Dictamen sobre el Libro Verde «Los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información»

(96/C 97/03)

El 27 de julio de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Libro Verde «Los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 1996 (Ponente: Sr. Moreland).

En su 332° Pleno (sesión del 31 de enero de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente dictamen.

1. Documento de la Comisión

1.1. El Libro Verde es un documento de consulta general sobre las nuevas medidas de armonización a nivel comunitario que podrían resultar necesarias a consecuencia del desarrollo de las autopistas de la información.

1.2. Las autopistas de la información significan, en esencia, la difusión de las redes informáticas como medio de crear, exhibir, distribuir, intercambiar y almacenar obras y datos en soporte digital. Esta forma de transmitir información, obras culturales y material de entretenimiento y ocio está adquiriendo una importancia creciente, ya que las posibilidades de operar con un volumen cada vez mayor de información y material cultural por procedimientos digitales son ahora mayores que nunca.

1.3. El objetivo del presente documento es solicitar que se examinen una serie de cuestiones de orden jurídico que se derivan de la difusión de esta tecnología avanzada.

2. Cuestiones generales planteadas por la Comisión

2.1. La Comisión comienza planteando una serie de cuestiones preliminares generales, entre las que cabe destacar:

2.1.1. ¿A qué nivel se considera necesario tratar los problemas relacionados con la propiedad intelectual en la sociedad de la información: nacional, comunitario o internacional?

2.1.2. La existencia de productos multimedia (por ejemplo, el CD-ROM), ¿requiere una reglamentación específica que refleje la necesidad de proteger el patrimonio cultural?

2.1.3. ¿De qué modo debe medirse el valor económico global de los derechos de autor y derechos afines que protegen las obras que circularán por las autopistas de la información?

2.1.4. Se solicitan datos económicos o estadísticos específicos sobre las actividades desarrolladas en las autopistas de la información y sobre las consecuencias económicas que tiene la protección de la propiedad intelectual en el caso concreto de los productos y servicios distribuidos a través de las autopistas de la información, especialmente en relación con las PYME y las repercusiones en el empleo.

2.2. A continuación, por medio de preguntas, el Libro Verde examina algunos aspectos específicos y plantea otra serie de cuestiones.

3. Cuestiones específicas planteadas por la Comisión

3.1. Los derechos de propiedad intelectual tienen carácter territorial, y será difícil determinar en qué lugar se comete una infracción contra la propiedad intelectual. Por ello, la Comisión recaba opiniones sobre la posibilidad de establecer una norma del «país de origen», inspirada en los principios de la Directiva del Consejo sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (Directiva sobre satélite y cable), como medio para resolver este problema. Según esta norma, la transacción en su totalidad se regiría por la legislación del Estado en el que se efectuara la transmisión del material correspondiente.

3.2. Otro aspecto sobre el que la Comisión pide la opinión de los interesados es el agotamiento internacional de los derechos (derecho de importar en la UE productos comercializados con la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual para su difusión en países no pertenecientes a la UE).

3.3. Otra de las preguntas se refiere a si la digitalización de las obras constituye una reproducción y, de ser así, si el hecho de realizarse sin autorización del derechohabiente constituye una infracción contra los derechos de autor.

3.4. La Comisión consulta asimismo sobre las transmisiones para uso privado y sobre las condiciones en las que se puede considerar que la transmisión constituye una transmisión pública a gran escala.

3.5. La Comisión pregunta también si debe concederse a los derechohabientes un derecho específico de control de la difusión digital.

3.6. La radiodifusión digital permitiría un número mucho mayor de difusiones de mayor calidad visual y sonora en una misma frecuencia e incrementar considerablemente la radiodifusión transfronteriza. Cuanto mayor es el volumen de la radiodifusión, mayor es la posibilidad de copia. Se solicitan opiniones para determinar si los artistas y otros titulares de derechos afines deberían disfrutar de un derecho exclusivo de prohibir la difusión de sus actuaciones, etc.

3.7. El derecho moral de un autor es su derecho a exigir que se reconozca su autoría, a que sus obras no se modifiquen sin su consentimiento y a no ser objeto de trato ofensivo. Se pide opinión sobre las cuestiones siguientes: ¿Es preciso armonizar las normas en materia de derecho moral? ¿La autorización de la digitalización implica la renuncia al derecho moral? ¿Es necesario celebrar acuerdos colectivos entre autores y editores que regulen el derecho moral?

3.8. Otras preguntas de la Comisión hacen referencia a la explotación de los derechos y, sobre todo, a la conveniencia de establecer un sistema centralizado de concesión de licencias para los productos multimedia y una normativa comunitaria sobre la gestión centralizada de estos sistemas.

4. Observaciones generales

4.1. El Comité acoge favorablemente el Libro Verde, en particular porque la rápida evolución de la tecnología implica una revaluación constante de las disposiciones legales que la regulan.

4.2. Para abordar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la sociedad de la información, el nivel más adecuado, a la larga, ha de ser el internacional: la sociedad de la información está restando importancia a las fronteras nacionales. Así pues, las iniciativas en este campo deberían situarse como mínimo en el nivel comunitario antes que en el nacional, y ha de hacerse hincapié en la necesidad de alcanzar una posición común de la UE. Esto es particularmente importante a la luz de las conclusiones adoptadas por el Gobierno estadounidense en su reciente Libro Blanco sobre el tema.

4.3. Aunque hay que felicitar a la Comisión por esta normativa, para la cual ha conseguido recabar la conformidad del Consejo, el proceso es lento y complejo y debe tener debidamente en cuenta las culturas nacionales y europeas. Es muy importante tener presentes las prioridades al abordar los aspectos que resultan más perjudiciales para la industria europea y para las posibilidades de explotar el patrimonio cultural de la UE en competencia con el mundo circundante, y al afrontar los problemas evidentes que van asociados a los obstáculos comerciales dentro del mercado único.

4.4. En opinión del Comité, las prioridades esenciales (según el orden en que figuran en el Libro Verde) son:

4.4.1. determinar la legislación aplicable a las transacciones transfronterizas dentro de la Comunidad y con origen y destino en terceros países;

4.4.2. armonizar la legislación sobre el agotamiento de los derechos;

4.4.3. garantizar la plena protección del derecho de restringir la digitalización como elemento integrante del derecho de reproducción;

4.4.4. armonizar las legislaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a aquellos casos (y/o su definición) en que se permite el acceso del público en general a las obras difundidas por medio de las autopistas de la información;

4.4.5. armonizar las legislaciones sobre el derecho moral en la Comunidad, que varían considerablemente de un Estado miembro a otro.

4.5. A la hora de satisfacer estas necesidades ha de respetarse el equilibrio de intereses entre «autores», productores y consumidores.

5. Observaciones específicas

5.1. Cuestiones generales

5.1.1. ¿A qué nivel es necesario tratar los problemas relacionados con la propiedad intelectual en la sociedad de la información: nacional, comunitario o internacional? El nivel internacional es el más adecuado para tratar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la sociedad de la información (véanse las observaciones generales).

5.1.2. La Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos es suficiente para proteger la mayor parte de los productos multimedia. Además, hay sólidos argumentos para apoyar una legislación estricta sobre el derecho moral dentro de la UE.

5.1.3. El Comité estima que el valor económico global de los derechos de autor y los derechos afines que protegen las obras difundidas a través de las autopistas de la información es muy difícil de medir. En lo que respecta a las repercusiones para las PYME, el Comité cree que la Directiva sobre los programas de ordenador equilibra los derechos de los pequeños fabricantes frente a los de las grandes empresas. En el presente caso, podría resultar adecuado establecer un equilibrio análogo. A veces es necesario hallar un término medio entre prohibición absoluta y autorización obligatoria. Por otra parte, el Comité considera que no conviene subestimar las repercusiones que puede tener sobre el empleo la reglamentación sobre los derechos de autor y considera justificada la atención que debe prestarse al problema de la propiedad intelectual a nivel de la UE.

5.2. Cuestiones específicas

5.2.1. Derecho aplicable

En principio, el Comité está de acuerdo con la Comisión en que la solución a los problemas que plantea la transferencia frecuente de datos entre países podría ser una norma del «país de origen», en consonancia con la Directiva sobre satélite y cable. No obstante, es preciso cuidar de que no se divulguen obras a partir de aquellos Estados miembros que tienen un nivel menor de protección o de capacidad para hacer cumplir la ley. Es conveniente que la transferencia de obras a un servidor y su difusión a partir del mismo se rija por la legislación del país en el que esté localizado el servidor u otro tipo de distribuidor de las obras. Pero cualquier norma de estas características debe garantizar que el derechohabiente pueda hacer valer sus derechos en el territorio al cual se transfieren las obras procedentes del servidor. Asimismo es necesario armonizar, reforzar y aplicar las normas de cumplimiento a nivel europeo.

5.2.2. Agotamiento de los derechos

Este problema reviste gran complejidad. La cuestión básica radica en si las importaciones, tanto electrónicas como físicas que incorporen los derechos de propiedad intelectual, procedentes del exterior de la Comunidad siguen sometidas al control del titular de los derechos de propiedad intelectual al entrar en el territorio comunitario. Ello depende de la forma en que se explote la obra o materia protegida. La legislación comunitaria vigente establece el principio de que el agotamiento de los derechos sólo se aplica cuando éstos se incorporan en los productos físicos, pero no a su distribución en forma electrónica. Por consiguiente, el titular de los derechos de propiedad intelectual mantendría el control absoluto sobre las importaciones electrónicas procedentes del exterior de la Comunidad y su subsiguiente distribución. En general, el Comité estima que este principio también debería aplicarse a la importación de obras y otras materias protegidas incorporadas en productos físicos cuando entran en la Comunidad. Pero si se da el caso de que un tercer país garantiza una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual y el derechohabiente ha autorizado la distribución de productos en formato electrónico, cabe introducir variaciones en este principio general. En tales circunstancias -limitadas- el titular no debería tener automáticamente derecho a restringir la importación del producto en la UE. Como ejemplo de esta limitación cabe citar la práctica muy extendida de transferir ficheros y documentos de un servidor estadounidense a un ordenador de un Estado miembro de la UE. Es prácticamente imposible controlar esta actividad. En estas circunstancias, a juicio del Comité, es justo que la persona que transfiera datos de un servidor a un ordenador en un Estado miembro de la UE tenga los mismos derechos -ni más ni menos- que la persona que efectúa esa misma operación en los Estados Unidos.

5.2.3. Digitalización

La Comisión pregunta si la digitalización de las obras debe considerarse una reproducción y, por tanto, si puede constituir una infracción del derecho de autor en caso de efectuarse sin la autorización del derechohabiente. La reproducción digital (permanente o temporal) de una obra es igual que cualquier otro método de copia y en principio debería tratarse de la misma manera; en la medida en que no constituye un principio común a todos los Estados miembros, las medidas de armonización deben garantizar que lo sea. Otra cuestión que se plantea en relación con este aspecto es si el titular de un derecho de autor debe tener derecho a impedir que se digitalice su obra sin su autorización o si su único derecho es percibir una remuneración por la digitalización, que, una vez efectuado el pago, quedaría autorizada. Partiendo de la base de que la digitalización no difiere de los restantes métodos de copia, el Comité no ve motivos para desviarse del principio básico de que el derecho del titular de impedir la reproducción ha de ser un derecho de carácter exclusivo.

5.2.4. Copia privada

Aunque no se pretende que la copia de uso privado se considere autorizada de manera automática, lo prioritario debe ser garantizar la prohibición categórica de la copia no autorizada efectuada con fines comerciales. Merece especial atención la cuestión de la copia para uso educativo o científico. En cuanto a la copia privada sin fines comerciales, deben examinarse con prioridad los factores que tienen un efecto claramente perjudicial para los derechohabientes.

5.2.5. Protección técnica

Se plantea la cuestión de si un Estado miembro debe adoptar medidas jurídicas para garantizar el cumplimiento de los sistemas de protección técnica contra la realización de copias. Esta cuestión se divide a su vez en otras dos, a saber, si debe obligarse a los fabricantes a incorporar sistemas de protección técnica en sus aparatos y si fabricar o vender aparatos que no cuenten con sistemas de protección técnica para productos que sí deben beneficiarse de ella ha de considerarse equivalente a una infracción de los derechos de autor u otros derechos. El Comité considera que no es conveniente imponer a los derechohabientes o a los fabricantes la obligación de acatar un sistema determinado de protección técnica, pero que, si se opta por establecer uno, entonces debería ser ilegal no contribuir a que se cumpla.

5.2.6. Radiodifusión digital

De los principios enunciados en el punto 5.2.3 se deduce que los derechos de los titulares de «derechos afines» son en principio de carácter exclusivo y no consisten meramente en la percepción de una remuneración equitativa. A este respecto, no debe hacerse ninguna distinción entre la radiodifusión analógica y la radiodifusión digital.

5.2.7. Derecho de transmisión/difusión digital

La Comisión pregunta si la Directiva sobre derechos de alquiler debe ser aplicable por extensión a la transmisión electrónica punto a punto. El Comité no lo considera conveniente: tal medida resultaría artificial (la transmisión no constituye un «alquiler» en ningún sentido coherente del término) e innecesaria (los derechos de alquiler se introdujeron en parte para compensar el pagotamiento de los derechos de los titulares sobre las copias físicas de una obra y, como se ha señalado antes, no se considera conveniente imponer el agotamiento absoluto de los derechos para las transmisiones electrónicas). A juicio del Comité, no obstante, el titular debe mantener derechos exclusivos sobre la transmisión y, en particular, el derecho exclusivo de poner las obras a disposición del público. Un método muy sencillo podría ser garantizar que el derecho de impedir la transmisión punto a punto formara parte del derecho de impedir la reproducción. Una alternativa, propugnada por el gobierno estadounidense en su Libro Blanco, sería crear un derecho exclusivo de transmisión como parte del derecho de distribución. La primera solución es más sencilla.

5.2.8. Derecho moral

El derecho moral es sumamente importante para los autores. El incremento de la circulación transfronteriza de obras exige ahora más que nunca una armonización. La facilidad con que pueden manipularse las obras digitales justifica, a juicio del Comité, los argumentos a favor de una legislación estricta en materia de derecho moral, al menos tal como se define éste en el Convenio de Berna. No obstante, debería permitirse la renuncia a estos derechos en casos explícitos.

5.2.9. Gestión de los derechos

En el documento se plantean también las cuestiones de la adquisición y la gestión de los derechos, los sistemas de protección técnica, en particular la conveniencia de establecer un sistema centralizado de concesión de licencias para los productos multimedia y la posibilidad de establecer normas comunitarias para la gestión centralizada de estos sistemas. A juicio del Comité, es prematuro concebir tal gestión centralizada de los derechos; si los autores desean establecer colectivamente la autorización de sus derechos, no hay por qué suponer que no se agruparán a tal efecto sin necesidad de intervención comunitaria, como ya ha ocurrido anteriormente en los Estados miembros.

5.3. Otros aspectos - Obras generadas por ordenador

El Comité se ha referido a este problema en anteriores dictámenes [por ejemplo, el dictamen sobre la propuesta de la actual Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE)]. El Libro Verde no aborda la cuestión de la protección de las obras generadas por ordenador, es decir, las obras que han sido creadas directamente por un programa de ordenador. Gracias a los avances tecnológicos, ha aumentado la cantidad y la calidad de este tipo de programas y, a juicio del Comité, es necesario reconsiderar este aspecto. El Comité se congratula de que la Comisión haya anunciado su intención de estudiar este problema.

Hecho en Bruselas, el 31 de enero de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER