RESOLUCIÓN (UE) 2022/298 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 21 de octubre de 2021

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2019

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2019,

— Visto el informe sobre la investigación a Frontex en relación con supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo,

— Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

— Vista la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

— Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0270/2021),

A. Considerando que todos los órganos y organismos de la Unión deben ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión con respecto a los fondos que se les confían;

B. Considerando que el papel del Parlamento en el marco de la aprobación de la gestión se especifica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/715 (2);

1. Subraya la importancia de actuar de manera responsable y transparente en la ejecución del presupuesto de la Unión;

2. Recuerda el papel del Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, de conformidad con las disposiciones del TFUE, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y el Reglamento interno del Parlamento;

3. Recuerda que el 28 de abril de 2021 el Parlamento adoptó la Decisión (UE, Euratom) 2021/1613 (3) por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «Agencia») para el ejercicio 2019; pide a la Agencia que informe periódicamente a la autoridad de aprobación de la gestión de las medidas adoptadas y el calendario de aplicación de las recomendaciones formuladas en la Resolución (UE) 2021/1615 (4); pide a la Agencia que presente estos informes trimestralmente a petición de la autoridad de aprobación de la gestión;

4. Observa que la Agencia ha preparado un plan inicial de continuidad de las actividades y que, en el momento de su respuesta, dicho plan estaba siendo objeto de unos últimos ajustes con vistas a su adopción a finales del segundo trimestre de 2021; pide a la Agencia que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre el estado de ejecución de su plan de continuidad de las actividades;

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos actuales de la Agencia por crear un registro de todos los documentos que elabora, en consonancia con su transformación y digitalización; celebra que la Agencia haya publicado de forma proactiva importantes documentos en su sitio web, poniéndolos a disposición a través de un registro de acceso público a los documentos; pide a la Agencia que siga mejorando el acceso público a los documentos y que en el futuro se abstenga de intentar hacer soportar a los demandantes los honorarios, en ocasiones desproporcionados, de los abogados externos en procedimientos judiciales derivados de solicitudes de acceso a la información; Recuerda, en este sentido, que la Resolución (UE) 2021/1615 pidió a la Agencia que retirara su petición de recuperar las costas procesales en el asunto T-31/18 ante el Tribunal General; observa que el Tribunal ha reducido las costas procesales con respecto a la petición inicial de la Agencia; recuerda a la Agencia que debe actuar de conformidad con el principio de buena gestión financiera, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal como a la no designación de abogados externos para estos casos; pide a la Agencia que evite las costas procesales injustificadamente elevadas y que garantice que la recuperación de dichas costas se mantenga dentro de unos límites aceptables en el futuro;

6. Recuerda las conclusiones de la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento, de 25 de febrero de 2021, que condujeron a la decisión de aplazar la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2019 hasta que la Agencia hubiera aclarado y presentado adecuadamente esos elementos y hasta que la investigación de la OLAF se hubiera completado; hace hincapié en que, al aplazar la aprobación de la gestión, el Parlamento ha dado a la Agencia un plazo adicional de seis meses para responder a las diversas cuestiones planteadas en la Resolución (UE) 2021/1615;

Problemas señalados por el Tribunal en relación con los gastos

7. Recuerda la conclusión del Tribunal en relación con los acuerdos de financiación para actividades operativas, según la cual los reembolsos de los gastos relacionados con los equipos seguían basándose en los costes reales, con la consiguiente falta de pruebas justificativas, como facturas; recuerda que este problema también se detectó en la aprobación de la gestión para 2018, cuando el Tribunal recomendó utilizar el «enfoque del coste unitario»; observa que el «enfoque del coste unitario» es una opción de costes simplificada para la que se establece un precio por el uso de equipos técnicos pesados sobre la base de una metodología predefinida, lo que resuelve los problemas relacionados con el reembolso de los costes reales; acoge con satisfacción que la Agencia haya puesto a prueba el «enfoque del coste unitario» para los equipos técnicos pesados con dos Estados miembros; observa que los proyectos piloto para equipos técnicos pesados revelaron que el «enfoque del coste unitario» aumentó los costes totales y lamenta que la Agencia llegara a la conclusión de que el paso al reembolso unitario en el caso de equipos pesados no es viable; lamenta que no se haya resuelto el problema de la falta de pruebas justificativas y recuerda a la Agencia que no debe aceptar reembolsos de declaraciones de gastos no respaldadas por facturas; pide a la Agencia y a la Comisión que revisen la recomendación del Tribunal y que debatan con el Tribunal los resultados de los proyectos piloto con el «enfoque del coste unitario» para los equipos técnicos pesados a fin de tratar de resolver el problema de la falta de pruebas justificativas; recuerda a la Agencia y a la Comisión que, como principio general, debe evitarse toda carga administrativa innecesaria;

