La Estrategia para un Mercado Único Digital pretende abordar los principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en el Mercado Único Digital en su conjunto. La propuesta debe considerarse en el contexto de este enfoque de conjunto. Esto cubre, entre otras, las iniciativas relacionadas con la portabilidad transfronteriza de los contenidos, el papel de las plataformas, el libre flujo de datos, la iniciativa de la Nube Europea, la carga relativa al IVA y la entrega de paquetes. En particular, en el contexto de la portabilidad transfronteriza de contenidos y de la Nube Europea, la Estrategia prevé acciones decisivas para garantizar la portabilidad e interoperabilidad de los contenidos, algo crucial para el suministro de contenidos digitales dentro de la UE. La estrategia cubre además iniciativas relacionadas con la aplicación/reparación, es decir, la puesta en servicio de la plataforma de Resolución de Litigios en Línea así como la revisión del Reglamento (CE) nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores). En particular, unas normas de la UE plenamente armonizadas en materia de derecho contractual facilitarán también la adopción de medidas de aplicación coordinadas por las autoridades de Cooperación para la Protección de los Consumidores. Además, la propuesta será coherente con el marco general de la UE sobre derechos de autor y se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones conforme a la legislación sobre derechos de autor.

La propuesta es compatible con las normas existentes en la UE sobre la legislación aplicable y la competencia judicial en el Mercado Único Digital. El Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la legislación aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), que establecen normas para determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable, se aplican también en el entorno digital. Estos instrumentos se han adoptado muy recientemente, y las implicaciones de internet se tuvieron en cuenta en el proceso legislativo. Algunas normas tienen en cuenta específicamente las transacciones por internet, en particular las relativas a los contratos con los consumidores. El objetivo de estas normas es proteger a los consumidores, entre otros, en el Mercado Único Digital ofreciéndoles la ventaja de la normativa de aplicación obligada del Estado miembro en el que residen habitualmente. Junto con la nueva normativa propuesta en materia de contratos de compraventa de contenidos digitales establecida en esta propuesta, la normativa existente en el derecho internacional privado establece un marco jurídico claro para comprar y vender en un mercado digital europeo, teniendo en cuenta los intereses tanto de los consumidores como de las empresas. Por tanto, esta propuesta legislativa no requiere ningún cambio en el marco actual del derecho internacional privado de la UE, y tampoco en el Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I).

La propuesta también complementa la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que ya ha armonizado plenamente determinadas normas relativas al suministro de contenidos digitales (principalmente los requisitos de información precontractual y el derecho de resolución). Mientras que algunos Estados miembros como el Reino Unido y Países Bajos ya han adoptado legislación específica sobre contenidos digitales, actualmente no existe ninguna normativa de la UE específica para proteger a los consumidores frente a los contenidos digitales que no sean conformes con el contrato. Por tanto, es necesario actuar con rapidez para evitar una posible fragmentación jurídica mayor debido a la aparición de diferentes normativas nacionales.

El 39 % de las empresas que venden en línea pero no realizan operaciones transfronterizas consideran que las diferencias entre las diferentes legislaciones en materia contractual constituyen uno de los principales obstáculos para las ventas transfronterizas. Esto ocurre en particular con las formas de saneamiento de productos defectuosos como menciona el 49 % de los minoristas que realizan ventas en línea y el 67 % de aquellos que están tratando de vender en línea o considerando la posibilidad de hacerlo. La existencia de diferentes normativas nacionales en materia de derecho contractual ha generado para los minoristas que venden directamente a los consumidores costes puntuales de unos 4 000 millones EUR, que afectan sobre todo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME). El objetivo de estas propuestas es crear un entorno favorable para las empresas y facilitar que estas, en particular las PYME, realicen ventas transfronterizas. Las empresas deben contar con seguridad jurídica y evitar los costes innecesarios causados por las diferencias entre las normativas nacionales cuando venden bienes y contenidos digitales fuera de su mercado nacional.

Como anunció la Comisión en su Programa de Trabajo para 2015, estas dos propuestas se basan en la experiencia adquirida durante las negociaciones sobre un Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea. En particular, abandonan el enfoque de un régimen opcional y de un conjunto exhaustivo de normas. En lugar de ello, las propuestas contienen un conjunto de normas específicas y plenamente armonizadas. Las propuestas se basan también en una serie de modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo en primera lectura en relación con la propuesta de un Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea, en particular limitando el alcance a la compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes y ampliando el alcance a determinados contenidos digitales suministrados a cambio de una contraprestación no monetaria.

La elección de una directiva deja libertad a los Estados miembros para adaptar la implementación a su legislación nacional. Por ejemplo, la propuesta no determina si el contrato de suministro debe considerarse como un contrato de compraventa, de servicios, de arrendamiento o un contrato sui generis; dejaría esta decisión al criterio de los Estados miembros. Un reglamento exigiría un régimen mucho más detallado y amplio que una directiva para que sus efectos fuesen directamente aplicables. En consecuencia, la interferencia en las leyes nacionales aumentaría notablemente. Además, podría comprometer el carácter de prueba de futuro del instrumento dado que, a diferencia de una directiva, tendría que profundizar con un nivel de detalle que no dejaría margen para adaptar la aplicación de la normativa plenamente armonizada a un mercado tan cambiante desde el punto de vista tecnológico y comercial como es el mercado de contenidos digitales.

La propuesta no armonizará todos los aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales; entre otros muchos ejemplos, no se regularán las normas sobre la celebración de los contratos. Por el contrario, se centrará en profundizar en la armonización a nivel de la UE de los principales derechos contractuales obligatorios específicos y fundamentales de los consumidores que han sido identificados como obstáculos al comercio por las partes interesadas, y necesarios para generar confianza en los consumidores cuando realizan compras en línea en el extranjero. Además, la elección de la fórmula jurídica de una directiva en lugar de un reglamento tendrá como resultado una interferencia considerablemente menor en las legislaciones nacionales (véase más adelante «Instrumento elegido»), dado que deja libertad a los Estados miembros para adaptar la aplicación a su legislación nacional.

Además, varios Estados miembros han promulgado o han iniciado recientemente el trabajo preparatorio para adoptar normas imperativas específicas en materia de contratos de suministro de contenidos digitales. No obstante, estas normativas difieren en cuanto a su alcance y contenido. Se prevé que otros Estados miembros sigan también esta tendencia. Si la UE no actúa, las empresas se enfrentarán cada vez más a normativas imperativas diferentes en materia de contratos celebrados con los consumidores en lo relativo al suministro de contenidos digitales.

Sobre el fondo de las normas, los consumidores y las profesiones del ámbito jurídico argumentan que los usuarios deben poder resolver el contrato como primer recurso. Las empresas ponen de relieve que los proveedores de contenidos digitales deben tener la opción de poner los bienes en un estado conforme con el contrato antes de dar la posibilidad de resolverlo. Para algunas asociaciones de TI, los consumidores solo deben tener derecho a resolver el contrato y a recibir el reembolso del precio, pero no el derecho a solicitar que el contenido sea puesto en conformidad, dado que esto puede resultar demasiado costoso para los comerciantes. Otras asociaciones de TI consideran que las formas de saneamiento de las no conformidades no son apropiadas para todos los contenidos digitales. Los Estados miembros se muestran casi unánimes a la hora de apoyar la inclusión de todas las formas de saneamiento ya disponibles para los bienes. La gran mayoría de los consultados están de acuerdo en que los comerciantes deben modificar las características de los contenidos digitales suministrados en determinadas condiciones (como la información previa del consumidor) y que los consumidores deben poder resolver los contratos de larga duración.

Un instrumento de carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no podría alcanzar el objetivo de mejorar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Los comerciantes seguirían estando obligados a cumplir las diferentes normativas nacionales imperativas del país del consumidor, cuando en este se prevea un nivel más elevado de protección de los consumidores que en el contrato modelo, y seguirían por tanto haciendo frente a costes superiores relacionados con el derecho contractual.

