Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones

(96/C 62/04)

COM(95) 543 final - 95/0280(COD)

(Presentada por la Comisión el 4 de enero de 1996)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 189 B del Tratado,

(1) Considerando que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (ONP) (1) establece unos principios armonizados para el acceso y la utilización abiertos y eficaces de las redes públicas de telecomunicación y, en su caso, servicios; que, de conformidad con dicha Directiva, el Consejo adoptó la Directiva 92/44/CEE, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (2);

(2) Considerando que la Resolución del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa al informe sobre la situación del sector de las telecomunicaciones y la necesidad de que prosiga el desarrollo de este mercado (3), combinada con la Resolución del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a los principios y al calendario de la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones (4), aboga por la liberalización de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones para el 1 de enero de 1998 a más tardar (con períodos de transición para determinados Estados miembros); que este objetivo fue respaldado por la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 1993, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al informe de 1992 sobre la situación del sector de las telecomunicaciones (5), y por la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 1995, relativa al Libro verde sobre la liberalización de la infraestructura de telecomunicaciones y las redes de televisión por cable (parte II);

(3) Considerando que la Resolución del Consejo, de 22 de julio de 1993, consideraba objetivo fundamental de la política comunitaria de telecomunicaciones la aplicación en toda la Comunidad y, cuando procediera, la adaptación en función de los progresos de la liberalización, de los principios de la ONP en relación con las entidades afectadas y de cuestiones tales como el servicio universal, las cuotas de interconexión y acceso y los problemas consiguientes relacionados con las condiciones de concesión de licencias; que la Resolución del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, sobre la aplicación del futuro marco reglamentario del sector de las telecomunicaciones (6) solicitaba a la Comisión, de conformidad con el calendario establecido en las Resoluciones del Consejo, de 22 de julio de 1993 y de 22 de diciembre de 1994, que presentase al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 1 de enero de 1996, todas las disposiciones legales encaminadas a establecer un marco reglamentario europeo para el sector de las telecomunicaciones al realizarse la plena liberalización del sector, en particular en lo que se refiere a la adaptación al futuro entorno competitivo de las medidas ONP;

(4) Considerando que la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 1994, sobre la Comunicación de la Comisión acompañada por la propuesta de Resolución del Consejo sobre los principios del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones (1) subraya la importancia fundamental de los principios del servicio universal; que la Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1994, relativa a los principios del servicio universal en el sector de la telecomunicaciones (2) proporciona una definición básica del servicio universal y solicita a los Estados miembros que establezcan y mantengan un marco reglamentario adecuado para garantizar el servicio universal en todo su territorio; que, según reconoció el Consejo en dicha Resolución, el concepto de servicio debe transformarse en respuesta al progreso tecnológico, al desarrollo del mercado y a las modificaciones en la demanda de los usuarios; que el servicio universal en las telecomunicaciones contribuirá a fortalecer la cohesión social y económica, en particular en las zonas apartadas, periféricas y sin litoral y en las zonas rurales e insulares de la Comunidad;

(5) Considerando que es necesario adaptar los principios básicos relativos al acceso y utilización de las redes y servicios públicos de telecomunicación establecidos dentro del marco de la ONP para garantizar la existencia de unos servicios de alcance europeo en un entorno liberalizado, en beneficio de los usuarios y de las organizaciones suministradoras de redes o servicios públicos de telecomunicación; que en un entorno liberalizado resulta apropiado adoptar un planteamiento de carácter voluntario basado en normas y especificaciones técnicas comunes, aplicándose mecanismos de consulta, cuando proceda, para satisfacer las necesidades de los usuarios; que, no obstante, es imprescindible garantizar la prestación del servicio universal y la disponibilidad de un conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios de la Comunidad mediante medidas legales de carácter vinculante; que es necesario contar con un marco general para la interconexión con las redes públicas de telecomunicación, a fin de proporcionar a los usuarios de la Comunidad una interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo;

(6) Considerando que el marco de la ONP afecta a las redes y servicios públicos de telecomunicación suministrados con carácter comercial, pero no aborda la cuestión de los contenidos; que los servicios de telecomunicación no incluyen, en este contexto, los servicios de radiodifusión sonora y de televisión;

