A4-0276/96

Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (C4-0329/96 - 95/0207 (COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

- Vista la posición común del Consejo C4-0329/95 - 95/0207(COD),

- Visto su dictamen emitido en primera lectura ((DO C 65 de 4.3.1996, pág. 69.)) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM(95)0379 ((DO C 313 de 24.11.1995, pág. 7.)),

- Vista la propuesta modificada de la Comisión COM(96)0121 ((DO C 178 de 21.6.1996, pág. 3.)),

- Visto el apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE,

- Visto el artículo 72 de su Reglamento

- Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0276/96),

1. Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2. Pide a la Comisión que se pronuncie favorablemente sobre las enmiendas del Parlamento en el dictamen que debe emitir de conformidad con la letra d) del aparado 2 del artículo 189 B del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que apruebe todas las enmiendas del Parlamento, que modifique en consecuencia la posición común y que adopte definitivamente el acto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo y a la Comisión.

(Enmienda 1)

Considerando 8

>Texto original>

(8) Considerando que la Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1994 establece las condiciones para la financiación de un servicio universal de telefonía vocal; que las obligaciones de prestación de un servicio universal contribuyen a la consecución de los objetivos de cohesión económica y social e igualdad territorial de la Comunidad; que en un Estado miembro puede haber más de una organización con obligaciones de servicio universal; que el cálculo del coste neto del servicio universal debe tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como factores económicos externos y los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero que no debe obstaculizar el proceso de reequilibrio de tarifas en curso; que los costes de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes; que las aportaciones económicas relacionadas con las obligaciones de servicio universal deben separarse de las cuotas de interconexión; que cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para una organización conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos para compartir el coste neto del suministro universal de una red de telefonía pública fija y un servicio de telefonía pública fija con otra organización que administre redes públicas de telecomunicación y/o servicios de telefonía vocal a disposición del público; que ello habrá de efectuarse respetando los principios contenidos en la legislación comunitaria, en particular los relativos a la no discriminación y a la proporcionalidad, y sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 A del Tratado;

>Texto tras el voto del PE>

(8) Considerando que las obligaciones de prestación de un servicio universal contribuyen a la consecución de los objetivos de cohesión económica y social e igualdad territorial de la Comunidad; que en un Estado miembro puede haber más de una organización que oferte servicio universal; que el objetivo debe ser introducir las nuevas tecnologías tales como la red digital de servicios integrados (RDSI) tan pronto como sea posible y sobre una amplia base; que en la fase actual de desarrollo de la RDSI en los Estados miembros esta red no es accesible a todos los usuarios y por lo tanto no puede estar sujeta a las obligaciones de servicio universal; que el cálculo del coste neto del servicio universal debe tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como factores económicos externos y los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero que no debe obstaculizar el proceso de reequilibrio de tarifas en curso; que los costes de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes; que las aportaciones económicas relacionadas con las obligaciones de servicio universal deben separarse de las cuotas de interconexión; que cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para una organización conviene permitir que los Estados miembros establezcan un mecanismo para compartir el coste neto del suministro universal de una red de telefonía pública fija y un servicio de telefonía pública fija con otra organización que administre redes públicas de telecomunicación y/o servicios de telefonía vocal a disposición del público; que ello habrá de efectuarse respetando los principios contenidos, en la legislación comunitaria en particular los relativos a la no discriminación y a la proporcionalidad, y sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 A del Tratado;

(Enmienda 2)

Considerando 11

>Texto original>

(11) Considerando que cuando una organización tiene un peso significativo en el mercado, una adecuada separación contable entre las actividades de interconexión y el resto de las actividades garantiza la transparencia de las transferencias internas de costes; que, cuando una organización que disfruta de derechos especiales o exclusivos en un campo distinto del de las telecomunicaciones presta también servicios de telecomunicación, la separación contable constituye un medio apropiado para evitar subvenciones cruzadas desleales, al menos por encima de un determinado volumen de negocios alcanzado en actividades de telecomunicación;

>Texto tras el voto del PE>

(11) Considerando que, cuando una organización tiene un peso significativo en el mercado, un adecuado desglose de todos los gastos e ingresos y en algunos casos, una adecuada separación contable entre las actividades garantizan la transparencia de las transferencias internas de costes; que, cuando una organización que disfruta de derechos especiales o exclusivos en un campo distinto del de las telecomunicaciones presta también servicios de telecomunicación, la separación contable o la separación estructural constituyen un medio apropiado para evitar subvenciones cruzadas desleales, al menos por encima de un determinado volumen de negocios alcanzado en actividades de telecomunicación;

(Enmienda 3)

Considerando 12

>Texto original>

(12) Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben desempeñar un papel importante en lo que se refiere a fomentar el desarrollo de un mercado competitivo en interés de los usuarios comunitarios y garantizar una interconexión adecuada de las redes y la interoperabilidad de los servicios; que la negociación de acuerdos de interconexión puede verse facilitada si las autoridades nacionales de reglamentación establecen determinadas condiciones de antemano y delimitan los ámbitos que deben figurar en los acuerdos de interconexión; que si surge un litigio en materia de interconexión entre partes del mismo Estado miembro, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para solucionar el litigio; que las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir a las organizaciones la interconexión de sus instalaciones siempre que pueda demostrarse que va en interés de los usuarios;

>Texto tras el voto del PE>

(12) Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben desempeñar un papel importante en lo que se refiere a fomentar el desarrollo de un mercado competitivo en interés de los usuarios comunitarios y garantizar una interconexión adecuada de las redes y la interoperabilidad de los servicios; que la negociación de acuerdos de interconexión puede verse facilitada si las autoridades nacionales de reglamentación establecen determinadas condiciones de antemano, de conformidad con las orientaciones comunes adoptadas por la Comisión con vistas a facilitar el desarrollo de un mercado interior europeo perfectamente armonizado, y delimitan los ámbitos que deben figurar en los acuerdos de interconexión; que si surge un litigio en materia de interconexión entre partes del mismo Estado miembro, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para solucionar el litigio; que las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir a las organizaciones la interconexión de sus instalaciones siempre que pueda demostrarse que va en interés de los usuarios; que cada operador debe ser responsable de la comunicación y tarificación de sus abonados hasta el punto de interconexión más apropiado;

(Enmienda 4)

Considerando 15

>Texto original>

(15) Considerando que la numeración constituye un elemento clave de la igualdad de acceso; que las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la responsabilidad de administrar y controlar los planes nacionales de numeración, así como los aspectos de los servicios de telecomunicación relacionados con la denominación y el direccionamiento cuya coordinación a nivel nacional resulta necesaria, con vistas a garantizar una competencia efectiva; que, al ejercer dicha responsabilidad, las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración el principio de proporcionalidad, especialmente en lo que respecta a los efectos que cualquier medida pueda tener en los operadores de las redes, en los revendedores y en los consumidores; que la transportabilidad de los números es una facilidad importante para los usuarios y debe implantarse en cuanto sea viable; que los sistemas de numeración deben elaborarse previa consulta con todas las partes interesadas y en armonía en el marco europeo de numeración a largo plazo y los sistemas internacionales de numeración tal como se está haciendo en la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPA); que los requisitos de numeración en Europa, la demanda de prestación de nuevos servicios paneuropeos, así como la mundialización y la sinergia del mercado de las telecomunicaciones hacen deseable la coordinación de las posiciones nacionales en las organizaciones y foros internacionales cuando se tomen decisiones en materia de numeración;

>Texto tras el voto del PE>

(15) Considerando que la numeración constituye un elemento clave de la igualdad de acceso; que las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la responsabilidad de administrar y controlar los planes nacionales de numeración, así como los aspectos de los servicios de telecomunicación relacionados con la denominación y el direccionamiento cuya coordinación a nivel nacional resulta necesaria, con vistas a garantizar una competencia efectiva; que, al ejercer dicha responsabilidad, las autoridades nacionales de reglamentación deben tomar en consideración el principio de proporcionalidad, especialmente en lo que respecta a los efectos que cualquier medida pueda tener en los operadores de las redes, en los revendedores y en los consumidores; que la transportabilidad de los números es una facilidad importante para los usuarios y debe implantarse en cuanto sea viable; que los sistemas de numeración deben elaborarse previa consulta con todas las partes interesadas y en armonía en el marco europeo de numeración a largo plazo y los sistemas internacionales de numeración tal como se está haciendo en la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPA); que los requisitos de numeración en Europa, la demanda de prestación de nuevos servicios paneuropeos, así como la mundialización y la sinergia del mercado de las telecomunicaciones hacen necesaria una postura coordinada de los Estados miembros y de la Comunidad en las organizaciones y foros internacionales donde se toman decisiones en materia de numeración;

(Enmienda 5)

Considerando 18

>Texto original>

(18) Considerando que, además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento de conciliación para los litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación; que interesa que dichos procedimientos, que deben ser puestos en marcha por cualquiera de las autoridades nacionales de reglamentación afectadas, sean rápidos, poco costosos y transparentes y permitir la participación de todas las partes afectadas;

>Texto tras el voto del PE>

(18) Considerando que, además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple para la solución de los litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación; que interesa que dichos procedimientos, que deben ser puestos en marcha por cualquiera de partes afectadas, sean rápidos, poco costosos y transparentes y permitir la participación de todas las partes afectadas;

(Enmienda 6)

Considerando 21

>Texto original>

(21) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se alcanzó un acuerdo sobre un modus vivendi entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las medidas de ejecución de los actos adoptados según el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado1

1 DO C 102 de 4.4.1996, pág. 1

>Texto tras el voto del PE>

Suprimido

(Enmienda 7)

Considerando 22

>Texto original>

(22) Considerando que la aplicación de determinadas obligaciones debe vincularse con la fecha de la liberalización de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones y, especialmente respecto de los Estados miembros pertinentes, debe tomar plenamente en consideración los períodos de transición concedidos por Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993, relativa al informe sobre la situación del sector de las telecomunicaciones y la necesidad de que prosiga el desarrollo en este mercado, y por Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994, relativa a los principios y al calendario de liberalización de las infraestructuras de telecomunicación2, incluido el mantenimiento de derechos especiales o exclusivos relacionados con la interconexión directa entre las redes móviles de esos Estados miembros y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros; que debe concederse la suspensión de la obligación de ofrecer la transportabilidad de los números cuando la Comisión convenga en que dicha obligación supondría una carga excesiva para determinadas organizaciones;

>Texto tras el voto del PE>

(22) Considerando que la aplicación de determinadas obligaciones debe vincularse con la fecha de la liberalización de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones y, especialmente respecto de los Estados miembros pertinentes, debe tomar plenamente en consideración los períodos de transición concedidos, concedidos por el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva de la Comisión 90/388/CEE modificada por la Directiva de la Comisión 96/19/CE2, incluido el mantenimiento de derechos especiales o exclusivos relacionados con la interconexión directa entre las redes móviles de esos Estados miembros y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros; que debe concederse la suspensión de la obligación de ofrecer la transportabilidad de los números cuando la Comisión convenga en que dicha obligación supondría una carga excesiva para determinadas organizaciones;

>Texto original>

2 DO C 379 de 31.12.1996, pág. 4

>Texto tras el voto del PE>

2 DO L 74 de 22.3.1996, pág. 13

(Enmienda 8)

Considerando 25

>Texto original>

(25) Considerando que el objetivo esencial de la interconexión de las redes y la interoperabilidad de los servicios en todo el territorio de la Comunidad no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, y por lo tanto puede realizarse mejor a nivel comunitario mediante la presente Directiva;

>Texto tras el voto del PE>

(25) Considerando que el objetivo esencial de la interconexión de las redes y la interoperabilidad de los servicios en todo el territorio de la Comunidad no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, y por lo tanto puede realizarse mejor a nivel comunitario mediante la presente Directiva; que es deseable, cuando se revise la presente Directiva, prever la posibilidad de establecer una autoridad europea de reglamentación que se haga cargo de las tareas realizadas por la Comisión o por la autoridad nacional de reglamentación con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, que serían llevadas a cabo de forma mucho más eficaz por dicha autoridad europea de reglamentación, en particular, la supervisión de una interconexión satisfactoria en una situación de competencia limitada, numeración, igualdad de normas y asignación del espectro;

(Enmienda 9)

Artículo 1, 2º párrafo bis (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

Cuando se haya alcanzado en el mercado una competencia realmente efectiva, las normas en materia de competencia del Tratado serán en general suficientes para desarrollar una vigilancia ex-post de la competencia leal de manera que deberá reconsiderarse la necesidad de la presente Directiva con excepción de las disposiciones relativas al servicio universal y a la resolución de los litigios.

(Enmienda 10)

Artículo 2, apartado 1, letra a)

>Texto original>

a) «interconexión», la conexión física y lógica de las instalaciones de redes de telecomunicaciones utilizadas por la misma o por otra organización distinta, de manera que los usuarios de una organización puedan comunicarse con los usuarios de la misma o de otra organización distinta o acceder a los servicios prestados por otra organización;

>Texto tras el voto del PE>

a) «interconexión», la conexión física y lógica de las instalaciones de redes de telecomunicaciones y de los servicios de telecomunicaciones a través de un punto de interconexión o una interface utilizados por la misma o por otra organización distinta, de manera que los usuarios de una organización puedan comunicarse con los usuarios de la misma o de otra organización distinta o acceder a los servicios prestados por otra organización;

(Enmienda 11)

Artículo 5, apartado 1

>Texto original>

1. Cuando un Estado miembro determine, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, que las obligaciones de servicio universal representan una carga no equitativa para una organización, podrá establecer mecanismos que permitan compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal con otras organizaciones que exploten redes públicas de telecomunicación y servicios telefónicos accesibles al público. Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad a la hora d establecer las correspondientes aportaciones. Sólo podrán financiarse de esta forma las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en la parte 1 del Anexo I.

>Texto tras el voto del PE>

1. Cuando un Estado miembro determine, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, que las obligaciones de servicio universal representan una carga no equitativa para una organización, establecerá un mecanismo que permita compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal con otras organizaciones que exploten redes públicas de telecomunicación y servicios telefónicos accesibles al público. Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad a la hora d establecer las correspondientes aportaciones. Sólo podrán financiarse de esta forma las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en la parte 1 del Anexo I.

(Enmienda 12)

Artículo 5, apartado 2

>Texto original>

2. Las aportaciones que se efectúen para costear las obligaciones de servicio universal podrán basarse, en su caso, en un mecanismo establecido específicamente a tal efecto y administrado por un órgano independiente de los beneficiarios y/o adoptar la forma de una cuota suplementaria que se añadirá a la cuota de interconexión.

>Texto tras el voto del PE>

2. Las aportaciones que se efectúen para costear las obligaciones de servicio universal se basarán, en su caso, en un mecanismo establecido específicamente a tal efecto y administrado por un órgano independiente de los beneficiarios.

(Enmienda 13)

Artículo 5, apartado 5, párrafo primero

>Texto original>

5. Cuando se establezca el mecanismo contemplado en el apartado 4, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

>Texto tras el voto del PE>

5. Cuando se establezca un mecanismo para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal contemplado en el apartado 4, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

(Enmienda 14)

Artículo 5, apartado 6

>Texto original>

6. Hasta el momento en que aplique el procedimiento descrito en los apartados 3, 4 y 5, deberán notificarse a la autoridad de reglamentación, antes de introducirlas, las cuotas pagaderas por una parte interconectada que incluyan o sirvan de aportación destinada a costear las obligaciones de servicio universal. Si la autoridad nacional de reglamentación, por iniciativa propia o a raíz de una solicitud motivada de una parte interesada, considera excesivas dichas cuotas, se exigirá a la organización de que se trate que las reduzca. Esta reducción deberá aplicarse con efectos retroactivos, a partir de la fecha en que se introdujeron las cuotas, pero no antes del 1 de enero de 1998.

>Texto tras el voto del PE>

6. Hasta el momento en que aplique el procedimiento descrito en los apartados 3, 4 y 5, deberán notificarse a la autoridad de reglamentación, antes de introducirlas, las cuotas pagaderas por una parte interconectada que incluyan o sirvan de aportación destinada a costear las obligaciones de servicio universal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Directiva, si la autoridad nacional de reglamentación, por iniciativa propia o a raíz de una solicitud motivada de una parte interesada, considera excesivas dichas cuotas, se exigirá a la organización de que se trate que las reduzca. Esta reducción deberá aplicarse con efectos retroactivos, a partir de la fecha en que se introdujeron las cuotas, pero no antes del 1 de enero de 1998.

(Enmienda 15)

Artículo 5, apartado 6 bis (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

6 bis. La Comisión elaborará, antes del 31 de octubre de 1996, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el cálculo del coste y la financiación del servicio universal.

(Enmienda 16)

Artículo 7, apartado 2

>Texto original>

2. Las cuotas de interconexión deberán atenerse a los principios de transparencia y orientación por los costes. La carga de la prueba de que las cuotas resultan de los costes incluyendo un porcentaje de beneficio razonable corresponderá a la organización que proporciona la interconexión a sus instalaciones. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a una organización que justifique plenamente las cuotas de interconexión que aplica y, cuando proceda, exigirle que las modifique. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán asimismo a las organizaciones que figuran en la parte 3 del Anexo I y que tengan un peso significativo en el mercado.

>Texto tras el voto del PE>

2. Las cuotas de interconexión deberán atenerse a los principios de transparencia y orientación por los costes. La carga de la prueba de que las cuotas no superan los importes que pueden resultar de los costes, incluyendo un porcentaje de beneficio razonable, que, en particular, correspondería a una aportación a los costes netos fijos de la red local cuando dicha aportación esté justificada, corresponderá a la organización que proporciona la interconexión a sus instalaciones. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a una organización que justifique plenamente las cuotas de interconexión que aplica y, cuando proceda, exigirle que las modifique. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán asimismo a las organizaciones que figuran en la parte 3 del Anexo I que hayan sido notificadas por la autoridad nacional de reglamentación de que tienen un peso significativo en el mercado nacional para la interconexión.

(Enmienda 17)

Artículo 7, apartado 5, párrafo primero

>Texto original>

5. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los sistemas de contabilidad de costes utilizados por las organizaciones afectadas permitan la aplicación de las exigencias del presente artículo y se basan en documentos suficientemente detallados, tal como se indica en el Anexo V.

>Texto tras el voto del PE>

5. La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, elaborará unas orientaciones sobre los sistemas de contabilidad de costes y de transparencia contable en relación con la interconexión. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los sistemas de contabilidad de costes utilizados por las organizaciones afectadas permitan la aplicación de las exigencias del presente artículo, se ajustan a las orientaciones antes mencionadas y se basan en documentos suficientemente detallados, tal como se indica en el Anexo V.

(Enmienda 18)

Artículo 7, apartado 6

>Texto original>

6. Cuando existan cuotas destinadas a compartir los costes de las obligaciones de servicio universal, según se describe en el artículo 5, deberán desglosarse e identificarse por separado.

>Texto tras el voto del PE>

Suprimido

(Enmienda 19)

Artículo 8, apartado 1, primer párrafo

>Texto original>

1. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones que suministren redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones accesibles al público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que mantengan una contabilidad separada para sus actividades de telecomunicaciones, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades de telecomunicaciones fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, o que establezcan una separación estructural para las actividades de telecomunicaciones.

>Texto tras el voto del PE>

1. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones que suministren redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones accesibles al público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que mantengan una contabilidad transparente y, si lo estiman necesario, separada para sus actividades de telecomunicaciones, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades de telecomunicaciones fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, o que establezcan una separación estructural para las actividades de telecomunicaciones, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades de telecomunicaciones y, entre éstas, con sus actividades de interconexión, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales.

(Enmienda 20)

Artículo 8, apartado 2, primer párrafo

>Texto original>

2. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones que operen las redes de telecomunicaciones públicas o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en las partes 1 y 2 del Anexo I y notificadas por las autoridades nacionales de reglamentación como organizaciones con un peso significativo en el mercado, que suministren redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles a los usuarios y ofrezcan servicios de interconexión a otras organizaciones, que lleven una contabilidad separada de, por una parte, sus actividades relacionadas con la interconexión -incluidos tanto los servicios de interconexión prestados internamente como los servicios de interconexión prestados a otros- y, por otra parte, el resto de sus actividades.

>Texto tras el voto del PE>

2. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones que operen las redes de telecomunicaciones públicas o los servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en las partes 1 y 2 del Anexo I y notificadas por las autoridades nacionales de reglamentación como organizaciones con un peso significativo en el mercado, que suministren redes públicas de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones accesibles a los usuarios y ofrezcan servicios de interconexión a otras organizaciones, que lleven una contabilidad transparente y, si lo estiman necesario, separada de, por una parte, sus actividades relacionadas con la interconexión -incluidos tanto los servicios de interconexión prestados internamente como los servicios de interconexión prestados a otros- y, por otra parte, el resto de sus actividades, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades de interconexión, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales..

(Enmienda 21)

Artículo 9, apartado 1, tercer guión bis (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

- la necesidad de asegurar un desarrollo justo y adecuado de un mercado interior europeo de telecomunicaciones perfectamente armonizado, con lo que habrán de coordinar sus políticas, orientaciones y acciones con las autoridades homólogas de otros Estados miembros y con la Comisión y proporcionarles ayuda y asistencia en caso necesario.

(Enmienda 22)

Artículo 11

>Texto original>

Cuando una organización que preste redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público y disfrute, con arreglo a la legislación nacional, de un derecho general a montar instalaciones en un terreno público o privado, o por encima o por debajo del mismo, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de la propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que tales instalaciones y propiedad sean compartidas con otras organizaciones que presten redes y servicios de telecomunicaciones accesibles al público.

>Texto tras el voto del PE>

Cuando una organización que preste redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios de telecomunicaciones accesibles al público y disfrute, con arreglo a la legislación nacional, de un derecho general a montar instalaciones en un terreno público o privado, o por encima o por debajo del mismo, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de la propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que tales instalaciones y propiedad sean compartidas con otras organizaciones que presten redes y servicios de telecomunicaciones accesibles al público, en particular, cuando unos requisitos esenciales priven a otras organizaciones de alternativas de acceso viables.

>Texto original>

Los acuerdos de coubicación o instalaciones compartidas serán objeto normalmente de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir para solucionar litigios, según prevé el artículo 9.

>Texto tras el voto del PE>

Los acuerdos de coubicación o instalaciones compartidas serán objeto normalmente de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir para solucionar litigios, según prevé el artículo 9.

>Texto original>

En particular, los Estados miembros sólo podrán obligar a celebrar acuerdos de uso compartido de instalaciones y/o propiedad (incluida la coubicación física) transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deben tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones y/o propiedad.

>Texto tras el voto del PE>

Los Estados miembros sólo podrán obligar a celebrar acuerdos de uso compartido de instalaciones y/o propiedad (incluida la coubicación física) transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deben tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones y/o propiedad.

(Enmienda 23)

Artículo 12, apartado 2

>Texto original>

2. Para garantizar la plena interoperabilidad de las redes y servicios de alcance europeo, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la coordinación de sus posiciones nacionales en las organizaciones y los foros internacionales en que se adoptan las decisiones referentes a la numeración, teniendo en cuenta la posible evolución futura de la numeración en Europa.

>Texto tras el voto del PE>

2. Para garantizar la plena interoperabilidad de las redes y servicios de alcance europeo, los Estados miembros y la Comunidad garantizarán la coordinación de sus posiciones en las organizaciones y los foros internacionales en que se adoptan las decisiones referentes a la numeración, teniendo en cuenta la posible evolución futura de la numeración en Europa.

(Enmienda 24)

Artículo 12, apartado 3

>Texto original>

3. Los Estados miembros velarán por que los planes nacionales de numeración de las telecomunicaciones estén controlados por la autoridad nacional de reglamentación, con vistas a garantizar la independencia con respecto a las organizaciones suministradoras de redes o servicios de telecomunicaciones. Para garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los procedimientos de atribución de números y/o de intervalos de numeración sean transparentes, equitativos y se realicen en el momento oportuno, y que la atribución se efectúe de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones para el uso de determinados prefijos o determinados códigos abreviados, en particular cuando se utilicen para servicios de interés público general (p. ej., servicios de llamada gratuita, de quiosco, de guía telefónica o de urgencia), o para garantizar la igualdad de acceso.

>Texto tras el voto del PE>

3. Los Estados miembros velarán por que los planes nacionales de numeración de las telecomunicaciones estén controlados por la autoridad nacional de reglamentación, con vistas a garantizar la independencia con respecto a las organizaciones suministradoras de redes o servicios de telecomunicaciones y facilitar la transportabilidad de los números. Para garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los procedimientos de atribución de números y/o de intervalos de numeración sean transparentes, equitativos y se realicen en el momento oportuno, y que la atribución se efectúe de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones para el uso de determinados prefijos o determinados códigos abreviados, en particular cuando se utilicen para servicios de interés público general (p. ej., servicios de llamada gratuita, de quiosco, de guía telefónica o de urgencia), o para garantizar la igualdad de acceso.

(Enmienda 25)

Artículo 12, apartado 5

>Texto original>

5. Las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que se introduzca lo antes posible la transportabilidad de los números, el servicio en virtud del cual los usuarios que lo soliciten podrán conservar su(s) número(s) en la red pública telefónica fija en un lugar específico, con independencia de la organización que preste el servicio, y velarán por que dicho servicio esté disponible por lo menos en todos los centros de población importantes antes del 1 de enero de 2003.

>Texto tras el voto del PE>

5. Las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que se introduzca lo antes posible la transportabilidad de los números, el servicio en virtud del cual los usuarios que lo soliciten podrán conservar, mediante el pago de una tarifa razonable aprobada por la autoridad nacional de reglamentación, su número nacional en un lugar específico, con independencia de la organización que preste el servicio, y velarán por que dicho servicio esté disponible por lo menos en todos los centros de población importantes antes del 1 de enero de 2003. Si no se dispone todavía de este servicio, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que, cuando un usuario haya cambiado de compañía, las llamadas telefónicas dirigidas a su antiguo número se transfieran al usuario, a una tarifa razonable aprobada por la autoridad nacional de reglamentación, o que, durante un plazo razonable, se comunique el nuevo número a las personas que efectúen dichas llamadas sin cobrar por este servicio al usuario o a quienes le llamen.

(Enmienda 26)

Artículo 16

>Texto original>

Procedimiento del Comité

consultivo

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, se aplicará el siguiente procedimiento respecto de las materias cubiertas por el artículo 19.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

3. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

>Texto tras el voto del PE>

Suprimido

(Enmienda 27)

Artículo 17

>Texto original>

Procedimiento de conciliación para los litigios entre organizaciones que operen al amparo de autorizaciones concedidas por Estados miembros distintos

>Texto tras el voto del PE>

Resolución de litigios a nivel comunitario

>Texto original>

1. Sin perjuicio de:

a) cualquier acción que la Comisión o un Estado miembro pueda emprender con arreglo al Tratado;

b) los derechos de la parte que invoque el procedimiento de los apartados 2 y 3, de las organizaciones afectadas o de cualquier otra parte con arreglo a la legislación nacional aplicable;

>Texto tras el voto del PE>

1. Sin perjuicio de:

a) cualquier acción que la Comisión o un Estado miembro pueda emprender con arreglo al Tratado;

b) los derechos de la parte que invoque el procedimiento de los apartados 2 y 3, de las organizaciones afectadas o de cualquier otra parte con arreglo a la legislación nacional aplicable;

>Texto original>

podrá recurrirse al procedimiento descrito en los apartados 2, 3 y 4 en caso de litigio en materia de interconexión entre organizaciones que operen al amparo de autorizaciones concedidas por Estados miembros distintos, cuando dichos litigios no sean de la responsabilidad de una sola autoridad nacional de reglamentación que ejerza sus competencias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.

>Texto tras el voto del PE>

podrá recurrirse al procedimiento descrito en los apartados 2, 3 y 4 en caso de litigio en materia de interconexión entre organizaciones que operen al amparo de autorizaciones concedidas por Estados miembros distintos, cuando dichos litigios no sean de la responsabilidad de una sola autoridad nacional de reglamentación que ejerza sus competencias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.

>Texto original>

2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a todas las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos para solucionar el litigio, con arreglo a los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 9.

>Texto tras el voto del PE>

2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a todas las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos para solucionar el litigio e informarán a la Comisión, con arreglo a los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 9.

>Texto original>

3. Si las autoridades nacionales de reglamentación afectadas no llegan a un acuerdo en un plazo de seis meses a partir de su remisión, cualquiera de ellas podrá acogerse al procedimiento previsto en el apartado 4 mediante notificación a la Comisión con copia a todas las partes y a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. La solución solamente tendrá fuerza obligatoria cuando todas las partes estén de acuerdo.

>Texto tras el voto del PE>

3. Si las autoridades nacionales de reglamentación afectadas no llegan a un acuerdo en un plazo de seis meses a partir de su remisión, cualquiera de las partes o autoridades nacionales de reglamentación afectadas podrá acogerse al procedimiento previsto en el apartado 4 mediante notificación a la Comisión con copia a todas las partes y a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. La solución tendrá fuerza obligatoria.

>Texto original>

4. Tras una notificación a la Comisión sobre la base del apartado 3, la Comisión deberá someter el caso al Presidente del Comité ONP.

>Texto tras el voto del PE>

4. Tras una notificación a la Comisión sobre la base del apartado 3, la Comisión convocará lo antes posible un Grupo de trabajo que incluya al menos dos miembros de dicho Comité, un representante de cada una de las autoridades nacionales de reglamentación afectadas y al Presidente del Comité ONP o a otro funcionario por él designado. El Grupo de trabajo se reunirá normalmente dentro de los diez días siguientes a la convocatoria. El Presidente podrá decidir, a propuesta de cualquier miembro del Grupo de trabajo, que se invite como máximo a otras dos personas en calidad de expertos con funciones de asesoramiento.

>Texto original>

El Presidente del Comité ONP convocará lo antes posible un Grupo de trabajo que incluya al menos dos miembros de dicho Comité, un representante de cada una de las autoridades nacionales de reglamentación afectadas y al Presidente del Comité ONP o a otro funcionario por él designado. El Grupo de trabajo se reunirá normalmente dentro de los diez días siguientes a la convocatoria. El Presidente podrá decidir, a propuesta de cualquier miembro del Grupo de trabajo, que se invite como máximo a otras dos personas en calidad de expertos con funciones de asesoramiento.

>Texto original>

El Grupo de trabajo dará a la parte que recurra a este procedimiento, a las autoridades nacionales de reglamentación de los Estados miembros y a las organizaciones afectadas la posibilidad de presentar sus dictámenes oralmente o por escrito.

>Texto tras el voto del PE>

El Grupo de trabajo dará a la parte que recurra a este procedimiento, a las autoridades nacionales de reglamentación de los Estados miembros y a las organizaciones afectadas la posibilidad de presentar sus dictámenes oralmente o por escrito.

>Texto original>

El Grupo de trabajo hará lo posible por lograr un acuerdo entre las partes afectadas. El Presidente informará al Comité ONP de los resultados de dicho procedimiento.

