COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 25.5.2016 COM(2016) 283 final 2016/0148(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 164 final}

{SWD(2016) 165 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 21 bis del Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, en lo sucesivo el «Reglamento CPC») establece que la Comisión evaluará la eficacia y los mecanismos de funcionamiento de dicho Reglamento y examinará detenidamente la posible inclusión en el anexo de legislación adicional en materia de protección de los intereses de los consumidores. A raíz de esta evaluación, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta legislativa para modificar el Reglamento. A partir de 2012 la Comisión llevó a cabo una evaluación externa del funcionamiento del Reglamento CPC. Esta evaluación fue seguida de una consulta pública (2013-2014), la Cumbre Europea del Consumidor de 2013, dos informes bienales, en 2009 y 2012, y el informe de la Comisión sobre el funcionamiento del Reglamento CPC de 2014. En 2015 se realizó una evaluación de impacto para valorar la necesidad de una propuesta legislativa. La Comisión también aportó estudios jurídicos y económicos en apoyo a la evaluación del Reglamento CPC. Inicialmente prevista para finales de 2014, la conclusión de esta revisión se pospuso para tener en cuenta también las prioridades políticas de la actual Comisión. En la Estrategia para el Mercado Único Digital, adoptada por la Comisión el 6 de mayo de 2015, se anunció que la Comisión presentará una propuesta de revisión del Reglamento CPC con el fin de desarrollar mecanismos de cooperación más eficaces entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. La estrategia del mercado interior, adoptada por la Comisión el 28 de octubre de 2015, reiteró que la Comisión mejorará la aplicación de la legislación de la Unión por parte de las autoridades nacionales mediante la reforma del Reglamento CPC. El informe de la Comisión en virtud del artículo 21 bis del Reglamento CPC, que tiene en cuenta el informe de evaluación de impacto elaborado en 2015, presenta los resultados de la evaluación de la eficacia y los mecanismos de funcionamiento del Reglamento CPC. Llega a la conclusión de que el Reglamento vigente debe ser sustituido para responder a los retos de la economía digital y el desarrollo del comercio minorista transfronterizo en la UE. Dicho informe de la Comisión se adopta junto con la propuesta de la Comisión relativa al Reglamento que sustituirá al actual Reglamento CPC. La presente propuesta de Reglamento modernizado forma parte del programa de trabajo de la Comisión de 2016 y se basa en la experiencia de cooperación de la red CPC desde 2007. En la presente exposición de motivos se explican las razones de la propuesta, centrándose en sus principales elementos, y en particular en los nuevos instrumentos de cooperación propuestos. 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1.Contexto político: necesidad de un mecanismo formal de cooperación transfronteriza en materia de ejecución El Reglamento CPC armoniza el marco de cooperación entre las autoridades nacionales de la UE, de manera que su acción ejecutiva puede abarcar el mercado único en toda su dimensión. El objetivo principal del Reglamento CCP consiste en garantizar la seguridad jurídica en el mercado único a través de una aplicación coherente del acervo fundamental de la Unión en materia de protección de los consumidores enumerado en su anexo. Las disposiciones nacionales vigentes para la aplicación del Derecho de la Unión son insuficientes en un contexto transfronterizo. Una cooperación transfronteriza eficaz a escala de la Unión entre las autoridades públicas resulta, por lo tanto, esencial para evitar que los comerciantes incumplidores aprovechen las lagunas, territoriales y de otro tipo, de la capacidad ejecutiva de cada Estado miembro. Esto se hace actualmente mediante un mecanismo de alerta y un mecanismo de asistencia mutua, complementado por una serie de facultades mínimas que las autoridades nacionales precisan para una cooperación eficaz y jurídicamente correcta a través de las fronteras. También existe un mecanismo para combatir las malas prácticas que afecten a más de dos países, mediante el cual los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión, abordan conjuntamente cuestiones de interés común. 1.2.Evaluación del funcionamiento del Reglamento CPC En 2012, la Comisión contrató a una sociedad para llevar a cabo una evaluación del Reglamento CPC, que concluyó que el Reglamento CPC había sido beneficioso para las autoridades competentes, los consumidores y los comerciantes, y confirmó la adecuación y pertinencia de sus objetivos. También señaló que estos objetivos no se habían alcanzado plenamente y que el Reglamento no había explotado todo su potencial. Las principales conclusiones son las siguientes: Ámbito de aplicación del Reglamento CPC: el informe de evaluación sugirió estudiar la necesidad de actualizar el anexo del Reglamento CPC para garantizar la coherencia entre la legislación horizontal y sectorial que figura actualmente en el anexo, en particular, en los sectores del transporte y de los servicios financieros. Limitaciones derivadas las diferencias entre las leyes procesales nacionales y las competencias de ejecución: el informe de evaluación sugirió estudiar opciones para incluir normas procesales mínimas en el Reglamento CPC y ampliar las competencias mínimas de investigación y ejecución de las autoridades CPC para superar determinadas dificultades relativas a la eficacia de la cooperación. Funcionamiento de la red CPC, acciones comunes y papel de la Comisión y otros actores: el informe de evaluación indicó que las infracciones que se producen simultáneamente en varios Estados miembros no pueden resolverse plenamente con arreglo al Reglamento CPC vigente. Señaló la necesidad de ofrecer más orientaciones a la red CPC sobre el modo de utilizar y coordinar acciones comunes de ejecución, incluida la aclaración del papel de la Comisión en estas acciones. 1.3.Motivación y objetivos de la propuesta El Reglamento CPC ha reforzado la aplicación del Derecho de los consumidores en toda la UE. Sin embargo, en los principales mercados de consumo persiste un alto nivel de incumplimiento de las normas clave de la Unión en materia de protección de los consumidores. El marco actual no permite una ejecución sólida y uniforme de estas normas en toda la Unión, necesaria para mantener un mercado único digital dinámico. Un alto nivel de incumplimiento de las principales normas de la Unión en materia de consumo La tasa actual de incumplimiento empresarial del acervo de la Unión en materia de consumo demuestra que la ejecución está por debajo del nivel óptimo. Los exámenes coordinados de los sitios web de comercio electrónico en línea («barridos») realizados por las autoridades CPC desde 2007 muestran unos índices de incumplimiento de las normas básicas de consumo que oscilan entre el 32 % y el 69 % en los mercados examinados. Estos resultados se ven corroborados por los datos de los centros europeos de los consumidores: dos tercios de las 37 000 denuncias individuales que recibieron en 2014 se refieren a compras transfronterizas en línea. Además, una estimación conservadora basada en una muestra representativa de cinco sectores en línea (ropa, productos electrónicos, ocio, crédito al consumo y viajes combinados) muestra que el 37 % del comercio electrónico de la UE no respetaba el Derecho de los consumidores de la Unión en 2014. Esto genera un perjuicio estimado en unos 770 millones EUR al año para los consumidores que hacen compras transfronterizas en línea solo en los sectores examinados. Se necesita, por lo tanto, una propuesta legislativa para abordar las deficiencias detectadas en el Reglamento CPC. El objetivo general de esta propuesta es desarrollar mecanismos CPC modernos, eficientes y eficaces que reduzcan los perjuicios que causan a los consumidores las infracciones transfronterizas generalizadas del Derecho de la Unión. Esto implica, en particular, reducir el número de casos en que importantes infracciones transfronterizas generalizadas no se detectan o no se combaten suficientemente dentro del marco CPC, y garantizar que las autoridades de protección de los consumidores alcancen resultados similares en relación con estas mismas malas prácticas.

1.4.Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político La Comisión propone modernizar el actual Reglamento CPC, aumentando el grado de armonización, con el fin de resolver las cuestiones antes mencionadas e impulsar la aplicación transfronteriza de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores en el mercado único. La propuesta desarrolla los principios del Reglamento CPC vigente en ámbitos que han de reforzarse debido al creciente alcance y a la magnitud de las infracciones en el mercado único, en particular en su componente en línea. Uno de estos ámbitos es la cooperación para hacer frente a las infracciones generalizadas. Entre otros instrumentos, se propone un procedimiento común a escala de la Unión para luchar contra las infracciones perjudiciales importantes que afecten al menos a 3/4 de los Estados miembros, que conjuntamente representen al menos 3/4 de la población de la UE. Se propone que la Comisión decida incoar el procedimiento común y desempeñe una función de coordinación obligatoria en este procedimiento. La participación de los Estados miembros interesados en esta acción común también será obligatoria. Los instrumentos propuestos representan un paso adelante significativo en la cooperación en materia de ejecución para dar una respuesta eficaz, eficiente y proporcionada a las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión y que supongan un perjuicio significativo para los consumidores y para el mercado único. Habida cuenta de que las modificaciones propuestas son múltiples, la Comisión propone, en consonancia con los principios de «Legislar mejor», que se sustituya el Reglamento CPC vigente con el nuevo Reglamento que consolida estas enmiendas. 1.5.Coherencia con otras políticas de la Unión La propuesta es también plenamente coherente y compatible con las políticas de la Unión existentes, incluido el sector del transporte, en el que la legislación específica sobre los derechos de los pasajeros establece normas para la indemnización de los consumidores. Complementa los acuerdos de cooperación (intercambios de información entre autoridades) disponibles en los instrumentos sectoriales cubiertos por el Reglamento CPC. La propuesta no duplica las normas sectoriales vigentes en esta legislación de la Unión. Las normas vigentes se aplicarán a la indemnización del consumidor en los sectores de que se trate también en el contexto CCP para, en particular, calcular el importe de la indemnización (por ejemplo, en el transporte aéreo de pasajeros). La propuesta complementa estas disposiciones al establecer las competencias y los procedimientos de cooperación para combatir las infracciones generalizadas dentro de la Unión. El Reglamento se ajusta a los mecanismos de cooperación transfronteriza con arreglo a la Directiva sobre cuentas de pago y la Directiva sobre el crédito hipotecario, cuyas disposiciones están cubiertas por el Reglamento CPC. En vista de los mecanismos de cooperación existentes para combatir las infracciones dentro de la Unión en virtud de estas Directivas, el capítulo III (mecanismo de asistencia mutua) no se aplicará a las infracciones de estas Directivas dentro de la Unión. El capítulo IV se aplicará íntegramente a las infracciones generalizadas de estas Directivas. Para garantizar la coherencia de la acción en el ámbito de los servicios financieros, la Autoridad Bancaria Europea deberá ser informada acerca de las acciones coordinadas y comunes en virtud de las secciones I y II del capítulo IV del Reglamento, en la medida en que se refieran a incumplimientos de estas dos directivas (en calidad de observador). 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 2.1.Base jurídica La base jurídica de la propuesta, como en el caso del vigente Reglamento CPC, es el artículo 114 del TFUE. La propuesta tiene por objeto eliminar las distorsiones de la competencia y los obstáculos al mercado interior (artículo 26 del TFUE) y pretende preservar y aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema de ejecución transfronteriza de la legislación de protección de los consumidores de la Unión. 2.2.Subsidiariedad La protección de los consumidores pertenece a las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. De conformidad con el artículo 169 del TFUE, la Unión contribuirá, entre otras cosas, a proteger los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información y a la educación para salvaguardar sus intereses. El carácter transfronterizo de las tecnologías digitales supone un reto para el ejercicio de los derechos de los consumidores de la Unión por parte de las autoridades públicas, cuya acción se ve limitada por las fronteras jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, los comerciantes en línea aplican sus modelos de negocio y prácticas empresariales en toda la Unión e incluso a nivel mundial, sin límites. Por lo tanto, para garantizar la coherencia en la aplicación del Derecho de los consumidores en toda la Unión y para combatir de forma eficaz las infracciones de la legislación sobre protección de los consumidores de la Unión, que abarca varios Estados miembros, es necesario establecer disposiciones armonizadas para coordinar las actividades de ejecución pública. A falta de un marco de la Unión para la cooperación, los Estados miembros tendrían que basarse en un amplio número de acuerdos bilaterales o en largos y engorrosos intercambios judiciales o consulares de pruebas y documentos. Además, las decisiones contra un comerciante situado en otro Estado miembro no siempre serían ejecutivas. De resultas, la ejecución en los casos transfronterizos sería lenta y a menudo ineficaz, y generaría grandes retrasos y lagunas en la ejecución. Por otro lado, ese sistema podría incentivar la deslocalización de empresas dentro de la Unión para evitar cumplir con las decisiones de ejecución adoptadas en un Estado miembro. Esto distorsionaría a su vez la igualdad de condiciones y la competencia en el mercado único, y reduciría la confianza de los consumidores en las transacciones transfronterizas. Todas las medidas de la presente propuesta se refieren a las situaciones transfronterizas o a las infracciones generalizadas que tienen lugar en varios Estados miembros. Los aspectos transfronterizos del Derecho de los consumidores a nivel de la Unión no pueden materializarse de manera suficiente mediante las acciones individuales de los Estados miembros. Los Estados miembros, por sí solos, no pueden garantizar la cooperación y la coordinación eficaz de sus actividades de ejecución. Especialmente en las cuestiones que afectan a varios Estados miembros o al conjunto de la Unión, debe garantizarse la coherencia de los resultados de la ejecución, ya que estas medidas se basan en el Derecho de la Unión, que en su mayoría contiene disposiciones de armonización máxima. Por lo tanto, sobre todo en los casos que tengan un impacto a escala de la Unión (infracciones generalizadas con dimensión de la Unión que afecten al menos a 21 Estados miembros), la Comisión se halla en mejores condiciones para asumir la función de coordinación, dada la escala y el alcance del problema, así como la necesidad de coordinar a muchas autoridades y de garantizar la coherencia de los resultados para los consumidores y los comerciantes. A este respecto, la acción a escala de la Unión generaría beneficios claros, en comparación con las acciones individuales de los Estados miembros, en cuanto a la mejora de la efectividad y la eficiencia de todos los agentes implicados. Al mismo tiempo, en el caso de las infracciones generalizadas que no alcancen el umbral de dimensión de la Unión, la propuesta, en consonancia con el principio de subsidiariedad, dispone que dichas acciones coordinadas serían coordinadas principalmente por los Estados miembros. La participación de la Comisión como coordinadora en esas acciones sería opcional, en su caso, teniendo en cuenta la escala y el alcance de tales infracciones. Además, de forma similar al vigente Reglamento CPC, la propuesta regula las infracciones dentro de la Unión y también, como novedad, las infracciones generalizadas que presenten características comunes y tengan lugar en varios o en todos los Estados miembros. No regula las infracciones nacionales que se produzcan en un solo Estado miembro. La armonización de las facultades de las autoridades competentes derivada del presente Reglamento se limita a las infracciones generalizadas dentro de la Unión, contra las cuales no pueden ejercerse normalmente las competencias atribuidas a las autoridades públicas por el Derecho nacional, debido a que su ejercicio se limita exclusivamente a los asuntos internos. Las competencias mínimas propuestas para cooperar en el contexto transfronterizo no pueden ser introducidas por cada Estado miembro individualmente, debido a que los límites jurisdiccionales no permitirían su uso allende las fronteras nacionales en los asuntos que afecten a los consumidores de otros Estados miembros. Así pues, por ejemplo, las pruebas recogidas en virtud de esas competencias individuales disponibles a escala nacional no podrían utilizarse en otro Estado miembro al no haberse obtenido legalmente en este último. Este es el motivo por el que las competencias mínimas que vayan a ejercerse en el contexto transfronterizo tienen que derivarse de un instrumento a nivel de la Unión que trascienda los límites jurisdiccionales nacionales. Estos límites jurisdiccionales de las medidas de ejecución individuales de los Estados miembros ya se reconocen en los considerandos 2, 5, 6, 7 y 18 del vigente Reglamento CPC. 2.3.Proporcionalidad

La propuesta no afecta a las competencias de ejecución de los Estados miembros. Algunos Estados miembros podrían, no obstante, tener que adaptar su Derecho procesal nacional para garantizar que sus autoridades CPC puedan ejercer eficazmente las facultades mínimas actualizadas en el contexto transfronterizo para cooperar y combatir las infracciones generalizadas dentro de la Unión. La propuesta, al igual que el vigente Reglamento CPC, establece un conjunto de facultades mínimas común a todas las autoridades competentes de los Estados miembros en el contexto de las infracciones generalizadas dentro de la Unión. El nivel de armonización elegido es necesario para lograr una cooperación fluida y el intercambio de pruebas entre las autoridades competentes, así como para poner remedio a la situación actual, en la que determinadas partes del acervo de la Unión en materia de consumo no pueden aplicarse de manera consistente y coherente en el mercado único porque las autoridades competentes de algunos Estados miembros carecen de las facultades necesarias para investigar y poner fin a tales infracciones. No obstante, no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo. La propuesta, por tanto, mejorará la cooperación en materia de ejecución sin que ello suponga una carga excesiva o desproporcionada para las autoridades de los Estados miembros. 2.4.Elección del instrumento De forma similar al vigente Reglamento CPC, el único instrumento adecuado para lograr los objetivos anteriores es un Reglamento. Una Directiva marco o una Directiva no permitirían alcanzar los objetivos porque, una vez transpuestas, persistirían los límites jurisdiccionales y, por ende, los conflictos jurisdiccionales. 3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS, LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y EL INFORME DE EVALUACIÓN CPC 3.1.Consultas de las partes interesadas Entre octubre de 2013 y febrero de 2014, la Comisión celebró una consulta pública por Internet con miras a una posible reforma del Reglamento CPC. Se invitó a las partes interesadas a expresar su opinión sobre la manera de mejorar el funcionamiento y la eficacia del Reglamento CPC, centrándose en tres áreas: i) métodos de determinación de las tendencias de los mercados y las infracciones; ii) necesidad de competencias adicionales para cooperar y normas procesales comunes para las autoridades de ejecución, y iii), dados los presupuestos públicos restrictivos, si y cómo una ejecución coordinada a nivel de la Unión podría ayudar a combatir de manera más eficaz las vulneraciones generalizadas del Derecho de los consumidores de la Unión que perjudican a los consumidores y comerciantes de toda Europa. En total se recibieron 222 respuestas suficientemente representativas de todas las partes interesadas directamente afectadas por la revisión del Reglamento CPC. Las competencias mínimas adicionales fueron bien acogidas por todas las partes interesadas (autoridades públicas, asociaciones de consumidores, centros europeos de los consumidores, empresas y consumidores individuales), en particular la facultad de realizar compras de prueba con fines de investigación; la competencia explícita (bajo determinadas condiciones) para desvelar la identidad de los comerciantes infractores; la facultad de solicitar la imposición de una sanción pecuniaria para recuperar los ingresos obtenidos ilícitamente, y la facultad de exigir medidas provisionales, a la espera de la conclusión de los procedimientos. Estas competencias recibieron más de un 50 % de apoyo de cada grupo de partes interesadas. Por lo que se refiere a la indemnización de los consumidores, los principales promotores de estas medidas fueron las autoridades de Alemania, Austria y el Reino Unido. Algunos Estados miembros (países de Europa Oriental, Italia, Irlanda y Luxemburgo) eran más reacios, ya que temían que estas medidas podría resultar onerosas para las autoridades, mientras que otras autoridades eran neutrales. Las asociaciones empresariales también se mostraron menos favorables a esta medida. Por el contrario, las organizaciones de consumidores apoyaron firmemente esta medida (las 34 que respondieron a la consulta pública se pronunciaron por unanimidad en favor de la medida). En lo que respecta a las disposiciones para gestionar las infracciones en el Reglamento CPC, con el fin de superar las diferencias existentes en las normas procesales nacionales, el 88 % de los consultados respaldó la posibilidad de introducir criterios/normas procesales comunes. Entre los ámbitos en los que la introducción de normas se consideraba especialmente pertinente y era respaldada por más del 55 %, de los encuestados figuran: la publicación de las decisiones adoptadas; el acceso a los documentos; la obtención de pruebas; la investigación de sitios web y la aceptación de los resultados de una investigación por parte de una autoridad competente. Casi todos los encuestados (190 respondieron a la pregunta) reconocieron que las infracciones generalizadas requieren una acción específica. Más de la mitad de las autoridades de ejecución estarían interesadas en un único procedimiento de la UE para hacer frente a tales infracciones; otras autoridades reconocieron, en general, que era necesaria una mejor coordinación para combatir estas infracciones de forma eficaz. Las organizaciones empresariales apoyan el desarrollo de la coordinación de las actividades de ejecución a escala de la Unión, pues no dudan de los beneficios de una ventanilla única y de normas uniformes para sus negocios. Las organizaciones de consumidores también apoyaron decididamente el procedimiento de cooperación en materia de ejecución a nivel de la Unión. Prácticamente todas las autoridades de ejecución apoyaron en principio la mejora del mecanismo de vigilancia. Los centros europeos de los consumidores (83 %), las asociaciones de consumidores (75 %) y las empresas (62 %) solicitaron asimismo más posibilidades de influir en la fijación de prioridades de ejecución y la denuncia de infracciones a través del mecanismo de alerta. Las autoridades públicas fueron más cautas respecto a la participación de terceros en el mecanismo de supervisión del mercado, ya que temen que ello pueda afectar negativamente a la confidencialidad de sus investigaciones. Estos resultados se tuvieron en cuenta en la redacción de la propuesta para sustituir el Reglamento CPC. 3.2.Informe de la Comisión con arreglo al artículo 21 bis del Reglamento CPC En consonancia con el artículo 21 bis del Reglamento CPC, junto con la presente propuesta, la Comisión adopta un informe en el que se evalúa la eficacia del Reglamento CPC. El informe presenta los resultados de la revisión y confirma que la aplicación del Reglamento CPC en 2007 permitió el desarrollo de medios públicos eficaces para proteger los intereses colectivos de los consumidores en toda la UE. El informe también identifica los retos en materia de CPC. Confirma los principales problemas vinculados a la eficacia de los mecanismos operativos CPC, ya puestos de relieve en la evaluación externa. El informe concluye que debe actualizarse el anexo para extender el ámbito de aplicación del Reglamento a legislación importante de la Unión en materia de protección de los consumidores que actualmente no está cubierta por el Reglamento. Se proponen los siguientes actos legislativos de la Unión para su inclusión en el anexo del Reglamento CPC: Directiva sobre el crédito hipotecario, Directiva sobre cuentas de pago, Reglamento sobre los derechos de los pasajeros, Reglamento sobre los derechos de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo, disposiciones en materia de precios del Reglamento sobre servicios aéreos y artículo 20 de la Directiva de servicios. El informe destaca la necesidad de aumentar la rapidez, agilidad y coherencia de la cooperación en materia de ejecución CPC y, por consiguiente, de la protección de los consumidores, en particular en el entorno en línea. 3.3.Evaluación de impacto

El informe de la evaluación de impacto preparado por la Comisión abarca los aspectos relacionados con la presente propuesta. El Comité de Control Reglamentario de la Comisión emitió un dictamen favorable en noviembre de 2015 a reserva de observaciones, que fueron tenidas debidamente en cuenta. Se examinaron cinco opciones políticas. La opción preferida es la revisión del Reglamento CPC, ampliando su ámbito de aplicación y reforzando su eficacia. Esta opción se aplica en la presente propuesta. Aunque la opción preferida conlleva un coste más elevado que el «statu quo» o el «Derecho indicativo» (opciones 1 y 2), permitirá alcanzar todos los objetivos políticos a un coste razonable para las autoridades nacionales y la Comisión, especialmente si se compara con las opciones 4 y 5. Mejorará la eficacia de la acción pública y la gobernanza de los mercados transfronterizos al por menor de la Unión, que serán más equitativos y transparentes para los comerciantes y los consumidores. El coste de la acción pública y los costes de transacción para los agentes económicos serán menores. Se mejorará así, en general, la competitividad de la economía de la Unión. La propuesta no altera las competencias ejecutivas de los Estados miembros. Los Estados miembros siguen siendo responsables de su marco institucional y de la designación de las autoridades CPC y otras entidades con arreglo al Reglamento CPC. A quién afectará y cómo La propuesta atañe a los consumidores que hacen compras transfronterizas de bienes y servicios en línea y fuera de línea, ya que su principal objetivo es aumentar su protección en estos mercados. La propuesta eliminará parcialmente el riesgo de perjuicio para el consumidor, que los consumidores pueden sufrir, por ejemplo, cuando los bienes comprados en el extranjero no se les entregan, cuando reciben información engañosa sobre las modalidades de pago o cuando se les cobra automáticamente por defecto sin su consentimiento expreso. Los consumidores se beneficiarán de una mayor protección en las compras transfronterizas, especialmente en línea. Se calculó, para el subconjunto de cinco mercados en línea estudiados en la evaluación de impacto, que una disminución de 10 puntos en la tasa de incumplimiento del 37 % podría reducir el perjuicio de un total estimado de 770 millones EUR anuales a unos 539 millones EUR, es decir, un 30 %. Una nueva acción CCP contra una infracción generalizada podría reducir considerablemente los perjuicios de los consumidores en toda la UE. Aunque la reducción real del perjuicio del consumidor en cada acción dependerá de las circunstancias específicas de cada caso, se ha calculado que, por ejemplo, la acción CCP coordinada contra la comercialización engañosa de las compras desde aplicaciones reduciría el perjuicio para el consumidor en 68 millones EUR. Los representantes de los intereses de los consumidores y los centros europeos de los consumidores (Red CEC) pueden poseer información y conocimientos valiosos, pero hoy por hoy no proporcionan sistemáticamente esos datos a las autoridades CPC. Se les invitará a hacerlo en el nuevo Reglamento. Esto ayudaría a las autoridades CPC a identificar ámbitos prioritarios en la Unión o les advertiría sobre la aparición de malas prácticas generalizadas o transfronterizas. Las autoridades CPC y las oficinas únicas de enlace soportan en la actualidad costes administrativos más elevados como consecuencia de la ineficiencia de la cooperación transfronteriza (como unos mayores costes de investigación). Al reforzarse la coordinación a efectos de ejecución, las autoridades nacionales evitarán la duplicación de esfuerzos. En particular, la puesta en común de recursos para combatir las infracciones generalizadas generará un ahorro: por ejemplo, una acción coordinada puede sustituir a 28 acciones nacionales, lo que se traduce en un ahorro neto que varía entre 180 000 EUR (en caso de éxito de la acción coordinada) y 815 000 EUR (en caso de que la acción no prospere). Algunos Estados miembros quizá tengan que adaptar sus legislaciones nacionales para permitir a sus autoridades competentes asegurar la utilización ininterrumpida de las pruebas y el resultado de las investigaciones de otras autoridades CPC, y garantizar que las facultades mínimas adicionales para la cooperación en un contexto transfronterizo puedan utilizarse efectivamente en consonancia con las normas procesales nacionales. A medio plazo, el ahorro en coordinación se estima que compensará los costes de adaptación. Los operadores económicos – fabricantes, comerciantes, vendedores, mercados en línea, intermediarios, especialmente aquellos que operan en más de un Estado miembro en línea o fuera de línea – padecen incertidumbre y mayores costes causados por la complejidad y la diversidad de los actuales 28 sistemas de ejecución en la UE. La aplicación de enfoques divergentes entre los Estados miembros exige a dichos operadores recabar asesoramiento jurídico sobre cada uno de estos sistemas. Además, todos los operadores económicos sufren la competencia desleal de los comerciantes incumplidores, que han desarrollado modelos empresariales que les permiten eludir la legislación y perjudican a los consumidores de otro país. La propuesta aumentará la seguridad jurídica de las empresas y una ejecución transfronteriza más consistente y coherente mejorará la competitividad de los comerciantes honrados y la igualdad de condiciones en el mercado único. La propuesta no impone nuevas obligaciones jurídicas en el sector empresarial. Las infracciones generalizadas que afectan a los consumidores de toda la Unión requieren una respuesta sólida y coherente a escala de la Unión. Se reforzará el papel de la Comisión en la red CPC, en particular a efectos de la coordinación de las medidas contra las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión. 3.4.Derechos fundamentales La propuesta tendrá un impacto positivo sobre los derechos fundamentales, ya que permitirá reforzar los derechos de los consumidores, en particular gracias al acceso abierto y equitativo a los productos y servicios en toda la Unión. De conformidad con el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales, cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales está sujeta a los principios de proporcionalidad y necesidad y a las vías de recurso disponibles ante los órganos jurisdiccionales nacionales. El Reglamento salvaguarda asimismo las garantías procesales, la transparencia y los derechos de defensa de las empresas que puedan verse afectadas por una intervención de las autoridades competentes de conformidad con el capítulo IV del Reglamento CPC. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Se estima que habrá aproximadamente cuatro acciones comunes al año contra las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión. Esto dará lugar a una carga de trabajo adicional para la Comisión, que se estima en dos funcionarios a tiempo completo para coordinar estas acciones comunes. Estos recursos se obtendrán de la redistribución y reorientación del personal existente. La Comisión incurrirá también en costes adicionales para el control del funcionamiento de la asistencia mutua y los mecanismos de alerta. Los costes adicionales totales del refuerzo de las funciones de coordinación y control de la Comisión se estiman en menos de 300 000 EUR al año y se cubrirán mediante la redistribución interna de recursos. Las repercusiones presupuestarias ya están, por tanto, previstas en el vigente Programa de los Consumidores 2014-2020 y están en consonancia con el marco financiero plurianual. Los detalles figuran en la ficha financiera adjunta a la presente propuesta. 5.OTROS ELEMENTOS 5.1.Entrada en vigor y base de datos CPC La propuesta incluye la entrada en vigor del Reglamento diferida de un año para que los Estados miembros, las autoridades competentes y la Comisión Europea adopten las disposiciones prácticas e introduzcan los cambios legislativos necesarios. Las medidas de ejecución vigentes tendrán que ser sustituidas para tener en cuenta los cambios aportados por la propuesta. La base de datos CPC y la plataforma de intercambio de información deberán modificarse para tener en cuenta los cambios aportados por la propuesta. 5.2.Explicación de las principales disposiciones de la propuesta La propuesta consta de 8 capítulos, que comprenden 53 artículos, y un anexo. Capítulo I – Disposiciones preliminares

Este capítulo define el ámbito de aplicación y los principales términos utilizados en el Reglamento. En comparación con el Reglamento vigente, se actualizan las definiciones a fin de tener en cuenta la extensión del ámbito de aplicación del Reglamento a las infracciones generalizadas y las infracciones cesadas (infracciones de corta duración que cesaron antes de que pudieran adoptarse medidas de ejecución, pero que pueden causar un perjuicio a los consumidores con posterioridad, como, por ejemplo, las campañas de publicidad engañosa en línea de corta duración). A fin de garantizar una ejecución coherente y uniforme en el caso de las infracciones cesadas y la seguridad jurídica en el contexto transfronterizo, el Reglamento introduce un plazo de prescripción para la posibilidad de imponer sanciones (cinco años a partir de la terminación de la infracción) y establece normas para el cálculo del plazo de prescripción y su suspensión. Capítulo II – Autoridades competentes y sus facultades Este capítulo define el modo de designar a las autoridades competentes y las oficinas únicas de enlace pertinentes a efectos del presente Reglamento. Aclara las funciones de las oficinas únicas de enlace. Requiere a los Estados miembros que garanticen una cooperación fluida entre los miembros de la red de ejecución en su territorio. Exige a los Estados miembros que garanticen que las demás autoridades nacionales apoyen la labor de las autoridades competentes al ser esta esencial, en particular en aquellos casos en que sean necesarias medidas penales para poner fin a la infracción. También establece las facultades mínimas de las autoridades competentes, necesarias para cooperar y ejecutar el acervo de la Unión en materia de protección de los consumidores en un contexto transfronterizo. En comparación con el Reglamento vigente, también se han añadido más competencias mínimas, como la facultad de realizar compras de prueba y llevar a cabo compras del «cliente misterioso», así como la facultad de adoptar medidas provisionales, bloquear los sitios web, imponer sanciones y garantizar la indemnización de los consumidores en un contexto transfronterizo. Se han clarificado algunas de las facultades mínimas existentes para garantizar su alcance y aplicación equivalentes en todos los Estados miembros, como, por ejemplo, la facultad de solicitar información y documentos o la facultad de realizar inspecciones in situ. Los Estados miembros conservan la facultad de decidir si las autoridades competentes ejercerán las facultades mínimas directamente, en virtud de su propia autoridad, o si, por el contrario, dichas facultades se ejercerán mediante previo requerimiento a los órganos jurisdiccionales. Capítulo III – Mecanismo de asistencia mutua El mecanismo de asistencia mutua se compone de dos instrumentos: las solicitudes de información, que permiten a las autoridades competentes obtener información y pruebas a través de las fronteras, y las solicitudes de medidas de ejecución, que permiten a una autoridad competente solicitar a otra autoridad competente de otro Estado miembro la adopción de medidas de ejecución. El mecanismo de asistencia mutua se utilizará para combatir las infracciones intracomunitarias, que afectan a los consumidores en un Estado miembro pero tienen un elemento transfronterizo (por ejemplo, el comerciante se encuentra en otro Estado miembro). El nuevo Reglamento establece que la autoridad requerida tiene la obligación de responder a las solicitudes de asistencia mutua en el plazo fijado por las medidas de ejecución. Además de las facultades que establece el Reglamento, la autoridad requerida podrá hacer uso de otras de las facultades otorgadas por el Derecho nacional para poner fin a la infracción. Una vez formulada una solicitud de asistencia mutua, la autoridad requerida actúa en nombre de los consumidores del Estado miembro de la autoridad requirente, como si se tratara de sus propios consumidores. Con el objeto de que los Estados miembros con sistemas de ejecución en los que participen organizaciones de consumidores puedan aprovechar plenamente el mecanismo de asistencia mutua, el Reglamento define la función de los organismos designados a los que las autoridades competentes podrán mandatar para poner fin a la infracción o para obtener las pruebas necesarias. El mecanismo de asistencia mutua podrá utilizarse en acciones contra infracciones generalizadas (capítulo IV), en particular, cuando la prueba se halle en un Estado miembro que no esté afectado por la infracción generalizada. El Reglamento refuerza nuevamente el mecanismo para resolver los desacuerdos entre autoridades competentes en el mecanismo de asistencia mutua. Se refuerza el mecanismo de asistencia mutua de la Comisión con un seguimiento sistemático, orientaciones a las autoridades competentes y la posibilidad de adoptar dictámenes a instancia de las autoridades competentes o de oficio. Capítulo IV – Vigilancia coordinada, investigación y mecanismo de ejecución para las infracciones generalizadas Este capítulo establece instrumentos para combatir las infracciones generalizadas, entre los que figuran las acciones coordinadas (sección I), las acciones comunes contra las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión (sección II) y las investigaciones concertadas de mercados de consumo (artículo 32). Sección I Las acciones coordinadas para hacer frente a las infracciones generalizadas que no alcanzan los umbrales de dimensión de la Unión son un instrumento flexible, que permite a las autoridades competentes elegir el medio más adecuado para combatir la infracción generalizada entre los previstos por el Reglamento. Estas acciones deberían, en principio, ser coordinadas por las autoridades competentes. La Comisión podría asumir la coordinación solo si fuera necesario por el alcance de la infracción o cuando sea probable que la infracción cause un perjuicio sustancial a los intereses colectivos de los consumidores. La sección presenta opciones para la investigación coordinada y las medidas de ejecución. En su caso, el resultado de la investigación coordinada y la evaluación del caso se establecerían en una posición común. A fin de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, las autoridades competentes podrán facultar a una autoridad para adoptar medidas de ejecución en nombre de los consumidores en otros Estados miembros afectados por la infracción. Las autoridades competentes podrán también actuar simultáneamente en todos o algunos de los Estados miembros afectados. Aunque no es posible delegar la participación en una acción coordinada a los organismos designados, estos últimos podrán recibir el mandato de que adopten medidas de ejecución de seguimiento en una acción coordinada. No obstante, esto únicamente será posible cuando las demás autoridades competentes estén de acuerdo y siempre que se garantice el secreto profesional y comercial en virtud del presente Reglamento. Sección II Esta sección establece un nuevo instrumento para combatir las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión susceptibles de perjudicar a los consumidores en gran parte de la Unión. Fija los umbrales que determinan que las presuntas infracciones tienen una dimensión de la Unión. El umbral se basa en el cumplimiento de dos criterios: la población y el número de países y afectados. La Comisión determina si se alcanzan los umbrales de dimensión de la Unión y emprende la acción común mediante una Decisión. Tiene también la obligación de coordinar la investigación y otras medidas que los Estados miembros deban adoptar para poner fin a la infracción. La participación en una acción común es obligatoria para las autoridades competentes de los Estados miembros afectados por la infracción. Esta sección define también los motivos por los que las autoridades competentes podrán negarse a participar en la acción común. La Comisión concluye la acción mediante una Decisión, cuando concurren los motivos para su conclusión. El principal instrumento de la acción común es la posición común de las autoridades competentes interesadas, que contiene el resultado de la investigación. La posición común debe ser comunicada al comerciante responsable de la infracción, a quien se deberá brindar la posibilidad de ser oído sobre la posición común.

El objetivo principal de la acción común consiste en poner fin a la infracción y garantizar, en su caso, la indemnización de los consumidores mediante compromisos del comerciante responsable de la infracción. Cuando la oferta de compromisos sea improbable (por ejemplo, en el caso de las infracciones de comerciantes deshonestos), las autoridades competentes podrán aplicar directamente las medidas de ejecución necesarias para poner fin a la infracción. Esta opción debe estar a disposición de las autoridades competentes para garantizar que los comerciantes no abusen del procedimiento para eludir su cumplimiento. Para el seguimiento de las medidas de ejecución, las autoridades competentes deberán seleccionar una autoridad competente que esté en las mejores condiciones para adoptar medidas de ejecución para poner fin a la infracción. Un acuerdo entre las autoridades competentes que faculte a una autoridad competente que actúe en nombre de las demás permite a esta última actuar en nombre de los consumidores de otros Estados miembros como si se tratara de sus propios consumidores. En caso necesario, las autoridades competentes podrán también adoptar las medidas de ejecución simultáneamente. Sección III Esta sección establece disposiciones comunes para los procedimientos de las acciones coordinadas y comunes, como el derecho de los comerciantes a ser oídos, la función del coordinador, la toma de decisiones y el régimen lingüístico. Por otra parte, establece la base jurídica para las investigaciones concertadas de los mercados de consumo («barridos»). Capítulo V – Mecanismo de vigilancia El nuevo mecanismo de vigilancia sustituye al actual sistema de notificaciones CPC. Combina las notificaciones con arreglo al actual Reglamento CPC con un intercambio más amplio de información pertinente y necesaria para detectar a tiempo las infracciones generalizadas. Otras entidades podrán participar en el mecanismo de alerta a través de alertas exteriores. Dos categorías de entidades podrán ser parte en el mecanismo de alerta. Los organismos designados y los centros europeos de los consumidores participarán en virtud del Reglamento. La segunda categoría comprende las entidades designadas por los Estados miembros y por la Comisión de entre las organizaciones de consumidores, las asociaciones de comerciantes y otras entidades con la experiencia adecuada y un interés legítimo en la protección de los consumidores que podrán participar en el mecanismo de alerta. El acceso al mecanismo de alerta de todas estas entidades se limitará al envío de «alertas de información». En consonancia con los requisitos del secreto profesional, no tendrán acceso a ninguna otra información o alerta intercambiadas entre las autoridades competentes. Capítulo VI – Otras actividades de ámbito comunitario Al igual que en el Reglamento CPC vigente, este capítulo prevé la coordinación, la cooperación y los intercambios de información sobre otras actividades vinculadas a la cooperación en materia de ejecución. Capítulo VII – Secreto profesional y comercial y otras disposiciones El secreto profesional es de la máxima importancia, no solo para proteger los intereses de terceros, sino también para garantizar la eficacia de la investigación y evitar la destrucción de pruebas. El Reglamento garantiza la protección del secreto profesional y comercial. También dispone que la información recopilada en el ejercicio de las facultades mínimas de conformidad con el Reglamento solo se utilizará para asegurar el respeto de la legislación protectora de los intereses los consumidores. Además, el Reglamento garantiza que las pruebas y los resultados de la investigación obtenidos mediante el ejercicio de las facultades mínimas podrán utilizarse sin solución de continuidad a través de las fronteras, en particular cuando deban combatirse infracciones generalizadas. El nuevo Reglamento sustituye a la obligación de presentación de informes bienales del Reglamento vigente con planes de ejecución nacionales bienales que deberían garantizar la priorización de las actividades y un uso más eficiente de los recursos destinados a luchar contra las infracciones en el mercado único. Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de las infracciones de conformidad con el presente Reglamento, cuyos efectos trascienden los límites jurisdiccionales de un único Estado miembro, el Reglamento establece los principios para la imposición de sanciones en caso de infracción. Anexo El anexo, que contiene la lista de actos legislativos que protegen los intereses de los consumidores, determina el ámbito de aplicación del Reglamento ratione materiae. En comparación con el Reglamento vigente, el anexo ha sido actualizado para eliminar la legislación que ya no está en vigor y modificado a fin de extender la aplicación del Reglamento a otros instrumentos legislativos de la Unión en materia de consumo. La extensión del anexo a otros instrumentos legislativos de la Unión en materia de consumo será aplicable ya antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. 2016/0148 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores

(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo dispone la armonización de las normas y procedimientos para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores. Su artículo 21 bis prevé una revisión de la eficacia y los mecanismos operativos de dicho Reglamento y, con arreglo a dicho artículo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 no es suficiente para hacer frente eficazmente a los retos del mercado único y, en particular, del mercado único digital. (2)La Estrategia para el Mercado Único Digital, adoptada por la Comisión el 6 de mayo de 2015, definió como una de sus prioridades la necesidad de reforzar la confianza de los consumidores mediante una aplicación más rápida, ágil y coherente de las normas de protección de los consumidores. La Estrategia del Mercado Único, adoptada por la Comisión el 28 de octubre de 2015, reiteró que la aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores debería reforzarse aún más a través del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. (3)Las ineficaces medidas de ejecución contra las infracciones transfronterizas, en particular en el entorno digital, permiten a los comerciantes eludir la aplicación de la legislación deslocalizando su actividad dentro de la Unión, lo que da lugar a una distorsión de la competencia para los comerciantes respetuosos de la ley que operan en el interior de sus países o en zonas transfronterizas y perjudica directamente, por lo tanto, a los consumidores, socavando su confianza en las transacciones transfronterizas y el mercado único. Un mayor nivel de armonización con una cooperación efectiva y eficaz en materia de ejecución entre las autoridades públicas competentes es, por tanto, necesario para detectar, investigar y ordenar el cese de las infracciones generalizadas dentro de la Unión. (4)El Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo establece una red de autoridades públicas competentes en toda la Unión. Es necesaria una coordinación eficaz entre las diferentes autoridades competentes que participan en la red, así como con otras autoridades públicas de los Estados miembros. La labor de coordinación de la oficina de enlace única debe confiarse a una autoridad competente en cada Estado miembro que tenga facultades y recursos suficientes para desempeñar esta función clave en la red de autoridades competentes. (5)También debe protegerse a los consumidores contra las infracciones de corta duración dentro de la Unión y las infracciones generalizadas por un período breve de tiempo, pero cuyos efectos perjudiciales pueden continuar mucho después de que la infracción haya cesado. Las autoridades competentes deben disponer de las facultades necesarias para investigar y ordenar el cese de tales infracciones en el futuro. (6)Las autoridades competentes deben disponer de un conjunto mínimo de facultades de investigación y ejecución para aplicar el presente Reglamento de manera efectiva, cooperar entre sí y disuadir a los comerciantes de cometer infracciones dentro de la Unión y generalizadas. Estas facultades deben ser suficientes para hacer frente a los retos del comercio electrónico y el entorno digital, donde las posibilidades de que dispone un comerciante para ocultar su identidad o cambiarla fácilmente son motivo de especial preocupación. Dichas facultades deben garantizar que las pruebas puedan ser válidamente intercambiadas entre las autoridades competentes para lograr una ejecución eficaz al mismo nivel en todos los Estados miembros. (7)Los Estados miembros podrán decidir si las autoridades competentes ejercerán esas facultades directamente, en virtud de su propia autoridad, o previo requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes. Si los Estados miembros deciden que las autoridades competentes ejerzan sus facultades previo requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes, los Estados miembros deberán velar por que dichas competencias puedan ejercerse de manera efectiva y oportuna, y por que el coste del ejercicio de esas competencias sea proporcionado y no obstaculice la aplicación del presente Reglamento, (8)Al responder a las peticiones formuladas a través del mecanismo de asistencia mutua, las autoridades competentes harán también uso, en su caso, de otras facultades o competencias que les han sido otorgadas a nivel nacional, incluida la facultad para incoar acciones penales o remitir el asunto a la jurisdicción penal. Es de la máxima importancia que los órganos jurisdiccionales y otras autoridades, en particular aquellas que intervienen en las acciones penales, dispongan de los medios y competencias necesarios para cooperar con las autoridades competentes de manera eficaz y a su debido tiempo. (9)Las autoridades competentes deben poder abrir investigaciones por iniciativa propia si tienen conocimiento de infracciones dentro de la Unión o de infracciones generalizadas por medios distintos de las denuncias de los consumidores. Ello es especialmente necesario para garantizar una cooperación eficaz entre las autoridades competentes a la hora de combatir las infracciones generalizadas. (10)Las autoridades competentes deben tener acceso a todas las pruebas, datos e información necesarios para determinar si se ha producido una infracción dentro de la Unión o generalizada, y en particular para identificar al comerciante responsable, con independencia de quién esté en posesión de esa prueba, información o datos, de su ubicación y de su formato. Las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar directamente que los terceros interesados en la cadena de valor digital faciliten todas las pruebas, datos e información necesarios. (11)Las autoridades competentes deben estar facultadas para verificar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de los consumidores y para obtener pruebas de las infracciones dentro de la Unión o generalizadas, especialmente aquellas que tengan lugar durante o después de la compra de bienes y servicios. Por ello deben tener la facultad de realizar compras de prueba y de adquirir bienes o servicios bajo una identidad falsa. (12)En el entorno digital, en particular, las autoridades competentes deben ser capaces de poner término a las infracciones rápidamente y de manera eficaz, en particular cuando el comerciante que vende bienes o servicios oculta su identidad o se traslada dentro de la Unión o a un tercer país para evitar las medidas de ejecución. En el caso de que exista un riesgo de perjuicio grave e irreparable para los consumidores, las autoridades competentes deben poder adoptar medidas cautelares para evitar dicho perjuicio o reducirlo, incluida, en su caso, la suspensión de un sitio web, un dominio o un sitio, servicio o cuenta digital similar. Además, las autoridades competentes deben tener la facultad de cerrar o de requerir a un tercero proveedor de servicios que cierre un sitio web o un sitio, servicio o cuenta digital similar.

(13)A fin de garantizar que se disuade suficientemente a los comerciantes de cometer o repetir infracciones y que no se beneficiarán de esas infracciones, el régimen de sanciones adoptado por los Estados miembros de conformidad con los requisitos de la legislación protectora de los intereses de los consumidores también debe aplicarse a las infracciones intracomunitarias y las infracciones generalizadas. Por los mismos motivos, los consumidores deben tener derecho a una indemnización por los perjuicios causados por tales infracciones. (14)Por lo que se refiere a la indemnización de los consumidores, las autoridades competentes deben elegir medidas proporcionadas, equitativas y razonables que eviten o reduzcan el riesgo de que se repitan o reiteren las infracciones, teniendo en cuenta en particular los beneficios esperados para los consumidores y los costes administrativos razonables que puedan estar asociados a la ejecución de estas medidas. Cuando no se pueda identificar a los consumidores afectados o no sea posible hacerlo sin unos costes desproporcionados para el comerciante responsable, la autoridad competente podrá ordenar la restitución de los beneficios obtenidos mediante la infracción al erario público o al beneficiario designado por la autoridad competente o la legislación nacional. (15)Debe mejorarse la efectividad y la eficacia del mecanismo de asistencia mutua. La información requerida debe proporcionarse en el momento oportuno y las necesarias medidas de ejecución deben adoptarse a su debido tiempo. La Comisión debe, por lo tanto, fijar plazos vinculantes para que las autoridades competentes respondan a las solicitudes de información y ejecución, y aclaren los aspectos procedimentales y de otro tipo de la tramitación de la información y las solicitudes de ejecución, mediante medidas de ejecución. (16)La Comisión debe estar más capacitada para coordinar y supervisar el funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua, ofrecer orientación, formular recomendaciones y emitir dictámenes a los Estados miembros cuando surjan problemas. La Comisión también debe ser más capaz de asistir eficaz y rápidamente a las autoridades competentes a resolver los litigios sobre la interpretación de las obligaciones de las autoridades competentes derivadas del mecanismo de asistencia mutua. (17)Deben disponerse normas armonizadas que establezcan el procedimiento de coordinación de la supervisión, investigación y ejecución de las infracciones generalizadas. Las acciones coordinadas contra las infracciones generalizadas deben garantizar que las autoridades competentes puedan elegir los instrumentos más adecuados y eficaces para poner término a las infracciones generalizadas y asegurar la indemnización de los consumidores. (18)El examen coordinado de los sitios web de comercio electrónico en línea («barrido») es otra forma de coordinación de la ejecución que ha demostrado ser una herramienta eficaz contra las infracciones que debe mantenerse y reforzarse en el futuro. (19)Las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión pueden causar grandes perjuicios a la mayoría de los consumidores de la Unión. Por consiguiente, se requiere un procedimiento de coordinación específico a escala de la Unión, en el que la Comisión sea el coordinador obligatorio. Para garantizar que se inicie el procedimiento a su debido tiempo, de forma coherente y eficaz, y que los requisitos se verifiquen de manera uniforme, la Comisión debe ser responsable de comprobar si se cumplen las condiciones para la puesta en marcha del procedimiento. Las pruebas y la información recogidas durante la acción común deberían usarse sin solución de continuidad en los procedimientos nacionales cuando sea necesario. (20)En el contexto de las infracciones generalizadas y las infracciones con dimensión de la Unión, debe respetarse el derecho de defensa de los comerciantes de que se trate. Para ello es necesario, en particular, conceder al comerciante el derecho a ser oído y a utilizar la lengua de su elección durante el procedimiento. (21)Cuando un comerciante responsable de una infracción generalizada o de una infracción con dimensión de la Unión no ponga fin a la infracción voluntariamente, las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión deberán designar una autoridad competente en un Estado miembro para que adopte la medida de ejecución adecuada para preservar los derechos de los consumidores residentes en los demás Estados miembros afectados por la infracción. Dicha autoridad competente deberá ser designada teniendo en cuenta su capacidad para actuar de manera eficaz contra el comerciante, por ejemplo, cuando el comerciante esté establecido en el Estado miembro de dicha autoridad. La autoridad competente designada deberá actuar como si los consumidores de los demás Estados miembros fueron sus propios consumidores. En caso necesario, y a fin de evitar la aplicación extraterritorial de la legislación, varios o todos los Estados miembros afectados por la infracción deberían poder adoptar medidas de ejecución al mismo tiempo para proteger a sus propios consumidores o a los consumidores residentes en otros Estados miembros. Ello puede ser necesario, por ejemplo, para poner fin a infracciones de la misma naturaleza cometidas por filiales de una sociedad con domicilio social en varios Estados miembros, que afecten a los consumidores de dichos Estados miembros únicamente, sin un elemento transfronterizo (infracciones paralelas). (22)Deben reforzarse los mecanismos de vigilancia y alerta, a fin de garantizar la detección oportuna y efectiva de las infracciones generalizadas. Debe aclararse la información que habrá de intercambiarse y el seguimiento necesario tras un intercambio de información a fin de garantizar que las alertas que requieren una actuación se atiendan y resuelvan debidamente. La Comisión debe coordinar el funcionamiento del mecanismo de vigilancia. (23)Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel fundamental a la hora de informar a los consumidores sobre sus derechos, educarlos y proteger sus intereses, incluida la resolución de litigios. Debe animarse a los consumidores a cooperar con las autoridades competentes para reforzar la aplicación del presente Reglamento. Las organizaciones de consumidores, en particular aquellas que puedan delegar tareas de ejecución en el marco del presente Reglamento, y los centros europeos de los consumidores deben poder notificar a las autoridades competentes presuntas infracciones y compartir la información precisa para detectar, investigar y poner fin a las infracciones dentro de la Unión y generalizadas en cooperación con ellas. (24)Las infracciones generalizadas en la Unión debe ser resueltas con eficacia y eficiencia. A tal efecto, debe coordinarse la priorización y la planificación de la ejecución a escala de los Estados miembros y deben ponerse en común los recursos disponibles de las autoridades competentes. Para lograr este objetivo debe ponerse en práctica un sistema de planes bienales continuos de ejecución. (25)Los datos relativos a las denuncias de los consumidores pueden ayudar a los responsables políticos nacionales y de la Unión a evaluar el funcionamiento de los mercados de consumo y detectar infracciones. Con miras a facilitar el intercambio de estos datos a escala de la Unión, la Comisión ha adoptado una Recomendación sobre el uso de una metodología armonizada para la clasificación y comunicación de las denuncias y consultas de los consumidores. Esta Recomendación debería ponerse en práctica para respaldar plenamente la cooperación y facilitar la detección de infracciones dentro de la Unión y generalizadas. (26)Los retos en materia de ejecución que trascienden las fronteras de la Unión, así como los intereses de los consumidores de la Unión, deben protegerse de los comerciantes no honrados establecidos en terceros países. Por lo tanto, deben negociarse acuerdos internacionales con terceros países sobre asistencia mutua para la aplicación de la legislación que protege los intereses de los consumidores. Dichos acuerdos deben incluir el objeto de este Reglamento y deben negociarse a nivel de la Unión para garantizar una protección óptima de los consumidores de la Unión y una buena cooperación con los terceros países. (27)A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución y el ejercicio de las facultades mínimas de las autoridades competentes, fijar los plazos y otros pormenores del procedimiento para combatir las infracciones dentro de la Unión y generalizadas, así como del mecanismo de vigilancia y la cooperación administrativa entre las autoridades competentes, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (28)Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de los actos en virtud de los artículos 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 y 46 del presente Reglamento, dado que dichos actos son de alcance general. (29)El presente Reglamento complementa las normas sectoriales de la Unión que rigen la cooperación entre los organismos reguladores sectoriales y las normas sectoriales de la Unión sobre la indemnización de los consumidores por los perjuicios causados por las infracciones de dichas normas. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de otras redes y sistemas de cooperación establecidos en la legislación sectorial de la Unión. El presente Reglamento promueve la cooperación y la coordinación entre la red de protección de los consumidores y las redes de organismos reguladores y autoridades establecidas por la legislación sectorial de la Unión. (30)El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas vigentes de la Unión sobre las competencias de los organismos reguladores nacionales establecidos por la legislación sectorial de la Unión. Cuando proceda y sea posible, estos organismos deberán ejercer las facultades de que disponen, en virtud del Derecho de la Unión y nacional, para poner término o prohibir las infracciones dentro de la Unión o generalizadas o para asistir a los órganos competentes para hacerlo. (31)Para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios a los intereses colectivos de los consumidores, son de aplicación las normas sectoriales de la Unión relativas a los pasajeros, como el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) nº 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Cuando la legislación sectorial de la Unión no incluya la indemnización de los perjuicios causados por las infracciones dentro de la Unión o generalizadas, la indemnización deberá determinarse sobre la base de la legislación nacional aplicable. (32)El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la función y las facultades de las autoridades competentes y de la Autoridad Bancaria Europea en lo que se refiere a la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores en asuntos relativos a los servicios de cuentas de pago y los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial con arreglo a la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(33)Habida cuenta de los mecanismos de cooperación existentes en virtud de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el mecanismo de asistencia mutua (capítulo III) no se aplicará a las infracciones dentro de la Unión reguladas por estas Directivas. (34)El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación sectorial y la legislación sobre los consumidores de la Unión y se aplicará a las infracciones nacionales. Las autoridades competentes deberán, en su caso, aplicar las disposiciones del Derecho nacional para la ejecución de dichas disposiciones, teniendo en cuenta la escala y el alcance de la infracción y el perjuicio causado por la infracción a los consumidores de otros Estados miembros. (35)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento deberá interpretarse y aplicarse respetando dichos derechos y principios. En el ejercicio de las facultades mínimas establecidas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deberán asegurar un equilibrio adecuado entre los intereses protegidos por los derechos fundamentales, como un alto nivel de protección de los consumidores, la libertad de empresa y la libertad de información. (36)Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, ya que estos no pueden garantizar la cooperación y la coordinación actuando por sí solos, y dicho objetivo, por consiguiente, debido a su ámbito de aplicación personal y territorial, puede lograrse mejor a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (37)Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 1 Objeto El presente Reglamento establece las condiciones en que las autoridades competentes de los Estados miembros designadas responsables de la aplicación de la legislación protectora de los intereses de los consumidores cooperarán entre sí y con la Comisión para garantizar el cumplimiento de dicha legislación y el buen funcionamiento del mercado interior, y para mejorar la protección de los intereses económicos de los consumidores. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a las infracciones dentro de la Unión y las infracciones generalizadas definidas en las letras b) y c) del artículo 3. 2. El presente Reglamento también se aplicará a las infracciones dentro de la Unión y las infracciones generalizadas de corta duración, aun cuando tales infracciones hayan cesado antes del inicio o la conclusión de la ejecución. 3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas de Derecho internacional privado de la Unión, en particular las normas relativas a la competencia judicial y las leyes aplicables. 4. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación en los Estados miembros de las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, y en particular al funcionamiento de la Red Judicial Europea. 5. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del cumplimiento por parte de los Estados miembros de cualesquiera obligaciones adicionales en materia de asistencia mutua para la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores, incluso en materia penal, derivadas de otros actos jurídicos, incluidos los acuerdos bilaterales o multilaterales. 6. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la función y las facultades de las autoridades competentes y de la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago.

7. El capítulo III del presente Reglamento no se aplicará a las infracciones dentro de la Unión reguladas por los actos legislativos siguientes: a)Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; b)Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago. 8. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Artículo 3 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a)«legislación protectora de los intereses de los consumidores»: las Directivas, tal como han sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, y los Reglamentos enumerados en el anexo; b)«infracción dentro de la Unión»: todo acto u omisión, en curso o cesado, contrario a la legislación protectora de los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde el acto u omisión se originó o tuvo lugar, en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión o en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante correspondientes al acto u omisión; c)«infracción generalizada»: 1)todo acto u omisión contrario a la legislación protectora de los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde el acto u omisión se originó o tuvo lugar, en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión o en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante correspondientes al acto u omisión, con independencia de que el acto u omisión esté en curso o haya cesado; o 2)todo acto u omisión contrario a la legislación protectora de los intereses de los consumidores que tenga características comunes, como la misma práctica ilegal, la infracción del mismo interés o su ocurrencia simultánea en al menos dos Estados miembros; d)«autoridad requirente»: la autoridad competente que realiza una solicitud de asistencia mutua; e)«autoridad requerida»: la autoridad competente que recibe una solicitud de asistencia mutua; f)«comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúa con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión, incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o en su representación; g)«vigilancia del mercado»: las actividades, acciones o medidas de una autoridad competente encargada de detectar que las infracciones dentro de la Unión o las infracciones generalizadas han tenido o están teniendo lugar; h)«denuncia del consumidor»: declaración, basada en pruebas razonables, de que un comerciante ha cometido o puede haber cometido una infracción de la legislación protectora de los intereses de los consumidores; i)«perjuicios a los intereses colectivos de los consumidores»: todo perjuicio real o potencial para los intereses de varios consumidores afectados por infracciones dentro de la Unión o infracciones generalizadas; se presumirá, en particular cuando la infracción haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar, potencial o efectivamente, a un número significativo de consumidores en una situación similar. Artículo 4 Plazos de prescripción de las infracciones

1. Las autoridades competentes podrán investigar las infracciones mencionadas en el artículo 2 y prohibir a los comerciantes la comisión de tales infracciones en el futuro. Las autoridades competentes podrán imponer sanciones por dichas infracciones en los cinco años siguientes al cese de la infracción. 2. El plazo de prescripción para la imposición de sanciones comenzará a contar a partir del día en que haya cesado la infracción. 3. Las medidas adoptadas por la autoridad competente a efectos de la investigación o el procedimiento de ejecución en relación con la infracción interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de sanciones hasta que la decisión definitiva sobre el asunto haya sido adoptada. El plazo de prescripción para la imposición de sanciones quedará suspendido durante el tiempo en que la decisión, resolución u otra acción de la autoridad competente sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia. CAPÍTULO II AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS FACULTADES Artículo 5 Autoridades competentes y oficinas de enlace únicas 1. Cada Estado miembro designará como autoridades competentes a las autoridades públicas establecidas, a nivel nacional, regional o local, con facultades específicas para aplicar la legislación protectora de los intereses de los consumidores. 2. Las autoridades competentes cumplirán sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento como si actuaran en nombre de los consumidores de su propio Estado miembro y por iniciativa propia. 3. Cada Estado miembro designará a una autoridad competente como oficina de enlace única. 4. La oficina de enlace única será responsable de coordinar las actividades de investigación y ejecución relacionadas con las infracciones dentro de la Unión y las infracciones generalizadas realizadas por las autoridades competentes, otras autoridades públicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, los organismos designados en virtud del artículo 13 y las entidades que participen en el mecanismo de alerta establecido en el artículo 34. 5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las oficinas de enlace únicas dispongan de los recursos adecuados necesarios para la aplicación del presente Reglamento y para el ejercicio eficaz de sus competencias con arreglo al artículo 8, incluidos suficientes recursos presupuestarios y de otro tipo, conocimientos técnicos, procedimientos y otras disposiciones. 6. Todo Estado miembro en cuyo territorio haya más de una autoridad competente velará por que las funciones respectivas de cada una de ellas estén claramente definidas y por que dichas autoridades colaboren estrechamente, de modo que puedan desempeñar eficazmente sus respectivas funciones. Artículo 6 Cooperación con otras autoridades públicas y organismos designados 1. Cada Estado miembro podrá imponer a otras autoridades públicas la obligación de asistir a las autoridades competentes en el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Una autoridad competente podrá requerir a las otras autoridades públicas a que se hace referencia en el apartado 1 que adopten todas las medidas de ejecución necesarias a su disposición en virtud del Derecho nacional para poner término o prohibir las infracciones dentro de la Unión y las infracciones generalizadas. 3. Los Estados miembros garantizarán que las demás autoridades públicas dispongan de las facultades y los medios necesarios para cooperar eficazmente con las autoridades competentes en la aplicación del presente Reglamento. Las demás autoridades públicas deberán informar regularmente a la autoridad competente sobre las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento. 4. Cada Estado miembro podrá designar organismos con un interés legítimo en el cese o la prohibición de las infracciones («organismos designados») para recabar la información necesaria y adoptar las medidas de ejecución necesarias a su disposición con arreglo al Derecho nacional en nombre de la autoridad competente requerida. 5. Los Estados miembros deberán garantizar la cooperación entre las autoridades competentes y los organismos designados, en particular para garantizar que las infracciones contempladas en el artículo 2 sean puestas sin demora en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 7 Información y listas 1. Cada Estado miembro comunicará sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades competentes, de la oficina de enlace única, de los organismos designados con arreglo al artículo 13 y de las entidades que participarán en el mecanismo de alerta establecido en el artículo 34, así como toda modificación de los mismos. 2. La Comisión mantendrá actualizada en su sitio web una lista, accesible al público, de las oficinas de enlace únicas, las autoridades competentes, las entidades y los organismos designados. Artículo 8 Facultades mínimas de las autoridades competentes 1. Cada autoridad competente dispondrá de les facultades de investigación y ejecución necesarias para la aplicación del presente Reglamento y las ejercerá conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y en el Derecho nacional. 2. Cada autoridad competente dispondrá como mínimo de las facultades siguientes y las ejercerá en las condiciones fijadas en el artículo 9, con el fin de: a)acceder a cualquier información, dato o documento pertinente relacionado con una infracción con arreglo al presente Reglamento, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado; b)solicitar el suministro por parte de cualquier persona física o jurídica, incluidos los bancos, los proveedores de servicios de Internet, los registros y registradores de dominios y los proveedores de servicios de alojamiento, de toda información, dato o documento pertinente, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin, entre otras cosas, de identificar y efectuar un seguimiento de los flujos financieros y de datos, o determinar la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web; c)requerir a cualquier autoridad pública, organismo o agencia del Estado miembro de la autoridad competente que facilite toda información, dato o documento pertinente, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin, entre otras cosas, de identificar y efectuar un seguimiento de los flujos financieros y de datos, o determinar la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web; d)llevar a cabo las inspecciones in situ necesarias, incluida, en particular, la facultad de acceder a cualesquiera locales, terrenos o medios de transporte, o de requerir a otras autoridades que lo hagan, para examinar, incautar, aprehender u obtener copias de informaciones, datos o documentos, con independencia del soporte en el que esté almacenados; precintar cualesquiera locales o informaciones, datos o documentos durante el tiempo necesario y en la medida necesaria para la inspección; requerir a cualquier representante o miembro del personal del comerciante de que se trate para que dé explicaciones sobre los hechos, informaciones o documentos relativos al objeto de la inspección, y grabar las respuestas; e)adquirir bienes o servicios como compras de prueba con el fin de detectar infracciones con arreglo al presente Reglamento y obtener pruebas; f)adquirir bienes o servicios bajo una identidad falsa con el fin de detectar infracciones y para obtener pruebas; g)adoptar medidas cautelares para impedir el riesgo de un perjuicio grave e irreparable para los consumidores, en particular la suspensión de un sitio web o un sitio, servicio o cuenta digital similar; h)iniciar investigaciones o procedimientos para poner término o prohibir las infracciones dentro de la Unión o las infracciones generalizadas por iniciativa propia y, en su caso, publicar información al respecto; i)obtener del comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión o de la infracción generalizada el compromiso de poner fin a la infracción y, en su caso, de indemnizar a los consumidores por los perjuicios sufridos; j)solicitar por escrito el cese de la infracción por parte del comerciante; k)poner término o prohibir la infracción; l)cerrar un sitio web, dominio o sitio, servicio o cuenta digital similar, o una parte del mismo, incluso mediante el requerimiento a un tercero u otra autoridad pública para que aplique esas medidas;

m)imponer sanciones, incluidas multas y multas coercitivas, por las infracciones dentro de la Unión y las infracciones generalizadas, así como por el incumplimiento de cualquier resolución, orden, medida cautelar, compromiso o cualquier otra medida adoptada de conformidad con el presente Reglamento; n)ordenar al comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión o de la infracción generalizada que indemnice a los consumidores que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la infracción, incluyendo, entre otras cosas, una compensación económica, la oferta a los consumidores de la posibilidad de rescindir el contrato u otras medidas que garanticen la reparación de los consumidores que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la infracción; o)ordenar la restitución de los beneficios obtenidos como resultado de las infracciones, incluida la orden de que dichos beneficios se paguen al erario público o al beneficiario designado por la autoridad competente o en la legislación nacional; p)publicar toda decisión definitiva, medida cautelar u orden, incluida la publicación de la identidad del comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión o de la infracción generalizada; q)consultar a los consumidores, las organizaciones de consumidores, los organismos designados y otros interesados sobre la eficacia de los compromisos propuestos para el cese de la infracción y la eliminación del perjuicio causado por ella. Artículo 9 Ejercicio de las facultades mínimas 1. Las autoridades competentes ejercerán las facultades establecidas en el artículo 8 de conformidad con el presente Reglamento y con la legislación nacional por cualquiera de los siguientes medios: a)directamente en virtud de su propia autoridad, o bien b)mediante requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes para que adopten la resolución necesaria, incluido, en su caso, mediante un recurso si el requerimiento para que se dicte la resolución necesaria no prosperara. 2. En la medida en que las autoridades competentes ejerzan sus facultades mediante el requerimiento a los órganos jurisdiccionales, dichos órganos jurisdiccionales serán competentes para adoptar las resoluciones necesarias y actuarán en el marco del presente Reglamento. 3. Los Estados miembros velarán por que las tasas judiciales y otros costes relacionados con la adopción de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en los procedimientos incoados en aplicación del presente Reglamento sean proporcionados y no constituyan un obstáculo a la aplicación del presente Reglamento. Artículo 10 Competencias de ejecución La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que fijen las condiciones para la aplicación y el ejercicio de las facultades mínimas de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 8. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2. CAPÍTULO III MECANISMO DE ASISTENCIA MUTUA Artículo 11 Solicitudes de información

1. La autoridad requerida podrá, a petición de la autoridad requirente, suministrar toda la información pertinente requerida para establecer si se ha producido una infracción dentro de la Unión y para poner fin a dicha infracción. La autoridad requerida notificará sin demora a la Comisión la solicitud de información y su respuesta. 2. La autoridad requerida realizará las investigaciones apropiadas o adoptará cualquier otra medida necesaria o apropiada para recopilar la información solicitada. En caso necesario, las investigaciones deberán realizarse con la asistencia de otras autoridades públicas u organismos designados. 3. A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá permitir que un funcionario competente de la autoridad requirente acompañe a los funcionarios de la autoridad requerida durante sus investigaciones. 4. La autoridad requerida responderá a la solicitud utilizando el procedimiento previsto para las solicitudes de información y en los plazos fijados por la Comisión en el acto de ejecución. 5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan los plazos, los formularios normalizados y los pormenores de los procedimientos de solicitud de información. Los actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2. Artículo 12 Solicitudes de medidas de ejecución 1. La autoridad requerida podrá, a petición de la autoridad requirente, adoptar todas las medidas de ejecución necesarias para poner término o prohibir la infracción dentro de la Unión, incluida la imposición de sanciones, y ordenar o facilitar la indemnización a los consumidores por el perjuicio causado por la infracción. 2. Con el fin de cumplir sus obligaciones, establecidas en el apartado 1, la autoridad requerida ejercerá las facultades previstas en el artículo 8 y cualquier otra facultad adicional otorgada por el Derecho nacional. La autoridad requerida establecerá las medidas de ejecución adecuadas para poner término o prohibir la infracción dentro de la Unión de manera proporcionada, eficaz y efectiva. En caso necesario, estas medidas deberán determinarse y aplicarse con la asistencia de otras autoridades públicas. 3. La autoridad requerida informará y consultará a la autoridad requirente sobre las iniciativas y las medidas adoptadas. La autoridad requerida notificará sin demora, a través de la base de datos establecida en el artículo 43, a la autoridad requirente, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión las medidas adoptadas y su efecto en la infracción intracomunitaria, incluyendo la información siguiente: a)si se han impuesto medidas provisionales; b)si la infracción ha cesado; c)las sanciones impuestas; d)en qué medida se ha indemnizado a los consumidores; e)si las medidas adoptadas han sido aplicadas. 4. La autoridad requerida responderá a la solicitud utilizando los procedimientos previstos para las solicitudes de medidas de ejecución y dentro de los plazos establecidos por la Comisión en el acto de ejecución. 5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan los plazos, los formularios normalizados y los pormenores de los procedimientos de solicitudes de medidas de ejecución. Los actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2. Artículo 13 Función de los organismos designados 1. La autoridad requerida podrá mandatar al organismo designado para que reúna la información necesaria o adopte las medidas de ejecución necesarias para poner término o prohibir la infracción. La autoridad requerida solo podrá hacerlo cuando dicho organismo pueda obtener la información o proceder al cese o la prohibición con la misma eficiencia y eficacia que la autoridad requerida.

2. La autoridad requerida velará por que el mandato dado al organismo designado no conlleve la revelación de información sujeta a las disposiciones sobre confidencialidad y secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 41. 3. Cuando el organismo designado no pueda poner término o prohibir la infracción dentro del plazo fijado de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 12, apartado 4, la autoridad requerida actuará en respuesta a la solicitud recibida con arreglo a los artículos 11 y 12. 4. Antes de dar un mandato al organismo designado, la autoridad requerida consultará a la autoridad requirente acerca de su intención de mandatar a un organismo designado. Si la autoridad requirente no estuviera de acuerdo con que se mandate a un organismo designado, informará de ello sin demora a la autoridad requerida por escrito y motivará su oposición. En tal caso, la autoridad requerida no podrá mandatar al organismo designado y actuará por cuenta propia en respuesta a la solicitud. 6. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los plazos, los formularios normalizados y los pormenores de los procedimientos relacionados con los organismos designados. Los actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2. Artículo 14 Procedimiento para las solicitudes de asistencia mutua 1. En las solicitudes de asistencia mutua, la autoridad requirente deberá proporcionar información suficiente para que la autoridad requerida pueda dar curso a la solicitud, incluida cualquier prueba necesaria que solo pueda obtenerse en el Estado miembro de la autoridad requirente. 2. Las solicitudes deberán ser remitidas por la autoridad requirente a la oficina de enlace única del Estado miembro de la autoridad requerida y a la oficina de enlace única del Estado miembro de la autoridad requirente para su información. La oficina de enlace única del Estado miembro de la autoridad requerida transmitirá sin demora las solicitudes a la autoridad competente adecuada. 3. Las solicitudes de asistencia mutua y las comunicaciones relacionadas con ellas podrán presentarse por escrito utilizando formularios normalizados y se comunicarán por vía electrónica mediante la base de datos creada de conformidad con el artículo 43. 4. Las lenguas utilizadas en las solicitudes de asistencia mutua y las comunicaciones relacionadas con ellas deberán ser acordadas por las autoridades competentes interesadas. 5. Si no pudiera llegarse a un acuerdo sobre las lenguas, las solicitudes se remitirán en la lengua oficial del Estado miembro de la autoridad requirente, y las respuestas, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad requerida. En ese caso, cada autoridad competente garantizará las traducciones necesarias de las solicitudes, respuestas y demás documentos que reciba de otra autoridad competente. 6. La autoridad requerida deberá responder directamente a la autoridad requirente y a las oficinas de enlace únicas de los Estados miembros de las autoridades solicitante y requerida. Artículo 15 Negativa a dar curso a la solicitud de asistencia mutua 1. La autoridad requerida podrá negarse a dar curso a una solicitud de información en virtud del artículo 11 cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes: a) cuando, en su opinión, previa consulta con la autoridad requirente, la información solicitada no sea necesaria para que la autoridad requirente establezca si se ha producido una infracción dentro de la Unión o si cabe presumir razonablemente que pueda producirse; b) cuando la autoridad requirente no esté de acuerdo con que la información esté sujeta a las disposiciones sobre confidencialidad y secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 41; c) cuando ya se hayan iniciado investigaciones penales o procedimientos judiciales, o las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad requerida o requirente ya hayan dictado una sentencia firme respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante. 2. La autoridad requerida podrá negarse a dar curso a una solicitud de medidas de ejecución con arreglo al artículo 12, previa consulta con la autoridad requirente, cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes: a) cuando ya se hayan iniciado investigaciones penales o procedimientos judiciales, o las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad requerida o requirente ya hayan dictado una sentencia firme respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante;

b) cuando, en su opinión, tras una investigación adecuada de la autoridad requerida, no se haya producido una infracción dentro de la Unión; c) cuando, en su opinión, la autoridad solicitante no haya proporcionado información suficiente con arreglo al artículo 12, apartado 1. Una solicitud de medidas de ejecución no podrá denegarse alegando que la información proporcionada es insuficiente cuando se haya denegado una solicitud de información sobre la misma infracción dentro de la Unión con el argumento de que ya se habían iniciado investigaciones penales o procedimientos judiciales, o que las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad requerida o requirente ya habían dictado una sentencia firme respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante, tal como se dispone en el apartado 1, letra c). 3. La autoridad requerida informará a la autoridad requirente y a la Comisión de la negativa a dar curso a la solicitud de asistencia mutua y motivará la negativa. 4. En caso de desacuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, la autoridad requirente o la autoridad requerida remitirán sin demora el asunto a la Comisión, que emitirá un dictamen. Si no se le sometiere el asunto, la Comisión podrá emitir un dictamen por iniciativa propia. 5. La Comisión supervisará el funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua y el cumplimiento por parte de las autoridades competentes de los procedimientos y los plazos para la tramitación de las solicitudes de asistencia mutua. La Comisión tendrá acceso a las solicitudes de asistencia mutua y a la información y los documentos intercambiados entre las autoridades requirente y requerida. 6. En su caso, la Comisión podrá publicar orientaciones y asesorar a los Estados miembros para garantizar el funcionamiento efectivo y eficaz del mecanismo de asistencia mutua. 7. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan los pormenores de los procedimientos para resolver los casos de desacuerdo entre las autoridades competentes en virtud de los apartados 3 y 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2. CAPÍTULO IV VIGILANCIA COORDINADA, INVESTIGACIÓN Y MECANISMO DE EJECUCIÓN PARA LAS INFRACCIONES GENERALIZADAS Sección I Infracciones generalizadas Artículo 16 Inicio de una acción coordinada y designación del coordinador 1. Cuando una autoridad competente tenga sospechas razonables de que se está produciendo una infracción generalizada, lo notificará sin demora a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados por la infracción generalizada y a la Comisión. 2. Cuando la Comisión tenga sospechas razonables de que se está produciendo una infracción generalizada, lo notificará a las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada. 3. Tras recibir las notificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2, las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada designarán, por consenso, la autoridad competente que coordinará la acción. 4. Las autoridades competentes interesadas podrán invitar a la Comisión a asumir la función de coordinación. La Comisión comunicará sin demora a las autoridades competentes interesadas si acepta la función de coordinación. 5. Al efectuar la notificación a la autoridad competente de conformidad con el apartado 2, la Comisión podrá proponer que asume la función de coordinación. Las autoridades competentes interesadas comunicarán sin demora a la Comisión si aceptan que la Comisión coordine la acción.

6. Cuando la Comisión rehúse asumir la función de coordinación o cuando las autoridades competentes no acepten que la Comisión coordine la acción, las autoridades competentes interesadas designarán una autoridad competente que coordinará la acción. Cuando no se llegue a un acuerdo entre las autoridades competentes, coordinará la acción la autoridad competente que notificó en primer lugar la presunta infracció