Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los traslados de residuos (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

2003/0139 (COD)

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los traslados de residuos

1. ANTECEDENTES

Transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2003) 379 final - 2003/0139 (COD)] de conformidad con el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE: 30 de junio de 2003.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Dictamen adoptado el 28 de enero de 2004.

Dictamen del Comité de las Regiones: No se emitirá ningún dictamen.

El 19 de noviembre de 2003, el Parlamento Europeo votó en primera lectura las enmiendas presentadas a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos [COM(2003) 379 final de 30 de junio de 2003].

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta tiene cuatro objetivos básicos:

* Incorporar la Decisión C(2001) 107 del Consejo de la OCDE, de 14 de junio de 2001, al Derecho comunitario.

* Resolver los problemas surgidos en la aplicación, administración y ejecución del Reglamento de 1993 y lograr una mayor claridad jurídica.

* Impulsar la armonización mundial en materia de traslados transfronterizos de residuos.

* Estructurar mejor los artículos del Reglamento.

Para alcanzar estos objetivos, la revisión modifica varias partes y aspectos del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo:

* Cambios de estructura.

* Modificaciones y aclaraciones relativas a las definiciones y aclaración del ámbito de aplicación (Título I).

* Modificaciones y aclaraciones relativas a los procedimientos aplicables a los traslados de residuos (Títulos II-VI):

- entre Estados miembros (Título II);

- en el interior de los Estados miembros (Título III);

- importados o exportados de la Comunidad (Títulos IV, V y VI).

* Modificaciones relativas a otras disposiciones del Reglamento (Título VII).

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El 19 de noviembre de 2003, el Parlamento Europeo adoptó 103 enmiendas a la propuesta.

La Comisión rechaza la mayoría de estas enmiendas por proponer soluciones nacionales a determinados problemas de gestión de los residuos en relación con los residuos destinados a la valorización, lo que no casa con los objetivos generales de la Comisión, y concretamente con la armonización a escala comunitaria. Así, la respuesta de la Comisión a este problema es una solución comunitaria a más largo plazo. Además, quedarían muy limitados los traslados de residuos.

La Comisión no acepta las enmiendas que suponen cambios en las categorías específicas de las listas de residuos adjuntas en anexo a la propuesta. No se trata de que la Comisión discrepe en lo fundamental sino más bien de que no es el lugar apropiado. Los cambios en las listas de residuos deben introducirse en la legislación de donde procedan. Además, estos cambios se opondrían a uno de los objetivos básicos de la propuesta, la armonización internacional de las listas de residuos.

Sin embargo, la Comisión puede aceptar varias enmiendas porque mejoran o aclaran la propuesta de la Comisión.

La postura detallada de la Comisión respecto a las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo es la siguiente:

3.1. Enmiendas aceptadas íntegramente por la Comisión

Las enmiendas 2, 3, 107, 108, 110, 109, 6, 7 y 8 relativas a los considerandos adicionales pueden apoyarse en la medida en que añaden referencias pertinentes a resoluciones y estrategias sobre gestión de residuos o añaden información objetiva.

Las enmiendas 10, 12, 15, 22, 24, 29, 30, 31, 39, 57, 67, 100, 101, 103 y 126 relativas a aclaraciones técnicas pueden aceptarse.

La enmienda 113, que añade una referencia expresa a las «aguas territoriales» en la definición de «país de tránsito» puede aceptarse como aclaración.

La enmienda 122, que permite a las autoridades competentes dispensar del requisito de constituir una fianza o seguro equivalente cuando el traslado de residuos lo lleve a cabo «una entidad de Derecho público, una empresa municipal o una sociedad perteneciente a una entidad de Derecho público», puede aceptarse por haberse limitado considerablemente su ámbito de aplicación y suprimido la referencia indeterminada a «otra empresa» que figura en la enmienda 25.

La enmienda 125 sobre unos procedimientos menos estrictos en relación con los traslados de residuos en régimen de «cooperación regional y municipal en materia de gestión de residuos» también puede aceptarse por quedar mucho más claro su ámbito de aplicación en comparación con la enmienda 60.

La enmienda 115, que permite las objeciones a los traslados destinados a la eliminación porque un Estado miembro «desee ejercer su derecho, con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Convenio de Basilea, de prohibir la importación de residuos peligrosos o de residuos incluidos en el anexo II de dicho Convenio», puede aceptarse. Sin embargo, los Estados miembros ya han ampliado su facultad de oponerse a los traslados destinados a la eliminación (se aplican los principios de autosuficiencia y proximidad), de manera que la enmienda no amplía en realidad el ámbito de dicha facultad.

La enmienda 81, que permite las objeciones a los traslados destinados a la valorización de residuos municipales procedentes de hogares privados, puede aceptarse.

La enmienda 53, que suprime el artículo entero sobre las plantas de valorización con autorización previa, puede aceptarse. Se supone que el sistema agilizará los trámites burocráticos de las notificaciones en relación con las plantas con autorización previa, aunque puede afirmarse que las ventajas son muy limitadas, puesto que las autoridades tienen que evaluar de todos modos otros elementos de la notificación y pueden consecuentemente plantear objeciones a los traslados de residuos destinados a plantas de valorización con autorización previa.

La enmienda 56, que limita a los residuos peligrosos el ámbito de aplicación del artículo 20 (relativo a la información previa sobre traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio contemplados en el apartado 4 del artículo 3), puede aceptarse como limitación apropiada de dicho ámbito.

Las enmiendas 75, 76, 77, que añaden al anexo IX algunas directrices adoptadas internacionalmente, también pueden aceptarse. Se añaden las directrices de la OIT y de la OMI sobre el reciclado de buques y las directrices de la OCDE sobre ordenadores. No obstante, habría que volver a numerar las diversas partes del anexo de modo que constase de cuatro partes en pie de igualdad, esto es, de las cuatro partes correspondientes a las directrices del Convenio de Basilea, de la OMI, de la OCED y de la OIT, respectivamente. La enmienda 74, que aclara el ámbito de aplicación de las directrices, también puede aceptarse.

3.2. Enmiendas aceptadas en cuanto al fondo por la Comisión

La enmienda 93, que amplía la definición de «país de tránsito», puede aceptarse en cuanto al fondo. Sin embargo, se considera que los puertos forman parte en cualquier caso del país de tránsito (al no estar eximidos expresamente).

La enmienda 59, que dispone que la Comisión podrá decidir establecer una cuantía máxima de los costes administrativos cobrados al notificador, puede aceptarse en cuanto al fondo.

La enmienda 61 sobre la evaluación de una gestión ambientalmente racional en relación con las exportaciones de residuos fuera de la Comunidad puede aceptarse en cuanto al fondo.

Las enmiendas 69 y 70 sobre el orden de las listas de residuos del anexo V (relacionado con la prohibición de la exportación de residuos peligrosos), al efecto de que la lista de residuos peligrosos de la UE prevalezca sobre la lista de Basilea de residuos no peligrosos (ambas presentes en el anexo), pueden aceptarse en cuanto al fondo.

Las enmiendas 84 y 88, que aclaran que la terminación de un traslado requiere que los residuos se hayan tratado definitivamente en el país del destino, pueden aceptarse en cuanto al fondo. Sin embargo, se considera que la aclaración ya figura en el apartado 6 del artículo 5.

La enmienda 92 sobre la aclaración de la definición de «país de expedición» puede aceptarse en cuanto al fondo porque puede resultar útil en relación con los traslados en alta mar. Sin embargo, debería completarse con un párrafo que enumere por orden de prioridad los elementos por los que un Estado debe considerarse país de expedición en caso de conflicto. La Comisión propone que el apartado 15 del artículo 2 quede redactado como sigue:

«país de expedición: el país desde el cual se efectúe o se vaya a efectuar un traslado de residuos; en el caso de los residuos de buques o embarcaciones, el concepto de país de expedición podrá incluir los Estados del puerto, los Estados con jurisdicción sobre el propietario o el titular y los Estados del pabellón, por este orden de prioridad».

La enmienda 25 sobre las posibles dispensas del requisito de constituir una fianza en relación con determinadas entidades públicas puede aceptarse en cuanto al fondo siempre que se limite su ámbito de aplicación. Véase arriba la observación sobre la enmienda 122.

La enmienda 60 sobre unos procedimientos menos estrictos cuando exista una especial situación geográfica puede aceptarse en cuanto al fondo si se limita considerablemente su ámbito de aplicación. La enmienda 125 sobre el mismo tema se reformula al efecto y, por consiguiente, puede aceptarse íntegramente (véase arriba).

La enmienda 66 sobre el acceso público a las notificaciones puede aceptarse en cuanto al fondo. No obstante, se considera que las obligaciones deberían fijarse en un artículo independiente e incluir una referencia al respeto de las normas sobre confidencialidad contempladas en el Derecho comunitario y/o nacional. Por consiguiente, la Comisión propone un nuevo artículo 53, redactado como sigue (se ha añadido el apartado 2):

«1. La autoridad competente del Estado miembro exportador o importador hará públicas a través de los medios apropiados, como Internet, todas las notificaciones de traslados que haya autorizado, así como toda la documentación conexa, en un plazo máximo de siete días desde la concesión de la autorización.

2. En el cumplimiento de sus obligaciones según lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros tratarán la información presentada en relación con las notificaciones de manera confidencial de conformidad con el Derecho comunitario y nacional».

3.3. Enmiendas aceptadas en parte por la Comisión

La primera parte de la enmienda 58, en que se hace hincapié en la cooperación y armonización entre las autoridades competentes de procederse a un intercambio electrónico de datos, podría ser una adición útil, pero no parece justificada la segunda parte, que divide el intercambio de datos entre las autoridades competentes de expedición y las de destino.

3.4. Enmiendas no aceptadas por la Comisión

Las enmiendas 1 y 83, que proponen el cambio del fundamento jurídico de medio ambiente y comercio (175 y 133) a sólo medio ambiente (175), no pueden aceptarse.

Las enmiendas 4, 5 y 111, que introducen nuevos considerandos, no pueden aceptarse por razones formales, fundamentalmente porque violan el derecho de iniciativa de la Comisión. Ocurre lo mismo con otras enmiendas: 112, 20, segunda parte de 114, 28, y 46.

La enmienda 9 sobre la exclusión de las importaciones en la Comunidad de residuos (militares) generados con motivo de una operación fuera de la zona de unidades del ejército de un Estado miembro, desde dicho lugar hacia el Estado miembro, no puede aceptarse. Se considera que la inquietud subyacente a esta enmienda se aborda en el inciso iii) del apartado 11 del artículo 2, que contempla que la autoridad competente, a falta de designación, se convierta en «la autoridad reguladora del país o región, según proceda», lo que permitiría a la autoridad militar actuar como autoridad competente. Por consiguiente, no hace falta ninguna exclusión. Análogamente, las enmiendas 62, 63, 64 y 65 sobre los mismos extremos no pueden aceptarse.

La enmienda 11 por la que se suprime el apartado 6 del artículo 1, que contempla una posible exclusión de los subproductos animales del ámbito de aplicación del Reglamento, no puede aceptarse. Para reducir la carga administrativa de la aplicación de dos procedimientos y en la medida en que la legislación veterinaria establece unas disposiciones de procedimiento similares o más estrictas aplicables a los subproductos animales, debe excluirse este tipo de residuos.

Las enmiendas 13 y 14, que reformulan las definiciones de «eliminación» y de «valorización» de manera que sólo cubrirían las operaciones definitivas, no pueden aceptarse. Las definiciones deben ajustarse a las de la Directiva marco 75/442/CEE sobre residuos, en su versión modificada. Tampoco puede aceptarse la enmienda 21, que prohíbe los traslados de residuos destinados a operaciones provisionales y los cambios consecuentes en relación con el contrato en la enmienda 26, la fianza financiera en las enmiendas 27 y 85, el consentimiento en la segunda parte de la enmienda 87, las objeciones en las enmiendas 34 y 41 y las disposiciones especiales sobre las operaciones provisionales en la enmienda 91.

Las enmiendas 16 y 79 pueden deberse a un malentendido porque los residuos municipales/domésticos no clasificados por tipos ya están sujetos al procedimiento de notificación y autorización previa por escrito.

Las enmiendas 17 y 18 proponen sujetar los residuos no peligrosos enumerados en el anexo III a una notificación previa por escrito, pero no a consentimiento. Este requisito no se considera justificado y se opondría a la Decisión de la OCDE, por lo que no puede aceptarse. Tampoco puede aceptarse la enmienda 55, que dispone que se informe por adelantado a las autoridades competentes. (A este respecto, obsérvese el apartado 5 del artículo 19).

La enmienda 105, que suprime la obligación (para la persona que organiza el traslado) de facilitar una copia del contrato si así lo solicitan las autoridades competentes interesadas en relación con los traslados de residuos no peligrosos destinados a la valorización, no puede aceptarse. A efectos de control, es esencial que pueda exigirse un contrato. Hay que hacer hincapié en que la información confidencial del contrato está protegida, si ésta es la inquietud real subyacente a esta enmienda.

La enmienda 19, que suma los traslados destinados a «fines experimentales» a los traslados excluidos del procedimiento de notificación, no puede aceptarse. Este tipo de traslados presenta el mismo peligro que los demás y deben seguir los trámites normales. Por consiguiente, no puede aceptarse la enmienda 94 sobre el aumento de las cantidades de residuos que pueden destinarse a fines experimentales sin necesidad de notificación desde un máximo de 25 kg hasta una cantidad treinta veces superior.

La primera parte de la enmienda 114 establece que, además de los residuos que contienen contaminantes orgánicos persistentes (COP), los traslados de residuos que contengan o estén constituidos o contaminados por amianto estén sujetos a las mismas disposiciones que los traslados de residuos destinados a la eliminación. El artículo debería limitarse a las sustancias contempladas en el Convenio de Estocolmo.

Las enmiendas 95 y 98, que proponen autorizar el consentimiento tácito de todas las autoridades competentes (y no sólo de las de tránsito) en relación con los traslados de residuos destinados a la valorización, no pueden aceptarse por varias razones y, en primer lugar, porque se oponen al Convenio de Basilea. Además, hay que mantener un planteamiento preventivo en lo que atañe a los traslados especiales de residuos peligrosos, a lo que se añade que violan el objetivo de simplificación al restablecer tres procedimientos, en vez de los dos propuestos, de manera que se aplicarían normas distintas a los traslados dentro de la OCDE y dentro de la UE. Por último, el consentimiento por escrito es más claro y fácil de aplicar.

La enmienda 23, que añade que los documentos de notificación y movimiento se podrán facilitar en virtud de reglamentos específicos establecidos por los Estados miembros, no pueden aceptarse. La expedición de estos documentos debería efectuarla únicamente la autoridad competente de expedición y es necesaria la armonización en este ámbito. La impresión de los formularios es un asunto distinto que no requiere ninguna regulación específica.

Las enmiendas 96 y 97 disponen que sólo hará falta constituir una fianza jurídicamente vinculante cuando se inicie el traslado, en vez de en el momento de la notificación, y no puede aceptarse. A efectos de aplicación y eficacia, es importante que la prueba del carácter jurídicamente vinculante de la fianza se constituya ya en el momento de la notificación, aunque sólo haga falta que se aplique en el momento del traslado real.

La primera parte de las enmiendas 86 y 87 acorta el plazo de validez de los consentimientos escrito y tácito de un año civil a 180 días y no puede aceptarse. Se opone a la Decisión de la OCDE y al objetivo de simplificar los procedimientos, pues sería necesario aplicar plazos distintos a los traslados dentro de la OCDE y dentro de la UE.

La segunda parte de las enmiendas 86 y 87 suprime la posibilidad de que el consentimiento se extinga en el plazo de dos años en el caso de los traslados destinados a las operaciones de valorización o eliminación provisionales y no puede aceptarse. Estas enmiendas se deben entender en el contexto de las que prohíben el tratamiento provisional y como derivadas de las mismas. La Comisión no puede aceptar estas enmiendas y, consecuentemente, tampoco las enmiendas 86 y 87. Además, se oponen a la Decisión de la OCDE y al objetivo de simplificar los procedimientos, pues sería necesario aplicar plazos distintos a los traslados dentro de la OCDE y dentro de la UE.

Las enmiendas 32 y 33 sobre el registro y comprobación de la conformidad subsiguiente de la notificación deberían ser cubiertas por el artículo 53 sobre la ejecución y no pueden aceptarse.

Las enmiendas 35 y 80 sobre otras razones que pueden justificar una objeción a un traslado de residuos destinado a la eliminación no pueden aceptarse. También hay que rechazar la enmienda 37, que suprime la referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria y que sólo contempla por tanto la autosuficiencia a escala nacional. La cooperación entre países vecinos y/o pequeños sigue necesitando estímulos, especialmente mediante una referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria. La enmienda 38 añade que pueden plantearse objeciones a un traslado de conformidad con el Derecho nacional de no existir obligaciones comunitarias sobre la eliminación. Esta disposición podría aplicarse incorrectamente y distorsionar el mercado interior, por lo que hay que rechazarla.

Las enmiendas 116 y 117 sobre otras razones que pueden justificar una objeción a un traslado de residuos destinado a la valorización no pueden aceptarse por infringir la Decisión de la OCDE y posiblemente también el Tratado CE. La enmienda 42 no puede aceptarse. Las enmiendas 43 y 44 referidas a los residuos de carácter municipal o doméstico no clasificados por tipos y a la proximidad y la autosuficiencia no pueden aceptarse. Los principios de autosuficiencia y proximidad sólo se aplican actualmente a los traslados destinados a la eliminación y no a los traslados destinados a la valorización, lo que no debe alterarse (aunque pueda aceptarse la enmienda 81 con una nueva redacción; véase arriba). Las enmiendas 45, 49, 82, 89, 90, 118, 120, 123, 124 y 119 sobre el establecimiento de determinados criterios en relación con la valorización no pueden aceptarse. Estos criterios podrían ser simplemente algunos de los que se consideran pertinentes para la distinción entre la valorización y la eliminación, en general y en el contexto de la Directiva marco 75/442/CEE sobre residuos, y no deben fijarse en el presente Reglamento. Tampoco se pueden aceptar las enmiendas 47 y 48, que añaden que se pueden plantear objeciones a un traslado de conformidad con el Derecho nacional de no existir obligaciones comunitarias sobre la eliminación o el reciclaje. Se aplicarían soluciones nacionales a determinados problemas de gestión de residuos en relación con los residuos destinados a la valorización, lo que no casa con los objetivos generales de la Comisión en el ámbito de la política de gestión de residuos, y concretamente con la armonización a escala comunitaria. Así, la respuesta de la Comisión a este problema es una solución comunitaria a más largo plazo, cuyos elementos principales serían, en primer lugar, la fijación de normas comunitarias mediante la ampliación de la Directiva PCIC y, en segundo lugar, el establecimiento de directrices sobre la valorización ficticia y distinciones más claras entre las diversas operaciones de valorización y eliminación.

Las enmiendas 40 y 50 suprimen la posibilidad de que las autoridades competentes interesadas puedan acordar con el notificador no exigir una nueva notificación cuando los problemas que motiven las objeciones no se hayan resuelto en un plazo determinado. No parece ni necesario ni justificado insistir en una notificación si todas las partes interesadas han llegado a un acuerdo en sentido contrario, y la enmienda no puede aceptarse.

Las enmiendas 51 y 52 no pueden aceptarse porque se consideran meras repeticiones del apartado 7 del artículo 14, que establece que cualquier otra disposición del Reglamento se aplicará también a las notificaciones generales.

La enmienda 99 sobre un procedimiento simplificado de retirada voluntaria de residuos no se puede aceptar por ser demasiado impreciso su ámbito de aplicación.

La enmienda 54, que fija el plazo para emitir el certificado de tratamiento definitivo en 7 y 180 días en vez de 30 días y un año civil (tras la conclusión de la operación de valorización o eliminación y la recepción de los residuos notificados, respectivamente), no puede aceptarse. Se opone a la Decisión de la OCDE y al objetivo de simplificar los procedimientos, pues sería necesario aplicar plazos distintos a los traslados dentro de la OCDE y dentro de la UE de aceptarse la enmienda.

La enmienda 102, que modifica la propuesta de manera que, si las autoridades competentes de expedición y de destino discreparan sobre la clasificación de la operación de tratamiento de residuos como eliminación o valorización, prevalecería la opinión de la autoridad de destino, no puede aceptarse. La propuesta de la Comisión establece que se aplicarían en estos casos las disposiciones relativas a la eliminación. Hay que mantener un planteamiento preventivo en la elección de procedimientos de surgir desacuerdos. También hay que considerar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha confirmado que ambas autoridades son competentes para clasificar el tratamiento como eliminación o valorización.

La enmienda 121, que añade otra condición en relación con las importaciones en la Comunidad de residuos destinados a la valorización al efecto de que, cuando se trate de residuos peligrosos, la autoridad competente de expedición fuera de la Comunidad presente previamente una solicitud debidamente justificada en que aleguen «que no disponen ni pueden adquirir de forma razonable la capacidad técnica o las instalaciones necesarias para eliminar los residuos de forma racional en el plano del medio ambiente», no puede aceptarse. En el caso de los países de la OCDE, esta disposición infringiría la Decisión de la OCDE. En el caso de los países que no sean partes en el Convenio de Basilea ni sean miembros de la OCDE ya se aplica este requisito. Podría tenerse en consideración si se tratara de partes en el Convenio de Basilea que fueran miembros de la OCDE, pero puede afirmarse que el tratamiento en la Comunidad es casi siempre «superior» desde el punto de vista ambiental. Por consiguiente, no parecen estar justificadas ambientalmente otras restricciones.

Las enmiendas 78, 106, 68, 71, 72 y 73 se refieren todas a cambios en las categorías específicas de las listas de residuos adjuntas en anexo a la propuesta y no pueden aceptarse. No se trata de que la Comisión discrepe en lo fundamental sino más bien de que no es el lugar apropiado. Los cambios en las listas de residuos deben introducirse en la legislación de donde procedan (el Convenio de Basilea, la Decisión de la OCDE y la lista comunitaria de residuos). Además, estos cambios se opondrían a uno de los objetivos básicos de la propuesta, la armonización internacional de las listas de residuos.

3.5. Propuesta modificada

Visto el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta como se indica arriba.