ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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Visto el informe de la OEUC, de 18 de agosto de 2015, titulado «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda» («Bienes duraderos: productos más sostenibles, mejores derechos de los consumidores. Expectativas de los consumidores con respecto a la agenda de la Unión en materia de eficacia con respecto a los recursos y la economía circular»).
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Visto el informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios previstos para los países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado, encargado por el ministro polaco de Desarrollo Económico y titulado «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (¿Cómo se benefician los Estados miembros de la EU-15 de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado?) (14),
6.

Alienta a los Estados a asumir las responsabilidades que les competen en calidad de Estados de abanderamiento, ribereños, rectores del puerto y de comercialización, en particular mediante: — en lo que a los Estados de abanderamiento se refiere, la plena aplicación de las medidas de gestión de carácter internacional y nacional para garantizar que los buques que enarbolen su pabellón respeten las normas; — en lo que a los Estados ribereños se refiere, garantizar la pesca sostenible en las aguas bajo su jurisdicción y controlar el acceso a esas aguas con el fin de prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR); — en lo que a los Estados rectores del puerto se refiere, la ratificación y plena aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); — en lo que a los Estados de comercialización se refiere, la adopción de medidas para velar por una mejor coordinación entre la lucha contra la pesca INDNR y la política comercial y comercial;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1385/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 850/98 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009, (UE) n.o 1379/2013 y (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, como consecuencia del cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea,
5.

Toma nota de los trabajos del Foro de la Sociedad Civil y de los grupos consultivos nacionales constituidos en virtud de lo dispuesto en el capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible, que forma parte integrante del paquete global del Acuerdo de Libre Comercio; recuerda que ambas partes se han comprometido, en virtud del artículo 13, apartado 4, del Acuerdo, a respetar, promover y aplicar, en su legislación y en sus prácticas, los principios derivados de las obligaciones suscritas en el marco de la adhesión a la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los principios y los derechos fundamentales en el trabajo, en particular en lo que se refiere a la libertad de asociación y al derecho a la negociación colectiva; destaca, no obstante, que los progresos realizados por Corea en relación con los objetivos recogidos en el capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible no son satisfactorios, y que siguen existiendo casos de vulneración de la libertad de asociación —en particular, ejemplos preocupantes de detenciones de dirigentes sindicales e interferencias en las negociaciones—, que deberían incidir en la autonomía de las partes negociadoras; insta a la Comisión, a este respecto, a que entable consultas oficiales con el Gobierno de Corea, de conformidad con el artículo 13, apartado 14, del Acuerdo, y, en el caso de que dichas consultas no tengan resultados, pide al grupo de expertos a que se refiere dicho artículo que adopte medidas y prosiga el diálogo sobre el incumplimiento por el Gobierno coreano de algunos de sus compromisos, y, en particular, que despliegue esfuerzos continuados y sostenidos, en consonancia con las obligaciones establecidas en el artículo 13, apartado 15 del Acuerdo, con miras a garantizar la ratificación por Corea de los convenios fundamentales de la OIT que este país no ha ratificado todavía;
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Visto el informe titulado «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» de la Red Europea de Expertos Legales en Igualdad de Género, de julio de 2009,
10.

La propuesta cumple los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, dado que los Estados miembros no pueden actuar por sí solos para establecer un marco jurídico relativo al reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción, y que la propuesta no va más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la estabilidad de la situación jurídica de los niños adoptados. No afecta al Derecho de familia de los Estados miembros.
K.

Considerando que el Parlamento está de acuerdo con la opinión expresada por la Comisión, en su carta de 26 de octubre de 2016, en el sentido de que la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no siempre coinciden, pero que está en profundo desacuerdo con la posibilidad de una distinción absoluta entre jurisdicciones que no cooperen en materia fiscal y las deficiencias relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular cuando se trata de requisitos para comunicar operaciones sospechosas;
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Vistas las nueve rondas de conversaciones entre altos representantes del Gobierno chino y del dalái lama llevadas a cabo entre 2002 y 2010; visto el Libro Blanco de China sobre el Tíbet titulado «Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide» (La vía del Tíbet hacia el desarrollo impulsada por una marea histórica irresistible), publicado el 15 de abril de 2015 por la Oficina de Información del Consejo Estatal de China; vistos el memorando de 2008 y la nota de 2009 sobre una verdadera autonomía, ambos presentados por los representantes del XIV dalái lama,
61.

Expresa su honda preocupación por el creciente número de niños refugiados y por la situación de los niños no acompañados, desaparecidos o separados de sus familias; insta a los Estados miembros a que den prioridad absoluta a la reunión rápida de los menores no acompañados con familiares; hace hincapié en la importancia de otorgar a los niños acceso a los servicios de atención sanitaria y a la educación como parte de los programas de la Unión para abordar las causas profundas de la migración; pide a los Estados que pongan fin a la detención de niños, así como que tengan en cuenta el interés superior del menor en todos los procedimientos y que garanticen la protección de los niños de conformidad con el Derecho internacional; destaca la importancia de asignar recursos adecuados para proteger a los niños migrantes y refugiados de la violencia, la explotación y los abusos; pide a la Comisión que vele por la no desaparición de menores no acompañados y diseñe una estrategia para evitar que en el futuro desaparezcan menores migrantes no acompañados en territorio de la Unión y localizar a los niños desparecidos;
11.

Reconoce que el Fondo proporciona asistencia por los daños que no se pueden asegurar y no compensa las pérdidas privadas; subraya el hecho de que las acciones a largo plazo, como la reconstrucción sostenible o las actividades de desarrollo económico y de prevención, pueden beneficiarse de una financiación en el marco de otros instrumentos de la Unión, en particular los Fondos EIE;
Q.

Considerando que un asunto se clasifica como un ámbito de especial preocupación cuando se dispone de suficiente información para llevar a cabo una evaluación de los usos representativos en consonancia con los principios uniformes a los que se refiere el artículo 29, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 546/2011 de la Comisión, y cuando de dicha evaluación no quepa concluir que, para al menos uno de los usos representativos, cabe esperar que un producto fitosanitario que contenga la sustancia activa no tendrá efectos nocivos en la salud humana o animal o en las aguas subterráneas o una incidencia inaceptable en el medio ambiente;
A.

Considerando que, los días 11 y 18 de abril de 2007, Monsanto Europe S.A. presentó a la Comisión tres solicitudes, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, de renovación de la autorización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos existentes producidos a partir de maíz MON 810, de la autorización de piensos que contienen y se componen de maíz MON 810 y de la autorización del maíz MON 810 en productos que se componen de él o lo contienen para cualquier uso que no sea como alimento o pienso, al igual que otros tipos de maíz, incluido el cultivo; que después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, estos productos se notificaron a la Comisión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y al artículo 20, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y se incorporaron al Registro de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente de la UE;
F.

Considerando que unas conexiones de transporte transfronterizas bien desarrolladas son esenciales para la competitividad regional y para fomentar la expansión de las pymes en las zonas fronterizas y, por lo que se refiere a los transportes públicos en particular, para respaldar la integración social de las poblaciones vulnerables desde el punto de vista económico; que muchos Estados miembros de Europa central y oriental todavía no cuentan con buenas conexiones de transporte, en particular conexiones ferroviarias, que crucen fronteras nacionales; que la ineficiente conexión existente entre los distintos modos de transporte y la ausencia de instalaciones de red entre el transporte básico y el general conducen a una interoperabilidad insuficiente entre los distintos modos de transporte, cuando dicha interoperabilidad no solo reduciría el precio del transporte de pasajeros y de carga y mejoraría la flexibilidad de los servicios de transporte, sino que también contribuiría a abordar cuestiones ecológicas y sociales;
24.

Destaca que, pese a no ser necesarias formalmente como condicionalidad ex ante en el OT3, las estrategias de especialización inteligente son un instrumento esencial para garantizar la innovación y la adaptabilidad de los objetivos temáticos, y señala, al mismo tiempo, que estas estrategias no solo deben dirigirse a la innovación impulsada por la ciencia y la tecnología, sino también fomentar la innovación que no se basa en la ciencia; pide a la Comisión que le informe sobre los resultados de las estrategias de especialización inteligente destinadas a las pymes a nivel nacional y/o regional; pone de relieve la coherencia de las estrategias de especialización inteligente adoptadas por cada región con respecto a la economía territorial conexa, y el reto de la aplicación de la especialización inteligente en zonas no urbanas que pueden carecer de infraestructuras de apoyo suficientes; se congratula de la condicionalidad ex ante en relación con la «Small Business Act» en el OT3 y pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias y agilicen la consecución de los objetivos establecidos en la «Small Business Act»; apoya el premio a la Región Empresarial Europea, destinado a identificar y galardonar a las regiones de la Unión con estrategias empresariales destacadas orientadas al futuro que aplican los diez principios de la «Small Business Act»;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (4),
L.

Considerando que la finalidad del Marco del Estado de Derecho es abordar las amenazas sistémicas al Estado de Derecho en cualquiera de los Estados miembros de la Unión, en particular en situaciones que no puedan abordarse eficazmente mediante procedimientos de incumplimiento y cuando parezca evidente que las «garantías del Estado de Derecho» a escala nacional no sean ya capaces de abordar eficazmente dichas amenazas;
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Vista la publicación del estudio de 2015 elaborado para su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior titulado A quest for accountability? EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme [¿En busca de la rendición de cuentas? Indagaciones de la Unión y los Estados miembros relativas al programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la CIA],
D.

Considerando que, al examinar el nivel de protección que ofrece un tercer país, la Comisión está obligada a evaluar el contenido de las normas aplicables en ese país derivadas de su legislación nacional o de sus compromisos internacionales y de las prácticas diseñadas para garantizar el cumplimiento de dichas normas, puesto que, con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva sobre protección de datos, debe tener en cuenta todas las circunstancias relacionadas con una transferencia de datos personales a un tercer país; que esa evaluación no solo debe referirse a la legislación y las prácticas relacionadas con la protección de datos personales con fines comerciales y privados, sino que también debe contemplar todos los aspectos del marco aplicable a ese país o sector, y en particular, pero no únicamente, el cumplimiento de la ley, la seguridad nacional y el respeto de los derechos fundamentales;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo, se deroga el Reglamento (CE) n.o 1321/2004 del Consejo, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3),
J.

Considerando que la Comisión de Venecia ha afirmado inequívocamente que el Tribunal Constitucional no puede desempeñar su función de garante de la supremacía de la Constitución de Polonia debido a que la sentencia del Tribunal de 9 de marzo de 2016 no ha sido publicada, por lo que no puede ejecutarse, lo que está minando el Estado de Derecho; que la Comisión de Venecia ha advertido de que paralizar al Tribunal socavaría la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho;
7.

Expresa su inquietud por la inminente adopción del proyecto de ley sobre gestión de ONG extranjeras, pues en su estado actual obstaculizaría extraordinariamente las actividades de la sociedad civil china y limitaría en gran medida la libertad de asociación y expresión en el país, en particular prohibiendo las ONG extranjeras que no estén registradas en el Ministerio de Seguridad Pública chino e impidiendo que los departamentos provinciales de seguridad pública financien a personas u organizaciones chinas, y que grupos chinos realicen «actividades» en nombre o con la autorización de ONG extranjeras no registradas, incluidas las que tienen su sede en Hong Kong y Macao; pide a las autoridades chinas que revisen de forma sustancial este proyecto de ley para adaptarlo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos internacionales asumidos por la República Popular China;
18.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer una lista común a la UE de países de origen seguros; pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que este enfoque sea conforme con el principio de no devolución y no se debiliten los derechos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables; pide que se aplique la diferenciación de género; considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería abocar a un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes de asilo se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla sufrido; destaca la necesidad de evitar decisiones apresuradas que no tomen debidamente en cuenta el peligro, incluso de muerte, que para las víctimas de violencia de género tienen la denegación de su solicitud y la obligación de retornar a su país;
34.

Expresa su profunda preocupación por la aplicación del Acuerdo de Minsk dentro del plazo inicialmente acordado (31 de diciembre de 2015); recuerda que las autoridades rusas tienen una responsabilidad particular a este respecto; reitera que las violaciones del alto el fuego han aumentado desde mediados de octubre de 2015, que los observadores de la Misión Especial de Observación de la OSCE siguen sufriendo restricciones de su libertad de circulación, que el restablecimiento del control de Ucrania a todo lo largo de su frontera con Rusia no se ha producido aún, que no se ha llegado a un acuerdo sobre las modalidades para las elecciones locales en los territorios ocupados temporalmente de Luhansk y Donetsk y que no todos los prisioneros y personas detenidas ilegalmente, como Nadiya Savchenko y Oleg Sentsov, han sido puestos en libertad;
9.

Reconoce que el objetivo del 10 %, que debe alcanzarse en 2020, es una meta importante y un paso esencial en la dirección adecuada; lamenta que doce Estados miembros, principalmente en la periferia de la UE, sigan estando por debajo del objetivo del 10 % de interconexión eléctrica y, por consiguiente, estén sumamente aislados del mercado interior de la electricidad; insiste por tanto en que debe facilitarse mayor asistencia a aquellos Estados miembros cuyo bajo nivel de conectividad dificulta la consecución del mercado interior de la electricidad, de manera que puedan alcanzar dicho objetivo; considera que, por sí solo, el objetivo del 10 % no siempre refleja la situación del mercado y no se ha establecido sobre la base de datos científicos; recuerda que el objetivo del 10 % se fijó por primera vez en 2002 sobre la base de la capacidad de generación de electricidad instalada que existía en ese momento; reconoce que, a pesar de que el objetivo del 10 % es importante, no especifica ni la cantidad de electricidad transferida entre países ni la calidad, en especial por lo que se refiere a la disponibilidad de las infraestructuras de interconexión existente o de las infraestructuras nacionales existentes entre los interconectores; considera, por consiguiente, que un objetivo de interconexión único para todos basado en la capacidad instalada de producción de electricidad no es por sí solo apropiado para todos los Estados miembros; opina por tanto que, a medio plazo y con toda seguridad antes de 2030, es necesario fijar unos objetivos de interconexión complementarios, ambiciosos y basados en pruebas, que acuerden las regiones; considera que estos objetivos se deben fijar sobre la base de una serie de parámetros; pide a la Comisión que entable lo antes posible el debate técnico sobre estos parámetros; destaca que, además del objetivo cuantitativo, la libertad de acceso y la disponibilidad de interconectores también son imprescindibles si han de superarse los obstáculos que aún persisten para el funcionamiento del mercado europeo de la electricidad; insta a la Comisión, a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a las autoridades reguladoras nacionales a que garanticen la transparencia y un estrecho seguimiento de la accesibilidad de los interconectores, con el fin de evitar los cuellos de botella que dificultan el funcionamiento del mercado de la electricidad y así garantizar un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos;
28.

Destaca la importancia de la escuela y la educación en la prevención de la radicalización; recuerda la importancia vital de este medio como factor de promoción de la integración en la sociedad y de desarrollo del espíritu crítico y de promoción de la no discriminación; pide a los Estados miembros que alienten a los centros educativos para que prevean cursos y programas académicos que refuercen la comprensión y la tolerancia, en particular en lo que se refiere a las distintas religiones, la historia de las religiones, las filosofías y las ideologías; destaca la necesidad de que se enseñen valores fundamentales y principios democráticos de la Unión, como los derechos humanos; destaca que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus sistemas educativos respetan y promueven los valores y principios de la UE y que su funcionamiento no está en contradicción con los principios de no discriminación e integración;
9.

Pide a la Comisión que proporcione cuanto antes un asesoramiento amplio y adecuado —en particular, de tipo jurídico— a los organizadores de las iniciativas a través del centro de contacto Europe Direct, de modo que estos conozcan las posibilidades de que disponen y no se enfrenten a un rechazo por presentar una iniciativa ciudadana europea que, manifiestamente, no entre dentro de las competencias de la Comisión y no cumpla los criterios de admisibilidad jurídica; aboga por que se estudie la posibilidad de crear otro órgano independiente encargado de brindar asesoramiento; señala, no obstante, que, en virtud del Tratado de Lisboa, las cuestiones suscitadas en una iniciativa ciudadana europea no tienen por qué corresponder plenamente con las competencias de la Comisión; opina, además, que la Comisión debería plantearse establecer una oficina dedicada a la iniciativa ciudadana europea en todas sus Representaciones permanentes en los Estados miembros para facilitar toda la información, el asesoramiento y el apoyo necesarios a dichas iniciativas;
—

Visto el Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE y no 1041/2009/CE (1),
5.

Espera que la Comisión presente en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación (REFIT), una lista de actos legislativos y propuestas con miras a su revisión o derogación en aquellos casos en los que su adecuación o valor añadido europeo ya no sean obvios y cuando estén obsoletos o hayan dejado de cumplir su propósito inicial; destaca, no obstante, que el REFIT no debe utilizarse como pretexto para reducir el nivel de ambición en cuestiones de importancia vital, para desregular o para rebajar las normas sociales y medioambientales; estima que la simplificación es una cuestión de calidad y no de objetivos cuantitativos; toma nota del objetivo de reducir en un 25 % la carga administrativa y burocrática, así como los costes conexos, de las nuevas propuestas en todo el ciclo político, incluidas la transposición, la aplicación y el cumplimiento; pide que se hagan reducciones sustanciales con el objetivo de poner en marcha mejores condiciones para crear nuevos puestos de trabajo, mantener empleos en Europa y relocalizar empleos fomentando la competencia y el crecimiento sostenible;
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Visto el estudio titulado «Comparative analysis of risk management tools supported by 2014 [US] Farm Bill and the CAP 2014-2020» (Análisis comparativo de las herramientas de gestión del riesgo contempladas en la Ley Agraria de 2014 de los EE.UU. y en la PAC 2014-2020) realizado por encargo del Parlamento Europeo en 2014,
2.

Se felicita de los informes anuales trigésimo y trigésimo primero de la Comisión sobre la aplicación de la legislación de la UE, y observa que, según estos informes, los cuatro ámbitos en los que en 2012 los Estados miembros se vieron sometidos a más procedimientos de infracción por transposición tardía fueron el transporte, la protección de la salud y los consumidores, la protección del medio ambiente y cuestiones relacionadas con el mercado interior y los servicios, mientras que en 2013 los ámbitos más problemáticos fueron el medio ambiente, la protección de la salud y los consumidores, el mercado interior y los servicios y el transporte; recuerda, no obstante, que esta evaluación ex post no sustituye la obligación de la Comisión de controlar de manera efectiva y a su debido tiempo la aplicación del Derecho de la UE, y señala que el Parlamento podría ayudar en la revisión de la aplicación de la legislación mediante el control de la Comisión;