8. Toma nota de la respuesta de la Agencia a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la revisión de sus mecanismos relativos a los pagos para construcción y el llamamiento para que se garantice el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera; reconoce que la Agencia informó de que se había aplicado a lo largo del circuito financiero un mecanismo para evitar pagos de prefinanciación no verificados; observa que la Agencia informó de que todos los gestores de proyectos y agentes operativos y financieros que se ocupaban de las instalaciones de la sede de la Agencia recibieron la instrucción de no aprobar ni poner en marcha dichos pagos, y que también los verificadores financieros recibieron la instrucción de denegar dichos pagos de prefinanciación y de aconsejar hacer lo mismo a los ordenadores;

Informe Especial del Tribunal n.o 08/2021: «El apoyo de Frontex a la gestión de las fronteras exteriores: insuficientemente eficaz hasta la fecha»

9. o 08/2021 «Apoyo de Frontex a la gestión de la frontera exterior: insuficientemente eficaz hasta la fecha» Toma nota con preocupación de las conclusiones del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») expuestas en su Informe Especial n.08/2021 «Apoyo de Frontex a la gestión de la frontera exterior: insuficientemente eficaz hasta la fecha» ( 5 ) ; señala que la auditoría abarcaba un período comprendido entre el final de 2016, cuando entró en vigor el nuevo mandato de la Agencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 ( 6 ) , hasta finales de 2020 y que, por consiguiente, cubría el año 2019 del actual ejercicio de aprobación de la gestión, pero no tenía en cuenta algunas medidas recientes tomadas por la Agencia en cumplimiento de su mandato; reconoce que no se incluyó en el ámbito del Informe Especial del Tribunal un análisis del respeto de los derechos fundamentales por parte de la Agencia, ya que ello habría requerido una auditoría específica, en vista de la complejidad del asunto; pide al Tribunal que lleve a cabo esta auditoría específica en el futuro;

10. o 08/2021 varias deficiencias relacionadas con las principales actividades de la Agencia enumeradas por el Tribunal, a saber, el seguimiento de la situación, el análisis de riesgos, la evaluación de la vulnerabilidad, las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas, las operaciones de retorno y la formación de la Agencia y la falta de evaluaciones de necesidades y evaluaciones de impacto antes del aumento exponencial de los recursos de la Agencia; expresa también su preocupación por el hecho de que la Agencia no haya tomado todas las medidas necesarias para adaptar su organización a fin de cumplir plenamente su mandato en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624; toma nota asimismo de que el Tribunal destacó los importantes riesgos relacionados con el mandato de la Agencia de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896 Observa con preocupación que el Tribunal detectó en su Informe Especial n.08/2021 varias deficiencias relacionadas con las principales actividades de la Agencia enumeradas por el Tribunal, a saber, el seguimiento de la situación, el análisis de riesgos, la evaluación de la vulnerabilidad, las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas, las operaciones de retorno y la formación de la Agencia y la falta de evaluaciones de necesidades y evaluaciones de impacto antes del aumento exponencial de los recursos de la Agencia; expresa también su preocupación por el hecho de que la Agencia no haya tomado todas las medidas necesarias para adaptar su organización a fin de cumplir plenamente su mandato en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624; toma nota asimismo de que el Tribunal destacó los importantes riesgos relacionados con el mandato de la Agencia de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896 ( 7 ) ; recuerda que los mandatos de la Agencia de 2016 y 2019 se solapan parcialmente, lo que podría haber afectado a su ejecución, como ha señalado el Tribunal;