(7) Considerando que, de conformidad con el principio de separación de las funciones de reglamentación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación y velar por que la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación de cada Estado miembro desempeñen un papel clave en la aplicación del marco reglamentario establecido en la correspondiente legislación comunitaria; que las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de los medios necesarios para ejecutar debidamente las tareas a ellas encomendadas;

(8) Considerando que el proyecto de Directiva por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de la Comisión en lo relativo a la apertura de los mercados de servicios de telecomunicaciones a la competencia plena (3) prevé que se pongan a disposición de todos los servicios de telecomunicación los números adecuados, y que los números se atribuyan de manera objetiva, no discriminatoria, proporcionada y transparente;

(9) Considerando que, a fin de garantizar el suministro de líneas arrendadas en toda la Comunidad, los Estados miembros deben velar por que, en cualquier lugar de su territorio, al menos una organización ofrezca a los usuarios el acceso a un conjunto mínimo de líneas arrendadas; que las organizaciones a las que se imponga la obligación de suministrar líneas arrendadas deben ser designadas por los Estados miembros teniendo en cuenta su peso en el correspondiente mercado de líneas arrendadas; que los Estados miembros deben notificar a la Comisión los nombres de las organizaciones a las que se aplica la Directiva, los tipos de línea arrendada del conjunto mínimo que se les exige suministrar y la zona geográfica en que es aplicable esta exigencia; que, dentro de una zona geográfica dada, todos los tipos de línea arrendada suministrados por una organización notificada deben estar sujetos a las disposiciones generales de la Directiva;

(10) Considerando que el peso en el mercado de una organización depende de diversos factores, entre los que figuran la cuota del mercado del producto o servicio correspondiente en el mercado geográfico correspondiente, el volumen de negocios en relación con el tamaño del mercado, la capacidad para influir en las condiciones del mercado, el control de los medios de acceso a los usuarios finales, el acceso a los recursos financieros y la experiencia en el suministro de productos y servicios al mercado; que, a efectos de la presente Directiva, se presumirá que una organización cuya cuota del mercado correspondiente de líneas arrendadas en la zona geográfica de un Estado miembro en el que está autorizada a operar supere el 25 % tiene un peso significativo en el mercado, salvo que su autoridad nacional de reglamentación determine que no es éste el caso; que no se considerará que tienen un peso significativo en el mercado las organizaciones cuya cuota de mercado se sitúe por debajo de este umbral, salvo que pueda demostrarse claramente que es éste el caso;

(11) Considerando que el concepto de servicio de línea arrendada evolucionará con los nuevos progresos tecnológicos y la demanda del mercado, permitiendo a los usuarios un uso más flexible del ancho de banda de la línea arrendada, incluidas ciertas posibilidades de encaminamiento y gestión, para nuevos tipos de líneas arrendadas;

(12) Considerando que, para conseguir unas comunicaciones más eficaces dentro de la Comunidad, es importante que los Estados miembros fomenten el suministro de un conjunto armonizado adicional de líneas arrendadas de un nivel superior, teniendo en cuenta la demanda del mercado y los progresos de la normalización;

(13) Considerando que, hasta que se llegue a un entorno plenamente competitivo, es necesario establecer una supervisión reglamentaria de las tarifas de las líneas arrendadas con vistas a garantizar la orientación por los costes y la transparencia, de conformidad con el principio de proporcionalidad; que conviene abandonar las exigencias de orientación por los costes y de transparencia en los mercados concretos en que ninguna organización tenga un peso significativo; que en un entorno plenamente competitivo los mecanismos del mercado garantizarán que las tarifas de las líneas arrendadas sean razonables;

(14) Considerando que las reglamentaciones técnicas comunes (CTR) adoptadas con arreglo a la Directiva 91/263/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad (1) y la Directiva 93/97/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, por la que se complementa la Directiva 91/263/CEE en lo relativo a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite (2), definen las condiciones para la conexión de equipos terminales a las líneas arrendadas;

(15) Considerando que conviene introducir determinadas modificaciones en las actuales medidas ONP para garantizar la coherencia con los nuevos avances técnicos y con otras medidas reglamentarias que formarán parte del marco reglamentario global del sector de las telecomunicaciones;

