ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
11.

Insta a la Comisión a que introduzca en toda la legislación aplicable de la UE los requisitos de ensayo adecuados para identificar las sustancias con propiedades de alteración endocrina; considera que deben ponerse en práctica los métodos de ensayo validados y reconocidos más recientemente, como los desarrollados por la OCDE, el Laboratorio de referencia de la UE para los métodos alternativos a las pruebas en animales (EURL ECVAM) o el programa sobre las pruebas de detección de alteradores endocrinos elaborado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA); observa que el programa de métodos de ensayo de la OCDE es válido para las hormonas sexuales, de la tiroides y la esteroidogénesis; señala, no obstante, que no se han definido métodos de ensayo para otros muchos ámbitos del sistema endocrino, como los relacionados con la insulina y la hormona del crecimiento; señala que los métodos de ensayo y los documentos de orientación deben desarrollarse prestando especial atención a los alteradores endocrinos, los posibles efectos de las dosis bajas y la relación no monotónica entre dosis y respuesta, en particular en lo que respecta a los períodos críticos de exposición durante el desarrollo;
23.

Celebra el aumento gradual del control civil de los servicios de seguridad; observa, no obstante, que el marco legislativo general no es coherente y que debería adaptarse más a las normas europeas; muestra su preocupación por la creciente tendencia a la vigilancia no autorizada; insta a las autoridades a que adopten una legislación completa y moderna con el objeto de definir claramente mecanismos de control civil de los servicios de seguridad, tanto civiles como militares; observa que la actual ambigüedad del marco jurídico que define la autoridad de los servicios de seguridad deja margen para influencias políticas indebidas y socava los esfuerzos generales por establecer un verdadero Estado de Derecho en el país;
31.

Pide al Consejo Europeo que vele por la coherencia entre las diferentes prioridades de su orientación política, de forma que no comprometa el potencial de crecimiento sostenible y de creación de empleo, no aumente la pobreza ni la exclusión social y no impida el acceso universal a la prestación de servicios públicos de calidad; cree que la principal prioridad debe ser el establecimiento de medidas integradas de reforma e inversiones que fomenten el crecimiento y la creación de empleo y garanticen al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas;
—

Principio del respeto a la intimidad: la administración de la Unión debe respetar la intimidad de las personas, de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001. La administración de la Unión debe abstenerse de tratar datos personales para fines no legítimos, y de transmitir dichos datos a terceros no autorizados.
18.

Considera que el BEI debe contribuir a la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en los Estados miembros de la UE y en los países no pertenecientes a la UE en los que opera, en particular recabando información pertinente sobre los beneficiarios y los intermediarios financieros, prestando particular atención a la accesibilidad a préstamos de las PYME y a sus vínculos con la economía local y publicando información sobre los importes agregados retirados, el número y los nombres de los receptores de los fondos de que se trate, en particular PYME, así como las regiones y los sectores a los que se asignaron; insta, además, al BEI a que actúe de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la UE que, como confirmó el TJUE el 21 de diciembre de 2011 en la sentencia ATAA, requiere que la Unión contribuya al estricto respeto del Derecho internacional, en particular de los principios de la Carta de las Naciones Unidas;
36.

Señala a la atención las normas sobre responsabilidad, a tenor de la cuales la responsabilidad en el transporte de animales no aptos no queda lo bastante clara como para garantizar que no se transporten, al tiempo que las personas sancionadas no se encuentran necesariamente en situación de evitar el transporte;
57.

