DUODÉCIMO INFORME ANUAL sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1994 - (95/C 254/01) COM(95) 500 final

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO

ESPACIO SIN FRONTERAS

1. Introducción .......... 10

2. Situación en los distintos sectores .......... 11

2.1. Eliminación de las fronteras físicas .......... 11

2.1.1. Unión aduanera .......... 11

2.1.1.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la Unión aduanera .......... 11

2.1.2. Libre circulación de productos agrarios .......... 11

2.1.2.1. Los controles a la importación .......... 11

2.1.2.2. Las medidas de prohibición de importar .......... 12

2.2. Eliminación de las fronteras técnicas .......... 12

2.2.1. Libre circulación de mercancías .......... 12

2.2.1.1. Los artículos 30 y siguientes del Tratado CE .......... 12

2.2.1.2. Las normas de prevención contempladas en la Directiva 83/189/CEE .......... 15

2.2.2. Balance por sectores del grado de aplicación de las directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías .......... 16

2.2.2.1. Productos alimenticios .......... 16

2.2.2.2. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos alimenticios .......... 16

2.2.2.3. Productos farmacéuticos .......... 16

2.2.2.4. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos .......... 17

2.2.2.5. Productos químicos .......... 17

2.2.2.6. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos químicos .......... 17

2.2.2.7. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores .......... 17

2.2.2.8. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los vehículos de motor, tractores y ciclomotores .......... 18

2.2.2.9. Productos para la construcción .......... 18

2.2.2.10. Bienes de equipo (mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, electrotécnica, aparatos médicos) .......... 18

2.2.2.11. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los bienes de equipo (mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, electrotécnica y aparatos médicos) .......... 19

2.2.3. Mercado de servicios .......... 19

2.2.3.1. Sector audiovisual .......... 19

2.2.3.2. Propiedad intelectual e industrial .......... 19

2.2.3.3. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la propiedad intelectual e industrial .......... 20

2.2.3.4. Telecomunicaciones .......... 20

2.2.3.5. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de las telecomunicaciones .......... 21

2.2.3.6. Libre circulación de servicios financieros .......... 22

2.2.3.7. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los servicios financieros .......... 22

2.2.3.8. Fiscalidad directa .......... 22

2.2.3.9. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la fiscalidad directa .......... 23

2.2.3.10. Derecho de Sociedades .......... 23

2.2.3.11. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas en el sector del Derecho de Sociedades .......... 23

2.2.4. Libre circulación de capitales .......... 23

2.2.5. Contratos públicos .......... 24

2.2.5.1. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los contratos públicos .......... 27

2.3. Eliminación de las fronteras fiscales .......... 27

2.3.1. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la fiscalidad indirecta .......... 28

2.4. Libre circulación de las personas y derecho de establecimiento .......... 28

2.4.1. Prohibición de discriminaciones .......... 28

2.4.2. Entrada y residencia .......... 29

2.4.2.1. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas sobre el derecho de residencia .......... 29

2.4.3. Derechos sindicales .......... 29

2.4.4. Acceso al empleo en la función pública .......... 29

2.4.5. Seguridad social de los trabajadores migrantes .......... 30

2.4.6. Reconocimiento de diplomas .......... 30

2.4.6.1. Comunicación de las medidas de ejecución en el sector del reconocimiento de los diplomas .......... 32

2.4.7. Agentes comerciales independientes .......... 32

2.5. Política de los consumidores y seguridad de los productos .......... 33

2.5.1. Comunicación de las medidas de ejecución en el sector de la política de los consumidores y de la seguridad de los productos .......... 33

COMPETENCIA

1. Introducción .......... 34

2. Situación en los distintos sectores .......... 34

2.1. Empresas públicas .......... 34

2.2. Monopolios .......... 35

2.3. Comunicación de las medidas de ejecución en el sector de la política de la competencia .......... 35

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

1. Introducción .......... 35

2. Situación en los distintos sectores .......... 36

2.1. Igualdad de trato a hombres y mujeres .......... 36

2.2. Condiciones de trabajo .......... 36

2.3. Salud y seguridad en el lugar de trabajo .......... 37

2.4. Salud pública .......... 37

2.5. Estado de comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas en el sector del empleo y de la política social .......... 37

AGRICULTURA

1. Introducción .......... 37

2. Situación en los distintos sectores .......... 38

2.1. Mercados .......... 38

2.2. Armonización .......... 39

2.3. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas del sector agrícola .......... 41

PESCA

1. Introducción .......... 42

2. Situación en los distintos sectores .......... 42

2.1. Mercados .......... 42

2.2. Recursos .......... 42

2.3. Compatibilidad con el Derecho comunitario de las legislaciones nacionales en materia de concesión de pabellón .......... 42

MEDIO AMBIENTE

1. Introducción .......... 43

1.1. Situación general .......... 43

1.2. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución .......... 43

1.3. Conformidad de las medidas nacionales de ejecución .......... 43

1.4. Aplicación correcta de las directivas .......... 44

1.5. Fondos Estructurales y otras fuentes de financiación comunitaria .......... 44

1.6. Libertad de acceso a la información .......... 45

1.7. Evaluación del impacto medioambiental .......... 45

1.8. Medidas que deben adoptarse .......... 46

2. Situación en los diferentes sectores .......... 47

2.1. Aire .......... 47

2.2. Química .......... 47

2.3. Agua .......... 48

2.4. Ruido .......... 49

2.5. Residuos .......... 49

2.6. Naturaleza .......... 49

2.7. Radioprotección .......... 50

2.8. Comunicación de las medidas de ejecución en el sector del medio ambiente .......... 51

TRANSPORTES

1. Introducción .......... 51

2. Situación en los distintos sectores .......... 52

2.1. Transportes por carretera .......... 52

2.2. Transportes combinados .......... 52

2.3. Transportes por vía navegable .......... 52

2.4. Transportes por ferrocarril .......... 52

2.5. Transportes marítimos .......... 53

2.6. Transporte aéreos .......... 53

2.7. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los transportes .......... 53

ENERGÍA

1. Introducción .......... 53

2. Situación en los distintos sectores .......... 53

2.1. Transparencia de precios .......... 53

2.2. Mercado interior de la electricidad y el gas natural .......... 54

2.3. Eficacia energética .......... 54

2.4. Política del carbón .......... 54

2.5. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la energía .......... 54

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS .......... 54

PERSONAL DE LAS COMUNIDADES .......... 55

CUESTIONES ESTADÍSTICAS .......... 55

ANEXOS

Anexo I: Infracciones presuntas de 1990 a 1994 .......... 56

Anexo II: Infracciones comprobadas de 1990 a 1994 .......... 63

Anexo III: Infracciones a los Tratados, reglamentos y decisiones .......... 70

Anexo IV: Estado de aplicación de las directivas .......... 84

Anexo V: Sentencias del Tribunal de Justicia no ejecutadas al 31 de diciembre de 1994 .......... 160

Anexo VI: Aplicación del Derecho comunitario por las jurisdicciones nacionales .......... 164

PRÓLOGO

La Comisión Europea elabora cada año el informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las sucesivas solicitudes del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (Punto 2 de la Declaración n° 19, aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). Este informe responde igualmente a las solicitudes formuladas por el Consejo Europeo o el Consejo en relación con sectores específicos.

Este Duodécimo Informe abarca el año 1994.

Por encima del inevitable carácter rutinario del ejercicio, la Comisión se ha esforzado por destacar los aspectos novedosos, ya se trate del desarrollo de los procedimientos de control o de la evaluación de los resultados obtenidos.

Procedimientos de control

Las quejas dirigidas a la Comisión siguen siendo la fuente más importante en la que ésta se basa para ejercer el control de la aplicación del Derecho comunitario. El número de presuntos casos de infracción descubiertos a raíz de tales quejas se mantuvo estable en 1994, situándose en la gama observada en los últimos cinco años (veáse el cuadro 1.1 del Anexo I). El ligero aumento del 10 % respecto al año anterior apenas es significativo, dado que en 1993 se produjo un relativo descenso.

En el mismo cuadro del Anexo I puede observarse un cierto descenso del número de casos de presunta infracción instruidos a raíz de una petición o una pregunta parlamentaria. Ello no influye, sin embargo, en la importancia que conviene atribuir a estas fuentes de detección de infracciones. De hecho, las cifras citadas traducen la realidad de las cosas, puesto que las peticiones y las preguntas parlamentarias confirman con frecuencia presuntos casos de infracción previamente detectados.

Por último, el número de casos descubiertos de oficio se mantiene globalmente en su nivel anterior; experimentando únicamente un ligero aumento respecto a 1993.

El balance en cifras de la actuación de la Comisión en 1994 en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 CE se resume del modo siguiente: incoó 974 procedimientos de infracción (frente a 1209 en 1993), envió 546 dictámenes motivados (frente a 352 en 1993) e interpuso 89 recursos ante el Tribunal de Justicia (frente a 44 en 1993).

¿Qué significan estas cifras?

¿Cómo explicar la disminución del número de procedimientos incoados en 1994?

La respuesta se encuentra en el cuadro 2.2 (Anexo II), que muestra que la disminución se refiere fundamentalmente a la apertura de procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas. Puesto que la Comisión no ha bajado la guardia y el número de nuevas directivas cuyo plazo vencía en 1994 era comparable al de 1993, la explicación se encuentra en la mejora del comportamiento de los Estados miembros en la adopción de las medidas de incorporación de las directivas al ordenamiento jurídico nacional. Así lo confirma el análisis del estado de incorporación de las directivas.

¿Y el aumento, especialmente significativo, de los dictámenes motivados?

Este aumento guarda relación también con la no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas, que ha dado lugar a que el número de dictámenes motivados se haya casi duplicado. Ello responde a todas luces a la preocupación de la Comisión por acabar con un gran número de procedimientos incoados en el pasado y respecto de los cuales no se ha observado ningún resultado positivo, cuando se trata de directivas cuya no incorporación resulta muy perjudicial para la vida comunitaria.

Este razonamiento vale también, y con mayor razón, para el considerable aumento de los recursos ante el Tribunal de Justicia. Es cierto que supone la ruptura con la tendencia a la baja constatada desde hace, como mínimo, cinco años. No obstante, se trata de un fenómeno que hay que relativizar: acudir al Tribunal sigue siendo para la Comisión el último recurso, que sigue representando menos del 20 % de los dictámenes motivados.

En este contexto, resulta oportuno recordar que la Comisión contempla con gran preocupación la persistencia de retrasos en materia de ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. En julio de 1994, la Comisión informó a todos los Estados miembros de su intención de aplicar plenamente las disposiciones del artículo 171 CE, revisado por el Tratado de la Unión Europea, que atribuye al Tribunal la facultad de imponer una sanción económica a un Estado miembro en caso de no ejecución de una sentencia. Desde entonces, la Comisión hace sistemáticamente referencia, en cualquier carta de emplazamiento o dictamen motivado enviado a un Estado miembro que no haya adoptado las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia, a la posibilidad de una sanción económica cuyo importe indicará en el momento de presentar el recurso ante el Tribunal.

Junto a las etapas formales del procedimiento previsto por el Tratado, la Comisión prosigue su política de sensibilización y favorece los contactos regulares con las administraciones nacionales, para lo que, en caso necesario, organiza reuniones periódicas bilaterales, denominadas «reuniones-paquete», dedicadas a un conjunto de casos de infracción. Tales reuniones, que afectan especialmente al sector del mercado interior, permiten en muchos casos encontrar una solución no contenciosa a los casos de infracción. También organiza reuniones en las que se tratan todos los casos de no incorporación de las directivas en un Estado miembro y que permiten sensibilizar a las autoridades nacionales e intercambiar información, facilitando así la incorporación.

Estas reuniones y contactos tienen, para la Comisión, tanta importancia como el procedimiento formal.

Finalmente, la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario no incumbe sólo a las instituciones comunitarias. La Comisión insiste una vez más en el papel que, en éste ámbito deben desempeñar los órganos jurisdiccionales nacionales. El Anexo VI permite examinar su aportación al respecto a lo largo del último año.

Hacia un mayor respeto del Derecho comunitario

Normas directamente aplicables

Si bien la Comisión ha podido constatar en 1994 que prosigue la mejora en determinados ámbitos fundamentales de la actividad comunitaria, todavía subsisten ciertas dificultades detectadas con anterioridad.

Así, por ejemplo, es evidente la mejora en el ámbito de la libre circulación de mercancías, en el que ha seguido aumentando el número de procedimientos archivados y disminuyendo el de dictámenes motivados y recursos ante el Tribunal relacionados con expedientes sobre obstáculos no arancelarios (artículo 30 y siguientes).

Por el contrario, en el sector de los contratos públicos se observa un importante aumento de las quejas por incumplimiento de las normas comunitarias, y el número de procedimientos de infracción se ha duplicado. Ello se debe, en particular, a la extensión de la normativa comunitaria del sector. Cabe citar igualmente, entre los sectores en dificultad, al del IVA, en el que, a pesar de los correspondientes procedimientos de infracción, pendientes desde hace varios años, subsisten varios casos de incumplimiento de las disposiciones comunitarias, debido, en particular, a las complejidades propias de los procesos legislativos en materia fiscal en los Estados miembros.

En el análisis por sector y en la relación que figura en el Anexo III (relación de las infracciones a los Tratados, reglamentos y decisiones) puede encontrarse una información más completa y pormenorizada.

Incorporación de las directivas

El cuadro que a continuación se recoge ofrece una visión general del grado de ejecución del conjunto de las directivas aplicables al 31 de diciembre de 1994 (1). Conviene señalar que, tal como ocurriera en el año anterior, el número de directivas aplicables, en 1994, aumentó en unas sesenta.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Como puede observarse, al 31 de diciembre de 1994, los Estados miembros habían comunicado, por término medio, el 91,89 % de las medidas nacionales de ejecución necesarias para la aplicación del conjunto de las directivas aplicables. Así pues, la situación ha mejorado claramente con respecto a la del 31 de diciembre de 1993.

Este resultado, evidentemente satisfactorio, oculta, no obstante, numerosas disparidades, tanto desde el punto de vista de las materias como desde el de la situación por Estado miembro. El examen por sectores y la relación que figura en el Anexo IV permiten profundizar en el análisis.

Con respecto a los tres grandes ámbitos de incorporación, espacio sin fronteras, agricultura y medio ambiente, puede constatarse, en términos globales, que mientras en los dos primeros se ha registrado un neto aumento medio del porcentaje de incorporación, en el del medio ambiente se ha producido cierto estancamiento.

En el ámbito del espacio sin fronteras, el aumento más importante del porcentaje de incorporación se ha producido en los sectores de los servicios financieros, la fiscalidad directa y el Derecho de sociedades, así como en lo relativo a las directivas sobre propiedad intelectual e industrial. El porcentaje de incorporación sigue siendo muy elevado en el sector aduanero y en el de la fiscalidad indirecta, en los que se han incorporado prácticamente todos los textos. En otros sectores, por el contrario, el nivel de incorporación ha disminuido. Tal es el caso, en particular, de la política de protección de los consumidores y la seguridad de los productos (10,2 % de disminución respecto a 1993).

En agricultura, el aumento constatado de un 5 % se debe ciertamente al hecho de que, después de las medidas adoptadas básicamente a nivel práctico (implantación de nuevos controles en los sectores veterinario y fitosanitario), los Estados miembros pudieron realizar mayores esfuerzos en 1994 para garantizar la incorporación formal de las directivas a los ordenamientos jurídicos nacionales. Además, han podido finalizarse los trabajos legislativos iniciados antes de 1994.

En materia de medio ambiente, la ligerísima disminución observada del porcentaje de incorporación (1,1 %) muestra que prosiguen los esfuerzos de los Estados miembros a pesar de las dificultades, debidas fundamentalmente a problemas de coordinación administrativa.

Finalmente, aparte del control cuantitativo de las incorporaciones nacionales, la Comisión subraya la importancia que tiene la calidad de las medidas nacionales de ejecución para garantizar la aplicación efectiva de la legislación comunitaria. Esta es la razón por la que la Comisión hace lo posible por incrementar sus actividades de control al respecto.

Sin duda, la situación constatada en materia de aplicación del Derecho comunitario ha mejorado sensiblemente. Pero, a pesar de ello, dicha situación es cada vez menos aceptable. ¿Por qué? La razón es que los tiempos han cambiado. En un espacio sin fronteras, los efectos de las infracciones a las normas comunitarias o de la incorporación tardía de las directivas repercute de una manera mucho más sensible que en el pasado.

Además, los ciudadanos exigen transparencia; no comprenden que haya aspectos de las políticas comunitarias que funcionan únicamente sobre el papel. Nuestras políticas sólo tienen una repercusión concreta en los ciudadanos si se ejercitan de manera satisfactoria. Su aplicación rigurosa es condición indispensable para conservar la confianza de los ciudadanos europeos en nuestras instituciones.

De ahí la importancia que atribuye la Comisión a su papel de garante del Derecho comunitario, tal como ha indicado en su programa de trabajo para 1995. De ahí su determinación de hacer todo lo posible para que el Derecho comunitario pueda aplicarse más fácilmente: hacerlo accesible e inteligible. De ello dan prueba los esfuerzos de la Comisión en materia de simplificación, refundición y codificación, tal como se indica en su informe sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea (2).

La Comisión está convencida de que, en el desempeño de estas tareas, contará con la colaboración de los destinatarios del presente informe, el Parlamento y los Estados miembros.

Estructura del Duodécimo Informe

>PRINCIPIO DE GRÁFICO>

El presente informe contiene:

- un análisis por sector

- cuadros estadísticos actualizados al 31 de diciembre de 1994 sobre los casos de presuntas infracciones (Anexo I) y sobre las infracciones comprobadas (Anexo II)

- una relación de los casos de infracciones comprobadas a los Tratados, reglamentos y decisiones examinados en 1994 (Anexo III)

- el estado de la aplicación por los Estados miembros de las directivas vigentes al 31 de diciembre de 1994, con indicación de los casos de infracción relacionados con ellas (Anexo IV)

- una relación de las sentencias no ejecutadas del Tribunal de Justicia (Anexo V)

- un resumen de la aplicación del Derecho comunitario por las jurisdicciones nacionales (Anexo VI)>

FIN DE GRÁFICO>

ESPACIO SIN FRONTERAS

1. INTRODUCCIÓN

En 1994, el mercado interior entró en su segundo año de existencia. El objetivo que establece el artículo 7A del Tratado, la creación de un área sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, se ha alcanzado ampliamente. Prácticamente toda la legislación mencionada en el Libro Blanco de 1985 ha sido adoptada.

No obstante, incluso con este marco legal ya en marcha, se requiere un esfuerzo continuo para garantizar la aplicación del marco legal común, ampliamente entendido, ejecutado y, en su caso, desarrollado de forma coherente para hacer frente a las nuevas necesidades. Ésta es la razón por la que la Comisión lanzó su Programa Estratégico «Aprovechar al máximo el mercado interior» a finales de 1993, estableciendo prioridades para los años venideros. El programa estratégico identifica las propuestas legislativas del Libro Blanco original que todavía tienen que ser adoptadas por el Consejo, propuestas tales como las de Derecho de sociedades e imposición directa, así como nuevas propuestas relativas a la libre circulación de personas y la necesidad de introducir la competencia en sectores regulados tales como el de la energía, las telecomunicaciones y los servicios postales.

El programa estratégico también establece la nueva tarea de gestionar el área de la Unión, lo que supone asegurarse de que la legislación comunitaria se aplica de manera adecuada y por igual y se evalúa de forma periódica de manera que los particulares y las empresas puedan sacar provecho del mercado interior. Para ello, la Comisión preparó para el Consejo de mercado interior de 8 de diciembre de 1994 un informe que recoge el estado de incorporación nacional de las medidas del Libro Blanco y de otras leyes esenciales para el funcionamiento del mercado interior. Este informe cubre 276 medidas en vigor de las que 219 requieren medidas nacionales de ejecución. Como consecuencia de la evolución del mercado interior algunas de las medidas del Libro Blanco quedaron obsoletas, se abandonaron o se reemplazaron por otras más adecuadas. La Comisión ha modificado por tanto la base del cálculo estadístico de la ejecución de las medidas del Libro Blanco. Este informe sobre las bases estadísticas modificadas, presentado ante el Consejo en diciembre de 1994, fue el punto de partida de un proceso que tiene como finalidad garantizar la calidad de la incorporación de los Estados miembros.

En términos globales, los Estados miembros han adoptado hasta ahora el 89 % de las medidas nacionales requeridas para la ejecución de la legislación del mercado interior. Los resultados de los Estados miembros varían desde quienes se encuentran sustancialmente por encima de este promedio (Francia y Dinamarca, ambos con un 95,9 %) hasta quienes se encuentran claramente por debajo del mismo (Alemania: 82,6 %, Grecia: 79 %).

Una gran proporción de las infracciones se debe a la no incorporación de las directivas de la Comunidad al Derecho nacional dentro de los plazos establecidos. La razón de estos retrasos tiene a menudo que ver con problemas de procedimiento relacionados con el proceso de toma de decisión nacional o con la complejidad técnica de los textos. Para poner remedio a esta situación, la Comisión lleva a cabo exámenes sistemáticos de la aplicación de las directivas que se encuentran en vigor. Continuará evaluando la legislación nacional que se le haya notificado dentro de los límites de sus recursos y perseguirá con vigor las infracciones tanto mediante consulta con los Estados miembros afectados como, cuando resulte necesario, mediante procedimientos de infracción formales.

El Informe Sutherland y el programa estratégico coincidieron en señalar que la cooperación administrativa es un factor clave en la operatividad del mercado único. La supresión de obstáculos entre Estados miembros da lugar a una nueva situación en la que el Derecho comunitario, y la forma en que éste se aplica en otros Estados miembros, adquiere mayor importancia para los particulares y las empresas de la Unión, quienes necesitan tener confianza en que la administración del Derecho es tan fiable y efectiva como si se tratase de sus propias normas nacionales. Por ello, resulta esencial que las autoridades responsables de ejecutar las medidas del mercado interior mantengan un alto grado de cooperación y se mantengan informadas entre sí. La cooperación administrativa ya está funcionando bien en muchas áreas (tales como las inspecciones veterinarias y fitosanitarias, alimentos farmacéuticos, aduanas y fiscalidad indirecta), pero la realización del mercado interior requiere un estudio exhaustivo sobre la forma en que actúa en todas las áreas.

Con esta idea in mente, en 1993 la Comisión inició un programa para promover la cooperación administrativa. En febrero de 1994, envió al Consejo y al Parlamento una comunicación estableciendo un marco de trabajo para dicha promoción. El Consejo, en respuesta, aprobó una resolución en junio de 1994 en la que instaba a la Comisión a continuar con su programa con representantes de los Estados miembros para identificar las necesidades en las diferentes áreas y sectores. La resolución tam bién instaba a los Estados miembros a notificar a la Comisión puntos de contacto para asistencia recíproca en cuestiones de ejecución para el final de 1994. Este tema se ha discutido periódicamente en el Comité Consultivo de coordinación en el campo del mercado interior.

Los sistemas existentes de intercambio de funcionarios entre Estados miembros, tales como el Programa Karolus y el Programa Matthaeus para agentes de aduanas, constituyen una vía de ayuda para que los funcionarios nacionales se acostumbren a los procedimientos y mentalidades de otros Estados miembros. Forman parte de las medidas de apoyo facilitadas por la Comisión para fomentar la cooperación administrativa. Estos programas van a continuar llevándose a cabo para ayudar a crear confianza entre las administraciones de los Estados miembros.

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. Eliminación de las fronteras físicas

2.1.1. Unión aduanera

En el ámbito aduanero, no se envió ningún dictamen motivado a los Estados miembros en 1994. En cambio, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra Alemania por no respeto de los precios mínimos derivados del Acuerdo Internacional (GATT) sobre los Productos Lácteos en el marco del régimen aduanero de perfeccionamiento activo.

El Tribunal dictó sentencia el 5 de febrero de 1994 en el asunto C-119/92 «Comisión contra Italia» relativo al monopolio de representación y a las tarifas de los agentes de aduana italianos. El Tribunal da globalmente satisfacción a la Comisión sobre el primer punto, considerando que la legislación italiana no ofrecía una verdadera alternativa a los importadores y exportadores entre una representación directa reservada a los profesionales autorizados para el despacho de aduanas y una representación indirecta que debía seguir siendo enteramente libre. Además, excluye que los empleados que representen a su propia firma y los agentes independientes puedan estar sujetos al mismo examen de habilitación profesional. En cambio, el Tribunal no considera que las tarifas obligatorias de los agentes de aduana constituyan exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana.

Por otro lado, cabe señalar la sentencia de 9 de agosto de 1994 en los asuntos prejudiciales C-363 y 407 a 411/93 «Lancry e.a.», por la que el Tribunal juzga contraria al artículo 9 del Tratado CE, en su condición de exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana, el arbitrio insular aplicado a la importación en los departamentos de ultramar franceses, y ello aunque sólo se aplicase a mercancías de Francia continental.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.1.2. Libre circulación de productos agrarios

Uno de los principios básicos del funcionamiento de la Política Agrícola Común (PAC) y de sus organizaciones comunes de mercado consiste en garantizar la libre circulación de los productos agrarios en el mercado único.

El Tribunal de Justicia ha recordado en varias ocasiones que los artículos 30 y 34 del Tratado CE forman parte integrante de las organizaciones comunes de mercado, incluso si su mención explícita, en el corpus de dichas organizaciones comunes de mercado, pasó a ser superflua a partir del 1 de enero de 1970.

A lo largo de 1994, la Comisión continuó ejerciendo una vigilancia permanente a fin de eliminar rápidamente los obstáculos a los intercambios de productos agrarios en la Comunidad, prestando especial atención a la supresión de los controles en las fronteras internas.

2.1.2.1. Los controles a la importación

Antes de la supresión de las fronteras interiores, los controles a la importación constituían los obstáculos a los intercambios más numerosos y más variados.

La entrada en vigor de los instrumentos de armonización en los sectores veterinario y fitosanitario con vistas a la realización del mercado interior permitió constatar la evolución favorable de un gran número de expedientes de infracción que pueden reagruparse de acuerdo con las siguientes categorías:

a) Los dobles controles y los controles sistemáticos.

En el marco de la incorporación de la Directiva 91/493/CEE, relativa a las normas sanitarias que regulan los productos de la pesca, Italia estima haberse ajustado a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-228/91, por la que este último condena la imposición de controles sistemáticos con respecto a los lotes de pescado procedentes de otros Estados miembros o de Noruega.

La Comisión desea sin embargo asegurarse de la naturaleza de las medidas concretas adoptadas para ajustarse a esta sentencia.

Por otro lado, la Comisión ha emitido un dictamen motivado contra Alemania por supeditar la importación de determinadas carnes frescas de porcino procedentes de Dinamarca a requisitos no previstos por la legislación comunitaria y a controles sistemáticos que están en contradicción con las Directivas 89/662/CEE y 91/497/CEE.

b) La exigencia de licencias o de autorizaciones previas a la importación.

Esta práctica se presenta en Irlanda con respecto al esperma de las especies de vacuno y de porcino destinadas a la inseminación artificial, así como en Italia con respecto a los vegetales sensibles al «fuego bacteriano».

En su sentencia de 17 de noviembre de 1992 en el asunto C-235/91, el Tribunal de Justicia establece que al someter las importaciones de esperma de animales domésticos de las especies de vacuno y de porcino a una licencia y a diversas condiciones restrictivas, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CE, de los Reglamentos (CEE) n° 805/68 y (CEE) n° 827/68 (organización común de mercados de determinados productos enumerados en el Anexo II del Tratado), de la Directiva 74/504/CEE (bovinos reproductores de raza pura) y de la Decisión 88/124/CEE (organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno). Posteriormente, las autoridades irlandesas comunicaron el Statustory Instrument n° 297 de 20 de septiembre de 1994 por el que Irlanda se ajusta a esta sentencia.

En el marco de la incorporación y de la ejecución de la Directiva 77/93/CEE, por la que se instaura una nueva reglamentación común en el sector fitosanitario, las autoridades italianas renunciaron, mediante un decreto ministerial, a la exigencia de una autorización previa para los vegetales sensibles al «fuego bacteriano» en el período durante el cual la importación no está prohibida.

Sin embargo, teniendo en cuenta el interés que revestía el disponer de una sentencia de principio en este asunto, la Comisión no consideró oportuno retirar su recurso. El Tribunal de Justicia dictó sentencia el 30 de septiembre de 1994 (asunto C-249/92) en la cual confirma que al exigir una autorización previa para toda importación de vegetales sensibles al «fuego bacteriano» (Erwinia amylovora), la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 77/93/CEE relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos a los vegetales o productos vegetales, así como del artículo 30 del Tratado CEE, combinado con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 234/68, por el que se establece una organización común de mercados en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura.

2.1.2.2. Las medidas de prohibición de importar

La aplicación progresiva por los Estados miembros de las directivas de armonización permitió también durante este año levantar determinadas medidas de prohibición de importar.

Sobre la base de la Directiva 90/425/CEE, la Comisión persigue, desde diciembre de 1993, el bloqueo por las autoridades portuguesas de las importaciones de animales vivos y de carnes de la especie porcina. Tras la intervención de la Comisión, las autoridades portuguesas derogaron dicha prohibición (véase el Undécimo Informe anual, COM(94) 500 final, DO n° C 154 de 6. 6. 1994, p. 11.

2.2. Eliminación de las fronteras técnicas

2.2.1. Libre circulación de mercancías

2.2.1.1. Los artículos 30 y siguientes del Tratado

Los artículos 30 y siguientes del Tratado CE prohíben las restricciones cuantitativas a la importación y la exportación, así como las medidas de efecto equivalente (3).

La Comisión tiene por misión asegurarse de la correcta aplicación de las normas del mercado interior y por tanto controlar el respeto de estos artículos por los Estados miembros. Para ello, se empeña en eliminar los obstáculos técnicos a los intercambios y en desarrollar los instrumentos que permitan prevenir la creación de nuevas barreras. El ejercicio de desmantelamiento de los controles sobre las mercancías en las fronteras interiores de la Unión, hoy día acabado por los Estados miembros, constituye ya a este respecto una etapa importante en la realización del mercado interior.

Conviene resaltar que, en esta empresa, la Comisión se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, jurisprudencia que confirmó en varias sentencias en 1994 los principios directivos de su actuación.

La acción de la Comisión

De los aproximadamente 800 expedientes que los servicios de la Comisión trataron en 1994, 216 fueron archivados y solamente dos dieron lugar a una decisión de recurso ante el Tribunal de Justicia. Estas cifras muestran hasta qué punto los servicios de la Comisión se empeñan en resolver de manera rápida y no contenciosa las situaciones controvertidas que tienen que tratar. A tal fin, se organiza un diálogo regular con las autoridades nacionales en el marco de encuentros periódicos denominados «reuniones paquete», celebrados en los Estados miembros. En el transcurso de 1994, estas reuniones, que ya se han convertido en algo tradicional, se organizaron con Alemania, España, Italia, Grecia y Portugal y, por primera vez, con los Países Bajos, prueba de que cada una de las partes es sensible a los resultados positivos obtenidos por esta colaboración. Esta colaboración tiene asimismo un alcance pedagógico ya que acostumbra a las diversas administraciones nacionales a reglamentar teniendo en cuenta los imperativos fundamentales del Derecho comunitario tales como el principio de libre circulación de mercancías.

Tres ejemplos significativos, ya que están elegidos en los sectores de los productos alimenticios, los productos farmacéuticos y los vehículos por carretera, sectores que implican el mayor número de prácticas o de normas nacionales contrarias a las normas del Tratado, permiten ilustrar los resultados obtenidos por la Comisión por medio de las «reuniones paquete»:

- La legislación de un Estado miembros exigía que la importación de productos farmacéuticos estuviese sometida no solamente a la autorización exigida para los productos fabricados en ese Estado sino también a una licencia de importación especial. Al no haber podido justificar este procedimiento mediante exigencias de protección de la salud pública, las autoridades nacionales han reconocido la no conformidad de la ley con las normas del Tratado y la han modificado.

- Los productos alimenticios que contienen aditivos que todavía no estaban autorizados en un Estado miembro se encontraban sometidos a un procedimiento de autorización previa de comercialización particularmente largo. Invocando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los servicios de la Comisión han aducido que un procedimiento de tales características únicamente era legítimo en la medida en que se llevase a cabo en un plazo razonable. Por lo tanto, la legislación nacional se ha modificado con el fin de que se cumplan las condiciones previstas por el Tribunal en cuanto a las modalidades de este tipo de procedimiento.

- Tras la reunión paquete organizada en un Estado miembro, las autoridades nacionales han modificado determinadas disposiciones del código de circulación que resultaban incompatibles con el artículo 30 del Tratado. En efecto, algunas de sus disposiciones imponían un certificado de origen para el vehículo que debía ser expedido por el constructor o establecían dimensiones obligatorias para las caravanas, exigencias que tenían por efecto, respectivamente, crear una barrera a la comercialización de los vehículos originarios de otros Estados miembros y prohibir la circulación de caravanas legalmente fabricadas o comercializadas en otros Estados miembros y que no respetasen esas dimensiones.

En la mayoría de los casos, el archivo de un expediente se produce una vez que un Estado miembro ha modificado su reglamentación litigiosa. No obstante, a la espera de una modificación formal que a menudo sólo se produce después de un cierto tiempo, los Estados adoptan frecuentemente medidas provisionales tales como circulares publicadas en su Boletín Oficial del Estado o anuncios publicados en los boletines de información de las administraciones encargadas de la aplicación de dichas medidas, informando a los agentes económicos que las disposiciones nacionales litigiosas deben interpretarse de una manera compatible con las exigencias derivadas del principio de libre circulación de mercancías y que así serán aplicadas por las autoridades públicas. Por ejemplo, un Estado miembro ha publicado en el Boletín Oficial un anuncio en el que reconoce que las pruebas suplementarias efectuadas hasta entonces en la munición de caza, no son necesarias cuando se hayan efectuado pruebas en el país donde se haya fabricado la munición de conformidad con los requisitos de seguridad exigidos por la norma europea.

Los Estados miembros recurren asimismo a comunicaciones o a anuncios publicados en el Boletín Oficial que completan o precisan la legislación nacional para ajustarla al Derecho comunitario. A título de ejemplo, un Estado miembro publicó en el Diario Oficial un anuncio en el que hacía referencia a una orden ministerial sobre la fabricación, importación y distribución de cemento, que explica, de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, el procedimiento de homologación simplificado que deben seguir los agentes económicos.

La cooperación de todos los Estados miembros que busca la Comisión ayuda a desarrollar un enfoque coherente y uniforme en la realización de su misión. Por eso, sus servicios realizan estudios horizontales y trabajos de cooperación destinados a elaborar un estado de las reglamentaciones nacionales en un sector económico dado. Así por ejemplo, en 1994 se realizaron dos estudios de este tipo, uno relativo a la instalación y comercialización de las antenas parabólicas de televisión y otro a la comercialización de leches para lactantes.

Cabe por último subrayar que la acción de la Comunidad va dirigida igualmente a prevenir la creación de nuevas barreras a la libre circulación de mercancías animando a los Estados miembros a insertar cláusulas de reconocimiento mutuo en su reglamentación nacional. Así, la Comisión solicita a las autoridades nacionales, a través de dictámenes motivados, la inserción de cláusulas de reconocimiento mutuo en sus proyectos de normas técnicas notificadas con arreglo al procedimiento de información instaurado por la Directiva 83/189/CEE. Tales cláusulas pueden ser:

- Cláusulas de reconocimiento recíproco de normas, reglas y especificaciones técnicas nacionales. Así, por lo que respecta a un proyecto de reglamentación en el que se fijan las características de producción del cemento, la Comisión ha solicitado a un Estado miembro que adopte una cláusula de reconocimiento de las normas que ofrezcan un nivel equivalente de protección del objetivo de seguridad.

- Cláusulas de reconocimiento recíproco de las pruebas y certificaciones de laboratorios homologados. La Comisión ha solicitado que se inserte una cláusula de reconocimiento recíproco en un proyecto de reglamentación relativa a los aparatos de medición de la tasa de alcohol con el fin de que se reconozcan los ensayos ya efectuados con estos aparatos en el Estado miembro de procedencia.

- Cláusulas de reconocimiento de organismos y laboratorios. Así, un proyecto de reglamentación por la que se limita la expedición de certificados de conformidad sólo a los organismos autorizados por el Instituto Nacional de Calidad ha sido modificado por un Estado miembro, de conformidad con el dictamen de la Comisión, con el fin de que se reconozcan los certificados expedidos por otros organismos que respondan a criterios de independencia y competencia profesional satisfactorios.

La supresión de los controles de mercancías en las fronteras

Desde 1985, la Comisión comenzó a considerar que la realización del mercado interior suponía la eliminación completa de todos los controles en las fronteras internas de la Comunidad y fijaba en el 1 de enero de 1993 el plazo para la supresión de esos controles.

El desmantelamiento de estos controles, que se inició en 1992 y continuó en 1993, toca a su fin en lo relativo a las mercancías. Como resultado de un primer balance, la Comisión constata que en 1994 el conjunto de Estados miembros confirmó la supresión de controles en las fronteras interiores sobre las mercancías.

A este respecto, y habida cuenta de las diferentes situaciones presentadas por los Estados miembros, es posible repartirlos en tres grupos:

- Los Estados que han adoptado un instrumento legislativo único de abolición de los controles (Italia y Grecia).

- Los Estados que han adaptado su legislación allí donde resultaba necesario (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido y Portugal).

- Los Estados que, al tiempo que modificaban su normativa nacional con vistas a suprimir esos controles, han transferido al interior de su territorio determinados controles sobre bienes sensibles -armas, explosivos, drogas, bienes de doble uso, obras de arte, etc. - (Francia y España).

Conviene recordar que, si bien el artículo 7A del Tratado CE fija un objetivo claro que no deja ningún margen de apreciación, la supresión de controles en las fronteras internas de la Unión en ningún caso elimina la posibilidad de que los Estados miembros realicen controles en cualquier punto de su territorio nacional, siempre y cuando estos controles estén justificados, en particular en virtud del artículo 36 del Tratado, y no sean discriminatorios. Esos controles deberán por tanto ser puntuales, no sistemáticos y obedecer a las mismas normas que las definidas para los controles ordinariamente efectuados en el conjunto del territorio.

La Comisión, guardiana del Tratado, permanecerá vigilante ante cualquier intento de poner en tela de juicio los resultados obtenidos. Conviene subrayar a este respecto el papel desempeñado por los agentes económicos en el cumplimiento de esta misión.

Realizado en estrecha colaboración entre los Estados miembros, el desmantelamiento de los controles en las fronteras es un resultado positivo que supone una nueva etapa hacia una Unión cada vez más estrecha de los pueblos y Estados europeos.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El Tribunal se pronunció sobre la libre circulación de mercancías en reiteradas ocasiones en el curso del año 1994, precisando y confirmando en sus sentencias los principios que presiden la acción de control de la Comisión. Así, cabe resaltar las siguientes sentencias:

- Denominación de venta de un producto cosmético (4)

El Tribunal considera que una medida nacional por la que se prohíbe la importación y comercialización de un producto clasificado y presentado como cosmético, prohibición basada en que el producto lleva la denominación «clínico», es incompatible con los artículos 30 y 36 y con el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones relativas a los productos cosméticos.

Al presentarse tales productos como productos cosméticos y no como medicamentos, el Tribunal estima que esta prohibición no era necesaria para satisfacer las exigencias de protección de los consumidores o de salud de las personas. Por otro lado, estos productos se encuentran comercializados regularmente en los otros Estados miembros bajo la denominación «clínico» sin que el uso de tal denominación induzca a error a los consumidores.

- Procedimiento de autorización exigido para la comercialización de aparatos emisores/receptores de radiocomunicación (5)

Fiel a su jurisprudencia tradicional, el Tribunal estima que un sistema de autorización aplicado sin distinción a todos los aparatos receptores de radiocomunicación, con la única excepción de los aparatos destinados exclusivamente a la recepción de emisiones de radiodifusión sonora o televisiva, resulta incompatible con el artículo 30 del Tratado, sin poder justificarse en virtud de una exigencia imperativa del artículo 36 del Tratado.

- Prohibición de ejercer determinadas actividades comerciales en domingo (6)

El Tribunal considera que este tipo de prohibición no tiene por qué impedir el acceso al mercado de los productos procedentes de otros Estados miembros o dificultar su acceso más que el de los productos nacionales. Esta prohibición no entra por tanto dentro del ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado.

De este modo, el Tribunal aplica las condiciones recogidas en los considerandos 16 y 17 de la sentencia «Keck y Mithouard».

- Libre circulación de objetos fabricados con metales preciosos: contraste obligatorio (7)

El Tribunal, con arreglo a su jurisprudencia «Robertson» (8), considera que un Estado miembro puede prohibir la puesta a la venta de objetos de metal no provistos de un contraste de garantía que responda a las exigencias de la normativa que hubiere promulgado, a condición de que estos objetos no hayan sufrido en el Estado miembro de exportación un contraste con un contenido informativo equivalente al del contraste prescrito por la normativa del Estado miembro de importación y comprensible para el consumidor de ese Estado.

2.2.1.2. Las normas de prevención contempladas en la Directiva 83/189/CEE

El procedimiento de información que se establece en la Directiva 83/189/CEE, modificada por la Directiva 88/182/CEE, es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Dicha directiva obliga a los Estados miembros a someter los proyectos de reglamentación técnica a un control previo a la aprobación definitiva del acto en el marco del procedimiento de información. Quedan excluidas del procedimiento las reglamentaciones técnicas adoptadas en el marco de la incorporación de directivas comunitarias.

De los 389 proyectos de reglamentaciones técnicas recibidos en 1994, (frente a 385 en 1993), 79 (9) han sido objeto de un dictamen detallado por el que la medida contemplada debe modificarse con el fin de eliminar infracciones al Derecho comunitario derivado o de delimitar las barreras a la libre circulación de bienes que eventualmente pudieran derivarse. Por su parte, los Estados miembros emitieron 69 (10) dictámenes detallados. La Comisión ha solicitado respecto a una (11) notificación que se posponga un año la aprobación de la medida nacional modificada, anunciando su intención de proponer actos de armonización comunitaria.

El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el 23 de marzo de 1994 la Directiva 94/10/CE por la que se modifica por segunda vez la Directiva 83/189/CEE. Esta nueva directiva entrará en vigor el 1 de julio de 1995. Prevé una clarificación y una ampliación del ámbito de aplicación de la directiva modificada y precisiones sobre las normas de procedimiento previstas por los Estados miembros y la Comisión.

En 1994 se examinaron unas 2 200 leyes nacionales. Aproximadamente el 30 % constituyen normas técnicas no notificadas con arreglo a la directiva o que entran fuera de su ámbito de aplicación. Tras un análisis con vistas a establecer si hubieran debido notificarse con arreglo a la directiva, se incoaron en 1993 31 procedimientos de infracción en el ámbito industrial y 5 en el ámbito agrícola. En 1994, 4 casos fueron objeto de recurso ante el Tribunal de Justicia.

2.2.2. Balance por sectores del grado de aplicación de las directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías

2.2.2.1. Productos alimenticios

En el transcurso de 1994, los servicios responsables examinaron 97 casos de infracción, 85 de los cuales se referían a casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación y los otros 16 a casos de no conformidad de directivas ya incorporadas.

En 1994 se archivaron un importante número de casos de no comunicación, ya que en 62 de ellos la incorporación se realizó en el transcurso del año. También se enviaron 32 cartas de emplazamiento y 8 dictámenes motivados a los Estados miembros por no incorporación de directivas en los plazos previstos. Por otro lado, por lo que respecta a varios de los casos de infracción por no comunicación, los Estados miembros ya han comunicado proyectos de medidas de incorporación a los servicios de la Comisión.

Por otro lado, los 16 casos de no conformidad han sido objeto de un examen detallado que ha llevado al envío de un dictamen motivado, dos cartas de emplazamiento y una decena de cartas de carácter precontencioso. La mitad de estos casos se refieren a la Directiva 79/112/CEE, relativa al etiquetado de los productos alimenticios, que incluye, entre otras disposiciones, una lista limitativa de las menciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado. Algunos Estados miembros tienden sin embargo a imponer nuevas menciones con el fin, al menos eso pretenden ellos, tanto de ofrecer una mejor información al consumidor como de poner de relieve algún ingrediente específico o alguna advertencia. Ahora bien, en esta directiva se prevé que obligaciones de este tipo, que pueden constituir una fuente de barreras a los intercambios intracomunitarios, deben ser objeto de una notificación a la Comisión y a los Estados miembros. Una vez producida esta notificación, puede decidirse autorizar o prohibir estas disposiciones nacionales, eventualmente a la espera de la adopción de una medida comunitaria que vaya en el mismo sentido. Se ha comprobado precisamente que algunos Estados miembros no han seguido este procedimiento, prefiriendo imponer unilateralmente menciones de etiquetado no previstas en la Directiva 79/112/CEE.

Numerosos casos de infracción por no conformidad (5 casos en 1994) han encontrado solución satisfactoria en un plazo razonable gracias a la organización de reuniones informales entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.3. Productos farmacéuticos

En el transcurso de 1994, se examinaron 133 casos de infracción, 131 de ellos por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución. Estos últimos han sido objeto de una carta de emplazamiento mientras que se enviaron 48 dictámenes motivados a los Estados miembros.

Sin embargo, una gran parte de los procedimiento pudo archivarse en el transcurso de 1994 como consecuencia de la notificación de las medidas de ejecución por los Estados miembros. Las infracciones en curso se refieren principalmente a las directivas relativas a los medicamentos veterinarios y a los medicamentos homeopáticos. En torno a estas infracciones, la mayoría de los Estados miembros afectados ha hecho llegar a los servicios de la Comisión proyectos de medidas o de informaciones preliminares sobre el estado en que se encuentran los trabajos de incorporación. A la vista de la información recibida, cabe esperar que la situación de la incorporación mejore rápidamente en los próximos meses.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.5. Productos químicos

De los 72 casos de infracción incoados en el transcurso del año por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución, en 21 de ellos se realizó la incorporación al nivel nacional. De los 51 casos subsistentes, hubo 13 dictámenes motivados y 18 emplazamientos.

Los motivos de los retrasos de incorporación invocados por los Estados miembros tienen que ver generalmente, bien con problemas de reparto de competencias entre ministerios, bien con la lentitud de los procedimientos parlamentarios.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.7. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores

La incorporación de las directivas del sector de los vehículos de motor, tractores y ciclomotores resulta, por regla general, muy satisfactoria. La tasa de incorporación para el conjunto de las directivas aplicables pone de manifiesto que el ejercicio de incorporación está prácticamente finalizado en este sector.

Teniendo en cuenta el carácter detallado y técnico del contenido de las directivas en materia de automóviles, varios Estados miembros proceden a la incorporación automática de las directivas simplemente publicando el texto comunitario en su propio Boletín Oficial, lo que facilita y acelera las incorporaciones así como el control de la conformidad con respecto al Derecho comunitario. En los otros Estados miembros, los retrasos resultan más frecuentes a causa de un procedimiento de incorporación más pesado ya que requiere una ley nacional específica. En cualquier caso, estos retrasos raramente pasan de algunos meses.

En el transcurso 1994, la Comisión comprobó y examinó 22 casos de no comunicación, 16 de los cuales fueron archivados durante el año como consecuencia de la recepción de las medidas nacionales. Además, por lo que se refiere a la calidad de las incorporaciones nacionales, se dio curso este año a cuatro procedimientos de infracción por incorporación incorrecta de las directivas, dos de ellos partir de quejas presentadas a lo largo del año.

Los dos primeros hacen referencia a una aplicación incorrecta de las directivas relativas a las emisiones contaminantes procedentes de motores diesel. Los otros dos se refieren a problemas más puntuales de orden puramente técnico. También a este nivel, se considera que el balance debe calificarse de globalmente satisfactorio.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.9. Productos para la construcción

Hasta estos momentos, 11 Estados miembros han incorporado al Derecho nacional la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción. Grecia ha regularizado ya su posición, por lo que sólo falta por adoptar las medidas necesarias Bélgica, cuyo proceso de paso de una etapa administrativa a la siguiente con vistas a la adopción resulta muy lento.

2.2.2.10. Bienes de equipo (mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, electrotécnica, aparatos médicos)

Este sector totaliza 90 directivas cuyo plazo de incorporación vencía antes del 31 de diciembre de 1994.

Se trata en concreto de las directivas de «nuevo enfoque», que se limitan a fijar exigencias esenciales de seguridad y los mecanismos que permiten la salida al mercado comunitario y la libre circulación de aparatos seguros.

Teniendo en cuenta la existencia en los Estados miembros de normativas detalladas en materia de seguridad, la inserción de los principios del «nuevo enfoque» en los sistemas nacionales existentes puede resultar una operación compleja.

El trabajo de análisis efectuado por los servicios de la Comisión sobre la calidad de las incorporaciones ha dado lugar a la apertura de varios casos detectados de oficio relativos a «presuntas» infracciones por no conformidad, casos que en su mayoría se encuentran todavía en la fase precontenciosa (denominada «pre-169»). Este análisis ha sido muy detallado y, salvo excepciones, no se trata de casos «intencionados» de no conformidad, sino de interpretaciones erróneas de las disposiciones de las directivas o de redacciones ambiguas de las incorporaciones, lo que afecta a la seguridad de los agentes económicos. No obstante, en un número limitado de casos los problemas son de orden sustancial.

Por lo que se refiere a los casos de aplicación incorrecta, el número de infracciones y de quejas es por el momento bastante limitado. Ello se debe esencialmente al hecho de que estas directivas sólo entran en aplicación progresivamente (existen períodos transitorios durante los cuales el Derecho nacional sigue siendo aplicable) y que, además, el papel preventivo desempeñado por los servicios de la Comisión, a través de un contacto constante con las autoridades nacionales competentes, ha permitido a menudo dejar de lado los elementos controvertidos que hubiesen podido dar lugar a una incorrecta aplicación de las directivas.

2.2.2.11. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3. Mercado de servicios

2.2.3.1. Sector audiovisual

La Directiva 89/552/CEE sobre la televisión sin fronteras tiene como objetivo garantizar la libre circulación de las emisiones de radiodifusión televisiva, así como fomentar la distribución y la producción audiovisual europea con el fin de contribuir a la realización del espacio audiovisual europeo. Aunque todos los Estados miembros han finalizado ya la incorporación, cuya fecha límite era octubre de 1991, todavía subsiste un cierto número de problemas referidos sobre todo a los criterios de conexión en relación con el principio de control del Estado de origen, la cronología de los medios de comunicación y la publicidad. Por consiguiente, la Comisión decidió en el transcurso de 1994 proseguir los procedimientos de infracción incoados anteriormente. Así, decidió enviar un dictamen motivado contra Irlanda, Países Bajos, Grecia y Portugal por no conformidad de las legislaciones nacionales con las disposiciones de la directiva.

Por otro lado, se interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Reino Unido (asunto C-222/94) por no respetar el criterio de conexión que determina la competencia de un Estado miembro sobre un organismo de radiodifusión, así como por haber instaurado un doble régimen aplicable a los organismos de radiodifusión, según el público al que se pretende llegar. La Comisión ha recurrido ante el Tribunal de Justicia contra Bélgica (asunto C-11/95), que somete la distribución por cable de las emisiones procedentes de otro Estado miembro a un régimen de autorización previa. Además, la Comisión decidió presentar un recurso contra Italia, que permite cortes publicitarios suplementarios de las obras cinematográficas. No obstante, la modificación posterior de la citada normativa italiana indujo a la Comisión a suspender la presentación del recurso.

Por otro lado, la Comisión envió un dictamen motivado a las autoridades británicas referente a la expedición de licencias a organismos de radiodifusión que no respetan en absoluto las disposiciones en materia de promoción de las obras europeas.

2.2.3.2. Propiedad intelectual e industrial

Por lo que respecta a la creación de nuevos derechos de propiedad industrial a nivel comunitario, el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria entró en vigor el 15 de marzo de 1994. Esta última, de una duración de 10 años renovables, será expedida por la Oficina de Armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos), creada por este Reglamento y cuya sede se encuentra en Alicante, en España. Mediante sus decisiones de 16 y 27 de junio, el Consejo nombró al Presidente y los Vicepresidentes de la Oficina. En el transcurso de 1995 se trabajará activamente en la adopción de medidas de ejecución del citado Reglamento con el fin de que la Oficina pase a ser plenamente operativa. A tal efecto, se contempla que la primera solicitud de marca comunitaria pueda presentarse en la Oficina a partir del 1 de enero de 1996.

El sistema comunitario permitirá adquirir mediante un procedimiento único una protección valedera en toda la Comunidad. Esta protección se verá reforzada por la existencia de un órgano de carácter cuasijurisdiccional, las Salas de recurso de la Oficina, sobre cuyas decisiones cabrá la posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia. Por otro lado, la lucha contra la falsificación resultará más eficaz, ya que los Estados miembros designarán un número limitado de tribunales de primera y de segunda instancia que tendrán competencia exclusiva para pronunciarse sobre la usurpación de las marcas comunitarias.

Examen paralelo del Parlamento Europeo

Paralelamente, el Parlamento Europeo examina la propuesta de directiva sobre protección jurídica de los diseños y modelos a nivel nacional [COM(93) 344 final]. Esta propuesta se justifica por el hecho de que, a semejanza de las marcas, los diseños y modelos a nivel nacional coexistirán con los diseños y modelos comunitarios. Esta coexistencia supone que las legislaciones nacionales actualmente divergentes se armonicen en sus elementos esenciales con el fin de que, por un lado, se establezca un verdadero mercado interior en este sector y que, por otro, las legislaciones nacionales sean compatibles con el futuro sistema de protección comunitaria. Los diseños y modelos presentan una importancia creciente para una gama de bienes muy extendida. Una estética industrial de calidad constituye, para las empresas comunitarias, una de las principales bazas en la competencia con industrias de terceros países cuyos costes de producción son menos elevados.

Por lo que se refiere a la incorporación de la Directiva 89/104/CEE sobre las marcas, sólo la mitad de los Estados miembros (Dinamarca, Grecia, Francia, España, Italia y el Reino Unido) han comunicado las medidas de ejecución.

Derechos de autor y derechos afines

La Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador debía haber sido incorporada por los Estados miembros antes del 1 de enero de 1993.

Únicamente Dinamarca, Italia y el Reino Unido adoptaron las medidas de incorporación a su debido tiempo. Durante el año 1993 otros cuatro Estados miembros adoptaron tales medidas. Por su parte, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Portugal lo hicieron durante el año 1994. Luxemburgo es el único país que todavía no ha adoptado disposiciones en la materia. La Comisión ha decidido recurrir ante el Tribunal.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, dicha directiva exigía que los Estados miembros pusiesen en vigor, antes del 1 de julio de 1994, las disposiciones necesarias para ajustarse a las obligaciones en ella establecidas. Bélgica ha adoptado medidas nacionales de ejecución y las autoridades francesas han indicado a la Comisión que su legislación nacional, así como las condiciones reglamentarias de su aplicación son conformes a las prescripciones comunitarias en esta materia. La Comisión no dejará de tomar las medidas necesarias contra los Estados miembros que no satisfagan las obligaciones que se derivan de la directiva.

Por último, cabe señalar que la Comisión ha proseguido su procedimiento de infracción contra el Gobierno griego con motivo de la incorporación incorrecta de la Directiva 87/54/CEE sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

2.2.3.3. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.4. Telecomunicaciones

Por lo que se refiere a las tres directivas sobre bandas de frecuencia, es decir, las Directivas 87/372/CEE (GSM), 90/544/CEE (Ermes) y 91/287/CEE (DECT), todos los Estados miembros han notificado sus medidas nacionales de ejecución, con excepción de Irlanda que todavía no ha comunicado su texto de incorporación de la Directiva 90/544/CEE, relativa a la aplicación del suministro de una red abierta a las líneas alquiladas. En cualquier caso, las autoridades irlandesas han notificado a la Comisión un proyecto final de texto de incorporación de esta directiva. La Comisión ha dado su acuerdo al proyecto comunicado. Tras el análisis de las medidas nacionales notificadas, la Comisión considera que la mayoría de los textos de incorporación son conformes a las exigencias comunitarias.

La Directiva marco 90/387/CEE, en la que se enuncian los principios que se deben aplicar para la puesta en marcha del suministro de una red abierta de telecomunicaciones, se ha incorporado en todos los Estados miembros.

La Comisión ha proseguido el examen de las medidas de ejecución nacionales que incorporan la primera directiva específica en el marco ONP, la Directiva 92/44/CEE, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas. Cabe resaltar que la aplicación correcta de este texto reviste actualmente una importancia especial para la instauración de la «sociedad de la información» anunciada por el Informe Bangemann. Diez Estados miembros (Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Irlanda y los Países Bajos) han comunicado a la Comisión sus medidas nacionales de incorporación. La notificación francesa es la única en la que se ha comprobado la conformidad con las exigencias del Derecho comunitario. El examen de los otros textos notificados se encuentra actualmente en curso. Por otro lado, la Comisión ha decidido recurrir ante el Tribunal de Justicia contra los Estados miembros que no han incorporado la directiva en su ordenamiento jurídico nacional.

La ejecución de la Decisión 91/396/CEE relativa a la implantación del «112» como número único de llamada de urgencia en Europa sigue encontrando dificultades en algunos Estados miembros. En efecto, los Estados miembros deben modificar sus planes de numeración nacional con el fin de hacer posible la introducción del «112» como número de urgencia único europeo, lo que en la práctica significa costosas y complicadas modificaciones técnicas. Así, actualmente, aparte de los cinco Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido) que han tomado medidas de aplicación de esta decisión, otros cuatro (Francia, Irlanda, Italia y los Países Bajos) han solicitado a la Comisión una excepción en virtud del apartado 2 del artículo 3 de la decisión. España, Grecia y Portugal siguen sin comunicar a la Comisión sus medidas de aplicación.

Por lo que se refiere al prefijo «00», adoptado por la Decisión 92/264/CEE como prefijo común para el acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad, siete Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Portugal) ya han incorporado esta decisión. La Comisión, en virtud del apartado 2 del artículo 3 de la decisión, ha concedido un plazo suplementario para la aplicación de esta decisión en otros tres Estados miembros (Francia, Dinamarca y el Reino Unido), que han invocado dificultades técnicas y financieras para justificar el retraso de la introducción completa del prefijo «00» en sus planes nacionales de numeración.

En cuanto a los equipos terminales de telecomunicaciones, ocho Estados miembros han notificado actualmente a la Comisión sus medidas nacionales de ejecución de la directiva de base 91/263/CEE. Tras el examen de los textos comunicados, cinco Estados miembros han tomado medidas que engloban la totalidad de la directiva (Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido). Las notificaciones de Alemania, España y los Países Bajos son parciales e incompletas. Respecto a los cuatro Estados que no han comunicado medidas de incorporación (Bélgica, Grecia, Irlanda y Luxemburgo), la Comisión ha decidido dar curso a los procedimientos de infracción incoados en 1993 recurriendo al Tribunal de Justicia.

Con el fin de unificar las siglas y las reglas empleadas en lo relativo al marcado comunitario de productos, el Consejo ha adoptado a través de la Directiva 93/68/CEE medidas por las que se modifican las directivas de «nuevo enfoque», entre las que se encuentra la Directiva 91/263/CEE. A 1 de enero de 1995, fecha en la que estas disposiciones debían ser aplicadas por los Estados miembros, Francia, Italia, los Países Bajos y Portugal habían comunicado a la Comisión las medidas por ellos adoptadas.

Por otro lado, el ámbito de aplicación de la Directiva 91/263/CEE se ha visto completado por la Directiva 93/97/CEE en lo relativo a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite. Como los Estados miembros tenían que tomar las medidas necesarias para el 1 de mayo de 1995 como máximo, los textos de incorporación nacional se esperan para dentro de muy poco.

2.2.3.5. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.6. Libre circulación de servicios financieros

En 1994, la Comisión registró seis quejas por violación de las disposiciones del Tratado o de las directivas comunitarias (número que es prácticamente idéntico al de los años anteriores), tres de las cuales se refieren al sector de los valores mobiliarios, dos al sector bancario y una al sector de seguros.

La Comisión ha iniciado asimismo un diálogo no contencioso con la mayoría de los Estados miembros con respecto a determinadas imperfecciones detectadas por sus servicios al controlar la conformidad de las legislaciones nacionales con las directivas comunitarias. Estos procedimientos informales afectan actualmente a una quincena de casos que cubren los tres sectores indicados.

El diálogo relativo a la aplicación de las directivas comunitarias se prosiguió igualmente en el marco de los grupos técnicos de interpretación. El grupo técnico de interpretación de las directivas bancarias (GTIAD) se reunió en cuatro ocasiones y el grupo técnico de interpretación del sector de seguros en tres. Todavía no existe stricto sensu un grupo de tal naturaleza en el sector de los valores mobiliarios.

Actualmente se encuentran pendientes ante el Tribunal de Justicia tres procedimientos que tienen que ver con el sector de los servicios financieros. Se trata de los siguientes casos:

- El procedimiento por incumplimiento (artículo 169) dirigido contra Italia (asunto C-101/94) por la Ley 1/91 (denominada Ley SIM) sobre los intermediarios financieros (ver informes décimo y undécimo). La fase escrita del procedimiento ante el Tribunal se encuentra casi finalizada, pero no se puede esperar razonablemente un fallo antes del final del año próximo.

- El procedimiento prejudicial (artículo 177) que se está desarrollando por un litigio entre una sociedad neerlandesa y los Países Bajos (asunto C-389/93). Dicha sociedad reprocha a las autoridades neerlandesas que le prohíban realizar llamadas no solicitadas (cold calling) para constituirse una clientela que pudiera estar interesada en servicios de corretaje sobre productos derivados ligados al comercio de materias primas. Este asunto presenta un interés especial en la medida en que se refiere a la situación poco común en que la restricción examinada constituye una restricción no discriminatoria a la exportación de un servicio, que emana del país de origen del prestatario. El fallo se emitirá con toda probabilidad en la segunda mitad de 1995.

- Por último, un segundo procedimiento prejudicial que se desarrolla en el marco de un litigio entre particulares y Luxemburgo (asunto C-484/93). Se refiere a la compatibilidad con el Derecho comunitario de la legislación luxemburguesa que subordina la concesión de una bonificación de interés en materia de préstamo a la construcción a la condición de que el préstamo se haya concedido por una entidad de crédito autorizada en el Gran Ducado.

2.2.3.7. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.8. Fiscalidad directa

La Comisión ha podido archivar los procedimientos de infracción relativos a la no deducibilidad fiscal de las primas de seguros pagadas a aseguradores extranjeros: en el caso de Alemania, la deducibilidad se ha ampliado a pagos a los aseguradores autorizados en la CE y en el EEE, mientras que la discriminación practicada por Irlanda ha quedado suprimida gracias al abandono de cualquier tipo de deducibilidad.

La Comisión ha recibido numerosas quejas contra la nueva legislación italiana que establece un impuesto municipal sobre los inmuebles. Dado que este impuesto no es discriminatorio y que tampoco entra en conflicto con otras normas del Derecho comunitario, en concreto con las libertades fundamentales que constituyen el mercado interior, ha habido que archivar estas quejas.

Una vez depositado en octubre de 1994 el último instrumento de ratificación del «convenio relativo a la eliminación de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas» (DO n° L 225 de 20 de agosto de 1990, p. 10) de 23 de julio de 1990, este último entró en vigor, en los doce antiguos Estados miembros, el 1 de enero de 1995. Su extensión a los nuevos Estados miembros se realizará a través de un convenio adicional que podrá firmarse a principios de 1995 pero que solamente entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por los quince Estados miembros.

2.2.3.9. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.10. Derecho de Sociedades

La Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la República Federal de Alemania por aplicación incorrecta de la Directiva 68/151/CEE (primera directiva sobre el Derecho de Sociedades). En contra de lo dispuesto en dicha directiva y en la ley alemana de incorporación, aproximadamente el 90 % de las sociedades de responsabilidad limitada se niegan a publicar sus cuentas anuales presentándolas en el registro de comercio. Aparentemente, dicha situación se debe a la insuficiencia de las sanciones previstas en la legislación alemana. Ya en 1993, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia, pero, tras algunos contactos mantenidos con las autoridades alemanas, dejó en suspenso la ejecución de dicha decisión, con el fin de dar al Gobierno alemán el tiempo necesario para remediar dicha situación. Como parece que el Gobierno alemán no está en condiciones de poner fin a la infracción, la Comisión ha decidido ejecutar su decisión de recurrir al Tribunal.

2.2.3.11. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.4. Libre circulación de capitales

Todos los Estados miembros han incorporado la Directiva 88/361/CEE, por la que se regulan los movimientos de capitales, dentro de los plazos establecidos o con las excepciones autorizadas por la propia Directiva. Por lo que se refiere a los Estados miembros que gozaban de una excepción, Grecia suprimió, apartir del 16 de mayo de 1994, todas las restricciones subsistentes a la libre circulación de capitales que, en virtud de la Directiva 92/122/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, estaba autorizada a mantener hasta el 30 de junio de 1994. La supresión por Grecia de las últimas restricciones establece un régimen de libre circulación de capitales en toda la Unión.

El Tratado de la Unión Europea introduce un nuevo regímen en materia de movimientos de capitales y de pagos. A partir del 1 de enero de 1994, los artículos 73B a 73G del Tratado, incluidos en el Capítulo 4 «Capital y Pagos» del Tratado, sustituyen a los artículos 67 a 73 del Tratado CEE. La liberación de capitales y pagos es ya un derecho directamente aplicable, por lo que ya no es necesario el Derecho derivado. Además, el nuevo régimen ha ampliado la obligación de liberalización, con unas pocas excepciones, a los países terceros.

No obstante, en algunos sectores subsisten restricciones indirectas y otros obstáculos a los movimientos de capitales. Tales obstáculos pueden adoptar la forma de restricciones a las inversiones en el extranjero por parte de inversores institucionales, no justificadas por consideraciones de prudencia, de discriminaciones fiscales no compatibles con el Derecho comunitario, de normas relacionadas con la emisión de títulos, con la transferencia de medios de pago y otras restricciones. La Comisión ha actuado en los casos necesarios para conseguir la supresión de tales obstáculos.

2.2.5. Contratos públicos

Acción de la Comisión

La Comisión ha hecho hincapié en el control de la incorporación de las directivas, actuando contra los Estados miembros que no han respetado sus obligaciones generales de comunicación y examinando las medidas nacionales aprobadas para la aplicación de las directivas que entran en vigor en el transcurso el año (Directivas codificadas 93/36/CEE y 93/38/CEE, sobre suministros y sectores especiales, respectivamente), así como de las directivas más antiguas.

So reserva de las excepciones concedidas a España, Grecia y Portugal, por lo que se refiere al plazo de incorporación de la Directiva 93/38/CEE (como en el caso de la Directiva 90/531/CEE), cabe constatar que la mayoría de los Estados miembros no han respetado la obligación de incorporar antes del 14 de junio de 1994 y del 1 de julio de 1994, respectivamente, las Directivas 93/36/CEE y 93/38/CEE, y que subsisten retrasos importantes en relación con algunas directivas más antiguas, especialmente la Directiva 92/50/CEE (sobre los servicios) y la Directiva 92/13/CEE (recursos de los sectores excluidos).

El examen de las medidas comunicadas ha permitido además constatar la existencia de numerosos problemas, algunos de los cuales constituyen cuestiones de principio que pueden poner en tela de juicio la apertura de los contratos públicos celebrados en los Estados miembros interesados.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/50/CEE, la situación resulta totalmente alarmante, dado que la mayoría de los Estados miembros no han comunicado las medidas nacionales de ejecución y los demás han adoptado a veces medidas muy criticables. Así las cosas, la Comisión ha incoado múltiples procedimientos de infracción contra los Estados miembros por no conformidad con tales disposiciones.

Naturalmente, la Comisión ha continuado estudiando los expedientes abiertos con motivo del control de la incorporación de las Directivas anteriores (71/305/CEE modificada, sobre las obras públicas, y 88/295/CEE modificada, sobre los suministros), lo cual ha dado lugar a la presentación al Tribunal de Justicia de un recurso contra Alemania por incorporación incorrecta.

Por lo que se refiere a los órganos adjudicadores o entidades adjudicadoras, la Comisión se ha ocupado especialmente, este año, de las condiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros atribuyen los contratos de productos farmacéuticos.

Además, la Comisión se ha ocupado de la totalidad de las quejas y casos detectados de oficio que ponen de manifiesto infracciones en la aplicación del Derecho comunitario susceptibles de ser invocadas en materia de contratos públicos (directivas y artículos del Tratado), cuyo número se ha duplicado desde el año pasado, debido probablemente al aumento de disposiciones de las directivas que se empiezan a aplicar como consecuencia sobre todo de la entrada en vigor de los textos más recientes.

La Comisión ha conseguido solucionar los problemas de determinado número de expedientes sin tener que llevar los procedimientos de infracción a su término normal. Cabe resaltar, a este respecto, que se ha establecido un procedimiento de diálogo y de concertación (en particular a través de las denominadas «reuniones paquete»), en con el fin de ofrecer a los Estados miembros la asistencia jurídica y técnica necesaria y de buscar de común acuerdo, en los litigios en curso, soluciones conformes al Derecho comunitario.

Cabe resaltar los siguientes ejemplos:

- Se han constatado múltiples irregularidades en la celebración de un contrato destinado a la realización de obras importantes de irrigación en un Estado miembro: una reducción sensible del objeto del contrato, exigencia de una cláusula común «Buy national», una cláusula de beneficio compensatorio y la aceptación de la mejora de una oferta no conforme al pliegue de condiciones. Tras la intervención de la Comisión, las Autoridades nacionales interrumpieron finalmente el procedimiento y anularon la atribución.

- En otro caso, relacionado con la construcción de un puente, las Autoridades de un Estado miembro exigían que la fianza estuviera constituida bien por depósitos de dinero o de títulos emitidos por el Estado miembro o cotizados en la bolsa de la capital del Estado miembro, bien por garantías bancarias otorgadas por entidades que tuvieran su sede en dicho Estado. Las Autoridades nacionales eliminaron dicha cláusula del contrato antes de la incoación del procedimiento de infracción.

- En un contrato de suministro de productos farmacéuticos, el organismo estatal afectado que evaluó las ofertas había eliminado las dos ofertas mejor situadas según criterios no contemplados ni en el pliego de condiciones ni en el anuncio de contrato. Además, la Comisión detectó infracciones a los artículos 30 y 59 del Tratado. Finalmente, las Autoridades nacionales anularon el contrato y pusieron en marcha un nuevo procedimiento.

- Un Estado miembro disponía, en una parte de su territorio, de un sistema de referencias regionales que reservaba a las empresas locales el 30 % de los contratos públicos de suminisros y de servicios celebrados por las administraciones. El Tribunal de Justicia tuvo ya ocasión de declarar que ese régimen es incompatible con el artículo 30 del Tratado, en su sentencia de 20 de marzo de 1990 «Dupont de Nemours». Tras la intervención de la Comisión, las autoridades nacionales iniciaron la reforma de su legislación, derogando las disposiciones en litigio, poniendo así fin a las infracciones al Derecho comunitario.

- La legislación de un Estado miembro contenía disposiciones destinadas a simplificar la celebración de determinados contratos públicos de suministro de vehículos, únicamente para los productos de fabricación nacional, sustrayéndolos a las operaciones de control de determinados órganos nacionales. Tal procedimiento es contrario al artículo 30 del Tratado, por lo que la Comisión pidió a las Autoridades nacionales que modificaran su legislación, lo que éstas hicieron ampliando la aplicación del procedimiento denominado «abreviado» a todos los contratos públicos de suministro de vehículos, por debajo de un cierto límite, celebrados con una empresa comunitaria.

- Un municipio de un Estado miembro publicó un anuncio de contrato para el suministro de traviesas de hormigón, haciendo referencia exclusivamente a normas internas de la compañía nacional de ferrocarriles, y aceptando únicamente una experiencia técnica relacionada con el suministro de productos similares certificados por la compañía nacional de ferrocarriles. tras las conversaciones celebradas entre la Comisión y las Autoridades nacionales, el órgano adjudicador interrumpió el procedimiento y aceptó volver a ponerlo en marcha teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión.

Por lo que se refiere a los casos pendientes ante el Tribunal de Justicia cabe subrayar cuatro asuntos importantes que se espera sean próximamente objeto de una sentencia:

CJCE, 3 de marzo e 1994, la Comisión contra España, asunto C-328/92 («productos farmacéuticos»)

El Tribunal de Justicia considera que la legislación básica relativa a la Seguridad Social, que permite a la administración adjudicar por el procedimiento de común acuerdo contratos públicos de suministro de productos farmacéuticos destinados a los establecimientos dependientes de la Seguridad Social y la atribución de común acuerdo de la casi totalidad de dichos suministros sin publicación previa son contrarios a lo dispuesto en la Directiva 77/62/CEE. El Tribunal recuerda que, en su sentencia de 17 de noviembre de 1993 (la Comisión contra España, Asunto C-71/92), estimaba que las únicas excepciones permitidas a la aplicación de la Directiva 77/62/CEE eran las expresamente mencionadas y que las excepciones a las normas destinadas a garantizar la efectividad de derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos de suministros deben ser objeto de una interpretación estricta. Además, el Tribunal recuerda que quien debe aportar la prueba de que las circunstancias especiales justifican la excepción efectivamente existente es quien pretende hacer uso en su favor de dicha excepción. Finalmente, el Tribunal recuerda que, según una jurisprudencia constante, es preciso, para poder recurrir a la excepción establecida en esa disposición, que se den todas las condiciones que establece de manera acumulativa.

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia, de 22 de abril de 1994, la Comisión contra Bélgica, asunto C-87/94 («autobuses valones»)

El Presidente del Tribunal rechaza la suspensión de un contrato de suministro de autobuses sin poner en tela de juicio las quejas planteadas por la Comisión en cuanto al fondo y reconociendo a la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, el derecho a poner en marcha un procedimiento destinado a conseguir la adopción de medidas provisionales para hacer cesar el grave e irreparable perjuicio que la ejecución del contrato en discusión puede representar para la salvaguardia de la normativa europea en el ámbito de los contratos públicos. En este caso concreto, el Presidente ha tenido en cuenta, en virtud del equilibrio de intereses, el argumento de las Autoridades belgas de que se trataba de autobuses muy viejos. El Presidente estima que no debía contribuir a agravar las condiciones de inseguridad de los viajeros y del personal de la sociedad de transportes, así como de los demás usuarios de la carretera retrasando la sustitución de los vehículos actuales.

El Tribunal no pone en tela de juicio el principio de acciones de vigilancia preventiva y de intervenciones de suspensión como las propuestas en este caso. Al contrario, la decisión da a entender que la Comisión no debe aceptar el hecho consumado y que sigue teniendo la posibilidad de utilizar un instrumento previsto en el artículo 186 del Tratado para pedir al Tribunal la suspensión de la ejecución de contratos celebrados violando las normas comunitarias sobre contratos públicos, incluso cuando ya hayan sido celebrados o estén en curso de ejecución. Tal jurisprudencia constituye una advertencia eficaz para los órganos adjudicadores que violan las normas comunitarias sobre contratos públicos, con el convencimiento de que el procedimiento aplicado en virtud del artículo 169 del Tratado carece en general de efectos concretos cuando la infracción ha sido ya consumada.

Además, los agentes económicos excluidos de un contrato público violando tales normas podrán comprobar que la Comunidad les garantiza la protección de su derecho fundamental a la igualdad de trato.

CJCE, 14 de abril de 1994, Ballast nedam groep contra Bélgica, Asunto C-389/92

Este asunto prejudicial se refiere a la negativa de un Estado miembro de incluir en la lista de contratistas autorizados a las sociedades que no dispongan del material y el personal, aún cuando estén vinculadas a sociedades que sí posean tales medios.

De acuerdo con la tesis de la Comisión y con las conclusiones del Abogado General, el tribunal considera que la Directiva sobre obras públicas confirma que, aunque no se trate necesariamente de un contratista o de un proveedor de los bienes que sean objeto del contrato, una sociedad (holding) puede ser autorizada a participar en una licitación pública. Así por ejemplo, una sociedad holding que no ejecute ella misma las obras, porque sus filiales que ejecutan las obras son personas jurídicas distintas, no puede ser excluida, por dicho motivo, de los procedimientos de participación en los contratos públicos de obras. No obstante, cuando el licitador no tenga los medios de ejecutar el contrato, el órgano adjudicador tendrá derecho a verificar si, debido a algún vínculo especial, el licitador puede «efectivamente» recurrir a los medios y recursos de los que disponen las otras sociedades.

CJCE, 26 de abril de 1994, la Comisión contra Italia, Asunto C-272/91 («Lottomatica»)

El Tribunal se pronunció sobre un contrato público que tenía por objeto la automatización del juego de la «loto» del Ministerio de Finanzas italiano. El contrato, de una duración de 9 años, se refería al suministro, la realización, el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de informatización del juego de la «loto». El contrato no había sido publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y estaba reservado a asociaciones y agrupaciones de participación pública mayoritaria. El contrato fue adjudicado al consorcio Lottomatica.

Mediante Auto de 31 de enero de 1992, confirmado el 12 de junio de 1992, el Presidente del Tribunal ordena a la República Italiana que suspenda los efectos jurídicos del decreto de adjudicación y del contrato firmado con la sociedad Lottomatica. La República Italiana no se ajustó a tal Auto hasta el 27 de mayo de 1993. Posteriormente, el Tribunal dictó sentencia favorable a la Comisión, basada en los Artículos 52 y 59 de la Directiva sobre contratos públicos de suministros.

Por lo que se refiere a los artículos 52 y 59, el Tribunal declara que la concepción de un sistema informático y la gestión del mismo constituyen actividades de carácter técnico que quedan incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 52 y 59, y rechaza los argumentos del Gobierno italiano, quien sostenía que se trataba de actividades que participan del ejercicio de la autoridad pública con arreglo al artículo 55 del Tratado.

Por otra parte, la Comisión ha continuado sus actividades de control en el marco de los proyectos y programas financiados por los Fondos Estructurales y lo demás instrumentos comunitarios.

Finalmente, la Comisión ha apoyado numerosas actividades de formación y de información, especialmente organizando, los días 14 y 15 de enero de 1994, un seminario sobre la «liberalización de los contratos públicos en el marco del mercado único, y su apertura a las PYME», al que fueron invitados juristas, compradores públicos, dirigentes de empresa y representantes de las organizaciones profesionales.

Una de las principales preocupaciones de dicho seminario fue la dificultad de que las pequeñas y medianas empresas (PYME) accedan a los contratos públicos. El seminario recordó que, para que puedan beneficiarse al máximo de la apertura de los contratos públicos, las PYME que deseen obtener dichos contratos deben disponer, sobre todo, de socios locales, de una asistencia completa, de informaciones rápidas, precisas y fiables y de unos agentes con formación cualificada.

Además, la Comisión se encargó de la organización de un seminario conjunto de la Unión y del Programa SIGMA en favor de los países de Europa central y oriental dedicado a los contratos públicos como elemento de la integración europea.

2.2.5.1. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.3. Eliminación de las fronteras fiscales

Impuesto sobre el valor añadido

En 1994, la Comisión envió nueve dictámenes motivados que afectan a:

- Portugal, por mantener un tipo impositivo incrementado contrario a los requisitos de la Directiva relativa a los tipos de IVA, por negarse a conceder la exoneración por prestaciones realizadas total o parcialmente en terceros países, propuestas por agencias de viaje, así como por exigir un modelo especial de declaración para obtener el reembolso de IVA abonado por sujetos pasivos extranjeros, modelo diferente del previsto en la octava Directiva.

- España, por haber limitado el beneficio de la exoneración concedida a los organismos deportivos en función del importe de las cotizaciones que perciben, así como por no respetar la octava Directiva anteriormente citada, ya que los plazos de reembolso superan el plazo máximo de seis meses previsto en la misma.

- Francia, por conceder indebidamente la exoneración del IVA a los alquileres de locales amueblados utilizados como vivienda, en caso de alojamiento en viviendas ligeras de ocio que constituían instalaciones fijas, cuando se trata de bienes muebles y no inmuebles, por limitar a 200 FF la exención aplicable a los especímenes y, finalmente, por negarse a conceder la deducción del IVA a los medios de transporte (vehículos de auto-escuela, helicópteros) utilizados en la actividad profesional del sujeto pasivo.

- Italia, por negarse a eximir de IVA a la reventa de todos los bienes utilizados en una actividad exenta.

Se han archivado tres procedimientos tras la adopción de medidas conformes a las 6a Directiva por:

- Francia, que ha adaptado su sistema para determinar los tipos generales de compensación en materia agrícola, al suprimir el tipo impositivo incrementado del que gozaban los productos comercializados por cooperativas.

- España, que ha ejecutado la sentencia dictada por el Tribunal el 17 de noviembre de 1993 (asunto C-73/92) a propósito del IVA sobre las prestaciones de publicidad, al haber dejado de excluir a dicha categoría de las operaciones denominadas «de promoción».

- Dinamarca, que, antes incluso de que se pronunciara el Tribunal (asuntos C-200/90 y C-234/91), suprimió la contribución denominada «Ambi» por su no conformidad con el artículo 33 de la 6a Directiva, que prohíbe los impuestos competidores del IVA.

- Por el contrario, la Comisión se vió obligada a presentar un recurso de incumplimiento contra Grecia por haber, por una parte, exonerado de IVA ciertas prestaciones de transporte, en principio imponibles de acuerdo con la 6 Directiva IVA, y por otra, por haberlo cobrado por algunas prestaciones de servicios fuera de la CEE propuestos por ciertas agencias de viajes («viajes organizados»).

Cabe asimismo resaltar la sentencia prejudicial «Tolsma», de 3 de marzo de 1994 (asunto C-16/93), en el que el Tribunal interpreta la 6a Directiva IVA en el sentido de que prohíbe que el Estado miembro (en este caso los Países Bajos) obligue al pago del IVA a una persona que toca un instrumento musical en la vía pública y solicita a cambio una contribución de los transeúntes. Tal actividad no pertenece al ámbito de aplicación del IVA en la medida en que no constituye una prestación de servicios que da lugar a una contrapartida determinable.

Impuestos sobre consumos específicos (artículos 95 y 96 CE) y franquicias fiscales

No se ha incoado ningún procedimiento en materia de impuestos sobre consumos específicos por no conformidad de los impuestos nacionales con los artículos 95 y 96 del Tratado.

Por el contrario, en materia de incorporación de las directivas sobre franquicias fiscales, se han archivado tres procedimientos una vez conseguida la conformidad de las medidas nacionales.

Dichos procedimientos afectaban a:

- España, por la directiva sobre importación temporal de medios de transporte, parcialmente derogada el 1 de enero de 1993, aplicada en la práctica en España.

- Grecia, tanto por la directiva sobre importación definitiva de bienes personales como por la directiva sobre importación temporal de medios de transporte, tras la sentencia del Tribunal de 2 de agosto de 1993 (asunto C-9/92).

2.3.1. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.4. Libre circulación de las personas y derecho de establecimiento

2.4.1. Prohibición de discriminaciones

Tras el recurso por incumplimiento incoado por la Comisión, el Tribunal se pronunció el 15 de marzo de 1994 sobre la igualdad de trato de todos los ciudadanos de la Comunidad en cuanto a los derechos de entrada en los museos nacionales españoles (asunto C-45/93). El Tribunal declara que al mantener un sistema de derechos de entrada discriminatorio, el reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7 y 59 del Tratado CE.

Tras esta sentencia, el Gobierno español modificó la legislación aplicable a determinados museos que dependen del Ministerio de Cultura. No obstante, la Comisión ha recibido nuevas quejas según las cuales las nuevas disposiciones no garantizan el cumplimiento de la norma de no discriminación en lo que se refiere al acceso a los demás museos públicos españoles.

Por otra parte, por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores, están en curso cierto número de procedimientos de infracción contra varios Estados miembros.

Por lo que se refiere a la igualdad de trato en materia de acceso al empleo a bordo de los buques, de los cinco procedimientos en curso a finales de 1992 (Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia), los recursos contra Grecia, España e Italia fueron archivados tras las modificaciones de la legislación nacional. En el asunto contra Bélgica, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia que confirma el punto de vista de la Comisión.

La Comisión presentó también ante el Tribunal de Justicia un recurso contra Grecia en relación con las condiciones que deben cumplir los nacionales de los demás Estados miembros para enseñar una lengua extranjera, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a dicha profesión a todos los ciudadanos comunitarios.

Finalmente, todavía está en curso un procedimiento de infracción contra Bélgica, debido a que la legislación belga discrimina a los jóvenes solicitantes de empleo que hayan realizado sus estudios en otro Estado miembro, quienes, por consiguiente, no disfrutan de los subsidios de inserción que constituyen una condición previa para el acceso a determinados empleos en Bélgica.

En otro caso relacionado con la ley belga que no prevé la financiación de las universidades belgas para los estudiantes de los demás Estados miembros que se encuentran en Bélgica con el único fin de realizar estudios uni versitarios, a menos que abonen los gastos escolares complementarios, el Tribunal dictó sentencia el 4 de mayo de 1994 condenando a Bélgica (Asunto C-93/47).

También está en curso otro asunto por el que se envió a Bélgica un dictamen motivado en relación con la concesión de becas de estudio sobre la base de un programa gubernamental de intercambio entre Bélgica, Luxemburgo y los Estados Unidos.

En materia fiscal, la Comisión presentó ante el Tribunal de Justicia un recurso contra Luxemburgo en relación con la liquidación definitiva del impuesto sobre los salarios de los trabajadores no residentes. La Comisión con