Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)"

(2002/C 80/14)

El 2 de julio de 2001, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de diciembre de 2001 (ponente: Sr. Levitt).

En su 387o Pleno de los días 16 y 17 de enero de 2002 (sesión del 17 de enero), el Comité Económico y Social ha aprobado por 51 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado ("abuso de mercado") que pretende elevar el grado de integridad del mercado de valores de la Unión y que se basa en los principios de transparencia e igualdad de trato entre los operadores del mercado. La propuesta exige una más estrecha colaboración y un mayor nivel de intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes que en la actualidad. La propuesta tiene por objeto reducir las incoherencias, posibles confusiones y lagunas, estableciendo un marco básico para la atribución de responsabilidades, el control de la aplicación y la cooperación en la Comunidad. La iniciativa constituye uno de los componentes fundamentales del Plan de acción en materia de servicios financieros y del proceso de creación de un mercado integrado de servicios hasta el 2003. La Comisión destaca que se trata de una de las dos primeras propuestas de Directivas que siguen el nuevo formato "Lamfalussy", el cual distingue entre los principios generales y los detalles técnicos de su aplicación, enfoque que respaldó el Consejo Europeo de Estocolmo, de marzo de 2001.

1.2. Según la Comisión, existen dos categorías principales de abuso de mercado: las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. La vigente Directiva sobre operaciones con información privilegiada (89/592/CEE) se adoptó hace más de una década, por lo que, dados los cambios de los mercados financieros, es preciso actualizar sus disposiciones. La presente propuesta contempla tanto las operaciones con información privilegiada como la manipulación del mercado, con lo que se garantizará la aplicación de un mismo marco a ambas categorías de abuso de mercado. Además, resultará más sencilla desde el punto de vista administrativo y reducirá el número de reglamentaciones y normas en la Unión Europea.

1.3. A fin de garantizar que esta orientación siga siendo válida en el futuro, en unos mercados financieros que cambian con rapidez, la propuesta establece una definición general de abuso de mercado lo bastante flexible para garantizar que las nuevas prácticas abusivas que puedan surgir estén adecuadamente contempladas, a la vez que es lo suficientemente clara para proporcionar una orientación adecuada para el comportamiento de los operadores en el mercado. En su ámbito de aplicación se contemplan todos los instrumentos financieros admitidos a negociación en al menos un mercado regulado de la Unión Europea, incluidos los mercados primarios. La propuesta se aplicaría a todas las operaciones relativas a dichos instrumentos, se efectúen o no en mercados regulados, con lo que se pretende evitar el uso de mercados no regulados, sistemas alternativos de negociación, etc. No obstante, la Directiva reconoce que en determinadas circunstancias y por razones económicas perfectamente legítimas deberán permitirse excepciones (los llamados "refugios") en los que no se apliquen determinadas prohibiciones.

1.4. La propuesta hace hincapié en que en el desarrollo de los mercados financieros integrados de la UE es necesaria la convergencia (y no la divergencia) entre los métodos de aplicación y ejecución de los Estados miembros. En la actualidad, la diversidad de responsabilidades y competencias de las autoridades administrativas nacionales obstaculizan el establecimiento de un mercado plenamente integrado e incrementan la confusión en el mercado. Para resolver este problema, la Directiva propone que los Estados miembros designen una autoridad reguladora y supervisora única, con un conjunto mínimo común de responsabilidades, que haga frente a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. Además, dado el creciente número de actividades transfronterizas, la legislación europea deberá garantizar que las autoridades reguladoras y supervisoras trabajen eficazmente juntas y puedan recibir asistencia e información pertinente de cada una a su debido tiempo.

1.5. La Comisión señala que es inaceptable que, en un mercado financiero integrado, una conducta ilícita sea castigada con una pena muy dura en un país, con una pena leve en otro y no sea castigada en un tercero. Sin embargo, la Comisión reconoce que, con arreglo al Tratado, la armonización de las sanciones no entra en el ámbito de esta Directiva, aunque es deseable y coherente con el Derecho comunitario que la Directiva imponga a los Estados miembros la obligación general de establecer y fijar sanciones.

1.6. La propuesta de la Comisión destaca que el actual marco jurídico europeo destinado a proteger la integridad de mercado es incompleto, por cuanto no existen disposiciones comunes contra la manipulación del mercado y existe una gran variedad de normas sobre abuso del mercado. Estas diferencias llevan a distorsiones en los mercados y deja a las empresas de inversión y otros agentes económicos sumidos en la incertidumbre respecto a los conceptos, definiciones y requisitos de los distintos Estados miembros. El abuso del mercado puede aumentar el coste de financiación de las empresas, perjudicar la integridad de los mercados financieros y la confianza pública, y ahuyentar a los nuevos inversores, dando todo ello como resultado un debilitamiento del crecimiento económico de la UE.

1.7. La propuesta sigue las recomendaciones hechas por el Comité de Sabios Lamfalussy, compartidas por el Consejo Europeo de Estocolmo, de distinguir entre los principios generales que incorpora la Directiva y los detalles técnicos de aplicación, no esenciales, que se establecerán con arreglo a los procedimientos de comitología. Concretamente, la adaptación y aclaración de las definiciones y excepciones necesarias para garantizar una aplicación uniforme y la compatibilidad con los progresos técnicos de los mercados financieros estarán sujetos a la comitología.

1.8. La exposición de motivos de la propuesta dice: "Habida cuenta de la urgencia de la actuación en cuanto al abuso del mercado, y habida cuenta de las amplias consultas ya realizadas sobre el tema con los Gobiernos, autoridades de reglamentación y supervisión de los Estados miembros, el sector financiero (...) y otras partes interesadas, la Comisión ha decidido presentar ya la propuesta y no demorarla más con un proceso de consulta más formal. En la línea del informe del Comité de Sabios, la Comisión emprenderá consultas, (...) al preparar las medidas de aplicación de acuerdo con las oportunas disposiciones de la Directiva propuesta".

2. Características principales de la propuesta

2.1. La información privilegiada se define como sigue:

2.1.1. El apartado (1) del artículo 1 establece que: "se entenderá por 'información privilegiada', la información que no se haya hecho pública, de carácter preciso, que se refiera a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros, y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre la cotización de esos instrumentos financieros o sobre la cotización de instrumentos financieros derivados relacionados".

2.2. La "manipulación del mercado" se define de dos maneras:

2.2.1. En el apartado (2)(a) del artículo 1, como "operaciones u órdenes para realizar operaciones, que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, o aseguren, por medio de una o más personas que actúen en colaboración, el precio de un instrumento financiero en un nivel anormal o artificial, o empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o invención".

2.2.2. En el apartado (2)(b) del mismo artículo, como "difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y noticias falsas o engañosas".

2.2.3. En el apartado (5) del artículo 1 se señala que la aclaración de las citadas definiciones se realizará por medio de un procedimiento de comitología que se describe en el apartado (2) del artículo 17.

2.3. Los artículos 2, 3 y 4 tratan de la prohibición del mal uso de la información privilegiada, y, en este sentido, el apartado 1 del artículo 2 especifica que dicha prohibición se extenderá "a cualquier persona física o jurídica que posea información privilegiada" que pretenda "aprovecharse de dicha información".

2.4. El artículo 5 estipula que: "Los Estados miembros prohibirán a cualquier persona física o jurídica efectuar prácticas de manipulación del mercado. En la sección B del Anexo figura una lista no exhaustiva de métodos típicos utilizados para la manipulación del mercado. (...) Los Estados miembros pueden optar por introducir disposiciones específicas para abarcar a las personas que actúan con fines periodísticos en el ejercicio normal de su profesión".

2.5. El artículo 6 establece cómo se revelará la información. Por ejemplo, el punto 1 del artículo 6 señala que: "Los Estados miembros garantizarán que los emisores hagan pública cuanto antes la información privilegiada." Sin embargo, el punto 3 del mismo artículo afirma que: "3. Un emisor podrá, bajo su propio riesgo, retrasar la divulgación pública de información concreta para no perjudicar sus intereses legítimos, siempre que tal omisión no sea susceptible de engañar al público (...)".

2.6. Los artículos 7 y 8 especifican determinadas excepciones a las normas generales establecidas en la Directiva. Por ejemplo, las normas no se aplicarán a determinadas operaciones efectuadas por los Estados miembros o los bancos centrales, ni a los programas de recompra (buy back).

2.7. El artículo 9 establece que las disposiciones de la Directiva "se aplicarán a cualquier instrumento financiero admitido o que vaya a ser admitido a negociación en un mercado regulado de al menos un Estado miembro, con independencia de si la operación realmente tiene lugar en ese mercado o no". A su vez, el artículo 10 señala que "Cada Estado miembro aplicará las prohibiciones y requisitos que establece la presente Directiva, por lo menos a las actuaciones que tengan lugar en su territorio, siempre y cuando los instrumentos financieros afectados se admitan o vayan a ser admitidos a negociación en un Estado miembro".

2.8. El artículo 11 indica que "cada Estado miembro designará a una autoridad administrativa única competente de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva".

2.9. El artículo 12 señala que "la autoridad competente deberá estar dotada de todas las competencias de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Ejercerá estas facultades directamente o, en su caso, en colaboración con otras autoridades, incluso las autoridades judiciales".

2.10. Por el artículo 14 especifica que "Los Estados miembros se asegurarán de que se tomen las medidas apropiadas, incluidas las sanciones administrativas y criminales de conformidad con su derecho nacional [...] cuando no se hayan cumplido las disposiciones de la presente Directiva". Por su parte, el artículo 16 estipula que "Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán entre sí [...]".

3. Observaciones generales

3.1. Los objetivos de la Directiva de profundizar en la integración de los mercados financieros mediante la reducción del sinnúmero de planteamientos nacionales relativos a la manipulación del mercado son en sí mismos totalmente encomiables. Sin embargo, el enfoque adoptado en el caso de la presente propuesta de Directiva suscita una serie de interrogantes.

3.2. Aunque el comunicado de prensa, la exposición de motivos y la Directiva misma hagan referencia con frecuencia a las recomendaciones del Comité de Sabios y al respaldo otorgado al Informe Lamfalussy en el Consejo Europeo de Estocolmo, la propia Directiva no alcanza a cumplir con uno de los elementos más importantes de las recomendaciones del citado Informe: que las consultas a los operadores del mercado y otras partes interesadas deberían ser abiertas y continuas a lo largo del proceso legislativo. No ha sido así en la presente Directiva, una de las dos primeras que se publican ajustándose explícitamente a las recomendaciones del Informe Lamfalussy, debido a la necesidad de hacer progresos rápidos. Sin embargo, es probable que si se hubieran realizado las consultas con los operadores del mercado adecuadamente, antes de la adopción de la Directiva por parte de la Comisión, todo el proceso habría sido más rápido de lo que va a resultar en la actualidad. Si bien es cierto que los operadores del mercado aportaron sus comentarios y expresaron sus preocupaciones -entre otras, cuestionaron el significado y la interpretación precisos de determinadas disposiciones contenidas en las propuestas del Foro de comisiones europeas de valores (FESCO)-, esos comentarios no recibieron ninguna respuesta razonada. Así pues, la propuesta no se ajusta, de hecho, a las recomendaciones Lamfalussy, y es esencial que en adelante se ciña a dichos principios.

3.3. Un objetivo de principio de la propuesta es reducir la complejidad y la variedad de los diversos planteamientos nacionales acerca de la manipulación de los mercados; sin embargo, el texto de la propuesta requiere aclaración en varios aspectos, a saber:

- la definición exacta de "operación con información privilegiada";

- la aplicación del régimen propuesto a la manipulación del mercado;

- los requisitos específicos relativos a la información (disclosure);

- el potencial de confusión en cuanto a qué autoridad nacional es responsable; y

- cómo se lograrán las normas comunes, de crucial importancia para alcanzar los objetivos de la Directiva constituye una tarea de gran envergadura para el procedimiento regulador previsto en el apartado (2) del artículo 17.

Estas observaciones se explican con más detalle en el apartado que sigue.

4. Observaciones específicas

4.1. El apartado 1 del artículo 1 y los artículos 2 y 4 tienen por objeto definir el delito de mal uso de información privilegiada (véanse los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, supra), pero el texto en su redacción actual (en particular el artículo 2) no aclara sin lugar a dudas si una persona puede ser acusada de abuso de información privilegiada si no está en plena posesión de todos los datos pertinentes; es decir: ¿sabe que se trata de información privilegiada?, ¿sabe si se trata de información de importancia para los mercados?, ¿se propone aprovecharse de la información privilegiada en cuestión? La relación entre los artículos 2 y 4 en lo que respecta a la prueba de "conocimiento de causa" precisa aclaración. El artículo 2 no hace referencia a la prueba del "pleno conocimiento de los hechos". Resulta sorprendente que no se haga referencia a la culpabilidad intencional, ni que, por consiguiente, haya posibilidad de defensa de una persona acusada de abuso de información privilegiada basada en que dicha persona no tenía intención de abusar de esa información. Según el texto, y aunque no sea esa la intención de la Directiva, cualquier empleado de cualquier empresa está expuesto a ser acusado.

