Ayudas estatales - Italia

Ayuda C 73/2001 (ex N 824/A/00) - Artículos 121, 123 y 126 de la Ley n° 388, de 23 de diciembre de 2000 (Ley de presupuestos italiana para el ejercicio 2001)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2002/C 21/02)

Por carta de 2 de octubre de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una parte de la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Agricultura

Dirección de Legislaciones Económicas Agrarias

B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 21 51.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Mediante carta de 15 de diciembre de 2000, registrada con fecha 18 de diciembre de 2000, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión, conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, el proyecto de la ayuda prevista en los artículos 100, 121, 123, 126, 128 y 129 de la Ley n° 388, de 23 de diciembre de 2000. Esta ayuda fue registrada con la referencia N 824/00.

Como consecuencia de la información aportada por las autoridades italianas en su escrito de 9 de agosto de 2001, el expediente se desglosó en tres partes: ayuda estatal 824/A/00 en relación con los artículos 121, 123 y 126 de la Ley n° 388/2000; ayuda estatal 824/B/00 relativa a la letra e) del apartado 1 del artículo 129 de esa misma Ley; y ayuda estatal 824/C/00 en relación con los artículos 100, 128 y las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1 del artículo 129 de la Ley n° 388/2000. La presente decisión se refiere únicamente a los artículos 121, 123 y 126.

Descripción

La Ley n° 388, de 23 de diciembre de 2000, es la ley de presupuestos de Italia para el año 2001. Sus artículos 121, 123 y 126 prevén medidas específicas de ayuda al sector agrario.

Artículo 121 - Medidas para la reestructuración de empresas en crisis

Este artículo prevé la implantación de un régimen de ayuda para el salvamento y la reestructuración de empresas o grupos de empresas que atraviesen dificultades financieras o se hayan visto perjudicadas por desastres naturales o sucesos de carácter excepcional. La finalidad de estas ayudas es restablecer la viabilidad económica y financiera de tales empresas.

Todas estas empresas pueden acogerse a las siguientes ayudas:

- una reducción de intereses, de hasta un 3 % y dentro del límite máximo de 40000 millones de liras italianas, sobre préstamos a 15 años para el salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Los préstamos se conceden únicamente si los solicitantes entregan al banco un plan de salvamento y reestructuración de la empresa. En el caso de las operaciones de reestructuración solamente, las ayudas pueden consistir también en lo siguiente:

- subvenciones de capital, cancelación de deudas, concesión de préstamos, emisión de garantías,

- 30 % de reducción de la renta imponible, cuando se trate de personas físicas, y del impuesto sobre la renta en el caso de las personas jurídicas,

- exención parcial (hasta un 30 %) de las cotizaciones sociales.

Este artículo contempla también la ampliación del plazo de reembolso de los préstamos que tengan su vencimiento el 30 de junio de 2001. Ese plazo se prorroga hasta la concesión de los préstamos o de las restantes ayudas de reestructuración.

Las autoridades italianas han presentado también una convocatoria en la que establecen los requisitos que han de satisfacer las empresas para ser consideradas en situación de crisis y poder optar a las ayudas. En concreto, deben demostrar:

- que se trata de una intervención excepcional;

- la crisis tiene repercusiones socioeconómicas para los productores agrarios;

- las posibles repercusiones sobre el empleo;

- la medida está justificada desde la óptica regional;

- se dan las condiciones de emergencia que recoge la convocatoria;

- al menos un 50 % de sus productos proceden de la región en la que desarrollan su actividad;

- disponen de al menos cinco empleados, si desarrollan su actividad en el ámbito de la conservación, transformación y comercialización de productos agrarios;

- no tienen abierto expediente de quiebra o liquidación obligatoria;

- se ajustan al menos a dos de los índices de viabilidad y dos de los índices estructurales enumerados en la convocatoria.

Artículo 123 - Fomento y desarrollo de las empresas agrícolas y ganaderas de carácter ecológico

El artículo 123 de la Ley n° 388/2000 modifica el artículo 59 de la Ley n° 488, de 23 de septiembre de 1999, Ley de presupuestos del ejercicio 2000. El citado artículo 123 dispone la creación de un fondo destinado al fomento de la agricultura ecológica y financiado mediante una contribución estatal y la imposición de una exacción obligatoria a quienes estén autorizados a comercializar productos fitosanitarios y a los propietarios de los establecimientos de venta de estos productos. La exacción, igual al 1 % del volumen de negocios total, se aplica por igual a los productos nacionales y a los importados. La contribución estatal anual al fondo, para el período 2001-2003, asciende a 15000 millones de liras italianas.

La finalidad del fondo es fomentar el desarrollo de productos agrarios de calidad y ecocompatibles, reduciendo los riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente. El fondo está destinado a financiar programas nacionales y regionales anuales para:

a) desarrollar la agricultura orgánica mediante incentivos a los agricultores y los ganaderos;

b) potenciar las actividades de investigación y desarrollo en el terreno de la agricultura ecológica y la seguridad y salubridad alimentarias;

c) divulgar entre los consumidores información sobre los productos obtenidos con métodos agrarios ecológicos, los productos alimenticios tradicionales y típicos y los productos con el distintivo DOP.

Artículo 126 - Garantías en favor de las cooperativas agrarias

El apartado 1 del artículo 126 establece un nuevo crédito de 230000 millones de liras italianas en relación con la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237, de 19 de julio de 1993, en virtud del cual el Estado asume la responsabilidad del pago de los importes adeudados por los miembros de cooperativas agrarias que hayan constituido garantías personales en favor de esas cooperativas, en el caso de que estas últimas sean declaradas insolventes (quiebra o liquidación obligatoria).

La letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237/93, contra el cual la Comisión(1) decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado artículo 88 del Tratado CE, fue aprobado por el Consejo el 22 de julio de 1997, al amparo de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 88 CE.

Evaluación

Artículo 121 - Medidas para la reestructuración de empresas en crisis

La Comisión ha examinado las ayudas previstas por el artículo 121 a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(2) (en lo sucesivo, "las Directrices") y considera que ni el régimen referido a las ayudas de salvamento, ni el referido a las ayudas de reestructuración, reúnen todos los requisitos especificados en las Directrices.

Más en concreto, cabe señalar que ninguno de esos dos regímenes se circunscriben a las PYME, tal y como establece el punto 64 de las Directrices. Por lo que se refiere a la ayuda de salvamento, las ayudas consisten en una reducción de los intereses sobre préstamos para el salvamento y reestructuración de empresas en crisis y no, según se exige en la letra a) del punto 23 de las Directrices, en préstamos otorgados a un préstamo de interés al menos comparable al aplicado a los préstamos concedidos a empresas saneadas y especialmente a los tipos de referencia adoptados por la Comisión. Por otra parte, las autoridades italianas no han facilitado información sobre los restantes requisitos que, conforme a lo establecido en las letras a), b), c) y e) del punto 23 de las Directrices, han de reunir las ayudas para ser autorizadas.

En lo que atañe al régimen de ayudas de reestructuración, la Comisión considera que las autoridades italianas no han facilitado información suficiente que permita determinar si dicho régimen reúne los requisitos enumerados en el punto 64 de las Directrices, por lo que mantiene también sus reservas con respecto a este régimen. En concreto, cabe resaltar que las autoridades italianas no han comunicado qué medidas van a adoptar para paliar, en lo posible, los posibles efectos adversos de la ayuda sobre las empresas competidoras (reducción de capacidad) o cómo van a garantizar que la ayuda se limite al mínimo estrictamente necesario para llevar a cabo la reestructuración según lo establecido en el punto 40 de las Directrices (contribución de los beneficiarios).