11. Observa que solo dos años después de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/1624, la Comisión presentó una propuesta de nuevo reglamento para la Agencia sin haberse realizado una evaluación de impacto de esa nueva legislación; pide a la Comisión y a la Agencia que encuentren rápidamente una solución adecuada para garantizar una ejecución apropiada y oportuna del mandato de la Agencia en virtud del Reglamento (UE) 2019/1896, e insta a la Comisión y al Tribunal a que evalúen periódicamente el rendimiento de la Agencia y de los Estados miembros para detectar los ámbitos susceptibles de mejora, incluidas las respectivas bases jurídicas de las actividades de la Agencia, también a la luz de los resultados y los efectos logrados;

12. Observa con preocupación la conclusión del Tribunal de que los informes operativos de la Agencia no informan adecuadamente a los responsables de la toma de decisiones, ya que no ofrecen información sobre los costes y los resultados reales;

13. Toma nota con preocupación de la conclusión del Tribunal de que, aunque existe un marco funcional de intercambio de información en materia de migración para proporcionar la información pertinente sobre la situación en las fronteras exteriores y para apoyar la gestión de la inmigración irregular, este no funcionó lo suficientemente bien como para proporcionar un conocimiento exacto, completo y actualizado de la situación de las fronteras exteriores de la Unión; lamenta que todavía no se haya establecido un marco adecuado de intercambio de información para la delincuencia transfronteriza, lo que afecta a la capacidad de la Agencia y de los Estados miembros para responder rápidamente a la detección de cualquier amenaza; observa que la Agencia transmite, en lo tocante a la migración, información oportuna y pertinente sobre la situación en las fronteras exteriores y facilita información sobre hechos específicos; expresa su preocupación, sin embargo, por algunas deficiencias graves que impiden tener un conocimiento completo de la situación en las fronteras exteriores de la Unión, como la falta de información, de normas técnicas para los equipos de control fronterizo, de un catálogo común para notificar delitos transfronterizos, de información casi en tiempo real sobre la situación en las fronteras aéreas de la Unión, y por los retrasos en la actualización del modelo integrado común de análisis de riesgos; subraya que estas últimas observaciones no pueden atribuirse únicamente a la Agencia, sino que deben corregirse conjuntamente con los Estados miembros y la Comisión, especialmente en lo que se refiere al modelo integrado común de análisis de riesgos, ya que existen diferencias significativas en la presentación de informes entre los Estados miembros en términos de frecuencia, formato, datos o definición de casos; reitera el llamamiento de la autoridad de aprobación de la gestión expresado en la Resolución (UE) 2021/1615 para que se mejore el seguimiento y la notificación de la situación y los incidentes en las fronteras de la Unión, también en el contexto de potenciales violaciones de los derechos humanos;

14. o 1052/2013 Toma nota de la conclusión del Tribunal de que no todas las autoridades pertinentes han sido incluidas en el Reglamento (UE) n.1052/2013 ( 8 ) (por ejemplo, las autoridades aduaneras);

15. Toma nota de la conclusión del Tribunal de que el Reglamento (UE) 2019/1896 introdujo importantes requisitos adicionales de información para los Estados miembros, exigiendo la transmisión automatizada de datos por parte de los Estados miembros a la base de datos de EUROSUR; toma nota de la declaración de los Estados miembros en el sentido de que la participación directa de la Agencia en esta automatización todavía no es evidente;

16. Expresa su preocupación por la conclusión del Tribunal según la cual Agencia no facilitó información sobre el impacto o el coste de sus actividades, no facilitó información adecuada sobre la repercusión o el coste de sus actividades, no llevó a cabo una evaluación sólida de las operaciones conjuntas, no explicó ninguna desviación ni la repercusión del déficit de recursos y no facilitó información sobre los costes reales de sus operaciones conjuntas; destaca que la Agencia tiene la obligación de proporcionar información adecuada sobre las repercusiones y los costes de sus actividades para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas;

