COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social

1998/0360 (COD) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social

1. Antecedentes

El 21 de diciembre de 1998, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo su propuesta de Reglamento COM(1998) 779 final. El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 27 de enero de 2000. El Parlamento Europeo presentó su dictamen en primera lectura el 3 de septiembre de 2003 y aprobó 47 enmiendas, de las que la Comisión aceptó 40 en su totalidad, 3 parcialmente y rechazó 4.

A raíz del dictamen del Parlamento Europeo, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión adoptó una propuesta modificada (COM(2003) 596 final), que se transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo el 10 de octubre de 2003.

El Consejo alcanzó un acuerdo político parcial sobre una Posición común el 1 de diciembre de 2003, y el 26 de enero de 2004 adoptó su Posición común por unanimidad.

2. Objetivo de la propuesta de la comisión

El Reglamento (CEE) n°1408/71 [1] garantiza la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros con el fin de proteger los derechos de las personas que se desplazan en la Unión Europea.

[1] Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) n° 118/97 del Consejo (DO L 28 de 30.1.1997, p.1) y modificado en última instancia por el Reglamento (CE) n° 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 187 de 10.7.2001, p.1.).

Desde su adopción en 1971, dicho Reglamento ha sido modificado en numerosas ocasiones con el fin de reflejar la evolución de las legislaciones nacionales, mejorar algunas disposiciones, colmar lagunas o regular la situación de algunas categorías particulares de personas. Además, y según se deduce del gran número de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en materia de coordinación, algunas disposiciones requieren ciertas clarificaciones para evitar dificultades de interpretación. Por otra parte, el objetivo perseguido por la coordinación debe acompañar la evolución de la Unión Europea en su conjunto. En efecto, las normas de coordinación ya no tienen como único objeto garantizar la libre circulación de los trabajadores asalariados, sino que tienden a proteger los derechos de seguridad social de todas las personas que se desplazan en la Unión Europea. En adelante, la coordinación se sitúa en la perspectiva de la ciudadanía europea y la construcción de una Europa social.

Para responder a estas necesidades, la propuesta de la Comisión tiene, pues, como doble objetivo, por una parte, simplificar la coordinación de los sistemas de seguridad social y, por otra, modernizarla.

3. Comentarios sobre la posición común

3.1. Observaciones generales

El acuerdo político que el Consejo alcanzó por unanimidad el 1 de diciembre de 2003 fue recogido en la Posición común adoptada el 26 de enero de 2004.

La Posición común del Consejo mantiene lo esencial de los objetivos de la propuesta inicial de la Comisión, tal como fue enmendada por la propuesta modificada.

La Posición común consta de los elementos esenciales siguientes:

- El ámbito de aplicación personal del Reglamento se extiende a todos los nacionales de los Estados miembros que están cubiertos por la legislación de seguridad social de un Estado miembro; ello significa que no sólo los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia, los funcionarios, los estudiantes y los pensionistas, sino también las personas no activas, están protegidos por las normas de la coordinación, lo cual simplifica y clarifica las normas que determinan la legislación aplicable en las situaciones transfronterizas.

- El ámbito de aplicación material del Reglamento se extiende a los regímenes legales de prejubilación, lo que implica que los beneficiarios de tales regímenes tendrán la garantía de que las prestaciones se pagarán, estarán cubiertos para la asistencia sanitaria y se beneficiarán de las prestaciones familiares aunque residan en otro Estado miembro.

- Se refuerzan los principios de igualdad de trato y de asimilación de los hechos.

- Las personas aseguradas que residen temporalmente en otro Estado miembro podrán beneficiarse de la asistencia sanitaria que sea necesaria durante dicha estancia.

- Se prevé un refuerzo de la obligación de cooperación y asistencia mutua entre las instituciones de los Estados miembros en beneficio de los ciudadanos.

La Comisión acepta la Posición común, que, aun siendo menos ambiciosa que la propuesta inicial de la Comisión, una vez modificada conforme al dictamen del Parlamento representa un punto de equilibrio, habida cuenta de las imposiciones y características de los distintos sistemas de seguridad social de los Estados miembros, y constituye un importante paso adelante en lo que se refiere a la libre circulación de los ciudadanos, al garantizar la protección de sus derechos de seguridad social.

3.2. Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura

El Parlamento Europeo aprobó 47 enmiendas en primera lectura.

Las enmiendas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 y 55 se recogieron en su totalidad, tanto en la propuesta modificada de la Comisión como en la Posición común del Consejo.

Las enmiendas 7 y 52 se aceptaron en la propuesta modificada, y en la Posición común han sido objeto de una nueva redacción que puede ser aprobada por la Comisión [véase la letra l) del artículo 1 y el apartado 6 del artículo 76 de la Posición común].

Las enmiendas 11, 44 y 51 se recogieron parcialmente en la propuesta modificada y en la Posición común.

El apartado 1 de la enmienda 11 se ha recogido íntegramente en la Posición común, pero el apartado 2 se ha suavizado para limitarse a declaraciones anuales, lo que parece más acorde con el objetivo perseguido por la disposición.

