A4-0389/96

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado: un elemento fundamental de la sociedad de la información (COM(96)0073 - C4-0205/96)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo (COM(96)0073 - C4- 0205/96),

- Vistas sus Resoluciones de 20 de abril de 1993 sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia la orientación por los costos y el ajuste de las estructuras de los precios - Estudio sobre las tarifas de las telecomunicaciones en la Comunidad» ((DO C 150 de 31.5.1993, pág. 37. )), 7 de abril de 1995 ((DO C 109 de 1.5.1995, pág. 310.)) y 19 de mayo de 1995 ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 479.)) sobre el «Libro Verde sobre la liberalización de la infraestructura de las telecomunicaciones y las redes de televisión por cable,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A4-0389/96),

A. Recordando que la posibilidad de que todos accedan a los servicios esenciales a un precio asequible y en condiciones de calidad satisfactorias, con arreglo al estado de la tecnología disponible en el mercado, es una condición explícita de su apoyo al proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones en curso,

B. Observando que los rasgos fundamentales del servicio universal no pueden vincularse mecánicamente a la apertura de la competencia, ya que ésta no puede garantizar por sí sola la universalidad del servicio, y que, aunque las fuerzas del mercado y la competencia sean susceptibles de permitir una mejor asignación de recursos, de movilizar importantes inversiones y de ofrecer mejores precios a los usuarios, estos instrumentos tienen a veces sus límites y pueden ofrecer el riesgo de excluir a parte de la población de sus beneficios y de no fomentar la cohesión social y territorial,

C. Considerando que el acceso, en el marco del servicio universal de las telecomunicaciones, a las redes y servicios acorde con el estado de las tecnologías disponibles en la actualidad en el mercado es una condición indispensable para el desarrollo de una sociedad de la información que otorgue las mismas oportunidades a todos,

D. Recordando que las obligaciones de carácter general vinculadas al ejercicio de actividades en el sector de las telecomunicaciones, en particular las relativas a la protección de datos y a la intimidad de las personas, la conservación del medio ambiente y a la información gratuita de la persona que efectúa la llamada en caso de cambio de número de un abonado, son de aplicación en cualquier circunstancia,

1. Manifiesta su extrañeza por el hecho de que la comunicación de la Comisión haya tardado hasta 1996 para emprender la definición del servicio universal, mientras que las medidas legislativas de liberalización del sector están casi concluidas;

2. Aprueba, no obstante, la preocupación de la Comisión por garantizar la coherencia entre los enfoques nacionales en materia de servicio universal, para evitar la creación de nuevas barreras relacionadas con las distintas necesidades;

3. Insiste en primer lugar en que es importante velar por que -como consecuencia de la plena liberalización del mercado- no se produzca en el marco del servicio universal ningún retroceso en la oferta de servicios, y en que la liberalización del sector de las telecomunicaciones ha de poder ofrecer un verdadero valor añadido a todos los ciudadanos de la Unión;

4. Celebra también toda iniciativa en el sentido del reconocimiento de la función específica de los servicios de interés general y se manifiesta a favor de la introducción de un artículo sobre los servicios públicos en el Tratado CE;

5. Toma nota de que la Comisión, en su propuesta de directiva que reemplazará a la Directiva 95/62/CE ((DO L 321 de 30.12.1995, pág. 6)) sobre telefonía vocal establece claramente cuáles son los servicios de base y los niveles de calidad definida que constituyen las obligaciones de servicio universal, cuyo coste deberá poder ser repartido entre los operadores en el mercado que la legislación comunitaria determine, lo que resulta positivo para la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones, y admite que esta lista corresponde actualmente en esencia a un nivel mínimo que deberá ser mejorado en el futuro, y se congratula al observar que dicha propuesta incluye referencias precisas a los criterios de calidad, así como a la garantía de unas tarifas asequibles, pero opina que la definición del carácter asequible de las tarifas, habida cuenta de las distintas situaciones nacionales, debería ser competencia comunitaria y no estar sujeta a la apreciación arbitraria de los Estados miembros;

