Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Seguimiento del Dictamen sobre política social y dinamismo económico»

(98/C 407/50)

En su Pleno del 10 de julio de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Seguimiento del Dictamen sobre política social y dinamismo económico»,

y constituir un subcomité para preparar los trabajos al respecto, conforme a los artículos 11(4) y 19(1) del Reglamento Interno. En su reunión del 24 de febrero de 1998, la Mesa del Comité autorizó el nombramiento de tres ponentes. El subcomité elaboró un proyecto de dictamen de iniciativa el 30 de julio de 1998.

Los ponentes, Sra. Konitzer, Sr. Rodríguez García Caro y Sr. Simpson, organizaron los trabajos del modo siguiente: Parte I: Contexto, ponente: Sr. Simpson; Parte II: Competitividad, promoción del espíritu de empresa e inversión, ponente: Sr. Rodríguez García Caro; Parte III: Empleabilidad, creación de empleo y futuro del trabajo de baja productividad, ponente: Sra. Konitzer; Parte IV: Adaptabilidad e igualdad de oportunidades en el marco de sociedad europeo, ponente: Sr. Simpson; y Parte V: Conclusiones, ponentes: Sra. Konitzer, Sr. Rodríguez García Caro y Sr. Simpson.

En su 357° Pleno (sesión del 10 de septiembre de 1998), el Comité Económico y Social ha aprobado por 85 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

I. CONTEXTO

1. Objetivo y causalidad

1.1. El presente Dictamen se justifica por la urgente necesidad de encontrar la manera de reducir el desempleo en la Unión Europea. El impacto de las medidas consideradas, lógica y naturalmente, desbordaría el problema de simplemente reducir el desempleo ().

1.2. Los principales objetivos interdependientes de la política económica y social consisten en:

- generar un aumento cuantitativo y cualitativo de los bienes y servicios disponibles en la UE a precios globalmente competitivos y de forma sostenible;

- mejorar la capacidad de la UE para crear empleo y reducir el desempleo;

- contribuir al bienestar de los ciudadanos de la Unión;

- mejorar la situación de las personas menos favorecidas;

- generar un mayor grado de igualdad de oportunidades para los ciudadanos;

- facilitar, incrementando el rendimiento económico, un aumento en la demanda de bienes y servicios derivada de la mayor disponibilidad de renta real.

Todo esfuerzo encaminado a alcanzar estos objetivos exige que las medidas tomadas en el marco de la política económica y social estén coordinadas y sean compatibles entre sí.

1.3. Esta variedad de objetivos está relacionada a la vez con las acciones de la Unión, sobre todo (pero no exclusivamente) en el contexto de una Unión Económica y Monetaria emergente, y con las actuaciones de las autoridades nacionales. Además de definir los objetivos, el CES ha identificado algunas de las causas de los problemas económicos y sociales que se plantean en relación con estos objetivos o que impiden la consecución de los mismos. Antes de proponer ideas con el fin de reducir o suprimir estos problemas, es preciso examinar el papel que desempeñan los diferentes «actores», así como la necesidad de tener en cuenta el principio de subsidiariedad, completado por una mayor cooperación entre los Estados miembros en las políticas que inciden en el funcionamiento del mercado único.

1.4. La distribución regional y el impacto de los problemas económicos y sociales deben reconocerse e integrarse en el marco del examen de las posibles actuaciones.

1.5. En la Parte I, como sección introductoria, se expone el contexto y se analiza el debate sobre la difícil tarea de conciliar los elementos potencialmente conflictivos de la política económica y social o, de manera alternativa, definir las posibilidades de sinergia entre las políticas económicas y sociales. En la Parte II se examina la competitividad, la promoción del espíritu de empresa y la inversión, y se formulan recomendaciones. En la Parte III se desarrolla el debate sobre la empleabilidad y la creación de empleo, y se examina el futuro del trabajo de baja productividad. En la Parte IV se subraya el papel fundamental de la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades. En la Parte V se recogen las conclusiones.

2. Integración de la política económica y social

2.1. La Unión Europea aspira, tanto cuando actúa en el marco de las políticas comunitarias como en el marco del proceso decisorio en los Estados miembros, a combinar aquellos elementos de la política económica y social que le permitan mantener y reforzar el papel que desempeña como una de las economías más avanzadas del mundo, generando un nivel de vida cada vez más alto para sus ciudadanos. Sería insuficiente limitarse a reducir el desempleo sin contribuir al conjunto del valor añadido y sin aumentar las rentas reales.

2.1.1. Del mismo modo, lograr un mejor rendimiento económico y mejorar el valor añadido total de manera tal que incremente las desigualdades en la distribución de los puestos de trabajo, las rentas y otros aspectos sociales también supondría reconocer el fracaso, cosa que debe evitarse.

2.2. Dicha aspiración subraya la importancia clave de unas políticas macroeconómicas adecuadas y sostenibles tanto a nivel comunitario como nacional. La UE sigue aspirando a un crecimiento económico duradero y sostenible.

2.3. Se trata de aspectos que realzan la contribución de las políticas sociales adecuadas a la distribución de los beneficios del desarrollo y crecimiento económico.

2.4. Sin embargo, existe una tensión potencial entre los objetivos económicos y los sociales. El crecimiento económico puede verse perjudicado por políticas sociales que, por ejemplo, incidan negativamente en la motivación de la gente para contribuir en mayor medida al valor añadido. Del mismo modo, las políticas sociales pueden verse obligadas por la presión económica que impone aumentar el rendimiento de las empresas y fomentar las inversiones de una manera que afecte negativamente, por ejemplo, a la renta básica o mínima de las personas con bajos salarios.

2.5. En última instancia, las políticas destinadas a aumentar la imposición fiscal de los trabajadores pueden afectar al equilibrio entre la aceptación de un puesto de trabajo y la decisión de no buscar empleo. Asimismo, las políticas sociales que dependen de un elevado tipo impositivo marginal sobre la renta generada por las inversiones podrían desalentar a las mismísimas inversiones que contribuirían a la disponibilidad de puestos de trabajo. Se trata de conciliar estas políticas con el fin de establecer un equilibrio óptimo y evitar, en la medida de lo posible, todo conflicto entre las políticas económicas y sociales.

2.6. La conciliación de las políticas económicas y sociales debe llevarse a cabo en el contexto de una Unión Europea que depende en gran medida del buen funcionamiento de una economía adaptada a las necesidades del mercado y dominada por las operaciones y decisiones de miles de empresas. El modelo social europeo reconoce que lo más conveniente desde el punto de vista del Estado, en lo que a la gestión de la economía se refiere, consiste básicamente en limitarse a influir en el entorno económico de las empresas. En caso de que haya prioridades específicas que aconsejen que el Estado asuma un papel adicional, el Estado puede convertirse en empresario o participar en el desarrollo o en el control de empresas, por ejemplo, cuando las nuevas tecnologías o la magnitud de la labor de investigación y desarrollo imponen la necesidad de adoptar medidas que pueden ser aplicadas más fácilmente por el Estado o sus organismos. Este planteamiento ha generado una economía adaptada a las necesidades del mercado y que funciona dentro de ciertos límites, generalmente establecidos por el Estado con el fin de alcanzar objetivos más amplios, a menudo relacionados con la cohesión social.

3. Factores que influyen en las políticas económicas y sociales

3.1. Hay una serie de rasgos que desempeñan una función cada vez más importante en lo que se refiere al mercado laboral de la UE. Entre otros, figuran los siguientes:

a) la distribución variable de la estructura de edad de la mano de obra;

b) el aumento de la jubilación anticipada;

c) la presión en sentido contrario de quienes desean trabajar más allá de la edad de jubilación;

d) la disminución del número de individuos que acceden al mercado laboral, como resultado del decrecimiento natural de la población dentro de la UE;

e) el reducido número y proporción de trabajos poco cualificados;

f) el aparente incremento del índice de cambio de las cualificaciones laborales;

g) el aumento del número de trabajadores que pasan de un empleo a otro;

h) el incremento, en algunos países, del índice de actividad económica de las mujeres;

i) el descenso del índice de actividad económica de los hombres, sobre todo en los de más edad;

j) el incremento del número de personas con más de un trabajo (declarado o no);

k) la influencia de los ciudadanos no comunitarios que viven y trabajan en la UE.

3.2. Igualmente, existe la preocupación de que parte del mercado laboral pueda estar distorsionado por empresas que sacan provecho de las diferencias en las condiciones del mercado laboral en los diversos Estados miembros, diferencias que no representan procesos competitivos y residen más en incentivos financieros (discriminación fiscal) que resultan inapropiados en un mercado único. Esto incluye el concepto de «dumping social y medioambiental».

3.3. La relación entre las políticas fiscales y sociales también es objeto de preocupación creciente en toda la Unión Europea. El equilibrio de la política económica aconseja una reducción de la fiscalidad y las cotizaciones a la seguridad social sobre los costes del trabajo. Igualmente, hay presiones para reducir la cantidad total de impuestos como proporción del PIB. Sin embargo, dado que los criterios de convergencia han reducido el nivel del endeudamiento público, debería limitarse fuertemente el gasto del sector público. Estas presiones se avienen mal con las presiones para incrementar el nivel de gasto en servicios sociales, incluida la seguridad social. Para conciliar la política fiscal con la política social, las medidas de política social deberían dirigirse a determinar los ámbitos en los que las necesidades son mayores, a evitar el despilfarro y a aplicarse con la mayor eficacia posible de modo que las obligaciones impuestas a los contribuyentes sean las mínimas necesarias para lograr los objetivos sociales.

4. Un programa de acción en consonancia con el presente Dictamen

4.1. La variedad de cuestiones como las enumeradas en el punto 2.5 de la Parte IV da lugar a parte de un programa de acción, relativo a una serie de opciones, que debe tener en cuenta las necesidades individuales y las consecuencias para las empresas, lo cual implica claramente, al nivel apropiado, es decir, habitualmente al nivel de los Estados miembros o de las unidades subsidiarias de la administración regional o local, emprender acciones ya reconocidas pero que podrían ser objeto de redefinición.

