COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 16.12.1998 
COM(1998) 772 final 
98/0358 (SYN) 
PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE 
CRITERIOS MÍNIMOS DE LAS INSPECCIONES 
MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
(presentada por la Comisión) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
L JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
1.1 Consideraciones generales 
En los últimos años, el interés por la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación comunitaria de medio ambiente ha aumentado a medida que se 
desarrollaba el acervo comunitario en este sector. El Consejo Europeo de 
Dublin celebrado en junio de 1990 insistió en que el Derecho comunitario de 
medio ambiente sólo podía ser eficaz si se aplicaba y cumplía totalmente en 
los Estados miembros. En 1992, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 
sobre este asunto1. En mayo de 1996, la Comisión y el Parlamento Europeo 
celebraron una audiencia pública conjunta sobre problemas de la protección 
del medio ambiente y la puesta en marcha de la legislación. Todo ello culminó 
en la adopción por la Comisión de una comunicación sobre aplicación del 
Derecho comunitario de medio ambiente2, que se remitió al Consejo y el 
Parlamento Europeo el 5 de noviembre de 1996. 
La comunicación ponía de manifiesto la gran disparidad entre las tareas de 
inspección medioambiental en los Estados miembros, indicaba las lagunas 
existentes y reconocía la necesidad de realizar unas tareas de inspección 
mínimas, en particular con respecto ai control de las emisiones industriales y 
las normas de calidad del medio ambiente. Por consiguiente, la comunicación 
recomendaba el "establecimiento de orientaciones, y reducir así las grandes 
disparidades existentes en las tareas de inspección entre Estados miembros". 
El Parlamento Europeo y el Consejo refrendaron esa recomendación en sendas 
resoluciones aprobadas en respuesta a la comunicación3. 
La comunicación de la Comisión y la resolución del Consejo indicaban que la 
red de la Unión Europea para la aplicación de la legislación medioambiental 
IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) debí» 
realizar una función en este contexto. Según la resolución del Consejo, IMPEL 
debía "desempeñar.... un importante papel en las diversas fases del proceso 
normativo'* y que por lo tanto podría asesorar, previa petición o por iniciativa 
propia, sobre cuestiones de carácter general relativas a la aplicación y 
DOC 125 de 18.5.1992, p. 122 
COM(96) 500 final de 22.10.96 
PE 259.215/63 14.5.97 y DO C 321 de 22.10.1997. 
También denominado "cadena reglamentaria" y que es el proceso completo de determinación, 
concepción, proyecto, adopción, ejecución y cumplimiento de una norma legislativa hasta la 
evaluación de su eficacia. Se trata de una herramienta metodológica que posibilita la 
aplicación de un enfoque "hollstico" a los instrumentos de política ambiental. 
-iü^ 
cumplimiento, así como sobre las propuestas de nuevos textos de legislación 
comunitaria, en particular cuando sea necesaria la aportación de experiencia 
práctica". En particular, la resolución del Consejo solicita "...a la Comisión 
que, teniendo en cuenta la variedad de sistemas existentes, proponga para 
ulterior estudio en el Consejo, en particular basándose en el trabajo de la red 
IMPEL, criterios mínimos o directrices para las tareas de inspección que se 
realizan a escala de los Estados miembros, así como los distintos modos en 
que los Estados miembros podrían supervisar su aplicación concreta, con 
objeto de conseguir en la práctica una ejecución y cumplimiento uniformes de 
la legislación en materia de medio ambiente ". 
La red IMPEL, creada en 1992 para impulsar el intercambio de información y 
experiencias y conseguir que la legislación de medio ambiente se desarrolle, 
aplique y cumpla de una forma más coherente, tras estudiar el tema de los 
criterios mínimos de las inspecciones medioambientales, aprobó en noviembre 
de 1997 un documento en la materia, que ha servido de base para la presente 
propuesta. Hasta este punto, la Comisión ha deseado poner en práctica la 
intención manifestada en su comunicación de implicar a los responsables de 
aplicar y hacer cumplir la legislación en los Estados miembros desde las 
primeras fases del proceso legislativo. 
1.2 Objetivos medioambientales 
La letra k del artículo 3 del Tratado incluye entre las actividades de la 
Comunidad una política en el ámbito del medio ambiente. Este concepto se 
desarrolla en el Título XVI del Tratado. En concreto, el apartado 4 del artículo 
130 S establece que "los Estados miembros tendrán a su cargo....la ejecución 
de la política en materia de medio ambiente" de la Comunidad. Por otra parte, 
según el artículo 155 del Tratado, la Comisión dispone de un poder de decisión 
propio y puede participar en la formación de los actos del Consejo y del 
Parlamento Europeo en las condiciones previstas en el Tratado, y el artículo 
189 se refiere a la formulación de recomendaciones, entre otras cosas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente. 
Desde mediados de los setenta ha aumentado considerablemente el corpus 
legislativo comunitario sobre medio ambiente y, por ello, es evidente la 
importancia de velar por el cumplimiento pleno y efectivo de esa normativa 
desde el punto de vista de la aplicación de la política comunitaria de medio 
ambiente. El establecimiento, en una primera fase, de orientaciones sobre 
criterios mínimos con respecto a la realización de inspecciones 
medioambientales en los Estados miembros impulsará ese proceso. 