6. Pide a la Comisión y al Consejo que busquen una coherencia máxima, a nivel jurídico, entre todas las disposiciones que regulan de alguna manera la definición del servicio universal, el cálculo de su coste y su financiación y, especialmente, señala la necesidad de lograr una total adecuación entre las disposiciones de la futura propuesta de directiva que reemplazará la actual Directiva 95/62/CE sobre telefonía vocal y la futura directiva relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal;

7. Manifiesta su convicción de que, para garantizar el éxito de la transición de Europa a la sociedad de la información, tanto a los ciudadanos como a los agentes les interesa que la definición del servicio universal a nivel europeo sea lo más amplia posible y evite el recurso a un abanico dispar de opciones nacionales, dado que la Unión posee la dimensión geográfica adecuada para realizar la elección colectiva de poner el progreso tecnológico al servicio de la democracia y de la cohesión;

8. Considera, por tanto, que la Unión Europea debe darse cuenta de que la introducción de nuevos servicios avanzados en escuelas, bibliotecas, centros públicos de comunicaciones y el resto de las instituciones públicas es un aspecto importante de la naciente sociedad de la información, y de que se debería introducir una «estrategia referente al acceso público»; por tanto, pide a la Comisión que elabore un documento sobre una estrategia coherente de acceso universal;

9. Considera, por consiguiente, que la lista propuesta por la Comisión debe entenderse como un umbral mínimo, pero por el momento real, de servicio para todo el territorio comunitario, pero no como un objetivo válido para cada uno de los Estados miembros, en la medida en que el nivel de expectativas de los usuarios, así como el nivel de desarrollo de los servicios disponibles y de los diversos usos del mercado, justifica la disponibilidad de prestaciones diversificadas según los Estados miembros; considera asimismo que los Estados miembros deben ser libres, hasta cierto punto, para exigir a los operadores que ejercen su actividad en su territorio obligaciones adicionales; si se exigen obligaciones adicionales, esto no debe repercutir en el cálculo de los costes del servicio universal, tal como se ha establecido a nivel comunitario; considera también que los operadores no deben empezar a pagar las obligaciones adicionales hasta que esto pueda exigírseles de forma razonable; subraya que esas obligaciones adicionales no pueden constituir en ningún caso un obstáculo para el desarrollo de una competencia efectiva ni pueden ofrecer la posibilidad de proteger posiciones dominantes en el mercado;

10. Destaca que la fijación del precio de costo del servicio universal es esencial para el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones y pide, por tanto, a la Comisión que desarrolle modelos para determinar el precio de costo del servicio universal y que incorpore estos modelos a la legislación europea;

11. Considera, en particular, que la toma en cuenta de los usuarios y de las zonas geográficas menos favorecidas por medio de tarifas preferentes, la disponibilidad de accesos públicos a las redes y a los servicios gracias a una densidad suficiente de cabinas públicas, teniendo en cuenta las condiciones demográficas y sociales, forman parte integrante de las prestaciones que los Estados miembros deben integrar en su puesta en práctica del servicio universal;

12. Pide que el informe anual que la Comisión ha de elaborar a partir del 1 de enero de 1998 y que contendrá una visión global del alcance, la oferta, la calidad y la asequibilidad de los servicios, informe también sobre los problemas y obstáculos característicos de cada país por lo que se refiere al desarrollo y la introducción del servicio universal (por ejemplo, actividades transfronterizas), de modo que se pueda percibir una evolución coherente a nivel de la Unión; opina que este informe debe ofrecer además un resumen de la situación a nivel internacional y del debate sobre el servicio universal y contenga una lista de modelos de mejores prácticas nacionales en este ámbito;

13. Considera necesario que se desarrolle un modelo de actualización para la revisión periódica de la lista de los servicios universales en función de la evolución de la tecnología y del mercado, de forma que esa lista pueda ampliarse en un plazo razonable, en particular a la RDSI, o a otros tipos de alto rendimiento, así como a determinadas formas de telefonía móvil, así como que se establezca ya ahora un calendario con este fin;