Considera que el incremento de la exploración y producción de gas de esquisto a nivel mundial conducirá a un aumento considerable de las emisiones fugitivas de metano y que el potencial de calentamiento global (GWP) por el efecto invernadero del gas de esquisto no se ha evaluado; subraya, por lo tanto, que la explotación de recursos de petróleo y gas no convencionales podría entorpecer el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 7 de las Naciones Unidas —garantizar la sostenibilidad del medio ambiente— y socavar los últimos compromisos internacionales sobre cambio climático consagrados en el Acuerdo de Copenhague; señala que el cambio climático afecta ya más a los países pobres; subraya igualmente que, además de sus efectos directos en la salud y el medio ambiente, las repercusiones de la extracción de gas o petróleo no convencionales representa una especial amenaza para los medios de sustento de las personas, en particular en los países africanos, en los que las comunidades locales dependen en gran medida de recursos naturales para la agricultura y la pesca;
59.

No apoya, por lo tanto, el acceso de terceros a la información de la cuenta bancaria del cliente a menos que se demuestre que el sistema es seguro y que ha sido sometido a pruebas exhaustivas; señala que en cualquier reglamento, el acceso por parte de terceros debería limitarse a información binaria («sí-no») sobre la disponibilidad de fondos y que debe prestarse especial atención a la seguridad, la protección de datos y los derechos de los consumidores; en particular, considera que debería especificarse claramente qué partes pueden acceder a esa información sobre una base no discriminatoria, y de acuerdo con qué condiciones se pueden almacenar los datos, y que estas disposiciones deben ser objeto de una relación contractual entre las partes interesadas; subraya que debería hacerse una clara distinción entre el acceso a la información sobre la disponibilidad de fondos para una transacción determinada y el acceso a la información sobre la cuenta del cliente en general a la hora de establecer un marco reglamentario para el acceso de terceros; pide a la Comisión que garantice la protección de los datos personales mediante una propuesta de reglamento, previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que establezca el papel que debe desempeñar cada actor en la recopilación de datos y para qué fines, y una definición clara de los actores responsables de la recopilación, el tratamiento y la conservación de datos; considera igualmente que los usuarios de tarjetas deberían tener la posibilidad de acceder a sus datos personales y rectificarlos, incluso en un contexto transfronterizo complejo; estima que los requisitos en materia de protección de datos deberían aplicarse junto con el principio de «privacidad desde el diseño/privacidad por defecto», y que las empresas y consumidores no deben asumir la responsabilidad de proteger sus datos;
H.

Considerando que la presencia palestina en Cisjordania, especialmente en la Zona C, y en Jerusalén Este se ha visto menoscabada por las políticas del Gobierno israelí, en particular mediante la construcción y la expansión de los asentamientos; que, con arreglo al Derecho internacional, los asentamientos israelíes son ilegales, y que constituyen un importante obstáculo para los esfuerzos de paz, dado que son subvencionados por el Gobierno israelí con importantes incentivos en los ámbitos de la fiscalidad, la vivienda, las infraestructuras, las carreteras, el acceso al agua, la educación, la asistencia sanitaria, etc.;
11.