4.1.1. Propuesta de modificación: apartado (2)(a) del artículo 1

4.1.1.1. Por "manipulación del mercado" se entenderá "La realización deliberada de operaciones, que proporcionen o puedan proporcionar...".

4.1.1.2. Exposición de motivos

1. Conviene señalar la necesidad de que las operaciones de manipulación en cuestión se realicen con pleno conocimiento de los hechos, es decir, de manera deliberada. Esta condición se recoge en el Código Penal y forma parte de las garantías de protección de los particulares.

2. Debería suprimirse el fragmento "u órdenes para realizar operaciones" toda vez que el acto de dar una orden de operación representa únicamente la ejecución de las órdenes de un tercero. La persona que da la orden de realizar la operación no conoce las intenciones de su cliente o las repercusiones que pueda tener la transacción.

4.1.1.3. Por razones similares, deberían modificarse los artículos 2 y 3 de un modo parecido:

- Artículo 2: "Los Estados miembros prohibirán a cualquier persona física o jurídica que posea a sabiendas información privilegiada aprovecharse de dicha información con pleno conocimiento de los hechos ..."

- Artículo 3: "Los Estados miembros prohibirán a las personas objeto de las prohibiciones del artículo 2, que dispongan a sabiendas de información privilegiada..."

4.1.2. Propuesta de modificación: artículo 4

4.1.2.1. "... a cualquier persona distinta de las mencionadas en esos artículos que, a sabiendas, utilice o propicie la utilización de información privilegiada".

4.1.2.2. Exposición de motivos: Este artículo es de especial importancia, toda vez que va dirigido concretamente al personal de las empresas. La expresión "con pleno conocimiento de los hechos" es menos clara que "a sabiendas", que implica la intención de actuar. La sustitución de "posea" por "utilice o propicie la utilización de" contribuye también a una mayor claridad.

4.2. Dado que el artículo 2 hace referencia tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas, el resultado pudiera ser que un banco europeo de inversiones que tenga uno de sus departamentos dedicado al asesoramiento financiero de las empresas (por ejemplo, sobre nuevas emisiones, fusiones y adquisiciones) y otro departamento distinto dedicado a la adopción de posiciones de mercado o de asesoramiento a los inversores sobre las mismas empresas a las que asesoran sus colegas del departamento anterior fuera acusado de realizar operaciones de iniciado. Tampoco es ésta la intención de la Directiva, pero su actual redacción no es inequívoca. En concreto, podría significar que los operadores que tomen posiciones en el mercado o los altos directivos del banco que conozcan las actividades de ambos departamentos pero que no prohíban a su brazo comercial que tome posiciones en el mercado podrían verse acusados de operaciones con información privilegiada, aun cuando las "murallas chinas" en el seno de la institución impidan que la información privilegiada que se halla en manos del departamento de asesoramiento financiero a las empresas sea usada por los operadores.

4.2.1. Propuesta de modificación: dos apartados del artículo 6

4.2.1.1. Suprímase el siguiente texto:

- Apartado 4: "y revelen sus intereses o conflictos de intereses sobre los instrumentos financieros a que se refiere dicha información"

- Apartado 6: "y la revelación de sus intereses o conflictos de intereses según lo mencionado en el apartado 4".

4.2.1.2. Exposición de motivos: Estas disposiciones se oponen a la práctica y a la ética interna de los proveedores de servicios. La norma que se aplica con todo rigor es la erección de una "muralla china" que separe a las personas responsables de la gestión de las órdenes de operación de las personas responsables de la gestión de cuentas de los clientes. Toda violación de esta norma de confidencialidad perjudicaría los fundamentos mismos de la Directiva.

4.3. Los requisitos referentes a las operaciones con información privilegiada (artículos 2 y 6) se justifican plenamente cuando se aplican a los valores, donde la información privilegiada sobre la entidad emisora es fundamental para la manipulación del mercado. Pero el régimen propuesto se amplía a aspectos tales como el tipo de interés, el tipo de cambio y los instrumentos derivados, en que no está implicado ningún emisor. Por ejemplo, una empresa petrolera puede estar preocupada por las perspectivas de producción en los próximos años e intentar reforzar su posición contra el riesgo de un movimiento de precios adverso mediante el uso de un instrumento derivado apropiado. Con arreglo al régimen propuesto en el texto, dicha empresa podía ser obligada a revelar toda su información a contrapartes y competidores, lo que es inaceptable. Es necesaria una mayor clarificación. Si bien el artículo 9 parece excluir la negociación de los instrumentos derivados del "mercado fuera de bolsa", mediante una restricción de la aplicación de la Directiva a los mercados regulados, la definición de "mercado regulado" está siendo debatida, con ocasión de la revisión de la Directiva relativa a los servicios de inversión, y este asunto sigue siendo objeto de preocupación de los operadores de mercado.

4.4. La letra (b) del apartado 2 del artículo 1 define la propagación de rumores como manipulación del mercado, sin probar en ningún momento que el objetivo principal o un objetivo significativo de la propagación de los rumores haya sido manipular el mercado, y sin que se haya verificado si el rumor es o no cierto. También aquí es necesaria una cierta clarificación de la intención de la Directiva.

4.5. Los requisitos de información que se indican en el artículo 6 son ambiguos. Aun cuando el apartado 1 del artículo 6 exige una información inmediata, el apartado 3 de ese mismo artículo permite el retraso por parte de un emisor "bajo su propio riesgo", lo que podría dar lugar a diferencias en la interpretación que hagan las autoridades competentes de los diversos Estados miembros. Asimismo, el apartado 4 del artículo 6 exige que las personas responsables de la producción y difusión de la información al público tomen precauciones razonables, pero no se aclara a qué estándar debe ajustarse una precaución razonable; igualmente, el apartado 5 del artículo 6 prohíbe a cualquier persona iniciar una operación "si puede suponerse razonablemente" que la transacción se basa en información privilegiada, sin definir tampoco que significa "suponerse razonablemente". En ambos casos es preciso especificar el estándar para el término razonable (por ejemplo, ¿razonable según se entiende en una sala de lo penal?, ¿o bien en un tribunal civil?).

4.5.1. Propuesta de modificación: apartado 5 del artículo 6

4.5.1.1. Sustitúyase "si puede suponerse razonablemente" por "si tienen en sus manos elementos objetivos que permitan sospechar".

4.5.1.2. Exposición de motivos: La expresión "si puede suponerse razonablemente" es demasiado vaga. No resulta evidente de qué manera podría un intermediario rechazar una orden de operación basándose únicamente en una impresión. Asimismo, impone a los proveedores de servicios (agentes que actúan siguiendo instrucciones de sus clientes) una responsabilidad que excede de lo que puede razonablemente esperarse de ellos. Además, el texto no es claro en cuanto a en quién recae la carga de la prueba. Resultaría muy difícil probar que el proveedor de un servicio podía "suponer razonablemente" que se estaba cometiendo un delito.

4.6. El principio de la Directiva consiste en promover un régimen más sencillo y coherente, pero las diferencias en la interpretación de la redacción exacta de la propuesta que haga la autoridad competente en cada uno de los 15 Estados miembros de la UE no contribuirán a este objetivo deseable. Como principio general puede establecerse que cuanto más amplia sea la gama de interpretaciones de cualquier artículo de la Directiva, mayor será ese riesgo; a la vez, cuanto más restringida sea la especificación de lo que exige la Directiva, menor será ese riesgo. Por lo tanto es importante que el proyecto se afine más y se concentre más estrechamente en determinados puntos, según se indica supra.

4.7. Un aspecto importante de la integración del mercado es que los participantes del mismo deben saber a qué régimen se enfrentan, qué normas deben cumplir y cuál es la autoridad competente responsable de hacer cumplir las normas y de sancionar. Sin embargo, los artículos 10 al 15 parecen permitir que la autoridad de cualquier Estado miembro donde se negocie un valor o un instrumento financiero dados imponga sus propias normas al participante del mercado, con independencia del lugar donde esté basado dicho participante. Una alternativa posible consistiría en especificar que la principal autoridad competente sea la del lugar donde el participante de mercado esté basado (preferencia del país de origen); se podría autorizar a esa autoridad para que todos los participantes del mercado acaten sus decisiones. La intención podría ser, sin embargo, proteger la integridad de los mercados donde se emiten en primer lugar los valores, para prevenir la manipulación del mercado por operadores basados en otro Estado miembro, aunque el texto del artículo 10 (véase punto 2.7, supra) no lo aclare en absoluto; dicho artículo permite, aparentemente, que la autoridad de cualquier Estado demande a cualquier participante del mercado que negocie en cualquier instrumento financiero admitido en cualquier Estado miembro.

