Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam supuso la transferencia de la cooperación judicial en materia civil del tercer pilar al primer pilar (artículo K.1 (6) TUE). Según la letra c) del artículo 61 y el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comunidad adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza y en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. Estas medidas incluyen la mejora y la simplificación del reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.

El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [1], que entrará en vigor el 1 de marzo de 2002, representa un avance significativo en la simplificación del procedimiento para obtener el otorgamiento de la ejecución (exequátur) con respecto al Convenio de Bruselas de 1968 sobre la jurisdicción y la aplicación de resoluciones en materia civil y mercantil, al que sustituirá. Conforme a ese Reglamento, el otorgamiento de la ejecución se concederá tras la realización de ciertas formalidades y solamente podrá ser impugnado mediante recurso de la otra parte. Pese a estos cambios y simplificaciones, no suprime todos los obstáculos para el movimiento sin impedimentos de resoluciones en la Unión Europea y deja medidas intermedias que son aún demasiado restrictivas.

[1] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

La reunión del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones y otras decisiones de las autoridades judiciales como la piedra angular de la cooperación judicial que debía establecerse en la Unión. En materia civil, el Consejo Europeo pidió una nueva reducción de las medidas intermedias requeridas para permitir el reconocimiento y la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro. Sugirió en un primer paso introducir el reconocimiento automático sin ningún procedimiento o argumento intermedio para la denegación de la ejecución para determinados tipos específicos de créditos, posiblemente junto con la determinación de normas mínimas sobre aspectos específicos del derecho procesal. El Consejo Europeo pidió al Consejo y a la Comisión que adoptaran, antes de diciembre de 2000, un programa de medidas de aplicación del principio de reconocimiento mutuo y el inicio de los trabajos sobre un Título Ejecutivo Europeo y sobre los aspectos del derecho procesal en los que se estime necesario contar con unas normas mínimas comunes para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

El programa conjunto de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [2], adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000, destacaba como una de las prioridades de la Comunidad la supresión del exequátur para los créditos no impugnados. Señalando una contradicción en el retraso de la ejecución de resoluciones judiciales relativas a créditos no impugnados por el deudor debido a un procedimiento de exequátur, el programa designaba esta situación como la primera en que debía suprimirse el exequátur, ya que la recuperación rápida de deudas pendientes de pago constituye una necesidad absoluta para la actividad empresarial y una preocupación constante para los sectores económicos cuyo interés radica en el correcto funcionamiento del mercado interior.

[2] DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

En la reunión informal de los Ministros de justicia celebrada en Estocolmo los días 8-9 de febrero de 2001, se confirmó el Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados como el proyecto piloto para la supresión del exequátur. Durante la presidencia sueca, el Comité del Consejo en materia de derecho civil debatió el planteamiento general que debía adoptarse y consiguió algunos avances, en especial en cuanto al alcance de la aplicación del instrumento legislativo que debía elaborarse [3].

[3] Puede encontrarse un resumen del trabajo realizado durante la presidencia sueca en el documento del Consejo 10480/01, JUSTCIV 88 (29.6.2001).

2. OBJETIVO GENERAL

De conformidad con el programa de medidas para la puesta en práctica del principio de reconocimiento mutuo y con las prioridades fijadas por dicho programa, y en la línea del trabajo preparatorio realizado por el Comité del Consejo en materia de derecho civil, la Comisión propone un Reglamento del Consejo sobre un Título Ejecutivo Europeo para créditos pecuniarios reconocidos que suprima todos los controles de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro como requisito previo para su ejecución en otro Estado miembro.

La Comisión es consciente de que frecuentemente se ha venido empleando el término "Título Ejecutivo Europeo" para referirse a un procedimiento uniforme para obtener una resolución que luego pudiera ejecutarse sin exequátur en todos los Estados miembros. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea" [4] ya apuntaba esta connotación. Al mismo tiempo, ponía de relieve, sin embargo, que el establecimiento de un procedimiento uniforme y la supresión del exequátur son dos cuestiones distintas, de modo que la solución de una no es una condición previa imprescindible para la solución de la otra. El programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo aborda estas dos cuestiones y mantiene la distinción entre ellas, ya que declara que en algunas áreas la supresión del exequátur podría coincidir con el establecimiento de un procedimiento específico, uniforme y armonizado fijado dentro de la Comunidad.

[4] COM (1997) 609 final, DO C 33 de 31.1.1998, p. 3, apartado 9.

En el ámbito de los créditos no impugnados, la Comisión persigue activamente ambos objetivos, si bien no simultáneamente, en el mismo instrumento legal:

* La actual propuesta aspira a la eliminación de las medidas intermedias como requisito previo para la ejecución en otro Estado miembro de todas las resoluciones alcanzadas en ausencia comprobable de todo litigio por parte del deudor acerca de la naturaleza o el alcance de la deuda. En la línea de las deliberaciones del Comité del Consejo en materia de derecho civil, su ámbito no se limita a los títulos ejecutivos que resultan de procedimientos rápidos específicos para la recuperación de las deudas que se espera permanezcan reconocidas. Este planteamiento debería en principio proporcionar un beneficio tangible a los acreedores que obtienen una ejecución rápida y eficaz en el extranjero sin la participación de la judicatura del Estado miembro en el que se persigue la ejecución y los consiguientes retrasos y gastos de seguimiento.

* Al mismo tiempo, la Comisión está elaborando un Libro Verde sobre el establecimiento de un procedimiento uniforme o armonizado para un "requerimiento de pago" europeo, cuya presentación está prevista para 2002 [5]. Esta armonización, que podría afectar no solamente al propio procedimiento de "requerimiento de pago" sino también a las normas sobre la notificación de documentos judiciales en general, exige antes de elaborar una propuesta legislativa la realización de una investigación a fondo y la celebración de amplias consultas. La separación entre la supresión del exequátur y la armonización procesal permite rápidos progresos de la primera y al mismo tiempo permite la preparación cuidadosa de los pasos que deben realizarse en la segunda.

[5] El mismo Libro Verde también abordará la simplificación y aceleración de los litigios sobre créditos de escasa cuantía mediante el establecimiento de normas comunes de procedimiento o de normas mínimas.

Para consolidar la confianza mutua entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, condición previa para la supresión del exequátur, y asegurar la estricta observancia de los requisitos para un juicio justo de acuerdo con el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, la Comisión considera esencial fijar unas normas procesales mínimas comunes. Lo que caracteriza a la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales sobre créditos no impugnados es que se dictan sin la participación del deudor en el proceso. Se supone que esta actitud pasiva se deriva, bien de una decisión consciente que responde a su reconocimiento de la justificación del crédito en cuestión, bien de una desconsideración deliberada de la actuación de tribunal. Ante la falta de una reacción explícita del deudor, la correcta y puntual notificación de los documentos mediante los que se le informa sobre la demanda, de sus derechos y obligaciones procesales y de las consecuencias de su no comparecencia, constituye la única prueba de que se ha dado al deudor la oportunidad de tomar la decisión consciente de no comparecer en el proceso.

Conviene recordar que la gran mayoría de casos de los que se rechaza el reconocimiento y la ejecución en virtud del Convenio de Bruselas de 1968 son aquéllos en que se dicta una resolución en rebeldía y no se produce una notificación adecuada del escrito de incoación, con tiempo suficiente y de modo que permita al demandado preparar su defensa. Además, el programa para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo define la certeza, eficacia y rapidez de la notificación de los escritos judiciales como uno de los fundamentos de la confianza mutua entre ordenamientos jurídicos nacionales, y prevé estudiar la armonización de las normas aplicables o el establecimiento de normas mínimas.

Así pues, esta propuesta contiene normas mínimas sobre la notificación de documentos que cubren los métodos admisibles de notificación, un plazo de notificación que permita la preparación de la defensa y una información apropiada al deudor. Solamente el cumplimiento de estas normas mínimas justifica la abolición de un control de la observación de los derechos de la defensa en el Estado miembro en el que se debe ejecutar la resolución.

El corolario inexorable de la abolición del exequátur es que la responsabilidad del control del cumplimiento de los requisitos de esta propuesta, en especial por lo que se refiere a sus normas mínimas, se confiera a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya dictado la resolución. El Título Ejecutivo Europeo, según lo concebido en esta propuesta, constituye un certificado completo y transparente del cumplimiento de todas las condiciones para la ejecución en la Comunidad sin medidas intermedias.

El propósito de la presente propuesta es ofrecer a los Estados miembros y a los acreedores una opción adicional para facilitar la ejecución, sin obligarles a adoptarla. Corresponde a los Estados miembros decidir si es o no oportuno ajustar su legislación nacional a las normas mínimas del capítulo III para asegurar que se pueda aceptar el mayor número posible de resoluciones sobre créditos no impugnados para su certificación como Título Ejecutivo Europeo. Y está dentro de la discreción del acreedor elegir el camino procesal para obtener una resolución ejecutoria en otro Estado miembro basándose en una solicitud de certificación como Título Ejecutivo Europeo o de una declaración de ejecución en virtud del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

3. ARTICULADO

Artículo 1 - Objeto

Este artículo resume brevemente el objetivo general de la propuesta según lo resumido anteriormente.

Artículo 2 - Ámbito de aplicación

El ámbito general de aplicación coincide con el del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

Artículo 3 - Definiciones

Los apartados 1 y 2 reproducen los artículos 32 y 62 (en cuanto a los requerimientos de pago) del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

Crédito

En la línea del consenso surgido durante los trabajos preparatorios, la aplicabilidad del instrumento se limita a los créditos pecuniarios por un importe específico, con independencia del importe en causa.

