COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Solicitud del Gobierno italiano de autorización para introducir una medida de excepción a la Directiva 92/81/CEE del Consejo, basada en el apartado 4 del artículo 8 de esa Directiva, respecto de un tipo reducido del derecho especial sobre el gasóleo de automoción para vehículos comerciales

1. Introducción

(a) De conformidad con la Directiva 92/81/CEE del Consejo, los Estados miembros deberán aplicar el sistema armonizado a las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos. Con arreglo al apartado 4 del artículo 8 de esa Directiva, el Consejo podrá autorizar a cualquier Estado miembro a introducir nuevas exenciones o reducciones del derecho por consideraciones de políticas específicas.

(b) En una serie de notas de la Oficina de la Representación Permanente italiana, que culminó en una nota recibida por la Secretaría General de la Comisión el 29 de junio de 1999, la Comisión fue informada de una medida encaminada a reducir el derecho especial sobre el gasóleo de automoción para determinados vehículos comerciales.

(c) En una nota de la Secretaría General de la Comisión con fecha de 28 de julio de 1999, se informó a los demás Estados miembros, de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva antes mencionada, de la medida propuesta por el Gobierno italiano. Con arreglo al mismo artículo, la Comisión o cualquier Estado miembro podrá solicitar que el Consejo considere el asunto.

2. Descripción de la medida

Italia ha modificado su sistema de derechos sobre los hidrocarburos para incorporar los niveles de impuestos basados en las emisiones de CO2 de los carburantes. Ello provocará un incremento anual del derecho sobre los hidrocarburos hasta el 2005.

Durante el mismo período, habrá una reducción equivalente de la actual sobretasa del impuesto sobre la circulación para los vehículos privados que funcionan con gasóleo. Ello hará que los costes operativos de estos vehículos permanezcan sin cambios. No obstante, los vehículos comerciales que funcionan con gasóleo no han sido objeto de la sobretasa especial y se enfrentarán a un incremento de los costes como resultado del incremento del derecho.

En consecuencia, las autoridades italianas desean introducir un mecanismo que permita a los transportistas de mercancías por carretera que transportan mercancías en nombre de terceros reclamar el derecho extra. Este concepto es similar al de otros regímenes ya aplicados en los Países Bajos y en Francia, aunque difiere en sus detalles, ya que sólo se aplica a los vehículos comerciales que funcionan con gasóleo y son conducidos por transportistas por cuenta ajena. No se aplicaría a los mismos vehículos utilizados por las empresas para transportar sus propias mercancías.

Por lo que respecta a los transportistas en el régimen fiscal italiano, el reembolso se efectuará utilizando un sistema de compensación, mensual o trimestral, inicialmente con carácter provisional utilizando las cifras de consumo equivalente del año anterior. Éstas se corregirán al final de cada ejercicio fiscal utilizando las cifras de consumo real. Los transportistas no italianos de la UE también podrán acceder al reembolso, pero tendrán que registrarse en el Ministerio de Transportes y presentar sus reclamaciones al Ministerio de Hacienda a través de un representante fiscal.

3. Dictamen de la Comisión

El procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE del Consejo permite a los Estados miembros introducir exenciones o reducciones en el derecho especial por consideraciones de políticas específicas.

La modificación del régimen fiscal efectuada por el Gobierno italiano se ha centrado en las preocupaciones medioambientales. El Gobierno ha informado a la Comisión de que el nuevo sistema hace posible armonizar el régimen de derechos sobre carburantes fósiles con las normas adoptadas por la Comisión Europea. Por otra parte, también suministra un mecanismo para gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de varios carburantes en función de su contenido en carbono, desalentando así el uso de los carburantes más contaminantes.

La excepción respecto del derecho especial solicitada por el Gobierno italiano consistiría en compensar a los transportistas que transportan mercancías en nombre de terceros por lo que se refiere a los costes adicionales que les cause el incremento del derecho especial sobre el gasóleo de automoción con arreglo al nuevo régimen fiscal, ayudándoles así a adaptarse a la nueva situación.

La Comisión había acordado anteriormente que las diferencias fiscales en el sector de los transportes son aceptables con arreglo a las normas de ayudas estatales en caso de que se destinen a la consecución de los objetivos acordados con arreglo a la Política de Transporte Común y en caso de que respeten también los tipos mínimos del derecho especial fijados en la Directiva 92/82/CEE del Consejo. Las diferencias fiscales que ayudan a conseguir ciertos objetivos medioambientales bien definidos se recogen en principio en esta categoría.

