Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe"

(2002/C 94/10)

Los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre "Las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe".

La Sección de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de enero de 2002 (ponente: Sr. Gafo Fernández).

En su 388o Pleno de los días 20 y 21 de febrero de 2002 (sesión del 21 de febrero) el Comité Económico y Social ha aprobado por 92 votos a favor y 2 votos en contra el presente Dictamen.

1. Introducción: los antecedentes históricos

1.1. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe nacen como consecuencia de la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Son unas relaciones concebidas inicialmente en un plano bilateral preferentemente económico, es decir centradas en los temas de comercio considerando a cada país de América Latina y el Caribe en una dimensión individual y, además, con unos comienzos relativamente difíciles.

1.2. Desde 1970 hasta comienzos de los años 90, Europa, la Unión Europea, fue una región centrada en digerir el crecimiento de tres ampliaciones que duplicaron el número de países miembros, introdujeron diferencias culturales y económicas muy significativas y comenzaron a poner en aprietos a las Instituciones Comunitarias pensadas para un número inicial reducido de países mucho más homogéneos. Además, las dos crisis energéticas de 1973 y 1979 obligaron a un profundo esfuerzo de reconversión de la industria europea y a resolver la crisis de un alto desempleo, con un régimen muy solidario de protección social no concebido inicialmente para dichas tasas tan elevadas de paro. La Unión Europea tuvo, por tanto, durante esos años, una visión orientada más hacia sí misma que hacia el exterior.

1.3. Sin embargo, algunos elementos parecían apuntar un cambio en esta situación. El primero fue la firma de los Convenios de Lomé con los países de África, el Caribe y el Pacífico, con lo que se creó un mecanismo de solidaridad centrado en lo económico pero que al mismo tiempo, de forma incipiente, comienza a tener una dimensión social. Asimismo, en el ámbito individual de los Estados miembros de la Unión Europea comienzan a desarrollarse mecanismos comerciales y de cooperación con numerosos países de América Latina y el Caribe que empiezan a reforzar, aunque todavía de manera descoordinada, la presencia europea en la región. Todo ello lleva a que la Unión Europea empiece a desarrollar un embrión de estrategia hacia América Latina y el Caribe, centrada en tres ejes: la cooperación al desarrollo como elemento central de la misma, la concesión de ciertos beneficios comerciales a través del Sistema de Preferencias Generalizadas y la consideración de una cierta armonización subregional de estas actuaciones. Asimismo, desde 1984 se comienzan a establecer relaciones institucionales regulares con los países de Centroamérica, el llamado Diálogo de San José y, desde 1990, con el llamado Grupo de Río tras la "Declaración de Roma". La Unión Europea comienza a percibir a América Latina y al Caribe como un socio potencial en lo económico y en lo político dentro de un mundo globalizado.

1.4. Por parte de América Latina y el Caribe, la orientación económica de los años setenta, centrada en la política autárquica de "sustitución de importaciones" favoreció, asimismo, una evolución en la que Europa era contemplada como el referente histórica y familiarmente próximo, pero económica y políticamente lejano. Esta década fue seguida por la llamada "década perdida de los 80", donde el fracaso de la política macroeconómica anterior se vio unido a un fuerte aumento del coste del dinero que, junto a unas elevadísimas cifras de deuda externa de carácter público en la región en relación con los ingresos por exportación llevaron a moratorias de pago internacional que bloquearon el acceso de nueva financiación pública o privada a la región. Paralelamente, numerosos países de América Latina y el Caribe se vieron envueltos en una dinámica de gobiernos autoritarios e insurrección civil y, en numerosos casos, emergencia de movimientos de guerrilla. La resultante fue la ruptura de la convivencia democrática y la imposibilidad de desarrollar un diálogo social que permitiera cambiar la situación.

1.5. La situación cambia radicalmente desde los inicios de los noventa. En primer lugar, la incorporación de Portugal y España a la Unión Europea en 1986 aporta una mayor sensibilidad política hacia esta región. En segundo lugar, la firma del Tratado de Asunción, por el que se crea el Mercado Común del Sur (Mercosur), abre una nueva perspectiva a la posibilidad de crear mecanismos regionales de integración que puedan reactivar, por simpatía, bloques similares existentes sobre el papel como el Pacto Andino o el Mercado Común Centroamericano. En tercer lugar, el éxito del Plan de convertibilidad de Argentina, unido al experimento liberalizador anterior de Chile, pusieron el acento en la estabilidad macroeconómica y en la apertura al sector privado de áreas muy importantes de la economía, antes reservadas al sector público. Esta nueva orientación económica abrió importantes nichos de oportunidad para las empresas europeas, máxime por el "efecto contagio" sobre el conjunto de la región de estas políticas de rigor macroeconómico y liberalización económica. En cuarto lugar, y especialmente relevante desde el punto de vista humano y social, la consolidación democrática o simplemente el retorno de la misma en muchos países y los acuerdos de paz firmados con muchos movimientos guerrilleros, que pusieron fin a décadas de insurrección y de guerra civil larvada. América Latina y el Caribe, tras encontrarse a sí mismos, creaban las condiciones para abrirse al exterior.

