RESOLUCIÓN (UE) 2022/1714 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 4 de mayo de 2022

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2020

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2020,

— Vistas las respuestas facilitadas por la Comisión a las preguntas escritas dirigidas a la comisaria URPILAINEN para la audiencia ante la Comisión de Control Presupuestario del 30 de noviembre de 2021, así como las preguntas adicionales enviadas tras la audiencia,

— Vistos los informes de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2019,

— Vistos el artículo 99, el artículo 100, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento interno,

— Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0124/2022),

A. Considerando que la Comisión apoya enteramente la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo (en lo sucesivo, «FED»), asumiendo en estos la responsabilidad última tanto de la legalidad y regularidad de las operaciones de los FED como de la supervisión de su proceso de información financiera;

B. Considerando que el Parlamento solo podrá ejercer adecuadamente su función de autoridad de aprobación de la gestión si la Comisión lo mantiene informado de forma periódica, oportuna y exhaustiva, con información pormenorizada sobre los proyectos financiados por los FED y sus beneficiarios;

C. Considerando que el Parlamento no interviene en el establecimiento y asignación de los recursos de los FED, a diferencia de lo que ocurre con otros instrumentos de desarrollo;

D. Considerando que unas condicionalidades previas eficaces y unos controles periódicos son elementos esenciales para garantizar la eficacia y la buena gestión financiera de los FED;

E. Considerando que, en el contexto de un entorno global cambiante, es crucial garantizar un equilibrio estratégico entre abordar los retos sociales, económicos, demográficos, migratorios y medioambientales, y mantener al mismo tiempo la reducción de la pobreza como objetivo primordial de la ayuda de la Unión, tal como se establece en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), teniendo debidamente en cuenta los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo;

F. Considerando que la ayuda europea al desarrollo y las inversiones públicas deben promover prioridades y objetivos políticos conjuntos, como se prevé en los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen la erradicación de la pobreza, la acción en relación con el clima y el medio ambiente y las políticas económicas y comerciales, y también deben respetar plenamente los principios de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la buena gobernanza; que los resultados obtenidos con respecto al objetivo en materia de políticas públicas integradora fomentarán el crecimiento compartido y ayudarán a resolver las disparidades sociales o geográficas;

G. Considerando que el desarrollo sostenible presupone la existencia de un proceso de formulación de políticas participativo que sea transparente, integrador y eficiente;

H. Considerando que la sostenibilidad es fundamental para alcanzar los objetivos y los resultados fijados y, en particular, los efectos a largo plazo de la ayuda al desarrollo;

I. Considerando que se debe respetar siempre la armonización de la cooperación al desarrollo de la Unión con las prioridades de desarrollo de los países socios, y que un elemento clave de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 2030») consiste en que la cooperación al desarrollo de la Unión también esté en consonancia con las políticas de la Unión;

J. Considerando que la coherencia de las políticas y la complementariedad de las distintas políticas exteriores deben examinarse con detenimiento, especialmente cuando varias de ellas se aplican en un solo país socio, con el fin de promover la cooperación entre el sector público y el privado, fomentando las sinergias y los compromisos entre las políticas existentes, evitando las posibles consecuencias perjudiciales de una política única de la Unión en un área que, por lo demás, se rige por otra política y eludiendo, en la medida de lo posible, la carga administrativa innecesaria;

K. Considerando que las actividades de seguimiento de la Comisión se verían facilitadas por la normalización de los canales de comunicación entre los países socios, las entidades financiadas por los FED y la Unión;

L. Considerando que la transparencia, la rendición de cuentas y la diligencia debida en materia de derechos humanos son requisitos previos para el control democrático y para la eficacia de la ayuda al desarrollo;

M. Considerando que debe prestarse especial atención al hecho de que gran parte de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) son pequeños Estados insulares en desarrollo; que las islas, en particular las islas ACP, desempeñan un papel internacional clave, particularmente en el contexto del cambio climático;

N. Considerando que varios países y territorios de ultramar (PTU) están situados en las mismas regiones que los países ACP;

O. Considerando que los PTU se enfrentan a retos mundiales similares, pero, a diferencia de los países ACP, forman parte de la familia europea y, por lo tanto, deben recibir una mayor atención en la asignación de los fondos; que el reducido tamaño de los PTU y el vínculo constitucional entre los PTU y la Unión son características particulares que deben tenerse en cuenta;

P. Considerando que las intervenciones exteriores de la Unión se canalizan a través de organizaciones internacionales que utilizan fondos de la Unión o cofinancian proyectos con la Unión e incluyen retos por lo que se refiere a la supervisión y la gobernanza;

Q. Considerando que el apoyo presupuestario al desarrollo sostenible, pese a ser una herramienta esencial para impulsar el cambio y hacer frente a los principales retos en materia de desarrollo, conlleva un riesgo de gobernanza considerable y debe otorgarse solo si el Estado beneficiario puede demostrar un nivel suficiente de transparencia, responsabilidad y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos con anterioridad a la recepción de la ayuda presupuestaria y en exhaustivos controles ex post subsiguientes;

R. Considerando que el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción y el fraude son fundamentales para el éxito de las operaciones de apoyo presupuestario de la Unión;

S. Considerando que el apoyo a la gobernanza aportado por la Unión es un elemento fundamental de la ayuda al desarrollo y debería estar más centrado en generar reformas efectivas de la gobernanza en los países socios, como el Estado de Derecho, la independencia del sistema judicial, la libertad de prensa y las condiciones para implantar una economía de mercado;

T. Considerando que las actividades y auditorías de los FED se llevan a cabo en contextos complicados dado que afrontan una exposición recurrente a elevados riesgos geopolíticos o institucionales; que la pandemia de COVID-19 ha agravado esta situación, que ya era muy compleja;

U. Considerando que el Parlamento solo podrá ejercer adecuadamente su función de autoridad de aprobación de la gestión si la Comisión lo mantiene informado de forma periódica, con datos actualizados, completos y pormenorizados, sobre los proyectos financiados por el FED, los destinatarios de la financiación y la ejecución de los proyectos;

V. Considerando que el undécimo FED ha entrado en su fase final, ya que su cláusula de extinción entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 y que, a partir de 2021, los programas del FED se incluirán en el marco financiero plurianual de la Unión; que, no obstante, los contratos específicos para los convenios de financiación existentes seguirán firmándose hasta el 31 de diciembre de 2023;

Declaración de fiabilidad

Ejecución financiera y de proyectos de los FED (del octavo al undécimo FED) en 2020

1. Observa que el undécimo FED representa el 46 % de la cartera de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión en lo que se refiere a pagos en 2020; toma nota de que, debido a la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19, los compromisos y los pagos del FED ascendieron, respectivamente, a 3 894 millones EUR y 4 677 millones EUR, muy por encima de los objetivos de 3 267 millones EUR y 4 400 millones EUR fijados inicialmente para 2020; señala, además, que los compromisos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ascendieron a 2 053 millones EUR, relativos todos ellos al Instrumento de Ayuda a la Inversión y procedentes en gran medida de fondos rotatorios, mientras que los pagos del BEI ascendieron a 667 millones EUR en 2020, también todos ellos relativos al Instrumento de Ayuda a la Inversión;

2. Acoge con satisfacción los esfuerzos periódicos de la DG INTPA para reducir la antigua prefinanciación y los antiguos compromisos no utilizados y la revisión al alza de los objetivos pasando del 25 % al 35 %, como se decidió en 2020; observa que la DG INTPA superó el objetivo en 2020 para ambos indicadores: la antigua prefinanciación de los FED se redujo en un 56 % (un 55 % en todo el ámbito de responsabilidad de la DG INTPA), y los antiguos compromisos no utilizados de los FED se redujeron en un 40 % (un 41 % en todo el ámbito de responsabilidad de la DG INTPA);