Con todo, la solicitud de una excepción por parte del Gobierno italiano limita la aplicación de la excepción a los transportistas de mercancías por carretera que transportan mercancías para terceros. Esta limitación introduce un factor discriminatorio que no existía en las anteriores excepciones. Ello implica que las empresas que utilizan sus propios vehículos comerciales que funcionan con gasóleo para transportar sus propias mercancías se hallan en una situación de inferioridad competitiva frente a los "transportistas por cuenta ajena".

A este respecto, la Comisión se remite también a la Decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto número C-6/97 (República Italiana/Comisión). Aquí la República Italiana fracasó en su intento de conseguir la anulación de la Decisión 97/270/CE de la Comisión, de 22 de octubre de 1996, relativa al régimen de crédito fiscal establecido por Italia en el sector del transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena.

En términos generales, el régimen ofrecía créditos fiscales a los transportistas italianos por carretera y compensaciones a los transportistas comunitarios no italianos para devolverles parte de sus costes de carburante. El objetivo del régimen era ayudar a los transportistas italianos por carretera que trabajaban por cuenta ajena, favoreciéndoles en relación con los transportistas por cuenta propia mediante una exención temporal del régimen general fiscal.

La Comisión consideró que ello constituía una exención que no estaba justificada por la naturaleza o el plan general del régimen, por lo que no se trataba de una medida general. La Comisión adoptó la Decision 97/270/CE, en la que se decía que el régimen de ayuda en favor de los transportistas por carretera por cuenta ajena introducido en forma de crédito fiscal era incompatible con el mercado común a efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado (actualmente, tras su modificación, artículo 87), por cuanto no cumplía ninguna de las condiciones para la exención establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 92.

La República Italiana intentó que esta decisión fuera anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; no obstante, en su sentencia de 19 de mayo de 1999, el Tribunal de Justicia falló que "procede por lo tanto desestimar las alegaciones basadas en que el régimen de crédito fiscal controvertido no posee el carácter de ayuda".

La Comisión reconoce que el régimen de crédito fiscal y la excepción relativa al derecho especial solicitado por el Gobierno italiano no son, por supuesto, idénticos. No obstante, la solicitud de una excepción tendría exactamente el mismo efecto que el régimen de crédito fiscal. Perturbaría el equilibrio de la competencia entre los transportistas por cuenta propia y los transportistas por cuenta ajena al proporcionar ayuda únicamente a los de esta última categoría.

Por otra parte, la Comisión considera que el procedimiento propuesto para la devolución de los incrementos del derecho especial sobre el gasóleo a los transportistas no italianos les impone, al parecer, una nueva carga administrativa, y podría también retrasar el reembolso del importe correspondiente del impuesto, teniendo así un efecto discriminatorio adverso sobre ellos.

4. Conclusión

Las diferencias tributarias en el sector del transporte pueden ser aceptables con arreglo a las normas de ayuda estatal si se destinan a garantizar la consecución de los objetivos acordados con arreglo a la Política de Transporte Común, incluidos los objetivos medioambientales, y también a respetar los tipos mínimos del impuesto especial establecidos en la Directiva 92/82/CEE del Consejo. En consecuencia, la Comisión puede aceptar el principio de diferencias fiscales que se apliquen de manera no discriminatoria y tratar de compensar temporalmente a las compañías y ayudarlas a adaptarse a los costes adicionales que tienen que soportar como resultado de un cambio del régimen fiscal por razones medioambientales.

No obstante, la Comisión tiene objeciones fundamentales de cara a la aplicación de esta solicitud de excepción por parte de Italia. Aunque pretende conceder una compensación para contrarrestar los incrementos de los impuestos derivados de un cambio hacia un régimen fiscal que respeta más el medio ambiente, sólo se aplica al transporte por carretera de los transportistas dedicados al transporte de mercancías para terceros. Ello implica que las empresas que utilizan sus propios vehículos comerciales que funcionan con gasóleo para transportar sus propias mercancías se hallan en una situación de inferioridad respecto de los transportistas por cuenta ajena. Esta limitación introduce un factor discriminatorio que no existe en otras excepciones similares concedidas por el Consejo a otros Estados miembros.

Por otra parte, la Comisión considera que el procedimiento propuesto para la devolución de los incrementos del derecho especial sobre el gasóleo a los transportistas no italianos les impone, al parecer, una nueva carga administrativa, y podría también retrasar el reembolso del importe correspondiente del impuesto, teniendo así un efecto discriminatorio adverso sobre ellos.

A la vista de estas objeciones fundamentales, la Comisión solicita que el Consejo considere el asunto con arreglo al tercer párrafo del apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE.