Iniciativa de la República Italiana con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo relativa a la asistencia durante el tránsito por el territorio de uno o varios Estados miembros con motivo de la ejecución de las resoluciones de expulsión adoptadas por los Estados miembros contra nacionales de terceros países

(2003/C 223/05)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra b) del punto 3 de su artículo 63,

Vista la iniciativa de la República Italiana,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) La Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 relativa a la concertación y cooperación en la ejecución de las medidas de expulsión(1) y la Decisión del Comité Ejecutivo de 21 de abril de 1998 relativa a la cooperación entre las Partes Contratantes en materia de expulsión de nacionales de terceros países por vía aérea [SCH/Com-ex (98) 10](2) ya trataron la necesidad de cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la expulsión por vía aérea de nacionales de terceros países. Mediante la Directiva 2003/.../CE del Consejo, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de traslado por vía aérea, se establecen normas específicas en la materia.

(2) Es necesario poner fin, mediante medidas directas y de asistencia mutua entre los Estados miembros sobre expulsión, a la estancia ilegal de nacionales de terceros países sobre los que se ha dictado resolución firme de expulsión del territorio nacional.

(3) Es necesario llegar a un entendimiento entre los Estados miembros sobre el apoyo y la asistencia recíprocos durante el tránsito por vía aérea, marítima y terrestre para la ejecución de las medidas de repatriación y de readmisión, de conformidad con lo dispuesto en el Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea(3), aprobado por el Consejo el 28 de febrero de 2002, y en el Plan para la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, aprobado por el Consejo el 13 de junio de 2002, reforzados mediante el Programa de acción sobre la repatriación, aprobado por el Consejo el 28 de noviembre de 2002.

(4) La soberanía de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a la aplicación de medidas coercitivas inmediatas contra nacionales de terceros países que se resistan a la expulsión, no debe quedar afectada.

(5) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(4).

(6) Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizados en particular por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967, y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De conformidad con las obligaciones internacionales aplicables, no se solicitará ni se concederá el tránsito por vía aérea si en el país de destino o de tránsito el nacional de un tercer país corre el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, torturas o pena de muerte, o su vida o su libertad se ven amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas.

(7) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, ésta no le será vinculante ni aplicable. Habida cuenta de que la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del citado Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la adopción de la presente Directiva por parte del Consejo, si la incorpora a su legislación nacional.

(8) En lo que respecta a la República de Islandia y el Reino de Noruega, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen conforme a lo dispuesto en el Acuerdo celebrado el 18 de mayo de 1999 entre el Consejo de la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 1(5), que entran dentro del ámbito a que se refiere la letra c) del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo 2(6). Al término de los procedimientos que prevé dicho Acuerdo, los derechos y obligaciones derivados de la presente Directiva se aplicarán asimismo a ambos países y a sus relaciones con los Estados miembros de la Comunidad Europea destinatarios de la presente Directiva.

(9) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, ésta no les será vinculante ni aplicable.

(10) La presente Directiva constituye un acto basado en el acervo de Schengen o relativo al mismo en los términos del apartado 1 del artículo 3 del Acta de Adhesión de 2003.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

La finalidad de la presente Directiva es definir medidas de asistencia entre las autoridades competentes de los Estados miembros en caso de tránsito con escolta, por el territorio de uno o varios Estados miembros, de nacionales de terceros países a los que se apliquen resoluciones de expulsión de un Estado miembro.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) "nacional de un tercer país", cualquier persona que no sea nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, de la República de Islandia o del Reino de Noruega;

b) "Estado miembro requirente", el Estado miembro que ejecuta una resolución de expulsión de un nacional de un tercer país y solicita el tránsito por vía terrestre a través de otro Estado miembro;

c) "Estado miembro requerido" o "Estado miembro de tránsito", el Estado miembro por cuyo territorio se efectúa la expulsión, con escolta, de nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión de un Estado miembro;

d) "tránsito por el territorio", el paso por el territorio de un Estado miembro a través del cual se ejecuta la expulsión de nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión, incluido el desplazamiento entre dos puertos de Estados miembros utilizando enlaces marítimos de línea;

e) "transportista", la persona física o jurídica que transporta, con carácter profesional o por motivos de servicio, a nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión adoptadas por los Estados miembros;

f) "escolta", todas las personas del Estado miembro requirente o requerido encargadas del acompañamiento de los nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión, incluidas las encargadas de la asistencia médica y los intérpretes.

Artículo 3

Principios generales

1. Antes de proceder a la expulsión de nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión por el territorio de uno o varios Estados miembros, los Estados miembros valorarán de forma preferente la posibilidad de utilizar enlaces aéreos o marítimos directos con el Estado de origen o destino de dichos nacionales.

2. La expulsión de un nacional de un tercer país al que se aplica una resolución de expulsión por el territorio de uno o varios Estados miembros se decidirá atendiendo a consideraciones prácticas, como la proximidad geográfica de otro Estado miembro al país de origen o destino del nacional del tercer país.

3. Para ello, el Estado miembro requirente podrá seguir los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión que puedan estar vigentes con el país de origen o destino de los nacionales de terceros países y entre los Estados miembros, o, en este último supuesto, en acuerdos de admisión en tránsito.

4. Sin perjuicio de las obligaciones a que se refiere el artículo 10, el Estado miembro requerido podrá denegar el tránsito por su territorio en los siguientes casos:

a) si de conformidad con la normativa vigente, el nacional de un tercer país al que se aplica una resolución de expulsión debe someterse a procesamiento penal en el Estado miembro requerido o cumplir en dicho Estado una pena privativa de libertad;

b) si por cualquier motivo el tránsito por el territorio del Estado miembro o la admisión en el tercer país de destino final resultaran imposibles;

c) si la asistencia solicitada no fuera posible para una determinada fecha por razones prácticas;

d) si el nacional de un tercer país al que se aplica una resolución de expulsión constituyere una amenaza para el orden público, la seguridad pública, la salud pública o las relaciones internacionales del Estado miembro requerido;

e) si el tercer país de origen o de destino final tiene una frontera con el Estado miembro requirente.

5. En el caso contemplado en la letra c) del apartado 4, el Estado miembro requerido señalará lo antes posible al Estado miembro requirente una fecha lo más próxima posible a la fecha solicitada inicialmente, en la que pueda prestar la asistencia solicitada para el tránsito, siempre que se cumplan las demás condiciones.

6. En caso de que las circunstancias contempladas en el apartado 4, que pueden justificar la denegación de la asistencia durante el tránsito, sobrevengan con posterioridad a la concesión de la autorización, el Estado miembro requerido podrá revocar las autorizaciones de tránsito por su territorio ya otorgadas.

7. El Estado miembro requerido comunicará al Estado miembro requirente, sin demora y exponiendo los motivos, la denegación o revocación de la autorización de tránsito, de conformidad con los apartados 4 y 6.

8. Los anteriores procedimientos y disposiciones se aplicarán de igual modo en caso de tránsito terrestre consecutivo por varios Estados miembros.

Artículo 4

Solicitud de tránsito

1. El Estado miembro requirente transmitirá por escrito al Estado miembro requerido lo antes posible, y en todo caso al menos dos días antes del tránsito, tanto la solicitud de tránsito a través de su territorio a efectos de expulsión de nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión como las medidas de asistencia correspondientes contempladas en el artículo 7. El plazo podrá ser inferior en casos de especial urgencia debidamente justificados.

2. En caso de tránsito por varios Estados miembros, el Estado miembro requirente deberá comunicar en cada caso por escrito la solicitud de tránsito y las medidas de asistencia correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

3. El Estado miembro requirente deberá comunicar por escrito con la debida antelación al Estado miembro requerido la anulación de su solicitud de tránsito.

4. El Estado miembro requerido comunicará, en el plazo de dos días desde la presentación de la solicitud de tránsito por su territorio, la aceptación o denegación de la asistencia, exponiendo, en caso de denegación, los motivos de la misma. El plazo podrá prorrogarse en casos debidamente justificados.

5. En caso de que el Estado miembro requerido no responda en el plazo contemplado en el apartado 4, las operaciones de tránsito podrán iniciarse previa notificación del Estado miembro requirente.

6. El tránsito por el territorio de un Estado miembro no podrá efectuarse sin la aprobación del Estado miembro requerido o sin la notificación del Estado miembro requirente contemplada en el apartado 5.

Mediante acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales, los Estados miembros podrán disponer que se proceda a las operaciones de tránsito por el territorio previa notificación del Estado miembro requirente.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión los acuerdos y convenios contemplados en el párrafo segundo. La Comisión informará periódicamente al Consejo sobre dichos acuerdos o convenios.

Artículo 5

Condiciones en que se realizará el tránsito

1. Las condiciones en que se realizará el tránsito por el territorio de otro Estado miembro deberán comunicarse utilizando el impreso adjunto, que deberá enviarse al Estado miembro requerido. Las medidas necesarias para adaptar y modificar el impreso, y las modalidades de envío de éste se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11.

2. Los Estados miembros designarán una autoridad central encargada del envío y de la recepción de las solicitudes de asistencia durante el tránsito.

3. Mediante acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales, los Estados miembros podrán establecer los puestos fronterizos por los que admitirá la entrada a su territorio, en tránsito, de nacionales de terceros países a los que se aplican resoluciones de expulsión, utilizando todas las posibilidades de cooperación existentes y, si existen, los servicios comunes de cooperación transfronteriza establecidos en las fronteras interiores.

4. El Estado miembro requirente indicará en el impreso de solicitud de tránsito el puesto fronterizo a través del que se solicita la entrada en el Estado miembro requerido, el puesto fronterizo con otros Estados miembros en caso de tránsito por varios Estados miembros y, por último, el puesto de salida del Estado miembro hacia el país de origen o destino del nacional del tercer país expulsado.

Artículo 6

Transporte utilizado

1. Podrá recurrirse para el tránsito por el territorio de los Estados miembros a transportistas que presten servicios de transporte público, como ferrocarriles, embarcaciones o autocares de línea, o vehículos policiales de servicio desprovistos de distintivos policiales.

2. En caso de utilización de vehículos policiales se podrá acordar que el tránsito por el territorio de los Estados miembros requeridos se efectúe mediante vehículos policiales de estos últimos.

Artículo 7

Medidas de asistencia

1. El Estado miembro requirente adoptará las disposiciones oportunas para garantizar que las operaciones de tránsito se efectúen con la mayor rapidez posible.

En principio, las operaciones de tránsito tendrán lugar como máximo en 36 horas.

2. El Estado miembro requerido facilitará al Estado miembro requirente toda la asistencia posible durante el tránsito.

La asistencia incluirá, en particular, las siguientes medidas de apoyo:

a) el establecimiento, por parte de personal competente del Estado miembro requerido, de contactos directos con el nacional del tercer país al que se aplica una resolución de expulsión y con la escolta en el momento de la entrada en el territorio nacional;

b) la asistencia al citado nacional del tercer país y, en caso necesario, al personal de escolta, para garantizar el buen fin de la operación de tránsito;

c) la asistencia médica de urgencia al citado nacional del tercer país y al personal de escolta;

d) la asistencia en caso de incidentes durante el tránsito del citado nacional del tercer país;

e) la manutención del citado nacional del tercer país y del personal de escolta;

f) la comunicación del itinerario y horarios del tránsito y lugar y momento de la expulsión definitiva del citado nacional del tercer país del territorio del Estado miembro.