3. Observa que la DG INTPA también alcanzó su objetivo de no disponer de más del 15 % de los antiguos contratos vencidos para los FED (es decir, el 14 % en 2020 frente al 15 % en 2019, el 17 % en 2018 y el 17 % en 2017), y que alcanzó una puntuación del 11 % en todo su ámbito de responsabilidad; observa, además, que las mejoras se derivan de los nuevos procedimientos introducidos en 2017 para el cierre de los contratos de los FED;

4. Toma nota del cierre del octavo FED y de la intención de la Comisión de cerrar el noveno FED tan pronto como sea posible; observa, además, que el cierre del noveno FED no puede concluirse antes de 2023, habida cuenta que 19 decisiones y 37 contratos siguen en curso, de los cuales tres decisiones afectan a Sudán del Sur y se adoptaron tras la entrada en vigor de la cláusula de extinción del noveno FED, con plazos contractuales que llegan hasta 2023; solicita a la Comisión que mantenga informada oportunamente a la autoridad de aprobación de la gestión del cumplimiento de su mencionada intención; toma nota de que la Comisión ha aceptado la recomendación del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») a ese respecto y de que informará cada año de los progresos realizados al cierre del noveno FED en el informe anual de actividades;

Fiabilidad de las cuentas

5. Se congratula de que el Tribunal, en su Informe Anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo FED relativo al ejercicio 2020, concluyese que las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los FED, los resultados de sus operaciones, sus flujos de tesorería y los cambios en sus activos netos al final del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo (1) (Reglamento Financiero de los FED) y con las normas de contabilidad para el sector público;

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

6. Acoge con satisfacción la opinión del Tribunal de que los ingresos subyacentes a las cuentas para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

7. Expresa su preocupación por las numerosas posibles causas para la sucesión de dictámenes adversos del Tribunal sobre la legalidad y la regularidad del gasto debido a que el gasto aceptado en las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 está significativamente afectado por error;

8. Se muestra preocupado por el hecho de que el nivel estimado de error superó el umbral de materialidad, con un 3,8 % del gasto afectado para los octavo, noveno, décimo y undécimo FED (frente al 3,5 % en 2019, el 5,2 % en 2018, el 4,5 % en 2017, el 3,3 % en 2016, el 3,8 % tanto en 2014 como en 2015, el 3,4 % en 2013 y el 3 % en 2012); observa que, en comparación con el ejercicio 2019, el aumento del porcentaje de error estimado es del 0,3 %; señala, no obstante, que es necesario abordar las causas de ese aumento, teniendo en cuenta al mismo tiempo las circunstancias específicas del ejercicio de aprobación de la gestión de 2020;

9. Lamenta señalar que la tipología de los errores detectados en el ejercicio 2020 cambió considerablemente en comparación con el ejercicio 2019, a saber, el error estimado relativo a los gastos debido a la ausencia de documentos justificativos esenciales aumentó del 5,9 % al 38,3 %; observa que, por segundo año consecutivo, el segundo porcentaje de error más elevado se debe a los gastos no subvencionables, que aumentaron del 12,7 % en 2019 al 38,2 % en 2020; observa, asimismo, la disminución de los errores relacionados con los gastos no efectuados (43,6 % en 2019, frente a 18,1 % en 2020) que se aplica al porcentaje de error estimado relacionado con el incumplimiento grave de las normas de contratación pública, que disminuyó casi por un factor de diez (22,1 % en 2019, frente al 2,2 % en 2020);

10. Destaca que, de las 140 operaciones de pago examinadas por el Tribunal, 36 (25,7 %) contenían errores, desde la ausencia de documentos justificativos esenciales (38,3 %) y gastos no subvencionables (38,2 %) hasta gastos no efectuados (18,1 %); observa que el nivel global de error del 3,8 % se estimó a partir de 31 errores cuantificados por el Tribunal; observa, además, que, de las 140 operaciones de la muestra, 119 fueron gestionadas por delegaciones de la Unión en los países socios y 27 contenían errores cuantificables;

11. Observa que, debido a la pandemia de COVID-19, el Tribunal no pudo realizar visitas sobre el terreno a las delegaciones de la Unión y los países socios, lo que le impidió llevar a cabo determinados procedimientos de auditoría, en particular la verificación de la ejecución de los contratos para las operaciones seleccionadas, por lo que el trabajo de auditoría del Tribunal se limitó principalmente a los controles documentales de las operaciones y los proyectos mediante conexión a distancia con las entidades auditadas; señala, no obstante, que los controles documentales son una herramienta sumamente común para ejecutar un procedimiento de auditoría y evaluar los datos; solicita al Tribunal que reanude las visitas sobre el terreno lo antes posible una vez que la situación por lo que se refiere a la COVID-19 lo permita; se reafirma en su opinión de que los controles sobre el terreno, junto con la correcta utilización de las nuevas tecnologías y la digitalización son elementos clave para garantizar la eficacia y una buena gestión financiera de los FED;

12. Lamenta que, aparte de unas condiciones por lo general muy exigentes en 2020, la misión del Tribunal de planificar y ejecutar su trabajo de auditoría se viera obstaculizada por el hecho de que algunas organizaciones internacionales denegaran o limitaran el acceso necesario a los documentos de auditoría pertinentes, lo que provocó retrasos excesivos e impidió que el Tribunal cumpliera sus prerrogativas fundamentales consagradas en el TFUE, como ya se mencionó en las observaciones conexas en el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2018;

13. Pide a la Comisión que, a raíz de los diversos intercambios de puntos de vista, la audiencia celebrada en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas, adopte medidas adecuadas y eficaces para garantizar que el Tribunal obtenga un acceso pleno, sin restricciones y oportuno a toda la información necesaria, a fin de mejorar la coordinación con las organizaciones internacionales y poder comprobar adecuadamente la legalidad y regularidad del gasto presupuestario de la Unión; señala que el acceso limitado podría ser el resultado de la interpretación divergente de los requisitos legales;

Transparencia y eficacia de los sistemas de seguimiento y de garantía

14. Toma nota de que, de los 31 errores cuantificados, de los cuales cinco (16,12 %) correspondían a errores cuantificables, la Comisión disponía de información suficiente para evitar, o detectar y corregir, el error antes de aceptar el gasto (frente a 28 errores cuantificados en 2019, con 9 casos, 32 %, en los que se contaba con información suficiente para una detección o corrección tempranas); observa que, si la Comisión hubiera utilizado adecuadamente toda esa información, el nivel de error estimado habría sido 1,19 puntos porcentuales más bajo; solicita a la Comisión, pese a la mejora en comparación con 2019, que redoble sus esfuerzos para mejorar sus procesos de verificación de la legalidad y regularidad de las transacciones y vele por que las comprobaciones sean objeto del debido seguimiento; insiste, además, en que se preste más atención a los controles ex ante y se adopten las medidas adecuadas para subsanar las deficiencias existentes;

15. Considera que las actividades de seguimiento serán más eficaces si la información de la Comisión se publica periódicamente y se comparte por adelantado con la autoridad de aprobación de la gestión, siempre que se publique y comparta conforme a la legislación aplicable;

16. Pide a la Comisión que adopte un formato preestablecido para la comunicación entre los países socios, los beneficiarios del FED y la Unión, con vistas a reducir los errores detectados por el Tribunal;

