ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 5 AL PRESUPUESTO DE 2003 - DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES - Sección III - Comisión

(presentada por la Comisión)

Vistos:

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 272,

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 177,

- el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [1], y, en particular, su artículo 37,

[1] DO L 248 de 16.09.2002, p.1.

La Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el anteproyecto de presupuesto rectificativo nº 5 al presupuesto de 2003 por las razones recogidas en la exposición de motivos.

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ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TABLA RESUMEN POR RÚBRICAS DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En enero de 2003, las autoridades nacionales de España e Italia presentaron a la Comisión sendas solicitudes para activar la intervención del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) [2] por las tres catástrofes relacionadas con el hundimiento del buque petrolero Prestige, los seísmos en las regiones de Molise y Apulia, y la erupción del volcán Etna.

[2] Reglamento (CE) N° 2012/2002 del Consejo del 11 de noviembre de 2002 por el que se establece el fondo de solidaridad de Unión Europea, OJEC L 311 de 14.11.2002.

La Comisión ha llevado a cabo un examen detenido de las solicitudes de conformidad con el Reglamento FSUE y, en particular, con sus artículos 2, 3 y 4. Se constató que ninguna de las tres catástrofes puede calificarse de «catástrofe grave» a los efectos del Reglamento FSUE ya que en ningún caso los daños estimados alcanzan el umbral de 3 000 millones de euros (para ambos países el 0,6% de la RNB se sitúa por encima de los 3 000 millones de euros de modo que se aplica la cifra más baja). Las solicitudes se han examinado, por lo tanto, a la luz de lo previsto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento FSUE en el que se establecen las condiciones para activar excepcionalmente la intervención del FSUE si se cumplen ciertos criterios.

Los elementos más importantes de las evaluaciones pueden resumirse del siguiente modo:

Vertido de combustible del prestige

El 13 de enero de 2003 las autoridades españolas presentaron a la Comisión una solicitud de intervención del FSUE para contribuir a la financiación de medidas de emergencia tras la catástrofe originada por el hundimiento del buque petrolero Prestige. La información contenida en dicha solicitud se completó con información adicional que se solicitó por los servicios de la Comisión el 11 de marzo y recibió el 13 de mayo de 2003. El 13 de junio, las autoridades españolas presentaron otro expediente. Son pertinentes los siguientes puntos:

1. La solicitud inicial se presentó en el plazo de 10 semanas después de que se registrara el primer daño el 19 de noviembre de 2002.

2. La catástrofe no es origen natural, por lo que cae fuera del principal ámbito de aplicación del FSUE. Las autoridades españolas, sin embargo, han demostrado que las circunstancias específicas del caso, en particular, el alcance y la naturaleza de los daños causados, la incertidumbre en torno a cuándo pudiera aplicarse una solución a la fuente de la contaminación continua y los efectos negativos a largo plazo en la región damnificada son tales que la intervención del FSUE parece justificada.

3. Se alega que los daños directos ascienden a 594 millones de euros. Esta cifra ha de corregirse ya que incluye daños indirectos/pérdidas económicas (140 millones de euros de las compensaciones a los pescadores) y costes de publicidad para promover el turismo (24,5 millones de euros), así como subsidios en forma de préstamos (13,6 millones de euros) que no pueden considerarse como daños. Por otra parte, hay que añadir al daño directo el coste estimado de una solución permanente que neutralice el vertido de hasta 70 millones de euros. Asimismo, debería reflejarse el hecho de que una parte de este daño directo esté sufragada por pagos del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC) (véase el punto 9 más abajo). Los servicios de la Comisión, por lo tanto, consideran que el daño directo debería calcularse en 436 millones de euros.

4. El vertido de combustible está causando importantes daños al medio natural (difícil de cuantificar en términos financieros) y está contaminando - en grados diversos - toda la costa de las cuatro Comunidades Autónomas septentrionales de España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), incluidas algunas islas de la costa atlántica y los estuarios de los ríos españoles que desembocan en el Atlántico. Una circunstancia particular de la catástrofe del Prestige es la incertidumbre en torno al final efectivo de la contaminación, en tanto no se alcance una solución permanente que neutralice el vertido.

5. La comprobación de si el caso del Prestige cumple todos los criterios establecidos en el Reglamento para las «catástrofes regionales extraordinarias» se enfrenta a una dificultad objetiva: como la contaminación afectó directamente, sobre todo, al mar y a las playas, parece difícil dar una definición razonable de «región afectada», tal como se requiere en el apartado 2 del 2 del Reglamento y verificar si ha afectado a la «mayoría de la población» de esa zona.

6. Por otra parte, se han registrado repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la zona costera donde se concentra gran parte de la población de las cuatro Regiones Autónomas. Dos factores intervienen: el grave impacto en el medio ambiente y las consecuencias económicas del incidente, especialmente en los dos sectores económicos más importantes de las cuatro Comunidades Autónomas: pesca, incluidas las industrias relacionadas con la pesca (acuicultura, cría de marisco e industrias de transformación), y el turismo. Mientras las repercusiones negativas en la pesca afectan a una parte muy amplia de la población, particularmente en el gran número de pequeños municipios costeros, el turismo se resiente en las cuatro regiones en su conjunto - especialmente a causa de la pérdida de imagen - afectando los daños no sólo a los que directamente trabajan en el sector (como hoteles, campings, turismo rural) sino también a numerosos sectores relacionados con el turismo (como bares, restaurantes, discotecas, etc...). Estos efectos inciden en la economía en su conjunto pero también influyen en las condiciones de vida de un gran número de personas.

Las autoridades españolas calculan que más de 330 000 personas dependientes de la pesca y los sectores relacionados con la misma - incluidos los miembros de la familia - se ven directamente afectadas por la catástrofe en virtud de la pérdida de empleo o de renta. En turismo, el número supera las 550 000 personas. En general, las autoridades españolas estiman que la catástrofe afectará a más de 885 000 personas, con unas pérdidas económicas en ambos sectores, conjuntamente considerados, de más de 1 200 millones de euros durante los próximos dos años.

Cabe señalar que los municipios costeros de las cuatro Comunidades Autónomas cuentan casi con 2,8 millones de habitantes. La población de los numerosas pueblos y pequeñas ciudades fuera de las seis principales ciudades de La Coruña, Vigo, Avilés, Gijón, Santander y San Sebastián representa 1,5 millones de habitantes, que en muy gran medida dependen de los dos sectores mencionados.

7. La región afectada no puede calificarse de «aislada o remota». Las autoridades españolas, sin embargo, han demostrado que los específicos efectos e incertidumbres de la catástrofe del Prestige en la zona afectada son tales que la intervención del FSUE parece justificada.

8. El coste de las operaciones urgentes de primera necesidad subvencionable de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento FSUE se ha calculado en 416 millones de euros. Esta cantidad se refiere casi exclusivamente al coste de las actividades de limpieza y de la recuperación de combustible de playas y mar, así como a la gestión de la marea negra.

9. Se han definido otras fuentes de financiación comunitaria en virtud de los instrumentos existentes para contribuir a reparar el daño total, en especial, en virtud de los fondos estructurales y de cohesión, que se espera asciendan a aproximadamente 400 millones de euros (FEDER hasta 170 millones de euros, incluida una cantidad de la iniciativa de INTERREG que se ha destinado a la búsqueda de una solución permanente que neutralice el naufragio, FSE 10,1 millones de euros, Fondo de Cohesión 91,1 millones de euros, IFOP hasta 140 millones de euros y 30 millones de compensaciones a los pescadores e industrias de acuicultura, procedentes de la línea B2-200 - reconversión de los buques y los pescadores dependientes del Acuerdo de pesca con Marruecos).

10. Se espera que la cobertura a través del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC) ascienda a 150 millones de euros. Es probable que la cobertura del daño sufragable mencionado en el punto 7 más arriba por estos pagos de compensación se sitúe entre los 50 y 64 millones de euros. Conviene señalar que las compensaciones a través del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos son en la actualidad extremadamente limitadas. En 2004 entrará en vigor una quintuplicación de la compensación actualmente disponible hasta aproximadamente 910 millones de euros, que, sin embargo, no es aplicable a las reclamaciones derivadas de catástrofes ya producidas.

Por las razones anteriormente mencionadas, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, en este caso particular, debe aplicarse el Reglamento, habida cuenta de las circunstancias y naturaleza extraordinarias de la catástrofe y sus consecuencias negativas claramente demostradas; la intervención del Fondo de Solidaridad está, por lo tanto, justificada.

Seísmo en Molise y Apulia

El 13 de enero de 2003 se presentó a la Comisión una solicitud para activar la intervención del FSUE para contribuir a la financiación de medidas de emergencia a raíz de una serie de seísmos que afectaban a diversas zonas de las regiones de Molise y Apulia. La información que figuraba en dicha solicitud se completó con información adicional que se solicitó por los servicios de la Comisión el 11 de marzo y recibió el 2 de mayo de 2 003. En una reunión celebrada el 19 de junio de 2003 se obtuvieron diversas aclaraciones finales. Los siguientes puntos son pertinentes:

1. La fecha del inicio de la catástrofe fue el 31 de octubre de 2002. La solicitud se presentó dentro del plazo de 2 meses después de la entrada en vigor del Reglamento FSUE y, por lo tanto, dentro del plazo retroactivo establecido en el artículo 13 del Reglamento.

2. La catástrofe es de origen natural y, por lo tanto, cae dentro del principal ámbito de aplicación del FSUE.

3. El daño directo se calcula en 1 558 millones de euros.

4. Se ha definido claramente la región afectada por la catástrofe como 65 municipios en la provincia de Campobasso/Molise y 14 municipios en la provincia de Foggia/Apulia. El daño mencionado anteriormente se refiere exclusivamente al territorio definido como región afectada.

La población de la región afectada así definida es de 243 000 habitantes, la gran mayoría de los cuales está directamente afectada.

5. Aunque, en general, no parece justificado activar la intervención del FSUE para catástrofes regionales que afecten a áreas geográficas o cantidades de población que no alcanzan un nivel significativo, este elemento debería evaluarse caso por caso, considerándose asimismo la relativa magnitud del daño y la gravedad de sus repercusiones. En el presente caso, la elevada cifra del daño directo, así como el carácter bastante aislado de la zona justifica la conclusión de que se ha alcanzado un nivel significativo.

6. Se han demostrado las repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región: un estudio revela que, a través de los daños a numerosos edificios públicos y privados, incluidas explotaciones agrícolas e infraestructura, se ha producido en la región un importante descalabro que ha llevado la producción y el comercio a un punto muerto e infligido un daño grave a la economía de la región. Más del 20% de los edificios se declaró no apto para vivienda y hubo que colocar a cerca de 12 000 personas en alojamientos provisionales.

7. Tal como se ha señalado en el punto 5 más arriba, la región afectada - aunque no puede calificarse como «remota» - se caracteriza por una situación bastante aislada. Las autoridades italianas han demostrado que los efectos del terremoto en el área afectada, que antes del seísmo ya se caracterizaba por ser especialmente frágil y socialmente fragmentada, eran tan graves que la intervención del FSUE parece justificada.

8. El coste de las operaciones urgentes de primera necesidad subvencionable de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento FSUE se ha calculado en 248 millones de euros y se ha desglosado por tipo de operación. Las autoridades italianas han confirmado que estos costes se refieren exclusivamente a la región afectada.

9. En general, es posible acudir a la financiación de los programas de los fondos estructurales que cubren la región afectada, particularmente para restablecer las actividades económicas y reparar los daños a las infraestructuras públicas. No se ha destinado para ello, sin embargo, ninguna cantidad específica hasta la fecha.

10. No hay ninguna cobertura por el seguro del daño sufragable más arriba mencionado en el punto 8.

Por las razones anteriormente indicadas, la Comisión ha decidido aceptar la solicitud formulada por Italia.

Erupción del volcán Etna

El 13 de enero de 2003 se presentó a la Comisión una petición para activar la intervención del FSUE para contribuir a la financiación de medidas de emergencia a raíz de la catástrofe originada por la erupción del volcán Etna y los subsiguientes seísmos y lluvia de ceniza a lo largo de varios meses. La información que figuraba en dicha petición se completó con información adicional que se solicitó por los servicios de la Comisión el 11 de marzo y recibió el 7 de mayo de 2 003. En una reunión celebrada el 19 de junio de 2003 se obtuvieron diversas aclaraciones finales. Los siguientes puntos son pertinentes:

1. La fecha del inicio de la catástrofe fue el 26 de octubre de 2002. La solicitud se presentó dentro del plazo de 2 meses después de la entrada en vigor del Reglamento FSUE y, por lo tanto, dentro del plazo retroactivo establecido en el artículo 13 del Reglamento.

2. La catástrofe es de origen natural y, por lo tanto, cae dentro del principal ámbito de aplicación del FSUE.

3. El daño directo se calcula en 962 millones de euros. Es preciso corregir esta cifra ya que contiene daños indirectos («actividad económica cesante» de 113 millones de euros).Los servicios de la Comisión, por lo tanto, consideran que el daño directo total debería calcularse en 849 millones de euros.

4. Se ha definido la región afectada por la catástrofe como la provincia de Catania. El daño mencionado anteriormente se refiere exclusivamente al territorio definido como región afectada.

5. La población de la región afectada así definida es de 1 069 000 habitantes, 920 000 (el 86%) de los cuales, es decir, la parte principal, están directamente afectados, como consecuencia de una diversidad de factores, entre los que la exposición a la lluvia tóxica de ceniza volcánica de la población de 45 de 55 municipios de Catania supone un peligro importante a la salud pública. Se registraron graves daños producidos por los temblores o la lava en 14 municipios, resultando afectadas 160 000 personas e impracticables más de 3 000 viviendas y diversos edificios públicos y causándose daños a la propiedad privada, los edificios públicos y las infraestructuras calculados en aproximadamente 590 millones de euros.

6. Las repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región proceden de (i) la persistencia de la actividad eruptiva y sísmica durante varios meses y (ii) la magnitud del trabajo requerido para reparar el daño - que se espera supere dos años - y evaluar los efectos en la salud de la exposición a las cenizas. Después de la provincia de Palermo, Catania ocupa el segundo lugar en cuanto a aportación a la economía siciliana (el 21%). La esperada caída de la economía de 3 000 millones de euros tendrá, por lo tanto, efectos de contagio en la economía siciliana en su conjunto. Las pérdidas en agricultura, principal recurso económico de la provincia de Catania, con más de 30 000 empleos, se calculan en un 50% en la temporada actual. La ralentización general de la economía es del orden del 35% y las reservas turísticas, vitales para la economía de la isla, han disminuido en hasta un 80%. Particularmente dañino se considera el cierre o la actividad muy reducida del aeropuerto de Catania, que, con una área de influencia de tres millones de personas y más de 4 millones de pasajeros cada año, es el centro del movimiento de personas y mercancías en el conjunto de la Sicilia Oriental.

7. La provincia de Catania forma parte de Sicilia, cuyas condiciones de vida y economía se caracterizan por una situación geográfica insular y remota, limitada accesibilidad y, en parte, retraimiento de los centros de la economía italiana, así como por su interdependencia con provincias colindantes y el continente, factores que hacen la economía siciliana particularmente vulnerable.

8. El coste de las operaciones urgentes de primera necesidad subvencionable de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento FSUE se ha calculado en 204 millones de euros y se ha desglosado por tipo de operación. Las autoridades italianas han confirmado que estos costes se refieren exclusivamente a la región afectada.

9. En general, es posible acudir a la financiación de los programas de los fondos estructurales que cubren la región afectada, particularmente para restablecer las actividades económicas y reparar los daños a las infraestructuras públicas. Ninguna cantidad específica sin embargo se ha destinado hasta la fecha para ello.

10. No hay ninguna cobertura por el seguro del daño sufragable más arriba mencionado en el punto 4 ya que, en general, no existe en el mercado ningún seguro contra daños provocados por actividad volcánica.

Por las razones anteriormente indicadas, la Comisión ha decidido aceptar la solicitud formulada por Italia. y proponer la intervención del FSUE.

Financiación

El presupuesto anual total disponible para los catástrofes regionales excepcionales es de 75 millones de euros (cf. apartado 2 del artículo 4 FSUE). Esto significa que un máximo de 56 250 millones de euros puede concederse antes del 1º de octubre. El índice aplicable para definir las asignaciones para catástrofes regionales excepcionales es el 2,5% del daño directo total. Para asegurar un trato equitativo de las solicitudes, se propone aplicar este índice y reducir, a continuación, proporcionalmente las subvenciones a fin de respetar el límite establecido en el Reglamento para las asignaciones hasta el 1º de octubre.

Sumas de ayuda FSUE propuestas son las siguientes:

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Estas sumas compensatorias dejarán el 25% del Fondo de solidaridad de la Unión Europea disponible para las eventuales asignaciones durante el último trimestre del año.

Los créditos de pago necesarios estarán disponibles mediante una transferencia de créditos de otras líneas presupuestarias, que la Comisión propondrá a la Autoridad Presupuestaria a su debido tiempo.

TABLA RESUMEN POR RÚBRICAS DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS

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DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES

Sección III - Comisión

PARTE B

>SITIO PARA UN CUADRO>

SUBDIVISIÓN B2 - MEDIDAS ESTRUCTURALES, GASTOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN, OTRAS MEDIDAS AGRARIAS Y REGIONALES, TRANSPORTES Y PESCAS

TÍTULO B2-4 --FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA - ESTADOS MIEMBROS

>SITIO PARA UN CUADRO>

CAPÍTULO B2-4 -- Fondo de Solidaridad de la Unión Europea - Estados miembros

Artículo B2-4 0.0 --Fondo de Solidaridad de la Unión Europea - Estados miembros

>SITIO PARA UN CUADRO>

Este artículo tiene como finalidad acoger los créditos resultantes de la intervención del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.