ES Diario Oficial de la Unión Europea C 107/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el crecimiento y el empleo — Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la UE»

[COM(2010) 367 final]

2011/C 107/02

Ponente: Stefano PALMIERI

El 30 de junio de 2010, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el crecimiento y el empleo - Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la UE»

COM(2010) 367 final.

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de febrero de 2011.

En su 469o Pleno de los días 16 y 17 de febrero de 2011 (sesión del 17 de febrero de 2011), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 240 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El CESE acoge favorablemente que la Comisión Europea haya reconocido la necesidad de proceder a una mayor integración en la coordinación de las políticas económicas europeas, inscribiendo en su propia agenda la necesidad de reforzar la gobernanza económica de la UE.

1.2 El CESE reconoce que la actual crisis económica, en efecto, ha sometido a una dura prueba la resistencia económica, social e incluso política de la Unión Europea (UE) en general y de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en particular, y ha puesto de manifiesto la escasa capacidad de coordinación entre los Estados miembros. Esto se ha hecho patente tanto en las intervenciones de emergencia para contener los efectos financieros y reales de la crisis como en las medidas de reestructuración de la arquitectura global, y de la zona del euro en particular, para evitar la repetición de la misma situación en un futuro próximo. Es evidente, asimismo, que la elevada deuda pública de algunos Estados miembros, derivada al menos en parte de los rescates bancarios, constituye un freno a la inversión pública y a la sostenibilidad del gasto social.

1.3 El CESE desea que el refuerzo de la gobernanza económica europea se lleve a cabo atendiendo por igual a las necesidades de la estabilidad y las de un crecimiento que genere empleo.

1.4 El CESE quiere contribuir a encontrar el amplio acuerdo necesario para reforzar eficazmente la gobernanza económica poniendo de relieve, por un lado, algunos límites y riesgos consustanciales al enfoque seguido por la Comisión y, por otro, sus importantes efectos potenciales.

1.5 En primer lugar, es preciso superar la actual fase de estancamiento de la UE, derivada de las vicisitudes de la Constitución europea y de la ampliación a 27 Estados miembros con historias y planteamientos políticos muy distintos, que dificulta la definición de objetivos comunes en el terreno económico, social y medioambiental que deben constituir la base de la gobernanza económica.

1.6 Al mismo tiempo, las reglas para el futuro deben basarse en el análisis compartido del pasado, concretamente de cuáles han sido los límites de los instrumentos de coordinación ya existentes, que han restado eficacia a la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no han permitido alcanzar en grado suficiente los objetivos fijados en Lisboa.

1.7 En segundo lugar, se ha decidido, en cuanto a los plazos, comenzar el semestre europeo (a partir del 1 de enero de 2011) sin haber establecido antes las reglas y los contenidos que deben aplicarse y, por otro lado, sin haber coordinado eficazmente las propuestas entre los distintos sujetos institucionales interesados.

1.8 La limitada participación de las instituciones representativas de los ciudadanos europeos (Parlamento y Comités) en el debate sobre la nueva gobernanza y en su aplicación podría llevar a la opinión pública a percibir el refuerzo de las normas, a causa de la menor discrecionalidad política y de los mayores automatismos previstos, como un «déficit de legitimidad» de las decisiones de la Unión, en paralelo con la pérdida de confianza en la UE que revelan los datos del Eurobarómetro.

1.9 El CESE considera que la afirmación de la legitimidad democrática de la coordinación de las políticas económicas europeas debe pasar necesariamente por el Parlamento Europeo. En este contexto, el CESE desea que el Parlamento Europeo pueda asumir un papel fundamental en el proceso que comienza con el semestre europeo, tanto en la fase de control como en la de la evaluación de las intervenciones correctivas previstas en la Comunicación de la Comisión Europea.

1.10 Para facilitar que la opinión pública acepte los límites presupuestarios es indispensable mantener la coherencia entre los objetivos de crecimiento y de desarrollo económico y social enunciados en la Estrategia Europa 2020, para los que se precisan unos niveles de inversión tal vez incompatibles con los límites presupuestarios, y las exigencias de estabilidad monetaria y financiera plasmadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.11 A tal fin también es necesario adoptar una serie adecuada de indicadores que vayan más allá del mero PIB y que sean capaces de incluir las conquistas sociales y ambientales y las pérdidas y, por tanto, de reflejar las preocupaciones reales de los ciudadanos, poniendo en práctica las cinco medidas previstas «más allá del PIB». Se trata del uso de indicadores ambientales y sociales, de la disponibilidad de información casi en tiempo real y de datos precisos sobre la distribución y las desigualdades, de la elaboración de un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible y de la extensión de las cuentas nacionales a las cuestiones ambientales y sociales.

1.12 El CESE, al amparo de su papel de organismo consultivo, podría contribuir a un mejor funcionamiento del semestre europeo, a través de una sesión anual específica para debatir las recomendaciones y el modo de generar consenso sobre las reformas a nivel nacional, teniendo en cuenta el impacto social de las medidas adoptadas. Dicho debate podría tener lugar en otoño tras la adopción formal de las recomendaciones por parte de los Estados miembros, y sus conclusiones servirían de base para un intercambio de puntos de vista con los respectivos comités económicos y sociales nacionales, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.

1.13 En particular, la creciente atención que se presta a la concertación entre los agentes sociales, sobre todo en la zona del euro, donde los Estados miembros ya no disponen del instrumento de la devaluación, hace que las relaciones entre sindicatos y asociaciones empresariales formen parte de la estrategia concebida por la Comisión. Una solución podría consistir en el uso más intenso y funcional del diálogo macroeconómico, que conduzca a una verdadera evaluación compartida entre los gobiernos y los interlocutores sociales acerca de la situación económica en la UE y de las medidas que se impone adoptar, en estrecha relación con los procesos de diálogo social a nivel nacional.

1.14 La realización de una verdadera coordinación de las políticas económicas europeas requiere el consenso necesario sobre el marco macroeconómico de referencia y el de las previsiones. A este fin el CESE desea que se garanticen las condiciones para que Eurostat disponga de las bases informativas adecuadas de modo que la Comisión Europea pueda formular propuestas de previsiones correctas y que se instaure un apoyo activo entre los demás órganos interesados: el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.

1.15 El CESE desea que la coordinación de las políticas económicas europeas sea, al menos para los Estados de la zona del euro, el primer paso hacia una verdadera política económica común y hacia la coordinación de las políticas presupuestarias.

1.16 Si en aras de una mayor coordinación de las políticas económicas, se pretende reforzar, junto con la política fiscal y monetaria, la coordinación de la política salarial en la zona del euro, habrá que respetar la autonomía de las negociaciones colectivas: es inadmisible y rechazable que los Estados establezcan los objetivos de los convenios colectivos, y mucho más que impongan recortes salariales.

2. El refuerzo de la gobernanza económica europea en la Comunicación de la Comisión (1)

2.1 La Comunicación de la Comisión representa una elaboración adicional de las ideas formuladas en la Comunicación «Reforzar la coordinación de las políticas económicas» (2) y de las directrices adoptadas por el Consejo Europeo EUCO 13/10, que siguen los resultados alcanzados hasta ahora por el Grupo de trabajo sobre la gobernanza económica (Grupo de trabajo VAN ROMPUY).

2.2 El documento elaborado por la Comisión se fundamenta en el reconocimiento implícito de que los efectos de la crisis financiera y económica han generado una serie de presiones sobre la sostenibilidad económica y social de la UE en general, y de la UEM en particular, poniendo de manifiesto la escasa capacidad de coordinación de las políticas económicas europeas.

2.3 En este contexto, la Comunicación propone estructurar un marco de intervenciones capaz de asegurar una mejor coordinación de las políticas económicas europeas entre los 27 Estados miembros de la Unión, y, concretamente, entre los dieciséis de la UEM, para los que se prevén normas específicas. La estructura propuesta prevé integrar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Estrategia Europa 2020.

2.4 En el ámbito del proceso de refuerzo de la gobernanza económica europea, la Comisión pretende alcanzar fundamentalmente tres objetivos.

2.4.1 El primer objetivo consiste en reforzar la coordinación y supervisión de las políticas económicas, para lograr:

— reducir los desequilibrios nacionales mediante una supervisión macroeconómica reforzada basada en mecanismos de alarma y sanciones,

— homogeneizar más los marcos presupuestarios nacionales a través de la adopción de requisitos mínimos uniformes entre los Estados miembros y el paso de una programación presupuestaria anual a una plurianual,

— hacer más eficaz el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, centrando la atención en la dinámica de la deuda y del déficit.

2.4.2 El segundo objetivo consiste en establecer un sistema de correctivos preventivos y de sanciones aplicables en caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros.

2.4.3 El tercer y último objetivo instituye un semestre europeo de coordinación anticipada de las políticas económicas, aplicable también a las reformas estructurales y las medidas de estímulo del crecimiento económico previstas en la Estrategia Europa 2020.

2.5 Estos objetivos se traducen en una legislación derivada de la Comisión en forma del paquete presentado el 29 de septiembre de 2010, relativo a la adopción de seis Comunicaciones (3) que detallan las formas concretas de conseguirlos y que serán objeto de dos dictámenes específicos del CESE, uno de ellos sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el otro sobre los desequilibrios macroeconómicos. Por consiguiente, el presente dictamen se limita a consideraciones de carácter general sobre el conjunto del sistema de gobernanza propuesto por la Comisión, sin entrar a tratar el paquete legislativo del que se ocuparán específicamente los dos dictámenes indicados.

