COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(93) 509 final 
Bruselas, 15 de noviembre de 1993 
UBRO VERDE SOBRE LAS GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO 
Y LOS SERVICIOS POSTVENTA 
(presentado por la Conisión) 
LIBRO VERDE SOBRE LAS GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO 
Y LOS SERVICIOS POSTVENTA 
INDICE 
I - INTRODUCCIÓN 
II - GARANTÍA LEGAL. GARANTÍA COMERCIAL Y SERVICIO POSTVENTA 
A. GARANTÍA LEGAL 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
G SERVICIOS POSTVENTA 
III - SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
A. GARANTÍA LEGAL 
1. Base jurídica. 
2. El concepto de defecto. 
3. Responsables de la garantía. 
4. Beneficiarios de la garantía. 
5. Efecto de la garantía 
6. El plazo de garantía y el plazo para iniciar diligencias. 
7. Las normas sobre la carga de la prueba. 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
C SERVICIOS POSTVENTA 
IV - SITUACIÓN EN EL DERECHO COMUNITARIO 
A. GARANTÍA LEGAL 
1. Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos. 
2. Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 
3. Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa. 
4. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
4.1 Alsthom vs. Sulzer. 
4.2 Jakob Handtke TMCS 
5. Apreciación 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
1. Directiva del Consejo relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 
2. El derecho de la competencia. 
2.1 Reglamentos n° 1983/83 y 1984/83 relativos, respectivamente, a determinadas 
categorías de acuerdos de distribución exclusiva y de compra exclusiva. 
2.2 Reglamento n° 123/85 relativo a los acuerdos de distribución y de servicio de 
venta y de postventa de vehículos automóviles. 
2.3 Reglamento n° 4087/88 de la Comisión sobre las categorías de acuerdos de 
franquicia. 
2.4 Apreciación. 
C. SERVICIOS POSTVENTA 
V - APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL MARCO DEL MERCADO ÚNICO 
A. SOBRE LA GARANTÍA LEGAL 
1. Fijación de la ley aplicable. 
1.1 Aplicabilidad del Convenio de Roma a los contratos de consumo. 
1.2 Fijación de la ley aplicable. Normas generales. 
1.3 Fijación del derecho aplicable a determinados contratos celebrados con 
consumidores. 
1.4 Alcance del Convenio de Roma en términos de protección a los consumidores 
en los contratos transfronterizos. 
1.5 Disposiciones nacionales específicas. 
2. Diversidad de las normas jurídicas tradicionales 
B. SOBRE LA GARANTÍA COMERCIAL 
1. La diversidad y la falta de precisión de las garantías comerciales. 
1.1 Los defectos considerados en las garantías comerciales. 
1.2 Las partes responsables* del cumplimiento de la garantía y sus beneficiarios. 
1.3 Derechos de los consumidores nacidos de la ejecución de la garantía. 
1.4 Duración de la garantía. 
1.5 Condiciones formales de ejecución de la garantía. 
1.6 Información del consumidor sobre la garantía comercial. 
1.7 Otros servicios. 
1.8. Presentación de la garantía comercial en relación con la garantía legal. 
1.9 Alcance territorial de las garantías. 
1.10 Apreciación. 
2. Ausencia de un marco jurídico generalizado. 
C EN CUANTO A LOS SERVICIOS POSTVENTA 
VI - POSIBLES SOLUCIONES 
A. EN LO REFERENTE A LA GARANTÍA LEGAL 
1. Solución en el Derecho internacional privado. 
2. Solución consistente en la armonización. 
2.1 Armonización general. 
2.2 Armonización centrada en la protección del consumidor. 
2.2.1 Criterio subjetivo. 
2.2.2 Criterio objetivo. 
3. Normativa sobre la garantía legal. 
3.1 Objeto de la garantía (defectos cubiertos). 
3.2 Responsables de la garantía. 
3.3 Beneficiarios de la garantía. 
3.4 Efectos de la garantía. 
3.5 Condiciones de ejecución de la garantía. 
3.5.1 Ignorancia del defecto. 
3.5.2 Anterioridad del defecto. 
3.5.3 Notificación del responsable. 
3.5.4 Plazos de garantía. 
3.6 Relaciones con la garantía comercial. 
3.7 Carácter imperativo de la garantía legal. 
3.8 Información del consumidor. 
B. EN LO REFERENTE A LA GARANTÍA COMERCIAL 
1. La opción reglamentaria y unitaria. 
2. La opción voluntarista. 
3. La opción mixta. 
3.1 El régimen judicial comunitario aplicable a las garantías comerciales. 
3.1.1 Naturaleza jurídica de la garantía. 
3.1.2 Relaciones con la garantía. 
3.1.3 Objeto de la garantía (defectos cubiertos) y duración. 
3.1.4 Responsables de la garantía. 
3.1.5 Beneficiarios de la garantía. 
3.1.6 Condiciones de ejecución de la garantía. 
3.1.7 Requisitos de forma. 
3.1.8 Transparencia. 
3.1.9 Publicidad. 
3.2 La garantía europea. 
C. EN LO REFERENTE A LOS SERVICIOS POSTVENTA 
Vn - CONCLUSIONES 
Anexos: 
I. Cuadros comparativos de las legislaciones nacionales. 
II. Ley irlandesa sobre las garantías comerciales y los servicios postventa. 
III. Código de buenas prácticas del Ombudsman danés sobre las garantías 
comerciales. 
IV. Código de conducta del British Retail Consortium sobre las garantías comerciales. 
V. Documento de discusión del Ministerio de comercio e industria (DTI: Department of Trade 
and Industry del Reino Unido), sobre la garantía legal y la garantía comercial. 
VI. Casos que ilustran los problemas de los consumidores en relación con las garantías y los 
servicios postventa. 
LIBRO VERDE SOBRE LAS GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO 
Y LOS SERVICIOS POSTVENTA 
I - INTRODUCCIÓN 
1. La Comisión ha anunciado repetidas veces y, últimamente, en su segundo plan de acción 
trienal sobre la política de los consumidores (1993-1995), denominado "Poner el mercado 
único al servicio de los consumidores europeos" (COM(93) 378 final, de 28 de julio de 
1993, el presente Libro Verde sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios 
postventa. En este documento, la Comisión declara que el ámbito de las condiciones de 
garantía y de los servicios postventa es importante para animar al consumidor a 
aprovecharse de las posibilidades que le ofrece el mercado único. La compra transfronteriza 
sólo podrá desarrollarse en las mejores condiciones en la medida en que el consumidor esté 
seguro de beneficiarse de las mismas condiciones de garantía y de postventa, cualquiera 
que sea la localización del proveedor de un bien. 
En los meses de enero y febrero del año en curso, los servicios de la Comisión organizaron 
dos reuniones, una con los Estados miembros y otra con los medios económicos 
interesados. Asimismo, en el mes de abril tuvo lugar en el C.C.D. (Comité de comercio y 
distribución) una presentación de los trabajos en curso, seguida de un debate. Dichas 
consultas se han visto seguidas y acompañadas de contactos bilaterales con todos los 
agentes sociales que han manifestado un interés por esta materia. En la medida de lo 
posible, el Libro Verde incluye las sugerencias que se han apuntado durante estas consultas 
y pretende dar satisfacción a las expectativas manifestadas. 
La presentación del Libro Verde responde igualmente a las peticiones formales presentadas 
por las diversas instituciones comunitarias. El Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité 
Económico y Social han invitado recientemente a la Comisión a que adopte medidas sobre 
el problema de las garantías y los servicios postventa. 
Las consultas previas realizadas demuestran que este Libro Verde es esperado con gran 
impaciencia. Algunas autoridades nacionales elaboran proyectos de reforma de su derecho 
interno y esperan los debates a escala comunitaria para concretar estas iniciativas. Tal es 
el caso, en concreto, de las autoridades británicas que, en febrero de 1992, publicaron un 
documento de consulta pública con vistas a la reforma de su legislación nacional. Dado su 
gran interés general, dicho documento se publica como anexo del "Libro Verde". Las 
empresas, por su parte, esperan un documento que aclare la situación jurídica existente a 
nivel nacional y a nivel comunitario y que pueda constituir la base para una discusión 
general sobre las posibilidades de simplificar y mejorar las normas existentes. Las empresas 
han mostrado un gran interés por la idea de la creación de una garantía europea, válida en 
todo el mercado único, a la que podrían adherirse libremente. Los consumidores esperan 
un documento que destaque sus preocupaciones específicas relativas al funcionamiento de 
las garantías y los servicios postventa dentro del mercado único y que permita el debate 
sobre medidas que puedan mejorar la situación existente. El Libro Verde quiere ser una 
respuesta a todas estas expectativas. 
El objetivo del presente Libro Verde es múltiple. Consiste en analizar la situación existente, 
descubrir los problemas a los que se enfrentan los consumidores y los operadores 
económicos y esbozar algunas posibles soluciones de alcance comunitario. 
La Comisión pretende, por una parte, poner a disposición de todas las instituciones 
comunitarias y de todos los agentes sociales interesados, informaciones pertinentes sobre 
la situación existente, en los ámbitos europeo y nacional, así como en el legal y en el de 
las prácticas comerciales. Por otra parte, aspira a provocar un debate público profundo 
sobre las medidas que se deban adoptar comunitariamente para resolver los problemas 
identificados. 
Esta postura constituye en sí misma un ejemplo de la aplicación por parte de la Comisión 
de una política de transparencia y del respeto del principio de subsidiariedad, y forma parte 
del esfuerzo que realiza actualmente la Comisión por promover consultas lo más amplias 
posibles incluso antes de la preparación de cualquier nueva iniciativa. La publicación del 
presente Libro Verde contribuirá también a clarificar las relaciones entre la legislación 
comunitaria ya existente, que tiene una influencia sobre las cuestiones relativas a la 
garantía, y las legislaciones nacionales vigentes. Este ejercicio podrá permitir la evaluación 
de la situación actual a la luz del principio de la subsidiariedad, con vistas a una posible 
simplificación de las normas existentes. 
En el capítulo siguiente, se precisan las nociones de garantía legal, garantía comercial y 
servicio postventa, que constituirán los conceptos fundamentales que se tendrán en cuenta 
en toda la exposición posterior. Por "garantía legal" se entiende la protección tradicional 
existente en todas las legislaciones nacionales y derivada directamente de la ley, según la 
cual el vendedor (o, en algunos casos, otras personas) responderá frente al comprador de 
los defectos de los productos vendidos. Los efectos y las condiciones de aplicación de esta 
garantía son fijados directamente por cada ley nacional. Por "garantía comercial" se 
entiende las ventajas adicionales que ofrecen.de forma facultativa, el productor, el vendedor 
del bien o cualquier otra persona que ocupe un lugar en la cadena de distribución del 
producto. Los efectos y las condiciones de aplicación de dicha garantía son fijados 
libremente por la persona que las ofrece. En el Libro Verde los servicios postventa se 
toman en sentido estricto, es decir, los que no están relacionados con la aplicación de una 
garantía y que, por tanto, se proporcionan mediante una contraprestación pecuniaria. 
En el capítulo III, nos ocuparemos de exponer y analizar brevemente el marco jurídico 
existente en cada Estado miembro. Hemos preferido seguir un método temático en vez de 
exponer una relación secuencial de los sistemas jurídicos nacionales. Unos cuadros 
analíticos, diseñados para resumir las principales disposiciones nacionales aplicables, 
completarán la exposición tema a tema (en anexo al presente Libro Verde). También se 
presentan en anexo la legislación irlandesa sobre la garantía comercial y los servicios 
postventa, así como las recomendaciones del Ombudsman danés a este respecto. Tanto una 
como otras son pioneras y ejemplares en el campo de las iniciativas tomadas por los 
Estados miembros en estos campos. 
En el capítulo IV se expone la situación actual del derecho comunitario con respecto a 
estos temas y se procede a una síntesis de los principales problemas que se plantean a los 
consumidores y a los operadores económicos en el marco del mercado único. 
En el capítulo V, pretendemos establecer una síntesis de los principales problemas que se 
plantean a los consumidores y a los operadores económicos en el marco del mercado único. 
Este será el momento de discutir el problema de la ley nacional aplicable a la garantía legal 
en el caso de las transacciones transfronterizas, así como de examinar brevemente las 
prácticas comerciales sobre la garantía que ofrecen los operadores económicos. 
Hemos destinado el capítulo VI a adelantar algunas ideas sobre posibles acciones 
comunitarias, para provocar y nutrir el debate público que la Comisión desea abrir con el 
presente Libro Verde. En un marco nacional, las autoridades del Reino Unido (el 
Ministerio de comercio e industria (Department of Trade and Industry), han publicado un 
documento de discusión muy interesante, con vistas a una reforma del derecho interno. Este 
documento se adjunta en anexo al presente libro. 
En el marco del trabajo que nos ocupa, y en el respeto del principio de subsidiariedad, la 
Comisión ha preferido centrarse en las cuestiones planteadas por la venta de productos, aun 
siendo consciente de que problemas similares pueden plantearse en el ámbito de los 
servicios1. Sin embargo, los servicios, por su carácter heterogéneo y multiforme, 
difícilmente pueden ser tratados global mente. 
No obstante, los servicios, cuando se refieren a bienes de consumo (instalación, alquiler, 
reparación de un bien), se acercan mucho a los temas tratados en el marco del presente 
Libro Verde. De hecho, hoy en día* no es raro que un prestatario de servicios conceda 
también una garantía comercial sobré el servicio prestado. En este ámbito, debe plantearse 
la cuestión de saber si es oportuno ampliar al sector de los servicios la reflexión entablada. 
Además, entre las ideas que se proponen sobre posibles soluciones a los problemas 
planteados, el Libro Verde limita la reflexión a la venta de "bienes muebles de consumo, 
duraderos y en estado nuevo", que son los tipos de bienes cuya compra transfronteriza por 
los consumidores origina más problemas. Se deja abierta la cuestión de saber si el ámbito 
de aplicación de estas medidas debe quedar limitado por la referencia al concepto 
tradicional de consumidor. En la misma óptica de respeto al principio de subsidiariedad, 
el análisis que se hace en el Libro Verde sobre los problemas relativos a los servicios 
postventa en sentido estricto se concentra exclusivamente en el aspecto del servicio 
postventa que parece que puede provocar más problemas respecto al buen funcionamiento 
del mercado común, que es la cuestión de la disponibilidad de las piezas de recambio 
necesarias para garantizar el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de los 
bienes durante todo su periodo de duración de vida normal. 
En lo que se refiere a las ideas para posibles acciones, el Libro Verde es muy claro sobre 
el hecho de que la Comisión no pretende presentar soluciones definitivas a los problemas 
estudiados ni siquiera anunciar ya preferencias concretas por una u otra de las posibles 
soluciones. Sólo se trata de presentar algunas pistas, algunas vías que podrían desarrollarse 
De hecho, las propuestas de la Comisión referentes a la directiva sobre las cláusulas abusivas incluían 
una disposición relativa a la garantía de los servicios (ver el artículo 6, párrafo 4°, de la propuesta 
modificada, transcrito más adelante en el capítulo IV.2). 
en futuros trabajos para provocar una discusión pública que no dejará de aportar nuevos 
elementos y de proyectar una nueva luz sobre las cuestiones enunciadas. Así, el Libro 
Verde se limita a presentar algunas opciones que parecen adecuadas a los objetivos que se 
persiguen. Las hipótesis de trabajo presentadas pueden considerarse a veces como 
alternativas, pero también pueden tomarse como complementarias o combinarse unas con 
otras. En cualquier caso, está claro que la Comisión no excluye de entrada ninguna 
propuesta y espera que el debate público amplíe los horizontes de la discusión. 
La elección hecha por la Comisión, en el presente Libro Verde, en cuanto a las posibles 
soluciones, se basa en consideraciones de metodología y no emite ningún juicio sobre la 
calidad de una u otra solución analizada. Evidentemente, la Comisión espera comentarios 
sobre los análisis efectuados, pero también espera que los propios interesados puedan 
analizar y desarrollar, si lo juzgan deseable, las opciones "menos valoradas" por la 
Comisión. En cualquier caso, el Libro Verde enuncia una serie de sugerencias que van 
desde medidas de armonización de las legislaciones nacionales hasta soluciones basadas 
meramente en la autor reglamentación de carácter voluntario. 
Miles de consumidores se enfrentan, cada año, con problemas relacionados con 
reclamaciones sobre productos defectuosos. Este tipo de reclamación constituye una de las 
principales fuentes de conflictos entre los vendedores y los consumidores y nutre, en gran 
parte, los expedientes sobre quejas recibidas en las asociaciones de consumidores. En el 
anexo se presentan algunos casos que ilustran estos problemas. 
El Office of Fair Trade (OFT) del Reino Unido ha elaborado, durante el año en curso, un 
estudio sobre los problemas a los que se enfrentan los consumidores al intentar hacer valer 
las garantías comerciales que ofrecen los vendedores o los fabricantes de productos. Según 
este estudio, un 24% de los consumidores que ha intentado hacer uso de una de estas 
garantías ha tenido dificultades y no ha recibido una respuesta satisfactoria2. La repercusión 
que tienen estos problemas varía con el tipo de producto. El desglose por productos es el 
siguiente: 
muebles, alfombras 47% 
coches 28% 
vídeos (con camcorder) 25% 
radios, equipos de audio y de alta fidelidad 22% 
ordenadores 22% 
aspiradoras 22% 
electrodomésticos de línea blanca, en general 22% 
relojes 20% 
lavadoras, secadoras 14% 
Los problemas que se plantean en un ámbito nacional, por fuerza, adquieren un carácter 
más complejo cuando los consumidores participan en transacciones comerciales 
El porcentaje de insatisfacción ha aumentado con respecto al estudio de 1984, en el cual el porcentaje 
se situaba en torno a un 22%. 
transnacionales. Este constituye uno de los motivos por los cuales las instituciones 
comunitarias han reconocido en varias ocasiones la necesidad de ayudar al consumidor en 
la aplicación de sus derechos derivados de la garantía legal y, llegado el caso, de la 
garantía comercial concedida con ocasión de una transacción comercial. Contar con esta 
posibilidad es esencial para que el consumidor llegue a ser un operador de pleno derecho 
en los mercados de la Comunidad. 
Aunque anteriormente este problema podía considerarse un poco teórico, a partir de ahora 
se plantea de un modo práctico, sobre todo desde principios de 1993 con la "apertura del 
gran mercado único". " " 
Para que el mercado interior funcione de manera' eficaz, es necesario que las garantías 
sobre productos comprados por el coftsumido* enhetro país puedan cumplirse, sin ningún 
tipo de discriminación, en el país de residencia del consumidor. 
Con respecto a esta situación, procede citar los resultados obtenidos por el sondeo 
Eurobarómetro de 19913. Este sondeo ha puesto de manifiesto que las dificultades que 
surgen al ir a cambiar, o a reparar, productos comprados en otros países, constituyen la 
primera razón por la que los consumidores (53%) temen comprar en el extranjero. De 
hecho, un estudio realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1990 sobre 
las quejas de tipo transfronterizo tratadas por entidades nacionales, ya demostraba que un 
alto porcentaje de las quejas, por los menos parcialmente, se refería a productos o servicios 
defectuosos (el porcentaje oscilaba entre un 50 y UQ. 75%, según el Estado miembro) o, en 
concreto, a las dificultades surgidas en la ejecución de la garantía comercial o del servicio 
postventa (entre un 10 y un 75%). Es evidente que tos consumidores que hayan tenido una 
mala experiencia en una compra transfronteriza dudarán antes de repetir tales compras y 
adoptarán una postura escéptica en cuanto al proceso de integración europea y el verdadero 
sentido del mercado único. Algunos parlamentarios europeos ya se han hecho eco de estas 
preocupaciones, sobre todo a través de preguntas escritas dirigidas a la Comisión4. 
La consolidación definitiva del mercado único parece exigir, cada día más, un tratamiento 
comunitario de los problemas ligados a la garantía de los bienes y servicios de consumo, 
así como a los servicios postventa. El amplio espació económico sin fronteras no se logrará 
plenamente sin que, paralelamente a la libre circulación de productos y servicios, se 
consiga la "libre circulación" de los*con9wmidore«<ien calidad de compradores de bienes y 
destinatarios de servicios. *>*; - lV 
De hecho, el Tribunal de Justicia ha reconocido con toda claridad que "la libre circulación 
de mercancías concierne no sólo al comerció profesional, sino también a los particulares, 
lo cual exige [...] que los consumidores que residan en un Estado miembro puedan 
desplazarse libremente al territorio de otro Estado miembro, para abastecerse allí, en las 
3 Eurobarómetro n° 35, de julio de 1991. 
Véase pregunta escrita n° 1881/91, del Sr. ElioDî tëupo, DO n° C 66 de 16.3.92, p. 40 
H s mismas condiciones que la población local". 
Esta libertad se ve obstaculizada por barreras lingüísticas, culturales, psicológicas y 
jurídicas que impiden que los consumidores puedan disfrutar de las ventajas del gran 
mercado, adquiriendo productos o servicios más allá de las fronteras nacionales. 
Reforzar la confianza de los consumidores en el mercado único e incitar a los 
consumidores a que desempeñen un papel activo en su funcionamiento, requiere establecer 
previamente las condiciones necesarias para que los consumidores estén tranquilos en 
cuanto a sus derechos y se convenzan de la posibilidad real de hacerlos valer en cualquier 
punto del mercado único. 
Sin embargo, este problema ya se había planteado mucho antes de la finalización del 
Mercado interior. En efecto, el primer programa preliminar de la Comunidad Económica 
Europea para una política de protección e información a los consumidores ya había 
anunciado acciones comunitarias en el ámbito de las garantías6. 
En este programa, el Consejo declaraba que el consumidor debería poder beneficiarse de 
un servicio postventa satisfactorio para los bienes de consumo duraderos. 
De cara al reconocimiento de esta necesidad, el Consejo declaraba en 1975 que la acción 
prioritaria tenía una doble componente: por una parte luchar contra las prácticas 
comerciales abusivas, en particular en el ámbito de las condiciones de garantía, sobre todo 
de los bienes duraderos, y por otra parte, armonizar el derecho sobre la responsabilidad por 
los daños causados por productos defectuosos para mejorar la protección del consumidor7. 
En 1981, el segundo programa de la CEE para una política de protección e información 
a los consumidores8, reconocía de nuevo esta doble necesidad, de protección de los 
intereses económicos frente a un producto defectuoso por una parte y de existencia de un 
servicio postventa satisfactorio, por otra. Además, el Consejo pidió a la Comisión que 
estudiara en concreto las posibilidades de mejora de la calidad del servicio postventa, 
prestado por los productores y por los proveedores de productos y servicios, así como las 
empresas que realizan servicios de mantenimiento y de reparación, sobre todo en cuanto 
a la duración de la garantía, los gastos de transporte, la inmovilización de los productos 
y la disponibilidad de las piezas de recambio. El Consejo también pidió a la Comisión que 
5 
(i Sentencia GB-INNO-BM de 7/3/90, asunto C-362/88, recopilación de 1990, p. 667 considerando 8. 
Resolución del Consejo de 14 de abril de 1975, DO de 25 de abril de 1975, p.l. 
Esta segunda acción se limitará al resarcimiento de los daños físicos (corporales y materiales) y 
excluirá, entre otros, el resarcimiento de los daños causados al propio producto defectuoso. 
8 Resolución del Consejo de 19 de mayo de 1981, DO n° C 133 de 3 de junio de 1981. 
10 
estudiara los medios necesarios, y que emprendiera "las iniciativas adecuadas, en vistas a 
mejorar las condiciones de garantía ofrecidas por el fabricante y/o por el proveedor de 
productos y de servicio postventa, tanto por vía legal como, llegado el caso, por vía de 
acuerdos entre las partes interesadas, sobre todo para mejorar las cláusulas contractuales". 
Llegado cierto punto, el Consejo estimó que los sectores prioritarios eran el de vehículos 
de motor y el de electrodomésticos9, conforme a la petición expuesta por el Comité 
consultivo de los consumidores en su dictamen sobre el proyecto de programa de acción10. 
Por otro lado, resulta interesante constatar que el Parlamento europeo, con ocasión del 
dictamen sobre la comunicación de la Comisión sobre el programa de acción, ya había 
invitado a la Comisión a establecer una directiva sobre los servicios postventa, tras recordar 
el gran interés que había suscitado tal iniciativa en una audición pública sobre el segundo 
programa comunitario. 
En 1986, la Resolución del Consejo de 23 de junio relativa a la orientación futura de la 
política de la CEE para la protección y el fomento de los intereses de los consumidores11, 
que remitía a la Comunicación de la Comisión "nuevo impulso para la política de 
protección de los consumidores"12, introducía un nuevo dato. En efecto, la Comisión ponía 
de manifiesto en su comunicación las dificultades por las que atraviesa el consumidor en 
el momento de hacer uso de la garantía de productos adquiridos en otros Estados 
miembros, mientras que, con anterioridad, la dimensión potencial mente transfronteriza de 
este asunto no había sido abordada claramente. La Comisión declaraba en esta ocasión que 
la garantía, al ser un servicio ligado a un producto y aplicarse a un bien de consumo 
duradero, debería cumplirse en el país de residencia del consumidor, aunque el producto 
se hubiera adquirido en otro país. La Comisión anunciaba en este documento que estudiaría 
los "problemas a los que se enfrentan los consumidores, en la ejecución de las garantías 
y en el servicio postventa", y que tenía la intención de formular propuestas adecuadas en 
este sentido. 
En 1989 el Consejo, en su Resolución sobre futuras prioridades para el relanzamiento de 
la política de protección del consumidor13, invitaba de nuevo a la Comisión a estudiar la 
posibilidad de emprender iniciativas en el campo de las garantías y del servicio postventa. 
9 Ibíd. punto 35 a). 
10 CCC/44/79 de 24 de abril de 1979. 
11 DO n° C167 de 5 de julio de 1986. 
12 COM (85) 314 final. 
13 DO n° C294 de 22 de noviembre de 1989. 
11 
El plan trienal de acción sobre política de protección de los consumidores en la CEE, 
publicado por la Comisión en 199014 como continuación a la anterior Resolución, hacía 
hincapié, con más fuerza que en el texto de 1986, en la necesidad de un enfoque 
comunitario para el tema de la garantía, de cara a conseguir un buen funcionamiento del 
mercado interior. El texto mencionaba la importancia de adoptar medidas que permitieran 
a los consumidores utilizar su poder de adquisición en toda la Comunidad. Asimismo citaba 
la conveniencia de, por una parte, identificar en el derecho de los contratos en vigor en 
todos los Estados miembros los elementos susceptibles de disuadir a los consumidores de 
comprar en el extranjero y, por otra, de eliminar estos elementos en la medida de lo 
posible. La Comisión se proponía examinar las posibles iniciativas para simplificar los 
contratos transfronterizos, las garantías y los servicios postventa de los consumidores. 
Por fin, en 1992, el Consejo, en su Resolución sobre futuras prioridades del desarrollo de 
la política de protección de los consumidores13, consideraba que era necesario aplicar 
medidas suplementarias que permitieran a los consumidores confiar en los mecanismos del 
mercado único, sobre todo en lo referente a las garantías. Además, invitaba a la Comisión 
a apreciar "la utilidad y la oportunidad de una aproximación del régimen de garantías y de 
la mejora del servicio postventa de los bienes y de los servicios en el mercado interior". 
El Parlamento Europeo también ha insistido, en numerosas ocasiones, en la necesidad de 
una acción comunitaria en el campo de las garantías y de los servicios postventa. Muy 
recientemente, el Parlamento, en su Resolución de 11 de marzo de 199216, ha invitado a 
la Comisión a que "examine las diferentes normativas nacionales en materia de garantía 
y proponga normas que aseguren un marco europeo mínimo, pero conservando, además, 
la posibilidad de garantías contractuales más amplias como forma específica de 
competencia y no las reglamente mediante una legislación europea". 
Por su parte, el Comité Económico y Social, en su iniciativa de dictamen sobre la 
realización del mercado interior y la protección de los consumidores de 26 de septiembre 
de 1991n ha llamado expresamente la atención sobre ciertas incoherencias consistentes en 
que la realidad vivida por los consumidores no corresponde al discurso oficial, sobre todo 
en el terreno de las garantías en las compras transfronterizas. El Comité ha pedido a la 
Comisión que inicie una labor encaminada a proteger a los consumidores en el campo de 
las garantías y de los servicios postventa, en el ámbito de la apertura de las fronteras 
15 14 COM (90) 98 final de 3 de mayo de 1990. 
DO n° C 186 de 23 de julio de 1992. 
Resolución sobre las exigencias en materia de protección del consumidor y de salud pública para la 
realización del mercado interior. 
17 DO n° C339 de 31 de diciembre de 1991, p.16. 
12 
europeas y de la internacionalización de los contratos de consumo. De nuevo, en su 
dictamen sobre el consumidor y el mercado interior de 24 de noviembre de 199218, el 
Comité Económico y Social declara que "se debería prestar una atención especial a la 
definición de un sistema comunitario que permita al consumidor prevalerse de una garantía 
contra los vicios ocultos, y sea eficaz en todo el territorio de la Comunidad. 
Con la adopción de la directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos19 y sobre las cláusulas abusivas20 ya se adoptaron ciertas medidas encaminadas, 
de algún modo, en ese sentido. Con la adopción de la segunda directiva en todos los 
Estados miembros, los consumidores tendrán la seguridad de que posibles cláusulas 
abusivas presentes en contratos de adhesión, que figuren por ejemplo en las condiciones 
generales de venta, serán no oponibles en todo el mercado único. Esta diligencia negativa 
precisa, sin embargo, ser completada por una diligencia positiva relativa a los derechos de 
los consumidores nacidos con la compra de productos o servicios. Es necesario garantizar 
a los consumidores que, en todo momento y con independencia del país en el que se 
adquiera un bien dentro del mercado único, puedan beneficiarse de un servicio postventa 
eficaz y reaccionar ante posibles defectos en el producto comprado. Hasta que no existan 
estas garantías, el consumidor europeo seguirá limitándose a horizontes nacionales, léase 
regionales o locales. 
En el ámbito de la labor emprendida tras la propuesta de directiva del Consejo, relativa a 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores21, la Comisión había 
incluso considerado la posibilidad de una primera medida de armonización sobre ciertos 
aspectos de la garantía legal y comercial de los bienes muebles y de la garantía legal de 
los servicios. Sin embargo, el Consejo consideró más oportuno tratar estos asuntos de modo 
autónomo y con una mayor profundidad, y descartó la inclusión de estas disposiciones en 
la directiva sobre las cláusulas abusivas, invitando a la Comisión "a examinar las 
modalidades de aproximación de las normas sobre garantía de los Estados miembros en 
materia de contratos celebrados con consumidores y, sobre esta base, a someterle, llegado 
el caso, una propuesta de directiva relativa a la armonización de las legislaciones 
18 
19 
20 
21 DO n° 19 de 21 de enero de 1993. 
Directiva del Consejo n° 85/374, de 25 de Julio de 1985, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, DO L210 de 7/8/85, p.29. 
Directiva del Consejo n° 93/13 de 5 de abril de 1993, DO n° L95 de 21 de abril de 1993, p.29 
Propuesta inicial, DO C 243 de 28 de Septiembre de 1990, p.2. Propuesta modificada, DO C 73 de 24 
de marzo de 1992, p.7. 
13 
••22 nacionales en este campo" . 
Declaración del Consejo en el acta con ocasión de la adopción de la directiva sobre las cláusulas 
abusivas, el 5 de abril de 1992. 
14 
II - GARANTÍA LEGAL. GARANTÍA COMERCIAL Y SERVICIO POSTVENTA 
Al hablar de la "garantía" de los bienes, se abordan dos realidades jurídicas diferentes: la 
garantía legal y la garantía comercial. 
La garantía legal está siempre presente y emana directamente de la ley. La garantía comercial 
la ofrece voluntariamente el fabricante o el vendedor del bien, o incluso un tercero que actúe 
en la cadena de distribución del producto. 
La garantía legal produce los efectos marcados por la ley y su ejecución obedece a las 
condiciones y procedimientos legal mente establecidos. 
La garantía comercial produce los efectos marcados unilateralmente por el que la ofrece y su 
ejecución obedece a las condiciones y procedimientos establecidos igualmente por aquél. 
Cuando coexisten, las dos modalidades de garantía son complementarias y, en cierto modo, se 
yuxtaponen. A veces, las condiciones necesarias para la ejecución de las dos garantías irán 
juntas y, a veces, el consumidor sólo podrá recurrir a la garantía legal o a una comercial (por 
razones de procedimiento como es el caso de los plazos, o por razones de fondo como es el 
caso del concepto de "defecto"). 
Sin embargo, las relaciones entre las dos modalidades están lejos de estar claras para la doctrina 
y para la jurisprudencia y aún menos para el gran público. El consumidor ignora, por regla 
general, la existencia de la garantía legal y sólo conoce la garantía comercial. Así, cuando no 
existe una garantía comercial, o esta no puede ejecutarse, el consumidor cree carecer de 
derechos. Además, a menudo el consumidor cree que sus derechos se limitan al contenido de 
la garantía comercial23. 
A. GARANTÍA LEGAL 
Tradicionalmente, la garantía legal consiste en la obligación, a cargo del vendedor, de 
"garantizar" el buen estado de la cosa vendida y las cualidades de la cosa que se han convenido 
especialmente. Cuando esta última presenta un defecto, el comprador posee un derecho de 
recurso contra el vendedor. De hecho esta garantía no es sino un efecto jurídico que emana, por 
tuerza de ley, del contrato de venta. A este respecto, procede diferenciar entre los defectos 
objeto de la garantía legal y los defectos de seguridad objeto de la normativa relativa a la 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Aunque ambas materias 
puedan solaparse, cuando hablemos de garantía obviaremos intencionadamente los aspectos 
relativos a la seguridad de los productos. 
Asi, la garantía legal emana, en los derechos continentales de las disposiciones relativas al 
contrato de venta présentes en los códigos civiles y, en los derechos de tradición de la Common 
Law, de las disposiciones de las leyes relativas al contrato de venta (Sales of goods acts). Estas 
disposiciones se adaptaban a sociedades tradicionales que se regían por relaciones de confianza 
y de fidelidad entre el consumidor y el vendedor, así como entre éste y sus proveedores. Por 
lo general, los bienes vendidos a los consumidores tenían unas características sencillas, desde 
23 Ejemplo: a menudo los documentos comerciales contienen una cláusula del tipo "la responsabilidad 
del vendedor se Umita expresamente a devolver en buen estado las piezas defectuosas, y en ningún 
caso se le puede considerar responsable de los daños y perjuicios que resulten del defecto de la cosa". 
Y sin embargo, se puede dar el caso excepcional en que la garantía legal aplicable conforme a la ley 
nacional, incluya el derecho a ser indemnizado por los daños que resulten del defecto del producto 
15 
el punto de vista técnico. A menudo, estas disposiciones legales nacionales no se adaptan 
demasiado bien a las condiciones modernas de la sociedad de consumo, o por lo menos, en 
ciertos sectores del consumo, ni el vendedor ni el consumidor miran o verifican el bien concreto 
objeto del contrato que, por otra parte, frecuentemente tiene un carácter eminentemente 
tecnológico y en el que las relaciones de consumo han perdido su carácter personalizado y, por 
lo general, se establecen en el anonimato de los grandes centros comerciales. 
Las leyes nacionales difieren considerablemente en lo relativo a los aspectos concretos de la 
normativa sobre la garantía legal. Estas divergencias se manifiestan en cuanto a los defectos 
cubiertos, las personas responsables, los procedimientos o plazos apropiados para ejecutar la 
garantía, los efectos jurídicos de la garantía, etc24. Ahora bien, cuando el consumidor adquiere 
bienes en el transcurso de un viaje al extranjero, normalmente se aplica a la transacción la ley 
del país de compra25. 
Asegurar la 'libre circulación de los consumidores" significa también establecer las condiciones 
para que estos gocen de un mínimo de derechos, ejecutados por procedimientos similares, 
independientemente del país de compra* Estos derechos no deberían disminuir, ni desaparecer, 
por el hecho de haber comprado los productos o servicios en un país que no sea el de residencia 
del consumidor, por lo que podría resultar conveniente un mínimo de reglas de juego comunes 
que creen condiciones equitativas parajes .compras transfronterizas de los consumidores. 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
La garantía comercial, aplicada en un principio sobre todo a productos electrónicos, 
electrodomésticos y coches, tiende, hoy en día, à extenderse a casi todas las ramas del consumo. 
Cada vez hay más productos que cuentan con una garantía comercial, ofrecida normalmente por 
el fabricante: desde productos textiles hasta paraguas, pasando por molinillos para pimienta (!). 
La garantía comercial siempre está relacionada con un cierto período preestablecido, calculado 
normalmente a partir de la fecha de venta: el bien está garantizado por seis meses, un año, diez 
años, etc. Este período no constituye ana condición-de procedimiento, como es a menudo el 
caso en el marco de la garantía legal, sino una verdadera condición de fondo. Corresponde a la 
promesa de "buen funcionamiento" del bien durante un cierto período. 
Si durante ese período aparece un defecto* el consumidor, generalmente, no tiene que demostrar 
que éste ya existía en el momento de la venta. 
La garantía comercial tiene una gran importancia práctica para el consumidor. Según la 
encuesta, anteriormente citada, realizada por el OFT del Reino Unido en 1993, un 74% de las 
personas encuestadas había adquirido, en el transcurso de los últimos tres años, un bien 
24 
25 Estas cuestiones serán analizadas en el punto III A. 
Tal es la resolución que emana del artículo 4 del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 (DO L 
266 de 9 de octubre de 1980): "La ley aplicable será la del país de residencia del consumidor 
únicamente a condición de que el viaje al extranjero hubiera sido organizado por el vendedor con el 
fin de incitar al comprador a comprar". Esta cuestión se analizará en detalle en el punto IV.A. 
16 
cualquiera que contaba con una garantía y un 27% de estos consumidores hicieron uso de esta 
garantía. 
Cada vez más la garantía constituye un medio privilegiado de competencia entre empresas y uno 
de los argumentos más utilizados en publicidad (el consumidor considera la garantía como un 
"marchamo" de calidad). El ofrecimiento de una garantía corresponde, de alguna manera, a la 
necesidad de las empresas de establecer relaciones más personalizadas con la clientela. Se trata 
de vender, a la vez que el producto, un servicio específico que pretende garantizar el buen 
funcionamiento del mismo. La oferta de garantías comerciales permite, en cierto modo, 
compensar la tendencia de las sociedades modernas a hacer las relaciones de consumo abstractas 
y anónimas. Estas garantías desempeñan así una función económica y social fundamental. Sin 
embargo, raros son los Estados miembros que disponen de un marco legal de aplicación 
específica a la garantía comercial ofrecida por el fabricante. 
Sin embargo, para conseguir el buen funcionamiento del mercado único, este marco parece ser 
necesario. Debería construirse para reforzar el elemento de "competencia" que contiene la 
garantía, para asegurar que la garantía del fabricante funcione de manera eficaz en todo el 
territorio del mercado común, y para contribuir a que los consumidores dispongan de una 
información correcta y completa. Este marco no debería modificar la naturaleza voluntaria de 
la garantía comercial, sino asegurar la transparencia y el funcionamiento del mercado. 
C SERVICIOS POSTVENTA 
El objeto de este apartado son los servicios postventa en sentido estricto, es decir, los que no 
están ligados a la ejecución de una garantía y que, por consiguiente, se ofrecen mediante una 
contraprestación pecuniaria. Un buen servicio postventa que asegure el mantenimiento y la 
reparación de los productos es esencial para el período de vida de estos y, en consecuencia, 
constituye una ventaja fundamental para los consumidores. En las modernas sociedades de 
producción en masa, la calidad del servicio postventa ofrecido por las empresas asume una 
función económica cada día más importante. En efecto, las empresas intentan hacerse la 
competencia no sólo con la garantía de los productos que producen o venden sino, asimismo, 
con la calidad de la asistencia que son capaces de garantizar al consumidor; las empresas 
modernas ya no sólo venden sus productos sino también los servicios ligados a los productos. 
En el marco del presente Libro Verde, y conforme al principio de subsidiariedad, la Comisión 
ha elegido concentrarse en un único aspecto del servicio postventa que parece que puede 
provocar problemas parar el buen funcionamiento del mercado común: la cuestión de la 
disponibilidad de las piezas de recambio necesarias para garantizar el funcionamiento, el 
mantenimiento o la reparación de los bienes durante toda la duración de su periodo normal de 
vida. En efecto, algunos Estados miembros han tomado medidas al respecto pero, en el 
contexto del mercado único, estas disposiciones corren el riesgo de resultar ineficaces, léase de 
provocar distorsiones en materia de competencia. Sería deseable poder encontrar- una solución 
en el marco europeo. 
17 
Ill - SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
A. GARANTÍA LEGAL 
En este capítulo efectuaremos un análisis comparativo sintético sobre la respuesta dada por los 
diferentes sistemas jurídicos nacionales a los problemas planteados por la garantía legal de los 
productos y de los servicios de consumo, haciendo hincapié tanto en las convergencias como 
en las divergencias entre ellos. 
A veces, sin embargo, es difícil establecer los límites existentes entre las garantías legales y las 
garantías comerciales, y el legislador a veces ha combinado, por los menos en ciertos puntos, 
los dos enfoques. Los aspectos de los sistemas jurídicos nacionales que constituyen puntos en 
común de la garantía legal y de la garantía comercial se expondrán en el apartado B. 
El método seguido ha consistido en analizar aspectos concretos de la legislación; primero, se 
han identificado las diversas bases jurídicas que sustentan la garantía legal en vigor en los 
Estados miembros, así como el carácter imperativo que el legislador o los tribunales le hayan, 
o no, reconocido (1). Después, se han comparado las distintas acepciones del concepto de 
defecto, piedra angular del sistema de la garantía legal, así como las características que debe 
presentar para conceder el derecho a la garantía legal (2). Asimismo estudiaremos en qué 
medida el único responsable de la garantía es sólo el vendedor, o terceros que intervengan en 
la cadena de distribución del producto, identificando las personas que son responsables de la 
garantía (3). Paralelamente, verificaremos si sólo el comprador, o también otros usuarios pueden 
beneficiarse de la garantía legal (4). Las diferentes posibilidades de recurso con que cuenta el 
consumidor (5), así como los límites temporales que se imponen a estos recursos (6), 
constituyen asimismo importantes elementos del análisis comparado de la normativa sobre la 
garantía legal en los sistemas jurídicos nacionales. Por último verificaremos el reparto de la 
carga de la prueba entre las distintas partes (7). 
1. Base jurídica 
Todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros contienen disposiciones relativas 
a la garantía del vendedor en caso de defecto de la cosa vendida. Al analizar estas disposiciones, 
resulta que en los Estados miembros que, en virtud de su cultura jurídica, han plasmado su 
derecho civil en un Código, las normas fundamentales del derecho de la garantía se encuentran 
aquí recogidas y, para ser más concretos, en el capítulo -dedicado al contrato de venta. Sin 
embargo, varios legisladores nacionales han completado, léase modificado, las disposiciones del 
Código Civil con una legislación específica, que trata a veces de las cuestiones generales de la 
protección de los consumidores y a veces de la protección de los consumidores contra las 
cláusulas abusivas. Por otro lado, los Estados miembros que no cuentan con un Código Civil, 
poseen una legislación específica sobre el derecho de la venta, que, llegado el caso, se completa, 
léase matiza, con una legislación relativa al derecho de los contratos celebrados con 
consumidores. 
Dentro de este contexto es interesante describir los diversos sistemas jurídicos, teniendo en 
cuenta las siguientes preguntas: 
¿En el caso de que un consumidor concluya la venta, ¿cuenta la garantía legal con un 
estatuto especial? 
18 
¿Tienen las disposiciones legales relativas a la garantía legal un carácter supletorio, que 
permite la derogación por vía contractual, o un carácter imperativo que impide la 
derogación por vía contractual, o sólo permite la derogación en beneficio del consumidor? 
Antes de describir brevemente las bases jurídicas existentes en las legislaciones nacionales, en 
el contexto de la garantía legal, se imponen dos comentarios: 
Por una parte, nos limitaremos aquí al derecho de la garantía, con excepción de otras vías 
de recurso de las que pudiera disponer el consumidor en caso de defecto del producto o 
en caso de no conformidad de la cosa entregada. Por lo tanto, no analizaremos cuestiones 
relacionadas con el derecho de la responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos (contenido en la directiva de 25 de julio de 1985), ni las relativas a la 
obligación de entrega. Estas cuestiones son conceptual mente diferentes de la garantía en 
sí misma, aunque en la práctica, estas distintas vías de recurso puedan presentar aspectos 
similares y zonas comunes; además conservan todo su interés, dado que pueden permitir 
al consumidor escapar de restricciones inherentes a la garantía legal actuando por otra vía. 
Por otra parte, en el presente apartado 1, sólo consideraremos, en principio, disposiciones 
legales y, llegado el caso, reglamentarias; con la excepción de los desarrollos 
jurisprudenciales o doctrinales que, sin embargo, en ciertos Estados miembros hayan 
constituido la única base jurídica real para los recursos incoados por el consumidor en el 
contexto del derecho de la garantía. Estos desarrollos han permitido sin duda alguna, dentro 
de la evolución de las relaciones de consumo, interpretar, completar y adaptar, una 
legislación a veces demasiado esquemática o embrionaria. A menudo han servido de base 
a modificaciones legislativas realizadas recientemente y su aportación aparecerá con 
claridad en los párrafos en los que se trate de forma detallada sobre ciertos aspectos del 
derecho de la garantía. 
El régimen jurídico de la garantía legal presenta la siguiente configuración en los diversos 
Estados miembros: 
En Alemania, los artículos 459 y siguientes del Código Civil prevén la obligación del vendedor 
de suministrar productos exentos de defectos que disminuyen su valor y su idoneidad para el 
uso normal o para el uso, explícita o implícitamente, previsto en el contrato. La ley relativa a 
las condiciones contractuales generales de 1977 (AGB) que reglamenta el recurso contra ciertas 
cláusulas estandarizadas restrictivas, de las condiciones de apertura de la garantía o de su 
ejecución, completa estas disposiciones. 
Las disposiciones del Código Civil y del AGB tienden a proteger a todos los compradores de 
productos. 
La protección que otorga el Código Civil alemán no es imperativa. Sin embargo, en virtud del 
AGB, las condiciones contractuales generales que limitan los derechos del comprador están 
prohibidas dentro de ciertos límites: el vendedor debe conceder al comprador un derecho al 
resarcimiento cuando limite o anule los derechos que posee en virtud de la garantía legal (y el 
derecho a rescindir el contrato o a disminuir el precio en caso de fracasar la reparación); el 
vendedor no puede limitar su responsabilidad en caso de negligencia o fraude, no puede anular 
el derecho del comprador a reclamar daños y perjuicios cuando el producto no presente las 
características prometidas y no puede reducir el plazo de recurso por debajo del plazo legal de 
seis meses. 
19 
En Bélgica, los artículos 1641 y siguientes del Código Civil establecen que el vendedor está 
obligado a prestar la garantía en caso de vicio oculto que convierte a la cosa en impropia para 
el uso a que se la destina, o que disminuyen de tal manera ese uso que el comprador, de 
haberlas conocido, no la habría comprado o habría pagado por ella un precio inferior. El Código 
Civil se completó con la ley de 14 de julio de 1991 sobre las prácticas del comercio y sobre la 
información y la protección del consumidores (LPC), que prevé en su artículo 32 que ciertas 
cláusulas de los contratos celebrados con consumidores que restrinjan los derechos de éste, se 
consideran como abusivas. 
Las disposiciones del Código Civil son aplicables a todas las ventas, y no se reservan para los 
contratos celebrados con consumidores. Por su parte, las disposiciones de la LPC relativas a las 
cláusulas abusivas están limitadas a los contratos celebrados con consumidores. 
Las disposiciones del Código Civil no eran imperativas hasta la adopción de la LPC. Esta, en 
su artículo 33, párrafo 2o, precisa que las cláusulas abusivas que enumera son nulas y están 
prohibidas. En el artículo 32, párrafo 12, se consideran abusivas las cláusulas que tienen por 
objeto la supresión o reducción de la garantía legal en materia de vicios ocultos prevista por el 
Código Civil. De esto se deduce que la protección otorgada al consumidor al combinar el 
Código Civil y la LPC es imperativa. 