Insta a la Comisión a que en las mencionadas negociaciones defienda las siguientes cuestiones esenciales: — el uso de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad europeos; la celebración de un acuerdo entre los organismos internacionales de normalización europeos y rusos y el rápido establecimiento de un sistema unificado de acreditación de la evaluación de la conformidad en Rusia; — un capítulo energético sustancial y jurídicamente vinculante, basado en la buena voluntad demostrada con la firma del mecanismo de alerta rápida en 2011 y en claros principios de transparencia, competencia leal, reciprocidad y no discriminación; afirma que el objetivo debe seguir siendo un mercado energético UE-Rusia abierto y transparente; — la supresión por parte de Rusia del régimen de precios dobles para las mercancías, así como la clarificación y estabilización de las condiciones de establecimiento de las empresas de servicios, a fin de incrementar las inversiones de las empresas de servicios de la UE en Rusia; — la contratación pública, un gran mercado aún sin explotar; pide a la Comisión que garantice unas normas y procedimientos recíprocos que sean equitativos para la adjudicación de contratos públicos en ambos mercados tanto a nivel nacional como subnacional; — la reforma de los procedimientos aduaneros rusos de conformidad con los convenios internacionales; — un capítulo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias destinado a velar por que cada Parte solo pueda aplicar prohibiciones temporales justificadas, en particular a los productos agrícolas, el ganado y los productos alimenticios, respetando plenamente los principios de proporcionalidad, transparencia, no discriminación y justificación científica; — un capítulo sobre desarrollo sostenible, basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los convenios fundamentales de la OIT pertinentes, con el fin de subrayar la necesidad de respetar y aplicar plenamente los derechos humanos y los derechos laborales, así como un compromiso en favor de las correspondientes normas internacionales para el medio ambiente; pide para ello que se inicie un diálogo con las partes interesadas y la sociedad civil; — un amplio capítulo sobre la protección de todos los tipos de DPI; la inclusión en ese capítulo de principios relativos a la protección de las indicaciones geográficas y una lista de indicaciones geográficas protegidas; — la modernización del actual régimen de resolución de litigios, a fin de garantizar una mayor transparencia y velar por un entorno inversor no discriminatorio en Rusia; — un capítulo exhaustivo y ambicioso sobre inversiones, incluidas disposiciones en materia de liberalización, así como medidas sen materia de protección de las inversiones, sobre la base de las recomendaciones del Parlamento en relación con las nuevas competencias europeas en materia de inversión (Resolución de 6 de abril de 2011 sobre la futura política europea en materia de inversión internacional (11));
—

Visto el informe de la Agencia Copenhagen Economics titulado «Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan» (Evaluación de los obstáculos al comercio y la inversión entre la UE y Japón), de 30 de noviembre de 2009,
11.

Toma nota de la definición de los cinco ámbitos clave para los que se han propuesto distintas acciones concretas a nivel de la UE y de los Estados miembros; considera que estos objetivos no son exhaustivos y que se podía haber estructurado mejor el orden de prioridades; subraya que la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada constituye y debe seguir constituyendo una prioridad fundamental de la Estrategia de Seguridad Interior; considera que debe abordarse también la cuestión de la resistencia y la capacidad de recuperación ante catástrofes antropogénicas y naturales, incluidos los fallos de infraestructuras críticas; señala, no obstante, que no parece plenamente justificado ni apropiado tomar medidas en el ámbito del respeto de los derechos de propiedad intelectual —materia que forma parte de un debate específico en profundidad— en el marco de la Estrategia de Seguridad Interior;
—

Vistos sus estudios sobre la armonización del Derecho penal en la UE («Harmonization of criminal law in the EU») (3) y sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE («Development of an EU criminal justice area») (4),
4.

Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; reitera que no podrán realizarse progresos en el diálogo UE-Belarús mientras Belarús no avance hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y mientras no hayan sido liberados y plenamente rehabilitados en sus derechos civiles todos los presos políticos, entre los que se encuentran Ales Bialiatski, Presidente del Centro por los Derechos Humanos «Viasna» y Vicepresidente de la FIDH, los dos ex candidatos presidenciales Mikalai Statkevich y Andrei Sannikau, los jefes de campaña presidencial de candidatos de la oposición democrática Pavel Seviarynets y Dzmitry Bandarenka, así como Syarhei Kavalenka, preso político que fue detenido por una supuesta violación del arresto domiciliario y que ha mantenido una prolongada huelga de hambre que ha causado una crítica degradación de su estado de salud que pone en peligro su vida;
10.

Destaca la importancia de no desaprovechar el potencial de la generación joven y pide al Consejo Europeo que considere una prioridad la reducción del desempleo juvenil; insta a los Estados miembros a que desarrollen estrategias completas para los jóvenes que no tienen trabajo o no estudian o se forman profesionalmente, incluidas políticas activas focalizadas de mercado de trabajo, medidas para resolver los desajustes de destrezas en el mercado de trabajo, la promoción del espíritu emprendedor entre los jóvenes y marcos para asegurar la transición entre la educación y el trabajo como, por ejemplo, la «formación profesional dual»; pide a los Estados miembros que establezcan, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, una garantía europea para los jóvenes que afirme el derecho de todos los jóvenes de la UE a que, tras un periodo máximo de desempleo de cuatro meses, les sea ofrecido un puesto de trabajo, un puesto de aprendizaje, formación adicional o una combinación de trabajo y formación; destaca la importancia de reducir las formas precarias de empleo como los contratos temporales, los empleos a tiempo parcial y las prácticas no remuneradas entre los jóvenes cuando tales modalidades no sean deseables;
L.

Considerando que la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres no figura entre los objetivos de la propuesta de la Comisión para el nuevo programa «Derechos y ciudadanía» del periodo financiero 2014-2020, que fusiona el programa Daphne III, las secciones de igualdad de género y de no discriminación del programa Progress, y el programa de derechos fundamentales y ciudadanía; que esto puede socavar la visibilidad y consistencia del programa Daphne y poner en peligro su éxito; que el proyecto de presupuesto del nuevo programa es más pequeño que los de los programas actuales; que la propuesta no garantiza la previsibilidad de la financiación de sus objetivos;
11.

Reconoce que Marruecos ha ratificado la mayoría de los convenios pertinentes de la OIT y que recientemente ha aprobado medidas legislativas destinadas a ilegalizar el trabajo infantil; no obstante, destaca que todavía se pueden hacer mejoras con respecto a la libertad de asociación y al trabajo infantil; considera que las disposiciones de los DCFTA deben incluir ayuda para la aplicación de los convenios de la OIT y la ratificación de los convenios principales no firmados de la OIT (por ejemplo, el Convenio no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y las iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas en el capítulo del desarrollo sostenible);
19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan inversiones en ahorro energético y producción de energías renovables (energía eólica, solar, biomasa,, biogás, geotérmica, etc.) en las explotaciones o a través de proyectos asociativos locales (energía eólica, solar, biogás, geotérmica, etc.) promovidos por partes interesadas a escala local, centrándose en particular en el uso de residuos y subproductos;
—

Vista su Resolución legislativa, de 6 de julio de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 y se derogan las Directivas 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE y el Reglamento (CE) no 608/2004 (1),
—

Visto el documento de consulta de la Comisión titulado «Alternative dispute resolution in the area of financial services» (Mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito de los servicios financieros), de 11 de diciembre de 2008, y el documento titulado «Summary of the responses to the public consultation on alternative dispute resolution in the area of financial services» (Resumen de las respuestas a la consulta pública sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito de los servicios financieros), de 14 de septiembre de 2009,
4.

Deplora que no sea posible alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones pendientes del Programa de Desarrollo de Doha en la 8a Conferencia Ministerial de Ginebra de los días 15 a 17 de diciembre de 2011; destaca la importancia, no obstante, de obtener resultados y un avance tangible, a fin de no socavar el sistema multilateral de comercio y su función normativa;
O.

Considerando que gran parte de los problemas del Mar Negro se deben a la falta de una estructura institucional adecuada que coordine y ejecute la gestión de la pesca en el mismo a un nivel profesional y especializado; que, a lo largo del último decenio, ha habido negociaciones entre las administraciones nacionales encargadas de aplicar la política de pesca para crear esa estructura institucional, así como para determinar la forma y responsabilidad de la misma, y que hasta la fecha esas negociaciones no han dado fruto; que, por este motivo, no se han tomado medidas adecuadas para controlar las capturas y, en particular, la pesca transfronteriza,
—

Visto el documento de la Comisión de 2007 titulado «Guidelines on the Programming, Design & Management of General Budget Support»,
1.