>Texto tras el voto del PE>

El Grupo de trabajo hará lo posible por lograr un acuerdo entre las partes afectadas o, de lo contrario, definirá su posición en un plazo de tres meses. Esta posición constituirá el fundamento de la solución que se haya de aplicar a nivel nacional sin demora. Si no se alcanza una posición acordada, o si la posición acordada no se aplica en un plazo razonable de tiempo que, salvo en casos justificados, no excederá de dos meses, la Comisión adoptará la solución apropiada con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15. Esta solución se adoptará sin perjuicio de las posibilidades que existan en la legislación nacional para que una parte reclame por daños y perjuicios ante los tribunales competentes si existen indicios de que el comportamiento de la otra parte ha provocado pérdidas económicas a causa de la distorsión de la competencia. No obstante, los asuntos resueltos a nivel de la UE no podrán ser impugnados en estas demandas.

(Enmienda 28)

Artículo 19

>Texto original>

La Comisión determinará a las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos IV, V y VII de la Directiva al progreso técnico o a la evolución del mercado y de la demanda de los consumidores con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 16.

>Texto tras el voto del PE>

La Comisión determinará a las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos IV, V y VII de la Directiva al progreso técnico o a la evolución del mercado y de la demanda de los consumidores con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15.

(Enmienda 29)

Artículo 20, apartado 1

>Texto original>

1. Se concederá la suspensión de las obligaciones que imponen los apartados 1 y 2 del artículo 3, los apartados 1 y 2 del artículo 4 y los apartados 1 y 3 del artículo 9 en la medida en que tales obligaciones se refieren a la interconexión directa entre las redes móviles de ese Estado miembro y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros, así como el artículo 5, a los Estados miembros indicados en las Resoluciones del Consejo de 22 de julio de 1993 y de 22 de diciembre de 1994 que se beneficien de un período de transición adicional para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones, durante el tiempo y en la medida en que se acojan a estos períodos de transición. Los Estados miembros informarán a la Comisión de su intención de recurrir a los mismos.

>Texto tras el voto del PE>

1. Los Estados miembros con redes menos desarrolladas a los que se conceda un período adicional de hasta 5 años para cumplir todas o cada una de las obligaciones derivadas de la Directiva 96/19/CE podrán solicitar el correspondiente aplazamiento de algunos o todos los requisitos de los apartados 1 y 2 del artículo 3, los apartados 1 y 2 del artículo 4 y los apartados 1 y 3 del artículo 9 en la medida en que tales obligaciones se refieren a la interconexión directa entre las redes móviles de ese Estado miembro y las redes fijas o móviles de otros Estados miembros, así como el artículo 5, en la medida justificada por cualesquiera derechos especiales o exclusivos relativos a servicios e infraestructuras de telecomunicaciones permitidas con arreglo a la legislación comunitaria.

(Enmienda 30)

Artículo 20, apartado 2

>Texto original>

2. Un Estado miembro podrá solicitar la suspensión de las obligaciones que le impone el apartado 5 del artículo 12 cuando pueda demostrar que supondrían una carga desmesurada para determinadas organizaciones o clases de organizaciones. El Estado miembro informará a la Comisión de las razones por las que solicita la suspensión, de las medidas previstas para conseguirlo. La Comisión examinará la solicitud teniendo en cuenta la situación particular en ese Estado miembro y la necesidad de garantizar un marco reglamentario coherente a escala comunitaria, y comunicará al Estado miembro si considera que la situación particular en este Estado miembro justifica una suspensión y, si es así, hasta qué fecha está justificada dicha suspensión.

>Texto tras el voto del PE>

2. Un Estado miembro podrá solicitar la suspensión de las obligaciones que le impone el apartado 5 del artículo 12 cuando pueda demostrar que supondrían una carga desmesurada para determinadas organizaciones o clases de organizaciones. El Estado miembro informará a la Comisión de las razones por las que solicita la suspensión, de las medidas previstas para conseguirlo. La Comisión examinará la solicitud teniendo en cuenta la situación particular en ese Estado miembro y la necesidad de garantizar un marco reglamentario coherente a escala comunitaria, así como también las posibilidades existentes de satisfacer por otros medios los requisitos, y comunicará al Estado miembro si considera que la situación particular en este Estado miembro justifica una suspensión y, si es así, hasta qué fecha está justificada dicha suspensión.

(Enmienda 31)

Artículo 22, apartado 2, letra b) y párrafo único bis (nuevo)

>Texto original>

b) la confirmación del calendario a que se refiere el apartado 5 del artículo 12.

>Texto tras el voto del PE>

b) la confirmación o anticipación del calendario a que se refiere el apartado 5 del artículo 12.

La Comisión examinará asimismo la posibilidad de establecer rápidamente una autoridad europea de reglamentación que realice las tareas desarrolladas por la Comisión o las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a la presente Directiva que puedan llevarse a cabo mejor a nivel comunitario, en particular, la supervisión de una interconexión satisfactoria en una situación de competencia limitada, numeración, igualdad de normas y asignación del espectro.