(16) Considerando que todos los sectores enumerados en el Anexo 1 de la Directiva 90/387/CEE como posibles sectores de aplicación de las condiciones de la oferta de red abierta han sido objeto de informes analíticos sometidos a consulta pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 de la Directiva 90/387/CEE; que se han adoptado todas las medidas prioritarias enumeradas en el Anexo 3 de la Directiva 90/387/CEE;

(17) Considerando que, para que la Comisión pueda cumplir la misión de vigilancia que le asigna el Tratado, cualquier modificación que se produzca en la autoridad o las autoridades nacionales de reglamentación y en las organizaciones afectadas debe ser prontamente notificada a la Comisión;

(18) Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y con el principio de proporcionalidad, enunciados en el artículo 3 B, el objetivo de adaptar las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones no puede realizarse de manera suficiente por los Estados miembros y puede, pues, alcanzarse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita al mínimo exigido para alcanzar dicho objetivo y no excede de lo necesario a tal fin;

(19) Considerando que debe revisarse el funcionamiento de las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE a más tardar el 31 de diciembre de 1999; que en dicha revisión debe tenerse en cuenta la creciente eficacia de la competencia en los mercados de telecomunicaciones;

(20) Considerando que, de conformidad con los artículos 52 y 59 del Tratado, el régimen reglamentario del sector de las telecomunicaciones debe ser compatible y coherente con los principios de libre establecimiento y libre prestación de servicios y debe tener en cuenta la necesidad de facilitar la introducción de nuevos servicios y la aplicación generalizada de las mejoras tecnológicas;

(21) Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado, el 24 de octubre de 1995, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3),

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificación de la Directiva 90/387/CEE

La Directiva 90/387/CEE quedará modificada como sigue:

1) El artículo 1 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«2. Las condiciones a que se refiere el apartado 1 tienen por objetivo facilitar el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios públicos de telecomunicación, en el interior de los Estados miembros y entre Estados miembros, y, en particular, la prestación de servicios por sociedades o personas físicas establecidas en un Estado miembro distinto del de la sociedad o persona física a la que van destinados los servicios.»;

b) se añadirá el apartado 3 siguiente:

«3. Las condiciones de la oferta de red abierta persiguen, en toda la Comunidad:

- garantizar la prestación del servicio universal en las telecomunicaciones,

- garantizar la disponibilidad de un conjunto mínimo de servicios,

- garantizar el acceso y la interconexión con las redes públicas de telecomunicación y los servicios públicos de telecomunicación,

- fomentar la prestación de servicios armonizados de telecomunicación en beneficio de los usuarios, seleccionando y promoviendo con carácter voluntario unas interfaces técnicas armonizadas para un acceso y una interconexión abiertas y eficaces, así como las normas y/o especificaciones asociadas.».

2) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 2

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "Usuarios": los individuos, incluidos los consumidores, u organizaciones que utilizan los servicios públicos de telecomunicación.

2) - "Red de telecomunicación": los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación y otros recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos por cable, por medios radioeléctricos, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos.

- "Red pública de telecomunicación": una red de telecomunicación que se utiliza entre otros fines, para la prestación de servicios públicos de telecomunicación.

3) - "Servicio de telecomunicación": un servicio cuya prestación consiste total o parcialmente en la transmisión o encaminamiento de señales a través de redes de telecomunicación.

- "Servicio público de telecomunicación": un servicio de telecomunicación disponible para el público.

4) "Servicio universal": un servicio o conjunto de servicios mínimos definidos, de calidad especificada, que es accesible a todos los usuarios en cualquier lugar y, a la luz de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible.

5) "Punto de terminación de la red": el punto físico en que se ofrece a un usuario el acceso a una red pública de telecomunicación. Es el punto en el que están definidas las especificaciones técnicas de interfaz.

6) "Requisitos esenciales": los motivos de interés general y de naturaleza no económica que puedan inducir a un Estado miembro a limitar el acceso a las redes públicas de telecomunicación o a los servicios públicos de telecomunicación; dichos motivos son la seguridad del funcionamiento de la red, el mantenimiento de su integridad y, en los casos en que esté justificado, la interoperabilidad de los servicios y la protección de los datos.

La protección de los datos podrá incluir la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad.

7) "Interconexión": enlace físico y lógico de las instalaciones de las organizaciones suministradoras de redes de telecomunicación y servicios de telecomunicación, de manera que los usuarios de una organización puedan comunicarse con los usuarios de otra organización o acceder a los servicios prestados por otra organización.

8) "Condiciones de oferta de red abierta": las condiciones armonizadas con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva que se refieren al acceso abierto y eficaz a las redes públicas de telecomunicación y, en su caso, a los servicios públicos de telecomunicación, así como a la utilización eficaz de dichas redes y dichos servicios.

Sin perjuicio de su aplicación en cada caso, las condiciones de oferta de red abierta podrán incluir condiciones armonizadas referidas a:

- interfaces técnicas, incluidas, en su caso, la definición y puesta en aplicación de los puntos de terminación de la red,

- condiciones de uso,

- principios de tarificación,

- acceso a las frecuencias y a los números/direcciones/denominaciones, cuando proceda.

9) "Especificaciones técnicas", "normas" y "equipos terminales": el mismo significado que se les da en el artículo 1 de la Directiva 91/263/CEE (*).

(*) DO n° L 128 de 23. 5. 1991, p. 1.».

3) El artículo 3 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. Las condiciones de la oferta de red abierta no podrán permitir ninguna restricción adicional del uso de la red pública de telecomunicación y de los servicios públicos de telecomunicación, excepción hecha de las que sean compatibles con el Derecho comunitario.»;

b) se suprimirá el apartado 4,

c) el apartado 5 se sustituirá por el texto siguiente:

«5. Sin perjuicio de las Directivas específicas adoptadas en el ámbito de la oferta de red abierta, y en la medida en que la aplicación de los requisitos esenciales a que se refiere el apartado 2 pueda dar lugar a que los Estados miembros limiten el acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicacion, las normas para una aplicación uniforme de los requisitos esenciales, en particular en lo relativo a la interoperabilidad de los servicios y a la protección de los datos, serán determinadas, en su caso, por la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.».

4) Se suprimirá el artículo 4.

5) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 5

1. Se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una referencia a las normas y/o especificaciones elaboradas como base de las interfaces técnicas y características del servicio armonizadas para la oferta de red abierta, en calidad de normas o especificaciones apropiadas para el cumplimiento de los requisitos de acceso abierto y eficaz, interconexión e interoperabilidad con vistas a fomentar la prestación de servicios de telecomunicación armonizados en beneficio de los usuarios en toda la Comunidad.

Cuando proceda, la Comisión podrá, en consulta con el comité a que se refiere el artículo 9, solicitar a los organismos europeos de normalización que elaboren normas y especificaciones.

2. Los Estados miembros fomentarán el uso de las normas y especificaciones a que se haya hecho referencia en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, con arreglo al apartado 1, para el suministro de interfaces técnicas y funciones de red.

En tanto no se aprueben tales normas y/o especificaciones, o en caso de que resulten antieconómicas, los Estados miembros promoverán:

- las normas y/o especificaciones aprobadas por organismos europeos de normalización tales como el ETSI o el CEN/Cenelec,

o, en ausencia de tales normas y/o especificaciones,

- las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la comisión electrotécnica internacional (CEI),

o, en ausencia de tales normas y/o recomendaciones,

- las normas y/o especificaciones elaboradas por organismos internacionales de la industria que gocen de una amplia aceptación en el sector,

o, en ausencia de tales normas y/o especificaciones,

- las normas y/o especificaciones nacionales que gocen de una amplia aceptación en el sector.

3. Si la aplicación de las normas y/o especificaciones a que se refiere el apartado 1 resultare inadecuada para garantizar la interoperabilidad de los servicios transfronterizos en uno o más Estados miembros, podrá convertirse en obligatoria la aplicación de tales normas y especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 10, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y mejorar la libre elección del usuario, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado.

Antes de convertirse en obligatoria la aplicación de las normas y/o especificaciones con arreglo al párrafo primero, la Comisión invitará a todas las partes afectadas, mediante publicación de un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a formular observaciones.

4. Cuando un Estado miembro o la Comisión consideren que las normas y/o especificaciones armonizadas citadas en el apartado 1 no se ajustan al objetivo de apertura y eficacia del acceso, interconexión e interoperabilidad, y, en particular, a los principios básicos y a los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro de que se trate someterán el asunto al comité a que se refiere el artículo 9, indicando las razones. El comité emitirá dictamen a la mayor brevedad.

