Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado"

(2001/C 193/16)

El 11 de diciembre de 2000, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de abril de 2001 (ponente: Señor Melícias).

En su 381o Pleno del día 26 de abril de 2001 (sesión del 26 de abril), el Comité Económico y Social ha aprobado por 98 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El Comité Económico y Social (CES) deberá pronunciarse sobre la "Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado"(1).

1.2. El Comité está convencido de que esta propuesta constituye una etapa necesaria y positiva hacia "una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo" y constituye "uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Comunidad" (primer considerando).

1.3. El Comité considera que la propuesta de Directiva examinada se inscribe en la prolongación de las conclusiones de Tampere, que "prevén que un sistema europeo común del asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros" (tercer considerando).

1.4. Por último, considera que "las normas mínimas establecidas en la presente Directiva deben, por lo tanto, facilitar a los Estados miembros la aplicación de un sistema rápido y sencillo por el que se tramiten correcta y rápidamente las solicitudes de asilo de conformidad con las obligaciones internacionales y las constituciones de los Estados miembros" (sexto considerando).

2. Observaciones generales

2.1. El Comité considera que el documento merece tenerse en cuenta por lo que se refiere, en particular, a los puntos siguientes:

2.1.1. La propuesta de Directiva examinada hace explícitamente referencia a la Convención de 1951 relativa al estatuto de refugiado (Convención de Ginebra) así como al Protocolo de Nueva York de 1967, en particular en lo que se refiere a la definición de refugiado (letra b del artículo 2 de la propuesta de Directiva), destacando así la importancia humanista y humanitaria de este instrumento del derecho internacional. En efecto, el Comité considera que la aplicación uniforme de una política común en materia de asilo en el territorio europeo requiere una interpretación uniforme de la Convención de Ginebra.

2.1.1.1. Es necesario tener bien presente que la Convención de Ginebra constituye un instrumento al servicio de los derechos humanos. Las referencias, contenidas en los considerandos, a la Declaración universal de los Derechos Humanos de 1948 refuerzan la idea de que la protección de los refugiados debe considerarse como parte integrante de la protección de los derechos humanos en la medida en que tiene su origen y su fundamento en la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos.

2.1.2. Además de la Convención mencionada anteriormente, el Comité considera que en la propuesta de Directiva se debería hacer referencia también a otros convenios internacionales pertinentes como el Convenio europeo de los derechos humanos, el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, el Convenio de los derechos del niño y el Convenio internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres.

2.1.3. Cabe señalar que la propuesta de Directiva objeto de examen hace referencia a la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la letra b) del artículo 13, letra c) del artículo 7, apartado 4 del artículo 15 y letras a) y b) del artículo 17. De esta manera, la propuesta de Directiva refuerza la importante misión de vigilancia que confiere al ACNUR el artículo 35 de la Convención de Ginebra, que le permitirá formular observaciones a cualquier autoridad competente en relación con las solicitudes de asilo en cualquier fase del procedimiento (letra c del artículo 17).

2.2. Sin perjuicio de la intervención específica del ACNUR y de otras organizaciones especializadas en estas materias, y dado que el CES europeo es un órgano consultivo que representa ampliamente a la sociedad civil organizada y desempeña cada vez más una función global de "expresión de la sociedad civil organizada a nivel europeo" o, si se prefiere, de "puente esencial entre Europa y la sociedad civil", el Comité considera que debería actuar como catalizador para implicar aún más a la sociedad civil en este ámbito.

2.3. Así pues, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 13, los órganos decisorios deberán tener "acceso a una información exacta y actualizada, procedente de diversas fuentes, incluida la información del ACNUR, sobre la situación existente en los países de origen de los solicitantes de asilo y en los países de tránsito". Sobre la base de esta formulación, el Comité considera que las informaciones sobre el país de origen del solicitante de asilo y sobre los países de tránsito que haya atravesado deberían poder ser proporcionadas también por organizaciones debidamente representativas de la sociedad civil, activas en cada uno de los Estados miembros que examine la solicitud de asilo. Se pueden citar, a título indicativo, Amnistía Internacional, Asistencia Médica Internacional (AMI), la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, así como otras organizaciones humanitarias que eventualmente puedan, en cada Estado miembro, proporcionar este tipo de informaciones.