Las enmiendas agrupadas 51 y 44, que fueron recogidas parcialmente por la propuesta modificada, se reflejan también esencialmente en la Posición común, en la letra c) del artículo 72, que encomienda a la Comisión Administrativa la tarea de «promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros y sus instituciones en materia de seguridad social, en particular con vistas a resolver las situaciones específicas de determinadas categorías de personas; facilitar la realización de acciones encaminadas a la cooperación transfronteriza en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social».

En su propuesta modificada, la Comisión había aceptado la enmienda 48, que destaca la necesidad de que haya más convergencia entre la coordinación de los regímenes de seguridad social y algunas disposiciones contenidas en los convenios sobre la doble imposición. Esta enmienda no se recoge en la Posición común del Consejo.

La enmienda 56 se incorpora en la propuesta modificada, pero no se recoge en la Posición común. El Consejo no lo consideró necesario, habida cuenta de las modificaciones introducidas en las disposiciones relativas a las prestaciones de desempleo para los parados que, durante su último empleo, residieran en un Estado miembro distinto del Estado competente (véase el punto 3.3.9).

Las enmiendas 46, 47, 50, 53 y 54 quedan recogidas íntegramente en la propuesta modificada, y son recogidas sustancialmente en la Posición común.

La enmienda 46, relativa al vínculo entre las legislaciones de seguridad social y algunas disposiciones contractuales, se ha tenido en cuenta en el considerando 6 de la Posición común. El Consejo tiene previsto proceder por etapas y, en una primera fase, evaluar la experiencia de los Estados miembros que notificaron tales disposiciones contractuales. La Comisión apoya esta posición que permitirá evaluar la necesidad de establecer, eventualmente, una legislación destinada a coordinar algunas disposiciones convencionales.

La enmienda 47 se ha introducido en el considerando 8 de la Posición común. Se ha extendido a todos los trabajadores que no residan en el Estado en el que trabajan. La Comisión está a favor de esta formulación ampliada, puesto que el principio de igualdad de trato es importante para todos los trabajadores y no sólo para los trabajadores fronterizos tal como se definen en el Reglamento.

La enmienda 50, relativa al derecho a las prestaciones en especie en el Estado de trabajo para los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos, se recoge en gran parte en el considerando 23 y en el apartado 2 del artículo 18 de la Posición común. El Consejo decidió que los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos pueden beneficiarse de las prestaciones en especie durante una estancia en el Estado competente, salvo si éste lo rechaza mediante una inscripción en el anexo III del Reglamento. En este caso, se precisa que, a pesar de todo, los miembros de la familia pueden beneficiarse de las prestaciones en especie que sean necesarias durante una estancia en el Estado competente. Aunque el anexo III contiene inscripciones de siete Estados miembros, la Comisión acepta esta solución que constituye una verdadera mejora de los derechos de los miembros de la familia en comparación con la situación actual.

La enmienda 53 se recoge parcialmente en el considerando 21 y en el artículo 20 de la Posición común. El Consejo ha mantenido el principio de la autorización previa para los cuidados no hospitalarios. Aunque la Comisión lamenta que esta mejora no haya podido realizarse en el marco del Reglamento, indica que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [2], el pago por la institución competente de tales cuidados recibidos en el extranjero sin autorización previa es posible, en principio, sobre la base del artículo 49 del Tratado. En estas condiciones, y habida cuenta de las características específicas del Reglamento y su objetivo, tales como han sido examinados recientemente por el Tribunal de Justicia en el asunto Inizan [3], la Comisión puede aceptar esta posición.

[2] Sentencias de 28.4.1998, Kohll (asunto C-158/96) y Decker (C-120/95); sentencia de 12.7.2001, Smits y Peerbooms (C-157/99), Sentencia de 13.5.2003, Müller-Fauré/Van Riet (C-385/99).

[3] Sentencia de 23.10.2003, asunto C-56/01.

La enmienda 54 se recoge en parte en el apartado 2 del artículo 28. Esta disposición precisa que el antiguo trabajador fronterizo pensionista podrá seguir percibiendo las prestaciones en especie en el antiguo Estado de trabajo, a condición, no obstante, de que este último Estado, así como el Estado a cargo de las prestaciones, hayan optado por esta solución y figuren en el anexo V. Teniendo en cuenta que ya hay siete Estados miembros inscritos en este anexo, la Comisión puede aceptar, como compromiso, esta solución que constituye una mejora de la situación de los titulares de pensiones, antiguos trabajadores fronterizos.

Las enmiendas 38, 40, 45 y 49 no se recogieron en la propuesta modificada ni en la Posición común. La Comisión consideró que disposiciones como las contempladas en las enmiendas 38 y 40 corresponden más bien al Reglamento de aplicación. En cuanto a las enmiendas 45 y 49, sobrepasan el ámbito de aplicación de la coordinación de los regímenes de seguridad social prevista por el Tratado CE.

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión a este respecto

3.3.1. Considerandos

Para introducir más coherencia con las modificaciones introducidas en la propuesta de la Comisión, se han modificado o añadido una serie de considerandos (considerandos 1bis, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 y 44).

