No obstante, el reparto de responsabilidades (expedición de licencias, seguimiento, imposición de sanciones) entre los organismos públicos competentes que se presenta en algunos informes nacionales no está del todo claro. Si bien dicho reparto depende de los ordenamientos y prácticas jurídicas nacionales, resulta más complejo cuando existen varios niveles administrativos o varios organismos que contribuyen a la toma de decisiones. Es ciertamente importante, cuando existan varias autoridades con responsabilidades en materia de seguridad nuclear, garantizar un reparto claro de dichas responsabilidades y una coordinación efectiva de las funciones reguladoras, a fin de evitar posibles omisiones o duplicaciones injustificadas, así como contradicciones en los requisitos.

Todos los Estados miembros manifestaron disponer de un marco legislativo, reglamentario y organizativo nacional para llevar a cabo las actividades cubiertas por la Directiva (artículo 4, apartado 1). Los marcos nacionales, que incluyen leyes y reglamentos de aplicación, han sido desarrollados de maneras muy diversas, en función de los perfiles nucleares de los países y de los sistemas administrativos nacionales. Por ejemplo, algunos países no nucleares abordan estas cuestiones a través de la legislación general sobre salud, medio ambiente o protección civil.

Por lo que se refiere a las revisiones inter pares internacionales de la infraestructura reguladora, diecinueve Estados miembros (incluidos todos los que poseen centrales nucleares) han acogido un Servicio Integral de Examen de la Situación Reglamentaria (IRRS), coordinado por el OIEA, o tienen previsto hacerlo antes de que finalice 2015. Los nueve Estados miembros restantes no han acogido dicho examen, aunque cinco de ellos prevén hacerlo en los próximos años, sabiendo que el requisito de la Directiva es acoger una revisión internacional al menos cada diez años.

Después de una introducción general sobre cómo se ha aplicado la Directiva, el informe aborda, en la sección 3, los temas relacionados con la gobernanza de la seguridad nuclear, que corresponden a los artículos 4, 5, 8 y 9, apartado 3, de la Directiva. La sección 4 está dedicada a la seguridad de las instalaciones nucleares y aborda los aspectos técnicos y humanos de la seguridad nuclear, que están cubiertos por los artículos 6 y 7 de la Directiva. Se presentan los principales logros en el ámbito de la seguridad nuclear en la medida en que corresponden a una disposición de la Directiva. También se señalan los retos que ha supuesto la aplicación de la Directiva dentro de cada tema. El informe formula recomendaciones a los Estados miembros en relación con esos retos e indica las medidas correctoras que la Comisión ha adoptado o tiene intención de adoptar. El presente informe no aborda la situación individual de cada Estado miembro: su objetivo es poner de relieve las tendencias dominantes, centrándose por tanto en los problemas importantes y en la definición de medidas correctoras. No obstante, en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto se ofrece una breve presentación de las medidas adoptadas por cada Estado miembro para aplicar la Directiva.

Los Estados miembros debían enviar sus informes de aplicación a más tardar el 22 de julio de 2014. Dado que cubren el período anterior a la adopción de las modificaciones, el presente informe se basa en la versión original de la Directiva. No obstante, con el fin de dar una imagen más completa de la aplicación del actual marco jurídico para la seguridad nuclear de Euratom, puede contener referencias a la Directiva modificada, en particular cuando en ella se haya ampliado una obligación derivada de la versión original.

Al finalizar 2015, todos los Estados miembros de la UE que explotan centrales nucleares habrán acogido, a lo largo del período de diez años requerido, a un equipo internacional de revisión inter pares para evaluar sus infraestructuras reguladoras nacionales de seguridad nuclear y radioprotección. Cinco Estados miembros que no producen energía nuclear habrán acogido también una visita de revisión para ese momento. Algunas revisiones han cubierto todo el ámbito de la seguridad nuclear, mientras que otras han tenido un alcance limitado.

En muchos casos, la autoridad reguladora recurre a una organización de apoyo técnico (OAT) para analizar y evaluar los expedientes presentados por los titulares de licencias. Sin embargo, no siempre queda completamente claro cómo se evitan los conflictos de intereses en las OAT, especialmente cuando estas explotan instalaciones nucleares (por ejemplo, reactores de investigación) o trabajan, al menos parcialmente, para los titulares de licencias.

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva obliga a los Estados miembros a mantener y mejorar el marco nacional, teniendo en cuenta la experiencia en la explotación, los conocimientos adquiridos a partir de los análisis de seguridad de las instalaciones nucleares en funcionamiento, la evolución de la tecnología y los resultados de la investigación en materia de seguridad. Varios informes nacionales no indican cómo se utilizan estos elementos para mantener y mejorar el marco nacional.

Esta sección contempla las medidas adoptadas por los Estados miembros para abordar los dos pilares complementarios de la seguridad nuclear: los factores humanos y la seguridad técnica. Aunque la Directiva no incluye criterios técnicos para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, obliga a los Estados miembros a mantener un marco nacional que regule las principales obligaciones de los titulares de licencias, tal como se definen en la Directiva. Estas disposiciones se complementan con las relativas a la educación y formación en materia de seguridad nuclear.

Todos los Estados miembros deberían acoger misiones de revisión inter pares internacionales para examinar el marco jurídico y reglamentario, ya que la Directiva exige que estas misiones se lleven a cabo cada diez años. Los Estados miembros deberían estudiar, en particular, la posibilidad de acoger misiones «completas» en lugar de misiones «limitadas», en las que el país decide excluir determinados asuntos.

En general, los Estados miembros ponen en línea los informes de los equipos de revisión inter pares. Sin embargo, no todos los Estados miembros notificaron de modo sistemático los resultados de la revisión inter pares directamente a la Comisión, pese a que así lo exige el artículo 9, apartado 3, de la Directiva. La Comisión recordó a los Estados miembros sus obligaciones a este respecto, y se ha recibido ya la mayor parte de los informes.

No obstante, contratar y conservar al personal más cualificado en la autoridad reguladora sigue constituyendo un reto. Aunque en muchos Estados miembros los niveles salariales pueden ser más elevados para determinadas categorías de personal en el sector privado, algunas autoridades reguladoras consiguen ofrecer ventajas profesionales que pueden compensar las diferencias salariales.

Los Estados miembros informaron de que la obligación establecida en el artículo 6, apartado 5, a saber, que el marco nacional exija que los titulares de licencias mantengan los recursos financieros y humanos adecuados para atender sus obligaciones, se cumple habitualmente en la práctica. Sin embargo, los Estados miembros no siempre comunicaron que esta obligación estuviera expresamente recogida en su legislación. Tampoco queda siempre claro si los recursos financieros cubren todo el ciclo de vida de la instalación, incluida la clausura. Además, la cuestión de cómo comprobar que los titulares de licencias cuentan con los recursos financieros adecuados no está resuelta: por ejemplo, si todas las autoridades nucleares tienen capacidad para evaluar los recursos financieros de los titulares de licencias.

oel establecimiento de un centro de práctica de mantenimiento, que incluye equipos a escala real y modelos de formación;

oun sistema de formación informatizado para la autoridad reguladora;

ola evaluación de la competencia en disciplinas de importancia para la autoridad reguladora y procesos asociados de formación y contratación;

olos programas de formación adaptados a cada nuevo inspector, con seguimiento de sus progresos por un gestor;

ola limitación por un tiempo de las competencias administrativas de los inspectores jóvenes.

4.3.Recomendaciones a los Estados miembros y nuevas actuaciones de la Comisión

Los próximos informes nacionales de aplicación deberían tomar en consideración todas las instalaciones reguladas por la Directiva modificada, y no solo las centrales nucleares. Análogamente, los Estados miembros deberían garantizar la debida aplicación de la Directiva en todas las instalaciones nucleares.

La Comisión prestará especial atención a la aplicación por los Estados miembros de la Directiva a todas las instalaciones nucleares incluidas en su ámbito de aplicación y a la elaboración de informes adecuados.

Los Estados miembros deberían completar la aplicación de las recomendaciones de las pruebas de resistencia para mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares.

Entre el 20 y el 24 de abril de 2015, la Comisión organizó, con el apoyo del ENSREG, el segundo seminario sobre planes de acción nacionales para la revisión inter pares de los progresos de los Estados miembros en las aplicaciones técnicas relacionadas con sus acciones sobre pruebas de resistencia. Participaron en este seminario los Estados miembros con programa nuclear, así como otros Estados miembros (Austria, Croacia, Dinamarca, Irlanda y Polonia) y países no pertenecientes a la UE (Armenia, Noruega, Suiza, Taiwán, Ucrania y EE.UU.). Este segundo seminario se centró, en particular, en la evaluación de los avances realizados en el proceso de aplicación, incluidas las medidas adicionales adoptadas y los cambios incluidos en las previsiones originales. Se prestó especial atención a la base técnica de las modificaciones propuestas, así como a la revisión de estudios y análisis identificados y realizados con posterioridad al seminario de 2013. En el seminario quedó reconocido el compromiso decidido y continuo de todos los operadores nucleares y autoridades reguladoras participantes con la plena aplicación de todas las medidas de mejora incluidas en sus respectivos planes de acción nacionales, así como el importante número de medidas ya completadas bajo la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales en materia de seguridad. Sin embargo, se observó que el grado de aplicación no se ajusta a los plazos originales presentados en el primer informe de síntesis sobre los planes de acción nacionales, según el cual debían aplicarse modificaciones importantes en 2015-2018, y a más tardar en 2020. Aun cuando muchos operadores nucleares han completado prácticamente la aplicación, y otros cuentan con un calendario claro para completar las medidas a más tardar en 2016, algunos han reprogramado determinadas medidas para fechas posteriores a 2020. La Comisión considera que debe mejorarse el ritmo de aplicación de las mejoras de la seguridad. Debería publicarse periódicamente un informe de situación de cada uno de los países participantes sobre la aplicación del plan de acción nacional para garantizar un seguimiento transparente con vistas a la publicación de un informe final que coincida con la entrada en vigor en 2017 de la nueva Directiva sobre seguridad nuclear.

La Comisión seguirá vigilando de cerca los progresos realizados en el cumplimiento de los planes de acción nacionales por los que se aplican los resultados de las pruebas de resistencia.

Además, en consonancia con la hoja de ruta de la Unión de la Energía, la Comisión se propone publicar un Programa Indicativo Nuclear (PINC) que clarifique las necesidades de nuevas inversiones en el ámbito nuclear, incluida la mejora de la seguridad de las actuales instalaciones nucleares.

Los Estados miembros deberían llevar a cabo un seguimiento del uso de contratistas y subcontratistas por parte de los titulares de licencias y las posibles consecuencias para la seguridad. Los Estados miembros tendrán que prestar especial atención a esta cuestión en el momento de transponer la Directiva modificada, que establece que la responsabilidad primaria del titular de una licencia incluye la responsabilidad por las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad.

La Comisión prestará especial atención a este asunto en el seguimiento de la aplicación de la Directiva modificada.

Los marcos jurídicos nacionales instaurados por los Estados miembros deberían exigir a los titulares de licencias que mantuviesen unos recursos humanos bien cualificados y unos recursos financieros adecuados durante todo el ciclo de vida de las instalaciones.

La Comisión prestará especial atención a este asunto en el seguimiento de la aplicación de la Directiva modificada.

Ayudará asimismo a los Estados miembros a cumplir esta obligación mediante la implantación de los regímenes de formación sobre la fisión de Euratom (EFTS), programa de movilidad y aprendizaje permanente especialmente destinado a mejorar los conocimientos y cualificaciones del personal de los titulares de licencias.

Los Estados miembros deberían coordinar mejor los planteamientos nacionales en materia de preparación y respuesta ante emergencias. Este problema se está abordando en los foros internacionales pertinentes y en la cooperación bilateral entre los Estados miembros.

La Comisión abordará la cuestión a nivel europeo, en relación con las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre normas básicas de seguridad, que deberá transponerse al Derecho nacional a más tardar en 2018.

5.Conclusión