4.2. El programa de acción debería incluir:

i) i políticas macroeconómicas apropiadas para mantener y aumentar el conjunto de la demanda en las diferentes economías;

ii) políticas macroeconómicas apropiadas aplicables a la oferta en el contexto económico (algunas de las cuales se definen en los puntos siguientes);

iii) impuesto sobre la renta de las sociedades y los particulares y cotizaciones a la seguridad social que apenas tengan efectos disuasorios sobre las inversiones y contribuyan en la medida de lo posible al empleo;

iv) mayores oportunidades de educación y formación profesional para todos los ciudadanos, junto con una preparación adecuada, ya sea a través de la educación y formación básicas ofrecidas por el Estado, o a través de empresas que sufraguen el coste de sus necesidades específicas en materia de formación;

v) sistemas selectivos que permitan aumentar las posibilidades de empleo de los parados de larga duración y de los jóvenes en paro;

vi) sistemas selectivos que permitan aumentar las posibilidades de empleo para las mujeres, junto con medidas destinadas a facilitar la reinserción profesional de las mujeres que por algún motivo se han mantenido al margen de la vida activa;

vii) un marco de medidas destinadas a reducir la elevada tasa de desempleo existente en las regiones menos favorecidas (con el apoyo de los fondos estructurales);

viii) medidas destinadas a ayudar a las minorías étnicas a adaptarse al trabajo en las sociedades en las que viven;

ix) políticas comunitarias concertadas en relación con el salario y la renta mínimos;

x) medidas para combatir las importaciones de productos elaborados en condiciones laborales inadmisibles que infringen las normas internacionalmente aceptadas y que se consideran como competencia desleal;

xi) políticas destinadas a conciliar el trabajo con la vida familiar (incluidas disposiciones o ayudas específicas al cuidado de niños, así como una adecuación del régimen fiscal y de la ayuda social con el fin de dotar a la estructura de incentivos positivos);

xii) políticas expresamente destinadas a ampliar el fomento del espíritu empresarial tanto de las mujeres como de los hombres;

xiii) sistemas impositivos que minimicen los desincentivos al empleo como, por ejemplo, la posibilidad de considerar al individuo como base impositiva, en lugar de la familia;

xiv) medidas encaminadas a evitar la creación de una «dinámica de pobreza» con puestos de trabajo insuficientemente remunerados y elevados tipos impositivos marginales (efectivos) en un contexto de mejora de los ingresos y de reducción de la dependencia de las prestaciones sociales;

xv) políticas que incluyan sistemas que permitan cierta flexibilidad a la hora de escoger el momento de la jubilación, llegado el caso, vinculados a las disposiciones en materia de seguridad social o pensiones;

xvi) contratos de trabajo flexibles que permitan trabajar a tiempo parcial, manteniendo la seguridad contractual y el horario flexible, o contratos de arrendamiento de servicios y otros tipos de contrato con capacidad demostrada para aumentar la productividad, a la vez que se mantiene el sistema de seguridad social.

4.3. El CES ha manifestado su punto de vista sobre estas cuestiones en numerosos documentos. El presente Dictamen tiene por objeto enumerar los ámbitos de política en cuyo contexto el rendimiento económico podría verse perjudicado por la política social y viceversa.

4.4. En cuanto a las empresas, los rendimientos netos de las inversiones adicionales deben ser suficientemente cuantiosos para atraer capital. Los costes salariales no deben aumentar como consecuencia de la introducción de nuevas cotizaciones sociales que contribuyen a aumentar los costes marginales y pueden provocar una reducción del potencial de creación de empleo. El mercado de trabajo debería constituir una cantera de posibles trabajadores suficientemente formados.

4.5. No sería razonable imputar o imponer a las empresas individuales el coste que suponen las políticas sociales que conviene aplicar -que son beneficiosas para el conjunto de la sociedad- y los individuos que se benefician de regímenes específicos.

4.6. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de empresas que aceptan obligaciones adicionales relacionadas con los problemas sociales de carácter general. Las organizaciones empresariales a menudo aceptan participar en sistemas destinados a ayudar a las personas desfavorecidas a adquirir suficientes capacitaciones para obtener un puesto de trabajo, o actuar como mentores de empresas más pequeñas o recién establecidas, que se benefician de la experiencia de las empresas más importantes. El CES recomienda la adopción voluntaria de diferentes formas de cooperación empresarial que permiten a las empresas ayudar de un modo convenientemente basado en su experiencia.

4.7. Mantener y aumentar la competitividad también exige reducir los costes al mínimo. Este punto suscita toda una serie de cuestiones sobre la estructura de los costes de las empresas, la introducción de mejoras en la gestión, mejoras en la aplicación de la IDT, una adecuada provisión de los materiales, etc.

4.8. Los costes del empleo siempre serán un factor importante a la hora de determinar la competitividad. Este requisito depende esencialmente de la forma en que los niveles de ingresos se determinan en la empresa y a nivel macroeconómico, lo cual incidirá a posteriori en las empresas individuales. En algunos Estados miembros, este procedimiento ha quedado institucionalizado por un mecanismo oficial en el que participan el Estado y los interlocutores sociales (al igual que el programa en favor de la competitividad y el trabajo en Irlanda). Otros Estados miembros no disponen de mecanismos oficiales. Para aumentar el rendimiento económico, es preciso concertar acuerdos salariales generales acordes con los incrementos generales de la productividad.

4.9. A medida que evolucione el protocolo social, incluido en el Tratado de Maastricht y ahora consolidado en el Tratado de Amsterdam, el CES espera que un mayor número de cuestiones difíciles relacionadas con la política social y el rendimiento económico se conviertan en un ámbito de mayor cooperación entre los Estados miembros. El CES reconoce que el reciente establecimiento de un requisito que ha de cumplir la Comisión en lo que se refiere a presentar orientaciones sobre política de empleo, además de las actuales orientaciones sobre política económica, representa una mejora muy útil en lo que toca a la coordinación de políticas entre los Estados miembros, así como para la integración general de aspectos clave de la política social y económica a nivel comunitario. Es importante integrar las directrices económicas y las orientaciones sobre el empleo de manera que interactúen para generar crecimiento y aumentar el empleo.

4.10. El CES propone que la Comisión apruebe formalmente, como parte de los términos de referencia de las orientaciones sobre el empleo, la obligación de evaluar y comentar los grados de integración y mejora de las políticas sociales y económicas para eliminar algunos de los efectos internos inadecuados de la situación actual.

4.11. En las partes II, III y IV infra, el CES expone algunas ideas acerca del aumento e integración de las orientaciones sobre el empleo desarrolladas para 1998.

II. COMPETITIVIDAD, PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU DE EMPRESA E INVERSIÓN

Este dictamen se enmarca dentro de los trabajos de seguimiento del Dictamen elaborado por el Comité Económico y Social sobre Política social y dinamismo económico. El título de esta parte del Dictamen «Competitividad, promoción del espíritu de empresa e inversión» refleja los pilares importantes para el desarrollo económico. Los tres temas que se tratan aquí han sido en los últimos tiempos, y continúan siéndolo, objeto de atención en la Unión Europea. Son conceptos íntimamente interrelacionados y que, por tanto, conviene analizar desde esta perspectiva.

1. Competitividad

1.1. El marco general

1.1.1. En un momento en el que el debate político está centrado, tanto a escala europea como nacional, en el problema del desempleo, más que nunca hay que tener presente uno de los elementos clave para la mejora del empleo en Europa: el fomento de la competitividad.

1.1.2. La competitividad es un concepto que muchas veces ha sido utilizado de forma inadecuada, dando lugar a que la opinión pública lo perciba negativamente, asociándolo a la pérdida de puestos de trabajo, deslocalizaciones y políticas de ajuste.

1.1.3. Contrariamente, es la falta de competitividad de las empresas una de las causas que conduce a la eliminación de puestos de trabajo. Pero, más allá del entorno empresarial, la competitividad afecta a todos los actores de la sociedad.

1.1.4. En un mundo que debe hacer frente a los desafíos de un proceso de globalización creciente, y en el que el cambio permanente es la principal característica que lo impulsa, la competitividad debe entenderse como la capacidad de adaptación constante, de anticipación, así como de influencia, de una sociedad al entorno que la rodea.

1.1.5. Por tanto, esta triple capacidad constituye la clave de la competitividad, que concierne a cada ciudadano, a cada gobierno y a cada empresa, aún más teniendo en cuenta que la evolución es cada vez más rápida. En particular, la anticipación, a la que las instituciones europeas pueden contribuir mediante la reflexión y la información apropiada, ayuda por su definición a atenuar las tensiones sociales, facilitando la adaptación necesaria.

1.1.6. En el caso de la empresa, la competitividad es la capacidad de satisfacer, de modo sostenible, las necesidades de sus clientes, de manera más eficaz que sus competidores, proporcionándoles bienes y servicios más interesantes, en cuanto a precios y a otros factores, que dichos competidores.

1.1.7. Un país se considera competitivo internacionalmente de forma duradera si concurren, a la vez, las siguientes circunstancias:

1) su productividad aumenta a un ritmo similar o superior al que registran aquellos de sus principales socios comerciales que disfrutan de un nivel comparable de desarrollo;

2) su balanza exterior se mantiene en equilibrio en un contexto de economía abierta de mercado;

3) su nivel de empleo es elevado, y

4) tiene estabilidad política y social.

1.1.8. El crecimiento de la productividad laboral en la Unión Europea se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 24 años, situándose en un promedio del 2 % anual, por encima de la correspondiente tasa de los Estados Unidos (0,7 % anual) y, en los últimos años, de la del Japón (1,9 % anual durante el período 1986-1997) ().

1.1.9. La balanza por cuenta corriente de la Unión Europea ha fluctuado tradicionalmente dentro de unos límites reducidos, próxima al equilibrio o incluso con superávit.

1.1.10. Es, sin embargo, cuando nos fijamos en el tercer elemento que forma la definición de competitividad donde aparece el que constituye el mayor problema de cuantos afectan a la Unión Europea: el desempleo.

1.1.11. La realidad es que el año pasado había en la Unión Europea unos 18 millones de personas desempleadas, lo que supone un 10,7 % de la población activa.

1.1.12. Esta tasa de paro contrasta espectacularmente con la registrada en el mismo año en los Estados Unidos, que fue del 4,7 %, si bien la realidad socioeconómica norteamericana y europea no son totalmente comparables.

1.1.13. La mejora de la competitividad de la economía europea constituye la base del crecimiento, la creación de empleo y el aumento del bienestar. Por tanto, es necesario aproximarse al incremento del empleo en Europa desde la mejora de la competitividad.

1.1.14. Para ser competitiva, la economía europea debe poder responder a los retos que supone la constante innovación y la creciente competencia. Las empresas tienen que ser capaces de afrontar estos cambios y los trabajadores han de tener las competencias necesarias.

1.1.15. La Unión Europea no ha sido capaz de convertir el crecimiento constante en empleo con el mismo éxito que sus competidores. Europa, en el pasado, no se ha dado cuenta a tiempo de esta pérdida de competitividad y, por ello, ha optado por políticas de ajuste, cuando lo deseable es reaccionar «a priori».