3. Observaciones específicas

3.1. La formulación del artículo 2 merece también un comentario por lo que se refiere a los puntos siguientes:

- letra i): según el artículo 1 A de la Convención de Ginebra, los Estados reconocen el estatuto de refugiado, no lo conceden. Véase a este respecto la Guía de procedimientos y criterios que deben aplicarse para determinar el estatuto de refugiado, ACNUR, Ginebra, 1992, apartado 28.

- letra l): el apartado 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra no regula la "retirada del estatuto de refugiado", sino que se refiere a una excepción relativa a la prohibición de expulsión o rechazo.

3.2. El Comité considera que en el texto de la propuesta de Directiva deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes:

3.2.1. El apartado 1 del artículo 4 constituye una garantía extremadamente importante ya que permite acceder al procedimiento de asilo sin condiciones. En efecto, aunque el sexto considerando estipule que "las normas mínimas establecidas en la presente [propuesta de] Directiva deben, por lo tanto, facilitar a los Estados miembros la aplicación de un sistema rápido y sencillo", este último deberá ser justo y permitir, precisamente, que todos los solicitantes de asilo tengan acceso al procedimiento independientemente del momento, del plazo transcurrido y de la realización o no de los trámites previos eventualmente exigidos para la presentación de una solicitud.

3.2.2. Debido precisamente a la naturaleza y al objetivo humanitario del derecho de asilo, el acceso libre e ilimitado al territorio y al procedimiento de asilo son garantías fundamentales que los Estados miembros deben esforzarse en obtener.

3.2.3. Al objeto de consagrar este derecho como un derecho comunitario, podría ser oportuno incluir en la formulación de la letra b) del artículo 2 una referencia al artículo 3 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

3.2.3.1. El Comité considera también digna de interés la presunción contenida al final de la letra b del artículo 2). Esta presunción es importante en la medida en que asigna una preponderancia al derecho de asilo sin perjuicio de otros medios de protección complementaria, pero con prioridad sobre estos últimos. En efecto, se ha observado en algunos Estados miembros una tendencia a transmitir las solicitudes de asilo hacia otros mecanismos de protección complementaria.

3.2.3.2. La misma observación vale para el apartado 3 del artículo 3 y el decimoséptimo considerando. Esta práctica exigirá un esfuerzo por parte de los Estados miembros con el fin de definir los distintos casos cubiertos por la protección subsidiaria.

3.2.3.3. Es realmente importante que se mencione claramente que "cualquier declaración en la que se exprese el deseo de una persona de obtener protección frente a la persecución, o cualquier manifestación o expresión de la persona indicando que teme ser devuelto a su país, debe, por consiguiente, ser tratada como una solicitud de asilo" (propuesta de Directiva, exposición de motivos, artículo 4, página 13).

3.2.4. Letra b) del artículo 7: recurso a un intérprete

3.2.4.1. La posibilidad para las autoridades competentes o los solicitantes de asilo de recurrir a un intérprete deberá constituir una de las garantías del procedimiento de asilo, cualquiera que sea su naturaleza y en cualquier fase del procedimiento. El intérprete deberá ser competente, cualificado e imparcial. Por ello, aunque algunos Estados miembros temen que eso sea muy costoso, el Comité considera que los servicios de un intérprete estén pagados siempre con cargo a fondos públicos, siempre que hayan sido solicitados por las autoridades competentes o por el solicitante de asilo, en la medida en que no es conveniente que las autoridades tengan el poder discrecional de decidir sobre el recurso o no a un intérprete. El Comité sugiere, como medio de financiación de los servicios de interpretación, el recurso al Fondo europeo para los Refugiados (FER), instituido con el objetivo preciso de contribuir a la acogida y a la inserción de los solicitantes de asilo en los Estados miembros.

3.2.4.2. Esta práctica es necesaria, pues en caso contrario no se lograría alcanzar uno de los objetivos de la propuesta de Directiva (establecer garantías procesales mínimas). La falta de una interpretación adecuada podría eliminar la posibilidad de que el solicitante de asilo presente su solicitud convenientemente, condición esencial para un conocimiento perfecto del expediente y para la garantía del derecho de asilo.

3.2.4.3. En este mismo orden de ideas, el Comité aprueba el contenido de la letra b) del apartado 3 del artículo 10 (caso de los menores no acompañados), del artículo 19 (responsabilidad de otro Estado miembro en el examen de una solicitud de asilo) y del apartado 7 del artículo 8.

