañadas de información simplificada sobre el ordenante (12) Con el fin de que las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en terceros países puedan localizar el origen de los fondos utilizados para dichos propósitos, las transferencias de fondos desde la Comunidad al exterior de la Unión deben llevar información completa sobre el ordenante y el beneficiario. Dichas autoridades deben tener acceso a información completa sobre el ordenante solo a efectos de prevenir, investigar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (13) Para que las transferencias de fondos de un solo ordenante a varios beneficiarios se envíen de forma poco costosa en ficheros que contengan lotes de transferencias individuales desde la Unión al exterior de la Unión, estas deben poder llevar únicamente el número de cuenta del ordenante o su identificador único de operación, a condición de que el fichero correspondiente al lote de transferencias contenga información completa sobre el ordenante y el beneficiario o beneficiarios. (14) Para comprobar si la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario acompaña a las transferencias de fondos, y ayudar a identificar las operaciones sospechosas, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben contar con procedimientos efectivos para detectar la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario. (15) Dada la potencial amenaza de financiación del terrorismo planteada por las transferencias anónimas, resulta oportuno exigir que los proveedores de servicios de pago soliciten información sobre el ordenante y el beneficiario. En consonancia con el enfoque basado en el riesgo desarrollado por el GAFI, resulta oportuno determinar qué ámbitos presentan mayor y menor riesgo, al objeto de responder mejor a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De este modo, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben establecer procedimientos eficaces, basados en el riesgo, para aquellos casos en que las transferencias de fondos no contengan la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, con el fin de decidir si se ejecuta, se rechaza o se suspende la transferencia y qué medidas consiguientes resulta oportuno adoptar. En el caso de que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté situado fuera del territorio de la Unión, debe reforzarse la diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con la Directiva [xxxx/yyyy], por lo que se refiere a las relaciones transfronterizas de corresponsalía bancaria con ese proveedor de servicios de pago. (16) El proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben ejercer una vigilancia especial, evaluando los riesgos, cuando constaten que la información sobre el ordenante falta o está incompleta, y deben informar sobre las operaciones sospechosas a las autoridades competentes, de acuerdo con las obligaciones en materia de información establecidas en la Directiva [xxxx/yyyy] y en las medidas de ejecución nacionales. (17) Las disposiciones aplicables a las transferencias de fondos en las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario o esta sea incompleta deben aplicarse sin perjuicio de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago intermediarios de suspender y/o rechazar las transferencias de fondos que incumplan disposiciones de Derecho civil, administrativo o penal. (18) Hasta que se eliminen las limitaciones técnicas que pueden impedir que los proveedores de servicios de pago intermediarios cumplan la obligación de transmitir toda la información recibida sobre el ordenante, dichos proveedores de servicios de pago intermediarios deben guardar constancia de esa información. Estas limitaciones técnicas deben desaparecer tan pronto como se actualicen los sistemas de pago. (19) Dado que, en las investigaciones penales, puede no ser posible determinar los datos requeridos o los individuos implicados hasta muchos meses o incluso años después de la transferencia original de fondos, y a fin de poder tener acceso a elementos de prueba esenciales en el contexto de investigaciones, los proveedores de servicios de pago deben guardar constancia de la información sobre el ordenante para prevenir, investigar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.. Este período debe ser limitado. (20) Para acelerar las intervenciones en el marco de la lucha contra el terrorismo, los proveedores de servicios de pago deben responder rápidamente a las peticiones de información sobre el ordenante de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde estén establecidos. (21) El número de días para responder a las solicitudes de información sobre el ordenante viene determinado por el número de días hábiles en el Estado miembro del proveedor de servicios de pago del ordenante. (22) A fin de promover el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, y con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»[22], se deben reforzar las facultades de las autoridades competentes para adoptar medidas de supervisión, así como sus facultades sancionadoras. Resulta oportuno prever sanciones administrativas y, dada la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben establecer sanciones que resulten eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión, así como a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, en lo sucesivo «ABE»), creada por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión; a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, en lo sucesivo «AESPJ»), creada por el Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión; y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, en lo sucesivo, «AEVM»), creada por el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE. (23) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los