5. A la vista del dictamen del comité, la Comisión informará a los Estados miembros acerca de la necesidad de suprimir la referencia a dichas normas o especificaciones del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.».

6) Se insertará el siguiente artículo 5 bis

«Artículo 5 bis

1. Los Estados miembros podrán establecer que las misiones asignadas a la autoridad nacional de reglamentación en la legislación comunitaria sean llevadas a cabo por más de un organismo. En este caso, los Estados miembros señalarán claramente cuáles son las misiones que corresponden a cada organismo.

2. Para garantizar la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación:

- las autoridades nacionales de reglamentación serán jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de telecomunicación;

- los Estados miembros que mantengan la propiedad o un control significativo de las entidades suministradoras de redes o servicios de telecomunicación velarán por que exista una separación estructural efectiva entre la función de reglamentación y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

3. Los Estados miembros velarán por que existan, a nivel nacional, mecanismos adecuados en virtud de los cuales una parte afectada por una decisión de la autoridad nacional de reglamentación puede recurrir ante un organismo independiente.».

7) Se suprimirán los artículos 6 y 7.

8) El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 8

La Comisión examinará el funcionamiento de la presente Directiva e informará al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, por vez primera el 31 de diciembre de 1999 a más tardar. El informe se basará, entre otros aspectos, en la información proporcionada por los Estados miembros a la Comisión y al Comité ONP. Si resulta necesario, podrán proponerse en dicho informe nuevas medidas de adaptación de la presente Directiva, en función de los pasos que se hayan dado hacia un mercado plenamente competitivo.».

9) En el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9, los términos «organismos de telecomunicaciones» se sustituirán por los términos «organizaciones suministradoras de redes públicas de telecomunicación o servicios públicos de telecomunicación».

10) Se suprimirán los Anexos I y III.

11) El Anexo II se sustituirá por el texto que figura en el Anexo I de la presente Directiva.

Artículo 2

Modificación de la Directiva 92/44/CEE

La Directiva 92/44/CEE quedará modificada como sigue:

1) En todo el texto, los términos «organismos de telecomunicaciones» se sustituirán por los términos «organizaciones notificadas con arreglo al apartado 1 bis del artículo 11».

2) En el artículo 1, se añadirán los siguientes párrafos:

«Los Estados miembros velarán por que en cualquier lugar de su territorio al menos una organización esté sometida a lo dispuesto en la presente Directiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los Estados miembros velarán por que las obligaciones resultantes de la presente Directiva no se impongan a organizaciones que no tengan un peso significativo en el mercado.».

3) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 2

Definiciones

1. Las definiciones que figuran en la Directiva 90/387/CEE serán aplicables, cuando proceda, a la presente Directiva.

2. Además, a efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- líneas arrendadas: los sistemas de telecomunicación que proporcionan capacidad de transmisión transparente entre los puntos de terminación de la red, sin incluir la conmutación cuando se solicite (funciones de conmutación que el usuario puede controlar como parte del suministro de la linea arrendada);

- Comité ONP (Open Network Provision): el Comité a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 90/387/CEE;

- autoridad nacional de reglamentación, el organismo a que se refiere el artículo 5 bis de la Directiva 90/387/CEE.».

4) El artículo 3 quedará modificado como sigue:

a) la segunda frase del apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«Las modificaciones de las ofertas existentes y la información sobre nuevas ofertas deberán publicarse tan rápidamente como sea posible. La autoridad nacional de reglamentación podrá establecer un plazo de notificación adecuado.»;

b) se suprimirá el apartado 3;

5) En el segundo guión del artículo 4, el párrafo primero se sustituirá por el texto siguiente:

«- el plazo normal de entrega, contado a partir de la fecha en que el usuario ha solicitado en firme la línea arrendada, durante el cual el 95 % de todas las líneas arrendadas del mismo tipo hayan sido conectadas para los clientes.».

6) El artículo 6 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que cuando se sometan a restricciones el acceso y la utilización de las líneas arrendadas, el objetivo de dichas restricciones sea solamente garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales, sean compatibles con el Derecho comunitario y se impongan por las autoridades nacionales de reglamentación por vía reglamentaria.

No se introducirá ni mantendrá ninguna restricción técnica a la interconexión de líneas arrendadas entre sí ni a la interconexión de líneas arrendadas y redes públicas de telecomunicación.»;

b) el párrafo primero del apartado 4 se sustituirá por el texto siguiente:

«Las condiciones de acceso relacionadas con el equipo terminal se considerarán cumplidas siempre que el equipo terminal se ajuste a las condiciones de homologación establecidas para su conexión al punto de terminación de la red del tipo de línea arrendada de que se trate, de conformidad con las Directivas 91/263/CEE (*) o 93/97/CEE (**).

*(*) DO n° L 128 de 23. 5. 1991, p. 1.

(**) DO n° L 290 de 24. 11. 1993, p. 1.».

7) El artículo 7 quedará modificado como sigue:

a) se insertará el siguiente apartado 2 bis:

«2 bis. Los Estados miembros fomentarán el suministro de los tipos adicionales de línea arrendada enumerados en el Anexo III, teniendo en cuenta la demanda del mercado y los progresos de la normalización.»;

b) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. La Comisión adoptará las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos II y III al progreso técnico y a la evolución de la demanda del mercado, incluyendo la posible supresión de determinados tipos de líneas arrendadas de los Anexos, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 10 de la Directiva 90/387/CEE y tomando en consideración el estado de desarrollo de las redes nacionales.».

8) El artículo 8 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones notificadas con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 11 respeten el principio de no discriminación cuando suministren líneas arrendadas. En particular, estas organizaciones deberán proporcionar líneas arrendadas a los demás en las mismas condiciones y con la misma calidad que las suministran a sus propios servicios o a los de sus filiales o asociados.»;

b) se añadirá el siguiente apartado 4:

«4. Los Estados miembros velarán por que las organizaciones suministradoras de líneas arrendadas estén obligadas a proporcionar la información necesaria para determinar a qué organizaciones resulta aplicable la presente Directiva.».

9) Se suprimirá el artículo 9.

10) El artículo 10 quedará modificado como sigue:

a) en el apartado 2, el inciso iii) de la letra b) se sustituirá por el texto siguiente:

«iii) cuando no puedan encontrarse medidas directas ni indirectas de atribución de los costes, la categoría de costes se atribuirá sobre la base de un mecanismo general de atribución calculado utilizando el cociente de todos los gastos directamente asignados o atribuidos por una parte a las líneas arrendadas y, por otra, a otros servicios.»;

b) se añadirá el siguiente apartado 4:

«4. Las autoridades nacionales de reglamentación no aplicarán los requisitos del apartado 1 cuando una organización no tenga un peso significativo en el mercado con respecto a una oferta específica de línea arrendada en una zona geográfica específica.».

11) El artículo 11 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cuáles son la autoridad o las autoridades nacionales de reglamentación responsables de la ejecución de las tareas contempladas en la presente Directiva.

Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión cualquier modificación que se produzca en sus autoridades nacionales de reglamentación.»;

b) se insertará el siguiente apartado 1 bis:

«1 bis. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de las organizaciones suministradoras de líneas arrendadas sometidas a los requisitos de la presente Directiva. Esta notificación incluirá, cuando proceda, los tipos de líneas arrendadas cuyo suministro se exige a cada organización en cada zona geográfica para cumplir lo exigido en el artículo 1, así como cualquier exención que se haya concedido con arreglo al apartado 4 del artículo 10.»;

c) en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituirá por el texto siguiente:

«La autoridad nacional de reglamentación tendrá disponibles, y remitirá a la Comisión si ésta lo solicita, los datos referentes a los casos en que se haya restringido el acceso o la utilización de las líneas arrendadas, así como los detalles referentes a las medidas adoptadas, incluida su motivación.».

12) El artículo 14 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 14

Informes

La Comisión examinará el funcionamiento de la presente Directiva e informará al respecto al Parlamento Europeo y a la Comisión, por vez primera el 31 de diciembre de 1999 a más tardar. El informe se basará, entre otros aspectos, en la información proporcionada por los Estados miembros a la Comisión y al Comité ONP. El informe incluirá una valoración de la necesidad de mantener en vigor la Directiva, teniendo en cuenta los pasos que se hayan dado hacia un entorno plenamente competitivo. Si resulta necesario, podrán proponerse en dicho informe nuevas medidas de adaptación de la presente Directiva.».