4.8. El artículo 12, complementado por el artículo 14, establece el marco de aplicación efectiva por los Estados miembros, y el requisito deseable de que en cada Estado miembro se designe una sola autoridad competente. El último párrafo del artículo 12 debería suprimirse, toda vez que provocará un tratamiento desigual de las empresas y las personas naturales de los Estados miembros, dependiendo de que existan o no disposiciones legales nacionales sobre el secreto profesional. En efecto, es muy posible que en aquellos Estados en que no existan excepciones a la norma del secreto profesional sea mucho más difícil investigar casos de abuso del mercado y, por consiguiente, la aplicación de la reglamentación en dichos Estados sea mucho más restringida. Sin embargo, es también probable que la relativa escasez de procesamientos exitosos en materia de operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado en la UE revele deficiencias en los recursos dedicados a la aplicación de la ley, tanto en términos de la cantidad de los recursos como de su calidad (por ejemplo, en términos de cualificaciones y de sistemas de recogida y control de la información). Una aplicación más decidida que no cuente con una mejora de las capacidades y los medios podría poner en peligro las operaciones de los participantes en el mercado sin por ello impedir las actividades de los verdaderos culpables. En cualquier caso, todos los Estados miembros deberían asegurarse de que disponen de sanciones administrativas proporcionales y efectivas, y de que las aplican.

4.8.1. El Comité propone que se añada la siguiente frase al apartado 1 del artículo 14:

4.8.1.1. "Solamente debería recurrirse a sanciones criminales cuando se disponga de pruebas convincentes de manipulación del mercado".

4.8.1.2. Exposición de motivos: La propuesta de acumulación de sanciones administrativas y criminales es un asunto de extrema gravedad. Las preocupaciones del Comité que se expresan en los puntos 4.1, 4.2, 4.5 y 4.9 supra han de tenerse en cuenta.

4.8.2. Propuesta de modificación: tercer párrafo del apartado 2 del artículo 16

4.8.2.1. Suprímase la última frase de este párrafo: "No obstante, si la autoridad competente que hubiere comunicado una información consiente en ello, la autoridad que la hubiere recibido podrá utilizarla para otros fines o transmitirla a las autoridades competentes de otros Estados".

4.8.2.2. Exposición de motivos: Dado que el objetivo de la Directiva es la erradicación del abuso de mercado, resulta inadecuado dar la posibilidad de que la citada información sea utilizada con otros fines. La legislación comunitaria en materia de competencia establece el principio de que la información comunicada únicamente debería utilizarse a efectos de aplicación de dicha legislación.

4.9. El artículo 5 establece que los Estados miembros podrán "introducir disposiciones específicas para abarcar a las personas que actúan con fines periodísticos en el ejercicio normal de su profesión." No resulta claro, sin embargo, si un periodista de un determinado país A, en el que el Estado haya introducido disposiciones específicas de protección de los periodistas, pueda ser objeto de persecución por las autoridades de otro país B, en el que no existen esas disposiciones, por haber realizado comentarios relativos a una compañía basada en ese país B.

5. Conclusión

5.1. Los objetivos de la Directiva en lo que se refiere a la profundización de la integración de los mercados financieros europeos y a la reducción de la complejidad y la confusión en que se mueven las normas relativas a la manipulación del mercado resultan totalmente loables. No obstante, en determinados aspectos resultaría útil afinar la redacción del texto, con el fin de reducir las ambigüedades en su interpretación y de reducir el consiguiente riesgo de diferentes formas de interpretación y aplicación en cada uno de los Estados de la Unión. Además, se habrá de estudiar con mucha atención la cuestión de cómo introducir en la Directiva una prueba de la "intención", y la defensa de la ausencia de intención de manipulación del mercado.

Bruselas, 17 de enero de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs