5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/31 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a los procedimientos de 
adjudicación de contratos a entidades que operan en el sector de las telecomunicaciones 
(89/C 139/09) 
El 24 de octubre de 1988, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicio, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó el dictamen el 1 de marzo de 1989 (ponente: Sr. Schmitz). 
En su 264a sesión plenaria (sesión del 31 de marzo de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 97 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones el siguiente dictamen 
(votación nominal). 
El Comité aprueba las propuestas presentadas por la 
Comisión para liberalizar el sistema de la adjudicación 
de contratos en los sectores más importantes, que hasta 
ahora estaban excluidos. Al mismo tiempo hace las 
observaciones siguientes. 
1. Introducción 
1.1. El Comité observa con alivio que la Comisión, 
tras un prolongado período de reflexión y consultas a 
los sectores afectados, ha presentado finalmente sus 
propuestas definitivas para la ampliación de los regla­
mentos comunitarios a la contratación pública de todo 
tipo de bienes, excluyendo el sector de la defensa. Los 
contratos públicos sujetos a procedimiento comunitario 
representan alrededor de 250 000 millones de ECU. 
1.2. El ahorro potencial resultante de la apertura de 
la contratación pública es enorme, aunque difícil de 
cuantificar. Sin embargo, lo que no es menos cierto es 
que los efectos estáticos sobre el comercio directo, 
derivados de una mayor penetración de las importacio­
nes (basándose en el supuesto de que la penetración de 
las importaciones en el sector público alcance el mismo 
nivel que en el sector privado) son menos significativos 
que los efectos competitivos (reorganizaciones para eli­
minar ineficiencias) y los efectos reestructuradores 
(mayores tasas de utilización de la capacidad produc­
tiva, fusiones, etc.). El objetivo de las propuestas de la 
Comisión es conseguir incrementar la competencia en 
este sector, creando transparencia y estableciendo nor­
mas relativas a la información y publicación que sean 
un marco indispensable dentro del cual puedan actuar 
libremente las fuerzas del mercado. 
1.3. La liberalización de los procedimientos de adju­
dicación de contratos en los sectores que aquí se con­
templan, es un ejemplo del concepto de desregulación 
de la Comisión en la realización del mercado interior 
europeo. Sólo sería aceptable una liberalización econó­
mica si se toman paralelamente las medidas de acompa­
ñamiento de política social y empleo necesarias. 
1.4. El proceso de reestructuración debe ir flan­
queado por medidas macroeconómicas que lo comple­tarían por la subida del eficaz crecimiento del empleo. 
El Comité recuerda en este contexto el estudio Cecchini 
que ha demostrado que sin medidas de flanqueo macro­
económicas para promover la inversión por parte de 
los Estados miembros, no se puede contar en conjunto 
más que con un débil crecimiento del empleo y en los 
primeros años incluso con un retroceso del mismo. 
1.5. Algunos de los sectores (de proveedores) estaban 
protegidos hasta ahora por los procedimientos naciona­
les de adjudicación de contratos públicos y no se veían 
casi afectados por la competencia internacional. Esto 
ha conducido a procesos de producción y a productos 
poco innovadores, y a sobrecapacidades también. Por 
ello, en la Comunidad Europea las estructuras de pro­
ducción no son homogéneas en los sectores afectados. 
Sin embargo, las necesarias reestructuraciones no pue­
den hacerse de forma abrupta, si no se quiere correr el 
riesgo de consecuencias imprevisibles para el empleo. 
Algunos viejos núcleos industriales de Europa se ven 
particularmente afectados por ello, agravándose la ya 
difícil situación, tal como en las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y en el sector electrotécnico en espe­
cial. El ejemplo que cita la Comisión señalando la 
comparativamente baja cantidad de licitaciones en Esta­
dos Unidos en los sectores en cuestión, no puede consi­
derarse como un ideal a alcanzar. 
1.6. La liberalización de la contratación pública en 
los sectores que vienen al caso debe por tanto ir acompa­
ñada por medidas de política económica y estructural. 
En los sectores particularmente afectados se deberían 
formar comités en cada ramo, para desarrollar concep­
tos de adaptación a las estructuras. Los comités del 
ramo tendrían la misión de seguir desarrollando el 
diálogo social y deberían estar compuestos por repre­
sentantes de los empresarios, de los sindicatos y de 
la Comisión. En lo que concierne a la participación 
comunitaria, parece evidente que en el caso de que 
surgieran problemas graves en relación con el ajuste 
estructural, cabrá recurrir a los Fondos estructurales. 
1.7. Dado que los Parlamentos nacionales necesitan 
algún tiempo para estudiar y establecer la legislación 
necesaria para aplicar las Directivas, el plazo del 1 de 
marzo de 1990 aparece como algo prematuro para la 
entrada en vigor de las normas comunitarias. 
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El Comité propone por tanto modificar el artículo 14 
en el sentido de que la Directiva entre en vigor 12 meses 
después de su aprobación por el Consejo. 
1.8. Los efectos positivos esperados gracias a la libe-
ralización de los procedimientos de adjudicación de 
contratos dependen esencialmente de si existe o no una 
competencia capaz de funcionar entre las empresas de 
los sectores en cuestión. Por medio de una política 
activa de competencia (aplicación art. 85-86 del Tratado 
CEE) y de la rápida aprobación de una reglamentación 
eficaz del control de las fusiones (*), debe impedirse que 
algunas empresas dominen el mercado parcial corres­
pondiente y que puedan pedir precios abusivos. Al 
mismo tiempo, en ningún caso se debe impedir que las 
empresas afectadas alcancen un volumen tal que les 
asegure la total capacidad competitiva en el mercado 
mundial. 
1.9. El procedimiento de adjudicación que propone 
la Comisión no toma suficientemente en consideración 
el papel específico que desempeñan las empresas 
públicas. 
1.9.1. Las empresas públicas afectadas por la Direc­
tiva deben cumplir funciones de política infraestructural 
delegadas por el Estado. No dejan, por último, de tener 
gran importancia político-regional la constitución, el 
desarrollo y el servicio de las tareas de infraestructura. 
En opinión del Comité, el cumplimiento de estas funcio­
nes políticas no debe quedar relegado debido a la aper­
tura del régimen de contrataciones públicas. 
1.9.2. Muchas empresas públicas están en competen­
cia con empresas privadas (incl. competencia de sustitu­
ción), que en parte no se ven afectadas por esas Directi­
vas. Hay que impedir que procedimientos de adjudica­
ción demasiado burocráticos empeoren la situación de 
competitividad de las empresas públicas. La Comisión 
debería examinar si acaso no se alcanzaría mejor el 
objetivo de la liberalización del sistema público de 
adjudicación de contratos por medio de una eficaz 
transparencia en los contratos más pequeños. 
2. Observaciones generales 
2.1. Poderes adjudicadores afectados 
2.1.1. Al igual que en su Directiva sobre contratos 
públicos de construcción (2) el Comité recomienda una 
concepción orientada hacia el mercado, que se indicó 
en la propuesta de la Directiva en cuestión. Si bien la 
situación jurídica del poder adjudicador puede variar 
de un país a otro, el criterio determinante para una 
regulación comunitaria debe consistir en saber si se 
trata de una entidad pública o si el mandante tiene 
derechos especiales o exclusivos. El Comité es desde 
luego consciente de los peligros que pueden surgir sobre 
(>) DO n°C208de8. 8. 1988. 
(2) DOn" C 319 de 8. 8. 1988. todo desde el punto de vista social, debido a la apertura 
general del sistema de adjudicación de contratos públi­
cos, para los proveedores afectados y señala expresa­
mente que en este caso hay que asegurar la igualdad de 
oportunidades. 
2.1.2. Considerando los múltiples criterios que defi­
nen al poder adjudicador que entra en la categoría de 
los sometidos a la Directiva de que estamos hablando, 
sería oportuno establecer un índice exacto de los puntos 
de adjudicación concernidos y de la clase de los suminis­
tros y trabajos de construcción correspondientes. La 
Comisión debería entonces reelaborar este índice a 
intervalos regulares (por ej. una vez al año). 
2.2. Contratos afectados 
2.2.1. De manera general, el Comité pide a la Comi­
sión que limite a un mínimo la cantidad de derogaciones 
a la Directiva. Tales derogaciones deberían realmente 
ser la absoluta excepción de la regla, porque si la 
Comisión cede aunque sea sólo una vez a las presiones 
de un sector, ese precedente motivará a otros sectores 
a imitarles (lo cual es muy comprensible). Basándonos 
en la experiencia habida con otras Directivas, eso signi­
ficará que esta Directiva pierde toda perspectiva de 
eficiencia. La Comisión propone medidas respecto a la 
transparencia y a la información. 