artículos XXX del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[23]. (24) Varios países y territorios que no forman parte del territorio de la Unión comparten una unión monetaria con un Estado miembro, forman parte de la zona monetaria de un Estado miembro o han firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro, y tienen proveedores de servicios de pago que intervienen, directa o indirectamente, en los sistemas de pagos y liquidación de ese Estado miembro. Para evitar todo efecto negativo de importancia sobre las economías de esos países o territorios que pudiera resultar de la aplicación del presente Reglamento a transferencias de fondos entre los Estados miembros de que se trate y esos países o territorios, resulta oportuno prever la posibilidad de que esas transferencias de fondos sean tratadas como transferencias de fondos dentro de esos Estados miembros. (25) Vistas las modificaciones que sería necesario introducir en el Reglamento (CE) nº 1781/2006, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos, resulta oportuno derogarlo en aras de la claridad. (26) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (27) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), así como el principio ne bis in idem. (28) A fin de facilitar la introducción del nuevo marco sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procede que la fecha de aplicación del presente Reglamento coincida con el final del plazo de transposición de la Directiva [xxxx/yyyy]. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1 Objeto El presente Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: (1) «financiación del terrorismo»: financiación del terrorismo tal y como se define en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva [xxxx/yyyy]; (2) «blanqueo de capitales»: las actividades de blanqueo de capitales a que se refiere el artículo 1, apartados 2 o 3, de la Directiva [xxxx/yyyy]; (3) «ordenante»: toda persona física o jurídica que efectúa una transferencia de fondos desde su propia cuenta o da una orden para que se efectúe una transferencia de fondos; (4) «beneficiario»: toda persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos transferidos; (5) «proveedor de servicios de pago»: toda persona física o jurídica que preste servicios de transferencia de fondos a título profesional; (6) «proveedor de servicios de pago intermediario»: todo proveedor de servicios de pago, que no sea ni el del ordenante ni el del beneficiario, que reciba y transmita una transferencia de fondos por cuenta del proveedor de servicios de pago del ordenante o del beneficiario o de otro proveedor de servicios de pago intermediario; (7) «transferencia de fondos»: toda operación efectuada por cuenta de un ordenante, a través de un proveedor de servicios de pago y por medios electrónicos, con objeto de poner fondos a disposición de un beneficiario a través de un proveedor de servicios de pago, con independencia de que el ordenante y el beneficiario sean o no la misma persona. (8) «transferencia por lotes»: varias transferencias de fondos individuales que se agrupan para su transmisión; (9) «identificador único de operación»: una combinación de letras o símbolos determinada por el proveedor de servicios de pago, con arreglo a los protocolos del sistema de pago y liquidación o del sistema de mensajería utilizados para realizar la transferencia de fondos, que permite rastrear la operación hasta identificar al ordenante y al beneficiario. (10) «transferencia entre particulares»: toda operación de transferencia de fondos que tenga lugar entre dos personas físicas. Artículo 3 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a las transferencias de fondos en cualquier moneda enviadas o recibidas por un proveedor de servicios de pago establecido en la Unión. 2. El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos efectuadas utilizando una tarjeta de crédito o de débito o un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo digital o de tecnología de la información, a condición de que: (a) la tarjeta o dispositivo se utilice para el pago de bienes y servicios; (b) el número de la citada tarjeta o dispositivo se indique en todas las transferencias que se deriven de la operación. No obstante, el presente Reglamento será de aplicación cuando una tarjeta de crédito o de débito o un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo digital o de tecnología de la información se utilice para efectuar una transferencia de fondos entre particulares. 3. El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos cuando: (a) la transferencia de fondos implique que el ordenante tenga que retirar efectivo de su propia cuenta; (b) los fondos se transfieran a autoridades públicas en concepto de pago de impuestos, multas u otros gravámenes dentro de un Estado miembro; (c) tanto el ordenante como el beneficiario sean proveedores de servicios de pago que actúen en nombre propio. CAPÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO Sección 1 Obligaciones del proveedor de servicios de pago del ordenante Artículo 4 Información que debe acompañar a las transferencias de fondos 1. Los proveedores de servicios de pago se asegurarán de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el ordenante: (a) el nombre del ordenante; (b) el número de cuenta del ordenante, cuando esta se utilice para realizar la transferencia de fondos, o un identificador único de operación cuando no se utilice tal cuenta a esos efectos; (c) la dirección del ordenante, o el número nacional de identidad, o el número de identificación de cliente, o su fecha y lugar de nacimiento. 2. Los proveedores de servicios de pago se asegurarán de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el beneficiario: (a) el nombre del beneficiario; y (b) el número de cuenta del beneficiario, cuando esta cuenta se utilice para realizar la operación, o un identificador único de operación cuando no se utilice tal cuenta a esos efectos. 3. Antes de transferir los fondos, el proveedor de servicios de pago del ordenante verificará la exactitud de la información a que se refiere el apartado 1 por medio de documentos, datos o información obtenidos de una fuente fiable e independiente. 4. Cuando los fondos se transfieran desde la cuenta del ordenante, la verificación a que se refiere el apartado 3 se dará por efectuada siempre que: (a) la identidad del ordenante haya sido verificada con ocasión de la apertura de la cuenta, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva [xxxx/yyyy], y la información recopilada en dicha verificación se haya almacenado con arreglo a lo establecido en el artículo 39 de esa Directiva; o (b) al ordenante le sean aplicables las disposiciones del artículo 12, apartado 5, de la Directiva [xxxx/yyyy]. 5. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en el caso de transferencias de fondos no efectuadas a partir de una cuenta, el proveedor de servicios de pago del ordenante no verificará la información a que se refiere el apartado 1 cuando el importe no sobrepase los 1 000 EUR y no parezca relacionada con otras transferencias de fondos que, junto con la transferencia considerada, sobrepasen los 1 000 EUR. Artículo 5 Transferencias de fondos dentro de la Unión 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el proveedor de servicios de pago del beneficiario estén establecidos en la Unión, solo se exigirá que las transferencias de fondos vayan acompañadas del número de cuenta del ordenante o su identificador único de operación. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando así lo solicite el proveedor de servicios de pago del beneficiario o el proveedor de servicios de pago intermediario, el proveedor de servicios de pago del ordenante facilitará la información sobre el ordenante o el beneficiario conforme al articulo 4, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de esa petición. Artículo 6 Transferencias de fondos al exterior de la Unión 1. En el caso de las transferencias por lotes procedentes de un solo ordenante en las que los proveedores de servicios de pago de los beneficiarios estén establecidos fuera de la Unión, el artículo 4, apartados 1 y 2, no será aplicable a las transferencias individuales que formen parte del lote, a condición de que el fichero correspondiente al lote contenga esa información y que las transferencias individuales lleven el número de cuenta del ordenante o su identificador único de operación. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario esté establecido fuera de la Unión, las transferencias de fondos que no sobrepasen los 1 000 EUR irán acompañadas de lo siguiente: (a) el nombre del ordenante; (b) el nombre del beneficiario; (c) el número de cuenta del ordenante y del beneficiario o el identificador único de operación. Solo se verificará la exactitud de esta información cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Sección 2 Obligaciones del proveedor de servicios de pago del beneficiario Artículo 7 Detección de la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario 1. El proveedor de servicios de pago del beneficiario verificará, en lo que respecta a la información sobre el ordenante y el beneficiario, si los campos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido rellenados mediante los caracteres o entradas admisibles en el marco de los protocolos de dicho sistema. 2. Dicho proveedor deberá contar con procedimientos efectivos para detectar la falta de la siguiente información sobre el ordenante y el beneficiario: (a) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido en la Unión, la información exigida de conformidad con el artículo 5; (b) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información completa sobre el ordenante y el beneficiario mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, y, si procede, la información exigida en el artículo 14; y (c) en relación con las transferencias por lotes en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre la transferencia por lotes. 3. En las transferencias de fondos que sobrepasen los 1 000 EUR, en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, el proveedor de servicios de pago del beneficiario verificará la identidad de este último cuando dicha identidad no haya sido ya verificada. 4. En las transferencias de fondos que no sobrepasen los 1 000 EUR, en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, el proveedor de servicios de pago del beneficiario no tendrá que verificar la información relativa al beneficiario, salvo cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Artículo 8 Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante y el beneficiario 1. El proveedor se servicios de pago del beneficiario implantará procedimientos eficaces, basados en el riesgo, destinados a determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, así como las consiguientes medidas que deban adoptarse. Si, al recibir transferencias de fondos, el proveedor de servicios de pago del beneficiario constata que falta la información sobre el ordenante y el beneficiario exigida en el artículo 4, apartados 1 y 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, o de que esta es incompleta, deberá, o bien rechazar la transferencia, o pedir información completa sobre el ordenante y el beneficiario. 