COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0MC94) 305 final 
Bruselas» 13.07.1994 
94/0182 (ACC) 
Comunicación de la Comisión al Consejo sobre los resultados de las 
"consultas oficiosas" llevadas a cabo por el Secretario General de las 
Naciones Unidas para garantizar la aceptación universal de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982; 
94/0182 (ACC) 
Propuesta de Decisión del Consejo 
sobre la firma del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y sobre 
la aplicación provisional de dicho Acuerdo y de la Parte XI de dicha 
Convención por la Comunidad Europea. 
(presentadas por la Comisión) 
I. INTRODUCCIÓN 
La Convención, ratificada hasta el momento por 61 Estados, todos ellos países en vías de 
desarrollo con la excepción de Islandia, la antigua Yugoslavia y Malta, entrará en vigor el 
16 de noviembre próximo, un año después de la sexagésima ratificación. 
Los Estados industrializados no la han ratificado - y algunos, concretamente Alemania, el 
Reino Unidos y los Estados Unidos, ni siquiera la han firmado - a causa de su Parte XI 
sobre la explotación de los fondos marinos, que consideran establece un régimen 
dirigista, burocrático y extremadamente costoso, mientras que los países en vías de 
desarrollo consideraban que dicha Parte XI constituía la primera manifestación práctica 
del "nuevo orden económico mundial". 
Sólo a causa de los cambios políticos y económicos acontecidos en los últimos años y de 
las enormes cargas financieras que habrían tenido que soportar sin la participación de los 
países industrializados, los Estados en vías de desarrollo han reconocido la necesidad de 
modificar el régimen de explotación de los fondos marinos para conseguir que la 
Convención sea umversalmente aceptable. 
Por este motivo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuellar, 
convocó en 1990 a algunos de los Estados interesados para determinar cuáles eran los 
aspectos de la Parte XI que planteaban mayores problemas a los países industrializados y 
para buscar una solución de compromiso. 
La segunda fase de estas consultas estuvo abierta a todos los Estados interesados y a la 
Comunidad. 
Finalizó el 3 de junio de 1994, con la elaboración de un proyecto de resolución y de un 
proyecto de acuerdo para la aplicación de la Parte XI. 
La gran mayoría de las delegaciones presentes expresó su satisfacción, y sólo un Estado, 
la Federación Rusa, declaró que los resultados no eran satisfactorios, ya que las 
delegaciones del Grupo de los 77 habían rechazado varias de sus propuestas. 
Los proyectos se presentarán a la 48a Asamblea General de las Naciones Unidas, vuelta a 
convocar para los días 27 a 29 de julio de 1994, para su adopción. El Acuerdo quedará 
abierto a la firma inmediatamente después de su adopción. 
De conformidad con las disposiciones de la Convención, firmada por la Comunidad el 7 
de diciembre de 1984, ésta última no podrá firmar el Acuerdo si no lo han firmado antes 
al menos la mayoría de sus Estados miembros (cf. art. 3 del Acuerdo, apartado f) del 
párrafo 1 del art. 305 y art. 2 del Anexo IX de la Convención). 
-i-
II. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE 
ACUERDOm 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Cuando firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
el 7 de diciembre de 1984, la Comunidad Europea hizo la siguiente 
declaración: 
Al firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la 
Comunidad Económica Europea declara que considera que esta Convención 
constituye, en el marco del Derecho del Mar, un esfuerzo importante en la 
codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional en los 
ámbitos a que hace referencia su declaración efectuada de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo IX de la Convención. La Comunidad 
desea expresar la esperanza de que esta iniciativa se convierta en un medio 
útil para el fomento de la cooperación y de unas relaciones estables entre 
todos los países en estos ámbitos. 
La Comunidad, no obstante, considera que varias disposiciones importantes 
de la Parte XI de la Convención no propician el desarrollo de las 
actividades a que se refiere dicha Parte, teniendo en cuenta que varios 
Estados miembros de la Comunidad han expresado ya su postura en el 
sentido de que esta Parte adolece de imperfecciones y deficiencias 
considerables que deben ser rectificadas. La Comunidad reconoce la 
importancia del trabajo que queda por hacer y espera que sea posible llegar 
a un acuerdo sobre las condiciones para la aplicación de un régimen de 
explotación minera de los fondos marinos que obtengan la aceptación 
general y que pueda, en consecuencia, fomentar las actividades en la Zona 
internacional de los fondos marinos. La Comunidad, dentro de los límites 
de sus competencias, participará plenamente en la búsqueda de soluciones 
satisfactorias. 
En una fase posterior deberá aprobarse una decisión independiente sobre la 
confirmación formal. Dicha decisión se aprobará a la luz de los resultados de 
los trabajos para conseguir una Convención aceptable umversalmente. 
1.2. Otros países industrializados, especialmente los interesados en la explotación 
de los fondos marinos, hicieron declaraciones similares. 
1.3. La Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha demostrado 
ser el marco adecuado para la elaboración de normas, regulaciones y 
procedimientos siempre que sean de naturaleza técnica y "neutral", pero no 
para rectificar las imperfecciones y deficiencias. 
(1) Esta evaluación, realizada por los servicios de la Comisión, fue aprobada el 2.6.1994 en 
Nueva York, a título personal, por los miembros del grupo de Altos Funcionarios "Derecho 
del Mar". 
1.4. A finales de la década de los ochenta se hizo patente que la Convención había 
sido ratificada por Estados en desarrollo casi exclusivamente (con la excepción 
de Islandia y Yugoslavia) y que los países industrializados de Oriente y 
Occidente no estaban dispuestos a ratificarla mientras no se modificase el 
régimen de explotación minera de los fondos marinos. Los importantes 
acontecimientos políticos y económicos que han tenido lugar desde la 
aprobación de la Convención y que afectan a las relaciones internacionales en 
general animaron al Secretario General de las Naciones Unidas a hacer un 
nuevo esfuerzo para conseguir la aceptación universal de dicha Convención. 
1.5. El Secretario General invitó a un número reducido de Estados industrializados 
y en desarrollo con intereses especiales a unas "Consultas oficiosas" en las 
que se determinaron los ocho elementos de la Parte XI que constituyen las 
principales razones por las que los Estados industrializados no han ratificado, o 
no se han adherido, a la Convención: 
* Costos para los Estados Partes 
* La Empresa 
* Procedimientos de adopción de decisiones de la Autoridad 
* Conferencia de Revisión 
* Transferencia de tecnología . 
* Limitación de la producción 
* Fondo de compensación 
* Disposiciones financieras de los contratos 
1.6. Tras casi cuatro años de consultas - que desde principios de 1992 han estado 
abiertas a todos los Estados interesados y a la Comunidad Europea - se ha 
llegado a un acuerdo sobre los ocho puntos y sobre la creación de un órgano 
subsidiario de la Autoridad para los asuntos financieros, el "Comité de 
Finanzas" (Artículo 162, párrafo 2 (y) de la Convención). 
1.7. En la última fase de las consultas, las delegaciones participantes llegaron 
también a un acuerdo sobre la forma jurídica que deberá darse a los resultados 
de las negociaciones, es decir, la redacción de un Acuerdo sobre la aplicación 
de la Parte XI de la Convención. Las soluciones a los ocho problemas 
determinados y las disposiciones para la creación del "Comité de Finanzas" 
constituyen un anexo del Acuerdo. La primera sección, que trata sobre los 
"Costos para los Estados Partes" incluye también disposiciones sobre los 
"arreglos institucionales". 
2. EL ACUERDO DE APLICACIÓN 
2.1. El Acuerdo es un instrumento jurídicamente vinculante que modifica las 
disposiciones de la Parte XI de la Convención. Establece que las disposiciones 
del Acuerdo y de la Parte XI deberán interpretarse y aplicarse conjuntamente 
como un sólo instrumento. En caso de que existan discrepancias entre ambos 
textos, prevalecerán las disposiciones del Acuerdo 
2.2. El Acuerdo concilia los intereses de aquellos Estados - entre ellos la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros - que se han negado hasta ahora 
a ratificar la Convención, o a adherirse a ella, debido a su régimen de 
explotación minera de los fondos marinos y los de aquellos Estados que ya han 
ratificado la Convención pero han aceptado, con el fin de conseguir una 
aceptación universal, modificar determinadas disposiciones de la Parte XI 
siempre que se reafirme el principio de que la Zona y sus recursos son 
patrimonio común de la humanidad y se indique claramente que los Estados 
que habían rechazado el régimen de explotación minera original aceptarán la 
Convención modificada. 
La disposición relativa a la aplicación provisional evitará, en la medida de lo 
posible, que pueda producirse una situación por la que distintos Estados 
miembros puedan, al menos temporalmente, aplicar distintas versiones de la 
Convención. A partir de la entrada en vigor de la Convención, y hasta la 
entrada en vigor del Acuerdo, éste último será aplicado de forma provisional: 
por todos los Estados que hayan votado a favor de su aprobación en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y no hayan notificado 
expresamente al depositario, antes de la entrada en vigor de la 
Convención, su intención de no hacerlo; 
por los Estados que hayan firmado el Acuerdo y que no hayan notificado 
al depositario que no aplicarán el Acuerdo con carácter provisional; 
por los Estados que se hayan adherido al Acuerdo. 
Ello no excluye que los Estados que hayan votado contra la aprobación del 
Acuerdo o que no hayan estado representados en la reunión de la Asamblea 
General puedan seguir aplicando la Convención no modificada, pero no hay 
duda de que el Acuerdo obtendrá el consentimiento de virtualmente todos los 
Estados representados en las "Consultas oficiosas", y especialmente de los 
países en desarrollo que participaron en dichas consultas que ya hayan 
ratificado la Convención y que hayan mostrado, mediante sus presencia, su 
interés por el régimen de explotación minera de los fondos marinos. 
2.3. Los Estados podrán expresar de distintas formas su consentimiento en 
obligarse por la Convención (Artículos 4 y 5). El procedimiento simplificado 
permite que los gobiernos de los Estados que ya han ratificado la Convención 
den su consentimiento tácito si así lo desean. Las otras formas son, como es 
habitual, firma no sujeta a ratificación, ratificación y adhesión. En el caso de la 
Comunidad Europea se aplica el procedimiento de la Convención sobre la 
confirmación formal de las "organizaciones internacionales" (Artículo 3 del 
Anexo IX). 
2.4. El Acuerdo entrará en vigor a los 30 días de la fecha en que 40 Estados hayan 
dado su consentimiento en obligarse, siempre que dichos Estados incluyan 
como mínimo a 7 Estados "Primeros inversionistas" (apartado a) del párrafo 1 
de la resolución II)(2), al menos 5 de los cuales deberán ser Estados 
industrializados. De esta forma se garantizará a los Estados en desarrollo que 
las modificaciones de la Parte XI acordadas por ellos han tenido el resultado 
esperado, es decir, la aceptación de la Convención por los Estados 
industrializados. 
2.5. Por el mismo motivo, el Acuerdo dispone (Artículo 7, apartado 3) que la 
aplicación provisional terminará el 16 de noviembre de 1998, es decir, a los 
cuatro años de la entrada en vigor de la Convención, si no se han cumplido en 
esa fecha las condiciones mencionadas en el apartado 4. 
(2) entre ellos Bélgica, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido. 
2.6. Conclusión 
El Acuerdo y sus disposiciones relativas a la aplicación provisional 
concederán a los países industrializados que todavía no han ratificado la 
Convención pleno acceso a los órganos de la Autoridad y les concederán 
suficiente tiempo, hasta el 15 de noviembre de 1988, para completar sus 
procedimientos internos de ratificación o adhesión. Por otra parte, los 
Estados en desarrollo que ya lo hayan ratificado dispondrán de unas 
garantías satisfactorias de que las concesiones que hayan podido hacer a 
lo largo de las consultas se verán compensadas por la aceptación universal 
de que gozará la Convención a partir de ahora. 
3. EL ANEXO AL ACUERDO DE APLICACIÓN 
3.1. COSTOS PARA LOS ESTADOS PARTES Y ARREGLOS 
INSTITUCIONALES 
3.1.1. Costos para los Estados Partes 
3.1.1.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención 
Se ha acusado a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y a su 
Secretaría, tal y como se definen en la Parte XI de la Convención, de ser 
burocráticas, "dirigistas", intervencionistas y excesivamente costosas. Los 
países industrializados en general, y la Comunidad y sus Estados miembros en 
particular, no pueden aceptar: 
* determinadas disposiciones de la Parte XI que imponen unas obligaciones 
financieras muy elevadas a los Estados Partes, especialmente la obligación 
de poner a disposición de la Empresa, en forma de préstamos a largo 
plazo y sin interés, el 50% de los fondos necesarios para explorar y 
explotar un sitio minero y para transportar, tratar y comercializar los 
minerales extraídos ... así como para cubrir sus gastos administrativos 
iniciales, y la obligación de contribuir ai fondo de compensación para 
ayudar a los Estados en desarrollo afectados que sean productores 
terrestres (véanse los capítulos 3.2 y 3.7 a continuación) 
* el establecimiento de una Autoridad completa con todos sus órganos 
subsidiarios y una gran Secretaria inmediatamente después de la entrada 
en vigor de la Convención, es decir, al menos quince años antes de que 
pueda iniciarse la primera operación comercial y antes de que dicha 
Autoridad pueda ejercer muchas de sus competencias. 
3.1.1.2. Acuerdo de aplicación 
El Acuerdo reconoce que a partir de la entrada en vigor de la Convención, las 
actividades de la Autoridad serán limitadas en la medida en que no sea 
económicamente viable la explotación minera de los fondos marinos. En 
consecuencia, el establecimiento y funcionamiento de sus distintos órganos y 
órganos subsidiarios se basarán en un criterio evolutivo y de forma eficaz en 
función de los costos. El Acuerdo determina con precisión las actividades a 
que deberá dedicarse principalmente la Autoridad durante el periodo previo a 
la aprobación del primer plan de trabajo para explotación. 
El Acuerdo crea un Comité de Finanzas (Sección 9), cuyas recomendaciones 
deberán ser tenidas en cuenta por la Asamblea y el Consejo al adoptar todas las 
decisiones sobre asuntos financieros. Las decisiones del Comité de Finanzas 
sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso (véase el capítulo 3.9 a 
continuación). Hasta que la Autoridad pueda autofinanciarse, se incluirá entre 
los miembros del Comité (15 miembros en total) a los cinco mayores 
contribuyentes financieros (Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia y Francia) 
al presupuesto administrativo de la Autoridad. 
Además, las disposiciones de las Secciones 2 y 7 del Acuerdo suprimen todas 
las obligaciones financieras resultantes de la creación de la Empresa y de un 
"fondo de compensación" (véanse los capítulos 3.2 y 3.7 a continuación). 