La propuesta se refiere a la contaminación del aire, el agua y el suelo desde 
fuentes concretas reguladas por la legislación comunitaria. Quiere aplicarse al 
principio a las inspecciones medioambientales de instalaciones industriales y 
otras empresas y centros sujetos en virtud del Derecho comunitario de medio 
ambiente a la concesión de un permiso o autorización de emisiones o vertidos 
o de las actividades que pueden provocarlos. Por consiguiente, va a regular las 
inspecciones medioambientales que se refieren a sectores de la legislación 
comunitaria que guardan una relación con la prevención y el control integrados 
de la contaminación, la calidad del agua, los residuos y las instalaciones 
industriales, incluyendo las correspondientes a los sectores médico y de 
investigación. En esta fase no cubre las inspecciones en relación con la 
contaminación de fuentes difusas. 
2- ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL FUNDAMENTO JURÍDICO 
El fundamento jurídico de la propuesta lo constituye el artículo 130 S 
(procedimiento de cooperación) del Tratado, que es la base jurídica específica 
de la política comunitaria de medio ambiente. El artículo 100 A sólo puede 
servir de fundamento jurídico en el caso de medidas que tengan por objeto el 
establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Aunque algunos de los 
aspectos de la propuesta, si se aplican en todo el territorio comunitario, pueden 
redundar en favor de la igualdad de trato de las entidades explotadoras de 
instalaciones industriales, no reside ahí la intención principal de la propuesta. 
3. SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 
3.1 Objetivos de la medida propuesta en relación con las obligaciones de la 
Comunidad 
La propuesta se ha preparado con objeto de garantizar los requisitos del 
artículo 130 R y del apartado 4 del artículo 130 S del Tratado con respecto a la 
aplicación de la política comunitaria de medio ambiente. 
3.2 Dimensión comunitaria del problema 
La aplicación y el cumplimiento del Derecho comunitario de medio ambiente 
son temas que incumben a todos los Estados miembros y a la Comisión. El 
Derecho comunitario de medio ambiente obliga a los Estados miembros a 
velar por que algunos tipos de emisiones o vertidos, o las actividades que 
pueden provocarlos, estén sujetos a la concesión de una autorización o permiso 
previo. Las instalaciones industriales y demás empresas y centros 
("instalaciones controladas") que tengan que atenerse a esos requisitos son o 
deben ser objeto de una inspección de las autoridades competentes; el 
establecimiento de orientaciones sobre criterios mínimos de esas inspecciones 
medioambientales servirá para que se den los primeros pasos para conseguir 
una norma uniforme en toda la Comunidad. El logro de dicha norma de 
inspección tendrá igualmente como ventaja el evitar distorsiones de 
competitividad. 
3 3 Solución más eficaz entre una actuación a nivel de la Comunidad o a 
cargo de los Estados miembros 
En virtud de las facultades que le confieren, en particular, los artículos 155, 
169 y 171 del Tratado, corresponde a la Comisión supervisar la incorporación 
de la legislación comunitaria en el ordenamiento interno de los Estados 
miembros, así como la conformidad y aplicación eficaz de la misma. La labor 
de hacer cumplir disposiciones concretas de la legislación comunitaria es 
responsabilidad de los Estados miembros. La labor de inspección ha sido 
dominio exclusivo de los Estados miembros que, a este respecto actuaban por 
separado y según sus propios criterios o normas discrecionales. Se ha 
demostrado que esta forma de actuar no conduce a una aplicación y un 
cumplimiento coherentes ni uniformes del Derecho comunitario de medio 
ambiente. 
Es preciso contar en este terreno con medidas comunitarias para que en toda la 
Comunidad se apliquen unas normas mínimas sobre inspección ambiental de 
instalaciones controladas. No obstante, ante la gran disparidad que registran 
los sistemas y mecanismos de inspección entre Estados miembros, la propuesta 
se presenta en forma de recomendación (instrumento no vinculante) y se deja 
en manos de los Estados miembros la elección de la estructura y los sistemas 
administrativos de las inspecciones, así como de la esfera (nacional, regional o 
local) en la que se van a crear tales estructuras y sistemas. 
3.4 Instrumentos a disposición de la Comunidad 
Se considera muy importante que la aplicación de la legislación comunitaria de 
medio ambiente en este campo se aplique de manera uniforme. No obstante, 
dadas las grandes diferencias existentes entre los sistemas y mecanismos de 
inspección de los Estados miembros, se ha considerado prudente limitarse en 
primer lugar a establecer orientaciones mediante un instrumento no vinculante 
como es la recomendación en lugar de en un acto legislativo vinculante como 
la directiva. Además, es probable que algunos Estados miembros duden de su 
capacidad para aplicar con eficacia los criterios mínimos. Se podría considerar 
una cofinanciación comunitaria para las zonas elegibles ó los Estados 
miembros con cargo a instrumentos financieros comunitarios existentes tales 
como los relacionados con el Fondo de Cohesión o el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 
3.5 Proporcionalidad 
Una medida comunitaria en forma de recomendación se ajusta en este campo 
al principio de proporcionalidad habida cuenta de las grandes disparidades 
existentes entre los sistemas y mecanismos de inspección ambiental de los 
Estados miembros no sólo desde el punto de vista de la capacidad para llevar a 
cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de 
inspección realizadas e, incluso, por la existencia misma de tareas de 
inspección en algunos pocos Estados miembros. A la vista de esas diferencias, 
la Comisión reconoce que para llevar a cabo las inspecciones 