1.6. Fruto de esta evolución y convergencia recíproca se celebraba en Río de Janeiro, en junio de 1999, la Primera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe. En la misma se elaboró una Resolución final en la que se define una asociación entre ambas regiones y un plan de acción que da contenido a la misma. Este plan de acción debería ser objeto de seguimiento en la 2a Cumbre que se celebrará en Madrid, con ocasión de la Presidencia Española de la Unión Europea, en el primer semestre del año 2002. Los ejes centrales de esta asociación son los siguientes:

(i) un diálogo político reforzado,

(ii) relaciones económicas y financieras sólidas basadas en una liberalización amplia y equilibrada de los flujos del comercio y del capital,

(iii) una cooperación dinámica en sectores clave, en particular en los ámbitos de la enseñanza, la sociedad y la cultura y del desarrollo científico y tecnológico.

1.7. Singularmente relevante para el éxito de la Cumbre de Río fue la asociación de la sociedad civil a este proceso. En efecto, la celebración en Río de Janeiro, a instancias del CES Europeo, del Encuentro de los representantes de la sociedad civil Europa-América Latina-Caribe permitió incorporar a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno los sentimientos y las preocupaciones de dicha sociedad civil, las cuales fueron debidamente reflejadas en la Declaración Final. Factor clave de la organización de los debates de este Foro de la Sociedad Civil fue el dictamen de iniciativa preparatorio elaborado por el CES Europeo con el título "Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe: El diálogo socioeconómico interregional".

1.8. Posteriormente, en Tuusula, con ocasión de la Presidencia finlandesa de la Unión Europea, este Plan de Acción se concretó en 11 prioridades, ya previamente contempladas en años anteriores y que dieron lugar a desembolsos de 1092 millones de euros en el periodo 1995-1999. No existen detalles publicados del seguimiento de este Plan de Acción, ya que la Comunicación de la Comisión sobre el Seguimiento de la Cumbre de Río(1) no dice nada al respecto, salvo la creación de un grupo birregional formado por altos funcionarios y los encuentros ministeriales, de los cuales se han celebrado dos, uno en Vilamoura en febrero del 2000 y otro en Santiago de Chile en marzo del 2001. Las referencias obtenidas, especialmente a la luz de las Resoluciones de Santiago de Chile, son las de una cierta atonía en la profundización de las relaciones previstas en el Plan de Acción de Río de Janeiro.

1.9. En la Comunicación antes citada, la Comisión Europea definía para la preparación de la Cumbre de Madrid tres ejes principales de acción:

- fomento y protección de los derechos humanos,

- promoción de la sociedad de la información,

- reducción de los desequilibrios sociales.

Para todas ellas se pretende establecer unas conclusiones principales que serán debatidas en la citada Cumbre que se celebrará en España en el año 2002.

1.9.1. En relación con el primer objetivo, el documento de la Comisión establecía una serie de áreas prioritarias dentro del mismo, entre las que se incluían los derechos sociales, económicos y políticos, creando para ello un foro de reflexión entre la UE y América Latina y el Caribe.

1.9.2. En el segundo eje -sociedad de la información- se proponía la creación de un programa comunitario, el @LIS(2), dirigido exclusivamente a los países de América Latina, pero no a los países miembros del Acuerdo de Cotonú, con un triple objetivo:

- fomentar el diálogo entre los gobiernos, instituciones, el sector privado y los usuarios;

- aumentar la capacidad de interconexión entre las comunidades de investigadores de ambas regiones, y

- poner en marcha aplicaciones derivadas de programas de demostración en los campos de la administración local, teleeducación, educación y diversidad cultural, salud pública e inserción social.

Este programa ha sido recientemente aprobado por la Comisión Europea con un montante de 63 millones de euros.

1.9.3. En cuanto a la reducción de las desigualdades sociales, la acción de la Unión Europea se canaliza a través de dos actuaciones:

(i) La primera es la llamada Iniciativa para los países pobres muy endeudados (HIPC), que trata de condonar de forma coordinada por parte de los países acreedores la elevada deuda externa de estos países, que frena totalmente sus posibilidades de desarrollo.