Por último, existe un anteproyecto de codificación del derecho del consumo que también 
contiene disposiciones importantes relativas a la garantía legal. 
En Dinamarca, las disposiciones relativas a la garantía legal en favor del consumidor tienen su 
fundamento en el Sale of Goods Act de 1906 (SGA). En 1979, esta legislación general relativa 
al derecho de la venta sufrió importantes modificaciones y ampliaciones en el contexto de los 
contratos de venta celebrados con consumidores (Consumer Sales Amendment Act), de forma 
que el derecho danés dispone desde esa fecha de un régimen jurídico específico para las 
relaciones de consumo, que completa y reemplaza en cierta medida la legislación general. La 
ley explica en todo detalle el concepto de defecto. Esta legislación debe completarse con el 
Contracts Acts de 1975 y, en concreto, con su artículo 36, que permite el control de las 
cláusulas abusivas en los contratos. 
Numerosas disposiciones del SGA relativas a la garantía legal son imperativas, entendiendo con 
esto que no se pueden derogar a no ser en beneficio del consumidor. Otras disposiciones son 
sólo supletorias. ' , 
En España, los artículos 1484 y siguientes del Código Civil establecen que el vendedor está 
obligado a responder por el vicio oculto de la cosa vendida que la hace impropia para el uso 
o que disminuye su valor de tal manera que el consumidor, de haberlo conocido, hubiera pagado 
por ella un precio inferior. La garantía legal establecida por el Código Civil puede ser 
desplazada por un disposición contractual, salvo cuando el vendedor conociera realmente el 
defecto. La Ley general de defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU) de 19 de julio de 
1984 completa las disposiciones del Código Civil, sin establecer claramente, sin embargo, si 
atañe a la responsabilidad contractual o a la responsabilidad extracontractual de los 
profesionales. La LGDCU no contiene sólo disposiciones específicas relativas a la garantía, 
aporta también una protección contra las cláusulas abusivas, que resulta asimismo pertinente en 
el ámbito de la garantía legal. Resulta también interesante constatar) que la LGDCU ha sido 
objeto de textos reglamentarios de aplicación a ciertos sectores, que contienen asimismo 
20 
disposiciones relativas a la garantía. Así» un real decreto de 10 de enero de 1986 atañe a la 
protección del consumidor en el ámbito de la reparación de automóviles; un real decreto de 29 
de enero de 1990 trata sobre la protección del consumidor frente a los servicios de reparación 
de electrodomésticos. Otro real decreto de 8 de marzo de 1991 aporta una definición de los 
bienes duraderos así como una lista cerrada de productos considerados como duraderos 
conforme a la LGDCU. Por otro lado, se deben completar los textos legislativos de ámbito 
nacional con las iniciativas legislativas establecidas por ciertas Comunidades autónomas para 
su territorio. Estas Comunidades autónomas disponen de una competencia legislativa propia en 
el ámbito de la protección del consumidor que, llegado el caso, prima sobre la legislación 
nacional, por lo que han adoptado textos entre los cuales algunos se refieren directamente a la 
cuestión de la garantía legal. Así, podemos citar la ley de 18 de noviembre de 1981 del País 
Vasco, la ley de 28 de diciembre de 1984 de la Comunidad autónoma de Galicia y la ley 
catalana de 8 de enero de 1990. 
Las disposiciones del Código Civil se aplican a todos los compradores. Por el contrario, el 
dispositivo reglamentario basado en la LGDCU se limita a las relaciones de consumo. 
Si bien las disposiciones del Código Civil son supletorias, las de la LGDCU son imperativas, 
en el sentido que no pueden derogarse en perjuicio del consumidor. 
En Francia, el Código Civil en sus artículos 1641 y siguientes, trata explícitamente los derechos 
del comprador en caso de vicio oculto de la cosa vendida. El Código debe completarse con las 
disposiciones del decreto n° 78-464 de 24 de marzo de 1978, texto este de aplicación de la ley 
n° 78-23 de 10 de enero de 1978 relativa a las cláusulas abusivas, que define el carácter abusivo 
de las cláusulas que reducen los derechos del consumidor en caso de incumplimiento por parte 
del profesional de una de sus obligaciones. Además, procede precisar que en derecho francés, 
existe cierta confusión entre los conceptos de obligación de garantía contra los vicios ocultos 
y obligación de conformidad entre la cosa entregada y la cosa vendida (obligación de 
expedición). La aproximación entre los dos tipos de obligaciones, apoyada por un amplio sector 
de la doctrina, es más bien favorable al consumidor, ya que amplía y completa las condiciones 
de recurso del consumidor en caso de producto defectuoso. 
Las disposiciones del Código Civil son aplicables a todos los contratos de venta, pero el carácter 
imperativo de la protección que éste otorga se limita exclusivamente a las relaciones entre un 
vendedor profesional y un consumidor, o entre profesionales que no tienen la misma 
especialidad (ver punto IV.4.1). 
En Grecia, el fundamento tradicional del derecho de la garantía legal se halla asimismo en el 
Código Civil, en particular en los artículos 513 y siguientes. En r991, el legislador griego 
adoptó una legislación general sobre la protección del consumidor, que incluye un capítulo 
dedicado especialmente a los servicios postventa y que introduce la obligación específica para 
el vendedor de bienes de consumo duradero de suministrar por escrito una garantía (ley n° 
1961/91). Esta garantía viene a añadirse a la garantía legal y, dado su carácter obligatorio, la 
normativa realmente aplicable a los bienes nuevos de consumo duradero sólo tiene sentido 
considerando conjuntamente ambas normativas legales. 
Si bien el Código Civil se aplica a todas las ventas, las disposiciones de la ley 1961/91 están 
orientadas únicamente hacia la protección del consumidor. 
Las disposiciones del Código Civil son supletorias. Por el contrario, la protección otorgada por 
la ley de 1991 es imperativa, al considerar como nula la cláusula según la cual el consumidor 
21 
renuncia a los derechos de los que goza en virtud de esta legislación. Esta ley contiene, además, 
una prohibición de existencia en los contratos de cláusulas abusivas y, sobre todo, de cláusulas 
restrictivas de la responsabilidad del vendedor que emana de la garantía legal. 
En Irlanda, el Sale of Goods and Supply of Services Act de 1980 (SGSSA) concede al 
comprador un derecho sobre la garantía basado en el concepto de la existencia en el contrato 
de venta de un "implied term" (cláusula implícita) según el cual los bienes tienen una 
"merchantable quality" (calidad de mercado). Las disposiciones del Unfair Contract Terms Act 
de 1977 que contiene disposiciones aplicables a las cláusulas restrictivas de la garantía legal, 
completan la ley. 
Cualquier comprador puede invocar las disposiciones del derecho irlandés, haya o no comprado 
los bienes con fines privados, salvo las disposiciones específicas relativas a la venta de 
automóviles, que no se aplican cuando el comprador es un profesional de la distribución de 
automóviles. 
El derecho irlandés es imperativo en las relaciones de consumo. De hecho, está prohibido bajo 
pena de sanción (penal) incluir en los contratos o exponer en los establecimientos condiciones 
contractuales que restrinjan o nieguen estos derechos de los consumidores26. 
En Italia, existen dos disposiciones del Código Civil que se aplican a este contexto: por una 
parte el artículo 1490, relativo a la garantía para los vicios ocultos y, por otra, el artículo 1497, 
relativo a la garantía para el defecto de calidad. La jurisprudencia ha creado una tercera base 
jurídica para las acciones de garantía: el aliud pro alio. Se trata, en efecto, del mismo tipo de 
aproximación que la realizada por la jurisprudencia francesa entre la obligación de garantía 
contra los vicios ocultos y la obligación de conformidad entre la cosa entregada y la cosa 
vendida. 
Las disposiciones del Código Civil no establecen distinción alguna en función del carácter 
privado o no de la transacción por parte del comprador. 
Las disposiciones del Código Civil son, en principio, supletorias, al permitir a las partes, y por 
lo tanto de hecho al vendedor, su derogación. Por lo tanto, las cláusulas restrictivas de la 
garantía están permitidas en el derecho italiano, pero con una excepción doble: por un lado, el 
vendedor de mala fe no puede restringir las obligaciones surgidas con la garantía; por otro, la 
jurisprudencia ha aceptado el carácter imperativo de la garantía contra los defectos de calidad. 
En Luxemburgo. los artículos 1641 y siguientes del Código Civil constituyen, como en Bélgica 
y en Francia, el fundamento jurídico tradicional de la garantía legal. La ley de 25 de agosto de 
1983 relativa a la protección legal del consumidor completa estas disposiciones legales y 
contiene una reglamentación relativa a las cláusulas abusivas. Esta ley también ha sido a su vez 
completada mediante la ley de 15 de mayo de 1987 que modifica, entre otros, los artículos del 
Código Civil relativos a la garantía legal, para codificar la evolución de la jurisprudencia en la 
materia. 
El ejemplo tipico consiste en un cartel en una tienda que rece: "los artículos no podrán ser devueltos 
ni cambiados". 
22 
Las disposiciones del Código Civil permiten a todo comprador gozar de la protección de la 
garantía legal. Sin embargo, en virtud del artículo 2 de la ley de 1983 y del artículo l, 9o de la 
ley de 1987, sólo son imperativas en el caso de relaciones de consumo. 
En los Países Bajos, la garantía legal ha constituido el objeto de dos capítulos del nuevo Código 
Civil entrado en vigor en enero de 1992: por un lado, la sección relativa a la venta (libro 7, 
secciones 1 a 48) y por otro, la sección relativa a las condiciones contractuales generales (libro 
6, secciones 231 a 247). 
Los consumidores gozan del carácter imperativo de la garantía legal prevista en el Código Civil, 
a través de las disposiciones relativas a la venta y de la legislación relativa a las condiciones 
contractuales generales. 
En Portugal, los artículos 913 y siguientes del Código Civil se aplican a la garantía de los 
productos. Por otro lado, el decreto ley n° 446/85 de 25 de octubre de 1985 relativo a las 
condiciones generales de los contratos ha introducido ciertos límites a la validez de ciertas 
cláusulas restrictivas de la garantía. 
Las disposiciones del Código Civil están dirigidas a todas las partes, actúen a título profesional 
o privado. Las disposiciones específicas contenidas en el decreto ley, anteriormente citado, se 
aplican también de modo general, pero con ciertos matices, a las relaciones de consumo. 
En el derecho portugués, algunas disposiciones del Código Civil relativas a la garantía son 
imperativas, mientras que otras son supletorias. El vendedor no puede descartar los derechos a 
la anulación del contrato o a la reducción del precio en caso de error por parte del comprador. 
Por el contrario, puede oponerse al derecho de sustitución o a la reparación del producto, salvo 
en caso de mala fe (conocimiento del vicio). 
En el Reino Unido el derecho relativo a la garantía legal está contemplado principalmente en 
el Sale of Goods Act de 1979. Esta ley concede al comprador un derecho a la garantía basado 
en el concepto de existencia en el contrato de venta de un "implied term" (cláusula implícita) 
según el cual los bienes tienen una "merchantable quality" (calidad de mercado). Las 
disposiciones del Unfair Contract Terms Act de 1977, que contiene disposiciones aplicables a 
las cláusulas restrictivas de la garantía legal, completa esta ley. 
Las disposiciones del derecho inglés pueden ser invocadas por todo comprador, haya o no 
comprado con fines privados. Por otro lado, el derecho inglés es imperativo en virtud del Unfair 
Contract Terms Act. El carácter imperativo difiere según se trate de una relación de consumo, 
en cuyo caso no es posible ninguna exoneración, o de una relación profesional, en cuyo caso 
se aplicaría el "test of reasonableness". 
Hay que señalar, por otra parte, que actualmente se está desarrollando en el Reino Unido un 
movimiento de reforma del derecho de la garantía, basado en el documento de discusión 
publicado por el DTI en 1992. De hecho, ya en 1989, un informe del National Consumer 
Council contenía varias recomendaciones tendentes a mejorar la protección de los compradores 
en el ámbito de los automóviles y de los productos duraderos. A continuación de este informe, 
se sometió una propuesta de ley a las Cámaras legislativas, pero no se adoptó. 
Este compendio comparativo de los distintos sistemas nacionales permite constatar algunos 
hechos: 
23 
todos los Estados miembros, con excepción de Italia, se han dotado, de algún modo, de un 
sistema binario en el cual, el derecho común, casi siempre anclado en el Código Civil, está 
concebido de forma sustancial o marginal en beneficio de una protección más eficaz del 
comprador. Los sistemas han adoptado diversas formas: disposiciones específicas sobre la 
garantía legal o disposiciones relativas al contenido contractual y tendentes a reglamentar, 
léase prohibir, las cláusulas que perjudican el beneficio de la garantía legal. La inmensa 
mayoría de los Estados miembros ha reconocido así la necesidad de limitar la autonomía 
de la voluntad en el terreno de la garantía legal; 
la mayoría de los Estados miembros ha limitado, únicamente al consumidor, el beneficio 
de las disposiciones adoptadas como complemento al derecho tradicional y reserva un trato 
más severo a las cláusulas restrictivas de la garantía legal cuando se aplican a un contrato 
celebrado con un consumidor. 
2. El concento de defecto 
El concepto de defecto constituye la piedra angular de todo sistema relativo a la garantía legal. 
Por lo tanto, es comprensible que la identificación de su contenido haya dado lugar a 
importantes desarrollos jurisprudenciales e incluso legislativos en los Estados miembros de la 
Comunidad europea. 
Debemos señalar desde el principio que los sistemas jurídicos se caracterizan por un fuerte 
enfoque casuístico: la jurisprudencia tendrá que determinar en cada caso si el vicio de la cosa 
constituye efectivamente un defecto en términos de la garantía legal. Así: 
En Alemania, la garantía legal cubre los defectos del producto vendido que cumplen las 
siguientes condiciones acumulativas: 
existen en el momento de la venta 
disminuyen o anulan el valor del producto, o le convierten en impropio para el uso previsto 
en el contrato o, en su defecto, para el uso normal, 
tienen cierta gravedad, y 
el comprador los desconocía en el momento de la venta. 
La jurisprudencia alemana ha elaborado, en base a las condiciones contenidas en el Código 
Civil, criterios subjetivos (referencia al contenido del contrato y sobre todo a la presentación de 
ciertas cualidades por parte del vendedor en el momento de la venta), y objetivos (a falta de 
indicaciones contractuales, comparación con productos medios del mismo tipo, referencia a las 
normas técnicas, referencia a las obligaciones de etiquetado, a la publicidad, etc.), sin que esto 
implique'establecer normas generales aplicables a las diversas categorías de productos. Por lo 
tanto, el enfoque de los tribunales alemanes resulta ser empírico y casuístico; la jurisprudencia 
relativa a los defectos de los vehículos automóviles nuevos y de ocasión constituye un buen 
ejemplo27. 
27 Según esta jurisprudencia un coche sólo puede ser considerado como nuevo al salir de fábrica. Se ha 
considerado que un coche que no se haya usado todavia, pero que sea de un modelo anterior y haya 
estado almacenado durante varios meses, presenta un defecto. En el caso de la venta de muebles de 
exposición se ha aplicado un enfoque contrario al anterior. 
24 
En Bélgica, las disposiciones del Código Civil relativas a la garantía legal no contienen ninguna 
indicación sobre el alcance del concepto de defecto. La jurisprudencia belga las ha completado 
aportando el marco de aplicación siguiente: conforme a la garantía legal, será considerado como 
defecto el que reúna las siguientes condiciones acumulativas: 
existía en el momento de la venta; 
convierte al producto en impropio para el uso que el comprador tiene derecho a esperar, 
o que disminuye tanto ese uso que el comprador, de saberlo, no lo hubiera comprado o 
hubiera pagado por él un precio inferior; 
tiene cierta gravedad, y 
constituye un vicio oculto. 
La jurisprudencia belga ha desempeñado un papel primordial en la flexibilización de las 
condiciones de existencia del defecto en la aplicación de la garantía legal: en primer lugar, ha 
interpretado el concepto de defecto de un modo cada vez más funcional a medida que 
evolucionaba el derecho del consumo: el vicio "intrínseco": (deterioro del producto, mal diseño, 
defectos de fabricación), no constituye el único fundamento para que el comprador incoe una 
acción de garantía; el vicio "de funcionamiento", que afecta a una cosa perfecta de por sí, pero 
que no corresponde al uso normal a que se le destina, abre también el recurso en garantía. 
Además, la jurisprudencia reconoce a menudo una presunción de anterioridad del defecto a la 
venta, lo que significa invertir la carga de la prueba sobre el vendedor; por último, estima que 
la apreciación de la gravedad del defecto depende del uso a que se destine el producto y 
contribuye a una mejor protección de los consumidores precisando que existe vicio oculto 
cuando una persona de experiencia y de diligencia media no lo podría haber detectado en un 
examen básico. 
En Dinamarca, las secciones 76-77 del SGA contienen reglas relativas al defecto que abren la 
puerta al derecho de garantía. Así, conforme al derecho danés, un producto presenta un defecto 
cuando, en el momento de transmisión de riesgos (transmisión de propiedad) del vendedor al 
comprador: 
no presenta una conformidad con la descripción que se hizo de él al venderlo; (información 
contractual); 
el vendedor, en el momento de la venta, ha suministrado informaciones incorrectas o 
engañosas que pueden considerarse como significativas para su evaluación por parte del 
comprador (información precontractual); 
el vendedor, o un tercero que haya intervenido en la cadena de distribución, han 
comunicado al público en general o al comprador, una información relativa a su 
descripción, en el embalaje o a través de la publicidad o cualquier otro medio de 
comunicación, y resulta que este no corresponde a esa descripción (información 
precontractual); 
el vendedor ha ocultado cierta información al comprador, relativa a determinados aspectos 
de este que el vendedor sabía, o debía saber, eran importantes para el comprador; 
no presenta una conformidad con las condiciones del contrato o con las legítimas 
expectativas del comprador. 
Por otra parte, el SGA prevé reglas específicas para las ventas de productos "cuyo estado es 
conocido realmente por el comprador": incluso en el caso de tales ventas, el comprador puede 
invocar la garantía legal cuando la información suministrada por el vendedor haya sido 
incorrecta o engañosa, o cuando el producto tenga un valor significativamente inferior al que 
25 
espera el comprador en virtud del precio u otras circunstancias. Incluso a pesar de que las 
normas, en virtud de las cuales se evalúa el carácter defectuoso de tales productos, sean menos 
protectoras que en otros tipos de venta, los compradores pueden prevalerse de cierta protección 
contra las cláusulas de exoneración que sean demasiado generales. 
El derecho danés adopta, por lo tanto, una postura severa fundada principalmente en la 
información de que dispone el comprador. La conformidad del producto con las legítimas 
expectativas del comprador constituyen el principal punto de referencia. 
En España, el Código Civil precisa que el producto vendido es defectuoso cuando cumple las 
siguientes condiciones acumulativas: 
el defecto existía en el momento de la venta; 
el defecto convierte al producto en impropio para el uso, o la utilidad del producto 
disminuye de tal manera que el comprador, de haber conocido el defecto, no lo habría 
comprado o habría pagado por él un precio inferior; y 
existe vicio oculto. 
En Francia, las disposiciones del Código Civil relativas a la garantía legal han dado lugar a una 
abundante jurisprudencia. Conforme a esta, un comprador insatisfecho puede invocar la garantía 
legal cuando se cumplen las siguientes condiciones acumulativas: 
el defecto es anterior a la venta. (Sin embargo los jueces, al igual que en Bélgica, han 
aceptado una presunción de anterioridad del defecto y corresponde al vendedor probar que 
el defecto es posterior a la venta, sobre todo, probando que el comprador ha hecho del 
producto un uso inadecuado o anormal); 
la cosa presenta un defecto que la convierte en impropia para el uso normal que el 
comprador debería haber supuesto normalmente, habida cuenta del precio, de la calidad 
estipulada y de las condiciones generales del contrato; 
el defecto es significativo (los defectos menores no se consideran); y 
existe vicio oculto (no solamente el comprador no puede conocer su existencia, sino que 
hubiera sido imposible conocerla en el transcurso de una comprobación elemental. A este 
respecto, procede mencionar que la jurisprudencia adopta una postura más favorable al 
comprador cuando este último actúa con fines no profesionales). 
En Grecia, el Código Civil protege al comprador contra los defectos de un producto que 
cumplan las siguientes condiciones acumulativas: 
son anteriores a la venta; 
anulan o disminuyen el valor o la utilidad del producto o este no presenta la cualidades 
acordadas; 
presentan cierta gravedad y 
el comprador desconoce o no podría haber conocido su existencia en el momento de 
celebración del contrato. 
La doctrina y jurisprudencia griegas han elaborado el concepto de defecto definiéndolo con dos 
elementos: primero, el producto debe presentar un vicio intrínseco; además, este vicio debe 
influir en el valor del producto o en su conformidad para el uso. 
26 
Por otro lado, la ley 1961/91, que se describirá con mayor profundidad en el apartado B, define 
el defecto de un bien duradero como la característica que impide su uso normal. Además, la ley 
de 1991 no exige en ningún caso que el defecto sea anterior a la venta sino simplemente que 
se manifieste durante el período de garantía. 
En Irlanda, el SGSSA exige que los productos vendidos posean una calidad de mercado: un 
producto no posee calidad de mercado28 cuando no conviene al uso a que se le destina 
generalmente o si no es tan duradero como cabría esperar, teniendo en cuenta la presentación 
que se haya hecho de él y otros elementos pertinentes, como por ejemplo el precio. 
Por otra parte, el producto debe ser apropiado para el uso particular al que el comprador lo 
destina y que ha sido comunicado al vendedor. No se exige la existencia de vicio "oculto" salvo 
cuando el comprador haya examinado el bien antes de la compra, en cuyo caso quedan 
excluidos los defectos que deberían haber sido descubiertos en el transcurso del examen (así 
como los defectos que el vendedor haya podido comunicar al comprador). 
Por otra parte, el derecho irlandés contiene disposiciones específicas relativas a la venta 
descriptiva, que contribuyen, en cierto modo, a ampliar el concepto de defecto. Según estas 
disposiciones un bien debe, en primer lugar, corresponder a la descripción que de él se haga, 
sobre todo en el embalaje, la publicidad, etc. 
El derecho irlandés contiene además disposiciones específicas a la venta de automóviles: así, 
los vehículos automóviles deben, en el momento de su entrega, estar exentos de todo defecto 
que les conviertan en peligrosos para el público, incluidos el conductor y los pasajeros. Esto 
consiste en cierto modo en la codificación de una obligación de seguridad que emana del propio 
concepto de calidad de mercado. 
En Italia, se considera, en virtud del Código Civil, que es defecto el que cumple las siguientes 
condiciones acumulativas: 
impide el uso normal del producto o disminuye en modo significativo su valor; 
existía en el momento de celebración del contrato, y 
el comprador desconocía su existencia o no la hubiera podido conocer. 
Por otra parte, el Código Civil concede un recurso de garantía (defecto de calidad) contra el 
vendedor porr 
el hecho de que el producto no presente las cualidades prometidas (expresa o 
implícitamente) o las que sean esenciales para el uso a que se destina, siempre y cuando 
el defecto sobrepase los limites habituales de tolerancia. 
Por otro lado, los tribunales italianos han establecido otra hipótesis: el aliud pro alio. Consiste 
en una aplicación o una ampliación del principio de acción en caso de no ejecución contractual 
que incluye, no sólo la hipótesis de que la cosa entregada no corresponde a la cosa vendida, 
sino también la hipótesis de que la cosa librada no corresponde al uso esperado que se dio a 
conocer al vendedor, en el contrato en sí, o en el transcurso de las negociaciones contractuales. 
28 
Ver más adelante la evolución del concepto de calidad de mercado en el Reino Unido. 
27 
Por otra parte, el vicio aliud pro alio contempla la hipótesis de que el producto sea inadecuado 
para cumplir su función socioeconómica, aun cuando no posea ningún vicio intrínseco. 
En Luxemburgo. las disposiciones del Código Civil son idénticas a la legislación belga. La 
jurisprudencia luxemburguesa parece aproximarse a las jurisprudencias belga y francesa. 
En los Países Bajos, las disposiciones del Código Civil, recientemente modificado, consideran 
que un producto es defectuoso en términos de la garantía legal, cuando en el momento de la 
entrega: 
no posee la calidad que el comprador tendría derecho a esperar en virtud del contrato, o 
las cualidades necesarias para un uso normal, mientras que el comprador no tenía por qué 
haber puesto en duda la existencia de dichas cualidades. 
Esta última condición parece exigir del comprador un cierto deber de examen en vista a la 
identificación de defectos en el producto, sobre todo en el caso de productos de ocasión. Sin 
embargo, la jurisprudencia considera que este deber debería interpretarse conforme a la 
competencia del comprador. 
Además, al apreciar las legítimas expectativas del comprador, se tienen en cuenta todas las 
circunstancias, como en el caso de las informaciones precontractuales. En el marco de las 
transacciones de consumo, pueden tenerse también en cuenta informaciones aportadas por 
terceros que intervengan en la cadena de distribución, en vistas a definir la legítima expectativa 
del comprador, pero no pueden oponerse al vendedor si este último no conocía o no tenía por 
qué conocer las declaraciones provenientes de ellos. O incluso en el caso de que el vendedor 
las hubiera contradicho expresamente. 
Es importante reseñar que el Código Civil neerlandés conduce expresamente la evolución de la 
obligación de la garantía legal hacia una obligación de conformidad del producto con la legítima 
expectativa del comprador. 
El código civil, en Portugal, prevé cuatro hipótesis: 
que el defecto devalue el producto; 
que el defecto que impida la realización del fin previsto o uso normal a que se destina el 
producto; 
que no se den las cualidades prometidas por el vendedor; 
que no se den las cualidades necesarias para Ta realización del fin previsto o para el uso 
normal a que se destina el producto. 
El defecto y la inexistencia de las cualidades están definidos conforme a una conceptuación 
funcional y, en primer lugar, de modo concreto o subjetivo, dado que hay que tener en cuenta 
las estipulaciones del contrato. Sólo cuando la función a que se destina la cosa no pudiera ser 
determinada por el contrato, se recurrirá al criterio objetivo fijado por la ley para determinarla: 
la función normal de las cosas de un mismo tipo. 
Además, el defecto debe existir en el momento de transmisión de propiedad. Por el contrario, 
no es necesaria la existencia de vicio oculto; el vicio aparente solamente limita el derecho a la 
garantía legal del comprador si este último ha tenido realmente conocimiento de este y a pesar 
de ello ha aceptado la cosa defectuosa. 
28 
En el Reino Unido, un producto defectuoso puede provocar una acción de garantía cuando haya 
atentado contra la cláusula implícita que garantiza la "calidad de mercado" de los bienes. 
Según este concepto, el producto debe ser apto para acometer el uso normal o que se suele 
esperar de este tipo de bienes, teniendo en cuenta la descripción del bien, cualquier otra 
circunstancia y, sobre todo, el precio. La ausencia de calidad de mercado no da lugar a una 
acción de garantía cuando el vendedor ha informado al comprador sobre los defectos, antes de 
la celebración del contrato, o si el comprador ha examinado el producto antes del contrato y no 
ha identificado defectos que tendría que haber identificado. Si bien resulta evidente que el 
concepto de calidad de mercado cubre los defectos significativos, la jurisprudencia inglesa 
continúa estando dividida sobre el alcance de este concepto en lo relativo a los defectos 
"estéticos" o a los defectos "menores". 
El concepto de "calidad de mercado" ha dado lugar a numerosas críticas sobre la terminología 
utilizada e incluso por limitarse este concepto a considerar la conformidad para el uso, 
excluyendo otras características del producto29. Otra crítica fundamental se refiere a la dificultad 
de recurrir a un único concepto jurídico para cubrir una gran variedad de transacciones. Las 
propuestas de reforma en curso, proponen una sustitución de este concepto por el de 
"satisfactory quality"; este, al contrario que el de "calidad de mercado" no se referiría 
únicamente al criterio de conformidad para el uso, sino que permitiría tener en cuenta otros 
elementos como la apariencia y el acabado, la existencia de defectos menores o la durabilidad 
del producto. 
AL igual que en Irlanda, las disposiciones del derecho británico relativas a la venta descriptiva 
se aproximan a la cuestión de la garantía legal y contribuyen a fomentar una protección 
suplementaria para el comprador. 
El análisis de las diferentes definiciones que los sistemas jurídicos de los Estados miembros dan 
al concepto de defecto lleva a las siguientes conclusiones: 
el perfil que sirve de base a la definición de defecto es similar en la mayoría de los 
Estados miembros: el defecto considerado es el que disminuye la idoneidad del producto 
para acometer su uso normal o para que convenga al uso previsto en el contrato. El 
concepto de vicio de funcionamiento tiene por lo tanto un mayor peso en la legislación o, 
en su defecto, en la jurisprudencia, que el concepto más restrictivo de vicio intrínseco, que 
significa que el producto en sí acusa un defecto de diseño, o de fabricación. A pesar de 
este perfil similar, numerosos son, sin embargo, los elementos de divergencia entre las 
distintas definiciones. 
Se presta una gran atención al convenio entre las partes: el concepto de defecto se refiere 
a menudo a la calidad, o al uso, acordados en el contrato. 
Las recientes legislaciones ponen de relieve la importancia de la información del 
comprador en la determinación del defecto: parece que se está evolucionando de la 
obligación de conformidad para el uso normal a una obligación de conformidad con la 
29 
Parece, sin embargo, que parte de la jurisprudencia se ha apartado de esta conceptuación restrictiva 
29 
información, dirigida hacia la legítima expectativa del comprador. 
Si bien las legislaciones recientes contienen más elementos que permitan precisar los 
elementos dignos de consideración para dictaminar la existencia de un defecto, esta materia 
constituye uno de los terrenos privilegiados en los que interviene el juez: los conceptos de 
idoneidad para el uso normal, vicio oculto, defecto grave, información incorrecta, calidad 
de mercado, etc. son al mismo tiempo conceptos cuya existencia depende del significado 
y el alcance que les asignen los jueces al aplicarlos a casos concretos. El derecho de la 
garantía sigue siendo un derecho empírico, en el que raramente existen soluciones 
preestablecidas. 
Algunas de las características que debe presentar el defecto para ser considerado como tal 
son bastante similares en la mayoría de los Estados, como, por ejemplo, que sea anterior 
a la transmisión de propiedad. Sin embargo, los tribunales, en algunos Estados, han 
mejorado sensiblemente la protección del comprador al haber hecho que las pruebas que 
se deben presentar sean más fáciles, incluso mediante la inversión de la carga de la 
prueba30, por el contrario, en otros países, no ha tenido lugar esta evolución. 
El modo en que las legislaciones nacionales enfocan otras características, como el carácter 
oculto del defecto o el conocimiento del vicio por parte del vendedor es, por el contrario, 
bastante divergente. Mientras que ciertas legislaciones exigen la existencia de vicio oculto, 
otras sólo excluyen la aplicación de la garantía legal cuando el comprador ha examinado 
el bien antes de la compra (y tendría que haber descubierto el defecto) o incluso sólo en 
el caso de que el comprador conociera realmente el defecto en el momento de la compra. 
Asimismo, la forma en que el conocimiento, o la posibilidad de conocimiento, del defecto 
influyen en la ejecución de la garantía legal varía también considerablemente según los 
Estados miembros. 
3. Responsables de la garanda 
Cuando se trata de identificar a la persona ante quien el comprador puede hacer valer su derecho 
a la garantía, en caso de defecto del producto, siempre surge el carácter contractual de la acción 
de garantía, lo que significa que, en principio, el comprador sólo puede recurrir contra el 
vendedor. 
Sin embargo, los tribunales de ciertos Estados miembros han ampliado el recurso de garantía, 
mediante una base jurisprudencial, contra terceros que intervengan en la cadena de distribución. 
La situación en los distintos Estados puede describirse como sigue: 
En Alemania, el comprador sólo dispone de un recurso basado en la garantía legal contra el 
vendedor. Sin embargo, la ley le permite, mediante acuerdo expreso, ceder al comprador final 
sus derechos contra "su" vendedor. 
En Bélgica, si bien el Código Civil sólo hace alusión al vendedor, la jurisprudencia ha 
establecido una posibilidad de acción directa contra el vendedor anterior y contra el fabricante. 
sobre las disposiciones específicas, ver más adelante el apartado 7. 
30 
Esta considera que la garantía constituye una característica inherente al producto mismo, que 
se transmite con él. El consumidor tiene la facultad de implicar a varios vendedores 
conjuntamente o solamente al vendedor más solvente. Sin embargo, toda acción directa está 
acotada por 2 límites: 
debe establecerse la existencia del defecto en el momento en que el profesional contra el 
que se recurre, haya efectuado la venta, lo cual incluye, llegado el caso, al fabricante; 
la garantía aplicable será la oponible al profesional en contra de quien actúa el comprador. 
A este respecto procede señalar que las disposiciones específicas de la LPC que estipulan 
el carácter abusivo de las cláusulas restrictivas de la garantía legal sólo se aplican a las 
relaciones entre el vendedor y el consumidor. Por ejemplo, un fabricante o mayorista podría 
oponer al consumidor cláusulas restrictivas de su garantía legal contenidas en el contrato 
inicial entre profesionales. Sin embargo, las cláusulas de este tipo podrían ser objeto de una 
apreciación basada en la norma general concertada en la LPC (definición general de 
"cláusulas abusivas"), aplicable asimismo a las relaciones entre profesionales. 
En Dinamarca, la acción de garantía prevista por el SGA, e incoada por el consumidor, sólo 
puede entablarse contra el vendedor. Sin embargo, conforme a las normas generales de 
responsabilidad, el comprador puede actuar contra el fabricante o contra terceros que intervengan 
en la cadena de distribución, cuando estos hayan actuado con culpabilidad al informar (o al no 
informar) al consumidor y ese comportamiento le haya perjudicado. 
En España, antes de la entrada en vigor de la LGDCU, el sistema de aplicación limitaba 
claramente los recursos a los que podía optar el comprador en contra del vendedor. Por el 
contrario, la LGDCU incluye disposiciones cuyo significado específico es difícil de determinar. 
Conforme a esta ley (artículo 27): 
el fabricante, el importador y el vendedor son responsables del origen, identidad e 
idoneidad de la cosa vendida, de acuerdo con su naturaleza y finalidad, así como con las 
normas técnicas aplicables. 
en el caso de productos a granel, el vendedor final es quien asume la responsabilidad; 
en el caso de productos preembalados, la firma indicada en el etiquetado será la 
responsable; 
cuando dos o más personas sean responsables de un daño, se aplicará el principio de la 
responsabilidad solidaria. 
Además, el artículo 25 de esta ley establece, en general, que el consumidor tiene derecho ha 
percibir una indemnización por los daños provocados por el uso de productos, salvo que estos 
hayan sido ocasionados por su propia culpa. 
Por su parte, el artículo 26 establece que las acciones y omisiones de los productores o 
distribuidores que provoquen daños a usuarios serán responsables ante estos agentes económicos, 
salvo que hayan respetado, no sólo los requisitos reglamentarios, sino también sus deberes 
relativos a la atención y a los cuidados necesarios, habida cuenta de la naturaleza del producto. 
Por otro lado, la legislación española exige, como se ha dicho, que el vendedor o el fabricante 
concedan al consumidor una garantía comercial. De este modo, esta garantía adquiere un 
carácter cuasilegal, dado que es obligatoria. Cuando el vendedor concede la garantía, caso 
31 
frecuente, éste asume una responsabilidad semejante a la producida por la garantía legal. 
En Francia, la jurisprudencia considera, al igual que en Bélgica, que la garantía es inherente al 
producto y que, en caso de que el comprador pruebe que el defecto existía en el momento de 
la venta, éste podrá incoar una acción contra el vendedor anterior, contra el importador, o contra 
el fabricante que realizó la venta. Sin embargo, contrariamente a Bélgica, las cláusulas 
restrictivas de la garantía legal, contenidas en el contrato inicial celebrado entre profesionales, 
no pueden oponerse al comprador consumidor. 
En Grecia, el legislador también ha optado por un sistema basado en una interpretación estricta 
de la relación contractual y sólo permite al consumidor actuar contra el vendedor. 
En Irlanda, el comprador, conforme a la doctrina del efecto relativo de los contratos (privity), 
sólo puede actuar de acuerdo con la garantía legal en contra de su vendedor. Sin embargo, es 
necesario mencionar que existe una excepción a este principio, constituida por la venta a plazos: 
conforme a la SGSSA, el comprador a plazos de un producto puede recurrir, no sólo contra el 
vendedor, sino también contra quien financia la compra. Ambos son responsables solidarios en 
caso de defecto del producto vendido. 
En Italia, se ha optado también por que sólo se pueda actuar contra el vendedor. 
La jurisprudencia luxemburguesa, por su parte, opta por una acción directa en los mismos 
términos que los de las jurisprudencias belga y francesa. La ley de 1987 ha codificado 
implícitamente esta práctica, modificando el artículo 1645 del Código Civil que prevé que exista 
siempre la posibilidad de que el fabricante deba reembolsar el precio de la cosa o a compensar 
por daños y perjuicios al consumidor final. 
En los Países Bajos, el nuevo Código Civil no contempla acción directa alguna contra el 
fabricante, aunque ciertas versiones del proyecto de modificación del Código habían previsto 
su inclusión. 
En Portugal, la legislación y la jurisprudencia sólo reconocen la acción de garantía contra el 
vendedor del producto, excluyendo a terceros que intervengan en la cadena de distribución. 
En el Reino Unido, la norma del efecto relativo de los contratos se opone a la introducción de 
una acción directa contra el fabricante. En principio, el comprador sólo puede recurrir contra 
el vendedor. El derecho de este país, al igual que el irlandés, contempla una excepción a esta 
relación contractual: conforme al SGA, el comprador a plazos de un producto puede recurrir, 
no sólo contra el vendedor, sino también contra el que financie la venta. En caso de defecto 
del producto, ambas partes serán responsables solidarios. Por otro lado, las propuestas de 
reforma en curso estudian la posibilidad de contemplar la responsabilidad del fabricante si sus 
productos son defectuosos. Según el estudio realizado por el OFT durante el presente año, un 
96% de los encuestados apoyarían esta solución. 
Procede efectuar los siguientes comentarios: 
la mayoría de Estados miembros limita las posibilidades de acción de garantía del 
comprador contra su cocontratante. Sin embargo, tres países han optado claramente por 
erigirse en excepción del principio de la relatividad de los contratos: Bélgica, Francia y 
32 
(2 
Luxemburgo. Esta excepción ha sido confirmada en Luxemburgo por vía legislativa; en los 
dos otros Estados la acción directa constituye el resultado de una jurisprudencia antigua 
y no contestada. 
También resulta interesante hacer hincapié en que los derechos del Reino Unido e Irlanda 
amplían el marco del contrato inicial, en caso de venta o de financiación a plazos, 
autorizando una acción contra quien financie la operación. Por último, las propuestas del 
DTI confirman la evolución hacia una responsabilidad del fabricante por la calidad de los 
productos que introduzca en el mercado. Asimismo, el proyecto que ha precedido a las 
nuevas disposiciones legislativas neerlandesas introducen el principio de la responsabilidad 
del fabricante. 
También son interesantes las disposiciones de la LGDCU española aunque sea difícil 
establecer si contemplan realmente la posibilidad de un recurso directo contra el fabricante 
basado en la garantía legal. 
4. Beneficiarios de la garantía 
La cuestión planteada en este apartado concierne al beneficiario de un recurso basado en el 
derecho de la garantía. A este respecto, se deben abordar dos temas: por un lado ¿puede el 
subcomprador de un producto beneficiarse con la garantía legal del vendedor profesional? Y, 
por otro lado, ¿tiene un usuario no comprador derecho a invocar esta garantía? 
En Alemania, ni el subcomprador, ni el usuario no comprador pueden recurrir, en principio, 
contra el vendedor inicial. 
En Bélgica, la jurisprudencia amplía la teoría aplicada a las partes responsables (ver apartado 
3) a los subcompradores del producto: la garantía legal constituye, a la vista de esta 
jurisprudencia, una característica inherente al producto mismo. Por el contrario, la jurisprudencia 
no amplía el beneficio de la garantía hasta el usuario no comprador del producto. 
En Dinamarca, se ha recurrido a la teoría de la sucesión de los contratos para permitir al 
subcomprador invocar la garantía contra el vendedor. La solución es contradictoria con la 
apuntada en el subapartado 3, dado que esta teoría debería asimismo permitir al consumidor 
invocar la garantía contra el fabricante. 
En España, el Código Civil sólo se aplica a las partes signatarias del contrato inicial. Sin 
embargo, la LGDCU, conforme a la obligación general que impone a terceros que intervengan 
en el circuito de distribución del producto y a la amplia definición que da del concepto de 
consumidor, parece que lógicamente permite al subcomprador, así como al usuario, invocar la 
garantía legal, frente al importador o al fabricante, en las mismas condiciones que el comprador 
inicial (en caso de que éste pueda hacerlo). 
La jurisprudencia francesa amplía, como la jurisprudencia belga, el beneficio de la garantía al 
subcomprador, pero excluyendo al usuario no comprador. 
En Grecia, la aplicación de la teoría tradicional de la relatividad de los contratos no permite 
ampliar el derecho a la garantía legal más allá del comprador. 
En Irlanda, también conforme a la doctrina de la "privacy of contract", sólo el comprador puede 
invocar la garantía legal. Sin embargo, se prevé una excepción en el ámbito del mercado de la 
33 
compraventa de automóviles: todo usuario, incluidos los pasajeros, de un vehículo que incurre 
en defecto en razón de la ruptura de la garantía, dispone, bajo algunas condiciones, del derecho 
a actuar contra el vendedor, basándose en la relación contractual que éste tenía con el 
comprador. Sin embargo este tema se aleja del concepto, en sentido "estricto", de garantía legal 
objeto del presente Libro Verde, al tratarse de un defecto de seguridad. 
En Italia, sólo el comprador puede invocar la garantía legal contra su vendedor. 
En Luxemburgo. la jurisprudencia se une en este tema a las soluciones adoptadas por los 
tribunales francés y belga. 
Los Países Bai os. en el nuevo Código Civil, han adoptado una postura innovadora, al no 
restringir los derechos reconocidos en virtud de la garantía legal, únicamente al vendedor. Tal 
derecho puede transmitirse a otra persona distinta del comprador, cuando este derecho esté tan 
ligado al producto (por ejemplo la reparación del producto) que sólo el que posea el bien esté 
interesado en actuar. Por otro lado, la cláusula que limite el beneficio de la garantía legal 
exclusivamente al comprador será considerada como abusiva, en virtud de las nuevas 
disposiciones relativas a las condiciones generales del contrato. 
En Portugal, las disposiciones relativas a la garantía legal sólo pueden ser invocadas por el 
comprador. 
En el Reino Unido, la teoría de la "privacy of contract" se opone a que terceros distintos del 
comprador invoquen la garantía legal. Sin embargo, los tribunales amplían a veces el significado 
de este concepto, sobre todo a los miembros de la familia, recurriendo a la teoría del mandato 
(el bien habría sido adquirido bajo mandato de otras personas que podrían así beneficiarse de 
la garantía legal). 
Se puede concluir que: 
la mayoría de Estados que no han reconocido la acción directa contra el fabricante, 
rechazan lógicamente contemplar que el subcomprador o el usuario no comprador entablen 
una acción de garantía, dado que el fundamento de la obligación sigue siendo la relación 
contractual. Sin embargo, éste no es el caso ni de Dinamarca ni de los Países Bajos; 
los Estados que admiten tal acción directa extienden lógicamente a los subcompradores la 
teoría de la garantía inherente al producto. Esto supone una nueva excepción contra la 
"fortaleza" constituida por el principio de la relatividad de los contratos. Sin embargo, los 
tribunales no llegan al final de su proceso lógico, dado que no amplían la acción de 
garantía al usuario no comprador; 
sólo una legislación reconoce claramente para el subcomprador así como para el usuario 
no comprador el derecho de acción contra el vendedor: el nuevo Código Civil neerlandés; 
la jurisprudencia del Reino Unido parece, en ciertas circunstancias, ampliar a los miembros 
de la familia del comprador la posibilidad de invocar la garantía legal. 
5. Efecto de la garantía 
34 
En este punto analizaremos las posibilidades que se ofrecen al consumidor, cuando se ha 
reconocido que un producto es defectuoso conforme a la garantía legal, para obtener un 
resarcimiento por el perjuicio sufrido. También será preciso comprobar, en caso de presentarse 
una alternativa, quién es el responsable de elegir entre los posibles recursos. 
Hay que establecer otra distinción ente los dos tipos de recursos posibles: el primero es el 
relativo al resarcimiento del daño directo que resulta de la venta de un producto defectuoso, el 
segundo se refiere a la indemnización por las pérdidas financieras indirectas provocadas por el 
defecto del producto. 
En Alemania, el comprador puede optar entre: 
solicitar la anulación del contrato y la devolución del importe del precio, 
conservar el producto y solicitar una reducción en el precio o, 
en el caso de cosas fungibles, solicitar la sustitución del producto por uno no defectuoso. 
Por el contrario, el comprador sólo puede reclamar daños y perjuicios en base a la garantía legal 
en caso que el vendedor: 
haya prometido ciertas características o cualidades o, 
conociera el defecto del producto y lo haya ocultado. 
La ley no prevé el derecho a la reparación del producto. Sin embargo, las partes contratantes 
pueden convenir en limitar los recursos del comprador a la reparación. Bajo esta hipótesis, el 
vendedor deberá soportar todos los gastos incurridos. En caso de que la reparación fracase, el 
comprador conservará el derecho a invocar los recursos contemplados por el derecho común. 
La AGB le garantiza imperativamente este derecho. 
En Bélgica, el Código Civil prevé, en caso de vicio oculto: 
la anulación de la venta y la devolución del importe del precio, corriendo a cargo del 
vendedor los gastos incurridos por la venta; 
la conservación de la cosa mediante una reducción del precio. 
La elección entre estos dos recursos pertenece, según el Código Civil, al comprador. Sin 
embargo, algunos tribunales estiman que la anulación de la venta sólo podrá tener lugar en el 
caso de que el defecto del producto presente una cierta gravedad que deberá ser determinada 
por el juez. 
En el derecho belga, el comprador no tiene derecho, conforme a la garantía legal, ni a la 
reparación, ni a la sustitución del bien defectuoso. Corolariamente, podrá rechazar una propuesta 
en ese sentido por parte del vendedor. 
El comprador sólo podrá reclamar daños y perjuicios si el vendedor conocía el defecto de la 
cosa. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la jurisprudencia ha confirmado la existencia de 
una presunción de conocimiento de vicio por parte del propio vendedor profesional. De lo que 
se infiere que el vendedor profesional adeudará los daños y perjuicios. A pesar de ello, la 
presunción sigue siendo refragable y el vendedor podrá exonerarse probando el carácter 
inopinable de su ignorancia. 
35 
En Dinamarca, el SGA contiene normas detalladas y complejas relativas a los recursos de que 
dispone el consumidor. A continuación describiremos sus puntos principales: 
el derecho a anular la venta, salvo cuando el defecto sea menor, está protegido por una 
disposición imperativa del SGA. El carácter menor o no del defecto se aprecia al 
contemplar el significado real del defecto para el propio comprador, teniendo también en 
cuenta que el vendedor pueda conocer ese significado; 
la reducción en el precio constituye un derecho inderogable del consumidor; sin embargo, 
esta reducción será proporcional a la pérdida de valor del producto y sólo se podrá 
conceder cuando el defecto afecte a ese valor. Esta vía de recurso permite también el 
resarcimiento de los perjuicios sufridos por defectos menores; 
el comprador podrá reclamar la sustitución del producto por otro no defectuoso, en caso 
de venta de cosas fungibles; las disposiciones del SGA relativas a este recurso son 
imperativas; 
el comprador podrá solicitar la reparación del producto, sea cual sea la importancia del 
defecto, salvo si la reparación provoca al vendedor un coste desproporcionado o una carga 
significativa. Dentro de este contexto, aparecen varios criterios, sobre todo la condición de 
que el precio de la reparación no supere al valor del producto. Cuando no se realice la 
reparación en un plazo razonable, el comprador podrá anular la venta o, llegado el caso, 
pedir la sustitución del producto. Estas disposiciones, al igual que las anteriores, son 
imperativas. 
En principio corresponde al comprador elegir el modo de resarcimiento. 
Además podrán reclamarse daños y perjuicios por las pérdidas provocadas por el defecto, 
cuando el vendedor no haya actuado en la debida forma, haya suministrado informaciones 
engañosas, o no haya informado al comprador sobre los defectos que conocía o que hubiera 
debido conocer. Además, al igual que en Alemania, el vendedor estará obligado a indemnizar 
al comprador cuando haya prometido ciertas cualidades de las que carece el producto, o también 
cuando el defecto haya sido causado por negligencia del vendedor, después de la celebración 
del contrato. Sin embargo, los daños y perjuicios no cubrirán los daños a personas o bienes 
distintos del producto (para los daños cubiertos por la legislación aplicable a la responsabilidad 
por los daños causados por productos defectuosos, véase la directiva n° 85/374). 
En España, el Código Civil permite al comprador optar por uno de los siguientes recursos: 
anulación del contrato y reembolso del importe del precio; 
reducción del precio; 
reclamación por daños y perjuicios provocados por el defecto del producto, si el vendedor 
conocía su existencia, lo que le convertiría en responsable. 
Conforme a la LGDCU, estas disposiciones deberían ser imperativas en las relaciones con los 
consumidores. Sin embargo, según esta ley, en el caso de la garantía comercial obligatoria de 
los bienes duraderos, el consumidor tendrá derecho, como mínimo, a la reparación del producto. 
Por lo tanto el consumidor tendrá derecho a: 
reclamar la reparación de los defectos de origen así como todos los daños y perjuicios 
provocados por esos defectos; 
solicitar la sustitución del producto o el reembolso del importe pagado, cuando la 
36 
reparación no haya obtenido un resultado óptimo. 
En Francia, al igual que en Bélgica, el Código Civil permite al comprador optar entre: 
la anulación del contrato y el reembolso del importe del precio e incluso, llegado el caso, 
de los gastos ocasionados por la venta; y, 
la reducción del precio. 
Aunque el Código Civil no prevea el derecho del comprador a reclamar la sustitución o la 
reparación, las partes pueden acordarlas, sin que el vendedor pueda forzar al comprador a 
aceptarlas. Sin embargo, el comprador no podrá exigir una reparación que ocasionara unos 
gastos desproporcionados con el valor del producto. 
La concesión de daños y perjuicios está condicionada, conforme al Código Civil, al 
conocimiento del vendedor del defecto del producto. La jurisprudencia ha contribuido a mejorar 
la protección de los compradores, al establecer para el propio vendedor una presunción de 
conocimiento del vicio, equiparándolo con un vendedor de mala fe. La jurisprudencia francesa 
es más severa con el vendedor profesional que la jurisprudencia belga, dotando a la presunción 
de conocimiento del vicio de un carácter irrefragable y, por consiguiente no permitiendo que 
el vendedor se exonere, incluso cuando el vicio no pueda identificarse normalmente. 
En Grecia, la combinación de las disposiciones del Código Civil y de la ley sobre la protección 
de los consumidores da lugar a que el comprador pueda optar entre reclamar: 
la anulación del contrato y el reembolso del importe pagado y, llegado el caso el reembolso 
de los gastos; 
una reducción en el precio, calculada en base al precio acordado, al valor de mercado y a 
los defectos; 
la sustitución del producto por otro sin defectos, en caso de cosa fungible. El vendedor 
también podrá proponer esta solución y el comprador no se podrá oponer a ella, salvo que 
sea manifiestamente contraria a sus intereses. 
Estas disposiciones no especifican cuál es la parte habilitada para elegir entre los recursos 
disponibles. El vendedor puede proponer al comprador la anulación del contrato o la sustitución 
de producto, pero este último perdería su derecho de no actuar en cierto plazo. Por otro lado, 
aunque el comprador haya optado por la anulación del contrato, los tribunales han estimado que, 
llegado el caso, compete al juez determinar que sólo está justificada una reducción en el precio 
y no una anulación del contrato. 
El Código Civil no prevé la posibilidad de reparación del producto, pero antes de la ley 
sobre la protección de los consumidores, la jurisprudencia había considerado siempre que 
el vendedor tenía derecho a proponer tal solución. La ley 1961/91 confirma implícitamente 
esta tesis, ya que al enumerar los derechos del consumidor, parte de la hipótesis de que 
el vendedor rechaza o retrasa sin motivo la reparación, estipulando en este caso que el 
consumidor podrá reclamar la sustitución del producto o la anulación del contrato, siempre 
y cuando el defecto que afecta al producto impida su uso normal. 
El comprador podrá asimismo solicitar otros daños y perjuicios si el vendedor conocía el defecto 
en el momento de la venta o en el momento de transmisión de riesgos, y no le informó sobre 
37 
estos, cuando el defecto sea por culpa del vendedor o incluso, cuando el defecto haya aparecido 
tras la celebración del contrato y antes de la entrega, y fuera causado por culpa del vendedor. 
El derecho irlandés opta por la misma solución que el derecho británico. Por lo tanto permite 
optar al comprador entre: 
Anular el contrato (right to reject). Sin embargo, el comprador perderá su derecho a esta 
opción cuando se considere que ha aceptado el producto conforme a las disposiciones del 
SGSSA relativas a la aceptación, similares a las que están en vigor en el Reino Unido, 
como se verá posteriormente. Esto implica sobre todo que la acción de nulidad sólo podrá 
incoarse en un corto plazo tras la entrega de los bienes. 
Reclamar daños y perjuicios, en relación directa con el defecto, si hubiese perdido su 
derecho a la anulación o hubiera decidido no invocarlo. En realidad, en numerosas 
ocasiones, se tratará de una reducción en el precio, dado que la indemnización será 
calculada por diferencia entre el precio del producto sin defecto y el precio del producto 
con defecto. 
Exigir la reparación o sustitución del bien, si es un consumidor y lo reclama en breve plazo 
tras el descubrimiento del defecto. Si el vendedor se opusiera o no lograra reparar el bien 
en un plazo razonable, el consumidor podría reclamar de nuevo la anulación del contrato, 
o podría hacer reparar el bien a cargo del vendedor. 
Por otro lado, el comprador podrá reclamar siempre daños y perjuicios complementarios, cuando 
haya sufrido otras pérdidas. 
En Italia, en virtud del Código Civil, el comprador puede optar entre: 
la rescisión del contrato, con reembolso del importe del precio acompañado, llegado el 
caso, del reembolso de los gastos ocasionados por la venta, o 
una rebaja en el precio. 
Cuando la acción de garantía del comprador esté basada en el defecto de calidad (artículo 1497), 
sólo tendrá derecho a la rescisión del contrato. 
El vendedor estará también obligado a pagar daños y perjuicios al comprador cuando no pueda 
probar que ignoraba el vicio oculto y que no se le puede achacar culpa alguna. Por otro lado, 
en caso de defecto de calidad, se aplicarán las normas generales de la responsabilidad por culpa. 
En Luxemburgo. se ha optado por soluciones similares a las del derecho belga. Así, el Código 
Civil prevé: 
la anulación de la venta y el reembolso del importe del precio, corriendo los gastos 
ocasionados por la venta a cargo del vendedor o, 
la conservación de la cosa mediante una rebaja en el precio. 
Conforme al Código Civil, la elección entre las dos opciones corresponde al comprador. Sin 
embargo, algunos tribunales estiman que la anulación del contrato sólo puede tener lugar si el 
defecto del producto presenta una cierta gravedad, que será determinada por el juez. 
El comprador, en base a la garantía legal, no tendrá derecho ni a la reparación ni a la sustitución 
del bien defectuoso, luego podrá rechazar toda propuesta en tal sentido por parte del vendedor. 
38 
El legislador luxemburgués intervino en 1987 para consagrar la jurisprudencia en vigor relativa 
al pago de daños y perjuicios por parte del vendedor: el Código Civil precisa desde entonces 
que cuando el vendedor sea un fabricante o un vendedor profesional, estará obligado hacia el 
comprador por todo tipo de daños y perjuicios. Por lo tanto no se permite al vendedor 
profesional prueba alguna de ignorancia del defecto. 
En los Países Baios. el nuevo Código Civil prevé, en el marco de la garantía legal, que el 
consumidor pueda exigir: 
la reparación del producto, salvo si dicha reparación no es razonable. En caso de que el 
vendedor se oponga, el consumidor podrá hacer reparar el producto por un tercero y exigir 
el reembolso del coste o, 
la sustitución del producto, siempre y cuando el defecto sea tan insignificante que no 
justifique esta medida (por ejemplo si la reparación es demasiado sencilla). 
De todos modos, vemos que en las ventas a consumidores, el vendedor por su parte podrá optar 
entre la sustitución o el reembolso del producto: si el comprador pide que se repare, el vendedor 
podrá optar entre esto o el reembolso. Por el contrario, si el comprador pide la sustitución del 
producto, el comprador podrá optar por el reembolso. 
Por otro lado, según las normas generales que rigen la ejecución de los contratos, 
cuando el defecto sea significativo, el comprador podrá solicitar la devolución del importe 
del precio y la anulación del contrato junto con, llegado el caso, el reembolso de los daños 
causados. Sin embargo habrá que darle al vendedor la posibilidad de eliminar el defecto; 
dentro de la misma hipótesis, el comprador podrá asimismo optar por una rebaja en el 
precio. 
La obtención de daños y perjuicios siempre será posible conforme a las normas generales del 
derecho de los contratos: en caso de que el defecto del producto cause al comprador daños y 
perjuicios. 
En Portugal, las normas sobre la garantía de vicios ocultos contemplan: 
La reparación o, en caso de cosas fungibles, la sustitución del producto (de ser necesario), 
salvo si el vendedor ignoraba, en modo no culpable, el defecto. 
La anulación del contrato, o una rebaja en el precio, según las condiciones aplicables al 
error o al dolo, es decir, si el vendedor conocía o no debía ignorar el carácter determinante 
(esencial) para el comprador del elemento objeto del error. En cuanto a la rebaja en el 
precio, no está claro si el vendedor puede oponerse a ella probando que no hubiera vendido 
a un precio inferior, lo que provocaría la anulación del contrato. Sin embargo, lo que está 
claro es que el vendedor podrá oponerse a la anulación si prueba que el error no era 
esencial, lo que provocaría una rebaja en el precio, siempre y cuando el comprador hubiera 
comprado el bien a un precio inferior. 
Llegado el caso, los daños y perjuicios causados al comprador cuando exista culpa por 
parte del propio vendedor. 
En el Reino Unido, el comprador tendrá derecho a: 
Anular el contrato (right to reject). Sin embargo, perdería este derecho si se considerara que 
39 
había aceptado el producto conforme a las disposiciones del SGA relativas a la aceptación. 
En virtud de estas, el comprador ha aceptado el producto en caso de haberlo declarado 
expresamente (por ejemplo firmando una declaración de aceptación en el momento de la 
entrega), cuando actúa de forma incompatible con el reconocimiento de la propiedad del 
vendedor sobre el bien (lo que puede incluir la aceptación de un intento de reparación del 
bien), o incluso cuando ha transcurrido cierto plazo desde la entrega de los bienes. Esta 
última condición excluye, en la práctica, la anulación del contrato por defectos latentes que 
aparezcan algunas semanas o meses después de la entrega. 
Obtener daños y perjuicios relacionados directamente con el defecto, si hubiera perdido el 
derecho a la anulación, o hubiera decido no invocarlo. En realidad, a menudo supondrá una 
rebaja en el precio, dado que la indemnización se calculará por diferencia entre el precio 
del producto con defecto y el precio del producto sin defecto. 
El derecho del Reino Unido no contempla disposición alguna relativa a la sustitución o a la 
reparación de los productos31. Por otro lado, se podrán añadir daños y perjuicios a la anulación 
del contrato, cuando el comprador haya incurrido en otras pérdidas. 
Se puede concluir lo siguiente: 
Todos los Estados miembros reconocen el derecho del comprador a solicitar la anulación 
del contrato o una rebaja en el precio, si bien las condiciones necesarias para ello varían. 
Las legislaciones recientes adoptan una postura pragmática, haciendo hincapié en la 
importancia del derecho a la reparación para el comprador. Este derecho está reconocido 
en Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal. Hay que reseñar que en 
los cuatro primeros, en caso de reparación insatisfactoria o tardía, el comprador cuenta con 
recursos alternativos. Por el contrario, en Portugal, no se contempla el derecho a la 
reparación si el vendedor ignoraba el defecto de modo no culpable. 
La sustitución del producto por otro no defectuoso sólo se prevé explícitamente en siete 
Estados miembros: Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal. 
La elección entre las diversas opciones existentes raramente corre a cargo del propio 
comprador. Por un lado, en ciertos Estados las condiciones de aplicación de los diversos 
recursos son tan específicas que excluyen, en la práctica, la posibilidad de elección. Por 
otro lado, algunos tribunales han estimado que el comprador no puede abusar de su derecho 
solicitando la anulación del contrato amparándose en defectos que carecen de una gravedad 
suficiente. 
Todos los Estados miembros reconocen al comprador la posibilidad de reclamar daños y 
perjuicios, en principio en circunstancias que cuestionan la negligencia del vendedor o un 
comportamiento culpable por su parte (información engañosa, conocimiento del vicio). 
De todos modos, en Irlanda y en el Reino Unido, si el comprador ha incurrido en pérdidas 
Es interesante observar, a este respecto, que el Reino Unido ha emitido una reserva al articulo 46 de 
la Convención de Viena sobre la Venta Internacional de Mercancías de 1980, que se refiere al derecho 
a la reparación en especie. 
40 
siempre podrá reclamar daños y perjuicios, con independencia de la existencia de culpa por 
parte del vendedor. Además, resulta interesante constatar que en Alemania y en Dinamarca, 
se prevé expresamente el pago de daños y perjuicios cuando el producto carece de las 
cualidades prometidas por el vendedor. 
Ciertos Estados miembros han hecho más fácil la ejecución del derecho a daños y 
perjuicios complementarios, al crear una presunción de conocimiento del defecto, es decir 
dolo, por parte del propio vendedor profesional. En Luxemburgo a través de su legislación 
y en Bélgica, Francia e Italia a través de sus tribunales. 
41 
6. El plazo de garantía v el plazo para iniciar diligencias 
Cuando el comprador desea hacer valer la garantía contra los defectos del producto, la cuestión 
principal que se le plantea, con independencia de la prueba del defecto (ver más adelante el 
apartado 7), es la del respeto del plazo para iniciar diligencias. Aunque en teoría debería 
distinguirse entre plazo de garantía (plazo material) y plazo para iniciar diligencias (plazo 
procesal), ninguna legislación nacional establece claramente esta diferenciación. Las leyes 
nacionales se limitan a establecer el plazo en el que se debe incoar la acción de garantía. 
También resulta fundamental verificar si el punto de partida del plazo es el de la celebración 
del contrato, el de la entrega del producto, o el del descubrimiento del vicio. 
En Alemania, el Código Civil prevé un plazo de garantía muy estricto: 
el comprador sólo dispone de seis meses a partir de la entrega para invocar la garantía 
legal contra el vendedor. 
Por otro lado, el plazo de garantía no se deja en suspenso mediante notificación al vendedor del 
defecto. El consumidor alemán, para preservar sus derechos, deberá iniciar inmediatamente un 
procedimiento judicial. 
Este sistema, similar al de otros Estados miembros, fusiona los plazos de garantía y las plazas 
para iniciar diligencias: en el período de seis meses, los vicios ocultos darán lugar a un recurso; 
más allá de este período, prescribe todo derecho a recurrir, aunque se haya constatado el defecto 
en ese período. 
Sin embargo, está previsto que el comprador disponga de un plazo suplementario equivalente 
a la duración de la reparación mientras que el vendedor examina o repara el defecto invocado 
durante el período de garantía legal. 
En Bélgica, el Código Civil no se pronuncia sobre el plazo de garantía. En la práctica, dado que 
el comprador debe establecer que el defecto existía en el momento de venta, la prueba será más 
difícil de aportar a medida que el producto envejezca. 
Por otro lado, el Código establece que el comprador, fundado en la garantía contra los vicios 
ocultos, deberá incoar una acción ante los tribunales en plazo breve. El concepto de plazo breve 
deberá definirse caso a caso, recurriendo a los usos de la región en cuestión. Conforme a la 
jurisprudencia, el punto de partida del plazo para iniciar diligencias se determina a partir del 
momento en que se descubre el defecto, no a partir de la entrega del producto. 
En Dinamarca, está previsto que el comprador notifique el defecto al vendedor en un plazo 
razonable, contado a partir del momento en que el comprador haya descubierto el defecto. Sin 
embargo, el SGA limita el plazo para iniciar diligencias a un año a partir de la entrega. Este 
plazo puede prolongarse cuando el vendedor, expresa o implícitamente, haya garantizado el 
producto para un período más largo. No es necesario que se trate de una verdadera "garantía 
comercial"; las promesas efectuadas por el vendedor son suficientes para modificar el plazo de 
garantía. Además, el plazo de un año no se aplicará en caso de comportamiento del vendedor 
contrario a los principios de "conducta honesta". 
En España, el Código Civil prevé que el comprador entable acciones basadas en la 
responsabilidad contractual en un plazo de seis meses a contar a partir de la entrega. Ya hemos 
42 
mencionado varias veces que el estatuto que concede la LGDCU a la garantía legal del vendedor 
y a terceros que intervengan en la cadena de distribución no está claro y que, por consiguiente, 
es difícil establecer el plazo para iniciar diligencias conforme a esta ley. 
En Francia, la ley no estipula ningún plazo de garantía, pero exige que el comprador actúe en 
breve plazo. En el derecho francés, como en el belga, la jurisprudencia estima que la definición 
de este concepto es una cuestión específica. El punto de partida para el breve plazo consiste, 
para los tribunales franceses, en el momento en que se descubre el defecto y, llegado el caso, 
el día en que el informe pericial revele la existencia del defecto. 
En Grecia, las disposiciones del Código Civil no establecen un plazo de garantía, pero acuerdan 
al comprador, como en Alemania, un plazo de seis meses a partir de la entrega, para incoar una 
acción judicial contra el vendedor. El Código Civil establece que toda cláusula contractual que 
reduzca el plazo para iniciar diligencias, previsto en sus disposiciones, será considerado como 
no escrita. La ley 1961/91 exige que el plazo de la garantía por escrito otorgada 
obligatoriamente por el vendedor sea razonable. 
En Irlanda, el derecho común está calcado del derecho del Reino Unido: el comprador dispone, 
llegado el caso, de seis años a partir de la celebración del contrato, para prevalerse de la 
garantía legal. Sin embargo, en virtud de las reglas relativas a la aceptación, el derecho 
especifico a la anulación sólo podrá ejercerse en un plazo breve tras la entrega del producto. 
En Italia, no se contempla ningún plazo de garantía, pero el Código Civil prevé que toda acción 
ante los tribunales sea entablada, como mucho, un año después de la entrega de la cosa. 
Además, el comprador, bajo pena de prescripción, deberá notificar al vendedor todo defecto del 
que tenga intención de prevalerse, en base a la garantía de los vicios ocultos o de los defectos 
de calidad, en los ocho días posteriores a su descubrimiento. 
En Luxemburgo. desde la ley de 1987, se prevé el siguiente procedimiento: 
el comprador, bajo pena de prescripción, deberá denunciar el defecto al vendedor en breve 
plazo a partir del momento en que lo identifique, o hubiera debido identificarlo; 
el plazo de recurso prescribirá un año después de la denuncia, salvo en caso de fraude por 
parte del vendedor. Sin embargo, el plazo se verá interrumpido durante las negociaciones 
entre vendedor y comprador, o por una acción judicial; 
se iniciará un nuevo plazo a partir del momento en que el vendedor notifique al comprador, 
mediante carta certificada, que rompe las negociaciones o, cuando se informe al comprador 
del fin de la instrucción judicial; 
tras la expiración del plazo de un año, el comprador ya no podrá prevalerse del defecto, 
salvo por vía de excepción, cuando no haya pagado todavía el precio y, a condición de 
haber denunciado él vicio en breve plazo, para oponer como excepción contra la petición 
de pago, una petición de rebaja en el precio, o daños y perjuicios. 
En los Países Baios. el nuevo Código Civil estipula que el comprador deberá, bajo pena de 
prescripción, informar al vendedor sobre la existencia de un defecto, en un plazo razonable tras 
el momento en que tuvo, o hubiera debido tener lugar, su descubrimiento. Conforme al derecho 
neerlandés este concepto debería ser objeto de un análisis empírico, en virtud de las 
circunstancias específicas. El plazo para incoar una acción ante los tribunales prescribirá dos 
años después de la notificación al vendedor. 
43 
En Portugal se da la situación siguiente: 
el comprador deberá, bajo pena de prescripción, informar al vendedor dentro de treinta días 
a contar a partir del conocimiento del defecto y, a más tardar en los seis meses posteriores 
a la entrega del producto; 
la acción judicial deberá incoarse en los seis meses posteriores a la declaración. 
En el Reino Unido, conforme al derecho común, se puede incoar una acción basada en la 
responsabilidad contractual durante los seis años posteriores a la celebración del contrato. Sin 
embargo, esto sólo afecta a la reclamación de daños y perjuicios, puesto que la acción de 
nulidad, en virtud de las normas aplicables a la aceptación, sólo podrá ejercitarse, en la práctica, 
en breve plazo tras la entrega del bien. 
De hecho, las propuestas de reforma del derecho del Reino Unido contenidas en el documento 
de discusión del DTI son favorables al establecimiento de un "long term to reject" (derecho de 
anulación en un plazo más largo). 
Las soluciones por las que han optado los Estados miembros son complejas: 
Conforme a las legislaciones de los Estados miembros, resulta difícil establecer una clara 
distinción entre plazo de garantía y plazo para iniciar diligencias. 
Varios Estados sólo contemplan un tipo de plazo: Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Irlanda y el Reino Unido. En ciertos casos este plazo está estipulado (6 meses, 1 
año, 6 años) y en otros casos, competerá al juez determinarlo (breve plazo); el punto de 
partida está constituido unas veces por el momento de entrega del bien o de celebración 
del contrato, y otras por el de descubrimiento del defecto. 
Otros Estados contemplan plazos combinados: Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Países Bajos 
y Portugal. Esta combinación no corresponde, sin embargo, a la distinción entre plazo de 
garantía y plazo para iniciar diligencias, sino que más bien se refiere a un prescripción 
doble del plazo para iniciar diligencias: primero el plazo para notificar al vendedor el 
defecto, y segundo el plazo para incoar un acción ante los tribunales. 
Las dificultades probatorias a las que se enfrenta el comprador a medida que pasa el 
tiempo, compensan lo extenso de ciertos plazos o su falta de precisión, puesto que la 
garantía legal sólo puede ser invocada en caso de existencia de defecto en el momento de 
la venta o, en ciertos casos, en el de la entrega. 
En cualquier caso, estos comentarios no tienen en cuenta las disposiciones específicas sobre 
el dolo o la mala fe por parte del vendedor, contenidas en las legislaciones nacionales, y 
que pueden provocar una prolongación en el plazo de que dispone el comprador para 
entablar diligencias. 
En cuanto al plazo de garantía (plazo material) la situación, en la práctica, es la siguiente: 
Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos no prevén límite temporal alguno para 
la garantía legal; Irlanda y el Reino Unido establecen un plazo de 6 años a partir de la 
venta; Dinamarca e Italia fijan un plazo de un año a partir de la entrega. El plazo en 
Alemania, España, Grecia y Portugal es de seis meses. 
44 
En cualquier caso, estos comentarios no tienen en cuenta las disposiciones específicas sobre 
el dolo o la mala fe por parte del vendedor contenidas en las legislaciones nacionales, y 
que pueden provocar una prolongación en el plazo de que dispone el comprador para 
iniciar diligencias. 
En cuanto al plazo de garantía (plazo material) la situación, en la práctica, es la siguiente: 
Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos no prevén límite temporal alguno para 
la garantía legal; Irlanda y el Reino Unido establecen un plazo de 6 años a partir de la 
venta; Dinamarca e Italia fijan un plazo de un año a partir de la entrega. El plazo en 
Alemania, España, Grecia y Portugal es de seis meses. 
7. Las normas sobre la carga de la prueba 
La cuestión de la carga de la prueba es importante, dado que, a fin de cuentas, será el régimen 
jurídico de la prueba el que permita identificar cuáles son las iniciativas que garantizan una 
protección realmente eficaz de los consumidores. En los siguientes apartados, veremos cuál ha 
sido la evolución del derecho de la prueba en el ámbito de la garantía legal. 
En Alemania, la carga de la prueba se impone al comprador con las siguientes condiciones: 
para poder invocar sus derechos al recurso, deberá probar que el defecto existía en el 
momento de la venta; 
para poder invocar su derecho de nulidad, en presencia de cláusulas contractuales que 
prevean la reparación del producto, deberá probar que la reparación o sustitución de este 
no son satisfactorias. 
En Bélgica, el comprador deberá probar que el defecto afecta al uso del producto. 
En cuanto al resto de condiciones aplicables a la garantía legal (uso conocido por el vendedor, 
defecto serio, vicio oculto, defecto existente en el momento de la venta), la jurisprudencia ha 
transferido gran parte de la carga de la prueba al vendedor. 
En Dinamarca, el comprador, en principio, deberá probar: 
la existencia del defecto en el momento de la venta. Sin embargo, en las transacciones de 
consumo, la clara existencia del defecto en el momento de la queja crea una presunción 
refragable de anterioridad a la venta del defecto. 
En España, conforme al Código civil, el comprador deberá, en principio, probar los diversos 
elementos constitutivos de la garantía legal. 
En Francia, los tribunales admiten que la carga de la prueba que incumbe al comprador sea 
limitada. Este deberá probar la existencia de vicio oculto que haya afectado al uso normal del 
producto. 
La prueba de la existencia del defecto en el momento de la venta es más sencilla cuando no se 
puede conocer la causa del defecto. En este caso, existirá presunción de anterioridad a la venta 
del defecto. Además, ya no habrá que probar que el vendedor conocía el defecto; de hecho, este 
no podrá aportar la prueba de su legítima ignorancia dado que, tal como hemos visto, la 
45 
jurisprudencia francesa impone una presunción irrefragable de conocimiento del defecto por 
parte del vendedor. 
En Grecia, se aplica el derecho común de la prueba: en este caso, el consumidor deberá probar 
en concreto la anterioridad a la venta del defecto, y que este reduce la utilidad del producto. 
En Irlanda, también debe ser el querellante quien pruebe los hechos de los que se prevalece. 
Así, deberá probar que los bienes carecían de "calidad de mercado" en el momento de la venta. 
En Italia, también incumbe al comprador que se prevalezca del defecto probar y demostrar qué 
las diferentes características que crean el derecho a recurrir en garantía se dan sin lugar a dudas. 
Sin embargo, se presume que el vendedor conocía el defecto. 
En Luxemburgo. se ha modificado sensiblemente la normativa probatoria de derecho común en 
beneficio del comprador consumidor, siendo actualmente similares a la previstas por los 
tribunales belgas. 
En los Países Bajos, se aplica el derecho común de la prueba a la invocación de la garantía legal 
por parte del comprador. Por lo tanto, este tendrá que probar en concreto que el producto no 
guardaba conformidad con el contrato en el momento de la venta y que notificó este hecho al 
vendedor en un plazo razonable. De todos modos, una jurisprudencia reciente parece modificar 
la carga de la prueba, en función de las circunstancias, al exigir al vendedor que pruebe la 
conformidad del producto en el momento de la venta. 
En Portugal, se aplica al consumidor el derecho común imponiéndole, por lo tanto, que pruebe 
la anterioridad del defecto a la celebración del contrato. Sin embargo, incumbirá al vendedor 
probar la inexistencia de las condiciones necesarias para ejecutar las normativas generales 
previstas en caso de error o de dolo. También será el vendedor quien, llegado el caso, deberá 
probar su ignorancia exculpatoria del defecto, 
En el Reino Unido, corresponde al querellante probar los hechos de los que se prevalece. Los 
tribunales no han establecido una normativa probatoria que favorezca al consumidor: este deberá 
probar la violación de la "cláusula implícita" de "calidad de mercado", es decir, que el bien 
carecía de "calidad de mercado" en el momento de la venta. 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
En Alemania, no existe disposición legislativa alguna, relativa en concreto a la garantía 
comercial. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha puesto de relieve ciertos principios importantes 
en el ámbito de la protección de los consumidores: 
cuando la garantía emane del vendedor, este deberá informar claramente al consumidor 
sobre el hecho de que esta garantía comercial se suma a la garantía legal de la que goza 
como comprador; 
se considera que es garantía comercial, no sólo la que cubre los defectos existentes en el 
momento de la venta sino, también, la que contempla e incluye la durabilidad del producto; 
cuando la garantía emane del fabricante, este no estará ligado, al contrario que el vendedor, 
a las disposiciones de la ley sobre las condiciones generales luego podría, en principio, 
46 
restringir las vías de recurso del consumidor. Sin embargo, el Tribunal estima que en caso 
de que la garantía del fabricante induzca al consumidor a error sobre los recursos de los 
que dispone contra el vendedor y le desanime a interpelar, habrá violación de la norma 
general contenida en el AGB (definición general de "cláusula abusiva"), que requiere en 
cierto modo una obligación de transparencia; 
una nueva corriente jurisprudencial pareció surgir a partir de 1991, fecha en que el Tribunal 
Supremo se comprometió a controlar el propio contenido de las garantías concedidas por 
el fabricante, basándose en la norma general del AGB. 
En Bélgica, existe un contrato programa concertado entre el Ministro de asuntos económicos 
y determinadas asociaciones profesionales del sector automovilístico que contiene normas 
específicas relativas a la garantía comercial que los profesionales del sector se comprometen a 
incluir en sus órdenes de pedido. Sin embargo, ninguna disposición legal específica está dirigida 
a reglamentar las garantías comerciales. 
En Dinamarca, varias disposiciones reglamentarias, o cuasirreglamentarias, contemplan la 
garantía comercial. Así: 
los apartados 80, subapartado 1, n° 4 y 83 de la SGA tratan respectivamente de la 
responsabilidad del vendedor en caso que el producto carezca de las cualidades 
garantizadas, y de la extensión del plazo para iniciar diligencias en caso que la garantía 
comercial prevea un plazo más largo; 
el artículo 4 de la ley relativa a las prácticas comerciales (Marketing Practices Act) de 
1975 contiene una interpretación del término "garantía", al prohibir la utilización de este 
término, o de otra expresión similar, salvo que signifique que su destinatario gozará a 
través de ella de una situación jurídica más favorable que la que le concede el derecho 
común. Esta disposición se aplica a la garantía otorgada por el vendedor o por el 
fabricante; 
el ombudsman de los consumidores estableció en 1978 determinadas recomendaciones 
relativas al uso del término "garantía" y a su contenido. Estas recomendaciones fueron 
modificadas en 1987. Sin llegar a ser de obligado cumplimiento, están consideradas como 
puntos de referencia para definir las prácticas comerciales honradas. Dado que las prácticas 
comerciales contrarias a los buenos usos mercantiles están prohibidas, estas 
recomendaciones gozan también de un valor "cuasirreglamentario" y prevén lo siguiente 
sobre la garantía comercial concedida por el profesional: 
que no se pueda, en caso alguno, restringir los derechos del comprador, estando 
prohibida la compensación entre cláusulas favorables y desfavorables; 
que este término sólo pueda aplicarse a productos nuevos en caso de que contemple 
un período considerablemente superior a un año; en el caso de productos de ocasión 
podrá aceptarse un período más corto, siempre y cuando se establezca claramente la 
posibilidad de entablar una acción basada en el derecho común durante un año; 
las informaciones que debe contener la publicidad sobre ella: plazo, límites 
específicos, etc; 
que deberá concederse otra idéntica para las piezas reparadas o reemplazadas 
conforme a ella; 
que pueda ser transmitida a terceros (subcompradores, donatarios, usuarios); 
que esté redactada en danés, indicando claramente al consumidor que además 
conservará los derechos que le otorga la garantía legal, siendo asimismo obligatorias 
otro tipo de informaciones relativas a ella: su ámbito, la identidad del garante, su 
47 
período, su inicio (es decir el momento de entrega) y los procedimientos para su 
ejecución; 
que la reparación realizada en virtud de ella sea gratuita. Sin embargo, una vez 
transcurrido el período legal de garantía, se admitirá la validez de cláusulas restrictivas 
relativas a los recambios, a los gastos de desplazamiento y a la mano de obra. 
El derecho danés prevé además en caso de garantía comercial, por derogación del derecho 
común, que el consumidor sólo deba probar el defecto de la calidad prometida, dado que 
incumbirá al garante probar que el defecto no existía en el momento de la venta. 
Corolariamente, se interpretará en general, aunque la garantía comercial no prevea un período 
de garantía, que constituye una garantía de durabilidad y de buen funcionamiento durante el 
período de vida normal del producto. 
En España, la LGDCU prevé que el fabricante o el vendedor tengan la obligación de conceder 
una garantía comercial para los bienes duraderos. La garantía deberá otorgarse por escrito 
incluyendo los siguientes elementos: su objeto, el nombre del garante, el beneficiario y los 
derechos de este, así como su duración. Existen, además, legislaciones específicas que fijan, para 
ciertos sectores y de forma imperativa, la duración mínima de la garantía: 3 meses o 2.000 km 
para los coches y 3 meses para los electrodomésticos. 
Durante el período de garantía, el beneficiario tendrá derecho, por lo menos: 
a la reparación totalmente gratuita de los productos y a la indemnización de los daños 
causados por los defectos; así como, 
en caso de caso de reparación insatisfactoria, a escoger entre la sustitución del producto 
por otro y el reembolso del importe del precio. 
En Francia, el legislador ha intervenido recientemente en dos ocasiones para proteger mejor al 
consumidor en el ámbito de la garantía comercial, y para completar la protección contemplada 
en el decreto de 24 de marzo de 1978 que establecía que el vendedor que ofrezca una garantía 
contractual deberá mencionar claramente que también se aplicará la garantía legal, sin tener que 
precisar el contenido de esta. 
Las dos nuevos textos son: 
por una parte, el decreto de 22 de diciembre de 1987, que da un carácter obligatorio a la 
norma NFX 5002 que normaliza la presentación de un contrato de garantía para los 
electrodomésticos y para los equipos de audio o vídeo; 
y por otra parte la, aun más importante, ley de 18 de enero de 1992 que refuerza la 
protección de los consumidores, previendo imperativamente la posibilidad de que el 
consumidor obtenga una prolongación de la duración de la garantía durante todo período 
de inmovilización del bien superior a siete días. 
En Grecia, la ley relativa a la protección de los consumidores, en su artículo 33, establece una 
garantía comercial obligatoria para el vendedor, que prevé en concreto: 
la obligación para el vendedor de conceder una garantía comercial para los bienes de 
consumo nuevos duraderos; 
la obligación de hacer figurar en el documento de garantía el nombre y el domicilio 
48 
(3 
profesional del vendedor que la otorga y de su beneficiario, el producto contemplado, su 
contenido y su duración, que deberá ser razonable. 
En caso de aparecer, durante este período de garantía, un defecto que impida la utilización 
normal del producto, el consumidor podrá solicitar su reparación. Si el vendedor se negara a esta 
o retrasara su ejecución, el consumidor podría exigir la sustitución del producto o la anulación 
de la venta. 
Estas disposiciones sólo conciernen a la garantía comercial del vendedor, al estar contemplada 
la concedida por el fabricante en las disposiciones de derecho común de los contratos. 
En Irlanda, la SGSA contiene disposiciones detalladas relativas a la garantía comercial, 
definiéndola como todo documento suministrado con ocasión de la venta de productos y que 
indique que, después de celebrada esta, el fabricante u otro distribuidor mantendrá, reparará o 
se ocupará, en cierto modo, de los productos. La garantía deberá reunir las siguientes 
características: 
ser claramente legible y referirse a bienes específicos o a determinadas categorías de 
bienes; 
contener de manera clara el nombre y el domicilio del garante; 
indicar cuánto durará desde la fecha de compra del producto, pudiéndose establecer 
períodos diferentes para los distintos elementos que compongan el producto; 
indicar el procedimiento que deberá seguirse en caso de recurso, no pudiendo este presentar 
dificultades anormales con respecto a las prácticas comerciales normales; 
indicar claramente el contenido y alcance de las obligaciones del garante, así como las que 
puedan incumbir al comprador. 
La protección que la garantía comercial concede al comprador es imperativa, y está incluso 
sancionada penalmente. Por otro lado, no podrá restringir los derechos que el consumidor posee 
en virtud del derecho común, ni imponerle obligaciones adicionales. Toda cláusula que 
determine que el garante se reservará el derecho a apreciar libremente el carácter defectuoso de 
los bienes, será nula. Además, todo vendedor que transmita al comprador la garantía de un 
tercero (normalmente la del fabricante), será frente al comprador, tan responsable como el 
garante, salvo indicación en contrario, tal como la concesión de una garantía autónoma por parte 
del vendedor, en el momento de la entrega. La legislación irlandesa ha establecido claramente, 
en lo referente a la responsabilidad del garante (normalmente el fabricante o el importador), que 
este responderá frente al comprador como si se tratara del propio vendedor del bien 
(responsabilidad contractual). 
Todo propietario consecutivo del bien se beneficiará de la garantía durante la duración de esta 
y podrá proceder contra el garante. 
En Italia, el propio Código civil prevé una garantía de buen funcionamiento, aplicable solamente 
a las ventas de objetos muebles corporales, únicamente si el vendedor ha garantizado 
voluntariamente el funcionamiento del producto durante cierto período, o si la garantía viene 
impuesta por el uso. De todos modos, la protección otorgada por el Código civil no es 
imperativa. El comprador podrá ejecutar la garantía siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
que haya sido imposible percatarse de los "defectos" en el momento de la compra; 
49 
que el plazo de garantía esté previsto en el contrato, bajo pena de nulidad de la garantía; 
que haya probado el mal funcionamiento del producto así como la existencia de una 
garantía de buen funcionamiento. El vendedor, sin embargo, podrá exonerarse de su 
garantía probando que el mal funcionamiento del producto ha sido causado por algo 
acaecido tras la celebración del contrato, o por un uso anormal por parte del comprador; 
que informe al vendedor, bajo pena de prescripción, sobre el mal funcionamiento del bien 
en los 30 días siguientes a su identificación; el plazo de recurso está fijado en seis meses 
a partir del descubrimiento del mal funcionamiento. 
Además, el Código civil prevé: 
que el comprador pueda escoger entre la sustitución del bien o su reparación; 
que el vendedor no pueda exonerarse del pago por daños y perjuicios. 
Por lo tanto, en Italia, la reglamentación específica sobre la garantía comercial sólo contempla 
las relaciones entre el vendedor y el comprador. Cualquier otro tipo de garantía que pueda 
ofrecerse en el mercado estará sometida a las normas de derecho común. 
El derecho luxemburgués no contiene disposiciones específicas relativas al contenido de la 
garantía comercial. Sin embargo, la ley de 1983 relativa a la protección del consumidor indica 
que: 
toda publicidad sobre la garantía del producto, incluso la que proceda del fabricante o de 
un distribuidor por encima del vendedor en la cadena de distribución, formará parte 
integrante del contrato de venta; 
cuando la garantía no sea conforme a la publicidad, el consumidor podrá reclamar la 
anulación del contrato o una reducción en el precio. 
En los Países Bajos, hay que diferenciar entre: 
la garantía comercial ofrecida por el vendedor, que no podrá restringir los derechos que 
posee el consumidor en virtud de la garantía legal; y, 
la garantía comercial ofrecida por el fabricante, que no está obligado por la garantía legal 
y podrá restringir sus obligaciones, bajo reserva de las disposiciones generales relativas a 
las cláusulas abusivas. 
Dado el carácter reciente de esta legislación, resulta dificil prever si su aplicación a la garantía 
comercial del fabricante planteará dificultades similares a fas del derecho alemán. 
Por otro lado, las disposiciones del derecho neerlandés relativas a la publicidad engañosa 
contemplan expresamente la prohibición de toda publicidad de este tipo sobre el alcance, 
contenido y duración de la garantía. 
Además, el código de práctica profesional en materia de publicidad establecido por los 
operadores económicos ("Nederlandse Reclame Code") contiene disposiciones específicas sobre 
la publicidad relativa a las garantías comerciales. La comisión responsable de la aplicación de 
este código ("Reclame Code Commissie") publicó en 1976 una recomendación destinada a 
concretar las normas generales establecidas. Conforme a esta recomendación: 
50 
las garantías ofrecidas deberán otorgar al consumidor más derechos de los que ya posee 
en virtud de la garantía legal; 
deberá figurar en la publicidad toda restricción establecida en la garantía. Toda publicidad 
que se limite a anunciar la existencia de una garantía, sin más especificaciones, deberá ser 
interpretada como una "garantía total" sin restricción alguna sobre los elementos o 
propiedades de los productos; 
el empleo del término garantía significará que se prevean medios concretos para subsanar 
los defectos que puedan afectar al producto; 
toda publicidad sobre la garantía deberá indicar obligatoriamente su duración. 
En Portugal, el Código civil reglamenta la garantía sobre el buen funcionamiento del producto 
vendido, definida como garantía convencional relativa a la idoneidad del producto durante un 
período limitado, que será acordado según el uso al que vaya dirigido el producto. Esta garantía 
existirá cuando la conceda el vendedor o la exijan los usuarios. Se aplicarán las normas 
siguientes: 
la garantía tendrá una duración limitada: si no se establece lo contrario, la garantía expirará 
seis meses después de la entrega, salvo que el uso establezca una duración más larga; 
el comprador deberá notificar al vendedor el defecto, en principio, antes de transcurridos 
treinta días desde su descubrimiento (si no se estipula lo contrario); 
la acción de garantía prescribirá seis meses después de que el comprador haya notificado 
el defecto; 
el comprador deberá probar el mal funcionamiento del producto durante el período de 
garantía; el vendedor sólo podrá exonerarse probando que el defecto es posterior a la 
entrega o que es imputable al comprador o a un tercero; 
la garantía de buen funcionamiento dará derecho a la reparación o a la sustitución del 
producto; sin embargo, si el vendedor hubiera intentado varias veces su reparación sin 
éxito, el comprador podrá exigir su sustitución. 
La garantía de buen funcionamiento se considerará complementaria a la garantía legal, salvo 
estipulaciones contractuales en sentido contrario, siempre y cuando el Código civil o la 
legislación relativa a las cláusulas abusivas admitan esas estipulaciones. 
En el Reino Unido, se prevé con carácter imperativo que la garantía comercial ofrecida por el 
fabricante no pueda restringir en modo alguno los derechos de los que goza el consumidor 
conforme a la garantía legal. Todo documento de garantía comercial deberá, bajo amenaza de 
sanción penal, indicar que esta no restringe ni, con mayor motivo, elimina en modo alguno los 
derechos de que dispone el consumidor en virtud de la garantía legal. 
Procede señalar además que, paralelamente a la evolución del derecho de la garantía legal (ver 
apartado 1) en el Reino Unido se está desarrollando un importante movimiento de reforma 
relativo a la cuestión de las garantías comerciales, basado en el propio documento de discusión 
publicado por el DTI en 1992. De hecho, un informe del Office of Fair Trading de 1986 y un 
documento de reflexión del National Consumer Council de 1989, hacían ya hincapié en las 
necesidades específicas de protección de los consumidores en materia de garantía comercial, 
sobre todo en el ámbito de los bienes duraderos y en particular en el de los automóviles. 
Como se ve, las garantías comerciales protagonizan varias iniciativas legislativas, aún tímidas, 
en los Estados miembros. Estos textos tienden sobre todo a: 
51 
asegurar que el consumidor cuente con una información correcta sobre las garantías 
ofrecidas y a impedir las indicaciones engañosas; 
asegurar que el consumidor disponga de información sobre la existencia de una garantía 
legal y sobre el carácter imperativo de esta; 
otorgar al consumidor una protección específica en materia de bienes duraderos; y 
establecer ciertas normas jurídicas de base, que constituyan un marco y reglamenten las 
garantías comerciales y exijan sobre todo que los documentos de garantía contengan 
determinada información mínima. 
C SERVICIOS POSTVENTA 
La cuestión del derecho del consumidor a una garantía legal está estrechamente ligada a la 
existencia de un servicio postventa (disponibilidad de recambios, servicio de mantenimiento, 
etc.). Este puede incluso considerarse como una característica necesaria para el producto: un 
producto que no esté amparado por un servicio postventa eficiente podría ser inútil para su uso, 
conforme a la legítima expectativa del comprador y, por lo tanto, ser considerado como 
defectuoso, en virtud de los términos de la garantía legal. 
Además, podríamos plantearnos si los sistemas jurídicos nacionales reconocen al consumidor 
el derecho a exigir que ciertos tipos de productos sean duraderos, es decir, si el hecho de que 
un bien de consumo duradero no funcione de manera satisfactoria tras un periodo de tiempo 
inferior a su "esperanza de durabilidad" constituye un defecto. 
En Alemania, la legislación no prevé ninguna obligación de servicio postventa. Sin embargo, 
en el sector automovilístico, la jurisprudencia, basándose en el principio de buena fe en la 
celebración de los contratos, ha estipulado una obligación de disponibilidad de los recambios. 
Por otro lado, el plazo extremadamente corto con el que cuenta el consumidor, conforme a la 
garantía legal, no permite en modo alguno prevalerse de una obligación de durabilidad. 
En Bélgica, no se impone al vendedor obligación alguna de prestar un servicio postventa o de 
garantizar la durabilidad del producto. Sin embargo, al no existir plazo de garantía, el 
consumidor podría prevalerse del hecho de que la ausencia de durabilidad del producto 
constituye una no conformidad de este. 
En el derecho danés, el uso considera que puede invocarse la garantía legal si se comprueba que 
en el momento de celebración del contrato todavía no existía servicio postventa alguno para el 
producto duradero. Si la imposibilidad de prestar el servicio postventa surge tras la celebración 
del contrato, el consumidor, para solicitar la anulación de la venta, deberá prevalerse de las 
normas generales del derecho de los contratos. Además, si bien no existe una obligación legal 
relativa a la durabilidad de los productos, el uso reconoce que los aspectos de un producto 
relacionados con su durabilidad pueden constituir un defecto (sin embargo, al ser el plazo de 
la acción de garantía de un año, el interés de esta cuestión es limitado). 
En España, la LGDCU prevé el derecho del consumidor a unos servicio postventa adecuado, 
tras la entrega del producto duradero. Por otro lado establece, para este tipo de productos, que 
la disponibilidad de los recambios esté garantizada durante un período determinado. Sin 
embargo, estas disposiciones constituyen un marco legislativo que deberá ser objeto de 
posteriores desarrollos reglamentarios. Así, existe un real decreto relativo a los 
52 
electrodomésticos, que prevé una obligación de disponibilidad de los recambios durante siete 
años, o de cinco años en caso de que el precio de estos aparatos sea inferior a 10.000 pesetas. 
El derecho español contiene disposiciones relativas a la información que debe facilitarse a los 
consumidores sobre el precio de los recambios y protege al comprador, en caso de reparación, 
contra los precios excesivos de los recambios, de los gastos de mano de obra o de los 
desplazamientos. 
En Francia, no existe disposición legislativa alguna que obligue al vendedor a prestar un servicio 
postventa. Sin embargo, en virtud del decreto n° 87-1045 del 22 de diciembre de 1987, el 
vendedor de electrodomésticos o de aparatos electrónicos deberá presentar los contratos de 
servicio postventa conforme a un formato tipo, y, estableciendo las condiciones del servicio. 
Tampoco existe un reconocimiento expreso de la obligación de durabilidad. De todos modos, 
al no estar definido un plazo de prescripción de la acción de garantía, el consumidor podrá 
invocar que la ausencia de durabilidad del producto constituye un defecto de este. 
Además, la ley de 18 de enero de 1992 ha establecido la obligación para el vendedor de 
informar sobre la existencia de recambios y sobre el período de disponibilidad de estos. De 
todos modos, esta obligación de información no está equiparada a un compromiso por parte del 
vendedor. 
En Grecia, la ley de 1991 impone al vendedor de productos duraderos una obligación de 
servicio postventa durante un plazo razonable, en virtud de la durabilidad usual del producto. 
Además, impone que se garantice la disponibilidad de recambios o de piezas complementarias. 
La ley prevé que el ministro pueda definir plazos para determinadas categorías o tipos de 
productos. 
En Irlanda, la SGSSA prevé imperativamente una obligación de servicio postventa y de 
disponibilidad de recambios, durante un período razonable, que podrá ser establecido por el 
Ministro de industria, previa consulta a las partes interesadas. Por otro lado, toda promesa 
realizada por el vendedor sobre la disponibilidad de los recambios o de un servicio postventa 
le comprometerá a cumplirla. Además, el propio concepto de "calidad de mercado" contempla, 
tal como se ha visto, la durabilidad de los productos: un bien será considerado defectuoso 
cuando no sea tan duradero como cabría esperar dados la descripción que de él se hizo, su 
precio y cualquier otro elemento significativo. 
En Italia, ninguna disposición legislativa prevé una obligación de servicio postventa o una 
obligación de durabilidad. De todos modos, si el vendedor hubiera prometido tales elementos, 
el consumidor podría emprender acciones legales en caso de no se cumplieran. 
En Luxemburgo. la situación es similar a las de Bélgica y Francia: ninguna disposición 
legislativa contempla la cuestión de los servicios postventa, o la obligación de durabilidad. Sin 
embargo, una interpretación extensiva del concepto de defecto, junto con la ausencia de un plazo 
legal de garantía, permiten al consumidor prevalerse, en ciertas circunstancias, de un derecho 
al servicio postventa y/o a una obligación de durabilidad del producto. 
Por otro lado, la ley de 25 de agosto de 1983 reforzó la protección del consumidor al imponer, 
en caso de prestación de servicios postventa, ciertas obligaciones en materia de información. 
53 
En los Países Bajos, aunque el nuevo el nuevo Código civil no contiene disposición específica 
alguna relativa al servicio postventa ni a la durabilidad de los productos, la obligación de 
conformidad del producto contempla algunos aspectos de esta cuestión tales como la 
disponibilidad de las piezas de recambio; pero no cubre, sin embargo, otros como el 
mantenimiento. 
En Portugal, la ley general de protección de los consumidores reconoce el derecho de estos a 
que todo proveedor de bienes duraderos les preste un servicio postventa satisfactorio, incluyendo 
el suministro de recambios durante el período de vida medio de estos productos. 
En el Reino Unido, ninguna disposición legal contempla la cuestión del servicio postventa o de 
la durabilidad del producto. Sin embargo, determinadas normas establecidas en los códigos de 
los profesionales afectados por este tema contemplan el servicio postventa, mientras que los 
tribunales han considerado que la durabilidad del producto es una cuestión inherente al concepto 
de calidad de mercado: un producto sólo posee calidad de mercado cuando es razonablemente 
duradero. La definición del carácter razonable o no de la vida de un producto deberá ser 
establecida en cada caso concreto. La sustitución del concepto de "calidad de mercado" por el 
de "calidad satisfactoria" ("satisfactory quality") propuesta por el documento de reflexión de las 
autoridades británicas persigue, entre otras cosas, la inclusión en el texto del requisito de 
durabilidad, expresado con mayor claridad. 
54 
IV - SITUACIÓN EN EL DERECHO COMUNITARIO 
Si bien es cierto que no existe reglamento comunitario alguno referido específicamente a la 
cuestión de la garantía de los productos y de los servicios postventa, no hay que olvidar, sin 
embargo, la contribución aportada por otros textos comunitarios a la creación de un sistema 
comunitario sobre la garantía. 
A. GARANTÍA LEGAL 
1. Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos32. 
Esta directiva está íntimamente relacionada con el derecho de la garantía, puesto que las 
cuestiones sobre la responsabilidad por los daños causados por productos tienen numerosos 
aspectos en común con la garantía. Por lo tanto, esta directiva podrá aplicarse a circunstancias 
en las que también se cumplan las condiciones de ejecución del derecho de la garantía. En 
cualquier caso, los criterios subyacentes a la aplicación de la directiva son conceptualmente 
diferentes de los que se consideran condiciones de ejecución del derecho de la garantía. 
En primer lugar, conforme a la directiva 85/374/CEE "un producto es defectuoso cuando no 
ofrece la seguridad a la que una persona tiene derecho legítimo [...]". La noción de producto 
defectuoso contenida en esta directiva debe así distinguirse de la noción de producto defectuoso 
presente en las leyes nacionales relativas a la garantía de los vicios ocultos. En efecto, en estas 
leyes se habla del concepto de conformidad con el uso al que se destina el producto en cuestión, 
sin incluir una apreciación relativa a la seguridad del producto. En segundo lugar, la directiva 
85/374/CEE establece un normativa sobre la responsabilidad extracontractual, por oposición a 
la responsabilidad que nace de la garantía legal, cuyo carácter es contractual. En tercer lugar, 
aparte de los "daños causados por muerte o lesiones corporales", la directiva 85/374/CEE sólo 
contempla los "daños causados a una cosa o la destrucción de una cosa, que no sea el propio 
producto defectuoso, previa deducción de una franquicia de 500 ECUS"; se excluye, por tanto, 
la indemnización y reparación de los daños causados al propio producto. Todo derecho a la 
reparación por deterioro o destrucción de la cosa defectuosa queda, así, fuera del ámbito de 
aplicación de la directiva. 
Con ocasión de la presentación de la propuesta de directiva relativa a la responsabilidad por los 
daños causados por productos33, la Comisión hizo amplia referencia a la cuestión de la garantía 
legal de los bienes. Resulta interesante recordar aquí un pasaje de la exposición de los motivos 
de esa propuesta: En lo referente a la calidad de un objeto nuevo y al uso que pueda hacerse 
de este para el fin acordado, incluida la ausencia de defectos parciales que no causen el 
deterioro o la destrucción total de la cosa, la responsabilidad estará regida normalmente, por el 
32 DO n° L 210 de 7 de agosto de 1985. 
33 COM(76) 372 final de 23 de julio de 1976, DOCE n° C241 de 14 de octubre de 1976, p.9. 
55 
sistema jurídico de todos los Estados miembros, por el derecho que ha regido la venta en el que 
no interviene la presente directiva. Si la necesidad de mejorar la situación jurídica del 
comprador de una cosa defectuosa frente a su vendedor, o si los derechos de recurso de este 
último contra el fabricante fueran precisos en interés de la protección del consumidor, sería 
posible adoptar las medidas adecuadas en el marco del derecho de los Estados miembros en que 
se manifestara esa necesidad. En la medida en que el buen funcionamiento del mercado común 
lo exigiera, se podría remediar la situación mediante una aproximación de las disposiciones que 
rigen las condiciones generales de los contratos"34. 
A modo de respuesta a estas declaraciones, el Comité Económico y Social, en su dictamen sobre 
la propuesta de la Comisión, solicitó expresamente a esta que presentara "rápidamente una 
propuesta de directiva sobre la garantía y sobre el servicio postventa"35. 
La directiva 85/374/CEE contiene, sin embargo, una disposición que trata directamente del 
derecho de la garantía: en su artículo 13 precisa en concreto que no afectará a los derechos que 
el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o 
extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad existentes en el 
momento de la notificación de la presente directiva. Esta disposición es importante, dado que 
establece claramente que la normativa sobre la responsabilidad por los daños causados por 
productos no reemplaza en modo alguno las normativas de garantía existentes en cada uno de 
los Estados miembros. En realidad, el perjudicado podrá escoger, llegado el caso, entre la 
aplicación de la directiva y el derecho de la garantía nacional, que, en ciertas ocasiones, podría 
serle más favorable. 
2. Directiva del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores.3* 
Si bien esta directiva no concede directamente derechos de garantía a los consumidores, una vez 
transferida a los derechos nacionales podría tener importantes consecuencias para la creación 
de una normativa comunitaria sobre el derecho de la garantía; en efecto, las cláusulas 
contractuales tendentes a restringir los derechos del consumidor, presentan a menudo un carácter 
abusivo. De hecho, esta directiva contiene en anexo una lista de ejemplos de tipos de cláusulas 
que se pueden considerar abusivas. Entre esas cláusulas, el artículo l.b del anexo incluye la que 
tienda a "excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con 
respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de 
cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las' obligaciones contractuales [...]". Esta 
disposición contempla, entre otras cosas, las cláusulas contractuales que restringen la garantía 
legal a la que tiene derecho el consumidor, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables. 
34 
35 
36 Exposición de motivos de la propuesta de la directiva, apartado 20, Boletín de las Comunidades 
Europeas. N.d.T. : no existe versión en español de este texto. 
DOCE n° Cl 14 de 7 de mayo de 1979, apartado 2, 8.1. 
Directiva n° 13/93 del Consejo de 5 de abril de 1993, DO L95 de 21 de abril de 1993, p. 29. 
56 
De hecho, esto es lo que se infiere explícitamente del texto de la propuesta modificada de la 
Comisión. 
La directiva adoptada por el Consejo contiene, sin embargo, menos referencias expresas al 
derecho de la garantía que las dos propuestas, transmitidas a este por la Comisión y que 
contenían el embrión de un enfoque comunitario específico para el derecho de la garantía. 
En efecto, la lista negra añadida a la propuesta inicial37 contenía una cláusula (c) que 
consideraba como abusivas las cláusulas contractuales que tuvieran por objeto, o por efecto, 
restringir los derechos de los consumidores, en el modo que establecía esa cláusula con todo 
detalle: respecto a la obligación de conformidad, a la garantía de los vicios ocultos, al derecho 
al reembolso, a la sustitución, a la reparación o a la reducción en el precio y al derecho a la 
indemnización. 
La propuesta modificada38 de la directiva retiró esta cuestión del anexo y la insertó en el artículo 
6. El concepto de garantía también se separó el de cláusula abusiva, puesto que el artículo 6 
encargaba a los Estados miembros que garantizaran al consumidor, de forma positiva, ciertos 
derechos en este sentido. 
El contenido del artículo 6 era el siguiente: 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor tenga 
garantizado, en su papel de comprador bajo contrato de venta de bienes muebles, el 
derecho a recibir bienes que sean conformes con el contrato y que correspondan al uso para 
el que se vendieron, así como el derecho a reclamar, en un plazo suficientemente largo, 
sobre los defectos intrínsecos que pudieran afectar a los bienes. 
2. En el marco del ejercicio de sus derechos, los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que el consumidor tenga garantizado el derecho a elegir entre los siguientes 
medios, puestos a su disposición: 
el reembolso del importe total del precio de venta, 
la sustitución de los bienes, 
la reparación de los bienes a cargo del vendedor, o 
una reducción en el precio en caso de que el consumidor conserve los bienes. 
Además, el consumidor tendrá derecho a ser indemnizado por los daños sufridos que 
emanen del propio contrato. 
3. En caso de que el vendedor transmita al consumidor la garantía del fabricante de los 
bienes, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor 
tenga garantizado el derecho a disfrutar de la garantía del fabricante durante un período de 
12 meses o, durante el período de vida normal de los bienes, cuando esta sea inferior a 
doce meses, así como el derecho a exigir el reembolso, por parte del vendedor o del 
37 COM(90) 322 final de 3 de septiembre de 1990, DO n° C 243, 28 de septiembre de 1990, p. 2. 
38 COM(92) 66 final de 4 de marzo de 1992, DO n° C73 de 24 de marzo de 1992 
57 
fabricante, de los costes en que haya incurrido el consumidor, en vistas a obtener la 
ejecución de la garantía. 
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor tenga 
garantizado, como tomador de un contrato de prestación de servicios, el derecho a: 
obtener los servicios en el momento acordado, con la eficacia que proceda, 
-tener, garantizado por el proveedor que este posee los conocimientos y 
experiencia exigidos, así como la capacidad necesaria para suministrar esos 
servicios tal como se especifica en el punto anterior39. 
Este artículo ha dado lugar a discusiones por parte del grupo de trabajo del Consejo e incluso 
a una propuesta de compromiso por parte de las distintas delegaciones, presentada a la 
Presidencia del Consejo. Sin embargo, las discusiones sobre este tema han demostrado que el 
enfoque dado por la Comisión ha sido, simultáneamente, demasiado limitado y demasiado 
ambicioso. Demasiado limitado por prever solamente un principio de armonización; y demasiado 
ambicioso por perseguir este fin en el marco de una directiva cuyo objetivo era en realidad otro 
tema. Por lo tanto, tal como se señaló en el capítulo I, el Consejo tomó la decisión de solicitar 
a la Comisión tratar estas cuestiones de manera más específica y con una mayor profundidad. 
3. Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa40. 
Esta directiva puede tener también un impacto en la configuración del derecho de la garantía. 
En efecto, los mensajes publicitarios relativos a las condiciones de garantía deben tener en 
cuenta la prohibición, de carácter general, de publicidades que puedan inducir a error. No hay 
que subestimar la importancia de la directiva relativa a la publicidad engañosa, sobre todo al 
considerar las experiencias por las que pasan los consumidores. Se puede constatar en efecto 
que la información relativa a las condiciones de garantía difundida por la publicidad es a 
menudo incompleta y restrictiva. Por lo tanto esta directiva, al haber adoptado una definición 
de la publicidad bastante amplia41 permitirá, entre otras cosas, considerar como tal a los propios 
documentos de garantía. 
Sin embargo, esta directiva se limita a establecer determinados mecanismos jurídicos destinados 
39 Además, la disposición del apartado l.b del anexo consideraba siempre abusivas las cláusulas que 
tuvieran por objeto o por efecto excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del 
consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de 
cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales, y en concreto de los 
derechos enunciados en el articulo 6 de la directiva en cuestión. 
DO n° L 250 de 19 de septiembre de 1984, p. 17. 
Conforme al articulo 2, apartado 1, se entenderá por publicidad: "toda forma de comunicación, 
realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover 
el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las 
obligaciones". 
58 
a impedir la publicidad engañosa, sin otorgar más derechos a las personas que actúen a título 
privado, sobre todo en el ámbito del resarcimiento de los daños causados por el carácter 
engañoso de la publicidad. Esta directiva tampoco establece el principio de que todo anunciante 
debería estar ligado a la publicidad que emita, como si se tratase de un contrato. Por lo tanto, 
no aporta ningún tipo de ayuda práctica al consumidor particular que no obtiene determinados 
servicios prometidos en la publicidad sobre la garantía. 
4. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
El Tribunal de Justicia se ha tenido que pronunciar en dos ocasiones sobre legislaciones 
nacionales en relación con la garantía legal. En ambos casos se trataba de la legislación 
francesa. El primer caso trataba sobre el principio de presunción irrefragable de mala fe del 
vendedor profesional y el segundo, sobre el principio de responsabilidad del fabricante por la 
garantía otorgada por él frente al subcomprador. 
4.1 Alsthom vs. Sulzer42. 
La jurisprudencia francesa contempla la presunción de que el fabricante, o el vendedor, 
conozcan los vicios de la cosa vendida. Esta jurisprudencia sólo admite cláusulas restrictivas de 
la responsabilidad en caso de estar incluidas en acuerdos celebrados entre profesionales del 
mismo sector. 
La cuestión presentada al Tribunal se refería al hecho de que esta jurisprudencia es más severa 
que el derecho aplicable en otros Estados miembros, y que, por lo tanto, podía plantear un 
problema respecto al derecho comunitario, sobre todo en cuanto a la interpretación de los 
artículos 85, apartado Io, y 34. 
La cuestión prejudicial fue planteada por el Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation) en 
el marco de un litigio sobre el suministro por una sociedad de construcción naval francesa 
(Alsthom) de navios con motores defectuosos a una compañía naviera holandesa (HAT). Este 
caso es ejemplar, dado que Alsthom encargó los motores a Sulzer, sociedad de construcción 
mecánica francesa que, a su vez, se había dirigido a un subcontratista alemán. Si este 
subcontratista, llegado el caso, fuera reclamado en garantía por Sulzer, podía oponer a ésta 
ciertas cláusulas restrictivas de responsabilidad, admitidas por el derecho alemán; por el 
contrario, Alsthom no podría oponer este tipo de cláusulas a HAT. Por lo tanto resultaría que 
las empresas francesas estarían en una situación de inferioridad con respecto a sus contratantes 
extranjeros. 
El Tribunal de Justicia no negó que la jurisprudencia francesa pudiera provocar distorsiones en 
materia de competencia, pero consideró que no era contraria al derecho comunitario. 
El Tribunal consideró que la jurisprudencia francesa "se aplica indistintamente a todas las 
relaciones comerciales regidas por el derecho francés y no tiene por objeto ni efecto restringir 
específicamente las corrientes de exportación y favorecer, de esa manera, la producción nacional 
o el mercado interior nacional". El Tribunal también recordó que "las partes de un contrato de 
venta internacional generalmente pueden determinar libremente el derecho aplicable a sus 
42 Sentencia de 24 de enero de 1991, asunto C-339/89, recopilación de 1991, p. 120. 
59 
relaciones contractuales y evitar, de esa manera, verse sujetas al derecho francés". 
Es cierto que el origen de esta decisión fue un asunto comercial. Sin embargo, desde la 
perspectiva de la protección de los consumidores, es importante señalar que, a priori, las 
disposiciones nacionales que contengan condiciones de garantía más favorables para los 
consumidores no serán consideradas como contrarias al derecho comunitario. Por otro lado, este 
asunto demuestra que la disparidad de leyes nacionales puede, efectivamente, suscitar cuestiones 
relativas a la situación competitiva de los diferentes operadores económicos. 
43 4.2 Jakob Handtke vs. TMCS 
Una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1 del Convenio de 
Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecución de las decisiones adoptadas en materia 
civil y comercial fue sometida al Tribunal de Justicia. Había que precisar cuál era la jurisdicción 
competente para tratar el recurso entablado por el comprador de un producto contra el 
fabricante. El artículo 5, apartado 1, del Convenio prevé que en materia contractual, el 
demandado domiciliado en el territorio de un Estado podrá ser citado, en otro Estado, a 
comparecer ante el tribunal sito en el lugar donde deba satisfacerse la obligación objeto de la 
demanda. 
Conforme a la jurisprudencia francesa, el fabricante y el vendedor son, frente al comprador, 
responsables solidarios de la garantía de los productos. Esta responsabilidad es de naturaleza 
contractual. 
En un caso específico de venta de equipos industriales, el comprador francés pretendía apelar 
ante los tribunales franceses, conjuntamente contra el vendedor francés y el fabricante alemán. 
El Tribunal interpretó el concepto de "materia contractual" de modo autónomo, refiriéndose 
principalmente al sistema y a los objetivos del Convenio y declaró que la norma de competencia 
especial prevista por el artículo 5, apartado 1 del Convenio no puede aplicarse al litigio que 
enfrenta al subcomprador de una cosa con su fabricante, dado que este no puede prever tal 
aplicación y, por lo tanto, es incompatible con el principio de seguridad jurídica. El Tribunal 
precisó además que el fabricante no tiene relación contractual alguna con el subcomprador y no 
asume obligación alguna de naturaleza contractual frente a este comprador, por lo que puede 
ignorar la identidad y el domicilio con toda legitimidad. También hizo constar que en la mayoría 
de los Estados en los que tienen lugar contratos, no se considera que la responsabilidad del 
fabricante frente al subcomprador, por vicios de la cosa vendida, sea de naturaleza contractual. 
Por consiguiente, el Tribunal rechazó ampliar la aplicación del artículo 5, apartado 1, del 
Convenio a la relación entre el fabricante y el comprador. 
Según el Tribunal, las normas de competencia especial previstas por el Convenio, y en especial 
el artículo 5, apartado 1, deben interpretarse restrictivamente, puesto que derogan el principio 
general de que el demandado deberá ser citado a comparecer ante las jurisdicciones del Estado 
en el que tiene establecida su residencia. 
La Comisión, en las observaciones que sometió al Tribunal adoptó otra postura, al pedirle que 
Sentencia de 17 de junio de 1992, asunto C-26/91, recopilación de 1992, p. 3967 
60 
interpretara que la acción directa del subcomprador contra el fabricante tiene naturaleza 
contractual, siempre y cuando esto provoque que el propio tribunal ante el cual el vendedor 
incoa una acción para abrir vía de recurso contra el fabricante, sea también competente para 
juzgar la acción del subcomprador contra el fabricante. 
El Tribunal no analizó con mayor profundidad la relación existente dentro del artículo 5 del 
Convenio de Bruselas entre los apartados 1 y 3, en que se prevé en materia delictiva, o 
cuasidelictiva, que el demandado pueda ser citado a comparecer ante las jurisdicciones del lugar 
en el que se produzca el acto perjudicial. El abogado general, así como la Comisión y el 
gobierno alemán pidieron al Tribunal que se pronunciara sobre este último apartado, pero este 
no se pronunció sobre la cuestión de saber si la acción directa en materia de vicios ocultos debía 
o no, en consecuencia, someterse a las normas de competencia previstas por el artículo 5, 
apartado 3. Es de suponer que la respuesta hubiera sido afirmativa, dado que el concepto de 
responsabilidad delictiva es un concepto residual que incluye toda forma de responsabilidad no 
contractual. Sin embargo, la cuestión prejudicial no versaba sobre este punto. 
Es evidente que la apreciación del Tribunal sobre la naturaleza de la responsabilidad del 
fabricante frente al subcomprador del producto se limitaba al ámbito de aplicación del Convenio 
de Bruselas, sin atentar, en modo alguno, contra la validez de la notificación realizada por el 
derecho material francés. Esta sentencia constituye, sin embargo, un buen ejemplo de los 
problemas que se pueden plantear por la diversidad de leyes nacionales.44 
5. Apreciación 
El arsenal legislativo existente en virtud de la política comunitaria con que cuentan los 
consumidores aún es endeble e incompleto. Es cierto que las iniciativas descritas contribuyen 
a elaborar, de manera más o menos sólida, un marco comunitario aplicable a la garantía de los 
productos, puesto que tienden a establecer, en ciertos sectores, una protección mínima para el 
consumidor y pretenden eliminar, en ciertos casos, las condiciones contractuales que restrinjan 
la garantía a que tiene derecho el consumidor basándose en las disposiciones legales y 
reglamentarias. Sin embargo, hasta la fecha, ningún instrumento comunitario en materia de 
política sobre los consumidores ha llegado hasta la etapa siguiente consistente en reglamentar, 
mediante la armonización, el contenido mismo del derecho de la garantía, tal como lo prevén 
las legislaciones nacionales. Es preciso mencionar, además, que a pesar de ciertos vacíos 
existentes en cuanto a la información precontractual y contractual de los consumidores en 
materia de garantía, existen iniciativas comunitarias que contemplan la obligación por parte del 
fabricante, o del vendedor, de proporcionar información. Sin embargo, ninguna de sus 
menciones obligatorias incluye las condiciones de la garantía45. 
44 
45 Lo cual no implicaría, sin embargo, que el tribunal competente fuese el del domicilio del comprador. 
A este respecto ver el apartado 31 de las conclusiones del abogado general Jacobs sobre este asunto. 
Ver la propuesta de directiva relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos 
negociados a distancia COM(92) de 11 de mayo de 1992. DO n° C 156 de 23 de junio de 1992, p. 14, 
que prevé que se suministren determinadas informaciones antes de la celebración del contrato y en 
el momento de su ejecución, ignorando, sin embargo, la cuestión de la garantía. 
61 
B. GARANTÍA COMERCIAL 
1. Directiva del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 
El artículo 6, apartado 3, de la propuesta modificada de la Comisión se refería, en efecto, a la 
garantía comercial estableciendo un período mínimo para la garantía del fabricante. Este 
constituía, por lo tanto el primer intento de estipulación de normas legales comunitarias sobre 
la garantía comercial. Como se ha visto, ésta disposición ya no figura en el texto final dé la 
directiva; 
Sinn embargo, ello no significa que la directiva ya no puede influir en modo alguno en las 
condiciones que rigen las garantías comerciales. No se puede considerar a la garantía, ofrecida 
por el distribuidor o por el fabricante, como un regalo: forma parte de una estrategia comercial 
dirigida a la venta del producto, por lo que se incluye en el precio final de éste. Por lo tanto, 
las condiciones de garantía pueden causar "en detrimento del consumidor, un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes implicadas en el contrato". Este sería 
el caso de condiciones que atentaran contra el principio mismo de la garantía (por ejemplo: 
condiciones poco razonables sobre la ejecución o sobre la exclusión de la garantía) o, que por 
su naturaleza inducirían al consumidor a engaño sobre sus derechos. 
La aplicación de la legislación sobre las cláusulas abusivas tiene, sin embargo, un carácter 
aleatorio y aventurado, en el ámbito de la garantía comercial, y dependerá a menudo de la 
postura que adopten los jueces nacionales (u otras autoridades competentes) sobre: 
la propia cuestión de considerar que la garantía constituye un regalo que se ofreció 
libremente, impidiendo por lo tanto que se puedan someter a control las "condiciones" de 
concesión de esta; 
la distinción entre condiciones de garantía que se pudieran considerar como abusivas y las 
que se limitan a circunscribir la garantía, es decir, a definir el "regalo" hecho al 
consumidor46; 
la existencia de un verdadero contrato (y por lo tanto de cláusulas contractuales) entre el 
productor y el consumidor final, en caso de que el fabricante haya concedido una garantía. 
De hecho, es notorio que la jurisprudencia alemana empieza ahora, por primera vez, a afirmar 
tímidamente que las condiciones de las garantías comerciales ofrecidas por el fabricante podrán 
ser sometidas al control de la AGB (ley relativa a las condiciones contractuales generales). 
2. El derecho de la competencia. 
Hasta la fecha, la política que ha seguido la Comunidad en materia de garantías otorgadas por 
el productor, se ha centrado en la aplicación del artículo 85 del Tratado de Roma sobre la 
46 El artículo 4, apartado Io de la directiva establece que "la apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato". 
62 
47 prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia. 
En efecto, ya en 1977 la Comisión había definido su política en ese sector en su Séptimo 
Informe sobre la política de la competencia al subrayar que la garantía concedida por fabricantes 
de productos de consumo duraderos, en el marco del servicio postventa, deberá ser valida en 
toda la Comunidad, independientemente del Estado miembro en que el producto haya sido 
comprado48. La Comisión, en los numerosos informes sobre acuerdos notificados así como en 
los reglamentos de exención por categoría, ha interpretado que la condición de beneficio 
equitativo para los usuarios, previsto en el articulo 85, apartado 3 del Tratado CE, impone esa 
conclusión49. La Comisión considera, en efecto, que las cláusulas por las que un fabricante se 
compromete con sus distribuidores a negarse a prestar la garantía a los clientes de importadores 
paralelos son, en principio, contrarias al artículo 85, apartado 1 del Tratado de Roma, pudiendo 
las empresas incurrir en multas, en caso de rechazo de esa prestación; punto de vista este que 
el Tribunal de Justicia ha apoyado en suficientes ocasiones. De hecho, la Comisión ha tenido 
la ocasión de advertir a los fabricantes que sus acuerdos de distribución podrían ser declarados 
incompatibles con las normas comunitarias en materia de competencia, en caso de que las 
garantías concedidas a los consumidores, al comprar un producto en cualquier Estado miembro, 
no fueran válidas en todo el territorio de la comunidad.30 
El principio más importante en materia de competencia es el que establece que el fabricante no 
podrá limitarse a prestar la garantía solamente a los bienes comprados a través de una 
determinada red de distribución. Además, cuando el fabricante distribuya sus productos mediante 
un sistema de distribución selectiva, deberá imponer a los miembros de la red la obligación de 
prestar la garantía, con independencia del lugar de compra del producto. La Comisión, en lo 
concerniente a las condiciones de garantía aplicables a la garantía de un producto importado 
paralelamente, ha aprobado siempre el principio conforme al cual la garantía deberá ser 
ejecutada por el distribuidor que esté establecido en el territorio del Estado miembro en que se 
utilice el producto en cuestión, conforme a las condiciones que rijan en este. Este principio fue 
47 
48 
49 Como ejemplos significativos de esta política podemos citar: las decisiones de la Comisión de 23/10/78 
(Zanussi), DO n° L 322 de 16/11/78, p. 36, y, la de 10/12/84 (Ideal Standard), DO n° L 20 de 24/1/85, 
p. 38; las sentencias Hasselblad de 21/2/84, asunto 86/92, recopilación 1984, p. 883, y ETA (Swatch) 
de 10/12/85, asunto 31/85, p. 3933; así como los Reglamentos de la Comisión n° s 123/85 de 12/12/84, 
sobre la distribución de vehículos automóviles, DO n° L 17 de 18/1/85, p. 16 y 4087/88 de 30/11/88 
sobre acuerdos de franquicia, DO n° L 339 de 28/12/88, p. 46. 
Séptimo informe, n°* 17 a 20 y comunicación de la Comisión sobre una solicitud de declaración 
negativa (condiciones de garantia Zanussi), DO n° C 3113 de 29 de diciembre de 1977, p. 14. 
Para ver qué sectores se trataban, consultar el informe 16° sobre la política de la competencia, 1986, 
apartado 56. En este informe la Comisión confirmaba expresamente de nuevo el principio de que toda 
garantía del fabricante debe tener validez en todo el territorio de la Comunidad. 
50 Boletín CE 11-1986, apartado 2.1.77. 
63 
confirmado, en 1987, con ocasión del asunto Sony51. 
El Tribunal de Justicia ha confirmado la doctrina sostenida por la Comisión en dos sentencias 
fundamentales: la sentencia Hasselblad52, de 1984, y la sentencia Swatch53, de 1985. 
En la primera, el Tribunal tuvo que pronunciarse sobre la relación existente entre la garantía 
comercial concedida por el fabricante y las garantías adicionales otorgadas por los propios 
distribuidores. En esta ocasión, el Tribunal precisó que siempre y cuando los clientes de 
distribuidores paralelos puedan beneficiarse de la garantía normal del fabricante, se considerarán 
como válidas cualquier otro tipo de cláusulas o de prácticas comerciales que los distribuidores 
oficiales otorguen a sus clientes, concediéndoles ciertas ventajas especiales, tales como una 
ampliación del período de garantía o incluso una mayor rapidez de servicio. Por el contrario, 
el Tribunal declaró que es esencial que los productos importados paralelamente a la red oficial 
se beneficien plenamente de la garantía normal del fabricante. 
La sentencia Swatch es de primordial importancia, en el ámbito de aplicación de la política de 
la competencia a la garantía comercial del fabricante. Los relojes Swatch se comercializaban 
mediante "agentes" distribuidores exclusivos, a quienes el fabricante concedía cierto "territorio". 
Los contratos de distribución imponían a los agentes unas cuotas mínimas de compra. Estos 
relojes contaban con una garantía concedida por el fabricante durante 12 meses a partir de la 
fecha de compra por parte del consumidor, pero que prescribía 18 meses después de la entrega 
del producto al distribuidor54. El embalaje de cada reloj contenía un certificado de garantía del 
fabricante contra todo defecto material o de fabricación valedero durante 12 meses a partir de 
la fecha de compra. En caso de defecto del reloj, el fabricante se comprometía a cambiarlo, 
dado que, debido al sistema de fabricación, se descartaba su reparación. 
Este asunto llegó al Tribunal de Justicia mediante una cuestión prejudicial planteada por el 
tribunal de comercio de Bruselas, provocada por un procedimiento que enfrentaba al fabricante 
(ETA) con varios distribuidores paralelos. ETA pretendía, en efecto, prohibir a estos 
distribuidores que incluyeran su garantía en los relojes Swatch, ya que esta surgió de un acuerdo 
entre ETA y sus distribuidores exclusivos, en virtud del cual la garantía tenía un carácter 
contractual y estaba ligada únicamente a los relojes vendidos por la red de distribuidores 
oficiales. La negativa a prestar la garantía estaba supuestamente justificada por la necesidad de 
51 
52 
53 
54 17° informe sobre política de la competencia, n° 67. 
Sentencia de 21 de febrero de 1984, Hasselblad/Comisión, asunto 86/82, recopilación 1984, p. 883. 
Sentencia de 10 de diciembre de 1985, ETA/DK Investment, asunto 81/85, p. 3933. N.d.T.: no 
disponible en español. 
De hecho, el abogado general se extrañó de la existencia de esta cláusula, dado que no veía, en virtud 
del efecto relativo de los contratos, cómo el fabricante podría desvincularse, frente al comprador, de 
su compromiso expreso establecido a través de la cosa vendida, prevaleciéndose de una condición 
relativa a su permanencia en el almacén del agente, sólo oponible frente a este. 
64 
controlar el cumplimiento del plazo máximo de almacenamiento impuesto a los distribuidores. 
Sin embargo, el Tribunal de Justicia no aceptó la argumentación de ETA y sentó jurisprudencia 
sentenciando que una cláusula que figure en un contrato de distribución exclusiva, conforme a 
la cual el fabricante se compromete con su concesionario exclusivo a conceder, tras la venta de 
sus productos, una garantía al consumidor, y en virtud de la cual rechaza prestar la garantía a 
los clientes de distribuidores paralelos, es incompatible con el artículo 85, apartado 1, del tratado 
CEE, puesto que la restricción de la competencia a la que podría dar lugar, afectaría al comercio 
entre los Estados miembros. 
Muy recientemente, el Tribunal no sólo ha confirmado plenamente esta jurisprudencia, en una 
sentencia55 referente a una cuestión prejudicial relativa al concepto de publicidad engañosa de 
la directiva 84/450/CEE, sino que incluso ha ido más lejos. En efecto, una de las cuestiones 
planteadas al Tribunal por la jurisdicción de remisión concernía al supuesto carácter engañoso 
de una mención contenida en la publicidad de un vendedor de coches independiente, sobre la 
garantía del fabricante56. Según el Tribunal, tal mención no podía calificarse como engañosa 
puesto que correspondía a la realidad. Para justificar esta solución, el Tribunal se limitó a 
mencionar la sentencia Swatch declarando: "un sistema de garantía en el que el proveedor de 
bienes reserva exclusivamente la garantía a los clientes de su concesionario exclusivo coloca 
a éste y a sus revendedores en una situación de privilegio en comparación con los importadores 
y distribuidores paralelos, por lo cual debe considerarse que tiene por objeto o efecto restringir 
la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado." Merece la pena hacer 
hincapié en el hecho de que el Tribunal, en la sentencia sobre los relojes Swatch, pasó por alto 
las características específicas de los bienes objeto del litigio y de ejecución de la garantía. En 
efecto, este asunto trataba sobre bienes de producción masiva, de precio reducido, que según 
el Tribunal no forman parte de la categoría de productos a los que procede aplicar ciertas 
restricciones inherentes a un sistema de distribución selectiva creados por el deseo de mantener 
un comercio especializado, capaz de suministrar prestaciones específicas a productos de alta 
calidad y tecnología57. Por el contrario, el asunto Bergerac versaba sobre garantías de coches, 
bienes de gran complejidad técnica, comercializados a través de un sistema de distribución 
selectivo y exclusivo, por otra parte exento según el reglamento n° 123/85 que, de hecho, 
contiene disposiciones específicas en materia de garantía. Y sin embargo, el Tribunal, al tratar 
esta materia, no hizo referencia alguna a las disposiciones contenidas en este reglamento58. 
55 
56 
57 
SS Sentencia de 16 de enero de 1992, información abierta contra X, conocida por el nombre de fallo 
Bergerac, asunto C-373/90, recopilación 1992, p. 131. 
Varios anuncios publicados en la prensa contenían el texto: "compre su vehículo nuevo más barato' 
que mencionaba a continuación: "un año de garantía del fabricante". 
Considerando n° 16. 
Estando por lo tanto, en la misma línea que la Comisión que, en sus conclusiones, estimaba que un 
vehículo importado deberá beneficiarse en el país de importación, de la garantía concedida por el 
fabricante, sin mencionar con mayor lujo de detalles las condiciones aún más estrictas previstas en el 
reglamento 123/85. 
65 
2.1 Reglamentos n° 1983/83 y 1984/83 relativos, a determinadas categorías de acuerdos de 
distribución exclusiva y de compra exclusiva59, respectivamente. 
Estos reglamentos de exención, sólo contienen una referencia escueta a la garantía, sin impacto 
alguno en el fomentó de los intereses de los consumidores. En. efecto, se limitan a precisar que 
las obligaciones del distribuidor en materia de servicio a la clientela y de garantía impuestas por 
la otra parte contratante no supondrán un obstáculo para la aplicación de la exención por 
categoría. 
2.2 Reglamento n° 123/85 relativo a los acuerdos de distribución y de servicio de venta y de 
postventa de vehículos automóviles60. 
Este reglamento61 trata de la exención por categoría de los acuerdos de distribución exclusiva 
y selectiva en el sector automovilístico. La Comisión ha aceptado este tipo de acuerdos de 
distribución porque parece que en el aspecto de la venta y del servicio postventa presentan 
ventajas económicas en relación con la disociación de estas dos actividades. 
Sin embargo, conforme al principio de prohibición de acuerdos contenido en el artículo 85 del 
tratado CE, estos acuerdos no pueden desembocar en la eliminación de la competencia, ni en 
la compartimentación de los mercados nacionales62. El reglamento, de cara a evitar ese 
resultado, tiende a dotar al consumidor de una protección mínima, permitiéndole la ejecución 
de los trabajos de garantía por su distribuidor local, aún habiendo comprado el vehículo en el 
extranjero. En efecto, en el punto 1 del apartado 1 del artículo 5 del reglamento, se somete 
la exención a la condición de que todas las empresas de la red de distribución de una marca 
garanticen el servicio gratuito de garantía y el consecutivo a los requerimientos, a cualquier 
vehículo de esta marca, cualquiera que sea el lugar de compra del vehículo en el mercado 
común. 
Esto no constituye sino un reconocimiento indirecto del derecho del consumidor a realizar 
59 
60 DO n° L 173 de 22 de junio de 1983, pp.l y ss y, 5 y ss. 
DO n° C17 de 18 de enero de 1985. 
Al igual que los reglamentos 1983/83 y 1984/83, el reglamento 123/85 contiene igualmente una 
disposición conforme a la cual el compromiso del distribuidor a prestar la garantía, el servicio gratuito 
y el consecutivo a determinados requerimientos no supondrá un obstáculo a la concesión de la 
62 exención. 
Aprovechamos la ocasión para destacar la importancia concedida a las funciones de intermediario; 
sobre esta materia, ver la comunicación de la comisión sobre la clarificación de la actividad de los 
intermediarios de automóviles, DO n° C 329 de 18 de diciembre de 1991. 
66 
compras en cualquier punto de la Comunidad y que sea el representante local de la red quien 
ejecute los trabajos de garantía. De hecho, en la comunicación de la Comisión sobre este 
reglamento se precisa que no se podrá impedir al usuario final, de forma abusiva, que compre 
un vehículo en el lugar de su elección dentro del mercado común. Esta comunicación cita, a 
modo de ejemplo, el rechazo a ejecutar la garantía de vehículos que no hayan vendido y que 
se hayan importado de otros Estados miembros. Es cierto, que en el pasado, los consumidores 
y, sobre todo, la Oficina Europea de las Uniones de Consumidores (Bureau Européen des 
consomateurs, de aquí en adelante: BEUC), expusieron a la Comisión numerosas quejas sobre 
las enormes dificultades a las que se enfrentaban en el caso de importaciones privadas de 
vehículos, por la amenaza de los distribuidores de no cumplir la garantía63. 
Sin embargo, este derecho del consumidor a elegir libremente se ve en la realidad reducido por 
el hecho de que las obligaciones del concesionario local están doblemente limitadas: por una 
parte por las obligaciones que él mismo ha suscrito en su propio contrato de distribución y, por 
otra parte, por las obligaciones contractuales del distribuidor que vendió el vehículo o las 
asumidas por el fabricante. 
Por esto, se aplicará al consumidor la normativa menos favorable. 
Esta obligación está sancionada por el artículo 10, que precisa que la Comisión puede retirar 
el beneficio de la exención si constata, que en un caso determinado, el constructor o una 
empresa de su red impide de forma continua o sistemática, excediéndose del contexto de la 
exención concedida por el Reglamento, a los usuarios finales [...] obtener el servicio postventa 
de los vehículos que han adquirido en el interior del mercado común. 
Inmediatamente después de la entrada en vigor del Reglamento 123/85 numerosos consumidores 
vieron rechazados los trabajos de garantía en caso de importación paralela. Sin embargo, la 
Comisión, tras ser interpelada por los consumidores o por intermediarios, ha pedido 
sistemáticamente a las empresas involucradas en esta materia que pongan fin a tales prácticas. 
En la mayoría de los casos, las reclamaciones han podido ser solucionadas con esta 
intervención64. 
Hoy en día, parece que los casos existentes de rechazo de garantia se deben más a distribuidores 
aislados que a un comportamiento generalizado acordado por los miembros de la red de 
distribución. A pesar de todo, aunque los rechazos de garantía ya no planteen problemas 
fundamentales en el ámbito del derecho comunitario de la competencia, siguen causando no 
pocas dificultades a las víctimas de esos comportamientos aislados. 
2.3 Reglamento n° 4087/88 de la Comisión sobre las categorías de acuerdos de franquicia65. 
63 
64 
65 Ver la queja relativa a este lema del BEUC, en el asunto Ford Garantie Deutschland, 13° informe sobre 
la competencia, nw 104 y 105. Gracias a la intervención de la Comisión, los distribuidores cesaron sus 
amenazas de no cumplimiento de la garantía. 
Ver el punto 16 del informe n° 30 sobre la política de la competencia. 
DO n° L 359 de 28 de diciembre de 1988. 
67 
Al igual que el anterior, el reglamento de exención relativo a los acuerdos de franquicia tiende 
a permitir al consumidor realizar importaciones privadas. Esta posibilidad se halla plasmada en 
el artículo 5 g) que prevé que la exención no se aplicará cuando "se obligue a los franquiciados 
a no suministrar, en el interior del mercado común, los productos o servicios objeto de la 
franquicia a los usuarios finales, en razón del lugar de residencia de estos". 
Como corolario, la Comisión opina que debe ampliarse el derecho de los consumidores a 
realizar importaciones paralelas, posibilitando la ejecución de la garantía en su país de 
residencia. Entre otras cosas, es importante que la red franquiciada adopte la imagen de marca 
uniforme que se intenta crear dado que, a menudo, el consumidor no desconoce que trata con 
un comerciante independiente y piensa que su interlocutor es un representante del fabricante o 
comerciante (franquiciador). La Comisión estima por lo tanto que, si los franquiciados deben 
acordar una garantía para los productos del franquiciador, "esta obligación se extenderá 
asimismo a los productos suministrados por el franquiciador, otros franquiciados u otros 
distribuidores autorizados". Este principio está desarrollado en el artículo 4, b) del reglamento, 
conforme al cual: "si el franquiciador obliga al franquiciado a prestar garantía por los productos 
del franquiciador, esta obligación se extenderá asimismo a los productos suministrados por 
cualquier miembro de la red franquiciada, u otros distribuidores que apliquen una garantía 
similar, en el mercado común." Esta obligación constituye una condición fundamental de la 
exención por categoría. Así, el consumidor en caso de tratar con una franquicia exenta, deberá 
tener derecho a que cualquier miembro de la red de franquicia ejecute la garantía, no sólo de 
los productos vendidos por franquiciados, sino también de los del franquiciador vendidos a 
través de otros distribuidores partícipes de otros tipos de distribución selectiva. 
2.4 Apreciación. 
Uno de los objetivos del derecho comunitario de la competencia consiste en permitir al 
consumidor que realice importaciones privadas. Esta posibilidad no sólo permite al consumidor 
beneficiarse de precios más favorables sino que, además, le reconoce el importante papel que 
desempeña a medio plazo en la apertura de los mercados. La Comisión considera además que 
la posibilidad de importar con fines privados debe ir acompañada, necesariamente, por la de 
hacer ejecutar la garantía y obtener un servicio postventa en el país de residencia. Sin embargo, 
esta contribución del derecho comunitario a la elaboración de un sistema europeo de garantía, 
está acompañada por importantes restricciones en materia de protección de los consumidores. 
En efecto, 
el derecho de la competencia se limita a obligar al fabricante que concede una garantía a 
asegurar que esta sea válida en todo el territorio* de la Comunidad, sin reglamentar ni la 
existencia de la garantía, ni su contenido ni las condiciones de su ejecución; 
el derecho de la competencia sólo se refiere a las actividades de las empresas relativas al 
derecho de los acuerdos o de las posiciones dominantes; 
el derecho de la competencia impone ciertas obligaciones a las empresas; por el contrario 
no dota al consumidor de derechos de los que pueda prevalerse. En efecto, conforme a los 
reglamentos, el no cumplimiento de las obligaciones en materia de garantía está sancionado 
con la retirada de la exención. Esta sanción, para poder ser aplicada, requiere que la 
infracción tenga carácter repetitivo, pero no protege en modo alguno al consumidor víctima 
de un rechazo de garantía o de una cláusula contractual prohibida por el reglamento, puesto 
68 
que lo único que puede hacer es querellarse para tratar de conseguir la retirada de la 
exención. Esto significa que el consumidor jamás podrá exigir el cumplimiento de la 
garantía, aún cuando el derecho comunitario de la competencia ampare esa pretensión, dado 
que no detenta realmente un derecho subjetivo frente al distribuidor culpable; 
el derecho de la competencia no contribuye, como tal, ni a una armonización de las 
garantías, ni a la transparencia necesaria con vistas a su aplicación. En efecto, se limita a 
prever que la garantía concedida al consumidor como consecuencia de una compra 
transfronteriza sea ejecutada conforme a las condiciones usuales del país en el que se 
solicita el servicio de garantía, admitiendo, sin embargo, que la normativa sobre la garantía 
ofrecida por un mismo fabricante para un mismo producto no es necesariamente la misma 
en todo el territorio de la Comunidad. 
C SERVICIOS POSTVENTA 
Hasta la fecha, el derecho comunitario no ha considerado específicamente los servicios postventa 
en sentido estricto, es decir, los que no están ligados a la ejecución de una garantía. Una vez 
más, el problema sólo ha sido abordado, en algunas ocasiones y muy indirectamente, en el 
marco de aplicación de las normas de competencia. La Comisión considera, en efecto, que la 
necesidad de asegurar al consumidor un servicio postventa de calidad, constituye una de las 
razones que pueden contribuir a justificar un sistema de distribución selectiva conforme al 
artículo 85.3 del Tratado de Roma. Sin embargo, los reglamentos de exención adoptados en 
materia de distribución selectiva no llegan a exigir, al contrario que en el caso de la garantía 
comercial, que todos los distribuidores estén obligados a prestar un servicio postventa para todos 
los productos de la gama considerada en el acuerdo, independientemente del lugar de compra. 
El reglamento n° 123/85 relativo a la distribución de vehículos automóviles se limita a estipular 
que "los compromisos por los que el distribuidor se obligue a observar unas exigencias mínimas 
en la distribución y el servicio postventa, relativas en particular a [...] la reparación y el 
mantenimiento de los productos contractuales y otros correspondientes, en particular en cuanto 
al funcionamiento seguro y fiable del vehículo", no obstará a la exención acordada.66 
Asimismo, el reglamento sólo aborda de forma accesoria la cuestión específica de la 
disponibilidad de recambios. Respecto a este tema, podemos citar la decisión Villeroy & Boch 
de la Comisión de 16 de diciembre de 198567, en materia de competencia, relativa alcompromiso 
por parte del fabricante de garantizar durante 15 años la disponibilidad de recambios, 
compromiso este que contribuiría a justificar la ejecución de un sistema de distribución selectiva 
que garantizara la continuidad en el suministro al consumidor. 
Artículo 4, apartado 1, punto c. 
67 DO n° L 376 de 31 de diciembre de 1985. 
69 
V - APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL MARCO DEL MERCADO ÚNICO 
A. SOBRE LA GARANTÍA LEGAL 
1. Fijación de la lev aplicable. 
Los sistemas jurídicos nacionales han aportado soluciones variopintas al problema de la 
protección del comprador y/o consumidor contra los defectos de los productos que adquiere. 
En el ámbito del mercado único, esta variedad y, también, diversidad, puede plantear graves 
problemas en caso de transacciones transfronterizas. El primer problema consiste en determinar 
cuál es el derecho aplicable en materia de garantía. Al no existir un sistema armonizado de 
normas legales, se aplica una compleja normativa de derecho internacional privado, cuyas 
principales normas básicas se hallan en el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la 
ley aplicable a las obligaciones contractuales. Este Convenio entró en vigor en 1991, para ser 
aplicado a las relaciones contractuales de los Estados miembros, con la excepción de España 
y Portugal, al no haber sido aún ratificado el Convenio de adhesión de estos dos países por 
todos los Estados miembros. 
1.1 Aplicabilidad del Convenio de Roma a los contratos de consumo. 
El Convenio de Roma (CR) se aplica en principio a todas las obligaciones contractuales, 
incluidas las derivadas de contratos de consumo. Las exclusiones previstas en su artículo 1, 
apartados 2 y 3, no tiene mayor incidencia directa sobre los asuntos que interesan en el presente 
contexto. Sin embargo, conviene señalar que el CR sólo se aplica en materia de prueba a ciertos 
aspectos concretos de esta: objeto y carga de la prueba y admisibilidad de los tipos de prueba 
de los actos jurídicos68. Esto significa que legislaciones diferentes pueden regir la normativa 
probatoria en el caso de un mismo contrato. 
1.2 Fijación de la ley aplicable. Normas generales. 
El principio de base que rige la fijación de la ley aplicable es el de la elección por las partes69 
(artículo 3 del CR). Sin embargo, esta libertad de elección no será posible si el resto de 
elementos que definen la situación están localizados, en el momento de la elección, en un único 
país; en cuyo caso se aplicarán las disposiciones imperativas de este país (artículo 3, apartado 
3). En ausencia de elección por las partes, "el contrato se regirá por la ley del país con el que 
presente los lazos más estrechos. [..:]. Se presumirá que el contrató presenta los lazos más 
estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el 
Ver artículo 14. 
69 
Para estudiar las modalidades prácticas, sobre la existencia o no de opción a la elección, ver el artículo 
3 y el informe Giuliano y Lagarde, DO n° C 282 de 31 de octubre de 1980, p. 17. 
70 
momento de la celebración del contrato, su principal establecimiento"70 (artículo 4 del CR). En 
la mayoría de los contratos de consumo, la prestación característica es la del profesional 
contratante. 
Es preciso considerar además las disposiciones imperativas (leyes de policía) del Estado con el 
que la situación guarda una relación estrecha^ así como las del foro. Asimismo, existen normas 
específicas de aproximación para la fijación de la validez de fondo del contrato y del 
consentimiento de las partes, así como para la forma que deben respetar los contratos. 
13 Fijación del derecho aplicable a ciertos contratos celebrados con consumidores. 
El artículo 5 del CR establece una norma específica relativa al conflicto entre leyes que pueda 
darse en determinados contratos celebrados con consumidores. Esta norma establece que la 
elección por las partes "no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones imperativas del país en que tenga su residencia habitual" y 
estipula además que de no haber elección por las partes, el derecho aplicable será el del Estado 
en el que el consumidor tenga su residencia habitual. 
Esta disposición específica se aplica, bajo ciertas condiciones muy estrictas, a toda venta de 
bienes o prestación de servicios, así como al contrato relativo al crédito de la venta o de la 
prestación. Esta normativa excluye en concreto: los contratos de transporte y los contratos de 
prestación de servicios cuando estos hayan de ser prestados exclusivamente en un país distinto 
del de residencia habitual del consumidor. Por el contrario, se aplica a los contratos sobre viajes 
combinados (normas especiales del artículo 5). 
Estos principios protectores sólo se aplicaran en caso de darse ciertas condiciones, definidas en 
el apartado 2: 
cuando el comerciante haya realizado gestiones dirigidas al consumidor en el país en el que 
este reside (por ejemplo: gestiones a domicilio, venta por correspondencia u otro tipo de 
venta a distancia) que constituye además el lugar de celebración del contrato. El texto 
establece en concreto : "si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país 
por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad71, y si el 
consumidor hubiera cumplimentado en ese país los actos necesarios para la celebración del 
contrato"; 
si el profesional o su representante hubieran recibido el pedido del Consumidor en el Estado 
de residencia de este. Aunque esta hipótesis coincida en parte con la anterior, tiende a 
completar la protección para casos más amplios, tales como ferias o exposiciones en el país 
del consumidor, o de existencia de intermediarios o de oficinas fijas de representación de 
70 Con la excepción de los contratos que tengan "por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho 
de utilización de inmueble", en cuyo caso "se presumirá que el contrato presenta los lazos más 
estrechos con el país en el que estuviera el inmueble". 
Ver, sin embargo, el informe anteriormente citado, p. 24, que indica los límites de la protección para 
ciertos tipos de publicidad con carácter mundial. 
71 
sociedades extranjeras; 
si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor hubiera ido de su país de 
residencia a otro extranjero y hubiera pasado un pedido en este, "a condición de que el 
viaje hubiera sido organizado por el vendedor con el fin de persuadir al consumidor a 
comprar". 
Por otro lado, el artículo 9, apartado 5 precisa que, conforme a las condiciones previstas en el 
artículo 5, apartado 2, la forma de los contratos se regirá por la ley del Estado de residencia 
habitual del consumidor. 
1.4 Alcance del Convenio de Roma en términos de protección a los consumidores en los 
contratos transfronterizos. 
La normativa establecida por el Convenio en materia de contratos transfronterizos celebrados 
con consumidores puede resumirse como sigue: 
Cuando el consumidor compre en su país un producto "nacional", importado, u ofertado 
desde el extranjero, tendrá la siguiente protección en materia de garantía: 
a falta de elección expresa o implícita, la ley aplicable será la del país de residencia 
del consumidor; 
las cláusulas de elección del derecho aplicable sólo tendrán validez si no incurren en 
conflicto con una disposición imperativa del derecho del país de residencia. 
Cuando el consumidor compre en el extranjero un producto, habrá que diferenciar los 
siguientes casos: 
que se encuentre en una de las situaciones previstas por el artículo 5 del CR, en cuyo 
caso, se aplicarían las normas descritas en el apartado anterior; 
que acuda al extranjero por iniciativa propia, en cuyo caso, se aplicarían las normas 
generales de la CR: 
libertad de elección por las partes, bajo reserva de las disposiciones imperativas 
del foro; 
a falta de elección, se aplicaría la ley del lugar en el que esté sito el 
establecimiento del vendedor. 
De lo anterior se infiere que la fijación de la ley aplicable a los contratos de consumo constituye 
una tarea bastante compleja. Por otro lado, el contrato puede estar sometido a varias 
legislaciones, en virtud de las normas sobre conflictos de las leyes integradas en el Convenio, 
lo cual aumenta aún más la complejidad y la falta de transparencia en materia del derecho 
aplicable a los contratos "transfronterizos". 
El CR ciertamente contribuye a conceder una mayor protección a los consumidores que se 
comprometan por la vía de contratos internacionales, al estipular criterios de aproximación 
completamente específicos y al permitirles, bajo algunas condiciones, que se beneficien de la 
protección del Estado en que residan. En efecto, es importante precisar que la protección de la 
ley del país de residencia habitual constituye la protección mínima, a la que puede añadirse la 
protección de la ley que hayan elegido las partes; esto quiere decir, en cierto modo, que se 
optará por la ley más favorable para el consumidor. Sin embargo, las condiciones establecidas 
72 
por el artículo 5 están redactadas, y se interpretan en modo muy restrictivo, limitando por 
consiguiente el campo de protección específica para el consumidor. 
Por otra parte, la protección específica que el Convenio de Roma garantiza al consumidor sólo 
se aplica si las normas del Estado miembro en el que reside habitual mente, aplicables al 
contrato, son de naturaleza imperativa de orden público (leyes de policía). No sólo las normas 
de protección de los consumidores de los Estados miembros sistemáticamente no contienen ese 
carácter de normas imperativas o de orden público, sino que además, esta característica da lugar, 
a veces, a importantes controversias doctrinales. En concreto, en materia de garantía, la cuestión 
de saber si el consumidor está protegido por disposiciones de su Estado de residencia depende 
del carácter imperativo de las disposiciones nacionales relativas a la garantía legal. 
Además, de un modo más general, las normas subyacentes en el Convenio de Roma implican, 
en ciertos casos, la partición del contrato. Esta partición constituye no sólo la consecuencia de 
lo limitado del campo de aplicación del Convenio (ver sobre todo las normas de fijación de 
pruebas), sino también el principio de aplicación de la ley más favorable que puede llevar a que 
se apliquen al mismo contrato, una combinación de varios sistemas reglamentarios. 
Tras analizar los apartados anteriores, podemos concluir que el Convenio de Roma, si bien 
representa un paso importante hacia una mejor protección de los consumidores en las 
transacciones internacionales, sólo representa una etapa hacia un sistema jurídico comunitario 
aplicable al derecho de los contratos. En efecto, a causa de sus vacíos y de las controversias que 
pueden suscitar sus criterios de aproximación, no permite definir con certeza y de un modo 
global, el contenido de los derechos y obligaciones de las partes en las transacciones 
internacionales. 
1.5 Disposiciones nacionales especificas 
Paralelamente al Convenio de Roma, ciertos legisladores nacionales han definido el alcance 
internacional de las normas que han adoptado en materia de protección de los consumidores. 
Así, debemos citar el artículo 6/247 del Código civil neerlandés, que prevé que las disposiciones 
legales relativas a las condiciones generales de los contratos sean aplicables a todos los 
contratos celebrados con consumidores neerlandeses, con independencia del lugar de residencia 
o de actividad del profesional e incluso de la ley aplicable al contrato. Esto significa que incluso 
si el consumidor neerlandés compra un producto en otro país (aparte de las condiciones previstas 
por el artículo 5 del Convenio de Roma) y, descubre un vicio oculto al regresar a los Países 
Bajos, se le concederá la protección de la legislación neerlandesa sobre las cláusulas abusivas. 
Se da el caso que esta legislación contiene varias disposiciones que protegen al consumidor 
contra cláusulas abusivas relativas a las condiciones de garantía. 
Paralelamente, en Alemania, el artículo 12 de la ley sobre las condiciones contractuales 
generales establece casos a los que se aplicará esta ley, incluso si el contrato está regido por un 
derecho extranjero. 
El articulo 7 del Convenio de Roma, pone de manifiesto la validez de tal disposición nacional, 
al prever la predominancia de ciertos tipos de disposiciones nacionales imperativas. 
En España, este tema es aún más complejo dado que el derecho de la garantía compete en parte 
73 
a las Comunidades autónomas, que han adoptado diversas disposiciones en la materia. Esto 
significa que existe la posibilidad de que se le apliquen al consumidor español, que haya 
comprado en territorio español, reglas de protección diferentes. Los conflictos que puedan surgir 
entre las legislaciones de las Comunidades autónomas deberán resolverse en virtud de las leyes 
españolas de "derecho internacional privado". 
2. Diversidad de las normas jurídicas tradicionales 
Aparte de la cuestión de la fijación de la ley aplicable, el problema fundamental que se plantea 
al consumidor reside en el desconocimiento de las disposiciones del derecho extranjero. El 
consumidor que compra en el extranjero difícilmente será capaz de evaluar el alcance de sus 
derechos y de conocer qué procedimientos deberá entablar para poder ejecutarlos. Por 
consiguiente, no se decidirá a efectuar grandes compras fuera de su país de origen. Además, las 
diferencias existentes entre legislaciones nacionales, en materia de los plazos de garantía (desde 
los seis meses que estipulan los derechos alemán y portugués, hasta el plazo indefinido por los 
derechos francés, belga y luxemburgués, pasando por los seis años del derecho del Reino 
Unido), las condiciones de ejecución (desde la presunción irrefragable de mala fe del vendedor 
establecida por el derecho francés, hasta las estrictas condiciones de ejecución del derecho 
portugués) así como los medios para recurrir puestos a disposición del consumidor, llevan a 
desalentar a los consumidores a comprar productos más allá de las fronteras nacionales. De 
hecho, un 24% de los consumidores encuestados con ocasión del Eurobarómetro n° 35 de julio 
de 1991, citó "la incertidumbre relativa a las condiciones de venta" como obstáculo mayor para 
las compras en el extranjero, así como "la dificultad de resolución de los conflictos", 
mencionada por un 29% de los consumidores. 
En lo concerniente a los profesionales, la situación tampoco es muy satisfactoria. Los fabricantes 
deben tener en cuenta las leyes nacionales relativas a la garantía legal cuando redactan las 
garantías comerciales que conceden. Esto constituye un obstáculo para establecer una estrategia 
global de mercado y lleva a los fabricantes a diversificar las condiciones de garantía según cada 
Estado miembro. Además, la divergencia existente en las legislaciones nacionales tiende a 
provocar distorsiones en materia de competencia entre vendedores y fabricantes. 
A este respecto, debemos recordar el asunto Alsthom/Sulzer72 que justamente planteó la cuestión 
de si la ley francesa relativa a la garantía legal, más estricta que otras leyes nacionales, 
provocaba una distorsión en materia de competencia. 
B. SOBRE LA GARANTÍA COMERCIAL 
1. La diversidad v la falta de precisión de las garantías comerciales 
1.1 Los defectos contemplados en las garantías comerciales. 
Podemos decir que existe una cierta uniformidad en la definición positiva de los defectos objeto 
de la garantía comercial ofrecida por los profesionales. En la inmensa mayoría de las garantías 
analizadas, la garantía trata explícitamente sobre los defectos de fabricación o de los materiales 
Ver capítulo IV.A.4.1. 
74 
empleados. Sin embargo, ciertos profesionales sólo hacen referencia al concepto de pieza 
defectuosa o de producto defectuoso. Además, algunos también mencionan que cubren algunos 
defectos estéticos. Procede comentar en primer lugar el hecho de que ciertos profesionales 
ofrecen una cobertura distinta, dependiendo del país en el que se comercialice el producto. 
Por otra parte, es importante tener en cuenta las disposiciones negativas previstas en los 
documentos de garantía. En efecto, la garantía puede excluir numerosos tipos de defecto, 
variando estas exclusiones según profesionales y países. Podemos citar los siguientes ejemplos: 
defectos causados por el desgaste normal de los productos; 
defectos debidos a causas externas (accidentes, fenómenos naturales,...); 
mala instalación o mal uso del aparato; 
reparación por terceros no autorizados; 
daños causados por el transporte; 
defectos de ciertas piezas; 
defectos menores; 
todo daño surgido después de la compra; 
exclusión de los daños causados por el producto; 
ilegibilidad del número de serie del aparato. 
Muchas de las exclusiones previstas de este modo por los documentos de garantía están 
totalmente justificadas. En efecto, los daños causados por no haber respetado las instrucciones 
de instalación o de utilización, así como los daños accidentales no pueden estar cubiertos por 
una garantía. En realidad constituye en cierto modo una ilustración, por reducción al absurdo, 
del concepto de defecto de los materiales empleados o de construcción. Sin embargo hay que 
establecer ciertas críticas a determinados documentos de garantía: 
su formulación es, a veces, demasiado vaga. De nuevo, nos encontramos aquí frente a una 
cuestión de definición, en la práctica, del alcance real de la garantía, dado que el concepto 
de daño posterior a la compra, el concepto de recambios, o incluso el de defecto menor, 
pueden plantear problemas de interpretación; 
ciertos defectos excluidos recaen dentro del ámbito de control del profesional, por lo que 
estos no deberían permitirle oponer una desestimación de prestación de garantía. Ejemplo 
de este tipo de defectos son: los causados por el transporte, los que afectan a ciertas piezas, 
etc. 
También procede mencionar que las exclusiones previstas por los documentos de garantía varían 
no solo con las marcas examinadas sino también, dentro de una misma marca, según el país en 
que se comercialice el producto. 
1.2. Las partes responsables del cumplimiento de la garantía y sus beneficiarios 
Los casos contemplados por los documentos de garantía, respecto a las partes contratantes a las 
cuales el consumidor puede dirigir demanda de garantía, pueden ser los siguientes: 
el agente o el fabricante conceden la garantía, sin incluir más indicaciones; 
el importador concede la garantía, dando derecho al cliente a reclamar su ejecución a 
75 
cualquier servicio oficial autorizado por la marca; 
el importador concede la garantía, indicando al cliente que contacte con su vendedor o que 
envíe el producto, a su cargo, al importador; 
el fabricante concede una garantía, pero a veces las diligencias deben efectuarse con el 
vendedor; 
sólo se indica un número de teléfono al que llamar para conocer quién ejecutará la garantía. 
En primer lugar, procede resaltar un hecho fundamental: a menudo resulta difícil para el 
consumidor identificar de un modo claro quién es el garante, dado que por una parte el 
importador puede tener el mismo nombre que el fabricante. En este caso, es muy dificil saber 
si se trata de una garantía del fabricante o si el importador es una persona jurídica independiente 
del fabricante. Por otro lado, en ciertos casos, se le informa al consumidor que será un tercero 
quién ejecutará la garantía, sin que el consumidor pueda conocer qué vínculo jurídico existe 
entre ambas partes y sin que pueda determinar la validez y el alcance de las obligaciones 
previstas en el documento de garantía a cargo del tercero, ni qué posibilidad jurídica tiene para 
prevalerse de esas obligaciones. 
Esta realidad exige una mayor transparencia en beneficio del consumidor sobre los vínculos que 
existen entre las distintas partes que intervienen en el circuito de distribución del producto. Por 
ejemplo, cuando un producto se haya adquirido a través de una red de distribución selectiva, es 
decir en una franquicia, el consumidor debería ser informado de los vínculos existentes entre 
los miembros de la red, dado que sus expectativas frente a estos podrían ser mayores que en el 
caso de un sistema de distribución no integrada. 
Hay que considerar además, que las marcas no aplican necesariamente una política única sobre 
quién será el interlocutor del consumidor en caso de demanda de garantía en los diversos 
Estados miembros. 
También procede señalar que en caso de transmisión de propiedad por parte del primer 
comprador, pocos documentos de garantía hacen mención a los beneficiarios de la misma; sin 
embargo, los documentos de garantía no restringen la garantía al primer comprador. Las 
condiciones impuestas se refieren más bien a la entrega por la persona que efectúe la demanda 
de garantía de la factura del primer usuario, o a la restricción de la duración de la garantía a 
partir de la fecha de la primera compra del producto. 
1. 3 Derechos de los consumidores nacidos de la ejecución de la garantía. 
Al leer las condiciones de garantía, llama poderosamente la atención la enorme complejidad de 
las diferentes soluciones propuestas por los garantes, constituyendo los ejemplos que se dan a 
continuación una mera ilustración. Por otro lado, cabe señalar que los distintos casos expuestos 
a veces se entremezclan, según el grado de gravedad que tenga la avería, con lo que resulta 
dificil que el consumidor se haga una idea clara del alcance de sus derechos en la materia. 
Aún resulta más importante el hecho de que, aparentemente, la información contenida en los 
documentos de garantía no corresponde siempre, con absoluta totalidad, a la política practicada 
por los profesionales a este respecto. En efecto, ciertas empresas, aún teniendo un documento 
de garantía que parece único, aplican estrategias bastante divergentes en los Estados miembros. 
Sin embargo, el consumidor no dispone de tan privilegiada información cuando va a comprar 
en una tienda. 
76 
También debemos añadir que no se ve una tendencia uniforme por fabricantes o por marcas y 
que las condiciones de garantía varían en cada Estado miembro. 
Citemos algunos ejemplos: 
no se suministra información alguna en cuanto a las consecuencias de un defecto; 
sólo se menciona la reparación; 
se menciona la sustitución de la piezas defectuosas; 
el profesional es quien elige entre la reparación y la sustitución; 
el consumidor es quien elige entre la reparación y la sustitución; 
además de la elección anterior, se ofrece una reducción en el precio o una indemnización; 
sólo se indica la reparación o la sustitución, sin mencionar criterio alguno de elección; 
se contempla la reparación y en caso de que ésta no fuese eficaz o posible, la sustitución 
o incluso la rescisión del contrato o una reducción en el precio; 
se contemplan la reparación del aparato, la reparación o la sustitución de las piezas. 
Algunos documentos de garantía excluyen incluso todo recurso del consumidor para obtener la 
rescisión del contrato o la indemnización por el daño causado. 
En la mayoría de los casos, la mano de obra relativa a la ejecución de la garantía está incluida, 
es decir que es gratuita. Sin embargo, hemos constatado que ciertos documentos de garantía no 
se pronuncian a este respecto. Por otro lado, ciertos documentos garantizan explícitamente al 
consumidor las consecuencias de la reparación. 
A parte de estos aspectos fundamentales, ciertos documentos de garantía cubren también los 
servicios accesorios, como puedan ser los gastos de reparación o de remolque, los gastos de 
transporte y los gastos de desplazamiento. 
Por el contrario, tal como se mencionó anteriormente, determinadas consecuencias directas del 
defecto, tales como el daño a otros productos o los gastos relacionados con la falta de 
funcionamiento del aparato están excluidos expresamente de ciertos documentos de garantía. Por 
lo general no se contempla la ampliación de la duración de la garantía general y a veces, 
incluso, se excluye explícitamente. 
Además, ciertos documentos prevén extensiones de garantía, por las que a veces hay que pagar 
o que están sujetas a ciertas condiciones relacionadas sobre todo con el mantenimiento de la 
mercancía por un vendedor autorizado (ver los documentos de garantía en materia de 
automóviles y, sobre todo, la garantía contra la corrosión). A veces, estas extensiones de 
garantía están incluidas en el precio de salida del producto y son objeto de condiciones 
específicas. 
1. 4 Duración de la garantía. 
Algunos documentos de garantía no se pronuncian sobre el tiempo de validez de la garantía. 
Muchos documentos hacen alusión a un período de doce meses, a partir de la fecha de compra, 
o a partir de la puesta en servicio, siempre y cuando el distribuidor la certifique. Otros 
establecen una distinción entre los seis primeros meses de garantía, totalmente gratuitos y los 
seis meses posteriores en los que ciertos gastos correrán a cargo del cliente. Existen otras 
garantías mucho más cortas y algunas incluso prevén una duración más larga. 
Esta diversidad en materia de duración de la garantía se explica por la duración de la vida 
77 
estimada del producto así como por las estrategias comerciales de las distintas marcas. Por 
ejemplo, en el sector del automóvil, la garantía comercial a menudo dura sólo un año, pero 
algunas marcas conceden garantías de tres años. En efecto, hemos constatado que, a veces, 
existen diferencias importantes, dentro del mismo sector de actividad, en cuanto a la garantía 
otorgada. Este aspecto puede constituir un elemento importante de influencia en la elección del 
consumidor, que puede estimular la competencia en el mercado. 
Sin embargo, el consumidor debe comparar esta ventaja con el resto de condiciones de la 
garantía susceptibles de aplicarse y que podrían, llegado el caso, restringir considerablemente 
el alcance de la garantía otorgada. A veces pueden darse desequilibrios entre las condiciones 
del contrato, por lo que será muy difícil para el consumidor ver el balance resultante. 
1. 5 Condiciones formales de ejecución de la garantía. 
Numerosos documentos de garantía prevén, a parte de las condiciones relativas a la existencia 
de un defecto, el respeto de ciertas condiciones formales de cara a la ejecución de una demanda 
de garantía. Podemos citar, a título de ejemplo: 
copia de la factura de compra; 
prueba válida de la compra; 
original de la factura o del recibo; 
presentación de la tarjeta de garantía y de la factura de compra del primer usuario; 
certificado de garantía con la fecha de compra; 
indicación en el certificado del nombre del comprador u otras indicaciones; 
envío del certificado de garantía antes de transcurridos 8 días desde la fecha de compra; 
certificado de compra rellenado por el concesionario o por el vendedor; 
obligación para el cliente de devolución del embalaje; 
compra en un establecimiento autorizado de la red; 
primera revisión efectuada en un taller autorizado; 
sustitución de las piezas por piezas originales o autorizadas por el fabricante; 
instalación efectuada por un instalador autorizado; 
devolución de la mercancía en su embalaje original. 
Además, la mayoría de las veces toda intervención de un tercero, sobre todo al tratarse de 
modificaciones o de reparaciones relacionadas principalmente con el desgaste de ciertas piezas, 
anula todo derecho del consumidor a la garantía, aun cuando la llamada en garantía no cubra 
los elementos objeto de la intervención del tercero. 
A menudo, los documentos de garantía dicen con claridad que el no respetar las condiciones 
formales anulará todo derecho del consumidor a la garantía. Sin embargo, otros documentos son 
menos explícitos a este respecto. 
Hemos observado en el tema de las condiciones formales, así como en el resto de los aspectos 
de las condiciones de garantía, que existe una gran variedad, no sólo entre las marcas, sino 
también, dentro de una misma marca en función del país de comercialización. 
1. 6 Información del consumidor sobre la garantía comercial 
78 
Es raro que el consumidor pueda disponer del documento de garantía antes de efectuar la 
compra del bien para poder analizar sus condiciones y apreciar el alcance real de las ventajas 
que ofrece. La información con que cuenta el consumidor en el momento de la compra se limita 
en general a la existencia y a la duración de la garantía. Esta información proviene de la 
publicidad y se halla en el embalaje del producto o la suministra el vendedor. Además, también 
es insuficiente para que el consumidor pueda establecer una comparación entre las garantías 
concedidas por las distintas marcas, de cara a hacer intervenir el factor competencia en la 
calidad de esas garantías. 
1. 7 Otros servicios. 
Los documentos sobre garantías no prevén de forma explícita otro servicio postventa específico 
aparte del de la propia garantía, con la excepción de las ampliaciones de garantía ya 
mencionadas. La información sobre los servicios postventa se limita a menudo a indicar con 
quién contactar para las reparaciones. Normalmente, no se facilita información alguna sobre la 
disponibilidad de los recambios, ni sobre los plazos de reparación. 
1. 8 Presentación de la garantía comercial en relación con la garantía legal 
En primer lugar procede señalar que los documentos de la garantía comercial no facilitan 
información alguna sobre el contenido de los derechos del consumidor en virtud de la garantía 
legal. Además, pocos documentos indican que la garantía comercial acompaña a la garantía 
legal, dando por hecho que el consumidor dispone de determinados derechos automáticos con 
independencia del documento de garantía, sin indicar detalladamente, sin embargo, el contenido 
de esos derechos. Esta mención puede estar incluida en el documento de garantía de dos 
maneras: 
precisando que la garantía comercial no afecta en modo alguno a los derechos de los que 
dispone el consumidor en virtud de la garantía legal. Por ejemplo: la garantía concedida 
se aplica "bajo reserva de otras disposiciones imperativas nacionales"; o, 
indicando que completa a la garantía legal y que los derechos que reconoce al consumidor 
se añaden a los que ya posee en virtud de la garantía legal. 
De todos modos, sucede a menudo que las condiciones restrictivas a las que está sujeta la 
ejecución de los derechos del consumidor, entran a veces en contradicción con la formulación 
de estos documentos sobre el carácter complementario de la garantía comercial73. 
Sin embargo, el consumidor difícilmente puede apreciar el alcance de los derechos de que 
disfruta en virtud de la garantía legal, ni la relación existente entre la garantía legal y la garantía 
comercial. 
Por otro lado, resulta que la información de una misma marca sobre la relación existente entre 
la garantía legal y la garantía comercial no siempre es idéntica. Por ejemplo, los documentos 
de garantía de cierta marca muy conocida del sector de los electrodomésticos no se pronuncian 
sobre su alcance, comparado con el de la garantía legal, en Alemania. En Bélgica, se especifica 
que quedan excluidas las solicitudes de nulidad de la venta, de indemnización por pérdida de 
73 
Sobre todo en lo relativo a los gastos de desplazamiento, de mano de obra y de definición del defecto. 
79 
valor del producto o por daños y perjuicios, salvo en los casos previstos por la ley para estas 
materias. En el Reino Unido, esta marca especifica que la garantía comercial completa la 
garantía legal y no afecta a los derechos de los consumidores en la materia, mientras que, en 
los Países Bajos, indica que sus obligaciones se limitan a las descritas en el documento de 
garantía. 
En cuanto a las diferencias entre Estados miembros, podemos mencionar que en el Reino Unido 
es donde el documento de la garantía comercial indica más a menudo su vínculo con la garantía 
legal. También debería suceder lo mismo en Francia, puesto que el legislador ha dotado de un 
carácter legal a las disposiciones explícitas de los artículos 1641 y siguientes del Código civil 
sobre la garantía legal del vendedor. Conforme a estos todo documento de garantía debería 
incluir esa indicación. 
La ausencia de toda mención al contenido de la garantía legal y, sobre todo, la ausencia de toda 
mención explícita y detallada, constituye un hecho muy perjudicial para el consumidor ya que 
provoca que la garantía comercial sea en apariencia la única obligación de garantía aplicable 
a la venta del bien en cuestión. 
1. 9 Alcance territorial de las garantías. 
Pocas garantías contienen una mención expresa y/o clara relativa a su alcance territorial. Ciertas 
marcas reconocen la validez internacional de sus garantías, en las mismas condiciones en todos 
los países de Europa, pero la mayoría de fabricantes, si bien otorgan supuestamente una 
"garantía europea", establecen sin embargo que ésta estará sometida a las condiciones que 
prevalezcan en el país de utilización del aparato. 
A menudo, los documentos de garantía prevén que la garantía concedida sea válida en la 
Comunidad Europea, a condición de que se proceda a efectuar, para el comprador, las 
adaptaciones técnicas necesarias para obtener la conformidad del aparato con las normas de 
seguridad del país en el que se vaya a utilizar. Y por último, son numerosos los documentos de 
garantía que establecen que esta última estará limitada al territorio nacional. 
La política que ejercen las marcas respecto al alcance territorial de las garantías concedidas 
también varía según los países. Por ejemplo, una marca muy conocida del sector de los 
electrodomésticos lleva a cabo una política bastante heterogénea: si bien en los Países Bajos, 
en Bélgica y en España no hace mención alguna a los límites territoriales de la garantía, en 
otros, como Irlanda, la aplicación de la garantía nacional estará sujeta a registro en la sociedad 
importadora. En el Reino Unido, este fabricante especifica que la garantía se aplicará a todo 
aparato que él haya vendido y que esté situado en el territorio nacional, sin indicar, sin embargo, 
si por vendedor se entiende el fabricante o el importador. De todos modos, la garantía 
suplementaria prevista (double cover warranty) se aplicará solamente a los aparatos fabricados 
conforme a las normas del Reino Unido y que se hayan comprado en este país. En Dinamarca, 
la garantía se aplica a los aparatos comprados y utilizados en este país. El documento de 
garantía en Alemania contempla condiciones de garantía diferentes: la aplicación de la garantía 
está supeditada a la condición de que el aparato se haya comprado a un comerciante detallista 
autorizado en Alemania; o a un comerciante establecido en Alemania, siempre y cuando la 
instalación la haya efectuado un instalador autorizado por el fabricante. 
De aquí en adelante utilizaremos el ejemplo de un fabricante de automóviles para seguir 
ilustrando esta disparidad en la política aplicada a cada país. En Portugal, el documento 
80 
especifica que la garantía sólo es válida en el país de compra del vehículo, mientras que en los 
Países Bajos y en Dinamarca, se establece como condición para la aplicación de la garantía, la 
compra en un concesionario autorizado, sin mencionar de qué país. En Bélgica la aplicación de 
la garantía va ligada a la compra de un vehículo nuevo, sin que se contemple en modo alguno 
el concesionario. En España, el representante del fabricante limita la garantía a los vehículos 
que él haya fabricado y sólo permite la ejecución de ésta en el interior de España. 
Existe otro fabricante de automóviles que, por el contrario, puede servir de ejemplo de una 
política más europea, dado que los distintos documentos de garantía especifican que se trata de 
una garantía del fabricante aplicable a todo vehículo comprado a un distribuidor autorizado de 
la red. En Bélgica, en España, en el Reino Unido y en Dinamarca, el documento especifica que 
la garantía comercial se añade a la garantía legal del país del que se trate. En Portugal, indica 
que la garantía comercial se añade a la garantía legal existente en el país en el que se 
comercialice el coche. 
Además, procede indicar que los documentos de garantía, aunque especifiquen su alcance 
territorial, cuando se trata de un contrato transfronterizo no facilitan información alguna sobre 
la ejecución en la práctica del derecho del consumidor a la garantía. Incluir sencillamente una 
información, cuando proceda, sobre los datos de los distintos importadores o representantes del 
fabricante en los Estados miembros podría constituir una valiosa información para el 
consumidor. 
1. 10 Apreciación. 
Al leer las condiciones de garantía, llama notablemente la atención la enorme diversidad de 
derechos y obligaciones que detentan los consumidores en materia de garantía. Si bien es cierto 
que algunos fabricantes conceden una garantía idéntica, o muy similar en los distintos Estados 
miembros, la mayoría de ellos otorga garantías distintas para los mismos productos según el 
Estado miembro. Estas divergencias pueden afectar simultáneamente a la duración, al ámbito, 
a las cláusulas de exención, a los procedimientos de ejecución, etc. 
Así, incluso cuando un fabricante concede una garantía "valedera en todo el mercado común", 
debido a la realidad comercial, varían las condiciones de garantía de un país a otro, provocando 
que el comprador sólo pueda prevalerse de la garantía en vigor en su país. Esto significa que 
un consumidor que compre un producto en un país distinto al suyo de residencia ignora 
completamente el contenido de la garantía que podría hacer valer al regresar a su país. 
Probablemente, este último contenido no corresponde con el que está escrito en el documento 
de garantía que acompaña al producto. 
Es menester concluir que existe a este respecto una fuente importante de posibles conflictos en 
caso de compras transfronterizas, puesto que la diversidad de las condiciones de garantía en 
cada Estado, unida a las cuestiones relacionadas con el alcance territorial de las garantías de este 
tipo de compras, puede provocar situaciones muy complejas en las que será muy difícil, para 
el consumidor, determinar con precisión antes de la compra, e incluso después, cuál será el 
alcance real de su derecho a la garantía, y cuáles serán las condiciones para ejercerlo. 
2. Ausencia de un mareo jurídico generalizado. 
La concesión de una garantía es uno de los factores más importantes que influyen sobre el 
81 
consumidor en la elección del producto que va a comprar. En efecto, ofrece una determinada 
seguridad de que el fabricante se responsabilizaría tanto de la calidad de su producto como de 
la satisfacción del consumidor. Así mismo, de cara al consumidor que ya conoce los derechos 
que detenta en virtud de la garantía legal, se puede considerar como una ampliación de esos 
derechos. 
Sin embargo, tal como el Office of Fair Trading del Reino Unido ha tenido ocasión de señalar: 
"all too often, it seems that guarantees are used merely as a marketing ploy, a source of 
additional revenue of the supplier, or even a means of diverting consumers' attention from their 
legal rights74". Sin embargo, en una situación ideal, deberían expresar la confianza que el 
fabricante deposita en la calidad de su producto y en la certeza de que éste no planteará 
problema alguno. Además la confianza del fabricante provoca la confianza del consumidor, lo 
cual es esencial en toda estrategia comercial. 
Los problemas fundamentales que se plantean al consumidor nacen de la ausencia generalizada 
de un marco jurídico aplicable a las garantías comerciales. Sabemos que pocas legislaciones 
nacionales contienen disposiciones específicas relativas a las garantías comerciales, sobre todo 
respecto a las concedidas por los fabricantes. En este mismo ámbito, el problema esencial 
relativo a la naturaleza del compromiso del fabricante frente al consumidor final no ha 
encontrado una clara solución en muchos Estados miembros. Es sin duda singular que las 
autoridades del Reino Unido se propongan establecer en su legislación el principio de la 
responsabilidad del fabricante en las garantías que éste concede. Pero además plantean, en el 
ya citado documento de consulta del DI, la cuestión de cómo hay que calificar esta 
responsabilidad: si de contractual o de extracontractual. 
La ausencia de un marco legal impide asimismo colmar el vacío existente en los documentos 
de garantía, contribuyendo a disminuir su valor real. Además, este vacío jurídico deja que las 
garantías comerciales sólo estén sujetas a un único principio de libertad económica cuya 
naturaleza permite abusos y engaños por parte de los agentes económicos menos escrupulosos, 
en perjuicio de los consumidores y de la existencia de una sana competencia. 
Algunos Estados miembros, sin embargo, han adoptado algunas disposiciones específicas para 
colmar este vacío jurídico. Es de esperar que otros Estados miembros seguirán estos ejemplos. 
La situación actual podría impedir la instauración de una estrategia empresarial realmente 
europea y si estas legislaciones nacionales adoptaran soluciones bastante divergentes, provocaría, 
sin lugar a dudas, distorsiones en materia de competencia entre los agentes económicos. 
C EN CUANTO A LOS SERVICIOS POSTVENTA 
Normalmente son los propios comerciantes detallistas quienes prestan el servicio postventa, o 
también, empresas especializadas en este tipo de servicios. Es raro que el propio fabricante 
suministre directamente un servicio postventa al consumidor final. El fabricante se limita 
normalmente a organizar redes de agentes autorizados, a los que aporta la formación y el apoyo 
técnico necesarios, interviniendo directamente sólo en situaciones muy concretas en las que la 
actuación de estos agentes resulta insuficiente. Sin embargo, la contribución del fabricante tiene 
una importancia fundamental para la existencia de un servicio postventa eficaz. Tanto los 
Office of Fair Trading, Consumer Guarantees, Londres, 1986, p. 27. 
82 
comerciantes detallistas, como quienes efectúan las reparaciones dependen normalmente del 
fabricante, por lo menos en lo relativo al abastecimiento de piezas de recambio, aunque no 
dependan de él desde un punto de vista técnico. 
Algunos legisladores nacionales, conscientes de este problema, han decidido establecer ciertas 
disposiciones con vistas a asegurar al consumidor el disfrute de un servicio postventa 
consecuente con la reparación y el mantenimiento de los productos durante su período de vida 
estimado. Ya se han adoptado determinadas iniciativas nacionales, tal como podemos constatar 
en el estudio de los sistemas en vigor en Portugal, Francia, Grecia y, sobre todo, en Irlanda. De 
hecho, esta cuestión no puede ser separada de las inquietudes que las autoridades nacionales y 
el público en general sienten en materia de protección del medio ambiente. En efecto, conseguir 
que los productos tengan un período de vida óptimo no puede sino contribuir a una disminución 
de la contaminación y de la producción de residuos. 
Sin embargo, en un mercado sin fronteras, en el cual los productos, teóricamente, circulan 
libremente y en el que el "importador" como tal ha desaparecido, toda legislación nacional que 
imponga obligaciones estrictas a los fabricantes sobre la necesidad de prestar un servicio 
postventa relativo a sus productos, incluyendo la obligación de mantener en el mercado los 
recambios necesarios para el mantenimiento y la reparación de los productos, puede resultar 
ineficaz, o incluso provocar distorsiones en materia de competencia y crear barreras al comercio. 
En el caso de las compras transfronterizas, el problema del acceso a un servicio postventa 
adecuado es complicado dado que el consumidor ya no puede dirigirse a su vendedor, y no 
siempre es capaz de evaluar, en el momento de la compra, en qué condiciones se suministran 
estos servicios en su país de residencia. 
VI - POSIBLES SOLUCIONES 
En los capítulos anteriores hemos podido hacer hincapié en la diversidad de sistemas jurídicos 
existentes en materia de garantía legal y comercial, así como en la de los usos comerciales, y 
hemos identificado los problemas que surgen como consecuencia de esta diversidad ante la 
perspectiva del Mercado único y de los intercambios transfronterizos. 
Hemos debido mencionar asimismo que las iniciativas comunitarias que tienden a crear un 
marco armónico y coherente en materia de garantías son todavía embrionarias e insuficientes. 
Sin. embargo, en una Europa que pretende no tener fronteras, parece deseable adoptar un 
solución común sobre las garantías concedidas al consumidor. El fomento de los intereses del 
consumidor justifica esta opción, dado que este no debería ser objeto de un trato diferente en 
el país en el que compra el producto y en el que lo utiliza, dependiendo de si se desplaza o no 
de país, etc. También está justificada esta solución si se pretende fomentar los intereses de los 
profesionales dado que así estos podrán ofrecer sus productos en el territorio de la Comunidad 
conforme a normas similares. 
Ep el marco de los objetivos que persigue la publicación del presente Libro Verde, la Comisión, 
en este capítulo, no pretende ni presentar soluciones definitivas para los problemas estudiados, 
ni -siquiera anunciar, desde este mismo momento, cuáles son sus preferencias en cuanto a una 
u jotra de las posibles soluciones. Pretende simplemente dar algunas pistas, presentar qué 
/Opciones podrían desarrollarse en futuros trabajos, para provocar una discusión pública que, sin 
83 
duda alguna, aportará nuevos elementos y arrojará una nueva luz sobre las cuestiones 
planteadas. 
La Comisión, consciente de que sería imposible actualmente erigir un cuadro exhaustivo que 
incluyera todas las posibles soluciones para los problemas evocados, se limitará a presentar 
algunas opciones que le parecen, en este momento, apropiadas para los objetivos perseguidos. 
Las hipótesis de trabajo presentadas pueden considerarse, a veces, como alternativas o como 
complementarias, o incluso como una mezcla de ambas. En cualquier caso, la Comisión no 
excluye de plano que existan otras propuestas y espera que el debate público contribuya a 
ampliar los horizontes de la discusión. 
Además, sería imposible explotar al máximo todas las opciones propuestas con ocasión de esta 
comunicación. La comisión ha optado por lo tanto por escoger ciertas hipótesis de trabajo que 
parecen merecer un desarrollo más profundo. Estas elecciones se basan en consideraciones de 
tipo metodológico sin juzgar la calidad de una u otra solución propuesta. La Comisión espera, 
por supuesto, que surjan comentarios sobre los análisis desarrollados, así como que los 
interesados efectúen ellos mismos, si así lo desean, una labor de desarrollo y de análisis sobre 
las opciones "menos valoradas" por la Comisión. 
A. EN LO REFERENTE A LA GARANTÍA LEGAL 
En lo referente a la garantía legal, existen dos hechos que son la base de los problemas del 
consumidor europeo: 
la disparidad entre las legislaciones nacionales; y, 
la falta de adaptación de parte de las normas jurídicas tradicionales a las condiciones 
modernas de la sociedad de consumo. 
A la vista de estas realidades, de entrada nos parecen posibles dos soluciones: una basada en 
la adaptación de las normas aplicables del Derecho internacional privado (1.) y otra centrada 
en una armonización de las leyes nacionales (2.). 
1. Solución en el Derecho internacional privado. 
Esta solución consistiría en modificar las normas aplicables del DIP, en modo tal que la ley del 
Estado de residencia del consumidor europeo proteja a éste en todo momento. Por lo tanto, 
incluso el consumidor europeo activo que se desplazara al extranjero llevaría consigo "su" ley 
relativa a la garantía legal. De este modo, la diversidad de las leyes nacionales ya no constituiría 
un obstáculo para que el consumidor comprara bienes en el extranjero. 
Ésta solución tendría la ventaja de no obligar a los Estados miembros a modificar en modo 
alguno sus sistemas jurídicos. La responsabilidad de reformar o no las leyes inadaptadas 
relativas a la garantía legal, siguiendo estrictamente un principio de subsidiariedad, incumbiría 
exclusivamente a los Estados miembros. La Comisión podría, eventual mente, adoptar una 
recomendación a este respecto. 
Tal solución conllevaría sin embargo muchos inconvenientes: 
los vendedores (y, en ciertos casos, los fabricantes) no sólo estarían expuestos a la 
84 
aplicación de doce sistemas nacionales, siendo imposible que conocieran todas las normas 
en función del comprador, sino que, además, no podrían saber previamente qué ley 
nacional sería aplicable, puesto que no es muy fácil conocer la nacionalidad del comprador 
o su país de residencia; 
las legislaciones nacionales podrían seguir evolucionando en distintos sentidos lo que 
perjudicaría la construcción de un verdadero espacio jurídico europeo; 
la divergencia existente entre las leyes nacionales seguiría provocando distorsiones en 
materia de competencia entre los vendedores y los fabricantes; 
los consumidores que residan en países con legislaciones menos protectoras estarían en 
inferioridad de condiciones, cuando intentaran beneficiarse de las ventajas del mercado 
único, en comparación con los consumidores que residan en países con una legislación más 
protectora. 
2. La solución de la armonización 
La opción consistente en la armonización de las disposiciones nacionales podría permitir salvar 
estas dificultades. Una armonización mínima debería ser suficiente para garantizar al consumidor 
europeo una protección eficaz, con independencia del lugar de compra y de la ley aplicable a 
la transacción y para impedir distorsiones en materia de competencia importantes entre los 
vendedores y los fabricantes de los distintos Estados miembros. Esta opción respetaría por lo 
tanto el principio de subsidiariedad. 
La primera pregunta que podría plantearse con respecto a tal armonización tiene relación con 
su ámbito de aplicación: ¿Procede centrarse en los problemas específicos de la protección del 
consumidor? 
2. 1 Armonización general 
Esta primera solución tendría la ventaja de permitir la existencia de normas comunes relativas 
a la garantía legal, con independencia de los productos de los que se trate y de quienes sean las 
partes contratantes. Así, el derecho civil de cada Estado podría mantener su unicidad. 
Sin embargo, la existencia de normas específicas que rijan los "contratos de consumo" ya 
constituye una realidad, tanto respecto a los derechos nacionales, como respecto al derecho 
comunitario. De hecho, las últimas iniciativas nacionales en este campo demostrarán que el 
momento en que se abandone esta línea está todavía por llegar. 
Una armonización general también tendría el inconveniente de poder resultar una solución 
excesiva y poco flexible con respecto a los objetivos perseguidos. 
2. 2 Armonización centrada en la protección del consumidor. 
El ámbito de aplicación de la necesidades específicas relativas a la protección del consumidor 
podría llevarse a cabo, a grosso modo, desde dos perspectivas distintas: una subjetiva relativa 
a quienes son las partes contratantes y otra objetiva relativa al tipo de productos en cuestión. 
2. 2. 1 Criterio subjetivo. 
El criterio subjetivo es el criterio por el que se ha optado, tradicionalmente, en las distintas 
85 
directivas adoptadas para conseguir la protección de los consumidores75: el ámbito de aplicación 
de los textos se define en relación a las dos partes contratantes que intervienen en el tipo de 
transacciones en cuestión. Así, es necesario que una de las partes contratantes sea y actúe como 
profesional y la otra sea un consumidor76. Tales calificativos derivan de los criterios ya presentes 
en el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la Competencia judicial y a la ejecución de las 
sentencias en materia civil y comercial, así como en el Convenio de Roma de 1980 relativo a 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Podemos tomar como ejemplo las definiciones 
presentes en la última directiva adoptada por el Consejo en materia de protección al 
consumidor77. Según esta directiva: 
Consumidor es: "toda persona física que [...] actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional". 
Profesional es: "toda persona física o jurídica que [...] actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada". 
Esta solución plantea sin embargo dos inconvenientes en el ámbito de la armonización de la 
garantía legal: 
provoca que los bienes estén sujetos a regímenes jurídicos diferentes, dependiendo de quién 
sea el comprador; en efecto, puede uno preguntarse si, por ejemplo el comprador de un 
vehículo debe estar sujeto a normas diferentes en lo que se refiere a la garantía legal 
dependiendo de que compre el vehículo para sus desplazamientos privados o para sus 
desplazamientos profesionales; 
es contradictoria con una visión moderna de la garantía que preconiza que ésta sea un 
atributo del propio producto. 
2. 2. 2 Criterio objetivo 
El Consejo prefirió adoptar un criterio objetivo al tratarse de reglamentar directamente los 
productos. Su directiva 92/59 de 29 de junio de 1992 relativa a la seguridad general de los 
75 
76 Ver por ejemplo, las directivas n° 85/577 de 20 de diciembre de 1985 sobre la protección de los 
consumidores en el caso de contratos negociados fuera de establecimientos comerciales , DO n° L 372 
de 31 de diciembre de 1985, p. 31; n° 87/102 de 22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarías y administrativas de los Estados miembros en materia de 
crédito al consumo, DO n° L 42 de 12 de febrero de 1987, p. 48; n° 93/13 de 5 de abril de 1993 sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, DO n° 1 95 de 21 de abril de 
1993, p.20. 
Hay que resaltar sin embargo que la directiva n° 90/314 del Consejo de 13 de junio de 1990 relativa 
a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados constituye una 
excepción a esta regla y establece un criterio más bien objetivo. En efecto se define simplemente al 
"consumidor" como "la persona que compra o se compromete a comprar el viaje combinado". 
Directiva n° 93/13 de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 
86 
productos78 delimita su ámbito de aplicación a los "productos destinados a los consumidores o 
que puedan ser utilizados por el consumidor", es decir, a los que se podría llamar "productos 
de consumo". 
La directiva n° 85/374 del Consejo de 25 de julio de 1985 relativa a la responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos presenta otra definición implícita de "bien de 
consumo", a propósito de los límites de la responsabilidad del fabricante respecto a los daños 
provocados a las cosas. Según esta definición, un bien de consumo sería una cosa "de las que 
normalmente se destinan al uso del consumidor privado"79. 
La elección del concepto de "bien de consumo" como criterio para delimitar el ámbito de 
aplicación de una medida comunitaria de armonización, parece adecuada para el ejercicio de la 
reflexión subsiguiente. No obstante, la Comisión no desea, actualmente, dejar a un lado el 
criterio tradicional (subjetivo) que reposa en la calidad de las partes que, por otra parte, puede 
combinarse con el criterio objetivo. La noción de "bien de consumo" no aclara totalmente la 
cuestión de saber a qué productos debería referirse tal medida. En efecto, la necesidad de limitar 
las medidas comunitarias a lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, 
puede llevar a restringir aún más el ámbito de aplicación de tales medidas al tipo de bienes de 
consumo cuya compra transfronteriza plantea a los consumidores un mayor número de 
problemas. 
En realidad se trata de los bienes muebles, nuevos y duraderos. Esta es la hipótesis de trabajo 
que utilizaremos como punto de partida para la búsqueda de un régimen armónico en materia 
de garantía legal. 
78 DO n° L 228 de 11 de agosto de 1992, p. 84. 
79 Ver el artículo 9 de la directiva. Hay que señalar sin embargo que esta directiva añade además otro 
criterio: la cosa "debería además haber sido utilizada por el perjudicado para su uso o consumo 
privado". Si', en el marco de la garantía legal, aceptáramos además este criterio, aceptaríamos también, 
en cierto modo, el criterio subjetivo. 
87 
POR LO TANTO, EL ANÁLISIS QUE VIENE A CONTINUACIÓN ESTÁ DESTINADO A 
APROVECHAR AL MÁXIMO LAS POSIBILIDADES DE UNA ARMONIZACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES NACIONALES RELATIVAS A LA GARANTÍA LEGAL APOCARLE A 
LA VENTA DE BIENES MUEBLES DE CONSUMO. DURADEROS Y NUEVOS80. 
3. Normativa sobre la garantía legal. 
3.1 Objeto de la garantía (defectos cubiertos) 
Establecer el objeto de la garantía legal significa, en prímer lugar, definir los defectos cubiertos 
por ésta. La cuestión de determinar los derechos que tiene el comprador para reaccionar frente 
a estos defectos puede constituir la causa o el efecto de la definición de "defecto cubierto". 
Tradicionalmente, esta cuestión ha constituido el punto de partida de la definición de "defecto". 
Por ejemplo, dado que el Código civil francés ha definido tradicionalmente los derechos del 
comprador como la acción redhibitoria (anulación del contrato, es decir restitución del producto 
y reembolso del importe del precio) y la acción estimatona (reembolso parcial del importe del 
precio), es decir, derechos cuyo carácter es bastante drástico, sólo se han considerado como 
defectos cubiertos los vicios graves y los ocultos. 
Por el contrario, la doctrina moderna correspondiente a la evolución legislativa y jurisprudencial 
presente en la mayoría de los Estados miembros, prefiere partir del concepto unitario de defecto 
cubierto para adaptar, después, los derechos del comprador a los tipos de defectos de los que 
se trate. 
El concepto de defecto de conformidad con las legítimas expectativas del consumidor parece 
ser más adecuado para desempeñar el papel que se le pide. En efecto: 
Constituye un buena síntesis de la evolución más reciente en los Estados miembros. En 
efecto, en los derechos belga, francés y luxemburgués, la distinción entre la obligación de 
expedición o de conformidad y la obligación de garantía ha perdido su pertinencia a 
medida que avanzaba la jurisprudencia y con la adopción del concepto de vicio de 
funcionamiento. Sabemos además que en Italia, donde existen en el Código civil dos 
disposiciones expresas, una sobre los "vicios ocultos" y otra sobre el "defecto de calidad", 
la doctrina mayoritaria encuentra que existen pocas diferencias entre ambas disposiciones 
en materia de definición de la garantía legal. El Código civil neerlandés también acaba de 
adoptar el concepto de defecto de conformidad. El concepto de conformidad con las 
legítimas expectativas del comprador también se aproxima a la "merchantable quality" del 
los derechos del Reino Unido e Irlanda, a los criterios objetivos y subjetivos elaborados 
por la jurisprudencia alemana para establecer la existencia de defecto, así como a 
determinados elementos considerados por la ley danesa. El concepto se asemeja a la 
fórmula escogida por el Código civil portugués: ausencia de cualidades garantizadas por 
el vendedor o que impidan a la cosa servir para el uso para el que se compró. 
El proyecto de las autoridades del Reino Unido de sustituir el concepto de "merchantable 
quality" por el de "satisfactory quality", para cubrir tanto los defectos menores como la 
80 y "entre un profesional y un consumidor final", si se incluye igualmente el criterio subjetivo. De 
cualquier modo, las ventas entre consumidores están excluidas dado el carácter "nuevo" de los 
productos. 
88 
durabilidad de los bienes, contribuye a reforzar aún más estas consideraciones. 
Se aproxima a la definición de defecto presente en la directiva n° 83/374 relativa a la 
responsabilidad por los daños causados por productos, que ya recurría al concepto de 
"legítima expectativa". 
Engloba en sí misma otros conceptos como el de "vicio oculto", "vicio aparente" o "vicio 
conocido". En efecto, si el producto presenta un vicio que el comprador conoce, no habrá 
defecto de conformidad porque la expectativa del consumidor consistente en la ausencia 
de vicio no sería, evidentemente, "legítima". El carácter manifiesto del defecto también 
contribuirá a influir en la apreciación del carácter "legítimo" de la expectativa del 
consumidor, sin abandonarlo totalmente (por ejemplo si el vendedor incurre en dolo). 
Permite matizar la apreciación del defecto con respecto a las distintas personas que puedan 
ser responsables de él (ver punto 3.2). 
Permite tener en cuenta los conocimientos técnicos especiales del comprador con referencia 
al producto. 
Permite tener en cuenta las diferencias existentes por tipos de defectos en vistas a 
determinar los derechos del comprador (ver punto 3.4). 
Es evidente que el concepto de "legítima expectativa" debe ser considerado como un concepto 
dinámico que debe apreciarse teniendo en cuenta todas las circunstancias existentes y, sobre 
todo, las disposiciones del contrato, la presentación del producto, el precio, la marca, la 
publicidad o cualquier información suministrada sobre el producto, su naturaleza, su destino, las 
leyes y los reglamentos relativos a éste, etc. La exigencia de que la expectativa sea "legítima" 
transforma este criterio, que se podría considerar esencialmente "subjetivo" en un criterio 
fundamentalmente "objetivo". 
3. 2 Responsables de la garantia 
Tradicionalmente, en una sociedad basada en el artesanado o en el pequeño comercio, la 
relación de confianza existente entre el comprador y el vendedor constituía un elemento 
preponderante de la relación contractual. En las modernas sociedades de consumo, basadas en 
sistemas de producción y distribución masivos, la confianza que los consumidores depositan en 
los productos que compran, está más ligada a la competencia que atribuyen a los fabricantes que 
a la de los vendedores. En efecto, la competencia entre productos similares se da más entre 
marcas que entre vendedores; estos disponen principalmente de los elementos "precio" y 
"servicio postventa" como factores de competencia (no pretendemos, sin embargo, olvidar su 
papel de "asesores"). Cuando el defecto de un bien está causado por la fabricación del producto, 
es injusto que el vendedor, que no influye en modo alguno en el proceso de fabricación y que, 
en muchos casos, ni siquiera habrá desembalado el producto, sea el único responsable contra 
quien el consumidor pueda recurrir. 
También es injusto que el fabricante sea responsable en caso de que el producto defectuoso 
provoque un daño a las personas o, en ciertos casos, a otros bienes81 y que no sea responsable 
en modo alguno en caso de que, sencillamente, el producto no funcione o un defecto de 
fabricación haya causado daños al propio producto. Por otro lado, la extensión del alcance de 
Ver el articulo 9 de la directiva n° 85/374 relativa a la responsabilidad por los daños causados por 
productos. 
89 
la acción de garantía al fabricante aumenta las probabilidades de que el consumidor consiga 
resarcirse por el perjuicio sufrido, dado que los medios financieros del fabricante a menudo son 
mayores que los del comerciante detallista. 
Por todo esto, determinados sistemas jurídicos ya han evolucionado en el sentido de diseñar un 
esbozo de responsabilidad directa del fabricante sobre los productos en el caso de la garantia 
legal. Este, como ya vimos, es el caso de Francia, Bélgica y Luxemburgo y además, las 
autoridades del Reino Unido han expuesto en su documento de reflexión (ver en anexo) un 
proyecto que también se dirige en esta dirección. 
Es probable que otros Estados miembros se unan a esta labor. En cierto modo, ya es el caso de 
España. 
Esta situación provocará ciertamente distorsiones en materia de competencia entre los fabricantes 
en el marco del mercado único82 y obstaculizará la posibilidad real de que los consumidores 
puedan prevalerse de la garantía legal en caso de compras transfronterizas. Resultará en efecto 
muy difícil para un consumidor volver al establecimiento de un vendedor extranjero para 
presentar una reclamación sobre un defecto de un producto83. Normalmente resultará mucho más 
fácil para el consumidor dirigirse al representante o a la filial del fabricante sito en su país, 
sobre todo porque el responsable de los verdaderos defectos de origen es realmente el fabricante, 
y es en éste en quien el consumidor ha depositado su confianza al comprar un producto de 
marca en el extranjero. 
Esta opción no haría sino conseguir que el derecho se adapte más a la realidad. De hecho, la 
relación entre el consumidor y el vendedor repercute en el fabricante dado que el vendedor 
envía a este los productos defectuosos. Luego admitir que el consumidor pueda demandar 
directamente al fabricante no alteraría en modo alguno la situación que ya existe de hecho. 
Los responsables de la garantía legal serían por lo tanto, desde este punto de vista, el vendedor 
y el fabricante conjuntamente. Esto no quiere decir, sin embargo, que su responsabilidad sería 
la misma. Habría que establecer una diferencia en cuanto a la apreciación del defecto y a los 
derechos del comprador: 
a) En cuanto a la apreciación del defecto 
El concepto de "legítima expectativa" no debería ser oponible al fabricante, salvo en lo 
relativo a los elementos de los que sea responsable. Por lo tanto, no podrían tenerse en 
cuenta las declaraciones del vendedor sobre las cualidades del producto y sobre el 
contenido del contrato a la hora de apreciar la existencia de un defecto en el producto por 
lo que respecta al fabricante. Por el contrario, la publicidad emitida por el fabricante 
constituirá un elemento determinante. 
b) En cuanto a los derechos del comprador 
Ver sobre esta materia la sentencia Alslham/Sulzer, anteriormente citada en el capitulo IV.A.4.a. 
81 Y, llegado el caso, que pueda entablar una acción en justicia contra ese vendedor. 
90 
Al constituir la venta un contrato entre el vendedor y el comprador, habiéndose acordado 
el precio entre ellos y habiéndolo cobrado el vendedor, parece adecuado que los derechos 
del comprador frente al fabricante no incluyan ni la anulación de la venta ni una 
disminución en el precio (ver punto 3.4). Por lo tanto, el comprador sólo podría exigir del 
fabricante la sustitución o la reparación del producto; de todos modos, el fabricante también 
sería responsable del perjuicio directo causado al consumidor (precio pagado o disminución 
del valor del bien) en caso de que la sustitución o la reparación no se efectuaran o no 
pudieran ser efectuadas84. 
Se podría adoptar una solución intermedia en lo relativo al calificativo de responsabilidad 
"conjunta" que equivaliera a una responsabilidad "solidaria" o "subsidiaria"85 . Esta 
responsabilidad podría calificarse de "cuasisubsidiaria". al no poder el consumidor 
demandar al fabricante salvo que sea imposible demandar al vendedor o que esto constituya 
una carga excesiva. Esta sería normalmente la situación que se daría en casos de compras 
transfronterizas o cuando el vendedor hubiera desaparecido del mercado o hubiera 
quebrado. Esta solución es menos evolucionada que la preconizada por los sistemas 
jurídicos que han ratificado la entera responsabilidad del fabricante y que, tal como vimos, 
establecen un régimen de responsabilidad solidaria. Sin embargo un régimen de 
responsabilidad "cuasisubsidiaria" tendría la ventaja de resolver los problemas más 
importantes que se plantean en el marco del funcionamiento del mercado único, sin 
implicar un cambio radical en las normas jurídicas existentes en los Estados miembros que 
limitan la responsabilidad de la garantía legal únicamente al vendedor. 
33 Beneficiarios de la garantía. 
La solución que está más en armonía con la moderna concepción de la garantía, consistente en 
que sea un elemento ligado intrínsecamente al producto, es la de considerar como beneficiario 
de la garantía, no sólo al primer comprador sino también a todo propietario consecutivo del 
producto, siempre y cuando este pueda probar la primera compra. 
Esta solución permitiría evitar los problemas causados por la transmisión de los bienes, que 
pueden plantearse fácilmente a un consumidor "medio", por ejemplo cuando regala un producto. 
No aumentaría en modo alguno la carga de los responsables de la garantía y podría integrarse 
fácilmente en los derechos nacionales mediante la teoría de la "cesión (legal) de derechos". De 
hecho, esto corresponde al derecho ya en vigor en Francia, en Bélgica y en Luxemburgo para 
los casos de ventas consecutivas. El Código civil de los Países Bajos aún va más lejos al hacer 
que el beneficiario de la garantía legal sea sencillamente el usuario del producto, aunque no sea 
su propietario. 
3. 4 Efectos de la garantía. 
84 
85 Hay que señalar que ésta constituye una solución menos evolucionada que la preconizada por los 
derechos nacionales que amplían la responsabilidad de la garantia legal al fabricante. En efecto, estos 
Estados prevén asimismo que el fabricante lleve a cabo la "restitución del precio". 
Término éste que implica normalmente una incoación previa de una acción judicial contra el principal 
responsable. 
91 
Los efectos tradicionales de la garantía legal son el derecho del comprador a anular el contrato 
o a obtener una reducción en el precio. En las modernas relaciones de consumo, estos medios 
son a la vez demasiado rígidos y demasiado insuficientes. A menudo corren el peligro de no 
satisfacer ni al consumidor ni al vendedor. Por ello, ciertos sistemas jurídicos se han decidido 
por fin a introducir, de uno u otro modo, en el marco de la garantía legal, los medios 
tradicionales de la garantía comercial, a saber, la sustitución o la reparación del bien. Cuando 
sea posible, debería preferirse la sustitución o la reparación frente a las otras posibles soluciones 
y esto significaría el contrapunto de una visión más amplia del concepto de "defecto". 
Se trata de esta manera de salvaguardar la protección del consumidor, sin imponer al vendedor 
de buena fe86 una carga excesiva. 
Esta vía intermedia podría encontrarse mediante los siguientes principios: el comprador tendría, 
en principio, derecho a optar libremente por ejercer uno de los 4 derechos siguientes: 
la anulación del contrato, que implicaría la recuperación del importe del precio y la 
restitución del producto; 
el reembolso de parte del precio pagado, a saber, la diferencia de valor entre el precio de 
venta y el valor del producto defectuoso; 
la sustitución inmediata y sin gastos del producto defectuoso por un producto "en 
condiciones" (en el caso de productos fungibles) o, 
la reparación del producto en un corto plazo87 sin gasto alguno. 
La reparación debe hacer que el producto presente el estado que habría tenido si jamas 
hubiera contenido un defecto. 
El vendedor tendría, sin embargo, la posibilidad de oponer a la elección del comprador los 
siguientes medios: 
a la anulación del contrato: la sustitución o la reparación del producto; 
al reembolso parcial: uno de los tres otros medios; 
a la sustitución: la anulación del contrato o la reparación, pero únicamente cuando la 
reparación se efectúe inmediatamente o, en lo relativo a la anulación, cuando la sustitución 
no sea posible, o no sea posible de inmediato y el consumidor no acepte la duración 
necesaria para la reparación; 
a la reparación: la sustitución en el mismo plazo que el impuesto por ésta, o en el caso de 
que ni la reparación ni la sustitución sean posibles, la anulación del contrato. 
Por otro lado, en el caso de defectos menores, el profesional podría imponer al consumidor una 
segunda solución consistente en una reducción en el precio salvo si el consumidor prueba que 
el defecto tiene para él una importancia fundamental. 
86 
87 El vendedor de buena fe significa el que desconocía la existencia del defecto. 
La noción de "plazo corto" podría incluso ser precisada por el establecimiento en un plazo máximo 
y, llegado el caso, tomando en cuenta la naturaleza de los productos. 
El concepto de reparación implicaría que el producto debería ser devuelto en el estado que hubiera 
tenido si jamás hubiera existido un defecto. 
92 
Por el contrario, el consumidor no estaría obligado a soportar más que una tentativa de 
reparación o una única sustitución del producto. En el caso de que el producto siguiera siendo 
defectuoso después de una de estas tentativas, el comprador tendría derecho a la anulación del 
contrato. 
En lo concerniente a la reparación de otros daños provocados por la compra de un producto 
defectuoso (lucro cesante, posible alquiler de un bien de sustitución, etc.), la solución incumbiría 
totalmente a los derechos nacionales sin contribuir a la armonización en cuanto al respeto del 
principio de subsidiariedad. Esta no es una cuestión que carezca de importancia, en lo relativo 
al funcionamiento del mercado único. Por el contrario, los daños provocados por un "defecto 
de seguridad" ya han sido tratados con ocasión de la directiva n° 85/374 relativa a la 
responsabilidad por los daños causados por productos. 
3. 5 Condiciones de ejecución de la garantía. 
3. 5. 1 Ignorancia del defecto 
La ignorancia del defecto por parte del consumidor constituye, evidentemente, una condición 
para poder ejecutar la garantía legal, sin embargo, este elemento no posee en sí, ningún carácter 
autónomo, dado que ya está incluido en el concepto de "legítima expectativa". 
Por el contrario, la exigencia de que el vendedor ignore el vicio plantea otros problemas. 
Algunas soluciones clásicas establecían que el vendedor sólo era responsable si conocía, o 
hubiese debido conocer, el vicio. El derecho portugués establece por ejemplo, tal como vimos, 
que el vendedor no estará obligado a reparar o a sustituir el producto si ignoraba, sin culpa, la 
existencia del defecto. Tal solución no corresponde en absoluto a las modernas condiciones de 
comercialización de las sociedades de consumo actuales. En efecto, lo más frecuente es que el 
vendedor desconozca la existencia de los defectos y, que no se le exija conocerla. El vendedor 
se limita a comercializar productos fabricados en serie, semejantes a los que expone en su 
tienda, sin comprobarlos jamás ni, con bastante seguridad, sin llegar siquiera a desembalarlos. 
Por ello, los sistemas jurídicos nacionales han evolucionado para solventar este problema, a 
menudo adoptando presunciones irrefragables de "mala fe" por parte del vendedor. 
Por lo tanto, es preferible partir de las condiciones de comercialización reales y dejar de lado 
toda exigencia sobre el conocimiento o la ignorancia del vicio por parte del vendedor. 
Sin embargo, el conocimiento real del vicio por parte del vendedor siempre tendrá una 
importancia fundamental. El vendedor que realmente actúe de "mala fe"88 no podrá prevalerse, 
frente a las exigencias del consumidor, de los derechos de defensa (ver el punto 3.4). Por lo 
tanto el consumidor tendrá un derecho absoluto a imponer al vendedor, de entre los 4 medios 
previstos de reparación, el de su elección. Evidentemente, esta opción se llevará a cabo sin 
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones nacionales pertinentes, sobre todo de las 
relativas al dolo o al fraude. Sin embargo, el comprador deberá probar, a estos efectos, la "mala 
fe" del profesional. 
Es decir el que realmente conocía el defecto del producto y no simplemente el que se presumía que 
lo conociera. 
93 
3. 5. 2 Anterioridad del defecto. 
El vendedor sólo es responsable de los defectos existentes en la fecha de entrega. La fecha de 
entrega debería preferirse a la fecha de venta. El consumidor debe recibir el bien en buen estado 
por lo que sería injusto que, cuando la venta sea anterior a la entrega, el riesgo del transporte 
corra a cargo del consumidor. 
Por su parte, el fabricante sólo será responsable de los vicios existentes en el momento en que 
se comercialice el producto en el mercado. Los defectos ocasionados posteriormente no estarían 
provocados por la fabricación, por lo que sería injusto responsabilizar al fabricante por ellos. 
La cuestión fundamental que se plantea a propósito de la condición de anterioridad del vicio es 
la relativa a la carga de la prueba. Tal como vimos, la jurisprudencia de varios Estados 
miembros ha hecho que ésta sea más fácil para el comprador adoptando presunciones de 
anterioridad. Esta solución parece apropiada desde el punto de vista del consumidor. Resulta 
más fácil para el vendedor o para el fabricante probar que el defecto ha sido posterior a la venta 
o a la comercialización en el mercado del bien, que para el consumidor probar lo contrario. De 
hecho, esta es la solución que adoptan los vendedores y los fabricantes en el marco de las 
garantías legales que conceden. Para obtener la ejecución de una garantía comercial, el 
consumidor no está obligado a probar la anterioridad del defecto, simplemente, el que concede 
la garantía se reserva el derecho a negarla en ciertos casos, sobre todo cuando el defecto ha sido 
causado por una utilización incorrecta del producto, incumbiendo la carga de la prueba, según 
las normas generales, al profesional. 
3. 5. 3 Notificación del responsable 
Respecto a la notificación del defecto y la elección por parte del consumidor del tipo de 
"resarcimiento" que desea, no debería exigirse ningún tipo de procedimiento o de formalidad 
especial. Huelga decir que por motivos relacionados con la prueba, sería aconsejable que 
siempre se recurriera al sistema clásico de la carta "certificada". 
3. 5. 4 Plazos de garantía. 
Esta es una cuestión delicada dado que, por una parte las soluciones nacionales varían 
considerablemente en cuanto a la duración y al enfoque adoptado y, por otra parte, reina cierta 
confusión entre el plazo de recurso y el plazo de garantía. 
Deberían diferenciarse dos períodos. El primero, el plazo de garantía, se iniciaría en el momento 
de la entrega del producto; si durante ésta se descubriese un defecto se abriría la posibilidad de 
actuar conforme a la garantía legal. El otro, es decir, el plazo de prescripción, es el que extingue 
la acción de garantía y comienza en el momento en que se descubre el defecto. 
Este es de hecho el enfoque adoptado por la directiva n° 85/374 relativa a la responsabilidad por 
94 
89 los daños causados por productos 
El plazo de garantía debería ser fijado teniendo en cuenta dos elementos, por un lado, la 
necesidad de que se garantice al consumidor un nivel elevado de protección y, por otro, el hecho 
de que la legislación de la mitad de los Estados miembros prevé, en la práctica, un plazo 
bastante largo (en cuatro Estados, la garantía no está sujeta a plazo alguno y en 2 se contempla 
un plazo de 6 años), mientras que la otra mitad establece plazos bastante cortos (entre 6 meses 
y 1 año). La Comisión se abstendrá por el momento de proponer un plazo concreto. De 
cualquier modo, todo plazo aumentaría en caso de mala fe por parte del responsable. 
El plazo de prescripción de la acción debería ser corto, pero la notificación al responsable 
debería dejar en suspenso este plazo hasta que una de las partes ponga fin a las negociaciones 
para resolver la cuestión amistosamente. Este es el único modo de impedir que el consumidor 
de buena fe se vea privado de sus derechos por maniobras dilatorias del responsable. 
El plazo de garantía también se dejaría en suspenso durante el tiempo necesario para reparar el 
bien. Debería iniciarse un nuevo plazo de garantía en caso de: 
sustitución del bien, al igual que si se tratara de un nuevo contrato de venta o de 
reparación del producto relacionada con el defecto que la originado. 
3. 6 Relaciones con la garantía comercial 
Cuando el fabricante o el vendedor concede una garantía comercial, normalmente, el consumidor 
no recurrirá a sus derechos legales derivados de la garantía legal y empezará por intentar 
ejecutar la garantía comercial. Esta situación es al mismo tiempo ventajosa para el consumidor 
y para la empresa dado que consiste en recurrir a un "acuerdo previo" entre las partes y no a 
la letra de la ley. 
Sin embargo, habría que establecer principios uniformes relativos a las relaciones que guardan 
la garantía legal y la garantía comercial, de cara a impedir que el consumidor se encuentre en 
una situación más débil a causa de la ejecución (o intento de ejecución) de la garantía 
comercial. 
Esto podría hacerse utilizando dos principios: 
Principio de complementariedad: derecho del consumidor a solicitar la ejecución simultánea 
de la garantía legal y de la garantía comercial para garantizar un completo resarcimiento. 
Ejemplo de ello sería invocar la garantía comercial para solicitar la reparación del producto 
y la garantía legal para obtener la indemnización por otros daños provocados por el defecto 
del producto. 
Principio de subsidiariedad de la garantía legal: ruando el consumidor ha optado por hacer 
ejecutar la garantía comercial, esto no debería impedir (por ejemplo a causa de los plazos) 
el hacer valer la garantía legal en caso de no haber obtenido una satisfacción. Ejemplo de 
este principio sería anular la venta invocando la garantía legal después de que el vendedor 
Ver los artículos 10 (prescripción de la acción) y 11 (extinción de los derechos). 
95 
haya intentado realmente reparar la cosa conforme a la garantía comercial. 
3. 7 Carácter imperativo de la garantia legal 
En la mayoría de los Estados miembros, las disposiciones relativas a la garantía legal son 
imperativas, conforme al propio texto que las contiene o a otro que prohibe, o limita, el uso de 
las cláusulas contractuales de exoneración. Esta solución es la única capaz de garantizar que la 
ley sea tan eficaz como se pretende, en materia de protección al consumidor. 
Por lo tanto, el texto comunitario establecería claramente un régimen imperativo que no podría 
derogarse por la voluntad de las partes. 
3. 8 Información del consumidor. 
Con el fin de ayudar al consumidor en lo que se refiere al respeto de la obligación de 
conformidad, es indispensable que éste conozca los derechos y acciones con los que cuenta. Esto 
debe ser así, sobre todo, porque el consumidor confunde a menudo la garantía legal con la 
garantía comercial, sin ser consciente de que sus derechos en materia de garantía no dependen 
exclusivamente de la buena voluntad del profesional. 
Por ello, varias legislaciones nacionales ya contemplan que cuando un profesional conceda una 
garantía ésta tendrá que mencionar la existencia de la garantía legal así como el hecho de que 
la garantía comercial no puede perjudicar en modo alguno sus derechos derivados de la 
legislación. 
La Comisión podría optar por esta solución, pero podríamos plantearnos si no sería incluso 
mejor que el profesional mencione en las condiciones contractuales generales (en caso de 
haberlas), la existencia de una garantía legal que protege al consumidor contra los defectos 
incluso aunque no exista una garantía comercial. 
Esto, además, podría contribuir a que los profesionales estuvieran mejor informados y más 
sensibilizados por la existencia e importancia de la garantía legal, fomentando por lo tanto su 
ejecución por vía amistosa. E incluso, esto contribuiría también a la desaparición de ciertas 
cláusulas abusivas que con frecuencia se incluyen en las condiciones generales de los contratos90 
B. EN LO REFERENTE A LA GARANTÍA COMERCIAL 
Hemos podido constatar dos tipos de problemas relativos a la garantía comercial: 
El primero concierne a los usos comerciales relativos a estas garantías: presentación de la 
garantía, ejecución de esta, relaciones que guarda con la garantía legal, publicidad sobre 
ella, información del consumidor inapropiada, etc. Estos problemas exigen la definición de 
un marco legal europeo sobre la garantía legal. 
El segundo se refiere al funcionamiento de la garantía comercial en el marco del mercado 
A menudo encontramos en las condiciones contractuales presentes en las órdenes de pedido, en las 
facturas o en los albaranes de entrega, cláusulas del tipo: "Toda reclamación deberá ser efectuada antes 
de transcurridas 48 horas". 
96 
único y exige que se cree una "garantía europea" verdadera que pueda ejecutarse con 
facilidad en todos los Estados miembros, con independencia del país en el que se compre 
el producto. 
Podemos apuntar tres opciones para resolver estos problemas: 
una opción "reglamentaria" y unitaria dirigida a resolver ambos tipos de problemas 
adoptando un régimen jurídico comunitario imperativo aplicable a la garantía comercial, 
una opción "voluntarista" consistente en resolver ambos tipos de problemas mediante 
regímenes voluntarios y, 
una opción "mixta" consistente en resolver el primer tipo de problemas adoptando un 
régimen jurídico comunitario imperativo, si acaso completado mediante normas voluntarias 
emanadas de la autorreglamentación, y el segundo, mediante un sistema totalmente 
voluntario. 
1. La opción reglamentaria v unitaria. 
Esta solución tendría la ventaja de resolver completamente, tanto los problemas derivados de 
una ausencia de estatuto jurídico que sirva de marco a las garantías comerciales, como los 
problemas causados por el funcionamiento de la garantía en situaciones transfronterizas. La 
decisión de conceder o no una garantía seguiría estando sometida al principio de la libertad 
contractual. Sin embargo, este enfoque supondría que todas las garantías que concedan los 
productores deberían ser válidas en todo el mercado común, estando sujetas a condiciones 
uniformes. 
Por lo tanto, toda garantía comercial concedida por un productor en un Estado miembro debería 
ser obligatoriamente una "garantía europea". 
Sin embargo, es necesario plantearse si esta solución podría representar una carga excesiva para 
los agentes económicos, sobre todo para la pequeña y mediana industria cuya estrategia 
comercial a menudo se limita a cierto número de Estados miembros y que, por lo tanto, 
difícilmente podría garantizar el servicio postventa ligado a la garantía en todo el mercado 
común. Esta solución privilegiaría en principio a la gran empresa, presente en todos los Estados 
miembros y que podría conceder una garantía para sus productos, frente a la pequeña empresa 
que no podría en la práctica hacer lo mismo, dado que no podrían limitar territorial mente el 
alcance de sus garantías. 
2. La opción voluntarista. 
Este enfoque consistiría en renunciar a establecer un régimen jurídico comunitario imperativo 
sobre las garantías comerciales. Se perseguiría la mejora de la calidad de las garantías 
concedidas y la resolución del problema de su ejecución en el gran mercado mediante un 
régimen voluntario, al que los profesionales podrían o no adherirse. Para la creación de tal 
régimen voluntario son posibles dos opciones: bien un instrumento jurídico comunitario que 
daría acceso a un "marchamo de calidad" relativo a la garantía91 o a la utílización de una 
Este podría inspirarse en el sistema comunitario relativo a la etiqueta ecológica. Ver asimismo el punto 
3.2. 
97 
denominación o marca protegida, o bien el recurso puro y simple a la autorreglamentación 
mediante códigos de conducta. En el primer caso, se controlarían las condiciones de garantía 
utilizadas por los que afirmen haberse adherido al "régimen", bien antes de su "introducción en 
el mercado" bien a posteriori sobre las condiciones de garantía presentes en el mercado92, por 
los organismos o las autoridades nacionales competentes. Además una protección adicional a 
los consumidores contra las condiciones "engañosas" consistiría en considerar nulas las 
condiciones de garantia contrarías a las normas de calidad establecidas. En el segundo caso 
(recurso a la autorreglamentación), sería necesario que los códigos de conducta prevean 
mecanismos eficaces para garantizar su respeto por parte de los que se adhieran al mismo. 
La necesidad de permitir a todo profesional acceder al sistema voluntario sobre las garantías de 
"calidad", sin imponerle forzosamente que emita una garantía europea, implica plantearse la 
posibilidad de crear un sistema voluntario complementario relativo al carácter "europeo" de la 
garantía. 
Esta solución provocaría por lo tanto que existieran tres tipos de garantía: la garantía normal, 
sujeta por entero a la libertad contractual; la garantía de calidad, sujeta a las normas de calidad 
establecidas y, la garantía europea sujeta, además, a la exigencia de ser válida en todo el 
mercado común en las mismas condiciones. 
Tal enfoque presenta sin embargo dos principales inconvenientes: 
no aportaría ninguna solución para los problemas de los consumidores en materia de 
garantías "normales", ni a las cuestiones jurídicas en suspenso relativas a estas garantías; 
los Estados miembros sentirían, probablemente, la necesidad de adoptar medidas 
legislativas relativas a las garantías, siguiendo el ejemplo de los Estados miembros en los 
que ya existe una legislación en la materia, con el riesgo de que siguieran otro enfoque, 
provocando así distorsiones en materia de competencia y obstaculizando el comercio. 
3. La opción mixta. 
Este enfoque llevaría a la creación de: 
un marco jurídico obligatorio aplicable a toda garantía comercial, 
una "garantía europea" de carácter opcional, válida en toda la comunidad y sujeta a ciertas 
normas adicionales sobre su carácter uniforme. 
3. 1 El régimen jurídico comunitario aplicable a las garantías comerciales. 
Mediante este régimen no se trataría de cambiar la naturaleza voluntaría de la garantía 
comercial, sino de garantizar, mediante normas básicas simples y claras, que el consumidor 
reciba una información apropiada y que el mercado sea suficientemente transparente, para 
lograr que exista una competencia sana, basada en usos comerciales honestos y leales. 
Las normas comunitarias se reducirían al mínimo estrictamente necesario y podrían, llegado el 
92 • 
Esta medida podría inspirarse en la directiva comunitaria relativa a las cláusulas abusivas. 
98 
caso, ser desarrolladas mediante la normalización93 o por códigos de conducta. 
Para establecer este régimen comunitario, lo más apropiado parece que sería inspirarse en la 
legislación irlandesa y en las recomendaciones del Ombudsman danés94, al ser ambos textos 
nacionales los más desarrollados en este ámbito. Las iniciativas de los propios agentes 
económicos para establecer normas de conducta podrían ciertamente valer de referencia al 
legislador comunitario. A estos efectos, merece ser citado el código de buenas prácticas 
establecido por el British Retail Consortium (asociación británica de comercio al detalle)9S. 
El régimen legal comunitario aplicable a las garantías comerciales podría estar basado en 3 
principios: 
establecimiento de ciertas reglas comunitarias imperativas relativas al régimen jurídico de 
las garantías así como de ciertos elementos que deberían figurar obligatoriamente en los 
documentos de garantía; 
establecimiento de normas supletorias relativas a la normativa en materia de las garantías 
concedidas aplicable en caso de vacíos en los documentos comerciales, 
establecimiento del principio según el cual la publicidad referente a la garantía se considera 
como parte de los documentos de garantía, responsabilizando directamente al anunciante 
frente al consumidor individual. 
Las disposiciones imperativas reglamentarían los efectos jurídicos de las garantías y 
establecerían ciertas normas mínimas que éstas deberían respetar. 
Las normas supletorias contribuirían a incitar a los profesionales a utilizar documentos de 
garantía más completos y claros, impidiendo que los vacíos que contienen sean aprovechados 
por estos para exonerarse de su responsabilidad. 
El principio de la responsabilización por la publicidad emitida contribuiría a sanear algunos 
usos publicitarios y a impedir que los consumidores no sean inducidos a error frente a las 
garantías realmente aplicables, sin tener que recurrir a una normativa en materia de publicidad. 
Un régimen basado en estos tres principios parece responder a las exigencias en materia de 
subsidiariedad. Parece oportuno detallar más en profundidad algunos elementos de cara a 
estudiar el establecimiento de este régimen. 
3. 1. 1 Naturaleza jurídica de la garantía 
La garantía comercial se consideraría por supuesto como un contrato entre el garante y el 
tenedor del bien en cuestión, aunque no exista una relación directa entre ambos. De este modo 
93 
94 
95 Aplicando a este tema el espíritu del "nuevo enfoque" en materia de armonización técnica. 
Ver capítulo III. B. Las recomendaciones del Ombudsman danés y la legislación irlandesa están 
publicadas en el anexo del presente Libro Verde. 
Este texto también se incluye en Anexo. 
99 
el consumidor detentaría, cuando el fabricante le conceda una garantía, un derecho oponible 
frente a este. Esto no implicaría sin embargo que el consumidor pueda dirigirse directamente 
al fabricante para solicitar la ejecución de la garantía. El consumidor estaría, por supuesto, 
obligado a respetar las indicaciones que figuraran sobre este tema en el documento de garantía 
y a dirigirse, llegado el caso, al vendedor o a un distribuidor del producto. El recurso directo 
al fabricante sólo debería acometerse cuando se hayan agotado el resto de posibilidades sin 
obtener un resultado satisfactorio. 
3. 1. 2 Relaciones con la garantía legal 
La garantía comercial debería conferir al consumidor otras ventajas adicionales con respecto a 
los derechos que ya detenta conforme a la garantía legal. Los documentos de garantía deberían, 
entre otras cosas, hacer referencia a la existencia y al contenido resumido de la garantía legal. 
3. 1. 3 Objeto de ¡a garantía (defectos cubiertos) y duración. 
El contenido de la garantía y su duración deberían ser fijados libremente por el otorgante de 
la garantía. Sin embargo, habría que considerar como nulas las cláusulas restrictivas que 
atentaran contra el principio mismo de garantía. 
En el caso de que el documento no estableciera el alcance de la garantía, se consideraría que 
esta cubriría la totalidad del bien contra todo posible defecto que surgiera tras la entrega, salvo 
que el defecto haya sido provocado por culpa del usuario. La garantía también debería dar 
derecho a la reparación o sustitución del bien sin causar ningún tipo de gasto al beneficiario. 
En caso de que no se estipulara ninguna duración, se consideraría que tendría validez durante 
un año, a partir de la entrega al comprador final. Salvo en caso de que los documentos de 
garantía establecieran expresamente lo contrario, la garantía se prolongaría automáticamente por 
un período igual al que se haya necesitado para reparar el bien, dotando a las piezas 
reemplazadas de otra garantía cuya duración sería igual a la de la garantía inicial. 
3. 1. 4 Responsables de la garantía. 
Es necesario saber si es conveniente que el vendedor sea jurídicamente responsable frente al 
consumidor final por la garantía concedida por el fabricante. Hay que señalar que las 
autoridades británicas ya plantearon esta cuestión en el, documento de consulta sobre las 
garantías. El derecho irlandés también ha adoptado esta postura al prever que cuando el 
vendedor transmite al comprador la garantía' dé un tercero, es tan responsable como el garante, 
salvo indicación en contrario en el momento de la entrega. Esta solución tiene la ventaja de 
facilitar al consumidor la ejecución de sus derechos nacidos de la garantía comercial del 
fabricante y corresponde, en cierto modo, a sus expectativas y a los usos comerciales habituales. 
Sin embargo, obliga a los vendedores a "controlar" todas las garantías concedidas por los 
fabricantes relativas a los productos que ellos venden, lo que puede suponer una carga excesiva. 
A pesar de todo, esta solución parece ser la adecuada, en el marco de los sistemas de 
distribución selectiva, dado que entre vendedores y fabricantes existen unas relaciones más 
estrechas que normalmente engloban las previsiones sobre la ejecución de la garantía del 
fabricante. Pero procede plantearse, en el ámbito de este tipo de sistemas de distribución si no 
habría que ir más lejos estableciendo la responsabilidad solidaría de todo vendedor que 
100 
pertenezca a un sistema de distribución selectiva establecido por el propio fabricante. 
Esta solución podría, por su naturaleza, facilitar enormemente la ejecución de las garantías de 
los fabricantes, sobre todo en lo que respecta a compras transfronterizas. Lejos de constituir una 
revolución jurídica, esta solución no haría sino ampliar el ámbito de aplicación de las soluciones 
adoptadas por los reglamentos n° 123/85 y n° 4087/88 en materia de competencia a todos los 
sectores de distribución selectiva añadiendo además un elemento esencial, pero inexistente hasta 
ahora: un derecho subjetivo para el consumidor. 
3. 1. 5 Beneficiarios de la garantía. 
El concepto jurídico de "garantía" debería ser coherente con su contenido económico, es decir, 
constituir una cualidad del producto en si mismo. De este modo, toda persona que posea 
documentos de garantía y que pueda probar la primera compra, tendrá derecho a exigir la 
ejecución de la garantía. 
3. 1. 6 Condiciones de ejecución de la garantía 
Los documentos de garantía deberían indicar con claridad a quién contactar y qué pasos seguir 
para obtener la aplicación de la garantía. Las formalidades poco razonables o que representen 
dificultades anormales respecto a los usos comerciales normales estarían prohibidas y las 
cláusulas que las expusieran estarían consideradas como nulas. 
3. 1. 7 Requisitos deforma. 
Todo documento de garantía debería indicar, entre otros, los elementos que resulten de los 
puntos anteriores, por lo menos, el nombre y el domicilio de la persona que concede la garantía. 
Además todo documento de garantía debería estar redactado en forma clara y comprensible. 
Toda cláusula oscura debería ser interpretada en el sentido más favorable para el beneficiario96. 
3. 1. 8 Transparencia, 
Los consumidores deberían poder consultar las condiciones de garantía, antes de comprar un 
bien. Además, deberían estar a su alcance, del mismo modo que se exponen los productos. 
3. 1. 9 Publicidad. 
La publicidad no debería ser de naturaleza a inducir a error a los consumidores en lo referente' 
a las verdaderas condiciones contempladas en los documentos de garantía. Cuando se diera el 
caso, los responsables estarían obligados a cumplir la garantía tal como fue anunciada97. En 
96 
97 Conforme a la regla ya establecida por el artículo 5 de la directiva n° 93/13 relativa a las cláusulas 
abusivas. 
Esta solución ya fue adoptada, en cierto modo, comunitariamente en la directiva n° 90/314 del Consejo 
de 13 de junio de 1990 relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. En efecto, el artículo 3, apartado 2 de esta directiva establece el principio de que "la 
información contenida en el folleto será vinculante para el organizador o el detallista". 
101 
caso de que la garantía fuera sometida a importantes limitaciones, el garante estaría obligado 
a indicarlo en su publicidad, bajo pena de que esas limitaciones lleguen a ser no oponibles a los 
beneficiarios de la garantía. 
3.2 La garantía europea. 
Se deberían imponer dos condiciones a los agentes económicos para que sus garantías 
comerciales pudieran ser consideradas como "europeas": 
que las condiciones de garantía, relativas a los mismos tipos de bienes y de la misma 
marca, se apliquen uniformemente en todos los Estados miembros, y 
que exista una posibilidad real de ejecución de la garantía en cualquier Estado miembro, 
con independencia del lugar de compra. 
La uniformidad de las condiciones de garantía no obligaría en modo alguno a los fabricantes 
a comercializar los bienes en todos los países del mercado común. Bastaría con que se 
concediera la misma garantía en los países de comercialización de los bienes. 
Por otro lado, la posibilidad real de ejecutar la garantía en cualquier Estado miembro no 
requeriría tampoco que el fabricante esté presente o se haga representar en todos los Estados 
miembros o que haya organizado un circuito de distribución integrado. Bastaría con que el 
fabricante pusiera a disposición del consumidor, en todos los Estados miembros, algún tipo de 
sistema que permita a éste ejecutar la garantía. Podría incluso tratarse de devolver un bien 
defectuoso al fabricante, a costa de este último. Lo que sí sería indispensable es que el sistema 
puesto a disposición del consumidor fuera eficaz y con toda la información pertinente en cuanto 
al procedimiento de actuación. 
La Eurogarantía, al estar definida por este sistema flexible y general, no estaría sólo al alcance 
de la gran empresa, sino que también la pequeña y mediana empresa podrían convertirla en 
realidad. 
Para fomentar este tipo de garantías parece necesario que se cumplan dos condiciones: 
que se cree un marchamo o una denominación protegida que indique el carácter "europeo" 
de la garantía (podría denominarse "Eurogarantía"), 
que esté prohibido el uso de toda denominación o mención que pueda llevar a confusión 
respecto a la "Eurogarantía", como "garantía europea", "garantía CEE", etc. 
En cuanto a los sistemas que habría que implantar, se pueden estudiar dos soluciones, tal como 
se señaló en el punto 2: 
un sistema de marchamo similar al de la etiqueta ecológica98 o al de la normativa aplicable 
en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen o a los certificados de 
98 Reglamento n° 880/92 del Consejo de 23 de marzo de 1992, DO n° 299 de 11 de abril de 1992, p. 1. 
102 
especificidad de los productos alimenticios99; y, 
un sistema basado sencillamente en la protección de la denominación "Eurogarantía", que 
establecería que el uso de esta denominación estaría sujeta a las normas citadas. 
El primer sistema tiene la ventaja de permitir un control previo y un seguimiento de las 
condiciones de la garantía aplicables y de su ejecución. Por el contrario, presenta el 
inconveniente de exigir que se instauren nuevas estructuras "burocráticas". 
El segundo sistema presenta la ventaja de ser muy simple y el inconveniente de prestarse, con 
mayor facilidad, a fraudes o abusos. 
C EN LO REFERENTE A LOS SERVICIOS POSTVENTA 
Toda exigencia, relativa a la disponibilidad de los recambios, que se impusiera únicamente a 
los vendedores sería a la vez injusta e ineficaz. Injusta porque supondría para el vendedor una 
carga que no puede llevar el solo, relativa a un aspecto que apenas puede controlar. E ineficaz 
porque, de todos modos, el vendedor no tiene capacidad para responsabilizarse él solo de 
garantizar la disponibilidad de los recambios o de informar al consumidor a este respecto. 
Para la búsqueda de una solución comunitaria se nos ocurren, de entrada, tres soluciones. 
La solución más estricta sería que se obligara a todos los fabricantes a conservar a disposición 
de los consumidores los recambios necesarios, durante un cierto período que se iniciará en el 
momento en que deje de comercializarse el producto. Este período, que variaría dependiendo 
del producto, tendría que corresponder al período de vida normal de los bienes en cuestión y 
podría "plasmarse" en códigos de conducta o recurriendo a la normalización100. 
Otra solución podría basarse en la búsqueda, sobre una base puramente voluntaria, de 
compromisos de los diferentes sectores industriales para respetar determinadas condiciones 
mínimas relativas a la disponibilidad de los recambios (códigos de conducta, normalización o 
negociaciones directas entre todos los interesados - autoridades públicas, empresas, 
consumidores). 
Una última solución, basada en el aspecto puramente informativo, podría consistir en exigir una 
mención en la etiqueta del producto sobre el tiempo durante el que el fabricante se compromete 
a mantener recambios en stock. Esta opción tendría la ventaja de garantizar la transparencia del 
mercado, dejando que actúe la competencia, sin exigir a los fabricantes el respeto de plazos 
específicos. 
99 
100 Incluidos respectivamente en los reglamentos del Consejo n° 2081/92 y n° 2082/92 de 14 de junio de 
1992, DO n° L 208 de 24 de julio de 1992, p. 1 y 9. 
También esta opción podría inspirarse en el "nuevo enfoque" en materia de armonización técnica. 
Recordemos, a este respecto, que las directivas de armonización técnica "nuevo enfoque" se limitan 
a fijar las exigencias esenciales a nivel reglamentario y dejan a los organismos europeos de 
normalización la tarea de "concretar" los aspectos técnicos mediante normas. Estas normas nunca son 
obligatorias pero su respeto garantiza, en principio, a los agentes económicos, la conformidad de los 
productos con las exigencias esenciales a nivel reglamentario. 
103 
104 
Vn - CONCLUSIONES 
El presente Libro Verde quiere constituir el punto de partida de una discusión pública profunda 
sobre los temas tratados, cuyo objetivo consiste en que la Comisión disponga de los elementos 
necesarios para definir acciones futuras sobre esta materia. Por lo tanto, todos los interesados 
y sobre todo los agentes sociales a quien incumba, están invitados a: 
suministrar a la Comisión todo tipo de información y datos de carácter económico, social 
y/o jurídico que juzguen oportuno, sobre todo en lo relativo al funcionamiento de la 
garantía comercial, a las relaciones entre fabricantes y distribuidores y a las demandas de 
los consumidores; 
proponer a la Comisión toda acción que consideren adecuada para mejorar el 
funcionamiento de las garantías y de los servicios postventa en el ámbito del mercado 
único; 
presentar las observaciones que se consideren pertinentes sobre la aplicación del principio 
de subsidiariedad respecto de las soluciones propuestas, así como en relación con una 
posible simplificación de las relaciones entre la legislación comunitaria y los derechos 
nacionales, a la luz del análisis que se hace en el marco del presente Libro Verde, 
adoptar una postura respecto a las soluciones propuestas en el presente Libro Verde y, 
sobre todo, a responder en concreto a las siguientes preguntas: 
l.¿Es deseable proceder a una armonización de las legislaciones nacionales relativas 
a la garantía legal? 
alEn caso de respuesta afirmativa 
1 .¿Qué tipo de armonización sería preferible, la total o la mínima? 