medioambientales con arreglo a la recomendación puede resultar necesario 
aumentar la capacidad de algunos Estados miembros. En esos casos, puede 
considerarse la posibilidad de conceder cofinanciación comunitaria a los 
Estados miembros idóneos con cargo a instrumentos financieros comunitarios 
"ries e/y~~o ;OR •'doeulpr,os ai Fondo de Cohesion, e c'; Fondo Eiír^wr? de 
Desarropo Aesdona.l. Además, *c medida se ainsta al princioi? de 
proporcionalidad porque se limita a introducir criterios mínimos y deja a 
discreción. r-e les Briad^s rnie.rn.bros ?a )T"*VQT? de arJ icarios en su? prontos 
sistemas de insrec'vón. '^or r^p- pr e^. re traía de la primera fase de un 
programa en curso sobre inspecciones y cumplimiento. A la luz de la 
experiencia adouirida con la aplicación de la recomendación y sobre la base de 
oíree consultes con las rîflries interesadas, incluida la red IMPEL, se estudiarán 
las í^s^s siRiv.cntes para amp'ip" ?a naturaleza., a?canee y aplicación ^e ?os 
rc^";s;t-8 mí'« •Irnos cor:, ob^cv.o.. en '"'articular, de incluir, además del centro! de 
las emisiones desde fuentes concretas para el que se han adaptado estas 
reoom.en.daci.ones., íes fuentes de contara nación difusas y les m.speeciones 
generales de los distintos componentes de! medio ambiente. En etapas 
posteriores se va a estudiar asimismo la elaboración de criterios mínimos en 
relación con la formación y cual ideaciones de los inspectores y con la 
frecuencia de las inspecciones de instalaciones industríales, empresas y centros 
sobre 'a base de las mejores prácticas disponibles en los Estados miembros. A 
su debido tiempo y a la luz de la experiencia adquirida, se estudiará también la 
adopción de una directiva Enarco sobre inspecciones medioambientales en 
Pror,e"?>" 
4.1 Costes pnm los Estados miembros 
Hay muchas directivas sectoriales comunitarias que obligan a los Estado}; 
miembros a reali^r algún tipo de inspecciones medioambientales. Por 
consiguiente, los Estados miembros tienen que haber creado yo sistemas y 
mecanismos para llevarlas a cabo. Otras directivas que no incluyen 
obligaciones de inspección tienen que ejecutarse plenamente lo cual, según la 
jurisprudencia de' Tribuna^. Europeo de justicia, quiere decir que deben 
aplicarse y cumplirse adecuadamente sobre el terreno. El cumplimiento de esas 
obligaciones implica costes. No obstante, en la medida en la que los Estados 
miembros deberían cumplir ya con las obligaciones de derecho comunitario, la 
ppí.ioación de la recomendación va a suponer muy pocos costes adicionales 
par?, ¡ellos. Eos únicos costes extras pueden derivarse de la obligación de 
cía! erar informes y poner algunos de ellos, por ejemplo los que se refieren a 
visitas a instalaciones, a disposición del público. Prácticamente con toda 
probabilidad esos costes se incurrirán para cubrir necesidades en recursos 
humanos, que podrán satisfacerse mediante reorganizaciones mejor que con 
nuevas infraestructuras. La red IMPEL podrá brindar asistencia para cubrir lar-
necesidades de formación a este respecto. Además, como la propuesta se basa 
en las mejores prácticas aplicadas con frecuencia en la Comunidad, los costes 
del cumplimiento de los criterios mínimos serán insignificantes o, todo lo más. 
limitados en la mayoría de los Estados miembros. 4- COATES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LOS 
ESTADOS'MIEMBROS, LA COMUNIDAD Y LAS INSTALACIONES 
Âîj?îCTAnAS ™" "~ "" ~ " ~ ~ ' 
-5 
En cualquier caso, los beneficios resultantes para el medio ambiente deberían 
ser superiores a los costes ocasionados. 
Los Estados miembros cuyos sistemas de inspección no están muy 
desarrollados podrán recibir cofinanciación de los instrumentos financieros 
comunitarios existentes en los casos oportunos. 
4.2 Costes para la Comunidad 
Los Estados miembros que puedan demostrar que necesitan financiación 
podrán recibir asistencia de fondos comunitarios (Fondo de Cohesión o 
Fondos Estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para poder 
aumentar su capacidad y poner en práctica las orientaciones de la 
recomendación. Dado que esos fondos ya existen, la repercusión sobre el 
presupuesto comunitario va a ser nula. 
En algunos aspectos, el cumplimiento en una fase temprana de las 
disposiciones comunitarias gracias a unas inspecciones medioambientales 
correctas tendrá repercusiones positivas sobre los costes porque permite 
ahorrar posteriormente los costes de índole administrativa o en concepto de 
devolución que llevan aparejadas las infracciones del Derecho comunitario por 
una aplicación incorrecta de las normas y requisitos establecidos en los 
instrumentos comunitarios. 
4.3 Costes para las instalaciones controladas 
Los costes para las instalaciones controladas van a ser insignificantes. Esas 
instalaciones ya tienen que cumplir las disposiciones legislativas comunitarias 
que les son aplicables, y la presente propuesta no les impone ninguna 
obligación específica. Sólo habría costes reales adicionales en la hipótesis de 
que los Estados miembros decidieran imponer un pago por las inspecciones 
realizadas. En la medida en que este caso no se da en la actualidad, es un 
asunto que compete a los Estados miembros y que puede considerarse de 
auténtica subsidiariedad. 
5. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES 
INTERESADAS 
5.1 Estados miembros 
No se han celebrado consultas oficiales con los Estados miembros. La 
propuesta se basa sobre todo en la labor de la red IMPEL, que está compuesta 
por inspectores y representantes técnicos de las organizaciones pertinentes de 
los Estados miembros. Así y todo, puede decirse que se ha consultado a los 
Estados miembros sobre lo esencial de la propuesta al estar asociados a la red 
IMPEL y porque sus representantes mantuvieron consultas internas con las 
autoridades de su Estado miembro durante la realización de sus trabajos. 
