[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 25.6.2007

COM(2007) 207 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles

ÍNDICE

1. PARTE 1: Aplicación de las sanciones nacionales previstas en el artículo 4,apartado 6, de la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles y eficaciade las mismas 3

1.1. Introducción 3

1.2. Examen de la transposición de la Directiva en los Estados miembros 4

1.3. Evaluación de la aplicación del artículo 4, apartado 6, y de su eficacia 5

1.3.1. Mecanismo del representante a efectos de siniestros: familiarización ypercepción del público 5

1.3.2. Naturaleza y equivalencia de las sanciones instauradas en relación con el procedimiento de la oferta o respuesta motivada 5

1.3.3 Práctica del procedimiento de la oferta o respuesta motivada en los Estados miembros 8

1.4. Conclusión 9

2. PARTE 2: Seguro de automóviles y defensa jurídica 10

2.1. Introducción 10

2.2. Marco normativo de la UE en materia de seguro de defensa jurídica 11

2.3. Oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica 11

2.4. Inclusión de los gastos de defensa jurídica en el seguro obligatorio deautomóviles del causante de los daños 12

2.4.1. Situación actual en los Estados miembros 12

2.4.2. Posible incidencia en las primas de los seguros obligatorios de automóviles 13

2.5. Conclusión 13

1. PARTE 1: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES NACIONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 6, DE LA CUARTA DIRECTIVA SOBRE EL SEGURO DE AUTOMÓVILES Y EFICACIA DE LAS MISMAS

1.1. Introducción

Uno de los objetivos de la Directiva 2000/26/CE, o Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles (en lo sucesivo «la Directiva»), es garantizar la rápida liquidación de las reclamaciones de seguros de automóviles cuando el siniestro se produzca fuera del país de residencia de la víctima («víctima transeúnte»). En principio, y a través de los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros[1] (todas las entidades que ofrecen seguros obligatorios de automóviles, esto es, seguros de responsabilidad civil del automóvil deben designar a un representante para la tramitación y liquidación de siniestros en cada uno de los demás Estados miembros, en lo sucesivo «representante a efectos de siniestros»), estas víctimas transeúntes deberían poder tramitar la reclamación en su propia lengua y obtener indemnización con mayor rapidez y menores gastos. El representante a efectos de siniestros es competente para tramitar y liquidar la reclamación, al actuar en representación del asegurador extranjero del causante del accidente[2].

Por otra parte, los Estados miembros deben imponer sanciones para acelerar la indemnización. Los aseguradores responsables o sus representantes a efectos de siniestros que tarden más de tres meses en dar una respuesta motivada («procedimiento de la oferta o respuesta motivada») a las reclamaciones de indemnización pueden ser multados, con la cuantía que el Estado miembro en que esté registrado el asegurador determine, y la indemnización a liquidar devengará intereses[3].

El artículo 4, apartado 7, de la Directiva dispone que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo (antes del 20 de enero de 2006[4]) sobre el establecimiento y la efectividad de las sanciones nacionales en relación con el procedimiento de oferta o respuesta motivada, así como sobre su equivalencia, y presente, en su caso, propuestas (en el supuesto de que estas sanciones nacionales no produzcan los resultados esperados)[5].

A fin de elaborar el informe, los servicios de la Comisión[6] consultaron a las autoridades de los Estados miembros en marzo de 2006[7] y al sector asegurador en abril del mismo año[8]. Asimismo, se abrió una consulta pública en línea, entre el 6 de abril y el 5 de junio de 2006, en las páginas en Internet de la Comisión[9], con objeto de preguntar a todos los interesados sobre su familiarización con el mecanismo del representante a efectos de siniestros y sobre la eficacia del mismo[10].

Según lo previsto en el artículo 4, apartado 6, de la Directiva, el presente informe de la Comisión trata tanto de la instrumentación y eficacia de las sanciones nacionales, como de su equivalencia, basándose en las observaciones formuladas por los Estados miembros, el sector asegurador y otros interesados.

1.2. Examen de la transposición de la Directiva en los Estados miembros

Los Estados miembros debían incorporar la Directiva a su ordenamiento jurídico interno para el 20 de julio de 2002 y aplicar sus disposiciones antes del 20 de enero de 2003[11].

En lo que respecta a la transposición de la Directiva, el 6 de enero de 2003, la Comisión envió sendos dictámenes motivados a Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, por no haber incorporado al ordenamiento jurídico interno sus disposiciones generales en la fecha acordada, esto es, el 20 de julio de 2002. Todos estos expedientes de infracción se cerraron en el transcurso de 2003[12], a medida que se adoptaron y comunicaron a la Comisión las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva. Asimismo, el 23 de diciembre de 2004, la Comisión remitió sendas cartas de emplazamiento a Letonia, Malta y Eslovenia, ya que estos Estados miembros no habían comunicado todas las disposiciones de transposición de la Directiva. Estos expedientes de infracción se cerraron en mayo de 2005, a raíz de la notificación de las disposiciones de transposición a la Comisión.

1.3. Evaluación de la aplicación del artículo 4, apartado 6, y de su eficacia

1.3.1 . Mecanismo del representante a efectos de siniestros: familiarización y percepción del público

La consulta tenía, ante todo, por objeto determinar si los interesados (fundamentalmente los ciudadanos y las empresas europeos), frente a un accidente en el que fueran víctimas transeúntes, sabían de la existencia en su país de origen de un representante a efectos de siniestros designado por el asegurador del causante del accidente, y si consideraban que este sistema era una forma eficaz de liquidar los siniestros.

En lo que respecta a las opiniones del público, no pudo extraerse ninguna conclusión objetiva, debido al escaso número de respuestas recibidas con ocasión de la consulta pública[13].

En lo referente a los pareceres manifestados por los Estados miembros, la mayoría estima que sus ciudadanos están al corriente, sin lugar a dudas, de la posibilidad de liquidar los siniestros transfronterizos a través del representante designado en su país de origen. Al contestar a esta pregunta, los Estados miembros han hecho referencia a distintos conductos utilizados para informar a los ciudadanos de la existencia de tal representante, como campañas de información públicas, páginas en Internet de las oficinas nacionales de seguros, asociaciones de aseguradoras, y organismos de información creados de conformidad con el artículo 5 de la Directiva. Por lo que se refiere a la percepción del mecanismo del representante a efectos de siniestros, la gran mayoría de los Estados miembros y de los representantes del sector asegurador considera que el citado mecanismo cumple su objetivo de facilitar y agilizar el proceso de resolución de reclamaciones transfronterizas. Los aspectos del mismo más valorados son la proximidad del representante a efectos de siniestros con el autor de la reclamación, así como la posibilidad de que la parte perjudicada se comunique en su lengua materna para tramitar su reclamación.

1.3.2. Naturaleza y equivalencia de las sanciones instauradas en relación con el procedimiento de la oferta o respuesta motivada

La naturaleza de las sanciones económicas o de las sanciones administrativas equivalentes que pueden imponerse a las aseguradoras o sus representantes a efectos de siniestros, por incumplimiento del plazo de tres meses para la oferta o respuesta motivada, varía entre unos Estados miembros y otros.

Sanciones económicas

Únicamente se han establecido sanciones económicas en algunos Estados miembros. Pueden imponerse, bien a la aseguradora (Grecia, Lituania, Chipre, Portugal, España, Malta, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y República Checa), bien a la aseguradora y a la persona o personas autorizadas para representar y obligar legalmente a la anterior, en lo sucesivo las «personas autorizadas» (Eslovenia, Hungría y Polonia).

Otras sanciones

En lo que respecta a los demás tipos de sanciones, algunos Estados miembros aplican sanciones disciplinarias a las personas autorizadas, como la suspensión de funciones (Polonia y Lituania), en tanto que, en otros Estados, las aseguradoras pueden perder la autorización para operar en el ramo de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Hungría, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Suecia y Lituania).

Sin sanciones específicas

Algunos Estados miembros no prevén ninguna sanción específica y se conforman exclusivamente con exigir a la aseguradora el pago de los intereses legales sobre el importe de la indemnización, en el supuesto de que no se presente una oferta o una respuesta motivada en el plazo de tres meses (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Eslovaquia, Austria, Estonia, Letonia, Finlandia, Francia, Bélgica y España) [14].

Cuadro comparativo

Sanción económica/ aseguradora | Sanción económica/ personas autorizadas | Sanción disciplinaria/personas autorizadas | Revocación o suspensión de la autorización para el ramo de seguro obligatorio de automóviles | Sin sanciones específicas - tipo de interés anual (salvo indicación en contrario) |

Austria | Interés legal |

Bélgica | 250 EUR/día en caso de demora en la respuesta motivada | Interés legal del 7 % en caso de demora en la oferta motivada |

Chipre | Hasta 2 000 CYP = 3 452 EUR |

República Checa | Hasta 1 000 EUR = 28 000 CZK | Tipo de descuento del Banco Nacional Checo en vigor el primer día de demora, más un 4 % |

Dinamarca | Interés legal devengado 30 días después de cumplido el plazo para el pago de la indemnización |

Estonia | 0,4 % del importe por día |

Finlandia | Interés legal |

Francia | El juez puede imponer una multa del 15 % de la indemnización, en caso de oferta claramente insuficiente, a pagar al fondo nacional de garantía | Dos veces el tipo de interés legal en caso de ausencia de respuesta |

Alemania | X | X | 5 % más que el tipo de interés básico |

Grecia | 3 000 EUR |

Hungría | Entre 100 000 y 20 000 000 HUF (1 EUR = 260 HUF) | Entre 40 000 y 1 000 000 HUF | X |

Irlanda | Sanciones administrativas no especificadas – referencia al artículo 33BD de la Ley del Banco Central, 1942/2004 | Interés legal |

Italia - no se ha facilitado información |

Letonia | 0,1 % del importe por día |

Lituania | Hasta 100 000 EUR | X | 0,04 % del importe por día |

Luxemburgo | X | X | X | Interés legal |

Malta | MTL 5 000 = 11 650 EUR | Interés legal |

Países Bajos | X |

Polonia | 0,5 % de la prima suscrita | Tres veces el sueldo | X | Tipo de interés legal del 11,5% |

Portugal | Entre 748,20 y 74 819,68 EUR | Dos veces el tipo de interés legal |

Eslovaquia | Tipo de descuento (tipo de interés básico) del Banco Nacional en vigor el primer día de demora |

Eslovenia | 8 400 EUR | 420 EUR | Tipo de interés legal del 13,5 % |

España | Hasta 150 000 EUR | Interés legal |

Suecia | X | X |

Reino Unido | Sanciones administrativas no especificadas – referencia a la normativa de 2002 (nº 2706) | Interés legal |

1.3 .3 Práctica del procedimiento de la oferta o respuesta motivada en los Estados miembros

A fin de evaluar la eficacia de las sanciones nacionales establecidas paralelamente al procedimiento de la oferta o respuesta motivada, la consulta iba encaminada a determinar si las aseguradoras y sus representantes a efectos de siniestros son capaces en la práctica de respetar el plazo de tres meses de que disponen para la liquidación de los siniestros automovilísticos.

La información recibida a raíz de la consulta muestra que, tanto las aseguradoras, como sus representantes a efectos de siniestros se hallan, por lo general, en condiciones de tramitar las reclamaciones en el lapso de tres meses. Sólo en casos aislados y excepcionales, y debido a los problemas encontrados para recibir información de otras partes intervinientes en la liquidación de los siniestros, resultó imposible cumplir el plazo. Se trataba, en concreto, de situaciones en las que, por ejemplo, se habían presentado con retraso los partes policiales u otros documentos similares necesarios para determinar la responsabilidad[15], o de casos de mala comunicación entre el representante a efectos de siniestros y su aseguradora[16].

A este respecto, cabe recordar que el mecanismo del representante a efectos de siniestros y el procedimiento de la oferta o respuesta motivada sólo son aplicables desde 2003 en el caso de 15 Estados miembros y desde el 1 de mayo de 2004 en lo que se refiere a los nuevos Estados miembros. Por consiguiente, la experiencia adquirida hasta la fecha en los Estados miembros acerca de la aplicación práctica y la eficacia del artículo 4, apartado 6, de la Directiva resulta aún bastante limitada.

1.4. Conclusión

En todos los Estados miembros se ha establecido la obligación de que las aseguradoras y sus representantes a efectos de siniestros liquiden los siniestros con arreglo al procedimiento de la oferta o respuesta motivada. A la luz de los resultados de la consulta realizada a los Estados miembros y al sector asegurador, cabe definir dos categorías de sanciones introducidas por los Estados miembros para respaldar esa obligación, a saber, las de carácter económico y las de naturaleza disciplinaria. En tanto que unos Estados miembros aplican simultáneamente ambas sanciones, otros exigen simplemente el pago de intereses sobre el importe de la indemnización.

De la consulta se desprende claramente que las sanciones nacionales no son equivalentes entre sí y que el planteamiento de los Estados miembros frente a tales sanciones difiere. No obstante, este hecho no parece tener una incidencia negativa considerable en las aseguradoras y sus representantes a efectos de siniestros a la hora de cumplir el plazo de tres meses prescrito para la presentación de una oferta o una respuesta motivada al reclamante. Dado que, pese a haber estado vigente durante un período relativamente breve, el procedimiento de la oferta o respuesta motivada ha demostrado estar bien implantado y funcionar correctamente en todos los Estados miembros, todas las disposiciones adoptadas por los distintos Estados cumplen, obviamente, el objetivo perseguido. En consecuencia, no hay motivos para que la Comisión tome medidas o presente propuestas a este respecto.

2. PARTE 2: SEGURO DE AUTOMÓVILES Y DEFENSA JURÍDICA

2.1. Introducción

Con arreglo al artículo 1 de la Segunda Directiva sobre el seguro de automóviles (84/5/CEE)[17], los seguros obligatorios de automóviles deben cubrir preceptivamente los daños materiales y corporales. Esta disposición se introdujo para eliminar las disparidades nacionales relativas a la cobertura de los citados seguros y garantizar así un nivel mínimo de protección a las víctimas de accidentes de tráfico[18].

En la segunda lectura de la Quinta Directiva sobre el seguro de automóviles (2005/14/CE) [19], el Parlamento Europeo propuso incluir, en la cobertura del seguro obligatorio de automóviles correspondiente al causante del perjuicio, todos los costes jurídicos necesarios y pertinentes (defensa jurídica) sufragados por la víctima en el proceso de liquidación del siniestro. Movida por la inquietud de que pudiera aprobarse una modificación que no tuviera en cuenta las dificultades prácticas a este respecto existentes, en su caso, en los Estados miembros, la Comisión sugirió examinar este tema e incluir sus conclusiones en el informe referente a la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles. En este contexto, la Comisión accedió a analizar los siguientes extremos:

- En primer lugar, la actual oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden ser suscritos por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico.

- En segundo lugar, la incidencia en el coste de las primas de los seguros obligatorios de automóviles, en el supuesto de que los gastos de defensa jurídica de las víctimas se incluyeran en la cobertura del seguro obligatorio de automóviles del causante de los daños.

A tal fin, los servicios de la Comisión consultaron a los 25 Estados miembros, al sector asegurador y al público, planteándoles una serie de preguntas. Se recibieron respuestas de 24 Estados miembros, de 10 entidades de seguros de defensa jurídica, de 9 entidades de seguros obligatorios de automóviles y del CES, en calidad de representante del sector asegurador europeo. Los servicios de la Comisión recibieron, asimismo, algunos datos estadísticos y recomendaciones procedentes del ramo de seguros de defensa jurídica, a través de un documento con las conclusiones formuladas por la RIAD (Asociación Internacional de Seguros de Defensa Jurídica).

Los interesados pudieron, asimismo, presentar sus comentarios con ocasión de la consulta pública en línea realizada entre el 6 de abril y el 5 de junio de 2006 en las páginas en Internet de la Comisión[20]. No obstante, como ya se ha señalado anteriormente en este informe, no ha podido extraerse ninguna conclusión objetiva de esa consulta pública, dada la escasez de respuestas recibidas.

En esta parte del informe se intentará analizar la cobertura de los costes jurídicos de las víctimas de accidentes de tráfico, a la luz de la información disponible y de las observaciones formuladas por los Estados miembros, el sector asegurador y todos los demás interesados.

2.2. Marco normativo de la UE en materia de seguro de defensa jurídica

De conformidad con las Directivas de la UE sobre seguro no de vida, los seguros de defensa jurídica forman parte de una categoría independiente de seguros[21], por lo que cualquier aseguradora que haya recibido autorización para ello en alguno de los Estados miembros puede ofertarlos en toda la UE, ya sea al amparo del derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios. Las condiciones para operar en el ramo del seguro de defensa jurídica en la UE se definen más pormenorizadamente en la Directiva 87/344/CEE, relativa al seguro de defensa jurídica[22]. Con arreglo al artículo 2 de esta Directiva, la entidad que ofrezca un seguro de defensa jurídica se compromete, a cambio del pago de una prima, a hacerse cargo de los gastos de procedimiento judicial y prestar otros servicios directamente relacionados con la cobertura del seguro, en particular con vistas a:

- obtener reparación por la pérdida o los daños materiales o corporales sufridos por el asegurado, por la vía amistosa o mediante procedimiento civil o penal;

- defender o representar al asegurado en un procedimiento civil, penal, administrativo o de otra naturaleza, o contra una reclamación de la que éste sea objeto.

A efectos del presente informe, conviene destacar que el seguro de defensa jurídica suscrito voluntariamente cubre, dentro de los límites fijados en la póliza, los costes jurídicos que suponga para la víctima llevar adelante su reclamación, y sufragará, además, los costes jurídicos de la otra parte si se desestima la reclamación de la víctima.

2.3. Oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica

A fin de evaluar la oferta de seguros de defensa jurídica para las víctimas potenciales de accidentes de tráfico, los servicios de la Comisión intentaron obtener datos sobre la difusión actual en la UE de los contratos de defensa jurídica que ofrezcan cobertura a los particulares en caso de tener que presentar una reclamación a una aseguradora automovilística o de ser ellos objeto de tal reclamación. Lamentablemente, ni los profesionales del sector de seguros de defensa jurídica[23] ni los Estados miembros pudieron facilitar información de la que fuera posible extraer una conclusión clara, referente a cada país, sobre el número de personas, es decir, el porcentaje de la población, que dispone de un seguro de defensa jurídica en relación con las reclamaciones de seguros automovilísticos.

Con todo, la información recibida ha permitido formular algunas constataciones generales:

- Existen seguros voluntarios de defensa jurídica en la gran mayoría de los Estados miembros[24], que pueden suscribirse, bien con aseguradoras especializadas, bien con entidades que operan también en otros ramos de seguros.

- Algunos mercados de seguros están menos desarrollados en este ámbito, ya que, en ellos, la demanda de seguros de defensa jurídica es, por motivos diversos, relativamente limitada[25]. Por el contrario, otros países, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suecia[26], han afirmado que una proporción relativamente amplia de su población cuenta con un seguro de defensa jurídica suscrito, bien como producto único e independiente, bien para completar otro tipo de cobertura, como un seguro de hogar o de automóvil.

2.4. Inclusión de los gastos de defensa jurídica en el seguro obligatorio de automóviles del causante de los daños

En lo que respecta a las posibles repercusiones de incluir, en toda la UE, los costes jurídicos soportados por la víctima en el ámbito de cobertura del seguro obligatorio de automóviles del causante del accidente, se han podido extraer las siguientes conclusiones de las respuestas dadas por los Estados miembros y el sector asegurador.

2.4.1. Situación actual en los Estados miembros

En 22 Estados miembros[27], los costes jurídicos de la víctima pueden, por motivos diferentes y en distinta medida, ser reembolsados por la entidad con la que el causante de los daños haya suscrito su seguro obligatorio de automóviles.

Los costes de defensa jurídica de la víctima se consideran, muy a menudo, parte del daño en el Derecho civil nacional y, para obtener finalmente su reembolso, aquélla debe la mayoría de las veces ver satisfecha su reclamación (principio de la imposición de costas al vencido).

En los países en que no sucede así, el resarcimiento de los costes de defensa jurídica se otorga a la víctima por resolución judicial en función de las circunstancias de cada caso[28], y no siempre se aplica el principio de la imposición de costas al vencido.

En el supuesto de que se consideren parte del daño, la recuperación de los costes de defensa jurídica se limita, con frecuencia, a sumas razonables (sólo es posible recuperar los costes razonables, necesarios o inevitables) o requiere un acuerdo mutuo previo entre la aseguradora y el reclamante[29]. En ciertos países, el reembolso con cargo al seguro obligatorio de automóviles de algunos gastos jurídicos está descartado, como los costes de asesoramiento jurídico en general[30] o los costes de representación legal ante instancias no judiciales durante los procedimientos de resolución de reclamaciones[31].

2.4.2. Posible incidencia en las primas de los seguros obligatorios de automóviles

Los Estados miembros y el sector asegurador difieren a la hora de evaluar si la inclusión de los gastos de defensa jurídica de las víctimas en la cobertura del seguro obligatorio de automóviles del causante del accidente influiría en las tarifas de primas de estos seguros en sus mercados, y de ser así en qué medida. Aparte de unas cuantas estimaciones procedentes de aseguradoras individuales, no se facilitaron cifras concretas en la consulta. No obstante, sí pudo extraerse la conclusión general de que los mercados de seguros de aquellos países en los que los costes jurídicos forman ya parte, en gran medida, de la indemnización reclamada por la víctima a la entidad emisora del seguro obligatorio de automóviles del causante de los daños, no se verían, con toda probabilidad, afectados por un aumento de las primas. Por el contrario, en los países en que no exista en absoluto recuperación de los gastos de defensa jurídica o sólo de forma limitada, las primas de los seguros obligatorios de automóviles se incrementarían muy probablemente, dado que los reclamantes se verían incitados a solicitar la asistencia de un asesor jurídico a la hora de presentar su demanda ante los tribunales, con la esperanza de obtener una mayor indemnización. En este contexto, cabe resaltar la experiencia de Irlanda, donde los costes de defensa jurídica experimentaron en el pasado un drástico aumento (llegando a representar un 46 % adicional sobre el importe de la indemnización), al iniciarse de manera habitual procedimientos judiciales prácticamente en todos los casos de reclamaciones por daños corporales. Para resolver este problema, se ha establecido un organismo público que se encarga de tramitar las reclamaciones en aquellos casos en que no es necesario un juicio[32]. De esta forma, el número de casos de resolución de reclamaciones por vía judicial, que está estrechamente unido al aumento de los costes jurídicos, se ha reducido considerablemente. En Suecia y Finlandia, existen mecanismos alternativos similares para la resolución de reclamaciones, cuya finalidad es minimizar los costes jurídicos.

2.5. Conclusión

En respuesta a la pregunta planteada por el Parlamento Europeo, cabe decir que una intervención comunitaria consistente en la inclusión forzosa de los costes jurídicos en el ámbito de cobertura del seguro obligatorio de automóviles de la parte responsable, no supondría aparentemente claras ventajas.

Como resultado de los diferentes enfoques adoptados por los Estados miembros en relación con el reembolso de los costes jurídicos soportados por la víctima, y dado que la normativa aplicable a la reclamación es siempre la del país en que se haya producido el accidente, los ciudadanos de la UE pueden recibir un trato distinto según el país en la resolución de reclamaciones transfronterizas. No obstante, es muy improbable que la ampliación, a escala de la UE, del ámbito de cobertura del seguro obligatorio de automóviles, con vistas a la incorporación de los costes jurídicos, aun limitada a aquellos que sean necesarios o razonables, permita disponer de un régimen equivalente en toda la UE. Los Estados miembros aún podrían mantener su práctica nacional, al interpretar la necesidad de un reembolso de los costes jurídicos de acuerdo con sus propias especificidades.

A fin de garantizar la misma protección en toda la UE a las víctimas de accidentes de tráfico en lo que respecta a la recuperación de sus costes jurídicos, sería preciso especificar cuáles de estos costes estarían cubiertos por la póliza de seguro obligatorio de automóviles del causante del accidente y en qué circunstancias. En este contexto, cabe preguntarse si las Directivas sobre el seguro de automóviles son el marco más indicado para tratar estas cuestiones, puesto que podrían influir en la definición del daño, tradicionalmente establecida por el Derecho civil nacional.

Una mera referencia a los costes jurídicos necesarios o razonables no permitiría alcanzar el objetivo perseguido. Por otra parte, un planteamiento más específico a nivel comunitario podría entrar en conflicto con el Derecho civil nacional y afectar, asimismo, a las normas en materia de reembolso de los gastos jurídicos reguladas por el Derecho procesal civil. Además, un planteamiento específico podría, incluso, en algunos casos, distorsionar sistemas nacionales bien arraigados para la resolución de reclamaciones relacionadas con seguros de automóviles. Por ejemplo, la inclusión forzosa en el seguro obligatorio de automóviles, a escala de la UE, de los gastos judiciales, exclusivamente, podría inducir a las víctimas de accidentes a recurrir a los tribunales sin haber explorado antes la posibilidad de resolver su reclamación extrajudicialmente. De esta forma, el mecanismo del representante a efectos de siniestros introducido por la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles podría también verse amenazado, puesto que las víctimas, con la esperanza de recibir una indemnización mayor, intentarían implicar a asesores jurídicos y tribunales en el proceso de resolución de sus reclamaciones, en lugar de recurrir al representante a efectos de siniestros designado en su país de residencia. Por otra parte, la inclusión de los gastos de defensa jurídica en el seguro obligatorio de automóviles de la parte responsable podría llevar a un aumento de las primas en aquellos países en los que, hasta ahora, no solía concederse ningún reembolso, o se concedía un reembolso limitado, de los costes jurídicos.

Se ha demostrado que, en la gran mayoría de Estados miembros, es posible suscribir un seguro voluntario de defensa jurídica. Dado que este producto de seguro permite a la víctima recuperar sus gastos de defensa jurídica con independencia de la legislación aplicable al accidente y de que su reclamación se vea o no satisfecha, parece ser una solución global y satisfactoria para atender a los intereses de las víctimas de accidentes de tráfico. De esta manera, las normas nacionales sobre el reembolso de los costes jurídicos, que difieren entre unos Estados miembros y otros y son, con frecuencia, el reflejo de las especificidades nacionales de los sistemas de resolución de reclamaciones relativas a seguros de automóviles, no se verían afectadas.

No obstante, los servicios de la Comisión observan que, en algunos Estados miembros, es precisa una mayor promoción de las pólizas de defensa jurídica voluntarias, a fin de garantizar un nivel más equilibrado de protección a los ciudadanos de la UE.

[1] De acuerdo con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros deben velar por que todas las entidades aseguradoras designen a un representante para la tramitación y liquidación de siniestros en todos los Estados miembros salvo aquel en que hayan recibido autorización para la prestación de servicios de seguro de automóviles (Estado miembro de origen).

[2] De conformidad con el artículo 4, apartados 4 y 5, de la Directiva, el representante deberá recabar toda la información necesaria en relación con la liquidación de las reclamaciones y adoptar las medidas necesarias para negociar su liquidación. Asimismo, deberá disponer de poderes suficientes para representar a la entidad aseguradora ante el perjudicado y para satisfacer íntegramente sus reclamaciones de indemnización. Deberán ser capaces de examinar el caso en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de residencia del perjudicado.

[3] Con arreglo al artículo 4, apartado 6, de la Directiva, los Estados miembros deben garantizar, mediante sanciones económicas sistemáticas o sanciones administrativas equivalentes, que la víctima reciba una oferta motivada de indemnización, o una respuesta motivada en caso de denegación, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se notifique la reclamación, ya sea a la aseguradora del causante del accidente o a su representante.

[4] El informe sobre el artículo 4, apartado 6 no pudo presentarse en el plazo previsto en la Directiva, ya que, en 2005, y con motivo de las negociaciones en torno a la Quinta Directiva sobre el seguro de automóviles, se acordó que la Comisión integraría también en ese informe el tema de los gastos de defensa jurídica (véase la parte 2 de este informe).

[5] A este respecto, cabe señalar que hay una errata en la redacción del artículo 4, apartado 7, puesto que debería hacerse referencia en él al apartado 6, párrafo primero, referente a las sanciones establecidas por la normativa nacional, y no al apartado 4, que describe las tareas del representante al liquidar un siniestro.

[6] Este informe ha sido redactado por la DG Mercado Interior y Servicios.

[7] En marzo de 2006 se envió un cuestionario a las 25 Representaciones Permanentes y, en el transcurso del mes de mayo de 2006, se recibieron las respuestas de todos los Estados miembros, salvo Italia.

[8] El CES (Comité Europeo de Seguros – Asociación Europea de Aseguradoras) fue consultado en marzo de 2006.

[9] En relación con cualquier consulta pública de la Comisión, véase el sitio Web « Tu Voz en Europa» http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm, en el que se utiliza un instrumento de elaboración interactiva de las políticas para mejorar la gobernanza, a través de cuestionarios colocados en Internet para recabar y analizar las reacciones del público.

[10] Los resultados de esta consulta están disponibles en: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/motor_en.htm#consultation

[11] Véase el artículo 10 de la Directiva.

[12] A excepción de Francia, que notificó sus disposiciones nacionales el 30 de enero de 2004.

[13] En total 201 (161 procedían de personas físicas y 40 de organizaciones), de las cuales apenas 57 hacían referencia a la familiarización con el representante a efectos de siniestros. El resultado de esta consulta pública se encuentra en la siguiente dirección:http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/motor_en.htm#20051222

[14] A este respecto, cabe señalar que esta sanción está expresamente prevista en la Directiva, por lo que todos los Estados miembros deben forzosamente aplicarla.

[15] Casos mencionados por Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia y el Reino Unido.

[16] Señalados por Lituania y Finlandia.

[17] Directiva 84/5/CEE, DO L 8 de 11.1.1984, p. 17–20.

[18] Antes de la adopción de la Segunda Directiva sobre el seguro de automóviles, no era obligatorio, en algunos Estados miembros, disponer de un seguro de responsabilidad civil del automóvil que cubriera los daños materiales.

[19] Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, DO L 149 de 11.6.2005, p. 14.

[20] Véanse las notas a pie de página nº 9 y 10 para más información sobre la publicación de los resultados de esta consulta pública.

[21] Anexo I de la Directiva 73/239/CEE.

[22] Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica, DO L 185 de 4.7.1987, p. 77–80.

[23] RIAD (Asociación Internacional de Seguros de Defensa Jurídica) proporcionó algunos datos más concretos al respecto. Sin embargo, debido a las diferencias entre Estados miembros en materia de presentación de estadísticas y recopilación de datos, ello no permitió tener una idea exacta de la difusión de los seguros voluntarios de defensa jurídica dentro de la UE.

[24] Únicamente Estonia, Letonia, Malta y Chipre no han facilitado información pertinente a este respecto, en los demás Estados miembros, se pueden suscribir voluntariamente seguros de defensa jurídica.

[25] Éste es el caso, en particular, en los diez nuevos Estados miembros.

[26] Según las estimaciones facilitadas por Suecia y Bélgica, alrededor del 90 % de los hogares disponen de un seguro de defensa jurídica, lo cual se explica por el hecho de que se ofrezca automáticamente este tipo de cobertura a los tomadores de un seguro de responsabilidad civil o de un seguro de hogar.

[27] Se excluyen Portugal y Letonia, Grecia no ha facilitado información al respecto.

[28] España, Francia e Italia.

[29] Dinamarca.

[30] Luxemburgo y Polonia (que sólo reconoce las costas judiciales).

[31] Suecia (sólo puede solicitarse asistencia jurídica en caso de daños corporales), Finlandia, Irlanda.

[32] Según parece, el PIAB ( Personal Injuries Assessment Board ) tramita actualmente el 75% de las reclamaciones de indemnización por daños corporales.