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión y sus organismos en lo relativo a las actividades conjuntas de recopilación de datos en este ámbito, en particular la iniciativa de creación de ESVAC (Proyecto Europeo de Vigilancia del Consumo de Antibióticos de Uso Veterinario) en 2009; lamenta que no todos los Estados miembros se hayan incorporado a la red ESVAC, y pide a aquellos que no se hayan incorporado que procedan a hacerlo; pide a la Comisión que dote a la red ESVAC de recursos financieros suficientes para cumplir con sus cometidos; pide a la Comisión que prevea sin demora un marco jurídico adecuado que autorice a los Estados miembros a llevar a cabo una recopilación de datos eficaz;
53.

Considera que confiar en la lista de la OCDE de centros financieros extraterritoriales no es suficiente y que se deben utilizar todas las listas de reconocimiento internacional hasta que la UE haya establecido su propia lista; considera, no obstante, que el BEI debería llevar a cabo su propia labor independiente de evaluación y control de las jurisdicciones no cooperativas pertinentes y publicar periódicamente sus resultados, como complemento de los análisis de las listas de referencia internacionales y de la UE;
—

Visto el Informe de la OCDE de 2010 titulado «The elephant in the room: the need to deal with what banks do»,
5.

Lamenta que, debido a que las comisiones electorales no atendieron las solicitudes de registro de los partidos de la oposición hasta la presentación de la lista del Partido de las Regiones, el partido en el poder ocupó los primeros lugares de las listas en aproximadamente el 85 % de las circunscripciones; señala que estas anomalías de la ley electoral, que no ofrecía suficientes garantías para que los partidos políticos establecidos pudieran ejercer su derecho a competir, fueron la causa de que algunos partidos, como Batkivshchyna, no pudieran registrar a sus candidatos en algunos distritos, lo que les impidió participar en las elecciones;
6.

Considers that, in this context, there is an urgent need for action to review Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, as this does not include liability in line with the «polluter pays» principle in the case of offshore oil extraction;
4.

Destaca que el comité de remuneraciones debe tener acceso al contenido de los contratos y que los contratos sujetos al examen de ese comité deben estar redactados de manera que permitan sancionar las negligencias graves mediante deducciones salariales; señala que se producen negligencias graves cuando no se observa, en particular, la diligencia debida, en cuyo caso el comité de remuneraciones debe garantizar que la deducción no sea meramente simbólica, sino que contribuya sustancialmente a reparar el daño causado; señala que, además, se debe instar a las entidades financieras a que apliquen penalizaciones, por ejemplo, la devolución de la remuneración dependiente del rendimiento tras constatarse malos resultados;
D.

Considerando que el hecho de que los registros mercantiles aún no estén interconectados produce pérdidas económicas y problemas para todas las partes interesadas, no sólo para las empresas, sino también para sus empleados, los consumidores y el público en general, en particular en términos de transparencia, eficacia y seguridad jurídica; considerando que facilitar el acceso a una información transfronteriza fiable y actualizada sobre las empresas de todos los Estados miembros aumenta la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior, y puede restaurar la confianza de los mercados tras la crisis financiera y económica,
T.

Considerando que debe evitarse el riesgo moral, a fin de que el riesgo asumido no sea excesivo, y que se impone un marco que proteja al sistema y no al delincuente que participa en dicho sistema, que, en particular, no conviene utilizar fondos de resolución para salvar a los accionistas de los bancos o para recompensar a los gestores por sus propios fracasos; que, en este contexto, las instituciones que utilicen un sistema de resolución bancaria de la UE deben asumir sus consecuencias como son las medidas administrativas y de reparación; que la eliminación del riesgo moral debe ser, por tanto, un principio rector en la futura supervisión financiera,
16.

Celebra que la Comisión haya elaborado unas «directrices», conforme al artículo 22, apartado 4, del Reglamento (CE) no 561/2006, para asistir a los Estados miembros con la interpretación y aplicación nacional del Reglamento; observa, no obstante, que esas directrices no son jurídicamente vinculantes, por lo que no se ha logrado el objetivo de garantizar una transposición uniforme en los Estados miembros;