ES

Bruselas, 13.7.2009

COM(2009) 362 final

2009/0099 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la sujeción a supervisión de las políticas remunerativas

SEC(2009) 974 final

SEC(2009) 975 final

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

En junio de 2006 se adoptó, con las Directivas sobre requisitos de capital («DRC»), un nuevo marco regulador del capital, basado en el acuerdo internacional revisado sobre el capital conocido como «Basilea-II». Dicho marco consta de la Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) y la Directiva 2006/49/CE sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (refundición).

Existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de una mayor reforma de la reglamentación con vistas a paliar las deficiencias del marco normativo en materia de capital y de la gestión del riesgo de las entidades financieras, que han contribuido a las turbulencias registradas en los mercados financieros mundiales. Una de las iniciativas de la Comisión en respuesta a la crisis financiera fue la de encargar, en noviembre de 2008, a un Grupo de Alto Nivel presidido por Jacques de Larosière, la formulación de recomendaciones con vistas a reformar la supervisión y la reglamentación financieras en Europa. Las treinta y una recomendaciones [1] del mencionado Grupo constituyen un conjunto exhaustivo de propuestas encaminadas a aportar soluciones a ese respecto. Por lo que se refiere a las estructuras de remuneración, el Informe De Larosière recomienda adaptar en mayor medida los incentivos remunerativos a los intereses de los accionistas y la rentabilidad a largo plazo, por lo que es preciso basar la estructura remunerativa del sector financiero en principios conforme a los cuales los incentivos deben reflejar el rendimiento real y no estar garantizados, y evaluar de los incentivos en un marco plurianual, distribuyendo el pago de los mismos a lo largo de todo el ciclo [2].

Basándose en las recomendaciones del Grupo, en su Comunicación «Gestionar la recuperación europea» destinada al Consejo Europeo de primavera celebrado el 4 de marzo de 2009 [3], la Comisión definía un ambicioso programa de reforma de los servicios financieros. La presente propuesta es una de las medidas que la Comisión ha adoptado ya para llevar dicho programa a la práctica.

En la Comunicación se declaraba que la propuesta de revisión de las DRC que la Comisión se proponía presentar antes de junio de 2009:

· incluiría disposiciones orientadas a endurecer los requisitos de capital respecto de los activos que los bancos mantienen en la cartera de negociación con fines de reventa a corto plazo;

· adecuaría los requisitos de capital respecto de las titulizaciones complejas, tanto en la cartera bancaria como en la cartera de negociación; y

· permitiría a las autoridades de supervisión imponer «sanciones» en materia de capital a aquellas entidades financieras cuyas políticas de remuneración se considere que generen riesgos inaceptables.

Los dirigentes del G-20, por su parte, acordaron objetivos similares con ocasión de la reunión que celebraron en Londres el 2 de abril de 2009. La declaración sobre el fortalecimiento del sistema financiero [4] anuncia un acuerdo acerca de la adopción, una vez que se confirme la recuperación, de medidas orientadas a mejorar la calidad, la cantidad y la coherencia a escala internacional del capital en el sistema bancario, y a respaldar y aplicar los principios del Foro de Estabilidad Financiera sobre remuneración e incentivos y apoyar los planes sostenibles de incentivos [5].

En la misma fecha, el Foro de Estabilidad Financiera («FSF») publicó un informe sobre la manera de abordar el problema de la prociclicidad en el sistema financiero y una serie de principios sobre prácticas racionales en materia de remuneración en el sector financiero [6], destinados a adecuar los incentivos para los empleados a la rentabilidad a largo plazo de la empresa.

El informe del FSF sobre la manera de abordar la prociclicidad propone recomendaciones orientadas a mitigar dicho problema y que engloban tres ámbitos: el marco relativo al capital bancario, las provisiones bancarias para préstamos incobrables, y el apalancamiento y la valoración. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha formulado recomendaciones destinadas a atenuar el riesgo de que el marco regulador del capital pueda amplificar la propagación de las perturbaciones del sector financiero a la economía real. Se incluyen entre ellas propuestas tendentes a reducir el recurso a estimaciones cíclicas de capital basadas en el valor en riesgo (VAR) y a mejorar la cobertura del riesgo para los instrumentos de retitulización y el riesgo de incumplimiento y de migración para los productos de crédito no titulizados. En apoyo de las recomendaciones del FSF y del G-20, el Comité de Basilea está elaborando modificaciones más pormenorizadas de las normas vigentes con arreglo a un calendario establecido por el G-20.

Los principios del FSF sobre prácticas racionales en materia de remuneración en el sector financiero propugnan una gobernanza eficaz en relación con la remuneración, así como la adecuación de la remuneración a todos los tipos de riesgo, su simetría respecto de los resultados que se deriven de los riesgos asumidos, y sensibilidad al horizonte temporal de los mismos. Se recomienda asimismo servirse de la supervisión para afianzar la aplicación de los principios por parte de las empresas.

La Comisión dio un primer paso de cara a la solución de los problemas que plantea la deficiente concepción de las estructuras remunerativas con la adopción, el 30 de abril de 2009, de sendas Recomendaciones sobre el sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa [7] y sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros. [8] La Comunicación que acompañaba a las Recomendaciones indicaba que las DRC se modificarían a fin de hacer extensiva la supervisión prudencial a las políticas de remuneración de los bancos y las empresas de inversión.

El Comité de Supervisores Bancarios Europeos («CSBE») ha elaborado también una serie de principios sobre las políticas remunerativas, que se publicaron el 20 de abril de 2009. El ámbito de aplicación de los principios se extiende a las políticas remunerativas aplicadas en el conjunto de una organización, con especial atención a aspectos clave tales como la alineación de los objetivos societarios con los individuales; la gobernanza en lo que respecta a la supervisión y la toma de decisiones; la medición de los resultados, y las formas de remuneración.

La actual propuesta está destinada a llevar a efecto los compromisos enunciados en la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo, y es coherente con los objetivos internacionales de alto nivel acordados por los dirigentes del G-20.

Por último, y conforme a los compromisos enunciados en su Comunicación de 4 de marzo, la Comisión propondrá nuevas modificaciones de las DRC en octubre de 2009, con vistas a tratar el riesgo de liquidez y el exceso de apalancamiento, introducir disposiciones sobre la constitución de reservas dinámicas de capital, y suprimir las opciones y las facultades discrecionales nacionales, a fin de avanzar hacia una normativa común.

2. Consulta pública

Entre el 25 de marzo y el 29 de abril de 2009, se llevó a cabo una consulta pública a través de Internet sobre el proyecto de revisión de las disposiciones relativas a la cartera de negociación y a la titulización. Se recibieron dieciocho respuestas.

Las respuestas fueron globalmente favorables a los objetivos del proyecto de propuestas de la Comisión. Algunos de los participantes en la consulta manifestaron cierta inquietud ante la insuficiente focalización del planteamiento relativo a las retitulizaciones. Esa inquietud se debía a la suposición de que, con la exigencia de que se detraigan del capital todas las retitulizaciones, la Comisión se proponía imponer lo que en la práctica constituiría una prohibición general. No era esa, sin embargo, la intención de la Comisión, lo que ha quedado patente mediante la introducción de modificaciones que representan un enfoque más matizado.

Del 29 de abril al 6 de mayo de 2009, se realizó otra consulta pública en línea, en el sitio web de la DG MARKT, acerca de un proyecto de disposiciones en materia de política remunerativa. Veintitrés fue el número de respuestas recibidas, procedentes de entidades financieras y representantes del sector, Estados miembros y autoridades de reglamentación.

La mayor parte de los participantes en la consulta se mostró favorable al principio conforme al cual las políticas de remuneración del sector bancario han de ser compatibles con una gestión sana y eficaz del riesgo, y deben incluirse en el ámbito de la supervisión al amparo de las DRC.

Algunas de las respuestas señalaron la necesidad de que, dado que las políticas y prácticas de remuneración están concebidas en función de la estructura y el modelo de negocio de las distintas entidades, los principios establecidos en las DRC no sean excesivamente prescriptivos. La Comisión considera que, al exigir que las empresas se atengan a los principios de manera acorde con su tamaño y organización interna, y con la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades, el texto ofrece la necesaria flexibilidad. Por lo demás, en otras respuestas se manifestaba el temor de que la inclusión de la remuneración del personal no directivo en el ámbito de la supervisión podría afectar adversamente a los convenios colectivos que los bancos y las empresas de inversión han celebrado con dicho personal.

3. Evaluación de impacto

Se han evaluado en total catorce opciones estratégicas diferentes. El resumen que sigue describe la opción que se considera más idónea y su impacto previsto.

Cartera de negociación

En relación con los requisitos de capital relativos a las carteras de negociación de los bancos, se introducirán las siguientes modificaciones selectivas, alineadas con las disposiciones previstas por el Comité de Basilea:

– Añadir al VAR ordinario un margen de capital adicional basado en un VAR correspondiente a escenarios de tensión. Esta modificación supondrá previsiblemente la práctica duplicación de los actuales requisitos de capital para la cartera de negociación.

– Ampliar la actual exigencia de capital frente al riesgo de incumplimiento en la cartera de negociación de modo que refleje pérdidas no necesariamente consistentes en el incumplimiento del emisor ―p.ej., descenso de la calificación crediticia―, en atención al hecho de que las pérdidas recientes sobre la deuda negociable no se han debido, en la mayor parte de los casos, al incumplimiento efectivo de los emisores. La incidencia de esta modificación dependerá de la composición de las carteras de los bancos en la coyuntura posterior a la crisis.

– Basar la exigencia de capital respecto de las posiciones de titulización en la cartera de negociación sobre las ponderaciones simples ya existentes para la cartera bancaria. También en este caso, la incidencia de esta modificación dependerá de la composición de las carteras de los bancos en la coyuntura posterior a la crisis.

Por lo general, los bancos tienden a mantener niveles de capital que están en consonancia con «objetivos» definidos internamente, y que pueden ser superiores a los que imponen los requisitos mínimos de capital. No resulta, por tanto, sencillo estimar la cantidad de capital adicional que los bancos deberían obtener para atenerse a las modificaciones propuestas. Un incremento del capital mínimo exigido podría ser parcialmente absorbido por los márgenes de capital existentes. A título de ejemplo, el coeficiente de solvencia global de las grandes entidades financieras de la zona del euro al final del primer semestre de 2008 era, en promedio, del 11,4 %, lo que representa un margen medio de capital (por encima de los requisitos mínimos) equivalente al 3,4 % de los activos ponderados por riesgo.

Retitulizaciones

En consonancia con el planteamiento aplicado por el Comité de Basilea, se impondría para las posiciones de retitulización una exigencia de capital más elevada que para otras posiciones de titulización, en atención al mayor riesgo de que se registren pérdidas imprevistas por deterioro.

En relación con las retitulizaciones de particular complejidad, las propuestas refuerzan tanto la obligación de diligencia debida como el proceso de supervisión encaminado a velar por su cumplimiento. Por lo que atañe a las inversiones en retitulizaciones con un nivel de complejidad particularmente elevado, los bancos deberán demostrar a su supervisor que se han cumplido las normas preceptivas en materia de diligencia debida. En caso contrario, se aplicará una detracción general del capital. En aquellos casos en que no se considere adecuadamente cumplida la obligación de diligencia debida, se prohibirá a las entidades toda inversión futura en ese tipo de instrumentos.

La incidencia de estas medidas en la futura oferta de crédito ―cuya financiación se ve facilitada en parte por la emisión de retitulizaciones tales como determinadas obligaciones de deuda garantizadas (collateralized debt obligations - CDO)― debería evaluarse a la luz del nivel de las emisiones de estas últimas en la coyuntura del mercado posterior a la crisis. De acuerdo con los datos disponibles, el importe total de las emisiones de CDO en Europa se contrajo de 88 700 millones de euros en 2007 a 47 900 millones de euros en 2008. Esa contracción habría sido aún más pronunciada si el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra no hubieran aceptado la titulización como garantía: en 2008, los bancos retuvieron el 95 % de la emisión total de titulizaciones para realizar operaciones con compromiso de recompra, permaneciendo el mercado primario cerrado a todos los efectos, debido a la sensible pérdida de interés de los inversores por esos instrumentos. Parece, pues, a la vista de tales tendencias, que la incidencia adicional de las medidas sobre la emisión de CDO y la oferta de crédito serían limitadas. No obstante, podrían restringir la recuperación del mercado secundario por lo que respecta a los instrumentos afectados.

Divulgación de los riesgos de titulización

Las obligaciones en materia de divulgación, en consonancia con las normas acordadas a nivel internacional, se reforzarán en diversos ámbitos, tales como las exposiciones de titulización en la cartera de negociación y la esponsorización de vehículos fuera de balance.

Estas modificaciones favorecerán una mejor comprensión del perfil de riesgo del banco por parte de los inversores y, al aumentar la transparencia, reforzarán la gestión del riesgo por parte de de los bancos. La carga administrativa adicional para el sector bancario de la UE se estima en 1,3 millones de euros anuales y, previsiblemente, recaerá fundamentalmente sobre las entidades de mayor tamaño, que aplican métodos más avanzados de gestión del riesgo.

Sujeción a supervisión de las políticas remunerativas

Las modificaciones propuestas impondrán a las entidades de crédito y empresas de inversión la obligación de aplicar políticas remunerativas compatibles con una gestión eficaz del riesgo. Si bien los principios pertinentes se establecerán en las DRC, estarán estrechamente alineados con los recogidos en la Recomendación de la Comisión C(2009) 3159, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros.

El hecho de conferir carácter vinculante a los principios de la Recomendación incrementará el grado de cumplimiento por parte de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

La propuesta concede a las empresas la flexibilidad suficiente para atenerse a la nueva obligación y a los principios de alto nivel de manera acorde con su tamaño y organización interna, y con la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. La probabilidad de que este planteamiento reduzca al mínimo los costes de adaptación a las normas y de observancia de las mismas que han de sufragar las empresas llevó a considerarlo preferible frente a la alternativa de exigir una observancia estricta y uniforme a todas las empresas, con independencia de su tamaño, de los principios enunciados en la Recomendación de la Comisión C(2009) 3159, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros.

Repercusiones presupuestarias

La propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto comunitario.

4. Aspectos jurídicos de la propuesta

Ante la necesidad de introducir modificaciones en Directivas vigentes, una Directiva de modificación resulta el instrumento más apropiado. La presente Directiva de modificación debe tener la misma base jurídica que las Directivas que modifica. En consecuencia, la propuesta se basa en el artículo 47, apartado 2, del Tratado CE, que constituye la base jurídica para la armonización de las normas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito, entre otras, y a su ejercicio.

De conformidad con los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad contemplados en el artículo 5 del Tratado CE, los objetivos de la acción prevista no pueden alcanzarse de forma suficiente por los Estados miembros, y, por lo tanto, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. Sus disposiciones no van más allá de lo que es necesario para lograr los objetivos perseguidos.

Solamente la legislación comunitaria puede velar por que las entidades de crédito que operen en varios Estados miembros estén sujetas a los mismos requisitos en lo que atañe a la supervisión prudencial, en este caso, garantizando que el marco ya armonizado de los requisitos de capital aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión se refuerce mediante la imposición de requisitos de capital más estrictos por lo que respecta a los elementos incluidos en la cartera de negociación, un proceso apropiado de diligencia debida y requisitos de capital aún más rigurosos para las retitulizaciones complejas, y la introducción de normas expresas y de medidas de supervisión y sanciones adecuadas en relación con las estructuras remunerativas.

5. Explicación detallada de la propuesta

5.1. Requisitos de capital por retitulización

(Artículo 1, apartados 1 y 9, y anexo I, punto 3)

Las retitulizaciones son titulizaciones basadas en posiciones de titulización subyacentes, normalmente con el fin de reconvertir exposiciones de titulización de riesgo medio transformándolas en nuevos valores. Por lo general, tanto las agencias de calificación crediticia como los participantes en el mercado les han atribuido un nivel bajo de riesgo de crédito. Sin embargo, dada su complejidad y sensibilidad a las pérdidas correlacionadas, tales retitulizaciones comportan mayores riesgos que las simples titulizaciones. En consecuencia, la presente propuesta prevé un conjunto de requisitos de capital de mayor cuantía que los establecidos respecto de las posiciones de titulización simple con la misma calificación.

Por lo demás, la propuesta prevé un proceso de supervisión reforzado por lo que respecta a las retitulizaciones de particular complejidad. El proceso de supervisión por muestreo aplicable a las titulizaciones y retitulizaciones de complejidad normal no resulta lo bastante riguroso en el caso de ciertas retitulizaciones, en las que el elevado nivel de complejidad del instrumento considerado lleva a cuestionar la capacidad del banco de comprender plenamente la naturaleza y los riesgos de las exposiciones subyacentes. De ahí que la propuesta exija que se compruebe, respecto de cada inversión realizada, que los bancos que invierten en tales productos cumplan las normas aplicables en materia de diligencia debida. El CSBE promoverá la convergencia de las prácticas de supervisión acordando los tipos de retitulizaciones que cabe considerar «de alta complejidad», de modo que los supervisores puedan verificar, caso por caso, la capacidad de las entidades de llevar a cabo el proceso de diligencia debida en relación con tales instrumentos. En aquellos casos excepcionales en que un banco no pueda demostrar a su regulador que ha realizado el preceptivo proceso de diligencia debida con respecto a una retitulización de alta complejidad, se aplicará una ponderación del 1 250 % a la posición en esa retitulización. Este régimen de capital será de aplicación en lo que respecta a las nuevas retitulizaciones que se emitan a partir del 31 de diciembre de 2010, y únicamente se aplicará a las posiciones de retitulización ya existentes a partir del 31 de diciembre de 2014, en el caso de que, con posterioridad a esa fecha, nuevas exposiciones subyacentes se añadan a las anteriores o las sustituyan. En consecuencia, la ponderación del riesgo del 1 250 % no puede aplicarse a las posiciones heredadas de los bancos en retitulizaciones (a menos que las exposiciones subyacentes de esas posiciones sufran cambios después de 2014).

5.2. Modificaciones técnicas

(Artículo 1, apartado 5, y anexo II, punto 4; artículo 1, apartado 7; artículo 2, apartados 2 y 3; anexo I, punto 2, y anexo II, punto 2)

En 2006 la Comisión y el CSBE establecieron el Grupo de Transposición de la Directiva sobre Requisitos de Capital (CRDTG) con vistas a facilitar una transposición y aplicación coherente de las DRC en toda la UE. Con arreglo al CRDTG, es necesario precisar en mayor medida algunas disposiciones técnicas de dichas Directivas. A título de ejemplo, la presente Directiva aclara que los requisitos de capital frente a los riesgos de liquidación se aplican igualmente a la cartera de inversión.

5.3. Obligaciones de divulgación

(Artículo 1, apartado 11, y anexo I, punto 4)

La presente propuesta refuerza las actuales obligaciones en materia de divulgación de las DRC en lo que respecta a las exposiciones de titulización de las entidades. En particular, las obligaciones de divulgación se harán extensivas en adelante no sólo a los riesgos inherentes a las posiciones de titulización de la cartera de inversión, sino asimismo a los de la cartera de negociación.

5.4. Requisitos de capital por riesgo de mercado aplicables a las titulizaciones

(Artículo 1, apartados 4, 6 y 8; artículo 2, apartado 1; anexo II, punto 1)

Los requisitos de capital respecto de las titulizaciones de la cartera de negociación se calculan actualmente como si dichos instrumentos fuesen posiciones de deuda normales, a diferencia de lo que ocurre con la cartera bancaria, para la cual se establece un conjunto de exigencias de capital independientes, más diferenciadas y sensibles al riesgo. La propuesta prevé que los requisitos de capital para la cartera de negociación se basen en los aplicables a valores equivalentes de la cartera bancaria.

5.5. Requisitos de capital frente a los riesgos de mercado basados en modelos internos

(Anexo II, punto 3)

Actualmente, las entidades pueden calcular sus requisitos de capital frente a los riesgos de mercado inherentes a su cartera de negociación por medio de sus propios modelos, que estiman las pérdidas que pueden derivarse de futuras fluctuaciones adversas del mercado. Durante el período 2007-2008, quedó patente que los modelos internos subestimaban de manera sistemática las pérdidas potenciales en condiciones de tensión, lo que llevó a establecer requisitos de capital inadecuados y generó una volatilidad cíclica del capital de los bancos a medida que se deterioraban las condiciones del mercado. En consecuencia, la presente Directiva reforzará los requisitos de capital basados en modelos internos en diversos aspectos, a saber:

· existirá la obligación de estimar, por separado, las pérdidas potenciales durante un período prolongado de circunstancias adversas, potenciando así la resistencia de los modelos en condiciones de tensión y reduciendo su potencial prociclicidad;

· las entidades deberán estimar no sólo el riesgo de pérdidas por incumplimiento en relación con elementos de deuda de la cartera de negociación, sino también las pérdidas potenciales que, sin mediar incumplimiento, se deriven del deterioro de la calificación crediticia;

· a fin de disipar toda duda en cuanto a la capacidad de los modelos internos de reflejar adecuadamente el perfil de riesgo específico de las posiciones de titulización, las entidades estarán obligadas a determinar una exigencia de capital estándar e independiente frente a los riesgos inherentes a las posiciones de titulización de la cartera de negociación.

5.6 Políticas remunerativas

(Artículo 1, apartados 2 y 3; anexo I, punto 1, y punto 4, inciso iii))

El actual marco europeo en materia de supervisión no impone expresamente la obligación de someter a supervisión las políticas remunerativas de las entidades financieras. De ahí que las autoridades de supervisión no hayan prestado particular atención, por lo general, a las implicaciones que las políticas de remuneración tienen desde el punto de vista del riesgo y de su gestión eficaz.

La modificación propuesta de las DRC tiene por objeto:

· imponer a las entidades de crédito y empresas de inversión la obligación de aplicar políticas y prácticas remunerativas que sean compatibles con una gestión sana y eficaz del riesgo y la promuevan, así como principios de alto nivel en pro de una remuneración racional;

· incluir las políticas remunerativas en el ámbito de aplicación del proceso de supervisión previsto en las DRC, de modo que los supervisores puedan exigir a las empresas la adopción de medidas tendentes a subsanar todo problema que puedan detectar;

· garantizar que los supervisores puedan asimismo imponer sanciones, tanto de carácter financiero como de otra índole (incluso multas) a aquellas empresas que incumplan la citada obligación.

La obligación propuesta se aplicará a las entidades de crédito y, en virtud del artículo 34 de la Directiva 2006/49/CE, a las empresas de inversión autorizadas y reguladas al amparo de la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

El alcance de la obligación propuesta se circunscribe a la remuneración de aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales tengan una incidencia significativa en el perfil de riesgo del banco o de la empresa de inversión. La obligación atañe, pues, a las políticas remunerativas respecto de aquellas personas encargadas de tomar decisiones que pueden afectar al nivel de riesgo asumido por la entidad.

Los principios de alto nivel propuestos en pro de una remuneración racional no están orientados a prescribir el importe y la forma de la remuneración, y sigue correspondiendo a las entidades definir y aplicar su propia política de remuneración. Las empresas podrán aplicar los principios con flexibilidad, de manera acorde con su tamaño y organización interna, y con la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Al ser diferentes las actividades que desarrollan y distinto el nivel de riesgo que toleran las entidades de crédito y las empresas de inversión, diferirán en consecuencia sus estructuras remunerativas y su aplicación de los principios.

La vigilancia prudencial ejercida en el curso del proceso de supervisión se centrará en comprobar si las políticas y prácticas remunerativas son compatibles con una gestión sana del riesgo, atendiendo a la naturaleza de la actividad de la empresa. A fin de armonizar la labor de supervisión y de facilitar a las empresas la observancia de los principios, la propuesta exige que el CSBE vele por la existencia de directrices en materia de políticas remunerativas racionales en el sector bancario.

En el caso de que un supervisor detecte problemas, podrá exigir que la entidad de crédito o la empresa de inversión adopte medidas cualitativas o cuantitativas destinadas a solventarlos. Esas medidas pueden incluir la exigencia («cualitativa») de que la empresa subsane la situación mediante la modificación de su estructura remunerativa a fin de reducir el riesgo inherente a sus actividades y, en su caso, la exigencia («cuantitativa») de disponer de fondos propios adicionales frente al riesgo.

Por otra parte, las autoridades competentes deberán asimismo estar facultadas, al amparo de las DRC para imponer sanciones en caso de vulneración de cualquiera de los requisitos previstos en las Directivas (incluida la obligación propuesta en relación con las políticas remunerativas). La facultad sancionadora es independiente de la facultad de exigir a las empresas la adopción de medidas cualitativas o cuantitativas. La modificación propuesta del artículo 54 de Directiva 2006/48/CE tiene por objeto garantizar que los supervisores tengan la posibilidad de imponer sanciones tanto de carácter financiero como de otra índole, y que tales sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

La presente propuesta de modificación de las DRC complementa la Recomendación de la Comisión sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros. Los principios más pormenorizados enunciados en la Recomendación de la Comisión, junto con las directrices del CSBE, serán pertinentes a efectos del cumplimiento de la obligación prevista en las DRC, pues proporcionarán orientaciones adicionales en cuanto a la manera de atender a dicha obligación, y ofrecerán a los reguladores un marco de referencia para la evaluación de las estructuras remunerativas de las empresas.

5.7 Aclaración general del proceso de supervisión en virtud del artículo 136, apartado 2

El nuevo párrafo que está previsto incorporar al artículo 136, apartado 2, tiene por objeto aclarar que, al llevar a cabo el proceso de supervisión, las autoridades competentes deberán atender tanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación del capital interno de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 123, como a los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 22. Esta aclaración concierne al proceso de supervisión en su integridad, y no se limita al control de la nueva obligación referente a las políticas y prácticas remunerativas. El objetivo es facilitar una mayor convergencia de las prácticas de supervisión en la toda la UE.

2009/0099 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la sujeción a supervisión de las políticas remunerativas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 47, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [9],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [10],

Considerando lo siguiente:

(1) La asunción excesiva e imprudente de riesgos en el sector bancario ha originado la quiebra de diversas entidades financieras y problemas sistémicos en los Estados miembros y a nivel mundial. Si bien las causas de esa asunción de riesgos son múltiples y complejas, se admite comúnmente entre los organismos de supervisión y regulación, incluido el G-20 y el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, que las inadecuadas estructuras remunerativas de algunas entidades financieras han sido un factor coadyuvante. Toda política remunerativa que ofrezca incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel general de riesgo tolerado por la entidad puede ir en detrimento de una gestión sana y eficaz de los riesgos y exacerbar los comportamientos temerarios.

(2) La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio [11], exige que las entidades de crédito cuenten con sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos para gestionar los riesgos a los que estén expuestas. En virtud de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito [12], ese mismo requisito se aplica a las empresas de inversión definidas en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo [13]. La Directiva 2006/48/CE exige a las autoridades competentes que evalúen los citados sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos, y que determinen si los fondos propios en poder de la entidad de crédito o empresa de inversión considerada garantizan una gestión sana de los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta la entidad o empresa y la cobertura de los mismos. Esa supervisión se efectúa sobre una base consolidada en lo que respecta a los grupos bancarios, incluyendo las sociedades financieras de cartera y las entidades financieras filiales situadas en cualquier país.

(3) A fin de subsanar el efecto potencialmente perjudicial de unas estructuras remunerativas mal concebidas sobre la sana gestión del riesgo y el control de los comportamientos individuales de asunción de riesgos, resulta oportuno completar los requisitos de la Directiva 2006/48/CE con la obligación expresa, impuesta a las entidades de crédito y las empresas de inversión, de establecer y mantener, con respecto a aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales tengan una incidencia significativa en su perfil de riesgo, políticas y prácticas remunerativas compatibles con una gestión eficaz del riesgo.

(4) Dado que una asunción excesiva e imprudente de riesgos puede socavar la solidez financiera de las entidades financieras y desestabilizar el sistema bancario, es importante que la nueva obligación en relación con las políticas y prácticas remunerativas se aplique de forma coherente. Por ello, resulta oportuno especificar una serie de principios básicos para una remuneración racional, a fin de asegurar que la estructura remunerativa no aliente a la asunción de riesgos excesivos y se ajuste a la propensión al riesgo, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad. Con vistas a garantizar que la definición de las políticas remunerativas se integre en la gestión de riesgos de la entidad financiera, procede que el órgano de dirección (función supervisora) de cada entidad de crédito o empresa de inversión establezca los principios generales que habrán de aplicarse, y que dichas políticas queden sujetas, como mínimo, a una evaluación interna anual independiente.

(5) La política remunerativa debe tender a alinear los objetivos propios de los miembros del personal con los intereses a largo plazo de su entidad de crédito o empresa de inversión. La valoración de los componentes de la remuneración basados en el rendimiento debe centrarse en los resultados a largo plazo y ha de tener en cuenta los riesgos vivos asociados a esos resultados. La evaluación de estos últimos tiene que inscribirse en un marco plurianual (por ejemplo, de entre tres y cinco años) para poder garantizar que en ella se atienda a los resultados a largo plazo y que el pago efectivo de los componentes basados en el rendimiento se reparta a lo largo del ciclo económico de la entidad.

(6) La Recomendación de la Comisión de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros [14], enuncia también una serie de principios en pro de políticas de remuneración racionales que ilustran sobre la forma en que las entidades pueden atenerse a tal obligación, principios que son coherentes con los fijados en la presente Directiva y los complementan.

(7) Las disposiciones en materia de remuneración deben entenderse sin perjuicio de los posibles derechos de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

(8) En aras de una aplicación rápida y efectiva, resulta igualmente oportuno que las autoridades competentes estén facultadas para imponer medidas o sanciones, ya sean financieras o de otra índole, por incumplimiento de un requisito previsto en la Directiva 2006/48/CE, incluido el de seguir políticas remunerativas compatibles con una gestión sana y eficaz del riesgo. Estas medidas y sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(9) Con vistas a garantizar una supervisión efectiva de los riesgos generados por estructuras remunerativas inadecuadas, procede incluir las políticas y prácticas de remuneración adoptadas por las entidades de crédito y las empresas de inversión en el ámbito de la supervisión al amparo de la Directiva 2006/48/CE. Al llevar a cabo esa labor, los supervisores deben valorar la probabilidad de que dichas políticas y prácticas fomenten una asunción excesiva de riesgos por parte del personal considerado.

(10) A fin de promover la convergencia de la labor de supervisión de las políticas y prácticas de remuneración, resulta oportuno que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos vele por la existencia de directrices en materia de políticas remunerativas racionales en el sector bancario. Procede que el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores ayude a elaborar tales directrices, en la medida en que se aplicarán también a las políticas de remuneración de las personas que intervengan en la prestación de servicios de inversión y las actividades de inversión efectuadas por entidades de crédito y empresas de inversión, según se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros [15].

