5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/47 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre libertad de información en 
materia de medio ambiente {l) 
(89/C 139/13) 
El 14 de noviembre de 1988, de conformidad con el artículo 130 S del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, encargada de preparar los trabajos en la 
materia, adoptó su dictamen el 28 de febrero de 1989 (ponente: Sr. Boisserée). 
En su 264a sesión plenaria (sesión del 31 de marzo de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 32 votos a favor, 3 votos en contra y 13 abstenciones el siguiente dictamen. 
Esta propuesta de Directiva otorga al público un dere­
cho de libre acceso a la información sobre medio 
ambiente que poseen las instancias oficiales de los Esta­
dos miembros a nivel nacional, regional y local. 
En la mayoría de los Estados miembros existen ya 
algunas disposiciones mediante las cuales el público 
puede acceder a dicha información, pero dichas normas 
varían mucho de país a país, y el objetivo de la nueva 
propuesta es sentar una base común para el sistema. 
Asimismo, se pretende que los Estados miembros estén 
obligados a publicar regularmente informes sobre 
medio ambiente. 
1. Observaciones generales sobre la propuesta de la 
Comisión 
1.1. En principio, el Comité Económico y Social 
acoge favorablemente todas las medidas destinadas a 
fomentar la protección del medio ambiente y la concien-
ciación de la población respecto a ese problema, inclu­
yendo una mejor información del ciudadano sobre los 
procesos que se desarrollan en dicho ámbito. Por ello, 
en los puntos 2.1.6.4 y 2.1.6.5 de su dictamen sobre el 
proyecto del cuarto programa de acción en materia de 
medio ambiente, del 13 de mayo de 1987(2), el Comité 
Económico y Social efectuó la siguiente declaración: 
«El Comité preconiza un debate público sobre el 
medio ambiente, así como una amplia participación 
de los ciudadanos en el proceso de decisión relativo 
a la política del medio ambiente. En el caso de 
proyectos cuyas incidencias superen el marco de las 
fronteras nacionales, habría que garantizar a su 
debido tiempo a la población afectada del país 
vecino un derecho igual de participación. 
El Comité apoya las propuestas de la Comisión 
relativas a una difusión más amplia de las informa­
ciones sobre el medio ambiente y una mayor coope­
ración con las asociaciones de protección del medio 
ambiente, los organismos no gubernamentales y 
otros organismos interesados. Desde este punto de 
vista, es importante informar al público interesado 
sobre los trabajos preparatorios de la Comisión en 
materia de protección del medio ambiente, así como 
sobre los resultados del control a nivel europeo de 
las medidas de lucha contra la contaminación. » 
(!) DO n° C 335 de 30. 12. 1988, p. 5. 
(2) DO n° C 180 de 8. 7. 1987. 1.2. Sobre la base del dictamen del Comité Econó­
mico y Social relativo al cuarto programa de acción en 
materia de medio ambiente, la propuesta de Directiva 
invita a las siguientes reflexiones: 
1.2.1. Es imprescindible establecer una normativa 
comunitaria relativa al acceso a la información sobre 
medio ambiente con vistas a garantizar el intercambio 
de información más allá de las fronteras nacionales. 
Por otra parte, dicha normativa será necesaria en la 
medida en que la solicitud de información vaya dirigida 
a las instancias comunitarias. También podría conside­
rarse el establecimiento de normas nacionales, y más 
teniendo en cuenta que la cuestión de saber de qué 
información disponen las autoridades y corporaciones 
nacionales y cuál puede suministrarse a los solicitantes 
depende, en primera línea, de los respectivos derechos 
nacionales. Por consiguiente, la Directiva propuesta no 
permitirá alcanzar una total armonización. 
En este sentido, sería conveniente considerar de nuevo 
si se cumplen las condiciones previstas en el apartado 4 
del artículo 130 R del Tratado CEE para la aplicación 
de medidas de carácter comunitario. 
