A4-0352/96

Resolución sobre el informe del Instituto Monetario Europeo relativo a la transición a la moneda única - (C4-0559/95)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Tratado CE, y en especial su Título VI: Política Económica y Monetaria,

- Visto el informe del Instituto Monetario Europeo: El proceso de cambio a la moneda única (C4-0559/95),

- Vista la audiencia de representantes del comercio europeo de venta por correspondencia y cadenas de grandes almacenes, organizada el 25 de junio de 1996 por la Subcomisión de Asuntos Monetarios,

- Vistas las resoluciones del Consejo Europeo de Madrid, de los días 15 y 16 de diciembre de 1995, la reunión informal del Consejo ECOFIN de Verona, los días 12 y 13 de abril de 1996, y las conclusiones de la reunión de la Presidencia del Consejo Europeo celebrada los días 21 y 22 de junio de 1996 en Florencia,

- Vistas sus resoluciones de los días:

. 19 de mayo de 1995, sobre la introducción del ecu como moneda de curso legal ((DO C 151 de 19.06.1995, pág. 483)),

. 25 de octubre de 1995, sobre las modalidades de transición a la moneda única ((DO C 308 de 20.11.1995, pág, 54)),

. 30 de noviembre de 1995 sobre la Unión Económica y Monetaria ((DO C 339 de 18.12.1995, pág, 65)),

. 18 de juno de 1996 sobre las relaciones de tipo de cambio en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 52)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, así como la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0352/96),

A. Considerando que resulta oportuno aprobar una resolución de fondo sobre la Unión Económica y Monetaria, con objeto de proporcionar a los agentes económicos una señal clara para la introducción de la moneda única (euro),

B. Considerando que la Unión Económica y Monetaria (UEM), en virtud de la aprobación de los gobiernos y la ratificación por los parlamentos de los Estados miembros, se ha convertido en parte integrante del derecho comunitario primario, escapando así su realización al capricho del oportunismo político,

C. Considerando que con la introducción de la moneda única (euro) la actual libertad de circulación de servicios financieros y capitales adquiere una nueva dimensión, que la eliminación del riesgo que suponen los tipos de cambio en las transacciones monetarias entre los países participantes en la tercera fase conlleva la creación de un mercado financiero unitario que supera en profundidad, liquidez y competitividad al existente en la segunda fase y amplía las posibilidades de inversión,

D. Convencido de que la Unión Monetaria con el euro, introducido en primer lugar en los países de monedas fuertes, supone un complemento necesario para el mercado interior, mejora las condiciones de inversión para la creación de puestos de trabajo, elimina en favor de los usuarios los gastos del cambio de divisas y las costosas operaciones de las garantías de tipo de cambio y reduce considerablemente las distorsiones debidas a la especulación entre el euro y las monedas (SME II) que (todavía) no participan en la tercera fase de la UEM,

E. Juzgando que independientemente de la Unión Monetaria y de los criterios para la transición a la tercera fase, es necesaria una política de gastos basada en el ahorro, con objeto de sanear los presupuestos de los Estados miembros, teniendo en cuenta también las necesidades derivadas del mantenimiento de un nivel suficiente de demanda en la economía,

F. Considerando que la creación de puestos de trabajo mediante la creación de deuda, habida cuenta de que el desempleo es de carácter estructural, es una medida inútil que origina un mayor endeudamiento del Estado, el aumento de los intereses a cargo de los presupuestos públicos y el aumento de los precios,

G. Considerando que la no adopción de medidas urgentes de aumento del empleo mediante el incremento de la demanda activa para combatir el desempleo cíclico tiende a convertir este desempleo cíclico transitorio en un desempleo estructural de larga duración,

H. Expresando su convencimiento de que la reducción del desempleo contribuye a lograr las condiciones previas para la moneda única, mientras que la consolidación del desempleo socava el éxito de la UEM,

I. Reconociendo la oportunidad de concluir un pacto de estabilidad complementario en el marco del derecho comunitario vigente, habida cuenta de que todos los Estados miembros de la Unión Europea están interesados en el desarrollo estable social, económico y monetario, pero sin endurecer las condiciones de admisión a la tercera fase de la Unión Monetaria, ni en lo que respecta a su regulación legislativa ni en cuanto a su aplicación final en la práctica,

J. Subrayando la necesidad de que los responsables en materia de política y economía de la Unión Europea persigan con determinación una política que cree las condiciones necesarias para que el cumplimiento duradero de los criterios de convergencia vaya acompañado de una reducción eficaz del desempleo,

K. Considerando que será necesario determinar, no ahora sino en los plazos previstos en el Tratado, en especial en el Artículo 109 J, y en virtud de los criterios de convergencia cuantitativos y cualitativos, qué países de la Comunidad con monedas estables pasan a la tercera fase de la Unión Monetaria,

1. Subraya que el artículo 109 J del Tratado CE establece con carácter vinculante la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, con los plazos y criterios para la convergencia que debe respetar el Consejo;

2. Considera absolutamente necesario, para la clarificación inequívoca de los criterios de convergencia con vistas a la decisión que se tomará en todo caso en 1998 a la luz de los datos estadísticos de 1997 con relación a los países que participarán en la tercera fase, llevar a cabo en 1996 el proceso de evaluación previsto en el Artículo 109 J del Tratado CE, para que los Estados miembros obtengan información sobre la interpretación de los criterios de convergencia;

3. Recuerda a la Presidencia irlandesa del Consejo la promesa hecha al Parlamento el 17 de julio de 1996, de llevar a cabo el proceso de evaluación previsto en el artículo 109 J del Tratado CE, asociando al Parlamento según las disposiciones del Tratado, de forma que, en el marco del Consejo Europeo que se celebrará el 13 de diciembre en Dublín, los jefes de Estado y Gobierno puedan pronunciarse tomando la adecuada consideración del dictamen del Parlamento;

4. Hace referencia en ese contexto al artículo 190 del Tratado CE, según el cual la decisión aprobada por el Consejo debe ser motivada y se referirá a las propuestas o dictámenes recabados en aplicación del Tratado, es decir, en este sentido, al dictamen del Parlamento Europeo;

5. Constata que, afortunadamente, una mayoría de los Estados miembros cumple ya los criterios de convergencia en cuanto a baja inflación, tipos de interés a largo plazo reducidos y estabilidad de tipos de cambio y se han realizado progresos en la disciplina presupuestaria, aunque se haya iniciado el procedimiento por déficit excesivo contra 12 de los 15 Estados miembros;

6. Lamenta que la opinión pública interprete equivocadamente los criterios de convergencia relativos al déficit presupuestario y el endeudamiento público como una necesidad absoluta de «dar en el blanco» y subraya que debe respetarse estrictamente el Tratado CE según el cual ha de examinarse,

a) si la proporción (en cuanto al déficit público) [....] ha descendido sustancial y continuadamente y llegado a un nivel que se aproxima al valor de referencia, o el valor de referencia se sobrepasa sólo excepcional y temporalmente, y la proporción se mantiene cercana al valor de referencia;

b) si la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto rebasa un valor de referencia, a menos que la proporción disminuya suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia (véase apartado 2 del artículo 104 C del Tratado CE);

7. Lamenta que en algunos Estados miembros se dé la impresión de que hay que ahorrar «a causa de Maastricht», con lo que se daña la idea europea;

8. Subraya que el euro no puede introducirse contra la voluntad de los ciudadanos europeos y, por tanto, debe intensificarse el debate público sobre la moneda común y sus condiciones;

9. Subraya la necesidad de llevar a cabo, de modo regular, campañas de información sobre el euro con la participación de diputados al Parlamento Europeo y dirigidas a grupos específicos, con el fin de reducir la falta de información existente a escala europea sobre la Unión Monetaria y reforzar con ello la aceptación del euro;

10. Solicita a la Comisión Europea que, antes de finalizar 1996, presente una propuesta sobre la doble indicación de precios, necesaria desde el punto de vista de los consumidores;

11. Subraya que el comienzo con éxito de la tercera fase requiere que el Consejo, tras consultar al Parlamento de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 109 A del Tratado CE, nombre lo antes posible en 1998 al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y cree el BCE y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), habida cuenta de que a partir de la tercera fase el SEBC será responsable de la política monetaria común en el área del euro;

12. Acoge con satisfacción el guión (scénario) de la transición a la moneda única, aprobado por el Consejo Europeo celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995, y en especial el establecimiento irrevocable de los tipos de conversión, previsto para el 1 de enero de 1999, entre el euro y las monedas de los Estados miembros participantes; el euro y las monedas nacionales se convierten de este modo en manifestaciones de la misma moneda en el sentido económico;

13. Está convencido de que tras la fijación irrevocable de los tipos de conversión, en las transacciones sin dinero el euro se utilizará rápida y ampliamente como moneda escritural, ya que por parte del SEBC las transacciones en moneda extranjera se llevarán a cabo en euros y las nuevas emisiones públicas se harán en euros;

14. Considera que el paso previsto para el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2002, mediante la sustitución de las monedas y billetes nacionales por las monedas y billetes en euros, debería llevarse a cabo rápidamente, en la medida de lo posible, de golpe para evitar dobles contabilidades, generadoras de gastos, y precios paralelos, que encarecerían sensiblemente los costes para el comercio de venta por correspondencia y al por menor y las cotizaciones en bolsa de acciones y obligaciones;

15. Considera, por lo tanto, adecuado transformar en euros a partir del 1 de enero de 1999 la deuda pública y las cotizaciones de las acciones negociadas en los mercados, ya que la asistencia de dos cotizaciones, en las monedas nacionales y en euros, rebasaría las posibilidades de las bolsas y el desarrollo de las actividades;

16. Recuerda, precisamente en este contexto, que en la noche del 1 de julio de 1990, en el marco de la unificación alemana, la unión monetaria se realizó en este país mediante el cambio íntegro del marco de la RDA por el DM, de forma que no se produjeron dobles contabilidades ni precios paralelos en ambas monedas; una transformación monetaria lenta retrasa el proceso de aprendizaje de los agentes económicos, como se demostró a principios de los años 60 en Francia con el paso del «ancien franc» al «nouveau franc» y como, por el contrario, demostró la transición rapídisima y eficaz de la libra esterlina al sistema decimal;

17. Considera suficiente el período de tres años, del 1 de enero de 1999 al 1 de enero del 2002, en el que el euro se utilizará como moneda escritural y en el que los precios se podrían establecer en la moneda nacional y en euros para proporcionar información, con objeto de dar tiempo a que los usuarios se acostumbren a la nueva moneda;

18. Recomienda, en consecuencia, a las empresas de los sectores público y privado que preparen las adecuaciones de carácter técnico y organizativo para que el paso eficaz del dinero en efectivo al euro en los países participantes en la tercera fase de la UEM se lleve a cabo, en la medida de lo posible, en una fecha situada entre el 1 de enero y el 1 de julio del 2002;

19. Indica, a este respecto, que la necesidad de dinero en efectivo por parte de los ciudadanos y las empresas es cada vez menor, debido a la cada vez mayor difusión de los métodos de pago electrónicos, las tarjetas de crédito, y los chips, en la medida en que aumenta la utilización de los métodos de pagos electrónicos, por lo que, en virtud de la conversión, las grandes sumas se abonan en dinero escritural en euros, y las monedas y billetes en euros sólo se utilizan para importes de menor cuantía;

20. Subraya la necesidad de que, de conformidad con el apartado 3 del Artículo 109 F del Tratado CE, el IME especifique, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, el marco normativo, de organización y logístico necesario para que el SEBC desempeñe sus funciones en la tercera fase;

21. Considera indispensable que ya en 1997, pero a más tardar con la decisión sobre los países que participen en la tercera fase se establezca, mediante un reglamento, un marco jurídico inequívoco, vigente desde el primer día de entrada en vigor de la tercera fase para proporcionar a los usuarios seguridad jurídica en cuanto al estatus del euro y los tipos de cambio irrevocables;

22. Comparte la opinión del IME en cuanto a que este derecho comunitario derivado en el ámbito monetario se fije mediante un reglamento del Consejo, de conformidad con el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado CE, y es de la opinión de que el Parlamento debería emitir un dictamen al respecto por la vía de consulta no obligatoria;

23. Pide al IME y al Consejo que, al adoptar dicha legislación, respeten los principios de transparencia y de aceptación pública, garanticen la equivalencia jurídicamente vinculante del euro con las monedas nacionales y aprueben las disposiciones uniformes adecuadas para la aplicación de los tipos de conversión;

24. Considera imprescindible que, tras la creación del BCE antes del comienzo de la tercera fase, el Consejo de Gobierno del BCE fije lo antes posible el plazo para la introducción de las monedas y billetes en euros, ya que la confianza en el euro sólo es posible si todos los interesados son informados lo suficientemente pronto, y en este sentido es necesario coordinar estrechamente los esfuerzos de los bancos centrales nacionales, el IME y el futuro SEBC, como emisor del euro;

25. Indica que el sector público, al que corresponde casi la mitad del producto nacional bruto, y el sector privado deben colaborar rápida y estrechamente para que la transición pueda realizarse sin trabas;

26. Pide al IME y a la Comisión, con objeto de garantizar los tipos de conversión estables dentro de la Unión, que presenten las propuestas necesarias al Consejo con objeto de regular las relaciones monetarias entre los países del área del euro y los países que aún no lo son, para que las fluctuaciones de los tipos de cambio se reduzcan al mínimo y no se produzcan devaluaciones competitivas por parte de los Estados miembros que aún no pertenecen a la zona del euro; pide al Consejo que apruebe lo antes posible una resolución sobre el SME II, con objeto de proporcionar, al BCE y al SEBC, los poderes necesarios, y a los mercados, las condiciones marco en tiempo útil, que confieran solidez a sus expectativas;

27. Solicita al IME y a la Comisión que, con objeto de salvaguardar el principio de la solidaridad comunitaria, presenten las propuestas necesarias para que el Consejo adopte decisiones con el fin de que el coste de las medidas dirigidas a evitar las fluctuaciones excesivas de los tipos de cambio se distribuya equitativamente entre los Estados miembros de la Unión que pertenecen a la zona del euro y los que no pertenecen a la misma;

28. Reafirma su convencimiento de que el nuevo sistema monetario europeo que se introducirá con la tercera fase debe garantizar la estabilidad del euro y, al mismo tiempo, el desarrollo, vinculado a dicha estabilidad, de las otras monedas, con objeto de facilitar y acelerar su futura integración en el área del euro;

29. Subraya la necesidad de que los países que participan en la tercera fase pertenezcan al mecanismo de tipo de cambios del Sistema Monetario Europeo durante dos años, sin que se produzca una devaluación de su moneda con relación a la moneda de ningún otro Estado miembro y se respeten los márgenes normales de fluctuación (tercer guión del apartado 1 del Artículo 109 J);

30. Es de la opinión de que el euro debería servir como moneda de referencia a las monedas que desde el principio no pertenezcan a la zona del euro, si bien el sistema, que se operará de forma flexible con la colaboración del BCE, deberá contar con márgenes suficientemente amplios y permitir establecer márgenes más estrechos para los países cuya situación con respecto a los criterios de convergencia lo justifique;

31. Alienta a los Estados miembros que no participen desde el principio en la tercera fase a proseguir sus esfuerzos para cumplir los criterios de convergencia, ya que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 K del Tratado CE, el Consejo, cada dos años, o antes a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción, decidirá si entretanto el país en cuestión ha cumplido los criterios de convergencia, por lo que hasta el 1 de enero de 2002 todavía puede aumentar el número de los países que participen en la tercera fase;

32. Subraya, por ello, su determinación de hacer uso de sus prerrogativas en cuanto a la designación de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, de conformidad con el artículo 109 A del Tratado CE, y a seguir con atención la actividad del BCE y el SEBC, de conformidad con el artículo 109 B del Tratado CE, mediante la celebración de un debate general sobre la base del informe anual relativo a la actividad del SEBC; además, en caso necesario, su intención de pedir al Presidente o a los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que den las explicaciones pertinentes ante la comisión competente;

33. Señala que la transición a la moneda única conllevará en el plano internacional una mayor responsabilidad de la Unión en la conducción de los asuntos económicos y monetarios internacionales; por consiguiente, considera que hay una necesidad creciente de definir las modalidades de participación de la Unión en las organizaciones internacionales de carácter económico y financiero, concretamente el FMI y los bancos multilaterales o regionales de desarrollo (Banco Mundial, BERD, BID, etc.);

34. Considera indispensable que se adopte una hipótesis exterior de referencia sobre el desarrollo cronológico de la transición a la moneda única, con indicaciones sobre el calendario, las medidas de adaptación o coordinación y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y los órganos comunitarios;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al IME, a la Comisión, al Consejo, a los bancos centrales, a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.