14. Considera que, entre los servicios básicos, debe figurar la garantía de efectuar llamadas locales de duración normal por un precio asequible;

15. Indica que los servicios de devolución de llamada o de información sobre los cambios de número de un abonado, estén o no incluidos entre los servicios básicos, deben crearse de conformidad con las disposiciones relativas a la protección de los datos personales;

16. Insiste en que los operadores del servicio universal tengan en cuenta el carácter multicultural y multilinguee de los Estados miembros de la Unión;

17. Considera que existe el riesgo de que el servicio universal se limite a la lista mínima mencionada más arriba, en caso de que las prestaciones adicionales no se pudieran financiar con cargo al servicio universal mediante el mecanismo previsto a tal efecto;

18. Considera que este riesgo es mucho más real que el riesgo que menciona la Comisión de distorsiones significativas en el mercado interior provocadas por las exigencias nacionales correspondientes a prestaciones adicionales, las cuales, por otro lado, están sujetas a la censura de la Comisión sin necesidad de una normativa específica previa;

19. Considera que, de llegar a producirse dichas distorsiones, perjudicarían en primer lugar a las empresas del Estado miembro en cuestión, frente a las empresas de la competencia que ofrecen sus servicios a partir de otros Estados miembros, lo que es responsabilidad del Estado miembro afectado y no contraviene el Tratado, en particular su artículo 6, según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

20. Destaca que los proveedores de servicios de portadora y de red, incluidos los proveedores de servicios de telefonía móvil, deberían participar en la financiación del servicio universal, de forma que los contribuyentes no se limiten a los proveedores de servicios de telefonía vocal o de servicios interconectados a la red pública; insta a la Comisión a que elabore un estudio, antes de fines de 1997, que determine si podrían contribuir a la financiación del servicio universal otros beneficiarios del proceso de liberalización, incluidos los nuevos proveedores de servicios y, en caso afirmativo, en qué medida podrían hacerlo;

21. Insta a la Comisión a que presente rápidamente una propuesta de directiva sobre la financiación del servicio universal y a este respecto hace referencia a su Resolución precitada de 19 de mayo de 1995, en la que se aboga a favor de la creación de un fondo para el servicio público, a fin de financiar, «sobre la base de los costes reales, el gasto de la provisión del servicio universal; dichos fondos habrán de ser aportados por todos los operadores de infraestructura y servicios proporcionalmente a sus respectivas participaciones en el mercado y el beneficio bruto de sus ingresos»;

22. Observa que, en un contexto dominado por la constante disminución de los costes tecnológicos y el atractivo del sector para los inversores, las repercusiones financieras del servicio universal pueden parecer limitadas con respecto al volumen de negocios previsible para el sector de las telecomunicaciones, pero que en algunos países, debido a la distribución de la población en el territorio, asociada a un alto nivel de implantación del teléfono, las repercusiones reales pueden ser bastante más amplias, en particular, para llevar a todos los ciudadanos las nuevas aplicaciones esenciales, lo cual supone que, tanto la población de contribuyentes como el conjunto de redes y servicios en cuestión reflejan el estado de la tecnología y del mercado;

23. Considera que los operadores de redes de telecomunicaciones dispuestos a prestar el servicio universal en todo el territorio de un Estado miembro deben poder hacerlo utilizando los medios técnicos y comerciales que deseen y deben poder beneficiarse de la correspondiente financiación, siempre que ello se justifique por la extensión y el carácter de la zona geográfica en cuestión;

24. Considera, en consecuencia, que la financiación del servicio universal debe llevarse a cabo en todos los casos mediante un mecanismo financiero gestionado por el Estado miembro, con independencia del organismo u organismos encargados de prestar el servicio universal;

25. Propone una iniciativa para ofrecer a todos los ciudadanos un acceso en principio gratuito a través de Internet a los documentos oficiales de las diferentes instituciones de la Unión (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo, etc.) y de los Estados miembros;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.