(ii) La segunda es la llamada "Iniciativa social", centrada en la actualización y la búsqueda de una mayor eficacia de las acciones de cooperación, que permita compartir experiencias y mejores prácticas para la reducción de las desigualdades sociales y la asistencia a los grupos más vulnerables de la población de estos países.

1.10. La decisión adoptada a principios de 2001 en el marco de la iniciativa "Todo, salvo armas" confirma, además, la seriedad de la UE en materia de apertura de fronteras para los países con más retrasos en su desarrollo. Se trata, no obstante, de una medida totalmente insuficiente. De la apertura de las fronteras cabría haber esperado un efecto mayor para los productos agrarios transformados. Por lo demás, el porcentaje de utilización de las concesiones comerciales en forma de importación libre de aranceles para contingentes de productos agrarios no transformados consentidas a los países en vías de desarrollo parece haber sido inferior a 80 % (véanse los datos de la OCDE y OMC). Por tanto, esto relativiza en cierto modo dicha iniciativa. Los requisitos cada vez más estrictos de la UE en materia de seguridad alimentaria son la razón principal que no se haga uso de las posibilidades de exportación hacia la UE. No obstante, la Unión Europea ha adoptado en el marco de las negociaciones de la OMC medidas concretas para reforzar la posición negociadora de los países en vías de desarrollo en el contexto de la OMC. Las inversiones del sector privado en América del Sur son también actualmente muy superiores a la ayuda pública.

1.11. Pero para poder cerrar este balance de los antecedentes históricos de la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, es preciso referirse a cinco temas de actualidad: en primer lugar, la evolución política y económica reciente de los países de América Latina y el Caribe; segundo, el estado actual de la Iniciativa de las Américas y de su elemento central, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); tercero, y vinculado a ello, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC); en cuarto lugar, las relaciones de América Latina con los países de la cuenca del Pacífico (APEC); y, por último, las perspectivas de relanzamiento de la Ronda Ministerial de la OMC y el papel colectivo de América Latina y el Caribe frente a la misma.

1.12. La situación interna de los países de América Latina e incluso de los movimientos regionales de integración hay que considerarla como crítica. En efecto, tras un largo período de consolidación democrática y de creciente cooperación entre países, la crisis económica de Asia de 1997, extendida después a buena parte del mundo, ha minado gran parte de los avances alcanzados. Así nos encontramos, por una parte, con la emergencia en diversos países de gobiernos de corte populista, elecciones en otros países en clima de gran incertidumbre política y social, situaciones felizmente cortas de enfrentamiento armado entre dos países vecinos y, en general, un aumento considerable de la crispación social o del estancamiento de las perspectivas de eliminación de luchas armadas en el interior de algún país. Además, muchos países se ven enfrentados a una pesadísima carga de la deuda externa, que ahoga sus posibilidades de recuperación económica o les impone durísimos programas de ajuste exterior. Únase a ello la situación en Centroamérica, afectada muy singularmente por una terrible serie de catástrofes naturales que la han hecho retroceder diez años en su progreso económico. Ello ha tenido su reflejo en el plano de la integración regional, en las enormes dificultades del Mercosur, la ralentización de la integración centroamericana y la nueva atonía en los progresos de la integración andina. Únicamente los países del Caribe, aun manteniendo unos niveles de pobreza importantes, no parecen haber padecido un deterioro de su situación en estos últimos años. Por ello, puede decirse que América Latina y el Caribe se encuentran en una intersección crítica de su historia en la que la Unión Europea puede jugar un papel fundamental que vuelva a orientar la misma en la línea positiva de democratización, crecimiento y mejora de la situación social iniciada en la década de los noventa.

1.13. El desarrollo de las relaciones panamericanas, cuyo exponente más importante es la Iniciativa de las Américas, lanzada en 1994 por el entonces Presidente Bill Clinton, ha recibido en los últimos meses tras la toma de posesión del Presidente BUSH un nuevo impulso que se ha concretado en la Cumbre de Quebec celebrada en marzo del 2001. El fruto más importante de esta iniciativa lo constituye sin duda la propuesta de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que, según lo acordado en la Declaración de Quebec, deberá estar en funcionamiento a más tardar en el año 2006. Debe destacarse que desde la Cumbre celebrada en Miami en 1994, los trabajos técnicos han avanzado de manera muy notable y aunque subsisten importantes reticencias políticas, cuyo exponente más claro es Brasil, a un acuerdo panamericano que desvirtúe los esfuerzos de integración subregional, es indudable el gran impulso político recibido en Montreal así como, la reciente aprobación, por el Congreso de Estados Unidos, de la vía del "poder ejecutivo presidencial" o el llamado "fast track". Parece indudable que la Iniciativa de las Américas es una iniciativa de carácter político y comercial, que no contempla sino tangencialmente los aspectos sociales.