1.2.2. En cualquier caso, debería tenerse en cuenta 
que la formulación de la Directiva —que afecta al 
Derecho administrativo de los Estados miembros— no 
dé pie a que el derecho comunitario menoscabe las 
medidas de mayor protección adoptadas por los Estados 
miembros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 T 
del Tratado CEE, especialmente si se considera que 
difícilmente cabe temer las distorsiones de la competen­
cia que aduce la Comisión en la exposición de motivos 
de su propuesta: en efecto, la propuesta de Directiva 
se refiere únicamente a la solicitud de información 
dirigida a las autoridades y corporaciones públicas. 
1.2.3. El Comité Económico y Social considera que, 
en materia de medio ambiente, una política de informa­
ción activa por parte de las autoridades y corporaciones 
públicas, dirigida al público en general, es al menos tan 
importante como garantizar el derecho a la información 
y a la consulta in situ en los casos particulares. En ese 
sentido, la propuesta contiene únicamente la disposi­
ción del artículo 9 relativa a un informe sobre la situa­
ción del medio ambiente que deberá publicarse cada 
tres años a nivel nacional. No obstante, determinadas 
Directivas comunitarias («Directiva Seveso», Directiva 
sobre la prueba de compatibilidad con el medio 
ambiente) prescriben la información especial de la 
población por parte de las instancias públicas locales 
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o regionales. El Comité hace hincapié en la opinión 
expresada ya en su dictamen sobre el cuarto programa 
de acción en materia de medio ambiente (véase punto 
1.1) en el sentido de obligar a las autoridades públicas 
locales y regionales a que publiquen regularmente —de 
acuerdo con criterios unificados— información sobre 
la situación del medio ambiente en el ámbito de su 
competencia. Una información activa de este tipo 
podría practicarse también a través de centros especiales 
de información creados por los Estados miembros, o 
bien mediante un servicio telefónico de información 
sobre la situación del medio ambiente. Algunos Estados 
miembros disponen de buenas experiencias con centros 
similares, destinados a prevenir la inquietud e inseguri­
dad de la población. 
1.3. El ámbito de aplicación de la propuesta de Direc­
tiva se limita a las autoridades, corporaciones públicas, 
etc. de los Estados miembros. Si se reconoce la necesidad 
de una Directiva de este tipo, también habrá que conce­
der la misma importancia a la necesidad del suministro 
de información por parte de las autoridades y servicios 
administrativos de la Comunidad. El Comité considera 
inaceptable que esa disposición quede aplazada hasta 
más tarde (cf. también punto 2.1.6.5 del dictamen sobre 
el cuarto programa de acción en materia de medio 
ambiente, citado en el punto 1.1). 
2. Observaciones específicas 
2.1. Artículo 2 
2.1.1. En la letra a) del artículo 2 no queda claro qué 
se entiende por «datos», especialmente en relación con 
«datos de naturaleza jurídica ». Ello causa la impresión 
de que únicamente se solicitan datos cuantitativos o 
numéricos. En cualquier caso, debería detallarse de 
forma más precisa qué tipo de datos se verá afectado 
por la obligatoriedad del suministro de información; de 
este modo se garantizaría también la práctica equivalen­
cia de contenidos en lo que se refiere al derecho de 
información que establece la Directiva en los diferentes 
Estados miembros. Una concretización en este sentido 
debería incluir la información sobre los efectos del 
deterioro del medio ambiente en la salud humana 
(incluida la información en el ámbito de la epidemio­
logía). 
2.1.2. En el segundo guión de la letra a) habría que 
añadir el siguiente texto: 
« Quedará incluida la información sobre proyectos 
privados en la medida en que se encuentren en poder 
de las autoridades en virtud de disposiciones legales 
adoptadas en favor de la protección o prevención 
de daños en materia de medio ambiente. » 
Sólo en ese marco puede obligarse a una autoridad 
pública a suministrar información sobre «actividades» 
privadas. 
2.1.3. De acuerdo con la letra b) del artículo 2 queda­
rían excluidos de la obligación del suministro de datos 
los « documentos inconclusos ». El Comité entiende que 
esa disposición se refiere a aquellos «procedimientos 
administrativos» todavía inconclusos (es decir, a 
documentos sometidos todavía a la deliberación interna 
de las autoridades públicas) que no son utilizados 
todavía —total o parcialmente— para fines administra­
tivos o políticos. En lo que respecta a los datos suministrados por terceras 
personas, la protección de la confidencialidad reviste 
un carácter de suma importancia a efectos de impedir 
un uso abusivo de dicha información. Por ello, y de 
acuerdo con la propuesta a que se refiere el punto 2.1.2, 
debería añadirse al término «información » el siguiente 
texto: « en virtud de disposiciones legales adoptadas en 
favor de la protección o prevención de daños en materia 
de medio ambiente. » 
2.1.4. El Comité considera que la obligatoriedad del 
suministro de información debería incluir también a 
las autoridades públicas de las Comunidades Europeas 
(véase el punto 1.3 del presente dictamen). Por otra 
parte, el Comité estima poco coherente que los organis­
mos legislativos queden excluidos de dicha obligación. 
Precisamente los dictámenes y otros elementos de infor­
mación en poder de esos organismos pueden presentar 
un interés legítimo para los ciudadanos y organizacio­
nes interesadas. 
2.2. Artículo 3 
La propuesta de Directiva prevé el derecho a acceder a 
la información «sin que se tenga la obligación de hacer 
valer un interés determinado», a pesar de que varios 
Estados miembros vinculan —por motivos razona­
bles— el derecho a acceder a la información en poder 
de las autoridades públicas a la comprobación de un 
«interés justificado ». 
El Comité aprueba la concepción de la propuesta de la 
Comisión siempre y cuando la Directiva establezca que 
deberá motivarse la solicitud de acceso a los datos sobre 
medio ambiente (esta disposición podría introducirse 
en el artículo 5 de la propuesta). Sólo así podrían 
localizarse posibles abusos del derecho de información 
y la utilización abusiva de los datos obtenidos 
(artículo 8 de la propuesta). La obligación de motivar 
la solicitud de información también garantizaría que los 
ciudadanos y las asociaciones y organizaciones tuvieran 
acceso a aquellos datos que afectan —de forma parti­
cular o en términos generales— a sus intereses con­
cretos. 
2.3. Artículo 4 
El Comité Económico y Social acoge favorablemente 
que, por principio, se ofrezca al solicitante la posibilidad 
de elegir entre la consulta in situ o el envío de la 
correspondiente información. El Comité interpreta la 
propuesta de Directiva en el sentido de que no se 
sobrecargará a las autoridades públicas con volumino­
sos procedimientos que puedan reducir su operatividad 
administrativa. 
El Comité interpreta que la restitución de gastos pre­
vista en la propuesta de la Comisión se refiere a los 
« gastos administrativos » reales en cada caso concreto 
(por ejemplo, costes de fotocopias, documentos, etc.), 
y sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas 
a la restitución de gastos e imposición de tasas adminis­
trativas —también en aquellos casos en que se contem­
ple la renuncia a la restitución de gastos por motivos 
de interés público o por razones de equidad. 
2.4. Artículo 5 
El Comité interpreta el apartado 1 del artículo 5 en el 
sentido de que en la solicitud de acceso a la información 
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sobre medio ambiente deberá indicarse, con la mayor 
precisión posible, el « objeto » de aquélla, al tiempo que 
considera muy oportuna esa disposición. 
En relación con el apartado 2 del artículo 5, el Comité 
hace hincapié en que es necesario evitar que las medidas 
prescritas bloquen de tal forma la actividad de las 
autoridades públicas competentes que en la prática se 
las sustraiga de su cometido primordial, a saber, la 
aplicación de las correspondientes medidas de protec­
ción del medio ambiente. 
2.5. Artículo 6 
Para tener debidamente en cuenta las consideraciones 
expuestas en el artículo 5 (punto 2.4 del presente dicta­
men) y evitar procedimientos y recursos judiciales preci­
pitados, sería conveniente ampliar el plazo de tramita­
ción a seis semanas. 
2.6. Artículo 8 
Desde varios puntos de vista, el artículo 8 invita a 
formular las siguientes propuestas destinadas a mejorar 
su contenido: 
2.6.1. El quinto guión del apartado 1 del artículo 8 
debe hacer referencia no sólo al secreto de los procedi­
mientos judiciales, sino también a las «pesquisas y 
procedimientos de investigación » (indagaciones y pro­
cedimientos por parte de las autoridades policiales o el 
ministerio fiscal). 
2.6.2. El texto del séptimo guión debería redactarse 
en los siguientes términos: 
«... el secreto de la vida privada, y especialmente 
contra las disposiciones nacionales sobre protección 
de la confidencialidad...» 
2.6.3. Al final del primer apartado debería añadirse 
una disposición que permitiera restringir la obligatorie-
Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1989. dad del suministro de información por parte de las 
autoridades públicas en aquellos casos en que la solici­
tud se refiera a datos cuya obtención quede supeditada 
al respeto de la confidencialidad respecto a terceros, o 
cuya publicación ponga en peligro la efectividad de 
medidas administrativas. 
A falta de una restricción de este tipo, cabría temer 
que se pusiera en tela de juicio la operatividad de las 
autoridades de medio ambiente, con lo cual la Directiva 
tendría efectos contraproducentes. 
2.6.4. El Comité ruega a la Comisión que examine 
las diferentes traducciones del texto correspondiente al 
apartado 4 del artículo 8, al tiempo que muestra su 
conformidad con la versión alemana; la solicitud de 
información debería poder rechazarse únicamente en 
caso de « abuso manifiesto» del derecho de informa­
ción. 
Por lo demás, el Comité interpreta las disposiciones del 
artículo 8 en el sentido de que una denegación por 
los motivos alegados deberá tratarse con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 6 y 7. 
2.7. Artículo 9 
Varios Estados miembros de la Comunidad publican 
ya periódicamente informes sobre la situación del medio 
ambiente. El Comité reconoce la necesidad de armoni­
zar esa información. Con el fin de conseguir una perma­
nente actualidad de los informes, el plazo de publicación 
obligatoria debería reducirse a dos años. Asimismo, 
habría que garantizar que en el momento de su publica­
ción presenten todavía un carácter de actualidad. Por 
último, deberían mejorarse las medidas de información 
activa de las autoridades públicas nacionales, regionales 
y locales (véanse las propuestas formuladas en el punto 
1.2.3 del presente dictamen). 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
N° C 139/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
ANEXO 
del dictamen del Comité Económico y Social 
Las siguientes enmiendas, que obtuvieron al menos un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas 
durante el debate: 
Punto 2.2 (Artículo 3) 
Suprimir el segundo párrafo. 
Exposición de motivos 
Establecer claramente que el acceso a la información no se limite únicamente a los que tengan un interés 
personal o directo. 
Resultado de la votación -v. 
Votos a favor: 18, votos en contra: 24, abstenciones: 2. 
Punto 2.6.3 
Suprimir todo el punto. 
Exposición de motivos 
El respeto a la confidencialidad ya está recogido en la propuesta de la Comisión. La efectividad de las medidas 
administrativas es un concepto ambiguo en el contexto de esta propuesta. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 16, votos en contra: 28, abstenciones: 4. 
Dictamen sobre las relaciones de la Comunidad Europea con los nuevos países industrializados 
(NPI) del Sudeste asiático 
(89/C 139/14) 
El 7 de julio de 1988, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 de su reglamento 
interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre las 
relaciones de la Comunidad Europea con los nuevos países industrializados del Sudeste 
asiático. 
La Sección de relaciones exteriores, política comercial y desarrollo, encargada de preparar 
los trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 10 de marzo de 1989 (ponente: Sr. Collas). 
En su 264a sesión plenaria (sesión del 31 de marzo de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado sin votos en contra, y con cuatro abstenciones el siguiente dictamen. 
1. La situación 
1.1. El crecimiento económico de la mayor parte de 
los países del Sudeste asiático (es decir, los países de la 
ASEAN: Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singa-
pur y Tailandia, a los que debe añadirse Corea, Hong 
Kong y Taiwan) es espectacular. En los últimos 20 
años, este crecimiento (expresado en términos de PNB por habitante) ha ido del 2,3 % de Filipinas al 7,6 % de 
Singapur, con un promedio comprendido entre el 4 y 
el 5%. 
Algunos de estos países o territorios (Corea del Sur, 
Taiwan, Singapur y Hong Kong) han alcanzado un 
PNB per cápita que supera al de los países menos 
desarrollados de la Organización de cooperación y de 
desarrollo económicos (OCDE), e incluso de la CEE. A