3.2.4.4. Por lo que se refiere a la letra c) de este mismo artículo 7, el Comité considera que el texto de la propuesta debería ser más ambicioso. Además del derecho de contactar, en todas las fases del procedimiento, no sólo al ACNUR o a otras organizaciones que actúen en nombre del ACNUR, el solicitante debería tener derecho a contactar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas que tengan como objetivo la defensa y la promoción del derecho de asilo.

3.2.5. Apartado 2 del artículo 8 (entrevista personal)

3.2.5.1. Respecto a la parte final de este artículo: ¿cómo deberá pedir el funcionario que haga la entrevista al solicitante que dé su visto bueno? El Comité propone suprimir la parte final del texto o volver a formularlo de la siguiente forma: "deberá leer en voz alta la transcripción de la entrevista, poniendo así en conocimiento del solicitante el contenido de la misma, e informarle de que esta acta está a su disposición, incluso para eventuales usos futuros". Además, convendría incluir en la propuesta la posibilidad de que el solicitante reciba una copia de la transcripción, que se validará debidamente según las modalidades vigentes en el país de acogida (por ejemplo, con la firma del solicitante en cada página).

3.2.5.2. En realidad, este apartado 2 se completa con el apartado 6 del mismo artículo, que brinda la posibilidad, en el marco de un procedimiento ordinario, de que el solicitante de asilo pueda consultar en un plazo razonable la transcripción de la entrevista personal realizada en relación con su solicitud de asilo y formular eventuales observaciones.

3.2.5.3. Por lo que se refiere el apartado 6 del artículo 8, el Comité considera que esta posibilidad de consultar la transcripción de la entrevista personal y de formular eventuales observaciones debería extenderse al procedimiento acelerado, en cuyo caso el plazo razonable sería necesariamente más corto.

3.2.5.4. Por lo que se refiere el apartado 7 de este mismo artículo 8, el Comité desea que se clarifique la cuestión siguiente: cuando se señala en el mismo que "los Estados miembros velarán por que un funcionario y un intérprete del sexo escogido por la persona entrevistada participe en la entrevista personal sobre el fondo de la solicitud de asilo, si hubiere razones para creer que la persona en cuestión tuviere dificultades para exponer...", ¿quiere decirse que el solicitante de asilo tiene solamente el derecho a elegir el sexo del intérprete? Tal solución no es la más favorable para instaurar durante la entrevista un clima de confianza necesario para superar las dificultades del solicitante de asilo. En realidad, para lograr este objetivo, la persona entrevistada deberá poder elegir el sexo tanto del intérprete como del funcionario que realice la entrevista.

3.2.5.5. El Comité desearía también destacar en este sentido el contenido del artículo 10 de la propuesta de Directiva, que se refiere explícitamente a la entrevista personal a menores no acompañados, y en el que se precisa que los Estados miembros velarán por que esta entrevista se realice por un funcionario "con la necesaria cualificación en cuanto a las necesidades especiales de los menores no acompañados", lo que se ajusta a las disposiciones de la letra c) del apartado 1 del artículo 14 de la propuesta. De la misma forma, el Comité sugiere, de acuerdo con la "Declaración de Buena Práctica" (adoptada en el marco del programa "Niños separados en Europa", iniciativa conjunta del Movimiento internacional "Save the Children" y del ACNUR, cuyo objetivo es definir claramente la política y las prácticas necesarias para la puesta en práctica y la protección de los derechos de los niños separados en Europa), que cada vez que se realicen entrevistas a niños separados o cuando éstos tengan que acceder a servicios, puedan contar con la intervención de un intérprete que hable la lengua en la que prefieran expresarse.

3.2.5.6. El Comité considera que, en aras de la transparencia y del rigor procesal, convendría permitir que el solicitante tuviera también acceso a la información disponible en que pudiera basarse la decisión relativa a su solicitud, en particular la información relativa a su país de origen.

3.2.5.7. Asimismo, el Comité propone que el funcionario al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 8 de la propuesta forme parte, en la medida posible, del órgano decisorio.

3.2.6. Artículo 9 (asistencia jurídica)

3.2.6.1. El Comité aboga por la gratuidad de la asistencia jurídica en todas las fases del procedimiento (admisibilidad, procedimiento ordinario, procedimiento acelerado) y no sólo cuando la autoridad decisoria tome una decisión adversa, según el apartado 4. En efecto, los solicitantes de asilo son personas vulnerables que desconocen el procedimiento jurídico y por esta razón necesitan un asesor legal.

3.2.6.2. Asimismo, el Comité considera que sería adecuado prever, como sucede en el marco del procedimiento ordinario (apartado 3 del artículo 9), la posibilidad de que el asesor legal del solicitante pueda estar presente en la entrevista personal cuando se trate de un procedimiento acelerado.

3.2.6.3. Además, por lo que se refiere a las disposiciones del apartado 3 del artículo 23 y del apartado 3 del artículo 29 (a saber, la posibilidad de que la autoridad competente tome una decisión sin realizar una entrevista personal con el solicitante en el marco del procedimiento normal o acelerado), el Comité considera que se debería precisar claramente en el texto que la autoridad competente efectuará siempre una entrevista personal. Se trata de garantizar que la solicitud de asilo esté documentada de la manera más completa posible para que la decisión correspondiente sea justa.

3.2.6.4. El apartado 2 del artículo 9 no deberá utilizarse para denegar la asistencia judicial a los solicitantes de asilo. No siempre habrá disponibles abogados especializados en el derecho de asilo en todas las situaciones y en todas las fases del procedimiento, por lo que será necesario prever la posibilidad de que los solicitantes de asilo puedan acceder a un asesoramiento complementario, por ejemplo el brindado por ONG competentes en esta materia.

3.2.7. Artículo 10 (menores no acompañados)

3.2.7.1. El Comité considera que se debería suprimir la expresión "tan rápidamente como sea posible" del texto de la letra a) del apartado 1 del artículo 10. En efecto, con arreglo al principio del interés superior del menor (artículo 3 del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño), los Estados miembros deberán garantizar la designación de un tutor legal u otro tipo de asesor para asistir y representar al menor en el marco del examen de su solicitud, designación que tendrá que tener lugar antes de la entrevista personal, de modo que produzca su efecto la situación descrita en la letra b) del mismo apartado.

3.2.7.2. Del mismo modo, en virtud de los principios que sustentan la "Declaración de Buena Práctica" ya mencionada en el apartado 3.2.5.5 del presente documento, el Comité propone que a los menores no acompañados no se les pueda rechazar el acceso al procedimiento de asilo, y que una vez admitidos, deben seguir el procedimiento ordinario, con especial garantía de respeto del principio del beneficio de la duda.

3.2.7.3. El Comité propone también que se tengan en cuenta los aspectos específicos vinculados a la situación de vulnerabilidad de los menores no acompañados, en particular en la entrevista personal.

3.2.7.4. En este sentido, no se puede dejar de señalar la omisión de otras categorías vulnerables, como los ancianos que viven solos y, en particular, las mujeres víctimas de abusos.

3.2.7.4.1. El artículo 28 del capítulo V (Garantías suplementarias para los menores no acompañados y las mujeres) de la Resolución sobre las garantías mínimas en los procedimientos de asilo, de junio de 1995, se refiere explícitamente a esta situación.

3.2.7.4.2. Las mujeres, al igual que los niños y los jóvenes, se encuentran particularmente expuestos a la violencia, en particular de naturaleza sexual.

3.2.7.4.3. Del mismo modo, la conclusión n° 39 del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (EXCOM), que sigue estando de actualidad, reconoce la necesidad de tener en cuenta las necesidades particulares de las mujeres.

3.2.7.4.4. Por esta razón, el Comité propone que, de una forma más general, se incluya en la Directiva un artículo que reconozca como sujetos especialmente vulnerables a los solicitantes de asilo que hayan sufrido traumas por tortura, violación u otros abusos físicos y/o sexuales, a quienes se deberá prestar una atención y asistencia especiales, en particular a través de un apoyo psicológico y/o psiquiátrico especializado y un respeto más estricto del principio del beneficio de la duda.

3.2.7.4.5. En estos casos, debido a su particularidad y a la vulnerabilidad de los solicitantes, se considera más adecuado no utilizar el procedimiento acelerado cuando se trate de la primera solicitud presentada en cualquiera de los Estados miembros.

3.2.8. Letra b del artículo 13 (acceso a una información exacta y actualizada, procedente de diversas fuentes, incluida la información del ACNUR, sobre la situación existente en los países de origen de los solicitantes de asilo y en los países de tránsito)

3.2.8.1. Como se ha señalado más arriba, el Comité considera que se deberían incluir en este apartado, además del ACNUR, a organizaciones como Amnistía Internacional, Asistencia Médica Internacional (AMI), la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, así como a otras organizaciones humanitarias de reconocida representatividad y activas en la sociedad civil que en cada Estado miembro puedan proporcionar este tipo de informaciones. Se trata de exponer fundamentos firmes que justifiquen la decisión relativa a las solicitudes de asilo a través de informaciones rigurosas, objetivas, independientes y con componentes de naturaleza humanitaria.

3.2.8.2. Habida cuenta del aumento y la especificidad de las solicitudes basadas en la persecución de carácter religioso, se considera oportuno incluir en la letra c) del artículo 13 la posibilidad de recabar la opinión de las correspondientes autoridades religiosas al respecto.

3.2.9. El Comité está de acuerdo con la importancia que la propuesta de Directiva presta a la formación adecuada y específica del personal responsable de la ejecución de las obligaciones que se derivan de la Directiva (artículos 13 y 14), incluidos los funcionarios de fronteras.

3.2.9.1. Con relación al objetivo perseguido a medio plazo de desarrollar una formación regular a nivel europeo, el Comité propone que se haga referencia de manera explícita a una participación más activa de organizaciones como el ACNUR o el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (CERE), y también de organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas que tengan como objetivo la defensa y la promoción del derecho de asilo.

3.2.9.2. Como medio de financiación de la formación regular en cada Estado miembro, el Comité sugiere que se recurra al Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y al programa "Odysseus".

3.2.10. Considera también importante que en la propuesta de Directiva se incluyan y respeten los principios siguientes:

- Principio del no rechazo (artículo 5). Según este principio, ningún refugiado será rechazado o expulsado a un país en el cual esté amenazada su vida o su libertad. Este principio se aplicará siempre que un refugiado se encuentre en el territorio o en la frontera de un país, independientemente de que su estatuto de refugiado se haya reconocido o no formalmente (artículo 33 de la Convención de Ginebra, artículo 3 del Protocolo n° 4 del Convenio Europeo los Derechos Humanos y Conclusión n° 6 del EXCOM).

- Principio de la confidencialidad de las informaciones relativas a cada solicitud de asilo (artículo 15).

3.2.11. El Comité considera también muy importante la garantía de no retención de los solicitantes de asilo únicamente por el simple hecho de ser solicitantes de asilo. En caso de retención, que deberá ajustarse a un procedimiento prescrito por el Derecho nacional y solamente durante el tiempo estrictamente necesario, existirá la posibilidad de una revisión inicial, y de subsiguientes revisiones ordinarias, de la correspondiente orden de retención (artículo 11).

3.2.11.1. El Comité considera que esta posibilidad de revisión no debería dejarse únicamente a la discreción de las autoridades administrativas y políticas.

3.2.11.2. En caso de retención del solicitante, el Comité desearía destacar que las condiciones de retención deberán reflejar el estatuto "no criminal" de estas personas, que deberán tener acceso, como cualquier otro solicitante de asilo, a una asistencia jurídica gratuita, independiente y cualificada. Tanto el ACNUR y las ONG especializadas en este ámbito, como los representantes legales del solicitante, deberán tener acceso a los lugares de retención.

3.2.11.3. El Comité desearía también que se precisara la utilidad de la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de la propuesta de Directiva, en la medida en que su contenido figura ya en la letra anterior del mismo artículo.

3.2.12. Artículos 21 y 22 (países terceros seguros)

3.2.12.1. Se trata de una solución de compromiso entre el anexo I (requisitos para la designación) y las listas elaboradas por los Estados miembros. El Comité considera que un acuerdo entre los Estados miembros para limitar este concepto a las condiciones contempladas en el anexo I mejoraría las garantías procesales. Eso permitirá impedir que el concepto de "país tercero seguro" sea utilizado para limitar el acceso al procedimiento de asilo, protegiendo al mismo tiempo a los solicitantes de asilo contra el rechazo.

3.2.12.2. Asimismo, la Directiva deberá garantizar que los criterios indicados en este artículo serán analizados individualmente, independientemente de la existencia de acuerdos de readmisión. No bastará con garantizar que el solicitante de asilo será admitido en el territorio del tercer país, sino que será necesario también que sea efectiva la protección recibida en el mismo, lo que quiere decir que el solicitante deberá tener acceso al procedimiento de asilo que se practique en ese Estado.

3.2.12.3. La noción de tercer país seguro, que figura en el anexo I, no puede en ningún caso constituir la justificación de la denegación de una solicitud de asilo. El Comité considera que todas las razones expuestas por el solicitante de asilo deben ser examinadas y, en caso de denegación, el solicitante debe contar con la posibilidad de un recurso efectivo ante una autoridad o jurisdicción imparcial e independiente.

3.2.12.4. El Comité recomienda que la expresión "por regla general" del punto I del anexo I, relativa a los criterios de designación que figuran en el mismo, se sustituya por una expresión más definida y menos vaga, tal como "de manera general y continuada", que tenga especialmente en cuenta los estados de excepción, las situaciones locales y otras posibilidades de interrupción de la observación habitual de las normas y principios mencionados.

3.2.13. El Comité considera razonables y realistas los plazos establecidos en los artículos 23 (fase de admisibilidad), 24 (procedimiento ordinario) y 29 (procedimiento acelerado), así como los plazos previstos para la presentación de un recurso.

3.2.13.1. El Comité considera también como una garantía importante la disposición según la cual el solicitante tiene derecho, en el marco del procedimiento ordinario, a solicitar una decisión del órgano de recurso cuando la autoridad responsable de la decisión no la haya tomado en el plazo previsto (artículo 24). En caso de incumplimiento de los plazos previstos, tanto en la fase de admisibilidad como en el procedimiento acelerado, la solicitud de asilo deberá tratarse siguiendo el procedimiento ordinario (artículos 23 y 29 respectivamente).

3.2.14. Artículo 25 (normas que deben seguirse para el examen de las solicitudes de asilo)

3.2.14.1. El texto propuesto, que tiene por objetivo garantizar un procedimiento equitativo, sigue las indicaciones previstas en la "Guía de los procedimientos y criterios que deben aplicarse para determinar el estatuto de refugiado" del ACNUR, Ginebra, enero de 1992, haciendo hincapié en el principio del beneficio de la duda (apartado 4), lo que el Comité aprueba sin reservas.

3.2.14.2. Con el fin de garantizar un procedimiento equitativo, el Comité considera que las eventuales falsas declaraciones del solicitante no podrán constituir en sí un motivo de rechazo de una solicitud de asilo en la medida en que puedan estar justificadas por determinadas circunstancias. Del mismo modo, la utilización de documentación falsa no deberá ser perjudicial para el solicitante de asilo siempre que éste pueda proporcionar una explicación coherente de esta circunstancia (interpretación a contrario de la letra a) del apartado 1 del artículo 28).

3.2.14.3. El apartado 2 del artículo 25 indica entre los hechos relevantes que el solicitante de asilo debe comunicar a las autoridades competentes, informaciones sobre su itinerario. El Comité considera que, aunque constituya un elemento importante, el itinerario no representa un factor decisivo o preponderante para la determinación del estatuto de refugiado.

3.2.14.4. El artículo 25 no contiene ninguna referencia a la carga de la prueba. A este respecto, el Comité propone que se tenga en cuenta el apartado 196 de la "Guía de los procedimientos y criterios que deben aplicarse para determinar el estatuto de refugiado" del ACNUR.

3.2.15. Artículo 28 (solicitudes manifiestamente infundadas)

3.2.15.1. El Comité propone añadir al texto de este artículo la precisión siguiente: "solamente en los términos del presente artículo", con el fin de garantizar que los Estados miembros no puedan adoptar arbitrariamente otros motivos además de los que figuran en este artículo.

3.2.15.2. El Comité desea también que la propuesta de Directiva prevea expresamente que los principios esenciales a los cuales debe ajustarse un procedimiento de asilo justo, descritos en el Capítulo I, se apliquen a todas las solicitudes de asilo incluidas las "manifiestamente infundadas". En efecto, todos los procedimientos, incluido el procedimiento acelerado, deberían respetar las garantías mínimas previstas en la Directiva objeto de examen.

3.2.16. El Comité destaca y aprueba el contenido de la letra a) del apartado 2 del artículo 28: la posibilidad de refugiarse en una parte más segura del país de procedencia no puede considerarse como un motivo para denegar una solicitud de asilo.

3.2.17. Artículos 30 y 31 (países de origen seguros)

3.2.17.1. Se trata de una solución de compromiso entre el anexo II (principios de la designación) y las listas elaboradas por los Estados miembros. El Comité considera que un acuerdo entre los Estados miembros para limitar este concepto a los requisitos contemplados en el anexo II mejoraría las garantías procesales. Se pretende con ello evitar que el concepto de "país de origen seguro" sea utilizado para limitar el acceso al procedimiento de asilo, lo que podría dar lugar a las situaciones discriminatorias que el artículo 41 procura evitar.

3.2.17.2. El Comité reconoce que se trata de un concepto difícil de definir en la medida en que un país puede ser "seguro" en términos generales pero peligroso para un individuo o un grupo determinado de personas. Dado que la situación de un país puede cambiar de un día para otro, será necesario observar muy atentamente la situación internacional, por lo que las listas anteriormente mencionadas deberán ser flexibles y estar actualizadas.

3.2.17.2.1. El Comité insiste en el hecho de que el asilo constituye un derecho fundamental, y por consiguiente una obligación para el país donde se solicita el asilo. No se trata, pues, de una facultad dependiente de la buena voluntad de dicho país o de una apreciación contingente del mismo. En la Directiva debería mencionarse expresamente este extremo

3.2.17.3. En relación con los requisitos fijos del anexo II, el Comité señala que para que un país de origen pueda ser considerado seguro deberá respetar plenamente los criterios enumerados en los apartados A y C del punto I de dicho anexo. Asimismo, los recursos a los que se hace referencia en el apartado D del mismo punto deberán ser efectivos.

3.2.18. Artículo 32 (procedimiento de recurso)

El Comité celebra la inclusión, en la propuesta de Directiva que se examina, del derecho a recurrir "cualquier decisión que se adopte sobre la admisibilidad o el fondo de su solicitud de asilo".

3.2.19. Artículo 33 (procedimiento de recurso)

La norma general es que el recurso tiene un efecto suspensivo tanto en los procedimientos ordinarios como en los acelerados. El Comité considera que, al objeto de evitar el rechazo, un acuerdo entre los Estados miembros para limitar las excepciones a esta norma previstas en el apartado 2 mejoraría las garantías procesales.

3.2.20. Artículo 41 (disposición para evitar discriminaciones)

El Comité aprueba la inclusión de esta disposición en la propuesta de Directiva, que tiene en cuenta así la obligación internacional de los Estados miembros de proteger a los refugiados contra la discriminación.

3.2.21. Artículo 43 (Informe de la Comisión)

Habida cuenta del papel que desempeña el Comité como agente dinámico para una mayor implicación de la sociedad civil en materia de derecho de asilo y con el fin de salvaguardar la tradición europea de protección de los derechos humanos, de la que forma parte el derecho de asilo, el Comité considera que el informe que debe presentar la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva examinada en los Estados miembros, tendría que ser presentado también al Comité Económico y Social.

4. Conclusiones

4.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado, considerándola como un paso positivo y necesario para lograr una política europea común de asilo.

4.2. En el presente dictamen se proponen algunos añadidos que el Comité considera dignos de mención particular al objeto de:

- aclarar y reforzar los derechos de los solicitantes de asilo y de los refugiados;

- garantizar a los solicitantes de asilo y a los refugiados un procedimiento justo y, en la medida de lo posible, armonizado;

- fortalecer la toma de conciencia de los solicitantes de asilo en relación con sus derechos, de conformidad con la propuesta de Directiva;

- promover el sentido de corresponsabilidad y compromiso mutuo, tanto por los Estados miembros como por la sociedad civil, en la defensa del derecho de asilo.

El Comité considera que a través de las recomendaciones propuestas la Directiva establecerá normas mínimas que constituirán la base para una política de asilo. No obstante, estas normas mínimas deberían considerarse como un primer paso hacia la realización de un conjunto de normas comunes indispensable en el marco de la armonización jurídica que deberá garantizar, en el futuro, la necesaria protección de los refugiados y su libre circulación en los países de la Unión.

4.3. En este sentido, el Comité recomienda al Consejo y al Parlamento Europeo que, teniendo en cuenta las propuestas de modificación formuladas en el presente dictamen, procuren adoptar las medidas en él señaladas incorporándolas al texto de la propuesta de Directiva lo más rápidamente posible.

Bruselas, 26 de abril de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) COM(2000) 578 final.