Las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores están reguladas por la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que establece que las cláusulas contractuales no negociadas individualmente no vincularán a los consumidores si, contrariamente a las exigencias de la «buena fe», causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de los consumidores, por una parte, y de los vendedores y prestadores de servicios, por otra, en detrimento de los consumidores. Este requisito general viene complementado por una lista de ejemplos de cláusulas que pueden considerarse abusivas. La Directiva 93/13/CEE se aplica paralelamente a otras normas de protección de los consumidores con arreglo al Derecho de la Unión.

La propuesta no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No regula todos los aspectos de la actividad crediticia, sino que se centra en aspectos clave de las operaciones de crédito al consumo para facilitar el desarrollo de la prestación transfronteriza de servicios y proteger a los consumidores en este contexto.

No se aborda la protección de los consumidores que obtienen créditos a través de plataformas de préstamo entre particulares, ya que dicha modalidad no se ajusta a la lógica de la propuesta. Por lo tanto, la protección de los consumidores que invierten a través de estas plataformas y las responsabilidades de las plataformas con respecto a estos consumidores se evaluarán en otro contexto y, si procede, serán objeto de una propuesta legislativa.

Los proveedores de crédito asumirían la mayor parte de los costes de aplicación de la nueva Directiva. Algunas medidas serían más costosas para los proveedores que actualmente ofrecen productos no cubiertos por la Directiva (por ejemplo, límites máximos a los tipos de interés, la tasa anual equivalente o el coste total del crédito). Se estima que el coste de las medidas cuantificadas para los bancos está entre 1 400 millones EUR y 1 500 millones EUR. Se prevé que los costes se van a repercutir en los consumidores (aunque no ha sido posible asegurar en qué medida).

El amplio proceso de consulta ha permitido identificar los puntos de vista de las principales partes interesadas acerca de problemas clave. Sus comentarios señalaron la digitalización del mercado como el principal factor a considerar en el proceso de revisión. Las organizaciones de consumidores son partidarias de una revisión extensa de la Directiva para abordar varios problemas identificados en el examen vinculados con el ámbito de aplicación inadecuado de la Directiva, las prácticas de concesión irresponsables, la sobrecarga de información, el uso de los datos y el endeudamiento excesivo, en particular en el marco de la pandemia de COVID-19. Los encuestados de todos los grupos de interesados y Estados miembros coinciden en que es necesario que se simplifique la información que reciben los consumidores en las fases de publicidad y precontractual y que esta refleje el uso creciente de los dispositivos digitales, para poder alcanzar su objetivo de proteger al consumidor. Los representantes de empresas son muy favorables a la estabilidad normativa y a intervenciones no reguladoras, o a modificaciones específicas de la Directiva para adaptarla a los avances de la digitalización. Proponen que se simplifiquen los requisitos de divulgación de la información, manteniendo al mismo tiempo suficiente flexibilidad en el proceso de evaluación de solvencia. Por lo general, las autoridades nacionales son partidarias de una modificación legislativa. Varios Estados miembros parecen ser favorables a cambios legislativos de envergadura para abordar los problemas detectados, aunque otros abogan por un enfoque más específico. La mayoría de las autoridades nacionales reconocen que la armonización de las normas estimularía el desarrollo del mercado transfronterizo. Todas las partes interesadas aprecian los beneficios que los servicios de asesoramiento en materia de deudas aportan a los consumidores vulnerables y a los prestamistas, ya que dichos servicios permiten a los prestamistas cobrar las deudas de forma efectiva.

En 2020, la Comisión presentó otro informe sobre la aplicación de la Directiva, para exponer los principales resultados de la evaluación REFIT 2018-2019, así como las lecciones extraídas de la aplicación de la Directiva desde su adopción. El informe hacía hincapié en que los objetivos de la Directiva de 2008 siguen siendo pertinentes y que esta ha resultado parcialmente eficaz a la hora de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y el surgimiento de un mercado interior eficiente. Las razones por las que la Directiva solo ha resultado parcialmente eficaz se deben tanto a la propia Directiva (por ejemplo, la redacción imprecisa de determinados artículos) como a factores externos, como su aplicación práctica y el cumplimiento en los Estados miembros, y los aspectos del mercado de crédito al consumo que no contempla. La evaluación detectó una serie de deficiencias relacionadas con el ámbito de aplicación de la Directiva, sus definiciones y términos que a veces son poco claros, obligaciones de información no adaptadas a los soportes digitales, una falta de claridad en las disposiciones relativas a la evaluación de solvencia que da lugar a una insuficiente protección para los consumidores, y diferencias en el cumplimiento.

En el artículo 3 (Definiciones) se definen los términos utilizados en la presente propuesta. En toda la medida de lo posible, las definiciones se han armonizado con las de otros textos de la UE, en particular la Directiva 2014/17/CE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. No obstante, habida cuenta de las características específicas de esta Directiva, algunas se han adaptado a las necesidades de la presente propuesta.

La presente propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la UE o de las agencias de la UE, excepto por los costes administrativos normales derivados del control del cumplimiento de la legislación de la UE, pues no se crean nuevos comités ni se establecen compromisos financieros.

La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, pretende garantizar el pleno respeto de las normas en materia de protección de los datos de carácter personal, el derecho de propiedad, la no discriminación, la protección de la vida profesional y familiar, y la protección de los consumidores, en aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679. Esto incluye que solo deben recogerse y tratarse de otro modo los datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario para evaluar la solvencia del consumidor.

No se han señalado efectos específicos en las pymes que sean significativos, por lo que no se han evaluado por separado.

El artículo 17 (Prohibición de las ventas de créditos no solicitados) prohíbe cualquier venta no solicitada de créditos, incluido el envío a los consumidores de tarjetas de crédito preconcedidas no pedidas o el aumento del límite de gasto de la tarjeta de crédito o del límite de descubierto del consumidor de forma unilateral por el prestamista, sin que hayan sido previamente solicitados ni exista un acuerdo explícito.

El artículo 6 (No discriminación) exige a los Estados miembros que se aseguren de que los consumidores que residen legalmente en la UE no sean discriminados por razón de su nacionalidad, residencia o por cualquier razón contemplada en el artículo 21 de la Carta, cuando soliciten, celebren o suscriban un contrato de crédito o servicios de crédito de financiación participativa en la UE.

El artículo 39 (Cesión de los derechos), que corresponde al artículo 17 de la Directiva 2008/48/CE, establece que en caso de cesión a un tercero de los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito, o de cesión a un tercero del propio contrato, han de mantenerse determinados derechos. Por nuevo titular se entiende toda persona a la que se hayan cedido los derechos del prestamista. Se trata, en particular, de aseguradoras de crédito, sociedades de cobro, sociedades de redescuento o de titulización, etc.

El artículo 37 (Reconocimiento, registro y supervisión de entidades no crediticias) estipula que las entidades no crediticias han de estar sujetas a los oportunos procedimientos de reconocimiento, registro y supervisión. Esto debería garantizar que todos los prestamistas y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa, tanto si se trata de entidades de crédito como si no, estén debidamente regulados y supervisados.

(29)En la presente Directiva se deben adoptar disposiciones específicas sobre la publicidad relativa a los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa y sobre algunos elementos de información básica que deben facilitarse a los consumidores para que puedan comparar diferentes ofertas. Dicha información debe proporcionarse de forma clara, concisa y destacada, mediante un ejemplo representativo. La información básica deberá mostrarse desde el inicio y de forma prominente, en un formato atractivo. Debe ser claramente legible y estar adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los teléfonos móviles. Las condiciones promocionales temporales, como los tipos de interés con tasa inicial reducida para los primeros meses del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa, deben identificarse claramente como tales. Los consumidores deben ver toda la información esencial de un vistazo, incluso cuando utilicen la pantalla de un teléfono móvil. El número de teléfono y la dirección de correo electrónico del prestamista y, en su caso, del intermediario de crédito y del proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben comunicarse al consumidor para que este pueda ponerse en contacto con el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa de forma rápida y eficiente. Cuando no se pueda indicar el importe total del crédito, a saber, la suma de todas las cantidades puestas a disposición del consumidor, debe indicarse un importe máximo, en particular cuando el contrato de crédito dé al consumidor libertad para disponer de crédito con una limitación respecto del importe. El importe máximo debe indicar la cantidad máxima del crédito que se puede poner a disposición del consumidor. En casos concretos y justificados, con el fin de mejorar la comprensión por parte de los consumidores de la información divulgada en la publicidad de los contratos de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa cuando el medio utilizado no permita visualizarla, como en la publicidad radiofónica, podría reducirse la cantidad de información divulgada. Además, los Estados miembros deben conservar la libertad de regular en su Derecho interno los requisitos relativos a la publicidad de los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa en la que no se incluye información sobre el coste del crédito.

(27)Los consumidores deben estar protegidos contra las prácticas desleales o engañosas, en particular en lo que respecta a la información facilitada por el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, de conformidad con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha Directiva sigue aplicándose a los contratos de crédito y a los servicios de crédito de financiación participativa, y funciona como una «red de seguridad» que garantiza el mantenimiento de un elevado nivel común de protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales en todos los sectores, en particular complementando el resto del Derecho de la Unión.

(25)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en especial, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). En particular, la presente Directiva respeta plenamente el derecho a la protección de datos personales, a la propiedad, a la no discriminación, a la protección de la vida familiar y profesional y a la protección de los consumidores con arreglo a la Carta.

(22)La presente Directiva debe aplicarse con independencia de que el prestamista sea una persona física o jurídica. No obstante, la presente Directiva no debe afectar al derecho de los Estados miembros a limitar la concesión de créditos al consumo únicamente a las personas jurídicas o a algunas personas jurídicas.

(21)Los contratos de crédito relativos a la concesión de créditos garantizados por bienes inmuebles y los contratos de crédito cuyo objeto sea financiar la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o proyectados deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya que dichos contratos están regulados por la Directiva 2014/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, no deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos no garantizados cuya finalidad sea la renovación de un bien inmueble de uso residencial, incluidos aquellos que supongan un importe total del crédito superior a 100 000 EUR.

(14)Las definiciones que contiene la presente Directiva determinan el alcance de la armonización. La obligación de los Estados miembros de aplicar la presente Directiva debe limitarse, por consiguiente, al ámbito que dichas definiciones establecen. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho de la Unión, apliquen las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. De este modo, un Estado miembro podría mantener o adoptar legislación nacional correspondiente a la presente Directiva o a determinadas disposiciones de la presente Directiva relativas a los contratos de crédito fuera del ámbito de aplicación de esta, por ejemplo sobre los contratos de crédito en los que se pide al consumidor que entregue un bien al prestamista como garantía y en los que la responsabilidad del consumidor está estrictamente limitada a dicho bien pignorado. Además, los Estados miembros también podrían aplicar la presente Directiva a los créditos vinculados que no entren en la definición de contrato de crédito vinculado de la presente Directiva. De este modo, las disposiciones de la presente Directiva sobre contratos de créditos vinculados podrían aplicarse a los contratos de crédito que sirvan solo parcialmente para financiar un contrato de suministro de bienes o prestación de servicios.

(13)Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la Unión se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para crear un mercado interior que funcione bien. En consecuencia, los Estados miembros no deben poder mantener o adoptar disposiciones nacionales que discrepen de las previstas en la presente Directiva, salvo que en ella se haya dispuesto de otro modo. Sin embargo, tal restricción solo debe aplicarse cuando en la presente Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de mantener o adoptar normas nacionales. En este sentido, los Estados deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la responsabilidad solidaria del vendedor o proveedor de servicios y el prestamista. Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la terminación del contrato de venta de bienes o prestación de servicios en caso de que el consumidor ejerza su derecho de desistimiento del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. A este respecto, en el caso de los contratos de crédito de duración indefinida, debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de fijar un plazo mínimo que tenga que transcurrir entre el momento en que el prestamista solicita el reembolso y la fecha en que ha de reembolsarse el crédito.

(32)Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas puedan compararse, la información precontractual debe incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Unión. Dado que en esta fase la tasa anual equivalente solo puede indicarse mediante un ejemplo, este debe ser representativo. Por tanto, debe corresponder, por ejemplo, a la duración media y al importe total del crédito concedido para el tipo de contrato o de servicios de crédito de financiación participativa en cuestión y, en su caso, a los bienes adquiridos. Al elegir el ejemplo representativo debe tenerse también en cuenta la frecuencia de ciertos tipos de contratos de crédito o de servicios de crédito de financiación participativa en un mercado concreto. En lo que se refiere al tipo deudor, la frecuencia de los pagos a plazos y la capitalización de intereses, los prestamistas deben recurrir al método de cálculo habitualmente utilizado para el crédito al consumo respectivo. Si la información precontractual se facilita menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito o cualquier contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben recordar a los consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

(33)El coste total del crédito para el consumidor debe incluir todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos, la remuneración de los intermediarios de crédito y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba abonar en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, exceptuando los gastos notariales. El conocimiento real de los gastos que posee el prestamista debe evaluarse de forma objetiva, teniendo en cuenta los requisitos en materia de profesionalidad establecidos en la presente Directiva.

(34)Los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa en los que el tipo deudor sea objeto de una revisión periódica en función de los cambios que se produzcan en un tipo de referencia contemplado en el contrato de crédito o en los servicios de crédito de financiación participativa no deben considerarse como contratos de crédito o servicios de crédito de financiación participativa con un tipo deudor fijo.

(35)Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que prohíban al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa exigir al consumidor, en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, la apertura de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios o el abono de los gastos o las remuneraciones de esas cuentas bancarias o de esos servicios accesorios. En los Estados miembros que autoricen esas ofertas combinadas, los consumidores deben ser informados antes de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa acerca de los servicios accesorios que sean obligatorios para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas. Los costes pagaderos por dichos servicios accesorios, en particular las primas de seguros, deben incluirse en el coste total del crédito. Alternativamente, cuando el importe de dichos gastos no pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente informados de su existencia en la fase precontractual. Debe suponerse que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa conoce el coste de dichos servicios accesorios que, él mismo o en nombre de un tercero, ofrece al consumidor, salvo si el precio está en función de las características específicas del consumidor o de su situación particular.

(36)Sin embargo, en el caso de ciertos tipos específicos de contratos de crédito, y con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección de los consumidores sin imponer una carga excesiva a los prestamistas o, en su caso, a los intermediarios de crédito, conviene limitar los requisitos de información precontractual, teniendo en cuenta el carácter específico de dichos tipos de contratos.

(37)El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, con independencia de que en la venta del crédito haya participado o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla general, los requisitos de información precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de crédito. No obstante, a los proveedores de bienes y servicios que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario no procede imponerles la obligación legal de proporcionar la información precontractual tal como se establece en la presente Directiva. Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes y servicios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como intermediarios no constituye el objeto principal de su actividad comercial, empresarial o profesional. En tales casos, el consumidor sigue estando suficientemente protegido, ya que el prestamista debe garantizar que reciba la información precontractual completa, bien a través del intermediario de crédito, si el prestamista y el intermediario así lo acuerdan, o bien por cualquier otro medio adecuado.

(38)Los Estados miembros deben tener la posibilidad de regular el carácter potencialmente vinculante de la información que debe facilitarse al consumidor antes de la celebración del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa, así como el período de tiempo durante el cual el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben quedar vinculados por ella.

(39)A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, el consumidor puede necesitar asistencia para decidir qué contrato de crédito o qué servicios de crédito de financiación participativa, de entre todos los productos propuestos, son los que mejor se ajustan a sus necesidades y su situación financiera. Por tanto, los Estados miembros deben velar por que los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa proporcionen dicha asistencia a los consumidores en relación con los productos crediticios que les ofrecen, para lo cual han de facilitar las explicaciones adecuadas acerca de la información pertinente, incluidas, en particular, las características esenciales de los productos propuestos al consumidor de una forma personalizada, de manera que el consumidor pueda entender qué repercusiones pueden tener en su situación económica. Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben adaptar el modo de proporcionar tales explicaciones a las circunstancias en que se ofrezca el crédito y a la necesidad de asistencia del consumidor, habida cuenta de los conocimientos y la experiencia crediticios de este y de la índole de los productos de crédito específicos. Dichas explicaciones no deben constituir de por sí una recomendación personal.

(40)Como se destaca en la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial), los sistemas de inteligencia artificial (IA) pueden desplegarse fácilmente en múltiples sectores de la economía y la sociedad, también a través de las fronteras, y pueden circular por toda la Unión. En este contexto, los prestamistas, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben poder personalizar el precio de sus ofertas para consumidores específicos o categorías específicas de consumidores sobre la base de la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles de comportamiento de los consumidores que les permitan evaluar el poder adquisitivo del consumidor. Por tanto, cuando el precio que se ofrezca a los consumidores esté personalizado en función de un tratamiento automatizado, se les debe informar claramente de ello, a fin de que puedan tener en cuenta los riesgos potenciales de su decisión de compra.

(41)Como norma general, no deben permitirse las prácticas de venta vinculada a no ser que el servicio o producto financiero ofrecido junto con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa no pueda ofrecerse por separado al constituir una parte del crédito plenamente integrada en el mismo, como por ejemplo en el caso de una posibilidad de descubierto. Si bien, teniendo en cuenta consideraciones de proporcionalidad, los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben poder exigir al consumidor que disponga de una póliza de seguro pertinente para garantizar el reembolso del crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la oportunidad de elegir a su propio proveedor de seguros. Esto no debe afectar a las condiciones de crédito establecidas por el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, siempre que la póliza de seguro de dicho proveedor tenga un nivel de garantía equivalente al de la póliza de seguro propuesta u ofrecida por el prestamista o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de normalizar, en todo o en parte, la cobertura proporcionada por los contratos de seguro, con objeto de facilitar la comparación entre diversas ofertas para los consumidores que deseen buscar los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.

(42)Los servicios accesorios deben presentarse de manera clara y transparente. Además, no debe ser posible inferir el acuerdo del consumidor sobre tales servicios accesorios, sino que dicho acuerdo debe ser un acto afirmativo claro que establezca una indicación libre, específica, informada e inequívoca de la aprobación del consumidor. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento.

(43)Prestar asesoramiento en forma de recomendación personalizada («servicios de asesoramiento») es una actividad que puede combinarse con otros aspectos de la concesión o la intermediación del crédito. Por lo tanto, para estar en condiciones de comprender la naturaleza de los servicios que se les prestan, debe informarse a los consumidores de en qué consisten tales servicios de asesoramiento y de si se están prestando o pueden o no prestarse. Dada la importancia que los consumidores conceden a la utilización de los términos «asesoramiento» y «asesores», los Estados miembros deben poder prohibir la utilización de esos términos o de otros similares cuando se presten servicios de asesoramiento a los consumidores por parte de prestamistas, intermediarios de crédito o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. Es conveniente que los Estados miembros impongan salvaguardias cuando el asesoramiento se describa como independiente, con objeto de garantizar que la gama de productos considerados y los contratos de remuneración guarden proporción con las expectativas de los consumidores respecto del asesoramiento. Al prestar servicios de asesoramiento, el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben indicar si la recomendación se basará únicamente en su propia gama de productos o en una amplia gama de productos de todo el mercado, de modo que el consumidor pueda comprender la base sobre la que se formula la recomendación. Además, el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben facilitar una indicación de los gastos que se facturarán al consumidor por los servicios de asesoramiento o, si el importe no puede determinarse en el momento de la comunicación, del método utilizado para su cálculo.

(44)Las ventas de crédito que no hayan sido solicitadas por los consumidores pueden, en algunos casos, estar asociadas a prácticas perjudiciales para el consumidor. A este respecto, debe prohibirse la venta no solicitada de crédito, incluidas las tarjetas de crédito previamente aprobadas no solicitadas y enviadas a los consumidores, o el aumento unilateral del descubierto o del límite de las tarjetas de crédito de los consumidores.

(45)Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su mercado del crédito. Entre estas medidas pueden figurar, por ejemplo, ofrecer información y formación a los consumidores con advertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo. En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario. Los Estados miembros deben llevar a cabo la supervisión necesaria para evitar este comportamiento de los prestamistas y determinar los medios necesarios para establecer las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de las disposiciones sobre el riesgo del crédito de la Directiva 2013/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben ser los responsables de verificar individualmente la solvencia del consumidor. A tal efecto, se les deberá permitir servirse de la información facilitada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, sino también durante toda la relación comercial. Los consumidores, por su parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales.

(46)Resulta fundamental que la capacidad del consumidor de saldar el crédito y su predisposición a ello se evalúen y verifiquen con anterioridad a la celebración de un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. Esta evaluación de solvencia debe realizarse en interés del consumidor, a fin de evitar las prácticas de préstamo irresponsables y el endeudamiento excesivo, y debe tener en cuenta todos los factores necesarios y pertinentes que puedan influir en la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito. Los Estados miembros deben poder emitir orientaciones adicionales sobre otros criterios y métodos para evaluar la solvencia de un consumidor, por ejemplo, estableciendo límites a las ratios préstamo/valor o préstamo/ingresos.

(47)La evaluación de solvencia debe basarse en la información sobre la situación financiera y económica del consumidor, incluidos sus ingresos y gastos. Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre originación y seguimiento de préstamos (EBA/GL/2020/06) proporcionan orientaciones sobre qué categorías de datos pueden utilizarse para el tratamiento de datos personales a efectos de solvencia, lo que incluye las pruebas de ingresos o de otras fuentes de reembolso, la información sobre activos y pasivos financieros, o la información sobre otros compromisos financieros. Los datos personales, como los encontrados en las redes sociales o los datos sanitarios, incluidos los datos sobre el cáncer, no deben utilizarse al realizar una evaluación de solvencia. Los consumidores deben facilitar información sobre su situación financiera y económica a fin de facilitar la evaluación de solvencia. En principio, el crédito solo debe concederse al consumidor si el resultado de la evaluación de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa se cumplan según lo establecido en dicho contrato. No obstante, en caso de que dicha evaluación sea negativa, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa pueden, excepcionalmente, facilitar créditos en circunstancias concretas y justificadas, como cuando mantienen una relación duradera con el consumidor, o en el caso de préstamos para financiar gastos sanitarios excepcionales, préstamos para estudiantes o préstamos para consumidores con discapacidad. En tal caso, al decidir si se concede o no el crédito al consumidor, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben tener en cuenta el importe y la finalidad del crédito, así como la probabilidad de que se cumplan las obligaciones derivadas del contrato.

(48)La propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) estipula que los sistemas de IA utilizados para evaluar la calificación crediticia o la solvencia de las personas físicas deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo, ya que determinan el acceso de dichas personas a recursos financieros o servicios esenciales, como la vivienda, la electricidad y los servicios de telecomunicaciones. Habida cuenta de lo mucho que hay en juego, cuando la evaluación de solvencia implique un tratamiento automatizado, el consumidor debe tener derecho a obtener la intervención humana de la parte del prestamista o de los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. El consumidor también debe tener derecho a obtener una explicación significativa de la evaluación realizada y del funcionamiento del tratamiento automatizado utilizado, que incluirá, entre otras cosas, las principales variables, la lógica y los riesgos que conlleva, así como el derecho a expresar su punto de vista y a impugnar la evaluación de solvencia y la decisión.

(49)Para evaluar la situación crediticia de un consumidor, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben consultar las bases de datos sobre créditos. Las circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. Para evitar toda distorsión de la competencia entre prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa, debe garantizárseles el acceso a bases de datos sobre crédito privadas o públicas relativas a los consumidores de un Estado miembro en el que no estén establecidos en condiciones no discriminatorias respecto a los prestamistas o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de ese Estado miembro. Los Estados miembros deben facilitar el acceso transfronterizo a bases de datos privadas o públicas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Para aumentar la reciprocidad, las bases de datos sobre crédito deben, como mínimo, disponer de información sobre las demoras en el pago por parte de los consumidores, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho interno.

(50)Cuando la decisión de denegar una solicitud de crédito se fundamente en la consulta de una base de datos sobre crédito, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa debe informar de ello al consumidor, así como de la información sobre el consumidor contenida en la base de datos consultada.

(51)La presente Directiva no regula cuestiones de Derecho contractual relativas a la validez de los contratos de crédito o de los contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. Por consiguiente, en ese ámbito, los Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones nacionales que sean conformes con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros están facultados para establecer el régimen jurídico que regula la oferta para celebrar un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, en particular cuándo debe ofrecerse esta y durante cuánto tiempo es vinculante para el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa. Si dicha oferta se hace al mismo tiempo que la información precontractual prevista en la presente Directiva, debe facilitarse en un documento aparte, al igual que cualquier otra información adicional que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deseen facilitar al consumidor. Este documento aparte podrá adjuntarse a la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.