INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de los programas de ayuda macrofinanciera a terceros países en 1994

(95/C 357/01)

SUMARIO

página

I. PANORAMA GENERAL . 3

1. Introducción . 3

2. Ayuda macrofinanciera en 1994 . 4

II. ALBANIA . 25

1. Introducción . 25

2. Resultados macroeconómicos . 25

3. Reformas estructurales . 26

4. Desembolso de las ayudas macrofinancieras . 27

III. ARGELIA . 28

1. Introducción . 28

2. Resultados macroeconómicos . 29

3. Reformas estructurales . 29

4. Desembolso de las ayudas macrofinancieras . 30

IV. ESTADOS BÁLTICOS . 31

1. Introducción . 31

2. Evolución económica reciente . 31

Estonia . 31

Letonia . 32

Lituania . 33

3. Desembolso de las ayudas macrofinancieras . 34

V. BULGARIA . 34

1. Introducción . 34

2. Resultados macroeconómicos . 35

3. Reformas estructurales . 36

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera . 37

VI. MOLDAVIA . 37

1. Introducción . 37

2. Resultados macroeconómicos . 38

3. Reformas estructurales . 39

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera . 39

VII. RUMANÍA . 40

1. Introducción . 40

2. Resultados macroeconómicos . 41

3. Reformas estructurales . 42

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera . 43

VIII. REPÚBLICA ESLOVACA . 43

1. Introducción . 43

2. Resultados macroeconómicos . 44

3. Reformas estructurales . 45

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera . 47

IX. UCRANIA . 47

1. Introducción . 47

2. Resultados macroeconómicos . 48

3. Reformas estructurales . 49

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera . 49

I. PANORAMA GENERAL

1. Introducción

Concebida inicialmente como mecanismo de apoyo a las balanzas de pagos de los Estados miembros, la ayuda macrofinanciera de la Comunidad se hizo extensiva, a partir de 1990, a terceros países, en particular a los de Europa central y oriental, con el fin de respaldar acometer el proceso de transición a una economía de mercado, los países de la región se enfrentaban a unos problemas similares:

- los costes ligados a las primeras fases del proceso de reforma, liberalización y estabilización eran considerables. En especial, los compromisos adquiridos ya desde el principio del proceso de unificar los mercados de cambio y hacer convertible la moneda nacional en las transacciones por cuenta corriente, exigieron un aumento de las reservas de divisas; algunos de estos países se encontraban además bajo el peso de una gravosa deuda pública heredada del anterior régimen;

- además de los costes ligados a la transición, los países de Europa central y oriental (PECO) tuvieron que enfrentarse a grandes sacudidas de índole externa: repercusiones de la guerra del Golfo, cuyo embargo tuvo graves consecuencias en economías tales como la búlgara; derrumbamiento del sistema de comercio del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), que estaba basado en el intercambio de mercancías dirigido por el Estado y a precios artificiales; y, más tarde, las consecuencias del embargo comercial a Serbia y Montenegro;

- los fondos procedentes de los Organismos Financieros Internacionales (OFI), en su mayoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, eran insuficientes.

- Las transferencias del sector privado eran prácticamente inexistentes a causa del relativo desconocimiento de las economías implicadas y de la incertidumbre que presidió las primeras etapas del proceso de reforma y transición.

En vista de todo esto, la Comunidad Europea decidió ampliar sus programas de ayuda macrofinanciera a los países de la región de forma complementaria a la financiación de los Organismos Financieros Internacionales (OFI). También se decidió que, dentro del proceso de coordinación de la asistencia acordado entre los 24 países más industrializados (G-24) con el fin de ayudar a los PECO, la Comisión se encargaría de buscar nuevos proveedores de fondos que colaboraran en el sostenimiento de los programas económicos que estos países estaban llevando a cabo en cooperación con el FMI y el Banco Mundial.

A comienzos de 1991 y por iniciativa de la Comisión Europea, el G-24 acordó unos principios que desde entonces han servido de orientación para todas las operaciones de ayuda macrofinanciera (1):

i) excepcionalidad: todas las acciones se emprenden en virtud de sus características particulares y se suspenden en el momento en que el país beneficiario pueda depender plenamente de los fondos aportados por los OFI o por fuentes privadas de financiación;

ii) complementariedad: el requisito esencial para que la ayuda se haga efectiva es que la balanza de pagos registre un déficit residual importante, pese a los recursos aportados por el FMI y otros organismos multilaterales y a la aplicación de programas rigurosos de reforma y estabilización económica;

iii) carácter condicional: los préstamos se conceden, en general, en tramos sucesivos, cuya liberación está supeditada a la obtención de resultados macroeconómicos y a la aplicación de medidas de ajuste estructural pactados entre los países beneficiarios y el FMI.

En los años 1990-1993 la Unión Europea y el G-24 emprendieron una serie de operaciones de apoyo financiero de este tipo en la mayoría de países de Europa central y oriental asistidos por el G-24 (cuadro 1):

- la primera operación de carácter macroeconómico en favor de un tercer país se remonta a febrero de 1990, cuando el Consejo decidió otorgar a Hungría un préstamo a cinco años por importe de 870 millones de ecus para ayudar a dicho país a superar los problemas derivados del proceso de ajuste estructural pactado en el acuerdo de derechos de giro del FMI;

- en 1991, el Consejo adoptó cuatro nuevas decisiones por las que se concedía asistencia financiera a los PECO por valor de 1 220 millones de ecus: 375 millones para Checoslovaquia, 290 para Bulgaria, 375 para Rumanía y otros 180 para Hungría (2).

- a finales de 1992, el Consejo aprobó otra serie de operaciones por valor de 480 millones de ecus en favor de los PECO que se desglosaba de la siguiente manera: 110 millones de ecus más para Bulgaria; 80 millones más para Rumanía; un préstamo de 220 millones de ecus para los Estados bálticos (40 millones para Estonia, 80 para Letonia y 100 para Lituania); una subvención de 70 millones para Albania (3).

Fuera de la región de Europa central y oriental, el Consejo aprobó otras dos operaciones comunitarias de préstamo en 1991. Como parte del apoyo comunitario a los países mediterráneos afectados por la guerra del Golfo, el Consejo concedió a Israel en julio de 1991 un préstamo blando de 160 millones de ecus. En septiembre de dicho año se concedió un préstamo a medio plazo por valor de 400 millones de ecus a Argelia con el fin de ayudar a este país a efectuar las reformas políticas y económicas por él emprendidas (4).

2. Ayuda macrofinanciera en 1994

En 1994 se concedió ayuda macrofinanciera a una serie de países de Europa central y oriental, a los Nuevos Estados Europeos Independientes (NEI) surgidos tras el desmembramiento de la Unión Soviética y a países de la zona del Mediterráneo, por un valor total de 620 millones de ecus (cuadro 1).

Entre las operaciones a favor de los PECO hay que destacar un nuevo préstamo de hasta 125 millones de ecus para Rumanía, otro de hasta 35 millones para Albania y otro de hasta 130 millones para la República Eslovaca. Por otro lado, el préstamo concedido a Bulgaria en 1992, que no había podido ser desembolsado debido a sus malos resultados macroeconómicos en 1993, ha sido reactivado en 1994 a raíz del nuevo programa económico. Como en años anteriores, todas estas iniciativas se inscribieron en el contexto de las dotaciones financieras del G-24, que complementaban los fondos concedidos por los OFI. En conjunto, las solicitudes de ayuda financiera del G-24 con carácter excepcional ascendieron a 977 millones de dólares estadounidenses, a los que la Comunidad contribuyó aproximadamente en la mitad (lo que lleva la cantidad total de ayuda solicitada al G-24 desde 1991 a 4 300 millones de dólares estadounidenses, véase el cuadro 2).

Entre las operaciones en favor de los NEI hay que destacar un préstamo de hasta 45 millones de ecus para Moldavia y otro de hasta 85 millones para Ucrania. Estas iniciativas se inscriben en la ayuda internacional con carácter excepcional que coordina el Banco Mundial y que movilizó un total de 130 millones de dólares estadounidenses, más 185 millones en concepto de nuevas financiaciones destinadas a completar los recursos de los OFI. En el caso de Ucrania, Rusia y Turkmenistán también hicieron una contribución importante gracias a una reestructuración de la deuda.

En cuanto a la región mediterránea, el préstamo a Argelia aprobado en 1991 (400 millones de ecus) fue reactivado en 1994 a raíz del nuevo programa económico apoyado por el FMI, y se desembolsó un segundo tramo de 150 millones de ecus. En este mismo contexto, a finales de 1994 se aprobó un nuevo préstamo a este país por valor de hasta 200 millones. Una vez más, esta iniciativa se tomó como parte de una acción internacional destinada a proporcionar ayuda complementaria de carácter excepcional; esta ayuda ha supuesto la concesión de nuevas financiaciones bilaterales y operaciones de reestructuración de la deuda por parte de los acreedores del Club de París y del Club de Londres.

Todas las operaciones comunitarias han respondido a los principios establecidos en 1991. Más en concreto, la ayuda macrofinanciera ha servido para respaldar los procesos de reforma económica y cambios estructurales emprendidos por los países beneficiarios. En colaboración directa con el FMI y el Banco Mundial, la Comunidad ha procurado promover acciones diseñadas a medida de las necesidades concretas de cada país y destinadas a estabilizar la situación financiera y a instaurar economías de mercado (los resultados macroeconómicos y los de las reformas de los países beneficiarios se resumen en los cuadros 4 y 5 y se analizan de forma pormenorizada en los próximos capítulos).

Hacia un enfoque centrado en la consecución de determinados objetivos

Dada la amplitud geográfica de las operaciones de ayuda macrofinanciera emprendidas en 1994, las condiciones económicas de los beneficiarios han sido muy variadas. Pero, haciendo abstracción de estas diferencias, los instrumentos macrofinancieros de la Unión Europea han evolucionado de forma significativa. Tratándose de los PECO, en particular:

- la ayuda macrofinanciera forma parte de una acción más amplia de la Unión Europea destinada a facilitar el proceso de transición de los Estados de Europa central y oriental y a crear vínculos con sus países vecinos. El marco normativo de dicha acción ha sido mejorado; en particular, en los años 1991-1995 se firmaron Acuerdos de Asociación con la mayoría de estos países. Por otro lado, en junio de 1993 se dio un paso decisivo cuando el Consejo Europeo aceptó en Copenhague el objetivo de adhesión de los países asociados y presentó medidas políticas y económicas para crear condiciones favorables a tal fin. La futura ayuda financiera, específicamente mencionada en el capítulo sobre cooperación financiera de los Acuerdos de Asociación, debía ser contemplada como parte del contexto de colaboración a largo plazo con los países asociados;

- la transición hacia una economía de mercado se presentaba como algo cada vez más arduo y complejo. Más concretamente, se hacía cada vez más necesario establecer unos vínculos entre estabilización macroeconómica y ajuste estructural (y también hacer especial hincapié en las reformas estructurales). En lo que se refiere al FMI, esto se tradujo en un esfuerzo por integrar mejor estos aspectos en los programas que se negociaban con las autoridades de estos países. De forma paralela, el Banco Mundial ayudaba a las autoridades a diseñar unos programas específicos centrados en la reforma de los sectores empresarial y financiero, apoyados por unas operaciones de préstamo que se inscribían en una determinada política y que estaban condicionadas a la realización de un progreso en el terreno de las reformas estructurales.

Desde el punto de vista de la Unión Europea, todo esto ha afectado a la planificación y al contenido de los programas. Los préstamos de la Unión Europea se van inscribiendo cada vez más en objetivos de política económica y se busca una mayor sinergia con otros instrumentos de subvención (sobre todo, con la asistencia técnica del programa UE-PHARE). Un ejemplo de ello lo constituyen las operaciones iniciadas en 1994 con Bulgaria, Rumanía y la República Eslovaca.

En todo el año 1993 persistieron los desequilibrios macroeconómicos y la reforma avanzó muy poco en Bulgaria y Rumanía. Los acuerdos concluidos en 1992 con el FMI y el Banco Mundial no se materializaron, y los debates sobre nuevos programas globales se prolongaron incesantemente a lo largo de la mayor parte de 1993. Al mismo tiempo, la República Eslovaca, independiente desde hacía poco, debía enfrentarse a la pérdida de las transferencias presupuestarias de las que había disfrutado en tiempos de la Federación. Para todos estos países era primordial acceder a una asistencia financiera internacional. En este momento surgió una voluntad renovada en el terreno de la estabilización y reforma económicas. Esto sucedió a finales de 1993 y comienzos de 1994, cuando las autoridades de los tres países decidieron emprender unos programas globales que pudieran recibir el apoyo de la comunidad internacional. La Unión Europea decidió responder de forma favorable a estas nuevas ayudas macrofinancieras inscritas en el contexto del G-24 con el fin de complementar los acuerdos del FMI y el Banco Mundial.

Aunque las cantidades comprometidas por el G-24 no han tenido, en términos relativos, la amplitud de operaciones anteriores, la coordinación entre la Comisión y los organismos de Bretton Woods ha sido más intensa. También se ha ampliado considerablemente la política de diálogo con las autoridades de estos países.

El diálogo establecido con las autoridades a raíz de la concesión de ayuda macrofinanciera se desarrolla en dos fases:

- en la primera fase, el objetivo principal era el de colaborar en una ejecución rápida de diferentes medidas clave de política económica ya desde el comienzo del programa;

- en la segunda fase, el objetivo principal era analizar la estrategia de reforma estructural del gobierno. Los dos principales ámbitos de análisis eran el proceso de privatización y la reestructuración del sector empresarial público. De forma paralela se celebraron conversaciones con los servicios de UE-PHARE con el fin de buscar la mejor manera de aumentar la capacidad de los diferentes órganos nacionales responsables a la hora de acometer estas tareas.

Tratándose de la estabilización y de la reforma estructural, se han estudiado de cerca las diferentes políticas en estrecha colaboración con el FMI y el Banco Mundial.

La ayuda macrofinanciera a países PECO no asociados ha progresado también, aunque en menor medida. Las operaciones no podían inscribirse en un contexto de colaboración a largo plazo similar a la de los países asociados; sin embargo, se ha hecho el mismo hincapié en las reformas estructurales. En los casos de Moldavia y Ucrania, cuya ayuda macrofinanciera comenzó en 1994 con el fin de respaldar, desde un primer momento, la transición hacia una economía de mercado, son de destacar la introducción de un marco normativo apropiado y la ejecución de importantes reformas estructurales, entre ellas algunas clave como la liberalización del comercio exterior, la implantación de la convertibilidad y la liberación de los precios (fenómenos que en la mayoría de los PECO asociados tuvieron lugar a comienzos de la década).

En Albania, donde ya se ha completado la primera fase de estabilización y reformas económicas, la ayuda ha servido para sostener el cambio de orientación seguido por las autoridades albanesas, que han cambiado de orientación desde unos objetivos más bien a corto plazo dictados por el estado de crisis hacia otros a medio plazo que se inscriben en un programa económico amplio y coherente también a medio plazo. En Argelia, la reanudación de la ayuda de la Unión Europea se ha destinado a apoyar los nuevos esfuerzos por establecer un tipo de cambio convertible y fundamentado en el mercado, así como la liberalización del comercio y de los precios y la instauración de una mayor disciplina financiera para las empresas públicas.

Reparto de la carga

Si bien la ayuda macrofinanciera de la Unión Europea ha ido evolucionando para hacer mayor hincapié en la fijación de unos objetivos inscritos en una determinada política, los recursos movilizados por la Unión han ido disminuyendo sustancialmente (cuadros 3 y 3.1.). La ayuda de la Unión Europea se distinguió en un principio por las grandes cantidades de fondos que se destinaron a apoyar los programas de los organismos de Bretton Woods. La Unión Europea desempeñó un papel fundamental, ya que era el mayor proveedor individual (en 1990 facilitó un 54 % del total de ayudas a la balanza de pagos de Hungría) y además era el coordinador de la ayuda bilateral (operaciones del G-24 en favor de los PECO desde 1991), hechos que le hicieron participar de forma preeminente en el esfuerzo.

Poco a poco, los OFI fueron movilizando más recursos (su contribución aumentó desde un 21 % de las ayudas de sostenimiento de la balanza de pagos - excluidas las de reducción de la deuda- en 1991 a un 70 % en 1994); se creó un nuevo instrumento de préstamo, el Mecanismo de Transformación Sistémica, que, junto con la elevación de los límites de acceso, permitió al FMI aumentar sus ayudas a los PECO y a los antiguos componentes de la Unión Soviética. El Banco Mundial, por su parte, puso en marcha una serie de operaciones sucesivas de ayuda a la balanza de pagos vinculadas a objetivos de política económica (préstamos de ajuste estructural, préstamos de ajuste de los sectores financiero y empresarial (5)).

De forma paralela, se recurrió a la contribución de acreedores externos públicos y privados para que colaboraran en operaciones de alivio y reducción de la deuda (Argelia, Bulgaria, Ucrania), lo que supuso una parte sustancial de las ayudas a la balanza de pagos en 1991 y 1994.

En este sentido, la contribución relativa (6) de la Unión Europea y de otros donantes bilaterales (dejando de lado las operaciones de reducción de la deuda) disminuyó fuertemente, pasando de un 54 % y un 25 %, respectivamente, en 1990, a un 17 % y un 12 % en 1994 (o a un 6 % y un 5 % del total de compromisos si se incluyen las operaciones de reducción de la deuda).

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 2 Ayuda macrofinanciera EU/G-24 a Europa central y oriental desde 1991 (importes acumulados) (Situación en diciembre de 1994)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente: Comisión Europea

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 3 Ayuda a la balanza de pagos de beneficiarios de la ayuda macrofinanciera de la Unión Europea desglosada por proveedores de fondos, 1990-1994 (1) (porcentaje de los compromisos totales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cuadro 3.1.: Ayuda a la balanza de pagos de beneficiarios de la ayuda macrofinanciera de la Unión Europea desglosada per proveederes de fondos, 1990-1994 (en millones de dólares estadounidenses y en porcentaje de las compromisos y desembolsos totales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

II. ALBANIA

1. Introducción

La reforma macroeconómica y los ajustes estructurales de Albania comenzaron en 1992 en un contexto de graves perturbaciones económicas, sociales y políticas. Los esfuerzos decisivos del Gobierno por enderezar la crisis desde el momento en que comenzó su mandato en abril de 1992 han dado su fruto. El programa económico para el período comprendido entre mediados de 1992 y mediados de 1993, que contaba con el respaldo de un acuerdo de derechos de giro del FMI y de una ayuda financiera complementaria de la Comunidad Europea (7) (70 millones de ecus en forma de subvención) y, de forma bilateral, con el de los miembros del G-24, logró invertir la tendencia a la inflación galopante y a la caída de la producción e inició el camino de profundos cambios hacia una economía de mercado. Dentro de este proceso, las autoridades albanas pudieron reorientar su política de medidas fundamentalmente a corto plazo hacia otras medidas más sólidas a medio plazo; a mediados de 1993 concluyeron con el FMI un acuerdo global de una duración de tres años basado en el Servicio financiero reforzado de ajuste estructural (SRAE) (60 millones de dólares estadounidenses). Con el fin de respaldar el programa del FMI, el 28 de noviembre de 1994 el Consejo de Ministros decidió (8) conceder a Albania nuevas ayudas macrofinancieras por un valor de hasta 35 millones de ecus en forma de subvenciones directas; las ayudas se inscribían en una iniciativa del G-24 cuyo objetivo era movilizar un total de 72 millones de dólares estadounidenses.

Albania ha aplicado con éxito los ajustes económicos previstos en los dos primeros acuerdos anuales del SRAE. Algunas de las reformas estructurales sufrieron retrasos a lo largo de 1994. Sin embargo, el Gobierno albanés ha tomado medidas recientemente para acelerar el proceso de ajuste estructural.

2. Resultados macroeconómicos

Los resultados macroeconómicos de 1994 han sido muy satisfactorios. La inflación se redujo, en los doce meses que van de diciembre a diciembre, a un 15 % aproximadamente, mientras que el objetivo del programa era del 24 %. Se estima que la producción ha crecido a un ritmo constante (7,5 %, tras el 11 % de 1993), gracias a las actividades privadas en los sectores de la agricultura, la construcción y los servicios. La balanza por cuenta corriente se comportó mejor de lo esperado, debido en parte al auge de las exportaciones y a la ayuda de las transferencias privadas. Estos resultados macroeconómicos tan positivos son el reflejo de una política presupuestaria y monetaria estríctas; en particular, la financiación interior del déficit presupuestario se mantuvo en un 8 % del PIB. Las reservas de divisas se mantuvieron por encima de los niveles previstos.

Gracias a estos resultados, el Gobierno albanés y el FMI han acordado recientemente un nuevo marco macroeconómico, así como las principales características del presupuesto para 1995: crecimiento real del PIB de un 6 %, reducción de la inflación a un 10 % (de diciembre a diciembre) y un nuevo incremento de las reservas de divisas. A tal fin, el instrumento clave será la reducción de las necesidades financieras internas del Estado, que no deberán sobrepasar un 7 % del PIB.

Para lograr este objetivo presupuestario, a finales de enero el Gobierno decidió aplicar una nueva serie de medidas entre las que se encuentra la eliminación de las exenciones arancelarias. Por otro lado, las autoridades acordaron implantar el IVA a mediados de 1995 para sustituir el anterior impuesto sobre el volumen de negocios, introducir un sistema simplificado de aranceles y continuar reduciendo el número de funcionarios en plantilla.

Estas medidas deberán mejorar los resultados de la balanza de pagos, permitiendo que se constituya una reserva adicional de divisas (antes de la reprogramación de la deuda). Por otro lado, en lo que se refiere a las negociaciones con acreedores externos, las autoridades han concluido recientemente un acuerdo sobre pagos atrasados (de unos 500 millones de dólares estadounidenses, excluidos intereses con el comité consultivo del banco.

Las exportaciones cubren todavía sólo una parte del valor de las importaciones. Sin embargo, dada la existencia de una gran emigración de mano de obra joven aunque poco cualificada a países vecinos (especialmente a Grecia), las remesas de los emigrantes suponen una parte significativa de los ingresos nacionales y superan ampliamente a las exportaciones como fuente de divisas (230-260 millones de dólares estadounidenses al año, frente a los 110-140 millones de 1993-1994). Estas circunstancias han permitido mantener un tipo de cambio estable y financiar el incipiente sector privado (sobre todo el comercio y la construcción), permitiendo incluso desarrollar un sector financiero extraoficial. El déficit por cuenta corriente ha descendido fuertemente (pasando de un 66 % del PIB en 1992 a un 13,5 % en 1994); aún y todo, Albania sigue siendo totalmente dependiente de la financiación exterior, sobre todo cuando se trata de invertir en proyectos de infraestructura.

3. Reformas estructurales

El hecho de que, desde muy pronto, se liberalizaran los precios, el comercio exterior y el régimen cambiario han constituido el gran éxito del Gobierno albanés en los últimos años. La mayoría de los controles de precios y las subvenciones fueron eliminados en 1992-1993. En cuanto al pan y a la energía, el Gobierno decidió atenuar el impacto social de las medidas mediante la introducción de un sistema de compensaciones que debía ir desapareciendo paulatinamente a lo largo de un período limitado. En lo que respecta a la energía, los ajustes de precios resultaron en una espectacular disminución del cobro de facturas y un aumento igualmente considerable de las «pérdidas de carácter no técnico» (sustracciones), así como en graves cortes de energía a finales de 1994 y en la necesidad de recurrir a importaciones de la misma.

Se ha liberalizado en gran parte el comercio exterior. No existen restricciones cuantitativas a la importación; en cuanto a la exportación, sólo se exigen licencias para un número muy limitado de mercancías. El tipo de cambio flota libremente desde julio de 1992, dentro de un mercado de cambios unificado que ha alcanzado un buen nivel de eficacia y solidez gracias a la autorización, desde el principio del proceso, de agentes y oficinas de cambio (con la asistencia técnica PHARE al Banco Central).

La situación en el sector agrario ha cambiado de forma espectacular tras la privatización de las antiguas cooperativas y la liquidación de las explotaciones estatales. Se estima que un 96 % del suelo cultivable está en manos del sector privado, y la producción agraria se encuentra de nuevo en auge (en 1993 y en 1994 aumentó en un 14 % y en un 7 %, respectivamente). Sin embargo, falta mucho para terminar con el registro de tierras, y a mediados de 1994 se detuvo la asignación de títulos de propiedad temporales; por otro lado, los receptores de las tierras que pertenecían a explotaciones estatales sólo se consideran «usuarios» de las mismas; y lo exiguo de las nuevas parcelas privadas (1,5 ha de promedio) constituye un obstáculo para el aumento de la productividad. Por otro lado, la formación de unidades mas grandes se hace muy dificil por la falta de un auténtico mercado de la propiedad agraria.

La privatización de los pequeños comercios, así como la del sector de las viviendas públicas comenzó con gran ímpetu en 1992 mediante la venta directa a los empleados o inquilinos a precios simbólicos. Tras la promulgación de una legislación sobre restituciones e indemnizaciones a comienzos de 1993, las autoridades continuaron con la privatización de pequeñas y medianas empresas mediante un procedimiento descentralizado bajo la responsabilidad de las autoridades locales. En la actualidad el proceso casi ha terminado, permitiendo que estas pequeñas empresas sigan funcionando y desarrollando sus actividades privadas. En cuanto a las empresas estatales más importantes, el progreso no es tan evidente. Dado lo obsoleto de sus instalaciones, muchos sectores industriales no son ya viables y no podrán funcionar de forma económicamente aceptable ahora que las subvenciones presupuestarias se han reducido fuertemente; por otro lado, la administración no tiene la capacidad de llevar a cabo reestructuraciones a gran escala, y no hay tradición ni experiencia en lo que se refiere a la producción y comercialización de productos de cara a la exportación.

La reforma del sector bancario avanzó poco en 1994. Los tres bancos estatales especializados (la Caja de Ahorros, para las familias, el Banco Comercial Nacional, para las empresas y el Banco Comercial Rural, para el sector agrario) están aún inundados de préstamos de dudoso cobro a pesar de los diferentes intentos de sanear sus deudas. Los dos últimos bancos mencionados se encuentran prácticamente en quiebra, y la Caja de Ahorros no es totalmente autónoma del Banco Central. Todavía no se ha determinado una estrategia para cada uno de estos bancos. Mientras tanto, se ha desarrollado una especie de actividad bancaria extraoficial. Esta actividad parece ser útil y eficaz, aunque, al parecer, los tipos de interés son muy altos.

A comienzos de 1995 el Gobierno de Albania tomó una serie de medidas y se comprometió a adoptar soluciones a los problemas de los diferentes ámbitos.

En lo que se refiere al sector agrario, el Gobierno ha tomado las medidas necesarias para constituir un auténtico mercado de la propiedad agraria, terminar el registro de las propiedades y la distribución de los títulos temporales, y sustituir la consideración de «usuario» por la de arrendatario.

En cuanto a la privatización y reforma del sector empresarial, se han estudiado medidas respecto a las tres categorías de grandes empresas (las empresas más problemáticas y sensibles, los servicios públicos y empresas basadas en recursos naturales, y las demás empresas):

- el primer grupo está formado por unas 32 empresas estatales que dependen del . Organismo para la reestructuración de empresas; el Gobierno ha determinado unos objetivos claros de privatización o liquidación (ésta precisa nueva normativa). Se ha constituido un pequeño grupo de cinco empresas, que engloban a la mitad de la mano de obra empleada por las empresas dependientes del Organismo, para las cuales se piensa adoptar en breve una estrategia específica;

- respecto a los servicios públicos y a las empresas basadas en recursos naturales, en 1994 se ha avanzado muy poco; el Gobierno ha redactado recientemente un proyecto de normativa que permitirá una eventual privatización de estas empresas;

- en cuanto a las «demás empresas», el objetivo del Gobierno es privatizarlas lo antes posible recurriendo, si es necesario, a un programa de privatización en masa. En este proceso, será necesario no entorpecer la inversión extranjera.

Por el momento no se ha adoptado una estrategia clara que resuelva el futuro de los tres bancos estatales. Existen planes económicos, pero se limitan a la racionalización de la gestión de los bancos. Se espera que las auditorías que en breve se van a realizar arrojen más luz sobre este punto. Quizá entonces sea posible adoptar una estrategia más definida. Por otro lado, van a agilizarse los trámites de concesión de licencias para facilitar el acceso al mercado de nuevos bancos y, posiblemente, el registro de parte de las actividades bancarias extraoficiales y clandestinas.

Mientras tanto, el Banco Central está procurando mejorar su capacidad y su eficacia, recurriendo a unos instrumentos de política monetaria que le permitan prescindir de los límites crediticios fijados banco a banco.

4. Desembolso de las ayudas macrofinancieras

Como se ha señalado antes, el 28 de noviembre de 1994 el Consejo de Ministros aprobó una nueva ayuda macrofinanciera a Albania por un valor máximo de 35 millones de ecus. Estas subvenciones deberán completar las ayudas concedidas por el FMI con arreglo al acuerdo SRAE iniciado a mediados de 1993, con el objetivo de mejorar la situación de la balanza de pagos y aumentar las reservas de divisas del país.

El primer tramo de estas ayudas (15 millones de ecus) fue abonado en mayo, tras la firma del Protocolo de Acuerdo que disponía las condiciones macroeconómicas y estructurales ligadas a las ayudas.

Se espera que el desembolso del segundo tramo tenga lugar a finales de este año, siempre que se compruebe un avance satisfactorio de la aplicación del SRAE en Albania y se estime que los resultados de las reformas estructurales son positivos. Al efectuar este análisis, deberá prestarse especial atención a los avances en los ámbitos de la liberalización, la deuda externa, la reforma presupuestaria, la inversión pública, los sectores empresarial y bancario y la agricultura.

III. ARGELIA

1. Introducción

En septiembre de 1991, el Consejo decidió conceder a Argelia um préstamo por valor de 400 millones de ecus que sería desembolsado en dos tramos (9). En diciembre de 1991 se firmó el acuerdo de préstamo con su correspondiente Protocolo de Acuerdo en el que se especificaban las condiciones. El primer tramo de 250 millones de ecus se liberó inmediatamente, ya que se cumplían las dos condiciones correspondientes, la conclusión de un acuerdo de derechos de giro con el FMI y de un acuerdo de refinanciación y reprogramación de la deuda comercial con sus bancos acreedores.

De acuerdo con el Protocolo de Acuerdo, la liberación del segundo tramo de 150 millones de ecus estaba sujeta a dos series de condiciones: la observancia, desde el punto de vista cuantitativo, de los resultados macroeconómicos fijados en el programa del FMI, y un análisis positivo por parte de la Comisión de los avances de reforma estructural realizados en algunas áreas específicas. Sin embargo, para mediados de 1992 el programa acordado con el FMI había perdido el rumbo y los resultados macroeconómicos no se habían cumplido.

Mientras tanto, llegó al poder un nuevo gobierno que detuvo la mayor parte del programa de reforma económica y que dió marcha atrás en algunas de las medidas de liberalización. A lo largo de todo el año 1993 se impusieron controles estrictos de precios, la vigilancia administrativa de las importaciones y un severo régimen de asignación de divisas que asfixiaron la actividad económica. La apreciación del tipo de cambio real y la relajación de la política fiscal aumentaron el déficit presupuestario. Hacia finales de año, la caída de los ingresos por exportación de hidrocarburos hizo que a Argelia le fuera imposible hacer frente al servicio de la deuda.

En este contexto, a finales de 1993 comenzaron negociaciones con el FMI que lleveron a la aprobación en mayo de un acuerdo de derechos de giro para un período de doce meses (10) por un valor de unos 1 000 millones de dólares estadounidenses. En junio de 1994, Argelia obtuvo por primera vez un acuerdo con el Club de París sobre la reprogramación del pago de su deuda bilateral durante el período que durara el programa del FMI. Por otro lado, el programa recibió el apoyo financiero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Árabe, del Banco Africano de Desarrollo y de Japón. Las autoridades solicitaron a la Comisión que se liberara lo antes posible el segundo tramo de ayudas de 1991, así como nuevas ayudas macrofinancieras en el contexto del nuevo programa.

2. Resultados macroeconómicos

Desde la adopción del nuevo programa económico se han conseguido avances en la estabilización de la economía y en la realización de reformas económicas. El dinar argelino fue devaluado en un 45 % y el régimen de tipo de cambio fijo fue sustituido por una flotación dirigida con la que se pretendía una estabilización del tipo de cambio real. Se liberaron considerablemente los precios, las importaciones y el acceso a divisas extranjeras. Las subvenciones al consumo se han ido reduciendo paulatinamente y se ha instaurado una red de protección social más efectiva. Se ha endurecido la disciplina financiera de las empresas estatales y se han dado los primeros pasos hacia su privatización.

El déficit presupuestario cayó desde un 9,2 % del PIB en 1993 a un 5 % en 1994; el objetivo de la Ley presupuestaria de 1995 es del 2 %. La política monetaria es más rigurosa y los tipos de interés han aumentado, aunque todavía no son positivos en términos reales. A pesar de la fuerte devaluación y de los ajustes de precios, la inflación ha aumentado ligeramente, pasando del 21 % en 1993 al 29 % en 1994; se espera que la inflación mensual media no exceda a finales de 1995 el 10 %. Sin embargo, el crecimiento económico no se ha recuperado como vaticinaba el programa del FMI. El crecimiento del PIB para 1994 fue revisado a la baja desde un 3 % a alrededor del 0 %, en parte debido a la sequía que perjudicó la producción agraria, pero también a problemas políticos y de seguridad que, de no cambiar la situación, podrían dañar la propia aplicación del programa de reforma económica.

Los ingresos por exportaciones, derivados sobre todo de los hidrocarburos, volvieron a descender en 1994 a pesar de la subida de los precios mundiales del petróleo. Las importaciones aumentaron en un 15 % tras su liberación y la del régimen cambiario. Se ha terminado con la penuria de productos de consumo y bienes de equipo. Como resultado de esta liberalización, la balanza por cuenta corriente se ha deteriorado, como preveía el programa, pasando de un superávit de 800 millones de dólares estadounidenses en 1993 a un déficit de 4 400 millones de dólares estadounidenses. Esto se financió principalmente mediante una reprogramación de la deuda bilateral con el Club de París (equivalente a unos 3 600 millones de dólares estadounidenses). También se iniciaron negociaciones con los bancos acreedores del Club de Londres pero todavía no se ha llegado a una conclusión. La reducción del servicio de la deuda comercial contribuyó en aproximadamente 800 millones de dólares estadounidenses a la financiación de la balanza de pagos en 1994.

La financiación de carácter excepcional ha permitido que el Banco de Argelia elimine pagos atrasados por un total de 500 millones de dólares estadounidenses y fortalezca la situación de sus reservas de divisas, que a finales de 1994 se situaban cerca de los 2 200 millones de dólares estadounidenses (2,4 meses de importaciones); a comienzos de dicho año sólo ascendían a 1 400 millones.

3. Reformas estructurales

En abril de 1994 se suprimieron los estrictos controles administrativos que existían sobre las importaciones y se suprimieron las asignaciones de divisas, sustituyéndolos por un régimen más libre con un sistema de criterios profesionales que debían ser observados por los importadores y una lista limitada de importaciones prohibidas. Esta última ha ido acortándose paulatinamente hasta desaparecer a finales de 1994, con la excepción de algunos arículos prohibidos por razones religiosas o de seguridad. La lista de mercancías sujetas a criterios profesionales también está reduciéndose y se espera que desaparezca a finales de 1995. También se ha suprimido el monopolio estatal sobre algunas importaciones. Se ha liberalizado completamente el acceso a las divisas extranjeras en todas las transacciones visibles por cuenta corriente que realicen las empresas públicas y privadas. Sólo siguen sujetas a autorización las importaciones financiadas mediante créditos extranjeros.

Los cinco bancos estatales han sido objeto de auditoría de forma regular desde 1992, y se han instaurado unos planes de desarrollo institucional. El Banco de Argelia ha mejorado su capacidad de supervisión y ha establecido una normativa y unos controles cautelares más eficaces. Aunque los bancos pueden fijar libremente sus tipos de interés acreedores y deudores, se ha impuesto un diferencial máximo de cinco puntos ente ellos para cada banco. Se espera que en 1995 se firmen contratos de gestión ente el Ministerio de Hacienda y los directivos de los bancos. Estos últimos recibirán una licencia para ejercer siempre que se respeten los requisitos cautelares fijados por el Banco de Argelia.

El marco jurídico de las empresas privadas ha mejorado considerablemente. En 1993 se promulgó un nuevo código comercial que situaba a las empresas públicas y privadas en pie de igualdad. El código de inversiones autoriza la inversión extranjera en todos los sectores de la economía y garantiza la completa repatriación de los beneficios. En enero de 1995 se aprobó un ley de defensa de la competencia que liberaliza los precios y limita de forma estricta los carteles y monopolios.

En 1992 le fue reconocida la autonomía a casi 400 empresas públicas, cuya gestión fue transferida a varios fondos de participación. Se han preparado planes de reestructuración para las restantes 23 empresas públicas no autónomas que, una vez que se firmen los contratos de gestión y el Tesoro les conceda una aportación única de fondos de reorganización, serán reconocidas como autónomas a finales de 1995.

La posibilidad de privatizar empresas públicas fue reconocida por primera vez con la Ley presupuestaria de 1994, que autorizaba la venta de activos públicos. En noviembre de 1994 se lanzó un programa piloto de privatización que afectaba a cinco hoteles. En la actualidad se está preparando una ley y un programa de privatización de carácter más global. Hay que señalar, sin embargo, que la situación política y de seguridad en Argelia no es propicia, en la actualidad, para la inversión nacional o extranjera del sector privado.

4. Desembolso de las ayudas macrofinancieras

Tras el acuerdo de principio concluido entre las autoridades argelinas y el FMI en abril de 1994, y la solicitud de nuevas ayudas macrofinancieras, el Consejo respaldó la propuesta de la Comisión de liberar el segundo tramo del programa de 1991 y aprobó en principio las nuevas ayudas macrofinancieras por un valor de 200 milliones de ecus.

El segundo tramo de 150 millones de ecus fue abonado en el mes de agosto y el 22 de diciembre de 1994 el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión por la que se concedían 200 millones adicionales en concepto de ayuda macrofinanciera que serían liberados en dos tramos (11). A comienzos de 1995 se concluyó un Protocolo de Acuerdo en el que se especificaban las condiciones de concesión del primer tramo de 100 millones de ecus. Las condiciones relativas a las reformas estructurales afectan a la liberación de las importaciones y del régimen cambiario, a las reformas del sector financiero y a la reestructuración y privatización de empresas públicas. Por otro lado, el Protocolo de Acuerdo hace hincapié en el ámbito social y en la necesidad de coordinar las ayudas macrofinancieras y otros instrumentos de ayuda de la Comunidad, todo lo cual facilitaría el proceso de reforma económica. El primer tramo será abonado en cuanto se lleven a la práctica las reformas económicas recogidas en el Protocolo de Acuerdo - normalmente, a mediados de 1995 -, y siempre que el programa del FMI siga su curso.

Las condiciones relativas a la entrega del segundo tramo serán negociadas posteriormente una vez que se abone el primero y el FMI apruebe un nuevo programa con Argelia.

IV. ESTADOS BÁLTICOS

1. Introducción

Los tres Estados bálticos, que recuperaron su soberanía en agosto de 1991, habían ya iniciado sus reformas durante el antiguo régimen a raíz de la adopción por parte del Soviet Supremo de la Ley de independencia económica de estos países en novienbre de 1989. En 1992, cuando ya habían emprendido decididamente el camino de la reforma hacia una economía de mercado, las perspectivas económicas empeoraron. El desmantelamiento de las relaciones comerciales entre las antiguas Repúblicas Soviéticas y el alineamiento de los precios de la energía procedente de Rusia con los niveles mundiales resultaron en una fuerte sacudida comercial y un déficit de la balanza de pagos que, sin un apoyo internacional, parecían insuperables. Los tres países determinaron unos programa de estabilización y reforma que cubrían el período comprendido entre mediados de 1992 y de 1993 y celebraron acuerdos de derechos de giro con el FMI. Se recurrió a los países del G-24 para compensar el resto del déficit de la balanza de pagos previsto para el período del programa, que se evaluaba en unos 105 millones de dólares estadounidenses en el caso Estonia, 210 en el de Letonia y 285 en el de Lituania. A la vista de las buenas perspectivas de apoyo que se obtuvieron ante el G-24, el consejo de administración del FMI aprobó en septiembre y octubre de 1992 los citados acuerdos de derechos de giro.

En noviembre de 1992 el Consejo de la Comunidad Europea aprobó ayudas macrofinancieras por valor de hasta 220 millones de ecus para los tres países (12) (40 millones de ecus para Estonia, 80 para Letonia y 100 para Lituania) con el fin de apoyar sus respectivos programas. La mayor parte de las ayudas bilaterales restantes del G-24 procedían de Japón y los países de la AELC. A comienzos de 1993 se firmaron acuerdos de préstamo y Protocolos de Acuerdo entre la Comunidad y cada beneficiario. La Comisión desembolsó los primeros tramos (50 % del total) en marzo de 1993, en los casos de Estonia y Letonia, y en julio de 1993, en el de Lituania. La liberación de los segundos tramos se condicionó a una evaluación positiva de los resultados, tanto en lo relativo a la estabilización macroeconómica como al progreso de las reformas estructurales, como se disponía en el Protocolo de Acuerdo.

2. Evolución económica reciente

Estonia

Estonia comenzó su proceso de liberalización - sobre todo en lo que respecta a los precios - ya en 1990 y 1991, durante el antiguo régimen soviético. En 1990 se reconstituyó el Banco de Estonia. En marzo de 1992 se eliminaron la mayoría de aranceles de importación, con la excepción de algunas mercancías tales como automóviles, tabaco y alcohol. Para mediados de 1992 prácticamente había finalizado la liberalización de precios. En junio de 1992 se instauró la corona estonia, que fue vinculada al marco alemán a razón de ocho coronas por marco alemán, con arreglo a un sistema de «currency board». Este sistema, instrumento propio de una política monetaria restrictiva con arreglo al cual esta última está limitada por el nivel de reservas de divisas en poder del Banco Central, fue de gran utilidad para estabilizar la economía y contener la inflación en 1993 en niveles de dos cifras. La paridad de la corona con el marco alemán no ha sido modificada desde 1992.

La evolución más reciente es positiva. A finales de 1993 la economía estonia superó la recesión y en 1994 su PIB aumentó en un 6 % a pesar de una grave sequía que perjudicó seriamente la producción agraria. Con arreglo a la disciplina del «currency board», el crecimiento de la masa monetaria fue moderado y disminuyó a un nivel del 30 %. El presupuesto general del Estado se mantuvo en equilibrio, reflejando así la mejora de los ingresos. Sin embargo, la inflación se mantuvo a un nivel muy alto, con un índice de precios al consumo (de diciembre a diciembre) que aumentó a un 47 %. Tras la constitución del Organismo Estonio de Privatización en 1993 con el fin de orientar la política económica hacia una perspectiva empresarial, la privatización se aceleró a comienzos de 1994. El proceso de privatización a pequeña escala casi ha terminado, ya que han sido vendidas 1 500 pequeñas empresas e incluso, para finales de año, 258 grandes empresas.

La reorientación del comercio del país hacia las economías occidentales fue muy marcada: en 1994 la Unión Europea y los de la AELC recibían un 65 % de las exportaciones estonias y susponían más del 70 % de las importaciones. La recuperación del crecimiento y la inversión llevó a un aumento de las importaciones. A pesar del fuerte incremento de las exportaciones, la balanza comercial de 1994 fue negativa por primera vez desde 1991, y el déficit por cuenta corriente alcanzó un 6,5 % del PIB. Sin embargo, debido al gran flujo de inversión privada extranjera directa, la balanza de capital registró un importante excedente que permitió que las reservas de divisas siguieran aumentando. El 1 de enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

El programa fundamentado en el acuerdo de derechos de giro del FMI para el período comprendido entre octubre de 1993 y marzo de 1995 siguió su curso y en marzo de este último año el Fondo aprobó un nuevo acuerdo de derechos de giro por una cantidad de 14 millones de DEG (unos 21 millones de dólares estadounidenses) para un nuevo período de quince meses. Sin embargo, se piensa que las autoridades estonias no utilizarán estos fondos a no ser que sean necesarios.

Letonia

Como en los demás Estados bálticos, las reformas en Letonia comenzaron ya durante el régimen soviético. Para mediados de 1992 se habían liberalizado los precios y el comercio exterior. En 1992 se estableció un sistema bancario de dos niveles. A mediados del mismo año el país abandonó la zona del rublo, introdujo una moneda temporal (el rublo letón) e inició un proceso de estabilización, especialmente gracias a una política monetaria estricta, y nuevas reformas estructurales. Letonia siguió una disciplina presupuestaria estricta que en 1993 le permitió lograr un superávit del presupuesto general del Estado (0,6 % del PIB) tras el pequeño déficit de 1992 (0,8 %). En 1992 se inició la privatización de pequeñas empresas. En verano de 1992 se introdujo una nueva moneda nacional, el lats. Las estrictas medidas de estabilización produjeron resultados notables. A finales de 1993 la inflación había sido contenida a un 35 % (de diciembre a diciembre).

La evolución de 1994 ha sido ampliamente positiva. Tras una drástica contracción de la producción en los años anteriores (el PIB disminuyó un 35 % en 1992 y un 15 % en 1993), el PIB se estabilizó y comenzó a aumentar hasta alcanzar un 2 %. La inflación continuó disminuyendo hasta llegar a un 26 % (de diciembre a diciembre). El déficit financiero del presupuesto se mantuvo dentro del objetivo previsto del 2 %, a pesar de los grandes aumentos de salarios y pensiones. Sin embargo, debido a la decisión de las autoridades de prestar fondos al servicio letón de electricidad con el fin de pagar atrasos de la factura de gas a Rusia, el déficit presupuestario, que llegó a un 4 % del PIB, fue más alto de lo esperado.

Las exportaciones se mantuvieron relativamente estables hasta 1993, pero en 1994 las importaciones aumentaron significativamente, lo que llevó a un déficit por cuenta corriente de aproximadamente un 3,4 % del PIB, frente al superávit de 1993. Sin embargo, como en 1993, la balanza de capital se mantuvo excedentaria gracias, sobre todo, a un importante flujo de capital privado que permitió la consolidación del nivel de reservas de divisas del país, suficientes para cinco meses de importaciones. El 1 de enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

Las autoridades siguieron impulsando las reformas estructurales. Con el fin de consolidar el sector financiero, se prestó apoyo a los balances de los dos bancos principales, el Banco Universal de Letonia y la Caja de Ahorros de Letonia. Dentro de una operación de endurecimiento del sistema de supervisión, en 1994 se retiró la licencia a nueve bancos. En noviembre las autoridades lanzaron subastas para la privatización de 68 grandes empresas, operación que había sido retrasada hasta que se resolviera el problema de los derechos de propiedad.

El programa del acuerdo de derechos de giro del FMI para el período comprendido entre diciembre de 1993 y marzo de 1995 siguió su curso. Las autoridades letonas y el FMI acordaron un nuevo acuerdo de derechos de giro para un nuevo período de trece meses, que el consejo de administración del FMI aprobó en abril de 1995 por un total de 27,45 millones de DEG (unos 41 millones de dólares estadounidenses). Pero, como en el caso de Estonia, no se piensa que las autoridades utilicen estos fondos, a no ser que el nivel de reservas descienda de forma alarmante.

Lituania

La reformas estructurales comenzaron en Lituania ya en febrero de 1991, cuando se autorizó a las empresas a aumentar sus precios dentro de ciertos límites. A comienzos de 1992 se había liberalizado la mayoría de ellos. La privatización comenzó también en 1991. En el mes de abril se llevó a cabo una distribución de bonos, y en septiembre de dicho año tuvieron lugar subastas de empresas pequeñas. En primavera de 1992 Lituania abandonó la zona del rublo y emitió una moneda temporal, el talonas. En julio de 1993 se introdujo una nueva moneda, el litas. En otras áreas las reformas fueron más lentas, especialmente en la de la estabilización macroeconómica, la liberalización del comercio exterior y la del sector financiero. El proceso de liberación y los cambios en la estructura de los precios llevaron a un alto nivel de inflación, que en 1992 llegó a un promedio del 720 %. En primavera de 1993 se siguió una política monetaria más estricta, así como una gestión más racional del presupuesto estatal, que se mantuvo excedentario, permitiendo en 1993 un descenso de la inflación (190 % de promedio anual).

Tras varios años de recesión, en 1994 el PIB se estabilizó y subió ligeramente (+2 %, según estimación). En abril de 1994 el Gobierno implantó un sistema de «currency board», por el cual la masa monetaria en circulación debe limitarse a las reservas de divisas en poder del Banco de Lituania. El litas está vinculado al dólar a razón de 4 litas por dólar. Éste constituyó un gran paso hacia la estabilización de la economía. El crecimiento monetario con arreglo al nuevo sistema se ha mantenido moderado y la inflación siguió disminuyendo hasta un 45 %. El presupuesto de 1994 arrojó un déficit aproximado de un 3 % del PIB debido a unos ingresos inferiores a lo previsto, especialmente en el primer semestre. La lentitud en el registro de las nuevas empresas del sector privado, así como los retrasos en la transición desde un sistema de impuestos especiales a otro de impuesto sobre el valor añadido puede explicar estos ingresos deficientes. El comercio exterior recibió un nuevo impulso hacia la liberalización en mayo, cuando las autoridades suprimieron los aranceles de importación de diversos bienes; desde entonces, dos tercios de las importaciones estarían gravadas con un tipo cero, y la mayoría de resto con un tipo del 10 %. Sin embargo, en julio los aranceles de un gran número de productos agrarios aumentaron en un promedio del 40 %. La participación de los países occidentales en el comercio exterior del país sigue aumentando. Un 50 % aproximadamente de las exportaciones de Lituania se dirigen hacia los mercados occidentales. Las balanzas comercial y por cuenta corriente de Lituania son deficitarias desde 1993. En 1994 la balanza por cuenta corriente registró un déficit de 375 millones de dólares estadounidenses (un 0,4 % del PIB). Debido a la gran entrada de capitales privados y públicos, este déficit fue cubierto en gran parte por los excedentes de capital. Las reservas de divisas, que bajo el sistema del «currency board» se convierten en un factor de gran importancia, siguieron aumentando y a finales de año equivalían a tres meses de importaciones. El 1 de enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

1994 fue también un año de grandes cambios desde el punto de vista estructural. La privatización continuó su marcha; para el mes de septiembre, un 76 % de las empresas susceptibles de privatización, que suponían un 30 % de los activos del Estado, habían sido privatizadas. En diciembre se promulgó la Ley del Banco Central, que a comienzos de 1995 fue seguida por la adopción del sector bancario. Los resultados del acuerdo de derechos de giro celebrado con el FMI para el período comprendido entre octubre de 1993 y marzo de 1995 fueron satisfactorios. Tras la aprobación el otoño pasado del programa trianual del Gobierno, que persigue un crecimiento sostenido del 5 % del PIB, el FMI aprobó el 24 de octubre unos créditos que se inscriben en el marco del Servicio Ampliado del Fondo que sustituye al programa de derechos de giro (134,55 millones de DEG, unos 202 millones de dólares estadounidenses). Esto deberá permitir a Lituania constituir las reservas necesarias y financiar sus importaciones de energía y otras importaciones ligadas a inversiones.

3. Desembolso de las ayudas macrofinancieras

Por cuanto antecede, la Comisión considera que los resultados que constituyen la condición para la concesión de préstamos de la Comunidad han sido sobradamente cumplidos por los tres países. Los Estados bálticos han seguido con éxito las políticas de estabilización acordadas con el FMI, que en octubre de 1994 reanudó su apoyo a Lituania mediante el Servicio ampliado del Fondo, y a Estonia y Letonia mediante acuerdos de derechos de giro en marzo y abril de 1995, respectivamente.

Aunque los signos de recuperación económica se multiplican en los Estados bálticos, es de prever que la situación de su balanza por cuenta corriente se deteriorará en los años 1995-1996 a causa de la fuerte demanda de importaciones ligadas a inversiones. Por lo tanto, es posible que estos países experimenten en los próximos años un gran déficit por cuenta corriente y que tengan que depender en gran parte de la entrada de capitales. Debido al previsible aumento de la demanda de financiación en divisas que se producirá en estos países por la necesidad de sufragar las inversiones, la Comisión, tras consultar el Comité Monetario, acordó, de forma excepcional, financiar proyectos viables; este acuerdo se plasma en Protocolos de Acuerdo adicionales negociados con las autoridades conel fin de canalizar el grueso del segundo tramo de los préstamos a través de los bancos nacionales.

El desembolso del segundo tramo de los préstamos se ha aplazado. En los casos de Letonia y Lituania se debió a que, a comienzos de 1994, la Comisión solicitónuevas pruebas sobre el progreso realizado en el campo de las reformas estructurales, especialmente en las áreas de la privatización y el sector financiero. En el caso de Estonia, país que ha avanzado más rápidamente tanto en lo relativo a la estabilización como a las reformas estructurales, la liberación del segundo tramo suspendió hasta que las autoridades garantizaran su voluntad de canalizar el grueso de los fondos de los préstamos a través del sector bancario.

V. BULGARIA

1. Introducción

Durante la mayor parte de 1993, la economía búlgara atravesó una fase de transición crucial. El PIB siguió reduciéndose, el déficit presupuestario aumentó, el crédito bancario nacional creció a gran velocidad, la disciplina financiera de las empresas estatales se debilitó y el ritmo de la ambiciosa reforma y del proceso de ajuste estructural disminuyó de manera significativa. Al mismo tiempo, el Banco Central (BNB) controló el tipo de cambio mediante importantes intervenciones orientadas a frenar la depreciación del lev, mantener la liberalización de los precios y el comercio y hacer avanzar la reforma fiscal. Debido a graves errores de política, a una deficiente gestión macroeconómica y a la creciente incertidumbre sobre el ritmo de la reforma, el país se vió, en 1993, prácticamente privado del apoyo financiero internacional y no pudo concertar con el FMI un nuevo acuerdo de derechos de giro.

El último trimestre de 1993 las condiciones económicas globales mejoraron considerablemente, como consecuencia de dos importantes hechos:

- el logro de un acuerdo preliminar con los acreedores comerciales de Bulgaria para la reducción global de la deuda y del servicio de la misma (RDSD),

- la formulación de un nuevo programa de medidas viable para 1994.

En abril de 1994, el FMI aprobó un paquete de ayuda global por importe de 421 millones de dólares estadounidenses (97 millones de dólares a través de un acuerdo de derechos de giro con una vigencia de doce meses, y 324 millones de dólares a través de un Mecanismo de Transformación Sistémica). En julio, las autoridades búlgaras llegaron con sus acreedores de la banca comercial a un acuerdo para la reducción de la deuda. En septiembre, el Fondo y el Banco Mundial decidieron aumentar su contribución financiera en 225 millones de dólares estadounidenses, al objeto de que Bulgaria pudiera hacer frente a los primeros pagos para la reducción de la deuda.

Asimismo en abril, dentro del proceso de coordinación del G-24, la Comunidad decidió confirmar su compromiso de concesión de un préstamo por un importe de 100 millones de ecus, que, si se juzgara necesario, podría ampliarse hasta los 150 millones (13). El resto de compromisos financieros adquiridos por el G-24 con Bulgaria suponen 93,7 millones de dólares estadounidenses.

2. Resultados macroeconómicos

El programa de medidas para 1994 giraba en torno a la necesidad de aplicar una política presupuestaria y una política monetaria rígidas, con vistas a restablecer el equilibrio interno y externo. Es a través de estas políticas, y no de las intervenciones del Banco Central, como se logrará la estabilidad del tipo de cambio. Las medidas para conseguir la estabilización van acompañadas de un ambicioso programa de reforma estructural, basado en una mayor racionalización y privatización de los activos estatales, el refuerzo del control financiero de las empresas que registran pérdidas, la culminación del programa de restitución y un control más estricto del acceso al crédito.

Los logros han sido desiguales. En 1994, la economía búlgara dejó de contraerse. El PIB real aumentó un 1,4 % (-2,4 % en 1993). La producción industrial creció un 4 % (-8,5 % en 1993), debido a la existencia de condiciones más favorables para las empresas, a la expansión del sector privado y a nuevas posibilidades de exportación. El sector agrario creció un 11 % en 1994; el sector servicios registró, en su conjunto, un deterioro. El desempleo descendió, pasando del 16 % en 1993, a alrededor del 13 % en 1994, como consecuencia, en parte, del giro dado por la economía, y, en parte, de haberse eliminado de las listas de la oficina de empleo un importante número de desempleados considerados no aptos para beneficiarse de prestaciones sociales.

Pese a la rigidez de las políticas monetaria y crediticia, en 1994 se produjeron notables fluctuaciones de los precios, a causa de la liberalización de éstos y de contratiempos en la política económica, en especial las turbulencias registradas en los tipos de cambio. La inflación interanual, con arreglo al IPC, se situó en el 121,9 % (63,8 % en 1993).

En 1994 el Gobierno aplicó una política presupuestaria restrictiva, con la finalidad de controlar el déficit presupuestario y aumentar las limitaciones presupuestarias de las empresas estatales. Los gastos nominales no financieros aumentaron menos que la inflación, las subvenciones se han reducido a aproximadamente el 2 %-3 % del PIB y la relación déficit presupuestario/PIB descendió al 6,7 % (15,7 % en 1993).

La política de rentas proyectada por el Gobierno para 1994 fue moderadamente restrictiva y los límites máximos fijados para los salarios nominales guardaron coherencia con los objetivos de inflación. Las tensiones inflacionistas fueron más intensas de lo previsto, por lo que las rentas (en especial las del sector público) disminuyeron drásticamente en términos reales.

En lo que respecta a la situación exterior de Bulgaria, siguió confirmándose el cambio estructural de orientación del comercio exterior hacia la OCDE, cambio debido a las repercusiones favorables de los acuerdos de asociación y comerciales celebrados con la Unión Europea y la AELC, la devaluación del lev y el bajo coste de la mano de obra. En 1994, la balanza comercial arrojó un superávit de 200 millones de dólares estadounidenses (frente a un déficit de 900 millones de dólares en 1993) y la balanza por cuenta corriente logró el equilibrio (frente a un déficit de 1 400 millones de dólares en 1993).

La inversión directa del exterior sigue siendo extremadamente baja (105 millones de dólares esta dounidenses), pese a la legislación liberal aprobada en enero de 1992. No obstante, la financiación oficial exterior contribuyó a que, a finales de año, las reservas de divisas de Bulgaria se hubieran recuperado, situándose en torno a los 1 000 millones de dólares estadounidenses, equivalente a tres meses de importaciones.

En lo que atañe a la gestión de la deuda externa, el acuerdo de RDSD celebrado con el Club de Londres se cerró el 28 de julio de 1994. En conjunto, se calcula que este acuerdo redujo la deuda contraída por Bulgaria con la banca comercial occidental, por un importe de 8 200 millones de dólares estadounidenses, en un 46 %-48 %. Los costos iniciales de la operación (715 millones de dólares estadounidenses) se sufragaron, en parte, con las reservas internacionales de Bulgaria en divisas fuertes (474 millones de dólares estadounidenses) y, en parte, gracias a una financiación oficial exterior (241 millones de dólares estadounidenses) de carácter extraordinario. Además, en abril de 1994, Bulgaria y sus acreedores del sector público acordaron, a través del Club de París, una reprogramación de la deuda que abarcaba todas las obligaciones que vencieran desde la anterior reprogramación hasta el 30 de abril de 1995. Tras estos acuerdos, se restablecieron las relaciones de Bulgaria con la comunidad financiera internacional.

3. Reformas estructurales

Pese a toda una serie de limitaciones, de errores en las medidas aplicadas, de incertidumbre política y deficiente gestión, Bulgaria logró mantener en 1994 anteriores logros, tales como la liberalización de los precios y el comercio, la convertibilidad en las operaciones por cuenta corriente y un régimen cambiario liberalizado.

Sin embargo, siguen pendientes de resolución problemas relacionados con la reestructuración de las empresas, la privatización y la reforma del sistema financiero.

En lo que se refiere a la liberalización de los precios se calcula que, actualmente, alrededor del 90 % del comercio al por menor tiene lugar dentro de un régimen de libre fijación de precios. No obstante, sigue ejerciéndose el control de precios de algunos productos y servicios, en el sector de la energía, las telecomunicaciones, la distribución de agua y el transporte. Aunque se han efectuado algunos ajustes al alza, estos precios regulados no han seguido el mismo ritmo que la nación en 1994. El Gobiemo está decidido a ir eliminando progresivamente los controles indirectos sobre los precios de los productos agrarios (precios mínimos al productor, precios mínimos de importación, márgenes máximos, etc.).

Los avances logrados en la liberalización del comercio desde 1992 han sido alentadores pero desiguales. Se han eliminado las prohibiciones que pesaban sobre la importación, y los contingentes de exportación existentes para unos diez productos se han sustituido por gravámenes sobre la exportación. El recargo del 3 % aplicado a la importación se redujo al 2 % en enero de 1994, pero, a mediados de 1994, al objeto de proteger la industria y la agricultura nacionales, el Gobiemo mantenía aún algunas barreras comerciales temporales, consistentes en precios mínimos de importación, licencias de importación, etc. El Acuerdo interino de Asociación celebrado entre Bulgaria y la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero de 1994.

El régimen cambiario búlgaro está liberalizado desde febrero de 1994. Los importes máximos en divisas autorizados a los residentes para pagos corrientes personales (turismo, etc.) se han elevado considerablemente y la convertibilidad en las operaciones por cuenta corriente está garantizada en lo que se refiere a los pagos comerciales. No obstante, persisten algunas restricciones en lo que atañe a los pagos corrientes y las transferencias.

Se ha avanzado notablemente en el proceso de restitución de propiedades, lo que ha dado lugar al rápido desarrollo de un dinámico sector privado comercial y de venta al por menor (que actualmente supone más del 50 % de todo el comercio del país, tanto de venta al por mayor, como de venta al por menor).

El sector de la empresa estatal es débil y está fuertemente endeudado. Las limitaciones presupuestarias que pesan sobre las empresas son demasiado leves y los límites crediticios fijados para el sistema bancario se sortean mediante la acumulación de impagos entre las empresas (actualmente suponen aproximadamente la cuarta parte del valor de la producción industrial). Para resolver estos problemas, la estrategia del Gobiemo consiste en llevar a la práctica planes de rescate financiero, reestructuraciones y privatizaciones.

Una ley aprobada en diciembre de 1993 autorizó al Gobiemo a emitir bonos a largo plazo, en moneda nacional y extranjera, destinados a sustituir las deudas incobrables, los préstamos en lev y dólares, y los retrasos en el pago de intereses acumulados en las carteras de los bancos a finales de 1991. Los préstamos a las empresas estatales los sufragará, por tanto, el Gobiemo, que podría decidir su conversión en acciones, la cancelación o reprogramación, una vez que las empresas hayan sido reestructuradas o privatizadas.

En el terreno de la reestructuración, entre las importantes medidas adoptadas en 1994 se cuentan los planes globales para la reducción de pérdidas y racionalización, formulados por las principales empresas que registran pérdidas, y la creación de un mecanismo para el seguimiento del crédito otorgado por los bancos a estas empresas, al objeto de aumentar la disciplina financiera de las mismas.

Con respecto a la privatización, en 1994 el Gobiemo se mostró decidido a acelerar la ejecución del programa, modificando, con este fin, la Ley de privatización, para promover, a través del Organismo de Privatización, un modelo de privatización estándar basado en las reglas del mercado, y, asimismo, completar la privatización en pequeña escala y llevar a cabo, paralelamente, un programa de privatización en masa que afectaría a 500 empresas de medio y gran tamaño. Sin embargo, el Gobiemo provisional ha carecido de la necesaria voluntad política para ejecutar el programa, por lo que la privatización en masa se ha aplazado y la privatización por métodos estándar tiene lugar muy lentamente.

Actualmente, el sistema bancario búlgaro adolece todavía de una serie de problemas: subcapitalización, deficiente gestión, suficiente supervisión del banco central en lo que respecta a la adecuación del capital y las normas cautelares, lento proceso de privatización, falta de disciplina financiera («crédito fácil»), fragmentación e incesante aumento del impago de los préstamos otorgados a empresas. Para hacer frente a esta situación tan perturbadora, en 1994 se adoptaron diversas medidas. Se aumentaron las facultades del Servicio de supervisión bancaria del Banco Nacional Búlgaro. A mediados de 1994 se realizaron, in situ, dos inspecciones regulares completas de los bancos considerados problemáticos y estaba previsto realizar otras dos a finales de año. Bajo la égida de la Sociedad de Consolidación Bancaria (SFB), se llevó a cabo un programa de consolidación bancaria, de manera que 66 bancos del sector público se han fusionado para constituir 11 grandes bancos. Prosiguió la eliminación de los préstamos de dudoso cobro, pero el proceso de recapitalización de los bancos avanzó muy lentamente, debido a los costes presupuestarios. En 1994 se estableció un calendario para la privatización gradual de algunos bancos, que se espera tendrá lugar a finales de 1995.

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera

El desembolso del préstamo comunitario de 110 millones de ecus, aprobado en octubre de 1992, en el marco del G-24, como complemento de la ayuda del FMI a Bulgaria, se pospuso, dado que el acuerdo de derechos de giro con el Fondo no llegó a materializarse. Por igual razón no llegó a efectuarse ninguna de la ayuda del G-24 prevista dentro de ese paquete inicial. A finales de 1993 se restablecieron las condiciones necesarias para reanudar la ayuda de la UE/G-24 a Bulgaria. Tras la aprobación de un nuevo acuerdo de derechos de giro con el FMI, el 16 de mayo de 1994 el Consejo de la Unión Europea acordó con la Comisión que la decisión sobre la ayuda macrofinanciera comunitaria a Bulgaria, aprobada en 1992, podía reactivarse dentro del nuevo programa. El desembolso del primer tramo (70 millones de ecus) tuvo lugar en diciembre de 1994, sustentándose en la aprobación del nuevo acuerdo de derechos de giro con el FMI y en el acuerdo para la reducción de la deuda alcanzado por los acreedores. El desembolso del segundo tramo se subordina a que Bulgaria cumpla con los requisitos macroeconómicos generales, esto es, que el seguimiento del acuerdo de derechos de giro celebrado con el FMI arroje resultados satisfactorios, que la operación de RDSD se realice apropiadamente y que se avance en el proceso de reforma estructural.

VI. MOLDAVIA

1. Introducción

El 13 de junio de 1994, el Consejo de la Unión Europea decidió conceder a la República de Moldavia un préstamo de 45 millones de ecus, con una duración máxima de tres años (14), para ayudar a este país en sus esfuerzos por transformar su economía en una economía de mercado y fortalecer la posición en reservas del Banco Central. El préstamo comunitario formaba parte de un paquete global movilizado por la comunidad internacional de proveedores de fondos en favor de Moldavia para complementar los recursos aportados por el FMI y el Banco Mundial.

2. Resultados macroeconómicos

Una vez creada su moneda nacional (el leu moldavo), en noviembre de 1993, Moldavia dió un giro decisivo hacia la estabilidad financiera, dentro del programa económico sustentado en un acuerdo de derechos de giro con el FMI (aprobado en diciembre de 1993) y en la ayuda complementaria de la comunidad internacional, entre la que se cuenta el préstamo comunitario de 45 millones de ecus.

El programa se desarrolló en circunstancias muy difíciles. Se calcula que el PIB descendió en torno al 22 % en 1994, frente a la reducción del 3 % prevista. Esto se debe, en parte, a las constantes alteraciones de la producción y el comercio como consecuencia del derrumbe de la planificación central. La producción industrial descendió alrededor del 30 % el primer semestre de 1994, para estabilizarse a continuación, durante el segundo semestre del año. Al mismo tiempo, una grave sequía, seguida de inundaciones y tormentas de granizo, devastaron cultivos básicos en este país, eminentemente agrícola, el tercer trimestre de 1994.

Pese a las desfavorables condiciones económicas, las autoridades moldavas mostraron una notable resolución y coherencia ante el objetivo de alcanzar la estabilidad financiera. En junio y diciembre de 1994 tuvieron lugar sendas revisiones del acuerdo de derechos de giro celebrado con el FMI, que culminaron con éxito, y todos los requisitos exigidos, en cuanto a resultados, para finales de diciembre de 1994, se cumplieron. El principal objetivo del programa era reducir la tasa de inflación de manera rápida y sostenida, mediante la introducción del leu y la estabilización del tipo de cambio. La firmeza con que se aplicó el programa produjo una marcada desaceleración de la nación en 1994. La tasa mensual de nación descendió, pasando de una media del 20 % registrada en el cuarto trimestre de 1993, a una media de aproximadamente el 3 % en el cuarto trimestre de 1994. A medida que la nación disminuía, el tipo de cambio se estabilizaba y aumentaba la credibilidad del leu (como se aprecia por la inversión de la tendencia a la sustitución de la divisa), gracias a lo cual disminuyeron los tipos de interés real y nominal.

El déficit presupuestario se contuvo en el 8 % del PIB, pese a que el descenso de la producción en términos reales fue más pronunciado de lo previsto. Sin embargo, los problemas de liquidez del sector empresarial impidieron la recaudación de impuestos y obligaron al Gobierno a hacerse cargo de los préstamos garantizados de las empresas que incumplían. Además, los atrasos en el capítulo de gastos aumentaron, situándose en alrededor del 1,5 % del PIB, comprendidos los atrasos en el pago de salarios, debido a la aplicación de un severo sistema de administración de fondos.

La balanza de pagos soportó aún importantes tensiones a lo largo de 1994, a causa, principalmente, de la elevación de los precios de importación de la energía y las consecuencias de los desastres naturales. Con arreglo a los primeros datos de que se dispone, el déficit por cuenta corriente equivalía al 9 % del PIB. Moldavia mostró gran dependencia de la ayuda exterior, que cubrió alrededor del 50 % del total de las importaciones. El FMI y el Banco Mundial aportaron en torno a156 % del total de ayuda del exterior, corriendo un 44 % a cargo de otras partes de manera bilateral: la Unión Europea (25 millones de ecus, primer tramo de la ayuda macrofinanciera), Japón (30 millones de dólares estadounidenses), Estados Unidos (20 millones de dólares estadounidenses) y Rumanía (10 millones de dólares estadounidenses). Por otra parte, los atrasos en los pagos a Rusia, fundamentalmente de las empresas moldavas por las importaciones de energía, se situaron en el equivalente de 120 millones de dólares estadounidenses. El ritmo de desembolso de la ayuda financiera aumentó a finales del pasado año, por lo que las reservas brutas del Banco Central alcanzaron el equivalente de tres meses de importaciones a finales de 1994.

Llegado este punto crucial del proceso de estabilización, las autoridades moldavas han planificado una ambiciosa estrategia para 1995, con el objetivo de consolidar los avances en el terreno de la estabilización e intensificar las reformas estructurales. El programa, que se sustenta en un nuevo acuerdo de derechos de giro con el FMI, aprobado en marzo de 1995, necesita financiación complementaria de la comunidad internacional.

El citado programa se fija un objetivo de crecimiento económico del 1,5 %, que estaría impulsado por la recuperación del sector agrícola, gracias al restablecimiento de condiciones climatológicas normales, la reducción de la tasa anual de inflación a el 10 % y aproximadamente la contención del déficit en la balanza por cuenta corriente de la balanza de pagos. Con esta finalidad, la política presupuestaria persigue, ante todo, una drástica reducción del déficit presupuestario, hasta situarlo en el equivalente del 3,5 %, y la política monetaria seguirá siendo rígida.

El primer trimestre de 1995, las autoridades moldavas han aplicado rigurosamente las medidas financieras contempladas en su programa. Con arreglo a los primeros datos de que se dispone, a finales de marzo se cumplían todos los requisitos fijados en cuanto a resultados, siendo la posición en divisas del banco central mejor de lo previsto. El resultado ha sido un tipo de cambio estable y la contención de las tensiones inflacionistas (15).

3. Reformas estructurales

Los avances en el terreno de la reforma estructural fueron desiguales en 1994. Las empresas estatales siguieron, en su mayoría, sin reaccionar ante las fuerzas del mercado (lo que, entre otras cosas, generó atrasos presupuestarios y en los pagos a los proveedores externos de energía, como ya se indicó más arriba), en parte a causa de la falta de agilidad del proceso de declaración de quiebra y liquidación, y de los retrasos en el proceso de privatización. Sin embargo, a finales de año, la reforma se aceleró notablemente, al reconocer las autoridades que, si se producían nuevos retrasos en la realización de las reformas estructurales, peligraban los logros en materia de estabilización. Se introdujo un nuevo y avanzado procedimiento de subasta, que facilitaba el cumplimiento de un ambicioso calendario para la subasta de empresas estatales. El Gobierno decidió, asimismo, deleitar siete de las empresas estatales más problemáticas e iniciar un procedimiento de liquidación.

La aceleración de las reformas estructurales que tuvo lugar a finales de 1994 proseguirá en 1995 gracias a un programa acelerado de privatización, a la aprobación de legislación sobre los procedimientos de quiebra, al incremento de la base de capital del sistema bancario y a la introducción de controles monetarios indirectos basados en el mercado.

Asimismo, la aceleración de la reforma registrada el último trimestre de 1994 ha continuado en 1995. En concreto, el 15 de marzo el Parlamento aprobó un nuevo y ambicioso programa de privatización para 1995 y 1996, que abarca una importante parte de los activos que aún están en manos del Estado e introduce, junto al actual sistema de bonos, la privatización a cambio de efectivo (al objeto de inyectar liquidez a las empresas de cara a la reestructuración tras la privatización y para abrir ésta a los inversores del exterior). La liquidación piloto de siete empresas ya está muy avanzada; el Comité de liquidación, encargado de la venta de los activos y el pago a los acreedores, ya se ha constituido y cinco de las mencionadas empresas han sido liquidadas. Se prevé que antes de finales de junio se habrán liquidado otras quince empresas por el mismo procedimiento. Se ha elaborado una Ley de quiebras; el Parlamento estudia un nuevo proyecto de ley para aprobar normas cautelares y garantizar la autonomía del Banco Central; además, en enero, el Banco Central aprobó una serie de planes de acción para garantizar la adecuación del capital de 10 bancos considerados problemáticos.

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera

El préstamo comunitario de 45 millones de ecus, aprobado el 13 de junio de 1994, se había de desembolsar en dos tramos, a medida que se cumplieran las condiciones macroeconómicas a que se supeditaba. El primer tramo, de 25 millones de ecus, se hizo efectivo en diciembre de 1994, dado que el primer examen del programa previsto en el acuerdo sobre derechos de giro con el FMI concluyó positivamente. El desembolso del segundo tramo, de 20 millones de ecus, estaba supeditado a que el seguimiento del acuerdo de derechos de giro celebrado con el FMI arrojara resultados satisfactorios y a que las conclusiones de la Comisión sobre el cumplimiento de los requisitos fijados en materia de resultados y el progreso de la reforma estructural en materia de precios, liberalización del comercio y el tipo de cambio, privatización y disciplina financiera de las empresas y el sector financiero fueran positivas.

No cabe duda de que se ha avanzado considerablemente en todos esos ámbitos. Los precios de bienes y servicios se liberalizaron plenamente a lo largo de 1994, salvo en el transporte público, los servicios sociales estatales y el precio estatal para la adquisición de cereales. En mayo de 1994 se eliminaron las subvenciones al sector agrícola y, asimismo, las subvenciones al sector de la energía, sustituyéndolas, en el caso de los grupos más vulnerables, por un sistema de compensación en metálico.

Se han realizado grandes avances en la liberalización del comercio: se han eliminado todos los contingentes de exportación, salvo en el caso de los cereales y sus productos derivados. A finales de 1994, Moldavia redujo su arancel máximo de importación al 50 %, exceptuados algunos bienes suntuarios, fundamentalmente los productos vinícolas y la electrónica de consumo. El 1 de abril de 1995 se redujeron los aranceles de importación, situándose en una cifra no superior al 30 %, y se espera una nueva reducción a finales de este mismo año.

En el ámbito de las operaciones de cambio, en julio de 1994 se autorizó a los no residentes a repatriar los beneficios y el producto obtenido de la liquidación de sus empresas ; asimismo, en noviembre de 1994 se eliminó el requisito de que las empresas entregaran una cierta cantidad en divisas por las ganancias obtenidas en operaciones de exportación. Se ha instituido, además, el cambio de divisas interbancario, de manera que los residentes pueden adquirir divisas para la mayor parte de los pagos corrientes y los no residentes pueden adquirir divisas para repatriar sus ganancias.

En lo que atañe a la privatización, el proceso ha sido más lento de lo esperado, pero se aceleró en los últimos meses de 1994, de manera que, a finales de diciembre, se habían privatizado 304 empresas de mediano y gran tamaño y 273 pequeñas empresas, lo que representa un 25 % del total de activos estatales. El 15 de marzo de 1995, el Parlamento aprobó el programa de privatización para 1995-1996; con arreglo al mismo, 2/3 de los activos estatales se habrán privatizado a finales de 1996.

En relación con la reforma del sector bancario, el Banco Nacional de Moldavia (BNM) está elaborando nuevas normas adaptadas a los criterios establecidos por el Comité de Basilea. Se han aprobado nuevas normas que establecen la obligación de que los bancos clasifiquen su cartera y constituyan reservas para los préstamos de dudoso cobro. Asimismo, ha sido elaborado y presentado al Parlamento un nuevo proyecto de ley bancaria, que prevé la autonomía del BNM para dirigir la política monetaria y confiere a éste nuevas facultades para supervisar y controlar las actividades de los bancos comerciales. El nuevo proyecto de ley de bancos prevé sanciones para los casos de contravención de las normas cautelares.

A la vista de las medidas adoptadas y del compromiso de seguir actuando, adquirido por las autoridades moldavas, se considera que se cumplen las condiciones a que se supedita el desembolso del segundo tramo del préstamo comunitario.

Para garantizar una balanza de pagos sostenible en 1995, se precisará nueva ayuda macrofinanciera para Moldavia, como complemento de los recursos aportados por el FMI y el Banco Mundial, tal y como reconoció la comunidad internacional de proveedores de fondos con ocasión de la reunión del Grupo consultivo organizada por el Banco Mundial en marzo de 1995. Una vez desembolsado el segundo tramo, la Comisión tiene previsto formular una propuesta de nueva ayuda macrofinanciera a Moldavia, por un importe máximo de 15 millones de ecus.

VII. RUMANÍA

1. Introducción

En 1993, la nación se aceleró en Rumanía, debido a la importante liberalización de los precios. Una política monetaria poco estricta y la falta de disciplina financiera de las empresas estatales dispararon aún más la nación, situándola en más del 300 %. Los tipos de interés se situaron rápidamente en negativo y, en consecuencia, se abandonó el leu en favor de inversiones en moneda extranjera. El Banco Nacional de Rumanía (BNR) siguió fijando el tipo oficial, persistiendo múltiples tipos de interés; el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el (privado) de las oficinas de cambio era superior al 50 % a finales de año. Las reservas de divisas del BNR se redujeron a menos de 50 millones de dólares estadounidenses a finales de 1993, esto es, el equivalente de tres días de importaciones, al tiempo que la banca comercial poseía 1 000 millones de dólares estadounidenses en activos del exterior. Los logros en lo que se refiere a la reestructuración y privatización de las empresas estatales fueron escasos. Pese al avance en el proceso de reforma fiscal y a la reducción del déficit presupuestario al 2 % del PIB, el FMI no podía seguir aportando ayuda financiera a Rumanía en 1993, y tampoco podía movilizarse ayuda macrofinaciera complementaria de la Unión Europea y el G-24.

Hasta diciembre de 1993 no llegaron las autoridades a un acuerdo con el FMI en relación con un nuevo programa económico para 1994-1995. En mayo de 1994, el consejo de administración del FMI aprobó dicho programa y los correspondientes sistemas de financiación (acuerdo de derechos de giro y mecanismo de transformación estructural), por un importe de 700 millones de dólares estadounidenses, una vez obtenidas garantías de que la Unión Europea y el G-24 cubrirían el resto de la ayuda.

2. Resultados macroeconómicos

Los principales objetivos del programa para 1994-1995 son reducir la inflación a aproximadamente el 70 %-75 % para finales de 1994, y reducir, asimismo, de manera significativa, el déficit por cuenta corriente. Para alcanzar esos objetivos, las autoridades se comprometieron a aumentar los tipos de interés hasta situarlos en cifras positivas en términos reales, liberalizar el régimen cambiario, reducir el déficit presupuestario al 2,5 % del PIB en 1994 y acelerar la privatización y reestructuración financiera de las empresas estatales.

La política monetaria se endureció a finales de 1993, momento en que el BNR sacó a subasta una parte de sus créditos de refinanciación, a tipos de interés de mercado. En consecuencia, se produjo una subida general de los tipos de interés en todo el sistema bancario, situándose en cifras positivas en términos reales. El coste medio de refinanciación del BNR se elevó a más del 12 % mensual a principios de 1994, al tiempo que las tasas de inflación se redujeron al 5 %-8 % mensual. Los tipos de interés nominal comenzaron a descender de nuevo, aunque lentamente, en el segundo trimestre de 1994, siguiendo la misma pauta que la inflación. El tipo medio de refinanciación del BNR descendió a alrededor del 5 % mensual a finales de 1994, momento en que la inflación se había reducido a aproximadamente el 2 % anual. Los tipos de interés aplicados por la banca comercial siguieron la misma tendencia.

La elevación de los tipos de interés renovó la confianza en el leu y redujo el diferencial entre el tipo de cambio oficial, fijado por el BNR, y el tipo aplicado en las oficinas de cambio privadas. Tras una depreciación nominal de alrededor del 14 % en febrero y marzo de 1994, el BNR abandonó el régimen cambiario regulado y, a principios de abril, optó por un tipo de cambio de mercado. En agosto se creó un mercado de divisas interbancario. No obstante, en el tercer trimestre de 1994, volvió a aumentar notablemente el diferencial entre el tipo oficial y los tipos aplicados por las oficinas de cambio, situación que se prolongó hasta el primer trimestre de 1995, si bien dicho diferencial comenzó a reducirse lentamente. Este hecho era indicativo de que el mercado de divisas no funcionaba con absoluta transparencia y de que el tipo de cambio oficial no se ajustaba plenamente al precio de compensación del mercado.

Del déficit presupuestario consolidado se pasó incluso a un pequeño superávit en los primeros cinco meses de 1994. Sin embargo, esta situación no se sostenía, ya que los gastos se habían retenido, de manera artificial, hasta mayo de 1994, dado que el Parlamento aún no había aprobado la nueva ley de presupuestos. A finales de año, el déficit presupuestarioascendía a 2 070 billones de leu, esto es, el 4,4 % del PIB. Esta situación se ajustaba a los criterios establecidos, en relación con el déficit nominal, en el programa acordado con el FMI. En porcentaje del PIB, el déficit era más elevado que el objetivo inicial marcado en el programa, debido a que la reducción de la inflación fue más lenta de lo previsto, lo que motivó una revisión a la baja del PIB nominal estimado para el año.

En 1994, prosiguieron las reformas fiscales; se elaboraron nuevas leyes para regular el impuesto sobre los beneficios, los impuestos municipales y la contribución territorial. La financiación monetaria del déficit presupuestario mediante créditos del BNR otorgados al Gobierno fue desapareciendo gradualmente, y casi por completo, entre marzo y noviembre de 1994. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año dicha financiación registró un fuerte aumento, pues el Gobierno recurrió al BNR para financiar una parte de su déficit, en detrimento de la banca comercial.

Lo estricto de las políticas monetaria y presupuestaria redundó en una rápida disminución de la inflación, que, si en en noviembre de 1993 era del 300 % anual, pasó a ser inferior al 62 % anual a finales de 1994, muy por debajo del objetivo del 75 % fijado en el programa del FMI. Las autoridades han fijado un objetivo anual del 25 % para 1995, en lugar del 40 % inicialmente previsto en el programa.

El déficit por cuenta corriente se redujo considerablemente, pasando de 1 200 millones de dólares estadounidenses en 1993 a 300 millones en 1994. Ello se debió a los buenos resultados de la exportación (+23 % en dólares), gracias, sobre todo, a la depreciación del leu y a que en el mercado interno se registraban importantes atrasos y aplazamientos de los pagos, lo que incitaba a las empresas a vender en el exterior. Las importaciones aumentaron sólo en tomo al 5 %. Hacia finales de 1994 y principios de 1995 volvieron a registrarse tensiones en la balanza por cuenta comente, en parte debido a la apreciación del leu en terminos reales.

En la balanza de capitales se apreció un notable incremento de las inversiones del sector privado, directas y de cartera, que supusieron 414 millones de dólares estadounidenses, frente a los escasos 14 millones de 1993. No obstante, el desembolso de préstamos ha sido más lento de lo previsto en el programa y, en consecuencia, el superávit por cuenta corriente de 1994 es inferior al objetivo marcado en el programa.

Las reservas oficiales de divisas, casi agotadas a finales de 1993, se elevaban a más de 620 millones de dólares estadounidenses (1,2 meses de importaciones) a mediados de octubre de 1994. Sin embargo, ante la reaparición del diferencial en los tipos de cambio y dado que las autoridades parecían dispuestas a mantener el tipo de cambio oficial por debajo del precio de compensación del mercado, el Banco Nacional vendió parte de sus reservas, que se redujeron a menos de 407 millones de dólares estadounidenses a finales de febrero de 1995, momento en que el Banco Nacional reanudó la compra de divisas. Las reservas de divisas del conjunto del sector bancario se incrementaron, pasando de los 900 millones de dólares estadounidenses en enero a los 2 000 millones en diciembre de 1994.

3. Reformas estructurales

La imposición de disciplina financiera a las empresas estatales que registran atrasos en los pagos o pérdidas constituye un objetivo básico del programa de estabilización económica de Rumanía para 1994-1995. Pese a ello, la morosidad entre empresas aumentó, situándose en 7 000 millones de leu, esto es el 14 % del PIB, a finales de 1994. La mayor parte de estos atrasos corresponden a 70 empresas y entes autónomos que se ha decidido someter a un estricto control financiero. Ello supone aislarlas del sistema bancario, la negociación de acuerdos de conciliación con los acreedores y la elaboración y aplicación de planes de recuperación financiera. Si no se lograra la conciliación, se iniciarian procedimientos para la declaración de insolvencia. Como es lógico, la liquidación no es una solución realista para la mayor parte de las empresas de servicios estatales, por lo que habrán de trazarse programas viables para la recuperación financiera.

La autorización parlamentaria de la tan esperada ley de insolvencia se produjo en marzo de 1995. Esta ley es un elemento clave dentro de la estrategia para la recuperación financiera, pues crea el marco jurídico apropiado para la celebración de acuerdos de conciliación entre los acreedores y los deudores; permitirá iniciar procedimientos de quiebra, dejando, al mismo tiempo, un margen de maniobra suficiente para las operaciones de rescate.

El proceso de privatización de las empresas estatales no ha avanzado mucho. A finales de 1994, tres años después de haberse aprobado la ley de privatización, no llegan a 900 las empresas estatales que han sido plenamente privatizadas, frente a las 6 300 existentes. En su mayoría, se trata de pequeñas empresas, privatizadas mediante el sistema de cogestión entre los empleados y la dirección. En junio de 1994, el Gobierno anunció un programa de privatización en masa, destinado a privatizar otras 3 000 empresas para junio de 1995. Sin embargo, el Parlamento no aprobó este programa hasta marzo de 1995. Se preveía que al menos dos de los cinco grandes bancos de propiedad estatal se prepararian para ser privatizados en 1995, pero hasta el momento sólo se ha designado un banco, el Banco Rumano de Desarrollo.

4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera

Tras alcanzar Rumanía un acuerdo de principio con el FMI en relación con un nuevo programa para 1994-1995, las autoridades de este país solicitaron a la Unión Europea y al G-24 que concedieran a Rumanía nueva ayuda macrofinanciera para cubrir el déficit residual de financiación exterior, por un importe de 275 millones de dólares estadounidenses, dentro del programa para 1994-1995. Los compromisos de la Unión Europea y el G-24 supusieron unos 219 millones de dólares estadounidenses, esto es, casi el 80 % del déficit residual. Ello supone nueva ayuda macrofinanciera de la Unión Europea por un importe de 125 millones de ecus, en dos tramos aprobados por el Consejo el 20 de junio de 1994 (Decisión 94/369/CE). En diciembre de 1994, la Comisión acordó con las autoridades rumanas las condiciones macroeconómicas a que se supeditaba el desembolso del préstamo.

Sin embargo, en mayo de 1995, aún no se había desembolsado el primer tramo, de un importe de 55 millones de ecus, como consecuencia de fallos en la política cambiaria de Rumanía a finales del último trimestre de 1994 y en el primer trimestre de 1995. La Comisión expresó a las autoridades rumanas, en diversas ocasiones, su inquietud ante esos fallos, y puso de relieve la necesidad de restablecer un tipo de cambio unificado, plenamente adoptado al precio de compensación del mercado, como condición para poner en marcha el procedimiento de desembolso.

El desembolso del segundo tramo está supeditado a la aplicación de medidas específicas de reforma estructural, esto es, a que se registren avances en el proceso de privatización, se proceda a la reestructuración financiera de las empresas con pérdidas y a la reforma del sector bancario, tal y como se acordó con las autoridades rumanas en el Protocolo de Acuerdo.

VIII. ESLOVAQUIA

1. Introducción

La disolución de la República Federativa Checa y Eslovaca (RFCE), el 1 de enero de 1993, trajo consigo diversas consecuencias negativas para la economía eslovaca, en un período en que aún padecía el trauma provocado por el desmantelamiento del Consejo de asistencia mutua económica y las dificultades propias de la transición a una economía de mercado. En concreto, la disolución de la federación supuso la pérdida de importantes transferencias de ingresos procedentes de los territorios checos, lo que comportó la aparición, en 1993, de elevados déficit tanto en el saldo presupuestario como en la balanza por cuenta corriente. Además, la disolución de la RFCE alteró el comercio con la República Checa, restringió el acceso de Eslovaquia a los mercados internacionales de capitales y desató la especulación contra la corona eslovaca, con el resultado de que las reservas oficiales de divisas de Eslovaquia se agotaron prácticamente.

En estas circunstancias, el Gobierno eslovaco concertó con el FMI, a mediados de 1993 y para el resto de ese año, un programa de estabilización económica que se vió respaldado por la autorización, en julio de 1993, de una primera compra por un importe de 64,4 millones de DEG (unos 100 millones de dólares estadounidenses) con cargo al mecanismo de transformación sistémica (MTS) del FMI. Además, el Banco Mundial concedió a Eslovaquia, en noviembre de 1993, un préstamo para la recuperación económica por un impone de 80 millones de dólares.

En julio de 1994, el FMI aprobó un acuerdo de derechos de giro de una duración de 20 meses y una segunda compra, con cargo al MTS, por un total de 180 millones de DEG (unos 280 millones de dólares estadounidenses), para respaldar un programa económico más completo para 1994-1995. Al mismo tiempo, el Banco Mundial entabló conversaciones para la posible concesión de un préstamo para la reestructuración de las empresas y el sector bancario (PRESB). La ayuda macrofinanciera y el programa acordados con los organismos financieros internacionales estaban destinados a mejorar la delicada situación de la balanza de pagos y apoyar la transformación del país en una economía de mercado tras la crisis provocada por la escisión de la RFCE.

Para respaldar este programa, el Consejo de la Unión Europea aprobó, el 22 de diciembre de 1994 (16) una decisión por la que se concedía ayuda macrofinanciera a Eslovaquia por un importe máximo de