Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes especiales de estímulo a la protección de los derechos laborales y a la protección del medio ambiente previstos en los artículos 7 y 8 de los Reglamentos (CE) n° 3281/94 y (CE) n° 1256/96 del Consejo relativos a la aplicación de los planes plurianuales de preferencias arancelarias generalizadas a determinados productos industriales y agrícolas originarios de países en vías de desarrollo»

(98/C 73/15)

El 14 de noviembre de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de noviembre de 1997 (Ponente único: Sr. Etty).

En su 350° Pleno celebrado los días 10 y 11 de diciembre de 1997 (sesión del 10 de diciembre), el Comité Económico y Social ha aprobado por 112 votos a favor, 1 voto en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1. Observaciones generales

En su Dictamen sobre la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas para el período 1995-1997 a determinados productos industriales originarios de países en vías de desarrollo y la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se prorrogaba a 1995 la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 y (CEE) n° 3900/91 relativos a la aplicación de preferencias arancelarias generalizadas a determinados productos agrícolas originarios de países en vías de desarrollo (CES 1159/94), el Comité ya expresó su apoyo a los regímenes especiales de estímulo que la Comisión ha traducido ahora en propuestas concretas. El Comité acoge muy favorablemente dichas propuestas, que prevén disposiciones sumamente adecuadas y eficaces para la aplicación de medidas positivas destinadas a promover el respeto de ciertos niveles en las condiciones laborales y de protección del medio ambiente de los países beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

2. Observaciones específicas

2.1. Al tratarse de medidas propuestas para estimular el cumplimiento de ciertas normas internacionales del trabajo, el Comité acoge con satisfacción la importancia que la Comisión concede a los artículos 3, 4 y 5 en que, como requisito previo para tener acceso a las preferencias mejoradas, los países potencialmente beneficiarios de éstas deberán demostrar que tanto en su ordenamiento jurídico como en la práctica, proporcionan un marco en el cual quedan garantizadas de forma realista la libertad de asociación y la abolición del trabajo infantil, así como la importancia de la existencia de procedimientos estrictos de control y cooperación, comprobaciones sobre el terreno y ayuda técnica eficaz para desarrollar las infraestructuras técnicas y administrativas de control adecuadas (artículos 6 y 7).

En este contexto, el Comité desea destacar la importancia de remitirse a los informes de las autoridades competentes de Naciones Unidas en estas áreas, es decir, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT y el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

2.2. Asimismo, el Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que la aplicación del nuevo sistema de estímulos en la práctica limita de nuevo las ventajas del sistema general reformado en 1995, a saber, su sencillez, su transparencia y su fiabilidad.

Después de varias décadas de cooperación con los países preferenciales, estos factores se han revelado esenciales en lo que hace a la eficacia de estas medidas de ayuda para el comercio.

En ningún caso deberían ponerse en peligro.

2.3. Sin embargo, el Comité expresa también su pesar y decepción por el hecho de que, en su propuesta, la Comisión restrinja el nuevo instrumento a los tres Convenios de la OIT relativos a libertad de negociación y derecho de organización (n° 87), derecho de organización y de negociación colectiva (n° 98) y edad mínima de admisión al empleo (n° 138). Ello representa abandonar posiciones anteriores, relativas a las normas sobre el trabajo y el comercio internacional adoptadas por la Comisión y apoyadas por el Comité Económico y Social, que incluían los Convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso y la abolición del trabajo forzoso (n° 29 y 105) y sobre la discriminación (empleo y ocupación) (n° 111). Estos tres Convenios, junto con los Convenios n° 87 y 98, están consideradas los Convenios básicos de la OIT en materia de derechos humanos. La Comisión los pasa por alto en su propuesta sin dar ninguna explicación. A pesar de que el Comité reconoce que el problema del trabajo forzoso ya es abordado en el artículo 7 del Reglamento SPG en vigor, la eliminación del trabajo forzoso podría, en opinión del CES, ser aún recompensada con preferencias adicionales.

