COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 COM(2021) 423 final 2021/0250(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849

(Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2021) 190, 191}

{SEC(2021) 391}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hacen pesar una amenaza grave para la integridad de la economía y el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos. Según las estimaciones de Europol, las actividades financieras sospechosas detectadas representan en torno al 1 % del producto interior bruto anual de la UE. En julio de 2019, a raíz de una serie de célebres casos de presunto blanqueo de capitales en entidades de crédito de la UE, la Comisión aprobó una serie de documentos en los que, tras analizar la eficacia y eficiencia del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) aplicado en la UE en aquel momento, se concluía que eran necesarias reformas. En este contexto, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad de cara al período 2020-2025 destacaba la importancia de mejorar el marco de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de proteger a los europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada. El 7 de mayo de 2020, la Comisión presentó un Plan de Acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, la Comisión se comprometía a tomar medidas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su aplicación, y definía seis prioridades o pilares: 1. Garantizar la aplicación efectiva del actual marco de LBC/LFT de la UE. 2. Establecer un código normativo único de la UE para la LBC/LFT. 3. Supervisar la LBC/LFT a escala de la UE. 4. Establecer un mecanismo de cooperación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). 5. Aplicar el Derecho penal e intercambiar información a nivel de la Unión. 6. Reforzar la dimensión internacional del marco de LBC/LFT de la UE. Si bien los pilares 1, 5 y 6 del Plan de Acción se están aplicando, el resto de los pilares exigen una acción legislativa. La presente propuesta de Directiva forma parte de un paquete de cuatro propuestas legislativas relativas a la LBC/LFT, en aplicación del Plan de Acción de la Comisión de 7 de mayo de 2020, que se considera un conjunto coherente y crea un nuevo marco normativo e institucional de LBC/LFT más coherente en el seno de la UE. El paquete engloba: –una propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (BC) y para la financiación del terrorismo (FT); –la presente propuesta de Directiva por la que se establecen los mecanismos que los Estados miembros deben poner en marcha para prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849; –una propuesta de Reglamento por el que se crea una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) para la UE, y –una propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847 por el que se amplían los requisitos de trazabilidad para los criptoactivos. La presente propuesta legislativa, junto con una propuesta de Reglamento relativo a la LBC/LFT y una propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847, cumple el objetivo de establecer un código normativo único de la UE (pilar 2). Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo prestaron su apoyo al plan establecido por la Comisión en el Plan de Acción de mayo de 2020. En su resolución de 10 de julio de 2020, el Parlamento Europeo reclamó un refuerzo de las normas de la Unión y acogió favorablemente los planes para revisar el marco institucional de LBC/LFT de la UE. El 4 de noviembre de 2020, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros adoptó las Conclusiones en las que mostraba su apoyo a cada uno de los pilares del Plan de Acción de la Comisión.

La necesidad de combinar normas armonizadas a través de un Reglamento relativo a la LBC/LFT y unas normas más estrictas sobre los sistemas nacionales de LBC/LFT a través de una Directiva relativa a la LBC/LFT queda corroborada por las pruebas aportadas en los informes publicados por la Comisión en 2019. Estos informes determinaron la falta de enfoques coherentes para la supervisión de las entidades obligadas, con resultados divergentes para los operadores que prestan servicios en todo el mercado interior. También destacan que el acceso desigual a la información por parte de las UIF limita su capacidad de cooperación mutua y que las UIF carecen de herramientas comunes. Todos estos elementos limitaron la detección de casos transfronterizos de BC/FT. Por último, debido a la falta de base jurídica, hasta ahora no ha sido posible interconectar los registros de cuentas bancarias y los sistemas de recuperación de datos, que son herramientas clave para las UIF y las autoridades competentes. Para hacer frente a las cuestiones mencionadas y evitar divergencias normativas, todas las normas que se aplican al sector privado se han trasladado a una propuesta de Reglamento relativo a la LBC/LFT. Sin embargo, en reconocimiento de la necesidad de flexibilidad para los Estados miembros en este ámbito, la organización del sistema institucional de LBC/LFT a escala nacional se deja a la presente propuesta de Directiva. No obstante, la presente propuesta no se limita a trasladar las disposiciones de la Directiva vigente a una nueva Directiva; se introduce una serie de modificaciones de fondo con vistas a lograr un mayor nivel de convergencia en las prácticas de los supervisores y las UIF y en relación con la cooperación entre las autoridades competentes: –para evitar que la configuración administrativa de las UIF incida en sus tareas analíticas y su capacidad para cooperar con sus homólogas, se aclaran sus competencias y tareas, así como el conjunto mínimo de información al que las UIF deben poder acceder; –para garantizar que las UIF puedan cooperar eficazmente, se establece un marco para los análisis conjuntos, además de proporcionarse una base jurídica para el sistema FIU.net; –con el fin de servir como base para la comprensión del riesgo de las entidades obligadas, se establecen normas claras sobre los comentarios de las UIF y, del mismo modo, se establecen normas claras sobre los comentarios a las UIF para garantizar que estas sean conscientes del uso que se hace de la información financiera que proporcionan; –se aclaran las competencias y tareas de los supervisores para garantizar que todos ellos dispongan de los instrumentos necesarios para adoptar medidas correctoras adecuadas, y se introduce el deber de vigilancia por parte de una autoridad pública de los organismos autorreguladores que actúan como supervisores, con tareas claras definidas para esta autoridad pública; –el enfoque de la supervisión basada en el riesgo se armoniza mediante una herramienta común de categorización del riesgo a fin de evitar divergencias en la comprensión del riesgo en situaciones comparables; –con el fin de mejorar la cooperación entre los supervisores, se crean colegios en materia de LBC/LFT, y se establecen mecanismos para garantizar la cooperación en materia de supervisión en relación con los operadores que prestan servicios a través de las fronteras; –la cooperación con otras autoridades se aclara previendo casos específicos en los que surge un deber de cooperación para evitar ineficiencias debidas a enfoques de compartimentación; –se aclaran las competencias de los registros de titularidad real para asegurar que puedan obtener información actualizada, adecuada y exacta; –para subsanar las deficiencias actuales de la legislación, se prevé la interconexión de los registros de cuentas bancarias; –con vistas a garantizar la coherencia plena con las normas de protección de datos de la UE, se introducen requisitos para el tratamiento de determinadas categorías de datos personales. Por otra parte, las disposiciones sobre las evaluaciones de riesgos o la recopilación de estadísticas se mantienen prácticamente sin cambios, y solo se revisan para abordar las ineficiencias actuales que se han detectado, como la excesiva frecuencia de la evaluación supranacional de los riesgos y el requisito de recopilar estadísticas sobre actividades ilegales. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta deroga y sustituye la Directiva (UE) 2015/849 vigente, modificada por la Directiva (UE) 2018/843. Como ya se ha indicado, la presente propuesta forma parte de un paquete de LBC/LFT, que incluye una propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, un Reglamento por el que se crea la ALBC y una refundición del Reglamento (UE) 2015/847. Este paquete de cuatro propuestas legislativas se considera un conjunto coherente, en aplicación del Plan de Acción de la Comisión sobre LBC/LFT, de 7 de mayo de 2020, por el que se crea un nuevo marco normativo e institucional de LBC/LFT más coherente en la UE. Paralelamente a la adopción de este paquete, la Comisión también propone modificaciones de la Directiva 2019/1153 con el fin de facilitar a las autoridades competentes, responsables de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales, el acceso al sistema de interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias. La presente propuesta, al basarse en la Directiva (UE) 2015/849, es coherente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En comparación con la Directiva actual, aumenta la coherencia al garantizar que, cuando la supervisión sea ejercida por organismos autorreguladores, estos estén sujetos a la vigilancia de una autoridad pública. La frecuencia de la evaluación supranacional de los riesgos también se ajusta a las mejores prácticas reconocidas por el GAFI (cada cuatro años). La presente propuesta también integra los cambios introducidos por las recientes revisiones de las recomendaciones del GAFI en relación con la evaluación y la atenuación de los riesgos de evasión de sanciones financieras específicas. La ejecución efectiva es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión seguirá utilizando toda la gama de medios y mecanismos para poder comprobar no solo la correcta transposición de los requisitos de la Unión al Derecho nacional, sino también su aplicación efectiva por parte de los Estados miembros en la práctica diaria. •Coherencia con otras políticas e instrumentos jurídicos de la Unión La presente propuesta está en consonancia con los objetivos políticos perseguidos a escala de la Unión y, en particular, con la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva sobre el acceso a la información financiera, así como con su propuesta de modificación, adoptada junto con el presente paquete. No basta con abordar los riesgos de BC/FT únicamente a través de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT; esta legislación interactúa con gran parte de la legislación de la Unión en los ámbitos de los servicios financieros y del Derecho penal. Ello incluye la legislación de la UE en materia de pagos y transferencia de fondos (Directiva sobre servicios de pago, Directiva sobre las cuentas de pago, Directiva sobre dinero electrónico). En el presente paquete de propuestas se ha prestado atención a garantizar la coherencia con todos estos instrumentos.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La presente propuesta de Directiva se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye ya la base jurídica del actual marco legal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El artículo 114 es adecuado teniendo en cuenta la grave amenaza que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo plantean para el mercado interior, y las pérdidas económicas y la perturbación a escala transfronteriza que pueden crear. •Subsidiariedad De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión. La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. El paquete de medidas de LBC presentado por la Comisión en 2019 destacaba cómo los delincuentes aprovechaban las diferencias entre los regímenes de LBC/LFT de los Estados miembros. Los flujos de dinero ilícito y la financiación del terrorismo pueden dañar la estabilidad y la reputación del sistema financiero de la Unión y amenazan el correcto funcionamiento del mercado interior. Las medidas adoptadas solamente a escala nacional podrían tener efectos nocivos para el mercado interior y contribuir a su fragmentación. La actuación de la UE también se justifica por la necesidad de mantener condiciones de competencia equitativas en toda la UE: las entidades de todos los Estados miembros quedarán sujetas a un conjunto coherente de obligaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La naturaleza transfronteriza de muchas de las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo hace esencial la buena cooperación entre los supervisores nacionales y las UIF para prevenir estos delitos. Muchas entidades sujetas a obligaciones relacionadas con la LBC realizan actividades transfronterizas, y los distintos enfoques aplicados por los supervisores nacionales y las UIF les impiden llegar a aplicar prácticas óptimas a escala de grupo en materia de LBC/LFT. •Proporcionalidad La proporcionalidad ha formado parte de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta y todas las opciones propuestas en diversos ámbitos normativos se han evaluado en relación con el objetivo de la proporcionalidad. La naturaleza transfronteriza de gran parte de las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exige un enfoque coherente y coordinado en todos los Estados miembros, basado en un conjunto coherente de normas en forma de código normativo único. Sin embargo, la presente propuesta no adopta un enfoque de armonización máxima, ya que es incompatible con el carácter fundamental basado en el riesgo del régimen de LBC/LFT de la UE y con las normas nacionales específicas que pueden aplicarse a las autoridades competentes en este ámbito. Los Estados miembros siguen teniendo libertad para introducir normas que vayan más allá de las establecidas en el paquete de propuestas del que forma parte el presente proyecto de Directiva, pero solo si están justificadas por un planteamiento basado en el riesgo. •Elección del instrumento Una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo es un instrumento apropiado para la reconducción, con modificaciones, de las disposiciones de la actual Directiva antiblanqueo que no son adecuadas para su aplicación directa en forma de reglamento, en particular en lo que se refiere a las competencias y tareas de las autoridades competentes y a la creación de los registros de titularidad real y cuentas bancarias y el acceso a ellos; otras disposiciones de la actual Directiva antiblanqueo se han incluido (con modificaciones, en su caso) en la propuesta de Reglamento relativo a la LBC/LFT que acompaña a la presente. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente Aún no se ha llevado a cabo una evaluación ex post completa del actual régimen de la UE en materia de LBC/LFT, a la luz de los diversos cambios legislativos habidos recientemente. La cuarta Directiva antiblanqueo se adoptó el 20 de mayo de 2015 y los Estados miembros disponían de un plazo hasta el 26 de junio de 2017 para su transposición. La quinta Directiva antiblanqueo se adoptó el 30 de mayo de 2018 y el plazo para su transposición finalizaba el 10 de enero de 2020. El control de la transposición aún está en curso. No obstante, la Comunicación de la Comisión de julio de 2019 y los informes adjuntos antes mencionados sirven para evaluar la eficacia del régimen de la UE en materia de LBC/LFT vigente en ese momento. •Consultas con las partes interesadas La estrategia de consulta que respalda esta propuesta constaba de varios componentes: –Una consulta sobre la hoja de ruta para el Plan de Acción de la Comisión. La consulta, efectuada a través del portal de la Comisión «Díganos lo que piensa», tuvo lugar entre el 11 de febrero y el 12 de marzo de 2020 y se recibieron 42 respuestas de diversas partes interesadas. –Una consulta pública sobre las medidas propuestas en el Plan de acción, abierta al público en general y a todos los grupos de partes interesadas, que se inició el 7 de mayo de 2020 y finalizó el 26 de agosto. Se recibieron 202 respuestas oficiales. –Una consulta dirigida específicamente a los Estados miembros y las autoridades competentes en materia de LBC/LFT. Los Estados miembros tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista en varias reuniones del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y las UIF de la UE aportaron su contribución en las reuniones de la Plataforma de UIF y a través de documentos escritos. Los debates se complementaron con consultas específicas a los Estados miembros y las autoridades competentes a través de cuestionarios. –Una solicitud de asesoramiento presentada a la Autoridad Bancaria Europea en marzo de 2020. La ABE emitió su dictamen el 10 de septiembre de 2020. –El 23 de julio de 2020, el Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen sobre el Plan de Acción de la Comisión.

–El 30 de septiembre de 2020, la Comisión organizó una conferencia de alto nivel en la que participaron representantes de la autoridades nacionales y de la UE, diputados al Parlamento Europeo, y representantes del sector privado, de la sociedad civil y del mundo académico. Las observaciones de las partes interesadas sobre el Plan de Acción fueron, en líneas generales, muy positivas. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Para preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular el asesoramiento técnico de la Autoridad Bancaria Europea. También se obtuvo información de los Estados miembros sobre la ejecución de las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales a través de cuestionarios específicos. •Evaluación de impacto La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, que fue remitida al Comité de Control Reglamentario el 6 de noviembre de 2020 y aprobada el 4 de diciembre de 2020. La misma evaluación de impacto acompaña también al resto de las propuestas legislativas que se presentan en un mismo paquete junto con la presente. En su dictamen favorable, el Comité de Control Reglamentario propuso varios cambios en la presentación de la evaluación de impacto, los cuales han sido introducidos. En la evaluación de impacto, la Comisión consideró tres problemas: la falta de normas claras y coherentes, la incoherencia de la supervisión en el mercado interior, y la insuficiencia de la coordinación y del intercambio de información entre las UIF. El problema pertinente para la presente propuesta es el primero de ellos, en relación con el cual se examinaron las siguientes opciones: –mantener las normas de la UE tal y como están y no modificarlas; –garantizar un mayor nivel de armonización en las normas que se aplican a las entidades obligadas y dejar a los Estados miembros la especificación de las facultades y las obligaciones de las autoridades competentes; –garantizar un mayor nivel de armonización en las normas que se aplican a las entidades sujetas a las obligaciones en materia de LBC/LFT y en las facultades y las obligaciones de los supervisores y las UIF. A la luz de los resultados de la evaluación de impacto, la opción preferida es la opción 3. Mediante la introducción de un planteamiento coherente y más detallado a escala de la UE en lo que respecta a las normas mencionadas anteriormente, esta opción permitiría acabar con la fragmentación actual tanto en lo que se refiere a las obligaciones en materia de LBC/LFT para las entidades obligadas como en cuanto a las actividades de las autoridades competentes. Unas normas más claras sobre las tareas y competencias de las autoridades competentes mejorarán la coherencia de la aplicación del marco de LBC/LFT en toda la UE, facilitarán la creación de un mecanismo de supervisión integrado de la Unión y mejorarán la detección de flujos y actividades sospechosos. •Adecuación regulatoria y simplificación Aunque, como ya se ha señalado, aún no se ha llevado a cabo un control de adecuación o una evaluación ex post formal de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, se pueden destacar algunas cuestiones relacionadas con elementos del paquete global de medidas propuesto que contribuirán a la simplificación y la mejora de la eficiencia. En primer lugar, la sustitución de determinadas normas de una Directiva por las normas más armonizadas y directamente aplicables de un Reglamento eliminará la necesidad de transposición en los Estados miembros y facilitará la actividad económica de las entidades transfronterizas en la UE. Además, la supresión de las personas que negocian con bienes del ámbito de aplicación del marco de la UE en materia de LBC/LFT, aparejada a la propuesta de prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 10 000 EUR, liberará a esas personas de la carga administrativa que supone presentar a su UIF informes sobre las operaciones en efectivo de esa cuantía. Por último, la mayor armonización de las normas en materia de LBC/LFT en una serie de áreas concretas simplificará la cooperación entre los supervisores y las UIF debido a la reducción de las divergencias entre sus normas y prácticas. El presente proyecto de Directiva solo contiene determinadas disposiciones que requieran transposición al Derecho nacional y, por lo tanto, es más breve que la Directiva a la que sustituye; la mayoría de los asuntos que regulaba la Directiva (UE) 2015/849 figuran ahora en la propuesta de Reglamento que acompaña a la presente propuesta de Directiva. •Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales. En particular, todos los supervisores de LBC/LFT nacionales y a escala de la UE, así como las Unidades de Inteligencia Financiera, estarán sujetos a la normativa pertinente en materia de protección de datos en la medida en que puedan tratar datos personales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS El presente proyecto de Directiva no tiene repercusiones presupuestarias. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La propuesta incluye un plan general de seguimiento y evaluación del impacto en los objetivos específicos, que requiere que la Comisión lleve a cabo una primera revisión pasados cinco años y al menos tres años después de la entrada en vigor de la Directiva, y que informe al Parlamento Europeo y al Consejo de sus principales conclusiones. La propuesta de un Reglamento relativo a la LBC/LFT que acompaña a la presente propuesta contiene las mismas disposiciones de evaluación, y la evaluación de los dos instrumentos se puede combinar en un solo informe. La revisión debe llevarse a cabo de forma acorde con las Directrices de la Comisión para la mejora de la legislación.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Objeto y ámbito de aplicación La mayor parte de las definiciones aplicables al presente proyecto de Directiva figuran en el proyecto de Reglamento que lo acompaña (cuando las definiciones son pertinentes para ambos instrumentos); no obstante, en el presente proyecto de Directiva se definen algunos términos, cuando no son pertinentes para el Reglamento que lo acompaña. El presente proyecto de Directiva permite a los Estados miembros ampliar los requisitos del proyecto de Reglamento que lo acompaña a otros sectores no incluidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento; si bien deben notificar y explicar su intención de hacerlo a la Comisión, que dispondrá de seis meses para aprobar un dictamen sobre los planes (previa consulta a la ALBC) y, en su lugar, podrá optar por proponer normas legislativas a escala de la Unión. Se establecen disposiciones transitorias para otros sectores ya cubiertos por la legislación nacional en materia de LBC/LFT, pero no por la legislación de la UE. La Comisión publicará anualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista consolidada de los sectores a los que los Estados miembros hayan ampliado la lista de entidades obligadas. El presente proyecto de Directiva también establece requisitos normativos específicos que los Estados miembros deben incorporar a la legislación nacional para determinados sectores. En concreto, los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques y los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos (del tipo «trust») deben estar sujetos a requisitos de concesión de licencias o de registro; los proveedores de servicios de juegos de azar deben estar regulados. El presente proyecto de Directiva permite a los supervisores de los Estados miembros en los que los emisores de dinero electrónico, los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos actúen en virtud de la libre prestación de servicios designar puntos de contacto en dichos Estados miembros; la ALBC propondrá normas técnicas de regulación para aclarar cuándo debe ser así. El presente proyecto de Directiva confirma los requisitos de probidad que establece el marco actual para los miembros de la alta dirección de determinadas entidades obligadas, complementando las exigencias de aptitud y honorabilidad de otros actos de la Unión, y aclara que determinados requisitos se aplican también a los titulares reales de dichas entidades obligadas. En el caso de otras entidades obligadas, confirma la prohibición de que las personas condenadas por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes o por financiación del terrorismo puedan gestionarlos. El presente proyecto de Directiva concede determinadas competencias a los supervisores nacionales sobre la alta dirección de determinadas entidades obligadas, especialmente en caso de condena por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Evaluaciones de riesgos Se mantiene el requisito de que la Comisión lleve a cabo periódicamente una evaluación de los riesgos de LBC/LFT a escala de la UE, como ya se prevé en el actual marco de LBC/LFT, pero con una ampliación de la frecuencia de la evaluación a cuatro años. La evaluación se basará en las aportaciones de la ALBC en forma de dictamen e irá acompañada de recomendaciones a los Estados miembros sobre las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos detectados. La Comisión también informará cada cuatro años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las medidas adoptadas en respuesta a las conclusiones de la evaluación. Los Estados miembros seguirán llevando a cabo evaluaciones nacionales de riesgos, pero con una frecuencia mínima de cuatro años y con algunas adiciones a los objetivos y modalidades de dichas evaluaciones. Los Estados miembros también deben seguir disponiendo de estadísticas exhaustivas en materia de LBC/LFT y transmitirlas anualmente a la Comisión. La Comisión podrá adoptar un acto de ejecución sobre la metodología de dichas estadísticas. Registros y mecanismos de titularidad real, cuentas bancarias y bienes inmuebles Se mantiene la obligación de los Estados miembros de crear y mantener registros de titularidad real de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos, contemplada en la actual Directiva antiblanqueo. Esto incluye disposiciones sobre el acceso a dichos registros, en particular el acceso público, y posibles excepciones al acceso en casos justificados. Se mantiene la interconexión transfronteriza de dichos registros a través del sistema de interconexión de los registros de titularidad real. Las nuevas disposiciones de la presente propuesta, que no se encuentran todavía en el marco actual, son las siguientes: un acto de ejecución de la Comisión sobre el formato para la presentación de información sobre la titularidad real a los registros; disposiciones para los casos en que se dude de la exactitud de la información sobre la titularidad real o en que no sea posible identificar al titular real; disposiciones adicionales en caso de que se detecten discrepancias en la información; competencias de las entidades gestoras de los registros; la obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión las autoridades competentes a las que se ha concedido el acceso y el tipo de acceso; una duración mínima de cinco años durante la cual la información debe conservarse en los registros. Sigue vigente la obligación de los Estados miembros de crear y mantener mecanismos, como un registro central o un sistema electrónico central de recuperación de datos, para permitir la identificación de los titulares de cuentas bancarias y cajas de seguridad, incluida en la actual Directiva antiblanqueo. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión no solo las características de dichos mecanismos, sino también los criterios por los que se rige la información que figura en dichos registros. La propuesta también establece la creación de una interconexión transfronteriza entre dichos mecanismos, mediante actos de ejecución de la Comisión sobre las especificaciones técnicas y los procedimientos para la interconexión de dichos mecanismos a un punto de acceso único, que será desarrollado y gestionado por la Comisión. Los Estados miembros deben garantizar que la información de los mecanismos nacionales esté actualizada y sea accesible a través de la interconexión transfronteriza. Las UIF deben tener acceso a los mecanismos, en particular los que estén interconectados con otros Estados miembros. Se mantiene el requisito de que los Estados miembros faciliten a las UIF y otras autoridades competentes acceso al contenido de los registros nacionales de bienes inmuebles, previsto en la actual Directiva antiblanqueo, y se define el alcance mínimo de dicho acceso. Los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión las autoridades competentes a las que se concede acceso a dichos registros y el alcance de dicho acceso. Unidades de Inteligencia Financiera La propuesta se basa en las disposiciones del actual marco de LBC/LFT que exigen a los Estados miembros crear UIF a escala nacional que sean independientes desde el punto de vista operativo y que reciban las comunicaciones de transacciones sospechosas y las comunicaciones de actividades sospechosas (CTS/CAS) de las entidades obligadas y las analicen; estas disposiciones vigentes regulan también la cooperación y el intercambio de información entre las UIF, los usos de la información intercambiada y la difusión posterior de esta información. Las nuevas disposiciones sobre las UIF se refieren a: aclaraciones sobre la función de análisis financiero de las UIF y sobre su independencia operativa, sus recursos y su seguridad; una lista de las categorías mínimas de información a las que deben tener acceso las UIF; disposiciones sobre el intercambio de información entre las UIF y otras autoridades competentes, incluida la obligación de comunicar el modo en que se haya utilizado la información; aclaraciones sobre las competencias de las UIF para suspender transacciones, que deben aplicarse en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de una CTS/CAS, y sobre la ampliación de dichas competencias para suspender el uso de cuentas bancarias en circunstancias justificadas. Se establecen más detalles sobre las modalidades de intercambio de información entre las UIF; estos intercambios deben realizarse utilizando la red FIU.net; Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión cualquier excepción a la información que es posible intercambiar. La ALBC debe preparar un proyecto de normas técnicas de ejecución que armonicen los formatos para el intercambio de información; también adoptará directrices sobre criterios para determinar si alguna CTS/CAS es de interés para las UIF de otros Estados miembros. Las UIF elaborarán informes anuales sobre sus actividades y proporcionarán información a las entidades obligadas sobre el uso de sus CTS/CAS, así como a las autoridades aduaneras sobre la información presentada a las UIF en relación con las cantidades de efectivo que entren o salgan físicamente de la Unión. Otra nueva disposición aclara el concepto de los análisis conjuntos que deben realizar las UIF y define los procesos para llevarlos a cabo. Supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales La propuesta se basa en las disposiciones del actual marco de LBC/LFT que exigen a los Estados miembros establecer supervisores nacionales en materia de LBC/LFT para supervisar a las entidades obligadas y regular, en particular, las tareas, competencias y responsabilidades de dichos supervisores y la cooperación entre ellos y las UIF y entre ellos y los supervisores de terceros países.

Las nuevas disposiciones incluyen: aclaraciones sobre las tareas y competencias de los supervisores; el requisito de que los supervisores nacionales faciliten información a las entidades obligadas; aclaraciones relativas a la supervisión basada en el riesgo, en particular directrices que deberá elaborar la ALBC sobre las características de un planteamiento basado en el riesgo, y normas técnicas de regulación sobre una metodología para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas y sobre la frecuencia de la revisión. Se aportan aclaraciones sobre las competencias de los supervisores para con las entidades obligadas que operan en virtud de la libre prestación de servicios, y en el contexto de la supervisión a escala de grupo; en este sentido, la ALBC elaborará normas técnicas de regulación en las que se detallen las respectivas obligaciones de los supervisores de origen y de acogida, así como las modalidades de cooperación entre ellos. En el caso de las entidades financieras o de crédito transfronterizas que operan en varios Estados miembros, debe crearse un colegio de supervisores de LBC/LFT cuando se cumplan determinados criterios; la ALBC elaborará normas técnicas de regulación sobre las condiciones generales de funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT. Se establecen disposiciones para la cooperación con los supervisores financieros de terceros países. Organismos autorreguladores Una nueva sección, que no existe en el actual marco de LBC/LFT, se refiere a los organismos autorreguladores. Cuando un Estado miembro confiera a un organismo autorregulador la supervisión en materia de LBC/LFT de determinadas entidades obligadas, dicho organismo autorregulador debe estar sujeto a la vigilancia de una autoridad pública, con el fin de garantizar que el organismo autorregulador lleve a cabo sus tareas al más alto nivel. El organismo de vigilancia deberá tener las competencias adecuadas, incluida la de obtener información, y publicará un informe anual sobre sus actividades y sobre las actividades de supervisión de los organismos autorreguladores que le competen. Medidas y sanciones administrativas Las disposiciones sobre sanciones se basan en el actual marco de LBC/LFT, que obliga a los Estados miembros a prever medidas y sanciones administrativas para las infracciones graves reiteradas o sistemáticas de los requisitos clave del marco por parte de las entidades obligadas, con especificaciones sobre los importes mínimos y máximos de las sanciones pecuniarias, y prevé la publicación de las sanciones impuestas, la protección de los denunciantes y el intercambio de información sobre sanciones. Las nuevas disposiciones incluyen: una aclaración de las medidas administrativas distintas de las sanciones por infracciones menos graves y la obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión y a la ALBC sus disposiciones relativas a la imposición de sanciones o medidas administrativas. Se especifican las circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el tipo y el nivel de las sanciones o medidas administrativas. La ALBC elaborará normas técnicas de regulación que definan indicadores para clasificar el nivel de gravedad de las infracciones y los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el nivel de las sanciones administrativas o de adoptar medidas administrativas. Cooperación Las disposiciones sobre cooperación entre los supervisores, las UIF y otras autoridades competentes se basan en el actual marco de LBC/LFT, en particular la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, y las disposiciones para los casos en que las autoridades estén sujetas al secreto profesional. Las nuevas disposiciones de la presente propuesta incluyen la adición de referencias a la ALBC y una obligación de que otros organismos cooperen con ella. Las disposiciones vigentes orientadas a garantizar una buena cooperación con los supervisores prudenciales de las entidades financieras se mejoran con especificaciones adicionales, y se introducen nuevas disposiciones relativas a la cooperación con las autoridades de resolución y las autoridades encargadas de la supervisión de las entidades de crédito, en cumplimiento de la Directiva sobre las cuentas de pago y la Segunda Directiva sobre servicios de pago. Los supervisores financieros y las UIF informarán anualmente a la ALBC sobre su cooperación con dichas autoridades. Se añaden disposiciones relativas a la cooperación con respecto a los auditores, y la ALBC publicará directrices sobre cooperación. Disposiciones finales El tratamiento de datos personales en el marco de la presente propuesta, como en el caso del actual marco de LBC/LFT, está sujeto al Reglamento (UE) 2016/679, o al Reglamento (UE) 2018/1725 si lo llevan a cabo las instituciones, órganos u organismos de la Unión. La Comisión estará asistida por un Comité, en particular para la preparación de actos de ejecución. Se incluyen disposiciones para la transferencia del alojamiento de FIU.net de la Comisión a la ALBC. Queda derogada la Directiva 2015/849 modificada (el actual marco de LBC/LFT). La Directiva propuesta entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial; el plazo de transposición es de dos años a partir de la entrada en vigor de la Directiva. La Comisión debe revisar y evaluar la presente Directiva por primera vez en el plazo de cinco años desde su aplicación y posteriormente cada tres años. 2021/0250 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha Directiva establece un marco jurídico completo, que la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo vino a reforzar al abordar los riesgos emergentes e incrementar la transparencia en cuanto a la titularidad real. Con independencia de sus logros, la experiencia ha demostrado que la Directiva (UE) 2015/849 debe seguir mejorándose para atenuar adecuadamente los riesgos y detectar de forma eficaz las tentativas de hacer un uso indebido del sistema financiero de la Unión con fines delictivos. (2)Desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/849, se han detectado una serie de ámbitos en los que sería conveniente introducir modificaciones a fin de garantizar que el sistema financiero de la Unión cuente con la resiliencia y capacidad necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (3)En la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 se detectaron divergencias significativas en las prácticas y enfoques de las autoridades competentes a lo largo de la Unión, así como una falta de mecanismos suficientemente eficaces de cooperación transfronteriza. Procede, por tanto, definir requisitos más claros que contribuyan a una cooperación fluida en toda la Unión, al tiempo que permiten a los Estados miembros tener en cuenta las especificidades de sus sistemas nacionales. (4)Este nuevo instrumento forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. Conjuntamente, este instrumento, el Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 final], el Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847 - COM(2021) 422 final] y el Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de creación de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales - COM(2021) 421 final] conformarán el marco jurídico regulador de los requisitos en materia de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y constituirán el fundamento del marco institucional de la Unión en materia de LBC/LFT, en el que destaca la creación de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo («ALBC»). (5)El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, en un contexto internacional. Las medidas adoptadas a escala de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión en este ámbito debe ser, por tanto, compatible con las que se tomen a escala internacional y, como mínimo, igual de rigurosa. En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los oportunos actos legislativos de la Unión deben ajustarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI») y sus modificaciones posteriores. (6)Las amenazas, riesgos y vulnerabilidades específicos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan a determinados sectores económicos a escala nacional merman de distintas formas la capacidad de los Estados miembros para contribuir a la integridad y solidez del sistema financiero de la Unión. En consecuencia, conviene permitir que los Estados miembros, una vez identificados dichos sectores y riesgos específicos, apliquen requisitos en materia de LBC/LFT a sectores distintos de los obligados por el Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales]. Con vistas a preservar la eficacia del mercado interior y del sistema de LBC/LFT de la Unión, la Comisión debe poder evaluar, con el apoyo de la ALBC, si las decisiones de aplicación de los requisitos en materia de LBC/LFT a otros sectores previstas por los Estados miembros están justificadas. En los casos en que el interés superior de la Unión se alcance a escala de la Unión por lo que respecta a sectores específicos, la Comisión debe informar al Estado miembro correspondiente de su intención de adoptar, en su lugar, medidas a escala de la Unión, y el Estado miembro debe abstenerse de adoptar las medidas nacionales previstas. (7)A la luz de las vulnerabilidades específicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que se han observado en el sector dedicado a la emisión de dinero electrónico y la provisión de servicios de pago y servicios de criptoactivos, los Estados miembros deben poder exigir que los proveedores establecidos en su territorio en formas distintas de una sucursal y cuya administración central esté situada en otro Estado miembro designen un punto de contacto central. Dicho punto de contacto central, actuando en nombre de la institución que lo haya designado, debe garantizar el cumplimiento por parte de los establecimientos de las normas de LBC/LFT. (8)Los supervisores deben cerciorarse de que, con respecto a los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques, los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos (del tipo «trust») o los proveedores de servicios de juegos de azar, las personas que de hecho gestionan las actividades de dichas entidades y los titulares reales de las mismas actúen con honestidad e integridad y posean los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar sus funciones. Los criterios para determinar si una persona cumple o no esos requisitos deben reflejar, como mínimo, la necesidad de proteger a tales entidades de la posibilidad de que sus directivos o sus titulares reales las utilicen indebidamente con fines delictivos. (9)A efectos de la evaluación de la idoneidad de las personas que desempeñan una función de dirección en entidades obligadas o las controlan de algún otro modo, todo intercambio de información sobre condenas penales debe realizarse de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo. (10)La Comisión se encuentra en una situación idónea para estudiar las amenazas transfronterizas específicas que podrían afectar al mercado interior y que los Estados miembros por separado no pueden detectar ni combatir eficazmente. Por consiguiente, procede encomendarle la responsabilidad de coordinar la evaluación de los riesgos que guardan relación con actividades transfronterizas. Para que el proceso de evaluación de los riesgos sea eficaz es fundamental contar con la participación de los especialistas pertinentes, como el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y los representantes de las UIF, así como, en su caso, la de otros organismos a escala de la Unión. La experiencia y evaluaciones de riesgos a escala nacional también constituyen una importante fuente de información para ese proceso. Dicha evaluación por la Comisión de los riesgos transfronterizos no debe implicar el tratamiento de datos personales. En todo caso, los datos deben estar totalmente anonimizados. Las autoridades que supervisan la protección de datos a escala nacional y de la Unión solo deben intervenir si la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo afecta a la privacidad y a la protección de datos de personas. (11)Los resultados de la evaluación de riesgos a escala de la Unión pueden ayudar a las autoridades competentes y a las entidades obligadas a detectar, comprender, gestionar y atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como los riesgos de no aplicación y evasión de sanciones financieras específicas. Por lo tanto, es importante que los resultados de la evaluación de riesgos se hagan públicos. (12)Los Estados miembros siguen siendo los más indicados para detectar, evaluar, comprender y decidir cómo atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que les afectan directamente. Por consiguiente, cada Estado miembro debe adoptar las medidas adecuadas en un esfuerzo por detectar, evaluar y comprender adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le conciernen, así como los riesgos de no aplicación y evasión de sanciones financieras específicas, y definir una estrategia nacional coherente para adoptar medidas con el fin de atenuar dichos riesgos. Dicha evaluación nacional de riesgos debe actualizarse periódicamente e incluir una descripción de la estructura institucional y los procedimientos generales del régimen de LBC/LFT del Estado miembro, así como de los recursos humanos y financieros asignados, en la medida en que se disponga de esa información.

(13)Los resultados de las evaluaciones de riesgos deben, cuando proceda, ponerse a disposición de las entidades obligadas en el momento oportuno, a fin de que estas puedan detectar, comprender, gestionar y atenuar sus propios riesgos. (14)Además, para detectar, comprender, gestionar y atenuar riesgos a escala de la Unión en una medida aún mayor, los Estados miembros deben permitir el acceso a los resultados de sus evaluaciones de riesgos a los demás Estados miembros, la Comisión y la ALBC. (15)Para poder evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben conservar las estadísticas al respecto y mejorar su calidad. Con vistas a aumentar la calidad y la coherencia de los datos estadísticos recogidos a escala de la Unión, la Comisión y la ALBC deben hacer un seguimiento de la evolución de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala de la Unión y publicar estudios periódicos. (16)El GAFI ha elaborado criterios para que las jurisdicciones detecten y evalúen los riesgos de una posible no aplicación o evasión de las sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación, y para que adopten medidas de atenuación de dichos riesgos. Estas nuevas normas introducidas por el GAFI no sustituyen ni socavan los estrictos requisitos existentes para que los países apliquen sanciones financieras específicas en cumplimiento de la reglamentación pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativos a la prevención, la supresión y la interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación. Estas obligaciones vigentes, incorporadas al Derecho de la Unión mediante las Decisiones 2010/413/PESC y (PESC) 2016/849 del Consejo, así como los Reglamentos (UE) n.º 267/2012 y (UE) 2017/1509 del Consejo, son obligaciones estrictas basadas en normas, vinculantes para todas las personas físicas y jurídicas dentro de la Unión. (17)A fin de reflejar la evolución más reciente a escala internacional, la presente Directiva ha introducido el requisito de detectar, comprender, gestionar y atenuar los riesgos de una posible no aplicación o evasión de sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación a escala de la Unión y de los Estados miembros. (18)Los registros centrales de información sobre la titularidad real son cruciales para luchar contra el uso indebido de las entidades jurídicas. Para garantizar que los registros de información sobre la titularidad real sean fácilmente accesibles y contengan datos de alta calidad, deben introducirse normas coherentes sobre la recopilación y la conservación de dicha información. (19)En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización indebida de las personas jurídicas, los Estados miembros deben garantizar que la información relativa a la titularidad real se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad correspondiente, respetando plenamente el Derecho de la Unión. Los Estados miembros deben poder utilizar a tal fin una base central de datos que reúna información sobre la titularidad real, ya sea el registro de empresas u otro registro central. Los Estados miembros deben poder decidir que la cumplimentación de este registro sea responsabilidad de las entidades obligadas. Los Estados miembros deben asegurarse de que, en todos los casos, esta información se ponga a disposición de las autoridades competentes y las UIF y se facilite a las entidades obligadas cuando estén aplicando medidas de diligencia debida con respecto al cliente. (20)La información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») y de los instrumentos jurídicos análogos se debe registrar en el lugar de establecimiento o residencia de los fiduciarios y de las personas que ostenten una posición equivalente en instrumentos jurídicos análogos. El control efectivo y el registro de la información sobre la titularidad real de dichos fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos requieren, además, la cooperación entre los Estados miembros. La interconexión de los registros de titulares reales de tales fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos que existan en los Estados miembros haría accesible esta información y, además, aseguraría que se evite el registro múltiple de los mismos fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos dentro de la Unión. (21)Es necesario, por lo demás, garantizar el acceso oportuno a la información relativa a la titularidad real de un modo tal que evite todo riesgo de que la sociedad afectada tenga conocimiento de ese acceso. (22)La exactitud de los datos incluidos en los registros de titularidad real es fundamental para todas las autoridades pertinentes y otras personas a las que se permita el acceso a dichos datos, y para adoptar decisiones válidas y legítimas basadas en dichos datos. Por consiguiente, cuando, tras un análisis minucioso por parte de los registradores, se descubran razones suficientes para dudar de la exactitud de la información sobre la titularidad real que obre en poder de los registros, debe exigirse a las entidades jurídicas y a los instrumentos jurídicos que faciliten información adicional en función de los riesgos. Además, es importante que los Estados miembros confieran a la entidad encargada de la gestión de los registros competencias suficientes para verificar la titularidad real y la veracidad de la información que se le haya facilitado, así como para comunicar cualquier sospecha a su UIF. Dichas competencias deben ampliarse a la realización de inspecciones en los locales de las entidades jurídicas. (23)Además, la notificación de discrepancias entre la información sobre la titularidad real contenida en los registros centrales y la información sobre la titularidad real de que disponen las entidades obligadas y, en su caso, las autoridades competentes, es un mecanismo eficaz para verificar la exactitud de la información. Toda discrepancia debe detectarse, notificarse y corregirse rápidamente. (24)Con el fin de garantizar que el mecanismo de notificación de discrepancias sea proporcionado y se centre en la detección de casos de información inexacta sobre la titularidad real, los Estados miembros podrán permitir que las entidades obligadas soliciten al cliente la rectificación de las discrepancias de carácter técnico directamente ante la entidad encargada de los registros centrales. Esta opción solo se aplica a los clientes de bajo riesgo y a los errores de carácter técnico, como los casos menores de información erróneamente deletreada, cuando sea evidente que estos no obstaculizan la identificación del titular o titulares reales ni menoscaban la exactitud de la información. (25)Cuando la notificación de discrepancias por las UIF y otras autoridades competentes pueda poner en peligro una investigación penal en curso, la UIF u otras autoridades competentes deben aplazar la notificación de que se trate hasta el momento en que las razones que les hayan inducido a no notificarla dejen de existir. Además, las UIF y las autoridades competentes no deben notificar ninguna discrepancia cuando ello vaya en contra de cualquier disposición de confidencialidad contemplada en el Derecho nacional o cuando la divulgación no autorizada constituya un delito. (26)Para garantizar la igualdad de condiciones en la aplicación del concepto de titular real, es de suma importancia que, en toda la Unión, las entidades jurídicas se beneficien de canales y medios de notificación uniformes. A tal fin, el formato para la presentación de la información sobre la titularidad real a los registros nacionales pertinentes debe ser uniforme y ofrecer garantías de transparencia y seguridad jurídica. (27)A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas entre los diferentes tipos de formas jurídicas, también los fiduciarios deben estar obligados a obtener y conservar información sobre la titularidad real y a comunicarla a un registro central o a una base de datos central. (28)El acceso público a la información relativa a la titularidad real puede posibilitar un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, incluidas las organizaciones que surgen de ella, y la prensa, y contribuye a mantener la confianza en la integridad del sistema financiero. Puede contribuir a luchar contra el uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas e instrumentos jurídicos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, dada su capacidad de facilitar las investigaciones y dados también los efectos sobre la reputación de esas sociedades y entidades, en vista de que cualquier persona que pueda entablar una relación de negocios conocería la identidad de los titulares reales. Además, podrá permitir que las entidades obligadas y las autoridades de terceros países que participan en la lucha contra este tipo de delitos dispongan de información en tiempo oportuno y de manera eficiente. El acceso a esa información también ayudaría a las investigaciones sobre el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. (29)La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades. Esto ocurre en particular en los sistemas de gobernanza societaria que, como el de la Unión, se caracterizan por la concentración de la titularidad. Por un lado, la existencia de grandes inversores con importantes derechos en lo que respecta al voto y al flujo de efectivo puede fomentar el crecimiento a largo plazo y el rendimiento de las empresas. Por otro lado, sin embargo, que el control quede en manos de titulares reales con grandes bloques de derechos de voto puede suponer incentivos a la desviación de activos societarios y oportunidades de lucro personal a expensas de los inversores minoritarios. La mejora potencial de la confianza en los mercados financieros debe verse como un efecto secundario positivo y no como la finalidad del aumento de la transparencia, que es crear un entorno menos proclive a ser utilizado con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (30)La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades y otras entidades jurídicas así como de determinadas clases de fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos análogos. En consecuencia, los Estados miembros deben permitir el acceso a la información relativa a la titularidad real de una manera suficientemente coherente y coordinada, estableciendo normas de confianza sobre el acceso público, de forma que los terceros puedan cerciorarse, en toda la Unión, de la identidad de los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como, siempre que exista un interés legítimo, de determinados tipos de fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos. (31)Por lo que se refiere a las sociedades y otras entidades jurídicas, debe buscarse un justo equilibrio, en particular, entre el interés público por la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por un lado, y los derechos fundamentales de los interesados, por otro. El conjunto de datos que debe ponerse a disposición del público debe ser limitado, estar clara y exhaustivamente definido y tener carácter general, a fin de minimizar todo posible perjuicio a los titulares reales. Al mismo tiempo, la información puesta a disposición del público no debe diferir significativamente de los datos que se recaban actualmente. Para limitar la injerencia en el derecho al respeto de su vida privada, en general, y a la protección de sus datos personales, en particular, dicha información debe referirse esencialmente a la situación de los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, y ceñirse estrictamente a la esfera de actividad económica en la que operan los titulares reales. Si la persona que ejerce un cargo directivo de alto nivel ha sido identificada como titular real simplemente de oficio, y no por su participación en el capital social o el control ejercido por otros medios, esto debe constar claramente en los registros. (32)En el caso de fideicomisos (del tipo «trust») expresos e instrumentos jurídicos análogos, la información debe ser accesible a cualquier miembro del público general, siempre que pueda demostrarse el interés legítimo. Esto debe incluir las situaciones en las que las personas físicas o jurídicas presenten una solicitud relativa a un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo que sea titular o dueño de una participación que permita controlar una entidad jurídica constituida o creada fuera de la Unión, a través de la propiedad directa o indirecta, incluidas las carteras de acciones al portador, o a través del control por otros medios. La interpretación del interés legítimo por parte de los Estados miembros no debe restringir el concepto de interés legítimo a los casos de diligencias judiciales o administrativas pendientes, y debe permitir tener en cuenta la labor preventiva llevada a cabo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y de la lucha contra la financiación del terrorismo por organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación. Si bien los fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos pueden utilizarse en estructuras empresariales complejas, su objetivo principal sigue siendo la gestión del patrimonio individual. A fin de equilibrar adecuadamente el objetivo legítimo de prevenir la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, que se refuerza mediante el control público, y la protección de los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, es necesario prever la demostración de un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos.

(33)A fin de garantizar que la información a disposición del público permita la correcta identificación del titular real, el público debe tener acceso a un conjunto mínimo de datos. Estos datos deben permitir la identificación inequívoca del titular real, minimizando al mismo tiempo la cantidad de datos personales accesibles al público. Sin información sobre el nombre, el mes y el año de nacimiento, y el país de residencia y nacionalidad del titular real, no sería posible determinar sin ambigüedades quién es la persona física que ostenta la titularidad real. Del mismo modo, la falta de información sobre la titularidad real haría imposible determinar por qué esa persona física debe ser identificada como el titular real. Por consiguiente, a fin de evitar interpretaciones erróneas de la información sobre la titularidad real a disposición del público y garantizar una divulgación proporcionada de datos personales coherente en toda la Unión, procede establecer el conjunto mínimo de datos a los que puede acceder el público. (34)El refuerzo del control público puede contribuir a prevenir el uso indebido de las entidades jurídicas e instrumentos jurídicos, incluida la elusión fiscal. Es, por consiguiente, esencial que la información sobre la titularidad real siga estando disponible a través de los registros nacionales y del sistema de interconexión de los registros de la titularidad real durante un mínimo de cinco años desde que hayan dejado de existir los motivos para el registro de la información relativa a la titularidad real del fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer por ley el tratamiento de la información sobre la titularidad real, incluidos los datos personales, para otros fines, si dicho tratamiento cumple un objetivo de interés público y constituye una medida necesaria y proporcionada, en una sociedad democrática, al objetivo legítimo perseguido. (35)Además, con el propósito de garantizar un enfoque proporcionado y equilibrado y de garantizar los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer exenciones tanto a la divulgación de la información personal sobre el titular real a través de registros de la información sobre la titularidad real como al acceso a dicha información, en circunstancias excepcionales, cuando tal información pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación. Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de exigir un registro en línea para poder identificar a cualquier persona que solicite información del registro, así como el pago de una tasa para el acceso a la información registrada. (36)La Directiva (UE) 2018/843 logró la interconexión de los registros centrales de los Estados miembros que contienen información sobre la titularidad real a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo. La participación continua de los Estados miembros en el funcionamiento del sistema en su conjunto debe asegurarse por medio de un diálogo periódico entre la Comisión y los representantes de los Estados miembros sobre las cuestiones referentes al funcionamiento del sistema y su futuro desarrollo. (37)Mediante la interconexión de los registros de titularidad real de los Estados miembros, el acceso tanto nacional como transfronterizo a la información sobre la titularidad real de los instrumentos jurídicos presente en el registro de cada Estado miembro debe concederse sobre la base de la definición de interés legítimo, en virtud de una decisión adoptada por la entidad pertinente de dicho Estado miembro. Para evitar que no puedan revisarse las decisiones sobre la limitación del acceso a la información sobre la titularidad real que no estén justificadas, deben establecerse mecanismos de recurso contra dichas decisiones. Con objeto de asegurar la coherencia y la eficiencia del registro y el intercambio de información, los Estados miembros deben velar por que su entidad responsable del registro coopere con sus homólogas en otros Estados miembros, compartiendo con ellas información sobre los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos que se rigen por el Derecho de un Estado miembro y se administran en otro Estado miembro. (38)El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplica al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. Las personas físicas cuyos datos personales se conserven en los registros nacionales como titulares reales deben ser informadas de las normas aplicables en materia de protección de datos. Además, solo deben facilitarse los datos personales que estén actualizados y correspondan a los titulares reales verdaderos, y se debe informar a los beneficiarios de sus derechos con arreglo al marco normativo de protección de datos de la Unión, así como de los procedimientos aplicables al ejercicio de dichos derechos. Además, para evitar el uso indebido de la información contenida en los registros y para equilibrar los derechos de los titulares reales, los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de facilitar al titular real los datos relativos a la persona que solicite la información, junto con la base jurídica de su solicitud. (39)Todo retraso en el acceso de las UIF y otras autoridades competentes a la información sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad, en particular las anónimas, obstaculiza la detección de las transferencias de fondos vinculadas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los datos nacionales que permiten la identificación de las cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad pertenecientes a una persona están fragmentados y quedan por consiguiente fuera del alcance, en tiempo oportuno, de las UIF y de otras autoridades competentes. Resulta por lo tanto esencial establecer en todos los Estados miembros mecanismos automatizados centralizados, por ejemplo un registro o un sistema de recuperación de datos, como medio eficiente de obtener acceso en tiempo oportuno a la información sobre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago, así como de las cajas de seguridad, sus autorizados y sus titulares reales. Cuando se apliquen las disposiciones relativas al acceso, conviene recurrir a los mecanismos ya existentes siempre y cuando las UIF nacionales puedan acceder, de forma inmediata y sin filtrar, a los datos que son objeto de indagaciones. Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de alimentar este tipo de mecanismos con otra información que se considere necesaria y proporcionada para una atenuación más eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Debe garantizarse la confidencialidad completa en cuanto a tales indagaciones y a las solicitudes de información conexa por parte de las UIF y las autoridades competentes distintas de las responsables del enjuiciamiento. (40)Con el fin de respetar la privacidad y proteger los datos personales, deben almacenarse en mecanismos automatizados centralizados para cuentas bancarias y de pago, como registros o sistemas de recuperación de datos, los datos mínimos necesarios para el desarrollo de las investigaciones en materia de LBC/LFT. Debe permitirse a los Estados miembros determinar qué datos resulta útil y proporcionado recabar, teniendo en cuenta los sistemas y tradiciones jurídicas vigentes, para permitir una identificación apropiada de los titulares reales. Al transponer las disposiciones relativas a dichos mecanismos, los Estados miembros deben fijar períodos de conservación equivalentes al período de conservación de la documentación y la información obtenidos en aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Debe permitirse a los Estados miembros prorrogar el período de conservación con carácter general por ley, sin necesidad de decisiones caso por caso. La prórroga del período de conservación no debe exceder de un período de cinco años adicionales. Dicho período se entiende sin perjuicio de que el Derecho nacional establezca otros requisitos de conservación de datos que permitan que decisiones caso por caso faciliten las diligencias penales o administrativas. La base del acceso a esos mecanismos debe ser la necesidad de saber. (41)Gracias a la interconexión de los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros, las UIF nacionales podrían obtener rápidamente información transfronteriza sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad en otros Estados miembros, lo que reforzaría su capacidad para llevar a cabo análisis financieros de manera eficaz y cooperar con sus homólogas de otros Estados miembros. El acceso transfronterizo directo a la información sobre cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad permitiría a las unidades de inteligencia financiera elaborar análisis financieros en un plazo suficientemente breve para detectar posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y garantizar una actuación policial rápida. (42)Con el fin de respetar el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad, y limitar el impacto del acceso transfronterizo a la información contenida en los mecanismos automatizados centralizados nacionales, el alcance de la información accesible a través del punto de acceso central de los registros de cuentas bancarias se restringiría al mínimo necesario de conformidad con el principio de minimización de datos, a fin de permitir la identificación de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago y bancarias identificadas por un número IBAN y cajas de seguridad. Además, solo las UIF deben tener acceso inmediato y sin filtros al punto de acceso central. Los Estados miembros deben velar por que el personal de las UIF observe unas estrictas normas profesionales en materia de confidencialidad y protección de datos, tenga un elevado nivel de integridad y esté debidamente cualificado. Además, los Estados miembros deben establecer medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos con arreglo a normas tecnológicas estrictas. (43)La interconexión de los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros (registros centrales o sistemas centrales electrónicos de recuperación de datos) que contienen información sobre cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad a través del punto de acceso único de registro de cuentas bancarias requiere la coordinación de sistemas nacionales con características técnicas variables. A tal fin, deben desarrollarse medidas y especificaciones técnicas que tengan en cuenta las diferencias entre los mecanismos automatizados centralizados nacionales. (44)Los bienes inmuebles son una mercancía atractiva para que los delincuentes blanqueen el producto de sus actividades ilícitas, ya que permiten ocultar la verdadera fuente de los fondos y la identidad del titular real. La identificación adecuada y oportuna de la persona física o jurídica propietaria de bienes inmuebles por las UIF y otras autoridades competentes es importante tanto para detectar los mecanismos de blanqueo de capitales como para la inmovilización y el decomiso de activos. Por consiguiente, es importante que los Estados miembros faciliten a las UIF y a las autoridades competentes un acceso a la información que permita la identificación oportuna de la persona física o jurídica propietaria de bienes inmuebles y la información pertinente para detectar el riesgo y las transacciones sospechosas. (45)Todos los Estados miembros han creado, o deberían crear, UIF independientes y autónomas desde el punto de vista operativo con la misión de recoger y analizar la información que reciban, a fin de establecer vínculos entre transacciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente a los efectos de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La UIF debe ser la única unidad nacional central responsable de la recepción y el análisis de las comunicaciones de transacciones sospechosas, las comunicaciones sobre movimientos físicos transfronterizos de efectivo y sobre pagos en efectivo que superen un determinado umbral, así como otra información pertinente para el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo presentada por las entidades obligadas. La independencia operativa y la autonomía de la UIF deben garantizarse otorgando a la UIF la autoridad y la capacidad de desempeñar sus funciones libremente, incluida la capacidad de tomar decisiones autónomas en lo que respecta al análisis, las solicitudes y la difusión de información específica. En todos los casos, la UIF debe tener el derecho independiente de transmitir o difundir información a las autoridades competentes. La UIF debe disponer de los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, de manera que se garantice su autonomía e independencia y se le permita ejercer su mandato de manera eficaz. La UIF debe poder obtener y utilizar los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, tanto en casos concretos como de forma rutinaria, libre de cualquier influencia o injerencia política, gubernamental o industrial indebida que pueda comprometer su independencia operativa. (46)Las UIF desempeñan un importante papel en la detección de las operaciones financieras de las redes terroristas, especialmente las transfronterizas, y en la identificación de quienes les aportan respaldo financiero. La inteligencia financiera podría tener una importancia fundamental para descubrir la facilitación de delitos de terrorismo y las redes y sistemas de las organizaciones terroristas. Las UIF mantienen diferencias significativas en cuanto a sus funciones, competencias y facultades. Las diferencias actuales no deben, sin embargo, afectar a la actividad de las UIF, especialmente a su capacidad de elaboración de análisis preventivos en apoyo del conjunto de autoridades encargadas de las actividades de inteligencia, de investigación y judiciales, y a la cooperación internacional. En el ejercicio de sus tareas, resulta esencial determinar el conjunto mínimo de datos al que las UIF deben tener acceso rápido y que deben poder intercambiar sin impedimentos con sus homólogas de otros Estados miembros. Siempre que se sospeche la existencia de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y en los casos relacionados con la financiación del terrorismo, la información debe circular directa y rápidamente, sin demoras indebidas. Resulta esencial, por lo tanto, seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las UIF, especificando sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellas. (47)Las competencias de las UIF incluyen el derecho a acceder directa o indirectamente a la información «financiera», «administrativa» y «de los servicios de seguridad» que necesitan para luchar contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. La falta de definición de los tipos de información incluidos en esas categorías generales ha dado lugar a que se haya concedido a las UIF acceso a conjuntos de información considerablemente diversificados, lo que repercute en las funciones analíticas de las UIF y en su capacidad para cooperar eficazmente con sus homólogas de otros Estados miembros. Por consiguiente, es necesario definir los conjuntos mínimos de información «financiera», «administrativa» y «de los servicios de seguridad» que deben ponerse directa o indirectamente a disposición de todas las UIF en toda la Unión. Además, las UIF deben poder recabar rápidamente de cualquier entidad obligada toda la información necesaria relativa a sus funciones. Las UIF también deben poder obtener esa información a petición de otra UIF e intercambiar dicha información con la UIF solicitante. (48)Se ha otorgado a la gran mayoría de las UIF la competencia de tomar medidas urgentes y suspender o denegar el consentimiento para una transacción a efectos de analizarla, confirmar la sospecha y difundir los resultados de las actividades de análisis a las autoridades competentes. Sin embargo, existen ciertas variaciones en relación con la duración de los poderes de aplazamiento en los distintos Estados miembros, lo que repercute no solo en el aplazamiento de actividades de carácter transfronterizo a través de la cooperación entre UIF, sino también en los derechos fundamentales de las personas. Además, con el fin de garantizar que las UIF tengan la capacidad de restringir rápidamente los fondos o activos de origen delictivo e impedir su disipación, también a efectos de incautación, debe otorgarse a las UIF el poder de suspender el uso de una cuenta bancaria o de pago con el fin de analizar las transacciones realizadas a través de la cuenta, confirmar la sospecha y difundir los resultados del análisis a las autoridades competentes. Dado que los poderes de aplazamiento afectan al derecho a la propiedad, debe garantizarse el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. (49)A efectos de una mayor transparencia y rendición de cuentas y con el fin de aumentar la sensibilización con respecto a sus actividades, las UIF deben publicar informes de actividad con periodicidad anual. Estos informes deben proporcionar al menos datos estadísticos en relación con las comunicaciones de transacciones sospechosas recibidas, el número de comunicaciones efectuadas a las autoridades nacionales competentes, el número de solicitudes presentadas a otras UIF y recibidas de ellas, e información sobre las tendencias y tipologías detectadas. Este informe debe hacerse público, excepto en lo que respecta a los elementos que contienen información sensible y clasificada. Al menos una vez al año, la UIF debe facilitar a las entidades obligadas información sobre la calidad de las comunicaciones de transacciones sospechosas, su puntualidad, la descripción de las sospechas y cualquier documento adicional facilitado. Dicha información puede facilitarse a las entidades obligadas individuales o a grupos de entidades obligadas y debe tener por objeto seguir mejorando la capacidad de las entidades obligadas para detectar y señalar transacciones y actividades sospechosas y reforzar los mecanismos generales de notificación. (50)La finalidad de las UIF consiste en recoger y analizar la información que reciban con miras a establecer vínculos entre transacciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente, a fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y difundir los resultados de tales análisis, así como información adicional, a las autoridades competentes cuando existan motivos para sospechar de la existencia de blanqueo de capitales, delitos subyacentes conexos o financiación del terrorismo. Las UIF no deben rechazar el intercambio de información con otras UIF ni negarse a llevarlo a cabo, de forma espontánea o previa solicitud, por motivos como la falta de identificación de un delito subyacente conexo, las características de las legislaciones penales nacionales y las diferencias entre las definiciones de delitos subyacentes conexos o la ausencia de referencias a determinados delitos subyacentes conexos. Del mismo modo, una UIF debe otorgar su consentimiento previo a otra UIF para que esta transmita la información a otras autoridades competentes, independientemente del tipo de posible delito subyacente conexo, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la función de difusión de información. Las UIF han aludido a dificultades en el intercambio de información basadas en diferencias en las definiciones nacionales de determinados delitos subyacentes, como los delitos fiscales, que no han sido objeto de armonización por el Derecho de la Unión. Esas dificultades no deben obstaculizar el intercambio mutuo de información, su difusión a otras autoridades competentes ni la utilización de esa información. Las UIF deben garantizar, de forma rápida, constructiva y eficaz, la cooperación internacional más amplia posible con las UIF de terceros países en relación con el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo, en consonancia con las normas de protección de datos aplicables a las transferencias de datos, las Recomendaciones del GAFI y los Principios Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera. (51)Las UIF deben utilizar medios seguros, incluidos canales de comunicación protegidos, para cooperar e intercambiar información entre sí. A este respecto, debe establecerse un sistema de intercambio de información entre las UIF de los Estados miembros («FIU.net»). El sistema debe ser gestionado y alojado por la ALBC. Las UIF deben utilizar FIU.net para cooperar e intercambiar información entre ellas y también podrán utilizarla, cuando proceda, para intercambiar información con UIF de terceros países y con otras autoridades y organismos de la Unión. Las UIF deben utilizar plenamente las funcionalidades de FIU.net. Estas funcionalidades deben permitir a las UIF cotejar sus datos con los de otras UIF de forma anónima con el fin de detectar objetivos de interés para las UIF en otros Estados miembros e identificar sus ingresos y fondos, garantizando al mismo tiempo una protección plena de los datos personales. (52)Es importante que las UIF cooperen e intercambien información entre sí de manera eficaz. A este respecto, la ALBC debe prestar la asistencia necesaria, no solo mediante la coordinación de análisis conjuntos de las comunicaciones de transacciones sospechosas transfronterizas, sino también mediante la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación relativas al formato que debe utilizarse para el intercambio de información entre las UIF y directrices en relación con los factores pertinentes que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si una comunicación de transacción sospechosa afecta a otro Estado miembro, así como sobre la naturaleza, las características y los objetivos del análisis operativo y estratégico.

(53)Es necesario fijar plazos para el intercambio de información entre las UIF de forma que se garantice una cooperación rápida, eficaz y coherente. Deben establecerse límites temporales para garantizar un intercambio eficaz de información en un plazo de tiempo razonable o para cumplir los requisitos procedimentales. En casos excepcionales, justificados y urgentes, deben fijarse plazos más breves para que la UIF requerida pueda acceder directamente a las bases de datos en las que se conserve la información solicitada. En los casos en que la UIF requerida no esté en condiciones de facilitar la información en los plazos establecidos, debe informar a su homóloga al respecto. (54)La circulación de dinero ilícito atraviesa fronteras y puede afectar a distintos Estados miembros. Los casos transfronterizos, que afectan a múltiples jurisdicciones, son cada vez más frecuentes y tienen mayor trascendencia, también debido a las actividades realizadas por las entidades obligadas a escala transfronteriza. A fin de tratar eficazmente los casos que afectan a varios Estados miembros, las UIF deben poder ir más allá del simple intercambio de información para la detección y el análisis de transacciones y actividades sospechosas y compartir la propia actividad analítica. Las UIF han señalado algunas cuestiones importantes que limitan o condicionan su capacidad para realizar análisis conjuntos. La realización de análisis conjuntos de las transacciones y actividades sospechosas permitirá a las UIF aprovechar las posibles sinergias, utilizar información procedente de distintas fuentes, obtener una imagen completa de las actividades anómalas y enriquecer el análisis. Las UIF deben poder llevar a cabo análisis conjuntos de transacciones y actividades sospechosas, crear equipos de análisis conjuntos para fines específicos y por un período limitado, con la ayuda de la ALBC, y participar en dichos equipos. La participación de terceros puede ser decisiva para el éxito de los análisis conjuntos. Por consiguiente, las UIF podrán invitar a terceros a participar en el análisis conjunto cuando dicha participación esté comprendida en los mandatos respectivos de dichos terceros. (55)La supervisión eficaz de todas las entidades obligadas es esencial para proteger la integridad del sistema financiero de la Unión y del mercado interior. A tal fin, los Estados miembros deben implantar una supervisión eficaz e imparcial de la LBC/LFT y establecer las condiciones para una cooperación eficaz, oportuna y sostenida entre los supervisores. (56)Los Estados miembros deben velar por una supervisión efectiva, imparcial y basada en los riesgos de todas las entidades obligadas, preferentemente a cargo de autoridades públicas por medio de un supervisor nacional distinto e independiente. Los supervisores nacionales deben poder desempeñar una amplia gama de tareas con el fin de ejercer una supervisión efectiva de todas las entidades obligadas. (57)La Unión ha sido testigo en ocasiones de un enfoque laxo con respecto a la supervisión de las obligaciones de las entidades obligadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por consiguiente, ha cobrado la máxima importancia que los supervisores nacionales competentes, como parte del mecanismo integrado de supervisión establecido por la presente Directiva y el Reglamento [indíquese la referencia — propuesta de creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales — COM(2021) 421 final], obtengan claridad en cuanto a sus derechos y obligaciones respectivos. (58)A fin de evaluar y controlar de forma más eficaz y regular los riesgos a los que están expuestas las entidades obligadas y la forma en que estas aplican sanciones financieras específicas, es necesario aclarar que los supervisores nacionales están tanto facultados como obligados a llevar a cabo todas las investigaciones desde el exterior, in situ y temáticas necesarias, así como cualquier otra indagación y evaluación que consideren necesaria. Esto no solo ayudará a los supervisores a decidir sobre aquellos casos en los que los riesgos específicos inherentes a un sector están claros y se han comprendido, sino que también les proporcionará las herramientas necesarias para seguir difundiendo la información pertinente a las entidades obligadas a fin de que sirva de fundamento a su comprensión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (59)Las actividades de divulgación, incluida la difusión de información por parte de los supervisores a las entidades obligadas bajo su supervisión, son esenciales para garantizar que el sector privado tenga una comprensión adecuada de la naturaleza y el nivel de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se enfrentan. (60)Los supervisores deben adoptar un planteamiento basado en el riesgo para su trabajo, que les permita concentrar sus recursos allí donde los riesgos sean más elevados, garantizando al mismo tiempo que ningún sector o entidad quede expuesto a intentos delictivos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La ALBC debe desempeñar un papel de liderazgo en el fomento de una comprensión común de los riesgos, por lo que debe encargarse de desarrollar los criterios de referencia y una metodología para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas, así como la frecuencia con la que debe revisarse dicho perfil de riesgo. (61)La divulgación a las UIF de hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de los supervisores es una de las piedras angulares de una supervisión eficiente y eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por consiguiente, es necesario que los Estados miembros establezcan un sistema que garantice que las UIF sean informadas adecuada y rápidamente. (62)La cooperación entre los supervisores nacionales es esencial para garantizar un planteamiento común de supervisión en toda la Unión. Para ser eficaz, esta cooperación debe aprovecharse en la mayor medida posible e independientemente de la naturaleza o el estatuto respectivo de los supervisores. Además de la cooperación tradicional —como la capacidad de llevar a cabo investigaciones en nombre de una autoridad de supervisión solicitante— conviene encargar la creación de colegios de supervisores de LBC/LFT con respecto a las entidades obligadas que operen en virtud de la libre prestación de servicios o de establecimiento y con respecto a las entidades obligadas que formen parte de un grupo. (63)Cuando una entidad obligada opere en otro Estado miembro mediante establecimientos, inclusive a través de una red de agentes, el supervisor del Estado miembro de origen debe ser responsable de supervisar la aplicación por parte de la entidad obligada de las políticas y los procedimientos de LBC/LFT a escala de grupo. Ello puede implicar visitas in situ a establecimientos ubicados en otro Estado miembro. El supervisor del Estado miembro de origen debe cooperar estrechamente con el supervisor del Estado miembro de acogida e informarle de cualquier cuestión que pudiera afectar a su evaluación del cumplimiento por parte del establecimiento de la legislación en materia de LBC/LFT vigente en el Estado miembro de acogida. (64)Cuando una entidad obligada opere en otro Estado miembro a través de establecimientos, inclusive a través de una red de agentes, el supervisor del Estado miembro de acogida conserva la responsabilidad de velar por el cumplimiento por parte del establecimiento de los requisitos en materia de LBC/LFT, inclusive, en su caso, mediante la realización de inspecciones in situ y seguimiento a distancia y la adopción de medidas adecuadas y proporcionadas para hacer frente a graves incumplimientos de estas obligaciones. El supervisor del Estado miembro de acogida debe cooperar estrechamente con el supervisor del Estado miembro de origen e informar a este último acerca de cualquier cuestión que pudiera afectar a su evaluación de la aplicación por parte de la entidad obligada de las políticas y los procedimientos de LBC/LFT a escala de grupo. A fin de acabar con los incumplimientos graves de normas en materia de LBC/LFT que requieran soluciones inmediatas, el supervisor del Estado miembro de acogida debe poder aplicar temporalmente las medidas correctoras adecuadas y proporcionadas que serían aplicables en circunstancias similares a las entidades obligadas bajo su competencia, para hacer frente a tales incumplimientos graves, en su caso con la asistencia o la cooperación del supervisor del Estado miembro de origen. (65)Para garantizar una mejor coordinación de los esfuerzos y contribuir eficazmente a las necesidades del mecanismo integrado de supervisión, deben aclararse las obligaciones respectivas de los supervisores en relación con dichas entidades obligadas y deben establecerse mecanismos de cooperación específicos y proporcionados. (66)Los grupos transfronterizos deben contar con políticas y procedimientos de gran alcance a escala de grupo. Para garantizar que las operaciones transfronterizas vayan acompañadas de una supervisión adecuada, es necesario establecer normas de supervisión detalladas que permitan a los supervisores del Estado miembro de origen y a los del Estado miembro de acogida cooperar entre sí en la mayor medida posible, independientemente de su naturaleza o estatuto respectivos, y con la ALBC para evaluar los riesgos, controlar la evolución que pueda afectar a las distintas entidades que forman parte del grupo y coordinar las actuaciones de supervisión. Habida cuenta de su papel de coordinación, debe confiarse a la ALBC la obligación de elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación que definan las obligaciones respectivas detalladas de los supervisores de grupos de origen y de acogida, así como las modalidades de cooperación entre ellos. La supervisión de la aplicación efectiva de la política de grupo en materia de LBC/LFT debe hacerse con arreglo a los principios y modalidades de supervisión consolidada establecidos en la legislación sectorial europea pertinente. (67)La Directiva (UE) 2015/849 incluía un requisito general de cooperación para los supervisores de los Estados miembros de origen y de acogida. Este requisito se reforzó posteriormente para evitar que el intercambio de información y la cooperación entre supervisores se prohibieran o restringieran injustificadamente. Sin embargo, a falta de un marco jurídico claro, la creación de colegios de supervisores de LBC/LFT se ha basado en directrices no vinculantes. Por tanto, es necesario establecer normas claras para la organización de los colegios en materia de LBC/LFT y prever un planteamiento coordinado y jurídicamente sólido, reconociendo la necesidad de una interacción estructurada entre supervisores en toda la Unión. En consonancia con su función de coordinación y vigilancia, debe encomendarse a la ALBC la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que definan las condiciones generales en las que los colegios de supervisores de LBC/LFT puedan funcionar correctamente. (68)El intercambio de información y la cooperación entre supervisores son esenciales en el contexto de unos sistemas financieros mundiales cada vez más integrados. Por un lado, los supervisores de la Unión, incluyendo la ALBC, deben informarse mutuamente de los casos en que el Derecho de un tercer país no permita aplicar las políticas y procedimientos necesarios en virtud del Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales]. Por otro lado, los Estados miembros deben poder autorizar a los supervisores a celebrar acuerdos de cooperación que prevean la colaboración y el intercambio de información confidencial con sus homólogos de terceros países, de conformidad con las normas aplicables a las transferencias de datos personales. Dada su función de vigilancia, la ALBC debe prestar ayuda según sea necesario para evaluar la equivalencia de los requisitos de secreto profesional aplicables al homólogo del tercer país. (69)La Directiva (UE) 2015/849 permitía a los Estados miembros encomendar la supervisión de algunas entidades obligadas a organismos autorreguladores. No obstante, la calidad e intensidad de la supervisión llevada a cabo por dichos organismos autorreguladores ha sido insuficiente y no ha sido objeto de control público o este ha sido casi nulo. Cuando un Estado miembro decida encomendar la supervisión a un organismo autorregulador, también debe designar a una autoridad pública encargada de vigilar las actividades del organismo autorregulador a fin de garantizar que la realización de dichas actividades se ajusta a los requisitos de la presente Directiva. (70)La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional sanciones y medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de los requisitos del Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales]. Los supervisores nacionales deben estar facultados por los Estados miembros para imponer tales medidas a las entidades obligadas con objeto de poner remedio a la situación en caso de incumplimiento y, cuando la infracción lo justifique, para imponer sanciones pecuniarias. El abanico de sanciones y medid