Condicionalidad

17. Toma nota de que la Comisión y la Agencia aceptaron o aceptaron parcialmente todas las recomendaciones del Tribunal; pide a la Agencia que tenga en cuenta y aplique de forma exhaustiva y oportuna las recomendaciones del Tribunal e informe a la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos realizados en la aplicación de dichas recomendaciones; pide a la autoridad presupuestaria que consigne una parte de los créditos presupuestarios de la Agencia para 2022 en una reserva que pueda ponerse a disposición cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) contratación de los veinte observadores de los derechos fundamentales restantes, con categoría AD, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento (UE) 2019/1896; b) contratación de tres directores ejecutivos adjuntos, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento (UE) 2019/1896; c) adopción, por parte del Consejo de Administración de la Agencia, de un procedimiento específico detallado para la aplicación del artículo 46 del Reglamento (UE) 2019/1896; d) presentación de un mecanismo de información sobre incidentes graves adaptado en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Derechos Fundamentales y Aspectos Operativos Jurídicos en el Mar Egeo (GT FRaLO); e) establecimiento de un sistema de observación de los derechos fundamentales plenamente operativo, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento (UE) 2019/1896; f) éxito en la aplicación de la recomendación 5 del Informe Especial n.o 08/2021 del Tribunal (calendario: finales de 2021); g) suspensión de las operaciones de la Agencia en apoyo de las operaciones de retorno desde Hungría mientras, tal como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las decisiones de retorno adoptadas por las autoridades húngaras sean incompatibles con la Directiva sobre retorno y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (9); pide a la autoridad presupuestaria que evalúe los progresos realizados en el cumplimiento de estos requisitos en una misión de investigación a la Agencia en 2022 en la que participarán miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; señala que incumplir estos requisitos aumenta el riesgo de que no se apruebe la gestión para el ejercicio 2020; considera, además, en consonancia con el acuerdo alcanzado durante el último procedimiento de conciliación presupuestaria, que la Comisión debe ejercer funciones de control más estrictas en relación con las agencias; pide a la Comisión y a la Agencia que expliquen de qué manera se resolverán las carencias detectadas, especialmente las relativas a la contratación y las adquisiciones, de cara al presupuesto para 2022;

Investigación en curso de la OLAF

18. Recuerda la confirmación por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de una investigación en curso de la propia OLAF relacionada con la Agencia; reitera su llamamiento a la Agencia para que coopere plenamente con la OLAF y mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier novedad;

19. Recuerda que, durante la reunión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, de 1 de septiembre de 2021, el director general adjunto de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión declaró que todas las investigaciones habían finalizado y que en ninguna se había concluido que existieran indicios de mala gestión presupuestaria o financiera o de vulneraciones de los derechos fundamentales, o de que la Agencia se hubiera negado a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de su Reglamento;

Transparencia

20. Recuerda las preocupaciones del Parlamento manifestadas en las reuniones celebradas por la Agencia en 2018 y 2019 con representantes de las industrias pertinentes para el trabajo de la Agencia, con una mayoría de representantes no inscritos en el Registro de transparencia de la Unión; señala a la atención el artículo 118 del Reglamento (UE) 2019/1896, que obliga a la Agencia a garantizar la transparencia en materia de grupos de presión mediante la publicación de todas sus reuniones con terceras partes interesadas; acoge con satisfacción la decisión del director ejecutivo de la Agencia, de 5 de mayo de 2021, sobre el Registro de transparencia de la Agencia; pide a la Agencia que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la adopción y el uso de esta herramienta;

21. Observa que la Agencia tiene la obligación de garantizar la transparencia proactiva, de conformidad con el artículo 114, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/1896; toma nota de que este artículo también establece que esta transparencia tiene sus límites, ya que debe garantizarse sin revelar información operativa que, de hacerse pública, pudiera poner en peligro la consecución del objetivo de las operaciones; toma nota de que la Agencia no puede revelar información de tal manera que vulnere la base jurídica para el tratamiento de datos personales, tal como se establece en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 ( 10 ) ; pide a la Comisión que garantice la existencia de normas vinculantes para la protección de la información y los datos;

