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Normas de ejecución

(2002/C 252/05)

El Defensor de Pueblo Europeo ha adoptado nuevas normas de ejecución que entrarán en vigor el 1 de enero de 2003. Estas nuevas normas de ejecución están disponibles en las once lenguas oficiales en su página en Internet, en la dirección siguiente:

http://www.euro-ombudsman.eu.int

Las copias de estas medidas pueden solicitarse gratuitamente a la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo a la dirección siguiente: 1, avenue du Président-Robert-Schuman BP 403 F - 67001 Strasbourg Cedex Tel. (33) 388 17 23 13 Fax (33) 388 17 90 62 E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Informe final del consejero auditor en el asunto COMP/M.2201 - MAN/Auwärter (de conformidad con el artículo 15 de la Decisión de la Comisión [C(2001) 1461/3 final], de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia)

(2002/C 91/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El proyecto de Decisión no plantea observaciones especiales en relación con el derecho de los interesados a ser oídos. El procedimiento se ha desarrollado con normalidad en sus fases escrita y oral. Los interesados no han solicitado una audiencia oral. Las empresas interesadas no han puesto de manifiesto problema alguno a este respecto.

Hecho en Bruselas, el 12 de junio de 2001.

Helmuth Schröter
Dictamen del Comité Consultivo de Concentraciones emitido en la reunión n° 77, celebrada el 14 de abril de 2000, en relación con un anteproyecto de Decisión relativa al asunto COMP/M.1693 - Alcoa/Reynolds

(2002/C 53/07)

1. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la operación notificada constituye una concentración a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre operaciones de concentración y en que presenta dimensión comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento.

2. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los mercados de producto de referencia son:

a) alúmina metalúrgica;

b) hidrato de alúmina comercial;

c) aluminio P0404 de gran pureza.

3. El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que los mercados geográficos de referencia son:

a) alúmina metalúrgica;

b) hidrato de alúmina comercial;

c) aluminio P0404 de gran pureza.

4. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la concentración crearía una posición dominante conjunta en los mercados de:

a) alúmina metalúrgica;

b) hidrato de alúmina comercial;

c) aluminio P0404 de gran pureza,

en los mercados geográficos considerados, como resultado de lo cual la competencia en el mercado común y en el EEE se vería considerablemente menoscabada.

5. La mayoría de los miembros del Comité se reserva su posición considerando el limitado tiempo disponible para evaluar los compromisos propuestos por Alcoa el 12 de abril de 2000 y expresará su opinión por escrito. Una minoría coincide con la Comisión en que dichos compromisos eliminarían las amenazas para la competencia derivadas de la operación notificada en los mercados citados por la Comisión. Otra minoría no está de acuerdo con los compromisos porque se presentaron fuera del plazo establecido en el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento (CE) n° 447/98 de la Comisión.

6. La mayoría de los miembros del Comité se reserva su posición en cuanto al hecho de que, a condición de que se cumplan por completo los compromisos presentados, la concentración propuesta puede declararse compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo del EEE y expresará su opinión por escrito. Una minoría coincide con la Comisión en que, a condición de que se cumplan por completo los compromisos presentados, la concentración propuesta puede declararse compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Otra minoría no está de acuerdo porque los compromisos se presentaron fuera del plazo establecido en el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento (CE) n° 447/98 de la Comisión.

7. El Comité recomienda a la Comisión que tome en consideración las demás observaciones formuladas durante el debate.

8. El Comité recomienda la publicación de su Dictamen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
N° C 19/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 90 
DICTAMEN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CECA 
en relación con el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se autoriza a contratar 
empréstitos en el mercado de capitales con vistas a la concesión de préstamos destinados a finan­
ciar inversiones en el sector del carbón y del acero de Polonia y de Hungría 
(adoptado por unanimidad, menos dos abstenciones, en su 282a sesión, de 19 de diciembre de 
1989) 
(90/C 19/03) 
EL COMITÉ CONSULTIVO 
aprueba el proyecto de la Comisión que tiene por objecto poner a disposición de Polonia y 
Hungría, en forma de préstamos, recursos financieros CECA por un valor máximo de 200 
millones de ecus; dicho acuerdo queda supeditado, sin embargo, a las siguientes condiciones: 
— dichos recursos financieros no podrán ser utilizados para la creación de capacidades de 
producción suplementarias que no se correspondan con un aumento equivalente de la de­
manda; 
— los beneficiarios de dichos recursos deberán, al exportar carbón y acero, dar garantías de 
cumplimiento de las reglas de competencia leal vigentes entre los países occidentales en el 
marco del GATT. 
Comunicación de la Comisión a título del artículo 115 del Tratado CEE 
(90/C 19/04) 
La Comisión, por Decisión C(90) 116, de 22 de enero de 1990, ha autorizado a la República 
Italiana a excluir del tratamiento comunitario los calzados, códigos NC ex 6401, ex 6402, ex 
6403, 6404 y 6405, originarios de Corea del Sur y puestos en libre práctica en los demás 
Estados miembros. 
La Decisión sera aplicable después de la fecha de la presente Decisión y hasta el 30 de junio de 
1990. 
El texto de esta Decisión puede obtenerse en la Comisión, Bruselas, teléfono (02) 235 23 64, 
telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.
4.

lamenta que el Consejo haya tardado tanto en fijar su posición sobre la propuesta de la Comisión para la revisión intermedia y que, por lo tanto, la autoridad presupuestaria no haya podido aprovechar todas las medidas propuestas por la Comisión en el marco del procedimiento presupuestario de 2017; aplaude, no obstante, el acuerdo alcanzado finalmente, el 5 de abril de 2017, por el Parlamento Europeo y el Consejo, que se traduce en un importe adicional de 6 009 millones EUR (compuesto por un 15 % de reasignaciones y un 85 % de recursos no asignados), que incluye 3 900 millones EUR para las medidas relacionadas con la migración dentro de la UE (2 550 millones EUR) y para abordar las causas profundas de la migración fuera de la UE (1 390 millones EUR), así como un importe de 2 100 millones EUR para el empleo y el crecimiento, que incluye 1 200 millones EUR para la Iniciativa de Empleo Juvenil;
3.

Estima que las herramientas y los canales existentes para el diálogo político entre la UE, los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil funcionan, pero observa que el diálogo sobre las políticas entre los entes locales y regionales y el nivel de la UE está fragmentado o transcurre sobre una base ad hoc. Por consiguiente, el Comité propone que se asocie activamente a los entes locales y regionales y se recurra a su experiencia para mejorar las normas sobre las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo, y que las autoridades de acogida reciban formación y asistencia para el establecimiento de redes. Los entes territoriales de los Estados miembros responsables de acoger a los refugiados a menudo no disponen de suficientes recursos para desempeñar esta tarea; además, el número de solicitudes de asilo aumenta continuamente. A este respecto, el Comité juzga prioritario reforzar las capacidades de los entes locales y regionales para determinar y brindar protección a grupos vulnerables, en particular los menores no acompañados, que con frecuencia son explotados por bandas criminales con fines de esclavitud sexual, trabajo forzoso o incluso tráfico de órganos. Además, los procedimientos de asilo deben abreviarse y las decisiones negativas deben aplicarse con mayor rapidez y eficacia, ya que es preciso reforzar no solo el diálogo entre los niveles políticos sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema de asilo europeo o nacional;
16.

lamenta, no obstante, que la propuesta de la Comisión no dé respuesta a otras cuestiones clave planteadas por el Comité de las Regiones, como son (a) cómo conseguir que los gobiernos de los Estados miembros se comprometan a hacer realidad las promesas de la nueva estrategia; (b) qué papel debería corresponder a los entes locales y regionales en el diseño y la aplicación de las iniciativas emblemáticas propuestas; y (c) qué indicadores para evaluar los progresos deberían complementar el PIB y cómo integrarlos en la gobernanza de la nueva estrategia;
18.

apoya el llamamiento realizado por la comunidad empresarial para que se introduzca una fase de prueba en la aplicación de las sanciones previstas, por ejemplo, para el primer año de aplicación, a fin de permitir a todas las empresas el necesario proceso de aprendizaje de las nuevas normas, de modo que las sanciones aplicadas a las entidades no conformes sean proporcionadas y no afecten a aquellas cuyo incumplimiento se deba a una adaptación tardía de los procedimientos y no a una intención específica de incumplir la norma;
3.

señala que el problema de las personas sin hogar es una realidad dinámica que afecta no solo a las personas que viven en la calle. También deben considerarse personas sin hogar las que viven en albergues o en lugares no destinados a vivienda, las personas que se disponen a abandonar una institución sin ninguna opción de alojamiento y todas aquellas que no disponen de recursos suficientes o dependen de amigos o familiares para tener un alojamiento ocasional. Reducir la compleja realidad del problema de las personas sin hogar solo reduce la calidad de las intervenciones políticas. Es importante distinguir entre las situaciones de carencia total de hogar y aquellas en las cuales existe una mínima red de apoyo, ya que la intervención debe ajustarse a realidades distintas con el fin de optimizar la eficacia de las intervenciones políticas;
13.

Pide que se preste la misma atención al desarrollo de la resiliencia de las sociedades y a una cultura común para la gestión de crisis y catástrofes. En este contexto debe concederse un mayor apoyo al Mecanismo de Protección Civil de la Unión, cuyo presupuesto no debe verse debilitado por la creación de la HERA. La presencia del término «emergencias» en la denominación de la HERA no debe crear confusión ni hacer que la HERA duplique los dispositivos de gestión de crisis ya desarrollados en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, cuya piedra angular es el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) de la Comisión. Hacen falta una coordinación muy sólida y un reparto claro de funciones entre estos dos instrumentos de la Comisión, que en el futuro podrían converger. Asimismo, es necesario delimitar las medidas del acto legislativo revisado sobre las amenazas transfronterizas para la salud que se están negociando actualmente entre el Consejo y el Parlamento y las tareas de la EMA y, en particular, del CEPCE;
1.

señala que las sociedades y las economías modernas no pueden funcionar de una manera estable sin un suministro de materias primas fiable, seguro, competitivo y respetuoso con el medio ambiente. Las materias primas fundamentales son aquellas materias primas que revisten una elevada importancia económica y para las que, no obstante, no existe un suministro seguro y estable procedente de fuentes propias de la Unión Europea en el momento actual;
23.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya presentado por primera vez en noviembre de 2020 su Estrategia de la UE para la igualdad entre las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ). Uno de los cuatro pilares de esta Estrategia de la Comisión es garantizar la seguridad de las personas LGBTIQ. Sin embargo, el fenómeno de la violencia contra las personas LGBTIQ hasta ahora no se ha evaluado con datos representativos, lo que permitiría dar un paso más y adoptar líneas de trabajo pertinentes para luchar contra esta violencia en el futuro. Aunque la encuesta en línea «A Long Way to Go for LGBTI Equality», llevada a cabo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), proporciona información valiosa sobre las experiencias de discriminación y violencia vividas por las personas LGBTIQ, al ser una encuesta voluntaria en línea no es estadísticamente representativa, ya que no se basa en una muestra aleatoria. En este contexto, el Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea que, como parte de su Estrategia LGBTIQ, emprenda y financie periódicamente un estudio anónimo y representativo sobre la violencia experimentada por las personas LGBTIQ, incluida la violencia de pareja, que recoja también los casos no denunciados y se lleve a cabo y evalúe de forma independiente para todos los Estados miembros de la UE;
13.

subraya, no obstante, que en la Comunicación no se exponen las experiencias positivas y negativas de la aplicación de las estrategias nacionales anteriores en favor de los gitanos. No se extraen conclusiones, no se abordan en ningún apartado las buenas prácticas y no se menciona ninguna de las medidas eficaces puestas en marcha por diferentes Estados miembros que podrían adoptarse o reproducirse en otros lugares;
8.

recuerda el vínculo intrínseco entre fiscalidad y democracia en la medida en que la historia de las democracias liberales está estrechamente ligada a la búsqueda del consentimiento de los contribuyentes al control democrático de los recursos y gastos fiscales, como ilustra el adagio « No taxation without representation » (« no hay tributación sin representación »);
51.

pide a la Unión Europea que apoye la exploración de todos los mares y océanos del mundo, en particular con el fin de reforzar los conocimientos sobre el entorno marino y la ciencia del clima (ciclo del carbono y absorción del CO 2 , acidificación y aumento del nivel de las aguas, etc.) así como para calificar los distintos yacimientos energéticos y no energéticos con el fin de evaluar mejor el potencial de valorización de los recursos marinos (energía geotérmica, minerales estratégicos, etc.);
31.

considera que la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte exige acciones complementarias, tanto para el transporte de mercancías como para el transporte de viajeros. El flujo de información debe ser integrado, pero para ello se requiere algo más que una simple coordinación de los sistemas de comunicación (5G u otros), hace falta también la capacidad de vincular los datos de los diversos modos de transporte. En este sentido, tanto los entes locales y regionales como los operadores privados (fabricantes de automóviles, operadores de sistemas de navegación para vehículos, proveedores de servicios de movilidad, etc.) recopilan datos, que no están obligados a poner de forma anonimizada a disposición de otros usuarios, por ejemplo, los operadores de las infraestructuras. Ahora bien, los operadores de las infraestructuras, que a menudo son los entes locales y regionales, para garantizar una gestión del tráfico eficaz y segura y para explotar sus infraestructuras deben disponer de las informaciones del modo más completo y actualizado que sea posible. Este aspecto esencial de la transmisión y la disponibilidad mutua de los datos, que hasta la fecha solo está previsto por parte de los entes públicos hacia las entidades privadas (Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público) no se menciona en la Comunicación;
37.

hace hincapié en el importante papel de los pequeños agricultores en la sostenibilidad de los ecosistemas regionales y pide a la Comisión que garantice que las fusiones en curso no incrementarán los obstáculos para la entrada de pequeños innovadores, no aumentarán el riesgo de que los pequeños innovadores queden excluidos del acceso a la tecnología y otros recursos necesarios para competir de manera efectiva, y no darán lugar a un aumento de los precios de los insumos agrícolas y una reducción de la oferta para los agricultores;
30.

constata que las exportaciones europeas de excedentes (leche en polvo, pollo, concentrado de tomate, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeos y a los costes de producción africanos reducen la capacidad productiva de los países africanos y favorecen la emigración de los habitantes del campo, a pesar del compromiso contraído por la UE, en su «política de coherencia en favor del desarrollo», de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015; asimismo, señala que la Unión Europea es el mayor importador de alimentos de los países en desarrollo, creando empleo en el sector agroalimentario de dichos países; no obstante, constata que las importaciones europeas (frutas, hortalizas, cordero, etc.) a precios inferiores al coste de producción europeo reducen la capacidad productiva en la UE y pueden implicar riesgos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria;
7.

recuerda que el potencial de crecimiento y creación de empleo de la economía azul no tiene parangón. Para la Comisión Europea, la economía del mar representa un número cada vez mayor de puestos de trabajo, estimado actualmente en 5 millones en Europa. En el informe The Ocean economy in 2030 publicado por la OCDE en 2016 se estima que la contribución de la economía del mar a la riqueza mundial ascendió a 1,3 billón EUR en 2010 y que esta cifra podría duplicarse antes de 2030;
8.

recomienda que el proceso de simplificación sea objeto de un planteamiento sistemático y estima, por consiguiente, que sería aconsejable definir, en esta perspectiva, un método y unos indicadores de realización y de éxito; por ello conviene distinguir dos tipos de resultados: por una parte, los que permiten una aplicación inmediata de los conocimientos y soluciones propuestas y, por otra, los que se utilizarán en el siguiente período de programación. En lo que respecta al período de programación actual, habida cuenta de la aplicación en curso de los programas operativos y en aras de la seguridad jurídica, no se considera realista llevar a cabo cambios legislativos de gran calado. No obstante, deberían preverse acciones inmediatas mediante cambios en las prácticas de ejecución y los requisitos no jurídicos, una mayor cooperación y una orientación más eficaz, así como ajustes menores en el marco legislativo de la política de cohesión y la legislación conexa. Además, convendría estructurar este proceso de simplificación, en función de los temas (transporte, medio ambiente, etc.), de los fondos y de su reparto (FEDER, FSE, etc.), del nivel (nacional, regional, urbano, local, de la UE) y del ente (público, privado, ONG, etc.). En el marco de este proceso, cabe destacar los vínculos y las repercusiones tanto dentro como fuera de esta estructura y centrarse en la simplificación de las relaciones interinstitucionales entre los distintos niveles que participan en su aplicación;
25.

La política agrícola común regula la agricultura y el papel fundamental que esta desempeña en el desarrollo rural. A escala regional, este último está estrechamente ligado al desarrollo de la agricultura. Si las zonas rurales no implican necesariamente agricultura, no cabe duda de que sin agricultura, no hay zonas rurales. El desarrollo de la agricultura no podrá lograrse independientemente del resto, y debe seguir garantizándose la convergencia entre, por una parte, sus condiciones y los objetivos que persigue y, por otra, los del desarrollo rural, de manera que el desarrollo de la agricultura contribuya a aumentar el nivel de vida de la población rural y de los trabajadores del sector agrícola, así como de los habitantes de las ciudades vecinas.
31.

En este sentido destaca, en particular ante la Comisión y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, que todas las medidas necesarias revisten particular importancia para que los consumidores finales europeos acepten de forma amplia el mercado único digital y lo vean materializarse. Estas medidas son necesarias para garantizar que los plazos establecidos puedan cumplirse. En particular, es necesario tener en cuenta las necesidades de los consumidores a la hora de elaborar una normativa sobre el uso razonable de los servicios de itinerancia regulados;
41.

reconoce que la «norma de los tres noes» (no a nueva normativa, no nuevas a instituciones de la UE y no a recursos adicionales) ha contribuido a asegurar que los recursos financieros para la cooperación territorial europea se utilizaran más eficazmente en las regiones en las que ya estaba en marcha la estrategia macrorregional; sin embargo, quisiera subrayar la importancia de una financiación a más largo plazo. En particular, las instituciones responsables de coordinar la aplicación de la estrategia necesitan tal financiación. Los Estados miembros participantes y sus entes territoriales, en el marco de la gobernanza multinivel, deben asumir mayor responsabilidad y proporcionar recursos adecuados para aplicar la estrategia macrorregional para la región alpina;
18.

deplora la acumulación de facturas impagadas (23 400 millones de euros solo para los tres Fondos Estructurales y de Cohesión a finales de 2013), lamenta que este fenómeno no deje de desarrollarse estos últimos años, señala que es inadmisible que la Comisión Europea no pueda cumplir sus compromisos y que no se pueda reembolsar a los beneficiarios por falta de suficientes créditos de pago y celebra que la Comisión Europea proponga utilizar todos los créditos de pago previstos para el año 2015 por el MFP; sin embargo, le preocupa considerablemente el importe insuficiente de los créditos de pago y las limitaciones de cash flow que probablemente no permitirán a la Comisión liquidar rápidamente todas las solicitudes de pago, lo que podría plantear importantes problemas en las regiones;
26.

destaca la importancia de los estudios nacionales, regionales y locales en materia de TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad) sobre el valor de los servicios ecosistémicos y la necesidad de aplicar este enfoque a los proyectos locales para demostrar las ventajas socioeconómicas, por ejemplo, de las zonas nacionales, regionales y locales protegidas, así como la necesidad de incorporar el valor del capital natural a las prácticas de planificación, contabilidad/información y presupuesto nacionales, regionales y locales para apoyar la acción 5 de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad;
51.

opina que la acción que propone la Comunicación es necesaria porque esta cuestión incluye aspectos transnacionales que los Estados miembros no pueden regular de manera satisfactoria y porque las medidas de la UE en vigor y la asistencia específica proporcionada en este marco no son suficientes para alcanzar los objetivos que se persiguen. La acción propuesta supondrá una clara ventaja, por su magnitud y su efectividad, en comparación con la acción fragmentada a nivel nacional, regional o local, especialmente gracias a las economías de escala, ya que los programas espaciales amplios requieren un nivel de inversión que los Estados miembros no pueden permitirse individualmente;
45.

subraya la necesidad de respetar los derechos humanos, y en particular el principio de no devolución, en todas las fases del control de las fronteras, y la correspondiente obligación de someter a un estrecho seguimiento las actividades de Frontex por parte de las instituciones de la UE, y en particular del Parlamento Europeo;