Por último, el Acuerdo establece que los primeros inversionistas inscritos 
podrán solicitar la aprobación de un plan de trabajo para exploración en un 
plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención y 
que el canon de 250.000 dólares pagado de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución II constituye el canon correspondiente a la etapa de exploración. El 
Acuerdo establece también el principio de no discriminación entre las 
condiciones fijadas para los primeros inversionistas inscritos y las que se 
apliquen a los Estados o entidades que hayan solicitado a la Autoridad la 
aprobación de un plan de trabajo. 
3.1.1.3. Evaluación 
Los costos para los Estados Partes se han reducido considerablemente 
debido a tres razones: 
* Durante el largo periodo antes de que la explotación de la zona sea 
viable económicamente, la Autoridad tendrá sólo un número 
limitado de funciones. El principio del criterio evolutivo deberá 
garantizar que durante este periodo el número y la duración de las 
reuniones de la Asamblea y el Consejo será muy reducido, que los 
órganos subsidiarios sólo serán establecidos si son necesarios y que la 
Secretaría tendrá un tamaño muy reducido y unas tareas 
determinadas con exactitud. El Consejo, actuando de conformidad 
con el "sistema de voto por cámaras" (véase el capítulo 3.3 más 
adelante) y asistido por el "Comité de Finanzas" (capítulo 3.9) velará 
por la estricta aplicación del principio de eficacia en función de los 
costes. 
Incluso después de este periodo inicial, las funciones de la Autoridad 
serán significativamente más limitadas de lo que lo habrían sido de 
conformidad con la Parte XI original, ya que el Acuerdo ha 
"desburocratizado" la Autoridad: aquellas funciones que habrían 
dado lugar a la creación de grandes servicios en la Secretaría (por 
ejemplo, el sistema de limitación de la producción y la 
administración de un "fondo de compensación") se sustituyen por 
otras disposiciones menos burocráticas. 
Por último, se suprimen definitivamente las disposiciones de la 
Convención más peligrosas desde el punto de vista financiero sobre 
la financiación por los Estados Partes del primer sitio minero de la 
Empresa (véase el capítulo 3.2) y sobre un "fondo de compensación" 
(véase el capítulo 3.7). 
3.1.2. Arreglos institucionales 
3.1.2.1. Acuerdo de aplicación 
3.1.2.1.1. Afiliación provisional 
El Acuerdo podrá entrar en vigor antes de que todos los Estados, y 
especialmente antes de que todos los Estados patrocinadores, hayan finalizado 
sus procedimientos de ratificación o adhesión. El Acuerdo, por tanto, ofrece a 
dichos Estados la posibilidad de continuar siendo miembros de la Autoridad de 
forma provisional o, para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 
1996 y el 16 de noviembre de 1998, de solicitar al Consejo continuar siendo 
miembros de dicha Autoridad. 
Todo plan de trabajo para exploración aprobado, patrocinado por lo menos por 
uno de los Estados que estén aplicando provisionalmente el Acuerdo, quedará 
sin efecto si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo (Artículo 
7) sin convertirse en miembro provisional o en Estado Parte. 
3.1.2.1.2. Derechos y obligaciones de los miembros provisionales de la Autoridad 
Estos miembros aplicarán la Parte XI y el Acuerdo de conformidad con sus 
leyes y reglamentos nacionales o internos y con sus consignaciones 
presupuestarias anuales, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 
demás miembros, incluida la obligación de contribuir al presupuesto 
administrativo de la Autoridad (véase el apartado 3.1.2.1.3 a continuación) y el 
derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de trabajo para 
exploración. 
Si un miembro provisional dejase de cumplir sus obligaciones se pondrá 
término a su calidad de miembro provisional. 
3.1.2.1.3. Financiación provisional de la Autoridad con cargo al presupuesto de las 
Naciones Unidas 
Hasta el final del año siguiente al año en que entre en vigor el Acuerdo, los 
gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto 
de las Naciones Unidas, previa decisión de la Asamblea General (el apartado 7 
del proyecto de Resolución de la AGNU contiene esta decisión). 
3.1.2.4. Normas, reglamentos y procedimientos 
Las disposiciones del inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de 
la Convención, que indica los asuntos para los que la Autoridad puede aprobar 
normas, reglamentos y procedimientos, se extienden a las disposiciones del 
Acuerdo relativas a la Empresa, la transferencia de tecnología, la política de 
producción y las condiciones financieras del contrato. Si el Consejo no ha 
finalizado la elaboración de las normas, reglamentos y procedimientos 
relacionados con la explotación en el plazo prescrito, procederá de todos 
modos a considerar y aprobar, en su caso, provisionalmente dicho plan de 
trabajo para la explotación. 
3.1.2.2. Evaluación 
La financiación provisional de los gastos administrativos de la Autoridad 
con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas resuelve el problema de 
los Estados que, por motivos constitucionales, no pueden contribuir al 
presupuesto de una organización internacional sin haberse adherido a 
ella. 
Las disposiciones sobre la aprobación de normas, reglamentos y 
procedimientos tienen en cuenta que no es posible adoptar disposiciones 
detalladas sobre muchos aspectos de la explotación minera de los fondos 
marinos antes de que se conozcan mejor las condiciones económicas, 
tecnológicas y medioambientales de dicha explotación, es decir, antes de 
que puedan realizarse operaciones comerciales en un futuro próximo. 
El sistema de "miembros provisionales" ofrece a aquellos Estados cuyos 
procedimientos de ratificación son complicados o largos la garantía de 
que podrán continuar siendo miembros provisionales de la Autoridad tras 
la entrada en vigor del Acuerdo y hasta el 15 de noviembre de 1998. 
3.2. LA EMPRESA 
3.2.1. Disposiciones de la Parte XI y del Anexo IV de la Convención 
El establecimiento de la Empresa fue considerado por muchos Estados en 
desarrollo, en el momento de la adopción de la Convención, como la primera 
manifestación del "nuevo orden económico internacional". Por el mismo 
motivo, los Estados occidentales industrializados han criticado el "sistema 
paralelo" considerándolo incompatible con sus sistemas económicos, ya que 
creaba una "empresa pública" internacional expuesta, a través de la Autoridad, 
a interferencias políticas, que debía financiarse mediante contribuciones muy 
elevadas de los Estados Partes y que gozaba de un número considerable de 
privilegios en relación con sus competidores, por ejemplo: prospección de la 
zona reservada a expensas de sus competidores, financiación sin costos de la 
primera operación de explotación minera, exención de pagos a la Autoridad 
durante un periodo inicial de diez años, inmunidad contra cualquier forma de 
incautación, embargo o ejecución mientras no se dicte sentencia firme contra la 
Empresa y derecho a la transferencia obligatoria de tecnología por parte de sus 
competidores. Se señaló también que la Empresa, cuya actividad económica se 
limitaba a un sector único, la explotación minera de los fondos marinos, sería 
extremadamente vulnerable ante la volubilidad de los mercados mundiales de 
materias primas. 
3.2.2. Acuerdo de aplicación 
Puesto que la explotación minera de los fondos marinos no será viable hasta al 
menos dentro de quince años, las actividades de la Empresa consistirán 
fundamentalmente en seguir y analizar las tendencias y acontecimientos y 
evaluar los datos. En consecuencia, al principio sus funciones serán 
desempeñadas por la Secretaría de la Autoridad. 
La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales por medio de empresas 
conjuntas. Sólo en el caso de que se apruebe un plan de trabajo de explotación 
para una entidad distinta a la Empresa, o de que le sea presentada una solicitud 
de constitución de empresa conjunta con la Empresa, el Consejo considerará la 
cuestión del funcionamiento de la Empresa independientemente de la 
Secretaría. Si una empresa conjunta se basa en principios comerciales sólidos, 
el Consejo aprobará dicho funcionamiento independiente. 
Los Estados Partes no estarán obligados a financiar ninguna de las operaciones 
de la Empresa, autónomas o en el marco de sus acuerdos de empresa conjunta. 
Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán también a la 
Empresa. 
Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad como 
área reservada tendrá derecho de opción preferente a concertar un arreglo de 
empresa conjunta con la Empresa o, si la Empresa no presenta una solicitud de 
aprobación de un plan de trabajo dentro de los 15 años siguientes a la 
iniciación de sus funciones independientemente, el contratista tendrá derecho a 
solicitar un plan de trabajo para dicha área incluyendo a la Empresa como 
socio en una empresa conjunta. 
3.2.3. Evaluación 
Se ha alegado, dentro de la Unión Europea entre otros, que la Empresa 
como tal no es compatible con el principio de la economía de mercado. 
Por otra parte, continúa siendo para muchos países en desarrollo el 
símbolo del principio de patrimonio común de la humanidad 
El Acuerdo ha mantenido la Empresa, pero eliminando aquellos 
elementos que no son compatibles con una economía mundial de 
mercado. Incluso cuando se permita su funcionamiento 
independientemente de la Secretaría, la Empresa no será más que una 
especie de órgano semiautónomo para la administración de los recursos 
minerales de la Autoridad. 
Formalmente, el Acuerdo dispone sólo que la Empresa llevará a cabo sus 
actividades iniciales de explotación minera por medio de empresas 
conjuntas pero, incluso a largo plazo, no estará en situación de financiar 
una operación independiente, puesto que los Estados Partes no están 
obligados a financiar un sitio minero de la Empresa y los países en 
desarrollo, en particular los productores terrestres, no desearán que 
acumulen a este fin todos los beneficios resultantes de las empresas 
conjuntas en vez de transferirlos al Fondo de Asistencia Económica o 
Utilizarlos para otros objetivos de desarrollo. 
El Acuerdo garantiza la no discriminación entre la Empresa y los demás 
operadores. 
Al no funcionar la Empresa independientemente de la Secretaría antes de 
que sea viable la explotación del fondo marino, se respeta el principio de 
coste-eficacia. 
Por estos motivos, las disposiciones del Acuerdo respecto a la Empresa 
son aceptables. 
3.3. ADOPCIÓN DE DECISIONES 
3.3.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención 
Al igual que en las Naciones Unidas, los miembros de la Autoridad de los 
Fondos Marinos incluirán un gran número de países en desarrollo muy 
pequeños, cuyas contribuciones financieras individuales se limiten al 0,01% del 
presupuesto. De conformidad con los principios de soberanía e igualdad de los 
Estados, todos los Estados Partes estarán representados en la Asamblea, que 
aprobará las decisiones sobre cuestiones de fondo por una mayoría de dos 
tercios. 
La Convención no contrarresta de forma suficiente estos principios mediante el 
reconocimiento de que las decisiones de la Autoridad afectarán a intereses 
financieros y económicos muy importantes de ciertas categorías de Estados y 
de que dichos intereses legítimos no pueden estar subordinados 
incondicionalmente a las decisiones de la mayoría. 
lo 
La existencia de intereses específicos está reconocida en las disposiciones 
relativas al Consejo, que garantizan una representación mínima de los grupos 
de consumidores, inversores, productores terrestres y países en desarrollo con 
intereses especiales. No obstante, puesto que el Consejo, compuesto por 36, 
miembros adoptará sus decisiones sobre cuestiones de fondo por una mayoría 
de dos tercios o, en algunos casos, de tres cuartos, resulta fácil anular a alguno 
de los grupos (esto no afecta sólo a los intereses de los países industrializados; 
también podría comprometer los intereses de los productores terrestres de los 
países en desarrollo). 
En lo que afecta a los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea, 
podría darse esta situación en el caso de decisiones sobre asuntos financieros, 
sobre la regulación y la administración de la explotación de los fondos marinos, 
sobre la Empresa y, posiblemente, sobre determinados aspectos de las políticas 
de productos básicos. 
3.3.2. Acuerdo de aplicación 
* Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se 
deberán adoptar por consenso. Si se agotaran todos los intentos de 
adoptar una decisión por consenso, las decisiones adoptadas por votación 
lo serán en las condiciones siguientes: 
* Las disposiciones relativas a la votación en la Asamblea no se modifican. 
No obstante, las decisiones sobre cualquier asunto respecto del cual 
también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto 
administrativo, presupuestario o financiero, se basarán en las 
recomendaciones del Consejo. Si la Asamblea no aceptara dicha 
recomendación, devolverá el asunto al Consejo que deberá reconsiderarlo 
teniendo presentes las opiniones expresadas por la Asamblea. 
* Se establecen cuatro cámaras en el Consejo: 
1. cuatro miembros en representación de los Estados con mayor índice 
de consumo, incluido el mayor consumidor de la región de Europa 
Oriental (Rusia) y el Estado que tenga la economía más importante 
a la fecha de entrada en vigor de la Convención (los Estados Unidos 
de América); 
2 cuatro miembros en representación de los ocho inversores más 
importantes; 
3. cuatro miembros en representación de los productores terrestres, 
incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo. 
4. los Estados elegidos como los seis Estados en desarrollo con 
intereses especiales y los elegidos de conformidad con el principio 
de asegurar una distribución geográfica equitativa. 
11 
El Consejo adoptará las decisiones sobre asuntos de fondo (si no se 
consigue el consenso) por una mayoría de dos tercios, siempre que no 
sean rechazadas por una mayoría en cualquiera de las cámaras. 
Las decisiones de la Asamblea o del Consejo que tengan consecuencias 
financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones del 
Comité de Finanzas. 
3.3.3. Evaluación 
El sistema de votación por cámaras excluye la posibilidad de que un único 
Estado pueda paralizar con su veto la adopción de decisiones del Consejo, 
protegiendo a la vez a los principales grupos de interés al concederles un 
derecho de veto colectivo. 
Puesto que la cuarta categoría de miembros del Consejo (países en 
desarrollo con intereses especiales) se define a partir de criterios no 
relacionados con la explotación de los fondos marinos, no podría obtener 
el reconocimiento de cámara; en consecuencia, se acordó constituir una 
cámara más amplia que agrupe a todos los Estados en desarrollo incluidos 
en el Consejo (excepto los países en desarrollo representados en las 
primeras tres cámaras). Esta disposición no tendrá repercusiones en la 
práctica, ya que es virtualmente imposible una decisión por mayoría de 
dos tercios contra la voluntad de los Estados en desarrollo. 
El hecho de que las decisiones de la Asamblea sobre todos los asuntos 
importantes deban basarse en las recomendaciones del Consejo convierte 
a éste en el órgano central de la Autoridad y garantiza la protección de los 
intereses de las minorías en la Asamblea. 
lia obligación de basar las decisiones de la Asamblea o del Consejo que 
tengan implicaciones financieras o presupuestarias en las 
recomendaciones del Comité de Finanzas supone una protección adicional 
a los intereses de los Estados miembros que estarán entre los 
contribuyentes principales al presupuesto de la Autoridad. 
Se ha tenido en cuenta el interés de los Estados miembros de la 
Comunidad por tener acceso a las dos primeras cámaras: no se define a 
los Estados Unidos de América como miembro del grupo "Estados de 
Europa Occidental y Otros Grupos" (WEOG), por lo que no será posible 
oponerse a una candidatura de un Estado miembro con el argumento de 
que ya hay representación del WEOG. Puesto que los Estados Unidos 
pueden también optar por participar en una cámara distinta a la 
primera, habrá una flexibilidad mayor para la representación de los 
Estados miembros en la primera cámara. Se aplicará además el principio 
de rotación. 