Artículo 123 - Fomento y desarrollo de las empresas agrarias y ganaderas de carácter ecológico

El artículo 123 dispone la creación de un fondo destinado al fomento de la agricultura ecológica y financiado mediante una contribución estatal y la imposición de una exacción obligatoria a quienes estén autorizados a comercializar productos fitosanitarios y a los propietarios de los establecimientos de venta de estos productos. La exacción se aplicará por igual a los productos nacionales y a los importados.

En lo que atañe a las medidas de ayuda contempladas en este artículo, a juicio de la Comisión, parte de las actividades de investigación y desarrollo previstas entran dentro de lo establecido en el punto 2.4 de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo y, por tanto, no constituyen ayuda; asimismo, entran dentro de lo previsto en la Comunicación de la Comisión por la que se modifican las citadas Directrices y pueden, pues, considerarse compatibles con el mercado común al amparo de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. En cuanto a las actividades de fomento, a falta de una mayor información sobre las mismas, la Comisión mantiene sus dudas. Las restantes medidas contempladas en el artículo no suponen la concesión inmediata de ayudas directas, pues se queda a la espera de futuras disposiciones de aplicación, y, por tanto, no constituyen ayuda en el sentido de lo establecido en el apartado 1 del artículo 87.

Las ayudas que prevé el artículo 123 de la Ley n° 388/2000 se financiarán en parte a través de un gravamen parafiscal aplicado por igual a los productos nacionales y a los importados.

Conforme a lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 47/69(3), la Comisión ha venido considerando sistemáticamente que las ayudas financiadas con exacciones parafiscales que también se aplican a los productos importados de otros Estados miembros son, en principio, incompatibles con el mercado común, pues el gravamen aplicado a los productos importados tiene efectos proteccionistas que transcienden la propia ayuda.

En la práctica, esto supone que incluso aunque se garantice la igualdad de trato entre los productos nacionales y los importados en el plano legislativo, la ayuda puede favorecer más a los operadores nacionales porque las medidas que a menudo se toman se inspiran en las especificidades, necesidades y deficiencias nacionales y los productos importados no se pueden beneficiar en igual manera que los nacionales.

A este respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha sentenciado en reiteradas ocasiones(4) que si las ventajas derivadas del empleo de los ingresos procedentes del gravamen neutralizan por entero la imposición soportada por los productos nacionales al ser comercializados, dicho gravamen tendrá un efecto equivalente al de la aplicación de derechos de aduana, contrario a lo dispuesto en los artículos 23 y 25. Si esas ventajas sólo neutralizan en parte la imposición soportada por los productos nacionales, será de aplicación el artículo 90 del Tratado; el gravamen será incompatible con este último artículo y, en consecuencia, estará prohibido por discriminar frente a los productos importados, ya que, en parte, se neutraliza la imposición soportada por los productos nacionales.

En el caso analizado, las autoridades italianas no han facilitado información sobre qué medidas nacionales tienen previsto adoptar para evitar que el gravamen aplicado sea incompatible con la prohibición establecida en el artículo 25 o el artículo 90. Lo esencial, por tanto, es determinar si los productos importados pueden realmente beneficiarse del régimen de ayuda del mismo modo que los productos nacionales.

Aunque dichas autoridades afirman claramente en su carta que los productos importados no estarán discriminados frente a los nacionales, en la práctica no es obvio que los productores u operadores de los distintos Estados miembros puedan obtener las mismas ventajas que los productores u operadores italianos del fomento de las actividades de investigación y desarrollo sufragado por las autoridades italianas mediante exacciones aplicadas a los productos tanto nacionales como importados. Por lo que atañe a las actividades de fomento, aun cuando sean de carácter genérico y no hagan referencia al origen del producto, en la práctica irán en favor de las especificidades y necesidades nacionales, así como de sus carencias. Por otra parte, los operadores de otros Estados miembros a menudo deben contribuir a la realización de actividades de fomento comparables, de modo que estarían financiando la misma actividad dos veces. En el caso de las actividades de investigación y desarrollo, incluso aunque los organismos de investigación receptores de las ayudas pongan los resultados de su labor a disposición de los interesados de otros Estados miembros, ello no implicará necesariamente que todas las partes vayan a beneficiarse realmente y por igual de los resultados de la investigación. Además, a menudo, los operadores de otros Estados miembros pagan por la realización de investigaciones comparables y, por tanto, no necesitan utilizar las conclusiones de los organismos italianos de investigación.

Así pues, la Comisión se reserva sus dudas con respecto a las ayudas previstas en el artículo 123 de la Ley n° 388/2000 por el modo de financiación de las mismas.

Artículo 126 - Garantías en favor de las cooperativas agrarias

Este artículo establece un nuevo crédito (230000 millones de liras italianas) en favor de una medida de ayuda [letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237/93] contra la cual la Comisión había decidido inicialmente incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado y que fue finalmente aprobada por el Consejo al amparo del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 88.

El párrafo tercero del apartado 2 del artículo 88 CE estipula que, a petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad y no obstante lo dispuesto en el artículo 87, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado común, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Con arreglo a este procedimiento, pues, corresponde exclusivamente al Consejo decidir si la ayuda puede ser autorizada. Si, en el plazo de tres meses previsto en el artículo, el Consejo decide autorizar la ayuda, la Comisión ya no deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de la misma con el mercado común a la luz de lo estipulado en el artículo 87 del Tratado. Tal y como se expresa claramente en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 87, se trata de un procedimiento excepcional, con arreglo al cual el Consejo adopta una decisión sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, únicamente en circunstancias excepcionales y al margen de las disposiciones comunitarias sobre las ayudas estatales en virtud de las cuales se autoriza normalmente la ayuda basándose en alguna de las excepciones a lo dispuesto en el artículo 87.1 establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 87. La decisión se adopta, de hecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 87.

El carácter excepcional del procedimiento hace que toda decisión del Consejo por la que se autorice una ayuda al amparo del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 88 deba interpretarse restrictivamente, sin que pueda servir de precedente a la Comisión para autorizar ayudas similares a la luz de lo previsto en los artículos 87 a 89 del Tratado.

Así pues, la Comisión no coincide con las autoridades italianas en que la refinanciación prevista en el artículo 126 guarda coherencia con la decisión del Consejo y, por tanto, la medida puede autorizarse. A juicio de la Comisión, el nuevo crédito establecido en el artículo 126 de la Ley n° 388/2000 en favor de la ayuda prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237/93 debe ponderarse por sí mismo y a la luz de lo dispuesto en los artículos 87 a 89 del Tratado con arreglo a las disposiciones comunitarias de aplicación. Pese a haberle sido solicitada por la Comisión, las autoridades italianas no han aportado información alguna que muestre la compatibilidad de la ayuda prevista en el artículo 126 de la Ley n° 388/2000 con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, ni con ninguna otra disposición comunitaria aplicable. En consecuencia, en el momento actual, a falta de datos que demuestren la compatibilidad con el mercado común del nuevo crédito establecido en el artículo 126 de la Ley n° 388/2000 para las medidas de ayuda previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237/93, la Comisión mantiene sus dudas con respecto a dichas medidas, también por los motivos que dieron lugar a la incoación del procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 CE contra las medidas de ayuda previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley n° 237/93 y refinanciadas en virtud del artículo 126. Por otro lado, puesto que la ayuda prevista en el artículo 126 está destinada al pago de garantías sobre préstamos otorgados por un cierto número de entidades financieras que, sin la intervención del Estado, deberían hacer frente al posible impago exclusivamente por cuenta propia, en esta fase del procedimiento y a falta de información sobre la naturaleza de los préstamos y las garantías conexas que motivan la intervención estatal, la Comisión no puede descartar que el nuevo crédito, por un importe de 230000 millones de liros italianas, para el pago de las citadas garantías constituya también una forma de ayuda a las propias entidades financieras, por analogía con lo dispuesto en el punto 2.2. de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía(5).

CARTA

"Con la presente, la Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità nazionali in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti degli articoli 121, 123 e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad esclusione esclusivamente delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo previste dall'articolo 123 della legge 388/2000 conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(6), descritte al punto 20 e valutate al punto 66 della presente decisione, nei confronti delle quali ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87-89 del trattato.

I. Procedura

1. Con lettera del 15 dicembre 2000, protocollata il 18 dicembre 2000, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di aiuto di cui agli articoli 100, 121, 123, 126, 128 e 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. La legge n. 388/2000 (legge finanziaria italiana per il 2001) non conteneva alcuna clausola sospensiva che subordinasse l'attuazione delle misure di aiuto ivi contenute all'approvazione della Commissione ai sensi degli articoli 87-89 del trattato. La legge è stata tuttavia mantenuta nel registro degli aiuti notificati a motivo del manifesto impegno delle autorità italiane a subordinare l'attuazione degli articoli notificati alla conclusione dell'esame degli stessi da parte della Commissione sulla base degli articoli 87-89 del trattato.

3. Con lettere del 19 gennaio 2001, 27 aprile 2001 e 9 agosto 2001, protocollate rispettivamente il 23 gennaio 2001, il 2 maggio 2001 e il 13 agosto 2001, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni supplementari richieste.

4. Con lettera del 9 agosto 2001, le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di valutare separatamente le misure di aiuto disposte dall'articolo 129, comma 1, lettera e), della legge 388/2000. Le misure di aiuto ivi previste sono state pertanto registrate come aiuto di Stato N 824/B/2000.

5. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane con lettera del 9 agosto 2001, la Commissione ha inoltre deciso di valutare separatamente, da un lato, le misure disposte dall'articolo 100, dall'articolo 128 e dall'articolo 129, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge 388/2000, e, dall'altro, quelle disposte dagli articoli 121, 123 e 126 della stessa legge. Le prime sono state registrate come aiuto di Stato N 824/C/00, le altre come aiuto di Stato N 824/A/2000.

6. La presente decisione riguarda unicamente le misure di aiuto disposte dagli articoli 121, 123 e 126 della legge 388/2000.

II. Descrizione

7. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, è la legge finanziaria italiana per il 2001. Le autorità italiane hanno notificato sei articoli della legge (articoli 100, 121, 123, 126, 128 e 129) che riguardano il settore agricolo. Ciascuno degli articoli in causa dispone vari tipi di interventi nel suddetto settore. Come indicato al punto 6, la presente decisione riguarda unicamente le misure di aiuto disposte dagli articoli 121, 123 e 126.

Articolo 121 - Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà

8. L'articolo prevede l'istituzione di un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di singole imprese agricole o gruppi di imprese, in difficoltà finanziarie ovvero danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali. Il programma è volto a favorire il ripristino della redditività economica e finanziaria delle imprese interessate.

9. Tutte le imprese in causa possono beneficiare delle seguenti misure di aiuto:

- un abbuono di interessi nella misura massima del 3 % ed entro il limite d'impegno di 40 miliardi di ITL sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

Limitatamente alle operazioni di ristrutturazione, gli aiuti possono inoltre assumere le seguenti forme:

- conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, concessioni di garanzie,

- riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 %,

- esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 %.

L'articolo prevede inoltre la sospensione, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, dei termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

10. Nella sua prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane(7), la Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che l'articolo in sé non conteneva tutti gli elementi necessari a una valutazione approfondita ai sensi degli articoli 87-89 del trattato e invitava le suddette autorità a fornire le precisazioni necessarie con riferimento ai criteri stabiliti dagli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà'(8) (in appresso: 'gli orientamenti').

11. Nella risposta del 27 aprile 2001, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione copia di una nota interna del ministero delle Politiche agricole e forestali in cui riconoscevano la natura generica dell'articolo notificato e chiarivano la linea d'azione da esse proposta. Nella stessa nota, le autorità italiane esprimevano l'intenzione di emanare una 'manifestazione di interesse' rivolta alle imprese agricole potenzialmente interessate a ricevere gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione previsti dall'articolo 121. Come affermato dalle autorità italiane, la manifestazione di interesse, che è stata trasmessa alla Commissione, è destinata a identificare e quantificare le imprese che potrebbero avvalersi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione classificandole per area geografica e settore di produzione. La manifestazione di interesse stabilisce un certo numero di criteri che le imprese interessate devono soddisfare per essere ammissibili agli aiuti. Sulla base degli elementi emersi dalle domande ricevute e selezionate conformemente ai criteri definiti nella manifestazione di interesse, le autorità italiane intendono stabilire i parametri necessari per la definizione di un programma di aiuti destinati al salvataggio delle imprese in difficoltà. Analogamente, le autorità italiane si riservano di definire in una fase successiva i parametri relativi ai piani di ristrutturazione che le aziende dovranno presentare ai fini della concessione degli aiuti. Le autorità italiane si riservano inoltre di notificare individualmente alla Commissione le singole misure di salvataggio e di ristrutturazione di volta in volta esaminate. La procedura sopra descritta è stata tuttavia presentata dalle autorità italiane come una possibile linea di azione. La Commissione non ha ricevuto un chiaro impegno delle suddette autorità circa il modo in cui intendono procedere.

12. La manifestazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane (che non hanno tuttavia chiarito se tale testo sia da considerarsi parte integrante della notifica o se sia semplicemente un documento informativo) determina i parametri che le imprese devono rispettare per poter essere dichiarate in difficoltà e considerate ammissibili agli aiuti. In particolare, l'impresa dovrà:

- dimostrare l'eccezionalità dell'intervento (crisi di settore, crisi finanziaria, riduzione forzata della produzione al fine di limitare i danni di inquinamento ambientale, crisi di mercato determinata da problemi sanitari o calamità naturali verificatesi per periodi successivi),

- dimostrare l'impatto socioeconomico della crisi sui produttori agricoli,

- dimostrare le probabili ripercussioni sul fronte occupazionale,

- giustificare la misura a livello regionale dimostrando che la crisi produrrebbe una perdita rilevante per il comparto regionale di appartenenza o svantaggi economici di carattere generale,

- mostrare la presenza delle situazioni di allarme previste dalla manifestazione di interesse.

13. Sono requisiti essenziali di ammissibilità al programma di interventi:

- l'impiego di almeno il 50 % di prodotti provenienti dalla regione in cui opera l'impresa o la dimostrazione che l'impresa riveste importanza strategica all'interno della regione stessa,

- occupare almeno 5 dipendenti nel caso in cui si operi nei settori di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

- non devono essere state attivate le procedure di fallimento o liquidazione coatta-amministrativa,

- il possesso di almeno due indici di redditività e di due indici di struttura tra quelli elencati nella manifestazione di interesse.

14. La determinazione dello stato di difficoltà delle imprese è definita sulla base dei seguenti parametri di redditività e di struttura:

a) Indici di redditività

- Perdita d'esercizio: conseguimento di perdite negli ultimi 3 esercizi.

- Reddito operativo/Capitale operativo: per le società di capitali: inferiore al 3 % negli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto il 3 % nell'ultimo esercizio; per le società cooperative: inferiore all'1,5 % negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto l'1,5 % nell'ultimo esercizio.

- Reddito operativo/Valore della produzione: riduzione del 50 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del 5 % e non superiore al 20 % nell'ultimo esercizio.

- Fatturato/Scorte: riduzione del 20-40 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio.

- Oneri finanziari/Fatturato: superiore al 4 % ed inferiore al 15 % negli ultimi 5 esercizi.

b) Indici finanziari e di struttura

- Tempo di dilazione dei pagamenti ai fornitori: aumento del 70 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di crescita annuo almeno del 10 % e non superiore al 30 % nell'ultimo esercizio.

- Reddito operativo/Oneri finanziari: riduzione del 25-30 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del 3-4 % e non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio.

- Attivo circolante-magazzino/Passività correnti: inferiore allo 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio.

- Attivo circolante/Passività correnti: inferiore allo 0,8 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,8 nell'ultimo esercizio.

- Capitale permanente/Immobilizzazioni: inferiore allo 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio.

- Debiti bancari a breve/Passivo corrente: non inferiore a 0,35 e non superiore a 0,6 negli ultimi 5 esercizi e con incremento assoluto nell'ultimo esercizio non superiore a 0,2.

15. Le imprese che partecipano alla manifestazione di interesse non potranno beneficiare degli aiuti agli investimenti previsti dai Fondi strutturali e dalle disposizioni nazionali, regionali e locali, ad eccezione di quelle autorizzate al salvataggio e alla ristrutturazione.

Articolo 123 - Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche

16. L'articolo 123 della legge 388/2000 introduce modifiche all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria italiana per il 2000).

17. A seguito di un reclamo, con lettera del 10 luglio 2000, n. 18328, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di chiarire se l'articolo 59 della legge 488/99 le era stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato o, in caso negativo, di fornire tutti gli elementi necessari ai fini della sua valutazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. In assenza di risposta, la Commissione ha inviato un richiamo in data 24 novembre 2000. Poiché neanche questa lettera ha ricevuto risposta, nell'avviare la valutazione dell'articolo 123 della legge 388/2000 la Commissione ha reiterato la richiesta di informazioni, dato che il nuovo articolo non poteva essere valutato separatamente da quello di cui costituiva la modifica. Infine, con lettera del 27 aprile 2001, le autorità italiane hanno affermato che all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, non era ancora stata data attuazione e che l'articolo in causa era stato modificato dall'articolo 123 della legge 388/2000. Con circolare del 6 febbraio 2001, n. 1, il ministero ha fornito le prime indicazioni circa l'effettivo versamento dei contributi di cui all'articolo 123 della legge 388/2000 e all'articolo 59 della legge 488/1999.

18. Nel merito, l'articolo 123 della legge 388/2000 dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo, pari all'1 % del fatturato globale, è versato sia per i prodotti nazionali che per quelli importati. Il contributo statale annuo al fondo per il periodo 2001-2003 ammonta a 15 miliardi di ITL.

19. Il fondo è istituito al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di ridurre i rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Esso è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) lo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

20. Le misure di aiuto di cui all'articolo 123, comma 2, lettera b), riguardano principalmente interventi nel campo della ricerca e della sperimentazione effettuati da enti pubblici senza fini di lucro, come gli istituti di ricerca e sperimentazione del ministero delle Politiche agricole e forestali in collaborazione con università o altri enti pubblici di ricerca. Le attività di ricerca non sono svolte a fini di lucro e riguarderanno principalmente la ricerca fondamentale e quella applicata. Il tasso di aiuto sarà del 100 %.

21. Le autorità italiane non hanno tuttavia escluso la possibilità di coinvolgere aziende private in queste attività. In tal caso, esse hanno assicurato(9) che ciò avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(10). Anche in questo caso il tasso di aiuto potrà raggiungere il 100 %. Le spese ammissibili si limiteranno a quelle elencate nell'allegato II della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(11). Qualora le attività di ricerca coinvolgano aziende private, le autorità italiane si sono impegnate a finanziare esclusivamente le spese addizionali connesse a tali attività, mentre i normali costi di gestione resteranno a carico delle aziende. La sperimentazione sarà limitata al tempo e alle superfici strettamente necessari all'ottenimento di risultati validi. Le aziende coinvolte nelle attività di sperimentazione saranno selezionate sulla base di criteri obiettivi non discriminatori.

22. Con riguardo alle attività di cui all'articolo 123, comma 2, lettera c), le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni previste dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca(12).

23. L'articolo dispone inoltre, nell'ambito del ministero delle Politiche agricole e forestali, l'istituzione di un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo.

Articolo 126 - Garanzie a favore di cooperative agricole

24. Il comma 1 dell'articolo 126 autorizza un nuovo stanziamento di lire 230 miliardi in aggiunta a quello previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237. Il nuovo stanziamento è destinato al pagamento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93. Il comma 2 dell'articolo 126 stabilisce le modalità di pagamento delle somme di cui sopra.

25. Il comma 5 dell'articolo 126 estende alle cooperative e ai consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237 i benefici del suddetto articolo, a condizione che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge e che per essi siano state attivate le procedure di fallimento o il tribunale abbia dichiarato lo stato di insolvenza.

26. L'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, dispone che lo Stato prenda in carico il pagamento delle somme dovute dai soci di cooperative agricole che abbiano prestato a titolo personale garanzie a favore delle cooperative medesime in caso di insolvenza accertata (fallimento o liquidazione coatta-amministrativa) di queste ultime.

27. L'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, che le autorità italiane intendono rifinanziare, era stato inizialmente valutato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87-89 del trattato CE nell'ambito dell'aiuto di Stato NN 96/B/94.

28. Con lettera del 21 novembre 1995(13), la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del trattato con riguardo, fra l'altro, alla misura disposta dall'articolo in esame.

29. La decisione della Commissione di avviare la procedura si basava sulla convinzione che la misura prevedesse aiuti al funzionamento retroattivi a favore delle cooperative interessate. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse finalizzata a garantire il pagamento retroattivo di aiuti al funzionamento delle cooperative e che l'operazione stessa comportasse la cancellazione dei passivi delle cooperative. Secondo la Commissione, la misura di aiuto non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE dal momento che essa non soddisfava i requisiti previsti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore in quel periodo, sulla base dei quali le misure dovevano essere valutate. Nell'avviare la procedura, la Commissione ha ritenuto che uno dei criteri fondamentali delle disposizioni applicabili, ossia favorire il ripristino della redditività di un'impresa in sé redditizia ma posta di fronte ad una situazione di crisi eccezionale in grado di metterne a repentaglio la sopravvivenza, non era stato rispettato nel caso in esame, dal momento che la misura stessa non prevedeva alcuna possibilità di recupero per le cooperative interessate.

30. Il 20 maggio 1997, l'Italia ha deciso di fare appello al Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato per un'approvazione eccezionale della misura di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93. La misura è stata infine approvata dal Consiglio il 22 luglio 1997 sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE.

31. Secondo le autorità italiane, il nuovo stanziamento disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 è giustificato dalla necessità di pagare somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93. Nel disporre i pagamenti, le autorità italiane seguiranno l'ordine stabilito nell'elenco numero 1 del decreto 18 dicembre 1995 del ministero delle Politiche agricole e forestali (il provvedimento che individua le singole garanzie dei soci delle cooperative da imputare al bilancio dello Stato). Secondo le autorità italiane, tale documento è stato presentato alla Commissione nel corso della fase che ha condotto all'avvio della procedura e, successivamente, al Consiglio.

32. Secondo le autorità italiane, il contenuto del decreto era fondamentalmente noto alla Commissione. Le modifiche apportate che, secondo le autorità italiane, sarebbero di scarso rilievo, sono conseguenti a ordinanze o sentenze dei tribunali amministrativi regionali (TAR) pronunciatisi su ricorsi presentati da soci le cui garanzie erano state inizialmente escluse dall'elenco numero 1. Le autorità italiane dichiarano che tali modifiche sono atti dovuti per la Pubblica amministrazione, in quanto conseguenti a decisioni di merito.

33. In proposito le autorità italiane sostengono che le disposizioni dell'articolo 126 della legge 388/2000 sono in linea con la decisione del Consiglio che non è disattesa dall'articolo in causa. Esse affermano infatti che la nuova disposizione ha il solo scopo di assicurare l'intervento dello Stato ai soci che hanno emesso garanzie e che figuravano nel primo elenco del decreto 18 dicembre 1995. Secondo le stesse autorità, l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 e il decreto 18 dicembre 1995 individuano garanzie e beneficiari e li pongono su posizioni egualitarie per quanto attiene all'accollo delle garanzie da parte dello Stato. Senza il nuovo stanziamento, lo Stato rileverebbe solo una parte delle garanzie dell'elenco, operando di fatto una disparità tra soci dello stesso elenco. Il nuovo finanziamento è volto a rimediare alla situazione discriminatoria creata dall'insufficiente dotazione iniziale di 200 miliardi di ITL.

34. Nella lettera del 9 agosto 2001, le autorità italiane hanno fornito un elenco dei soci delle cooperative ammessi a beneficiare dell'articolo 1, comma 1 bis della legge 237/1993. L'elenco è quello allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana del 2 gennaio 1996, modificato e integrato dalle ammissioni disposte dalle sentenze di primo e secondo grado dei tribunali locali che sono inoltre elencate a parte in un secondo allegato che è stato trasmesso alla Commissione.

III. Valutazione

35. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

36. Le misure notificate dispongono la concessione di aiuti, mediante risorse pubbliche(14), ad imprese agricole specifiche che, a questo stadio della procedura, sembrano poter beneficiare di un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole che non ricevono lo stesso contributo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo(15). Inoltre, dato che le imprese in causa operano su un mercato internazionale altamente competitivo, le misure notificate incidono sugli scambi tra gli Stati membri. In proposito occorre ricordare che nel 1999 l'Italia ha esportato verso gli Stati membri prodotti agricoli per un valore di 10258 milioni di EUR ed ha importato da tali Stati prodotti agricoli per un valore di 15271 milioni di EUR(16).

37. A questo stadio della procedura, la Commissione conclude pertanto che le misure ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

38. Il divieto sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, prevede tuttavia una serie di deroghe. Occorre pertanto stabilire se alcune di queste deroghe sono applicabili alle singole misure notificate.

Articolo 121 - Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà

39. L'articolo in causa dispone interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La compatibilità di tale regime con il mercato comune deve essere valutata con riferimento ai criteri stabiliti dagli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà'(17) (in appresso: 'gli orientamenti').

Compatibilità dei regimi di salvataggio e ristrutturazione con le disposizioni comunitarie

Disposizioni comuni ai regimi per il salvataggio e a quelli per la ristrutturazione

40. La Commissione richiede in genere di notificare singolarmente ciascun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione. Conformemente al punto 64 degli orientamenti, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione comunitaria(18).

41. L'articolo 121 della legge 388/2000 non specifica se i previsti aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione saranno concessi unicamente a piccole e medie imprese, né prescrive la notifica individuale degli aiuti concessi alle imprese che non rientrano in questa definizione. La manifestazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione non è specificamente rivolta alle PMI. Solo uno dei documenti inviati dalle autorità italiane alla Commissione(19), che è comunque un documento interno del ministero dell'Agricoltura italiano, prevede la possibilità di limitare il regime di aiuti alle PMI come definite dalla Commissione, notificando individualmente a quest'ultima gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese che non rientrano in questa definizione. In questa fase della procedura la Commissione non dispone dunque di un impegno manifesto da parte delle autorità italiane a limitare il regime previsto alle PMI e a notificarle gli eventuali regimi di aiuti concessi ad imprese che non rientrano in questa definizione. La Commissione nutre pertanto dei dubbi circa il rispetto di questo requisito.

42. A norma degli orientamenti, per essere ammissibili agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, i beneficiari devono essere in difficoltà. Conformemente al punto 4 degli orientamenti, un'impresa può essere considerata in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine. Il punto 5 degli orientamenti fornisce tre criteri specifici per definire un'impresa in difficoltà. Come termine di riferimento, il punto 6 indica i segni che solitamente rivelano le difficoltà di un'impresa: livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto.

43. Benché l'articolo 121 non specifichi i requisiti che le imprese devono soddisfare per essere considerate in difficoltà finanziarie, la manifestazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane fornisce un elenco di parametri per il riconoscimento dello stato di 'difficoltà'(20). Più in particolare, le autorità italiane indicano 5 parametri di redditività e 6 parametri finanziari o di struttura. Per essere considerate in difficoltà finanziarie, le imprese devono rispettare almeno 4 di questi parametri (2 parametri di redditività e 2 finanziari).

44. I criteri e le condizioni applicati dalle autorità italiane sono identici a quelli da esse adottati in un caso precedente di aiuti per il salvataggio che è stato approvato dalla Commissione(21). In quel caso, la Commissione ha ritenuto che il rispetto dei criteri sopra menzionati soddisfava le condizioni di ammissibilità di cui al punto 2 degli orientamenti. In quel caso, i criteri erano stati usati per valutare le condizioni di difficoltà finanziaria di 5 singole imprese; non si trattava di un regime di aiuti come nel caso in parola.

45. Nella misura in cui i criteri in questione sono identici, la Commissione ritiene che i criteri presentati dalle autorità italiane potrebbero soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui al punto 5 degli orientamenti. Tuttavia, anche in questo caso, la Commissione non dispone di chiare indicazioni da parte delle autorità italiane quanto al fatto che i criteri contenuti nella manifestazione di interesse saranno quelli effettivamente adottati dalle suddette autorità. La Commissione nutre pertanto dei dubbi anche su questo aspetto del regime.

Compatibilità con le disposizioni comunitarie specifiche relative ai regimi di aiuti per il salvataggio

46. Conformemente al punto 23, lettera a), degli orientamenti, i regimi di aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti. Nei due casi di specie, il credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.

47. Stando alle informazioni attualmente disponibili, non risulta che il regime di aiuti per il salvataggio assumerebbe una delle forme previste dagli orientamenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 121, infatti, alle imprese in difficoltà ammesse a beneficiare degli aiuti previsti è concesso un contributo al pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 % ed entro il limite di impegno di 40 miliardi di ITL, sui mutui di ammortamento a quindici anni (di cui tre di pre-ammortamento) contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime. Il mutuo può essere assistito da garanzie. Anche se, come affermato dalle autorità italiane, il contributo al pagamento degli interessi viene fornito per mutui contratti ai normali tassi di mercato, l'aiuto è concesso sotto forma di un abbuono di interessi sugli stessi mutui. Le imprese beneficiarie delle misure otterrebbero dunque, oltre a un mutuo che forse non sarebbe loro altrimenti concesso, anche un abbuono di interessi sul mutuo medesimo, ricevendo in tal modo un doppio vantaggio. In questa fase della procedura, le condizioni di cui al punto 23, lettera a), degli orientamenti non sembrano dunque rispettate.

48. Conformemente al punto 23, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti devono essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate. Nessun riferimento alla necessità di soddisfare tale requisito figura nei documenti trasmessi dalle autorità italiane.

49. Le altre condizioni che i regimi di aiuti per il salvataggio devono rispettare a norma degli orientamenti sono le seguenti:

- gli aiuti devono essere motivati da gravi difficoltà sociali,

- devono limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto,

- devono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi; entro quel termine, lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure chiedere il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio per il beneficiario,

- devono costituire un'operazione eccezionale, dato che una serie ripetuta di operazioni di salvataggio si limiterebbe a mantenere la situazione esistente.

50. L'articolo 121 non contiene alcuna informazione circa il rispetto dei requisiti sopra menzionati. La manifestazione di interesse, per contro, include tra le condizioni di ammissibilità una serie di elementi che potrebbero parzialmente soddisfare il primo dei requisiti di cui sopra. Le imprese devono infatti dimostrare l'esistenza di difficoltà sociali che giustificano l'aiuto riferendosi alle ripercussioni socioeconomiche che il mancato intervento avrebbe sui produttori agricoli, sul fronte occupazionale e sul comparto regionale di appartenenza dell'impresa.

51. Quanto agli altri requisiti, a parte un riferimento generale alla necessità di attenersi agli orientamenti, la manifestazione di interesse non fornisce alcun elemento che consenta alla Commissione di concludere che le autorità italiane rispetteranno effettivamente i criteri prescritti nell'applicare il previsto regime di aiuti.

Compatibilità con le disposizioni comunitarie sugli aiuti per la ristrutturazione

52. Conformemente al paragrafo 64 degli orientamenti, alla valutazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione si applicano le sezioni 2 e 3, ferme restando le disposizioni della sezione 4. Inoltre, nel valutare i regimi di aiuti per la ristrutturazione destinati al settore agricolo, occorre anche tener conto delle disposizioni specifiche applicabili a questo tipo di aiuti che figurano nella sezione 5 degli orientamenti. Tenuto conto dei requisiti specifici relativi agli aiuti per il settore agricolo, devono essere rispettate le condizioni seguenti:

- i beneficiari devono essere in difficoltà,

- i beneficiari devono essere PMI,

- la misura deve condurre a un ripristino della redditività,

- la misura non deve indurre indebite distorsioni della concorrenza,

- gli aiuti devono limitarsi al minimo necessario,

- gli aiuti per la ristrutturazione devono essere concessi solo una volta ogni cinque anni,

- occorre specificare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso nell'ambito del regime,

- l'attuazione del regime deve essere oggetto di una relazione annuale.

53. I primi due requisiti sono già stati analizzati con riguardo sia ai regimi per il salvataggio che a quelli per la ristrutturazione.

54. Per quanto riguarda il ripristino della redditività, conformemente al punto 31 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Conformemente al punto 32 degli orientamenti, il piano deve includere uno studio di mercato e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto di misure di risanamento interne. Il piano deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Esso deve inoltre descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa. In sostanza, il piano deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari.

55. Il quarto comma dell'articolo 121 afferma genericamente che la concessione di mutui alle imprese in difficoltà è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa. Il piano, da presentare alla banca che concede il mutuo, deve comprendere i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie, nonché riduzione delle produzioni soggette al ritiro.

56. La Commissione ritiene che l'affermazione generica sopra riportata, benché contenente alcuni degli elementi che in linea di principio dovrebbero far parte di ogni piano di ristrutturazione economicamente valido, non è di per sé sufficiente a garantire, nell'ambito di un regime di aiuti, che tutte le imprese potenzialmente interessate presentino un piano di ristrutturazione conforme ai punti 31-34 degli orientamenti. Di fatto, data la formulazione dell'articolo e la mancanza di ulteriori informazioni in proposito, i piani di ristrutturazione che le imprese devono presentare per ottenere i mutui sembrano costituire una mera formalità, o piuttosto solo uno dei documenti richiesti dalla banca per ottenere il mutuo.

57. Inoltre, ai sensi dell'articolo 121, la presentazione di un piano di ristrutturazione è chiesta soltanto per accedere ai mutui ma, apparentemente, non per beneficiare delle altre misure di aiuto previste dal regime e indicate al comma 6 dello stesso articolo (conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, esonero dal pagamento di imposte). In quest'ultimo caso, né l'articolo né i documenti trasmessi alla Commissione chiedono alle imprese interessate la presentazione di un piano di ristrutturazione specifico conforme ai requisiti dei punti 31-34 degli orientamenti.

58. Con riguardo alle altre condizioni di cui al precedente punto 52, in nessuna parte dell'articolo 121 è fatto riferimento alla necessità di soddisfare i requisiti sopra indicati. Nessun elemento in proposito figura nella manifestazione di interesse presentata dalle autorità italiane alla Commissione benché quest'ultima, nella sua lettera del 13 febbraio 2001, abbia indicato chiaramente i requisiti da soddisfare e abbia invitato le autorità italiane a fornire le relative informazioni.

59. Più precisamente, le autorità italiane non hanno indicato le misure che esse intendono adottare al fine di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto sui concorrenti come richiesto dal punto 35 degli orientamenti, sia sotto forma di riduzione di capacità che in una delle altre forme espressamente applicabili al settore agricolo in linea con il punto 5.4 degli orientamenti.

60. Le autorità italiane non hanno inoltre precisato in che modo verrà garantito il rispetto del punto 40 degli orientamenti che richiede che l'importo e l'intensità dell'aiuto siano limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. In effetti, né l'articolo 121 né la manifestazione di interesse richiedono ai beneficiari dell'aiuto di contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compresa la vendita di attivi qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.

61. Infine, la Commissione nutre dei dubbi sul requisito, contenuto nella manifestazione di interesse, in base al quale, per avere accesso all'aiuto, le imprese in difficoltà devono impiegare almeno il 50 % di prodotti provenienti dalla regione in cui operano. Tale requisito sembra infatti operare una discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri in violazione dell'articolo 28 del trattato.

62. In questa fase della procedura, e sulla base delle considerazioni sopra riportate, la Commissione ritiene che i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di cui all'articolo 121 della legge 388/2000 non soddisfino tutti i requisiti previsti dagli orientamenti. Essa nutre pertanto dei dubbi circa la compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto in questione.

Articolo 123 - Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche

63. L'articolo dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo è imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati.

Le misure di aiuto

64. Il fondo è destinato principalmente al finanziamento dei tre seguenti tipi di misure:

a) programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

65. Con riguardo alla lettera a), in attesa del decreto di attuazione che deve essere emanato dal ministero dell'Agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le misure di aiuto descritte non sono immediatamente applicabili e diventeranno operative solo una volta emanate le relative disposizioni attuative. In attesa dell'emanazione del decreto, la lettera a) non sembra disporre la concessione di alcun aiuto diretto immediatamente applicabile. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione il decreto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, precedentemente alla sua approvazione formale. In questa fase della procedura, le misure di cui alla lettera a) non sembrerebbero perciò costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

66. Con riguardo alle misure di aiuto descritte alla lettera b), dalla descrizione già fornita al precedente punto 20 risulta che, nella maggioranza dei casi, gli aiuti previsti a favore di attività di R & S sono contributi a favore di enti pubblici che svolgono attività di interesse comune che non produrranno benefici economici diretti per gli agricoltori e le imprese agricole. Sotto questo profilo, le misure sembrerebbero conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(22) e non rientrerebbero dunque nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

67. Per quanto riguarda invece le attività di R & S che implicano la partecipazione di imprese private, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le disposizioni della comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(23). Le spese ammissibili si limiteranno a quelle elencate nell'allegato II della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Le autorità italiane si sono impegnate a finanziare esclusivamente le spese addizionali connesse a tali attività, mentre i normali costi di gestione resteranno a carico delle aziende. Le aziende coinvolte nelle attività di sperimentazione saranno selezionate sulla base di criteri obiettivi non discriminatori. Sulla base di tali elementi, a questo stadio della procedura, la Commissione ritiene che le attività di R & S previste dall'articolo in questione potrebbero essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

68. Con riguardo alle attività promozionali di cui alla lettera c), sulla base delle informazioni disponibili al momento e sulla base della formulazione molto generica dell'articolo, la Commissione non è in grado di stabilire esattamente il tipo di misure rientranti nella breve descrizione di cui all'articolo 126 e quindi valutare la loro compatibilità con il mercato comune. Le autorità italiane si sono genericamente impegnate a rispettare le disposizioni previste dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca (GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6). Tuttavia, anche ipotizzando che tutte le misure di cui al punto c) rientrino effettivamente nel campo di applicazione di tale regolamentazione, al di là di un generico impegno a rispettare le disposizioni di tale regolamentazione, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione sulle misure che verranno effettivamente prese per garantire il rispetto delle disposizioni della regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 28 del trattato (punto 2.1 della regolamentazione) e relativamente alla mancanza di aiuti per la pubblicità di specifiche imprese (punto 2.2. della regolamentazione). In assenza di tali informazioni quindi, anche in questo caso la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità delle misure in oggetto con il mercato comune.

