c. Integración en la acción exterior de la UE: el planteamiento y objetivos de la Agenda Europea de Lucha contra la Droga deberán seguirse de forma coordinada e integrada con la acción exterior de la UE. A medida que evolucionan las amenazas y los desafíos en materia de seguridad, la seguridad interna y la externa están cada vez están más interconectadas. Por lo tanto, para proteger a los ciudadanos de la UE de los problemas relacionados con las drogas se necesita coherencia y una cooperación estrecha, según corresponda, entre los objetivos de la Agenda Europea de Lucha contra la Droga y la acción exterior de la UE. En el ámbito de las drogas, la acción exterior de la UE deberá basarse en los principios de responsabilidad compartida, multilateralismo y respuestas globales coordinadas, que se complementan y se refuerzan mutuamente.

La evaluación de la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) y sus dos correspondientes Planes de Acción consecutivos ha confirmado que el fenómeno de la droga y los retos que plantea tienen que seguir siendo abordados a nivel nacional, internacional y de la UE. Entre sus conclusiones, cabe destacar que los aspectos sanitarios y de seguridad relacionados con los mercados de drogas ilegales siguen siendo fundamentales para tratar elementos más amplios y horizontales del fenómeno de la droga. Debemos partir del trabajo realizado en el pasado en el marco de la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga y recogido por las agencias especializadas de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, especialmente en lo que respecta a coordinación y cooperación, discurso y análisis activos, diálogo y cooperación reforzados y cooperación en la escena internacional, así como mejor comprensión de todos los aspectos del fenómeno de la droga y del impacto de las intervenciones. La UE necesita un cambio de paradigma en su política de lucha contra la droga. Por lo tanto, esta Agenda refuerza el planteamiento de la UE ante las drogas y da lugar a una agenda política valiente en materia de drogas que dé impulso a cambios concretos y ambiciosos. Intensifica los esfuerzos en todos los aspectos de la política sobre drogas, en particular en el ámbito de la seguridad, reforzándola y delineando acciones concretas para abordar las deficiencias existentes.

El mercado de las drogas está cada vez más digitalizado. Tanto los mercados de la Internet visible como de la oscura se utilizan para la venta en línea de drogas, al igual que las redes sociales y las aplicaciones de comunicación móvil. El uso de estas tecnologías ha facilitado significativamente la distribución de drogas, de nuevas sustancias psicoactivas, de precursores y de los equipos necesarios para la producción de drogas, y ha creado nuevos retos para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para la salud pública. El tráfico de drogas por medio del correo ordinario y urgente afecta a todos los Estados miembros, y algunos países están detectando un aumento considerable de las cartas y los paquetes que contienen drogas. La ruta específica de los envíos postales puede variar mucho, tanto en rutas directas desde el origen al destino como en rutas que pasen por centros de tránsito de la UE y por lugares no pertenecientes a la UE. Estos envíos postales pueden tener su origen dentro de la UE o cruzar las fronteras exteriores de la UE.

2.2. Cruces ilícitos o no declarados de las fronteras de la UE.

Los mercados de drogas de la UE tienen que ser considerados desde perspectivas tanto globales como regionales. Existen retos específicos asociados a distintas regiones que hacen que determinados puntos de entrada y salida de la UE por mar, tierra o aire tengan una alta prioridad en relación con el tráfico ilícito de drogas y precursores de drogas al por mayor, el cual incluye productos químicos y precursores nuevos y no sujetos a control ni seguimiento. Especial atención merecen los «precursores de diseño», ya que estos productos químicos se utilizan en la actualidad principalmente para la producción en la UE de drogas sintéticas ilegales y plantean retos específicos para las autoridades policiales. Los puntos de entrada y salida (núcleos) usados para el tráfico de drogas en contenedores o mercancías pueden provocar perturbaciones del comercio de la UE, promover la corrupción y dificultar el buen gobierno. Además, las fronteras exteriores de la UE (marítimas, terrestres y aéreas) presentan vulnerabilidades inherentes que pueden ser aprovechadas en el contexto del comercio de drogas. Concretamente, los dominios marítimos y aéreos que circundan las fronteras de la UE tienen una importancia estratégica a efectos de control debido a las posibilidades de abuso por parte de los traficantes de drogas. Más del 70 % de las fronteras exteriores de la UE son marítimas.

