Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia /* COM/2012/0744 final - 2012/0360 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Contexto general La presente propuesta consiste en la modificación del Reglamento (CE) nº 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia («el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia» o «el Reglamento»). El Reglamento sobre procedimientos de insolvencia establece un marco europeo para los procedimientos de insolvencia transfronterizos. Se aplica siempre que el deudor, independientemente de si se trata de una persona física o jurídica, tenga activos o acreedores en más de un Estado miembro. El Reglamento determina el órgano jurisdiccional competente para abrir un procedimiento de insolvencia. El procedimiento principal debe abrirse en el Estado miembro en que el deudor tenga su centro de intereses principales y sus efectos se reconocen en toda la UE. Los procedimientos secundarios pueden abrirse allí donde el deudor tenga un establecimiento y sus efectos se limitan a los activos situados en ese Estado. El Reglamento incluye también normas sobre la legislación aplicable y determinadas disposiciones sobre la coordinación entre los procedimientos de insolvencia principal y secundarios. Se aplica a todos los Estados miembros con la excepción de Dinamarca, que no participa en la cooperación judicial de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento sobre procedimientos de insolvencia fue adoptado en mayo de 2000 y se aplica desde el 31 de mayo de 2002. Diez años después de su entrada en vigor, la Comisión ha revisado su funcionamiento en la práctica y considera necesario modificarlo. 1.2. Necesidad de una revisión del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia Aunque en general se considera que el Reglamento funciona correctamente a la hora de facilitar los procedimientos transfronterizos en el interior de la Unión Europea, la consulta a las partes interesadas y los estudios jurídicos y empíricos encargados por la Comisión han puesto de manifiesto una serie de problemas en su aplicación práctica. Además, el Reglamento no refleja suficientemente las prioridades de la UE ni las prácticas nacionales actuales en materia de legislación sobre insolvencia, en particular a la hora de promover el rescate de las empresas en dificultades. Básicamente, la evaluación del Reglamento ha identificado cinco deficiencias principales: · El ámbito de aplicación del Reglamento no cubre los procedimientos nacionales que prevén la reestructuración de una empresa en situación de preinsolvencia («procedimiento de preinsolvencia») ni los procedimientos que mantienen a la dirección existente («procedimientos híbridos»). Sin embargo, muchos Estados miembros han introducido estos procedimientos recientemente[1] y se considera que aumentan las posibilidades de éxito en la reestructuración de las empresas. Por añadidura, el ámbito de aplicación del Reglamento no incluye actualmente una serie de procedimientos para las situaciones de insolvencia personal. · Resulta problemático determinar cuál es el Estado miembro competente para abrir un procedimiento de insolvencia. Si bien existe un acuerdo general en el sentido de que el Estado miembro en que esté situado el centro de intereses principales del deudor es competente para abrir un procedimiento principal de insolvencia, existen dificultades a la hora de aplicar este concepto en la práctica. Asimismo, se han criticado las disposiciones del Reglamento en lo que respecta a la competencia, ya que permiten a las personas físicas y jurídicas elegir la jurisdicción más ventajosa mediante un desplazamiento fraudulento de su centro de intereses principales (búsqueda de un foro de conveniencia o forum shopping). · También se han detectado problemas en lo que se refiere a los procedimientos secundarios. La apertura de un procedimiento secundario puede obstaculizar la administración eficaz del patrimonio del deudor. Cuando se abre un procedimiento secundario, el síndico del procedimiento principal deja de tener control sobre los activos situados en el otro Estado miembro, lo que hace más difícil una venta del deudor en calidad de empresa en funcionamiento[2]. Además, actualmente los procedimientos secundarios deben ser procedimientos de liquidación, lo que supone un obstáculo para el éxito de la reestructuración del deudor. · Las normas relativas a la publicidad de los procedimientos de insolvencia y la presentación de los créditos también plantean problemas. Actualmente no es obligatorio publicar ni inscribir en un registro las decisiones en los Estados miembros en los que se haya abierto un procedimiento ni en los Estados miembros en los que el deudor tenga un establecimiento. Tampoco existe un registro europeo de insolvencia que permita efectuar búsquedas en varios registros nacionales. Ahora bien, el buen funcionamiento de los procedimientos de insolvencia transfronterizos se basa en gran medida en la publicidad de las decisiones sobre procedimientos de insolvencia. Los jueces tienen que saber si ya se ha abierto un procedimiento en otro Estado miembro; los acreedores o posibles acreedores tienen que saber si se ha iniciado un procedimiento. Además, los acreedores, particularmente los pequeños acreedores y las PYME, se enfrentan a dificultades y costes a la hora de presentar sus créditos con arreglo al Reglamento. · Por último, el Reglamento no incluye normas específicas sobre la insolvencia de los grupos multinacionales de empresas, a pesar de que un gran número de casos de insolvencia transfronteriza implica a grupos de empresas. La premisa básica del Reglamento es que deben abrirse procedimientos separados para cada uno de los miembros del grupo y que estos procedimientos son totalmente independientes entre sí. La ausencia de disposiciones específicas sobre la insolvencia de un grupo de empresas reduce a menudo las perspectivas de reestructurar el grupo en su conjunto y puede dar lugar a su disgregación. El informe de la Comisión que acompaña a la presente propuesta presenta una evaluación pormenorizada de la aplicación del Reglamento en la práctica. En la evaluación de impacto efectuada por la Comisión que acompaña a la presente propuesta se analizan exhaustivamente los problemas que plantea el Reglamento actual y se exponen los posibles efectos de las distintas opciones que se barajan para subsanarlos. El objetivo general de la revisión del Reglamento es hacer más eficiente el marco europeo para resolver los asuntos de insolvencia transfronteriza con objeto de garantizar un funcionamiento armonioso del mercado interior, así como su capacidad de resistencia frente a las crisis económicas. Este objetivo enlaza con las prioridades políticas actuales de la UE de promover la recuperación económica y el crecimiento sostenible, una mayor tasa de inversión y la preservación del empleo, como establece la Estrategia Europa 2020. La revisión del Reglamento contribuirá a garantizar el buen desarrollo y la supervivencia de las empresas, tal como se recoge en la Iniciativa a favor de las PYME Small Business Act[3]. Asimismo, la revisión es una de las acciones clave que figuran en el Acta del Mercado Único II[4]. 2. CONSULTA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO La presente propuesta ha ido precedida de una consulta a los interesados, los Estados miembros, otras instituciones y los expertos, sobre los problemas que plantea el Reglamento actual y sus posibles soluciones. El 29 de marzo de 2012, la Comisión puso en marcha una consulta pública que recibió un total de 134 respuestas. La Comisión también tuvo en cuenta los resultados de un estudio externo para evaluar la aplicación del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia llevado a cabo por un consorcio de las universidades de Heidelberg y Viena. Los datos empíricos sobre el impacto de las diferentes opciones de reforma fueron recopilados por otro estudio externo realizado por un consorcio de GHK y Milieu. Ambos estudios se publicarán conjuntamente con esta propuesta en el sitio internet de la DG Justicia. Se celebraron dos reuniones con expertos nacionales en abril y octubre de 2012. Además, la Comisión creó un grupo de expertos sobre insolvencia transfronteriza que se reunió cinco veces entre mayo y octubre de 2012 y presentó sus reflexiones sobre los problemas, las opciones y la redacción del Reglamento revisado. Los puntos de vista de las partes interesadas sobre los principales elementos de la reforma pueden resumirse como sigue: · Respecto a la ampliación del ámbito de aplicación, la gran mayoría consideraba que el Reglamento debería cubrir los procedimientos aplicables a las situaciones de preinsolvencia y los procedimientos híbridos. Las opiniones diferían en cuanto a qué procedimientos deberían estar incluidos en el ámbito de aplicación exactamente y, en particular, cuándo debería exigirse la supervisión judicial. La mayoría de los consultados opinaba que el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia debe aplicarse a los particulares y a los trabajadores por cuenta propia. · En cuanto a la competencia jurisdiccional, tres cuartas partes de los consultados aprobaron la utilización del concepto de «centro de intereses principales» para ubicar el procedimiento principal. No obstante, la mayoría consideraba que la interpretación de este término por la jurisprudencia suscitaba problemas prácticos. Casi la mitad de los consultados mencionó la existencia de pruebas de desplazamiento fraudulento del centro de intereses principales[5]. · En cuanto a la relación entre el procedimiento de insolvencia principal y el secundario, casi la mitad de los consultados expresó su insatisfacción por la coordinación entre ambos procedimientos. · Respecto a la publicación de los procedimientos, tres cuartas partes de los consultados se mostraron de acuerdo en que la no obligatoriedad de publicar la decisión de apertura de un procedimiento de insolvencia supone un problema. Casi la mitad de los consultados que se manifestaron consideraba que la presentación de los créditos planteaba problemas. · En cuanto a la insolvencia de un grupo de empresas, casi la mitad de los consultados consideraba que el Reglamento no funciona de forma eficaz frente a la insolvencia de los miembros de un grupo de empresas multinacional. En su evaluación de impacto, que acompaña a la presente propuesta, la Comisión ha analizado los costes y las ventajas de los principales aspectos de la reforma propuesta. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Resumen de la acción propuesta Los elementos de la reforma propuesta del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia pueden resumirse como sigue: · Ámbito de aplicación: la propuesta amplía el ámbito de aplicación del Reglamento mediante una revisión de la definición de los procedimientos de insolvencia a fin de incluir los procedimientos híbridos y las situaciones de preinsolvencia, así como los procedimientos de condonación de deuda y otros procedimientos aplicables a las situaciones de insolvencia de las personas físicas que actualmente no se ajustan a la definición; · Competencia: la propuesta aclara las normas aplicables a la competencia y mejora el marco procedimental para determinarla; · Procedimientos secundarios: la propuesta prevé una gestión más eficaz de los procedimientos de insolvencia al permitir al tribunal denegar la apertura de un procedimiento secundario si ello no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales, al suprimir el requisito de que los procedimientos secundarios deban ser procedimientos de liquidación y al mejorar la cooperación entre el procedimiento principal y el secundario, en particular mediante la ampliación de los requisitos de cooperación a los tribunales de que se trate; · Publicidad de los procedimientos y presentación de los créditos: la propuesta obliga a los Estados miembros a publicar las decisiones judiciales pertinentes sobre asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro electrónico de acceso público y prevé la interconexión de los registros nacionales de insolvencia. También introduce formularios normalizados para la presentación de los créditos; · Grupos de empresas: la propuesta establece la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a distintos miembros de un mismo grupo de empresas, obligando a los síndicos y tribunales que participan en los diferentes procedimientos principales a cooperar y comunicarse entre sí; además, ofrece a los síndicos que participan en tales procedimientos los instrumentos procedimentales necesarios para solicitar una suspensión de los demás procedimientos relacionados y para proponer un plan de reestructuración de las empresas del grupo sometidas a un procedimiento de insolvencia. 3.1.1. Ámbito de aplicación del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia La propuesta amplía el ámbito de aplicación del Reglamento mediante la modificación de la definición actual de «procedimiento de insolvencia» en su artículo 1, apartado 1. A este respecto, se propone ampliar el ámbito de aplicación a aquellos procedimientos en los que no está prevista la intervención de un síndico, pero en los que los bienes y negocios del deudor están sometidos al control o a la supervisión de una instancia judicial. Gracias a esta modificación, los procedimientos en los que el deudor no ha sido desapoderado y no se ha designado un síndico podrían beneficiarse del reconocimiento de los efectos del procedimiento de insolvencia que supone el Reglamento en toda la UE; también permitiría que el Reglamento cubriese más procedimientos de insolvencia personal. Además, se propone incorporar una referencia expresa a los procedimientos de reestructuración de la deuda y al objetivo del rescate, a fin de incluir también aquellos procedimientos que permiten al deudor llegar a un acuerdo con sus acreedores en la fase de preinsolvencia. Por otra parte, las modificaciones permitirán aproximar más el Reglamento al enfoque adoptado por la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza[6]. Si bien la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento es importante a fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procedimientos de preinsolvencia e híbridos en un contexto transfronterizo, no debe incluir los procedimientos de insolvencia que tengan carácter confidencial. En efecto, existen diversos procedimientos nacionales de preinsolvencia en los que el deudor entabla negociaciones con (determinados) acreedores a fin de llegar a un acuerdo sobre su refinanciación o reestructuración sin que esta información se haga pública. Estos procedimientos pueden implicar una moratoria de las acciones ejecutivas individuales o evitar que los acreedores soliciten la apertura de un procedimiento de insolvencia durante un período determinado a fin de conceder un cierto «margen» al deudor. Aunque tales procedimientos pueden desempeñar un papel importante en algunos Estados miembros, su carácter contractual y confidencial haría difícil reconocer sus efectos en toda la UE, ya que un tribunal o un acreedor de otro Estado miembro no podría saber que está en curso un procedimiento de este tipo. No obstante, ello no impide que este tipo de procedimientos se incluyan posteriormente, a partir del momento en que se hagan públicos, en el ámbito de aplicación del Reglamento. La presente propuesta no contempla cambiar el mecanismo existente con arreglo al cual los procedimientos nacionales de insolvencia cubiertos por el Reglamento se enumeran en el anexo A y los Estados miembros deciden si desean notificar un determinado procedimiento de insolvencia para su inclusión en dicho anexo. Ahora bien, la propuesta introduce un procedimiento para que la Comisión examine si un procedimiento nacional de insolvencia notificado cumple realmente las condiciones de la definición revisada. Esto garantizará que solamente se incluyan en el anexo los procedimientos que correspondan a las normas del Reglamento. 3.1.2. Competencia jurisdiccional para incoar un procedimiento de insolvencia La propuesta mantiene el concepto de centro de intereses principales, ya que este concepto garantiza que el asunto se tramitará en una jurisdicción con la que el deudor tenga un vínculo real y no en la que elijan las empresas constituyentes. El enfoque relativo al centro de intereses principales coincide también con la práctica internacional, ya que es el elegido por CNUDMI como norma en materia de competencia jurisdiccional en su Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza. A fin de orientar a los profesionales de la justicia a la hora de determinar el centro de intereses principales, la propuesta completa la definición de este concepto e introduce también una disposición que determina el centro de intereses principales de las personas físicas. Además, un nuevo considerando aclara las circunstancias en las que es posible desvirtuar la presunción de que el centro de intereses principales de una persona jurídica sea el lugar de su domicilio social; la redacción de este considerando se ha tomado de la sentencia Interedil del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[7]. La propuesta también mejora el marco procedimental para determinar la competencia a fines de apertura. Exige a los tribunales que examinen de oficio su competencia antes de abrir un procedimiento de insolvencia y que precisen en su decisión los motivos en los que basan dicha competencia. Por otra parte, la propuesta concede a todos los acreedores extranjeros el derecho a impugnar la decisión de apertura y les garantiza información sobre las decisiones, a fin de que puedan ejercer efectivamente sus derechos. La finalidad de estos cambios es garantizar que únicamente se abra un procedimiento cuando el Estado miembro de que se trate sea realmente competente. En consecuencia, debería reducir los casos de búsqueda de un foro de conveniencia a través del desplazamiento fraudulento y ficticio del centro de intereses principales. En tercer lugar, la propuesta aclara que los tribunales que abran un procedimiento de insolvencia también serán competentes en las acciones que se deriven directamente de dicho procedimiento o guarden inmediata relación con él, como las acciones revocatorias. Esta modificación codifica la jurisprudencia del TJUE en la sentencia DekoMarty[8]. Cuando una acción de este tipo guarde relación con otra acción referente al mismo demandado que esté basada en el Derecho civil y mercantil general, la propuesta ofrece al síndico la posibilidad de acumular ambas acciones ante los tribunales del lugar de domicilio del demandado si estos tribunales son competentes de conformidad con el Reglamento (CE) nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (modificado)[9]. Esta norma permitiría a un síndico, por ejemplo, interponer ante el mismo tribunal una acción referente a la responsabilidad de un administrador basada en la legislación sobre insolvencia y una acción contra ese mismo administrador basada en la legislación en materia de responsabilidad civil o en el Derecho de sociedades. 3.1.3. Procedimientos secundarios de insolvencia Se proponen varias modificaciones con el fin de mejorar la gestión eficiente del patrimonio del deudor en aquellas situaciones en las que este tenga un establecimiento en otro Estado miembro. · El tribunal ante el que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario deberá estar en condiciones, si así lo solicita el síndico del procedimiento principal, de denegarla o de aplazar la decisión si dicha apertura no fuese necesaria para proteger los intereses de los acreedores locales. Así podría suceder, por ejemplo, si un inversor presentara una oferta para comprar la empresa en calidad de empresa en funcionamiento y esa oferta resultara más ventajosa para los acreedores locales que la liquidación de los activos de la empresa. Tampoco sería necesario abrir un procedimiento secundario si el síndico del procedimiento principal prometiera a los acreedores locales el mismo trato en el procedimiento principal que si se hubiera abierto un procedimiento secundario y que los derechos que hubieran tenido en tal caso respecto a la determinación y clasificación de sus créditos serían respetados en la distribución de los bienes. La práctica de este tipo de «procedimientos secundarios virtuales» se ha desarrollado en varios asuntos de insolvencia transfronteriza en los que los procedimientos principales se habían incoado en el Reino Unido (especialmente en los procedimientos de insolvencia relativos a Collins&Aikman, MG Rover y Nortel Networks). Los tribunales ingleses aceptaron que los síndicos ingleses pudieran distribuir parte de los activos con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que se encontrase el establecimiento. Puesto que la legislación de muchos Estados miembros no contempla actualmente esta práctica, la propuesta introduce una norma de Derecho sustantivo que permite al síndico ofrecer tales compromisos a los acreedores locales con efecto vinculante sobre la masa. · La modificación propuesta no afectará a la posibilidad de que el síndico solicite la apertura de un procedimiento secundario cuando ello pudiera facilitar la administración de asuntos complejos, por ejemplo, cuando haya que despedir a un número considerable de empleados en el Estado en que esté situado el establecimiento. En tales casos, podría seguir siendo conveniente incoar un procedimiento local y designar un síndico local para garantizar una gestión eficiente del patrimonio del deudor. · La propuesta obliga al tribunal ante el que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario a oír al síndico del procedimiento principal antes de tomar una decisión. Esta modificación tiene por objeto garantizar que el tribunal ante el que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario sea plenamente consciente de cualquier opción de rescate o reestructuración que esté considerando el síndico y esté en condiciones de evaluar correctamente las consecuencias de la apertura del procedimiento secundario. Esta obligación se complementa con el derecho del síndico a impugnar la decisión de apertura de un procedimiento secundario. · La propuesta suprime el requisito vigente de que el procedimiento secundario deba ser un procedimiento de liquidación. Si se abre un procedimiento secundario, el tribunal competente podrá elegir entre todo el abanico de procedimientos existentes con arreglo a la legislación nacional, incluida la reestructuración. Esta modificación garantiza que la apertura de un procedimiento secundario no frustrará automáticamente el rescate o la reestructuración de un deudor, y debe entenderse sin perjuicio de las normas sobre la recuperación de ayudas estatales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la recuperación cuando se trata de empresas insolventes[10]. · Además, la propuesta mejora la coordinación entre el procedimiento principal y el secundario al ampliar la obligación de cooperar, que actualmente solo se aplica a los síndicos, a los tribunales que intervienen en los procedimientos principales o secundarios. Por consiguiente, los tribunales tendrán la obligación de cooperar y comunicarse entre sí; los síndicos, por su parte, deberán cooperar y comunicarse con el tribunal del otro Estado miembro que participe en el procedimiento. La cooperación entre los tribunales mejorará la coordinación entre los procedimientos principales y secundarios lo que puede ser crucial para garantizar el éxito de la reestructuración, por ejemplo, cuando sea necesario aprobar un protocolo con un plan de rescate. 