Effetto combinato della componente di aiuto e del metodo di finanziamento

69. Come già ricordato al punto 63, le misure di aiuto previste dall'articolo 123 della Legge 388/2000 saranno in parte finanziate mediante una tassa parafiscale imposta sia sui prodotti nazionali che su quelli importati.

70. È prassi costante della Commissione, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 47/69(24), considerare gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri come in linea di principio incompatibili con il mercato comune, in quanto il prelievo effettuato sui prodotti importati ha un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

71. Ciò significa che anche quando la parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati è garantita sul piano normativo, sul piano pratico l'aiuto risulta più favorevole agli operatori nazionali, poiché le misure adottate sono inevitabilmente determinate dalle specializzazioni, necessità e carenze che si registrano a livello nazionale ed i prodotti importati non possono realmente beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali

72. A tale riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia(25), se i benefici risultanti dalla destinazione del ricavato di un contributo sotto forma di imposta parafiscale compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale all'atto della sua immissione in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli articoli 23 e 25 del trattato. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, l'imposta di cui trattasi è disciplinata dall'articolo 90 del trattato. In quest'ultimo caso l'imposta è incompatibile con l'articolo 90 del trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa in buona parte l'onere sopportato dal prodotto nazionale rispetto al prodotto importato.

73. Nel caso in questione, le autorità italiane si sono limitate ad informare la Commissione in merito alla decisione di effettuare un prelievo equivalente sia sui prodotti nazionali che su quelli importati. Nessuna informazione è stata fornita in merito alle misure adottate a livello nazionale per impedire l'eventualità che il contributo contravvenisse ai divieti di cui all'articolo 25 o all'articolo 90. È pertanto fondamentale stabilire se i prodotti importati possono realmente beneficiare delle misure di aiuto in oggetto nella stessa misura di quelli nazionali.

74. In proposito, benché le autorità italiane abbiano chiaramente affermato che non ci saranno discriminazioni tra prodotti nazionali e importati, nella pratica non è chiaro se i produttori o i commercianti di ciascuno degli Stati membri riuscirebbero ad ottenere dalle attività promozionali e di R & S intraprese dalle autorità italiane grazie ai prelievi imposti sui prodotti nazionali e importati lo stesso tipo di vantaggi da esse derivanti per i produttori e i commercianti italiani.

75. Con riguardo ad esempio alle attività di R& S previste, la Commissione ha già affermato(26) che, anche supponendo che gli istituti di ricerca beneficiari degli aiuti mettessero i risultati delle proprie ricerche a disposizione di eventuali interessati negli altri Stati membri, non è affatto sicuro che tutti potrebbero effettivamente beneficiarne in pari misura poiché, anche se la parità di trattamento fosse garantita sul piano normativo, sul piano pratico risulterebbero inevitabilmente favoriti gli operatori italiani. I lavori di ricerca sono infatti generalmente determinati dalle specializzazioni, dalle esigenze e dalle carenze che si registrano a livello nazionale. A ciò si aggiunga che gli operatori degli altri Stati membri intraprendono spesso a proprie spese ricerche equivalenti, vuoi direttamente, vuoi finanziando analoghi centri di ricerca nazionali, e non hanno pertanto alcun bisogno di ricorrere ai risultati degli istituti italiani.

76. Con riguardo alle attività promozionali previste, le autorità italiane non hanno chiaramente indicato il tipo di attività promozionali che intendono svolgere. L'articolo fa tuttavia riferimento alla promozione di alimenti tipici e tradizionali e di quelli a denominazione di origine protetta. Laddove sia fatto riferimento all'origine dei prodotti, è evidente che i prodotti importati non potrebbero beneficiare degli aiuti nella stessa misura di quelli nazionali. Tuttavia, anche nel caso di attività promozionali generiche, che non facciano riferimento all'origine del prodotto e dunque garantiscano un'equità formale di trattamento, sul piano pratico appare evidente che tali attività promozionali e pubblicitarie favorirebbero ancora una volta le specializzazioni, esigenze e carenze nazionali. Inoltre, anche in questo caso, gli operatori di altri Stati membri spesso sopportano l'onere di un prelievo volto a finanziare attività promozionali equivalenti. Quando tali produttori esportano i propri prodotti in paesi che prelevano una tassa all'importazione, essi si trovano a finanziare due volte la stessa attività.

77. La Commissione ha esposto questi dubbi in due lettere alle autorità italiane. Nelle loro risposte, le suddette autorità non hanno fornito alcuna informazione in grado di chiarirli. Di fatto, nell'ultima risposta alla Commissione, le autorità italiane si sono limitate ad ammettere le osservazioni della Commissione e hanno aggiunto che, in termini di risorse effettivamente utilizzate, il gettito del prelievo sarebbe stato 'simbolico'. Esse sostenevano che la misura è volta ad incoraggiare l'uso di pratiche agricole maggiormente rispettose dell'ambiente per produrre prodotti più sani e invitavano pertanto la Commissione ad autorizzare il prelievo in causa.

78. In considerazione di quanto sopra esposto, in questa fase della procedura la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano fornito informazioni specifiche atte a dimostrare che la misura in causa non avrà un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto e nutre pertanto dei dubbi sulle misure di cui all'articolo 123 della Legge 388/2000 in ragione della modalità di finanziamento delle stesse.

Articolo 126 - Garanzie a favore di cooperative agricole

79. L'articolo autorizza un nuovo stanziamento (230 miliardi di ITL) a favore di una misura di aiuto (articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93) nei confronti della quale la Commissione aveva inizialmente deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato(27) e che era stata alla fine approvata dal Consiglio sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato.

80. L'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, stabilisce che 'A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione'. Esso stipula inoltre che, qualora la Commissione abbia iniziato la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, nei riguardi dell'aiuto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione è autorizzata a deliberare.

81. Spetta esclusivamente al Consiglio decidere se le misure di aiuto possono essere autorizzate e qualora, entro il periodo di tre mesi, esso decida di autorizzare l'aiuto, la Commissione non è più tenuta a prendere posizione in merito alla compatibilità del medesimo con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Come chiaramente indicato dalla formulazione dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, si tratta di una procedura eccezionale con cui il Consiglio decide della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune in base a circostanze eccezionali, senza alcun riferimento alle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato che normalmente giustificano l'autorizzazione dell'aiuto sulla base di una delle eccezioni al paragrafo 1 dell'articolo 87 previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La decisione è infatti adottata in deroga all'articolo 87.

82. Considerando l'eccezionalità della procedura sopra descritta, le decisioni del Consiglio che autorizzano aiuti di Stato sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, devono essere interpretate in maniera restrittiva e non possono essere considerate un precedente ai fini dell'approvazione, da parte della Commissione, di aiuti analoghi sulla base degli articoli 87-89 del trattato.

83. Nella sua prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, la Commissione aveva subito espresso dubbi circa la compatibilità delle misure disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000 con il mercato comune a motivo della procedura speciale che aveva condotto all'approvazione delle misure che le autorità italiane intendevano rifinanziare mediante l'articolo 126 della legge in causa. L'attenzione delle autorità italiane era stata inoltre richiamata sulla formulazione specifica della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997, recante approvazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, che all'articolo 1 stipulava: 'Sono considerate compatibili con il mercato comune le disposizioni dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge italiana 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto legge del 25 maggio 1993, n. 149, che prevedono che le garanzie prestate a titolo personale dai soci di cooperative agricole a favore di queste ultime, di cui è stata accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato entro i limiti di una disponibilità di 20 miliardi di ITL annui a partire dal 1993 e per un periodo di dieci anni'.

84. Dalla formulazione dell'articolo emerge chiaramente che il Consiglio ha approvato le misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 entro i limiti esplicitamente definiti nell'articolo stesso, ossia per un importo di 200 miliardi di ITL e per un periodo di 10 anni (20 miliardi all'anno): elementi fattuali questi presi in considerazione nella valutazione della misura effettuata dal Consiglio.

85. Malgrado la chiara formulazione della decisione del Consiglio e la sua natura eccezionale, le autorità italiane hanno affermato che il proposto rifinanziamento delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 è in linea con le considerazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare la decisione in data 22 dicembre 1997 e che non vi è dunque contravvenzione a tale decisione. Al fine di comprovare la loro posizione, le autorità italiane hanno spiegato che il nuovo stanziamento è giustificato dalla necessità di pagare somme maturate e dovute sulla base della legge 237/93, articolo 1, comma 1 bis, e che senza il nuovo stanziamento lo Stato assumerebbe in carico solo una parte delle garanzie contenute nell'elenco iniziale annesso al decreto ministeriale 18 dicembre 1985, ossia al provvedimento che individua le garanzie da imputare al bilancio dello Stato. Così facendo si opererebbe una discriminazione tra soci presenti nello stesso elenco. Il nuovo intervento è volto pertanto ad ovviare a una disparità di trattamento creata da uno stanziamento inizialmente insufficiente.

86. Gli argomenti presentati dalle autorità italiane non sono tali da chiarire i dubbi della Commissione circa la misura in esame. Le misure disposte dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 sono state autorizzate dal Consiglio sulla base della procedura eccezionale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato in deroga all'articolo 87 del trattato. La decisione era giustificata da circostanze eccezionali. Non è pertanto possibile considerare la decisione del Consiglio di autorizzare la misura di aiuto disposta dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 come un'autorizzazione de facto per un nuovo finanziamento delle stesse misure di aiuto.

87. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene che il nuovo stanziamento finanziario disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 debba essere valutato nel merito conformemente agli articoli 87-89 del trattato sulla base delle disposizioni comunitarie applicabili.

88. Al fine di poter effettuare la valutazione delle misure di aiuto di cui all'articolo 126 della legge 388/2000 la Commissione, sin dalla prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, ha invitato queste ultime a dimostrare la compatibilità delle misure suddette alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà o sulla base di ogni altra disposizione comunitaria applicabile. Nella stessa lettera, tenuto conto del fatto che l'articolo 126 disponeva il finanziamento di misure di aiuto sulla cui compatibilità la Commissione aveva già espresso dei dubbi, la Commissione aveva altresì invitato le autorità italiane a prendere in considerazione gli elementi che l'avevano indotta ad avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto che esse intendevano rifinanziare(28).

89. È opportuno ricordare che la decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti, fra l'altro, delle misure di aiuto disposte dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 si basava sulla convinzione che tali misure prevedessero aiuti al funzionamento retroattivi a favore delle cooperative interessate. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse finalizzata a garantire il pagamento retroattivo di aiuti al funzionamento a favore delle cooperative e che l'operazione stessa comportasse la cancellazione dei passivi delle cooperative. Secondo la Commissione, la misura di aiuto non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE dal momento che essa non soddisfava i requisiti previsti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione per le imprese in difficoltà in vigore in quel periodo, sulla base dei quali le misure dovevano essere valutate.

90. Malgrado la richiesta della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento volto a dimostrare la compatibilità delle misure di aiuto disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000 con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con ogni altra disposizione comunitaria applicabile. Come precedentemente indicato, le autorità italiane hanno di fatto sostenuto che le misure di aiuto sono in linea con la decisione del Consiglio poiché destinate ad eliminare la situazione di discriminazione tra beneficiari con pari diritti all'assegnazione degli aiuti venutasi a creare a causa dello stanziamento insufficiente previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93.

91. In questa fase pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento comprovante la compatibilità con il mercato comune del nuovo stanziamento disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, la Commissione mantiene i propri dubbi sulla suddetta misura, anche in considerazione dei motivi che hanno condotto all'avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, che l'articolo 126 intende rifinanziare.

92. Inoltre, dato che l'aiuto disposto dall'articolo 126 verrebbe usato per il pagamento di garanzie legate a mutui concessi da un certo numero di istituti finanziari che senza l'intervento dello Stato dovrebbero affrontare con i loro soli mezzi i problemi di mancato pagamento risultanti, in questa fase della procedura e in assenza di ogni informazione sulla natura dei mutui e delle relative garanzie che hanno provocato l'intervento dello Stato, la Commissione non può escludere la possibilità che il nuovo stanziamento di 230 miliardi di ITL per il pagamento delle garanzie in causa possa anche costituire una forma di aiuto a favore degli stessi istituti finanziari per analogia al punto 2.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

93. Sulla base di quanto sopra esposto, in questa fase della procedura la Commissione ritiene che i dubbi concernenti le misure di aiuto disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000, non chiariti nella fase preliminare della valutazione, possano essere esaminati solo nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

IV. Conclusioni

94. In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha deciso:

- di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87-89 del trattato nei confronti delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo previste dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, descritte al punto 20 e valutate al punto 66 della presente decisione, in quanto esse non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato,

- di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 121, 123 (ad esclusione esclusivamente delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo sopra menzionate) e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

95. Alla luce delle considerazioni precedenti la Commissione, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, chiede all'Italia di trasmettere le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possano contribuire all'esame delle misure in oggetto entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera. La Commissione chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente copia della presente ai potenziali beneficiari degli aiuti.

96. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro il recupero dal beneficiario di ogni aiuto indebitamente versato. In forza dell'articolo 16 del regolamento, la stessa norma si applica nel caso di aiuti attuati in modo abusivo. Inoltre, la spesa relativa a misure nazionali che incidono direttamente su misure comunitarie potrà essere esclusa dall'imputazione sul bilancio del FEAOG."

(1) DO C 68 de 6.3.1996, p. 5.

(2) DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

(3) Asunto 47/69; Comisión contra Francia (1970), RTJ 487.

(4) DO asuntos acumulados C 78-C 83/90: Compagnie Commercial de l'Ouest y otros contra Receveur principal des Douanes de la Pallice Port (1002), RTJ I-1847.

(5) DO C 71 de 11.3.2000, p. 14.

(6) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(7) Lettera della Commissione del 13 febbraio 2001.

(8) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9) Lettera del 16 giugno 2000.

(10) GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(11) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(12) GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

(13) SG/1995/14409. Decisione pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 5.

(14) Nel caso delle misure di aiuto previste dall'articolo 123, che sono parzialmente finanziate tramite imposte parafiscali, è importante ricordare che, secondo una prassi costante della Commissione, il gettito di un prelievo obbligatorio ai sensi della legge nazionale si considera una risorsa statale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(15) Causa C-730/79, Racc. 1980, p. 2671, paragrafi 11 e 12.

(16) Fonte: Eurostat.

(17) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 5.

(18) Regolamento 70/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, allegato 1).

(19) Nota interna della direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali al ministro dell'agricoltura.

(20) Per una descrizione dettagliata dei parametri cfr. il punto 14 della presente decisione.

(21) Aiuto di Stato N 354/00 - SGD/2000/106283 del 17.8.2000.

(22) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(23) GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(24) Sentenza nella causa 47/69, Commissione contro Francia, Racc., 487.

(25) Procedimenti riuniti C 78-C 83/90; Compagnie Commercial de l'Ouest et al. contro Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port, (1002), Racc. I-1847.

(26) Cfr. decisione 90/188/CEE (GU L 101 del 21.4.1990, pag. 35).

(27) Aiuto di Stato C 47/95, lettera della Commissione SG 21.1.1995/14409 (GU C 68 del 6.3.1996).

(28) Cfr. la sezione II della comunicazione sugli aiuti di Stato C 47/95 (GU C 68 del 6.3.1996).