1.1.16. El ciudadano es el primer protagonista y beneficiario de una sociedad competitiva y, en este marco, la inversión en recursos humanos, así como la mejora de la enseñanza y la formación, está tomando cada vez más importancia en el concepto actual de competitividad.

1.1.17. En su vertiente de consumidores, los ciudadanos podrán tener acceso, en un marco competitivo, a una mayor variedad de productos, de mejor calidad y con un menor coste. El consumidor es, en este sentido, un elemento clave para la mejora de la competitividad de las empresas.

1.2. Medidas para promover la competitividad

Europa tiene que ser capaz de competir en un mundo global. Para ello, es necesario que se lleven a cabo una serie de acciones:

1.2.1. Una acentuación de la flexibilidad de los mercados, particularmente el del empleo.

1.2.1.1. Actualmente, los mercados de trabajo, en Europa, responden con extraordinaria lentitud a los choques internos y externos. Es necesaria una mayor flexibilidad, por parte de gobiernos, empresarios y asalariados, mediante:

1) una nueva configuración del tiempo de trabajo; equilibrando, a través de la negociación, los intereses de empresarios y trabajadores;

2) nuevas formas de contratos de trabajo como, por ejemplo, los contratos a tiempo parcial y el teletrabajo;

3) una mejor movilidad geográfica y profesional;

4) un mayor esfuerzo en educación y formación, tanto en la calidad como en la proximidad a los problemas de las empresas y, por supuesto, en la mejora de los conocimientos de los desempleados, y

5) una reducción, sobre todo, de los costes laborales, especialmente los indirectos, de forma que se logre una relación más equilibrada entre el ratio de sustitución capital-mano de obra;

6) una configuración de nuevos modelos de protección social que contribuyan a una mayor flexibilidad del mercado de trabajo.

1.2.1.2. Los gobiernos tendrán que llevar a cabo una serie de reformas estructurales para dotar a las economías de una mayor competitividad, y los interlocutores sociales, en el ejercicio de su autonomía y a través de los distintos mecanismos del Diálogo Social, deberán en los correspondientes ámbitos contribuir a la adaptación de la legislación a las propias características de los sectores y de las empresas.

1.2.2. Una reconsideración sobre el papel del Estado en la economía

1.2.2.1. La mejor manera de que Europa asegure su competitividad no consiste en desmantelar el Estado del bienestar o reducir los mínimos sociales, sino reformarlo para preservar sus valores básicos (cohesión económica y social, justicia, libertad, tolerancia, igualdad de oportunidades, diálogo).

1.2.2.2. Es necesario reconsiderar el papel del Estado porque Europa debe competir en un mundo global y no puede hacerlo, principalmente, a través del gasto público. El Estado tiene la responsabilidad de crear el marco adecuado en el que la economía europea pueda competir a nivel mundial, pero sin tener un peso excesivo.

1.2.2.3. En los últimos veinticinco años el gasto público en Europa ha pasado del 36,9 % del PIB en 1970 al 51 % en 1995. En 1996, se produjo un primer cambio de tendencia, alcanzando el 50,4 %, que se acentuó en 1997, hasta el 48,7 %, gracias a los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en el marco de la Unión Económica y Monetaria.

1.2.2.4. Los incrementos del gasto público de estos años fueron, sobre todo, en gastos corrientes y no en gastos de inversión. Ello repercutió tanto sobre la deuda pública como sobre los niveles de déficit público.

1.2.2.5. Son precisamente los gastos en inversión un factor para la mejora de la competitividad de Europa en el contexto de la globalización.

1.2.2.6. El papel de los poderes públicos tiene que ser menos burocrático y más enfocado a preparar a los ciudadanos para el cambio económico, centrándose en la educación, la evolución de las necesidades en el ámbito de las cualificaciones profesionales, la tecnología, las infraestructuras de calidad y en unas reglas del juego que promuevan la iniciativa individual.

1.2.2.7. Los cambios profundos en los que nos encontramos inmersos nos llevan a dotarnos de nuevas reglas del juego que se traduzcan en un modelo social positivo.

1.2.2.8. Hay que analizar pormenorizadamente los programas de gastos públicos, de forma que se logre una mayor eficacia económica, pudiendo esto suponer una transferencia de actividades al sector privado. Igualmente, las que por su naturaleza deban seguir siendo desarrolladas por el sector público tendrán que ser llevadas a cabo, cada vez más, con criterios de eficacia.

1.2.2.9. Los sistemas de seguridad social deben ser analizados teniendo en cuenta las prestaciones que se van a ofrecer y cómo se van a financiar. En lo que concierne a las formas de financiación, conviene actuar rápidamente para que éstas tengan un menor peso sobre el empleo, de forma que no se obstaculice la creación de puestos de trabajo y se garantice la viabilidad futura de los sistemas de seguridad social. El Comité Económico y Social estima que hay que adaptar los sistemas de seguridad social a las nuevas necesidades y cambios que se produzcan. La protección social puede contribuir a estimular y reforzar el desarrollo económico.

1.2.2.10. Conviene tener presente que una disminución de los gastos corrientes del Estado, traducida en una menor carga fiscal, aumentaría la capacidad de invertir de las economías. Ello debería favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo.

1.2.3. Una mejora de las prestaciones de las empresas, de los resultados de sus innovaciones y del volumen de sus inversiones

1.2.3.1. Los avances registrados (en el marco del euro) en la convergencia económica en los distintos Estados miembros, se han traducido, ya hoy, en menores tipos de interés y tipos de cambio más estables, lo que sin duda constituye un aliciente para las inversiones y los intercambios comerciales en el interior de la Unión Europea.

1.2.3.2. Sin embargo, deben acometerse reformas estructurales para lograr un saneamiento sostenido de las finanzas públicas.

1.2.3.3. En este sentido, solamente las empresas y las actividades que puedan mantener su competitividad a través de mayor calidad, menores costes, innovación constante y un esfuerzo permanente para explorar nuevos mercados serán capaces de mantener el nivel de empleo y crear nuevos puestos de trabajo.

1.2.3.4. Es evidente que las empresas, aun siendo competitivas ellas mismas, no pueden sobrevivir en un entorno no competitivo.

2. El espíritu de empresa

2.1. El fomento del espíritu de empresa, entendido como el proceso dinámico que favorece el desarrollo de la actividad empresarial y que permite, por tanto, descubrir y aprovechar las oportunidades de negocio, es un requisito imprescindible en la sociedad europea. A este respecto, las pequeñas y medianas empresas, que representan dos tercios del empleo en Europa, se enfrentan con importantes dificultades, entre otras, el acceso a la financiación, la ausencia de capitales propios o un exceso de reglamentación. Hay que tener en cuenta que el 50 % de las nuevas empresas mueren antes de los cinco años ().

2.2. El espíritu de empresa está siendo en los últimos meses objeto de una atención merecida a escala comunitaria, como pone de manifiesto la adopción por parte de la Comisión Europea de una Comunicación sobre esta cuestión o el acuerdo, en el seno del Consejo, sobre la importancia del espíritu de empresa para la competitividad, el crecimiento y el empleo. Es también necesario trasladar esta inquietud al plano nacional, regional y local para que al nivel apropiado se contribuya a fomentar la cultura empresarial y a facilitar el desarrollo de la misma.

2.3. Los elementos que forman el concepto de cultura empresarial son diversos y sobre ellos hay que actuar, si queremos fomentar el espíritu empresarial y, de esta forma, lograr una mayor competitividad y crecimiento en Europa:

2.3.1. Cultural: Es necesario fomentar en Europa la disposición a asumir riesgos. Urge un cambio de mentalidad, desde la escuela, que contemple la actividad empresarial, con un enfoque positivo, como una salida profesional al alcance no sólo de unos pocos. El empresario no nace, sino que se hace. Ello supone tomar medidas para que las personas se animen a hacerse empresarios, dotándolas de la formación necesaria.

Asimismo, es necesario acabar con los prejuicios sociales que, en Europa, suponen el fracaso empresarial. En este sentido, los Estados Unidos, donde no se contempla al empresario con dificultades como un «perdedor» y se le permite volver a intentarlo, suponen un buen ejemplo.

2.3.2. Formación: No solamente hay que animar a los ciudadanos a ser empresarios, sino que es necesario facilitar la educación y la formación necesaria. La formación permanente a lo largo de la vida debe aplicarse también al empresario.

Además, deben estrecharse los vínculos entre la empresa y los sistemas educativos, tanto universitarios como de formación profesional, a fin de inyectar a estos últimos el dinamismo necesario para formar profesionales a la altura de las necesidades, actuales y previstas, de la sociedad en su conjunto y, en particular, de la empresa, tanto en puestos de gestión como en otros de carácter más técnico. De esta forma, se aliviará en parte el gran problema del desempleo juvenil en Europa, que en 1996 alcanzó una tasa de más del 20 %, frente al 12 % en los Estados Unidos y menos del 7 % en el Japón ().

2.3.3. Innovación: La aplicación práctica de las innovaciones tecnológicas requiere una mayor cooperación entre los centros de investigación y la empresa, logrando así unos óptimos resultados. El fomento de los parques tecnológicos, donde se logra una mayor sinergia entre las grandes empresas, las pequeñas empresas y los centros de investigación, constituye una acción prioritaria. La existencia de una patente europea facilitaría la aplicación de la innovación a la actividad comercial.

En este contexto, la Unión Europea está en una peor situación comparada con los Estados Unidos y el Japón, países que dedican, respectivamente, el 2,5 % y el 2,8 % del PIB a la investigación. La Unión Europea dedica a este concepto, de media, el 1,8 %.

Por último, no hay que olvidar que son los sectores de alto nivel tecnológico los que ofrecen mayor potencial de crecimiento.

2.4. Como señala la Comunicación de la Comisión «Fomento del espíritu empresarial en Europa: Prioridades para el futuro» (), los buenos resultados macroeconómicos son un elemento fundamental a la hora de fomentar el espíritu empresarial. Un entorno macroeconómico estable y, por tanto, previsible facilita el que los empresarios arriesguen, es decir, inviertan.

2.5. Las empresas disponen hoy en Europa de un marco de actuación favorecido por la creación del mercado interior y la próxima introducción de la moneda única.

2.6. Respecto al mercado interior, las ventajas son evidentes. Según estimaciones de la propia Comisión Europea, la renta comunitaria creció en 1994 entre un 1,1 % y un 1,5 % por encima del valor que se hubiese producido sin el mercado único. Sin embargo, es necesario profundizar en el funcionamiento del mercado único hasta lograr su efectiva culminación. Un ejemplo evidente de estos obstáculos son los problemas que surgen al establecerse las empresas en otro Estado miembro ().

2.7. La introducción del euro va a suponer nuevas oportunidades para las empresas europeas, especialmente para las PYME, al facilitar su internacionalización y el abaratamiento de sus costes ligados a los tipos de cambio. El Comité Económico y Social está preparando una serie de trabajos sobre la repercusión del euro en distintos campos.

2.8. Sin embargo, existen factores que dificultan en gran medida la actuación de la actividad empresarial. Como se ha mencionado anteriormente, los obstáculos administrativos, la complejidad de la legislación fiscal y el difícil acceso a la financiación complican enormemente la actividad de la empresa. Se calcula que el coste total anual de las formalidades administrativas a que tienen que hacer frente las empresas en la Unión Europea es de 200 millardos de ecus, es decir, alrededor del 3 % del PIB comunitario (). Los retrasos en los pagos de las transacciones comerciales dificultan en gran medida la actividad empresarial en la Unión Europea, sobre todo de las empresas en fase de creación y, en general, de las pequeñas y medianas empresas.

2.9. Sin duda, son necesarias medidas por parte de las autoridades competentes que faciliten la creación y la transmisión de empresas. De acuerdo con las recomendaciones de la Task FORCE para la simplificación del entorno empresarial BEST, es necesario establecer un centro de registro único, un documento de registro único y un número de identificación único, así como la colaboración entre las administraciones involucradas mediante el intercambio de información. Esta medida sería un buen primer paso para incentivar la actividad empresarial. Es conveniente, además, que las empresas tengan acceso a servicios de información y consulta, sobre todo, en los comienzos de su actividad.

2.10. Las relaciones entre el sector bancario y las PYME pueden y deben lograr el camino del entendimiento, de forma que suponga un beneficio para ambos.

2.11. Otro elemento que, en el marco del espíritu empresarial, es de gran importancia lo constituye la necesidad de mejorar la calidad de la legislación, simplificando las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas existentes, de forma que se vea reducida la carga administrativa que tienen que soportar las empresas europeas, especialmente las PYME. Esto no significa una ausencia de reglamentación, sino lograr una buena legislación que, adoptada a los niveles apropiados y respetando el principio de subsidiariedad, contribuya a la mejora de la actividad.

2.12. En este marco de actuación de las empresas, hay que resaltar los altos costes industriales en Europa, frente a los de los Estados Unidos. Así, los principales servicios y factores de producción, tales como la energía, los transportes y las telecomunicaciones, son mucho más caros en Europa que en otras regiones del mundo ().

2.13. Es altamente positivo la inclusión del espíritu de empresa en las líneas directrices para el empleo correspondientes a 1998, adoptadas por el Consejo el 15 de diciembre de 1997 y, en este sentido, se debe seguir incluyendo, y profundizando, este principio en las orientaciones para los años próximos.

2.14. Además, debe apoyarse el intercambio de información en el ámbito del espíritu de empresa como medio para comparar las mejores prácticas.

2.15. Las industrias y las empresas europeas que sean capaces de prosperar en las nuevas circunstancias, dominadas por la globalización y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, formarán el núcleo dinámico de la economía del futuro y constituirán su fuente principal de empleo.

3. Inversiones

3.1. Estos desafíos implican importantes esfuerzos tales como inversiones en I+D, en formación, en nuevos equipos e instalaciones y en nuevos productos. La investigación tiene que tener una continuación lógica en aplicaciones al servicio de la empresa. También es necesaria una estrategia adecuada para entrar en nuevos mercados.

3.2. Únicamente en un marco económico y social estable, las empresas podrán asumir riesgos, es decir, realizar inversiones que conduzcan a un mayor crecimiento y, por tanto, a mayores niveles de empleo. El proceso de la Unión Económica y Monetaria de Europa y, más concretamente, los niveles de convergencia económica alcanzados, se ha transformado, ya hoy, en una mejora del entorno macroeconómico.

3.3. Las PYME se encuentran, como hemos dicho, con enormes dificultades a la hora de acceder a financiación, al no disponer de suficiente capital propio. Es imprescindible, a la hora de fomentar el espíritu de empresa, que los empresarios tengan acceso a una financiación adecuada al momento que vive su empresa (puesta en marcha, proceso intermedio o de desarrollo) a un precio razonable.

3.4. A estas alturas, nadie duda de la idoneidad de los mercados de capital riesgo como vehículo para canalizar esta financiación hacia las empresas. La amplia utilización de este instrumento en los Estados Unidos así lo refleja, convirtiéndose en el mercado de predilección para las PYME de rápido crecimiento.

3.5. En la Unión Europea, los mercados de capital riesgo son todavía muy pequeños y se encuentran fragmentados, existiendo todavía numerosas barreras, reglamentarias y fiscales, que frenan su desarrollo y, por tanto, una mayor creación de empleo. La iniciativa de la Comisión Europea para eliminar estos obstáculos, que ha sido aprobada por el Consejo ECOFIN, merece una buena acogida ().

3.6. El volumen del capital riesgo en la Unión Europea es menor que en los Estados Unidos, siendo aconsejable inyectar un mayor dinamismo a este instrumento, orientándolo aún más hacia los riesgos más elevados, hacia los sectores de inversión de alta tecnología y hacia la puesta en marcha de las empresas.

3.7. La introducción del euro fomentará la integración de los mercados financieros y, por ello, la formación de un gran mercado europeo de capital riesgo. En definitiva se trata de facilitar los instrumentos financieros para que se pueda fomentar la actividad empresarial y que ésta deje de depender principalmente de otro tipo de recursos financieros como, por ejemplo, el endeudamiento con el sector bancario, que no tiene el efecto deseado sobre el crecimiento y la creación de empleo. El Consejo Europeo de Luxemburgo reconoció el papel que pueden desempeñar grandes mercados de capitales paneuropeos en la creación de empleo.

3.8. A raíz del Consejo Europeo de Amsterdam (16 y 17 de junio de 1997), el Banco Europeo de Inversiones adoptó el Programa de Acción Especial de Amsterdam, cuyo objetivo es crear posibilidades concretas de inversión, favorables a la creación de empleo en Europa. Entre estas medidas figura un Mecanismo Europeo para la Tecnología, cuyo fin es suministrar capital riesgo a las pequeñas y medianas empresas en el sector de las altas tecnologías. Este enfoque dinámico del BEI es un buen ejemplo de las medidas que se pueden adoptar en favor de la inversión en la Unión Europea.

3.9. En su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo en los Estados miembros en 1998» (), el Comité Económico y Social tomó ya nota del vínculo entre la línea de actuación relativa al espíritu de empresa y el plan de actuación elaborado por el Banco Europeo de Inversiones, señalando su importante papel en el fomento del crecimiento y las inversiones, especialmente en lo que se refiere a las PYME. Ya en aquella ocasión, el CES instó al BEI a adoptar un planteamiento más arriesgado y centrado en proyectos que aumenten la capacidad de creación de empleo y la calidad de los puestos de trabajo.

3.10. En este sentido, el CES vuelve a subrayar la importancia de impulsar la inversión en la UE y de que el Comité sea consultado sobre los futuros trabajos en este ámbito.

3.11. También el Comité acoge con satisfacción la decisión del Consejo sobre medidas de ayuda financiera a las PYME innovadoras y generadoras de empleo ().

3.12. Como señala el Libro blanco de la Comisión «Crecimiento, competitividad, empleo» (1993), el estímulo de la competitividad y el desarrollo económico sostenible son las principales armas para combatir el desempleo.

3.13. En el ámbito del empleo no podemos olvidar que, a lo largo de los últimos 25 años, mientras que la parte del empleo en el sector público, en relación porcentual con el total, ha permanecido constante en los Estados Unidos y el Japón, en Europa ha experimentado un aumento considerable. Hoy en día, este tipo de empleo representa el 18 % del empleo total en la Unión Europa (sin contar el empleo en las empresas públicas), mientras que en los Estados Unidos y el Japón representa el 15 % y menos del 10 %, respectivamente (). Sin embargo, la experiencia nos demuestra que es, sobre todo, en el sector privado donde se crea empleo estable sin consecuencias negativas para el conjunto de la economía, tales como altos niveles de déficit público a los que no se puede recurrir en la Europa de la moneda única. Por todo ello, es conveniente crear las condiciones para que el sector privado tenga el papel que le corresponde en la creación de empleo.

3.14. En este sentido, el Grupo Consultivo sobre la Competitividad, presidido por Jean-Claude Paye, señala en su Informe «La competitividad al servicio del empleo» (noviembre 1997), dirigido al Presidente de la Comisión y a los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la Cumbre extraordinaria sobre el empleo (20 y 21 de noviembre de 1997), su convencimiento de que el único modo de alcanzar plena y duraderamente el objetivo de creación de empleo y reducción del desempleo es a través de la competitividad ().

III. EMPLEABILIDAD, CREACIÓN DE EMPLEO Y FUTURO DEL TRABAJO DE BAJA PRODUCTIVIDAD

1. Introducción

1.1. En el pasado reciente, el Comité Económico y Social examinó muy detenidamente el tema del mercado laboral en sus Dictámenes relativos al «Consejo europeo sobre el empleo» () y a la «Comunicación de la Comisión - Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998» (), estableciendo una lista de prioridades políticas.

1.2. En el presente Dictamen, las observaciones sobre el mercado del trabajo se formulan a la luz del tema más general «Política social y dinamismo económico». Se basan en la idea de que unas tasas de crecimiento económico elevadas y sostenibles son la condición -y la consecuencia- de un alto nivel de empleo.

1.3. Las experiencias de los últimos años han mostrado que no existen automatismos para la creación de empleo, sino que deben aunarse todas las fuerzas para afrontar el gran desafío en los umbrales del próximo milenio.

1.4. Tiene carácter prioritario coordinar de manera positiva intereses y aspiraciones de distinta índole para lograr un proceso dinámico progresivo y garantizarlo de modo permanente. Por ejemplo, una estrategia de competitividad para las empresas debería conciliarse con las aspiraciones de educación y formación de los trabajadores, porque así se aumenta la productividad laboral. Del mismo modo, por ejemplo, convendría asociar de manera positiva la protección del medio ambiente con el objetivo de un alto nivel de empleo, apostando por un crecimiento económico sostenible ().

1.5. Una de las tareas aún pendientes consiste en integrar la política de empleo y la política social en una política macroeconómica coordinada.

2. Empleabilidad

2.1. La «empleabilidad» es una de las palabras clave de la «Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998». En su Comunicación, la Comisión define el concepto con las siguientes palabras (): «La empleabilidad es la capacidad de las personas para ser contratadas y está relacionada no sólo con una cualificación adecuada, sino también con los incentivos y oportunidades que se les ofrecen para buscar empleo».

2.2. El Comité Económico y Social considera que el paro juvenil y el de larga duración son los principales y más acuciantes problemas del mercado de trabajo.

2.2.1. La base del perfeccionamiento de la cualificación juvenil debería ser en lo posible la vocación y la aptitud de los jóvenes. A tal fin, la economía, el Estado y la sociedad deberían tener en cuenta no sólo los factores técnicos y económicos del crecimiento económico, sino también, en la misma medida, los factores sociales (por ejemplo, formación, participación, igualdad de oportunidades y repercusiones sobre el medio ambiente).

2.2.2. El Comité Económico y Social considera que la formación es un componente indispensable de las relaciones vitales y laborales y, por tanto, una tarea del conjunto de la sociedad a la que deberían contribuir todos los interesados:

- El individuo debería reconocer la necesidad de la formación a lo largo de toda la vida e interesarse activamente por las ofertas educativas y de formación permanente.

- En el futuro habrá que animar en mayor medida a la escuela y la familia para que transmitan las aptitudes necesarias y fomenten el sentido de la responsabilidad individual y social a fin de que el individuo pueda hacer frente a este desafío.

- El empresario o el Estado y la sociedad deberían velar por el capital humano de los trabajadores a través de medidas de formación específicas.

2.2.3. Al paro de larga duración y recurrente se añaden, además de la pérdida de ingresos, la frustración y la falta de perspectivas, que tienen efectos secundarios negativos y entrañan costes sociales. Por consiguiente, habría que desarrollar y fomentar específicamente los elementos destinados a promover y mantener el capital humano en el sistema de la seguridad social.

2.2.4. A nivel europeo habría que detectar las mejores prácticas, pues en muchos Estados miembros se ensayan nuevas prácticas, y algunas ya han demostrado su eficacia: cabe mencionar como ejemplo positivo el caso de Dinamarca, país en el que se está experimentando un sistema de rotación laboral específica acompañado de medidas de cualificación. En Alemania existe la posibilidad de que los trabajadores sigan desempeñando temporalmente, siempre que lo deseen, una actividad para su empresario durante el tiempo que dure su permiso de formación. En Suecia se reconocen en determinadas condiciones los períodos de formación permanente como tiempo cotizado para el seguro de pensiones. El Comité Económico y Social considera que estos ejemplos ofrecen muchos puntos de partida positivos. No obstante, en la transposición de medidas a otros Estados miembros se deben tener en cuenta las peculiaridades respectivas.

2.3. En términos generales, tanto la política social como la del mercado de trabajo deberían transformarse en mayor medida que hasta el momento para lograr una política de empleo activa y dinamizadora. A tal fin, por una parte, no se puede perder de vista la prioridad, es decir, mantener la empleabilidad de los trabajadores. En efecto, una manera de combatir el desempleo consiste en impedir su aparición. En este sentido cobra validez el enfoque de una política social y de mercado de trabajo preventiva. Por otra parte, no obstante, es importante la integración activa de los parados a través de medidas apropiadas en materia de mercado laboral y de política social, dado que en este sector los efectos psicológicos y sociales ya son agudos. Cabe mencionar también en este contexto la importancia de las asociaciones de solidaridad como parte independiente del principio europeo de Estado social ().

2.4. Es importante la integración de todas las medidas en una política macroeconómica coordinada y coherente, al objeto de tener en cuenta sus repercusiones económicas globales.

2.5. La movilidad regional, social y profesional de los trabajadores constituye en este sentido una prioridad especial. La elevada movilidad de los trabajadores es un reflejo de la flexibilidad, la cual mejora todo el proceso económico. Sin embargo, la movilidad no puede ser un fin en sí misma. Convendría reflexionar sobre el modo de prevenir el peligro de desarraigo.

2.5.1. La movilidad regional de los trabajadores, con vistas a preservar y acrecentar su empleabilidad, está aún poco desarrollada, especialmente a nivel internacional. Por más que, después de Maastricht, se eliminan progresivamente los obstáculos a la movilidad de las personas, siguen existiendo barreras culturales, lingüísticas y sociales (). En este sentido, la promoción de proyectos culturales transfronterizos que fomenten la movilidad internacional de los trabajadores es una de las funciones importantes de la política europea, a la cual -a juicio del Comité Económico y Social- no se presta suficiente atención en el debate sobre la política de empleo. La Comunicación de la Comisión «Política de cohesión y cultura: una contribución al empleo» () analiza los efectos directos e indirectos de «la cultura» en el empleo. El Comité Económico y Social desea que se siga trabajando sobre la base de este análisis, a fin de poner de relieve posibilidades insospechadas en este tema.

2.5.2. La movilidad social se pone en práctica sobre todo a través de un sistema de enseñanza y de formación permanente que garantice la igualdad de oportunidades.

2.5.3. En cuanto a la movilidad profesional, es especialmente importante que el denominado sector competitivo de la economía y el ámbito en vías de desarrollo del trabajo de baja productividad no se disocien. La política social y la política del mercado de trabajo deberían prestar atención a que el cambio entre los sectores no sea problemático.

2.6. Convendría examinar también hasta qué punto ambas políticas pueden promover una cultura del riesgo. En este sentido, es importante un adecuado equilibrio entre flexibilidad y seguridad.

3. Creación de empleo

3.1. Existe actualmente un debate en algunos Estados miembros sobre la subvención a los salarios bajos, los impuestos negativos sobre los ingresos y las pensiones de base. Estas reflexiones pretenden, en general, hacer competitivas las actividades de baja productividad. La idea consiste en garantizar al trabajador unos ingresos suficientemente altos a través de subvenciones, aunque el patrono sólo pague la parte del salario orientada a la productividad. El CES no desea en principio pronunciarse en contra de estas reflexiones, pero advierte del peligro de posibles efectos colaterales. El Comité, por tanto, insta a la Comisión a que elabore un estudio sobre el particular. Deberían aclararse en especial las posibilidades dinamizadoras de subvención de los salarios frente a las prestaciones sociales, la cuestión de la financiación de tales subvenciones y su integración macroeconómica.

3.2. Estrechamente relacionada con esta cuestión se halla la propuesta de crear en el marco de la política estructural un sistema diferenciado de impuesto sobre el valor añadido, con tipos impositivos más bajos en los sectores intensivos de mano de obra. El problema al respecto, al igual que en el caso de las posibles medidas mencionadas en el punto 3.1, es el de decidir en qué ámbitos podría ser idónea una política de este tipo. El Comité Económico y Social subraya que para ello es preciso crear procedimientos transparentes que cuenten con la participación de los medios económicos y sociales afectados.

3.3. Igualmente, en algunos Estados miembros está teniendo lugar un debate sobre la reforma de la financiación de los sistemas de seguridad social.

3.3.1. El Comité Económico y Social ya ha lamentado en diversas ocasiones que la fiscalidad sobre la renta y las cargas sociales en la Unión Europea hayan tenido en el pasado una evolución muy perjudicial para el empleo, en el sentido de que el factor trabajo ha estado sometido a una presión contributiva muy elevada ().

3.3.2. El Comité, por tanto, suscribe plenamente las reflexiones dirigidas a ampliar la base imponible de la financiación del sistema de seguridad social (). En este sentido, en algunos Estados miembros hay un debate abierto en torno a un impuesto sobre el valor añadido real. Con esta denominación se pretende significar que la base de cotización para las prestaciones sociales debe ser el conjunto del valor añadido bruto de las empresas, en lugar del total de la masa salarial ().

3.3.3. El Comité Económico y Social reconoce, en primer lugar, que la argumentación es plausible: en el pasado, el hecho de que en muchos Estados miembros la presión contributiva haya recaído exclusivamente sobre el factor trabajo ha tenido efectos distorsionadores. El encarecimiento relativo del trabajo ha inducido cada vez más a realizar inversiones racionalizadoras. La consecuencia ha sido el desempleo. El impuesto sobre el valor añadido real como financiación alternativa servirá para corregir las actuales distorsiones y, por consiguiente, equilibrará el precio relativo del capital y del trabajo. En este sentido, no se trata de elevar el nivel del total de las cargas, sino de modificar su composición. El objetivo, pues, es respetar una estricta neutralidad recaudatoria.

3.3.4. Existe un hecho real que demuestra la corrección del razonamiento. En efecto, en la Unión Europea hay dos países que financian esencialmente sus prestaciones sociales a partir del total de la recaudación fiscal, y no únicamente a partir de la imposición fiscal sobre el trabajo, a saber: el Reino Unido y Dinamarca (). Estos países tienen igualmente un nivel de desempleo relativamente bajo.

3.3.5. No se puede pasar por alto, no obstante, una objeción fundamental: encarecer relativamente el factor capital significa reducir la rentabilidad de las inversiones. En condiciones por lo demás similares, ello tendrá por efecto una menor inversión.

3.3.5.1. Para evitar los efectos de dicha caída en la demanda, la demanda de bienes de inversión, relativamente más baja, deberá compensarse con un aumento correspondiente de la demanda de bienes de consumo, lo que plantea un desafío muy particular a la flexibilidad de los mercados de bienes.

3.3.5.2. Además, si se invierte menos, el efecto de la ampliación de la capacidad de inversión será menos eficaz, con la consecuencia de un menor crecimiento económico. En tales circunstancias, el efecto en el empleo será negativo.

3.3.5.3. A esto, sin embargo, se puede objetar que la intensidad del crecimiento en términos de empleo aumentará, ya que la sustitución del capital por el trabajo producirá una mayor intensidad en la mano de obra.

3.3.5.4. En resumen, pues, el efecto de conjunto no es a priori determinable.

3.3.6. Otro orden de problemas reside en el hecho de que, si disminuye el volumen de las inversiones, el progreso técnico que éstas llevan aparejado será menor. Sin embargo, también en este caso puede objetarse que el progreso técnico tendrá un menor efecto negativo en el empleo, ya que habrá menor interés en dirigir las innovaciones hacia las inversiones racionalizadoras del trabajo.

3.3.7. A pesar de que, en resumidas cuentas, no estén claros los efectos en el empleo de un impuesto sobre el valor añadido real como sistema alternativo para financiar la seguridad social, el Comité Económico y Social manifiesta su gran interés por este debate.

3.3.7.1. El Comité Económico y Social es plenamente consciente de que una empresa de este tipo es un asunto sumamente delicado cuyo acometimiento puede revelarse arriesgado. Incluso en el caso de que la evaluación de conjunto de la medida sea teóricamente positiva, cabe prever resistencias considerables, porque habrá ganadores (los sectores intensivos en mano de obra) y perdedores (los sectores intensivos en capital). Por tanto, es muy importante proceder con cautela y prever la participación de los interlocutores sociales. Es importante también que las posibles transformaciones en la base del sistema impositivo se coordinen a nivel europeo, con el fin de evitar de antemano efectos distorsionadores en el mercado interior.

3.3.7.2. El Comité Económico y Social insta a la Comisión a que elabore un Libro Verde sobre esta serie de temas y a que manifieste su disposición a embarcarse activamente en un proceso de consultas.

3.4. Convendría examinar igualmente qué contribución puede aportar un tipo mínimo de impuesto sobre la energía. Un impuesto ecológico que, por un lado, incentive económicamente el ahorro energético y ayude a la protección del medio ambiente y, por otro, aligere los costes del factor trabajo podría impulsar con vistas al futuro un cambio de rumbo para lograr un crecimiento sostenible en términos medioambientales e intensivo en mano de obra (). El Comité Económico y Social se remite al respecto a las conclusiones de su Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos» ().

4. Futuro del trabajo de baja productividad

4.1. La globalización de la economía ejerce una presión que se deja sentir especialmente en las actividades de baja productividad y en sus salarios. Hay que distinguir las consideraciones intersectoriales de las intrasectoriales.

4.1.1. Intersectoriales: la globalización acelera el cambio estructural. Los sectores de baja productividad pueden transferirse más fácilmente a otros países que disponen de mayor cantidad de mano de obra no cualificada, en los que, por tanto, el nivel de los salarios es más bajo. Es importante que, a la par que se produzcan deslocalizaciones de sectores de baja productividad, se vayan realizando nuevas implantaciones de sectores de futuro. De este modo podrán crearse puestos de trabajo seguros. A tal fin, es importante que los trabajadores estén cualificados para desempeñar estas tareas. La infraestructura, especialmente la relativa a las nuevas tecnologías, deberá ser excelente. Un alto nivel de cohesión social es parte integrante de unas condiciones generales económicas estables, que son necesarias para asegurar beneficios a las inversiones que crean puestos de trabajo.

4.1.2. Intrasectoriales: en su Dictamen «Empleo, competitividad y globalización de la economía» (), aprobado por amplia mayoría, el Comité Económico y Social acuñó el concepto de «globalización asimétrica»: mientras que las empresas se harán cada vez más móviles a nivel internacional, las actuales instituciones económicas se ven limitadas al ámbito nacional. En lo que se refiere al mercado de trabajo, el Dictamen afirma lo siguiente (punto 2.1.2): «La asimetría estriba más bien en que, del lado de la oferta de mano de obra, los agentes se mueven en campos de acción aislados, mientras que los demandantes de mano de obra adoptan sus decisiones en función de cálculos globales efectuados a escala mundial.»

4.1.3. La globalización asimétrica, junto con un índice de desempleo persistentemente elevado, puede ser una de las causas que han llevado a un desplazamiento del equilibrio negociador en el mercado de trabajo a favor de las empresas. En los últimos decenios, la cuota salarial ha descendido de manera continua, mientras que la cuota de beneficios ha aumentado (véase el cuadro 1). Como resultado de ello, los sectores más bajos en la escala salarial han visto disminuir la distancia entre los ingresos salariales netos y la ayuda social, a pesar de que la ayuda social se ha mantenido constante. De ello se derivan problemas de motivación.

4.2. El Comité Económico y Social, por tanto, pide de nuevo a los afectados que aporten su respectiva contribución a la creación de estructuras de negociación colectiva que funcionen a escala internacional, tal como solicitaba en el Dictamen arriba mencionado (punto 2.1.4): «a fin de restablecer el equilibrio entre los interlocutores sociales en el mercado de trabajo, deberán crearse estructuras de negociación colectiva capaces de actuar en el ámbito internacional y formas de diálogo social». Para ello deberán tenerse debidamente en cuenta las características específicas regionales, nacionales y sectoriales ();

4.3. A largo plazo interesa a todos los afectados evitar una competencia a la baja entre los trabajadores. Una economía eficaz en los umbrales del próximo milenio debe basarse esencialmente en el diálogo y la cooperación de los interesados. Se trata de un principio válido tanto para las empresas como para la política en su conjunto (). La situación actual en el sudeste asiático muestra de modo elocuente que, cuando no existe un marco reglamentario económico y predomina la inestabilidad social, los problemas económicos pueden agudizarse hasta convertirse en una grave crisis. En este contexto, el Comité Económico y Social acoge con satisfacción que algunas empresas transnacionales previsoras ya hayan establecido estructuras mundiales para la representación de los intereses de sus trabajadores (véase el ejemplo del «comité de empresa mundial» creado por Volkswagen).

4.4. El Comité Económico y Social suscribe la Recomendación del Parlamento Europeo () a la Comisión de que se elabore, sobre la base de los convenios correspondientes de la OIT (), un código de conducta para las empresas multinacionales europeas basado en los siguientes derechos fundamentales:

- fomento de la libertad de asociación y del derecho a concluir convenios colectivos;

- lucha contra el trabajo forzado;

- lucha contra el trabajo infantil, y

- lucha contra la discriminación en el empleo y la profesión e igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina.

4.5. En relación con la actividad pública se plantea el problema de la competencia en torno a las inversiones reales con movilidad internacional por parte de las empresas multinacionales. La globalización de la economía y la creciente integración de los mercados financieros han dado origen a la tendencia de orientar cada vez más las políticas fiscales de los Estados miembros a asegurar beneficios a corto plazo a las empresas transnacionales para atraer las inversiones. El Comité Económico y Social supone que esto ha contribuido a una presión financiera excesiva del factor trabajo con impuestos y tasas, ya que éste es relativamente inmóvil (). Ello no beneficia al conjunto de la economía y tiene efectos problemáticos inducidos en el mercado de trabajo.

4.6. Ello no significa que el Comité Económico y Social no valore positivamente los incentivos fiscales para fomentar la iniciativa empresarial tal y como propone la Comisión (). Como se expresa claramente en la parte II (sobre todo, en el apartado 2) del presente Dictamen, el Comité Económico y Social subraya la importancia que puede tener para el empleo el fomento del espíritu de empresa.

4.7. En este sentido, el Comité Económico y Social acoge positivamente la Resolución del Consejo Europeo de 13 de diciembre de 1997, según la cual, en el marco de las orientaciones generales de política económica «se deberá prestar más atención a la mejora (...) de la enseñanza y de la formación y al logro de unos regímenes fiscales y de protección social más favorables al empleo». Se trata sólo de un ejemplo de que la coordinación de las principales políticas a nivel europeo es una estrategia de política social y del mercado laboral activa. Otros campos en los que aún hay que actuar son la política fiscal y la de medio ambiente.

4.8. El Comité Económico y Social advierte del riesgo de desatender el potencial de empleo del nivel local. En este nivel se sigue disponiendo de margen de maniobra para soluciones creativas. El Comité Económico y Social ya se ha referido en dictámenes anteriores a la posibilidad de crear asociaciones innovadoras entre el sector público y el privado que, con una promoción específica y medidas de acompañamiento, pueden contribuir a garantizar necesidades urgentes de abastecimiento y a realizar proyectos innovadores.

4.9. El Comité Económico y Social comprueba que, en Europa, las actividades sencillas de menor productividad en general se desarrollan muy poco a través del mercado.

4.9.1. Esto puede deberse en última instancia a que los costes salariales ligados a estas actividades son muy elevados. A este efecto se remite a las observaciones referentes al impuesto sobre el valor añadido.

4.9.2. No obstante, es posible que haya un segundo componente de orden cultural: el Comité Económico y Social parte de la hipótesis de que hasta ahora no se ha desarrollado una cultura de la prestación de servicios por parte de los consumidores europeos. En cada caso las causas han sido diferentes. Por ejemplo, puede considerarse como algo negativo delegar en terceros las actividades sencillas, o que se tenga una imagen negativa del ejercicio de tales actividades. También puede ser que el ejercicio de dichas actividades por cuenta propia se considere como algo positivo o menos complicado. Como ejemplo concreto cabe mencionar la limpieza regular del hogar, efectuada como prestación de servicios individual; la moda del hágalo usted mismo para los trabajos manuales sencillos dentro del hogar o la generalización del autoservicio en los supermercados y comercios.

4.9.3. Todo ello conduce a que, en especial, la prestación de servicios de actividades sencillas se efectúe en la economía sumergida o en los hogares como trabajo particular.

4.9.4. Abordar este tema inscrito en un análisis político y económico es una empresa difícil, ya que las preferencias de los individuos se someten a una crítica cultural. El Comité Económico y Social, no obstante, sospecha que posiblemente existe un potencial de empleo latente, y acogería positivamente una iniciativa de la Comisión para examinar cómo podría activarse este potencial de modo que sea posible crear nuevos puestos de trabajo. Para ello hay que procurar que las nuevas relaciones laborales resultantes sean normales y no discriminatorias.

4.10. Una dispersión más amplia del capital productivo podría tener por efecto que disminuyera el número de personas que dependen del trabajo profesional como única fuente de obtención de ingresos. Además, la Comisión ha dejado claro al respecto en su informe Pepper que los programas de participación de los trabajadores en los beneficios y el capital aumentan la productividad (). El Comité Económico y Social considera que el acceso al capital en amplias capas de la población es un proceso a largo plazo que debería acelerarse.

IV. ADAPTABILIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE SOCIEDAD EUROPEO

1. Adaptabilidad

1.1. Las orientaciones para el empleo en 1998, publicadas por la Comisión, recomiendan la promoción y el fomento de la adaptabilidad a la reestructuración ocasionada por la introducción de nuevas tecnologías y nuevas condiciones de mercado. Los cambios operados son tan extensos que la Comisión ve en este proceso la emergencia de una nueva economía dotada de empresas más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y un sector de servicios en expansión, junto con un número creciente de pequeñas empresas.

1.2. La capacidad de adaptación puede ser determinante para las empresas que quieran ser y seguir siendo viables. Un requisito clave es que las empresas deberían ser capaces de anticiparse a los cambios que se produzcan en el mercado en el que compiten y a los progresos en métodos y tecnología que determinen el modo en que se utilizan los recursos, incluidos los humanos. Ello supone una responsabilidad que recae sobre la gestión y los trabajadores. La mejora de los métodos de gestión, los cambios en el contenido de los trabajos y en los tipos de empleo, la introducción de nuevas tecnologías y la modificación de productos y servicios son, todos ellos, aspectos del tipo de cambio continuo que ayuda a mejorar los resultados.