22. Hace hincapié en que la transparencia es la norma general que se aplica a la Agencia, la Comisión y a las entidades que participan en el Foro Consultivo como condición previa para la confianza mutua y la buena cooperación;

Respeto de los derechos fundamentales

23. Recuerda la creación del Grupo de Trabajo para el Control de Frontex («FSWG», por sus siglas en inglés) por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento; observa que, el 14 de julio de 2021, el FSWG publicó su informe sobre la investigación a Frontex en relación con supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales, cuyo objetivo era recabar toda la información y las pruebas pertinentes en relación con supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales en las que la Agencia participó, de las que tenía conocimiento o contra las que no adoptó medidas, así como en relación con la gestión interna, los procedimientos de notificación y la tramitación de reclamaciones; toma nota de que FSWG no encontró pruebas concluyentes de la realización directa de devoluciones forzosas o expulsiones colectivas por parte de Frontex en los casos de incidentes graves que pudo examinar el FSWG; recuerda que el FSWG concluyó que la Agencia tenía pruebas que apoyaban las acusaciones de vulneraciones de derechos fundamentales en Estados miembros con los que efectuaba una operación conjunta, pero que no remedió ni investigó estas vulneraciones con rapidez, atención y eficacia y que, en consecuencia, Frontex no las previno ni redujo el riesgo de futuras vulneraciones de los derechos fundamentales; recuerda, al mismo tiempo, que el FSWG también detectó lagunas en el marco de cooperación con los Estados miembros que pueden obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia en materia de derechos fundamentales, y destacó la responsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión, al margen de su papel en el Consejo de Administración; observa, en particular, el reparto de responsabilidades entre la Agencia y los Estados miembros en materia de derechos fundamentales; reconoce las limitaciones que tiene la Agencia en la práctica al solo poder investigar el respeto de los derechos fundamentales en relación con los activos financiados o cofinanciados por la Agencia; hace hincapié en que el personal de la Agencia necesita claridad jurídica, especialmente durante misiones de alto riesgo en el mar, y que la Comisión y los Estados miembros deben garantizar que existan normas y claridad jurídicas en relación con la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1896 en el contexto de diversas situaciones durante las misiones; observa, no obstante, que, durante sus investigaciones, el FSWG constató que el director ejecutivo hizo caso omiso de las recomendaciones y consejos proporcionados por el antiguo agente de derechos fundamentales durante un período de cuatro años ( 11 ) , sobre todo en lo referente a las operaciones de la Agencia en Hungría; pide a la Agencia que proporcione al Parlamento un informe pormenorizado con sus planes para aplicar las recomendaciones del FSWG y los progresos realizados;

24. Toma nota de que el FSWG considera que el Consejo de Administración debería haber desempeñado un papel mucho más proactivo para apreciar el grave riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales y adoptar medidas para garantizar que Frontex cumpliera sus obligaciones negativas y positivas en materia de derechos fundamentales conforme a lo dispuesto en el Reglamento; toma nota, asimismo, de que el FSWG acoge con satisfacción los nuevos procedimientos y normas internos desarrollados por la Agencia durante los meses anteriores a la publicación del informe para cumplir el Reglamento (UE) 2019/1896, pero insta a ambos actores a que mejoren aún más el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de la Agencia reconsiderando sus estructuras internas y su comunicación, así como la cooperación con los Estados miembros de acogida; observa que el FSWG también destaca la responsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión, al margen de su papel en el Consejo de Administración;

25. Subraya que los diputados al Parlamento Europeo han tenido acceso a la información que llevó al FSWG a constatar la falta de cooperación del director ejecutivo para garantizar el cumplimiento de algunas de las disposiciones del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, especialmente en materia de derechos fundamentales; señala que el FSWG lamentó, asimismo, que el director ejecutivo se negara a seguir las recomendaciones de la Comisión para garantizar la observancia del nuevo Reglamento;

Investigación del Defensor del Pueblo Europeo

26. Acoge con satisfacción las conclusiones de la investigación estratégica del Defensor del Pueblo Europeo relativa al mecanismo de reclamaciones de la Agencia por presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales en el asunto OI/5/2020/MHZ; toma nota de que el Defensor del Pueblo Europeo decidió no dar curso a este asunto; observa, no obstante, que el Defensor del Pueblo constató deficiencias en el mecanismo de reclamaciones que podrían dificultar la presentación de denuncias sobre supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales y la solicitud de reparación; señala que el Defensor del Pueblo constató retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia al respecto; reconoce el compromiso de la Agencia por abordar ámbitos para los que el Defensor del Pueblo Europeo formuló propuestas de mejora;

27. Muestra su preocupación por la constatación del FSWG según la cual, con frecuencia, el agente de derechos fundamentales y el Foro Consultivo no participaron desde el principio en la elaboración de normas, procedimientos y estrategias en materia de derechos fundamentales, así como por que el Consejo de Administración y el director ejecutivo no tuvieran suficientemente en cuenta las opiniones y las recomendaciones del agente de derechos fundamentales y del Foro Consultivo; pide a la Agencia que permita participar al agente de derechos fundamentales y al Foro Consultivo, desde el principio y de forma plena y activa, en todos los procesos pertinentes; insta al director ejecutivo a que revise su relación con el agente de derechos fundamentales y el Foro Consultivo, y a que tome en consideración de manera oportuna todas sus recomendaciones; pide a la Agencia que aplique plenamente las recomendaciones del FSWG y que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos realizados;

28. Pide a la Agencia que garantice que cumple todas las obligaciones en materia de derechos fundamentales consagradas en el Reglamento (UE) 2019/1896 al aplicar la gestión integrada de las fronteras, tanto en lo que se refiere a las actividades operativas como de política; insta a la Agencia a que aplique de manera efectiva las recomendaciones del informe del FSWG y la Resolución (UE) 2021/1615 y a que informe al Parlamento de manera regular acerca de la aplicación de sus recomendaciones y de las operaciones en curso, también sobre los incidentes graves relativos a vulneraciones de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores y la actuación de la Agencia a este respecto;

Gestión interna, incluidos los observadores de los derechos fundamentales

29. Reitera con preocupación que el FSWG afirmó que el director ejecutivo había retrasado la contratación de tres directores ejecutivos adjuntos y no les había delegado competencias independientes, al tiempo que había ampliado el gabinete del director ejecutivo a sesenta y tres miembros del personal; recuerda que el FSWG está profundamente preocupado por la insuficiencia de controles y equilibrios dentro de la Agencia; reconoce que el Consejo de Administración definió las competencias de los tres directores ejecutivos adjuntos y que se publicaron los respectivos anuncios de vacantes en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021; pide a la Agencia que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de los progresos realizados con respecto al proceso de contratación;

Observadores de los derechos fundamentales

30. Lamenta el prolongado retraso en el nombramiento del agente de derechos fundamentales y los observadores de los derechos fundamentales por parte del director ejecutivo del FSWG, especialmente teniendo en cuenta la ampliación del gabinete de la dirección ejecutiva de la Agencia; señala que el agente de derechos fundamentales de la Agencia entró en funciones el 1 de junio de 2021; subraya que la plantilla del personal de la Agencia se redujo de 377 a 275 puestos de categoría AD en 2020; reconoce que esta disminución de puestos ha afectado a toda la estructura del personal, también a la contratación de los cuarenta observadores de derechos fundamentales; reconoce las declaraciones del director ejecutivo de la Agencia en el sentido de que se ha completado la contratación de un primer grupo de veinte observadores de los derechos fundamentales —cuya formación comenzó el 1 de junio de 2021—, y de que está en curso el nombramiento de un segundo grupo de veinte observadores de los derechos fundamentales; expresa su preocupación por que, de esos veinte observadores de derechos fundamentales, cinco han sido nombrados en la categoría AD 7 y quince en la categoría AST 4; recuerda que el Parlamento destacó en el informe del FSWG que el nombramiento en estas categorías inferiores puede afectar a la autoridad, la autonomía del observador y su acceso a información clasificada y sensible y, en consecuencia, a su efectividad; recuerda que la Agencia debía nombrar a los cuarenta observadores de derechos fundamentales en la categoría AD con el fin de garantizar la adquisición de las mejores capacidades y la adecuada puesta en marcha de las operaciones; recuerda, no obstante, que el coeficiente corrector para el personal de diversas agencias sigue siendo bajo y reconoce que unos salarios más bajos pueden tener un efecto negativo en los solicitantes europeos y generar dificultades de contratación para algunas agencias; toma nota del firme rechazo por parte del FSWG al retraso innecesario en la contratación de los observadores de los derechos fundamentales causado por el director ejecutivo; recuerda que el Reglamento (UE) 2019/1896 establece que se deben contratar al menos a cuarenta observadores de derechos fundamentales antes del 5 de diciembre de 2020; expresa su profunda preocupación por el hecho de que esta obligación siga sin cumplirse e insiste en que la Agencia nombre a los veinte observadores de los derechos fundamentales restantes de manera oportuna, sin más demora y en el grado AD, a fin de garantizar la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones de manera independiente; recuerda, en particular, que el FSWG señaló que el acceso sin restricciones ni previo aviso a los lugares, los activos y la información pertinentes es crucial para los observadores de los derechos fundamentales; subraya también la necesidad de que los Estados miembros cooperen plenamente con el agente de derechos fundamentales, facilitándole pruebas relativas al fondo de los casos que se están investigando; hace hincapié en la necesidad de aclarar la afirmación de la Agencia de que los veinte observadores de los derechos fundamentales restantes serían contratados a partir de una lista de reserva de grado AD 7 ya existente, una vez asignados a la Agencia otros puestos AD 7, ya que la Comisión mencionó que había suficientes puestos de categoría AD asignados a la Agencia;

31. Observa que, en noviembre de 2019, entraron en vigor nuevas normas relativas al mecanismo de reclamaciones y que dichas normas confirieron más responsabilidades al agente de derechos fundamentales; acoge con satisfacción la adopción de la estrategia actualizada en materia de derechos fundamentales por el Consejo de Administración de la Agencia en febrero de 2021; insta al Consejo de Administración de la Agencia a que adopte rápidamente el plan de acción en materia de derechos fundamentales para aplicar la estrategia actualizada y mejorar los mecanismos de la Agencia para el seguimiento y la notificación de las violaciones de los derechos fundamentales y las denuncias al respecto;

32. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación de la gestión, a su Resolución, de 29 de abril de 2021 ( 12 ) , sobre el rendimiento, la gestión financiera y el control de las agencias; pide a la Agencia que presente e informe periódicamente a la autoridad responsable de aprobación de la gestión sobre el estado de aplicación de una hoja de ruta que aborde los problemas señalados en la Decisión (UE, Euratom) 2021/1613.

(1) el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 122 de 10.5.2019, p. 1).

(3) Decisión (UE, Euratom) 2021/1613 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2019 (DO L 340 de 24.9.2021, p. 324).

(4) Resolución (UE) 2021/1615 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2019 (DO L 340 de 24.9.2021, p. 328).

(5) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_ES.pdf

(6) Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

(7) Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).

(8) Reglamento (UE) n.o 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) (DO L 295 de 6.11.2013, p. 11).

(9) Sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión Europea / Hungría, C-808/18, EU:C:2020:1029.

(10) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(11) Informe sobre la investigación a Frontex en relación con supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales, punto 3, letra D), Funciones del director ejecutivo, epígrafe «Recomendaciones», en el que expone que el FSWG lamenta profundamente que el director ejecutivo no respondiera ni diera curso ulterior a las numerosas expresiones de preocupación, recomendaciones, opiniones y observaciones emitidas por el agente de derechos fundamentales a lo largo de cuatro años.

(12) DO L 340 de 24.9.2021, p. 525.