3. Observaciones generales

3.1 Hay que aplaudir la decisión de la Comisión de poner en marcha un proceso de refuerzo real de la coordinación de las políticas económicas europeas. En efecto, se trata de una necesidad que han venido planteando desde hace tiempo muchos órganos institucionales europeos (como el Parlamento Europeo) y no europeos. En particular, la importancia de una mayor integración de la gobernanza de la Unión ha sido destacada varias veces por el CESE en los dictámenes que, en el pasado, se han ocupado de este asunto (4).

3.2 La crisis financiera y económica ha sometido a una dura prueba la capacidad productiva, social y política de la UE en general y de la Unión Económica y Monetaria en particular. (5)

3.3 El contexto social y económico está sujeto a factores de inestabilidad e incertidumbre y necesita, por tanto, una organización eficaz y el buen funcionamiento de las instituciones. Salta cada vez más a la vista que, sin cooperación entre los agentes de las políticas económicas nacionales no se puede guiar a todos los Estados miembros en una dirección común frente a los desafíos de la globalización productiva y financiera y de los profundos cambios tecnológicos en curso.

3.4 En ausencia de una coordinación de las políticas económicas, la crisis ya ha producido una serie de consecuencias de carácter económico y social particularmente graves para la UE, sobre todo en lo tocante a las oportunidades de crecimiento y al empleo. Son efectos lúcidamente identificados en el proyecto de informe sobre la crisis financiera, económica y social presentado al Parlamento Europeo por la ponente Pervenche BERÈS (6).

3.4.1 El producto interior bruto (PIB) de la UE, que experimentó un exiguo crecimiento en el año 2008 (+0,5 %), cayó claramente en el año 2009 (–4,2 %) y debería volver a aumentar en los años 2010 y 2011 (las previsiones son, respectivamente, del +1 % y del +1,7 %). El desplome es particularmente grave en los tres países bálticos (Letonia, a finales del año 2011, habrá perdido el 22 % del PIB de 2007), así como en Irlanda, y, en menor medida, en Italia, Grecia y Finlandia. Al mismo tiempo, las exportaciones de los Estados miembros, tanto a otros Estados miembros como al exterior de la UE, se contrajeron un 12 % entre los años 2007 y 2009, con porcentajes superiores al 15 % en Finlandia, Malta, Bulgaria, Suecia, Estonia y el Reino Unido (7).

3.4.2 Debido a ello, la mayor parte de los Estados miembros se han quedado muy lejos de los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa para el mercado de trabajo: la tasa de ocupación ha descendido en la UE del 65,4 % en el año 2007 al 64,6 % en 2009, con caídas superiores a cinco puntos porcentuales en Estonia, Irlanda, España y Letonia; en ese periodo, la tasa de paro creció en la UE del 7,1 % al 8,9 %, superando el umbral del 10 % en España (donde ha llegado al 18 %), Eslovaquia, Irlanda y en los tres países bálticos.

3.5 Ante un panorama tan crítico, que requiere soluciones enérgicas, persiste alguna perplejidad por el enfoque y los plazos adoptados por la Comisión en el proceso de refuerzo de la gobernanza económica europea. Son factores que, además de obstaculizar el consenso más amplio posible en torno al proceso apenas iniciado entre las instituciones europeas y la opinión pública, podrían hacer que no resulte del todo claro el propio fin de la coordinación que se propone.

3.6 En primer lugar, la acción de la UE encaminada al refuerzo de la coordinación de las políticas económicas no puede prescindir de la definición compartida realmente entre los Estados miembros de la «gobernanza económica», ni de una atenta evaluación de las razones que han llevado a lo largo del pasado decenio a una aplicación ineficaz del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a un cumplimiento insuficiente de los objetivos fijados en Lisboa.

3.6.1 Por un lado, el término «gobernanza» evoca una arquitectura institucional descentralizada, donde no actúa un solo centro de poder, como en los Estados nacionales, sino una pluralidad de sujetos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que cooperan entre sí en pos de fines compartidos. Pero la UE se encuentra aún en una fase de estancamiento derivado de las vicisitudes de la Constitución europea y de la ampliación a 27 Estados miembros, que cuentan con historias y planteamientos políticos muy distintos. De ello se deriva la necesidad de que las instituciones de la UE y los Estados miembros compartan de forma efectiva nuevos objetivos económicos, sociales y ambientales, que, en lugar de ello, se quedan por detrás de los grandes esfuerzos de los años ochenta y noventa por crear el mercado único y adoptar el euro.

3.6.2 Por otro lado, la previsión de normas para el futuro no parece basarse en un análisis común del pasado. En efecto, no es indiferente establecer si los graves problemas detectados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento parten de errores de partida en el momento de concebir los vínculos en el interior de la Unión Monetaria Europea ante crisis profundas o de opciones políticas inoportunas en el curso de su aplicación o, por último, de planteamientos distintos en torno a los objetivos y las estrategias correspondientes para alcanzarlos (baja inflación, crecimiento económico y del empleo, papel del euro como divisa de reserva, etc.) (8). También con las anteriores versiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento existían en la Unión, desde hace más de un decenio, normas de conducta para los Estados miembros, pero éstas nunca han impedido la aparición de frecuentes y recurrentes situaciones críticas.

3.6.3 Al mismo tiempo, el incumplimiento de la mayor parte de los objetivos cuantitativos aprobados en la Estrategia de Lisboa, incluso prescindiendo de la crisis económica, pone en tela de juicio la elección de indicadores y su capacidad para resumir eficazmente el avance hacia el aumento de la competitividad y el dinamismo.

3.7 En segundo lugar, se ha decidido, en cuanto a los plazos, comenzar el semestre europeo (a partir del 1 de enero de 2011) sin haber establecido antes las normas y los contenidos que deban aplicarse y, por otro lado, sin haber coordinado realmente las propuestas entre los distintos sujetos institucionales interesados: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Grupo de trabajo sobre la gobernanza económica presidido por VAN ROMPUY, el Banco Central Europeo (BCE), el CESE y el Comité de las Regiones. El proceso de debate debería concluir con la aprobación del Parlamento, lo más pronto posible antes del verano de 2011.

3.8 Ante una situación tan grave como la surgida en la primavera de 2010, parece evidente que la Comisión está más preocupada por el momento de la salida de la crisis (para mostrarlo a los mercados financieros mundiales y a la opinión pública) que por la eficacia que la respuesta pueda tener a medio y largo plazo, no sólo en el ámbito financiero, sino también en el productivo, social y político.

3.9 La salida de la crisis requiere, según la Comisión, normas más estrictas y sanciones más definidas, con una menor discrecionalidad política y mayores automatismos. Sin embargo, ningún conjunto de reglas puede afrontar eficazmente las situaciones de crisis graves, ya que éstas son causadas casi siempre por sucesos extraordinarios e imprevisibles que escapan a la capacidad predictiva de los técnicos y a la capacidad de reacción de las normas prefijadas. La utopía de un «gobierno de las normas», que libere a la política del deber de tomar opciones, es difícilmente realizable y, además, no poco peligrosa, en la medida en que proporciona una ilusoria sensación de seguridad, de estar al abrigo de cualquier fuente de incertidumbre (9). Un enfoque de este tipo, además, conlleva dos tipos de problemas que deben evaluarse minuciosamente.

3.9.1 El primero es el riesgo de subestimar las ventajas del enfoque comunitario, con la implicación de las instituciones más representativas de los ciudadanos europeos, en favor de la lógica intergubernamental, con decisiones tomadas esencialmente por el Consejo y un papel limitado del Parlamento y los Comités. La única excepción radica en la implicación, en el marco del semestre europeo, del Parlamento Europeo, al que la Comisión presentará, en enero, el análisis anual del crecimiento a fin de entablar el debate sobre las orientaciones de la coordinación.

3.9.1.1 La prevalencia de la lógica intergubernamental puede implicar la misma subestimación del déficit de ciudadanía europea que ya se produjo con la Estrategia de Lisboa. Es un reto para la resistencia económica, social y política de la UE igual que la crisis global, que podría dar un nuevo espacio a la ilusión de restablecer la soberanía nacional a través de la renuncia al euro (y, con él, a la propia Unión) a fin de relanzar un improbable desarrollo nacional libre de las imposiciones y de los tecnócratas europeos. No es casual que un atento observador de la Unión Europea, Charles KUPCHAN (10), advirtiera de un riesgo de «renacionalización» del proyecto europeo en un artículo publicado el 29 de agosto de 2010 en el Washington Post: «Europa está atravesando una experiencia de renacionalización de la vida política, y los países están reapropiándose de la soberanía que en otro tiempo habían sacrificado voluntariamente ante el altar de un ideal colectivo.» (11)

3.9.1.2 Los ciudadanos europeos parecen mostrar precisamente esta pérdida de confianza, no tanto en las instituciones europeas como tales, sino en la utilidad de formar parte de la UE. Los sondeos del Eurobarómetro (12) muestran, en efecto, que entre la primavera de 2007 y 2010 el porcentaje de europeos que considera positiva la pertenencia de su país a la UE descendió del 57 % al 49 %, a favor del porcentaje de quienes la consideran negativa (hoy el 18 %) y el de quienes tienen una opinión más indecisa (el 29 %). Paralelamente, el porcentaje de ciudadanos que piensan que su país se ha beneficiado en general de pertenecer a la UE ha disminuido del 59 % al 53 %, mientras que aquellos que responden que no se han beneficiado han aumentado hasta el 35 %.

3.9.2 El segundo problema es el riesgo de seguir un enfoque tradicional para resolver los problemas, basado en la primacía del rigor financiero sobre el crecimiento, la igualdad social y la degradación ambiental, pese a la difusión de otros argumentos innovadores y convincentes (13).

3.9.2.1 Las relaciones entre gasto público, rendimiento económico y objetivos sociales son más complejos que lo que tiende a hacer creer la hipótesis simplificadora de que hay que sacrificar la equidad en aras de la eficiencia. Los sistemas de bienestar y regulación ambiental bien diseñados permiten aumentar también la eficiencia y la competitividad, tanto como para poder ser considerados un factor productivo que contribuye a la estabilidad y a la dinámica económica de las economías postindustriales.

3.9.2.2 Todo ello es aún más cierto en la fase de crisis que están atravesando las economías europeas. En el Plan europeo de recuperación económica (14), la Comisión reconoció tanto la necesidad de «amortiguar el coste humano de la crisis económica y su incidencia en los más vulnerables» como el hecho de que deba contemplarse la crisis como una oportunidad para «acelerar la transición hacia una economía con bajo nivel de emisiones de carbono» aplicando una estrategia «que fomentará el uso de nuevas tecnologías, creará nuevos empleos “verdes” y brindará nuevas oportunidades en los mercados mundiales que se encuentran en rápida expansión».

3.9.2.3 Además, cabe recordar que la crisis no se originó en el sector público, sino en el privado, a causa de los desequilibrios entre la expansión global de la oferta de bienes y servicios y la ralentización del crecimiento del poder adquisitivo de los consumidores (15). Gran parte del deterioro presupuestario de los Estados miembros en relación con su PIB no es sino la consecuencia de las intervenciones de emergencia a raíz de la caída del denominador (la renta nacional) y del aumento del numerador (el gasto público en el rescate del sistema financiero y productivo, así como los estabilizadores automáticos destinados a contener los efectos potencialmente dramáticos de la crisis) (16). FITOUSSI escribe acertadamente: «Los problemas presupuestarios de Europa nacen no tanto de la acción discrecional de los Gobiernos, sino de las consecuencias automáticas del empobrecimiento de la sociedad en las finanzas públicas» (17).

4. Observaciones específicas

4.1 La insuficiente claridad sobre lo que se entiende por «gobernanza económica» y los objetivos de fondo en que se basa, junto con la falta de conciencia sobre los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la Estrategia de Lisboa, exigen identificar una estrategia compartida entre los Estados miembros y las instituciones de la UE. Una estrategia que no se limite a enunciar normas y procedimientos formales, sino que descienda al detalle de las políticas concretas, mucho más en un contexto de debilidad derivado de la crisis económica, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, elevar la tasa de empleo (incluidos los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad y las minorías étnicas) y reforzar la competitividad del sistema productivo europeo (incluidas las pequeñas y medianas empresas y la economía social).

4.2 A tal fin no se puede limitar a las meras normas de buena contabilidad indispensables para verificar la coherencia de ingresos y gastos. Para reforzar la confianza y las expectativas de los ciudadanos europeos en relación con la UE es preciso tomar medidas a medio y largo plazo que permitan conciliar el rigor contable necesario con la no menos importante capacidad de concebir y poner en marcha proyectos de desarrollo económico y social. Debe crecer, por tanto, la conciencia europea de una Unión entendida como entidad política, como ambición de coordinar las diversas políticas nacionales hacia un fin realmente compartido, como sujeto activo en el mundo global.

4.3 Una Europa más consciente pasa por un papel más incisivo, así como una mayor capacidad de comprensión de los cambios en curso por parte de las instituciones representativas de los ciudadanos y de los interlocutores sociales (Parlamento y Comités), donde el proceso de coordinación previsto por la Comisión puede adquirir una fuerte legitimidad democrática y encontrar el amplio consenso que parece necesario para su eficaz aplicación.

4.4 En estos momentos, sin embargo, el papel del Parlamento en el semestre europeo parece modesto, limitado a la fase inicial de debate y orientación preliminar del proceso de coordinación, mientras que podría desempeñar un papel mayor y más eficaz si se coordinara con la actividad de los Parlamentos nacionales que deben debatir y aprobar los presupuestos de los respectivos Estados miembros. El Parlamento puede ser fundamental para definir a qué gobernanza económica debe aspirar la Unión y para garantizar la legitimidad democrática de los procedimientos preventivos y correctivos, incluidas las sanciones económicas a los Estados miembros.

4.5 En este contexto, el CESE, al amparo de su papel de órgano consultivo de las instituciones europeas, puede contribuir al refuerzo de la gobernanza económica europea a través de una sesión anual específica para debatir las recomendaciones y el modo de generar consenso sobre las reformas a nivel nacional, teniendo en cuenta el impacto social de las medida adoptadas. El valor añadido del CESE se deriva justamente de la representación en su seno de organizaciones que determinan a escala nacional el consenso social en torno a las políticas económicas: es algo que podría permitir al CESE contribuir de forma relevante al compromiso y la responsabilización de los líderes políticos y, sobre todo, de los ciudadanos de los Estados miembros.

4.5.1 Dicho debate podría tener lugar en otoño tras la adopción formal de las recomendaciones por parte de los Estados miembros, y sus conclusiones servirían de base para un intercambio de puntos de vista con los respectivos consejos económicos y sociales nacionales, los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, permitiendo evaluar oportunamente las estrategias adoptadas y su oportuna difusión y aceptación a escala nacional.

4.6 Un peso mayor del Parlamento y de los Comités reduciría el riesgo de subestimar el objetivo de crecimiento y desarrollo económico y social frente a la exigencia de estabilidad monetaria y financiera, lo que permitiría mantener la coherencia entre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia Europa 2020. En efecto, aunque la estabilidad económica, sobre todo en tiempos de crisis, está en la base del crecimiento y del mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos europeos, la búsqueda de una mayor estabilidad no debe menoscabar los derechos de los ciudadanos. El impulso conjunto de la reforma de la gobernanza económica y de la Estrategia Europa 2020 facilitaría, pues, la aceptación de los límites presupuestarios por parte de la opinión pública.

4.6.1 En las circunstancias actuales, pese a que la Comisión parece estar muy atenta a situar las dos estrategias en el mismo plano, surgen grandes dudas sobre la intención real de integrarlas de verdad, y siguen estando claramente separadas. Más bien se vislumbra un desequilibrio tendente a reducir la dimensión social a favor de los factores de productividad y flexibilidad laboral, que se considera que pueden incrementar la competitividad de las empresas europeas.

4.6.2 La cuestión de fondo es que la supervisión macroeconómica, junto con la supervisión temática de las reformas estructurales solicitadas por la Comisión, cree un contexto favorable al crecimiento económico sostenible en beneficio de la Estrategia Europa 2020 y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, la experiencia de más de diez años con la moneda única y, por lo tanto, con la imposibilidad para la zona del euro de recurrir al instrumento de la devaluación, no muestra signos evidentes de que las diferencias de competitividad dentro de la UE y de la Unión Económica y Monetaria se puedan reabsorber rápidamente.

4.7 Para mejorar la competitividad en el plano de la calidad, la Estrategia Europa 2020 parece moverse en la dirección correcta, con intervenciones en el ámbito del conocimiento, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, se produce una contradicción entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y el refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mucho más en el contexto económico y social europeo, que todavía está saliendo lentamente de la crisis.

4.7.1 Para alcanzar los ambiciosos objetivos de la Estrategia Europa 2020 (un crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación), sostenible (más eficiente, verde y competitivo), e integrador (gracias a la cohesión social y territorial mediante el empleo, con especial atención a los trabajadores desfavorecidos) es necesario, en efecto, financiar unos niveles de inversión adecuados. No obstante, esas intervenciones, que requieren un mayor gasto público directo o mediante incentivos incluso fiscales a la acción privada, podrían resultar incompatibles con los límites presupuestarios que la Comisión piensa reforzar para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y mejorar la gobernanza económica.

4.7.2 Además, siguiendo en el ámbito del PIB, es sin duda cierto que la solidez de las cuentas públicas y del euro constituyen una base necesaria sobre la que formular políticas de desarrollo de gran alcance, pese a que las normas contables por sí solas no garantizan la evolución positiva de las finanzas de los Estados miembros a largo plazo. Efectivamente, según el «principio de invarianza» enunciado por STIGLITZ, SEN y FITOUSSI (18), el valor añadido contable nacional no debe variar según las diferencias institucionales, económicas, sociales y políticas entre los diversos países, sino que se deben comparar situaciones lo más homogéneas posible. En otras palabras, para verificar la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas no basta con supervisar el déficit y la deuda de año en año, sino que es necesario tener en cuenta las perspectivas futuras también de los mercados privados, en primer lugar, los financieros, inmobiliarios y de previsión, que en situaciones de crisis y de emergencia pueden influir de forma relevante en la solidez de las finanzas públicas de los Estados miembros, por ejemplo mediante rescates de las instituciones financieras y de las grandes empresas.

4.7.3 Por otra parte, centrarse en los desequilibrios de competitividad implica un constante control de la dinámica de los costes unitarios del trabajo, que, a su vez, conlleva una creciente atención a la concertación entre los agentes sociales, especialmente en la zona del euro, donde los Estados miembros no disponen del instrumento de la devaluación. Las relaciones entre sindicatos y asociaciones patronales deben ser parte integrante de la estrategia concebida por la Comisión; una parte importante que falta en la Comunicación de la Comisión.

4.7.3.1 Una solución podría pasar por el uso más intenso y funcional del diálogo macroeconómico, que conduzca a una verdadera evaluación compartida entre los gobiernos y los interlocutores sociales acerca de la situación económica en la UE y de las medidas que se impone adoptar, en estrecha relación con los procesos de diálogo social a nivel nacional. Mediante un salto cualitativo, podría asumir el papel de instrumento que facilite la implicación efectiva de los agentes sociales junto con el Banco Central Europeo, la Comisión y el Consejo, capaz de hacer coherentes las dinámicas europeas con las nacionales (19).

4.8 Adoptar una coordinación efectiva de las políticas económicas europeas requiere el consenso unánime, por parte de los 27 Estados miembros, del marco macroeconómico de referencia y del marco macroeconómico de previsión. En esos marcos se basará la elaboración de las políticas económicas y fiscales propias de cada Estado miembro, que se comunicarán en el curso del semestre europeo. En este contexto particular asumen un papel de importancia fundamental los análisis de Eurostat, las propuestas de previsión de la Comisión Europea, el papel de apoyo del Banco Central Europeo y las reacciones del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo.

4.9 A causa de las fuertes interconexiones entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, se impone también la necesidad de adoptar indicadores más completos que el mero crecimiento del PIB. Merece la pena recordar que, en la Comunicación de la Comisión que lleva el significativo título de «Más allá del PIB: evaluación del progreso en un mundo cambiante» (20), precisamente se alude a nuevos indicadores «que incorporen de manera concisa los logros sociales y medioambientales (tales como una mayor cohesión social, accesibilidad y asequibilidad de los bienes y servicios básicos, educación, salud pública y calidad del aire) y las pérdidas (por ejemplo, el aumento de la pobreza y de la delincuencia, y el agotamiento de los recursos naturales)» y que, por tanto, «atiendan a las preocupaciones de los ciudadanos».

4.10 El refuerzo de la gobernanza, para ser eficaz y alcanzar sus objetivos, exige que se hagan realidad plenamente las cinco acciones previstas para llegar más allá del PIB: (i) utilizar indicadores ambientales y sociales; (ii) obtener información casi en tiempo real para apoyar el proceso decisorio; (iii) disponer de datos más precisos sobre distribución y desigualdad; (iv) elaborar un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible; (v) extender las cuentas nacionales a las cuestiones ambientales y sociales.

4.11 El proceso de refuerzo de la gobernanza económica europea en curso es un proceso que, al igual que otros que se han producido en la historia de la UE, se revelará seguramente complejo. No en vano es esta una característica intrínseca de la Unión Europea. Seguramente es cierto, como ha recordado un periodista italiano, que «Europa sufre (en comparación con los Estados Unidos) una mayor indefinición, que hace que haya sido, desde su concepción, un viaje en busca de un destino» (21), pero hoy en día es conveniente que este viaje tenga un destino preciso, claro y compartido por los ciudadanos europeos, sus Parlamentos y los órganos institucionales nacionales y europeos. Solo así será posible alcanzar la meta que la Unión Europea se impuso desde los primeros días de su constitución.

Bruselas, 17 de febrero de 2011. El presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) COM(2010) 367 final.

(2) COM(2010) 250 final.

(3) COM(2010) 522 a 527; para más detalles, véase http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm.

(4) Dictámenes del CESE sobre los siguientes temas «Las repercusiones de la crisis de la deuda pública en la gobernanza de la UE», DO C 51 de 17.2.2011, p.15; «Recuperación económica. situación actual e iniciativas concretas», DO C 48 de 15.2.2011, p. 57; «La crisis financiera y su impacto en la economía real», DO C 255 de 22.9.2010, p. 10; «Políticas económicas que favorecen la estrategia industrial europea», DO C 10 de 15.01.2008, p. 106; «Las orientaciones generales de política económica y la gobernanza económica – Condiciones para una mayor coherencia en la elaboración de la política económica en Europa», DO C 324 de 30.12.2006, p. 49; «El refuerzo de la gobernanza económica — La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», DO C 88 de 11.4.2006, p. 68.

(5) Como precisaba el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli REHN, en su comparecencia ante el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2010: «La crisis ha revelado importantes debilidades sistémicas en la actual Unión Económica y Monetaria. En palabras llanas, necesitamos una coordinación mejor y más estrecha de las políticas económicas de la UE. Necesitamos también aplicar con más rigor las normas de la UEM. Las normas no sirven para nada si no se cumplen.» (REHN, O.: Reforzar la confianza económica en Europa, discurso ante la Comisión ECON del Parlamento Europeo, Estrasburgo, 5 de julio de 2010).

(6) Parlamento Europeo, Proyecto de informe sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio). Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social. Ponente: Pervenche BERÈS. 6 de mayo de 2010.

(7) Datos extraídos de la base de datos de Eurostat, consultada en septiembre de 2010, e incluidos en los cuadros 1 y 2 del anexo.

(8) El propio Presidente del Consejo Europeo, Herman VAN ROMPUY, reconocía el 20 de septiembre de 2010 este «obstáculo institucional»: «… debemos vivir con el dilema de una unión monetaria sin unión presupuestaria avanzada. Desde la introducción del euro, las instituciones europeas tienen la responsabilidad de la política monetaria, mientras que los Estados miembros continúan siendo responsables de su propia política presupuestaria y coordinan su propia política económica. Esto genera tensiones y de ahí se derivan las decisiones a veces retorcidas de las que hablaba … Se puede lamentar un defecto de construcción, “el pecado original del euro”, según algunos. Yo, más bien, hablaré de un obstáculo estructural. Pero en aquel momento, en el de la negociación del Tratado de Maastricht, sobre todo entre Alemania y Francia, había que tomar una decisión. ¡Sin este pecado original, el euro ni siquiera habría nacido!» VAN ROMPUY, H.: «No renacionalizar la política europea, sino europeizar la política nacional», discurso como invitado de «Notre Europe», París, Gran anfiteatro de Ciencias Políticas. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/116622.pdf)

(9) VEROLA N., L'Europa e la crisi: squilibri finanziari ed equilibri costituzionali, artículo para ASTRID, 2010, disponible en línea en http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/VEROLA---L-Europa-e-la-crisi---squilibri-finanziari-ed-equilibri-costituzionali.pdf (sólo en italiano).

(10) Director de Estudios Europeos del Council on Foreign Relations y profesor de la Universidad de Georgetown.

(11) KUPCHAN, C.: «As nationalism rises, will the European Union fall», Washington Post, 29 de agosto de 2010. Véanse también las consideraciones sobre imposición y representación expresadas por DE GRAUWE P., «Why a tougher Stability and Growth Pact is a bad idea», VoxEU.org, disponible en http://www.voxeu.com/index.php?q=node/5615.

(12) Datos del Eurobarómetro 73, primeros resultados, mostrados en las figuras 1 y 2 del anexo.

(13) Sobre la sostenibilidad ambiental, cf. DALY H.: Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development (Más allá del crecimiento), 1996. Sobre el bienestar y la igualdad, cf. BEGG I., FERRERA M., HODSON D., MADSEN P., MATSAGANIS M., SACCHI S., SCHELKE W.: The Cost of Non Social Policy: Literature Review (Los costes de la falta de política social: reseña bibliográfica), informe a la Comisión Europea, Bruselas, 2003. Sobre el paradigma del desarrollo humano, cf. SEN A., Inequality Reexamined (La desigualdad sometida a nuevo examen), 1992; y SEN A., Development as Freedom (El desarrollo como libertad), 1999.

(14) COM(2008) 800 final, Un Plan Europeo de Recuperación Económica, p. 5.

(15) OIT-FMI, The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion (Los retos del crecimiento, del empleo y de la cohesión social), documento de debate para la conferencia conjunta OIT-FMI, Oslo, 13 de septiembre de 2010, pp. 67-73.

(16) La deuda pública agregada en la zona del euro pasó del 72 % en 1999 al 67 % en 2007 (figura 3 del anexo), y, en el mismo periodo, el endeudamiento de las familias y del sector financiero aumentó (figura 4 del anexo). El endeudamiento del sector público aumentó a partir del año 2008 (figura 5 del anexo), cuando los Gobiernos acudieron al rescate del sistema bancario y apoyaron la actividad económica en una coyuntura de recesión (reducción del PIB y reducción de los ingresos fiscales).

(17) FITOUSSI J.P.: «Crise et démocratie, le paradoxe européen», Le Monde, 16 de octubre de 2010. Véase también DE GRAUWE P.: «What kind of governance for the eurozone?», CEPS Policy Brief, no 214, septiembre de 2010.

(18) STIGLITZ J.E., SEN A., FITOUSSI J.P.: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Informe de la Comisión sobre la medición de los resultados económicos y del progreso social), informe para el Presidente de la República Francesa, París, 2009 (pp. 22-23).

(19) WATT A.: «Economic Governance in Europe: A Change of Course only after ramming the Ice», Social Europe Journal, 30 de julio de 2010, disponible en línea en http://www.social-europe.eu/2010/07/economic-governance-in-europe-a-change-of-course-only-after-ramming-the-ice/.

(20) COM(2009) 433 final, pp. 3-4.

(21) BASTASIN C., «Questo secolo può essere ancora europeo», Il Sole 24 ore, 2 de septiembre de 2010.