13) El Anexo I quedará modificado como sigue:

a) el texto de la nota a pie de página n° 1 se sustituirá por el siguiente:

«DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30)»;

b) en la sección D, se suprimirán los apartados 1, 2, 3, 5 y 6;

c) la sección E se sustituirá por el texto siguiente:

«E. Condiciones para la conexión de equipos terminales.

La información sobre las condiciones de conexión incluirá un resumen completo de los requisitos que deberán cumplir los equipos terminales que se vayan a conectar a la línea arrendada de que se trate con arreglo a la Directiva 91/263/CEE o a la Directiva 93/97/CEE».

14) Se añadirá como Anexo III el texto que figura en el Anexo II de la presente Directiva.

Artículo 3

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva antes del 31 de diciembre de 1997. Informarán immediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 5

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 1.

(2) DO n° L 165 de 19. 6. 1992, p. 27. Directiva modificada por la Decisión 94/439/CE de la Comisión (DO n° L 181 de 15. 7. 1994, p. 40).

(3) DO n° C 213 de 6. 8. 1993, p. 1.

(4) DO n° C 379 de 31. 12. 1994, p. 4.

(5) DO n° C 150 de 31. 5. 1993, p. 39.

(6) DO n° C 258 de 3. 10. 1995, p. 1.

(1) DO n° C 205 de 25. 7. 1994, p. 551.

(2) DO n° C 48 de 16. 2. 1994, p. 1.

(3) DO n° C 263 de 10. 10. 1995, p. 6.

(1) DO n° L 128 de 23. 5. 1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/68/CEE (DO n° L 220 de 30. 8. 1993, p. 1).

(2) DO n° L 290 de 24. 11. 1993, p. 1.

(3) DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.

ANEXO I

«ANEXO

Marco de referencia para la aplicación de las condiciones de la oferta de red abierta

La aplicación de las condiciones de la oferta de red abierta según se definen en el apartado 10 del artículo 2 debe ajustarse al siguiente marco de referencia, teniendo en cuenta las normas del Tratado pertinentes:

1. Interfaces técnicas y/o funciones de la red armonizadas

En la elaboración de las condiciones de la oferta de red abierta debe tenerse en cuenta la siguiente pauta para la definición de las especificaciones de las interfaces técnicas y/o funciones de la red:

- para los servicios y redes existentes, deben adoptarse las especificaciones de interfaz existentes;

- para los servicios completamente nuevos o las mejoras de los servicios existentes, deben adoptarse también, en la medida de lo posible, las especificaciones de interfaz existentes; cuando las interfaces existentes no resulten adecuadas, habrá que especificar mejoras y/o nuevas especificaciones de interfaz;

- para las redes todavía no introducidas, pero para las que ha comenzado ya el programa de normalización, deben tenerse en cuenta los requisitos de la oferta de red abierta con arreglo al artículo 3 a la hora de elaborar nuevas especificaciones de interfaz y funciones de la red.

Las propuestas de la oferta de red abierta deben estar en consonancia, siempre que sea posible, con los trabajos que se efectúen en los organismos europeos de normalización, en particular el ETSI, y deben tener asimismo en cuenta los trabajos de las organizaciones internacionales de normalización, tales como la UIT-T.

2. Condiciones armonizadas de suministro y utilización

Las condiciones de suministro y utilización contienen las condiciones de acceso a los servicios y prestación de los mismos en la medida en que resulten necesarias.

a) Las condiciones de suministro se refieren a las condiciones en que se ofrece un servicio a los usuarios. Pueden incluir:

- plazo de entrega típico,

- plazo de reparación típico,

- calidad del servicio, en particular, disponibilidad y calidad de la transmisión,

- mantenimiento y gestión de la red.

b) Las condiciones de utilización se refieren a las condiciones aplicables a los usuarios, tales como:

- condiciones de acceso a la red,

- condiciones de uso compartido,

- condiciones referentes a la protección de los datos personales y a la confidencialidad de las comunicaciones, cuando proceda.

3. Principios de tarificación armonizados

Los principios de tarificación deben ser coherentes con los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 3.