1.14. Asimismo, la adopción reciente del dólar como moneda por varios países de América Latina (Ecuador y El Salvador, además de Panamá, que ya lo utiliza desde su independencia como país a principios de siglo) unido, hasta hace pocas semanas, a la consideración del dólar como moneda de referencia en el sistema de convertibilidad fija de Argentina ("currency board"), hacen que esta moneda adquiera un papel predominante en las relaciones económicas, muy por encima de lo que significa su peso en términos de comercio y de inversión, estableciendo una renuncia además, por parte de los países que lo adoptan, a una política monetaria de corte autónomo.

1.15. La experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede dar algunas referencias del impacto de un futuro ALCA sobre las relaciones de la región con la Unión Europea. En efecto, la entrada en vigor del mismo en 1994, aun con todos los períodos transitorios y salvaguardias previstos, supuso de manera inmediata una importantísima desviación de comercio tanto en las exportaciones de la Unión Europea a México (sustituidas por importaciones directas o en tránsito de terceros países, vía Estados Unidos y Canadá) y de manera más lenta pero inexorable de Europa a Estados Unidos y Canadá, sustituidas por la creciente fabricación de productos con importante elemento de mano de obra en México, utilizando las llamadas "empresas maquiladoras". La firma del Acuerdo de Libre Comercio con México, que entró en vigor en el año 2000 ha restablecido la situación anterior.

1.16. Hasta la crisis de 1997, numerosos países orientados al Océano Pacífico de América vivieron una fascinación por el modelo de desarrollo económico de muchos de los países asiáticos. Sin embargo, la experiencia traumática de la crisis de 1997, que puso de manifiesto las debilidades económicas de aquel modelo, unido a una plena carencia de sensibilidad social tal y como es entendida por la cultura occidental, ha reducido enormemente esta atracción. No es descartable, sin embargo, que a medio plazo se produzca una reactivación de las corrientes económicas con dicha región de Asia y Oceanía, aunque sin llegar a las perspectivas que se auguraban con anterioridad a 1997.

1.17. La experiencia negativa de la Ronda Ministerial de la OMC en Seattle en 1999 puso en un primer plano de actualidad una doble rebelión: por una parte de los países pequeños y medianos en términos de riqueza, que no estaban dispuestos a repetir una imposición de calendarios y fórmulas de liberalización, tal y como sucedió en la Ronda Ministerial de Marrakech. La segunda, la propuesta incipiente de la sociedad civil, aunque mezclada con intereses corporativos, en el sentido de reclamar a los dirigentes políticos una mayor consideración de las justas demandas de la sociedad y de una mayor transparencia en el proceso de negociación.

1.18. Es evidente que, en general, la sociedad civil de los países de América Latina y el Caribe carece en los momentos actuales de una base organizativa que garantice su papel dentro de la sociedad democrática y asegure su eficacia, para lo cual la Unión Europea puede coadyuvar en su consolidación. Sin embargo, las directrices previstas en la estrategia post Río de la Unión Europea van en esa dirección, por lo que es de esperar que la sociedad civil de América Latina y el Caribe asuma un papel mucho más activo en un futuro próximo. En cuanto a la posición gubernamental, las dos ideas centrales que subyacen son las de no diluir las ventajas comparativas que ahora disfrutan muchos países en el marco del SPG y SPG-Droga y el lanzamiento de una Ronda negociadora global, que contemple todos los sectores y muy específicamente la agricultura. Además, en algunos casos, muy singularmente de nuevo Brasil, se ve con preocupación el efecto diluyente de una estrategia de liberalización comercial multilateral sobre los procesos de integración regional en marcha. No existe, por parte de los Gobiernos, una posición nítida y pública acerca de los aspectos sociales y medioambientales de acompañamiento de la liberalización comercial, pero se tiene una cierta prevención en tanto que los mismos puedan ser usados para establecer una protección asimétrica de los mercados de los países más avanzados.

1.19. Como resumen de este capítulo dedicado a los antecedentes históricos de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, puede señalarse lo siguiente:

1.19.1. América Latina y el Caribe se encuentran en un momento crítico de su evolución política, económica y social. La misma se encuentra enfrentada a la necesidad de reafirmar los valores democráticos y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de buscar fórmulas que permitan conciliar el modelo de integración subregional, el de integración comercial panamericana, el de un marco de relaciones comercial y de asociación con la Unión Europea y de encajar todos esos modelos posibles en el proceso de liberalización comercial multilateral en el marco de la OMC.

1.19.2. Por su parte, la Unión Europea debe confirmar la importancia y la prioridad que otorga a América Latina y el Caribe dentro de su estrategia global y asignar recursos adecuados a dicha importancia, establecer una verdadera asociación con una importante dimensión económica y comercial pero con una fundamental aportación de valores sociales y culturales y, por último, encajar esta asociación en el marco más amplio de sus relaciones con el llamado diálogo trasatlántico o con el proceso de liberalización comercial multilateral.

1.19.3. La Unión Europea y América Latina y el Caribe debemos comprender que una línea estratégica entre nuestras regiones, que multiplique nuestras potencialidades y reduzca nuestras vulnerabilidades, es una oportunidad de potenciar nuestro papel individual en el nuevo marco económico mundial. Juntos, seremos más fuertes y menos vulnerables.

2. Elementos claves de la asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe

2.1. El concepto de partenariado debe regir plenamente las relaciones entre ambas regiones. Dicha noción debe comprender conceptos como proximidad al ciudadano, visibilidad y aceptación por el mismo. Sobre estas bases, el partenariado debe descansar sobre los siguientes principios:

2.2. Debe basarse en el principio de relación entre iguales y de respeto de las singularidades de cada país y región, aunque reconociendo que las negociaciones no tienen por qué exigir unas concesiones absolutamente equivalentes por ambas partes.

2.3. Debe basarse en el desarrollo sostenible, buscando resultados concretos a medio y largo plazo.

2.4. Debe ir mucho más allá de la mera puesta en común de potencialidades productivas o apertura de mercados favoreciendo la competitividad de las economías de ambas regiones.

2.5. Debe apoyarse en la sociedad civil organizada, como manera de asociar la ciudadanía a este proyecto común. Ambas partes están considerando los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, políticos) o de las minorías, en particular de los pueblos indígenas, como motivo de real preocupación. Tras siglos de exclusión, ha llegado la hora de la reconciliación, la inclusión y la prosperidad para todos.

2.6. Debe potenciar mutuamente las potencialidades de nuestras regiones a nivel mundial y contribuir a un nuevo equilibrio mundial cultural y socialmente más justo y respetuoso con los diferentes modelos de sociedad.

2.7. Debe pretender -aun reconociendo las diferencias entre regiones e incluso países- la creación de una verdadera comunidad europea y latinoamericana de naciones, democrática, socialmente justa y dotada de una economía eficiente que englobe conceptos como la emigración o la cultura, con un peso decisivo en la misma de la sociedad civil.

3. Las líneas estratégicas de la actuación de la Unión Europea en sus relaciones con América Latina y el Caribe

3.1. Aspectos generales

3.1.1. El primer elemento es la necesidad de contar con una estrategia definida y permanente en el tiempo, con un plan y calendario de acciones concretas, que elimine la sensación de provisionalidad que ha regido estas relaciones en los últimos años.

3.1.2. Debe basarse en las reflexiones del llamado Plan de Acción de Río, luego confirmado en Tuusula durante la Presidencia finlandesa de la Unión Europea, pero debe ampliarse, en la medida de lo posible, a otros campos.

3.1.3. Debe basarse en estrategias subregionales, que adapten a cada caso concreto las diferentes posibilidades -políticas, comerciales y de cooperación- que puede ofrecer la Unión Europea.

3.1.4. Debe tomar permanentemente en cuenta la necesidad de realizar un desarrollo sostenible compartido por ambas regiones que se apoye sobre un comercio equilibrado, así como una creciente aportación de tecnologías europeas respetuosas del medio ambiente y en condiciones social y económicamente factibles.

3.1.5. Debe basarse en compartir los valores esenciales de la Unión Europea y muy singularmente el concepto del modelo social europeo que combina los aspectos de libre mercado con el diálogo social y la participación de la ciudadanía a través de la sociedad civil y que va más allá de los meros acuerdos de libre comercio.

3.1.6. Debe apoyar las experiencias de integración subregional en Latinoamérica, en línea con el modelo de la Unión Europea, en tanto en cuanto van más allá del mero desarrollo comercial previsto prioritariamente en el Tratado ALCA.

3.1.6.bis Debe suponer un refuerzo de la estructura institucional y de los mecanismos de funcionamiento y control del Estado y de la Administración pública a todos los niveles, incluyendo los recursos presupuestarios adecuados, de manera que el mismo pueda jugar el papel fundamental que le corresponde en este proceso.