Las empresas deberán asumir los costes de cumplimiento de la nueva Directiva, pero finalmente se beneficiarán más de la normativa plenamente armonizada para exportar bienes y contenidos digitales en toda la UE. Las PYME no quedarán exentas de la nueva legislación: las exenciones disminuirían la confianza de los compradores al realizar compras en ellas. No hay ninguna justificación para reducir la protección de los consumidores cuando compran a PYME en lugar de hacerlo a vendedores más grandes. Además, una exención menoscabaría las ventajas para las PYME de contar con un conjunto único de normas aplicadas en toda la UE. Por el contrario, la iniciativa será particularmente beneficiosa para las PYME, que son las más afectadas por los costes de adaptación de sus contratos a las normas de obligado cumplimiento de otros Estados miembros y cada vez con más frecuencia se quedan más confinadas a su mercado nacional que sus competidores más grandes. El comercio transfronterizo es una forma importante para ellas de beneficiarse de las ventajas de las economías de escala. Las PYME se enfrentan a un problema a la hora de captar clientes, lo que resultaría más fácil de afrontar en el contexto del comercio en línea, ya que internet permite vender en línea con costes inferiores a los del comercio fuera de línea.

La opción 4 crearía derechos mínimos para los consumidores en relación con los contratos de suministro de contenidos digitales en la UE, y por tanto aumentaría la confianza de los consumidores en cierta medida. Los Estados miembros podrían adoptar normas más protectoras. No obstante, esta opción no reduciría los costes para los comerciantes, que tendrían que seguir haciendo frente a diferentes normativas nacionales imperativas en materia de protección de los consumidores que ofrecen a estos un nivel más elevado de protección cuando realizan ventas a otros Estados miembros.

La no introducción de cambios en la política no contribuiría a lograr los objetivos del Mercado Único Digital, y correría el riesgo de ejercer un impacto económico negativo en relación con la situación actual.

El artículo 10 establece los casos de responsabilidad del proveedor hacia el consumidor, en particular cuando los contenidos digitales no son conformes con el contrato o el proveedor no suministra en absoluto los contenidos digitales. Dado que los contenidos digitales pueden suministrarse a lo largo de un periodo de tiempo, el proveedor también debe ser responsable de cualquier falta de conformidad que tenga lugar durante ese periodo.

El artículo 9 impone la carga de la prueba en ausencia de falta de conformidad al proveedor, salvo si el entorno digital del consumidor no es compatible con los contenidos digitales. Esta inversión de la carga de la prueba no es limitada en el tiempo, ya que los contenidos digitales no son susceptibles de desgaste o rotura. El artículo 9 especifica que el consumidor cooperará con el proveedor para que este pueda comprobar el entorno digital del consumidor. La obligación de cooperar se limitará a los medios menos intrusivos técnicamente disponibles para el proveedor.

El artículo 4 establece que la presente Directiva es una Directiva de armonización plena. Prohíbe a los Estados miembros, dentro de su ámbito de aplicación, adoptar o mantener leyes que no lleguen o que vayan más allá de los requisitos de la Directiva. El efecto del artículo 4 combinado con el artículo 1 es también determinar que en las áreas no incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, los Estados miembros tienen margen para ofrecer soluciones nacionales.

El artículo 3 establece, basándose en el objeto, el alcance personal y material de la Directiva. La Directiva solo cubre las transacciones entre empresas y consumidores. Los problemas relacionados con el derecho contractual en las relaciones entre empresas, especialmente en relación con las necesidades específicas de las PYME, han sido identificados en la Estrategia para un Mercado Único Digital, y serán analizados en el contexto de otras acciones anunciadas en la Estrategia. La Directiva cubre el suministro de todo tipo de contenidos digitales. Cubre asimismo los contenidos digitales suministrados no solo a cambio de un pago en efectivo, sino también como intercambio por datos (de carácter personal y de otro tipo) facilitados por los consumidores, excepto en el caso de que los datos se hayan recabado con el único fin de cumplir requisitos legales. La Directiva no cubre los servicios prestados con un elemento significativo de intervención humana o contratos que regulan servicios sectoriales específicos como servicios sanitarios, de regulación del juego o financieros. El artículo 3 precisa además que en caso de conflicto entre la Directiva y otra ley comunitaria, prevalece la otra ley comunitaria. En particular, aclara que la Directiva se aplica sin perjuicio de las normas en materia de protección de datos. Por último, aclara que la Directiva no afecta a las legislaciones nacionales en la medida en que no estén reguladas por esta Directiva, como las legislaciones nacionales que establecen obligaciones para los consumidores hacia el proveedor de contenidos digitales o que regulan la calificación, celebración o validez de los contratos.

(14)En relación con los contenidos digitales no suministrados a cambio de un precio sino por otra contraprestación diferente al dinero, la presente Directiva debe aplicarse solo a los contratos en los que el proveedor solicita y el consumidor facilita datos de forma activa, como el nombre y la dirección de correo electrónico o fotos, directamente al proveedor, por ejemplo mediante el registro individual o sobre la base de un contrato que permite el acceso a las fotos del consumidor. La presente Directiva no debe aplicarse a las situaciones en las que el proveedor recaba datos necesarios para que los contenidos digitales funcionen de conformidad con el contrato, por ejemplo la localización geográfica cuando sea necesaria para que una aplicación móvil funcione correctamente, o con el único fin de cumplir requisitos legales, por ejemplo cuando el registro del consumidor es necesario por motivos de seguridad e identificación en virtud de la legislación aplicable. La presente Directiva tampoco debe aplicarse a situaciones en las que el proveedor recaba información, incluidos datos personales, tales como la dirección IP u otra información generada automáticamente como información recogida y transmitida por una cookie, sin que el consumidor la facilite activamente, aunque el consumidor acepte la cookie. De igual forma no debe aplicarse a situaciones en las que el consumidor se expone a recibir publicidad con el fin exclusivo de obtener acceso a contenidos digitales.

(13)En la economía digital, los participantes en el mercado ven a menudo, y cada vez más, la información sobre las personas como un valor comparable al dinero. Con frecuencia los contenidos digitales no se intercambian por un precio, sino por una contraprestación diferente al dinero, es decir, permitiendo el acceso a datos personales o a otro tipo de datos. Estos modelos de negocio específicos se aplican de diferentes formas en una parte considerable del mercado. La introducción de una diferenciación dependiendo de la naturaleza de la contraprestación generaría una discriminación entre los diferentes modelos de negocio, ofrecería un incentivo injustificado a las empresas para orientarse hacia la oferta de contenidos digitales a cambio de datos. Deben garantizarse condiciones equitativas. Además, los defectos en las características de funcionamiento de los contenidos digitales suministrados por una contraprestación diferente al dinero afectan a los intereses económicos de los consumidores. Por tanto, la aplicabilidad de las normas de la presente Directiva no debe depender del precio pagado por el contenido digital específico en cuestión.

(11)La Directiva debe abordar los problemas en las diferentes categorías de contenidos digitales y su suministro. Con el fin de cubrir los rápidos desarrollos tecnológicos y mantener la naturaleza «a prueba de futuro» del concepto de los contenidos digitales, este concepto tal y como se utiliza en la presente Directiva debe ser más amplio que en la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular debe cubrir servicios que permitan la creación, el tratamiento o el almacenamiento de datos. Si bien existen numerosas formas de suministrar contenidos digitales, como la transmisión en un soporte duradero, la descarga por los consumidores en sus dispositivos, la transmisión a través de la web, el permiso para acceder a capacidades de almacenamiento de contenidos digitales o el acceso al uso de redes sociales, la presente Directiva debe aplicarse a todos los contenidos digitales con independencia del soporte utilizado para su transmisión. No se recomienda establecer diferencias entre las distingas categorías de este mercado tan cambiante tecnológicamente, ya que resultaría muy difícil evitar las discriminaciones entre los proveedores. Deben garantizarse condiciones equitativas entre los proveedores de las diferentes categorías de contenidos digitales. No obstante, la presente Directiva no se aplica a los contenidos digitales insertados en bienes de forma que operen como parte integrante de los mismos y como un accesorio de las funciones principales de los bienes.

(10)La presente Directiva no debe afectar a las legislaciones nacionales en la medida en que no estén reguladas por la misma, como las legislaciones nacionales que establecen obligaciones para los consumidores hacia el proveedor de contenidos digitales o que regulan la calificación, celebración y validez de los contratos o la legalidad de los contenidos. Los Estados miembros deben poder establecer normas sobre las condiciones detalladas para el ejercicio de derechos, como el derecho a reclamar daños y perjuicios en la medida en que no esté cubierto por la presente Directiva, o normas que dispongan sobre consecuencias de la resolución del contrato aplicables además de las normas sobre restitución reguladas por la presente Directiva.

