A4-0324/96

Resolución sobre el XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia - 1995 (COM(96)0126 - C4-0240/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el XXV Informe de la Comisión sobre la Política de competencia - 1995 (COM(96)0126 - C4-0240/96),

- Visto el documento de reflexión presentado por el Comisario Van Miert sobre la política de ayudas de Estado, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la política de la competencia y la competitividad de la industria europea y la cuarta encuesta de ayudas estatales a la producción industrial y otros sectores en la Unión Europea,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial así como la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A4-0324/96),

A. Considerando que la política de la competencia es un componente importante de la política industrial, teniendo en cuenta que ambas políticas son necesarias y complementarias para alcanzar los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, y cohesión económica y social;

B. Considerando que el libre juego de las fuerzas del mercado no puede, por sí sólo, alcanzar, en un mercado que no es perfecto, determinados objetivos prioritarios de la Unión Europea, a saber, la cohesión económica y social, un nivel suficiente de investigación y desarrollo, la protección del medio ambiente, el desarrollo de las PYME y el ajuste estructural;

C. Considerando que el desarrollo correcto de la competencia y la búsqueda de condiciones de igualdad de oportunidades para todas las empresas constituye una condición imprescindible para el buen funcionamiento del mercado interior,

D. Considerando que los análisis teóricos sólo ofrecen una orientación parcial para la política de competencia;

E. Considerando que la globalización del comercio ofrece unas posibilidades no despreciables y lanza unos retos considerables a la Unión y que las alianzas estratégicas que las empresas han de formar para poder desempeñar eficazmente su función en el juego de la competencia no deben impedir indebidamente el acceso de nuevas empresas a dichos mercados,

F. Considerando que la concesión de una ayuda estatal en violación del Tratado CE va en contra del fin perseguido, favorece a las empresas poco eficaces frente a las empresas eficaces, distorsiona la competencia entre regiones y empresas y grava excesivamente las finanzas públicas,

Entendimientos restrictivos y abuso de posición dominante

1. Pone de manifiesto su confianza en la Comisión por su actuación eficaz e imparcial como autoridad de vigilancia de la competencia, la felicita en particular por sancionar a los cárteles secretos de fijación de precios durante 1995 y le insta a continuar en ese camino frente a la persistencia de prácticas nacionales o regionales que restringen el comercio paralelo y la distribución de productos de otro Estado miembro;

2. Muestra su preocupación, con motivo del proceso de privatizaciones en curso, por el aumento del control de determinados actores financieros o industriales («núcleos duros») que puedan afectar a la libre competencia y a los consumidores así como por las alianzas estratégicas en los sectores energético y de telecomunicaciones y pide a la Comisión que afine sus estadísticas de forma que incluyan entre otros la ratio de concentración europea y mundial de determinadas empresas y sectores industriales y financieras de ámbito multinacional;

3. Pide a la Comisión que, en vista de la complejidad de las actividades que determinados grupos financiero-industriales ejercen sobre la economía, delimite las conexiones de estos grupos y sus lazos financieros durante el examen de estos acuerdos y concentraciones para reducir el efecto anticompetitivo de las operaciones;

4. Pide a la Comisión que, al estudiar y autorizar concentraciones de dimensión comunitaria, evalúe sus efectos sobre el empleo y la estructura industrial local en aquellos Estados miembros que lo soliciten, de acuerdo con las orientaciones del Libro Blanco sobre la competitividad y el empleo;

5. Insta a la Comisión a velar estrechamente para que las empresas no europeas no utilicen de manera abusiva su posición dominante en el mercado interior para determinados componentes, practicando, por ejemplo, una discriminación de precios en detrimento de los fabricantes europeos de productos de los que dichos componentes constituyen una parte esencial;

6. Pide a la Comisión que vele por que la constitución de alianzas estratégicas entre empresas, de utilidad para la evolución de las actividades industriales, no impida que otras empresas accedan al mercado en cuestión;

Transparencia y autoridad en materia de competencia

7. Señala que el número de ayudas estatales aumenta considerablemente y de manera constante y que la Comisión se enfrenta a una tarea cada vez más compleja en el ámbito de la política de competencia; pide que se destinen más recursos a la DG responsable y que se conceda mayor atención al refuerzo de la estructura de organización y al acceso a las tecnologías de la información;

8. Considera que la apertura, la transparencia y el control democrático de la política de competencia constituyen elementos esenciales para la aceptación por parte del público de esta política; se congratula, en este sentido, del establecimiento del nuevo procedimiento de información entre el miembro responsable de la Comisión y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo;

9. Reafirma la importancia del papel de la Comisión, guardiana de los Tratados y representante del interés general de la Unión, para garantizar con plena independencia la aplicación de los artículos 85 a 94 del Tratado CE;

10. Rechaza, por consiguiente, de manera categórica la propuesta del Gobierno de la República Federal de Alemania de crear un organismo ad hoc compuesto por personalidades designadas por los Estados miembros y sustraído a toda responsabilidad y a todo control democrático, en la medida en que esto comporta un riesgo considerable de retroceso en lo que se refiere a la coherencia y a la independencia reales de la política comunitaria de competencia frente a las presiones nacionales;

11. Pide a la Comisión que acelere la simplificación de la legislación comunitaria y de los procedimientos conexos en el ámbito de la política de competencia, a fin de garantizar la existencia de un entorno favorable para las empresas y, por ende, facilitar una competencia real;

Monopolios estatales y derechos de monopolio (artículos 37 y 90)

12. Considera que el éxito de una política de liberalización conlleva un aumento del nivel de servicio, lo que supone una definición estricta previa de las exigencias de servicio universal, en términos de calidad de servicio, de accesibilidad y de coste para el usuario;

13. Señala que la liberalización de un sector no conlleva ni impide necesariamente la privatización de las empresas encargadas de la prestación del servicio de interés general); considera, no obstante, que si la propiedad de una empresa continúa parcialmente en manos del Estado, la autoridad reguladora debe separarse estrictamente de la autoridad responsable del ejercicio de derechos de propiedad, puesto que de otra forma puede producirse una situación de competencia no deseada;

14. Considera que la accesibilidad, universalidad y calidad del servicio deben ser componentes importantes de la liberalización del mercado;

15. Reitera por tanto su posición de modificación del apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE, con objeto de asegurar la preservación de los servicios de interés general sujetos a las reglas de la competencia, e insiste en que las nociones de interés general o de servicio de interés general en todos los sectores esenciales deben contemplarse en los artículos genéricos del Tratado que se refieren a políticas comunes y a la ciudadanía;

16. Recomienda que se incorpore al artículo 3 del Tratado una cláusula de accesibilidad universal a los servicios básicos, independientemente de que el proveedor o productor de dicho servicio pertenezca al sector público o al privado;

Ayudas públicas

17. Pide a la Comisión que haga uso de todas las facultades que le confiere el Tratado para obligar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones de notificar con la suficiente antelación todos sus proyectos de ayuda y para prohibir la concesión de ayudas cuya compatibilidad con el mercado común no haya sido comprobada previamente;

18. Considera que las disposiciones por las que se rige la concesión de ayudas estatales así como los procedimientos internos de la Comisión aplicables al examen de los expedientes relativos a las ayudas estatales deberían simplificarse con el fin de reforzar la eficacia y la transparencia, y propone, al respecto, la apertura de un registro público de todas las ayudas estatales concedidas por las autoridades de los Estados miembros, si bien estima que ello no debería llevar consigo en ningún caso una renacionalización de la política de competencia;

19. Pide a la Comisión que aplique rigurosamente las disposiciones relativas a las ayudas estatales y reconoce que éstas deben concederse dentro del respeto más estricto de las disposiciones del artículo 92 del Tratado CE, a fin de evitar distorsiones en la competencia entre Estados miembros, especialmente en el sector del transporte aéreo;

20. Pide a la Comisión que, en la planificación de sus servicios, además de la introducción de procedimientos simplificados, concentre sus esfuerzos en el control de las ayudas notificadas y en general busque las medidas para facilitar el acceso y el conocimiento de las PYME especialmente de las regiones menos desarrolladas;

21. Observa la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado a las ayudas concedidas en forma de garantías públicas, no notificadas a la Comisión, que algunas entidades financieras conceden a las empresas;

22. Subraya, a la vista de los problemas de innovación, medio ambiente y empleo, la importancia de disposiciones de excepción claramente definidas;

23. Pide a la Comisión una revisión, actualización y compilación de las normas aplicables a las ayudas estatales y que contribuya a una mayor transparencia y comprensión mediante una definición clara de las posibilidades y límites de una ayuda a la economía y la tecnología orientada hacia el empleo a nivel regional o nacional;

24. Pide a la Comisión que, en el marco de la «norma de minimis» y sobre la base de criterios objetivos, tal como la proporción de PYME subvencionadas en un sector, examine si el importe de la ayuda liberada puede ser variable, con el fin de que las nuevas medidas de apoyo, como la ayuda francesa C3/96 a la empresa SFMI-Chronopost ((DO C 206 de 17.7.1996, pág. 3)), no lleven consigo un refuerzo artificial mayor de la competitividad del sector subvencionado en relación con sus homólogos en otros Estados miembros de la UE;

25. Subraya que la Comisión puede reforzar la transparencia si continúa definiendo orientaciones políticas, formalizando y publicando el procedimiento de evaluación de la ayuda y asociando más al proceso a terceros, tanto los beneficiarios como sus competidores; señala que puede mejorarse la aplicación de las normas si la Comisión recurre en mayor medida al poder de que dispone frente a los Estados miembros, tanto en lo que se refiere a la obligación de notificar las ayudas como la suspensión y el reembolso de las ayudas ilegales;

26. Pide a la Comisión que examine la necesidad de crear nuevos instrumentos, tales como una reglamentación en materia de procedimiento, para la evaluación de las ayudas estatales, sobre el modelo del procedimiento vigente en el marco de la reglamentación sobre las fusiones, con el fin de establecer procedimientos formales en materia de solicitud y aprobación de ayudas y de procedimientos de recurso para terceros;

27. Pide a la Comisión que examine los problemas con los que se enfrentan terceros para introducir recursos ante las jurisdicciones nacionales en los casos relativos a ayudas estatales y considera que sería útil llevar a cabo un estudio sobre las experiencias adquiridas en el conjunto de la UE; insta a la Comisión a que considere la elaboración de una directiva sobre las vías de recurso como el siguiente paso que permita favorecer un mayor respeto de las normas aplicables a las ayudas estatales por parte de los Estados miembros y simplificar los procedimientos en materia de presentación de recursos ante los tribunales nacionales;

28. Lamenta que el control comunitario de las ayudas de Estado no sea tan estricto como el de las ayudas procedentes de los Fondos estructurales y que no se haga un seguimiento de los objetivos para los que las ayudas hayan sido autorizadas, especialmente en relación con el mantenimiento y/o la creación de empleo. Pide, por tanto, a la Comisión que adapte la política de control de ayudas de Estado a los procedimientos ya existentes en los controles de los fondos regionales y, por consiguiente, que la DG IV se coordine funcionalmente con la DG XVI para garantizar la coherencia de las políticas comunitarias;

29. Constata con preocupación la ampliación de las disparidades entre las regiones centrales y periféricas en relación con el aumento de ayudas públicas a las empresas, tendencia que no concuerda con el objetivo de la cohesión;

30. Insiste en el objetivo de convergencia entre los niveles de ayudas de los diferentes Estados miembros, en vista de la importante dispersión existente, tanto en volumen como en la distinta evolución registrada por países;

31. Apoya el objetivo de reducción de las intensidades de las ayudas respecto de los costes elegibles y pide información sobre las intensidades reales (ayudas sobre inversión elegible), la situación comparativa entre los diferentes Estados miembros y sobre la aplicación de fondos comunitarios;

32. Considera importante apreciar los efectos «cruzados» de ayudas horizontales con ayudas regionales en la competencia de determinados sectores de actividad, exigir la notificación de todos los casos importantes de ayudas concedidas y unos criterios horizontales claros por parte de la Comisión;

33. Muestra su preocupación por las dificultades de los países «de cohesión», exceptuada Irlanda, en aprovechar sus techos regionales autorizados a diferencia de los países más prósperos, tendencia que se agravará debido a los esfuerzos de sus programas de convergencia cara a la UEM;

34. Pide por tanto que se introduzcan mecanismos correctores en el encuadramiento horizonal para ayudas intensivas en capital y que se fijen unos objetivos de convergencia y un calendario de reducción de ayudas hacia la media comunitaria, en términos de valor añadido y por persona ocupada;

35. Considera inconveniente incrementar desproporcionadamente la dimensión de las PYME a efectos de su consideración en la política de ayudas de Estado y que a las PYME de zonas no asistidas se les apliquen los beneficios de las de zonas asistidas;

36. Subraya que, si bien la política de competencia debe aplicarse sobre la base de normas claras y transparentes, ésta debe también basarse en la observación de cómo se llevan a cabo realmente las batallas en materia de competencia a nivel mundial; es necesario por tanto conceder particular importancia al peso que debe atribuirse a objetivos virtualmente contradictorios tales como:

- las dimensiones apropiadas de las empresas y la preservación de la competencia interior;

- la relación entre competencia y colaboración;

- las inversiones extranjeras directas y el control de las tecnologías clave;

subraya que estos objetivos no podrán reconciliarse si no es mediante un análisis detallado de la situación en cada sector individual y mediante una mayor integración de la política de competencia en la política industrial;

37. Subraya que el desarrollo de un sector sano de PYME entraña un enfoque especialmente matizado y diferenciado de la política de competencia; aun cuando las autoridades públicas deben velar por que las PYME tengan acceso a los mercados, esta medida es insuficiente; se exige una política de desarrollo de las PYME; dicha política puede, en determindas circunstancias, apartarse de los principios de la política de competencia; las sociedades que ocupan una posición dominante pueden también jugar un papel en el apoyo del desarrollo de las PYME; las PYME deben a veces su lanzamiento a antiguos trabajadores de estas sociedades; por lo demás, las PYME se basan con frecuencia en una relación estrecha con una gran empresa como mínimo; de los buenos resultados de la economía regional se desprende que las PYME prosperan en el marco de una red de relaciones de colaboración entre sociedades y que, en determinados casos, un cierto grado de preferencia local puede ser un elemento para su éxito;

38. Pide a la Comisión, en relación con el artículo 130 B del Tratado, que presente propuestas referidas a la política de competencia y la cohesión económica y social;

39. Pide a la Comisión que publique una Comunicación que actualice su Informe sobre la seguridad del suministro en la Unión Europea y las subvenciones en el sector de la energía y presente en 1997 un marco comunitario coherente y no discriminatorio que regule las ayudas públicas para el conjunto del sector energético que tenga en cuenta la seguridad del suministro y los aspectos sociales y regionales; pide a la Comisión que continúe aplicando estrictamente, también después del año 2002, el código de ayudas en favor del sector del acero, de conformidad con la Decisión 3855/91/CECA, y que evite nuevas desviaciones de lo estipulado en el artículo 95 del Tratado CE;

40. Pide a la Comisión un informe sobre los efectos en la competitividad de las empresas siderúrgicas europeas de la aplicación del control de los acuerdos y fusiones de empresas en el marco general del Tratado CE, analizando en particular si garantiza la aparición de nuevos competidores y el desarrollo del conjunto de las empresas que operan en el sector;

41. Considera que, en el caso particular de las industrias marítimas, la actuación de los principales países terceros en lo que se refiere a las ayudas estatales para este sector impone que la Comunidad no altere el nivel de ayuda vigente en tanto que el acuerdo OCDE sobre ayudas a la construcción naval no sea ratificado por todas las partes contratantes;

42. Expresa su especial inquietud por el nivel de ayuda concedida al sector sumamente sensible de los bancos y las finanzas y pide a la Comisión que aplique rigurosamente a este sector las normas que regulan la concesión de ayudas estatales;

Coordinación con otras políticas comunitarias

43. Subraya que la optimación de la política de competencia debe discutirse en el marco de su compatibilidad con los objetivos de instrumentos políticos relativos a la misma, es decir, la política industrial, la política del mercado interior y la política comercial;

44. Reconoce que la Comisión desempeña un papel central en las políticas de la Comunidad en materia de competencia, industria, comercio y mercado interior y que, en cuanto tal, la Comisión es capaz probablemente de resolver el problema de la coordinación entre estas políticas así como entre los diferentes órganos de decisión, y admite el problema de la insuficiente transparencia de relaciones entre estas cuatro políticas;

45. Pide, en este sentido, que se refuerce la cooperación entre los servicios responsables de la Comisión, objetivo que podrá alcanzarse en las mejores condiciones mediante la creación de un servicio específico dentro de la Comisión, encargado de evaluar los costes y los beneficios vinculados a la elaboración y puesta en práctica de las cuatro políticas, en particular en lo que se refiere al empleo, y de elaborar recomendaciones para la Comisión que deberán presentarse en calidad de informe anual sobre la coordinación de estas políticas al Parlamento Europeo y al Consejo;

46. Considera al respecto que estas políticas, dirigidas a establecer un mercado competitivo e integrado, no deben jamás perder de vista el objetivo comunitario del mantenimiento de la cohesión social;

Condiciones internacionales

47. Pide a la Comisión un análisis sobre la influencia en la competencia y en la competitividad de la industria europea de los acuerdos, alianzas, fusiones y otras formas de cooperación que se están produciendo tanto en la Unión Europea como a nivel mundial;

48. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las disposiciones internacionales en la aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas oficiales, de manera que la industria comunitaria no se vea indebidamente penalizada, y aboga expresamente en favor de que la Comisión tenga la obligación de informar a los medios económicos, en particular las PYME, sobre prácticas comerciales de competencia desleal y posibles medidas antidumping;

49. Pide a la Comisión que intervenga activamente para hacer de las normas mínimas en materia social y medioambiental parte constitutiva de los tratados internacionales;

50. Apoya los esfuerzos de cooperación entre la DG IV y las autoridades de competencia en países terceros y con otras organizaciones internacionales; al mismo tiempo, pide una intensificación de la cooperación bilateral entre la UE y los países de América Latina, del Mediterráneo, Asia y China, y considera que debe aumentar sus esfuerzos para conseguir un mecanismo de cooperación internacional entre las autoridades responsables de la competencia que garantice la aplicación de normas de competencia a nivel internacional y evite dicrepancias excesivas entre las normas comunitarias y las de países terceros;

51. Insta a la Comisión a emprender iniciativas para el establecimiento de un marco internacional en materia de competencia que incluya elementos antitrust y procedimientos judiciales en el contexto de la Organización Mundial del Comercio;

52. Urge a la Comisión a que prepare un informe sobre las modificaciones a aportar en la política de competencia en vista de la ampliación con los países de Europa Central y Oriental;

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53. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.