2.4. Otro punto, relacionado con éste, que requiere ser aclarado es que la Comisión haya incluido el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (n° 138) sin ningún comentario adicional. El Comité desea formular la observación de que, si bien está completamente de acuerdo en que el Reglamento del Consejo propuesto debe abordar el problema del trabajo infantil, es lamentable que cuatro de los quince Estados miembros no hayan ratificado el Convenio de la OIT. El Comité desea, de nuevo, llamar la atención sobre el hecho de que, en tales casos, los llamamientos de la UE tendrán mucha más credibilidad si todos los Estados miembros cumplen ellos mismos con los criterios que desean que apliquen otros Estados. Por lo que respecta al Convenio 111 (discriminación, empleo y ocupación), el Comité reitera sus anteriores observaciones en las que destacaba que tres Estados miembros (Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido) no han ratificado aún este instrumento de la OIT. El Comité, por tanto, solicita encarecidamente a la Comisión que tome la iniciativa de establecer consultas con los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio 138 con vistas a superar los obstáculos para que puedan hacerlo en un futuro cercano. El Comité espera, además, que los Estados miembros de la UE contribuyan activamente a los trabajos del nuevo Convenio de la OIT sobre las formas de trabajo infantil más peligrosas y que suponen una mayor explotación, prevista para 1999, así como que lo ratifiquen lo antes posible tras su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo y que el Consejo la incluya a continuación en el instrumento que ahora propone, además del Convenio n° 138 de la OIT.

2.5. Por lo que respecta a las medidas propuestas para estimular el cumplimiento de las normas internacionales sobre el medio ambiente, el Comité comprende las dificultades expresadas en relación al establecimiento de cláusulas medioambientales, pero considera que tales incentivos serían deseables en tanto que sea posible ponerlos en práctica. El CES está de acuerdo con la elección por parte de la Comisión de las normas de la OIMT (Organización Internacional de Maderas Tropicales) como el instrumento de medida a utilizar.

2.6. El Comité también acoge con agrado la propuesta de la Comisión (en los artículos 3 y 5, y 10 y 11) de publicar todas las solicitudes de preferencias adicionales en el Diario Oficial para permitir que todas las partes que tengan conocimiento especializado e información relevante puedan suministrar datos. El CES recibe con especial satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión, en su memorando explicativo, de la importancia de las consultas con distintas organizaciones, en particular la OIT, los sindicatos nacionales y las federaciones internacionales de sindicatos y empresarios, así como las ONG especializadas (derechos humanos, problemática medioambiental), incluyendo las organizaciones de consumidores. Además de la participación en la aportación de datos, tal como se indica en el memorando, el Comité propone que las nuevas disposiciones autoricen a las federaciones internacionales de sindicatos y empresarios a participar en las visitas a aquellos países que planteen especiales dudas en relación con el respeto de los derechos laborales. Ello parece apropiado teniendo en cuenta su papel y su experiencia en la supervisión de la maquinaria de la OIT.

2.7. El Comité coincide con la Comisión en que las preferencias adicionales deben situarse a un nivel alto que ofrezca un auténtico incentivo para lograr el respeto de las condiciones laborales y medioambientales que se busca. Por la misma razón, el Comité acoge con agrado la propuesta relativa a la aplicación de incentivos adicionales para los países que hayan superado con creces el respeto de las condiciones mínimas. En relación al coste probable de tales medidas, el CES está de acuerdo con la evaluación de la Comisión en el sentido de que, dada la ausencia en muchos países beneficiarios del SPG de respeto por los derechos laborales y de protección del medio ambiente, es improbable que el impacto total en la UE sea demasiado alto, y será con toda seguridad inferior a la cifra de 787,7 millones de ecus (que representa un máximo teórico) mencionada en la ficha financiera que acompaña la propuesta de Reglamento.

2.8. El Comité lamenta, sin embargo, la ausencia, tanto en la propuesta de Reglamento de la Comisión como en el memorando explicativo, de referencia alguna a los países menos avanzados (PMA). No existe, por supuesto, posibilidad de conceder beneficios adicionales para los PMA, dado que su nivel arancelario ya está fijado en cero. Este hecho podría afectar seriamente a la consecución de los fines de las nuevas disposiciones, dado que los PMA no tendrían ningún incentivo para mejorar su respeto por los derechos laborales y su nivel de protección del medio ambiente. El Comité propone que a fin de conseguir estos objetivos se adopten medidas adicionales en relación a los PMA que supongan un incentivo para que estos países respeten los derechos laborales y lleven a cabo acciones de protección de su medio ambiente. Más concretamente, es preciso incluir el SPG en los debates sobre la posibilidad de mayor ayuda al desarrollo para estos países. En este contexto, el CES remite también a su Dictamen sobre «Ayuda al desarrollo, buen gobierno y papel de los grupos de interés socioeconómicos» () y a las normas para el buen gobierno tratadas en dicho texto.

2.9. Las propuestas de la Comisión son algo ambiguas en lo que se refiere a los procedimientos de suspensión o retirada de ventajas adicionales del SPG (artículo 14). El Comité propondría que el procedimiento para representaciones debería ser que cualquier parte con un interés legítimo, incluyendo a los representantes de los grupos de interés económicos y sociales, pudiera hacer una propuesta para que la Comisión abriera una investigación. Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del nuevo mecanismo, propondríamos que cualquier solicitud llevara a la iniciación de una investigación en un plazo de 30 días, a menos que se pudiera demostrar alguna causa que permitiera dudar de la buena fe de cualquier queja. Propondríamos también que, como ocurre en los procedimientos antidumping, se prevea la entrada en vigor de medidas de suspensión temporal de las ventajas adicionales del SPG para los países que sean objeto de una investigación, ya que a fin de respetar el procedimiento ésta podría prolongarse durante cierto tiempo.

2.10. El Comité interpreta que el artículo 14.1, que trata sobre la suspensión total o parcial de las preferencias adicionales del SPG «sin perjuicio de la posible aplicación de los artículos 9 de los Reglamentos (CE) del Consejo n° 3281/94 y 1256/96», se refiere sobre todo a los casos de «fraude». El Comité considera que el presentar cualquier producto dando a entender que se ha producido en el respeto de los derechos laborales o de las normas medioambientales o de ambas cosas, cuando ello sea falso, debería considerarse como un «fraude» bajo los términos del SPG, de forma que cualquier país al que se le hubieran concedido preferencias adicionales y del que se encontrara que había violado los derechos laborales en estas áreas, podría perder no sólo sus ventajas adicionales del SPG, sino su entero acceso libre de impuestos bajo el SPG.

2.11. El Comité llama la atención sobre el hecho de que los esfuerzos actuales de gobiernos, empresas, sindicatos y ONG respecto al etiquetado social y los códigos de conducta para ciertos productos, que contienen niveles de respeto de las normas laborales y de protección medioambiental similares a las propuestas en el nuevo Reglamento del Consejo, podrían verse perjudicadas por el énfasis que este último pone en el análisis por países. A pesar de que el Comité opina que la aproximación por países es más práctica, al mismo tiempo solicita a la Comisión que examine las formas y los medios por los cuales la autorregulación que se lleve a cabo con éxito pueda quedar exenta de los procedimientos de suspensión y retirada previstos en la propuesta actual y que elabore un procedimiento complementario.

2.12. En vista del elevado número de países beneficiarios del SPG, es razonable pensar que la Comisión tiene ante sí un considerable volumen de trabajo si todos los países interesados en el nuevo programa solicitan rápidamente o de forma más o menos simultánea participar de las nuevas ventajas. Ante tales circunstancias, el Comité destaca la necesidad de que la Comisión se tome el tiempo necesario para evaluar adecuadamente el respeto de las nuevas disposiciones por parte de sus potenciales beneficiarios. Destacamos, por tanto, la necesidad de evaluar el nivel actual de los recursos humanos dedicados al SPG y, si resulta necesario, de aumentar los recursos humanos de la Comisión dedicados a trabajar en los mecanismos supervisorios del SPG, así como de un mayor esfuerzo en lo que respecta a proporcionar una formación adecuada a dicho personal.

2.13. En conclusión, el Comité recomienda encarecidamente al Consejo que apruebe en breve plazo la propuesta de la Comisión para un Reglamento del Consejo en su forma actual, a pesar de que en la interpretación práctica de los nuevos acuerdos del SPG deberían tenerse en cuenta las observaciones del CES. El Comité espera que la Comisión examinará seriamente en un futuro cercano la posibilidad de incluir en el instrumento que propone los Convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso y las discriminaciones, así como el nuevo Convenio de la OIT sobre el trabajo infantil.

Bruselas, el 10 de diciembre de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 287 de 22.9.1997, p. 44.