2.¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación? (ver el apartado VI. A. 2). 
3.¿Debería extenderse la responsabilidad de la garantía legal al 
fabricante? ¿En qué medida? (ver el apartado VI. A. 3. 2). 
b)En caso de respuesta negativa 
1 .¿Constituiría la modificación de las normas del derecho internacional 
privado una solución adecuada? ( ver el apartado V. A. 1 ) 
2.¿Qué solución alternativa podría proponerse? 
2. ¿Debe conseguirse la mejora de la situación relativa al funcionamiento de la 
garantía comercial en el ámbito del mercado único mediante una reglamentación de 
las garantías comerciales ("hard law", ver punto VI. B. 1), mediante una solución de 
carácter voluntario basada bien en un instrumento jurídico comunitario, bien en los 
códigos de conducta ("soft law", ver el apartado VI. B. 2), o mediante una solución 
"mixta" (ver el apartado VI. B. 3)? 
3. En caso de preferencia por la opción "voluntaria" o "mixta", ¿sería preferible basar 
los sistemas voluntarios en un instrumento jurídico comunitario o dejarlo enteramente 
a la autorreglamentación? 
4. En el marco de esta última solución, ¿cómo se podría garantizar y vigilar que los 
códigos de conducta se apliquen correctamente y cómo se podría hacer participar a 
todos los interesados en la redacción de los códigos? (ver el apartado VI. B. 2). 
5.¿Sería deseable recurrir a los organismos europeos de normalización? 
105 
6.¿Debería basarse la garantía europea en un sistema de control previo, o en un 
sistema de control a posteriori? (ver el apartado VI. B. 3. 2 así como la remisión al 
apartado VI. B. 2) 
7.¿Debería basarse la solución al problema de la disponibilidad de los recambios en 
una opción reglamentaria (obligación general de conservar las piezas necesarias 
durante cierto plazo impuesto a todos los fabricantes), en una opción voluntaria 
(códigos de conducta que fijen plazos de disponibilidad de los recambios), o en una 
opción informativa (obligación de informar al consumidor sobre la política llevada a 
cabo en materia de los stocks de recambios)? (ver el apartado VI. C) 
La Comisión espera que las personas interesadas le entreguen esta información hasta el 30 
de abril de 1994/ a La siguiente dirección: 
Comisión de las Comunidas Europeas 
Servicio Politica.de Los Consumidores 
Rue de La Loi 200 
B- 1049 Bruselas 
106 
ANEXO I 
CUADROS COMPARATIVOS DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES 
ALEMANIA 
A. 1. liase jurídica - Articulo* 459 y siguientes del Código civil: 
- garantía para todo tipo de productos; 
- disposiciones supletorias. 
•Ley de 197? sobre las condiciones contractuales generales (AGB): 
- prohibición de cláusulas abusivas; 
- disposiciones imperativas 
A. 2. Concepto de defecto y - Concepto de vicio de funcionamiento (apreciación empírica de la jurisprudencia); 
otras condiciones de - Además el vicio debe ser: 
aplicación - anterior a la venta, 
- de cierta gravedad, 
- desconocido por el comprador en el momento de la venta. 
A. 3. Partes responsables de la Sólo el vendedor es responsable de la garantía legal, 
garantia legal 
A. 4. Beneficiarios de la Sólo el comprador se beneficia de la garantía legal, 
garantía legal 
A. 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta, 
al consumidor - Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantía) • Sustitución del producto, si se trata de una cosa fungible. 
- Pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe o si ha prometido ciertas 
características o cualidades que no se dan en el producto. 
A. 6. Plazos de garantía y - Plazo para iniciar diligencias: 
plazos para iniciar - 6 meses a partir del momento de entrega; 
diligencias - interrupción del plazo en caso de inspección o de reparación del producto por el vendedor tras una simple 
notificación del defecto al vendedor. 
A. 7. Normas relativas a la El comprador debe probar: 
carga de la prueba • la existencia del defecto en el momento de la venta; 
- que se reúnen las condiciones de aplicación de la garantía, y 
- el carácter insatisfactorio de las posibles reparaciones del producto. 
B. Garantía comercial •inexistencia de legislación especifica, pero la AGB contiene determinadas disposiciones relativas-a-las 
cláusulas contractuales sobre la garantia y permite cierto control de las condiciones de las 
garantías comerciales. 
C. Servicio post venta y - Inexistencia de obligación legal. 
durabilidad - I JA jurisprudencia ha establecido una obligación de disponibilidad de los recambios en el sector de 
los vehículos automóviles. 
BEIXÎICA 
A. 1. liase jurídica - Articulas 1641 a 1649 del Código civil: 
- garantia para todo tipo de productos; 
- extensión jurisprudencial de la garantia a las prestaciones de servicio que van acompañadas por la 
entrega de un bien; 
- disposiciones imperativas en las relaciones con consumidores. 
- Articulo 32 de la ley de 14 de julio de 1991: 
- prohibición de cláusulas abusivas; 
- disposiciones imperativas. 
A. 2. Concepto de defecto y - Concepto de vicio de funcionamiento. 
otras condiciones de - .Asimilación progresiva por parle de la jurisprudencia del defecto de conformidad 
aplicación (obligación de expedición) y de vicio oculto. 
- Además el vicio debe ser: 
• anterior a la venta, 
- oculto y 
- de cierta gravedad. 
A. 3. Partes responsables de la - El vendedor es responsable de la garantia legal conforme a los artículos del Código civil. 
garantía legal - El vendedor anterior y el fabricante también son responsables, conforme a una acción directa creada 
.. por la jurisprudencia y que considera a la garantia como un accesorio de la cosa vendida. 
A. 4. Beneficiarios de la - El comprador se beneficia de la garantia legal. 
garantía legal • El subcomprador también se beneficia de ella mediante acción directa. 
A. 5. Reparaciones acordadas • Anulación del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta 
al consumidor - Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantía) - Pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe, es decir si conocía el vicio en el 
momento de la venta; presunción refragable de conocimiento del vicio a cargo del vendedor 
profesional. 
A. 6. Plazos de garantía y - La acción debe incoarse en un "breve plazo": 
plazos para iniciar • Se fija en cada caso en concreto en lo referente a la garantia legal del Código civil: 
diligencias - Comienza en el momento en que se descubre el vicio. 
A. 7. Normas relativas a la - El comprador debe, en principió, aportar la prueba de la existencia del defecto en el momento de 
carga de la prueba la venta. 
- Dada la existencia de una jurisprudencia muy permisiva, el resto de la carga de la prueba incumbe de 
hecho al vendedor, se presume la mala fe del vendedor profesional (conocimiento del delecto) así como, 
a menudo, la anterioridad del defecto respecto a la venta. 
B. Garantía comercial - No existen disposiciones específicas. 
C. Servicio postventa y - Inexistencia de obligación legal en estas materias. 
durabilidad - 1.a no durabilidad del producto puede, sin embargo, ser considerada como un defecto 
ESPAÑA 
A. 1. Base jurídica - Artículos 1484 y siguientes del Código civil: 
• normativa de la garantía de los productos; 
• disposiciones supletorias. 
•LGDCU de 19 de julio de 1984: 
• prohibición de cláusulas abusivas; 
- obligación de suministro de garantia comercial para los bienes duraderos; 
- disposiciones imperativas. 
- Reales decretos de aplicación de la LGDCU aplicables: 
- sólo a las relaciones de consumo; 
- sólo a los productos, o sólo a los productos y a los servicios. 
A. 2. Concepto de defecto y - Concepto de vicio de funcionamiento, 
otras condiciones de - Además el vicio debe ser: 
aplicación - anterior a la venta y, 
- oculto. 
A. 3. Partes responsables de la - El vendedor es el responsable de la garantía legal. 
garantía legal - El importador o el fabricante también pueden ser considerados como responsables, sobre todo 
en el marco de la garantia legal fijado por la ley. 
A. 4. Beneficiarios de la - El comprador se beneficia de la garantía legal. 
garantia lega) - El subcomprador y el usuario no comprador también deberían beneficiarse en virtud de la 
obligación general impuesta por la LGDCU a toda persona que intervenga en el circuito de 
distribución del producto, pero esto debe ser confirmado por la jurisprudencia. 
A. 5. Reparaciones acordadas • Anulación del contrato y reembolso de los gastos provocados por la venta 
al consumidor - Reducción en el importe del precio del producto o del servicio. 
(Efectos de la garantía) • Conforme a la garantia comercial obligatoria: 
- reparación o sustitución del bien; 
- pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe. 
A. 6. Plazos de garantia y - El plazo para iniciar diligencias, conforme al Código civil, es de 6 meses a partir del momento de 
plazos para iniciar entrega, 
diligencias 
A. 7. Normas relativas a la - El comprador debe probar la existencia del defecto en el momento de la venta y las condiciones de 
carga de la prueba aplicación de la garantia conforme al Código civil. 
- Ksta prueba se facilita, en principio, en el caso de garantia comercial. 
B. Garantia comercial - Garantía comercial obligatoria para cierto tipo de bienes duraderos. La LGDCU contiene además 
determinadas normas sobre estas garantías. 
C. Servicio postventa y > - Disposiciones marco en la LGDCU sobre la obligación de un servicio poslventa. 
durabilidad • Disposiciones especificas sobre los servicios postventa y la existencia de recambios en ciertos 
sectores. 
- Inexistencia de obligación legal de durabilidad. 
FRANCIA 
A. I. Base jurídica - Artículos 164J a 1649 del Código civil: 
- garantia para todo tipo de productos; 
• extensión jurisprudencial de la garantía a las prestaciones de servicio acompañadas por la entrega 
de un bien; 
- disposiciones imperativas en las relaciones de consumo. 
• Decreto n* 78-464 de 24 de abril de ¡978: 
- prohibición de cláusulas que restrinjan los derechos de los consumidores en caso de que 
el profesional incumpla sus obligaciones; 
• disposiciones imperativas. 
A. 2. Concepto de defecto y - Concepto de vicio de funcionamiento. 
otras condiciones de - Asimilación progresiva del defecto de conformidad al vicio oculto por parle de la jurisprudencia. 
aplicación • Además el vicio debe ser: 
• anterior a la venta, 
- oculto 
• significativo. 
A. 3. Partes responsables de la - El vendedor es el responsable de la garantía legal. 
garantia legal - El vendedor anterior y el fabricante también son responsables conforme a una acción directa 
creada por la jurisprudencia y considerada como un accesorio de la cosa vendida. 
A. 4. Beneficiarios de la - El comprador es el que se beneficia de la garantia legal. 
garantía legal • El subcomprador también se beneficia de ella recurriendo a la acción directa. 
A. 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta, 
al consumidor • Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantia) - Pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe; presunción irrefragable 
de la mala fe del vendedor profesional. 
A. 6. Plazos de garantia y - Plazo para iniciar diligencias en un "breve plazo": 
plazos para iniciar - apreciación caso a caso, pero normalmente, a partir del descubrimiento del vicio, 
diligencias 
A. 7. Normas relativas a la - El comprador debe probar la existencia del defecto en el momento de la venta y su carácter oculto. 
carga de la prueba • Dada la existencia de una jurisprudencia muy permisiva, el resto de la carga de la prueba incumbe 
de hecho al vendedor. 
- Presunción irrefragable de conocimiento del defecto (mala fe) por parte del vendedor profesional. 
B. Garantia comercial - Obligación de mencionar en los documentos de garantia que la garantia legal sigue siendo 
aplicable. 
• Presentación normalizada de la garantia para los electrodomésticos y los aparatos audio y video. 
- Todo período de inmovilización del bien superior a los 7 días ofrece la posibilidad de prolongar la garantia. 
C. Servicio postventa y - Inexistencia de obligación legal: la no durabilidad de un producto puede, sin embargo, ser 
durabilidad considerada como un defecto. 
• Imposición de un modelo tipo para los contratos de servicio postventa en el sector de los 
aparatos electrodomésticos y electrónicos. 
- Obligación del vendedor de informar respecto al tiempo de disponibilidad de los recambios. 
GRECIA 
A. I. Base jurídica - Artículos 5IÍ y siguientes del Código civil: 
- garantia paru los productos; 
- disposiciones supletorias. 
- Ley de 1991 sobre la protección a los consumidores: 
- disposiciones imperativas; 
- prohibición de cláusulas abusivas, sobre todo si éstas restringen o excluyen la responsabilidad 
del vendedor respecto a la garantía legal: 
- imposición al vendedor de bienes de consumo nuevos y duraderos de conceder al comprador 
una garantía escrita que tenga una duración razonable. 
A. 2. Concepto de defecto y - Conforme a la jurisprudencia el vicio debe ser intrínseco c influir en el valor del producto o en 
otras condiciones de su conformidad para el uso. 
aplicación - Además el vicio debe ser: 
- anterior a la venta, 
- oculto, y 
- de cierta gravedad. 
A 3. Partes responsables de la Sólo el vendedor es responsable de la garantía legal, 
garantía legal 
A. 4. Beneficiarios de la Sólo el comprador se beneficia, en principio, de la garantia legal, 
garantia legal 
A 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato si el producto no concuerda con la calidad acordada, 
al consumidor • Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantía) - Sustitución del producto, si se trata de una cosa fungible. 
• El vendedor puede asimismo proponer la reparación del producto. Conforme a la ley de 1991, esta 
sería la solución normal. 
- Pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe o si ha cometido una falta 
que haya provocado la existencia del vicio. 
A. 6. Plazos de garantia y - Plazo para iniciar diligencias de 6 meses a partir del momento de entrega del producto, 
plazos para iniciar - El plazo de garantia debe ser fijado de un modo razonable en virtud de la ley de 1991. 
diligencias 
A. 7. Normas relativas a la El comprador soporta él solo la carga de la prueba de la existencia de defecto en el momento de la venta y 
carga de la prueba de la reunión de las condiciones de aplicación de la garantía. 
Esta prueba se facilita en el caso de la garantia comercial obligatoria. 
B. Garantia comercial - Obligación del vendedor de suministrar una garantia comercial para los bienes de consumo 
nuevos duraderos. 
- Normas legales relativas a la presentación y al régimen de estas garantías. 
IRÍA M) A 
("7 
A. I. Base jurídica - Sale of Goods and Supply of Services Act de 1980: 
- garantía legal y comercial de los productos y de la prestación de servicios. 
- contiene también disposiciones especificas del sector automovilístico; 
- disposiciones imperativas en las relaciones con consumidores. 
A. 2. Concepto de defecto y - Ausencia de "calidad de mercado" o no adecuación para el uso particular del cual el comprador haya 
otras condiciones de informado al vendedor. 
aplicación • Calidad de mercado: el producto conviene al uso a que se destina y a la durabilidad que 
razonablemente se puede esperar. 
A. 3. Partes responsables de la - El vendedor es responsable de la garantia legal. 
garantía legal • El que financia una compra a plazos puede también ser obligado al cumplimiento de la garantia. 
A. 4. Beneficiarios de la • El comprador se beneficia de la garantia legal. 
garantia legal • En ciertos casos el usuario y los pasajeros de un vehículo automóvil pueden beneficiarse de la 
garantia (defectos de seguridad). 
A. 5. Reparaciones acordadas • Anulación del contrato salvo si el consumidor ha "aceptado" el bien. 
al consumidor - Pago de daños y perjuicios, a menudo mediante una reducción en el precio acordado en el contrato. 
, (Efectos de la garantia) - Cuando el comprador es un consumidor, puede asimismo reclamar la reparación o la sustitución de la cosa. 
- Cuando la reparación o sustitución fracasan, el consumidor tiene, de nuevo, derecho a anular el contrato. 
- Llegado el caso, daños y perjuicios complementarios incluso en ausencia de culpa. 
A 6. Plazos de garantia y -El plazo máximo para iniciar diligencias es de 6 meses a partir del momento de la celebración del 
plazos para iniciar contrato, 
diligencias - La acción de nulidad debe incoarse sin embargo en un breve plazo tras la entrega. 
A 7. Normas relativas a la El comprador soporta la carga de la prueba de la existencia del defecto en el momento de la venta, 
carga de la prueba 
B. Garantia comercial Normativa bastante detallada sobre la garantia comercial del fabricante u otro distribuidor, salvo el 
vendedor. El garante es responsable tal como "si hubiera sido ¿1 mismo quien vendiera los bienes". 
Menciones obligatorias en el documento de garantia. El vendedor es responsable de la garantía de un tercero 
(normalmente el fabricante) salvo si declara lo contrario en el momento de la venta. Los compradores 
consecutivos se benefician de la garantía. 
C. Servicio postventa y - La exigencia de durabilidad forma parte del concepto de "calidad de mercado". 
durabilidad - Obligación legaj de existencia de un servicio postventa y de disponibilidad de los recambios - • -
durante un periodo razonable. 
ITALIA 
A. I. Base jurídica - Artículos 1490 a 1496 del Código civil: 
• garantía contra los vicios ocultos de los productos; 
- disposiciones supletorias. 
- Articulo ¡497 del Código civil: 
- garantía contra el defecto de calidad; 
- disposición imperativa por aplicación de la jurisprudencia. 
- Extensión jurisprudencial: aliud pro alio (obligación de expedición). 
A. 2. Concepto de defecto y - Artículos ¡490 a ¡496: 
otras condiciones de - concepto de vicio intrínseco que debe ser anterior a la venta, oculto y debe impedir el uso noraial de la 
aplicación cosa o disminuir su valor en modo considerable. 
-Articulo 1947: 
• ausencia de las cualidades prometidas o de las que son esenciales para el uso de la cosa, siempre y 
cuando el defecto de calidad sobrepase los limites usuales de tolerancia. 
A 3. Partes responsables de la - Sólo el vendedor es el responsable de la garantía legal, 
garantía legal 
A. 4. Beneficiarios de la - Sólo el comprador se beneficia de la garantía legal, 
garantía legal 
A 5. Reparaciones acordadas - Rescisión del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta (única reparación prevista 
al consumidor por el articulo 1497). 
(Efectos de la garantía) - Reducción en el importe del precio del producto. 
- Pago de daños y perjuicios, si el vendedor ha actuado con mala fe; presunción refragable de mala 
fe: el vendedor debe probar que no conocía los defectos y que carecía de culpa. 
A. 6. Plazos de garantía y • Doble condición para el plazo para iniciar diligencias: 
plazos para iniciar - denuncia del defecto al vendedor por notificación en los 8 días después de su descubrimiento, 
diligencias - la acción debe iniciarse como máximo un año después de la entrega. 
A. 7. Normas relativas a la - El comprador soporta la carga de la prueba de la existencia del defecto en el momento de la venta y de 
carga de la prueba que se reúnen las condiciones de aplicación de la garantia; se presume la mala fe del vendedor 
(conocimiento del defecto). 
B. Garantia comercial Disposiciones en el Código civil relativas a la garantia concedida por el vendedor o impuesta a 
este por el uso. 
C. Servicio postvenla y - Inexistencia de obligación legal. 
Jurabilidad 
LUXEMBURGO 
A. 1. Base jurídica - Artículos 1641 a 1649 del Código civil, modificados por la ley de 15 de muyo de 1987: 
• garantia para lodo tipo de productos; 
- extensión jurisprudencial de la garantía a las prestaciones de servicio acompañadas por la entrega 
de un bien; 
- disposiciones imperativas en las relaciones de consumo. 
- Ley de 25 de agosto de 1983: 
- prohibición de cláusulas abusivas; 
- disposiciones imperativas. 
A. 2. Concepto de defecto y - Concepto de vicio de funcionamiento, 
otras condiciones de - Además el vicio debe ser: 
aplicación - anterior a la venta, 
- oculto, 
- significativo. 
A. 3. Parles responsables de la - El vendedor es el responsable de la garantía legal. 
garantía legal - El vendedor anterior y el fabricante también son responsables conforme a una acción directa 
creada por la jurisprudencia y considerada como un accesorio de la cosa vendida. 
'A4. Beneficiarios de la • El comprador es el que se beneficia de la garantía legal. 
garantía legal • El subcomprador también se beneficia de ella recurriendo a la acción directa. 
A 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta, 
al consumidor • Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantia) • Pago de daños y perjuicios, si el vendedor es un vendedor profesional o el fabricante o, en el caso 
de un vendedor ocasional, si conocía la existencia del vicio. 
A. 6. Plazos de garantia y - Plazo para iniciar diligencias en dos etapas: 
plazos para iniciar • denuncia del vicio al vendedor en breve plazo tras el descubrimiento del vicio; 
diligencias • sometimiento a los tribunales incoando la acción correspondiente como máximo un año después de la 
denuncia. 
A 7. Normas relativas a la - El comprador debe probar la existencia del defecto en el momento de la venta. 
carga de la prueba - Dada la existencia de una jurisprudencia muy permisiva, el resto de la carga de la prueba incumbe 
de hecho al vendedor. Se presume la mala fe irrefragable del vendedor profesional (conocimiento 
del vicio). 
B. Garantía comercial - Toda publicidad relativa a la garantia de un producto forma parte del contrato de venta. 
C. Servicio postventa y - Inexistencia de obligación legal, pero la no durabilidad de un producto puede ser considerada como 
durabilidad un defecto. 
- Obligación de informar respecto al alcance del servicio postventa y a sus condiciones. 
PAÍSES BAJOS 
A. 1. Base jurídica • Artículos I a 48 del libro 7 del Código civil: 
- garantia para los productos; 
- disposiciones imperativas en las relaciones de consumo. 
- Apartados 231 a 247 del libro 6 del Código civil: 
• disposiciones relativas a las condiciones contractuales generales; prohibición de las 
cláusulas abusivas; 
- disposiciones imperativas. Disposiciones más detalladas aplicables a las relaciones con 
consumidores. 
A. 2. Concepto de defecto y - No conformidad con la legítima expectativa del comprador o ausencia de las cualidades exigidas 
otras condiciones de para el uso normal del producto. 
aplicación • La legítima expectativa del comprador se evalúa con respecto a todos los elementos relevantes: el 
contrato, la publicidad, las declaraciones del vendedor, la marca y el precio del producto, etc. 
• No se exige necesariamente la existencia de vicio oculto. 
A 3. Partes responsables de la • Sólo el vendedor es el responsable de la garantía legal, 
garantía legal 
•' A. 4. Beneficiarios de la • El comprador se beneficia de la garantia legal. 
» garantia legal - Todo tenedor del producto susceptible de justificar que tiene interés en actuar. 
A 5. Reparaciones acordadas • Anulación del contrato y reembolso de los gastos ocasionados por la venta, si el vicio es significativo, 
al consumidor • Reducción en el importe del precio del producto. 
(Efectos de la garantía) - Sustitución del producto, si es una cosa fungible, salvo si el vicio es significativo. 
• Reparación del producto, si es razonable. 
- Pago de daños y perjuicios conforme a las normas generales del derecho de los contratos. 
A 6. Plazos de garantía y - Doble condición para el plazo para iniciar diligencias: 
plazos para iniciar • denuncia del vicio al vendedor en un plazo razonable, a partir de su descubrimiento, 
diligencias • acción como máximo dos años después de la denuncia del vicio al vendedor. 
A 7. Normas relativas a la - El comprador debe probar: 
carga de la prueba - la existencia del defecto en el momento de la venta; si bien asistimos en la reciente 
jurisprudencia a una inversión de la carga de la prueba. 
- que ha denunciado el vicio al vendedor en un plazo razonable. 
B. Garantia comercial - No existe una legislación especifica. 
• Recomendaciones de la "Reclame Code Commissie" relativas a la publicidad sobre las garantías. 
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C. Servicio postventa y • Inexistencia de obligaciones legales, pero la obligación de conformidad prevista por el Código 
durabilidad civil puede incluir sobre todo la disponibilidad de recambios. 
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PORTUGAL 
A. 1. Base jurídica - Artículos 913 y siguientes del Código civil: 
- garantia para los productos; 
- disposiciones imperativas o supletorias. 
• Ley general de defensa de los consumidores de 1984. 
-Decreto ley n°446/85 relativo a las condiciones contractuales generales: 
• prohibición de cláusulas abusivas; más detallada en las relaciones con los consumidores; 
- disposiciones imperativas. 
A. 2. Concepto de defecto y • Concepto de vicio intrínseco y de vicio de funcionamiento, determinado en modo concreto 
otras condiciones de y subjetivo, 
aplicación - El defecto debe ser anterior a la venta, pero no debe ser necesariamente oculto. 
A. 3. Partes responsables de la - Sólo el vendedor es responsable de la garantia legal, 
garantía legal 
A 4. Beneficiarios de la • Sólo el comprador se beneficia de la garantia legal, 
garantia legal 
A 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato o reducción en el importe del precio del producto conforme a las condiciones 
al consumidor aplicables al error o al dolo. 
(Efectos de la garantía) - También: 
- sustitución del producto en caso de ser necesario y si se trate de una cosa fungible o reparación 
del producto, salvo (en ambos casos) si el vendedor ignoraba sin culpa el defecto. 
- Pago de daños y perjuicios por el perjuicio causado al comprador cuando existe culpa por parte del 
vendedor, se presume esta culpa. 
A 6. Plazos de garantía y - Doble condición para el plazo para iniciar diligencias: 
plazos para iniciar - denuncia del vicio al vendedor en un plazo máximo de 30 días, tras su descubrimiento 
diligencias y de 6 meses tras la entrega del producto; 
- acción en un plazo de 6 meses tras la denuncia del vicio. 
A. 7. Normas relativas a la - El comprador debe probar la existencia del defecto y la anterioridad de este a la venta. 
carga de la prueba - Incumbe al vendedor probar que no ha habido error por parte del consumidor, que este error no 
es esencial, o que él mismo (el vendedor) ignoraba, sin culpa, el defecto. Existe por lo tanto una 
presunción de que el vendedor conocía el vicio. 
B. Garantía comercial El Código civil contiene disposiciones relativas a la garantía comercial concedida por el vendedor o exigida a 
este por el uso. 
C. Servicio postventa y - Inexistencia de obligación legal de durabilidad. 
durabilidad - Obligación legal de que el proveedor preste un servicio poslvcrtta para los bienes de 
consumo duraderos, incluido el suministro de recambios durante el período de vida medio de 
estos productos. 
REINO UNIDO 
A. I. Base jurídica - Sale of Goods Act de 1979: 
- garantía de los productos; 
- disposiciones imperativas en las relaciones con consumidores en virtud del Unfair Contract Tenus 
Act. 
- Unfair Contract Terms Act de 1977: 
- prohibición absoluta de cláusulas restrictivas de la garantia en las relaciones con consumidores. 
A. 2. Concepto de defecto y - Ausencia de calidad de mercado o no adecuación para el uso particular del que el comprador haya 
otras condiciones de informado al vendedor. 
aplicación - Calidad de mercado: el producto conviene al uso a que se destina. 
A. 3. Partes, responsables de la - El vendedor es responsable de la garantia legal. 
garantía legal - El que financia una compra a plazos puede también ser obligado al cumplimiento de la garantia. 
A 4. Beneficiarios de la - El comprador se beneficia de la garantia legal. 
garantía legal - Posibilidad de extender ese beneficio, sobre todo a otros miembros de la familia, aplicando la 
teoría del mandato. 
A. 5. Reparaciones acordadas - Anulación del contrato salvo si el consumidor ha "aceptado" el bien. 
al consumidor - Pago de daños y perjuicios, a menudo mediante una reducción en el precio. 
(Efectos de la garantía) - Llegado el caso, pago de otros daños y perjuicios incluso en ausencia de culpa. 
A 6. Plazos de garantia y - La acción debe incoarse como máximo 6 meses después de la celebración del contrato. 
plazos para iniciar - En cualquier caso, la acción debe entablarse en un breve plazo tras la entrega, cuando tiene por 
diligencias objeto la anulación del contrato. 
A 7. Normas relativas a la El comprador soporta la carga de la prueba de la existencia del defecto en el momento de la venta, 
carga de la prueba 
B. Garantía comercial Los documentos relativos a las garantías comerciales deben indicar que éstas no afectarán en modo 
alguno a los derechos que se posean conforme a la garantia legal. Estará penada la ausencia de esta 
indicación. 
C. Servicio postventa y - Inexistencia de obligaciones legales. 
durabilidad - 1.a jurisprudencia considera, sin embargo, que la obligación de un sen icio postventa y 
la exigencia de una durabilidad razonable del bien son inherentes al concepto de calidad de 
mercado. 
ANEXO n 
LEY IRLANDESA RELATIVA A LAS GARANTÍAS COMERCIALES Y A LOS 
SERVICIOS POSTVENTA 
- 2 -
LEY DE VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PE 1980 
Recambios v servicio postventa 
(Articulo 12) 
1. Todo contrato de venta de bienes llevará implícita una garantía mediante la cual el vendedor se 
responsabilizará de la disponibilidad de los recambios y de prestar un servicio postventa conforme a las 
condiciones que él, en nombre del fabricante o en nombre propio, haya establecido mediante oferta, 
descripción o anuncio, durante el período que se haya estipulado, o en caso de no haberse estipulado período 
alguno, durante un período razonable. 
2. El Ministro podrá, previa consulta con las partes interesadas que considere oportuno convocar, determinar 
mediante decreto, cual es el período que se estima razonable, conforme al objetivo del apartado, para cualquier 
tipo de bien descrito en el decreto. 
3. No obstante el articulo SS de la ley de 1893 (incorporado en el articulo 22 de la presente ley), toda cláusula 
de un contrato que no guarde conformidad con alguna o con todas las disposiciones de este artículo será nula. 
Garantías 
(Artículo 15) 
1. En los artículos 16 a 19, se entenderá por "garantía" cualquier documento, notificación u otra declaración 
escrita, sea cual sea su designación, suministrado por un fabricante u otro proveedor que no sea comerciante 
detallista, relacionado con el suministro de cualquier tipo de bienes y que indique que el fabricante u otro 
proveedor, tras la compra, mantendrá, reparará o tratará de algún modo los bienes. 
(Artículo 16) 
1. Toda garantía deberá ser de fácil lectura y se referirá únicamente a determinados bienes o a un cierto tipo de 
bienes. 
2. Toda garantía deberá indicar claramente el nombre y la dirección de la persona que la preste. 
3. Toda garantía estipulará claramente su duración a partir de la fecha de compra, si bien se podrán establecer 
periodos distintos para los diversos elementos del bien. 
4. Toda garantia establecerá claramente el procedimiento para presentar unu reclamación en garantia, no debiendo 
ser este procedimiento más dificil que cualquier otro procedimiento comercial corriente o normal. 
5. Toda garantia establecerá claramente u que se comprometen el fabricante, u otro proveedor, en relación con 
los bienes, asi como los gastos relacionados con esos compromisos, incluyendo el coste do transporte, que 
correrán, llegado el caso, a cargo del comprador. 
6. Todo fabricante u otro proveedor que suministre, una garantía en relación a los bienes, que no sea conforme 
con este artículo cometerá una infracción. 
- 3 -
(Artículo 17) 
1. L;n caso de que el vendedor de bienes suministre una garantía al comprador, con independencia de cuando 
y cómo se suministre, el vendedor será responsable del cumplimiento de las condiciones de la garantía, como 
si se tratara del garante, salvo indicación expresa en contrario al comprador en el momento de la entrega. 
2. No obstante, en caso de que el vendedor sea un comerciante detallista y se comprometa por escrito a 
mantener, reparar o tratar los bienes, tras la compra, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el vendedor 
no se ha responsabilizado frente al comprador del cumplimiento de la garantia otorgada por este medio. 
3. Los artículos 16, 18 y 19 se aplicarán a cualquier tipo de compromiso del mismo modo en que se aplican a 
la garantia. 
4. La responsabilidad del vendedor frente al comprador, conforme a este artículo, no causará perjuicio alguno 
a los derechos otorgados al comprador en virtud del articulo 19. 
(Artículo 18) 
1. Los derechos otorgados mediante garantia no excluirán ni restringirán en modo alguno los derechos del 
comprador en virtud del derecho común o estatutario y toda disposición contenida en la garantia que imponga 
alguna obligación al comprador que venga a sumarse a las obligaciones determinadas por el contrato, será 
nula. 
2. Toda disposición contenida en la garantía que conceda al garante, o a cualquier otra persona que actúe en su 
nombre, plena autoridad para determinar si el bien es defectuoso o, por otra parte, si el comprador está 
habilitado para presentar una reclamación, será nula. 
(Artículo 19) 
1. El comprador de bienes podrá incoar una acción contra el fabricante u otro proveedor que incumpla cualquiera 
de las condiciones de la garantia como si estos hubieran vendido los bienes al comprador y hubieran 
incumplido la garantia, y, el tribunal podrá ordenar al fabricante o al proveedor que emprenda las acciones 
necesarias para cumplir las condiciones de la garantía, o que pague al comprador los daños y perjuicios 
causados. En este apartado se entiende por "comprador" toda persona que adquiera el titulo de propiedad de 
los bienes durante la duración de la garantía, y, en caso de que los bienes fueran importados, el término 
"fabricante" incluirá al importador. 
2. En todo caso en el que el garante sea responsable por daños y perjuicios frente al propietario, el tribunal 
podrá, a su entera discreción y en la medida que juzgue justo, dar al garante la oportunidad de ejecutar estas 
obligaciones de garantía, a satisfacción del tribunal y dentro del pla/.o que esufeslipule 
ANEXO HI 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL OMBUDSMAN DANÉS SOBRE 
LAS GARANTÍAS COMERCIALES 
- 2 -
GARANTÍAS COMERCIALES 
El ombudsman de los consumidores estableció en 1987, tras haber consultado a las organizaciones comerciales 
y a las asociaciones de consumidores, las nuevas recomendaciones sobre las garantías que se enuncian a 
continuación, relativas a los productos y a los servicios. 
Recomendaciones relativas a Us declaraciones de garantía que figuran en los mensajes publicitarios y en las 
cláusulas contractuales. 
He establecido las siguientes recomendaciones, tras haber consultado a la Organización danesa de comerciantes 
detallistas, la Unión de vendedores al por menor, la Cámara de comercio danesa, la Cámara de los industríales 
daneses, la Confederación nacional para el comercio leal, el Consejo nacional de economía doméstica, el Servicio 
de reclamaciones de los consumidores y el Instituto nacional de consumo. También me he basado en un informe 
sobre las garantías, elaborado bajo la dirección del NEK (Nordisk Ministerrás Embedsmankomité) y, que lleva 
por título "Garantier - Forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i de nordiske lande" ("Las garantías, la 
protección de los consumidores y los problemas de los consumidores en los países nórdicos"). 
El articulo 4 de la ley sobre las prácticas comerciales sólo autoriza las declaraciones de garantia u otras 
declaraciones similares, en caso de que ofrezcan a sus destinatarios una situación jurídica más ventajosa que la 
que les concede la legislación aplicable. 
Por otro lado, el artículo primero de la ley sobre las buenas prácticas comerciales prohibe que se ofrezcan 
garantías que contengan disposiciones no equitativas. 
Los mensajes publicitarios que incluyan la oferta de una garantía deberán ser evaluadas conforme al artículo 2, 
párrafo 1, de la ley sobre las prácticas comerciales, que prohibe a los comerciantes dar indicaciones falsas, 
engañosas o demasiado incompletas, susceptibles de influir en la oferta y en la demanda. 
Los trabajos preparatorios de la ley sobre las prácticas comerciales (Rapport II n° 681/1973, p. 22 de la Comisión 
de los consumidores) señalan que las declaraciones de garantía deberán producir una verdadera mejora en la 
situación del beneficiario de la garantía y que habrá que tener en cuenta toda la declaración, para juzgar si ésta 
ofrece a sus destinatarios una situación más favorable que la legislación aplicable. 
Estas recomendaciones que, según el ombudsman de los consumidores, contienen requisitos que, en general, debe 
cumplir el contenido de las declaraciones de garantía, se aplicarán a las garantías ligadas a la compra de bienes 
muebles y a los acuerdos de prestación de servicios y, en particular, a las garantías que ofrezcan el fabricante 
y el proveedor. 
Estas recomendaciones se aplicarán a la venta tanto de productos nuevos como de ocasión. En el caso de 
productos nuevos, la garantía deberá, por regla general, cubrir un período considerablemente más largo que el 
plazo de reclamación de un año estipulado por la ley sobre la venta. Por el contrarío, en el caso de productos 
de ocasión, se considerará que una garantía que cubra un período igual o inferior al plazo de un año previsto 
por la ley sobre la venta conlleva una mejora real de la situación jurídica del comprador, siempre y cuando, 
durante el plazo de reclamación de un año previsto en la ley sobre la venta, se establezca claramente la 
posibilidad de entablar, basada en esa ley, una acción contra los defectos del producto comprado. 
El ombudsman de los consumidores estima que toda restricción, mediante garantía de los derechos que las 
disposiciones del derecho común confieren al comprador, será totalmente incompatible con las disposiciones del 
articulo 4 de la ley sobre las prácticas comerciales. 
Mensajes publicitarios que ofrezcan una garantía 
- 3 -
1. Si el término "garantia" se aplicara a defectos distintos de los que afectan a la calidad de la prestación y, en 
particular, al funcionamiento correcto del objeto (manejabilidad, seguridad en el uso o durabilidad), convendrá 
señalarlo claramente, relacionándolo directamente con el término "garantía", por ejemplo usando una palabra 
compuesta que contenga una palabra que describa la garantía con claridad. 
2. El plazo de garantía deberá incluirse en el mensaje publicitario. 
3. Si la garantía conllevara ciertas restricciones que el consumidor podría no esperarse, será preciso señalarlo. 
Indicaciones mínimas aplicables al contenido de las garantías 
I. La tarjeta de garantía deberá indicar: 
a. El alcance de la garantia. 
b. La identidad del garante. 
c. El plazo de garantia. 
d. Los procedimientos de ejecución de la garantía 
e. El comienzo de la garantía, a saber, la fecha de entrega. 
II. La tarjeta de garantia deberá señalar que el comprador conservará los derechos que disfruta en virtud de 
la garantía legal. 
Además, deberá estar redactada en danés. 
III. La garantía deberá cubrir el coste de los recambios y de la mano de obra asi como, en caso de que el 
garante estime que la reparación deba hacerse en el domicilio del comprador, los gastos de desplazamiento 
del instalador al país en cuestión. 
Si el garante estimara que la reparación debe hacerse en la fábrica o en un taller, todos los gastos de 
transporte correrán a su cargo. 
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo legal de reclamación de un año, podrán incluirse restricciones de 
la garantia relativas a los recambios y a los gastos de mano de obra y de desplazamiento o transporte. 
IV. Si se efectuaran trabajos de reparación en el marco de la garantía, el plazo de garantia se prolongará durante 
un periodo igual al tiempo transcurrido entre el momento de la reclamación y el final de la reparación. 
V. Las piezas cambiadas o reparadas estarán garantizadas en las mismas condiciones y, durante el mismo 
periodo que el producto. 
VI. Si para ejecutar la garantia hubiera que reclamar al comerciante detallista, por ejemplo, durante el plazo de 
garantia, se supondrá que la reclamación efectuada durante el plazo de garantía contra el garante también 
se habrá presentado contra el comerciante detallista en los plazos previstos. 
Vil. La garantia no finalizará por transmisión de la propiedad del producto a un tercero. 
VIH. Si no se pudiera invocar la garantia contra un defecto provocado por falta de mantenimiento, o por 
mantenimiento insuficiente del producto, se presumirá que el comprador ha sido informado de las 
modalidades de mantenimiento del producto, llegado el caso, mediante instrucciones por escrito (manual 
de instrucciones) en danés. 
IX. Toda cláusula que contemple la suspensión o la eliminación de la garantía en caso de no efectuarse el pago 
de las cantidades que el comprador deba, no podrá ser invocada en caso de que el comprador se niegue a 
- 4 -
pagar porque exista un defecto en el objeto o en la prestación en cuestión. 
Por otra parte, la garantía sólo podrá expirar tras haber requerido al comprador, con el fin de garantizar que 
pueda efectuar el pago. 
X. Las restricciones de la garantia enunciadas a continuación, de modo no exhaustivo, serán consideradas como 
no equitativas. A saber: 
1. La subordinación de la validez de la garantia a la cumplimentación y envío de una tarjeta de garantia u 
otro documento al vendedor o al fabricante. 
2. La subordinación de la ejecución de la garantia a la presentación, por parte del comprador, de una tarjeta 
de garantia o, a que éste deba indicar un número de serie u otro tipo de información similar. 
Nótese a este respecto que, por lo general, incumbirá al comprador indicar, aportando una prueba de lo que 
afirma, el lugar y la fecha de compra o de prestación, asi como probar la existencia de una garantia. 
3. La subordinación de la validez de la garantía a que el garante esté a su vez cubierto por una garantia del 
fabricante o por otra garantía similar. 
4. La que estipule que la decisión que tomen el vendedor o el garante en cuanto a la existencia de un 
defecto sea definitiva y sin apelación posible. 
5. La que derogue, en perjuicio del comprador, las disposiciones generales de la ley sobre la venta relativas 
a la transmisión del riesgo. 
6. La que estipule que en caso de que se entable una acción ante los tribunales, el tribunal competente será 
el correspondiente al domicilio del vendedor o del garante. 
Estas recomendaciones reemplazarán la nota de julio de 1978 relativa a los certificados de garantía. 
(El ombudsman de los consumidores, diciembre de 1987). >-; ^ 
- 5 -
Nuevas recomendaciones sobre las garantías comerciales 
El ombudsman de los consumidores ha establecido, tras haber consultado a las organizaciones comerciales y a 
las asociaciones de consumidores, unas nuevas recomendaciones sobre las garantías de los productos y de los 
servicios. 
Los comerciantes podrán conceder garantías a condición de que estas otorguen a sus destinatarios una situación 
más favorable que la legislación aplicable. 
Estas recomendaciones se aplicarán a los productos nuevos o de ocasión y contendrán las prescripciones 
aplicables, en virtud de la ley sobre las prácticas comerciales, al contenido de la garantía propiamente dicha y 
a los mensajes publicitarios que incluyan la oferta de una garantía. 
En el caso de los productos nuevos, el plazo de garantía deberá ser sensiblemente mayor que un año. En el caso 
de productos de ocasión podrá ser más corto. 
El certificado de garantía deberá estar redactado en danés e indicar cuándo se inicia la garantía, la identidad del 
garante, el plazo de garantía y el procedimiento a seguir para ejecutarla. Además, deberá señalar que la garantía 
será efectiva en el momento de entrega y que el comprador conservará los derechos que la legislación en vigor 
le confiere. 
Las recomendaciones preconizan asimismo que se indique quién soportará, en caso de reparación, el coste de 
los recambios y de la mano de obra, así como que el plazo de garantia se prolongará por el tiempo que dure la 
reparación y que se concederá otra garantía para los recambios o piezas reparadas. 
Cabe mencionar por último una serie de restricciones consideradas como no equitativas, tales como el hecho de 
poder invocar una garantia sólo en caso de que se rellene y envíe el certificado de garantía al vendedor o al 
fabricante, o que el comprador deba presentar la tarjeta de garantía, así como el hecho de que se suprima la 
garantía si el producto cambia de propietario. 
(El ombudsman de los consumidores, febrero de 1988). 
Declaraciones relativas a los seguros y a las garantías en el ámbito de las practicas comerciales 
Tras haber consultado a la Organización danesa de los comerciantes detallistas, a la Unión de vendedores al por 
menor, a la Unión danesa de cooperativas de consumo, al Touring Club de Dinamarca, a la Asociación de 
concesionarios de coches y al Instituto nacional de consumo he llegado a las siguientes conclusiones: 
He tenido recientemente la ocasión de estudiar el recurso a las declaraciones relativas a los seguros y a la 
garantia en el sector comercial. 
Citaré, a título de ejemplo, los mensajes publicitarios que ofrecen "una garantía completa por 5 años" y una 
"garantia de seguridad por 5 años". En ambos casos, se le garantiza al comprador, previo pago de una cantidad 
estipulada por la "garantía" o el "seguro", un servicio poslventa o de reparación. 
Ninguna de estas ofertas puede considerarse como una oferta de garantía conforme al sentido de los artículos 
4 y 2 de la ley sobre las prácticas comerciales que estipulan que la palabra "garantía" solo podrá ser utilizada 
si el comerciante asume el riesgo de que exista un defecto material y de funcionamiento del producto comprado, 
durante un periodo determinado superior a un año, sin que exista una contrapartida en concreto. 
La utilización, por parte de un comerciante, de la palabra "seguro" con fines comerciales deberá ser conforme 
con las disposiciones de la ley sobre seguros. 
- 6 -
Dado que se ofrece un seguro, lo cual por otro lado es totalmente ilícito, con ocasión de la venta de un objeto 
o de una prestación de servicios, cabe preguntarse si en realidad no se trata de una prima por compra, en el 
sentido apuntado por el artículo 6 de la ley sobre las prácticas comerciales. 
He considerado, en primer lugar, que un seguro que se ofrece con ocasión de la venta de un producto constituye 
una prima por compra. Sin embargo, entiendo que desde hace algunos años vemos que, en varios sectores, se 
ofrecen a los consumidores ciertos servicios con ocasión de las ventas combinadas de productos. Este tipo de 
práctica podrá admitirse como venta combinada, que la ley autoriza, tras haber realizado una evaluación de la 
misma y dependiendo de las circunstancias. 
Estimo que para que se considere licita una venta combinada, el servicio ofrecido deberá tener una relación 
directa con el producto vendido. Por ejemplo, este sería el caso de un viaje combinado vendido con un seguro 
combinado de anulación y de accidente. También podrá tenerse en cuenta el hecho de que se trate de una 
práctica más o menos habitual en el sector en cuestión. 
Una oferta combinada de este tipo podría, sin embargo, ser contraria a las disposiciones sobre la prohibición de 
ofrecer primas por compra si la prestación que conlleva la venta (por ejemplo el seguro) constituye, desde el 
punto de vista comercial, el principal atractivo de la oferta, o si la combinación de la oferta provoca la 
ocultación del precio del producto propuesto. 
A titulo informativo, se incluye en anexo un artículo aparecido en la prensa sobre este tema. 
(El ombudsman de los consumidores, noviembre de 1990). 
ANEXO IV 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS BRITÁNICOS SOBRE 
LAS GARANTÍAS COMERCIALES 
- 2 -
ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS BRITÁNICOS 
GARANTÍAS - PRINCIPIOS GENERALES 
No existe la obligación de otorgar una garantía, pero si se otorgara una, 
esta, cuando proceda, deberá respetar los siguiente principios 
Estos principios constituyen unas normas mínimas de buena práctica. Los garantes 
podrán otorgar mayores ventajas si lo estimasen oportuno. 
Los principios se han desarrollado con relación a la garantia de bienes 
pero se entiende que, cuando proceda, podrán también 
aplicarse a los servicios. 
1. Toda garantia deberá ser clara, sin prestarse a ambigüedad, y deberá contener, como mínimo, el nombre y 
domicilio del garante, el periodo de garantía y sus condiciones principales. 
2. Toda garantia cuya duración sea igual o inferior a un año no repercutirá en costes adicionales al importe 
del precio de compra de los bienes nuevos. 
3. Toda garantia relacionada con un bien concreto, estipulará con claridad, en documento escrito, sus 
condiciones, debiendo quedar este documento a disposición de los compradores. 
4. Toda forma de garantía, promesa o compromiso similar, sea cual sea su designación, ya sea general o 
especifica, obligará al garante. 
5. Todo comprador tendrá la oportunidad de estudiar, si lo desea, las condiciones de la garantia antes de 
comprometerse a la compra. 
6. Toda garantía deberá contener una cláusula que mencione que esta no afectará a los derechos legales del 
comprador. 
7. La garantía podrá ser transmitida a futuros propietarios hasta la finalización del periodo de vigencia, estando 
esta transmisión sujeta a una prueba razonable de la compra original y de la transmisión de propiedad. 
