15. 2. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 38/7 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Segunda Directiva del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las 
disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la 
que se modifica la Directiva 79/267/CEE 
COM(88) 729 final — SYN 177 
(Presentada por la Comisión el 23 de diciembre de 1988) 
(89/C 38/08) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, el apartado 2 del artículo 
57 y el artículo 66, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que es necesario desarrollar el mercado 
interior del seguro de vida y de las operaciones contem­
pladas en la Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, 
de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las dispo­
siciones legales, reglamentarias y administrativas, refe­
rentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la 
vida, y a su ejercicio ('), en lo sucesivo denominada 
«Primera Directiva»; que, para alcanzar dicho objetivo, 
conviene facilitar a las empresas con sede social en la 
Comunidad, la prestación de sus servicios en los Estados 
miembros, facilitando con ello a los tomadores de segu­
ros la posibilidad de recurrir no sólo a empresas estable­
cidas en su país, sino también a empresas con sede social 
en la Comunidad y establecidas en otros Estados miem­
bros; 
Considerando que, en aplicación del Tratado, está prohi­
bido, a partir del final del período transitorio, cualquier 
trato discriminatorio en materia de prestación de servi­
cios que se fundamente en el hecho de que una empresa 
no esté establecida en el Estado miembro en el que se 
realiza la prestación; que tal prohibición se aplica a las 
prestaciones de servicios efectuadas a partir de cualquier 
establecimiento dentro de la Comunidad, independiente­
mente de si se trata del domicilio social de una empresa 
o de una agencia o sucursal; 
Considerando que por motivos prácticos conviene definir 
la prestación de servicios teniendo presente, por un lado, 
(') DO n° L 63 de 13. 3. 1979, p. 1. el establecimiento de la empresa y, por otro, la localiza-
ción del compromiso; que, por lo tanto, conviene asi­
mismo fijar una definición del compromiso; que con­
viene, además, delimitar la actividad ejercida por medio 
del establecimiento, distinguiéndola de la ejercida en ré­
gimen de libre prestación de servicios; 
Considerando que conviene completar las disposiciones 
de la Primera Directiva del Consejo, de 5 de marzo de 
1979, concretamente para precisar las facultades y los 
medios de control de las autoridades de supervisión; que 
conviene, además, dictar disposiciones específicas relati­
vas al acceso, al ejercicio y al control de las actividades 
desarrolladas en régimen de libre prestación de servicios; 
Considerando que conviene conceder a los tomadores de 
seguro que, al tomar la iniciativa de contraer un compro­
miso en otro país y acogerse así a la protección del sis­
tema jurídico de dicho país, no necesitan una protección 
específica en el Estado del compromiso, plena libertad de 
acceso al mercado más amplio posible de los seguros de 
vida y las operaciones contempladas en la Primera Direc­
tiva; que, por otra parte, conviene garantizar un ade­
cuado nivel de protección a los demás tomadores de se­
guro; 
Considerando que, en lo que respecta a los seguros co­
lectivos y a ciertos seguros individuales de jubilación, la 
diversidad y complejidad de los distintos sistemas exis­
tentes y su estrecha relación con los regímenes de seguri­
dad social hacen necesario un estudio detallado; que 
conviene, por tanto, excluirlos del ámbito de aplicación 
de las disposiciones específicas relativas a la libre presta­
ción de servicios de la presente Directiva; que serán ob­
jeto, por consiguiente, de otra propuesta de Directiva; 
Considerando que las disposiciones vigentes en los Esta­
dos miembros en materia de derecho del contrato rela­
tivo a las actividades contempladas en la Primera Direc­
tiva siguen siendo divergentes; que, en determinados ca­
sos, con arreglo a normas que tengan en cuenta circuns­
tancias específicas, puede concederse la libertad de ele­
gir, como ley aplicable al contrato, una ley distinta de la 
del Estado del compromiso; 
N° C 38/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 2. 89 
Considerando que conviene reforzar las disposiciones de 
la Primera Directiva relativas a la cesión de cartera, 
completándola con disposiciones que contemplen especí­
ficamente el caso en que la cartera de contratos celebra­
dos en régimen de prestación de servicios sea cedida a 
otra empresa; 
Considerando que, en la fase actual de coordinación, 
conviene conceder a los Estados miembros la facultad de 
limitar, en aras de la protección de los tomadores de se­
guro, el ejercicio simultáneo de la actividad en régimen 
de libre prestación de servicios y la actividad por medio 
de establecimiento; que no puede establecerse tal limita­
ción para aquellos compromisos en que los tomadores de 
seguro no necesiten dicha protección; 
Considerando que conviene supeditar el acceso al ejerci­
cio de la libre prestación de servicios a procedimientos 
que garanticen que las empresas aseguradoras respeten 
las disposiciones relativas tanto a las garantías financieras 
como a las condiciones del seguro y a las tarifas; que 
tales procedimientos pueden aligerarse en la medida en 
que la actividad en régimen de prestación de servicios se 
dirija hacia tomadores de seguro que, por las caracterís­
ticas del compromiso que se propongan contraer, no ne­
cesiten una protección particular en el Estado del com­
promiso; 
Considerando, no obstante, que, en lo que se refiere a 
esta segunda categoría de tomadores de seguro y cuando 
se trate de un seguro de vida, conviene conceder al to­
mador la posibilidad de renunciar al contrato en un 
plazo de 30 días; 
Considerando que en la Primera Directiva se adoptó el 
principio de prohibir el cúmulo de las actividades con­
templadas en la Primera Directiva de coordinación de los 
seguros contra daños con las de la Primera Directiva; 
que si bien se autorizó que se mantuvieran las empresas 
de varios ramos existentes, se precisó que éstas no pue­
den crear agencias o sucursales en el ramo del seguro de 
vida; que cabe prohibir también que estas empresas con­
traigan, en régimen de prestación de servicios, compro­
misos contemplados en la Primera Directiva; 
Considerando que interesa crear las condiciones para 
una colaboración especial en el ámbito de la libre presta­
ción de servicios entre las autoridades de supervisión 
competentes de los Estados miembros, así como entre és­
tas y la Comisión; que conviene, asimismo, establecer un 
régimen de sanciones que sea aplicable cuando la em­
presa prestataria de servicios no se ajuste a las disposicio­
nes del Estado miembro en que preste sus servicios; 
Considerando que, conviene supeditar las provisiones 
técnicas incluidas las provisiones matemáticas a las nor­
mas y a la supervisión del Estado miembro en que se 
presten los servicios cuando la actividad de prestación de 
servicios se refiera a compromisos para los cuales el Es­
tado destinatario de las prestaciones quiera ofrecer a los 
tomadores una protección particular; que, en cambio, las 
provisiones técnicas incluidas las provisiones matemáticas han de seguir sometidas a las normas y a la supervisión 
del Estado miembro en la empresa que esté establecida, 
cuando la finalidad de protección del tomador carezca 
de fundamento; 
Considerando que varios Estados miembros no someten 
los contratos de seguro de vida ni las demás operaciones 
contempladas en la Primera Directiva a ninguna forma 
de impuesto indirecto, en tanto que otros los gravan con 
impuestos especiales que, en los Estados miembros en 
que se recaudan tales impuestos, difieren apreciable-
mente la estructura y los tipos impositivos; que conviene 
evitar que las diferencias existentes se traduzcan en dis­
torsiones de la competencia para las empresas entre los 
Estados miembros; que la aplicación del régimen fiscal 
previsto por el Estado miembro en que se contrae el 
compromiso tiene la virtud de poder remediar ese incon­
veniente y que corresponde a los Estados miembros esta­
blecer las modalidades destinadas a garantizar la recau­
dación de esos impuestos; 
Considerando que la Primera Directiva del Consejo 
prevé expresamente normas específicas en materia de au­
torización de agencias y sucursales de empresas cuya 
sede social esté situada fuera de la Comunidad; 
Considerando que, asimismo, es conveniente establecer 
un procedimiento específico para toda solicitud de auto­
rización de una filial o de participaciones por parte de 
una empresa a la que se aplique la ley de un país tercero 
con objeto de garantizar que las empresas de la Comuni­
dad reciban un régimen de reciprocidad en el país ter­
cero de que se trate; que la presente Directiva tiende a 
fijar las modalidades de un procedimiento de este tipo, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 1 
La presente Directiva tiene por objeto: 
a) completar la Primera Directiva 79/267/CEE; 
b) fijar las disposiciones particulares relativas a la libre 
prestación de servicios para las actividades contempla­
das en dicha Directiva y precisadas en el Título III de 
la presente Directiva. 
Artículo 2 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
a) Primera Directiva:^ Directiva 79/267/CEE; 
b) empresa: 
— a efectos de los Títulos I y II, cualquier empresa 
que haya sido autorizada administrativamente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 ó en el artí­
culo 27 de la Primera Directiva; 
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— a efectos de los Títulos III y IV, cualquier em­
presa que haya sido autorizada administrativa­
mente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 
de dicha Directiva; 
c) establecimiento: la sede social, agencia o sucursal de 
una empresa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 3; 
d) compromiso: todo compromiso materializado por una 
de las formas de seguros u operaciones contemplados 
en el artículo 1 de la Primera Directiva; 
e) Estado miembro del compromiso: el Estado miembro en 
que el tomador tenga su domicilio habitual o, si el 
tomador es una persona jurídica, el Estado miembro 
en que esté situado el establecimiento de dicha per­
sona jurídica a la que se refiera el contrato; 
f) Estado miembro del establecimiento: el Estado miem­
bro en el cual esté situado el establecimiento que con­
trae el compromiso; 
g) Estado miembro de prestación de servicios: el Estado 
miembro del compromiso cuando éste sea contraído 
por un establecimiento situado en otro Estado miem­
bro; 
h) sociedad principal: una sociedad principal tal como se 
define en el artículo 1 de la Séptima Directiva 
83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, 
fundada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 
del Tratado, sobre cuentas consolidadas (') 
i) filial: una empresa filial tal como se define en el artí­
culo 1 de la Directiva 83/349/CEE. 
Artículo 3 
A efectos de la Primera Directiva así como la presente 
Directiva, se asimilará a una agencia o sucursal toda pre­
sencia permanente de una empresa en el territorio de un 
Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado 
la forma de una sucursal o agencia y se ejerza por medio 
de una simple oficina administrada por el propio perso­
nal de la empresa, o de una persona independiente pero 
con poderes para actuar permanentemente para la em­
presa como lo haría una agencia. 
TÍTULO II 
Disposiciones complementarias a la Primera Directiva 
Artículo 4 
1. La legislación aplicable a los contratos relativos a 
las actividades contempladas en la Primera Directiva 
será la legislación del Estado miembro del compromiso. 
No obstante, cuando el derecho de dicho Estado miem­
bro lo permita, las partes podrán elegir la legislación de 
otro país. 
2. Cuando, en uno de los supuestos contemplados en 
el artículo 13, el tomador tenga su domicilio habitual en 
un Estado miembro distinto del Estado miembro del que 
(') DO n° L 193 de 18. 7. 1983. sea nacional, las partes podrán elegir la legislación del 
Estado miembro del que sea nacional. 
3. El Estado miembro cuya ley rige el contrato no 
puede, en los supuestos contemplados en el artículo 13, 
impedir al tomador de seguro que suscriba un compro­
miso autorizado por la reglamentación del Estado miem­
bro del establecimiento. 
4. Cuando en un Estado miembro existan varias uni­
dades territoriales con normas legales propias en materia 
de obligaciones contractuales, cada unidad será conside­
rada como un país a efectos de determinación de la le­
gislación aplicable en virtud de la presente Directiva. 
Los Estados miembros donde existan diferentes unidades 
territoriales con normas legales propias en materia de 
obligaciones contractuales no estarán obligados a aplicar 
las disposiciones de la presente Directiva a los conflictos 
que surjan entre los derechos de dichas unidades. 
5. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá con­
travenir las normas legales del país del juez que regulen 
imperativamente la situación, sea cual fuere la ley aplica­
ble al contrato. 
Si el derecho de un Estado miembro así lo establece, se 
podrá dar efecto a las disposiciones imperativas de la le­
gislación del Estado miembro del compromiso, siempre y 
cuando, según el derecho de ese país, dichas disposicio­
nes sean aplicables sea cual fuere la legislación que re­
gule el contrato. 
6. Salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, los 
Estados miembros aplicarán a los contratos de seguros 
contemplados por la presente Directiva sus normas gene­
rales de derecho internacional privado en materia de 
obligaciones contractuales. 
Artículo 5 
El artículo 23 de la Primera Directiva se completará con 
el apartado siguiente: 
«3. Los Estados miembros tomarán todas las dis­
posiciones oportunas a fin de que las autoridades de 
supervisión de las empresas de seguros dispongan de 
los poderes y medios necesarios para la supervisión 
de las actividades de las empresas de seguros estable­
cidas en su territorio, incluidas las actividades ejerci­
das fuera de dicho territorio, con arreglo a las Direc­
tivas del Consejo relativas a estas actividades y con 
vistas a su aplicación. 
Los mencionados poderes y medios permitirán, con­
cretamente, a las autoridades de supervisión: 
N°C 38/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 2. 89 
— informarse detenidamente de la situación de la 
empresa y del conjunto de sus actividades, para lo 
cual podrán en particular: 
— recoger datos o exigir la presentación de do­
cumentos relativos a la actividad de seguro, 
— efectuar comprobaciones in situ en los locales 
de la empresa; 
— tomar, con respecto a la empresa, todas las medi­
das pertinentes y necesarias para garantizar que 
las actividades de la empresa se ajusten a las dis­
posiciones legales, reglamentarias y administrati­
vas que la empresa deba observar en los distintos 
Estados miembros, y, en particular, con el pro­
grama de actividad en la medida en que siga 
siendo obligatorio, así como para evitar o supri­
mir toda irregularidad que pudiera perjudicar los 
intereses de los asegurados; 
— garantizar la aplicación de las medidas exigidas 
por las autoridades de supervisión, si fuere nece­
sario mediante ejecución forzosa, recurriendo en 
su caso, a la vía judicial. 
Los Estados miembros también podrán prever la posi­
bilidad de que las autoridades de supervisión obten­
gan toda información relativa a los contratos en po­
der de los intermediarios.» 
Artículo 6 
1. Se suprime el artículo 25 de la Primera Directiva. 
2. Los Estados miembros autorizarán, en las condicio­
nes previstas por el derecho nacional, a las empresas es­
tablecidas en su territorio a transferir, en su totalidad o 
en parte, la cartera de contratos con respecto a los cuales 
se considere como el Estado del compromiso a un cesio­
nario establecido en el mismo Estado miembro, si las au­
toridades de supervisión del Estado miembro del domici­
lio social del cesionario certifican que, una vez efectuada 
la transferencia, éste posee el margen de solvencia nece­
sario. 
3. Los Estados miembros autorizarán, en las condicio­
nes previstas por el derecho nacional, a las empresas es­
tablecidas en su territorio a transferir, en su totalidad o 
en parte, su cartera de contratos celebrados en las condi­
ciones contempladas en el apartado 1 del artículo 10 a 
un cesionario establecido en el Estado miembro de pres­
tación de servicios, si las autoridades de supervisión del 
Estado miembro del domicilio social del cesionario certi­
fican que, una vez efectuada la transferencia, éste posee 
el margen de solvencia necesario. 
4. Los Estados miembros autorizarán, en las condicio­
nes previstas por el derecho nacional, a las empresas es­
tablecidas en su territorio a transferir, en su totalidad o 
en parte, su cartera de contratos celebrados en las condi­
ciones contempladas en el apartado 1 del artículo 10 a 
un cesionario establecido en el mismo Estado miembro, 
si las autoridades de supervisión del Estado miembro del 
domicilio social certifican que, una vez efectuada la 
transferencia, el cesionario posee el margen de solvencia necesario y que cumple, en el Estado miembro de presta­
ción de servicios, las condiciones mencionadas en los ar­
tículos 11, 12, 14 y 16. 
5. En los casos contemplados en los apartados 3 y 4, 
las autoridades de supervisión del Estado miembro en 
que esté establecida la empresa cedente autorizarán la 
transferencia tras haber recibido el acuerdo de las autori­
dades de supervisión del Estado miembro de prestación 
de servicios. 
6. Si un Estado miembro autorizare, en las condicio­
nes previstas en el derecho nacional, a las empresas esta­
blecidas en su territorio a transferir, en su totalidad o en 
parte, su cartera de contratos a un cesionario establecido 
en otro Estado miembro que no sea el de prestación de 
servicios, se cerciorará de que se cumplen las siguientes 
condiciones: 
— que las autoridades de supervisión del Estado miem­
bro donde se encuentre la sede social del cesionario 
certifiquen que, una vez efectuada la transferencia, 
éste posee el margen de solvencia necesario; 
— que esté de acuerdo el Estado miembro en el que 
esté establecido el cesionario; 
— que el cesionario cumpla, en el Estado miembro de 
prestación de servicios, las condiciones mencionadas 
en los artículos 11, 12, 14y 16, que la legislación de 
este Estado miembro contemple la posibilidad de tal 
transferencia y que dicho Estado apruebe la transfe­
rencia. 
7. La transferencia autorizada con arreglo al presente 
artículo se publicará en el Estado miembro del compro­
miso en las condiciones previstas en el derecho nacional. 
Dicha transferencia podrá oponerse de pleno derecho a 
los tomadores de seguros, a los asegurados y a toda per­
sona que posea derechos u obligaciones derivados de los 
contratos transferidos. 
La presente disposición no afectará el derecho de los Es­
tados miembros a establecer la facultad de los tomadores 
de seguros para cancelar el contrato de un plazo deter­
minado a partir de la transferencia. 
Artículo 7 
El apartado 2 del artículo 22 de la Primera Directiva se 
sustituirá por lo siguiente: 
«La República Italiana tomará todas las disposiciones 
necesarias para que la obligación impuesta a las em­
presas establecidas en su territorio de ceder una parte 
de sus suscripciones al «Istituto nazionale di assicura-
zioni» quede suprimida a más tardar en un plazo de 
dos años desde la entrada en vigor de la presente Di­
rectiva.». 
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Artículo 8 
1. La rúbrica del Título III de la Primera Directiva 
«daños» y de la Primera Directiva «vida» se sustituye por 
el siguiente texto: 
«TÍTULO III A 
Normas aplicables a las agencias o sucursales estable­
cidas en la Comunidad y dependientes de empresas 
cuya sede social esté situada fuera de la Comunidad.» 
2. La rúbrica siguiente se introduce después del artí­
culo 29 de la Primera Directiva «daños» y después del 
artículo 32 de la Primera Directiva «vida». 
«TÍTULO III B 
Normas aplicables a las filiales o adquisiciones de 
participación de una sociedad principal sometida al 
derecho de un país tercero.» 
Artículo 9 
El título III B se completa con un artículo idéntico que 
en el caso de la Primera Directiva «daños» lleva el nú­
mero 29 bis y en el de la Primera Directiva «vida» el 
32 bis. El texto de este artículo es el siguiente: 
«1. Toda solicitud de autorización de una filial o 
de adquisición de una participación definida en el 
apartado 3 de una sociedad principal sometida al de­
recho de un país tercero, constituye el objeto del pro­
cedimiento previsto en el presente artículo. 
2. Las autoridades competentes del Estado miem­
bro de que se trate informarán de las solicitudes de 
autorización de una filial a las autoridades competen­
tes de los restantes Estados miembros, así como a la 
Comisión. 
3. Los Estados miembros disponen que cuando 
una empresa sometida al derecho de un país tercero 
pretende adquirir directamente o indirectamente una 
participación en una empresa de seguros establecida 
en la Comunidad de tal manera que esta última se 
convierta en su filial, informará de ello a las autori­
dades de control del Estado miembro de que se trate. 
A su vez, éstas informarán de ello a las autoridades 
competentes de los restantes Estados miembros así 
como a la Comisión. 
4. Las autoridades competentes del Estado miem­
bro de que se trate deberán suspender su decisión en 
lo que se refiere a las solicitudes contempladas en los 
apartados 2 y 3 hasta la finalización del procedi­
miento previsto en los apartados 5 y 6. 
5. La Comisión examinará, dentro de los tres me­
ses siguientes a la recepción de las informaciones pre­
vistas en los apartados 2 y 3, si todas las empresas de 
la Comunidad reciben un trato de reciprocidad, en 
particular en lo que se refiere a la creación de filiales 
o a la adquisición de participaciones en las empresas 
de seguros en el citado país tercero. 6. Si la Comisión comprueba que la reciprocidad 
no está garantizada, podrá prolongar la suspensión 
de decisión prevista en el apartado 4, previa consulta 
a las autoridades competentes de los Estados miem­
bros dentro del procedimiento de colaboración pre­
visto en el artículo 33 de la Primera Directiva "da­
ños" y en el artículo 38 de la Primera Directiva 
"vida". 
7. La Comisión presentará al Consejó las propues­
tas adecuadas con objeto de alcanzar la reciprocidad 
con el país tercero de que se trate.» 
TÍTULO III 
Disposiciones particulares relativas a la libre prestación 
de servicios 
Artículo 10 
1. Lo dispuesto en el presente título será aplicable 
cuando una empresa contraiga, desde un establecimiento 
situado en un Estado miembro, un compromiso en otro 
Estado miembro. 
2. Dichas disposiciones no serán aplicables a las ope­
raciones, empresas y organismos a los que no se aplique 
la Primera Directiva. 