1.3. En lo que se refiere a los trabajadores, la necesidad de adaptarse a menudo guarda relación con la incertidumbre y la sensación de inseguridad. Para responder de modo constructivo a los cambios necesarios, sería conveniente garantizar a los trabajadores una información apropiada, así como la posibilidad de ser consultados y de que se produzca una verdadera cooperación. A veces, las perspectivas laborales pueden verse perjudicadas por cambios de procedimiento, aumentos de la productividad o reducciones de plantilla. La precariedad laboral es un reflejo de los riesgos que deben afrontar numerosas empresas, riesgos como cambios en el mercado o la posibilidad de que sus productos queden obsoletos por la llegada de otros nuevos productos o tecnologías. Un rasgo del rápido cambio técnico es que los trabajadores, así como las empresas, asumen un elemento de riesgo que puede reducirse parcialmente gracias a la adaptabilidad y la flexibilidad en los puestos de trabajo concretos.

1.4. La Comisión recomienda que los interlocutores sociales negocien, en los niveles adecuados, «acuerdos sobre la organización del trabajo y el trabajo flexible, incluida en su caso la reducción del horario laboral, con el fin de potenciar la productividad y competitividad de las empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad» (). El CES reconoce que es una práctica común en la mayoría de las empresas, al tiempo que conviene en que se trata de cuestiones fundamentales que deben ser abordadas de forma positiva y constructiva por los interlocutores sociales.

1.5. La Comisión recomienda, asimismo, que los Estados miembros creen un marco para contratos de trabajo más flexibles, lo que permitirá aumentar la diversidad de los tipos de empleo. Este planteamiento no sólo debería proporcionar una mayor seguridad laboral y nivel profesional a los trabajadores que disponen de tipos de contrato diferentes, sino que debería tener entre sus objetivos garantizar que las personas que opten por un horario reducido no se vean penalizadas en términos de carrera o protección social. El CES recomienda este planteamiento a las autoridades de los Estados miembros.

1.6. Son los interlocutores sociales quienes deben modernizar la organización de las disposiciones laborales, aunque uno de los requisitos consiste en motivar de antemano a las empresas para que se adapten a las nuevas condiciones. Los Estados miembros pueden animar a las empresas a adoptar este planteamiento más flexible, suprimiendo cualquier obstáculo al fomento de las inversiones destinadas a aumentar los niveles de capacitación y, llegado el caso, desarrollando la formación en las propias empresas. Por otro lado, los Estados miembros y los empresarios, en los casos en los que sea necesario, deberían considerar otros métodos para incentivar a los trabajadores a aprovechar las posibilidades de formación para mejorar sus conocimientos.

1.7. La Comisión ha recomendado a los Estados miembros que adopten un nuevo enfoque para sus políticas de revalorización de la mano de obra, mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo y fomenten la creación de empleos sostenibles.

1.8. El CES considera que las recomendaciones de la Comisión constituyen un conjunto mínimo de medidas fundamentales destinadas a fomentar una mayor adaptabilidad de las empresas y la mano de obra. Dado que la actuación del mercado de trabajo difiere bastante de un Estado miembro a otro, los métodos utilizados para mejorar el funcionamiento del mercado laboral deben reflejar las peculiaridades sociales, económicas y culturales de cada Estado. Sin embargo, el desarrollo del mercado único no debe verse obstaculizado por acciones en uno o varios Estados miembros que cambien la reglamentación del mercado de trabajo de una manera que distorsione injustificadamente el nivel de empleo en favor propio pero en contra de los intereses generales del mercado único.

1.9. Las necesidades de aquellos que ofrecen trabajo y las de los que lo solicitan adolecen parcialmente de falta de buena concertación. Por ejemplo, algunos trabajadores sólo tienen acceso a ofertas de contratos a tiempo parcial o de duración limitada, aunque preferirían un empleo a tiempo completo. Otros trabajadores quieren reducir su jornada, pero no pueden. Muchas personas buscan empleo, mientras que otros realizan horas extraordinarias contra su voluntad (o bien voluntariamente). Este problema de coordinación está en relación con la política social, ya que, por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social están ligadas a la persona.

1.10. El Comité Económico y Social recomienda que se estudie a nivel europeo hasta qué punto el actual sistema de seguridad social y de relaciones laborales supone un obstáculo para la flexibilidad y de qué modo hay que desregular, volver a regular o regular sobre una nueva base estos sectores para alcanzar un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad. La combinación más apropiada ofrecería un nivel aceptable de seguridad en condiciones que animaran a las personas a buscar trabajo.

2. Igualdad de oportunidades

2.1. Uno de los aspectos habituales de la política social es una preocupación positiva por reforzar las medidas destinadas a aumentar la igualdad de oportunidades de los grupos que, por diferentes motivos, puedan encontrarse en una situación de desventaja desmedida.

2.2. El mercado laboral tiene una importancia fundamental en la sociedad a la hora de considerar las políticas de igualdad de oportunidades. Las oportunidades deberían estar abiertas al mayor número posible de personas y debería animarse a todo el mundo a sacar el mayor partido de las posibilidades de preparación para que, a través del mercado de trabajo, puedan contribuir tanto en su propio provecho como en beneficio del conjunto de la sociedad. En este sentido, el hecho de que los empresarios contraten a la persona mejor preparada para un trabajo dado constituye un aspecto racional tanto de la política económica como de la política social. Además, un importante elemento de la economía moderna es que las empresas deben contratar en todos los casos a las personas mejor cualificadas y fomentar el desarrollo continuo de los conocimientos y la formación.

2.3. La igualdad de oportunidades no siempre garantiza la consecución de idénticos resultados. El aprovechamiento de las oportunidades que se presentan también exige un esfuerzo a nivel individual para poder aumentar las posibilidades. Algunos elementos de desigualdad pueden reflejar características que inciden en los resultados, y la reducción de la desigualdad puede demorarse cuando, por ejemplo, las políticas sociales sólo influyen en los que acaban de integrarse en el mercado de trabajo.

2.4. No obstante, en la UE se dan varios indicios de desigualdad que sería conveniente reducir. Uno de los métodos más eficaces para reducir la desigualdad en el mercado de trabajo consistiría en garantizar o aproximarse al pleno empleo. Mientras la tasa de desempleo siga siendo lo suficientemente elevada como para suscitar preocupación, aquellos que se mantengan en situación de desempleo constituirán inevitablemente una muestra de las actuales desigualdades.

2.5. Las políticas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades deberían tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) la excesiva tasa de desempleo;

b) la insuficiencia o la falta de adaptación de las capacitaciones de los parados;

c) el desempleo de larga duración;

d) los jóvenes en paro;

e) el paro entre las mujeres, cuya tasa de desempleo es superior a la de los hombres (y viceversa en algunos casos);

f) diferencias regionales en términos de desempleo (habida cuenta de las diferentes definiciones de desempleo en los distintos Estados miembros);

g) una tasa de desempleo más elevada entre las minorías étnicas o religiosas;

h) personas con minusvalías que limitan sus oportunidades de empleo;

i) unos ingresos salariales considerados insuficientes en círculos oficiales;

j) las necesidades y las oportunidades de educación y formación;

k) el índice de participación de las mujeres en la mano de obra es inferior al de los hombres;

l) la necesidad de promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en toda la estructura profesional;

m) la interacción entre la fiscalidad y los ingresos, que constituye un motivo para no buscar trabajo;

n) la interacción entre el «trabajo no declarado» y las prestaciones sociales que da un incentivo al desarrollo de la economía sumergida.

2.6. El examen y la elección de indicadores de la falta de suficiente igualdad de oportunidades sólo constituye un primer paso. Deben formularse políticas que permitan reducir el nivel de desigualdad sin obrar en detrimento del rendimiento económico.

2.7. Esta dicotomía es la fuerza motriz de las tensiones creativas o sinergias entre la política social y el rendimiento económico.

V. CONCLUSIONES

1. El Comité Económico y Social ha elaborado el presente dictamen porque se reconoce que para la UE es absolutamente prioritaria la necesidad de incrementar las oportunidades de empleo de los parados. El nivel de desempleo tan elevado es inaceptable. No se pone en duda el éxito de la UE en tantos ámbitos diferentes de la política social, económica y medioambiental. Lo que se necesita es que el modelo europeo de sociedad permita obtener resultados más satisfactorios en materia de empleo para aquellos que buscan trabajo.

2. Teniendo en cuenta estos objetivos primordiales, la política incluye muchos aspectos que pueden contribuir a dar mejores respuestas. En este dictamen, el Comité ha examinado un área crítica en la que interactúan las políticas: el modo en que la política social puede influir en el rendimiento económico. El dictamen pone de relieve que se necesitan las políticas sociales y que éstas pueden servir de apoyo al rendimiento económico. No obstante, también reconoce que, sin una coordinación cuidadosa, las políticas sociales pueden aplicarse de modo contraproducente, o económicamente desventajoso, para el rendimiento económico.

3. El CES expresa su inquietud por el hecho de que estos temas no hayan sido plenamente asumidos en todos los ámbitos de las políticas nacionales y de la UE, y sugiere que este dictamen constituya un marco en el que puedan examinarse ulteriormente.

4. En la búsqueda de medidas para elevar el nivel de empleo en la UE y reducir las actuales tasas inaceptablemente altas de desempleo, el CES reconoce que hay una compleja mezcla de políticas económicas y sociales que están influenciadas por otras políticas encaminadas a fomentar la sostenibilidad e integrar diferentes niveles de responsabilidad, como refleja el grado de subsidiariedad que es necesario en la gama de iniciativas. Ninguna acción aislada por sí sola será suficiente. Sin embargo, si bien el modelo social europeo representa una compleja serie de acciones, la Unión Europea cuenta con el ingenio, riqueza y cohesión necesarios para desarrollar ideas que puedan ofrecer un ejemplo mundial de pensamiento progresista que combine las mejoras económicas y los modelos más avanzados de protección social.

5. Este desafío es tan crítico que el CES considera conveniente revisar a fondo la interacción de las actuales políticas económicas y sociales. En esta revisión habría que tener en cuenta el margen de maniobra con que cuenta la Unión Europea para actuar mediante el establecimiento de las orientaciones para las políticas económicas y de empleo, así como el ámbito de acción de los Estados miembros dentro de los parámetros de la subsidiariedad. En particular, en la revisión habría que tener presente el impacto de la potenciación del mercado único y la evolución de la unión económica y monetaria.

6. El presente dictamen ha establecido parte del marco y ha subrayado algunos de los imperativos que serán relevantes para dicha revisión.

7. El CES ya ha manifestado su apoyo a la introducción de las orientaciones para las políticas de empleo como consecuencia de las conclusiones del Consejo de Amsterdam. Asimismo, el CES apoya los principios generales establecidos en las orientaciones para 1998 ().

8. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea lanzaron un mensaje para que, tanto a escala comunitaria como nacional, se creen las condiciones para impulsar y alentar a los empresarios y a las pequeñas empresas.

Además, en el Consejo Europeo de Cardiff se reafirmó que la plenitud de los beneficios de la Unión Económica y Monetaria y del mercado único sólo pueden lograrse mediante una estrategia que impulse el empleo a través del aumento de la competitividad y de la cohesión económica y social.

En el Consejo Europeo celebrado en Cardiff (junio de 1998) se evaluó el impacto de los planes de acción para el empleo presentados por los Estados miembros. El CES ha observado con satisfacción que el Consejo concluyó que los Estados miembros estaban haciendo serios esfuerzos para aumentar la empleabilidad de la población activa, mediante el fomento activo del desarrollo de aptitudes y del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la mejora de las condiciones para las PYME y los trabajadores autónomos, y la adopción de medidas para fomentar el trabajo frente a la dependencia. El CES apoya estos objetivos y considera que son consecuentes con las ideas expresadas en el presente dictamen.

9. Se acoge favorablemente la propuesta del Consejo Europeo en el sentido de que los Consejos ECOFIN y de Asuntos Sociales deberían proseguir juntos el trabajo para preparar, entre otras cosas, las orientaciones para el empleo de 1999. En particular, el CES espera que se le brinde la posibilidad de examinar las orientaciones que se presentarán en el Consejo Europeo de Viena a finales de este año.

10. El CES apoya al Consejo en la búsqueda de un mejor medio para vincular la mejora del rendimiento económico a la evolución de las políticas de asistencia social. Las orientaciones para las políticas de empleo constituyen una útil innovación que se volverán a definir a medida que se revisen anualmente.

11. Las políticas clave perfiladas para 1998 ya han demostrado que son pertinentes y constructivas. Cada una de ellas ha sido analizada en el presente dictamen, y el CES estima que ahora hay ciertas señales sobre cómo pueden llegar a ser aún más pertinentes y tener un impacto cada vez mayor en la política social y de empleo.

12. El CES reconoce que la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo es la prioridad principal de la UE. El Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social tienen cada uno su propio papel que desempeñar. Se trata de un desafío sobre el que el CES es especialmente capaz de ofrecer asesoramiento gracias a la experiencia de sus miembros.

13. Asumir el desafío que supone aumentar las oportunidades de empleo es responsabilidad de todas las instituciones, organismos y organizaciones sociales de la UE y de los Estados miembros. El Comité no sólo aprovechará las oportunidades que tenga para aumentar las perspectivas de empleo, sino que pide el apoyo de todas las organizaciones sociales de la UE representadas en el CES para intentar aplicar y consolidar las ideas expuestas en este dictamen. Los miembros del CES deberían garantizar que las organizaciones que representan afronten este reto.

14. El problema del desempleo no se resolverá adoptando únicamente medidas a corto plazo. Alguna de estas opciones son fundamentales y estructurales. Por consiguiente, el CES buscará otras oportunidades para contribuir a la adopción de medidas aún más eficaces para reducir el desempleo y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de la UE.

Bruselas, el 10 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() En el anexo figura una lista con otros dictámenes del Comité Económico y Social sobre el empleo. En especial se remite al Dictamen (DO C 355 de 21.11.1997) sobre el tema «Consejo Europeo sobre el empleo» y (DO C 19 de 21.1.1998) sobre la Comunicación de la Comisión «Propuesta de Orientaciones generales para las políticas de empleo en los Estados miembros en1998».

() COM(1998) 103 final. Crecimiento y empleo en el marco orientado a la estabilidad de la UEM.

() The European Observatory for SME; Fifth Annual Report 1997 (p. 140).

() OCDE, Perspectives de l'emploi - diciembre de 1997/OCDE, Perspectives économiques OCDE - julio de 1997.

() COM(1998) 222.

() DO C 235 de 27.7.1998.

() Fuente: COM(1998) 222. Fomento del espíritu empresarial en Europa: Prioridades para el futuro. Página 5 / Discurso de la Comisaria Cresson, pronunciado en Coventry el 18 de mayo de 1998.

() Fuente: Union internationale des transporteurs routiers IRU, Agence internationale de l'énergie, International Telecommunications Users Group, y Perspectives de communication de l'OCDE 1997.

() Comunicación «Capital-riesgo: clave de la creación de empleos en la Unión Europea», 31.3.1998.

() DO C 19 de 21.1.1998.

() DO C 157 de 25.5.1998.

() OCDE, Statistiques historiques.

() Grupo Consultivo sobre la Competitividad: La competitividad al servicio del empleo, noviembre de 1997, p. 4.

() DO C 355 de 21.11.1997.

() Véase la «Comunicación de la Comisión sobre el medio ambiente y el empleo (Hacia una Europa sostenible)» COM(97) 592 final de 18.11.1997.

() «Comunicación de la Comisión - Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998» COM(97) 497 final de 1 de octubre de 1997, Sección III. Creación de una nueva cultura de la empleabilidad, primer párrafo.

() Véase el Dictamen de iniciativa del CES sobre «La cooperación con las asociaciones de solidaridad como agentes económicos y sociales en el ámbito social», DO C 73 de 9.3.1998.

() El Comité Económico y Social acoge positivamente la Comunicación de la Comisión «Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores», COM(97) 586 final.

() COM(96) 512 final. Por otra parte, el CES acoge positivamente el debate que actualmente se lleva a cabo en la Comisión, por el momento sólo de manera interna, sobre el tema «Culture. The Cultural Industries and employment», Commission Staff Working Paper, e insta a que se siga trabajando intensamente en este tema.

() «La fiscalidad en la Unión Europea - Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios», DO C 296 de 29.9.1997, o «Consejo Europeo sobre el empleo», Dictamen del CES, DO C 355 de 21.11.1997.

() En algunos Estados miembros, dicho debate se ha ampliado a la política fiscal en general.

() Para un debate exhaustivo sobre el concepto, la definición exacta, la delimitación estadística y posibles problemas de cálculo, véase el siguiente estudio austríaco elaborado por el Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung con el título «Wertschöpfungsabgabe als Alternative zu lohnbezogenen Dienstgeberbeiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds», febrero de 1997. El debate también tiene lugar en el Reino Unido y en Francia.

() Véase el informe de la Comisión titulado «La protección social en Europa en 1997 - Resumen» (COM(1998) 243 final), donde se expone que en el Reino Unido las cotizaciones sociales suponen menos del 40 % y en Dinamarca no más del 23,5 % exactamente de la financiación de la protección social (p. 10).

() Véase el capítulo 10 del Libro blanco «Crecimiento, competitividad, empleo».

() DO C 19 de 21.1.1998.

() DO C 158 de 26.5.1997.

() Entretanto, ya se han dado los primeros ejemplos que pueden servir de modelo: como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte que ha desarrollado un convenio colectivo mundial para la tripulación de los barcos con pabellón de conveniencia que en la actualidad ya ofrece una protección a más de un tercio de los empleados del sector en todo el mundo.

() Así, por ejemplo, en la introducción a la Resolución del Consejo Europeo sobre crecimiento y empleo, aprobada en Amsterdam el 16 de junio de 1997, se expone lo siguiente: «Tanto la eficacia económica como la inclusión social son dos aspectos complementarios de la sociedad europea más solidaria a la que todos aspiramos. Teniendo en cuenta esta declaración de principio, el Consejo Europeo hace un llamamiento a todos los agentes económicos y sociales, incluidas las autoridades nacionales, regionales y locales, y los interlocutores sociales, para que asuman plenamente sus responsabilidades dentro de sus respectivos campos de actividad», DO C 236 de 2.8.1997, pp. 3 y 4.

() Parlamento Europeo, Resolución de 15 de enero de 1998 sobre las deslocalizaciones de empresas y las inversiones directas en terceros países, apartado Q.2.

() El Comité se ha manifestado en diversas ocasiones sobre este asunto. En lo que respecta a las «cláusulas sociales», véase el Dictamen sobre «El desafío mundial del comercio internacional: Una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea» (ponente: Sr. van Dijk), especialmente el punto 5. DO C 56 de 24.2.1997. En dicho dictamen se enumeran los Convenios pertienentes de la OIT, y en el punto 5.3 se afirma: «Todos estos convenios de la OIT han sido ratificados por una amplia mayoría de países, por lo que podrían considerarse como normas aceptadas internacionalmente.».

() Véase lo expuesto en el punto 3.3. El Dictamen sobre «La fiscalidad en la Unión Europea», DO C 296 de 29.9.1997, contiene una serie de estimaciones que exponen que entre 1980 y 1994 el promedio del tipo tributario aplicado al trabajo por cuenta ajena aumentó del 34,7 % al 40,5 %, mientras que en el resto de los factores de producción este porcentaje disminuyó del 44,1 % al 35,2 % (tipos tributarios implícitos, incluidas las cotizaciones a la seguridad social).

() Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo «Fomento del espíritu empresarial en Europa: prioridades para el futuro» (COM(98) 222 final). Sobre los impuestos, el punto II.2.5 reza como sigue: «... desgravaciones fiscales para promover la creación de nuevas empresas ...; incentivos fiscales o, por lo menos, neutralidad fiscal en las transmisiones de empresas a los trabajadores ... Los Estados miembros deberían asimismo estudiar la fiscalidad relacionada con la financiación de la deuda y los recursos propios para fortalecer la base patrimonial de las PYME.».

() La primera «Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital)» se remonta a 1991 (DO C 245 de 20.9.1991, p. 12). El siguiente paso lo supone la Recomendación 92/443/CEE del Consejo, de 27.7.1992, relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) (DO L 245 de 26.8.1992). El propio informe Pepper es más reciente: Informe de la Comisión «Fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) en los Estados miembros», 1996, (COM(96) 697 final).

() Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998; COM(97) 497 final.

() Dictamen del CES acerca del tema «Consejo Europeo sobre el empleo», DO C 335 de 21.10.1997, y Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Propuesta de orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros en1998», DO C 19 de 21.1.1998.