En segundo lugar, la atención debe dirigirse al seguimiento, embargo y decomiso de los enormes beneficios ilegales procedentes del tráfico de drogas y los delitos relacionados, con el fin de acabar con la capacidad de los grupos de delincuencia organizada de participar en actividades delictivas futuras e infiltrarse en la economía legal. Con el fin de combatir de forma eficaz el tráfico de drogas, debemos garantizar que los beneficios ilegales no vuelven a la cadena de suministro de drogas y no posibilitan conductas delictivas como la corrupción y la violencia u otras formas de delincuencia grave y organizada, como la trata de seres humanos o incluso el terrorismo. Adicionalmente, deberán considerarse también las medidas para limitar el uso delictivo de instrumentos que permitan el comercio de drogas, como equipos de laboratorio destinados a la producción de drogas, armas de fuego, documentos falsificados y tecnología de cifrado. Por último, los instrumentos y productos incautados o decomisados procedentes de infracciones penales relacionadas con las drogas podrían usarse para dar apoyo a medidas de reducción de la oferta y la demanda de drogas.

La naturaleza de los mercados de drogas es transfronteriza, y es frecuente que los grupos de delincuencia organizada relacionados con las drogas participen en distintas actividades delictivas. En la UE, más de un tercio de estos grupos participan directamente en los mercados de drogas, y de ellos aproximadamente dos tercios tienen vínculos con actividades delictivas más amplias, incluida la corrupción y el blanqueo de capitales, que posibilitan sus actividades. El tráfico ilícito de drogas también está relacionado con otras actividades delictivas graves, por ejemplo, la trata de seres humanos, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas de fuego, así como el comercio de medicamentos falsificados, de escasa calidad o no autorizados. En algunos casos concretos se han identificado posibles vínculos con el terrorismo y la financiación del terrorismo.

Por consiguiente, deberá darse prioridad a medidas empíricamente contrastadas de prevención y apoyo a grupos en riesgo de experimentar con drogas y desarrollar un patrón de consumo a partir de la comprensión científica de qué personas presentan un mayor riesgo y qué planteamientos han demostrado mayor eficacia. Un grupo objetivo importante para las actividades de prevención serán los centros educativos y los jóvenes. Sin embargo, también se requiere especial atención para los grupos identificados como particularmente vulnerables, que incluyen a menores y jóvenes que viven en familias cuyos padres tienen un historial de trastornos de abuso de sustancias, a personas con trastornos de la salud mental, a personas afectadas por distintos tipos de síndromes de fatiga/dolor crónico, a personas sin hogar, a migrantes y menores no acompañados y a jóvenes implicados en el sistema de justicia penal. También es necesario tener en cuenta las necesidades de las mujeres vulnerables a problemas con las drogas.

La demanda de drogas ha ido en aumento. La naturaleza ilegal del mercado de la droga implica que los consumidores de drogas pueden verse expuestos a gran variedad de daños, que también pueden extenderse a sus familias y comunidades. Por lo tanto, son fundamentales los programas globales de prevención y concienciación. En este sentido, ya hay un gran número de programas disponibles dedicados a la detección y la intervención temprana, a la promoción de estilos de vida saludables y a la prevención, incluidos programas financiados por distintos fondos de la UE. No obstante, se necesitan estrategias de prevención adicionales que generen resiliencia entre la población general, además de dirigirse a los más vulnerables. A pesar de los programas que ya están en marcha, estas estrategias son deficientes en algunos aspectos o incluyen medidas cuya eficacia carece de una base empírica sólida. La violencia ocasionada por el comercio de drogas, incluidos los homicidios, y el funcionamiento de los mercados de drogas en lugares públicos contribuyen a la sensación de inseguridad en las comunidades. Los datos sobre homicidios relacionados con las drogas parecen sugerir que se trata de un fenómeno significativo en varios países de la UE. Dados los cambios en el modelo de negocio utilizado por los grupos de delincuencia organizada, existe en la actualidad un riesgo cada vez mayor de que el mercado de drogas europeo sea un factor causante del aumento de la violencia en nuestras comunidades, así como de las prácticas corruptas dentro de la UE. Las medidas de confinamiento por la COVID-19 podrían agudizar esta tendencia, al aumentar la rivalidad entre bandas relacionadas con las drogas.

6. Mejora de las opciones de acceso al tratamiento que cubran las distintas necesidades de salud y rehabilitación de las personas que experimentan daños causados por el consumo de sustancias

El consumo problemático de sustancias es una enfermedad crónica y, con frecuencia, recurrente, que puede causar daños significativos no solo a la persona afectada, sino también a su familia y al conjunto de la comunidad. Entre las personas que consumen drogas es habitual el policonsumo, que puede aumentar los riesgos para la salud y dificultar la aplicación de intervenciones eficaces. Entre las personas cuyo consumo ha devenido en dependencia, son comunes los problemas de salud mental y las comorbilidades físicas, y muchos experimentarán problemas a la hora de conservar empleos estables o viviendas seguras. No obstante, en muchos países la disponibilidad de tratamientos contra la adicción sigue siendo demasiado limitada y existen barreras que dificultan el acceso al tratamiento. También es importante reconocer que los servicios de tratamiento contra la adicción tienen que colaborar con otros servicios sanitarios y de asistencia social. Se necesitan servicios globales integrados que reconozcan el consumo de sustancias como un problema sanitario y que también utilicen aportaciones de otros servicios sanitarios y de asistencia social, como los relativos a las necesidades en materia de vivienda, empleo o educación. Este aspecto será cada vez más importante debido al impacto social y económico de la pandemia de la COVID-19.

Por estos motivos es necesario abordar las barreras de acceso a los tratamientos, garantizando que los servicios sanitarios y sociales tengan suficiente disponibilidad y sean adecuados a las necesidades de sus grupos de pacientes. Las barreras de acceso deberán reducirse en función de las características principales del grupo objetivo, tales como factores demográficos (p. ej., edad, género, educación, nivel cultural), situacionales (p. ej., pobreza, circunstancias familiares, círculo social, estatus migratorio) y personales (p. ej., salud física y mental, bienestar psicológico). También deberán valorarse opciones de asesoramiento y tratamiento que aborden las necesidades específicas de los menores.

En segundo lugar, es necesario adoptar medidas para mejorar la identificación y abordaje de las barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a servicios de tratamiento y rehabilitación y mantener su participación en ellos. Estas barreras incluyen violencia doméstica, traumas, estigmas, problemas de salud física y mental y cuestiones relacionadas con el embarazo y el cuidado de los hijos, y pueden verse agravadas por los factores demográficos, situacionales y personales anteriormente indicados. Una prestación eficaz de los servicios deberá ser sensible a las necesidades y experiencias vitales específicas de las mujeres con problemas de drogas y reconocer que los patrones de consumo y problemas de drogas pueden ser distintos a los observados en hombres, incluida una posible incidencia superior de problemas asociados con el uso de medicamentos de venta con receta. También es necesario valorar la provisión de servicios solo para mujeres u otras formas de asistencia especializada, como la colaboración estrecha con proveedores de asistencia sanitaria y servicios que trabajen con mujeres vulnerables o víctimas de violencia doméstica.

En tercer lugar, se deberá reconocer la diversidad evidente entre los consumidores de drogas, y adoptar medidas para prestar servicios que puedan abordar esta diversidad y reflejar las necesidades de distintos grupos en relación con el consumo problemático de drogas. Los grupos específicos con necesidades más complejas incluyen: El segmento de personas mayores de consumidores de larga duración, personas con comorbilidades de salud mental y consumo de sustancias, personas sin hogar y mujeres vulnerables. La interacción eficaz con estos grupos requiere modelos asistenciales que reconozcan la necesidad de asociaciones de servicios transversales entre proveedores de servicios sanitarios y de asistencia social y los grupos de pacientes/cuidadores.

Ámbitos prioritarios: 6.1. Acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación cubiertos en función de las necesidades personales. 6.2. Tratamientos dirigidos a las necesidades específicas de las mujeres. 6.3. Modelos asistenciales adecuados para grupos con necesidades más complejas.

7. Aumento de la eficacia de las intervenciones de reducción de riesgos y daños para proteger la salud de los consumidores de drogas y del público

Proteger a los consumidores de drogas y al público de los daños asociados con el consumo de drogas requiere un marco de intervención que aborde distintas áreas de daños y riesgos potenciales y que pueda ayudar a mejorar los resultados sanitarios y sociales a lo largo del tiempo. Algunos objetivos potenciales de las intervenciones en esta área incluyen las medidas para reducir el riesgo de infecciones de VIH/sida o hepatitis vírica entre las personas que se inyectan drogas y los planteamientos que alienten a los consumidores de drogas a adoptar conductas de menor riesgo y promuevan objetivos de salud y seguridad. También son importantes los efectos a largo plazo del consumo de drogas en los cerebros jóvenes y todavía en desarrollo, como es el caso de los adolescentes. Deberán reforzarse las medidas para limitar el riesgo de accidentes automovilísticos entre las personas que conducen bajo los efectos de las drogas o de una combinación de drogas y alcohol. Un marco de reducción de daños deberá priorizar la presentación de alternativas a las medidas coercitivas que puedan ayudar a reducir los niveles de consumo de sustancias y las tasas de reincidencia, así como aliviar la carga financiera y administrativa y los costes sociales.

A la vista de esto, es necesario expandir las iniciativas de reducción de daños. Los programas de intercambio de agujas y jeringuillas, los tratamientos de sustitución de opioides, las salas de consumo y otras medidas innovadoras de reducción de daños que han demostrado su eficacia empíricamente, así como las pruebas accesibles para la detección del virus de la hepatitis C (VHC) pueden ser intervenciones eficaces que eviten infecciones transmitidas por la sangre entre personas que se inyectan drogas. Se trata de intervenciones clave destinadas a erradicar la epidemia de VIH/sida y eliminar la amenaza que la hepatitis vírica representa para la salud pública entre las personas que se inyectan drogas, ya que evitan nuevas infecciones y también presentan una oportunidad para acercarse a poblaciones de riesgo, invitarlas a que se hagan pruebas y ponerlas en contacto con servicios de asistencia.

En segundo lugar, el uso indebido de medicamentos controlados de venta con receta puede afectar a personas de todos los grupos sociales, de distintos entornos y comunidades. Causa especial preocupación la desviación de medicamentos de sustitución para el tratamiento de la dependencia de los opioides de su uso previsto en tratamientos contra la adicción a un uso no médico mediante su venta en los mercados de drogas ilegales. También existen preocupaciones respecto al potencial del uso indebido de otros medicamentos psicoactivos, especialmente los analgésicos. Otro problema es la fabricación ilícita de sustancias medicinales y su obtención de proveedores en línea fuera de la UE. El uso de sustancias desviadas se ha asociado con sobredosis, tanto mortales como no mortales, así como con un mayor nivel de dependencia, frecuentemente de opioides. No obstante, también es importante que los planteamientos a este respecto garanticen la disponibilidad de medicamentos y otras sustancias controladas para los fines terapéuticos y científicos oportunos.

En tercer lugar, la cooperación con terceros países, regiones y organizaciones regionales pertinentes también deberá abordar los aspectos relacionados con la salud del problema de las drogas, especialmente los efectos de las intervenciones de reducción de la oferta y la demanda en los consumidores de drogas y en el público. El tratamiento, la reducción de daños y las alternativas a las sanciones coercitivas deberán ser puntos permanentes en las agendas de los diálogos específicos sobre drogas con terceros países o regiones en los que estas medidas todavía no hayan sido implantadas.