3. Dichas disposiciones no serán tampoco aplicables a 
los compromisos: 
— contraídos con personas que no sean personas físicas 
que actúen por cuenta propia; 
— contraídos con personas que tengan un vínculo co­
mercial, profesional o de trabajo con la o las perso­
nas sobre las que recaiga el contrato, independiente­
mente de que dicho vínculo sea pasado, presente o 
futuro, siempre que el compromiso se contraiga en 
virtud de tal vínculo; 
— contraídos con personas sobre las que recaiga el con­
trato si éste se celebra en virtud del trabajo o la acti­
vidad profesional de dichas personas; 
— relativos a las operaciones contempladas en las letras 
a), c), d) y e) del apartado 2 y el apartado 3 del artí­
culo 1 de la Primera Directiva. 
4. Una empresa sólo podrá contraer un compromiso 
en otro Estado miembro si, en el Estado miembro del 
establecimiento, está autorizada para contraer tal com­
promiso, con arreglo al artículo 6 de la Primera Direc­
tiva. 
Artículo 11 
Toda empresa que se proponga efectuar prestaciones de 
servicios deberá informar de ello previamente a las auto­
ridades competentes del Estado miembro donde tenga su 
sede social y, si fuere preciso, del Estado miembro del 
establecimiento en cuestión, indicando el o los Estados 
miembros en cuyo territorio se proponga efectuar tales 
N° C 38/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 2. 89 
prestaciones de servicios y la naturaleza de compromisos 
que se proponga contraer. 
Artículo 12 
1. Todo Estado miembro en cuyo territorio una em­
presa se proponga contraer, en régimen de prestación de 
servicios, alguno de los compromisos contemplados en el 
artículo 10 de la presente Directiva, podrá supeditar a 
autorización administrativa el acceso a tal actividad, 
siempre que dichos compromisos no estén contemplados 
en el artículo 13; a tal fin, podrá exigir que la empresa: 
a) presente un certificado, expedido por las autoridades 
competentes del Estado miembro de la sede social, 
que acredite que dispone del margen mínimo de sol­
vencia para el conjunto de sus actividades, de confor­
midad con el artículo 19 de la Primera Directiva y 
que la autorización, con arreglo al apartado 1 del ar­
tículo 6 de dicha Directiva, permita a la empresa ejer­
cer fuera del Estado miembro del establecimiento; 
b) presente un certificado, expedido por las autoridades 
competentes del Estado miembro del establecimiento, 
que indique los ramos en que la empresa está autori­
zada a operar y que acredite que dichas autoridades 
no formulan objeciones para que la empresa efectúe 
una actividad de prestación de servicios; 
c) presente un programa de actividades que deberá con­
tener indicaciones relativas a: 
— la naturaleza de los compromisos que la empresa 
se proponga contraer en el Estado miembro de 
prestación de servicios; 
— las condiciones generales y particulares de las pó­
lizas de seguros que se proponga utilizar; 
— las tarifas que la empresa piense aplicar para cada 
categoría de operaciones y las bases técnicas que 
la empresa se proponga utilizar para cada catego­
ría de operaciones; 
— los formularios y otros impresos que se proponga 
utilizar en sus relaciones con los tomadores, 
en la medida en que las empresas establecidas estén tam­
bién sujetas a tal obligación. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de prestación de servicios podrán exigir que las indica­
ciones contempladas en la letra c) del apartado 1 le sean 
facilitadas en la lengua oficial de dicho Estado. 
3. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de prestación de servicios dispondrán de un plazo de seis 
meses a partir de la recepción de los documentos men­
cionados en el apartado 1 para conceder o denegar la 
autorización, basándose en la conformidad de los ele­
mentos del programa de actividades presentado por la 
empresa con las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias aplicables en dicho Estado. 4. Si las autoridades competentes del Estado miembro 
de prestación de servicios no se hubieren pronunciado 
una vez expirado el plazo mencionado en el apartado 3, 
la autorización se considerará denegada. 
5. Toda decisión que deniegue una autorización o que 
deniegue el certificado contemplado en las letras a) o b) 
del apartado 1 deberá ser motivada de manera precisa y 
notificada a la empresa interesada. 
6. Cada Estado miembro establecerá un recurso juris­
diccional contra la denegación de autorización o dene­
gación de concesión del certificado contemplado en las 
letras a) o b) del apartado 1. 
Artículo 13 
1. Los compromisos contraídos en régimen de presta­
ción de servicios no estarán sujetos al artículo 12, sino al 
artículo 14, cuando el tomador de seguro tome la inicia­
tiva de solicitar el compromiso a la empresa. 
Se considerará que el tomador de seguro ha tomado la 
iniciativa: 
— cuando el primer contacto entre el tomador y la em­
presa, independientemente del medio utilizado, la 
efectúe el tomador, o, 
— cuando el contrato se celebre en el Estado miembro 
en que esté establecida la empresa sin que haya ha­
bido un contacto previo entre el tomador y la em­
presa en el Estado miembro en que el tomador tenga 
su domicilio habitual. 
2. Las empresas que tengan previsto contraer compro­
misos en un Estado miembro acogiéndose al presente ar­
tículo no harán en dicho Estado ninguna prospección co­
mercial ni publicidad relativas a esta actividad a excep­
ción de anuncios públicos que indiquen su dirección y 
los ramos en los cuales está autorizada a ejercer en el 
Estado de establecimiento a partir del cual se proponga 
contraer compromisos. 
3. Cuando el tomador de seguro tome la iniciativa de 
solicitar el compromiso a la empresa por mediación de 
un agente y antes de entrar en contacto con la empresa, 
firmará una declaración en la que certifique que desea 
que el agente busque fórmulas de seguros en uno o va­
rios Estados miembros distintos de aquel en que tenga su 
domicilio habitual; dicho agente será la persona contem­
plada en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la 
Directiva 77/92/CEE. El agente no dará ninguna publi­
cidad a la posibilidad de solicitar compromisos acogién­
dose al presente artículo. 
4. Antes de suscribir un compromiso acogiéndose a lo 
dispuesto en el presente artículo, el tomador firmará una 
15. 2. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 38/13 
declaración certificando que ha tomado nota de que di­
cho compromiso estará sujeto a las normas de supervi­
sión del país de la empresa que contraiga el compromiso. 
Artículo 14 
1. Todo Estado miembro en cuyo territorio una em­
presa se proponga contraer, en régimen de prestación de 
servicios, alguno de los compromisos contemplados en el 
artículo 13 de la presente Directiva, exigirá que la em­
presa: 
a) presente un certificado, expedido por las autoridades 
competentes del Estado miembro de la sede social, 
que acredite que dispone del margen mínimo de sol­
vencia para el conjunto de sus actividades, de confor­
midad con el artículo 19 de la Primera Directiva y 
que la autorización, con arreglo al apartado 1 del ar­
tículo 6 de dicha Directiva, permite a la empresa ope­
rar fuera del Estado miembro del establecimiento; 
b) presente un certificado, expedido por las autoridades 
competentes del Estado miembro del establecimiento, 
que indique los ramos en que se autoriza a operar a la 
empresa interesada y que acredite que dichas autori­
dades no ponen objeciones a que la empresa efectúe 
una actividad de prestación de servicios; 
c) indique la naturaleza de los compromisos que se pro­
pone en el Estado miembro de prestación de servicios. 
2. Cada Estado miembro establecerá un recurso juris­
diccional contra cualquier denegación de concesión del 
certificado contemplado en las letras a) o b) del apar­
tado 1. 
3. La empresa podrá iniciar su actividad a partir de la 
fecha certificada en que las autoridades del Estado 
miembro de prestación de servicios estén en posesión de 
los documentos contemplados en el apartado 1. 
4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará asi­
mismo cuando el Estado miembro en cuyo territorio una 
empresa se proponga contraer en régimen de prestación 
de servicios compromisos distintos de los contemplados 
en el artículo 13 de la Primera Directiva, no supedite el 
acceso a dicha actividad a la obtención de una autoriza­
ción administrativa. 
Artículo 15 
El tomador de un seguro de vida individual sujeto al ré­
gimen de prestación de servicios contemplado en el artí­
culo 13 dispondrá de un plazo mínimo de 30 días a par­
tir de la fecha en que las partes se comprometan para 
renunciar a los efectos de dicho contrato. 
La notificación del tomador de que renuncia al contrato 
liberará a éste de toda obligación derivada de dicho con­
trato. 
Estas disposiciones no se aplicarán a los contratos de una 
duración igual o inferior a 2 meses. 
Los efectos jurídicos de la renuncia se regularán con 
arreglo a la legislación aplicable al contrato, tal como 
queda definida en el artículo 4, en particular, en lo que se refiere a la determinación de la fecha a partir de la 
cual las partes se comprometen. 
Artículo 16 
La legislación de los Estados miembros prescribirá que 
las empresas establecidas en un Estado miembro pueden 
contraer en él, en régimen de prestación de servicios y a 
partir de un establecimiento de otro Estado miembro, al 
menos: 
— compromisos contemplados en el artículo 13 de la 
presente Directiva, 
— compromisos contemplados en el artículo 10 que no 
se recogen en el artículo 13 y que dependen de los 
ramos en los cuales la empresa establecida en el pri­
mer Estado miembro no está autorizada en él a ejer­
cer con arreglo al artículo 6 de la Primera Directiva. 
Por el contrario, si en este último caso, dicha empresa 
posee la autorización, el primer Estado miembro podrá 
oponerse a dicha prestación de servicios. 
Artículo 17 
1. Cuando la empresa contemplada en el artículo 11 
pretenda aportar modificaciones a las indicaciones con­
templadas en la letra c) del apartado 1 del artículo 12 o 
en la letra c) del apartado 1 del artículo 14, presentará 
esas modificaciones a las autoridades competentes del 
Estado miembro donde preste los servicios. Dichas modi­
ficaciones estarán sujetas a lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 12 y en el apartado 1 del artículo 14, respec­
tivamente. 
2. Cuando la empresa pretenda ampliar sus activida­
des a compromisos contemplados en el artículo 10 y a 
los que no se refiere el artículo 13 de la presente Direc­
tiva, se acogerá al procedimiento previsto en los artículos 
11 y 12. 
3. Cuando la empresa pretenda ampliar su actividad a 
compromisos contemplados bien en el artículo 13 de la 
presente Directiva, bien en el apartado 4 del artículo 14 
de la presente Directiva, se acogerá al procedimiento 
previsto en los artículos 11 y 14. 
Artículo 18 
Las empresas que, en virtud de lo dispuesto en el apar­
tado 3 del artículo 13 de la Primera Directiva, practiquen 
el cúmulo de las actividades contempladas en el Anexo 
de la Primera Directiva 73/239/CEE de la coordinación 
«daños» con el ejercicio de las enumeradas en el artículo 
1 de la Primera Directiva no contraerán compromisos, 
en régimen de prestación de servicios, en uno de los ra­
mos contemplados en la Primera Directiva. 
Artículo 19 
1. Los Estados miembros de prestación de servicios 
pueden mantener o introducir disposiciones legales, re­
glamentarias o administrativas, justificadas por el deseo 
de protección del tomador, en particular, en lo referente 
N° C 38/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 2. 89 
a la aprobación de las condiciones generales y particula­
res de las pólizas de seguro, de los formularios y otros 
impresos destinados a ser utilizados en las relaciones con 
los tomadores, de las tarifas y de cualquier otro docu­
mento necesario para el ejercicio normal de la supervi­
sión, a condición no obstante, de que las normas del Es­
tado miembro de establecimiento no basten para alcan­
zar el nivel de protección necesario y de que las exigen­
cias del Estado miembro de prestación de servicios no 
vayan más allá de lo estrictamente necesario en este sen­
tido. 
2. Sin embargo, para los compromisos contemplados 
en el artículo 13 de la presente Directiva, los Estados 
miembros de prestación de servicios no establecerán dis­
posiciones que exijan la aprobación o la comunicación de 
las condiciones generales y particulares de las pólizas de 
seguro, de las tarifas y de los formularios y demás impre­
sos que la empresa tenga intención de utilizar en sus re­
laciones con los tomadores. 
Artículo 20 
1. Toda empresa que preste servicios deberá presentar 
a la autoridad competente del Estado miembro en que 
preste dichos servicios todos los documentos que le sean 
requeridos para la aplicación del presente artículo, siem­
pre que dicha obligación se aplique, asimismo, a las em­
presas establecidas en dicho Estado. 
2. Si las autoridades competentes de un Estado miem­
bro comprobasen que una empresa que opera en régimen 
de prestación de servicios en su territorio no respeta la 
normativa aplicable en el referido Estado miembro, di­
chas autoridades instarán a la empresa considerada a que 
ponga fin a esa situación irregular. 
3. Si la empresa en cuestión no pone fin a la situación 
irregular contemplada en el apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro en que preste los servi­
cios informarán a las autoridades competentes del Estado 
miembro en que esté establecida. Éstas tomarán todas las 
medidas apropiadas para que la empresa considerada 
ponga fin a dicha situación irregular. Las autoridades del 
Estado miembro de prestación de servicios serán infor­
madas de la naturaleza de las mismas. 
Las autoridades competentes del Estado miembro de 
prestación de servicios podrán, asimismo, dirigirse a las 
autoridades competentes del domicilio social de la em­
presa de seguros cuando las prestaciones de servicios se 
efectúen a través de sucursal o agencia. 
4. Si, a pesar de las medidas así tomadas por el Estado 
miembro del establecimiento, bien porque dichas medi­
das resulten insuficientes o bien porque no existan en el 
Estado afectado, la empresa continuase violando la nor­
mativa vigente en el Estado miembro del establecimiento, 
podrá tomar las medidas adecuadas para prevenir nuevas 
irregularidades e impedir, en el caso de que resultase ab­
solutamente necesario, que la empresa siga contrayendo 
compromisos en régimen de prestación de servicios en su 
territorio. En el caso de compromisos contraídos en régimen de 
prestación de servicios distintos de los contemplados en 
el artículo 13 de la presente Directiva, dichas medidas 
comprenderán la retirada de la autorización contemplada 
en el artículo 12. Los Estados miembros velarán por que 
sea posible efectuar en sus territorios las notificaciones 
necesarias para dichas medidas. 
5. Las disposiciones precedentes no menoscabarán la 
facultad de los Estados miembros de reprimir las irregu­
laridades cometidas en sus territorios. 
6. Si la empresa que ha cometido la infracción po­
seyere un establecimiento o bienes en el Estado miembro 
de prestación de servicios, las autoridades de supervisión 
de este último podrán proceder a la ejecución de las san­
ciones administrativas previstas para tal infracción con 
respecto a dicho establecimiento o dichos bienes con 
arreglo a la legislación nacional. 
7. Toda medida adoptada en el marco de las disposi­
ciones de los apartados 2 a 6 que suponga sanciones o 
restricciones al ejercicio de la prestación de servicios de­
berá estar debidamente motivada y se notificará a la 
compañía afectada. Dicha medida podrá recurrirse por 
vía judicial en el Estado miembro donde se haya adop­
tado. 
8. Cuando se hayan adoptado medidas en el marco 
del artículo 24 de la Primera Directiva, la autoridad que 
las haya adoptado las comunicará a las autoridades com­
petentes del Estado miembro de prestación de servicios, 
quienes, cuando se trate de medidas tomadas en virtud 
de los apartados 1 y 3 de dicho artículo, tomarán las 
medidas adecuadas para salvaguardar los intereses de los 
asegurados. 
En caso de retirada de la autorización, en virtud del artí­
culo 26 de la Primera Directiva, se informará a las auto­
ridades del Estado miembro en que se presten los servi­
cios, quienes tomarán las medidas adecuadas para evitar 
que el establecimiento afectado continúe celebrando con­
tratos de seguros en régimen de prestación de servicios 
en el territorio de dicho Estado miembro. 
9. La Comisión presentará al Consejó cada dos años 
un informe donde se resuman, para cada Estado miem­
bro, el número y el tipo de casos en que se hayan notifi­
cado decisiones de denegación de autorización, con 
arreglo a las disposiciones del artículo 12, o en que se 
hayan tomado medidas en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4. Los Estados miembros cooperarán con la 
Comisión facilitándole los datos necesarios para la elabo­
ración de dicho informe. 