(11) Dado que una política remunerativa y programas de incentivos mal concebidos pueden incrementar hasta un nivel inaceptable los riesgos a los que están expuestas las entidades de crédito y las empresas de inversión, resulta oportuno que las autoridades competentes impongan a las entidades pertinentes medidas cualitativas o cuantitativas destinadas a solventar los problemas detectados en relación con las políticas remunerativas en el proceso supervisor del «segundo pilar». Entre las medidas cualitativas a las que pueden recurrir las autoridades competentes cabe citar la posibilidad de exigir a las entidades de crédito o empresas de inversión una reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas, incluidas las estructuras remunerativas, en la medida en que sean incompatibles con una gestión eficaz del riesgo. Entre las medidas cuantitativas cabe citar la exigencia de disponer de fondos propios adicionales.

(12) Con vistas a ofrecer al mercado la debida transparencia de sus estructuras remunerativas y del riesgo asociado, procede que las entidades de crédito y empresas de inversión divulguen información sobre sus políticas y prácticas de remuneración del personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad. No obstante, esta obligación debe entenderse sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [16].

(13) El examen de los riesgos a los que pueda estar expuesta la entidad de crédito debe dar lugar a medidas de supervisión eficaces. Por tanto, es necesario lograr una mayor convergencia con vistas a respaldar la adopción de decisiones conjuntas por los supervisores y garantizar condiciones equitativas de competencia dentro de la Comunidad.

(14) Procede que las titulizaciones por las que se reconvierten otras titulizaciones y que presentan un mayor riesgo de crédito que las titulizaciones normales estén sujetas a un régimen de capital diferenciado que disuada claramente a las entidades de crédito y empresas de inversión de invertir en titulizaciones con un nivel de complejidad y riesgo particularmente elevado.

(15) Los bancos que invierten en retitulizaciones están obligados, en virtud de la Directiva 2006/48/CE, a realizar también un proceso de diligencia debida con respecto a las titulizaciones subyacentes y a las exposiciones no consistentes en titulizaciones que representen el subyacente último de las anteriores. Dependiendo de la complejidad de los estratos de que consten las estructuras de titulización y, asimismo, de la complejidad o diversidad (o ambas) de las exposiciones no derivadas de titulizaciones que constituyan el subyacente último de las retitulizaciones, el preceptivo proceso de diligencia debida puede resultar imposible de realizar o excesivamente gravoso (o ambas cosas). Éste es el caso, en particular, cuando las exposiciones subyacentes últimas son, por ejemplo, adquisiciones apalancadas o deudas ligadas a la financiación de proyectos. En tales casos, conviene que las entidades no inviertan en ese tipo de retitulizaciones de alta complejidad. Al supervisar el requerido proceso de diligencia debida, las autoridades competentes deben prestar particular atención a esas titulizaciones de alta complejidad y exigir su deducción íntegra del capital, salvo que se haya demostrado, a su satisfacción, que en cada caso concreto de exposición por retitulización de alta complejidad, la entidad ha llevado a cabo el proceso de diligencia debida impuesto por la Directiva 2006/48/CE, incluso en relación con las exposiciones subyacentes últimas.

(16) Con objeto de promover la convergencia de las prácticas de supervisión del proceso de diligencia debida en lo que respecta a las retitulizaciones de alta complejidad, resulta oportuno que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos formule directrices en las que se incluya una definición de las retitulizaciones que cabe considerar «de alta complejidad» a tales efectos o criterios para distinguir esos tipos de retitulizaciones. Es conveniente que la definición o los criterios se adapten a la evolución de las prácticas del mercado.

(17) Resulta oportuno que las disposiciones sobre valoración prudente de la Directiva 2006/49/CE se apliquen a todos los instrumentos valorados al valor razonable, con independencia de que figuren en la cartera de negociación o en la cartera de inversión de las entidades. Es conveniente aclarar que, en el supuesto de que la aplicación de una valoración prudente lleve a un valor contable inferior al importe realmente reconocido en la contabilidad, habrá de deducirse de los fondos propios el valor absoluto de la diferencia.

(18) Resulta oportuno que las entidades puedan elegir entre aplicar a las posiciones de titulización a las que corresponda una ponderación de riesgo del 1 250 % en virtud de la presente Directiva una exigencia de capital o deducirlas de los fondos propios, con independencia de que tales posiciones pertenezcan a la cartera de negociación o a la de inversión.

(19) Conviene aplicar igualmente a la cartera de inversión los requisitos de capital frente a los riesgos de liquidación.

(20) Las entidades originadoras o espónsor no deben poder eludir la prohibición de proporcionar apoyo implícito utilizando para ello sus carteras de negociación.

(21) Sin perjuicio de la información cuya divulgación esté expresamente prevista en la presente Directiva, el objetivo de las obligaciones de divulgación ha de consistir en proporcionar a los participantes en el mercado información exacta y exhaustiva sobre el perfil de riesgo de cada entidad. En consecuencia, si fuera necesario para alcanzar ese objetivo, debe exigirse a las entidades que divulguen información adicional que no esté expresamente contemplada en la presente Directiva.

(22) A fin de lograr una transposición coherente de la Directiva 2006/48/CE en toda la Comunidad, la Comisión y el Comité de Supervisores Bancarios Europeos crearon en 2006 un grupo de trabajo (Grupo de Transposición de la Directiva sobre Requisitos de Capital o CRDTG), al que se encomendó la tarea de someter a debate y resolver las cuestiones relacionadas con la transposición de dicha Directiva. Con arreglo al CRDTG, es necesario precisar en mayor medida algunas disposiciones técnicas de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Procede, por tanto, adaptar tales disposiciones.

(23) En el supuesto de que una evaluación crediticia externa de una posición de titulización integre el efecto de la cobertura del riesgo de crédito proporcionada por la propia entidad inversora, es conveniente que la entidad no pueda disfrutar de la ponderación de riesgo más baja resultante de dicha cobertura. Ello no debe llevar a deducir del capital la titulización, si existen otros medios para determinar una ponderación de riesgo que se ajuste al riesgo real de la posición, sin tener en cuenta la citada cobertura del riesgo de crédito.

(24) En el ámbito de la titulización, resulta oportuno reforzar considerablemente las obligaciones de divulgación de las entidades, las cuales deben, en particular, tomar también en consideración los riesgos de las posiciones de titulización de la cartera de negociación.

(25) Procede adaptar las exigencias de capital por riesgo específico aplicables a las posiciones de titulización a los requisitos de capital para la cartera bancaria, ya que estos últimos hacen posible un tratamiento más diferenciado y sensible al riesgo de las posiciones de titulización.

(26) Dados los malos resultados observados recientemente, procede reforzar las normas de los modelos internos para calcular los requisitos de capital frente al riesgo de mercado. En particular, conviene completar su alcance en lo que respecta a los riesgos de crédito de la cartera de negociación. Por otra parte, ante el deterioro de las condiciones del mercado y con vistas a reducir la potencial prociclicidad, resulta oportuno que las exigencias de capital integren un componente adaptado a condiciones de tensión a fin de reforzar los requisitos de capital. Habida cuenta de la particular dificultad que ha planteado recientemente el tratamiento de las posiciones de titulización a través de métodos basados en modelos internos, procede limitar la posibilidad de que las entidades modelicen los riesgos de titulización de la cartera de negociación e imponer una exigencia de capital estándar por defecto en relación con las posiciones de titulización en dicha cartera.

(27) Procede, por tanto, modificar las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 2006/48/CE queda modificada como sigue:

(1) En el artículo 4 se añaden los puntos 40 bis y 40 ter siguientes:

«(40 bis) “retitulización”: titulización en la cual una o varias de las exposiciones subyacentes se ajustan a la definición de una posición en una titulización;

(40 ter) “posición en una retitulización”: la exposición frente a una retitulización;»

(2) El artículo 22 queda modificado como sigue:

(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que cada entidad de crédito disponga de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta, mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados, así como políticas y prácticas remunerativas que sean compatibles con una gestión sana y eficaz del riesgo y la promuevan.».

(b) Se añade el apartado 3 siguiente:

«3. El Comité de Supervisores Bancarios Europeos velará por la existencia de directrices en materia de políticas remunerativas racionales que se atengan a los principios establecidos en el punto 22 del anexo V. El Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores colaborará estrechamente con el Comité de Supervisores Bancarios Europeos a la hora de velar por que existan directrices en materia de políticas de remuneración aplicables a las categorías de personal que se dediquen a prestar servicios de inversión y realizar actividades de inversión a efectos de lo previsto en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros.».

(3) En el artículo 54 se añade el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que, a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, sus respectivas autoridades competentes estén facultadas para imponer sanciones o medidas, tanto de carácter financiero como de otra índole. Dichas sanciones o medidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.».

(4) El artículo 57 queda modificado como sigue:

(a) En el párrafo primero, la letra r) se sustituye por el texto siguiente:

«r) el importe de la exposición a posiciones de titulización que reciban una ponderación de riesgo del 1 250 % conforme a la parte 4 del anexo IX y el importe de la exposición a posiciones de titulización de la cartera de negociación que recibirían una ponderación de riesgo del 1 250 % en la cartera de inversión de las mismas entidades de crédito.».

(b) Se añade el párrafo siguiente:

«A efectos de lo previsto en la letra r), los importes de las exposiciones se calcularán con arreglo al método especificado en la parte 4 del anexo IX.».

(5) En el artículo 64 se añade el apartado 5 siguiente:

«5. Las entidades de crédito aplicarán los requisitos previstos en la parte B del anexo VII de la Directiva 2006/49/CE a todos sus activos valorados al valor razonable, al calcular el importe de fondos propios, y no incluirán en este importe el correspondiente a ningún ajuste que resulte necesario en virtud de los citados requisitos.».

(6) En el artículo 66, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El total de los elementos de las letras l) a r) del artículo 57 se deducirá, en un cincuenta por ciento, del total de los elementos de las letras a) a c) menos los elementos de las letras i) a k) de dicho artículo, y el otro cincuenta por ciento, del total de los elementos de las letras d) a h) del mismo artículo, una vez aplicados los límites establecidos en el apartado 1 del presente artículo. Cuando la mitad del total de los elementos de las letras l) a r) supere el total de los elementos de las letras d) a h) del artículo 57, se deducirá el excedente del total de los elementos de las letras a) a c) menos los de las letras i) a k) del mismo artículo.