Dichos principios implican, en particular, que:

- las tarifas deben basarse en criterios objetivos y, en principio, estar orientadas por los costes, en el bien entendido de que la fijación del nivel concreto de una tarifa seguirá correspondiendo a la legislación nacional y no será objeto de las condiciones de la oferta de red abierta. Cuando una organización deje de tener un peso significativo en el correspondiente mercado, la autoridad nacional de reglamentación competente podrá abandonar la exigencia de orientación por los costes. Uno de los objetivos debe ser la definición de unos principios de tarificación eficaces en toda la Comunidad, al tiempo que se garantiza un servicio general para toda la población;

- las tarifas deben ser transparentes y publicarse de forma adecuada;

- para que los usuarios tengan la posibilidad de elegir entre los diversos elementos del servicio, y siempre que la tecnología lo permita, las tarifas deben estar suficientemente desglosadas de conformidad con las normas sobre competencia del Tratado. En particular, las características suplementarias establecidas para la prestación de algunos servicios extraordinarios específicos deben, como norma general, facturarse independientemente de las características incluidas y del transporte propiamente dicho;

- las tarifas no deben ser discriminatorias y deben garantizar la igualdad de trato.

Toda cuota por acceso a los recursos de la red o a los servicios debe ajustarse a los principios antes mencionados y a las normas sobre competencia del Tratado, y debe tener en cuenta también el principio de reparto equitativo del coste global de los recursos utilizados y la necesidad de obtener un rendimiento razonable de las inversiones efectuadas.

Puede haber tarifas diferentes, en particular para tomar en consideración el exceso de tráfico en los períodos punta y la ausencia de tráfico en los períodos valle, siempre que las diferencias entre las tarifas sean comercialmente justificables y no contravengan los principios mencionados.

4. Enfoque armonizado de la numeración/direccionamiento/denominación

La numeración/direccionamiento constituye el elemento más importante de cualquier protocolo de telecomunicación y de cualquier servicio de telecomunicación que permita la selección del destinatario o destinatarios.

Los servicios de telecomunicación que se prestan actualmente a través de la red telefónica pública fija dependen exclusivamente de la numeración para identificar al destinatario o destinatarios de una llamada. En otros servicios de telecomunicación, desempeña el papel fundamental el concepto más general de direccionamiento. La denominación interviene en algunos de estos servicios de telecomunicación, por ejemplo, los sistemas de tratamiento de mensajes con arreglo a las recomendaciones de la serie X.400, además del direccionamiento; existe la posibilidad de que esta función de denominación, complementaria de la numeración/direccionamiento, esté presente con el tiempo en todos los servicios de telecomunicación.

Por consiguiente, resulta esencial adoptar un enfoque armonizado de la numeración/direccionamiento y, cuando proceda, de la denominación, para garantizar la interconexión de extremo a extremo en toda Europa de los usuarios y la interoperabilidad de los servicios. Además, la atribución de números/direcciones/nombres debe efectuarse equitativamente y en consonancia con el requisito de igualdad de acceso.

A tal efecto, es necesario:

- garantizar que todos los servicios públicos de telecomunicación dispongan, con arreglo a principios armonizados, de unos intervalos adecuados de números, direcciones y, cuando proceda, de denominaciones adecuadas;

- garantizar la coordinación de las posiciones nacionales en las organizaciones y foros internacionales en que se adoptan decisiones en materia de numeración/direccionamiento/denominación, teniendo en cuenta la posible evolución futura de la numeración/direccionamiento/denominación a nivel europeo;

- garantizar que los correspondientes planes nacionales de numeración/direccionamiento/denominación de las telecomunicaciones estén supervisados por la autoridad nacional de reglamentación, para garantizar la independencia con respecto a las organizaciones suministradoras de redes públicas de telecomunicación o servicios públicos de telecomunicación;

- garantizar que los procedimientos de atribución de números/direcciones/nombres y/o intervalos de direccionamiento/numeración sean transparentes, equitativos y rápidos y que dicha atribución se efectúe de forma objetiva, transparente y no discriminatoria;

- conceder a las autoridades nacionales de reglamentación la posibilidad de establecer condiciones para la utilización en los planes de numeración/direccionamiento de determinados prefijos o códigos abreviados, en particular cuando se utilicen en servicios de interés general (por ejemplo servicios de urgencia o de guía telefónica) o para garantizar la igualdad de acceso.». ANEXO II

«ANEXO III

>SITIO PARA UN CUADRO>