Para proteger los derechos de las personas que ejercen su derecho a la libre circulación, la UE adoptó, en una fase muy temprana y sobre la base del artículo 48 del TFUE, medidas destinadas a proteger los derechos a la seguridad social de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea y de los miembros de sus familias, los denominados Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social . No obstante, estos Reglamentos solo se refieren, en principio, a los regímenes legales de pensiones y no abarcan los regímenes complementarios de pensión . Por consiguiente, era indispensable adoptar normas específicas relativas a los derechos complementarios de pensión.

El artículo 2, apartado 5, de la Directiva aclara que las disposiciones de la Directiva no se aplican a la adquisición y mantenimiento de los derechos complementarios de pensión de los trabajadores que se desplazan dentro de un único Estado miembro. No obstante, de conformidad con el considerando 6 de la Directiva, los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de hacer uso de sus competencias nacionales para ampliar las normas aplicables en virtud de la Directiva a los afiliados que cambien de empleo dentro de un único Estado miembro.

La mayoría de los países han cumplido esta norma. Sin embargo, algunos países no lo han hecho: en Polonia, la ley de transposición entró en vigor más tarde (el 7 de junio de 2018), pero sin efecto retroactivo. En Suecia, aunque en general se ha respetado la norma sobre los períodos cubiertos, en relación con el cálculo de las pensiones latentes de los supervivientes, solo se tienen en cuenta los derechos posteriores al 1 de junio de 2018. En Francia, la ley de transposición entró en vigor el 5 de julio de 2019, pero no tiene efecto retroactivo. Desde esa fecha, se aplica a los regímenes creados después del 5 de julio de 2019, mientras que, por lo que se refiere al régimen existente antes de esa fecha, las disposiciones de transposición se aplican únicamente a los derechos correspondientes a períodos de empleo posteriores al 1 de enero de 2020. En Rumanía, la ley de transposición de la Directiva se adoptó el 8 de julio de 2019 sin efecto retroactivo.

Dieciséis Estados miembros utilizan el período límite de tres años establecido por la Directiva (AT, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LU, MT, PL, PT, RO, SE), mientras que seis Estados miembros solo contemplan períodos de espera mucho más cortos: BG (seis meses), IE (un año), LT (un año), SI (un año), SK (un año), UK (tres meses); cinco Estados miembros no contemplan ningún período de espera (BE, DE, HR, IT, NL). Un Estado miembro (AT) dispone un período de espera de cuatro años para una categoría específica de trabajadores (trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal). Otro Estado miembro (LV) no establece ninguna norma relativa al período de espera y, sobre la base de la legislación comunicada por sus autoridades, no puede concluirse que dicho plazo no esté permitido. De hecho, de la legislación se desprende que el período de espera puede fijarse en cada plan de pensiones, por lo que podría ir más allá del período límite de tres años. Estas últimas disposiciones de AT y LV no parecen conformes con lo dispuesto en la Directiva.

Los regímenes complementarios de pensión no pueden fijar una edad mínima superior a veintiún años para la consolidación de los derechos de pensión. Por otra parte, como se explica en el considerando 17, la Directiva no establece un requisito de edad mínima para la afiliación a un régimen complementario de pensión, ya que este límite de edad no se considera un obstáculo a la libertad de circulación de los trabajadores.

Habida cuenta de las medidas nacionales de transposición, puede concluirse que las medidas de transposición de todos los Estados miembros cubren el ámbito de aplicación de la Directiva. La legislación de la mayoría de los Estados miembros se aplica a todos los regímenes complementarios de pensión (de empleo), tal como se definen en el artículo 3, que no estén excluidos con arreglo al artículo 2, apartados 1 y 2. Algunos Estados miembros no han especificado el ámbito de aplicación en su legislación. Sin embargo, del texto de dicha legislación se desprende que se han respetado las normas sobre el ámbito de aplicación material de la Directiva.

El considerando 14 aclara además que la Directiva «debe aplicarse solamente a los regímenes complementarios de pensión en los que el derecho a pensión se derive de una relación laboral y tenga su causa en alcanzar la edad de la jubilación o en cumplir otros requisitos, según disponga el régimen o la legislación nacional». La Directiva no se aplica a compromisos individuales de pensión distintos de los celebrados en el marco de una relación laboral. Así pues, los compromisos individuales de pensión que no están vinculados a un empleo no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Dieciséis Estados miembros utilizan el período límite de tres años establecido por la Directiva (AT, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LU, MT, PT, RO, SE), mientras que tres Estados miembros permiten un período de adquisición más corto: IE (dos años), LT (dos años), UK (dos años) y ocho Estados miembros no permiten ningún período de adquisición (BE, BG, EE, HR, NL, PL, SI, SK). Una vez más, un Estado miembro (LV) no establece ninguna norma relativa al período de adquisición. Dado que no puede concluirse que dicho plazo no esté permitido, es posible que la legislación no se ajuste a las disposiciones de la Directiva.

Los períodos de adquisición en Alemania ya se redujeron de diez a cinco años en 2001 y la edad mínima para la adquisición de derechos, de treinta años, se ha reducido. Gracias a la transposición de la Directiva al Derecho nacional desde principios de 2018, los trabajadores deben estar contratados por un empleador solo durante tres años y deben alcanzar la edad de veintiún años para mantener sus derechos de pensiones de empleo. Se trata de una evolución positiva para los derechos de los trabajadores a adquirir sus pensiones complementarias.