Los elementos de la letra r) del artículo 57 no se deducirán si han sido incluidos, a efectos de lo dispuesto en el artículo 75, en el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo según lo especificado en la parte 4 del anexo IX o en el cálculo de los requisitos de capital según lo especificado en el anexo I de la Directiva 2006/49/CE.».

(7) En el artículo 75, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) respecto de todas sus actividades, para el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidación y el riesgo sobre materias primas, las exigencias de capital determinadas con arreglo al artículo 18 de la Directiva 2006/49/CE;».

(8) En el artículo 101, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las siguientes entidades no prestarán apoyo a la titulización por encima de sus obligaciones contractuales a fin de reducir las pérdidas potenciales o reales para los inversores:

a) toda entidad de crédito originadora en la que, con respecto a una titulización, concurran las siguientes circunstancias:

i) que haya hecho uso de lo previsto en el artículo 95 al calcular los importes de las exposiciones ponderadas por riesgo;

ii) que haya vendido instrumentos de su cartera de negociación a una SSPE, de tal modo que ya no disponga de capital frente al riesgo específico de dichos instrumentos;

b) las entidades de crédito espónsor.».

(9) Tras el artículo 122 bis, se añade el artículo 122 ter siguiente:

«Artículo 122 ter

1. No obstante las ponderaciones de riesgo de las posiciones de retitulización generales previstas en la parte 4 del anexo IX, las autoridades competentes exigirán que las entidades de crédito apliquen una ponderación de riesgo del 1 250 % a las posiciones en retitulizaciones de alta complejidad, salvo que la entidad de crédito demuestre a la autoridad competente, en relación con cada una de tales posiciones de retitulización, que ha cumplido los requisitos establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 122 bis.

2. El apartado 1 será de aplicación a las posiciones en nuevas retitulizaciones emitidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2010. En lo que respecta a las posiciones en retitulizaciones ya existentes, el apartado 1 será de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2014, en el caso de que, con posterioridad a esa fecha, nuevas exposiciones subyacentes se añadan a las anteriores o las sustituyan.».

En el artículo 136, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«A efectos de la determinación del nivel adecuado de fondos propios en el proceso de supervisión llevado a cabo de conformidad con el artículo 124, las autoridades competentes evaluarán si es preciso imponer una exigencia específica de fondos propios, por encima del nivel mínimo, a fin de cubrir riesgos a los que pueda estar expuesta una entidad de crédito, atendiendo a lo siguiente:

a) los aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación del capital interno de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 123;

b) los sistemas, procedimientos y mecanismos de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 22;

c) los resultados del proceso de supervisión llevado a cabo de conformidad con el artículo 124.».

(10) En el artículo 145, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Las entidades del crédito adoptarán una política formal con vistas a cumplir los requisitos sobre divulgación establecidos en los apartados 1 y 2 y dispondrán de políticas que permitan evaluar la adecuación de su divulgación de datos, incluidas su verificación y frecuencia. Las entidades de crédito contarán, asimismo, con una política para evaluar si los datos por ellas divulgados transmiten a los participantes en el mercado una imagen completa de su perfil de riesgo.

En el supuesto de que los datos divulgados no transmitan una imagen completa del perfil de riesgo a los participantes en el mercado, las entidades de crédito harán pública la información necesaria, además de la exigida conforme al apartado 1. No obstante, únicamente tendrán la obligación de divulgar información que resulte significativa y que no sea reservada ni confidencial con arreglo a los criterios técnicos establecidos en la parte 1 del anexo XII.».

(11) Se modifican los anexos según lo establecido en el anexo I de la presente Directiva.

Artículo 2

La Directiva 2006/49/CE queda modificada como sigue:

(1) En el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, se añade la letra t) siguiente:

«t) “posición en una titulización” y “posición en una retitulización”, una posición en una titulización y una posición en una retitulización tal como se definen en la Directiva 2006/48/CE.».

(2) En el artículo 17, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Cuando una entidad calcule los importes de las exposiciones ponderadas por riesgo a efectos del anexo II de la presente Directiva con arreglo a las disposiciones de los artículos 84 a 89 de la Directiva 2006/48/CE, a efectos del cálculo previsto en el punto 36 de la parte 1 del anexo VII de la Directiva 2006/48/CE será entonces de aplicación lo siguiente:».

(3) En el artículo 18, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) las exigencias de capital calculadas con arreglo a los métodos y opciones establecidos en los artículos 28 a 32 y en los anexos I, II y VI y, cuando proceda, en el anexo V, en lo que respecta a su cartera de negociación, y en los puntos 1 a 4 del anexo II en lo que respecta a su cartera de inversión;».

(4) Se modifican los anexos según lo establecido en el anexo II de la presente Directiva.

Artículo 3

Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2010. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 5

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Los anexos V, VI, IX y XII de la Directiva 2006/48/CE quedan modificados como sigue:

(1) En el anexo V, se añade la sección 11 siguiente:

«11. POLÍTICA REMUNERATIVA

22. Al fijar y aplicar la política remunerativa de aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, las entidades de crédito se atendrán a los principios que, a continuación, se indican de manera acorde con su tamaño y organización interna y con la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades.

a) la política remunerativa será compatible con una gestión sana y eficaz del riesgo, promoverá este tipo de gestión y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por la entidad de crédito;

b) la política remunerativa será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad de crédito;

c) los principios generales de la política remunerativa los fijará el órgano de dirección (función supervisora) de la entidad de crédito, que será también responsable de su aplicación;

d) al menos una vez al año, se hará una evaluación interna central e independiente de la aplicación de la política remunerativa, al objeto de verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración fijados por el órgano de dirección (función supervisora);

e) cuando la remuneración esté vinculada a los resultados, su importe total se basará en una evaluación en la que se combinen los resultados del individuo y de la unidad de negocio afectada y los resultados globales de la entidad financiera.

f) en la remuneración total, los componentes fijos y los componentes variables estarán debidamente equilibrados; el componente fijo constituirá una parte suficientemente elevada de la remuneración total, de modo que la política de incentivos pueda ser plenamente flexible, a tal punto que sea posible no pagar incentivos;

g) los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se establecerán de forma que no recompensen los malos resultados;

h) al evaluar los resultados con vistas a calcular los incentivos o los fondos para incentivos se efectuará un ajuste por riesgos corrientes y futuros, y se tendrá en cuenta el coste del capital y la liquidez necesaria;

i) en el caso de incentivos importantes, una parte sustancial del pago se diferirá durante un período apropiado y se vinculará a los resultados futuros de la empresa.».

(2) El anexo VI, parte 1, queda modificado como sigue:

(a) El punto 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 9, 10 y 11, las exposiciones frente a administraciones regionales y autoridades locales se ponderarán por riesgo de la misma manera que las exposiciones frente a entidades, con sujeción a lo dispuesto en el punto 11 bis. Este tratamiento será independiente del ejercicio de la discrecionalidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 80. No se aplicará el trato preferente aplicable a las exposiciones a corto plazo especificadas en los puntos 31, 32 y 37.».

(b) Se inserta el punto 11 bis siguiente:

«11 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 9, 10 y 11, se asignará una ponderación de riesgo del 20% a las exposiciones frente a las administraciones regionales y las autoridades locales de los Estados miembros denominadas y financiadas en la divisa nacional de esas administraciones regionales o autoridades locales.».

(3) El anexo IX se modifica como sigue:

(a) En la parte 3, punto 1, se añade la letra c) siguiente:

«c) Las calificaciones crediticias no se basarán ni total ni parcialmente en garantías personales aportadas por la propia entidad de crédito.».

(b) La parte 4 queda modificada como sigue:

i) En el punto 5, se añade la frase siguiente:

«Cuando, con respecto a una posición en pagarés de titulización, no sea posible utilizar una calificación crediticia de una ECAI designada, como consecuencia del requisito previsto en la letra c) del punto 1 de la parte 3, la entidad de crédito podrá utilizar la ponderación de riesgo asignada a una línea de liquidez para calcular el importe de la exposición en pagarés, ponderada por riesgo, si la posición en pagarés de un programa ABCP y la línea de liquidez se solapan.».

ii) El punto 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 8, la exposición ponderada por riesgo de una posición de titulización o retitulización, con calificación crediticia, se calculará aplicando al valor de exposición la ponderación de riesgo asociada con el grado de calidad crediticia con el cual las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 98, hayan determinado que debe asociarse la calificación crediticia con arreglo al cuadro 1.».

iii) El cuadro 1 se sustituye por el cuadro siguiente:

Cuadro 1 |

Grado de calidad crediticia | 1 | 2 | 3 | 4 (sólo para calificaciones crediticias que no sean a corto plazo) | Otros grados de calidad crediticia |

Posiciones de titulización | 20% | 50% | 100% | 350% | 1250% |

Posiciones de retitulización | 40% | 100% | 225% | 650% | 1250% |

|

iv) Se suprime el cuadro 2.

v) El punto 46 se sustituye por el texto siguiente:

«46. Con arreglo al método basado en calificaciones externas, el importe de la exposición ponderada por riesgo de una posición de titulización o retitulización, con calificación crediticia, se calculará aplicando al valor de exposición la ponderación de riesgo asociada con el grado de calidad crediticia con el que las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 98, hayan determinado que debe asociarse la calificación crediticia con arreglo al cuadro 4, multiplicado por 1,06.».

vi) El cuadro 4 se sustituye por el texto siguiente:

Cuadro 4: |

Grado de calidad crediticia | Posiciones de titulización | Posiciones de retitulización |

Calificación crediticia distinta de a corto plazo | Calificación a corto plazo | A | B | C | D | E |

1 | 1 | 7% | 12% | 20% | 20% | 30% |

2 | | 8% | 15% | 25% | 25% | 40% |

3 | | 10% | 18% | 35% | 35% | 50% |

4 | 2 | 12% | 20% | | 40% | 65% |

5 | | 20% | 35% | | 60% | 100% |

6 | | 35% | 50% | 100% | 150% |

7 | 3 | 60% | 75% | 150% | 225% |

8 | | 100% | 200% | 350% |

9 | | 250% | 300% | 500% |

10 | | 425% | 500% | 650% |

11 | | 650% | 750% | 850% |

Restantes grados y posiciones sin calificación | 1250% |

|

vii) El punto 47 se sustituye por el texto siguiente:

«47. Se aplicarán las ponderaciones de la columna C del cuadro 4 cuando la posición de titulización no sea una posición de retitulización y siempre que el número de exposiciones titulizadas sea inferior a seis. En las restantes posiciones de titulización que no sean posiciones de retitulización, se aplicarán las ponderaciones de la columna B, salvo si la posición se sitúa en el tramo de mayor prelación de una titulización, en cuyo caso se aplicarán las ponderaciones de la columna A. En las posiciones de retitulización se aplicarán las ponderaciones de la columna E, salvo si la posición se sitúa en el tramo de mayor prelación de la retitulización y ninguna de las exposiciones subyacentes es, a su vez, una exposición frente a una retitulización, en cuyo caso se aplicarían las ponderaciones de la columna D. Para determinar si un tramo es el de mayor prelación, no será preciso tener en cuenta los importes adeudados por contratos de derivados sobre tipos de interés o divisas, las comisiones adeudadas u otros pagos similares.».

viii) Se suprime el punto 48.

ix) El punto 49 se sustituye por el siguiente texto:

«49. Para calcular el número efectivo de exposiciones titulizadas, las exposiciones múltiples frente a un deudor deberán tratarse como una única exposición. El número efectivo de exposiciones se calculará del siguiente modo:

(...PICT...)

siendo EADi la suma de los valores de exposición de todas las exposiciones frente al deudor iº. Si se conoce la proporción de la cartera asociada a la exposición más cuantiosa, C1, la entidad de crédito podrá computar N como 1/C1.».

x) Se suprime el punto 50.

xi) El punto 52 se sustituye por el texto siguiente:

«52. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 58 y 59, con arreglo al Método basado en la fórmula supervisora, la ponderación de riesgo para una posición de titulización será la que debe aplicarse de conformidad con el punto 53. No obstante, la ponderación de riesgo será como mínimo del 20 % en las posiciones de retitulización y como mínimo del 7 % en todas las demás posiciones de titulización.».

xii) En el punto 53, el párrafo sexto se sustituye por el texto siguiente:

«N es el número efectivo de exposiciones calculadas de conformidad con el punto 49. En el caso de una retitulización, la entidad de crédito deberá considerar el número de exposiciones de titulización incluidas en el pool de exposiciones y no el número de exposiciones subyacentes incluidas en los pools de exposiciones originales de los que proceden las exposiciones de titulización subyacentes.».

(4) El anexo XII, parte 2, se modifica como sigue:

a) Los puntos 9 y 10 se sustituyen por el texto siguiente:

«9. Las entidades de crédito que calculen sus exigencias de capital de conformidad con las letras b) y c) del artículo 75 divulgarán por separado estas exigencias para cada riesgo mencionado en dichas disposiciones. Además, la exigencia de capital para el riesgo de tipo de interés específico de posiciones de titulización se divulgará por separado.

10. Toda entidad de crédito que calcule sus exigencias de capital de conformidad con el anexo V de la Directiva 2006/49/CE divulgará la siguiente información:

a) para cada subcartera cubierta:

i) las características de los modelos utilizados;

ii) en relación con la exigencia de capital para el riesgo incremental, los métodos utilizados y los riesgos calculados mediante el uso de un modelo interno, con descripción del método aplicado por la entidad de crédito para determinar los horizontes de liquidez, los métodos utilizados para lograr que el cálculo del capital sea coherente con el preceptivo criterio de solidez y los métodos seguidos para validar el modelo;

iii) una descripción de las pruebas de tensión aplicadas a la subcartera;

iv) una descripción de los métodos utilizados para realizar el back-testing y validar la fiabilidad y coherencia de los modelos internos y de los procesos de modelización;

b) el grado de aceptación por parte de la autoridad competente;

c) la descripción de los niveles de cumplimiento de los criterios establecidos en la parte B del anexo VII de la Directiva 2006/49/CE, y los métodos aplicados;

d) el importe máximo, mínimo y medio correspondiente a:

i) el valor en riesgo diario durante el periodo de referencia y al final de éste;

ii) el valor en riesgo en situación de tensión durante el periodo de referencia y al final de éste;

iii) la exigencia de capital frente al riesgo incremental durante el periodo de referencia y al final de éste;

e) el importe del capital por riesgo incremental, junto con el horizonte de liquidez medio ponderado para cada subcartera cubierta;

f) una comparación del valor en riesgo diario al cierre de la jornada con las variaciones de un día del valor de la cartera al término del siguiente día hábil, junto con un análisis de todo exceso importante durante el período de referencia.».

b) El punto 14 se sustituye por el texto siguiente:

«14. Las entidades de crédito que calculen las exposiciones ponderadas por riesgo de conformidad con los artículos 94 a 101, o las exigencias de capital de conformidad con el punto 16 bis del anexo I de la Directiva 2006/49/CE divulgarán la siguiente información, por separado, en su caso, para la cartera de negociación y la cartera de inversión:

a) una descripción de los objetivos de la entidad de crédito en relación con la actividad de titulización;

b) la naturaleza de otros riesgos, incluido el riesgo de liquidez inherente a los activos titulizados;

c) el tipo de riesgos en términos de prelación de las posiciones de titulización subyacentes y en términos de los activos subyacentes de estas posiciones de titulización asumidas y conservadas con la actividad de retitulización;

d) las diferentes funciones desempeñadas por la entidad de crédito en el proceso de titulización;

e) el grado de implicación de la entidad de crédito en cada una de ellas;

f) una descripción de los procesos aplicados para vigilar las variaciones del riesgo de crédito y de mercado de las exposiciones de titulización, especificando cómo incide el comportamiento de los activos subyacentes en las exposiciones de titulización, y una descripción de cómo difieren estos procesos en el caso de las exposiciones de retitulización;

g) una descripción de la política que aplica la entidad de crédito con respecto al uso de garantías personales y de cobertura para mitigar los riesgos de las exposiciones de titulización y de retitulización conservadas, con identificación de las contrapartes de cobertura significativas, por tipo de exposición pertinente;

h) los métodos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo que aplique la entidad de crédito en sus actividades de titulización, especificando los tipos de exposiciones de titulización a los que se aplica cada método;

i) los tipos de entidades especializadas en titulizaciones (SSPE) que la entidad de crédito, en calidad de espónsor, utiliza para titulizar las exposiciones frente a terceros, especificando si la entidad de crédito tiene o no exposiciones frente a estas SSPE, tanto dentro como fuera de balance, y, en caso afirmativo, el alcance de las mismas, y la forma que revisten;

j) un resumen de la política contable que la entidad de crédito aplica a sus actividades de titulización, especificando:

i) si las operaciones se consideran ventas o financiaciones;

ii) el reconocimiento de los beneficios sobre las ventas;

iii) los métodos, hipótesis y datos fundamentales utilizados para valorar las posiciones titulizadas;

iv) el tratamiento de las titulizaciones sintéticas si no queda contemplado en otras políticas contables;

v) de qué modo se valoran los activos pendientes de titulización y si se registran en la cartera de negociación de la entidad de crédito o en su cartera de inversión;

vi) los criterios para el reconocimiento de los pasivos en el balance en las operaciones que puedan obligar a la entidad de crédito a aportar respaldo financiero para los activos titulizados;

k) los nombres de las ECAI empleadas en las titulizaciones y los tipos de exposiciones para los que se emplea cada agencia;

l) en su caso, una descripción del método de evaluación interna que figura en la parte 4 del anexo IX, especificando la estructura del proceso de evaluación interna y la relación entre la evaluación interna y las calificaciones externas, el uso de la evaluación interna para otros fines que no sean el cálculo del capital conforme al método de evaluación interna, los mecanismos de control del proceso de evaluación interna, con referencia a la independencia, la rendición de cuentas y el análisis del proceso de evaluación interna, el tipo de exposiciones a las que se aplica este proceso y los factores de tensión utilizados para determinar los niveles de mejora crediticia, por tipo de exposición;

m) una explicación de los cambios significativos de cualquiera de los datos cuantitativos a que se refieren los puntos i) a l) habidos desde el último período de referencia;

n) por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, y desglosada por tipo de exposición, la siguiente información:

i) el importe total de las exposiciones vivas titulizadas por la entidad de crédito, por separado para las titulizaciones tradicionales y las sintéticas y las titulizaciones en las que la entidad de crédito actúa sólo como espónsor;

ii) el importe agregado de las exposiciones de titulización conservadas o adquiridas e incluidas en el balance, y las exposiciones de titulización no incluidas en el balance;

iii) el importe agregado de los activos pendientes de titulización;

iv) para las líneas de crédito titulizadas y sujetas al tratamiento de amortización anticipada, el importe agregado de las exposiciones por líneas utilizadas correspondientes a las posiciones del vendedor y de los inversores, las exigencias de capital agregadas de la entidad para cobertura de sus posiciones conservadas (como vendedor) en los saldos utilizados y en las líneas no utilizadas y las exigencias de capital agregadas de la entidad para cobertura frente a las posiciones del inversor en los saldos utilizados y las líneas no utilizadas .

v) el importe de las exposiciones de titulización que se deducen de los fondos propios o cuya ponderación de riesgo es del 1 250 %;

vi) un resumen de la actividad de titulización del ejercicio en curso, especificando el importe de las exposiciones titulizadas y las ganancias o pérdidas sobre las ventas reconocidas;

o) por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, la siguiente información:

i) el importe agregado de las exposiciones de titulización conservadas o adquiridas y las correspondientes exigencias de capital, desglosado por exposiciones de titulización y de retitulización, y subdesglosado en un número significativo de grados de ponderación de riesgo o de exigencias de capital, para cada método de cálculo de los requisitos de capital utilizado;

ii) el importe agregado de las exposiciones de retitulización conservadas o adquiridas, desglosado por exposición antes y después de cobertura o seguro y por exposición frente a los garantes financieros, con desglose por categorías de solvencia crediticia del garante o por nombre de garante;

p) en relación con la cartera de inversión y por lo que atañe a las exposiciones titulizadas por la entidad de crédito, el importe de los activos titulizados deteriorados o en situación de mora y las pérdidas reconocidas por la entidad de crédito durante el periodo en curso, en ambos casos desglosado por tipo de exposición;

q) en relación con la cartera de negociación, el importe total de las exposiciones vivas titulizadas por la entidad de crédito y sujetas a exigencia de capital por riesgo de mercado, desglosado por titulizaciones tradicionales y sintéticas, y por tipo de exposición.».

c) Se añade el siguiente punto 15:

«15. En relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, la entidad de crédito facilitará la siguiente información sobre su política y sus prácticas de remuneración:

a) información sobre el proceso decisorio seguido para establecer la política remunerativa, aportando, en su caso, información sobre la composición y el mandato de un comité de remuneración, el nombre del consultor externo a cuyos servicios se haya recurrido para establecer dicha política, y el papel desempeñado por los interesados;

b) información sobre la conexión entre la remuneración y los resultados;

c) información sobre los criterios aplicados en la evaluación de los resultados y su ajuste en función del riesgo;

d) información sobre los criterios en materia de resultados en que se basa el derecho a acciones, opciones o a los componentes variables de la remuneración;

e) los principales parámetros y la motivación de los posibles planes de incentivos y otras ventajas no pecuniarias.»

ANEXO II

Los anexos I, II, V y VII de la Directiva 2006/49/CE quedan modificados como sigue:

(1) El anexo I se modifica como sigue:

a) El punto 14 se modifica como sigue:

i) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«14. La entidad asignará sus posiciones netas de la cartera de negociación en instrumentos que no sean posiciones de titulización, calculadas como se indica en el punto 1 a las oportunas categorías que figuran en el cuadro 1, con arreglo a su emisor/deudor, calificación crediticia externa o interna y vencimiento residual, y a continuación las multiplicará por las ponderaciones indicadas en dicho cuadro. La exigencia de capital frente al riesgo específico se calculará sumando las posiciones ponderadas que se deriven de la aplicación del presente punto y del punto 16 bis, con independencia de que éstas sean largas o cortas.»

ii) Se suprime el párrafo cuarto.

b) Se inserta el punto 16 bis siguiente:

«16 bis. La entidad calculará la exigencia de capital para sus posiciones netas de la cartera de negociación en instrumentos que sean posiciones de titulización del siguiente modo:

a) en relación con las posiciones de titulización que estarían sujetas al método estándar en lo que atañe al riesgo de crédito en la cartera de inversión de la misma entidad, el 8 % del importe de las exposiciones ponderadas por riesgo conforme al método estándar según figura en la parte 4 del anexo IX de la Directiva 2006/48/CE;

b) en relación con las posiciones de titulización que estarían sujetas al método basado en calificaciones internas en la cartera de inversión de la misma entidad, el 8 % del importe de las exposiciones ponderadas por riesgo conforme al método basado en calificaciones internas según figura en la parte 4 del anexo IX de la Directiva 2006/48/CE; El método basado en la fórmula supervisora sólo podrán utilizarlo previa autorización de las autoridades de supervisión las entidades que no sean entidades originadoras que puedan aplicarlo en relación con la misma posición de titulización de la cartera de inversión. En su caso, las estimaciones de la probabilidad de impago (PD) y pérdida en caso de impago (LGP), para su empleo en el método de la fórmula supervisora, se harán de conformidad con los artículos 84 a 89 de la Directiva 2006/48/CE o, previa autorización expresa de las autoridades de supervisión, basándose en un método que se ajuste a lo especificado en el punto 5 bis del anexo V;

c) No obstante lo dispuesto en las letras a) y b), en relación con las posiciones de retitulización que estarían sujetas a una ponderación de riesgo del 1 250 % según el apartado 1 del artículo 122 ter de la Directiva 2006/48/CE si pertenecieran a las carteras de inversión de las mismas entidades, el 8 % del importe de las exposiciones ponderadas por riesgo conforme a ese artículo.».

c) El punto 34 se sustituye por el texto siguiente:

«34. La entidad sumará todas sus posiciones largas netas y todas sus posiciones cortas netas con arreglo al punto 1. La exigencia de capital frente al riesgo específico se calculará multiplicando la posición global bruta por el 8 %.».

d) Se suprime el punto 35.

(2) En el anexo II, punto 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Sin embargo, en el caso de una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio, las entidades cuya exposición inherente a la permuta represente una posición larga en el subyacente podrán aplicar un factor del 0 % para el riesgo de crédito potencial futuro, a menos que dicha permuta esté sujeta a liquidación por insolvencia de la empresa cuyo riesgo inherente a la permuta represente una posición corta en el subyacente, aunque el subyacente no presente incumplimiento, en cuyo caso el importe del riesgo de crédito potencial futuro de la entidad se limitará al importe de las primas aún no abonadas por la empresa a la entidad.».

(3) El anexo V se modifica como sigue:

a) El punto 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente anexo, las autoridades competentes podrán autorizar que las entidades calculen sus exigencias de capital frente a los riesgos de posición, de tipo de cambio y/o sobre materias primas utilizando sus propios modelos internos de gestión de riesgos en lugar de los métodos descritos en los anexos I, III y IV, o en combinación con los mismos. En todos los casos, la utilización de modelos a los fines de supervisión del capital estará supeditada al reconocimiento expreso por la autoridad competente.».

b) En el punto 4, el párrafo segundo, se sustituye por el texto siguiente:

«Las autoridades competentes estudiarán la capacidad de la entidad para llevar a cabo el back-testing de los cambios reales e hipotéticos del valor de la cartera. La aplicación del back-testing a los cambios hipotéticos del valor de la cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la jornada y, suponiendo que las posiciones no cambian, su valor al cierre de la jornada siguiente. Las autoridades competentes exigirán que las entidades adopten las medidas adecuadas para mejorar sus procedimientos de back-testing cuando éstos se consideren defectuosos. Como mínimo, las autoridades competentes exigirán que las entidades efectúen el back-testing basado en resultados hipotéticos (esto es, en los cambios que se producirían en el valor de la cartera si las posiciones finales diarias se mantuvieran sin cambios).».

c) El punto 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. A efectos del cálculo de las exigencias de capital correspondientes al riesgo específico conexo a las posiciones en deuda negociable y en renta variable, las autoridades competentes reconocerán la utilización de un modelo interno de las entidades si, además de satisfacer las condiciones que se indican en los restantes puntos del presente anexo, dicho modelo cumple las siguientes condiciones:

a) explica la variación histórica del precio en la cartera de valores;

b) refleja la concentración en términos de volumen y cambios de composición de la cartera de valores;

c) es fiable en condiciones adversas;

d) es validado mediante un procedimiento de back-testing destinado a estimar si el riesgo específico se refleja correctamente. Si las autoridades competentes permiten que dichos procedimientos de back-testing se efectúen tomando como base subcarteras de valores pertinentes, éstas deberán seleccionarse de forma coherente;

e) refleja el riesgo de base asociado al nombre, es decir, las entidades deben demostrar que el modelo interno es sensible a diferencias idiosincráticas importantes entre posiciones similares pero no idénticas;

f) refleja el riesgo de evento.

El modelo interno de la entidad evaluará de forma prudente el riesgo que surja de posiciones menos líquidas y posiciones con transparencia de precios limitada en situaciones de mercado realistas. Además, el modelo interno cumplirá normas mínimas sobre los datos. Las aproximaciones serán debidamente prudentes y sólo podrán utilizarse cuando los datos disponibles sean insuficientes o no reflejen la verdadera volatilidad de una posición o cartera.

La entidad podrá excluir del cálculo de su exigencia de capital frente al riesgo específico realizado mediante un modelo interno aquellas posiciones para las que ya satisfaga una exigencia de capital por riesgos de posición conforme al punto 16 bis del anexo I.

A medida que evolucionan las técnicas y las buenas prácticas, las entidades deberán recurrir a esas nuevas técnicas y prácticas.».

d) Se insertan los puntos 5 bis a 5 undecies siguientes:

«5 bis. Las entidades sujetas a lo establecido en el punto 5 en conexión con los instrumentos de deuda negociable dispondrán de un método que les permita reflejar, en el cálculo de sus requisitos de capital, los riesgos de impago y de migración de las posiciones de su cartera de negociación incrementales con respecto a los riesgos que se desprendan de la evaluación del valor en riesgo según se especifica en el punto 5. Las entidades deberán demostrar que su método se atiene a criterios de solidez comparables a los del método establecido en los artículos 84 a 89 de la Directiva 2006/48/CE, partiendo de la hipótesis de un nivel constante de riesgo, y efectuando un ajuste cuando sea conveniente para reflejar el impacto de la liquidez, las concentraciones, la cobertura y la opcionalidad.

Ámbito de aplicación

5 ter. El método destinado a reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales se aplicará a todas las posiciones sujetas a exigencia de capital por riesgo específico de tipo de interés, pero no a aquellas otras que estén sujetas al tratamiento específico que figura en el punto 16 bis del anexo I. Previa autorización de las autoridades de supervisión, la entidad podrá incluir sistemáticamente todas las posiciones en renta variable cotizada y todas las posiciones en derivados que se basen en renta variable cotizada, siempre y cuando tal inclusión resulte coherente con la forma interna en que el banco calcula y gestiona el riesgo. Dicho método reflejará los efectos de las correlaciones entre los eventos de impago y los eventos de migración. No deberá reflejar los efectos de la diversificación entre los eventos de impago y de migración, por un lado, y otros factores de riesgo de mercado, por otro.

Parámetros

5 quater. El método utilizado para reflejar los riesgos incrementales deberá permitir calcular las pérdidas por impago y migración de las calificaciones internas o externas con un intervalo de confianza del 99,9 % y un horizonte de capital de un año.

Las hipótesis de correlación se sustentarán en el análisis de datos objetivos en un contexto conceptualmente sólido. El método utilizado para determinar los riesgos incrementales deberá reflejar adecuadamente las concentraciones de emisores. Habrán de quedar reflejadas también las concentraciones que puedan surgir en una misma clase de producto y entre varias clases de productos en condiciones de tensión.

El método se basará en la hipótesis de un nivel constante de riesgo durante el horizonte de capital de un año, de tal modo que ciertas posiciones o conjuntos de posiciones de la cartera de negociación que hayan registrado impago o migración durante su horizonte de liquidez se reequilibren al finalizar dicho horizonte de liquidez y se sitúen en el nivel de riesgo inicial. La entidad puede también optar, si lo desea, por utilizar sistemáticamente una hipótesis de posición constante durante un año.

5 quinquies. El horizonte de liquidez se fijará en función del tiempo necesario para vender la posición o dar cobertura a todos los riesgos de precio pertinentes importantes en un mercado en tensión, prestando especial atención al volumen de la posición. El horizonte de liquidez reflejará la práctica y la experiencia reales durante períodos de tensión tanto sistemática como idiosincrática. Se determinará a partir de hipótesis prudentes y será suficientemente largo, de modo que el acto de vender o dar cobertura, en sí mismo, no afecte significativamente al precio al que se ejecuten la venta o la cobertura.

El horizonte de liquidez apropiado para una posición o conjunto de posiciones no podrá ser inferior a tres meses.

Al determinar el horizonte de liquidez apropiado de una posición o conjunto de posiciones habrá de tenerse en cuenta la política interna que aplica la entidad en relación con los ajustes de valoración y la gestión de posiciones antiguas. Cuando una entidad determine los horizontes de liquidez para conjuntos de posiciones, en lugar de para posiciones individuales, los criterios para definir dichos conjuntos de posiciones se establecerán de modo que reflejen las diferencias de liquidez de forma significativa. Los horizontes de liquidez serán mayores para las posiciones concentradas, ya que el período necesario para liquidar tales posiciones es mayor. El horizonte de liquidez de un «almacén» (warehouse) de titulizaciones reflejará el tiempo necesario para crear, vender y titulizar los activos, o para cubrir los factores de riesgo importante en las condiciones de un mercado en tensión.

5 sexies. El método seguido por una entidad para reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales podrá tener en cuenta las coberturas. Las posiciones podrán compensarse si las posiciones largas y cortas se refieren a un mismo instrumento financiero. Los efectos de las coberturas o de la diversificación asociados a posiciones largas y cortas en diversos instrumentos o diferentes valores de un mismo deudor, así como a posiciones largas y cortas en valores de distintos emisores, sólo podrán reconocerse si se aplican modelos explícitos a las posiciones largas y cortas brutas en los diferentes instrumentos. Las entidades determinarán los efectos de los riesgos importantes que puedan surgir en el intervalo de tiempo entre el vencimiento de la cobertura y el horizonte de liquidez, así como las probabilidades de que las estrategias de cobertura conlleven riesgos de base significativos, por producto, grado de prelación dentro de la estructura de capital, calificaciones internas o externas, vencimiento, antigüedad y otras diferencias de los instrumentos. Las entidades reflejarán una cobertura sólo si ésta puede mantenerse aunque el deudor esté próximo a incurrir en un evento de crédito u de otro tipo.

En las posiciones de la cartera de negociación cubiertas mediante estrategias de cobertura dinámicas, el reequilibrado de la cobertura dentro del horizonte de liquidez de la posición cubierta podrá reconocerse siempre y cuando la entidad: 1) opte por modelizar el reequilibrado sistemáticamente para la totalidad del conjunto pertinente de posiciones de la cartera de negociación, ii) demuestre que tener en cuenta el reequilibrado de la cobertura redunda en una mejor evaluación del riesgo, y iii) demuestre que los mercados de los instrumentos que sirven de cobertura son suficientemente líquidos como para permitir ese reequilibrado incluso en períodos de tensión. La exigencia de capital reflejará todo posible riesgo residual que se derive de estrategias de cobertura dinámicas.

5 septies. El método utilizado para reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales deberá permitir determinar los efectos no lineales de las opciones, los derivados de crédito estructurados y otras posiciones que registran un comportamiento no lineal importante con respecto a las variaciones de los precios. La entidad tendrá también debidamente en cuenta la magnitud del riesgo de modelo inherente a la valoración y estimación de los riesgos de precios asociados con tales productos.

5 octies. El método utilizado para determinar los riesgos de impago y de migración incrementales se basará en datos objetivos.

Validación

5 nonies. Dentro del análisis independiente de su sistema de evaluación de riesgos y de la validación de sus modelos internos, según establece el presente anexo, y, en particular, en relación con el método de determinación de los riesgos de impago y de migración incrementales, las entidades:

i) verificarán que los modelos que aplican a las correlaciones y las variaciones de precios son adecuados para su cartera, incluidos los factores de riesgo sistemático elegidos y sus ponderaciones;

ii) realizarán una serie de pruebas de tensión, como un análisis de sensibilidad y de escenario, para evaluar la racionalidad cualitativa y cuantitativa del método, en particular por lo que atañe al riesgo de concentraciones. Estas pruebas no se limitarán a las series de hechos históricos;

iii) efectuarán una adecuada validación cuantitativa aplicando los pertinentes parámetros a sus modelos internos.

El método de determinación de los riesgos incrementales debe ser compatible con los métodos internos de gestión del riesgo utilizados por la entidad para determinar, evaluar y gestionar los riesgos de negociación.

Documentación

5 decies. Las entidades documentarán el método que empleen para reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales, de modo que sus hipótesis de correlación y demás hipótesis de modelización resulten transparentes para las autoridades competentes.

Métodos internos basados en parámetros diferentes

5 undecies. Si la entidad emplea un método para reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales que no se atiene a todos los requisitos establecidos en el presente punto, pero que es coherente con la metodología interna de la entidad para detectar, calcular y gestionar los riesgos, habrá de poder demostrar que el método por ella empleado genera una exigencia de capital, como mínimo, igual de elevada que si estuviera basada en un método totalmente conforme a los requisitos del presente punto. Las autoridades competentes controlarán que se cumpla lo dispuesto en la frase anterior al menos una vez al año. El Comité de Supervisores Bancarios Europeos hará un seguimiento de las diversas prácticas en este terreno y formulará directrices con vistas a garantizar condiciones equitativas de competencia.

Periodicidad del cálculo

5 duodecies. Las entidades aplicarán el método para reflejar los riesgos incrementales al menos semanalmente.».

e) El punto 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7. A efectos de lo previsto en las letras a) y b) del punto 10 ter, el resultado del cálculo que efectúe la propia entidad se multiplicará por un factor (m+) cómo mínimo de 3.».

f) En el punto 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«A efectos de lo previsto en las letras a) y b) del punto 10 ter, el factor de multiplicación (m+) se aumentará con un factor adicional comprendido entre 0 y 1, según lo establecido en el cuadro 1, en función del número de excesos durante los últimos 250 días hábiles que ponga de manifiesto el back-testing del cálculo del valor en riesgo realizado por la entidad, conforme a lo previsto en el punto 10. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que calculen los excesos de forma coherente sobre la base del back-testing aplicado a cambios hipotéticos del valor de la cartera. Por exceso se entenderá el cambio en un día del valor de la cartera que rebase el cálculo del correspondiente valor en riesgo de un día generado por el modelo de la entidad. A fin de determinar el factor adicional se evaluará el número de excesos trimestralmente por lo menos.».

g) Se suprime el punto 9.

h) El punto 10 se modifica como sigue:

i) La letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) horizonte de tenencia de diez días;».

ii) La letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) actualización mensual de datos.».

i) Se insertan los puntos 10 bis y 10 ter siguientes:

«10 bis. Con carácter adicional, cada entidad calculará un «valor en riesgo en situación de tensión» basándose en el cálculo del valor en riesgo, a diez días y con un intervalo de confianza de una cola del 99 %, de la cartera corriente, e integrando en el modelo de valor en riesgo datos históricos correspondientes a períodos de considerable tensión financiera que resulten pertinentes para la cartera de la entidad. La elección de esos datos históricos estará sujeta al control anual y la aprobación de las autoridades competentes. El Comité de Supervisores Bancarios Europeos hará un seguimiento de las diversas prácticas en este terreno y formulará directrices con vistas a garantizar su convergencia. Las entidades calcularán el valor en riesgo en situación de tensión al menos semanalmente.

10 ter. Cada entidad estará sujeta diariamente a una exigencia de capital equivalente a la suma de:

a) el mayor de los dos importes siguientes: 1) el valor en riesgo del día anterior, calculado con arreglo al punto 10 (VaRt-1); y 2) una media de las valoraciones diarias del valor en riesgo, con arreglo al punto 10, durante los sesenta días hábiles anteriores (VaRavg), multiplicada por el factor de multiplicación (m+);

más

b) el mayor de los dos importes siguientes: 1) el valor en riesgo en situación de tensión más reciente disponible con arreglo al punto 10 bis (sVaRt-1); y 2) una media de los valores en riesgo en situación de tensión, calculados en la forma y con la periodicidad especificadas en el punto 10 bis, durante los sesenta días hábiles anteriores (sVaRavg), multiplicada por el factor de multiplicación (m+);

más

c) la suma de sus posiciones ponderadas, con independencia de que sean largas o cortas, resultantes de la aplicación de lo previsto en el punto 16 bis del anexo I;

más

d) la valoración más reciente o, si fuera más elevada, la valoración media durante doce semanas de los riesgos de impago y de migración incrementales de la entidad, con arreglo a lo previsto en el punto 5 bis.».

j) En el punto 12, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«El modelo de cálculo de riesgos englobará un número suficiente de factores de riesgo, en función del volumen de actividad de la entidad en los distintos mercados. Cuando un factor de riesgo se incorpore al modelo de fijación de precios de la entidad, pero no al modelo de cálculo del riesgo, la entidad habrá de poder justificar esta omisión a satisfacción de las autoridades competentes. Además, el modelo de cálculo del riesgo deberá reflejar las no linealidades en relación con las opciones y demás productos, así como el riesgo de correlación y el riesgo de base. En el supuesto de que se utilicen aproximaciones para los factores de riesgo, deberá haberse demostrado la validez de tales aproximaciones en lo que respecta a la posición real mantenida. Asimismo, en lo que respecta a los diversos tipos de riesgo será de aplicación lo siguiente:».

(4) El anexo VII, parte B, se modifica como sigue:

a) En el punto 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) políticas y procedimientos documentados para el proceso de valoración, las cuales preverán responsabilidades claramente definidas con respecto a las áreas que participan en la valoración, las fuentes de información de mercado y el examen de su adecuación, directrices para el uso de datos no observables que reflejen las hipótesis de la entidad acerca de lo que los participantes del mercado utilizarían al determinar el precio de la posición, la frecuencia de la valoración independiente, la hora de los precios de cierre, procedimientos de ajuste de las valoraciones, y procedimientos de verificación a final del mes y de carácter puntual;».

b) El punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Siempre que sea posible, las entidades valorarán sus posiciones a precios de mercado. La valoración a precios de mercado consistirá en valorar, al menos diariamente, las posiciones a los precios de cierre del mercado obtenidos de fuentes independientes. A modo d