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DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 
de 10 de junio de 2015 
sobre la recuperación y resolución de entidades de  crédito y empresas de servicios de inversión  
(CON/2015/19) 
 
Introducción y fundamento jurídico 
El 13 de mayo de 2015 el Banco Central Europeo (BCE) recibió de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa una solicitud de dictamen sobre el proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (en lo sucesivo, el “proyecto de ley”). 
La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en los guiones tercero y sexto del artículo 2, 
apartado 1, de la Decisión 98/415/CE del Consejo
1, pues el proyecto de ley se refiere al Banco de 
España y a normas aplicables a las entidades financieras que influyen significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros. De conformidad con la primera frase del 
artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. 
 
1.  Objeto del proyecto de ley 
El proyecto de ley tiene por objeto incorporar al derecho español la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
2 y la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo3. El proyecto de 
ley contiene disposiciones por las que se establece un mecanismo nacional de resolución, conforme a lo 
previsto en la Directiva 2014/59/UE, y su coordinación con el Mecanismo Único de Resolución4, que ha 
de ser plenamente operativo desde 2016. 
El proyecto de ley se basa en la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito5, 
que tuvo a su vez en cuenta los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59/UE. El proyecto de ley es una refundición de la Ley 9/2012 que introduce en el derecho español aspectos de la Directiva 
                                                 
1  Decisión 98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de las autoridades nacionales al 
Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales (DO L 189 de 3.7.1998, p. 42). 
2  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un 
marco para la reestructuración y la resolución de entidades de  crédito y empresas de servicios de inversión, y por la 
que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) nº 1093/2010 y (UE) 
nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
 
3  Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de 
garantías de depósitos  (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).  
4  Establecido por el Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por 
el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de 
determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo 
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).  
5  Ley 9/2012, de 14 de noviembre de 2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE nº 275 de 
15.11.2012). 
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2 2014/59/UE aún pendientes de incorporación. El proyecto de ley deroga la Ley 9/2012 para mayor 
claridad.  
 
2. Alcance del Dictamen  El presente dictamen se centra en aspectos del proyecto de ley que afectan al Banco de España. Nótese 
que el BCE ya fue consultado acerca de los principales elementos de la ley 9/2012
6.  
 3. Papel del Banco de España
 
3.1 El BCE observa que el proyecto de ley establece la separación de las competencias de resolución 
en, por una parte, las competencias de recuperación y preparación de la resolución (la 
denominada “resolución preventiva”), incluida la planificación de la resolución, que se asignan al 
Banco de España respecto a entidades de crédito y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto a empresas de servicios de inversión
7, y, por otra parte, las competencias de 
ejecución de la resolución, tales como la aplicación de los instrumentos de resolución, que se asignan al FROB.  
3.2 Aunque la Directiva 2014/59/UE permite la separación de las competencias de resolución con 
carácter excepcional, debe velarse por que la separación no merme la eficacia de la resolución.  
Dicha separación crea una necesidad de estrecha cooperación y adecuado intercambio de 
información entre el FROB y el Banco de España, y entre el FROB y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, que garanticen especialmente la adopción de medidas de resolución en el 
momento adecuado. Puesto que el Banco de España estará a cargo de planificar la resolución y el FROB de ejecutarla, es esencial que tengan un entendimiento común del plan de resolución. El 
BCE celebra a este respecto que el proyecto de ley incluya disposiciones específicas sobre la cooperación y coordinación entre las autoridades nacionales y entre estas y otras autoridades 
tales como la Junta Única de Resolución, el BCE y autoridades extranjeras que tengan asignadas 
funciones de supervisión o resolución. Asimismo, el BCE celebra las disposiciones del proyecto de ley sobre la separación funcional y jerárquica entre las funciones de supervisión, por un lado, y las 
de recuperación y preparación de la resolución por el otro, así como el propósito declarado del legislador de revisar este modelo institucional para mejorar su eficiencia a la luz de la experiencia 
del Mecanismo Único de Resolución. 
3.3 Según lo expuesto, el proyecto de ley asigna al Banco de España funciones previstas en la 
Directiva 2014/59/UE que el legislador considera más próximas por su naturaleza a las funciones 
de supervisión que el Reglamento (UE) nº 1024/2013
8 atribuye al Banco de España, tales como 
preparar los planes de resolución y evaluar la resolubilidad a fin de abrir un proceso de resolución.  
Sobre este particular, el BCE advierte de que la Directiva 2014/59/UE asigna la determinación de 
                                                 
6  Véanse los dictámenes del BCE CON/2012/108, CON/2013/3 y CON/2013/25. Todos los dictámenes del BCE se 
publican en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu.  
7  Conforme a la Directiva 2014/59/UE, el ámbito de aplicación del proyecto de ley incluye las empresas de servicios 
de inversión. 
8  Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 
L 287 de 29.10.2013, p. 63).  
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3 la inviabilidad o probable inviabilidad a la autorid ad supervisora correspondi ente, es decir, al BCE 
o a las autoridades nacionales competentes, conforme a la distribución de competencias dispuesta en el Reglamento (UE) nº 1024/2013. El BCE advierte también de que, conforme al artículo 9, 
apartado 1, párrafo segundo, artículo 4, apartado 1, letra e), y artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1024/2013, y artículo 104, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo
9, el BCE asume todas las competencias que el derecho 
aplicable de la Unión confiere a las autoridades competentes y designadas para velar por el 
cumplimiento de las entidades significativas10. 
3.4 Se encarga además al Banco de España, en vista de su condición de supervisor bancario y de su 
obligación legal de promover la estabilidad financ iera, que verifique al menos cada tres años la 
resistencia financiera del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El BCE entiende que estas pruebas de resistencia se basan en gran medida en los resultados de las pruebas de resistencia 
de entidades de crédito que el Banco de España ya tiene la obligación de efectuar; que, por ello, 
no suponen un cambio sustancial en las funci ones relativas a la supervisión y la estabilidad 
financiera que lleva a cabo el Banco de España, y que su repercusión esperada en el conjunto de 
funciones que desempeña el Banco de España es muy pequeña. Además de verificar la situación financiera del FGD, las autoridades deberían asignar al FGD la función de comprobar 
periódicamente la resistencia de sus sistemas y otras capacidades operativas, conforme se exige 
en el artículo 4, apartado 10, de la Directiva  2014/49/UE. 
 
El presente dictamen se publicará en la dirección del BCE en internet.   
 Hecho en Fráncfort del Meno el 10 de junio de 2015.   
 
[firmado]  
El presidente del BCE Mario DRAGHI 
                                                 
9  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 
L 176 de 27.6.2013, p. 338).  
10  Véase el Dictamen del BCE CON/2015/13.