2.2.2. El Comité opina que los umbrales propuestos 
por la Comisión (200 000 ECU de pedidos en software/ 
telecomunicación/otros pedidos sueltos, 5 millones de 
ECU en contratos de construcción) deberían ser exami­
nados de nuevo. Para fijar los valores umbral no debería 
ser decisiva la cantidad de los pedidos registrados, 
sino su valor total, a fin de evitar un procedimiento 
burocrático innecesario. 
2.3. Procedimientos de adjudicación 
2.3.1. La Comisión, como en sus anteriores Directi­
vas relativas a suministros y obras públicas, exige que 
los organismos compradores basen la adjudicación de 
contratos únicamente en criterios de máxima ventaja 
económica o mínimo precio de las ofertas. El Comité 
está de acuerdo con este principio. De igual manera, la 
limitación de los procedimientos de ofertas negociados 
(es decir no competitivos) siempre ha constituido uno 
de los principales objetivos de la Comisión en la lucha 
contra la contravención de las normas de la CEE sobre 
adjudicación de contratos. El Comité se pregunta si este 
principio no debería también aplicarse a los sectores 
excluidos hasta ahora y pone en tela de juicio la justifi­
cación de la Comisión de permitir la libre elección de 
los procedimientos de oferta, es decir, que sea necesaria 
una «flexibilidad» especial para los sectores hasta 
ahora excluidos, debido a su «carácter particular», 
en el sentido de que «difieren de las organizaciones 
básicamente administrativas que se contemplan gene­
ralmente en las Directivas existentes, por tener una 
finalidad económica o industrial». Es éste un argu-
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mentó clave subyacente en la propuesta de la Comisión 
y que sirve de justificación a su enfoque «flexible». 
La principal diferencia entre los sectores hasta ahora 
excluidos y los restantes, y la razón por la cual quedaron 
excluidos de las Directivas sobre contratación pública, 
es de carácter político, a saber que en opinión de los 
Estados miembros su importancia económica e indus­
trial era mucho mayor. El pretexto para no haberlos 
abierto, tal como la misma Comisión manifiesta, era 
legal, es decir que « en algunos Estados miembros una 
actividad determinada puede asignarse a una entidad 
« pública » y en otros a entidades « privadas» o incluso 
a ambas. 
2.3.2. La normativa jurídica comunitaria sobre entes 
públicos no ha tenido más que una influencia relativa­
mente pequeña sobre el comercio, precisamente porque 
—según se hace constar en el informe Cecchini — hay 
demasiadas posibilidades de eludir las regulaciones al 
evaluar las ofertas, o de influir en la selección de prove­
edores. Hasta el presente los proveedores no pensaban 
que merecía la pena presentar ofertas competitivas, ya 
que esto les parecía improductivo, es decir que las 
ofertas justas podían fácilmente ser dejadas de lado por 
el poder adjudicador. 
2.3.3. Tendrá peso decisivo la manera en que la 
Directiva propuesta haga justicia a este desafío, puesto 
que en resumidas cuentas el resultado de las políticas 
comunitarias en el sector de las entidades de compra 
públicas dependerá de la credibilidad de la Directiva. 
2.3.4. El Comité plantea la cuestión de saber si los 
procedimientos de subasta de la Directiva propuesta 
son demasiado « flexibles» para proteger a los poderes 
adjudicadores contra cualquier interferencia política en 
sus decisiones de compra y si puede, por tanto, permitir 
algo parecido a la total penetración de importaciones 
públicas esperadas que se mencionan supra. La razón 
es sencilla: los organismos contratantes tendrán, según 
la Directiva, la libre elección de procedimientos de 
subasta, con lo cual disfrutarán de una flexibilidad más 
considerable con las Directivas sobre obras y suminis­
tros públicos. 
