[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 30.11.2005

COM(2005) 608 final

2005/0246 (COD)

Aplicar el programa comunitario de LisboaPropuesta de

REGLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el Código aduanero comunitario

(Código aduanero modernizado)

(Presentada por la Comisión) {SEC(2005) 1543 }

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) CONTEXTO DE LA PROPUESTA |

Motivación y objetivos de la propuesta El actual Código aduanero comunitario, Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario, se ha quedado trasnochado. No se ha adecuado a los cambios radicales experimentados por el entorno en el que se desarrolla el comercio internacional, especialmente al incremento, rápido e irreversible, en el uso de la tecnología de la información y del intercambio de datos electrónicos, ni tampoco a la orientación cambiante de las actividades aduaneras. Ello compromete el funcionamiento eficaz del despacho de aduanas y los controles de riesgos en el mercado interior. Se debe tener en mente el programa de agilización del comercio en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, y las obligaciones derivadas de la necesidad de ocuparse, mediante el reforzamiento de los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad, de las amenazas a la seguridad que están surgiendo. La modernización del Código aduanero, mejorando los regímenes y procesos aduaneros y adaptando las reglas a las normas comunes para los sistemas de TI, permitirá: aplicar la iniciativa sobre los servicios de administración electrónica en el ámbito de las aduanas; cumplir en este terreno el compromiso con la Iniciativa «Legislar mejor», estipulando normas menos complejas y mejor estructuradas y reagrupando varios reglamentos; incrementar la competitividad de las empresas que operan dentro de la Comunidad o con ella, con el consiguiente crecimiento económico; mejorar la seguridad en la frontera exterior, tras la introducción y la gestión de normas comunes (incluidas las propias del análisis de riesgos) a través de un marco común para las TI reducir el riesgo de fraude instaurar una mayor coherencia con otras políticas comunitarias, como las relativas a la fiscalidad indirecta, agricultura, comercio, medio ambiente, sanidad y protección del consumidor; y hacer posible un proceso efectivo de toma de decisiones para la adopción de las disposiciones de aplicación, directrices y notas explicativas, y establecer disposiciones para que la Comisión solicite de una administración nacional que retire una decisión. Estos considerables cambios no pueden conseguirse mediante una continua modificación del actual Código aduanero, sino únicamente mediante una completa revisión, es decir, sustituyéndolo por un Código aduanero modernizado. |

Marco general La presente propuesta debe enmarcarse en la Estrategia de Lisboa renovada, que se propone hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar, en el que el conocimiento y la innovación dirijan el crecimiento y en el que las empresas de la UE se rijan por políticas que les permitan crear más empleo y de mayor calidad. Asimismo, la presente propuesta se desarrolló para lograr el objetivo de la Iniciativa sobre la administración electrónica, que permitirá a las empresas, recurriendo a las aduanas electrónicas, beneficiarse plenamente de las tecnologías modernas y la consiguiente agilización del comercio. Las propuestas de la Comisión de crear un entorno simple y sin papeles para las aduanas y el comercio fueron bienvenidas y respaldadas por la Resolución del Consejo de diciembre de 2003, que apoyó las propuestas de la Comisión referentes a la modernización de las normas y los regímenes aduaneros y la creación de un marco reglamentario favorable a la reforma de los procedimientos aduaneros enmarcándolos en un entorno informatizado. Desde su adopción en 1992 no se ha hecho una revisión general del actual Código, salvo unos cambios muy restringidos relativos a problemas muy concretos. Se siguen realizando los procedimientos a través de transacciones en papel, y, aunque el recurso a despachos de aduana por vía electrónica es ahora más la norma que la excepción, la legislación comunitaria no obliga a utilizar esos sistemas. Todavía no se puede hablar de un uso general en toda la Comunidad de aplicaciones de las TI para los despachos de aduana, si bien el nuevo sistema de tránsito informatizado (NSTI) ha demostrado claramente la viabilidad de esos sistemas y abre posibilidades para aplicaciones similares en otros regímenes aduaneros. El papel de las aduanas, además, se aleja hoy día de la simple percepción de derechos de aduana, que ha experimentado un retroceso considerable en los 20 últimos años, y se orienta hacia la aplicación de medidas no arancelarias, como, por ejemplo, las relacionadas con la seguridad, la lucha contra las mercancías falsificadas, el blanqueo de dinero y las drogas, y la aplicación de medidas relacionadas con la salud, la protección ambiental y de los consumidores, así como el cobro del IVA y de los impuestos especiales a la importación o la exención de estos gravámenes a la exportación. Hay que adaptar el Código aduanero comunitario para que no sólo se ajuste al entorno electrónico de las aduanas y el comercio, sino para que también lo regule. Además, los operadores económicos y las administraciones se han mostrado unánimes en cuanto a aprovechar la oportunidad que se les brinda de llevar a cabo una gran reforma de las normas aduaneras para hacerlas más sencillas y mejor estructuradas. Es muy necesario introducir cambios radicales en el Código, especialmente en una Comunidad ampliada y en un entorno comercial informatizado, para así proceder al cobro de los impuestos en el lugar adecuado, que es aquel en que esté radicado el comerciante (despacho de aduana centralizado). Es fundamental, al mismo tiempo, garantizar normas comunes, como, por ejemplo, las referentes al análisis de riesgos y las sanciones aduaneras. Estas últimas sólo pueden conseguirse mediante un marco comunitario común, para el cual la Comisión presentará próximamente una propuesta. También es necesario intensificar la coherencia con otras políticas comunitarias, tales como las relativas a la fiscalidad indirecta, las políticas agraria, comercial, medioambiental, sanitaria y la de protección de los consumidores. Ello requiere revisar la división de cometidos entre las aduanas fronterizas y las interiores. Si no se realizan cambios en el Código, las empresas que operan en Europa no podrán aprovechar plenamente las condiciones más actualizadas para llevar a cabo sus obligaciones en cuanto al comercio internacional, lo que afectará, en un medio cada vez más competitivo, a sus resultados. Los antiguos regímenes, procesos y demás normas aduaneras, que fueron creados para un entorno basado en el papel y no han sido actualizados, incrementarán el riesgo de fraude, pondrán en peligro la seguridad en la frontera exterior y debilitarán el papel de las aduanas como principal organismo en la protección y supervisión de las fronteras por lo que respecta a la circulación internacional de mercancías. |

Disposiciones existentes en el ámbito de la propuesta Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece el Código aduanero comunitario, y Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario. La propuesta y sus disposiciones de aplicación sustituirán a estos Reglamentos, junto con los siguientes Reglamentos y sus disposiciones de aplicación, que se incorporan al nuevo Código: Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, Reglamento (CEE) n° 3925/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la supresión de los controles y trámites aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes facturados de las personas que efectúen un vuelo intracomunitario, así como a los equipajes de las personas que efectúen una travesía marítima intracomunitaria, Reglamento (CE) nº 82/2001 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa en el comercio entre el territorio aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla, Reglamento (CE) n° 1207/2001 del Consejo, de 11 de junio de 2001, relativo al procedimiento destinado a facilitar la expedición de los certificados de circulación de mercancías EUR.1, la extensión de las declaraciones en factura y de los formularios EUR.2 y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales entre la Comunidad Europea y determinados países. |

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión Es coherente con la Estrategia de Lisboa renovada y con la Iniciativa relativa a la administración electrónica. |

CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |

Consulta de las partes interesadas |

Métodos, principales sectores de consulta y perfil general de los consultados Desde mayo de 2004 se están debatiendo con las administraciones aduaneras de los Estados miembros versiones intermedias del Código aduanero modernizado, en el Comité del Código aduanero, y con las federaciones profesionales europeas, en reuniones del Grupo de contacto relativo al comercio. Durante el verano de 2004 se organizó una consulta pública en Internet. Posteriormente, se tuvieron en cuenta los numerosos comentarios procedentes de distintos operadores económicos, los Estados miembros y terceros países en la redacción de una versión revisada, que fue presentada a las distintas partes interesadas en un importante seminario en Budapest, en abril de 2005. Además, se envió un cuestionario a las federaciones profesionales y a las administraciones aduaneras europeas, para que aportaran información sobre los costes y beneficios probables de la aplicación del Código aduanero modernizado. |

Síntesis de las respuestas recibidas y de la forma en que se han tenido en cuenta Aunque las reacciones a la propuesta de la Comisión recibidas con motivo de estas consultas y la conferencia de Budapest fueron muy favorables, en el momento de la redacción final de la propuesta se han tenido en cuenta algunos comentarios concretos. Se han cotejado las respuestas obtenidas al cuestionario de análisis de impacto en un análisis de impacto adjunto al presente proyecto de propuesta. |

Se organizó una consulta pública en Internet del 1 de julio al 15 de septiembre de 2004, sobre la cual la Comisión recibió 56 respuestas. Los resultados, incluidas las respuestas de la Comisión sobre la manera en que habían sido tenidos en cuenta los comentarios, pueden consultarse en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/CustomsCode_tables.pdf. |

Recogida y utilización de experiencia técnica |

No fue necesario recurrir a expertos exteriores. Evaluación de impacto Sin realizar más cambios jurídicos: acogiéndose a esta opción, seguiría aplicándose el Código aduanero comunitario actual, modificado recientemente aunque fue concebido en los años ochenta y entró en vigor en los años noventa. Seguirían considerándose como la norma las transacciones en soporte papel. Los procedimientos y procesos aduaneros seguirían siendo innecesariamente complejos y la normativa no reflejaría la realidad económica, haciendo cada vez más difícil, tanto para las administraciones aduaneras como para los operadores económicos, la aplicación de esta normativa ya superada en un entorno moderno. La modificación del Código aduanero en materia de seguridad que se ha publicado últimamente podría dar lugar a un aumento de los costes de cumplimiento con la normativa de cerca de 1 200 millones de euros, que podrían reducirse en parte por algunas iniciativas informáticas nacionales, así como a una subida anual de las inversiones de 50 a 60 millones de euros para que la Comisión y los Estados miembros realizaran las estructuras informáticas necesarias. Sin proceder a la reestructuración total de las operaciones aduaneras, los Estados miembros podrían también comprometerse a informatizar las normas y regímenes aduaneros dentro del marco jurídico en vigor y poner a punto sistemas aduaneros interoperativos, a la vez en el mismo Estado miembro y respecto de otros Estados miembros. Ello no permitiría, sin embargo, pasar a un entorno completamente electrónico, ya que los operadores económicos conservarían la posibilidad de recurrir a las declaraciones aduaneras en papel en lugar de en formato electrónico. Es probable, también, que la interoperatividad esté limitada a las administraciones aduaneras entre sí, ya que no hay obligación jurídica, en el Código aduanero, de establecer una «ventanilla única». La accesibilidad para los operadores económicos no evolucionaría más allá de la situación actual, caracterizada por interfaces no armonizados que existen sólo a escala nacional. Se podría alentar a los prestatarios de servicios y administraciones a crear puntos de acceso único, en los que los agentes podrían presentar sus declaraciones a las autoridades aduaneras competentes mediante el interfaz ya existente, lo que evitaría la multiplicación de inversiones costosas, pero los Estados miembros no estarían obligados jurídicamente a invertir en tales sistemas. Ello reduciría las posibilidades, para los agentes, de beneficiarse de algunas simplificaciones, como el despacho de aduana centralizado y la «ventanilla única», así como de acogerse a decisiones aplicadas a toda la Comunidad. Tendrían entonces que mantenerse las normas y regímenes nacionales, siempre que estén autorizadas por el Derecho comunitario, lo que cuestionaría el principio de condiciones iguales para las empresas comunitarias. Dicha normativa obstaculizaría también la elaboración de estrategias y procedimientos paneuropeos, como son los programas informáticos comunes. Las multinacionales tendrían que seguir recurriendo a los servicios de inspectores nacionales o establecer sucursales en todos los Estados miembros donde operen, aunque sean capaces de utilizar los regímenes aduaneros electrónicos. De esa manera se podrían reducir en cerca del 15 % los costes de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad previamente mencionados, pero podrían contraerse costes adicionales de alrededor de 40 a 50 millones de euros al año. Modernización del Código aduanero: conforme a esta opción, se establecerá un marco jurídico adecuado y ello simplificará enormemente las operaciones para ultimar la aduana electrónica. En este caso, la «aduana electrónica» significará una «mayor eficacia de la administración de aduanas», gracias a un nuevo diseño perfeccionado de los regímenes aduaneros para hacer una oferta de servicios coherente. Desde un punto de vista informático, se trata de una estrategia de escaso riesgo, ya que toda acción o toda inversión de gran amplitud, tanto a nivel comunitario como nacional, se sustenta sobre una base jurídica sólida. Esta opción tendría como efecto reducir la complejidad actual de la legislación, al tiempo que ofrece a los operadores económicos condiciones iguales. Permitiría también suprimir las restricciones aplicadas a los inspectores de aduanas y elaborar un portal de información aduanera, junto con sistemas aduaneros automatizados interoperativos y accesibles, puntos de acceso único, un «acceso único» y una «ventanilla única» para el control de las mercancías por la totalidad de las autoridades afectadas por la circulación de las mercancías que cruzarán las fronteras comunitarias. Esta opción no sólo reduciría significativamente el riesgo de fraude, sino que además facilitaría los intercambios comerciales, pudiendo realizarse plenamente los objetivos de modernización, racionalización y disponibilidad de un entorno plenamente electrónico para las aduanas y el comercio. Las empresas podrán beneficiarse de un programa de autorización muy mejorado, que facilite y simplifique aún más sus gestiones. Podrán así, en determinadas condiciones, recurrir al despacho de aduana centralizado, que les permite acudir a una sola aduana en la Unión Europea. La información será accesible más fácilmente, por medio de portales comunes de información aduanera, y podrán efectuarse la totalidad de las gestiones para las distintas administraciones competentes por medio de una «ventanilla única». El coste de la solución «mayor eficacia de la administración de aduanas» será obviamente superior al de la opción anterior y requerirá probablemente una inversión complementaria de 40 a 50 millones de euros al año hasta 2013 para el conjunto Comisión-Estado miembros. En cambio, los beneficios podrían alcanzar los 2 500 millones de euros al año cuando el sistema sea plenamente operativo, lo que no será antes de 2009. Se alcanzará el umbral de rentabilidad de esta opción en 2010. La Comisión realizó el análisis de impacto previsto en el programa de trabajo. Su informe puede consultarse en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/customs/index_fr.htm. |

ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |

Resumen de la acción propuesta Sustituir el Código aduanero comunitario actual y los Reglamentos asociados enumerados en el apartado 1 por un Código aduanero modernizado que racionalice los regímenes aduaneros y siente las bases a escala de la Unión Europea para unos regímenes de despacho de aduana accesibles e interoperativos. |

Fundamento jurídico Artículos 26, 95, 133 y 135 del Tratado CE. |

Principio de subsidiariedad No es aplicable, puesto que el ámbito de la propuesta es de la exclusiva competencia de la Comunidad. |

Principio de proporcionalidad La propuesta respeta el principio de proporcionalidad por las razones siguientes: |

El Código aduanero modernizado contenido en la propuesta ha sido concebido para ser lo más sencillo posible, a fin de hacer posible, conjuntamente con las disposiciones de aplicación, directrices y notas explicativas, su aplicación uniforme en toda la Comunidad. Una directiva no podría alcanzar el mismo objetivo. |

La simplificación de los regímenes es esencial para que funcione bien la transición hacia un entorno aduanero electrónico. Reducirá también la presión ejercida en las administraciones aduaneras y en los operadores económicos que, debido a las recientes modificaciones introducidas en el Código actual y por razones de seguridad, ya tuvieron que invertir en sistemas electrónicos. |

Elección de los instrumentos |

Instrumentos propuestos: Reglamento. |

Otros medios no serían convenientes por la siguiente razón: Habida cuenta de la competencia exclusiva conferida a la Comunidad en el ámbito del comercio exterior, solamente un Reglamento puede garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera. |

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA |

Los Estados miembros y los operadores económicos tendrán que invertir en regímenes de despacho de aduana accesibles e interoperativos. |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA |

Simplificación |

La propuesta prevé la simplificación de la legislación, la de los procedimientos administrativos para los poderes públicos (comunitarios o nacionales) y la de los procedimientos administrativos para las entidades del sector privado. |

El nuevo Código no sólo se caracteriza por una estructura simplificada y una terminología más coherente, con menos artículos y normas más sencillas, sino que adopta, además, un enfoque «orientado hacia el cliente» y recurre a definiciones comúnmente admitidas para las actividades de importación, exportación, circulación, almacenamiento, transformación o utilización de las mercancías. Asimismo, adopta un enfoque orientado hacia los procesos, sometiendo varios regímenes similares a normas comunes que dejan poco lugar a excepciones; algunos regímenes deben suprimirse y otros fusionarse o armonizarse, lo que reducirá el número de regímenes aduaneros de los 13 actuales a solamente 3 regímenes básicos (de importación, de exportación y regímenes especiales), dotados cada uno de normas coherentes, sobre todo por lo que se refiere a las autorizaciones, las garantías y la deuda aduanera. En consecuencia, se han modificado, integrado o transferido a disposiciones de aplicación más de dos tercios de los 258 artículos del Código actual. El presente Código modernizado, al que seguirán disposiciones de aplicación consolidadas y simplificadas, así como notas explicativas y directrices, permitirá mejorar y hacer más coherentes la interpretación y aplicación de la normativa aduanera por los Estados miembros, lo que beneficiará a los operadores económicos. |

La fusión o armonización de los regímenes tendrá como efecto reducir el número de expertos necesarios, con lo que disminuirá la formación y la programación para la aplicación de la normativa aduanera, y ello permitirá una mejor asignación de los recursos humanos a los ámbitos de riesgo, en pro de una mayor seguridad y de una reducción de las probabilidades de irregularidad. Las administraciones que están reduciendo personal o que ya lo han hecho podrán obtener ventajas de este enfoque. |

El hecho de que la estructura se haya simplificado y que las distintas disposiciones contengan multitud de elementos comunes facilitará el acceso a la normativa y reducirá los esfuerzos de programación dirigidos al cumplimiento de la normativa aduanera. Los operadores económicos se beneficiarán considerablemente de una interpretación y una aplicación mejores y más coherentes de la normativa aduanera. |

La propuesta se incluye en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión con la referencia 2004/TAXUD-015. |

Derogación de la legislación vigente La adopción de la propuesta dará lugar a la derogación de la legislación vigente. |

Explicación detallada de la propuesta TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES El nuevo texto incluye una declaración de objetivos que describe el papel y los objetivos de las administraciones aduaneras y en la que se precisa que la legislación aduanera incluye el arancel aduanero, omisión del anterior Código que requería corregirse. Se introduce el principio de las declaraciones electrónicas y del intercambio de datos electrónicos entre administraciones aduaneras, en cumplimiento escrupuloso de las disposiciones en materia de protección de datos, junto con un fundamento jurídico para el intercambio voluntario de más información entre los operadores económicos y las autoridades aduaneras. Se han cambiado las normas sobre los representantes y se han suprimido las antiguas restricciones, al no ser compatibles con un entorno electrónico y con los principios del mercado único. Esta revisión se ajusta también al enfoque general de conformidad con el cual se han retirado del Código todas las autorizaciones relativas a disposiciones nacionales especiales, excepto cuando éstas se refieren a la organización de los controles aduaneros. Se ha ampliado el marco del Programa relativo al «agente económico autorizado» que introdujo en el Código el Reglamento (CE) n° 648/2005 del Consejo. Las disposiciones del Código se atienen a la Carta de Derechos Fundamentales, que dispone que toda persona tiene derecho a ser oída antes de que se tome cualquier decisión que pueda afectarla negativamente, incluidas las decisiones sobre la recaudación a posteriori y el rechazo de las solicitudes de devolución o condonación. Se ha precisado que varias personas pueden pedir estar contempladas por una decisión y que estas decisiones son válidas en toda la Comunidad, excepto disposición en contra; y asimismo se ha aclarado que las normas relativas a las decisiones se aplican también en caso de que las autoridades aduaneras estén resolviendo un recurso. Asimismo, se ha introducido una disposición relativa al derecho de toda persona a ser escuchada antes de la adopción de una medida individual que le afectaría desfavorablemente. La propuesta prevé que los Estados miembros establecerán sanciones aduaneras efectivas, proporcionadas y disuasorias. Con objeto de reforzar la coherencia en todo el mercado interior, en una fase posterior se propondrá al Consejo y al Parlamento Europeo un marco común para la aplicación de sanciones administrativas a las infracciones de la normativa aduanera. La inserción de excepciones a los controles o trámites del presente capítulo permite derogar el Reglamento (CEE) n° 3925/91 del Consejo de 19 de diciembre de 1991. Todas las situaciones en las que las administraciones aduaneras pueden cobrar costes o exigir tasas aparecen reunidas en un solo artículo. Se han suprimido las tasas vinculadas a la concesión de la prórroga de pago. Las disposiciones relativas a las conversiones monetarias se han consolidado y armonizado con el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1182/71; ahora quedan por estipular las normas de desarrollo en las disposiciones de aplicación del Código aduanero (DAC). TÍTULO II ELEMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN O DE EXPORTACIÓN Y DEMÁS MEDIDAS PREVISTAS EN EL MARCO DE LOS INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS Las nuevas disposiciones se ajustan al artículo 3 del Acuerdo sobre las normas de origen celebrado en Marrakech en 1994, lo que permitirá, una vez acabada la armonización internacional, incluir las nuevas normas de origen en las disposiciones de aplicación del Código aduanero. Además, queda claro que las normas de origen no preferencial entran también en el marco de la aplicación de las medidas comunitarias que no son arancelarias ni comerciales. Todas las normas de origen autónomas aplicables en los regímenes preferenciales, incluidos los de Ceuta y Melilla, a excepción de las aplicables a los países y territorios de ultramar enumerados en el Anexo II del Tratado CE, deben también adoptarse según el procedimiento del Comité. Los artículos referentes a las cuestiones relativas al valor en aduana aparecen reunidos, con el fin de proporcionar una base jurídica general para la aprobación de las disposiciones de aplicación, y, en particular, de la aceptación, por la Unión Europea, de los compromisos y obligaciones derivados de la aplicación del acuerdo de la OMC sobre el Valor en Aduana, tales como las decisiones del Comité del Valor en Aduana de la OMC. TÍTULO III: DEUDA ADUANERA Y GARANTÍAS La modernización y simplificación de las normas relativas a la deuda aduanera exigen cambios importantes, en el sentido de decidir si el nacimiento de una deuda aduanera debe derivarse de circunstancias objetivas y no del mayor o menor grado de negligencia por parte del personal afectado. Estas modificaciones se ajustan al convenio de Kioto, que estipula la devolución de los derechos cuando se compruebe que ha habido un cobro excesivo a causa de un error cometido en su valoración (anexo general, capítulo 4, norma 18). Las sanciones administrativas constituyen la mejor respuesta a las infracciones de la normativa aduanera cuando las autoridades aduaneras estén en condiciones de comprobar que ha finalizado o se ha ultimado un régimen de acuerdo con la normativa aduanera. Con vistas a la propuesta de un nuevo reparto de las responsabilidades entre aduanas interiores y fronterizas, se propone que una deuda aduanera nazca generalmente en el lugar en que está establecido el titular de un régimen o de una autorización, salvo si dicho titular no está establecido en el territorio aduanero de la Comunidad o si ha cometido una infracción, en cuyo caso se aplican las normas residuales, como es el caso actualmente. El capítulo 4 del Anexo general del Convenio de Kioto deja la determinación de los factores, las condiciones y el plazo para el establecimiento de los derechos y gravámenes a la discreción de la legislación nacional o comunitaria, así que no hay por qué mantener las complejas normas que se aplican actualmente para la determinación de una deuda aduanera en el contexto de los regímenes de suspensión, zonas francas o depósitos francos. Las disposiciones del título III referentes a «la deuda aduanera y las garantías» presentan un enfoque equilibrado entre, por una parte, los intereses del comercio fundamentalmente mediante la posibilidad general de reducir el importe de la garantía en caso de deudas potenciales y la ampliación de los casos en los que puede extinguirse la deuda aduanera, y, por otra, la protección de los intereses financieros de la Comunidad y los Estados miembros que se ven reforzados por la ampliación del ámbito de aplicación de la garantía prevista para garantizar el pago de la deuda aduanera. El funcionamiento del mercado interior mejorará gracias a la armonización de medidas como, por ejemplo, las referentes a los plazos para comunicar el importe de la deuda aduanera, cuando los actos conducentes al nacimiento de la deuda puedan dar lugar a procedimientos judiciales penales, y las normas por las que se regula la solicitud de un interés de demora. TITULO IV: LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS AL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD El presente título incorpora las modificaciones del Código aduanero en materia de seguridad introducidas por el Reglamento (CE) n° 648/2005, e incorpora los cambios consolidándolos más, habida cuenta de la introducción generalizada de las declaraciones electrónicas, el intercambio electrónico de información entre las autoridades aduaneras, sobre todo el sistema de control de la importación (SCI), así como la creación de portales comunes y de unA ventanilla única. La exención de las zonas francas de la vigilancia aduanera constituía una laguna en el ámbito de la seguridad, a la que se ha puesto fin; ahora están incluidas en un régimen aduanero y en adelante serán objeto de controles aduaneros, tanto en el momento de la introducción de las mercancías como en el de la inscripción en los registros. Se han reformulado las normas sobre presentación previa de las mercancías, con el fin de definir claramente las obligaciones y la persona o personas encargadas de informar a las aduanas de la llegada de las mercancías y ponerlas a disposición de las aduanas con fines de control. Se suprimen los plazos para incluir las mercancías en un régimen aduanero, ya que el depósito temporal es en sí mismo un régimen especial. TÍTULO V: NORMAS GENERALES APLICABLES AL ESTATUTO ADUANERO Y A LOS REGÍMENES ADUANEROS Los principales cambios se refieren a la declaración electrónica, que se convierte en la declaración normal en aduana, y la armonización de las antiguas variantes de los procedimientos de declaración simplificada, incluido el procedimiento de domiciliación. Los principios fundamentales que regulaban la presunción del estatuto de mercancías comunitarias, y la pérdida del mismo, han sido transferidos al Código desde las DAC. Las normas de desarrollo seguirán figurando en las disposiciones de aplicación. Con algunas excepciones, por ejemplo los cuadernos TIR y ATA, en los que se exige una declaración en aduana, las declaraciones electrónicas se convierten en la norma. Aunque queda claro que en el futuro las zonas francas pasarán a ser un régimen aduanero, la actual dispensa de la obligación de presentar una declaración en aduana, en cambio, debe mantenerse. El acceso al sistema electrónico del declarante, si está autorizado, puede sustituir a la transmisión de la declaración electrónica. Los documentos justificativos pueden también presentarse en forma electrónica; los documentos no tienen necesariamente que «acompañar» a la declaración, con tal de que «estén a disposición de las autoridades aduaneras». De acuerdo con los principios del Convenio de Kioto, el nuevo Código prevé que la presentación, el registro y el control de la declaración de mercancías se hagan antes de la llegada de dichas mercancías, y que el lugar de presentación de la declaración pueda ser distinto del lugar en el que las mercancías se encuentran físicamente. Prevé también que el levante de las mercancías pueda efectuarse en un lugar diferente de aquel en el que ha sido aceptada la declaración en aduana, lo que, combinado con la fusión de la antigua declaración simplificada y el procedimiento de domiciliación, contribuye a la aplicación del «despacho de aduana centralizado». En este sistema, un agente económico habilitado puede presentar una declaración sumaria y/o una declaración en aduana en forma electrónica desde sus locales, independientemente de cual sea el Estado miembro a través del que las mercancías entran en la Comunidad o salen, lo que permite a las empresas efectuar todas sus transacciones relativas a la Unión Europea en una sola aduana. TÍTULO VI: DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA Y EXENCIÓN DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN Como el despacho a libre práctica es uno de los regímenes aduaneros más importantes, se juzga conveniente dedicarle un capítulo aparte, a pesar de su brevedad. El presente título trata también de las mercancías despachadas a libre práctica en condiciones especiales, a excepción de las incluidas en el régimen de los destinos especiales, que están regulados por el título VII (Regímenes especiales), e incorpora el fundamento jurídico para las disposiciones del antiguo Reglamento (CEE) n° 918/83 del Consejo, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, que se establecerán en las disposiciones de aplicación del Código aduanero. Ello constituye un planteamiento más transparente que enunciar algunas disposiciones en un Reglamento aparte del Consejo o del Parlamento. TÍTULO VII: REGÍMENES ESPECIALES Los regímenes de suspensión anteriores han sido armonizados y agrupados con otros regímenes aduaneros similares para constituir cuatro regímenes especiales: tránsito (externo e interno); depósito (depósito temporal, depósito aduanero y zonas francas); destino concreto (admisión temporal y destino final) y perfeccionamiento (perfeccionamiento activo y pasivo). Con esta armonización se ha podido fusionar el régimen de suspensión del perfeccionamiento activo con el régimen de perfeccionamiento bajo control aduanero y abandonar el sistema de reintegro del perfeccionamiento activo, dado que la intención de reexportar ya no es necesaria. Se regularán por normas comunes todos los regímenes especiales, como son los aplicables a la garantía, solicitud y autorización, y los referentes a la utilización de mercancías equivalentes, manteniéndose las normas especiales para un régimen individual sólo cuando se den circunstancias económicas debidamente justificadas. Se han incorporado algunas explicaciones acerca de la suspensión del IVA en la importación y de los impuestos sobre consumos específicos, de acuerdo con las disposiciones estipuladas en el artículo 7, apartado 3, y el artículo 10, apartado 3, de la Sexta Directiva IVA y en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE. Algunas normas particulares para los productos agrícolas aparecen enunciadas en la legislación agrícola, y no en las disposiciones de aplicación del Código aduanero, pero a partir de ahora ya no es necesario hacer referencia a estas normas especiales, ya que son directamente aplicables. TÍTULO VIII: SALIDA DE LAS MERCANCÍAS DEL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD Se realizan otras modificaciones en los requisitos para las declaraciones previas a la salida introducidos por el Reglamento n° 648/2005, teniendo en cuenta la generalización de las declaraciones electrónicas, el intercambio electrónico de información entre las autoridades aduaneras, en particular el sistema de control de la exportación (ECS), y la creación de portales comunes y ventanillas únicas. Asimismo, se adoptan disposiciones específicas para la reexportación de las mercancías no comunitarias que vayan a abandonar el territorio aduanero de la Comunidad, aunque éstas se someterán a las mismas normas que las de la exportación de mercancías comunitarias, excepto que se exigirá, en lugar de una declaración en aduana, una notificación de reexportación. Sólo se requerirán declaraciones sumarias en aquellos casos en que no es necesaria ni la declaración en aduana ni una notificación de reexportación, como en las operaciones de trasbordo y reexportación desde una zona franca o un depósito temporal en puertos, aeropuertos, etc. El presente título incluye también las disposiciones en materia de exportación y exención de los derechos de exportación en circunstancias especiales que, como ocurre con los derechos de importación, deben determinarse según el procedimiento del Comité y no por un Reglamento autónomo. A partir de ahora, las disposiciones relativas al régimen de perfeccionamiento pasivo están reguladas por el título VIII. Un nuevo artículo regula algunos casos de exportación temporal (por ejemplo, en el marco del cuaderno ATA), de los que se ocupan las disposiciones de aplicación del Código, pero sin basarse formalmente en el Código actual. TÍTULO IX - DISPOSICIONES FINALES El procedimiento del Comité (Comité Consultivo) se hace extensivo a la aprobación de las notas explicativas y directrices, que permitirá proceder a la sustitución general de las instrucciones nacionales para la interpretación de las normas aduaneras comunitarias. Con el fin de aumentar al máximo la eficacia del Comité del Código aduanero en los casos en los que deban adoptarse disposiciones de aplicación, se ha transformado este Comité de reglamentación en un Comité de gestión, y se ha reducido de tres meses a un mes el plazo necesario para que el Consejo apruebe las disposiciones de aplicación del Código aduanero. Los Reglamentos derogados mencionados anteriormente se incorporan al Código aduanero. La fecha de aplicabilidad del nuevo Código aduanero comunitario debe tener en cuenta la necesidad de modificar las actuales disposiciones de aplicación. Para ello habrá que contar alrededor de un año a partir del momento en el que pueda predecirse con certeza la fecha de la versión final del nuevo Código aduanero. Sólo en ese momento podrá fijarse definitivamente la fecha de aplicabilidad. |

ÍNDICE

CONSIDERANDOS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 25

Capítulo 1 : ÁMBITO DE LA NORMATIVA ADUANERA, MISIÓN DE LAS ADUANAS Y DEFINICIONES 25

Capítulo 2: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA ADUANERA 30

Sección 1: Suministro de información 30

Sección 2: Representación aduanera 34

Sección 3: Operador económico autorizado 35

Sección 4: Decisiones relativas a la aplicación de la normativa aduanera 37

Sección 5: Sanciones aduaneras 40

Sección 6: Recursos 41

Sección 7: Control de las mercancías 42

Sección 8: Conservación de documentos y datos. Tasas y costes 44

Capítulo 3: CONVERSION DE DIVISAS, PLAZOS Y SIMPLIFICACIÓN 45

TÍTULO II: BASES PARA LA APLICACIÓN AL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y DE OTRAS MEDIDAS 47

Capítulo 1 : ARANCEL ADUANERO COMÚN Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS 47

Capítulo 2 : ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS 48

Sección 1: Origen no preferencial 48

Sección 2: Origen preferencial 50

Capítulo 3: VALOR DE LAS MERCANCÍAS A EFECTOS ADUANEROS 50

TÍTULO III: DEUDA ADUANERA Y GARANTÍAS 54

Capítulo 1: NACIMIENTO DE UNA DEUDA ADUANERA 54

Sección 1: Disposiciones generales 54

Sección 2: Deuda aduanera de importación 54

Sección 3: Deuda aduanera de exportación 57

Sección 4: Disposiciones comunes a las deudas aduaneras nacidas en el momento de la importación y de la exportation 58

Capítulo 2: GARANTÍA DE UNA DEUDA ADUANERA POTENCIAL O EXISTENTE 61

Capítulo 3 : COBRO Y PAGO DE LOS DERECHOS Y DEVOLUCIÓN Y CONDONACIÓN DE LOS DERECHOS 65

Sección 1: Determinación, notificación al deudor y contracción del importe de los derechos 65

Sección 2: Plazos y regímenes para el pago de los derechos 69

Sección 3: Devolución y condonación de los derechos 72

Capítulo 4: EXTINCIÓN DE LA DEUDA ADUANERA 76

TÍTULO IV: LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS AL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD 79

Capítulo 1: MERCANCÍAS INTRODUCIDAS EN EL TERRITORIO ADUANERO 79

Capítulo 2: LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS 81

Sección 1: Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad 81

Sección 2: Presentación, descarga y examen de las mercancías 84

Sección 3: Formalidades posteriores a la presentación 85

Sección 4: Mercancías que han circulado al amparo de un régimen de tránsito 86

TÍTULO V: NORMAS GENERALES SOBRE EL ESTATUTO ADUANERO Y EL RÉGIMEN ADUANERO 87

Capítulo 1: ESTATUTO DE LAS MERCANCÍAS 87

Capítulo 2: DECLARACIÓN EN ADUANA 88

Sección 1: Disposiciones generales 89

Sección 2: Declaraciones estándar 89

Sección 3: Verificación 92

Sección 4: Levante 94

Capítulo 3: SIMPLIFICACIONES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES EN ADUANA 95

Sección 1: Declaraciones simplificadas 95

Sección 2: Otras simplificaciones 96

Capítulo 4: CESIÓN DE LAS MERCANCÍAS 97

TÍTULO VI: DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA Y EXENCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN 99

Capítulo 1: DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA 99

Capítulo 2: EXENCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN 99

Sección 1: Mercancías de retorno 99

Sección 2: Pesca marítima y productos extraídos del mar 101

Sección 3: Circunstancias especiales 102

TÍTULO VII: REGÍMENES ESPECIALES 103

Capítulo 1: DISPOSICIONES GENERALES 103

Capítulo 2: TRÁNSITO 108

Sección 1: Tránsito externo e interno 108

Sección 2: Tránsito comunitario 110

Capítulo 3: ALMACENAMIENTO 111

Sección 1: Disposiciones comunes 111

Sección 2: Depósito temporal 112

Sección 3: Depósito aduanero 113

Sección 4: Zonas francas 114

Capítulo 4: DESTINOS ESPECIALES 117

Sección 1: Admisión temporal 117

Sección 2: Destino final 119

Capítulo 5: TRANSFORMACIÓN 120

Sección 1: Disposiciones generales 120

Sección 2: Perfeccionamiento activo 120

Sección 3: Perfeccionamiento pasivo 122

TÍTULO VIII: SALIDA DE LAS MERCANCÍAS DEL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD 125

Capítulo 1: MERCANCÍAS SALIENTES DEL TERRITORIO ADUANERO 125

Capítulo 2: EXPORTACIÓN 127

Capítulo 3: EXENCIÓN DE LOS DERECHOS 129

TÍTULO IX: COMITÉ DEL CÓDIGO ADUANERO Y DISPOSICIONES FINALES 130

Capítulo 1: COMITÉ DEL CÓDIGO ADUANERO 130

Capítulo 2: DISPOSICIONES FINALES 131

ANEXO : 133

Tabla de correspondencias 1: Nuevo Reglamento > Reglamento (CEE) 2913/92 133

Tabla de correspondencias 2: Antiguo Reglamento (CEE) 2913/92 > Nuevo Reglamento 136

Tabla de correspondencias 3: Reglamento derogado > Nuevo Reglamento 139

2005/0246 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el Código aduanero comunitario

(Código aduanero modernizado)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 26, 95, 133 y 135,

Visto el Protocolo no 2 del Acta de adhesión de España y de Portugal, referente a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla, y, en particular, su artículo 9, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[2],

Actuando de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[3],

Considerando lo siguiente:

1. La Comunidad Europea se basa en una unión aduanera. En interés de los operadores económicos y de las autoridades aduaneras de la Comunidad, es aconsejable reunir la normativa aduanera actual en un Código aduanero comunitario (en lo sucesivo denominado el «Código»). Partiendo del concepto de un mercado interior, dicho Código debe contener las disposiciones y procedimientos generales necesarios para garantizar la aplicación de las medidas arancelarias y de las demás políticas comunes que se establezcan a nivel comunitario para regular -habida cuenta de los requisitos de esas políticas- el comercio de mercancías entre la Comunidad y los países y territorios situados fuera del territorio aduanero de ésta. Tal regulación debe hacerse sin perjuicio de las disposiciones particulares de otros ámbitos que puedan existir o establecerse en el marco, entre otros, de la normativa aplicable a la agricultura, el medio ambiente, la política comercial común, las estadísticas o los recursos propios. La normativa aduanera, además, debe ajustarse mejor a las disposiciones que regulan la recaudación, suspensión o reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de los impuestos especiales, sin por ello alterar el alcance de las normas fiscales vigentes.

2. De conformidad con la Comunicación de la Comisión que lleva por título «Protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha contra el fraude. Plan de Acción 2004-2005»[4], es oportuno adaptar el marco jurídico para la protección de esos intereses.

3. El Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario[5], se basó en la integración de los procedimientos aduaneros que se habían aplicado por separado en cada Estado miembro durante la década de los ochenta. Desde su adopción, dicho Reglamento ha sido modificado sustancialmente en repetidas ocasiones a fin de atender a necesidades concretas tales como la protección de la buena fe o la consideración de los requisitos de seguridad. Hoy, de nuevo, es preciso modificar el Código para responder a los importantes cambios legales que han tenido lugar en los últimos años a nivel tanto comunitario como internacional, entre ellos, la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la entrada en vigor del Acta de adhesión de 1 de mayo de 2004 o el Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (en lo sucesivo denominado «Convenio de Kioto»), Protocolo al que se adhirió la Comunidad por la Decisión 2003/231/CE del Consejo[6]. Ha llegado, además, el momento de racionalizar los procedimientos aduaneros en respuesta a una nueva realidad, a saber, el hecho de que los sistemas de declaración y de tratamiento electrónicos constituyan hoy la regla frente a los sistemas basados en la documentación en papel. Por todos estos motivos, no siendo suficiente ya la introducción de nuevas modificaciones en el Código, se impone la necesidad de proceder a su completa revisión.

4. La facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude exigen adoptar unos regímenes aduaneros y unos procedimientos simples, rápidos y uniformes. Por tanto, de conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas»[7], es oportuno simplificar la normativa aduanera para posibilitar el uso de las tecnologías e instrumentos modernos y para impulsar con más fuerza la aplicación uniforme de esa normativa, contribuyendo así a sentar las bases de unos procedimientos de despacho sencillos y eficaces. Los regímenes aduaneros deben fundirse o alinearse, y su número reducirse al que esté económicamente justificado, a fin de aumentar con ello la competitividad de las empresas.

5. La realización del mercado interior, la reducción de los obstáculos al comercio y a la inversión internacionales y la necesidad cada vez mayor de garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la Comunidad son factores, todos ellos, que han transformado el papel de las aduanas, haciendo de ellas un elemento fundamental del proceso de globalización y, a los efectos del seguimiento y gestión del comercio internacional, un importante catalizador de la competitividad de los países y de las empresas. La normativa aduanera debe, pues, reflejar la nueva realidad económica y la nueva función que han de desempeñar las aduanas.

6. Un factor esencial para garantizar la facilitación del comercio al tiempo que la efectividad de los controles aduaneros es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que reducen los costes de las empresas y los riesgos para la sociedad. Debe, por tanto, establecerse el principio jurídico de que todas las transacciones aduaneras y comerciales se tramiten electrónicamente y que los sistemas TIC utilizados para las operaciones aduaneras ofrezcan iguales facilidades a los operadores económicos de todos los Estados miembros.

7. Con el fin de facilitar los negocios, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de control de las mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad, es oportuno que, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, la información que suministren los operadores económicos sea intercambiada por las autoridades aduaneras y por los demás cuerpos u organismos que participen en ese control (por ejemplo, policía, guardia de fronteras o autoridades veterinarias y medioambientales); el objetivo es que el operador económico sólo tenga que presentar la información una vez («ventanilla única») y que las mercancías sean controladas por esas autoridades y esos organismos al mismo tiempo y en el mismo lugar («acceso único»).

8. Para facilitar también los negocios, es preciso que los operadores económicos estén facultados para nombrar a un representante en sus relaciones con las autoridades aduaneras.

9. Es preciso también que los operadores económicos rectos y fiables, en su calidad de «operadores económicos autorizados», puedan hacer el máximo uso de las formas simplificadas y, sin menoscabo de las necesidades de seguridad, beneficiarse de unos niveles de control aduanero más reducidos.

10. Es necesario sujetar a unas mismas disposiciones todas las decisiones y actos oficiales de las autoridades aduaneras que, enmarcándose en la normativa aduanera, tengan efectos jurídicos en una o más personas, incluidas las decisiones de información vinculante emitidas por dichas autoridades. Tales decisiones han de considerarse válidas en toda la Comunidad y deben poder ser anuladas, modificadas (salvo disposición en contrario) o revocadas si no se ajustan a la normativa aduanera o a sus disposiciones interpretativas.

11. De acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso que, además del derecho de recurso contra las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras, se reconozca a todas las personas el derecho a ser oídas antes de la adopción de una decisión que les afecte negativamente. Tal reconocimiento dentro del Código debe aplicarse también a los casos de recaudación posterior al despacho y a las decisiones en materia de reembolso o remisión de importes.

12. La racionalización de los regímenes aduaneros en el entorno electrónico actual exige que las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros compartan responsabilidades. Es necesario también que en todo el mercado interior se garantice un nivel adecuado de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas que, además de prevenir la comisión de infracciones graves contra las normas aduaneras, reduzcan el riesgo de fraude y las amenazas contra la seguridad y que protejan los intereses financieros de la Comunidad. Tal objetivo sólo puede alcanzarse con un marco comunitario común que, respetando plenamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, determine la jurisdicción competente para la imposición de sanciones y delimite el alcance de éstas.

13. Con el fin de garantizar un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, es preciso que esas autoridades gocen de amplios poderes de control y que los operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso.

14. Con objeto de minimizar los riesgos para la Comunidad y para sus ciudadanos y sus socios comerciales, la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados miembros debe basarse en un marco común de gestión de riesgos, provisto de un sistema electrónico para su aplicación. No obstante, el establecimiento de ese marco común a todos los Estados miembros no debe impedir a éstos sujetar las mercancías a controles aleatorios.

15. Deben determinarse, por otra parte, los factores que hayan de servir de base para aplicar al comercio de mercancías los derechos de importación y de exportación y otras medidas. Procede, asimismo, establecer disposiciones claras para la expedición de pruebas de origen en la Comunidad en caso de que las necesidades del comercio así lo requieran.

16. En el ámbito de las normas de origen preferencial, es oportuno, a fin de agilizar el proceso de toma de decisiones de la Comunidad, otorgar a la Comisión facultades para la adopción de esas normas en el caso de las mercancías que se beneficien de las medidas preferenciales aplicables al comercio entre el territorio aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla.

17. Para evitar dificultades en la determinación del marco jurídico en el que nazcan las deudas aduaneras de importación, es aconsejable agrupar todos los casos de nacimiento de esas deudas, salvo los derivados de la presentación de una declaración de despacho a libre práctica o de admisión temporal con exención parcial. La misma medida debe aplicarse también a las deudas aduaneras de exportación.

18. Teniendo en cuenta que el nuevo papel de las autoridades aduaneras requiere que las aduanas interiores y fronterizas cooperen y compartan responsabilidades, procede que en la mayoría de los casos la deuda aduanera nazca en el lugar donde el deudor se halle establecido, dado que la aduana competente en ese lugar puede supervisar mejor las actividades de aquél.

19. Además, de conformidad con el Convenio de Kioto, es pertinente prever un número reducido de casos en los que se imponga la cooperación administrativa entre dos o más Estados miembros para determinar el lugar de nacimiento de la deuda aduanera y recaudar los derechos.

20. En el caso de los regímenes especiales, deben establecerse disposiciones que permitan el uso para todos ellos de una sola garantía y la cobertura por ésta de varias transacciones (garantía global).

21. Con el fin de garantizar mejor la protección de los intereses financieros de la Comunidad y de los Estados miembros, la garantía debe cubrir las mercancías no declaradas o declaradas incorrectamente que formen parte del envío o de la declaración por los que se haya prestado. Con igual fin, es preciso que el compromiso del fiador cubra el importe de los derechos que corresponda pagar a raíz de controles realizados con posterioridad al levante.

22. Para salvaguardar esos mismos intereses financieros y para frenar las prácticas fraudulentas, es aconsejable establecer disposiciones que permitan una aplicación graduada de la garantía global. En caso de alto riesgo de fraude, debe poder prohibirse temporalmente el uso de esa garantía en función de la situación concreta de cada operador económico.

23. Es oportuno, por otra parte, tener en cuenta la buena fe de los operadores en el caso de las deudas aduaneras que nazcan por el incumplimiento de la normativa en la materia, así como minimizar las consecuencias de la negligencia del deudor.

24. Es necesario establecer el modo de determinar el estatuto de mercancías comunitarias y las circunstancias que causen su pérdida, así como la forma de decidir los casos en que ese estatuto no se vea alterado aunque las mercancías abandonen temporalmente el territorio aduanero de la Comunidad.

25. Procede garantizar que el levante de las mercancías se agilice en todos los casos en que los operadores económicos presenten por anticipado la información necesaria para efectuar controles de admisibilidad basados en el riesgo. Los controles fiscales y comerciales deben incumbir primordialmente a la aduana del lugar donde tenga sus locales el operador.

26. Es preciso que las disposiciones aplicables a las declaraciones en aduana se modernicen y racionalicen exigiendo, como regla general, la realización de éstas por medios electrónicos y estableciendo un solo tipo de declaración simplificada.

27. Dado que el Convenio de Kioto favorece no sólo que la declaración en aduana se presente, registre y controle antes de la llegada de las mercancías, sino también que el lugar donde se presente la declaración pueda disociarse de aquél en el que se encuentren físicamente las mercancías, es oportuno centralizar el despacho en el lugar donde el operador económico se halle establecido. En el marco de ese despacho centralizado, deben permitirse el uso de declaraciones simplificadas, el aplazamiento de la fecha de presentación de la declaración completa y de los demás documentos requeridos, la presentación de declaraciones periódicas y el aplazamiento de pagos.

28. Para contribuir a garantizar en toda la Comunidad unas condiciones de competencia neutras, es oportuno establecer a nivel comunitario la regulación, antes nacional, de los casos en que las autoridades aduaneras puedan disponer de las mercancías o proceder a su destrucción.

29. En el caso de los regímenes especiales (tránsito, depósito, destino especial y transformación), es pertinente establecer unas normas comunes y sencillas, complementadas con unas pocas específicas para cada uno de ellos, a fin de simplificar al operador la elección del régimen adecuado, así como de evitar errores y reducir el número de recaudaciones y reembolsos posteriores al levante de las mercancías.

30. Es necesario facilitar la concesión de autorizaciones que cubran varios regímenes especiales y conlleven una sola garantía y una sola aduana de vigilancia, así como establecer para estos casos normas sencillas que regulen el nacimiento de las deudas aduaneras. El principio básico aquí ha de ser que las mercancías incluidas en un régimen especial, o los productos resultantes de ellas, se valoren en el momento en que nazca la deuda aduanera. No obstante, cuando haya motivos económicos que así lo justifiquen, debe ser posible también valorar las mercancías en el momento en que se incluyan en el régimen especial. Estos principios han de aplicarse asimismo a las formas usuales de manipulación.

31. En vista de las mayores medidas de seguridad introducidas en el Código por el Reglamento (CE) no 648/2005, es preciso que la inclusión de mercancías en una zona franca pase a convertirse en un régimen aduanero y que tales mercancías se sujeten a controles aduaneros tanto de entrada como de registros.

32. En el caso de las mercancías que tengan un destino especial, debe establecerse un marco jurídico básico que regule los tres aspectos siguientes: la suspensión de los impuestos especiales prevista en la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales[8]; la aplicación del IVA a las importaciones con arreglo al artículo 7, apartado 3, y al artículo 10, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme[9]; y, por último, la aplicación de las medidas de política comercial.

33. Dado que el propósito de reexportar ha dejado de ser necesario, el régimen de suspensión del perfeccionamiento activo debe fundirse con el régimen de transformación bajo control aduanero, y el régimen de reintegro del perfeccionamiento activo ha de suprimirse. Este régimen único de perfeccionamiento activo debe cubrir también la destrucción, salvo cuando ésta sea efectuada por las aduanas o bajo vigilancia aduanera.

34. Es preciso, por otra parte, que las medidas de seguridad aplicables a las mercancías comunitarias que salen del territorio aduanero de la Comunidad afecten igualmente a la reexportación de mercancías no comunitarias. En esta materia deben aplicarse a todos los tipos de mercancías las mismas disposiciones básicas, con la posibilidad, sin embargo, de admitir excepciones en casos necesarios, entre ellos, el de las mercancías que sólo transiten por el territorio aduanero de la Comunidad.

35. Con objeto de garantizar un proceso eficaz de toma de decisiones y de asegurar la necesaria uniformidad, es oportuno racionalizar los mecanismos aplicables para la adopción de las medidas de aplicación, notas explicativas y directrices que sean necesarias, y de las decisiones de la Comisión que dispongan la retirada de decisiones tomadas por las autoridades aduaneras, así como para la preparación de posiciones comunes destinadas a los comités y grupos de trabajo o de expertos que se enmarquen en acuerdos internacionales relacionados con la normativa aduanera.

Mientras el procedimiento de gestión resulta más adecuado para la adopción de disposiciones de aplicación, el procedimiento consultivo lo es más para la adopción de directrices y notas explicativas.

36. Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de enero de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[10].

37. Es conveniente facultar a la Comisión para que adopte las disposiciones de aplicación necesarias en los casos en que la Comunidad acepte compromisos y obligaciones en el marco de acuerdos internacionales que requieran la adaptación de disposiciones del Código.

38. En aras de la transparencia, es preciso simplificar y racionalizar la normativa aduanera incorporando al Código cierto número de disposiciones que están contenidas actualmente en actos comunitarios autónomos.

Procede, pues, derogar, además del Reglamento (CEE) no 2913/92, los siguientes:

- Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras[11];

- Reglamento (CEE) nº 3925/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la supresión de los controles y formalidades aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes facturados de las personas que efectúen un vuelo intracomunitario, así como a los equipajes de las personas que efectúen una travesía marítima intracomunitaria[12];

- Reglamento (CE) n° 82/2001 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la definición de la noción de "productos originarios" y a los métodos de cooperación administrativa en el comercio entre el territorio aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla[13];

- Reglamento (CE) n° 1207/2001 del Consejo, de 11 de junio de 2001, relativo al procedimiento destinado a facilitar la expedición de los certificados de circulación de mercancías EUR.1, la extensión de las declaraciones en factura y de los formularios EUR.2 y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales entre la Comunidad Europea y determinados países[14].

- De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario, y oportuno para el eficaz funcionamiento de la unión aduanera como base fundamental del mercado interior, establecer las disposiciones y procedimientos aplicables a las mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad. De conformidad con el artículo 5, párrafo tercero, del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

ÁMBITO DE LA NORMATIVA ADUANERA, MISIÓN DE LAS ADUANAS Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece el Código aduanero comunitario, en lo sucesivo denominado el «Código», que contiene las disposiciones y procedimientos generales para el comercio de mercancías con entrada o salida del territorio aduanero de la Comunidad.

Sin perjuicio de la normativa aplicable a otros ámbitos relacionados con ese comercio, el Código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Comunidad.

Artículo 2

Misión de las autoridades aduaneras

Las autoridades aduaneras serán responsables de administrar el comercio internacional en las fronteras exteriores de la Comunidad, debiendo contribuir con sus tareas a la apertura del comercio, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de las políticas comunes de aquélla relacionadas con el comercio, así como a la consecución de la seguridad global de la cadena de suministros. En cumplimiento de esta misión, desempeñarán, entre otras, las funciones siguientes:

a) proteger los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados miembros;

b) proteger la Comunidad del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas;

c) garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades;

d) facilitar el comercio internacional.

Artículo 3

Territorio aduanero

1. El territorio aduanero de la Comunidad comprenderá los territorios siguientes, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo:

- el territorio del Reino de Bélgica;

- el territorio de la República Checa;

- el territorio del Reino de Dinamarca, salvo las Islas Feroe y Groenlandia;

- el territorio de la República Federal de Alemania, salvo la isla de Heligoland y el territorio de Buesingen (Tratado de 23 de noviembre de 1964 entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza);

- el territorio de la República de Estonia;

- el territorio de la República Helénica;

- el territorio del Reino de España, salvo Ceuta y Melilla;

- el territorio de la República Francesa, salvo Nueva Caledonia, Mayotte, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna y Polinesia Francesa;

- el territorio de Irlanda;

- el territorio de la República Italiana, salvo los municipios de Livigno y Campione d’Italia y las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio;

- el territorio de la República de Chipre, de acuerdo con las disposiciones de su Acta de adhesión;

- el territorio de la República de Letonia;

- el territorio de la República de Lituania;

- el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo;

- el territorio de la República de Hungría;

- el territorio de la República de Malta;

- el territorio europeo del Reino de los Países Bajos;

- el territorio de la República de Austria;

- el territorio de la República de Polonia;

- el territorio de la República Portuguesa;

- el territorio de la República de Eslovenia;

- el territorio de la República Eslovaca;

- el territorio de la República de Finlandia;

- el territorio del Reino de Suecia;

- el territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las islas anglonormandas y de la Isla de Man.

2. Habida cuenta de los convenios y tratados que les son aplicables, se considerarán parte integrante del territorio aduanero de la Comunidad los territorios situados fuera del territorio de los Estados miembros que se indican a continuación, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo:

a) FRANCIA

El territorio de Mónaco, tal y como se define en el Convenio aduanero firmado en París el 18 de mayo de 1963 ( Journal officiel de la République Française de 27 de septiembre de 1963, p. 8679).

b) CHIPRE

El territorio de las bases de Akrotiri y Dhekelia bajo soberanía del Reino Unido, tal y como se define en el Tratado sobre el establecimiento de la República de Chipre firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960 ( United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252 ).

3. Se podrán aplicar disposiciones de la normativa aduanera fuera del territorio aduanero de la Comunidad cuando así se prevea en normas específicas o en convenios internacionales.

Artículo 4

Definiciones

En el marco del presente Código, se entenderá por:

1) «autoridades aduaneras»: las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la normativa aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada por la legislación nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa normativa;

2) «normativa aduanera»: el cuerpo legal integrado por:

a) el Código y las disposiciones de aplicación de éste que se adopten a nivel comunitario y, en su caso, nacional;

b) el arancel aduanero comunitario;

c) los acuerdos internacionales que contengan disposiciones aduaneras aplicables en la Comunidad;

3) «persona»: las personas físicas o jurídicas, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por la normativa comunitaria o por las legislaciones nacionales;

4) «operador económico»: la persona que se dedique profesionalmente a la importación de mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad o a su exportación desde éste;

5) «riesgo»: la probabilidad de que se produzca un hecho que, afectando a la entrada, salida, tránsito, transferencia o destino final de las mercancías que se trasladen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros países o territorios situados fuera de aquél, o relacionándose con la presencia de mercancías que no tengan estatuto comunitario, conlleve cualquiera de los resultados siguientes:

a) impedir la correcta aplicación de disposiciones comunitarias o nacionales;

b) comprometer los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados miembros;

c) constituir una amenaza para la seguridad de la Comunidad y de sus ciudadanos, para la salud pública, la sanidad animal o la fitosanidad, para el medio ambiente o para los consumidores;

6) «controles aduaneros»: los actos específicos realizados por las autoridades aduaneras en virtud de los artículos 27 a 30;

7) «declaración sumaria»: la declaración que deba hacerse antes de que las mercancías entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad;

8) «declaración en aduana»: el acto por el que una persona exprese de la forma y el modo debidos el deseo de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones concretas que deban aplicarse;

9) «régimen aduanero»: cualquiera de los regímenes en los que puedan incluirse las mercancías con arreglo al presente Código, a saber:

a) el despacho a libre práctica;

b) los regímenes especiales;

c) la exportación;

10) «derechos de importación»: los derechos de aduana establecidos en el arancel aduanero común que sean pagaderos a la importación de mercancías;

11) «derechos de exportación»: los derechos de aduana establecidos en el arancel aduanero común que sean pagaderos a la exportación de mercancías;

12) «mercancías no comunitarias»: las que no sean las definidas en el número 20) o que hayan perdido su estatuto de mercancías comunitarias;

13) «gestión de riesgos»: la detección sistemática de los riesgos y la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos;

14) «levante de las mercancías»: el acto por el que las autoridades aduaneras las pongan a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido;

15) «vigilancia aduanera»: las tareas desempeñadas generalmente por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y, en su caso, el de otras disposiciones aplicables a las mercancías sujetas a esas tareas;

16) «reintegro»: el reembolso o condonación de los derechos de importación exigibles por las mercancías despachadas a libre práctica que se exporten desde el territorio aduanero de la Comunidad en el mismo estado o en forma de productos transformados;

17) «productos transformados»: las mercancías incluidas en un régimen de transformación que se hayan sometido a operaciones de transformación;

18) «persona establecida en el territorio aduanero de la Comunidad»:

a) en el caso de las personas físicas, cualquier persona que tenga su domicilio habitual en el territorio aduanero de la Comunidad;

b) en el caso de las personas jurídicas y de las asociaciones de personas, cualquier persona que tenga su domicilio social, su sede o un establecimiento comercial permanente en el territorio aduanero de la Comunidad;

19) «estatuto aduanero»: el estatuto de las mercancías como comunitarias o no comunitarias;

20) «mercancías comunitarias»: las que respondan a alguno de los criterios siguientes:

a) que se obtengan enteramente en el territorio aduanero de la Comunidad y que no incorporen ninguna mercancía importada de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de aquélla;

b) que se importen de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Comunidad y que se despachen a libre práctica;

c) que se obtengan o produzcan en el territorio aduanero de la Comunidad sólo con las mercancías a las que se refiere la letra b) o con mercancías que respondan a los criterios indicados en las letras a) y b);

21) «presentación en aduana»: la notificación a las autoridades aduaneras de la llegada de las mercancías a la aduana, o a cualquier otro lugar designado o autorizado por aquéllas, y de su disponibilidad para los controles aduaneros;

22) «titular de las mercancías»: la persona que ostente su propiedad o un derecho similar de disposición de ellas o que tenga el control físico de las mismas;

23) «titular del régimen»: la persona que haga la declaración o en cuyo nombre se haga ésta, o la persona a la que se hayan cedido los derechos y obligaciones de esa persona en el marco de un régimen aduanero;

24) «medidas de política comercial»: las medidas no arancelarias que se establezcan como parte de la política comercial común en forma de disposiciones comunitarias para la importación y exportación de mercancías;

25) «operaciones de transformación»: cualquiera de las siguientes:

a) la manipulación de mercancías, incluidos su montaje o ensamblaje o su incorporación a otras mercancías;

b) la transformación de mercancías;

c ) la destrucción de mercancías;

d) la reparación de mercancías, incluidas su restauración y su puesta a punto;

e) el uso de mercancías que no formen parte del producto transformado pero que permitan o faciliten la producción de éste, incluso aunque se consuman total o parcialmente en el proceso (ayudas a la producción);

26) «coeficiente de rendimiento»: la cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtengan de la transformación de una determinada cantidad de mercancías incluidas en un régimen de transformación.

CAPÍTULO 2

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA ADUANERA

Sección 1

Suministro de información

Artículo 5

Intercambio de datos

1. Todo intercambio de datos, documentos de acompañamiento, decisiones y notificaciones que sea necesario entre las autoridades aduaneras y entre éstas y los operadores económicos deberá efectuarse por medios electrónicos.

La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, medidas que establezcan excepciones al párrafo primero de este apartado.

2. Salvo disposición expresa en contrario, la Comisión adoptará por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas que sean necesarias a fin de establecer:

a) las normas que definan y regulen los mensajes que deban intercambiarse las aduanas para la aplicación de la normativa aduanera;

b) un conjunto de datos y un formato comunes para los mensajes que hayan de intercambiarse por disposición de la normativa aduanera.

Los datos que se mencionan en la letra b) del párrafo primero ofrecerán la información necesaria para los análisis de riesgos y la correcta realización de los controles aduaneros; tales datos se ajustarán, cuando proceda, a las normas y prácticas comerciales internacionales.

Los sistemas necesarios para el intercambio electrónico de datos que dispone entre las aduanas el apartado 1 deberán establecerse no después del 30 de junio de 2009.

Artículo 6

Protección de datos

1. Toda información que obtengan las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones que sea confidencial por naturaleza o que se haya facilitado con ese carácter estará protegida por el deber de secreto profesional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, las autoridades competentes no podrán difundir esa información sin el consentimiento expreso de la persona o autoridad que la haya facilitado.

Dicha información, sin embargo, podrá difundirse sin ese consentimiento cuando las autoridades competentes estén obligadas o autorizadas a hacerlo así en el marco de un procedimiento judicial o en virtud de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de protección de datos.

2. La comunicación de datos confidenciales a las administraciones de aduanas o a otros organismos de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Comunidad sólo estará permitida en el marco de acuerdos internacionales que garanticen un nivel de protección de datos equivalente.

La difusión o comunicación de cualquier información deberá efectuarse en el pleno respeto de las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

Artículo 7

Intercambio de información complementaria entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos

1. A los efectos de la cooperación mutua en la detección y prevención de riesgos, las autoridades aduaneras y los operadores económicos podrán intercambiarse cualquier información que no esté exigida expresamente por la normativa aduanera. Tal intercambio podrá tener lugar en el marco de un acuerdo escrito e incluir el acceso de las autoridades aduaneras a los sistemas informáticos del operador económico.

2. Toda información que facilite una parte a la otra en el marco de cooperación previsto en el apartado 1 se considerará de carácter confidencial a menos que ambas partes acuerden lo contrario.

Artículo 8

Suministro de información por las autoridades aduaneras

1. Cualquier persona podrá solicitar a las autoridades aduaneras información sobre la aplicación de la normativa aduanera. Tal solicitud podrá rechazarse si no se relaciona con una importación o exportación concreta que se prevea realizar.

2. Las autoridades aduaneras mantendrán un diálogo regular con los operadores económicos y con otras autoridades que intervengan en el comercio internacional de mercancías. Promoverán, asimismo, la necesaria transparencia poniendo a disposición de los operadores económicos, gratuitamente y, en su caso, por Internet, las disposiciones legislativas y administrativas y los formularios de solicitud aplicables al comercio internacional de mercancías.

Artículo 9

Suministro de información a las autoridades aduaneras

1. A requerimiento de las autoridades aduaneras y dentro del plazo que fijen, toda persona que intervenga directa o indirectamente en la cumplimentación de las formalidades de aduana deberá facilitar a aquéllas toda la información y documentación que le demanden, independientemente de su soporte, así como toda la asistencia que sea precisa.

2. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que puedan imponérsele, toda persona que presente una declaración sumaria, una declaración en aduana, incluso simplificada, una notificación o una solicitud de autorización o de cualquier otra decisión será responsable de lo siguiente:

a) la exactitud de la información que contenga la declaración, notificación o solicitud o que se facilite de cualquier otra forma;

b) la autenticidad de los documentos presentados a las autoridades o puestos a su disposición;

c) en su caso, el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del régimen en el que se incluyan las mercancías o atinentes a la realización de las operaciones que se hayan autorizado.

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará también al suministro de cualquier otra información que puedan requerir las autoridades aduaneras.

En caso de que sea el representante de la persona interesada el que presente la declaración, notificación o solicitud o facilite la información requerida, dicho representante quedará sujeto también a la responsabilidad establecida en el párrafo primero.

Artículo 10

Sistema de información común

Los Estados miembros cooperarán con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de un sistema electrónico para el registro y conservación común de la información referente a:

a) todas las personas que intervengan directa o indirectamente en la cumplimentación de las formalidades aduaneras;

b) cualquier autorización que ataña a un régimen aduanero o al estatuto de operador económico autorizado.

Tal información será accesible a las administraciones de aduanas de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones, así como a los operadores económicos en el marco de las disposiciones previstas en el párrafo tercero.

La Comisión adoptará por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, medidas que regulen el modelo de formato y contenido de la información que deba registrarse, así como el acceso a ésta.

Sección 2

Representación aduanera

Artículo 11

Representante aduanero

1. En sus relaciones con las autoridades aduaneras, toda persona podrá nombrar a un representante, en lo sucesivo denominado «representante aduanero», para que se encargue de ejecutar los actos y formalidades dispuestos en la normativa aduanera.

Esta representación podrá ser directa, en cuyo caso el representante aduanero actuará en nombre y por cuenta de la persona que lo haya designado, o indirecta, en cuyo caso actuará en su propio nombre pero por cuenta de esa persona.

2. Los representantes aduaneros deberán hallarse establecidos en el territorio aduanero de la Comunidad.

La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, medidas que regulen las condiciones en las que pueda eximirse del requisito dispuesto en el párrafo primero del presente apartado.

Artículo 12

Habilitación

1. En su relación con las autoridades aduaneras, el representante aduanero declarará estar actuando por cuenta de la persona representada e indicará si la representación es directa o indirecta.

En caso de que una persona se abstenga de declarar si está actuando en nombre o por cuenta de otro o si declara estar actuando así sin estar habilitado para ello, se considerará que esa persona está actuando en su propio nombre y por cuenta propia.

2. Las autoridades aduaneras podrán exigir a cualquier persona que declare estar actuando en nombre o por cuenta de otro que presente la prueba de su habilitación para actuar como representante aduanero; de esta disposición se excluirán las personas pertenecientes a categorías que estén facultadas para actuar por cuenta de otros.

La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas pertinentes para la identificación de las categorías mencionadas en el párrafo primero del presente apartado.

Artículo 13

Representación en casos especiales

1. Se podrá conceder el estatuto de operador económico autorizado previsto en el artículo 14 a las personas que actúen como representantes aduaneros regularmente y con carácter comercial.

2. Los representantes aduaneros podrán actuar como representantes fiscales de acuerdo con las disposiciones que regulen el impuesto sobre el valor añadido, en lo sucesivo denominado «IVA», y el impuesto especial.

Sección 3

Operador económico autorizado

Artículo 14

Solicitud y autorización

1. Las personas establecidas en el territorio aduanero de la Comunidad que cumplan las condiciones dispuestas en los artículos 15 y 16 podrán solicitar el estatuto de «operador económico autorizado».

Dicho estatuto será concedido por las autoridades aduaneras, en su caso tras evacuar consultas con otras autoridades competentes, y se someterá a una revisión periódica.

2. Los operadores económicos autorizados podrán beneficiarse de facilidades en los controles aduaneros de seguridad o de los procedimientos simplificados previstos en el presente Código o en sus disposiciones de aplicación.

3. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 y sin perjuicio de los controles aduaneros pertinentes, el estatuto de operador económico autorizado será reconocido por las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros. No obstante, con sujeción también a las condiciones previstas en el artículo 16, letra g), el solicitante del estatuto podrá pedir que éste se limite a uno o a varios Estados miembros.

4. Una vez reconocido su estatuto a un operador y siempre que éste cumpla las condiciones que fije la normativa aduanera comunitaria para alguna forma de simplificación, las autoridades aduaneras le autorizarán a beneficiarse de ésta.

5. El estatuto podrá ser suspendido o retirado de acuerdo con las condiciones que se establezcan en virtud del artículo 16, letra h).

6. Los operadores económicos autorizados deberán informar a las autoridades aduaneras de todas las circunstancias posteriores a la concesión del estatuto que puedan afectar a su continuación o a su contenido.

Artículo 15

Concesión del estatuto

Las condiciones mínimas para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán las siguientes:

39. una trayectoria adecuada de cumplimiento de los requisitos aduaneros;

40. un sistema satisfactorio de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de transporte que permita la correcta realización de los controles aduaneros;

41. en su caso, una solvencia financiera probada;

42. en su caso, un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que se ejerza;

43. si procede, unos niveles de seguridad apropiados.

Artículo 16

Medidas de aplicación

La Comisión adoptará por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas de aplicación que sean necesarias para regular los extremos siguientes:

a) la concesión del estatuto de operador económico autorizado;

b) la frecuencia con la que deba revisarse dicho estatuto;

c) la concesión de autorizaciones para el uso de formas simplificadas;

d) la identificación de la autoridad aduanera competente para la concesión del estatuto y de esas autorizaciones;

e) el tipo y alcance de las facilidades que, habida cuenta de las disposiciones que se adopten en virtud del artículo 27, apartado 3, puedan concederse a los operadores en los controles aduaneros de seguridad;

f) las consultas con otras autoridades aduaneras y el suministro a ellas de información;

g) las condiciones en que el solicitante de una autorización pueda pedir que ésta se limite a uno o a varios Estados miembros;

h) las condiciones en que pueda suspenderse o revocarse el estatuto de operador económico autorizado;

i) las condiciones en que, teniendo especialmente en cuenta los acuerdos internacionales, pueda dispensarse del requisito de establecimiento en la Comunidad a categorías concretas de operadores económicos autorizados.

Sección 4

Decisiones relativas a la aplicación de la normativa aduanera

Artículo 17

Disposiciones generales

1. Toda persona que solicite una decisión a las autoridades aduaneras deberá facilitarles la información que requieran para poder adoptar esa decisión.

La decisión podrá también ser solicitada por varias personas y adoptarse para todas ellas.

2. A menos que la normativa aduanera disponga otra cosa, las decisiones a las que se refiere el apartado 1 se adoptarán y notificarán a su solicitante no después de los dos meses siguientes a la fecha en que las autoridades aduaneras hayan recibido la solicitud.

No obstante, en caso de no poder cumplir ese plazo y antes de su expiración, las autoridades aduaneras informarán al solicitante de los motivos de tal imposibilidad, indicándole el plazo suplementario que consideren necesario para adoptar la decisión solicitada.

3. A menos que se disponga otra cosa en la normativa aduanera o en la propia decisión que se adopte, ésta surtirá efectos desde la fecha en que el solicitante reciba, o se considere que haya recibido, la notificación de su adopción. Salvo en los casos previstos en el artículo 25, apartado 2, las decisiones adoptadas serán ejecutables por las autoridades aduaneras desde esa misma fecha.

4. Antes de adoptar una decisión que afecte negativamente a la persona a la que vaya dirigida, las autoridades aduaneras comunicarán a ésta sus objeciones, precisando los motivos en los que se basen. La persona interesada tendrá la oportunidad de expresar sus puntos de vista dentro de un plazo que comenzará a contarse a partir de la fecha en que se hayan comunicado las objeciones.

La Comisión adoptará por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, medidas que regulen el plazo previsto en el párrafo primero del presente apartado.

A la expiración de ese plazo, los interesados serán debidamente informados de la decisión adoptada y de los motivos en los que se base.

El deber de comunicar las objeciones antes de la adopción de una decisión que afecte negativamente a la persona a la que vaya dirigida se aplicará también a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras sin previa solicitud del interesado y, en particular, a los casos en que, por disposición del artículo 72, apartado 3, sea preciso notificar las decisiones que determinen el importe de la deuda aduanera.

La decisión que se adopte mencionará el derecho de recurso que dispone el artículo 24.

5. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan en otros ámbitos los casos y las condiciones de invalidez o de nulidad de las decisiones, las autoridades aduaneras que hayan adoptado una decisión podrán anularla, modificarla o revocarla cuando no se ajuste a la normativa comunitaria o a las directrices o notas explicativas establecidas para su interpretación.

Artículo 18

Validez comunitaria de las decisiones

A menos que se disponga o determine otra cosa, las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras serán válidas en todo el territorio aduanero de la Comunidad.

Artículo 19

Anulación de decisiones favorables

1. Las autoridades aduaneras anularán las decisiones que sean favorables a las personas a las que se hayan dirigido en caso de que concurran las tres circunstancias siguientes:

a) que la decisión adoptada se haya basado en información incorrecta o incompleta,

b) que el solicitante haya sabido o debido razonablemente saber que la información era incorrecta o incompleta y

c) que la decisión habría sido diferente si la información hubiese sido correcta y completa.

2. La anulación de una decisión será notificada a la persona a la que ésta se haya dirigido.

3. Salvo que se especifique otra cosa, la anulación será efectiva desde la misma fecha en que haya comenzado a surtir efectos la decisión inicial.

4. La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas de aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo y, en especial, las atinentes a los casos en que la decisión se haya dirigido a varias personas.

Artículo 20

Revocación y modificación de decisiones favorables

1. Fuera del caso de anulación que dispone el artículo 19, las decisiones favorables podrán también ser revocadas o modificadas cuando no se hayan cumplido o hayan dejado de cumplirse las condiciones establecidas para su emisión.

2. A menos que la normativa aduanera determine otra cosa, la revocación de una decisión favorable a varias personas podrá afectar únicamente a aquélla que haya incumplido las obligaciones impuestas por esa decisión.

3. La revocación o modificación de una decisión será notificada a la persona a la que ésta se haya dirigido.

4. Dicha revocación o modificación será efectiva desde la fecha en que su notificación sea recibida, o se considere que haya sido recibida, por la persona a la que se haya dirigido la decisión inicial.

No obstante, en casos excepcionales en que así lo requieran los intereses legítimos de esa persona, las autoridades aduaneras podrán aplazar la fecha en que la revocación o modificación deba comenzar a surtir efectos.

5. La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas de aplicación de los apartados 1 a 4 del presente artículo y, en especial, las atinentes a los casos en que la decisión se haya dirigido a varias personas.

Artículo 21

Decisiones especiales

1. Cuando así se les solicite, las autoridades aduaneras emitirán decisiones que contengan información arancelaria vinculante, en lo sucesivo denominadas «decisiones IAV», o información vinculante en materia de origen, en lo sucesivo denominadas «decisiones IVO».

Se podrán rechazar las solicitudes que no atañan a ningún régimen aduanero en concreto.

2. Las decisiones IAV e IVO sólo serán vinculantes en materia de clasificación arancelaria y de determinación del origen de las mercancías.

Vincularán a las autoridades aduaneras, frente a la persona a la que se dirijan, únicamente con relación a las mercancías cuyas formalidades aduaneras se cumplimenten después de la fecha de la decisión.

La persona destinataria, por su parte, quedará vinculada frente a las autoridades aduaneras únicamente desde la fecha en que reciba, o se considere que haya recibido, la notificación de la decisión.

3. Las decisiones IAV e IVO tendrán una validez de tres años a partir de la fecha que se indique en ellas.

4. Para aplicar una decisión IAV o IVO en el marco de un régimen aduanero concreto, la persona a la que aquélla se haya dirigido tendrá que probar lo siguiente:

a) en el caso de las decisiones IAV, que las mercancías declaradas se corresponden en todos sus aspectos con las descritas en la decisión;

b) en el caso de las decisiones IVO, que las mercancías en cuestión y las circunstancias determinantes de la adquisición del origen se corresponden en todos sus aspectos con las mercancías y las circunstancias descritas en la decisión.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 5, y en el artículo 19, las decisiones IAV e IVO serán anuladas cuando se hayan basado en información incorrecta o incompleta facilitada por los solicitantes.

6. Las decisiones IAV e IVO podrán revocarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 5, y en el artículo 20.

No podrán, en cambio, modificarse.

7. No obstante lo dispuesto en el artículo 20, la Comisión adoptará por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas pertinentes para regular:

a) las condiciones y el momento en que una decisión IAV o IVO deba perder su validez;

b) las condiciones y el plazo en que esa decisión pueda seguir siendo utilizada para contratos obligatorios basados en ella y celebrados antes de la expiración de su validez.

8. La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, medidas que regulen las condiciones para la emisión de otras decisiones especiales.

Sección 5

Sanciones aduaneras

Artículo 22

Sanciones aduaneras

1. Cada Estado miembro establecerá sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de la normativa aduanera comunitaria. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Las sanciones administrativas adoptarán una de las dos formas siguientes o ambas:

a) una carga pecuniaria impuesta por las autoridades aduaneras, incluido un pago suplementario que sustituya a la sanción penal aplicable;

b) la retirada, suspensión o modificación de cualquier autorización de la que se beneficie la persona sancionada.

En los casos en que a las sanciones administrativas se sumen sanciones penales por los mismos hechos, la suma de ambos tipos de sanciones será proporcionada.

Sección 6

Recursos

Artículo 23

Legislación penal

Los artículos 24, 25 y 26 no se aplicarán a los recursos que puedan presentarse para la anulación, revocación o modificación de decisiones adoptadas por la autoridad judicial.

Artículo 24

Derecho de recurso

1. Toda persona tendrá derecho a recurrir contra las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras que la afecten personalmente y de forma directa.

De igual modo, toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras y no la haya obtenido dentro del plazo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, estará legitimada para ejercer el derecho de recurso.

2. El derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:

a) inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante otras instancias, que podrán ser una autoridad judicial o un organismo especializado equivalente que haya sido designado a tal efecto por los Estados miembros;

b) subsiguientemente, ante un organismo superior independiente, que podrá ser, según las disposiciones vigentes en los Estados miembros, una autoridad judicial o un organismo especializado equivalente.

3. El recurso deberá presentarse en formato electrónico o por escrito en el Estado miembro donde se haya adoptado o solicitado la decisión recurrida.

Artículo 25

Suspensión de decisiones

1. La presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión recurrida.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades aduaneras suspenderán total o parcialmente la aplicación de la decisión en caso de que puedan derivarse daños irreparables para la persona que haya presentado el recurso.

Las autoridades aduaneras podrán decidir también la suspensión total o parcial de la decisión en caso de que tengan fundados motivos para sospechar de su disconformidad con la normativa aduanera.

3. En caso de que la decisión recurrida determine la obligación de pagar derechos de importación o de exportación, la suspensión de la decisión estará supeditada a la prestación de una garantía, salvo cuando ésta pueda causar al deudor graves dificultades económicas o sociales.

La Comisión podrá adoptar por el procedimiento al que se remite el artículo 196, apartado 2, las medidas de aplicación del párrafo primero del presente apartado.

Artículo 26

Resolución de los recursos

Las disposiciones del artículo 17 se aplicarán a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras para la resolución de los recursos.

Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.

Sección 7

Control de las mercancías

Artículo 27

Controles aduaneros

1. Las autoridades aduaneras podrán efectuar cuantos controles consideren necesarios para garantizar que se apliquen correctamente la normativa aduanera y las demás disposiciones sobre la entrada, salida, tránsito, transferencia y destino final de las mercancías que se trasladen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros territorios, así como sobre la presencia en aquél de mercancías no comunitarias.

En el ejercicio de esos controles, en lo sucesivo denominados «controles aduaneros», se podrán examinar las mercancías, verificar los datos contenidos en las declaraciones y la existencia y autenticidad de los documentos electrónicos o escritos, revisar la contabilidad de las empresas y otros registros e inspeccionar los medios de transporte y las mercancías y equipajes que transporten las personas facturados o como bulto de mano.

Se podrán efectuar controles aduaneros fuera del territorio aduanero de la Comunidad cuando un acuerdo internacional así lo estipule.

2. Los controles aduaneros que no sean aleatorios se basarán en un análisis de riesgos que, haciendo uso de las técnicas de tratamiento electrónico de datos y basándose en los criterios establecidos a nivel nacional, comunitario y, en su caso, internacional, permita identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos.

No después