3. El Estado miembro requerido podrá, de conformidad con la normativa legal nacional vigente:

a) disponer el alojamiento del personal de escolta y del nacional del tercer país al que se aplica una resolución de expulsión, ofreciendo una estructura de seguridad apropiada para este último;

b) utilizar medios legítimos para impedir o poner fin a cualquier tentativa del citado nacional del tercer país de oponerse al tránsito.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en al apartado 1 del artículo 8, en los casos en que no pueda garantizarse la realización de operaciones de tránsito pese a la asistencia facilitada con arreglo a los apartados 1 y 2, el Estado miembro requerido podrá, previa petición y en consulta con el Estado miembro requirente, tomar todas las medidas de asistencia necesarias para continuar la operación de tránsito.

En tales casos, el plazo mencionado en el apartado 1 podrá prorrogarse hasta un máximo de 48 horas.

5. Las autoridades competentes del Estado miembro requerido decidirán la naturaleza y el alcance de la asistencia a que se refiere el apartado 4 y serán responsables de las medidas adoptadas.

6. Los gastos derivados de las prestaciones mencionadas en las letras c), d) y e) del apartado 2 correrán por cuenta del Estado miembro requirente.

El resto de los gastos también correrá por cuenta del Estado miembro requirente, en la medida en que sean reales y cuantificables. Si el Estado miembro requerido estima unilateralmente que es necesario adoptar ulteriores medidas de asistencia a efectos de la seguridad del tránsito, deberá convenir con el Estado miembro requirente los costes derivados de la adopción de tales medidas, a efectos de su posible reembolso.

Los Estados miembros proporcionarán información adecuada sobre los criterios de cuantificación de los gastos mencionados en el párrafo segundo.

Artículo 8

Readmisión por el Estado requirente

1. El Estado miembro requirente readmitirá lo antes posible en su territorio al nacional del tercer país al que se aplica una resolución de expulsión cuando:

a) la autorización de tránsito por el territorio de otro Estado miembro se haya denegado o revocado por los motivos expuestos en los apartados 4 y 6 del artículo 3;

b) no haya podido efectuarse la expulsión del citado nacional del tercer país hacia el país de origen o destino final;

c) se haya frustrado el tránsito por el territorio de un Estado miembro por cualquier otro motivo.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, el Estado miembro requerido prestará asistencia al Estado miembro requirente para la readmisión del nacional del tercer país al que se aplica una resolución de expulsión. El Estado miembro requirente correrá con los gastos ocasionados por el viaje de regreso del citado nacional del tercer país.

Artículo 9

Servicio de escolta

1. La expulsión en tránsito a través del territorio de los Estados miembros se efectuará con escolta.

2. Al llevar a cabo las operaciones de tránsito, las competencias conferidas al personal de escolta se limitarán al ejercicio de la legítima defensa. Además, a falta de personal policial del Estado miembro requerido, el personal de escolta podrá actuar de forma razonable y proporcionada para responder a un riesgo inminente y grave y evitar que el nacional de un tercer país al que se aplica una resolución de expulsión huya, se lesione o lesione a terceros o cause daños materiales.

En cualquier circunstancia, el personal de escolta deberá respetar la legislación del Estado miembro requerido.

3. El personal de escolta no portará armas durante el tránsito e irá vestido de paisano. A instancia del Estado miembro requerido, deberá presentar los documentos de identidad adecuados, incluida la autorización de tránsito concedida por los Estados miembros correspondientes o, en su caso, la notificación mencionada en el apartado 5 del artículo 4.

Artículo 10

Fórmula de salvaguardia en materia de asilo

La presente Directiva no afectará a las obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y del Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, de los convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales, del Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los convenios internacionales en materia de extradición.

Artículo 11

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 12

Cláusula final

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del ... Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C 5 de 10.1.1996, p. 3.

(2) DO L 239 de 22.9.2000, p. 193.

(3) DO C 142 de 14.6.2002, p. 23.

(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(5) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(6) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.