Créditos no impugnados

Las diversas situaciones que hacen que un crédito se considere no impugnado pueden agruparse en dos categorías. La primera categoría comprende los casos en los que el deudor ha participado activamente en procedimientos judiciales o extrajudiciales (con documentos públicos con fuerza ejecutiva) y ha aceptado de manera expresa que la demanda está justificada. Este consentimiento puede adoptar la forma de una aceptación del crédito ante un órgano jurisdiccional, seguida de una resolución basada en esa aceptación, celebrando una transacción sancionada por el órgano jurisdiccional o aceptándolo en un documento público con fuerza ejecutiva. Las letras a) y d) del apartado 4 contemplan todas estas situaciones.

La segunda categoría se caracteriza por el hecho de que el deudor ha ignorado una notificación para preparar su defensa, pudiéndose así suponer que no tiene ninguna objeción. La letra b) exige la completa ausencia de toda impugnación del crédito a lo largo de todo el procedimiento judicial, ya sea en el contexto de un procedimiento puramente escrito o de un procedimiento que incluya una vista ante un órgano jurisdiccional a la que el deudor no ha comparecido, o sí lo ha hecho pero sin impugnar el crédito. La simple declaración del deudor de que tiene dificultades de pago y su petición de posponer el mismo o efectuarlo a plazos sin invocar el derecho a dicho pago no puede considerarse una impugnación porque no pone en entredicho la justificación de un crédito por cualquier medio. Se refiere exclusivamente a una incapacidad efectiva para pagar o, en suma, a la probabilidad de que la ejecución ha sido acertada. La letra c), por otra parte, trata de la situación concreta en que el deudor no comparece a una vista del órgano jurisdiccional a la que ha sido convocado en caso de una oposición anterior manifestada por el deudor. Tal incomparecencia en la vista puede interpretarse justificadamente como resultado de su decisión de no impugnar el crédito. Las letras b) y c) contemplan las sentencias en rebeldía y las órdenes de pago obtenidas en procedimientos acelerados que exigen que no haya objeciones por parte del deudor, como la "injonction de payer" en Francia o la "Mahnverfahren" en Austria o Alemania.

Autoridad de cosa juzgada

La autoridad de cosa juzgada, necesaria para su certificación como Título Ejecutivo Europeo de conformidad con la letra a) del artículo 5, se adquiere bajo la definición autónoma del apartado 5, bien si desde un principio no cabe recurso ordinario contra dicha resolución, o bien si el deudor no hace uso de la posibilidad de interponer ese recurso dentro de los plazos establecidos.

Recurso ordinario

El apartado 6 reproduce en esencia la definición de este término dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con los artículos 30 y 38 del Convenio de Bruselas de 1968 [6], que parece la adecuada a efectos de la presente propuesta.

[6] Industrial Diamond Supplies v. Luigi Riva, 22.11.1975, TJCE 1977, p. 2175.

Documento público con fuerza ejecutiva

A diferencia del Convenio de Bruselas de 1968 y del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, que no definen el documento público con fuerza ejecutiva, la presente propuesta integra los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [7] en el texto de la letra a) del apartado 7 y, en aras de una mayor amplitud y coherencia, se añaden también en la letra b) del apartado 7 los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias, específicamente reconocidos como documentos públicos con fuerza ejecutiva en el apartado 2 del artículo 57 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

[7] Unibank A/S v. Flemming G. Christensen, 17.06.1999, Rec. 1999, p. 3715.

Artículo 4 - Supresión del exequátur

Este artículo establece el concepto y el significado del Título Ejecutivo Europeo. El procedimiento de exequátur, que en virtud del Convenio de Bruselas de 1968 y del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo es necesario antes de la ejecución en otro Estado miembro, ha quedado anticuado por la certificación de la resolución como Título Ejecutivo Europeo (TEE). El certificado TEE permite que el acreedor proceda a las medidas de ejecución en los demás Estados miembros sin que en el Estado de ejecución deba tomarse ninguna medida intermedia. En vez de ser los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución los que tengan que comprobar si se cumplen los requisitos para un otorgamiento de la ejecución en el procedimiento de exequátur, son ahora los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen los encargados de decidir si efectivamente una resolución cumple las condiciones para ser certificada como Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 5 - Requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo

Una resolución ejecutoria sobre un crédito no impugnado debe ser certificada como Título Ejecutivo Europeo a petición del acreedor si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5. El presente Reglamento no contempla limitación alguna sobre el momento en que el acreedor puede solicitar la certificación. Una de las primeras ventajas de esta propuesta con respecto al procedimiento de exequátur del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo es que la certificación como Título Ejecutivo Europeo la efectúa el órgano jurisdiccional de origen, que conoce el caso en cuestión y las normas procesales que se han aplicado, y no es necesaria la participación de ninguna autoridad judicial o de otra índole del Estado miembro de ejecución. La atribución de competencia para emitir el certificado de Título Ejecutivo Europeo en el órgano jurisdiccional de origen no está regulada en la presente propuesta, por lo que queda relegada a la legislación de los Estados miembros.

- Según la letra a) del artículo 5, la resolución debe tener autoridad de cosa juzgada. A primera vista, este umbral parece ser superior al del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, que solamente exige en el Estado miembro de origen la ejecución que sea concebible antes de que la resolución sea definitiva (por ejemplo, en caso de que el órgano jurisdiccional haya permitido una ejecución provisional). Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el propio otorgamiento de la ejecución puede recurrirse en el plazo de un mes después de su notificación -o de dos meses si el demandado está domiciliado fuera del Estado miembro de ejecución- de conformidad con el apartado 5 del artículo 43 del citado Reglamento. De conformidad con el apartado 3 del artículo 47, durante el plazo fijado para interponer ese recurso no pueden tomarse medidas de ejecución sino sólo medidas cautelares En el contexto de la presente propuesta no existe este "período de espera" obligatorio para las medidas de ejecución que no sean medidas cautelares. Por otra parte, en caso de una resolución que sea ejecutable provisionalmente pero no de manera definitiva a efectos de la letra a) del artículo 5, el acreedor podrá obtener un Título Ejecutivo Europeo para medidas cautelares de conformidad con el artículo 9.

- La letra b) del artículo 5 exige el cumplimiento de las normas del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo en la jurisdicción relativa a cuestiones de seguros, en la jurisdicción sobre contratos de consumo y en las competencias exclusivas. La no conformidad con estas disposiciones jurisdiccionales, que constituye un motivo de denegación del otorgamiento de la ejecución con arreglo a los artículos 35 y 45 de ese Reglamento, impide la certificación como Título Ejecutivo Europeo conforme a la presente propuesta.

- La letra c) del artículo 5 garantiza la protección de los derechos de la defensa en todos los casos en los que la consideración de un crédito como reconocido se basa en la abstención del deudor de participar en los procedimientos judiciales. En estas situaciones, hay que garantizar que se ha informado correctamente al deudor sobre la acción judicial, de los requisitos para impugnar el crédito y las consecuencias que acarrea no observar estas cuestiones. De conformidad con el apartado 2 del artículo 34 y con los artículos 41 y 45 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, la notificación del escrito de incoación de forma que no permita al deudor preparar su defensa constituye un motivo para denegar el otorgamiento de la ejecución de una resolución dictada por incomparecencia, a menos que el deudor interponga un recurso. La supresión de este mecanismo de control en el procedimiento de exequátur y la falta de uniformidad de la legislación de los Estados miembros en las áreas pertinentes a este respecto -en particular en cuanto a la notificación- exigen la necesidad de un control institucionalizado de las normas mínimas según lo establecido en el capítulo III a cargo del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.

- La letra d) del artículo 5 trata también de la notificación, pero solamente es aplicable si el deudor está domiciliado en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de origen. Cuando sea el caso, todos los documentos judiciales deberán notificarse de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo. La letra d) del artículo 5 establece que la conformidad con ese Reglamento constituye una condición para la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 6- Título Ejecutivo Europeo parcial

Este artículo reitera la sustancia del artículo 48 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo adaptado a las características de la presente propuesta y describiendo más a fondo en qué situaciones solamente algunas partes de una resolución pueden acogerse a la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 7 - Contenido del Certificado de Título Ejecutivo Europeo

El Certificado de Título Ejecutivo Europeo debe contener

- un resumen transparente y normalizado de todos los hechos que caracterizan e individualizan el contenido de la resolución y que son imprescindibles para su ejecución, y

- una información completa sobre el cumplimiento de los requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

La naturaleza bastante pormenorizada del formulario normalizado que debe rellenarse es garantía de que el órgano jurisdiccional de origen comprueba todos los aspectos del examen y refuerza así la confianza mutua entre los Estados miembros en cuanto al examen aplicado antes de permitir la ejecución en todos los demás Estados miembros sin ninguna medida intermedia.

El formulario que figura en el Anexo I es multilingüe y facilita con ello al órgano jurisdiccional de origen cumplimentar el documento en su lengua oficial. Puesto que toda la información imprescindible para la ejecución se proporciona rellenando nombres y números o marcando casilleros, es innecesaria la traducción del certificado salvo en casos verdaderamente excepcionales en los que el órgano jurisdiccional de origen tenga que dar explicaciones adicionales por escrito.

El apartado 3, que debe leerse conjuntamente con el apartado 2 del artículo 21, establece una norma clara acerca del número de copias autenticadas del certificado que deben expedirse, para proteger al deudor contra múltiples medidas simultáneas de ejecución en varios Estados miembros de la misma manera que en el Estado miembro de origen. Si la legislación nacional fija que se suministre al acreedor más de una copia ejecutoria de la resolución (por ejemplo, en caso de responsabilidad conjunta de varios deudores), se aplicará la misma regla para el certificado TEE.