3.3.2. Disposiciones relativas al Título I - Disposiciones generales

Salvo las enmiendas del Parlamento incorporadas en la Posición común, sólo se han introducido algunas modificaciones en el artículo 4:

- el Consejo, por razones de seguridad jurídica, ha optado por una lista exhaustiva de las ramas de seguridad social en vez de la lista orientativa que figuraba en la propuesta de la Comisión, añadiendo al mismo tiempo la rama «prejubilación » a la lista actual;

- en el marco de las definiciones: se contemplan «las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social» que se refieren a las distintas «prestaciones»; se precisa que el Reglamento se aplica a las prestaciones especiales de carácter no contributivo, pero no a los regímenes de prestaciones en favor de las víctimas de la guerra o sus consecuencias.

La Comisión acepta estas modificaciones que reflejan el acervo y representan un avance modesto, pero positivo, con relación a la situación actual.

3.3.3. Disposiciones relativas al Título II - Determinación de la legislación a la que una persona está sujeta

La Posición común modifica los artículos 11 y 13.

En dichos artículos se introducen precisiones sobre la legislación aplicable, ya sea en el contexto de una situación de desempleo o en caso del ejercicio de actividades en el territorio de dos o más Estados miembros. Estas precisiones son aceptables para la Comisión y pueden contribuir a una mejor aplicación de la coordinación.

3.3.4. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 1: Enfermedad, maternidad y paternidad

La estructura del capítulo se ha modificado en la Posición común.

Se han introducido algunas secciones para distinguir las disposiciones relativas a los titulares de pensiones y a los miembros de su familia de las aplicables a las demás categorías de personas aseguradas. También se distinguen las prestaciones en especie de las prestaciones económicas. Estas modificaciones de la estructura permiten aportar más claridad en las disposiciones sin implicar, por sí mismas, pérdidas de derechos para los asegurados.

Los subsidios de defunción, que en la propuesta de la Comisión se consideraban prestaciones de enfermedad en especie, ya no figuran en este capítulo sino en un capítulo específico (véase el punto 3.3.6).

Por lo que se refiere más específicamente a los titulares de pensiones, la Posición común introduce modificaciones que tienen esencialmente implicaciones sobre la distribución de las cargas de las prestaciones entre las instituciones. A este respecto, el Consejo ha preferido mantener la situación actual, tanto para las prestaciones en especie como en efectivo. Dado que se trata de acuerdos financieros entre las instituciones de los Estados miembros, y que no afectan, en principio, al derecho a la protección de enfermedad de los asegurados, la Comisión acepta la posición del Consejo.

A raíz de las modificaciones introducidas en cuanto a la cobertura financiera de los cuidados para los titulares de pensiones, el Consejo no ha adoptado la solución de la propuesta de la Comisión sobre la designación del Estado encargado de la percepción de las cotizaciones para la financiación del seguro de enfermedad, sino que prevé que, en principio, sea el Estado miembro que se hace cargo de las prestaciones para el pensionista, sobre la base de su legislación, quien continúe percibiendo las cotizaciones.

Se inserta también una disposición por la que se regula la cuestión de la acumulación de prestaciones económicas para cuidados ilimitados (prestaciones de dependencia) que se tratan como prestaciones de enfermedad. La Comisión acepta esta modificación que pone en práctica las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [4].

[4] Sentencia de 5.3.1998, asunto C-160/96.

3.3.5. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 2: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

La Posición común no modifica significativamente la propuesta de la Comisión sobre este capítulo. Lo esencial de las modificaciones consiste en la supresión de disposiciones que han perdido su utilidad (en particular, en el artículo 42 de la propuesta de la Comisión), debido a la adición en el artículo 5 del principio general de asimilación de acontecimientos. Algunas normas introducidas en el artículo 46 de la propuesta de la Comisión para tener en cuenta las particularidades de algunas legislaciones se han suprimido como consecuencia de los cambios producidos en las legislaciones en cuestión.

Por lo que se refiere a los gastos de transporte de la víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la Posición común prevé el principio de cobertura de los gastos siempre que «la institución mencionada autorice previamente el transporte, teniendo debidamente en cuenta los motivos que lo justifican». La Comisión considera que esta cuestión debería haberse regulado de manera más audaz. Destaca que esta cuestión podrá ser objeto de un examen posterior en el marco del Reglamento de aplicación.

3.3.6. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 3: Prestaciones en caso de fallecimiento

En la Posición común, el Consejo ha recogido un capítulo específico para los subsidios de defunción, tal como figura en el Reglamento (CEE) n° 1408/71 actual, mientras que en la propuesta de la Comisión estas prestaciones se trataban como prestaciones de enfermedad en especie.

La Comisión puede aceptar esta posición, ya que las disposiciones actuales no parecen haber causado dificultades particulares de aplicación.

3.3.7. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 4: Pensiones de invalidez

Por razones de simplificación, la Comisión había propuesto sustituir el sistema actual «dual» de la coordinación actual por un sistema único de coordinación, de modo que las pensiones de invalidez se calculen siempre de acuerdo con las disposiciones del capítulo «pensiones».

