COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 4.6.2015 COM(2015) 247 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política de competencia 2014 {SWD(2015) 113 final}



1. Introducción El año 2014 supuso un nuevo comienzo para Europa. Tras las elecciones europeas, el Parlamento Europeo dio luz verde a la nueva Comisión Europea sobre la base de las prioridades señaladas en las Orientaciones políticas del Presidente Juncker.En la carta de nombramiento dirigida a Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia, se afirma que la política de competencia «contribuirá, según proceda, a nuestra agenda en materia de crecimiento y empleo, incluyendo campos como el mercado único digital, la política energética, los servicios financieros, la política industrial y la lucha contra la evasión fiscal». En efecto, la política de competencia abarcó todos estos ámbitos en 2014 y ha proporcionado una sólida base sobre la que apoyar la elaboración de políticas de la Comisión Europea en su conjunto. La política de competencia puede ayudar a construir un verdadero mercado único digital. En los sectores basados en el conocimiento, la competencia dinámica es esencial para estimular la innovación y difundir los beneficios del desarrollo tecnológico entre los ciudadanos de Europa. Además, la aplicación efectiva de la política antimonopolio y de concentraciones hace más fácil para las pequeñas empresas prosperar y tener acceso a los mercados en sectores dominados por efectos de red. Por último, la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en el sector de la banda ancha contribuye a ofrecer una buena cobertura a precios asequibles. En el sector de la energía, la política de competencia garantiza que las empresas no mantengan o vuelvan a erigir barreras para protegerse de la competencia y entorpezcan la creación de una Unión Europea de la Energía. La aplicación de la normativa de competencia contribuye también a garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la infraestructura energética, elimina obstáculos a la integración del mercado y fomenta la competencia entre los Estados miembros y dentro de ellos. Por otra parte, las normas revisadas sobre ayudas estatales en materia de energía y medio ambiente ayudan a los Estados miembros a orientar mejor su apoyo, por ejemplo, a las fuentes de energía renovables, las inversiones en infraestructuras, la capacidad de generación o a liberar a los usuarios electrointensivos de financiar el apoyo a las energías renovables. La Comisión ha prestado particular atención a los servicios financieros con el principal objetivo de que un sector financiero bancario estable y más equitativo recupere su función esencial: la concesión de préstamos a la economía real. La creación de la Unión Bancaria está aumentando la confianza de los ciudadanos europeos y de los mercados en el sistema bancario europeo. Las medidas de aplicación y los esfuerzos en materia de regulación también se han centrado en la lucha contra las prácticas contrarias a la competencia en el ámbito de los derivados financieros y en el sector de los pagos. La política industrial se centra en un mercado interior abierto y en el que haya competencia como trampolín para el éxito global de las empresas de la UE. El nuevo Marco de ayudas estatales está diseñado para canalizar el apoyo público hacia donde más falta hace para el crecimiento y la competitividad. Además, en 2014 la Comisión investigó y sancionó a varios cárteles relacionados con insumos y productos intermedios. La aplicación de la normativa antimonopolio reduce y — gracias a su efecto disuasorio — evita que los cárteles causen perjuicios a lo largo de la cadena de suministro en detrimento de la competitividad internacional de la UE. La nueva Comisión seguirá centrándose en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. En 2014, la Comisión reforzó el control de las ayudas estatales de carácter fiscal, utilizando herramientas de la UE en materia de competencia para garantizar que los países de la UE no ayuden a algunas multinacionales a eludir el pago de su parte equitativa de impuestos. Uno de los principales logros en el ámbito de la política de competencia en 2014 fue la adopción de la Directiva relativa a las demandas por daños y perjuicios. Presentada por la Comisión en junio de 2013, la Directiva se adoptó y entró en vigor en 2014. Los Estados miembros tienen ahora hasta el 27 de diciembre de 2016 para aplicarla. Gracias a la Directiva, a los ciudadanos y las empresas europeos les será más fácil obtener una compensación efectiva por los perjuicios causados por infracciones en materia de competencia, tales como cárteles y abusos de posición dominante. La Directiva es la primera iniciativa legislativa adoptada mediante procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la política de competencia y representa un hito para el diálogo sobre competencia entre la Comisión y las demás instituciones de la UE. 2. Hacia un mercado único digital conectado La economía digital es de vital importancia para el futuro crecimiento y competitividad de Europa. La culminación del mercado único digital podría impulsar la innovación y el crecimiento en muchos otros sectores, como la energía, el transporte, los servicios públicos, la sanidad y la educación. Un verdadero mercado único digital permitiría también generar crecimiento en nuevos sectores y crear empleos de gran calidad. Cuanto más avanza la integración del mercado único digital, mayor es la necesidad de una política de competencia de la UE que garantice unas condiciones justas y equitativas en el ámbito digital en toda la UE. Sentar las bases del mercado único digital: Fomentar el desarrollo de infraestructuras y mercados competitivos para redes de banda ancha y telecomunicaciones La digitalización de la economía requiere una inversión sustancial en redes de alta velocidad («de próxima generación»). La competencia y la demanda de los consumidores han sido motores importantes de inversión y los programas de los Estados miembros han contribuido a la renovación y modernización de infraestructuras. Dado que existe una deficiencia del mercado en lo que se refiere a la uniformidad del despliegue de redes de banda ancha en todo el territorio, las ayudas estatales seguirán desempeñando un papel importante en este sector. En los últimos tres años, la Comisión aprobó más de 10 000 millones EUR de ayudas estatales a la banda ancha. Ahora bien, este importe no incluye todo el apoyo público a este sector, puesto que no todas las medidas estatales responden a la definición de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE. Además de la financiación del Estado miembro, la UE aporta financiación adicional. Sin embargo, esta inversión pública debe canalizarse cuidadosamente hacia aquellos ámbitos que no están cubiertos por el mercado; de lo contrario, se corre el riesgo de desplazar a la inversión privada. El control de las ayudas estatales debe también garantizar que se respeta el principio de neutralidad tecnológica, o sea, que la tecnología elegida no estará predeterminada por la intervención pública, sino que será elegida por los usuarios por sus ventajas, es decir, en condiciones de mercado. Las normas sobre ayudas estatales se han revisado recientemente para aportar un entorno analítico adecuado. El nuevo marco de ayuda estatal incluye las Directrices de banda ancha de 2013, que adaptan las normas sobre ayudas estatales a las ayudas a la banda ancha a los objetivos de la Agenda Digital, y el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), adoptado en 2014, que incluye determinadas ayudas a infraestructuras de banda ancha. La Comisión también garantiza que la banda ancha y las redes móviles se mantengan abiertas y aseguren la competencia, condición sine qua non para la creación de un mercado único digital dinámico. Tras una investigación pormenorizada, en octubre la Comisión impuso una multa por un importe de casi 39 millones EUR conjunta y solidariamente a Slovak Telekom y su sociedad matriz, Deutsche Telekom, por haber ejercido durante más de cinco años una estrategia abusiva para excluir a los competidores del mercado eslovaco de servicios de banda ancha, infringiendo las normas antimonopolio de la UE. En particular, la Comisión concluyó que Slovak Telekom se negó a suministrar acceso desagregado a su bucle local a los competidores, e impuso un estrechamiento de los márgenes a los operadores alternativos. A Deutsche Telekom se le impuso además una multa adicional de 31 millones EUR para garantizar una disuasión suficiente, así como para sancionar su reiterado comportamiento abusivo (reincidencia), puesto que ya había sido condenada en 2003 por un estrechamiento de los márgenes en los mercados de banda ancha en Alemania. Una sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles es especialmente importante para los consumidores europeos, que deben seguir beneficiándose de mejores servicios a precios atractivos. En el verano de 2014, la Comisión aprobó con condiciones dos fusiones entre operadores móviles en Irlanda (Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) y Alemania (Telefónica Deutschland/E-Plus) , tras investigaciones pormenorizadas. Las contrapartidas en estos asuntos garantizan que se mantenga la competencia entre los agentes del mercado, tanto a través de la entrada en el mercado o la expansión de los denominados operadores de redes móviles virtuales — es decir, operadores que no son titulares de una red, sino que utilizan la red de otro operador para prestar servicios a sus clientes — como dejando la puerta abierta para que, en el futuro, entre en el mercado un nuevo operador de red. Ir acorde con su tiempo: Medidas de política de competencia sobre dispositivos inteligentes y servicios en línea Los dispositivos móviles inteligentes ocupan un lugar cada vez más importante en la economía digital. En 2014, por primera vez, fueron más los usuarios que accedieron a internet a través de un dispositivo móvil inteligente que de un PC. En este ámbito, la Comisión ha puesto en marcha una investigación preliminar sobre las prácticas comerciales de Google en relación con el sistema operativo móvil Android, sobre la base de denuncias relativas a posibles abusos de posición dominante. Android de Google es el principal sistema operativo para teléfonos inteligentes. En octubre, la Comisión autorizó, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de Whatsapp por parte de Facebook. Tanto Facebook (a través de Facebook Messenger) como Whatsapp ofrecen aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten a los consumidores comunicar mediante el envío de textos, fotos, mensajes de voz y vídeo. La fusión fue aprobada sin condiciones, en particular a la luz de la naturaleza dinámica del mercado, las escasas barreras de entrada y la competencia restante suficiente. La investigación de la Comisión se centró en tres ámbitos: los servicios de comunicaciones de particulares, los servicios de redes sociales y los servicios de publicidad en línea. Una característica importante del ámbito de los dispositivos móviles inteligentes son los procedimientos de normalización y la interoperabilidad. A este respecto, la Comisión adoptó dos decisiones importantes sobre la explotación de patentes esenciales sobre normas (SEP) en abril: una decisión de prohibición contra Motorola Mobility y una decisión con compromisos con respecto a Samsung. Las SEP son patentes esenciales para la aplicación de una norma sectorial específica. Es técnicamente imposible fabricar un producto que sea conforme a una norma, como un teléfono inteligente, sin utilizar la tecnología protegida por las patentes esenciales. Como contrapartida de la inclusión de sus patentes en las respectivas normas, Motorola y Samsung se comprometieron a conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias («FRAND»). El objetivo de la Comisión es garantizar que se maximicen los beneficios de la normalización, garantizando al mismo tiempo una remuneración justa a los titulares de la propiedad intelectual.

Aplicación de la política antimonopolio en el ámbito de las patentes esenciales sobre normas (SEP) En su decisión de prohibición contra Motorola Mobility, la Comisión declaró que Motorola había abusado de su posición dominante al solicitar medidas cautelares contra Apple en Alemania sobre la base de una SEP, a pesar de que Apple estaba dispuesta a adquirir una licencia en las condiciones de concesión que fijara un tribunal alemán. En un asunto similar, la Comisión hizo jurídicamente vinculantes los compromisos ofrecidos por Samsung para resolver los problemas de competencia detectados por la Comisión en un pliego de cargos de diciembre de 2012. Según dichos compromisos, Samsung se compromete durante un periodo de cinco años a no solicitar medidas cautelares en el Espacio Económico Europeo sobre la base de ninguna de sus patentes esenciales, presentes y futuras, relacionadas con tecnologías aplicadas en teléfonos inteligentes y tabletas contra ningún licenciatario potencial que acuerde respetar un proceso especificado para determinar tasas de derechos FRAND adecuadas por parte de un tercero independiente. Las decisiones ofrecen orientaciones a todas las partes interesadas sobre la interpretación de las normas de defensa de la competencia de la UE en el ámbito de la interacción entre el Derecho de patentes, el Derecho de la competencia y la normalización. Entre las investigaciones en curso en el sector están las supuestas prácticas abusivas por parte de Qualcomm, empresa líder en productos y servicios de tecnologías inalámbricas. Los productos en cuestión son los conjuntos de circuitos integrados de comunicación (chipsets) utilizados en teléfonos móviles y dispositivos móviles de banda ancha. La investigación, aún en una fase preliminar, refuerza el compromiso de la Comisión de garantizar que estos mercados sigan siendo competitivos. En el ámbito cada vez más importante de los servicios en línea, la Comisión prosiguió su investigación sobre algunas de las prácticas comerciales de Google. La Comisión está investigando si Google podría estar abusando de su posición dominante en los mercados de búsqueda en la web, publicidad en línea e intermediación de publicidad en línea (por ejemplo, la exhibición de la publicidad en las búsquedas en Google en sitios de socios) en el Espacio Económico Europeo. Las alegaciones sobre otros aspectos relacionados con los motores de búsqueda, como la protección de la intimidad y el pluralismo de los medios de comunicación, no están cubiertos por la investigación, que se centra únicamente en las cuestiones relacionadas con la competencia. Un mercado único digital requiere también pagos en línea seguros y eficientes. El medio principal de realizar pagos en línea actualmente son las tarjetas, aunque están empezando a introducirse en los mercados métodos nuevos. Respecto de las tarjetas de pago, la Comisión prosigue sus trabajos con arreglo a las normas de competencia para rebajar las tasas de intercambio (véase la sección sobre servicios financieros). Asimismo, a finales de 2014 se alcanzó un acuerdo político sobre un Reglamento de tasas de intercambio que introducirá tasas de intercambio menores para los pagos con tarjetas personales (y para pagos por Internet y por móvil con tarjetas personales) a niveles que también habían sido aceptados por los sistemas de tarjetas de pago internacionales como compromisos en procedimientos en materia de defensa de la competencia. Combinar reglamentación y aplicación de la normativa de competencia en materia de propiedad intelectual: la evolución de los derechos de autor, los contenidos digitales y los acuerdos de transferencia de tecnología La Comisión está analizando el marco legislativo de la UE sobre derechos de autor para garantizar que siga siendo adecuado para sus fines en la era digital. Las cuestiones de derechos de autor son fundamentales en la creación de un mercado único digital: los responsables de las políticas tienen que asegurarse de que el sistema de derechos, las limitaciones de estos derechos y el cumplimiento de las normas siguen siendo adecuados y se adaptan al nuevo entorno. Entre las cuestiones abordadas están la territorialidad de los derechos de autor y las posibles soluciones de sus repercusiones negativas para el mercado único. En enero de 2014, la Comisión incoó procedimientos formales contra una serie de grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos y organismos de radiodifusión televisiva de pago europeos. En dichos procedimientos, la Comisión está examinando si determinadas cláusulas relativas a los servicios de televisión de pago por satélite y de televisión de pago en línea impiden a los consumidores el acceso transfronterizo a contenidos de televisión de pago. Ayudar a difundir la innovación: nuevas normas de defensa de la competencia sobre acuerdos de transferencia de tecnología En marzo, la Comisión adoptó nuevas normas para la evaluación de los acuerdos de transferencia de tecnología en virtud de las normas de defensa de la competencia de la UE. Se trata de una revisión del Reglamento de exención por categorías de transferencia de tecnología (RECATT), que dispensa a determinados acuerdos de licencias del artículo 101 del TFUE y de las Directrices sobre transferencia de tecnología, que ofrecen orientación sobre la aplicación de las normas. Las nuevas normas sustituyen al RECATT y las Directrices anteriores desde el 1 de mayo de 2014. Los acuerdos de licencia pueden beneficiar a la economía de varias maneras, puesto que: i) contribuyen a difundir la innovación, ii) permiten a las empresas ofrecer nuevos productos y servicios, iii) fomentan que prosiga la innovación, iv) incrementan los incentivos para la investigación y el desarrollo al crear flujos de ingresos adicionales para recuperar los costes. El régimen revisado sigue reflejando que las licencias, en la mayoría de los casos, favorecen la competencia. Las nuevas normas brindan a las empresas mejores orientaciones sobre cómo conceder licencias para estimular la innovación y mantener la igualdad de condiciones en el mercado único. 3. Hacer más eficientes los mercados de la energía La energía es un insumo esencial para todos los sectores económicos y una importante partida de gastos de los hogares de la UE. Los mercados de la energía se enfrentan actualmente a retos muy importantes: la integración incompleta del mercado, los elevados precios minoristas, la descarbonización y la seguridad del suministro son algunos de los más importantes. En sus Orientaciones políticas, el Presidente Juncker hizo un llamamiento en favor de una reforma y de la reorganización de la política energética de la UE en una nueva Unión Europea de la Energía, centrada en la necesidad de diversificar las fuentes de energía de la UE, de aumentar la cuota de las energías renovables, de mejorar la eficiencia energética y de reducir la dependencia energética de varios países de la UE. La política de competencia contribuirá a la consecución de esos objetivos. Un apoyo público más específico para reforzar el mercado interior de la energía En abril de 2014, la Comisión adoptó las nuevas Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía («OAME»), que entraron en vigor en julio. Defender los objetivos climáticos y la inversión en infraestructura: las Directrices sobre ayudas al medio ambiente y la energía («OAME») Las nuevas Directrices describen cómo evaluará la Comisión las medidas de apoyo de los Estados miembros destinadas, entre otras cosas, a alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía para 2020, abordando al mismo tiempo los falseamientos de mercado que puedan derivarse, por ejemplo, de las subvenciones concedidas a la generación de energía a partir de fuentes renovables. Para ello, las Directrices promueven una evolución gradual hacia el apoyo a las energías renovables basadas en el mercado. También brindan criterios sobre cómo pueden los Estados miembros eximir a las empresas de gran consumo de energía que se encuentran particularmente expuestas a la competencia internacional de financiar el apoyo a las energías renovables. Además, las nuevas Directrices incluyen criterios para garantizar que las subvenciones a infraestructuras energéticas minimicen los falseamientos, centrándose en proyectos que mejoren los flujos transfronterizos de energía y promuevan las infraestructuras en las regiones menos desarrolladas de Europa. Otra novedad es permitir ayudas para garantizar la adecuada generación de electricidad cuando exista verdadero riesgo de insuficiente capacidad de generación de electricidad de una manera que minimice el falseamiento del mercado.

La Comisión también simplificó procedimientos para aplicar determinadas medidas de ayuda estatal, incluyendo diversas categorías de medidas medioambientales y energéticas en el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC). De esta manera, será más fácil y rápido para las autoridades públicas aplicar dichas medidas, puesto que no necesitan obtener la aprobación previa de la Comisión. El nuevo RGEC incluye medidas tales como (en determinadas condiciones) ayudas para infraestructuras energéticas, ayudas para proyectos de eficiencia energética en edificios, ayudas de funcionamiento para la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables, ayudas para descontaminación de zonas contaminadas, ayudas para reciclado de residuos y para reutilización. Las nuevas Directrices de medio ambiente y energía no incluyen normas sobre ayudas a la energía nuclear, que han de ser evaluadas directamente a la luz de las disposiciones en materia de ayudas estatales del Tratado. La Comisión ha examinado los planes del Reino Unido para subvencionar la construcción y explotación de una nueva central nuclear en Hinkley Point (Somerset) y consideró que se ajustaban a las normas sobre ayudas estatales del Tratado. En el curso de la investigación pormenorizada, el Reino Unido aceptó modificar considerablemente las condiciones de financiación del proyecto y demostró que el apoyo resolvería una auténtica deficiencia del mercado. Como consecuencia de ello, la ayuda estatal sigue siendo proporcionada al objetivo perseguido y reduce al mínimo el falseamiento de la competencia en el mercado único. Crear una Unión Europea de la Energía basada en precios asequibles de la energía y en la seguridad de suministro Las medidas adoptadas para hacer respetar las normas de competencia en el sector de la energía han contribuido, en particular, a hacer frente a unos precios de la energía elevados, abordando la segmentación de los mercados y el comportamiento abusivo o colusorio, especialmente en los mercados de Europa Central y Oriental. En marzo de 2014, la Comisión adoptó dos decisiones relativas a los intercambios de energía, que son mercados organizados para los intercambios de electricidad, esenciales para un funcionamiento eficiente de los mercados de la electricidad. En el primer asunto, la Comisión multó a dos bolsas de intercambio de electricidad al contado, EPEX Spot y Nord Pool Spot (NPS), por haber acordado no competir entre sí en sus servicios de intercambio de electricidad al contado en el Espacio Económico Europeo. Las operaciones al contado son los intercambios a corto plazo, es decir, el mismo día o al día siguiente. La infracción tuvo lugar en 2011-2012 y finalizó cuando la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC llevaron a cabo inspecciones por sorpresa en las instalaciones de las empresas. El segundo asunto se refería a la bolsa de electricidad rumana OPCOM. La Comisión multó a OPCOM por abusar de su posición dominante en el mercado rumano, al impedir a los proveedores de electricidad con sede en la UE pero fuera de Rumanía ingresar en la bolsa de electricidad rumana de mercados al contado y crear un obstáculo artificial a la entrada durante más de cinco años. El 12 de agosto, la Comisión envió un pliego de cargos a Bulgarian Energy Holding (BEH) por un presunto abuso de posición dominante en el mercado mayorista de electricidad búlgaro. A la Comisión le preocupaba que BEH, el operador tradicional de energía de Bulgaria, integrado verticalmente y de propiedad estatal, pudiera estar entorpeciendo la competencia en el mercado mayorista de electricidad no regulado en Bulgaria mediante la imposición de restricciones territoriales respecto al lugar en el que puede revenderse la electricidad suministrada por BEH. Tal conducta, si se demuestra, puede surtir el efecto de distorsionar la asignación de electricidad en el mercado único y afectar a la liquidez y la eficiencia de los mercados de la electricidad y levantar barreras artificiales al comercio entre Bulgaria y otros Estados miembros. En una investigación aparte, la Comisión está examinando si BEH, Bulgargaz, su filial proveedor de gas, y Bulgartransgaz, su filial de infraestructura de gas, podrían estar entorpeciendo el acceso de los competidores a las principales infraestructuras de gas en Bulgaria, infringiendo las normas de defensa de la competencia de la UE. La Comisión también prosiguió su investigación en Gazprom, en relación con las prácticas de fijación de precios y reparto de mercados potenciales en el suministro de gas a Europa Central y Oriental. Otra investigación en curso examina prácticas potencialmente ilegales relacionadas con los precios de referencia de los productos del petróleo y los biocombustibles establecidos por la agencia de notificación de precios Platts. La Comisión se mantiene atenta a los mercados de la energía utilizando también sus instrumentos de control de las ayudas estatales y las concentraciones. En particular, se asegura de que los operadores poderosos en la primera parte de la cadena de valor no intenten integrar en una parte posterior de dicha cadena, reforzando así excesivamente su control a lo largo de la cadena de valor. Por ejemplo, se llevó a cabo una investigación exhaustiva de la propuesta de adquisición por parte de EDF, el operador tradicional en el sector eléctrico francés, del prestador de servicios de mantenimiento y gestión de edificios Dalkia. La Comisión autorizó sin condiciones la operación cuando se convenció de que EDF no haría uso de su posición dominante en el suministro de electricidad en los mercados de mantenimiento y gestión de edificios. En el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión aprobó en julio de 2014 una medida del Reino Unido para garantizar la adecuación de la generación de electricidad por medio de un mecanismo de capacidad a escala del mercado. 4 Construir un sector financiero más justo y transparente para apoyar el crecimiento La aplicación de la normativa de competencia en el sector de los servicios financieros ha sido una prioridad máxima de la Comisión desde el inicio de la crisis. Se ha trabajado mucho para mejorar la regulación y supervisión bancarias y garantizar que el sector bancario funcione correctamente, es decir, proporcione financiación para actividades económicas. La política de competencia desempeña un papel fundamental en la consecución de un sistema financiero más estable y transparente. Un sector bancario más fuerte y estable para apoyar la recuperación económica Para abordar el reto de restablecer la estabilidad financiera en la zona euro, en 2012 la Comisión puso en marcha la Unión Bancaria. Culminar la Unión bancaria En 2014 se han logrado importantes progresos. Desde el 4 de noviembre de 2014, está plenamente operativo un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para los bancos de la zona euro. El MUS es un nuevo sistema de supervisión bancaria para los Estados miembros de la zona euro y para todos aquellos que decidan unirse a la Unión Bancaria. Las tareas del MUS son comprobar que los bancos cumplen las normas bancarias de la UE y atajar los problemas en una fase temprana. El Banco Central Europeo supervisa directamente a los 120 grupos bancarios más importantes, que representan el 82 % de los activos del sector bancario de la zona euro. Los supervisores nacionales seguirán supervisando al resto de bancos, en estrecha colaboración con el BCE. El MUS llevó a cabo una evaluación completa, que consiste en un examen de la calidad de los activos y una prueba de resistencia (esta última, bajo la coordinación de la Autoridad Bancaria Europea, ABE) para tener una visión completa de los bancos bajo su supervisión. El MUS es uno de los dos pilares de la Unión Bancaria europea, junto con el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El Reglamento por el que se crea este último fue adoptado por el Parlamento Europeo en abril de 2014. Es aplicable a la zona euro y a otros países que deseen adherirse, y entró en vigor el 1 de enero de 2015. El MUR es complementario del MUS y garantiza que, en caso de que un banco bajo supervisión del MUS afronte graves dificultades, pueda procederse a su resolución de forma eficiente con el mínimo coste para el contribuyente y para la economía real. Las normas sobre ayudas estatales siguen siendo aplicables, tanto fuera como dentro de la resolución, en particular en relación con la utilización de los fondos de resolución nacionales y el futuro Fondo Único de Resolución Bancaria, con el fin de garantizar la igualdad de trato y la igualdad de condiciones en el mercado único. El control de las ayudas estatales siguió ofreciendo una respuesta política coherente a los retos financieros, contribuyendo de forma significativa a limitar el falseamiento de la competencia en el mercado único y reduciendo al mismo tiempo el uso del dinero de los contribuyentes al mínimo necesario. En 2014, la Comisión adoptó una serie de decisiones sobre distintos bancos, así como sobre regímenes de garantía y apoyo a la liquidez. Además, la Comisión siguió evaluando una serie de bancos de desarrollo, que han ganado en importancia en vista de las limitaciones de los préstamos bancarios de los bancos comerciales a raíz de la crisis. Las normas sobre ayudas estatales tienen como objetivo garantizar que los bancos de desarrollo cumplan su función de contribuir al programa de crecimiento de la UE sin falsear indebidamente la competencia. Por ejemplo, en el caso de British Business Bank (BBB), la Comisión aprobó una entidad integrada para gestionar el acceso de las pymes a los programas de financiación en el Reino Unido. En Portugal, la Comisión aprobó la creación de la Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), la Institución Financiera de Desarrollo, y la primera fase de sus operaciones. La IFD gestionará y canalizará los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) asignados a Portugal para el período de financiación 2014-2020, así como los reembolsos de los programas financiados por dichos Fondos. El control de las ayudas estatales fue también especialmente relevante en el contexto de los programas financieros y económicos en Grecia, Chipre y Portugal (este último país salió del programa en mayo), así como en Irlanda y España, que recibieron asistencia financiera hasta 2013.

Aumentar la transparencia en los mercados de instrumentos financieros: medidas de ejecución y en materia de regulación Durante el mes de octubre, la Comisión adoptó dos importantes decisiones de asuntos de cárteles relativos a los derivados sobre tipos de interés del franco suizo. Una de las decisiones afectaba a dos bancos, RBS y JP Morgan, que participaron en un cártel bilateral ilegal para influir en el tipo de interés de referencia Libor del franco suizo entre marzo de 2008 y julio de 2009. La Comisión impuso multas por un total de casi 62 millones EUR. En la otra decisión, resultaron multados RBS, UBS, JP Morgan y Crédit Suisse por un total de 32 millones EUR por operar un cártel sobre el diferencial entre los precios de compra y venta de los derivados sobre tipos de interés del franco suizo en el Espacio Económico Europeo. En ambos casos, los bancos aceptaron un procedimiento de transacción con la Comisión. La Comisión había adoptado otras dos decisiones de cártel relacionadas con la manipulación de los índices de referencia financieros en 2013. En el ámbito de la normativa financiera, en mayo se adoptaron la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) y el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). Estas medidas forman parte de la agenda de regulación financiera de la UE, que tiene por objeto reformar el sector financiero de la UE y lograr los compromisos del G- 20 para abordar los aspectos menos regulados del sistema financiero. Las nuevas normas pretenden lograr unos mercados financieros más eficientes, flexibles y transparentes. También mejorarán las condiciones de competencia en la negociación y compensación de instrumentos financieros, mediante el establecimiento de un régimen armonizado de la UE para un acceso no discriminatorio a los centros de negociación, las entidades de contrapartida central y los índices de referencia para fines de negociación y compensación. Fomentar la sana competencia en el sector de pagos, en beneficio de los consumidores europeos Los pagos con tarjeta desempeñan un papel clave en las compras habituales, transfronterizas y en línea. Los consumidores y las empresas de Europa realizan más del 40 % de los pagos que no son en efectivo con tarjetas de pago. Por consiguiente, los falseamientos de la competencia en los pagos pueden obstaculizar el funcionamiento del mercado interior y perjudicar a los consumidores europeos de forma significativa. La aplicación de la normativa de defensa de la competencia siguió luchando contra los modelos de negocio contrarios a la competencia basados en tasas multilaterales de intercambio (TMI). Las TMI son comisiones interbancarias que pagan los bancos de los minoristas (adquirentes) a los bancos de los titulares de las tarjetas (emisores). Los bancos adquirentes suelen repercutir estos cargos a los minoristas que, a su vez, los repercuten a sus clientes aplicando precios más altos a los bienes y servicios que venden. En febrero, la Comisión hizo jurídicamente vinculantes los compromisos ofrecidos por Visa Europe de reducir significativamente sus TMI en los pagos con tarjeta de crédito y de reformar sus normas para facilitar la competencia transfronteriza . El límite máximo para las TMI de las tarjetas de crédito se fijó en el 0,3 % para todas las transacciones con tarjetas de crédito personales, lo que constituye una reducción de entre el 40 y el 60 %. Visa Europe se comprometió asimismo a aplicar comisiones interbancarias transfronterizas reducidas (del 0,3 % en las transacciones de débito y del 0,2 % en las de crédito) cuando los adquirentes ofrezcan sus servicios en otros países. Según el sistema actual, tendrían que aplicar índices locales en el país en el que prestan el servicio, lo que parecía segmentar artificialmente el mercado único. La Comisión prosigue el procedimiento contra Visa Inc. y Visa International en relación con las tasas interbancarias interregionales (internacionales), que se aplican cuando los titulares de tarjetas de fuera del territorio de Visa Europe utilizan sus tarjetas de crédito Visa para abonar una compra en el Espacio Económico Europeo. Esas tasas las fija Visa Inc. y Visa International y no Visa Europe. La Comisión está también investigando las tasas interbancarias interregionales (internacionales) de MasterCard y sus normas sobre adquisiciones transfronterizas. Al mismo tiempo, el Consejo y el Parlamento han estado trabajando en legislación que aclare los modelos de tasas y las reglas empresariales y facilite la entrada al mercado a las entidades no bancarias sobre la base de dos propuestas de la Comisión: una propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio en los pagos basados en una tarjeta y una propuesta de revisión de la Directiva sobre servicios de pago («DSP») . Después de la aprobación por el Parlamento Europeo de sus informes sobre ambas propuestas en abril, el Consejo adoptó su enfoque general sobre ambos textos a finales de 2014. Jurisprudencia relativa a la aplicación de la normativa antimonopolio: sentencia MasterCard En septiembre, el Tribunal de Justicia Europeo confirmó la decisión de la Comisión en el asunto MasterCard (asunto C-382/12P). El Tribunal de Justicia confirmó que las TMI constituían una restricción de la competencia, infringiendo las normas de defensa de la competencia. La sentencia es especialmente importante, ya que respalda más de 20 años de trabajo por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia para crear un mercado de tarjetas de pago en la UE que funcione correctamente al confirmar que la fijación de las TMI entra en el ámbito de aplicación de las normas de competencia. 5 Impulsar la competitividad de la industria europea La política de competencia y la política industrial son las dos caras de una misma moneda: ambas hacen más eficaces a las empresas europeas y las preparan para la competencia nacional y mundial. Dirigir los recursos públicos a desbloquear el potencial de crecimiento de la UE: la iniciativa de modernización de las ayudas estatales. En enero se adoptaron Nuevas Directrices sobre las ayudas estatales para la financiación de riesgo, que dotan a los países de la UE de mejores instrumentos para facilitar el acceso a la financiación de las pymes y de las empresas de capitalización media europeas en sus primeras fases de desarrollo. Las nuevas Directrices ofrecen a los Estados miembros varias posibilidades para conceder ayudas, una gama más amplia de instrumentos financieros y la elevación del umbral en consonancia con las realidades del mercado. La Directrices de financiación de riesgo forman parte de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales, una reforma global del control de las ayudas estatales que pretende fomentar el crecimiento económico y contribuir a otros objetivos de interés común. El fomento de la investigación y la innovación es uno de esos objetivos, pero los proyectos muy innovadores con frecuencia entrañan altos riesgos y tal vez no puedan realizarse debido a déficits de financiación. En mayo, la Comisión adoptó nuevas normas para facilitar la concesión de ayudas en apoyo de la investigación, el desarrollo y la innovación. El nuevo marco contribuirá a superar posibles déficits de financiación, fomentando un uso más racional de los recursos públicos y reduciendo la burocracia, al eximir por categorías a una parte considerable de estas ayudas. Del mismo modo, los proyectos de innovación ecológica suelen abordar una doble deficiencia del mercado asociada a mayores riesgos de innovación, junto con el aspecto medioambiental del proyecto. Tales inversiones podrán obtener intensidades de ayuda más elevadas y las nuevas Directrices sobre ayudas medioambientales y energéticas se aplican en particular a las medidas de eficiencia en el uso de los recursos. Financiar grandes proyectos transfronterizos de alto riesgo, como la construcción de infraestructuras a gran escala y la ejecución de otros proyectos ambiciosos, puede reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa y mejorar la competitividad de la UE. En el marco de la modernización de las ayudas estatales, la Comisión adoptó una Comunicación sobre proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) que abre nuevas vías a los Estados miembros para financiar proyectos en los que parece necesaria la colaboración de todos los sectores a nivel de la UE. En noviembre, el Presidente Juncker anunció la creación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), con el objetivo de incrementar la inversión en Europa mediante la generación de unas inversiones de 315 000 millones EUR. Para maximizar el impacto de estas inversiones, la Comisión formulará un conjunto de principios básicos, a efectos de las evaluaciones de las ayudas estatales, que los proyectos deberán cumplir para poder optar a la ayuda del Fondo. Cuando un proyecto cumpla estos criterios y reciba el apoyo del Fondo, cualquier ayuda nacional complementaria se evaluará con arreglo a un procedimiento simplificado y acelerado de evaluación de las ayudas estatales, en virtud del cual el único aspecto adicional que comprobará la Comisión será la proporcionalidad de la ayuda pública (ausencia de sobrecompensación). En 2014, la Comisión también completó la revisión de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. Las nuevas Directrices pretenden garantizar que los recursos se utilicen de manera más eficiente y con menor falseamiento del mercado, centrando las ayudas donde realmente se necesiten. Para garantizar que las nuevas Directrices cumplan sus promesas, la modernización de las ayudas estatales ha puesto también de relieve principios y prácticas transversales. Los Estados miembros entenderán mejor los costes y los beneficios de sus intervenciones gracias a la introducción de un requisito de evaluación a posteriori para los grandes regímenes RGEC en determinadas categorías de ayuda y para los regímenes notificados con arreglo a las nuevas Directrices. Por último, también se han introducido requisitos de transparencia más estrictos. Un nuevo Reglamento General de Exención por Categorías para apoyar medidas de ayuda que favorezcan el crecimiento Un hito de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales es el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que otorga a los Estados miembros un margen mucho más amplio para diseñar y aplicar medidas de ayuda. Desde el 1 de julio de 2014, los Estados miembros pueden proporcionar una gama más amplia de medidas e importes más elevados de ayuda sin tener que notificarlas a la Comisión para su autorización previa. Se espera que tres cuartas partes de las medidas de ayuda estatal y aproximadamente dos tercios de los importes de las ayudas podrían estar cubiertos por el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías, lo que daría un acceso más rápido a las ayudas que se consideren compatibles con el mercado interior.

Garantizar el acceso de la industria a insumos a precios equitativos, luchando contra los cárteles y evitando el perjuicio para la competencia ocasionado por las fusiones Las ayudas públicas bien orientadas pueden ayudar a superar deficiencias del mercado, pero el acceso a insumos a precios equitativos es igualmente esencial, especialmente en la era de la competencia mundial. Los cárteles a menudo afectan a productos intermedios, que pueden ser insumos esenciales para la industria y, por lo tanto, los cárteles pueden afectar a la competitividad de la industria europea. La aplicación de la normativa de competencia en 2014 se centró en varios de estos cárteles. En el sector de recambios para el automóvil, la Comisión multó a dos cárteles en 2014, tras el asunto del cableado en 2013. En enero, la Comisión multó a los cuatro principales fabricantes de espuma de poliuretano flexible para colchones, sofás y asientos de vehículos – Vita, Carpenter, Recticel y Eurofoam – por un total de 114 millones EUR. En marzo, a dos empresas europeas (SKF y Schaeffler) y a cuatro empresas japonesas (JTEKT, NSK, NFC y NTN con su filial francesa NTN-SNR) se les impuso una multa por un importe total de 953 millones EUR por participar en un cártel en el mercado de rodamientos para automóviles. Los fabricantes de coches, camiones y piezas de recambio para automóviles utilizan los rodamientos para reducir la fricción entre las partes móviles dentro de los vehículos. En abril, la Comisión concluyó que Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt y Eisenwerk Würth participaron en un cártel para coordinar los precios de los abrasivos de acero en Europa y les impuso multas por un importe total superior a 30 millones EUR. Los abrasivos de acero son partículas de acero sueltas que se utilizan en las industrias siderúrgica, automovilística, metalúrgica y petroquímica para limpiar o mejorar las superficies metálicas. La Comisión también multó a once empresas dedicadas a la fabricación de cables de alimentación de alta tensión subterráneos y submarinos por un total de casi 302 millones EUR, por repartirse los mercados y asignarse clientes entre sí. Los cables de alimentación se utilizan para la transmisión y distribución de energía eléctrica y se instalan bajo tierra o bajo el agua. Generalmente se utilizan para conectar la capacidad de generación (especialmente, la capacidad generada a partir de fuentes de energía renovables) a la red eléctrica o para interconectar las redes eléctricas de distintos países. Por consiguiente, el precio de esos cables tiene una importancia directa para los consumidores de electricidad. En septiembre, la Comisión multó a Infineon, Philips, Samsung y Renesas (en aquel momento, una empresa en participación de Hitachi y Mitsubishi) por su participación en un cártel que abarcaba todo el EEE relacionado con microprocesadores para tarjetas inteligentes. Los microprocesadores para tarjetas inteligentes se utilizan en tarjetas SIM para teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas de identidad y pasaportes, tarjetas de televisión de pago y otras aplicaciones. La Comisión impuso multas por un total de 138 millones EUR. Hay una importante investigación en curso sobre el sector de los camiones. A la Comisión le preocupa que algunos fabricantes de camiones medianos y pesados puedan haber acordado o coordinado su comportamiento en materia de precios en el Espacio Económico Europeo. En noviembre se envió un pliego de cargos a las empresas implicadas. Además, la aplicación de las normas antimonopolio de la UE evita que las empresas dominantes excluyan a los competidores del mercado, y esto es especialmente importante para pequeños operadores como las pymes. Las pymes pueden también beneficiarse de disposiciones específicas que tengan en cuenta sus particularidades y su importante contribución al crecimiento y el empleo. En junio, la Comisión adoptó una Comunicación revisada relativa a los acuerdos de menor importancia («Comunicación de minimis»), que establece una salvaguardia regulatoria para acuerdos que no contienen restricciones especialmente graves entre empresas por debajo de determinados umbrales de cuota de mercado. Se considera que tales acuerdos no tienen un efecto apreciable sobre la competencia. Para facilitar a las empresas la evaluación de si sus acuerdos se beneficiarán o no de la salvaguardia regulatoria de la Comunicación de minimis, la Comisión también ha publicado unas orientaciones. La Comisión también ha velado por que los fabricantes de importantes insumos de productos no tengan el poder de subir los precios por encima de niveles competitivos mediante fusiones. A raíz de una investigación pormenorizada, la Comisión aprobó la propuesta de empresa en participación formada por Ineos y Solvay en el mercado altamente concentrado del PVC, pero impuso la condición de que las partes cedieran un paquete sustancial de activos de producción a un competidor. 6 Controlar las ayudas estatales contribuye a garantizar una carga fiscal equitativa para todos Los ingresos fiscales en la UE representan aproximadamente el 90 % del total de los ingresos estatales. En el contexto económico actual, es más importante que nunca que todos los contribuyentes aporten lo que les corresponda. La competencia leal en materia fiscal es también esencial para la integridad del mercado único y para mantener la igualdad de condiciones para las empresas europeas. Las Orientaciones políticas del presidente Juncker dicen que «sin dejar de reconocer la competencia de los Estados miembros sobre sus sistemas fiscales, deberíamos intensificar nuestros esfuerzos para luchar contra la evasión de impuestos y el fraude fiscal, de forma que cada uno contribuya en la medida que le corresponda». La UE no tiene autoridad directa sobre los sistemas fiscales nacionales, pero la Comisión puede investigar si determinados regímenes fiscales constituyen ayudas estatales ilegales a las empresas mediante la concesión de ventajas fiscales selectivas. En el marco de las ayudas estatales, la Comisión plantea dudas sobre la compatibilidad de algunas de las prácticas fiscales adoptadas por las grandes multinacionales en el contexto de la planificación fiscal agresiva. La planificación fiscal agresiva consiste en aprovecharse de los aspectos técnicos de un sistema tributario – o de la falta de concordancia entre los sistemas fiscales – con el fin de reducir la responsabilidad tributaria. La planificación fiscal agresiva puede revestir diversas formas, incluido el uso de las resoluciones tributarias vinculantes. Las resoluciones tributarias vinculantes en sí mismas no son problemáticas: son dictámenes escritos de las administraciones fiscales que aclaran a petición de empresas individuales cómo se calcularán los impuestos de sociedades. Estas resoluciones se utilizan, en particular, para confirmar acuerdos de precios de transferencia. Los precios de transferencia se refieren a los precios cobrados en operaciones comerciales entre diferentes entidades de un mismo grupo de empresas, en particular los precios de los bienes vendidos o servicios prestados por una entidad que forma parte de un grupo de empresas a otra entidad del mismo grupo. De este modo, los precios de transferencia influyen en la asignación de beneficios imponibles entre filiales de un grupo situadas en diferentes países. Las resoluciones tributarias vinculantes que se limitan a aclarar la aplicación de disposiciones generales en casos específicos no plantean problemas. Sin embargo, estas resoluciones pueden constituir ayuda estatal cuando se utilicen para otorgar una ventaja selectiva a determinadas empresas o grupos. Si la remuneración percibida por una entidad no se basa en una remuneración en condiciones de mercado en condiciones normales de competencia, ello podría traducirse en un beneficio imponible menor para el grupo en su conjunto. Otras empresas que compren y vendan bienes o servicios en el mercado y no dentro del grupo estarían en desventaja. En junio, la Comisión incoó el procedimiento formal de investigación en tres asuntos: Apple en Irlanda , Starbucks en los Países Bajos y Fiat Finance & Trade en Luxemburgo . En octubre se inició otra investigación sobre Amazon en Luxemburgo . La Comisión planteó dudas sobre si las diversas resoluciones tributarias vinculantes constituyen ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE. En paralelo a estas cuatro investigaciones formales, la Comisión proseguirá una investigación más amplia sobre resoluciones tributarias vinculantes, que ahora abarca a todos los Estados miembros. 7. Fomentar la cultura de la competencia dentro y fuera de la UE Fomentar una cultura de la competencia contribuye directamente a un mejor funcionamiento de los mercados en beneficio de los consumidores y de las empresas. Con este fin, la Comisión fomenta la convergencia y la cooperación entre las autoridades en materia de competencia en la UE y en todo el mundo. Diez años del Reglamento 1/2003: balance y perspectivas Hace diez años, la Comisión adoptó el Reglamento nº 1/2003 , una reforma que supuso un hito y replanteó los procedimientos de aplicación de las normas de competencia de la UE y, más concretamente, los artículos 101 y 102 del TFUE. Además de introducir un sistema de aplicación basado en la aplicación directa de las normas de competencia de la UE en su totalidad, el Reglamento nº 1/2003 faculta a las autoridades de competencia de los Estados miembros («ANC») y a los órganos jurisdiccionales nacionales para aplicar todos los aspectos de las normas de competencia de la UE, además de la Comisión Europea.

En julio, la Comisión adoptó una Comunicación sobre «Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento 1/2003: logros y perspectivas futuras ». La Comunicación hace balance del historial de aplicación por parte de la Comisión y las ANC y señala aquellos ámbitos en los que se puede seguir avanzando. La Comunicación se centra en asegurar la independencia y recursos suficientes a las ANC para el ejercicio de sus funciones, garantizando un conjunto completo de poderes de investigación y de toma de decisiones efectivos y velando por que en todos los Estados miembros existan poderes de imponer multas disuasorias efectivas y proporcionadas y programas de clemencia bien diseñados. Hacer más eficaz y racionalizado el control de las concentraciones de la UE En julio de 2014, la Comisión también repasó los diez años de control de las concentraciones desde la última revisión del Reglamento de concentraciones de la UE de 2004, iniciando una consulta pública sobre propuestas para mejorar el control de las concentraciones a nivel de la UE en el marco del Libro Blanco «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE». Entre las propuestas del Libro Blanco están: i) un examen simplificado y a medida de las adquisiciones de participaciones minoritarias que no otorgan control, ii) hacer la remisión de asuntos entre Estados miembros y la Comisión más sencilla para las empresas y más efectiva, iii) simplificar los procedimientos, iv) fomentar la coherencia y la convergencia entre los Estados miembros y la Comisión y entre Estados miembros para mejorar la cooperación y evitar resultados contradictorios. Una cooperación internacional adaptada a la globalización Los esfuerzos de la Comisión para garantizar una aplicación estricta de la normativa de competencia y fomentar la cultura de la competencia van más allá de las fronteras de la UE. La globalización hace imperativo que las autoridades de competencia del mundo entero se comprometan a que en los mercados mundiales reine una verdadera igualdad de condiciones. El fuerte aumento de regímenes de competencia en todo el mundo ha ampliado la necesidad de encontrar un terreno de entendimiento mundial. A este respecto, la capacidad de la Comisión de proteger la competencia y velar por su aplicación efectiva depende de la capacidad de establecer un conjunto de principios y objetivos comunes. Entre los foros internacionales en materia de competencia en los que la Comisión trabaja activamente con este fin están la Comisión de Competencia de la OCDE, la Red Internacional de Competencia y la UNCTAD. Por otra parte, los organismos de defensa de la competencia — incluida la Comisión — tienen que responder a la conducta contraria a la competencia y a fusiones cuyos efectos transfronterizos son cada vez mayores. La Comisión está trabajando con organismos fuera de la UE en el 64 % de los asuntos de abuso de posición dominante, el 58 % de sus investigaciones de concentraciones complejas y el 78 % de las decisiones de cárteles. Además de coordinar esfuerzos en asuntos concretos, la Comisión seguirá ampliando e intensificando la cooperación multilateral con organizaciones homólogas, incluso en mercados emergentes. Desarrollar la cooperación con las economías emergentes En los últimos años, la Comisión ha firmado memorandos de acuerdo con la mayor parte de los países BRICS y también ha emprendido cooperación técnica con estos países en diversos grados. Un paso importante en este ámbito es la cooperación técnica con las autoridades de competencia chinas, que continúa en 2015 en el marco del programa de cooperación (EUCTP II) en curso. Por lo que se refiere a la India, en 2014 comenzó un importante programa de cooperación técnica con las autoridades de competencia indias, CITD, que proseguirá hasta 2018. La Comisión también se ha centrado en las negociaciones con los Estados Unidos sobre un Acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), en el que habrá un capítulo sobre competencia. El proceso de negociación se inició en julio de 2013 y ha avanzado en el curso de 2014. Reforzar las relaciones con otros países europeos Los preparativos para la adhesión de países candidatos y potencialmente candidatos han demostrado ser un buen instrumento para fomentar la cultura de la competencia. A causa de las estrictas obligaciones en el ámbito de la competencia impuestas en los Acuerdos de Asociación, los países de la ampliación han ido adaptando progresivamente su marco legal y sus prácticas de competencia mucho antes de la adhesión. Por lo que se refiere a las negociaciones de adhesión, en 2014 continuó el análisis de la legislación serbia y la asistencia proporcionada a las autoridades de Montenegro. Además, el Acuerdo de Cooperación entre la UE y Suiza firmado en 2013 fue ratificado en octubre y entró en vigor el 1 de diciembre. Se trata de un acuerdo innovador de segunda generación que permitirá a ambos organismos de competencia intercambiar pruebas que hayan obtenido en sus respectivas investigaciones. 8. Diálogo sobre competencia con otras instituciones Diálogo estructurado con el Parlamento Europeo En 2014, la DG Competencia continuó participando en un diálogo estructurado permanente con el Parlamento Europeo, y, en particular, con su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON). En su audiencia de confirmación, la Comisaria Vestager resaltó la importancia de una estrecha colaboración entre el Parlamento Europeo y la Comisión. El exvicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia visitó la ECON en dos ocasiones – en marzo y en septiembre – en el contexto del diálogo estructurado. El 11 de noviembre, la Comisaria Vestager hizo su primera visita oficial a la ECON. Demandas por daños y perjuicios El 5 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a las demandas por daños y perjuicios. Esta ha sido la primera Directiva de la DG de Competencia en el marco del procedimiento legislativo ordinario. El Vicepresidente Almunia acogió con satisfacción la adopción de la Directiva como ejemplo de la estrecha cooperación entre las instituciones de la UE. Acuerdo suizo