Artículo 21 
En caso de liquidación de una empresa de seguros, los 
compromisos derivados de los contratos suscritos en ré­
gimen de prestación de servicios se ejecutarán de la 
15. 2. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 38/15 
misma forma que los compromisos que resulten de los 
demás contratos de seguros de dicha empresa, sin distin­
ción de nacionalidad de los asegurados y de los benefi­
ciarios. 
Artículo 22 
1. Cuando una operación se presente en régimen de 
prestación de servicios, antes de que se celebre ningún 
compromiso, se informará al tomador de dicho seguro 
del Estado miembro en el que esté establecido el domici­
lio social, la agencia o la sucursal con la que vaya a cele­
brar el contrato. 
Si se facilitaren documentos al tomador del seguro, la 
información a que se hace referencia en el párrafo prece­
dente deberá figurar en los mismos. 
2. El contrato o cualquier otro documento por el que 
se acuerde la cobertura, así como la propuesta de seguro 
en el caso de que suponga un compromiso para el toma­
dor, deberán indicar la dirección del establecimiento que 
dé la cobertura, así como la de la sede social. 
Artículo 23 
1. Cuando la prestación de servicios esté sujeta a la 
autorización del Estado miembro de prestación de servi­
cios, el importe de las provisiones técnicas, incluidas las 
provisiones matemáticas, y las normas relativas a la parti­
cipación en los beneficios y a los valores de rescate y 
reducción correspondientes a los contratos considerados, 
se determinarán, bajo el control de dicho Estado miem­
bro, según las normas que éste hubiere fijado o en su 
defecto, según las prácticas habituales de dicho Estado 
miembro. La representación de dichas provisiones por 
activos equivalentes y congruentes, la localización de di­
chos activos y la aplicación de las normas sobre la parti­
cipación en los beneficios y los valores de rescate y re­
ducción se efectuarán bajo el control de dicho Estado 
miembro, con arreglo a sus normas o sus prácticas. 
2. En todos los demás casos, estas operaciones se 
efectuarán bajo el control del Estado miembro del esta­
blecimiento, de acuerdo con sus normas o sus prácticas. 
3. El Estado miembro del establecimiento procurará 
que las provisiones correspondientes al conjunto de los 
contratos que la empresa celebrare por medio del esta­
blecimiento en cuestión sean suficientes y estén represen­
tadas por medio de activos equivalentes y congruentes. 
4. En el caso contemplado en el apartado 1, el Estado 
miembro de establecimiento y el Estado miembro de 
prestación de servicios procederán al intercambio de to­
das las informaciones necesarias para el ejercicio de sus 
funciones respectivas de acuerdo con los apartados 1 y 3. Artículo 24 
Todo contrato de seguro celebrado en régimen de pres­
tación de servicios estará sujeto exclusivamente a los im­
puestos indirectos y a los gravámenes parafiscales aplica­
bles a las primas de seguros en el Estado miembro en que 
se contraiga el compromiso, en el sentido de la letra e) 
del artículo 2. 
La legislación aplicable al contrato en virtud del artículo 
4 no afectará al régimen fiscal aplicable. 
Cada uno de los Estados miembros aplicará a las empre­
sas que presten servicios en su territorio sus disposiciones 
nacionales referentes a las medidas destinadas a garanti­
zar la recaudación de los impuestos indirectos y de los 
gravámenes parafiscales devengados en virtud de lo dis­
puesto en el párrafo primero. 
TÍTULO IV 
Disposiciones finales 
Artículo 25 
La Comisión y las autoridades competentes de los Esta­
dos miembros colaborarán estrechamente para facilitar la 
supervisión de los seguros y las operaciones contempla­
dos en la Primera Directiva dentro de la Comunidad. 
Los Estados miembros informarán a la Comisión de las 
dificultades mayores causadas por la aplicación de la 
presente Directiva, entre otras, aquellas que se planteen 
cuando un Estado miembro compruebe una transferencia 
anormal de las actividades contempladas en la Primera 
Directiva en perjuicio de las empresas establecidas en su 
territorio y en beneficio de las agencias y sucursales si­
tuadas en la periferia del mismo. 
La Comisión y las autoridades competentes de los Esta­
dos miembros afectados examinarán dichas dificultades 
lo más rápidamente posible para encontrar una solución 
adecuada. 
En caso necesario, la Comisión presentará al Consejo 
propuestas adecuadas. 
Artículo 26 
La Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Eu­
ropeo, periódicamente y por primera vez el 1 de . . ., un 
informe relativo a la evolución del mercado de los segu­
ros y las operaciones ejercidas en régimen de libre pres­
tación de servicios. 
N°C 38/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 2. 89 
Artículo 27 Artículo 28 
Los Estados miembros modificarán sus disposiciones na­
cionales con arreglo a la presente Directiva en un plazo 
de dieciocho meses a partir de su notificación e informa­
rán de ello inmediatamente a la Comisión. A partir de la notificación de la presente Directiva, los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto 
de las disposiciones básicas de orden legal, reglamentario 
o administrativo que adopten en el ámbito regulado por 
la misma. 
Las disposiciones modificadas con arreglo al párrafo pri­
mero serán aplicables en un plazo de veinticuatro meses 
a partir de la notificación de la presente Directiva. Artículo 29 
Los Estados miembros son destinatarios de la presente 
Directiva.