(4)Los consumidores no confían en las compras transfronterizas y especialmente en línea. Uno de los factores principales que motivan esta falta de confianza de los consumidores es la incertidumbre sobre cuáles son sus derechos contractuales esenciales y la falta de un marco contractual claro para los contenidos digitales. Muchos consumidores de contenidos digitales experimentan problemas relacionados con la calidad o el acceso a los contenidos digitales. Por ejemplo, cuando reciben contenidos digitales erróneos o defectuosos, o no pueden acceder a los contenidos digitales en cuestión. Como resultado de ello, los consumidores sufren perjuicios de índole financiera y no financiera.

(33)Sin perjuicio de los derechos fundamentales a la intimidad, incluida la confidencialidad de las comunicaciones, y a la protección de los datos de carácter personal del consumidor, este debe cooperar con el proveedor para que este último pueda determinar el contenido digital del consumidor mediante el uso de las técnicas menos intrusivas a disposición de ambas partes en las circunstancias determinadas. Esto puede realizarse a menudo, por ejemplo, facilitando al proveedor informes sobre incidentes generados automáticamente o datos de la conexión a internet del consumidor. Solo en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas en las que el mejor uso de otros recursos no resuelva el problema, también puede hacerse permitiendo el acceso virtual al entorno digital del consumidor. No obstante, cuando el consumidor no coopere con el proveedor, corresponderá al consumidor demostrar que los contenidos digitales no son conformes con el contrato.

(25)En los casos en que el contrato no establece elementos de comparación lo suficientemente claros y amplios para determinar la conformidad de los contenidos digitales con el contrato, es necesario establecer un conjunto de criterios de conformidad objetivos que garanticen que los consumidores no se verán privados de sus derechos. En esos casos, la conformidad con el contrato debe evaluarse considerando el fin para el que se utilizarían normalmente contenidos digitales del mismo tipo.

(16)Para garantizar un conjunto común de derechos para los consumidores y unas condiciones equitativas para las empresas, los consumidores deben contar con los mismos recursos para los contenidos digitales que no sean conformes con el contrato, con independencia de la forma en que se hayan desarrollado los contenidos. En consecuencia, la Directiva debe aplicarse a los contratos para el desarrollo de contenidos digitales personalizados para los requisitos específicos del consumidor, incluido software personalizado. La presente Directiva también debe aplicarse al suministro de archivos de modelado visual requeridos en el contexto de la impresión 3D. No obstante, la presente Directiva no debe regular los bienes producidos mediante el uso de tecnología de impresión 3D ni el daño causado en los mismos.

(35)El incumplimiento del proveedor de suministrar contenidos digitales al consumidor de conformidad con el contrato constituye un incumplimiento grave de la principal obligación contractual del proveedor, que debe permitir que el consumidor resuelva el contrato de forma inmediata. Si el proveedor no ha incumplido inicialmente el suministro de contenidos digitales, las interrupciones del suministro que causen que los contenidos digitales no estén disponibles o accesibles para el consumidor en un breve periodo de tiempo deben tratarse como una no conformidad con el contrato, y no como un incumplimiento en el suministro. En particular, el requisito de la continuidad adecuada de los contenidos digitales también debe cubrir más que las interrupciones por un corto periodo de tiempo insignificante del suministro.

(36)En caso de no conformidad con el contrato, los consumidores deben tener derecho como primer recurso a que los contenidos digitales sean puestos en conformidad. Dependiendo de las características técnicas de los contenidos digitales, el proveedor podrá seleccionar una forma específica de poner los contenidos digitales en conformidad con el contrato, por ejemplo haciendo actualizaciones o solicitando que el consumidor acceda a una nueva copia de los contenidos digitales. Dada la diversidad de los contenidos digitales, no procede establecer plazos fijos para el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones en relación con dichos contenidos digitales. Estos plazos pueden no asumir la diversidad y ser demasiado cortos o demasiado largos, según el caso. Por tanto es más adecuado hacer referencia a plazos razonables. Los contenidos digitales deben ser puestos en conformidad con el contrato en un plazo de tiempo razonable y sin cargo alguno; en particular, el consumidor no debe incurrir en ningún coste asociado al desarrollo de una actualización de los contenidos digitales.

(37)Como segundo recurso, el consumidor debe tener derecho a una reducción del precio o a resolver el contrato. El derecho de un consumidor a resolver el contrato debe limitarse a aquellos casos en los que, por ejemplo, no sea posible poner los contenidos digitales en conformidad y la no conformidad afecte a sus características principales de funcionamiento. Si el consumidor resuelve el contrato, el proveedor debe reembolsar el precio pagado por el consumidor o, si los contenidos digitales no se suministran a cambio de un precio sino por el acceso a datos facilitados por el consumidor, el proveedor se abstendrá de utilizarlos, transferir dichos datos a un tercero o permitir que un tercero tenga acceso a los mismos tras la resolución del contrato. Por cumplir la obligación de abstenerse de utilizar los datos debe entenderse que en el caso de que la contraprestación consista en datos personales, el proveedor debe adoptar todas las medidas para cumplir las leyes de protección de datos eliminándolos o transformándolos en anónimos, de forma que el consumidor no pueda ser identificado por ningún medio que el proveedor o cualquier otra persona pudiera utilizar razonablemente. Sin perjuicio de las obligaciones de un responsable de los datos en virtud de la Directiva 95/46/CE, el proveedor no debe estar obligado a realizar trámites adicionales en relación con los datos que el proveedor haya facilitado legalmente a terceros durante la vigencia del contrato de suministro de contenidos digitales.

(38)En el momento de la resolución, el proveedor también debe abstenerse de utilizar los contenidos generados por el consumidor. No obstante, en aquellos casos en los que más de un consumidor hayan generado un contenido en particular, el proveedor tiene derecho a seguir utilizando los contenidos generados por el consumidor cuando esos otros consumidores hagan uso de los mismos.

(39)Para garantizar que los consumidores puedan beneficiarse de una protección efectiva en relación con el derecho a resolver el contrato, el proveedor debe permitir que estos recuperen todos los datos que hayan cargado, producido con el uso de los contenidos digitales o generado mediante el uso de los contenidos digitales. Esta obligación debe ampliarse a los datos que el proveedor esté obligado a retener en virtud del contrato de suministro de contenidos digitales, así como a los datos que el proveedor haya retenido efectivamente en relación con el contrato.

(40)Cuando, tras la resolución del contrato por motivo de una falta de conformidad con el mismo, el proveedor facilite al consumidor los medios técnicos para recuperar los datos, el consumidor debe poder recuperarlos sin cargo alguno; por ejemplo, el gasto de emplear un formato de datos comúnmente utilizado, a excepción de los gastos generados por su propio entorno digital, incluidos los costes de conexión a la red, ya que estos no están relacionados específicamente con la recuperación de los datos.

(41)En el momento de la resolución del contrato, el consumidor no debe estar obligado a pagar por el uso de los contenidos digitales que no sean conformes con el contrato, dado que ello le privaría de una protección efectiva.

(42)Habida cuenta de la necesidad de equilibrar los intereses de consumidores y proveedores, cuando los contenidos digitales suministrados durante un periodo de tiempo a cambio del pago de un precio, dé lugar al derecho de resolución, el consumidor debe tener derecho a resolver solo la parte del contrato que corresponda al tiempo durante el que los contenidos digitales no estuvieran conformes con el contrato. Sin embargo, cuando los contenidos digitales se suministren por una contraprestación no dineraria, la resolución parcial no resulta factible dado que es imposible distribuir proporcionalmente una contraprestación no dineraria.

(43)Debido a su naturaleza, los contenidos digitales no son objeto de desgaste y con frecuencia se suministran a lo largo un periodo de tiempo y no en una entrega única. Se justifica, por tanto, que no se establezca un periodo durante el cual el proveedor sea responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de suministro de los contenidos digitales. En consecuencia, los Estados miembros deben abstenerse de mantener o introducir dicho periodo. Los Estados miembros deben seguir teniendo libertad para basarse en las normas de prescripción nacionales para garantizar la seguridad jurídica en relación con las reclamaciones basadas en la falta de conformidad de los contenidos digitales.

(44)El principio de la responsabilidad por daños y perjuicios del proveedor es un elemento esencial de los contratos de suministro de contenidos digitales. Para aumentar la confianza de los consumidores en los contenidos digitales, este principio debe regularse a nivel comunitario con el fin de garantizar que los consumidores no se vean perjudicados si su hardware o software sufre daños por contenidos digitales no conformes con el contrato. Por tanto, los consumidores deben tener derecho a una indemnización en concepto de daños y perjuicios causados al entorno digital del consumidor debido a una falta de conformidad con el contrato o a un incumplimiento en el suministro de los mismos. No obstante, los Estados miembros deben establecer las condiciones detalladas para el ejercicio del derecho a reclamar daños y perjuicios, teniendo en cuento que los descuentos en el precio de futuros suministros de contenidos digitales, especialmente cuando son ofrecidas por los proveedores como una indemnización exclusiva por daños y perjuicios, no colocan necesariamente al consumidor en una posición lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría si los contenidos digitales se hubieran suministrado debidamente y hubieran estado en conformidad con el contrato.

(45)Por motivos tecnológicos o de otro tipo, el proveedor podría verse obligado a modificar las características de los contenidos digitales suministrados durante un periodo de tiempo. Estos cambios suelen ser a favor del consumidor, ya que mejoran los contenidos digitales. En consecuencia, las partes del contrato pueden incluir en el mismo cláusulas que permitan al proveedor realizar modificaciones. Sin embargo, si dichas modificaciones afectan negativamente a la forma en que el consumidor se beneficia de las principales características de funcionamiento de los contenidos digitales, estas podrían alterar el equilibrio del contrato o la naturaleza del rendimiento en virtud del contrato en la medida en que el consumidor puede no haber celebrado dicho contrato. Por tanto, en estos casos las modificaciones deben estar sujetas a determinadas condiciones.

(46)La competencia es un elemento importante para el buen funcionamiento del mercado único digital. Para estimular dicha competencia, los consumidores deben poder responder a ofertas competitivas y cambiar de proveedor. Con el fin de que esto funcione en la práctica, deben poder hacerlo sin verse limitados por obstáculos de índole legal, técnica o práctica, incluidas las condiciones contractuales o la falta de medios para recuperar todos los datos cargados por el consumidor, producidos por el consumidor mediante el uso de los contenidos digitales o generados a través del uso de los datos digitales por el consumidor. No obstante, también es importante proteger las inversiones existentes y la confianza en los contratos celebrados. En consecuencia, los consumidores deben tener derecho a resolver contratos de larga duración en determinadas condiciones justas. Esto no impide que los consumidores puedan celebrar contratos por periodos contractuales más amplios. Sin embargo, los consumidores deben poder resolver cualquier relación contractual que se prolongue en su totalidad durante un periodo superior a 12 meses. Para evitar cualquier elusión de este derecho, debe cubrir cualquier contrato que vincule al consumidor durante más de 12 meses, con independencia de que el contrato se celebre por un periodo indefinido o se prorrogue automáticamente o previo acuerdo en ese sentido de las partes.

(47)La falta conformidad con el contrato de los contenidos digitales finales suministrados al consumidor se debe con frecuencia a una de las transacciones de una cadena, desde el diseñador original hasta el proveedor final. Mientras que el proveedor debe ser responsable ante el consumidor en caso de falta de conformidad con el contrato entre ambas partes, es importante garantizar que el proveedor cuenta con los mismos derechos frente a los diferentes miembros de la cadena de transacciones para poder cubrir esta responsabilidad hacia el consumidor. No obstante, la legislación nacional aplicable debe ser la que identifique a los miembros de las cadenas de transacciones contra las que puede recurrir el proveedor, así como las modalidades y condiciones de dichos actos.

(48)Las personas o las organizaciones que según la legislación nacional tienen un interés legítimo en proteger los derechos contractuales de los consumidores deben tener derecho a iniciar procedimientos, ante un tribunal o una autoridad administrativa competentes para decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos legales oportunos.

(49)Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe ser obstáculo a la aplicación de las normas del derecho internacional privado, en particular el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(50)La Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejodebe modificarse para reflejar el alcance de la presente Directiva en relación con un soporte duradero que incorpore contenidos digitales cuando se haya utilizado exclusivamente para transferir los contenidos digitales al consumidor.

(51)El Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva en su anexo con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la misma.

(52)La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo debe modificarse para incluir una referencia a la presente directiva en su anexo, con el fin de garantizar que se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la misma.

(53)De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(54)Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obstáculos relacionados con el derecho contractual para el suministro de contenidos digitales y evitar al mismo tiempo la fragmentación jurídica, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, a los fines de garantizar la coherencia global de las legislaciones nacionales mediante una normativa contractual armonizada que facilite además la ejecución de acciones coordinadas, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.