5.2 ONG 
En enero de 1998 se convocó a una reunión a las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 
Birdlife International 
Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE) 
Amigos de la Tierra 
Greenpeace 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
Birdlife International presentó observaciones por escrito a la Comisión. Se 
mostró favorable a los aspectos de la propuesta relacionados con la puesta a 
disposición del público de los informes relativos a las visitas a instalaciones y 
los informes nacionales consolidados de los Estados miembros. Manifestaba 
su deseo por que continuara la labor de la red IMPEL sobre otras inspecciones 
medioambientales como las relacionadas con la contaminación desde fuentes 
difusas. 
La Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE) asistió a la reunión y 
también presentó observaciones por escrito. Declaró estar de acuerdo con el 
principio de establecer criterios mínimos de las inspecciones 
medioambientales pero consideraba que la propuesta podía insistir más en la 
difusión pública de los informes de inspección y en la frecuencia de las 
inspecciones. Además, consideraba que la propuesta debía establecer criterios 
mínimos con respecto a las cualificaciones de los inspectores. 
No se ha recibido ninguna respuesta por parte de las demás ONG. 
5.3 Consulta del sector industrial 
En la medida en la que la propuesta se dirige a los servicios de inspección, ésta 
no debería conllevar consecuencias reales para la industria que debe va 
conformarse con las legislaciones adoptadas en distintos momentos en el 
pasado y que requerían inspecciones. El sector industrial había sido consultado 
formalmente cuando esas legislaciones habían sido propuestas por la 
Comisión. 
6. EXPLICACIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA 
Punto I - Propósito 
La recomendación tiene por objeto establecer unas orientaciones sobre las 
inspecciones medioambientales que se llevan a cabo en los Estados miembros 
con arreglo a una serie de criterios mínimos sobre la organización, realización, 
seguimiento y divulgación de los resultados de esas tareas para conseguir que 
-7 
el Derecho comunitario de medio ambiente se cumpla mejor y se aplique de 
una manera uniforme en todos los Estados miembros. 
Punto II - Campo de aplicación y definiciones 
La recomendación se refiere a las inspecciones medioambientales de todas las 
instalaciones industriales y demás empresas y centros sujetos en virtud del 
Derechos comunitario a la concesión de un permiso o autorización de las 
emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos, así como a 
las inspecciones de instalaciones nucleares, incluyendo las relativas a los 
sectores médico y de investigación ("instalaciones controladas"). 
Este punto incluye asimismo las definiciones correspondientes a "inspecciones 
medioambientales", "entidad explotadora de una instalación controlada" y 
"autoridades encargadas de las inspecciones". Según este punto, además, un 
Estado miembro puede decidir que las inspecciones corran a cargo de una 
autoridad estatal, ya sea a nivel nacional, regional o local, o que esas tarcas se 
deleguen en cualquier otra persona física en determinadas condiciones. Se ha 
incluido esta posibilidad habida cuenta de que en los Estados miembros se 
tiende cada vez más a privatizar esas tareas. 
Punto Oí - Organización y realización de las inspecciones 
medioambientales 
En este punto se recomienda que los Estados miembros organicen y lleven a 
cabo las inspecciones medioambientales de acuerdo con las orientaciones de la 
recomendación. Se prevé asimismo que los Estados miembros deberán 
prestarse asistencia administrativa mutua mediante el intercambio de la 
información pertinente y, si procede, de inspectores. 
Punto IV - Planificación de las inspecciones medioambientales 
Este punto se refiere a la planificación por adelantado de las inspecciones 
medioambientales en los Estados miembros. Los programas de inspecciones 
deberán cubrir todo el territorio nacional y todas las instalaciones controladas 
que se encuentran en el mismo. Deberán ponerse a disposición del público 
según lo establecido en la Directiva 9G7313/CEE sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente. Podrán elaborarse a nivel nacional, 
regional y local y deberá designarse a las autoridades competentes para la 
realización de las inspecciones medioambientales. 
En este punto se establecen los fundamentos de los programas y especifica 
algunos temas que deben incluirse en los mismos. 
Punto V - Visitas a instalaciones 
En este punto se explican los criterios que deben aplicar los Estados miembros 
a las visitas a instalaciones controladas. Las visitas deben realizarse con 
carácter periódico como parte de las inspecciones medioambientales rutinarias 
de instalaciones controladas. Asimismo se especifican las circunstancias en 
que conviene realizar visitas no rutinarias, por ejemplo en la investigación de 
reclamaciones serias o en caso de accidentes graves, así como con motivo de la 
expedición del primer permiso o autorización, o antes de expedir de nuevo, 
renovar o modificar esos permisos o autorizaciones. 
Punto VI - Informes y conclusiones de las visitas a instalaciones 
En este punto se recomienda que los Estados miembros velen por que las 
autoridades encargadas de las inspecciones elaboren un informe después de 
cada visita a una instalación con sus conclusiones sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legislativas comunitarias en la instalación controlada, la 
evaluación de las mismas y un dictamen sobre la conveniencia de adoptar 
medidas adicionales. Los informes deben ser fácilmente accesibles y deben 
ponerse a disposición del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva 
90/313/CEE. 
Punto VII - Investigación de accidentes e incidentes graves y de casos de 
incumplimiento 
Este punto se refiere a la investigación de accidentes e incidentes graves y 
casos de incumplimiento de la legislación comunitaria. La investigación debe 
poner de manifiesto las causas del hecho, determinar las medidas adecuadas 
para mitigar su impacto ambiental, incluidas las medidas correctoras, 
recomendar las medidas que deben adoptarse para evitar nuevos accidentes y 
posibilitar la aplicación de medidas necesarias para hacer cumplir la 
legislación, o sanciones, cuando proceda. 
Punto VIII - Informes sobre las actividades de inspección medioambiental 
en general 
En este punto se aconseja a los Estados miembros que informen a la Comisión 
de sus experiencias en la aplicación de la recomendación dos años después de 
la fecha mencionada en el punto X. 
Punto IX- Examen por la Comisión de la aplicación de los criterios 
mínimos 
Según este punto, la Comisión debe estudiar cómo se ha aplicado la 
recomendación y su grado de eficacia lo antes posible una vez recibidos los 
informes nacionales consolidados a que se refiere el punto VIII con objeto de 
desarrollar los criterios mínimos a la luz de la experiencia adquirida y habida 
cuenta de las contribuciones de las partes interesadas, incluida la red IMPEL. 
Punto X -Aplicación 
En este punto se recomienda a los Estados miembros que apliquen la 
recomendación a más tardar doce meses después de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
• 10 
PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE 
CRITERIOS MÍNIMOS DE LAS INSPECCIONES 
MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su 
artículo 130 S, 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3 y el dictamen del Comité de las 
Regiones4, 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado5, 
1. Considerando que la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de 
los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero de 1993, sobre un 
Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible6 y la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión de 
dicho programa7 hacían hincapié en la importancia de la aplicación de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente sobre la base del concepto de responsabilidad 
compartida; 
I 
2 
3 
4 
5 
6 DO No. C 138 de 17.5.1993. 
7 DO No L 275 de 10.10.1998. 
í( 
2. Considerando que la comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea y al 
Parlamento Europeo relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de 
medio ambiente8 de 5 de noviembre de 1996 y, en particular, su apartado 29, propone 
establecer orientaciones a escala comunitaria con el fin de asistir a los Estados miembros 
en la realización de sus tareas de inspección, y reducir de esta manera la gran disparidad 
existente en la actualidad entre los procedimientos de inspección de los Estados 
miembros; 
3. Considerando que el Consejo, mediante su Resolución de 7 de octubre de 1997 sobre la 
redacción, aplicación y cumplimiento del Derecho comunitario en materia de medio 
ambiente9 pidió a la Comisión que propusiera al Consejo, para su examen más profundo, 
en particular, sobre la base de los trabajos realizados en el marco de la Red de la Unión 
Europea para la aplicación de la legislación medioambiental (IMPEL o Implementation 
and Enforcement of EU Environmental Law) una serie de orientaciones o criterios 
mínimos para las tareas de inspección realizadas a nivel de los Estados miembros así 
como las posibles maneras de que los Estados miembros puedan supervisar su aplicación, 
a fin de garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes del Derecho en materia 
de medio ambiente; que la propuesta de la Comisión tuvo en cuenta un documento 
adoptado por la red IMPEL relativo a criterios mínimos en materia de inspecciones10; 
4. Considerando que el Parlamento, mediante su Resolución de 14 de mayo de ll)97" 
relativa a la comunicación de la Comisión, solicitó que se elaborara una normativa 
comunitaria sobre inspecciones medioambientales; que el Comité Económico y Socially 
el Comité de las Regiones13 emitieron dictámenes favorables sobre la comunicación de la 
Comisión y destacaron la importancia de las inspecciones medioambientales; 
5. Considerando que el hecho de que existan sistemas de inspección y que las inspecciones 
se lleven a cabo de una manera eficaz sirve de disuasión para que no se produzcan 
infracciones medioambientales porque permiten que las autoridades las detecten y hagan 
cumplir la legislación de medio ambiente por medio de sanciones u otros medios, de 
manera que las inspecciones son un eslabón indispensable de la cadena reglamentaria y 
un instrumento eficaz para que las legislación comunitaria de medio ambiente se cumpla 
y haga cumplir con uniformidad en toda la Comunidad y para evitar falseamientos de la 
competencia; 
8 COM(96) 500 final de 22.10.1996. 
9 DO No. C 321 de 22.10.1997. 
10 Noviembre de 1997. 
11 PE 259.215/63. 
12 CES 479/97 ENV/439 29. Abril de 1997. 
13 CdR 437/96 final. 11-12 de junio de 1997. 
i-L 
6. Considerando que en la actualidad los sistemas y mecanismos de inspección varían 
mucho de un Estado miembro a otro no sólo desde el punto de vista de la capacidad para 
llevar a cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de 
inspección realizadas e, incluso, por la existencia misma de tareas de inspección en unos 
pocos Estados miembros, situación que no puede considerarse satisfactoria si se tiene en 
cuenta el objetivo de conseguir que el desarrollo, la aplicación práctica y la vigilancia del 
cumplimiento de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente sean 
uniformes y eficaces; 
7. Considerando, pues, que es necesario establecer en una primera fase un programa de 
medidas sobre inspecciones medioambientales y orientaciones en forma de criterios 
mínimos que habrá que aplicar como base común en la realización de tareas de 
inspección en los Estados miembros; 
8. Considerando que el Derecho comunitario de medio ambiente obliga a los Estados 
miembros a regular algunos tipos de emisiones y vertidos, o las actividades que pueden 
dar lugar a tales emisiones o vertidos; que los Estados miembros deberán cumplir unos 
criterios mínimos sobre organización y práctica de las inspecciones de, en una primera 
etapa, instalaciones industriales, empresas y centros sujetos en virtud del Derecho 
comunitario de medio ambiente a la concesión de un permiso o una autorización de las 
emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos; que conviene 
asimismo que esos criterios mínimos se apliquen también a las inspecciones de 
instalaciones nucleares, incluyendo las instalaciones en los sectores médico y de 
investigación, realizadas por los servicios de inspección de protección radiológica 
creados en los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria sobre seguridad 
nuclear adoptada con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica; 
9. Considerando que para que el sistema de inspecciones sea eficaz, las inspecciones 
medioambientales deberán programarse con anticipación en los Estados miembros; 
10.Considerando que las visitas a las instalaciones son una parte importante de las 
inspecciones medioambientales; 
11 .Considerando que la información y documentación proporcionada por agentes 
industriales y registrada con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales14 pueden ser una fuente valiosa de información para las inspecciones 
medioambientales; 
Reglamento (CEE) No 1836/93 del Consejo de 29 de junio de 1993 por el que se permite que las 
empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales. DO n° L 168 de 10.7.1993, p. 1. 
il 
12.Considerando que para sacar conclusiones de las visitas a instalaciones deberán 
elaborarse informes periódicos; 
13.Considerando que los informes sobre las inspecciones y el acceso de la población a los 
mismos son un medio importante de conseguir por medio de la transparencia la 
participación de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y otras partes 
interesadas en la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente; que el acceso a 
esa información deberá realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 90/313/CEE 
de 7 de junio de 1990 sobre libertad de acceso a la información en materia de medio 
ambiente15; 
14.Considerando que los Estados miembros deben prestarse asistencia administrativa mutua 
para aplicar la presente Recomendación; 
15.Considerando que la Comisión debe revisar la aplicación y eficacia de la presente 
Recomendación e informar de ello al Consejo y el Parlamento Europeo lo antes posible 
tras recibir los informes de los Estados miembros; 
1 ó.Considerando que según los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos 
en el artículo 3 B del Tratado, y dadas las diferencias existentes entre los sistemas y 
mecanismos de inspección en los distintos Estados miembros, los objetivos de la medida 
propuesta pueden lograrse mejor gracias a las orientaciones establecidas a nivel 
comunitario. 
RECOMIENDA 
I 
Propósito 
Los Estados miembros deberán llevar a cabo tareas de inspección medioambiental on 
arreglo a una serie de criterios mínimos que deberán aplicarse en la organización, 
realización, seguimiento y publicación de los resultados de esas tareas para cumplir y 
facilitar de ese modo la aplicación y el cumplimiento uniformes del Derecho comunitario de 
medio ambiente en todos los Estados miembros. 
II 
15 DO No L158 de 23.6.1990, p.56. 
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Campo de aplicación y definiciones 
1. La presente Recomendación se refiere a las inspecciones medioambientales de todas 
las instalaciones industriales, las empresas y los centros sujetos en virtud del Derecho 
comunitario a la concesión de un permiso o una autorización de las emisiones o 
vertidos o de las actividades que pueden provocarlos. Se aplica asimismo a las 
inspecciones de instalaciones nucleares, incluyendo las instalaciones en los sectores 
médico y de investigación. Todas estas instalaciones se denominarán en lo sucesivo 
"instalaciones controladas". 
2. Con arreglo a la presente Recomendación se entenderá por "inspección 
medioambiental" una actividad consistente, según convenga, en: 
a) Comprobar si las instalaciones controladas cumplen los requisitos 
medioambientales establecidos en la legislación de la Comunidad Europea y las 
leyes, reglamentos, órdenes, directrices, prohibiciones, autorizaciones o 
permisos mediante los cuales se aplican o desarrollan en los Estados miembros 
tales requisitos medioambientales (en lo sucesivo denominados "disposiciones 
legislativas comunitarias"), así como fomentar su cumplimiento. 
b) Vigilar el impacto ambiental de las instalaciones controladas con objeto de 
determinar si es necesario realizar más inspecciones o aplicar medidas para 
hacer cumplir la legislación (por ejemplo, modificar o revocar las autorizaciones 
o permisos) para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas 
comunitarias. 
c) Realizar las actividades necesarias para esos propósitos, por ejemplo: 
visitas a las instalaciones 
supervisión de la calidad medioambiental 
consideración de informes y declaraciones de ecoauditorías 
consideración y verificación de las actividades de autocontrol 
realizadas por entidades explotadoras de instalaciones controladas o 
en su nombre 
evaluación de las actividades y operaciones realizadas en la 
instalación controlada 
control de la infraestructura y los equipos de mantenimiento 
pertinentes así como de la adecuación de la gestión de la instalación 
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control de los registros pertinentes en poder de las entidades 
explotadoras de las instalaciones controladas. 
3. Las inspecciones medioambientales, incluidas las visitas a las instalaciones, podrán ser 
rutinarias, es decir, realizadas como parte de un programa de inspecciones 
previsto 
no rutinarias, es decir, realizadas, por ejemplo, en respuesta a una reclamación, 
en relación con la expedición, renovación o modificación de una autorización o 
permiso, o para investigar accidentes, incidentes o casos de incumplimiento. 
4.a) Las inspecciones medioambientales podrá realizarlas cualquier autoridad estatal, ya 
sea a nivel nacional, regional o local, instituida o designada por el listado miembro y 
que será responsable de las tareas incluidas en la presente Recomendación. 
b) Los organismos a que se refiere el apartado a) podrán, de acuerdo con la legislación 
nacional, delegar las tareas que deberán realizarse en virtud de la presente 
Recomendación, bajo su autoridad y supervisión, en cualquier persona jurídica de 
Derecho público o privado siempre y cuando tal persona no tenga intereses personales 
en los resultados de las inspecciones que realiza. 
c) Los organismos a que se refieren los apartados a) y b) se denominarán "autoridades 
encargadas de las inspecciones". 
5. Con arreglo a la presente Recomendación, se entenderá por "entidad explotadora de 
una instalación controlada" toda persona física o jurídica que explote o supervise la 
instalación controlada o, si así lo dispone la legislación nacional, en quien se hayan 
delegado poderes económicos determinantes sobre el funcionamiento técnico de la 
instalación controlada. 
III 
Organización y ejecución de las inspecciones medioambientales 
1. Los Estados miembros velarán por que las inspecciones medioambientales tengan por 
objeto conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente y, a tal tin, 
adoptarán las medidas necesarias para que las inspecciones medioambientales de 
instalaciones controladas se organicen y lleven a cabo según lo establecido en los 
puntos IV, V, VI, VII y VIII de la presente Recomendación. 
2. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua en los asuntos administrativos 
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relacionados con la aplicación de las orientaciones de la presente Recomendación 
mediante el intercambio de la información pertinente y, si procede, de inspectores. 
IV 
Planificación de las inspecciones medioambientales 
1. Los Estados miembros velarán por que las inspecciones medioambientales estén 
planificadas de antemano, para lo cual deberá contarse, en todo momento, con uno o 
varios programas de inspecciones medioambientales que cubran todo el territorio del 
Estado miembro y todas las instalaciones controladas que se encuentren en el mismo. 
Los programas deberán ponerse a disposición del público según lo establecido en la 
Directiva 90/313/EEC sobre libertad de acceso a la información en materia de medio 
ambiente. 
2. Los programas podrán elaborarse a nivel nacional, regional o local, pero los Estados 
miembros velarán por que se apliquen a todas las inspecciones medioambientales de 
las instalaciones controladas en su territorio y por que se designe a las autoridades a 
que se refiere el apartado 4 del punto II para realizar tales inspecciones. 
3. Los programas de inspecciones medioambientales se elaborarán sobre la base de: 
a) las disposiciones legislativas comunitarias que deben cumplirse 
b) una lista de las instalaciones controladas de la zona del programa 
c) una apreciación general de los principales problemas ecológicos de la zona del 
programa y una evaluación general del cumplimiento de las disposiciones 
legislativas comunitarias por parte de las instalaciones controladas 
d) información de actividades de inspección anteriores 
4. Los programas de inspecciones medioambientales deberán: 
a) Convenir a las tareas de inspección de las autoridades pertinentes y tener en 
cuenta las instalaciones controladas a que se dirigen y los riesgos de impacto 
ambiental de las emisiones y vertidos de las mismas. 
b) Tener en cuenta la información pertinente disponible en relación con 
emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas, por ejemplo 
informes remitidos por las entidades explotadoras a las autoridades, datos sobre 
las actividades de autocontrol, información de ecoauditorías y declaraciones 
ambientales, en particular las elaboradas por instalaciones controladas y 
registradas con arreglo al sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría, 
resultados de inspecciones anteriores e informes del seguimiento de la calidad 
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del medio ambiente. 
5. Cada programa de inspecciones medioambientales deberá, como mínimo: 
a) Determinar el área geográfica que cubre y que puede formar parte total o 
parcialmente del territorio de un Estado miembro. 
b) Tener un período de vigencia establecido y nunca superior a un año. 
c) Incluir disposiciones específicas sobre su revisión. 
d) Indicar los emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas que 
regula. 
e) Especificar los programas de inspecciones medioambientales rutinarias y, si 
procede, la frecuencia de las visitas a los distintos tipos de instalaciones controladas 
o a una serie de instalaciones especificadas. 
I) Presentar un resumen de los procedimientos de las inspecciones medioambientales 
no rutinarias que deban realizarse, por ejemplo, en respuesta a reclamaciones, 
accidentes, incidentes o casos de incumplimiento, así como para conceder una 
autorización. 
V 
Visitas a instalaciones 
1. Los Estados miembros velarán por que en todas las visitas a instalaciones se apliquen 
los criterios siguientes: 
a) Deberá comprobarse de forma exhaustiva si se cumplen las disposiciones 
legislativas comunitarias pertinentes con respecto a la visita que se está 
realizando. 
b) Si más de una autoridad debe realizar visitas a instalaciones, todas ellas deberán 
intercambiar información sobre sus actividades respectivas y, siempre que sea 
posible, coordinar las visitas y demás tareas de inspección medioambiental. 
c) Las conclusiones de las visitas a instalaciones deberán presentarse en los 
informes elaborados con arreglo al punto VI e intercambiarse, si es necesario, 
entre las autoridades encargadas de las inspecciones, las autoridades 
responsables de hacer cumplir la legislación y otras autoridades pertinentes a 
nivel nacional, regional o local. 
d) Los inspectores u otros funcionarios facultados para realizar las visitas a 
emplazamientos deberán tener derecho legal de acceso a los lugares y a la 
información para los fines de la inspección medioambiental. 
2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades encargadas de las inspecciones 
realicen visitas periódicas a instalaciones como parte de las inspecciones 
medioambientales rutinarias y por que en esas visitas se apliquen los criterios 
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adicionales siguientes: 
a) Deberá aplicarse un planteamiento integrado que tenga en cuenta la serie 
completa de impactos ambientales, de conformidad con las disposiciones 
legislativas comunitarias aplicables, los programas de inspecciones 
medioambientales y los acuerdos de los organismos inspectores en materia de 
organización. 
b) Esas visitas a instalaciones deberán tener por objeto conseguir que las entidades 
explotadoras conozcan y comprendan mejor las disposiciones legislativas 
comunitarias pertinentes, las distintas formas de vulnerabilidad del medio 
ambiente y los impactos ambientales de sus actividades. 
c) Los riesgos e impactos ambientales de la instalación controlada deberán 
considerarse para evaluar la eficacia de los requisitos vigentes en materia de 
autorizaciones y permisos así como para determinar la necesidad de mejorar o 
modificar esos requisitos. 
3. Los Estados miembros velarán asimismo por que se realicen visitas no rutinarias a 
instalaciones en las circunstancias siguientes: 
a) En la investigación realizada por las autoridades encargadas de las inspecciones 
sobre reclamaciones medioambientales graves, y lo antes posible después de que 
las autoridades las hayan recibido. 
b) En la investigación de accidentes e incidentes ecológicos graves y de casos de 
incumplimiento y en cuanto las autoridades encargadas de la inspección 
correspondiente tengan conocimiento de los hechos. 
c) Cuando deba decidirse sobre la conveniencia y condiciones de la primera 
autorización o permiso de un procedimiento o actividad dentro de una 
instalación controlada o su emplazamiento propuesto. 
d) Antes de expedir de nuevo, renovar o modificar, según convenga, autorizaciones 
o permisos. 
V! 
Informes y conclusiones de las visitas a instalaciones 
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades encargadas de las inspecciones 
elaboren después de cada visita un informe con sus conclusiones sobre el 
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cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias, la evaluación de las 
mismas y un dictamen sobre la conveniencia o no de medidas adicionales, por ejemplo 
de tipo vinculante, sanciones incluidas, o medidas tales como expedir una autorización 
o permiso nuevo o modificado, o realizar inspecciones de seguimiento, por ejemplo 
otras visitas a la instalación. 
2. Los Estados miembros velarán por que esos informes se registren adecuadamente por 
escrito, se conserven en una base de datos de fácil acceso, se comuniquen a la entidad 
explotadora de la instalación controlada objeto del informe y se pongan a disposición 
del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de 
acceso a la información en materia de medio ambiente. 
VII 
Investigación de accidentes e incidentes graves y de casos de incumplimiento 
1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad encargada de la inspección 
pertinente investigue los accidentes e incidentes graves y los casos de incumplimiento 
de la legislación de la CE que lleguen a conocimiento de las autoridades a través de 
reclamaciones o de otro modo con objeto de: 
a) Determinar las causas del hecho y su impacto ambiental y. si procede, las 
responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y 
comunicar las conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias (si se trata de una autoridad distinta). 
b) Mitigar y si es posible corregir los impactos ambientales del hecho mediante el 
establecimiento de las medidas que deberán adoptar la entidad o entidades 
explotadoras y las autoridades. 
c) Determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, 
incidentes o incumplimientos. 
d) Aplicar medidas de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias o 
sanciones, cuando proceda. 
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la autoridad 
encargada de la inspección realice un seguimiento de esas inspecciones 
medioambientales y compruebe si la entidad explotadora toma las medidas adecuadas 
en respuesta al accidente, incidente o incumplimiento y a la investigación de la 
autoridad encargada de la inspección. 
VIII 
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Informes sobre las actividades de inspección medioambiental en general 
1. Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre sus experiencias relativas a la 
aplicación de esta Recomendación transcurridos dos años después de la fecha indicada 
en el punto X, utilizando, en la medida de lo posible, cualquier dato disponible de las 
autoridades de inspección tanto locales como regionales. 
2. Esos informes se pondrán a disposición del público e incluirán, en particular: 
a) Datos cuantitativos sobre el personal y demás recursos a disposición de las 
autoridades encargadas de las inspecciones. 
b) Pormenores sobre la función de la autoridad encargada de las inspecciones y los 
resultados de su labor de elaboración y aplicación del programa o programas úc 
inspecciones correspondientes. 
c) Un resumen de las inspecciones realizadas en el que se deberá incluir el número de 
visitas realizadas a instalaciones, el porcentaje de instalaciones controladas 
inspeccionadas (por tipo) y el período de tiempo estimado que llevará inspeccionar 
todas las instalaciones controladas. 
d) El grado de cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias por parte 
de las instalaciones controladas según se desprenda de las inspecciones realizadas y 
de cualquier otra información que obre en poder de la autoridad competente, con 
referencia a la ubicación y el tipo de instalaciones controladas, a las disposiciones 
reglamentarias comunitarias que se hayan incumplido y al grado de ese 
incumplimiento. 
e) Un resumen de las medidas adoptadas en respuesta a reclamaciones, accidentes, 
incidentes y casos de incumplimiento, con las cifras correspondientes. 
f) Una evaluación del éxito o fracaso de los programas de inspecciones aplicables al 
organismo encargado de la inspección, con recomendaciones para programas 
futuros. 
IX 
Examen por la Comisión de la aplicación de los criterios mínimos 
La Comisión estudiará cómo se ha aplicado la presente Recomendación y su grado de 
eficacia lo antes posible una vez recibidos los informes a que se refiere el punto VIII, con 
objeto de ampliar el campo de aplicación de los criterios mínimos a la luz de la experiencia 
adquirida en su aplicación y habida cuenta de las contribuciones de las partes interesadas, 
incluida la red IMPEL. 
X 
Aplicación 
3( 
Se recomienda a los Estados miembros que apliquen la presente Recomendación a más 
tardar doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas e informen de ello a la Comisión exponiéndole asimismo una descripción de los 
mecanismos de inspección existentes o previstos. 
Hecho en Bruselas el Por el Consejo 
El Presidente 
Zv 

ISSN 0257-9545 
COM(98) 772 final 
DOCUMENTOS 
ES 14 15 05 
N° de catálogo : CB-C0-98-771-ES-C 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2l)85 Luxemburgo 
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