Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "Coordinación de las políticas económicas a largo plazo"

(2002/C 221/16)

El 10 de enero de 2002, la Comisión, mediante carta de su Presidente, Romano PRODI, pidió al Comité Económico y Social, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la elaboración de un dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de los trabajos preparatorios en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de mayo de 2002 (ponente: Sra. Konitzer).

En su 391o Pleno, celebrado los días 29 y 30 de mayo de 2002 (sesión del 29 de mayo de 2002), el Comité Económico y Social ha aprobado por 79 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Contexto

1.1. A raíz de su discurso del 28 de noviembre de 2001 ante la Asamblea del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, dirigió el 10 de enero de 2002 una carta al CESE en la que pedía que elaborara una serie de dictámenes exploratorios y reflexiones. Entre los asuntos figuran también los problemas de la coordinación de la política económica a largo plazo y la relación entre las "Orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad" y los programas de política económica y de estabilidad de los Estados miembros. El presente Dictamen exploratorio constituye una primera aportación del CESE sobre este asunto.

1.2. Tradicionalmente, el Comité Económico y Social Europeo adopta su postura sobre la cuestión de la coordinación de las políticas económicas en el marco de su dictamen de iniciativa(1) sobre las "Orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad"(2).

Además, en los últimos años, y en función de la actualidad, el CESE ha emitido diversos dictámenes de iniciativa sobre cuestiones de contenido y procedimientos de coordinación de las políticas económicas, profundizando en sus reflexiones sobre asuntos esenciales, como la explotación de la reserva de empleo y crecimiento de la Comunidad, la supresión de los obstáculos al crecimiento y las posibles contribuciones de los agentes de política económica para lograr una combinación de políticas macroeconómicas óptima en la Comunidad(3).

1.3. El aumento del interés por las cuestiones relacionadas con el contenido y los procedimientos de coordinación de las políticas económicas puede explicarse fundamentalmente por los cuatro puntos siguientes:

(i) El éxito de la realización de la unión monetaria está en contraposición con los resultados poco favorables(4) de la Comunidad hasta la fecha en la explotación de su amplio potencial de crecimiento y empleo (véanse los objetivos de Lisboa). En la práctica, a pesar de unos enfoques positivos, hasta ahora no ha habido resultados significativos. Ahora bien, los progresos en este sentido tienen una importancia decisiva para el futuro de la Comunidad; sólo serán posibles mediante unas políticas económicas mejor diseñadas y coordinadas.

(ii) La realización de la unión monetaria mediante la introducción, con éxito y en los plazos establecidos, del euro como moneda de curso refuerza la conciencia política comunitaria de los ciudadanos y abre el camino hacia ulteriores progresos para lograr una auténtica unión económica y social.

(iii) La ampliación de la Comunidad de quince a veinticinco -o más- Estados miembros refuerza la necesidad de reflexionar también -en el marco de la reforma institucional- sobre los procedimientos de coordinación de las políticas económicas y el papel de las instituciones comunitarias interesadas (Comisión, Consejo, Parlamento, CESE), con el fin de que la Comunidad ampliada mantenga su capacidad de acción en materia de política económica.

(iv) La Convención para la reforma de la UE creada por el Consejo Europeo de Laeken también debería ocuparse de los aspectos institucionales y de los relativos a los Tratados en relación con la coordinación de las políticas económicas. A este respecto se necesitan documentos técnicamente competentes, que, por lo que se refiere al nivel comunitario, deberían proceder esencialmente de la Comisión, el Parlamento y el CESE. El presente Dictamen constituye una aportación del CESE en este sentido.

1.4. También el Consejo Europeo de Barcelona, en el punto 7 de las Conclusiones de la Presidencia, subrayó la necesidad de una mayor coordinación de las políticas económicas en tres puntos. El CESE, a este respecto, manifiesta lo siguiente:

(i) Acoge con satisfacción la intención de mejorar y armonizar las estadísticas e indicadores de la zona del euro; se trata de una necesidad evidente.

(ii) En su opinión, la petición de que se realice un análisis sistemático de la "combinación de políticas macroeconómicas" en el conjunto de la zona del euro reviste especial importancia para una política dirigida a los objetivos del crecimiento y el empleo en un contexto de estabilidad de precios; un análisis de estas características, no obstante, debería incluir no sólo a la política monetaria y financiera (en el sentido de la política presupuestaria), sino también a la política salarial de los agentes sociales. La evolución de los salarios tiene tanta importancia para la combinación de políticas en la zona del euro como la de los presupuestos públicos.

(iii) Acoge favorablemente la petición a la Comisión de que presente a tiempo para el Consejo Europeo de primavera de 2003 propuestas para reforzar la coordinación de las políticas económicas. La Comisión debería utilizar esta ocasión para hacer un uso valiente de su capacidad de iniciativa: deberían proponerse tantas modificaciones de los Tratados como sean necesarias; las propuestas deberían ser presentadas con la suficiente antelación, para que aún puedan ser tenidas en cuenta por la Convención.

El presente Dictamen del CESE constituye también una contribución a estas reflexiones.

2. El tratado de Maastricht y la actual coordinación de la política económica en la UEM y en la comunidad

2.1. Filosofía del Tratado de Maastricht

2.1.1. El capítulo del Tratado sobre política económica (artículos 98 a 104) deja fundamentalmente la competencia en materia de política económica al nivel de los Estados miembros. No obstante, se considera que la política económica constituye un asunto de interés común. Las políticas nacionales deberán ser coordinadas de forma que contribuyan a la realización de los objetivos de la Comunidad que figuran en el artículo 2(5) del Tratado. Las "Orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad" constituyen el principal documento de la Comunidad en materia de política económica. Son una Recomendación (no vinculante) del Consejo, elaborada a partir de una Recomendación de la Comisión y de las Conclusiones del Consejo Europeo. El Consejo informa al Parlamento Europeo de su Recomendación. La aplicación de las orientaciones se controla mediante un extenso procedimiento ampliamente intergubernamental. Si se comprueba que no se siguen las orientaciones, puede emitirse una nueva Recomendación dirigida al Estado miembro en cuestión, que puede ser publicada (en su caso, como sanción). El capítulo sobre política económica del Tratado sólo contiene indicaciones relativas al contenido de la política económica -al margen del principio de una economía de mercado abierta de libre competencia y el favorecimiento de una eficiente asignación de recursos- en las disposiciones sobre política presupuestaria. Estas disposiciones(6) tienen por finalidad garantizar que las políticas presupuestarias, que continúan en manos de los Estados miembros, no perjudicarán a la política monetaria orientada a la estabilidad de precios y centralizada en el BCE. El Pacto de estabilidad y crecimiento complementa y refuerza estas disposiciones en el marco de la UEM europea.

2.1.2. En el capítulo sobre política monetaria del Tratado (artículos 105 a 111) se afirma que el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) será la estabilidad de precios (artículo 105, primera frase). "Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 2" (artículo 105, segunda frase).

2.1.3. Las disposiciones del Tratado sobre política económica y monetaria aquí resumidas ponen claramente de manifiesto el carácter primordial del objetivo de la estabilidad de precios y muestran que el Tratado no contiene prácticamente ninguna exigencia sustantiva en relación con la combinación de políticas macroeconómicas ni con la política económica en general. Las disposiciones en materia de procedimiento para la coordinación de las políticas económicas están poco desarrolladas.

2.2. Evolución del Tratado y práctica actual

La relativa ausencia de referencias a la política económica en el Tratado de Maastricht fue suavizada con posterioridad de distintas formas, no siempre transparentes:

- En Amsterdam se añadió al Tratado un título sobre "Empleo", en el que se restablece en el ámbito de las directrices para el empleo (establecidas, a propuesta de la Comisión, por el Consejo por mayoría cualificada, tras consultar al Parlamento, al CESE y al Comité de las Regiones - artículo 128, segundo apartado) el procedimiento comunitario que ya no aparece para las orientaciones generales de política económica (artículo 99, segundo apartado: se aprueban sin consulta alguna y constituyen una simple recomendación de la Comisión) en el Tratado de Maastricht. (Por procedimiento comunitario debe entenderse que el Consejo sólo actúa "a propuesta de la Comisión"; esta propuesta sólo puede ser modificada por el Consejo por unanimidad, pero para ser aprobada necesita la mayoría cualificada del Consejo. Este procedimiento he demostrado su validez en la historia de la integración europea: sirve para garantizar tanto un reconocimiento razonable del interés comunitario como unas decisiones del Consejo coherentes).

- A continuación se desarrollaron los llamados "procesos":

- el Proceso de Luxemburgo, para la política del mercado laboral;

- el Proceso de Cardiff, para la política estructural (en el ámbito de los mercados de mercancías, servicios y capitales);

- el Proceso de Colonia, para el diálogo macroeconómico entre los responsables de las políticas monetaria, presupuestaria y salarial, con el fin de mejorar la combinación de políticas macroeconómicas en la UEM.

- Estos "procesos" fueron completados con los objetivos definidos por el Consejo Europeo de Lisboa en materia de crecimiento, progreso técnico y pleno empleo, así como del Consejo Europeo de Gotemburgo en materia de política medioambiental.

- A todo ello se añadió un conjunto difícilmente abarcable de consultas, mecanismos sobre dictámenes no obligatorios del Parlamento, del CESE, de los interlocutores sociales, así como tentativas por parte de la Comisión y del Parlamento de proponer un debate público sobre cuestiones de política económica europea: cooperación entre institutos de investigación económica, Foro económico de Bruselas.

- El importante papel de los comités de la Comunidad en los ámbitos de política presupuestaria, económica y de empleo (Comité Económico y Financiero, Comité de Política Económica y Comité de Empleo) ha seguido desarrollándose; esta evolución se ha realizado en parte en detrimento del papel de la Comisión como representante del interés comunitario. Además, existen aparentemente rivalidades entre los comités, falta de transparencia en el proceso decisorio y problemas en la composición de estos comités.

- Al margen del papel fundamental del Consejo Ecofin, ha aumentado la influencia de otras formaciones del Consejo (por ejemplo, Empleo y Asuntos Sociales, Mercado Interior, Medio Ambiente, etc.) en las "orientaciones generales de política económica".

- La política económica también figura en el orden del día de la reunión de primavera del Consejo Europeo, en la que deberían presentarse propuestas adicionales para la elaboración de las "orientaciones generales de política económica".

- A nivel del Consejo se ha constituido de manera informal el Eurogrupo, que se ocupa de la coordinación de las políticas económicas y de la evolución de la combinación de políticas en la UEM, pero al que el Tratado no otorga ningún poder de decisión.

3. La distribución de competencias en el ámbito de la política económica y la defensa del interés comunitario

3.1. Aunque la práctica actual es el resultado de una evolución asistemática y a menudo caracterizada por la falta de transparencia, tiene una lógica de base que convendría desarrollar.

La distribución de competencias en el ámbito de la política económica debe tener en cuenta de forma general tanto los intereses de los distintos niveles de gobierno de los Estados miembros (municipios, regiones o Estados federados, y Estado central o federal) como los de la Comunidad. Además, hay que tener en cuenta que el contenido de la combinación de políticas macroeconómicas está determinado por tres grupos de agentes autónomos: el BCE para la política monetaria, los gobiernos de los Estados miembros para la política presupuestaria y los interlocutores sociales para la política salarial.

Incluso en una unión monetaria que cuenta, por definición, con una política monetaria centralizada, las competencias en materia de política económica sólo deberían estar centralizadas en la medida necesaria para un funcionamiento satisfactorio de la unión económica y monetaria; no obstante, el interés comunitario debería estar representado de forma adecuada. La defensa del interés comunitario concierne a todas las instituciones de la Comunidad; la Comisión debería velar especialmente por ello, así como prestar atención a la igualdad de trato de todos los Estados miembros.

3.2. La forma que adopte la representación del interés comunitario y el rigor de esta representación dependerán de los diferentes ámbitos políticos, respecto de los cuales pueden realizarse las siguientes distinciones:

(i) Las normas del Tratado en materia presupuestaria, cuyo objeto es garantizar que las políticas presupuestarias nacionales no obstaculizarán la política monetaria centralizada (artículos 101 a 104 del Tratado, complementados con el pacto de estabilidad y crecimiento).

(ii) La combinación de políticas macroeconómicas en la unión monetaria y en los Estados miembros de la Comunidad (incluido el diálogo macroeconómico/"Proceso de Colonia").

(iii) Las políticas estructurales en el ámbito del mercado del empleo ("Proceso de Luxemburgo") y en el ámbito de los mercados de mercancías, servicios y capitales en general ("Proceso de Cardiff").

(iv) La necesidad de una visión de conjunto de la política económica (desarrollo del enfoque de Lisboa, visión a largo plazo de la política económica y papel a corto y largo plazo de la Comunidad en el mundo).

3.3. Sobre estos cuatro ámbitos cabe formular las siguientes observaciones:

Respecto a (i): la solución encontrada por lo que se refiere a las normas presupuestarias puede considerarse satisfactoria en principio: El Tratado prohíbe la financiación monetaria de los déficit públicos (artículo 101); el acceso privilegiado de entidades públicas a los mercados de capitales (artículo 102) y la asunción de responsabilidad de los presupuestos públicos por las deudas de otros entes públicos o de otros Estados (artículo 103), y prevé la obligación de evitar déficit públicos excesivos (artículo 104), así como un control apropiado del cumplimiento de esta obligación. En el ámbito del pacto de estabilidad y crecimiento habría que esforzarse, no obstante, en el próximo período de crecimiento por reducir al máximo los déficit estructurales, de forma que pueda garantizarse en el futuro la flexibilidad deseada de la política presupuestaria en la combinación de políticas económicas más allá del ciclo coyuntural. Con el fin de que determinadas misiones prioritarias del Estado (por ejemplo, investigación, educación, infraestructuras, etc.) no padezcan las consecuencias de la consolidación presupuestaria, todavía necesaria en muchos casos, podrían introducirse en los programas de estabilidad nacionales valores de referencia para estas categorías de gastos, que serían controlados a nivel comunitario. Sin embargo, para poder tener en cuenta de forma adecuada la calidad del gasto público, también es importante que en el futuro se conceda mayor importancia a cuestiones relativas a la estructura del gasto público, más allá de meras consideraciones sobre el saldo.

Respecto a (ii): dentro de la unión monetaria, la acción conjugada de la política monetaria centrada en la estabilidad de precios, de la política presupuestaria media de los Estados miembros de la unión monetaria y de la política media de salarios y rentas de los interlocutores sociales, da lugar a una combinación de políticas económicas de la unión monetaria que constituye el marco (a la vez que pone límites) del margen de maniobra de los Estados miembros (y de las regiones) para llevar a cabo una combinación de políticas específica propia en el marco de la política monetaria única. Esta combinación del conjunto de políticas de la unión monetaria la determinan, en la Comunidad, el Banco Central -que es independiente-, los gobiernos soberanos de los Estados miembros, y los interlocutores sociales autónomos. La autonomía de estos actores debe ser respetada. Al mismo tiempo, sin embargo, la configuración de esta combinación de políticas macroeconómicas tiene un interés directo para la Comunidad; influye directamente en las condiciones de crecimiento y empleo de la unión monetaria. Este interés comunitario debería ser articulado de forma activa por la Comisión (dentro del respeto a la autonomía de las partes que intervienen), y ser objeto de reconocimiento explícito en las recomendaciones del Consejo. Se trata de algo válido tanto para las orientaciones generales de política económica como para el diálogo macroeconómico (Proceso de Colonia) y para el debate público sobre política económica.

Respecto a (iii): las políticas estructurales en los ámbitos del mercado del empleo ("Proceso de Luxemburgo") y de los mercados de mercancías, servicios y capitales ("Proceso de Cardiff") tienen también, además de la política macroeconómica, gran importancia para el crecimiento y el empleo, especialmente a largo plazo. Con excepción de las normas sobre competencia del mercado interior, las competencias en estos ámbitos recaen ampliamente en el nivel nacional. Ello es así especialmente para la política fiscal, la educación y la formación, y los problemas que se derivan de la evolución demográfica. Sin embargo, es importante que -al margen de las normas del mercado interior- se tenga en cuenta el interés comunitario. Éste se encuentra representado, en el ámbito de las directrices para el empleo, en el derecho de propuesta de la Comisión y la obligación de consulta al Parlamento, al CESE, al Comité de las Regiones y al Comité de Empleo (artículo 128 del Tratado). En cambio, el "Proceso de Cardiff" se ha desarrollado fundamentalmente de un modo menos formal, y también menos transparente.

Para ambos procesos de política estructural, la Comisión debería explicar la forma de conciliar la representación legítima del interés comunitario con la necesidad de transparencia y eficacia, así como el modo de evitar la burocracia.

Respecto a (iv): la Comunidad, por su peso económico, ya puede compararse con los Estados Unidos, y el euro tiene un potencial comparable al del dólar. El Presidente del Banco Central Europeo es el representante del euro en el diálogo monetario y económico mundial (FMI, G7, etc.); sin embargo, la representación exterior de la unión monetaria y de la Comunidad en materia de política económica no ha sido regulada de forma satisfactoria. Se trata de algo que perjudica a los intereses comunitarios y que debería ser solucionado con carácter prioritario en la próxima revisión de los Tratados. El CESE opina que también la representación exterior de Europa en materia de política económica debería hablar con una sola voz. Si de los trabajos de la Convención resulta una Comisión políticamente reforzada -mediante, por ejemplo, la elección de su Presidente por el Parlamento-, la representación en materia de política económica exterior debería ser asumida por la Comisión así reformada, ya que así dispondría de más peso político y de mayor continuidad en este ámbito que una presidencia cambiante del Consejo de Economía y Finanzas. Al margen de estas consideraciones formales, debería reflexionarse sobre las perspectivas de desarrollo del peso económico de la Comunidad. Estas perspectivas dependerán fundamentalmente de dos factores:

- La explotación del potencial de empleo (más de treinta millones de trabajadores), además del aumento de la productividad que supondría, podría entrañar a largo plazo para la actual Comunidad de quince Estados miembros un aumento del PIB de un volumen casi comparable al del PIB alemán; en efecto, el PIB que podría ser generado por entre 30 y 35 millones de personas ocupadas adicionales, si se alcanzara este volumen de empleo, sería prácticamente de una magnitud similar;

- La inminente ampliación de la Comunidad significará también un aumento importante del potencial económico de la Comunidad; a este respecto, hay que tener en cuenta que un proceso de recuperación de estos países (siguiendo el ejemplo de Irlanda) podría multiplicar a largo plazo el potencial económico que se derivaría del proceso de ampliación. Deben tenerse en cuenta, no obstante, los riesgos y desafíos que entraña la ampliación, y es necesario garantizar el mantenimiento, durante el período de transición, de la cohesión económica y social de la Comunidad.

Las perspectivas que resultan de estos dos factores hacen necesarias reflexiones estratégicas a largo plazo sobre los riesgos y oportunidades que se derivarían de estas posibles evoluciones; ello incluye también la problemática de la sostenibilidad de la evolución, y es válido tanto para la evolución en la Unión ampliada como para su nuevo papel en el mundo.

Los objetivos a largo plazo establecidos por el Consejo Europeo de Lisboa muestran que las autoridades comunitarias están abiertas a estas reflexiones. Conviene proseguirlas cuidadosamente y de forma responsable. También por lo que a esto se refiere, la Comisión parece el punto de cristalización idóneo de un debate en profundidad con participación de las demás instituciones de la Comunidad y la opinión pública.

4. Pistas para el progreso: transparencia, articulación del interés comunitario y equilibrio institucional

Para superar las deficiencias en la concepción y la coordinación de la política económica, en el debate se deberían examinar los siguientes puntos:

(i) Con el fin de favorecer la transparencia, la Comisión debería presentar en un documento una panorámica sistemática de todos los procedimientos, "procesos" y consultas, formales e informales, que se realizan en el marco de la definición y la coordinación de la política económica a nivel comunitario, así como una valoración crítica con miras a su simplificación y a la mejora de su eficacia.

(ii) Conviene redoblar los esfuerzos para desarrollar un debate público, más amplio y técnicamente competente, sobre cuestiones de política económica en la Comunidad. Debería considerarse la posibilidad de crear un grupo independiente de expertos procedentes de distintos países de Europa encargado de examinar el desarrollo económico y la política económica de la Comunidad, y que, por medio de la crítica y de propuestas constructivas, proporcionara consejos destinados a estimular el análisis y el debate abierto. El objetivo de esta propuesta no es la creación permanente de nuevos órganos. Su finalidad es sobre todo contribuir a evitar que las distintas instituciones comunitarias creen consejos de expertos que compitan entre sí. De lo que se trata es de estimular de forma competente e independiente el debate público sobre cuestiones de política económica en la Comunidad y en la unión monetaria.

(iii) Las reflexiones contenidas en la Comunicación de la Comisión, de 7 de febrero de 2002, titulada "El refuerzo de la coordinación de las políticas económicas en la zona del euro"(7) sobre una mejora de la coordinación sin modificación de los Tratados deberían ser examinadas de nuevo en el contexto de los posibles trabajos de la Convención y de una probable revisión de los Tratados.

(iv) Para evitar modificaciones del Tratado demasiado detalladas, convendría seguir examinando qué mejoras podrían introducirse en la coordinación de las políticas económicas mediante legislación derivada en virtud del Tratado. A este respecto, hay que tener en cuenta que las posibilidades del apartado 5 del artículo 99 se refieren únicamente a la supervisión de la aplicación de las orientaciones generales de política económica (apartados 3 y 4 del artículo 99); habría que considerar si merece la pena ampliar el ámbito de aplicación de la legislación derivada en una revisión de los Tratados (apartado 5 del artículo 99).

(v) Por lo que respecta a los trabajos de la Convención, también habría que examinar qué otras modificaciones parecen oportunas en el capítulo de política económica del Tratado. Los siguientes puntos parecen de especial interés:

(v-1) El texto del Tratado (por ejemplo, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 2, 3, 4 y 98 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) debería afirmar más claramente que la política económica tiene una contribución fundamental que realizar para el logro de los objetivos de crecimiento y empleo(8).

(v-2) La articulación del interés comunitario debería ser mejorada mediante el restablecimiento del derecho de iniciativa de la Comisión en la elaboración de las orientaciones generales de política económica (apartado 2 del artículo 99).

(v-3) Debería reforzarse el papel del Parlamento: consulta obligatoria o codecisión en caso de decisión por mayoría del Consejo (artículo 99); este punto debería ser examinado especialmente por la Comisión y la Convención desde el punto de vista de la eficacia y la legitimidad democrática del procedimiento.

(v-4) Dictamen obligatorio del Comité Económico y Social Europeo (artículo 99).

(v-5) Forma y conveniencia de consagrar en el Tratado el diálogo(9) macroeconómico (posible analogía con el artículo 139 en el capítulo de política económica; referencias a la legislación derivada).

(v-6) Mejor definición del papel, la composición y la cooperación de los comités (artículos 114 y 130; Comité Económico y Financiero, Comité de Política Económica, Comité de Empleo; por ejemplo: inclusión de una referencia en el Tratado y posibilidad de legislación derivada).

(v-7) ¿Cuál debe ser la composición del Consejo de Gobierno del BCE y del Comité Ejecutivo del BCE tras la ampliación?

(v-8) ¿Puede mejorarse la coordinación entre las diferentes formaciones del Consejo (Economía y Finanzas, Empleo y Asuntos Sociales, Mercado Interior, etc.)?

(v-9) ¿Es oportuno integrar al Eurogrupo en el Tratado, dotándolo de capacidad de decisión propia?

(v-10) ¿Es razonable formular, ya sea en el Tratado o mediante legislación derivada, algunas indicaciones simples en materia de combinación de políticas macroeconómicas y de políticas estructurales?

(vi) El CESE considera conveniente profundizar más en los problemas señalados en el presente Dictamen y, llegado el caso, elaborar propuestas de redacción para posibles modificaciones del Tratado.

Bruselas, 29 de mayo de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Antes del Tratado de Maastricht, la consulta al CESE (y al Parlamento) sobre el informe anual sobre la situación económica de la Comunidad tenía carácter obligatorio, en virtud de la Decisión del Consejo sobre la convergencia, de 18.2.1974 (74/120/CEE, artículo 4). Los dictámenes correspondientes constituían la aportación del CESE a las orientaciones generales de política económica.

(2) DO C 221 de 7.8.2001, p. 177 - DO C 139 de 11.5.2001, p. 72 - DO C 148 de 21.2.2002 - CES 12/2002 fin.

(3) DO C 139 de 11.5.2001, p. 60 - DO C 139 de 11.5.2001, p. 51 - DO C 48 de 21.2.2002 - CES 12/2002 fin.

(4) En el punto 5 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona (15 y 16 de marzo de 2002), el Consejo Europeo elogia la rápida reacción de la política económica a la ralentización del crecimiento en 2001. El CESE opina que, por un lado, es cierto que pudo evitarse una severa recesión, pero también lo es, por otro, que no hay lugar para la autocomplacencia: a la Comunidad, indudablemente, le falta mucho todavía para alcanzar unos niveles de crecimiento que deberá mantener durante diez años o más para lograr los objetivos de Lisboa.

(5) Este artículo contiene también, entre otros, los objetivos del crecimiento y el empleo.

(6) Prohibición de financiación monetaria del déficit público; prohibición de acceso privilegiado del Estado a los mercados de capitales; desvinculación de responsabilidad por la deuda de otros Estados o de autoridades públicas; obligación de evitar los déficit públicos excesivos (artículos 101 a 104 del Tratado).

(7) COM(2001) 82 final.

(8) Véase el Dictamen Nyberg (DO C 125 de 27.5.2002).

(9) Siguiendo el ejemplo del diálogo del llamado "proceso de Colonia" entre los representantes de los gobiernos nacionales (política presupuestaria), del BCE (política monetaria), de los interlocutores sociales (evolución de los salarios) y de la Comisión (representación del interés comunitario) sobre las cuestiones de las perspectivas económicas y de la combinación de políticas macroeconómicas en la unión monetaria y en la Comunidad.