8. (a) Ninguna garantia deberá estar sujeta a condiciones que no sean razonables o que resulten onerosas tales 
como: 
(i) Devolución al garante, en el "embalaje" original. Este requisito seria razonable si el garante 
permitiera la devolución de los bienes en un plazo corlo después de la compra, en caso de que 
no se desee conservarlos. 
(ii) Devolución al garante de bienes que razonablemente no se consideren transportables 
(iii) Insistencia en que el comprador registre la garantia 
(b) Sin embargo, se podrán incluir condiciones razonables tales como las que establezcan que: 
(i) La garantia no será válida si el producto ha sido sometido a un uso inadecuado. 
(ii) Se limita, en caso de considerarlo oportuno, a un uso privado. 
ríii) Que el producto, en caso de devolución, se embale con el cuidado necesario. 
9 iodo garante ampliará, bajo presentación de pruebas documentales razonables, la garantia durante el tiempo 
que el comprador no haya podido usar el producto como consecuencia de su reparación en garantia 
10. Kn el cuso de un periodo de garantia superior a un año. por la que el consumidor efectué un pago adicional. 
- 3 -
se indicará claramente si la garantía está o no cubierta por un seguro. 
1. El garante se asegurará de que cualquier compañía aseguradora de la que se sirva para suscribir garantías, 
está debidamente autorizada para ejercer esta actividad en el Reino Unido o en otro listado miembro de la 
CE. 
ANNEXO V 
DOCUMENTO DE DISCUSIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
(DTI:Département of Trade and Industry del Reino Unido), sobre la 
garantia comercial). 
DTI 
Department of Trade and Industry 
GARANTÍAS DE LOS CONSUMIDORES 
Documento de consulta 
Febrero 1992 
ANNEXO V 
DOCUMENTO DE DISCUSIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
(DTI:Département of Trade and Industry del Reino Unido), sobre la 
garantia comercial). 
DTI 
Department of Trade and Industry 
GARANTÍAS DE LOS CONSUMIDORES 
Documento de consulta 
Febrero 1992 
- 1 -
GARANTÍAS DE LOS CONSUMIDORES 
1. Edward Leigh, Secretario Parlamentario del Ministerio de Consumo, en un 
discurso pronunciado en el Institute of Trading Standards Administration 
en Rotterdam el 4 de Julio de 1991, anunció la adopción de medidas para 
reforzar la posición de los consumidores cuando adquieren bienes o 
servicios. 
2. Este documento pretende conocer las opiniones de los interesados respecto 
a determinadas propuestas sobre garantías y reparaciones de los 
consumidores, a las que hizo referencia el Sr. Leigh. 
3. El Gobierno está estudiando la posibilidad de introducir los siguientes 
cambios en la legislación: 
(1) El fabricante deberla ser responsable civilmente por ley de la 
ejecución de su garantía al consumidor. En los casos en los que el 
fabricante se encuentre fuera del Reino Unido, la garantia del 
fabricante deberla tener fuerza ejecutoria contra el importador. 
(2) El minorista deberla ser mancomunada y solidariamente responsable con 
el fabricante de la garantia concedida por el fabricante al 
consumi dor. 
(3) Los fabricantes o, en caso de productos importados, los importadores, 
deberían ser responsables Junto con el vendedor de la calidad 
satisfactoria de los productos en virtud de la Ley sobre venta de 
bienes. 
Se solicita la opinión de los interesados respecto de las presentes 
propuestas. En particular, serian bienvenidas las opiniones sobre los 
posibles costes de la aplicación de las modificaciones propuestas. 
- 2 -
Naturaleza y estatuto Jurídico actual de las garantías 
4. En su informe de Junio 1986 sobre garantías de los consumidores 
("Consumer guarantees"), el Director General of Fair Trading señaló cinco 
grandes categorías de garantías: 
(a) Garantías ofrecidas por ios fabricantes 
Los fabricantes frecuentemente dan su garantia en forma de tarjeta 
impresa u otro documento, que se incluye en el embalaje de los 
bienes. Habitua Imente, mediante dicha garantia el fabricante se 
compromete a reparar o sustituir los bienes de manera gratuita 
durante un determinado periodo, por ejemplo 12 meses a partir de la 
fecha de compra. Dicha garantia puede entregarse con los bienes 
vendidos y con los bienes suministrados durante la prestación de un 
servicio. A veces, para que la garantia sea válida, el comprador debe 
registrarla, especificando la fecha y el lugar de compra y quizás 
otros detalles. 
Las garantías de este tipo son las que se verían afectadas por las 
propuestas (1) y (2) que se describen en el apartado 3 anterior. 
(b) Garantías a corto plazo ofrecidas por los minoristas 
Algunos minoristas garantizan ios bienes que venden con independencia 
de que exista una garantia del fabricante. Por ejemplo, el código 
práctico que observan los miembros de la RETRA (Asociación de 
minoristas de radioelectricidad y televisión) les obliga a garantizar 
los artículos nuevos desde el punto de vista de las piezas y la mano 
de obra durante un mínimo de 12 meses, aunque la garantia del 
fabricante sea más breve. 
- 3 -
(c) Garantías a corto plazo ofrecidas por los prestadores de servicios 
Algunos prestadores de servicios ofrecen garantías a corto plazo, 
normalmente respecto a las reparaciones o trabajos de mantenimiento 
que llevan a cabo. Por ejemplo, el código práctico de la AMDEA 
(Asociación de fabricantes de electrodomésticos) obliga a ofrecer una 
garantia para reparaciones de 12 meses que afecta tanto a las piezas 
como a la mano de obra en la mayoría de los casos. 
(d) Garantías a largo plazo 
Se trata de garant i as, a menudo ofrecidas en el sector de mejora de 
la vivienda, en los que el trabajo realizado o los materiales 
suministrados están garantizados durante un periodo más largo de 
tiempo, por ejemplo 10, 30 ó 50 años. 
(e) Garantías suplementarias 
En una categoría algo diferente de las anteriores se encuentran las 
"garantías suplementarias" que ofrecen a los consumidores la 
posibilidad de pagar por la protección contra los defectos de los 
productos durante un periodo determinado tras la expiración de la 
garantia del fabricante. Dichas garantías pueden concederse también 
respecto a bienes de segunda mano (en especial, coches) para los que 
la garantia de i fabricante puede haber expirado. Dichas garantías van 
unidas con frecuencia a seguros contratados con terceros y se ofrecen 
como opción junto con el producto, aunque a veces van incluidas en el 
precio de venta. 
A diferencia del primer tipo de garantia mencionado, las demás clases de 
garantia no parecen plantear los mismos problemas de responsabilidad 
jurídica de reparación, sustitución o reembolso en caso de que los 
artículos sean defectuosos o a la hora de obtener reparación. Ello se 
debe a la existencia de un contrato entre el consumidor y el proveedor o 
el garante. Por este motivo, no les afectan las propuestas de este 
documento. 
- 4 -
Estatuto jurídico actual de las garantías 
5. Mientras que la posición Jurídica respecto a la responsabilidad del 
fabricante sobre la segur Idad de los bienes que fabrica está clara (el 
fabricante puede ser considerado responsable de todo incumplimiento de 
una obligación legal en virtud de la Ley de 1987 sobre protección de los 
consumidores y/o del derecho común en materia de negligencia), la 
posición respecto a la responsabilidad del fabricante en cuanto a la 
calidad de los bienes y la que se deriva de las garantías ofrecidas es 
menos clara. De acuerdo con la legislación vigente relativa a la calidad 
de los bienes, el derecho de reparación de los consumidores se ejerce en 
primer lugar contra el vendedor, que es normalmente un minorista. De 
acuerdo con la Ley de 1979 sobre venta de bienes, el vendedor es 
responsable de la calidad de ios productos que suministra: según io 
dispuesto en la sección 14(2), los bienes deben ser de calidad comercial 
("merchantable"). Las comisiones Jurídicas ("Law Commissions") han 
recomendado (en su informe de 1987 sobre venta y suministro de bienes) la 
reformulación de este término para aclarar que se aplica a defectos 
menores y que se refiere a la durablIidad de los bienes. Asimismo, 
recomendaron que el término "comercial" ("merchantable") se sustituyera 
por "aceptable" ("acceptable"). El Gobierno ha aceptado estas 
recomendaciones pero con la sustitución de la palabra "aceptable" por 
"satisfactoria". En el anexo se recoge una copia de la sección 14(2) 
modificada de acuerdo con estas recomendaciones. Se introducirán 
modificaciones similares en la Ley de 1982 sobre suministro de bienes y 
servicios. 
6. Los fabricantes no tienen obligación legal de ofrecer una garantia. En el 
caso de que la ofrezcan,..tampoco existen obI igaciones legajes sobre la 
naturaleza y alcance de la misma. Pero mientras que el fabricante puede 
estar obligado a proporcionar bienes de calidad satisfactoria de acuerdo 
con el contrato por el que los bienes se incorporan a la cadena de 
suministros, el consumidor no es parte en dicho contrato y, por tanto, no 
puede presentar demandas en virtud del mismo. Aunque el fabricante haya 
ofrecido una garantia, no siempre está claro que el consumidor disponga 
- 5 -
de un recurso contractual contra el fabricante. Cuando la garantía no se 
paga por separado (lo cual es el caso más frecuente) la cuestión de si la 
garantia puede ser legaimente ejecutoria contra el fabricante dependerá 
de la influencia que dicha garantia tenga en el consumidor a la hora de 
adquirir bienes al minorista. Asi, en algunos casos, una garantia podrá 
hacerse efectiva contra un fabricante como contrato colateral, es decir, 
paralelo al relativo al contrato de venta. Una vez más, en función de las 
circunstancias, puede aducirse que la garantia incluye un contrato 
unilateral en el que no es necesaria la aceptación formal o de otro tipo 
por parte del consumidor. Pero puede haber casos en los que la garantia 
no sea legaimente ejecutoria por parte del consumidor. La posición 
adoptada dependerá en gran medida de los hechos de cada caso especifico, 
y podrá no ser la misma en Escocia que en el resto del Reino Unido. 
Información general sobre las propuestas 
7. El Consejo Nacional de los Consumidores (NCC) en su informe de abril de 
1989 ("Competing in Quality"), y el proyecto de ley posterior sobre 
garantías de los consumidores (un proyecto de ley presentado por un 
diputado en 1989/90 que no llegó a publicarse en el Diario Oficial) 
apoyaron una legislación que definiera las diferentes categorías de 
garantia y estableciera las disposiciones minimas para cada una de ellas. 
Según el Gobierno, un enfoque de este tipo seria innecesariamente 
burocrático y correrla el riesgo de crear pretextos que podrían ser 
aprovechados por los fabricantes que quisieran eludir su responsabiI¡dad 
en cuanto a la calidad de sus productos. Seria mejor legislar centrándose 
en el fondo de la promesa de los fabricantes, la garantia, en relación 
con los bienes en cuestión. Este fue el enfoque adoptado por la Ley de 
1977 sobre cláusulas abusivas en los contratos (sección 5(2)(b)). 
8. Si bien las propuestas reconocen que puede ser deseable un cierto 
respaldo jurídico, el Gobierno considera que no es adecuado establecer en 
la legislación las disposiciones detalladas que deben contener las 
garantías, o prescribir los periodos que deben cubrir. 
- 6 -
Es mejor que estos aspectos se dejen a las fuerzas del mercado que operan 
en un entorno de libre competencia. Por motivos similares el Gobierno no 
es muy partidario de una legislación que exija a los fabricantes conceder 
garantías. Opina que las presentes propuestas deberían limitarse a 
determinados bienes o clases de bienes. Las propuestas pretenden ser de 
aplicación general y no contemplan casos especiales. 
9. Las garantías desempeñan un importante papel en el mercado de bienes y en 
la competencia entre fabricantes en relación con la calidad y ei 
servicio. El Gobierno considera que las presentes propuestas no llevarán 
a una reducción de las garantías ofrecidas por los fabricantes, éstos 
compiten, entre otras cosas, por la calidad, y la garantia seguirá siendo 
una forma de medirla. Cualquier decisión para modificar la legislación 
deberá tener en cuenta los costes económicos asociados y los beneficios 
(no únicamente los costes directos para las empresas como se menciona en 
el apartado 28 posterior). En particular, se aceptarán de buen grado las 
opiniones sobre si el funcionamiento del mercado mejoraría de manera 
suficiente gracias a una mayor confianza de los consumidores que 
compensaría todos los costes que para la industria entrañaría responder a 
una mayor responsabilidad de los fabricantes ante los consumidores en 
relación con la calidad de sus productos, como consecuencia de i a 
propuesta (1). ¿Aumentarla a largo plazo la eficacia a la hora de 
utilizar los recursos o aumentarían las posibilidades de conflictos y 
litigios en los que se verían involucrados ios fabricantes y los 
minoristas? 
Propuesta 1: Hacer que el fabricante sea legaimente responsable de la 
ejecución de cualquier garantia ofrecida al consumidor 
10. Los fabricantes controlan ampliamente i a calidad de los bienes y pueden 
estar mejor situados para proporcionar reparaciones o sustituciones. La 
existencia y alcance de cualquier garantía que el fabricante quiera 
ofrecer puede influir, por tanto, en la elección del consumidor. El hecho 
de que el fabricante fuera responsable ante el consumidor de la ejecución 
de su garantia, ayudaría a garantizar que el consumidor obtiene lo 
promet ido. 
- 1 -
11. Esta propuesta va dirigida a clarificar la legislación y dejaría claro 
que la garantia de los fabricantes crea una responsabilidad legaimente 
ejecutoria que liberaría al consumidor de la carga de tener que 
establecer una responsabilidad contractual o de otro tipo. La nueva 
responsabilidad seria estatutaria y, por tanto, no tendría las 
limitaciones creadas por las doctrinas de contratos de derecho común, 
tales como relación particular de las partes contratantes, propuesta y 
aceptación, y consideración. Se mejorarla el acceso a la reparación 
efectiva. En caso de que el fabricante se encuentre fuera del Reino 
Unido, el Gobierno cree que el consumidor no deberla verse perjudicado y, 
por tanto, propone que pueda dirigirse al importador en el Reino Unido 
para que sea éste quien satisfaga la garantia del fabricante. 
12. Se plantea un problema respecto a qué compensación debe recibir el 
consumidor cuando el fabricante no cumple la promesa contenida en la 
garantia. La propuesta crea una responsabilidad "estatutaria" del 
fabricante, independiente y complementaria de cualquier responsabilidad 
contractual que pudiera plantearse. ¿Cómo podrían efectuarse la medición 
de los daños y perjuicios en el caso de que un consumidor no reciba la 
compensación debida en virtud de la garantia? ¿Deberla ser de tipo 
contractual (en general, la diferencia entre el precio de compra y el 
valor de los bienes con sus defectos) o relacionada con el daño (en 
general, por cualquier pérdida que sea previsible razonablemente, lo cual 
puede incluir el coste de reparar el defecto y de las pérdidas económicas 
sufridas)? Este último supuesto puede reflejar más la idea del consumidor 
sobre lo que es justo pero se solicitan opiniones al respecto. 
13. Otro tema es la relación entre el ejercicio de los derechos de los 
consumidores en el marco de la garantia (y reparación en caso de defecto) 
y los derechos que los consumidores puedan tener frente al minorista, de 
acuerdo con la Ley de venta de bienes, rechazar los bienes. No debería 
dejarse al consumidor en situación de elegir, con consecuencias 
potencialmente desventajosas, entre rechazar los bienes y devolverlos al 
- 8 -
minorista o tratar de hacer efectiva la garantia. El Gobierno ha aceptado 
las recomendaciones de las comisiones legislativas (en su informe de 1987 
ya mencionado) por las que se introduce el derecho a un rechazo parcial y 
se clarifican las circunstancias en las que se pierde el derecho al 
rechazo: en el anexo se establece el efecto en las secciones 34 y 35 de 
la Ley sobre venta de bienes. La cuestión que plantea la presente 
propuesta es qué efecto, de haber alguno, deberían tener sobre su derecho 
frente al minorista a rechazar los bienes, la acción de llevar dichos 
bienes a reparar dentro de la garantia o el tiempo que ha necesitado el 
consumidor para intentar que le reparen ios defectos dentro de la 
garantia. Puede aducirse que siempre que el minorista esté al tanto de 
los intentos del consumidor de obtener compensación dentro de los 
términos de la garantia, las acciones del consumidor y el tiempo 
necesario no deberían perjudicar el derecho del consumidor al rechazo 
(como en el caso de que el consumidor adopte alguna medida con el 
minorista con respecto a la reparación, etc., -véase la propuesta de las 
comisiones Jurídicas para la sección 35 (5)(a)-). La posición respecto al 
denominado derecho de rechazo a largo plazo se discute posteriormente en 
el apartado 25. 
Propuesta 2: El minorista deberla ser responsable mancomunada y 
solidariamente con el fabricante de la garantia ofrecida por el fabricante al 
consum i dor 
14. El objetivo de hacer que el minorista sea mancomunada y solidariamente 
responsable con el garante de la garantia del fabricante al consumidor es 
facilitar al consumidor la obtención de reparación. En la práctica, el 
consumidor podrá dirigirse al minorista para reparar cualquier defecto y 
el minorista no podrá eludir la responsabiI idad, adjudicándosela 
únicamente al fabricante, como algunos minoristas pretenden hacer en 
circunstancias similares hoy en día. En los debates del Par lamento sobre 
el proyecto de ley de garantías de los consumidores se señaló que la 
legislación, en su situación actual, puede dar lugar a que los 
consumidores que se dirigen a los minoristas o a los fabricantes en busca 
de reparación por productos defectuosos se enfrenten a i a mala voluntad 
del minorista o del fabricante para asumir su responsabilidad a 
- 9 -
la hora de tratar el problema con el consumidor. El minorista ha 
suministrado los bienes con la garantia y puede haberse beneficiado de la 
posibilidad de hacerlo. De acuerdo con la propuesta, el minorista no sólo 
seria responsable en virtud de la Ley sobre venta de bienes, sino que 
también lo seria de acuerdo con la garantia, que podría ser más amplia 
que la Ley. La primera propuesta tendria como efecto que, dependiendo 
siempre de los términos de la garantia dada, el consumidor podría 
entablar recursos por los trabajos de reparación y sustitución tanto 
contra el fabricante como contra el minorista. El consumidor no se vería 
limitado a los derechos de rechazo y/o daños y perjuicios reconocidos en 
la Ley sobre venta de bienes. Si se aceptan los argumentos del apartado 
13, la ejecución de la garantia tampoco perjudicarla dichos derechos. Si 
los bienes son suministrados por un prestador de servicios en relación 
con un servicio, se propone entonces que dicho prestador sea responsable 
mancomunada y solidariamente de la garantia ofrecida por el fabricante al 
consumidor. 
Propuesta 3: Responsabilidad del fabricante o del importador con el vendedor 
respeçtç a la calidad de los bienes 
15. Hacer al fabricante o, en caso de bienes importados, al importador 
responsable Junto con el vendedor de la calidad satisfactoria de los 
bienes de acuerdo con la Ley sobre venta de bienes tendria como finalidad 
ayudar al consumidor a obtener reparación por los defectos en los bienes 
atribulbles al fabricante. Dado que el minorista normalmente no participa 
en la fabricación de los bienes, apenas tiene control directo sobre su 
calidad y, al igual que en el caso del consumidor, su influencia es 
indirecta, a través del Juego de las fuerzas del mercado. La Ley de 1987 
sobre protección de los consumidores ya hace ai fabricante responsable de 
los defectos de seguridad y, de igual forma, debe atribuirse a los 
fabricantes una mayor responsabilidad por los defectos de calidad. No 
queda claro que el derecho del consumidor a la reparación en caso de 
calidad defectuosa deba limitarse a la adopción de medidas legales contra 
el minorista. Con el fin de garantizar el objetivo de que el consumidor 
obtiene lo que compra, es necesario facultarle para que obtenga 
- 10 
compensación de la parte que fabrica los bienes y que, por tanto, puede 
tener un mayor control sobre su calidad y está en mejor situación para 
realizar cualquier trabajo necesario de reparación o sustitución 
necesaria. Esta propuesta se aplicaría también cuando los bienes son 
suministrados por un prestador de servicios en relación con un servicio. 
16. Quizá sea necesario definir claramente el alcance de esta propuesta. Por 
ejemplo, de acuerdo con la sección 14 (2A) de la Ley sobre venta de 
bienes (utilizando la formulación que se establece en el anexo) se 
considerará que los bienes son de calidad satisfactoria si responden al 
nivel que una persona razonable consideraria satisfactorio, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, el precio, cuando sea pertinente, y la 
descripción que se haga de los mismos. El fabricante no tiene control 
sobre el precio, salvo en circunstancias excepcionales y limitadas, y es 
posible que no pueda controlar las descripciones que el minorista adjunte 
a los bienes o que no adjunte a pesar de haberlo solicitado asi el 
fabricante. Por tanto, podria aducirse que no se puede esperar que el 
fabricante asuma toda la responsabilidad de estos aspectos. Por otro 
lado, si se limita de alguna manera o se reparte la responsabilidad del 
fabricante, el consumidor puede verse confrontado a disputas innecesarias 
y extensas (y posiblemente a litigios) para determinar su alcance. 
Otros temas 
17. Existen una serie de temas secundarios que se derivan de estas propuestas 
y que se describen a continuación. El Departamento agradecería también 
recibir opiniones sobre los mismos. 
Definición de bienes de consumo y posible amp I i ac roo-a-loa-comerciantes 
18. Estas propuestas se han presentado en primer lugar para ayudar a los 
consumidores, pero se plantea el problema de si deberían beneficiar 
también a determinados compradores comerciales. ¿Deberían limitarse las 
- 11 -
propuestas a los bienes que normalmente se suministran para uso o consumo 
privado cuando son comprados por un "consumidor", es decir, una persona 
que no comercia o que no ofrece sus servicios en el marco de una relación 
comercial o, por el contrario, deberían limitarse a las operaciones de 
los consumidores? La respuesta a esta pregunta puede variar según las 
diferentes propuestas. En otras Jurisdicciones, la legislación de 
protección de los consumidores ha previsto a veces que los bienes y 
servicios vendidos por menos de una suma determinada queden cubiertos aun 
cuando sean suministrados a compradores comerciales. La razón aducida es 
que al negociar pequeñas transacciones los comerciantes se enfrentan con 
frecuencia a la misma desigualdad de poder de negociación que ios 
consumidores. Se solicitan opiniones sobre si las propuestas deberían 
restringirse a las compras efectuadas por los consumidores. 
Posible aplicación a los bienes de segunda mano (propietarios sucesivos) 
19. En su documento de consulta "Competing in quality" el NCC sugirió que el 
disfrute de toda garantía deberia recaer en el comprador, donatario o 
propietario sucesivo de i producto durante el periodo de vigencia de la 
garantía, ya que la misma es un documento que afecta al producto y no al 
comprador. En la actualidad, esto sólo es cierto si un fabricante decide 
que la garantia sea transferible al vender los bienes de que se trate 
dentro del periodo de garantia. Por ejemplo, los principios generales del 
consorcio de minoristas británicos al respecto de las garantías 
establecen que estas deberian ser transferibles a los propietarios 
futuros durante el periodo restante de la garantia, siempre que se pruebe 
de manera razonable la compra original y i a transferencia de i a 
propiedad. Si bien muchos fabricantes pueden estar dispuestos a ampliar 
la cobertura de su garantia, se trata de saber si el'fabricante (o el 
importador) deberia estar legaimente obligado a hacerlo y a compensar al 
consumidor o a los propietarios sucesivos por cualquier incumplimiento de 
los términos de las disposiciones dadas al respecto de los bienes. El 
Departamento agradecería cualquier opinión al respecto. 
- 12 -
Caso de los regalos 
20. En este contexto, puede ser especial el caso de los bienes que compra un 
consumidor para otro: por ejemplo, como regalo de cumpleaños. 
Normalmente, el tiempo que transcurre entre la compra y la entrega del 
regalo es breve y, en cualquier caso, el destinatario último recibe los 
bienes nuevos. A menudo, los bienes se entregan al último destinatario 
con una tarjeta de garantia que éste envía para registrarla. Con 
independencia de la teoría que establezca la ley, el fabricante o incluso 
el minorista que recibe una reclamación posterior respecto a un producto 
no puede saber normalmente si el reclamante es el comprador real o si 
recibió el producto como regalo. ¿Deberia regirse el derecho inglés por 
la doctrina de la relación particular de las partes contratantes? Una 
responsabilidad basada en la ley no tiene por qué basarse en dichos 
conceptos de derecho común. La Comisión jurídica inglesa se encuentra en 
la actualidad realizando consultas respecto de la relación particular de 
las partes contratantes (documento de consulta no_ 121) y su recomendación 
provisional es que un tercero en un contrato deberia poder entablar una 
demanda judicial si así lo asumieran los contratantes. Ello tiene 
repercusiones en los contratos para la venta de bienes, incluidos los 
contratos con los consumidores. ¿Debe basarse esta cuestión en el 
conocimiento real o constructivo de las intenciones del comprador por 
parte del minorista (por ejemplo, al envolver el articulo para regalo)? 
El Departamento no pretende anticipar el resultado del estudio de la 
Comisión jurídica pero agradecería cualquier opinión sobre la situación 
del destinatario del regalo en relación con las tres propuestas 
presentadas anteriormente. 
Posibles exclusiones 
21. La Ley de 1977 sobre cláusulas abusivas en los contratos prevé el control 
de las cláusulas que pretendan limitar o excluir la responsabilidad. 
Algunas exclusiones (por ejemplo, en relación con la sección 14 (2) de la 
Ley sobre venta de bienes en el caso de contratos con los consumidores) 
se prohiben absolutamente. La sección 5 de la Ley de 1977 prohibe que la 
- 13 -
garantía excluya la responsabilidad por pérdida o daños derivados de 
bienes utilizados por el consumidor y causados por negligencia del 
fabricante. Se permiten otras exclusiones sólo en la medida en que 
satisfacen una prueba de razonabiIidad, sobre la cual se dan 
orientaciones en el Anexo II de la Ley. El problema es si los fabricantes 
o importadores deberían poder excluir la responsabilidad en el marco de 
la propuesta 3 anterior respecto a la calidad y, de ser asi, en qué 
circunstancias. Asimismo, hay que estudiar si deberia permitirse la 
exclusión por parte de los minoristas de la responsabilidad de la 
garantia del fabricante, con sujeción a la misma limitación. 
Otras formas de suministro 
22. Los apartados anteriores han considerado la aplicación de las tres 
propuestas en relación principalmente con el suministro de bienes 
mediante venta. Hay que plantearse si el consumidor deberia beneficiarse 
también de las propuestas en caso de que se les suministren los bienes 
por otros medios, por ejemplo, mediante contrato de alquiler o de compra 
a plazos. En dichas circunstancias, el proveedor será responsable de la 
calidad de los bienes. Con arreglo a la Ley de suministro de bienes y 
servicios (que en la actualidad no se aplica en Escocia), los bienes 
suministrados deben ser de calidad comercial. Puede ser que el consumidor 
espere recibir la garantia del fabricante en determinadas circunstancias. 
Por tanto, se solicitan opiniones sobre si las propuestas deberían 
limitarse los suministros mediante venta o si el consumidor deberia 
beneficiarse de las propuestas (1) y (2) en los casos en los que reciba 
una garantía al adquirir los bienes mediante otros medios distintos de la 
compraventa y de la propuesta (3) cuando el proveedor esté obligado a 
suministrar bienes de calidad comercial/satisfactoria. 
Situación de los bienes comprados a plazos 
23. Muchos de les artículos de consumo más caros se compran a plazos. Las 
compras pueden financiarse mediante diferentes contratos de crédito: por 
- 14 -
ejemplo, venta a crédito; contrato deudor/acreedor/proveedor; y compra a 
plazos. La Ley de 1974 sobre créditos al consumo sólo regula algunos de 
estos contratos. La aplicación de las presentes propuestas a los bienes 
adquiridos a crédito plantea una serie de cuestiones. La primera es si un 
consumidor que no ha quedado satisfecho en el marco de la garantia del 
fabricante deberia en cualquier circunstancia tener derecho a 
compensación por parte del fabricante por los costes de quedar exento de 
su responsabilidad en un contrato de crédito. Éste es un ejemplo concreto 
de la cuestión planteada en el apartado 12 en relación con la evaluación 
de daños y perjuicios. La segunda cuestión se refiere a los bienes 
financiados mediante contratos de crédito en los que el acreedor tiene 
derecho a recuperar los bienes: por ejemplo, un contrato de venta a 
plazos o un contrato de venta condicionada. La cuestión es si con el fin 
de proteger la seguridad del acreedor en dichos casos deberían imponerse 
restricciones al derecho del consumidor a devolver los bienes originales 
y obtener otros dentro de la garantia del fabricante o a recibir una 
indemnización del fabricante si no ha quedado satisfecho de acuerdo con 
la garantia. La tercera cuestión se refiere a los contratos de crédito, 
tales como la compra a plazos y la venta condicionada, en los que el 
acreedor tiene la posesión legal de los bienes hasta que el consumidor 
ejerce su derecho de compra y toma posesión de los bienes y los utiliza. 
De acuerdo con el contrato y con la Ley de 1982 de suministro de bienes y 
servicios, el acreedor puede ser responsable de la calidad de los bienes. 
Pero, ¿deberia el acreedor asumir la responsabilidad del minorista de 
acuerdo con la propuesta (2)? Se solicitan opiniones sobre estos tres 
temas y, en general, sobre la aplicación de las propuestas a los bienes 
adquiridos a plazos. 
Situación de los bienes alquilados 
r 
24. Se puede afirmar que i a reparación adecuada en caso de que los bienes 
alquilados resulten defectuosos es la sustitución de los mismos por el 
proveedor sin coste alguno para la persona que los alquiló. Y en el caso 
de los alquileres a más corto plazo (por ejemplo, un coche para las 
- 15 -
vacaciones), no es muy probable que el consumidor sea el beneficiario, 
real o teórico, de acuerdo con la garantia. Cuando se trata de un 
alquiler a más largo plazo, la situación y expectativas de las partes 
pueden variar. El Departamento agradecería recibir información sobre con 
qué frecuencia y en qué circunstancias un arrendador consumidor puede 
esperar poder hacer afectiva la garantia de un fabricante, asi como sobre 
la api I cab 11Idad de las presentes propuestas en dichos casos. 
Derecho al rechazo a largo plazo 
25. En estrecha relación con el tema de las garantías y la calidad de los 
bienes se encuentra el denominado derecho al rechazo a largo plazo. De 
acuerdo con la Ley sobre venta de bienes, el comprador tiene derecho, 
antes de la "aceptación" en sentido Jurídico estricto, a rechazar los 
bienes defectuosos y a obtener del vendedor la devolución integra de su 
importe. No obstante, aunque no haya aceptado los bienes expresamente o 
implícitamente, se considera que el comprador los ha aceptado tras un 
"periodo de tiempo razonable". Tras la aceptación, el comprador ya no 
tiene derecho a reembolso y el recurso previsto por la ley es entablar 
una demanda por daños y perjuicios. Por tanto, el comprador no tiene lo 
que normalmente se denomina un derecho a largo plazo a rechazar los 
bienes, es decir, el derecho a rechazarlos por un defecto, sin importar 
cuánto tiempo después de la compra lo haya descubierto. La creación de 
un derecho a largo plazo a rechazar los bienes, en situaciones distintas 
de las ya referidas o descritas en el apartado 13, que persiste hasta el 
conocimiento del defecto, introducirla, según el Gobierno, un elemento 
inaceptable de incertidumbre comercial para los vendedores. 
Relación con los derechos existentes -
26. Es importante aclarar que el objetivo de estas propuestas es proporcionar 
recursos adicionales al consumidor cuando tenga problemas o cuando no 
obtenga lo que se le prometió. Estas propuestas no afectan a los recursos 
- 16 -
existentes, con arreglo a la ley o al derecho común, de los que pueda 
beneficiarse el consumidor. Las propuestas, tal como se ha mencionado ya, 
anticipan la sustitución del concepto de "calidad comercial" 
("merchantable") de la Ley sobre venta de bienes por el de "calidad 
satisfactoria" ("satisfactory"), y la modificación de las secciones 34 y 
35 de dicha Ley, pero no contemplan ningún cambio sustancial en la 
legislación y el derecho común que rige la seguridad y el suministro de 
bienes a los consumidores. 
Invitación a expresar opiniones 
27. Se solicitan opiniones y comentarios sobre cualou ier aspecto de las 
propuestas que se recogen en el apartado 3. en especial, sobre su impacto 
lurid Ico y de otro tipo y los posibles beneficios, cargas y costes 
derivados de la aplicación de las propuestas en su forma actual. 
Evaluación del impacto en las actividades comerciales 
28. Al estudiar las propuestas de nueva legislación, el Gobierno considera 
que es muy importante tener en cuenta la manera en que las empresas 
perciben el posible impacto de la propuesta en las mismas. Para medir 
este impacto, se ha elaborado una evaluación de los costes de aplicación 
de las propuestas que se pondrá a disposición de las empresas previa 
solicitud. Por tanto, al expresar opiniones sobre las propuestas 
descritas en este documento, seria de especial ayuda que las personas 
consultadas pudieran identificar y cuantificar todos los costes directos 
o indirectos adicionales (recurrentes y no recurrentes) en los que 
posiblemente incurrirá su empresa, o su sector comercial, como resultado 
de api i car las propuestas. 
29. Como ejemplos de costes recurrentes se encontraría la necesidad de 
contratar administradores adicionales y de disponer de materiales 
fungibles. Los costes no recurrentes serian el gasto en sistemas 
informáticos nuevos y otros gastos de capital. Convendría que las 
personas consultadas explicaran si los costes que indican se transfieren 
- 17 -
simplemente de una parte a otra, por ejemplo la nueva responsabilidad que 
recaerla en el minorista si se convirtiera en responsable solidario y 
mancomunado con el garante de la garantia del fabricante. 
Presentación de los comentarlos y opiniones 
30. Las observaciones deberán enviarse por escrito antes del viernes 30 de 
octubre de 1992 a: 
David Legg 
Consumer Affairs Division 3A 
Department of Trade and Industry 
Room 413 
10-18 Victoria Street 
Londres 
SW1H ONN 
Teléfono 071 215 3325 ó 071 215 3337 
CONSUMER AFFAIRS DIVISION 
DEPARTAMENT OF TRADE & INDUSTRY 
20 DE FEBRERO DE 1992 
- 18 -
ANEXO 
Propuestas de modificación de las secciones 14 (2). 34 y 35 de la Ley de 1979 
sobre venta de bienes 
14-(2) Cuando el vendedor venda bienes en el marco de una transacción 
comercial, se entenderá implícitamente que los bienes suministrados 
de acuerdo con el contrato son de calidad satisfactoria. 
(2A) A efectos de la presente Ley, se considerará que los bienes son de 
calidad satisfactoria si responden al nivel que una persona razonable 
considerarla satisfactorio, teniendo en cuenta la descripción de los 
bienes, el precio (en su caso) y todas las demás circunstancias 
pertinentes. 
(2B) A efectos de la presente Ley, la calidad de los bienes incluye su 
estado y condición, y, entre otros, los siguientes aspectos de la 
calidad de los bienes: 
(a) adecuación a todos los fines para los que los bienes de este tipo 
se suministran normalmente, 
(b) apariencia y acabado, 
(c) ausencia de defectos menores, 
(d) seguridad, 
(e) durabilidad. 
(2C) La condición implícita que se menciona en las subsección (2) 
anterior, no se aplicara a los defectos que conviertan la calidad de 
los bienes en insatisfactoria: 
(a) cuando, antes de la celebración del contrato, se llame 
específicamente la atención del comprador sobre dichos defectos, 
- 19 -
(b) cuando el comprador examine los bienes antes de la realización 
del contrato, y dicho examen debiera poner de manifiesto los 
defectos, 
(c) cuando en caso de contrato de venta sobre muestra, los defectos 
habrían resultado aparentes tras un examen razonable de dicha 
muestra. 
34. A no ser que se acuerde de otra forma, cuando el vendedor realice la 
entrega de los bienes al comprador, estará obligado, previa solicitud, a 
conceder al comprador una oportunidad razonable de examinar los bienes 
con el fin de comprobar sí se ajustan al contrato y, en caso de contrato 
de venta sobre muestra, comparar el resto de la mercancía con la muestra. 
35.-(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la subsección (2) anterior, se 
considerará que el comprador ha aceptado los bienes 
(a) cuando anuncie al vendedor que los ha aceptado, o 
(b) cuando se le hayan entregado ios bienes y realice en relación con 
los mismos algún acto incompatible con la propiedad del vendedor. 
- 20 -
(2) Cuando se entreguen los bienes al comprador, y no los haya examinado 
anteriormente, se considerará que no lo ha aceptado con arreglo a la 
subsección (1) anterior hasta que haya tenido una oportunidad razonable 
de examinarlos con el fin de: 
(a) comprobar si son conformes al contrato y, 
(b) comparar, en caso de contrato de venta sobre muestra, los bienes 
entregados con la muestra. 
(3) Cuando el comprador actúe como consumidor o (en Escocia) el contrato de 
venta sea un contrato de consumo, el comprador no podrá por contrato, 
renuncia o similar, perder su derecho a ampararse en la subsección (2) 
anterior. 
(4) Asimismo, se considerará que el comprador ha aceptado los bienes cuando 
tras un periodo de tiempo razonable conserve los bienes sin comunicar al 
vendedor que los ha rechazado. 
(4A)* A efectos de la subsección (4), entre las cuestiones pertinentes a la 
hora de determinar si ha pasado un periodo razonable de tiempo, se 
encuentra saber si el comprador ha tenido la oportunidad de examinar 
los bienes con los fines mencionados en la subsección (2) anterior. 
(5) En virtud de la presente sección, no se imputará al comprador la 
aceptación de los bienes por el mero hecho de (por ejemplo) 
(a) solicitar o aceptar que se reparen de acuerdo con un contrato 
celebrado con el vendedor-,-
o, 
(b) entregarlos a un tercero en virtud de una reventa o de cualquier otra 
disposición. 
El Gobierno propone que se añada esta subsección. 
- 21 -
(6) Cuando el contrato se refiera a la venta de bienes que constituyen una o 
más unidades comerciales, se considerará que el comprador que acepte los 
bienes incluidos en una unidad ha aceptado todos los bienes que forman 
parte de la misma. 
A efectos de la presente subsección, se entenderá por "unidad comercial" 
una unidad cuya división afectarla materialmente al valor de los bienes o 
al carácter de la unidad. 
(7) El apartado 10 del anexo 1 posterior se aplicará a los contratos 
celebrados antes del 22 de abril de 1967 o (en caso de aplicación de esta 
ley a Irlanda del Norte) antes del 28 de julio de 1967. 
35A-(1) Si el comprador 
(a) tiene derecho a rechazar los bienes a causa de algún 
incumplimiento por parte del vendedor que afecte a algunos o a 
todos los bienes, pero 
(b) acepta algunos de dichos bienes, por no verse afectados por el 
incumplimiento, 
no perderá, por el hecho de aceptarlos, su derecho a rechazar el resto. 
(2) En caso de que un comprador tenga derecho a rechazar una parte de los 
bienes, la subsección (1) anterior se aplicará como si las referencias a 
los bienes fueran referencias a los bienes incluidos en la entrega. 
(3) A efectos de la subsección (1) anterior, el incumplimiento afectará a los 
bienes si por motivo de dicho incumplimiento no se ajustan a las 
condiciones del contrato. 
(4) Esta sección se aplicará a no ser que una intención contraria aparezca en 
el contrato, o se deduzca del mismo. 
ANEXO VI 
CASOS QUE ILUSTRAN LOS PROBLEMAS DE LOS CONSUMIDORES 
EN RELACIÓN CON LAS GARANTÍAS Y LOS SERVICIOS POSTVENTA 
- 1 -
Caso tratado dentro de uno de los provectos que la Comisión de las Comunidades Huropeas realiza en varios 
Estados miembros sobre el acceso a la justicia (Grecia) 
Lil Sr. X compra el coche de sus sueños en un concesionario. Sin embargo el día siguiente empieza la 
pesadilla: el Sr. X descubre varios defectos en el coche. Tras exponerle el problema al concesionario, éste 
intenta reparar los defectos. A pesar de los intentos de reparación, los defectos no se corrigen y aparecen otros 
nuevos. El Sr. X acude a la oficina local de defensa del consumidor en busca de ayuda. Siguiendo sus 
consejos, el Sr. X.ordena una actuación pericial. Basándose en el informe pericial, el Sr. X escribe al 
concesionario y al distribuidor regional de la marca, solicitando la sustitución del coche. No recibe respuesta 
alguna a sus cartas. La "oficina" escribe en los mismos términos al vendedor, al distribuidor nacional y al 
fabricante. El distribuidor regional contesta, aceptando discutir el caso para dar con unas solución. Sin 
embargo, el distribuidor se niega a sustituir el coche y propone que se vuelva a intentar repararlo. Con la 
ayuda de la "oficina" se entabla una acción ante los tribunales. La revista de la asociación local de 
consumidores publica el caso y, por fin, la compañía acepta sustituir el coche. 
2. Queja transmitida a la BEUC (Oficina Europea de las Uniones de Consumidores) por un miembro del 
Parlamento Europeo 
La Sra. Z, residente en el Reino Unido, encarga por catálogo una cocina a A, filial británica del productor 
alemán B. Esta filial encarga la cocina a C, distribuidor local de B. La cocina se envía directamente desde 
Alemania y se entrega embalada. La Sra. Z paga la factura antes de inspeccionar el mueble, y en el momento 
de hacerlo se da cuenta de que los colores de dicho mueble presentan defectos y no corresponden a la calidad 
esperada. 
A hace recaer la responsabilidad en C. C reconoce que el mueble es defectuoso, pero se declara incapaz de 
encontrar una solución, sobre todo porque la Sra. Z no tiene ningún contrato con él sino con A. La Sra. Z 
escribe a B (casa madre alemana que ha fabricado y enviado el bien) pero no recibe ninguna respuesta. 
3. Queja dirigida directamente a la BEUC 
El Sr. Y, residente en un Estado miembro, compra un ordenador portátil en la tienda libre de impuestos de 
un aeropuerto de otro Estado miembro. De vuelta a su pais de origen, empieza a utilizar el ordenador y unos 
dias más tarde pierde todos los datos introducidos. Un examen pericial revela que el ordenador tiene un 
defecto. El Sr. Y se pone en contacto con el vendedor y le propone anular la venta (devolución del ordenador 
y reembolso del precio). El vendedor se niega a anular la venta y alega las "condiciones generales de venta" 
impresas en el reverso de la factura, según las cuales, "no se acepta la devolución ni el cambio de los bienes 
adquiridos". El Sr. Y se dirige a un consejero jurídico, pero este se declara incapaz de informar al Sr. Y sobre 
sus derechos ya que ignora qué ley nacional sería aplicable en este caso. 
4. Queja dirigida directamente a la BEUC siguiendo el consejo de la asociación local de consumidores 
La Sra. W, residente en el Estado miembro A, compra en el Estado miembro B una vajilla completa de marca, 
producida en el Estado miembro C. Dicha vajilla se ha vendido con la garantia de "reposición de piezas" 
válida durante una serie de años. Un año antes de la expiración del plazo de garantía, los hijos de la Sra. W 
rompen la magnifica jarrita de leche de la vajilla. La Sra. W escribe sucesivamente a su vendedor en el 
Estado miembro B, al productor en el Estado C y al representante del productor en el territorio de A, pero 
resulta imposible reponer la jarra, pues el productor ya ha interrumpido la fabricación de dicha pieza y no hay 
existencias. La Sra. W quiere saber cuál es el valor de su garantía, cuál es la ley aplicable y qué hacer para 
conseguir una reparación de daños. 
- 2 -
5. Oucia dirigida al Ministerio de Asuntos Económicos belga con copia a los servicios de la Comisión 
El Sr. V, ciudadano francés con residencia temporal en Bélgica, compra un televisor estéreo mullieslándar 
Pal/Sccam en una tienda perteneciente a una cadena de grandes almacenes. El vendedor confirma al Sr. V. 
que dicha televisión podrá funcionar en Francia, país al que va a regresar al cabo de un corto plazo de tiempo. 
Siete meses más tarde el Sr. V regresa a Francia. La televisión no funciona. El Sr V busca un representante 
autorizado de la marca y entrega el televisor para repararlo. Unas semanas más tarde, se le devuelve el 
aparato con la nota: "Se trata de un sistema Secam para los países del Este. Es imposible utilizar este televisor 
en Francia". El Sr. V intenta dirigirse a su vendedor, pero la tienda en cuestión ha cerrado. El Sr. V, después 
de algunas gestiones, consigue entrar en contacto telefónico con la sede principal de la cadena en Bélgica que 
promete volver a llamarle. Un mes más tarde, y ante la falta de noticias, el Sr. V escribe al responsable 
regional de la cadena en Bélgica. No hay reacción alguna por parte de la empresa. Unas semanas más tarde, 
el Sr. V envía otra carta, esta vez certificada. Como no hay respuesta, el Sr. V aprovecha un viaje a Bélgica 
para visitar personalmente a dicho responsable. Según éste el problema ya no es competencia de la empresa 
puesto que, entretanto, la garantía ha expirado. 
6. Caso tratado dentro de uno de los proyectos que la Comisión de las Comunidades Europeas realiza en varios 
países sobre el acceso a la justicia (Irlanda) 
La Sra. I compra una lavadora con una garantía de una año. Seis meses después de la compra tiene la primera 
avería: es imposible abrir la puerta al acabar el ciclo de lavado. Llama al servicio técnico que se ocupa del 
•- servicio postventa pero tardan 7 días en venir a reparar la avería. Durante todo este tiempo, la ropa permanece 
dentro de la lavadora. Unas semanas más tarde la avería se repite, y esta vez los servicios técnicos tardan en 
venir 10 días. La Sra. I ya no tiene confianza en su máquina y está decepcionada por el servicio postventa, 
por lo que decide anular la venta y obtener el reembolso del precio pagado. La Sra. I presenta el caso a la 
asociación local de consumidores que se pone en contacto con el vendedor. Tras ofrecer una prolongación 
del periodo de garantía de un año, el vendedor está dispuesto a anular la venta pero quiere reembolsar el 
precio a través de un vale de crédito. La Sra I no acepta esta solución, puesto que no quiere comprar otra 
máquina a este vendedor. Tras la insistencia de la asociación de consumidores, el caso se resuelve finalmente 
conforme a los deseos de la Sra. I. 
7. Caso con el que se pretende ilustrar los problemas derivados de la falta de armonización de la garantia legal 
v de la ausencia de una verdadera garantia comercial europea 
El Sr. H vive en Estrasburgo. Decidido a aprovecharse de las ventajas del mercado único, decide comprar un 
horno microondas en unos grandes almacenes de Kehl, del otro lado del puente, ¡y de la frontera! Es un homo 
fabricado en Francia, pero resulta que en Alemania se vende a un precio inferior. Dicho horno tiene una 
garantia del fabricante válida durante lodo un año. El Sr. II comprueba que esta garantía es válida en "toda 
Europa" y, una vez seguro de ello, efectúa la compra y vuelve a su casa. A los ocho meses, aparece un 
defecto de fabricación y el horno deja de funcionar. El Sr. H decide dirigirse a su vendedor para beneficiarse 
de la garantia comercial o bien de la garantía legal. No obstante, el vendedor le informa que para la garantía 
comercial debe dirigirse a los servicios técnicos del productor y que la garantía legal ya no es aplicable, 
porque la legislación alemana limita dicha garantia a 6 meses después de la compra. El Sr. Il se dirige a los 
servicios técnicos de la marca, pero éstos se niegan a aplicar la garantia. En efecto, la garantia que posee el 
Sr. II es válida fuera de Alemania pero "conforme a las condiciones acordadas en el país de utilización". 
Como el país de utilización es Francia, resulta que dicha marca sólo ofrece en el país una garantia de 6 meses, 
con lo que el Sr. II se ve privado de cualquier protección. En efecto: 
- si hubiera comprado el producto en Francia podría hacer valer la garantía legal frente al vendedor e incluso 
el fabricante, 
- 3 
si no hubiera confiado previamente en la pretendida "garantía europea", habría podido informarse sobre la 
posible divergencia de las condiciones de garantía. 
ISSN 0257-9545 
COM(93) 509 final 
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