Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,

Vista la recomendación de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1)Con arreglo al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

(2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

(3)El [17 de marzo] de 2020, el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del TFUE, decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía.

(4)De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se trate con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado. La recomendación debe establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro afectado tome medidas eficaces con el fin de corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB del saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal).

(5)Según las previsiones de la Comisión del invierno de 2020, ampliadas con variables presupuestarias hasta 2022, el crecimiento del PIB real se habría situado en el 3,9 % en 2019. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, la Comisión prevé que el crecimiento del PIB real, aunque registraría una moderación, seguiría siendo robusto (3,8 % en 2020 y 3,5 % en 2021 y en 2022). Por una parte, el significativo estímulo presupuestario de las políticas actuales seguiría impulsando el consumo privado. Por otra parte, una continua ampliación del déficit presupuestario minaría la confianza de los consumidores y los inversores en la sostenibilidad de la trayectoria de crecimiento de la economía. Como consecuencia de ello, la inversión se debilitaría en la medida en que los inversores privados tienen en cuenta los crecientes desequilibrios macroeconómicos. Se espera que la contribución de las exportaciones netas se mantenga negativa durante el periodo de previsión, ya que las exportaciones seguirían viéndose afectadas por la debilidad de la demanda externa, mientras que las importaciones estarían respaldadas por el consumo privado. Ello, a su vez, empeoraría aún más el ya elevado déficit de la balanza por cuenta corriente.

(6)El 10 de diciembre de 2019, el Gobierno adoptó y envió al Parlamento su estrategia presupuestaria y fiscal para 2020-2022 (en lo sucesivo, la «Estrategia Fiscal»), con un objetivo de déficit de las administraciones públicas revisado del 3,8 % del PIB en 2019, superior, pues, al valor de referencia del 3 % del PIB. Esta revisión al alza para 2019, a partir de la cifra inicialmente prevista del 2,8 % del PIB, se basó en los datos de ejecución del presupuesto para los últimos 12 meses. La Estrategia Fiscal fue adoptada por Ley de 18 de diciembre de 2019.

(7)Según las previsiones de la Comisión del invierno de 2020, ampliadas con variables presupuestarias hasta 2022, el déficit de las administraciones públicas se mantendría por encima del valor de referencia del 3 % del PIB durante todo el período de previsión. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, la Comisión prevé un déficit de las administraciones públicas del 4,0 % del PIB en 2019, el 4,9 % en 2020, el 6,9 % en 2021 y el 7,7 % en 2022. El déficit estructural se deterioraría un 1,0 % del PIB en 2019, un 1,9 % del PIB en 2021 y un 0,8 % del PIB en 2022. El aumento del déficit previsto por la Comisión estaría impulsado principalmente por las significativas subidas de las pensiones aprobadas en el verano de 2019. El mayor gasto en pensiones contribuiría en 0,9 puntos porcentuales del PIB al aumento del déficit en 2020, en 1,7 puntos porcentuales del PIB en 2021, y en 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2022. Se estima que la duplicación de la asignación por hijo a cargo, cuya entrada en vigor está prevista en agosto de 2020, tendrá un coste presupuestario anual equivalente al 0,6 % del PIB. En su Estrategia Fiscal, el Gobierno prevé un déficit de las administraciones públicas del 3,6 % del PIB en 2020, el 3,4 % en 2021 y el 2,8 % en 2022. Según las estimaciones del Gobierno, esto llevaría a un ajuste estructural del 0,3% en 2020, el 0,2% en 2021 y el 0,6% en 2022. El ajuste contemplado en la Estrategia Fiscal se realizaría principalmente por el lado del gasto. En particular, se prevé que disminuyan las proporciones que representan en el PIB los gastos en salarios de los empleados públicos, los gastos en bienes y servicios y los gastos en inversiones no cofinanciadas por la UE. El hecho de que en la Estrategia Fiscal se prevea un déficit inferior al contemplado en las previsiones de la Comisión se deriva de unas hipótesis macroeconómicas subyacentes más optimistas en la Estrategia Fiscal y del hecho de que dicha Estrategia no tiene en cuenta los efectos presupuestarios de algunas medidas adoptadas, mientras que la moderación prevista de los gastos corrientes no está plenamente respaldada por unas medidas adoptadas o anunciadas de forma creíble, por lo que no se pudo tomar plenamente en cuenta en las previsiones de la Comisión.

(8)La deuda de las administraciones públicas de Rumanía representaba el 34,7 % del PIB en 2018. Según las previsiones de la Comisión, la deuda de las administraciones públicas disminuiría al 46,6 % del PIB en 2022, con lo cual se mantendría por debajo del valor de referencia del Tratado.

(9)De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección (en 2021 en el caso que nos ocupa), salvo que concurran circunstancias especiales. La senda de ajuste debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1467/97, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria del Estado miembro.

(10)En la situación actual, en Rumanía se dan tales circunstancias especiales. La corrección del déficit excesivo en 2021 a más tardar requeriría un ajuste presupuestario demasiado brusco y provocaría una pérdida importante de producción. Una senda de ajuste más dilatada en el tiempo, aunque también requeriría unos sustanciales ajustes anuales, afectaría más gradualmente al crecimiento y tendría en cuenta el hecho de que el ejercicio presupuestario de 2020 ya ha comenzado. Unas reformas estructurales realizadas paralelamente al saneamiento presupuestario contribuirán a garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. A la luz de estas consideraciones y teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria de Rumanía, está justificado fijar el plazo límite para la corrección del déficit excesivo en el año 2022.