17. Toma nota de que el Tribunal determinó que en 2020 la Comisión y sus socios ejecutantes cometieron más errores en las operaciones relacionadas con subvenciones y acuerdos de contribución y delegación con organizaciones internacionales que con otras formas de apoyo, como las relativas a los contratos de obras, suministros y servicios (como ocurrió en 2019); señala que de las 67 (65 en 2019) operaciones de ese tipo examinadas por el Tribunal, 27 ([40,3 %] frente a 25 operaciones [38 %] en 2019) contenían errores cuantificables significativos, que representaron el 94,2 % del nivel de error estimado (71,7 % en 2019); pide a la Comisión que publique información exhaustiva, actualizada y pormenorizada sobre los proyectos financiados y las entidades beneficiarias en el marco de dichos proyectos, que refuerce su enfoque basado en el riesgo y que invierta en su capacidad de control de las inversiones en ámbitos más propensos a los errores; reitera que se debería prestar más atención a los controles ex ante y que se deberían adoptar medidas apropiadas para aumentar las verificaciones de gastos;

18. Manifiesta su preocupación, pese al análisis positivo de la DG INTPA en su informe anual de actividades sobre los indicadores clave de rendimiento para 2020 (14 indicadores obtuvieron mejor puntuación que en 2019), por la observación del Tribunal, al igual que en ejercicios anteriores, de que la frecuencia de los errores detectados, incluidos algunos contenidos en declaraciones finales que habían sido sometidas a auditorías externas y verificaciones de gastos ex ante, sigue apuntando a insuficiencias en dichos controles; reitera su expectativa de que el sistema de control sea más riguroso y pide a la DG INTPA que siga esforzándose en mejorar la evaluación de la eficacia y la eficiencia de su sistema de control estableciendo a tal fin indicadores clave de rendimiento para ambas, fijando objetivos realistas y ambiciosos, y supervisando y optimizando su sistema de control; pide, además, a la Comisión que cree una plataforma que abarque los proyectos financiados por el FED por país, centrándose en los receptores finales de los fondos en el marco de dichos proyectos, en los objetivos generales y específicos de los proyectos y, sobre todo, en los resultados prácticos respecto del aumento deseado de los índices de desarrollo; sugiere que el desarrollo de una plataforma de información y seguimiento integrada e interoperable de ese tipo aumentaría la fiabilidad del control y contribuiría a mejorar la eficacia y la visibilidad de la ayuda al desarrollo de la Unión; solicita, a ese respecto, a la Comisión que también se plantee la posibilidad de entablar un diálogo con los países beneficiarios en relación con la posible utilización de una herramienta única de puntuación del riesgo en el futuro;

19. Lamenta que la Comisión no diera seguimiento en las respuestas al Informe anual del Tribunal en relación con el comentario específico sobre las deficiencias reiteradas, y estima que las consideraciones sobre la relación coste-eficacia utilizadas por la Comisión en los controles ex post podrían no ser eficaces y dar lugar precisamente a las deficiencias que el Tribunal y el Parlamento llevan señalando mucho tiempo; pide a la Comisión que revise ese enfoque para que se subsanen plenamente las deficiencias y que informe periódicamente a la autoridad de aprobación de la gestión sobre cualquier avance realizado;

20. Toma nota de que en el noveno estudio del porcentaje de error residual de la DG INTPA, realizado por un contratista externo en su nombre en 2020, se estimó que el porcentaje de error residual global se situaba por debajo del umbral de materialidad del 2 % fijado por la Comisión por quinto año consecutivo (0,95 % en 2020, 1,13 % en 2019, 0,85 % en 2018, 1,18 % en 2017 y 1,67 % en 2016) (2);

21. Señala que, al igual que en ejercicios anteriores, el Tribunal considera que hay muchos factores que contribuyen a la subestimación del porcentaje de error residual, tal como se planteó en la Resolución de aprobación de la gestión de 2019, y que las principales limitaciones son el método para determinarlo y la dependencia excesiva del trabajo de control previo realizado directamente por la Comisión o por terceros independientes (porcentaje del 17 % en los casos de confianza plena total y 37 % en los de confianza parcial); apoya la evaluación del Tribunal de que ello es contrario a la finalidad del estudio del porcentaje de error residual, que consiste en detectar los errores que precisamente no se detectaron en dichos controles;

22. Observa que otro factor se deriva del hecho de que el estudio del porcentaje de error residual se centra en una revisión de los ámbitos de bajo riesgo, como los instrumentos de apoyo presupuestario, lo que reduce la posibilidad de detectar errores reales, en comparación con una revisión completa de los ámbitos de alto riesgo, como las subvenciones y los contratos con organizaciones internacionales y agencias de los Estados miembros;

23. Recuerda que la recomendación del Tribunal a la Comisión de emitir reservas sobre todos los ámbitos propensos a tener un riesgo de alto nivel, independientemente de su cuota en el gasto total y de su impacto financiero, ya se incluyó en el Informe anual sobre los FED de 2019; lamenta que la Comisión no acepte esa recomendación; destaca que el Tribunal es muy claro y coherente al señalar que, al aplicar la norma de minimis, la Comisión está reduciendo su capacidad para detectar riesgos en su ámbito de responsabilidad general; considera que excluir ámbitos debido a su impacto financiero, pero que la propia DG INTPA sigue considerando de alto riesgo, es una situación muy peligrosa; apoya firmemente al Tribunal en su recomendación y pide a la Comisión que revise su enfoque en consecuencia;

24. Opina que merece la pena subrayar que el marco reglamentario que rige el estudio del porcentaje de error residual y el contrato entre la DG INTPA y el contratista del estudio del porcentaje de error residual no prevén ningún enfoque sistémico para la notificación de sospechas de fraude contra el presupuesto de la Unión detectadas durante su trabajo sobre el porcentaje de error residual; apoya firmemente la recomendación del Tribunal en ese ámbito; celebra a ese respecto que la Comisión haya adoptado un nuevo manual y una nueva metodología para el estudio del porcentaje de error residual a principios de enero de 2022, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las observaciones del Tribunal; observa que en la nueva versión de dicho manual se aumenta el número de visitas sobre el terreno de 9 a 12 y se aportan aclaraciones adicionales sobre los controles de la contratación pública; pide, con el fin de limitar la confianza en el trabajo de control previo, que esos controles se supervisen a la luz de las medias históricas, que no deben superarse significativamente sin una motivación detallada; celebra, en particular, que el contratista del estudio del porcentaje de error residual ahora esté obligado a notificar sin demora a la Comisión cualquier sospecha de fraude o irregularidad que se haya producido o pueda haber ocurrido; pide a la Comisión que, en vista del elevado número de investigaciones de fraude en los últimos años, garantice una mayor transparencia del flujo de dinero y mejore los sistemas de control; pide además a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas introducidas en la metodología del porcentaje de error residual o en el mandato para formalizar la comunicación de sospechas de fraude por parte del contratista del estudio del porcentaje de error residual;

25. Toma nota con preocupación de la declaración del Tribunal sobre la ausencia injustificada de reservas en el informe anual de actividades de 2020 debido, por una parte, a las limitaciones del estudio del porcentaje de error residual y, por otra, a la conservación de la norma de minimis de menos del 5 % del total de los pagos con un impacto financiero inferior a 5 millones EUR; manifiesta su preocupación por que dicha evaluación podría afectar a la eficacia del informe anual de actividades de la DG INTPA;

26. Observa que, a finales de 2020, estaban en curso 17 investigaciones de fraude (19 en 2019);

27. Destaca que la gran cantidad de recursos asignados para responder a las necesidades urgentes originadas por la crisis de la COVID-19, junto con unas medidas de supervisión y rendición de cuentas más flexibles, también genera oportunidades de sobra para que el fraude y la corrupción aumenten y prosperen; recuerda que la corrupción no solo es perjudicial para la respuesta a las crisis y la recuperación, sino que también socava la consecución de los ODS y la Agenda 2030; señala, además, que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los riesgos de fraude y corrupción pusieron de manifiesto que los esfuerzos para combatir y prevenir la corrupción y el fraude resultaban insuficientes; subraya el importante papel de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Fiscalía Europea en la lucha contra la corrupción y el fraude, dentro de los límites de su mandato;

28. Estima que hacer un mayor hincapié en las pymes locales y el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil debe ser un eje fundamental de la cooperación en la gestión de la cartera de proyectos de las delegaciones de la Unión; subraya que deben realizarse más esfuerzos para respetar los principios de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), especialmente en lo que se refiere a las políticas comercial, agrícola, pesquera, medioambiental, climática, migratoria y exterior y de seguridad de la Unión, con el fin de cumplir los objetivos de eficacia de la ayuda; reitera que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo ha de ser un objetivo importante del enfoque conjunto diseñado en el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global (IVCDCI) (3);

29. Toma nota de las acciones emprendidas por la DG INTPA para mitigar los riesgos derivados del uso de procedimientos financieros o de contratación pública excepcionales en respuesta a la crisis de la COVID-19, en particular mediante apoyo presupuestario; observa, no obstante, que el riesgo de corrupción y fraude siguió siendo el mayor riesgo percibido en todas las regiones, aunque quepa observar una ligera disminución a lo largo del tiempo; pide a la DG INTPA que siga supervisando la situación y preste especial atención a los países más frágiles; pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la evolución de la situación;

30. Toma nota de que en 2020 la DG INTPA elaboró un nuevo proyecto de estrategia de lucha contra el fraude, cuya adopción se retrasó a 2021; toma nota, además, de que la estrategia de lucha contra el fraude se basa en la encuesta de la DG INTPA para evaluar los riesgos y los controles, un análisis de riesgos que debe vincularse al nuevo IVDCI, los nuevos métodos de aplicación y la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión, adoptada en 2019; hace hincapié también en el papel del sistema de detección precoz y exclusión como herramienta esencial para penalizar el fraude y anima también a la DG INTPA a dar a conocer el uso de ese sistema;

31. Toma nota con satisfacción del compromiso continuo del Reino Unido de pagar todas sus obligaciones conforme al actual marco financiero plurianual (MFP) y las anteriores perspectivas financieras como si siguiera siendo un Estado miembro, tal y como se expresa en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Acuerdo de Retirada»); señala asimismo que el Acuerdo de Retirada establece que el Reino Unido seguirá siendo parte de los FED hasta el cierre del undécimo FED y de todos los FED no cerrados anteriores y que, a ese respecto, asumirá las mismas obligaciones que los Estados miembros con arreglo al Acuerdo Interno por el que se creó y las obligaciones resultantes de FED anteriores hasta su cierre, y que el Reino Unido tendrá derecho a participar, como observador sin derechos de voto, en el Comité del FED;

Cooperación con organizaciones internacionales, agencias de ayuda al desarrollo de la Unión y organizaciones no gubernamentales

32. Observa que el seguimiento periódico de los requisitos e informes de evaluación por pilares por parte de la Comisión ha avanzado a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19; pide a la Comisión que lleve un estrecho seguimiento de las evaluaciones por pilares y mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los progresos y los resultados a la luz de a la evaluación complementaria de todas las entidades evaluadas por pilares y el objetivo de que estén concluidas para el plazo ampliado de finales de 2021 debido a la pandemia de COVID-19 (4);

33. Expresa su satisfacción por el hecho de que, a partir del período del MFP 2021-2027, los FED, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y otros instrumentos con el IVCDCI-Europa Global se hayan incorporado al presupuesto general de la Unión en la rúbrica 4 titulada «Europa global», que representa el 6,6 %, o 11 400 millones EUR, del presupuesto general de la Unión: de ese importe, 3 000 millones EUR (26,7 %) se destinan al Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 2 700 millones EUR (23,2 %) al Instrumento Europeo de Vecindad, 1 900 millones EUR (16,9 %) al Instrumento de Ayuda Preadhesión, 1 900 millones EUR (16,8 %) a la ayuda humanitaria y el resto a otras acciones y programas; toma nota de que determinados métodos de ejecución y disposiciones de flexibilidad de los FED se han integrado en el Reglamento (UE) 2021/947; recuerda que la inclusión en el presupuesto de los FED ha sido desde hace tiempo una demanda del Parlamento;

34. Acoge con satisfacción que la financiación de dicha cooperación ya no esté sujeta a un acuerdo intergubernamental entre los Estados miembros, sino que dicha cooperación se financiará a través del sistema de recursos propios del presupuesto de la Unión; toma nota, no obstante, de que los proyectos en curso financiados con cargo a los FED anteriores, incluido el undécimo FED, en los países ACP seguirán ejecutándose de conformidad con sus normas específicas hasta su plena finalización, y espera que el impacto de este solapamiento normativo sea limitado;

35. Subraya que esta nueva configuración conlleva nuevas responsabilidades y tareas institucionales, en particular para el Parlamento como una de las ramas de la autoridad presupuestaria para el presupuesto anual; espera que la transparencia presupuestaria, la coherencia de las políticas y la rendición de cuentas democrática se beneficien de estas nuevas disposiciones; toma nota del mayor papel que desempeña el Parlamento en el ámbito de las asociaciones internacionales en el marco de Europa Global, también a través del diálogo geopolítico de alto nivel; Pide a la Comisión, en relación con el nuevo instrumento financiero IVCDCI-Europa Global, sucesor de los FED, que publique información, desglosada por país y desde el inicio mismo de la ejecución de las acciones IVCDCI-Europa Global, sobre todas las acciones financiadas a través de ese instrumento, ya estén cofinanciadas o no con subvenciones o préstamos de cualquier otro agente, por lo que se refiere a los importes de la financiación de la Unión y los resultados de una manera normalizada que se haya armonizado con los Estados miembros y de forma que sea fácilmente comprensible para los ciudadanos de la Unión y los ciudadanos de los países socios;

36. Insiste en la necesidad de garantizar, de conformidad con la legislación vigente de la Unión, una transparencia y un acceso a los datos plenos en relación con los proyectos ejecutados por organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, y de establecer normas claras para el control y la supervisión;

37. Subraya de nuevo que aquellas entidades a las que se haya confiado la ejecución de fondos de la Unión deben respetar, como regla general, los principios de buena gestión financiera y transparencia; subraya que todas las entidades deben contribuir plenamente a la defensa de los intereses financieros de la Unión y que, como condición para recibir los fondos, deben conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, el Tribunal y la OLAF puedan ejercer sus competencias respectivas;

38. Observa que sigue siendo necesario un enfoque más sistemático en la comunicación del apoyo de la Unión a los socios y los esfuerzos destinados a resolver los retos mundiales para mejorar la visibilidad de esta y reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de la cadena de financiación; señala la importancia del planteamiento «Equipo Europa» con respecto a la eficacia y la visibilidad de la asistencia que presta la Unión; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para llevar a cabo controles sobre el terreno por muestreo años después de la finalización de los proyectos cofinanciados para comprobar el impacto continuado y el rendimiento de las intervenciones de los FED y para adoptar las medidas necesarias para garantizar la incidencia a largo plazo de sus operaciones;

Apoyo presupuestario de la Unión

39. Toma nota de que el marco general de apoyo presupuestario, en virtud del cual el apoyo presupuestario puede utilizarse como método de ejecución en el ámbito de la acción exterior, se complementa con un conjunto de directrices exhaustivas que ofrecen orientaciones detalladas (5) sobre los procedimientos para salvaguardar una buena gestión de riesgos y aplicar la revisión de la calidad, el seguimiento y la presentación de informes por parte de las delegaciones de la Unión y de los servicios centrales de la Comisión; valora positivamente que las directrices de apoyo presupuestario y las disposiciones internas hayan mejorado con el tiempo, también a raíz de las recomendaciones del Tribunal y del Parlamento;

40. Toma nota de que el apoyo de la Unión abarca una amplia variedad de sectores, con 228 contratos ejecutados en 95 países o territorios en 2020, lo que representa, por término medio, alrededor del 40 % de los programas nacionales de cooperación con los países socios; toma nota, además, de que, si bien los pagos oscilaron entre 1 600 millones EUR y 1 800 millones EUR anuales entre 2014 y 2019, los desembolsos de apoyo presupuestario de la Unión rondaron los 3 000 millones EUR en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19; considera que este apoyo fue fundamental para ayudar a fomentar la resiliencia de los países, permitiéndoles centrarse en las reformas en diferentes sectores y evitando nuevos retrocesos económicos y sociales;

41. Toma nota de que la contribución de apoyo presupuestario de los FED representó el 39 % del importe total del apoyo presupuestario de la Unión abonado en 2020 (1 164 millones EUR de un total de 2 986 millones EUR); toma nota de que 40 países ACP y 8 PTU se beneficiaron del apoyo presupuestario en 2020;

42. Toma nota de que la contribución de los FED a las actividades de apoyo presupuestario en 2020 ascendió a 1 240,6 millones EUR (frente a 790,3 millones EUR en 2019), de los cuales 552,3 millones EUR representaron nuevos compromisos (frente a 366,8 millones EUR en 2019), con una cobertura geográfica de 60 países asociados (5 más que en 2019), y 102 contratos de apoyo presupuestario (20 más que en 2019); observa que, en el caso de los PTU, 82,8 millones EUR (frente a 70,0 millones EUR en 2019) se desembolsaron a través de los FED para doce países, lo que representó trece contratos de apoyo presupuestario, lo mismo que en el ejercicio 2019;

43. Observa con satisfacción que en 2020 el África subsahariana siguió siendo el mayor receptor de apoyo presupuestario, con una proporción del 38 % (36 % en 2019); observa además que los países de renta media-baja representaron el 52,4 % (47 % en 2019) del total de los compromisos en curso; observa que los países de renta baja representaron el 29,4 % del total de los compromisos, lo que confirma la tendencia a la baja observada en 2019 (32 % frente al 38 % en 2018); observa que, en conjunto, el 47 % de los programas de apoyo presupuestario en curso se están ejecutando en los países menos desarrollados;

44. Recuerda que el apoyo presupuestario tiene por objeto reforzar la alianza con los países socios de la Unión, promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y consolidar la paz y la democracia, con objeto de contribuir en última instancia a la consecución de los ODS; señala que el apoyo presupuestario de la Unión debe guiarse por los principios de eficacia de Busán, acordados a escala internacional, como la apropiación por parte de los países socios, la atención centrada en los resultados, la integración y la rendición de cuentas; destaca el hecho de que, al fomentar la transparencia y la buena gobernanza, el apoyo presupuestario también contribuye a la lucha contra la corrupción y el fraude; recuerda que el apoyo presupuestario debe corresponderse con las necesidades de los países socios, así como con las políticas clave de la Unión; recuerda que también es necesario medir el rendimiento de los programas y su impacto en los países socios y en las poblaciones civiles;

45. Toma nota de que, por lo que respecta a la contribución relativa a los ODS, los programas de apoyo presupuestario contribuyen en gran medida a la consecución del ODS 16 (paz, justicia y gobernanza), el ODS 17 (alianzas), el ODS 5 (igualdad de género) y el ODS 1 (fin de la pobreza); acoge con satisfacción el notable alcance multidimensional de los programas de apoyo presupuestario y considera que deben respaldar el emprendimiento y la iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico y social, como se propugna en el ODS 9 (construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) y el ODS 17 (fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible);

46. Destaca que el emprendimiento y el sector privado desempeñan un papel esencial en la lucha contra la pobreza mediante la creación de puestos de trabajo, una economía sostenible y un crecimiento sostenible; destaca el hecho de que ofrecer formación empresarial puede ayudar a los pequeños empresarios a crear empresas y mejorar las prácticas empresariales en los países socios; señala que, con el fin de mejorar la eficacia de dichos programas, la formación debe complementarse con servicios de apoyo y seguimiento personalizados; pide, además, que se siga empoderando tanto a las mujeres como a los hombres, y que se sigan aplicando las políticas necesarias para abordar los retos pertinentes;

47. Toma nota de la nueva concepción de los programas por parte de la Comisión en respuesta a la pandemia de COVID-19, lo que ha dado lugar a la neutralización de indicadores (que se han vuelto irrelevantes por la crisis o han dejado de ser válidos) y a la conversión de tramos variables en tramos fijos; observa además las fechas límite de algunos indicadores y objetivos y su aplazamiento a 2021; toma nota, por tanto, de la variación de la relación entre los tramos fijos y los variables en 2020, con un porcentaje medio del 84 % para los tramos fijos (44 % en 2019) y del 16 % para los tramos variables (56 % en 2019); recuerda, a este respecto, su posición de que los tramos variables pueden aportar un mayor efecto multiplicador para profundizar la política y el diálogo político con los países socios sobre las principales reformas que deben llevarse a cabo; pide, por tanto, que se le facilite información actualizada sobre los efectos y los resultados del nuevo diseño de estos programas; toma nota, además, de que solo el Caribe, África Central, América Latina y los Balcanes Occidentales mantuvieron tramos variables relativamente mayores en sus pagos;

48. Reitera su llamamiento a los servicios de la Comisión para que continúen evaluando estrictamente en su diálogo político los riesgos relacionados con la elusión del impuesto de sociedades, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos que afectan en particular a los países en desarrollo; subraya la importancia de abordar la movilización de los ingresos internos y la gestión de las finanzas públicas en general, que forman parte de los criterios del apoyo presupuestario; anima a la Comisión a que evalúe el impacto fiscal y ayude a establecer objetivos orientados a la inversión;

49. Considera que las evaluaciones de las necesidades en relación con la programación del IVCDCI-Europa Global deben tener en cuenta las situaciones de endeudamiento de los países y la forma en que dichas situaciones influyen en la capacidad de alcanzar los ODS;

50. Destaca la importancia de que los donantes no aumenten la carga de la deuda; pide a la Unión y a los Estados miembros que pongan en marcha, como primera medida y además de sus promesas de moratoria de la deuda, una nueva iniciativa de alivio de la deuda para los países pobres muy endeudados; solicita, en términos más generales, la creación de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda que permita abordar tanto el impacto de la crisis de la deuda como los requisitos de financiación de la Agenda 2030;

Rendimiento

51. Señala que el apoyo de la Unión se ejecuta en el contexto de la Agenda 2030, lo que requiere un enfoque holístico del desarrollo social, económico y medioambiental, basado en los ODS;

52. Anima a la Comisión a que mantenga sus esfuerzos para reducir los índices de error adoptando medidas proporcionadas en respuesta a los ámbitos de alto riesgo que ya han sido identificados;

53. Reconoce que, en 2020, tanto Europa como el resto del mundo se vieron gravemente afectados por la pandemia de COVID-19 y acoge con satisfacción la respuesta coordinada de la Comisión a la crisis sanitaria, así como a su impacto en la economía y la sociedad europeas; observa que la pandemia de COVID-19 también ha planteado retos en lo que respecta al rendimiento, el control, la auditoría y la garantía en relación con el presupuesto de la Unión para 2020; toma nota, además, de los esfuerzos de todos los servicios de la Comisión por promover una protección coherente y rigurosa del presupuesto de la Unión, garantizando la aplicación de unas medidas de mitigación adecuadas; toma nota de que el planteamiento «Equipo Europa» se puso en marcha como respuesta conjunta a la pandemia de COVID-19 por parte de todos los agentes europeos de desarrollo para apoyar la promoción de las prioridades políticas y las normas europeas;

54. Toma nota de que la Comisión considera que la aplicación de la respuesta del «Equipo Europa» a la pandemia de COVID-19 ha sido muy eficaz, ya que ha permitido la plena ejecución de los recursos del FED disponibles para 2020; señala la reducción del número de visitas a proyectos, que fueron sustituidas por auditorías a distancia debido al brote de COVID-19; considera que las auditorías a distancia no pueden compararse con los controles reales sobre el terreno y pide a la Comisión que reanude sus visitas lo antes posible, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 en cuanto al recurso a tecnologías e instrumentos para complementar las visitas;

55. Reconoce y celebra el impacto positivo general a escala mundial del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), que estuvo marcado por varios desafíos en su aplicación y puntos débiles a lo largo del proceso; toma nota de que, a mediados de marzo de 2022, COVAX había entregado más de 1 300 millones de dosis a 144 países, de las cuales 500 millones de dosis fueron donaciones; observa que, a mediados de marzo de 2022, los Estados miembros habían compartido más de 400 millones de dosis; observa que el impacto de COVAX se ha visto obstaculizado por la escasez de suministros, que le impidió cumplir su objetivo para 2021 (6);

56. Destaca que, en los próximos años, los Estados miembros deben seguir invirtiendo en vacunas para la COVID-19 y otras enfermedades para los países en desarrollo, y deben seguir ayudando a mejorar las cadenas de distribución;

57. Señala la especial importancia de la DG INTPA por lo que respecta a la educación, dado su papel fundamental en el desarrollo humano, y como facilitadora clave de todas las prioridades de la Unión; acoge con satisfacción, a tal fin, el aumento del gasto en educación en 2020, que pasó del 7 % al 10 % de la cartera total de la DG INTPA; toma nota con satisfacción de que, en respuesta a la pandemia de COVID-19, la DG INTPA apoyó a las poblaciones más vulnerables de los países socios, también a través de iniciativas mundiales en materia de educación, con el fin de evitar una generación perdida; recuerda la importancia de garantizar en todos los países socios que los niños y las niñas tengan igualdad de acceso a la educación y a la escuela; opina que la igualdad de oportunidades es una prioridad para el desarrollo; opina que se debe fomentar la accesibilidad de las jóvenes a los proyectos y fondos europeos en los países socios;

58. Recuerda que debe prestarse especial atención a las poblaciones vulnerables, dado que se enfrentan a más dificultades por lo que respecta a la accesibilidad; solicita el desarrollo de medidas y programas concretos, así como la asignación de más fondos, especialmente para las personas con discapacidad;

59. Toma nota de que la Comisión ha valorado que los FED han contribuido positivamente a los resultados de desarrollo a escala nacional, pero expresa su preocupación por el hecho de que los resultados a escala regional hayan sido menos fáciles de determinar; subraya que la aplicación de los principios de apropiación y gestión por resultados y de responsabilidad mutua resultó menos coherente en el undécimo FED; observa con preocupación, al mismo tiempo, que la evaluación de la Comisión puso de manifiesto la necesidad de mejoras en la información sobre la eficacia de los FED en aras de la rendición de cuentas; acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión tuviese muy en cuenta estas lecciones aprendidas al diseñar el IVCDCI-Europa Global y que esto se reflejase en la elección de los indicadores;

60. Pide que se lleve a cabo un estrecho seguimiento y un diálogo político exhaustivo con los países socios y las ONG en cuanto a los objetivos, los avances hacia los resultados acordados y los indicadores de rendimiento; pide, una vez más, a la Comisión que defina y mida mejor el impacto previsto en materia de desarrollo y, en particular, que mejore el mecanismo de control con respecto a la conducta de los países beneficiarios en los ámbitos de la corrupción, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza y la democracia; subraya la necesidad de que el sector privado participe en dicho diálogo estratégico; señala la importancia del control democrático sobre el uso del apoyo presupuestario de la Unión en los países beneficiarios;

61. Reitera su petición a la Comisión para que lleve a cabo una evaluación de rendimiento, país por país, de los proyectos en curso a largo plazo financiados por los FED, con el fin de demostrar el verdadero impacto en cada país de las inversiones de la Unión efectuadas desde hace décadas y el modo en que estas han contribuido efectivamente al desarrollo económico, social y sostenible de los países beneficiarios; pide a la Comisión que aproveche lo aprendido en relación con los proyectos que no se han aplicado de manera eficaz o eficiente y que tome medidas decisivas en el futuro;

62. Señala que, al igual que en el informe de 2019, el Tribunal no ha incluido el rendimiento de los FED en el capítulo 6, titulado «Una Europa global», de su informe sobre el rendimiento del presupuesto de la Unión; señala que el Tribunal aún no ha llevado a cabo una evaluación horizontal y detallada del rendimiento de los FED; reconoce que, con la inclusión en el presupuesto de los FED, el Tribunal también auditará los nuevos FED como parte del presupuesto de la Unión a largo plazo;

63. Toma nota de la contribución de los FED a los objetivos 14 (desarrollo humano) y 12 (empleo sostenible) de la DG INTPA; recuerda que la salud, la igualdad de género, la educación, el empleo y la mejora de las condiciones de vida son el núcleo de la acción exterior de la Unión, en particular para las poblaciones vulnerables, incluidos los migrantes y los refugiados; reconoce que la pandemia de COVID-19 ha perturbado a las sociedades de muchas maneras, invirtiendo los progresos realizados en los últimos años en materia de desarrollo humano, ejerciendo presión sobre las poblaciones vulnerables, exacerbando las desigualdades y provocando limitaciones del espacio civil y democrático en democracias frágiles;

64. Observa que la ejecución presupuestaria de los FED se limita ahora a los pagos relativos a los compromisos contraídos antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 y que ahora se aplican las normas del IVCDCI-Europa Global y del presupuesto general de la Unión; pide una aplicación estricta del enfoque basado en los derechos humanos, en el que los derechos humanos ocupen un lugar central en todas las acciones, de conformidad con el conjunto de instrumentos de la Comisión al respecto; muestra preocupación, en este sentido, por el posible uso indebido de los fondos de desarrollo, incluidos los del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, y por las denuncias de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África en Libia, Etiopía, Eritrea y Níger;

Contribución del BEI

65. Toma nota de que la política de desarrollo de la Unión se aplicará a través del IVCDCI-Europa Global, en cuya ejecución el BEI es un actor fundamental;

66. Reitera que se espera que las operaciones exteriores del BEI contribuyan a los objetivos políticos de la Unión, fomentando el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de los países en desarrollo, especialmente en los más desfavorecidos, así como el cumplimiento de los objetivos aprobados por la Unión; reconoce que la erradicación de la pobreza, la movilización de recursos nacionales y los derechos humanos constituyen temas esenciales en la arquitectura de financiación del desarrollo de la Unión; recuerda que el compromiso de las partes interesadas es la piedra angular del desarrollo sostenible e integrador;

67. Toma nota de que el BEI debe cumplir lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca que los principios de los derechos humanos se integran en sus procedimientos y normas de diligencia debida a nivel de proyecto, también permitiendo la suspensión de los desembolsos en caso de violaciones graves de los derechos humanos o de las normas medioambientales y sociales; observa que los mecanismos de reclamaciones se reforzaron a finales de 2018; pide al BEI que vele por que su mecanismo de reclamaciones sea de fácil acceso, oportuno y efectivo, a fin de detectar y remediar posibles violaciones de los derechos humanos en proyectos relacionados con el BEI; pide al BEI que informe acerca de este tema al Parlamento y al Consejo de Gobernadores;

68. Pide al BEI que siga apoyando la consecución de los ODS a través de sus actividades en el marco de mandatos específicos decididos por el Consejo y el Parlamento;

69. Apoya las Conclusiones del Consejo adoptadas el 14 de junio de 2021, en las que se pedía al BEI que aumentase su contribución a las iniciativas de desarrollo de la Unión por medio de estrategias específicas, una mayor presencia sobre el terreno en todo el mundo y una mejor coordinación con los socios en el marco de un verdadero planteamiento «Equipo Europa», con vistas a desarrollar acciones conjuntas innovadoras y garantizar la visibilidad de la financiación exterior de la Unión;

70. Reflexiona sobre el proceso de rendición de cuentas en el que el Parlamento es la autoridad de aprobación de la gestión con la excepción del Instrumento de Ayuda a la Inversión, cuya gestión corresponde al BEI y, por tanto, está fuera del ámbito de auditoría del Tribunal (7);

Los Fondos Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África (FFUE)

71. Recuerda que se crearon dos FFUE en el marco del FED, a saber, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África (el «FFUE para África») y el Fondo Fiduciario de la Unión Europea Bêkou para la República Centroafricana (el «FFUE Bêkou»); recuerda la posición defendida habitualmente por el Parlamento, según la cual la Comisión garantiza que cualquier fondo fiduciario que se cree como nuevo instrumento de desarrollo esté siempre en sintonía con la estrategia general y los objetivos de la política de desarrollo de la Unión, es decir, la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, como se consagra en el artículo 208 del TFUE, y debe velar, en particular, por que los países beneficiarios reciban apoyo no solo para atajar las causas originales de la migración, incluidos los flujos de migración irregular, sino también para promover la resiliencia, las oportunidades económicas, la igualdad de oportunidades, la seguridad de las poblaciones y el desarrollo humano y social;

72. Observa que las contribuciones de los FED a los FFUE aumentaron pasando de 600 millones EUR en 2019 a 800 millones EUR en 2020, con fondos adicionales de los FED para el FFUE para África utilizados para abordar ámbitos específicos de preocupación en las regiones del Sahel, el lago Chad y el Cuerno de África, incluidos los retos en materia de seguridad, los esfuerzos esenciales de estabilización y la respuesta a la pandemia de COVID-19; pide a la Comisión que continúe su labor de seguimiento y, como ha solicitado recientemente el Parlamento (8), que establezca un mecanismo de seguimiento eficaz e independiente para evaluar el destino final de los proyectos FFUE relacionados con la migración en caso de vulneraciones de los derechos fundamentales e informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de sus resultados;

73. Señala la contribución financiera de los FED al FFUE Bêkou para apoyar la salida de la República Centroafricana de la crisis de la COVID-19, así como su reconstrucción y desarrollo; expresa su preocupación acerca de la influencia que ejerce el Grupo Wagner sobre las Fuerzas Armadas Centroafricanas; se remite a su Resolución, de 25 de noviembre de 2021, sobre violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner; reitera su petición a la Comisión para que garantice que los fondos de la Unión no puedan ser utilizados bajo ninguna circunstancia por los países receptores para financiar empresas militares privadas con tal historial de violaciones de los derechos humanos; toma nota de la decisión de la Comisión de suspender temporalmente su misión de formación militar debido a la preocupación por las actividades que realiza el Grupo Wagner; señala, en este sentido, que en diciembre de 2021 la Unión decidió imponer medidas restrictivas contra el Grupo Wagner; pide a la Comisión que se asegure de que no se abonen fondos directa o indirectamente a contratistas o subcontratistas rusos, especialmente habida cuenta de la actual guerra en Ucrania; pide asimismo a la Comisión que plantee este asunto en su diálogo bilateral con todos los países pertinentes y anima a los Estados a ser plenamente transparentes con respecto a la contratación de servicios de apoyo militar, especialmente en lo que se refiere al número, las tareas y las cadenas de mando de las empresas militares y de seguridad privadas presentes en sus territorios, así como al equipamiento utilizado para el cumplimiento de sus contratos;

74. Observa que la evaluación intermedia del FFUE para África concluyó en 2020; toma nota de las principales conclusiones del informe de evaluación de que el mandato del FFUE para África, como instrumento a corto plazo, es demasiado amplio para abordar las causas profundas de la migración, y expresa su preocupación por algunos de los aspectos críticos que en él se destacan; señala la necesidad de hacer frente de una forma más eficaz a los retos relacionados con la migración intraafricana, que constituye casi el 90 % de los flujos migratorios en África; pide a la Comisión que se asegure de llevar a cabo más actividades centradas en la erradicación de la pobreza, en consonancia con el objetivo principal de los FED, a fin de abordar las causas profundas de la migración; señala las modestas contribuciones realizadas por el FFUE para África a fin de aumentar las oportunidades económicas y el empleo; apoya la recomendación, formulada en el informe de evaluación, de solicitar que el apoyo de la Unión a las oportunidades económicas y a la creación de empleo se integre, cuando resulte posible, en la dinámica y los agentes del mercado laboral local y en la inversión del sector privado (9); apoya firmemente la petición de que se lleve a cabo una evaluación ex post (también sobre el rendimiento) al menos un año después de que se hayan completado todas las actividades del FFUE para África;

75. Reitera sus peticiones a la Comisión para que presente un estudio riguroso de evaluación de riesgos sobre las implicaciones que tienen para los derechos humanos todos los proyectos destinados a formar y equipar a las fuerzas de seguridad de los países africanos;

76. Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Comisión de liberar fondos procedentes del FFUE para África que se habían asignados inicialmente a Eritrea, sobre todo para la contratación pública de obras de renovación de carreteras en las que se utilizó mano de obra forzada;

77. Reitera que la creación de nuevos fondos fiduciarios debe supeditarse a la plena participación del Parlamento en el proceso de toma de decisiones y a que se vea dotado de un poder de control adecuado; recuerda, a este respecto, la solicitud de revisión del Reglamento Financiero para que el Parlamento pueda ejercer eficazmente su función de supervisión y control democráticos;

Riesgos y retos relacionados con la ejecución de la ayuda de los FED

78. Recuerda, una vez más, que la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos son condiciones previas esenciales de cara a la eficacia de la ayuda; pide a la Comisión que siga de cerca la situación del Estado de Derecho, el cumplimiento de los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales y el respeto de los derechos humanos en los países receptores a la hora de aprobar ayudas financieras; pide a la Comisión que haga un uso más estricto de la cláusula incluida en los acuerdos financieros con los países socios, en virtud de la cual la Comisión puede suspender o rescindir el acuerdo en caso de incumplimiento de una obligación relacionada con el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho;

79. Manifiesta su preocupación por el rechazo de la Comisión de la recomendación del Parlamento de incluir en el próximo informe anual de actividades una evaluación estructurada, así como una evaluación de la ayuda e información sobre los resultados y el impacto de las actividades de los FED; toma nota de que la Comisión considera que el impacto de las actividades de los FED ya se ha evaluado mediante la elaboración y transmisión al Parlamento del informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión para la financiación de las acciones exteriores, pero recuerda que la parte 1 del informe anual de actividades de la DG INTPA no distingue entre las actividades del presupuesto general y los FED, lo que dificulta la evaluación de la declaración de la Comisión de que los FED han logrado resultados significativos a la hora de abordar la reducción de la pobreza; considera que, para poder ejercer su función de autoridad de aprobación de la gestión, el Parlamento necesita todos los datos útiles posibles para evaluar los FED y su impacto; invita a la Comisión a que revise su posición y responda positivamente a la solicitud específica del Parlamento;

80. Reconoce que los FED se centran principalmente en los países africanos continentales y considera que los países insulares, algunos de los países ACP y, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo no deben quedar excluidos en cuanto a objetivos y proyectos políticos; pide a la Comisión que garantice más sinergias y una mayor coherencia con las políticas internas y horizontales de la Unión en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países y territorios ultraperiféricos de la Unión y las regiones ultraperiféricas de la Unión;

81. Pide a la Comisión que vele por que las financiaciones beneficien con justicia y por igual a todos los PTU; pide a la Comisión que siga apoyando a las administraciones de los PTU en la ejecución de los proyectos del FED, en particular mediante la formación y asistencia técnica;

82. Observa que, con el nuevo mecanismo de financiación para la cooperación al desarrollo, el IVCDCI-Europa Global, todas las opciones de financiación anteriores se consolidan en un instrumento y parte del presupuesto anual de la Unión y el período del MFP 2021-2027; recuerda que la integración de los FED en el presupuesto de la Unión fue una exigencia del Parlamento durante mucho tiempo y que se han reforzado los principios presupuestarios, en particular los de unidad y anualidad del presupuesto; toma nota de que el IVCDCI-Europa Global es actualmente el principal instrumento financiero para la acción exterior de la Unión, con una dotación global de 79 500 millones de euros (a precios corrientes) para el período 2021-2027; observa que el IVCDCI-Europa Global simplifica la financiación exterior de la Unión y abarca la cooperación con todos los terceros países, a excepción de los países vinculados a la preadhesión de la Unión (en los Balcanes Occidentales) y Turquía; observa, además, que el gasto en desarrollo también estará plenamente cubierto por el control democrático del Parlamento; celebra asimismo que, en el marco del IVCDCI-Europa Global, los PTU se beneficien de un aumento de los fondos dentro del presupuesto de la Unión;

83. Observa que la Comisión se ha comprometido a mejorar la coherencia política entre la acción interior y la exterior; destaca la necesidad de una mayor coherencia de la acción de la Unión en la región ACP, velando por que se dé prioridad a los objetivos de desarrollo y por que las políticas dirigidas a los PTU estén vinculadas al desarrollo de sus regiones fronterizas y se adapten a las prioridades de la Unión;

84. Observa con preocupación que el 73,3 % de los contratos con los Estados miembros se firmaron con solo dos agencias nacionales de desarrollo de Estados miembros (Francia y Alemania), con la Agence française de développement, que representa el 67 % de los contratos firmados con agencias francesas, y la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, que representa el 72 % de los contratos firmados con agencias alemanas; reconoce su experiencia, pero al mismo tiempo considera que es necesario llevar a cabo más acciones para promocionar la visión de un mayor número de agencias de desarrollo nacionales; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión a este respecto, incluida la preparación de un estudio para comprender la fortaleza de cada socio en los Estados miembros con el fin de evaluar cómo podrían contribuir mejor en el futuro; pide a la Comisión que facilite el informe de dicho estudio a la autoridad de aprobación de la gestión en cuanto esté disponible;

85. Recuerda que algunos medios de comunicación destacaron que el dinero asignado en el marco de los FED, que se utilizó para proyectos de infraestructuras públicas en la República Democrática del Congo, se pagó a una empresa vinculada a un conocido financiero de Hezbolá; señala que la Comisión no contaba con ninguna información sobre los supuestos vínculos entre esta empresa y el financiero en el momento de adjudicarse estos contratos y que todos los contratos, excepto uno, se ejecutaron de manera satisfactoria; recuerda, sin embargo, el compromiso de la Unión de tolerancia cero ante las sospechas de fraude, corrupción y financiación de actividades relacionadas con el terrorismo y la obligación de evitar que la financiación europea beneficie indirectamente a actividades delictivas y terroristas; solicita que la Comisión actualice sus normas de contratación pública y controles post ante con el fin de intensificar las comprobaciones de antecedentes de los beneficiarios y sus afiliaciones;

Seguimiento de la aprobación de la gestión 2019

86. Toma nota de que el informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2019 fue debidamente publicado en julio de 2021; señala el retraso en la transmisión de las respuestas detalladas a las solicitudes específicas formuladas por el Parlamento en la Resolución sobre la aprobación de la gestión, pero acoge con satisfacción que, en una respuesta a las preguntas escritas, la Comisión aceptase facilitar una copia previa del seguimiento de la aprobación de la gestión del FED; recuerda la importancia de que se disponga de información detallada sobre el seguimiento a su debido tiempo como parte esencial del procedimiento de aprobación de la gestión;

87. Llama la atención sobre el contexto en el que se está prestando actualmente la ayuda oficial al desarrollo, caracterizado por un déficit de financiación recurrente, la pandemia de COVID-19, el agravamiento de la crisis climática y de la biodiversidad, el crecimiento incesante de las necesidades de ayuda humanitaria y la falta de medios para satisfacerlas adecuadamente, la lamentable inadecuación de los recursos financieros y técnicos de los países menos adelantados y de otros países en desarrollo para responder a los retos a los que se enfrentan, el retroceso en los avances hacia los ODS fundamentales y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático («Acuerdo de París»), incluidos los objetivos de erradicar la pobreza y el hambre, y la persistente incapacidad mundial para intensificar la acción por el clima hasta adecuarla a la apremiante necesidad de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París por una vía compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C, así como de mejorar la resiliencia frente a los efectos adversos del cambio climático;

88. Expresa su decepción por la persistente ausencia de medidas importantes por parte de la Comisión en relación con las recomendaciones de la evaluación externa de la coherencia de las políticas de la Unión en favor del desarrollo (10), encargada por la Comisión y recibida en 2018; lamenta la falta de transparencia en los procedimientos de contratación pública;

89. Lamenta la falta de seguimiento de algunas de las solicitudes del Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión de 2019 y pide a la Comisión que presente un análisis más pormenorizado de las recomendaciones del Parlamento.

(1) Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 (DO L 307 de 3.12.2018, p. 1).

(2) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ES.pdf, apartado 32.

(3) Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se crea el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global, por el que se modifica y se deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).

(4) https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-international-partnerships-annexes_en.pdf, págs. 446-447.

(5) https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/budget-support-guidelines-2017_es.pdf

(6) Cuadro de indicadores del mercado de vacunas contra la COVID-19, División de Suministros de UNICEF https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

(7) Véanse los artículos 43, 48 a 50 y 58 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.° Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 17). En 2012, un acuerdo tripartito entre el BEI, la Comisión y el Tribunal [artículo 134 del Reglamento (CE) n.o 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 78 de 19.3.2008, p. 1)] estableció las normas para la auditoría de estas operaciones por parte del Tribunal.

(8) Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía [2020/2045(INI)].

(9) https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-international-partnerships-annexes_en.pdf (p. 731).

(10) https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/pcd-main-report_en.pdf