Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura"

(1999/C 329/05)

El 23 de marzo de 1999, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de julio de 1999 (ponente: Sr. Chagas).

En su 366o Pleno de los días 22 y 23 de septiembre de 1999 (sesión del 22 de septiembre de 1999) el Comité Económico y Social ha aprobado por 107 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura se inscribe en la línea marcada por la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El futuro del mercado de los productos de la pesca en la Unión Europea: responsabilidad, cooperación y competitividad", de 16 de diciembre de 1997.

1.2. Con esta propuesta de Reglamento se revisan y adaptan algunos aspectos de la organización común de mercados (OCM), al tiempo que se refunden disposiciones antes dispersas.

1.3. En relación con las tendencias que justificaron las adaptaciones y reformas anteriores, la presente propuesta de Reglamento del Consejo acentúa la responsabilización de las organizaciones de productores en la gestión de los recursos y capturas, así como su adecuación a las necesidades del mercado, al tiempo que introduce disposiciones tendentes a una mejor información del consumidor en el circuito comercial y prevé mecanismos destinados a facilitar el abastecimiento de la industria transformadora.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité da su aprobación a la propuesta de Reglamento sometida a su consideración, a reserva de que se acepten las observaciones que figuran a continuación.

2.2. De una manera general, el Comité siempre ha valorado positivamente todas las medidas encaminadas a mejorar los mecanismos de la OCM del sector, sobre todo las dirigidas a simplificar la gestión de los mercados y aumentar el protagonismo y la representatividad de las organizaciones de productores, auspiciando su mayor dinamización.

2.3. La política pesquera común ha sido objeto de varias adaptaciones, entre otras razones para afrontar las sucesivas ampliaciones de la UE y tener en cuenta las diferentes tradiciones y prácticas pesqueras existentes en ésta, así como la situación de los recursos.

2.4. Las medidas tendentes a agilizar los mercados y posibilitar una mejor y más eficaz inserción en ellos de las organizaciones de productores podrían incluir, asimismo, la profundización y actualización del conocimiento de los agentes y organizaciones que protagonizan la producción en todos los Estados miembros, de su situación y estatuto, para saber si el modelo comunitario actual de organizaciones de productores se corresponde efectivamente con la realidad de la producción. El Comité solicita a la Comisión que proceda a tal estudio contando con la participación del sector.

2.5. A juicio del Comité, la OCM debe adaptarse de modo que se convierta en un instrumento eficaz de la política pesquera común, evolucionando de modo coherente con las demás vertientes, con vistas al desarrollo integrado del sector.

2.6. Respecto a la propuesta de Reglamento del Consejo que se examina, el Comité resalta el acierto de concentrar en un único documento materiales actualmente dispersos en varios textos normativos, lo que tiende a facilitar la intervención de los operadores del sector.

2.7. El Comité pone de relieve que se trata de una propuesta debidamente fundamentada, coherente y que tiene en cuenta algunas de las observaciones hechas por el CES y por el sector.

2.8. Aunque la OCM no pueda solucionar por sí sola las dificultades del sector, debe contribuir con coherencia al logro de los objetivos que presiden la política pesquera común.

2.9. Así, en una situación marcada por la escasez de recursos pesqueros, pueden resultar positivas -sobre todo si reciben un apoyo financiero apropiado- las medidas que pretendan estimular a las organizaciones de productores para que establezcan programas operativos que concilien las capturas con el mercado de ellas dependiente, a fin de no desperdiciar un recurso común y escaso.

2.10. El Comité subraya que en la actual situación del mercado, caracterizada por la disminución de las capturas y la competencia de los productores de terceros países, el apoyo a los precios es particularmente relevante y garantiza, en gran medida, la viabilidad económica de importantes segmentos productivos.

2.11. Hacer viable este sector -importante para la economía de algunas regiones y de sus poblaciones- significa también mantener viva y competitiva una producción cuyas características dietéticas están cada vez más recomendadas con vistas a una correcta y adecuada dieta alimenticia.

2.12. Las disposiciones mínimas relativas a un mejor etiquetado y una mejor información del consumidor sobre las diferencias existentes entre los productos, frescos, refrigerados o congelados, son una exigencia que se deriva del propio mercado y que posibilita asimismo una mayor transparencia en las operaciones. Las organizaciones de productores deben tender a integrar plenamente este aspecto en su actuación, aprovechando las ayudas financieras y todas las posibilidades que ofrecen los instrumentos comunitarios puestos a su disposición.

2.13. Por lo que se refiere al establecimiento de normas comunes de comercialización definibles mediante un procedimiento específico, debe tenerse en cuenta y respetarse la gran diversidad de patrones y hábitos de consumo existente en la UE, por ejemplo para el pescado que se consume fresco. A semejanza de lo que se hace en el caso de otros productos, las normas comunes de comercialización deberían ampliarse también a los productos salados, verdes o secos.

2.14. En relación con la misma materia, el Comité subraya la importancia de la cuestión de las tallas mínimas, no sólo desde la perspectiva de la política de conservación, sino también en el plano de los intercambios internacionales.

2.15. La competencia de los productos originarios de terceros países a veces tiene lugar al margen de las disposiciones legales, perjudicando la producción comunitaria y originando serias perturbaciones en el sector.

2.16. La aplicación de las disposiciones de control en la materia, que fundamentalmente corre a cargo de los Estados miembros, no siempre ha sido satisfactoria. A pesar de la tendencia actual progresiva y de aumento de la eficacia, el Comité subraya la necesidad de que, por lo que atañe a las importaciones y a los desembarques de países terceros o con pabellones de conveniencia, se controle más rigurosamente en toda la Unión la aplicación de las disposiciones legales, particularmente las relativas a la calidad, las tallas mínimas y los aspectos higiénico-sanitarios.

2.16.1. El Comité reitera su llamamiento a la Comisión para que procure extender las medidas comunitarias de gestión y defensa de los recursos pesqueros en los distintos organismos internacionales y en los acuerdos bilaterales con terceros países, con vistas a una armonización de procedimientos y normas que proteja los recursos y reduzca las distorsiones competitivas.

2.17. Para evitar las perturbaciones y graves crisis que a veces se producen en los mercados a causa de situaciones de competencia desleal por parte de la producción originaria de terceros países, el Comité insta a la Comisión a que prevea, en materia de intervenciones y compensaciones financieras, un mecanismo de apoyo específico para las organizaciones de productores.

2.18. Por lo que respecta a las disposiciones que pretenden reforzar la acción de las organizaciones de productores permitiendo -en determinadas circunstancias- que normas definidas y adoptadas por una organización mayoritaria en una determinada región obliguen también a los que no son miembros de ella, el Comité reafirma que se trata de un asunto delicado y que debe hacerse un uso excepcional de esta posibilidad. De cualquier modo, el recurso a tal dispositivo no puede -como subraya la propia Comisión- poner en cuestión la libertad de comercio.

2.19. Actualmente, la indemnización a los afectados por dicha extensión de las normas corre a cargo del Estado miembro de que se trate.

2.19.1. El Comité estima que el FEOGA debería financiar esta medida.

2.20. Es un hecho establecido que la valorización de los productos comunitarios de la pesca y la defensa de la producción comunitaria frente a la competencia creciente de los productores extracomunitarios pasa también por que el sector apueste por una política de calidad en clara sintonía con las preferencias del consumidor.

2.21. En esa perspectiva, una política de calidad correcta comienza, tal como se ha subrayado ya, a bordo de los buques, y debe mantenerse hasta el consumidor final.

2.22. El Comité duda de que, con la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca y la exigencia en él contenida de que cada por cada nuevo buque el porcentaje de desguace sea del 130 % de la nueva capacidad instalada, un operador pueda proceder a la renovación de la flota en las condiciones propuestas. El Comité reitera, en ese sentido, las observaciones que figuran en el Dictamen aprobado por el CES(1).

2.23. La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano tiene que garantizarse totalmente. Así, el Comité entiende que la Comisión debe analizar hasta sus últimas consecuencias las cuestiones relativas a la incorporación de ciertos ingredientes o productos a la alimentación de animales destinados al consumo humano. También en relación con los productos de la acuicultura deberá tenerse esta preocupación.

2.24. Es preciso garantizar que la industria transformadora disponga de suministros en condiciones de calidad y cantidad. Por eso, deben crearse las condiciones para asegurar la fluidez de los abastecimientos a la industria, preferentemente con producción comunitaria, la cual -sin embargo- sólo satisface parcialmente las necesidades de materia prima.

2.25. Hasta ahora, el recurso a la producción de terceros países para abastecer a la industria transformadora comunitaria se hacía por contingentes, en función de sus necesidades. La actual propuesta de Reglamento apuesta por la suspensión de los derechos del arancel aduanero común en relación con algunos productos enumerados en el anexo V, a fin de facilitar el abastecimiento de la industria comunitaria.

2.26. El Comité no dispone de informaciones que le permitan evaluar si en el anterior régimen de contingentes se han apreciado desajustes que hayan movido a la Comisión a proponer ahora la suspensión aduanera para los productos que figuran en el anexo V.

2.26.1. El Comité manifiesta su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de esta medida, que puede dejar la producción comunitaria a merced de la competencia exterior, la cual sumará a los bajos costes de los factores de producción y de la materia prima las concesiones aduaneras ahora concedidas.

2.26.2. Por lo que se refiere al abastecimiento de materia prima a la industria transformadora comunitaria, el Comité preferiría mantener el análisis caso por caso de las distintas situaciones y el actual régimen de contingentes para todos los productos, proponiendo desde ahora que, con el fin de mejorar la fluidez de los abastecimientos a la industria comunitaria, se acorten los plazos y trámites burocráticos para autorizar la suspensión de los derechos del arancel aduanero.

2.27. Por lo que respecta a la dotación financiera de acompañamiento, el Comité subraya que, en una reforma de la envergadura y el alcance de la que se propone, aquélla debe estar a la altura de las ambiciones anunciadas, sobre todo si se pretenden alcanzar unos determinados resultados y un impacto efectivo en el sector.

Bruselas, 22 de septiembre de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) DO C 209 de 22.7.1999, p. 10.