Combinación de períodos de espera y de adquisición

Salvo dos Estados miembros, todos los Estados miembros respetan el límite de tres años aplicable a la combinación de los períodos de espera y de adquisición. Los Estados miembros que contemplan tanto un período de espera como un período de adquisición que, de aplicarse conjuntamente, podrían superar el límite máximo de tres años establecen expresamente en su legislación el límite máximo de tres años aplicable en caso de combinación de dichos períodos (por ejemplo, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, FR, HU, LU, MT, PT, SE, SI, RO).

En el caso de otros Estados miembros, el cumplimiento de esta norma puede deducirse indirectamente, ya que o bien una de las condiciones está permitida y la otra no, o bien la combinación de ambos períodos no puede superar los tres años (por ejemplo, BG, EE, IE, LT, SK, UK).

Edad mínima para la adquisición de derechos

Existe un amplio grupo de Estados miembros (dieciséis) que permiten a los proveedores de regímenes complementarios de pensión establecer una edad mínima para la adquisición de derechos de veintiún años (CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, LT, LU, MT, NL, PT, RO y SE). Un Estado miembro (BG) contempla una edad mínima para la adquisición de derechos mucho menor, de dieciséis años. Hay varios países (nueve) que no permiten una edad mínima para la adquisición de derechos de pensión (BE, HR, HU, IE, IT, PL, SI, SK y UK). Otros dos no tienen ninguna disposición relativa a la edad mínima para la adquisición de derechos de pensión en su legislación (AT, LV), lo que plantea dudas sobre si el establecimiento de dicha edad sigue estando permitido y, en caso afirmativo, de qué edad se trata.

En conclusión, puede afirmarse que una gran mayoría de Estados miembros ha transpuesto correctamente los requisitos mínimos para la adquisición de los derechos complementarios de pensión establecidos en la Directiva.

Al parecer, en un Estado miembro (LV), las medidas nacionales de transposición no contemplan explícitamente períodos máximos de espera y de adquisición, ni normas relativas a la edad mínima para la adquisición de derechos, lo que implica que podrían definirse en cada plan de pensiones o contrato de trabajo. Esto podría significar que, en realidad, los proveedores de regímenes complementarios de pensión podrían establecer condiciones que no se ajustan a la Directiva. Otro Estado miembro (AT) parece permitir un período de espera de cuatro años para una categoría específica de trabajadores.

Derecho de reembolso de las cotizaciones

Con el fin de proteger los derechos financieros de un trabajador saliente si no ha adquirido aún derechos de pensión con arreglo al período de adquisición establecido, el artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva establece el derecho al reembolso de las cotizaciones abonadas por el trabajador saliente o abonadas en su nombre. Así pues, las cotizaciones propias de los trabajadores, así como las cotizaciones abonadas en su nombre por el empleador, no pueden perderse en ningún caso si los trabajadores salientes abandonan un régimen de pensiones antes de que se consoliden sus derechos.

La mayoría de los Estados miembros han transpuesto correctamente la norma de reembolso. Algunos Estados miembros no consideraban necesaria la transposición de esta norma en su legislación nacional, ya que, debido a la inexistencia de un período de adquisición, las cotizaciones de los trabajadores salientes se consolidan de forma inmediata. Sin embargo, un Estado miembro (LV) no transpuso la norma de reembolso, a pesar de que las cotizaciones no se consolidan de forma inmediata.

Por lo que se refiere a la posibilidad prevista en el artículo 4, apartado 2, de permitir que los interlocutores sociales establezcan mediante convenio colectivo unas normas más favorables sobre los períodos de adquisición o la edad mínima para la adquisición de derechos en comparación con las normas establecidas en dicho artículo, la mitad de los Estados miembros contemplaron esta posibilidad.

3.6 Mantenimiento de los derechos de pensión latentes (artículo 5)

El mantenimiento de los derechos de pensión latentes en virtud de la Directiva es diferente del mantenimiento de los derechos establecidos en el artículo 4 de la Directiva 98/49/CE. Por una parte, la Directiva 98/49/CE establece el principio de que los afiliados salientes de un régimen que se desplacen a otro Estado miembro deben recibir el mismo trato que los miembros salientes del régimen que permanezcan en el mismo Estado miembro. Por otra parte, la Directiva 2014/50/UE establece el derecho de los trabajadores salientes de un régimen que se desplacen a otro Estado miembro a mantener sus derechos consolidados latentes de forma equivalente a los afilados activos del régimen.

El principio básico es que los trabajadores salientes que salen de un régimen en el marco de la libre circulación de trabajadores no deben ser penalizados y, en relación con sus derechos consolidados, deben ser tratados de forma equitativa con respecto a los afiliados activos. Los trabajadores salientes tienen derecho a mantener sus derechos de pensión latentes en el régimen de pensión vinculado a su antiguo empleador. El mantenimiento puede variar en función de la naturaleza del régimen de pensión (por ejemplo, mediante indizaciones o rendimientos del capital). Algunas normas son más adecuadas para los regímenes de prestación definida, mientras que otras son más adecuadas para los regímenes de cotización definida. Además, la Directiva establece que el valor inicial de esos derechos debe calcularse en el momento en que finalice la relación laboral actual del trabajador saliente.

Todos los Estados miembros siguieron la norma general de mantenimiento de los derechos de pensión latentes, ya que todos ellos cuentan con medidas que garantizan que los derechos de pensión consolidados del trabajador saliente puedan permanecer en el régimen complementario de pensión en el que están consolidados.