3.1.4. Publicidad de los procedimientos de insolvencia y presentación de los créditos La propuesta establece la obligación de publicar un mínimo determinado de información sobre los procedimientos de insolvencia en un registro electrónico accesible al público de forma gratuita a través de internet. Esta obligación se refiere al tribunal que abre el procedimiento, la fecha de apertura y, para el procedimiento principal, la fecha de conclusión del procedimiento, el tipo de procedimiento, el deudor, el síndico designado, la decisión de abrir el procedimiento, así como la decisión de designación del síndico, en caso de ser diferente, y el plazo de presentación de los créditos. Habida cuenta de las disparidades existentes entre los sistemas jurídicos nacionales en cuanto a la publicación de los procedimientos de insolvencia y las diferentes necesidades de los acreedores, la obligación de publicar esta información se limita a las empresas, los trabajadores por cuenta propia y los profesionales independientes; no se extiende a los procedimientos de insolvencia referentes a los consumidores. La propuesta prevé la creación de un sistema para la interconexión de los registros nacionales al que se accederá a través del Portal Europeo de Justicia en línea (e-Justicia). La Comisión, mediante un acto de ejecución y basándose en la información que vaya a publicarse en los registros de insolvencia, determinará los criterios comunes mínimos para la consulta de los registros y la obtención de resultados. La interconexión de los registros nacionales garantizará que el tribunal que deba pronunciarse sobre una solicitud de abrir un procedimiento de insolvencia podrá determinar si ya han sido abiertos procedimientos referentes al mismo deudor en otro Estado miembro; también permitirá a los acreedores conocer la existencia de un procedimiento referente al mismo deudor y, si es así, las facultades que se hayan conferido al síndico, en su caso. Si el deudor es una empresa, los Estados miembros podrán basarse en las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/17/UE, de 13 de junio de 2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades[11]. No obstante, a efectos del presente Reglamento, la mera información de la apertura de un procedimiento es insuficiente a fines de coordinar los procedimientos de insolvencia transfronterizos y de permitir a los acreedores ejercer sus derechos en relación con los mismos. La propuesta facilita la presentación de los créditos por parte de los acreedores extranjeros, especialmente los pequeños acreedores y las PYME, de tres maneras. En primer lugar, prevé la introducción de dos formularios normalizados mediante un acto de ejecución, uno para enviar el anuncio de apertura a los acreedores y el otro para la presentación de los créditos. Estos formularios estarán disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, a fin de reducir los costes de traducción. En segundo lugar, la propuesta concede a los acreedores extranjeros al menos cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha de publicación del anuncio de apertura del procedimiento en el registro de insolvencia, para presentar sus créditos, con independencia de cualquier plazo más corto aplicable en virtud de la legislación nacional. Asimismo deberán ser informados si se impugnase su solicitud y deberá ofrecérseles la posibilidad de presentar nuevas pruebas en apoyo de sus alegaciones. Por último, no será obligatoria la representación legal para la presentación de créditos en una jurisdicción extranjera, lo que reducirá los costes para los acreedores. 3.1.5. Insolvencia de los miembros de un grupo de empresas Aunque mantiene el enfoque individual (entidad por entidad) del Reglamento vigente, la propuesta establece un marco jurídico específico para tratar la insolvencia de los miembros de un grupo de empresas. Introduce la obligación de coordinar los procedimientos de insolvencia que afectan a los distintos miembros de un mismo grupo de empresas, obligando a los síndicos y a los tribunales de que se trate a cooperar entre sí de modo similar a como se propone en el contexto de los procedimientos principal y secundario. Esta cooperación podría adoptar diversas formas dependiendo de las circunstancias del asunto. En particular, los síndicos deben intercambiar la información pertinente y cooperar en la elaboración de un plan de reestructuración o de rescate cuando proceda. Se menciona explícitamente la posibilidad de cooperar a través de protocolos, con objeto de reconocer la importancia práctica de estos instrumentos y fomentar más su uso. En particular, los tribunales deberán colaborar mediante el intercambio de información y coordinando, cuando proceda, la designación de síndicos que puedan cooperar entre sí, así como autorizando los protocolos que le sean presentados por dichos síndicos. Además, la propuesta otorga a cada síndico legitimación en los procedimientos referentes a otro miembro del mismo grupo. El síndico tiene derecho, en particular, a ser oído en esos otros procedimientos, a solicitar la suspensión de los mismos y a proponer un plan de reestructuración tal que permita a la junta de acreedores o al tribunal correspondiente adoptar una decisión al respecto. El síndico también tendrá derecho a asistir a la junta de acreedores. Estos instrumentos procedimentales permitirán que el síndico que esté más interesado en llevar a cabo una reestructuración de todas las empresas afectadas presente oficialmente su plan de reorganización en el procedimiento contra un miembro del grupo de empresas, incluso si el síndico en ese procedimiento no está dispuesto a cooperar o se opone al plan. Al prever la coordinación de los distintos procedimientos relativos a empresas de un mismo grupo, la propuesta no pretende impedir la práctica actual respecto a los grupos de empresas con un elevado nivel de integración, consistente en determinar que el centro de los intereses principales de todos los miembros del grupo está ubicado en un mismo y único lugar y, por consiguiente, abrir el procedimiento en una única jurisdicción. 3.2. Base jurídica La propuesta modifica el Reglamento 1346/2000, basado en el artículo 61, letra c), y en el artículo 67, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la base jurídica correspondiente es el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y f), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo a los Tratados. El título V tampoco es aplicable al Reino Unido ni a Irlanda, a menos que esos dos países decidan lo contrario, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo sobre su posición respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, en caso de que una propuesta de la Comisión modifique un acto vigente y el Reino Unido o Irlanda no ejerzan su facultad de participar en la medida de modificación, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá determinar que la no participación de uno de estos países en la versión modificada de la medida existente implica la inviabilidad de dicha medida para otros Estados miembros o para la Unión, en cuyo caso se ampliará el plazo para presentar la notificación. Si el país de que se trate no ha optado por participar en la medida al expirar el plazo ampliado, la medida vigente dejará de ser vinculante para él y dejará de aplicársele. 3.3. Subsidiariedad y proporcionalidad Los diferentes elementos de la revisión del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia expuestos más arriba cumplen los requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad. En lo que respecta a la subsidiariedad, los Estados miembros por sí solos no pueden introducir las modificaciones propuestas, ya que requieren la modificación de las normas vigentes del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia en lo que respecta al ámbito de aplicación, la competencia para incoar un procedimiento, las disposiciones relativas a los procedimientos secundarios, la publicación de las decisiones y la presentación de los créditos. La modificación del Reglamento exige, por definición, la intervención del legislador de la Unión. Si bien, en teoría, los Estados miembros por sí solos podrían crear registros de insolvencia electrónicos, la interconexión de dichos registros exige una acción a nivel de la Unión. Así pues, los objetivos de la acción propuesta – posibilitar la interconexión de los registros de insolvencia en toda la UE – no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse más adecuadamente mediante una acción a nivel de la Unión. En cuanto a la proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción propuesta no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. Es más, la evaluación de impacto adjunta a la propuesta demuestra que las ventajas de cada una de las modificaciones propuestas sobrepasan sus costes y que, por tanto, las medidas son proporcionadas. 3.4. Repercusiones sobre los derechos fundamentales Tal como se establece detalladamente en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta y de conformidad con la Estrategia de la Unión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todos los elementos de la modificación respetan los derechos reconocidos en dicha Carta. Las modificaciones mejorarán la situación de las personas afectadas por la insolvencia transfronteriza en lo que respecta a su derecho a la propiedad, la libertad de empresa y el derecho a trabajar, la libertad de circulación y de residencia, y el derecho a unos medios efectivos de recurso. La propuesta de crear registros electrónicos de insolvencia accesibles al público respeta el derecho a la protección de los datos personales de forma proporcional a los objetivos, ya que se establecerán medidas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta tendrá una influencia limitada en el presupuesto de la UE. La aplicación informática para la interconexión de los registros de insolvencia ya ha sido desarrollada y se incluirá en el Portal de e-Justicia. Las repercusiones sobre el presupuesto de la UE en 2014-2020 se limitarán a los costes de incorporación y mantenimiento de esta aplicación. En total, el coste ascendería a 1 500 000 EUR para el periodo 2014-2020 y sería cubierto por la dotación financiera del futuro Programa de Justicia[12]. 2012/0360 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[13], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos[14], Considerando lo siguiente: (1) El Reglamento (CE) nº 1346/2000[15] instituyó un marco europeo para los procedimientos de insolvencia transfronterizos. Determina qué Estado miembro es competente para abrir un procedimiento de insolvencia, establece normas uniformes sobre la legislación aplicable y garantiza el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de insolvencia, así como la coordinación de los procedimientos de insolvencia principales y secundarios. (2) El Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000, de 12 de diciembre 2012[16], constata que el Reglamento funciona correctamente en general, pero que sería conveniente mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones con el fin de reforzar la administración efectiva de los procedimientos de insolvencia transfronterizos. (3) El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000 debe ampliarse a los procedimientos que promueven el rescate de un deudor viable desde el punto de vista económico a fin de ayudar a la supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda oportunidad a los emprendedores. En especial, debe ampliarse a los procedimientos que estén dirigidos a la reestructuración de un deudor en situación de preinsolvencia o que mantengan a la dirección existente. El Reglamento debe ampliarse también a aquellos procedimientos que prevean una condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores por cuenta propia que no cumplen los criterios del instrumento actual. (4) Es necesario aclarar las normas relativas a la competencia jurisdiccional para abrir un procedimiento de insolvencia y mejorar el marco procedimental para determinarla. Asimismo deberá incluirse una norma explícita sobre la competencia para las acciones que se deriven directamente de los procedimientos de insolvencia o guarden inmediata relación con ellos. (5) A fin de hacer más eficaces los procedimientos de insolvencia en aquellos casos en que el deudor tenga un establecimiento en otro Estado miembro, hay que suprimir el requisito de que los procedimientos secundarios deban ser procedimientos de liquidación. Es más, un tribunal debe poder rechazar la apertura de un procedimiento secundario si ello no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales. Debe mejorarse la coordinación entre los procedimientos principales y secundarios, en particular exigiendo a los tribunales de que se trate que cooperen entre sí. (6) Con el fin de mejorar la información disponible para los acreedores y los tribunales de que se trate y de impedir la apertura de procedimientos de insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen las decisiones relativas a asuntos de insolvencia transfronterizos en un registro electrónico de acceso público. Debe preverse la interconexión de los registros de insolvencia. Hay que introducir formularios normalizados para la presentación de los créditos a fin de facilitar la labor de los acreedores extranjeros y reducir los costes de traducción. (7) Conviene establecer normas específicas para coordinar los procedimientos relativos a los distintos miembros de un mismo grupo de empresas. Los síndicos y tribunales que participen en los diferentes procedimientos de insolvencia estarán obligados a cooperar y comunicarse entre sí. Por añadidura, cada uno de los síndicos de que se trate deberá contar con los instrumentos procedimentales necesarios para proponer un plan de rescate del grupo de empresas sometido a procedimientos de insolvencia y para solicitar, en caso necesario, una suspensión de los procedimientos de insolvencia referentes a una empresa distinta de aquella para la que fue designado. La definición del término «grupo de empresas» deberá entenderse limitada al contexto de la insolvencia y no deberá afectar en modo alguno a los aspectos societarios que se refieren a los grupos. (8) A fin de poder adaptar rápidamente el Reglamento a las modificaciones pertinentes de las legislaciones nacionales sobre insolvencia notificadas por los Estados miembros, con arreglo al artículo 290 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos en lo que respecta a la modificación de los anexos. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas que proceda, incluidas las consultas a expertos, durante los trabajos preparatorios. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión deberá garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (9) Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000, deberán conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[17]. (10) Procede, pues, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) nº 1346/2000. (11) La modificación del Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sobre la recuperación de las ayudas estatales cuando se trate de empresas insolventes, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-454/09, Comisión/Italia – New Interline). Cuando no sea posible recuperar la totalidad del importe de la ayuda estatal porque la orden de recuperación afecta a una empresa sometida a un procedimiento de insolvencia, dicho procedimiento deberá ser siempre un procedimiento de liquidación y dar lugar al cese definitivo de las actividades del beneficiario y a la liquidación de sus activos. (12) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación]. (13) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo tanto, no está vinculada a él ni sujeta a su aplicación. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo queda modificado como sigue: 1) En el considerando 2, la referencia al artículo 65 se sustituye por una referencia al artículo 81. 2) En los considerandos 3, 5, 8, 11, 12, 14 y 21, el término «Comunidad» se sustituye por el término «Unión» y los términos «comunitaria» y «comunitario» se sustituyen por los términos «de la Unión». 3) El considerando 4 se sustituye por el texto siguiente: «(4) Para el buen funcionamiento del mercado interior es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable en detrimento de la masa de acreedores (búsqueda de un foro de conveniencia).». 4) El considerando 6 se sustituye por el texto siguiente: «(6) El presente Reglamento debe incluir disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de procedimientos que se deriven directamente de dichos procedimientos y guarden inmediata relación con ellos. Asimismo, el presente Reglamento debe contener disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos procedimientos, así como disposiciones relativas a la legislación aplicable a los procedimientos de insolvencia. Por añadidura, el presente Reglamento debe incluir normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia que se refieran a un mismo deudor o a varios miembros de un mismo grupo de empresas.». 5) El considerando 7 se sustituye por el texto siguiente: «(7) Los procedimientos relativos a la liquidación de empresas insolventes o de otras personas jurídicas, los convenios entre quebrados y acreedores y los demás procedimientos análogos, así como las acciones relacionadas con estos procedimientos, están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) del Consejo nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[18]. Dichos procedimientos estarán cubiertos por el presente Reglamento. En la mayor medida posible, la interpretación de las disposiciones del presente Reglamento deberá evitar cualquier resquicio normativo entre ambos instrumentos.». 6) El considerando 9 se sustituye por el texto siguiente: «(9) El presente Reglamento debe ser aplicable a los procedimientos de insolvencia que cumplan las condiciones establecidas en él, independientemente de que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular. Tales procedimientos se enumeran de forma exhaustiva en el anexo A. Cuando un procedimiento nacional figure en el anexo A, el presente Reglamento se aplicará sin necesidad de examen ulterior alguno por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión en la medida en que estén cubiertas por la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito (modificada)[19] y organismos de inversión colectiva deben estar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dichos organismos no deberán estar contemplados en el presente Reglamento dado que están sujetos a regímenes especiales y que las autoridades nacionales de control disponen de amplias competencias de intervención.». 7) Se añade el considerando 9bis siguiente: «(9bis) El ámbito de aplicación del presente Reglamento deberá incluir los procedimientos que promuevan el rescate de un deudor viable desde el punto de vista económico con el fin de ayudar a la supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda oportunidad a los emprendedores. En particular, deberá incluir los procedimientos que prevean la reestructuración de un deudor en situación de preinsolvencia, los procedimientos que mantengan a la dirección existente y los procedimientos que prevean una condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores autónomos. Dado que estos procedimientos no implican necesariamente el nombramiento de un síndico, deberán estar cubiertos por el presente Reglamento si se efectúan bajo el control o la supervisión de un tribunal. En este contexto, el término «control» deberá incluir aquellas situaciones en las que el tribunal solo intervenga en caso de que un acreedor o una parte interesada interpongan un recurso.». 8) El considerando 10 se sustituye por el texto siguiente: «(10) Los procedimientos de insolvencia no implican necesariamente la intervención de una autoridad judicial; el concepto de «tribunal» en el presente Reglamento debe entenderse en un sentido amplio y abarcar a la persona u órgano al que la legislación nacional confiera competencias para la apertura de procedimientos de insolvencia. En la aplicación del presente Reglamento, los procedimientos (que incluyen los actos y formalidades estipulados por ley) no solo deberán satisfacer las disposiciones del mismo, sino que también deberán estar reconocidos oficialmente y ser jurídicamente eficaces en el Estado miembro en el que se abra el procedimiento de insolvencia.». 9) Se añade el considerando 12bis siguiente: «(12bis) Antes de abrir un procedimiento de insolvencia, el tribunal competente deberá examinar de oficio si el centro de intereses principales o el establecimiento del deudor están situados realmente en su jurisdicción. Cuando las circunstancias del asunto planteen dudas sobre la competencia del tribunal, este deberá exigir al deudor la presentación de pruebas adicionales que respalden sus declaraciones y, en su caso, ofrecer a los acreedores la posibilidad de presentar su opinión sobre la cuestión de la competencia jurisdiccional. Por añadidura, los acreedores deberán tener acceso a medios efectivos de recurso contra la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia.». 10) Se suprime el considerando 13. 11) Se añaden los considerandos 13bis y 13ter siguientes: «(13bis) Se presumirá que el «centro de los intereses principales» de una empresa o de otro tipo de persona jurídica es el lugar en el que tiene su domicilio social. Será posible desvirtuar esta presunción cuando el lugar de la administración central de la empresa esté situado en un Estado miembro distinto de aquel en el que esté su domicilio social y una consideración de conjunto de todos los factores pertinentes establezca, de forma que pueda comprobarse por terceros, que el centro efectivo de dirección y control de dicha empresa y de la administración de sus intereses está situado en ese otro Estado miembro. Por el contrario, no será posible desvirtuar la presunción cuando los organismos encargados de la dirección y el control de una empresa se encuentren en el mismo lugar que su domicilio social y las decisiones de administración se tomen allí de forma que pueda comprobarse por terceros. (13ter) Los tribunales del Estado miembro en el que se abra un procedimiento de insolvencia también deberán ser competentes para las acciones que se deriven directamente de dicho procedimiento y que guarden inmediata relación con él, como las acciones revocatorias. Cuando una acción de este tipo guarde relación con otra acción basada en normas generales del Derecho civil y mercantil, el síndico deberá poder acumular ambas acciones ante los tribunales del lugar de domicilio del demandado si considera más eficaz hacerlo así. Así puede suceder, por ejemplo, si el síndico desea combinar una acción basada en la legislación en materia de insolvencia por la responsabilidad de un administrador con una acción basada en el Derecho de sociedades o en la legislación general en materia de responsabilidad civil.». 12) Se añaden los considerandos 19bis y 19ter siguientes: «(19bis) Los procedimientos secundarios también pueden entorpecer la administración eficaz del patrimonio. En consecuencia, el tribunal que abra un procedimiento secundario deberá estar en condiciones, a petición del síndico, de aplazar o denegar dicha apertura si tal procedimiento no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales. Así puede suceder especialmente si el síndico, por un compromiso vinculante sobre la masa, acepta aplicar a los acreedores locales el mismo trato que si se hubiera abierto un procedimiento secundario y aplicar las normas de graduación del Estado miembro en el que se haya solicitado la apertura del procedimiento secundario al distribuir los bienes situados en dicho Estado miembro. El presente Reglamento deberá conferir al síndico la posibilidad de ofrecer tales compromisos. (19ter) A fin de garantizar una protección eficaz de los intereses locales, el síndico del procedimiento principal no deberá poder liquidar o desplazar de manera abusiva los activos situados en el Estado miembro en el que esté ubicado un establecimiento, en particular con objeto de frustrar la posibilidad de que se satisfagan efectivamente tales intereses si posteriormente se abriese un procedimiento secundario.». 13) El considerando 20 se sustituye por el texto siguiente: «(20) El procedimiento principal y los procedimientos secundarios de insolvencia solo podrán contribuir a una liquidación eficiente del total de la masa si todos los procedimientos pendientes están coordinados. A este respecto, la condición esencial es la estrecha colaboración entre los diferentes síndicos y tribunales involucrados, que debe suponer, en particular, un intercambio suficiente de información. Para asegurar el papel predominante del procedimiento principal, debe ofrecerse al síndico de dicho procedimiento varias posibilidades de intervenir en los procedimientos de insolvencia secundarios que estén pendientes al mismo tiempo. En particular, el síndico debe poder proponer un plan de reestructuración o convenio, o bien solicitar el aplazamiento de la liquidación de la masa en el procedimiento secundario de insolvencia. Al cooperar, los síndicos y los tribunales deberán tener en cuenta las mejores prácticas de cooperación en asuntos de insolvencia transfronteriza establecidas en los principios y directrices sobre comunicación y cooperación adoptados por las asociaciones europeas e internacionales que trabajan en el ámbito de la legislación sobre insolvencia.». 14) Se añaden los considerandos 20bis y 20ter siguientes: «(20bis) El presente Reglamento deberá garantizar la gestión eficiente de los procedimientos de insolvencia relativos a diferentes empresas que formen parte de un grupo de empresas. Cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias empresas de un mismo grupo, tales procedimientos deberán coordinarse adecuadamente. Así, debe imponerse a los diferentes síndicos y tribunales de que se trate la misma obligación de cooperar y comunicarse entre sí que a los síndicos y tribunales que intervienen en los procedimientos principales y secundarios referentes al mismo deudor. Por otra parte, en la medida en que la legislación nacional sobre insolvencia lo permita, el síndico designado en un procedimiento referente a un miembro de un grupo de empresas deberá poder proponer un plan de rescate en los procedimientos referentes a otro miembro del mismo grupo. (20ter) La introducción de normas sobre la insolvencia de grupos de empresas no debería limitar la posibilidad de que un tribunal abra procedimientos de insolvencia para varias empresas pertenecientes al mismo grupo en una jurisdicción única si considera que el centro de los intereses principales de estas empresas está situado en un único Estado miembro. En tales situaciones, el tribunal también debe poder designar, si procede, a un mismo síndico en todos los procedimientos de que se trate.». 15) Se añade un nuevo considerando 21bis: «(21bis) Es esencial que los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en la Unión sean informados de la apertura de un procedimiento de insolvencia referente a los activos de su deudor. A fin de garantizar una rápida transmisión de información a los acreedores, el Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil[20], no será de aplicación cuando el presente Reglamento se refiera a la obligación de informar a los acreedores. El uso de formularios normalizados en todas las lenguas oficiales de la Unión debería facilitar a los acreedores la presentación de sus créditos en los procedimientos abiertos en otro Estado miembro.». 16) El considerando 29 se sustituye por el texto siguiente: «(29) En interés de los flujos comerciales, el contenido esencial de la decisión de apertura de un procedimiento deberá publicarse en otro Estado miembro a petición del síndico. Si existe un establecimiento en el Estado de que se trate, dicha publicación será obligatoria hasta que se haya establecido el sistema de interconexión de los registros de insolvencia. No obstante, en ninguno de ambos casos la publicación será una condición para el reconocimiento del procedimiento en otro país.». 17) Se añade el considerando 29bis siguiente: «(29bis) A fin de informar mejor a los acreedores y los tribunales de que se trate y de impedir la apertura de procedimientos de insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen la información pertinente sobre los asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro electrónico de acceso público. Para facilitar el acceso de los acreedores y tribunales domiciliados o situados en otros Estados miembros a esa información, el presente Reglamento deberá prever la interconexión de los registros de insolvencia.». 18) El considerando 31 se sustituye por el texto siguiente: «(31) El presente Reglamento debe incluir anexos en los que se especifiquen, en particular, los procedimientos nacionales de insolvencia que quedan regulados por él. Con el fin de permitir adaptar rápidamente el Reglamento a las modificaciones pertinentes de la legislación nacional en materia de insolvencia de los Estados miembros, debe facultarse a la Comisión para adoptar modificaciones de los anexos mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Antes de adoptar un acto delegado por el que se modifique la lista de procedimientos nacionales de los anexos, la Comisión deberá verificar si los procedimientos notificados satisfacen los criterios establecidos en el presente Reglamento. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión deberá garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.». 19) Se añaden los considerandos 31bis, 31ter y 31quater siguientes: «(31bis) Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[21]. (31ter) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento aspira a promover la aplicación de los artículos 8, 17 y 47 de dicha Carta referentes, respectivamente, a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. (31quater) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[22], y el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[23], se aplican plenamente al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento.». 20) En el considerando 32, los términos «Tratado constitutivo de la Comunidad Europea» se sustituyen por los términos «Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». 21) Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: «Artículo 1 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos judiciales o administrativos colectivos, incluidos los procedimientos provisionales, fundados en la legislación en materia de insolvencia o reestructuración de la deuda y en los que, a efectos del rescate, la reestructuración de la deuda, la reorganización o la liquidación, a) se haya desapoderado al deudor total o parcialmente de sus bienes y se haya designado un síndico, o b) los activos y negocios del deudor estén sometidos a control o supervisión judicial. Los procedimientos a que hace referencia el presente apartado se enumerarán en el anexo A. 2. El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos a a) empresas de seguros, b) entidades de crédito, c) empresas de inversión en la medida en que estén cubiertas por la Directiva 2001/24/CE, modificada, ni a d) organismos de inversión colectiva. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) «procedimientos de insolvencia»: los procedimientos enumerados en el anexo A; b) «síndico»: i) cualquier persona u órgano cuya función consista en administrar o liquidar la masa o supervisar la gestión de los negocios del deudor. En el anexo C figura la lista de dichas personas u órganos, ii) en aquellos asuntos que no impliquen el nombramiento de un síndico o la transferencia de las facultades del deudor a un síndico, el deudor no desapoderado; c) «tribunal»: en todos los artículos excepto en el artículo 3ter, apartado 2, el órgano judicial o cualquier otra autoridad competente de un Estado miembro habilitada para abrir un procedimiento de insolvencia, para confirmar dicha apertura o para adoptar decisiones en el curso del procedimiento; d) «resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia»: incluye i) la decisión de cualquier tribunal de abrir un procedimiento de insolvencia o confirmar la apertura de dicho procedimiento, y ii) la decisión de un tribunal por la que se designa un síndico provisional; e) «momento de apertura del procedimiento»: el momento a partir del cual surte efectos la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia, independientemente de que dicha decisión sea o no definitiva; f) «Estado miembro en el que se encuentre un bien»: i) para los bienes materiales, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien, ii) para los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad deba inscribirse en un registro público: el Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve dicho registro, iii) para las acciones nominativas de empresas, el Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio social la empresa emisora, iv) para los instrumentos financieros cuya titularidad esté legitimada por anotaciones en un registro o cuenta mantenidos por un intermediario o en nombre suyo («anotaciones en cuenta»), el Estado miembro en el que se lleve el registro o cuenta en la que se efectúan las anotaciones, v) para el efectivo en cuenta en una entidad de crédito, el Estado miembro indicado en el IBAN de la cuenta, vi) para los créditos frente a terceros distintos de los relativos a los activos a que se refiere el inciso v), el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de los intereses principales del tercero, tal como se determina en el artículo 3, apartado 1; g) «establecimiento»: todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y activos; h) «acreedor local»: todo acreedor cuyos créditos frente al deudor surjan de la explotación de un establecimiento situado en un Estado miembro distinto de aquel en el que el deudor tenga su centro de intereses principales; i) «grupo de empresas»: una serie de empresas que comprenda una empresa matriz y empresas filiales; j) «empresa matriz»: una empresa que i) controle la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o de los socios de otra empresa (la «filial»), o ii) sea accionista o asociada de la filial y tenga derecho a aa) nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de dicha filial, o bb) ejercer una influencia dominante sobre la filial en virtud de un contrato celebrado con ella o de cláusulas estatutarias de esta empresa.». 22) En el artículo 3, los apartados 1 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: «1. Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor («procedimiento principal»). El centro de los intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual la administración de sus intereses de forma que pueda comprobarse por terceros. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. Respecto de un particular que ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el centro de sus intereses principales será su centro de actividad principal; respecto a cualquier otro particular, el centro de sus intereses principales será su lugar de residencia habitual. 3. Cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del apartado 1, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicación del apartado 2 será un procedimiento secundario. En tal caso, el momento adecuado para evaluar si el deudor posee un establecimiento en el territorio de otro Estado miembro será la fecha de apertura del procedimiento principal.». 23) Se añaden los artículos 3bis y 3ter siguientes: «Artículo 3bis Competencia para las acciones conexas 1. Los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, serán competentes para cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una relación estrecha con él. 2. Si una acción como la mencionada en el apartado 1 es una acción conexa con una acción en materia civil y mercantil interpuesta contra el mismo demandado, el síndico podrá promover ambas acciones ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado o, en caso de que la acción se interpusiera contra varios demandados, ante los tribunales del Estado en cuyo territorio estuviere domiciliado alguno de ellos, siempre que ese tribunal sea competente con arreglo a las normas establecidas por el Reglamento (CE) nº 44/2001. 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las acciones vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente. Artículo 3ter Comprobación de la competencia; derecho de recurso 1. El tribunal que reciba una solicitud de abrir un procedimiento de insolvencia examinará de oficio si es competente de conformidad con el artículo 3. La decisión de apertura especificará los motivos sobre los que se fundamenta la competencia del tribunal y, en particular, si se fundamenta en el artículo 3, apartados 1 o 2. 2. Cuando se abra un procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislación nacional sin una decisión de un tribunal, el síndico designado en el procedimiento examinará si el Estado miembro en el que esté en curso el procedimiento es competente con arreglo al artículo 3. En caso afirmativo, el síndico especificará los motivos sobre los que se fundamenta la competencia y, en particular, si se fundamenta en el artículo 3, apartados 1 o 2. 3. Todo acreedor o parte interesada que tenga su residencia habitual, domicilio o domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado en el que se haya abierto el procedimiento, tendrá derecho a impugnar la decisión de apertura de un procedimiento principal. El tribunal que haya abierto el procedimiento principal o el síndico deberán comunicar la decisión a esos acreedores, en la medida en que se tenga conocimiento de ellos, con la suficiente antelación a fin de que puedan impugnarla.». 24) En el artículo 4, apartado 2, la letra m) se sustituye por el texto siguiente: «m) las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para la masa de acreedores.». 25) Se inserta el artículo 6bis siguiente: «Artículo 6bis Acuerdos de compensación Los acuerdos de compensación se regirán exclusivamente por la ley aplicable al contrato que rija dichos acuerdos.». 26) Se inserta el artículo 10bis siguiente: «Artículo 10bis Requisitos de autorización con arreglo a la legislación local Si la legislación del Estado miembro que regula los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos mencionados en los artículos 8 y 10 establece que un contrato solo puede darse por rescindido o modificarse con la autorización del tribunal que incoó el procedimiento de insolvencia, pero no se ha abierto un procedimiento de insolvencia en dicho Estado miembro, el tribunal que haya abierto el procedimiento de insolvencia será competente para autorizar la rescisión o la modificación de esos contratos.». 27) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 15 Efectos del procedimiento de insolvencia sobre acciones o procedimientos arbitrales en curso Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre otras acciones o procedimientos arbitrales en curso en relación con un activo o un derecho de la masa se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que esté en curso dicha acción o en el que tenga lugar el procedimiento arbitral.». 28) El artículo 18 queda modificado como sigue: a) El artículo 18, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente: 1. El síndico designado por un tribunal competente en virtud del artículo 3, apartado 1, podrá ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos por la ley del Estado de apertura del procedimiento en la medida en que no haya sido abierto otro procedimiento de insolvencia ni se haya adoptado medida cautelar contraria alguna como consecuencia de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en ese Estado. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 7 podrá, en particular, trasladar los activos del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren. Asimismo podrá ofrecer el compromiso de que los derechos de distribución y prioridad de que habrían gozado los acreedores locales si se hubiera abierto un procedimiento secundario se respetarán en el procedimiento principal. Dicho compromiso estará sujeto a los requisitos formales, si los hubiera, del Estado de apertura del procedimiento principal y será exigible y vinculante con respecto a la masa.». b) En el apartado 3, la última frase se sustituye por el texto siguiente: «Dichos poderes no incluyen el uso de medios de apremio, a no ser que hayan sido dictados por un tribunal, ni la facultad de pronunciarse sobre litigios o controversias.». 29) Se insertan los artículos 20bis, 20ter, 20quater y 20quinquies siguientes: «Artículo 20bis Creación de registros de insolvencia Los Estados miembros deberán crear y mantener en su territorio uno o varios registros en los que la siguiente información será accesible de forma gratuita en internet («registros de insolvencia»): a) la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia; b) el tribunal que abra un procedimiento de insolvencia, y el número de referencia del asunto, si lo hubiera; c) el tipo de procedimiento de insolvencia abierto; d) el nombre y la dirección del deudor; e) el nombre y la dirección del síndico designado en el procedimiento, si lo hubiera; f) el plazo de presentación de los créditos; g) la decisión de abrir un procedimiento de insolvencia; h) la decisión de designación del síndico, si es diferente de la decisión a que se refiere la letra g) del presente apartado; i) la fecha de conclusión del procedimiento principal. Artículo 20ter Interconexión de los registros de insolvencia 1. La Comisión establecerá, mediante un acto de ejecución, un sistema descentralizado para la interconexión de los registros de insolvencia . El sistema estará compuesto por los registros de insolvencia y el Portal Europeo de e-Justicia, que actuará como punto central de acceso electrónico público a la información del sistema. El sistema deberá ofrecer un servicio de búsqueda en todas las lenguas oficiales de la Unión, con el fin de poner a disposición la información contemplada en el artículo 20bis. 2. Mediante un acto de ejecución con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 45ter, apartado 3, la Comisión adoptará de aquí a … … … [36 meses después de la entrada en vigor del Reglamento] las disposiciones siguientes: – las especificaciones técnicas en las que se definan los métodos de comunicación y de intercambio de información por medios electrónicos sobre la base de las especificaciones de interfaz para el sistema de interconexión de los registros de insolvencia; – las medidas técnicas que garanticen las normas mínimas en materia de seguridad informática para la comunicación y distribución de información en el contexto del sistema de interconexión de los registros de insolvencia; – los criterios mínimos para el servicio de búsqueda facilitado por el Portal Europeo de e-Justicia basados en la información establecida en el artículo 20bis; – los criterios mínimos para la presentación de los resultados de las búsquedas basados en la información establecida en el artículo 20bis; – las modalidades y las condiciones técnicas de disponibilidad de los servicios facilitados por el sistema de interconexión; y – un glosario con una explicación básica de los procedimientos nacionales de insolvencia que figuren en el anexo A. Artículo 20quater Coste del establecimiento y la interconexión de los registros de insolvencia 1. El establecimiento y el desarrollo futuro del sistema de interconexión de los registros de insolvencia se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión. 2. Cada Estado miembro se hará cargo de los costes de adaptar sus registros nacionales de insolvencia para hacerlos interoperativos con el Portal Europeo de e-Justicia, así como de los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento de los mismos. Artículo 20quinquies Registro de los procedimientos de insolvencia Cuando se abra un procedimiento principal o secundario en relación con una empresa, una persona jurídica o un particular que ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el tribunal que abra el procedimiento se asegurará de que la información mencionada en el artículo 20bis se publique inmediatamente en el registro de insolvencia del Estado de apertura.». 30) Los artículos 21 y 22 se sustituyen por el texto siguiente: «Artículo 21 Publicación en otro Estado miembro 1. Hasta que se establezca el sistema de interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el artículo 20ter, el síndico deberá solicitar que la decisión de apertura del procedimiento de insolvencia, y, en su caso, la decisión de su designación, se publiquen en cualquier otro Estado miembro en el que exista un establecimiento del deudor, con arreglo a los procedimientos de publicación previstos en el Estado de que se trate. En estas publicaciones se especificará el síndico designado y se precisará si la norma de competencia aplicada es la del artículo 3, apartado 1, o la del artículo 3, apartado 2. 2. El síndico podrá solicitar que la información a que se refiere el párrafo primero del presente artículo se publique en cualquier otro Estado miembro en el que existan activos o acreedores del deudor con arreglo a los procedimientos previstos en dicho Estado.». 31) El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 22 Inscripción en un registro público de otro Estado miembro Hasta que se establezca el sistema de interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el artículo 20ter, el síndico deberá solicitar que las decisiones contempladas en el artículo 21 se publiquen en el registro de la propiedad, el registro mercantil o cualquier otro registro público de cualquier otro Estado miembro en el que esté situado un establecimiento del deudor y ese establecimiento haya sido inscrito en un registro público de dicho Estado miembro. El síndico podrá solicitar dicha publicación en cualquier otro Estado miembro.». 32) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 25 Reconocimiento y carácter ejecutorio de otras resoluciones 1. Las resoluciones relativas al desarrollo y la conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud del artículo 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo de pleno derecho. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los artículos 32 a 56, con excepción del artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001. Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro tribunal, que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este. Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares adoptadas tras la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o en relación con ella. 2. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones distintas de las contempladas en el apartado 1 se regirán por el Reglamento contemplado en el apartado 1, en la medida en que sea aplicable dicho Reglamento.». 33) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 27 Apertura Cuando el procedimiento principal haya sido abierto por un tribunal de un Estado miembro y haya sido reconocido en otro Estado miembro, un tribunal de otro Estado miembro que sea competente en virtud del artículo 3, apartado 2, podrá abrir un procedimiento de insolvencia secundario de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo. Los efectos del procedimiento secundario se limitarán a los activos del deudor situados en el territorio del Estado miembro en el que se haya abierto dicho procedimiento.». 34) Se inserta el artículo 29bis siguiente: «Artículo 29bis Decisión de abrir un procedimiento secundario 1. El tribunal al que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario lo comunicará inmediatamente al síndico del procedimiento principal y le ofrecerá la oportunidad de ser oído al respecto. 2. A petición del síndico del procedimiento principal, el tribunal a que se refiere el apartado 1 aplazará la decisión de abrir un procedimiento secundario o denegará dicha apertura si no es necesaria para proteger los intereses de los acreedores locales, en particular si el síndico del procedimiento principal ha ofrecido el compromiso a que se refiere el artículo 18, apartado 1, y cumple las condiciones del mismo. 3. Al decidir la conveniencia de abrir un procedimiento secundario, el tribunal a que se refiere el apartado 1 abrirá, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, el tipo de procedimiento que sea más adecuado habida cuenta de los intereses de los acreedores locales, con independencia de si se cumple alguna de las condiciones relativas a la solvencia del deudor. 4. El síndico del procedimiento principal deberá ser informado de la decisión de abrir un procedimiento secundario y tendrá derecho a impugnarla.». 35) El artículo 31 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 31 Cooperación y comunicación entre síndicos 1. El síndico del procedimiento principal y los síndicos de los procedimientos secundarios cooperarán entre sí en la medida en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Dicha cooperación podrá adoptar la forma de acuerdos o protocolos. 2. En particular, los síndicos deberán: a) comunicarse sin demora toda información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, en especial el estado de la presentación y verificación de los créditos y todas las medidas destinadas al rescate o la reestructuración del deudor o a la conclusión de los procedimientos, siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger la información confidencial; b) estudiar la posibilidad de reestructuración del deudor y, si existe tal posibilidad, coordinar la elaboración y la aplicación de un plan de reestructuración; c) coordinar la administración de la liquidación o la utilización de los activos y negocios del deudor; el síndico del procedimiento secundario deberá ofrecer al síndico del procedimiento principal la posibilidad de presentar, con tiempo suficiente, propuestas relativas a la liquidación o a cualquier otra utilización de los activos del procedimiento secundario.». 36) Se insertan los artículos 31bis y 31ter siguientes: «Artículo 31bis Cooperación y comunicación entre tribunales 1. A fin de facilitar la coordinación entre los procedimientos de insolvencia principales y secundarios referentes a un mismo deudor, el tribunal que haya recibido una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o que haya abierto tal procedimiento deberá cooperar con cualquier otro tribunal ante el que se haya presentado un procedimiento de insolvencia o que haya abierto tales procedimientos en la medida en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Con este fin, los tribunales podrán designar, cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones. 2. Los tribunales a que hace referencia el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí, o solicitarse mutuamente información o asistencia directamente, siempre que dicha comunicación sea gratuita y respete los derechos procesales de las partes en los procedimientos y el carácter confidencial de la información. 3. La cooperación podrá llevarse a cabo por cualquier medio adecuado, como a) la comunicación de información por cualquier medio que el tribunal considere oportuno; b) la coordinación de la administración y supervisión de los activos y negocios del deudor; c) la coordinación de la celebración de las vistas; d) la coordinación para la aprobación de los protocolos. Artículo 31ter Cooperación y comunicación entre síndicos y tribunales 1. A fin de facilitar la coordinación de los procedimientos de insolvencia principal y secundario referentes al mismo deudor, a) el síndico del procedimiento principal deberá cooperar y comunicarse con cualquier tribunal que haya recibido una solicitud de abrir un procedimiento secundario o que haya abierto tal procedimiento, y b) el síndico del procedimiento de insolvencia secundario o territorial deberá cooperar y comunicarse con el tribunal que haya recibido una solicitud de abrir un procedimiento principal o que haya abierto tal procedimiento. 2. La cooperación a que se refiere el apartado 1 se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluidos los medios establecidos en el artículo 31bis, apartado 3, en la medida en que no sean incompatibles con la normativa aplicable a cada uno de los procedimientos.». 37) El artículo 33 queda modificado como sigue: a) El título se sustituye por el texto siguiente: «Suspensión del procedimiento» b) En los apartados 1 y 2, los términos «las operaciones de liquidación» y «la liquidación» se sustituyen por «los procedimientos». 38) El artículo 34 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 34 Conclusión de los procedimientos de insolvencia principales o secundarios 1. La conclusión del procedimiento principal no impedirá la continuación de los procedimientos secundarios que sigan abiertos en ese momento. 2. Cuando se haya abierto un procedimiento secundario referente a una persona jurídica en el Estado miembro en que se encuentre su sede y la conclusión de dicho procedimiento implique la disolución de la persona jurídica, esta disolución no impedirá la continuación del procedimiento principal que se hubiera abierto en otro Estado miembro.». 39) En el artículo 35, el término «liquidación» se sustituye por el término «realización». 40) El artículo 37 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 37 Conversión del procedimiento anterior El síndico del procedimiento principal podrá pedir al tribunal del Estado miembro en que se haya abierto un procedimiento secundario que ordene la conversión del procedimiento secundario en otro tipo de procedimiento de insolvencia existente en virtud de la legislación de ese Estado miembro.». 41) El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 39 Derecho a presentar los créditos Los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya abierto el procedimiento, incluidos las autoridades fiscales y los organismos de la seguridad social de los Estados miembros, («acreedores extranjeros») tendrán derecho a presentar sus créditos en el procedimiento de insolvencia por cualquier medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, aceptado por la legislación del Estado de apertura. Para la presentación de los créditos no será obligatoria la representación legal.». 42) El artículo 40 queda modificado como sigue: a) En el apartado 2, se añade la frase siguiente: «La nota incluirá asimismo una copia del formulario armonizado para la presentación de los créditos a que se refiere el artículo 41 o un enlace a dicho formulario en internet.». b) Se añade el apartado 3 siguiente: «3. La información mencionada en el presente artículo se facilitará empleando el formulario normalizado de nota que se establecerá de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y que se publicará en el Portal Europeo de e-Justicia antes de … [veinticuatro (24) meses después de la entrada en vigor del Reglamento]. Dicho formulario llevará el encabezamiento «Anuncio de procedimiento de insolvencia» en todas las lenguas oficiales de la Unión. Se transmitirá en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado de apertura o en otra lengua que dicho Estado miembro haya indicado que puede aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3, si puede presumirse que dicha lengua será más fácil de comprender para los acreedores extranjeros.». 43) El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 41 Procedimiento para la presentación de créditos 1. Todo acreedor extranjero conocido deberá presentar sus créditos utilizando el formulario armonizado para la presentación de los créditos que se establecerá de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y que se publicará en el Portal Europeo de e-Justicia antes de [24 meses después de la entrada en vigor del Reglamento]. El formulario deberá llevar el encabezamiento «Presentación de créditos» en todas las lenguas oficiales de la Unión. 2. En el formulario armonizado para la presentación de créditos, el acreedor a que se refiere el apartado 1 deberá indicar: a) su nombre y dirección; b) la naturaleza del crédito; c) el importe del crédito y la fecha de su nacimiento; d) si se solicita la condición de acreedor privilegiado; e) si reivindica para el crédito una garantía real o una reserva del derecho de propiedad y, en caso afirmativo, cuáles son los bienes cubiertos por el derecho de garantía que alega; y f) si pide una compensación y si se ha deducido ya la compensación del importe solicitado. El formulario armonizado para la presentación de los créditos deberá ir acompañado de copias de los justificantes, si los hubiera. 3. Los créditos podrán presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión. Podrá exigirse al acreedor una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de apertura o a otra lengua que dicho Estado miembro haya aceptado. Cada Estado miembro deberá indicar al menos una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta de las propias que acepta a efectos de la presentación de los créditos. 4. Los créditos deberán presentarse en el plazo estipulado por la legislación del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. En el caso de un acreedor extranjero, dicho plazo no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) días a partir de la publicación de la apertura del procedimiento en el registro de insolvencia del Estado de apertura. 5. Si el síndico impugna un crédito presentado de conformidad con el presente artículo, deberá ofrecer al acreedor la oportunidad de proporcionar pruebas adicionales sobre la existencia y el importe del crédito.». 44) Se suprime el artículo 42. 45) Se añade el capítulo IVbis siguiente: «CAPÍTULO IVbis INSOLVENCIA DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO DE EMPRESAS Artículo 42bis Obligaciones de información y cooperación entre los síndicos 1. Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el síndico designado en el procedimiento referente a un miembro del grupo deberá cooperar con los síndicos designados en cualquier otro procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la administración efectiva de los procedimientos, no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos y no suponga a un conflicto de intereses. Dicha cooperación podrá adoptar la forma de acuerdos o protocolos. 2. En el ejercicio de la cooperación contemplada en el apartado 1, los síndicos deberán: a) comunicarse mutuamente sin demora cualquier información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger la información confidencial; b) analizar las posibilidades de reestructuración del grupo y, en su caso, coordinarse respecto a la propuesta y la negociación de un plan de reestructuración coordinado; c) coordinar la gestión y la supervisión de las actividades de los miembros del grupo sometidos a un procedimiento de insolvencia. Los síndicos podrán acordar conceder facultades adicionales al síndico designado en uno de los procedimientos cuando las normas aplicables a cada uno de los procedimientos así lo permitan. Artículo 42ter Comunicación y cooperación entre tribunales 1. Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el tribunal al que se haya solicitado la apertura de un procedimiento contra un miembro del grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, deberá cooperar con cualquier otro tribunal ante el cual se haya presentado una solicitud de abrir un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la administración efectiva de los procedimientos y no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos. Con este fin, los tribunales podrán designar, cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones. 2. Los tribunales a que se refiere el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí o solicitarse información o asistencia directamente entre sí. 3. La cooperación se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluyendo: a) la comunicación de información por cualquier medio que el tribunal considere adecuado, siempre que dicha comunicación sea gratuita y respete los derechos procesales de las partes en el procedimiento y la confidencialidad de la información; b) la coordinación de la administración y supervisión de los activos y negocios de los miembros del grupo; c) la coordinación de la celebración de las vistas; d) la coordinación en la aprobación de protocolos. Artículo 42quater Cooperación y comunicación entre síndicos y tribunales El síndico designado en un procedimiento de insolvencia referente a un miembro de un grupo de empresas deberá cooperar y comunicarse con cualquier tribunal ante el cual se haya presentado una solicitud de abrir un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la coordinación de los procedimientos y no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos. En particular, el síndico podrá solicitar a ese tribunal información sobre los procedimientos referentes a los demás miembros del grupo o solicitar asistencia respecto del procedimiento para el que haya sido designado. Artículo 42quinquies Facultades de los síndicos y suspensión del procedimiento 1. El síndico designado en un procedimiento de insolvencia abierto con respecto a un miembro de un grupo de empresas tendrá derecho a: a) ser oído y participar, en particular formando parte de una junta de acreedores, en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo; b) solicitar una suspensión de los procedimientos abiertos con respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo; c) proponer un plan de recuperación, un convenio, o una medida comparable para todos o algunos de los miembros del grupo sometidos a procedimientos de insolvencia e introducirlo en cualquiera de los procedimientos abiertos con respecto a otro miembro del mismo grupo, de conformidad con la legislación aplicable a dichos procedimientos; y d) solicitar cualquier medida procesal adicional en virtud de la legislación mencionada en la letra c) que pudiera ser necesaria para promover el rescate, incluida la conversión de los procedimientos. 2. El tribunal que haya abierto un procedimiento contemplado en el apartado 1, letra b), deberá suspenderlo en su totalidad o en parte si se demuestra que dicha suspensión beneficiaría a los acreedores en ese procedimiento. La suspensión podrá ordenarse por un máximo de tres meses y podrá prorrogarse o renovarse por el mismo período. El tribunal que ordene la suspensión podrá exigir al síndico que tome cualquier medida conveniente para garantizar los intereses de los acreedores en el procedimiento.». 46) Se inserta el artículo 44bis siguiente: «Artículo 44bis Información sobre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia 1. En el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión del Consejo 2001/470/CE[24], los Estados miembros facilitarán una descripción de su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de insolvencia, en particular en lo que respecta a las cuestiones enumeradas en el artículo 4, apartado 2, a fin de hacer pública la información. 2. Los Estados miembros actualizarán dicha información regularmente.». 47) El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 45 Modificación de los anexos 1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados a fin de modificar los anexos A y C de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo y en el artículo 45bis. 2. Para modificar el anexo A, los Estados miembros notificarán a la Comisión las normas nacionales sobre procedimientos de insolvencia que deseen se incluyan en el mismo, acompañadas de una breve descripción. La Comisión comprobará que las normas notificadas se ajustan a las condiciones establecidas en el artículo 1 y, en caso afirmativo, modificará el anexo A mediante un acto delegado.». 48) Se insertan los artículos 45bis y 45ter siguientes: «Artículo 45bis Ejercicio de la delegación 1. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. La delegación de facultades a que se refiere el artículo 45 se otorgará por tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 3. La delegación de facultades a que se refiere el artículo 45 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las facultades que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 45 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas instituciones comunican a la Comisión que no tienen la intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. Artículo 45ter Facultad de adoptar actos de ejecución 1. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos de ejecución para los fines siguientes: a) establecer la interconexión de los registros de insolvencia a que se refiere el artículo 20ter; y b) establecer y modificar posteriormente los formularios contemplados en los artículos 40 y 41. 2. Para adoptar o modificar los actos de ejecución contemplados en el apartado 1, la Comisión estará asistida por un comité a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo[25]. 3. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 4. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.». 49) En el artículo 46, la fecha «1 de junio de 2012» se sustituye por «….. [10 años después de su entrada en vigor].». 50) Se inserta el artículo 46bis siguiente: «Artículo 46bis Protección de datos 1. Los Estados miembros aplicarán la Directiva 95/46/CE al tratamiento de los datos personales que lleven a cabo en virtud del presente Reglamento. 2. El Reglamento (CE) nº 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.». 51) Queda suprimido el anexo B. Artículo 2 El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del ….. [24 meses después de su entrada en vigor], con la excepción de las disposiciones relativas a la información sobre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia (artículo 44bis), que serán aplicables a partir del … [12 meses después de su entrada en vigor]. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados. Hecho en Estrasburgo, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA[26] Título 33 - Justicia 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria[27] Ø La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción 1.4. Objetivos 1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa Desarrollo de una zona de justicia, Justicia para el Crecimiento 1.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s) Objetivo específico n° Cooperación judicial en materia civil y mercantil Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 33 03 1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la población destinataria. Mayor eficiencia y transparencia en los procedimientos de insolvencia transfronteriza 1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa. […] […] 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa 1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo Revisión del Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia 1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea […] […] 1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores […] […] 1.5.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes […] […] 1.6. Duración e incidencia financiera ¨ Propuesta/iniciativa de duración limitada – ¨ Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD/MM]AAAA hasta [el] [DD/MM]AAAA – ¨ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA Ø Propuesta/iniciativa de duración ilimitada – Ejecución con una fase de puesta en marcha desde la adopción del Reglamento – seguida de pleno funcionamiento 1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)[28] Ø Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión ¨ Gestión centralizada indirecta medi