2.3.5. En beneficio de la transparencia, los poderes 
adjudicadores deberán primero publicar subastas y 
comunicar los criterios sobre los que se basará la adjudi­
cación del contrato. Además se les exigirá la contabili­
dad correspondiente y la presentación de informes 
estadísticos. En conjunto, no parecen exageradas estas 
obligaciones, ya que las prescripciones para la subasta 
son tan flexibles que estas exigencias apenas pesan en 
la balanza. Por ejemplo, las subastas pueden efectuarse 
en forma de anuncios oficiales publicados regularmente 
por los poderes adjudicadores una vez al año, dando a 
conocer sus futuros planes. No se debe olvidar, sin 
embargo, que estos anuncios publicados regularmente 
sólo deben comprender « intenciones », de compras, pre­
sentando así realmente un concepto «flexible». 2.3.6. Asimismo, en los casos en que se desarrollen 
proyectos adicionales, no será obligatorio que los con­
tratos contenidos en un anuncio oficial periódico deban 
ser efectivamente adjudicados durante el período 
cubierto por dicho anuncio; podrán ser incluidos en el 
anuncio periódico del año siguiente. 
2.3.7. Aparte de todo esto, se exigirán datos menos 
detallados que los que se piden en los procedimientos 
abiertos, no abiertos o de negociación; además, dichos 
datos no necesitarán, por ejemplo, cubrir las exigencias 
de especificaciones técnicas o normas. 
2.3.8. El Artículo 20 de la Directiva original sobre 
suministros, de 1976, y el Artículo 23 de la Directiva 
de 1971 sobre contratos de obra, establecen una serie 
de criterios para excluir proveedores de la participación 
en un contrato, entre los cuales se cuenta el no cumpli­
miento de las obligaciones relativas al pago de las 
contribuciones a la seguridad social o de los impuestos. 
El Comité invitaría a la Comisión a que diga claramente 
qué disposiciones similares su refieren a los sectores 
que cubre esta Directiva y sugiere que la Directiva sea 
nuevamente redactada, de tal forma que asegure el 
cumplimiento a todos los niveles de la legislación social 
y las negociaciones salariales colectivas, y que los licita-
dores que no se ajusten a este requisito básico sean 
descartados. 
2.3.9. Transparencia 
2.3.9.1. El Comité considera que la transparencia es 
uno de los objetivos más importantes. En 1986, la 
Sección se manifestó a favor de que todos los licitadores 
rechazados debían tener derecho a saber qué oferta 
había ganado y a qué precio y propuso para ello que 
el anuncio público de una adjudicación de contrato 
debería contener el nombre de una persona de contacto, 
para facilitar a los posibles proveedores el acceso a 
informaciones de interés para ellos. 
2.3.9.2. El Comité pide que la Comisión efectúe una 
nueva redacción del artículo 15 de la Directiva relativa 
al suministro de agua, energía y transportes públicos, 
al que se refiere la Directiva de telecomunicaciones en 
su artículo 6, apartado 1, con el fin de que quede 
reflejada la opinión del Comité sobre la transparencia 
requerida por una Directiva comunitaria. 
2.3.9.3. El artículo 15, apartado 2, hace de la protec­
ción de los legítimos intereses comerciales de cada 
empresa razón suficiente para no publicar ni la identi­
dad de la compañía que ha obtenido el contrato, ni el 
importe del mismo. Esto es totalmente inaceptable para 
el Comité, porque con ello la publicación de los contra­
tos adjudicados se convierte en papel mojado. Los 
intereses comerciales del licitador ganador no necesitan 
la protección del secreto. La transparencia es sólo un 
N° C 139/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
pequeño precio a cambio del privilegio de haber obte­
nido un contrato. Por otro lado, los licitadores rechaza­
dos tienen derecho a saber cual es el precio de mercado 
y a quien han de dirigir sus ofertas de suministro. 
2.3.9.4. En la propia Directiva no son necesarias 
formulaciones específicas, mediante las cuales sea posi­
ble disimular el precio exacto del contrato. El modelo 
de anuncio incluido en el Anexo V ya contiene la 
posibilidad de indicar la escala de precios (máximo/ 
mínimo) en lugar del precio exacto. 
2.3.9.5. El artículo 15, apartado 3, según el cual la 
salida del anuncio oficial puede aplazarse 48 días, lleva 
a la disposición de publicación ad absurdum y es contra­
rio a los intereses de los suscriptores del Diario Oficial 
y del Tenders Electronic Daily (TED). El Comité no ve 
por qué razón la noticia de la adjudicación no puede 
salir al día siguiente. 
2.4. Criterios de adjudicación 
2.4.1. El Comité ve con satisfacción que en casos de 
ofertas extraordinariamente ventajosas se pueden exigir 
no sólo la aclaración escrita de algunas partidas, sino 
que también se puedan recabar informaciones para 
saber si el licitador recibe subvenciones estatales. No 
obstante cabe la duda de que los datos sobre subvencio­
nes que posee la Comisión estén completos. En el sector 
de la telecomunicación, las subvenciones para investiga­
ción y desarrollo representan además un problema que 
conviene tener especialmente en cuenta. 
2.4.2. La definición del origen comunitario según el 
criterio del valor añadido es eminentemente política y 
trasciende el alcance de la presente Directiva. 
En opinión del Comité, el artículo 8 tiene muy especial 
importancia para los países de la Asociación europea 
de libre cambio (AELC-EFTA). Por ello exige a la 
Comisión que entable inmediatamente negociaciones 
con esos países, para evitar que la medida concernida 
tenga repercusiones indeseables en el proceso de una 
más amplia integración del comercio europeo. 
La Comunidad está por supuesto obligada a cumplir las 
reglas del Acuerdo general sobre las tarifas aduaneras y 
el comercio (GATT) presentes y futuras, frente a los 
proveedores de países terceros. Aparte de esto, es muy 
de desear que en los sectores que no cubre el GATT 
negocie caso por caso un convenio de reciprocidad (o 
al menos un convenio para la equitativa distribución de 
las ventajas). El Comité apoya en principio la regulación 
prevista frente a países terceros. Ahora bien, para la 
evaluación del local contení, en lugar de la regulación 
del 50 % debería aplicarse el 60 %. Además, se deberían 
considerar aparte los gastos para investigación y des­arrollo, según su cuantía, sometiéndolos igualmente a 
la regulación del 60%. En igualdad de precio, no se 
3 deberían privilegiar los suministros de la CE frente a 
proveedores procedentes de países de África, del Caribe 
y del Pacífico (ACP). En vista de la interrelación de la 
infraestructura con los países de EFTA, debería encon-
s trarse un arreglo satisfactorio para ambas partes, en las 
negociaciones con EFTA. 
> 
i 2.4.3. Para hacer justicia a los problemas regionales 
1 de la Comunidad, el Comité propone que se dé trato 
preferencial a las ofertas de los licitadores procedentes 
de regiones con problemas estructurales. Al mismo 
tiempo y de manera análoga a la reglamentación con 
t terceros países, en igualdad de precio debe darse la 
t preferencia al licitador procedente de una región de la 
Comunidad Europea que recaiga bajo los objetivos 1 
1 (regiones poco desarrolladas) y 2 (regiones industriales 
» con problemas de adaptación) de las disposiciones de 
los Fondos estructurales. 
2.5. Sanciones 
2.5.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta 
modificada de fecha 8 de diciembre de 1988 para la 
Directiva de ejecución con la cual la Comisión sigue 
totalmente la sugerencia del Comité, de dotar a la 
Comisión con la autorización de exigir a la Administra­
ción competente de un Estado miembro, en un caso 
concreto, que sea incoado el proceso correspondiente. 
Además, el Comité solicita que la Directiva comunitaria 
actualmente pendiente en el Consejo sobre la aplicación 
de las reglas comunitarias en el marco del procedi­
miento de adjudicación de contratos públicos de sumi­
nistro y construcción, se aplique lo más pronto posible 
a la Directiva que está ahora en preparación. La elabo­
ración de reglas comunitarias quedará letra muerta si 
no se puede llevar a cabo su aplicación. Tal y como 
estableció en su dictamen sobre la Directiva antes men­
cionada, el Comité estima que una Directiva de ejecu­
ción es un complemento indispensable para alcanzar un 
auténtico mercado interior en el sector de contratos 
públicos y repite su demanda 
— a la Comisión, para que antes de la aprobación de 
la Directiva, colabore con los Estados miembros 
para establecer disposiciones homogéneas sobre pla­
zos, multas y procedimientos administrativos, 
— de que la Comisión debe disponer de los mismos 
poderes para imponer sanciones (al igual que en 
las reglas de competición, artículo 87, apartado 2, 
Tratado CEE) tal y como los poseen las autoridades 
de cada Estado en base a la Directiva de aplica­
ción (*). 
2.5.2. Con el fin de evitar el siempre engorroso 
recurso ante el Tribunal Europeo de justicia (y también 
ante su futuro Tribunal de primera instancia), sería 
0) DO n° C 347 de 22. 12. 1987, p. 23. 
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/35 
deseable que los litigios relacionados con las Directivas 
en cuestión —exceptuando la posibilidad de apela­
ción— se presenten ante un tribunal de arbitraje com­
puesto por expertos independientes. 
2.5.3. Para mejorar la transparencia en el procedi­
miento de adjudicación de contratos públicos, en opi­
nión del Comité, la Comisión debería publicar una 
estadística sobre los contratos transfronterizos y enviar­
la al Comité. Esta publicación debería hacerse anual­
mente. 
2.5.4. Se debería asimismo tomar medidas para 
impedir que todos los organismos afectados por la 
Directiva intenten eludir sus disposiciones adoptando, 
sin razón que lo justifique, compromisos a muy largo 
plazo con proveedores privilegiados, antes de la publi­
cación de este acto jurídico. La Directiva debería tam­
bién prever expresamente la posibilidad de someter los 
compromisos de este tipo a un nuevo examen y a una 
reducción de su período de validez. 
Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
ANEXO 
del dictamen del Comité Económico y Social 
Los miembros siguientes, presentes o representados, votaron a favor del dictamen: 
Sras./Srtas./Sres. Amato, Arena, Arets, Ataide Ferreira, Bagliano, Beltrami, Bento Goncalves, Beretta, Berger, 
Bernasconi, Bleser, Boddy, Boisserée, Bredima Savopoulou, Lobo Brandáo R. Cal, Calvet Chambón, Campbell, 
Carroll, Cavazzuti, Ceballo Herrero, Christie, Coyle, van Dam, Delhomenie, Della Croce, Dodd, Donck, 
Dos Santos, Drilleaud, van Eeckert, Forgas, Frandi, Freeman, Fresi, Giacomelli, Gómez Martínez, Green, 
Hancock, Houthuys, Hórsken, Hovgaard Jakobsen, Jenkins, Kazazis, Kirchfeld, Laka Martin, Landaburu de 
Silva, Lappas, Larsen, Liverani, Luchetti, Maddocks, Mainetti, Margot, Marvier, Meyer-Horn, Moreland, 
Mourgues, Muhr, Murphy, Nielsen B., Nielsen P., Noordwal, Orsi, Pardon, Pelletier, Petersen, Petropoulos, 
Poeton, Proenca, Pronk, Proumens, Quevedo Rojo, Raftopoulos, Roseingrave, Rouzier, Saiu, Salmón, Santi-
llan Cabeza, Schmitz, Schnitker, Schópges, Serra Carracciolo, Silva, Smith A., Smith L., Solari, Spijkers, 
Stádelin, Strauí?, Telles, Tukker, Vallejo Calderón, Vanden Broucke, Vercellino, Wick, Withworth, Zufiaur 
Narvaiza. 
Los miembros siguientes, presentes o representados, votaron en contra del dictamen: 
Sras./Srtas./Sres. Ceyrac, Clavel, Collas, Decaillon, Gardner, Kaaris, Lów, de Normann, Perrin-Pelletier, 
Schade-Poulsen, Storie-Pugh, Tixier, Wagner. 
Los miembros siguientes, presentes o representados, se abstuvieron: 
Sras./Srtas./Sres. Aparicio Bravo, Broicher, Doornbos, Gredal, Hagen, Kenna, Lustenhouwer, Pearson, 
Rangoni Machiavelli, Ribiére, Riera Marsa, Romoli. 3. Observaciones específicas sobre la Directiva relativa 
al procedimiento de adjudicación de contratos por 
medio de empresas del sector de telecomunicaciones 
3.1. El texto presentado resulta impracticable para 
las empresas afectadas debido a las repetidas referencias 
a la Directiva con respecto a la adjudicación de contra­
tos en los sectores de suministro de agua, energía y 
transportes públicos. Por tanto, el Comité propone que 
se presente una Directiva redactada expresamente para 
el sector del que aquí se trata. 
3.2. La complejidad de los sistemas de conexión y 
transmisión, así como su rápido desarrollo, exigen entre 
otras cosas, que por un lado se establezca una continua 
cooperación entre los explotadores y la industria y que 
por otro lado se acometan considerables esfuerzos de 
investigación y desarrollo, que habrán de dar resultados 
en un plazo muy breve. Por ello, los procedimientos 
deberían ser diferenciados de acuerdo con la clase de 
equipamiento técnico utilizado. 
Aparte de esto, en la Comunidad sólo se les puede 
exigir a los usuarios una transparencia en la técnica 
que no les ponga en desventaja frente a la competencia 
americana y asiática.