Artículo 8 - Recurso

La eficacia de la ejecución en otro Estado miembro mediante un certificado de Título Ejecutivo Europeo viene potenciada por el hecho de que, a diferencia del caso de otorgamiento de la ejecución según el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, se excluye el recurso contra el propio certificado. Si el deudor quiere impedir la aparición de un certificado de Título Ejecutivo Europeo, deberá impugnar el crédito, excluyéndolo así del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Si el crédito sigue sin impugnar, corresponderá al órgano jurisdiccional de origen, a petición del acreedor, examinar el cumplimiento de los requisitos para la certificación, sin posibilidad de recurso contra la resolución final.

En ese sentido, conviene tener en cuenta que tanto el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo como el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas de 1968 establecen una norma jurídica específica e independiente relativa a los derechos de la defensa de no ajustarse a la observancia de las normas nacionales y de plantear cuestiones jurídicas específicas. A consecuencia de ello, es concebible que el órgano jurisdiccional de origen haya aplicado estrictamente su derecho procesal nacional y que aún así deba rechazarse el otorgamiento de la ejecución a causa de una diferencia entre el derecho nacional y la debida protección de los derechos de la defensa de conformidad con el apartado 2 del artículo 34 o el apartado 2 del artículo 27, respectivamente, tal como interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [8].

[8] Debaecker v. Bouwman, 11.6.1985, Rec. 1985, 779, sobre la relación entre el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas de 1968 y normativas nacionales de notificación de los Estados miembros.

Sin embargo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 34 y el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, se prohibe expresamente al órgano jurisdiccional responsable del procedimiento de exequátur la realización de cualquier revisión del cumplimiento de las normas establecidas en los artículos 34 y 35. Incluso en caso de violación evidente del apartado 2 del artículo 34, estará obligado a entregar un otorgamiento de ejecución si se cumplen los requisitos puramente formales del artículo 41. El órgano jurisdiccional podrá realizar una revisión del cumplimiento de los derechos de la defensa solamente en caso de recurso del demandado. Pero se impide incluso entonces al órgano jurisdiccional rechazar o revocar el exequátur pese a una violación de estos derechos según lo definido en el apartado 2 del artículo 34, si el demandado no hace uso de una oportunidad real de recurrir la resolución en el Estado miembro de origen. Es decir, el demandado tiene la obligación de ejercer su derecho a recurrir una resolución dictada por incomparecencia (o, en la terminología de esta propuesta, impugnar el crédito) para tener derecho a la revisión judicial relativa a la observancia de las normas comunitarias sobre los derechos de la defensa. No podrá prosperar un recurso aislado interpuesto solamente contra el otorgamiento de la ejecución, sin impugnar al mismo tiempo el crédito en cuestión.

La presente propuesta aplica una lógica similar. Puede haber diferencias entre la norma de protección de los derechos del deudor bajo los sistemas nacionales de los Estados miembros y las normas establecidas por el capítulo III. Sin embargo, teniendo en cuenta

- el control completo del cumplimiento de los requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo según lo impuesto por el capítulo III y con la transparencia debida en el certificado, de conformidad con el artículo 7,

- la confianza mutua entre los Estados miembros sobre la escrupulosa administración de la justicia y

- la garantía que debe eximirse de los efectos de la expiración del plazo si el deudor no ha estado realmente en condiciones de impugnar el crédito con arreglo al artículo 20,

está justificada la exclusión de un recurso concreto contra la propia certificación como Título Ejecutivo Europeo, sujeto a los requisitos establecidos en la presente propuesta. Se puede esperar del deudor que se sirva de todos los medios a su alcance para impugnar el crédito, incluso el recurso ordinario contra la resolución o la solicitud de exención contemplada en el artículo 20.

Artículo 9 - Certificado de Título Ejecutivo Europeo para medidas cautelares

Antes de que una resolución adquiera "autoridad de cosa juzgada", la ejecución sólo será posible con carácter provisional, y sus efectos deberán ser revocados si la resolución resulta denegada por efecto del recurso. El sistema de conceder la ejecución provisional de las resoluciones siempre debe buscar el equilibrio entre el interés del acreedor por una ejecución rápida y el interés del deudor por evitar daños irreparables en caso de que no puedan recuperarse las pérdidas ocasionadas por la ejecución provisional. Los Estados miembros han encontrado una gran variedad de soluciones al respecto. Debe también tenerse en cuenta que la concesión de la ejecución provisional en determinadas condiciones está indisolublemente ligada a la posibilidad de que el deudor detenga o suspenda dicha ejecución bajo determinadas condiciones o que supedite la misma a la constitución de una garantía.

Estas complejidades conllevarían complicados problemas si la ejecución provisional en el Estado miembro de origen se considerara suficiente para permitir una ejecución ilimitada que diera lugar a la satisfacción del crédito en el Estado miembro de ejecución La legislación de los Estados miembros que rigen el procedimiento de ejecución con arreglo al apartado 1 del artículo 21 sobre la suspensión de la ejecución puede no ser la adecuada para el tipo de ejecución provisional prevista en el Estado miembro de origen y producir el efecto no deseado de que una resolución sea ejecutable con más facilidad en otros Estados miembros que en el propio Estado miembro de origen.

Por consiguiente, la presenta propuesta sugiere una solución inequívoca que evite las dificultades indicadas. La plena ejecución solamente puede tener lugar cuando la resolución haya adquirido autoridad de cosa juzgada. La plena ejecución solamente puede tener lugar cuando la resolución haya adquirido autoridad de cosa juzgada.

Este certificado proporciona una justificación plena de las medidas cautelares aplicables en el Estado miembro de ejecución. En caso de que, para adoptar las citadas medidas, sea necesaria la participación de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, sus requisitos se considerarán cumplidos contra presentación del certificado. No podrá requerirse el cumplimiento de otras condiciones (por ejemplo, el peligro concreto de que el deudor enajene su propiedad) aun en el caso de que ello constituya un requisito previo de las medidas cautelares según la legislación del Estado miembro de ejecución.

Artículo 10 - Alcance de la aplicación de las normas mínimas

Este artículo introduce el capítulo III, que establece las normas mínimas relativas a los derechos de la defensa, que deben observarse para que una resolución pueda acogerse a la certificación como Título Ejecutivo Europeo. La parte fundamental de ese capítulo trata de la adecuada notificación de los escritos más pertinentes en un tiempo y modo que permita que el deudor se defienda si así lo desea. Los oportunos requisitos son aplicables solamente si el deudor no ha participado en los procedimientos judiciales o no ha comparecido a una vista del órgano jurisdiccional. En los demás casos de créditos no impugnados contemplados en el apartado 4 del artículo 3, el deudor ha aceptado explícitamente el crédito, por lo que ha demostrado activamente su decisión de no defender el caso.

Al permitir la certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo solamente mediante el cumplimiento de las condiciones del capítulo III, la presente propuesta deja a la discreción de los Estados miembros la opción de adaptar su legislación nacional a estas normas mínimas en caso de que las consideren necesarias o deseables. No aspira a la armonización de las normas que rigen los créditos no impugnados o las normas sobre la notificación de documentos judiciales.

Artículos 11,12,13 y 14 - Procedimientos de notificación del escrito de incoación y de la citación a una vista

Estos artículos contienen el punto central de los requisitos de notificación. Distinguen entre

- métodos principales de notificación cuando hay prueba directa de que el escrito de incoación ha llegado a manos del deudor, y

- métodos alternativos de notificación cuando se da fe de que el escrito no ha llegado al propio deudor sino a su entorno, donde es responsabilidad suya procurarse acceso a dicho documento.

La notificación alternativa está permitida en virtud del artículo 12 solamente si se han realizado esfuerzos razonables para una notificación personal y éstos han sido infructuosos. Si la notificación postal o por medios electrónicos conforme al artículo 11 no ha producido el resultado deseado, hay que intentar una notificación personal antes de recurrir a la notificación alternativa.

El apartado 2 del artículo 11 y el apartado 2 del artículo 12 cubren las siguientes dos situaciones diferentes:

- el deudor no puede representarse a sí mismo ante el órgano jurisdiccional (por ejemplo, por su calidad de menor o de persona jurídica) por lo que la ley determina una persona física que lo represente a todos los efectos judiciales (por ejemplo, los padres o el director de una empresa). El término "representante legal" hace referencia a esta situación

- el deudor ha elegido a un abogado o a un representante jurídico para que lo represente en los procedimientos concretos del órgano jurisdiccional. El término "representante autorizado" hace referencia a esta situación

Un funcionario competente conforme a la letra b) del párrafo 1 del artículo 11 y al artículo 13 puede ser un funcionario público o cualquier otra persona que haya estado autorizada a efectuar y a certificar la notificación por el Estado miembro en el que se produzca la misma.

El apartado 3 del artículo 12 subraya que no están reconocidos a efectos de la presente propuesta todos los métodos de notificación que recurren a una ficción legal del escrito que llega al entorno del deudor porque no se dispone de una dirección actual conocida en la que pueda efectuarse la notificación.

El artículo 14 tiene importancia práctica solamente para la citación a una vista que se notifica al deudor, no con el escrito de incoación sino en una fecha posterior. La letra b) del artículo 14 se ha añadido para la situación particular de un deudor que comparece a la vista e impugna el crédito, pero luego opta por no oponerse y no comparece a una segunda vista a la que se le convocó verbalmente en la primera.

Artículo 15 - Notificación con el tiempo suficiente para preparar la defensa

Este artículo establece un umbral concreto y claro sobre qué plazo se debe considerar suficiente para preparar una defensa. Impone un período mínimo más largo para responder al crédito si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto de aquél en el que tiene lugar la acción judicial, teniendo en cuenta la naturaleza más compleja de los litigios transfronterizos. Los mismos plazos mínimos se aplican a la asistencia o a la representación ante el órgano jurisdiccional en caso de citación a una vista que no se notifica juntamente con el escrito de incoación.

Artículos 16, 17 y 18 - Información debida del deudor

Es evidente que el deudor estará en condiciones de preparar su defensa sólo si conoce la demanda contra él, los requisitos para su participación en los procedimientos del órgano jurisdiccional y las consecuencias del incumplimiento de esos requisitos. La mayoría de los aspectos de la obligatoriedad de informar al deudor se explican por sí mismos.

La letra c) del artículo 17 observa las diferencias entre las normas de los Estados miembros acerca de la medida en que un órgano jurisdiccional tiene que examinar si efectivamente una demanda es fundada antes de dictar una resolución en favor del acreedor, incluso aunque no haya objeciones. Si este examen no tiene lugar en absoluto o si es solamente limitado y, por tanto, el deudor no puede basarse en una valoración de la demanda como no concluyente por el órgano jurisdiccional, el deudor deberá estar informado de ello. La misma necesidad surge si una resolución no está sujeta en absoluto a recurso ordinario o solamente a un estudio judicial limitado; la letra d) del artículo 17 hace referencia a estas situaciones.

Por último, la posibilidad de que se produzca la certificación de una resolución en ausencia de objeciones o si ésta no se presenta como Título Ejecutivo Europeo, que no puede recurrirse independientemente, exige que se llame la atención del deudor sobre estas circunstancias específicas según prescribe la letra e) del artículo 17. Debe ponerse al deudor en conocimiento de la necesidad de presentar objeciones al crédito para evitar estas consecuencias.

Artículo 19 - Subsanación del incumplimiento con normas mínimas

De conformidad con el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, el otorgamiento de la ejecución no puede rechazarse para una resolución dictada en rebeldía aun cuando no se hubiera notificado al demandado el escrito de incoación con tiempo suficiente y de tal manera que éste pudiera preparar su defensa si el demandado no pudo interponer recurso contra la resolución cuando podía hacerlo. Así pues, el demandado tiene la obligación de participar en el procedimiento judicial para tratar de impedir una resolución a favor del demandante o para recurrir contra la misma. Si el demandado tiene conocimiento del procedimiento judicial en su contra no puede basarse simplemente en un defecto procesal al inicio de este procedimiento y en su efecto automático en la ejecución en el extranjero.

Este artículo amplía el mismo razonamiento de la presente propuesta y asegura la coherencia con el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo al respecto. En conjunto, el capítulo III traduce en normas más específicas el principio general de los derechos de la defensa expresado en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Por lo tanto, una regla que rige la subsanación del incumplimiento con normas mínimas procesales debe tener en cuenta esta situación y responder a tal incumplimiento de una manera más detallada.

El apartado 1 hace referencia a todos los requisitos establecidos en los artículos 11 a 18, cuya no observancia se subsana si la propia resolución que está sujeta a recurso ordinario ha sido notificada al deudor por un método admisible y se le ha adjuntado la información necesaria para interponer recurso ordinario pero el deudor no ha hecho uso de esta posibilidad de recurrir la resolución.

El apartado 2 permite la subsanación únicamente en función del método de notificación empleado. Aunque este método no se ajusta a los artículos 11 a 14, no hay ninguna necesidad de excluir la certificación como Título Ejecutivo Europeo si se establece fehacientemente de que el deudor ha recibido personalmente los escritos en cuestión y si se cumplen los requisitos de los artículos 15 y 16, 17 y 18.

Artículo 20 - Normas mínimas para la exención de los efectos de la expiración del plazo

Incluso si se han observado meticulosamente todos los requisitos establecidos en el capítulo III, especialmente los referentes a los métodos de notificación, es inevitable que, en ciertas circunstancias excepcionales como la fuerza mayor, el deudor pueda, sin ninguna falta por su parte, no haber tenido conocimiento de los escritos que debían serle notificados. En estas situaciones, este artículo concede al deudor una exención proporcionando una solución extraordinaria. Si el deudor no ha recibido a tiempo la resolución, se le concede la posibilidad de interponer recurso incluso fuera de los plazos fijados para el mismo. Si la situación que impide al deudor participar en los procedimientos judiciales se produce anteriormente, es decir, no ha tenido conocimiento del escrito de incoación o de la citación a una vista, sólo tendrá derecho a esa exención a menos que se cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 19, es decir, a menos que se haya abstenido de la posibilidad de interponer recurso ordinario contra la resolución.

El apartado 2 deja bien claro que, en una situación como la definida en el apartado 1, el deudor tiene derecho a la exención plena. Así pues, en los Estados miembros en los que la resolución no puede recurrirse en absoluto o cuando dicho recurso es restringido y no permite una consideración completa de cuestiones de hecho, es preciso conceder una exención legal en forma distinta al recurso, ya sea una reapertura de los procedimientos judiciales o un recurso extraordinario que permita una plena intervención jurisdiccional.

El apartado 3 establece una norma mínima en cuanto al plazo para una solicitud de excepción que comienza cuando el deudor tenga conocimiento de la acción judicial emprendida contra él.

Dado que este artículo establece solamente normas mínimas, nada impide que los Estados miembros concedan excepciones más generosas.

Artículo 21 - Procedimiento de ejecución

En el apartado 2 se enumeran los documentos que deben presentarse a las autoridades encargadas de la ejecución en el Estado miembro de ejecución, incluida una traducción autenticada de las partes de la sección multilingüe del certificado que pudiera requerirse en circunstancias excepcionales, según lo expuesto en relación con el artículo 7.

De manera muy similar a los artículos 51 y 52 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, pero teniendo en cuenta el hecho de que ya no es necesario un procedimiento para la cuestión de un otorgamiento de la ejecución en el Estado miembro de ejecución, el apartado 3 prohíbe todo obstáculo al acceso a la ejecución de resoluciones dictadas o a acreedores domiciliados en un Estado distinto del Estado miembro de ejecución exigiendo recargos o garantías adicionales a esos acreedores.

El apartado 4 aborda otros requisitos que disuaden potencialmente de la ejecución a los acreedores domiciliados fuera del Estado miembro en el que debe tener lugar.

Artículo 22 - Acceso a la justicia durante los procedimientos de ejecución

El apartado 1 del artículo 22 está muy relacionado con los argumentos para la denegación del exequátur de los apartados 3 y 4 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, pero modifica las condiciones en las que la existencia de una resolución irreconciliable puede impedir la ejecución. Este apartado elimina la distinción entre resoluciones irreconciliables dictadas en el Estado miembro de ejecución, en otro Estado miembro o en un tercer Estado. De conformidad con el apartado 3 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, no se concede automáticamente prioridad a las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución, sino que se aplica la misma norma a todas las resoluciones irreconciliables, independientemente de dónde provengan. En cuanto al contenido de esa norma, se añade una condición adicional con respecto al apartado 4 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Es razonable imponer al deudor la obligación de plantear lo antes posible la existencia de una resolución irreconciliable en otro Estado permitiéndole efectuar tal presentación en la fase de ejecución únicamente en el caso de que, sin culpa por su parte, no haya podido hacerlo durante el procedimiento judicial original que ha conducido a la decisión ejecutoria.

El apartado 2 prohíbe cualquier revisión de la resolución, incluida su certificación como Título Ejecutivo Europeo en cuanto a su sustancia en el Estado miembro de la aplicación. Esta prescripción incluye el examen de los motivos de la denegación o la revocación del exequátur de conformidad con los artículos 34 y 35 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. El cumplimiento de los requisitos pertinentes -en la medida en que éstos se consideren apropiados y necesarios en el contexto de la presente propuesta- está asegurado por los requisitos para la certificación.

El apartado 2 no concierne a la acción judicial emprendida contra la propia ejecución que no conlleve una revisión a fondo de la resolución. Este litigio se rige por la legislación nacional del Estado miembro de origen, de conformidad con el apartado 1 del artículo 21.

Artículo 23 - Suspensión o limitación de la ejecución

Si el deudor presenta una solicitud de exención de acuerdo con el artículo 20, o de revisión judicial con arreglo al apartado 1 del artículo 22, el resultado final de los procedimientos oportunos determinará si efectivamente el Título Ejecutivo Europeo sigue siendo ejecutorio. Para el período de incertidumbre entre la solicitud y la decisión final, no queda automáticamente suspendida la ejecutabilidad del Título Ejecutivo Europeo. Este artículo deja a la discreción del órgano jurisdiccional o de la autoridad competente del Estado miembro de ejecución la suspensión o limitación de la ejecución en caso de que el deudor solicite uno de los medios mencionados. Las principales consideraciones deben ser la evaluación de las perspectivas de éxito de las medidas adoptadas por el deudor de conformidad con los artículos 20 ó 22 y la probabilidad de que se ocasione un perjuicio irreparable por una ejecución incondicional. Se aplica la misma regla si el deudor solicita un nuevo juicio o la anulación de la resolución en el Estado miembro de origen.

Artículo 24 - Información sobre procedimientos de ejecución

La supresión del exequátur facilita la ejecución de una resolución en otro Estado miembro pero no supera el obstáculo a la ejecución que suponen las considerables diferencias en la legislación de los Estados miembros sobre el propio procedimiento de ejecución. Aun cuando no pretende armonizar ese procedimiento, la presente propuesta aspira a aliviar los problemas que acarrea la diversidad de normas nacionales mediante la institucionalización de un sistema de información sobre los sistemas de los Estados miembros de ejecución a través de la Red judicial europea, establecida por la Decisión 2001/470/CE del Consejo.

Artículo 25 - Transacciones judiciales

Las transacciones judiciales en créditos pecuniarios por un importe específico pueden ser certificadas como Título Ejecutivo Europeo. La aplicación del capítulo II, en su caso, hace referencia al procedimiento de concesión del Título Ejecutivo Europeo, pero no a los requisitos establecidos en el artículo 5. Por lo que se refiere al capítulo IV, la exclusión de la aplicación del apartado 1 del artículo 22 es coherente con los artículos 57 y 58 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, en los que la existencia de una resolución irreconciliable no es un posible obstáculo para la ejecución.

Artículo 26 - Documentos públicos con fuerza ejecutiva

Las observaciones sobre el artículo 25 son igualmente válidas para este artículo.

El apartado 1 no atribuye la competencia para la conversión en un Título Ejecutivo Europeo a un órgano jurisdiccional sino a la autoridad que ha dado autenticidad al documento, como por ejemplo el notario que ha formalizado el documento. Dado que, en contra de los demás títulos ejecutorios cubiertos por la presente propuesta, un órgano jurisdiccional nunca ha intervenido en la aparición de un documento público con fuerza ejecutiva, esta medida evita la participación de una institución adicional y el consiguiente riesgo de demoras. Se justifica por la confianza mutua entre los Estados miembros, reflejada ya en el apartado 1 del artículo 57 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

El apartado 3 establece una norma mínima específica para documentos públicos con fuerza ejecutiva con respecto a la información del deudor sobre la ejecución inmediata que no es tan manifiesta como para una transacción judicial.

Artículo 27 y artículo 28 - Determinación del domicilio del deudor

Estos dos artículos reproducen en esencia los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

Artículo 29 - Disposición transitoria

En aras de la simplicidad y de la coherencia, este artículo establece una regla uniforme y directa que hace que el presente Reglamento sea aplicable solamente a las acciones judiciales incoadas o a los documentos públicos con fuerza ejecutiva elaborados después de su entrada en vigor. El apartado 2 reproduce en lo esencial el artículo 30 del Reglamento (CE) nº44/2001 del Consejo.

Artículo 30 - Relación con el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo

Esta propuesta ofrece al acreedor una manera eficaz de que una resolución o un documento público con fuerza ejecutiva según el capítulo V sea ejecutorio en otro Estado miembro sin necesidad de ninguna medida intermedia en ese Estado. No obliga al acreedor a elegir este camino. Queda enteramente a la discreción del acreedor optar por el certificado de Título Ejecutivo Europeo o por un otorgamiento de la ejecución según el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Puede también recurrirse a los procedimientos que rigen el reconocimiento y la ejecución en otros instrumentos comunitarios sobre cuestiones concretas o en convenios según lo contemplado en los artículos 67 y 71 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo respectivamente. Si se rechaza la certificación como Título Ejecutivo Europeo, el acreedor puede aún solicitar el reconocimiento y la aplicación en función de los demás instrumentos.

Sin embargo, los procedimientos que siguen a la solicitud de certificación como Título Ejecutivo Europeo se rigen exclusivamente por la presente propuesta, que en ese contexto reemplaza las normas sobre el reconocimiento y la ejecución del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

Artículo 31 - Relación con el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo

Este artículo deja claro que si el procedimiento judicial que ha dado lugar a una resolución sobre un crédito no impugnado implica la notificación transfronteriza de escritos, deben aplicarse simultáneamente las normas mínimas del capítulo III de la presente propuesta relativas a los métodos de notificación y el Reglamento (CE) nº 1348/2000. En principio, no hay ningún conflicto posible entre estos dos instrumentos que deba resolverse, ya que el Reglamento nº 1348/2000 no contempla los métodos específicos de notificación en el contexto de garantizar que se observan correctamente los derechos de la defensa.

Hay una excepción a esta regla, sin embargo, puesto que el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo permite, bajo ciertas condiciones, dictar una resolución sin la comparecencia del demandado aunque el órgano jurisdiccional no tenga conocimiento, y menos aún pruebas, de que el escrito de incoación ha sido notificado al demandado con suficiente tiempo y de tal manera que éste haya podido preparar su defensa. Una resolución de este tipo debe basarse en una ficción o presunción legal de la observancia de los derechos de la defensa. Por lo tanto, choca con las normas mínimas establecidas en la presente propuesta y no puede acogerse a la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

Artículos 32 y 33 - Normas de aplicación y comité

El Artículo 33 establece el Comité consultivo, previsto en el Reglamento (CE) nº 44/2001, que asistirá a la Comisión en la aplicación con arreglo al artículo 32, a saber, la actualización o la elaboración de modificaciones técnicas a las formas estándar del Anexo. Se convocará al Comité solamente si y cuando surja la necesidad de tales modificaciones.

2002/0090 (CNS)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61,

Vista la propuesta de la Comisión [9],

[9] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [10],

[10] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [11],

[11] DO C [...] de [...], p. [...].

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin la Comunidad debe, entre otros aspectos, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia (el Plan de acción de Viena [12]).

[12] DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(3) El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere, los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como la piedra angular para la creación de un verdadero espacio judicial.

(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa conjunto de la Comisión y del Consejo, de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [13]. Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados.

[13] DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

(5) El concepto de "créditos no impugnados" debe abarcar todas aquellas situaciones en que un acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobable de conflicto por parte del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra ese deudor o un documento ejecutorio que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva.

(6) Conviene acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba tomarse antes de la ejecución en el Estado miembro en el que se persiga la misma. Una resolución que haya sido certificada como Título Ejecutivo Europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución.

(7) El procedimiento así obtenido debe ofrecer importantes ventajas con respecto al procedimiento de exequátur previsto en el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [14], en el sentido de que no haya necesidad alguna de implicación de la judicatura en un segundo Estado miembro, con las consiguientes demoras y gastos. Igualmente, debe dispensarse de la necesidad de traducción, ya que para la certificación deben emplearse formularios normalizados multilingües.

[14] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

(8) Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa.

(9) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. En especial, tiene por fin garantizar el pleno respeto del derecho a un juicio justo, reconocido en el artículo 47 de la Carta.

(10) Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que conducen a la resolución, con objeto de que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra él, de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito y de las consecuencias que acarree su no participación.

(11) Debido a las considerables diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas del procedimiento civil y especialmente las que regulan la notificación de escritos, es necesario establecer de manera específica y pormenorizada una definición autónoma de estas normas mínimas. En especial, ningún método de notificación que se base en una ficción legal o en una presunción sin pruebas del cumplimiento de estas normas mínimas puede considerarse suficiente para la certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo.

(12) Debe confiarse a los órganos jurisdiccionales competentes para los procedimientos que conduzcan a la resolución la tarea de comprobar el pleno cumplimiento de las normas mínimas procesales antes de expedir un Título Ejecutivo Europeo normalizado, que haga transparente este examen y su resultado.

(13) Una vez que se haya expedido un Título Ejecutivo Europeo referido a una resolución dictada en un Estado miembro, ésta debe, en virtud del principio de confianza recíproca en la administración de justicia en la Comunidad, resultar ejecutiva en cualquier otro Estado miembro, sin que los órganos jurisdiccionales de aquel en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han cumplido las normas mínimas procesales.

(14) El presente Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas procesales establecidas en el mismo. Ofrece un incentivo hacia esta finalidad facilitando una ejecución más eficaz y rápida de resoluciones en otros Estados miembros solamente si se cumplen estas normas mínimas.

(15) La solicitud de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados debe ser opcional para el acreedor, que puede elegir, en su lugar, el sistema de reconocimiento y aplicación con arreglo al Reglamento (CE) nº 44/2001 u otros instrumentos comunitarios.

(16) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(17) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [15].

[15] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(18) [Irlanda y el Reino Unido, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participan en la adopción del presente Reglamento, y por lo tanto no están vinculados a él ni sujetos a su aplicación.]/[Irlanda y el Reino Unido, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han advertido de su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(19) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participa en la adopción del presente Reglamento, y por lo tanto no está vinculado a él ni sujeto a su aplicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo 1 Objeto

La finalidad del presente Reglamento es crear un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, que permita la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, estableciendo unas normas mínimas cuya observancia deje sin objeto cualquier procedimiento intermedio que deba llevarse a cabo en el Estado miembro de ejecución antes del reconocimiento y la ejecución.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c) la seguridad social;

d) el arbitraje.

3. En el presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca. [Irlanda, Reino Unido]

Artículo 3 Definiciones

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

1. se entenderá por "resolución", cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, resolución, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso;

2. en Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago (betalningsföreläggande), el término "órgano jurisdiccional" comprenderá el Servicio público sueco de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet);

3. se entenderá por "crédito", un crédito pecuniario por un importe determinado que haya vencido;

4. se considerará "no impugnado" un crédito si el deudor

a) ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el mismo, en el marco de un procedimiento judicial, aceptándolo o celebrando una transacción ante el órgano jurisdiccional, o bien

b) no lo ha impugnado en el marco de un procedimiento judicial; no podrá considerarse impugnación a estos efectos una declaración del deudor basada exclusivamente en dificultades efectivas para saldar una deuda; o bien

c) no ha comparecido ni ha sido representado en la vista relativa a dicho crédito después de haber impugnado inicialmente el crédito en el transcurso de los procedimientos judiciales; o bien

d) lo ha aceptado expresamente en un documento público con fuerza ejecutiva;

5. se considerará que una resolución ha "adquirido autoridad de cosa juzgada" si

a) no cabe ningún recurso ordinario contra dicha resolución; o bien

b) ha vencido el plazo para interponer un recurso ordinario contra la misma sin que se haya interpuesto dicho recurso;

6. se entenderá por "recurso ordinario", cualquier recurso que pueda dar lugar a la anulación o a la modificación de la resolución objeto del procedimiento de certificación como Título Ejecutivo Europeo, cuya interposición esté sujeta, en el Estado miembro de origen, a un período fijado por ley y que se inicie en virtud de esa misma resolución;

7. se entenderá por "documento público con fuerza ejecutiva"

a) un documento formalizado o registrado como documento público con fuerza ejecutiva, y cuya autenticidad:

i) se refiera al contenido del instrumento, y

ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada con este fin por el Estado miembro de donde provenga; o bien

b) un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las autoridades administrativas o formalizado por las mismas;

8. se entenderá por "Estado miembro de origen", el Estado miembro en el que se haya dictado la resolución que deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

9. se entenderá por "Estado miembro de ejecución", el Estado miembro en el que se persiga la ejecución de la resolución que deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

10. se entenderá por "órgano jurisdiccional de origen", el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución que deba certificarse como Título Ejecutivo Europeo.

CAPÍTULO II TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

Artículo 4 Supresión del exequátur

Una resolución dictada con respecto a un crédito no impugnado que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento alguno en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 5 Requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo

Una resolución sobre un crédito no impugnado que haya sido dictada en un Estado miembro será certificada como Título Ejecutivo Europeo, a petición del acreedor, por el órgano jurisdiccional de origen, cuando

a) la resolución haya adquirido autoridad de cosa juzgada y sea ejecutoria en el Estado miembro de origen; y

b) la resolución no sea incompatible con lo dispuesto en las secciones 3, 4 ó 6 del capítulo II del Reglamento (CE) n° 44/2001; y

c) en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3 del presente Reglamento, los procedimientos judiciales en el Estado miembro de origen cumplan los requisitos procesales previstos en el capítulo III; y

d) cuando la notificación de escritos que exige el capítulo III del presente Reglamento deba efectuarse en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, dicha notificación se haya realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.

Artículo 6 Título Ejecutivo Europeo parcial

1. El órgano jurisdiccional de origen emitirá un certificado parcial como Título Ejecutivo Europeo respecto de aquellas partes de la resolución que cumplan los requisitos del presente Reglamento, cuando se haya dictado una resolución

a) con respecto a varios asuntos y no todos ellos relativos a créditos pecuniarios por un importe específico que hayan expirado, o

b) en relación con un crédito pecuniario por un importe específico que haya expirado y que, en su totalidad, no tenga la condición de no impugnado o no cumpla los requisitos para su certificación como Título Ejecutivo Europeo.

2. El solicitante podrá solicitar un Título Ejecutivo Europeo circunscrito a determinadas partes de una resolución.

Artículo 7 Contenido del Certificado de Título Ejecutivo Europeo

1. El órgano jurisdiccional de origen expedirá el Certificado de Título Ejecutivo Europeo con arreglo al modelo de formulario normalizado que figura en el Anexo I.

2. El Certificado de Título Ejecutivo Europeo se cumplimentará en la misma lengua que la resolución.

3. El número de copias autenticadas del Certificado de Título Ejecutivo Europeo que se facilitarán al acreedor será el mismo que el número de copias autenticadas de la resolución que se faciliten al acreedor de conformidad con la legislación del Estado miembro de origen.

Artículo 8 Recurso

No cabrá recurso alguno contra una resolución relativa a una solicitud de certificado de Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 9 Certificado de Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares

1. Cuando una resolución sobre un crédito no impugnado no haya adquirido autoridad de cosa juzgada pero se cumplan todas las demás condiciones del artículo 5, el órgano jurisdiccional de origen, a petición del acreedor, concederá un certificado de Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares empleando el modelo de formulario normalizado que figura en el Anexo II.

2. El Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares facultará para adoptar cualesquiera medidas cautelares contra la propiedad del deudor en el Estado miembro de ejecución.

3. Nada impedirá al acreedor instar la adopción de medidas provisionales, incluidas medidas cautelares, de conformidad con la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que sea necesario un certificado de Título Ejecutivo Europeo.

CAPÍTULO III NORMAS MÍNIMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE CRÉDITOS NO IMPUGNADOS

Artículo 10 Ámbito de aplicación de las normas mínimas

Una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, por la ausencia de objeciones o debido a la incomparecencia en una vista, podrá certificarse como Título Ejecutivo Europeo únicamente si los procedimientos judiciales del Estado miembro de origen cumplen los requisitos procesales previstos en el presente capítulo.

Artículo 11 Procedimientos de notificación del escrito de incoación

1. El escrito de incoación o documento equivalente deberán haberse notificado al deudor mediante:

a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado por el deudor; o bien

b) notificación personal acreditada por certificación, emitida por el funcionario público competente que la haya realizado, de que el deudor recibió el documento; o bien

c) notificación por correo acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor; o bien

d) notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor.

2. A los efectos del apartado 1, la notificación podrá haber sido realizada al representante legal del deudor o a un representante autorizado por éste.

Artículo 12 Notificación alternativa

1. En caso de haberse realizado un esfuerzo razonable por notificar personalmente al deudor el escrito de incoación o documento equivalente, de acuerdo con las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 11, y que dicho esfuerzo haya resultado infructuoso, se podrá haber realizado la notificación de alguna de las siguientes formas:

a) notificación personal, en el domicilio del deudor, a adultos domiciliados en la misma dirección que el demandado, o empleados en dicha dirección;

b) en caso de un deudor de profesión independiente, una empresa u otra persona jurídica, notificación personal, en el domicilio profesional del deudor, a adultos empleados por el mismo;

c) en caso de un deudor de profesión independiente, de una empresa o de otra persona jurídica, depósito del escrito en el buzón de su domicilio si el buzón es conveniente para la custodia segura del correo;

d) en caso de un deudor de profesión independiente, de una empresa o de otra persona jurídica, depósito del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del deudor en su domicilio, si el buzón es conveniente para la custodia segura del correo; en la notificación escrita constará claramente el carácter judicial del escrito y el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes.

2. A efectos del apartado 1, el documento podrá haber sido notificado al representante legal del deudor o a su representante autorizado.

3. A efectos del presente Reglamento, la notificación alternativa prevista en el apartado 1 no será admisible si la dirección del domicilio del deudor no es indubitada.

Artículo 13 Acreditación de la notificación

Se acreditará la notificación con arreglo a los artículos 11 y 12 al órgano jurisdiccional de origen. Tal acreditación consistirá en:

a) el acuse de recibo del deudor, de acuerdo con las letras a), c) y d) del artículo 11;

b) en todos los demás casos, el documento firmado por el funcionario público competente que haya procedido a la notificación, en el que constará:

i) la fecha y el lugar de la notificación,

ii) la forma de la notificación,

iii) cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el nombre y los apellidos de ésta y su relación con el deudor.

Artículo 14 Formas de notificación de la citación para una vista

En caso de resolución relativa a un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, porque el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la vista judicial, y si la citación para esa vista no se ha notificado conjuntamente con el escrito de incoación o documento equivalente, se deberá haber notificado al deudor:

a) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11,12 y 13, o

b) verbalmente en una vista previa sobre el mismo crédito, acreditándose tal extremo por el acta de dicha vista previa.

Artículo 15 Notificación con suficiente antelación para preparar la defensa

1. Deberá haberse concedido al deudor un plazo para preparar su defensa e impugnar la acción de al menos 14 días naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días naturales, a partir de la fecha de notificación del escrito de incoación o documento equivalente

2. En caso de resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, porque el deudor no haya participado ni haya sido representado en los procedimientos judiciales, y si la citación para la vista no se ha notificado conjuntamente con el escrito de incoación o documento equivalente, deberá haberse notificarse al deudor la citación para la vista dentro de un plazo de al menos 14 días naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días naturales antes de la vista para que pueda comparecer o disponer su representación.

Artículo 16 Información debida del deudor respecto del crédito

Con el fin de garantizar la debida información del deudor en relación con el crédito, en el escrito de incoación o en el documento equivalente deberán constar:

a) los nombres y apellidos y el domicilio de las partes;

b) el importe del crédito;

c) si se reclaman intereses sobre el crédito, el tipo de interés y el periodo respecto del cual se exijan dichos intereses, a menos que se añada de oficio un interés legal al principal, con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen;

d) los motivos y causas de la acción, incluyendo al menos una breve descripción de las circunstancias en que se fundamente.

Artículo 17 Información debida del deudor respecto de los requisitos procesales para impugnar el crédito

Con el fin de garantizar la debida información del deudor sobre los requisitos procesales para impugnar el crédito, deberán haberse especificado claramente en o junto con el escrito de incoación o el documento equivalente:

a) el plazo para impugnar el crédito y la dirección a la que deba dirigir su declaración de impugnación, así como los requisitos formales para interponer el recurso, incluida la representación legal cuando sea obligatoria;

b) la posibilidad de una resolución a favor del acreedor en caso de incumplirse las condiciones para impugnar el crédito;

c) el hecho de que, en los Estados miembros donde proceda, y caso de no mediar oposición por parte del deudor, podrá dictarse una resolución a favor del acreedor

- sin previo examen de la justificación del crédito por el órgano jurisdiccional, o

- previo examen sumario de la justificación del crédito por el órgano jurisdiccional;

d) el hecho de que, en los Estados miembros donde proceda,

- no cabrá ningún recurso ordinario contra tal resolución, o

- que el ámbito de la revisión judicial de un recurso ordinario es limitado

e) la posibilidad de certificar dicha resolución como Título Ejecutivo Europeo sin posibilidad de recurso contra ello y, como consecuencia, la posibilidad de ejecución en todos los demás Estados miembros sin medidas intermedias en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 18 Información debida del deudor respecto de los requisitos procesales para evitar una resolución en caso de no comparecencia en la vista

Con el fin de garantizar la debida información del deudor sobre los requisitos procesales para evitar una resolución sobre un crédito no impugnado por su incomparecencia en la vista, el órgano jurisdiccional habrá debido especificar claramente en la citación o junto con la misma:

a) la fecha y el lugar de la vista;

b) las posibles consecuencias enumeradas en las letras b), c), d) y e) del artículo 17 en caso de incomparecencia.

Artículo 19 Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas

1. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en los artículos 11 a 18, estas irregularidades se subsanarán y la resolución podrá ser certificada como Título Ejecutivo Europeo siempre que:

a) la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 a 14; y

b) el deudor haya tenido la posibilidad de interponer recurso ordinario contra la resolución; y

c) el plazo concedido para interponer dicho recurso sea al menos de 14 días naturales o, en caso de que el deudor resida en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días naturales desde la fecha de notificación de la resolución; y

d) el deudor haya sido debidamente informado, en o junto con la resolución, de

i) la posibilidad de interponer recurso ordinario; y

ii) del plazo para dicho recurso; y

iii) acerca de dónde y cuándo debe interponerse el citado recurso; y

e) el deudor no haya incoado un procedimiento de recurso ordinario contra la resolución en el plazo prescrito.

2. Si los procedimientos en el Estado miembro de origen no cumplen los requisitos procesales con arreglo a lo establecido en los artículos 11 a 14, este incumplimiento se subsanará y la resolución podrá certificarse como Título Ejecutivo Europeo si se establece que el deudor ha recibido personalmente el documento correspondiente con el tiempo suficiente para preparar su defensa de conformidad con el artículo 15 y de acuerdo con los artículos 16, 17 y 18.

Artículo 20 Normas mínimas para la exención de los efectos de la expiración del plazo

1. Si una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3, debido a la ausencia de objeciones o por incomparecencia en la vista ha sido certificada como Título Ejecutivo Europeo, el deudor podrá acogerse, si así lo solicita, a una exención de los efectos derivados de la expiración del plazo para interponer recurso ordinario contra la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) que el deudor, sin culpa por su parte,

i) no tuviera conocimiento de la resolución con la suficiente antelación para interponer recurso, o

ii) no tuviera conocimiento del escrito de incoación o del documento equivalente, con la antelación suficiente para defenderse, salvo que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 19, o

iii) no tuviera conocimiento de la citación judicial con la antelación suficiente para comparecer en la vista, salvo que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 19, y

b) que el deudor haya articulado una defensa inicial contra la demanda en cuanto al fondo.

2. Si la resolución contemplada en el apartado 1 no puede ser objeto de una revisión judicial total mediante recurso ordinario en el Estado miembro de origen, el deudor podrá acogerse, si así lo solicita, a una exención de los efectos derivados de la expiración del plazo para impugnar el crédito o de los efectos de su incomparecencia en la vista, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los incisos ii) o iii) de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

3. A los efectos del presente artículo, se concederá al deudor un plazo para la solicitud de la exención de al menos 14 días naturales o, si el deudor está domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, de al menos 28 días naturales desde que el deudor tenga conocimiento de la resolución.

CAPÍTULO IV EJECUCIÓN

Artículo 21 Procedimiento de ejecución

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución.

2. Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades ejecutivas competentes del Estado miembro de ejecución:

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b) una copia del Título Ejecutivo Europeo que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

c) en su caso, una traducción de las partes del Certificado de Título Ejecutivo Europeo, que no consistan en nombres, direcciones y números o casillas, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, o en cualquier otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable; cada Estado miembro indicará las lenguas oficiales de la Unión Europea distintas de las propias que pueda aceptar para cumplimentar el certificado; la traducción será certificada por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros.

3. No podrá exigirse al acreedor que solicite en un Estado miembro la ejecución de un Título Ejecutivo Europeo expedido en otro Estado miembro tasa, caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

4. No podrá exigirse al acreedor que facilite una dirección de correo en el Estado miembro de ejecución ni que tenga un representante autorizado en el procedimiento de ejecución de una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo en otro Estado miembro.

Artículo 22 Acceso a la justicia durante los procedimientos de ejecución

1. El Estado miembro de ejecución ofrecerá la posibilidad de una revisión judicial al deudor si la resolución es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que:

a) la resolución anterior se refiera a los mismos hechos y a las mismas partes,

b) la resolución anterior cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución,

c) no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar el crédito durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen.

2. El Título Ejecutivo Europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 23 Suspensión o limitación de la ejecución

Si el deudor presenta una solicitud de exención, de acuerdo con el artículo 20, o de celebración de un nuevo juicio o de anulación de la resolución en el Estado miembro de origen, o de revisión judicial, con arreglo al apartado 1 del artículo 22, en el Estado miembro de ejecución, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del demandado,

a) suspender el procedimiento de ejecución, o bien

b) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares o bien

c) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinarán dicho órgano jurisdiccional u autoridad competente.

Artículo 24 Información sobre los procedimientos de ejecución

1. Los Estados miembros, a fin de facilitar el acceso a los procedimientos de ejecución, en el Estado miembro de ejecución, a los acreedores que hayan obtenido un Título Ejecutivo Europeo certificado, colaborarán para proporcionar al público en general y a los círculos profesionales, información sobre

a) los métodos y procedimientos de ejecución en los Estados miembros, y

b) las autoridades competentes de ejecución en los Estados miembros.

2. Dicha información se pondrá a disposición del público, en particular en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, establecida por Decisión 2001/470/CE del Consejo [16].

[16] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

CAPÍTULO V TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA

Artículo 25 Transacciones judiciales

1. Las transacciones relativas a créditos, aprobadas por un órgano jurisdiccional en un procedimiento judicial, que sean ejecutorias en el Estado miembro en el que se hayan dictado, serán certificadas, a instancia del acreedor, como Título Ejecutivo Europeo por el órgano jurisdiccional que las haya aprobado.

2. El órgano jurisdiccional expedirá el Certificado de Título Ejecutivo Europeo cumplimentando el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo III.

3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, y del capítulo IV, con excepción del apartado 1 del artículo 22.

Artículo 26 Documento público con fuerza ejecutiva

1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos, que sean ejecutivos en un Estado miembro, serán certificados, a instancia del acreedor, como Título Ejecutivo Europeo por la autoridad que los haya autenticado.

2. La autoridad que haya autenticado el documento expedirá el Certificado de Título Ejecutivo Europeo cumplimentando el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo IV.

3. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva solamente podrán certificarse como Título Ejecutivo Europeo si:

a) la autoridad que haya autenticado dicho documento ha informado debidamente al deudor, antes que haya consentido a la expedición o registro del documento, de su ejecutoriedad directa en todos los Estados miembros; y

b) dicha información se certifica en una cláusula incluida en el documento firmado por el deudor

4. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del artículo 5, y del capítulo IV, con excepción del apartado 1 del artículo 22.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27 Determinación del domicilio

1. A fin de determinar si un deudor está domiciliado en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen aplicará su legislación nacional.

2. Cuando el deudor no esté domiciliado en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen aplicará, a fin de determinar si el deudor está domiciliado en otro Estado miembro, la legislación de este último Estado miembro.

Artículo 28 Domicilio de sociedades y demás personas jurídicas

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre:

a) su sede social;

b) su administración central;

c) su centro de actividad principal.

[2. A los efectos de Irlanda y del Reino Unido, la expresión "sede social" se equiparará al registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una registered office al place of incorporation, (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar con arreglo a cuya legislación se hubiere efectuado la formation (constitución) de la sociedad o persona jurídica.]

3. A fin de determinar si un trust está domiciliado en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional de origen aplicará sus normas de Derecho internacional privado.

CAPÍTULO VII DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 29 Disposición transitoria

1. Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a los procedimientos judiciales incoados y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento.

2. A efectos del apartado 1, los procedimientos legales se considerarán incoados:

a) desde el momento en que se hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el acreedor no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregare al deudor la cédula de emplazamiento, o

b) si dicho documento hubiere de notificarse antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el acreedor no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al órgano jurisdiccional.

CAPÍTULO VIII RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 30 Relación con el Reglamento (CE) nº44/2001

1. Nada impedirá al acreedor solicitar el reconocimiento y la ejecución de:

a) una resolución sobre un crédito no impugnado, una transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o un documento público con fuerza ejecutiva con arreglo a los capítulos III y IV del Reglamento (CE) nº 44/2001; o bien

b) una resolución con arreglo a las disposiciones que, en materias particulares, regulen el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 44/2001; o bien

c) una resolución con arreglo a los convenios en los que los Estados miembros sean parte y que, en materias particulares, regulen el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento (CE) nº 44/2001.

2. Si el acreedor solicitare una certificación de una resolución, un documento público con fuerza ejecutiva, o una transacción judicial, como Título Ejecutivo Europeo, el presente Reglamento sustituirá, a efectos del procedimiento pertinente, a los capítulos III, IV y V del Reglamento (CE) n° 44/2001, así como a las disposiciones relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones, documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales recogidas en los Convenios y en el Tratado indicados en el artículo 69 del Reglamento (CE) n° 44/2001.

Artículo 31 Relación con el Reglamento (CE) nº1348/2000

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el presente Reglamento no constituirá obstáculo a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo [17] cuando un documento judicial, en el marco de un procedimiento en el Estado miembro de origen, deba ser trasladado de un Estado miembro a otro para su notificación en este último.

[17] DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.

2. No podrán certificarse como Título Ejecutivo Europeo las resoluciones dictadas en virtud del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000.

3. Cuando un escrito de incoación o un documento equivalente, una citación judicial para una vista o una resolución deba ser trasladado de un Estado miembro a otro para su notificación en este último, la notificación contemplada en el Reglamento (CE) n° 1348/2000 deberá ajustarse a lo dispuesto en el capítulo III del presente Reglamento, en la medida necesaria para la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

4. En las circunstancias previstas en el apartado 3, el certificado de notificación contemplado en el artículo 10 del Reglamento 1348/2000 se sustituirá por el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo V del presente Reglamento.

CAPÍTULO IX DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32

Disposiciones de aplicación

Los formularios normalizados que figuran en los Anexos se actualizarán o modificarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 33.

Artículo 33 Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité previsto en el artículo 75 del Reglamento (CE) nº 44/2001.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

Artículo 34 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I/ BILAG I/ ANHANG I/ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I/ ANNEX I/ ANNEXE I/

ALLEGATO I/ BIJLAGE I/ANEXO I/ LIITE I/ BILAGA I

CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - RESOLUCIÓN JUDICIAL/

ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - RETSAFGØRELSE

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL - ENTSCHEIDUNG/

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ - ÁÐÏÖÁÓÇ/

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- JUDGMENT/

CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN - DÉCISION/

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - DECISIONE GIUDIZIARIA/

BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - BESLISSING/

TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU PARA CRÉDITOS NÃO CONTESTADOS - DECISÃO/

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - TUOMIO/

INTYG OM EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - DOM

1. Estado miembro de origen:

>SITIO PARA UN CUADRO>

2. Órgano jurisdiccional emisor:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Resolución

3.1 Fecha:

3.2 Nº de referencia:

3.3 Las partes

3.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

3.3.2 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4. Crédito pecuniario certificado

4.1 Capital:

4.1.1 Divisa X Euros

X Coronas suecas

X [Libras esterlinas]

4.1.2 ¿El crédito es un pago periódico-

4.1.2.1 Capital de cada plazo

4.1.2.2 Fecha de vencimiento del primer plazo

4.1.2.3 Fecha de vencimiento de los plazos sucesivos

semanal X mensual X otros (explíquese) X

4.1.2.4 Duración del crédito

4.1.2.4.1 Indefinida X

4.1.2.4.2 Fecha de vencimiento del último plazo

4.1.3 Si el crédito se basa en una responsabilidad solidaria e indefinida X

4.2 Intereses

4.2.1 Tipo de interés

4.2.1.1 %

4.2.1.2 % por encima del tipo base del BCE

4.2.2 Intereses que deberán percibirse a partir de:

4.3 Importe reembolsable si está especificado en la resolución:

5. La resolución es ejecutiva en el Estado miembro de origen.

Sí X No X

6. La resolución tiene autoridad de cosa juzgada con arreglo a la letra a) del artículo 5

Sí X No X

7. La resolución se refiere a un crédito reconocido con arreglo al apartado 4 del artículo 3

Sí X No X

8. La resolución se ajusta a la letra b) del artículo 5

Sí X No X

9. En su caso, la resolución se ajusta a la letra c) del artículo 5

Sí X No X No es necesario X

10. En su caso, la resolución se ajusta a la letra d) del artículo 5

Sí X No X No es necesario X

11. La notificación del escrito de incoación según el capítulo III, en su caso

Necesario Sí X No X

11.1 Fecha y dirección de la notificación:

11.1.1 Señas del deudor desconocidas X

11.2 El documento se entregó mediante

11.2.1 Notificación personal al deudor (o su representante) con acuse de recibo X

11.2.2 Notificación personal al deudor certificada por el funcionario competente X

11.2.3 Notificación postal al deudor con acuse de recibo X

11.2.4 Fax o correo electrónico con acuse de recibo X

11.3 Notificación alternativa

11.3.1 ¿Se ha intentado con éxito la notificación contemplada en 11.2.1 ó 11.2.2- Sí X No X

11.3.2 En caso afirmativo, el documento

11.3.2.1 se entregó a un adulto domiciliado en la misma dirección que el deudor X

11.3.2.1.1 Nombre

11.3.2.1.2 Relación con el deudor

11.3.2.1.2.1 Familia X

11.3.2.1.2.2 Empleado en el domicilio X

11.3.2.1.2.3 Otros (explíquense) X

11.3.2.2 Se entregó a un adulto en el domicilio profesional del deudor X

11.3.2.2.1 Nombre

11.3.2.2.2 Empleado del deudor Sí X No X

11.3.2.3 depositado en el buzón del deudor de acuerdo con la letra c) del apartado 1

del artículo 12 X

11.3.2.4 se entregó a las autoridades públicas con arreglo a le letra d) del

apartado 1 del artículo 12 X

11.3.2.4.1 Nombre y dirección de la autoridad pública:

11.3.2.4.2 Notificación de la entrega de conformidad con

la letra d) del apartado 1 del artículo 12 X

11.4 Fe de la notificación

11.4.1 ¿Se ha efectuado la notificación con arreglo a 11.2.2 ó 11.3-

Sí X No X

11.4.2 En caso afirmativo, ¿se ha certificado la notificación de acuerdo con el artículo 13-

Sí X No X

11.5 Subsanación de la notificación con arreglo al apartado 2 del artículo 19 en caso de incumplimiento de 11.2 - 11.4

11.5.1 ¿Se ha comprobado que el deudor ha recibido personalmente el documento-

Sí X No X

11.6 Notificación puntual

¿El plazo fijado para que el deudor prepare su defensa es el establecido en el apartado 1 del artículo 15-

Sí X No X

11.7 Información debida

¿El deudor ha sido informado de conformidad con los artículos 16 y 17-

Sí X No X

12. Notificación de citaciones, en caso necesario con arreglo al artículo 14

Necesario Sí X No X

12.1 Fecha y dirección de la notificación:

12.1.1 Señas del deudor desconocidas X

12.2 La citación se entregó mediante

12.2.1 Notificación personal al deudor (o su representante) con

acuse de recibo X

12.2.2 Notificación personal al deudor certificada por el funcionario competente X

12.2.3 Notificación postal al deudor con acuse de recibo X

12.2.4 Fax o correo electrónico con acuse de recibo X

12.2.5 Verbalmente en una vista anterior X

12.3 Notificación alternativa

12.3.1 ¿Se ha intentado con éxito la notificación contemplada en 12.2.1 ó 12.2.2-

Sí X No X

12.3.2 En caso afirmativo, el documento

12.3.2.1 se entregó a un adulto domiciliado en la misma dirección que el deudor- X

12.3.2.1.1 Nombre

12.3.2.1.2 Relación con el deudor

12.3.2.1.2.1 Familia X

12.3.2.1.2.2 Empleado en el domicilio X

12.3.2.1.2.3 Otros (explíquense) X

12.3.2.2 Se entregó a un adulto en el domicilio profesional del deudor X

12.3.2.2.1 Nombre

12.3.2.2.2 Empleado del deudor Sí X No X

12.3.2.3 depositado en el buzón del deudor de acuerdo con la letra c)

del apartado 1 del artículo 12 X

12.3.2.4 Se entregó a las autoridades públicas con arreglo a la letra d)

del apartado 1 del artículo 12 X

12.3.2.4.1 Nombre y dirección de la autoridad pública:

12.3.2.4.2 Notificación de la entrega de conformidad con

la letra d) del apartado 1 del artículo 12 X

12.4 Fe de la notificación

12.4.1 ¿Se ha efectuado la notificación con arreglo a 12.2.2 ó 12.3-

Sí X No X

12.4.2 En caso afirmativo, ¿se ha certificado la notificación de acuerdo con el artículo 13-

Sí X No X

12.5 Subsanación de la notificación con arreglo al apartado 2 del artículo 19 en caso de incumplimiento de 12.2 - 12.4

12.5.1 ¿Se ha comprobado que el deudor ha recibido personalmente el documento-

Sí X No X

12.6 Notificación puntual

¿El período transcurrido entre la notificación de la citación y la vista es el estipulado en el apartado 2 del artículo 15-

Sí X No X

12.7 Información debida

¿El deudor ha sido informado de conformidad con el artículo 18-

Sí X No X

13. Subsanación del incumplimiento con normas mínimas según el apartado 1 del artículo 19

13.1 Fecha y dirección de la notificación de la resolución:

Señas del deudor desconocidas X

13.2 La resolución se entregó mediante

13.2.1 Notificación personal al deudor (o su representante) con acuse de recibo X

13.2.2 Notificación personal al deudor certificada por el funcionario competente X

13.2.3 Notificación postal al deudor con acuse de recibo X

13.2.4 Fax o correo electrónico con acuse de recibo X

13.3 Notificación alternativa

13.3.1 ¿Se ha intentado con éxito la notificación contemplada en 13.2.1 ó 13.2.2-

Sí X No X

13.3.2 En caso afirmativo, la resolución

13.3.2.1 se entregó a un adulto domiciliado en la misma dirección que el deudor- X

13.3.2.1.1 Nombre

13.3.2.1.2 Relación con el deudor

13.3.2.1.2.1 Familia X

13.3.2.1.2.2 Empleado en el domicilio X

13.3.2.1.2.4 Otros (explíquense) X

13.3.2.2 Se entregó a un adulto en el domicilio profesional del deudor X

13.3.2.2.1 Nombre

13.3.2.2.2 Empleado del deudor Sí X No X

13.3.2.3 depositado en el buzón del deudor de acuerdo con la letra c)

del apartado 1 del artículo 12 X

13.3.2.4 Se entregó a las autoridades públicas con arreglo a la letra d)

del apartado 1 del artículo 12 X

13.3.2.4.1 Nombre y dirección de la autoridad pública:

13.3.2.4.2 Notificación de la entrega de conformidad con

la letra d) del apartado 2 del artículo 11 X

13.4 Fe de la notificación

13.4.1 ¿Se ha efectuado la notificación con arreglo a 13.2.2 ó 13.3-

Sí X No X

13.4.2 En caso afirmativo, ¿se ha certificado la notificación de acuerdo