1.

Decide constituir una Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales con las siguientes competencias: a) desarrollar y completar el trabajo realizado por las Comisiones Especiales TAXE 1 y TAXE 2, centrándose, en particular, en la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros, la Comisión y/o el Consejo de las recomendaciones incluidas en sus Resoluciones antes mencionadas de 25 de noviembre de 2015 y de 6 de julio de 2016, así como en su impacto; b) desarrollar y completar el trabajo realizado por la Comisión de Investigación PANA, centrándose, en particular, en la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros, la Comisión y/o el Consejo de las recomendaciones incluidas en su Recomendación antes mencionada de 13 de diciembre de 2017, así como en su impacto; c) realizar un seguimiento de los progresos realizados por los Estados miembros para poner fin a las prácticas fiscales que permiten la elusión o la evasión fiscales y resultan perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado único, tal como se indica en sus Resoluciones de 25 de noviembre de 2015 y de 6 de julio de 2016, y en su Recomendación de 13 de diciembre de 2017, antes mencionadas; d) evaluar la manera en que se eludieron las normas de la Unión sobre el IVA en el marco de los papeles del paraíso y valorar de manera más general el impacto del fraude del IVA y de las normas de cooperación administrativa en la Unión; analizar las políticas de intercambio de información y coordinación entre los Estados miembros y Eurofisc; e) contribuir al debate en curso sobre la fiscalidad de la economía digital; f) evaluar los regímenes nacionales que proporcionan privilegios fiscales (como los programas de concesión de la nacionalidad); g) hacer un seguimiento de cerca del trabajo en curso y de la contribución de la Comisión y los Estados miembros en instituciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el G20, las Naciones Unidas y el GAFI, respetando al mismo tiempo plenamente las competencias de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en materia de cuestiones fiscales; h) acceder a los documentos pertinentes para el desempeño de su labor y establecer los contactos necesarios y organizar audiencias con instituciones y foros internacionales, europeos —incluido el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas)— y nacionales, con los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros y de terceros países, así como con representantes de la comunidad académica, las empresas y la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, todo ello en estrecha colaboración con las comisiones permanentes; para ello se tendrá en cuenta la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del Parlamento; i) analizar y evaluar la dimensión de terceros países en las prácticas de elusión fiscal, incluido el impacto en los países en desarrollo; realizar un seguimiento de las mejoras y las lagunas existentes en el intercambio de información con terceros países a este respecto, con especial atención a los territorios de ultramar y los territorios dependientes de la Corona británica; j) evaluar la propia evaluación de la Comisión y su proceso de examen a la hora de elaborar la lista de países que figura en el acto delegado sobre los terceros países de alto riesgo de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales; k) evaluar la metodología, el procedimiento de análisis de los países y el impacto de la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (lista negra de la Unión de paraísos fiscales), así como la supresión de países de la lista y las sanciones adoptadas en relación con los países incluidos en ella; l) examinar las consecuencias de los convenios bilaterales en materia fiscal celebrados por los Estados miembros; m) formular las recomendaciones que considere necesarias al respecto;