12 
3.4. CONFERENCIA DE REVISION 
3.4.1. Parte XI de la Convención 
La Convención establece una conferencia que, quince años después de la 
primera operación comercial, revisará todo el sistema de exploración y 
explotación de la Zona. Hará todo lo posible para que los acuerdos sobre 
enmiendas del sistema se alcancen por consenso pero, si no es así, podrá 
decidir por una mayoría de tres cuartos de los Estados Partes. Tales enmiendas 
entrarán en vigor para todos los Estados Partes tras la ratificación o adhesión 
de tres cuartos de los Estados Partes. 
Los Estados industrializados han criticado a la Conferencia de Revisión por los 
mismo motivos que a los procedimientos de toma de decisiones, permitir que la 
mayoría no tenga en cuenta los intereses de los grupos minoritarios. 
Los Estados industrializados han subrayado también los problemas 
constitucionales provocados por el hecho de que una enmienda pueda 
convertirse en legislación aplicable en sus países, previa ratificación por tres 
cuartos de los Estados Partes, incluso aunque sus parlamentos o gobiernos no 
la hubieran aprobado. 
3.4.2. Acuerdo de aplicación 
Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión no serán aplicables En 
lugar de la Conferencia, el Consejo podrá recomendar en cualquier momento a 
la Asamblea que lleve a cabo una revisión del régimen de explotación de los 
fondos marinos. Las enmiendas resultantes estarán sometidas a los 
procedimientos normales de enmienda de la Convención (Artículos 314-316). 
El Acuerdo no modifica el apartado 5 del artículo 316 que establece la entrada 
en vigor de tales enmiendas para todos los Estados Partes doce meses después 
del depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión de tres cuartos de 
los listados Partes. 
3.4.3. Evaluación 
El nuevo procedimiento ofrece mayor protección a los intereses de las 
minorías. La recomendación del Consejo a la Asamblea es más que una 
mera invitación a realizar una revisión del sistema de explotación de los 
fondos marinos; el Consejo puede especificar con precisión el tipo de 
enmiendas que considera necesarias. Si la Asamblea no está de acuerdo 
deberá devolver el asunto al Consejo. 
Los intereses de los países industrializados estarán protegidos a lo largo 
de todo el procedimiento gracias al principio de consenso y, en última 
instancia, al sistema de votación por cámaras en el Consejo. 
13 
La entrada en vigor para todos los Estados Partes previa ratificación de 
la enmienda por tres cuartos de los Estados Partes obedece al hecho de 
que la Parte XI de la Convención no sólo establece derechos y 
obligaciones entre los Estados Partes (como en otras partes de la 
Convención), sino que establece un sistema normativo y administrativo 
global para la explotación de la Zona, sistema que no puede funcionar si 
no se aplica de forma uniforme (sin oponerse a lo dispuesto en el apartado 
5 del artículo 15S en el sentido de que las enmiendas no afectarán a los 
derechos adquiridos en virtud de contratos existentes). 
3.5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
3.5.1. Parte XI y Anexo III de la Convención 
De conformidad con el artículo 5 del Anexo III, en todos los contratos para 
exploración o explotación el contratista se comprometerá a poner a disposición 
de la Empresa (o de los países en desarrollo que hayan solicitado un contrato), 
según modalidades comerciales equitativas y razonables, la tecnología que vaya 
a utilizar en la Zona y que esté legalmente facultado para transmitir. El 
contratista se comprometerá también a obtener del propietario de toda 
tecnología que vaya a utilizar en la Zona la garantía escrita de que éste está 
dispuesto a poner dicha tecnología a disposición de la Empresa o de los 
Estados en desarrollo. Si no se obtuviere esa garantía, el contratista no utilizará 
dicha tecnología. 
Los países industrializados consideran estas obligaciones una violación de los 
derechos de propiedad intelectual e incompatibles con los principios de la 
economía de mercado. 
3.5.2. Acuerdo de aplicación 
Puesto que la Empresa realizará sus operaciones a través de empresas 
conjuntas, las disposiciones del artículo 5 del Anexo III se han quedado 
obsoletas, por lo que el Acuerdo establece que no serán aplicables. El artículo 
144 de la Convención - que se refiere también a la transferencia de tecnología, 
aunque sin imponer obligaciones concretas a los contratistas - continuará 
vigente. 
3.5.3. Evaluación 
El Acuerdo de aplicación suprime el principio de la transferencia 
obligatoria de tecnología. Si se aplicasen las disposiciones del artículo 144 
- lo que parece improbable, ya que las actividades de la Empresa se 
limitarán siempre a empresas conjuntas - el sistema de votación por 
cámaras en el Consejo protegería los intereses de los Estados 
industrializados. 
En consecuencia, las disposiciones del Acuerdo son aceptables. 
14 
3.6. POLÍTICA DÉ PRODUCCIÓN 
3.6.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención 
El apartado 4 del artículo 151 fija un límite máximo de producción para 
cualquier año de un periodo provisional de 25 años. Este límite máximo limita 
la producción de los fondos marinos a un 60% de la tasa de aumento de la 
producción mundial de níquel, calculada según una línea de tendencia basada 
en el periodo de 15 años más reciente. 
Los cálculos basados en dicho periodo no podrán tener en cuenta nuevos 
factores y, como ya ha mostrado la evolución de los acontecimientos desde la 
aprobación de la Convención en 1982, los resultados que arrojan no reflejan la 
realidad del mercado. Se suponía que el sistema de limitación de la producción 
protegería a los productores terrestres de los países en desarrollo de los cuatro 
minerales contenidos en los nodulos de manganeso, pero en realidad supone 
una discriminación contra la producción de los fondos marinos al proteger a 
todos los productores terrestres, tanto en los Estados en desarrollo como en 
los Estados industrializados. De hecho, la producción en los países 
industrializados se beneficiará más del sistema que la de los países en 
desarrollo: de los cuatro metales, sólo el cobalto se produce principalmente en 
los Estados en desarrollo (74%), siendo las cifras correspondientes a los otros 
tres 45% (cobre), 28% (manganeso) y 27% (níquel) respectivamente. 
Por otra parte, el sistema no protege a los países en desarrollo productores de 
cobalto, que son los que tienen más posibilidades de verse perjudicados por la 
explotación de los fondos marinos, ya que una única operación de explotación 
marítima producirá más del 20% del consumo mundial actual. 
3.6.2. Acuerdo de aplicación 
El Acuerdo de aplicación sustituye el sistema de limitación de la producción 
de la Parte XI de la Convención por una política de producción basada en 
las disposiciones actuales y futuras de los códigos pertinentes del 
GATT/OMC. Concretamente hace referencia a la definición del GATT de 
subsidios permitidos y no permitidos. Impone a los productores terrestres y 
marítimos la obligación de no hacer discriminaciones entre los minerales 
extraídos de la Zona y los extraídos de otras fuentes y de no conceder acceso 
preferente a los primeros. 
Los Estados Partes que sean partes del GATT/OMC podrán recurrir a los 
procedimientos de solución de controversias previstos en estos acuerdos. 
No obstante, cuando una o más partes afectadas no sean parte del 
GATT/OMC, se aplicarán los procedimientos de solución de controversias 
establecidos en la Convención. Esta disposición no resulta plenamente 
satisfactoria, ya que permite a organismos ajenos al GATT interpretar las 
normas del GATT, pero es inevitable dado que los procedimientos de solución 
de controversias del GATT/OMC sólo pueden aplicarse entre las partes de 
estos acuerdos. 
15 
En los casos en que se determine, en virtud del GATT/OMC, que un Estado 
Parte ha otorgado subsidios que están prohibidos o que han redundado en 
perjuicio de los intereses de otro Estado Parte, este último Estado Parte, si es 
parte del GATT/OMC, podrá elegir entre tomar las medidas adecuadas de 
acuerdo con las disposiciones del GATT o solicitar al Consejo de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos que adopte las medidas pertinentes. 
Con el nuevo sistema de política de producción no sólo los Estados Partes 
tendrán prohibido conceder subsidios no permitidos, también los 
contratistas tendrán prohibido aceptarlos. La aceptación de tales subsidios 
constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato y todo 
Estado Parte podrá solicitar al Consejo que adopte medidas contra dicho 
contratista. El Estado patrocinador y el contratista podrán recurrir al 
procedimiento de solución de controversias de la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 
3.6.3. Evaluación 
La referencia a las disposiciones del GATT garantiza la competencia leal 
entre los productores terrestres y marítimos, así como entre estos últimos. 
El hecho de que los procedimientos de solución de controversias del 
GATT/OMC sólo puedan aplicarse cuando todas las partes en una 
controversia sean parte de dichos acuerdos es consecuencia de los 
procedimientos del GATT. Lamentable, aunque inevitablemente, en un 
número limitado de casos las disposiciones del GATT deberán ser 
interpretadas por el Consejo de la Autoridad y por la Sala de 
Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar. Ahora bien, puesto que la explotación de los fondos 
marinos no será viable económicamente antes de quince años por lo 
menos, es bastante probable que todos los Estados productores marítimos 
potenciales hayan accedido a la OMC antes de que se inicien las primeras 
operaciones comerciales. 
3.7. ASISTENCIA ECONÓMICA 
3.7.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención 
El párrafo 10 del artículo 151 y el apartado f) del artículo 171 establecen un 
fondo de compensación para ayudar a los países en desarrollo que sufran serios 
perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen 
exportado de un mineral, en la medida en que dicha disminución se deba a la 
explotación de los fondos marinos. La Comunidad Europea y sus Estados 
miembros han mantenido siempre, en los debates sobre la Convención sobre el 
Derecho del Mar y en los debates celebrados en otros foros, que los fondos de 
compensación no constituyen un incentivo para la adaptación a las nuevas 
circunstancias económicas, sino que favorecen el mantenimiento de una 
producción no competitiva y serán, necesariamente, de naturaleza no temporal. 
16 
Al administrar un fondo de compensación, la Autoridad, aún asistida por una 
amplia y costosa burocracia, no dispondrá de la experiencia y los 
conocimientos necesarios para ayudar, con el desarrollo de actividades 
económicas alternativas ajenas al sector de la explotación minera, a un 
productor terrestre que se haya visto perjudicado . 
3.7.2. Acuerdo de aplicación 
El Acuerdo sustituye el fondo de compensación por un fondo de asistencia 
económica a partir del cual ofrecerá su ayuda a los Estados en desarrollo 
productores terrestres perjudicados en cooperación con las instituciones 
mundiales o regionales de desarrollo existentes que dispongan de los 
conocimientos técnicos necesarios. 
El fondo se establecerá con cargo a aquella parte de los fondos de la 
Autoridad que exceda de los necesarios para cubrir los gastos 
administrativos. Sólo se utilizarán los pagos recibidos de los contratistas, 
incluida la Empresa, y las contribuciones voluntarias. 
3.7.3. Evaluación 
Las disposiciones del Acuerdo de aplicación reflejan plenamente las 
posturas de la Comunidad y sus Estados miembros. 
3.8. DISPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS 
3.8.1. Parte XI y Anexo m de la Convención 
Las cargas financieras impuestas al contratista suponen un freno considerable 
para la explotación de los fondos marinos. Los pagos que deben realizarse a la 
Autoridad son más elevados que los impuestos a los productores terrestres, lo 
que desanima a la industria a la hora de desarrollar la tecnología de explotación 
marítima adecuada y de consagrarse a la explotación de los fondos marinos 
mientras existan recursos terrestres, aunque sea en un nivel bajo de 
producción. 
El establecimiento de un gravamen de producción considerable, es decir, 
pagos que deberán efectuarse a la Autoridad haya o no alcanzado la operación 
de explotación la fase de rentabilidad, no tiene en cuenta los costes elevados 
debidos al desarrollo y la fase inicial de puesta en servicio del equipo de 
explotación. 
17 
3.8.2. Acuerdo de aplicación 
Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del Anexo III de la 
Convención no serán aplicables. El Acuerdo no las sustituye por otro régimen, 
sino que establece una lista de principios que constituirán las bases de las 
normas, reglamentos y procedimientos que deberá aprobar la Autoridad en una 
fase posterior (véase la sección 3.1.2.1.4 anterior). El sistema de pagos 
financiero deberá ser: 
* equitativo tanto para el contratista como para la Autoridad, 
* con unos pagos de cuantía semejante a los usuales respecto de la 
producción terrestre, 
* transparente y sin imponer gastos administrativos importantes a la 
Autoridad ni al contratista. 
3.8.3. Evaluación 
Los principios aplicables a las normas, reglamentos y procedimientos que 
deberá adoptar la Autoridad corresponden a las solicitudes presentadas 
por los Estados industrializados. Teniendo en cuenta el sistema de 
votación por cámaras que se aplicará en el Consejo, las disposiciones del 
Acuerdo resultan aceptables. 
3.9. EL COMITE DE FINANZAS 
3.9.1. Parte XI de la Convención 
El apartado y) del párrafo 2 del artículo 162 obliga al Consejo a establecer un 
órgano subsidiario para la elaboración de proyectos de normas, reglamentos 
y procedimientos relacionados con los asuntos financieros. 
3.9.2. Acuerdo de Aplicación 
El Acuerdo establece un "Comité de Finanzas" que no sólo elaborará proyectos 
de normas, reglamentos y procedimientos financieros, sino que presentará 
también recomendaciones para todas las actividades de la Autoridad que 
tengan implicaciones administrativas y presupuestarias. 
3.9.3. Evaluación 
El Comité de Finanzas establecido por el Acuerdo garantizará - junto con 
el sistema de votación de cámaras en el Consejo - el respeto del principio 
de coste-eficacia por parte de la Autoridad. 
18 
4. CONCLUSION 
4.1. Se han suprimido las "imperfecciones y deficiencias" del régimen de 
explotación de los fondos marinos criticadas por la Comunidad el 7 de 
diciembre de 1984 al fírmar la Convención. Han sido sustituidas por 
disposiciones plenamente satisfactorias del Acuerdo de aplicación o serán 
sustituidas en una fase posterior por la Autoridad mediante normas, 
reglamentos y procedimientos basados en los criterios establecidos por el 
Acuerdo y que deberán adoptarse de conformidad con el sistema de 
votación por cámaras. 
4.2. Hace mucho tiempo que la Comunidad y sus Estados miembros 
aceptaron el principio de "Patrimonio común de la Humanidad"; lo que 
no podían aceptar era la plasmación de dicho principio en un sistema 
burocrático e intervencionista. La Parte XI y los Anexos relacionados 
mantienen parte de su antiguo lenguaje, pero sin consecuencias 
perniciosas de carácter político, económico u operacional. 
4.3. El Acuerdo ha hecho que la Convención sea "umversalmente aceptable". 
Refleja además, en gran medida, las posturas expresadas en muchas 
ocasiones por la Comunidad y sus Estados miembros. 
4.4. El Acuerdo será aprobado, como anexo a una resolución, por los 
miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
Comunidad Europea, al no ser miembro de la Asamblea General, no 
podrá participar en dicha aprobación ni expresar con su voto la postura 
de que el Acuerdo resulta conforme a los resultados de las "consultas 
oficiosas" en las que ha participado activamente. 
4.5. No obstante, la posibilidad de fírmar el Acuerdo inmediatamente después 
de su aprobación le ofrece la ocasión de mostrar su respaldo. De 
conformidad con el artículo 2 del Anexo IX de la Convención, la 
Comunidad sólo podrá fírmar el Acuerdo si la mayoría de sus Estados 
miembros son signatarios del mismo. En consecuencia, para que la 
Comunidad pueda fírmar el Acuerdo inmediatamente después de su 
aprobación será necesario que al menos una mayoría de sus Estados 
miembros lo firme simultáneamente. 
4.6. Puesto que se han eliminado las "imperfecciones y deficiencias" de la 
Parte XI, redundará en interés de la Comunidad y sus Estados miembros 
el que se fortalezca la aplicación universal de la Convención mediante la 
rápida ratificación o adhesión a la misma. Si todos los Estados miembros 
y la Comunidad subrayasen esta intención común mediante la firma 
conjunta y simultánea del Acuerdo en dicha fecha, ello tendría unas 
repercusiones políticas significativas. 
19 
HI. MEDIDAS PROPUESTAS 
1. La Parte XI de la Convención, a semejanza de otras Partes de la misma, es 
competencia mixta de la Comunidad Europea y los Estados miembros. Debido 
a las razones invocadas más arriba, la Comisión considera que el Acuerdo 
debería ser firmado por la Comunidad y sus Estados miembros inmediatamente 
después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
convocada para los días 27-29 de julio próximo. La Comunidad y, en la medida 
en que lo permitan sus constituciones respectivas, sus Estados miembros 
deberían aplicar el Acuerdo con carácter provisional a partir del 16 de 
noviembre de 1994, fecha de entrada en vigor de la Convención. 
2. El 7 de diciembre de 1984, al firmar la Convención, la Comunidad realizó una 
declaración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo IX 
(Participación de organizaciones internacionales) especificando "las materias 
regidas por la Convención respecto de las cuales sus Estados miembros le 
hayan transferido competencias". La Comunidad señaló que, en lo que se 
refiere a la Parte XI, cuenta con competencias en materia de política comercial, 
incluido el control de las prácticas económicas desleales. 
3. El fundamento jurídico para la decisión de firma del Acuerdo es, por tanto, el 
artículo 113 CE. Este artículo cubre también la decisión relativa a la aplicación 
provisional, dado que la misma sólo incluye la Parte XI de la Convención. 
4. Puesto que varios Estados miembros han señalado su intención de ratificar 
rápidamente la Convención y el Acuerdo, la Comisión transmitirá a la mayor 
brevedad posible un proyecto de confirmación formal, incluyendo un proyecto 
de declaración sobre las competencias de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Anexo IX de la Convención. De esta forma, el Parlamento 
Europeo dispondrá del tiempo necesario para la elaboración de su dictamen y 
la Comunidad podrá proceder a la confirmación formal en cuanto la mayoría de 
los Estados miembros hayan ratificado la Convención y el Acuerdo o se hayan 
adherido a ellos. 
5. La Comisión propone por tanto al Consejo que apruebe la Decisión en anexo. 
20 
Anexo 
94/0182 (ACC) 
Propuesta de Decisión del Consejo de... 
sobre la firma del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y sobre 
la aplicación provisional de dicho Acuerdo y de la Parte XI de dicha 
Convención por la Comunidad Europea. 
El Consejo de la Unión Europea, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, especialmente, su 
artículo 113, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Considerando que este Acuerdo, nacido de las consultas oficiosas llevadas a 
cabo por el Secretario General de las Naciones Unidas, garantiza la 
aceptabilidad universal de la Convención sobre el Derecho del Mar, 
Considerando que los Estados miembros han declarado su intención de firmar 
el Acuerdo y aplicarlo, en la medida que lo permitan sus constituciones, con 
carácter provisional, 
DECIDE: 
Artículo I 
1. El Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1982 será firmado por la Comunidad conjuntamente con 
sus Estados miembros inmediatamente después de su adopción por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
2. Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para 
firmar el Acuerdo. 
3. El texto del Acuerdo se adjunta en anexo. 
Artículo 2 
El Acuerdo mencionado en el artículo 1 y la Parte XI de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aplicarán, a título provisional, a 
partir del 16 de noviembre de 1994. 
Por el Consejo 
21 
NACIONES 
UNIDAS A 
Asamblea General 
Distr. 
GENERAL 
A/48/950 
9 de junio de 1994 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS 
Cuadragésimo octavo periodo de sesiones 
Tema 36 del programa 
OERECHO DEL MAR 
Consultas del Secretario General sobre las cuestiones pendientes 
relativas a las disposiciones sobre la explotación minera de los 
fondos marinos de la Convención de las Naciones unidas sobre el 
Derecho del Mar 
Informe del Secretario General 
ÍNDICE 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL Párrafos Página 
1-28 2 
I. Proyecto de resolución y proyecto de acuerdo 
relativos a la aplicación de la Parte XI de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1992 . 
II. Entendimiento oficioso que leerá el Presidente 
de la Asamblea General en el momento de la 
adopción de la resolución , 32 
94-24485 (S) 150694 150694 16/06/94 /... 
-II -
A/48/950 
Español 
Página 2 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
1. En julio de 1990 el Secretario General, Sr. Javier Pérez de Cuéllar, tomó 
la iniciativa de convocar reuniones oficiosas de consulta con el objetivo de 
lograr participación universal en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. El Secretario General destacó la importancia de lograr 
aceptación general de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, instrumento que representaba muchos años de negociaciones y que ya habla 
aportado una contribución significativa al orden marítimo jurídico 
internacional. Señaló que si bien continuarla instando a todos los Estados que 
aún no lo hubieran hecho a que ratificaran o se adhirieran a la Convención, era 
preciso reconocer que existían problemas con algunos aspectos de las 
disposiciones de la Convención relativas a la explotación minera de los fondos 
marinos que habían impedido a algunos Estados ratificar la Convención o 
adherirse a ella. 
2. El Secretario General observó que en los ocho años transcurridos desde la 
adopción de la Convención se hablan producido ciertos cambios políticos y 
económicos importantes que habían afectado apreciablemente el régimen relativo a 
la explotación minera de los fondos marinos establecido en la Convención. Las 
perspectivas de explotación comercial de los minerales de los fondos marinos se 
habían alejado hasta el siglo próximo, cosa que no era lo que se había previsto 
durante las negociaciones en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. El clima económico general se había transformado como 
resultado del cambio de concepto acerca de la función que desempeñaban los 
sectores público y privado. Había un movimiento visible hacia una economía más 
orientada hacia el mercado. Además, el Secretario General hizo mención de la 
aparición de un nuevo espíritu de cooperación internacional para resolver los 
problemas pendientes de interés regional y mundial. Esos factores habrían de 
tenerse en cuenta al considerar los problemas relativos a la explotación minera 
de los fondos marinos1. 
3. Fue así como se inició una serie de consultas oficiosas, bajo el patrocinio 
del Secretario General, sobre las cuestiones pendientes relativas a las 
disposiciones sobre explotación minera de los fondos marinos de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
4. Las consultas oficiosas tuvieron lugar entre 1990 y 1994, período durante 
el cual se convocaron 15 reuniones2. Las consultas se pueden dividir 
convenientemente en dos etapas. La primera de ellas estuvo dedicada a la 
determinación de las cuestiones que eran motivo de preocupación para algunos 
Estados y del método que se seguiría para examinarlas, y a la búsqueda de 
soluciones. Durante la segunda etapa se determinaron con más precisión los 
resultados alcanzados hasta ese momento; se plantearon nuevos asuntos que 
habrían de ser considerados, y los participantes dirigieron su atención al 
examen de textos consolidados en que estaban incorporadas esas soluciones, y al 
procedimiento mediante el cual podrían aprobarse. 
Primera etapa 
5. Durante la parte inicial de esta etapa de las consultas se determinó que 
había nueve temas que representaban cuestiones problemáticas: los costos para 
los Estados partes; la Empresa; la adopción de decisiones; la Conferencia de 
A/48/950 
Español 
Página 3 
Revisión; la transferencia de tecnología; la limitación de la producción; el 
fondo de compensación; las disposiciones financieras de los contratos; y las 
consideraciones de orden ambiental. Tras examinar los distintos métodos que 
podrían seguirse para el examen de esas cuestiones, hubo acuerdo general sobre 
un método que permitía a los participantes examinar todas las cuestiones 
pendientes con miras a resolverlas y decidir cómo abordar aquellas que pudieran 
quedar sin resolver. 
6. A continuación los participantes se abocaron al examen de todas esas 
cuestiones en forma sucesiva. El examen estuvo basado en notas informativas 
compiladas por la Secretaría que contenían información básica, preguntas a las 
que era necesario responder, y posibles modos de abordar la solución de esas 
cuestiones. 
7. En el curso de seis consultas oficiosas celebradas en 1990 y 1991, los 
participantes concluyeron el examen de todas las cuestiones pendientes relativas 
a las disposiciones sobre explotación minera de los fondos marinos de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Puede decirse con 
justicia que se estaba gestando cierto grado de acuerdo general respecto de esas 
cuestiones. 
8. Los resultados de las consultas oficiosas del Secretario General celebradas 
en 1990 y 1991 se expusieron en el resumen de las consultas oficiosas sobre el 
derecho del mar celebradas por el Secretario General durante 1990 y 1991, de 
fecha 31 de enero de 1992, y en una nota informativa de fecha 26 de mayo 
de 1992. Dichos resultados estaban divididos en dos categorías. En primer 
lugar, aparentemente se había llegado a acuerdo general respecto de soluciones 
relativamente detalladas acerca de: los costos para los Estados partes, la 
Empresa, la adopción de decisiones, la Conferencia de Revisión y la 
transferencia de tecnología. En segundo lugar, con respecto a la limitación de 
la producción, el fondo de compensación y las disposiciones financieras de los 
contratos, se acordó en general que no era necesario ni prudente formular un 
nuevo conjunto de reglas detalladas para esos temas. En consecuencia, en la 
nota informativa se enunciaron los principios generales que se aplicarían a esos 
temas cuando la producción comercial de los minerales de los fondos marinos 
fuese inminente. 
Secunda etapa 
9. En 1992 continué las consultas oficiosas iniciadas por mi predecesor. 
Durante esta etapa las consultas estuvieron abiertas a todas las delegaciones. 
Entre 75 y 90 delegaciones asistieron a las reuniones. En las primeras tres 
rondas de esta etapa, se consideraron las nueve cuestiones a fin de determinar 
con más precisión los resultados alcanzados hasta el momento en las consultas. 
Se presentaron nuevas observaciones para que fueran consideradas en relación con 
las cuestiones siguientes: los costos para los Estados partes; la Empresa; la 
adopción de decisiones; la Conferencia de Revisión; y la transferencia de 
tecnología. Durante esas consultas se decidió retirar de la lista la cuestión 
de las consideraciones de orden ambiental, pues ya no se la consideraba una 
cuestión controvertida en el contexto de la explotación minera de los fondos 
marinos. 
/• 
-2(4-
A/48/950 
Español 
Página 4 
10. Durante las consultas oficiosas celebradas los días 28 y 29 de enero 
de 1993, la opinión general de los participantes fue que había llegado el 
momento de preparar un texto basado en un criterio más operacional, de manera 
que pudiera servir de base para un acuerdo. 
11. De conformidad con esa petición, se preparó una nota informativa de fecha 
8 de abril de 1993. La nota constaba de dos partes: 
a) La parte A trataba de diversas estrategias de procedimiento con 
respecto a la aplicación de los resultados de las consultas. Las cuatro 
estrategias se pueden resumir de la manera siguiente: 
i) Un instrumento contractual, tal como un protocolo que enmendara la 
Convención; 
ii) Un acuerdo de interpretación consistente en entendimientos acerca de 
la interpretación y la aplicación de la Convención; 
iii) Un acuerdo de interpretación acerca del establecimiento de una 
Autoridad inicial y una Empresa inicial durante un régimen 
provisional, acompañado de disposiciones de procedimiento para la 
convocación de una conferencia que establecería el régimen definitivo 
para la producción comercial de minerales de los fondos marinos cuando 
dicha producción fuese viable; 
iv) Un acuerdo complementario de la Convención en que se estipulara la 
transición entre la fase inicial y el régimen definitivo; en 
particular, se conferiría a la Autoridad el mandato de idear 
soluciones para las cuestiones que aún estuviesen pendientes al entrar 
en vigor la Convención; 
b) En la parte B se establecía una formulación, orientada a las 
operaciones, de los resultados alcanzados hasta el momento en las consultas. 
Estaba dividida en dos secciones: 
i) Los arreglos que seguirían a la entrada en vigor de la Convención; 
ii) Los proyectos de texto relativos al régimen definitivo relativo a la 
explotación minera de los fondos marinos. 
12. Las estrategias de procedimiento fueron examinadas durante las consultas 
celebradas los días 27 y 28 de abril de 1993. Del examen de esas estrategias 
surgieron ciertos elementos básicos. Se convino en general en que, cualquiera 
que fuese la estrategia que se adoptara, ésta debía ser legalmente obligatoria. 
Se señaló también que era preciso evitar una dualidad de regímenes. Finalmente, 
debido a que era preciso respetar la posición de los Estados que habían 
ratificado la Convención o se habían adherido a ella, se consideró útil examinar 
el papel que la noción de consentimiento implícito o tácito pudiera jugar en la 
protección de sus posiciones. 
13. Para la ronda siguiente de consultas, que tuvo lugar entre el 2 y el 6 de 
agosto de 1993, se distribuyó una nota informativa de fecha 4 de junio de 1993, 
en que la parte A y la parte B i) de la nota informativa de 8 de abril de 1993 
/••• 
A/48/950 
Español 
Página 5 
quedaban actualizadas con la incorporación de las observaciones hechas durante 
la ronda anterior de consultas. En el curso de esta ronda de consultas se 
distribuyó entre las delegaciones un documento de fecha 3 de agosto de 1993 
preparado por representantes de varios Estados desarrollados y en desarrollo 
como contribución al proceso de las consultas. Quedó entendido que el 
documento, conocido comúnmente como el "documento del barco", no reflejaba 
necesariamente la posición de ninguna de las delegaciones interesadas, pero que 
se lo consideraba una buena base para las negociaciones. 
14. De allí en adelante, al ocuparse de las cuestiones de fondo que figuraban 
en la nota informativa de fecha 4 de junio de 1993, las delegaciones se 
remitieron también a las porciones pertinentes del "documento del barco". Ese 
documento estaba dividido en tres partes: i) un proyecto de resolución para su 
aprobación por la Asamblea General; ii) un proyecto de acuerdo relativo a la 
aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar; y iii) dos anexos. El anexo I contenía las conclusiones 
convenidas en las reuniones de consulta del -Secretario General, y el anexo II se 
titulaba "Ajustes consiguientes". 
15. En la última ronda de consultas celebrada en 1993 (8 a 12 de noviembre) los 
participantes tuvieron ante sí tres documentos: la nota informativa de fecha 
4 de junio de 1993; una nueva versión del "documento del barco" en que se 
consolidaban los dos anexos del documento original en uno solo; y un documento 
titulado "Acuerdo sobre la aplicación de la Parte XI y los anexos III y IV de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar", presentado por la 
delegación de Siterra Leona. En esa reunión de noviembre los participantes 
terminaron el examen de todos los temas que figuraban en la nota informativa de 
fecha 4 de junio de 1993. Tras haber concluido el examen de esas cuestiones, 
las delegaciones emprendieron un nuevo examen de la cuestión de los "costos para 
los Estados partes y arreglos institucionales", pero esta vez lo hicieron 
basándose esencialmente en el "documento del barco". 
16. El 16 de noviembre de 1993, la Convención sobre el Derecho del Mar recibió 
su sexagésimo instrumento de ratificación o adhesión, lo que significa que, de 
conformidad con sus términos (artículo 308), entrará en vigor el 16 de noviembre 
de 1994. La propia Asamblea General invitó a todos los Estados a participar en 
las consultas e intensificar los esfuerzos por lograr participación universal en 
la Convención lo antes posible3. La inminente entrada en vigor de la Convención 
introdujo un elemento de urgencia en las consultas oficiosas. 
17. Durante la primera ronda de consultas celebrada en 1994 (31 de enero a 4 de 
febrero) se examinó una versión revisada del "documento del barco", fechado en 
noviembre de 1993. Dicha revisión tuvo en cuenta las deliberaciones que habían 
tenido lugar durante las consultas oficiosas del Secretario General celebradas 
en noviembre de 1993. La labor de esta última ronda de consultas estuvo 
centrada principalmente en algunas cuestiones fundamentales: 
a) El proceso de adopción de decisiones, en especial la cuestión de las 
relaciones entre la Autoridad y el Consejo, y la cuestión de cuales grupos de 
Estados del Consejo debían ser considerados cámaras para los efectos de la 
adopción de decisiones en el Consejo; 
-U 
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Página 6 
b) Si los gastos administrativos de la Autoridad debían sufragarse con 
las cuotas de sus miembros, entre ellos los miembros provisionales de la 
Autoridad, o con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas; 
c) La cuestión de la aplicación provisional del acuerdo, y de la calidad 
de miembro provisional de la Autoridad. 
En esta ronda de consultas se realizaron avances respecto de estas dos últimas 
cuestiones. Durante las consultas se distribuyó una versión revisada del 
documento presentado por la delegación de Sierra Leona. 
18. La segunda ronda de consultas oficiosas del Secretario General en 1994 tuvo 
lugar entre el 4 y el 8 de abril. La reunión tuvo ante si una nueva versión 
actualizada del "documento del barco" titulada "Proyecto de resolución y 
proyecto de acuerdo relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982", de fecha 14 de febrero 
de 1994. 
19. Los participantes emprendieron un examen artículo por artículo del proyecto 
de acuerdo. Luego la atención se centró en las dos cuestiones más importantes 
que la reunión debía abordar: el proceso de adopción de decisiones en el 
Consejo, y la Empresa. Esas cuestiones, que constituían el elemento central de 
las consultas, resultaron ser las más difíciles de resolver. Desde que se 
iniciaron las consultas fue evidente que ellas sólo se podrían resolver en las 
últimas etapas del proceso, cuando se tuviera un panorama más claro acerca de 
los resultados de las consultas. Con respecto al proceso de adopción de 
decisiones, los debates estuvieron orientados al sistema de votación por 
cámaras, en particular a la cuestión de si las categorías o grupos de Estados, . 
principalmente Estados en desarrollo, debían ser tratados como cámaras para los 
efectos de la adopción de decisiones en el Consejo. Los debates acerca de la 
Empresa se centraron en el tipo de mecanismo que activaría la iniciación de sus 
operaciones, así como de sus funciones. 
20. Se efectuaron revisiones del proyecto de acuerdo basándose en los debates 
acerca de las distintas cuestiones. Esto, en realidad, fue una característica 
de esta ronda de consultas, que revelaba la urgencia de la situación. Las 
revisiones se refirieron a la aplicación provisional del acuerdo; al carácter de 
miembro provisional de la Autoridad; al tratamiento de los primeros 
inversionistas inscritos; y a la política de producción. 
21. Sobre la base de esas revisiones, el proyecto de resolución y proyecto de 
acuerdo relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fueron revisados en su totalidad y se 
publicó un texto revisado el 8 de abril de 1994, último día de la reunión. 
22. A juicio de muchas delegaciones, se lograron importantes avances durante 
esa ronda de consultas. Aparentemente se hallaron soluciones a varias 
cuestiones importantes, entre ellas, el proceso de adopción de decisiones, la 
Empresa, y el tratamiento de los primeros inversionistas inscritos. Sin 
embargo, no todos los problemas quedaron resueltos en esa ocasión. 
23. La última ronda de consultas del Secretario General se celebró del 31 de 
mayo al 3 de junio de 1994. Su propósito principal fue la armonización del 
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texto en los distintos idiomas del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo 
relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982. La reunión tuvo ante sí el proyecto de 
resolución y proyecto de acuerdo de fecha 15 de abril de 1994, que fueron 
revisados sobre la base de las deliberaciones de la ronda anterior de consultas 
y de una corrección al documento, de fecha 23 de mayo de 1994. También se 
presentaron a la reunión dos documentos (SG/LOS/CRP.1 y SG/LOS/CRP.2), en que 
figuraban las enmiendas relacionadas con la redacción sugeridas por la 
Secretaría con el fin de facilitar el proceso de armonización del texto en los 
distintos idiomas. 
24. La primera parte de la reunión se ocupó de las cuestiones de fondo que aún 
se hallaban pendientes, y se encontraron soluciones para algunas de ellas. Sin 
embargo, las delegaciones siguieron buscando soluciones a otras cuestiones, 
entre otras cosas, las relativas al tratamiento de los primeros inversionistas 
inscritos y a la representación en el Consejo. La segunda parte de la reunión 
estuvo dedicada a la tarea de armonizar las versiones en los distintos idiomas 
del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo. La última parte se ocupó de 
las decisiones que se habrían de adoptar ,con respecto a la convocación de la 
reanudación del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General 
para adoptar el proyecto de resolución y el proyecto de acuerdo. 
25. Al finalizar la reunión, se presentó a las delegaciones un texto revisado 
(SG/LOS/CRP.1/Rev.1), de fecha 3 de junio de 1994. Ese documento provocó 
algunos comentarios relativos a la redacción que han sido recogidos en el texto 
del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo relativos a la aplicación de la 
Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
10 de diciembre de 1982, que figuran en el anexo I del presente informe. Una 
solución propuesta a la cuestión de la representación en el Consejo se encuentra 
en el entendimiento oficioso que figura en el anexo II. 
26. Al finalizar las consultas oficiosas la delegación de la Federación de 
Rusia hizo una declaración por la que reservaba su posición en vista de que 
varias propuestas que había formulado no se habían incorporado en el proyecto de 
acuerdo. Se le respondió que todas las propuestas formuladas por las 
delegaciones o grupos habían sido examinadas minuciosamente sin excepción, pero 
que no había sido posible aceptar cada una de ellas. 
27. Se indicó luego que los Estados Miembros deseaban convocar la reanudación 
del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas entre el 27 y el 29 de julio de 1994, con el fin de adoptar la 
resolución. Deseaban además que el acuerdo se abriera a la firma inmediatamente 
después de la adopción de la resolución. 
28. Deseo recordar que el objeto de las consultas fue lograr mayor 
participación en la Convención por parte de los principales Estados 
industrializados a fin de alcanzar el objetivo de la universalidad. En 
consecuencia, es con satisfacción que informo a la Asamblea General que esas 
consultas, iniciadas por mi predecesor y continuadas por mí, han llevado a un 
resultado que, a mi juicio, podría servir de base para un acuerdo general sobre 
las cuestiones que fueron objeto de las mismas. En vista de los resultados, 
estimo que he cumplido mi mandato. 
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Página 8 
Motas 
A/45/721 y A/46/724, 
2 Las consultas oficiosas se celebraron en las fechas siguientess 19 de 
julio de 1990; 30 de octubre de 1990; 25 de marzo de 1991; 23 de julio de 1991; 
14 y 15 de octubre de 1991; 10 y 11 de diciembre de 1991; 16 y 17 de junio 
de 1992; 6 y 7 de agosto de 1992; 28 y 29 de enero de 1993; 27 y 28 de abril 
de 1993; 2 a 6 de agosto de 1993; 8 a 12 de noviembre de 1993; 31 de enero a 4 
de febrero de 1994; 4 a 8 de abril de 1994; y 31 de mayo a 3 de junio de 1994. 
5 Resolución 48/28 de la Asamblea General. 
/.. 
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Anexo I 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y PROYECTO DE ACUERDO RELATIVOS 
A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE 
DICIEMBRE DE 1992 
I. INTRODUCCIÓN 
La presente es una versión revisada del documento SG/LOS/CRP.1/Rev.l de 
3 de junio de 1994. En ella se incorporan los cambios introducidos durante la 
última reunión de la ronda final de consultas oficiosas, celebrada el 3 de junio 
de 1994. Además de algunas correcciones de índole puramente editorial, los 
cambios son los siguientes: 
a) Páolna 7. articulo 10 
Al final del articulo, agregúese lo siguiente 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, 
debidamente autorizados para ello, han firmado este Acuerdo. 
HECHO EN NUEVA YORK, el día ... de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro. 
b) Páolna 19. sección 6. párrafo 1 d\. lineas 1 v 2 
Syprlmflse los extraídos 
c) No se aplica al español 
d) No se aplica al español 
e) Página 221 seççlfri S, pftrrafo 3, última linea 
^primase para cada etapa. 
II. PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA SU APROBACIÓN 
POR LA ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea General. 
Inspirada por el deseo de lograr participación universal en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 19821 (en 
adelante, "la Convención"), y de promover una representación apropiada en las 
instituciones establecidas por ella, 
1 Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, número 
de venta: S.84.V.3), documento A/CONF.62/122. 
/.. 
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Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional (en adelante, la "Zona"), así como los 
recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad2, 
Recordando que en la Parte XI y disposiciones conexas (en adelante, la 
"Parte XI") de la Convención se estableció un régimen para la Zona y sus 
recursos, 
Tomando nota del informe final provisional consolidado de la Comisión 
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar3, 
Recordando su resolución 48/28 de 9 de diciembre de 1993 sobre el derecho 
del mar, 
Reconociendo que los cambios políticos y económicos, especialmente la 
aplicación cada vez más frecuente de los principios de mercado, han hecho 
necesaria la reevaluación de algunos aspectos del régimen relativo a la Zona y 
sus recursos, 
Tomando nota de la iniciativa adoptada por el Secretario General desde 1990 
de propiciar un diálogo encaminado a lograr la participación universal en la 
Convención, 
Acogiendo con agrado el informe del Secretario General sobre los resultados 
de sus consultas oficiosas, inclusive la redacción de un proyecto de acuerdo 
relativo a la aplicación de la Parte XI, 
Considerando que tal vez el mejor medio de lograr el objetivo de la 
participación universal en la Convención sea la adopción de un acuerdo relativo 
a la aplicación de la Parte XI, 
Reconociendo la necesidad de disponer lo necesario para la aplicación 
provisional de dicho acuerdo a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
Convención el 16 de noviembre de 1994, 
1. Expresa su agradecimiento al Secretario General por su informe 
relativo a las consultas oficiosas; 
2. Reafirma el carácter unitario de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982; 
3. Adopta el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 
de 1982 (en adelante, "el Acuerdo"), cuyo texto figura como anexo de la presente 
resolución; 
2 Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General; articulo 136 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
3 LOS/PCN/130 y Add.l. 
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4. Afirma que el Acuerdo y la Parte XI serán interpretados y aplicados en 
forma conjunta como un solo instrumento; 
5. Considera que las futuras ratificaciones o confirmaciones formales de 
la Convención o adhesiones a ella constituirán además consentimiento en 
obligarse por el Acuerdo, y que ningún Estado o entidad podrá manifestar su 
consentimiento en obligarse por el Acuerdo a menos que haya manifestado 
previamente o manifieste al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la 
Convención; 
6- Exhorta a los Estados que consientan en la adopción del Acuerdo a que 
se abstengan de todo acto que frustre su objeto y fin; 
7. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención el 
16 de noviembre de 1994; 
8. Decide financiar los gastos administrativos de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 14 
de la sección 1 del anexo del Acuerdo; 
9« Pide al Secretario General que transmita de inmediato copias 
certificadas del Acuerdo a los Estados y entidades a que se hace referencia en 
el artículo 3 del mismo, con miras a facilitar la participación universal en la 
Convención y el Acuerdo, y que haga notar los artículos 4 y 5 del Acuerdo; 
10. Pide además al Secretario General que abra el Acuerdo a la firma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo, inmediatamente después 
de su adopción; 
11. Insta a todos los Estados y entidades mencionados en el artículo 3 del 
Acuerdo a que consientan en su aplicación provisional a partir del 16 de 
noviembre de 1994 y a que manifiesten su consentimiento en obligarse por el 
Acuerdo lo antes posible; 
12. Insta además a todos aquellos Estados y entidades que aún no lo hayan 
hecho a tomar todas las medidas necesarias para ratificar, confirmar formalmente 
o adherirse a la Convención lo antes posible a fin de asegurar la participación 
universal en la Convención; 
13. Exhorta a la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar a que tenga 
en cuenta los términos de este Acuerdo al preparar su informe final. 
III. PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI 
DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO 
DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982 
Los Estados Partes en este Acuerdo. 
Reconociendo la importante contribución de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (en adelante, "la 
Convención") al mantenimiento de la paz, la justicia y el progreso de todos los 
pueblos del mundo, 
/... 
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Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional (en adelante, "la Zona"), así como sus 
recursos, son patrimonio común de la humanidad, 
Conscientes de la importancia que reviste la Convención para la protección 
y preservación del medio marino y de la creciente preocupación por el medio 
ambiente mundial. 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre los resultados de las consultas oficiosas entre Estados celebradas 
desde 1990 hasta 1994 sobre las cuestiones pendientes relativas a la Parte XI y 
disposiciones conexas de la Convención (en adelante, "la Parte XI"), 
Observando los cambios políticos y económicos, entre ellos, los sistemas 
orientados al mercado, que afectan la aplicación de la Parte XI, 
Deseando facilitar la participación universal en la Convención, 
Considerando que un acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI seria 
el mejor medio de lograr ese objetivo. 
Han acordado lo siguiente: 
Artículo 1 
. Aplicación de la Parte XI 
1. Los Estados Partes en este Acuerdo se comprometen a aplicar la 
Parte XI de conformidad con este Acuerdo. 
2. El anexo forma parte integrante de este Acuerdo. 
Artículo 2 
Relación entre este Acuerdo v la Parte XI 
1. Las disposiciones de este Acuerdo y de la Parte XI deberán ser 
interpretadas y aplicadas en forma conjunta como un solo instrumento. En caso 
de haber discrepancia entre este Acuerdo y la Parte XI, prevalecerán las 
disposiciones de este Acuerdo. 
2. Los artículos 309 a 319 de la Convención se aplicarán a este Acuerdo 
en la misma forma en que se aplican a la Convención. 
Articulo 3 
Firma 
Este Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y las entidades 
mencionados en los apartados a), c), d), e) y f) del párrafo 1 del articulo 305 
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de la Convención, en la Sede de las Naciones Unidas, durante 12 meses contados 
desde la fecha de su adopción. 
Articulo 4 
Consentimiento en obligarse 
1. Después de la adopción de este Acuerdo, todo instrumento de 
ratificación o de confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella 
constituirá también consentimiento en obligarse por el Acuerdo. 
2. Ningún Estado o entidad podrá manifestar su consentimiento en 
obligarse por este Acuerdo a menos que haya manifestado previamente o manifieste 
al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la Convención. 
3. Los Estados o entidades mencionados en el articulo 3 podrán manifestar 
su consentimiento en obligarse por este Acuerdo mediante: 
a) Firma no sujeta a ratificación, confirmación formal o al procedimiento 
establecido en el artículo 5; 
b) Firma sujeta a ratificación o confirmación formal, seguida de 
ratificación o confirmación formal; 
c) Firma sujeta al procedimiento establecido en el articulo 5; o 
d) Adhesión. 
4. La confirmación formal por las entidades mencionadas en el inciso f) 
del párrafo 1 del articulo 305 de la Convención se hará de conformidad con el 
anexo IX de la Convención. 
5. Los instrumentos de ratificación, confirmación formal o adhesión se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Articulo 5 
Procedimiento simplificado 
1. Se considerará que los Estados o entidades que hayan depositado, antes 
de la fecha de adopción de este Acuerdo, un instrumento de ratificación o 
confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella y que hayan firmado 
este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 
del artículo 4, han manifestado su consentimiento en obligarse por este Acuerdo 
12 meses después de la fecha de su adopción, a menos que tales Estados o 
entidades notifiquen al depositario por escrito antes de esa fecha que no se 
acogerán al procedimiento simplificado establecido en este articulo. 
2. En el caso de tal notificación, se manifestará el consentimiento en 
obligarse por este Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del 
párrafo 3 del artículo 4. 
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Artículo 6 
Entrada en vigor 
1. Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que 
40 Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse de conformidad 
con los artículos 4 y 5, siempre que entre ellos figuren al menos siete de los 
Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II de 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(en adelante, la "resolución II"), de los cuales al menos cinco deberán ser 
Estados desarrollados. Si las condiciones para la entrada en vigor se cumplen 
antes del 16 de noviembre de 1994, este Acuerdo entrará en vigor el 16 de 
noviembre de 1994. 
2. Respecto de cada Estado o entidad que manifieste su consentimiento en 
obligarse por este Acuerdo después de que se hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el párrafo 1, este Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día 
siguiente a la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse. 
Artículo 7 
Aplicación provisional 
1. Si este Acuerdo no ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1994, 
será aplicado provisionalmente hasta su entrada en vigor por: 
a) Los Estados que hayan consentido en su adopción en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, salvo aquellos que antes del 16 de noviembre de 1994 
notifiquen al depositario por escrito que no aplicarán en esa forma el Acuerdo o 
que consentirán en tal aplicación únicamente previa firma o notificación por 
escrito; 
b) Los Estados y entidades que firmen este Acuerdo, salvo aquellos que 
notifiquen al depositario por escrito en el momento de la firma que no aplicarán 
en esa forma el Acuerdo; 
c) Los Estados y entidades que consientan en su aplicación provisional 
mediante notificación por escrito de su consentimiento al depositario; 
d) Los Estados que se adhieran a este Acuerdo. 
2. Todos esos Estados y entidades aplicarán este Acuerdo provisionalmente 
de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales o internos, con efecto a 
partir del 16 de noviembre de 1994 o a partir de la fecha de la firma, la 
notificación del consentimiento o la adhesión, si ésta fuese posterior. 
3. La aplicación provisional terminará en la fecha de entrada en vigor 
de este Acuerdo. En todo caso, la aplicación provisional terminará el 16 de 
noviembre de 1998 si en esa fecha no se ha cumplido el requisito establecido 
en el párrafo 1 del articulo 6 de que hayan consentido en obligarse por este 
Acuerdo al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del 
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párrafo 1 de la resolución II (de los cuales al menos cinco deberán ser Estados 
desarrollados). 
Articulo 8 
Estados Partes 
1. Para los efectos de este Acuerdo, por "Estados Partes" se entiende los 
Estados que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo y para los cuales el 
Acuerdo esté en vigor. 
2. Este Acuerdo se aplicará mutatis mutandis a las entidades mencionadas 
en los apartados c), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención 
que lleguen a ser partes en el Acuerdo de conformidad con los requisitos 
pertinentes a cada una de ellas, y en esa medida, el término "Estados Partes" se 
refiere a esas entidades. 
Artículo 9 
Depositario 
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de este 
Acuerdo. 
Artículo 10 
Textos auténticos 
El original de este Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados para ello, han firmado este Acuerdo. 
HECHO EN NUEVA YORK, el día ... de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro. 
ANEXO 
Sección 1. Costos para los estados partes 
v arreglos institucionales 
1. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante, "la 
Autoridad") es la organización por conducto de la cual los Estados Partes en 
la Convención, de conformidad con el régimen establecido para la Zona en la 
Parte XI y en este Acuerdo, organizarán y controlarán las actividades en la 
Zona, particularmente con miras a la administración de loa recursos de la Zona. 
La Autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieren 
/... 
-1C, 
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por la Convención. Tendrá también las facultades accesorias, compatibles con la 
Convención, que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas 
facultades y funciones con respecto a las actividades en la Zona. 
2. Con el objeto de reducir al mínimo los costos para los Estados Partes, 
todos los órganos y órganos subsidiarios que se establezcan en virtud de la 
Convención y de este Acuerdo realizarán sus actividades en forma eficaz en 
función de los costos. Este principio se aplicará también a la frecuencia, la 
duración y la programación de las reuniones. 
3. El establecimiento y funcionamiento de los órganos y órganos 
subsidiarios de la Autoridad se basarán en un criterio evolutivo, teniendo en 
cuenta las necesidades funcionales de los órganos y órganos subsidiarios en 
cuestión, con el fin de que puedan cumplir eficazmente sus respectivas 
responsabilidades en las diversas etapas del desarrollo de las actividades en 
la Zona. 
4. Las funciones iniciales de la Autoridad al entrar en vigor la 
Convención serán desempeñadas por la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, la 
Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas. Las funciones de la 
Comisión de Planificación Económica serán desempeñadas por la Comisión Jurídica 
y Técnica hasta el momento en que el Consejo decida otra cosa o hasta que se 
apruebe el primer plan de trabajo para explotación. 
5. Entre la entrada en vigor de la Convención y la aprobación del primer 
plan de trabajo para explotación, la Autoridad se ocupará principalmente de: 
a) La tramitación de solicitudes de aprobación de planes de trabajo para 
exploración de conformidad con la Parte XI y este Acuerdo; 
b) La aplicación de las decisiones de la Comisión Preparatoria de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar (en adelante, "la Comisión Preparatoria") relativas a los 
primeros inversionistas inscritos y sus Estados certificadores, incluidos sus 
derechos y obligaciones, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 308 de la 
Convención y con el párrafo 13 de la resolución II; 
c) La vigilancia del cumplimiento de los planes de trabajo para 
exploración aprobados en forma de contratos; 
d) El seguimiento y examen de las tendencias y los acontecimientos 
relativos a las actividades de explotación minera de los fondos marinos, 
incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de 
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales; 
e) El estudio de las posibles consecuencias de la producción minera de la 
Zona para la economía de los Estados en desarrollo productores terrestres de 
esos minerales que puedan resultar más gravemente afectados, a fin de minimizar 
sus dificultades y de prestarles ayuda para su reajuste económico, teniendo en 
cuenta la labor realizada a este respecto por la Comisión Preparatoria; 
f) La aprobación de las normas, reglamentos y procedimientos necesarios 
para la realización de las actividades en la Zona a medida que éstas avancen. 
/... 
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No obstante lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 17 
del anexo III de la Convención, tales normas, reglamentos y procedimientos 
tendrán en cuenta las disposiciones de este Acuerdo, el retraso prolongado de la 
explotación minera comercial de los fondos marinos y el ritmo probable de las 
actividades que se realicen en la Zona; 
g) La aprobación de normas, reglamentos y procedimientos en que se 
incorporen los estándares aplicables sobre protección y preservación del medio 
marino; 
h) La promoción y el estímulo de la realización de investigaciones 
científicas marinas con respecto a las actividades realizadas en la Zona y la 
compilación y difusión de los resultados de esas investigaciones y análisis, 
cuando se disponga de ellos, haciendo especial hincapié en las investigaciones 
relativas a los efectos ambientales de las actividades realizadas en la Zona; 
i) La adquisición de conocimientos científicos y el seguimiento del 
desarrollo de la tecnología marina pertinente a las actividades en la Zona, en 
particular la tecnología relacionada con la protección y preservación del medio 
marino; 
j) La evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y 
exploración; 
k) La elaboración en el momento oportuno de normas, reglamentos y 
procedimientos para la explotación, entre ellos, los relativos a la protección y 
preservación del medio marino. 
6. a) El Consejo considerará una solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo para exploración después de recibir una recomendación de la Comisión 
Jurídica y Técnica acerca de la solicitud. La tramitación de una solicitud de 
aprobación de un plan de trabajo para exploración se hará de conformidad con las 
disposiciones de la Convención, incluidas las de su anexo III, y de este 
Acuerdo, y con sujeción a las disposiciones siguientes: 
i) Se considerará que un plan de trabajo para exploración presentado en 
nombre de un Estado o una entidad, o un componente de una entidad, 
de los mencionados en los incisos ii) o iii) del apartado a) del 
párrafo 1 de la resolución II, que no sea un primer inversionista 
inscrito y que ya hubiere realizado actividades sustanciales en la 
Zona antes de la entrada en vigor de la Convención, o del sucesor en 
sus intereses, ha cumplido los requisitos financieros y técnicos 
necesarios para la aprobación del plan de trabajo si el Estado o los 
Estados patrocinantes certifican que el solicitante ha gastado una 
suma equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. 
en actividades de investigación y exploración y ha destinado no menos 
del 10% de esa suma a la localización, el estudio y la evaluación del 
área mencionada en el plan de trabajo. Si por lo demás el plan de 
trabajo cumple los requisitos de la Convención y de las normas, 
reglamentos y procedimientos adoptados de conformidad con ella, será 
aprobado por el Consejo en forma de contrato. Las disposiciones del 
párrafo 11 de la sección III del presente anexo se interpretarán y 
aplicarán en consecuencia; 
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ii) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 de la 
resolución II, un primer inversionista inscrito podrá solicitar la 
aprobación de un plan de trabajo para exploración en un plazo de 
36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. 
El plan de trabajo para exploración comprenderá los documentos, 
informes y demás datos que se presenten a la Comisión Preparatoria 
antes y después de la inscripción, e irá acompañado de un certificado 
de cumplimiento, consistente en un informe fáctico en que se describa 
la forma en que se ha dado cumplimiento a las obligaciones 
comprendidas en el régimen de los primeros inversionistas, expedido 
por la Comisión Preparatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado a) del párrafo 11 de la resolución II. Dicho plan de trabajo 
se considerará aprobado. El plan de trabajo aprobado tendrá la forma 
de un contrato concertado entre la Autoridad y el primer inversionista 
registrado de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este 
Acuerdo. Se considerará que el canon de 250.000 dólares de los 
EE.UU., pagado de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del 
párrafo 7 de la resolución II, constituye el canon correspondiente a 
la etapa de exploración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de 
la sección 8 del presente anexo. El párrafo 11 de la sección 3 del 
presente anexo se interpretará y aplicará en consecuencia; 
iii) De conformidad con el principio de no discriminación, en todo contrato 
celebrado con un Estado o una entidad o un componente de una entidad 
de los mencionados en el inciso i) del apartado a), se incluirán 
condiciones similares y no menos favorables a las convenidas con 
cualquier primer inversionista inscrito de los mencionados en el 
inciso ii) del apartado a). Si se estipulan condiciones más 
favorables para cualquiera de los Estados, las entidades o los 
componentes de entidades mencionados en el inciso i) del apartado a), 
el Consejo estipulará condiciones similares y no menos favorables con 
respecto a los derechos y obligaciones asumidos por los primeros 
inversionistas inscritos mencionados en el inciso ii) del apartado a), 
siempre y cuando esas condiciones no afecten ni perjudiquen los 
intereses de la Autoridad; 
iv) El Estado que patrocina una solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo con arreglo a las disposiciones de los incisos i) o ii) del 
apartado a), podrá ser un Estado Parte o un Estado que sea miembro de 
la Autoridad con carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 12; 
v) El apartado c) del párrafo 8 de la resolución II se interpretará y 
aplicará de conformidad con lo establecido en el inciso iv) del 
apartado a); 
b) La aprobación de los planes de trabajo para exploración se hará de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 de la Convención. 
7. Toda solicitud de aprobación de un plan, de trabajo irá acompañada de 
una evaluación de los posibles efectos sobre el medio ambiente de las 
actividades propuestas y de una descripción de un programa de estudios 
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oceanógraficos y estudios de referencia sobre el medio ambiente de conformidad 
con las normas, reglamentos y procedimientos aprobados por la Autoridad. 
8. Toda solicitud de aprobación de planes de trabajo para exploración, 
con sujeción a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a) del 
párrafo 6, se tramitará de conformidad con los procedimientos establecidos en el 
párrafo 11 de la sección 3 de este anexo. 
9. Los planes de trabajo para exploración se aprobarán por un período de 
15 años. Al expirar el plan de trabajo para exploración, el contratista 
solicitará la aprobación de un plan de trabajo para explotación, a menos que ya 
lo haya hecho o que haya obtenido prórroga del plan de trabajo para exploración. 
Los contratistas podrán solicitar prórrogas por plazos no superiores a cinco 
años cada vez. Las prórrogas se aprobarán si el contratista se ha esforzado de 
buena fe por cumplir los requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas 
a su voluntad, no ha podido completar el trabajo preparatorio necesario para 
pasar a la etapa de explotación, o si las circunstancias económicas imperantes 
no justifican que se pase a la etapa de explotación. 
10. La designación de un área reservada para la Autoridad conforme a lo 
dispuesto en el articulo 8 del anexo III de la Convención, se efectuará en 
relación con la aprobación de un plan de trabajo para exploración o con la 
aprobación de un plan de trabajo para exploración y explotación. 
11. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo para 
exploración aprobado, que esté patrocinado por lo menos por uno de los Estados 
que estén aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedará sin efecto si ese 
Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo y no ha llegado a ser miembro 
provisional conforme a lo dispuesto en el párrafo 12, o no ha llegado a ser 
Estado Parte. 
12. Al entrar en vigor este Acuerdo, los Estados y las entidades 
mencionados en el artículo 3 del Acuerdo que lo hayan estado aplicando 
provisionalmente de conformidad con el artículo 7 y para los cuales el Acuerdo 
no esté en vigor, podrán seguir siendo miembros provisionales de la Autoridad 
hasta que el Acuerdo entre en vigor con respecto a ellos, de conformidad con las 
disposiciones siguientes: 
a) Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 de noviembre de 1996, 
dichos Estados y entidades tendrán derecho a continuar participando como 
miembros provisionales de la Autoridad una vez que hayan notificado al 
depositario del Acuerdo su intención de participar como miembros provisionales. 
La participación como miembro provisional terminará el 16 de noviembre de 1996 o 
en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y de la Convención para tales 
miembros, si ésta fuese anterior a aquélla. El Consejo, a petición del Estado o 
la entidad interesados, podrá prorrogar dicha participación más allá del 16 de 
noviembre de 1996 por uno o más períodos no superiores a dos años en total, a 
condición de que el Consejo se cerciore de que el Estado o la entidad 
interesados han estado intentando de buena fe llegar a ser partes en el Acuerdo 
y en la Convención; 
b) Si este Acuerdo entrare en vigor después del 15 de noviembre de 1996, 
dichos Estados y entidades podrán pedir al Consejo que les permita continuar 
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siendo miembros provisionales de la Autoridad por uno o más períodos que no 
vayan más allá del 16 de noviembre de 1998. El Consejo otorgará dicha calidad 
de miembro provisional con efecto a partir de la fecha de la solicitud, si le 
consta que el Estado o entidad ha intentado de buena fe llegar a ser parte en el 
Acuerdo y en la Convención; 
c) Los Estados y entidades que sean miembros provisionales de la 
Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) o b), aplicarán 
las disposiciones de la Parte XI y este Acuerdo de conformidad con sus leyes, 
reglamentos y consignaciones presupuestarias anuales nacionales o internas, y 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, entre otros: 
i) La obligación de contribuir al presupuesto administrativo de la 
Autoridad conforme a la escala de cuotas; 
ii) El derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de trabajo 
para exploración. En el caso de entidades cuyos componentes sean 
personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de más de un 
Estado, los planes de trabajo para exploración no se aprobarán a menos 
que todos los Estados cuyas personas naturales o jurídicas compongan 
esas entidades sean Estados Partes o miembros provisionales; 
d) No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo 
aprobado en forma de contrato de exploración que haya sido patrocinado conforme 
a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que era miembro 
provisional, quedará sin efecto si el Estado o entidad dejare de ser miembro 
provisional y no hubiere llegado a ser Estado Parte; 
e) Si un miembro provisional no ha pagado sus cuotas o ha dejado de 
cumplir en alguna otra forma sus obligaciones conforme a lo dispuesto en este 
párrafo, se pondrá término a su calidad de miembro provisional. 
13. La referencia al cumplimiento no satisfactorio que figura en el 
artículo 10 del anexo III de la Convención se interpretará en el sentido de que 
el contratista no ha cumplido los requisitos de un plan de trabajo aprobado a 
pesar de que la Autoridad le ha dirigido una o más advertencias escritas acerca 
de su cumplimiento. 
14. La Autoridad tendrá su propio presupuesto. Hasta el final del año 
siguiente al año en que este Acuerdo entre en vigor, los gastos administrativos 
de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas. 
A partir de entonces, los gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán 
mediante las cuotas de sus miembros, incluidos los miembros provisionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 171 y el 
artículo 173 de la Convención y en este Acuerdo, hasta que la Autoridad tenga 
fondos suficientes procedentes de otras fuentes para sufragar esos gastos. La 
Autoridad no ejercerá la facultad mencionada en el párrafo 1 del artículo 174 de 
la Convención con el fin de contratar préstamos para financiar su presupuesto 
administrativo. 
15. La Autoridad elaborará y aprobará, con arreglo a lo dispuesto en el 
inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención, 
normas, reglamentos y procedimientos basados en los principios contenidos en las 
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secciones 2, 5, 6, 7 y 8 de este anexo, así como las demás normas, reglamentos y 
procedimientos que sean necesarios para facilitar la aprobación de los planes de 
trabajo para exploración o explotación, de conformidad con las disposiciones 
siguientes: 
a) El Consejo podrá emprender la elaboración de tales normas, reglamentos 
o procedimientos en el momento en que estime que son necesarios para la 
realización de actividades en la Zona o cuando determine que la explotación 
comercial es inminente, o a petición de un Estado uno de cuyos nacionales se 
proponga solicitar la aprobación de un plan de trabajo para explotación; 
b) Si un Estado de los mencionados en el apartado a) pide que se adopten 
esas normas, reglamentos y procedimientos, el Consejo lo hará dentro de los dos 
años siguientes a la petición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) 
del párrafo 2 del articulo 162 de la Convención; 
c) Si el Consejo no ha finalizado la elaboración de las normas, 
reglamentos y procedimientos relacionados con la explotación en el plazo 
prescrito, y está pendiente la aprobación de una solicitud de plan de trabajo 
para explotación, procederá de todos modos a considerar y aprobar 
provisionalmente ese plan de trabajo sobre la base de las disposiciones de la 
Convención y de todas las normas, reglamentos y procedimientos que el Consejo 
haya aprobado provisionalmente, o sobre la base de las normas contenidas en la 
Convención y de los términos y principios contenidos en el presente anexo, así 
como del principio de no discriminación entre contratistas. 
16. Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos y todas las 
recomendaciones relativas a las disposiciones de la Parte XI que figuren en los 
informes y recomendaciones de la Comisión Preparatoria, serán tomados en cuenta 
por la Autoridad al adoptar normas, reglamentos y procedimientos de conformidad 
con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo. 
17. Las disposiciones pertinentes de la sección 4 de la Parte XI de la 
Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con este Acuerdo. 
Sección 2. La Empresa 
1. La Secretaria de la Autoridad desempeñará las funciones de la Empresa 
hasta que ésta comience a operar independientemente de la Secretaría. El 
Secretario General de la Autoridad nombrará de entre el personal de la Autoridad 
un Director General interino que supervisará la realización de esas funciones 
por la Secretaría. 
Esas funciones serán las siguientes: 
a) Seguimiento y análisis de las tendencias y acontecimientos 
relacionados con las actividades de explotación minera de los fondos marinos, 
incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de 
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales; 
b) Evaluación de los resultados de las investigaciones científicas 
marinas llevadas a cabo con respecto a las actividades realizadas en la Zona, y 
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especialmente los de las investigaciones relacionadas con el impacto ambiental 
de las actividades realizadas en la Zona; 
c) Evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y la 
exploración, incluidos los principios aplicables a esas actividades; 
d) Evaluación de los adelantos tecnológicos de importancia para las 
actividades realizadas en la Zona, en particular la tecnología relativa a la 
protección y preservación del medio marino; 
e) Evaluación de la información y los datos relativos a las áreas 
reservadas para la Autoridad; 
f) Evaluación de las pautas que deben seguirse en las operaciones de 
empresa conjunta; 
g) Reunión de información acerca de la disponibilidad de mano de obra 
calificada; 
h) Estudio de las distintas políticas de gestión aplicables a la 
administración de la Empresa en diferentes etapas de sus operaciones. 
2. La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales de explotación 
minera de los fondos marinos por medio de empresas conjuntas. Al aprobarse un 
plan de trabajo para explotación para una entidad distinta de la Empresa, o al 
recibir el Consejo una solicitud de constitución de empresa conjunta con la 
Empresa, el Consejo se ocupará de la cuestión del funcionamiento de la Empresa 
independientemente de la Secretaría de la Autoridad. Si las operaciones 
realizadas en régimen de empresa conjunta con la Empresa se basan en principios 
comerciales sólidos, el Consejo emitirá una directriz de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 170 de la Convención, por la que 
establecerá dicho funcionamiento independiente. 
3. La obligación de los Estados Partes de financiar las actividades de la 
Empresa en un sitio minero prevista en el párrafo 3 del artículo 11 del anexo IV 
de la Convención no será aplicable, y los Estados Partes no estarán obligados a 
financiar ninguna de las operaciones que se lleven a cabo en los sitios mineros 
de la Empresa ni las que se lleven a cabo conforme a sus arreglos de empresa 
conjunta. 
4. Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán a la 
Empresa. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 y en el 
párrafo 5 del artículo 3 del anexo III de la Convención, un plan de trabajo para 
la Empresa tendrá, una vez aprobado, la forma de un contrato concertado entre la 
Autoridad y la Empresa. 
5. Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad 
como área reservada tiene derecho de opción preferente a concertar un arreglo de 
empresa conjunta con la Empresa para la exploración y explotación de esa área. 
Si la Empresa no presenta una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para 
la realización de actividades respecto de esa área reservada dentro de los 
15 años siguientes a la iniciación de sus funciones independientemente de la 
Secretaria de la Autoridad, o dentro de los 15 años siguientes a la fecha en que 
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se haya reservado esa área para la Autoridad, si esa fecha es posterior, el 
contratista que haya aportado el área tendrá derecho a solicitar la aprobación 
de un plan de trabajo respecto de ésta a condición de que ofrezca de buena fe 
incluir a la Empresa como socio en una empresa conjunta. 
6. El párrafo 4 del articulo 170, el anexo IV y las demás disposiciones 
de la Convención relativas a la Empresa se interpretarán y aplicarán con arreglo 
a lo estipulado en esta sección. 
Sección 3. Adopción de decisiones 
1. La Asamblea, en colaboración con el Consejo, determinará la política 
general de la Autoridad. 
2. Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se 
deberán adoptar por consenso. 
3. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren 
agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación 
en la Asamblea lo serán por mayoría de los Estados presentes y votantes, y las 
decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios de 
los Estados presentes y votantes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del 
articulo 159 de la Convención. 
4. Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier asunto respecto del cual 
también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto administrativo, 
presupuestario ó financiero, se basarán en las recomendaciones del Consejo. Si 
la Asamblea no aceptare la recomendación del Consejo sobre algún asunto, 
devolverá éste al Consejo para que lo examine nuevamente. El Consejo 
-reexaminará el asunto teniendo presentes las opiniones expresadas por la 
Asamblea. 
5. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren 
agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación 
en el Consejo lo serán por mayoría de los miembros presentes y votantes, y las 
decisiones sobre cuestiones de fondo, salvo en los casos en que la Convención 
disponga que se adopten por consenso en el Consejo, lo serán por mayoría de dos 
tercios de los miembros presentes y votantes, a menos que se oponga a tales 
decisiones la mayoría en cualquiera de las cámaras mencionadas en el párrafo 9. 
Al adoptar decisiones, el Consejo procurará promover los intereses de todos los 
miembros de la Autoridad. 
6. El Consejo podrá aplazar la adopción de una decisión a fin de 
facilitar la celebración de nuevas negociaciones cada vez que parezca que no se 
han agotado todos los intentos por llegar a un consenso respecto de algún 
asunto. 
7. Las decisiones adoptadas por la Asamblea o el Consejo que tengan 
consecuencias financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones 
del Comité de Finanzas. 
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8. Las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 8 del 
artículo 161 de la Convención no serán aplicables. 
9. a) Cada grupo de Estados elegido conforme a lo dispuesto en los 
incisos a) a c) del párrafo 15 será tratado como una cámara para los efectos de 
la votación en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos conforme a lo 
dispuesto en los incisos d) ye) del párrafo 15 serán tratados como una cámara 
única para los efectos de la votación en el Consejo. 
b) Antes de elegir a los miembros del Consejo, la Asamblea confeccionará 
listas de países que reúnen las condiciones necesarias para formar parte de los 
grupos de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del párrafo IS. Si un 
Estado reúne las condiciones necesarias para formar parte de más de un grupo, 
sólo podrá ser propuesto por uno de ellos como candidato a miembro del Consejo y 
representará únicamente a ese grupo en la votación en el Consejo. 
10. Cada grupo de Estados señalado en los apartados a) a d) del párrafo 15 
estará representado en el Consejo por los miembros designados por ese grupo. 
Cada grupo designará sólo tantos candidatos como número de puestos deba ocupar 
ese grupo. Cuando el número de posibles candidatos de cada uno de los grupos 
mencionados en los apartados a) a e) del párrafo 15 sea superior al número de 
puestos disponibles en cada uno de los grupos respectivos, por regla general se 
aplicará el principio de rotación. Los Estados miembros de cada uno de los 
grupos determinarán la forma en que se aplicará este principio a esos grupos. 
11. a) El Consejo aprobará la recomendación de aprobación de un plan de 
trabajo formulada por la Comisión Jurídica y Técnica, a menos que el Consejo, 
por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, que comprenderá 
la mayoría de los miembros presentes y votantes en cada una de las cámaras del 
Consejo, décida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo no adoptare una 
decisión acerca de una recomendación de aprobación de un plan de trabajo dentro 
del plazo prescrito, se considerará que la recomendación ha sido aprobada por el 
Consejo al cumplirse ese plazo. El plazo prescrito normalmente será de 60 días, 
a menos que el Consejo decida fijar un plazo mayor. Si la Comisión recomienda 
que se rechace un plan de trabajo o no hace una recomendación, el Consejo podrá 
aprobar de todos modos el plan de trabajo de conformidad con su reglamento 
relativo a la adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo. 
b) Las disposiciones del apartado j) del párrafo 2 del artículo 162 de la 
Convención no serán aplicables. 
12. Toda controversia que pudiera producirse con respecto al rechazo de un 
plan de trabajo, será sometida al procedimiento de solución de controversias 
establecido en la Convención. 
13. La adopción de decisiones mediante votación en la Comisión Jurídica y 
Técnica se hará por mayoría de los miembros presentes y votantes. 
14. Las subsecciones B y C de la sección 4 de la Parte XI de la Convención 
se interpretarán y aplicarán de conformidad con la presente sección. 
15. El Consejo estará integrado por 36 miembros de la Autoridad elegidos 
por la Asamblea en el orden siguiente: 
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a) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, durante los 
últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, hayan 
absorbido más del 2% en términos de valor del consumo mundial total o hayan 
efectuado importaciones netas de más del 2% en términos de valor de las 
importaciones mundiales totales de los productos básicos obtenidos a partir de 
las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, a condición de 
que entre esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la región de Europa 
oriental que tenga la economía más importante de esa región en términos de 
producto interno bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada en vigor de la 
Convención, tenga la economía más importante en términos de producto interno 
bruto, si esos Estados desean estar representados en este grupo; 
b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Partes que, 
directamente o por medio de sus nacionales, hayan hecho las mayores inversiones 
en la preparación y realización de actividades en la Zona; 
c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, sobre la base 
de la producción de las áreas que se encuentran bajo su jurisdicción, sean 
grandes exportadores netos de las categorías de minerales que han de extraerse 
de la Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones 
de esos minerales tengan importancia considerable para su economía; 
d) Seis miembros escogidos entre los Estados Partes en desarrollo, que 
representen intereses especiales. 1x38 intereses especiales que han de estar 
representados incluirán los de los Estados con gran población, los Estados sin 
litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados insulares, los 
Estados que sean grandes importadores de las categorías de minerales que han de 
extraerse de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales 
minerales y los Estados en desarrollo menos adelantados; 
e) Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de 
asegurar una distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo en su 
totalidad, a condición de que cada región geográfica cuente por lo menos con un 
miembro elegido en virtud de este apartado. A tal efecto se considerarán 
regiones geográficas África, América Latina y el Caribe, Asia, Europa occidental 
y otros Estados, y Europa oriental. 
16. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 161 de la Convención no 
serán aplicables. 
Sección 4. Conferencia de Revisión 
Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión de los párrafos 1, 
3 y 4 del articulo 155 de la Convención no serán aplicables. No obstante las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 314 de la Convención, la Asamblea, por 
recomendación del Consejo, podrá efectuar en cualquier momento una revisión de 
los asuntos indicados en el párrafo 1 del artículo 155 de la Convención. Las 
enmiendas relativas a este Acuerdo y a la Parte XI estarán sujetas a los 
procedimientos previstos en los artículos 314, 315 y 316 de la Convención, a 
condición de que se mantengan los principios, el régimen y las demás 
disposiciones mencionadas en el párrafo 2 del artículo 155 de la Convención y 
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de que los derechos mencionados en el párrafo 5 de ese artículo no resulten 
afectados. 
Sección 5. Transferencia de tecnología 
1. Además de regirse por las disposiciones del artículo 144 de la 
Convención, la transferencia de tecnología se regirá, para los efectos de la 
Parte XI, por los principios siguientes: 
a) La Empresa y los Estados en desarrollo que deseen obtener tecnología 
para la explotación minera de los fondos marinos, procurarán obtener esa 
tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables 
en el mercado abierto, o bien mediante arreglos de empresa conjunta; 
b) Si la Empresa o los Estados en desarrollo no pudieran obtener 
tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, la Autoridad podrá 
pedir a todos o a cualquiera de los contratistas y al Estado o los Estados 
patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para facilitar la adquisición 
de tecnología para la explotación minera de los fondos marinos por la Empresa o 
por su empresa conjunta, o por uno o varios Estados en desarrollo que deseen 
adquirir esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas 
y razonables, compatibles con la protección eficaz de los derechos de propiedad 
intelectual. Los Estados Partes se comprometen a cooperar plena y efectivamente 
con la Autoridad en ese sentido y a velar por que los contratistas por ellos 
patrocinados también cooperen plenamente con la Autoridad; 
\ 
c) Por regla general, los Estados Partes promoverán la cooperación 
internacional científica y técnica respecto de las actividades en la Zona, ya 
sea entre las Partes interesadas o mediante la creación de programas de 
capacitación, asistencia técnica y cooperación científica en materia de ciencia 
y tecnología marina, y de protección y preservación del medio marino. 
2. Las disposiciones del articulo 5 del anexo III de la Convención no 
serán aplicables. 
Sección 6. Política de producción 
1. La política de producción de la Autoridad se basará en los principios 
siguientes: 
a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a 
principios comerciales sólidos; 
b) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o 
reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona; 
c) En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas 
en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en el 
apartado b). El otorgamiento de subsidios para los efectos de estos principios 
se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b); 
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d) No se discriminará entre los minerales extraídos de la Zona y de otras 
fuentes. No habrá acceso preferente a los mercados para esos minerales, ni para 
las importaciones de productos básicos elaborados a partir de ellos, en 
particular: 
i) Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias; 
ii) El que den los Estados Partes a dichos minerales o a los productos 
básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas 
estatales, o por personas naturales o jurídicas que tengan su 
nacionalidad o estén controladas por ellos o por sus nacionales; 
e) El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad respecto 
de cada área de explotación minera indicará el calendario de producción 
previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de minerales 
que se producirían por año de conformidad con el plan de trabajo; 
f) Las reglas que siguen se aplicarán a la solución de las controversias 
relativas a las disposiciones de los acuerdos mencionados en el apartado b): 
i) Si los Estados Partes afectados son partes en dichos acuerdos, podrán 
recurrir a los procedimientos de solución de controversias previstos 
en esos acuerdos; 
ii) Si uno o más de los Estados Partes afectados no son partes en dichos 
acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de 
controversias establecidos en la Convención; 
g) En los casos en que se determine, a tenor de los acuerdos mencionados 
en el apartado b), que un Estado Parte ha otorgado subsidios que están 
prohibidos o que han redundado en perjuicio de los intereses de otro Estado 
Parte, y que el Estado Parte o los Estados Partes en cuestión no han adoptado 
las medidas adecuadas, un Estado Parte podrá pedir al Consejo que adopte tales 
medidas. 
2. Los principios contenidos en el párrafo 1 no afectarán a los derechos 
y obligaciones previstos en las disposiciones de los acuerdos señalados en el 
apartado b) del párrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio y de unión 
aduanera correspondientes, en las relaciones entre Estados Partes que sean 
partes en esos acuerdos. 
3. La aceptación por un contratista de subsidios distintos de los 
permitidos en virtud de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1 
constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato por el que 
se establezca un plan de trabajo para la realización de actividades en la Zona. 
4. Todo Estado Parte que tenga razones para creer que ha habido una 
infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del 
párrafo 3, podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1. 
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5. Un Estado Parte podrá en cualquier momento señalar a la atención del 
Consejo aquellas actividades que en su opinión sean incompatibles con los 
requisitos establecidos en los incisos b) a d) del párrafo 1. 
6. La Autoridad elaborará normas, reglamentos y procedimientos que 
garanticen el cumplimiento de las disposiciones de esta sección, entre ellos, 
normas, reglamentos y procedimientos pertinentes que gobiernen la aprobación de 
los planes de trabajo. 
7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del articulo 151, del 
apartado q) del párrafo 2 del artículo 162, del apartado n) del párrafo 2 del 
artículo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del articulo 7 del anexo III de 
la Convención, no serán aplicables. 
Sección 7. Asistencia económica 
1. La política de la Autoridad de prestar asistencia a los países en 
desarrollo cuyos ingresos de exportación o cuya economía sufran serios 
perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen 
exportado de un mineral, en la medida en que tal disminución se deba a 
actividades en la Zona, se basará en los principios siguientes: 
a) La Autoridad establecerá un fondo de asistencia económica con cargo a 
aquella parte de los fondos de la Autoridad que exceda los necesarios para 
cubrir los gastos administrativos de ésta. La cantidad que se destine a este 
objeto será determinada periódicamente por el Consejo, por recomendación del 
Comité de Finanzas. Sólo se destinarán al establecimiento del fondo de 
asistencia económica fondos procedentes de pagos recibidos de los contratistas, 
incluida la Empresa, y contribuciones voluntarias; 
b) Los Estados en desarrollo productores terrestres cuya economía se haya 
determinado que ha resultado gravemente afectada por la producción de minerales 
de los fondos marinos recibirán asistencia con cargo al fondo de asistencia 
económica de la Autoridad; 
c) La Autoridad prestará asistencia con cargo al fondo a los Estados en 
desarrollo productores terrestres afectados, cuando corresponda, en cooperación 
con las instituciones mundiales o regionales de desarrollo existentes que tengan 
la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar esos 
programas de asistencia; 
d) El alcance y la duración de esa asistencia se determinarán en cada 
caso en particular. Al hacerlo, se tomarán debidamente en consideración el 
carácter y la magnitud de los problemas con que se han encontrado los Estados en 
desarrollo productores terrestres que hayan resultado afectados. 
2. Lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 151 de la Convención se 
cumplirá por medio de las medidas de asistencia económica indicadas en el 
párrafo 1. El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 160, el apartado n) del 
párrafo 2 del artículo 162, el apartado d) del párrafo 2 del artículo 164, el 
apartado f) del artículo 171 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 173 de 
la Convención serán interpretados en consecuencia. 
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Sección 8. Disposiciones financieras de los contratos 
1. Los principios que a continuación se enuncian servirán de base para 
establecer las normas, los reglamentos y los procedimientos relativos a las 
disposiciones financieras de los contratos: 
a) El sistema de pagos a la Autoridad será equitativo tanto para el 
contratista como para la Autoridad y proporcionará los medios adecuados para 
determinar si el contratista se ha atenido al sistema; 
b) Las cuantías de los pagos hechos conforme al sistema serán semejantes 
a las usuales respecto de la producción terrestre del mismo mineral o de 
minerales semejantes a fin de evitar que se otorgue a los productores de 
minerales de los fondos marinos una ventaja competitiva artificial o que se les 
imponga una desventaja competitiva; 
c) El sistema no deberá ser complicado y no deberá imponer gastos 
administrativos importantes a la Autoridad ni al contratista. Deberá 
considerarse la posibilidad de adoptar un sistema de regalías o un sistema 
combinado de regalías y participación en los beneficios. Si se decide 
establecer distintos sistemas, el contratista tendrá el derecho de elegir el 
sistema aplicable a su contrato. No obstante, todo cambio posterior en cuanto 
al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista; 
d) Se pagará un canon fijo anual desde la fecha de iniciación de la 
producción comercial. Ese canon se podrá deducir de los demás pagos que se 
deban conforme al sistema que se adopte en virtud del apartado c). El Consejo 
fijará el monto de ese canon; 
e) El sistema de pagos podrá revisarse periódicamente atendiendo a los 
cambios de las circunstancias. Toda modificación se aplicará de manera no 
discriminatoria. Tales modificaciones podrán aplicarse a los contratos 
existentes sólo a elección del contratista. Todo cambio posterior en cuanto al 
sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista; 
f) Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de las 
normas y los reglamentos basados en estos principios se someterán a los 
procedimientos de solución de controversias previstos en la Convención. 
2. Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del anexo III 
de la Convención no serán aplicables. 
3. Por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del 
anexo III de la Convención, el canon correspondiente a la tramitación de 
solicitudes de aprobación de un plan de trabajo limitado a una sola etapa, sea 
ésta la etapa de exploración o la etapa de explotación, será de 250.000 dólares 
de los EE.UU. 
Sección 9. El Comité de Finanzas 
1. Se establece un Comité de Finanzas. El Comité estará integrado por 
15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos financieros, 
-Ç. 
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LOB Estados Partes propondrán como candidatos a personas de competencia e 
integridad máximas. 
2. No podrán ser miembros del Comité de Finanzas dos personas que sean 
nacionales del mismo Estado Parte. 
3. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea y 
se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución geográfica 
equitativa y la representación de intereses especiales. Cada grupo de Estados a 
que se refieren los apartados a), b), c), yd) del párrafo 15 de la sección 3 de 
este anexo estará representado en el Comité por un miembro por lo menos. Hasta 
que la Autoridad tenga fondos suficientes, al margen de las cuotas, para 
sufragar sus gastos administrativos, se incluirá entre los miembros del Comité a 
los cinco mayores contribuyentes financieros al presupuesto administrativo de la 
Autoridad. De allí en adelante, la elección de un miembro de cada grupo se hará 
sobre la base de los candidatos propuestos por los miembros del grupo 
respectivo, sin perjuicio de la posibilidad de que se elija a otros miembros de 
cada grupo. 
4. Los miembros del Comité de Finanzas desempeñarán su cargo durante 
cinco años y podrán ser reelegidos por un nuevo período. 
5. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del 
Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea elegirá a una 
persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para que 
ejerza el cargo durante el resto del mandato. 
6. Los miembros del Comité de Finanzas no tendrán interés financiero en 
ninguna actividad relacionada con los asuntos respecto de los cuales corresponda 
al Comité formular recomendaciones. No revelarán, ni siquiera después de la 
expiración de su mandato, ninguna información confidencial que obre en su 
conocimiento en razón de sus funciones respecto de la Autoridad. 
7. Las decisiones de la Asamblea y el Consejo respecto de las cuestiones 
siguientes se adoptarán tomando en cuenta las recomendaciones del Comité de 
Finanzas: 
a) Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos financieros de 
los órganos de la Autoridad y la gestión financiera y administración financiera 
interna de la Autoridad; 
b) La determinación de las cuotas de los miembros para el presupuesto 
administrativo de la Autoridad conforme a lo previsto en el apartado e) del 
párrafo 2 del artículo 160 de la Convención; 
c) Todos los asuntos financieros pertinentes, incluidos el proyecto de 
presupuesto anual preparado por el Secretario General de conformidad con el 
articulo 172 de la Convención y los aspectos financieros de la ejecución de 
los programas de trabajo de la Secretaría; 
d) El presupuesto administrativo; 
/... 
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e) Las obligaciones financieras de los Estados Partes derivadas de la 
aplicación de este Acuerdo y de la Parte XI así como las consecuencias 
administrativas y presupuestarias de las propuestas y recomendaciones que 
impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad; 
f ) Las normas, reglamentos y procedimientos relativos a la distribución 
equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos derivados 
de las actividades en la Zona y las decisiones que hayan de adoptarse al 
respecto. 
8. El Comité de Finanzas adoptará las decisiones relativas a cuestiones 
de procedimiento por mayoría de los miembros presentes y votantes. Las 
decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso. 
9. Se considerará que el requisito del apartado y) del párrafo 2 del 
artículo 162 de la Convención de que se establezca un órgano subsidiario 
encargado de los asuntos financieros quedará cumplido mediante el 
establecimiento del Comité de Finanzas conforme a la presente sección. 
-SZ 
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ANEXO II 
Entendimiento oficioso que leerá el Presidente de la Asamblea 
General en el momento de la adopción de la resolución 
Una vez que haya participación generalizada en la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos y que el número de miembros de cada grupo regional que 
participa en la Autoridad sea sustancialmente similar al número de sus miembros 
que participa eñ las Naciones Unidas, queda entendido que cada grupo regional 
estaría representado en el Consejo de la Autoridad en su totalidad por tres 
miembros como mínimo. 
BSN 0257-9545 
COM(94) 305 final 
DOCUMENTOS 
ES 
N° de catálogo : CB-CO-94-322-ES-C 
ISBN 92-77-71557-X 
Ofíciiia de Publicadoncs Oficíales de las Comunidades Europeas 
Lr2985 Luxembuigo