2. Cuando, de forma reiterada, un proveedor de servicios de pago no facilite la información requerida sobre el ordenante, el proveedor de servicios de pago del beneficiario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia o fijar un plazo, antes de rechazar toda futura transferencia de fondos de dicho proveedor de servicios de pago, hasta decidir si restringe o pone fin a la relación comercial con ese proveedor de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago del beneficiario informará de ese hecho a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Artículo 9 Evaluación y notificación El proveedor de servicios de pago del beneficiario considerará que la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituye un factor para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Información Financiera. Sección 3 Obligaciones de los proveedores de servicios de pago intermediarios Artículo 10 Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario con la transferencia Los proveedores de servicios de pago intermediarios se asegurarán de que toda la información recibida sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a una transferencia de fondos se conserve con la misma. Artículo 11 Detección de la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario 1. El proveedor de servicios de pago intermediario verificará, en lo que respecta a la información sobre el ordenante y el beneficiario, si los campos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido rellenados mediante los caracteres o entradas admisibles en el marco de los protocolos de dicho sistema. 2. Dicho proveedor deberá contar con procedimientos efectivos para detectar la falta de la siguiente información sobre el ordenante y el beneficiario: (a) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido en la Unión, la información exigida de conformidad con el artículo 5; (b) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información completa sobre el ordenante y el beneficiario mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, o, si procede, la información exigida en el artículo 14; y (c) en relación con las transferencias por lotes en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre la transferencia por lotes. Artículo 12 Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante y el beneficiario 1. El proveedor se servicios de pago intermediario implantará procedimientos eficaces, basados en el riesgo, destinados a determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, así como las consiguientes medidas que deban adoptarse. Si, al recibir transferencias de fondos, el proveedor de servicios de pago intermediario constata que falta la información sobre el ordenante y el beneficiario exigida por el artículo 4, apartados 1 y 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, o de que esta es incompleta, deberá, o bien rechazar la transferencia, o pedir información completa sobre el ordenante y el beneficiario. 2. Cuando, de forma reiterada, un proveedor de servicios de pago no facilite la información requerida sobre el ordenante, el proveedor de servicios de pago intermediario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia o fijar un plazo, antes de rechazar toda futura transferencia de fondos de dicho proveedor de servicios de pago, hasta decidir si restringe o pone fin a la relación comercial con ese proveedor de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago intermediario informará de ese hecho a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Artículo 13 Evaluación y notificación El proveedor de servicios de pago intermediario considerará que la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituye un factor para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Información Financiera. Artículo 14 Limitaciones técnicas 1. El presente artículo se aplicará en los casos en que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión y el proveedor de servicios de pago intermediario esté establecido en la Unión. 2. El proveedor de servicios de pago intermediario, cuando reciba una transferencia de fondos, salvo que constate que la información sobre el ordenante, necesaria con arreglo al presente Reglamento, falta o es incompleta, podrá, al enviar las transferencias de fondos al proveedor de servicios de pago del beneficiario, utilizar un sistema de pago con limitaciones técnicas que evite que la información sobre el ordenante acompañe a las transferencias de fondos. 3. El proveedor de servicios de pago intermediario, cuando reciba una transferencia de fondos, salvo que constate que la información sobre el ordenante, necesaria con arreglo al presente Reglamento, falta o es incompleta, solo utilizará un sistema de pago con limitaciones técnicas en caso de que pueda informar de este hecho al proveedor de servicios de pago del beneficiario, bien través de un sistema de mensajería o de pago que permita comunicar este hecho o mediante otro procedimiento, siempre que el modo de comunicación haya sido aceptado o acordado por ambos proveedores de servicios de pago. 4. Cuando el proveedor de servicios de pago intermediario utilice un sistema de pago con limitaciones técnicas, dicho proveedor de servicios de pago intermediario, a solicitud del proveedor de servicios de pago del beneficiario, pondrá a disposición de este toda la información que haya recibido sobre el ordenante, esté o no completa, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de dicha solicitud. CAPÍTULO III COOPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Artículo 15 Obligación de cooperar Los proveedores de servicios de pago responderán plenamente y sin demora, de conformidad con los requisitos de procedimiento previstos en el Derecho nacional del Estado miembro en el que estén establecidos, a las indagaciones de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo de dicho Estado miembro en lo relativo a la información exigida por el presente Reglamento. Artículo 16 Conservación de la información El proveedor de servicios de pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario conservarán durante cinco años la información a que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 7. En los supuestos a que se refiere el artículo 14, apartados 2 y 3, el proveedor de servicios de pago intermediario conservará toda la información recibida durante cinco años. Una vez transcurrido ese plazo, deberán eliminarse los datos personales, salvo disposición en contrario del Derecho nacional, que deberá especificar en qué circunstancias los proveedores de servicios de pago podrán o deberán conservar datos. Los Estados miembros podrán autorizar o exigir un plazo mayor de conservación únicamente si fuera necesario a efectos de la prevención, detección o investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El plazo máximo de conservación tras la realización de la transferencia de fondos no podrá exceder de diez años. CAPÍTULO IV SANCIONES Y SEGUIMIENTO Artículo 17 Sanciones 1. Los Estados miembros establecerán las normas en materia de medidas y sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 2. Los Estados miembros velarán por que cuando los proveedores de servicios de pago estén sujetos a obligaciones, puedan aplicarse sanciones, en caso de incumplimiento, a los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas responsables de la infracción con arreglo al Derecho nacional. 3. El [24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] a más tardar, los Estados miembros notificarán las normas a que se refiere el apartado 1 a la Comisión y al Comité Mixto de la ABE, la AESPJ y la AEVM. Notificarán a la Comisión y al Comité Mixto de la ABE, la AESPJ y la AEVM sin demora cualquier modificación ulterior de las mismas. 4. Se otorgarán a las autoridades competentes todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al ejercer sus facultades sancionadoras, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que las sanciones o medidas ofrezcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación en el ámbito transfronterizo . Artículo 18 Disposiciones específicas 1. El presente artículo se aplicará en los siguientes casos: (a) la reiterada omisión de información obligatoria sobre el ordenante y el beneficiario, en contravención de lo dispuesto en los artículos 4, 5, y 6; (b) el incumplimiento grave de los proveedores de servicios de pago a la hora de garantizar la conservación de la información conforme al artículo 16; (c) el incumplimiento del proveedor de servicios de pago en lo que atañe a la obligación de implantar políticas y procedimientos eficaces, basados en el riesgo, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 12. 2. En los casos a que se refiere el apartado 1, entre las sanciones y medidas administrativas aplicables figurarán como mínimo las siguientes: (a) una declaración pública que indique la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción; (b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; (c) en el caso de un proveedor de servicios de pago, retirada de la autorización; (d) la imposición de una prohibición temporal de ejercer funciones en el proveedor de servicios de pago a cualquiera de los miembros del órgano de dirección o cualquier otra persona física que se considere responsable; (e) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total anual en el ejercicio anterior; cuando la persona jurídica sea una filial de una empresa matriz, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual resultante de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior; (f) si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros en los que el euro no es la moneda oficial, el valor correspondiente en la moneda nacional en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva; (g) sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse. Artículo 19 Publicación de las sanciones Las sanciones y medidas administrativas impuestas en los casos a que se refiere el artículo 17 y el artículo 18, apartado 1, se publicarán sin demora injustificada, en particular información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las personas responsables del mismo, a menos que dicha publicación pueda comprometer gravemente la estabilidad de los mercados financieros. Cuando la publicación pueda causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las sanciones de manera anónima. Artículo 20 Aplicación de las sanciones por las autoridades competentes A la hora de determinar el tipo de sanciones o medidas administrativas y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas: (a) la gravedad y duración de la infracción; (b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable; (c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada en el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona física responsable; (d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse; (e) las pérdidas para terceros causadas por la infracción, en la medida en que puedan determinarse; (f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la autoridad competente; (g) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable. Artículo 21 Notificación de incumplimientos 1. Los Estados miembros establecerán mecanismos eficaces para alentar la notificación del incumplimiento del presente Reglamento a las autoridades competentes. 2. Los mecanismos contemplados en el apartado 1 incluirán, como mínimo: (a) procedimientos específicos para la recepción de informes sobre incumplimientos y su seguimiento; (b) protección adecuada de los denunciantes de incumplimientos potenciales o reales; (c) protección de los datos personales relativos tanto a las personas que notifican un incumplimiento como a la persona física presuntamente responsable del mismo, de conformidad con los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE. 3. Los proveedores de servicios de pago establecerán procedimientos adecuados para que sus empleados puedan comunicar incumplimientos a nivel interno a través de un cauce específico. Artículo 22 Seguimiento Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que supervisen de forma efectiva y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. CAPÍTULO V PODERES DE EJECUCIÓN Artículo 23 Procedimiento de comité 1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en lo sucesivo denominado «el Comité». Dicho comité será un comité a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 182/2011. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. CAPÍTULO VI EXENCIONES Artículo 24 Acuerdos con los territorios o países mencionados en el artículo 355 del Tratado 1. La Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro a celebrar acuerdos, en el marco de disposiciones nacionales, con un país o territorio que no forme parte del territorio de la Unión definido en el artículo 355 del Tratado, que prevean excepciones al presente Reglamento, con el fin de permitir que las transferencias de fondos entre ese país o territorio y el Estado miembro correspondiente sean tratadas como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro. Estos acuerdos sólo podrán autorizarse si se cumplen todas las condiciones siguientes: (a) que el país o el territorio en cuestión comparta una unión monetaria con el Estado miembro de que se trate, forme parte de la zona monetaria de ese Estado miembro o haya firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro; (b) que los proveedores de servicios de pago del país o territorio en cuestión participen, directa o indirectamente, en los sistemas de pago y liquidación de dicho Estado miembro, y (c) que el país o el territorio en cuestión exija que los proveedores de servicios de pago bajo su jurisdicción apliquen las mismas normas que se establecen en el presente Reglamento. 2. Todo Estado miembro que desee celebrar un acuerdo según lo mencionado en el apartado 1 enviará una petición a la Comisión y le facilitará toda la información necesaria. Cuando la Comisión reciba una petición de un Estado miembro, las transferencias de fondos entre ese Estado miembro y el país o territorio correspondiente se tratarán provisionalmente como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro hasta que se alcance una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo. Si la Comisión considera que no cuenta con toda la información necesaria, se pondrá en contacto con el Estado miembro de que se trate en el plazo de dos meses desde el momento en que reciba la petición y especificará la información adicional que necesita. Una vez que la Comisión cuente con toda la información que considere necesaria para valorar la petición, se lo notificará debidamente al Estado miembro solicitante en el plazo de un mes y transmitirá la petición a los demás Estados miembros. 3. En el plazo de tres meses desde la notificación mencionada en apartado 2, párrafo cuarto, la Comisión decidirá, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 23, apartado 2, si autorizar al Estado miembro correspondiente a celebrar el acuerdo mencionado en el apartado 1 del presente artículo. En cualquier caso, la decisión a que se refiere el párrafo primero se adoptará en el plazo de dieciocho meses a contar desde el momento en que la Comisión reciba la petición. CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES. Artículo 25 Derogación Queda derogado el Reglamento (CE) nº 1781/2006. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo. Artículo 26 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del [fecha de transposición de la Directiva xxxx/yyyy]. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Estrasburgo, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente ANEXO Tabla de correspondencias mencionada en el artículo 25 Reglamento (CE) nº 1781/2006 || Presente Reglamento Artículo 1 || Artículo 1 Artículo 2 || Artículo 2 Artículo 3 || Artículo 3 Artículo 4 || Artículo 4, apartado 1 Artículo 5 || Artículo 4 Artículo 6 || Artículo 5 Artículo 7 || Artículo 7 Artículo 8 || Artículo 7 Artículo 9 || Artículo 8 Artículo 10 || Artículo 9 Artículo 11 || Artículo 16 Artículo 12 || Artículo 10 || Artículo 11 || Artículo 12 || Artículo 13 Artículo 13 || Artículo 14 Artículo 14 || Artículo 15 Artículo 15 || Artículos 17 a 22 Artículo 16 || Artículo 23 Artículo 17 || Artículo 24 Artículo 18 || - Artículo 19 || - || Artículo 25 Artículo 20 || Artículo 26 [1] DO L 345 de 8.12.2006, p. 1. [2] El GAFI, órgano internacional creado por el G-7 en la Cumbre de París en 1989, se considera que marca la pauta a escala mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. [3] DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. [4] DO L 214 de 4.8.2006, p. 29. [5] COM(2010) 673 final. [6] COM(2012) 10 final y COM(2012) 11 final. [7] COM(2010) 716 final. [8] El informe de la Comisión, las respuestas de los interesados y una síntesis de las aportaciones están disponibles en http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm [9] El estudio está disponible en la siguiente dirección http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm [10] Ibidem. [11] La evaluación de impacto está disponible en la siguiente dirección http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm [12] DO C … de …, p. …. [13] DO C … de …, p. …. [14] DO C … de …, p. …. [15] DO L 344 de 28.12.2001, p. 70. [16] DO L 139 de 29.5.2002, p. 9. [17] DO L… de …, p. … . [18] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. [19] DO L 266 de 9.10.2009, p. 11. [20] DO L 94 de 30.3.2012, p. 22. [21] DO L 319 de 5.12.2007, p. 1. [22] COM(2010) 716 final. [23] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.