3.1.7. Cada Institución y órgano de la Unión Europea debe jugar un papel específico en la construcción de este partenariado. Así, el Comité Económico y Social Europeo tiene la misión de servir de experiencia a la creación o al fortalecimiento de diversos órganos similares -como el Foro Consultivo de Mercosur- que han sido creados o están en fase de estudio tanto a nivel subregional como en diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo es imprescindible que los interlocutores económicos y sociales de ambas regiones participen de manera activa y se impliquen en el desarrollo de esta estrategia.

3.1.8. Deberá estudiarse la posibilidad y creación de un órgano específico encargado del seguimiento de estas relaciones y de la posibilidad de establecer acciones concretas en el marco de la misma.

3.2. Relaciones con México

3.2.1. Es evidente que, en el plano económico, las líneas principales de la estrategia de la Unión Europea deben ser las de desarrollar plenamente las potencialidades que ofrece el Acuerdo de Libre Cambio y adaptar el mismo a los cambios que se puedan producir tanto en relación con los diversos acuerdos comerciales que México está desarrollando con el conjunto de Centroamérica, como con las posibles modificaciones que la eventual firma del Tratado ALCA implique sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

3.2.2. En el plano social, es evidente que la Unión Europea puede coadyuvar a establecer un nuevo marco de diálogo social para las relaciones entre trabajadores y empresarios, adecuado a los cambios internos e internacionales que el país ha afrontado en los últimos años.

3.2.3. En el plano de la sociedad civil en su conjunto, es necesario buscar fórmulas, adaptadas a la realidad de México, donde se producen simultáneamente elevados niveles de población marginal con problemas de integración de diversas minorías. Por su parte, la Unión Europea, que comparte también en alguna medida estos problemas, puede aprovecharse de las experiencias de resolución de estos problemas en México.

3.3. Relaciones con Centroamérica y el Caribe

3.3.1. En el plano económico, las fórmulas de cooperación practicadas hasta el momento deben abandonar el enfoque prioritariamente de micro actuaciones y centrarse en unas líneas estratégicas regionales, desarrolladas con la cooperación de los agentes socioeconómicos, que favorezcan la emergencia de una actividad económica y ecológicamente sostenible, el refuerzo de los lazos económicos y comerciales entre los diversos países y el apoyo de las iniciativas regionales externas, como es el caso del Plan Puebla-Panamá.

3.3.2. En el plano social, es necesario apoyar y vertebrar las organizaciones socioprofesionales para que supongan, de una parte, un factor de orientación de sus Gobiernos en el plano socioeconómico que permita la plena incorporación al marco legislativo y el cumplimiento de los Convenios Fundamentales de la OIT y que, además, vertebren, a través del inicio del diálogo social, unas sociedades muy marcadas, especialmente en Centroamérica, por el clima de violencia de décadas anteriores.

3.3.3. Análogamente, es necesario dinamizar otros agentes de la sociedad civil de estos países, para que suponga un elemento vertebrador del clima democrático, del respeto de los derechos fundamentales de las personas y de la orientación de estos países en una senda perdurable de crecimiento y reparto posterior de la riqueza, que alivie los altos niveles de pobreza y marginación ahora existente.

3.4. Relaciones con los países de la Comunidad Andina de Naciones

3.4.1. En el plano económico, la necesidad más evidente es la de buscar fórmulas de estabilidad macroeconómica y de consolidación del libre mercado que eviten el recurso a fórmulas económicas de corte populista que retrocedan la región a las experiencias fallidas de la década de los setenta, y para ello es imprescindible reforzar las instituciones de la Administración pública de tal manera que se mejore la transparencia de su funcionamiento.

3.4.2. En el plano social, es necesario apoyar y modernizar las asociaciones de trabajadores y empresarios, muchas de ellas con una sólida tradición, para evitar ya sea la violencia de todo tipo ejercida contra los dirigentes o sus familias o la emergencia de fórmulas espúreas de participación, en contradicción con los convenios fundamentales de la OIT, que impidan la consolidación del verdadero diálogo social. A este respecto la Unión Europea debe utilizar todos los medios a su alcance para contribuir a terminar con dicha violencia y para favorecer el respeto íntegro de los convenios internacionales en la materia.

3.4.3. En el plano de la sociedad civil en su conjunto, aunque la situación es distinta en cada uno de los cinco países de la región, es evidente que la superación del clima de violencia armada, ruptura de las fórmulas tradicionales de participación ciudadana o simplemente inexistente vertebración de las mismas, es un requisito imprescindible para garantizar el futuro en la región. Sólo esta organización de la ciudadanía puede resolver los gravísimos problemas que se están produciendo desde hace más de treinta años y que impiden el despegue de la región en su conjunto.

3.5. Relaciones con Mercosur y Chile

3.5.1. En el plano económico, parece evidente que es imposible, en un mundo globalizado, desarrollar áreas regionales de integración sin una coordinación de los parámetros económicos básicos. Por ello, la opción más urgente es apoyar el proceso de consolidación al Mercosur, tanto en sus aspectos arancelarios externos como de progreso en la construcción del mercado interior y la búsqueda de un nuevo marco de coordinación de políticas macroeconómicas que permita solventar los choques asimétricos registrados en los tres últimos años. Ello debe requerir, además, los esfuerzos para dotar al Mercosur de una base institucional más amplia. Simultáneamente, es imprescindible crear las condiciones jurídicas y administrativas que permitan mantener el necesario flujo de nuevas inversiones productivas directas procedente del exterior.

3.5.2. En el plano social, es evidente la necesidad de asociar a los interlocutores socio-profesionales a este complejo proceso de convergencia económica. En este proceso, el papel de las empresas europeas asentadas en la región puede jugar como punta de lanza del clima de diálogo social y, simultáneamente, el Foro Consultivo de Mercosur a nivel regional, como las organizaciones de empleadores y trabajadores a nivel nacional, deben jugar un papel trascendental en el éxito de esta consolidación de Mercosur.

3.5.3. En cuanto a la sociedad civil, es evidente que Mercosur ha sido una idea planteada en los círculos políticos dirigentes, aceptada por los interlocutores sociales pero insuficientemente transmitida a la ciudadanía. Es preciso, al igual que sucedió en Europa en la década de los sesenta, transmitir este entusiasmo de un futuro común a los ciudadanos de los diferentes países, y esto sólo puede lograse a través de las organizaciones de la sociedad que vertebran la misma.

4. El papel de la sociedad civil de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe en este proceso

4.1. Es evidente que el marco histórico de relaciones entre ambas regiones ha sido primordialmente una operación de carácter político, en la que a pesar de sus indudables ventajas colectivas, la ciudadanía ha sido insuficientemente informada y por tanto no participó ni en el esfuerzo que el mismo va a requerir ni puede hacer llegar, a través de sus órganos de representación, las orientaciones adecuadas. Simultáneamente, se carece de estadísticas globales en numerosas áreas, lo que dificulta la identificación y el análisis de los impactos de las actuaciones de la Unión Europea sobre estos países.

4.2. Por ello, el Comité Económico y Social promovió la realización, en los días previos a la Cumbre de Río de Janeiro en 1999, el Encuentro de los representantes de la sociedad civil en dicha ciudad, iniciativa que pretende asimismo realizarse del 17 al 19 de abril de 2002, semanas antes de la II Cumbre a celebrarse en Madrid en mayo de este año.

4.3. Dicho II Encuentro de los representantes de la sociedad civil requiere por tanto una serie de actuaciones previstas, que permitan que las discusiones durante la misma y las conclusiones que sean elevadas a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno recojan los sentimientos mayoritarios de la ciudadanía, sus prioridades y, especialmente, un plan de trabajo para el futuro que garantice que dichos encuentros no se limiten a ser actos esporádicos y puedan desarrollarse de acuerdo con el Plan de Acción que acompaña a esta Comunicación.

4.3. bisEllo debe llevar a que este Encuentro adquiera un carácter institucional previo a las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno y que además la agenda de dichos encuentros tenga, junto a los puntos prioritarios que la sociedad civil estime conveniente, una correspondencia con los temas de carácter socioeconómico a debatir en la citada Cumbre.

4.4. Por ello, el CES estima que deberían abordarse, con carácter previo, las siguientes acciones en los planos informativo, de asociación de consejos económicos y sociales e instituciones similares y en la preparación de ponencias temáticas en línea con la Agenda de la Cumbre de Madrid de Jefes de Estado y de Gobierno.

4.5. Como ha sido valorado en el apartado anterior, la información y la participación activa de la sociedad civil, a través del conjunto de los interlocutores económicos y sociales, es un elemento indispensable para acompañar el proceso de fortalecimiento democrático, de paz civil y de prosperidad económica. Sin el concurso de la misma y sin un suficiente diálogo social es evidente que todos los avances en materia de integración económica y comercial no podrán ser duraderos en el tiempo ni sostenibles a partir de las capacidades de los propios países.

4.6. Europa, a través de muchas décadas, ha creado lo que se conoce como "modelo social europeo", basado en la noción de prosperidad y solidaridad compartida, de economía de mercado conjugada con un elevado nivel de protección social acompañado de diálogo social, de la existencia de servicios de interés general en beneficio de la colectividad y de un concepto de subsidiariedad, entendida como el reparto más eficaz de competencias entre administraciones territoriales a todos los niveles, pero, también, el reparto de los papeles del Estado y del sector privado atendiendo a su mayor eficacia.

4.7. Es precisamente en este aspecto, en la búsqueda de la sostenibilidad en estas relaciones, donde las experiencias de la Unión Europea y más concretamente el "modelo social europeo" pueden enriquecer este debate. Por su parte, los países de América Latina y el Caribe pueden enseñar a la Unión Europea su vitalidad e imaginación en circunstancias adversas, su riqueza multiétnica y multicultural y su capacidad de integración de estos valores en una sociedad joven y con ambiciones de progreso y justicia.

5. Primeras reflexiones para la preparación de la declaración del II encuentro de los representantes de la sociedad civil Europa-América Latina-Caribe

La audiencia elaborada en Santiago de Chile con representantes de América Latina y el Caribe permitió identificar algunos temas para ser incorporados a la próxima Declaración del II Encuentro de la Sociedad Civil. Estos temas son los siguientes:

5.1. Las organizaciones representativas de la sociedad civil constituyen un elemento central de la consolidación democrática y social de ambas regiones y es preciso incorporarla, de forma activa y eficaz, a las negociaciones de ámbito político.

5.2. La vulnerabilidad económica y social de América Latina y el Caribe exige la búsqueda de fórmulas que garanticen un crecimiento económico sostenido y un reparto más equitativo de la riqueza creada, que sirva para reducir los niveles intolerables de pobreza y exclusión social.

5.3. El refuerzo del diálogo social y, por extensión, del diálogo civil, como elemento central de acompañamiento de esta sociedad más justa y más solidaria.

5.4. La necesidad de que los países de América Latina y el Caribe sean libres para elegir el modelo de integración económica internacional que mejor se adapte a sus intereses concretos y la posibilidad de solicitar unos acuerdos no simétricos, en cuanto a las concesiones recíprocas, que tomen en consideración esta mayor vulnerabilidad económica y social.

5.5. La importancia de que la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe desarrollen políticas activas en áreas tales como la emigración, la educación general y la formación de clases dirigentes, la puesta en marcha de modelos de desarrollo sostenible o una mayor y mejor transferencia de tecnologías.

5.6. La necesidad de crear fórmulas que permitan el fortalecimiento, sin al mismo tiempo interferir con su libertad de funcionamiento, de las organizaciones de todo tipo de la sociedad civil, permitiendo asimismo la creación de foros de diálogo a nivel nacional, que posibiliten, posteriormente, su ampliación a ámbitos regionales e internacionales.

5.7. Sobre la base de este diálogo nacional y regional, debe favorecerse la creación de consejos económicos y sociales o instituciones similares que formalicen e institucionalicen este diálogo y que permitan su incorporación efectiva en los procesos legislativos y decisorios que repercutan sobre la sociedad civil.

6. Medidas prioritarias para la organización del II encuentro de los representantes de la sociedad civil Europa-América Latina-Caribe

6.1. Actuaciones de carácter informativo: a través del desarrollo de una página web específica con conexión a todas las organizaciones de la sociedad civil presentes en Río de Janeiro y abierta a la recepción de comentarios y sugerencias. Complementariamente, podría pensarse en la publicación de un boletín electrónico con carácter bimensual. Asimismo, habría de solicitarse la colaboración de las delegaciones de la Unión Europea en los diversos países, para la movilización de otras organizaciones en cada uno de ellos.

6.2. Actuaciones a través de los Consejos económicos y sociales o instituciones similares: tanto de la Unión Europea como los existentes a nivel regional o nacional. Ello tiene el objetivo de vertebrar la presencia de la sociedad civil de dichos países y de generar valor añadido mutuo a los mismos con su presencia en dicho evento.

6.3. Preparación de cuatro ponencias temáticas sobre los aspectos centrales, con incidencia directa sobre la sociedad civil, que vayan a ser abordadas en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Madrid. A ellas debería añadirse una que versara sobre el desarrollo sostenible en nuestras regiones y la posibilidad de desarrollar acciones colectivas o de intercambiar mejores prácticas en la materia.

Bruselas, 21 de febrero de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) COM(2000) 670 final.

(2) Alliance for the Information Society.