En cuarto lugar, conducir bajo los efectos de las drogas constituye un problema de seguridad vial, ya que las drogas limitan la capacidad de conducir, aumentando el riesgo de accidentes. Se necesitan esfuerzos adicionales para mejorar las pruebas a personas que conduzcan bajo los efectos de las drogas. Además, se requiere concienciación para poner de relieve los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas. Esta área requiere investigación y desarrollo adicionales para identificar y evaluar respuestas políticas y operativas eficaces, incluido el desarrollo de métodos de prueba y herramientas más económicas para la detección de drogas.

En quinto lugar, aunque todos los Estados miembros emplean al menos una medida considerada alternativa a las sanciones coercitivas, es necesario redoblar los esfuerzos y generalizar la aplicación de alternativas eficaces a las multas coercitivas para delincuentes toxicómanos. Esta área requiere datos más exhaustivos y detallados.

En sexto lugar, las sobredosis y otras formas de mortalidad evitable asociadas con el consumo de drogas son el daño más extremo que puede causar el consumo de drogas. La intervención eficaz para reducir las sobredosis de drogas sigue siendo una clara laguna en las respuestas actuales, y el número de sobredosis mortales sigue siendo elevado en muchos países e incluso está en aumento en algunos. A pesar de algunos avances potencialmente importantes realizados recientemente, como por ejemplo el uso más amplio de antagonistas de los opioides como la naloxona, sigue siendo imperativo garantizar su disponibilidad y promover su uso adecuado en las respuestas o intervenciones relacionadas con sobredosis de drogas. Además, existen retos respecto a la obtención de datos exhaustivos de muertes por sobredosis en toda la UE, por motivos que incluyen la escasez sistemática de informes, la falta de capacidad toxicológica y el uso de procesos de registro que causan retrasos en las notificaciones.

Ámbitos prioritarios: 7.1. Enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas. 7.2. Uso indebido de medicamentos y acceso a sustancias controladas exclusivamente para fines médicos y científicos y su posible desviación. 7.3. Cooperación internacional dirigida a proteger la salud de los consumidores de drogas. 7.4. Conducción bajo los efectos de las drogas. 7.5. Alternativas a las multas coercitivas. 7.6. Sobredosis y muertes relacionadas con las drogas.

8. Desarrollar un planteamiento equilibrado e integral respecto al consumo de drogas en centros penitenciarios (reducción de la demanda y restricción de la oferta)

Los consumidores de drogas representan una gran parte de la población penitenciaria general. La mayoría de los presos han consumido drogas ilegales en algún momento de sus vidas, y pueden presentar patrones de consumo de drogas crónico o problemático. Aunque algunas personas cesan o reducen su consumo de drogas cuando son internadas en un centro penitenciario, otras inician en ese momento su consumo de drogas o participan en conductas más dañinas. Además de los elevados niveles de problemas de drogas, los presos también padecen de peor salud que la población general, con una mayor prevalencia de infecciones transmitidas por la sangre, así como tasas más elevadas de enfermedades mentales. Para los consumidores de opioides, el riesgo de morir de una sobredosis aumenta considerablemente en el período posterior a la excarcelación debido a las elevadas tasas de recaída y a la tolerancia reducida a los opioides. Es necesario identificar y desorganizar los distintos canales que suministran drogas a los centros penitenciarios y a las personas que mantienen estos canales.

Por lo tanto, se deberán prestar servicios de tratamiento, rehabilitación y recuperación para delincuentes toxicómanos que estén en centros penitenciarios y una vez que los abandonen, así como, por último, apoyar su reinserción en la sociedad. Desarrollar un modelo de atención sanitaria continuada adecuado para cada Estado miembro, centro penitenciario y servicio de libertad vigilada podría ser esencial para que los presos puedan acceder a la gama de apoyos que necesitan para alcanzar sus objetivos personales de recuperación mientras están en la cárcel, reducir los riesgos y promover la interacción continuada con los servicios de tratamiento y rehabilitación una vez cumplida su condena.