En efecto, el sistema actual prevé que si una persona ha estado asegurada exclusivamente con legislaciones según las cuales el importe de las prestaciones de invalidez es independiente de la duración de los períodos de seguro (los sistemas denominados «A»), dicha persona tendrá derecho a una única prestación, que deberá conceder el Estado miembro donde la persona esté asegurada en el momento en que se declare su invalidez (sistema de «pensión única»).

Si la persona hubiera estado asegurada exclusivamente mediante legislaciones según las cuales el importe depende de la duración de seguro (los sistemas denominados «B»), o bien con dos tipos de seguros, tendrá derecho a las prestaciones calculadas de acuerdo con el capítulo «pensiones» (sistema de prorrateo).

La Posición común prevé el mantenimiento del sistema «dual», pero solamente para los Estados miembros que tienen un sistema de tipo «A» y que hayan optado por este mantenimiento mediante una inscripción en un anexo.

Para la Comisión, se trata de un compromiso aceptable. En efecto, aun lamentando que no haya podido llevarse a cabo esta simplificación, la Comisión constata que el sistema actual no parece causar grandes dificultades.

3.3.8. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 5: Pensiones de vejez y supervivientes

La propuesta de la Comisión no modificaba básicamente las disposiciones de este capítulo, ya que el ejercicio de simplificación consistía sobre todo en hacer más comprensibles las normas aplicables mejorando la terminología empleada y la estructura del capítulo. La Posición común del Consejo no altera las disposiciones de este capítulo.

Una de las modificaciones se refiere al artículo 55 sobre la acumulación de pensiones con prestaciones de diferente carácter, y aborda las situaciones de acumulaciones injustificadas. El compromiso es aceptable para la Comisión.

La Posición común mantiene también la disposición del Reglamento (CEE) nº 1408/71 actual por la que un Estado miembro no está obligado a conceder una pensión si la duración de los períodos realizados bajo su legislación es inferior a un año y si, teniendo en cuenta sólo dichos períodos, no se adquiere ningún derecho a las prestaciones en virtud de las disposiciones de la citada legislación. En este caso, son los otros Estados miembros interesados quienes tienen en cuenta los períodos en cuestión. Puesto que la disposición prevé que no habrá pérdida de derechos para el interesado, la Comisión puede aceptar esta posición.

La Posición común mantiene también las disposiciones particulares de los regímenes especiales destinados a los funcionarios, lo que es aceptable para la Comisión, en vista de las particularidades de dichos regímenes.

3.3.9. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 6: Desempleo

La propuesta de la Comisión introducía en el capítulo dos modificaciones esenciales:

- ampliar de tres a seis meses el período durante el cual el parado puede buscar un empleo en otro Estado miembro sin perder sus derechos a las prestaciones de desempleo;

- poner fin al sistema actual, por el que el trabajador fronterizo en paro recibe las prestaciones de desempleo del Estado de residencia en lugar de las del Estado competente (el Estado donde ha estado ocupado en último lugar).

El Consejo no pudo ponerse de acuerdo sobre estos dos puntos. Para alcanzar un compromiso, se ha establecido la distinción entre dos aspectos: por una parte, el tratamiento de los parados y, por otra, la distribución de la carga financiera de los subsidios de desempleo entre el Estado del último empleo y el Estado de residencia.

Por lo que se refiere a la situación de las personas, la Posición común prevé lo siguiente:

- mantener el período actual de tres meses durante el cual el parado puede buscar un empleo en otro Estado miembro sin perder el beneficio de los subsidios de desempleo, permitiendo al mismo tiempo a la institución competente extender este período a seis meses;

- mantener el sistema actual por el que el trabajador fronterizo en paro recibe las prestaciones de desempleo del Estado de residencia (con la obligación de estar a disposición de los servicios de empleo de este Estado);

- el sistema se completa, sin embargo, mediante el derecho del trabajador fronterizo en paro de ponerse también a disposición de los servicios de empleo del Estado competente.

Por lo que se refiere al reparto financiero de las cargas entre los Estados miembros:

- se ha mantenido el principio actual del Reglamento (CEE) n° 1408/71 de la competencia del Estado de residencia;

- sin embargo, el Estado competente (Estado del último empleo) debe reembolsar al Estado de residencia, durante tres meses, los costes de las prestaciones de desempleo pagadas por este último Estado;

- este período de reembolso se extiende a cinco meses cuando el trabajador haya ejercido una actividad durante doce meses en el curso de los veinticuatro últimos meses en el Estado miembro bajo cuya legislación estuviera sujeto en último lugar.

Con el fin de dar una respuesta a las preocupaciones de Luxemburgo, se introdujo una disposición transitoria específica en el punto 10 del artículo 87 (esta disposición establece que las disposiciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 65 se aplicarán en Luxemburgo dos años después, como máximo, de la fecha de aplicación del nuevo Reglamento).

La Comisión puede aceptar esta posición globalmente. En primer lugar, destaca que se mejoran las condiciones en las que el parado puede buscar un empleo en otro Estado miembro sin perder el beneficio de los subsidios de desempleo, con el fin de facilitar su búsqueda de empleo. Además, el trabajador fronterizo se encuentra en mejores condiciones para encontrar un empleo, puesto que puede inscribirse a la vez como demandante de empleo en el Estado de residencia y en el antiguo Estado de trabajo. Estos dos elementos, que ofrecen a la persona en paro mejores oportunidades de encontrar un empleo, responden a los objetivos de la Comisión y constituyen una mejora con relación a la situación actual. Por otra parte, los acuerdos relativos al reparto financiero de la carga de las prestaciones de desempleo entre los Estados miembros no afectan al derecho de los parados a percibir un subsidio.

3.3.10. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 7: Prestaciones de prejubilación

En su propuesta, la Comisión preveía una disposición particular sobre la totalización por la naturaleza de las prestaciones de prejubilación y debido a que las legislaciones de los Estados miembros no supeditan el derecho a este tipo de prestaciones a la realización de períodos de residencia.

En su Posición común, el Consejo excluye la norma de totalización de los períodos para la concesión de las prestaciones. Esta exclusión se explica por el hecho de que sólo un reducido número de Estados miembros (véase el considerando 33 de la Posición común) cuenta con regímenes legales de prejubilación (el Reglamento basado en el artículo 42 del Tratado CE se aplica exclusivamente a los regímenes legales de seguridad social).

Dadas las particularidades de los regímenes de prejubilación, la Comisión puede aceptar esta posición, teniendo en cuenta que el progreso realizado es importante puesto que, gracias a la inclusión de la rama «prejubilación» en el ámbito de aplicación del Reglamento, cuando hasta ahora estaba excluida, los principios contenidos en el Título I serán aplicables a las prestaciones de prejubilación, lo que implica que se garantizarán el principio de igualdad de trato, la exportación de las prestaciones y la concesión de las prestaciones familiares y de enfermedad a las personas interesadas.

3.3.11. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 8: Prestaciones familiares

La propuesta de la Comisión contemplaba una refundición de este capítulo, previendo una única norma para todas las prestaciones familiares cuando existen derechos en varios Estados miembros: el Estado que prevé el importe más elevado paga las prestaciones, y posteriormente las cargas se reparten proporcionalmente entre los Estados interesados.

La Posición común opta por una solución menos ambiciosa, pero que supone un único capítulo y disposiciones idénticas para todas las categorías de personas, poniendo así fin a la distinción existente entre los titulares de pensiones y los huérfanos, por una parte, y las demás categorías de asegurados, por otra.

Para determinar la legislación aplicable cuando existen derechos en varios Estados miembros, el Consejo ha recogido un conjunto coherente de normas de prioridad que da la prioridad a la legislación del Estado miembro de trabajo. El sistema establecido vela, además, por garantizar al asegurado el pago del importe más elevado de prestaciones, en forma de un complemento diferencial pagado por otro Estado miembro cuya legislación causa también derecho a prestaciones.

La Posición común prevé también disposiciones favorables para los huérfanos en el artículo 69, y una mayor cooperación entre los Estados miembros para la aplicación de las normas de prioridad (apartado 3 del artículo 68).

La Comisión acepta esta posición, que clarifica y facilita la aplicación de las disposiciones de este capítulo y mantiene los derechos a las prestaciones familiares más elevadas en favor de los asegurados.

Sin embargo, el Consejo decidió excluir del ámbito de aplicación del Reglamento los anticipos sobre pensiones alimentarias (véase el punto z del artículo 1 y el considerando 36). Ha mantenido, asimismo, la exclusión de las prestaciones especiales de nacimiento y adopción (véase el punto z del artículo 1) que existe actualmente en el Reglamento (CEE) n° 1408/71, debido a su estrecho vínculo con la situación socioeconómica del Estado en cuestión.

Por lo que se refiere a los anticipos sobre pensiones alimentarias, la Comisión puede aceptar esta posición, habida cuenta de las particularidades de las prestaciones en cuestión y de los problemas específicos que su coordinación plantea en la práctica. En cambio, la Comisión lamenta que no haya podido alcanzarse un acuerdo sobre la inclusión de las prestaciones especiales de nacimiento y adopción. No obstante, teniendo en cuenta el equilibrio general de este capítulo, y en vista de la extensión de los beneficios a los no activos, la Comisión puede aceptar la posición del Consejo.

3.3.12. Disposiciones relativas al Título III - Capítulo 9: Prestaciones especiales de carácter no contributivo

En este capítulo, la Posición común recoge la enmienda n° 55 del Parlamento, que se había incorporado íntegramente en la propuesta modificada de la Comisión.

3.3.13. Disposiciones relativas al Título IV - Comisión Administrativa y Comité consultivo para la coordinación de los sistemas de seguridad social

En lo que se refiere a algunos puntos [letras b), c), d), f) y g) del artículo 72] la Posición común clarifica el mandato de la Comisión Administrativa y la Comisión técnica [letra d) del artículo 73].

Introduce, además, en el Reglamento una disposición relativa a la Comisión de cuentas, disposición que actualmente figura en el Reglamento de aplicación.

La propuesta de la Comisión no incluía ninguna disposición relativa al Comité consultivo para la coordinación de los sistemas de seguridad social debido a la existencia de una propuesta de la Comisión sobre la fusión del Comité consultivo de seguridad social de los trabajadores migrantes con el Comité consultivo para los trabajadores migrantes [5]. Dado que esta propuesta todavía no se ha aprobado, se justifica la introducción de una disposición para definir la composición y las tareas de dicho Comité.

[5] COM(1998) 394

3.3.14. Disposiciones relativas al Título V -Disposiciones varias

La Posición común aporta mejoras sustanciales al artículo 76, con el fin de reforzar el deber de colaboración entre las instituciones, pero también entre las instituciones y las personas aseguradas. La Comisión considera que estos aspectos son muy positivos. Por una parte, las disposiciones facilitarán la aplicación de las disposiciones del Reglamento y, por otra, harán que las personas aseguradas puedan exigir que se regule su situación en virtud de la obligación reforzada de cooperación entre las instituciones.

3.3.15. Disposiciones relativas al Título VI - Disposiciones transitorias y finales

La Posición común aporta modificaciones en el artículo 87, concretamente para acompañar las consecuencias de las modificaciones introducidas que pueden tener repercusiones en la situación de algunos asegurados (véanse los apartados 8 y 9). Este tipo de disposiciones son clásicas e indispensables cuando las normas de la coordinación evolucionan, por lo que la Comisión acepta esta posición que tiene en cuenta el interés general de las personas aseguradas.

Además, se prevé un período transitorio para la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 65 en lo que se refiere a Luxemburgo (véase el apartado 3.3.9), que corresponde al acuerdo global del Consejo sobre el capítulo del desempleo.

El Consejo ha añadido también una disposición para garantizar que los Estados miembros adopten disposiciones con el fin de facilitar la información conveniente sobre las modificaciones introducidas por el nuevo Reglamento. La Comisión aprueba esta iniciativa que repercute en beneficio de todas las personas afectadas por el Reglamento.

Por último, el Consejo ha establecido las modalidades para acompañar el paso del Reglamento (CEE) n° 1408/71 actual al nuevo instrumento de coordinación. En el artículo 90 se introduce una disposición particular a tal efecto para que el Reglamento (CEE) n° 1408/71 mantenga sus efectos hasta que se deroguen o modifiquen algunos reglamentos y acuerdos que hacen referencia al citado Reglamento. La Comisión apoya esta posición.

4. Conclusiones/observaciones generales

La Comisión aprueba íntegramente la Posición común, que responde en gran medida a los objetivos de la propuesta de la Comisión y además tiene en cuenta la mayoría de las enmiendas del Parlamento. Tras una larga negociación, y a pesar de que hubiera sido deseable una mayor simplificación en algunos ámbitos, el conjunto de los capítulos constituye globalmente un compromiso equilibrado y positivo para las personas aseguradas. Por consiguiente, la Comisión considera que este instrumento es esencial para el ejercicio del derecho a la libre circulación de ciudadanos al garantizar la protección de sus derechos de seguridad social.

5. Declaraciones de la comisión

Véase el anexo.

ANEXO

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DEBERÁ CONSTAR EN

EL ACTA DEL CONSEJO

Declaración conjunta del Consejo y la Comisión

"Reconociendo que el presente Reglamento no será aplicable hasta que todos los Anexos se hayan completado y se haya adoptado el Reglamento de aplicación, el Consejo y la Comisión convienen en que deberían incluirse en los anexos y en el Reglamento de aplicación una serie de puntos o disposiciones en la forma siguiente:

1) Anexo XI (ad apartado 2 del artículo 3 y letra c) del apartado 2 del artículo 70):

Teniendo en cuenta la situación particular de las legislaciones austríaca y alemana en lo relativo a las prestaciones especiales en metálico no contributivas, cuya aplicación se limita a una parte de su territorio y que están excluidas en virtud del apartado 2 ter del artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 1408/71, deberían incluirse los siguientes textos en el Anexo XI del Reglamento:

"AUSTRIA"

El presente Reglamento no se aplicará a las prestaciones concedidas por la legislación de los Bundeslaender a las personas con discapacidad ni a las personas que necesitan cuidados.

"ALEMANIA"

El presente Reglamento no se aplicará a las prestaciones concedidas en virtud de la legislación de los Laender a las personas con incapacidad, y en particular a los invidentes.

2) Reglamento de aplicación y Anexo XI (ad artículos 5 y 6)

Las disposiciones específicas que deberán establecerse en el Reglamento de aplicación tendrán como objetivo evitar cualquier posible efecto de acumulación del principio de asimilación de hechos o acontecimientos con arreglo a la legislación de dos o más Estados miembros y complementar, por analogía, las normas de prioridad ya establecidas con arreglo al actual artículo 15 del Reglamento (CEE) n.º 574/72, que se volverán a introducir en el nuevo Reglamento de aplicación.

En los casos en los que se determine que, debido a características específicas de la legislación nacional, la aplicación incondicional del principio de asimilación de hechos o acontecimientos conduciría a resultados objetivamente injustificados, los Estados miembros interesados acudirán a la declaración pertinente en el Anexo XI, garantizando una coordinación específica a la luz del principio de proporcionalidad.

3) Reglamento de aplicación (ad artículos 24 a 26 y 35)

Hay que establecer un reparto equilibrado entre los Estados miembros del coste de las prestaciones en especie a los titulares de pensiones y los miembros de sus familias. Cuando el reembolso entre Estados del coste de las prestaciones en especie a los titulares de pensiones y a los miembros de sus familias, en virtud de los artículos 24 a 26 del proyecto de texto, se efectúa aplicando un importe a tanto alzado, dicho importe representará el 85% del coste medio anual de las prestaciones en especie a los titulares de pensiones y sus familias en el Estado de residencia. Se supone que el 15% restante corresponde al coste de prestaciones en especie a titulares de pensiones y a miembros de sus familias que, por razones médicas, han de facilitarse a estas personas durante su estancia en un Estado distinto de su Estado de residencia. Para evitar que los Estados miembros que hayan optado por la posibilidad prevista en el apartado 2 del artículo 27, y que figuran en la lista del anexo IV, se vean obligados a hacer frente unos costes superiores a los de los Estados miembros que no se han acogido a dicha posibilidad, los Estados que figuran en el anexo IV sólo reembolsarán al Estado de residencia del titular de una pensión o de los miembros de su familia una suma a tanto alzado equivalente al 80% del coste.

Esta condición aparecerá recogida en las disposiciones relativas al reembolso del coste de las prestaciones en especie a titulares de pensiones y miembros de sus familias que habrá que incluir en el Reglamento de aplicación.

En el Reglamento de aplicación deberán incluirse también disposiciones que garanticen que, en caso de que un Estado miembro calcule los costes medios anuales, no se exija un pago por duplicado a otros Estados miembros.

4) Reglamento de aplicación (ad apartado 5 del artículo 27)

Ante la inquietud mostrada por Irlanda, Alemania y los Países Bajos por las posibles repercusiones financieras del apartado 5 del artículo 27, habría que hallar una solución satisfactoria en el Reglamento de aplicación para evitar problemas vinculados al control del doble pago y de los costes.

5) Reglamento de aplicación (ad artículo 30)

En el Reglamento de aplicación se contemplará la aplicación del artículo 5 en relación con el artículo 30.

6) Anexo XI (ad artículo 34)

En el Anexo XI se incluirá el siguiente punto:

"b) Al aplicar el artículo 34, los Países Bajos facilitarán una lista de importes calculados lo más cercanos posible a los gastos efectivos realizados."

7) Anexo XI (ad artículo 46)

Debería incluirse en el anexo XI el siguiente texto referente al Reino Unido:

Cuando se aplique el artículo 46, si la persona en cuestión padece de incapacidad laboral seguida de invalidez y está sometida a la legislación de otro Estado miembro, el Reino Unido computará, a efectos del apartado 5 de la sección 30 bis de la "Social Security Contributions and Benefits Act 1992", todos los períodos durante los cuales la persona haya recibido, en relación con dicha incapacidad laboral,

i) prestaciones de enfermedad en metálico o un salario en su lugar,

ii) prestaciones en el sentido de los capítulos 4 y 5 concedidas en relación con la invalidez consecutiva a dicha incapacidad laboral, en virtud de la legislación del otro Estado miembro, como si se tratara de períodos de prestación por incapacidad temporal abonados con arreglo a los apartados 1) a 4) de la sección 30 bis de la "Social Security Contributions and Benefits Act 1992".

Debería incluirse en el Anexo XI el siguiente texto referente a Irlanda:

Cuando se aplique el artículo 46, si la persona en cuestión padece de incapacidad laboral seguida de invalidez y está sometida a la legislación de otro Estado miembro, Irlanda, a efectos de la letra a) del apartado 1 de la sección 95 de la "Social Welfare (Consolidation) Act, 1993", computará todos los períodos durante los cuales, respecto a la invalidez consiguiente a la incapacidad laboral, haya sido considerada incapaz para el trabajo con arreglo a la legislación irlandesa.

8) Reglamento de aplicación (ad artículo 50):

Dado el interés general en determinar un procedimiento común para aplicar uniformemente este artículo en lo relativo a la fecha que debe considerarse como fecha de presentación de una solicitud con respecto a cada institución afectada, en los casos "extraordinarios" en los que el interesado, al presentar la solicitud inicial, no proporciona indicaciones sobre períodos de seguro o residencia cumplidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro determinado y aporta información completa sobre sus períodos completos de seguro en una fecha posterior (segunda solicitud o presentación efectiva de la solicitud inicial, algunas veces en una fecha muy posterior), se acordó que el tema de las consecuencias administrativas y económicas de una participación retroactiva "diferida" de las instituciones interesadas, tanto para este último solicitante como para el solicitante ad hoc, se tratará en una disposición global de carácter general que se establecerá en el contexto del Reglamento de aplicación, que definirá de manera expresa y completa las obligaciones y derechos generales recíprocos, tanto de la persona asegurada como de las instituciones involucradas.

A la luz de los principios de equivalencia y efectividad a efectos de cumplir los objetivos del artículo 42 del Tratado (del que deriva el artículo 50), en la medida en que tal solicitud diferida (solicitud efectiva a posteriori) pueda asimilarse a una solicitud expresa de aplazamiento de la liquidación de prestaciones (omisión intencional), debería señalarse asimismo en disposiciones específicas que dicha asimilación está supeditada a la legislación correspondiente que contenga disposiciones más favorables respecto a los efectos retroactivos de una solicitud que las que figuran en el Reglamento de aplicación y, en segundo lugar que, a pesar de que el interesado hubiera presentado la solicitud inicial en un formulario en el que se pedía claramente información detallada sobre los períodos de seguro, de empleo o de residencia en el territorio de otro Estado y se le hubiera informado acerca de las consecuencias de posibles omisiones por su parte, no ha dado ninguna indicación o simplemente ha dado una respuesta negativa en las correspondientes secciones del documento.

9) Anexo XI (ad artículo 51):

Debería incluirse en el Anexo XI el siguiente texto referente a Dinamarca:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento, las personas que no hayan efectuado un trabajo remunerado en uno o más Estados miembros tendrán derecho a recibir una pensión social danesa únicamente si han sido, o han sido previamente, residentes permanentes en Dinamarca durante al menos tres años, aplicándose los límites de edad establecidos en la legislación danesa. A reserva del artículo 4, no se aplicará el artículo 7 a una pensión social danesa a la que tales personas hayan adquirido derecho.

2. Las anteriores disposiciones no se aplicarán al derecho a una pensión social danesa para los miembros de la familia de personas que tengan o hayan tenido un trabajo remunerado en Dinamarca ni a los estudiantes o los miembros de sus familias.

10) Anexo XI (ad artículo 52):

Se conviene en que el asunto suscitado por Suecia en el contexto del artículo 52 debe someterse en primer lugar al estudio de la Comisión Administrativa y, en caso de que ésta no consiga hallar una solución adecuada, deberá resolverse mediante la inclusión en el Anexo XI de un texto sobre "SUECIA".

11) Anexo XI (ad artículo 54):

Debería incluirse en el anexo XI el siguiente texto referente a Finlandia:

A efectos de determinar el derecho y calcular el importe de la pensión nacional finlandesa con arreglo a los artículos 52 a 54, las pensiones adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro se tratarán de la misma manera que las pensiones adquiridas con arreglo a la legislación finlandesa.

12) Reglamento de aplicación (ad artículo 56):

Para el cálculo de las prestaciones o de una fracción del importe de las prestaciones financiadas exclusivamente mediante un régimen de pensiones de capitalización, sólo se computará el capital acumulado en este sentido dentro de dicho régimen. La necesidad de incluir una disposición explícita a este respecto en el Reglamento de aplicación dependerá del modo en que prosiga el examen de esta cuestión.

13) Anexo XI (ad artículo 60)

España mantendrá en el anexo XI las declaraciones relativas a los regímenes especiales de funcionarios que figuran en el anexo VI.

14) Anexo XI (ad apartado 1 del artículo 62)

Irlanda subrayó que el acuerdo en torno a este apartado no debería prejuzgar el resultado de los debates sobre el Anexo XI.

15) Reglamento de aplicación (ad apartado 8 del artículo 87)

Se incluirán en el Reglamento de aplicación disposiciones relativas a la notificación a la institución anteriormente competente por parte del interesado o de la institución que ha pasado a ser competente.

El Consejo y la Comisión reconocen asimismo lo siguiente:

16) Acuerdos internacionales (ad letra c) del apartado 3 del artículo 11 y apartados 6 y 7 del artículo 65)

El acuerdo de Portugal acerca de la letra c) del apartado 3 del artículo 11 y de los apartados 6 y 7 del artículo 65 se entiende sin perjuicio de la solicitud de Portugal de un trato equitativo en el reparto de costes entre Portugal y otros Estados no pertenecientes a la Unión Europea, en el contexto de los acuerdos que se negocien tras la adopción del nuevo Reglamento.

El Consejo y la Comisión convienen asimismo en que los artículos indicados a continuación deberían interpretarse como sigue:

17. Ad apartado 2 del artículo 20

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 20. Irlanda desea precisar que las instituciones irlandesas competentes pueden aplicar criterios nacionales más allá del "plazo justificable desde el punto de vista médico" al que se refiere el texto del apartado 2 del artículo 20, cuando se plantee el traslado de pacientes a otro Estado miembro en virtud del Reglamento. No obstante, Irlanda está plenamente de acuerdo en que la aplicación de estos otros criterios nacionales debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en el derecho comunitario.

18. Ad apartado 2 del artículo 35

Corresponderá a cada Estado miembro, en su calidad de acreedor, decidir si su sistema legislativo o administrativo hace o no adecuado aplicar el reembolso basado en los gastos efectivos. Esta decisión se aplicará a todos los Estados miembros, salvo que, con arreglo al apartado 3, se haya optado de común acuerdo por otros métodos de reembolso.

19. Ad apartado 2 del artículo 84

El apartado 2 del artículo 84 no se interpretará de modo que imponga a un Estado miembro la obligación de hacer más de lo que prescriben o permiten la legislación o procedimientos nacionales".